C-779-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-779/03
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
Referencia:
expedientes
acumulados
D-4375, D-4384 y D-4395
Demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 98 de
la Ley 769 de 2002 “por  la cual se expide el Código Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras disposiciones”
Actores: Juan Carlos Echeverri Narváez y
Bernardo Vanegas Trejos
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D. C., diez (10) de
septiembre de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
los ciudadanos Juan Carlos Echeverri Narváez y Bernardo Vanegas Trejos
presentaron sendas demandas  contra el artículo 98 de la Ley 769 de 2002. Los
señores Maria Rosa Rodríguez y Rafael Barbosa presentaron igualmente demanda
contra el mismo artículo.
La Sala Plena de la Corte en sesión del 3
de diciembre de 2002 resolvió acumular los expedientes D-4375, D-4384 y D-4395
para que se tramitaran conjuntamente y se decidieran en la misma sentencia.
Mediante auto del 18 de
diciembre de 2002, el Magistrado Sustanciador admitió las demandas presentadas
por los ciudadanos Juan Carlos Echeverri Narváez y Bernardo Vanegas Trejos, e
inadmitió la demanda presentada por los señores Maria Rosa Rodríguez y Rafael
Barbosa, quienes no hicieron presentación personal de la misma ni acreditaron
su calidad de ciudadanos en ejercicio.
No habiéndose corregido esta
última demanda en el término señalado para el efecto, la misma se rechazó
mediante auto del 22 de enero de 2003.  Providencia que fue confirmada por la
Sala Plena de la Corporación mediante auto del 18 de febrero de 2003 con el que
se resolvió el recurso de súplica interpuesto por los demandantes.
En el auto del 18 de Diciembre
de 2002 el Magistrado sustanciador dispuso correr traslado de las demandas
admitidas al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de
rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención
ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la
República, al Presidente del Congreso, así como a los Ministros de Justicia y
del Derecho, de Transporte y de Protección Social, a fin de que, de estimarlo
oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.
Cumplidos los trámites ya relacionados,
propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General
de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de
la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No.
44.893 del 7 de agosto de 2002:
“LEY 769 DE 2002
(6 de agosto)
por
la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.
“Artículo 98. Erradicación de los
vehículos de tracción animal. En un término de un (1) año, contado a partir de
la iniciación de la vigencia de la presente ley, se prohíbe el tránsito urbano
en los municipios de Categoría Especial y en los municipios de primera
categoría del país, de vehículos de tracción animal. A partir de esa fecha las
autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos de tracción animal.
“Parágrafo 1°. Quedan exceptuados de la
anterior medida los vehículos de tracción animal utilizados para fines
turísticos, de acuerdo a las normas que expedirá al respecto el Ministerio de
Transporte.
“Parágrafo 2°. Las alcaldías municipales y
distritales en asocio con el SENA tendrán que promover actividades alternativas
y sustitutivas para los conductores de los vehículos de tracción animal.”
III.    LAS DEMANDAS
1. Demanda del ciudadano Juan Carlos
Echeverri Narváez
Para el actor el artículo 98 de la ley 769
de 2002 vulnera el Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 13, 16, 25, 26, 29,
34, 53, 58, 83 y 336 de la Constitución por lar razones que se  resumen a
continuación.
Considera que la norma vulnera el
Preámbulo de la Constitución pues traiciona sus principios y garantías
fundamentales y en particular las de i) asegurar el derecho al trabajo, ii) el
derecho a la igualdad, iii) el derecho a la locomoción, iv) el debido proceso,
v) la libertad de escoger profesión u oficio vi) los derechos adquiridos y vii)
el principio de confianza legítima.
Por las mismas razones y por considerar
que con ello se vulnera la dignidad humana de las personas a las que se les
priva de su derecho al trabajo, al tiempo que se afecta uno de los oficios que
nutren la diversidad étnica y cultural de la Nación considera que se vulneran
los artículos 1,2,4,5 y 7 superiores.
Señala así mismo que la norma desconoce el
derecho de igualdad (art. 13 C.P) en cuanto establece una diferencia de trato
injustificada entre quienes trabajan en los municipios de primera categoría y
de categoría especial y quienes lo hacen en los demás municipios, así como
entre los vehículos de tracción animal utilizados para fines turísticos y los
demás.
Advierte igualmente que la erradicación a
que alude la norma acusada además de desconocer el derecho al trabajo (art 25
C.P) vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P.)
y a escoger profesión u oficio (art. 26 C.P.), de la misma manera que viola el debido
proceso (art. 29 C.P.) y el principio de confianza legítima (art 83 C.P.) en
cuanto se desconocen las autorizaciones otorgadas de tiempos ancestrales a
quienes se dedican a esta actividad.
Dicha erradicación afirma igualmente,
impone el destierro (art. 34) de estas personas, a las que se les desconocen
sus derechos adquiridos (art 58) y respecto de las cuales el Estado incumple
todos los presupuestos que sobre los derechos de los trabajadores establece el
artículo 53 superior. Afirma finalmente que con dicha erradicación se establece
un monopolio en la recolección de escombros por parte de las empresas de
servicios públicos, sin que se haya ordenado la plena indemnización de los
individuos que quedan privados del ejercicio de una actividad económica lícita
(Art. 336 C.P.).
2. Demanda del ciudadano Bernardo Vanegas
Trejos
El actor luego de explicar el sentido de
la palabra erradicar y de considerar su incidencia en el contenido y alcance de
la norma acusada, concluye que la misma vulnera flagrantemente los derechos i)
a la igualdad, -en cuanto establece una diferencia de trato injustificada entre
quienes habitan los municipios de primera categoría y de categoría especial-,
ii) al trabajo y iii) a escoger libremente profesión y oficio, -en cuanto priva
a las personas de menores ingresos de uno de sus casi exclusivos medios de
subsistencia.
IV.    INTERVENCIONES
1.   Ministerio del Interior y de Justicia
El Ministerio
referido a través de la Directora del ordenamiento Jurídico de dicha entidad
solicita a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la norma acusada a
partir de las consideraciones que se sintetizan a continuación.
La interviniente afirma que el artículo 98
de la Ley 769 de 2002 no vulnera el artículo 13 superior pues así se desprende
de la aplicación en su caso de del test de igualdad que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado como instrumento metodológico para verificar si
una norma desconoce dicho principio superior.
Afirma que la prohibición contenida en la
norma tiene una finalidad constitucional legítima, a saber, la protección de la
vida y la seguridad de las personas, y que la medida no resulta irrazonable ni
desproporcionada en relación con dicho fin, sobre todo si se toma en cuenta que
ella solo se aplica en determinados municipios y que en la norma acusada se
señalan una serie de medidas para limitar el impacto social que la misma pueda
producir.
2.  Ministerio de Transporte
La entidad señalada a
través del jefe (e) de la oficina asesora de jurídica interviene en el presente
proceso para solicitar la declaratoria de exequibilidad de la disposición
acusada con fundamento en las consideraciones que se resumen enseguida.
El interviniente
advierte que la restricción que establece la norma es apenas parcial, pues se
circunscribe a determinados municipios, sin que se vean afectadas las zonas
rurales de los mismos ni la mayoría de los municipios del país.
Afirma que en manera
alguna se restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que debe
en todo caso ceder frente a las limitaciones que provienen del necesario
respeto a los derechos de los demás y al ordenamiento jurídico.
Hace énfasis en que
la norma prevé medidas alternativas para las personas que se ven afectadas con
la restricción que impone la norma, con lo que no se vulnerara el derecho al
trabajo, así como en que en materia de utilización de las vías públicas no cabe
invocar derechos adquiridos.
Frente al cargo por
la supuesta vulneración del derecho a escoger libremente una profesión u
oficio, advierte que la norma tiene una finalidad constitucionalmente legítima,
cual es la de garantizar la seguridad de las personas y que el interés
particular debe ceder ante el interés general que se manifiesta en este caso.
Considera que para
que pueda alegarse la vulneración del derecho a la igualdad es necesario que
las personas se encuentren en idénticas circunstancias lo que en su parecer no
sucede en el presente caso pues es diferente la situación de los habitantes de
los municipios a que se refiere la norma respecto de los demás que tienen un
trafico vehicular y unos riesgos de circulación que no son comparables, así
como la actividad que se desarrolla por quienes utilizan los vehículos de tracción
animal para actividades turísticas frente a quienes los utilizan para otras
actividades.
En relación con el
cargo por la supuesta vulneración del debido proceso y el principio de
confianza legítima, señala que el artículo 29 superior hace referencia a
actuaciones administrativas y jurisdiccionales y no a la expedición de leyes.
3. Ministerio de la Protección Social
El Ministerio
referido actuando a través de apoderada judicial para el efecto interviene en
el presente proceso para defender la constitucionalidad de la norma acusada, a
partir de las consideraciones que enseguida se sintetizan.
Considera que, en desarrollo de los
artículos 24 y 82 superiores:  “…Cuando el legislador expidió el Código
Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), no hizo otra cosa que
desarrollar un mandato constitucional relacionado con la libertad de locomoción
y el espacio público, el cual tienen su sustento en varias de las normas de la
Carta Política y en normas legales…”. Cita como sustento de sus
aseveraciones un aparte de la Sentencia SU-601ª/99, mediante la que la Corte se
pronunció en relación con el tema del espacio público y su protección
constitucional.
Estima que, existen unos derechos
tendientes a la protección de la libertad de locomoción y del espacio público,
que tienen como fin el interés general y que merecen igual protección por la
Corte en los términos consagrados en sus providencias.  En ese sentido:  “sobre
el derecho fundamental existe lo que podríamos denominar el respeto absoluto
del Estado por la determinación del ser humano de satisfacer sus necesidades en
el lugar por él escogido, con las limitaciones que solamente la ley puede
establecer tal como lo determina la Constitución, limitaciones que fueron
señaladas por el mismo legislador al determinar que los vehículos de tracción
animal, no podrán circular a partir del año siguiente a la vigencia de la Ley
769 de 2002, en los municipio de categoría especial y de primera categoría…”.
Finalmente, afirma que, no se viola el
derecho al trabajo, toda vez que, con la expedición de la Ley 769 de 2002, solo
se buscó regular una materia que es de gran importancia para la sociedad en su
conjunto y de igual rango constitucional que el derecho al trabajo, de forma tal
que, con la transformación de las grandes ciudades, no se concibe que se sigan
utilizando mecanismos de transporte obsoletos que no ofrecen mayor seguridad
para los mismos transeúntes y para quienes lo operan, dado el flujo de
transporte que se presenta en ciudades como los municipios de especial y
primera categoría.
Concluye que, las normas demandadas
buscaron reglamentar unos derechos constitucionales y legales relacionados con
el debido aprovechamiento del espacio público, que afectan a un número mayor de
ciudadanos que deben a diario transportarse por las grandes ciudades y que
encuentran un grado de dificultad para ejercer su libre derecho a la
locomoción, entre otros obstáculos por los vehículos de tracción animal que no
ofrecen garantías de circulación.
4. Intervención ciudadana
El 15 de mayo de
2003, vencido el término para intervenir, se recibió escrito de las señoras
Fabiola Blanco B. y Constanza Moreno, y de los señores Luis Carlos Sarmiento y
Samuel Ramírez, quienes dijeron actuar en representación de las organizaciones
protectoras de animales ADA, PROANIMALES y WSPA.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El Señor Procurador
General de la Nación allegó el concepto número 3193 recibido el 9 de abril de
2003, en el cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del
artículo acusado, en el sentido que el Estado establezca mecanismos efectivos
para garantizar a los ciudadanos que venían laborando con vehículos de tracción
animal, un sustento para efectos de que puedan seguir trabajando; de
conformidad con las siguientes consideraciones.
Afirma que, la disposición acusada no
vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que, el
Estado, con el fin de proteger el interés general, puede regular todas aquellas
materias que perturben el buen desarrollo de actividades vitales para la
población, tales como el tránsito vehicular en los municipios de categoría
especial o primera, en los que la circulación de vehículos de tracción animal
genera obstrucciones en su flujo, los que incide en el desenvolvimiento
adecuado de la movilidad de la ciudad.
En ese sentido, estima que, el derecho al
libre desarrollo de la personalidad no se vulnera por la regulación de
actividades de interés general, pues de lo contrario, ni el legislador ni la
administración podrían regular temas relacionados con el desarrollo urbanístico
como el tránsito, los horarios para determinadas actividades, el uso del suelo
y de las vías, entre otros, si se asumiera que dichos mecanismos constituyen
una opción inalienable del ser humano, de forma tal que, las limitaciones al
libre desarrollo de la personalidad solo se justifican en la protección de
otros derechos constitucionales y deben demostrar su razonabilidad y
proporcionalidad con relación a la limitación a la autonomía, sin que en ningún
evento se anule la dignidad inherente al ser humano.
Considera que, tampoco se vulnera el
derecho a escoger profesión u oficio, ya que, el tipo de medio que se utilice
para realizar un trabajo no constituye en si mismo una profesión u oficio,
siendo este el caso de los vehículos de tracción animal, que son medios para la
realización de ciertos trabajos tales como reciclaje, pero en si mismos no son
un oficio, toda vez que, esos trabajos pueden ser realizados por otros medios,
posiblemente más idóneos dentro de la lógica del funcionamiento de la ciudad;
además, la limitación de la libertad de escoger profesión u oficio por parte
del Estado no se refiere a la restricción de uno de los posibles medios de
transporte, máxime si se tiene en cuenta que esa actividad se puede realizar
por otros medios.
Indica que, la norma acusada tampoco
vulnera la estabilidad en el empleo por parte del Estado, toda vez que, el
artículo 53 constitucional contempla los principios mínimos que se deben
observar en las relaciones laborales y por tanto no constituye una limitante
que impone el Estado, a efectos de regular aspectos que tocan con el interés
público; máxime si se tiene en cuenta que en el caso bajo estudio no se están
analizando las relaciones laborales sino la eliminación de una actividad, que
si bien se relaciona con el derecho al trabajo, no vulnera el principio de la
estabilidad laboral.
Estima que, no se viola en ningún momento
el derecho a la igualdad, por el hecho de permitir en unos municipios la
circulación de vehículos de tracción animal y en otros no, pues aunque la ley
tiene carácter general, ello no implica que se regulen de igual manera
situaciones de hecho diversas, de forma tal que:  “…no pueden alegar los
ciudadanos que viven en un determinado lugar del país que se les vulnera el
derecho a la igualdad por cuanto las normas tengan efectos diferentes en uno u
otro lugar del país, por cuanto, lo que debe observar el legislador es que se
aplique la norma de igual manera a quienes se encuentren en la misma
circunstancia de hecho…”.
Finalmente, considera que, los actores
tienen razón al alegar la falta de protección a los derechos de los ciudadanos
de escasos recursos afectados, con la eliminación de los vehículos de tracción
animal, toda vez que, la previsión establecida en el parágrafo segundo del
artículo 98 de la Ley 769 de 2002, resulta insuficiente para proteger los
derechos constitucionales al trabajo, a la propiedad y a la confianza legítima
en las autoridades, pues esta se limita a diferir a las alcaldías municipales y
distritales en asocio con el SENA, la promoción de actividades alternativas y
sustitutivas para los conductores de esta clase de vehículos.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la
demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues el artículo acusado hace
parte de una Ley de la república.
2.      Cosa juzgada constitucional en
relación con los cargos formulados en el  presente proceso
La Corte constata que
en relación con la norma acusada esta Corporación ha proferido las sentencias
C-355/03, C-475/03 y C-481/03 en las que en su parte resolutiva resolvió lo
siguiente:
a)  Sentencia
C-355/03[1]
“Primero.- INHIBIRSE para emitir
pronunciamiento de fondo respecto del parágrafo 1º del artículo 98 de la Ley
769 de 2002, por las razones expuestas en el literal g) del numeral 3º de la
parte considerativa de esta Sentencia.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES las
siguientes expresiones del artículo 98 de la Ley 769 de 2002: “Erradicación
de los”; “contado a partir de la iniciación de la vigencia de la
presente ley”, y “A partir de esa fecha las autoridades de tránsito
procederán a retirar los vehículos de tracción animal.”
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el resto del
artículo 98 de la Ley 769 de 2002, bajo el entendido de que la prohibición a
que se contrae la norma se debe concretar, por las autoridades municipales o
distritales competentes, a determinadas vías y por motivos de seguridad vial, y
que la misma sólo entrará a regir siempre que real y efectivamente se hayan
adoptado las medidas alternativas y sustitutivas previstas en el parágrafo 2º
del artículo 98 de la ley antes citada, en el respectivo distrito o municipio.”
b)  Sentencia
C-475/03[2]
“Primero.- Estarse a lo resuelto en la
Sentencia C-355 de 2003 por medio de la cual se declaró la INEXEQUIBILIDAD de
las expresiones “Erradicación de los”; “contado a partir de la
iniciación de la vigencia de la presente ley” y ”A partir de esa fecha
las autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos de tracción
animal.”, que figuran en el único inciso del artículo 98 de la Ley 769 de
2002.
Segundo.- Estarse a lo resuelto en la
Sentencia C-355 de 2003 mediante la cual se declaró la EXEQUIBILIDAD del
resto del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, "bajo el entendido de que
la prohibición a que se contrae la norma se debe concretar, por las autoridades
municipales o distritales competentes, a determinadas vías y por motivos de
seguridad vial, y que la misma sólo entrará a regir siempre que real y
efectivamente se hayan adoptado las medidas alternativas y sustitutivas
previstas en el parágrafo 2º del artículo 98 de la ley antes citada, en el
respectivo distrito o municipio."
Tercero. Declarar EXEQUIBLE el
único inciso del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, en lo que respecta al
ámbito territorial de aplicación de la prohibición contenida en dicho precepto,
por el cargo analizado en esta sentencia.
Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 1º del
artículo 98 de la Ley 769 de 2002, por el cargo analizado en esta sentencia”.
(relativo a la supuesta vulneración del principio de igualdad (art. 13 C.P.)
c) Sentencia C-481/03[3]
“Primero : Declarar exequible el
artículo 98 de la Ley 769 de 2002 “por la cual se expide el Código Nacional de
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”, en cuanto al cargo de
presunta violación de los artículos 152 y 153 de la Constitución.
Segundo : Estarse a lo resuelto en la
sentencia C-355 de 2003, por medio de la cual se declaró la inexequibilidad de
las siguientes expresiones del artículo 98 de la Ley 769 de 2002: “Erradicación
de los”; “contado a partir de la iniciación de la vigencia de la
presente ley”, y “A partir de esa fecha las autoridades de tránsito
procederán a retirar los vehículos de tracción animal.”
Tercero : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-355 de 2003, por
medio de la cual se declaró la exequibilidad del artículo 98 de la Ley
769 de 2002, salvo el parágrafo 1º, bajo el entendido de que “la prohibición
a que se contrae la norma se debe concretar, por las autoridades municipales o
distritales competentes, a determinadas vías y por motivos de seguridad vial, y
que la misma sólo entrará a regir siempre que real y efectivamente se hayan adoptado
las medidas alternativas y sustitutivas previstas en el parágrafo 2º del
artículo 98 de la ley antes citada, en el respectivo distrito o municipio.”
Cuarto : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-475 de 2003,
respecto del parágrafo 1º del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, que lo declaró
exequible por el cargo analizado en esa sentencia.”
Frente a dichas
decisiones para la Corte es claro que se configura el fenómeno de la cosa
juzgada en relación con la totalidad de los cargos planteados por los actores
en las demandas que dieron origen al presente proceso.
2.1  Cosa juzgada constitucional respecto
de los cargos formulados contra la norma acusada en el presente proceso por la
presunta violación del Preámbulo y de los artículos 1, 2,4, 5, 7, 16, 25, 26,
29, 34, 53, 58, 83 y 336 superiores
La Corte constata en efecto que en relación con
los cargos formulados por los actores en este proceso referentes en la supuesta
vulneración del Preámbulo y de los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 16, 25, 26, 29, 34,
53, 58, 83 y 336 superiores, como consecuencia de la “erradicación” de los
vehículos de tracción animal, se configura el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional frente a lo decidido en la Sentencia C-355 de 2003 en la que se
declaró la inexequibilidad de las expresiones “Erradicación de los”; “contado
a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley”, y “A
partir de esa fecha las autoridades de tránsito procederán a retirar los
vehículos de tracción animal”.
En la medida en que
los actores en el presente proceso en sus respectivas demandas centraron su
argumentación en el hecho de que con “la erradicación” de los vehículos de
tracción animal se vulneraban los artículos superiores aludidos, y que dicha
erradicación fue declarada inexequible por la Corte, no cabe entrar a efectuar
un nuevo pronunciamiento, pues el supuesto del que partieron para formular sus
cargos dejo de existir al haberse retirado del ordenamiento jurídico la
expresión “erradicación de los” [vehículos de tracción animal].
Así las cosas, la Corte se estará a lo
resuelto en la referida sentencia C-355/03, respecto de los cargos formulados
por la supuesta vulneración del Preámbulo y de los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 16,
25, 26, 29, 34, 53, 58, 83 y 336 superiores y así lo señalará en la
parte resolutiva de esta sentencia.
2.2 Cosa Juzgada constitucional en
relación col la presunta vulneración del artículo 13 superior
En relación con los cargos planteados por los
actores en el presente proceso relativos a la supuesta vulneración del artículo
13 de la Constitución por establecerse una diferencia de trato discriminatoria,
tanto i) entre quienes utilizan vehículos de tracción animal en los municipios
de primera categoría y de categoría especial frente a los de las demás ciudades
y zonas rurales (artículo 98 de la Ley 769 de 2002); como ii) entre quienes los
hacen para fines turísticos y los demás (parágrafo 1° artículo 98 de la Ley 769
de 2002), la Corte constata que en la Sentencia C-475/03 se decidió declarar la
exequibilidad del único inciso del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, “en lo
que respecta al ámbito territorial de aplicación de la prohibición contenida en
dicho precepto, por el cargo formulado” en la demanda presentada en el proceso
que culminó con la referida sentencia, relativo a la supuesta vulneración del
derecho a la igualdad, así como la exequibilidad del parágrafo 1° del artículo
98 de la Ley 769 de 2002 frente al cargo planteado en la misma demanda relativo
a la supuesta vulneración del referido derecho (art. 13 CP.).
Así las cosas frente
a los cargos planteados por los actores en el presente proceso respecto de  la
supuesta vulneración por la norma acusada del artículo 13 superior, la Corte se
estará a lo resuelto en la Sentencia C-75/03 y así los señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- En relación con los cargos formulados contra el artículo 98
de la Ley 769 de 2002 por la supuesta vulneración del Preámbulo y de los
artículos 1, 2, 4, 5, 7, 16, 25, 26, 29, 34, 53, 58, 83 y 336 superiores, ESTAR
A LO RESUELTO en la Sentencia C-355/03 en la que la Corporación decidió i)
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones: “Erradicación de los”; “contado
a partir de la iniciación de la vigencia de la presente ley”, y “A
partir de esa fecha las autoridades de tránsito procederán a retirar los
vehículos de tracción animal.”, contenidas en el artículo 98 de la Ley 769
de 2002 Y ii) Declarar EXEQUIBLE el resto del artículo 98 de la Ley 769 de
2002, con excepción del parágrafo 1°, -respecto del cual decidió inhibirse para
pronunciar sentencia de fondo-, bajo el entendido de que la prohibición a que
se contrae la norma se debe concretar, por las autoridades municipales o
distritales competentes, a determinadas vías y por motivos de seguridad vial, y
que la misma sólo entrará a regir siempre que real y efectivamente se hayan
adoptado las medidas alternativas y sustitutivas previstas en el parágrafo 2º
del artículo 98 de la ley antes citada, en el respectivo distrito o municipio.
Segundo.-En relación con el cargo formulado contra el artículo 98 de
la Ley 769 de 2002 por la supuesta vulneración del artículo 13 superior,
ESTAR A LO RESUELTO en la Sentencia C-475/03 en la que se declaró i)
la EXEQUIBILIDAD del único inciso del artículo 98 de la Ley 769 de 2002, en lo
que respecta  al ámbito territorial de aplicación de la prohibición contenida
en dicho precepto, por el cargo formulado en la demanda presentada en el
proceso que culminó con la referida sentencia, relativo a la supuesta
vulneración del derecho a la igualdad, y ii) la EXEQUIBILIDAD del parágrafo 1°
del artículo 98 de la Ley 769 de 2002 frente al cargo planteado en la misma
demanda, relativo a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[2] M.P. Jaime Cordoba Triviño
[3] M.P. Alfredo Beltrán Sierra