T-580-05
Sentencia T-
Sentencia T-580/05
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Finalidad
Esta Corte ha sostenido que la finalidad esencial de
la pensión de sobrevivientes es la protección de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que
contaban en vida del pensionado o afiliado que falleció.
ACCION DE TUTELA Y PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Improcedencia
general de ésta para reclamar reconocimiento
La Jurisprudencia ha coincidido en señalar, por regla
general, que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para
resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento o reliquidación
de prestaciones sociales, particularmente en materia pensional. Lo anterior se
explica, especialmente, porque en estos asuntos se encuentran comprometidos
derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo progresivo cuya
competencia es atribuida de manera prevalente a la justicia laboral o
contenciosa administrativa según el caso, siendo entonces dichas autoridades
las llamadas a garantizar el ejercicio de tales derechos, cuando se logre
demostrar su amenaza o violación. Este criterio de interpretación fijado por la
Corte es consecuente con el alcance que el Constituyente del 91 quiso
reconocerle a la acción de tutela, como un instrumento de protección judicial
de los derechos fundamentales, breve y sumario, pero de naturaleza subsidiaria
y residual, de manera que sólo permite su procedencia cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa, o cuando existiendo éste, se promueva como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En consecuencia, permitir la utilización de la tutela para el reconocimiento de
derechos pensionales sería contrario al artículo 86 de la Constitución que
reconoce el carácter excepcional de esta acción para la protección de derechos
fundamentales constitucionales cuya existencia, en principio, no se
controvierte.
ACCION DE TUTELA Y PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Procedencia
excepcional de ésta para reclamar reconocimiento
La regla que restringe la protección de los derechos
prestacionales, a través de la acción de tutela, tampoco es absoluta. Conforme
con su propia doctrina, la Corte ha venido sosteniendo que, excepcionalmente,
es posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo
constitucional cuando se acredita que el presunto ofendido está en riesgo de
sufrir un perjuicio irremediable, bien sea que la acción se presente de manera
definitiva o transitoria, constituyéndose estas circunstancias en objeto de
valoración por parte del juez constitucional en cada caso particular.
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Condiciones de procedibilidad de tutela
para obtener reconocimiento
Este Tribunal ha sostenido que la procedencia
excepcional de la acción de tutela en los casos de reconocimiento de pensiones,
adquieren cierto grado de justificación cuando sus titulares son personas de la
tercera edad, ya que se trata de sujetos que por su condición económica, física
o mental se encuentran en situación de debilidad manifiesta, lo que permite
otorgarles un tratamiento especial y diferencial más digno y proteccionista que
el reconocido a los demás miembros de la comunidad. Para la Corte, la tardanza
o demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento y
reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa,
sin duda puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad
al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en
principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la
intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de
tutela un procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de
los derechos fundamentales. El criterio de interpretación acogido por la
jurisprudencia constitucional en torno a este punto encuentra fundamento en los
artículos 13 y 46 de la Carta, los cuales le imponen al Estado, por una parte,
el deber de brindar una protección especial “a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta”, y por la otra, la obligación de concurrir, con la
colaboración de la sociedad y la familia, a “la protección y la asistencia de
las personas de la tercera edad...” Ahora bien, la condición de persona de la
tercera edad no constituye por sí misma razón suficiente para definir la
procedencia de la acción de tutela en estos casos, pues adicionalmente se debe
acreditar la vulneración al derecho al mínimo vital o a los derechos conexos a
él -como la vida digna, la salud o la seguridad social- lo cual permita
configurar la existencia de un perjuicio de carácter irremediable.
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Elementos/SUSTITUCION PENSIONAL-Caso
en que no se configura perjuicio irremediable para que proceda tutela
Este Alto Tribunal también ha definido claramente las
características esenciales del perjuicio irremediable, el cual debe ser
acreditado, incluso, por las personas de la tercera edad. Se ha sostenido, por
parte de esta Corte, que el perjuicio irremediable debe tener las
características de  Certidumbre o inminencia, gravedad y la necesidad de
atención urgente por parte de las autoridades. La accionante no atraviesa por
una situación económica precaria que haga necesario un pronunciamiento del juez
constitucional, encaminado a tutelar su derecho fundamental al mínimo vital o
los derechos conexos a él.
PENSION DE SOBREVIVIENTES-No obra prueba sobre afectación del
derecho a la salud de la demandante
En relación con la presunta afectación del derecho a
la salud de la accionante, la Sala considera que no obra prueba en el
expediente de que la misma esté padeciendo de una enfermedad grave que haga
necesario el pronunciamiento inmediato del juez de tutela para proteger su
derecho a la salud en conexidad con la vida. Lo que sí aparece en el proceso es
que la accionante ha sufrido algunos padecimientos propios de una mujer de su
edad que no hacen necesario, por lo menos en este momento, una orden inmediata
de protección de sus derechos para el suministro de un medicamento o la
práctica de un tratamiento o procedimiento, como tantas veces lo ha hecho esta
Corporación, especialmente tratándose de personas de la tercera edad.
Referencia: expediente T-1048340
Accionante: Elvira
Rodríguez Castillo
Demandado: Caja de
Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C.,  veintisiete (27) de mayo  de
dos mil cinco (2005).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Antonio
Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos proferidos por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá y la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada
por Elvira Rodríguez de Castillo contra la Caja de Sueldos de Retiro de las
Fuerzas Militares
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos jurídicamente relevantes
1.1. La señora Elvira Rodríguez de
Castillo, quien en la actualidad tiene 83 años de edad, y el señor Luis
Alejandro Castillo Rodríguez contrajeron matrimonio el día 6 de diciembre de
1941.  De esta unión nacieron cinco hijos. Cuatro de ellos son profesionales
universitarios y ya no viven con su madre. Sólo una hija permanece soltera y
vive en el mismo hogar que la señora Rodríguez de Castillo.
1.2. El señor Luis Alejandro Castillo
Rodríguez devengaba una pensión como Coronel retirado del ejército desde el 01
de noviembre de 1944 hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el dos (2) de
septiembre de 2003 en el Municipio de Sogamoso  (Boyacá).
1.3.  Una vez se produjo el deceso del
señor Castillo Rodríguez  se presentaron ante la Caja de  Retiros de las
Fuerzas Militares dos solicitudes de sustitución pensional por parte de la
señora Marleny Galvis Prieto, quien argumentó ser la compañera permanente del
causante, y  de la accionante de este proceso Elvira Rodríguez, como cónyuge
supérstite del señor Castillo.
1.4.  La accionante asegura haber convivido
con el señor Castillo desde el día del matrimonio hasta el día de su muerte y
que hubo algunas separaciones temporales en razón de la administración que
ejercía su esposo sobre los bienes de la sociedad conyugal  que, en su mayoría,
están ubicados en Sogamoso. Pese a lo anterior, la accionante reconoce en el
escrito de tutela haber celebrado un matrimonio civil, el 25 de abril de 1986,
con el señor Jorge Fonseca Chaparro en la ciudad de Ureña, Estado del Táchira,
República de Venezuela.  Sin embargo, asegura también que esa unión se celebró
para hacerle un favor al señor Fonseca. De acuerdo con su narración de los
hechos, el matrimonio no se registró en la Notaría Primera de Bogotá y ni
siquiera se consumó pues ella tenía 64 años al momento de celebrarlo.
1.5.  La peticionaria sostiene que la
señora Marleny Galvis Prieto era una empleada del servicio doméstico de uno de
los bienes inmuebles, propiedad de la sociedad conyugal, ubicado en el
Municipio de Sogamoso. Incluso al proceso allegó una copia de la demanda
laboral ordinaria promovida por la señora Galvis Prieto contra el señor Luis
Alejandro Castillo y contra ella (Elvira Rodríguez de Castillo) en la que la
señora Galvis solicita la declaratoria de la existencia de un contrato verbal
de trabajo, por haber laborado como administradora de una finca, propiedad de
los cónyuges, exigiendo de esta forma el reconocimiento de las prestaciones y
derechos por el trabajo desempeñado durante veinte años.
1.6. Por su parte, la señora Galvis Prieto
indicó a la entidad accionada que convivió con el coronel retirado desde 1976
hasta el 2 de septiembre de 2003, en el Municipio de Sogamoso. De igual forma,
sostuvo que desde hacía treinta años, la accionante se había separado de hecho
del señor Castillo Rodríguez y que estaba plenamente probada la solvencia
económica de la peticionaria, quien no dependía económicamente del causante; a
diferencia de ella, quien en razón de su larga convivencia con el señor
Castillo en los últimos años, dependía para subsistir de la asignación
pensional que él recibía.
1.7.  Teniendo en cuenta las
manifestaciones contradictorias de las señoras Elvira Rodríguez de Castillo y
de la señora Marleny Galvis Prieto, presentadas con el propósito de obtener la
pensión de sobrevivientes del señor Castillo Rodríguez, la entidad accionada,
mediante Resolución N° 3680 del 04 de noviembre de 2003, dejó pendiente por
reconocer los haberes dejados de cobrar por el causante y el reconocimiento y
pago de la pensión de beneficiarios del mismo que pudieran corresponder a la
cónyuge o a la compañera permanente, hasta tanto la jurisdicción competente
determinara a cuál de las dos le asiste el derecho para acceder a la prestación
1.8.  Frente a esta decisión, las dos
afectadas presentaron recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera
desfavorable a sus intereses, mediante Resolución 0215 de 2004, en la cual se
confirmó la Resolución 3680 del 04 de Noviembre de 2003.
1.9. La accionante inició un proceso ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de obtener la nulidad de
los actos administrativos proferidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares y el restablecimiento del derecho, consistente en el reconocimiento a
su favor de la sustitución pensional del señor Castillo Rodríguez. Sin embargo,
a la fecha aún no se ha proferido sentencia definitiva en este proceso, luego
no se ha dirimido la controversia sobre el titular de la precitada asignación.
2. Fundamentos de la acción y pretensiones
En la demanda de tutela, la accionante considera
violados, entre otros,  sus derechos constitucionales al debido proceso, a la
salud, a la seguridad social, al pago oportuno de las pensiones legales, al
mínimo vital, y a la vida en condiciones dignas y justas. La peticionaria
considera que la accionada ha puesto en peligro todos estos derechos con su
negativa de pagar la sustitución pensional a la que tiene derecho, hasta tanto
no se decida el proceso laboral administrativo que cursa en el Tribunal de Cundinamarca,
y en el cual, se ventila la controversia acerca de la titularidad de la
sustitución pensional.  De igual forma, considera que se ha puesto en peligro
su vida, porque la entidad demandada no sólo suspendió el pago de la pensión de
jubilación del señor Castillo Rodríguez, sino también el acceso a los servicios
de salud, de los cuales gozaba la accionante cuando vivía su cónyuge.  Sostiene
además que se ha puesto en peligro la vida en condiciones dignas de su hija Luz
Marina, quien también dependía económicamente del causante.
En consecuencia, solicita al Juez de tutela proteger
sus derechos fundamentales violados y que en el término de 48 horas se ordene a
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconocer la sustitución pensional
del señor Castillo Rodríguez, así como su vinculación al servicio de salud,
todo esto como mecanismo transitorio mientras se pone fin a la controversia
contencioso administrativa, teniendo en cuenta su condición de persona de la
tercera edad. Adicionalmente, solicita que se prevenga a los funcionarios
accionados para que en ningún caso vuelvan a someter a los ciudadanos a demoras
en el trámite de las solicitudes de sustitución pensional, que se les condene a
indemnizar los perjuicios derivados de su actuación negligente y que se
compulsen copias para las investigaciones a las que haya lugar.
3. Oposición a la demanda de tutela
Dentro del término señalado, la entidad
accionada solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela. La
demandada señaló que no corresponde al Juez de Tutela hacer el reconocimiento
de prestaciones económicas pues para ello existe la correspondiente
jurisdicción. En este sentido, señaló que la accionante tiene otros mecanismos
de defensa judicial de sus intereses, y mientras que los actos administrativos
mencionados no sean atacados y desvirtuado su valor, gozan de la presunción de
legalidad. Adicionalmente, sostiene que estos actos se limitaron a no reconocer
unos derechos, para que fuera la jurisdicción contencioso-administrativa, quien
definiera su verdadero titular.
4. Pruebas que obran en el  expediente
4.1. Copia de la cédula de ciudadanía del
señor Luis Alejandro Castillo Rodríguez y de carné de identidad militar
(Cuaderno 5 - Folio 1)
4.2.  Copia de la cédula de ciudadanía de
la accionante Elvira Rodríguez de Castillo (Cuaderno 5 - Folio 1)
4.3. Copia del registro civil de defunción
del señor Luis Alejandro Castillo Rodríguez, en donde consta que falleció el
día dos de septiembre de 2003 en el Municipio de Sogamoso (Boyacá) (Cuaderno 5
- Folio 2)
4.4. Copia del Certificado del día 4 de
septiembre de 2001, expedido por el jefe de carnetización del Comando General
de las Fuerzas Militares -Dirección General de Sanidad Militar-  en donde
consta que la señora Elvira Rodríguez Spolidore era beneficiaria de los
servicios médicos del  Subsistema de salud de la Fuerzas Militares (EJC) a
través de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en virtud de la
afiliación del señor Luis Alejandro Castillo Rodrígez.
4.5. Copia de un Acta de declaración con
fines extraprocesales, con fecha del veinticuatro (24) de mayo  de 2001,
firmada por los señores Luis Alejandro Castillo Rodríguez y Elvira Rodríguez
Spolidore en donde declaran estar casados desde hace 59 años y vivir bajo el
mismo techo. En la declaración también se lee que la señora Elvira Rodríguez
depende económicamente su cónyuge y que no están afiliados a ninguna E.P.S pues
sólo perciben beneficios de salud, porque el señor Castillo es un coronel
retirado del ejército nacional. (Cuaderno 5 - Folio 4)
4.6.  Copia del certificado civil de
matrimonio de la señora Elvira Rodríguez y del señor Luis Alejandro Castillo
fechado el 6 diciembre de 1941 (Cuaderno 5 - Folios 5-6)
4.7. Copia de la demanda laboral ordinaria
promovida por la señora Marleny Galvis Prieto contra el señor Luis Alejandro
Castillo y contra la señora Elvira Rodríguez de Castillo, en la que la señora
Galvis solicita la declaración de existencia de un contrato de trabajo, por
haber laborado como administradora de una finca, propiedad de los cónyuges, y
consecuencialmente exige el reconocimiento de las prestaciones y derechos por
el trabajo desempeñado durante veinte años.
4.8. Copia de la Solicitud de sustitución
pensional presentada por la señora Elvira Rodríguez de Castillo el 18 de
septiembre de 2003. (Cuaderno 5 - Folios 8-9)
4.9.  Copia de la Resolución N° 3680 del 4
de noviembre de 2003, proferida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
por la cual se deja pendiente por reconocer y pagar los haberes dejados de
cobrar por el causante  y el reconocimiento y pago de la pensión de
beneficiarios del señor Coronel (R) del Ejército Luis Alejandro Castillo
Rodríguez. (Cuaderno 5 - Folios 19-22)
4.10. Copia del recurso de reposición
interpuesto por la peticionaria contra la Resolución N° 3680 del 4 de noviembre
de 2003.  (Cuaderno 5 - Folios 11-12)
4.11. Copia de la Resolución N° 0215 del 30
de Enero de 2004, proferida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por
la cual se confirma la resolución 3680 del 4 de Noviembre de 2003  (Cuaderno 5
- Folios 13-18)
4.12. Copia de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la peticionaria contra la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares con el propósito de que se declare la nulidad
de las Resoluciones N° 3680 de 2003 y 0215 de 2004, y de que ordene a la
demandada el reconocimiento del beneficio de sustitución pensional a su favor.
(Cuaderno 5 - Folio 37-54)
4.13.  Copia del oficio remitido por la
accionante al Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, recibido el día 29 de
octubre de 2004, en el que la peticionaria reitera las razones que le llevaron
a presentar la acción de tutela (Cuaderno 2 - Folios 53-55).
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
Inicialmente, la acción de tutela promovida por la accionante fue
conocida, en primera instancia, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de
Bogotá, la cual se resolvió de manera negativa  a los intereses de la
peticionaria. Por esta razón, el apoderado de la señora Rodríguez presentó la
impugnación contra la sentencia proferida por el Tribunal, la cual fue remitida
a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Mediante Auto del
23 de Septiembre de 2004, la Corte Suprema decidió declarar la nulidad de lo
actuado dentro del proceso de tutela a partir del auto que ordenó darle trámite
a la misma, habida cuenta que  el Tribunal Superior de Bogotá carecía de
competencia para decidirla, pues la demanda estaba dirigida contra un
establecimiento público del orden nacional, luego la competencia la tenían en
primera instancia, los jueces del circuito, de conformidad con el decreto 1382
de 2000.  En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ordenó remitir el
expediente a los Juzgados del Circuito de Bogotá (reparto) para lo de su
competencia, correspondiendo su estudio en primera instancia al Juzgado 34
Civil del Circuito, cuyo fallo se reseña a continuación.
1. Primera instancia
El Juzgado 34 Civil del Circuito, mediante fallo del
29 de octubre de 2004, decidió negar por improcedente la acción de tutela
promovida por la señora Elvira Rodríguez de Castillo, puesto que ésta tenía
otro medio de defensa judicial para la defensa de sus intereses, en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. La juez de instancia consideró
que tampoco había lugar a la protección transitoria de los derechos de la
peticionaria por tres razones:
En primer lugar, porque en un proceso de tutela lo
debatido no puede admitir mayor controversia. Tal situación no ocurre en este
caso en el que se presenta un difícil problema jurídico que se refiere a la
titularidad del derecho a percibir una sustitución pensional.
En segundo lugar, la juez consideró que en el caso no
está probada adecuadamente la gravedad que supone el perjuicio irremediable,
pues no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad sino de aquélla que recae
sobre un derecho que reporta gran interés para la persona y para el orden
jurídico.
Finalmente, la juez de instancia consideró que la
tutela resultaba improcedente aún tratándose de una persona de la tercera edad,
toda vez que la accionante tiene los medios económicos que le proporcionan una
subsistencia digna, y que en todo caso no se demostró que tuviera su mínimo
vital afectado como para otorgarle una protección constitucional.
2. Impugnación
La impugnación fue presentada oportunamente por el
apoderado de la accionante.  En ella, se cuestionó el hecho de que el fallo
proferido por la Juez 34 Civil del Circuito de Bogotá no les fuera notificado
oportunamente. De igual forma, recalca que acudió a la tutela como mecanismo
residual por tratarse de una persona de la tercera edad, para lo cual cita como
precedente la decisión que favoreció al ex Magistrado Jaime Giraldo Angel, a
quien a la edad de 69 años se le concedió una protección transitoria de su
derecho a la seguridad social, mientras duraba el proceso contencioso
administrativo.
En el escrito, el apoderado de la accionante agrega
que lo único que pretende con la presentación de la acción es que la
peticionaria pueda gozar de aquello que ya tenía, como los servicios de salud,
pero adicionalmente que se le reconozca el derecho a percibir la asignación de
retiro que tenía su ex esposo, para poder subsistir y proteger su derecho al
mínimo vital.
3. Segunda instancia
La impugnación fue conocida por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá quien profirió la providencia de segunda instancia
el día 16 de diciembre de 2004. En ella se confirmó en su totalidad la decisión
impugnada que había sido proferida por el Juzgado 34 Civil del Circuito de
Bogotá.
La Sala Civil del Tribunal considera que la
acción de tutela no procede para proteger cualquier tipo de derechos ni ante
toda clase de conflictos que se presente entre los ciudadanos. Precisamente, en
este punto el Tribunal reitera que la controversia que se suscita entre la
accionante y la presunta compañera permanente del señor Castillo, no podía ser
resuelta ni por la entidad accionada, ni por el juez de primera instancia en el
proceso de tutela. Esta labor corresponde al juez ordinario, bien sea el juez
laboral o el juez contencioso-administrativo, pero no a través de la acción de
tutela. Esto se justifica especialmente por el hecho de que en este tipo de
asuntos se requiere de un período probatorio adecuado en el que se demuestre
quién es el titular de un derecho, sin que siquiera pueda concederse un amparo
transitorio, pues se estaría tomando partido  anticipado por la defensa de los
intereses de una de las partes en el proceso.
Finalmente, el Tribunal reiteró que tampoco procede la
protección invocada como mecanismo transitorio porque no se vislumbra que se
esté causando a la actora  un perjuicio irremediable, entendiendo que no es la
decisión de la administración la que priva a la accionante de ciertos
beneficios, sino la conducta del causante, junto con la petición de sustitución
pensional de la presunta compañera permanente, lo cual pone en entredicho la
posibilidad de gozar de esos derechos. Luego, mal haría un juez de tutela
reconocer provisionalmente una asignación que está en plena discusión por no
estar definida su existencia o titularidad.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para
revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2. Problema Jurídico.
En este caso, la accionante considera que
la entidad demandada ha vulnerado, entre otros, sus derechos a la salud, a la
seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, con la
decisión de negarse a reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes del
señor Luis Alejandro Castillo Rodríguez, hasta tanto no se decida el proceso
laboral que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en el cual,
se ventila la controversia acerca de la titularidad de dicha sustitución
pensional. De igual forma, la peticionaria considera que se ha puesto en
peligro su vida, entendida como su existencia biológica, pues la entidad
demandada no sólo suspendió el pago de la pensión de jubilación del señor
Castillo Rodríguez, sino también el acceso a los servicios de salud, de los
cuales gozaba la accionante cuando vivía su cónyuge.
En torno a tales acusaciones, la entidad
accionada considera, al igual que los jueces de instancia, que con la actuación
de la primera no se ha violado ningún derecho fundamental toda vez que sus
actos se han ajustado a la ley, en donde se establece que en caso de que no
exista claridad sobre quién es el titular de una pensión de sobrevivientes, se
debe atribuir tal potestad al juez ordinario. De acuerdo con esto, la accionada
ha considerado que no compete al Juez de Tutela reconocer prestaciones
económicas pues para ello existe la jurisdicción ordinaria, aun cuando estén de
por medio los derechos inciertos de una persona de la tercera edad. En este sentido,
unos y otros sostienen que la accionante tiene otros mecanismos de defensa
judicial de sus intereses, en concreto, el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que ya inició, y el cual tiene como propósito
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos proferidos
por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Corresponde entonces a la Sala determinar
si en este caso en particular, la acción de tutela es procedente para
controvertir la decisión de la entidad accionada; si dicha determinación
efectivamente lesiona los derechos invocados por la accionante, procediendo de
esta forma el amparo solicitado como forma de evitar la configuración de un
perjuicio irremediable o si por el contrario, se trata de una medida que se ajusta
a la Constitución y que busca proteger los intereses de la otra parte de la
controversia jurídica, es decir, la presunta compañera permanente del causante.
Así las cosas, este fallo tendrá la
siguiente estructura: Inicialmente, y de manera breve, la Corte se referirá a
la importancia que esta Corporación le  ha otorgado a la pensión de
sobrevivientes.  Posteriormente, la Corte reiterará la regla general a la que
aludieron los jueces de instancia en sus decisiones, según la cual, la acción
de tutela resulta improcedente para reclamar el reconocimiento de una
prestación económica como la pensión de sobrevivientes, pues tal decisión
corresponde -en primer lugar- a la autoridad administrativa a quien le compete
otorgar la prestación, y  -en segundo lugar- si existe una controversia
derivada de la decisión de dicha autoridad, la potestad para resolver dicho
conflicto está en cabeza del juez ordinario.
Finalmente, la Corte planteará los
criterios que permiten hacer una excepción a la regla general de improcedencia
de la tutela, dejando claramente establecido que la sola condición de
pertenencia a la tercera edad no es un requisito suficiente para que la tutela
proceda para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
3.   La Pensión de Sobrevivientes.
Reiteración de Jurisprudencia.
En numerosas ocasiones, esta Corte ha sostenido que la
finalidad esencial de la pensión de sobrevivientes es la protección de la
familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas
que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus
necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que falleció.  Así
lo sostuvo la Corte en la Sentencia T-190 de 1993, con ponencia de Eduardo
Cifuentes Muñoz:
“La sustitución pensional tiene como
finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del
producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento
en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia retributiva y de
equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador
tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo
de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del
trabajador fallecido.”[1]
En la misma línea, en la Sentencia C-1176
de 2001 con ponencia del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte señaló que
el propósito perseguido por la ley al establecer la pensión de sobrevivientes,
era el de ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del
pensionado que fallece, que dependen económicamente del causante y quienes
deben hacer frente a las contingencias derivadas de su muerte. Al respecto se
dijo en esta Sentencia:
"Concretamente, la pensión busca que “ocurrida la muerte de una
persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente
las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento[2]. Desde
esta perspectiva, ha dicho la Corte, “la sustitución pensional responde a la
necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de
seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido,
que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una
evidente desprotección y posiblemente a la  miseria”[3]. La ley
prevé entonces que, en un determinado orden de prelación, las personas más
cercanas y que más dependían del occiso y compartían con él su vida, reciban
una sustitución pensional para satisfacer sus necesidades”[4]
Ahora bien, esta Corte también ha
considerado que las solicitudes de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes deben ser resueltas, inicialmente, por la autoridad a quien
corresponde otorgar la prestación, y si existe una controversia derivada de la
decisión de dicha autoridad, la competencia para resolver dicho conflicto
corresponde al juez ordinario. Esto conduce necesariamente a reiterar la regla
jurisprudencial, según la cual, la acción de tutela resulta improcedente para
reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
4. La acción de tutela resulta
improcedente para reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Reiteración de Jurisprudencia.
La Jurisprudencia ha coincidido en
señalar, por regla general, que la acción de tutela no es el mecanismo judicial
idóneo para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento o
reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en materia pensional.
Lo anterior se explica, especialmente,  porque en estos asuntos se encuentran
comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo progresivo
cuya  competencia es atribuida de manera prevalente a la justicia laboral o
contenciosa administrativa según el caso, siendo entonces dichas autoridades
las llamadas a garantizar el ejercicio de tales derechos, cuando se logre
demostrar su amenaza o violación.
Este criterio de interpretación fijado por la Corte es consecuente
con el alcance que el Constituyente del 91 quiso reconocerle a la acción de
tutela, como un instrumento de protección judicial de los derechos
fundamentales, breve y sumario, pero de naturaleza subsidiaria y residual, de
manera que sólo permite su procedencia cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa, o cuando existiendo éste, se promueva como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En
consecuencia, permitir la utilización de la tutela para el reconocimiento de
derechos pensionales sería contrario al artículo 86 de la Constitución que
reconoce el carácter excepcional de esta acción para la protección de derechos
fundamentales constitucionales cuya existencia, en principio, no se
controvierte.  Así lo sostuvo la Corte en la Sentencia T-083 de 2004.
"Aceptar que el juez de tutela tiene competencia privativa o
cobertura absoluta para resolver los conflictos relacionados con derechos
prestacionales, es entonces desconocer el carácter extraordinario que
identifica al mecanismo de amparo constitucional, e incluso, contrariar su
propio marco de operación, ya que, de manera general, el propósito de la tutela
se orienta a prevenir y repeler los ataques que se promuevan contra los
derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no respecto de aquellos que
aun no han sido reconocidos o cuya definición no se encuentra del todo
consolidada por ser objeto de disputa jurídica"[5]
Tratándose específicamente del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la regla planteada también ha
sido aplicada por la jurisprudencia constitucional. Así, por ejemplo, en la
Sentencia T-425 de 2004, la Corte conoció en revisión la acción de tutela
promovida por la señora Carmen Emilia Muñoz Chica contra el Instituto de los
Seguros Sociales -Seccional Antioquia- con el fin de que el accionado le
reconociera y pagara la pensión de sobreviviente que mediante Resolución 0148
de 29 de enero de 2003, le negó por considerar que no existía convivencia plena
de pareja, dado que el fallecido tenía cónyuge.   En esta sentencia, la Corte
consideró que no era la tutela el mecanismo idóneo para brindar la protección
solicitada por la accionante y adicionalmente consideró que tampoco estaba
acreditado en el proceso la afectación al mínimo vital de la accionante, ni un
perjuicio de carácter irremediable que permitiera la protección de sus derechos
de manera transitoria, ni tampoco la estrecha comunidad de vida de la
peticionaria con el fallecido. Al respecto sostuvo la Corte:
"Como se expresó anteriormente, el juez
Constitucional no es competente para pronunciarse sobre la legalidad de los
actos administrativos, ni le corresponde verificar si la actora cumple con los
requisitos legales para acceder a tal beneficio, pues la tutela no es el
mecanismo pertinente para lograr el reconocimiento de una sustitución pensional
en la que por demás no se allegaron pruebas que demuestren que el mínimo vital
de la actora se encuentre afectado, ni se acreditó fehacientemente el perjuicio
irremediable, así como tampoco se probó que efectivamente la actora tuviera una
comunidad de vida con el pensionado, dado que la sola circunstancia de haber
procreado dos hijos que hoy tienen 18 y 30 años respectivamente, no demuestra
por sí solo que existiera un compromiso afectivo entre ambos al momento de
fallece el señor Hincapié Urrea.
Para que la acción de tutela que en
principio es subsidiaria, desplace al medio ordinario de defensa, resulta
necesario que la cuestión constitucional aparezca probada, es decir, que para
verificar la eventual vulneración del derecho fundamental no sea necesario un
análisis legal, reglamentario o convencional detallado y dispendioso, o un
ejercicio probatorio de tal magnitud que supere las capacidades y poderes del
juez constitucional.[6]
De tal suerte que cuando no hay claridad
alguna sobre si procede el reconocimiento de la pensión de sustitución, no es
viable acudir a la tutela para dilucidar dicho asunto, pues no le corresponde
al juez constitucional, entrar a definir si la señora tiene derecho al
reconocimiento o no de la pensión de sobreviviente por parte del ISS"[7]
5. La procedencia excepcional de la tutela
para el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes
Ahora bien, no obstante lo desarrollado en
el acápite anterior, la regla que restringe la protección de los derechos
prestacionales, a través de la acción de tutela, tampoco es absoluta. Conforme
con su propia doctrina, la Corte ha venido sosteniendo que, excepcionalmente,
es posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo
constitucional cuando se acredita que el presunto ofendido está en riesgo de
sufrir un perjuicio irremediable, bien sea que la acción se presente de manera
definitiva o transitoria, constituyéndose estas circunstancias en objeto de
valoración por parte del juez constitucional en cada caso particular.
Esta regla encuentra respaldo en el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, el
cual, al referirse a las causales de improcedencia del amparo constitucional,
señala claramente que la existencia de otros medios de defensa judicial tendrá
que ser apreciada “en concreto” por el juez, habida cuenta del grado de
eficiencia y efectividad del mecanismo judicial frente a las circunstancias en
que se encuentre el solicitante al momento de invocar la protección del derecho
presuntamente conculcado.
En el caso específico de la pensión de
sobrevivientes, la regla excepcional planteada, también ha sido aplicada en la
jurisprudencia constitucional.  Así por ejemplo, en la Sentencia T-789 de 2003,
la Corte conoció la acción de tutela promovida por la compañera permanente de
un mayor retirado de la Fuerza Aérea, luego de que la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares decidiera dejar “pendiente de pago” la sustitución pensional
del Mayor en aplicación del artículo 9 de la Ley 447 de 1998[8], considerando que no
había indicios suficientes de la convivencia de la accionante con el militar.
La Corte tuteló los derechos de la accionante pues consideró que la aplicación
de las normas por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en el
caso, había sido restrictiva e inconstitucional y, en consecuencia ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la accionante de manera
mientras la jurisdicción competente decidiera sobre la legalidad de los actos
administrativos proferidos por la Caja. Sin embargo, previo al análisis de
fondo, la Corte encontró que, en este caso en particular, la acción de tutela
era procedente no sólo porque la accionante pertenecía a la tercera edad, sino
además porque había probado debidamente que se encontraba en riesgo de sufrir
un perjuicio irremediable, en particular, por su dependencia económica del
causante. Al respecto sostuvo la Corte:
"Desde
esta perspectiva, salta a la luz que la peticionaria en el caso bajo revisión
se encuentra, efectivamente, en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable con
motivo de los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de
tutela, puesto que del reconocimiento de la sustitución pensional a la cual
alega tener derecho depende la satisfacción de su mínimo vital; tratándose de
una persona de avanzada edad, los organismos judiciales y demás autoridades
están en la obligación constitucional de proteger sus derechos, y en particular
su derecho fundamental al mínimo vital, con especial celo y diligencia, sin
oponer requisitos de tipo formal como obstáculo para cumplir con tal deber. En
esa medida, la mera remisión de la peticionaria a la jurisdicción
contencioso-administrativa por parte de los jueces de tutela desconoce su
condición de sujeto de especial protección constitucional, pues conlleva
someter a una mujer de setenta y nueve años de edad a las cargas procesales,
personales y temporales que implica adelantar un proceso judicial
contencioso-administrativo. Por lo mismo, debió haberse estudiado la
procedencia de la acción de tutela de la referencia en tanto mecanismo
transitorio para prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable para la
actora, consistente en la privación de los únicos ingresos con los que cuenta
para satisfacer sus necesidades más básicas de sustento y salud. Esta es la
perspectiva que adoptará la Sala de Revisión"[9].
Lo anterior, lleva a la Corte a plantear
los criterios y condiciones de procedibilidad de la tutela para obtener el
reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, reiterando la regla
jurisprudencial, según la cual, la sola condición de pertenencia a la tercera
edad no es un requisito suficiente para que la tutela proceda para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pues adicionalmente se debe
acreditar la vulneración al derecho al mínimo vital o derechos conexos a él y
la configuración de un perjuicio de carácter irremediable.
6. Condiciones de procedibilidad de la
tutela para obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de
sobrevivientes.
Hasta este punto se ha sostenido que
tratándose del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la
jurisprudencia considera que, bajo condiciones normales, las acciones laborales
-ordinarias y contenciosas- constituyen medios de impugnación adecuados e
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se
derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible
que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los
fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias
fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo
constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada
puede sobrepasar el marco legal y convertirse en un problema de índole
constitucional, “por lo que el juez de tutela est[aría] obligado a conocer de
fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del
derecho vulnerado o amenazado.”[10]
Con base en lo anterior, este Tribunal ha
sostenido que la procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos de
reconocimiento de pensiones, adquieren cierto grado de justificación cuando sus
titulares son personas de la tercera edad, ya que se trata de sujetos que por
su condición económica, física o mental se encuentran en situación de debilidad
manifiesta, lo que permite otorgarles un tratamiento especial y diferencial más
digno y proteccionista que el reconocido a los demás miembros de la comunidad[11]. Para la Corte, la
tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos al
reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos
ordinarios de defensa, sin duda puede llegar a afectar los derechos de las
personas de la tercera edad al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia
subsistencia, lo que en principio justificaría el desplazamiento excepcional
del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional,
precisamente, por ser la acción de tutela un procedimiento judicial preferente,
breve y sumario de protección de los derechos fundamentales.
El criterio de interpretación acogido por
la jurisprudencia constitucional en torno a este punto encuentra fundamento en
los artículos 13 y 46 de la Carta, los cuales le imponen al Estado, por una
parte, el deber de brindar una protección especial “a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”, y por la otra, la obligación de concurrir, con la
colaboración de la sociedad y la familia, a “la
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad...”
Ahora bien, la condición de persona de la
tercera edad no constituye por sí misma razón suficiente para definir la
procedencia de la acción de tutela en estos casos, pues adicionalmente se debe
acreditar la vulneración al derecho al mínimo vital o a los derechos conexos a
él -como la vida digna, la salud o la seguridad social- lo cual permita
configurar la existencia de un perjuicio de carácter irremediable. Así lo
sostuvo la Corte en la Sentencia T-083 de 2004:
"Reiterando la hermenéutica constitucional sobre la materia,
para que el mecanismo de amparo constitucional pueda desplazar la vía judicial
ordinaria o contenciosa, es también condición necesaria acreditar que el daño
impetrado al solicitante afecta materialmente sus derechos fundamentales o
aquellos que lo son por conexidad - como la dignidad, el mínimo vital, la salud
y la subsistencia digna -, e igualmente, que darle trámite al litigio por el
otro mecanismo de defensa hace temporalmente nugatorio el ejercicio y disfrute
de tales derechos, haciendo mucho más gravosa la situación particular del
actor. En este sentido se pronunció la Corte en la Sentencia T-634 de 2002
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett), al manifestar:
“...en cuanto tiene que ver con pensiones
de jubilación, es muy común que quienes interpongan la solicitud de amparo sean
personas de la tercera edad, hecho éste que los convierte en sujetos de
especial protección. Pero esa sola circunstancia no hace procedente la tutela,
pues es necesario demostrar que en el caso concreto el perjuicio sufrido afecte
la dignidad humana[12],
la subsistencia en condiciones dignas[13],
la salud[14],
el mínimo vital[15],
que existan lazos de conexidad con derechos fundamentales[16], o que
se acredite que someter a la persona a los trámites de un proceso judicial
ordinario sería excesivamente gravoso[17].
Solamente en estos eventos la tutela puede desplazar al mecanismo ordinario de
defensa, en la medida que aquel pierde su eficacia material frente a las
particulares circunstancias de la persona y evidencia un daño irremediable”
Precisamente, este Alto Tribunal también
ha definido claramente las características esenciales del perjuicio
irremediable, el cual debe ser acreditado, incluso, por las personas de la
tercera edad. Se ha sostenido, por parte de esta Corte, que el perjuicio
irremediable debe tener las características de  Certidumbre o inminencia,
gravedad y la necesidad de atención urgente por parte de las autoridades. Al
respecto se sostuvo en la precitada Sentencia T-789 de 2003:
"...un perjuicio tendrá carácter irremediable cuandoquiera que,
en el contexto de la situación específica del peticionario, llene las
siguientes características: (i) ser cierto e inminente, es decir,
que su existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una
evaluación razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones
especulativas; (ii) ser grave, en la medida en que amenace con lesionar
–o lesione- un bien o interés jurídico de alta importancia para el afectado; y
(iii) requerir la atención urgente de las autoridades, en la medida en
que su prevención o mitigación resulte indispensable e inaplazable para evitar
la generación de un daño antijurídico que posteriormente no podrá ser
reparado"[18].
A partir de estos criterios de interpretación, entra pues la Sala a
establecer si en el caso objeto de estudio, se cumplen las condiciones
sustanciales y formales que hacen viable la protección constitucional por vía
de tutela.
7.  El caso concreto
La accionante considera que la entidad
demandada ha vulnerado, entre otros, sus derechos a la salud, a la seguridad
social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, con la decisión de
negarse a reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes del señor Luis
Alejandro Castillo Rodríguez, hasta tanto no se decida el proceso laboral que
cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en el cual, se ventila
la controversia acerca de la titularidad de dicha sustitución pensional. De
igual forma, la peticionaria ha considerado que se ha puesto en peligro su
vida, entendida acá como existencia biológica, pues la entidad demandada no
sólo suspendió el pago de la pensión del señor Castillo Rodríguez, sino también
el acceso a los servicios de salud, de los cuales gozaba la accionante cuando
vivía su cónyuge.
La accionante, quien en la actualidad
cuenta 83 años de edad, acredita en el proceso que contrajo matrimonio el día 6
de diciembre de 1941 con el señor Castillo Rodríguez, quien devengaba una
pensión como Coronel retirado del ejército desde el 01 de noviembre de 1944
hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el dos (2) de septiembre de 2003 en
el Municipio de Sogamoso  (Boyacá).
La peticionaria asegura haber convivido con el señor
Castillo desde el día del matrimonio hasta el día de la muerte y que hubo
algunas separaciones temporales en razón de la administración que ejercía su
esposo sobre los bienes de la sociedad conyugal  que, en su mayoría, están
ubicados en Sogamoso.
Por otro lado, la entidad accionada considera
que no corresponde al Juez de Tutela reconocer prestaciones económicas como la
pensión de sobrevivientes, pues para ello existe la correspondiente
jurisdicción, aun cuando estén de por medio los derechos inciertos de una
persona de la tercera edad. Se dice que son inciertos porque ante la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares también se presentó una solicitud de
sustitución pensional por parte de la señora Marleny Galvis Prieto, quien
argumentó ser la compañera permanente del causante durante los últimos treinta
años, y fue ese hecho el que llevó a la entidad a suspender el reconocimiento
de la sustitución pensional hasta tanto la justicia no definiera en cabeza de
quién estaba el derecho
Cabe entonces determinar si en este caso,
la acción de tutela es procedente para controvertir la decisión de la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares y si dicha determinación efectivamente lesiona
los derechos invocados por la accionante, procediendo de esta forma el amparo
solicitado como forma de evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
Conforme a los elementos de juicio allegados al
proceso, esta Corte considera que en el presente caso, no hay lugar a la
protección de los derechos invocados por la accionante, toda vez que no se
encuentra acreditado el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de
la tutela, en particular, el referido a la acreditación del perjuicio
irremediable.
Como ya se dijo en las consideraciones de esta
providencia, la acción de tutela no procede para ordenar el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes, incluso frente a las personas de la tercera edad,
salvo que éstas acrediten que están en riesgo de sufrir un perjuicio de
carácter irremediable, que conculque gravemente sus derechos fundamentales,
particularmente sus derechos al mínimo vital o los derechos conexos a éste como
la vida en condiciones dignas o la seguridad social, y a quienes también se
exige probar que someterse a los trámites propios de un proceso judicial
ordinario sería excesivamente gravoso, por no contar con los medios económicos
para subsistir durante este tiempo. Sólo en estas circunstancias, la tutela
puede desplazar al mecanismo ordinario de defensa, en la medida en que aquél
pierde su eficacia material frente a las particulares circunstancias de la
persona y se evidencia que existe un perjuicio irremediable, cuyas
características deben ser la certeza e inminencia, la gravedad
y la necesidad de atención urgente por parte de las autoridades.
Dentro de los elementos de juicio que llevan a esta
Sala a considerar que en el presente caso, no se está configurando un perjuicio
con estas características y que por lo tanto la acción de tutela resulta
improcedente, se tiene lo siguiente:
En primer lugar, se encuentra la solvencia económica
de la accionante, que impide la tutela de su derecho fundamental al mínimo
vital. En varios momentos procesales, la peticionaria ha señalado que la
sociedad conyugal que conformaba con su esposo tiene varios bienes inmuebles en
la ciudad de Bogotá y en el Municipio de Sogamoso en el Departamento de Boyacá,
y que ella a su vez tenía otros bienes propios no incluidos en el haber social.
Así se lo hizo saber a la Juez 34 Civil de Circuito de Bogotá, mediante oficio
que fue recibido por el Juzgado de Primera Instancia el 29 de octubre de 2004.
Al respecto manifestó la accionante:  "A partir de su retiro, mi esposo
y yo establecimos residencia en Bogotá, donde se educaban los hijos. También la
familia abrió casa en la ciudad de Sogamoso a donde el esposo LUIS A. CASTILLO
viajaba constantemente para atender los bienes de la sociedad
conyugal y los propios míos, de cuyo producto junto con el sueldo de retiro se
derivaba el sustento de la familia" (Cuaderno 2 - Folios 53 y 54).
Sobre los bienes propios no existe ninguna discusión,
pues los mismos son propiedad de la accionante y se espera que de éstos pueda
derivar su sustento y el de su hija Luz Marina, quien depende económicamente de
la peticionaria, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente.
Sobre los otros bienes, es decir los sociales, no
aparece acreditado en el proceso que haya una controversia judicial pendiente
con los mismos, lo cual significa que una vez se liquide la sociedad conyugal y
se realice la sucesión del causante, a la peticionaria Elvira Rodríguez le
corresponderá al menos el 50 % de estos bienes, puesto que tampoco aparece en
el expediente que dicha sociedad conyugal deba asumir el pago de pasivos. Este
tema específico, sin embargo, no es competencia del juez constitucional, a
quien sólo le corresponde verificar que no se esté generando un perjuicio de
carácter irremediable a la peticionaria con la  actuación de la autoridad
administrativa accionada.
Estas razones llevan a la Corte a concluir que la
accionante no atraviesa por una situación económica precaria que haga necesario
un pronunciamiento del juez constitucional, encaminado a tutelar su derecho
fundamental al mínimo vital o los derechos conexos a él.
Un segundo elemento de juicio que lleva a esta Corte a
no conceder el amparo solicitado por la accionante, se refiere al hecho de que
la misma manifestó tener cuatro hijos profesionales universitarios. Al respecto
sostuvo la accionante en el precitado oficio que fue recibido por el Juzgado de
Primera Instancia el 29 de octubre de 2004: "El Matrimonio procreó
cinco (5) hijos:  ERWIN ALEJANDRO, LUIS RODOLFO, DIANA ELSA, MARTHA Y LUZ
MARINA  (...) De los hijos, los cuatro mayores se hicieron profesionales
universitarios y se emanciparon en su momento, la menor, Luz Marina por
problemas de salud nunca concluyó sus estudios universitarios, además fue
necesario que colaborara con las actividades del hogar y en el cuidado de sus
padres que se hacían ancianos; tampoco contrajo alguna vez nupcias y permanece
célibe dependiendo económicamente de la madre; en vida del padre los esposos
respondían por ella"
Esta declaración de la accionante lleva a la Corte a considerar que, en virtud
del principio de solidaridad social, y  de acuerdo con las reglas vigentes de
derecho civil colombiano[19],
tiene a los hijos de la accionante, la obligación de proporcionarle el socorro
y la ayuda que ella requiera, si es que llegare a atravesar por una difícil
situación económica, mientras se define por parte de la jurisdicción
contencioso-administrativa quién tiene el derecho sobre la pensión de
sobrevivientes. Esta obligación recae de manera especial sobre los cuatro hijos
que siendo profesionales universitarios, deben corresponder a los esfuerzos
realizados por sus padres, más aún en este momento en el que su madre se
encuentra en una etapa avanzada de su vida, como es la tercera edad.  Dentro de
esas obligaciones de  socorro y ayuda se encuentra, sin lugar a dudas, aquello
que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud requeridos por la
accionante, razón por la cual sus hijos deben realizar todas las gestiones
necesarias para que se afilie al sistema general de salud y seguridad social, y
reciba todas las atenciones que una mujer de su edad requiere.
En relación con la presunta afectación del derecho a
la salud de la accionante, la Sala considera que no obra prueba en el
expediente de que la misma esté padeciendo de una enfermedad grave que haga
necesario el pronunciamiento inmediato del juez de tutela para proteger su
derecho a la salud en conexidad con la vida. Lo que sí aparece en el proceso es
que la accionante ha sufrido algunos padecimientos propios de una mujer de su
edad que no hacen necesario, por lo menos en este momento, una orden inmediata
de protección de sus derechos para el suministro de un medicamento o la práctica
de un tratamiento o procedimiento, como tantas veces lo ha hecho esta
Corporación, especialmente tratándose de personas de la tercera edad.
Por otro lado, esta Sala no encuentra claridad sobre
la existencia del derecho precario que aduce tener la accionante sobre la
pensión de sobrevivientes del causante, en contraposición a lo alegado por la
señora Marleny Galvis Prieto, presunta compañera permanente del señor Castillo
Rodríguez. En particular, esta Corte ve con extrañeza dos afirmaciones de la
accionante que parecen ser contradictorias, pues de un lado la señora Rodríguez
alega haber convivido con su esposo durante toda su vida marital, es decir,
desde diciembre de 1941 hasta septiembre de 2003, fecha en la cual falleció el
señor Castillo; y simultáneamente sostiene que en 1986, contrajo matrimonio
civil con el señor Jorge Fonseca Chaparro en la ciudad de Ureña, Estado del
Táchira, República de Venezuela. Aun cuando este matrimonio no haya sido
registrado en Colombia y se haya celebrado por hacerle un favor al señor
Fonseca Chaparro, en todo caso, pone en entredicho esa convivencia
ininterrumpida a la que se refiere la accionante en su escrito de tutela.  Esta
circunstancia, sin embargo, le corresponderá considerarla y resolverla, en toda
su complejidad, al juez de la causa, en este caso, el Tribunal
contencioso-administrativo de Cundinamarca.
En conclusión, la acción de tutela resulta
improcedente en el presente caso y mal haría el juez de tutela reconocer
provisionalmente un derecho que está en plena discusión en la jurisdicción
contencioso-administrativa, cuando está probado dentro del proceso que no se
está generando un perjuicio de carácter irremediable a la accionante.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. Por las razones expuestas en
esta providencia, CONFIRMAR las sentencias proferidas por el Juzgado
treinta y cuatro (34) Civil del Circuito de Bogotá D.C  el día veintinueve (29)
de octubre de dos mil cuatro (2004) en primera instancia, y por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el dieciséis (16) de
diciembre de dos mil cuatro (2004) en segunda instancia, que declararon
improcedente la acción de tutela promovida por la señora Elvira Rodríguez de
Castillo contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Segundo. Por Secretaría, líbrese
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia T-190/93, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz
[2] Ver, entre otras, las sentencias
T-190/93, T-553/94 y C-389/96.
[3] Sentencia C-002 de 1999. MP
Antonio Barrera Carbonell. Consideración de la Corte 3.3.
[4] C-1176 de 2001, MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra
[5] Sentencia T-083 de 2004. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[6]
Sentencia T-638 de 1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); T-079 de 1995 (MP
Alejandro Martínez Caballero); T-373/98 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[7] Sentencia T-425 de 2004. M.P.
Alvaro Tafur Galvis.
[8]
El artículo 9 de la ley 447 de 1998 establece que: "El cónyuge
sobreviviente no tiene el derecho al otorgamiento de la pensión cuando en el
momento del deceso del Oficial o Suboficial exista separación judicial o
extrajudicial de cuerpos o no hiciere vida en común con él, excepto cuando los
hechos que dieron lugar al divorcio, a la separación de cuerpos, a la ruptura
de vida común, se hubieren causado sin culpa del cónyuge superstite".
Modifícase el páragrafo del
artículo 195 del Decreto legislativo número 1211 de 1990, el cual quedará así:
"El cónyuge sobreviviente no
tiene derecho a la pensión de que trata este artículo, cuando en el momento del
deceso del Oficial o Suboficial exista sentencia judicial o extrajudicial de
cuerpos, o no hiciere vida en común con él, excepto cuando los hechos que
dieron lugar al divorcio, a la separación de cuerpos, a la ruptura de vida en
común, se hubieren causado sin culpa imputable al cónyuge superstite.
Los cónyuges que no hayan
consolidado el derecho a obtener la sustitución pensional bajo la vigencia de
los artículos 188 y 195 del Decreto legislativo 1211 de 1990, podrán obtenerlo
en adelante, de conformidad con el presente artículo, cuando presenten a la
Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares, copia debidamente
autenticada de la sentencia judicial que le haya reconocido dicho
derecho".
[9] Sentencia T-789 de 2003. MP.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] Sentencia T-076 de 2003, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[11] Sobre este punto pueden
consultarse, entre otras, las Sentencias T-111 de 1994 (M.P. Antonio Barrera
Carbonell), T-292 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-489 de 1999 (M.P. (e)
Martha Victoria Sáchica de Moncalenao)  y T- 076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
[12] Cfr. Sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998.
[13] Cfr. Sentencias T-042 de 2001, T-481 de 2000, T-099 de 1999, T-351 de 1997,
T-426 de 1994 y T-116 de 1993.
[14] Cfr. Sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de
2000.
[15] Cfr. Sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de
1999, T-313 de 1998 y T-351 de 1997.
[16] Cfr. Sentencias T-755 de 1999, T-753 de 1999 y T-569 de 1999.
[17] Cfr. Sentencias T-482 de
2001, T-1752 de 2000, entre otras.
[18]  Sentencia T-1316 de 2001 (M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes).
[19] En particular, el artículo 411 y
siguientes del Código Civil, que se refieren a la obligación alimentaria no
sólo de los padres a los hijos, sino también de éstos hacia sus progenitores.