T-114-16
Sentencia T-114/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El desconocimiento del
precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o
limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
CERTEZA DEL DERECHO A LA INDEXACION
COMO DETERMINANTE DEL TERMINO DE CONTABILIZACION DE LA PRESCRIPCION-Precedente fijado en sentencias
SU.1073/12 y SU.131/13
DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL-Universalidad
DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL EN SITUACIONES ANTERIORES A LA EXPEDICION DE LA CONSTITUCION
DE 1991-Precedente
fijado en sentencia SU.1073/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia por desconocimiento del
precedente constitucional
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL-Se ordena
calcular su monto acorde a la fórmula adoptada en la sentencia T-098 de
2005
Referencia: expediente T-5.115.420
Asunto: Acción de tutela interpuesta por
José Laureano Barrera Jiménez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Soacha.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis
(2016).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, y Luis Guillermo
Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela
proferidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal
de la misma corporación, en el trámite de la acción de amparo constitucional
instaurada por el señor José Laureano Barrera Jiménez contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1.
El señor José
Laureano Barrera Jiménez nació en octubre 15 de 1943[1] y laboró al
servicio de la Compañía Nacional de Vidrios S.A., hoy Cristalería Peldar S.A.[2],
hasta el 23 de junio de 1983, acumulando más de 15 años de trabajo en dicha
empresa[3].
1.2.    Como consecuencia de lo anterior, en un
proceso ordinario laboral que culminó en mayo 22 de 1987, fue reconocida
al actor, en los términos del artículo 8 de la Ley 171 de 1961[4], la pensión
sanción por un valor de $22,296.48, ordenando efectuar su pago a partir de que
el peticionario cumpliera 50 años de edad[5],
es decir, desde octubre de 1993[6].
1.3.    Con el fin de obtener la indexación de la
primera mesada pensional, el señor Barrera Jiménez interpuso una demanda ordinaria laboral en el año 2009.
En aquel proceso, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante
sentencia de mayo 10 de 2012[7],
confirmó la decisión proferida el 15 de septiembre de 2011 por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Soacha, a través de la cual se declaró probada la
excepción de prescripción propuesta por la parte demandada[8].
1.4.    Posteriormente, en el año 2013 el actor
radicó una demanda ordinaria laboral[9]
solicitando la aplicación del precedente constitucional contenido en las
sentencias SU-1073 de 2012[10]
y SU-131 de 2013[11],
con el fin de obtener el reconocimiento de la indexación de la primera mesada
pensional reconocida con
anterioridad a la Constitución Política de 1991. En esta ocasión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, en audiencia pública celebrada el 12 de marzo de 2015[12],
confirmó el auto dictado el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Soacha, mediante el cual se encontró probada la excepción de
cosa juzgada al advertir una identidad de partes, causa y objeto con el proceso ordinario laboral iniciado por el actor en
el año 2009[13].
1.5.    Actualmente, la Vidriería Fenicia S.A.S.
tiene a su cargo realizar el pago de la prestación pensional que devenga el
señor Barrera Jiménez, cuyo valor asciende a un salario mínimo mensual legal vigente[14].
2.     Solicitud de amparo constitucional
Con fundamento en los hechos expuestos, el peticionario, a
través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela el día 06 de mayo de 2015 contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Soacha, argumentando que la
providencia proferida en marzo 12 de 2015 por el Tribunal accionado, mediante la cual se confirmó el auto
dictado el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado en mención, desconoció el precedente constitucional, ya que: (i) no atendió los pronunciamientos
de esta Corte en virtud de los cuales, en casos fácticamente iguales al suyo,
el cambio de posición jurisprudencial habilita la interposición de una nueva
demanda ordinaria laboral para solicitar la actualización monetaria requerida;
y (ii) se apartó de las sentencias de unificación atrás citadas, acerca de la indexación de la primera mesada pensional, incluso
cuando ésta es reconocida con anterioridad a la Constitución Política de 1991.
De
esta manera, el señor Barrera
Jiménez consideró que la providencia judicial cuestionada no
debió declarar probada la excepción
de cosa juzgada, pues no tuvo en cuenta
que la causa del proceso ordinario iniciado en el 2009 difiere con la planteada
en la demanda laboral interpuesta en el año 2013, ya que en esta última ocasión
se pretendía la aplicación directa del precedente constitucional en comento.
Por lo anterior, el actor adujo que le fueron vulnerados,
entre otros, sus derechos al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital, razón por la cual solicitó al juez constitucional revocar la providencia
judicial proferida por el Tribunal accionado el 2 de marzo de 2015 y, en
consecuencia, ordenar el reconocimiento y pago de la indexación de la primera
mesada pensional.
3.
Traslado y contestación
de la demanda
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
asumió el conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado a la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca y al Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Soacha. Además, vinculó
al trámite de la referencia a las partes e intervinientes en el proceso
ordinario objeto de discusión constitucional[15], para que, al igual que las
autoridades judiciales accionadas, rindieran informe sobre los hechos materia
de tutela y ejercieran su derecho de defensa; sin embargo, las entidades vinculadas
guardaron silencio y el Tribunal Superior de Cundinamarca manifestó que no podía dar una respuesta
debido a que el proceso ordinario laboral iniciado por el tutelante en el 2013
había sido enviado al juzgado de origen.
Por su parte, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Soacha, pese a que allegó la contestación, lo hizo extemporáneamente, razón por la cual
los jueces de tutela no la tuvieran en cuenta la momento de fallar. No
obstante, la Sala advierte que el operador judicial ratificó la existencia de cosa juzgada argumentando
que hubo una coincidencia de objeto, causa y partes en los procesos ordinarios
laborales promovidos por el actor en los años 2009 y 2013. En este sentido,
afirmó que las sentencias de unificación[16]
que invocó el accionante para aducir la inexistencia de la cosa juzgada, no
constituyen un hecho nuevo, y que además en ambos procesos las pretensiones formuladas
fueron idénticas.
4. Decisiones de instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de mayo 26 de 2015[17],
negó el amparo solicitado
argumentado que las consideraciones realizadas por el Tribunal accionado en la
providencia impugnada no son arbitrarias, y que por el contrario, lo que
propone el actor no es otra cosa que hacer prevalecer su propia posición sobre
la que adoptó el juzgador, más aún si se tiene presente que el cambio de
posición jurisprudencial no habilita el amparo.
Posteriormente, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia proferida el 06 de agosto de 2015, confirmó la decisión de
primera instancia invocando argumentos similares a los expuestos por el a
quo y recalcando que el actor no demostró que la decisión reprochada
hubiese estado fundada en conceptos irrazonables. Motivo por el cual, adujo que
lo esbozado por el peticionario no alcanza a plantear un asunto de estricto
contenido constitucional con la capacidad de derrumbar la providencia censurada
en sede de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar la
decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en
lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política.
2.
Planteamiento del problema
jurídico constitucional y esquema de resolución
En
el presente caso la Sala advierte que el señor José Laureano Barrera Jiménez, a través del proceso ordinario laboral que adelantó en el año 2013, pretendía
el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional reconocida con anterioridad a la Carta
Política de 1991, con base en el precedente
constitucional contenido en las sentencias SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013. En aquel trámite, la Sala Laboral del Tribunal accionado confirmó la decisión del juez de primera
instancia al encontrar probada la excepción de cosa juzgada, pues advirtió una
identidad de partes, causa y
objeto con el proceso
ordinario laboral iniciado por el actor en el año 2009.
De esta manera, y de acuerdo con lo planteado por el
accionante en el escrito de tutela, corresponde a esta Sala determinar si la
providencia impugnada desconoció el precedente constitucional al encontrar
probada la existencia de cosa juzgada, pese a que, a diferencia del proceso laboral
promovido en el año 2009, el actor acudió nuevamente a la jurisdicción
ordinaria solicitando la aplicación de las sentencias de unificación de la Sala
Plena de esta Corte[18],
a partir de las cuales se estableció con certeza el derecho a la indexación de
la primera mesada pensional cuando ésta es reconocida
con anterioridad a la Carta Política de 1991.
Así
pues, con el propósito de desarrollar el problema jurídico planteado, y
teniendo en cuenta que en
este trámite se pretende la revocatoria de la providencia proferida por el Tribunal
demandado, la Sala abordará: i) las causales genéricas de procedencia de la acción de amparo contra
providencias judiciales; ii) el desconocimiento del precedente constitucional como
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en relación con la posibilidad de acudir nuevamente a la
jurisdicción ordinaria solicitando la aplicación de las sentencias proferidas
por esta Corte a partir de las cuales se estableció con certeza la
universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, y
finalmente; iii) el caso en concreto.
3. Causales genéricas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
De acuerdo con lo explicado por esta Corte en múltiples ocasiones[19], en
principio la acción de tutela es improcedente contra providencias judiciales
por el carácter residual y subsidiario que la reviste. Por lo anterior, y
procurando la primacía de los derechos fundamentales y el respeto por los
principios de autonomía judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica, esta
Corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de amparo contra providencias
judiciales es excepcional.
De esta forma, cuando se plantee contra una providencia judicial, el
amparo constitucional debe estar dirigido a resolver situaciones en las que se
observen graves falencias de índole constitucional en la decisión del juez
natural, que a su vez la tornen incompatible con los mandatos establecidos en
la Constitución Política. Lo anterior no quiere decir que en estos eventos la
acción de tutela sea una nueva instancia, más aún cuando las partes tienen a su
disposición los recursos judiciales (ordinarios y extraordinarios) para
controvertir las decisiones que consideren arbitrarias o contrarias al
ordenamiento jurídico. No obstante, pueden existir eventos en los que un yerro
de relevancia constitucional existente en un fallo judicial permanezca en el
tiempo pese a que se haya agotado el trámite procesal previsto para debatirla.
En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado
los requisitos de carácter sustancial y procedimental que deben ser acreditados
en cada caso concreto para que proceda la acción de tutela contra una
providencia judicial. Dentro de éstos se han
distinguido unos de carácter general, que habilitan la interposición de la
acción, y otros de carácter específico, que hacen referencia a la prosperidad misma
del amparo constitucional una vez interpuesto. Así pues, cuando
concurren todas las causales genéricas y por lo menos una de las específicas de
procedibilidad, a través de la acción de tutela se recuperaría el orden
jurídico y se garantizaría el goce efectivo de los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados.
En cuanto a las causales genéricas de procedibilidad, esta Corporación
las ha planteado de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional a la luz de la protección de los
derechos fundamentales de las partes. Exigencia que busca evitar que la acción
de tutela se torne en un instrumento apto para involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones.
b. Que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial existentes para
dirimir la controversia, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que la acción de tutela sea
interpuesta en un término razonable a partir del momento en que se produjo la
vulneración o amenaza del derecho fundamental, cumpliendo con el denominado
requisito de la inmediatez. Lo anterior, con el objeto de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, tan caros en nuestro sistema
jurídico.
d. [Cuando se trate de una irregularidad procesal] Que la [misma] tenga un
efecto determinante en la sentencia que se impugna y que conculque los derechos
fundamentales del actor.
e. Que la parte actora haya advertido
tal vulneración de sus derechos fundamentales en el trámite del proceso
ordinario, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias
proferidas en el trámite de una acción de tutela. De forma tal, que se evite
que las controversias relativas a la protección de los derechos fundamentales
se prolonguen de forma indefinida.”[20].
Así entonces, en el caso concreto la Sala observa que los
requisitos generales de procedibilidad están plenamente acreditados, tal
y como se explicará a continuación:
(i)      Relevancia constitucional.
Conforme
lo explicó la sentencia T-061 de 2007[21],
dado que la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye una
tercera instancia y tampoco reemplaza los recursos ordinarios, “[…] es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental.
En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para
discutir asuntos de mera legalidad[22].
Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991,
ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El
primero que emerge de
la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional,
[ámbito este que es el de evidente relevancia constitucional] y
otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso”[23].
En
lineamiento con lo mencionado atrás, en el caso bajo estudio se avizora que la
cuestión que se discute es de evidente relevancia constitucional, primero,
puesto que se pretende la protección inmediata del derecho fundamental al
debido proceso, supuestamente trasgredido al actor como consecuencia de que la
sentencia judicial cuestionada aparentemente inobservó un precedente
constitucional[24],
y segundo, ya que la controversia que subyace a la solicitud de amparo, en los
términos planteados por el escrito de tutela y la sentencia SU-1073 de 2012,
busca hacer efectivos los principios constitucionales que informan el derecho a
la seguridad social del accionante a través del reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional como
prerrogativa universal y predicable de todas las categorías de pensionados,
incluso de aquellos que adquirieron tal calidad con anterioridad a la
Constitución de 1991.
(ii)    El agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios.
El
actor interpuso el recurso de apelación contra el auto que declaró la excepción
de cosa juzgada en el proceso laboral,
motivo por el cual, el accionante agotó el medio
de defensa judicial procedente y existente en aquel trámite laboral para dirimir
la controversia planteada[25].
De esta manera, la Sala advierte que el señor Barrera Jiménez, a través del mecanismo de amparo constitucional, no
intenta enmendar deficiencias, errores o descuidos suyos, ni recuperar alguna
oportunidad vencida al interior del proceso judicial surtido.
(iii)
Inmediatez.
La Sala considera que el actor interpuso
la acción de tutela en un término razonable[26] a partir del momento en que se produjo la presunta vulneración, ya que hay inmediación y existe una proximidad o
cercanía entre el supuesto menoscabo de sus derechos fundamentales y el
mecanismo de amparo elevado, pues transcurrieron
no más de dos meses entre uno y otro evento. Lo anterior, debido a que la decisión
de segunda instancia que el señor Barrera Jiménez cuestiona en sede de tutela, fue proferida por el Tribunal accionado en
marzo 12 de 2015, y el escrito de tutela se radicó el 06 de mayo siguiente.
(iv)
De igual manera se observa,
primero, que el peticionario identificó razonable y claramente los supuestos derechos
vulnerados y los hechos que generaron el aparente menoscabo, y segundo, que la
parte actora advirtió en el trámite del proceso ordinario, específicamente en
la demanda laboral y en los alegatos de apelación, la inexistencia de cosa
juzgada con base en la aplicación del precedente constitucional relativo a la indexación
de la primera mesada pensional cuando ésta es reconocida con anterioridad a la
Constitución Política de 1991.
(v) Por otro lado, la Sala aclara que
el señor Barrera Jiménez no argumentó que en el proceso ordinario laboral
cursado hubiese acaecido alguna irregularidad en su trámite y, finalmente, que la
providencia cuestionada por el actor no corresponde a un fallo de tutela.
4. El desconocimiento del precedente constitucional como
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en relación con la posibilidad de acudir nuevamente a la jurisdicción ordinaria
solicitando la aplicación de las sentencias proferidas por esta Corte a partir
de las cuales se estableció con certeza la universalidad del derecho a la
indexación de la primera mesada pensional
Si del examen realizado por el juez de tutela se
encuentran satisfechas las causales genéricas de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, posteriormente, con el
fin de logar el amparo constitucional, se procederá a estudiar en el caso
concreto la existencia de alguna o algunas de las causales específicas[27], dentro de
las cuales se encuentra el “desconocimiento del precedente, que se origina
cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por
esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado”[28].
De
esta forma, el operador jurídico no puede apartarse de un precedente salvo que
exista un motivo suficiente que justifique su inaplicación en un caso concreto[29], previo
cumplimiento de una carga mínima y seria de argumentación que explique
profundamente las razones por las que se desatiende una decisión propia o la
adoptada por un juez superior[30].
Por
ello, la Corte Constitucional ha establecido unos requisitos para que el
desconocimiento del precedente constitucional, como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, prospere.
En este sentido ha explicado, primero, que debe existir un “conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver”[31], bien sea varias sentencias de tutela o una de
constitucionalidad que, como se dijo, sean anteriores a la decisión en la que
se deba aplicar el precedente en cuestión; y, segundo, que dicho precedente,
respecto del caso concreto que se esté estudiando, debe tener (a) un
problema jurídico semejante, y (b) unos supuestos fácticos y aspectos
normativos análogos[32].
Por otro lado, el alcance de esta causal se ha
delimitado de la siguiente manera: “la
jurisprudencia de la Corte Constitucional puede ser desconocida de cuatro
formas: (i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones
legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de tutela”[33].
Explicado lo anterior, la Sala se
referirá al precedente constitucional en relación con la posibilidad de acudir nuevamente a la jurisdicción ordinaria
solicitando la aplicación de las sentencias proferidas por esta Corporación a
partir de las cuales se estableció con certeza la universalidad del derecho a
la indexación de la primera mesada pensional.
Así pues, en primer lugar resulta necesario destacar
que la garantía del mantenimiento del poder
adquisitivo en el ámbito pensional se constitucionalizó sólo partir de
la Carta Política de 1991. En este sentido, el
artículo 48 superior establece que “la ley definirá los medios para que los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. Y, por otra parte, el
artículo 53 de la Carta señala que “el Estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.”.
De esta forma, la
indexación de la primera mesada pensional es un derecho a través del cual se
combaten los efectos de la inflación en el ámbito de las obligaciones derivadas
del reconocimiento de prestaciones periódicas originadas en el aseguramiento de
los riesgos de vejez, invalidez y muerte, dadas las consecuencias que dicho
fenómeno produce en la capacidad adquisitiva de la moneda, y en consecuencia,
en el disfrute de las mesadas reconocidas a los
pensionados[34].
En este orden de ideas, si bien es a
partir de 1991 que se constitucionalizó el derecho a que las pensiones
mantengan su poder adquisitivo, esta Corte
sostiene que todas las personas beneficiarias del sistema
pensional, incluso aquellas que causaron su mesada con anterioridad a la actual
Constitución Política, tienen derecho a la protección del poder adquisitivo de
sus prestaciones.
La anterior posición fue asumida por el pleno de
la Corporación en la sentencia SU-1073 de 2012[35],
a través de la cual la Corte resolvió las contradicciones creadas por las diferentes
decisiones judiciales respecto a
la indexación de la primera mesada de las pensiones reconocidas antes de 1991.
En este sentido, en aquella oportunidad se concluyó que “pese al carácter universal del
derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la divergencia
interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a
1991, hace que sólo a
partir de esta decisión de unificación se genere un derecho cierto y exigible” (negrilla incorporada en el texto original), en virtud del cual la
indexación de la primera mesada es predicable de las personas pensionadas que
adquirieron tal calidad con anterioridad a la Carta Política de 1991.
Complementando lo atrás dicho, la mencionada
sentencia SU-1073 de 2012[36]
realizó la siguiente acotación:
“[E]s a través de esta sentencia de unificación que la Corte
Constitucional consolida la jurisprudencia con el fin de proteger el principio
de seguridad jurídica respecto de los fallos judiciales divergentes que han
proferido distintas jurisdicciones, los cuales han impedido la realización del
derecho universal de la indexación. En este sentido, es sólo hasta esta
sentencia de unificación que la Corte ha resuelto las contradicciones creadas
por las diferentes decisiones judiciales respecto a la indexación de la
primera mesada de las pensiones reconocidas antes de 1991. // De ahí que, sólo
hasta este momento exista
claridad sobre la obligatoriedad de indexar las pensiones reconocidas antes de
la Constitución de 1991, de manera que desde la fecha hay certeza sobre la
exigibilidad de la indexación y la obligación de las autoridades de efectuar su
reconocimiento”, motivo por el cual, “el alcance de este derecho, para las pensiones causadas con anterioridad
a la expedición de la Constitución de 1991, está siendo determinado hasta este
momento por la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Norma
Superior” (negrilla incorporada en el
texto original).
De igual manera, en relación con el carácter
universal de la indexación de la primera mesada pensional -pero ya no en lo que
respecta a la obligatoriedad de indexar las pensiones causadas antes de la
Carta de 1991[37]- esta Corporación, a partir de las
sentencias C-862[38] y C-891A[39]
de 2006, sostuvo que “el derecho a la
actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido exclusivamente a
determinadas categorías de pensionados, porque un trato diferenciado de esta
naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por tanto en
un trato discriminatorio”[40]. Motivo por el cual, se desconocerían los postulados superiores si se niega el derecho a
aquel reajuste con base en distinciones relacionadas con la clase, la
naturaleza o el origen de la prestación, como cuando no se concede dicha
garantía por tratarse, por ejemplo, de una pensión sanción o de pensiones cuyo
origen es convencional[41].
Así lo reiteró la citada sentencia SU-1073 de 2012, cuando adujo que “sólo hasta que fue expedida la
sentencia C-862 de 2006, la Corte definió con carácter erga omnes que
a partir de la interpretación de los artículos 48 y 53 de la Constitución de
1991 debía entenderse que existe un derecho constitucional de todos los
pensionados a que el monto de la primera mesada pensional se calcule sobre un
salario base indexado, de acuerdo con la variación del índice de precios al
consumidor. Por lo tanto, sólo a partir de tal fallo llegó a
admitirse que dicho derecho beneficiaba a todos los pensionados, sin que sobre
el particular pudieran hacerse distinciones discriminatorias entre
beneficiarios de pensiones legales, convencionales, ordinarias, pensiones
sanción, etc.”.
Ahora bien, la Sala también advierte
que con base en las providencias
anteriormente mencionadas, a partir de las cuales se estableció con certeza la
universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, esta
Corporación en múltiples ocasiones ha abordado casos en lo que personas pensionadas acuden nuevamente a la jurisdicción
ordinaria solicitando la aplicación de aquellas sentencias y las autoridades judiciales declaran probada la
excepción de cosa juzgada.
En este sentido, en la sentencia T-014 de 2008[42] la Corte
estudió el caso de una persona a quien le fue reconocida la pensión de jubilación por un monto
muy inferior al salario que percibía, debido al tiempo transcurrido entre la
fecha de retiro y el momento en que acreditó la edad para acceder a la
prestación. Por ello, el actor inició un proceso laboral con el fin de obtener
la indexación de la primera mesada pensional, sin embargo, con base en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la improcedencia de la
indexación, su pretensión fue negada mediante sentencias de primera y segunda
instancia proferidas en el año 2001. Posteriormente, el accionante inició un
segundo proceso con la misma pretensión, y los jueces de instancia declararon probada
la excepción de cosa juzgada, motivo por el cual, acudió a la acción de tutela
buscando la actualización de su primera mesada.
De esta
forma, en aquella oportunidad la Sala Quinta de Revisión dejó sin efecto las
decisiones judiciales del primer proceso y ordenó a la entidad accionada
indexar la primera mesada pensional del actor. En las consideraciones de la
providencia, la Corte adujo que los jueces que intervinieron en la primera
decisión incurrieron en un defecto sustantivo y en una violación directa de la
Carta Política, al no aplicar el criterio de equidad y las normas
constitucionales que imponen el reconocimiento de la indexación de la primera
mesada pensional para evitar la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas
pensionales [43].
Asimismo,
consideró que, de acuerdo con la sentencia C-862 de 2006, dichos fallos judiciales contrariaron
el artículo 53 de la Constitución que reconoce el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, pues la citada sentencia no hizo otra cosa que declarar
la existencia de un derecho preexistente que debe ser reconocido sin distinción
de la fecha en que se obtuvo la pensión de jubilación o la clase de prestación que
haya sido reconocida.
Posteriormente, la Sala Octava de Revisión, mediante la sentencia
T-130 de 2009[44], analizó el caso de una persona que, luego
de conocer la jurisprudencia constitucional “más
reciente” en torno a la indexación de la primera mesada pensional, acudió
nuevamente a la jurisdicción laboral. Sin embargo, los jueces laborales de
primera y segunda instancia en este segundo trámite decidieron declarar la
excepción de cosa juzgada, con base en las sentencias dictadas en el proceso
inicial.
En esa oportunidad, la Sala concedió el amparo pues consideró que
las autoridades judiciales que intervinieron en el segundo trámite laboral y encontraron probada la
excepción de cosa juzgada, incurrieron en defectos de carácter material y en un
desconocimiento del precedente constitucional contenido en la sentencia C-862
de 2006, más aun teniendo en cuenta que en la segunda reclamación ante la
jurisdicción ordinaria, el peticionario dejó en claro que su requerimiento era
de carácter constitucional.
Puntualmente, la Sala Octava concluyó que, aun existiendo
decisiones judiciales sobre la materia, “no cabía alegar la excepción previa
de cosa juzgada por cuanto el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-862 de 2006 resultaba aplicable al caso entonces objeto de
consideración por la jurisdicción ordinaria, de modo que al reunirse las
exigencias para conceder la protección del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional establecidos en esa jurisprudencia, la justicia
ordinaria laboral ha debido ordenarla, sin que pudiese alegar, como lo hizo, la
configuración de la excepción previa de cosa juzgada”[45].
De igual forma, en la sentencia T-366 de 2009[46],
la Sala Novena de Revisión abordó un caso en el que se discutía la procedencia
del derecho a la indexación de la primera mesada de una pensión de sustitución.
En esa ocasión, con el fin de obtener dicha garantía, la parte actora, con
fundamento especialmente en la sentencia C-862 de 2006, adelantó por segunda vez una acción
ordinaria laboral sin éxito, por haber prosperado la excepción de cosa juzgada.
Al respecto, la Sala consideró que los fallos que declararon probada la
excepción de cosa juzgada “incurrieron en un defecto material o sustantivo,
puesto que desconocieron el precedente jurisprudencial emanado de ésta
Corporación, dejando de lado el mandato constitucional que impone el
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional y el
reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas pensionales”[47].
En ese sentido, la Sala Novena consideró, primero, que “la decisión
de negar la indexación del valor de la primera mesada pensional, conforme a lo
preceptuado en la sentencia C-862 de 2006 y en nutrida jurisprudencia de esta
Corporación, resulta contraria al artículo 53 de la Constitución ya que el
mismo da pleno reconocimiento al reajuste pensional; además, no se puede
olvidar que los efectos de ésta sentencia son erga
omnes” y, segundo,
que “[l]o anterior no
significa dar efectos retroactivos a la sentencia C-862 de 2006 sino reconocer
que el derecho de indexación deriva del artículo 53 de la Constitución y su
efectividad puede alegarse en acción de tutela. Esta tesis atiende al derecho
de igualdad entre los pensionados y evita hacer distinciones discriminatorias
entre ellos”[48].
Más adelante, en la
sentencia T-745 de 2011[49],
la Sala Sexta de Revisión estudió el caso de un accionante que solicitó la
indexación de su mesada pensional por segunda vez en un proceso ordinario
laboral, pero los jueces declararon la existencia de cosa juzgada luego de que
en el primer trámite hubiere desistido de la misma pretensión[50].
En aquella oportunidad,
la Sala Sexta sostuvo que a partir de fallos como el de las sentencias C-862[51]
y C-891A[52] de 2006, se impuso a los jueces
el ineludible deber de aplicar directamente el derecho a la indexación de la
primera mesada, de modo que en caso de incumplimiento el afectado podría agotar
la actuación administrativa correspondiente y acudir ante las autoridades
judiciales competentes para discutir su pretensión, pudiendo optar por la
acción de tutela para hacer efectivo ese derecho fundamental. Puntualmente, la Sala destacó lo siguiente:
“Con la unificación tutelar[53],
y especialmente desde la emisión de las sentencias C-862 de octubre 19 de 2006,
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-891A de noviembre 1° del mismo año, M.
P. Rodrigo Escobar Gil, acogidas en el cambio jurisprudencial de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema (cfr. también el fallo de abril 20 de
2007, dictado en el asunto de radicación Nº 29.470, M. P. Luis Javier Osorio
López), se ha consolidado el medio garantizador del mínimo vital de los
pensionados, por cuanto la mesada suele constituir el ingreso que les permite
sufragar sus necesidades básicas y las de la pareja y familiares más cercanos.
Por ello, esta Corte ha continuado otorgando tan indispensable amparo, incluso
en eventos donde se negaba el derecho por la existencia de cosa juzgada[54], aún en casos donde
medió desistimiento como en el caso bajo estudio”.
En
consecuencia, la Sala consideró que, al persistir la situación pensional
desigual del actor y al haber sobrevenido un cambio jurisprudencial posterior
al desistimiento, debía conceder la tutela de los derechos invocados y reconocer al accionante la indexación de
la primera mesada pensional del accionante.
Luego
de ello, la Sala Primera de Revisión de esta Corte, a través de la sentencia     T-183
de 2012[55],
analizó el caso de un accionante que presentó una nueva demanda laboral
solicitando la indexación de la primera mesada pensional, pues consideró que, con respecto
a su caso, había surgido un nuevo hecho, teniendo en cuenta que por ese
entonces la jurisprudencia más reciente de la Corte Constitucional había
establecido el carácter universal del derecho a la indexación. En esa ocasión su pretensión fue
negada, pues los jueces laborales acogieron la excepción de cosa juzgada.
Sin embargo, en sede de revisión la Sala Primera dejó sin efecto las decisiones judiciales que
declararon probada la excepción de cosa juzgada, considerando que las
autoridades accionadas habían incurrido en un desconocimiento del precedente
constitucional.
Al respecto, la Sala sostuvo que no compartía la declaratoria de
cosa juzgada, pues reiterando lo establecido por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[56], en el marco de aquel proceso laboral en
el que se pretendía la indexación de la primera mesada pensional, sentencias
como la C-862 de 2006 debían ser tenidas en cuenta. De igual forma,
consideró que «de
acuerdo con el concepto de causa petendí que ha sido desarrollado por la
jurisprudencia constitucional[57],
los jueces deben analizar el conjunto de hechos y argumentos jurídicos
relacionados con las pretensiones elevadas por el demandante, a efectos de
determinar si, en efecto, concurre la “triple identidad” que caracteriza la
cosa juzgada. Y, desde ese punto de vista, la causa petendi del proceso
posterior difería de la del proceso inicial, básicamente porque
involucraba una pretensión de aplicar directamente la Constitución Política que
no se hallaba presente en el primer trámite y que, además, tenía un pleno
sustento en la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Corporación»[58].
No obstante lo anterior, en aquella ocasión se realizó una
aclaración de suma importancia, en los siguientes términos:
“la posición sentada por la Corte Constitucional y reiterada en
esta oportunidad no ordena a los jueces tener como un hecho nuevo cualquier
pronunciamiento judicial o cambio de posición por parte de las altas cortes, lo
que implicaría que las controversias sometidas a consideración de los jueces
naturales, nunca tendrían una respuesta definitiva por parte de la
administración de justicia, perdiendo ésta su capacidad para conjurar
pacíficamente las tensiones sociales. Pero en estos casos, el carácter
periódico de la prestación, la naturaleza imprescriptible de la pensión, el
cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema y sus efectos adversos sobre el
principio de igualdad en una materia en la que siempre existió el derecho pero
fue negado por un lapso de tiempo mediante una posición ya recogida por su
propio intérprete y juzgada incompatible con la Carta por este Tribunal han
llevado a la Corte a sostener que en estos trámites, la existencia de procesos
judiciales previos a las providencias de la Sala Plena ampliamente citadas
(SU-120 de 2003 y C-862 de 2006) sí permite a los afectados acudir nuevamente a
la jurisdicción”.
En lineamiento con lo atrás dicho, se reiteró que en el segundo
proceso laboral, por tratarse exclusivamente de un caso de indexación de la
primera mesada pensional, las sentencias de Sala Plena de la Corte
Constitucional recién citadas modificaban materialmente la causa
petendi de la reclamación. En ese sentido, la Sala adujo que en el
escenario concreto de la actualización monetaria de la primera mesada, esas
sentencias dotaban a la pretensión del accionante de una naturaleza
constitucional que los jueces laborales del proceso posterior no
evidenciaron, pues lo que estaba en juego no sólo era la indexación, sino
también la aplicación de la jurisprudencia de la Sala Plena de esta
Corporación.
En consecuencia, la Sala concluyó que, específicamente en el marco
del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la
declaratoria de la excepción de cosa juzgada en el segundo de los
trámites acarreó un desconocimiento del precedente constitucional y, a
partir de ello, se produjo también la violación de los derechos fundamentales
del actor a la seguridad social en pensiones, el mínimo vital, la igualdad y el
debido proceso.
Posteriormente,
la Sala Cuarta de Revisión, a través de la sentencia T-1086 de 2012[59], estudió
varios expedientes acumulados dentro de los cuales se destacaron casos
fácticamente similares al que hoy ocupa nuestra atención, en los que distintas
personas, luego de que adujeran un cambio en la
línea jurisprudencial sobre la materia, instauraron una nueva demanda ordinaria
laboral solicitando por segunda vez en la jurisdicción ordinaria la indexación
de su primera mesada pensional, con el agravante de que dichas pretensiones
fueros desatendidas al declararse probada la excepción de cosa juzgada,
precisamente por el hecho de haber promovido, en una ocasión anterior, proceso
ordinario laboral con el mismo propósito.
Así pues, para resolver dichos casos, la Sala Cuarta de Revisión,
concretamente, elevó la siguiente consideración:
“cabe recordar que en virtud del pronunciamiento hecho por la
Corte en la sentencia C-862 de 2006, en la cual se fijó el verdadero sentido y
alcance del derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de sus mesadas, prerrogativa que comprende, a su vez, la indexación
de la primera mesada pensional, se generó una evolución en la jurisprudencia de
esta Corte o, en otras palabras, se abrió paso a una nueva pretensión de
actualización de la primera mesada pensional, distinta de aquella que había
sido negada por los jueces ordinarios, que permitía al ciudadano promover una
nueva acción laboral, en procura de obtener la indexación de su primera mesada
pensional, tal y como sucedió en el presente caso.
Bajo esa premisa, no cabía alegarse, por parte de la autoridad
judicial demandada, la excepción previa de cosa juzgada, por cuanto el
precedente constitucional contenido en la Sentencia C-862 de 2006, configura un
nuevo hecho, que obligaba al operador jurídico a adoptar decisiones que se
ajustaran a esa nueva directriz”[60].
Finalmente, en la sentencia T-529 de 2014[61] la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, al fallar siete expedientes acumulados,
estudió un caso en el que el actor había presentado
una segunda demanda ordinaria laboral solicitando la indexación de su primera
mesada, al estimar que debía aplicarse lo dispuesto en las sentencias C-862 y C-891A de 2006, en las que se señaló que dicho
reajuste pensional aplica de igual manera para las pensiones de jubilación y
sanción. No obstante, dicha acción fue desestimada por los jueces laborales,
quienes encontraron probada la excepción de cosa juzgada, pues en el año 2000
el actor había desistido de la misma pretensión en otro proceso ordinario, y
dicho desistimiento fue aceptado por la autoridad judicial.
En este caso, la Sala Tercera de
Revisión advirtió que las autoridades judiciales demandas no debieron decretar
la existencia de cosa juzgada, sino proferir un fallo de fondo en el cual
hubiesen tenido en cuenta el precedente constitucional sobre la indexación de
la primera mesada pensional, motivo por el cual, dejó sin efectos las providencias
que declararon la cosa juzgada y, con el fin de no dilatar más en el tiempo el
goce del derecho, ordenó la reliquidación de la pensión del actor indexando su
primera mesada pensional.
Concretamente, la Sala
evidenció que los jueces de tutela que conocieron en primera y segunda instancia
el amparo interpuesto por el accionante, cuando analizaron las
providencias laborales ordinarias reprochadas, “no aplicaron el precedente
fijado por esta Corporación sobre la materia en las sentencias T-014 de 2008[62], T-130 de
2009[63], T-745 de 2011[64] y
T-1086 de 2012[65], en
las cuales se señaló que cuando una autoridad judicial declara la existencia de
cosa juzgada en asuntos en los que un ciudadano acude por segunda vez ante la
jurisdicción solicitando la indexación de su primera mesada pensional alegando
un cambio normativo en virtud de los fallos C-862[66] y
C-891A de 2006[67], aún
en casos en los que se desistió de una demanda previamente en la que se buscaba
la misma pretensión, incurre en un defecto reprochable a través de acción de
tutela, haciéndose imperiosa la intervención del juez constitucional para
garantizar los derechos al debido proceso y a la seguridad social de la
persona, los cuales se ven afectados por el desconocimiento de lo dictaminado
por la Corte Constitucional en dichas providencias de control abstracto que
establecieron la existencia de una omisión legislativa relativa[68]”[69].
En
conclusión, esta Sala advierte que, de acuerdo con el precedente constitucional
sobre la materia, la Corte en múltiples
oportunidades ha reprochado las providencias judiciales que declaran probada la excepción de cosa juzgada cuando las personas acuden
nuevamente a la jurisdicción ordinaria alegando, ya no la mera actualización de
la primera mesada o del salario base de liquidación de la pensión, sino la
aplicación de las sentencias a partir de las cuales se estableció con certeza
el carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada
pensional, con el fin de hacer efectiva dicha garantía. Así, cuando ocurre el fenómeno atrás
descrito y, por ejemplo, un juez declara la existencia de cosa juzgada en
asuntos en los que una persona pensionada acude por segunda vez a la
jurisdicción ordinaria solicitando aquello, según el precedente constitucional
objeto de estudio, dicha decisión incurre en un defecto cuestionable a
través de la acción de tutela, siendo necesaria la intervención del juez
constitucional para garantizar, entre otros, los derechos al debido
proceso y a la seguridad social, haciendo efectiva, de ser el caso, la
indexación de la primera mesada pensional.
Ahora bien, con base en los razonamientos
ya expuestos, la Sala analizará si la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca; que confirmó el auto dictado el 21 de octubre de 2014 por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, mediante el cual se encontró
probada la excepción de cosa juzgada debido al proceso ordinario laboral
iniciado por el actor en el año 2009; incurrió
en un desconocimiento del precedente constitucional.
5. Caso en concreto.
Teniendo en cuenta: (i) que el actor causó
la pensión sanción antes de la promulgación de la Constitución Política de
1991; (ii) que en el año 2009 promovió un proceso ordinario laboral con el fin
de obtener la indexación de la primera mesada pensional; (iii) que en el 2013,
también con el objeto de conseguir la mentada indexación, acudió nuevamente a
la jurisdicción ordinaria solicitando la aplicación de la sentencia SU-1073 de
2012 , con base en la cual la Sala Plena de esta Corte a) resolvió las
contradicciones creadas por las diferentes decisiones judiciales en lo
concerniente a la indexación de la primera mesada de las pensiones causadas antes
de 1991 y b) adujo que, dada esa divergencia interpretativa, sólo a
partir de dicha decisión de unificación se generó un derecho cierto y exigible
en virtud del cual, dado su carácter universal, la actualización de la primera
mesada es predicable de todos los pensionados que adquirieron tal calidad con
anterioridad a la Carta Política de 1991; y (iv) que esa nueva demanda
ordinaria laboral no prosperó, pues las autoridades judiciales encontraron
acreditada la excepción de cosa juzgada; la Sala considera que, en lineamiento con lo explicado en el acápite
anterior, la providencia que confirmó el auto dictado el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Soacha, a través del cual se encontró probada la excepción de
cosa juzgada, incurrió
en un desconocimiento del precedente constitucional, por las siguientes
razones:
(i)
Hay un conjunto
de providencias proferidas por distintas Salas de Revisión de esta Corte
previas a las decisiones judiciales reprochadas por el actor que, respecto del sub
judice, tienen (a) un problema jurídico semejante y (b) unos
supuestos fácticos y aspectos normativos análogos, pues han analizado casos en
los cuales, a partir de sentencias que han establecido y desarrollado el
carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, personas
pensionadas acuden nuevamente a la jurisdicción ordinaria solicitando la
aplicación de dichas sentencias y los jueces declaran probada la excepción de
cosa juzgada.
(ii)
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, al confirmar en marzo 12 de 2015 el auto dictado por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Soacha, mediante el cual se encontró probada la
excepción de cosa juzgada debido al proceso ordinario laboral iniciado por el
actor en el año 2009, desconoció el alcance del derecho fundamental a la seguridad social y al
debido proceso fijado por esta Corte a través de la ratio decidendi de
aquel conjunto de sentencias de tutela, en virtud de las cuales esta
Corporación precisamente ha reprochado las providencias que declaran acreditada
la excepción de cosa juzgada cuando las personas pensionadas acuden nuevamente
a la jurisdicción ordinaria alegando, ya
no la mera actualización de la primera mesada o del salario base de liquidación
de la pensión, sino la aplicación de sentencias como la SU-1072 de 2012, a
partir de las cuales se ha desarrollado y establecido con certeza el carácter
universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, con el objeto
de hacer efectiva dicha garantía.
Por lo anterior, dado que, como se dijo, el señor Barrera
Jiménez acudió nuevamente a la Jurisdicción Ordinaria solicitando aquello y la
Sala Laboral del Tribunal accionado confirmó la declaratoria de la excepción de
cosa juzgada, dicha decisión hace necesaria la intervención del juez
constitucional para garantizar los derechos al debido proceso y a la seguridad
social. En este orden de ideas, la Sala dejará sin efecto la providencia
proferida el 12 de marzo de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
mediante la cual se confirmó el auto dictado el 21 de octubre de 2014 por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha.
Ahora bien, teniendo en cuenta que existe un precedente pacífico
en torno el asunto objeto de discusión, esta Sala, con el fin de no dilatar más
en el tiempo el goce del derecho, le ordenará a las empresas Cristalería Peldar
S.A., Industrial de Materias Primas S.A.S. y Vidriería Fenicia S.A.S., que, en
el ámbito de sus competencias, dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de la presente providencia: (i) reliquiden la pensión sanción del
actor indexando su primera mesada pensional de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en particular, aplicando la fórmula adoptada en la sentencia       T-098
de 2005[70];
y
(ii) cancelen el retroactivo correspondiente a los tres años anteriores a la
fecha de esta providencia[71].
Lo anterior, toda
vez que en el expediente se encuentra probado que: a) el señor
Barrera Jiménez laboró hasta junio de 1983, b) le fue reconocida la
pensión sanción por un valor de $22,296.48. Monto que, además de corresponder
al promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, superaba
en más del doble al salario mínimo mensual vigente para 1983[72],
c) la primera mesada pensional le fue pagada en octubre de 1993, y d)
a pesar de lo anterior, históricamente, desde que le fue pagada su primera
mesada, la misma siempre ha ascendido aproximadamente a tan solo un salario mínimo
mensual legal vigente.
IV. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de mayo de 2015, y por la Sala
de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la misma
Corporación, el 06 de agosto de 2015, mediante las cuales se denegó la tutela
solicitada por el señor José Laureano Barrera Jiménez, y en su lugar, CONCEDER el
amparo solicitado por el accionante.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la providencia proferida el 12 de
marzo de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante la cual se
confirmó el auto dictado el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Soacha, en el proceso ordinario laboral promovido por José
Laureano Barrera Jiménez contra Cristalería
Peldar S.A., Industrial de Materias Primas S.A.S. y Vidriería Fenicia S.A.S.
TERCERO.- ORDENAR a Cristalería
Peldar S.A., a Industrial de Materias Primas S.A.S. y a Vidriería Fenicia
S.A.S., que, en el ámbito de sus competencias, dentro de los 15 días siguientes
a la notificación de la presente providencia: (i) reliquiden la pensión sanción
del actor indexando su primera mesada pensional de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en particular, aplicando la fórmula adoptada en la sentencia
T-098 de 2005; y (ii) cancelen el retroactivo correspondiente a los
tres años anteriores a la fecha de esta providencia.
CUARTO.- Por Secretaría General de esta
Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones a que alude el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Así consta en la cédula de ciudadanía del peticionario,
anexada en el folio 27 del cuaderno de revisión.
[2]
Tal y como se explicó en la demanda laboral interpuesta en el
año 2013, a través de la cual el actor pretendió la indexación de la primera
mesada pensional y de la cual se hará referencia más adelante, la Compañía
Nacional de Vidrios S.A. fue fusionada con el Grupo Empresarial Peldar,
integrado por Cristalería Peldar S.A., Industrial de Materias Primas S.A.S. y
Vidriería Fenicia S.A.S, ésta última quien tiene a su cargo el pago de la
pensión del actor Folios 17 y 18 del cuaderno 1.
[3]
En el proceso ordinario laboral a través del cual se reconoció al accionante la
pensión sanción, y del cual se hará mención en el siguiente hecho, una vez
examinadas, entre otras pruebas, el contrato de trabajo, la carta de
terminación laboral y lo manifestado por el representante legal del empleador
en el interrogatorio de parte, tanto la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá como el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de la misma ciudad, encontraron acreditados el periodo en
el que estuvo vigente la relación laboral y el último salario promedio mensual
del actor. Ello consta en los respectivos fallos judiciales aportados en sede
de revisión al expediente de tutela. Folios del 33 al 40, cuaderno de revisión.
[4] Ley 171, artículo 8. “El trabajador que sin
justa causa sea despedido del servicio de una empresa de capital no inferior a
ochocientos mil pesos ($800.000.00), después de haber laborado para la misma o
para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince
(15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores la vigencia de la
presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su
despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la
fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido. // Si el retiro
se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos
servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido
cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los
hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira
voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta
(60) años de edad. // La cuantía de la pensión será directamente proporcional
al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador
en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión
plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se
liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año
de servicios. // En todos los demás aspectos de la pensión aquí prevista se
regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación. // Parágrafo._ Lo dispuesto en este artículo se
aplicará también a los trabajadores ligados por contrato de trabajo con la
administración pública o con los establecimientos públicos descentralizados, en
los mismos casos allí previstos y con referencia a la respectiva pensión plena
de jubilación oficial”. (Subrayas fuera del texto original).
[5]
En los folios 33 y siguientes del cuaderno de revisión obra
copia de dichas decisiones judiciales, es decir, del fallo proferido por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá el 28 de julio de 1986, y de la
sentencia que lo confirmó en segunda instancia dictada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el día 22 de mayo de 1987. //
En relación con este hecho, es necesario precisar que, conforme lo
explicaron aquellas providencias, el monto de la pensión correspondió a las
operaciones aritméticas realizadas con base en el tiempo de servicio y el
salario devengado por el trabajador en el último año de servicios, según lo
pudo verificar la autoridad judicial competente cuando practicó la respectiva
diligencia de inspección judicial.
[6]
Así lo corrobra el oficio suscrito por la Directora de
Recursos Humanos de la Compañía Nacional de Vidrios S.A. el día 08 de febrero de 1994, a través de cual se informó al peticionario
el cumplimiento de lo dispuesto en aquel proceso laboral. Folio 24, cuaderno de
revisión.
[7]
Cuya copia está anexa en los folios del 29 al 32 de cuaderno de revisión.
[8]
Así consta en la sentencia proferida por el Tribunal y en el
informe que aportó al presente trámite de tutela el fallador de primera
instancia en dicho proceso, es decir, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Soacha. Folios del 19 al 26 del cuaderno 2. // Por otro lado, resulta
pertinente aclarar que si bien el citado Tribunal confirmó la providencia de primera
instancia, no lo hizo con los mismos argumentos del a quo, pues
consideró que: (i) únicamente procede la actualización del ingreso base de
liquidación de las pensiones causadas a partir de la vigencia de la
Constitución Política de 1991, y (ii) la pensión sanción del actor se causó
antes de la Constitución de 1991, es decir, con su retiro laboral -en 1983-,
pues el cumplimiento de la edad sólo constituye una condición para la
exigibilidad de la prestación. // Finalmente, no sobra advertir que, según lo informó
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, en dicho proceso la parte
actora desistió del recurso extraordinario de casación ante una posibilidad de
condena en costas, teniendo en cuenta el criterio que en esa época acogía la
Corte Suprema de Justicia, en virtud del cual: (i) era procedente la
actualización del ingreso base de liquidación de las pensiones causadas
únicamente a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991; y (ii)
la pensión sanción se causaba a partir de la fecha de despido, siendo el
cumplimiento de la edad sólo una condición para su exigibilidad.
[9]
Folios del 15 al 34, cuaderno 1.
[10]
La ponencia de esta providencia estuvo a cargo del Magistrado Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, se profirió el 12 de diciembre de 2012 y fue comunicada a los
jueces de instancia en febrero 08 de 2013.
[11] Esta sentencia, cuyo
Magistrado ponente fue Alexei Julio Estrada, se profirió en marzo 13 de 2013 y
fue comunicada a los jueces de instancia el 17 de abril de dicha anualidad.
[12] La copia de la
respectiva Acta de Audiencia, así como el medio magnético en el que se grabó la
misma, obran en los folios 36 y siguientes del cuaderno 1.
[13] Así
consta en el CD que contiene el video de la audiencia celebrada por el citado
Juzgado el 21 de octubre de 2014, ubicado entre los folios 34 y 35 del cuaderno
1.
[14] Ello obra en el listado
de nómina por periodo de la Vidriería Fenicia S.A.S., correspondiente a enero
de 2016 y a los dos últimos meses del año 2015. // En relación con el valor de
la pensión, la Sala también advierte que: (i) en el expediente están
incorporados algunos recibos de pago de dicha prestación expedidos por
Vidriería Fenicia S.A.S en 2008 y 2007, por un valor equivalente a un salario
mínimo mensual legal vigente para dichos años; y (ii) según obra en un oficio
remitido el 25 de enero de 1995 por la Compañía Nacional de Vidrios S.A. al
actor, el valor de su mesada pensional para 1995 era de $120,996.00, es decir,
un poco más de un salario mínimo mensual legal vigente para la época, el cual,
según el Decreto 2872 de 1994, ascendía a $118, 934.00. Folios 24 y del 41 al
47 del cuaderno de revisión.
[15] De esta
manera, al trámite de tutela quedaron vinculadas las empresas Cristalería
Peldar S.A., Industrial de Materias Primas S.A.S. y Vidriería Fenicia S.A.S.
[16] Es
decir, las sentencias SU-1073 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y SU-131 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[17] Folios 27 y s.s., cuaderno
2.
[18] Específicamente
de las sentencia SU-1073 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y SU-131 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[19] Sentencias T-123 de 2015, M.P. Luis Guillermo Gurero Pérez;
T-217 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada; T-160 de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pére; T-778 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-328 de 2005,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-1004 de 2004, Alfredo Beltrán Sierra;
T-842 de 2004,M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-1069 de 2003, M.P. Jaime Araujo
Rentería; T-853 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
[20]Sentencia
SU-026 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, en
lineamiento con lo establecido por la sentencia
C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[21] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[22] Sentencia
T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[23] Ver
sentencias: SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-1159 de 2003.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y T-685 de 2003.
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[24] Referente al debido
proceso constitucional, la sentencia T-061 de 2007 expresó lo siguiente: “En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN -, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de
cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el
derecho al juez natural [sobre este derecho y
su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de
defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda
instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos
y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. En una decisión
posterior [Sentencia T-685 de 2003,
M.P. Eduardo Montealgre Lynett] la
Corte Constitucional precisó el alcance del debido proceso constitucional e[n]
el siguiente sentido: // De ello se sigue que, salvo desvíos absolutamente
caprichosos y arbitrarios –inobservancia de precedentes o decisiones
carentes de justificación o motivación jurídica-, sólo serán objeto de
revisión aquellas decisiones judiciales que no consulten los elementos del
debido proceso constitucional y, en particular, que conduzcan a la inexistencia
de defensa y contradicción dentro del proceso. Es decir, aquellas decisiones
que anulen o restrinjan, de manera grave, el equilibrio procesal entre las
partes; lo anterior equivale a decir que el juez de tutela debe proteger a la
parte procesal que ha quedado indefensa frente a los excesos del juez
ordinario”. (negrillas dentro del texto y subrayado fuera del texto).
[25] En relación con este
punto, resulta pertinente mencionar que, según los artículos 86 y 87 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el recurso de casación es
susceptible únicamente contra sentencias y no contra autos interlocutorios, así
sea aquellos que producen el fenecimiento del proceso, ya que esa circunstancia
no cambia la naturaleza jurídica de la providencia. De esta manera, la casación
no procede contra el auto a través del cual se decide, por ejemplo, la
excepción de cosa juzgada, la cual, según lo establece el artículo 32 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se puede formular como
excepción previa en materia laboral. Al respecto de este asunto pueden
consultarse, entre otras, las providencias de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia del 21 de abril de 2009, radicado 38304, reiterada el
9 de abril de 2014, radicado 63182. // Por otro lado,
muy similar a lo ocurrido con la casación, el recurso extraordinario de
revisión en materia laboral, según los artículos 30
de la Ley 712 de 2001 y 20 de la ley 797 de 2003, procede sólo: (i) contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos ordinarios por ciertas
autoridades judiciales; y (ii) contra las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza.
[26]En este sentido, la sentencia T-217 de 2013,
M.P. Alexei Julio Estrada, aclaró que “en múltiples ocasiones esta
Corporación ha explicado que el establecimiento de un término perentorio para
el ejercicio de la acción de tutela es inconstitucional, pues no puede ponerse
término a la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, también ha
insistido en que la acción debe interponerse dentro de un plazo razonable
[Ver sentencia T-932 de 2008]”.
[27] En
la sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, la
Corte individualizó las causales específicas de la siguiente manera: “a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. //
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido. // c. Defecto fáctico,
que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. // d. Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión. // f. Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. // g. Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional. // h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. // i. Violación directa de la
Constitución.”
[28]
Sentencia SU-026 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[29]Como por ejemplo un cambio
de legislación, un cambio de las circunstancias sociales, un escenario fáctico distinto,
etc.
[30] En la Sentencia T-468 de
2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) se explicó lo siguiente: “En este contexto,
surge como elemento preponderante que todo cambio o inaplicación de un
precedente judicial de tipo vertical a partir de la presencia de diversos
supuestos fácticos o en razón del cambio de legislación debe estar plenamente
motivado, en aras de salvaguardar el principio constitucional de interdicción
de la arbitrariedad, convirtiéndose el conocimiento de los argumentos
judiciales, en una herramienta ciudadana de control sobre la legitimidad de las
decisiones proferidas por el juzgador. // La motivación requiere entonces el cumplimiento
de varias condiciones que le dotan de plena legitimidad. En efecto, ella debe
ser: (i) completa, (ii) pertinente, (iii) suficiente y (iv) conexa. Es completa
cuando se invocan todos los fundamentos de hecho y de derecho que amparan la
decisión; es pertinente si resulta jurídicamente observable; es suficiente
cuando por sí misma es apta e idónea para decidir un asunto sometido a
controversia y; es conexa si se relaciona directamente con el objeto
cuestionado. // Por consiguiente, si un juez de tutela pretende inaplicar la
doctrina constitucional que sobre una materia en específico ha establecido esta
Corporación, no sólo debe motivar la decisión de manera completa, pertinente,
suficiente y conexa, sino que también tiene que probar la diversidad de los
supuestos fácticos o de las circunstancias de hecho que conlleven a otorgar un
tratamiento desigual y/o la existencia de una nueva legislación que modifique
las consecuencias jurídicas aplicables al caso controvertido.”
[31] Sentencia T-217 de 2013,
M.P. Alexei Julio Estrada.
[32] Sentencia C-335 de 2008
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[33] Sentencia T-1092 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto. Cfr. T-597 de 2014, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[34] Cfr. Sentencias T-688 de
2013 y T-529 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[35] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. // En esta providencia la Corte sostuvo que “la universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada es
predicable de todas las personas pensionadas, y por supuesto, de aquellas que
adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedición de la Constitución
Política. En efecto, todos los pensionados sufren las graves consecuencias de
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir todos se encuentran en
la misma situación y por tanto, deben recibir igual tratamiento”. Motivo por el cual, “resulta
vulneratorio de los principios constitucionales que informan la seguridad
social y el derecho laboral negar su procedencia a aquellos que adquirieron el
derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, pero cuyos efectos irradian
situaciones posteriores”.
[36] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[37] Este precisión resulta
necesario hacerla, pues tal y como la sentencia SU-1073 de 2012 lo advirtió: “ni siquiera en 2006 [es decir cuando fueron proferidas las sentencias de constitucionalidad
que a continuación se citarán] existía una posición uniforme en relación con
las pensiones causadas bajo el marco constitucional de 1886”.
[38] M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[39]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[40] Sentencia
C-862 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[41] Con todo, sobre el particular la Sala aclara que, sin perjuicio del
derecho a la indexación de la primera mesada pensional que, por regla general,
se entiende de carácter universal, existen eventos en los cuales dicha
prerrogativa no es predicable de algunas prestaciones periódicas. Por ejemplo,
en los casos en los que se solicita el reajuste de beneficios similares a una
pensión otorgados por mera liberalidad del empleador. Cfr. Sentencia T-529
de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[42]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[43]
Al
respecto, dicha providencia sostuvo lo siguiente: “[e]n cuanto a los
requisitos especiales para que la acción de tutela proceda contra providencias
judiciales, la Sala estima que en el presente caso, el fallo de segunda
instancia, proferido por vía del grado jurisdiccional de consulta por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 25 de abril de 2001, incurrió en un
defecto material o sustantivo, puesto que dio aplicación a la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia que desconocía para ese momento el derecho
constitucional del actor, dejando de lado el mandato constitucional que impone
el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional y el
reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo de las mesadas pensionales,
razón adicional para determinar que en este caso resulta procedente la presente
acción de tutela contra dicha sentencia. // Esta decisión, conforme a la sentencia C-862 de 2006,
resulta contraria al artículo 53 de la Constitución que reconoce el derecho a
la indexación de la primera mesada pensional. Este derecho ha existido desde la
expedición de la Constitución de 1991 y por esta razón no hay lugar a
considerar el requisito de la inmediatez porque la mencionada Sentencia no hizo
sino declarar la existencia de un derecho preexistente que debe ser reconocido
sin distinción de la fecha en que se obtuvo la pensión de jubilación ni la
clase de pensión que haya sido reconocida. Adicionalmente, en la Sentencia SU-120
de 2003 proferida por esta misma Corte, ya había sido reconocido como tal y se
reafirma con la sentencia C-862 de 2006 con efectos erga omnes. //| Lo anterior, no significa dar efectos retroactivos a la
sentencia C-862 de 2006 sino reconocer que el derecho de indexación deriva del
artículo 53 de la Constitución y su efectividad puede alegarse en acción de
tutela. Esta tesis atiende al derecho de igualdad entre los pensionados y
evitar hacer distinciones entre ellos, lo que no es posible, conforme a la
Sentencia C-862 de 2006. Además en consecuencia de la eficacia directa de la
Constitución y del valor normativo. // De conformidad con lo anterior, la Sala
estima que los fallos de la justicia ordinaria no debieron desconocer el
derecho constitucional del accionante a la indexación de su primera mesada
pensional y a la actualización del valor de sus mesadas pensionales”. (Sentencia T-014 de
2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[44]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[45] Sentencia T-130 de 2009, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto. Así entonces, en
la citada sentencia la Sala ratificó dicho argumento afirmando lo siguiente: “la decisión
del Tribunal Superior de Bogotá, al absolver a la entidad demandada en la
decisión de instancia, incurrió en una causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales por cuanto dio aplicación a la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, desconociendo el precedente
sentado por la sentencia C-862 de 2006”. // De esta manera, adujo
que “estando vigente el derecho constitucional a la indexación de la
primera mesada pensional y a la actualización del poder adquisitivo de las
pensiones, la Jurisdicción Ordinaria, incluyendo la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia – no podía haberse negado –como lo hizo - a
actualizar la mesada pensional del actor según el Índice de Precios al
Consumidor certificado por el DANE, por cuanto, a la luz de lo establecido por
la sentencia C-862 de 2006, abstenerse de hacerlo, implicó omitir el respeto
por el precedente constitucional lo que también trajo consigo la vulneración de
los derechos constitucionales fundamentales del ciudadano Rivas Téllez. // 44.-
Puestas las cosas de la manera antes descrita, estima la Sala que los fallos de
la justicia ordinaria incurrieron en causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra sentencias al abstenerse de reconocer el derecho constitucional
del actor a la indexación de su primera mesada pensional y a la actualización del
valor de sus mesadas pensionales y al omitir observar el precedente
constitucional”.
[46] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[47] Sentencia T-366 de 2009,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[48] Ibídem.
[49] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[50] Tal y como lo señaló
esta Corte, dicho desistimiento, incoado en febrero del año 2000, fue
propiciado por el temor de la parte actora a ser condenada en costas, ya que
para aquel entonces la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia era contraria a la indexación de la primera mesada
pensional.
[51] M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[52] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[53] Cfr. SU-120 de febrero 13 de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis y T-696 de
septiembre 6 de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[54]
Cfr. T-014 de enero 17 de 2008,
Marco Gerardo Monroy Cabra y T-130 de febrero 24 de 2009, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[55]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[56] Específicamente, la Sala
Primera sostuvo que esta Corporación ya había abordado en oportunidades previas
asuntos semejantes al estudiado en dicha oportunidad, concretamente en las
sentencias T-014 de 2008, T-130 de 2009 y T-366
de 2009.
[57] Véase la sentencia T-162 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz). En esa oportunidad la Corte estudió el caso de un senador que por los
mismos hechos se le habían iniciado sucesivamente dos procesos, uno electoral y
otro de pérdida de investidura, respectivamente. Como el primero había
culminado con una sentencia a su favor invocó la excepción de cosa juzgada en
el segundo, considerando que había identidad de sujetos y de objeto. La Sala
estimó que no operaba el fenómeno de la cosa juzgada porque las razones jurídicas
que soportaban los procesos eran diferentes. Respecto la causa para pedir la
Corte sostuvo lo siguiente: “(…) la causa petendi
contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por una serie de
hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido no sólo
por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados
sino, también, por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada
adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de
hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta
consecuencia jurídica.”.
[58] Sentencia T-183 de 2012,
M.P. María Victoria Calle Correa. // Además, la Sala Primera también destacó que según la ratio decidendi de las sentencias SU-120 de 2003[58]
y C-862 de 2006, el derecho a la indexación pensional no nace como
derecho innominado con esos fallos; pues esta garantía existía incluso antes de
la Constitución Política de 1991, con fundamento en la equidad, y al entrar en
vigencia la nueva Carta encontró nuevos cimientos en los mandatos contenidos en
los artículos 48 y 53, que hacen referencia
al mantenimiento del poder adquisitivo constante de los recursos destinados a
pensiones y al reajuste periódico de dichas prestaciones
[59]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[60] Sentencia
T-1086 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[61] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[62] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[63] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[64] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[65] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[66] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[67] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[68] Específicamente, en la Sentencia C-862 de 2006 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), se consideró que ante la ausencia por parte del legislador de
herramientas para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, era pertinente proferir un fallo aditivo frente a la omisión
legislativa relativa evidenciada, conforme con una lectura sistemática de los
artículos 13, 48 y 53 de la Constitución, en el sentido que, hasta tanto el
legislador no fijara otra medida para remediarla, “(…) la indexación, al haber sido acogida por la legislación
vigente para los restantes pensionados, [se convertía en el] mecanismo adecuado
para la satisfacción de los derechos y principios constitucionales en juego.” Así, se decidió declarar la
exequibilidad de los numerales 1° y 2° del artículo 260 del C. S. T. “en el entendido que el salario base para la liquidación de la
pensión de jubilación de que trata este precepto deberá ser actualizado con
base en la variación del índice de precios del consumidor IPC certificada por
el DANE.” Sobre el
particular puede consultarse el fallo T-688 de 2013 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[69]
Sentencia T-529 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[70] M.P. Jaime Araujo Rentería. En cuanto al procedimiento para efectuar la
indexación de la primera mesada pensional, en la Sentencia SU-1073 de 2012 se
acogió el establecido en la providencia T-098 de 2005, en la cual se dispuso que “[e]l ajuste de
la mesada pensional del demandante se hará según la siguiente fórmula:
R= Rh índice
final
índice
inicial
Según la cual
el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es el promedio de lo devengado por el demandante durante el
último año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el índice final
de precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la
pensión [data que en el caso objeto de estudio correspondería a octubre
de 1993], entre el índice inicial, [que en el sub judice sería el
existente a junio de 1983]. Y así se “procederá a reconocer y liquidar los reajustes pensionales
de los años posteriores, conforme a la normatividad aplicable. // Después
establecerá la diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que
efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la pensión. De
dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al
pensionado al sistema de seguridad social en salud, pues existe prueba en el
expediente de que éstos fueron pagados. // La suma insoluta o dejada de pagar,
será objeto de ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la
notificación de esta sentencia , dando aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh índice
final
índice
inicial
Donde el valor presente de la
condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo
dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificación de esta
sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada
pensional. // Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad
demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la
primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los demás
emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente
al causarse cada una de las prestaciones”.
[71] Conforme lo ratificó la sentencia
SU-415 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa, “la garantía de indexación
de la primera mesada pensional de prestaciones causadas antes de la
Constitución de 1991 se extiende retroactivamente para todas las mesadas no
prescritas, causadas durante los
tres (3) años anteriores a la fecha de expedición del fallo que estudia el caso
actual, conforme a lo reglado en las sentencias de unificación de
jurisprudencia SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013”, en otras palabras, “la garantía del derecho a la
indexación se extiende a las mesadas no prescritas, comprendidas en los tres
(3) años anteriores al fallo que estudia el respectivo caso”.
[72] Según el Decreto 3713 de 1982, “por el cual se aprueba el Acuerdo número 1
de fecha 22 de diciembre de 1982 del Consejo Nacional de Salarios sobre salario
mínimo”, a partir del 02 de enero de 1983 el monto del salario mínimo legal
mensual para los trabajadores que, como el actor, no fueran del sector
primario, equivalía a $9,261.