T-896-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-896/13
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Cualquier
persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de los niños
Cuando se trata de tutelar los derechos de los niños, la
jurisprudencia constitucional  ha señalado que la agencia oficiosa encuentra su
fundamento constitucional en el artículo 44, y por tanto: “cualquier persona
puede exigir de la autoridad competente la protección o el ejercicio pleno de
los derechos del menor. Es decir, en estos casos no impera el rigorismo
procesal establecido en el inciso 2o. del art. 10 del decreto 2591 de 1991,
antes citado, en cuanto impone al agente oficioso manifestar en la solicitud de
tutela que el afectado en su derecho fundamental no está en condiciones de
promover su propia defensa”. Cuando se hace referencia al término “cualquier
persona” debe entenderse en el sentido literal de la palabra, es decir en el
entendido de que el agente oficioso puede no tener ningún tipo de relación
filial o jurídica con el menor agenciado para que sea viable la procedencia de
la acción, esto en razón a que la necesidad
de dar prevalencia a los derechos de los niños, determina que la informalidad
de la tutela adquiera mayor preeminencia cuando se trate de amparar las
garantías constitucionales de estos, cuando quiera que exista una vulneración u
amenaza por parte de una autoridad pública o de un particular. Lo anterior
debido a la evidente indefensión en la que se encuentran los menores de edad, los
cuales en la mayoría de las veces no están en condiciones de interponer el
amparo por sí mismos.
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA Y AGENCIA OFICIOSA-Si del escrito de tutela se desprende la imposibilidad del titular
del derecho de acudir en su propio nombre para su defensa, el juez puede hacer
la interpretación que se acude como agente oficioso
Si el
juez de tutela evidencia una situación en la cual no es clara la configuración
de la agencia oficiosa, o su inexistencia, tiene el deber de utilizar sus
poderes oficiosos para despejar cualquier incertidumbre al respecto. Esto en
virtud a que en el modelo constitucional que diseñó el constituyente del 91, el
juez de amparo es una pieza esencial en el engranaje del Estado Social de
Derecho y, específicamente en lo que toca a la efectividad de los derechos
constitucionales, por lo cual su actividad debe ser preponderante para
determinar las circunstancias mediante la cual actúa un determinado
peticionario.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Requisitos
para que se configure
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional por afectación al mínimo vital y vida digna
de sujetos de especial protección/ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE
PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional para obtener el pago cuando
hay perjuicio irremediable
La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en principio, la
acción de tutela resulta improcedente para reclamar el pago de acreencias de
orden pensional, por cuanto dicha discusión debe ventilarse ante la
jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa. No obstante, de manera
excepcional, “se ha admitido su procedencia, según las especificidades de cada
caso, cuando los medios ordinarios no resultan lo suficientemente idóneos y
eficaces para alcanzar el fin propuesto; cual es la protección inmediata de los
derechos fundamentales”. Sin embargo, excepcionalmente
cuando la pensión adquiere relevancia constitucional por estar relacionada
directamente con la protección de derechos fundamentales como la vida, la
integridad física, el mínimo vital, el trabajo y la igualdad, su reconocimiento
y pago pueden ser reclamados mediante el ejercicio de esta acción, para evitar
un perjuicio irremediable.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y LA
IMPORTANCIA DE LA PENSION DE INVALIDEZ
El derecho a la
seguridad social debe ser entendido como una herramienta indispensable para
lograr el pleno goce y ejercicio de las garantías constitucionales que fueron
previstas por el constituyente en la Carta de 1991. Su consagración como
derecho fundamental garantiza su interrelación con otras prerrogativas que
surgen del concepto de dignidad humana, y es debido a esa particular
característica que hoy en día ha adquirido el carácter de derecho fundamental,
lo cual significa que en determinados supuestos la prevalencia de esta garantía
debe estar por encima de cualquier consideración de orden técnico,
administrativo o financiero.
PENSION DE INVALIDEZ COMO PARTE INTEGRAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y COMO MATERIALIZACION DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
SEGURIDAD SOCIAL-Evolución histórica y
conceptual/SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Armonía plena
con el conjunto de valores, principios y reglas
Una de las más importantes herramientas
con las que cuenta el estado para cumplir con sus fines, es la intervención en la
seguridad social dentro de los límites que fija la propia Constitución y la
libertad de empresa, los cuales deben estar en concordancia con los
objetivos legítimos que facultan su intrusión en la economía. El estado tiene
el deber de estructurar los modelos de vigilancia y control de tal forma que
este predique por la corrección de la distribución inequitativa de los recursos
económicos y la escasez de oportunidades, la promoción del empleo, el
desarrollo de la seguridad social y, en términos generales, la corrección de
las fallas del mercado
y la promoción de un desarrollo económico y social justo. Razón por la cual las
entidades que en virtud de la ley 100 de 1993 administran recursos y toman
decisiones que afectan los derechos de los usuarios deben estar inspiradas por
los principios rectores del Estado Social de Derecho en su actividad diaria.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Alcance/PRINCIPIO
DE LA BUENA FE-Jurisprudencia constitucional
PENSION DE INVALIDEZ Y PRINCIPIO DE BUENA FE-Aplicación de buena fe cuando las AFP desconocen los aportes
realizados mientras se realiza el dictamen de pérdida de capacidad laboral
PENSION DE INVALIDEZ-Orden
a AFP contabilizar semanas cotizadas entre la fecha de estructuración y fecha
de calificación de la invalidez para determinar reconocimiento
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Consagración constitucional e internacional
PREVALENCIA DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y SU ESPECIAL PROTECCION
POR PARTE DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO-Reiteración
de jurisprudencia
Para esta Sala es evidente que debido a la
especial protección que reconoce la Constitución y diversos tratados
internacionales que garantizan los derechos a la infancia en condiciones
integras, actualmente los niños y niñas cuentan con una exaltación jurídica que
no puede ser desconocida por ninguna autoridad pública o particular, ya que
dado el interés general que recae sobre ellos, se hace incondicional e
ineludible el deber del Estado y de la sociedad de actuar de manera inmediata
siempre que la infancia se halle en estado de necesidad.
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Agente
oficioso en representación de persona en estado vegetativo
PENSION DE INVALIDEZ DE ORIGEN COMUN-Requisitos
PENSION DE
INVALIDEZ-Evolución legislativa y régimen aplicable
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Orden
a AFP reconozca en forma definitiva pensión de invalidez de persona en estado
vegetativo con hijo menor de edad
Referencia: expediente
T-3.994.154
Acción de tutela interpuesta por Francisco Luis Rodríguez Torres en
calidad de agente oficioso de Ruby Amparo Cárdenas y Luis Eduardo Cárdenas, contra el Fondo Privado de Pensiones PORVENIR.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá, D.C., tres  (3) de diciembre de dos mil trece
(2013).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados NILSON PINILLA PINILLA, JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB y, quien la preside, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución, así como 33 y concordantes
del Decreto ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA:
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido en el asunto de
la referencia por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá el que a su vez
confirmó la sentencia del Juzgado 1° Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
esa misma ciudad.
I. ANTECEDENTES
El señor Francisco
Luis Rodríguez Torres en calidad de agente oficioso de Ruby Amparo Cárdenas y
Luis Eduardo Cárdenas, interpuso acción de tutela
en contra del fondo
privado de pensiones PORVENIR, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y seguridad
social de sus agenciados, según los siguientes:
1. Hechos.
1.1. La señora Ruby Amparo Cárdenas se vinculó a la
Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos SIPRO, el 7 de mayo de
2009.
1.2. El 4 de noviembre de ese mismo año dio a luz a su hijo Luis Eduardo Cárdenas en la clínica de SALUDCOOP LLANOS en la
ciudad de Villavicencio.
1.3. Días después sufrió un ataque que la dejó en
estado vegetativo, específicamente le sobrellevó una “cuadriplejia por
hemorragia subaracnoidea y eclampsia, infartos cerebrales con secuelas dadas
por alteración del lenguaje, alteración en entendimiento de órdenes de
hemiparecia derecho”, lo cual generó la pérdida de las funciones en sus
extremidades y una afectación corporal que no le permite comprender las más
elementales cuestiones que la rodean. Por lo anterior y según su historia
médica debe “permanecer siempre bajo el cuidado de una persona que realice
todas sus actividades básicas de auto cuidado, no contesta preguntas, no
entiende, no se conecta, alimentación por una sonda nasogastrica, no controla
esfínteres”.
1.4. Producto de este acontecimiento la señora Cárdenas fue sometida a
calificación de invalidez para determinar el porcentaje de disminución laboral,
con el fin de solicitar la pensión correspondiente.
1.5. La entidad Seguros de Vida ALFA S.A., mediante dictamen del 27 de
agosto de 2010, determinó una pérdida de capacidad laboral del 78.75%,
estructurándose el día 18 de noviembre de 2009.
1.6. Con base en dicha calificación se solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones PORVENIR el reconocimiento de la pensión de invalidez
por enfermedad de origen común.
1.7. Sin embargo, la A.F.P. PORVENIR negó dicha petición argumentando que
la señora Ruby Amparo Cárdenas no cumplía con los requisitos exigidos por la
ley para acceder a la pensión, ya que no tenía 50 semanas cotizadas dentro de
los 3 años inmediatamente anteriores al hecho causante del mismo.
1.8. La señora Ruby Amparo empezó a aportar al sistema de pensiones desde
mayo de 2009, hasta el día de su accidente, y pensiones PORVENIR ha recibido
los aportes del empleador continuamente hasta la fecha de la interposición de la
presente tutela.
1.9. Ruby Amparo Cárdenas no cuenta con familia ni
cónyuge o compañero permanente que pueda garantizar su congrua subsistencia, ni
la de su hijo por lo cual el pequeño Luis Eduardo Cárdenas
actualmente es cuidado por una vecina, la cual no cuenta con los medios
económicos para atender las necesidades del mismo en un futuro mediato. Así
mismo, de conformidad con la historia clínica se puede establecer que la
peticionaria “está en un hogar de paso, albergue en Villavicencio sin
familiares o acudientes”[1] y “esporádicamente recibe visitas de una amiga[2]”.
1.10. Por la situación anteriormente referida, el señor Francisco Luis Rodríguez Torres en calidad de representante
legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos SIPRO actuando
como agente oficioso, presentó acción de tutela solicitando que se protejan los
derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y
seguridad social de sus agenciados, y en consecuencia se ordene a la
A.F.P.  PORVENIR que en el
término de 48 horas reconozca y pague la pensión de invalidez a la señora Ruby Amparo Cárdenas.
2. Actuaciones del juez de primera instancia.
Mediante auto de fecha 30 de agosto de 2012, el Juzgado Primero Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá decidió: (i)
admitir la acción de tutela; (ii) notificar a la administradora de
fondos de pensiones y cesantías PORVENIR del trámite en su contra; (iii) oficiar
a la EPS SALUDCOOP para que allegara la copia de la historia clínica de la
señora Ruby Amparo Cárdenas y (iv) vinculó al
proceso a Seguros de Vida ALFA S.A., y a la
Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos SIPRO.
2.1 Respuesta de las entidades accionadas.
2.1. A través de oficio 2410 del 5 de
septiembre de 2012, la administradora de fondos de pensiones y cesantías PORVENIR
manifestó que la señora Ruby Amparo Cárdenas a pesar de cumplir con el grado de
discapacidad, no satisface el requisito de aportes al sistema, ya que solo
cotizó 27.43 semanas antes de la estructuración de la invalidez, mientras que
la ley establece un mínimo de 50 en los tres años anteriores.
Igualmente consideró que la tutela no es el mecanismo idóneo para
reclamar la prestación solicitada, ya que existen otros medios de defensa
judicial, por lo cual solicita que se declare improcedente la acción.
2.2. La Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos
SIPRO mediante escrito del 5 de septiembre de 2012, allegó copias de las
planillas de pago al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
2.3. Mediante escrito del 7 de septiembre de 2012, el apoderado
de Seguros de  Vida ALFA S.A. indicó que debía ser desvinculado del trámite
tutelar, toda vez que su función era única y exclusivamente la de calificar la
pérdida de la capacidad laboral, y no la de conceder o pagar la prestación
solicitada.
Así mismo
la entidad vinculada manifestó que previamente el Juzgado Quinto Penal
Municipal de Villavicencio en el mes de agosto, ya había conocido de una acción
de amparo cuyas pretensiones eran las mismas, por lo cual se presentaba el
fenómeno de temeridad.
2.4. La EPS SALUDCOOP allegó la prueba solicitada por el
Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, mediante
cuaderno de anexo del historial clínico de la paciente Ruby
Amparo Cárdenas. En este se evidencian los siguientes episodios médicos:
“Se trata de una paciente de 37 años a quien el día 4
de noviembre de 2009 se le realiza cesárea por gestación de 40.5 semanas por
cesárea sin complicaciones, el día 12 de noviembre de 2009, consulta al médico
de urgencias llevada por familiar por presentar cuadro de reciente inicio de
sialorrea, movimientos anormales de extremidades, desviación de la mirada con
posterior sincope. Es valorada por servicio de neurología quien considera
paciente con antecedente de pop de cesárea hace 1 semana, crisis convulsiva
tónico clónica generada, sin conexión con el medio, sin respuesta verbal, rnm
informa hemorragia subraracnoidea mas infartos corticales múltiples[3]”.
“Cuadriplejia por hemorragia subaracnoidea y
eclampsia, no hay función en las extremidades, no sostiene la cabeza,
equilibrio sentada muy pobre, no tiene lenguaje y no se comunica con el
ambiente, esta paciente no tiene posibilidades de recuperación, para su cuidado
necesita de una persona que la cuide[4]”.
“Paciente presento crisis segundaria hace 2 años perdiendo el habla
y la movilidad actualmente no puede contener esfínteres por lo que está
presentando dermatitis en el pañal.[5] Se encuentra con afasia mixta de predominio sensitivo no realiza
seguimiento visual, no obedece ni entiende ordenes, se considera que la
paciente no tiene la mínima capacidad para su autocuidado por lo que debe
permanecer siempre bajo el cuidado de una persona que realice todas sus
actividades básicas de autocuidado, alimentación por sonda nasogasstrica no
controla esfínteres[6]”.
3. Pruebas relevantes aportadas al
proceso
Fotocopia del informe que determina la pérdida de capacidad laboral
de la señora Ruby Amparo Cárdenas en un 78.75%, expedido por Seguros
de Vida ALFA S.A. (folios 76 y 77, cuaderno 1).
Copia del reporte de semanas cotizadas, librado por la
administradora de fondos de pensiones y cesantías PORVENIR  (folios 11 al 17,
cuaderno 1).
Fotocopia de la historia clínica y evolución médica de la señora Ruby Amparo Cárdenas (folios 1 al 446,
cuaderno 3 - anexos).
II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
1. Decisión de primera instancia
El Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Bogotá,  mediante sentencia del 11 de septiembre de 2012,
resolvió no conceder la acción de tutela en razón a que: (i)  la
negativa en reconocer la pensión de invalidez se encuentra sustentada en la
correcta aplicación de las normas que regulan la materia y (ii) debido a
que las pretensiones que se persiguen así como los hechos expuestos en la misma
fueron objeto de pronunciamiento por otro juez constitucional.
Así mismo ese despacho consideró que: “se entiende que las
decisiones adoptadas se encuentran ajustadas a derecho, además que si la parte
actora no compartía esa decisión, podría haber impugnado ese fallo, sin embargo
no obra prueba de ello” .
2. Impugnación
Contra la mencionada decisión Francisco Luis
Rodríguez en el término legal interpuso la  impugnación
manifestando que, el juez de instancia desconoció que el hijo de la señora Ruby Amparo Cárdenas es un ser indefenso que actualmente se
encuentra al cuidado de una vecina, por lo cual requiere de especial protección
constitucional.
Así mismo aseveró que la AFP accionada desconoció las semanas de
cotización que fueron canceladas desde el momento en que se presentó el accidente
cerebral hasta que fue expedido el dictamen médico, razón por la cual afirma
que existiría un enriquecimiento sin justa causa por parte de PORVENIR.
3. Decisión de segunda instancia
El Juzgado Tercero Laboral de Bogotá mediante
providencia del 11 de diciembre de 2012, confirmó la decisión del a-quo sobre la
imposibilidad de reconocer la pensión de invalidez de la señora Ruby Amparo
Cárdenas debido a la falta de cumplimiento de los requisitos legales contenidos
en la ley 100 de 1993.
Sobre la legitimación del señor Francisco Luis Rodríguez estableció
que “no puede desconocerse que al agente oficioso mas allá de una motivación
de bondad y altruismo lo mueve una efectiva consideración de librarse de su
condición de empleador de la señora Cárdenas, (…) sin embargo, la órbita de
protección desborda el cumplimiento de sus obligaciones legales”.
Igualmente determinó que el agente oficioso no actuó con el consentimiento de
la señora Ruby Amparo Cárdenas, ni demostró haber iniciado un procedimiento
para que alguien obtuviese la legítima curaduría de la paciente y la de su
hijo.
Finalmente dictó las siguientes órdenes: “oficiar a la
Procuraduría General de la Nación, de Villavicencio Seccional Meta, para que
dadas las consideraciones expuestas en el presente fallo inicie los trámites y
procedimientos correspondientes para la declaratoria de interdicción y
designación de curaduría de la señora Ruby Amparo Cárdenas”. Igualmente y
en relación a la protección del hijo de la agenciada determinó: “el
instituto colombiano de bienestar familiar, regional Villavicencio, seccional
meta, debe iniciar los trámites y procedimientos correspondientes para el
restablecimiento de derechos del menor Luis Eduardo Cárdenas, a fin de obtener
una evaluación de condiciones actuales y la designación de guarda legal”.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia.
Esta Sala es competente para analizar los fallos materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y los artículos 31
a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2. Descripción de la situación
En el caso bajo estudio se agencian los derechos de la señora Ruby Amparo Cárdenas quién
intempestivamente ve truncado su proyecto de vida y el de su hijo al
haber sufrido un infarto cerebral en la clínica Llanos en la ciudad de
Villavicencio, inmediatamente después de haber dado a luz al menor de edad Luis Eduardo Cárdenas. Con estos
antecedentes, el agente oficioso acude al Fondo de Pensiones PORVENIR S.A., por
ser la entidad a la cual se encontraba afiliada en calidad de cotizante la
señora Ruby Amparo, con el fin de solicitar el
reconocimiento de la  pensión de invalidez. Esta es negada, bajo el argumento
de no cumplir con las 50 semanas de cotización exigidas en los últimos 3 años
al momento de presentarse el accidente cerebrovascular.
Ante esta situación, el señor Francisco Luis Rodríguez Torres en calidad de representante
legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos SIPRO, antiguo
empleador de la señora Ruby Amparo Cárdenas presentó
acción de tutela solicitando que se protejan los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y seguridad social, de sus agenciados, y en consecuencia se ordene al
Fondo de Pensiones PORVENIR S.A. conceder la
pensión de invalidez, ya que desde el momento en que la
Cooperativa de Trabajo contrató a la señora Ruby Amparo, hasta la fecha en que se expidió la calificación de
invalidez fueron cotizadas al sistema más de 50 semanas.
3. Planteamiento del problema jurídico.
Con base en los elementos fácticos descritos, encuentra la
Sala que el problema jurídico consiste en determinar si se vulneraron las garantías
fundamentales de Ruby Amparo Cárdenas y de su hijo Luis
Eduardo Cárdenas a la luz de los principios que
inspiran el Estado social de derecho, debido a que el fondo de pensiones PORVENIR
negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, al contabilizar solo los
aportes realizados desde el momento de la vinculación a la Cooperativa SIPRO
hasta el día del parto de la agenciada, desconociendo que
durante el lapso en que se realizó el dictamen de pérdida de capacidad laboral,
la obligación de cotizar seguía vigente, por ello dichas semanas deben ser tenidas
en cuenta.
Para dar respuesta a lo anterior, la
Corte abordará los siguientes temas: (i) la legitimación en la
causa cuando la tutela es presentada por un agente oficioso; (ii)
requisitos para que se estructure la temeridad en la tutela; (iii)
procedencia de la acción de amparo para ordenar el reconocimiento de la pensión
de invalidez; (iv) el derecho a la seguridad social como derecho
fundamental; (v) la seguridad social como desarrollo integral del
Estado Social de Derecho y del principio de solidaridad; (vi) la
aplicación del principio de buena fe cuando las AFP desconocen los aportes
realizados mientras se estructura el dictamen de pérdida de invalidez; (vii)
la prevalencia del interés superior del menor de edad, y (viii)
por último se estudiara el caso concreto.
4. Legitimación en la causa cuando la tutela es presentada por un
agente oficioso.
El artículo 86 de la Constitución establece la facultad que tiene “toda
persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados”. En el mismo sentido el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempló la posibilidad de agenciar
derechos ajenos cuando “el titular de los mismos no está en condiciones de
promover su propia defensa”.
En este orden de ideas, las posibilidades de acreditar la
legitimación en la causa por activa en la acción e tutela es: (i) la del
ejercicio directo de la acción, (ii) la de su ejercicio por medio de
representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos,
los interdictos y las personas jurídicas), (iii) la de su ejercicio por medio
de apoderado judicial, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso[7].
En relación
con la legitimación en la causa mediante la utilización de la agencia oficiosa
la jurisprudencia de esta corporación ha reiterado la correlación
existente entre la petición de protección de derechos ajenos y la demostración
de las condiciones fácticas en el escrito de tutela que evidencia la
imposibilidad del agenciado de actuar por sí mismo. Sobre el particular este
tribunal en sentencia T-614 de 2012, determinó:
“En virtud de la figura de la agencia oficiosa es posible que un
tercero represente al titular de un derecho, en razón de la imposibilidad de éste
para llevar a cabo su propia defensa. De esta manera, el agente oficioso
carece, en principio, de un interés propio en la acción que interpone, toda vez
que la vulneración de derechos que se somete al conocimiento del juez sólo está
relacionada con intereses individuales del titular de los mencionados derechos.
(…)
En este sentido, la agencia oficiosa se constituye en una
institución excepcional, pues requiere que se presente una circunstancia de
indefensión e impedimento físico o mental del afectado que le imposibilite
recurrir a los mecanismos existentes para buscar por sí mismo la protección de
sus derechos”
Así
mismo la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia T-531 de 2002 estableció los elementos
necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa en el ejercicio de
la acción de amparo. Entre estos se destacan:
“(i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar
como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya
por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente
en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o
mentales para promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no
implica una relación formal entre el agente y los agenciados titulares de los
derechos”.
Ahora bien, cuando se trata de tutelar los derechos de los niños, la
jurisprudencia constitucional  ha señalado que la agencia oficiosa encuentra su
fundamento constitucional en el artículo 44, y por tanto: “cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente la protección o el
ejercicio pleno de los derechos del menor. Es decir, en estos casos no impera
el rigorismo procesal establecido en el inciso 2o. del art. 10 del decreto 2591
de 1991, antes citado, en cuanto impone al agente oficioso manifestar en la
solicitud de tutela que el afectado en su derecho fundamental no está en
condiciones de promover su propia defensa[8]”. (Negrilla y
subraya fuera de texto)
Cuando se hace referencia al término “cualquier persona” debe
entenderse en el sentido literal de la palabra, es decir en el entendido de que
el agente oficioso puede no tener ningún tipo de relación filial o jurídica con
el menor agenciado para que sea viable la procedencia de la acción, esto en
razón a que la necesidad de dar prevalencia
a los derechos de los niños, determina que la informalidad de la tutela
adquiera mayor preeminencia cuando se trate de amparar las garantías
constitucionales de estos, cuando quiera que exista una vulneración u amenaza
por parte de una autoridad pública o de un particular. Lo anterior
debido a la evidente indefensión en la que se encuentran los menores de edad,
los cuales en la mayoría de las veces no están en condiciones de interponer el
amparo por sí mismos.
Al
respecto esta corporación, en sentencia T-540 de 2006 señaló:
“si se trata de agenciar derechos de menores de edad no se aplica el
rigorismo procesal consistente en imponer al agente oficioso el deber de manifestar
en la solicitud de tutela que el afectado en su derecho fundamental no está en
condiciones de promover su propia defensa, aparte de que ello es obvio
tratándose de los niños. En consecuencia, tratándose de la protección de los
derechos fundamentales de los niños, la Constitución impone objetivamente la
necesidad de su defensa, sin que interese realmente una especial calificación
del sujeto que la promueve.”[9]
Igualmente
si el juez de tutela evidencia una situación en la cual no es clara la
configuración de la agencia oficiosa, o su inexistencia, tiene el deber de
utilizar sus poderes oficiosos para despejar cualquier incertidumbre al
respecto. Esto en virtud a que en el modelo constitucional que diseñó el
constituyente del 91, el juez de amparo es una pieza esencial en el engranaje
del Estado Social de Derecho y, específicamente en lo que toca a la efectividad
de los derechos constitucionales, por lo cual su actividad debe ser
preponderante para determinar las circunstancias mediante la cual actúa un
determinado peticionario.
5. Requisitos para que se estructure la temeridad en la tutela
Conforme a lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991, existe temeridad cuando, “sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales”, por lo cual “se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes”.
Para que se presente el fenómeno
jurídico de la temeridad tienen que concurrir los siguientes elementos: (i) una
identidad en el objeto, es decir, que “las demandas
busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo
de un mismo derecho fundamental”[10];(ii) una identidad de causa petendi, que hace
referencia a “que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos
hechos que le sirvan de causa”[11];
y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan
dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por
el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona
jurídica, de manera directa o por medio de apoderado[12].
Igualmente, es importante que el análisis de los presupuestos que
configuran la temeridad se realice teniendo en cuenta las condiciones que
rodean el caso, y no se limite a un estudio netamente formal, ya que el
operador judicial al momento de determinar si se deben aplicar los correctivos
contemplados en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, debe observar las
particularidades presentes en el mismo, así como por ejemplo cuando el
fundamento de la nueva acción constitucional se debe a: “(i) la condición
del actor que lo coloca en estado de ignorancia[13] o
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por
mala fe[14];
(ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho[15];
(iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a
la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante[16].
Respecto del primer criterio, la Corte en sentencia
T-433 de 2006 sostuvo que esta excepción es válida debido a que en determinados
supuestos las condiciones extremas de necesidad e ignorancia son superiores a la
figura procesal de la temeridad. Sobre el particular expresó:
“las condiciones particulares de los demandantes
pueden dar lugar a que se haga uso impropio de la acción de tutela. De tal forma
que los requisitos formales de la misma se convierten en una carga
desproporcionada para ciertas personas. Así, la situación de algunos sujetos de
especial protección constitucional, como también condiciones extremas de
necesidad o ignorancia, traen consigo la imposibilidad de una asesoría idónea
para hacer buen uso del amparo, o de estructurar una solicitud elaborada y
clara ante el juez”.
La Constitución y el Decreto 2591 de 1991 imponen a los
administrados la carga de actuar con trasparencia y rectitud al momento de
emplear todos los medios procesales que la ley ofrece para proteger y hacer
efectivos sus derechos. En este sentido la conducta malintencionada, dolosa y
temeraria de un sujeto procesal acarrea consecuencias jurídicas desfavorables
para sus garantías fundamentales. Al respecto, la Corte ha sostenido en torno a
la figura de la temeridad que:
“la temeridad busca que en el curso de una
acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y
transparencia, resultando descalificada cualquier intención de engaño hacia la
autoridad pública. Pese al carácter informal de la tutela, la misma está
determinada por la imposibilidad de presentar la misma acción de amparo en
varias oportunidades y ante distintos jueces o tribunales. Los límites
impuestos por la normativa se justifican ya que buscan el buen funcionamiento
de la administración de justicia, la salvaguarda de la cosa juzgada y del
principio de seguridad jurídica, no siendo permitido el uso inescrupuloso o
abusivo del exclusivo mecanismo constitucional so pena de las sanciones
sustantivas y personales de cada caso concreto”.
En este sentido, el estudio de
la existencia de la temeridad debe partir de la premisa de la buena fe de los
particulares en sus actuaciones ante la administración
de justicia, esto quiere decir que se debe hacer un examen minucioso sobre la
procedencia de esta institución jurídica, para así evitar cualquier otra
vulneración de derechos[17].
Este tribunal
ha establecido también algunos eventos en los cuales a pesar de la probable
identidad entre las acciones, es procedente realizar un estudio a fondo sobre
los hechos. Así, en la sentencia T-919 de 2004 se determinó que:
“Tratándose
de personas en estado de especial vulnerabilidad, no es procedente negar la
tutela por temeridad, a pesar de que se observe una identidad de partes, hechos
y pretensiones, cuando el juez advierta que, no obstante la interposición de
una o varias acciones anteriormente, los derechos fundamentales de los
peticionarios continúan siendo vulnerados. Esta situación, en consecuencia,
constituye otra causal que justifica la interposición de una nueva acción de
tutela.”
Igualmente en la sentencia T-721 de 2003 se sostuvo que: “cuando
el presunto infractor del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es una persona
en estado de especial vulnerabilidad e indefensión, como lo están los afectados
por desplazamiento forzado, en especial los niños, las mujeres y los ancianos,
el Juez constitucional deberá ser en extremo cuidadoso antes de negarles la
protección constitucional, cuando advierte que sus derechos constitucionales
están siendo conculcados, porque su proceder podría dejar a los afectados
desprovistos de amparo”.
Así mismo, el uso inadecuado de la acción de tutela del cual se
deriva la interposición simultánea o repetida de la misma, puede ser atribuido
al asesor jurídico y no al ciudadano que reclama la protección de sus derechos
fundamentales. En este sentido, no es acertado declarar la temeridad pues el apoderado
judicial o el agente oficioso es el que tiene la carga del manejo técnico de
los mecanismos judiciales y no el ciudadano o el extranjero, quien al margen de
esto tiene derecho a que se le protejan sus garantías constitucionales[18].
6. Procedencia de la acción
de amparo para ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Reiteración de jurisprudencia.
El principio de subsidiariedad de la tutela aparece claramente
expresado en el artículo 86 de la Constitución, al precisarse en él que: “esta
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”.
Respecto al anterior mandato, este tribunal ha manifestado que la
procedencia subsidiaria de la acción de tutela se justifica en razón a la
necesidad de preservar el orden regular de competencias asignadas por la ley a
las distintas autoridades jurisdiccionales: “buscando con ello no solo
impedir su paulatina desarticulación sino también asegurando el principio de
seguridad jurídica”.[19]
Así lo consideró la
Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-480 de 2011:
“La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar
que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos
jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio
resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo
ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a
la acción de amparo constitucional. En efecto, el carácter subsidiario de la
acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar
dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro
del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal
imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela
el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y
procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo
establecido en el artículo 86 superior”
La edad, el estado de salud, las condiciones económicas y la forma
en que está integrado el grupo familiar de quién reclama el amparo
constitucional son algunos de los aspectos que deben valorarse para establecer
si la pretensión  puede ser resuelta a través de los mecanismos ordinarios, o
si, en realidad, las dilaciones y complejidades que caracterizan esos procesos judiciales
podrían conducir a que la amenaza o la vulneración iusfundamental denunciada se
prolongara de manera injustificada[20].
Cabe señalar que en materia de amparo judicial de los derechos
fundamentales hay una regla general, la tutela es el último mecanismo de
defensa al que puede acudir un afectado, ya que solo después de ejercer
infructuosamente todos los medios ordinarios, o ante la inexistencia de los
mismos, es procedente la acción.
En aplicación de dicho mandato, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que, en principio, la acción de tutela resulta improcedente para
reclamar el pago de acreencias de orden pensional, por cuanto dicha discusión
debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa. No
obstante, de manera excepcional, “se ha admitido su procedencia, según las
especificidades de cada caso, cuando los medios ordinarios no resultan lo
suficientemente idóneos y eficaces para alcanzar el fin propuesto; cual es la
protección inmediata de los derechos fundamentales[21]”
Igualmente, este tribunal ha manifestado que cuando el accionante
logra demostrar la ocurrencia de un  perjuicio irremediable procede la acción
de tutela a pesar de existir vías judiciales alternas, como cuando “se
ve afectado el mínimo vital o las condiciones físicas del peticionario permiten
deducir que se encuentra en un especial estado de indefensión y de no
intervenir de inmediato el juez constitucional se produciría un daño
irremediable”[22].
En lo relativo a la idoneidad y eficacia del instrumento judicial
ordinario, esta corporación expresó en sentencia T-569 de 2011 que:
“Es deber del juez de tutela es examinar si la controversia
puesta a su consideración: (i) puede ser ventilada a través de otros mecanismos
judiciales y (ii) si a pesar de existir formalmente, aquellos son o no suficientes para proveer una respuesta material y
efectiva a la disputa puesta a su consideración.  Por consiguiente, no es suficiente, para excluir la tutela, la mera
existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para
que ello ocurra es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con
miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección
a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos
que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial que
colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años
mientras sus derechos fundamentales están siendo violados.”
Sin embargo, excepcionalmente cuando la pensión adquiere relevancia
constitucional por estar relacionada directamente con la protección de derechos
fundamentales como la vida, la integridad física, el mínimo vital, el trabajo y
la igualdad, su reconocimiento y pago pueden ser reclamados mediante el
ejercicio de esta acción, para evitar un perjuicio irremediable.[23] En desarrollo de lo anterior, este
tribunal recuerda lo señalado en la sentencia T-066 de 2009, en la cual se
establecieron los requisitos que debía cumplir la solicitud de amparo para que
el juez pudiese conceder la protección de derechos:
“Solo en determinados casos, la Corte Constitucional ha admitido la
procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento
de una pensión, caso en el cual el juez, previa ponderación de los hechos y las
circunstancias especiales del caso concreto, deberá verificar ciertos
requisitos: (i) Se trata de una persona de la tercera edad, considerada sujeto
de especial  protección; (ii) La falta de pago de la prestación o su
disminución, genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales,
en particular del derecho al mínimo vital; (iii) El afectado ha desplegado
cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección
de sus derechos, y  (iv) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las
razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados o
amenazados.”
En este orden de ideas, el derecho a la pensión de invalidez en
excepcionalísimos casos puede ser exigido a través de la acción de tutela,
cuando se está en presencia de sujetos que por haber perdido parte considerable
de su capacidad de trabajo, no pueden acceder al mercado laboral para obtener
su congrua subsistencia, de modo que dicha prestación se convierte en la única
y exclusiva fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de
su núcleo familiar. Sobre
este aspecto la sentencia T-456 de 2004 determinó lo siguiente:
“debemos recordar que la misma jurisprudencia constitucional ha
señalado que no resulta aceptable someter a las personas con una particular
condición de vulnerabilidad, al agotamiento de actuaciones administrativas o
judiciales de carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar
judicial, no surgen como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera
oportuna y efectiva sus derechos fundamentales, pues de someterlas a dichos
trámites se podría llegar a comprometer hasta su propia dignidad.”
En desarrollo de lo anterior, podría concluirse que el juez de
tutela debe observar en el asunto específico si se reúnen los requisitos
planteados por la jurisprudencia para que proceda la acción de tutela como
mecanismo tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, y
no debe aplicar mecánicamente la fórmula de la improcedencia, en especial si en
ella concurren sujetos de especial protección constitucional.
7. El derecho a la seguridad social como derecho fundamental.
Reiteración de jurisprudencia.
7.1. El artículo 48 de la constitución
establece: “la
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares,
ampliará progresivamente la cobertura”.
Ahora bien, la consagración de la seguridad
social como derecho fundamental en los primeros años de jurisprudencia de este
tribunal tuvo un desarrollo discutible, ya que imperó tímidamente la tesis que
repudiaba la  fundamentalidad de esta garantía de manera autónoma. En este sentido la sentencia  T-406 de 1992 expuso:
“Para que un derecho constitucional pueda ser considerado como
fundamental, debe además ser el resultado de una aplicación directa del texto
constitucional, sin que sea necesario una intermediación normativa; debe haber
una delimitación precisa de los deberes positivos o negativos a partir del sólo
texto constitucional. Por lo tanto, en normas que poseen una textura abierta, a
partir de la cual el legislador entra a fijar el sentido del texto, no podrían
presentarse la garantía de la tutela. Está claro que no puede ser fundamental
un derecho cuya eficacia depende de decisiones políticas eventuales
(…)
La aceptación de la tutela para los derechos económicos, sociales y
culturales, sólo cabe en aquellos casos en los cuales exista violación de un
derecho fundamental de acuerdo con los requisitos y criterios de distinción;
sólo en estos casos, el Juez puede, en ausencia de pronunciamiento del
legislador, y con el fin de adecuar una protección inmediata del derecho
fundamental, pronunciarse sobe el sentido y alcance de la norma en el caso
concreto y, si es necesario, solicitar la intervención de las autoridades
competentes para que tenga lugar la prestación del Estado que ponga fin a la
violación del derecho”[24].
Así las cosas, en aquél momento se estimaba que
los derechos fundamentales pertenecían al rango de los de primera generación,
categoría compuesta por mandatos como la libertad, la integridad física y la prohibición
de pena de muerte, a esa clasificación escapaban los derechos sociales,
económicos y culturales, que integraban el grupo de los de segunda generación.
Para su efectividad se asumían previstos los mecanismos legislativos y
ejecutivos, mientras que la materialización de los derechos de primera era
labor exclusiva de la rama judicial del poder público[25].
En un primer momento, esta corporación optó por
una diferenciación doctrinal e histórica entre derechos civiles de abstención y
los derechos económicos y sociales, de carácter prestacional o de segunda
generación, perspectiva según la cual “los primeros solo implican la
obligación de no interferencia por parte del Estado, así que su cumplimiento (y
su exigencia judicial) es inmediato; los segundos, en cambio, requieren de
prestaciones positivas, por lo que no son exigibles por vía judicial de forma
inmediata, debido a (i) la necesidad de desarrollo legislativo y regulación
administrativa, especialmente cuando se garantizan a partir de la prestación de
un servicio público; y (ii) el hecho de que los recursos del Estado son
limitados”[26].
No obstante, en atención al dinamismo de la
jurisprudencia constitucional, paulatinamente se fue desdibujando esa
distinción tajante entre derechos fundamentales y derechos económicos, sociales
y culturales, todo ello en virtud a la tesis de conexidad, la cual fue referida
en torno a la seguridad social de la siguiente manera:
“El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en
la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho
establecido de forma genérica en el artículo 48 de la
Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera
edad (CP art. 46 inc. 2), adquiere el carácter de fundamental cuando, según las
circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner
en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (CP art. 11),
la dignidad humana (CP art.1), la integridad física y moral (CP art. 12) o el
libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) de las personas de la tercera
edad (CP art. 46)
(…)
En el presente caso se ha irrogado un perjuicio al señor HERNANDO
BLANCO ANGARITA como consecuencia de la violación de sus derechos fundamentales
de petición y a la seguridad social, en conexión con el derecho
al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales, así como,
con la obligación de protección y asistencia de las personas de la tercera
edad, que corresponde al Estado en concurrencia con la familia y la sociedad”[27].
Sin embargo, actualmente la
jurisprudencia ha abandonado la tesis de la nominación de derechos basándose en
el lugar que el constituyente les reservó en la
Carta, o de su desarrollo histórico delimitado en la teoría histórica de las
generaciones de los derechos. Esta nueva postura afirma que “los
derechos fundamentales están dotados de ese carácter por su identidad con
valores y principios del Estado Social de Derecho, más no por su positivización
o la designación expresa del legislador. Por tanto, ningún derecho erigido
dentro de este marco podrá ser privado de ese talante”[28].
Sobre el particular se ha dicho que: “la
fundamentalidad de los derechos no depende – ni puede depender – de la manera
como estos derechos se hacen efectivos en la práctica. Los derechos todos son
fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los
Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes
especialmente protegidos por la Constitución”. [29]
Esta corporación ya ha estudiado en diversas oportunidades la naturaleza de
uno de los DESC que mayor relevancia ha adquirido, específicamente en torno al
carácter fundamental del derecho a la seguridad social ha manifestado lo
siguiente:
“Los elementos que componen el derecho a la
seguridad social imponen al Estado colombiano obligaciones básicas de efecto
inmediato. Tal previsión se fundamenta en el reconocimiento de la seguridad
social como elemento inescindible de la dignidad humana y como medio para el
ejercicio de los demás derechos consagrados en el Pacto[30]. Así, en principio, en concordancia con el artículo 2 del Pacto y
la Observación General No. 3 del Comité, dada su calidad de derecho humano, el
Estado colombiano tiene obligación de (1) no interferir en el ejercicio del
derecho a la seguridad social (obligación de respetar); (2) impedir a terceras
personas que interfieran en su ejercicio (obligación de proteger); y (3)
adoptar, facilitar, promover y garantizar las medidas necesarias para su
efectividad (obligación de cumplir).”[31]
En el mismo sentido se destaca que este tribunal mediante la amplia jurisprudencia constitucional de los últimos años,
se ha inclinado por un criterio según el cual la protección de los derechos
económicos, sociales y culturales si bien son fundamentales, no siempre resultan
exigibles a través de un mecanismo como la acción de tutela. Sobre este aspecto
la sentencia T-016 de
2007, expresó lo siguiente:
“Al respecto, se dice, debe
repararse en que todos los derechos constitucionales fundamentales – con
independencia de si son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales,
de medio ambiente - poseen un matiz prestacional de modo que, si se adopta esta
tesis, de ninguno de los derechos, ni siquiera del derecho a la vida, se podría
predicar la fundamentalidad. Restarles el carácter de derechos fundamentales a
los derechos prestacionales, no armoniza, por lo demás, con las exigencias
derivadas de los pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los
cuales se ha logrado superar esta diferenciación artificial que hoy resulta
obsoleta así sea explicable desde una perspectiva histórica”
Como se advierte, la jurisprudencia constitucional se ha ido
apartando, cada vez más de los primeros pronunciamientos que catalogaban la
protección de derechos económicos, sociales y culturales en sede de tutela como
algo excepcional. Esto sin embargo, no significa que en todas las
circunstancias un derecho como el de la seguridad social pueda ser protegido
mediante la acción de amparo, ya que su fundamentalidad y su exigencia a través
de un mecanismo directo y expedito son dos fenómenos distintos.
7.2. Cabe señalar que el
derecho a la seguridad social también tiene obligaciones positivas de
prestación que son establecidas en diversos tratados internacionales
reconocidos por Colombia los cuales hacen parte del bloque de
constitucionalidad. Ejemplo de lo anterior es el artículo 2° del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual estable el
deber de los Estados de amparar esta categoría de prestaciones en los
siguientes términos:
“Cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como
mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los
derechos aquí reconocidos”
Igualmente, el artículo 26 la
Convención Americana de Derechos Humanos consagra el mismo principio en el
ámbito interamericano al afirmar:
“Los Estados partes se comprometen a
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente
la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la
Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo
de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa
u otros medios apropiados”.
Por su parte, el Protocolo de San Salvador, que adiciona la
Convención Americana en lo relativo a la protección de los derechos
económicos, sociales y culturales, establece que:
“Los Estados partes en el presente
Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las
medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre
los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena
efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.”
En razón
a los diversos mecanismos de origen internacional, el derecho a la seguridad
social ha adquirido el rango de derecho fundamental, puesto que como lo
manifiestan los órganos autortizados en la materia como lo es la
Organización Internacional del Trabajo, en su Conferencia N° 89 de 2001: “la
seguridad social es muy importante para el bienestar de los trabajadores, de
sus familias, y de toda la sociedad. Es un derecho humano fundamental y un
instrumento de cohesión social, y de ese modo contribuye a garantizar la paz
social y la integración social[32]”.
En este orden de ideas debe
concluirse que el derecho a la seguridad social debe ser entendido como una
herramienta indispensable para lograr el pleno goce y ejercicio de las garantías
constitucionales que fueron previstas por el constituyente en la
Carta de 1991. Su consagración como derecho fundamental garantiza su interrelación
con otras prerrogativas que surgen del concepto de dignidad humana, y es debido
a esa particular característica que hoy en día ha adquirido el carácter de
derecho fundamental, lo cual significa que en determinados supuestos la
prevalencia de esta garantía debe estar por encima de cualquier consideración
de orden técnico, administrativo o financiero.
8. La Seguridad Social como desarrollo integral del Estado Social de
Derecho y del principio de solidaridad.
Conforme a los precedentes anteriormente
descritos puede afirmarse que el derecho a la seguridad social es una verdadera
garantía fundamental cuya efectividad se deriva “de (i) su carácter
irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados
internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) de
su prestación como servicio público en concordancia con el principio de
universalidad[33]”. Sin embargo, el carácter primordial
de este conjunto de prestaciones no puede ser analizado sin observar los
efectos jurídicos que de ellas emanan, y cómo estas se interrelacionan no solo
con otros derechos fundamentales, sino con la estructura misma del Estado
Social de Derecho.
Así las cosas, debe insistirse que cuando
una entidad integrante del sistema de seguridad social adopta una determinada
decisión, tal como la de conceder o negar una pensión, o la de autorizar o no
un determinado procedimiento médico, aquella no solo se supedita a las
disposiciones legales contenidas en la ley 100 de 1993, sino a la totalidad de
la Carta. Esto debido a que la naturaleza propia de los derechos y prestaciones
que nacen del artículo 48 de la Constitución y a la indecidible relación con
los principios de universalidad y solidaridad, los cuales afectan de manera
directa la totalidad de garantías que integran el ordenamiento jurídico.
Lo anterior, en razón a que en el actual
modelo constitucional, los principios contemplados en los artículos 1º y 95 de
la Carta, no solo vinculan activamente al estado sino también a los
particulares, los cuales en su condición de garantes de los derechos de los
coasociados se encuentran en algunos casos comprometidos a prestar el apoyo y
concurrencia de prestaciones que requieren las personas para alcanzar la
efectividad de sus derechos y para colmar las aspiraciones propias de la vida
en sociedad.
En desarrollo de esta postura, recientemente
en la sentencia C-258 de 2013,
la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra diversas normas
que estructuraban el régimen de pensión de los congresistas y altos dignatarios.
En dicha providencia determinó que la seguridad social está estructurada
fundamentalmente en el principio de solidaridad el cuál “exige al Estado y a
toda la sociedad la vinculación del propio
esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés
colectivo. De acuerdo con este principio en
concordancia con el de igualdad, el Estado debe prestar
asistencia y protección a quienes se encuentren en circunstancias de mayor
debilidad o vulnerabilidad, y exigir mayores contribuciones y esfuerzos a
quienes están en mejor situación”.
El Estado adquirió en materia de seguridad social un papel
trascendental pues independientemente de que en diversos supuestos intervengan
entidades particulares a la prestación de los servicios, la misma debe ejercerse
por estos siempre orientada a obtener un beneficio general donde lo que prima
es el bien común. Observa la Corte que la afirmación según la cual la seguridad
social “se prestará bajo la dirección y control del Estado", es
concordante con el artículo 344 de la Constitución, que consagra la
intervención del Estado en la economía "con el fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes... y asegurar que todas
las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a
los bienes y servicios básicos".
En desarrollo de lo anterior este tribunal ha manifestado que “en el Estado Social de Derecho, los
principios de dignidad humana y de solidaridad social, el fin esencial de
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos,
deberes y principios constitucionales y el derecho fundamental a la igualdad de
oportunidades, guían la interpretación de la Constitución e irradian todos los
ámbitos de su regulación - propiedad privada, libertad de empresa, explotación
de recursos, producción, distribución, utilización y consumo de bienes y
servicios, régimen impositivo, presupuestal y de gasto público[34].”
Sin embargo, la seguridad social y los
derechos fundamentales han sufrido debido a ciertas prácticas un menoscabo que
amenaza seriamente la efectividad de las prestaciones sociales comprometidas, todo
esto debido a fenómenos como la dispersión de intereses en la sociedad
capitalista y la consolidación de la política costo-beneficio en el campo de las
garantías constitucionales, tal y como la manifestó la Corte desde sus primeras
sentencias:
“la dispersión de intereses en la sociedad
capitalista actual, ha diezmado la importancia del concepto de interés general,
repercutiendo así en la legitimidad del órgano legislativo y de la ley misma.
Esta deficiencia de la legitimidad tradicional ha sido compensada con el
fortalecimiento de la capacidad estatal para crear consenso y para encontrar
soluciones producto no solo del imperio de la ley[35]”.
Con fundamento en la anterior cita, puede
afirmarse que uno de los graves peligros que se ciernen sobre la seguridad
social es que esta vuelva a retomar una visión civilista en dónde sus
prestaciones dependan única y exclusivamente de la capacidad económica de los
afiliados, y en donde se garantice la protección de las contingencias propias
de un accidente, la vejez o una enfermedad solo a quienes tienen el patrimonio
y la solvencia económica para suscribir algún tipo de seguro que los amparé
contra dichos riesgos.
Así las cosas, si bien el sistema de pensión
se estructura fundamentalmente en la noción de seguro y por ende en sus
orígenes históricos estaba ligado a la esfera netamente privada, hoy en día y
bajo la constitución de 1991 los fondos de riesgos profesionales privados y públicos
no pueden aplicar en sus consideraciones los mismos estándares contractuales ajustables
a las relaciones entre particulares. Así lo consideró la
Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia C-086 de 2002 en la cual
expuso el carácter solidario del modelo:
“Para la Corte es claro que el sistema de
seguridad social en pensiones no tiene por finalidad preservar el equilibrio
cuota - prestación, sino la debida atención de las contingencias a las que
están expuestas los afiliados y beneficiarios, además porque el régimen de
prestaciones de la seguridad social en pensiones no es un régimen
contractual como el de los seguros privados sino, todo lo contrario, se
trata de un régimen legal que de alguna manera se asienta en el principio
contributivo
(…)
El carácter público y la finalidad
constitucionalmente reconocida del sistema de seguridad social en pensiones
supone que éste se configure, como lo ha sido, como un régimen legal en el que
los aportes de los afiliados, como las prestaciones que deben reconocerse, sus
requisitos y condiciones, vienen determinados no por un acuerdo de voluntades
sino por reglas y principios que se integran en el ordenamiento jurídico”
Así mismo y dando mayor alcance a lo referido anteriormente, la
Corte Suprema de Justicia Sala Laboral ha manifestado en torno al origen del
sistema de seguridad social en riesgos profesionales que:
“la noción de accidente de trabajo, su protección social y su
regulación normativa, aparecen en el mundo jurídico a mediados del siglo XIX.
Fue así como, en Alemania entre 1884 y 1885 nace el seguro obligatorio de
accidentes, por medio del cual se reconoce el principio de responsabilidad
objetiva del empresario por los accidentes de trabajo que afectan a su
trabajadores, bajo el entendido de que "allá donde está la autoridad, allá
también debe estar la responsabilidad". Posteriormente, esa tesis es
acogida en Australia (1887), Inglaterra (1895), Italia y Francia (1898), superándose
la de la denominada culpa o responsabilidad contractual, que se refería a
que el empleador no estaba obligado a reparar los perjuicios ocasionados por un
accidente de trabajo, salvo que el afectado
demostrara que la causa del mismo era imputable a aquél o fuere constitutiva de
culpa. [36]”.
En este orden de ideas puede afirmarse que conforme a la evolución histórica
de la seguridad social, aquella mutó su naturaleza en la cual primaban las
nociones civilistas y contractuales, para pasar a ser un elemento activo en la
correcta garantía de los principios y valores que consagra la constitución.
Prueba de lo anterior es la consagración expresa de su sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, los cuales no deben ser
vistos como los ideales a los que aspira el sistema, sino como verdaderos
elementos que garantizan el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.
Sobre este aspecto la Corte Constitucional
en sentencia C-575 de 1992 exaltando uno de los debates que surgieron en el
seno de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmó:
"Nuestra concepción de la Finalidad Social del Estado debe ir
necesariamente más allá de la retórica. La Seguridad Social constituye un
elemento indispensable para posibilitar unas condiciones de vida dignas; tal
vez no haya instrumento más eficaz para el cumplimiento de la Finalidad Social
del Estado. En este sentido es necesario consagrar en la Carta el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social, garantizado por el Estado a todos los
habitantes del territorio Nacional. La seguridad y la previsión social tienen
por objeto la protección de la población contra las contingencias que
menoscaban la salud y la capacidad económica[37]”.
Dando alcance a lo referido anteriormente,
este tribunal ha manifestado en diversas oportunidades que el derecho a la
seguridad social se fundamenta en un modelo constitucional
y legal que debe garantizar el goce
de los derechos constitucionales, los cuales son el eje fundamental que permite avalar que la igualdad
que tanto prédica la Constitución no sea sólo retórica.
Téngase lo referido en la sentencia T-594
de 2011 en la cual esta corporación determinó lo siguiente:
“se infiere que las autoridades
administrativas, especialmente las que manejan los recursos del Sistema
Integral de la Seguridad Social, deben obrar diligentemente frente a las
personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y que merecen
especial protección por parte del Estado, interpretando el alcance de sus propias funciones con
un criterio eminentemente protector, de tal forma que se materialice la
intención del Constituyente de garantizar el goce de sus derechos
constitucionales fundamentales”.
En desarrollo de lo anterior, este tribunal recuerda que respecto a
la seguridad social se ha estructurado una teoría fundamentada en un trípode
estructurado en el principio de la solidaridad, dignidad y justicia material. Sobre
este aspecto desde las primeras sentencias que abordaron el tema se manifestó
lo siguiente:
“El artículo primero constitucional funda el Estado colombiano en la
solidaridad. Ello es un desarrollo de los conceptos de justicia y democracia
participativa, consagrados ambos en el Preámbulo y en el artículo segundo de la
Carta. En primer lugar, la expresión de un orden justo aparece tanto en el
Preámbulo como en los fines esenciales del Estado. El nexo
justicia-solidaridad es evidente, pues en un régimen de carencia de recursos
suficientes, como Colombia, una parte de la sociedad civil está llamada a
participar en la solución de las necesidades de los más pobres.
También es manifiesta la relación dignidad-solidaridad. Ellas son,
respectivamente, un valor y un principio de los cuales se predica su total
compatibilidad. Es gracias a la solidaridad que se puede arribar a la dignidad,
si se parte del supuesto de la realidad colombiana, enmarcada en un ámbito de
desequilibrios sociales y territoriales. Las solución de las necesidades
básicas insatisfechas de importantes sectores de la sociedad colombiana es un
compromiso de todos, esto es, del Estado, la sociedad y los particulares (…) Luego
la solidaridad es un deber constitucional de todos, que aspira a lograr la
materialización de los valores  fundantes de la justicia y la dignidad.”[38]
En este sentido, la Constitución Política de 1991 para muchos de los
DESC mantuvo el modelo y concepto de servicio público, el cual y debido a sus
características propias, en la mayoría de las veces requiere de una correlación
de prestaciones y cotizaciones para garantizar sus sostenimiento. Tal y como lo
establece la ley 100 de 1993 en el caso de la seguridad social. Pero aún manteniendo
el modelo de auto sostenimiento no puede olvidarse que la Constitución lo
supera y complementa al señalar entre sus finalidades la de garantizar un orden
político, económico y social justo. Así las cosas, la naturaleza social del
Estado de derecho colombiano conforme a la Sentencia
T-505 de 1992 “supone de un papel activo de las
autoridades y un compromiso permanente en la promoción de la justicia social”.
En concordancia con esta línea de
pensamiento, en la sentencia C-228 de 2010, esta corporación afirmó:
“Como se observa, el Estado Constitucional
colombiano es incompatible tanto con un modelo del liberalismo económico
clásico, en el que se proscribe la intervención estatal, como con modalidades
de economía de planificación centralizada en las que el Estado es el único
agente relevante del mercado y la producción de bienes y servicios es un
monopolio público.  En contrario, la Carta adopta un modelo de economía social
de mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada,
la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y
proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con
el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a
la protección del interés general.”
El fundamento de cualquier tipo de modelo
económico que desarrolle el estado, tal y como es el caso de la seguridad
social debe estar fundado en la prevalencia del interés general, la justicia y
el principio de solidaridad.
Sobre este aspecto la Corte en la Sentencia C-352 de 2009, explicó: “el
nuevo derecho constitucional diseña un marco económico ontológicamente
cualificado, que parte del reconocimiento de la desigualdad social existente
(art. 13), de la consagración de ciertos y determinados valores como la
justicia y la paz social, principios como la igualdad y la solidaridad, y
derechos y libertades civiles, sociales, económicos y culturales que conforman
la razón de ser y los límites del quehacer estatal”
En este sentido este tribunal mediante sentencia C-250 de 2004
manifestó:
“El Estado social de derecho,
fundado en la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés
general (CP art. 1), no es concebible por fuera de una conducta social y
pública inspirada en una moral activa y solidaria a la cual se subordina la
eficacia jurídica cuando ella es flagrantemente desconocida. La norma de la
Constitución deliberadamente atrae hacia sí un sinnúmero de acciones públicas y
privadas. En realidad, su designio es el de valorizar el elemento ético de la
conducta de los sujetos y de los agentes del Estado”.
Para que la seguridad social se convierta en el instrumento que
garantice la eficacia del Estado Social de Derecho, se hace necesario que las
autoridades al momento de desplegar su actividad, valoren elementos tales como
el principio de igualdad, solidaridad, vida digna, justicia y mínimo vital,
sobre todo buscando que las normas legales y reglamentarias que desarrollan el
derecho a la pensión sean interpretadas conforme a la Constitución, en especial
cuando está de por medio la subsistencia de sujetos de especial protección
constitucional como es el caso de las personas que padecen alguna limitación
física o en los supuestos en los cuales se afecta la subsistencia de infantes.
Así las cosas, una de las más importantes
herramientas con las que cuenta el estado para cumplir con sus fines, es la
intervención en la seguridad social dentro de los límites que fija la propia
Constitución y la libertad de empresa, los cuales deben estar en concordancia
con los objetivos legítimos que facultan su intrusión en la economía. El estado
tiene el deber de estructurar los modelos de vigilancia y control de tal forma
que este predique por la corrección de la distribución inequitativa de los
recursos económicos y la escasez de oportunidades[39], la
promoción del empleo[40],
el desarrollo de la seguridad social[41]
y, en términos generales, la corrección de las fallas del mercado y la promoción de un desarrollo económico
y social justo[42].
Razón por la cual las entidades que en virtud de la ley 100 de 1993 administran
recursos y toman decisiones que afectan los derechos de los usuarios deben estar
inspiradas por los principios rectores del Estado Social de Derecho en su
actividad diaria.
9. La aplicación del principio de buena fe
cuando las AFP desconocen los aportes realizados mientras se realiza el
dictamen de pérdida de capacidad laboral
En el
ordenamiento jurídico colombiano el principio de la buena fe está expresamente
reconocido en el artículo 83 de la
Constitución de 1991. Este  establece que: “las
actuaciones públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones”. Dicho mandato obliga a que todas
las relaciones en las que participan particulares y autoridades públicas, estén
regidas por los contenidos de probidad, honestidad y lealtad.
En relación a los deberes que surgen de la aplicación del artículo
83 de la C.P, ésta corporación mediante sentencia T-537 de 2009 consideró que:
“el
principio de buena fe fue concebido por el constituyente como un mecanismo para
buscar la protección de los derechos, los que tendrán menos amenazas si en las
actuaciones que se surtan ante las autoridades, o en la interpretación de las
relaciones negociales entre particulares y administración, o en el
entendimiento de las relaciones entre particulares se toma la buena fe como un
elemento fundacional de las mismas”.
Dando
alcance a lo referido anteriormente, este tribunal ha manifestado en reiteradas
oportunidades que la buena fe no solo debe ser observada como un elemento que
se espera de la parte negociante, contratante o del estado, sino como una
máxima interpretativa cuya finalidad propende por integrar el ordenamiento
jurídico para lograr la correcta composición del mismo:
“el principio de buena fe se ha definido como
aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que
podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y
se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
(…) la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para
transformarse en un postulado constitucional,  su aplicación y proyección
ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del
ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre
estos y el estado, y en tanto postulado constitucional, irradia las relaciones
jurídicas entre particulares.[43]”
Los postulados de la buena fe se
diferencian de otras reglas jurídicas, en cuanto no tienen un contenido típico
y preestablecido, sino que éste es el que resulta de las circunstancias
concretas relativas a la formación y ejecución de las diferentes relaciones que
tienen relevancia para el derecho y que reclama, de los sujetos que en ellas
intervienen, un mínimo de recíproca lealtad y mutua colaboración con miras a
preservar los intereses legítimos y alcanzar las finalidades merecedoras de
tutela jurídica, para lo cual se precisan comportamientos positivos u omisivos
que así no sean formalmente prescritos, se imponen si aquellos seria y
honestamente persiguen una determinada situación o efecto.[44]
Ahora bien la jurisprudencia
constitucional ha tenido la oportunidad de  determinar el alcance de la buena
fe respecto a distintas facetas de la actividad de los seguros, ya sea que se
esté en presencia del modelo netamente privado, o bien que se esté analizando
la legalidad de una decisión basada en un esquema de seguridad social.
Sobre la aplicación del principio de
buena fe en un esquema basado en el modelo privado de seguro, recientemente en
sentencia T-268 de 2013 la Corte observó como la buena fe en las conductas
desplegadas durante la relación negocial permitían evitar que determinadas
empresas aseguradoras se lucraran indebidamente de las múltiples cotizaciones
que el tomador  de la póliza realizaba, las cuales eran posteriormente
desconocidas alegando la figura de las preexistencias. Sobre el particular
expresó:
“El principio
de la buena fe en el contrato de seguros, se predica con mayor exigencia de las
dos partes, es decir, tanto del tomador como del asegurador, teniendo en cuenta
que se trata de un contrato de adhesión, lo que significa que al momento de la
suscripción del respectivo contrato, la aseguradora tiene la carga de consignar
en el texto de la póliza, de manera clara y expresa, las exclusiones o
preexistencias, entendidas como aquellas enfermedades o afecciones que ya venia
aquejando al paciente al momento de suscribir el contrato, respecto de las
cuales no se dará cubrimiento alguno sin que pueda luego alegar en su favor las
ambigüedades o los vacíos del texto por ella preparado[45].
Sin embargo, lo anterior no puede ser excusa para que un tomador-
beneficiario solicite el reconocimiento de una póliza de seguro declarada nula
en virtud de su mala fe. Así las cosas, el artículo 83 de la
Carta Política repudia tanto las prácticas arbitrarias de las aseguradoras,
como de las demás partes. A modo de ejemplo, si se demuestra que el tomador de
la póliza conocía de antemano la existencia y gravedad de una enfermedad al
momento de celebrar el contrato, sin ninguna duda este podrá ser declarado nulo
debido a la reticencia. Cosa distinta es el caso de que el beneficiario
manifieste los síntomas de su enfermedad o que estos se encuentren en la
historia clínica y la aseguradora dentro de los límites razonables, no indague
sobre su gravedad
Se entiende que cuando un tomador-beneficiario de buena fe
manifiesta estar en óptimas condiciones genera la seguridad de tener una
posición jurídica definitiva, la cual es la convicción de estar cubierto ante
cualquier siniestro en los términos del contrato. En este sentido, se puede
entender que la entidad aseguradora atenta contra el régimen constitucional y
legal aplicable cuando súbitamente desconoce la reclamación de un siniestro
alegando la existencia de síntomas que el beneficiario no conocía, o que no
fueron expresamente excluidos del amparo  por la omisión y negligencia de
aquella”.
Ahora bien, concretamente y en cuanto a la relación existente entre
la buena fe y la confianza en la conducta desplegada en las relaciones
laborales y de la seguridad social, esta corporación en diversas providencias
ha delimitado los elementos que surgen de esta. Sobre este punto la Corte en
sentencia T-005 de 1995 manifestó: “la confianza es un elemento esencial en
las relaciones entre los individuos. Sin ella se desmoronan las condiciones
básicas de cooperación y respeto que requiere una vida colectiva pacífica.
Defraudar esta confianza tiene implicaciones graves en la articulación de las
prácticas sociales. Esto sucede de manera especial cuando se trata de una
relación de subordinación, como es el caso de los trabajadores respecto de sus
empleadores. La confianza que el trabajador deposita en su empleador y en las
condiciones laborales que lo vinculan con la empresa crea un sentido de
seguridad y estabilidad que resulta esencial”.
Así las cosas, cuando un trabajador se afilia al sistema de
seguridad social bajo una relación de carácter laboral o similares, adquiere la
confianza de que estará cubierto ante cualquier contingencia que surja de su
actividad profesional, o de su devenir diario. Este convencimiento surge del
ideario colectivo que supone que el porcentaje que es deducido por el empleador
o por el órgano colectivo para cubrir los porcentajes que la legislación
establece para salud, pensión y ARP protegen y amparan de cualquier riesgo al
cotizante y a sus beneficiarios.
En el mismo sentido se destaca que la buena fe no solo despliega sus
efectos en el área netamente laboral, sobre el particular, la
Corte ha evidenciado como esta directriz constitucional es plenamente
aplicable no solo a las relaciones entre trabajadores y empleadores, sino
también a las originadas entre aseguradoras de fondos de pensiones y sus
afiliados. Sobre este aspecto esta corporación en sentencia C-250 de 2004
determinó en torno a la desafiliación automática del amparo que brinda el
seguro de pensión de invalidez por el no pago de dos períodos consecutivos, lo
siguiente:
“No es aceptable, verbigracia, que el afiliado conozca su
desprotección ante el siniestro, cuando la administradora le niegue los
derechos que reclame, o, lo que es peor, no se entere nunca debido a su muerte,
y los familiares derecho habientes se vean en una situación de desamparo o de
litigio. Adicionalmente a las anteriores observaciones y desde otra óptica,
importa considerar que si las administradoras siguen percibiendo cotizaciones
una vez detectada la mora o no las devuelven en un plazo prudencial, enterando
debidamente a los interesados de la decisión de acogerse a la desafiliación
automática, es dable presumir que prefirieron sanear la situación y dejar
vigente la afiliación, sin perjuicio de las acciones de cobro arriba referidas
(…)
Adicionalmente a las anteriores observaciones y desde otra óptica,
importa considerar que si las administradoras siguen percibiendo cotizaciones
una vez detectada la mora o no las devuelven en un plazo prudencial, enterando
debidamente a los interesados de la decisión de acogerse a la desafiliación
automática, es dable presumir que prefirieron sanear la situación y dejar
vigente la afiliación, sin perjuicio de las acciones de cobro arriba referidas”.
Lo anterior en principio es aplicable, cuando estamos en presencia
del modelo de seguridad social en riesgos profesionales, ya que en este las
contingencias propias del trabajo son amparadas bajo la figura de un esquema de
aseguramiento en el cual el empleador genera un fondo común para cubrir las
prestaciones que se originen. Este tribunal ha
manifestado que el sistema en esta modalidad es financiado “bajo un esquema
de aseguramiento,- en el que las cotizaciones o primas, que el empleador
entrega al sistema por cada uno de los  trabajadores afiliados, generan una
mutualidad o fondo común, con el cual se financian las  prestaciones anotadas[46]”.
En este sentido la seguridad social es reforzada por el principio de
la buena fe, en el entendido de que esta adquiere un elemento consolidado
cuando está en presencia de conductas que atentan contra la lealtad de los
cotizantes, como cuando se desconocen los aportes al sistema en los supuestos
en donde se evidencia una enfermedad degenerativa o congénita que afecta
paulatinamente las capacidades de una persona. Téngase lo referido por esta corporación
en sentencias T-699A de 2007 y T-710 de 2009:
“Es evidente que el juez constitucional no debe olvidar la especial
condición de vulnerabilidad del sujeto que reclama la protección de sus
derechos, y del enorme esfuerzo que, en no pocos casos, estas personas hacen al
insistir en seguir cotizando al SGSS, a pesar del avance progresivo de la
enfermedad y del inevitable cese de su actividad laboral ante el contundente
deterioro de su salud, lo que los obliga en ese momento, a solicitar la pensión
de invalidez y someterse a una calificación. En estos eventos, la Corte
constitucional ha considerado que no tener en cuenta los aportes hechos con
posterioridad a la determinación de la invalidez y permitir que el sistema
se beneficie de dichas cotizaciones, resulta contrario a los lineamientos
constitucionales”.
Ahora bien por transparencia argumentativa debe hacerse énfasis en
que si bien se ha permitido que se computen las cotizaciones de un determinado
accionante después de que se estructura la invalidez, en la mayor parte de los
casos ese fenómeno solo es válido cuando se está en presencia de una enfermedad
que merma la capacidad laboral del paciente de manera paulatina.
Sin embargo, esta corporación en eventos excepcionalísimos ha
protegido el derecho a la pensión de invalidez, permitiendo sumar el cómputo de
las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración.[47]
Sobre el particular en sentencia T-833 de 2011 la Corte determinó:
“Como regla general, la ley y la jurisprudencia han determinado que
la normatividad aplicable a un caso concreto, en donde se solicite el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, es definida por la fecha de
estructuración de la invalidez. Esto porque a lo largo de la historia
legislativa y el desarrollo de dicha prestación en Colombia, no han existido
regímenes de transición específicos para regular los cambios dados en esa
materia.
Ha de aclararse que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral y la Corte Constitucional han permitido excepciones a esta regla con el
fin de, por un lado, dar aplicación real a los principios de solidaridad,
favorabilidad, progresividad y universalidad que rigen el Sistema General de
Seguridad Social; y de otro, materializar los postulados del Estado social de
derecho.
(…)
Así, la Corte en reiteradas ocasiones ha revisado procesos, en los
cuales las cotizaciones realizadas entre la fecha de calificación de la
invalidez y la de estructuración de la misma, hacen la diferencia entre cumplir
o no los requisitos exigidos por la ley, explicando que el Sistema de Seguridad
Social no puede beneficiarse de esas cotizaciones, pues ello contravendría los
postulados básicos del Estado Social de Derecho y sus desarrollos posteriores,
principalmente mediante la protección del derecho a la seguridad social”
Es necesario aclarar que en el contexto antes descrito, el
reconocimiento o no de una prestación emanada de la seguridad social lejos de
ser una decisión que depende única y exclusivamente de los postulados
consagrados en el artículo 39 de la ley 100, se erige como la concreción de
diversos elementos constitucionales de carácter teleológico que buscan
concretar el cumplimiento de los estándares de protección de derechos que el
estado en virtud de la constitución de 1991 debe cumplir, entre estos se
encuentra el principio de solidaridad, buena fe, dignidad humana y justicia, materialización
que también recae en los particulares que por mandato legal administran
recursos de la seguridad social de los colombianos.
10. La prevalencia del interés superior del menor. Reiteración de
jurisprudencia
10.1. La Asamblea Nacional Constituyente realizó un
importante avance respecto de la protección de los derechos de los niños. En
este sentido, es claro que la Carta de 1991, buscando superar el vacío de
protección que predomino en la constitución de 1886, consagró el deber del
Estado de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, para así garantizar la
efectividad de las garantías que predica el Estado social de derecho y diversos
estándares internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
La prevalencia del interés general de los menores de
edad no es un axioma que se origine en un determinado contexto, por el
contrario es desarrollo de una lectura armónica de toda la Carta. En este
sentido vale la pena destacar que  la cláusula general de igualdad contenida en
el artículo 13 de la Constitución Política impone una obligación en cabeza del
Estado colombiano de proteger de manera privilegiada a los menores de edad ya
que, taxativamente establece el deber de amparo “a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se
cometan”.
Así mismo el artículo 44 de la Constitución Política, en
desarrollo de diversos tratados que reconocen derechos humanos los cuales han
sido ratificados por Colombia, eligió una fórmula de garantía que reza por la
integralidad de la protección de sus derechos en todas las esferas. Sobre este
aspecto textualmente la Carta del 91 establece el deber de “proteger” a
los niños “contra toda forma de abandono” al igual que radico la competencia de exigir dicha protección en
cabeza de “cualquier persona”.
La obligación anteriormente señalada no depende de ninguna
condición; es categórica: al niño se le debe asistir y proteger. Dichas
asistencia y protección, corresponden en primer término a la familia, como
núcleo esencial de la humana convivencia; pero corresponden también a la
sociedad, en general, y al Estado, en particular, como ente rector de aquella.
Es claro que si el niño carece de una familia que lo asista y proteja, bien
porque haya sido abandonado por sus padres, bien porque carezca de ellos, o
bien porque éstos o, en su defecto, sus abuelos, hermanos mayores, u otros
parientes cercanos, no cumplan con ese sagrado deber, la asistencia y
protección incumbe directa e insoslayablemente a la sociedad y, a nombre de
ésta, al aparato gubernamental.[48]
Esta corporación se ha
pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de garantizar de
manera efectiva y prevalente el ejercicio de los derechos de los niños, debido
a que estos por sus evidentes condiciones físicas en la mayoría de veces no
pueden hacerse valer por sí mismos, situación que les confiere el estatus de
sujetos de especial protección constitucional en los términos de las normas
superiores anteriormente señaladas. Frente a este tema este tribunal ha dicho
que:
“En el Estado social de Derecho, la comunidad
política debe un trato preferencial a quienes se encuentran en circunstancias
de debilidad manifiesta y están impedidos para participar, en igualdad
de
condiciones, en la adopción de las políticas públicas que les resultan
aplicables. En este sentido, es evidente que los niños son acreedores de ese
trato preferencial, a cargo de todas las autoridades públicas, de la comunidad
y del propio núcleo familiar al cual pertenecen.[49]”
Para abordar el tema referente a la protección de los derechos cuya
titularidad radica en los niños y niñas colombianas, es necesario poner de
presente que esta población es beneficiaria de un mandato sumo que radicó el
pueblo colombiano a la asamblea nacional constituyente, por lo que en virtud
del artículo 44 de la Constitución sus garantías constitucionales tienen el
carácter de fundamentales.
Acerca de la especial protección de la que son beneficiarios los
menores de edad esta corporación ha referido que:
“El trato prevalente, es una manifestación del Estado social de
derecho y se desarrolla a lo largo de la
Carta Política, pretendiendo garantizar, según dispone el artículo 44
Superior, el desarrollo armónico e integral del ejercicio pleno de los derechos
de los infantes, para protegerlos contra cualquier forma de abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica, trabajos riesgosos, etcétera. Estos riesgos o eventualidades hacen a
los niños, sujetos de especial protección constitucional.”[50]
10.2. Igualmente, el Estado colombiano a través de la
aprobación y ratificación de múltiples convenios y tratados internacionales, ha
asumido la obligación de garantizar los derechos de los niños. En efecto, de
conformidad con el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, “todo niño tiene derecho, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de
protección que su condición de menor requiere tanto por parte de su familia
como de la sociedad y del Estado.”
Así mismo, la Convención Americana de
Derechos Humanos en su artículo 19: establece que “Todo niño tiene derecho a
las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado”. En este mismo sentido la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25.2 manifiesta que “La
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a
igual protección social.”
Por su parte, el artículo 4 de la Declaración de los Derechos del
Niño asevera que: “el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad
social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, con este fin
deberán proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso
atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.”
Como consecuencia de lo expuesto, para esta
Sala es evidente que debido a la especial protección que reconoce la
Constitución y diversos tratados internacionales que garantizan los derechos a
la infancia en condiciones integras, actualmente los niños y niñas cuentan con
una exaltación jurídica que no puede ser desconocida por ninguna autoridad
pública o particular, ya que dado el interés general que recae sobre ellos, se
hace incondicional e ineludible el deber del Estado y de la sociedad de actuar
de manera inmediata siempre que la infancia se halle en estado de necesidad.
11. CASO
CONCRETO
11.1. Descripción de la situación.
En relación con los hechos y el material probatorio obrante en el
expediente, encuentra la Sala que en el presente asunto la acción de tutela es
presentada por  un agente oficioso, el cual asevera actuar en representación de
Ruby Amparo Cárdenas y de su hijo Luis Eduardo Cárdenas, debido a la negativa del Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR
S.A. de reconocer la pensión de invalidez por aparentemente no cumplir con los
requisitos contemplados en la ley 100 de 1993. El señor Francisco Luis Rodríguez Torres  acude ante
el juez constitucional con la pretensión de que este ordene a la AFP demandada
expedir acto en el cual se le conceda la pensión a su agenciada.
Por su parte la AFP PORVENIR manifiesta que no tiene la obligación
de acceder a la prestación solicitada debido a que para el momento en el cual
se estructuró el incidente cerebrovascular, la señora Ruby
Amparo Cárdenas aún no había alcanzado a cotizar la suma de 50 semanas.
Tanto el juez de primera como aquel de segunda instancia, negaron la
protección invocada al considerar que la negativa a reconocer la pensión de
invalidez se encuentra sustentada en la correcta aplicación de las normas que
regulan la materia. Así mismo consideran que las pretensiones que se persiguen
así como los hechos expuestos en la misma, fueron objeto de pronunciamiento por
otro juez constitucional.
Sin embargo, la providencia de segunda instancia con el fin de
proteger los derechos de los
agenciados dictó las siguientes órdenes: “oficiar a la Procuraduría General
de la Nación, de Villavicencio Seccional Meta, para que dadas las
consideraciones expuestas en el presente fallo inicie los trámites y
procedimientos correspondientes para la declaratoria de interdicción y
designación de curaduría de la señora Ruby Amparo Cárdenas”. Así mismo y en
relación a la protección del hijo menor de edad de la agenciada determinó: “el
instituto colombiano de bienestar familiar, regional Villavicencio, seccional
meta, debe iniciar los trámites y procedimientos correspondientes para el
restablecimiento de derechos del menor Luis Eduardo, a fin de obtener una
evaluación de condiciones actuales y la designación de guarda legal”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a analizar los
aspectos fácticos y jurídicos del presente caso, para determinar posteriormente
si en el sub examine es posible dar órdenes específicas a la AFP PORVENIR sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez
debido a la aplicación de los principios rectores que guían las actuaciones de los
fondos de pensiones al momento de tomar decisiones que afecten el derecho
fundamental a la seguridad social, o si por el contrario se debe negar la
protección de derechos invocada.
11.2. Agencia oficiosa en el asunto de referencia.
De manera categórica la Corte Constitucional ha reconocido la forma
en la cual se puede comparecer al proceso tutelar. En este sentido, ha
manifestado que debido a la naturaleza sumaria y antiformalista de la tutela,
no operan los mismos limitantes al momento de demostrar la calidad en la que
actúa determinado peticionario, sin embargo lo anterior no es excusa para que
el juez de amparo no tenga la obligación de determinar la legitimación en la
causa sobre la cual se sustenta la solicitud de protección. Al respecto este tribunal
ha manifestado que  “las posibilidades de
acreditar la legitimación en la causa por activa son: (i) la del ejercicio
directo de la acción, (ii) la de su ejercicio por medio de representantes
legales, (iii) la de su ejercicio por medio de apoderado judicial, y (iv) la
del ejercicio por medio de agente oficioso[51].
En virtud de la última figura, es decir, de la agencia oficiosa es
posible que un tercero represente al titular de un derecho debido a la
imposibilidad física y/o mental de este para llevar a cabo su propia defensa.
En este sentido la agencia oficiosa constituye una institución excepcional,
pues requiere que se evidencie una circunstancia de indefensión del afectado
que le imposibilite recurrir al mecanismo tutelar para buscar por sí mismo la
protección de sus garantías constitucionales.
Ahora bien en el caso concreto la presente acción de amparo,
conforme a lo dispuesto por los artículos 10 y 42 del Decreto Ley 2591 de 1991
y 86 de la Constitución, se interpuso por el señor Francisco
Luis Rodríguez Torres[52] el cual expresamente en el escrito de tutela manifestó “ que
solicita la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo
vital, seguridad social de los perjudicados” haciendo alusión al desarrollo
jurisprudencial que este tribunal ha estructurado en torno a la figura de la
agencia oficiosa. Igualmente de los hechos se desprende que ni la señora Ruby
Amparo Cárdenas ni su hijo pueden solicitar la protección de sus garantías por
sí mismos, la primera por haber padecido un infarto cerebral y el segundo por
tan solo tener 3 años de edad.
En conclusión, la Sala encuentra acreditada la legitimación del
señor  Francisco Luis Rodríguez Torres para agenciar los derechos de la señora
Ruby Amparo Cárdenas y del niño Luis Eduardo Cárdenas
11.3. Ausencia de temeridad en la tutela
La acción de tutela fue creada como instrumento extraordinario,
preferente, breve y sumario para lograr la protección efectiva de los derechos
fundamentales de las personas. En consecuencia, para garantizar el buen
funcionamiento de este medio de defensa, es necesario que los actores tengan
una participación transparente que se materialice en la recta decisión de los
jueces.
El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 38, hace referencia a la
actuación temeraria en la acción de tutela, con el fin de evitar su abuso y así
alcanzar una relación honesta y transparente entre la administración y los
administrados. La aludida norma señala que se configura la temeridad cuando
“sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales”,
por lo cual corresponde al juez de tutela rechazarla o decidir
desfavorablemente todas las solicitudes.
Al respecto, esta corporación en reiterada jurisprudencia ha sido
enfática en señalar que el juez constitucional al momento de valorar si se
encuentra frente a una situación como la descrita anteriormente, debe tener en
cuenta varios aspectos determinantes tales como: (i) la identidad de las
partes; (ii) la identidad de la causa petendi; (iii) la identidad del objeto y
(iv) la ausencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en
el ejercicio de la acción[53].
Le corresponde al operador judicial a fin de brindar una protección
de los derechos fundamentales, verificar los aludidos presupuestos, siempre
partiendo de la disposición constitucional que supone presumir la buena fe en
las actuaciones de los particulares. En este sentido la sentencia T-919
de 2004 determinó que: “Tratándose de personas en estado de especial
vulnerabilidad, no es procedente negar la tutela por temeridad, a pesar de que
se observe una identidad de partes, hechos y pretensiones, cuando el juez
advierta que, no obstante la interposición de una o varias acciones
anteriormente, los derechos fundamentales de los peticionarios continúan siendo
vulnerados. Esta situación, en consecuencia, constituye otra causal que
justifica la interposición de una nueva acción de tutela.
Así mismo en sentencia T-433 de 2006 este
tribunal concluyó que:
“El uso inadecuado de la acción de amparo del cual se deriva la
interposición simultánea o repetida de la misma, puede ser atribuido al asesor
jurídico y no al ciudadano que reclama la protección de sus derechos
fundamentales. En este sentido no es acertado declarar la temeridad pues el
apoderado judicial es el que tiene la carga del manejo técnico de los
mecanismos judiciales y no el ciudadano, quien al margen de esto tiene derecho
a que se le protejan sus garantías constitucionales”.
Ahora bien frente a este caso en concreto, la Sala observa al
analizar la solicitud allegada por Seguros de Vida ALFA S.A. que el Juzgado
Quinto Penal Municipal de Villavicencio mediante sentencia del 24 de agosto de
2011 conoció en única instancia de un amparo constitucional presentado por
Cristina Andrea Romero Vinasco, en calidad de agente oficiosa de Ruby
Amparo Cárdenas y su hijo. En este solicitó el reconocimiento de la pensión de
invalidez por parte del fondo de pensiones PORVENIR S.A. y la protección de los
derechos al mínimo vital, la salud y la vida de sus agenciados.
Ahora bien de las pruebas obrantes en expediente de tutela se
evidencia que en principio no debe considerarse que la señora Ruby
Amparo Cárdenas y Luis Eduardo Cárdenas tengan que soportar
las consecuencias negativas que surgen de ese fallo de tutela, en razón a que la
temeridad es una consecuencia jurídica que sanciona la mala fe de un
accionante, y en el presente caso no podría hablarse que alguno de los
agenciados haya podido actuar de manera temeraria, por la sencilla razón que:
(i) la primera tiene una pérdida de capacidad laboral del 78.75% por
haber sufrido una “cuadriplejia por hemorragia subaracnoidea”, lo cual
evidencia que esta ni siquiera participó en la elaboración de la primera acción
de amparo debido a que no puede ni escribir ni hablar y (ii) en
el caso de su hijo, qué mala fe puede trasladársele a un ser indefenso de
apenas 3 años de edad.
Por el
contrario, si en el asunto de referencia se evidencia algún tipo de error al haberse
presentado una segunda acción de tutela, tampoco esta puede ser enligada al
señor Francisco Luis Rodríguez Torres, ya que este
agente oficioso no es abogado ni tiene conocimientos propios de derecho, es
decir, que la duplicidad de acciones no puede ser atribuido al
ciudadano que eventualmente sería beneficiario de la protección de sus derechos
fundamentales.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que no existe temeridad en
el presente asunto.
11.4. Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto
La Sala advierte que el asunto en cuestión evidencia claramente la
existencia de una afectación a múltiples derechos fundamentales de la señora Ruby Amparo Cárdenas, lo cual amerita la
procedencia de la acción de tutela en los términos expresados por la
jurisprudencia de esta corporación. Esto en razón a que la condición de
discapacidad que aqueja a la peticionaria, específicamente del 78.75% de
pérdida de capacidad laboral, aunada a las afectaciones
físicas y mentales que ha venido acumulando con el tiempo y que están
plenamente identificadas tanto en el escrito de tutela como en el historial
clínico de la agenciada, facultan el conocimiento por parte del juez de la presente
acción.
Basta con contemplar el cuaderno de pruebas allegado por la EPS
SALUDCOOP para comprobar que se trata de una persona que ha acumulado
afecciones delicadas que indubitable y progresivamente le han impedido seguir
trabajando, y que inexorablemente le impiden a un grado extremo desarrollar
cualquier tipo de actividad. Lo anterior habilita la competencia de esta
corporación para estudiar el fondo la petición realizada indistintamente de la
existencia de otras vías ordinarias de defensa judicial.
Este tribunal recuerda lo señalado en la sentencia T-066 de 2009, en
la cual se establecieron los requisitos que debía cumplir la solicitud de
amparo para que el juez pudiese conocer de la protección de derechos:
“Solo en determinados casos, la Corte Constitucional ha admitido la
procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento
de una pensión, caso en el cual el juez, previa ponderación de los hechos y las
circunstancias especiales del caso concreto, deberá verificar ciertos
requisitos: (i) Se trata de una persona de la tercera edad, considerada sujeto
de especial  protección; (ii) La falta de pago de la prestación o su
disminución, genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales,
en particular del derecho al mínimo vital; (iii) El afectado ha desplegado
cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección
de sus derechos, y  (iv) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las
razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados o
amenazados.”
Para esta corporación es claro que debido al estado clínico de la
señora  Ruby Amparo Cárdenas en
ningún caso su vida puede proseguir de manera normal sin el reconocimiento de
la pensión de invalidez, por lo cual si el juez desconoce las implicaciones que
trae la ausencia de la prestación solicitada implicaría el quebrantamiento de
las garantías constitucionales consagradas en la
Carta del 91. En conclusión y con fundamento en lo
anterior, esta corporación considera que en el presente asunto procede la
acción de tutela para cuestionar la negativa de la
AFP PORVENIR de reconocer la prestación solicitada.
11.5. De la aplicación de los principios constitucionales que pregona
el Estado Social de Derecho al momento de reconocer una pensión de invalidez
Observa la Sala que la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías PORVENIR S.A., al responder si le asistía o no el derecho a la
pensión de la señora Ruby Amparo Cárdenas realizó una valoración formal de los requisitos establecidos en la
norma; sin embargo, obvió la valoración de principios constitucionales tales
como la solidaridad, la justicia y la buena fe, los cuales son desarrollo directo
del Estado social de derecho y resultan de imprescindible consideración para el
análisis del caso sui generis como el que ahora ocupa a esta Sala.
La necesaria valoración de los principios anteriormente descritos
resalta la relevancia constitucional del problema planteado y obliga a que el
juez constitucional se pronuncie respecto de la aplicación de las disposiciones
en el caso concreto, buscando sobre todo que la decisión adoptada permita la
concreción de los valores previamente aludidos conforme a la Carta de 1991.  La
especial situación de debilidad manifiesta y al estado que revisten la agenciada
y su hijo, hace necesario desplegar una lectura de la problemática planteada no
desde el aspecto netamente formalista de la ley 100 de 1993, sino desde la
óptica constitucional.
Por demás, en repetidas ocasiones esta corporación se ha visto
obligada a interpretar no solo tomando como referencia las disposiciones legales
que regulan la materia, sino por el contrario analizando el asunto específico a
la luz de las garantías constitucionales, buscando con ello salvaguardar la
vigencia de un orden legal y constitucional justo. En este sentido basta
observar la sentencia T-777 de 2009 en donde la Corte determinó: “la Sala
observa que la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A.,
al responder si le asistía o no el derecho a la pensión de la actora,  realizó
una valoración formal en  perspectiva legal de los requisitos establecidos por
la norma para alcanzar el derecho a la pensión de invalidez; sin embargo, obvió
la valoración de principios constitucionales y derechos fundamentales que le
asisten a la joven dentro del marco de un Estado Social de derecho”.
En el caso sub examine la Sala considera que tanto la entidad
accionada como los jueces de instancia, debieron valorar la situación en que se
encuentran Ruby Amparo Cárdenas y Luis Eduardo Cárdenas, ya que la condición física y  psicológica de la primera dejan
entrever el deterioro en el que ha quedado la capacidad laboral de esta después
del accidente cerebrovascular presentado a escasos días de dar a luz a
su hijo; lo que necesariamente deviene en la imposibilidad de
realizar cualquier actividad que le permita derivar el sustento propio. Prueba
de lo anterior es que según las evidencias obrantes en el expediente la
agenciada está postrada en un hogar de paso en la ciudad de Villavicencio,
mientras que el niño Luis Eduardo Cárdenas es cuidado por una vecina amiga de ella.
No se debe olvidar que toda lesión que afecte la vida e integridad
de una persona y que reduzca su capacidad de proveerse los bienes materiales
mínimos para sobrellevar una vida digna, es extremadamente lamentable; pero la
situación es más desastrosa cuando quien debe soportar esta tragedia es una madre
que a escasos días de dar a luz a su pequeño hijo, sufre un menoscabo a su
salud que la somete de por vida a estar bajo el cuidado de un tercero que
realice todas sus actividades básicas de auto cuidado, más aún, si se tiene en
cuenta que la agenciada estaba afiliada al sistema de
seguridad social, ya que por primera vez había obtenido un trabajo si se quiere
decir estable, el cual le permitiría gozar de las prerrogativas propias de la
maternidad y de la protección ante contingencias que mermaran su salud o su
capacidad laboral.
Sin embargo, las condiciones especiales de los agenciados no pueden
ser el único sustento que estructure el reconocimiento de la pensión de
invalidez, ya que la Corte como todos los jueces de la república, si bien debe
aplicar en sus decisiones de manera preferente la Constitución, también está supeditada
a la aplicación del ordenamiento legal que regula el reconocimiento de la
prestación aquí solicitada.
Sobre este aspecto se debe evidenciar que para acceder
a la pensión de invalidez el legislador estableció los parámetros legales y
reglamentarios que deben guiar la actividad de los fondos de pensiones. Estos
son: (i) la invalidez y (ii) la proporcionalidad de cotizaciones al sistema. El
primero, la invalidez, hace énfasis en que independientemente de la necesidad
de determinado núcleo familiar e incluso en los hogares en los cuales hay
menores de edad o sujetos de especial protección constitucional, es imposible
que una AFP reconozca una prestación sin que previamente se haya determinado y
estructurado la pérdida de capacidad laboral superior o igual al 50%.
El espíritu de este requisito es evitar que una persona
que cuenta con la capacidad de suministrarse a través de su trabajo su manutención,
sea beneficiario de una prestación a la que no tiene derecho en desmedro de los
escasos recursos del sistema. Al respecto en concreción de este mandato que
propende por la sostenibilidad del régimen de pensiones, el artículo 38 de la
ley 100 de 1993 establece: “se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere
perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
El segundo parámetro que debe guiar la actividad de los fondos de
pensiones, es la proporcionalidad de cotizaciones al fondo común. En torno a
este requisito la evolución legislativa ha variado respecto a las semanas de
cotizaciones que debe aportar una persona para acceder a la pensión de
invalidez, en supuestos en los que se estructure enfermedad o accidente que le
impida seguir desempeñándose en un entorno laboral[54].
Bajo la Constitución del 91 se expidió la Ley 100 de 1993. Esta
normatividad concretó en su artículo 39 los requisitos mínimos
para lograr el reconocimiento de la pensión de invalidez. Establecía que para acceder a el
reconocimiento de esta prestación se necesitaba: (i) “Que el afiliado se
encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por  menos veintiséis (26)
semanas, al momento de producirse el estado de invalidez; (ii) Que habiendo
dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos
veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca el estado de invalidez.”
Subsiguientemente la ley 860 de 2003, señaló los nuevos y actuales
requisitos para acceder a la pensión de invalidez, los cuales pueden ser
sintetizados así: (i) invalidez causada por enfermedad o
accidente de origen común cuando el beneficiario tiene 20 o más años, requiere
de 50 semanas de cotización dentro de los últimos 3 años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración; (ii) si la invalidez es causada
por enfermedad o accidente de origen común, cuando el beneficiario es menor de
20 años de edad, requiere de 26 semanas de cotización en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria y (iii) si el afiliado cotizó el 75% de las semanas
mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que
haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años[55]
El objetivo que ha buscado el legislador a través de las múltiples
reformas al sistema de seguridad social en pensiones, ha siempre girado en
torno a garantizar que mediante el aumento o disminución de las semanas de
cotización  se cuente con el capital necesario para su auto sostenimiento.
Téngase lo señalado por esta corporación en la sentencia T-138 de 2012 en la cual
la Corte estudió la naturaleza económica de este último aspecto:
“se ve, la exigencia concreta de las 50 semanas, resulta una medida
de carácter económico, con la cual el legislador buscó evitar que una persona
acceda a un beneficio igualmente económico solventado por el sistema, sin que
dicha persona haya aportado un capital proporcional y racional, que el
mismo legislador tasó en mínimo 50 semanas de aportes dentro de los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. En conclusión, la
exigencia en cuestión tiene sentido en la medida en que se cumpla con su
propósito económico”.
Como consecuencia de lo expuesto puede afirmarse que la
anterior evolución legislativa surgió en torno al deber de mantener la sostenibilidad
del sistema, con el fin de evitar que las personas que no hayan contribuido con
un total de semanas “proporcionales” y “racionales” puedan
acceder a las prestaciones que surgen de la pensión de invalidez.
Sin embargo al momento de determinar si una persona
cumple con las semanas de cotización que establece la ley 860 de 2003 se debe
partir de que la constitución en su artículo 13 obliga al estado, a la familia,
a las entidades que hacen parte del sistema de seguridad social integral y a
todos los particulares en general, a proteger a los sujetos que se encuentran
en situación de debilidad manifiesta. Sobre el particular la disposición
establece “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por sus
condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se
cometan”; este deber imperativo  prescribe la obligación de prestar la
ayuda a las  personas que lo necesiten de conformidad al artículo 95 numeral 2
de la Carta.
En este sentido, la AFP demandada consideró
que si bien la agenciada había cotizado en salud, pensiones y riesgos laborales
durante cerca de 7 meses antes de estructurarse la invalidez, está aún no
cumplía con las semanas necesarias para acceder a la solicitud requerida. Esta
decisión, si bien podría tener acogida desde una óptica netamente legal, a la
luz de los principios constitucionales analizados en la parte motiva de esta providencia,
resultaría claramente ilegítima y desproporcionada, ya que la simple subsunción
y valoración legal de las semanas de cotización en el asunto discutido atenta
contra los principios constitucionales anteriormente descritos.
En el presente asunto, se evidencia en primer medida varias
particularidades que hacen que el juez constitucional no pueda aplicar
ciegamente las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia,
debido entre otros aspectos a: (i) la situación de especial invalidez,
abandono e indefensión que afecta a la agenciada y a su menor hijo; (ii)
el impacto que traería a las condiciones de vida el reconocimiento de la
prestación; (iii) la previa cotización al sistema de un considerable
número de semanas por parte de la agenciada; (vii) la buena fe que vincula
la actuación tanto de la señora Ruby Amparo Cárdenas
como la de la AFP demandada, y (iv) la aplicación
de los postulados que pregona el Estado Social de Derecho, los cuales
materializan el goce concreto de los derechos fundamentales.
En primer medida no se debe olvidar que la señora
Ruby Amparo Cárdenas había iniciado a cotizar en
pensiones con anterioridad al momento en el cual sufrió la incapacidad, es
decir, que alcanzó a acceder a las 50 semanas de cotización desde que se
presentó el incidente cerebrovascular hasta el momento en que se concretó el
dictamen, sólo porque previamente había aportado al sistema de seguridad social
integral durante un lapso considerable de tiempo. Ya que después de presentarse
el parto de la agenciada su empleador por expresó mandato legal, tuvo que
seguir cotizando hasta el momento de la presentación de esta tutela.
Esto en razón a que la accionante estaba laborando para
la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos SIPRO en calidad
de afiliada, razón por la cual ya había previamente realizado cotizaciones por
cerca de 7 meses, las cuales entraron al fondo mutual de la
AFP PORVENIR generando rendimientos debido a la administración de los mismos.
Como segundo elemento y eje estructural de esta providencia, debe
tenerse en cuenta que en ningún momento puede hablarse de una supuesta
intención de la señora Ruby Amparo Cárdenas de afiliarse al sistema de seguridad social en pensiones para ocultar
una patología que previamente padecía.
Queda comprobado además que los eventuales
beneficiarios de esta pensión o sus causahabientes
tampoco actuaron de mala fe, ya que el deseo de proseguir con las cotizaciones
para obtener el reconocimiento de la pensión mientras la agenciada se
encontraba postrada en una cama no se originó en el deseo temerario de estos.
Del expediente se observa que la señora Ruby Amparo
Cárdenas no cuenta con un compañero permanente que vele por sus cuidados, ni
con una familia que tenga mayor contacto, evidencia de lo anterior es que de la
evolución medica obrante en el expediente llevada por SALUDCOOP expresa lo
siguiente:
“La paciente siempre ha permanecido sin acompañante, los
especialistas tratantes no logran hablar con familiares por lo que las
decisiones son difíciles de tomar” [56].
“La paciente nuevamente no cuenta con la presencia de los
familiares, la amiga está presente por periodos cortos lo que hace imposible
hablar con los cuidadores” [57]
“No encuentra compañía, no hay quien autorice el procedimiento, sin
embargo se deja consentimiento informado para que sea autorizado por la familia
si alguna vez aparece a visitar a la paciente”[58].
“la paciente está en un hogar de paso, albergue en Villavicencio sin
familiares o acudientes”[59]
Así las cosas, se evidencia que las cotizaciones que se
realizaron después de que se presentó el accidente cerebrovascular y hasta la
expedición del dictamen, no fue fruto de la mala fe de los familiares o de
algún tercero que pretendiera obtener el manejo de cualquier eventual pensión,
sino del deber legal del empleador de seguir cumpliendo con las obligaciones
que surgen de su posición. Es decir, que en el presente caso no puede
criticarse la conducta desplegada por la Cooperativa, ya que está plenamente
justificada desde la obligación que tienen los contratantes de seguir cotizando
al sistema de seguridad social, hasta tanto no se tenga certeza del porcentaje
de capacidad laboral de sus empleados.
Como tercer elemento no debe olvidarse que la entidad Seguros
de Vida ALFA S.A.., mediante dictamen del 27 de agosto de 2010 determinó una
pérdida de capacidad laboral del 78.75% lo cual evidencia la situación de
invalidez de la agenciada. Así mismo según las pruebas obrantes en el
expediente se evidencia que “la paciente está en un hogar
de paso, albergue en Villavicencio sin familiares o acudientes”[60], mientras que su hijo está en situación de abandono, ya que
independientemente de que actualmente es cuidado por una vecina, este no puede
seguir indefinidamente a su cuidado, evidencia de lo anterior es que el juez de
segunda instancia ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
regional Villavicencio, seccional Meta: “iniciar los trámites y
procedimientos correspondientes para el restablecimiento de derechos del menor
Luis Eduardo Cardenas, a fin de obtener una evaluación de condiciones actuales
y la designación de guarda legal”.
El eventual reconocimiento de la pensión de invalidez equivalente a
un salario mínimo en el presente asunto no solo tendría un impacto directo en
lograr el restablecimiento de derechos de los agenciados, sino que podría ser
la diferencia entre una vida dependiente de los programas de asistencia social
del estado; al acceso en condiciones dignas a las prestaciones que surgen del
derecho a la seguridad social, tales como la prestación económica que garantice
un mínimo vital, y la afiliación al sistema de salud en calidad de cotizante
para ella y su pequeño hijo.
Igualmente el reconocimiento de la pensión en el presente asunto avalaría
un ingreso con el cual Luis Eduardo Cárdenas accedería en un futuro mediato a
los medios necesarios de para llevar una infancia digna tal y como lo profesa el
artículo 44 de la Constitución.
Para esta corporación debe darse aplicación directa a los postulados
que pregonan por la seguridad social, tal y como lo manifestó la sentencia
C-575 de 1992: “la concepción de la Finalidad Social del Estado debe ir
necesariamente más allá de la retórica. La Seguridad Social constituye un
elemento indispensable para posibilitar unas condiciones de vida dignas; tal
vez no haya instrumento más eficaz para el cumplimiento de la Finalidad Social
del Estado”. Es decir, la Corte en aplicación del principio
de solidaridad, justicia, y buena fe, y demás pilares fundantes del Estado
Social de Derecho, no podrá aplicar los mismos criterios formalistas que
regulan la forma de contabilizar las semanas para acceder al reconocimiento de
la pensión de invalidez.
La Sala encuentra que en este caso, la aplicación ciega
de la ley 100 de 1993 implicaría la vulneración de principios constitucionales
relativos al carácter social de nuestro estado, eso sin mencionar que al desconocer
los aportes que el empleador de la accionante realizó durante el término en que
esta estuvo hospitalizada atentaría contra derechos fundamentales como el mínimo
vital y  la seguridad social. Más
aún cuando “la confianza que el trabajador deposita en su empleador y en las
condiciones laborales que lo vinculan con la empresa crea un sentido de
seguridad y estabilidad que resulta esencial[61]”. Por lo cual en
el presente asunto y debido a las excepcionalísimas circunstancias que lo
rodean, las cotizaciones realizadas por el empleador de la accionante deberán
ser computadas para acceder a las 50 semanas de cotización que exige la ley.
La Corte Constitucional por lo anteriormente expuesto reconocerá
la pensión de invalidez a la señora Ruby Amparo
Cárdenas, con el fin de materializar la protección real
y efectiva del derecho a la seguridad social de ella y de su menor hijo
contenido en los artículos 48 y 42 superiores.
Sin embargo se debe aclarar que lo expuesto en este
caso, no involucra en manera alguna un aval para que en todos los supuestos se
acepte que las semanas de cotización realizadas desde que se presenta la
invalidez, hasta el momento de calificación, sean computables al tiempo de
pensión.
Bajo tales
condiciones, la Sala concluye que en este caso procede la protección de los
derechos fundamentales invocados, en razón a que se comprueba que la señora Ruby Amparo Cárdenas reúne los requisitos
para acceder de manera definitiva a la pensión de invalidez de conformidad al
artículo primero de ley 860 de 2003. En virtud a lo anterior este tribunal
procederá a revocar el fallo de segunda instancia y ordenará a la AFP PORVENIR
que en el término de 48 horas inicie el trámite necesario para reconocer y
pagar la pensión de la agenciada. Este trámite no podrá
superar el término de 20 días calendario.
Igualmente y con el ánimo de proteger los
derechos fundamentales de la señora Ruby Amparo Cárdenas y Luis Eduardo Cárdenas, la Corte ordenará a la
Procuraduría General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, que adelanten las actuaciones necesarias para que los aquí agenciados
puedan mediante curador o representante legal disfrutar de la pensión
reconocida.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 11 de diciembre de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, el que a su vez
confirmó la negativa de derechos decretada por el Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, mediante
providencia del 11 de septiembre de 2012.
SEGUNDO.- CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y seguridad social por las razones expuestas en la presente providencia.
TERCERO.- ORDENAR al Fondo Privado de Pensiones PORVENIR,
teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en esta providencia, en el término de 48 horas inicie los trámites pertinentes para que a
la actora le sea reconocida y empiece a pagársele la pensión de invalidez, lo
cual no podrá exceder el término de 20 días calendario.
CUARTO.- ORDENAR a la Procuraduría
General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que
adelanten las actuaciones necesarias para que los aquí agenciados puedan
mediante curador o representante legal disfrutar de la pensión aquí reconocida.
QUINTO.- LÍBRESE por Secretaría General
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 20 y 33 cuaderno de
pruebas.
[2] Folio 261 cuaderno de pruebas.
[3] Folio 260, cuaderno pruebas.
[4] Folio 17, cuaderno pruebas.
[5] Folio 37, cuaderno pruebas.
[6] Folio 60, cuaderno pruebas.
[7] Cfr. Sentencia T-531 de 2002.
[8] Sentencia T-306 de 2011.
[9] Auto 06 de 1996.
[10] Sentencia T-1103 de
2005 y T-1122 de 2006.
[11] Ibídem.
[12] Sentencias T-1103 de 2005 y T-727
de 2011.
[13] Sentencia T-184 de
2005.
[14]  Sentencias T-1215 de 2003
y T-184 de 2005.
[15] Sentencia T-721 de 2003.
[16] Sentencias T-149 de 1995, T-919
de 2003 y T-707 de 2003.
[17] Cfr. Sentencia T-1022 de 2006.
[18] Sentencia T-433 de 2006.
[19] Sentencia T-487 de 2011.
[20] La Corte ha
llamado la atención sobre la importancia de que dichas circunstancias sean
examinadas, también, al realizar el análisis material de la acción de tutela.
Al respecto, señala la sentencia T-093 de 2011 “(...) el reconocimiento de
una pensión adquiere relevancia constitucional cuando: a.) del conjunto de
condiciones objetivas en las cuales se encuentra el accionante, por ejemplo, su
edad avanzada, su estado de salud, su precaria situación económica, se concluye
que se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta; b.) se verifica
la grave afectación del derecho fundamental a la seguridad social y de otros de
derechos fundamentales como la vida digna, la salud, el mínimo vital y el
debido proceso; y c.) se constata la afectación de principios constitucionales
como el principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley,
el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal o el principio de
irrenunciabilidad de los beneficios económicos establecidos en las normas que
dan contenido prestacional al derecho a la seguridad social”.
[21] Sentencia T-920 de 2009.
[22] Sentencia T-145 de 2011.
[23] Sentencia T-106 de 1993 y T-480 de 1993.
[24] Sentencia T-406 de 1992.
[25] Sentencias T-801 de 2010, T-044
de 2011 y T-293 de 2011.
[26] Sentencia T-105 de 2009.
[27] Sentencia
T-426 de 1992.
[28] Sentencias T-801 de 2010 y T-044
de 2011.
[29] Sentencia T-016 de
2007.
[30] Sentencia T-414 de 2009.
[31] Ibíd.
[32] Conferencia N° 89 de la
OIT.
[33] Sentencia T-760 de 2008.
[34] Cfr. Sentencia T-505 de 1992.
[35] Sentencia T-406 de 1992.
[36] Corte Suprema de Justicia Sala Laboral
Sentencia del 29 de agosto de 2005 Radicación 23.202.
[37] Gaceta Constitucional del 21 de
mayo de 1991. Informe Ponencia para Primer Debate en Plenaria, pág. 2.
[38] Sentencia T-575 de 1992
[39] Sentencias T-426 de 1992 y C-288
de 2012.
[40] Sentencia C-776 de 2003.
[41] Sentencia C-258 de 2013.
[42] Sentencias C-865 de 2004, C-352
de 2009, C-228 de 2010 y C-263 de 2011.
[43] Sentencia C-1194 de 2008.
[44] Sentencia T-005 de 1995.
[45] Sentencia T-086 de 2012.
[46] Sentencia C-453 de 2002.
[47] Sobre el particular ver las
sentencias T-777 de 2009 y T-839 de 2010.
[48] Cfr. Sentencia T-029 de 1994.
[49] Sentencia SU-225 de 1998.
[50] Sentencia T-840 de 2007.
[51] Cfr. Sentencia T-531 de 2002.
[52] Actúa el peticionario en calidad
de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas
Productivos SIPRO.
La señora Ruby
Amparo Cárdenas pertenecía a la mencionada cooperativa de trabajo, es decir, su
jefe es quien agencia sus derechos en la presente acción de amparo.
[53] Sentencia T-509 de 2011.
[54] Sobre
el particular inicialmente el artículo 5° del Decreto 3041 de
1966 consagró
que tendrían derecho a la pensión de invalidez los asegurados que: (i) fuesen
inválidos
de carácter permanente conforme a lo preceptuado en la ley 90 de 1948 y (ii)
tuviesen acreditadas 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores
a la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales debían corresponder a los
últimos 3 años. Posteriormente, se expidió el, Decreto 232 de 1984 el cuál
ajustó los requisitos de cotización para asegurar el reconocimiento de una
pensión de invalidez, específicamente dispuso que “la persona declarada
invalida tenía derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez si
acreditaba 150 semanas de cotización- para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V. M.,
dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en
cualquier época.”
[55] La mencionada ley igualmente establecía el requisito
de (iv) fidelidad del 20% al sistema después de tener 20 años de edad. Sin embargo ante la evidente regresividad
que planteaba el requisito de fidelidad al sistema, la Corte, en sentencia C-428 de 2009, estudió el
artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y consideró “resultaba contrario al principio de no
regresividad consagrado en el artículo 48 de la
Constitución y otros postulados de carácter internacional, en relación con lo
anteriormente contemplado en el precepto 39 de la
Ley 100 de 1993”, por lo cual declaró
inexequible este último requisito.
[56] Folio 261.
[57] Folio 261
[58] Folio 261
[59] Folio 20 y 33 cuaderno de pruebas
[60] Folio 20 y 33 cuaderno de pruebas
[61] Cfr. Sentencia C-250 de 2004.