T-445-06
Sentencia T-
Sentencia T-445/06
ACCION DE
TUTELA CONTRA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO-Procedencia
en caso de asociada que fue afectada con medida de detención preventiva
COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO-Naturaleza jurídica, definición
y características/PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE FORMALIDADES EN RELACIONES
LABORALES-Principio constitucional
Como ya lo ha establecido esta
Corporación en reiterada jurisprudencia, entre una Cooperativa de Trabajo
Asociado y sus asociados pueden surgir diversas relaciones de índole
contractual, cada una de las cuales coloca a las partes en diferente posición
jurídica, en cuyo caso es pertinente analizar las condiciones jurídicas del
contrato celebrado así como las condiciones fácticas en que se desenvuelve
dicho contrato, pues puede llegar a ser necesario aplicar el principio de la
primacía de la realidad sobre la forma jurídica que las partes hayan dado a la
relación contractual. Las cooperativas de trabajo asociado "son aquellas
que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes,
ejecución de obras o la prestación de servicios”.
COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO-Casos en los cuales a
trabajadores vinculados se les aplica legislación laboral
SUBORDINACION DEL TRABAJADOR EN CONTRATO DE ASOCIACION-Elementos
En relación con los elementos que pueden
conducir a que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una
relación horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la
cual una de la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se
configure un estado de subordinación, se pueden destacar diferentes elementos,
como por ejemplo (i) el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones
a que tiene derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las
condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la
realizó; (ii) el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el
cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii)
la sujeción por parte del asociado a la designación de la Cooperativa del
tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones
en las cuales trabajará; entre otros.
ACCION DE
TUTELA CONTRA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO-Procedencia
por existir subordinación
En el caso concreto si bien la Sala no
desconoce la naturaleza, objeto y fines de las cooperativas de trabajo
asociado, y no entrará a determinar si entre la peticionaria y Participemos
existió una relación de carácter laboral, la ponderación integral de la
información que obra en el expediente permite concluir que entre la accionante
y la cooperativa accionada existía una relación de subordinación, que hace procedente
la tutela de la primera contra la segunda.
TERMINACION DE
CONTRATO DE ASOCIACION POR ABANDONO DEL CARGO-Causal
prevista en el convenio cooperativo/DEBER DE INFORMACION A LA COOPERATIVA DE
TRABAJO EN RELACION CON DETENCION PREVENTIVA-No se está frente a
circunstancia de fuerza mayor que impidiera a la demandante informar
Para proceder a la exclusión considera
la Corte que bastaba con que la Cooperativa le informara a la afiliada la
decisión, precisando la causal procedía por la cual procedía a retirarla de
Participemos. Por ende, no son exigibles otros deberes procedimentales por
parte de la Cooperativa, lo cual no significa atribuirle a ésta una
discrecionalidad absoluta cuando toma las decisiones de expulsión, pues las
mismas habrán de estar debidamente motivadas en alguna o algunas de las
causales previstas en el régimen y deberán ser puestas en conocimiento del
afiliado, quien puede entonces ejercer su derecho de defensa. Es más, la Corte
encuentra que en el caso que se analiza la cooperativa no procedió en su actuar
de una manera precipitada, ya que se tiene que desde el 11 de octubre la señora
no se presentó al lugar de trabajo, y sólo hasta el 24 de octubre, esto es
trascurridos nueve días hábiles después de su ausencia, se tomó la decisión de
su exclusión. Adicionalmente, la Corte considera que en la medida en que no fue
puesta en conocimiento de la Cooperativa la razón del abandono del cargo al
momento de producirse éste, en concepto de la Cooperativa se tipificaba una
injustificada inasistencia al lugar de trabajo. Así, si la señora no le informó
a la cooperativa en la oportunidad debida, como era su deber, sobre las razones
de su ausencia, no es dable en este momento endilgarle a Participemos una
violación al derecho al debido proceso de la accionante. La cooperativa de
trabajo asociado tomó la decisión con base en la información que tenía en ese
momento.
AUTONOMIA DE
LA VOLUNTAD CONTRACTUAL-Si expulsión de un
cooperado se produjo debidamente no existe para Cooperativa obligación de celebrar
un nuevo convenio
Estima la Corte que en la medida en que
en las reglas pactadas por las partes no se previó nada al respecto y el
contrato se dio por terminado por una justa causa, en el campo de la autonomía
contractual no es constitucional obligar a la Cooperativa a suscribir un nuevo
contrato con la peticionaria, lo que no obsta para que la Cooperativa, si a
bien lo tiene, decida celebrarlo.
Referencia: expediente T-1323636
Acción de tutela
instaurada por Celina del Carmen Bedoya Ortiz contra la Cooperativa de Trabajo
Asociado Participemos
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil
seis (2006).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA,
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Y RODRIGO ESCOBAR GIL, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
proferido el treinta (30) de diciembre de 2005 en primera instancia por el
Juzgado Segundo Penal Municipal y del fallo proferido el diez (10) de febrero
de 2006 en segunda instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, dentro
de la acción de tutela instaurada por Celina del Carmen Bedoya Ortiz contra la
Cooperativa de Trabajo Asociado Participemos.
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.1.
La señora Celina del Carmen Bedoya Ortiz el 2 de
octubre de 1998 solicitó mediante proforma el ingreso a la Cooperativa de
Trabajo Asociado Participemos, en la cual manifestó conocer y aceptar los
principios cooperativos, los estatutos y los reglamentos de la mencionada
cooperativa.[1]
1.2.
En la Fiscalía 68 de la Dirección Seccional de
Fiscalías de Medellín “Delitos contra el régimen constitucional, seguridad y
salud pública”  cursó proceso penal por el delito de porte de
estupefacientes en contra de la señora Celina del Carmen Bedoya Ortiz, en
virtud del cual se ordenó su detención preventiva entre el 11 y el 24 de
octubre de 2005, la cuál fue sustituida por la medida de detención domiciliaria
a partir del día 24 del mismo mes y año.[2]
1.3.
A través de comunicación del 22 de octubre de
2005 el gerente general de la Cooperativa informó a la señora Celina sobre la
cancelación del convenio de asociación a partir del 24 de octubre de 2005, “considerando
que usted no se ha presentado a laborar desde el día 13 de octubre, sin
presentar justificación”, con base en la causal prevista en el numeral 17
del artículo 31 (Capítulo IX) del régimen de trabajo asociado.[3]
1.4.
Por medio de escrito del 17 de noviembre de
2005, la señora Celina del Carmen Bedoya Ortiz solicitó a la Cooperativa de
Trabajo Asociado el reintegro al cargo que venía ocupando dentro de la empresa
EVERFIT INDULANA, o uno de iguales o superiores condiciones, al considerar que
no le era aplicable la causal 5 del artículo 31 del Reglamento General de
Trabajo, en tanto que la detención preventiva se había producido por un término
inferior a 30 días.[4]
2.
Acción de tutela[5]
La señora Celina del Carmen Bedoya Ortiz,
por medio de escrito de fecha 15 de diciembre de 2005, interpuso acción de
tutela contra la Cooperativa Participemos al estimar que esta entidad ha
vulnerado sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, el
trabajo en condiciones dignas, los derechos del adulto mayor y el derecho al
mínimo vital, con base en las siguientes consideraciones:
La accionante comienza por señalar que se
vinculó a la Cooperativa de Trabajo Asociado Participemos, y que a través de
ésta trabajó desde el año 2000 en EVERFIT INDULANA, empresa de la cual percibía
un ingreso mensual de $520,000, los cuales distribuía para el pago del
arrendamiento, pago de servicios públicos, alimentación, transporte y gastos
personales.
El 26 de octubre de 2005 la Cooperativa le
canceló el contrato de asociación, excluyéndola – en consecuencia – de la
misma, con base en la causal quinta del artículo 31 de los Estatutos de la
Cooperativa, según la cual la detención preventiva de un asociado por más de
treinta (30) días da lugar a la expulsión del asociado. Manifiesta que con ocasión
de un proceso penal por el delito de porte de estupefacientes, fue detenida
preventivamente desde el 11 de octubre hasta el 25 del mismo mes, y que por lo
tanto su situación no se enmarca en la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 31 del Reglamento de Trabajo de la Cooperativa. Agrega que sólo en el
momento en que cesó la mencionada detención le fue posible comunicárselo a la
empresa.
Además de lo anterior, la señora Celina
expresa que mediante derecho de petición de carácter verbal el 27 de octubre de
2005 solicitó a la señora María Isabel, jefe de personal de la
Cooperativa, el reintegro a su puesto de trabajo, solicitud que fue negada por
ésta. Una vez más, el 17 de noviembre, solicitó de manera escrita su reintegro,
al considerar que los estatutos eran violatorios de la Constitución y “de
los principios y valores que inspiran el modelo Cooperativo”. La señora
Celina estima que si bien las cooperativas tienen discrecionalidad para expedir
sus estatutos, los mismos no pueden ir en contra de los derechos y garantías
consagrados en la Carta Política. En este sentido, considera que
“(…) dentro de los
valores cooperativos están los de responsabilidad, solidaridad, ayuda mutua,
igualdad, democracia, equidad, que mirados con las varias causales de exclusión
y en especial la de mi despido, no guardan proporcionalidad ni coherencia,
máxime cuando dentro de las obligaciones de la cooperativa enunciadas en el
artículo 18 ibídem, establecen procurar por el bienestar (sic) y familiar de
los asociados y guardar absoluto respeto por la dignidad de los asociados y de
su familia. Debiendo ser la conducta desplegada por la cooperativa acudir en mi
ayuda en virtud del principio de (sic) constitucional y legal de solidaridad,
por el infortunio vivido”.
Señala ser una mujer de 55 años edad, viuda
y con hijos mayores, quienes han establecido sus propias familias. Estas
características implican que en la actualidad no cuente con ninguna persona que
la soporte en materia económica, por lo cual el haber sido despedida de la
Cooperativa y no estar percibiendo un ingreso vulnera su derecho al mínimo
vital. Expresa haber adquirido diferentes deudas para sufragar sus gastos de
alimentación y arriendo desde el momento del despido.
Cita diferentes providencias de la Corte Constitucional,
que tratan sobre el derecho a la dignidad, los derechos del adulto mayor, el
derecho al trabajo en condiciones dignas, y la facultad de la cooperativas para
expedir sus propios estatutos, sin señalar de manera precisa cómo estos
derechos se ven afectados en su caso.
Con base en los anteriores fundamentos, solicita la accionante que
se amparen los derechos fundamentales invocados, y en consecuencia que se
ordene a la Cooperativa (i) inaplicar el numeral 5 del artículo 31 de los
estatutos de la cooperativa; (ii) reintegrarla al puesto de trabajo “como
operaria de producción de la fábrica EVERFIT o a uno de igual o mejor categoría
en el entendido de que no hubo solución de continuidad”; (iii) pagar las
compensaciones y las demás acreencias que se deriven de los estatutos “hasta
tanto sea reintegrada de manera efectiva a su puesto de trabajo”; (iv) no
excluirla de ésta hasta tanto no le sea reconocida y pagada la primera mesada
pensional; entre otras pretensiones.
3.
Posición de la Cooperativa de Trabajo Asociado
Participemos[6]
El día 23 de diciembre de 2005, el señor
Luis Germán Cadavid Palacio, obrando en calidad de apoderado judicial de la
entidad accionada, se manifestó acerca de la acción de tutela interpuesta por Celina
del Carmen Bedoya Ortiz, en los siguientes términos:
En primer lugar, manifiesta que la acción
de tutela es “improcedente y temeraria”, ya que de acuerdo con el
Decreto Ley 468 de 1990 y el Decreto Reglamentario 79 de 1988, las
controversias que surjan entre la cooperativa y uno de sus asociados se
resolverán mediante procedimiento arbitral. Agrega que esta previsión fue
incluida en el Estatuto de la Cooperativa de manera expresa, el cual fue
aceptado por la accionante en el momento de la vinculación. En este sentido,
sostiene el señor Cadavid que existiendo otro mecanismo de solución de
controversias, la acción de tutela no debe prosperar.
Sumado a lo anterior, manifiesta que en un
esquema de cooperativismo no existe relación de subordinación entre las partes,
en la medida en que el asociado es trabajador y dueño de la respectiva
cooperativa, argumento este que hace igualmente improcedente la acción incoada.
Respecto del derecho a la dignidad humana,
señala el apoderado judicial de Participemos que (i) la señora Celina
del Carmen Bedoya Ortiz ha diseñado su plan de vida como ha querido, en virtud
del cuál cometió el delito de porte de estupefacientes, por el cual se profirió
sentencia condenatoria, otorgándole el subrogado penal de suspensión de la
pena; (ii) la señora goza de condiciones materiales para soportar
adecuadamente su existencia; y (iii) en ningún momento la Cooperativa ha
proferido humillaciones en contra de la ex asociada.
Después de referirse sucintamente al
derecho al trabajo en condiciones dignas y a los derechos del adulto mayor,
arriba a la siguiente conclusión:
“no podemos hablar de
una exclusión, lo que ocurrió fue una terminación de un convenio de asociación
por el siguiente motivo: abandono del cargo, al faltar sin justa causa y sin
previo aviso por más de tres días consecutivos, el cual se encuentra consagrado
en el Régimen de Trabajo Asociado de la Cooperativa de Trabajo Asociado
Participemos en su capítulo IX , artículo 31, numeral 17”.
Con base en las anteriores
consideraciones, concluye el apoderado de la accionante que Participemos no ha
vulnerado el derecho al debido proceso del accionante.
4.
Sentencias de tutela objeto de revisión[7]
El treinta (30) de diciembre de 2005 en
primera instancia, el Juzgado Segunda Penal Municipal negó la tutela de los
derechos fundamentales invocados por la señora Celina, por considerar que la
tutela contra la Cooperativa Participemos era improcedente. Las razones de su
decisión fueron las siguientes:
En primer lugar, el juez de primera
instancia afirma que “se ha de mencionar que el esclarecimiento y decisión
de asuntos contractuales en principio no son del resorte de la jurisdicción
constitucional a través de la acción de tutela”, y que en lo que hace
referencia a la detención preventiva por más de treinta días con posterior
sentencia absolutoria no se configura como causal justa de terminación del
contrato de trabajo, y por ende da lugar al empleado a las indemnizaciones
consagradas en la legislación nacional. En éste sentido considera que en tanto
que la accionante sólo estuvo privada de la libertad por el término de once
(11) días no se encuentra dentro de la causal señalada, “por lo que se debe
declarar inexequible, en especial, el numeral 5 del artículo 31 del reglamento
de Trabajo de la Cooperativa de Trabajo Asociado Participemos, que hace
referencia a que dentro de los tres (3) días no haya comparecido a su lugar de
trabajo a laborar” y cita para el efecto la sentencia del 17 de octubre de
1989 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que
se afirma.
“(…) en una hipótesis
como ésta, si la privación de la libertad como consecuencia del auto de
detención preventiva no superó los treinta días y por lo mismo el trabajador
pudo prestarle los servicios al patrono no habrá justificación del despido
aunque dicha providencia haya estado vigente por un tiempo superior”.
No obstante la anterior argumentación, el
juez de primera instancia considera que la presente acción de tutela es
improcedente ya que al estar dirigida contra un particular debe encuadrarse
dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Carta Política, y
en este caso la accionante no se encuentra en una relación de subordinación
respecto de la Cooperativa, toda vez que entre una y otra se celebró un
contrato de asociación. Asimismo, afirma que la señora Celina no se encuentra
en un estado de indefensión frente al accionado, ya que “es este último
quien lo invita a agotar su reclamación prestacional frente al ente competente
mediante el trámite arbitral”. Y por ende, considera el juez que
“si procediéramos por
un conflicto en donde las partes fueran empleadores y trabajadores en donde el
esquema tradicional es la parte lucrativa en el mercado, tranquilamente se
podría entrar a concluir que la parte accionada no le asistía el derecho de haber
terminado el contrato de trabajo en forma unilateral por no existir justa
causa, pues como lo dejó sentado el accionante, sólo permaneció en reclusión
por el término de once (11) días sin superar el límite de los treinta (30);
factor objetivo que no se cumplió para que la parte demandada hubiese motivado
el despido justificado”.
A lo anterior agrega el hecho de que para
dirimir los conflictos entre un afiliado y la cooperativa está previsto el
trámite arbitral, por lo cual al existir otro mecanismo de defensa la tutela es
igualmente improcedente.
Finalmente, el señor Juez afirma que
“con la medida adoptada
por la parte demandada, es entendible que la peticionaria se sienta afectada en
los derechos fundamentales que reclama le sean protegidos. Empero, ha de
analizarse que para este juez no existió vulneración a ninguno de ellos, pues
la Cooperativa lo único que hizo fue expedir una resolución dando por terminado
en forma unilateral el contrato de trabajo; aunado a ello, que el accionado no
ejerció humillación alguna en forma escrita o verbal que hiciera suponer a este
despacho que existió tal acto como para hacer suponer que afectó la dignidad de
la peticionaria”.
A partir del análisis antes expuesto, el
juez deniega el amparo por considerar improcedente la acción de tutela.
El anterior fallo fue impugnado por la
señora Celina del Carmen Bedoya Ortiz, y en consecuencia correspondió al
Juzgado Segundo Penal del Circuito conocer del recurso de apelación, el cual
profirió sentencia el diez (10) de febrero de 2006 confirmando el fallo de
primera instancia.
Entre las razones aducidas por el juez de
segunda instancia para confirmar el fallo de primera instancia, se encuentra
que la tutela es improcedente para reclamar la protección de derechos de rango
legal, y que para proceder a concederla es necesario que “estén de por medio
un derecho de los llamados fundamentales o que aún sin serlo, adquieran este
carácter por conexidad, que no exista otro medio jurídico para su protección y
que de existir, por su residualidad, se invoque para defender un perjuicio
irremediable”. En su concepto, en el presente caso de trata de un debate
sobre derechos de rango legal:
“lo que aparta el juez
constitucional (sic) entrar a resolver sobre ellas, en tanto no se desprende la
violación de los derechos invocados o salvo que esta acción se utilizara como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación que
tampoco viene para el caso, por lo que se dará confirmatoria (sic) el fallo de
primera instancia”.
II.      CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia y trámite
Esta Corte es competente para conocer de
las sentencias materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política y en
los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema Jurídico
La Cooperativa Participemos le informó a la
señora Celina del Carmen Bedoya Ortiz sobre la cancelación del contrato de
asociación a partir del 24 de octubre de 2005 con base en la causal de abandono
del cargo, al no haberse presentado a laborar durante 14 días, entre el 11 de
octubre y el 25 de octubre de 2005 sin informar sobre su situación de
detención. Posteriormente la tutelante, en dos ocasiones, solicitó a la aquí
accionada su reintegro a la Cooperativa tras considerar que al haberse debido
su ausencia a su detención preventiva por parte de la Fiscalía 68, desde el 11
de octubre hasta el 25 de octubre de 2005, no estaba debidamente justificada su
expulsión de la Cooperativa.
En primer término, la Corte analizará si
en este caso es procedente la acción de tutela. Vistos los antecedentes, la
Sala de Revisión considera que para resolver sobre la procedibilidad de esta
acción es necesario (i) definir si procede la acción de tutela contra
particulares cuando la accionada es una  cooperativa de trabajo asociado con la
cual la señora Bedoya celebró contrato de asociación; (ii) se estudiará
si existe otro medio de defensa mediante el cual sea posible resolver las
controversias que se alegan en esta oportunidad.
En caso de encontrarse que, en efecto, la
acción de tutela es procedente, la Sala entrará a resolver las siguientes
preguntas:
(i) ¿Podía la Cooperativa
Participemos, sin desconocer el debido proceso, dar por terminado el contrato
de asociación celebrado con la accionante, con base en la causal de abandono
del cargo?
(ii) En caso de darse una respuesta
afirmativa al interior interrogante, la segunda pregunta que se formula la Sala
es si una vez informada la Cooperativa de las razones por las cuales la
accionante no acudió a su lugar de trabajo, ¿tenía ésta la obligación
constitucional de volver a celebrar un contrato de asociación con la tutelante?
La Corte abordará estas cuestiones en el
plano constitucional, sin definir aspectos legales–contractuales que escapan al
ámbito del juez de tutela.
3. Reiteración de
jurisprudencia: Entre el asociado y la cooperativa de trabajo asociado puede
existir una relación de subordinación que hace procedente la acción de tutela
en contra de particulares.
De acuerdo con el contenido del artículo
86 de la Constitución Política, la acción de tutela sólo procede contra
particulares de manera excepcional.[8] Así, entre las causales para accionar en contra de
un particular está que el particular que interpone la acción se encuentre en
situación de subordinación o indefensión respecto del accionado.[9] Los jueces de instancia en el caso bajo
estudio denegaron el amparo solicitado por la accionante al considerar que al
haberse celebrado entre ésta y la Cooperativa Participemos contrato de
asociación, la señora Bedoya no se encontraba en una situación de subordinación
frente a dicha de empresa cooperativa.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado el alcance conceptual de los
fenómenos jurídicos de la subordinación e indefensión, en los siguientes
términos:
"(...) [la subordinación]
alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por
ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes
frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que
pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación
que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no
tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social
determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona
afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de
respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate (...)".[10]
Como ya lo ha establecido esta Corporación
en reiterada jurisprudencia, entre una Cooperativa de Trabajo Asociado y sus
asociados pueden surgir diversas relaciones de índole contractual,[11] cada una de las
cuales coloca a las partes en diferente posición jurídica, en cuyo caso es
pertinente analizar las condiciones jurídicas del contrato celebrado así como
las condiciones fácticas en que se desenvuelve dicho contrato, pues puede
llegar a ser necesario aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre
la forma jurídica que las partes hayan dado a la relación contractual.
Las cooperativas de trabajo asociado "son
aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción
de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios”.[12] Sobre este tipo
de asociación, la Corte se manifestó en la sentencia C-211 de 2000 así:
“Las cooperativas de
trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas
que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas
contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos. Dado que los
socios son los mismos trabajadores éstos pueden pactar las reglas que han de
gobernar las relaciones laborales, al margen del código que regula esa materia.
Todos los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo
aportado, además de participar en la distribución equitativa de los excedentes
que obtenga la cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en forma transitoria
u ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se
regirán por la legislación laboral vigente”.[13]
De acuerdo con los
elementos establecidos en la Ley 79 de 1988, las
cooperativas de trabajo asociado se caracterizan por: (i) los asociados
son al mismo tiempo los aportantes de capital y los gestores de la empresa; (ii)
el régimen de trabajo, de previsión, de seguridad social y compensación está
consagrado en los estatutos y reglamentos de dichas organizaciones, lo que
significa que, en concordancia con el artículo 59 de esta ley, que dicho
régimen “no estará sujeto a la legislación laboral aplicable a los
trabajadores dependientes”; y (iii) las diferencias que surjan entre
las partes se someterán al procedimiento arbitral previsto en el Título XXXIII
del Código de Procedimiento Civil o a la justicia laboral ordinaria. Estas
características conllevan a que en principio no sea posible hablar de
empleadores por una parte, y de trabajadores por la otra, como en las
relaciones de trabajo subordinado o dependiente.[14]
Ahora bien, como ya se ha advertido,
existen casos excepcionales que modifican la posición jurídica de las partes
dentro del contrato, haciendo por ejemplo que aparezcan elementos de
subordinación en la relación. Así, se tiene el caso en el cual las cooperativas
de trabajo asociado contratan con personal ocasional o permanente o que el
cooperado no trabaja directamente para la cooperativa sino para un tercero
respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios y la relación con este
último surge por mandato de aquella.
En relación con los elementos que pueden
conducir a que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una
relación horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la
cual una de la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se
configure un estado de subordinación, se pueden destacar diferentes elementos,
como por ejemplo (i) el hecho de que para que se produzca el pago de las
compensaciones a que tiene derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor
en las condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual
la realizó; (ii) el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre
el cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii)
la sujeción por parte del asociado a la designación de la Cooperativa del
tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones
en las cuales trabajará; entre otros.
En ocasiones la concurrencia del elemento
de subordinación con los demás previstos en el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo[15] puede dar lugar a la configuración de una relación laboral[16] bajo la fachada
de un acuerdo cooperativo,[17] que dará lugar a la aplicación del principio de la primacía de la
realidad en las relaciones laborales,[18] asunto éste que en principio es competencia del juez laboral
vislumbrar.
Dentro del convenio de asociación suscrito
por la señora Bedoya al ingresar a la Cooperativa Participemos sobresalen que
en el mismo no existe mención alguna al derecho a participar “en la
distribución equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa”,[19] que debe preverse
a favor de cada uno de los cooperados y que constituye elemento esencial de esa
modalidad específica de asociación, por lo cual si bien el cooperado aporta su
labor y en contraprestación recibe las compensaciones pactadas con la
Cooperativa, uno elemento importante de este tipo de relaciones no se previó en
el contrato que suscribieron las partes.
Tampoco el antedicho convenio hace
referencia a los derechos que tienen los asociados vinculados con las
cooperativas de trabajo asociado, en relación con la facultad de participar en
las actividades de dichas organizaciones y en su administración mediante el desempeño
de cargos sociales, elementos estos que cobran relevancia para determinar si en
efecto se trataba de un acuerdo cooperativo o de otro tipo de relación
contractual.
La Sala aprecia que la cooperada no trabajó
directamente para la cooperativa sino para un tercero respecto del cual recibió
órdenes, cumplió horarios y recibió una remuneración.[20]
De lo anterior, en el caso concreto si bien
la Sala no desconoce la naturaleza, objeto y fines de las cooperativas de
trabajo asociado, y no entrará a determinar si entre la señora Bedoya y
Participemos existió una relación de carácter laboral, la ponderación integral
de la información que obra en el expediente permite concluir que entre la
accionante y la cooperativa accionada existía una relación de subordinación,
que hace procedente la tutela de la primera contra la segunda.
Adicionalmente, la Corte estima que en el
presente caso existen mecanismos a través de los cuales se podría provocar su
revinculación Cooperativa. No obstante lo anterior, la edad de la peticionaria
(55 años) y las condiciones materiales por las cuales en éste momento atraviesa
(ausencia de una red de apoyo y de medios económicos alternativos para soportar
su subsistencia) determinan de forma decisiva la posibilidad de sufrir un
perjuicio irremediable que hacen que no se puede predicar de mecanismos
alternativos su efectividad en las actuales condiciones.
Por lo tanto, la Corte considera que en el
presente caso se reúnen las condiciones de procedibilidad de la acción, y por
lo tanto, entrará a estudiar el asunto de fondo.
4. La terminación
del contrato de asociación procede por las causales previstas en el convenio
cooperativo, las cuales han sido aceptadas libremente por parte del cooperado
en el momento de su suscripción.
Sea lo primero precisar que la Cooperativa
procedió a la exclusión de la señora Celina amparada en la causal de abandono
del cargo, la cual, de conformidad con el artículo 31 numeral 17 del Estatuto
de Trabajo Asociado se configura por el hecho de faltar sin justa causa y sin
previo aviso por más de tres días consecutivos, como se observa en la carta que
la misma dirige a la accionante. Por lo tanto, no es cierto que la señora
Bedoya haya sido retirada como consecuencia de la medida de detención
preventiva y por ende, la Corte tendrá como base de la exclusión la aducida por
la Cooperativa.
De otra parte, es necesario precisar que la
actuación que pretenda poner fin a la relación entre las partes se encuentra
subordinada a las cláusulas del contrato celebrado por las mismas. Lo anterior,
sumado a que en el reglamento general de trabajo asociado que reposa en el
expediente la exclusión del asociado no se enmarca dentro de las faltas que dan
lugar a la imposición de una sanción, detalladas en el artículo 19 del mismo, y
por ende no da lugar a la aplicación de las normas disciplinarias previstas en
dicho estatuto.
A partir de lo anterior, se pregunta la
Corte si una cooperativa puede dar por terminado el contrato de asociación por
el no cumplimiento de los deberes del asociado, en el caso particular, el deber
presentarse al lugar de trabajo en las condiciones pactadas en el convenio de
asociación. Las partes suscribieron un contrato que habría de regir las
condiciones de sus relaciones, y que es obligatorio no sólo para la Cooperativa
sino también para cualquiera de sus asociados. Además se previeron con claridad
y precisión las causales de terminación del mismo. Ni en el régimen de trabajo
asociado, ni en el reglamento general de trabajo asociado se prevé un mecanismo
especial para dar por terminado el contrato; es decir, las partes no fijaron
reglas específicas con base en las cuales la Cooperativa puede proceder a
excluir a uno de sus asociados. En el reglamento general de trabajo asociado se
observa que si se pactaron reglas para la imposición de amonestaciones o
sanciones disciplinarias, que son exigibles en el actuar por parte de la
Cooperativa, como antes se afirmó. Sin embargo, la exclusión del asociado no se
enmarca dentro del conjunto de las sanciones disciplinarias que en el convenio
de asociación se pactaron. Por lo tanto, para proceder a la exclusión considera
la Corte que bastaba con que la Cooperativa le informara a la afiliada la
decisión, precisando la causal procedía por la cual procedía a retirarla de
Participemos. Por ende, no son exigibles otros deberes procedimentales por
parte de la Cooperativa, lo cual no significa atribuirle a ésta una
discrecionalidad absoluta cuando toma las decisiones de expulsión, pues las
mismas habrán de estar debidamente motivadas en alguna o algunas de las
causales previstas en el régimen y deberán ser puestas en conocimiento del
afiliado, quien puede entonces ejercer su derecho de defensa.
Es más, la Corte encuentra que en el caso
que se analiza la cooperativa no procedió en su actuar de una manera
precipitada, ya que se tiene que desde el 11 de octubre la señora Bedoya no se
presentó al lugar de trabajo, y sólo hasta el 24 de octubre, esto es
trascurridos nueve días hábiles después de su ausencia, se tomó la decisión de
su exclusión.
Adicionalmente, la Corte considera que en
la medida en que no fue puesta en conocimiento de la Cooperativa la razón del
abandono del cargo al momento de producirse éste, en concepto de la Cooperativa
se tipificaba una injustificada inasistencia al lugar de trabajo. Así, si la
señora no le informó a la cooperativa en la oportunidad debida, como era su
deber, sobre las razones de su ausencia, no es dable en este momento endilgarle
a Participemos una violación al derecho al debido proceso de la accionante. La
cooperativa de trabajo asociado tomó la decisión con base en la información que
tenía en ese momento. Como lo manifiesta la accionante en su acción de tutela
la misma ella sólo le informó a la Cooperativa de lo sucedido hasta el día 27
de octubre, esto es, más de 15 días después de haber dejado de acudir al lugar
de trabajo.
Sobre este último aspecto, la Corte debe
resaltar que la accionada no cumplió con la carga mínima que le correspondía y
que no acreditó en el curso de la acción de tutela estar frente a una
circunstancia de fuerza mayor que le impidiera informar a EVERFIT o a la
Cooperativa que se encontraba detenida preventivamente. No basta con que la
accionante afirme no haber podido comunicarse, para de ello deducir que le fue
imposible cumplir con su deber de información. Bien es sabido que la detención
preventiva no acarrea por sí misma la incomunicación total del detenido con el
mundo exterior, y que éste tiene la posibilidad de comunicarse con sus
familiares o su apoderado, quienes hubieran podido hacerle saber a la
Cooperativa las circunstancias por las que atravesaba la señora Bedoya. Es más,
es posible que la misma accionante dispusiera de medios para informarle
directamente al jefe de personal u otro miembro adscrito a la Cooperativa de su
situación.
Bajo las anteriores consideraciones, la
Corte estima que la Cooperativa actuó con base en las previsiones del
reglamento de trabajo cooperativo y del convenio, y es en virtud de estos que
dio por terminado legítimamente el contrato de trabajo.
5. La autonomía de
la voluntad contractual supone para  las partes la libertad de celebrar los
contratos en las circunstancias y bajo las condiciones que lo acuerden. Si la
expulsión de un cooperado se produjo debidamente no existe para la cooperativa
una obligación de celebrar un nuevo convenio con el cooperado expulsado.
Una cuestión diferente es la que plantea el
último de los problemas jurídicos formulados, pues en éste – a diferencia del
anterior – se tiene que la Cooperativa de Trabajo una vez producida la
exclusión de la cooperada cuenta con la información que explica la ausencia del
cargo de la señora Bedoya. Ya en el anterior apartado se estableció que la
Cooperativa actuó legítimamente al invocar como causal de expulsión el abandono
del cargo, al momento que se adoptó la decisión. Ahora bien, una vez informada
¿tiene ésta la obligación celebrar un nuevo convenio cooperativo con la
cooperada expulsada?
Estima la Corte que en la medida en que en
las reglas pactadas por las partes no se previó nada al respecto y el contrato
se dio por terminado por una justa causa, en el campo de la autonomía
contractual no es constitucional obligar a la Cooperativa a suscribir un nuevo
contrato con la señora Bedoya, lo que no obsta para que la Cooperativa, si a
bien lo tiene, decida celebrarlo.
Por lo tanto, el amparo solicitado debe ser
denegado. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el treinta
(30) de diciembre de 2005 en primera instancia por el Juzgado Segunda Penal
Municipal y la sentencia proferida el diez (10) de febrero de 2006 en segunda
instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, dentro de la acción de
tutela instaurada por Celina del Carmen Bedoya Ortiz contra la Cooperativa
Participemos, pero por las consideraciones expuestas.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de diciembre de 2005 en
primera instancia por el Juzgado Segunda Penal Municipal y la sentencia
proferida el diez (10) de febrero de 2006 en segunda instancia por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito, dentro de la acción de tutela instaurada por Celina
del Carmen Bedoya Ortiz contra la Cooperativa Participemos, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- LÍBRESE
por secretaría la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
AUSENTE
EN COMISION
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] En efecto, la cláusula
segunda del convenio de asociación suscrito por la señora Celina dispone:
“Segunda. Las partes declaran que conocen y se someten a las normas legales
cooperativas, a los estatutos y a los reglamentos de LA COOPERATIVA, así como a
la filosofía y práctica de los principios cooperativos”.
[2] Dentro
de la causa referida, el Juez 21 Penal del Circuito profirió sentencia
condenatoria el 21 de noviembre de 2005, y le concedió a la señora Celina el
subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la pena.
[3] Este artículo dispone, en
lo pertinente, lo siguiente: “Artículo 31. Además de las contempladas en el
artículo 29 de los Estatutos, el Consejo de Administración, puede decretar la
expulsión de un asociado por las siguientes causas: || 17. Se considera
abandono del cargo, el faltar sin justa causa y sin previo aviso por más de
tres días consecutivos”. en igual sentido, en el artículo 22 del Reglamento
general de trabajo asociado se establece: “Artículo 22. terminación del vínculo
del trabajador asociado. La calidad del asociado se perderá por. Muerte, retiro
voluntario, exclusión, retiro forzoso o por disolución de la entidad, por suspensión,
por terminación de obra o contrato para el cual fue admitido como asociado, lo
cual deberá constar en el acuerdo de trabajo asociado”.
[4] En el numeral 5 del
artículo 31 del reglamento general de trabajo asociado se consagra como causal
de exclusión del asociado la siguiente: “La detención preventiva del asociado
por más de treinta días, a menos que posteriormente sea absuelto; el arresto
correccional que exceda de ocho días, aún por un tiempo menor cuando la causa
de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del
convenio de asociación”.
[5] Folios 1 al 11 del
expediente.
[6] Folios 44 a 50 del
expediente.
[7] Folios 88 al 103 del
expediente.
[8] El artículo 86 establece
en lo pertinente, “[l]a ley establecerá los casos en los que la acción de
tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio
público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión”.
[9] Así lo desarrolla el
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que en lo pertinente establece: “La
acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos: || (…) ||9. Cuando la solicitud sea
para tutelar {la vida o la integridad de} quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.  Este
numeral fue declarado exequible, salvo el aparte entre corchetes {...}
declarado inexequible, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-134 de
1994 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa).
[10] Sentencia T-290 de 1993
(M.P.: José Gregorio Hernández Galindo).
[11] Sobre este punto, la
Corte se pronunció recientemente en la sentencia T-063 de 2006, en la cual se
analizaron diferentes hipótesis en las cuales se puede encontrar un asociado
frente a la cooperativo. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
[12] Artículo
70 Ley 79 de 1988 “Por la cual se actualiza la legislación cooperativa”
[13] Sentencia C-211 de 2000
(M.P.: Carlos Gaviria Díaz).
[14] Sentencia T-063 de 2006
(M.P.: Clara Inés Vargas Hernández). En igual sentido, ver las sentencias T-550
de 2004 y T-291 de 2005 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa); T-917 de 2004
(M.P.: Alfredo Beltrán Sierra); T-286 de 2003 y T-1177 de 2003 (M.P.: Jaime
Araujo Rentería) y T-900 de 2004 y T-002 de 2006
(M.P.: Jaime Córdoba Triviño).
[15] Este artículo fue
modificado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990, el cual establece: “Artículo
1. El artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo quedará así: Artículo 23. Elementos Esenciales. 1. Para
que halla contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales: || a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por
si mismo; || b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de
órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo
e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración
del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos
mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al
país; y || c. Un salario como retribución del servicio. || 2. Una vez reunidos
los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato
de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le de ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen”.
[16] Al respecto se pueden
consultar, entre otras, las sentencias T-523 de 1998 (M.P.: Hernando Herrera
Vergara), C-386 de 2000 (M.P.: Antonio Barrera Carbonell), T-1040 de 2001 y
C-934 de 2004 (M.P.: Rodrigo Escobar Gil).
[17] Debe recordarse que la
Corte en sentencia C-665 de 1998 declaró inexequible el inciso segundo
del artículo 2o. de la Ley 50 de 1990, por las razones expresadas en la parte
motiva de esta providencia, que establecía que “No obstante, quien
habitualmente preste sus servicios personales remunerados en ejercicio de una
profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda
alegar el carácter laboral de su relación, deberá probar que la subordinación
jurídica fue la prevista en el literal b) del artículo 1o. de esta ley y no la
propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada".
[18] Así lo ha manifestado en
diferentes sentencias la Corte Constitucional. Por ejemplo, la
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional mediante sentencia T-291 de
2005 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa) se pronunció
sobre el caso la señora Diana María, mujer en estado de embarazo, que prestó
sus servicios inicialmente mediante contrato de prestación de servicios al Club
de Ingenieros, y posteriormente – por expresa disposición del Club – continuó prestándolos,
pero en calidad de asociada a la cooperativa de trabajo asociado Idearfuturo.
Debido a los incumplimientos de la señora de normas del Club, éste solicito a
la Cooperativa la adopción de medidas frente a los comportamientos de la misma,
por lo cual Idearfuturo decidió suspender el contrato de asociación entre dicha
entidad y la señora Diana María, y en consecuencia ésta no siguió prestando sus
servicios al Club. La Corte encontró que a pesar de la forma jurídica
dada por las partes a la relación existente entre la mujer embaraza, el Club y
la Cooperativa, se reunían los requisitos establecidos en el artículo 23 del
CST, es decir, existía un contrato de trabajo entre la señora Diana María y el
Club, y por lo tanto “quien desempeña la labor será tenido como un
trabajador, con todos los derechos y obligaciones propias de tal posición
contractual y la persona o entidad que recibe el servicio prestado y/o quien
señala las pautas de modo, tiempo y cantidad de ejecución del mismo y le paga
el salario al trabajador, será tenido en cuenta como el empleador, con todos
los derechos y obligaciones propias de tal posición contractual”. En
consecuencia, y en la medida en que se demostraron los elementos fácticos
exigidos por la jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela
transitoria tratándose de mujeres embarazadas, la Sala Tercera de Revisión
concedió el amparo de los derechos de la señora Diana María. Es el mismo caso
estudiado en la sentencia T-413 de 2004 (M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra).
[19] Sentencia C-211 de 2000
(M.P.: Carlos Gaviria Díaz).
[20] Sobre este elemento la
Corte manifestó en la sentencia T-286 de 2003 (M.P.: Jaime Araujo Rentaría): En
contraste con esto, en el caso de autos la Sala observa que si bien la actora
es asociada de una cooperativa de trabajo asociado (Coodesco), también lo es el
hecho de que Coodesco la envió a prestar sus servicios personales en las
dependencias del Citibank, lugar donde cumplía un horario y recibía una
remuneración por parte de la Coodesco. Es decir, en el caso planteado, tuvo
lugar una prestación personal del servicio en cabeza de la actora, una
subordinación jurídica de la misma frente a Coodesco y una remuneración a cargo
de ésta por los servicios personales prestados por la demandante. En otras
palabras, se configuró el contrato de trabajo en consonancia con la prevalencia
de lo sustancial sobre lo formal (art. 53 C.P)”. En igual sentido, la Corte
determinó que en el caso analizado en la sentencia T-002 de 2006 (M.P.: Jaime
Córdoba Triviño),  la accionante había sido enviada por un tercero y  se
encontraba trabajando para éste.