T-329-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-329/05
ACCION DE TUTELA CONTRA DECISION DE
SINDICATO-Procedencia para
dirimir conflictos que afecten derechos fundamentales/MEDIO DE DEFENSA-Expulsión
asociado de sindicato
En caso que la organización sindical
no atienda la prevención formulada por el Ministerio, éste procederá a imponer
multas y en caso que el sindicato persista en a violación, podrá solicitar de
la justicia del trabajo la disolución y liquidación de la organización y la
cancelación de la inscripción del registro sindical respectivo. Resulta
pertinente indagar si este procedimiento administrativo constituye un medio de
defensa judicial que enerve la interposición de la acción de tutela. La única
respuesta posible es negativa, puesto que corresponde a un control de tipo
administrativo, cuya finalidad por otra parte no es la protección de los
derechos fundamentales de los afiliados sindicales, sino velar porque las
actuaciones de estas entidades se ajusten a las disposiciones legales,
reglamentarias y estatutarias. Podría pensarse que de manera indirecta, por
medio de un procedimiento de esta naturaleza, podría restablecerse los derechos
fundamentales de un afiliado vulnerados por un actuación sindical
manifiestamente contraria a la ley o a las disposiciones estatutarias, sin
embargo, el ente administrativo no tiene la facultad de adoptar órdenes que
subsanen la afectación de los derechos fundamentales conculcados sino,
simplemente, puede imponer sanciones administrativas y eventualmente solicitar
a la jurisdicción laboral la disolución, liquidación y la cancelación del
registro sindical del ente infractor. En todo caso, al margen de las anteriores
apreciaciones se reitera que se trata de un control de índole administrativo el
cual en ningún caso tiene la naturaleza del medio de defensa judicial
constitucionalmente exigido. La jurisdicción ordinaria laboral, señalada en el
artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pudo
percatarse que corresponde a dicha jurisdicción conocer de las acciones sobre
fuero sindical, cualquiera que sea la naturaleza de la relación laboral, y de
la suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del
registro sindical, pero no tiene competencia específica respecto de las
diferencias que se originen ente los sindicatos y sus respectivos afiliados,
como acontece en el presente caso. Podría opinarse que este tipo de conflictos
se originan indirectamente en el contrato de trabajo y que por lo tanto
quedarían cobijados bajo el numeral primero de la disposición de la referencia,
sin embargo tal interpretación puede ser acogida o no por la jurisdicción
laboral, sin que exista por lo tanto plena certeza sobre la existencia de un
medio judicial idóneo para dirimir conflictos de esta naturaleza, razón por la
cual la acción de tutela se convierte en el mecanismo adecuado para el
restablecimiento de los derechos fundamentales posiblemente afectados por la
expulsión de un miembro del sindicato.
ACCION DE TUTELACONTRA PARTICULARES-Eventos en los que procede
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Protección idónea y eficaz por tutela
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Limitaciones a los poderes públicos y
privados, patronos y organizaciones sindicales
El derecho en cuestión no sólo vincula al
poder público, sino también a los poderes privados, entre los que se cuentan no
sólo los patronos sino también las mismas organizaciones sindicales. Tal
vinculación se manifiesta en nuestro ordenamiento en distintas disposiciones
del Código Sustantivo del Trabajo que prohíben a la organizaciones sindicales
adelantar conductas lesivas del derecho de asociación. Prohibiciones de esta
índole no pueden considerarse una ingerencia desproporcionada en la autonomía
de las organizaciones sindicales, sino como restricciones a dicha autonomía
plenamente justificadas en la defensa de los derechos de los miembros de la
organización.
DEBIDO PROCESO EN EXPULSION DE MIEMBRO DEL
SINDICATO-Vulneración
atenta contra el derecho de asociación sindical
La trasgresión del conjunto de
procedimientos señalados legal o estatutariamente para separar a un afiliado
del sindicato constituye una vulneración del derecho de afiliación sindical y
del derecho al debido proceso, el cual esta Corporación ha admitido
excepcionalmente que vincula a las organizaciones privadas máxime cuando
adelanten procesos sancionatorios, pues no cabe duda que la decisión de
expulsión de un afiliado es una sanción impuesta por los órganos sindicales
competentes.
Referencia: expediente T-1004093
Acción
de tutela instaurada por José Humberto Boyacá Mojica contra el Sindicato de
Educadores del Guainia.
Magistrado
Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá
D.C., cuatro (4) de abril de dos mil cinco (2005).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados
Clara Inés Vargas
Hernández, Álvaro Tafur
Galvis y Humberto Sierra
Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º,
de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo dictado por
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida que, en segunda instancia, revoca
el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de la misma ciudad, en el
asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Hechos
1. El
actor José Humberto Boyacá Mojica se afilió al Sindicato de Educadores del
Guainía en 1992, organización que presidió de 2001 a 2003. En ejercicio de
dicha condición fue designado, además, Fiscal de la Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia, Subdirectiva CUT-Guainía,  mediante Resolución No. 01 de octubre
22 de 2003, razón por la cual  renunció a la Presidencia del Sindicato, en
enero 19 de 2004, para asumir el mencionado cargo.
2. En julio 23 de 2004, el Sindicato de Educadores del
Guainía realizó la asamblea extraordinaria No. 002, en el curso de la cual
algunos miembros del sindicato solicitaron la expulsión del ciudadano José
Humberto Boyacá Mojica, por considerar que, debido a su pobre desempeño como
presidente, la Administración se había negado a reconocer el derecho adquirido
de los permisos sindicales. Así mismo, se le imputaron como faltas: la ausencia
de información oportuna a los órganos sindicales de los resultados de sus
gestiones, la morosidad en la presentación del proyecto de presupuesto, la
disociación a nivel del magisterio, la prolongación injustificada en el cargo
directivo que desempeñaba y el abandono del mismo sin presentar a la asamblea
las explicaciones pertinentes. Propuesta que, según consta en el acta de la
citada reunión extraordinaria, fue aprobada por la asamblea, y en consecuencia,
debía ser acatada por la Junta Directiva.
3. En julio 26 de 2004, la Junta Directiva del
Sindicato de Educadores del Guainía, profirió la Resolución No. 001 de 2004,
por medio de la cual se expulsó al docente José Humberto Boyacá Mojica de la
organización sindical, en cumplimiento de lo decidido en la asamblea
extraordinaria.
4. En julio 28 de 2004, el Presidente y el Secretario
General del Sindicato de Educadores del Guainía, informaron a Cecilia Ocampo,
Presidenta de la CUT Regional Guainía, la expulsión del Sr. Boyacá Mojica del
Sindicato de Educadores del Guainía y le solicitaron convocar al magisterio
para nombrar un nuevo Fiscal, adjuntando copia de la resolución de expulsión.
5. En agosto 3 de 2004, el señor Boyacá Mojica
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución de expulsión No. 001
de julio 26 de 2004.
6. En agosto 10 de 2004, el Presidente, el Fiscal y el
Secretario del Sindicato de Educadores del Guainía, negaron la solicitud de
derogatoria presentada por el peticionario en el recurso interpuesto y
ratificaron la expulsión.
7. El 10 de agosto de 2004, ante el Juzgado Promiscuo
Municipal de Inírida (Guainía), el actor presentó acción de tutela, para que se
proteja su derecho fundamental al debido proceso.
Solicitud de
tutela.
1. El actor
interpone acción de tutela contra el Sindicato de Educadores del Guainía,
porque considera que su derecho fundamental al debido proceso fue vulnerado
durante el procedimiento de expulsión. Acude a la garantía constitucional como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque la
expulsión lo priva del fuero sindical y le impide continuar desempeñando el
cargo de Fiscal de la CUT, de conformidad con lo establecido en los artículos
407 y 422 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta circunstancia, según el
demandante, lo expone a riesgos en su seguridad e integridad física, pues
dejará de contar con la protección especial que le brindaba la Policía Nacional
debido a su condición de dirigente sindical, la cual juzga indispensable porque
ha recibido amenazas contra su vida.
Pruebas
relevantes que obran en el expediente.
1. Fotocopia del acta de la asamblea extraordinaria
No. 002 del Sindicato de Educadores del Guainía, de julio 23 de 2004. (Cd. 2,  fls. 5 y 6).
2. Fotocopia
de la Resolución de expulsión No. 001 de julio 26 de 2004, de la junta
directiva del Sindicato de Educadores del Guainía, contra José Humberto Boyacá
Mojica. (Cd. 1,  fls. 12 y 13).
3. Fotocopia
de los estatutos del Sindicato de Educadores del Guainía. (Cd. 1,  fls. 14  a  27).
4.Fotocopia
del oficio de agosto 2 de 2004, firmado por el Fiscal del Sindicato de
Educadores del Guainía, dando respuesta y cuenta sobre las irregularidades
cometidas, en el procedimiento de expulsión del actor (Cd. 1,  fls. 28 y 29).
5.- Fotocopia
del oficio dirigido en julio 28 de 2004, por el presidente y secretario general
del Sindicato de Educadores del Guainía, a Cecilia Ocampo, presidenta de la CUT
Regional Guainía, en el que le informan de la expulsión del actor de la
organización sindical y le solicitan convocar al magisterio para nombrar fiscal
de la CUT. (Cd. 1,  fl. 30).
6.- Fotocopia del oficio de agosto 3 de 2004, mediante
el cual el actor interpone recurso de apelación en contra de la Resolución de
expulsión No. 001 de julio 26 de 2004. (Cd.
1,  fls. 31 a 35).
7. Fotocopia del oficio de agosto 10 de 2004, suscrito
por el Presidente y el Fiscal del Sindicato de Educadores del Guainía, por
medio del cual le comunican al actor la ratificación de la resolución de
expulsión. (Cd. 2,  fl. 12).
8.
Copia autentica de la Resolución 002 de agosto 26 de 2004, que revoca la
Resolución 001 de julio 26 de 2004. (Cd.
1,  fl. 53).
Intervención
de los demandados.
El sindicato
demandado dio respuesta a la tutela impetrada y manifestó que no se vulneró el
derecho al debido proceso, porque el demandante interpuso oportunamente recurso
de apelación contra la resolución de expulsión, el cual no ha sido resuelto por
la asamblea general.
II.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
En providencia
de agosto 23 de 2004, el Juzgado Promiscuo Municipal de Inírida (Guainía),
resolvió conceder el amparo del derecho al debido proceso invocado por el actor
y ordenó al Presidente del Sindicato de Educadores del Guainía emitir acto
declarando nula la expulsión del Sr. Boyacá Mojica, retrotraer sus actuaciones
y tener en cuenta los procedimientos legales y estatutarios previstos para
adoptar este tipo de decisiones. Órdenes a las cuales se dio cumplimiento
mediante la expedición de la Resolución 002 de agosto 26 de 2004.
A juicio del
a-quo en el procedimiento de expulsión del accionante, existieron una serie de
irregularidades que constituyen una abierta infracción a las disposiciones
estatutarias y al Código Sustantivo del Trabajo, de las que infiere la
violación del derecho al debido proceso.
La decisión de
primera instancia fue apelada por medio de escrito presentado por el
Vicepresidente de la organización sindical. A juicio del accionado la Junta
Directiva no podía expedir una resolución –como la ordenada por el juez de
primera instancia- que dejara sin efectos la decisión de expulsión adoptada por
la asamblea general.
La segunda
instancia de la tutela, correspondió al Juzgado Promiscuo del Familia Circuito
de Puerto Inírida (Guainía), el cual revocó la sentencia de primera instancia y
denegó el amparo solicitado por el actor, mediante fallo de 24 de septiembre de
2004. En sus consideraciones el ad-quem expresó que, pese a que aparecía
probada en el expediente la vulneración del derecho al debido proceso en el trámite
de la expulsión de la organización sindical, el peticionario no se encontraba
en situación de subordinación ni de indefensión ante el sindicato, razón por la
cual no podía prosperar la acción de tutela interpuesta.
Revisión
por la Corte Constitucional.
1.- Remitido el expediente a esta
Corporación, la Sala de Selección Número Once, dispuso su revisión por la Corte
Constitucional.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1.- Esta Corte es competente para
revisar el presente fallo de tutela de conformidad con lo previsto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las
demás disposiciones pertinentes.
Problemas
jurídicos objeto de estudio.
2.- Corresponde a esta Sala de Revisión establecer (i) si la acción
de tutela es  procedente contra organizaciones sindicales, (ii) en el evento de
resultar procedente la acción, analizar si la expulsión de un miembro de una
organización sindical puede afectar derechos fundamentales y finalmente, en
caso de dar respuesta afirmativa a los anteriores cuestiones (iii) determinar
si fueron vulnerados derechos fundamentales de los cuales es titular el Sr.
Boyacá Mojica con su expulsión del Sindicato de Educadores del Guanía.
La
procedencia de la acción de tutela contra las organizaciones sindicales
3.- La acción de tutela es un mecanismo subsidiario y
residual[1],
orientado al amparo de los derechos fundamentales amenazados o conculcados,
cuya procedibilidad depende de la inexistencia de otros medios de defensa
judicial al alcance del actor.
4.- Es menester examinar, por lo tanto, si existe un
medio de defensa judicial eficaz para impugnar la decisión de expulsión
adoptada por una organización sindical, y si un afiliado puede encontrarse,
frente a una organización de tal naturaleza, en alguno de los supuestos de
procedencia de la acción de tutela contra particulares.
En primer lugar, el artículo 380 del Código
Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 52 de la Ley 50 de 1990,
establece que el Ministerio del  Trabajo y de Seguridad Social prevendrá a los
sindicatos en los casos de infracción de las disposiciones del Título V de
dicho cuerpo normativo. En caso que la organización sindical no atienda la
prevención formulada por el Ministerio, éste procederá a imponer multas y en
caso que el sindicato persista en a violación, podrá solicitar de la justicia
del trabajo la disolución y liquidación de la organización y la cancelación de
la inscripción del registro sindical respectivo. Resulta pertinente indagar si
este procedimiento administrativo constituye un medio de defensa judicial que
enerve la interposición de la acción de tutela. La única respuesta posible es
negativa, puesto que corresponde a un control de tipo administrativo,
cuya finalidad por otra parte no es la protección de los derechos fundamentales
de los afiliados sindicales, sino velar porque las actuaciones de estas
entidades se ajusten a las disposiciones legales, reglamentarias y
estatutarias.
Podría pensarse que de manera indirecta,
por medio de un procedimiento de esta naturaleza, podría restablecerse los
derechos fundamentales de un afiliado vulnerados por un actuación sindical
manifiestamente contraria a la ley o a las disposiciones estatutarias, sin
embargo, el ente administrativo no tiene la facultad de adoptar órdenes que
subsanen la afectación de los derechos fundamentales conculcados sino,
simplemente, puede imponer sanciones administrativas y eventualmente solicitar
a la jurisdicción laboral la disolución, liquidación y la cancelación del
registro sindical del ente infractor. En todo caso, al margen de las anteriores
apreciaciones se reitera que se trata de un control de índole administrativo el
cual en ningún caso tiene la naturaleza del medio de defensa judicial
constitucionalmente exigido.
Por otra parte, esta Sala al estudiar la
competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, señalada en el artículo 2 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pudo percatarse que
corresponde a dicha jurisdicción conocer de las acciones sobre fuero sindical,
cualquiera que sea la naturaleza de la relación laboral, y de la suspensión,
disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical,
pero no tiene competencia específica respecto de las diferencias que se
originen ente los sindicatos y sus respectivos afiliados, como acontece en el
presente caso. Podría opinarse que este tipo de conflictos se originan indirectamente
en el contrato de trabajo y que por lo tanto quedarían cobijados bajo el
numeral primero de la disposición de la referencia, sin embargo tal
interpretación puede ser acogida o no por la jurisdicción laboral, sin que
exista por lo tanto plena certeza sobre la existencia de un medio judicial
idóneo para dirimir conflictos de esta naturaleza, razón por la cual la acción
de tutela se convierte en el mecanismo adecuado para el restablecimiento de los
derechos fundamentales posiblemente afectados por la expulsión de un miembro
del sindicato.
No obstante, cuando se trata de tutelas
interpuestas contra particulares no basta con inexistencia o falta de eficacia
del otro medio de defensa judicial, en el caso concreto, para que proceda la
acción de tutela, pues el artículo 86 de la Constitución establece el carácter
excepcional de esta garantía constitucional cuando se trata de vulneraciones de
los derechos fundamentales que tienen lugar en el marco de las relaciones inter
privatos.
En efecto, el precepto constitucional
establece que en estos casos la acción de tutela sólo podrá interponerse contra
particulares que presten servicios públicos, cuya conducta afecte de manera
grave y directa el interés colectivo o respecto de los cuales el peticionario
se encuentre en relación de subordinación o de indefensión, supuestos que han
sido desarrollados por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
En este caso concreto salta a la vista
que la organización sindical no presta un servicio público y que su conducta –la
expulsión del afiliado- no afecta de manera grave y directa del interés
colectivo por la conducta de la organización sindical. Cabría entonces
preguntarse si el peticionario se encuentra en estado de subordinación o de
indefensión respecto de la organización sindical.
Al respecto ha señalado la Corte
Constitucional que la subordinación “ (..) alude a la existencia de una
relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los
trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus
profesores o ante los directivos del establecimiento a que pertenecen” [2]. Mientras que la
indefensión “(....) si bien hace referencia a una relación que también implica
la dependencia de una persona respecto de otra, no tiene su origen en a
obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en
situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su
derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de defensa efectiva
ante la violación a amenaza de que se trate”[3].
También ha sostenido la jurisprudencia
de esta Corporación que “(...) la subordinación tiene que ver con el
acatamiento, sometimiento a órdenes proferidas por quienes, por razón de sus
calidades, tienen las competencias para impartirlas”[4], y no cabe duda que la
relación entre un afiliado sindical y su respectiva organización encaja bajo
esta definición, pues debe obedecer las decisiones adoptadas por la asamblea
general y las directivas sindicales, y las reglas establecidas en los estatutos
de la organización[5].
Pero aún si en gracia de discusión no se
aceptara que el afiliado se encuentra subordinado de la organización sindical
no cabe duda que frente a algunas de sus decisiones puede hallarse en estado de
indefensión, pues de conformidad a lo antes visto carece de la posibilidad
efectiva de defensa ante la amenaza o vulneración de sus derechos
fundamentales.
Al respecto esta Corporación ha señalado
en algunas decisiones que no existe subordinación ni indefensión de los
afiliados respecto de la organización sindical[6]
pues todos los miembros de este tipo de organizaciones se encuentran en un
plano de igualdad, mientras que otras oportunidades ha sostenido que un
asociado puede hallarse en situación de indefensión[7]. Por las razones antes
expuestas encuentra esta Sala que la segunda postura se ajusta en mayor medida
a la realidad de las relaciones al interior del sindicato y a la manera como se
han interpretado los conceptos de subordinación y de indefensión.
Empero, aun resta por analizar si la
expulsión de un afiliado sindical puede afectar sus derechos fundamentales,
extremo que se estudiará a continuación.
Los derechos fundamentales en juego
4.- El derecho de asociación sindical
tiene el carácter de derecho fundamental, así lo establece expresamente el
artículo 39 de la Constitución Política, y lo ha sostenido reiteradamente la
jurisprudencia de esta Corporación en diversos fallos tanto de tutela como de
constitucionalidad[8].
Como ha señalado la Corte Constitucional este derecho constituye, en el marco
del Estado social, una garantía para la efectiva realización de los valores
fundamentales de la sociedad, tales como el trabajo, la justicia social, la
paz, la libertad y la convivencia, convirtiéndose en una vía totalmente idónea
para el logro y establecimiento de medidas tendientes a la consecución de
mejores condiciones de vida[9].
Tradicionalmente se ha entendido que este
derecho se erige en un límite a las actuaciones de los patronos, trátese de
entidades públicas o de particulares, que obstaculicen o impidan su ejercicio
mediante medidas que impidan a los trabajadores constituir, afiliarse o
retirarse de organizaciones sindicales. Como tal una de sus funciones es
precisamente fungir como un derecho de libertad en sentido negativo que impide
que los poderes públicos o los privados interfieran en el ejercicio del derecho
de asociación. Es decir, crea un espacio inmune a la actuación de terceros, o
si se quiere un ámbito de conductas iusfundamentalmente protegidas, dentro de
las que se encuentra especialmente la posibilidad de elegir libremente el
ingreso o retiro de una organización sindical. Visto desde esta perspectiva no
cabe duda de que el derecho de afiliación sindical también pueda verse afectado
por la actuación misma de los sindicatos, cuando constriñen directa o
indirectamente a los trabajadores a ingresar en la organización o a retirarse
de ella.
Entonces, el derecho en cuestión no sólo
vincula al poder público, sino también a los poderes privados, entre los que se
cuentan no sólo los patronos sino también las mismas organizaciones sindicales.
Tal vinculación se manifiesta en nuestro ordenamiento en distintas
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que prohíben a la
organizaciones sindicales adelantar conductas lesivas del derecho de asociación[10]. Prohibiciones de esta
índole no pueden considerarse una ingerencia desproporcionada en la autonomía
de las organizaciones sindicales, sino como restricciones a dicha autonomía
plenamente justificadas en la defensa de los derechos de los miembros de la
organización.
Por tal razón el legislador ha un impuesto
un conjunto de reglas procedimentales que deben seguir los sindicatos cuando
decidan separar a uno de sus afiliados, entre las que se cuentan las
siguientes: la decisión ha de ser adoptada por la asamblea general por la
mayoría absoluta de los asociados[11],
la expulsión debe obedecer a la plena comprobación de una causal prevista por
los estatutos[12]
y en todo caso los inculpados tienen derecho de audiencia[13]. Estas reglas
procedimentales constituyen el derecho al debido proceso en materia de
expulsión de una asociación sindical, derecho que tiene un carácter
instrumental para la defensa del derecho de asociación sindical.
Igualmente, la organizaciones sindicales
pueden establecer en sus estatutos disposiciones adicionales que regulen los
procedimientos sancionatorios al interior de la organización, las cuales
complementan las previsiones de rango legal y por lo tanto vinculan a los
órganos sindicales en las actuaciones de esta naturaleza que adelanten.
De lo anterior se infiere que la
trasgresión del conjunto de procedimientos señalados legal o estatutariamente
para separar a un afiliado del sindicato constituye una vulneración del derecho
de afiliación sindical y del derecho al debido proceso, el cual esta
Corporación ha admitido excepcionalmente que vincula a las organizaciones
privadas máxime cuando adelanten procesos sancionatorios[14], pues no cabe duda que
la decisión de expulsión de un afiliado es una sanción impuesta por los órganos
sindicales competentes.
El caso concreto
5.-
Una vez establecida la procedencia de la acción de tutela frente a expulsión de
un miembro de la organización sindical, procede esta Sala a analizar si la
expulsión del peticionario del seno del Sindicato de Ecuadores del Guanía
vulnera los derechos cuya protección solicita.
6.- De un análisis integral del procedimiento de
expulsión del ciudadano Boyacá Mojica, esta Sala pudo percatarse de la
existencia de notables deficiencias relacionadas con el debido proceso.
7.- Como primera medida, es pertinente señalar que el
artículo 16 de los mencionados estatutos establece, en su literal f), como
atribución privativa e indelegable de la asamblea general la expulsión
de cualquier afiliado. En dicho orden de ideas, la determinación de expulsar a
un afiliado debe ser adoptada por la asamblea general, sin que ésta pueda
delegar tal potestad a la junta directiva.
En el presente caso, según consta en el acta No. 002
del 23 de julio de 2004, la asamblea general aprobó por mayoría la solicitud de
expulsión del señor Boyacá Mojica, pero delegó, en clara contravención de la
disposición estatutaria, a la junta directiva del Sindicato la adopción de tal
decisión.
La junta directiva fundamenta dicha actuación en lo
dispuesto por el literal e) del artículo 29 de los estatutos, que señala que es
función y obligación de la junta directiva “imponer a los afiliados, de
acuerdo con estos estatutos, las correcciones disciplinarias” (negrillas
fuera de texto), las cuales “(...)serán apelables ante la Asamblea General”.
Sin embargo, la expulsión de un afiliado, no se encuentra tipificada como una
corrección disciplinaria puesto que es una atribución privativa e indelegable
de la asamblea general, razón por la cual escapa de la competencia de la junta
directiva.
Por otra parte los estatutos no prevén posibilidad de
recurrir la resolución de expulsión, por lo tanto la decisión de la junta
directiva, por medio de la cual confirma la decisión adoptada en la Resolución
001 de 26 de julio de 2004 contraviene también las disposiciones estatutarias.
Así las cosas, es notorio que el recurso que interpuso
el ciudadano Boyacá Mojica no era procedente contra su exclusión del sindicato,
pues la expulsión sólo puede ser decretada por la asamblea general y ante dicha
medida los estatutos no estipulan ningún recurso. En tal medida, dada la
improcedencia del recurso, es obvio que el ciudadano Boyacá Mojica está en
manifiestas condiciones de indefensión frente al sindicato.
10.-
Adicionalmente el Fiscal del Sindicato de Educadores del Guainía relacionó en
escrito presentado al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Inírida, el
conjunto de irregularidades cometidas durante la expulsión del Sr. Mojica
Boyacá de la organización sindical, entre las que se cuentan las siguientes:
-
La expulsión no estaba contemplada en el orden
del día de la asamblea celebrada el día 23 de julio de 2004.
-
No se comprobaron las faltas imputadas al Sr.
Mojica Boyacá.
-
Al inculpado no se le dio oportunidad de rendir
los correspondientes descargos ni de defenderse de las acusaciones presentadas
en su contra.
-
No se permitió al Fiscal del Sindicato
participar en el procedimiento de expulsión, ni velar por el derecho de defensa
del afiliado expulsado, tal como establece el literal g del artículo 36 de los
estatutos.
-
Tampoco hay constancia expresa que la decisión
fuera adoptada por la mayoría absoluta de los miembros del sindicato, como
contempla el articulo 57 de los estatutos de la organización,
12.- Es decir, fueron trasgredidas todas
las reglas procedimentales señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo y en
los estatutos para separar a los afiliados de un sindicato. Como antes se dijo,
dichas reglas tienen como finalidad última proteger el derecho de asociación
sindical pues impiden que el sindicato compela arbitrariamente a un trabajador
a separase de la organización.
Por lo tanto una vez demostrado en el
presente caso que la expulsión del Sr. Boyacá Mojica fue adoptada en abierta
contradicción con los requisitos señalados en el ordenamiento jurídico no cabe
duda que el Sindicato de Educadores del Guanía incurrió en una conducta iusfundamentalmente
prohibida y que deberán ordenarse las medidas necesarias para la protección de
sus derechos.
Ahora bien, vale la pena aclarar que la
presente tutela sólo tiene efectos respecto a la expulsión ordenada por la
junta directiva del sindicato, sin que corresponda a ésta Sala resolver lo
referente a su vinculación a la CUT Regional Guainía, pues en ningún caso el
actor demostró las supuestas amenazas a su derecho a la seguridad personal, a
las que afirma se ve expuesto por haber perdido su calidad de directivo
sindical. Por esta razón en la presente decisión no se hará ningún
pronunciamiento al respecto.
Cabe precisar que la decisión de esta
Corporación no impide que la organización sindical adelante en el futuro nuevos
procesos sancionatorios, siempre y cuando se respeten las reglas
procedimentales señaladas en el C. S. T. y en los estatutos sindicales.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de veinticuatro (24) de
septiembre de dos mil cuatro 2004, proferida por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Inírida (Guainía), en la acción de tutela interpuesta por José
Humberto Boyacá Mojica contra el Sindicato de Educadores del Guanía y en su
lugar CONCEDER la tutela de los derechos al debido proceso y de
asociación sindical .
SEGUNDO.- ORDENAR a la Junta Directiva del Sindicato de
educadores del Guanía el reintegro, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contado  a partir de la notificación de esta sentencia, del señor José Humberto
Boyacá Mojica a la organización sindical.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado Ponente
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]Ver, entre otras, la sentenciasT-408 de 2002  T-432 de 2002 SU-646 de
1999 T-007 de 1992.
[2]
Sentencia T-290 de 1993.
[3]
Ibídem.
[4]
Sentencia T-233 de 1994.
[5]
No resulta descabellado establecer un símil entre la situación de afiliado
sindical y las personas residentes en un conjunto cerrado, las cuales deben
obedecer las decisiones adoptadas por la Asamblea General de propietarios y
ejecutadas por la Junta Directiva, relación que reiteradamente ha sido
calificada por la jurisprudencial constitucional como de indefensión. Al
respecto pueden consultarse las sentencia T-233 de 1994, T-333 de 12995 y T-070
de 1997 entre otras.
[6]
Sentencia T-482 de 1997.
[7]
Sentencia T-212 de 2000.
[8]
Pueden consultarse entre otras las sentencias C-593 de 1993, C-377 de 1998,
T-418 de 1992, T-441 de 1992, T-443 de 1992, T-526 de 1999, T-929 de 2002.
[9]
Sentencia T-526 de 1999.
[10]
El literal b) del artículo 379 del C. S. T. prohíbe a los
sindicatos constreñir a los trabajadores a ingresar o retirarse de la
organización sindical.
[11]
Artículo 398 C. S. T.
[12]
Literal b) artículo 379 del C. S. T.
[13]
Numeral 9 artículo 362 C. S. T.
[14]
Ver por ejemplo la sentencia T-270 de 2004.