T-640-17
Sentencia T-640/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO
COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
LIBERTAD CONDICIONAL-Ratio decidendi de la
Sentencia C-757/14
PENA-Función de prevención
especial positiva
FUNCIONES Y FINES DE
LA PENA-Prevención especial
El
sistema penal consagra como funciones de la pena la prevención general, la
retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la
protección al condenado. No obstante, solo la prevención especial y la
reinserción social son las principales funciones que cobran fuerza en el
momento de la ejecución de la pena de prisión (art. 4 Código Penal), de tal
forma que como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional desde sus
inicios, en el Estado social de derecho la ejecución de la sanción penal está
orientada hacia la prevención
especial positiva, esto es, en esta fase se busca ante todo la
resocialización del condenado respetando su autonomía y la dignidad humana como
pilar fundamental del derecho penal.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente constitucional
sobre el otorgamiento de la libertad condicional fijado en la sentencia C-757/14
Los despachos accionados incurrieron en un desconocimiento del
precedente constitucional, que conlleva, a su vez, a la existencia de un
defecto sustantivo que tiene lugar en la falencia que se evidencia en las
sentencias, originada en el proceso de interpretación y aplicación del artículo
64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, el
cual fue condicionado por la Sentencia C-757 de 2014. Aspecto este que tiene
una incidencia en la concepción de la función resocializadora de la pena en el
caso concreto del accionante, pues no fue evaluada la necesidad de continuar
con la ejecución de la pena en el establecimiento penitenciario y carcelario.
Referencia:
Expediente T-6.193.974
Acción de tutela
presentada por Aurelio Galindo Amaya en contra del Juzgado Quinto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción del Derecho de Dominio
del Tribunal Superior de Bogotá
Magistrado ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre
de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de tutela proferido en segunda instancia por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de mayo de 2017, que
confirmó la sentencia dictada en primera instancia por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Decisión de Tutelas No. 2, el 6 de abril de 2017,
dentro del proceso de tutela iniciado por Aurelio Galindo Amaya
en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la
Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.
El proceso de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis,
mediante auto proferido el 30 de junio de 2017.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
El 23 de marzo de 2017, el señor Aurelio Galindo
Amaya, actuando por conducto de apoderado judicial[1],
presentó acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado
de Bogotá y la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior
de Bogotá con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
a la libertad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a
la dignidad humana. Lo anterior, debido a que considera que dichos despachos
judiciales al emitir las decisiones del 22 de diciembre de 2016[2],
en primera instancia, y del 21 de febrero de 2017[3], en
segunda instancia, que le negaron el beneficio de la libertad condicional provisional
dentro del proceso penal radicado 11001310700520100004800, incurrieron en: (i)
un desconocimiento del precedente constitucional y un defecto sustantivo por
interpretación constitucional inadmisible, en relación con la función
resocializadora de la pena y el principio fundante de la dignidad humana, al
considerar que la valoración de la conducta por el juez penal agota el análisis
del juez de ejecución; (ii) un defecto sustantivo por evidente
contradicción entre los fundamentos de la sentencia de condena y la
calificación como “grave” de la conducta punible por parte de los despachos accionados,
y (iii) una violación del derecho a la igualdad, al haberse accedido a
la petición de libertad condicional en casos fáctica y jurídicamente iguales al
suyo.
Así, el apoderado judicial peticionó que se
protejan los derechos fundamentales de su defendido y, en consecuencia, se deje
sin efectos la providencia del 21 de febrero de 2017, proferida por la Sala de
Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá. Y, en su
lugar, se ordene la libertad condicional provisional del señor Aurelio Galindo
Amaya, por encontrarse satisfechos los requisitos establecidos en el artículo
64 del Código Penal.
A continuación se presentan los
hechos más relevantes narrados en la demanda:
1.1. En atención a un informe del
Departamento Administrativo de Seguridad realizado en 2008, se inició una investigación
penal en contra de un grupo de personas dedicadas a supuestas actividades de
lavado de activos y rebelión. Las operaciones tendrían como fin obtener
recursos para suplir las necesidades logísticas y militares del Bloque Oriental
de las Farc.
1.2. El Juzgado Quinto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, el 23 de julio de 2012, profirió sentencia en
contra del señor Aurelio Galindo Amaya (y otras diez personas) por el delito de
lavado de activos, y lo condenó a las penas principales de 10 años de prisión y
multa de 1.650 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, negó la
suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria,
entre otras determinaciones[4].
Dicho fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Decisión Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 1 de agosto de 2014.
1.3. En la
actualidad se surte el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema
de Justicia, por lo que, señaló el apoderado judicial, “la sentencia no se
encuentra en firme y debería mantenerse inalterado el principio constitucional
de presunción de inocencia”[5].
1.4. Con
fundamento en los artículos 365, numeral 2º, de la Ley 600 de 2000 y 64 del
Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, el apoderado
judicial del señor Galindo Amaya, el 16 de diciembre de 2016, solicitó que le
fuera concedida a su representado la libertad condicional provisional[6]. La petición se fundamentó en las siguientes
consideraciones, las mismas que se reiteran en la demanda de tutela:
(i)   En cuanto al requisito objetivo, consistente
en haber cumplido las tres quintas partes de la condena, el señor Galindo Amaya
fue privado de su libertad entre el 10 de abril de 2008 y el 4 de noviembre de
2008, y de nuevo el 13 de abril de 2011 hasta la actualidad, encontrándose
recluido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. Así, ha cumplido más de 7 años
de los 10 a los cuales fue condenado[7].
(ii) En cuanto a los requisitos subjetivos, relacionados
con el adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario
en el centro de reclusión, que permita suponer fundadamente que no existe
necesidad de continuar la ejecución de la pena, así como demostrar arraigo
familiar y social; el señor Galindo Amaya ha tenido un comportamiento catalogado
como ejemplar. Se mencionó la realización de diversos estudios y la obtención
de conceptos favorables sobre su comportamiento en el Centro Penitenciario y
Carcelario la Modelo. En cuanto a su arraigo familiar, se indicó que el
accionante ha vivido y trabajado por más de 14 años en Tenjo, Cundinamarca, que
vive en unión marital de hecho con la señora Nyla Berletd Vega Fernández y que
tiene tres hijos[8].
1.5. El
Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 22 de
diciembre de 2016, negó la petición de libertad condicional provisional al
considerar que si bien el señor Galindo Amaya reunía los requisitos objetivos,
no cumplía el factor subjetivo en razón de la gravedad de la conducta delictiva
por la cual fue condenado[9].
En esa oportunidad el juez de instancia señaló que el lavado de activos “es
una conducta con efectos pluriofensivos, esto es, que transgrede múltiples
bienes jurídicos protegidos por el Estado, que amenazan y vulneran el sistema
financiero del Estado y sus asociados, con el ingreso de dineros mal habidos al
torrente monetario”[10].
1.6. La decisión anterior fue impugnada, y confirmada por
la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, el
21 de febrero de 2017. En esa oportunidad se precisó que el elemento
referido a la “gravedad de la conducta” fue el aspecto central para
negar la petición de libertad condicional provisional[11].
1.7. El 27 de febrero de 2017, el
apoderado judicial del señor Galindo Amaya formuló acción de habeas
corpus. Lo anterior, al considerar un exabrupto que el beneficio de libertad condicional
provisional pueda negarse por el solo hecho de que la conducta haya sido
calificada como grave por el juez que impuso la condena penal[12], pues,
así las cosas, “la persona quedaría automáticamente excluida de dicho
beneficio y se vería inexorablemente  obligada a purgar toda la condena en
prisión”[13].
1.8. El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de
Bogotá, a quien correspondió el asunto en primera instancia, el 21 de febrero
de 2017, negó la acción pública de habeas corpus presentada por el señor
Aurelio Galindo Amaya[14].
Esta decisión fue confirmada por la Sala de Decisión Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante
sentencia del 7 de marzo de 2017[15].
1.9. El apoderado judicial del accionante afirmó
que habiéndose agotado los mecanismos ordinarios ofrecidos por el ordenamiento
jurídico, acudió a la acción de tutela en aras de materializar el derecho a la
libertad condicional provisional del señor Galindo Amaya. En esa oportunidad se
plantearon las siguientes causales específicas de procedibilidad de la acción de
amparo contra providencias judiciales:
1.9.1. Desconocimiento del precedente
constitucional y defecto sustantivo por interpretación constitucional
inadmisible. De un lado, el apoderado del accionante refirió algunas
sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha pronunciado acerca de la
importancia de buscar la resocialización del condenado durante la ejecución de
las penas. Así, mencionó las sentencias C-261 de 1996, C-806 de 2002, C-328 de
2016 y T-718 de 2015. De otro lado, mencionó el cambio jurisprudencial fijado
en la Sentencia C-757 de 2014, en relación con la valoración de la conducta
punible que corresponde realizar al juez de ejecución de penas, y que
anteriormente había sido objeto de análisis en la Sentencia C-194 de 2005. A
partir de las anteriores providencias explicó las sub-reglas que es posible
derivar del precedente constitucional fijado en relación con el concepto de
libertad condicional:
“(i) El ejercicio punitivo del Estado responde a varias finalidades,
dentro de las cuales la resocialización del infractor prevalece, especialmente
durante la etapa de ejecución de la pena. La valoración de la conducta punible
exige tener como eje fundamental el carácter resocializador de la pena, así
como las características propias de la retribución justa, las cuales deben
armonizarse de forma razonable. En esta medida, el estudio del juez de
ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del
condenado, sino desde la necesidad de continuar con la pena impuesta”.
(ii) La valoración de la conducta punible que hagan los jueces de
ejecución para decidir sobre la libertad condicional de los condenados demanda
una ponderación razonable entre la conducta punible y el nivel de
resocialización del condenado. Ello supone tener un panorama global que atienda
todas las circunstancias, elementos y consideraciones presentadas por el juez
en la sentencia condenatoria, no solo las perjudiciales al procesado, sino
también las que le son favorables, así como aquellas acaecidas con
posterioridad a su reclusión en un centro carcelario.
(iii) El análisis de la gravedad de la conducta ocurre en una escala
progresiva, no en un modelo binario. Así entre más grave sea la conducta, más
exigente será el examen de reinclusión y más difícil por ende será conceder la
libertad condicional. En todo caso, el Estado social de derecho permite a toda
persona condenada albergar la esperanza a su reintegración”[16].
Con fundamento en las anteriores reglas, el
apoderado del señor Galindo Amaya cuestionó que los despachos accionados
resolvieran negativamente la solicitud de libertad condicional provisional, teniendo
en cuenta solo la gravedad de la conducta, sin que se valorara su nivel de
reinclusión y la necesidad de completar la totalidad de la pena privativa de la
libertad[17].
Así mismo, señaló que tal decisión también conduce
a “un defecto sustantivo por interpretación constitucional inadmisible, al
afirmar que el beneficio de la libertad provisional-condicional puede negarse
por el solo hecho de que la conducta haya sido calificada como grave por el
juez que impuso la condena penal”[18].
Argumento, según sostuvo, que desconoce el precedente constitucional que
resalta la prevalencia del componente resocializador.
Concluyó que “[u]n ejercicio razonable de
valoración, como aquel que reclama la Corte Constitucional a los jueces de
ejecución, requiere ponderar la gravedad de la conducta junto con todas las
demás circunstancias relevantes, de modo que se tenga un panorama global que
armonice la retribución por el delito cometido con la reinclusión del condenado
a la sociedad”[19].
1.9.2. Defecto sustantivo por evidente
contradicción entre los fundamentos de la sentencia de condena y la
calificación como “grave” de la conducta punible por parte de los
despachos accionados. Señaló el apoderado judicial del accionante que la
calificación de la conducta como grave realizada por las instancias judiciales
demandadas se sustenta en consideraciones retóricas y conjeturas generales
acerca del impacto del delito de lavado de activos en la sociedad colombiana,
que no se compadece con el análisis que se espera del juez al momento de
resolver una solicitud de libertad condicional.
Así, sostuvo que “tanto la sentencia
condenatoria como las providencias que negaron el subrogado penal presentaron
una calificación de la conducta que no guarda consonancia con los fundamentos
fácticos y el análisis expuesto en la parte motiva de la providencia de condena”.
A continuación resumió parte de la argumentación presentada por el juez de
condena para efectos de demostrar que la actuación atribuida al señor Galindo
Amaya sea particularmente grave:
“El fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá el 23 de julio de 2012 condenó por el delito de lavado
de activos a Aurelio Galindo Amaya.
Para establecer con certeza la responsabilidad del acusado el a quo
destacó el aumento significativo en su patrimonio en el periodo 2003-2008, así
como el manejo de una suma de cuarenta millones de pesos que le habría confiado
alias “Amanda”, integrante del grupo subversivo de las FARC. Lo anterior fue
suficiente, en opinión del fallador, para concluir más allá de toda duda
razonable que mi defendido custodió y administró dineros procedentes de las
actividades ilícitas.
Posteriormente, al momento de calcular la pena, el fallador presentó
los siguientes cuadros de dosificación para la imposición de las sanciones
principales: [se incluye cuadro que fija un máximo de prisión de 22 años y un
mínimo de 8. En el cuarto mínimo se establece una pena de prisión de 8 a 11
años y 6 meses].
Es imperioso hacer hincapié en el hecho de que la propia sentencia
advirtió que el “despacho solo podrá moverse dentro del primer cuarto o
cuarto de mínimo, por concurrir a favor un atenuante, más no agravantes”. En
tanto existe un atenuante –el cual no fue explicitado pero podría referirse a
la carencia de antecedentes penales– pero no circunstancias de mayor
punibilidad, resulta inexplicable afirmar ahora que la conducta endilgada a
Aurelio Galindo Amaya es particularmente grave.
La única posible justificación para ello se encuentra en un párrafo
oscuro del extenso fallo y que, en todo caso, constituye una afirmación
abstracta sobre el tipo penal de lavado de activos, más (sic) no una valoración
de la conducta específicamente atribuida a mi defendido[20]. […].
Nótese como incluso después de realizar este incremento punitivo, la
sanción final se enmarca dentro del cuarto mínimo de la pena, lo que advierte
la falta de consonancia con la supuesta gravedad endilgada al señor Aurelio
Galindo Amaya.
Sin embargo ha sido este párrafo el que han venido reiterando las
instancias judiciales como sustento para negar el beneficio de libertad
condicional. Estos se limitan a añadir que Galindo Amaya actuó con “conocimiento
de causa”, participando como coautor de un delito “pluriofensivo, es
decir, [uno que] transgrede múltiples bienes jurídicos protegidos por el
estado, por lo que se trata de una conducta grave que merece alto reproche
punitivo”. En síntesis, sustentan la gravedad del delito en sí mismo
considerado, debido al “impacto que arroj[a] en la sociedad colombiana en
general”.
Esta referencia general y abstracta a la gravedad del tipo de lavado de
activos constituye una irregularidad sustantiva en lo que respecta a la
calificación de la conducta atribuida a Aurelio Galindo Amaya, en tanto
contradice los fundamentos en la dosificación punitiva trazados por la
sentencia de condena” (cursivas originales)[21].
Concluyó que la gravedad de la conducta atribuida a
su defendido es contradictoria con los fundamentos y la dosificación
presentados en la sentencia de condena, pues, en efecto, los hechos en concreto
por los que fue condenado “(i) no se encuentran excluidos por el legislador
de los subrogados penales; (ii) tampoco se presentaron circunstancias generales
de mayor punibilidad en los términos del Código Penal (Ley 599 de 2000, art.
58); (iii) ni concurrieron circunstancias agravantes específicas (Ley 599 de
2000, art. 323 y 324)”[22].
1.9.3. Violación del derecho a la igualdad al
haberse accedido a la petición de libertad condicional en casos fáctica y
jurídicamente semejantes al del señor Galindo Amaya. Señaló el apoderado
del señor Galindo Amaya que la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del
Tribunal Superior de Bogotá resolvió favorablemente otras solicitudes de
libertad condicional provisional realizadas en el marco del proceso penal del
que es parte su defendido. Así, en providencias del 8 de octubre de 2013, a
favor de Julián Esteban Molina Cruz; del 23 de mayo de 2014, a favor de Miguel
Ángel Amado Garay, y del 11 de junio de 2014, a favor de Yeimmy Alexandra
Piñeros Santos[23].
Precisó que las dos últimas decisiones referidas se
dictaron con posterioridad a la Ley 1709 de 2014, “lo que significa que aún
con ese cambio la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá
consideró que la interpretación correcta y adecuada de la libertad condicional
es justamente la desarrollada por la jurisprudencia constitucional y la
prevalencia que esta ha otorgado al proceso de resocialización”[24].
2. Respuesta de los despachos accionados y vinculados
El magistrado Fernando Alberto Castro Caballero de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 28 de marzo de 2017,
asumió el conocimiento de la acción de tutela presentada por el señor Aurelio
Galindo Amaya en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del
Tribunal Superior de Bogotá. Adicionalmente, vinculó al Juzgado
Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá y a la Sala de Decisión Especializada en Restitución
de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, y corrió traslado a los
despachos judiciales mencionados para que ejercieran su derecho de defensa[25].
2.1. Sala de Decisión Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil
El 31 de marzo de 2017, el magistrado Jorge Eliécer
Moya Vargas de la Sala de Decisión Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, señaló que no estima pertinente
manifestarse expresamente acerca de las inconformidades planteadas en el
escrito de tutela, que cuestionan decisiones emitidas por el Juzgado Quinto
Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción del Derecho
de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá[26].
2.2. Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de
Bogotá
El 31 de marzo de 2017, la Juez Cuarenta
Civil del Circuito de Bogotá[27]
solicitó desestimar lo pretendido por el accionante, por no concurrir ningún
vicio o defecto en la actuación surtida y no existir vulneración o amenaza a
sus derechos fundamentales[28].
Precisó que la decisión del Juzgado se sustentó en los hechos, las pruebas
aportadas, las normas constitucionales y legales que regulan la materia, así
como en el precedente jurisprudencial pertinente, cuya interpretación en
conjunto llevó a concluir que no se trata de “una prolongación injustificada
de la privación de la libertad, ya que la pretensión del actor estaba
encaminada a cuestionar las decisiones del juez natural que denegó la petición
de libertad”[29].
2.3. Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá
El 31 de marzo de 2017, el Juez Quinto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá[30] solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, ya que dicho mecanismo no es el
pertinente para pronunciarse acerca del derecho a la libertad. Sin embargo, explicó
que el despacho a su cargo no ha incurrido en causales de procedencia de la
acción de tutela y, por el contrario, garantizó el debido proceso y el derecho
de defensa en todas las actuaciones adelantadas contra el señor Aurelio Galindo
Amaya[31].
Así mismo, señaló que la actuación original se encuentra ante la Corte
Suprema de Justicia surtiendo el recurso de casación[32].
3. Decisión del juez de tutela de primera instancia
El magistrado Fernando Alberto Castro
Caballero de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mediante auto del 4 de abril de 2017, vinculó al trámite al señor Pedro Germán
Ariza Quintero por considerar que le podría asistir interés en la acción de
tutela[33].
Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corporación, Sala
de Decisión de Tutelas No. 2, mediante sentencia del 6 de abril de 2017[34],
negó por improcedente la acción de tutela presentada por Aurelio Galindo Amaya.
Lo anterior, al encontrar demostrado que los despachos accionados al negar la
libertad provisional del procesado “tuvieron en cuenta la gravedad de la
conducta punible por la que se le impuso condena por el delito de lavado de
activos”[35]
y, en razón de ello, no vulneraron ningún derecho fundamental, pues, “esa
sola circunstancia era suficiente para negar sus pretensiones”[36].
En cuanto a la presunta vulneración del derecho fundamental a la
igualdad, la Sala señaló que se descartaba de plano debido a que el apoderado
del señor Galindo Amaya no acreditó que las autoridades judiciales accionadas
hayan concedido la libertad condicional a otra persona en condiciones similares
a la de su defendido, además, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709
de 2014, esto es, previa valoración de la conducta punible[37].
4. Impugnación
El 20 de abril de
2017, el apoderado del señor Aurelio Galindo Amaya impugnó la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas No.
2, al considerar que la decisión de negarle la libertad condicional
provisional debe ser revocada para que, en su lugar, se
acceda a la protección invocada[38].
En el escrito de sustentación
del recurso presentado el 12 de mayo de 2017[39], señaló que
“la Sala Penal omitió considerar siquiera el segundo argumento sustentado en
la acción de tutela (defecto sustantivo por evidente contradicción entre los
fundamentos de la sentencia condenatoria y la calificación de la conducta
endilgada a Aurelio Galindo Amaya como grave), mientras que frente a los
argumentos primero y tercero se limitó a presentar afirmaciones genéricas que
no satisfacen realmente el derecho de acceso a la justicia”[40].
Entendió que con dicha omisión y generalidad, “la sentencia impugnada
convalida una visión peligrosista y carcelaria del derecho punitivo que cercena
la eficacia de los subrogados penales”[41].
Habló de la
necesidad de corregir el precedente sobre la libertad condicional en la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para hacerlo compatible con el
de la Corte Constitucional, en lo que tiene que ver con la previa valoración de
la conducta punible, como presupuesto para acceder al subrogado penal, de tal
forma que la calificación de una conducta como grave no implique el rechazo
automático del beneficio de la libertad condicional, sino que demande “una
carga argumentativa mucho más exigente para el juez que realiza la ponderación”[42].
Así mismo,
reiteró la violación del derecho a la igualdad toda vez que la Sala de
Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá resolvió
favorablemente otras solicitudes de libertad condicional, elevadas por otros
procesados vinculados al mismo proceso penal por el delito de lavado de activos[43].
5. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia del 18 de mayo de 2017[44],
confirmó la decisión de primera instancia. En esa oportunidad señaló que “[l]a
sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo
constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál
planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido,
ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más
acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez
constitucional”[45].
En torno a la presunta vulneración del derecho a la
igualdad, señaló que no está demostrado que en iguales condiciones a las
descritas por el apoderado en la solicitud de amparo, los despachos accionados
hayan impartido un trato diferente al que fue otorgado al señor Galindo Amaya en
favor de otras personas.
6. Actuaciones en sede de revisión
6.1. El 23 de agosto de 2017, la nueva apoderada judicial
del señor Aurelio Galindo Amaya[46]
reiteró los hechos, las consideraciones y las pretensiones de la solicitud de
amparo[47].
Así mismo, solicitó que la Corporación examine, a la luz de la Constitución, la
interpretación restrictiva que viene cursando en los despachos accionados sobre
la norma que configura el subrogado de la libertad condicional. Además, reiteró
“que el proceso se encuentra pendiente de que se resuelva el recurso
extraordinario de casación”[48].
6.2. El magistrado sustanciador con
el fin de obtener elementos de juicio para adoptar una
decisión más informada en el caso objeto de análisis, mediante auto del 13
de septiembre de 2017[49],
decretó algunas pruebas. Así, por la Secretaría General de la
Corte Constitucional, ofició al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado
de Bogotá para que informara: (i) el estado actual del proceso penal
radicado 11001310700520100004800, en lo pertinente a la condena impuesta a Aurelio
Galindo Amaya. (ii) Si la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia ya había resuelto el recurso de casación presentado por la apoderada
judicial del condenado y, de ser así, señalar si dicho recurso estudió y
decidió la solicitud del beneficio de la libertad condicional provisional del
señor Galindo Amaya. Esta última pregunta también se le realizó a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien igualmente fue oficiada, agregando
que aclarara si la demanda de casación referida cuestionó la negativa de
conceder el beneficio de la libertad condicional provisional del señor Aurelio
Galindo Amaya.
6.3. Mediante el oficio 2053-5,
recibido en la Secretaría de la Corporación el 18 de septiembre de 2017, la
Juez Quinta Penal del Circuito Especializado de Bogotá[50]
informó que en su despacho se adelanta el proceso penal radicado 005-2010-00048
(Ley 600/00) en contra de Aurelio Galindo Amaya y otros, quien fue condenado el
23 de julio de 2012, a las penas principales de 10 años de prisión y multa de
1.650 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautor del delito de
lavado de activos. Indicó que apelada la anterior decisión, fue confirmada por
la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, el
1 de agosto de 2014, y que en la actualidad la actuación original se encuentra
en la Corte Suprema de Justicia surtiendo el recurso de casación[51].
6.4. Mediante el oficio 31310,
recibido en la Secretaría de la Corporación el 21 de septiembre de 2017, la
Secretaria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[52]
informó que la actuación fue recibida el 25 de agosto de 2015, en el despacho
del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, quien, el 11 de mayo de 2017,
admitió las demandas de casación presentadas por los defensores de Omar Pedraza
Velásquez, Aurelio Galindo Amaya, Pedro Germán Ariza Quintero y Beatriz Enciso
Nieto de Blanco, dentro del proceso seguido en su contra por los delitos de
narcotráfico, lavado de activos y otros. Señaló que las diligencias fueron
remitidas el 12 de mayo de 2017, a la Procuraduría General de la Nación para la
emisión del concepto de rigor, sin que hasta la fecha hayan regresado. Así,
refirió que hasta el momento no se ha emitido el fallo de casación.
Informó que dispuso remitir a la
Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal una copia del requerimiento
que le realizara esta Corporación[53],
a fin de que procediera a dar respuesta al punto referente a si la demanda de
casación cuestionó la negativa de conceder el beneficio de la libertad condicional
provisional del señor Galindo Amaya, toda vez que el expediente se encuentra en
dicha entidad[54].
6.5. Una vez requerida, el 2 de
octubre de 2017, la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal envió,
vía correo electrónico[55],
copia de la demanda mediante la cual la apoderada judicial del señor Aurelio
Galindo Amaya[56]
solicitó casar la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá, el 1 de agosto de 2014, para, en su lugar, se
profiera decisión absolutoria a favor de su defendido. Revisado dicho
documento, se evidenció que la demanda de casación no cuestionó la negativa de
conceder el beneficio de la libertad condicional provisional del señor Galindo
Amaya[57].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente
para revisar los fallos de tutela proferidos dentro de los trámites de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 86 y el
numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
Previo al planteamiento del problema
jurídico a resolver, se hace necesario esclarecer si en esta oportunidad se
satisface la legitimación por activa y por pasiva de la acción de tutela.
2.1. Legitimación
en la causa por activa. El
artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”,
establece que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos”.
En esta oportunidad, el señor Aurelio
Galindo Amaya, actuando por conducto de apoderado judicial[58],
está legitimado en la causa para presentar acción de tutela en contra del
Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de
Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, por ser las
autoridades judiciales que le negaron el beneficio de la libertad
condicional provisional dentro del proceso penal radicado
11001310700520100004800, mediante las decisiones del
22 de diciembre de 2016 y del 21 de febrero de 2017, respectivamente, y, con ello, según afirmó,  le vulneraron sus
derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana.
2.2. Legitimación en la causa por
pasiva. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 5 del
Decreto 2591 de 1991[59],
el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala
de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá son demandables a través de la acción de tutela, puesto que son las
autoridades judiciales que presuntamente afectaron derechos fundamentales del señor
Aurelio Galindo Amaya. En efecto, los despachos accionados pertenecen a la
jurisdicción ordinaria de la Rama Judicial[60] y en
ejercicio de sus funciones adoptaron las providencias cuestionadas en la
presente solicitud de amparo.
De otro lado, el
Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá y a la Sala de Decisión
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Civil, fueron vinculados al trámite de tutela con interés legítimo en la causa,
comoquiera que, en el marco de una acción pública de habeas corpus, negaron el
beneficio de la libertad condicional provisional del señor Aurelio Galindo
Amaya[61].
3. Planteamiento del problema
jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos,
corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneraron las
autoridades judiciales accionadas el derecho fundamental al
debido proceso del señor Aurelio Galindo Amaya, con ocasión de las decisiones proferidas el 22 de diciembre de 2016 y el 21 de
febrero de 2017, que le negaron el beneficio de la libertad condicional
provisional dentro del proceso penal radicado 11001310700520100004800, al incurrir
en (i) un desconocimiento del precedente constitucional fijado en la
Sentencia C-757 de 2014 y un defecto sustantivo por interpretación
constitucional inadmisible; (ii) un defecto sustantivo por evidente
contradicción entre los fundamentos de la sentencia condenatoria y la
calificación como “grave” de la conducta punible, y (iii) una violación
del derecho a la igualdad?
Para
resolver el anterior cuestionamiento y teniendo en cuenta que las pretensiones
se orientan a que se dejen sin efectos las sentencias proferidas por la Sala de
Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, el 21 de
febrero de 2017, y por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de
Bogotá, el 22 de diciembre de 2016, la Sala de Revisión abordará los siguientes
ejes temáticos: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) una breve caracterización del
defecto sustantivo; (iii) el desconocimiento
del precedente constitucional como causal específica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (iv) las consideraciones
para el otorgamiento de la libertad condicional con fundamento en la Sentencia
C-757 de 2014, y (v) la ejecución de las penas como una fase que cumple
unos fines encaminados a la resocialización del condenado y a la prevención
especial positiva. Finalmente, (vi) resolverá el caso concreto.
4. Procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales
4.1. La Corte Constitucional como intérprete autorizado de la
Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior, ha
desarrollado una doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta línea se basa en la
búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden
constitucional, de un lado, la primacía de los derechos fundamentales y, de
otro, el respeto por los principios de autonomía e independencia judicial[62].
4.2. Para lograr este adecuado equilibrio, en primer lugar, la Corte ha
partido de los principios generales de procedencia de la acción, subsidiariedad
e inmediatez, haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se
pretenda controvertir una providencia judicial; en segundo lugar, ha ido
determinando los eventos en los cuales es posible que una providencia judicial
vulnere los derechos fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas
y mantener un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos
operadores judiciales. Por último, ha acentuado constantemente que la acción de
tutela solo procede cuando se encuentre acreditada la amenaza o violación de un
derecho fundamental.
4.3. A continuación, la Sala reiterará brevemente la jurisprudencia de
la Corporación, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de
constitucionalidad C-590 de 2005[63]:
4.3.1. La tutela contra sentencias judiciales es procedente siempre que
se presenten los criterios ampliamente desarrollados por la jurisprudencia
constitucional.
4.3.2. Así, al estudiar la procedencia del mecanismo de amparo, el juez
debe constatar que se cumplan los siguientes requisitos formales, que no son
más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la
especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido
a estudio del juez de tutela tenga evidente relevancia constitucional[64];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[65];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo
con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de
tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que
el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y
que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber
sido posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[66].
4.3.3. Además de la verificación de los requisitos generales, para que
proceda la acción de tutela contra una decisión judicial es necesario acreditar
la existencia de alguna o algunas de las causales específicas de procedibilidad
ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional[67],
a saber:
(i)
Defecto orgánico:
tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de
manera absoluta, de competencia para ello.
(ii)
Defecto procedimental absoluto: se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido[68].
(iii)
Defecto fáctico: se
genera debido a una actuación del juez sin el apoyo probatorio que permita
aplicar el supuesto legal que fundamenta la decisión[69].
(iv)
Defecto material o sustantivo: tiene lugar cuando existe una falencia o yerro en una providencia
judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las normas
jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez, o cuando se presenta una
evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión, o por
desconocimiento del  precedente judicial en materia constitucional[70].
(v)
Error inducido:
también conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la administración de justicia o por ausencia de colaboración entre
los órganos del poder público[71].
(vi)
Decisión sin motivación: tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en
donde reposa la legitimidad de sus providencias[72].
(vii)
Desconocimiento del precedente: se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el
alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[73].
(viii)
Violación directa de la Constitución: se presenta cuando el juez le da un alcance a una disposición
normativa abiertamente contrario a la Constitución[74].
4.4. Acerca de la determinación de los vicios o defectos, es claro para
la Corte que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente
que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del
precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los
procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, pueda
producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones
normativas relevantes para la solución de un caso específico[75].
4.5. Los eventos en que procede la
acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del
concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de
procedibilidad en casos en los que si bien no se está ante una burda
trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales[76].
Así mismo, vista la excepcionalidad
de la tutela como mecanismo judicial apropiado para rectificar las actuaciones
judiciales equivocadas, es necesario que las alegadas causales de
procedibilidad se aprecien de una manera tan evidente o protuberante, y que las
mismas sean de tal magnitud, que puedan desvirtuar la juridicidad del
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento[77].
Por esta razón, esta Corporación ha sido muy clara al señalar que no toda
irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una causal
genérica de procedibilidad de la acción[78].
4.6. De acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la
procedencia de la acción de tutela en contra de una providencia judicial debe
verificarse la concurrencia de dos situaciones: (i) el cumplimiento de
los requisitos generales de procedibilidad, y (ii) la existencia de
alguna o algunas de las causales específicas establecidas por la Corporación
para hacer admisible el amparo material[79].
4.7. Así, la procedencia de la acción de tutela contra una providencia
judicial está supeditada al cumplimiento de rigurosos requisitos, “[n]o se
trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su
tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para
proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un
proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la
aplicación uniforme y coherente –es decir segura y en condiciones de
igualdad– de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del
derecho”[80].
4.8. Teniendo en cuenta los criterios
específicos esbozados con anterioridad, la Sala precisará a continuación los
que interesan al asunto bajo estudio, por cuanto son los vicios que se le
endilgan a las sentencias del 22 de diciembre de
2016, del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, y del 21
de febrero de 2017, de la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal
Superior de Bogotá.
5. Breve caracterización del defecto
sustantivo
5.1. Sobre
el defecto material o sustantivo este Tribunal ha señalado[81] que
se presenta cuando “la
autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”[82]. En la Sentencia SU-515 de 2013 fueron
sintetizados los supuestos que pueden configurar este tipo de yerros, a saber:
“(i)
La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya
que: (a) no es pertinente[83], (b) ha perdido su vigencia por haber
sido derogada[84], (c) es inexistente[85], (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución[86], (e) o a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada a
la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le
reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador[87].
(ii)
La interpretación de la norma al caso concreto no se encuentra dentro de un
margen razonable[88] o
el funcionario judicial hace una aplicación inaceptable de la disposición, al
adaptarla de forma contraevidente –interpretación contra legem– o de
manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes[89]; también, cuando
se aplica una regla de manera manifiestamente errada, sacando la decisión del
marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable[90].
(iii)
No se tienen en cuenta sentencias con efectos erga omnes[91].
(iv)
La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva[92] o
claramente contraria a la Constitución[93].
(v)
Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición[94].
(vi)
La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso[95].
(vii)
El servidor  judicial da insuficiente sustentación de una actuación[96].
(viii)
Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación[97].
(ix)
Cuando el
juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución, siempre que se solicite su declaración
por alguna de las partes en el proceso[98]”.
5.2. En el
caso concreto, el apoderado judicial del señor Galindo Amaya sostuvo que los
despachos judiciales accionados, en la decisión de la libertad condicional
provisional de su representado, incurrieron en (i) un desconocimiento
del precedente constitucional fijado en la Sentencia C-757 de 2014 y un defecto
sustantivo por interpretación constitucional inadmisible, y (ii) un
defecto sustantivo por evidente contradicción entre los fundamentos de la
sentencia condenatoria y la calificación como “grave” de la conducta punible.
6. El desconocimiento del precedente
constitucional como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
6.1. Si del examen
realizado por el juez de tutela se encuentran satisfechos los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, posteriormente, con el fin de analizar el amparo constitucional, se
procederá a estudiar en el caso concreto la existencia de alguna o algunas de
las causales específicas[99],
dentro de las cuales se encuentra el “desconocimiento del precedente, que se
origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance
dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”[100].
6.2. El funcionario judicial, en su
tarea decisoria, no puede apartarse de un precedente constitucional, salvo que
exista un motivo suficiente que justifique su inaplicación en un caso concreto[101],
previo cumplimiento de una carga seria de argumentación que explique de manera
completa, pertinente, suficiente y conexa las razones por las que se desatiende[102].
Por ello, la Corte Constitucional ha
establecido unos requisitos para que el desconocimiento del precedente
constitucional, como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, prospere. En este sentido ha explicado,
primero, que debe existir un “conjunto de
sentencias previas al caso que se habrá de resolver”[103], bien sea varias sentencias de
tutela, una sentencia de unificación o una de constitucionalidad que, como se
dijo, sean anteriores a la decisión en la que se deba aplicar el precedente en
cuestión; y, segundo, que dicho precedente, respecto del caso concreto que se
esté estudiando, debe tener (a) un problema jurídico semejante, y (b)
unos supuestos fácticos y aspectos normativos análogos[104].
Además, la
Corporación ha delimitado el alcance de esta causal de la siguiente manera: “la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede ser desconocida
de cuatro formas: (i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones
legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de tutela”[105].
6.3. Explicado lo anterior, la Sala se
referirá al precedente constitucional fijado en la Sentencia C-757 de 2014, en
relación con la previa valoración de la conducta
punible como requisito subjetivo para conceder la libertad condicional.
7. Consideraciones para el otorgamiento de la libertad condicional con
fundamento en la Sentencia C-757 de 2014
7.1. Como ya lo señaló la Sala, el
desconocimiento del precedente se origina cuando el juez ordinario desconoce o
limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[106].
Por ello, es necesario revisar la ratio decidendi de la Sentencia C-757
de 2014, presuntamente desatendida por los despachos accionados según lo
señalado por el apoderado del señor Galindo Amaya.
7.2. Mediante la Sentencia C-757 de
2014, la Sala Plena declaró exequible la expresión “previa valoración de la conducta punible”
contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014[107],
“en el entendido de que las valoraciones de la conducta punible hechas por
los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la
libertad condicional de los condenados tengan en cuenta las circunstancias,
elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia
condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la
libertad condicional”.
En esa oportunidad, y para efectos
de analizar la existencia de cosa juzgada en relación con la Sentencia C-194 de
2005, que había declarado la exequibilidad de las expresiones “podrá” y
“previa valoración de la gravedad de la conducta punible” contenidas en
el artículo 5 de la Ley 890 de 2004[108],
que modificó el artículo 64 del Código Penal, en el entendido de que dicha
valoración deberá atenerse a los términos en que fue evaluada la gravedad de la
conducta en la sentencia condenatoria por parte del juez de la causa; realizó
la siguiente comparación, pertinente para la solución del caso concreto:
“8. Como se observa de la comparación de los textos,
el legislador efectuó dos modificaciones con repercusiones semánticas. En
primer lugar, el texto anterior contenía el verbo “podrá”, que a su vez
modifica al verbo rector de la oración, que es el verbo “conceder”. La
inclusión del verbo “podrá” significa que en la norma anterior el legislador
facultaba al juez para conceder o no la libertad condicional. Esta facultad
para conceder o no la libertad condicional fue objeto de decisión por parte de
la Corte en la Sentencia C-194 de 2005, la cual determinó que la facultad para
negar la libertad condicional no era inconstitucional aun cuando se cumplieran
todos los demás requisitos. Por lo tanto, declaró su exequibilidad relativa en
el numeral segundo de dicha providencia. Sin embargo, en ejercicio de su
libertad de configuración, el legislador decidió limitar posteriormente la
facultad del juez para decidir si concede la libertad condicional, pues al
excluir la facultad de conceder la libertad y dejar únicamente el verbo
conceder, significa que la ley impone el deber de otorgarla a aquellos
condenados que hayan cumplido los requisitos establecidos en la norma.
9. En segundo lugar, el texto anterior contenía la
expresión “de la gravedad”, la cual circunscribía el análisis que debían
realizar los jueces de ejecución de penas a una valoración de la gravedad de la
conducta punible. En la Sentencia C-194 de 2005 la Corte declaró la
exequibilidad condicionada de dicha expresión. Esta Corporación determinó que
el deber de realizar este análisis se ajusta a la Constitución “en el entendido de que dicha valoración deberá
atenerse a los términos en que fue evaluada la gravedad de la conducta en la
sentencia condenatoria por parte del juez de la causa.” Entre tanto, en el tránsito legislativo, el Congreso
no sólo no incluyó el condicionamiento hecho por la Corte en la Sentencia C-194
de 2005 en el nuevo texto, sino que adicionalmente excluyó la expresión “de
la gravedad”. Por lo tanto, resulta razonable interpretar la nueva
redacción como una ampliación del ámbito de la valoración que le corresponde
llevar a cabo al juez de ejecución de penas. Según dicha interpretación ya no
le correspondería a éste sólo valorar la gravedad de la conducta punible, sino
que le concerniría valorar todos los demás elementos, aspectos y dimensiones de
dicha conducta.
10. Por lo tanto, la Corte debe concluir que en el tránsito normativo
del artículo 64 del Código Penal sí ha habido modificaciones semánticas con
impactos normativos. Por un lado, la nueva redacción le impone el deber al juez
de otorgar la libertad condicional una vez verifique el cumplimiento de los
requisitos, cuando antes le permitía no otorgarlos. Por otra parte, la nueva
disposición amplía el objeto de la valoración que debe llevar a cabo el juez de
ejecución de penas más allá del análisis de la gravedad de la conducta punible,
extendiéndola a todos los aspectos relacionados con la misma” (cursivas
originales).
Además la Corporación, en el acápite dedicado al análisis de los
niveles constitucionalmente admisibles de indeterminación normativa en materia
penal, señaló:
“36. Sin embargo, como se dijo anteriormente, el
artículo 30 de la 1709 de 2014 excluyó la referencia a la gravedad de la
conducta punible, con lo cual el juez de ejecución de penas puede entrar a
valorar también otros aspectos y elementos de dicha conducta. La sola
ampliación del conjunto de elementos que debe tener en cuenta el juez para
adoptar una decisión en relación con la libertad condicional del condenado no
representa, por sí misma, un problema. En la Sentencia T-528 de 2000 antes
citada, la Corte avaló esta posibilidad en relación con decisiones de los
jueces de ejecución de penas durante la vigencia del Código Penal anterior, en
el cual estos debían tener en cuenta los antecedentes de los condenados y su
personalidad. Ello permite al juez de ejecución de penas recoger un mayor
número de elementos de contexto en relación con la conducta punible que pueden
ser favorables al condenado. De tal modo que la ampliación del conjunto de
elementos a tener en cuenta a la hora de decidir sobre la libertad condicional
no constituye por sí misma un defecto de constitucionalidad.
37. A pesar de lo anterior, la ampliación del conjunto
de factores que puede tener en cuenta el juez no es el único efecto de haber
removido la alusión a la gravedad de la conducta. En su redacción actual, el
artículo 64 del Código Penal sólo ordena al juez otorgar la libertad
condicional “previa valoración de la conducta punible”, pero no existe en el
texto de la disposición acusada un elemento que le dé al juez de ejecución de
penas un parámetro o criterio de ordenación con respecto a la manera como debe
efectuar la valoración de la conducta punible. En esa medida, el problema no consiste
únicamente en que no sea claro qué otros elementos de la conducta debe tener en
cuenta el juez de ejecución de penas, el problema es que la disposición tampoco
le da un indicio de cómo debe valorarlos.
[…]
39. En conclusión, la redacción actual del artículo 64
del Código Penal no establece qué elementos de la conducta punible deben tener
en cuenta los jueces de ejecución de penas, ni les da una guía de cómo deben
analizarlos, ni establece que deben atenerse a las valoraciones de la conducta
que previamente hicieron los jueces penales. Este nivel de imprecisión en
relación con la manera como debe efectuarse la valoración de la conducta
punible por parte de los jueces de ejecución de penas afecta el principio de
legalidad en la etapa de la ejecución de la pena, el cual es un componente
fundamental del derecho al debido proceso en materia penal. Por lo tanto, la
redacción actual de la expresión demandada también resulta inaceptable desde el
punto de vista constitucional. En esa medida, la Corte condicionará la
exequibilidad de la disposición acusada. Las valoraciones de la conducta
punible que hagan los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para
decidir sobre la libertad condicional de los condenados debe tener en cuenta
todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal
en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al
otorgamiento de la libertad condicional”.
Con fundamento en lo anterior,
concluyó la Corporación que sí se vulnera el principio de legalidad como
elemento del debido proceso en materia penal, cuando el legislador establece
que los jueces de ejecución de penas deben valorar la conducta punible para
decidir sobre la libertad condicional sin darles los parámetros para ello. Por lo
tanto, una norma que exige que los jueces de ejecución de penas valoren la
conducta punible de las personas condenadas a penas privativas de su libertad
para decidir acerca de su libertad condicional es exequible, siempre y cuando
la valoración tenga en cuenta todas las circunstancias, elementos y
consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas
favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.
7.3. Así, los jueces competentes para
decidir acerca de una solicitud de libertad condicional deben interpretar y aplicar
el inciso 1º del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, tal como fue condicionado
en la Sentencia C-757 de 2014, esto es, bajo el entendido de que la valoración que
realice de la conducta punible tenga en cuenta las circunstancias, elementos y
consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas
favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.
Entonces, una vez haya valorado la conducta punible, a continuación
verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que la
persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena; (ii) que
su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en
el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de
continuar la ejecución de la pena en establecimiento penitenciario o carcelario,
y (iii) que demuestre arraigo familiar y social.
7.4. En todo caso, la decisión de una solicitud de libertad condicional
concreta, además de lo anterior, deberá atender al principio de favorabilidad conforme
a los artículos 29 de la Constitución Política y 6 del Código Penal, según los
cuales en materia
penal “la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de
preferencia a la restrictiva o desfavorable”[109]. Lo que también rige para
los condenados[110].
8. La ejecución de las penas como
una fase que cumple unos fines encaminados a la resocialización del condenado y
a la prevención especial positiva[111]
8.1. El sistema penal consagra como
funciones de la pena la prevención general, la retribución justa, la prevención
especial, la reinserción social y la protección al condenado. No obstante, solo
la prevención especial y la reinserción social son las principales funciones
que cobran fuerza en el momento de la ejecución de la pena de prisión (art. 4 Código
Penal), de tal forma que como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional
desde sus inicios[112],
en el Estado social de derecho la ejecución de la sanción penal está orientada
hacia la prevención especial positiva, esto es, en esta fase se busca
ante todo la resocialización del condenado respetando su autonomía y la dignidad
humana como pilar fundamental del derecho penal.
De allí que la teoría actual de la pena refiera que el tratamiento
penitenciario deba estar dirigido a la consecución de la reeducación y la reinserción
social de los penados, y deba propender porque el condenado tenga la intención
y la capacidad de vivir respetando la ley penal, en desarrollo de una actitud
de respeto por su familia, el prójimo y la sociedad en general. Es lo que se
conoce como la humanización de la pena a partir del postulado de la dignidad
humana que establece el artículo 1 de la Constitución Política[113].
8.2. Ahora bien, muchas veces se presentan tensiones entre la prevención
general, entendida como la tipificación legal de los hechos punibles que
pretende desestimular conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de ser
tutelados por el derecho penal otorgando criterios retributivos y de
proporcionalidad entre delito-pena[114],
y la prevención especial positiva. Tales tensiones se materializan en
que la prevención general aconseja penas más severas, mientras que la
prevención especial positiva parte de la base de políticas de resocialización
que sugieren penas bajas.
8.3. Esa discusión fue abordada en la Sentencia C-261 de 1996[115],
en la cual la Corte concluyó que (i) durante la ejecución de las penas
debe predominar la búsqueda de la resocialización del delincuente, ya que esto
es una consecuencia natural de la definición de Colombia como un Estado social
de derecho fundado en la dignidad humana; (ii) el objeto del derecho
penal en un Estado como el colombiano, no es excluir al delincuente del pacto
social sino buscar su reinserción en el mismo; y, (iii) diferentes
instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la función
resocializadora del tratamiento penitenciario, de tal forma que la pena de
prisión o intramural no puede ser considerada como la única forma de ejecutar
la sanción impuesta al condenado.
Al respecto, el artículo 10.3. del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas, consagra que el régimen penitenciario
consiste en un tratamiento cuya finalidad esencial es la reforma y la
readaptación social de los penados. En el mismo sentido, el artículo 5.6. de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que las penas privativas
de la libertad tienen como finalidad esencial la reforma y la readaptación
social de los condenados.
Así las cosas, el Estado está en la obligación de procurar la función
resocializadora de las personas condenadas a penas privativas de la libertad.
Por lo tanto, la pena no ha sido pensada únicamente para lograr que la sociedad
y la víctima castiguen al condenado y que con ello vean sus derechos
restituidos, sino que responde a la finalidad constitucional de la
resocialización como garantía de la dignidad humana.
8.4. Esa misma coherencia argumentativa fue expuesta por la Corporación
en la Sentencia C-757 de 2014. En esa ocasión juzgó la constitucionalidad de la
expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo
30 de la Ley 1709 de 2014, el cual refiere a la posibilidad de que el juez de
ejecución de penas conceda la libertad condicional a la persona condenada a
pena privativa de la libertad cuando acredite los requisitos legales.
Lo relevante de este asunto es que la Corte reiteró la importancia
constitucional que tienen la resocialización de las personas condenadas y la
finalidad preventiva especial de la pena. Por ello, indicó que el juez de
ejecución de penas si bien puede tener en cuenta la conducta punible, la
personalidad y antecedentes de todo orden para efectos de evaluar el proceso de
readaptación social del condenado en procura de proteger a la sociedad de
nuevas conductas delictivas, en todo caso, debe valorar la conducta punible
teniendo en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por
el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o
desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional de los condenados.
8.5. De acuerdo con lo expuesto, a título de síntesis, la Sala estima
que solo es compatible con los derechos humanos la ejecución de las penas que
tiende a la resocialización del condenado, esto es, a su incorporación a la
sociedad como sujeto capaz de respetar la ley. Por consiguiente, adquiere
preponderancia la política penitenciaria ejecutada por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y vigilada por el juez de ejecución de penas
y medidas de seguridad, pues es a este último en asocio con los conceptos que
emita el INPEC, a quien le corresponde evaluar, según los parámetros fijados
por el legislador, si es posible que el condenado avance en el régimen
progresivo y pueda acceder a medidas de privación de la libertad de menor
contenido coercitivo (libertad condicional, prisión domiciliaria, vigilancia
electrónica, entre otros subrogados penales), logrando la readaptación social
del condenado[116].
9. Análisis del caso concreto
9.1. Se encuentra acreditado que el
señor Aurelio Galindo Amaya, en vigencia de la Ley 600 de 2000, el 23 de julio
de 2012, fue condenado a las penas principales de 10 años de prisión y multa de
1.650 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautor del delito de
lavado de activos. Además, que fue privado de su libertad entre el 10 de abril
de 2008 y el 4 de noviembre de 2008, y de nuevo el 13 de abril de 2011 hasta la
actualidad, encontrándose recluido en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario la Modelo de Bogotá. Así, ha cumplido un poco más de 7 años de los
10 a los cuales fue condenado.
También está probado que en la
actualidad se encuentra en trámite el recurso de casación interpuesto contra la
sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el 1 de agosto de 2014, que confirmó el fallo del
Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, del 23 de julio de
2012, que impuso la condena.
9.2. Con fundamento en los artículos 365, numeral 2º, de la
Ley 600 de 2000 y 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley
1709 de 2014, el apoderado judicial del señor Galindo Amaya, el 16 de diciembre
de 2016, solicitó que le fuera concedida a su representado la libertad condicional
provisional[117].
La petición
se basó en la satisfacción del requisito objetivo, consistente en haber
cumplido las tres quintas partes de la condena, y de los requisitos subjetivos
relacionados con el adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento
penitenciario en el centro de reclusión[118],
y el arraigo familiar y social[119].
9.3. El
Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 22 de
diciembre de 2016, negó la petición de libertad condicional provisional al
considerar que si bien el señor Galindo Amaya reunía el requisito objetivo, no
cumplía el factor subjetivo en razón de la gravedad de la conducta delictiva
por la cual fue condenado[120].
Esa decisión fue
confirmada por la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal
Superior de Bogotá, el 21 de febrero de 2017[121].
9.4. En razón de la anterior negativa, el 23 de
marzo de 2017, el señor Aurelio Galindo Amaya, actuando por conducto de
apoderado judicial[122],
presentó acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del
Tribunal Superior de Bogotá con el propósito de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana.
Así, el apoderado judicial peticionó que se protejan
los derechos fundamentales de su defendido y, en consecuencia, se deje sin
efectos la providencia del 21 de febrero de 2017, proferida por la Sala de
Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá. Y, en su
lugar, se ordene la libertad condicional provisional del señor Aurelio Galindo
Amaya, por encontrarse satisfechos los requisitos establecidos en el artículo
64 del Código Penal.
9.5. De esta manera, la Sala
procederá al estudio del asunto sub-examine, de acuerdo con el orden
metodológico de exposición planteado en el considerando 4 de esta decisión.
9.5.1. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales aplicables
al caso concreto
(i) Relevancia constitucional del caso. En el caso concreto se debate la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la libertad (art. 28 C.P.), al debido
proceso (art. 29 C.P.), al acceso
a la administración de justicia (art. 229 C.P.) y a la dignidad humana (art. 1 C.P.), originada en la actuación del Juzgado Quinto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción del Derecho de Dominio
del Tribunal Superior de Bogotá, que mediante decisiones del 22 de diciembre de
2016 y del 21 de
febrero de 2017, respectivamente, negaron
la libertad condicional provisional del señor Aurelio Galindo Amaya, según se
indicó, con desconocimiento del precedente constitucional e incurriendo en un
defecto sustantivo.
En este contexto, debe precisarse que
en un Estado social de derecho, fundado en la dignidad humana, la concesión del
subrogado penal que se reclama en esta oportunidad, guarda íntima relación con
la realización de las garantías mínimas establecidas en el catálogo normativo
superior y, puntualmente, en la resocialización del infractor como fin esencial
de la sanción penal.
(ii) Agotamiento de todos los
medios ordinarios de defensa judicial. El accionante agotó los mecanismos
judiciales que tenía a su alcance para que le fuera concedida la libertad
condicional provisional. Así, acudió al Juzgado Quinto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, en primera instancia, y a la Sala de
Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda
instancia, ante la negativa del juez a-quo. Además, debe tenerse en
cuenta que en el proceso está demostrado que no fue esta la única oportunidad
en que acudió a los jueces naturales para solicitar el subrogado penal
referido.
(iii) Requisito de la inmediatez. Por su naturaleza, la acción de tutela debe
ser presentada en un término razonable desde la ocurrencia del presunto hecho
vulnerador, que puede consistir en la acción u omisión de una autoridad pública
o, como ocurre en este asunto, de una autoridad judicial. En
el caso examinado, transcurrió un (1) mes y dos (2) días
entre la decisión de segunda instancia proferida por Sala
de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá el 21 de
febrero de 2017[123], y la presentación de la acción de tutela el 23 de marzo de 2017[124]. Así, el requisito se encuentra satisfecho pues se observa un lapso razonable
y prudencial desde la ocurrencia de los hechos que se consideran violatorios de
derechos fundamentales[125].
(iv) El
demandante identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y los derechos afectados y así lo señaló en el proceso judicial en
el que se produce la sentencia objeto de revisión. En
el trámite de la acción de tutela el apoderado judicial
del accionante señaló concretamente los hechos que
presuntamente vulneraron los derechos fundamentales de su defendido,
identificando las decisiones proferidas por del Juzgado Quinto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción del Derecho de Dominio
del Tribunal Superior de Bogotá.
(v) No se trata de sentencia de tutela. El
presente amparo no se dirige contra un fallo de tutela, sino contra las
providencias del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de
Bogotá, del 22 de diciembre de 2016, y de la Sala de Extinción del Derecho de
Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, del 21 de febrero de 2017, que negaron la solicitud de
libertad condicional provisional del señor Aurelio Galindo Amaya.
9.5.2. Causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
El apoderado judicial del señor Aurelio
Galindo Amaya señaló que el Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá y la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del
Tribunal Superior de Bogotá, al negar la solicitud de libertad
condicional provisional de su defendido, incurrieron en: (i) un
desconocimiento del precedente constitucional fijado en la Sentencia C-757 de
2014 y un defecto sustantivo por interpretación constitucional inadmisible;
(ii) un defecto sustantivo por evidente contradicción entre los fundamentos
de la sentencia condenatoria y la calificación como “grave” de la conducta
punible por parte de los despachos accionados, y (iii) una violación del
derecho a la igualdad, al haberse accedido a la petición de libertad
condicional en casos fáctica y jurídicamente iguales al suyo.
Aclara la Sala que no se pronunciará
acerca de la alegada violación al derecho a la igualdad, debido a que no cuenta
con las suficientes pruebas que permitan determinar que, a diferencia de lo que
ocurrió en el asunto del accionante, en otros casos, que serían asimilables, sí
se concedió el subrogado de la libertad condicional.
Precisado esto, pasa la Sala a
analizar las otras causales específicas de procedibilidad
de la acción de tutela contra las decisiones judiciales proferidas por los
despachos accionados.
(i) Desconocimiento del precedente
constitucional y defecto sustantivo por interpretación constitucional
inadmisible
Para efectos de identificar si, en
efecto, los despachos judiciales accionados desatendieron el precedente de la
Corte Constitucional fijado en la Sentencia C-757 de 2014, se hace necesario referir
las decisiones del 22 de diciembre de 2016[126]
y del 21 de febrero de 2017[127]
proferidas, en su orden, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado
de Bogotá y la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior
de Bogotá.
Sentencia del 22 de diciembre de
2016 del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Como ya se indicó, a través de este fallo se negó la libertad
condicional provisional del señor Aurelio Galindo Amaya, solicitada por la
nueva defensa técnica con fundamento en el numeral 2º del artículo 365 del
Código de Procedimiento Penal y el artículo 64 del Código Penal, modificado por
el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014. En dicha providencia, en el asunto a
tratar, se señaló que por quinta vez procedía el despacho a resolver la
petición referida, aclarando, en el apartado de considerandos, que mediante
autos del 24 de julio, 11 de agosto y 24 de diciembre de 2015[128]
y 25 de octubre de 2016, ya se había pronunciado frente a la petición de libertad
condicional provisional del señor Galindo Amaya. En el apartado pertinente
señaló:
“[…] recuérdese que si bien el señor AURELIO GALINDO
AMAYA, satisface los requisitos objetivos del canon legal citado por el petente
[…], no acontece lo mismo con el factor subjetivo.
Nos referimos al análisis de la “previa valoración de
la conducta punible”, como requisito sine qua non para la concesión
o no de la libertad, bien por el Juez Ejecutor o como ocurre en este caso, por
el Juez de Conocimiento, ante la falta de ejecutoria de la sentencia.
Por tal motivo, en contraposición con el argumento del
defensor, deberá insistirse y reiterarse que en este asunto, la
Administración de Justicia ya emitió el criterio jurídico con suficiente
razonabilidad, relacionado con la acción ejecutada por el procesado, de alta
gravedad y lesividad a los intereses de la Nación y el conglomerado social.
En esta oportunidad, pretende el profesional del derecho
desconocer la realidad de la naturaleza y modalidad del delito de LAVADO DE
ACTIVOS, cuando en verdad se trata de una conducta punible que atenta contra el
bien jurídico del orden económico y social del país, que de paso afecta la
economía nacional.
Recuérdese que AURELIO GALINDO AMAYA, según se analizó en
el fallo de condena, actúo con conocimiento de causa, consciente de sus
acciones contrarias a derecho, con el único propósito de favorecer las
actividades criminales del colectivo subversivo de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia FARC - EP, por supuesto, con el blanqueo de
capitales para fortalecer la economía y estructura de la agrupación rebelde.
Aquí indicar, que tales afirmaciones fueron consignadas
en la sentencia de condena, y aunque no se encuentre en firme, sirve de
fundamento jurídico a la presente decisión, pues si se tratara de discutir
sobre el principio constitucional de presunción de inocencia, para ello debería
estarse a lo que resuelva la H. Corte Suprema de Justicia, al resolver el
recurso de casación, se itera, actualmente en trámite.
De otra parte, el delito de LAVADO DE ACTIVOS, se sabe
jurídicamente es una conducta con efectos pluriofensivos, esto es, que
transgreden múltiples bienes jurídicos protegidos por el Estado, que amenazan y
vulneran el sistema financiero del Estado y sus asociados, con el ingreso de
dineros mal habidos al torrente monetario.
Importante resaltar, que en torno a la negativa del
derecho a la libertad, con fundamento en la “previa valoración de la
conducta punible”, como aspecto subjetivo a valorar, negativo para los intereses
de GALINDO AMAYA, el H. Tribunal Superior de Bogotá, en decisiones sobre el
mismo instituto para otros vinculados al proceso, indicó que la norma más
favorable era la Ley 1709 de [2014], que modificó el Artículo 64 del Código
Penal.
Ello, atendiendo los efectos generales e inmediatos de
las normas procesales, según lo ha decantado la jurisprudencia constitucional[129],
recogidos por la segunda instancia en [otros] proveídos[130],
donde particularmente negó la liberación de GALINDO AMAYA, bajo el mismo
estudio jurídico del precepto, se repite, por la gravedad y alto reproche que
emana la comisión del injusto de LAVADO DE ACTIVOS.
Las circunstancias que ameritaron la negativa de la
libertad a AURELIO GALINDO AMAYA, acorde con el artículo 30 de la Ley 1709 de
[2014], modificatorio del artículo 64 del Código Penal, se reitera, fueron
confirmadas por la Sala de Extinción de Dominio del H. Tribunal Superior de
Bogotá[131],
sin que al día de hoy hayan variado las condiciones allí previstas, salvo la
realización del curso denominado “Justicia en la Biblia”, efectuado del
4 de octubre al 1 de diciembre de los corrientes, como único fundamento para
sostener el postulado resocializador de la pena impuesta.
Es que la actividad ejercida por el sentenciado en el
establecimiento carcelario, valga precisar, un curso de dos (2) meses durante
los últimos tres (3) años de privación de la libertad, no puede entenderse como
suficiente para pensar que ha superado el proceso de resocialización de cara a
la reinserción social, en el entendido que dichas acciones se tornan como
ineludibles para el interno y necesarias en el tratamiento intramural, que en
sentir de esta instancia, deberá continuar.
De otro lado, cabe recordar que el comportamiento “ejemplar”
del procesado al interior del penal, es lo mínimo esperado respecto de alguien
que previamente ha infringido la ley penal y tal conducta per se no
puede ser considerada como requisito exclusivo para conceder la libertad, menos
el arraigo, pues como se dijo en líneas anteriores, el estudio del derecho
anhelado se sujeta entre otros, a la tantas veces señalada “previa
valoración de la conducta punible”, en este caso, con resultados adversos a
los intereses de GALINDO AMAYA.
Lo anterior, porque todo se armoniza con los fines de la
pena y la negativa del beneficio liberatorio, ante la naturaleza y modalidad
del injusto cometido por AURELIO GALINDO AMAYA, habida cuenta de las secuelas
en contra de la economía del país y los intereses de la colectividad.
Debe el Juzgado señalar que la aplicación de la norma,
como acontece en este asunto, para negar el derecho a la libertad, no deviene
por simple capricho del operador judicial, sino justamente con respaldo en la
misma jurisprudencia que cita el postulante.
En efecto, la H. Corte Constitucional en Sentencia C-757
de 2014, declaró la exequibilidad de la expresión “previa valoración de la
conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en el
sentido de tenerse en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones
concebidas por el fallador en la condena, sean favorables o no para otorgar la
gracia pedida, como aquí se reseñó y con resultados opuestos al interés del
procesado.
Consecuentemente a lo dicho, se mantendrá incólume la posición
del Juzgado y por tal motivo, se dispondrá estarse a lo expuesto en el último
auto emitido por este Juzgado el 25 de octubre de 2016, cuando se analizó la
libertad de GALINDO AMAYA, en atención a los mismos postulados descritos por el
nuevo defensor.
[…]” (mayúsculas y cursivas originales, subrayas fuera de
texto)[132].
Sentencia del 21 de febrero de
2017 de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá. Como ya se indicó a través de esta providencia se confirmó la
decisión del Juez Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que negó
la libertad condicional provisional del procesado Aurelio Galindo Amaya[133].
En el apartado correspondiente a la falta de valoración probatoria la Sala
señaló:
“[…] Resulta indiscutible que tanto la Ley 890 de 2004,
como la Ley 1709 de 2014, exigen valorar la conducta punible, sólo que la
primigenia aprovecha el parámetro de gravedad y en la segunda, la porción de la
pena a descontar corresponde a la 3/5, menor requerimiento punitivo que la ley
anterior. Pero, lo cierto es que de la norma que se reivindica como aplicable
al caso, se colige que deben concurrir dos requisitos para que el operador de
justicia acceda a la libertad condicional: (i) Objetivo: alusivo a la
pena impuesta y su cumplimiento en un centro de reclusión de determinada
proporción punitiva, la cual corresponde a las tres quintas partes de la
sanción, y (ii) Subjetivo: concerniente a la buena conducta del
sentenciado en el centro de reclusión en el que se encuentre privado de la
libertad.
La disposición ahora vigente, exige deducir fundadamente
que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena; y para que
el juez pueda conceder los subrogados penales, debe verificar factores
objetivos que se refieren, en ambos casos, al quantum de la pena y al
cumplimiento parcial de aquélla en el evento de la libertad condicional,
relacionados básicamente con antecedentes personales, sociales y familiares del
sentenciado, como también (sic) y la buena conducta en el establecimiento
carcelario, que faciliten deducir que no existe necesidad de la ejecución de la
pena.
Ahora bien, no hay discusión en que realizadas las
operaciones aritméticas, los procesados GALINDO AMAYA y GERMÁN ARIZA cumplen el
requisito objetivo exigido, esto es, cumplen a cabalidad las 3/5 partes de la
pena impuesta en la sentencia proferida en su contra; empero, el pronóstico que
se hace de la conducta por la cual fueron juzgados, es negativo, y de contera
impide otorgar el beneficio liberatorio.
Es así, que para arribar a tal conclusión se tienen como
referencia las reglas de orden “general y excepcional”, ejercicio que obedece
de una parte a verificar aquellos aspectos de orden subjetivo y la valoración
de las condiciones particulares. Para el efecto se trae a colación lo dicho por
esta Sala en proveído del 14 de marzo de 2016 que hizo especial énfasis en la
sentencia de primer grado [a continuación se transcriben algunos párrafos de la
sentencia condenatoria del 23 de julio de 2012, emitida por el Juez Quinto Penal
del Circuito Especializado de Bogotá].
[…]
Bajo tales parámetros, resulta evidente colegir que la
gravedad de la conducta refulge desde el fallo proferido en primera instancia,
referente que no ofrece ningún cuestionamiento e interpretación insular para
desconocer su carácter; y para ello además debe destacar la sala que la
sola certificación de su estado de resocialización en el establecimiento penal
no es el único elemento a evaluar para hacer viable la libertad provisional
como lo afirma la defensa, pues como bien se ha dicho es un elemento de
contraste que permite deducir el proceso de resocialización del procesado
durante el trámite intramural.
[…]
De lo anterior se discurre que el juzgado de primera
instancia, precisó con suficiencia los fundamentos y circunstancias para negar
la libertad deprecada, contrario a la incipiente augurio (sic) de la defensa de
los procesados; y en efecto se corrobora que la conducta de AURELIO GALINDO y
PEDRO ARIZA, tiene naturaleza grave, no solo por cada uno de los actos que
desarrollaron sino por el impacto que arrojaron en la sociedad colombiana en
general.
Para resolver la hipótesis propuesta por el impugnador
repárese en que la Corte Suprema de Justicia (sic) en sentencia C-194 de 2005,
precisó las directrices orientadoras para que el Juez pondere la conducta
resuelva (sic) acorde con lo analizado en el fallo de condena, y al
respecto dijo: [transcribe algunos párrafos que señalan que “el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad deberá tener en cuenta la gravedad
del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia
condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el
subrogado penal”[134]].
Advirtió el Alto Tribunal de Justicia Ordinaria (sic) que
para realizar dicho ejercicio de ponderación se debe acudir a los parámetros
instituidas (sic) por el Legislador, la primera, contenida en el artículo 64,
“regla general”, que permite al condenado, con el cumplimiento de ciertos
requisitos, acceder a la libertad condicional y la segunda, “regla de
excepciones”, en virtud de la cual se excluyó, en casos concretos, el
mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad.
De lo anterior se concluye que, para pronunciarse sobre
la viabilidad de la libertad condicional, en punto del aspecto subjetivo, esto
es, la gravedad de la conducta punible impone: de un lado, revisar si la
conducta fue considerada como especialmente grave por el Legislador en el
artículo 68A del Código Penal y en los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006 y
199 de la 1098 de 2006. Si aplicado ese filtro de gravedad, resulta
jurídicamente posible conceder el subrogado, el juez debe verificar, tanto
el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos por la norma […], como el
cumplimiento de los requisitos subjetivos que se derivan de la valoración de
las condiciones particulares del condenado”[135].
Es así, que la jurisprudencia Constitucional ha aceptado
como razonable y ajustado al ordenamiento jurídico, que los Jueces de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad apliquen, en primer lugar, las pautas de
excepciones de cara a la gravedad de la conducta, para luego, proceder a
analizar la aplicación del patrón general. En este segundo momento del análisis
los jueces deben tener en cuenta la gravedad de la conducta, tal y como fue
valorada en la sentencia condenatoria y bajo tal ponderación no hay vulneración
alguna en que ese elemento subjetivo se convierta en el aspecto central para
negar la solicitud.
[…]” (mayúsculas y cursivas originales, subrayas fuera de
texto)[136].
Teniendo claro el sentido de las decisiones
revisadas, la Sala vuelve sobre los fundamentos normativos que sirven de
sustento para la solución del caso concreto.
El artículo 64 del Código Penal, modificado por el
artículo 5 de la Ley 890 de 2004, que establece los requisitos para que el juez
competente conceda la libertad condicionada al condenado, sufrió un tránsito
legislativo con la Ley 1709 de 2014, pues en su artículo 30 dispuso que el
juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad
condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya
cumplido con los siguientes requisitos: 1. Que la persona haya cumplido las
tres quintas (3/5) partes de la pena. 2. Que su adecuado desempeño y
comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión
permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución
de la pena. 3. Que demuestre arraigo familiar y social.
Una de las variaciones fundamentales que hizo la
anterior disposición en relación con el artículo 64 del Código Penal, tal como
había sido modificado por el artículo 5 de la Ley 890 de 2004[137], es
que mientras en ese texto normativo el juez podía conceder la libertad
condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa valoración
de la gravedad de la conducta punible, en el nuevo, se suprimió la
referencia al verbo “podrá” y al adjetivo referente a “la gravedad” que
calificaba la conducta punible.
En su momento, la expresión previa valoración de
la gravedad de la conducta punible fue declarada exequible
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-194 de 2005, en el entendido
de que dicha valoración debía atenerse a los términos en que fue evaluada la
gravedad de la conducta en la sentencia condenatoria por parte del juez de la
causa. De esta forma, aparecía restringida la facultad del juez competente para
conceder la libertad condicional, pues, en todo caso, la valoración de la
gravedad de la conducta punible que él hiciera debía ceñirse a los términos en
que fue evaluada dicha gravedad en la sentencia condenatoria por parte del juez
de conocimiento.
Ahora bien, como ya lo indicó la Sala, la Sentencia C-757 de 2014, declaró exequible la
expresión “previa valoración de la conducta punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014[138],
actualmente vigente, “en el entendido de que las valoraciones de la conducta
punible hechas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para
decidir sobre la libertad condicional de los condenados tengan en cuenta las
circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la
sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento
de la libertad condicional”.
Entendió, entonces, la Corporación
que resulta razonable interpretar la nueva redacción como una ampliación
del ámbito de la valoración que le corresponde llevar a cabo al juez competente
para la concesión de la libertad condicional, según la cual ya no le corresponde
a este solo valorar la gravedad de la conducta punible, sino que le concierne
valorar todos los demás elementos, aspectos y dimensiones de dicha conducta,
además de las circunstancias y consideraciones favorables al otorgamiento de la
libertad condicional, realizadas por el juez penal que impuso la condena.
Volviendo al caso concreto, obsérvese
que no se discute la satisfacción del requisito objetivo para la concesión de
la libertad condicional, consistente en haber cumplido las tres quintas (3/5)
partes de la pena, sino del requisito subjetivo referente a la valoración de la
conducta punible.
En ese aspecto, tenemos que el
Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, si bien sustentó su
posición en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 y la Sentencia C-757 de 2014,
concentró su análisis en la gravedad de la conducta punible según
referencias concretas que hizo a la sentencia de condena penal, sin entrar a
valorar todos los demás elementos, aspectos y dimensiones de dicha conducta. Lo
anterior puede evidenciarse en la siguiente afirmación: “[…] en
contraposición con el argumento del defensor, deberá insistirse y reiterarse
que en este asunto, la Administración de Justicia ya emitió el criterio
jurídico con suficiente razonabilidad, relacionado con la acción ejecutada por
el procesado, de alta gravedad y lesividad a los intereses de la Nación y el
conglomerado social”.
Lo anterior, también queda en
evidencia en la Sentencia de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior
de Bogotá, del 21 de febrero de 2017, en donde se señaló que “la gravedad de
la conducta refulge desde el fallo proferido en primera instancia, referente
que no ofrece ningún cuestionamiento e interpretación insular para desconocer
su carácter”. Llama la atención que esta decisión haga un llamado a la
Sentencia C-194 de 2005, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo
5 de la Ley 890 de 2004, cuando en ese momento se encontraba vigente el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, texto normativo que ya no aludía
a la “gravedad” de la conducta punible, siendo más favorable para el procesado,
y que fue objeto de revisión constitucional en la Sentencia C-757 de 2014.
Con fundamento en lo anterior, la Sala observa que, en efecto, los
funcionarios judiciales a quienes correspondió decidir la petición de libertad
condicional provisional del señor Galindo Amaya, negaron dicho subrogado
apoyándose en el criterio de gravedad de la conducta punible descrito
desde la sentencia de condena penal y desatendieron la valoración de todos
los demás elementos, aspectos y dimensiones de dicha conducta, además de las circunstancias y consideraciones favorables al otorgamiento de la
libertad condicional, realizadas por el mismo juez penal que impuso la condena.
Así mismo, menospreciaron la función resocializadora del tratamiento
penitenciario, como garantía de la dignidad humana, de tal forma que la pena de
prisión o intramural no pueda ser considerada como la única forma de ejecutar
la sanción impuesta al condenado, pues también están los mecanismos
sustitutivos de la pena privativa de la libertad, entre los que se encuentra la
libertad condicional[139].
En este orden de ideas, la Sala encuentra probado
que los despachos accionados incurrieron en un desconocimiento del precedente
constitucional, que conlleva, a su vez, a la existencia de un defecto
sustantivo que tiene lugar en la falencia que se evidencia en las
sentencias del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, del 22
de diciembre de 2016, y de la Sala de Extinción de Dominio del
Tribunal Superior de Bogotá, del 21 de febrero de 2017, originada en el proceso
de interpretación y aplicación del artículo
64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la
Ley 1709 de 2014, el cual fue condicionado por la Sentencia C-757 de 2014. Aspecto
este que tiene una incidencia en la concepción de la función resocializadora de
la pena en el caso concreto del señor Aurelio Galindo Amaya, pues no fue
evaluada la necesidad de continuar con la ejecución de la pena en el
establecimiento penitenciario y carcelario.
Además de lo anterior, se observa la desatención del principio de
favorabilidad establecido en los artículos 29 de la Constitución Política y 6
del Código Penal, conforme con los cuales en materia penal, incluso para los condenados, “la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la
restrictiva o desfavorable”.
(ii) Defecto sustantivo por evidente
contradicción entre los fundamentos de la sentencia condenatoria y la
calificación como “grave” de la conducta punible por parte de los despachos
accionados
La Sala encuentra que la segunda causal específica alegada por el
apoderado está íntimamente conectada con la anterior, puesto que el sustento de
la misma es que hay una contradicción entre los fundamentos de la sentencia
condenatoria y la valoración como “grave” que hacen los jueces accionados de la
conducta punible atribuida a Aurelio Galindo Amaya, consistente en el lavado de
activos. Lo anterior, porque dejaron de tener en cuenta todos los demás
elementos, aspectos y dimensiones de dicha conducta, además de las
circunstancias y consideraciones favorables al otorgamiento de la libertad
condicional, realizadas por el mismo juez penal que impuso la condena.
Así, por
ejemplo, el apoderado relató que el Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá, en la sentencia del 23 de julio de 2012, al momento de
calcular la pena a imponer al señor Galindo Amaya se ubicó en el cuarto mínimo
que fijó una pena de prisión de 8 a 11 años y 6 meses, “por concurrir a
favor un atenuante, más no agravantes”[140].
En este orden de ideas, concluyó que la gravedad de
la conducta atribuida a su defendido es contradictoria con los fundamentos y la
dosificación presentados en la sentencia de condena, pues, en efecto, los
hechos en concreto por los que fue condenado “(i) no se encuentran excluidos
por el legislador de los subrogados penales; (ii) tampoco se presentaron
circunstancias generales de mayor punibilidad en los términos del Código Penal
(Ley 599 de 2000, art. 58); (iii) ni concurrieron circunstancias agravantes
específicas (Ley 599 de 2000, art. 323 y 324)”[141].
Teniendo en
cuenta lo anterior, la Sala encuentra que no se está ante otro defecto
sustantivo autónomo. Más bien, este es un argumento adicional que refuerza la
explicación del desconocimiento del precedente fijado en la Sentencia C-757 de
2014, puesto que profundiza en el cuestionamiento a los jueces competentes para
decidir acerca de la libertad condicional provisional del señor Galindo Amaya, porque
utilizaron criterios fundamentados en la anterior normativa que regulaba la concesión
de dicho subrogado, esto es, el artículo 5 de la Ley 890 de 2004, y
valoraron la gravedad de la conducta punible tal como previamente lo
había determinado el juez penal en la sentencia condenatoria.
Así, fallaron conforme a la interpretación y aplicación de dicha normativa,
cuando la vigente y más favorable era el artículo 30 de la Ley 1709
de 2014.
En este
orden de ideas, solo se encuentra probado que los despachos accionados
incurrieron en el desconocimiento del precedente constitucional fijado
en la Sentencia C-757 de 2014, que conlleva, a su vez, a la existencia
de un defecto sustantivo en razón de la falencia originada en el proceso de
interpretación y aplicación de la normativa que orientaba la solución del caso
concreto, esto es, el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 del Código Penal.
En consecuencia,
la Sala Cuarta de Revisión revocará las sentencias proferidas por
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de mayo de
2017, y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 6 de
abril de 2017, que negaron el amparo de los derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana del señor Aurelio Galindo Amaya. En su lugar, tutelará el derecho fundamental
al debido proceso del accionante.
Así mismo, dejará sin efectos las decisiones del
21 de febrero de 2017 y del 22 de
diciembre de 2016, proferidas por la
Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y el
Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, respectivamente. En
consecuencia, ordenará al Juez
Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá o, en su
defecto, al juez homólogo que en la actualidad resulte competente, que
resuelva, en el término de treinta y seis (36) horas contadas a partir de la
notificación del presente fallo, la petición a que se contrae el asunto sub
examine, teniendo en cuenta que en el caso concreto es aplicable el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 del
Código Penal, el cual fue condicionado por la Sentencia C-757 de 2014, “en
el entendido de que las valoraciones de la conducta punible hechas por los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la
libertad condicional de los condenados tengan en cuenta las circunstancias, elementos
y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean
éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional”.
10. Conclusión
El Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá y la Sala de
Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá incurrieron
en un desconocimiento del precedente constitucional fijado en la Sentencia
C-757 de 2014, que conlleva, a su vez, a la existencia de un defecto sustantivo
que tiene lugar en la falencia que se evidencia en las sentencias
del 22 de diciembre de 2016 y del 21 de febrero de 2017,
originada en el proceso de interpretación y aplicación del
artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, referente a la libertad
condicional.
Lo anterior, debido a que los jueces competentes para conceder la
libertad condicional no solo deben valorar la gravedad de la conducta
punible, sino que les concierne valorar todos los demás elementos, aspectos y dimensiones
de dicha conducta, así como las circunstancias y consideraciones favorables al
otorgamiento de dicho subrogado, realizadas por el juez penal que impuso la
condena, tal como fue analizado en la Sentencia C-757 de 2014.
En todo caso, la decisión de una solicitud de libertad condicional
concreta, además de lo anterior, deberá atender al principio de favorabilidad
conforme a los artículos 29 de la Constitución Política y 6 del Código Penal,
según los cuales en materia penal “la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se
aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. Lo que también rige para los condenados.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR por las razones
expuestas en esta providencia, las sentencias proferidas por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de mayo de 2017, y por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 6 de abril de 2017, que
negaron el amparo de los derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana del señor Aurelio Galindo Amaya. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del accionante.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las decisiones del 21 de
febrero de 2017 y del 22 de diciembre de 2016, proferidas por la Sala de Extinción del Derecho de
Dominio del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Quinto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, respectivamente.
En consecuencia, ORDENAR al Juez Quinto Penal del Circuito Especializado de
Bogotá o, en su defecto, al juez homólogo que en la actualidad
resulte competente, que resuelva, en el término de treinta y seis (36) horas
contadas a partir de la notificación del presente fallo, la petición a que se
contrae el asunto sub examine, teniendo en cuenta que en el caso
concreto es aplicable el artículo 30 de la Ley 1709 de
2014, que modificó el artículo 64 del Código Penal, el cual fue condicionado
por la Sentencia C-757 de 2014, “en el entendido de que las valoraciones de
la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas y medidas de
seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados tengan
en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez
penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al
otorgamiento de la libertad condicional”.
TERCERO: LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (e.)
[1] Doctor Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, según poder obrante a
folio 30 del cuaderno principal. En adelante, los folios a que se
haga referencia corresponderán al cuaderno principal a menos que se señale otra
cosa.
[2] La providencia obra a folios 53 al 59.
[3] La providencia obra a folios 61 al 82.
[4] Folio 53.
[5] Folio 3.
[6] La solicitud de libertad condicional provisional
dentro del proceso penal seguido en contra del señor Aurelio Galindo Amaya,
radicado 11001310700520100004800, obra a folios 32 al 51. Aclaró el apoderado
judicial que el señor Galindo Amaya ha presentado cinco solicitudes de libertad
condicional, siendo la primera radicada en julio de 2015, y que todas han sido
despachadas negativamente, tanto por el Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá como por la Sala de Extinción del Derecho de Dominio
del Tribunal Superior de Bogotá (folio 3).
[7] Se precisó que en cuanto al tiempo físico de privación de la
libertad, el señor Galindo Amaya fue recluido inicialmente por 6 meses y 25
días, desde el 10 de abril de 2008 y hasta el 4 de noviembre de 2008; y desde
el 13 de abril de 2011, se encuentra nuevamente privado de su libertad.
[8] Joseph Camilo Galindo Vega, nacido el 06 de octubre de 2004;
Cristian Galindo Vega, nacido el 16 de junio de 2003, y Nelson Albeiro Galindo
Castañeda, nacido el 15 de septiembre de 1993.
[9] La providencia obra a folios 53 al 59.
[10] Folio 56. En la decisión se precisó: “Las circunstancias que
ameritaron la negativa de la libertad de Aurelio Galindo Amaya, acorde con el
artículo 30 de la Ley 1709 de 2000, modificatorio del artículo 64 del Código
Penal, se reitera, fueron confirmadas por la Sala de Extinción de Dominio del
H. Tribunal Superior de Bogotá, sin que al día de hoy hayan variado las
condiciones allí previstas, salvo la realización del curso denominado “Justicia
en la Biblia”, efectuado del 4 de octubre al 1 de diciembre de los corrientes,
como único fundamento para sostener el postulado resocializador de la pena
impuesta. || Es que la actividad ejercida por el sentenciado en el
establecimiento carcelario, valga precisar, un curso de dos (2) meses durante
los últimos tres (3) años de privación de la libertad, no puede entenderse como
suficiente para pensar que ha superado el proceso de resocialización de cara a
la reinserción social, en el entendido que dichas acciones se tornan como
ineludibles para el interno y necesarias en el tratamiento intramural, que en
sentir de esta instancia, deberá continuar. || De otro lado, cabe recordar que
el comportamiento “ejemplar” del procesado al interior del penal, es lo mínimo
esperado respecto de alguien que previamente ha infringido la ley penal y tal
conducta per se no puede ser considerada como requisito exclusivo para conceder
la libertad, menos el arraigo, pues como se dijo en líneas anteriores, el
estudio del derecho anhelado se sujeta, entre otros, a la tanta veces señalada
“previa valoración de la conducta punible”, en este caso, con resultados
adversos a los intereses de Galindo Amaya” (folio 57).
[11] La providencia obra a folios 61 al 82.
[12] La petición obra a folios 84 al 104.
[13] Folio 6.
[14] La providencia obra a folios 107 al 110.
[15] La providencia obra a folios 112 al 120.
[16] Ver folios 14 y 15.
[17] Adicionó lo siguiente: “[…] en contravía del precedente
constitucional que ha simbolizado la valoración de la conducta punible como una
escala progresiva acorde con la gravedad de la conducta, las autoridades
demandadas han reducido el rango de posibilidades a dos: (i) conducta grave y
(ii) conducta no grave. Esta postura no solo desconoce que toda acción
delictiva es grave por definición, sino que también convierte en ilusorio el
subrogado de libertad condicional para todos aquellos cuya conducta haya sido
juzgada como grave por la instancia judicial de condena. || Las instancias
judiciales demandadas no realizaron una valoración de todas las circunstancias
relevantes, incluyendo la conducta intramuros, ni mucho menos cotejaron la
gravedad del accionar endilgado a Aurelio Galindo Amaya de cara a su proceso de
resocialización. Simplemente, encontraron suficiente el afirmar que el delito
de lavado de activos es una conducta pluriofensiva que merece un alto reproche
social” (folio 16).
[18] Folio 16.
[19] Folio 17.
[20] Transcribe el siguiente párrafo: “Atendiendo la gravedad y la
modalidad de la conducta desplegada por los procesados, por este delito no se
impondrá a los procesados, el mínimo establecido en el primer cuarto, sino se
aumentará en veinticuatro (24) meses más de prisión, porque atentó en forma
ostensible contra el bien jurídico tutelado del ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL,
lesión que ocasiona gran perjuicio en la economía nacional y, por tanto, genera
un grave y enérgico reproche social” (mayúsculas originales). Folio 14.
[21] Folios 18 al 20.
[22] Folio 22.
[23] Indicó que tanto el señor Miguel Ángel Amado Garay como la
señora Jeimmy Alexandra Piñeros Santos fueron condenados por el delito de
lavado de activos a las penas principales de 10 años de prisión y multa de
1.650 salarios mínimos legales mensuales vigentes (folio 25).
[24] Folio 25. Y agregó: “En tal sentido, lo importante a tener en
cuenta para conceder la libertad condicional es la ponderación entre el proceso
de resocialización o readaptación del interno luego del cumplimiento de las
tres quintas (3/5) partes de su pena, en conjunto con el análisis de la
conducta realizada. Por tanto, como allí lo explicó el Tribunal, si ya es
evidente la resocialización del interno en virtud de su buen comportamiento, no
es necesario que continúe purgando su pena de manera intramural, máxime cuando
ya estuvo privado de su libertad por un término igual o superior a las tres
quintas (3/5) partes de la pena” (ibídem).
[25] El auto obra a folio 122.
[26] La respuesta obra a folios 132 y 133. En esa oportunidad se anexó la
providencia del 7 de marzo de 2017, proferida por la Sala de Decisión
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, a
través de la cual se confirmó la decisión del 28 de febrero de 2017, del
Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá (folios 134 al 142).
[27] Doctora Sandra Jaidive Fajardo Romero.
[28] La respuesta obra a folio 143.
[29] Folio 143.
[30] Doctor Juan Carlos Pérez Galindo.
[31] La respuesta obra a folios 145 y 146.
[32] Se anexó copia de las sentencias del 21 de febrero de 2017, de la Sala
de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá; del 22 de
diciembre de 2016, del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de
Bogotá; del 28 de febrero de 2016, del Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de
Bogotá, y del 7 de marzo de 2017, de la Sala de Decisión Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá (folios 147 al 168).
Estas decisiones versan sobre la negativa de conceder la libertad condicional
provisional invocada.
[33] Folio 169. El señor Ariza Quintero también está vinculado al proceso
penal de lavado de activos radicado 11001310700520100004800.
[34] Radicación No. 91201, Acta No. 104. Magistrado ponente Fernando
Alberto Castro Caballero. Folios 199 al 214.
[35] Folio 212.
[36] Ibídem.
[37] Folio 213.
[38] Folio 220.
[39] Folios 4 al 14 del cuaderno de impugnación.
[40] Folio 6 del cuaderno de impugnación.
[41] Ibídem.
[42] Folio 10. Al respecto, precisó: “El Juzgado 5º Penal del
Circuito Especializado de Bogotá se limita a insistir en que “la administración
de justicia ya emitió el criterio jurídico con suficiente razonabilidad,
relacionado con la acción ejecutada por el procesado, de alta gravedad y
lesividad a los intereses de la Nación y del conglomerado social”. Argumento
que es compartido por el Tribunal, para quien “la gravedad de la conducta
refulge desde el fallo proferido en primera instancia”. Siguiendo entonces la
postura fijada por la Sala de Casación Penal, la gravedad de la conducta se
convierte en razón suficiente para negar el beneficio, sin que se valore
realmente el nivel de reinclusión del señor Galindo Amaya y la necesidad de
completar la totalidad de la pena privativa de la libertad. || […] Tal proceder
conlleva a un verdadero exabrupto jurídico al afirmar que el beneficio de la
libertad provisional-condicional puede negarse por el solo hecho de que la
conducta haya sido calificada como grave por el juez que impuso la condena
penal. Este argumento no solo desconoce el precedente constitucional sobre la
materia, sino que además, de aceptarse esta tesis, la persona quedaría
automáticamente excluida de dicho beneficio y se vería inexorablemente obligada
a purgar toda la condena en prisión, lo que por su naturaleza es incompatible
con el carácter resocializador de la pena y de los subrogados penales. || […].
Un ejercicio razonable de valoración, como aquel que reclama la Corte
Constitucional a los Jueces de Ejecución, requiere ponderar la gravedad de la
conducta junto con todas las demás circunstancias relevantes, de modo que se
tenga un panorama global que armonice la retribución por el delito cometido,
junto con la reinclusión del condenado a la sociedad. Análisis que se echa de
menos en la providencia atacada y que configura un defecto por desconocimiento
del precedente constitucional y un defecto sustantivo por interpretación
constitucional inadmisible” (folio 11 del cuaderno de impugnación).
[43] Mencionó a Julián Esteban Molina Cruz, Miguel Ángel Amado Garay y
Jeimmy Alexandra Piñeros Santos (folios 11 al 13 del cuaderno de impugnación).
[44] Radicación No. 11001-02-04-000-2017-00443-01. Magistrado
ponente Luis Armando Tolosa Villabona. Folios 15 al 19 del cuaderno de
impugnación.
[45] Folio 18.
[46] Doctora Eliana Galindo Gutiérrez. El poder para actuar obra a
folio 87 del cuaderno de revisión.
[47] El escrito obra a folios 20 al 26 del expediente de revisión.
[48] Folio 20 del expediente de revisión.
[49] Folios 40 y 41 del cuaderno de revisión.
[50] Doctora Cielo Yaneth Camacho Aza.
[51] El escrito obra a folios 44 y 45 del cuaderno de revisión.
[52] Doctora Nubia Yolanda Nova García.
[53] La comunicación fue enviada a la Procuradora Tercera Delegada para la
Casación Penal, Paula Andrea Ramírez Barbosa, fechada el 19 de septiembre de
2017 (folio 49 del cuaderno de revisión).
[54] El escrito y sus anexos obran a folios 47 al 49 del cuaderno de
revisión.
[55] El envío fue realizado por el profesional Christian Maya Lasso.
[56] Doctora Eliana Galindo Gutiérrez.
[57] Copia de la demanda de casación obra a folios 51 al 84 del cuaderno de
revisión. En el documento aparece una constancia de radicación del 17 de julio
de 2015.
[58] Doctor Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, según poder obrante a
folio 30 del cuaderno principal. En adelante, los folios a que se
haga referencia corresponderán al cuaderno principal a menos que se señale otra
cosa.
[59] El artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 dispone: “Procedencia de la
acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de
las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera
de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley […]”.
[60] El artículo 11 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 4 de
la Ley 1285 de 2009, establece: “La Rama Judicial del Poder Público está
constituida por: I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones: a)
De la Jurisdicción Ordinaria: || 1. Corte Suprema de Justicia. || 2. Tribunales
Superiores de Distrito Judicial. || 3. Juzgados civiles, laborales, penales,
penales para adolescentes, de familia, de ejecución de penas, de pequeñas
causas y de competencia múltiple, y los demás especializados y promiscuos que
se creen conforme a la ley; […]”.
[61] El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió
el asunto en primera instancia, el 21 de febrero de 2017, negó la acción
pública de habeas corpus presentada por el señor Aurelio Galindo Amaya. Esta
decisión fue confirmada por la Sala de Decisión Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante sentencia del 7
de marzo de 2017.
[62] Corte Constitucional, sentencias T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771
de 2003, T-949 2003, C-590 de 2005 y T-018 de 2008. Entre muchas otras, la
posición fijada ha sido reiterada en las sentencias T-743 de 2008, T-310 de
2009 y T-451 de 2012.
[63] Se trata de una exposición sintetizada de la Sentencia C-590 de 2005.
[64] Corte Constitucional, Sentencia T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[65] Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su
relación con el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de
tutela para controvertir un fallo judicial, ver la Sentencia T-1049 de 2008.
[66] Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte
Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe
entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión,
se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[67] Es importante precisar que esta línea jurisprudencial se conoció
inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, con el propósito
de superar una percepción restringida de esta figura que había permitido su
asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial, la Corporación
sustituyó la expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de
la acción de tutela contra decisiones judiciales” que responde mejor a su
realidad constitucional. La Sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta
evolución, señalando que cuando se está ante la acción de tutela contra
providencias judiciales es más adecuado hablar de “causales genéricas de
procedibilidad de la acción” que de vía de hecho.
[68] Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-937 de 2001, SU-159
de 2002, T-996 de 2003 y T-196 de 2006.
[69] El defecto fáctico está referido a la producción, validez o
apreciación del material probatorio. En razón del principio de independencia
judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es
supremamente restringido.
[70] Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-079 de 1993 y T-008
de 1998.
[71] Corte Constitucional, sentencias SU-846 de 2000, SU-014 de 2001 y
T-1180 de 2001.
[72] La decisión sin motivación se configura en una de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela, en tanto la motivación es un deber de
los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un
ordenamiento democrático. Ver Corte Constitucional, Sentencia T-114 de 2002.
[73] Conforme a la Sentencia T-018 de 2008, el desconocimiento del
precedente constitucional “[se presenta cuando] la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver Corte Constitucional,
sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.
[74] Al respecto, ver Corte Constitucional, sentencias T-1625 de 2000,
SU-1184 de 2001 y T-1031 de 2001. Así mismo, cuando no se aplica la excepción
de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso, ver la Sentencia T-522 de 2001.
[75]
Corte Constitucional, Sentencia T-701 de 2004.
[76] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[77] Corte Constitucional, sentencias T-231 de 2007 y T-933 de 2003.
[78] Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 2007, entre otras.
[79] Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005 y T-018 de 2008. En el
mismo sentido, la Sentencia T-701 de 2004.
[80] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[81] Reiterado en la Sentencia SU-769 de 2014.
[82] Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-043 de 2005, T-295
de 2005, T-657 de 2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de
2010, entre otras.
[83] Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005.
[84] Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
[85] Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
[86] Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001.
[87] Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
[88] Corte Constitucional, sentencias T-1101 de 2005 y T-051 de 2009.
[89] Corte Constitucional, sentencias T-765 de
1998, T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
[90] Corte Constitucional, sentencias T-079 de
1993 y T-066 de 2009.
[91] Corte Constitucional, sentencias T-814 de
1999, T-842 de 2001 y T-462 de 2003.
[92] Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
[93] Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
[94] Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994.
[95] Corte Constitucional, Sentencia T-807 de 2004.
[96] Corte Constitucional, sentencias T-114 de
2002, T-1285 de 2005 y T-086 de 2007.
[97] Corte Constitucional, sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-1285
de 2005 y T-292 de 2006.
[98] En la Sentencia T-808 de 2007, se expuso que “en cualquiera
de estos casos debe estarse frente a un desconocimiento claro y ostensible de
la normatividad aplicable al caso concreto, de manera que la desconexión entre
la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial sea notoria y no
tenga respaldo en el margen de autonomía e independencia que la Constitución le
reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse además, que el amparo
constitucional en estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones
más favorables para quien tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos
fundamentales de quien queda sujeto a una providencia que se ha apartado de lo
dispuesto por el ordenamiento jurídico”.
[99] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[100] Corte Constitucional, Sentencia SU-026 de
2012.
[101] Como, por ejemplo, un cambio de legislación, un cambio de las
circunstancias sociales, un escenario fáctico distinto, etc.
[102] En la Sentencia T-468 de 2003 se explicó: “En este contexto, surge
como elemento preponderante que todo cambio o inaplicación de un precedente
judicial de tipo vertical a partir de la presencia de diversos supuestos
fácticos o en razón del cambio de legislación debe estar plenamente motivado,
en aras de salvaguardar el principio constitucional de interdicción de la
arbitrariedad, convirtiéndose el conocimiento de los argumentos judiciales, en
una herramienta ciudadana de control sobre la legitimidad de las decisiones
proferidas por el juzgador. || La motivación requiere entonces el cumplimiento
de varias condiciones que le dotan de plena legitimidad. En efecto, ella debe
ser: (i) completa, (ii) pertinente, (iii) suficiente y (iv) conexa. Es completa
cuando se invocan todos los fundamentos de hecho y de derecho que amparan la
decisión; es pertinente si resulta jurídicamente observable; es suficiente
cuando por sí misma es apta e idónea para decidir un asunto sometido a controversia
y; es conexa si se relaciona directamente con el objeto cuestionado. || Por
consiguiente, si un juez de tutela pretende inaplicar la doctrina
constitucional que sobre una materia en específico ha establecido esta
Corporación, no sólo debe motivar la decisión de manera completa, pertinente,
suficiente y conexa, sino que también tiene que probar la diversidad de los
supuestos fácticos o de las circunstancias de hecho que conlleven a otorgar un
tratamiento desigual y/o la existencia de una nueva legislación que modifique
las consecuencias jurídicas aplicables al caso controvertido”.
[103] Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2013.
[104] Corte Constitucional, Sentencia C-335 de 2008.
[105] Corte Constitucional, Sentencia T-1092 de
2007, reiterada en la Sentencia T-597 de 2014, entre otras.
[106] Conforme a la Sentencia T-018 de 2008, el desconocimiento del
precedente constitucional “[se presenta cuando] la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver las sentencias SU-640 de 1998
y SU-168 de 1999.
[107] El artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, dispone: “Modificase el
artículo 64 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así: || Libertad condicional.
El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad
condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya
cumplido con los siguientes requisitos: || 1. Que la persona haya cumplido las
tres quintas (3/5) partes de la pena. || 2. Que su adecuado desempeño y
comportamiento durante el trata­miento penitenciario en el centro de reclusión
permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución
de la pena. || 3. Que demuestre arraigo familiar y social. || Corresponde al
juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los
elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del
arraigo. || En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la
víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía
personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia
del condenado. || El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá
como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá
aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario”.
[108] El artículo 5 de la Ley 890 de 2004, establecía: “El artículo 64 del
Código Penal quedará así: || Libertad condicional. El juez podrá conceder la
libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa
valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya cumplido las dos
terceras partes de la pena y su buena conducta durante el tratamiento
penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no
existe necesidad de continuar la ejecución de la pena”.
[109]
Concordante con los artículos II.I de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; 15.1 del Pacto de Nueva York, y 9 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica).
[110] El
principio de favorabilidad penal puede ser consultado en la Sentencia C-592 de
2005.
[111] Se sigue de cerca la Sentencia C-233 de 2016. En esa
oportunidad la Corporación declaró exequibles algunos apartes demandados de los
artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de 2004 “luego de concluir que respecto
de los mismos no se configura una omisión legislativa relativa por haber
excluido a las víctimas del injusto penal de intervenir en la fase ejecución de
la sentencia y presentar recursos contra las decisiones que adopte el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con los mecanismos
sustitutos de la pena privativa de la libertad. Lo anterior porque el
legislador cuenta con un amplio margen de configuración para regular la fase de
ejecución de la sentencia, como en efecto lo hizo sin vulnerar los derechos a
la verdad, a la justicia y a la reparación que le asisten a las víctimas, ni la
igualdad ante los tribunales ni el acceso a recursos efectivos. Además, éstas
pueden ser representadas de forma indirecta por el Ministerio Público en dicha
fase, quien tiene la obligación legal de velar por los intereses de las
víctimas”.
[112] Corte Constitucional, Sentencia C-261 de 1996, reiterada en la Sentencia
C-757 de 2014.
[113] En la Sentencia T-718 de 2015, la Corte se refirió al modelo de
política criminal, el tratamiento penitenciario y la resocialización del
condenado. Puntualmente señaló que “la política criminal colombiana y su modelo
de justicia están encaminados a satisfacer el restablecimiento de los derechos
de las víctimas y a lograr una efectiva resocialización del autor de la
conducta penal, porque en el marco de un Estado social y democrático de
derecho, fundado en la dignidad humana y que propende por un orden social
justo, la intervención penal tiene como fines la prevención, la retribución y
la resocialización, esta última se justifica en que la pena no persigue es
excluir de la sociedad al infractor sino otorgarle las herramientas para que
alcance la reincorporación o adaptación a la vida en sociedad”. Más adelante,
precisó que la resocialización del infractor es la finalidad central del
tratamiento penitenciario, por consiguiente, “ya en el
momento de purgar la pena, a las instituciones públicas no solo les corresponde
asegurar la reparación y garantía de no repetición de las víctimas, sino que
deben volcarse a lograr que el penado se reincorpore a la vida social, es
decir, asegurarle la resocialización”.
[114] En palabras de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, “[e]n la prevención general, la pena representa una amenaza dirigida a
los ciudadanos para que se abstengan de incurrir en delitos, conminación que,
de acuerdo con la concepción clásica de Feuerbach, opera en el momento
abstracto de la tipificación penal. Por ende, tanto la amenaza punitiva como la
ejecución de la pena deben producir un efecto intimidatorio en los autores
potenciales para así evitar que lleguen a delinquir. || Claro está, a partir
del principio democrático, la prevención general no puede fundarse
exclusivamente en su efecto intimidatorio derivado (prevención general
negativa), sino que, apuntando a fortalecer el consenso social, la pena también
debe dirigirse a reforzar en la conciencia colectiva la vigencia del
ordenamiento jurídico (prevención general positiva)”. Sentencia del 27 de
febrero de 2013, radicado 33254.
[115]
En esa oportunidad la Corte estudió la exequibilidad de un tratado
internacional suscrito entre Colombia y Venezuela para la repatriación de
personas condenadas, el cual finalmente fue declarado ajustado a la Carta
Política. Esta tensión también fue objeto de estudio en la Sentencia C-144 de
1997, en la cual se declaró exequible el Segundo Protocolo Facultativo para
Abolir la Pena de Muerte, adicional al Pacto de Derechos Civil y Políticos.
[116] En la Sentencia C-328 de 2016, la Corporación refirió la
jurisprudencia que se ha pronunciado acerca de los fines de la pena en el
Código Penal colombiano y su trascendencia constitucional, y mencionó las
clases de penas y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la
libertad, entre ellos, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la
libertad condicional o la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad
muy grave.
[117] La solicitud de libertad condicional provisional
dentro del proceso penal seguido en contra del señor Aurelio Galindo Amaya,
radicado 11001310700520100004800, obra a folios 32 al 51. Aclaró el apoderado
judicial que el señor Galindo Amaya ha presentado cinco solicitudes de libertad
condicional, siendo la primera radicada en julio de 2015, y que todas han sido
despachadas negativamente, tanto por el Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Bogotá como por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal
Superior de Bogotá (folio 3).
[118] En el folio 4 del escrito de la demanda se lee que “se
certificó –y así lo reconocen las autoridades demandadas–, que el señor Galindo
Amaya ha tenido un comportamiento catalogado como EJEMPLAR, máxima calificación
que un interno puede conseguir estando recluido en un Centro Penitenciario y
Carcelario” (mayúsculas originales). Además se relacionan los estudios
realizados por el señor Galindo Amaya, a saber: programa de liderazgo, módulos
visión, carácter, coraje y liderazgo, entre noviembre y diciembre de 2013, y
diplomado “Justicia en la Biblia”, ofrecido por la Corporación Universitaria
Minuto de Dios, con una intensidad horaria semanal de 15 horas, para un total
de 120 horas de trabajo académico (folio 4).
[119] En cuanto a su arraigo familiar, se indicó que el accionante ha vivido
y trabajado por más de 14 años en Tenjo, Cundinamarca, que vive en unión
marital de hecho con la señora Nyla Berletd Vega Fernández y que tiene tres
hijos: Joseph Camilo Galindo Vega, nacido el 06 de octubre de 2004;
Cristian Galindo Vega, nacido el 16 de junio de 2003, y Nelson Albeiro Galindo
Castañeda, nacido el 15 de septiembre de 1993.
[120] La providencia obra a folios 53 al 59.
[121] La providencia obra a folios 61 al 82.
[122] Doctor Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, según poder obrante a
folio 30 del cuaderno principal.
[123] La sentencia obra a folios 61 al 82.
[124] Folio 1.
[125] Corte Constitucional, Sentencia SU-198 de 2013.
[126] La sentencia obra a folios 53 al 59.
[127] La sentencia obra a folios 61 al 82.
[128] Se indicó que los proveídos del 11 de agosto y 24 de diciembre
de 2015, fueron confirmados por el Tribunal Superior de Bogotá el 28 de octubre
de 2015 y el 14 de marzo de 2016, respectivamente (folio 54).
[129] Sentencia C-619 de 2001. Cita original.
[130] Decisión del 14 de marzo de 2016 de AURELIO GALINDO AMAYA, y
del 17 de marzo de 2016, para JORGE ARTURO OSPINA VERGARA. Cita original.
[131] Decisión de fecha 14 de marzo de 2016. Fl. 9 y s. s. cuaderno
de segunda instancia. Cita original.
[132] Folios 55 al 59.
[133] En esa oportunidad también confirmó la decisión del Juez Quinto
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, proferida el 19 de diciembre de
2016, que negó la libertad del procesado Pedro Germán Ariza Quintero.
[134] Además resalta el sentido de la decisión: “[…] la Corte
Constitucional declarará exequible la expresión “previa valoración de la
gravedad de la conducta punible”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de
2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, pero para garantizar su
correcta aplicación, la condicionará a que se entienda que la valoración que
hace el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad debe estar acorde con
los términos en que haya sido evaluada la gravedad de la conducta en la
sentencia condenatoria, por parte del juez de la causa”.
[135] Cfr. Sentencia C-194 de 2005. Cita original.
[136] Folios 73 al 79.
[137] El artículo  64 del Código Penal, modificado por el artículo 5 de la
Ley 890 de 2004, establecía: “Libertad condicional. El juez podrá
conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad
previa valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya
cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta durante el
tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer
fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. En
todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa y de la
reparación a la víctima. || El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena
se tendrá como período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez
podrá aumentarlo hasta en otro tanto” (subrayas fuera de texto).
[138] El artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, dispone: “Modificase el
artículo 64 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así: || Libertad condicional.
El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad
condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya
cumplido con los siguientes requisitos: || 1. Que la persona haya cumplido las
tres quintas (3/5) partes de la pena. || 2. Que su adecuado desempeño y
comportamiento durante el trata­miento penitenciario en el centro de reclusión
permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución
de la pena. || 3. Que demuestre arraigo familiar y social. || Corresponde al
juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los
elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del
arraigo. || En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la
víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía
personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia
del condenado. || El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá
como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá
aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario” (subrayas
fuera de texto).
[139] Corte Constitucional, Sentencia C-328 de 2016.
[140] Ver folios 18 al 20.
[141] Folio 22.