SU215-16
Sentencia SU215/16
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DERECHO A IMPUGNAR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA POR PRIMERA VEZ EN CASACION, EN EL MARCO DE UN
PROCESO PENAL REGULADO POR LA LEY 600/00-Jurisprudencia constitucional
aplicable al caso
DERECHO A IMPUGNAR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA-Delimitación
de los efectos de la sentencia C-792/14
En la sentencia C-792 de 2014 esta Corte, si bien emitió
un exhorto general, solo tomó una decisión aplicable a los casos en que una
persona es condenada por primera vez en segunda instancia, en un proceso penal,
y esto supone que el derecho a impugnar las sentencias condenatorias ante el
superior jerárquico o funcional, que se activa cuando venza el plazo del
exhorto sin legislación, solo aplica a las condenas impuestas por primera vez
en segunda instancia. A esta conclusión se llega entonces porque en el contexto
del caso entonces sujeto a consideración de la Corte se observa que (i) no se
demandaron las normas sobre competencias de la Corte Suprema de Justicia en
casación, (ii) solo se cuestionaron normas referentes a las atribuciones de la
Corte Suprema de Justicia, en cuanto obra como autoridad judicial de segunda
instancia en los procesos penales, (iii) los cargos ciudadanos cuestionaban las
disposiciones legales, estrictamente, porque desconocían el derecho a impugnar
las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, (iv) y la Corte
Constitucional, de forma explícita y clara, al delimitar los problemas
jurídicos, circunscribió el primero de ellos a la pregunta de si la
normatividad acusada vulneraba la Carta, en tanto no contemplaba medios de
impugnación contra las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.
En este contexto, no puede decirse que la sentencia C-792 de 2014 haya
resuelto, con fuerza normativa vinculante y definitiva, el problema de la
posibilidad de impugnar las condenas penales impuestas por primera vez en
casación.
RATIO DECIDENDI-Elementos
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no existir defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, por cuanto Corte Suprema no desconoció el derecho
a impugnar la sentencia condenatoria en casación
La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no desconoció el derecho
a impugnar la sentencia condenatoria. Como se indicó, el fallo de remplazo se
fundó en una facultad legal expresa de la Corte Suprema de Justicia, consagrada
en el artículo 217-2 de la Ley 906 de 2004. El ejercicio de la misma no supuso
desconocer las garantías de los hoy tutelantes, porque la Corte Constitucional
sostuvo que no se vulnera el derecho a impugnar la sentencia condenatoria
cuando la Corte Suprema de Justicia condena por primera vez en casación a quien
ha sido absuelto en instancias, en el marco del proceso penal regido por la Ley
600 de 2000. En este caso no se advierte entonces que la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia hubiese incurrido en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto.
DERECHO A IMPUGNAR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA O EN
CASACION-Por falta de legislación, Corte Suprema, dentro de sus
competencias, o en su defecto el juez constitucional atenderá a las
circunstancias de cada caso cómo se surtirá la impugnación de las sentencias
condenatorias
Referencia: expediente T-5135688
Acción de tutela
instaurada por los señores Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de
Peña, mediante apoderado, contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil dieciséis
(2016)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA[1]
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 7 de julio de 2015 y, en segunda instancia, por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 11 de agosto del mismo año, a
propósito de la acción de tutela promovida por los señores Marco Fidel Urbano
Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña, mediante apoderado, contra la sentencia
del 11 de marzo de 2015, expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
I. ANTECEDENTES
1. El 15 de junio de 2015, mediante
apoderado, los señores Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez
de Peña instauraron acción de tutela contra la sentencia del 11 de marzo de
2015, expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
por medio de la cual se les condenó penalmente por el delito de estafa,
agravada en razón de la cuantía. Los tutelantes sostienen que esa decisión
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la doble instancia y a
acceder a la administración de justicia (CP arts 29, 31 y 229), por cuanto la
condena se les impuso en casación, luego de que en primera y segunda instancia
dentro del proceso penal hubieran sido absueltos, sin que contra esa decisión
proceda recurso o medio de impugnación alguno. Conforme a la acción de tutela y
las pruebas obrantes, son relevantes los siguientes:
Hechos anteriores al presente proceso
de tutela
2. De acuerdo con la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los hechos que dieron lugar al
proceso penal que origina esta acción de tutela se remontan a la denuncia interpuesta
por el General Marino Gutiérrez Isaza y otros contra cinco
personas. Entre los denunciados estaban incluidos los tutelantes, señores Marco
Fidel Urbano Franco –gerente regional del Banco Popular- y Blanca Myriam
Ramírez de Peña –gerente de sucursal del Banco Popular en Bogotá-. La noticia
criminal y los medios de prueba luego allegados al proceso indican, según la
Corte Suprema, que tras diversas comunicaciones y reuniones, y en un marco de
exposición de balances y resultados empresariales, los denunciantes fueron informados
de un proyecto de fusión de dos sociedades (Intercauchos S.A. y Arprint Ltda.),
y de su ulterior transformación en una sociedad anónima (Arprint S.A). En ese
contexto se los indujo a concluir que, para lograr la transformación de las
personas jurídicas en la nueva sociedad anónima, se requerían nuevos socios que
además hicieran aportes de capital, y se los persuadió entonces de asociarse
con esas condiciones. Los hoy tutelantes asistieron a algunas de esas reuniones
en calidad de asesores de la banca, y en ellas a los denunciantes les “insistieron
en lo importante del negocio que permitiría fusionar a Intercauchos y Arprint,
que, en su orden, aportarían terrenos y maquinaria”.[2] Los entonces directivos del
Banco Popular les infundieron confianza a los denunciantes, pues “señalaron
que avalaban la operación, conocían la trayectoria de la citada empresa, de sus
socios, la gran proyección de [dos de los denunciados] y su empresa”.[3] También –dice
la Corte Suprema de Justicia en el fallo condenatorio- “ocultaron que
Arprint tenía serios problemas económicos y deudas de difícil recaudo con el
Banco, razón por la cual carecían de cuentas bancarias, créditos o acceso a
entidades crediticias, todo lo cual era de su pleno conocimiento pues llevaban
cerca de 20 años trabajando con esa compañía”.[4]
3. Específicamente, en ese contexto los ahora accionantes
les informaron a las personas que interpusieron la denuncia que el capital
requerido para adelantar la operación societaria podía serles suministrado
mediante créditos “de la línea IFI por medio millón de dólares”. Los
denunciantes procedieron a tomar los créditos referidos, y a garantizarlos
mediante hipotecas personales. Ahora bien, por sugerencia de los directivos del
Banco Popular que son tutelantes en este proceso, y para evitar que en el Banco
hubiera “revisiones de otros funcionarios”,[5] dichos préstamos “se
parcelaron” en montos iguales o inferiores a los USD 70.000, y fueron
tomados por diferentes grupos de deudores.[6]
Una vez aprobados estos créditos, el dinero se desembolsó en las cuentas de
Arprint Ltda., y no en las de la nueva, Arprint S.A. Este patrimonio tampoco se
aplicó a capitalizar la nueva sociedad anónima, sino a cancelar viejas deudas
de Arprint Ltda. con el Banco Popular, del cual eran gerentes regional y de
sucursal los señores Urbano Franco y Ramírez de Peña. Luego de esto, el
denunciante Marino Gutiérrez Isaza fue nombrado gerente de Arprint Ltda., y en
tal calidad se le extendió para su firma un pagaré por $250.000.000, mediante
el cual se consolidaban en una sola todas las deudas de esa compañía. En
calidad de gerente de la compañía suscribió el pagaré, “en la creencia de
que eso haría a la empresa viable financieramente”. La deuda no fue
cancelada, sin embargo, y el Banco Popular –en cabeza de quienes obran como
accionantes de tutela en este caso- inició un proceso ejecutivo contra quienes
contrajeron los créditos para fundar la nueva empresa, con el fin de satisfacer
lo debido.
4. En curso la denuncia
penal contra los tutelantes, el asunto se tramitó conforme a lo previsto en la
Ley 600 de 2000 ‘por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal’.
El 14 de julio de 2008 la Fiscalía formuló resolución de acusación en contra de
todos los denunciados, incluidos los señores Marco Fidel Urbano Franco y
Blanca Myriam Ramírez de Peña,[7]
por los delitos de “estafa agravada en concurso con fraude procesal”,
decisión que fue confirmada el 14 de mayo de 2009 por la Fiscalía 22 Delegada
ante el Tribunal Superior de Bogotá. La decisión judicial de primera instancia
en el proceso penal la adoptó el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito Adjunto
de Bogotá D.C., mediante sentencia del 23 de marzo de 2012, autoridad que
absolvió a los hoy tutelantes, y en contraste condenó a los restantes
denunciados.[8]
El fallo fue apelado por los tres procesados efectivamente condenados en
primera instancia, y además por los apoderados de la parte civil y por el
Ministerio Público. En los recursos de estos dos últimos, se impugnó la
decisión absolutoria respecto de los ahora tutelantes. En segunda instancia
conoció de la apelación la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, órgano
que en lo pertinente a la responsabilidad de los señores Urbano Franco y
Ramírez de Peña confirmó el fallo impugnado, en tanto no advirtió “en grado
de certeza” su participación en el delito de estafa.[9] Los apoderados de uno de
los condenados y de la parte civil, lo mismo que el Ministerio Público,
interpusieron recurso de casación contra dicha sentencia. Entre sus alegaciones
se encontraban censuras contra la absolución de los hoy tutelantes. El fallo
que desata la casación es, precisamente, el cuestionado en este proceso.
La sentencia del 11 de marzo de 2015,
expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
–demandada por tutela
5.  La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, por medio de la sentencia del 11 de marzo de 2015,
resolvió casar la sentencia recurrida en cuanto a los “cargos
propuestos por la vía de la violación indirecta” contra la absolución de
los accionantes de tutela, razón por la cual lo procedente, en su concepto, era
“la emisión de una sentencia de remplazo”.[10] La casación
del fallo expedido por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá se fundó en que
este, al mismo tiempo, concluyó que los condenados en primera instancia eran
responsables de estafa agravada, pero que los señores Marco Fidel Urbano Franco
y Blanca Myriam Ramírez de Peña no lo eran. Esto, a pesar de encontrarse todos
en “idéntica situación fáctica”, como lo indicaban los medios de prueba.
“Tal decisión”, dice la Sala de Casación Penal, “deriva
contradictoria, porque el discurso judicial […] apunta a que hubo una
actuación concertada, mancomunada, de todos los procesados, incluidos los
funcionarios bancarios”. Por lo cual, con los mismos argumentos, ha debido
imputarse coautoría a los señores Urbano Franco y Ramírez de Peña. La Sala de
Casación Penal señala en el fallo cuestionado que las decisiones de instancia
tomaron en consideración determinados medios de prueba para condenar a los tres
denunciados que encontraron responsables, pero les restaron eficacia a esas
mismas evidencias para determinar la responsabilidad de los ahora accionantes,
aun cuando ponen de manifiesto que estos “participaron activamente en las
reuniones preparatorias y avalaron la prosperidad del negocio con la promesa de
una línea de crédito”. En específico, la Corte Suprema sostuvo al respecto:
“[p]ara la Sala,
precisamente ese específico comportamiento es indicativo de su compromiso penal,
como que […] lo que doblegó [la] voluntad [de los denunciantes] para hacerse al
prometedor negocio fue la intervención activa en varias reuniones (algunas de
ellas de carácter social) de los dos funcionarios bancarios. || La
participación de tales empleados resultó de capital importancia en la toma de
decisión, como que, con conocimiento de causa, ocultaron que las empresas de
que se trata tenían una situación económica deplorable, que no eran viables
financieramente y que [dos de los condenados en instancias] por sus
incumplimientos crediticios estaban vetados para toda actividad comercial por
parte de la Superintendencia. De necesidad deriva que si los bancarios ponen de
presente a los potenciales nuevos socios estas circunstancias, que conocían con
suficiencia, aquellos hubiera rehusado la propuesta, salvando su patrimonio.
Nótese que si los
empresarios tenían interés en hacerse con engaños al patrimonio ajeno, para
saldar sus antiguas obligaciones y volver a la vida comercial, otro tanto
deriva de los empleados del Banco Popular, pues que como colocadores de capital
en el mercado estaban ante unas deudas de difícil y dudoso recaudo (las
obligaciones insolutas de Arprint Ltda.), de tal manera que con la maniobra
adjudicaban créditos a los nuevos socios, debidamente respaldados con bienes
personales, se cobraban esas acreencias y la nueva obligación resultaba de
fácil cobro, de donde deriva que todos ganaban, excepto los engañados nuevos
socios que lo perdían todo. || De ahí que el razonamiento de los juzgadores de
instancia resulta desacertado, pues a partir del peso otorgado a las pruebas
soporte de la condena para los [condenados en instancias], no existe razón
válida para conferirle uno diverso cuando señalan a Urbano Franco y Ramírez de
Peña, como que son contestes en referir que estos siempre avalaron la
prosperidad de [dos de los condenados en instancias] y de las empresas,
falseando la verdad, pues conocían que la realidad era la opuesta, lo cual era
evidente a partir del no pago de sus deudas”.[11]
6. Por lo anterior, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que el Tribunal desconoció “el
valor objetivo de las pruebas”, que en contraste sí había reconocido en
contra de los condenados en ambas instancias, e incurrió en errores suficientes
para casar el fallo de segunda instancia. En consecuencia, resolvió “[r]evocar
la absolución decretada, por el delito de estafa, en favor de Marco Fidel
Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña”, y los declaró “coautores
penalmente responsables de la conducta punible de estafa, agravada en razón de
la cuantía, por la cual fueron acusados”. En consecuencia, les impuso a
cada uno “las penas principales de 21 meses 26 días de prisión y $28.079,44
de multa, y la accesoria de interdicción para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por igual lapso a la privativa de la libertad”. Del
mismo modo, a los hoy tutelantes les impuso “la obligación de indemnizar, en
forma solidaria con los demás acusados y el tercero civilmente responsable, los
daños y perjuicios causados con la infracción”,[12] en los
términos y las condiciones definidas por las sentencias de instancia.
Finalmente, les concedió a los ahora accionantes “la suspensión condicional
de la ejecución de la pena”, según lo establecido en esa decisión.[13]
Acción de tutela instaurada contra la
sentencia del 11 de marzo de 2015, proferida por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia
7. Los señores Marco Fidel Urbano Franco
y Blanca Myriam Ramírez de Peña, por intermedio de apoderado, interpusieron
acción de tutela contra la sentencia del 11 de marzo de 2015, proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto en su
opinión vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la doble
instancia y al acceso a la administración de justicia (CP arts 29, 31 y 229).
Tras exponer los motivos por las cuales, en su concepto, la acción interpuesta
supera los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias, el
escrito sostiene que, en el fallo de casación, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia incurrió en un “defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto”, en la medida en que le dio prioridad a la
aplicación de una norma legal de procedimiento, que faculta al tribunal de
casación para condenar a quien ha sido absuelto en dos instancias (Ley 600 de
2000 art 217), “por encima de los derechos fundamentales de todo ciudadano
al debido proceso, acceso a la administración de justicia y doble instancia, al
cercenar la posibilidad de impugnar la sentencia impuesta en su contra”.
Afirma al respecto que en la ley procesal aplicable al caso, se admite que
cuando la sentencia de segunda instancia sea violatoria de la ley sustancial “por
vía indirecta o directa, e incluso cuando se trata de un error de procedimiento
que afecta únicamente la sentencia”, la Corte dicte una sentencia de
remplazo. Esta facultad –asegura- se declaró además ajustada a la Constitución,
en la sentencia C-998 de 2004. No obstante, la tutela señala que “un nuevo
orden” se abrió camino desde la expedición de la sentencia C-792 de 2014,
en el cual se reconoce como un derecho fundamental de todas las personas el de
impugnar las condenas impuestas por primera vez en un proceso penal:
“[…] como lo
resaltó [la Corte Constitucional] en la reciente Sentencia C-792 de 2014, que
abre camino a un nuevo orden en el régimen legal Colombiano para la efectividad
de los derechos de doble instancia e impugnación, las consideraciones plasmadas
en la sentencia C-998 de 2004 no tuvieron en cuenta la íntima relación que
existe entre el derecho a la doble instancia (Art 31 CP) y el derecho de
contradicción garantizado a través del debido proceso como un contenido de este
(Art. 29 CP). || Bajo los miramientos recientes que ha hecho la Corte
Constitucional en la sentencia C-792 de 2014, es claro que toda sentencia
condenatoria, independientemente de la instancia en que se produzca, debe
contar con la posibilidad de ser impugnada mediante instrumentos ordinarios,
particularmente mediante el recurso de apelación para que una autoridad
distinta y de mayor jer[arquía] revise los fundamentos probatorios y de derecho
en que basa el fallo”.
8. La acción de tutela observa que, por
el plazo otorgado en la sentencia C-792 de 2014, al momento de cuestionarse la
constitucionalidad del fallo de casación que impuso la condena contra los
peticionarios “se desconoce la autoridad a quien corresponde tramitar el [recurso],
pues será el legislador el encargado de definir la competencia”. De hecho,
advierte que lo atinente a “sentencias dictadas en sede casación” es
problemático, ya que “desafortunadamente la Corte Constitucional en la
mencionada sentencia no ahondó en el tema”. No obstante lo cual, según el
criterio de los accionantes, en virtud de ese fallo, las condenas dictadas por
primera vez contra una persona en casación deben ser susceptibles de impugnación.
Menciona el apoderado de los accionantes, que en su criterio, ese derecho lo ha
reconocido la propia Corte Suprema de Justicia, al resolver el proceso con
radicado No. 39417 de febrero de 2015.[14]
Siendo entonces lo apropiado, según los demandantes, en casos de condena en
casación, “declarar la nulidad de las sentencias de primer y segundo grado y
devolver el trámite a la primera instancia”. Entonces el juez de primera
instancia podría expedir un fallo (condenatorio) conforme a derecho, y
sujetarlo a revisión en segunda instancia. Ese trámite, que se ajusta a la
naturaleza de la casación, ha debido impartirse al proceso penal seguido en su
contra, pues aunque la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
tenía la competencia formal en la ley para casar la sentencia de segunda
instancia, y expedir un fallo de remplazo, “el tema objeto de análisis comportaba
cuestiones que van más allá de la simple aplicación formal de la ley, y que
tenían profunda relación con derechos fundamentales del procesado”, toda
vez que compromete la garantía constitucional de impugnación de la sentencia
condenatoria.[15]
9. Con arreglo a lo anterior, en la
acción propuesta se solicita conceder la tutela y declarar que en la sentencia
del 11 de marzo de 2015 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia incurrió en un exceso ritual manifiesto, y que vulneró los derechos
fundamentales de los peticionarios al debido proceso, la doble instancia y el
acceso a la administración de justicia, al haberlos condenado por primera vez
en casación, sin reconocerles la posibilidad de impugnar la condena. En
consecuencia, la solicitud de amparo considera que el juez de tutela debe
privar de eficacia la providencia de casación cuestionada, y ordenarle a la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que profiera una nueva, conforme a
lo dispuesto en la sentencia C-792 de 2014, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación del fallo respectivo.
Contestación de la acción de tutela[16]
10. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia presentó un memorial para solicitar que se declare impróspera la
tutela. Sostiene que la condena impuesta en sede de casación contra los accionantes
fue dictada dentro de un debido proceso, en el cual tuvieron un apoderado de
confianza, contaron con oportunidades suficientes de contradicción y dos
instancias, además de la casación. Señala que no hay en el orden jurídico ningún
medio de impugnación contra las sentencias condenatorias de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, y que esta autoridad no tiene superior. En
su concepto, la sentencia C-792 de 2014, invocada en la solicitud de amparo, no
es pertinente en este caso, pues allí se reconoció el derecho a impugnar la
sentencia condenatoria que se dicte por primera vez en segunda instancia. Port
lo cual, en su criterio, en ese fallo “jamás se hizo alusión a cuando ello
sucede en casación”. Por otra parte, aduce que la Corte Constitucional en
esa providencia concedió unos plazos para que el Congreso legisle sobre la
materia, los cuales no se han vencido aún, “de donde surge que ese lineamiento
no ha entrado a regir”. Considera además contrario a la ley negarle a la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la potestad de expedir
una sentencia de remplazo cuando casa un fallo, y la tesis –que plantea el
apoderado de los peticionarios- del “reenvío al juez de conocimiento con la
orden de condenar, lesiona la autonomía judicial, entre otros derechos”. De
tal suerte, no solo no había impedimento jurídico para condenar por primera vez
en casación, sino que tampoco hay medios de impugnación ya previstos contra la
sentencia cuestionada. Por lo tanto, no hubo en la decisión judicial acusada
vulneración de derechos fundamentales.
11. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no hizo
ninguna solicitud en cuanto a la acción de tutela. Se limitó a presentar un
informe sucinto sobre lo ocurrido en el proceso penal contra los actores, en
primera y segunda instancia. Por su parte, el Juzgado Octavo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá, a quien también se le
comunicó la existencia del proceso de tutela, presentó una solicitud para ser
desvinculado de las actuaciones, toda vez que por sus funciones de juez
ejecutor le corresponde “es la vigilancia de la pena impuesta, situación que
actualmente adelanta”.
12. La Procuradora Delegada para la Casación Penal intervino
para solicitar que se declare improcedente la acción de tutela. Sostiene que la
sentencia C-792 de 2014 no es aplicable a este caso, por diversos motivos.
Primero, en esa sentencia de constitucionalidad se tomó una decisión respecto
de la Ley 906 de 2004 ‘Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal’, mientras que el proceso penal contra los
tutelantes se adelantó conforme al procedimiento regulado por la Ley 600 de
2000 ‘por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal’. Segundo, si lo que se pretende es invocar la
sentencia C-792 de 2014 como un cambio jurisprudencial favorable a los
procesados, entonces la tutela sería improcedente, toda vez que aún dispondrían
de la acción de revisión, contemplada en el artículo 220, numeral 6º, de la Ley
600 de 2000.[17]
Tercero, para el caso bajo examen en realidad es apropiado aplicar la sentencia
C-998 de 2004, en la cual se examinó la constitucionalidad del precepto que en
la Ley 600 de 2000 admite “tácitamente” que una persona absuelta en
instancias sea condenada en casación, sin ulteriores instrumentos de
impugnación, y lo declaró exequible sin condiciones. Finalmente, aduce que la
sentencia de casación también invocada por la tutela –SP 740 de 2015, radicado
39417-[18]
no es aplicable a este caso, pues en esa ocasión hubo una pretermisión de
instancia, originada en que el juez de primer grado decretó la cesación de
procedimiento sin que hubiera lugar a ello, y por esto es que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvo que retrotraer el proceso para
que la primera instancia se surtiera efectivamente.
13. El apoderado de una de las víctimas dentro del proceso
penal presenta un memorial con el objetivo de exponer dos puntos de vista.[19] Por una parte,
considera que es válido abrir el debate relativo a la “segunda instancia”,
en clara alusión a la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria que,
por primera vez, dicta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia en un proceso penal. No obstante, por otra parte, cuestiona que se
acepte el método propuesto por el apoderado de los tutelantes, consistente en
anular o dejar sin efectos lo actuado, pues todo el procedimiento se sujetó
rigurosamente a los parámetros legales y constitucionales, en tanto los
procesados contaron con un defensor adecuado, con dos instancias, con espacios
suficientes para presentar pruebas y contradecir las allegadas en su contra.
Por lo demás, señala que “querer revivir una actuación procesal después de
haber trascurrido diez y seis años de debate probatorio” podría dejar en la
impunidad los hechos del caso, “dado el fenómeno de la prescripción”. En
otro escrito, el apoderado de otras dos víctimas en el proceso penal se opone
también a la tutela, pues en su opinión el proceso se adelantó conforme a la
Constitución y la ley, y en el ordenamiento no hay mecanismo alguno de
impugnación como el que pretenden los actores, contra los fallos condenatorios
dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.[20]
14. El Banco Popular solicita conceder el amparo. Afirma que
el recurso de casación fue admitido en el caso de los tutelantes, a pesar de su
falta de técnica, y que no se puede entonces perderse de vista que una admisión
de esa naturaleza fue la que dio lugar a una condena no susceptible de impugnación.
Señala que en la sentencia C-792 de 2014 la Corte tomó una determinación
aplicable sin discriminación para todas las condenas que se surten por primera
vez luego de una absolución o decisión favorable en primera instancia.
Esta jurisprudencia se funda en el derecho que le asiste a toda persona a tener
algún mecanismo de impugnación del fallo condenatorio emitido por primera vez,
con independencia de si este se profiere en instancias o en casación. De hecho,
resalta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el
fallo del 4 de febrero de 2014, ya reconoció la importancia de esta garantía.
Por lo cual, en el caso bajo examen, debería también reconocerse que este
derecho lo tienen los peticionarios, y que se les violó al haber sido condenados
en casación, luego de dos instancias absolutorias, sin tener oportunidad para
impugnar la decisión.
Decisiones judiciales de tutela en instancia
15. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, en primera instancia, negó la tutela. En su concepto, la decisión
condenatoria cuestionada no vulneró los derechos fundamentales de los actores,
por diversos motivos. Primero, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia fundó su determinación en una competencia legal expresa, prevista en
el artículo 217 de la Ley 600 de 2000, que la faculta para dictar un fallo de
remplazo cuando case una sentencia por la causal primera de casación, referida
al “yerro de facto” hallado en la sentencia del Tribunal. Segundo, esa
atribución en específico, también refrendada en otras normas del Código de
Procedimiento Penal, fue declarada constitucional en la sentencia C-998 de
2004, en la cual se consideró que no vulnera el debido proceso una condena por
primera vez en casación, debido a que ya se han surtido las dos instancias, y
la casación es un juicio a las sentencias y al proceso. Tercero, la sentencia
C-792 de 2014, invocada por los accionantes, se pronunció sobre la
constitucionalidad de normas pertenecientes a la Ley 906 de 2004, y no a la Ley
600 de 2000 que gobernó el proceso penal contra los tutelantes. Fuera de lo
cual, en esa decisión la Corte Constitucional se refirió a la posibilidad de
impugnar la sentencia condenatoria que se expide por primera vez en segunda
instancia, y no se refirió a la que con esas mismas notas se profiere en
casación. Aparte, en ese fallo se fijó un plazo para activar, sin ley, la impugnación
contra la sentencia condenatoria de segunda instancia, y ese plazo aún no se
había vencido el 11 de marzo de 2015, fecha de la decisión condenatoria aquí
cuestionada mediante tutela. Cuarto, la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia SP740 de 2015 no aplica al presente asunto, pues no es análoga, toda
vez que allí hubo una pretermisión de instancia, y en esta ocasión el problema
es otro. Así que no se violaron derechos fundamentales.
16. Inconforme con el fallo, el apoderado de los tutelantes
lo impugnó. Cuestionó el fundamento de la decisión con base en las siguientes
razones. Para empezar, manifestó que aun cuando la ley procesal faculta a la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para expedir una
sentencia de remplazo cuando casa un fallo por la causal primera, esta
competencia debe tener un límite cuando supone conculcar el derecho a impugnar
la sentencia condenatoria. Por otra parte, si bien es cierto la sentencia C-998
de 2004 convalidó la facultad de condenar por primera vez en casación a quien
ha sido absuelto en instancias, esa decisión hizo tránsito a cosa juzgada
relativa, y sus consideraciones luego fueron revaluadas por la sentencia C-792
de 2014. Esta última decisión, aunque versó sobre la constitucionalidad de
normas de la Ley 906 de 2004, tiene en su concepto fuerza de precedente en su ratio
decidendi, sobre un caso que, como el sometido a examen, guarda “unidad
temática” con el entonces resuelto en control abstracto. Señala que es
verdad que en la sentencia C-792 de 2014 se fijó un plazo para activar el
derecho a impugnar la sentencia condenatoria dictada por primera vez en segunda
instancia, pero sostiene que lo requerido no es aplicar la parte resolutiva de
esa providencia, sino sus consideraciones, en las cuales se reconoce un derecho
fundamental que debe aplicarse al caso de los tutelantes. Ese derecho ya fue
identificado como perteneciente al orden jurídico por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 4 de febrero de 2015,
radicado 39417.[21]
17. En segunda instancia, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia, y negó
también el amparo. En su concepto, la decisión condenatoria censurada no fue “caprichosa
e inconsulta”, sino que se fundó en el orden legal. Resalta que la Ley 600
de 2000 le atribuye a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
la facultad de dictar una sentencia de remplazo, cuando case un fallo por la
causal primera, como aconteció en este caso. Además, la sentencia C-792 de 2014
que se invoca por los tutelantes no empieza a regir sino a partir del plazo
allí previsto, el cual no había configurado para el momento en el cual se
expidió el fallo cuestionado.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241
numeral 9° de la Constitución Política, 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 54A
del Reglamento Interno (Acuerdo N° 05 de 1992), la Sala Plena de la Corte
Constitucional es competente para estudiar el asunto objeto de revisión.
Asunto
previo. Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto
2. En vista de
que la acción de tutela se interpone contra la sentencia expedida el 11 de
marzo de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es
preciso definir en primer lugar si es procedente. Para el efecto debe
reiterarse que la acción de tutela es un medio de protección de derechos
fundamentales cuando “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública” (art. 86, CP). La jurisprudencia
constitucional ha interpretado que esta disposición autoriza promover el amparo
también contra las decisiones de autoridades judiciales, cuando violen o
amenacen derechos fundamentales.[22]
Actualmente, conforme a la sentencia C-590 de 2005,[23] la tutela contra
providencias procede cuando satisfaga dos grupos de causales: por una parte,
las denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’,
mediante las cuales se establece si la providencia judicial acusada puede ser
objeto de estudio por el juez de tutela; y por otra las causales ‘especiales’,
‘específicas’, o ‘de procedibilidad propiamente dichas’, con las
cuales se define si una providencia violó los derechos fundamentales.
3. En cuanto a las condiciones
de procedibilidad generales o requisitos de procedibilidad, que ocupan a la Corte en el presente acápite, han sido presentadas en
los siguientes términos. Es preciso (a) que el tema sujeto a discusión sea de evidente
relevancia constitucional;  (b) que se hayan agotado todos los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,[24]
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable,[25]
o de proteger a un sujeto de especial protección constitucional que
no fue bien representado;[26] (c) que se cumpla el requisito de la inmediatez;[27] (d) en el evento de hacer referencia a una
irregularidad procesal, debe haber claridad en
que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora;[28]
(e) que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre y cuando hubiere sido posible;[29]
(f) Que no se trate de sentencias de tutela.[30]
4. En este caso se cumplen los requisitos generales, por las siguientes
razones:
4.1. (a) El asunto que plantea la acción de tutela se
refiere a la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria que, en el
proceso penal, se expide en casación luego de que ha habido absolución en
instancias. Su relevancia constitucional se hace evidente por la necesidad de
precisar los efectos que tiene para el caso el artículo 29 de la Constitución,
el cual dispone que toda persona tiene derecho “a impugnar la sentencia
condenatoria”, en concordancia con los artículos 31 y 229 Superiores. El
proceso fue tramitado en virtud de la Ley 600 de 2000, y se han invocado a
favor o en contra de la solicitud de amparo las sentencias C-998 de 2004[31] y C-792 de
2014.[32]
En vista de que esta Corte es la única autoridad instituida para definir con
fuerza normativa los efectos de sus propios fallos es también relevante este
asunto para precisar, dentro de los márgenes de competencia que le depara este
caso, los alcances de esas decisiones.[33]
4.2. (b) Contra el fallo cuestionado, para solicitar lo que
se pretende mediante tutela en este caso, no procede recurso alguno. El de
reposición solo procede en los casos definidos en la Ley, entre los cuales no
se encuentra la sentencia condenatoria expedida por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema (CPP –Ley 600 de 2000- art 189). El de apelación “procede
contra la sentencia y las providencias interlocutorias de primera instancia”
(ídem art 191). Dado que la censurada no es una sentencia de primera instancia,
no existe norma expresa que faculte a los demandantes para apelarla. El recurso
de queja solo es procedente “[c]uando el funcionario de primera instancia
deniegue el recurso de apelación” (ídem art 195). La Corte no está ante esa
hipótesis. En este proceso ya se agotó la casación, y no procede un recurso de
casación contra una sentencia de la misma naturaleza (ídem art 205). El
Ministerio Público en su intervención señaló que contra el fallo demandado
procedería una acción extraordinaria de revisión, con base en la causal
prevista en el numeral 6 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000. La norma
invocada dice que la acción de revisión procede “[c]uando mediante
pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio
jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria”. No obstante,
esta Corporación no tiene noticia de que la Corte Suprema de Justicia haya
variado su jurisprudencia en punto a la posibilidad de impugnar la sentencia
condenatoria expedida, por primera vez, en casación. Constata además que la opción
de instaurar acción de revisión contra el fallo no fue señalada por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su contestación a la tutela,
ni por las Salas de Casación Civil y Laboral en las instancias. La sentencia SP
740 de 2015, radicado 39417, dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en el marco de otro proceso, que también se invocó en el
amparo, no es un cambio expreso de jurisprudencia en la materia.[34] En esa ocasión,
por otra parte, no se resolvía un recurso de casación sino de apelación contra
un fallo expedido en primera instancia por la Sala Penal de Descongestión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. La decisión tampoco fue
condenatoria.[35]
Por lo cual, la Corte Suprema de Justicia no señaló allí que hubiese la
posibilidad de impugnar un fallo condenatorio expedido en casación, luego de
instancias absolutorias. De modo que esa sentencia no podía constituir un
cambio de jurisprudencia susceptible de activar la acción de revisión. No hay
entonces motivos fundados para sostener que resulte procedente la revisión por
esa causal. Aparte, no hay ninguna otra causal de revisión que se ajuste al
presente caso (ídem art 220).
4.3. (c) En esta ocasión no hay problemas de inmediatez. La
sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se
expidió el 11 de marzo de 2015, y la acción de tutela bajo examen se interpuso
el 15 de junio del mismo año. Ninguna de las partes o sujetos intervinientes
aduce falta de inmediatez, y ese término de un poco más de tres meses resulta
razonable para cuestionar la constitucionalidad de un fallo de casación. (d) Por
otra parte, aunque en este caso se invoca una irregularidad procesal, se trata
de un vicio que –si existió- prima facie podría considerarse
trascendental, toda vez que habría privado a los actores de una oportunidad
procesal adicional para exponer sus puntos de vista y defenderse. (e) La parte
actora en estas actuaciones ha identificado de manera razonable los hechos que
generaron la vulneración y los derechos vulnerados, pues ha indicado que hubo
una sentencia condenatoria expedida por primera vez en casación, contra la cual
no hay medios de impugnación, y esta es la única oportunidad que ha tenido para
exponer sus cargos. (f) Finalmente, la cuestionada no es una sentencia de
tutela, sino de carácter penal.
5. Por todo lo cual, en definitiva, la solicitud de amparo
es procedente y la Sala Plena de la Corte Constitucional pasará a estudiarla de
fondo.
Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
6. En esta ocasión, el apoderado de los tutelantes sostiene
que la sentencia dictada el 11 de marzo de 2015 por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia presenta un “defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto”. Dice que si bien el fallo es fruto del ejercicio de una
facultad legal expresa, que autoriza a la Corte para expedir una sentencia condenatoria
de remplazo cuando encuentra probada la causal primera de casación, lo cierto
es que en cuanto esa atribución suponía condenar a los tutelantes por primera
vez en casación, ejercerla para condenar vulneraba su derecho a impugnar la
sentencia condenatoria toda vez que contra el fallo no procedía medio de
impugnación integral alguno. En su concepto, en consecuencia, la Corte Suprema
de Justicia ha debido proceder a anular las sentencias penales de instancia,
para que se expidiera una decisión conforme a la ley susceptible de impugnación,
sin negarles a los sujetos del proceso el derecho a impugnar la condena,
reconocido en la Constitución y recientemente reivindicado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-792 de 2014. El Banco Popular es el único
entre los intervinientes que apoya esa posición, sobre la base de que en la
sentencia mencionada la Corte declaró que el impugnar la sentencia condenatoria
es un derecho de toda persona que ha sido condenada por primera vez luego de la
primera instancia, y por tanto aplica también a este caso.
7. En contraste, el apoderado de una de las
víctimas, si bien acepta que se abra el debate en torno a la impugnación de la
sentencia condenatoria, considera inaceptable la tesis de anular las sentencias
penales de instancia, toda vez que esto redundaría en impunidad, dada la
posibilidad de prescripción de la acción penal. Por su parte, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público
consideran que no hubo violación de derechos fundamentales. En su concepto, el
caso está sujeto a las normas de la Ley 600 de 2000, entre las cuales la Corte
Suprema cuenta con la potestad de expedir por primera vez una sentencia
condenatoria en casación, sin que su decisión pueda impugnarse en el proceso
penal por vías distintas a la revisión. Esa facultad no es contraria al debido proceso,
pues desde su punto de vista ya se juzgó en la sentencia C-998 de 2004 la
conformidad de ese poder con el derecho fundamental al debido proceso y la
Corte lo encontró ajustado a la Constitución. Por otra parte, señalan que la
sentencia C-792 de 2014 solo se refirió a la posibilidad de impugnar la
sentencia condenatoria en el proceso penal con tendencia acusatoria, regulado
en la Ley 906 de 2004 y sus reformas, mientras que el seguido contra los
actores se rigió por la Ley 600 de 2000. Además, en la sentencia C-792 de 2014
se juzgó el derecho a la impugnación contra las sentencias condenatorias
expedidas por primera vez en segunda instancia, y no en casación como ocurrió
en el proceso contra los actores. Finalmente, subrayan que la sentencia del 11
de marzo de 2015 fue expedida antes de fenecer el plazo previsto en la
sentencia C-792 de 2014 para activar el derecho a impugnar la providencia
condenatoria proferida por primera vez en segunda instancia. Con estos
planteamientos coincidieron las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, obrando en este proceso de tutela como instancias.
8. Conforme a lo anterior, la Corte
Constitucional debe decidir el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el derecho a impugnar la
sentencia condenatoria (CP arts 29, 31 y 229) cuando, en el marco de un proceso
penal surtido con arreglo a la Ley 600 de 2000, expide en el año 2015 un fallo
de condena penal en casación contra personas que habían sido absueltas en
primera y segunda instancia, contra el cual no procede recurso ordinario o
extraordinario alguno (aunque sí acción de revisión y de tutela)? La Sala pasa
a resolver tal problema.
El derecho a impugnar la sentencia condenatoria dictada
por primera vez en casación, en el marco de un proceso penal regulado por la
Ley 600 de 2000. Jurisprudencia constitucional aplicable al caso
9. Para que la acción de tutela bajo examen prospere, en
cuanto al fondo, debe poder ajustarse a alguna de las causales de
procedibilidad especiales, específicas o propiamente dichas,
caracterizadas por la Sala Plena de esta Corporación (C-590 de 2005) como
defectos en los cuales puede incurrir el funcionario judicial. Es decir, debe
poder clasificarse razonablemente como: (i) defecto orgánico;[36] (ii) defecto
procedimental;[37]
(iii) defecto fáctico;[38]
(iv) defecto material y sustantivo;[39]
(v) error inducido;[40]
(vi) decisión sin motivación;[41]
(vii) desconocimiento del precedente;[42]
(viii) violación directa de la Constitución. En el presente asunto, el
apoderado de los accionantes considera que en la sentencia del 11 de marzo de
2015 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un “defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto”, puesto que ejerció su atribución legal para emitir un fallo
condenatorio de remplazo tras casar la sentencia por la causal primera de
casación, pese a que esto suponía condenar por primera vez a los tutelantes, y
que contra esa decisión no existe ningún medio de impugnación suficiente.
La Sala Plena de la Corte Constitucional
debe decidir si le asiste razón.
10. En un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto incurre una autoridad judicial cuando utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, por
esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia, bien sea por
(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; o por (ii) exigir el cumplimiento de
requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias
puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre comprobada; o por (iii) incurrir en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas.[43] Como se observa, una de
las hipótesis en que es viable considerar que se incurre en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el juez aplica
disposiciones procesales, pese a que acarreen una restricción injustificada en
derechos fundamentales.[44]
Esta es la causal que se invoca en la tutela y, por ende, para definir su
prosperidad la Corte procederá a establecer si la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia aplicó una previsión legal, en detrimento de un
derecho fundamental.
11.
En el fallo demandado, expedido el 11 de marzo de 2015, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema resolvió casar la sentencia
recurrida por los “cargos propuestos por la vía de la violación indirecta”,
por lo cual según la ley lo procedente era, en su concepto, “la emisión de
una sentencia de remplazo”.[45]
En su respuesta a la acción de tutela, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia defendió su decisión con fundamento en que, “por
mandato legal, que forma parte del debido proceso constitucional, al casarse la
sentencia del Tribunal la Corte dicta la que debe reemplazarla”. De un modo
más específico, las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de
Justicia –en su condición de jueces de tutela en primera y segunda instancia-
subrayan que en el fallo acusado la Sala de Casación Penal ejerció una facultad
que le confiere el artículo 217 numeral 2 de la Ley 600 de 2000, de acuerdo con
el cual, la Corte Suprema de Justicia, “si la causal [de casación] aceptada
fuere la primera […], casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo”.
Es entonces claro que en la sentencia condenatoria contra los tutelantes, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aplicó una disposición
procesal.
12.
No obstante, lo que está en discusión es si la observancia de esa previsión
legal, contenida en el artículo 217 numeral 2 de la Ley 600 de 2000, en este
caso condujo a una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, a la
doble instancia y a acceder a la administración de justicia (CP arts 29, 31 y
229). La Corte Constitucional advierte que en la sentencia C-998 de 2004 ya se
había evaluado la constitucionalidad de una norma que en la Ley 600 de 2000
admitía la posibilidad de emitir condenas penales, por primera vez, en sede de
casación. En efecto, en esa ocasión se instauró una acción pública contra el
artículo 205 de la Ley 600 de 2000, por cuanto a juicio del actor –en palabras
de la Corte- sus incisos “permiten que la casación
proceda  en el caso en que  tanto en primera como en segunda
instancia se haya absuelto al sindicado, a pesar de que en esas circunstancias
de llegar a casarse la sentencia y proferirse por la Corte Suprema de Justicia
una decisión condenatoria, dicha decisión no podrá ser impugnada”.
Esta previsión, en concepto del accionante, desconocía el derecho al debido
proceso y a apelar las sentencias judiciales (CP. arts 29 y 31).
La
Corporación declaró exequible esa norma, pues en su examen del asunto consideró
que no había una violación de los derechos al debido proceso y a apelar las
sentencias judiciales, analizados en concordancia con el derecho a acceder a la
administración de justicia.
13.
Para llegar a esa conclusión, en la sentencia C-998 de 2004 la Corte
Constitucional sostuvo en esencia: (i) que la casación no es una tercera
instancia, en la cual se “se vuelve a juzgar
al procesado”, sino un juicio de legalidad y constitucionalidad
sobre las decisiones y el proceso; (ii) que si bien el artículo 29 de la
Constitución consagra el derecho a “impugnar la sentencia condenatoria”,
no se refiere sin embargo a “una forma de
impugnar en particular. Tampoco hace mención específica de  recurso alguno”;
(iii) que en el ordenamiento constitucional y legal colombiano ya se cumplía,
en efecto, con el deber de contemplar medios de impugnación contra la sentencia
condenatoria emitida por primera vez en casación, toda vez que estaban
contempladas la acción de revisión y la acción de tutela, lo cual cubría en criterio
de la Corporación el derecho a impugnar el fallo; (iv) finalmente, recalcó que
el artículo 31 Superior, invocado entonces en la acción pública, establece que
toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, “salvo las
excepciones que consagre la ley”, de tal suerte que el legislador tenía un
margen de configuración para estatuir recursos de apelación contra las
sentencias. Esa decisión, que versó entonces sobre la posibilidad de emitir, en
el marco de los procesos regulados por la Ley 600 de 2000, sentencias
condenatorias por primera vez en casación, sin que haya un medio impugnación
homólogo al de apelación, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional (CP. art
243).
14.
En el proceso penal seguido contra los hoy tutelantes, señores Marco Fidel
Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña, el procedimiento se surtió con
arreglo a lo previsto en la Ley 600 de 2000. Fue en ese contexto, y en
aplicación de sus disposiciones, que la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia los condenó por primera vez en casación, luego de que hubieran sido
absueltos en las dos instancias. Por lo cual, en concepto de la Corte
Constitucional, la posibilidad de expedir en su contra una sentencia
condenatoria por primera vez en casación, así como la de impugnarla, son
asuntos controlados por la Constitución tal como fue interpretada en la
sentencia C-998 de 2004. Es decir, que a la pregunta de si en su caso la
condena en casación, tras dos instancias absolutorias, vulnera el derecho a
impugnar la sentencia condenatoria, en concordancia con el derecho a acceder a
la justicia (CP. arts 29, 31 y 229), la respuesta debe ser negativa. La
sentencia C-998 de 2004 ya resolvió con efectos de cosa juzgada constitucional
que la ausencia de un mecanismo –homólogo a la apelación- para impugnar la
sentencia condenatoria dictada por primera vez en casación, en el marco de la
Ley 600 de 2000, no desconoce ese derecho. Esta era la jurisprudencia más
exactamente aplicable al caso, para el momento en el cual se expidió la
sentencia de casación cuestionada,[46]
y al haberse dictado en ese contexto normativo no puede decirse que hubiese
habido una vulneración de los derechos fundamentales invocados, aun cuando el
ordenamiento esté desprovisto de medios de impugnación –equivalentes a la
apelación- contra el fallo condenatorio.
15.
La Corte Constitucional no pierde de vista que, según la acción de tutela, para
el momento en el cual se profirió el fallo de casación del 11 de marzo de 2015,
esta Corporación ya había tomado la decisión contenida en la sentencia C-792 de
2014. En efecto, dicho fallo contiene una decisión tomada por esta Corporación
el 29 de octubre de 2014. Además, la tutela señala que en la fecha de
expedición de la sentencia cuestionada, ya la decisión de constitucionalidad
referida había sido objeto de divulgación al público, aún sin el texto
definitivo y firmado de la sentencia, mediante el Comunicado de Prensa Nº 43,
correspondiente a las Salas Plenas de los días 29 y 30 de octubre de 2014. Esto
indica, en criterio de los accionantes, que el marco jurisprudencial no era el
delimitado por la sentencia C-998 de 2004, desfavorable a la impugnación de la
sentencia condenatoria dictada por primera vez en casación, sino el actualizado
en la sentencia C-792 de 2014. En esta última decisión, de acuerdo con los
peticionarios, se habría reconocido un derecho fundamental a impugnar la
sentencia condenatoria, por medio de un instrumento adicional a las acciones de
revisión y de tutela, y más comprehensivo que ambas –equivalente a la
apelación-. De lo cual infieren entonces que la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia ha debido ajustar sus competencias de casación al régimen
constitucional así reconfigurado, por la jurisprudencia constitucional entonces
vigente, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales.
La
Corte Constitucional debe examinar detenidamente estas alegaciones.
El
derecho a impugnar sentencias condenatorias emitidas por primera vez en un
proceso penal, tras la sentencia C-792 de 2014. Delimitación de sus efectos para
este caso
16.
En la sentencia C-792 de 2014[47]
esta Corporación debía decidir una acción pública contra un grupo amplio de
disposiciones de la Ley 906 de 2004, mediante la cual se expidió un nuevo
Código de Procedimiento Penal. Se controlaron entonces específicamente los
artículos 20 parcial (doble instancia), 32-3
(competencia de la Corte Suprema de Justicia para resolver en segunda
instancia), 161-1 (clases de providencias), 176 parcial (recursos
ordinarios-apelación), 179 parcial (trámite del recurso de apelación contra
sentencias), 179B (procedencia del recurso de queja), 194 parcial (instauración
de la acción de revisión) y 481 parcial (anexos a la solicitud de
rehabilitación) de la Ley 906 de 2004. La demanda planteaba un cargo por
violación de los artículos 13, 29, 31 y 93 de la Carta, en concordancia con los
artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esencia, la acción
pública sostenía que las disposiciones acusadas eran inconstitucionales, por
cuanto no preveían la posibilidad de impugnar integralmente la sentencia
condenatoria expedida por primera vez en segunda instancia. La Corte
Constitucional describió el centro de la demanda así: “A juicio de la
peticionaria, la inconstitucionalidad anterior se produce porque la normativa
demandada no consagra el derecho a apelar los fallos que fijan una condena
por primera vez en la segunda instancia en el marco de un proceso penal, y
de esta forma, desconoce el principio de igualdad y el derecho al debido
proceso”. La Sala Plena, al presentar el problema jurídico, manifestó que
le correspondía decidir, “en primer lugar, si el ordenamiento superior
consagra o si de éste se desprende un derecho a impugnar las sentencias que en
el marco de un juicio penal, imponen una condena por primera vez en la segunda
instancia”.
17. La Corte concluyó que en efecto el legislador
omitió consagrar medios de impugnación integrales contra las sentencias
condenatorias dictadas por primera vez en segunda instancia. El fundamento de
la decisión fue en síntesis el siguiente: (i) la Corte constató que los
artículos 29 de la Constitución, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de derechos Civiles Políticos contemplan
el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, sin limitarlo a los fallos de
primera instancia; (ii) restringir el derecho a la impugnación, para que
proceda solo respecto de las condenas proferidas en primera instancia,
supondría un desconocimiento del derecho de defensa; (iii) el derecho a la
impugnación busca asegurar la corrección de las condenas judiciales, por la vía
de exigir “la doble conformidad judicial”, lo cual presupone que toda
condena dictada por primera vez en un proceso penal sea susceptible de un
recurso integral; (iv) este entendimiento del derecho a la impugnación no
afecta la garantía de la doble instancia, pues la misma se preserva en los
casos dispuestos por la ley; (v) circunscribir los efectos del derecho a impugnar
la sentencia condenatoria a la posibilidad de recurrir en apelación las
dictadas en primera instancia, lo privaría de efecto útil pues esa posibilidad
de apelar las decisiones de primer grado ya se encuentra cubierta por el
derecho a la doble instancia; (vi) extender el derecho a impugnar las
sentencias condenatorias que se impongan por primera vez “es consistente con el
que impera en la comunidad jurídica, y en particular, con la interpretación
acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Comité de
Derechos Humanos”; (vii) para
garantizar el derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias dictadas
por primera vez luego de la primera instancia, están previstos el recurso de
casación, y las acciones de revisión y de tutela, pero estos no satisfacen el
derecho de defensa, pues un medio de impugnación ajustado a las exigencias
constitucionales debe tener las siguientes propiedades:
“(i) el examen efectuado por el juez de revisión debe tener una
amplitud tal, que permita un nuevo escrutinio de todos los elementos
normativos, fácticos y probatorios determinantes de la condena; (ii) el
análisis del juez  debe recaer primariamente sobre la controversia de base
que dio origen al litigio judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo judicial
como tal; (iii) debe existir un examen abierto de la decisión judicial
recurrida, de modo que ésta pueda revocarse cuando del examen integral del caso
se concluya que no hay lugar a la imposición de la condena, y no solo una
revisión de la sentencia a luz de un conjunto cerrado de causales de
procedencia del recurso”.
Como
consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional decidió declarar la
inconstitucionalidad de la omisión legislativa detectada. No obstante, en
consideración a que para colmar ese faltante resulta preciso el diseño de
instrumentos jurídicos con “repercusión
directa en el esquema del proceso penal, en las competencias de los órganos
jurisdiccionales y en el alcance de otros recursos”, la Corporación consideró necesario, en principio,
que el legislador regulara “integralmente” la materia. Por lo cual, la
decisión que tomó la Corporación fue declarar la “inconstitucionalidad con
efectos diferidos” de las disposiciones demandadas, y exhortar al Congreso
de la República para que en el término de un año, “contado a partir de la
notificación por edicto de esta sentencia”, regulara integralmente el
derecho a impugnar “todas las sentencias condenatorias”. Pero además
precisó que si el término del exhorto expira sin una regulación legislativa en
la materia, se ha de entender que procede una impugnación integral contra “todas las sentencias
condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la
condena”.[48]
18. Hay en este proceso una discusión en torno a la
delimitación de los efectos de la sentencia C-792 de 2014, en al menos tres
aspectos: (i) los efectos de esa providencia de constitucionalidad en el
tiempo; (ii) las sentencias contra las cuales procedería la impugnación, una
vez vencido el plazo del exhorto; y (iii) el marco legal de los procesos
penales que se vería impactado por la decisión. La Corte Constitucional, debe pronunciarse
sobre estos puntos, en lo que resulte pertinente y necesario para resolver el
presente caso.
18.1. Como ya se mencionó, en la sentencia C-792 de
2014 se declaró la “inconstitucionalidad con efectos diferidos” de las
normas legales entonces enjuiciadas. Igualmente, se dispuso que el Congreso
tendría un año, “contado a partir de la notificación por edicto de esta
sentencia”, para regular integralmente el derecho a impugnar las condenas.
Si bien la omisión legislativa se detectó en el momento mismo de la decisión,
en virtud del diferimiento la inconstitucionalidad de dicha omisión solo puede
predicarse a partir del advenimiento del plazo del exhorto allí definido, y con
efectos hacia el futuro (LEAJ art 45).[49] Por lo mismo, solo después de
vencerse el término del exhorto, si el Congreso no ha regulado la materia, es
que la omisión resulta inconstitucional y “procede la impugnación de todas
las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien
impuso la condena”. Pues bien, el edicto mediante el cual se notificó la
sentencia C-792 de 2014 se fijó el 22 de abril y se desfijó el 24 de abril,
ambos del año 2015.[50]
Por ende, el plazo del exhorto al Congreso de la República para legislar sobre
la materia empezó a correr el 25 de abril de 2015 y se habría vencido el 24 de
abril de 2016. Es entonces solo a partir de esa fecha que procede, por
ministerio de la Constitución y sin necesidad de ley, la impugnación de los
fallos condenatorios dictados por primera vez en segunda instancia en un
proceso penal, ante el superior jerárquico o funcional de quien los expidió. Pero
además, la impugnación instaurada en virtud de la decisión de la Corte no procedería
respecto de la totalidad de sentencias condenatorias expedidas en el pasado. De
acuerdo con los principios generales referidos al efecto de las normas
procesales en el tiempo, y de conformidad con el principio de favorabilidad
aplicable en esta materia, la parte resolutiva de la sentencia C-792 de 2014 no
comprende la posibilidad de impugnar las sentencias dictadas en procesos ya
terminados para ese momento.[51]
Únicamente opera respecto de las sentencias que para entonces aún estuvieran en
el término de ejecutoria, o de las que se expidan después de esa fecha.[52]
18.2. Por otra parte, en la resolución de la sentencia
C-792 de 2014 se emplea una expresión genérica y comprehensiva para expresar el
exhorto, y para definir el derecho que se activaría, por ministerio de la
Constitución, en caso de no haber legislación integral sobre la materia al
vencerse su término. Dice la Corte que exhorta al Congreso para que “regule integralmente
el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias”, y que en caso de no hacerlo en determinado lapso debe
entenderse que “procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias
ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”. Sin
embargo, en este proceso se ha discutido si esas previsiones comprenden la
posibilidad de impugnar las sentencias que emiten condenas, por primera vez, en
sede de casación. En concepto de esta Corte, deben tenerse en cuenta las
siguientes consideraciones:
a) Primero, las diferentes secciones de una providencia
no pueden leerse e interpretarse aisladamente. Así, por ejemplo, la sentencia
C-792 de 2014 dispone en su parte resolutiva que una vez expire el plazo del
exhorto procederá la impugnación contra “todas las sentencias condenatorias”.
Sin embargo, esto no quiere decir, como lo sugiere una lectura puramente
textual y fragmentaria de ese segmento, que vencido el término del exhorto las
personas tengan la posibilidad de impugnar incluso las sentencias de segunda
instancia o de casación que se limitan a confirmar o a no casar sentencias
condenatorias de instancia; es decir, la Corte no sostuvo en la sentencia de
constitucionalidad que fuera constitucionalmente obligatorio tramitar
impugnaciones integrales contra fallos que confirman condenas ya impuestas en una
o dos instancias. Los procesos penales deben tener un momento a partir del cual
la decisión judicial no sea susceptible de impugnación. Si se admitiera que
todas las sentencias condenatorias deben poder impugnarse, entonces en los
casos de una obvia responsabilidad penal, en los cuales se impongan
coherentemente condenas a los procesados en instancias, no habría nunca un fin,
pues cada condena podría a su vez recurrirse sucesiva e indefinidamente. La
interpretación razonable de la sentencia C-792 de 2014 indica que allí se
pretendió algo distinto, y fue precaver una solución para las personas a las
cuales el ordenamiento legal no les dispensa un medio de impugnación integral,
contra la sentencia que por primera vez en un proceso regido por la Ley 906 de
2004, se impone una condena penal en instancia.
b)  No obstante, en segundo lugar debe resaltarse –en
consonancia con lo anterior- que la sentencia C-792 de 2014 controló la
constitucionalidad de las normas legales antes referidas, entre las cuales no
se encontraban las atinentes a la competencia de la Corte Suprema de Justicia
para emitir condenas, por primera vez, en casación. En efecto, es revelador
observar que las normas sobre casación están contempladas eminentemente entre
los artículos 180 y 191 de la Ley 906 de 2004, y que ninguna de ellas fue
específicamente acusada en la acción pública de la cual se ocupó la sentencia
citada. En la demanda ciertamente se cuestionó el artículo 32 numeral 3 de la
Ley 906 de 2004, que regula la competencia de la Corte Suprema de Justicia para
resolver en segunda instancia los recursos de apelación contra los autos y sentencias que
profieran en primera instancia los tribunales superiores. Pero no se presentó
cargo alguno contra el numeral 1º del artículo 32 de esa Ley, que es
precisamente el que contempla la potestad de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia para conocer de la casación. También es relevante destacar
que, como antes se indicó, el concepto de violación contra la normatividad
demandada sostenía que esta era inconstitucional –en palabras de la Corte-
porque “no consagra el derecho a apelar los
fallos que fijan una condena por primera vez en la segunda instancia en
el marco de un proceso penal”. Y al
definir los problemas jurídicos, la Corporación se preguntó si la Constitución
contempla “un derecho a impugnar las sentencias que en el marco de un juicio
penal, imponen una condena por primera vez en la segunda instancia”.
En este contexto, la sentencia C-792 de 2014 se limitó a proteger el derecho a
impugnar las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.
c) Tercero, contra lo anterior podría objetarse que la
parte resolutiva debe leerse también a la luz de las consideraciones de la
sentencia C-792 de 2014, y que en estas la Corte reconoció ampliamente el
derecho a impugnar las sentencias condenatorias emitidas por primera vez, con
independencia de si estas se expiden en segunda instancia o en casación. Esto
es lo que plantea el apoderado de los demandantes, quien sostiene que si bien a
estos no se les aplica por el tiempo la parte resolutiva de la decisión, “eran
las consideraciones de la Corte [Constitucional] las que cabía aplicar”.
En su criterio, aunque no se hayan examinado las normas sobre las competencias
de la Corte Suprema de Justicia en casación, aplicables al proceso de los
peticionarios, “la ratio decidendi del asunto es extensible” a la
controversia. La Corte Constitucional toma en cuenta este argumento, pero
descarta que para definir la ratio decidendi de la sentencia C-792 de
2014 quepa efectuar una lectura aislada de sus consideraciones más generales. La
jurisprudencia constitucional ha sostenido que, respecto de las sentencias de
control abstracto, “[p]ara identificar
la ratio decidendi del fallo […], es necesario tener en cuenta tres elementos:
(i) la norma objeto de la decisión de la Corte, (ii) el referente
constitucional que sirvió de base a la decisión y (iii) el criterio
determinante de la decisión”.[53] Son los tres elementos
conjuntamente, y no solo uno o dos de ellos, los que determinan la ratio
decidendi de una providencia de control de constitucionalidad sobre las
leyes. Esta no es más que una concreción, para las sentencias de control
abstracto, de los criterios tradicionales de interpretación de las decisiones
judiciales, entre los cuales ocupa un lugar central, en la jurisprudencia
colombiana, y en la jurisprudencia y en la doctrina comparada, el deber de leer
las consideraciones y la decisión en el contexto específico del caso resuelto.[54]
d) El exhorto que se libró en
la sentencia C-792 de 2014, ciertamente podía ser motivo de una regulación
integral del derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias, que
además comprendiera las condenas impuestas por primera vez en casación. Pero
esto no significa que en esa decisión se hubiera resuelto la constitucionalidad
de una omisión legislativa sobre ese punto en específico. Esta Corte ejerce una
función jurisdiccional, y esa característica supone que le corresponde decir cuál
es el derecho aplicable respecto del caso que se le somete. La idea de
circunscribir la fuerza normativa vinculante de un fallo a su ratio
decidendi, y de interpretar la resolución con arreglo al caso, es una
convención reconocida y usada por esta y otras Cortes siguiendo un principio
inherente al Estado de Derecho, que se sintetiza en la necesidad de limitar el
poder del juez.[55]
La función jurisdiccional implica para el juez el poder de decidir en derecho el
asunto que se le presenta. Cuando se le reconoce fuerza normativa a un
fallo para resolver casos futuros, o para tomar decisiones con efectos erga
omnes, no se le está dando al juez la potestad abierta de fijar
pautas o adoptar resoluciones en cada sentencia por fuera del margen del
caso que se le somete a decisión. Ningún juez, ni siquiera una Corte
Constitucional, puede dictar reglas o tesis con fuerza normativa sobre
supuestos distintos de los que efectivamente resuelve, ni enunciar criterios
que no tengan incidencia en la decisión que toma. Por eso en la sentencia
SU-047 de 1999, esta Corporación dijo que el fundamento de limitar la fuerza
normativa de las decisiones a la solución del caso concreto sometido a su
conocimiento, responde a la necesidad de garantizar principios jurídicos
sustantivos:
“[…] es también natural que únicamente
la ratio decidendi tenga efectos vinculantes sobre otros
jueces y adquiera la obligatoriedad de un precedente. En efecto, en general,
los jueces no son electos democráticamente, ni tienen como función básica
formular libremente reglas generales. A ellos les corresponde exclusivamente
resolver los casos que les son planteados por las partes; es lo que algunos
autores denominan la "virtud pasiva" de la jurisdicción, para hacer
referencia al hecho de que los jueces no tienen la facultad de poner en marcha
autónomamente el aparato judicial ya que sólo actúan a petición de parte, y no
por voluntad propia, y su intervención está destinada a resolver los casos
planteados. Esto explica que desde prácticamente el inicio de sus actividades
la Corte Suprema de los Estados Unidos se haya abstenido de formular consejos y
recomendaciones, ya que su función es estrictamente resolver casos; igualmente,
por la misma razón, esta Corte Constitucional ha precisado que cuando una norma
ha sido acusada, pero no se encuentra vigente, ni produce efectos, el
pronunciamiento de esta Corporación debe ser, en general, inhibitorio, por
carencia actual de objeto.
Esta cualidad pasiva de la jurisdicción es esencial para preservar
el principio democrático y la separación de poderes. Así, inevitablemente los
jueces, al decidir casos, crean en ocasiones derecho, puesto que precisan el
alcance de las reglas jurídicas existentes, o llenan vacíos y resuelven
contradicciones del ordenamiento. Sin embargo, para que esa producción
incidental e intersticial de derecho por parte de los jueces no sea riesgosa
para la democracia, es necesario que ella ocurra exclusivamente en el ámbito de
la resolución de casos, pues si se permite que ésta se desarrolle desvinculada
de litigios judiciales concretos, entonces claramente la rama judicial
invadiría las órbitas de actuación de los otros órganos del Estado, y en
particular del Legislador, en detrimento del principio democrático. Por ello,
únicamente el principio general que sirvió de sustento directo para resolver el
caso, esto es la ratio decidendi, puede aspirar a convertirse en
precedente vinculante, mientras que las otras opiniones incidentales, al no
estar inescindiblemente ligadas al asunto planteado al juez, a lo sumo tienen
un valor pedagógico y persuasivo”.[56]
e) De todo lo cual, esta Sala concluye que en la
sentencia C-792 de 2014 esta Corte, si bien emitió un exhorto general, solo
tomó una decisión aplicable a los casos en que una persona es condenada por
primera vez en segunda instancia, en un proceso penal, y esto supone que el
derecho a impugnar las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o
funcional, que se activa cuando venza el plazo del exhorto sin legislación,
solo aplica a las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia. A
esta conclusión se llega entonces porque en el contexto del caso entonces
sujeto a consideración de la Corte se observa que (i) no se demandaron las
normas sobre competencias de la Corte Suprema de Justicia en casación, (ii)
solo se cuestionaron normas referentes a las atribuciones de la Corte Suprema
de Justicia, en cuanto obra como autoridad judicial de segunda instancia en los
procesos penales, (iii) los cargos ciudadanos cuestionaban las disposiciones
legales, estrictamente, porque desconocían el derecho a impugnar las condenas
impuestas por primera vez en segunda instancia, (iv) y la Corte
Constitucional, de forma explícita y clara, al delimitar los problemas
jurídicos, circunscribió el primero de ellos a la pregunta de si la
normatividad acusada vulneraba la Carta, en tanto no contemplaba medios de
impugnación contra las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.
En este contexto, no puede decirse que la sentencia C-792 de 2014 haya resuelto,
con fuerza normativa vinculante y definitiva, el problema de la posibilidad de
impugnar las condenas penales impuestas por primera vez en casación.
18.3. Finalmente, la última duda se relaciona con los
efectos de la sentencia C-792 de 2014 respecto de los procesos penales
adelantados conforme a la Ley 600 de 2000, que aún están en curso. Dado que el
presente caso se relaciona solo con la posibilidad de impugnar condenas
impuestas por primera vez en casación, este pronunciamiento ha de limitarse a
definir si la sentencia C-792 de 2014 controla los asuntos de esa naturaleza,
en los cuales las condenas se expidan en un proceso penal regulado por la Ley
600 de 2000. Conforme a las precisiones antes indicadas, ese problema ya fue
resuelto con efectos de cosa juzgada en la sentencia C-998 de 2004. La
sentencia C-792 de 2014 no solo no versó sobre normas de la Ley 600 de 2000,
sino que aparte no abordó específicamente una demanda contra las normas de la
Ley 906 de 2004 que precisan las competencias de la Corte Suprema de Justicia
en sede de casación. Por lo cual, de acuerdo con lo señalado en las
consideraciones anteriores, no puede decirse que los casos de condenas
impuestas por primera vez en casación, en el marco de procesos penales regulados
por la Ley 600 de 2000, estén controlados definitivamente por la sentencia
C-792 de 2014.
19. En síntesis, el asunto de los tutelantes no se
encuentra regulado por la sentencia C-792 de 2014, por los siguientes motivos. Primero,
porque el 11 de marzo de 2015, fecha en la cual se expidió el fallo que condenó
a los actores en casación, aún no se había cumplido el plazo del exhorto
emitido por la Corte Constitucional para que el legislador regulara la materia,
y cuyo advenimiento supone que las personas tendrán, por ministerio de la
Constitución, el derecho a impugnar integralmente la condena impuesta por
primera vez en segunda instancia. Segundo, porque en consecuencia la sentencia
C-792 de 2014 solo resolvió el problema de las condenas impuestas por primera
vez en segunda instancia, y no el de las que se imponen por primera vez en
casación, asunto que merece una consideración especial distinta, conforme se
anotará. Tercero, porque la mencionada decisión solo versó sobre normas
contenidas en la Ley 906 de 2004 ‘por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal’, y no sobre disposiciones de la Ley 600 de 2000 ‘por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal’, y fueron estas últimas
las que se aplicaron al caso de los tutelantes. Cuarto, en vista de que el
fallo citado no es exactamente aplicable, por los motivos anteriores, puede
decirse que la tutela de los peticionarios se sujeta a la solución
constitucional ya definida en la sentencia C-998 de 2004, que sí abordó el
problema de constitucionalidad de las condenas impuestas por primera vez en
casación, en el marco de la Ley 600 de 2000.
20. Esta decisión tiene además una razón de fondo más
profunda. En la sentencia C-792 de 2014 ciertamente se tuvo en consideración la
posibilidad de impugnar condenas impuestas por primera vez por la Corte Suprema
de Justicia, pero obrando como segunda instancia. Plantear una impugnación
contra una sentencia de instancia no requiere en principio un instrumento
procesal distinto de los que ya existen en el ordenamiento, sino que debe
preverse un recurso homólogo (que cumpla las mismas funciones) al de apelación.
Pero ¿cómo sería una impugnación integral contra condenas impuestas en
casación? ¿Podrían controvertirse también los motivos por los cuales la Corte
Suprema casó el fallo, o la técnica de casación? ¿O solo se podría impugnar la
sentencia de remplazo? Estos asuntos no se abordaron en la sentencia C-792 de
2014. Aparte, en esta última se dispuso que, en caso de expirar sin legislación
el plazo definido en el exhorto, procedería una impugnación contra las condenas
impuestas por primera vez en segunda instancia, “ante el superior jerárquico
o funcional de quien impuso la condena”. Sin embargo, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia no tiene superior jerárquico o funcional en asuntos
de casación en materia penal. No hay ley que le reconozca a la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia facultades de casación penal, y por tanto en
principio debía mediar un plazo para que el legislador definiera el punto.[57]
21. En consecuencia, la Sala Plena de la Corte
Constitucional considera que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia no desconoció el derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Como se
indicó, el fallo de remplazo se fundó en una facultad legal expresa de la Corte
Suprema de Justicia, consagrada en el artículo 217-2 de la Ley 906 de 2004. El
ejercicio de la misma no supuso desconocer las garantías de los hoy tutelantes,
porque la Corte Constitucional sostuvo que no se vulnera el derecho a impugnar
la sentencia condenatoria cuando la Corte Suprema de Justicia condena por
primera vez en casación a quien ha sido absuelto en instancias, en el marco del
proceso penal regido por la Ley 600 de 2000. En este caso no se advierte
entonces que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia hubiese
incurrido en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Dado que la
acción de tutela se contrajo a plantear específicamente ese defecto, y no
problemas sustanciales o fácticos de la decisión, la Sala no procederá a examinar
otros aspectos del fallo proferido contra los peticionarios.[58] Por lo
cual, negará la tutela del derecho a impugnar la sentencia condenatoria (CP.
arts 29, 331 y 229).
22. Pero todo lo anterior no supone desconocer que en
la sentencia C-792 de 2014, aun cuando no se creó una decisión controlante de
este caso, la Corte sí expuso una jurisprudencia que doctrinalmente actualizó
el entendimiento de la Constitución. De tal suerte, la interpretación
constitucional efectuada por la Corte en la sentencia C-998 de 2004, hoy debe
revisarse a la luz de las consideraciones efectuadas en la sentencia C-792 de
2014, y que constituyen para asuntos como el presente doctrina constitucional
(CP art 230). El caso bajo examen está gobernado por la sentencia C-998 de
2004, pero hacia futuro, y en los términos y bajo las condiciones de la
sentencia C-792 de 2014, la cosa juzgada de esa decisión se ha de ver afectada
por la Constitución viviente.[59]
En virtud de esa interpretación viviente, el derecho a impugnar las condenas
impuestas por primera vez en un proceso penal ordinario no se limita a los
fallos de primera instancia, sino que incluye las estatuidas por primera vez en
casación. Es una garantía orientada a proveer para los procesados el mayor
nivel posible de defensa en la persecución criminal, de tal suerte que se
predica también de las condenas emitidas por primera vez luego de la primera
instancia. La Corte considera entonces que resultaría irrazonable impedir la
impugnación de las sentencias condenatorias impuestas por vez primera en
casación, tras instancias absolutorias. El sentido de esta garantía es asegurar
la corrección de las condenas judiciales, por la vía de exigir “la doble
conformidad judicial”. Lo cual presupone que incluso las condenas dictadas
por primera vez en casación penal sean susceptibles de un recurso integral. Si
bien la Sala de Casación Penal es un órgano especializado y colegiado, cuya
conformación asegura que varios jueces coincidan en la decisión, lo que se
busca con el derecho a impugnar la sentencia condenatoria es que en los procesos
penales ordinarios la conformidad judicial se dé en dos momentos distintos, y
por autoridades jurídicamente diferenciables. Las condenas en casación que se
imponen por primera vez, en los procesos penales ordinarios regulados por la
Ley 600 de 2000, no satisfacen estas exigencias.
23. Sin embargo, como se dijo en la sentencia C-792 de
2014, en términos que la Corte considera también persuasivos, no le corresponde
al juez constitucional diseñar directamente los instrumentos para remediar ese
problema. El derecho a impugnar las sentencias condenatorias emitidas en un
proceso penal ordinario, luego de absolución en instancias, “tiene una
repercusión directa en el esquema del proceso penal, en las competencias de los
órganos jurisdiccionales y en el alcance de otros recursos”.[60]
Es, por lo mismo, una materia estrechamente asociada al principio de legalidad
del proceso penal. En consecuencia, debe ser objeto de regulación por el
legislador y, por ese motivo, en la sentencia mencionada se emitió un exhorto
al Congreso para que regulara la materia. No obstante, en este caso no sería
razonable emitir un exhorto de la naturaleza del que se impartió en la
sentencia C-792 de 2014 pues, para empezar, el que origina esta decisión es un
proceso penal surtido con arreglo a la Ley 600 de 2000, que contiene un Código
de Procedimiento Penal llamado a desaparecer en cuanto concluyan sus efectos
jurídicos (Ley 906 de 2004 art 533). No tendría sentido que esta Corte exhorte
al legislador a introducir una reforma legal que sería aplicable a un procedimiento
cuya vida normativa tiene vocación de expiración. Debe precisarse sin embargo,
que aunque la decisión de inconstitucionalidad adoptada en la sentencia C-792
de 2014 no cubrió la hipótesis de condenas impuestas por primera vez en
casación, el exhorto sí fue en cambio más general, respecto de los procesos
penales ordinarios. Al no tratarse de una disposición vinculante, sino de un
acto de lenguaje sin fuerza normativa obligatoria para el Congreso, el exhorto
puede interpretarse de modo amplio, de suerte que se entienda referido a la
impugnación de las condenas impuestas por primera vez en cualquier etapa del
proceso penal ordinario. Si el Congreso ha omitido la oportunidad que se le
reconoció en ese exhorto, desde luego que no por eso pierde su facultad de
regular la materia. Pero en tal caso esta Corte debe velar por la supremacía e
integridad del mandato constitucional de garantizar la impugnación de las
condenas impuestas por primera vez en el proceso penal (CP. arts 29, 31, 229 y
241). Lo cual le exige obrar de modo que asegure la adaptación del ordenamiento
y los procesos penales al orden superior (CP. art 4).
24. Lo procedente es entonces afirmar que en el
exhorto de la sentencia C-792 de 2014 ya iba incorporado un llamado al
legislador para que regulara en general la impugnación de condenas impuestas
por primera vez en cualquier estadio del proceso penal ordinario. Vencido el
plazo definido en la sentencia sin legislación, debe haber una consecuencia
específica para las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, o
en casación luego de instancias absolutorias. La impugnación solo procedería entonces,
en este último caso, respecto de la sentencia de remplazo, mas no sobre las
consideración de la casación en sentido estricto. Pero por la configuración
técnica de ese escenario, y por las previsiones legales, no cabe simplemente
disponer que en estos asuntos se ejecute la habilitación prevista en la
sentencia C-792 de 2014, de interponer una impugnación ante el superior
jerárquico o funcional. Por tratarse de un tema altamente especializado, sin
perjuicio de la competencia del legislador, vencido el término del exhorto sin
legislación, la Corte Suprema de Justicia dentro de
sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atenderá a las
circunstancias de cada caso, para definir la forma de satisfacer el derecho
constitucional a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez,
respecto de las providencias que para esa fecha aún no se encuentren ejecutoriadas.
Conclusiones y órdenes
25. En conclusión, la Sala Plena de esta Corporación
considera que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que hubiese
vulnerado el derecho de los señores Marco
Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña a
impugnar la sentencia condenatoria (CP arts 29, 31 y 229), al haber emitido en
su contra el fallo del 11 de marzo de 2015, contra el cual no procede un
instrumento de impugnación distinto a la revisión y a la acción de tutela, en
el que les impuso por primera vez una condena penal en casación, luego de ser
absueltos en primera y segunda instancia.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Levantar la
suspensión de términos.
Segundo.- CONFIRMAR
el fallo proferido,
en segunda instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el 11 de agosto de 2015, que a su turno confirmó el expedido por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 7 de julio de 2015, a
propósito de la acción de tutela promovida por los señores Marco Fidel Urbano
Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña, mediante apoderado, contra la sentencia
del 11 de marzo de 2015, expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia. En consecuencia NEGAR la tutela del derecho
fundamental a impugnar la sentencia condenatoria (CP arts 29, 31 y 229).
Tercero.-
Como quiera que el 24 de abril de 2016 se venció el
exhorto al Congreso de la República, emitido en la sentencia C-792 de 2014, para
legislar sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia dentro de sus
competencias, o en su defecto el juez constitucional, atenderá a las
circunstancias de cada caso para definir la forma de garantizar el derecho
constitucional a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por
su Sala de Casación Penal, respecto de las providencias que para esa
fecha aún no se encuentren ejecutoriadas.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con aclaración de voto
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
SU215/16
RECURSO DE CASACION-Resulta
idóneo para garantizar el derecho de contradicción y defensa de persona
condenada en segunda instancia (Salvamento parcial de voto)
ACCION DE REVISION EN MATERIA
PENAL Y ACCION DE TUTELA-Mecanismos que conforman un sistema integral de
protección de los derechos del procesado (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expediente
T-5135688. Acción de tutela instaurada por los señores Marco Fidel Urbano
Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña, mediante apoderado, contra la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada Ponente:
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Si bien comparto la decisión de negar el
amparo impetrado por los demandantes por no estar comprendido el fallo de la
Corte Suprema que los condenó dentro de aquellos respecto de los cuales se
exigiría la doble conformidad a la que aludió la sentencia C-792 de 2014,
quiero expresar que me separo de lo dispuesto en el resolutivo tercero por
cuanto allí se incorporan algunos referentes con connotación imperativa y por
ende restrictivos de la autonomía con que dicha Corporación podría darle
cumplimiento al mencionado fallo de constitucionalidad.
Tal resolutivo lo considero improcedente
por cuanto se desconoce si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
provisto o no alguna medida al respecto y en caso positivo en qué sentido lo
haya hecho. Creo que es discutible que los efectos de la sentencia C-792 de
2014 automáticamente se extiendan a los fallos de condena proferidos por la
propia Sala Penal en casación porque, de ser así, dicho órgano ya no sería una
instancia "suprema" y, además, dejaría de representar el papel de
"máximo" tribunal de la justicia ordinaria como reza el artículo 234
constitucional.
Por lo demás, debo manifestar que en su
oportunidad me separé de lo decidido en la sentencia C-792 de 2014, que declaró
la inexequibilidad, con efectos diferidos, de las expresiones contenidas en los
artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004,
argumentando que tales disposiciones desconocen la Constitución en la medida en
que no contemplan la posibilidad de impugnar todas las sentencias
condenatorias, por las siguientes razones:
"Del contenido de los artículos 29
de la Constitución, 8.2, literal h de la Convención Americana de Derechos
Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se
deriva, como lo concluye la mayoría, la obligación de permitir un recurso
específico, como puede ser el de apelación, sino la posibilidad de impugnar el
fallo, utilizando ese término en forma genérica. Tampoco resulta unívoco
derivar el derecho de apelar a quien ha sido condenado por primera vez, en
segunda instancia, del texto del artículo 31 de la Constitución que establece
el principio de doble instancia.
Si bien es cierto
que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara al establecer que no se
puede exceptuar el acceso a la apelación en materia penal, esto se satisface
garantizando que la sentencia de primera instancia, sea condenatoria o
absolutoria, pueda ser apelada por cualquiera de los sujetos procesales
legitimados. Por lo anterior, considero que del texto de la Constitución,
complementada con el de los instrumentos de derechos humanos que conforman el
bloque de constitucionalidad, no se desprende el absoluto deber de garantizar
el recurso de apelación frente a todas las sentencias condenatorias, no importa
el momento procesal en que se dicten, toda vez que resulta erróneo entender que
al utilizar los textos constitucionales e internacionales los términos
genéricos recurrir, revisar o impugnar, necesariamente se está haciendo alusión
a la apelación. Así lo ha entendido la Corte Constitucional de manera
reiterada, entre otras decisiones, en las sentencias C-142 de 1993, C-998 de
2004 y C-934 de 2006.
A la luz del análisis del caso sub
examine, es pertinente tener en cuenta que nuestra Carta Política, en armonía
con las previsiones de la Convención Americana y el PIDCP, tiene previsto que
el órgano legislativo, podrá establecer los recursos que considere más
adecuados de acuerdo con su contexto político criminal y sistema procesal
penal, siempre y cuando con ello se garantice el debido proceso legal, así como
la existencia de una justicia adecuada al máximo posible a los principios del
deber ser.
A mi parecer, en el sistema penal
colombiano, el recurso de casación resulta idóneo para garantizar el derecho a
la contradicción y defensa de una persona condenada en segunda instancia, en la
medida en que, indiscutiblemente, le permite la efectiva protección de sus
derechos, sin necesidad de instituir una tercera instancia judicial o un
sistema de múltiples apelaciones. Así lo dispuso el legislador nuestro dentro
de su amplia libertad de configuración en términos que, en modo alguno, riñen
con el Estatuto Superior.
Del mismo modo, además del recurso de
casación, el condenado cuenta con otros mecanismos que conforman un sistema
integral de protección de los derechos del procesado, como lo son la acción de
revisión en materia penal y la acción de tutela. Por lo que al declarar la
inconstitucionalidad diferida de las normas demandadas para que se entienda,
por vía interpretativa, que las mismas reconocen el derecho a que TODAS las
sentencias condenatorias puedan ser impugnadas, constriñe la libertad de
configuración del legislador y extiende los efectos buscados por la demanda
pues no se limita a los condenados por primera vez en segunda instancia sino
que, adicionalmente, expande los efectos del fallo a los condenados en única
instancia, y desconfigura el principio de doble instancia transformándolo en
uno gobernado por la triple instancia.
Dicha determinación de la Sala, a mi
juicio, es desproporcionada, pues desequilibra el trato procesal dispensado a
los sujetos que concurren a la actuación respectiva, como quiera que no brinda
la misma posibilidad impugnativa reconocida al condenado, a la parte acusadora
ni a las víctimas, como si los derechos e intereses que a estos les asisten
fueran de menor valía, con lo cual, además, se desconoce la efectividad de los
fallos de segunda instancia y se generan dilaciones injustificadas al incluir
nuevas instancias contra las decisiones que, hasta el momento, serían
consideradas de cierre, atentando con ello contra el valor de la seguridad
jurídica en materia penal.
Insisto en que las modificaciones
resultantes de la sentencia de la referencia, debieron ser tomadas en
democracia, por el órgano encargado del ejercicio de la función legislativa, el
cual, en este caso, ha sido suplantado por la decisión proferida por este
Tribunal Constitucional".
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA SU215/16
DERECHO A IMPUGNAR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA-Se
respetó precedente fijado en sentencia C-792/14 (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente T-5135688
Acción
de tutela instaurada
por los señores Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña,
mediante apoderado, contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Con el debido respeto por las decisiones de la Corte, aclaro
el voto.
1. Cuando la Sala Plena de esta Corte tomó la decisión
contenida en la sentencia C-792 de 2014, salvé el voto. En mi concepto, la
tesis sostenida por la mayoría en esa ocasión, según la cual la Constitución
contempla un derecho fundamental a impugnar las condenas emitidas por primera
vez en un proceso penal ordinario luego de primera instancia, mediante un
recurso homólogo al de apelación, no se infiere directamente del ordenamiento
constitucional. Es cierto que la Constitución prevé el derecho a impugnar la
sentencia condenatoria (CP art 29), pero de allí no se sigue que la impugnación
a que se refiere deba tener las características de un recurso de apelación. El
sistema de garantías colombiano ofrece otros medios de impugnación, tales como
el recurso de casación, la acción extraordinaria de revisión y la acción de
tutela. Con este esquema, en mi criterio, se satisfacían las exigencias
contenidas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos
humanos. Pero, ante todo, consideré en ese momento que si ha de existir en el
orden jurídico un instrumento de impugnación de las condenas proferidas después
de la primera instancia, homólogo al recurso de apelación, este debe ser
previsto en todo caso por el legislador, ya que hay un principio de legalidad
que gobierna las formas procesales, la competencia judicial y los recursos de
defensa en el proceso penal. En consecuencia, desde mi punto de vista, la Corte
no debía habilitar una forma de impugnación de las condenas sin regulación
legal específica.
2. En el presente caso, la Corte se enfrentaba a la
necesidad jurídica de decidir la tutela interpuesta con fundamento en el
ordenamiento jurídico vigente, dentro del cual se encontraba la sentencia C-792
de 2014. Aunque discrepé de esta última decisión, era una sentencia adoptada
por la Corte Constitucional y, en cuanto tal, debía respetarse. Ciertamente,
como lo dice la Sala Plena en el presente fallo, la sentencia C-792 de 2014
resolvió el problema específico de las condenas impuestas por primera vez en
segunda instancia, en procesos penales adelantados conforme a la Ley 906 de
2004. Al ser el caso ahora bajo examen un asunto referido a la impugnación de
condenas impuestas por primera vez en casación, en el marco de la Ley 600 de
2000, y antes del mes de abril de 2016, no estaba absolutamente dominada por la
sentencia C-792 de 2014. Sin embargo, es indudable que en esa decisión esta
Corte actualizó el sentido de la Constitución.
3. Por ende, aunque estuve en desacuerdo con la
interpretación constitucional contenida en la sentencia C-792 de 2014, a
propósito de extender judicialmente la impugnación a hipótesis no reguladas
expresamente en la ley, el deber de coherencia, así como los principios de
seguridad jurídica (CP art 2) y respeto por los actos propios (CP art 83),
imponían incorporar la nueva doctrina constitucional al razonamiento y la
decisión judicial, aunque dentro de sus límites razonables. Como señalaba Nino,
obrar racionalmente en el contexto judicial supone para el juez el deber de
fallar conforme a la Constitución, pero en una realidad normativa ya dada. La
racionalidad en este contexto le exige adoptar la mejor decisión objetivamente,
dadas las condiciones efectivas que se le presentan, no la ideal según su
imagen subjetiva de lo correcto. Así, la decisión de un juez se asemeja al
aporte que hace un constructor de instituciones sociales, a quien le
corresponde continuar con una obra comenzada por sus predecesores, que ya
determina los límites de su propia actuación. Solo si el legado (institucional)
resulta objetivamente inaceptable, y entonces es imposible continuar lo
iniciado, es racional el remedio extremo de desmontar lo construido y comenzar
de nuevo. En caso contrario, el juez debe preservar y respetar los actos que le
precedieron, y su contribución ha de consistir en mejorar la construcción
precedente. Nino dice al respecto:
“[…] Dado que la acción de los
constituyentes, legisladores y gobernantes consiste generalmente en aportes a
una obra colectiva cuyas demás contribuciones pasadas, contemporáneas y futuras
ellos no controlan y sólo influyen parcialmente, esa acción debe estar guiada
por la racionalidad apropiada a este tipo de conductas. Sería irracional que un
juez resolviera un caso como si estuviera creando con su decisión todo el orden
jurídico, o el orden jurídico relativo a esa cuestión. […] Esto implica que la
medida legislativa, judicial o administrativa debe contribuir –a la vez- a
preservar y a mejorar ese orden jurídico”.[61]
4. La observancia de este deber de racionalidad, que le impone
al juez la carga de obrar de forma coherente con el discurso constitucional
construido en casos anteriores, es el más adecuado para aportarle objetividad a
la función judicial, y reducir en beneficio de la seguridad jurídica, la
confianza legítima y la igualdad de trato, el carácter aporético y problemático
del razonamiento jurídico. El entendimiento de la Constitución no puede
depender exclusiva o principalmente de quienes ostenten la investidura de
magistrados de la Corte Constitucional, pues esto haría de la judicial una
función pública subjetiva, vacilante e insegura, incapaz de ofrecer un nivel plausible de predictibilidad, regularidad y
estabilidad en la administración de justicia constitucional, que es un fin
ineludible para una Corte Constitucional en un Estado de derecho. Por
eso esta Corporación ha sostenido que un simple cambio en la composición de un
tribunal no es justificación suficiente para cambiar la orientación
jurisprudencial.[62]
La única manera coherente de procurar que la jurisprudencia de hoy sea
respetada mañana, es que cada integrante de esta Corte se comprometa por
principio a respetar las decisiones de ayer, sin perjuicio de evolucionar o
precisar y, solo en casos excepcionales, de aplicar el remedio extremo de
modificar la jurisprudencia en vigor. De lo contrario, una nueva composición de
este organismo podrá eliminar, sin justificación suficiente y sin que valga
objeción alguna, cualquier vestigio de lo que ha hecho esta Corte en este
cuarto de siglo de vigencia de la Constitución de 1991.
Fecha ut supra,
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA SU215/16
DERECHO A IMPUGNAR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA O EN
CASACION-Imposibilidad de garantizar la impugnación de las condenas
impuestas por primera vez por la Sala de Casación Penal, hasta tanto el
legislador no establezca la forma de hacerlo (Salvamento parcial de voto)
Con el respeto acostumbrado a los fallos
adoptados por la Corte, manifiesto mi salvamento parcial de voto frente a lo
decidido por la Sala Plena en la sentencia SU-215 del 28 de abril de 2016 (M.P.
María Victoria Calle Correa), por no compartir lo dispuesto en el numeral
tercero de la parte resolutiva.
1.   En el fallo referido, la Sala Plena
negó el amparo solicitado por los accionantes, al encontrar que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no les desconoció los derechos
fundamentales invocados, por cuanto, en el caso concreto, no aplicaba el
derecho a impugnar la sentencia condenatoria emitida por primera vez y en sede
de casación. A esta conclusión se llegó luego de establecerse que el
procedimiento surtido a los actores fue el previsto en la Ley 600 de 2000, que
no prevé un mecanismo homólogo a la apelación para impugnar este tipo de
decisiones, tal como fue estudiado en la sentencias C-998 de 2004, así como que
"el
asunto de los tutelantes no se encuentra regulado por la sentencia C-792 de
2014 ".
Adicionalmente, al margen de la
determinación adoptada para el caso concreto, la Sala Plena señaló que al
haberse vencido el exhorto al Congreso de la República, emitido en la sentencia
C-792 de 2014, para legislar sobre la materia, "la Corte
Suprema de Justicia dentro de sus competencias, o en su defecto el juez
constitucional, atenderá a las circunstancias de cada caso para definir la
forma de garantizar el derecho constitucional a impugnar la sentencia
condenatoria impuesta por primera vez por su Sala de Casación Penal, respecto
de las providencias que para esa fecha aún no se encuentren ejecutoriadas ".
2. Aunque estuve de acuerdo con que se
confirmaran las sentencias de instancia, en la medida que negaron el amparo, mi
desacuerdo parcial es en relación con deferir a la Corte Suprema de Justicia o
el juez de tutela, la definición acerca de la forma en que se garantizará la
impugnación de los fallos condenatorios proferidos por primera vez por la Sala
de Casación Penal, como se dispuso en el resolutivo tercero.
En los términos
de la parte considerativa de la sentencia, “[S]i el Congreso ha
omitido la oportunidad que se le reconoció en ese exhorto, desde luego que no
por eso pierde la facultad de regular la materia. Pero en tal caso esta Corte
debe velar por la supremacía e integridad del mandato constitucional de
garantizar la impugnación de las condenas impuestas por primera vez en el
proceso penal (C.P. arts. 29, 31, 229 y 241). Lo cual le exige obrar de modo
que asegure la adaptación del ordenamiento y los procesos penales al orden
superior (C.P. art. 4) ". Por tanto, en
punto a la impugnación de las sentencias condenatorias impuestas por primera
vez en sede de casación, se consideró que esta solo procedería respecto de la
sentencia de remplazo, más no sobre las  consideraciones de la casación en
sentido estricto. En consecuencia, se estimó que "por la
configuración técnica de ese escenario, y por las previsiones legales, no cabe
simplemente disponer que en estos asuntos se ejecute la habilitación prevista
en la sentencia C-792 de 2014, de interponer una impugnación ante el superior
jerárquico o funcional", sino que se previó que la Corte Suprema
de Justicia o el juez constitucional, de acuerdo a las particularidades de cada
caso, deberá definir como se impugnarán dichas sentencias condenatorias.
3.   Justamente mi
desacuerdo a lo expresado por la Sala, radica en que la Corte Constitucional
debía limitarse a precisar y unificar los criterios para dar aplicación a la
sentencia C-792 de 2014, sin ingresar al ámbito de competencia de otros
órganos.
En efecto, al
señalarse que la Corte Suprema de Justicia o el juez de tutela, de acuerdo a
las circunstancias concretas, sean quienes establezcan como se surtirá la
impugnación de las sentencias condenatorias por primera vez en casación, supondría
una invasión a la autonomía que dicha corporación tiene, como órgano límite de
su jurisdicción, para resolver los asuntos que llegan a su conocimiento y para
determinar la manera en que la misma daría observancia al mencionado fallo de
constitucionalidad.
Esta última
problemática fue soslayada, tanto en la sentencia de constitucionalidad como en
el fallo del cual ahora me aparto parcialmente, pues como ya lo había advertido
en el salvamento de voto a la sentencia C-792 de 2014, "si el
acusado es absuelto en primera y segunda instancia, pero condenado por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir del recurso
interpuesto por la Fiscalía o la víctima, la sentencia resultante sería
susceptible de ser impugnada en forma amplia e integral. La pregunta obvia es:
¿ante quién?, ¿quién resolverá el recurso?". Estos
interrogantes cobran ahora total vigencia, sin que aún se tenga una respuesta
clara a los mismos, pues en este tipo de asuntos no puede pasarse por alto que
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al artículo 234 de la Constitución
Política, es el máximo tribunal de la justicia ordinaria, es decir, el órgano
de cierre de dicha jurisdicción.
De esta manera, a pesar del resolutivo
tercero de la sentencia de unificación, al carecer la Corte Suprema de Justicia
de superior jerárquico o funcional, así como no contar con facultades para
definir reglas procesales que habiliten la doble conformidad de sus decisiones,
en la práctica todo se traduciría en la imposibilidad de garantizar la
impugnación de las condenas impuestas por primera vez por la Sala de Casación
Penal, hasta tanto el legislador no establezca la forma de hacerlo.
4.   Por último, debe
recordarse que la sentencia C-792 de 2014, sostuvo que el derecho a impugnar
procede contra la sentencia condenatoria dictada en cualquier instancia o etapa
del proceso penal, por lo que resulta necesario precisar, aun cuando no esté
definido quién deba resolverla, que la posibilidad de impugnar las sentencias
condenatorias impuestas por primera vez por la Sala de Casación Penal, debe
entenderse respecto de los procesos en lo que se han tramitado instancias, esto
es, cuando la Corte Suprema de Justicia actúa como tribunal de casación, y no
en aquellos procesos en que juzga en única instancia a las autoridades
aforadas, de que tratan los numerales 2, 3 y 4 del artículo 235 de la Carta.
En estos
términos, dejo consignado mi salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO A LA SENTENCIA SU215/16
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
PENAL-Elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse
bajo ninguna circunstancia, por tanto no cabe hacer distinción entre normas
sustantivas y normas procesales (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
PENAL Y CONSTITUCION VIVIENTE-Aplicación respecto a derecho a impugnar una
sentencia condenatoria por primera vez en segunda instancia o en casación
(Aclaración de voto)
Referencia:
expediente T-5135688
Acción de tutela
instaurada por los señores Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de
Peña contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones que toma esta Corporación, me permito hacer
explícitas las consideraciones que me llevaron a aclarar el voto en la
sentencia SU-215 de 2016.
Los actores
presentaros solicitud de amparo en contra de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, debido a que esa autoridad judicial los condenó por
primera vez por el delito de estafa agravada, luego de haber sido absueltos en
primera y segunda instancia, todo esto bajo el marco de un proceso penal que se
adelantó según lo dispuesto en la Ley 600 de 2000.
Alegaron que la
corporación accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la doble instancia y al acceso a la administración de justicia (arts. 29, 31 y
229 C. Pol.), toda vez que incurrió en un "defectoprocedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto'", en la medida en
que le dio prioridad a la aplicación de una norma procesal, que faculta al
tribunal de casación para condenar a través de la figura de sentencia de
reemplazo a quien ha sido absuelto en dos instancias (Ley 600 de 2000 art 217[63]),
desconociendo la garantía de todo ciudadano a apelar cualquier sentencia
condenatoria en su contra. Facultad reconocida en la sentencia C-792 de 2014[64], que
estableció como un derecho fundamental de todas las personas el impugnar las
condenas dadas por primera vez en un proceso penal.
La Sala Plena de
la Corte Constitucional negó la tutela elevada debido a que la posibilidad de
condenar por primera vez en casación, en los procesos penales ordinarios
regulados en la Ley 600 de 2000 y decididos antes del 24 de abril de 2016[65], se
ajusta al derecho al debido proceso y a la doble instancia, de acuerdo a lo
dispuesto en la sentencia C-998 de 2004, en la cual se admitió que una persona
absuelta en instancias podía ser condenada en casación, sin ulteriores
instrumentos de impugnación. En este sentido se precisó que la resolución de la
sentencia C-792 de 2014 solo es aplicable a los casos que reúnan tres
condiciones: (i) que se trate de condenas impuestas por primera vez en segunda instancia,
(ii) en procesos penales ordinarios regulados por la Ley 906 de 2004, (iii) y
respecto de providencias que no se encuentren ejecutoriadas para el 24 de abril
de 2016.
Al respecto
considero importante aclarar mi voto en cuanto a algunos aspectos que fueron
desarrollados en la presente decisión.
La Corte
Constitucional señaló que este caso se rige por la doctrina sentada en la
sentencia C-998 de 2004, no obstante hacia futuro, correspondería dar
aplicación a las condiciones establecidas en la sentencia C-792 de 2014, de
acuerdo con las características propias de la Constitución viviente[66]. En
virtud de esa interpretación, se planteó que el derecho a impugnar las condenas
dictadas por primera vez en un proceso penal ordinario no se limita a los fallos
de primera instancia, sino que incluye las proferidas por primera vez en
casación.
Agregó además,
que no le corresponde al juez constitucional diseñar directamente los
instrumentos para remediar este problema. El derecho a impugnar las sentencias
condenatorias emitidas en un proceso penal ordinario, debe ser objeto de
regulación por el legislador. Sin embargo concluyó que en este caso no sería
razonable emitir un exhorto de la naturaleza del que se impartió en la
sentencia C-792 de 2014, ya que se trata de proceso penal surtido con arreglo a
lo dispuesto en la Ley 600 de 2000, que contiene "un Código de
Procedimiento Penal llamado a desaparecer en cuanto concluyan sus efectos
jurídicos (Ley 906 de 2004 art 533)". Remata advirtiendo que "[n]o
tendría sentido que esta Corte exhorte al legislador a introducir una reforma
legal que sería aplicable a un procedimiento cuya vida normativa tiene vocación
de expiración".
Sobre el
particular se debió advertir que de acuerdo con el artículo 533 de la Ley 906
de 2004 -Código de Procedimiento Penal, los casos de que trata el numeral 3o
del artículo 235 de la Constitución Política (miembros del Congreso)
continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000. Esto implica que el juzgamiento
de los congresistas por la Corte Suprema de Justicia debe tramitarse por el
procedimiento penal contemplado en esa disposición normativa y no bajo el
sistema penal acusatorio, aspecto que deja vivo el estatuto procesal sobre la
cual la Corte Constitucional no hizo ningún pronunciamiento, debido a que
supuestamente tenía vocación de expiración.
Por otra parte,
dando aplicación al concepto de Constitución Viviente, lo procedente
para el caso era hacer referencia al principio de favorabilidad en materia
penal. Así, la Corte en la sentencia C-592 de 2005, se refirió a este principio
y al significado que les ha dado la jurisprudencia constitucional. En esta
oportunidad se recordó que constituye un elemento axial del debido proceso en
materia penal, toda vez que se encuentra consagrado expresamente en el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual "[e]« materia penal, la
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable"[67]. En cuanto a la
eficacia de este principio este Tribunal ha desarrollado unas líneas en orden a
su aplicación, donde para este caso se destaca[68]:
-El principio de
favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso que no
puede desconocerse bajo ninguna circunstancia. En tal sentido, no cabe hacer
distinción entre normas sustantivas y normas procesales, ya que el texto
constitucional no establece diferencia alguna que autorice un trato diferente
para las normas procesales[69].
- Esta
prerrogativa se aplica tanto a los procesados como a los condenados. Al
respecto se expresó en la sentencia T-091 de 2006, que el inciso 3o
del artículo 29 de la Constitución "prevé un concepto amplio e incluyente
de favorabilidad, sin restricciones relativas a condenados, y sin ubicarlo en
el estrecho margen de la norma sustantiva favorable, aspectos superados en el
ámbito normativo y jurisprudencial, a partir de la amplia concepción
constitucional".
En este contexto,
el citado principio rige también en situaciones de coexistencia de regímenes
legales distintos, siempre que concurran los presupuestos materiales del
principio de favorabilidad, salvo que no pueda ser aplicado respecto a
instituciones estructurales y características exclusivas de cada sistema
procesal y como tales sin referente en el otro, situación que no ocurrió en
este caso, toda vez que el derecho a impugnar una decisión condenatoria es una
característica que se da con independencia de si se trata de la Ley 600 de 2000
o 906 de 2004. Por tanto, le correspondía a la Corte entrar a determinar el
impacto de las normas en conflicto sobre la situación de los accionantes.
Entonces, al
tener este presupuesto constitucional y legal tal importancia en la estructura
del proceso penal, toda vez que constituye una excepción a la regla general
según la cual las leyes rigen hacia el futuro y no puede desconocerse bajo
ninguna circunstancia, debió ser un aspecto a abordar en la presente decisión,
dadas las características del caso y el impacto respecto a las garantías
constitucionales como son el debido proceso y el derecho a la libertad.
En este sentido
dejo sentadas las razones que me llevaron a aclarar el voto en esta
oportunidad.
Fecha ut
supra,
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA SU215/16
CON PONENCIA DE LA
MAGISTRADA MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, EN LA QUE SE NEGÓ LA ACCIÓN DE TUTELA
INTERPUESTA POR LOS SEÑORES MARCO FIDEL URBANO FRANCO Y BLANCA MYRIAM RAMÍREZ
DE PEÑA
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconocimiento del derecho a impugnar el fallo condenatorio
reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Salvamento de voto)
La
Corte ha desconocido que la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen de manera
incuestionable que toda persona tiene derecho a impugnar la sentencia
condenatoria.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconocimiento del precedente consolidado respecto del derecho a
la impugnación y su procedencia frente a todas las sentencias condenatorias (Salvamento de
voto)
DERECHO A
IMPUGNAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA-La sentencia C-792 de 2014
estableció que todos los ciudadanos tienen derecho a la impugnación procede
frente a todas las sentencias condenatorias, ya sean en vigencia de la Ley 600
y Ley 906 de 2004 (Salvamento de voto)
DERECHO A
IMPUGNAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA-Se puede acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
exigir la protección del derecho a impugnar una sentencia condenatoria
(Salvamento de voto)
Referencia: Expediente T-
5135688
Problema
jurídico planteado en la sentencia: ¿Vulnera la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia el derecho a impugnar la sentencia condenatoria
cuando, en el marco de un proceso penal surtido con arreglo a la Ley 600 de
2000, expide en el año 2015 un fallo de condena penal en casación contra
personas que habían sido absueltas en primera y segunda instancia, contra el
cual no procede recurso ordinario o extraordinario alguno (aunque sí acción de
revisión y de tutela)?
Motivo
del Salvamento: La sentencia C-792 de 2014 estableció que todos los
ciudadanos tienen derecho a la impugnación procede frente a todas las
sentencias condenatorias, ya sean en vigencia de la Ley 600 y Ley 906 de 2004.
Salvo el voto en la Sentencia SU - 215 de 2016,
pues
la decisión adoptada por la Sala Plena de la Sala de la Corte Constitucional
está desconociendo el precedente consolidado respecto del derecho a la
impugnación y su procedencia frente a todas las sentencias condenatorias, ya
sean en vigencia de la Ley 600 y Ley 906 de 2004.
1.
ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA SU - 215 DE 2016
El día 15 de junio de 2015, mediante
apoderado, los señores Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de
Peña presentaron acción de tutela contra la sentencia del 11 de marzo de 2015,
expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, en la
cual fueron condenados penalmente por el de estafa agravada en razón a la
cuantía, regulado por la Ley 600 de 2000. Argumentan que la decisión vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la doble instancia y al acceso
a la administración de justicia. La razón es que la condena fue impuesta en
casación, a pesar de que en primera y segunda instancia fueran absueltos, y no
tienen recurso homólogo que proceda contra dicha decisión.
2.    FUNDAMENTO DEL SALVAMENTO
2.1.La
Sentencia desconoce el derecho a impugnar el fallo condenatorio reconocido en
la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
La Corte ha desconocido que la Convención
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establecen de manera incuestionable que toda persona tiene derecho a
impugnar la sentencia condenatoria:
(i) El literal h) del
numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala:
"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas: (...) h) derecho de recurrir del fallo ante juez
o tribunal superior".
(¡i) Por su parte, el
numeral 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece que: "Toda persona declarada culpable de
un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.
Así mismo, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la Sentencia del Caso LiakatAliAlibux vs. Suriname, afirmó
que los procesos de única instancia en los cuales no se puede apelar el fallo
condenatorio vulneran lo dispuesto en los artículos 8.2.h) de la Convención
Americana y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
"95. En el presente caso, el señor
Alibux alegó ante la Alta Corte de Justicia de Suriname la incompatibilidad del
artículo 140 de la Constitución de Suriname y de la Ley sobre Acusación de
Funcionarios con Cargos Políticos, con lo dispuesto en los artículos 8.2.h) de
la Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, por establecer un proceso penal en única instancia. Ante este claro
planteamiento de inconvencionalidad, la Alta Corte de Suriname que conoció del
proceso penal, a través de una Resolución Interlocutoria contestó que si bien
dichos tratados internacionales tienen efectos vinculantes para el Estado,
carecían de efectos jurídicos directos debido a que los jueces nacionales no
podían establecer procedimientos de apelación que no se encontraran reconocidos
en la legislación.
96.     El Tribunal lnteramericano en su Sentencia
declaró violado el artículo 8.2.h) precisamente por no preverse una doble
instancia, que si bien se estableció años después a través de la reforma a la
referida Ley sobre Acusación de Funcionarios con Cargos Políticos en 2007
mediante la creación del recurso de apelación, la violación se había
materializado al no haber podido recurrir la sentencia en 2003, y además la
víctima había incluso cumplido su condena con anterioridad a dicha reforma. La
Corte IDH estimó que al haberse declarado la violación al artículo 8.2.K) del
Pacto de San José, no estimó necesario realizar un pronunciamiento adicional
respecto de la violación al artículo 25 de la Convención Americana, en tanto
"que la consecuencia de las afectaciones descritas en sus alegatos se
subsumen en lo ya resuelto"[70] sobre el artículo
8.2.h); es decir, que la alegada violación al derecho a la protección judicial
"queda comprendida dentro de la referida violación al derecho a recurrir
del fallo "[71].
97.     Respecto a los
argumentos del señor Alibuxy de la Comisión ante este Tribunal Interamericano
sobre la vulneración del derecho a la protección judicial con motivo de la
falta de implementación de la Corte Constitucional en Suriname, de acuerdo con
el artículo 144 constitucional, la Corte IDH determinó que "si bien [...]
reconoce la importancia de éstos órganos como protectores de los mandatos
constitucionales y los derechos fundamentales, la Convención Americana no
impone un modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y
convencionalidad y [recordó] que la obligación de ejercer un control de
convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana le compete
a todos los órganos del Estado, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados
a la administración de justicia en todos los niveles "[72].
Por lo anterior, es muy claro que el
desconocimiento del derecho a impugnar la sentencia condenatoria vulnera
claramente lo señalado por la Convención Americana de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
2.2. La decisión
adaptada desconoce el precedente consolidado respecto del derecho a la
impugnación y su procedencia frente a todas las sentencias condenatorias
La Sentencia C-792 de 2014 señaló
claramente que todos los ciudadanos tienen derecho a impugnar la sentencia
condenatoria, fijando dos (2) reglas que resultan aplicables tanto a los
procesados en virtud de la Ley 906 de 2004, como también a los juzgados por la
Ley 600 de 2000:
"En primer
lugar, la regla según la cual existe un derecho a controvertir el primer fallo
condenatorio que se dicta en un proceso penal. Este derecho comprende, por un
lado, la facultad para atacar el único fallo incriminatorio que se dicta en
juicios penales de única instancia, y por otro, la facultad para impugnar las
sentencias que revocan un fallo absolutorio de primera instancia e imponen por
primera vez una condena en la segunda, en los juicios de doble instancia. Esta
regla tiene el siguiente fundamento: (i) los artículos 29 de la Carta Política,
8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP consagran el derecho a impugnar las
sentencias condenatorias, sin limitar este derecho a los fallos de primera
instancia; (ii) la facultad para impugnar los fallos condenatorios tiene por
objeto garantizar el derecho de defensa de las personas que han sido
sancionadas en un proceso penal, y esta defensa sólo se puede materializar si
existe la posibilidad de controvertir la primera sentencia condenatoria que se
dicta en un proceso penal; (iii) la facultad de impugnación tiene por objeto
asegurar que las condenas sean impuestas correctamente, mediante la exigencia
de la doble conformidad judicial, y esta última sólo se configura cuando en los
juicios de única instancia, el fallo correspondiente puede ser controvertido, y
cuando en los juicios de doble instancia, la providencia de segundo grado que
impone por primera vez una condena, puede ser recurrida; (iv) la facultad para
atacar estos fallos no afecta la garantía de la doble instancia, porque ésta
únicamente exige que una misma controversia jurídica sea sometida a dos
operadores jurídicos distintos, de distinta jerarquía, y este requerimiento no
se anula por el hecho de que se controvierta la sentencia de segunda instancia,
o la sentencia de única instancia; (iv) de entenderse que el derecho a la
impugnación recae únicamente sobre la sentencias que se dictan en la primera
instancia, se subsumiría este derecho en la garantía de la doble instancia y se
anularían los efectos de los artículos 29 de la Carta Política, 8.2.h de la
CADH y 14.5 del PIDCP; (v) la interpretación según la cual el derecho a la
impugnación comprende la facultad para controvertir los fallos que imponen por
primera vez una condena es consistente con el que impera en la comunidad
jurídica, y en particular, con la interpretación acogida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y por el Comité de Derechos Humanos.
En segundo lugar, el sistema recursivo
diseñado por el legislador para materializar el derecho a la impugnación, debe
garantizar los siguientes estándares: (i) el examen efectuado por el juez de
revisión debe tener una amplitud tal, que permita un nuevo escrutinio de todos
los elementos normativos, fácticos y probatorios determinantes de la condena;
(ii) el análisis del juez debe recaer primariamente sobre la controversia de
base que dio origen al litigio judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo
judicial como tal; (iii) debe existir un examen abierto de la decisión judicial
recurrida, de modo que ésta pueda revocarse cuando del examen integral del caso
se concluya que no hay lugar a la imposición de la condena, y no solo una
revisión de la sentencia a luz de un conjunto cerrado de causales de
procedencia del recurso ".
Esta situación es aún más clara cuando
como en el caso objeto de tutela la condena se da por primera vez en sede de
casación, pues en este evento el procesado no cuenta con ningún otro recurso
para poder impugnar la sentencia.
2.3. Es errado afirmar que los casos
tramitados por la Ley 600 de 2000 se rijan en este momento por lo dispuesto en
la sentencia C - 998 de 2004
No es correcto afirmar que los casos
tramitados por la Ley 600 de 2000 se rijan en este momento por lo dispuesto en
la sentencia C - 998 de 2004 y que solo los casos en los que se aplica la Ley
906 de 2004 se regulan por lo señalado en la sentencia C-792 de 2014, pues ello
implica un trato discriminatorio aplicado sin ninguna justificación.
Es absurdo que la propia Corte
Constitucional esté desconociendo el derecho a la igualdad contemplado en el
artículo 13 de la Constitución política , el cual constituye como uno de los
pilares fundamentales del Estado Social e Derecho[73].
En virtud de este principio surgen cuatro
(4) mandatos diferenciados que se están desconociendo en este caso: "(i) un
mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias
idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios
cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de
trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y
diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las
diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se
encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en
cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes. ".[74]
Las personas que sean procesadas por la
ley 600 de 2000 se encuentran en la misma situación que la de aquellos juzgados
por la Ley 906 de 2004, pues frente a ambos la Constitución, la Convención
Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos exige
que exista un derecho a impugnar la sentencia condenatoria.
En este sentido, lo que hizo la Sentencia
C-792 de 2014, no pudo ser la creación de un régimen paralelo aplicable solo a
quienes ha sido procesados por la Ley 906 de 2004, sino la configuración un
nuevo estándar de protección que suprimió el señalado por la Sentencia C - 998
de 2004.
Por lo anterior, la Sala Plena debió
haber concedido la acción de tutela y aplicado lo que señalaba claramente la
referencia 141 de la Sentencia C -792 de 2014 para permitir que se impugnaran
las sentencias condenatorias proferidas por la Corte Suprema de Justicia:
"Como algunas instancias judiciales
carecen de un superior jerárquico, resulta necesario diseñar mecanismos para
asegurar la revisión de las sentencias expedidas por tales organismos, cuando
en el marco de un juicio penal, imponen por primera vez una condena. En
escenarios distintos, esta Corporación ha señalado la necesidad de que al
interior de organismos judiciales colegiados como la Corte Suprema de Justicia,
se diferencie orgánicamente la función de investigación y la función de
juzgamiento, cuando ambas han sido atribuidas a esta corporación. De manera
análoga, en estas hipótesis se debe garantizar la revisión de los primeros
fallos condenatorios que se dictan en el marco de un juicio penal por
instancias que carecen de superior jerárquico ".
Así mismo, no aplicar el estándar de
protección reconocido en la Sentencia C - 792 de 2014 también vulnera
claramente el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la
Constitución y que implica que "En materia penal, la ley permisiva
o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable"
En este sentido, no puede la Corte
señalar que no se aplica una circunstancia que resulta más favorable para el
condenado con la sola excusa de que solo se puede predicar frente a un régimen
procesal posterior, pues ello desconoce claramente la favorabilidad en materia
penal, principio que no solo debe emplearse en la interpretación de normas
sustantivas sino también procesales:
"Este análisis que ha retomado esta
Corporación en diferentes ocasiones en las que se ha referido a la concordancia
del artículo 40 de la ley 153 de 1887 con el artículo 29 constitucional,
permite concluir que independientemente del efecto general inmediato de las
normas procesales, el principio de favorabilidad debe operar para garantizar la
aplicación de la norma más favorable, sin que en materia penal pueda hacerse
distinción entre normas sustantivas y normas procesales que resulten más
benéficas al procesado "[75].
2.3. Los
accionantes pueden acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
exigir la protección de su derecho a impugnar la sentencia condenatoria
Teniendo en cuenta que tanto en el
proceso penal como en el proceso constitucional de tutela se ha negado el
derecho a impugnar el fallo condenatorio de los accionantes, éstos y las demás
personas a quienes se les haya negado este derecho, pueden acudir ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para la protección de sus derechos por la
clarísima violación de los artículos 8.2 y 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y para solicitar la aplicación del precedente de la Sentencia
del Caso LiakatAliAlibux vs. Suriname.
Fecha ut supra,
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ,
A LA SENTENCIA SU215/16
DERECHO A
LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS (Aclaración de voto)
DERECHO
CONSTITUCIONAL A LA IMPUGNACION (Aclaración de voto)
Expresamente y en atención a que, en la práctica, los
actores no contaron con un medio judicial para  discutir y controvertir
las razones dadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
en su providencia, se indicaba que -con el fin de maximizar la garantía del
derecho a impugnar la sentencia condenatoria-, se ordenaría que, en el eventual
caso de que instauraran una acción de amparo, el término de inmediatez
empezaría a contarse a partir de la notificación de la presente decisión.
Ref.: Expediente
T-5.135.688
Con el acostumbrado respeto a las decisiones adoptadas por
la Sala Plena de esta Corporación, expongo a continuación las razones que me
llevan a aclarar mi voto en el presente caso. Para ello, en primer lugar,
señalaré algunos elementos que me llevaron a acompañar la decisión y, a continuación,
en segundo lugar, el motivo por el cual estimo que la misma omitió un
ingrediente que resultaba imperativo a la luz de la jurisprudencia
constitucional.
1. Comparto que la resolución de la causa, bajo los
argumentos planteados por los demandantes, conlleve la negativa del amparo
solicitado, pues el proceso se adelantó de conformidad con los lineamientos de
la Ley 600 de 2000. De allí que no procediera un medio de impugnación homólogo
al recurso de apelación en relación a la decisión adoptada por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, la condena impuesta
por primera vez por esta autoridad judicial se ajusta a los parámetros de la
referida normatividad procesal, de conformidad con la Sentencia C-998 de 2004.
Igualmente, participo del argumento relativo a que la decisión contenida en la
sentencia C-792 de 2014 se adoptó a la luz de determinados supuestos, entre
ellos el de tratarse de procesos penales regulados por la Ley 906 de 2004, en
relación con las providencias que no se hallaren ejecutoriadas para el 24 de
abril de 2016.
2. Sin embargo, discrepo de la eliminación, por decisión
mayoritaria, de uno de los numerales contemplados en la parte resolutiva del
proyecto que originalmente fue presentado a discusión por la Magistrada
Ponente. En efecto, en el documento puesto a consideración de todos los
magistrados, antes del debate en Sala Plena, se mencionaba una cuestión de
relevancia constitucional, atinente a que en este caso sólo se discutía un
defecto procedimental y no cualquier yerro sustancial que pudiese haberse
cometido por la autoridad judicial demandada. Ante tal situación se planteaba
que los demandantes podrían, en un futuro, instaurar una nueva acción de tutela
para ventilar un defecto distinto y que fuera constitutivo de una trasgresión
de los bienes constitucionales.
Por ello, expresamente y en atención a que, en la práctica,
los actores no contaron con un medio judicial para  discutir y controvertir las
razones dadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en
su providencia, se indicaba que -con el fin de maximizar la garantía del
derecho a impugnar la sentencia condenatoria-, se ordenaría que, en el eventual
caso de que instauraran una acción de amparo, el término de inmediatez empezaría
a contarse a partir de la notificación de la presente decisión.
3. Como quiera que este último planteamiento fue retirado
por decisión mayoritaria de los miembros de esta Corporación y que ello incide
negativamente en la garantía constitucional de controvertir e impugnar la
sentencia condenatoria, considero que sí debió haber sido incluido en la parte
resolutiva de la providencia y, por ello, me veo en la necesidad de aclarar mi
voto.
4.  Dicho planteamiento partía de la consideración de que los
accionantes alegaron la existencia de un defecto procedimental en el trámite
surtido ante la Corte Suprema de Justicia atribuible al hecho de que dicha
corporación no hubiese garantizado la oportunidad de controvertir la sentencia
de condena. En ese contexto, el amparo, ciertamente, resultaba improcedente,
como quiera que, a la luz de la normatividad vigente, no cabía la previsión de
una instancia de revisión para la sentencia proferida por la Sala de Casación
Penal. Sin embargo, habría sido posible que, con un soporte argumentativo
distinto, se tramitase la pretensión de la garantía del derecho a impugnar la
sentencia condenatoria. Eso era lo que garantizaba el aparte resolutivo que se
decidió suprimir y sin el cual estimo que puede darse lugar a interpretaciones
que reduzcan el alcance de la Sentencia C-792 de 2014, en la que, de manera
categórica, la Corte afirmó la existencia de un derecho a impugnar la sentencia
condenatoria que se produzca por primera vez. La decisión adoptada por la Corte
resulta congruente con el mayor nivel de exigencia que la jurisprudencia
constitucional ha fijado para la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, escenario en el que se reduce la posibilidad para una actuación
oficiosa del juez constitucional.
En efecto, la Corte en la sentencia objeto de esta
aclaración expresó que “en este caso no se advierte entonces que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia hubiese incurrido en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto. Dado que la acción de tutela se
contrajo a plantear específicamente ese defecto, y no problemas sustanciales o
fácticos de la decisión, la Sala no procederá a examinar otros aspectos del
fallo proferido contra los peticionarios.  Por lo cual, negará la tutela del
derecho a impugnar la sentencia condenatoria (CP. arts 29, 331 y 229).”
Agregó la Corte que “… todo lo anterior no supone
desconocer que en la sentencia C-792 de 2014, aun cuando no se creó una
decisión controlante de este caso, la Corte sí expuso una jurisprudencia que
doctrinalmente actualizó el entendimiento de la Constitución. De tal suerte, la
interpretación constitucional efectuada por la Corte en la sentencia C-998 de
2004, hoy debe revisarse a la luz de las consideraciones efectuadas en la
sentencia C-792 de 2014, y que constituyen para asuntos como el presente
doctrina constitucional (CP art 230).”
Dicha doctrina constitucional exige habilitar una vía para
que toda sentencia condenatoria impuesta por primera vez sea susceptible de
impugnación integral, labor que en principio corresponde al legislador, pero
que, en ausencia de desarrollo legislativo, es susceptible de garantizarse por
la vía del amparo constitucional.
Fecha ut supra,
Luis Guillermo
Guerrero Pérez
Magistrado
ACLARACION DE VOTO
DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA SU215/16
DERECHO
A IMPUGNAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA-Sostener que el juez de tutela es el que debe garantizar que se admita la
impugnación viola la garantía del juez natural (Aclaración de voto)
Establecer
a cargo de los jueces de tutela funciones de la jurisdicción penal ordinaria
para dirimir asuntos también propios de tal jurisdicción viola la garantía
constitucional del juez natural, tanto en su conocimiento del trámite como en
su previsibilidad y así, los derechos de acceso a la justicia y al debido
proceso
DERECHO
A IMPUGNAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA
INSTANCIA O EN CASACION-Contradicción con la regla de
decisión fijada en la misma sentencia SU-215 de 2016 (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente T-5135688
Acción
de tutela instaurada por los señores Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam
Ramírez de Peña, mediante apoderado contra la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia
Magistrada
Ponente:
María
Victoria Calle Correa
1.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional,
presento a continuación las razones que me conducen a aclarar mi voto en la
decisión adoptada por la Sala Plena en sesión del veintiocho de abril de 2016,
que por votación mayoritaria profirió la Sentencia SU-215 de 2016.
2.
La providencia en que aclaro mi voto confirmó el fallo dictado, en segunda
instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el
11 de agosto de 2015, que a su turno confirmó el expedido por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 7 de julio de 2015, que
negó el amparo del derecho fundamental a impugnar la sentencia condenatoria.
Con esta decisión la posición mayoritaria de la Sala Plena determinó que no se
configuró el defecto de exceso ritual manifiesto alegado, ya que la facultad de
la Sala de Casación Penal de emitir sentencia condenatoria por primera vez
mediante un fallo de reemplazo, en el marco de un recurso de casación y con
fundamento en el artículo 217 de la Ley 600 de 2000 sin la oportunidad de
revisar del fallo condenatorio, estaba vigente al momento de proferir la
providencia.
A
su vez, estableció que el asunto planteado por los tutelantes no se encontraba
regulado por la Sentencia C-792 de 2014, pues: (i) el plazo para el
exhorto de regulación de esa decisión no se había cumplido; (ii) “solo
resolvió el problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda
instancia, y no el de las que se imponen por primera vez en casación”;
(iii) la decisión se limitó a analizar normas de la Ley 906 de 2004 y no de la
Ley 600 de 2000; y (iv) “la tutela de los peticionarios se sujet[ó] a
la solución constitucional ya definida en la sentencia C-998 de 2004, que sí
abordó el problema de constitucionalidad de las condenas impuestas por primera
vez en casación, en el marco de la Ley 600 de 2000”.
Sin
perjuicio de lo anterior, el fallo estableció que “en
la sentencia C-792 de 2014, aun cuando no se creó una decisión controlante de
este caso, la Corte sí expuso una jurisprudencia que doctrinalmente actualizó
el entendimiento de la Constitución. De tal suerte, la interpretación
constitucional efectuada por la Corte en la sentencia C-998 de 2004, […] debe revisarse a la luz de las
consideraciones efectuadas en la sentencia C-792 de 2014, y que constituyen
para asuntos como el [revisado] doctrina constitucional”.
Así
pues, la providencia determinó que la Sentencia C-792 de 2014 actualizó
el contenido de la Sentencia C-998 de 2004. De manera que “hacia
futuro, y en los términos y bajo las condiciones de la sentencia C-792 de 2014,
la cosa juzgada de esa decisión se ha de ver afectada por la Constitución
viviente”. Por lo anterior, “el derecho a impugnar las condenas
impuestas por primera vez en un proceso penal ordinario no se limita a los
fallos de primera instancia, sino que incluye las estatuidas por primera vez en
casación”.
3. Aunque comparto plenamente la decisión adoptada y sus fundamentos,
en la parte motiva se consignó un aspecto con el que no estoy de acuerdo. En
efecto, el fallo plantea que “sin perjuicio de la competencia del
legislador, vencido el término del exhorto sin legislación, la Corte Suprema de Justicia dentro de sus competencias, o en
su defecto el juez constitucional, atenderá a las circunstancias de cada caso,
para definir la forma de satisfacer el derecho constitucional a impugnar la
sentencia condenatoria impuesta por primera vez, respecto de las providencias
que para esa fecha aún no se encuentren ejecutoriadas”[76]
(énfasis añadidos).
En
mi criterio, sostener que el juez de tutela es el que debe garantizar que se
admita la impugnación: (i) viola la garantía del juez natural; y (ii)
contradice la regla de la decisión contenida en la misma Sentencia SU-215 de
2016.
4. En primer lugar, la determinación de que sean
los jueces de tutela quienes se encarguen de garantizar el derecho a la
impugnación de la condena penal en sede de casación desconoce del principio del
juez natural.
Para esta Corte, el principio del juez natural “constituye elemento
medular del debido proceso, en la medida en que desarrolla y estructura el
postulado constitucional establecido en el artículo 29 superior”[77].
Así, la garantía de un juez competente significa que es aquel operador de
justicia “a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento
de un determinado asunto”[78] el que debe asumirlo. Este principio y
derecho no solo tiene sustento en el artículo 29 del texto constitucional, sino
en
los artículos 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas que integran el
bloque de constitucionalidad en sentido estricto.
En este orden de ideas, esta garantía orgánica e institucional, está vinculada
al derecho de acceso a la justicia y persigue evitar la arbitrariedad del
Estado mediante la acción de jueces que no aseguren el debido proceso bajo el
principio de igualdad y exige: (i) la preexistencia del juez; (ii) la
determinación previa y legal de su competencia en abstracto; y (iii) la
garantía de que una vez asumida la competencia éste no será excluido del
conocimiento del asunto, aun cuando se permita el cambio de radicación del
proceso cuando se busque un fin legítimo y el medio sea adecuado al mismo[79].
Estas prerrogativas tienen el objetivo de excluir la existencia de jueces o
tribunales ad hoc por fuera de estructuras jurisdiccionales, creadas con
posterioridad al hecho que se juzga, lo cual, en condiciones ordinarias, puede
contrariar la independencia e imparcialidad judicial. Lo anterior, también
asegura el derecho a la defensa en la medida en que las personas tienen el
derecho a conocer con anterioridad los procedimientos bajo los cuales sus
acciones serán juzgadas, las oportunidades de intervención y contradicción, así
como que sus asuntos sean conocidos de conformidad con la especialidad que
requieren.
Del contenido del principio del juez natural en torno a la competencia de
la autoridad judicial, la Corte ha deducido la prohibición de “desconocer la
competencia de la jurisdicción ordinaria”[80]. Esta
prohibición no tiene por objeto preservar únicamente contenidos formales o
procedimentales del debido proceso, sino “que la  garantía del juez
natural tiene una finalidad más sustancial que formal, habida
consideración que lo que protege no es solamente el claro establecimiento
de la jurisdicción encargada del juzgamiento previamente a la comisión del
hecho punible, sino la seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías
para el procesado”[81].
Así mismo, respecto del principio del juez natural y su correlativo
derecho fundamental, aunque la Corte Constitucional ha admitido que se pueden
alterar las competencias judiciales de procesos en curso, esas modificaciones
están sujetas a límites “que se derivan del derecho fundamental a un juez
natural, y más específicamente de una garantía no absoluta y ponderable, de
inmodificabilidad de la competencia judicial”[82].
De este modo, la garantía general de la inalterabilidad de la competencia
judicial está justificada en propósitos constitucionales, tales como: (i)
procurar cierta estabilidad y coherencia en la aplicación del derecho; (ii) la
oportunidad y permanencia de las actuaciones de la administración de justicia;
(iii) la observancia del debido proceso sin dilaciones injustificadas; y (iv)
el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra[83], entre otros. La protección de todos
estos fines constitucionales se ve comprometida cuando se altera la
competencia, aún más cuando esto implica transferirla a jurisdicciones
distintas de la ordinaria[84].
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha dicho que el contenido del
derecho al juez natural permite dos interpretaciones. La primera resulta de una
lectura textual de la expresión “ante juez o tribunal competente” del
artículo 29 Superior, e implica que la garantía se concreta cuando “el asunto sea
juzgado por el juez competente, es decir, que la decisión de fondo sobre el
asunto planteado sea adoptada por quien recibió esta atribución del legislador.
En esta interpretación, el derecho garantizado es que el juez competente
profiera la sentencia ‘esto es, que la valoración jurídica sea llevada a
cabo por quien tiene la facultad y la autoridad para hacerlo, de modo
que exista un fundamento para asumir las cargas e implicaciones que de ella se
derivan’”[85].
En la segunda interpretación, la garantía del juez natural se
materializa cuando “sea el juez competente no sólo quien decide el asunto,
sino quien instruye el proceso. En este sentido, ‘El derecho al juez natural,
es la garantía de ser juzgado por el juez legalmente competente para
adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo respectiva’”[86] (énfasis originales). Tal
interpretación ha sido considerada concordante con la expuesta por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según la cual “ser juzgado por juez
incompetente implica que no se dieron los presupuestos para el debido proceso,
en otras palabras, que ‘se está ante un procedimiento viciado desde su origen,
lo cual implica que no tuvo acceso a las garantías judiciales’[87]
y “también
ha resaltado que el derecho al juez competente debe analizarse en concreto
respecto de las garantías procesales que éste ofrece”[88],
por lo tanto, para la Corte IDH la garantía del juez competente “no
se refiere únicamente al acto de juzgar, a cargo de un tribunal, sino
fundamentalmente a la propia investigación”[89].
De conformidad con lo anterior, la consideración expuesta en la Sentencia
SU-215 de 2016 desconoce las interpretaciones que ha establecido la Corte
Constitucional sobre el contenido del derecho al juez natural. En este sentido,
asignar a los jueces de tutela la posibilidad de definir la forma de satisfacer
el derecho a impugnar la sentencia penal condenatoria desconoce el derecho a
acceder a la jurisdicción ordinaria y al juez que previa y legalmente fue
establecido como el competente, en un procedimiento específico diseñado para
juzgar hechos delictivos de orden penal con todas las garantías de tal tipo de
procesos.
Por otro lado, tal determinación también contraría la segunda
interpretación señalada, en la medida en que se desconoce la garantía de que el
trámite, es decir, la instrucción del asunto sea conocida por el juez
competente. Así, al designar al juez de tutela como la autoridad que define la
forma de satisfacer el derecho a impugnar el conocimiento de un asunto de la
jurisdicción ordinaria desconoce tal garantía. En efecto, tal delegación,
impone una carga adicional para el condenado por fuera de la jurisdicción
ordinaria, sin conocer las formas de ese procedimiento o cómo se surtirá para
que el juez constitucional determine la satisfacción del derecho. Esa situación
desdibuja el contorno del procedimiento penal ya que no permite conocer
previamente el procedimiento, al estar sujeto eventualmente a la intrusión de
un juez ajeno a la jurisdicción ordinaria dentro del proceso, por ello, también
se viola la garantía del juez natural.
Así pues, establecer a cargo de los jueces de tutela funciones
propias de la jurisdicción penal ordinaria para dirimir asuntos también propios
de tal jurisdicción viola la garantía constitucional del juez natural, tanto en
su conocimiento del trámite como en su previsibilidad y así, los derechos de
acceso a la justicia y al debido proceso.
5. En segundo lugar, establecer que sea el juez de tutela quien
determine la forma de garantizar el derecho a la impugnación reconocido en la Sentencia
C-792 de 2014 para sentencias condenatorias proferidas por primera vez en
casación resulta contradictorio con la regla de la decisión fijada en la misma Sentencia
SU-215 de 2016.
De una parte, en la Sentencia C-792 de 2014 la Corte
determinó que no existen medios de impugnación integrales
contra las sentencias condenatorias dictadas por primera vez en segunda
instancia. Entre los fundamentos de la decisión se dijo que para
garantizar el derecho a la doble conformidad de las sentencias condenatorias
dictadas por primera vez luego de la primera instancia, están previstos el
recurso de casación y las acciones de revisión y de tutela, pero estos no
satisfacen el derecho de defensa, pues un medio de impugnación ajustado a las
exigencias constitucionales debe tener las siguientes propiedades: (i) el examen efectuado por el juez de revisión debe tener una amplitud
tal que permita un nuevo escrutinio de todos los elementos normativos, fácticos
y probatorios determinantes de la condena; (ii) el análisis del juez debe
recaer primariamente sobre la controversia que dio origen al litigio judicial y
solo secundariamente, sobre el fallo judicial como tal; y, finalmente, (iii)
debe existir un examen abierto de la decisión judicial recurrida, de modo que
ésta pueda revocarse cuando del examen integral del caso se concluya que no hay
lugar a la imposición de la condena, y no solo una revisión de la sentencia a
luz de un conjunto cerrado de causales de procedencia del recurso.
De
otra parte, la Sentencia SU-215 de 2016 consideró que en la Sentencia
C-792 de 2014 se fijó doctrina constitucional respecto del derecho a la
doble conformidad de las condenas impuestas por primera vez en casación con
fundamento en el derecho a la defensa, así como al respeto a la garantía del
juez natural y al derecho de acceso a la administración de justicia. En tal
medida, esa doctrina constitucional evidenció que la acción de tutela, al igual
que otros medios como el recurso de revisión no son mecanismos de defensa
adecuados para respetar tal derecho. En este sentido, la conclusión según la
cual el juez constitucional, atenderá las circunstancias de cada
caso, para definir la forma de satisfacer el derecho constitucional a impugnar
la sentencia condenatoria impuesta por primera vez, precisamente contraría la
regla que sustenta la decisión.
Adicionalmente, la misma Sentencia SU-215 de 2016 a lo
largo de sus consideraciones apunta al carácter especializado de crear un
mecanismo de impugnación y a las deficiencias que tiene la acción de tutela
para cumplir con las exigencias constitucionales de un mecanismo adecuado en
tal sentido. Por ejemplo, reconoce que el establecimiento del mecanismo y
procedimiento para surtir la impugnación es un “tema altamente especializado”
y que, aunque no constituye una vulneración del derecho a la impugnación, el
ordenamiento no prevé actualmente “medios de impugnación
–equivalentes a la apelación- contra el fallo condenatorio” que se
dicte en casación. Además, en ese punto acoge lo expuesto en la Sentencia
C-792 de 2014 que indica que la acción de tutela no es un medio de
impugnación, pues las exigencias constitucionales sobre la amplitud del “escrutinio
de todos los elementos normativos, fácticos y probatorios determinantes de la
condena” no le son propias. Su análisis no recae “primariamente sobre la
controversia de base que dio origen al litigio judicial” y el examen que se
realiza en sede de tutela es respecto de la “revisión de la sentencia a luz
de un conjunto cerrado de causales de procedencia” y no un examen abierto
de la decisión judicial o como mecanismo de intervención en un proceso
ordinario.
Por lo anterior, una decisión consecuente con las consideraciones
anteriormente expuestas se debió limitar a reconocer que el exhorto proferido
en la Sentencia C-792 de 2014 incorporaba un llamado al Legislador para
que regulara, en general, el derecho a la doble conformidad, lo cual incluye la
impugnación de condenas impuestas por primera vez en casación. Así, una vez
vencido su plazo sin haberse adoptado legislación al respecto, sería la Corte
Suprema de Justicia dentro de sus competencias, quien debería definir la forma
de satisfacer tal garantía constitucional. No obstante, la presente providencia
al otorgarle una competencia residual al juez constitucional de establecer en
cada caso concreto la manera de satisfacer tal derecho fue más allá, con lo
cual desconoce la misma garantía que busca proteger.
De esta manera, expongo las razones que me llevan a aclarar el voto con
respecto a las consideraciones expuestas en la sentencia de la referencia.
Fecha
ut supra
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] El
expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio de auto del 12
de noviembre de 2015, proferido por la Sala de Selección Número Once. En
cumplimiento de lo previsto por el artículo 57 del Reglamento interno de la
Corte Constitucional, cabe señalar que el asunto fue objeto de insistencia por
dos Magistrados de la Corte Constitucional. En la primera de ellas, presentada
el 30 de octubre de 2015, se planteó que el caso era “novedoso”, y que
resultaba preciso “aclarar el contenido del derecho fundamental” invocado, así
como que podía resultar urgente proteger los derechos fundamentales de los
actores. En la segunda insistencia, presentada el mismo 30 de octubre de 2015,
se adujo que resultaba pertinente definir los alcances de la sentencia C-792 de
2014, referente al tema del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, en un
caso como este, y la implicación que tendría el término allí definido para
implementar dicha institución en el proceso penal. El caso fue escogido por la
Sala de Selección, con fundamento en que era un “asunto novedoso”.
[2] Versión
de los hechos, correspondiente a los antecedentes de la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, dictada el 11 de marzo de 2015. Folio 243, cuaderno
principal. En adelante, cuando se haga referencia a un folio, se entenderá que
pertenece al cuaderno principal, a menos que se diga expresamente lo contrario.
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] Versión
de los hechos, correspondiente a los antecedentes de la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, dictada el 11 de marzo de 2015. Folio 244.
[6] Dice la Corte Suprema de Justicia al
respecto: “56.000 dólares para Marino Gutiérrez y Martha Lucía Escobar de
Gutiérrez, otro tanto para Jorge Ricardo Gutiérrez Escobar, Marino Gutiérrez
Isaza y Martha Lucía Escobar de Gutiérrez, 70.000 dólares para Hugo Humberto
Rodríguez Cortés y Susana Alvira de Rodríguez, 28.000 dólares para Susana
Alvira de Rodríguez y Mario Gabriel Rodríguez Alvira, 70.000 dólares para Mario
Gabriel Rodríguez Alvira, Hugo Humberto Rodríguez Cortés y Susana Alvira de
Rodríguez, y 70.000 dólares para Carlos Alberto Méndez Nieto y Patricia Rubiano
de Méndez”. Folio 191, Cuaderno 1.
[7] Gerentes
Regional y de Sucursal del Banco Popular, respectivamente.
[8] En lo pertinente, el fallo penal de primera
instancia dice al respecto: “[n]o ocurre lo mismo, respecto a los procesados
Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Myriam Ramírez de Peña –funcionarios del
Banco Popular-, dado que […] no se evidencia una activa participación de los
mismos en la ilicitud de estafa agravada, emergiendo la duda probatoria que sin
duda conlleva a emitir en su favor sentencia absolutoria”. Sentencia del 23 de marzo de 2012, expedida por el
Juzgado Veintiuno Penal del Circuito Adjunto de Bogotá D.C.
[9] Dijo al respecto: “[s]i bien, no desconoce el
Tribunal que [las víctimas] fueron contestes en señalar que la decisión de
invertir en la sociedad ARPRINT S.A. fue tomada en gran medida, por virtud de
la confianza que les impartió la intervención de URBANO FRANCO y RAMÍREZ DE
PEÑA, como Gerente Regional y Gerente de la sucursal calle 14 del Banco
Popular, respectivamente, quienes participaron en las reuniones preparatorias y
avalaron la prosperidad del negocio, tal actuar no es suficiente para pregonar
que éstos urdieron en conjunción con [los condenados en primera instancia] el
plan criminal para defraudar patrimonialmente a las víctimas. || La
participación de MARCO FIDEL URBANO FRANCO y BLANCA MITYAM RAMÍREZ DE PEÑA, en
las reuniones que realizaron quienes aspiraban a ser los nuevos socios de ARPRINT
S.A. y [los condenados en primera instancia] avalando una línea de crédito para
aquellos, no es suficiente para considerar que los empleados del banco conocían
que las empresas que se pretendían fusionar […] atravesaban serios problemas
financieros, y que, por tal virtud, el aporte de las víctimas no iba a ser
rentable, puesto que, el hecho que el Banco Popular de tiempo atrás tuviera
relaciones comerciales con ARPRINT LTDA, por los préstamos que le realizaba, no
le confiere a los aludidos empleados una visión plena sobre la viabilidad
económica de dicha empresa, en la medida que, si bien por dicha relación, se
alcanzaba a tener un conocimiento de una deuda en mora, esa sola circunstancia
no se constituye en elemento determinante para concluir que el negocio de
fusión de las empresas planteado a los nuevos inversionistas estaba condenada
al fracaso”
[10] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Penal. Sentencia del  11 de marzo de 2015. (MP. José Luis Barceló
Camacho). Radicación Nº 42.012.
[11] Agrega el fallo de casación: “Y debe decirse
que la condición de los acusados como altos empleados del Banco Popular, que se
tomaban la molestia de dejar sus actividades profesionales para acudir a
reuniones privadas, de necesidad generaba en las víctimas una confianza en la
legitimidad y bondad de la propuesta, la que aquellos reforzaban con la oferta
generosa de créditos rápidos y que se parcelarían para evitar controles
superiores. || Los jueces dejaron de lado que desde las versiones de [uno de
los condenados en instancias] y Urbano Franco deriva irrefutable que desde un
comienzo tuvieron claro que los préstamos concedidos por el Banco a las
víctimas (los nuevos socios) estarían dedicados a saldar las deudas antiguas de
Arprint Ltda. y no a capitalizar a la nueva firma, Arprint S.A., como fue el
compromiso con los últimos. Al respecto, Urbano Franco agregó (lo cual obviaron
los juzgadores de instancia) que la pretensión de la institución bancaria (esto
es, no solo del acusado sino de la entidad financiera) era que el dinero que se
autorizaba prestar fuera destinado a recuperar esas obligaciones. || Lo último
fue corroborado por Juan David Escobar Melguizo quien ratificó que el Banco se
pagó de pasivos vencidos con los dineros que él mismo acababa de desembolsar.
|| La actitud de Blanca Myriam Ramírez de Peña no fue menos pasiva, en tanto en
las reuniones siempre coadyuvó las posturas de Urbano Franco. Resáltese que
cuando [uno de los condenados en instancia] hizo las mentirosas alusiones a la
víctima respecto de la buena gestión de la empresa, que no tenía inconvenientes
con sus pagos y contaba con buenas relaciones en el sistema bancario, aquello y
Urbano Franco, que estaban presentes, nada refutaron a pesar de que conocían
que la situación real era la opuesta, de donde deriva su total connivencia”.
[12] Fallo
de casación del 11 de marzo de 2015. Folio 272 y s.
[13] En
cuanto al Banco Popular S.A., por la responsabilidad de los peticionarios
-quienes fueron gerentes de la entidad-, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia revocó la absolución y, en su lugar, en calidad de tercero civilmente
responsable, le impuso “la obligación, solidaria con los acusados, de
indemnizar los daños y perjuicios causados con el delito, en los términos y
condiciones señalados en los fallos de instancia”.
[14] Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 4 de febrero de 2015.
SP740-2015. Radicado nº 39417. (MP Eugenio Fernández Carlier).
[15] A lo anterior añade: “[p]ero además, […]
desde hace varios años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la propia
Corte Interamericana han destacado la necesidad de permitir la impugnación de
una condena emitida por primera vez en segunda instancia o en casación. Así, es
preciso referenciar casos como Vilanova Goterris y Llop García vs. España del
tribunal Europeo de Derechos Humanos o Mohamed vs. Argentina de la Corte
Interamericana en los que se destaca la vulneración a garantías fundamentales
que se produce cuando un juez de segundo grado o en casación revoca los fallos
absolutorios de las instancias anteriores”.
[16] La tutela le correspondió por reparto a la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que dispuso
vincular al proceso a la Sala de Casación Penal de la misma Corte, a la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a la Fiscalía
General de la Nación, al Ministerio Público, al Juzgado Veintiuno Penal del
Circuito de Bogotá, al Banco Popular, a la señora Amparo Salazar de Molina y a
los señores Ramón y Daniel Nova Pradilla.
[17] Dice al respecto el artículo 220 de la Ley 600: “La
acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los
siguientes casos: […] 6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte
haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la
sentencia condenatoria”.
[18] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia del 4 de febrero de 2015. SP740-2015. Radicado nº 39417. (MP. Eugenio
Fernández Carlier).
[19] Apoderado
del General ® Marino Gutiérrez Isaza.
[20] Apoderado
de los señores Hugo Humberto
Rodríguez Cortés y Mario Gabriel Rodríguez Alvira.
[21] Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 4 de febrero de
2015. SP740-2015. Radicado nº 39417. (MP Eugenio Fernández Carlier).
[22] Sentencia
C-543 de 1992 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y
Alejandro Martínez Caballero). En
ese caso, al examinar normas contempladas en un decreto con fuerza de ley, que
se referían a la procedencia de la tutela contra sentencias, señaló: ““(…) nada
obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en
dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de
la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991).”
[23] Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime
Córdoba Triviño. Unánime). En esa ocasión, la Corte Constitucional declaró
inexequible una norma en la cual se disponía que contra los fallos de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los que se declarara
fundada una causal propuesta, no procedía recurso “ni acción”. Esta
Corporación sostuvo entonces que sí procedía acción de tutela, con determinados
requisitos.
[24] Sentencia T-202 de 2009 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio). La Corte no concedió una tutela contra sentencias, porque el
peticionario no agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial en el curso del proceso ordinario, sino que lo asumió con actitud de abandono.
[25] Corte Constitucional, sentencia T-504 de 2000
(MP Antonio Barrera Carbonell; AV Alfredo Beltrán Sierra).
[26] Por ejemplo se han tutelado los derechos de un
menor en un proceso de filiación [T-329 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández Galindo)]; de personas privadas de la libertad representadas por defensores de oficio [T-573 de 1997 (MP.
Jorge Arango Mejía); T-068 de
2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil)]; de un pensionado en torno al reclamo de su
pensión [T-289 de 2003 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa)]; o de
trabajadores sindicalizados en procesos disciplinarios [T-851 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil)].
[27] Ver entre otras la sentencia T-315 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[28] Sentencia T-008 de 1998 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[29] Sentencia T-658 de 1998 (MP. Carlos
Gaviria Díaz).
[30] Sentencia T-282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo). En ella la Corte recordó la improcedencia de la tutela contra
providencias de tutela.
[31] Sentencia C-998 de 2004 (MP Álvaro Tafur
Galvis. Unánime).
[32] Sentencia C-792 de 2014 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez. SV María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Luis Ernesto Vargas Silva y Martha Victoria Sáchica Méndez).
[33] En la sentencia C-113 de 1993 (MP Jorge
Arango Mejía. Unánime), la Corte señaló: “fuera del poder constituyente, ¿a quién corresponde declarar los
efectos de los fallos de la  Corte Constitucional, efectos que no hacen
parte del proceso, sino que se generan por la terminación de éste?.  Únicamente
a la propia Corte Constitucional, ciñéndose, como es lógico,  al texto y
al espíritu de la Constitución.   Sujeción que implica tener en
cuenta los fines del derecho objetivo, y de la constitución que es parte de él,
que son la  justicia y la seguridad jurídica”. En la sentencia C-037 de 1996 se reiteró esta
posición.
[34] Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 4 de febrero de
2015. SP740-2015. Radicado nº 39417. (MP Eugenio Fernández Carlier).
[35] En
efecto, en ese caso el asunto bajo examen era el siguiente: “Resuelve la Sala lo que corresponde respecto
de los recursos de apelación interpuestos por el procesado, el Ministerio
Público y la Fiscalía, contra la sentencia proferida el 28 de marzo de 2012,
por medio de la cual la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga declaró penalmente responsable a [el procesado], ex Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, por la comisión
de delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, lo absolvió por
otro y ordenó la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal
por una conducta idéntica”. Sentencia del
4 de febrero de 2015. SP740-2015. Radicado nº 39417.
[36] Defecto orgánico: “Se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello”
[37] Defecto procedimental: “Se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido”. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño.
Unánime).
[38] Defecto fáctico: “Surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión”. Sentencia C-590 de
2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño. Unánime).
[39] Defecto material y sustantivo: “Son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [T-522 de
2001] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión”. Sentencia
C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño. Unánime).
[40] Error inducido: “Se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[41] Decisión sin motivación: “Implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[42] Desconocimiento del precedente: “Esta
hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado”. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[43] Sentencia SU-636 de 2015 (MP María Victoria
Calle Correa. SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En ese caso, la Corte debía
decidir si una providencia judicial, cuestionada por incurrir en un defecto
procedimental, respondía a una hipótesis de exceso ritual manifiesto. La
Corporación señaló que no. Para tomar esa decisión, la Sala Plena de la Corte
caracterizó el exceso ritual manifiesto en la forma citada en este fallo.
[44] Sentencia T-950 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett). En esa ocasión, la Corte Constitucional concedió la tutela instaurada contra una autoridad
judicial, tras considerar que había incurrido en exceso ritual manifiesto. El
defecto consistió en decretar la perención de un proceso de responsabilidad
extracontractual, debido a la inasistencia del demandante, sin tener en cuenta
que la misma obedecía a que éste se encontraba interno en un centro
penitenciario y que fue notificado de la audiencia a realizarse un día antes de
su celebración. La Corporación señaló entonces que la autoridad judicial había
obrado conforme a la ley, pero en el caso concreto esta actuación iba en contra
de los derechos fundamentales: “En el presente caso se observa que el juez cumplió a cabalidad con
las disposiciones que regulan el proceso de responsabilidad extracontractual.
Sin embargo, la interpretación de las circunstancias del caso resultan
abiertamente incompatibles con la Constitución”. Esta decisión se reiteró, por ejemplo, en sentencia T-268 de 2010.
[45] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Penal. Sentencia del  11 de marzo de 2015. (MP José Luis Barceló Camacho).
Radicación Nº 42.012.
[46] Marzo
11 de 2015.
[47] Sentencia C-792 de 2014 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez. SV María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Luis Ernesto Vargas Silva y Martha Victoria Sáchica Méndez).
[48] La parte resolutiva de la decisión fue la siguiente: “PRIMERO.- Declarar
la INCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS, y en los
términos señaladas en el numeral segundo de la parte resolutivo de esta
providencia, de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32,
161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la
posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y EXEQUIBLE el
contenido positivo de estas disposiciones. || SEGUNDO.- EXHORTAR al
Congreso de la República para que, en el término de un año contado a partir de
la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a
impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del
vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas
las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien
impuso la condena”.
[49] La Ley
Estatutaria de Administración de Justicia prevé en su artículo 45: “[l]as
sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su
control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Al
respecto, la sentencia C-037 de 1996, que controló el proyecto de ley
estatutaria que se acabó convirtiéndose en Ley.
[50] Registros procesales del expediente D-10045,
que dio lugar a la sentencia C-792 de 2014.
[51] Sentencia C-207 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil. SPV
Clara Inés Vargas Hernández). En esa ocasión, la Corte señaló que el principio
de favorabilidad no implica el derecho a interponer recursos ordinarios nuevos
contra sentencias dictadas en procesos sancionatorios ya terminados, pues
en tales casos prevalece la seguridad. En contraste, dicho principio sí podría
invocarse para interponer un nuevo recurso extraordinario contra sentencias de
un proceso ya finiquitado. Dijo: “Insiste la Corte en que la aplicación
del principio de favorabilidad […] sería posible, porque no se trata de
aplicarle a un proceso ya concluido, una norma posterior que establece un
nuevo recurso ordinario, sino una que establece un recurso extraordinario, que
opera respecto de sentencias ejecutoriadas.  […] si bien no puede
esgrimirse, en materia procesal, el principio de favorabilidad, con la
pretensión de que se reabra un debate procesal ya concluido para aplicarle al
mismo normas de procedimiento establecidas en leyes posteriores, tal principio
si resultaría aplicable cuando, pese a que un determinado proceso ya ha
concluido con sentencia sancionatoria, la nueva ley establece un recurso que
obra sobre las sentencias ejecutoriadas”.
[52] Cinco días es el término para sustentar el
recurso de apelación contra sentencias, y para presentar el de casación (Ley
906 de 2004, art 179 y 183).
[53] Sentencia C-039 de 2003 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. Unánime). Estos mismos criterios se han reiterado, por
ejemplo, en el auto 068 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa). En el auto
068 de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional debía definir si una
sentencia de tutela, dictada por una Sala de Revisión, había desconocido la ratio
decidendi de una sentencia de control abstracto, como lo planteaba una
solicitud de nulidad. La Corporación resolvió que dicta ratio decidendi no
se había desconocido, y para identificarla apropiadamente reiteró los criterios
definidos en la sentencia C-039 de 2003, luego reiterados entre otros en la
sentencia T-292 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), y trascritos en el
cuerpo de la presente providencia.
[54] En la
jurisprudencia colombiana se ha sostenido, por ejemplo, que “únicamente el principio
general que sirvió de sustento directo para resolver el caso, esto es la ratio decidendi,
puede aspirar a convertirse en precedente vinculante” (sentencia SU-047 de 1999), o que “la ratio generalmente
responde al problema jurídico que se plantea en el caso” (sentencia T-292 de 2006). En la jurisprudencia
comparada, puede verse a Cohens
vs. Virginia, 19 U.S. 264 (1821), en la cual el Justicia Marshall señaló: “es una máxima que no debe ser ignorada, que
las expresiones generales, en toda decisión judicial, deben ser tomadas en
conexión con el caso en el cual fueron usadas. Si van más allá del caso
concreto, deben ser respetadas, pero no deben tenerse en cuenta como
determinantes para un juicio posterior en el cual se enjuicie un caso distinto
que presente esa nota particular. La razón de esa máxima es obvia. El problema
a decidir por una Corte es evaluado con detenimiento, y considerado en su
debida extensión. Otros principios que pueden servir para ilustrar el juicio son
considerados en relación con el caso enjuiciado, pero sus posibles
consecuencias en todos los demás casos son muy pocas veces completamente
sopesadas” (traducción libre). En la doctrina, se han referido a esta propiedad
Goodhart, Arthur L.: “Determining
the ratio decidendi of a case”, en 40 Yale Law Journal, 161, 1930 -1931,
pp. 161-183 (quien sostiene que la ratio
decidendi de un fallo se infiere de los hechos considerados materiales por
el juez, que en nuestro contexto corresponden esencialmente al problema
jurídico); o por ejemplo Llewellyn,
Karl. The Bramble Bush. Oxford University Press. 1996, p. 39 (quien insiste en que las Cortes solo pueden resolver
la disputa específica que se les somete, y cuando habla por fuera del caso no
dice el derecho).
[55] Cross, Rupert
y J. W. Harris. Precedent in
English Law, 4th edition, Oxford, Clarendon
Law Series, 2004, pp. 42 y ss.
[56] Sentencia SU-047 de 1999 (MP Carlos Gaviria
Días y Alejandro Martínez Caballero. SV Hernando Herrera Vergara y Eduardo
Cifuentes Muñoz). En esa ocasión, la Corte negó que el caso bajo examen
estuviera controlado por una sentencia anterior, en la cual sin embargo que se
hacían algunas afirmaciones generales que en apariencia proveían una solución
para el asunto. La Corporación sostuvo que las afirmaciones efectuadas en esa
sentencia anterior no estaban estrictamente relacionadas con el caso entonces
resuelto, ni con la resolución, por lo cual no podían considerarse ratio
decidendi del fallo sino obiter dicta.
[57] El apoderado de los
tutelantes sostiene que lo procedente, en vez de establecer un medio de
impugnación, debe ser un ajuste en la casación que permita casar el fallo y
devolver las actuaciones a las instancias, para que una vez producida la
condena sea susceptible de impugnación. No es competencia de esta Corte definir
si eso corresponde con la configuración técnica de la casación.
[58] Sentencia T-146 de 2010 (MP María Victoria Calle
Correa). En esa ocasión, en la cual se demandaba precisamente una sentencia de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional sostuvo que no procedía examinar integralmente el fallo, o uno
de los cargos esbozados por cuanto no había sido desarrollado en forma por el
actor. Respecto de la aplicación del principio iura novit curia,
sostuvo: “El principio general del derecho iura novit curia, que
significa ‘el juez conoce el derecho’, es una de las columnas vertebrales de la
acción de tutela. En la medida que la tutela es un recurso judicial informal
que puede ser interpuesto por personas que desconocen el derecho, es deber del
juez de tutela, en principio, analizar el caso más allá de lo alegado por el
accionante. La manera como se ha entendido y reiterado el principio iura
novit curia en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos,
es que en virtud de éste, ‘el juzgador posee la facultad e inclusive el
deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun
cuando las partes no las invoquen expresamente’. […] Así pues, no es
menester que una persona demande del juez de tutela la aplicación del principio
en cuestión, por cuanto es un mandato general y continuo que se ha de atender
en todo proceso de tutela. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha sido
sensible en la aplicación de este principio a las condiciones materiales del
caso. Así, por ejemplo, se asume y demanda del juez una actitud más oficiosa y
activa en aquellos casos en los que la tutela la invoca un sujeto de especial
protección constitucional o una persona que, por sus particulares circunstancias,
ve limitado sus derechos de defensa. De igual forma, el juez no puede
desempeñar el mismo papel si el proceso, por el contrario, es adelantado por
alguien que sí cuenta con todas las posibilidades y los medios para acceder a
una buena defensa judicial”.
[59] Sentencia
C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil AV Manuel José Cepeda Espinosa). Dijo la
Corte en esa ocasión: “El concepto de “Constitución viviente” puede significar que en un
momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e
incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la
luz de la Constitución, - que es expresión, precisamente, en sus contenidos
normativos y valorativos, de esas realidades -, un pronunciamiento que la Corte
haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales
materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de
Constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se puede
considerar que el fallo vulnera la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte
de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce
a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o
complementar el alcance y sentido de una institución jurídica”.
[60] Sentencia
C-792 de 2014.
[61] Nino, Carlos Santiago. Fundamentos de Derecho constitucional.
Buenos Aires. Astrea. 1992, pp. 67 y s.
[62] Sentencia SU-120 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis. Unánime).
[63]
Artículo 217. Decisión Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las
causales propuestas procederá así: 1.
Si la causal aceptada fuere la primera, la segunda o la de nulidad cuando ésta
afecte exclusivamente la sentencia demandada, casará el fallo y dictará el que
deba reemplazarlo.
[64]
En esa oportunidad se demandaron parcialmente los artículos 20, 32, 161, 179B,
194 y 481 de la Ley 906 de 2004, por cuanto no consagran la facultad de apelar
los fallos que en el marco de un juicio penal, donde se revoca una sentencia
absolutoria de primera instancia y se impone una condena por primera vez en la
segunda instancia. La Corte resolvió declarar la inconstitucionalidad con
efectos diferidos, de las expresiones demandadas contenidas en los artículos
20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten
la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias.
[65]
En esta fecha se vencía el exhorto hecho al Congreso de la República en la
sentencia C-792 de 2014, para que, en el término de un año contado a partir de
la notificación por edicto de esta sentencia, regulara integralmente el derecho
a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del
vencimiento de este término, se entendería que procede la impugnación de todas
las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien
impuso la condena.
[66]
En la Sentencia C-774 de 2001 se apeló al concepto de "Constitución
viviente" para realizar un nuevo examen de constitucionalidad sobre la
figura de la detención preventiva. Al respecto, se dijo que: "El concepto de
'Constitución viviente' puede significar que en un momento dado, a la luz de
los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales
de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución (...) un
pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en
significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora
deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma".
[67]
Dicho principio también está previsto en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, en la Convención Americana
de Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16/72, las cuales integran todas el
bloque de constitucionalidad en materia penal.
[68]
Esta recopilación fue hecha en la sentencia T-713 de 2007.
[69]
Ver sentencias C-252/2001, C-200/02, C-922/01, T-272/05, C-371 de 2011. El
inciso 2o del artículo 6o de la Ley 906 de 2004, recoge
esta concepción.
'Párr.
119 de la Sentencia.
[71]Cfr. Párr. 119 de la
Sentencia.
[72]Párr. 124 de la
Sentencia.
[73]Sentencia de la
Corte Constitucional C-1019 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
'Sentencia de la Corte Constitucional
C-1004 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Sentencia de la Corte Constitucional C 200 de 2002,
M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[76] Sentencia SU-215 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa,
consideración no. 24.
[77] Sentencia C-200 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, consideración
jurídica 3.4.
[78] Sentencia C-200 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, consideración
jurídica 3.4.
[79] Sentencia SU-1184 de 2001 MP Eduardo Montealegre Lynett; Sentencia
C-755 de 2013 MP María Victoria Calle Correa.
[80] Sentencia C-200 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, consideración
jurídica 3.4. y Sentencia C-429 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[81] Sentencia C-200 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, fundamento jurídico
3.4.
[82] Sentencia C-755 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento
jurídico no. 19.
[83] Sentencia C-755 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento
jurídico no. 20.
[84] Sentencia C-755 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento
jurídico no. 20.
[85] Sentencia C-537 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo,
consideraciones jurídicas no. 16 a 19.
[86] Sentencia C-537 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo, consideraciones
jurídicas no. 16 a 19.
[87] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cantoral
Benavides vs Perú, sentencia del 18 de agosto de 2000, fondo, Serie C, n.
69, párr. 115.
[88] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Genie Lacayo Vs.
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997, fondo, reparaciones y costas,
Serie C, n. 45, párr. 84 y 85.
[89] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega y
otros vs México, sentencia del 30 de agosto de 2010, excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas, Serie C n. 215, párr. 177.
Consideración reiterada en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vélez
Restrepo y familiares contra Colombia, sentencia del 3 de septiembre de
2012, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Serie C, n. 248,
párr. 238.