T-423-18
Sentencia T-423/18
ACCION DE TUTELA FRENTE A ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE
CONCURSO DE MERITOS-Procedencia excepcional
En la sentencia SU-553 de 2015, la sala plena de esta corporación
recordó que la acción de tutela procede de manera excepcional para proteger los
derechos fundamentales que resulten vulnerados con ocasión de la expedición de
actos administrativos en materia de concurso de méritos y,  por tanto, solo
resulta procedente en dos supuestos: (i) cuando el medio de defensa existe,
pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental, lo que se
traduce en un claro perjuicio al actor; y (ii) cuando se ejerce la acción de
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
DERECHO A EJERCER LA DOCENCIA EN EL SECTOR EDUCATIVO ESTATAL-Derechos adquiridos no reconocidos por cuanto el título de bachiller
pedagógico del accionante no resulta apto para ingresar al servicio docente
bajo el régimen del Decreto ley 1278 de 2002
PROFESION DOCENTE-Desarrollo normativo de
los requisitos exigidos para su ejercicio
BACHILLER PEDAGOGICO-Marco normativo del
ejercicio de la actividad docente
ESCALAFON DOCENTE-Concepto
EJERCICIO DE LA DOCENCIA DE LOS BACHILLERES PEDAGOGICOS
ESCALAFONADOS-Jurisprudencia constitucional
EXCLUSION DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA EN EL SERVICIO EDUCATIVO
ESTATAL A BACHILLERES PEDAGOGICOS CON TITULO E INSCRIPCION EN EL ESCALAFON
NACIONAL DOCENTE-Procedencia
La sala puede
concluir que el título de bachiller pedagógico fue excluido como título de
idoneidad para ejercer la labor de docente en los niveles de preescolar y
básica primaria a partir de la ley 115 de 1994, excepto cuando (i) hubieran
obtenido el título correspondiente; (ii) hubieran sido inscritos en el
escalafón nacional docente con anterioridad al año 1997; (iii) hubieran
demostrado su idoneidad en las pruebas de permanencia y ascenso en el escalafón
docente; y (iv)hubieran venido prestando de manera continua el servicio público
de educación
LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Acreditación de preparación
pedagógica por parte de quienes decidan libremente ingresar o ascender a la
carrera docente
LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-No vulneración de derechos por cuanto título de bachiller pedagógico
del accionante no resulta apto para ingresar al servicio docente
Expediente T-6.563.627
Acción de tutela presentada por Cristian
Albert Uscátegui Sánchez contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Universidad de Pamplona
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá DC, dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y el
Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido el 16 de
noviembre de 2017 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante el cual revocó el amparo concedido por la decisión del 19 de
octubre de la misma anualidad, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acción de tutela
presentada por Cristian Albert Uscátegui Sánchez contra la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en adelante, CNSC, y la Universidad de Pamplona.
I. ANTECEDENTES
1. Reseña fáctica y pretensiones
En síntesis, el accionante Cristian Albert Uscátegui Sánchez narró
los hechos de la demanda, así:
El 15 de septiembre de 2016 se inscribió en la Convocatoria Nº 350
de 2016 de la CNSC para proveer cargos vacantes de docentes en Básica Primaria,
entre otros, en establecimientos educativos oficiales del Departamento de
Boyacá.
El 11 de marzo de 2017, el ICFES publicó los resultados de las
pruebas Psicotécnica y de Aptitudes y Competencias Básicas,
aplicadas el 11 de diciembre de 2016, en los que aparece “ocupando el primer
lugar para Básica Primaria en Boyacá de un total de 2370 aspirantes”[1].
Posteriormente, la CNSC habilitó el sistema SIMO[2], para que los
aspirantes que hubiesen superado las pruebas referidas pudiesen actualizar o
cargar los documentos requeridos para el cargo al que habían aspirado, siendo
la Universidad de Pamplona la encargada de verificar el cumplimiento de los
requisitos mínimos.
Una vez culminada la etapa de verificación de requisitos, el 8 de
septiembre de 2017 fueron publicados los resultados, etapa en la que la
Universidad de Pamplona indicó que el accionante no continuaría en el proceso
de selección por concurso debido a que éste sólo tenía el título de “Bachiller
en la modalidad Pedagógica” y que dicha formación académica no podía ser
tenida en cuenta para el cumplimiento del “requisito de educación”, al
no estar incluida en la respectiva OPEC[3].
Oportunamente, presentó la reclamación alegando que al excluirlo del
proceso se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C-497 de
2016) que señaló que los bachilleres pedagógicos que hubieren sido inscritos en
el Escalafón Nacional Docente, de conformidad con el Decreto 2277 de 1979,
podían ejercer la docencia en planteles oficiales de educación, con el cumplimiento
de los requisitos previstos en la Ley 115 de 1994.
El 23 de septiembre de 2017, la Universidad de Pamplona ratifica su
decisión de tener como “NO ADMITIDO” al accionante, ante el incumplimiento de
los requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo aspirado.
Contra la decisión que resuelve la reclamación de verificación del
cumplimiento de los requisitos mínimos no procede recurso alguno, habiendo
quedado agotada la vía gubernativa.
Afirmó que esta decisión le ha ocasionado un perjuicio irremediable
pues es padre de un niño de 9 meses y se le está negando su derecho a ejercer
libremente su profesión de educador.
Por lo expuesto, mediante acción de tutela presentada el 3 de
octubre de 2017, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos y, en
consecuencia, que se le ordene a las accionadas que lo reincorporen al proceso
de selección por concurso público de méritos, correspondiente a la Convocatoria
Nº. 350 de 2016 para el cargo de Docente de Aula en el área de Básica
Primaria en el departamento de Boyacá.
2. Documentos relevantes cuyas copias obran en el expediente
Obran en el cuaderno 1 del expediente los siguientes documentos, en
copia simple:
·
Acta de grado y diploma de Cristian Albert
Uscátegui Sánchez como Bachiller Pedagógico del 2 de diciembre de 1995
(folios 129 y 130).
·
Resolución 06396 del 6 de noviembre de 1997, por
la cual se inscribe a Cristian Albert Uscátegui Sánchez en el Escalafón
Nacional Docente al Grado 1 (folio 131).
·
Certificado de escalafón de Cristian Albert
Uscátegui Sánchez, expedido el 29 de enero de 2004 (folio 132).
·
Certificado de servicios prestados como “profesor
de la Escuela Rural Carrizal” por Cristian Albert Uscátegui Sánchez -desde
julio de 1997 hasta noviembre de 2002 (diferentes periodos, sin continuidad)-,
expedido por el alcalde municipal de Sotaquirá el 30 de julio de 2008 (folio
133).
·
Certificado de servicios prestados como “docente
en Esc El Carrizal” por Cristian Albert Uscátegui Sánchez -desde febrero de
2003 hasta diciembre de 2005 (diferentes periodos, sin continuidad)-, expedido
por el coordinador de hojas de vida de la Gobernación de Boyacá, el 20 de
febrero de 2006 (folio 134).
·
Certificados laborales y constancias de
prestación de servicios por parte de Cristian Albert Uscátegui Sánchez, en
actividades diferentes a la docencia (folios 135 a 143).
·
Captura de pantalla de la información arrojada
por el sistema SIMO de Cristian Albert Uscátegui Sánchez (folios 144 a 146).
·
Reclamación presentada por Cristian Albert
Uscátegui Sánchez ante la Universidad de Pamplona (folios 147 a 158).
·
Respuesta de la Universidad de Pamplona a la
reclamación presentada por Cristian Albert Uscátegui Sánchez (folios 159 a
167).
3.  Respuestas a la acción de tutela
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, mediante auto del 4 de octubre de 2017 admitió la acción de tutela y
corrió traslado a las entidades demandadas para que ejercieran su derecho de
defensa. En ese mismo proveído, ordenó su publicación en la página web
respectiva.
3.1. Universidad de Pamplona
El Líder de Reclamaciones del Contrato Interadministrativo suscrito
entre la CNSC y la Universidad de Pamplona, en representación de la institución
educativa accionada solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela
con fundamento en lo siguiente:
·
El aspirante no cumple con el requisito mínimo
de educación formal establecido en la convocatoria, toda vez que aporta el
título de Bachiller Pedagógico y el título válido exigido por la
convocatoria es el de Normalista Superior, requisito de obligatorio
cumplimiento.
·
El derecho a acceder a cargos públicos no es
incompatible con la exigencia de requisitos de idoneidad.
·
Se debe considerar la línea jurisprudencial
constitucional sobre que las reglas de los concursos públicos de méritos no
quebrantan los derechos fundamentales.
Por lo que concluyó que la universidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales del accionante.
3.2. CNSC
El asesor jurídico de la CNSC solicitó que se nieguen las
pretensiones del actor, en razón a que no se ha configurado vulneración alguna
de sus derechos fundamentales, dado que los procesos de selección y de
exclusión de aspirantes han sido realizados bajo el criterio de igualdad.
Explicó que las normas encargadas de regular la convocatoria son de
obligatorio cumplimiento y que allí se indicó que para ingresar al servicio
educativo estatal se requiere el título de licenciado o profesional o
normalista superior, mientras que el accionante anexó su diploma de
formación como Bachiller Pedagógico, perfil que no se encuentra dentro
del manual de funciones requerido en la convocatoria y adoptado por el
Ministerio de Educación Nacional, razón por la cual fue debidamente excluido
del proceso de selección.
Igualmente, consideró que la acción resulta improcedente ante la
existencia de otros mecanismos jurídicos de defensa que resultan idóneos para
acceder a sus pretensiones, tales como el medio de control de nulidad contra la
convocatoria y/o de nulidad y restablecimiento del derecho encaminado a atacar
la legalidad de los actos administrativos expedidos por la CNSC en relación a
su inadmisión del proceso de selección por no acreditar el cumplimiento de los
requisitos mínimos establecidos.
4. Decisión judicial que se revisa
4.1. Decisión de primera instancia
El 19 de octubre de 2017, la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja concedió el amparo solicitado tras
considerar que -sin desconocer que la calidad educativa es fundamental para
promover el desarrollo  y la progresividad social del país- el accionante es
una persona con la suficiente formación, aptitud y conocimiento para el cargo
aspirado.
Estimó que la normativa aplicable no puede valorarse de manera
aislada y legalista, sino privilegiando los postulados constitucionales. Por
ello, se debieron tomar en consideración los pronunciamientos de la Corte
Constitucional que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 1º
(parcial) de la Ley 1297 de 2009[4],
en el entendido de incluir a los bachilleres pedagógicos para que pudieran
ejercer la docencia.
En virtud de que las accionadas no lograron desvirtuar la falta de
idoneidad del accionante, por el contrario, se encuentra acreditado que se
trata de un bachiller pedagógico escalafonado desde noviembre de 1997 y con más
de 8 años de experiencia, el a quo precisó que Cristian Albert Uscátegui
Sánchez se encuentra habilitado para el cargo al que aspiró. En consecuencia,
ordenó su inclusión y continuar con el respectivo proceso del concurso público
de méritos, para proveer docentes de aula, en el departamento de Boyacá.
4.2. Impugnación
Oportunamente, las entidades accionadas impugnaron la decisión, en
los siguientes términos:
4.2.1. La Universidad de Pamplona
expuso, en síntesis, que las reglas que establecen los concursos públicos no
quebrantan los derechos fundamentales porque obedecen a postulados
constitucionales y legales, son de obligatorio cumplimiento y son vinculantes a
las partes involucradas y  que el cargo al cual se postuló el actor requería
acreditar los estudios previamente definidos, sin los cuales no se cumplía el
requisito mínimo.
4.2.2. Por su parte, la CNSC manifestó
que la exclusión del proceso de selección se ajusta a lo previsto por la
normativa que regula el ingreso al sistema especial de carrera docente y que a
partir de la expedición del Decreto Ley 1278 de 2002 el Legislador no habilitó
el título de Bachiller Pedagógico para el ejercicio de la docencia
oficial.
Puntualmente, precisó que “a partir de la expedición del Decreto
Ley 1278 de 2002, bajo el cual se convocó el concurso abierto de méritos
regulado en la convocatoria 350 de 2016, en la cual se inscribió el accionante,
para ser inscrito en el Escalafón Docente se requiere superar el concurso de
méritos y el periodo de prueba, por tanto en el caso del señor CRISTIAN ALBERT
USCÁTEGUI SÁNCHEZ, quien se inscribió para un concurso que se rige por el
actual estatuto de profesionalización docente, reglamentado en el citado
Decreto Ley 1278 de 2002 y el Decreto 1075 de 2015, subrogado por el Decreto
915 de 2016, no es posible aplicarle las normas contenidas en el anterior
estatuto docente, es decir el contenido en el Decreto 2277 de 1979 y la
sentencia de tutela no le es aplicable en dicho caso”[5].
4.3. Decisión de segunda instancia
El 16 de noviembre de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia revocó el fallo proferido en primera instancia y negó la
protección solicitada por Cristian Albert Uscátegui Sánchez, tras considerar
que “se impone la improcedencia del amparo ya que es la senda ante la
jurisdicción contenciosa administrativa a la que debe recurrir el interesado
para exponer sus inconformidades y no a la acción de tutela, pues ésta no ha
sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o
sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que
fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, menos aún para crear
instancias adicionales a las existentes”[6].
Adicionalmente, el Ad quem reiteró su jurisprudencia según la
cual no puede predicarse la vulneración del derecho al trabajo ni el acceso a
la función pública, toda vez que el participar en un concurso de méritos de
ninguna manera genera un derecho sobre el cargo por el cual se opta.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es
competente para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral
9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Selección
Numero Dos mediante el Auto del 16 de febrero de 2018, comunicado el 2 de marzo
de la misma anualidad.
2. Procedibilidad de la acción de tutela
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela es una
herramienta procesal preferente, informal, sumaria y expedita, a la que pueden
acudir las personas que pretenden el amparo de sus derechos fundamentales
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de
un particular. Sin embargo, estas características no relevan del cumplimiento
de unos requisitos mínimos para que la acción de tutela proceda, a saber: (i)
legitimación en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa por pasiva;
(iii) trascendencia iusfundamental del asunto; (iv) inmediatez y (v)
subsidiariedad.
En consecuencia, de manera preliminar, la Sala analizará si resulta
procedente la acción de tutela presentada contra la CNSC y la Universidad de
Pamplona.
2.1. Legitimación en la causa por activa
Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la
acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona, cuando sus derechos
fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que
incurra cualquier autoridad pública o un particular, y no exista otro mecanismo
de defensa judicial que permita su protección efectiva.
La Sala observa que Cristian Albert Uscátegui Sánchez presentó la
acción de tutela de manera directa. En consecuencia, se constata el
cumplimiento de este requisito de procedibilidad.
2.2. Legitimación en la causa por pasiva
La legitimación pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud
legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela y quien
está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
cuando esta resulte demostrada; trátese de una autoridad pública o de un
particular, según el artículo 86 Superior[7].
En el asunto bajo estudio, se advierte que (i) la CNSC es una
entidad estatal y (ii) la Universidad de Pamplona es una institución de
educación superior de carácter oficial, las cuales presuntamente desconocen los
derechos del accionante y, en consecuencia, pueden ser demandadas.
Por ello, la Sala constata el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por pasiva.
2.3. Alegación de afectación de un derecho fundamental
Esta Corporación ha señalado que este requisito objetivo de
procedibilidad se cumple cuando se demuestra que el caso involucra algún debate
jurídico que gira en torno al contenido, alcance y goce de cualquier derecho
fundamental[8].
En cuanto a este aspecto, la Sala encuentra que el debate jurídico
del asunto bajo estudio radica en la posible vulneración de los derechos de
Cristian Albert Uscátegui Sánchez al debido proceso, a la igualdad, al trabajo
y al acceso a cargos públicos. Así las cosas, resulta evidente que el asunto en
discusión se encuentra inmerso en una controversia iusfundamental.
2.4. Principio de inmediatez
La acción de tutela debe ser ejercida en un plazo razonable, contado
a partir del momento en que ocurre la vulneración del derecho fundamental, con
el fin de asegurar que no haya desaparecido la necesidad de proteger dicho
derecho y, en consecuencia, evitar que se desnaturalice la acción de tutela[9].
Se advierte que la respuesta presuntamente vulneradora de los
derechos fundamentales del accionante es la brindada por la Universidad de
Pamplona Rad.20151100000783 del 23 de septiembre de 2017 y la tutela fue
presentada el 3 de octubre de 2017, plazo más que razonable para presentar la
acción.
En vista de lo expuesto, la Sala también halla satisfecha la
exigencia de inmediatez.
2.5.   Subsidiariedad.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos en
materia de concurso de méritos
2.5.1. En virtud de lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia
constitucional dictada en la materia[10],
y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual sólo procede
excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo cuando el
presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o, existiendo,
ese mecanismo carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada,
oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso
concreto. Así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se
interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho
fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, la protección
se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez
ordinario[11].
Concordante con lo anterior, la jurisprudencia
constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de tutela no
procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga razonable de acudir
previamente, a través de los respectivos medios de control, ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar los
conflictos con la Administración y proteger los derechos de las personas[12].
No obstante, esta Corte ha determinado que,
excepcionalmente, será posible reclamar mediante la acción de tutela la
protección de los derechos fundamentales vulnerados por la expedición de un
acto administrativo, no sólo cuando se acude a la tutela como medio transitorio
de amparo, evento en el cual será necesario acreditar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, sino también cuando se constata que el medio de control
preferente carece de idoneidad[13]
y/o eficacia[14]
para garantizar la protección oportuna e inmediata de los derechos
fundamentales vulnerados[15]
en el caso concreto.
En todo caso, en cuanto a la procedencia de la
acción de tutela cuando se dirija contra actos administrativos, la Corte ha
señalado que deberá definirse en atención a las circunstancias especiales de
cada caso concreto. Así, por ejemplo, aunque existan otros mecanismos de
defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo[16], el juez de tutela
deberá analizar las condiciones de eficacia material y las circunstancias
especiales de quien reclama la protección de sus derechos fundamentales, para
efectos de definir la procedencia definitiva del amparo.
2.5.2. En principio, con la entrada en
vigencia de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo-, los mecanismos ordinarios de protección de los
derechos de los participantes en concursos de méritos, gozan de idoneidad y
eficacia para proteger los derechos fundamentales.
En la sentencia SU-553 de 2015, la Sala
Plena de esta Corporación recordó que la acción de tutela procede de manera excepcional para
proteger los derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con
ocasión de la expedición de actos administrativos en materia de concursos de méritos y, por tanto, sólo
resulta procedente en dos supuestos: (i) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es
ineficaz para amparar el derecho fundamental, lo que se traduce en un claro
perjuicio para el actor; y (ii) cuando se ejerce la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[17].
Así las cosas, en el marco de la situación fáctica objeto de
estudio, en razón (i) a la naturaleza de un concurso
de méritos, en cuanto a la necesidad de la provisión de cargos y el
requerimiento de personal docente acreditado, el término para el cual se hizo
la convocatoria 350 de 2016, y (ii) a que el accionante agotó la vía
gubernativa; la Sala considera que los
medios ordinarios de defensa judicial si bien son
idóneos no
resultan lo suficientemente eficaces para dirimir la controversia que
suscitó la instauración de la acción de tutela de la referencia antes de la
terminación del trámite del concurso.
En conclusión, la Sala Quinta de Revisión encuentra procedente la
solicitud de amparo, por lo que formulará el problema jurídico, planteará el
esquema de solución y, posteriormente, resolverá el caso concreto.
3. Problema jurídico y esquema de solución
En consideración a las circunstancias fácticas que dieron origen a
la acción  de tutela de la referencia, los argumentos expuestos por las
entidades demandadas y las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, le
corresponde a la Sala de Revisión resolver el siguiente problema jurídico:
¿La CNSC y la Universidad de Pamplona
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
trabajo y al acceso a cargos públicos de Cristian Albert Uscátegui Sánchez, al
inadmitirlo como aspirante en el proceso de selección para el cargo de docente,
mediante concurso público de méritos convocado conforme al Estatuto Docente
contenido en el Decreto Ley 1278 de 2002, por considerar que no cumple con el
requisito de educación exigido en dicho Estatuto, no obstante haber acreditado
el título de “bachiller pedagógico” con el cual se inscribió en el
escalafón docente en vigencia del anterior Estatuto (Decreto Ley 2277 de 1979)?
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala
abordara los siguientes temas: (i) la amplia libertad de configuración
legislativa en materia del régimen de carrera administrativa y en materia de
regulación de los derechos y restricciones para el ejercicio de profesión u
oficio; (ii) la evolución legislativa de las condiciones generales para
ejercer la docencia, bajo el sistema de carrera docente; (iii) la
evolución legislativa y recuento jurisprudencial sobre el título de bachiller
pedagógico como requisito válido para ejercer la docencia, dando alcance a las
medidas transitorias que garantizan sus derechos adquiridos en el Servicio
Público de Educación; para luego, (v) resolver el caso concreto.
4. Amplia libertad de configuración legislativa en materia del
régimen de carrera administrativa y en materia de regulación de los derechos y
restricciones para el ejercicio de profesión u oficio
4.1. En materia del régimen de carrera
administrativa
La Constitución de 1991 introdujo como postulado estructural
de la función pública el régimen de la Carrera Administrativa (CP 125), según
el cual “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera” con
excepción de los “cargos de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley”.
Así, tanto el ingreso como el ascenso a los
cargos de carrera, se realizan previo el cumplimiento de los requisitos y
condiciones fijadas por la ley, con el objeto de “determinar los
méritos y calidades de los aspirantes”. A su vez, el retiro de dichos
cargos se hará por “calificación no satisfactoria en el desempeño del
empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley”.
El artículo 125 citado, permite concluir que los empleos en los
órganos y las entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley, de manera que por regla general, salvo las
excepciones señaladas, el acceso a estos cargos públicos se hace previo el
cumplimiento de los requisitos y las condiciones que fije la ley para
determinar los méritos y las calidades de los aspirantes[18].
4.2. En materia de regulación de los derechos y restricciones para
el ejercicio de profesión u oficio
De manera reiterada la Corte ha sostenido que el Legislador goza de
una amplia potestad de configuración legislativa en materia de regulación de
los derechos y restricciones para el ejercicio de profesión u oficio[19],
dado que aquel es quien tiene la plena competencia “para definir el campo
propio de cada una de las profesiones que se reglamenten y las actividades que
en su aplicación concreta pueden emprender las personas tituladas”[20],
en virtud del artículo 26 de la Constitución que le atribuye dicha facultad,
cuyo tenor literal reza: “Toda persona es libre de escoger profesión u
oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones,
artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo
aquellas que impliquen un riesgo social. (...)”.
Así las cosas, la Corte ha estimado que el desarrollo a su cargo
comprende, en términos generales, el establecimiento de reglas adecuadas a los
fines de la respectiva actividad, dentro de las que se encuentran la previsión
de requisitos mínimos de formación académica general y de preparación
particular, la expedición de normas referentes a la obtención de títulos que
garanticen la idoneidad profesional y la forma de acreditarlos ante el público.
Es de anotar que el desarrollo legislativo de la libertad de ejercer
una profesión o un oficio debe atender las características propias de cada
ocupación y que el alcance de las reglas “varía de acuerdo con la profesión
u oficio que se pretenda ejercer”, por lo cual el Legislador tiene “la
facultad de adoptar regulaciones concretas atendiendo las especificidades de
cada actividad”[21].
La justificación que habilita su intervención para regular el
ejercicio de una profesión u oficio es el criterio de necesidad,
específicamente, el de proteger a la comunidad de los riesgos que conlleva la
práctica de determinada actividad[22].
En cuanto a la exigencia de títulos de idoneidad esta Corporación ha
señalado que la potestad que otorga la Constitución al Legislador es la “manera
de hacer pública la aptitud adquirida merced a la formación académica”[23] y que los títulos de
idoneidad “son indispensables para acreditar la preparación académica y
científica que exija la ley tanto en relación con la profesión en sí misma,
como en lo relativo a sus especialidades”[24].
No obstante lo anterior, la facultad que tiene para imponer ciertos
requisitos de idoneidad no puede llegar a que se establezcan condiciones poco
razonables que terminen por anular el derecho al trabajo, ya que esta Corte ha
precisado que “la razón de ser de los títulos profesionales no obedece al
capricho del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a la necesidad
social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad de sus
titulares”[25].
En el mismo sentido ha indicado que “es claro que el legislador
está expresamente autorizado para intervenir en el ejercicio del derecho fundamental
de escoger profesión u oficio. Pero dadas las garantías de igualdad y libertad
que protegen este derecho, las limitaciones establecidas por el legislador
deben estar enmarcadas en parámetros concretos, so pena de vulnerar el llamado
‘límite de los límites’, vale decir, el contenido esencial del derecho que se
estudia”[26].
Por último, se deberá tener en cuenta que la jurisprudencia
constitucional ha señalado que la libertad de la potestad de configuración
legislativa para determinar los requisitos para obtener el título profesional
debe enmarcarse dentro de las siguientes premisas: “(i) regulación
legislativa, pues es un asunto sometido a reserva de ley; (ii) necesidad de los
requisitos para demostrar la idoneidad profesional, por lo que las exigencias
innecesarias son contrarias a la Constitución; (iii) adecuación de las reglas
que se imponen para comprobar la preparación técnica; y (iv) las condiciones
para ejercer la profesión no pueden favorecer discriminaciones prohibidas por
la Carta”[27].
5. Evolución legislativa de las condiciones generales para
ejercer la docencia bajo el sistema especial de carrera docente
5.1. Responsable del sistema especial de carrera docente
El Sistema Especial de Carrera Docente es un sistema de carrera
administrativa de origen legal, regido por dos estatutos docentes: el
Decreto-Ley 2277 de 1979 y el Decreto-Ley 1278 de 2002.
El artículo 130 Superior dispone que la CNSC es la responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan el carácter de
especial de origen constitucional. Mediante Sentencia C-175 de
2006, la Corte Constitucional precisó que el único órgano competente para
vigilar y administrar las carreras especiales de origen legal es la Comisión
Nacional del Servicio Civil, y la carrera docente es sin lugar a dudas un
sistema de origen legal.
Por lo tanto, a
partir de la citada sentencia, la CNSC asumió la competencia de administración
y vigilancia del sistema especial de carrera docente, con todas las funciones
que para ello se detallan en los artículos 11 y 12 de la Ley 909 de 2004.
Puntualmente, se destaca las
siguientes: “a) establecer de acuerdo con la Ley y los reglamentos, los
lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección”
y “c) elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan
la presente Ley y el reglamento”.
5.2. Escalafón Docente
El Escalafón Docente es el sistema de clasificación de los
docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación académica,
experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los
distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y
que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad
demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario
profesional. “La idoneidad encierra el conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y valores que se consideran
imprescindibles para el desempeño de la función docente”[28]. En Colombia hay vigentes dos modelos de
escalafón, así:
·
Estructura
del ESCALAFÓN NACIONAL DOCENTE a la luz del Decreto Ley 2277 de 1979, aplicable
a los educadores que fueron designados para un cargo docente estatal en
propiedad antes de 2002. Según su artículo 8º, el sistema de clasificación de los educadores de acuerdo con su
preparación académica y experiencia docente y méritos reconocidos y la inscripción
en dicho escalafón habilita al educador para ejercer los cargos de la carrera
docente corresponde a los grados 1 al 14, en los que el título exigido y el
requisito de experiencia va cambiando a mediad en que se asciende en el
escalafón.
A manera de ejemplo, el título de Bachiller Pedagógico era válido
como título para ejercer la docencia y ascender en el escalafón desde el grado
1 al grado 8.
·
Estructura
del ESCALAFÓN DOCENTE OFICIAL a la luz del Decreto Ley 1278 de 2002, aplicable a los docentes
vinculados a partir del año 2002. Las normas de este estatuto se aplicarán a quienes
se vinculen a partir de su vigencia para desempeñar cargos docentes y
directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica
(primaria y secundaria) o media, y a quienes sean asimilados. Por tanto tienen
un nuevo escalafón que está conformado en 3 niveles, establecido en los
artículos 20 y 21 del citado decreto ley, así:
5.2. Título de
idoneidad para el ejercicio de la docencia en el servicio educativo
estatal
5.2.1. La Corte ha dicho que no se
desconoce la libertad de configuración normativa cuando se modifica la
legislación en torno al tema con posterioridad a una ley previa sobre el mismo.
Sobre el particular en la Sentencia C-191 de 2005 se dijo que “el hecho de
haber regulado el ejercicio de una profesión u oficio en el pasado no
constituye, en principio, un límite al legislador. (…) Para la Corte no es
aceptable considerar, por ejemplo, que existe una violación a la igualdad por el
factor temporal, debido a que las leyes, en épocas distintas, han regulado de
manera diversa una actividad profesional”[29].
5.2.2. El Decreto Ley 1278 de 2002, en su
artículo 3º, determina como requisito mínimo para el ingreso a la carrera
docente poseer título de licenciado o profesional, o de normalista superior, a
cuyo tenor literal:
ARTÍCULO 3º. PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN. Son profesionales de la
educación las personas que poseen título profesional de licenciado en educación
expedido por una institución de educación superior; los profesionales con
título diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente de
acuerdo con lo dispuesto en este decreto; y los normalistas superiores.
Mediante la Sentencia C-422 de 2005, la Corte declaró exequible
el citado artículo 3º del Decreto Ley 1278 de 2002. En esa oportunidad, la
Corte Constitucional encontró que esta disposición no es inexequible, sino que
corresponde a una medida legítima, razonable y proporcionada con el fin
implícito en las normas constitucionales que persiguen (i) la
profesionalización docente y (ii) el incremento en la calidad de los diferentes
niveles de la educación pública en el país.
Posteriormente, en la Sentencia C-479 de 2005, esta
Corporación reiteró la posición respecto de que la consecución de mejores
niveles de preparación de los educadores es una razón de interés público que
amerita elevar las exigencias profesionales. En ese sentido, precisó que la
exigencia de títulos mínimos de idoneidad académica para acceder al servicio
educativo público lograría de manera adecuada el fin perseguido: el aumento de
la calidad de la educación. “Aunque tal finalidad supone el concurso de
muchos otros factores que derivan no directamente del incremento de los
estándares mínimos de idoneidad académica de los docentes, la presencia de
maestros altamente calificados permite en mayor medida la obtención del fin al
cual se encamina”.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto reglamentario 3238 del 6 de
octubre de 2004 y dispuso en su artículo 7º como requisito para inscribirse en
el concurso de docente cumplir con los requisitos señalados en el artículo 21
del Decreto Ley 1278 de 2002, en especial el de ser “normalista superior”[30].
5.3.
Ingreso a los cargos de la
carrera docente
Como ya se explicó previamente, la
Constitución Política de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los cargos de carrera se
hará por concurso previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije
la Ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Inicialmente, el Decreto Ley 2277 de 1979, en su artículo 27,
dispone sobre el ingreso a la carrera que “[g]ozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores oficiales que estén inscritos en
el escalafón docente, sean designados para un cargo docente en propiedad y
tomen posesión del mismo”. A partir de la vigencia de este decreto, sólo
podían ser nombrados para ejercer la docencia en planteles oficiales de
educación quienes poseyeran título docente o acreditaran estar inscritos en el
escalafón nacional docente, de conformidad con los requerimientos para cada uno
de los distintos niveles del sistema educativo (artículo 5º). Según su artículo
6º, la provisión de cargos se regulaba así “[c]ada año la autoridad
educativa competente señalará la planta de personal de los establecimientos
educativos oficiales bajo su jurisdicción para la respectiva vigencia. Los
cargos que fueren incluidos en dichas plantas serán los únicos susceptibles de
ser provistos por la autoridad nominadora. Las plantas de personal a que se
refiere este artículo deberán ser aprobadas en todos los casos por el Gobierno
Nacional”.
Los artículos 105 y 107 de la Ley 115 de 1994 -Ley General de Educación- (modificados por Decreto Ley 2150 de 1995), establecen
que la vinculación al servicio estatal requiere, previo concurso, haber sido
seleccionado y acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y, así
mismo, señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente
o administrativo que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades
territoriales.
La Ley 715 de 2001, en su artículo 111, concedió facultades
extraordinarias al Presidente de la República para expedir un nuevo régimen de
carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes y
administrativos, que ingresaran a partir de su promulgación, que sea acorde con
la nueva distribución de recursos y competencias. De igual forma, dispuso que el nuevo régimen de carrera docente y administrativa se
denominará Estatuto de Profesionalización Docente y tomará en cuenta
entre otros los siguientes criterios:
1. Mejor salario de
ingreso a la carrera docente.
2. Requisitos de ingreso[31].
3. Escala salarial única
nacional y grados de escalafón.
4. Incentivos a mejoramiento
profesional, desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas
de especialización.
5. Mecanismos de
evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera.
6. Oportunidades de
mejoramiento académico y profesional de los docentes.
7. Asimilación voluntaria
de los actuales docentes y directivos docentes contemplado en el Decreto-ley
2277 de 1979.
En ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001, el Gobierno
Nacional profirió el Decreto Ley 1278
de 2002,
cuyo artículo 16 reza “[l]a carrera docente es el régimen legal que ampara
el ejercicio de la profesión docente en el sector estatal. Se basa en el
carácter profesional de los educadores: depende de la idoneidad en el desempeño
de su gestión y de las competencias demostradas: garantiza la igualdad en las
posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos para el
efecto; y considera el mérito como fundamento principal para el ingreso, la
permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso en el Escalafón” y en
su artículo 18 señala que “[g]ozarán de los derechos y garantías de la
carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en
el Escalafón Docente”.
Igualmente, dispone que al terminar el
año académico el docente o directivo docente que haya aprobado el periodo de
prueba adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Escalafón
Docente. De conformidad con el artículo 3, numeral 2, de la Ley 909 de 2004 se denomina Sistema Especial de Carrera de origen
legal, el que regula al personal docente.
El Decreto 3982 de 2006 por el cual se reglamenta parcialmente el
Decreto - Ley 1278 de 2002 establece el procedimiento de selección mediante
concurso para la carrera docente y determina criterios para su aplicación.
Puntualmente, en su artículo 19 prescribe:
“(…)
Los docentes que superen el periodo de prueba en los términos del artículo 31
del Decreto-Ley 1278 de 2002 y cumplan con los demás requisitos de Ley, serán
inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la remuneración establecida por
el Gobierno Nacional para el nivel salarial A del correspondiente grado, según
el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados en un cargo docente
que no superen el periodo de prueba serán excluidos del servicio de acuerdo con
el artículo 25 del Decreto-Ley 1278 de 2002 (…)”
En este orden de ideas, las normas del Estatuto
Docente sobre ingreso a la carrera educativa deben complementarse con las
disposiciones que consagran la vinculación al servicio educativo estatal
mediante la figura del concurso.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 115
de 1994, la incorporación a la carrera docente no se da sólo con la inscripción
en el escalafón o la obtención de un título docente, la designación en
propiedad en un cargo docente y la posesión del mismo -como lo preceptuaba el
Decreto Ley 2277 de 1979-, sino que es necesario haber sido seleccionado en
un concurso previo, además de cumplir con los requisitos legales. En otras
palabras, el nombramiento por decreto para todo el personal docente del
servicio público estatal debe hacerse con observancia de las reglas propias de
la carrera administrativa, llevadas al campo educativo nacional: el concurso de
méritos es el sistema de selección que determina la incorporación al servicio
de educación[32].
Como puede verse, el
legislador de manera paulatina ha aumentado los estándares de preparación
académica de los profesionales docentes, pero siempre ha procurado respetar los
derechos adquiridos de quienes desempeñan este tipo de labores[33] y la Corte
Constitucional ha encontrado legítimas estas medidas que persiguen mejorar los
niveles de preparación de los educadores, como una razón de interés público que
amerita elevar las exigencias profesionales[34].
6.
Evolución legislativa y recuento
jurisprudencial sobre el título de bachiller pedagógico como requisito válido
para ejercer la docencia. Medidas transitorias que garantizan sus derechos
adquiridos en el Servicio Público de Educación
6.1. Servicio
Público de Educación
La educación es un
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes (artículo 1º de la Ley 115 de 1994, Ley General de
Educación).
El Servicio
Público de la Educación (artículo 68 Superior) cumple una función social
acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la
sociedad y se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público[35].
Corresponde al
Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y
promover el acceso al servicio público educativo. Así mismo, la Nación tiene la
responsabilidad de garantizar su cubrimiento, propender por atender en forma
permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la
educación, especialmente, velará por la cualificación y formación de los
educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la
innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional,
la inspección y evaluación del proceso educativo[36].
De otra parte, en
relación a la vinculación al servicio educativo estatal, el artículo 105 de la Ley
115 de 1994, estableció lo siguiente:
ARTÍCULO 105. VINCULACIÓN AL
SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL. La vinculación de personal docente, directivo y
administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse
mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de personal
aprobada por la respectiva entidad territorial.
Únicamente podrán ser nombrados como
educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la
planta de personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y
acrediten los requisitos legales.
<Inciso tercero derogado por el
artículo 113 de la Ley 715 de 2001[37]>.
PARÁGRAFO 1º. <Parágrafo 1º. derogado
por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001> (Texto
original de la Ley 115 de 1994: Al personal actualmente vinculado se le
respetará la estabilidad laboral y en el caso de bachilleres no escalafonados,
tendrán derechos a incorporarse al Escalafón Nacional Docente siempre y cuando
llenen los requisitos respectivos, en un plazo no mayor de dos (2) años. Si
transcurrido este plazo no se han escalafonado, serán desvinculados del
servicio educativo, salvo los bachilleres que se encuentren prestando sus
servicios docentes en zonas de difícil acceso y en proceso de
profesionalización comprobado, en cuyo caso contarán con dos años adicionales
para tal efecto.)
PARÁGRAFO 2º. Los educadores de los
servicios educativos estatales tienen el carácter de servidores públicos de
régimen especial.
6.2. En vigencia
del Decreto Ley 2277 de 1979
6.2.1. Sin duda alguna, durante la
vigencia del Decreto Ley 2277 de 1979 el título de bachiller pedagógico era
apto para ejercer la carrera docente. Los bachilleres pedagógicos son
los egresados de las escuelas normales no reestructuradas que culminaron su
educación media con énfasis en pedagogía.
No obstante, el Decreto 2903 de 1994 “Por el cual se adoptan disposiciones para la
reestructuración de las escuelas normales”[38] autorizó a esta categoría de bachilleres para
que ingresaran a las escuelas normales reestructuradas para que cursaran los 4
semestres requeridos para obtener el título de Normalista Superior y la Resolución
Ministerial No. 5660 de 1994, en desarrollo de la Ley 115 de 1994, fijó los
criterios para el establecimiento de los planes de profesionalización de
bachilleres no escalafonados.
6.2.2. De otra parte, a través del artículo 116 de
la Ley 115 de 1994[39],
el Legislador estableció que para ejercer la docencia en el servicio educativo
estatal se requiere título de licenciado en educación o de posgrado en
educación.
Ahora bien, la Sala de Revisión advierte que el artículo 116 de la
Ley 115 de 1994 fue declarado exequible mediante la Sentencia C-473 de 2006,
“en el entendido de que los bachilleres pedagógicos que hayan obtenido el
título correspondiente y hayan sido inscritos en el Escalafón Nacional Docente
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto ley 2277 de 1979, podrán ser
nombrados para ejercer la docencia en planteles oficiales de educación en las
condiciones previstas en el mismo decreto”, bajo el argumento de que excluir del ejercicio de la
docencia en el servicio educativo estatal a los bachilleres pedagógicos (con
título e inscripción en el Escalafón Nacional Docente al amparo del Decreto ley
2277 de 1979) vulnera sus derechos adquiridos, concretamente sus derechos al
trabajo y al ejercicio de cargos públicos con base en la carrera docente, y
contraría por tanto los Arts. 25, 40, 53, 58 y 125 superiores, ya que de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 5º de dicho decreto esos bachilleres
tenían el derecho a ejercer la docencia en planteles oficiales de educación, en
los niveles preescolar y básico primario del Sistema Educativo Nacional,
mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 10 del mismo
decreto, que consagra la estructura del Escalafón Nacional Docente, en relación
con los grados, título, capacitación y experiencia allí señalados.
6.2.3. La Corte Constitucional -Sentencias C-422 de 2005, C-479 de 2005
y C-473 2006-, ha señalado que los bachilleres pedagógicos escalafonados
conforme a las normas del Decreto Ley 2277 de 1979 adquirieron el derecho a
ejercer la docencia en las condiciones previstas en el mismo, el cual debe
respetarse por mandato constitucional, en los siguientes términos:
Con todo, antes de finalizar,
esta Corporación encuentra indispensable hacer una salvedad respecto de los
bachilleres pedagógicos que ya se encuentran incluidos en el escalafón docente.
En su caso, las preceptivas constitucionales que consagran el respeto por los derechos
adquiridos (Arts. 53 y 58 C.P.) obligan a considerarlos como aptos para el
ejercicio de la profesión docente, pues tal derecho les ha sido reconocido por
la circunstancia de haberse escalafonado tras el cumplimiento de los requisitos
exigidos para ello. En esa medida, para la Corte, los bachilleres pedagógicos
escalafonados conservan la facultad de ejercer la docencia en los términos
señalados en la legislación pertinente, por lo que éstos no pueden verse
afectados por la decisión legislativa que fue demandada.
En este sentido, la Corte
reitera lo dicho en las sentencias C-617/02 y C-313/03 en las que la
Corporación advirtió que la coexistencia de los estatutos de profesionalización
docente dictados mediante decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002 obligaba el
respeto por los derechos de quienes ya hubieren ingresado al escalafón según
las exigencias requeridas cuando se vincularon a él. Sobre este particular, la
Corte dijo en la Sentencia C-313 de 2003:
“Los argumentos señalados en
la Sentencia C-617/02  a que se ha hecho referencia anteriormente y que
sirvieron para justificar la constitucionalidad de la norma de facultades,
deben en consecuencia reiterarse en esta ocasión en relación con la
constitucionalidad del  artículo 2 del Decreto 1278 de 2002.
En efecto como en dicha
sentencia se señaló, ante una nueva regulación constitucional y legal de la
participación de las entidades territoriales en los ingresos de la Nación para
la prestación de los servicios que les corresponda de acuerdo con la ley, y
entre ellos los de salud y educación, es legítimo que se conciba un nuevo
régimen de carrera para el personal de docentes, directivos docentes y
administrativos.
En el mismo sentido, es
legítimo que ese régimen no se aplique a quienes se vincularon antes de la
promulgación del decreto sub examine,   pues la expedición de un
nuevo régimen de carrera docente no puede significar el  desconocimiento
de los derechos adquiridos por el personal cobijado por el Estatuto Docente
anterior.
De allí que el artículo 2 acusado
haya dispuesto  que el nuevo régimen se aplica únicamente a los docentes,
directivos docentes y administrativos que ingresen a partir de la vigencia del
decreto 1278 de 2002.
Los docentes que se hayan
vinculado a la carrera de conformidad  con el Decreto Ley 2277 de 1979
continuarán rigiéndose por sus normas y por tanto se respetarán los derechos
que hayan adquirido conforme a las mismas.  (Sentencia C-313 de 2003
M.P. Álvaro Tafur Gálvis) (Subrayas fuera del original)”
La misma posición fue reconocida
por la Corte en la Sentencia C-973 de 2001, en donde la Corporación reconoció
que el carácter dual del estatuto docente no implicaba desmejora de los
derechos adquiridos de los educadores[40]”. [41]
6.3. En vigencia
de la Ley General de
Educación y
del D.L. 1278 de 2002
6.3.1. Posterior a la Ley 114 de 1994,
el Decreto 4790 de 2008 -Por el cual se establecen las condiciones
básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas
normales superiores y se dictan otras disposiciones- dispuso que:
Artículo 8. Oferta del servicio. Podrán ser
aceptados en el programa de formación complementaria, además de los bachilleres
egresados de una escuela normal superior, los estudiantes egresados de la
educación media que acrediten un título de bachiller en cualquier modalidad.
Para los bachilleres egresados de una
escuela normal, el programa de formación complementaria tendrá una duración de
cuatro (4) semestres académicos. Para aquellos provenientes de otra modalidad
de educación media, el programa de formación complementaria tendrá una duración
de cinco (5) semestres académicos.
Artículo 9. Título. Quien finalice y apruebe el programa de formación
complementaria en una escuela normal superior debidamente autorizada por el
Ministerio de Educación Nacional recibirá el título de normalista superior, que
lo habilita para el ejercicio de la docencia en el nivel de preescolar y en
educación básica primaria.
En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Educación, el título de bachiller pedagógico -expedido por las escuelas
normales reestructuradas-, no sería apto para ingresar a la carrera docente. No
obstante, los bachilleres pedagógicos escalafonados con anterioridad a la
terminación del plazo de transición establecido en dicha ley, conservarían el
derecho a ejercer la docencia en los términos del estatuto docente, mientras
demuestren idoneidad en las pruebas de permanencia y ascensos en el mismo, tal
como se explicará a continuación.
6.3.2. Posteriormente, el artículo 1º de la Ley 1297 de 2009 modificó el artículo 116 de la Ley
115 de 1994 y dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 1º. El artículo 116 de la Ley
115 de 1994 quedará así:
ARTÍCULO 116. TÍTULO EXIGIDO PARA EJERCICIO
DE LA DOCENCIA. Para ejercer la docencia en el servicio educativo se requiere
Título de Normalista Superior expedido por una de las Normales Superiores
Reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional o de Licenciado en Educación u otro título profesional expedido por
una institución universitaria, nacional o extranjera, académicamente habilitada
para ello.
(…)
Mediante la sentencia C-497 de 2016, la Corte Constitucional
declaró exequible su inciso primero “en el entendido que los bachilleres
pedagógicos que hayan obtenido el título correspondiente y hayan sido inscritos
en el Escalafón Nacional Docente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Ley 2277 de 1979, podrán ejercer la docencia en planteles oficiales de
educación en las condiciones previstas en el mismo decreto y con el
cumplimiento de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 115 de 1994 y
sus normas complementarias”.
6.3.3. Para mayor claridad, la Sala se
permite citar in extensu las consideraciones de la referida providencia,
en la que la Corte explicó:
8.2.
De acuerdo con los cargos admitidos a trámite de constitucionalidad, concierne
a la Sala Plena de la Corte Constitucional determinar si el Artículo 1
(parcial) de la Ley 1297 de 2009, al omitir incluir a los bachilleres
pedagógicos escalafonados del servicio público de educación, vulneró los
derechos adquiridos al acceso y permanencia en la carrera docente.
8.3.
El parágrafo primero del Artículo 105 de la Ley 115 de 1994 estableció que el
personal que a la fecha de la entrada en vigor de dicha legislación se
encontraba vinculado al escalafón docente se le respetaría la estabilidad
laboral. En el caso específico de los bachilleres no escalafonados se
dispuso que estos tendrían derecho a incorporarse al Escalafón Nacional
Docente, siempre y cuando cumplieran los requisitos respectivos, en un plazo no
mayor a dos años. Esta misma norma estableció que si una vez transcurrido
este plazo los bachilleres no se habían escalafonado serían desvinculados del
servicio educativo, salvo los bachilleres pedagógicos que en ese momento
estuvieran prestando servicio docente en zonas de difícil acceso y se
encontraran en proceso de profesionalización comprobado, en cuyo caso contarían
con dos años adicionales para cumplir tales exigencias.
8.4.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones
sobre las normas que regulan el ejercicio de la docencia en el sector de la
educación pública, señalando que los artículos 67 y 68 de la Constitución
Política, al consagrar la educación en la doble dimensión de lo que es a la vez
un derecho y un servicio público con función social, prescribe la obligación
del Estado de asegurar que la enseñanza se imparta por personas de reconocida
idoneidad pedagógica y en constante proceso de formación docente.
En el caso específico de los Bachilleres
Pedagógicos, son abundantes los pronunciamientos de esta Corporación en
relación con el derecho al ejercicio de la docencia en el sector educativo
estatal. Puntualmente, la Corte se ha pronunciado en esta materia por medio
de las Sentencias C-422 de 2005, C-479 de 2005, C-473 de 2006, C-647 de 2006,
C-314 de 2007 y C-316 de 2007.
8.5.
Teniendo en cuenta que los Bachilleres Pedagógicos a la fecha escalafonados
son aquellos que han venido demostrando su idoneidad a través de las
distintas pruebas de permanencia y ascenso en el escalafón docente, a pesar
del paso del tiempo, no existe un contexto diverso, causa o razón justificada
para desconocer el derecho al trabajo y al ejercicio de cargos y funciones
públicas que le asiste a esta categoría de docentes, quienes han venido
prestando de manera continua el servicio público de educación en cumplimiento
de los diversos estándares de formación, normalmente en zonas de difícil
acceso.
8.6.
Sobre esta base, la Corte Constitucional en aplicación del principio “stare rationibus decidendi” estarse a lo resuelto en sus
decisiones, se encuentra vinculada por su precedente judicial. Así, en el
asunto sometido a examen de constitucionalidad se debe reiterar el precedente
judicial contenido en la Sentencia C-473 de 2006, para lo cual se ordenará
declarar exequible el segmento normativo demandado en forma condicionada, por
los cargos examinados en esta sentencia, en el entendido de que los bachilleres
pedagógicos que hayan obtenido el título correspondiente y hayan sido inscritos
en el  Escalafón Nacional Docente, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto Ley 2277 de 1979, podrán ejercer la docencia en planteles oficiales de
educación en las condiciones previstas en el mismo decreto y con el
cumplimiento de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 115 de 1994 y
sus normas complementarias.
8.7.
En virtud de lo anterior, la Corte declara exequible por los cargos
examinados en la presente sentencia el inciso único del Artículo 1º de la Ley
1297 de 2009, en el entendido que los bachilleres pedagógicos que hayan
obtenido el título correspondiente y hayan sido inscritos en el Escalafón
Nacional Docente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2277 de
1979, podrán ejercer la docencia en planteles oficiales de educación en
las condiciones previstas en el mismo decreto y con el cumplimiento de los
requisitos de idoneidad previstos en la Ley 115 de 1994 y sus normas
complementarias. (Negrilla fuera de texto
original)
En efecto, en la precitada sentencia C-497 de 2016, la Corte
Constitucional explicó:
De este prolongado tránsito normativo se
infiere que cuando se incluyó esta categoría de docentes (bachilleres
pedagógicos) en la prestación del servicio de educación pública, el legislador
y el ejecutivo en el desarrollo reglamentario, establecieron que se trata de
aquellas personas que han cumplido el proceso de profesionalización y se
encuentran efectivamente vinculados al escalafón docente. De lo contrario, al
no cumplir con las pruebas de idoneidad, indistintamente a la categoría docente
en que se encuentren, todo servidor dejaría de permanecer al escalafón.
Sobre este aspecto, la Federación
Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE solicita a la Corte emitir
una sentencia evolutiva en la cual explique que las realidades educativas,
pedagógicas, didácticas y metodológicas no son las mismas que las del año 1979,
cuando se expidió el estatuto docente que incluía a los bachilleres pedagógicos
para el ejercicio de la docencia en el sector oficial.
Sin embargo, teniendo en cuenta que los
bachilleres pedagógicos a la fecha escalafonados son aquellos que han venido
demostrando su idoneidad a través de las distintas pruebas de permanencia y
ascensos en el escalafón docente, a pesar del paso del tiempo no existe
un contexto diverso, causa o razón justificada para desconocer los derechos
adquiridos al trabajo y al ejercicio de cargos y funciones públicas que le
asiste a esta categoría de docentes, quienes, como ya se dijo, han
prestado de manera continua el servicio público de educación en
cumplimiento de los diversos estándares de formación y normalmente en zonas de
difícil acceso.
Lo anterior se corrobora en tanto la
exclusión del título de bachiller pedagógico, como requisito para el ingreso al
concurso docente, fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional
en la pluricitada Sentencia C-473 de 2006 que estableció que a
partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Educación (115 de 1994)
los títulos diferentes al de normalista, expedidos por las escuelas normales
reestructuradas, no serían aptos para ingresar a la carrera docente. Sin
embargo, como ya se dijo en líneas anteriores, se hizo una salvedad respecto
de los bachilleres pedagógicos que se encontraran incluidos en el escalafón
docente con anterioridad al año 1997, los cuales podían ejercer la docencia
en los términos del estatuto docente, mientras demostraran idoneidad en las
pruebas de permanencia y ascensos en el mismo. Para tal efecto,
estableció que los títulos de Normalista, Institutor, Maestro Superior,
Maestro, Normalista Rural con título de Bachiller Académico o Clásico, eran
equivalentes al de Bachiller Pedagógico. (Negrilla
fuera de texto original)
Así las cosas, la Sala puede concluir que el título de bachiller
pedagógico fue excluido como título de idoneidad para ejercer la labor docente
en los niveles de preescolar y básica primaria a partir de la Ley 115 de 1994,
excepto cuando (i) hubieran obtenido el título correspondiente; (ii)
hubieran sido inscritos en el Escalafón Nacional Docente con anterioridad al
año 1997;  (iii) hubieren demostrado su idoneidad en las pruebas
de permanencia y ascenso en el escalafón docente; y (iv) hubieren
venido prestando de manera continua el servicio público de educación. En tales
condiciones, podrán ejercer la docencia en planteles oficiales de educación en
las condiciones previstas en el Decreto Ley 2277 de 1979 -siempre y cuando, se
repite, cumplan los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 115 de 1994 y
sus normas complementarias.
6.4. Derechos adquiridos
La Corte Constitucional, en Sentencia C-647 de 2006, precisó
que las disposiciones del nuevo estatuto docente Decreto Ley 1278 de 2002
no vulneran los derechos adquiridos de los bachilleres pedagógicos, en los
siguientes términos:
“(…) en manera alguna puede considerarse
que con dichas disposiciones el Legislador haya privado de algún derecho
adquirido a los bachilleres pedagógicos i) que se hubieren vinculado al
servicio docente en las condiciones señaladas en el decreto Ley 2277 de 1979 y
hubieren cumplido los requisitos para ser inscritos en carrera pues en relación
con ellos no cabe predicar la aplicación del Decreto Ley 1278 de 2002 y por
consiguiente de las normas acusadas, ii) que hayan obtenido el título de
bachiller pedagógico después de la vigencia del Decreto Ley 1278 de 2002 o que
habiéndolo obtenido con anterioridad no se hayan vinculado al servicio docente
cumpliendo los requisitos para ser inscritos en el escalafón y en la carrera
docente señalados por el decreto Ley 2277 de 1979 pues respecto de ellos ningún
derecho adquirido cabe predicar por la aplicación del Decreto Ley 2277 de 1979,
como claramente lo explicó la Corte en las Sentencias C-313 de 2003, C-1169 de
2004 y C-031 de 2006 al analizar el caso de los docentes provisionales”.
En este contexto, en Sentencia C-314 de 2007, la Corte
Constitucional advirtió que los derechos adquiridos que pudieran invocarse por quienes
se vincularon a la carrera docente antes de la expedición del Decreto Ley 1278
de 2002 lo son sólo respecto del régimen establecido en el Decreto Ley 2277 de
1979 y ello en cuanto se hubieran cumplido los requisitos en él establecidos.
En manera alguna pueden predicarse respecto del régimen nuevo establecido en el
Decreto Ley 1278 de 2002 que sólo se aplica a quienes se vincularon al servicio
docente después de su vigencia, o a quienes habiéndose vinculado al servicio
docente antes decidan asimilarse al nuevo escalafón si se someten a la misma evaluación
de desempeño y de competencias realizadas para superar el periodo de prueba
aplicadas a los educadores que poseen su misma formación profesional.
En efecto, a la luz de la legislación anterior (Decreto 2277 de 1979
- artículos 2º y 10º) se fijaba el título de bachiller pedagógico como
requisito mínimo para ingresar al escalafón o carrera docente y la Corte
Constitucional mediante sentencia C-473 de 2006 estableció que a partir de la
entrada en vigencia de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), los
títulos diferentes al de normalista, haciendo la salvedad respecto de
los bachilleres pedagógicos que se encontraran incluidos en el escalafón
docente con anterioridad a 1997, los cuales podían ejercer la docencia
en los términos de tal estatuto docente, mientras demostraran idoneidad en las
pruebas de permanencia y ascensos en el mismo.
Así mismo, esta Corte reiteró en la Sentencia C-497 de 2016
que los derechos adquiridos para ejercer la docencia y/o permanecer en la
carrera docente de los bachilleres pedagógicos -que se encontraban
escalafonados antes de 1997, de conformidad con el Decreto 2277 de 1979- fueron
salvaguardados. Esto es, los docentes que se hubieran vinculado a la carrera de
conformidad con el Decreto Ley 2277 de 1979 y continúen prestando el servicio
docente se regirán por sus normas y, por tanto, se respetarán los derechos
adquiridos conforme a las mismas[42].
La referida providencia extrajo varias reglas jurisprudenciales
en materia de los derechos laborales en el sector educativo estatal, a saber:
(i)
en primer término, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 68 de la Constitución Política un aspecto esencial de
la educación es el mejoramiento de la calidad, razón por la cual, el acceso, la
permanencia y los derechos adquiridos en el régimen docente regulado por el
Decreto Ley 1278 de 2002, dependen de la continua profesionalización y
formación;
(ii)
la carrera docente es un sistema
especial de carrera administrativa de origen legal que regula las relaciones de
los educadores con el Estado y que tiene por fundamento el reconocimiento de
los principios del mérito, igualdad de oportunidades para el ingreso,
permanencia, ascenso y retiro del educador del servicio público educativo, la
profesionalización y dignificación de la actividad docente a través de la
definición del escalafón docente y;
(iii)      en el caso específico de los Bachilleres Pedagógicos con título e
inscripción en el Escalafón Nacional Docente (con anterioridad a 1997) que
ingresaron a la carrera en los términos del Decreto Ley 2277 de 1979 y
continúan prestando en forma ininterrumpida el servicio, les asiste el
derecho a ejercer la docencia en planteles oficiales de educación, para lo cual deben cumplir los requisitos de idoneidad legalmente
previstos.
Así las cosas, esta Sala de
Revisión considera  que el no cumplir con las pruebas de idoneidad,
indistintamente a la categoría docente en que se encuentren, todo servidor
dejaría de permanecer al escalafón, tal como lo estimó esta Corte en la
Sentencia C-497 de 2016.
6.5.
Validez actual
del título de bachiller pedagógico
De este contexto legislativo se concluye que a partir de la
expedición del Decreto Ley 1278 de 2002 para vincularse al servicio docente y
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los
niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, o para poder ser
asimilados al régimen señalado en el referido Decreto Ley, deben cumplir con
los requisitos que en dicha disposición se establecen. Así lo señaló esta
Corporación en la sentencia C-647 de 2006, reiterada en las Sentencias
C-314 de 2007 y C-497 de 2016[43].
Recientemente, en Auto 468 de 2017, el pleno de esta Corporación así
lo ha indicado en providencia que resolvió recurso de súplica contra auto de
rechazo de demanda de inconstitucionalidad -presentada por el aquí accionante-
contra el citado artículo 1º (parcial) de la Ley 1297 de 2009, que modificó el
artículo 116 de la Ley 115 de 1994[44].
De conformidad con las normas constitucionales y legales descritas y
la jurisprudencia constitucional relevante[45],
actualmente, el título de bachiller pedagógico no es apto para ingresar a la
carrera docente, mediante nuevos procesos de selección, en los términos
explicados en esta providencia[46].
6.6.    Libertad de escoger profesión u oficio como
bachiller pedagógico
Con la normativa
expuesta no cabe entender vulnerado el derecho a escoger libremente profesión u
oficio. En efecto, la posibilidad de acceder a cursos y programas de
capacitación no está vedada a los bachilleres pedagógicos y, particularmente,
pueden obtener el título de normalistas superiores (bajo el cumplimiento
de ciertos requisitos especiales previstos para ellos) y, en este sentido,
optar, si ese es su deseo, por ejercer la actividad docente en los términos
señalados en el Decreto Ley 1278 de 2002.
Como ya se explicó, el artículo 26 Superior establece, junto con la
garantía de los sujetos de elegir la labor que desarrollarán, la potestad del
Legislador de exigir títulos de idoneidad en determinadas circunstancias. Por
ello, la necesidad de acreditar preparación pedagógica por parte de quienes
decidan libremente ingresar o ascender en la carrera docente, tan solo
desarrolla el mandato constitucional de procurar una educación de calidad y
profesional. “A ello cabe agregar que las exigencias que en dichas normas se
hacen en materia de selección por concurso, superación del periodo de prueba y
evaluación no son obstáculos para el libre ejercicio de la profesión docente
por la que deciden optar los bachilleres pedagógicos sino presupuestos
necesarios para garantizar la calidad de dicha actividad en armonía con lo
señalado en el artículo 68 superior”[47].
7.       Conclusiones
Del análisis general y sistemático de las normas jurídicas señaladas
y de la jurisprudencia constitucional, se pueden concluir varios puntos:
El artículo 105 de la Ley 115 de 1994 estableció que la vinculación
de personal docente, directivo y administrativo, al servicio público educativo
estatal, sólo podría efectuarse mediante nombramiento dentro de la respectiva
planta de personal y previa selección mediante concurso entre quienes acrediten
los requisitos legales.
El parágrafo 1º de dicha disposición señaló que al personal
vinculado al momento de entrada en vigencia de la ley (8 de febrero de 1994) se
le respetaría la estabilidad laboral y que, en el caso de bachilleres no
escalafonados, estos tendrían derecho a incorporarse al Escalafón Nacional
Docente -siempre y cuando llenaran los requisitos-, en un plazo no mayor de dos
(2) años, pues de lo contrario serían desvinculados del servicio educativo, con
excepción de los bachilleres que se encontraban prestando sus servicios en
zonas de difícil acceso y en proceso de profesionalización comprobado, en cuyo
caso contarían con dos años adicionales para el efecto.
Tal régimen de transición, estaba circunscrito a los siguientes
plazos:
·
Los bachilleres no escalafonados vinculados al
servicio educativo estatal al momento de entrada en vigencia de la Ley 115 de
1994 tenían un plazo de dos años para incorporarse al Escalafón Nacional
Docente, siempre y cuando cumplieran los requisitos.
·
Los bachilleres no escalafonados que se
encontraban prestando sus servicios en zonas de difícil acceso y en proceso de
profesionalización comprobado, contarían con dos años adicionales para el
efecto, siempre y cuando permanecieran en dichas zonas una vez inscritos en el
Escalafón Nacional Docente.
Con posterioridad, mediante Decreto Ley 1278 de 2002, se adoptó un
nuevo estatuto docente, el cual se aplica a quienes se
vincularon al servicio a partir de la vigencia del mismo, en los niveles de
preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y a quienes decidan
asimilarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de dicho estatuto.
Conforme al nuevo estatuto, los educadores estatales ingresarán primero al
servicio, y si superan satisfactoriamente el periodo de prueba, se inscribirán
en el Escalafón Docente, de acuerdo con las nuevas reglas.
Los docentes que se hubieran vinculado a la carrera de conformidad
con el Decreto Ley 2277 de 1979 continuarán rigiéndose por sus normas y por
tanto se respetarán los derechos que hayan adquirido conforme a las mismas. El
nuevo régimen, sin embargo, se aplicará a los educadores con título
profesional inscritos con anterioridad en el escalafón docente que decidan
voluntariamente asimilarse al nuevo estatuto docente -en los términos del artículo
65 del mismo[48].
En consecuencia, resulta evidente que a partir del Decreto Ley 1278
de 2002, para ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer título
de licenciado o profesional expedido por una institución de educación superior
debidamente reconocida por el Estado o título de normalista superior y, en
ambos casos, superar el concurso de méritos que se cite para tal fin, debiendo
ejercer la docencia, en el nivel educativo y en el área de conocimiento de su
formación. Para ingresar a la carrera docente, por su parte, se requiere
ser seleccionado mediante concurso, superar satisfactoriamente el período de
prueba y ser inscrito en el Escalafón Docente.
Los bachilleres pedagógicos que ingresaron a la carrera docente
antes de la Ley 115 de 1994, o que se inscribieron en el escalafón docente
dentro del régimen de transición previsto en el parágrafo 1º del artículo 105
de la misma, adquirieron derecho a continuar prestando el servicio docente en
las condiciones previstas en el Decreto Ley  2277 de
1979, siempre que cumplan los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 115 de 1994
y sus normas complementarias. Tal derecho, sin embargo, no implica que el
título de bachiller pedagógico quede habilitado para participar en nuevos
procesos de selección de docentes bajo el régimen de
carrera previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002.
8. Análisis del caso en concreto
8.1. De lo probado
Se encuentra acreditado en el expediente lo
siguiente:
·
Cristian Albert Uscátegui Sánchez se graduó como
Bachiller Pedagógico el 2 de diciembre de 1995 y el 6 de noviembre de 1997
quedó inscrito en el Escalafón Nacional Docente en el Grado 1, bajo el Decreto
2277 de 1979.
·
Fue docente al servicio del municipio Sotaquirá
(Boyacá), en diferentes periodos, sin continuidad, desde el mes de julio de
1997 a noviembre de 2002, contabilizando un total de once (11)
Órdenes de Prestación de Servicios -OPS; y al servicio del Departamento de
Boyacá, así: bajo OPS desde el 18 de febrero de 2003 a 5 de agosto de 2003 y
bajo nombramiento provisional, posesionado el 8 de marzo de 2004 y retirado el
29 de diciembre de 2005, por vencimiento del plazo del nombramiento
provisional.
·
El coordinador de hojas de vida de la
Gobernación de Boyacá, certificó que el 29 de diciembre de 2005 se dio la
terminación del nombramiento provisional de Cristian Albert Uscátegui Sánchez.
·
Obran en el expediente diversos certificados
laborales y constancias de prestación de servicios por parte de Cristian Albert
Uscátegui Sánchez, en actividades diferentes a la docencia[49].
·
El 15 de septiembre de 2016 se inscribió en la
Convocatoria Nº 350 de 2016 de la CNSC para proveer cargos vacantes de docentes
en Básica Primaria, entre otros, en establecimientos educativos oficiales en el
Departamento de Boyacá.
·
Realizadas y superadas las pruebas Psicotécnica
y de Aptitudes y Competencias Básicas, la CNSC habilitó el sistema SIMO
para que los aspirantes pudiesen actualizar o cargar los documentos requeridos.
·
Una vez culminada la etapa de verificación de
requisitos mínimos, el 8 de septiembre de 2017 fueron publicados los
resultados, etapa en la que la Universidad de Pamplona indicó que el accionante
no continuaría en el proceso de selección por concurso debido a que éste sólo
tenía el título de “Bachiller en la modalidad Pedagógica” y que dicha
formación académica no podía ser tenida en cuenta para el cumplimiento del
requisito de educación, al no estar incluida en la respectiva OPEC.
·
Oportunamente, presentó la reclamación
ante la Universidad de Pamplona la cual le fue resuelta el 23 de septiembre de
2017, ratificando la decisión de tener como “NO ADMITIDO” al accionante,
ante el incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo
aspirado.
8.2. De conformidad con las normas constitucionales y legales descritas y la
jurisprudencia constitucional relevante, no se configura vulneración de los
derechos fundamentales de Cristian Albert Uscátegui Sánchez
8.2.1. Inicialmente, la Sala reconoce que se
encuentra acreditado que el accionante Cristian
Albert Uscátegui Sánchez se graduó como Bachiller Pedagógico el 2 de diciembre
de 1995 y el 6 de noviembre de 1997 quedó inscrito en el Escalafón Nacional
Docente en el Grado 1 y logró demostrar una experiencia como docente de sesenta
y seis (66) meses, aproximadamente. Adicionalmente, ocupó el primer lugar en la
clasificación de resultados de la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas,
presentada en el proceso correspondiente a la Convocatoria Nº. 350 de 2016 para
el cargo de Docente de Aula para el área de Básica Primaria en el
departamento de Boyacá.
8.2.1. Sin embargo, la Sala de Revisión reitera que, actualmente, el título
de bachiller pedagógico no es apto para ingresar al servicio docente bajo las
reglas del Decreto 1278 de 2002, con fundamento en las cuales se realizó la
Convocatoria Nº 350 de 2016.
En relación con los derechos adquiridos por los bachilleres
pedagógicos inscritos en el escalafón docente antes del Decreto 1278 de 2002, dijo
la Corte en la Sentencia C-647 de 2006:
“Los derechos adquiridos que pudieran
invocarse por los bachilleres pedagógicos lo son en efecto respecto del régimen
establecido en el Decreto Ley 2277 de 1979 y ello en cuanto se hubieran
cumplido los requisitos en él establecidos. En manera alguna pueden predicarse
respecto del régimen nuevo establecido en el decreto 1278 de 2002 que solo se
aplica a quienes pretendan vincularse al servicio docente después de su
vigencia, o a quienes habiéndose vinculado al servicio docente antes quieran
voluntariamente ser cobijados por ese nuevo régimen, obviamente cumpliendo los
requisitos que en él se señalan”.
Ahora bien, como se dijo en la Sentencia
C-497 de 2016, el parágrafo primero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994
estableció que el personal que a la fecha de la entrada en vigor de dicha
legislación se encontraba vinculado al escalafón docente se le respetaría la
estabilidad laboral. En el caso específico de los bachilleres no escalafonados
se dispuso que estos tendrían derecho a incorporarse al Escalafón Nacional
Docente, siempre y cuando cumplieran los requisitos respectivos, en un plazo no
mayor a dos años. Esta misma norma estableció que si una vez transcurrido este
plazo los bachilleres no se habían escalafonado serían desvinculados del
servicio educativo, salvo los bachilleres pedagógicos que en ese momento
estuvieran prestando servicio docente en zonas de difícil acceso y se
encontraran en proceso de profesionalización comprobado, en cuyo caso contarían
con dos años adicionales para cumplir tales exigencias.
Como quiera que la Ley 115 de 1994 entró en
vigor el 8 de febrero de 1994, día de su promulgación, los bachilleres no
escalafonados tuvieron plazo para incorporarse al Escalafón Nacional Docente
hasta el 8 de febrero de 1996, y los bachilleres pedagógicos que en ese momento
se encontraban en proceso de profesionalización comprobado y prestando servicio
docente en zonas de difícil acceso, tuvieron plazo hasta el 8 de febrero de
1998, pero sólo para “permanecer en la carrera docente en la medida en que
continúen laborando en este tipo de zonas” de conformidad con la Sentencia
C-562 de 1996[50].
8.2.3. Al respecto, la Sala advierte que Cristian Albert Uscátegui Sánchez
se graduó como Bachiller Pedagógico el 2 de diciembre de 1995, esto es al
momento de entrada en vigencia la Ley 115 de 1994 -8 de febrero de 1994- no se
encontraba vinculado al ejercicio de la docencia, dado que ni siquiera se había
titulado. Adicionalmente, el señor Uscátegui Sánchez quedó inscrito en el
Escalafón Nacional Docente el 6 de noviembre de 1997.
En consecuencia, el accionante no es titular de los derechos
adquiridos en los términos del Decreto Ley 2277 de 1979 y de la Ley 115 de
1994, por cuanto su inscripción lo fue con posterioridad al 8 de febrero de 1996
y, en todo caso, los derechos adquiridos en el evento de que lo hubiera sido
con anterioridad, no incluyen la habilitación del título de bachiller
pedagógico para participar en nuevos concursos de ingreso al servicio bajo el
estatuto contenido en el Decreto 1278 de 2002.
Ahora bien, si se considera que su inscripción lo fue en el plazo de
cuatro (4) años porque al momento de entrada en vigencia de la Ley 115 de 1994
se encontraba prestando el servicio docente en zona de difícil acceso y adelantando el proceso
de profesionalización, caso en el cual tenía plazo hasta el 8 de febrero de
1998, tampoco habría adquirido derecho a inscribirse y participar en la
Convocatoria Nº 350 de 2016 por cuanto, como ya se dijo, los derechos
adquiridos no incluyen la habilitación del título de bachiller pedagógico para
participar en nuevos concursos de ingreso al servicio bajo el estatuto
contenido en el Decreto 1278 de 2002. Como se sabe, en los términos de la
Sentencia        C-562 de 1996, tales derechos
consistían en “permanecer en la carrera docente en la medida en que
continúen laborando en este tipo de zonas”.
8.2.4. Así las cosas, la Sala
Quinta de Revisión infiere que Cristian Albert
Uscátegui Sánchez no tenía derecho a continuar en el proceso de selección por
concurso en relación con la Convocatoria Nº 350 de 2016 de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, por cuanto tal proceso se regula por el Decreto 1278 de 2002.
Cualquier derecho que hubiere podido adquirir en su condición de bachiller
pedagógico con fundamento en el régimen establecido en el Decreto Ley 2277 de
1979, no le permite alegar derecho a que tal título lo habilite para participar
en la mencionada convocatoria.
Por lo expuesto, la Sala concluye que las
entidades accionadas no vulneraron los
derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos
públicos de Cristian Albert Uscátegui Sánchez, al excluirlo del proceso de
selección por no cumplir el requisito de formación académica exigido, toda vez
que el título de bachiller pedagógico del accionante no resulta apto para ingresar al servicio docente
bajo el régimen del Decreto Ley 1278 de 2002.
8.3. Síntesis de la decisión
Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas que envuelven el
asunto sub examine, la Sala Quinta de Revisión considera que la CNSC y
la Universidad de Pamplona no vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos de Cristian
Albert Uscátegui Sánchez, al excluirlo del proceso de selección por concurso
público de méritos para el cargo de docente en el área de básica primaria en el
Departamento de Boyacá por no cumplir con el requisito de “educación”,  toda
vez que el título de bachiller pedagógico del accionante no resulta apto para ingresar al servicio docente
bajo el régimen del Decreto Ley 1278 de 2002. Cualquier derecho que hubiere podido adquirir en su condición
de bachiller pedagógico con fundamento en el régimen establecido en el Decreto
Ley 2277 de 1979, no le permite alegar derecho a que tal título lo habilite
para participar en la Convocatoria Nº 350 de 2016 de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
Como consecuencia de lo anterior, se confirmará el fallo de tutela
proferido el 16 de noviembre de 2017 por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia que revocó la decisión del 19 de octubre de 2017 dictado
por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja;
en el sentido de negar la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos del
accionante, por las razones de esta providencia.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo de tutela
proferido el 16 de noviembre de 2017 por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia que revocó la decisión del 19 de octubre de 2017 dictado
por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja;
en el sentido de NEGAR la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos
públicos de Cristian Albert Uscátegui Sánchez, por las razones de esta
providencia.
SEGUNDO.- Por Secretaría, líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
salvamento de voto
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-423/18
EJERCICIO
DE LA DOCENCIA DE LOS BACHILLERES PEDAGOGICOS ESCALAFONADOS-Se ignoró la garantía de los derechos
adquiridos de los bachilleres pedagógicos contenida en sentencias de
constitucionalidad (Salvamento de voto)
Las reglas
jurisprudenciales contenidas en el precedente de la Corte garantizaban los
derechos adquiridos de los bachilleres pedagógicos. Particularmente,
establecían que los bachilleres pedagógicos que hayan obtenido el título y
fueran inscritos en el Escalafón Nacional Docente conforme al Decreto Ley 2277
de 1979 podrán ser nombrados para ejercer la docencia en planteles educativos
oficiales en las condiciones previstas en la mencionada normativa
ACCION DE TUTELA FRENTE A
ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONCURSO DE MERITOS-Se debió
conceder por cuanto el actor acreditó los presupuestos establecidos por la
jurisprudencia de la Corte para ser destinatario de la protección
constitucional (Salvamento de voto)
La tutela debió concederse porque el
actor tenía la garantía de sus derechos adquiridos como bachiller pedagógico.
En efecto, obtuvo el título de esa formación académica y su inclusión en el
escalafón docente con fundamento en las disposiciones de 1979. Las decisiones
proferidas por este Tribunal en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad habilitaban al actor para el ejercicio de la docencia en
planteles oficiales. Este derecho no se limitaba a mantenerse en la carrera
docente y era evidente que se extendía a la posibilidad de participar en los
concursos de selección de profesores. De acuerdo con lo expuesto, la Corte
debió ordenar que las entidades accionadas permitieran al demandante la
continuación en el procedimiento de escogencia al cual se había presentado, en
el que cumplió con el requisito de experiencia y ocupó el primer puesto en la
prueba de conocimiento.
Referencia: Expediente T-6.563.627.
Demandante: Cristian
Albert Uscátegui Sánchez.
Demandado: Comisión Nacional del Servicio
Civil y la Universidad de Pamplona.
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, presento a continuación las razones que me conducen a salvar mi
voto a la decisión adoptada por la Sala Quinta de Revisión en sesión del 18 de
octubre de 2018, que por votación mayoritaria profirió la Sentencia T-423 de
2018, de la misma fecha.
1. La Corte estudió la acción de tutela presentada por
Cristian Albert Uscátegui Sánchez contra la Comisión Nacional del Servicio
Civil y la Universidad de Pamplona. El amparo buscaba la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y de acceso
a cargos públicos. Estas garantías presuntamente fueron desconocidas porque las
entidades demandadas declararon al actor “NO ADMITIDO” en el proceso de
selección por concurso abierto mediante Convocatoria No. 350 de 2016 al que se
presentó para el cargo de docente de aula en el área básica primaria para el
departamento de Boyacá. Las accionadas adoptaron esta decisión porque el
participante acreditó el título de bachiller pedagógico y dicha formación
académica no fue incluida en la Oferta Pública de Empleos-OPEC. Con fundamento
en lo anterior, solicitó al juez de tutela ordenar a las instituciones
accionadas su reincorporación al procedimiento público de escogencia.
La
providencia en la que salvo mi voto resolvió confirmar el fallo de segunda
instancia que negó la protección a los derechos fundamentales invocados por el
actor. La postura mayoritaria consideró que el peticionario “(…) no tenía
derecho a continuar en el proceso de selección” regulado por el Decreto Ley
1278 de 2002. En tal sentido, “Cualquier derecho que hubiere podido adquirir
en su condición de bachiller pedagógico con fundamento en el Decreto Ley 2277
de 1979, no le permite alegar derecho a que tal título lo habilite para
participar en la mencionada convocatoria.” En otras palabras “(…) el
título de bachiller pedagógico del accionante no resulta apto para ingresar al
servicio docente bajo el régimen del Decreto Ley 1278 de 2002.”
2. En esta oportunidad me aparto de la
decisión adoptada por la mayoría porque debió concederse el amparo. Las razones
de mi disenso se concentran en los siguientes aspectos: i) la cosa juzgada y la
obligatoriedad del precedente. La garantía de los derechos adquiridos de los
bachilleres pedagógicos contenida en sentencias de constitucionalidad; y, ii)
el actor acreditó los presupuestos desarrollados por el precedente obligatorio
de este Tribunal para ser destinatario de la protección superior como bachiller
pedagógico titulado y escalafonado en los términos del Decreto Ley 2277 de
1979. Paso a explicar mis diferencias con el fallo:
La
cosa juzgada y la obligatoriedad del precedente. La garantía de los derechos
adquiridos de los bachilleres pedagógicos contenida en sentencias de
constitucionalidad
3. Luego de exponer la evolución normativa
sobre el título de idoneidad para el ejercicio de la docencia en el servicio
educativo estatal[51],
las reglas jurisprudenciales sobre los derechos de los bachilleres pedagógicos[52]
y el concepto del Ministerio de Educación Nacional número 2008EE8478[53],
la ponencia concluyó que “(…) el título de bachiller pedagógico no es apto
para ingresar a la carrera docente, mediante nuevos procesos de selección (…)”[54].
En tal sentido, indicó que a partir de la expedición del Decreto Ley 1278 de
2002 el ingreso al servicio educativo estatal está condicionado a la
acreditación de licenciado o de profesional expedido por una institución de
educación superior o de normalista superior y, además, a la superación del
concurso de méritos. El acceso a la carrera docente requiere la selección
mediante concurso, superar el periodo de prueba y estar inscrito en el
escalafón docente[55].
De esta suerte, los bachilleres pedagógicos que ingresaron a la carrera docente
antes de la Ley 115 de 1994 o que se inscribieron en el escalafón docente
dentro del régimen de transición previsto en el parágrafo 1º del artículo 105 ejusdem,
pueden prestar el servicio docente en las condiciones previstas en el Decreto
Ley 2277 de 1979. Para la postura mayoritaria esta prerrogativa no implica que
la condición de bachiller pedagógico permita a su titular participar en nuevos
procesos de selección de docentes bajo el régimen de carrera previsto en el
Decreto Ley 1278 de 2002[56].
4.
No comparto las razones expuestas. El artículo 243 de
la Carta consagra que las sentencias proferidas por la Corte, en ejercicio del
control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional, por lo que: “Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras
subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la
confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. Por su parte,
los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996, al igual que el artículo 22 del
Decreto 2067 de 1991, complementan el enunciado superior al definir que esas
decisiones son definitivas, de obligatorio cumplimiento y tienen efectos erga
omnes[57].
La Sentencia C-228 de 2015[58],
estableció las funciones de la cosa juzgada tanto en una dimensión negativa
como positiva. A tal efecto: “(…) la cosa juzgada tiene una función
negativa, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer,
tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y una función positiva, que es proveer
seguridad a las relaciones jurídicas[59].”[60]
5.
La Sentencia C-422 de 2005[61]
analizó la constitucionalidad de los artículos 3[62], 7[63]
y 21[64]
del Decreto Ley 1278 de 2002[65]
que regulaban la condición de profesional de la educación, el ingreso al
servicio educativo estatal y los requisitos para la inscripción y ascenso en el
Escalafón Docente. Estas disposiciones no contemplaban la condición de
bachilleres pedagógicos para el ejercicio de la docencia en los establecimientos
educativos oficiales. Los demandantes presentaron contra estas normas cargos
por desconocimiento del derecho a la igualdad y de las libertades de escoger
profesión u oficio y de enseñanza de los bachilleres pedagógicos. La Corte
precisó que con la entrada en vigencia de la Ley 115 de 1994 los títulos
diferentes al de normalista no son aptos para ingresar a la carrera docente. No
obstante “(…) si se trata de bachilleres pedagógicos escalafonados con
anterioridad a 1997, los mismos podrán ejercer la docencia en los términos
del estatuto docente, mientras demuestren idoneidad en las pruebas de
permanencia y ascensos en el mismo.”[66]
(Énfasis agregado) Por su parte, la Sentencia C-479 de 2005[67]
declaró exequibles los artículos 116[68]
y 117[69]
(parcial) de la Ley 115 de 1994. Estas normas regulan el requisito de
licenciado o de posgrado en educación para ejercer la docencia en el servicio
educativo estatal. Consideró que la exclusión de los bachilleres pedagógicos es
una medida legitima, razonable y proporcionada que persigue la
profesionalización docente. La Sentencia C-473 de 2006[70] resolvió
la exequibilidad condicionada del artículo 116 de la Ley 115 de 1994 en el
siguiente sentido:
“(…) los
bachilleres pedagógicos que hayan obtenido el título correspondiente y hayan
sido inscritos en el Escalafón Nacional Docente de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto Ley 2277 de 1979, podrán ser nombrados para ejercer la
docencia en planteles oficiales de educación en las condiciones previstas en el
mismo decreto. Para este efecto, los títulos de Normalista, Institutor,
Maestro Superior, Maestro, Normalista Rural con título de Bachiller Académico o
Clásico, son equivalentes al de Bachiller Pedagógico, de conformidad con
lo dispuesto en el Parágrafo 1º del Art. 10 de dicho decreto, siempre y
cuando hayan sido inscritos en el escalafón.”
(Énfasis agregado)
La Sentencia C-647 de 2006[71] declaró exequibles los artículos 2º[72], 3º, 18[73] y 21 del Decreto Ley 1278 de 2002. Los preceptos acusados
establecen los requisitos para vincularse a cargos docentes y directivos en el
servicio educativo del Estado. En aquel momento, este Tribunal garantizó los
derechos adquiridos de los bachilleres pedagógicos fundadas en el Decreto Ley
2277 de 1979 y en el cumplimiento de los requisitos que esa regulación
establece. Esta postura fue reiterada en la Sentencia C-314 de 2007[74]. En la decisión C-497 de 2016[75], la Corte reiteró el precedente de la Sentencia C-473 de 2006
y resolvió la exequibilidad condicionada del artículo 1º de la Ley 1297 de 2009[76], bajo el entendido de que:
“(…) los bachilleres pedagógicos que hayan obtenido el
título correspondiente y hayan sido inscritos en el Escalafón Nacional Docente,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto (…) 2277 de 1979, podrán
ejercer la docencia en planteles oficiales de educación en las condiciones
previstas en el mismo decreto y con el cumplimiento de los requisitos de
idoneidad previstos en la Ley 115 de 1994 y sus normas complementarias.” (Énfasis agregado)
Ese
pronunciamiento manifestó que este Tribunal está obligado a observar su
precedente judicial. Insistió en que “(…) la exclusión del ejercicio de la
docencia en el servicio educativo estatal de los bachilleres pedagógicos con
título e inscripción en el Escalafón Nacional al amparo del Decreto Ley 2277 de
1979, les vulnera sus derechos adquiridos (…)”. En suma, esta Corte ha
mantenido una postura jurisprudencial que garantiza los derechos adquiridos de
los bachilleres pedagógicos que obtuvieron el título y fueron escalafonados con
fundamento en el Decreto Ley 2277 de 1979. Estas condiciones están contenidas
en sentencias de constitucionalidad que han hecho tránsito a cosa juzgada,
contienen la interpretación autorizada de la Carta, en especial, sobre el
respeto de los derechos adquiridos de los bachilleres pedagógicos y constituyen
precedente obligatorio para esta Corporación.
6. Las decisiones que profiere este Tribunal se ubican en
el sistema de fuentes de derecho interno y son vinculantes para todas las
autoridades y los particulares. El principio de supremacía sitúa a la Carta en
el vértice del ordenamiento jurídico interno, configura el sustento y el
referente de validez de las demás disposiciones que lo integran. El texto
superior está compuesto por un conjunto de preceptos fundamentales que
establecen los derechos de las personas, el marco de acción de las autoridades
y su plena observancia por parte de aquellas y los particulares[77]. El
Constituyente consagró a la Corte como órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional y guardiana de la Carta. Para el cumplimiento de dichas
obligaciones tiene precisas competencias que le permiten asegurar la eficacia y
prevalencia de los mandatos fundamentales[78].
En otras palabras, a través de sus decisiones “(…) establece
interpretaciones vinculantes de los preceptos de la Carta”[79] que
materializan la voluntad del Constituyente. El desconocimiento de la fuerza
normativa de los fallos proferidos por la Corte en ejercicio del control
abstracto de constitucionalidad, bien sea por desconocimiento, descuido u
omisión, genera “(…) una evidente falta de coherencia y de conexión concreta
con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas
entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del
sistema y afectan la seguridad jurídica.”[80]
También afecta la eficiencia y la eficacia institucional en su conjunto, al
establecer un escenario de incertidumbre jurídica y multiplicar
injustificadamente la gestión de las autoridades judiciales.
La
obligatoriedad del precedente implica que casos análogos deben ser resueltos de
la misma manera. Esto significa que todos los operadores judiciales, incluido
este Tribunal, tienen el deber de observar las reglas decisionales previas al
momento de fallar un caso que guarda similitud fáctica con aquellos revisados
anteriormente y sobre los que la Corte ha precisado la garantía de los derechos
mediante la interpretación conforme a la Carta de las disposiciones legales
analizadas en decisiones de control abstracto de constitucionalidad. Esta
obligación debe armonizarse con los principios de autonomía e independencia
porque los jueces pueden inaplicar el precedente, siempre que asuman la carga
argumentativa que justifique esa postura. Para tal efecto, deben cumplir la
obligación de argumentar de manera transparente, rigurosa, clara y suficiente
las razones que sustentan su proceder. La Sentencia SU-047 de 1999, precisó
que todo Tribunal y en especial el juez constitucional debe ser consistente con
sus decisiones previas por las siguientes razones: i) garantiza la seguridad,
la certeza y la coherencia del sistema jurídico, es decir, permite la
estabilidad y la previsibilidad de los fallos judiciales; ii) protege la
libertad y el desarrollo económico, pues evita las variaciones caprichosas de
los criterios de interpretación; iii) materializa el principio de igualdad,
puesto que los casos similares deben ser resueltos de la misma manera; y, iv)
controla la actividad judicial, ya que el respeto al precedente impone a los
jueces “(…) una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a
decidir el
problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente
pero que presente caracteres análogos.”[81]
7. Los precedentes de la Corte pueden contener reglas
jurisprudenciales que han sido consolidadas de manera pacífica y reiterada, a
partir de consensos decisionales construidos por el dialogo permanente en el
marco del proceso de constitucionalidad adelantado ante esta Corte. Bajo esta
perspectiva, en términos de ACKERMAN una regla jurisprudencial contenida
en una decisión judicial “(…) se convierte en un súper precedente cuando es
afirmada y reafirmada por generaciones de jueces a pesar del carácter cambiante
de los tiempos.”[82]
Además, se robustece con el paso del tiempo porque se adapta a las cambiantes
circunstancias sociales y jurídicas[83].
La consolidación del precedente judicial por parte de la Corte no tiene como
única finalidad la de aplicar el derecho de manera uniforme a situaciones
idénticas. Permite consolidar una perspectiva normativa que identifica la
manera de comprender integralmente la sociedad y el compromiso con un proyecto
constitucional sometido al imperio del texto superior y de los derechos
fundamentales que recuerda nuestra historia y traza el destino colectivo[84].
Se trata de ejercicios hermenéuticos con vocación de universalidad, de permanencia
y de consolidación, que atienden a un objetivo de fidelidad con la Carta y
buscan evitar “(…) variaciones frívolas del patrón de toma de decisiones de
un juez o un tribunal a otro (…) los jueces tienen que universalizar las
resoluciones lo mejor que puedan en el contexto de un orden jurídico existente
y establecido”[85].
Lo anterior no anula la posibilidad de adecuación y de revisión del mismo,
conforme con las necesidades del caso concreto.
8. En consecuencia, las reglas jurisprudenciales
contenidas en el precedente de la Corte garantizaban los derechos adquiridos de
los bachilleres pedagógicos. Particularmente, establecían que los bachilleres
pedagógicos que hayan obtenido el título y fueran inscritos en el Escalafón
Nacional Docente conforme al Decreto Ley 2277 de 1979 podrán ser nombrados para
ejercer la docencia en planteles educativos oficiales en las condiciones
previstas en la mencionada normativa. Para tal efecto, los títulos de normalista,
Institutor, Maestro Superior, Maestro Normalista Rural entre otros, son
equivalentes al de bachiller pedagógico. De esta suerte, el accionante era
destinatario del precedente y de la protección de sus derechos adquiridos. Se
trataba de un bachiller pedagógico titulado y escalafonado con base en el
Decreto Ley 2277 de 1979. En tal sentido, podía acceder al servicio educativo
estatal, inclusive a través del concurso de méritos.
El
actor cumplía con los presupuestos establecidos por la jurisprudencia de la
Corte para ser destinatario de la protección constitucional
9.  El demandante acreditó los requisitos
jurisprudenciales para la garantía de los derechos adquiridos derivados de su
condición de bachiller pedagógico. El actor obtuvo esta formación académica el
2 de diciembre de 1995[86].
Además, con fundamento en el Decreto Ley 2277 de 1979, fue inscrito en el grado
uno del Escalafón Nacional Docente mediante Resolución 06396 del 6 de noviembre
de 1997[87].
Esta calidad fue ratificada el 29 de enero de 2004 por el Ministerio de
Educación[88].
Adicionalmente, el actor acreditó experiencia docente por 66 meses y ocupó el
primer puesto en la clasificación de resultados de la prueba de aptitudes y
competencias básicas en el marco de la Convocatoria No. 350 de 2016. La postura
mayoritaria resolvió que al peticionario le era aplicable el Decreto Ley 1278
de 2002 por lo que el título de bachiller académico no lo habilitaba para
participar en nuevos concursos de ingreso al servicio educativo, sino que la
garantía únicamente les permite permanecer en la carrera docente de acuerdo con
la Sentencia C-562 de 1996[89].
Esta
aproximación desconoció la cosa juzgada constitucional y la línea
jurisprudencial uniforme, constante, reiterada y actual de la Corte que
garantiza los derechos adquiridos de los bachilleres pedagógicos e inscritos en
el Escalafón Docente con fundamento en las disposiciones de 1979 y les permite
ejercer la docencia en los planteles oficiales de educación. Tampoco asumió la
carga argumentativa de transparencia y de suficiencia para apartarse del
precedente. La postura de la Corte contenida en las decisiones de
constitucionalidad expuestas previamente no limitó la participación de este
grupo en concursos para acceder al servicio educativo. Era evidente que la
aplicación del Decreto Ley 1278 de 2002 a la situación del tutelante generaría
la imposibilidad de concurrir al proceso de escogencia porque su formación y el
acceso al Escalafón Nacional se sustentó en el Decreto Ley 2277 de 1979. La
situación descrita exigía una aproximación hermenéutica sistemática y armónica
de las normas que regulan la docencia, la prestación del servicio educativo en
planteles oficiales, la equivalencia de títulos y la participación en el
proceso de los bachilleres pedagógicos titulados y escalafonados en los
términos de la normativa de 1979 y, finalmente, el texto superior. Bajo ese
entendido, la especial situación del actor implicaba que, si bien la
convocatoria se regía por el régimen de 2002, dicho proceso no podía desconocer
los derechos adquiridos que han sido garantizados por las decisiones de este
Tribunal proferidas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad y
que han hecho tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 243 superior.
En tal sentido, las entidades accionadas tenían la obligación de avalar la
equivalencia del título de bachiller pedagógico del accionante y permitir la
continuación del peticionario en el proceso de selección.
10. En suma, la tutela debió concederse
porque el actor tenía la garantía de sus derechos adquiridos como bachiller
pedagógico. En efecto, obtuvo el título de esa formación académica y su
inclusión en el escalafón docente con fundamento en las disposiciones de 1979.
Las decisiones proferidas por este Tribunal en ejercicio del control abstracto
de constitucionalidad habilitaban al actor para el ejercicio de la docencia en
planteles oficiales. Este derecho no se limitaba a mantenerse en la carrera
docente y era evidente que se extendía a la posibilidad de participar en los
concursos de selección de profesores. De acuerdo con lo expuesto, la Corte
debió ordenar que las entidades accionadas permitieran al demandante la
continuación en el procedimiento de escogencia al cual se había presentado, en
el que cumplió con el requisito de experiencia y ocupó el primer puesto en la
prueba de conocimiento.
Por
todo lo anterior, considero que la posición mayoritaria se apartó de la cosa
juzgada y del precedente obligatorio contenido en sentencias de
constitucionalidad que garantizaron los derechos adquiridos de los bachilleres
académicos que obtuvieron el título y su acceso al Escalafón Nacional en los
términos del Decreto Ley 2277 de 1979, sin asumir la carga argumentativa de
transparencia y de suficiencia.
De
esta manera, dejo expresas las razones para salvar mi voto en la Sentencia
T-423 de 2018.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Ver folio 4 y prueba aportada a folio 145 del cuaderno
1.
[2] Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad (SIMO). https://simo.cnsc.gov.co/
[3] Oferta
Pública de Empleos.
[4] LEY 1297 DE 2009. “Por
medio de la cual se regula lo atinente a los requisitos y procedimientos para
ingresar al servicio educativo estatal en las zonas de difícil acceso,
poblaciones especiales o áreas de formación técnica o deficitarias y se dictan
otras disposiciones.”
Artículo 1°. El artículo 116 de la Ley 115
de 1994 quedará así:
Artículo 116. Título para ejercicio de la
docencia. Para ejercer la docencia en el servicio educativo se requiere Título
de Normalista Superior expedido por una de las Normales Superiores
Reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional o de Licenciado en Educación u otro título profesional expedido por
una institución universitaria, nacional o extranjera, académicamente habilitada
para ello.
La Corte resolvió declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados en la presente sentencia
el inciso único del Artículo 1º  de la Ley 1297 de 2009, en el entendido
que los bachilleres pedagógicos que hayan obtenido el título correspondiente y
hayan sido inscritos en el Escalafón Nacional Docente, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto Ley 2277 de 1979, podrán ejercer la docencia en planteles
oficiales de educación en las condiciones previstas en el mismo decreto y con
el cumplimiento de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 115 de 1994
y sus normas complementarias.
[5] Ver folio 325 (reverso) del cuaderno 1.
[6] Ver folio 325 (reverso) del cuaderno 1.
[7] Artículos 1º y 5º del Decreto 2591 de 1991.
[8] Ver Sentencia SU-617 de 2014.
[9] Sentencia SU-961 de 1999.
[10] Ver, entre otras, sentencias T-119, T-250, T-317,
T-446, T-548; T-624, T-647 y T-746 de 2015; T-120,
T-150 y T-295
de 2016; T-022,
T-030,
T-036,
T-037,
T-205,
T-266,
T-362,
T-481,
T-502
y T-589
de 2017.
[11] Acerca del perjuicio irremediable, esta Corte ha
señalado que, debe reunir ciertos requisitos para que torne procedente la
acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente;
(ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la
que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de
protección han de ser impostergables”. Ver, entre otras, las sentencias
T-956 de 2013; T-127 de 2014; T-030 y T-571 de 2015; T-150 de 2016; T-038,
T-106 y T-471 de 2017.
[12] Corte Constitucional, SU-439 de 2017. Ver las
sentencias T-094 de 2013; T-243 de 2014; T-070 y T-427 de 2015; T-051 de 2016;
T-161 y T-441 de 2017; entre otras.
[13] La Corte ha explicado que la idoneidad hace
referencia a la aptitud material del mecanismo judicial para producir el efecto
protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre cuando el medio de
defensa se corresponde con el contenido del derecho. Ver, entre otras, las
sentencias SU-961 de 1999; T-589 y T-590 de 2011; T-669 y T-798 de 2013; T-028
y T-386 de 2016 y T-161 de 2017.
[14] En cuanto a la eficacia, este Tribunal ha
indicado que se relaciona con el hecho de que el mecanismo esté diseñado de
forma tal que brinde de manera oportuna e integral una protección al derecho
amenazado o vulnerado. Ver, entre otras, las sentencias T-211 de 2009; T-858 y
T-160 de 2010; T-177, T-589 y T-590 de 2011; T-005 de 2014; T-204, T-328 y
T-471 de 2017.
[15] En la Sentencia SU-913 de 2009, se analizó el tema de
la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo de protección de los
derechos de quienes participan en concurso de méritos, al respecto indicó:
“(…) la doctrina constitucional ha reiterado que al
estar en juego la protección de los derechos fundamentales al trabajo, la
igualdad y el debido proceso de quienes participaron en un concurso de méritos
y fueron debidamente seleccionados, la Corte Constitucional asume competencia
plena y directa, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial, al
considerar que la tutela puede “desplazar la respectiva instancia ordinaria
para convertirse en la vía principal de trámite del asunto”(Sentencia T-672
de 1998), en aquellos casos en que el mecanismo alterno no es lo
suficientemente idóneo y eficaz para la protección de estos derechos (
Sentencia SU-961 de 1999).
Considera la Corte que en materia de concursos de
méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se
encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o
contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo de
manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de
protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que para excluir a la tutela en
estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada
menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no
tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un
instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de
la Constitución en el caso particular (Sentencia
T-175 de 1997)”.
[16] El citado código establece en el artículo
137 que “(t)oda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de
carácter general (…)”. Adicionalmente, en su artículo 138
contempla que “(t)oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el derecho (…).
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y
pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por
el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo (…)”.
Luego, en su artículo
229, dispone que “en todos
los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser
notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso
y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente
capítulo”. Por último, en el literal b), del numeral 4º del artículo
231 del mismo Código, consagra la procedencia de la suspensión provisional del
acto administrativo, cuando “existan serios motivos para considerar que de
no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.
[17] Cfr. las sentencias T-586 y T-610 de 2017.
[18] Cfr. Sentencia C-034 de
2015 de la Corte Constitucional. Ver, entre otras, las sentencias C- 486 de
2000, C-1122 de 2005, C-1173 de 2005, C-753 de 2008, C-901 de 2008 y C-640 de
2012.
[19]  Ver, entre otras, las Sentencias C-031 y C-399 de
1999, C-078 de 2003 y C-914 de 2004, C-191 de 2005, C-788 de 2009, C-398 de
2011, C-296 de 2012 y C-505 de 2014.
[20]  Corte Constitucional Sentencia C-251 de 1998.
[21] Cfr. Sentencia C-819 de 2010.
[22] Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2003.
[23] Corte Constitucional, sentencia C-191 de 2005,
reiterada en la sentencia C-296 de 2012.
[24] Corte Constitucional, sentencia C-377 de 1994,
reiterada en la sentencia C-296 de 2012.
[25] Sentencia C-050 de 1997. La Corte resolvió en esta
Sentencia declarar inexequibles el artículo 64 del Decreto 2150 de 1995 y el
artículo 2° de la Ley 72 de 1993, por considerar que se viola el principio de
igualdad cuando una norma, “(…) sin una clara justificación, permite que
personas con preparación inferior a la impartida en las universidades
colombianas, puedan, por el simple hecho de exhibir un título expedido por un
centro educativo extranjero, ejercer su profesión en nuestro país, en igualdad
de condiciones con los profesionales formados en Colombia”.
Se dijo en aquella ocasión que “La
disposición faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad, sugiriendo,
por el uso del verbo ‘podrá’, que tal potestad es una mera posibilidad y no una
obligación.  Sin embargo, a juicio de la Corte, la exigencia a los
profesionales de sus respectivos títulos académicos de idoneidad, no es una
simple facultad sino una verdadera obligación. Porque, dejando de lado la
exégesis aislada de la norma, la interpretación sistemática de la Constitución
así lo indica. No se concibe cómo la ausencia de la obligación mínima de
acreditar la idoneidad profesional con títulos académicos, contribuya a
proteger los derechos de la comunidad, si resulta que los usuarios de los servicios,
por no ser expertos, están, en la mayoría de los casos, en absoluta
imposibilidad de juzgar sobre la real capacidad de los profesionales que los
atienden la razón de ser de los títulos profesionales no obedece al capricho
del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a la necesidad social de
contar con una certificación académica sobre la idoneidad de sus titulares, aun
para las profesiones distintas del derecho y las ciencias de la salud”.
[26] Sentencia C-606 de 1992, reiterada en la sentencia
C-296 de 2012.
[27] Sentencia C-964 de 1999, reiterada en las sentencias
C-191 de 2005, C-296 de 2012 y C-385 de 2015, entre otras.
[28] Decreto 1278 de 2002, artículo 19.
[29] Sentencia C-191 de 2005, reiterada en la sentencia
C-296 de 2012.
[30] Decreto Ley 1278 de 2002. ARTÍCULO
21. REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN Y ASCENSO EN EL ESCALAFÓN DOCENTE. Establécense
los siguientes requisitos para la inscripción y ascenso de los docentes o
directivos docentes estatales en los distintos grados del Escalafón Docente:
Grado Uno:
a) Ser normalista
superior;
b) Haber sido
nombrado mediante concurso;
c) Superar
satisfactoriamente la evaluación del período de prueba.
(…)
[31] Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional
C-617 de 2002.
[32] Extracto de la sentencia C-562 de 1996.
[33] Sentencia C-422 de 2005.
[34] Cfr. las Sentencias C-422 de 2005 y C-479 de 2005.
[35] Ley 115 de 1994, artículo 1º.
[36] Ley 115 de 1994, artículo 4º.
[37] LEY 715 DE 2001 (Diario
Oficial No 44.654 de 21 de diciembre de 2001) Por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros.
[38] Derogado por el Decreto 4790 de 2008 “Por el cual se establecen las condiciones
básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas
normales superiores y se dictan otras disposiciones”.
ARTÍCULO 12.
VIGENCIA. Este decreto rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias en especial los decretos 2903 de 1994,
3012 de 1997, 301 de 2002 y el Capítulo III del decreto 2832 de 2005.
[39] TEXTO
ORIGINAL DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 114 DE 1994.
“Para ejercer la docencia en el
servicio educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o de
posgrado en educación, expedido por una universidad o por una institución de
educación superior nacional o extranjera, o el título de normalista superior
expedido por las normales reestructuradas, expresamente autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional, y además estar inscrito en el Escalafón
Nacional Docente, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley y en el
Estatuto Docente.
PARÁGRAFO 1º. Para ejercer la
docencia en educación primaria, el título de educación a que se refiere el
presente artículo, deberá indicar, además, el énfasis en un área del
conocimiento de las establecidas en el artículo 23 de la presente Ley.
PARÁGRAFO 2º. Quienes en el momento de entrar en
vigencia la presente Ley, se encuentren cursando estudios en programas
ofrecidos por instituciones de educación superior conducentes al título de
Tecnólogo en educación, podrán ejercer la docencia en los establecimientos
educativos estatales al término de sus estudios, previa obtención del título e
inscripción en el Escalafón Nacional Docente.”
[40] En lo que respecta a la carrera
docente, tal y como ha sido concebida en el Estatuto Docente y particularmente
en lo que tiene que ver con el escalafón nacional docente como sistema de
clasificación de los educadores ella cumple sólo parcialmente con los tres
aspectos mencionados en la jurisprudencia citada. No se pronuncia la Corte
sobre el tercer aspecto, ya que no es objeto de esta demanda y la estabilidad
de los docentes garantizada por el artículo 53 de la Carta nada tiene que ver
con la estructura dual del escalafón ni con el ascenso dentro del mismo (…)”.
(Sentencia C-973 de 2001).
[41] Sentencia C-479 de 2005
[42] Cfr. la sentencia C-314 de 2007.
[43] En la Sentencia C-314 de 2007 se precisaron los siguientes requisitos:
i)      Obtener como mínimo el título de normalista superior
(art. 3 del Decreto Ley 1278 de
2002).
ii)     Para poder gozar de los derechos y garantías de la
carrera docente deberán ser seleccionados mediante concurso, superar
satisfactoriamente el período de prueba, y ser inscritos en el Escalafón
Docente (art. 18 del Decreto Ley 1278
de 2002),
iii)   Para poder inscribirse y ascender en los distintos
grados del escalafón docente deberán cumplir como requisitos: para el grado
uno: a) ser normalista superior, b) haber sido nombrado mediante concurso c)
superar satisfactoriamente la evaluación del periodo de prueba; para el grado
dos: a) ser licenciado en educación o profesional con título diferente más
programa de pedagogía o un título de especialización en educación b) haber sido
nombrado mediante concurso c) superar satisfactoriamente la evaluación del
periodo de prueba, o la evaluación de competencias en caso de que esté inscrito
en el grado uno; para el grado tres a) Ser licenciado en educación o
profesional, b) Poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de
su especialidad o desempeño, o en un área de formación que sea considerada
fundamental dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes,
c) haber sido nombrado mediante concurso, c) Superar satisfactoriamente la
evaluación del período de prueba, o la evaluación de competencias en caso de
que esté inscrito en el Grado Uno o Dos.
[44] Expediente D-12103. Recurso de Súplica presentado
contra el auto de rechazo de la demanda de inconstitucionalidad presentada
contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 1297 de 2009, que modificó el
artículo 116 de la Ley 115 de 1994. El rechazo se dio porque el contenido
normativo acusado no existe en el ordenamiento como consecuencia de una
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada y, porque la Corte es manifiestamente
incompetente para valorar, en sede de control abstracto, el cumplimiento o
incumplimiento de sus sentencias por parte de las autoridades administrativas y
judiciales. Por considerar que el rechazo procede, al configurarse la falta de
competencia en virtud del fenómeno de sustracción de materia, la Sala Plena.
decidió confirmar el auto recurrido. Ver Auto 468 de 2017 “Al respecto,
la Sala Plena advierte que, en caso de acceder a una nueva demanda de acción pública de
inconstitucionalidad, el accionante deberá estructurar correctamente un
concepto de violación constitucional, teniendo en consideración que -de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos del Consejo de Estado y la normativa
aplicable- el título de bachiller pedagógico no sería apto para ejercer la
docencia y/o ingresar a la carrera docente, así lo ha conceptuado el Ministerio
de Educación Nacional”.
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2017/A468-17.htm
[45] Cfr. las sentencias C-422 de 2005, C-479 de 2005,
C-473 de 2006, C-647 de 2006, C-314 de 2007 y C-316 de 2007. En especial, la
sentencia C-497 de 2016.
[46] Ver Concepto del Ministerio de Educación Nacional.
Oficina Asesora Jurídica. 2008EE8478. Radicado 9883. Validez título de
bachiller pedagógico para ejercer la carrera docente.
http://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/jspui/bitstream/123456789/2272/1/DECRETO%20NACIONAL%201278%20DE%202002%20COMENTADO%20.pdf
[47] Extracto de la Sentencia C-647 de 2006.
[48] Decreto 1278 de 2002.
ARTÍCULO 65. ASIMILACIÓN. Los educadores con título profesional inscritos
en el escalafón docente de conformidad con el Decreto-ley 2277 de 1979 y
vinculados en propiedad a un cargo docente o directivo docente estatal, podrán
asimilarse al nuevo escalafón si se someten a la misma evaluación de desempeño
y de competencias realizadas para superar el periodo de prueba aplicadas a los
educadores que poseen su misma formación profesional, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 31 de este decreto.
Los educadores que quieran asimilarse al nuevo
escalafón y obtengan calificación satisfactoria en esta prueba, serán inscritos
en el nuevo escalafón en el grado que les corresponda de conformidad con la
formación que acrediten de acuerdo con el artículo 20 de este
decreto, y serán ubicados en el primer nivel salarial de dicho grado, debiendo
superar las otras evaluaciones y tiempos para cambiar de nivel salarial.
[49] Visibles a folios 135 a 143 del cuaderno 1.
[50] “(….) aquellos
docentes, que laboran en zonas de difícil acceso y que sean vinculados sin el
requisito del concurso, sólo podrán permanecer en la carrera docente en la
medida en que continúen laborando en este tipo de zonas. Por consiguiente, si
tales docentes desean laborar en otras zonas deberán someterse al requisito del
concurso, de acuerdo con los lineamientos del artículo 105 de la Ley 115 de
1994 pues, por las razones señaladas en los numerales anteriores de esta
sentencia, su vinculación al  escalafón docente es de naturaleza
excepcional”.
[51]
Particularmente se refirió al Decreto Ley 2277 de 1979, la Ley
115 de 1994 y el Decreto Ley 1278 de 2002.
[52]
En especial las contenidas en las Sentencias C-422 de 2005
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, C-479 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, C-473 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería, C-647 de 2006, C-314 de 2007 y
C-497 de 2016 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[53]
Sobre la validez del título de bachiller pedagógico para
ejercer la carrera docente.
[54]
Sentencia T-423 de 2018. Página 30.
[55]
Ibidem. Pág. 32
[56]
Ibidem.
[57]
Sentencia C-228 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[58]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[59] Crf., entre otras, las sentencias C-004 de 2003, M. P.
Eduardo Montealegre Lynett y C-090 de 2015, M. P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[60]
Sentencia C-228 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[61]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[62]
ARTÍCULO 3. Profesionales de la Educación. Son profesionales de la educación
las personas que poseen título profesional de licenciado en educación expedido
por una institución de educación superior; los profesionales con titulo
diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente de acuerdo
con lo dispuesto en este decreto; y los normalistas superiores. Este artículo
fue declarado exequible.
[63]
ARTÍCULO 7. Ingreso al servicio educativo estatal. A partir de la vigencia de
este decreto, para ingresar al servicio educativo estatal se requiere poseer
título de licenciado o profesional expedido por una institución de educación
superior debidamente reconocida por el Estado o título de normalista superior
y, en ambos casos, superar el concurso de méritos que se cite para tal fin,
debiendo ejercer la docencia en el nivel educativo y en el área de conocimiento
de su formación. Quienes posean título de normalista superior expedido por una
escuela normal superior reestructurada, expresamente autorizada por el
Ministerio de Educación Nacional, podrán ejercer la docencia en educación
primaria o en educación preescolar. Parágrafo. El Gobierno Nacional determinará
los casos y términos en que, por tratarse de zonas de difícil acceso,
poblaciones especiales o áreas de formación técnicas o deficitarias, puedan
vincularse provisionalmente al servicio educativo personas sin los títulos
académicos mínimos señalados en este artículo, pero sin derecho a inscribirse
en el escalafón docente. Este artículo fue declarado inexequible por la
Sentencia C-1169 de 2004.
[64]
ARTÍCULO 21. Requisitos para inscripción y ascenso en el Escalafón Docente.
Establécense los siguientes requisitos para la inscripción y ascenso de los
docentes o directivos docentes estatales en los distintos grados del Escalafón
Docente: Grado Uno: a) Ser normalista superior. b) Haber sido nombrado mediante
concurso. c) Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba.
Grado Dos. a) Ser licenciado en Educación o profesional con título diferente
más programa de pedagogía o un título de especialización en educación. b) Haber
sido nombrado mediante concurso. c) Superar satisfactoriamente la evaluación
del período de prueba; o la evaluación de competencias en caso de que esté
inscrito en el Grado Uno. Grado Tres. a) Ser Licenciado en Educación o
profesional. b) Poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de
su especialidad o desempeño, o en un área de formación que sea considerada
fundamental dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes.
c) Haber sido nombrado mediante concurso. d) Superar satisfactoriamente la
evaluación del período de prueba; o la evaluación de competencias en caso de
que esté inscrito en el Grado Uno o Dos. Parágrafo. Quien reúna los requisitos
de los Grados Dos o Tres puede aspirar a inscribirse directamente a uno de
éstos grados, previa superación de la evaluación del período de prueba. Una vez
inscrito, se considera ascenso pasar de un grado a otro dentro del Escalafón
Docente, previa acreditación de requisitos y superación de las correspondientes
evaluaciones de desempeño y de competencias, y existencia de disponibilidad
presupuestal. Este artículo fue declarado exequible.
[65]
Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
[66]
Sentencia C-422 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[67]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[68] ARTÍCULO 116. Para ejercer la docencia en
el servicio educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o
de posgrado en educación, expedido por una universidad o por una institución de
educación superior nacional o extranjera, o el título de normalista superior
expedido por las normales reestructuradas, expresamente autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional, y además estar inscrito en el Escalafón
Nacional Docente, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley y en el
Estatuto Docente.
PARÁGRAFO 1o. Para
ejercer la docencia en educación primaria, el título de educación a que se
refiere el presente artículo, deberá indicar, además, el énfasis en un área del
conocimiento de las establecidas en el artículo 23 de la presente Ley.
PARÁGRAFO 2o.
Quienes en el momento de entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren
cursando estudios en programas ofrecidos por instituciones de educación
superior conducentes al título de Tecnólogo en educación, podrán ejercer la
docencia en los establecimientos educativos estatales al término de sus
estudios, previa obtención del título e inscripción en el Escalafón Nacional
Docente.
[69] ARTÍCULO 117. CORRESPONDENCIA
ENTRE LA FORMACIÓN Y EL EJERCICIO PROFESIONAL DE EDUCADOR. El
ejercicio de la profesión de educador corresponderá a la formación por él
recibida. Para el efecto, las instituciones de educación superior certificarán
el nivel y área del conocimiento en que hizo énfasis el programa académico.
PARÁGRAFO. El título de normalista superior sólo
acredita para ejercer la docencia en el nivel de preescolar y en el ciclo de
educación básica primaria, en los términos de la presente Ley.
[70]
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[71]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[72]
ARTÍCULO 2. Aplicación. Las normas de este Estatuto se aplicarán a quienes se
vinculen a partir de la vigencia del presente decreto para desempeñar cargos
docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y a quienes sean asimilados
de conformidad con lo dispuesto en esta misma norma. Los educadores estatales
ingresarán primero al servicio, y si superan satisfactoriamente el período de
prueba se inscribirán en el Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto en
este decreto.
[73]
ARTÍCULO 18. Ingreso a la carrera. Gozarán de los derechos y garantías de la
carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en
el Escalafón Docente.
[74]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[75]
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[76]
“Por medio de la cual se regula lo
atinente a los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo
estatal en las zonas de difícil acceso, poblaciones especiales o áreas de
formación técnica o deficitarias y se dictan otras disposiciones.”
[77]
Sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[78]
Ibidem.
[79]
Ibidem.
[80]
Ibidem.
[81]
Sentencia SU-047 de 1999 MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero.
[82]
Ackerman, B. la Constitución Viviente. Marcial Pons, Madrid,
2011, pág. 101
[83]
Ibidem. Pág. 100.
[84]
Khan, P. W. Construir el caso. El arte de la jurisprudencia.
Universidad de los Andes. Bogotá, 2017, Pág. 81-82.
[85]
Maccormick, N. Retórica y estado de derecho. Una teoría de
razonamiento jurídico. Palestra. Lima, 2017. Pág. 259.
[86]
Ver folios 129 y 130 del cuaderno principal.
[87]
Ver folio 131 del cuaderno principal.
[88]
Ver folio 132 del cuaderno principal.
[89]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.