C-788-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-788/11
ACUERDO DE COOPERACION Y REGIMEN DE INMUNIDADES ENTRE LA
ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA-Alcance de la inmunidad a la luz de la Constitución
política
CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS LEYES APROBATORIAS DE
TRATADOS-Naturaleza
ACUERDO DE COOPERACION Y REGIMEN DE INMUNIDADES ENTRE LA
ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA-Trámite legislativo
PROYECTO DE
LEY-Cumplimiento de los límites temporales para su trámite
PROYECTO DE
LEY-Cumplimiento de los requisitos derivados del artículo 160 de la
Constitución
CONGRESO DE
LA REPUBLICA-Función frente a instrumentos internacionales
TRAMITE
LEGISLATIVO DE INSTRUMENTO INTERNACIONAL-Requisito de publicidad
La
garantía del principio de publicidad en el trámite legislativo de un
instrumento internacional se garantiza siempre que se realicen las siguientes
publicaciones: (i) la inicial, del proyecto de ley, previo al comienzo del
proceso legislativo; (ii) de las ponencias en cada uno de los cuatro debates;
(iii) del texto definitivo aprobado luego del segundo y cuarto debate; y (iv)
de la ley sancionada por el Presidente de la República.
PRINCIPIO
DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Aplicación en el trámite legislativo/PRINCIPIO
DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Concepto
PRINCIPIO
DE INMUNIDAD DE JURISDICCION-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIO DE
INMUNIDAD DE JURISDICCION-Debe ser entendido en concordancia con tres
elementos
Esta Corporación se ha
pronunciado en varias oportunidades sobre el principio de inmunidad de
jurisdicción de los Estados y los organismos internacionales. De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, el principio de inmunidad se deriva de una regla
de derecho internacional público, reconocido por la costumbre y varios
instrumentos internacionales, en virtud del cual “los agentes y bienes de Estados extranjeros
deben ser inmunes frente a la actuación coercitiva de las autoridades públicas
de los Estados huéspedes.” En este sentido, la Corte ha sostenido que el
principio de inmunidad de jurisdicción debe ser entendido en concordancia con
tres elementos: (i) el artículo 9 de la Constitución Política según el cual,
las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los
principios de derecho internacional aceptados por Colombia; (ii) la soberanía, independencia e igualdad de los
Estados; y (iii) en el caso de los organismos y agencias internacionales, la
necesidad de que los mismos gocen de independencia para el cumplimiento de su
mandato. Así, en criterio de la jurisprudencia, los privilegios e inmunidades
de los Estados y las agencias internacionales huéspedes en Colombia, “queda[n] supeditad[os] a que, efectivamente, propendan
por la defensa de la independencia, igualdad y soberanía del organismo de
derecho internacional de que se trate”.
INMUNIDAD
DE LOS AGENTES DE ESTADOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS DE DERECHO INTERNACIONAL QUE
SE ENCUENTREN EN EL TERRITORIO NACIONAL-Limitaciones definidas en sede de
tutela y en materia de control de constitucionalidad
Esta Corporación ha definido
en sede de tutela y en materia de control de constitucionalidad, las siguientes
limitaciones a la inmunidad de los agentes de Estados extranjeros y organismos
de derecho internacional que se encuentren en el territorio nacional: 1. La
jurisdicción laboral. En la sentencia T-932 de 2010, la Corte analizó el caso
de una ciudadana a favor de quien la Misión Diplomática de la Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela en Colombia, dejó de realizar los aportes al
Sistema de Pensiones. Para resolver el caso concreto, en las consideraciones
generales del fallo, la Sala Novena de Revisión llegó a tres conclusiones
principales: (i) de manera progresiva, el derecho internacional ha reconocido
que los
Estados y los organismos internacionales tienen inmunidad restringida en
materia laboral, es decir, ha aceptado que las misiones diplomáticas y los
organismos supranacionales pueden ser llamados a juicio por tribunales locales “cuando se
encuentran comprometidos derechos laborales y prestacionales de connacionales y
residentes permanentes del territorio nacional (…).”; (ii) cuando un
Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano, debe
someterse irrestrictamente a las normas laborales internas, razón por la que “un Estado acreditante no puede alegar
inmunidad por reclamos derivados del contrato de trabajo o de la ejecución de
relaciones laborales.”; y (iii) la celebración de contratos de trabajo con
nacionales colombianos obliga a las misiones diplomáticas y a los organismos
supranacionales a asumir el riesgo de vejez, “mediante la afiliación del trabajador al
Instituto de Seguros Sociales o incluso a otras entidades de previsión social
que cubrieran tal riesgo.” En consonancia con las
conclusiones anotadas, al constatar que la accionante podía acudir ante los
jueces laborales para obtener el amparo de sus pretensiones, y ante la
necesidad de adoptar medidas urgentes e impostergables para
garantizar la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y la
seguridad social, la Corte concedió la tutela interpuesta como mecanismo
transitorio y ordenó al Jefe de la Misión Diplomática de la Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela en Colombia pagar a la accionante “la
suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente conforme a las
normas colombianas, a título de pensión provisional de vejez y hasta tanto la
justicia ordinaria laboral resuelva de fondo la controversia en materia de
derechos laborales que planteará la actora.” Así, se puede concluir que la
acción de tutela sí es procedente para obtener la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social de quien ha
prestado sus servicios a una misión diplomática o a un organismo internacional,
cuando el empleador ha omitido dar cumplimiento al deber de realizar los
aportes correspondientes al Sistema de Pensiones. 2. Las jurisdicciones civil y
administrativa. Mediante la sentencia C-315 de 2004, la Sala Plena de esta
Corte declaró la constitucionalidad de “La Convención sobre las Misiones Especiales”
de las Naciones Unidas -abierta a la firma en Nueva York el 16 de diciembre
1969-, así como de la Ley aprobatoria 824 de 2003. De acuerdo con el artículo
31 de dicha Convención, los representantes de un Estado y los miembros del
personal diplomático gozan de inmunidad civil y administrativa, salvo en estos
casos: “a) una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el
territorio del Estado receptor, a menos que la persona de que se trate los posea
por cuenta del Estado que envía para los fines de la misión; || b) una acción
sucesoria en la que la persona de que se trate figure, a título privado y no en
nombre del Estado que envía, como ejecutor testamentario, administrador,
heredero o legatario; || c) una acción referente a cualquier actividad
profesional o comercial ejercida por la persona de que se trate en el Estado
receptor, fuera de sus funciones oficiales; [y] || d) una acción por daños
resultante de un accidente ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las
funciones oficiales de la persona de que se trate”. Con fundamento en las
disposiciones anteriores, en la citada sentencia, luego de reiterar que el
principio de inmunidad de jurisdicción restringida no contradice la
Constitución pues no vulnera por sí mismo el principio de igualdad, la Corte
afirmó que los artículos que abordan el tema contenidos en la Convención deben
ser entendidos de conformidad con (i) la jurisprudencia del Consejo de Estado
en lo concerniente a la jurisdicción administrativa, y (ii) los demás artículos
de la misma Convención que se refieren a las obligaciones generales que deben
satisfacer los integrantes de una misión diplomática. A continuación se resumen
las consideraciones que expuso la Corte en esa oportunidad, en relación con la
inmunidad de jurisdicción restringida en materia civil y administrativa: (1) El
principio de inmunidad de jurisdicción no implica que la víctima de un daño
antijurídico causado por una misión diplomática no pueda obtener la
indemnización respectiva. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia sentada
por el Consejo de Estado en la materia, si “por un tratamiento de privilegio
conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un
desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la
posibilidad  de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez
natural,  es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que
por ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación
con fundamento en su actuar complejo (…).” De este modo, el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas
ocasionado por la actividad legítima del Presidente de la República y el
Congreso, que genera un daño antijurídico, impone al Estado el deber de reparar
a los afectados. (2) Los locales, archivos, documentos y la correspondencia
oficial de la misión diplomática son inviolables. (3) La inmunidad de
jurisdicción de los representantes del Estado que envía la misión especial y de
los miembros de su personal diplomático “no los eximirá de la jurisdicción del
Estado que envía”. (4) los representantes del Estado que envía la misión
especial y de los miembros de su personal diplomático gozan de inmunidad en el
Estado receptor, únicamente por los actos realizados en el desempeño de sus
funciones oficiales. 3. La jurisdicción penal. La citada Convención
sobre las Misiones Especiales de las Naciones Unidas, incorporada al
ordenamiento jurídico interno por la Ley 824 de 2003, también señala en su
artículo 31 que los representantes de un Estado y los miembros del personal
diplomático gozan de inmunidad penal en el Estado receptor. Frente a esta
disposición, en la sentencia C-315 de 2004, la Corte no hizo ningún reparo. Sin
embargo, es preciso aclarar que en la sentencia C-863 de 2004, al estudiar la
constitucionalidad de la Ley 877 de 2 de enero de 2004, “Por medio de la cual
se aprueba ‘la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y
el personal asociado’, suscrita en Nueva York el 9 de diciembre de 1994, la
Corte afirmó que en concordancia con lo dispuesto en dicha convención, el
personal de las Naciones Unidas y el personal asociado tienen la obligación de
respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. En este sentido, aunque la
Corporación consideró constitucional el artículo de la Convención según el
cual, el personal militar o de policía asociado a las Naciones Unidas no puede
ser detenido ni interrogado cuando haya sido capturado en el curso del
desempeño de sus funciones y se haya establecido su identidad, pues “debe
ser devuelto a las Naciones Unidas o a las autoridades pertinentes, y en todo
caso tratado de conformidad con las normas de derechos humanos universalmente
reconocidas y con los principios y el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949.”, también fue enfática en sostener que los privilegios de los que goza el personal de Naciones
Unidas, “no implican
la impunidad frente a posibles delitos cometidos por este personal durante su
paso por territorio colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de
conformidad con las normas internacionales, los privilegios e inmunidades no
tienen como consecuencia la impunidad por los delitos cometidos por agentes
amparados por ellas. En el caso de delitos cometidos por personal que goza de
privilegios o inmunidades, los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación deben ser garantizados, por lo que cabe la
indemnización de los perjuicios ocasionados a las víctimas, incluso a cargo del
Estado colombiano cuando se reúnan los requisitos para ello”.
PRINCIPIO
DE INMUNIDAD DE JURISDICCION RESTRINGIDA-No es contrario a la Constitución
Política
La jurisprudencia constitucional estima
que el principio de inmunidad de jurisdicción restringida no es contrario a la
Carta. En este sentido, dicho principio solo se
justifica en la necesidad de garantizar que las misiones diplomáticas y
los organismos de derecho internacional cumplan sus funciones con
independencia, y en el respeto por la soberanía,
independencia e igualdad de los Estados. Es por
ello que dicho principio no es contrario a la intervención de las
autoridades colombianas, cuando éstas persigan la protección de los derechos de
los habitantes del territorio nacional.
EXENCIONES TRIBUTARIAS RECONOCIDAS POR UN
INSTRUMENTO INTERNACIONAL-No
contravienen el artículo 294 de la Constitución Política
Referencia:
expediente LAT-365
Revisión de
constitucionalidad del “Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e
Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el
Gobierno de la República de Colombia”,
y de la Ley 1441 del 23 de febrero de 2011, por medio de la cual fue
aprobado.
Magistrado
Ponente:
Luis Ernesto Vargas Silva
Bogotá,
DC., veinte (20) de octubre de dos mil once (2011).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 10 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del “Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e
Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el
Gobierno de la República de Colombia”, suscrito en Bogotá a los cinco (5)
días del mes de mayo de dos mil nueve (2009), y de la Ley 1441 de 2011, por
medio de la cual fue aprobado.
I.  ANTECEDENTES
1. Con base
en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio
radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 25 de febrero de 2011
(Fl. 1 cuaderno principal), dentro del término constitucional, la Secretaria
Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia autenticada de la Ley
1441 de 2011, para efectos de su revisión constitucional.
2. El
Magistrado Sustanciador, mediante auto del 24 de marzo de 2011 (Fl.  21
cuaderno principal), avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de
pruebas. Recibidas éstas, mediante auto de 15 de abril de 2011 (Fl. 150 del
cuaderno principal) ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia,
fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la
intervención ciudadana, así como dar traslado al señor Procurador General de la
Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso
al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y a
los Ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores.
3. De manera
que, luego de surtidos los trámites constitucionales y legales propios de esta
clase de procesos, esta Corporación se pronuncia respecto de la
constitucionalidad del instrumento internacional bajo examen.
II. TEXTO
DE LA NORMA.
La ley
objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial 47.992 del
23 de febrero de 2011, es la siguiente:
“LEY
1441 DE 2011
(febrero
23)
Diario
Oficial No. 47.992 de 23 de febrero de 2011
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios
e Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el
Gobierno de la República de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de
mayo de dos mil nueve (2009).
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el
texto del “Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la
Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República
de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve
(2009).
(Para ser
transcritos: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los Instrumentos
Internacionales mencionados).
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D. C.,
Aprobado.
Sométase a consideración del Congreso de la República para los efectos
constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Jaime
Bermúdez Merizalde.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el “Acuerdo de Cooperación y Régimen de
Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para las
Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5
días del mes de mayo de dos mil nueve (2009).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o
de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e
Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el
Gobierno de la República de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de
mayo de dos mil nueve (2009), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
El
Presidente del honorable Senado de la República,
Armando
Benedetti Villaneda.
El
Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio
Ramón Otero Dajud.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos
Alberto Zuluaga Díaz.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús
Alfonso Rodríguez Camargo.
REPÚBLICA
DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese
y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada
en Bogotá, D. C., a 23 de febrero de 2011.
JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA
ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
ACUERDO DE COOPERACIÓN Y RÉGIMEN DE PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES ENTRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
El
Gobierno de la República de Colombia, por una Parte, y la Organización
Internacional para las Migraciones - (OIM), por otra Parte,
Considerando
que el 19 de octubre de 1953 se adoptó en Ginebra-Suiza, la Constitución del
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), antigua
designación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la
cual fue aprobada por el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley
13 de 1961, dando inicio a las relaciones básicas de cooperación entre el
Organismo Internacional y el Estado colombiano.
Que el 20
de diciembre de 1958 el Gobierno colombiano y el Jefe Encargado de la Misión de
Enlace del CIME, suscribieron el Acuerdo que entró en vigencia el primero de
enero de 1959, reglamentario de las relaciones, derechos y obligaciones entre
Colombia y el Organismo.
Que el 14
de mayo de 1981 el Gobierno colombiano y el Director del CIME suscribieron el
Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Comité Intergubernamental para las
Migraciones Europeas.
Que
mediante la Ley 50 de 1988, el Congreso de la República de Colombia aprobó las
Enmiendas a la Constitución del CIME, aceptando la Constitución de la
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM, las cuales no
incorporaron modificaciones al Acuerdo básico inicialmente suscrito.
Que la
OIM desarrolla programas en Colombia respondiendo a las prioridades del país y
del Gobierno, en el marco de su mandato y su experiencia internacional,
promoviendo el flujo ordenado de los movimientos migratorios en condiciones de
dignidad y respeto por los Derechos Humanos de los migrantes. Estos principios
se desarrollan a través de actividades de fortalecimiento de las instituciones
colombianas gubernamentales y no gubernamentales, cooperación técnica e
implementación de programas y proyectos dentro de los cuales se pueden
mencionar: (i) programas de cooperación técnica en materia migratoria; (ii)
programas de atención a poblaciones sujetas a migraciones forzadas y en riesgo
por la situación de violencia y las consecuencias generadas por dicho fenómeno
durante la emergencia y Post-emergencia; (iii) programas y actividades para la
transferencia al país de recursos humanos calificados y: (iv) programas de
cooperación técnica desarrollados con el gobierno colombiano en el campo de la
elaboración de políticas y legislación migratoria, así como a favor del
fortalecimiento de su capacidad de gestión en materia migratoria.
Que el
Gobierno atribuye primordial importancia al área de los recursos humanos y se
plantea la necesidad de asegurar la disponibilidad de estos recursos en
cantidad y calidad suficientes para dar impulso al proceso económico y social
del país.
Que
existe la voluntad común de intensificar y ampliar la cooperación entre las
Partes, conforme con la dinámica de los programas de desarrollo puestos en
práctica por el Gobierno colombiano y la evolución de los programas y
actividades llevados a cabo por el Organismo.
Que por
lo anterior y debido al incremento de actividades en el ámbito de apoyo por
parte de la OIM, de conformidad con el artículo tercero del Acuerdo suscrito
entre el CIME y el Gobierno colombiano el 20 de diciembre de 1958, y el Acuerdo
de Privilegios e Inmunidades del Comité Intergubernamental para las
Migraciones, suscrito el 14 de mayo de 1981, es conveniente actualizar esos
Acuerdos a la luz de los cambios arriba mencionados.
Convienen
celebrar el presente Acuerdo:
ARTICULO I.
DEFINICIONES.
Para
efectos del presente Acuerdo:
a) La
expresión “Organismo” se refiere a la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES, que para efecto de este Acuerdo se denomina “la OIM”.
b) Los
términos “locales, bienes y haberes” se refieren a las oficinas, equipos de las
mismas y elementos que se encuentren en estas en la Misión en Colombia de la
OIM, en cualquier lugar del país y que sirvan para el cumplimiento de los fines
del Organismo.
c) Por
“Gobierno” se entenderá el Gobierno de la República de Colombia.
d) Por
“Representante Permanente” se entenderá el funcionario encargado de la Oficina
de la OIM.
e) Por
“funcionarios de categoría internacional de la OIM” se entenderá aquellos
funcionarios extranjeros que han sido debidamente acreditados por la Sede del
Organismo con contratos de trabajo no inferiores a un año y cumplen con los
requisitos establecidos en la legislación interna.
f) Por
“funcionarios de la OIM” o “miembros del personal” se entenderá todo el
personal de la OIM contratado de conformidad con los Estatutos y Reglamentos de
Personal de la Organización Internacional para las Migraciones, salvo el que
haya sido contratado por contrato de prestación de servicios.
g) Por
“personas contratadas por contrato de prestación de servicios o de consultoría”
se entenderá los contratistas, que no sean funcionarios, a los que la OIM
asigne la prestación de servicios en la ejecución de programas de cooperación,
por un tiempo y labor determinada. Para la acreditación se adjuntará el
contrato de prestación de servicios o el documento que acredite su vinculación.
h) Por
“programas de cooperación” se entenderán los programas del país en que coopera la
OIM.
i) Por
“Oficina de la OIM” se entenderá la unidad de organización por cuyo conducto
coopera la OIM en programas en el país, así como las oficinas de campo
establecidas en el territorio colombiano.
j) Por
“Partes” se entenderá la OIM y el Gobierno colombiano.
k) Por
“actividades oficiales” se entenderán los programas de cooperación y las
labores que se realicen dentro de los programas y proyectos de asistencia
humanitaria que desarrolle la OIM dentro del marco de sus objetivos
estratégicos y su mandato.
ARTICULO II.
PERSONERIA
JURIDICA.
El
Organismo goza de personería jurídica que lo capacita para contratar, adquirir,
enajenar bienes y celebrar contratos relacionados con la órbita de sus
funciones, y para entablar procedimientos judiciales y administrativos, cuando
así convenga a los intereses de la justicia.
ARTICULO III.
OBJETIVOS
DEL PRESENTE ACUERDO.
Los
objetivos del presente Acuerdo son:
a)
Prestar, de conformidad con las condiciones que se acuerden entre ambas Partes,
el asesoramiento y la colaboración que el Gobierno solicite en materia de
política, legislación, reglamentación y administración relativas a la
migración, así como en la recolección y procesamiento de datos, la realización
de estudios sobre disponibilidad laboral, movilidad migratoria y sus
repercusiones en el desarrollo económico, ambiental y social del país. Conforme
a este objetivo la OIM podrá, entre otras, apoyar y asesorar al Gobierno para
la formulación de políticas relacionadas con las remesas de los trabajadores
migrantes colombianos en el exterior.
b)
Contribuir en las acciones de cooperación encaminadas a atender el asunto del
desplazamiento interno, tanto en la prevención, como en la atención a la
población desplazada, en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta
institucional y del Sistema Nacional de Información sobre Desplazamiento en el
país, teniendo en cuenta también a las comunidades receptoras.
c)
Desarrollar programas de fortalecimiento de las instituciones colombianas
gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan actividades enmarcadas en
los numerales a) y b) de este artículo, mediante cooperación técnica e
implementación de programas y proyectos.
d)
Impulsar programas de cooperación técnica en materia migratoria a través de los
cuales se desarrollen, entre otras, las siguientes líneas de acción:
--
Promover el retorno voluntario de colombianos en el exterior;
-- Apoyar
la participación de Colombia en los foros multilaterales de integración y
cooperación regional, en los cuales se traten los asuntos migratorios, como por
ejemplo la Conferencia Sudamericana de Migraciones;
--
Facilitar la movilización de las familias de los inmigrantes a fin de promover
su integración y establecimiento en el país, así como propiciar la
reunificación familiar frente a los flujos migratorios internacionales
relacionados con la población colombiana;
--
Facilitar el desarrollo de los recursos humanos calificados colombianos a
través del otorgamiento de facilidades de viaje a estudiantes, becarios y
expertos del país;
--
Promocionar y apoyar políticas de migración laboral legal de acuerdo con los
convenios suscritos por Colombia;
--
Ejecutar programas en otros ámbitos de la migración, tales como migración y
salud, migración y género, migración y medio ambiente;
--
Contribuir al proceso de tecnificación y mejoramiento en materia de política
consular y controles migratorios tales como: el diseño de nuevos
procedimientos, el aporte del conocimiento sobre nuevas tecnologías para
elaboración de la documentación segura para los ciudadanos que viajan fuera de
Colombia, capacitación a funcionarios, mejoramiento de los controles
fronterizos, y actualización de la normativa legal en materia migratoria y de
pasaportes;
--
Promover estudios técnicos sobre migraciones internas e internacionales y/o
proyectos encaminados a solucionar problemas de movilidad de la población, así
como apoyo para el desarrollo de las zonas fronterizas;
-- Apoyar
al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– para la implementación en
Colombia de proyectos sobre las migraciones internacionales;
-- Apoyar
programas de cooperación técnica horizontal, cooperación sur-sur, cooperación
triangular y de intercambio de personal calificado con otros países de la
región, en cooperación con los gobiernos interesados y promover intercambio de
experiencias exitosas;
--
Promover la cooperación técnica en materia migratoria, especialmente en los
campos de legislación, política, administración e información teniendo en
consideración los actuales procesos de integración regional, subregional y
fronterizos;
-- Apoyar
la realización de estudios sobre el fenómeno del éxodo de personal nacional
calificado, con el objeto de determinar sus efectos en el desarrollo económico
y social de Colombia; y formular políticas que contrarresten este fenómeno;
--
Realizar estudios y establecer vínculos de cooperación con las comunidades de
colombianos en el exterior con el fin de estrechar los lazos culturales,
económicos y políticos con el país;
--
Cooperar en la elaboración de medidas encaminadas a afrontar los fenómenos
presentados por la movilidad migratoria, y buscar la integración de migrantes a
su nuevo medio;
e)
Impulsar y participar en proyectos para la creación y consolidación de redes
sociales transnacionales, que faciliten la vinculación de los migrantes entre
sí y con su país de origen;
f)
Desarrollar programas de estabilización comunitaria, integración social y
económica, fortalecimiento de la paz y reinserción de poblaciones
desarraigadas; en especial de poblaciones desmovilizadas acogidas a los
programas oficiales del Gobierno colombiano;
g)
Establecer programas y campañas de promoción de los Derechos Humanos de los
migrantes y en particular de prevención y fortalecimiento institucional para la
lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes;
h)
Formular medidas para controlar el problema tanto en materia de detección de
redes de tratantes como de atención y asistencia a las víctimas, para ayudarlas
en su reinserción social y rehabilitación;
i)
Formular respuestas humanitarias oportunas a corrientes migratorias repentinas
y ayudar a migrantes desamparados, así como apoyar los esfuerzos de desarrollo
fronterizo cuando sea requerido;
j)
Examinar toda otra iniciativa que pueda llevar a la realización de actividades
o asistencia de interés mutuo o en coordinación con otras organizaciones en
materia migratoria.
ARTICULO IV.
COMPROMISOS
DE LA OIM.
4.1 La
OIM se compromete a:
a)
Mantener estrecho contacto con las oficinas que el Gobierno designe para el
normal desarrollo de los programas de la OIM, y el cabal cumplimiento de los
objetivos del presente Acuerdo. Mantendrá igualmente los servicios adecuados
con el personal necesario para asegurar la planificación, desarrollo y
operación de los programas de la OIM en beneficio de Colombia, en la medida de
los recursos disponibles. La organización de estos servicios será determinada
por la OIM y los funcionarios encargados de los mismos serán designados por la
OIM, de acuerdo con las prioridades del Gobierno.
b)
Establecer y tener una oficina en el país para facilitar la ejecución de
programas de cooperación así como oficinas de campo para desarrollar a
cabalidad sus diferentes programas, cuando se amerite, y en el marco de los
recursos disponibles. La apertura de oficinas de campo será previamente
informada y concertada con el Gobierno.
c)
Prestar de conformidad con las condiciones que se acuerden entre ambas Partes,
el asesoramiento y la colaboración que el Gobierno le solicite en materia de
política, legislación, reglamentación y administración, relativas a la
migración y a los recursos humanos, así como en la recolección y procesamiento
de datos, la realización de estudios sobre disponibilidad laboral, movilidad
migratoria y sus repercusiones en el desarrollo económico y social del país.
d)
Mantener una estrecha y constante relación con las entidades públicas y
privadas del país con el propósito de asistirlas, a su solicitud, en la
determinación y satisfacción de necesidades específicas de recursos humanos
calificados, de acuerdo con los objetivos del presente Acuerdo.
e)
Difundir en colaboración y con la anuencia de las autoridades colombianas
competentes, información sobre características del país en los aspectos
socioeconómico, cultural, laboral e institucional y la que se estime necesaria
y adecuada para la consecución de los objetivos del presente Acuerdo.
f) Tomar
medidas necesarias para reclutar, seleccionar y trasladar al país los recursos
humanos calificados requeridos, con la anuencia del Gobierno colombiano y de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y los
objetivos del presente Acuerdo.
g)
Estudiar conjuntamente con el Gobierno las medidas que se estimen necesarias
para facilitar y lograr la integración de los inmigrantes y sus familias al
país.
h) Apoyar
mediante asistencia técnica e implementación de proyectos, en la medida de los
recursos disponibles, las políticas del Estado colombiano en cuanto a:
desplazados internos, niños desvinculados de los grupos armados ilegales,
estabilización comunitaria y fortalecimiento de la paz, reinserción de
poblaciones desarraigadas, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes,
sistemas de información migratorios, desarrollo de zonas fronterizas, migración
y salud, remesas familiares, género y migración, poblaciones en riesgo,
conferencias regionales sobre migración, migraciones laborales, propuestas y
acciones para que la migración laboral se convierta en un instrumento de
desarrollo, apoyo a becarios y asistencia a connacionales en el exterior, así
como asistir a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y en general
proyectos diseñados para poner en marcha mecanismos e instrumentos que
promuevan el desarrollo integral de las regiones a partir de las vocaciones
productivas, urbanas y rurales, del mercado territorial, de su competitividad y
su sostenibilidad económica, social y ambiental.
i)
Cooperar y otorgar facilidades en la medida de los recursos disponibles, para
la recepción, asistencia, alojamiento provisional y transporte de los
inmigrantes hasta su destino definitivo en el país, de acuerdo con las
condiciones que sean establecidas entre ambas Partes.
j)
Observar y respetar las leyes vigentes, usos y costumbres del país, así como
los asuntos internos de la República de Colombia, y ajustar su actuación a los
preceptos contenidos en el presente Acuerdo.
k)
Adquirir una póliza de seguros de responsabilidad civil por los daños causados
a terceros por cualquier vehículo de propiedad del Organismo, y garantizar que
los funcionarios del Organismo que gocen de inmunidades constituyan una póliza
de seguros de responsabilidad civil por los daños causados a terceros en un
vehículo de su propiedad.
4.2 La
OIM podrá, de acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 4.5 del
presente artículo, asignar a su Oficina en Colombia los funcionarios, expertos
en Misión y personas que presten servicios en nombre del Organismo que
considere necesarios para prestar apoyo a los programas de cooperación y otras
actividades en relación con:
a) La
preparación, el examen, la supervisión y la evaluación de los programas de
cooperación;
b) El
envío, la recepción, la distribución o la identificación de los suministros, el
equipo y otros materiales que suministre la OIM;
c) El
asesoramiento al Gobierno, acerca de la marcha de los programas de cooperación;
d)
Cualesquiera otros asuntos relacionados con la aplicación del presente Acuerdo.
4.3 Los
equipos técnicos, materiales e insumos que proporcione la OIM se mantendrán en
su propiedad hasta que se haga efectivo su traspaso de acuerdo con las
políticas determinadas para tal efecto por la OIM o sus donantes.
4.4 Los
asesores que proporcione la OIM llevarán a cabo todas las actividades
tendientes a transferir al personal nacional sus conocimientos, tecnologías y
experiencias para capacitarlos en sus métodos, técnicas y prácticas
profesionales y en los principios en que ellos se fundan.
4.5 La
OIM acreditará a sus funcionarios de categoría internacional, expertos en
Misión y personas que presten servicios en nombre de la OIM ante el Gobierno
Nacional. La OIM notificará asimismo al Gobierno sobre a terminación de sus
funciones en la Misión.
ARTICULO V.
COMPROMISOS
DEL GOBIERNO.
5.1 El
Gobierno se compromete a:
a)
Mantener estrecho contacto con la OIM a efecto de asegurar su firme y constante
respaldo a los programas y actividades convenidas entre el Gobierno y el
Organismo.
b)
Brindar a las oficinas de la Misión de la OIM en Colombia y a sus funcionarios,
las facilidades y asistencias adecuadas para el normal desempeño de sus
actividades, acordando para el Representante Permanente los mismos privilegios
y estatus de que gozan los demás Jefes de Misión o Representantes de los
Organismos Internacionales acreditados en Colombia.
c)
Brindar seguridad y protección a las oficinas de la OIM y a sus funcionarios,
en especial cuando las condiciones de orden público así lo ameriten.
d)
Facilitar la cooperación entre el Gobierno y la OIM con miras a la consecución
de los objetivos del presente Acuerdo.
e)
Atender a través de las autoridades competentes del Gobierno en el país y en el
extranjero, las solicitudes de visa para ingresar al país. Cuando se trate de
expertos trasladados por la OIM, el proceso se efectuará por parte de la
Dirección General del Protocolo, y cuando se trate de inmigrantes amparados por
programas diseñados por la OIM y avalados por el Gobierno, el Organismo
solicitará por escrito las visas correspondientes, las cuales serán expedidas
previo cumplimiento del marco normativo establecido en el país. Del mismo modo,
se hará el registro de estas personas ante las autoridades de control
migratorio, a fin de obtener la respectiva Cédula de Extranjería.
f)
Facilitar el trámite de las solicitudes de tarifas reducidas que presenten a
consideración de la autoridad aeronáutica, las compañías aéreas que operan en
el país, para operación de los programas de la OIM desde y hacia Colombia,
dentro de las políticas aeronáuticas del país.
g)
Estudiar conjuntamente con la OIM las medidas que se estimen necesarias para
facilitar y lograr la integración de los inmigrantes y sus familias al país.
h)
Adoptar las disposiciones necesarias para la efectiva aplicación de este
Acuerdo tanto en el país como por intermedio de sus Misiones Diplomáticas y
Oficinas Consulares en el exterior y mantener informados a dichas
Representaciones de las actividades de la OIM en Colombia.
5.2
Acorde con la legislación nacional, el Gobierno concederá a la OIM los permisos
y las autorizaciones requeridas para la importación de los suministros, el
equipo y el material de otra índole necesarios para el cumplimiento de los
objetivos establecidos en virtud del presente Acuerdo. Los suministros, el
equipo y el material de otra índole que estén destinados a programas de
cooperación u otras actividades oficiales relacionadas con el cumplimiento de
los objetivos de la OIM, no estarán sujetos a impuestos directos, impuestos
sobre el valor agregado, impuestos indirectos, tasas y contribuciones, siempre
que los mismos se encuentren conforme a lo establecido por la Comisión de la
Comunidad Andina y por la legislación nacional.
5.3 El
Gobierno adoptará las disposiciones administrativas que correspondan para hacer
efectiva la exención directa o a través de la devolución de los impuestos
directos o indirectos pagaderos como parte del precio de los suministros y los
equipos que se adquieran en el país para destinarlos a programas de cooperación
u otras actividades oficiales. Queda entendido que la OIM asignará alta
prioridad a la compra en el país de suministros, equipo y material de otra
índole que cumplan sus requisitos en materia de calidad, precio y fecha de
entrega, lo anterior acorde con la normativa nacional en la materia.
5.4 El
Gobierno reconocerá a la OIM la libre disposición de derechos de propiedad
intelectual, los derechos de patente, derechos de autor y conexos
correspondientes a descubrimientos, inventos, proyectos, investigaciones,
publicaciones u obras realizadas por funcionarios o consultores de la OIM y que
hayan sido cedidos a ella, tanto en Colombia como en otros países.
5.5 El
Gobierno y la OIM se consultarán recíprocamente respecto de la publicación y
difusión de los resultados y otras informaciones derivadas de los programas de
Cooperación Técnica, que puedan ser de utilidad para otros países y por la
misma OIM.
ARTICULO VI.
PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DEL ORGANISMO.
6.1 En su
condición de Organismo Internacional, la OIM gozará en el territorio de la
República de Colombia de todos los privilegios e inmunidades que el Gobierno ha
otorgado a la Organización de las Naciones Unidas y a sus Organismos
Especializados, los establecidos en los preceptos y normas del derecho
internacional consuetudinario aplicables, y los que se establecen en el
presente Acuerdo.
6.2 Las
Oficinas de la Misión en Colombia son inviolables. Las autoridades de la
República de Colombia sólo podrán penetrar en ellas para ejercer las funciones
oficiales con el consentimiento o a petición del Representante de la OIM y en
las condiciones aprobadas por este. Las Oficinas de la Misión de la OIM en
Colombia comprenden los terrenos y edificios que “el Organismo” arriende o
adquiera, y que hayan sido informados y acordados previamente con la Dirección
General del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
6.3 La
OIM, sus bienes y haberes en cualquier parte del territorio, plenamente
identificados por la OIM ante la autoridad competente, gozarán de inmunidad
respecto de todo procedimiento de orden judicial y administrativo, y no podrán
ser objeto de registro, revisión, auditoría, embargos, apremios, medidas
cautelares o de ejecución siempre que dichos bienes y haberes se empleen en
desarrollo de las actividades propias del Organismo.
6.4 Los
bienes, recintos, locales, archivos, dependencias, instalaciones y vehículos
que posea la OIM y la documentación que le pertenezca serán inviolables. Todos
estos lugares, los bienes y haberes de la OIM, donde quiera que se encuentren,
gozarán de inmunidad respecto de allanamientos, registros, clausuras,
requisiciones, confiscaciones, expropiaciones y cualquier otra forma de
intervención, sea ella de carácter administrativo, ejecutivo, judicial o
legislativo.
6.5 La
OIM tendrá derecho a utilizar códigos o claves en su correspondencia oficial,
así como a despacharla o recibirla por correos o valijas selladas, las que
tendrán los mismos privilegios e inmunidades de los correos y valijas
diplomáticas. El Gobierno de la República de Colombia reconoce al Organismo, en
la medida compatible con lo establecido en las convenciones, reglamentos y
acuerdos internacionales en los que sea parte Colombia, en cuanto se refiere a
sus comunicaciones postales, telefónicas, y demás telecomunicaciones, un trato
por lo menos tan favorable como el que otorga, a través de los operadores de
los servicios, a los demás Gobiernos inclusive a las Misiones Diplomáticas en
materia de prioridades, tarifas y tasas sobre correspondencia postal,
comunicaciones telefónicas y demás servicios de telecomunicaciones.
6.6
Acorde con la legislación nacional, la OIM, así como sus bienes y haberes,
ingresos, rentas y otros recursos destinados para el cumplimiento de sus
objetivos, los contratos, así como la adquisición de bienes y servicios estarán
exentos de:
a) Todos
los impuestos de carácter nacional directos o indirectos y contribuciones,
salvo aquellos que se generan sobre servicios particulares.
b)
Derechos de aduana o cargos equivalentes y de cualquier otro impuesto de
carácter nacional, tasa, contribución o pago por servicio, prohibiciones y
restricciones respecto a mercancías que importen para su uso oficial.
c)
Derechos de aduana y gravámenes que puedan afectar a la exportación de sus
publicaciones, bienes o artículos.
6.7 La
OIM no actuará como agente retenedor, aunque ello no implica que los
beneficiarios de los ingresos se encuentren exonerados de impuestos en Colombia
y de cumplir las obligaciones formales inherentes a tal condición.
6.8 A los efectos del presente acuerdo y exclusivamente para atender gastos para su
funcionamiento y objetivos, la OIM podrá ejecutar las siguientes operaciones:
a)
Introducir en el territorio colombiano o adquirir dentro del mismo, poseer,
convertir a cualquier moneda y transferir al exterior dinero, títulos o valores
en oro o moneda extranjera conforme a las normas vigentes en la República de
Colombia al momento de cada operación, en las mismas condiciones que el
Gobierno concede a las Agencias de las Naciones Unidas y otros Organismos
Internacionales de igual rango.
b) Llevar
sus cuentas y estados financieros en cualquier tipo de divisas o sistema de
contabilidad.
ARTICULO VII.
PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DEL PERSONAL.
7.1 El
Representante Permanente y los funcionarios internacionales de la oficina de la
OIM acreditados en Colombia, según convengan la OIM y el Gobierno, tendrán los
mismos privilegios e inmunidades que el Gobierno conceda a funcionarios de
otros Organismos Internacionales acreditados en Colombia, quienes gozan de
inmunidad de jurisdicción respecto de todos los actos ejecutados por ellos con
carácter oficial. A tal efecto, el nombre del Representante Permanente de la
OIM y del Representante Permanente Adjunto serán incluidos en la lista de
funcionarios de Organismos Internacionales.
7.2 Sin
perjuicio del párrafo anterior, los funcionarios extranjeros de categoría
internacional de la OIM, oficialmente acreditados ante la Dirección General del
Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que se dediquen
exclusivamente a las tareas de la OIM y sean remunerados íntegramente por la
OIM:
a)
Estarán inmunes contra todo proceso administrativo o judicial respecto a los
actos que ejecuten y de las expresiones que emitan a través de cualquier medio
en el desempeño de sus funciones.
b)
Estarán exentos de impuestos sobre sus rentas de trabajo pagados por la OIM.
c)
Estarán exentos de la prestación del servicio militar.
d) Estarán
inmunes tanto ellos como su cónyuge e hijos menores de edad, de toda
restricción de inmigración y registros de extranjeros.
e) Se les
dará a ellos y a su cónyuge e hijos menores de edad las mismas facilidades de
repatriación en épocas de crisis internacional, de que gozan los Funcionarios
Diplomáticos.
f)
Tendrán derecho a importar, libres de derechos, sus muebles y efectos
personales de acuerdo con las normas vigentes para los funcionarios y expertos
de Organismos Internacionales.
g) Se les
acordará por lo que respecta al movimiento internacional de fondos, franquicias
iguales a las que gozan funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a
las Misiones Diplomáticas acreditadas ante el Gobierno.
h) Podrán
vender en el país los vehículos que importen para su uso en las condiciones que
se convengan con el Gobierno, hasta el monto de los cupos autorizados por
instalación o año de permanencia, las que no serán menos favorables a las
establecidas para Agencias de las Naciones Unidas y otros Organismos
Internacionales.
i) En
general, gozarán del mismo tratamiento que el Gobierno concede a los miembros
del personal de rango similar de las Agencias de las Naciones Unidas.
7.3 El
cónyuge, los hijos menores de edad del Representante Permanente de la OIM y el
Representante Permanente adjunto debidamente acreditados ante el Gobierno de la
República de Colombia, gozarán de las mismas inmunidades y privilegios de los
miembros de las familias de los funcionarios de otras Agencias de las Naciones
Unidas en las condiciones y con las salvedades establecidas a su respecto en la
Convención de Nueva York de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas y en el Derecho Internacional Consuetudinario.
7.4 El
personal contratado de conformidad con los Estatutos y Reglamentos de Personal
de la OIM, gozarán del mismo trato que el Gobierno concede a los miembros del
personal de rango similar que trabajan con las Agencias de Naciones Unidas. En
particular, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento administrativo o
judicial, respecto a los actos que ejecuten y de las expresiones que emitan a
través de cualquier medio en el desempeño de sus funciones.
7.5 El
personal contratado localmente y remunerado por horas, y las personas
contratadas por contrato de prestación de servicios, o de consultoría, no se
beneficiarán de los privilegios e inmunidades del presente Acuerdo y se regirán
por las leyes colombianas.
7.6 Los
privilegios e inmunidades son concedidos a los funcionarios de la OIM para
salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus actividades y
exclusivamente en el interés del Organismo.
7.7 La
OIM colaborará permanentemente con las autoridades competentes del país para
facilitar la adecuada y oportuna administración de la justicia, asegurar el
cumplimiento de las leyes, ordenanzas y reglamentos de tránsito, policía y
sanidad, e impedir cualquier abuso que pueda producirse respecto de la
aplicación de los privilegios e inmunidades establecidas en el presente
acuerdo.
ARTICULO VIII.
RENUNCIA
A INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS.
Sin
perjuicio de lo dispuesto en el presente Acuerdo, el Director General de la OIM
podrá renunciar a las inmunidades y privilegios reconocidas por el Gobierno
Colombiano al Organismo o a sus Funcionarios. La renuncia ha de ser siempre
expresa.
ARTICULO IX
.
FACILIDADES DE VIAJE.
9.1
Acorde con la legislación nacional, el Gobierno adoptará todas las medidas
necesarias para facilitar el ingreso, la residencia o permanencia en el país y
la salida de su territorio, a las siguientes personas que deban ejecutar actividades
relacionadas con asuntos oficiales de la OIM:
a) El
personal no nacional de la OIM y de sus familiares, cuyas solicitudes de Visa
serán atendidas y resueltas por las autoridades competentes del Gobierno con la
mayor expedición y celeridad posible;
b) Los
Asesores que deben desempeñar misión en el país por cuenta de la OIM, sin
consideración de sus nacionalidades;
c) Los
funcionarios extranjeros de categoría internacional de la OIM, cualesquiera
sean las relaciones existentes entre sus respectivos países y Colombia. Durante
su permanencia en el país, gozarán de inviolabilidad en todo documento,
inmunidad respecto de cualquier procedimiento judicial o administrativo
relacionado con todo acto ejecutado o expresión manifestada a través de
cualquier medio en el ejercicio de sus funciones;
d) En
materia de tasas aeroportuarias, los funcionarios de la OIM y los miembros de
su cuerpo directivo que ingresen y salgan del territorio colombiano tendrán el
mismo tratamiento que los funcionarios de las Agencias de Naciones Unidas.
ARTICULO X.
REPRESENTACION
DE LA ORGANIZACION.
10.1 La
OIM ejercerá sus funciones de cooperación técnica y demás actividades oficiales
por intermedio de su Oficina en el país, la que estará dirigida por un
funcionario residente designado por el Director General de la OIM, y quien
tendrá a su cargo, por delegación de éste, la oficina de la OIM en Colombia.
10.2
Serán funciones principales del funcionario residente designado por el Director
General para Colombia:
a)
Representar al Director General ante las autoridades nacionales y servir al
efecto de canal de comunicación entre el Gobierno y la OIM, en todo asunto
relacionado con los Programas de cooperación técnica en el país;
b)
Coordinar las actividades y operaciones de cooperación técnica y científica de la
OIM;
c)
Cumplir las demás funciones y tareas conducentes al mejor cumplimiento de los
fines y propósitos de la OIM en general y del país en particular.
ARTICULO XI.
ENTRADA
EN VIGENCIA, DURACION.
El
presente Acuerdo entrará en vigor una vez que las Partes notifiquen mutuamente
haber cumplido con los requisitos internos de rigor, y quedarán derogados el
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Comité
Intergubernamental para las Migraciones Europeas – CIME del 20 de diciembre de
1958 y el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades del Comité Intergubernamental
para las Migraciones Europeas, suscrito por las partes el 14 de mayo de 1981.
En caso de que se presenten obstáculos para el buen desarrollo de este Acuerdo,
las Partes tendrán la opción de entablar consultas mediante notificación
escrita, las cuales podrán celebrarse a los (30) días después de su solicitud,
con miras a analizar y buscar soluciones de entendimiento sobre las mismas.
ARTICULO XII.
COMPROMISOS
CONJUNTOS DE LAS PARTES.
12.1 El
Gobierno y la OIM podrán establecer el sistema de coordinación que resulte
necesario para facilitar la ejecución de los programas. Cuando se considere
pertinente, el Organismo pondrá en conocimiento del Gobierno, por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores, toda reclamación que pudiera ser
presentada por terceros en contra del Organismo, su personal asesores o
funcionarios.
12.2 Las
Partes pueden solicitar de común acuerdo la participación de terceros países y
Organismos Internacionales tanto para la financiación, como para la ejecución
de programas y proyectos que surjan de las actividades de cooperación
contempladas en este Acuerdo.
ARTICULO XIII.
DENUNCIA.
13.1
Después de un plazo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo, cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuerdo, previa notificación
escrita, dada con seis meses de antelación.
13.2 Sin
perjuicio de lo anterior, los proyectos o programas iniciados o presentados con
fundamento en el presente Acuerdo y que estén en curso al momento de producirse
la denuncia, continuarán ejecutándose hasta su normal conclusión, salvo que las
Partes de común acuerdo dispongan otra cosa.
ARTICULO XIV.
SOLUCION
DE CONTROVERSIAS.
Cualquier
controversia que pueda surgir entre las Partes, relativa a la interpretación o
aplicación del presente acuerdo, será resuelta mediante negociaciones directas
entre ellas. En caso de que esas negociaciones no sean exitosas, la
controversia será sometida a los restantes medios de solución pacífica
reconocidos por el Derecho Internacional.
ARTICULO XV.
INSTANCIAS
RESPONSABLES.
Como
instancias responsables para el cumplimiento de los términos del presente
Acuerdo:
-- La
Parte colombiana designa al Ministerio de Relaciones Exteriores.
-- El
Organismo designa al Representante Permanente en Colombia.
ARTICULO XVI.
DISPOSICIONES
GENERALES.
16.1 El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia otorgará un documento de
identificación a los funcionarios de carácter internacional del Organismo
debidamente acreditados.
Será
resuelta por las Partes de conformidad con las resoluciones o decisiones
pertinentes de los órganos competentes de la OIM y las normas constitucionales
y legales del país. Cada Parte examinará con toda atención y ánimo favorable
cualquier propuesta formulada por la otra Parte en virtud del presente
artículo.
Hecho en
Bogotá, a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve (2009), en dos ejemplares
igualmente auténticos.
Por
el Gobierno de la República de Colombia,
JAIME
BERMÚDEZ MERIZALDE,
Ministro
de Relaciones Exteriores.
Por
la OIM,
WILLIAM
L. SWING,
Director
General.
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D. C., 14 de septiembre de 2009.
Aprobado.
Sométase a consideración del Congreso de la República para los efectos
constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Jaime
Bermúdez Merizalde.
DECRETA:
Artículo
1o. Apruébase el “Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades
entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la
República de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil
nueve (2009).
Artículo
2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, el “Acuerdo
de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización
Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho
en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve (2009), que por el
artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo
3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada
en Bogotá, D. C., a los
Presentado
al honorable Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores.
JAIME
BERMÚDEZ MERIZALDE,
Ministro
de Relaciones Exteriores”.
III.
INTERVENCIONES
1.
Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia:
Ángela María
Bautista Pérez, en su condición de apoderada judicial del Ministerio del
Interior y de Justicia, presentó escrito solicitando la constitucionalidad de la
Ley 1441 del 23 de febrero de 2011.
En primer
lugar, expuso las razones por las cuales estima que el Acuerdo en estudio y su
ley aprobatoria, gozan de constitucionalidad formal. Para tal efecto, adujo que
dando cumplimiento al artículo 241-10 de la Constitución Política, la Ley 1441
de 2011 sancionada por el Presidente de la República el 23 de febrero del año
que avanza y publicada en el diario oficial 47.992 del mismo día, fue remitida
por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República el 24 de febrero
de 2011, es decir, dentro de los 6 días hábiles siguientes a la sanción de la
ley.
Así mismo,
señaló que el Acuerdo bajo análisis fue suscrito por el entonces Ministro de
Relaciones Exteriores, quien conforme a lo establecido en el artículo 7,
numeral 2°, literal a) de la Convención de Viena sobre el Derechos de los
Tratados, estaba habilitado para firmarlo. Igualmente, mediante aprobación
ejecutiva impartida el 14 de septiembre de 2009, el Presidente de la República
autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso de la República el Acuerdo
de la referencia, autorización que señala debe ser tenida como requisito
suficiente para garantizar la legitimidad de la suscripción del tratado
internacional[1].
En el mismo
sentido, haciendo un breve recorrido por las especificidades de su trámite
legislativo, afirmó que se respetaron las condiciones de iniciativa, discusión
y votación del proyecto de ley tanto en el Senado como en la Cámara de
Representantes.
En segundo
lugar, indicó las razones por las cuales considera que el contenido material
del Acuerdo en estudio y su ley aprobatoria, se ajustan a la Constitución. Para
ello, previo recuento de la estructura y del contenido normativo de los mismos,
manifestó que el Acuerdo “defiende fines constitucionalmente válidos, en la
medida en que busca contribuir en las acciones de cooperación encaminadas al
asesoramiento y la colaboración que el Gobierno solicite en materia de
política, de legislación, reglamentación y administración relativa a la
migración, así como en la recolección y procesamiento de datos, la realización
de estudios sobre disponibilidad laboral, movilidad migratoria y sus
repercusiones en el desarrollo económico, ambiental y social del país, entre
otras acciones”. Además, indicó que el Acuerdo se ajusta a la Constitución
porque “propone contribuir en las acciones de cooperación encaminadas a
atender el asunto del desplazamiento interno, tanto en la prevención, como en
la atención a la población desplazada, en el fortalecimiento de la capacidad de
respuesta institucional y del Sistema Nacional de Información sobre el
desplazamiento en el país, teniendo en cuenta a las comunidades receptoras”.
Así mismo,
agregó que el Acuerdo bajo estudio refleja un notorio interés por desarrollar
programas de fortalecimiento de las instituciones colombianas gubernamentales y
no gubernamentales que cumplen actividades mediante la cooperación técnica e
implementación de programas y proyectos en temas de convivencia pacífica y
orden justo.
Señaló que
el Acuerdo de cooperación contiene en sus artículos VI, VII, VIII los
privilegios e inmunidades del Organismo, del personal a su cargo y la renuncia
a inmunidades y privilegios, en concordancia con la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas de 1961. Así, resaltó que el régimen de privilegios e
inmunidades previsto en el Acuerdo, es el que generalmente se concede a favor
de la Organización de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados,
en cuanto a la protección brindada a los locales, los funcionarios
internacionales de la Organización y su correspondencia.
En este
orden de ideas, adujo que el Acuerdo y su ley aprobatoria encuentran
justificación no solo en el sistema internacional, sino en la necesidad de que
el Estado colombiano continúe con los programas que han sido implementados por la
Organización Internacional para las Migraciones OIM, tales como: proyectos para
la protección de los Derechos Humanos, para el desarrollo social, para la educación,
para la disminución de los índices de pobreza y para ofrecer garantías de
empleo. En esa medida, concluyó que es imperante que el Estado mantenga una
relación directa con la OIM, a través de la cooperación que se habilita por
medio del Acuerdo bajo análisis.
2.
Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores:
El Director
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en escrito radicado ante esta Corporación el 10 de mayo de 2011, solicitó
declarar la exequibilidad de la Ley 1441 de 2011, por cuanto la misma cumplió
con los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su
suscripción y aprobación legislativa, y porque el contenido de la misma
consulta los principios y postulados que gobiernan el Estado colombiano.
Fundó su
petición en que el “Acuerdo de cooperación y régimen de privilegios e
inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el
Gobierno de la República de Colombia” suscrito en Bogotá el 5 de mayo de
2009, fue firmado por el Director General de la Organización Nacional para las
Migraciones y, por parte del Estado colombiano, por el Ministro de Relaciones
Exteriores de la época, quien de conformidad con el artículo 7°, numeral 2° de la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, estaba facultado
para celebrar tratados en razón de sus funciones.
Indicó que
el 14 de septiembre de 2009, el Presidente de la República, de conformidad con
lo previsto en el artículo 189-2 Superior, autorizó y ordenó someter a
aprobación del Congreso de la República el mencionado Acuerdo de cooperación,
por lo cual el Ministro de Relaciones Exteriores presentó el proyecto de ley
aprobatoria del instrumento internacional, acompañándolo de la correspondiente
exposición de motivos. Señaló que una vez el precitado proyecto de ley hizo
curso ante el Congreso de la República, inicialmente ante el Senado y luego
ante la Cámara de Representantes, fue aprobado respetando la iniciativa, el
debate y las votaciones correspondientes. Posteriormente, se cumplieron los
requisitos de sanción presidencial, publicación en el Diario Oficial 47.992 del
23 de febrero de 2011 y envío a la Corte Constitucional en cumplimiento del
artículo 241 Superior. De esta forma, estimó que el trámite de aprobación del
Acuerdo bajo estudio, se ciñó al procedimiento reglado que se exige para la
formación de una ley ordinaria.
De otro
lado, en tratándose de las razones que justifican la constitucionalidad material
del Acuerdo, planteó que de conformidad con el artículo 2° de la Carta
Política, el Estado colombiano tiene como fin esencial garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, y una forma de materializar y cumplir con este mandato
constitucional es la celebración de tratados con otros Estados o con
Organizaciones Internacionales en procura de la cooperación internacional.
Señaló que el Acuerdo suscrito permite que la OIM apoye, acompañe y asesore al
gobierno colombiano en el fortalecimiento de la capacidad de gestión en materia
migratoria.
Estimó que
con la celebración de este Acuerdo, el Gobierno colombiano ejecuta el mandato
consagrado en el artículo 9 de la Constitución, toda vez que “en consulta
con los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, inter
alia la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, la OIM
desarrollará programas en Colombia conforme a los lineamientos y prioridades
del Gobierno nacional y con el aporte de experiencia con miras a lograr un
flujo ordenado de los movimientos migratorios en condiciones de dignidad y
respeto a los derechos de los migrantes. // De la misma forma, la OIM asesorará
y cooperará con las entidades del Gobierno nacional para incrementar y
fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a la problemática del
desplazamiento interno y colaborará con el Gobierno colombiano con el propósito
de establecer campañas y programas para el fortalecimiento institucional en la
lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”.
Así mismo,
señaló que la celebración del Acuerdo bajo estudio desarrolla lo dispuesto en
el artículo 226 de la Constitución Política, porque el Gobierno nacional
estaría promocionando la internacionalización de las relaciones con otros
Estados y Organizaciones sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional. Por consiguiente, manifestó que el Acuerdo fue suscrito para
fortalecer y profundizar las relaciones internacionales, con el fin de cumplir
objetivos y metas comunes.
Finalizó
diciendo que respecto al régimen de privilegios e inmunidades consagrado en el
Acuerdo, el carácter de sujeto de derecho internacional de la OIM, que se
deriva de la personalidad jurídica reconocida por los Estados, le permite gozar
de autonomía y de independencia en sus bienes, así como de respeto y protección
para sus agentes o representantes en ejercicio de funciones, lo cual se ajusta
a la Constitución y al derecho público internacional.
3.
Intervención de la Universidad Externado de Colombia:
La Directora
del Centro de Investigación en Política Criminal de la Facultad de Derecho de la
Universidad Externado de Colombia, remitió concepto en el que solicitó la
declaratoria de exequibilidad del Acuerdo bajo estudio y de su ley aprobatoria,
en tanto el primero no es contrario a las características propias que un
tratado de este tipo debe tener y, de otra parte, porque la segunda cumple con
todos los requisitos de formación y contenido para ser considerada ley de la
República, al igual que fue presentada en término para su estudio por parte de la
Corte Constitucional.
Señaló que
el Acuerdo que se analiza renueva lo pactado entre el Gobierno colombiano y el
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas CIME, el cual fue
aprobado por medio de la Ley 13 de 1961. Finalizó afirmando que el Acuerdo: i)
contiene principios, objetivos, programas prioritarios y compromisos de la OIM
y del Gobierno; ii) descansa sobre las bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional; y iii) contempla el régimen de inmunidades y privilegios
concedido a la OIM y sus funcionarios.
4.
Intervención del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario:
El Decano de
la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario,
remitió el concepto elaborado por el profesor de esta institución educativa,
Juan Ramón Martínez Vargas, en el que se solicitó la declaratoria de
exequibilidad de la Ley 1441 de 2011, sujeta a la declaración interpretativa
referida a la inmunidad de jurisdicción en materia laboral.
En primer
lugar, en dicho texto, luego de destacar que la cooperación internacional
encuentra su razón de ser en los principios universales de solidaridad entre
los pueblos, respeto y protección de los derechos humanos y en la búsqueda
incesante de mejores condiciones y mayores recursos que brinden al hombre una
situación de bienestar conforme a la dignidad humana, señaló que al encontrarse
la cooperación íntimamente ligada a las relaciones internacionales, su
fundamento jurídico se encuentra en el derecho internacional, disciplina
jurídica que regula las relaciones y las obligaciones entre los Estados, y
entre éstos y los organismos internacionales.
A nivel
universal, indicó que las labores de la OIM están dirigidas a proveer un marco
de cooperación que beneficie en la esfera migratoria a las comunidades de los
diferentes Estados miembros de la ONU, dentro de los cuales se encuentra
Colombia. Así, indicó que la actividad de la OIM “[e]stá consagrada al
principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas
beneficia a los migrantes y a la sociedad. De igual manera, en su calidad de
principal organización internacional para las migraciones, esta organización
internacional trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para:
ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración
a nivel operativo, fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias,
alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y velar por
el respeto de la dignidad humana y el bienestar del migrante.”
A nivel
interno, precisó que la cooperación internacional se encuentra avalada en el
artículo 9° de la Constitución, la cual a su vez consagra una serie de
principios esenciales que propugnan por una internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional.
Apoyado en
el anterior contexto internacional y local, consideró que para Colombia la
suscripción del acuerdo resulta representativa y se ajusta a la Constitución,
porque en términos generales a través de la cooperación internacional recibirá
colaboración, asesoramiento y apoyo técnico en temas como desplazamiento
interno, migración laboral legal, reinserción de población desarraigada y
desmovilizada, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, entre otros.
En segundo
lugar, respeto al régimen de privilegios e inmunidades concedido a la OIM,
señaló que si bien este organismo internacional es autónomo e independiente de la
ONU, no lo es menos que goza de una estrecha relación de trabajo con ésta y que
sus políticas, programas y accionar se relacionan directamente con las de
Naciones Unidas. Por ello, indicó que esa situación motiva la necesidad viable,
prima facie, de hacer extensivo tal régimen a la OIM y a sus
funcionarios, pero con las siguientes precisiones:
(i) Frente
a la inmunidad de jurisdicción en términos generales, planteó que las
disposiciones que la consagran son constitucionales porque se ajustan a las
prerrogativas establecidas por la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de la ONU de 1946, e incluso por la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961, ambos documentos ratificados por el Estado colombiano
mediante las Leyes 62 de 1973 y 6ª de 1972, respectivamente. Sin embargo,
estimó que “el articulado del Acuerdo refiere la inmunidad respecto de todo
procedimiento de orden judicial o administrativo, premisa de la cual se deriva
que la OIM y sus funcionarios, siempre que estén acreditados ante autoridad
competente, gozarán de jurisdicción en las diferentes materias, sin realizar
algún tipo de distinción, lo cual de plano incluye la inmunidad de jurisdicción
en asuntos laborales”.
(ii)
En tratándose de la jurisdicción en materia laboral, indicó que si bien el
Acuerdo nada refiere sobre los contratos de índole laboral, se debe realizar
una precisión que obedece fundamentalmente a la protección y el bienestar de
todos los habitantes colombianos que lleguen a establecer un vínculo
contractual con la OIM, siempre que la misma cumpla con los elementos
distintivos de las relaciones laborales, estos son: prestación personal del
servicio, subordinación y remuneración. En ese sentido, propone una declaración
interpretativa al Acuerdo en materia de inmunidades, para que cuando se trate
de proteger derechos laborales de los connacionales que trabajen para la OIM,
exista para éstos una posibilidad de acceder a la justicia colombiana en
procura de defender sus acreencias laborales, ello en aplicación a la teoría de
la inmunidad relativa de jurisdicción en materia laboral que acogió la Corte
Suprema de Justicia en la demanda ordinaria que instauró Adelaida García de
Borissow contra la Embajada de Líbano. Lo anterior derivaría en que, habida
cuenta de la supremacía de los derechos laborales en Colombia y su
trascendencia para la protección social, la OIM no podría en una eventual
controversia, invocar la inmunidad de jurisdicción ofrecida en el Acuerdo bajo
estudio.
(iii) Sin
perjuicio de lo anterior, manifestó que el Acuerdo introduce una interesante
disposición que obliga a la OIM y a sus funcionarios, a adquirir una póliza de
seguros de responsabilidad civil por los daños causados a terceros por
cualquier vehículo de propiedad del organismo, situación que en sentir del
interviniente, mitiga de alguna forma las consecuencias derivadas de un
accidente de tránsito ocasionado por vehículo de propiedad de la OIM, “lo
cual en últimas traduce una considerable superación de la impunidad que
usualmente genera este tipo de inconvenientes”.
En tercer
lugar, sobre el régimen de exenciones tributarias para la OIM contenido en el
artículo 6.6 y siguientes del Acuerdo, recalcó que tiene su origen en un
tratado o convención de cooperación internacional, goza de un carácter
restrictivo en la medida que se aplica a una persona, acto, actividad o
contrato para el cual fue establecido, y no es de carácter retroactivo porque
opera a partir del momento en que se cumplen todos los requisitos previstos en
la ley o convenio. En esa medida, las exenciones tributarias que consagra el
Acuerdo, se aplican exclusivamente a los ítems allí estipulados, previa
acreditación de los procedimientos y condiciones exigidos.
5.
Intervención de la Universidad Nacional de Colombia:
El Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, contando con el
apoyo académico del profesor Mauricio Reyes Betancourt y del Grupo de Derecho
Constitucional del Consultorio Jurídico de esa Facultad, solicitó declarar la
exequibilidad de la Ley 1441 de 2011.
Fundó su
petición, en primer lugar, en que “[u]na vez revisado el trámite que se le
ha dado al proyecto, puede concluirse que este ha estado ajustado a los
preceptos constitucionales en tanto que el Acuerdo ha sido suscrito por el
Ministro de Relaciones Internacionales (sic), en representación del
ejecutivo, en desarrollo de sus facultades constitucionales y ha sido aprobada
por el Congreso en su correspondiente juicio de validez, y se ha remitido a la
Honorable Corte Constitucional dentro de los términos”.
En segundo
lugar, planteó que en el marco de la Constitución Política de 1991, es
obligación del Gobierno nacional garantizar la materialización de los derechos
fundamentales que ella consagra, por lo cual ante el creciente fenómeno
migratorio, el Estado se ha visto en la necesidad de fortalecer las políticas
públicas tendientes a resolver de fondo la problemática que conlleva la
migración de los colombianos. Acorde con esa postura y en concordancia con el
Derecho Internacional, indicó como razonable el otorgar inmunidades y
privilegios a los funcionarios de la OIM,  en condiciones similares a otras
agencias de Naciones Unidas que cooperan con el Estado. Por consiguiente,
señaló que el Acuerdo bajo estudio lo que busca, en concordancia con el
artículo IV de la Convención de Viena, es que la OIM y sus funcionarios gocen
de privilegios e inmunidades para salvaguardar su capacidad e independencia,
facilitando de esa manera el ejercicio de la cooperación con el gobierno
nacional en beneficio de la población migrante y de sus familias.
En tercer
lugar, centrando su concepto en la pertinencia del Acuerdo, adujo que la misma
se fundamenta en la necesidad de garantizar que las agencias y entidades que
junto con el Gobierno nacional desarrollan planes y proyectos, puedan actuar
dentro de un marco general de independencia, ya que el trabajo de una organismo
internacional en un país como Colombia, contribuye al fortalecimiento del
Estado Social de Derecho. Precisó que “(…) los regímenes de inmunidades no
buscan impunidad ni evasión de las normas internas, sino garantizar la
independencia y el respeto por quienes ejercen la labor diplomática en nombre
de otro Estado, o como sucede en éste caso, para garantizar la independencia
del trabajo de una organización internacional y evitar la creación de
conflictos derivados en el marco multilateral”.
6.
Intervención de la Universidad de Ibagué:
El  Decano
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué, en
escrito recibido en esta Corporación el 20 de mayo de 2011, solicitó declarar
exequible la Ley 1441 de 2011.
Para tal
efecto, indicó que la esencia del Acuerdo bajo estudio y de su ley aprobatoria,
se ajustan a los fines del Estado al pretender la garantía de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como al hacer evidente
su deber de protección a quienes residen en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, demás derechos y libertades. Señaló que con el contenido de la
Ley 1441 de 2011, Colombia reconoce el fenómeno de las migraciones y adopta
medidas de cooperación internacional tendientes a la dignificación de la
persona del migrante y al respeto de sus derechos.
En
particular, advirtió:  “Tienen la Organización Internacional para las
Migraciones –OIM, y el Gobierno Colombiano como argumentos para dar vida al
Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre éstos, el
reconocimiento de la realidad de las Migraciones al interior de las fronteras
como fuera de ellas, y por esto el respeto debido a los derechos humanos (al
que le ha dado especial relevancia la Constitución) de quienes asumen la
calidad de migrantes, el cual se hace manifiesto a través de los objetivos del
Acuerdo y el posterior cumplimiento de los compromisos adquiridos por las
partes con la firma del mismo, y que pueden resumirse en apoyo técnico y humano
concretado en procesos de formación, controles migratorios, legislación;
implementación de programas y proyectos; lucha contra la trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes; programas de estabilización socioeconómica,
fortalecimiento de la paz y reinserción de poblaciones desarraigadas;
respuestas humanitarias a migrantes desprotegidos; entre otras.”.
Adujo que el
Acuerdo pone en evidencia la pretensión de dar cumplimiento a los postulados
que se basan en beneficiar a los migrantes y a la sociedad en condiciones
humanas, para lo cual el Estado trabaja con sus asociados en la comunidad
internacional con el fin de ayudar a encarar los crecientes desafíos que
plantea la gestión de la migración a nivel operativo, fomentar la comprensión
de las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo social y económico a
través de la migración, y velar por el respeto de la dignidad humana y el
bienestar general de los migrantes. Por consiguiente, estimó que los diversos
temas migratorios que trata el Acuerdo de cooperación, se ajustan a la realidad
nacional y armonizan con las disposiciones constitucionales.
Finalmente,
frente al tema relacionado con los privilegios y la inmunidad diplomática
concedida a la OIM como organismo internacional de carácter intergubernamental,
consideró que “(…) sus representantes pueden ser beneficiarios de los
privilegios e inmunidades que inicialmente sólo fueron reconocidos a los
agentes diplomáticos y consulares, sin que esto implique que, como se vio,  se
esté quebrantando principio constitucional alguno, así como tampoco se
quebranta la soberanía nacional, y dejando de presente que no son de carácter
absoluto”.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN.
El
Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en
los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro
del trámite de la referencia, en el que solicitó a la Corte declarar exequible
el “Acuerdo de cooperación y régimen de privilegios e inmunidades entre la
Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno e la República de
Colombia”, hecho en Bogotá D.C. el 5 de mayo de 2009, y la Ley 1441
de 2011 que lo aprueba.
En cuanto al
procedimiento legislativo, luego de hacer un recuento detallado de cada una de
las etapas del trámite, el Ministerio Público concluyó que se cumplió con la exigencia constitucional del
párrafo primero del artículo 160 de la Constitución Política.  Así, entre el
primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no
inferior a ocho días, así: la aprobación en primer debate en la Comisión
Segunda del Senado tuvo lugar el 19 de mayo de 2010, mientras que la aprobación
en la Plenaria ocurrió el 15 de junio del mismo año.  Igualmente, constató que
la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara tuvo lugar
el 19 de octubre de 2010, mientras que la aprobación en segundo debate en la
Plenaria se dio el 14 de diciembre de 2010. De otro lado, entre la aprobación
del proyecto en el Senado (15 de junio de 2010) y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes (19 de octubre de 2010) transcurrió un lapso no
inferior a los quince días.  Asimismo, resaltó que para cada una de estas
etapas se efectuaron correctamente los anuncios de que trata el inciso final
del artículo 160 Superior.
Agregó que
el 23 de febrero de 2011, el Presidente de la República sancionó la ley
aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la
Ley 1441 de 2011. A su vez, el texto de la ley fue remitido por la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, el 24 de
febrero de 2011, por lo que se hizo dentro del término de 6 días señalados por
el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.
Así las
cosas, la Vista Fiscal adujo que “(…) en el proceso de formación de la Ley
1441 de 2011 (…) no se advierte la existencia de vicio alguno”, pues se
cumplió con la cadena de anuncios, publicaciones, debates y votaciones
requeridas para una ley ordinaria, al igual que se cumplió con la sanción
presidencial y el envío a la Corte Constitucional en oportunidad.
Frente al análisis material del instrumento
internacional, el Procurador General de la Nación advierte que “el Acuerdo
sub examine actualiza las normas de la OIM, para responder a las nuevas
dinámicas sociales y políticas de las migraciones”. Así, luego de realizar
una descripción del preámbulo y del articulado del Acuerdo, señaló que su
contenido hace parte de una sólida relación entre el Estado colombiano y la
OIM, y que “[e]n la medida en que el objeto principal del Acuerdo es
proteger los derechos humanos de los migrantes, por medio del diseño y la
ejecución de programas y proyectos coordinados para mejorar su calidad de vida,
éste se ajusta a lo previsto en la Constitución Política”.
Precisó como un asunto importante desde el punto
de vista constitucional, el que se brinde protección adecuada y apoyo a los
migrantes conforme a unos protocolos y prácticas internacionales, en procura de
garantizar los derechos de esta población y de los residentes nacionales con
los cuales tienen vínculos afectivos, familiares, jurídicos y patrimoniales.
El Ministerio Público finalizó afirmando que “los
términos del Acuerdo, en especial en materia de privilegios e inmunidades,
replican lo contenido en otros acuerdos celebrados con organizaciones
internacionales, y parecen razonables para un adecuado ejercicio de las
actividades de la OIM dentro del marco del respeto del ordenamiento jurídico
interno”.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de
tratados.
De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Constitución Política de Colombia,
la Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento
internacional y su ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que
realiza esta Corporación es completo, automático, y versa tanto sobre el
contenido material del Acuerdo bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre
la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales.
En relación
con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar dos aspectos: de una
parte, la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso
de negociación, celebración y suscripción del tratado, y de otra, la
observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación
de la ley objeto de análisis.
Al respecto,
esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un
procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de
un tratado internacional. Por este motivo, este tipo de instrumentos debe
seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Empero,
esta previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate
en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones
internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la
Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión
definitiva (Art. 241-10 C.P.).
Desde esta
perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la
publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del
procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del
Senado de la República (Art. 154 C.P); (iii) la aprobación reglamentaria
en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.), mediante el voto nominal (Art. 133 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate
medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto
en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo
menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio
previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción
presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los
seis días siguientes (Art.  241-10 C.P).
Por último,
frente los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley
aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de  determinar si se
ajustan o no a la Carta Política.
De acuerdo
con este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio de la Ley
1441 de 23 de febrero de 2011 “Por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la
Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República
de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve
(2009).”
2. La
revisión del aspecto formal.
2.1.
Representación del Estado.
El
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del treinta (30) de
marzo de dos mil once (2011)[2], firmada por la
Coordinadora del Grupo Interno de Tratados, informó a esta Corporación que “[e]l
‘Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la
Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República
de Colombia’ hecho en Bogotá D.C. el 5 de mayo de 2009, fue suscrito en
representación del Gobierno colombiano por el entonces Ministro de Relaciones
Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde y en representación de la Organización
Internacional para las Migraciones, por el Director General William L. Swing”.
Pues bien,
de conformidad con el artículo 7°, numeral 2° de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados de 1969[3], el Ministro de
Relaciones Exteriores puede, en virtud de sus funciones, celebrar tratados
internacionales sin acreditar plenos poderes. Por consiguiente, en el caso del
instrumento internacional que se revisa, al haber sido suscrito por el entonces
Ministro de Relaciones Exteriores, encuentra esta Corporación que se reunieron
las formalidades requeridas para el ejercicio de la representación del Estado
colombiano.
2.2.
Examen del trámite de la Ley 1441 de 2011 ante el Congreso de la República.
Con
fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las
Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte
Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes,
esta Corporación estableció que el proyecto de ley radicado bajo los números
203 de 2009 Senado y 313 de 2010 Cámara, que finalizó con la expedición
de la Ley 1441 de 2011 “ medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización
Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia”,
hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve (2009).”
surtió el siguiente trámite:
2.2.1.
Trámite en el Senado de la República.
2.2.1.1. El
proyecto de ley correspondiente a la aprobación del “Acuerdo de Cooperación
y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para
las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en Bogotá a
los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve (2009)”, fue presentado al
Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Jaime
Bermúdez Merizalde. El texto del proyecto de ley y la respectiva exposición de
motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso N° 1207 del 26 de noviembre
de 2009[4].
2.2.1.2. La
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República
fue presentada por el senador Manuel Enríquez Rosero y fue publicada en la
Gaceta del Congreso N° 174 del 5 de mayo de 2010[5].
2.2.1.3. El
proyecto de ley 203 de 2009, correspondiente a la actual Ley 1441 de 2011, fue
anunciado por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado, en dos
oportunidades así:
La primera,
el 5 de mayo de 2010, según consta en el Acta No. 26 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 441 del 22 de julio de 2010, en los
siguientes términos:
“Por
instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República,
anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión.
(Artículo 8° del acto legislativo número 01  de 2003).
4. Proyecto de ley número 203 de 2009
Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades, entre
la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la
República de Colombia, hecho en Bogotá, a los 5 días del mes de mayo de dos mil
nueve (2009).
Autor: Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Ponente: honorable
Senador Manuel Enríquez Rosero.
Publicaciones proyecto de ley: Gaceta
del Congreso número 1207 de 2009.
Ponencia primer debate:
Gaceta del Congreso número 174 de 2010[6].
(…)
El señor Presidente Manuel Enríquez Rosero:
Muchas gracias a los honorables Senadores.
Se levanta la sesión. Tenemos debate el próximo martes y el miércoles sesiones
conjuntas con televisión en directo. Muchas gracias. Se levanta la sesión.” [7]
La segunda, el 11 de mayo de 2010,
según consta en el Acta No. 27 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 442 del 22 de julio de 2010, en los siguientes términos:
“El señor Presidente Manuel Enríquez
Rosero:
(…) Señor Secretario los proyectos para la
próxima sesión habían sido anunciados previamente, o sea que nos vemos el
miércoles 19 a partir de las 9 de la mañana.
El señor Secretario Rafael Sánchez
Reyes:
Sí señor Presidente, para adicionar al
anuncio que ya hicimos, los proyectos que estaban para el día de hoy, y que
iban a ser discutidos y votados. De tal manera que esos 5 proyectos:
* Proyecto de ley número 203 de 2009
Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación y Régimen
de privilegios e inmunidades, entre la Organización Internacional para las
Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en Bogotá a los 5
días del mes de mayo de dos mil nueve (2009).
Autor: Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Ponente: honorable Senador Manuel Enríquez
Rosero.
Publicaciones: Proyecto de ley: Gaceta
del Congreso número 1207 de 2009.
Ponencia primer debate: Gaceta del
Congreso número 174 de 2010[8].
(…)
El señor
Presidente Manuel Enríquez Rosero informa:
Nueve de la mañana la Sesión Conjunta en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y el próximo 19 de mayo
consideramos los proyectos que han sido anunciados a partir de las 9 de la
mañana”[9].
2.2.1.4. De
acuerdo con la certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República[10],
el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 19 de mayo de 2010,  según
consta en el Acta N° 28 de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso N° 442 de
2010[11], con un quórum
deliberatorio y decisorio integrado por 7 de los 13 senadores que conforman esa
Comisión. En dicha Gaceta, es posible verificar la votación nominal del
proyecto de ley:
“El señor Presidente (e) Senador Darío
Angarita Medellín:
A usted muchas gracias, señor Secretario,
sírvase dar lectura a la proposición con la cual termina el informe de ponencia
en este Proyecto de ley.
El señor Secretario Rafael Sánchez
Reyes:
Da lectura al informe de ponencia.
Proposición:
Solicito a los señores miembros de la
Comisión Segunda del Senado, dar primer debate al Acuerdo de Cooperación y
Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para
las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en Bogotá, a
los 5 días del mes de mayo de 2009. Presentado por el honorable Senador Manuel
Enríquez Rosero como Senador Ponente.
El señor Presidente (E) Senador Darío
Angarita Medellín:
Somete a consideración de los Senadores de
la Comisión, el informe de ponencia. Anuncio que se va cerrar la discusión.
Señor Secretario, sírvase someter a votación el informe de ponencia con el
llamando a lista a los honorables Senadores.
El señor Secretario Rafael Sánchez
Reyes, realiza el llamado a lista, para votación del informe de ponencia.
Darío Angarita Medellín
Vota Sí
Carlos Emiro Barriga Peñaranda
Vota Si.
Jairo Clopatofsky Ghisays
Vota Sí
Manuel Enríquez Rosero
Vota Sí.
Juan Manuel Galán Pachón
Vota Sí.
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda
Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
Cecilia López Montaño
Vota Sí
Alexandra Moreno Piraquive
Jesús Enrique Piñacué Achicué
Luzelena Restrepo Betancur
Vota Sí.
Mario Varón Olarte
Manuel Ramiro Velásquez Arroyave
Me permito informar señor Presidente, que
el informe de ponencia ha sido aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra”[12].
2.2.1.5. La
ponencia para segundo debate fue presentada por el senador Manuel Enríquez
Rosero, y publicada en la Gaceta del Congreso N° 294 del 4 de junio de 2010[13].
2.2.1.6.
Según certificación expedida el 31 de marzo de 2011 por el Secretario General
del Senado de la República, Emilio Otero Dajud[14], el proyecto de ley fue
anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 9
de junio de 2010, según consta en el Acta de Plenaria N° 41 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso N° 394 del 8 de julio de 2010. En el texto
de la referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Por instrucciones de la Presidencia y de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Los proyectos para la próxima sesión son
los siguientes:
Proyectos en Segundo Debate: (…)
Proyecto de ley número 203 de 2009
Senado, por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de cooperación y régimen de privilegios e inmunidades entre
la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la
República de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de 2009[15].
(…)
Siendo las 3:15 p. m., la Presidencia
levanta la sesión y convoca para el día martes 15 de junio de 2010, a las 12:00 m.”[16].
2.2.1.7.
Según la certificación referida en el numeral anterior, el Proyecto de Ley fue
considerado en segundo debate el 15 de junio de 2010 con un quórum
deliberatorio y decisorio de 56 senadores del total que conforman la Plenaria y
aprobado por mayoría como consta en el Acta N° 42 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso N° 414 del 19 de julio de 2010[17].
En la misma es posible verificar la votación nominal del proyecto de ley.
2.2.1.8. De
acuerdo con la certificación expedida el 31 de marzo de 2011 por el Secretario
General del Senado de la República, Emilio Otero Dajud[18],
el texto definitivo del proyecto de ley 203 de 2009 Senado, aprobado en la plenaria del 15
de junio de 2010, fue
publicado en la Gaceta del Congreso N° 372 del 24 de junio de 2010[19].
Sin embargo, esta Corporación al verificar el
contenido de dicha Gaceta del Congreso, específicamente de las páginas 12 y 13,
advierte un error al publicar el texto definitivo del proyecto de ley 203 de
2009. El error consistió en relacionar como texto definitivo de ese proyecto de
ley, el correspondiente a otro proyecto de ley identificado con el número 257[20], “por medio del cual se aprueba el ‘Acuerdo en
materia de informes anuales sobre Derechos Humanos y libre comercio entre la
República de Colombia y Canadá’, hecho en Bogotá el 27 de mayo de 2010”. Concretamente, en el texto de la Gaceta del Congreso No. 372 del 24 de junio de 2010, se
indicó lo siguiente:
“TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO DE LEY 203 DE 2009
SENADO.
por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo en materia de informes anuales sobre
Derechos Humanos y libre comercio entre la República de Colombia y Canadá”, hecho
en Bogotá el día 27 de mayo de 2010
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°.
Apruébase el ¿Acuerdo en materia de informes anuales sobre Derechos Humanos y
libre comercio entre la República de Colombia y Canadá, hecho en Bogotá el día
27 de mayo de 2010.
Artículo 2°. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el ¿Acuerdo
en materia de informes anuales sobre Derechos Humanos y libre comercio entre la
República de Colombia y Canadá, hecho en Bogotá el día 27 de mayo de 2010, que
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Con el propósito de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me
permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del Senado de
la República el día 2 de diciembre de 2009 al Proyecto de ley número 203 de
2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo en materia de
informes anuales sobre Derechos Humanos y libre comercio entre la República de
Colombia y Canadá¿, hecho en Bogotá el día 27 de mayo de 2010, y de esta manera
continúe su trámite legal y reglamentario en la honorable Cámara de
Representantes.
Cordialmente,
Manuel Enríquez
Rosero,
Senador – Ponente”.
Este error en la publicación del texto
definitivo del proyecto de ley 203 de 2009, aprobado por la Plenaria del Senado
del República el 15 de junio de 2010, será objeto de
análisis en líneas posteriores.
2.2.2
Trámite en la Cámara de Representantes.
2.2.2.1.
Radicado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes con el número 313 de
2010, se le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo
designado como ponente coordinador el Representante a la Cámara, Juan Carlos
Martínez Gutiérrez[21]. El informe de ponencia
fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 679 de 22 de septiembre
de 2010[22].
2.2.2.2. De
acuerdo con la certificación allegada a esta Corporación, el 8 de abril de 2011[23],
por la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el
proyecto fue anunciado en sesión del 12 de octubre de 2010, según el Acta No.
16 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 898 del 12 de
noviembre de 2010[24], en cumplimiento
del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. Según el texto de la
referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Hace uso de la palabra la señora
Secretaria, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Cuarto. Anuncio de proyectos de ley para
discusión y aprobación en primer debate.
(…)
Hace uso de la palabra la señora
Secretaria, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí, señor Presidente.
Los siguientes proyectos, tal como lo ordena el señor
Presidente, se van a discutir y votar el próximo 19 de octubre de 2010. Estos
proyectos se anuncian dando cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo
número 01 de 2003.
Proyecto de ley número 313 de 2010 Cámara, 203 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación y
Régimen de Privilegios e Inmunidades
entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la
República de Colombia, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil
nueve (2009).
Autor: Ministro de Relaciones Exteriores,
doctor Jaime Bermúdez Merizalde.
Ponentes: honorables Representantes Juan
Carlos Martínez Gutiérrez (Ponente Coordinador); Iván Cepeda Castro, Yahir
Fernando Acuña Cardales, Iván Darío Sandoval Perilla, Carlos Alberto Zuluaga
Díaz, Bayardo Gilberto Betancourt Pérez, José Ignacio Mesa Betancourt, Augusto
Posada Sánchez.
Publicaciones:
Texto del Proyecto: Gaceta
del Congreso número 1207 de 2009.
Ponencia primer debate Senado: Gaceta
del Congreso número 174 de 2010.
Ponencia segundo debate Senado: Gaceta
del Congreso número 294 de 2010.
Ponencia primer debate Cámara: Gaceta
del Congreso número 679 de 2010.”[25]
2.2.2.3. El
19 de octubre de 2010, se llevó a cabo la siguiente sesión de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, según Acta N° 17 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso N° 899 del 12 de noviembre de 2010[26].
En efecto, en la misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral
anterior, la Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes hizo constar que, de acuerdo con el Acta N° 17 del 19
de octubre de 2010, el proyecto de ley bajo estudio “se aprobó por votación
pública y nominal con el SI de 12 Honorables Representantes presentes”[27].
2.2.2.4.
Para segundo debate la ponencia fue presentada por los representantes Juan
Carlos Martínez Gutiérrez (Coordinador Ponente), Iván Dario Sandoval Perilla,
Iván Cepeda Castro, José Ignacio Mesa Betancourt, Augusto Posada Sánchez,
Carlos Alberto Zuluaga, Bayardo Gilberto Betancourt y Yahir Fernando Acuña, y fue
publicada en la Gaceta del Congreso N° 986 del 30 de noviembre de 2010[28].
2.2.2.5. El
anuncio del proyecto de ley 313 de 2010 Cámara, se realizó en la sesión del 13
de diciembre de 2010, según consta en el Acta N° 040 de esa fecha, publicada en
la Gaceta del Congreso N° 116 de 23 de marzo de 2011[29],
en los siguientes términos:
“(…) Dirección de la Presidencia, doctor Carlos Alberto Zuluaga
Díaz:
Secretario, anunciemos los proyectos para mañana, a las nueve de la
mañana.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.:
Sí, señor
Presidente.
(…)
PROYECTOS PARA SEGUNDO DEBATE
(…)
Proyecto de ley 313 de 2010 Cámara, 213 de 2009 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación y
Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para
las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia, hecho en Bogotá a
los 5 días del mes de mayo de 2009.
(…)
Señor Presidente, han sido anunciados los Informes de Conciliación,
más temas proyectos de ley para ser discutidos y votados en la sesión de mañana
14 de diciembre o en la próxima sesión en la que se debatan proyectos de ley o
de acto legislativo.
(…)
Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las nueve de la
mañana”[30].
2.2.2.6.
Según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes,
el proyecto de ley fue considerado y aprobado, de forma nominal, por la mayoría
requerida el 14 de diciembre de 2010 con asistencia de 160 representantes[31],
como lo acredita el Acta de Plenaria N° 041 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso N° 213 del 28 de abril de 2011[32].
El Secretario General de la Cámara de Representantes precisó: “Informe de
Ponencia: por el Sí: 89 por el No: 0 votos // El
artículado, el Título y la pregunta si quiere la Cámara que el proyecto sea ley
de la República: por el Sí: 88 por el No: 0  votos.”, y
advirtió que lo anterior consta “en el registro electrónico y
manual remitido por la Subsecretaria General de la Corporación mediante oficio
SbSg. 2.1-1105-10”[33]
2.2.3
Cumplimiento de los límites temporales para tramitar el proyecto de ley.
La Corte ha
precisado que la expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “Ningún
proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse
en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones
ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la
ley[34].
En este caso
se observa que, luego de radicado el proyecto de ley el 26 de noviembre de
2009, se surtió el primer debate en el Senado el 19 mayo de 2010, y el último
debate en plenaria de Cámara se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2010. Esto,
permite afirmar que el proyecto inició y finalizó su trámite en las
legislaturas comprendidas entre el 20 de julio de 2009 y el 20 de junio de
2010, y el 20 de julio de 2010 y el 20 de junio de 2011. Por lo tanto, se
cumplió a cabalidad con el mencionado requisito constitucional pues el proyecto
de ley 203 de 2009 Senado, 313 de 2010 Cámara fue aprobado sin exceder dos
legislaturas.
2.2.4
Cumplimiento de los requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución.
De acuerdo
con el primer inciso del artículo 160 de la Constitución, entre el primer y
segundo debate deben transcurrir por lo menos ocho días, y entre la aprobación del
proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, debe mediar un
término no inferior a 15 días.
En el
presente caso se tiene que el primer debate en el Senado tuvo lugar el 19 de
mayo de 2010 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 15 de junio de
2010, es decir, que transcurrió casi un mes entre los debates realizados por el
Senado de la República. Igualmente, entre el tercer y cuarto debate en la
Cámara de Representantes mediaron más de ocho días, puesto que el primero de
ellos se celebró el 19 de octubre de 2010, y la plenaria se llevó a cabo el 14
de diciembre de 2010.  Además, entre la aprobación del Proyecto en el Senado,
realizada el 15 de junio de 2010, y la iniciación del debate en la Cámara de
Representantes, efectuada el 19 de octubre de 2010, corrió un lapso superior a
quince días.
En cuanto al
inciso final del artículo 160 de la C.P., es preciso revisar la cadena de
anuncios con el propósito de verificar que el proyecto de ley haya sido
anunciado en una sesión distinta a aquella en la cual se votó. Para tal efecto,
se sintetiza en el siguiente cuadro todo el procedimiento legislativo[35]:
(i) El
Proyecto de Ley inició su trámite en el Senado de la República
Ver
supra 2.2.1.1.
(ii)
El Proyecto de Ley fue publicado previamente al inicio del proceso
legislativo
Ver
supra 2.2.1.1.
(iii) El
Proyecto de Ley fue aprobado en primero y segundo debate en cada una de las
cámaras legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Constitución
Política y el Reglamento del Congreso y mediante votación nominal.
En Senado:
Primer
debate: Ver supra 2.2.1.4.
Segundo
debate: Ver supra 2.2.1.7.
En Cámara
Primer
debate: Ver supra 2.2.2.3.
Segundo
debate: Ver supra 2.2.2.6.
(iv)
Las ponencias tanto en comisiones como en plenarias fueron publicadas antes
de iniciarse los debates;
En Senado:
Primer
debate: Ver supra 2.2.1.2
Segundo
debate: Ver supra 2.2.1.5
En Cámara
Primer
debate: Ver supra 2.2.2.1.
Segundo
debate: Ver supra 2.2.2.4.
(v)
Entre el primer y segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación
del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra
transcurrieron los términos señalados en el inciso primero del artículo 160
Superior: ocho y quince días respectivamente.
En Senado
La
aprobación en primer debate en el Senado tuvo lugar el 19 de mayo de 2010 y
la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 15 de junio de 2010; Ver
supra 2.2.1.4 y 2.2.1.7.
En Cámara
El primer
debate en Cámara tuvo lugar el 19 de octubre de 2010 y la aprobación en
plenaria se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2010; Ver supra 2.2.2.3
y 2.2.2.6.
Entre la
aprobación del Proyecto en el Senado (15 de junio de 2010) y la iniciación
del debate en la Cámara de Representantes (19 de octubre de 2010) transcurrió
un lapso no inferior a quince días.
(vi) Fue
cumplido en cada una de las etapas del trámite legislativo el requisito del
anuncio previo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que
adicionó el artículo 160 C.P.
En Senado
El anuncio
para el Primer debate se produjo el 11/05/2010 y la aprobación
se llevó a cabo el 19/05/2010; Ver supra 2.2.1.3.
El anuncio
para el Segundo debate se produjo el 9/06/2010 y la aprobación
se llevó a cabo el 15/06/2010;  Ver supra 2.2.1.6.
En Cámara
El anuncio
para el  Primer debate se produjo el 12/10/2010 y la aprobación
se llevó a cabo el 19/10/2010; Ver supra 2.2.2.2.
El anuncio
para el Segundo debate se produjo el 13/12/2010 y la aprobación
se llevó a cabo el 14/12/2010;  Ver supra 2.2.2.5
2.2.5. Ahora
bien, resulta pertinente estudiar el error en la publicación del texto
definitivo aprobado por la Plenaria del Senado. En efecto, si bien en la página
12 de la Gaceta del Congreso N° 372 de 24 de junio de 2010 se enuncia la
publicación del texto definitivo del proyecto de ley 203 de 2009 Senado, lo
cierto es que como se advirtió el texto publicado corresponde al proyecto de
ley 257 de 2009 Senado (Ver supra 2.2.1.8.).
Para
determinar si el error en la publicación constituye un vicio que afecte el
trámite legislativo, la Corte se referirá a (i) la función del Congreso de la
República frente a instrumentos internacionales; (ii) el cumplimiento del
requisito de publicidad; (iii) la instrumentalidad en las formas en la
construcción de la voluntad legislativa; y (iv) los requisitos
jurisprudenciales para determinar si un vicio es subsanable.
2.2.5.1. En
primer término, frente a la función del Congreso de la República en tratándose
de instrumentos internacionales, el artículo 150 numeral 16 de la Constitución
Política establece: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 16.  Aprobar o improbar los tratados
que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho
internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente
determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto
promover o consolidar la integración económica con otros Estados.”
En tal sentido, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la competencia del
legislador en materia de tratados internacionales se limita a aprobarlos o
improbarlos. En efecto, en la sentencia C-781 de 2004, esta Corporación señaló
que el Congreso no puede alterar el contenido de los tratados introduciendo
nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad
del tratado, por tratarse de una negociación del Gobierno. No obstante, si el
tratado es multilateral es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a
menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas
que no afecten el objeto y fin del tratado[36].
2.2.5.2. En
segundo lugar, retomando los requisitos exigidos por el artículo 157 de la
Constitución Política en el trámite legislativo[37],
en particular, el cumplimiento del requisito de publicidad es preciso recordar
que su finalidad es “poner en conocimiento de los miembros del Congreso el
estudio preliminar realizado por los Senadores o Representantes que actúan como
ponentes, con el fin de que éstos puedan evaluar y analizar con la debida
anticipación las normas que serán objeto de estudio en las comisiones y en las
plenarias de las Cámaras”.[38]
En tal
sentido, la sentencia C-665 de 2007, concluyó que no se desconocía el requisito
de publicidad cuando el anuncio del proyecto de ley se había efectuado antes de
la publicación de la ponencia. Esto, considerando que: “el conocimiento del proyecto de ley, mediante la
publicación del mismo en la Gaceta del Congreso, permite a los miembros de la
célula legislativa el conocimiento del texto del tratado internacional, en
forma previa al trámite legislativo. En consecuencia, el cargo por vulneración
del requisito de publicidad del informe de ponencia, debe demostrar, con
suficiencia la imposibilidad de conocer el contenido mismo del instrumento. Lo
anterior, en virtud de la prohibición de modificación por parte del Congreso.
En el presente asunto tal exigencia adicional no está
presente, teniendo en cuenta además, que se cumplió con la finalidad señalada
en los artículos 156 y 157 del Reglamento del Congreso que buscan que los
congresistas conozcan, previo el debate, el tenor literal de las disposiciones
que se someten a su consideración y aprobación, así como de los motivos que las
fundamentan.
En efecto, el requisito de publicidad de los proyectos de
ley, se cumple respecto del texto del proyecto sometido a aprobación de cada
cámara, con su publicación en el órgano oficial de comunicación del legislativo,
que es la Gaceta del Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva
(C.P. artículo 157). Igualmente, las ponencias, con las modificaciones al texto
que ellas propongan, deben publicarse de la misma manera, como lo indica el
artículo 156 del Reglamento del Congreso; no obstante, para agilizar el trámite
del proyecto, este requisito de publicidad puede ser suplido por la
reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo
entre los miembros de la célula legislativa que los va a discutir.[39]
Sin embargo, la jurisprudencia es clara en señalar que el
requisito establecido en el artículo 156 del Reglamento del Congreso se refiere
a la publicación del informe de ponencia previo al debate, y por tanto, no
resulta procedente establecer una analogía frente al anuncio. En este sentido
podría concluirse que tanto el anuncio como la publicación de la ponencia deben
realizarse en forma previa al debate y votación, pero no existe un
condicionamiento dirigido a exigir que la publicación de la ponencia sea previa
al anuncio.”[40]
Del mismo
modo, el Pleno de esta corporación Auto 033 de 2009 devolvió al Congreso una
ley aprobatoria de tratado pues no se había publicado el texto definitivo
aprobado en cuarto debate, al analizar el alcance del principio de publicidad la
Corte destacó: “En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha enfatizado
en la trascendencia y necesidad del cumplimiento del principio de publicidad
consagrado en la Constitución Nacional durante el trámite legislativo,
principio que constituye un elemento esencial para la validez y por ende
constitucionalidad de dicho trámite, y en consecuencia para la validez y
constitucionalidad de las normas aprobadas. El principio de publicidad
encuentra su fundamento iusfilosófico en las premisas de un Estado constitucional
y democrático de derecho, uno de cuyos presupuestos normativos es la
participación informada no sólo de los legisladores sino también de los
ciudadanos en el proceso democrático de formación de las leyes, para lo cual
resulta imperativo, la publicidad no sólo de las ponencias para los cuatro
debates que deben surtirse durante el proceso legislativo por expreso mandado
constitucional, sino también la publicidad de la integridad del texto
finalmente aprobado por el Legislador, así como finalmente la publicación
íntegra del texto ya sancionado por el presidente de la República.
2.4.2
Constituyen así mismo presupuestos que fundamentan el principio de publicidad,
la exigencia de transparencia y de racionalidad del trámite legislativo, lo
cual se transfiere a las normas producidas con el cumplimiento de tales reglas
y principios, y termina generando una presunción de validez, racionalidad y
legitimidad propia del ejercicio del principio democrático en un Estado constitucional
y democrático de Derecho, presunción que sólo puede ser desvirtuada por el
Tribunal Constitucional previa la comprobación de una irregularidad que vicie
de manera insubsanable la esencia de tales principios, garantes del  trámite
legislativo y la validez de las normas jurídicas.
A este
respecto ha dicho la Corte:
“La
debida formación de la voluntad democrática de las cámaras legislativas
garantiza que las normas producidas por el Congreso estén precedidas de altos
niveles de representación popular, a partir de los cuales pueda predicarse la
legitimidad de dichas disposiciones.  Un Estado constitucional interesado por
el fortalecimiento de la democracia debe contar, en ese sentido, con
procedimientos que garanticen la transparencia de la información dentro del
trámite legislativo.  Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha establecido
que el principio de publicidad cumple importantes finalidades dentro del Estado
social de derecho, “pues el Congreso es el lugar en donde se realiza de manera
privilegiada la discusión pública de las distintas opiniones y opciones
políticas. De un lado, la publicidad racionaliza la propia discusión
parlamentaria y la hace más receptiva a los distintos intereses de la sociedad,
con lo cual las deliberaciones producen resultados más justos. En efecto,
existen determinados argumentos y motivos que pueden invocarse a puerta cerrada
pero que no son admisibles al hacerse públicos, pues su injusticia se vuelve
manifiesta.  (…)De otro lado, la publicidad articula la actividad del Congreso
con la ciudadanía, y es una condición necesaria para que el público esté mejor
informado sobre los temas de trascendencia nacional, con lo cual se estrechan
además las relaciones entre electores y elegidos, valor esencial en una
democracia participativa como la colombiana (CP art. 1º). La publicidad es pues
una condición de legitimidad de la discusión parlamentaria, pues es la única
manera de que el Congreso cumpla una de sus funciones esenciales, esto es, la
de traducir políticamente la opinión de los distintos grupos y sectores de la
sociedad y, a su vez, la de contribuir a la preservación de una sociedad
abierta en la cual las distintas opiniones puedan circular libremente.  Por
todo ello, sin transparencia y publicidad de la actividad de las asambleas
representativas no cabe hablar verdaderamente de democracia constitucional”[41]”[42]
2.4.3
Como mecanismos que prodigan eficacia material al principio de publicidad al
interior del trámite legislativo, se encuentra la obligación de publicar los
proyectos de ley y las ponencias correspondientes, condición regulada por los
artículos 157-1 y 160 C.P. y los artículos 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992 -
Reglamento del Congreso, así como la obligación de publicar el texto final en
un solo texto, como extensión del principio de publicidad consagrado en el
artículo 157 Superior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 195 del
Reglamento del Congreso, así como finalmente la promulgación de la ley
sancionada por el presidente, de conformidad con los artículos 157, 165, 166,
168 de la Constitución Nacional y 196 de la Ley 5ª de 1992 o Reglamento del
Congreso.
2.4.4 Las
reglas contenidas en las normas constitucionales y orgánicas antes expuestas
han permitido a la jurisprudencia de la Corte identificar a la omisión del
requisito de publicación del informe de ponencia o del texto final aprobado por
la plenaria, en el caso de los tratados internacionales, en la Cámara de
Representantes, como un vicio de procedimiento en el trámite legislativo. En
efecto, de una parte, el conocimiento del informe es un presupuesto ineludible
de la deliberación congresional, en tanto escapa a toda lógica que los miembros
del Congreso puedan válidamente aprobar una norma si no les han sido
garantizados los mecanismos para estudiar el proyecto sometido a su
consideración y las observaciones que respecto del mismo han realizado los
ponentes asignados para el efecto. De otra parte, la publicación del texto
final aprobado por la plenaria en donde surta el cuarto debate, es necesario
para dar a conocer no sólo a los congresistas, sino también a los ciudadanos el
contenido final del texto aprobado por el Legislador. De otra parte, la
publicación del texto definitivo aprobado por el Congreso, guarda una estrecha
relación con el trámite posterior de la sanción y promulgación de la ley, en
cuanto a través de él se publicita el texto final el cual debe coincidir,
guardar coherencia y continuidad, con el texto que será remitido al Gobierno
para su respectiva sanción y promulgación.
2.4.5 En
conclusión, la publicidad tanto de los informes de ponencia como del texto
final del proyecto de ley aprobado en cuarto debate por el Congreso, constituye
un requisito inherente a la transparencia y publicidad que ordena la
Constitución para el trámite de los proyectos de ley en el Congreso.  El
cumplimiento de este requisito, es necesario en tanto posibilita que los
legisladores tengan acceso al contenido del proyecto y la actuación de sus
ponentes antes de proceder a su deliberación y posterior votación; y en tanto
permite que los ciudadanos conozcan el contenido final del proyecto de ley
aprobado por el Legislador. Así mismo, la publicación del texto final aprobado
por el Congreso guarda íntima conexión con el requisito constitucional
posterior relativo a la sanción por el Presidente de la ley respectiva y la
promulgación de la misma, requisito éste último que constituye una expresión
del principio de publicidad.
En este
orden de ideas, insiste esta Sala en que el requisito de publicación de los
informes de ponencia y del texto definitivo aprobado por el Congreso, es una
condición para el conocimiento y participación de los congresistas y de los
ciudadanos en el trámite de las leyes aprobadas por el Legislador, razón por la
cual se insiste, constituye un requisito sine qua non de la producción del
derecho en el contexto de un Estado constitucional y democrático de derecho.[43]
Por
consiguiente, la garantía del principio de publicidad en el trámite legislativo
de un instrumento internacional se garantiza siempre que se realicen las
siguientes publicaciones: (i) la inicial, del proyecto de ley, previo al
comienzo del proceso legislativo; (ii) de las ponencias en cada uno de los
cuatro debates; (iii) del texto definitivo aprobado luego del segundo y cuarto
debate; y (iv) de la ley sancionada por el Presidente de la República.
2.2.5.3. En
tercer término, el análisis del trámite legislativo debe hacerse, como en
anteriores oportunidades lo ha admitido la Corte, teniendo en cuenta la
instrumentalidad de las formas. Al respecto, la Sala Plena ha advertido lo
siguiente:  “El principio de instrumentalidad de las formas, según el cual,
las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse
teleoló­gicamente al servicio de un fin sustantivo,[44] tiene
entonces plena aplicación en la interpretación de las reglas constitucionales
que gobiernan la aprobación de las leyes. Y de ese principio derivan al menos
dos consecuencias, en apariencia contradictorias, pero en realidad plena­mente
complementarias.
De un
lado, la Constitución consagra un Estado social de derecho, que busca realizar
ciertos principios y valores materiales (CP arts 1º y 2º), y señala
explícitamente que en los trámites procesales prevalece el derecho sustancial
(CP art. 228). Por ello, esta Corte siempre ha interpre­tado el alcance de las
normas que gobiernan la formación de las leyes teniendo en cuenta los valores
materiales que esas reglas preten­den realizar. Esto explica, por ejemplo, que
esta Corporación haya seña­la­do, en forma constante, que al estudiar si una
ley viola o no el princi­pio de unidad de materia, la noción de materia debe
ser entendida en forma amplia, puesto que un entendimiento demasiado riguroso
de su alcance, obstaculizaría indebidamente la aprobación de las leyes, con lo
cual esa regla terminaría afectando el principio democrático que ella mis­ma
pretende realizar. Y de manera más general, esta Corte ha dicho que ‘las normas
constitucionales relativas al trámite legislativo nunca deben interpretarse en
el sentido de que su función sea la de entorpecer e impedir la expedición de
leyes, o dificultar la libre discusión demo­crá­tica en el seno de las
corporaciones representativas, pues ello equi­val­dría a desconocer la primacía
de lo sustancial sobre lo procedimental’[45].
Pero de
otro lado, lo anterior no significa que las formas procesales en general, y las
normas constitucionales que rigen la aprobación de las leyes en particular,
sean irrelevantes y puedan ser ignoradas. Por el contra­rio, ellas son
importantes y deben ser respetadas, precisamente porque protegen valores
sustantivos significativos.”[46].
En
aplicación de este principio, la Corte ha considerado que no se desconoce el
requisito de publicidad cuando la publicación del informe de ponencia se hace
con posterioridad a la discusión y aprobación del proyecto de ley, siempre que
se pueda verificar el conocimiento de la ponencia por parte de los congresistas
previo al debate sin perjuicio de su posterior
reproducción en la Gaceta del Congreso [47].
2.2.5.4. En
cuarto lugar,  la Corte resumió en torno a “(…)determinar el carácter
subsanable o no de un vicio de forma ocurrido dentro del proceso legislativo,
el juez constitucional debe determinar (a) si la entidad de la irregularidad
ocurrida durante el trámite en el Congreso es de tal envergadura que constituya
un vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (b) si  existió o no una
convalidación del mencionado vicio durante el trámite de la ley; (c) si el
vicio no fue convalidado, debe la Corte estudiar si es posible devolver la ley
al Congreso y al Presidente para que subsanen el defecto de forma constatado; y
(d) si no hay lugar a ninguna de las anteriores hipótesis, la Corte debe
determinar si es procedente que ese mismo Tribunal pueda subsanar, en su
pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los criterios
anteriormente señalados, y atendiendo los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.”[48].
2.2.5.5. En
virtud de lo expuesto, el error en la publicación del texto definitivo aprobado
en la Plenaria del Senado no desconoce el principio de publicidad por cuanto en
esta oportunidad el Congreso de la República aprobó el instrumento
internacional sin introducirle ninguna declaración interpretativa o reserva que
diera origen a un texto diferente en cada cámara. Además, los congresistas
tuvieron la oportunidad de conocer previamente a la aprobación y discusión en
tercer debate, la ponencia del proyecto de ley, pues la misma fue publicada en la
Gaceta del Congreso N° 679 de 22 de septiembre de 2010[49].
En efecto, con dicha publicación se aseguró el conocimiento por parte de los
integrantes de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del contenido
del proyecto de ley radicado con el número 313 de 2010, pues obra el informe de
ponencia, la exposición de motivos y el texto del proyecto de ley:
“PONENCIA
PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 313 DE 2010 CÁMARA, 203 DE 2009 SENADO
por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e
Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el
Gobierno de la República de Colombia”.
Doctora
PILAR RODRÍGUEZ ARIAS
Secretaria General
Comisión Segunda
Referencia:
Informe de ponencia para el primer debate del Proyecto de ley número 313 de
2010 Cámara, 203 de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de
Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización
Internacional para la Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia¿,
hecho en Bogotá, a los 5 días del mes de mayo 2009.
En
cumplimiento a la honrosa designación que me hiciera la Mesa Directiva de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente, me permito presentar informe de
ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 313 de 2010 Cámara, y 203
de 2009 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación y
Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para la
Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia¿ hecho en Bogotá, a los 5
días del mes de mayo de 2009, en los siguientes términos:
1. Antecedentes y justificación
El
acuerdo de cooperación que se somete a aprobación del Congreso de la República
por el señor Presidente de la República, se celebra entre un Organismo de
carácter intergubernamental, con sede central en Suiza, ¿Organización
Internacional para las Migraciones, y el Gobierno de la República
de Colombia¿. Este acuerdo fue fechado en Bogotá a los 5 días del
mes de mayo de 2009.
La
Organización Internacional para las Migraciones, OIM, tuvo sus orígenes de
operación en Colombia en 1956, cuenta con la financiación de varias
organizaciones y tiene un presupuesto anual de 1 billón de dólares.
Inicialmente
este organismo operó en los países europeos, pero de acuerdo a la excelente
labor que cumplió con los movimientos de migrantes de ese continente, a la
ayuda prestada a los miles de refugiados y desplazados de la segunda guerra
mundial, se vio la necesidad de universalizar dicho organismo, siendo hoy una
organización constituida por varios países que firmaron la enmienda y son
parte, entre estos Colombia. Desde el 16 de octubre de 1992, este organismo
goza de condición especial de Observador por la Asamblea General de la ONU.
Ahora bien,
este proyecto de ley, fue discutido y aprobado por el Senado de la República y
hoy encuentra escenario para la discusión democrática en el seno de esta
corporación, por lo que pasaremos a evaluar el contenido y objeto del proyecto
para luego proceder a emitir un pronunciamiento sobre su conveniencia y
constitucionalidad.
a) Objeto y contenido del proyecto
Encuentra
fundamento el acuerdo internacional, en el Derecho Internacional, del que
podemos referir hacen parte los Estados y las Organizaciones Internacionales,
en este orden de ideas, los miembros de la OIM, sobre los que se pronuncia el
proyecto objeto de ponencia, y según lo establecido por la Convención de Viena
de 1961, asimila y extiende un tratamiento especial del que gozan los agentes
diplomáticos a los miembros de la Organización Internacional para las
Migraciones, siendo esta una parte articulada con el segmento del proyecto que
hace relación directa al acuerdo de cooperación entre el gobierno Colombiano y la
OIM.
Si bien es
cierto compete a los servidores públicos velar por la protección y garantía de
los derechos de sus connacionales, deber que acatamos estrictamente en el
informe de ponencia, también lo es que en atención a las disposiciones y
fundamentos que orientan el derecho público internacional, las organizaciones
internacionales que como esta, mantienen una importante gestión en Colombia
para la protección de los ciudadanos colombianos, necesitan de aplicación de
normas que como la que se pretende aprobar, extienden privilegios e inmunidades
de origen jurídico internacional (Convención de Viena de 1961), a los miembros
de este organismo, a fin de poder hacer efectiva la ayuda que hasta el momento
se ha venido prestando a Colombia, y que hace que se salvaguarde l a
independencia en el ejercicio de sus actividades y exclusivamente en el interés
del organismo; privilegios estos que gozan de taxatividad en la norma
contentiva del acuerdo, numeral 7.6.
De otra
parte, resulta necesaria no solo la permanencia de dicha organización en el
país, por la importancia de sus actividades y programas, sino que a la postre
el Gobierno Nacional debe ampliar e intensificar esa cooperación, en el sentido
de darle efectividad y plena aplicación a diversos programas que están en curso
y que necesitan de una renovación de dicho acuerdo, por lo que resulta
pertinente hacer referencia a las cuatro esferas dentro de las cuales se
cumplen los objetivos de dicho organismo en Colombia, a saber:
La
Migración y el Desarrollo, la Migración facilitada, la reglamentación de la
Migración y la Migración Forzada, áreas en las cuales se desarrollan programas
y actividades, para la cooperación técnica y el fortalecimiento institucional,
se trabaja en los derechos de los migrantes en el marco del Derecho
Internacional, se realizan trabajos de investigación y se adelanta debate
político y orientación de carácter público, educativo y de salud, para la
integración y reintegración de la población.
En
síntesis, el acuerdo al que se refiere el proyecto de ley objeto de ponencia,
en cuanto al régimen de inmunidades y privilegios, pretende que el Gobierno
Nacional le dé plena aplicación al régimen que en la materia rige para los
miembros de la Organización de las Naciones Unidas y a sus organismos
especializados, tal y como refiere el acuerdo en el artículo VII, numerales 7.1
y siguientes, que se anexan a la presente.
En Colombia
y en el mundo esta organización ha cobrado gran importancia dada la inmensa
problemática de los migrantes, siendo abandonados por los estados,
discriminados, especialmente quienes se encuentran en estado de ilegalidad,
además porque no tienen posibilidades de mediar para ofertas de trabajo, siendo
esta situación el mejor fundamento de la necesidad de la existencia y viabilidad
jurídica para las organizaciones que como la OIM, orientan, apoyan y colaboran
con los migrantes, para el mejoramiento en calidad de vida, en los justos
términos de la seguridad humana, que implica un cúmulo de iniciativas, planes y
programas para el cumplimiento de los objetivos del nuevo milenio y el alcance
de logros que identifican la democracia, la paz y la justicia.
Se busca
además que la migración sea regulada, es decir ordenada y direccionada por el
mismo Gobierno por ello se reconoce el apoyo que brinda la Organización
Internacional para las Migraciones al gobierno colombiano, específicamente al
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se hace por
el Gobierno en la presentación del proyecto, toda una relación de los
beneficios prestados por la OIM.
Aspecto
medular es que dentro del Acuerdo se le concede a la Organización Internacional
para las Migraciones el régimen de privilegios e inmunidades que generalmente
está dado a favor de la Organización de las Naciones Unidas y de sus organismos
especializados. Los privilegios que se reconocen son prácticamente de carácter
diplomático, es el denominado Régimen de Privilegios e Inmunidades como
el que las Oficinas de la Misión de la OIM en Colombia son inviolables y las
autoridades colombianas sólo penetrarán en ellas con el consentimiento o
petición del Representante de la OIM y en las condiciones por él aprobadas. Los
bienes y haberes de la OIM gozarán asimismo de inmunidad respecto de
procedimientos judiciales y administrativos.
La relación
que se establece con el tema del Desplazamiento forzado por la violencia en
Colombia, es interesante por las acciones de cooperación encaminadas a
atenderlo, para la integración social y económica, fortalecimiento de la paz y
reinserción de poblaciones desarraigadas precisamente para evitar las
migraciones.
Realmente
como lo plantea el gobierno en el proyecto, se considera fundamental consolidar
los mecanismos que permitan que la OIM siga brindando asistencia y cooperación
técnica al gobierno colombiano.
Es pues
favorable la ponencia que se rinde, resaltando para la aprobación de este
proyecto la relación que de temas específicos en el área de las migraciones
hace el Gobierno, en los cuales la OIM ha brindado su cooperación, es decir que
su apoyo ya está demostrado.
La
integración de la OIM con las entidades territoriales firmando convenios con
Alcaldías y Gobernaciones es decisiva, al tratar en los lugares de origen las
migraciones, lo cual incluye las migraciones repentinas como producto de los
desplazamientos.
II. Análisis de constitucionalidad
El artículo
189 constitucional en su numeral 2 establece que corresponde al Presidente de la
República, ¿2, Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar los agentes
diplomáticos y consulares, recibir los agentes respectivos y celebrar con otros
Estados y entidades de Derecho Internacional tratados o convenios que se
someterán a la aprobación del Congreso.
Dicho
acuerdo fue celebrado por el Presidente de la República y el Director de la OIM,
en los justos términos de la normatividad referida, y teniendo en cuenta lo
establecido por el artículo 150 en su numeral 16, le Corresponde al Congreso de
la República aprobar o improbar los tratados que el Gobierno Nacional celebre
con otros estados o entidades de derecho internacional.
Trámite que
cuenta con el efectivo cumplimiento de parte del Senado de la República en el
curso del primer y segundo debate y ahora corresponde a esta Cámara, en
cumplimiento a la Ley 5ª de 1992 artículo 142, así como a la continuidad del
trámite establecido por el artículo 208 constitucional.
1. Proposición
En mérito
de lo expuesto, se propone a los miembros de la Comisión Segunda Constitucional
de la Cámara de Representantes dar, primer debate al Proyecto de ley número 313
de 2010 Cámara, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación y
Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para
las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia¿, en los términos en
que fue presentado el texto original, y aprobado en la Plenaria del Senado de la
República.
Atentamente;
Juan Carlos
Martínez Gutiérrez, Ponente Coordinador; Iván Cepeda C., Yahir Fernando
Acuña C., Iván Darío Sandoval P., Carlos A. Zuluaga Díaz, Bayardo G. Betancour
P., José Ignacio Mesa B., Augusto Posada Sánchez, Ponentes.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
Y
PROYECTO DE LEY
por medio de
la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e
Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el
Gobierno de la República de Colombia¿, hecho en Bogotá a los 5 días del
mes de mayo de dos mil nueve (2009).
República
de Colombia
El
Congreso de la República
Visto el
texto del ¿Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la
Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República
de Colombia¿, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve
(2009).
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D.
C., aprobado. Sométase a consideración del Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro
de Relaciones Exteriores,
Fdo.)
Jaime Bermúdez M.
DECRETA:
Artículo
1°. Apruébase el ¿Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e
Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el
Gobierno de la República de Colombia¿, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de
mayo de dos mil nueve (2009).
Artículo
2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª
de 1944, el ¿Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades
entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la
República de Colombia¿, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil
nueve (2009), que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del
mismo.
Artículo
3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en
Bogotá, D. C., a los¿
Presentado
al honorable Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores.
El Ministro
de Relaciones Exteriores,
Jaime
Bermúdez Merizalde.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
AL
PROYECTO DE LEY
por
medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios
e Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el
Gobierno de la República de Colombia¿, hecho en Bogotá a los 5 días del
mes de mayo de dos mil nueve (2009).
Honorables
Senadores y Representantes:
En nombre
del Gobierno Nacional, y en cumplimiento de los artículos 150 número 16, 189
número 2, y 224 de la Constitución Política, presento a consideración del
honorable Congreso de la República el proyecto de ley, por medio de la cual se
aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre
la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la
República de Colombia¿, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil
nueve (2009).
INTRODUCCIÓN
La
migración internacional colombiana es un fenómeno que ha ganado relevancia
gradual en diferentes ámbitos. Por esta razón, Colombia ha enfrentado el reto
de reforzar sus políticas públicas hacia la atención de la población que reside
en el exterior, puesto que este número creciente de colombianos estimado en
3.378.345 para el año 2005, aproximadamente el 7% de la población total1,
demanda atención y respuestas efectivas para su inclusión como parte de la
Nación.
Este reto
incluye el diseño y la coordinación de la ejecución de la Política Integral
Migratoria; la conformación y consolidación de redes sociales transnacionales;
el fortalecimiento de las asociaciones de colombianos en el exterior; la
adecuación de servicios a las necesidades de los colombianos en el exterior y
sus familias en Colombia; la caracterización de la migración internacional
colombiana; la promoción de la migración ordenada y regulada; y el diseño y la
implementación de una estrategia integral que facilite el retorno de migrantes
al país.
LA
OIM EN LA POLÍTICA MIGRATORIA
COLOMBIANA
En el Documento
Visión Colombia 2019. Capítulo 6, ¿Diseñar una Política Exterior acorde a
un mundo en transformación¿, se establece como prioridad ¿Reforzar los vínculos
con los colombianos en el exterior y favorecer sus aportes al desarrollo de la
Nación¿.
En el marco
anterior, es fundamental el apoyo que brinda la Organización Internacional para
las Migraciones, OIM, al gobierno colombiano en el fortalecimiento de la
capacidad de gestión en materia migratoria.
Los
siguientes son los temas específicos en el área de migración internacional en
los que la OIM ha brindado cooperación técnica al gobierno colombiano:
·
Fortalecimiento institucional: La OIM ha
brindado apoyo constante al gobierno colombiano, específicamente al Ministerio
de Relaciones Exteriores, para crear capacidad técnica y fortalecimiento
institucional en cuanto a la administración, legislación y gobernabilidad de la
agenda migratoria.
·
Planes de Desarrollo y política pública: La OIM
ha contribuido con asistencia técnica para incidir en el diseño y formulación
de la política pública migratoria mediante la capacitación de los funcionarios
responsables de la agenda migratoria nacional.
·
Planes Migratorios Regionales: La OIM, en
trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha incorporado la
agenda migratoria en los planes de desarrollo locales y regionales,
especialmente en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Antioquia (zonas con
principal emisión de migrantes) con el propósito de brindar alternativas a los
migrantes y sus familias en las zonas de origen.
·
Fortalecimiento de los vínculos con la población migrante:
El Ministerio de Relaciones Exteriores en alianza con OIM desarrolló el Portal
Redes Colombia, con el objetivo de establecer escenarios de comunicación e
interacción entre la población migrante y el país.
·
Migración Laboral Temporal y Circular - MLTC: La
OIM ha promovido en Colombia el modelo de Migración Laboral, Temporal, y Circular
MLTC, con el objetivo de incentivar la regularización de los flujos migratorios
y el incremento de los niveles de desarrollo humano de los migrantes
potenciando el impacto positivo de la migración en origen y destino. Sus
principales acciones han sido las siguientes:
a) La
OIM ha fomentado la inversión en Colombia del ahorro obtenido por los migrantes
laborales durante su permanencia en España, articulándolo con recursos de
entidades pú blicas y privadas de Colombia, y de la cooperación internacional,
en proyectos productivos, de vivienda y de educación;
b) El
modelo de MLTC hacia España inició en el año 2001 y ha estado dirigido a las
empresas Unión de Pagesos de Cataluña-UP, Fundación Agricultores Solidarios-
FAS. En el año 2007, en el marco del MLTC viajaron a España 1.400 trabajadores
temporeros y se estima que en el 2008 fueron entre 1.600 y 1.800 trabajadores;
c) La
OIM ha vinculado 40 gobernaciones y alcaldías al modelo de MLTC, con las cuales
ha gestionado recursos;
d) En
el marco del MLTC, durante el año 2008 la OIM firmó 17 convenios con alcaldías
y gobernaciones con el objetivo específico de:
- Promover
el desarrollo local y regional en origen, fortaleciendo la institucionalidad,
las organizaciones sociales de las comunidades, mejorando la calidad de vida de
los migrantes laborales, de sus hogares y sus comunidades.
- Promover
el acceso de los migrantes laborales a información, instrumentos de
financiación y ahorro y servicios para su participación activa en el desarrollo
familiar, local y regional en origen y destino.
- Capacitar
en temas laborales y migración a las personas seleccionadas para los proyectos
de migración laboral y ordenada.
·
Migración Laboral a Canadá: En el año 2007, por
iniciativa de la OIM y con el acompa ñamiento del Ministerio de Relaciones
Exteriores, se iniciaron dos nuevos proyectos de migración laboral con apoyo de
las compañías canadienses Maple Leaf Foods y Lakeside Packers, con el objetivo
de facilitar la migración ordenada de trabajadores colombianos a Canadá.
Durante los años 2007 y 2009, fueron seleccionados y contratados en el marco de
estos programas 623 trabajadores colombianos.
·
Mecanismos de seguimiento y orientación a la migración
laboral: La OIM ha participado con el Ministerio de Relaciones
Exteriores en diversos proyectos que tienen como objetivo brindar orientación e
información a los migrantes laborales, con el objetivo de facilitar los
procesos de migración ordenada y regulada.
Algunos de estos proyectos son:
- Centro
de Orientación de Migración Laboral Internacional -COMILA- Se pondrá en marcha
con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sena, y la
OIM.
- Proyecto
para la creación de la Comisión de Seguimiento para la Observancia a los
Acuerdos, Esquemas, Contratos de Trabajo y Procesos de Contratación en materia
de Migración Laboral Internacional. En esta Comisión participa el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el SENA, y la OIM en calidad de observador.
·
Investigaciones y vinculación de la academia a la agenda
migratoria: Con el apoyo de OIM el Ministerio de Relaciones
Exteriores ha realizado Cuatro Seminarios sobre Migración Internacional
colombiana y la Conformación de Comunidades Transnacionales, los cuales han
servido como mapa de ruta para el desarrollo de la agenda migratoria.
·
Caracterización y Estadística Migratoria: La
OIM, hace parte del Comité de Expertos Estadísticos que lidera el DANE y
participan entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el DAS, Banco
de la República y Ministerio de Comercio, entre otros. Este espacio es
fundamental para fortalecer la caracterización de la comunidad colombiana en el
exterior.
·
Retorno facilitado de la población migrante: La
OIM ha brindado asesoría y acompañamiento al Ministerio de Relaciones
Exteriores en la formulación de una estrategia integral para facilitar el retorno
de migrantes al país. Las principales iniciativas en las que ha participado la
OIM en esta materia son:
- Centro de
Referencia y Oportunidades apara los Retornados del Exterior “Bienvenido a Casa”.
- Proyecto
de fortalecimiento institucional para la implementación del Plan de Retorno
Positivo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
·
Migración Facilitada:
- La OIM
facilita el movimiento de migrantes en coordinación con los gobiernos de
destino y a través de acuerdos con diversas líneas aéreas para proveer su
transporte.
- La misión
en Colombia apoya a personas que van a estudiar al extranjero, además de
facilitar el traslado a migrantes y sus familias que viajan por motivos de
trabajo o reunificación familiar.
- La OIM,
en coordinación con los gobiernos de los países receptores, asiste el retorno
voluntario y la reintegración de colombianos que se encuentran en terceros
países.
- Las
acciones relacionadas con la migración laboral se llevan a cabo en estrecha
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Sena.
·
Apoyo a la participación de Colombia en los foros
multilaterales de integración y cooperación regional, en los cuales se traten
los asuntos migratorios: La OIM viene desarrollando programas en
Colombia respondiendo a las prioridades del país y del Gobierno, en el marco de
su mandato y su experiencia internacional, a través de actividades de
fortalecimiento de las instituciones colombianas, de cooperación técnica e
implementación de programas y proyectos en materia migratoria; de atención a
poblaciones sujetas a migraciones forzadas y en riesgo por la situación de
violencia y las consecuencias generadas por dicho fenómeno durante la emergencia
y post emergencia; de transferencia de recursos humanos calificados y de apoyo
al Gobierno Nacional en la elaboración de políticas y legislación migratoria, y
fortalecimiento de su capacidad de gestión en materia migratoria.
En materia
migratoria, es importante destacar que se impulsarán programas de cooperación
técnica, contemplando las siguientes líneas de acción:
§  Apoyar la
participación de Colombia en los foros multilaterales de integración y
cooperación regional, en los cuales se traten los asuntos migratorios.
§   Facilitar el
desarrollo de los recursos humanos colombianos calificados a través del
otorgamiento de facilidades de viaje a estudiantes, becarios y expertos del
país.
§  Promocionar y
apoyar políticas de migración laboral legal de acuerdo con los convenios
suscritos por Colombia.
§  Promover estudios
técnicos sobre migraciones internas e internacionales y/o proyectos encaminados
a solucionar problemas de movilidad de la población, así como apoyo para el
desarrollo de las zonas fronterizas.
§  Apoyar la
realización de estudios sobre el fenómeno del éxodo de personal nacional
calificado, con el objeto de determinar sus efectos en el desarrollo económico
y social de Colombia; y formular políticas que contrarresten este fenómeno.
§   Apoyar programas
de cooperación técnica horizontal, cooperación sur-sur, cooperación triangular
y de intercambio de personal calificado con otros países de la región, en
cooperación con los gobiernos interesados y promover intercambio de experiencias
exitosas.
§   Promover la
cooperación técnica en materia migratoria, especialmente en los campos de
legislación, política, administración e información teniendo en consideración
los actuales procesos de integración regional, subregional y fronterizos.
En cuanto a
la atención a poblaciones sujetas a migraciones forzadas y en riesgo por la
situación de violencia generada por grupos armados ilegales y las consecuencias
generadas por el fenómeno, durante la etapa de emergencia y posemergencia
apoyará y contribuirá en los siguientes objetivos:
-
Contribuir en las acciones de cooperación encaminadas a atender el asunto del
desplazamiento interno: atención y prevención, fortalecimiento institucional en
especial del Sistema Nacional de Información sobre Desplazamiento, SNAIPD,
teniendo en cuenta a las comunidades receptoras.
- Desarrollar
programas de fortalecimiento de las instituciones colombianas gubernamentales y
no gubernamentales que desarrollan actividades enmarcadas en los numerales a) y
b) del artículo III del Acuerdo, mediante cooperación técnica e implementación
de programas y proyectos.
- Desarrollar
programas de estabilización comunitaria, integración social y económica,
fortalecimiento de la paz y reinserción de poblaciones desarraigadas; en especial
de poblaciones desmovilizadas acogidas a los programas oficiales del Gobierno
colombiano.
- Formular
respuestas humanitarias oportunas a corrientes migratorias repentinas y ayudar
a migrantes desamparados, así como apoyar los esfuerzos de desarrollo fronterizo
cuando sea requerido.
La OIM ha
facilitado y contribuido a la participación del Ministerio de Relaciones
Exteriores en espacios de diálogo multilateral en materia migratoria, los
cuales han constituido un espacio de diálogo para sentar posiciones regionales
que posteriormente serán llevadas a Foros Multilaterales.
Por último,
como tema transversal con el fin de poder realizar los objetivos mencionados
anteriormente, el convenio contempla como objetivo adicional la transferencia
de recursos humanos calificados y de apoyo al Gobierno Nacional en la
elaboración de políticas y legislación migratoria y fortalecimiento de su
capacidad en gestión migratoria.
RÉGIMEN
DE PRIVILEGIOS
E
INMUNIDADES
Dentro del
Acuerdo se le concede a la Organización Internacional para las Migraciones el
régimen de privilegios e inmunidades que generalmente está dado a favor de la
Organización de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados
(artículo VI).
Lo anterior
concuerda con lo establecido en el Derecho Internacional Público sobre la
materia, en especial en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de
1961, en relación con la protección brindada a los locales, los funcionarios
internacionales de la Organización, así como de su correspondencia.
Dentro del
Acuerdo se especifica, en concordancia con la precitada Convención de Viena,
que por un lado es la Organización Internacional para las Migraciones la que
gozará de los privilegios e inmunidades descritos en el Acuerdo, y no sus
funcionarios a título personal. De otro lado, se establece taxativamente en el
numeral 7.6 del artículo VII que los privilegios son concedidos a los
funcionarios de la OIM con el fin de ¿salvaguardar su independencia en el
ejercicio de sus actividades y exclusivamente en el interés del organismo¿.
Dentro de
esta lógica, los privilegios e inmunidades concedidos son los siguientes:
·
Las oficinas de la Misión de la OIM en Colombia son
inviolables; así, las autoridades colombianas sólo penetrarán en ellas con el
consentimiento o a petición del Representante de la OIM y en las condiciones
por él aprobadas.
·
Esta misma inviolabilidad se hace extensiva a los bienes,
recintos, locales, archivos, dependencias, instalaciones y vehículos que posea la
OIM, así como su documentación.
·
Los bienes y haberes de la OIM gozarán asimismo de inmunidad
respecto de procedimientos judiciales y administrativos.
·
Del mismo modo, tales bienes y haberes, además de los
ingresos, rentas y otros recursos que sean destinados al cumplimiento de sus
objetivos, la adquisición de bienes y servicios y los contratos estarán exentos
de los impuestos y derechos de aduana contemplados en el numeral 6.6 del
artículo VI del Acuerdo.
·
La OIM podrá introducir al territorio colombiano o adquirir en
él, además de poseer o convertir a cualquier moneda y transferir al exterior
dinero, títulos o valores en oro o moneda extranjera, de conformidad con la
legislación colombiana en la materia, y en las mismas condiciones que se le
conceden a las agencias de las Naciones Unidas y otros organismos de igual
rango.
El personal
al cual se aplican los privilegios e inmunidades contemplados en el Acuerdo son
el Representante Perman ente y los funcionarios internacionales de la Oficina
de la OIM acreditados en Colombia, los cuales gozan de inmunidad de
jurisdicción respecto de los actos oficiales que ejecuten.
Del mismo
modo, según el numeral 7.2 del artículo VII del Acuerdo, los funcionarios
extranjeros de categoría internacional de la OIM cuentan con los siguientes
privilegios e inmunidades:
- Inmunidad
administrativa y judicial respecto a los actos ejecutados en el desempeño de
sus funciones.
-
Inmunidad, junto con su cónyuge e hijos, de restricciones de inmigración y
registros de extranjeros, así como facilidades de repatriación en épocas de
crisis internacional.
- Exención
de impuestos sobre sus rentas de trabajo pagados por la OIM, y exención de la
prestación del servicio militar.
- Importación
de muebles y efectos personales libre de derechos, franquicias iguales que
aquellas que gozan los funcionarios de Misiones Diplomáticas de categoría
equivalente.
- Venta en
el país de los vehículos que importen para su uso, en los términos y condiciones
que se convengan con el Gobierno colombiano, y hasta el monto de los cupos
autorizados por instalación o año de permanencia.
Asimismo,
el Acuerdo establece que el personal que sea contratado de conformidad con los
Estatutos y Reglamentos de Personal de la OIM, gozará de parte del Gobierno del
mismo trato concedido a los miembros del personal de las Agencias de las
Naciones Unidas de rango similar; y el cónyuge y los hijos menores de edad del
Representante Permanente de la OIM y del Representante Permanente Adjunto,
gozarán de los privilegios e inmunidades e n las condiciones establecidas en la
Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946.
Finalmente,
el Acuerdo dispone en su artículo VIII la facultad de renunciar a los
privilegios concedidos a la Organización o a sus funcionarios, en cabeza
exclusivamente del Director General de la OIM y de manera expresa siempre.
Por las
acciones expuestas anteriormente, se considera fundamental consolidar los
mecanismos que permitan que la OIM siga brindando asistencia y cooperación
técnica al gobierno colombiano, propendiendo por una migración internacional
ordenada, en beneficio de los migrantes y de la sociedad.
Por las
anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de
Relaciones Exteriores, solicita al honorable Congreso de la República, aprobar
el ¿Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la
Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República
de Colombia¿, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve
(2009).
De los honorables Senadores y Representantes,
Jaime
Bermúdez Merizalde,
Ministro
de Relaciones Exteriores”
Al respecto,
considera la Corte que en este caso, y en virtud del principio de
instrumentalidad de las formas, la indicada omisión no afectó el principio de
publicidad que rige el procedimiento legislativo, ni comprometió la
conformación de la voluntad del legislador, en la medida que el conocimiento
previo del proyecto a debatir que debía garantizarse a los congresistas, se
hizo efectivo a través de la publicación del informe de ponencia (Gaceta No.
679 de 2010), en la cual se incluyó el texto del proyecto de ley aprobatoria
del Acuerdo bajo examen, al que no se le había introducido ninguna modificación
por parte del ponente.
En
conclusión, durante el trámite legislativo del proyecto de ley no hay duda
sobre la voluntad del legislativo de aprobar el instrumento internacional
objeto de estudio[50] de conformidad con el
cumplimiento de todos los requisitos previstos para tal fin (Ver supra 2.2.4).
2.3.
Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional.
El 23 de
febrero de 2011, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del
instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1441 de
2011. Esta Ley fue remitida para su estudio a la Corte Constitucional el 24 de
febrero de 2011, a través de oficio suscrito por la Secretaria Jurídica de la
Presidencia[51], y recibida en esta
corporación el 25 de febrero de 2011. Esto es, dentro del término de seis días
dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
Una vez
descrito el procedimiento que surtió el Proyecto de Ley, la Corte concluye que
la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal, pues resultan
acreditados los requisitos propios del trámite de las leyes ordinarias. Así,
superada esta primera etapa del estudio de constitucionalidad, la Corte
procederá a realizar el análisis de fondo del instrumento internacional.
3.
Análisis sustancial de constitucionalidad de la Ley 1441 de 2011.
Mediante la
Ley 1441 de 2011 se aprueba el “Acuerdo de Cooperación y Régimen de
Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para las
Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5
días del mes de mayo de dos mil nueve (2009). En términos generales, la finalidad de este instrumento internacional es regular, en
el contexto de cooperación que adelanta la OIM, las condiciones de su presencia
en nuestro país, a partir del establecimiento del régimen de inmunidades y
privilegios reconocidos a los miembros de la Organización de las Naciones
Unidas, así como a los organismos especializados que hacen parte de esa
organización.
3.1.
Composición y estructura normativa del “Acuerdo de Cooperación
y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para
las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en Bogotá a
los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve (2009”.
3.1.1. El
texto del instrumento internacional objeto de examen está compuesto por un
preámbulo y dieciséis (16) artículos, cuyas disposiciones normativas están
distribuidas de la siguiente manera:
El preámbulo
describe los antecedentes de las relaciones del Estado colombiano con la OIM,
antes Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas –CIME-. Asimismo,
reconoce la voluntad de intensificar y ampliar la cooperación entre las partes,
en especial, promoviendo el flujo ordenado de movimientos migratorios en
condiciones de dignidad y respeto por los Derechos Humanos. Por último,
destaca que es necesario actualizar los acuerdos en materia de privilegios e
inmunidades.
El artículo
I contiene una serie de definiciones de los términos utilizados en la
Acuerdo objeto de estudio.
El artículo
II reconoce la personería jurídica de la OIM para contratar, adquirir,
enajenar bienes y celebrar contratos relacionados con sus funciones. También la
habilita para acceder a la administración de justicia, así como para realizar
procedimientos administrativos.
El artículo
III define los objetivos del acuerdo, entre los cuales se destacan los
siguientes: prestar asesoría y colaboración en materia de política,
legislación, reglamentación y administración sobre migraciones; apoyar y
asesorar al Gobierno para la formular políticas relacionadas con las remesas de
los trabajadores migrantes colombianos en el exterior; contribuir con acciones
de cooperación encaminadas a atender el desplazamiento interno; desarrollar
programas de fortalecimiento de las instituciones colombianas gubernamentales y
no gubernamentales que lleven a cabo tales actividades; impulsar programas de
cooperación técnica en materia migratoria para, entre otros,  promover el
retorno voluntario de colombianos en el exterior, facilitar la movilización de
las familias migrantes; promocionar políticas de migración laboral, promover
estudios técnicos sobre migraciones, apoyar los estudios sobre fenómenos de
éxodo de personal nacional calificado: desarrollar programas de estabilización
comunitaria, integración social y económica, fortalecimiento de la paz y
reinserción de poblaciones desarraigadas; establecer programas de promoción de
los derechos humanos de los migrantes y en particular de prevención y
fortalecimiento institucional para la lucha contra la Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes; formular medidas para controlar el problema tanto
en materia de detención de redes de tratantes como la atención y asistencia a
las víctimas; adoptar respuestas humanitarias oportunas a corrientes
migratorias repentinas; ayudar a los migrantes desamparados.
El artículo
IV señala los compromisos de la OIM, dentro de los que se resaltan:
mantener estrecho contacto con las oficinas estatales; establecer una oficina
en el país para facilitar la ejecución de programas de cooperación; prestar
asesoría y colaboración cuando se le solicite en materia de política,
legislación, reglamentación y administración relativas a la migración y a los
recursos humanos; difundir información sobre aspectos socioeconómicos, labores,
culturales e institucionales en el marco de los objetivos del acuerdo; brindar,
de conformidad con las necesidades del país, el apoyo mediante la
disponibilidad del recurso humano calificado; estudiar las medidas para
facilitar la integración de los inmigrantes; apoyar a través de asistencia
técnica e implementación de proyectos las políticas de Estado relacionadas con
desplazamiento interno, niños desvinculados de grupos armados ilegales,
reinserción de poblaciones desarraigadas, trata de personas y tráfico ilícito
de migrantes, entre otros; observar y respetar las leyes vigentes, usos y
costumbres; adquirir una póliza de seguros sobre responsabilidad civil por los
daños causados a terceros por cualquier vehículo del organismo y garantizar que
los funcionarios que gocen de inmunidad constituyan una póliza de
responsabilidad civil por daños causados a terceros en un vehículo de su
propiedad; acreditar a los funcionarios que prestan los servicios en nombre de la
OIM.
El artículo
V establece los compromisos del Estado colombiano, entre las cuales se
encuentran: mantener estrecho contacto con la OIM a fin de asegurar el
constante y firme respaldo a los programas y actividades convenidas entre las
partes; brindar las facilidades y asistencias adecuadas para el normal
desempeño de sus actividades; brindar seguridad y protección a las oficinas y a
los funcionarios de la OIM; facilitar la cooperación entre las partes a efectos
de cumplir con los objetivos del acuerdo; atender las solicitudes de visado de
los funcionarios de la OIM que ingresen al país, facilitar el trámite de
tarifas aéreas reducidas; estudiar conjuntamente las medidas para la
integración de los inmigrante y sus familias al país; adoptar las medidas
administrativas para hacer efectiva la exención o devolución de impuestos, así
como la importación de los suministros, el equipo y el material de otra índole
necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el acuerdo;
reconocer a la OIM la libre disposición de derechos de propiedad intelectual y
de sus derechos conexos.
En el artículo
VI dispone que la OIM gozará de todos los privilegios e inmunidades que el
Gobierno ha otorgado a la Organización de las Naciones Unidas y a sus
organismos especializados. En tal sentido, el artículo también se ocupa de reconocer
la inviolabilidad de las oficinas de la OIM; la inmunidad respecto de sus
bienes y haberes frente a procedimientos de orden judicial y administrativo; la
utilización de códigos y claves en su correspondencia y comunicaciones; la
exención de impuestos nacionales, derechos de aduanas y gravámenes respecto de
sus bienes, ingresos, rentas y otros recursos destinados al cumplimiento de sus
objetivos.
El artículo
VII hace referencia a los privilegios e inmunidades en favor del personal
de la OIM, en particular, establece: “El Representante Permanente y los
funcionarios internacionales de la oficina de la OIM acreditados en Colombia,
según convengan la OIM y el Gobierno, tendrán los mismos privilegios e
inmunidades que el Gobierno conceda a funcionarios de otros Organismos
Internacionales acreditados en Colombia, quienes gozan de inmunidad de
jurisdicción respecto de todos los actos ejecutados por ellos con carácter
oficial. A tal efecto, el nombre del Representante Permanente de la OIM y del
Representante Permanente Adjunto serán incluidos en la lista de funcionarios de
Organismos Internacionales”. Igualmente, el artículo prevé que los
funcionarios extranjeros de categoría internacional, acreditados ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, se dediquen exclusivamente a las tareas de
la OIM y sean remunerados integralmente por esa organización estarán, entre otros:
inmunes contra todo proceso administrativo o judicial respecto a los actos que
ejecuten y de las expresiones que emitan a través de cualquier medio en el
desempeño de sus funciones; exentos de impuestos sobre sus rentas y de la
prestación del servicio militar; inmunes tanto ellos, como sus cónyuges e hijos
menores de edad , de toda restricción de inmigración y registros de
extranjeros; sujetos a facilidades para el movimiento internacional de fondos y
la importación de sus bienes. Además, señala que estos funcionarios gozarán del
mismo tratamiento que el Gobierno concede a miembros del personal de rango
similar de las Agencias de las Naciones Unidas.
En similar
sentido, el artículo refiere que el Gobierno reconoce al cónyuge e hijos
menores de edad del Representante Permanente de la OIM y del Representante
adjunto, debidamente acreditados, las mismas inmunidades y privilegios
reconocidos a las familias de los funcionarios de otras Agencias de las
Naciones Unidades. Del mismo modo, determina que el personal contratado  por la
OIM reciba un trato análogo al concedido por el Gobierno a los miembros del
personal de rango similar que trabajan con las Agencias de Naciones Unidas.
Asimismo,
excluye de los privilegios e inmunidades a: “El personal contratado
localmente y remunerado por horas, y las personas contratadas por contrato de
prestación de servicios, o de consultoría, no se beneficiarán de los
privilegios e inmunidades del presente Acuerdo y se regirán por las leyes
colombianas.”
Y advierte
que: “Los privilegios e inmunidades son concedidos a los funcionarios de la
OIM para salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus actividades y
exclusivamente en el interés del Organismo”
En este
artículo se indica que la OIM colaborará de manera permanente con las
autoridades para facilitar la acción de la justicia, el cumplimiento de las
normas jurídicas de tránsito e impedir cualquier abuso en materia de
privilegios e inmunidades de su personal.
El artículo
VIII contempla la posibilidad de que el Director General de la OIM pueda
renunciar de manera expresa a sus inmunidades y privilegios reconocidos a él o
a sus funcionarios.
El artículo
IX define las facilidades de viaje reconocidas a las personas que deban
ejecutar actividades relacionadas con asuntos oficiales de la OIM, entre ellas:
el ingreso, residencia, permanencia en el país y salida del territorio.
El artículo
X se ocupa de la representación de la OIM designada por el su Director
General, con funciones de representación del organismo, coordinación de
actividades y operaciones de cooperación técnica y científica de la OIM, así
como el cumplimiento de las demás funciones y tareas conducentes al mejor
cumplimiento de los fines y propósitos de la OIM y del país...
El artículo
XI determina la las condiciones para la entrada en vigor del acuerdo y su
duración, siempre que se cumplan con los requisitos internos, y brinda la
posibilidad de realizar consultas en caso de haber obstáculos para el
desarrollo del Acuerdo.
El artículo
XII fija los compromisos conjuntos de las Partes para facilitar la
ejecución de los programas y permite la solicitud de común acuerdo a otros
Estados u organismos internacionales tanto para la financiación como para la
ejecución de programas y proyectos que surjan de las actividades de cooperación
realizadas en virtud del Acuerdo.
El artículo
XIII permite a las Partes denunciar el acuerdo, sin perjuicio de que los
programas y proyectos iniciados o en curso prosigan su ejecución hasta que
concluyan.
El artículo
XIV consagra mecanismos de solución de las controversias que surjan sobre
la interpretación y aplicación del Acuerdo. Estos mecanismos son la negociación
directa y, en su defecto, los medios de solución pacífica de controversias
reconocidos en el Derecho Internacional.
El artículo
XV relaciona como instancia responsable para el cumplimiento del Acuerdo,
por parte del Estado colombiano al Ministerio de Relaciones Exteriores y por
parte de la OIM a su representante permanente en Colombia.
El artículo
XVI establece en el inciso primero la obligación del Ministerio de
Relaciones Exteriores de otorgar un documento de identificación a los
funcionarios de la OIM. En cuanto al inciso segundo, se trata de un párrafo
inconexo que enuncia: “Será resuelta por las Partes de conformidad con las
resoluciones o decisiones pertinentes de los órganos competentes de la OIM y
las normas constitucionales y legales del país. Cada Parte examinará con toda
atención y ánimo favorable cualquier propuesta formulada por la otra Parte en
virtud del presente artículo.”.
En suma, el
Acuerdo objeto de control pretende renovar las condiciones de cooperación
internacional entre Colombia y la Organización Internacional para las
Migraciones. En ese contexto, el instrumento internacional hace referencia a
que la presencia de la OIM en nuestro país conlleva el reconocimiento de
ciertos privilegios e inmunidades al organismo y a su personal, en general,
asimiladas a las concedidas a los organismos especializados y al personal de la
Organización de las Naciones Unidas.
En
consecuencia, la Sala se pronunciará respecto de la constitucionalidad de la
cooperación internacional con la OIM, así como sobre la concesión de
privilegios e inmunidades a este organismo internacional y al personal a su
servicio.
3.1.2. En
cuanto a la relación de la Organización Internacional para las Migraciones con
el Estado colombiano, como bien lo reseña el preámbulo del Acuerdo, esta se
remonta a la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley 13 de
1961, por medio de la cual se aprueba la “CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ
INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES EUROPEAS", ADOPTADA EN GINEBRA EL
19 DE OCTUBRE DE 1953.
Posteriormente,
el veinte (20) de diciembre de 1958, el Gobierno colombiano y el Director del
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas -CIME-, suscribieron un
Acuerdo reglamentario sobre sus relaciones, derechos y obligaciones, el cual
entró en vigencia el primero (1°) de enero de 1959.
Luego, el 14
de mayo de 1981, el Gobierno colombiano y el Director del CIME suscribieron el
Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Comité Intergubernamental para las
Migraciones Europeas. Seguidamente, el Congreso de la República de Colombia
aprobó, mediante la Ley 50 de 1988, las Enmiendas a la Constitución del CIME,
aceptando la Constitución de la OIM.
Así, el
Acuerdo objeto de revisión constituye una actualización de los términos en que
se desarrolla la relación de cooperación internacional de la OIM con el Estado
de Colombia. Por ello, en el mismo están consignados no solo los compromisos
asumidos por las partes sino los privilegios e inmunidades reconocidos al
organismo y a su personal.
En relación
con la presencia de la OIM en Colombia, es preciso hacer alusión a la sentencia
a la sentencia C-288 de 2009, en la que Corte declaró la constitucionalidad del
Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador. Esto, porque en dicha
providencia después de realizar un análisis de la importancia global del
fenómeno de la migración, los instrumentos internacionales en materia
migratoria, el papel de la OIM, la Sala Plena puntualizó respecto a las: “las
necesidades de la población migrante colombiana, la  OIM se estableció en
Colombia desde 1956, cuya misión busca “responder a los desafíos que plantea la
gestión de la migración, fomentando una mayor comprensión de las cuestiones
migratorias, alentando el desarrollo social y económico a través de la
migración, y velando por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los
migrantes”[52]. De ahí que ha
venido implementando diversos programas denominadas áreas de acción de la OIM,
como son: i) migrantes que salen al exterior o retornan y necesitan asistencia
para su reintegración, ii) poblaciones víctimas de desplazamiento forzado
interior, iii) víctimas y potenciales víctimas de la trata de personas, iv)
menores desvinculados de los grupos armados ilegales, y v) programas de
fortalecimiento de la paz[53].”[54]
Con similar
énfasis, sobre las actividades adelantadas por la OIM en Colombia, las
distintas ponencias, durante el trámite legislativo, evidenciaron lo siguiente:
·
En primer debate: “Estas cuatro esferas de la OIM-se
refiere a la 1. Migración y Desarrollo; 2. Migración Facilitada; 3.
Reglamentación de la Migración; y 4. Migración Forzada-, contemplan 8 áreas
de trabajo que contienen una variedad de temas: Programas para el
fortalecimiento institucional, proyectos que benefician a la población migrante
laboral, retornados, población en búsqueda de protección internacional,
personas en situación de desplazamiento, niños y niñas y jóvenes desvinculados
de grupos armados ilegales, desmovilizados víctimas de los grupos armados ilegales
y víctimas de la trata de personas.”[55]
·
En segundo debate: “Las dinámicas del quehacer de la OIM en
Colombia y sus proyectos han cambiado en los últimos 20 años y este nuevo
acuerdo responde a estas nuevas dinámicas, lo que le da un campo de acción más
amplio a la OIM. Estas nuevas dinámicas tienen que ver entre otras, con la
situación de desplazamiento en el país, los programas de reinserción económica
al personal desmovilizado, asistencia para la reincorporación social y
económica de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los GAI, la
asistencia técnica en materia de reparación a víctimas y otros proyectos
relacionados con la Ley de Justicia y Paz en los cuales la OIM ha venido
cooperando muy activamente con el amplio espectro de organizaciones del Estado
colombiano, Organizaciones internacionales, fundaciones y organizaciones no
gubernamentales tanto internacionales como locales.
La
OIM, a lo largo de medio siglo ha pasado de ser un organismo de logística a una
Organización que se ocupa de todo lo referente a la migración y otros temas
antes mencionados.”[56]
·
En tercer debate: “De otra parte, resulta necesaria no solo la
permanencia de dicha organización en el país, por la importancia de sus
actividades y programas, sino que a la postre el Gobierno Nacional debe ampliar
e intensificar esa cooperación, en el sentido de darle efectividad y plena
aplicación a diversos programas que están en curso y que necesitan de una
renovación de dicho acuerdo, por lo que resulta pertinente hacer referencia a
las cuatro esferas dentro de las cuales se cumplen los objetivos de dicho
organismo en Colombia, a saber:
La
Migración y el Desarrollo, la Migración facilitada, la reglamentación de la
Migración y la Migración Forzada, áreas en las cuales se desarrollan programas
y actividades, para la cooperación técnica y el fortalecimiento institucional,
se trabaja en los derechos de los migrantes en el marco del Derecho
Internacional, se realizan trabajos de investigación y se adelanta debate
político y orientación de carácter público, educativo y de salud, para la
integración y reintegración de la población.”[57].
·
En cuarto debate: “Ha de tenerse en cuenta que en Colombia y
en el mundo esta organización ha cobrado gran importancia dada la inmensa
problemática de los migrantes, siendo abandonados por los estados,
discriminados, especialmente quienes se encuentran en estado de ilegalidad,
además porque no tienen posibilidades de mediar para ofertas de trabajo, siendo
esta situación el mejor fundamento de la necesidad de la existencia y
viabilidad jurídica para las organizaciones que como la OIM, orientan, apoyan y
colaboran con los migrantes, para el mejoramiento en calidad de vida, en los
justos términos de la seguridad humana, que implica un cúmulo de iniciativas,
planes y programas para el cumplimiento de los objetivos del nuevo milenio y el
alcance de logros que identifican la democracia, la paz y la justicia.
Otro
de los más importantes objetivos de la iniciativa que hace tránsito en esta
Corporación, es el de regular la migración, es decir que esté ordenada y
direccionada por el mismo Gobierno, y por ello se reconoce el apoyo que brinda la
Organización Internacional para las Migraciones al Gobierno colombiano,
específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, tal y como se dejó
claro en la Comisión Segunda de esta corporación durante la discusión y
aprobación del proyecto objeto de ponencia.
(…)
La relación que se establece con el tema del desplazamiento forzado
por la violencia en Colombia, es interesante por las acciones de cooperación
encaminadas a atenderlo, para la integración social y económica,
fortalecimiento de la paz y reinserción de poblaciones desarraigadas
precisamente para evitar las migraciones.
Realmente
como lo plantea el Gobierno en el proyecto, se considera fundamental consolidar
los mecanismos que permitan que la OIM siga brindando asistencia y cooperación
técnica al Gobierno colombiano.”[58]
En
conclusión, desde la perspectiva constitucional un Acuerdo como el suscrito en
esta oportunidad, se enmarca dentro de las potestades del ejecutivo de dirigir
las relaciones internacionales y celebrar con un organismo internacional
tratados o convenios (Art. 189 numeral 2 y 226 de la C.P). Igualmente, responde
al mandato del artículo 9º de la Carta Política en tanto las relaciones exteriores de Estado se fundamentan
en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y
en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia. Lo anterior, en tanto para el Gobierno continuar con la asesoría
especializada de la OIM, mediante la presencia de ese organismo en nuestro
territorio, hace parte del fortalecimiento de la cooperación internacional en
las áreas migratorias descritas.
3.1.3.  En
cuanto al segundo eje del Acuerdo objeto de control pretende reconocer al
personal de la OIM en Colombia una serie de privilegios e inmunidades, en
general, aquellos contemplados en la Convención de Viena de 1961 y que se
conceden a los miembros de la Organización de las Naciones Unidas[59].
3.1.3.1. Esta Corporación se ha
pronunciado en varias oportunidades sobre el principio de inmunidad de
jurisdicción de los Estados y los organismos internacionales[60].
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el principio de inmunidad se
deriva de una regla de derecho internacional público, reconocido por la
costumbre y varios instrumentos internacionales, en virtud del cual “los agentes y
bienes de Estados extranjeros deben ser inmunes frente a la actuación
coercitiva de las autoridades públicas de los Estados huéspedes.[61]”
3.1.3.2. En este sentido, la Corte ha
sostenido que el principio de inmunidad de jurisdicción debe ser entendido en
concordancia con tres elementos: (i) el artículo 9 de la Constitución Política
según el cual, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el
reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por
Colombia; (ii) la soberanía,
independencia e igualdad de los Estados; y (iii) en el caso de los organismos y
agencias internacionales, la necesidad de que los mismos gocen de independencia
para el cumplimiento de su mandato. Así, en criterio de la jurisprudencia, los
privilegios e inmunidades de los Estados y las agencias internacionales
huéspedes en Colombia, “queda[n] supeditad[os]
a que, efectivamente, propendan por la defensa de la independencia, igualdad y
soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate.[62]”
3.1.3.3. Ahora bien, de
conformidad con el último elemento anotado, esta Corporación ha sostenido que a
la luz de la Constitución, en el territorio colombiano ningún Estado u
organismo internacional gozan de inmunidad absoluta[63].
Esto es así, porque las atribuciones que le competen al Estado colombiano en
términos de soberanía e independencia, implican que tiene capacidad jurídica
para “asegurar
la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción.[64]” De
esta manera, el principio de inmunidad de jurisdicción debe ser concebido como
un instrumento para garantizar la autonomía de los agentes internacionales en
el ejercicio de sus funciones, “pero sin que ello implique una renuncia no justificada
del deber del Estado de garantizar los derechos y deberes de los habitantes del
territorio.[65]”
Así, ha entendido la Corte, las intervenciones de las
autoridades colombianas que persigan la defensa de los derechos de los
habitantes del territorio nacional, siempre y cuando no obstaculicen el
desempeño eficaz de las funciones de los organismos de derecho internacional
huéspedes en Colombia, “no sólo son legítimas sino necesarias para
garantizar el orden constitucional y en particular el respeto a la recíproca
independencia.[66]”
3.1.3.4. Con base en la subregla
anterior, esta Corporación ha definido en sede de tutela y en materia de
control de constitucionalidad, las siguientes limitaciones a la inmunidad de
los agentes de Estados extranjeros y organismos de derecho internacional que se
encuentren en el territorio nacional:
1. La jurisdicción laboral
En la sentencia T-932 de 2010, la
Corte analizó el caso de una ciudadana a favor de quien la Misión Diplomática
de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, dejó de
realizar los aportes al Sistema de Pensiones. Para resolver el caso concreto,
en las consideraciones generales del fallo, la Sala Novena de Revisión llegó a
tres conclusiones principales: (i) de manera progresiva, el derecho
internacional ha reconocido que los Estados y los organismos
internacionales tienen inmunidad restringida en materia laboral, es decir, ha
aceptado que las misiones diplomáticas y los organismos supranacionales pueden ser llamados a juicio por
tribunales locales “cuando se encuentran comprometidos derechos laborales y
prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio
nacional (…).[67]”;
(ii) cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con
un nacional colombiano, debe someterse irrestrictamente a las normas laborales
internas, razón por la que “un Estado acreditante no puede alegar inmunidad por reclamos
derivados del contrato de trabajo o de la ejecución de relaciones laborales.”; y (iii) la celebración de contratos de trabajo con nacionales
colombianos obliga a las misiones diplomáticas y a los organismos
supranacionales a asumir el riesgo de vejez[68], “mediante
la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales o incluso a otras
entidades de previsión social que cubrieran tal riesgo.”
En consonancia con las conclusiones
anotadas, al constatar que la accionante podía acudir ante los jueces laborales
para obtener el amparo de sus pretensiones, y ante la necesidad de adoptar medidas urgentes e
impostergables para garantizar la protección de sus derechos fundamentales
al mínimo vital y la seguridad social, la Corte concedió la tutela interpuesta
como mecanismo transitorio y ordenó al Jefe de la Misión Diplomática de la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia pagar a la
accionante “la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente
conforme a las normas colombianas, a título de pensión provisional de vejez y
hasta tanto la justicia ordinaria laboral resuelva de fondo la controversia en
materia de derechos laborales que planteará la actora.”
Así, se puede concluir que la acción de tutela sí es
procedente para obtener la protección de los derechos fundamentales al mínimo
vital, al trabajo y a la seguridad social de quien ha prestado sus servicios a
una misión diplomática o a un organismo internacional, cuando el empleador ha
omitido dar cumplimiento al deber de realizar los aportes correspondientes al
Sistema de Pensiones.
2. Las jurisdicciones civil y administrativa
Mediante la sentencia C-315 de 2004, la Sala Plena de esta
Corte declaró la constitucionalidad de “La Convención sobre las Misiones
Especiales” de las Naciones Unidas -abierta a la firma en Nueva York el 16 de
diciembre 1969-, así como de la Ley aprobatoria 824 de 2003.
De acuerdo con el artículo 31 de dicha Convención, los
representantes de un Estado y los miembros del personal diplomático gozan de
inmunidad civil y administrativa, salvo en estos casos: “a) una acción real
sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado
receptor, a menos que la persona de que se trate los posea por cuenta del
Estado que envía para los fines de la misión; || b) una acción sucesoria en la
que la persona de que se trate figure, a título privado y no en nombre del
Estado que envía, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o
legatario; || c) una acción referente a cualquier actividad profesional o
comercial ejercida por la persona de que se trate en el Estado receptor, fuera
de sus funciones oficiales; [y] || d) una acción por daños resultante de
un accidente ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las funciones
oficiales de la persona de que se trate.”
Con fundamento en las disposiciones anteriores, en la citada
sentencia, luego de reiterar que el principio de inmunidad de jurisdicción
restringida no contradice la Constitución pues no vulnera por sí mismo el
principio de igualdad, la Corte afirmó que los artículos que abordan el tema
contenidos en la Convención deben ser entendidos de conformidad con (i) la
jurisprudencia del Consejo de Estado en lo concerniente a la jurisdicción
administrativa, y (ii) los demás artículos de la misma Convención que se
refieren a las obligaciones generales que deben satisfacer los integrantes de
una misión diplomática. A continuación se resumen las consideraciones que
expuso la Corte en esa oportunidad, en relación con la inmunidad de
jurisdicción restringida en materia civil y administrativa:
(1) El principio de inmunidad de
jurisdicción no implica que la víctima de un daño antijurídico causado por una
misión diplomática no pueda obtener la indemnización respectiva. En efecto, de
acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado en la materia,
si “por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona,
atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de
otro que resulta damnificado y sin la posibilidad  de demandar con
fundamento en el hecho dañino ante su juez natural,  es claro que hay un
desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está
habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar
complejo (…).[69]”
De este modo, el rompimiento del equilibrio de las
cargas públicas ocasionado por la actividad legítima del Presidente de la
República y el Congreso, que genera un daño antijurídico, impone al Estado el
deber de reparar a los afectados[70].
(2) Los
locales, archivos, documentos y la correspondencia oficial de la misión
diplomática son inviolables[71].
(3) La inmunidad de jurisdicción de los
representantes del Estado que envía la misión especial y de los miembros de su
personal diplomático “no los eximirá de la jurisdicción del Estado que
envía.[72]”
(4) los representantes del Estado que
envía la misión especial y de los miembros de su personal diplomático gozan de
inmunidad en el Estado receptor, únicamente por los actos realizados en el
desempeño de sus funciones oficiales[73].
3. La jurisdicción penal
La citada Convención sobre las Misiones Especiales de las Naciones Unidas, incorporada al
ordenamiento jurídico interno por la Ley 824 de 2003, también señala en su
artículo 31 que los representantes de un Estado y los miembros del personal
diplomático gozan de inmunidad penal en el Estado receptor. Frente a esta
disposición, en la sentencia C-315 de 2004, la Corte no hizo ningún reparo.
Sin embargo, es preciso aclarar que en la sentencia C-863 de
2004, al estudiar la constitucionalidad de la Ley 877 de 2 de enero de 2004,
“Por medio de la cual se aprueba ‘la Convención sobre la Seguridad Personal de
las Naciones Unidas y el personal asociado’, suscrita en Nueva York el 9 de
diciembre de 1994, la Corte afirmó que en concordancia con lo dispuesto en
dicha convención, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado
tienen la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor.
En este sentido, aunque la Corporación consideró constitucional el artículo de la
Convención según el cual, el personal militar o de policía asociado a las
Naciones Unidas no puede ser detenido ni interrogado cuando haya sido capturado
en el curso del desempeño de sus funciones y se haya establecido su
identidad, pues “debe ser devuelto a las Naciones Unidas o a las
autoridades pertinentes, y en todo caso tratado de conformidad con las normas
de derechos humanos universalmente reconocidas y con los principios y el
espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949.”, también fue enfática en sostener que los privilegios de los que goza el personal de Naciones Unidas[74],
“no implican la impunidad frente a
posibles delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio
colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las
normas internacionales[75],
los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por
los delitos cometidos por agentes amparados por ellas. En el caso de
delitos cometidos por personal que goza de privilegios o inmunidades, los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser
garantizados, por lo que cabe la indemnización de los perjuicios ocasionados a
las víctimas, incluso a cargo del Estado colombiano cuando se reúnan los
requisitos para ello.” (Negrilla
fuera del texto original).
3.1.3.5. En suma, la jurisprudencia constitucional estima que
el principio de inmunidad de jurisdicción restringida no es contrario a la
Carta. En este sentido, dicho principio solo se
justifica en la necesidad de garantizar que las misiones diplomáticas y
los organismos de derecho internacional cumplan sus funciones con
independencia, y en el respeto por la soberanía,
independencia e igualdad de los Estados. Es por
ello que dicho principio no es contrario a la intervención de las
autoridades colombianas, cuando éstas persigan la protección de los derechos de
los habitantes del territorio nacional.
Por consiguiente, el reconocimiento de privilegios e
inmunidades en los términos planteados es compatible con las normas
constitucionales.
3.1.4.
Finalmente, la Corte recuerda que las exenciones tributarias reconocidas por un
instrumento internacional no contravienen el artículo 294 de la Carta Política,
el cual prohíbe conceder este clase de privilegios respecto de los tributos que
son propiedad de las entidades territoriales, pues es deber de la Nación
definir mecanismos para compensar la eventual afectación de los ingresos de
aquellas. Sobre el alcance de esta disposición constitucional la Corte
determinó:
“La prohibición
establecida por el artículo 294 de la Carta es una garantía de la autonomía
territorial frente a posibles intervenciones de la Nación, que pudieran privar
a las entidades territoriales de sus ingresos, en la medida en que la ley, que
es una regulación nacional, puede unilateralmente conceder exenciones a los
tributos de esas entidades y de esa manera reducir sus recursos propios. Ahora
bien, un tratado es aprobado e incorporado al ordenamiento interno en virtud de
una ley, y por ello parece razonable, a primera vista, concluir que esa
prohibición constitucional limita también las exenciones concedidas en virtud
de tratados. Todo eso explica las decisiones en que esta Corte ha limitado la
posibilidad de que ciertos tratados confieran exenciones a tributos
territoriales.
27- Sin
embargo, un examen más atento muestra que la asimilación en este aspecto entre
un tratado y la ley resulta excesiva, pues la garantía del artículo 294 está
dirigida contra la posibilidad de que la Nación, en forma unilateral, y en
virtud de una decisión legislativa, prive a las entidades territoriales de sus
recursos. Es pues una garantía institucional contra una injerencia indebida del
Estado central, que establecería unilateralmente exenciones a los tributos
territoriales. Sin embargo, los tratados son actos complejos que no resultan de
la simple voluntad del Estado central, ya que requieren el concurso de voluntad
de otros sujetos de derecho internacional. En este caso, una eventual exención
de los impuestos territoriales no surge de una voluntad unilateral de las
autoridades centrales de limitar los recursos de las entidades territoriales
sino que opera con otra lógica y otros propósitos; dicha exención únicamente
pretende facilitar las relaciones internacionales y desarrollar principios del
derecho internacional, como la reciprocidad. Y por ello, en ese caso, la
exención es en principio válido porque persigue un propósito constitucional
relevante. El interrogante que surge es entonces si la consecución de dicha
finalidad de favorecer las relaciones internacionales, que tiene claro sustento
constitucional (CP art. 226), puede ser armonizada con la garantía
institucional que la Carta establece a favor de los recursos de las entidades
territoriales (CP art. 294).
La Corte
encuentra que esa armonización es posible, si se entiende que la concesión de
esas exenciones a los tributos territoriales por medio de un tratado es
posible, pero la Nación debe compensar a las entidades territoriales las
pérdidas de sus ingresos que puedan derivar de dichas exenciones. En efecto, de
esa manera se aseguran los ingresos de las entidades territoriales sin afectar
indebidamente la promoción de las relaciones internacionales, con lo cual se
logra una armonización de los artículos 226 y 294 de la Constitución.
Esto
significa que  las exenciones por tratados a los tributos territoriales
coloca a las entidades territoriales en una situación semejante a la de aquel
particular que no puede demandar a un miembro de una misión diplomática, debido
a las prerrogativas e inmunidades que el Estado colombiano ha reconocido a
dicho diplomático. En efecto, esta Corte Constitucional y el Consejo de Estado
han reconocido la validez constitucional de esas prerrogativas e inmunidades;
pero igualmente ambas corporaciones judiciales han concluido que el particular
no tiene por qué soportar la afectación a su patrimonio que podría derivar de
dichas inmunidades, por lo que se trata de un daño  antijurídico que debe
serle reparado por el Estado (CP art. 90), tal y como se recordó anteriormente
en esta sentencia (Cf supra fundamento 22). Mutatis mutandi, las entidades
territoriales no tienen tampoco por qué soportar una afectación a sus recursos
debido a la concesión de exenciones tributarias sobre sus tributos, por lo que la
Nación tiene la obligación de compensar la reducción de los recursos de los
departamentos y municipios que podrían derivar de dichas exenciones.
28- Por
todo lo anterior, la Corte considera necesario precisar y rectificar su
jurisprudencia en esta materia, de la siguiente manera: la prohibición de las
exenciones de los tributos territoriales, prevista en el artículo 294, no
prohíbe que los tratados confieran esas exenciones, siempre y cuando la Nación
establezca mecanismos para compensar a las entidades territoriales por
eventuales afectaciones de sus ingresos, debido a dichas exenciones.”[76]
En
consecuencia, la concesión de exenciones tributarias contenidas en el Acuerdo
objeto de estudio no desconocen la prohibición constitucional prevista en el
artículo 294 de la Constitución Política.
3.2. Consideraciones Finales
En relación
con el aspecto formal la Corte concluyó, de una parte, que el Estado colombiano
estuvo válidamente representado durante el proceso de negociación, celebración
y suscripción del Acuerdo, y de otra, que se observaron las reglas propias del
trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
Asimismo,
revisado el contenido de las disposiciones del “Acuerdo de Cooperación y
Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para
las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en Bogotá a
los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve (2009), la Corte encuentra que
se adecuan a los postulados constitucionales en materia de cooperación
internacional, privilegios e inmunidades y exenciones tributarias.
En
consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad del “Acuerdo de
Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización
Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia”,
hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve (2009).” y
de su ley aprobatoria.
VI.
DECISIÓN
Con
fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Cooperación y Régimen de
Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para las
Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5
días del mes de mayo de dos mil nueve (2009).”
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1441 de 2011, por medio de la cual se
aprobó el “Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades
entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la
República de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil
nueve (2009).”.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Presidente
María Victoria Calle Correa
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Esto, teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia C-251 de 1997.
[2] Cfr. Folio 29 del cuaderno principal.
[3] “Artículo 7°: Plenos poderes.
(…)
2. En virtud de sus funciones, y sin tener que
presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) los jefes de Estado, jefes
de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos
los actos relativos a la celebración de un tratado entre uno o varios Estados y
una o varias organizaciones internacionales;
b) los representantes acreditados
por los Estados en una conferencia internacional, para la adopción del texto de
un tratado entre Estados y organizaciones internacionales;
c) los representantes
acreditados por los Estados ante una organización internacional o uno de sus
órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal organización u órgano;
d) los jefes de misiones
permanentes ante una organización internacional, para la adopción del texto de
un tratado entre los Estados acreditantes y esa organización”.
[4] Cfr. Folios 218 a 228 del cuaderno de pruebas 1.
[5] Cfr. Folios 250 a 258 del cuaderno de pruebas 1.
[6] Cfr.  Gaceta del Congreso N° 441 del 22 de julio de 2010, p. 61
y 62.
[7] Cfr.  Gaceta del Congreso N° 441 del 22 de julio de 2010, p.
74.
[8] Cfr. Gaceta del Congreso No. 442 del 22 de julio de
2010, p. 38.
[9] Cfr. Gaceta del Congreso No. 442 del 22 de julio de
2010, p. 39.
[10] Cfr. Folios 1 a 3 del cuaderno de pruebas 2.
[11] Cfr. Folios 4 a 83 del cuaderno de pruebas 2.
[12] Gaceta del Congreso No. 442 del 22 de julio de 2010, p 57 y 58.
[13] Cfr. Folios 298 a 301 del cuaderno de pruebas 1.
[14] Cfr. Folios 1 a 2 del cuaderno de pruebas 1.
[15] Gaceta del Congreso No. 394 del 8 de julio de 2010, p. 41
[16] Gaceta del Congreso No. 394 del 8 de julio de 2010, p. 47.
[17] Cfr. Folios 365 a 368 del cuaderno de pruebas 1.
[18] Cfr. Folios 1 a 2 del cuaderno de pruebas 1.
[19] Cfr. Folios 400 a 423 del cuaderno de pruebas 1.
[20] La Corte estudió la constitucionalidad de ese proyecto de ley
mediante la sentencia C-187 de 2011.
[21] Además, fueron asignados como ponentes los Representantes a la Cámara, Iván Cepeda Castro, Yahir Fernando Acuña Cardales, Iván Darío Sandoval Perilla,
Carlos Alberto Zuluaga Díaz, Bayardo Gilberto Betancourt Pérez, José Ignacio
Mesa Betancur y Augusto Posada Sánchez.
[22] Cfr. Folios 428 a 433 del cuaderno de pruebas 1.
[23] Cfr. Folios 9A a 9C  del cuaderno de pruebas 3.
[24] Cfr. Folio 31A a 31L del cuaderno de pruebas 3.
[25] Cfr. Folio 31J del cuaderno de pruebas 3.
[26] Cfr. Folio 31M a 31Y del cuaderno de pruebas
3.
[27] Cfr. Folio 9A del cuaderno de pruebas 3.
[28] Gaceta del Congreso No. 986 del 30 de
noviembre de 2010, p. 1-14.
[29] Cfr. Folios 45 y ss del cuaderno principal.
[30] Páginas 134 y 135 de la Gaceta del Congreso No. 116 del 23 de marzo de
2011.
[31] Cfr. Folio 2 del cuaderno de pruebas 3.
[32] Cfr. Folios 64 a 67 del cuaderno de pruebas 4.
[33] Cfr. Folio 2 del cuaderno de pruebas 3.
[34] Cfr. entre otras, C-086/04.
[35] Este cuadro ha sido utilizado con anterioridad,  por ejemplo en las
sentencia C-248 de 2009 y C-011 de 2010.
[36] Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias
C-734 de 2004, C-1151 de 2005, C-464 de 2008, C-150 de 2009 y C-446 de 2009.
Igualmente, el Auto 033 de 2009.
[37] Constitución Política, Artículo 157: “Ningún proyecto será ley sin
los requisitos siguientes: 1. Haber sido publicado oficialmente por el
Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva.// 2. Haber sido
aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada
Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el
primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de
ambas Cámaras.// 3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.// 4
Haber obtenido la sanción del Gobierno.”.
[38] Sentencia C-140 de 1998
[39] Cfr. C-760/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y
Manuel José Cepeda
[40] Sentencia C-665 de 2007.
[41] Cfr. Corte Constitucional, sentencia
C-386/96.  Este precedente es reiterado en la sentencia C-915/01.
[42] Auto 232 del 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[43] Sobre este tema ver Auto 232 del 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[44] Cfr. Jaime Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre Lynett. El Proceso
Penal. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1995. Págs. 284 y
285.
[45] Sentencia C-055 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento
6.
[46] Sentencia C-737 de 2001, MP Eduardo Montealegre Lynett
[47] Ver entre otras, sentencias C-953 de 2001, C-915 de 2001 y
C-1039 de 2004.
[48] Auto 033 de 2009.
[49] Cfr. Folios 428 a 433 del cuaderno de pruebas 1.
[50] Ver supra la votación con que fue aprobado el proyecto de ley,
así: Comisión Segunda del Senado 2.2.1.4. en primer debate; Plenaria del
Senado 2.2.1.7. en segundo debate; Comisión Segunda de la Cámara de Representantes 2.2.2.3. en tercer debate; y Plenaria de la Cámara de Representantes  2.2.2.6. en cuarto debate.
[51] Cfr. Folio 1 del cuaderno principal.
[52] Página de la OIM, Misión en Colombia: www.oim.org.co
[53] Ibídem.
[54] C-288 de 2009. En la que el pleno de la
corporación concluyó: “Puede, entonces, señalarse que
hoy en día la migración es un asunto regulado por distintos instrumentos
internacionales y objeto de pronunciamiento por distintos órganos
internacionales, que busca garantizar los derechos humanos del migrante con
independencia de su situación de irregularidad, como obligación que pesa sobre
todos los Estados y les hace responsables de violación.”
[55] Gaceta del Congreso Nº 174 de 2010.
[56] Gaceta del Congreso Nº 294 de 2010.
[57] Gaceta del Congreso Nº 679 de 2010.
[58] Gaceta del Congreso Nº 689 de 2010.
[59] La línea jurisprudencial que se presenta a
continuación fue tomada de la sentencia T- 667 de 2011.
[60] Sobre el particular se pueden consultar las sentencias de
tutela T-932 de 2010, T-628 de 2010, T-633 de 2009, T-1029 de 2005, T-917 de
2005 y T-833 de 2005; y las sentencias de constitucionalidad C-1156 de 2008,
C-276 de 2006, C-038 de 2006, C-863 de 2004, C-315 de 2004, C-578 de 2002,
C-287 de 2002, C-442 de 1996, C-137 de 1996 y C-563 de 1992.
[61] Sentencia C-137 de 1996.
[62] Sentencia C-442 de 1996.
[63] Al respecto, véanse las sentencias C-1156 de 2008, C-863 de
2004, C-315 de 2004, C-287 de 2002, C-442 de 1996 y C-137 de 1996.
[64] Sentencia C-137 de 1996.
[65] Ibídem.
[66] Ibídem.
[67] Sobre el tema de la inmunidad restringida en materia laboral,
también se puede consultar la sentencia T-633 de 2009. En esa oportunidad, la Corte Constitucional afirmó que la Corte Suprema de Justicia sí es competente para conocer de
las demandas laborales interpuestas por nacionales colombianos contra agentes diplomáticos que actúan a título
personal o en representación de un Estado acreditante para los fines de la
misión, por la terminación unilateral y sin justa causa de un contrato de
trabajo. En consecuencia, según lo dicho por la Corte, la acción de tutela es procedente para obtener la protección del derecho fundamental
al debido proceso, cuando so pretexto del principio de inmunidad de jurisdicción, una misión
diplomática o un organismo internacional controvierte injustificadamente una
decisión judicial mediante la cual se le ordena pagar a favor del trabajador
una indemnización por despido sin justa causa.
[68] De forma similar, en la sentencia T-628 de 2010, la Corte Constitucional afirmó que frente a los casos en que la vinculación de los nacionales se
realice mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios, el
organismo internacional contratante tiene el deber jurídico de verificar la
afiliación al sistema de seguridad social en salud del contratista, para pagar
los honorarios propios de la ejecución del contrato.
[69] Sentencia del 25 de agosto de 1998,  Radicación número IJ-001,
Sección Tercera del Consejo de Estado.
[70] Sobre este mismo punto, se pueden consultar las sentencias C-1156 de
2008 y C-254 de 2003.
[71] Artículos 25 a 28 de la Convención sobre las Misiones Especiales.
[72] Artículo 31.5 de la Convención sobre las Misiones Especiales.
[73] Artículo 43 de la Convención
sobre las Misiones Especiales. Al respecto, en la sentencia C-1156 de 2008, la Corte afirmó: “la inmunidad de
jurisdicción no es un beneficio personal, es decir, un privilegio
concedido in tuitu
personae, sino que se
otorga por razones funcionales para asegurar precisamente el cumplimiento de
las mismas.”
[74] Sobre el particular, cabe mencionar que en la sentencia C-578 de 2002,
que declaró la constitucionalidad de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 “Por medio de la cual se aprueba el ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”, hecho en Roma el 17 de 1998, esta Corporación precisó: “ni los altos funcionarios públicos dentro de un Estado -por ejemplo un
Jefe de Estado o de Gobierno, un miembro del gobierno o un parlamentario-,
cualquiera que sea su nivel y jerarquía, queden a salvo de la instrucción y del
juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional cuando incurren en una de
las conductas estipuladas en el Estatuto. Se ha optado por colocar el valor de
los bienes jurídicos de interés para toda la humanidad protegidos en el
Estatuto por encima de la protección a la investidura de los mandatarios. Se
trata aquí de un cambio de enorme significación: los derechos humanos ocupan un
claro lugar de precedencia sobre los principios de inmunidad de los Jefes de
Estado, de Gobierno y de otros altos funcionarios del Estado reconocidos por el
derecho internacional y por el derecho interno de los Estados, con lo que se
ratifica la tendencia en este sentido presente en diversos instrumentos
internacionales, entre ellos la Convención de Genocidio, los Principios de
Nuremberg, los Estatutos de los Tribunales ad hoc y el Código de Crímenes contra la Paz. La inmunidad penal del poder ha cedido, no sin resistencia, dadas las reformas
constitucionales que ciertos países como Francia tuvieron que adelantar para
exceptuar el principio de inmunidad del primer mandatario, frente a la
importancia y a la necesidad de protección de la dignidad de la vida humana.”
[75] Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas, si bien establece en su artículo 31.1 que “el agente diplomático
gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor,” señala en el
numeral 4 del mismo artículo que “la inmunidad de jurisdicción de un agente
diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante.”
Igualmente,  la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963
(Ley 17 de 1971), establece en su artículo 41, para. 1 que: “Los funcionarios
consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando
se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial
competente.” Igualmente, el Artículo 43 de la Convención que regula la Inmunidad de jurisdicción, señala que “1. Los funcionarios
consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de
las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos
ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares.” Ver.
Sen B., “A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 3ª Edición,
páginas 95-202 y 285 a 309.
[76] C-315 de 2004.