T-050-98
Sentencia T-050/98
Sentencia T-050/98
SALA
DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR O SECCIONAL DE LA JUDICATURA-Competencia para fallar tutelas
Es procedente
reiterar el criterio acogido por la Corte Constitucional, según el cual las
salas, que la Constitución denomina "jurisdiccionales
disciplinarias", son verdaderos jueces colegiados. Es por ello que, no
habiendo hecho la Carta Política distinción alguna sobre los jueces que pueden
asumir el conocimiento de las acciones de tutela, debe concluirse que aquellos
tribunales gozan de competencia para resolver los procesos de amparo como
verdaderos jueces constitucionales, sometidos sus fallos, eso sí, a la revisión
eventual de esta Corte. Y no sólo eso sino que están obligados por la
Constitución a fallar cuando se ejerza ante ellos acción de tutela o se impugne
el fallo de primer grado, en su caso.
INMUNIDAD
DISCIPLINARIA-Contenido de
los fallos judiciales/ PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ-No da
lugar a responsabilidad disciplinaria
La Corte reitera
su constante jurisprudencia en el sentido de que los jueces no son ni pueden
ser responsables disciplinariamente, ni es procedente que se los investigue y
sancione bajo esa perspectiva por el ejercicio de su función judicial, en el
ámbito de su autonomía jurisdiccional, ni por la interpretación que en un
determinado proceso hayan hecho de la normatividad aplicable a la materia
juzgada. Lo cual no se opone a que se los juzgue penalmente si han prevaricado
o delinquido de otra forma en el curso de su actividad judicial. Así las cosas,
no sólo están por fuera de control disciplinario -en cuanto a su contenido o
sentido- las sentencias de tutela sino todas las sentencias proferidas por los
jueces.
PACTO COLECTIVO Y
CONVENCION COLECTIVA-Discriminación
por fecha de entrada en vigencia del aumento salarial/DERECHO A LA IGUALDAD-Discriminación
contra trabajadores sindicalizados por fecha de entrada en vigencia del aumento
salarial/DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Discriminación por fecha de
entrada en vigencia del aumento salarial
Referencia:
Expediente T-143671
Acción de tutela
incoada por la "Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas
Productoras y Distribuidoras de Gaseosas -ASONTRAGASEOSAS-" contra la
"Sociedad industrial de gaseosas S.A."
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá,
D.C., a los tres (3) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
Procede la Corte a revisar los fallos
proferidos en el asunto de la referencia por el Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-.
I. INFORMACION PRELIMINAR
Eliberto Moya Cordero, obrando como
Presidente de la Junta Directiva de la organización sindical "Asociación
Nacional de Trabajadores de las Empresas Productoras y Distribuidoras de
Gaseosas -ASONTRAGASEOSAS-", instauró acción de tutela contra la
"Sociedad Industrial de Gaseosas S.A." por estimar violados el
derecho a la igualdad y la libertad de asociación sindical con base en los
hechos que se narran a continuación:
La empresa demandada y el mencionado
sindicato suscribieron una Convención Colectiva de Trabajo con vigencia de dos
años contados a partir del 1 de mayo de 1996.
Dicha sociedad celebró con los trabajadores
no sindicalizados un Pacto Colectivo cuya vigencia comprende desde el 1 de
abril de 1996 hasta el 30 de marzo de 1998.
Aseguró el demandante que los trabajadores
afiliados al sindicato han sido discriminados, pues para éstos los aumentos
salariales entran a regir "30 días" más tarde (desde el 1 de mayo de
cada año) en comparación con los trabajadores no sindicalizados que se
acogieron al Pacto Colectivo (a quienes se realiza el aumento a partir del 1 de
marzo), a pesar de que unos y otros realizan los mismos oficios y pertenecen a
la misma categoría. Afirmó además que los trabajadores que se benefician del
pacto tienen un salario básico superior al que reciben los miembros del
sindicato.
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISION
Dentro del trámite del proceso de tutela se
presentó un conflicto negativo de competencias por factor territorial entre la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá, motivo por el cual el segundo tribunal envió las
diligencias al Consejo Superior de la Judicatura para que resolviera la
mencionada controversia. Este declaró que correspondía conocer del asunto al
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
En relación con tal determinación, los
magistrados Amelia Mantilla Villegas y Enrique Camilo Noguera Aarón
suscribieron sendos salvamentos de voto. En el primero de ellos se manifiesta
el disentimiento con el fallo, ya que de conformidad con los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996, es dicha
Corporación la autoridad judicial competente para dirimir este tipo de
conflictos y no el Consejo Superior de la Judicatura. En el segundo salvamento
de voto se sostuvo que las salas jurisdiccionales disciplinarias de los
consejos seccionales y del Consejo Superior de la Judicatura no eran
competentes para conocer de las acciones de tutela, pues ello "tendría el
efecto de anular la posibilidad de investigar disciplinariamente las
irregularidades en que hubieran podido incurrir los funcionarios falladores,
que en el caso serían los mismos jueces disciplinarios. Ello significaría que
las irregularidades cometidas en la actuación correspondiente a la acción de
tutela, fallada por la jurisdicción disciplinaria, estarían sustraídas del
examen disciplinario, lo que es violatorio del numeral 3 del artículo 256 de la
Constitución".
Añadió el salvamento que la función
disciplinaria que corresponde al Consejo Superior de la Judicactura "no es
en sentido estricto ejercicio judicial, el que es propio de los jueces
ordinarios", y que la función que se refiere a la decisión de conflictos
de competencia entre distintas jurisdicciones no es de la misma naturaleza de
la que cumplen los jueces ordinarios al declarar un derecho o al sancionar al
infractor de una norma penal.
Una vez resuelto el conflicto de
competencia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, mediante fallo del 4 de agosto de 1997, concedió
el amparo de los derechos a la igualdad y a la asociación sindical de los
trabajadores afiliados al sindicato ASONTRAGASEOSAS. En consecuencia, ordenó a
la sociedad demandada efectuar los reajustes salariales a que hubiese lugar
"para que los trabajadores sindicalizados obtengan los mismos beneficios
que ostentan quienes no están sindicalizados y realizan la misma labor".
También previno a la compañía para que en el futuro se abstuviera de incurrir
en prácticas discriminatorias que pudieran afectar la libertad de asociación
sindical.
Consideró dicho tribunal que, de
conformidad con las pruebas aportadas al proceso y con base en el estudio
comparativo entre el pacto y la convención colectivos, se deducía una violación
a los derechos invocados por el representante legal del sindicato. Por ello
estimó que en el asunto bajo estudio debían aplicarse los criterios fijados por
la Corte Constitucional en Sentencia SU-342 de 1995, al resolver un caso
semejante.
Afirmó el Consejo Seccional que se
presentaba una diferencia  en los salarios entre los trabajadores afiliados al
sindicato y aquellos que se acogieron al Pacto Colectivo a pesar de tener igual
categoría, cargo y funciones. Concluyó el a-quo que "al demostrarse que
efectivamente existen mejores condiciones laborales para los trabajadores que
suscribieron el pacto con relación a aquellos que se afiliaron a la convención
colectiva, resulta indiscutible afirmar que sí existe un trato discriminatorio
contra los últimos, el cual no resulta justificado ni legitimado de ninguna
manera, constituyendo un verdadero desconocimiento a los derechos fundamentales
de igualdad y asociación sindical".
Uno de los magistrados que conformó la Sala
de Decisión salvó su voto por estimar que el fondo de la litis ha debido ser
resuelto por la justicia ordinaria o por la respectiva autoridad administrativa
(Ministerio del Trabajo) y no por el juez constitucional pues -a su juicio- no
se vislumbraba la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que las
prestaciones podían ser "recuperadas hacia el pasado".
El mencionado fallo fue impugnado por la
sociedad demandada y, por su parte, los accionantes solicitaron la aclaración
del mismo sobre si el alcance de la orden impartida era o no retroactivo.
El Consejo Superior de la Judicatura -Sala
Jurisdiccional Disciplinaria- revocó la decisión adoptada por el a-quo ya que,
en su parecer, en el asunto planteado se estaba discutiendo un derecho de rango
legal, lo que descartaba  la procedencia de la acción de tutela. Así, pues,
estimó dicho tribunal que los interesados podían acudir a la jurisdicción
ordinaria laboral (artículos 475, 476 y 485 del Código Sustantivo del Trabajo y
2 del Código Procesal del Trabajo), o ante el Ministerio del Trabajo, con el
fin de solucionar el conflicto. Por último aclaró el tribunal que si bien no se
discutía la índole fundamental de la libertad de asociación y de los derechos
al trabajo y a la igualdad, debía tenerse en cuenta que los derechos a la
bonificación y al aumento salarial eran de carácter legal "aunque su
validez se extienda de la norma legal al fundamento final que tiene todo
derecho en la norma superior de la Constitución Nacional".
El Magistrado Alvaro Echeverry Uruburu
discrepó de la anterior decisión y salvó su voto, pues estimó que de acuerdo
con el material probatorio se demostró que  la "Sociedad  Industrial de
Gaseosas S.A." daba un trato preferente -en cuanto a salarios y
prestaciones- a los trabajadores que suscribieron el Pacto Colectivo, en
detrimento de empleados afiliados al sindicato, quienes, por tal motivo, no
gozaban de las mismas prerrogativas que los primeros. De lo anterior se deducía
-a su juicio- la violación de los derechos a la igualdad, a la libre asociación
sindical y a la negociación colectiva. Además, afirmó que ha debido aplicarse
la doctrina expuesta por la Corte Constitucional en Sentencia SU-342 del 2 de
agosto de 1995, según la cual tales prácticas empresariales constituyen un
atentado contra los derechos a la igualdad y a la asociación sindical, y los
medios alternativos de defensa de que disponen los trabajadores o los
sindicatos en estos casos no son idóneos ni eficaces para lograr su protección.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar los
fallos en referencia, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 86 y 241 de
la Carta Política, y en el Decreto 2591 de 1991.
2. Las salas jurisdiccionales
disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos
seccionales pueden fallar procesos de tutela. Inmunidad disciplinaria en cuanto
al contenido de los fallos judiciales
En uno de los salvamentos de voto
depositados en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, al resolver sobre el conflicto de competencias planteado, se afirmó
por una parte, que la función disciplinaria a cargo de esa Sala no es judicial
y, por otra, que al ser aceptada la competencia de ella para fallar sobre
acciones de tutela los fallos correspondientes escaparían al control
disciplinario.
En cuanto a lo primero, es procedente
reiterar el criterio acogido por la Corte Constitucional, según el cual dichas
salas, que la Constitución denomina "jurisdiccionales
disciplinarias", son verdaderos jueces colegiados. Es por ello que, no
habiendo hecho la Carta Política distinción alguna sobre los jueces que pueden
asumir el conocimiento de las acciones de tutela, debe concluirse que aquellos
tribunales gozan de competencia para resolver los procesos de amparo como
verdaderos jueces constitucionales, sometidos sus fallos, eso sí, a la revisión
eventual de esta Corte. Y no sólo eso sino que están obligados por la
Constitución a fallar cuando se ejerza ante ellos acción de tutela o se impugne
el fallo de primer grado, en su caso.
Sobre el carácter judicial de las
decisiones adoptadas por dichas salas, ha dicho la Corporación:
"Así la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria ha sido creada orgánica y funcionalmente en forma
autónoma.  En efecto, fue creada únicamente para el ejercicio de la función
jurisdiccional disciplinaria, que, por constituir función pública de
administración de justicia, actúa como órgano autónomo y con independencia de
sus nominadores (art. 228 C.Pol.).  Por consiguiente a esta Sala no puede
atribuírsele funciones constitucionales administrativas". (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Plena. Sentencia C-265 del 8 de julio de 1993 M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz).
"La
Constitución de 1991 creó, pues, una jurisdicción, cuya cabeza es la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el mismo nivel
jerárquico de las demás (Título VIII, capítulo 7 de la Carta). Sus actos en
materia disciplinaria son verdaderas sentencias que no están sujetas al
posterior estudio y pronunciamiento de otra jurisdicción, como sería el caso de
la Contencioso Administrativa, si se admitiera la tesis sostenida por el
Procurador en este proceso, pues la Constitución no lo prevé así. Mal podría,
entonces, negárseles tal categoría y atribuir a sus providencias el carácter de
actos administrativos, pese a la estructura institucional trazada por el
Constituyente. Eso ocasionaría el efecto -no querido por la Carta (artículos
228 y 230 C.N.)- de una jurisdicción sometida a las determinaciones de
otra". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-417 del 4
octubre de 1993. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Y en cuanto a la competencia de las salas
jurisdiccionales disciplinarias para resolver acciones de tutela esta
Corporación ha sostenido el siguiente criterio:
"...para la
Corte no hay duda de que las salas disciplinarias del Consejo Superior y los
consejos seccionales de la judicatura, como órganos judiciales, sí tienen
competencia para fallar las acciones de tutela puestas en su conocimiento,
porque el artículo 86 de la Constitución dice que "toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (...),
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales
(...)". (negrillas por fuera de texto). Y como la disposición, al
referirse a "los jueces", no establece distinciones, la Corte
entiende que los cobija a todos, sin que sea posible argüir que algunos están
exceptuados por su especialidad. Sobre el particular, conviene recordar que
esta Corporación ha dicho que al resolver tutelas, los jueces actúan dentro de
la jurisdicción constitucional y, por lo tanto, no están circunscritos por las
limitaciones propias de su jurisdicción de origen" (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-05 del 21 de enero de
1997. M.P.: Dr. Antonio  Barrera Carbonell).
En lo que respecta al segundo argumento de
quien salvó voto, esta Corte habrá de reiterar su constante jurisprudencia en
el sentido de que los jueces no son ni pueden ser responsables disciplinariamente,
ni es procedente que se los investigue y sancione bajo esa perspectiva por el
ejercicio de su función judicial, en el ámbito de su autonomía jurisdiccional,
ni por la interpretación que en un determinado proceso hayan hecho de la
normatividad aplicable a la materia juzgada (arts. 228 y 230 C.P.). Lo cual no
se opone a que se los juzgue penalmente si han prevaricado o delinquido de otra
forma en el curso de su actividad judicial.
Así las cosas -para referirnos a lo dicho
en el aludido salvamento de voto- no sólo están por fuera de control
disciplinario -en cuanto a su contenido o sentido- las sentencias de tutela
sino todas las sentencias proferidas por los jueces. Al respecto se dejó dicho
en Sentencia C-417 del 4 de octubre de 1993:
"Es necesario advertir,
por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no
puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la
interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por
consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la
función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso
disciplinario alguno.
Ahora bien, si se
comprueba la comisión de un delito al ejercer tales atribuciones, la competente
para imponer la sanción es la justicia penal en los términos constitucionales y
no la autoridad disciplinaria. Ello resulta de la autonomía garantizada en los
artículos 228 y 230 de la Constitución". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
De acuerdo con lo dicho, a continuación se
entrará a revisar de fondo las providencias proferidas por las salas
juridiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del
Consejo Seccional de Cundinamarca en el asunto de la referencia.
3. Obligación patronal de no desconocer los
derechos a la igualdad y a la asociación sindical mediante pactos colectivos.
Reiteración de jurisprudencia
En el presente caso se trata de determinar
si la empresa demandada ha violado los derechos a la igualdad y a la asociación
sindical al haber establecido una diferencia salarial entre los trabajadores no
sindicalizados con quienes suscribió un pacto colectivo, y los trabajadores
sindicalizados a quienes se les aplica la Convención Colectiva. Dicha
diferencia se produce porque a los primeros, esto es a los no sindicalizados,
el aumento salarial se realiza un mes antes (el 1 de abril), mientras que a los
trabajadores sindicalizados dicho aumento se les aplica un mes más tarde (1 de
mayo). Además, uno de los factores para determinar el aumento salarial para
unos y otros en el segundo año de vigencia del Pacto y de la Convención, es el
índice de precios al consumidor -IPC-, pero en tratándose de los trabajadores
que se benefician del Pacto Colectivo, dicho factor se tiene en cuenta para el
período que va del 1 de marzo de 1996 al 28 de febrero de 1997; mientras que
para los trabajadores sindicalizados el IPC se calcula entre el 1 de mayo de
1996 y el 30 de abril de 1997.
De conformidad con el material probatorio
(copias de la Convención Colectiva y del Pacto Colectivo para el período
1996-1998, inspección del Ministerio del Trabajo, inspección judicial y varias
declaraciones y testimonios), la Sala encuentra que efectivamente la sociedad
demandada violó los derechos fundamentales invocados, pues mediante el diverso
trato injustificado otorgado a unos y otros trabajadores, en razón al tiempo en
que comienza la vigencia de los aumentos salariales, se creó una discriminación
en contra de los trabajadores que se benefician de la Convención Colectiva. En
efecto, a pesar de que el porcentaje en el aumento es el mismo, sí existe una
diferencia en el tiempo en el cual entra a operar dicho incremento.
La Corte ha sentado ya los criterios que
deben aplicarse en este tipo de eventos. Se reitera entonces la siguiente
doctrina constitucional:
"...la libertad
patronal para celebrar pactos colectivos que coexistan con convenciones
colectivas, cuando ello es permitido según las precisiones anteriores,
igualmente se encuentra limitada por las normas constitucionales. En efecto, la
sumisión de los patronos a la Constitución no sólo se origina y fundamenta en
los arts. 1o., 4o, inciso 2 y 95 de la Constitución, en cuanto los obligan a
acatarla y le imponen como deberes respetar los derechos ajenos y no abusar de
los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, defender los
derechos humanos y propender al logro y mantenimiento de la paz, lo cual se
logra con el establecimiento de relaciones laborales justas en todo sentido,
sino en el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de los
trabajadores y de las organizaciones sindicales.
Lo dicho antes
permite a la Sala establecer como regla general que la libertad de los patronos
para regular a través de pactos colectivos las relaciones de trabajo, cuando
estos vayan a coexistir con convenciones colectivas en la empresa, se encuentra
restringida o limitada por el conjunto de derechos, valores y principios que
reconoce la Constitución. En otros términos, la aludida libertad queda incólume
y goza de la protección constitucional y legal, pero no puede ejercerse o
utilizarse por el patrono para afectar los derechos fundamentales de los
trabajadores y de la organización sindical.
Se afecta el derecho
a la igualdad, cuando el pacto colectivo contiene cláusulas que crean
condiciones de trabajo para los trabajadores no sindicalizados, diferentes a
las previstas para los trabajadores sindicalizados, y las circunstancias
fácticas no justifican desde el punto de vista de su diferencia, racionalidad,
razonabilidad y finalidad un tratamiento distinto. Así mismo se viola el
derecho a la asociación sindical, porque las aludidas diferencias en las
condiciones de trabajo estimulan la deserción de los miembros del sindicato,
con el resultado de que un sindicato que antes era mayoritario se puede tornar
en minoritario con las consecuencias jurídicas que ello implica e incluso puede
llegar a desaparecer. De esta manera el ejercicio omnímodo, absoluto y sin
cortapisa de ninguna clase de la libertad patronal para celebrar pactos
colectivos se traduce en violación de los derechos fundamentales de los
trabajadores y de la organización sindical".
Ni siquiera el
Estado cuando hace uso de la facultad legislativa puede imponer limitaciones a
los derechos fundamentales hasta el extremo de afectar su núcleo esencial, de
modo que los desdibujen o los desnaturalicen, mucho menos lo puede hacer el
patrono al celebrar los referidos pactos, porque éstos al igual que la ley
tienen efectos normativos aunque circunscritos al ámbito de la empresa.
Los derechos
fundamentales como esferas de protección y centros de poder y de facultades o
atribuciones individuales son oponibles no sólo a las acciones del Estado sino
de los particulares. De ahí que la Constitución haya ideado mecanismos
efectivos para su protección, aun frente a las acciones u omisiones de los
particulares.
En este orden de
ideas, es posible arribar a la conclusión de que si tanto pactos colectivos
como convenciones colectivas deben regular objetivamente las relaciones de
trabajo de la empresa, que obliguen tanto a trabajadores no sindicalizados como
sindicalizados, las condiciones o prescripciones de unos y otras deben ser
iguales con el fin de garantizar el derecho a la igualdad, porque éste se
quebranta cuando frente a unas mismas situaciones de hecho objetivas en materia
de relaciones de trabajo, se otorga un trato diferenciado que no tiene, como se
dijo antes un fundamento objetivo y razonable. En efecto, se pregunta la Sala
cual sería el fundamento para establecer diferencias de orden laboral entre los
trabajadores afiliados al sindicato y los que no se encuentran afiliados a
éste?. La respuesta es que tal fundamento no existe, a no ser que se quiera
esgrimir como razón para ello la libertad y la liberalidad patronal. Sin
embargo, a juicio de la Corte, dicha razón no se acompasa con el respeto a los
derechos fundamentales a la igualdad y a la asociación sindical, pues al
patrono no le puede ser permitido, escudado en la libertad para convenir o
contratar y para disponer libremente de su patrimonio, desconocer los derechos
principios y valores constitucionales". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995. M.P.: Antonio Barrera
Carbonell).
En una providencia anterior a la que se
acaba de citar esta Sala de Revisión había expresado:
"En ese orden
de ideas, no es admisible la discriminación proveniente de estar o no afiliado
a un sindicato, para favorecer a los no sindicalizados en contra de los
sindicalizados, pues en tal evento no sólo se contraría el derecho a la
igualdad sino que se atenta contra el derecho de asociación sindical consagrado
en el artículo 39 de la Constitución".
"La empresa,
frente al enunciado derecho, actúa de manera ilegítima cuando pretende hacer
uso de los factores de remuneración o de las prestaciones sociales, sean éstas
legales o extralegales, para golpear a quienes se asocian, para desestimular el
crecimiento del sindicato o para presionar los retiros de éste".
"Debe
recordarse que al derecho de asociación es inherente la libertad, por lo cual
resulta violado tanto cuando se coacciona externamente al individuo para que se
asocie como cuando se lo obliga a asociarse. Esa libertad tiene que ser
garantizada por el patrono aún en mayor grado cuando se trata de la asociación
sindical, ya que ello corresponde a un elemental principio de lealtad hacia los
trabajadores."(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión.
Sentencia T-136 del 27 de marzo de 1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).
También sostuvo la
Corte, en sentencia proferida por esta Sala de Revisión:
"Aunque,
precisamente en un caso anterior planteado por el Sindicato
"Sintraicollantas", la Corte Constitucional mediante Sentencia T-537
del 9 de diciembre de 1994 (Sala Octava de Revisión), declaró la improcedencia
de la acción de tutela para proteger los derechos del sindicato, por cuanto
declaró que existían otros medios de defensa judicial con miras a lograr su
amparo, la Sala Plena de la Corporación, según lo previsto por el artículo 34
del Decreto 2591 de 1991, unificó la jurisprudencia al respecto, revaluando esa
inicial posición doctrinal.
Así, pues, la Corte
cambió radicalmente el criterio negativo sobre la idoneidad de la tutela para
defender los derechos sindicales ante discriminaciones patronales que
implicaran persecución a los trabajadores asociados y ruptura del principio de
igualdad entre sindicalizados y no sindicalizados. La nueva tendencia de la
Corte, que ahora se reitera, fue consignada en la Sentencia SU-342 del 2 de
agosto de 1995, según la cual el amparo constitucional es un mecanismo adecuado
para lograr la tutela de los derechos fundamentales del sindicato, pues los
otros medios de defensa ordinarios no poseen el grado de eficacia adecuado para
lograr tal cometido"(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión.
Sentencia T-330 del 17 de julio de 1997. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Debe además aclararse que los otros medios
de defensa que tienen a disposición los trabajadores o el sindicato no gozan de
la idoneidad necesaria para descartar la protección constitucional. Así lo
entendió la Corte en la citada sentencia SU-342 de 1995:
"...las
acciones que pueden intentar ante la justicia ordinaria laboral los
trabajadores que resultan perjudicados en sus derechos laborales por las
disposiciones discriminatorias contenidas en el pacto colectivo, no constituyen
medios alternativos de defensa judicial idóneos y eficaces para obtener el
amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y a la asociación sindical.
Tampoco el sindicato dispone de los referidos medios para obtener el amparo
reclamado. Además, la sola circunstancia de las decisiones contradictorias de
los jueces laborales que juzgaron el mismo asunto, que en unos casos condenaron
a la empresa aplicando el principio a trabajo igual salario igual y en otros la
absolvió, es indicativo a juicio de la Corte de la falta de idoneidad y de
eficacia de las acciones laborales ordinarias como mecanismo alternativo de
defensa judicial en el presente caso".
Al tenor de los criterios precedentes, esta
Sala de Revisión revocará el fallo de segunda instancia proferido por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por medio
de la cual revocó la  providencia del Consejo Seccional de Cundinamarca. En su
lugar, se concederá la tutela de los derechos invocados.
DECISION
Con base en las expuestas consideraciones,
la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido
en segunda instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, por medio del cual negó la tutela. En su lugar, SE
CONCEDE la tutela de los derechos a la igualdad y a la libre asociación
sindical.
En consecuencia, SE ORDENA a la
"Sociedad Industrial de Gaseosas S.A." que, en el término de cuarenta
y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente
Sentencia, proceda a efectuar los reajustes salariales para que los
trabajadores que se benefician de la Convención Colectiva tengan las mismas
condiciones favorables que aquellos que suscribieron el Pacto Colectivo. Dentro
del mismo término la empresa demandada deberá reembolsar a aquéllos la
diferencia salarial generada por la diversa fecha de entrada en vigor de los
aumentos salariales.
Segundo.- PREVIENESE a la sociedad
demandada para que en lo sucesivo, al celebrar pactos colectivos y convenciones
colectivas, que regulen las condiciones laborales, tanto para los trabajadores
no sindicalizados firmantes de dichos pactos, como para los trabajadores
sindicalizados, SE ABSTENGA de fijar condiciones de trabajo en los
referidos pactos que impliquen discriminación contra los trabajadores
sindicalizados y que conduzcan a la violación no sólo del derecho a la igualdad
sino de la asociación sindical.
Tercero- DESE cumplimiento a lo
previsto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA VERGARA          ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado                                                         Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de voto a la Sentencia T-050/98
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Discriminación
contra trabajadores sindicalizados por fecha de entrada en vigencia del aumento
salarial (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T-143671
Acción de Tutela
promovida por la "Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas
Productoras y Distribuidoras de Gaseosas -ASOTRAGASEOSAS-" contra la
"Sociedad Industrial de Gaseosas S.A.
Santa Fe de Bogotá, D.C., abril veinte (20)
de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Con el debido respeto por las decisiones de
la Corporación, el suscrito Magistrado consignó en su oportunidad salvamento de
voto con respecto a la sentencia de la referencia, que tuteló los derechos de
los demandantes.
Las razones que me llevan a apartarme de
dicha sentencia, son las mismas que el suscrito expuso en el salvamento de voto
consignado en las sentencias Nos. SU-342 de 1995 y SU-569 de 1996, al
considerar que las controversias laborales como las que se relacionan con el caso
subexamine, deben ser sometidas al conocimiento del juez laboral, ya que como
se ha expresado en múltiples oportunidades, la tutela no es procedente cuando
existen otros medios de defensa judicial.
En efecto, en aquellas oportunidades, el
suscrito manifestó lo que ahora se reitera como fundamento del presente
salvamento de voto:
"a) La
acción de tutela no está consagrada para sustituir al juez laboral ni para
definir conflictos jurídicos de trabajo, sino que constituye un mecanismo
subsidiario de defensa judicial y por tanto no es procedente frente al caso
particular.
Como lo ha
expresado en forma reiterada la jurisprudencia de esta Corporación, la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, ha sido
concebida para solucionar en forma eficiente, todas aquellas situaciones de
hecho generadas por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares -en los casos que señale la ley- y que impliquen necesariamente la
amenaza o vulneración de un derecho fundamental. Sin embargo, dicha acción sólo
procede en aquellos eventos en los cuales el sistema jurídico no ha previsto
otros mecanismos de defensa que puedan ser invocados ante las autoridades
judiciales con el fin de proteger el derecho, salvo que se  utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual
sus efectos son temporales, quedando supeditados a lo que resuelva de fondo la
entidad competente.
(...)
No es entonces la
acción de tutela un medio alternativo, ni tampoco adicional o complementario,
para alcanzar el fin propuesto por el actor, es decir, no es propio de esta
acción el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar al juez
ordinario ni a los procesos ordinarios o especiales, ni tampoco fue instituida
como un ordenamiento sustitutivo en lo referente a la fijación de los diversos
ámbitos de competencia de los jueces, ni el de ser una instancia adicional a
las existentes, pues el propósito específico de su existencia, es el de brindar
a la persona una protección efectiva y actual de sus derechos constitucionales
fundamentales. Pensar lo contrario, desnaturaliza la esencia de la acción de
tutela, contraría todos los postulados del Estado de derecho e implica una
injerencia indebida en la solución  de los conflictos jurídicos cuya
competencia está adscrita al juez ordinario.
En este orden de
ideas, puede afirmarse que no procede la acción de tutela cuando el actor,
haciendo uso de las vías ordinarias no logra el reconocimiento de su derecho, y
pretende, a través de ésta, modificar la decisión legalmente tomada por la
autoridad competente. Así entonces, no rige el amparo constitucional, como
opción adicional  para revivir procesos definidos por el juez competente o para
sustituir a éste en su misión de administrar justicia.
(...)
Quienes salvamos
el voto consideramos que en este asunto se trata de interpretar normas
contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo (artículo 143), según el cual
"A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condicione de
eficiencia, también iguales, debe corresponder salario igual, ..." y
además, disposiciones del mismo estatuto que permiten la coexistencia
simultánea del pacto colectivo para trabajadores no sindicalizados y de la
convención colectiva respecto a los sindicalizados, para lo cual la legislación
laboral tiene previstos mecanismos eficaces de defensa judicial a los que deben
acudir los actores como lo hicieron inicialmente a fin de obtener la definición
de sus conflictos jurídicos de carácter laboral y demostrar ante el juez
competente del trabajo la posible vulneración de sus derechos haciendo valer
sus pretensiones.
Téngase en cuenta
que según las propias voces de la Constitución, la existencia de la acción judicial
y su definición por la vía ordinaria, hace improcedente el ejercicio de la
tutela, lo que ocurre en este caso, pues ese medio de defensa judicial fue
ejercido oportunamente por los demandantes.
Tan cierto es lo
anterior que como lo reconoce la demanda, algunos de los trabajadores
sindicalizados de la empresa en cuestión, iniciaron procesos laborales
ordinarios ante la jurisdicción del trabajo competente en procura de obtener el
reconocimiento de sus derechos, algunos de los cuales como se ha expresado
obtuvieron sentencia definitiva adversa a sus peticiones.
(...)
Desde este punto
de vista, tampoco es posible que la acción de tutela prospere con respecto de
quienes ya iniciaron la reivindicación de sus derechos por la vía ordinaria,
pues una vez definido el proceso, la decisión tomada a favor o en contra hace
tránsito a cosa juzgada, de manera que sobre la misma, no puede volver a
pronunciarse ninguna otra autoridad, incluyendo al juez de tutela, salvo que en
su decisión el funcionario judicial hubiese incurrido en una "vía de
hecho", situación que no es la que se plantea en este proceso.
También hay que
señalar, que tampoco era procedente la presente acción de tutela como mecanismo
transitorio, ya que no se demostró en el proceso, como tampoco lo observamos
los suscritos la existencia de un perjuicio irremediable, entendiéndose como
tal, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación (sentencia No. T-435
de 1994), aquel perjuicio que tiene las características de inminencia,
urgencia, gravedad e impostergabilidad. En el presente caso, el hecho de que
los actores y demás miembros del sindicato tengan la posibilidad de acudir a la
jurisdicción laboral en procura de obtener el reconocimiento de sus derechos y
el restablecimiento de sus beneficios laborales, como en efecto lo hicieron,
permite concluir que no se cumplen los elementos determinantes del perjuicio
irremediable y, por tanto, no puede tenerse en cuenta dicho perjuicio para
admitir la presente acción como mecanismo transitorio.
(...)
b) Aclaración
al principio "a trabajo igual, salario igual". La supuesta violación
de este principio, no puede ser considerada en forma genérica e indeterminada
sino de manera específica, con fundamento en el material probatorio requerido.
No obstante que
las consideraciones precedentes serían necesarias para que no se accediera a la
tutela promovida por los peticionarios, estimamos necesario agregar que la
supuesta violación del principio consagrado en el artículo 143 del Código
sustantivo del Trabajo "a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y
condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario
igual..." alegado en la demanda y que al decir de los actores conlleva a
la vulneración del derecho a la igualdad, no puede invocarse tampoco desde una
perspectiva general y abstracta como se plantea en la presente acción de tutela
al pretender que dicha nivelación se reconozca en forma indiscriminada "a
todos los miembros del sindicato".
Es claro que la
disposición comentada hace referencia a una situación particular y concreta,
donde quien invoca su desconocimiento debe aportar elementos de juicio
suficientes para acreditar la existencia de un trato discriminatorio con
relación a otra persona, a fin de determinar si el oficio que esta desempeña es
igual, lo mismo que la jornada y las condiciones de eficiencia también iguales
de que trata la norma aludida, como razón constitucional y legal, para
justificar el derecho a la igualdad y a percibir una asignación salarial mayor.
Lo anterior exige
necesariamente el análisis del respectivo material probatorio que no aparece en
el expediente para poder acreditar la existencia del trato discriminatorio y la
violación del derecho a la igualdad, lo cual no puede deducirse con la sola
afirmación de los peticionarios o con la simple interpretación del juez de
tutela de las normas preexistentes contenidas en la convención colectiva de
trabajo para los trabajadores sindicalizados y en el pacto colectivo para
aquellos trabajadores no sindicalizados, que libre y voluntariamente lo
suscribieron, pues ello configura la existencia de un típico conflicto jurídico
propio de la competencia como se ha expresado del juez del trabajo y no del
juez de tutela.
No se trata por
tanto de que dos personas que desempeñan genéricamente el mismo oficio tengan
derecho por ese solo hecho a igual salario, ya que de acuerdo con la norma
vigente mencionada, es necesario demostrar plenamente no solo la condición
genérica del trabajo sino también la jornada y las condiciones de eficiencia
igual de ese mismo trabajo, en forma concreta, específica e individual
Lo anterior nos
lleva a reiterar lo que ha venido sosteniendo la Corporación en diversos
pronunciamientos con relación al derecho a la igualdad y sus claras y
específicas implicaciones, en el sentido de que dicho derecho no se traduce en
una igualdad mecánica y matemática, sino en el otorgamiento de un trato igual
compatible con las diversas condiciones del sujeto, lo cual trae como
consecuencia que la aplicación efectiva de la igualdad frente a una determinada
circunstancia no puede desconocer las exigencias propias de la diversidad de
condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos.
(...)
Por ello
consideramos, que aún en el evento de que no existieran otros  mecanismos de
defensa judicial para proteger los derechos alegados, no habría podido el juez
de tutela reconocer y derivar la desnivelación salarial en que aparentemente se
encuentran los trabajadores que suscribieron la convención colectiva, pues los
actores no demostraron en manera alguna con las pruebas pertinentes en el caso
concreto, el quebrantamiento de los derechos invocados.
Es decir, no se
aportó el término de comparación, en cuanto a que frente a cada uno de los
miembros  del sindicato, existen otros trabajadores no sindicalizados que
desarrollando una misma labor en igualdad de condiciones y eficiencia, devengan
un mayor salario, lo que en esencia corresponde a la competencia de la
jurisdicción del trabajo en la definición del conflicto jurídico laboral como
lo señala claramente el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, que
instituyó la Jurisdicción del Trabajo para decidir esta clase de conflictos. Un
criterio distinto debilita la jurisdicción laboral y su diáfana competencia.
(...)
De lo anterior,
podemos resumir las  consideraciones expuestas en este salvamento, que la
sentencia de la cual nos apartamos, no tuvo en cuenta, en las siguiente
forma:
“La tutela no
puede sustituir la competencia del juez laboral en lo concerniente a la definición
de los conflictos jurídicos de trabajo (artículo 2° del C. P. del T.)
Los derechos
laborales derivados de la interpretación o aplicación de las convenciones
colectivas o pactos colectivos corresponde decretarlos al juez del trabajo,
mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral, con base en los medios de
prueba pertinentes, salvo la violación de derechos fundamentales
constitucionales que en el presente proceso no se configuran.
La acción de
tutela es improcedente, cuando existen otros medios de defensa judicial y estos
se han ejercido cabalmente dentro del proceso ordinario laboral cuya sentencia
pone fin al conflicto jurídico del trabajo y hace tránsito a cosa juzgada
material. Es entendido que la tutela no procede frente a providencias judiciales,
salvo la configuración de una vía de hecho que no se da en el presente caso.
El derecho de
libre asociación sindical y de la negociación colectiva cobija no solamente a
los trabajadores sindicalizados sino también a los no sindicalizados, para los
efectos de permitir la coexistencia de la convención colectiva de trabajo con
los trabajadores afiliados al sindicato y el pacto colectivo con quienes no
están sindicalizados o han optado por desafiliarse voluntariamente de la
organización sindical. (artículo 55 de la C.P.).
Tampoco resulta
acertado condenar en la sentencia de tutela a la empresa demandada cuando esta
ya había sido absuelta, con respecto a las mismas pretensiones promovidas por
algunos trabajadores, pues ello lesiona el principio de la cosa juzgada.
Además, no era
procedente ordenar en la misma sentencia  que en lo sucesivo la demandada se
abstenga de "Fijar condiciones de trabajo en los referidos pactos que
impliquen discriminación contra los trabajadores sindicalizados y que conduzcan
a la violación no sólo del derecho a la igualdad, sino de la asociación
sindical y de la negociación colectiva", pues es bien sabido que en las
negociaciones colectivas de trabajo no es el patrono quien fija unilateralmente
las condiciones de trabajo, ya que tanto la convención colectiva de trabajo
como el pacto colectivo, son el resultado de un acuerdo de voluntades
y no surge de la imposición de una de las partes del conflicto, en ninguna de
sus cláusulas.
Por lo demás, los
suscritos magistrados vemos con asombro como en la Sentencia se señala, en una
enumeración así sea "a título meramente enunciativo", una serie de
supuestos casos en los que mecanismo de la tutela podría ser utilizado para
sustituir procesos laborales.
Consideramos que
este tipo de enunciaciones por vía de ejemplo no deben consignarse en una
sentencia, pues es claro que con ello se incurre en el riesgo de un
prejuzgamiento inadmisible. Además, como ocurre en el caso sub-examine, con
ello se desvertebra la jurisdicción laboral con sus competencias y
procedimientos propios consignados en normas que recogen una avanzada tradición
jurídica de tendencia progresista, en aras de la protección de los derechos de
los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, la cual tiene como finalidad
lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empresarios y
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio
social que cristaliza el imperio de la justicia social consagrado ya desde hace
muchos años con la expedición de los Códigos Procesal del Trabajo y Sustantivo
del Trabajo, que rigen dichas relaciones desde los años de 1948 y 1950,
respectivamente”.
Fecha, ut supra.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado