C-404-13
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia
C-404/13
PATRIA
POTESTAD SOBRE HIJOS LEGITIMOS-Inexequibilidad de expresión “legítimos”
contenida en el inciso 2 del artículo 288 del código civil
El que el
inciso 2° del artículo 288 del Código Civil consagre el ejercicio de la patria
potestad como un ejercicio conjunto de los padres respecto de los hijos
“legítimos”, quienes a su vez son titulares del beneficio que otorga esa
protección parental, constituye una discriminación por el origen familiar que
excluye en la literalidad del lenguaje empleado, a los hijos extramatrimoniales
y a los adoptivos. Así, no existe ninguna justificación para que ese deber, que
a la vez es un beneficio que se debe predicar en favor de todos los hijos al
margen de los modos de filiación, se restrinja al lazo matrimonial porque
claramente trae consigo una discriminación por el origen familiar que amerita
el que la expresión “legítimos” acusada, sea retirada del ordenamiento
jurídico. Y es que además de ello, el efecto simbólico del lenguaje que trae
consigo esa expresión, pone de presente un trato diferencial entre los hijos
que gozan de una consanguinidad matrimonial y los que la detentan de forma
extramatrimonial, situación que no está acorde con los postulados y valores
constitucionales, y que desconoce el principio de la dignidad humana que se
predica de todas las personas sin distinción alguna. Entonces, el aparte
censurado del artículo 288 del Código Civil, es inexequible. Por consiguiente,
la lectura correcta que en adelante debe dársele a ese artículo es la
siguiente: La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a
los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el
cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. // Corresponde a los
padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos.
A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro. // Los hijos no emancipados
son hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de
familia. De esta forma, se garantiza que el ejercicio de la patria potestad se
predique como un beneficio establecido para todos los hijos sin distinción
alguna por el origen familiar. Entonces, la expresión “legítimos” contenida en
el artículo 288 del Código Civil, será declarada inexequible por desconocer los
artículos 13 y 42 de la Constitución Política.
PATRIA
POTESTAD POR LEGITIMACION-Inhibición para decidir de fondo
Compartiendo
lo dicho por varios intervinientes, la Sala advierte la ausencia de un cargo de
inconstitucionalidad en torno al término “la legitimación” contenido en el
artículo 289 del Código Civil, por las siguientes razones: Los demandantes no
cumplen con los requisitos mínimos argumentativos exigido para estructurar un
concepto de la violación, por cuanto no presentan razones directas por las
cuales dicho término viola los artículos 1, 2, 5, 13, 15 y 16 de la
Constitución Política. Al no establecer una oposición objetiva y verificable
entre el contenido de artículo 289 del Código Civil y las normas constitucionales
invocadas, incumplen el requisito de la especificidad ya que no existen
argumentos conducentes que habiliten un debate tendiente a cuestionar el
término puesto en entredicho. Es más, el análisis de
la demanda permite concluir que las razones que expresan los demandantes se
circunscriben a cuestionar el término “legítimos” del artículo 288 del Código
Civil, olvidando la carga procesal de argumentación respecto del otro artículo
cuestionado. Nótese que no explicaron en qué consiste la figura de la legitimación
y desde qué punto ésta quebranta garantías constitucionales. Así
mismo, incumplen el requisito de pertinencia porque al no existir la
construcción de un reproche objetivo de inconstitucionalidad que enfrente la
norma superior con el precepto demandado, los actores se limitan a basar sus
argumentos en interpretaciones subjetivas en torno a que el término “la
legitimación” quebranta la dignidad humana y la igualdad porque  discriminan a un ser incapaz, inocente y que no tiene la
culpa y muchos menos la capacidad de dilucidar las consecuencias de unos actos
humanos anteriores a su concepción, y que además a los cuales es totalmente
ajeno, que están repercutiendo directamente en esa discriminación. Como lo ha
reiterado este Tribunal Constitucional, las razones cimentadas en juicios
subjetivos son inaceptables para estructurar un verdadero cargo que amerite
pronunciamiento de fondo. También incumplen el requisito de la suficiencia
porque al no presentar razones que demuestren la inconstitucionalidad del enunciado
demandado, no logran desvirtuar la presunción de constitucionalidad del término
“la legitimación”; es más, ni siquiera exponen argumentos persuasivos que fijen
a la Sala un criterio de duda mínima sobre la inconstitucionalidad del aparte
censurado. De allí que no cumplir con los requisitos mínimos
argumentativos de la especificidad, pertinencia y suficiencia para concretar un
cargo, se traduce en la inexistencia de razones que soporten el reproche
de inconstitucionalidad de la norma legal y, por ende, impide el debate propio
que se ventila en la presente acción pública de inconstitucionalidad, no siendo
dable a la Corte ejercer un sistema de control oficioso respecto del término
que se ataca.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de un mínimo de argumentación
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional sobre oportunidad
procesal para definir la aptitud de la demanda
PATRIA
POTESTAD SOBRE HIJOS LEGITIMOS-Desarrollo normativo
PRINCIPIO
PRO ACTIONE-Aplicación
NORMA
ACUSADA-Pronunciamiento ante vigencia dudosa por incertidumbre de
derogatoria tácita
FAMILIA-Constitución/FAMILIA
MATRIMONIAL Y EXTRAMATRIMONIAL-Existencia
La
Constitución Política de 1991 establece que la familia es el núcleo esencial de
la sociedad y consagra como principio fundamental el amparo que el Estado y la
sociedad deben brindarle. En desarrollo de ello, el artículo 42 de la Carta
adoptó un concepto amplio de familia, la cual se constituye por vínculos
jurídicos que refieren a la decisión libre de contraer matrimonio, o por
vínculos naturales que corresponden a la voluntad responsable de conformarla de
manera extramatrimonial sin que medie un consentimiento expresado sino la mera
convivencia.  Puede entonces hablarse de una familia matrimonial y otra
extramatrimonial sin que ello implique discriminación alguna, ya que las
distintas formas de conformarla significan únicamente que la Constitución ha
reconocido los diversos orígenes que puede tener la familia.
HIJOS
MATRIMONIALES, EXTRAMATRIMONIALES Y ADOPTIVOS-Iguales derechos y
deberes/IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE LOS HIJOS-No
discriminación por razones de nacimiento
PATRIA
POTESTAD O POTESTAD PARENTAL-Concepto
Conjunto
de derechos y facultades que la ley atribuye al padre y a la madre sobre la
persona y los bienes de los hijos, para facilitar a aquellos el cumplimiento de
los deberes que su condición les impone, es decir, para garantizar respecto de
los hijos su protección, bienestar y formación integral, desde el momento mismo
de la concepción, y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.
También ha precisado que la patria potestad hace referencia a un régimen
paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus
padres, que no deriva del matrimonio de estos pues surge por ministerio de la
ley independientemente a la existencia de dicho vínculo.
PATRIA
POTESTAD O POTESTAD PARENTAL-Derechos y facultades que otorga no en
favor de padres sino en interés de hijos no emancipados
La Corte
ha establecido que la patria potestad es una institución creada por el derecho
para facilitar la observancia adecuada de los deberes impuestos por el
parentesco y la filiación, lo que significa que la patria potestad no se ha
otorgado a los padres en provecho personal, sino como un deber que reporta
bienestar al menor en cuanto a la crianza, la educación, el establecimiento de
la persona; éstos último relacionado directamente con la ayuda y asistencia que
le deben otorgar al menor.
Referencia:
expediente D-9459
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 288 y 289 (parciales) del Código Civil.
Demandantes: Fredy Alfonso Arévalo, John Jairo
Arenas, José Iván Rojas y José Luis Pulido.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil trece (2013).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución Política, los ciudadanos Fredy Alfonso
Arévalo, John Jairo Arenas, José Iván Rojas y José Luis Pulido, presentaron
demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 288 y 289 del Código Civil
Colombiano.
Mediante providencia del 23 de diciembre de 2012, el Magistrado Luis
Ernesto Vargas Silva dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía los
requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, corrió
traslado al Procurador General de la Nación, y comunicó del inicio del proceso
al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, así como al Ministro
del Interior, a la Ministra de Justicia y del Derecho y al Director del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Al mismo tiempo, invitó a participar en el presente juicio a los Decanos
de las Facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia,
Javeriana, Nacional de Colombia, de la Sabana, Libre, Eafit de Medellín, del
Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia y del Rosario, al
igual que a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con el objeto de que
emitieran concepto técnico sobre la demanda, de conformidad con lo previsto en
el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, entra la
Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. LA NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de las
normas demandadas:
“CÓDIGO CIVIL
(…)
LIBRO PRIMERO
De las personas
(…)
TITULO XIV
De la patria potestad
ARTICULO 288. <DEFINICION DE PATRIA
POTESTAD>. <Artículo subrogado por el artículo 19 de la Ley 75 de 1968.
El nuevo texto es el siguiente:> La patria potestad es el conjunto de
derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para
facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone.
<Inciso
modificado por el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el
siguiente:> Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la
patria potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los
padres, la ejercerá el otro.
Los hijos
no emancipados son hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos,
padre o madre de familia.
ARTICULO 289. <PATRIA POTESTAD
POR LEGITIMACION>. <Artículo
modificado por el artículo 25 del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el
siguiente:> La legitimación da a los legitimantes la patria
potestad sobre el menor de 21 años no habilitado de edad y pone fin a la guarda
en que se hallare”
(Se resaltan
las expresiones demandadas).
III. LA DEMANDA
1. Los ciudadanos demandantes consideran que
las disposiciones acusadas vulneran los artículos 1, 2, 5, 13, 15 y 16 de la
Constitución Política, por cuanto el término “legítimos” contenido en el
artículo 288 del Código Civil, atenta contra la dignidad del ser humano y ubica
a un menor de edad en una categoría injusta y discriminatoria que hace
referencia exclusiva a los hijos concebidos durante el matrimonio de los padres
(hijos legítimos), dejando sin protección a aquellos hijos concebidos por mujer
soltera o casada con un hombre soltero o casado (hijos naturales) y a aquellos
hijos que nacieron antes de contraer matrimonio y que no fueron registrados en
la partida de matrimonio civil o religioso (hijos legitimados).
Estiman que el término “legítimos” que
se acusa, es discriminatorio y resulta contrario a los nuevos valores en que se
inspira la Constitución, ya que establece un parámetro injusto de comparación
entre los hijos concebidos dentro y fuera del matrimonio, además de desconocer
por completo la protección de patria potestad respecto de aquellos hijos
concebidos en el marco de uniones maritales de hecho.
Señalan que bajo los principios de la
Constitución Política de 1991, debe existir una sola categoría o condición digna
y humana de hijo, que responda a la filiación con el padre o la madre,
independientemente de que el lazo sea natural o legal, y de que la concepción
del hijo se haya materializado dentro de alguna de las modernas formas de
constituir una familia.
2. Los demandantes manifiestan que las normas
parcialmente acusadas violan el artículo 13 Superior, toda vez que no se
encuentran en armonía con la idea de que todas las personas nacen libre e
iguales ante la ley, en la medida que establecen una clasificación histórica de
los hijos que perpetúa una diferencia de trato y de denominación entre los
hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. En criterio de aquellos, el
término “legítimos” contenido en el artículo 288 del Código Civil, atenta
y vulnera el derecho a la igualdad porque se traduce en una grave
discriminación relacionada con el origen de los hijos vinculado a un linaje
familiar o al nacimiento.
3. Finalizan señalando que los preceptos
demandados “legítimos” y “la legitimación” atentan contra el
derecho a la dignidad humana, “ya que discriminan a un ser incapaz, inocente
y que no tiene la culpa y muchos menos la capacidad de dilucidar las
consecuencias de unos actos humanos anteriores a su concepción, y que además a
los cuales es totalmente ajeno, que están repercutiendo directamente en esa
discriminación y concepción de ‘hijo legítimo”.
4. De esta forma, solicitan a la Corte
Constitucional declarar inexequibles los términos demandados y exhortar al
legislador para que maneje una sola categoría de hijos, que no sea
discriminatoria ni excluyente en torno al lazo de filiación que éstos manejan
respecto de sus padres.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervenciones de entidades oficiales
1.1.
Del Ministerio de Justicia y del Derecho
La apoderada especial del Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó a
esta Corporación emitir una sentencia inhibitoria respecto de los apartes
demandados de los artículos 288 y 289 del Código Civil, al estimar que el
artículo 1° de la Ley 29 de 1982 añadió un inciso al artículo 250 del Código
Civil, que establece que los hijos son legítimos, extramatrimoniales y
adoptivos, y que tendrán igualdad de derechos y obligaciones, con lo cual esta
ley derogó, de manera general, todas las discriminaciones que la legislación
civil había establecido anteriormente entre los hijos extramatrimoniales y los
hijos matrimoniales, tal como lo indicó la Corte Constitucional en sentencia
C-047 de 1994.
Así, pidió a la Corte declararse inhibida para proferir un fallo de fondo
por sustracción de materia, ya que los demandantes no tuvieron en cuenta las
consideraciones de la Ley 29 de 1982, en donde se reconoce la igualdad entre
las diferentes clases de hijos.
Agregó que las razones de inconstitucionalidad expuestas por los actores
contra las disposiciones demandadas “resultan impertinentes”, lo que no
le permite a la Corte emitir un pronunciamiento de fondo porque las
apreciaciones que realizaron aquellos son subjetivas y apenas enuncian algunos
artículos de la Constitución Política, “sin realizar un examen crítico y de
fondo de las normas acusadas”. Igualmente, señaló que los ciudadanos no
sustentaron los cargos con relación a los artículos 1, 2, 5, 15 y 16 de la
Constitución Política. Por consiguiente, concluyó que no se cumple con los
requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia de las razones de
violación de las normas superiores invocadas, exigido por el artículo 2° del
Decreto Ley 2067 de 1991.
Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar intervino solicitando, como pretensión principal, que la
Corte se declare inhibida para resolver la demanda de inconstitucionalidad de
la referencia por ineptitud sustancial. De forma subsidiaria pidió declarar
exequible el artículo 288 del Código Civil “advirtiendo que la declaratoria
de inconstitucionalidad carece de efectos prácticos, dado que en nada afecta
los derechos de los hijos, pues desde la vigencia de la ley 29 de 1982
desaparecieron las diferencias que existían entre éstos”, al igual que el
artículo 289 del Código Civil.
Cimentó su pretensión principal en que la presente demanda no cumple con
los requisitos mínimos que le permitan a la Corte realizar un análisis de
constitucionalidad respectivo, en primer lugar porque (i) si bien en el
encabezado de la demanda se mencionan uno a uno los preceptos constitucionales
que se consideran vulnerados, no se determina en el cuerpo de la demanda, de
qué manera los textos censurados transgreden cada una de las normas
constitucionales que el accionante indica como infringidas; de manera que, no
existe suficiente claridad y argumentación razonable sobre cuáles son los
cargos de inconstitucionalidad que pretende hacer valer la parte actora para
conseguir la inconstitucionalidad de las normas demandadas; y, (ii) en
sentir del Instituto interviniente, lo anterior resulta más evidente en
relación con el artículo 289 del Código Civil, pues el accionante parece
entender que son suficientes las mismas razones de inconstitucionalidad dadas
para soportar la demanda frente a la expresión hijos “legítimos” del
artículo 288 del Código Civil, que para la expresión “la legitimación”
de aquella norma, conceptos que son distintos y que por tanto merece una
motivación diferenciada.
En segundo lugar, sostuvo que los accionantes hicieron una “indeterminada
valoración general de los preceptos constitucionales” y la argumentación
que exponen no tiene fundamento legal, ya que a partir de la entrada en
vigencia de la Constitución Política de 1991, el artículo 42 estableció que
debe hablarse de familia matrimonial o extramatrimonial, y por ello, fijó una
clasificación de hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, sin que
implique diferencias de trato o discriminación por el origen de las personas,
pues el mismo texto constitucional consagró la igualdad de derechos y deberes
entre todos los hijos.
En tercer lugar, adujo que la argumentación global desarrollada por la
parte actora se caracteriza por estar amparada en razones de inconveniencia o
en interpretaciones subjetivas sobre el alcance de las disposiciones
impugnadas, y no por razones objetivas que ameriten la intervención del
Tribunal Constitucional.
Finalmente, para fundamentar la petición de inhibición, el Instituto
interviniente señaló que siendo el objeto de la acción de inconstitucionalidad
la palabra “legitimación” contenida en el artículo 289 del Código Civil,
los demandantes no presentaron un concepto de violación de esta palabra
respecto a los preceptos constitucionales aducidos, situación que hace imposible
el estudio de fondo sobre esta norma.
Ahora bien, luego de referirse a la igualdad de derechos y obligaciones
entre los hijos que establece el artículo 42 de la Constitución Política, y a
que el concepto de patria potestad corresponde a una institución jurídica
creada en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para
garantizar que los padres cumplan de manera adecuada los deberes que les han
sido impuestos en virtud del parentesco y la filiación existente con sus hijos,
independientemente del lazo natural o jurídico entre los padres, señaló que en
el ordenamiento jurídico colombiano desde la Ley 29 de 1982 se consagra una
prohibición de discriminación respecto de los hijos por razones de origen
familiar o cualquier otra circunstancia. Señala que esa situación especial
lleva a analizar si es necesario que la Corte se pronuncie sobre la
inconstitucionalidad de una disposición antigua que no puede interpretarse de
manera literal sino de forma sistemática, es decir, teniendo en cuenta los
principios y postulados constitucionales y los avances normativos sobre el
tema.
Para sostener tal postura, indicó que esta Corporación mediante sentencia
C-595 de 1996, aclaró que la igualdad de derechos de los hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos, establecida en el artículo 1° de la Ley 29 de
1982, fue elevada a norma constitucional en el artículo 42 Superior, por lo
cual, el calificativo de ilegítimo dado a un parentesco, no tiene ninguna
finalidad, pues solo la tendría si implicara una diferencia en los derechos.
Por consiguiente, concluyó que la declaratoria de inexequibilidad de las normas
que establezcan algún tipo de discriminación entre los hijos por razones de
origen familiar, carecen de efectos prácticos, porque tal discriminación esta
proscrita en nuestro país desde 1982 y desde entonces, en materia de ejercicio
del derecho de patria potestad así se ha procedido.
Estimó que la sentencia en comento admitió que la declaratoria de
inconstitucionalidad de una norma puede llegar a ser razonable cuando ofrezca
la posibilidad de una interpretación errónea, situación que a juicio del
Instituto interviniente no resulta aplicable al presente caso, habida cuenta
que la figura de la patria potestad fue creada por la ley en favor del interés
de los hijos no emancipados, y existe claridad respecto de la igualdad de
derechos y deberes entre los hijos, sin que medie posibilidad de discriminación
por razón del origen familiar.
Finalizó señalando que en cuanto a la expresión demandada del artículo
289 del Código Civil, la parte actora no ofreció ningún argumento de cargo para
determinar el concepto de la violación entre lo demandado y lo dispuesto en la
Carta Política, en consecuencia, no se puede realizar el estudio de
constitucionalidad que reclama. Adicionalmente, advirtió que de declararse la
inexequibilidad de la expresión “la legitimación”, la disposición
perdería todo sentido gramatical y carecería de razón jurídica.
Intervenciones de instituciones de educación superior
1.2.
De la Universidad de Antioquia
La Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Antioquia, pidió declarar la exequibilidad condicionada del
artículo 288 (parcial) del Código Civil y emitir un fallo inhibitorio respecto
del aparte demandado del artículo 289 ibídem.
Adujo que no les asiste razón a los demandantes porque, de acuerdo con el
artículo 42 de la Constitución Política, existe una igualdad entre los hijos
habidos en el matrimonio, fuera de él, adoptados o procreados científicamente,
ya que la categoría de hijos diferenciados por razón de su origen, se encuentra
superada.
Indicó que en reiterados fallos la Corte Constitucional ha dejado claro
que el ejercicio de la patria potestad corresponde a ambos padres,
independientemente de que los hijos sean matrimoniales o extramatrimoniales;
por ende, la expresión contenida en el inciso segundo del artículo 288 del
Código Civil, modificado por el artículo 24 Decreto 2820 de 1974, “se
entiende que se hace extensiva a los hijos habidos por fuera del matrimonio de
sus progenitores, y solamente habría lugar a hacer una interpretación extensiva
de dicho inciso”.
Referente a la expresión demandada del artículo 289 del Código Civil,
sostuvo que la legitimación quedó derogada con la expedición del artículo 7° de
la Ley 1060 de 2006, que modificó el artículo 219 del Código Civil, ya que el
padre legitimante debe reconocer al hijo como extramatrimonial de forma previa
a contraer matrimonio, situación de reconocimiento que otorga todos los
derechos y obligaciones entre padres e hijos, así como el derecho inherente a
ejercer la patria potestad, independientemente de que los progenitores
contraigan un futuro matrimonio. En ese sentido, estima que el aparte demandado
del artículo 289 del Código Civil, “se entiende no solo derogado sino en
desuso” y que, por ello, la Corte debe inhibirse de emitir un
pronunciamiento al respecto.
Así las cosas, finalizó advirtiendo que los preceptos demandados no
vulneran derechos fundamentales como la dignidad, la igualdad, la no
discriminación, y que “solo hay lugar a una interpretación lógica del
artículo 288 del Código Civil y a considerar derogado el artículo 289 por la
Ley 1098 de 2006 (sic)”.
1.3.
De la Universidad de Ibagué
La Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Ibagué, intervino solicitando la inexequibilidad de las normas
demandadas. Para tal fin, refirió brevemente al contenido del derecho
fundamental a la igualdad que consagra el artículo 13 Superior, luego hizo
alusión a la definición de discriminación como “acción y efecto de
discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde el punto de vista
social, significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por
motivos racionales, religioso, políticos u otros”, y después señaló que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla preceptos protectores
de la dignidad humana (art. 2°,7° y 8°), según los cuales “es claro que en
época contemporánea no puede haber distinción alguna entre los seres humanos,
por razón de raza, sexo, credo, condición, religión, familia o de cualquier
otra índole, porque todos somos iguales ante la ley y que, en todo caso, cuando
se presente una transgresión a estos postulados, el afectado tiene derecho a
acudir a la autoridad competente para exigir el amparo de sus derechos”.
Seguidamente, centró su análisis en determinar si la clasificación que la
ley colombiana establece para los hijos es realmente discriminatoria, y por
consiguiente, vulnera el derecho fundamental a la igualdad. Frente al punto, para
comenzar indicó que en el derecho colombiano existen actualmente tres
categorías de hijos: los legítimos, que son los procreados dentro del
matrimonio (art. 213 del Código Civil); los extramatrimoniales, que son los
procreados por fuera del matrimonio (art. 236 ibídem); y, los adoptivos,
que surgen de un acuerdo de voluntades mediante el cual el adoptivo se equipara
a un hijo de sangre procreado dentro del matrimonio.
Señaló que antes de esta clasificación las leyes 57 y 153 de 1887
consagraban la diferenciación entre hijos naturales, que eran los concebidos
por fuera del matrimonio entre personas que podían casarse libremente, y los no
naturales que eran concebidos fuera del matrimonio pero por personas que no
podían casarse por presentar algún tipo de limitante legal al tiempo de la
concepción. Precisó que a éstos últimos se les denominaba hijos de dañado
y punible ayuntamiento, y dentro de éstos se distinguían los adulterinos
y los incestuosos. Explicó que esa clasificación “peyorativa y ultrajante,
que agredía gravemente la dignidad humana” fue superada con el curso del
tiempo hasta llegar a la clasificación que rige actualmente la normatividad
colombiana.
Después, retomando el estudio de las normas acusadas, manifestó que la
clasificación en ellas contenida tiene profundas raíces en la diferenciación de
los hijos que consagraban las leyes 57 y 153 de 1887, porque el punto de
referencia para clasificar sigue siendo el matrimonio. Por consiguiente, en su
sentir, de acuerdo con los postulados de la Declaración de los Derechos Humanos
y el espíritu respetuoso de la dignidad humana que inspira la Constitución
Política de 1991, una clasificación del ser humano por razones de familia o por
cualquier otra índole, está fuera de contexto, se torna discriminatoria y
atenta contra el derecho a la igualdad entre hijos.
Bajo esa óptica, estima que de aceptarse la discriminación de los hijos
por motivos familiares de acuerdo a que los padres estuvieran o no casados al
momento de la procreación, tendría también que aceptarse como válida la
discriminación por razones de raza, sexo, credo o cualquier otra condición, lo
cual no es constitucionalmente admisible.
1.4.
De la Universidad Externado de Colombia
Por medio de la docente María Julieta Villamizar de la Torre, la
Universidad Externado de Colombia solicita se declaren inexequibles las
expresiones demandadas.
Para fundamentar su petición, indicó que ha Corte Constitucional se ha
pronunciado en diversas oportunidades frente a temas relacionados con la patria
potestad y con la clasificación de los hijos en la legislación nacional. Así,
adujo que las sentencias C-857 de 2008 y C-145 de 2010, han considerado que a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 29 de 1982, la institución de la
consanguinidad ilegítima desapareció del ordenamiento constitucional y fue remplazada
por la extramatrimonial, todo esto de conformidad con el artículo 42 de la
Constitución Política que fija una clasificación entre hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos, advirtiéndose que dicha clasificación no puede
dar pie a un trato desigual o discriminatorio.
De esa forma, explicó que la clasificación en si misma no es inconstitucional,
ni discriminatoria, ni desconoce derechos fundamentales. Lo que si se torna
lesivo es que con base en la clasificación por el origen de los hijos, se
establezca un trato desigual que vulnere el derecho a la igualdad entre los
mismos, derecho que fue reconocido desde la entrada en vigencia de la Ley 29 de
1982 y elevado a rango constitucional en la Carta Política de 1991.
Sobre la institución de la patria potestad, señaló que consiste en los
derechos y facultades que la ley le otorga al padre y a la madre sobre la
persona y los bienes del hijo, para facilitar el cumplimiento de los deberes
que su condición les impone, para garantizar respecto de los hijos su
protección, bienestar y formación integral desde el momento mismo de la
concepción, mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. Sostuvo que
se trata entonces de un mecanismo de protección para los hijos, que se ejerce
por los padres y se predica respecto de todos los hijos, independientemente de
si son matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos, cuyo ejercicio es de
orden público, obligatorio e irrenunciable, personal e intransferible, e
indisponible.
Con ese contexto, la docente interviniente indicó que las normas
consagradas en los artículos 288 y 289 del Código Civil, regulan la institución
de la patria potestad únicamente frente a los hijos fruto del matrimonio o
legitimados en virtud del mismo. En este caso, partiendo de la clasificación de
los hijos, se llega a una situación de discriminación que no considera y, por
ende, excluye a los hijos extramatrimoniales de la protección de sus intereses
mediante el disfrute de la cobertura de la patria potestad.
Por consiguiente, concluyó que los hijos habidos en el matrimonio o fuera
de él tienen igualdad de derechos y deberes, y no se justifica que frente al
ejercicio de la patria potestad se otorguen tratos diferentes con base en el
origen familiar. Estima que esa discriminación genera un trato desigual que
quebranta el artículo 13 de la Constitución Política.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN:
El
Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los
artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del
trámite de la referencia, en el que solicitó a la Corte declararse inhibida
para pronunciarse sobre la expresión “legítimo” contenida en el artículo
288 del Código Civil, por ineptitud sustancial de la demanda, y declararse
inhibida respecto de la expresión “la legitimación” establecida en el
artículo 289 del mismo código, por cuanto el mismo actualmente no resulta
aplicable.
Para tal
efecto, a título de aclaración preliminar, la Vista Fiscal se refirió a la
vigencia de las normas demandadas, señalando que el artículo 288 del Código
Civil en su redacción original, fue subrogado tácitamente por el artículo 13 de
la Ley 45 de 1936, y posteriormente modificado por el artículo 19 de la Ley 75
de 1968, norma última que no fue demandada por el actor.
Adujo que
con motivo de una demanda de inconstitucionalidad en contra del mismo artículo
288 del Código Civil, esta Corporación mediante sentencia C-1298 de 2001,
concluyó que debía inhibirse para fallar de mérito por cuanto esta disposición
fue subrogada por el artículo 19 de la Ley 75 de 1968, en el que suprimió toda
alusión a la expresión “legítimos” para efectos de ampliar hacía todos
los hijos el ejercicio de la patria potestad. En criterio del Jefe del
Ministerio Público, esa decisión debería reiterarse en caso de mantener la
misma interpretación con respecto a su vigencia, aunque advierte que en esa
sentencia se afirmó equivocadamente que la expresión “legítimos” había
sido eliminada, lo cual no corresponde a la realidad porque ésta sí se
encuentra presente en el artículo 19 de la ley 75 de 1968.
De otra
parte destacó que, en un tercer momento, el Decreto 2820 de 1974 modificó el
inciso 2° del artículo 288 del Código Civil señalando, en su artículo 24, que “corresponde
a los padres conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos
legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro”. Agregó que
de igual forma ese Decreto derogó el artículo 13 de la Ley 45 de 1936, razón
por la cual el artículo 288 del Código Civil tiene una redacción distinta a la
citada por el accionante. Según el Procurador General de la Nación, el texto
vigente de la norma es el siguiente:
“La patria
potestad es el conjunto de derecho que la ley reconoce a los padres sobre sus
hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes
que su calidad les impone.
Corresponde
a los padres conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos
legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro.
Los hijos de
cualquiera edad no emancipados se llaman hijos de familia, y el padre con
relación a ellos, padre de familia”.
Sin embargo,
dado que en la redacción vigente de la norma demanda mantiene la expresión “legítimos”,
la Vista Fiscal adujo que la Corte podría pronunciarse sobre la norma demandada
con fundamento en los cargos aducidos por el actor, en caso de encontrar que
los mismos se fundamentan en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes.
En cuanto
atañe a la vigencia del artículo 289 del Código Civil, sostuvo que el mismo no
se encuentra vigente porque su redacción original, así como la modificación que
introdujo el artículo 25 del Decreto 2880 de 1974, refieren a la legitimación
respecto del menor de 21 años no habilitado de edad, institución de la
habilitación que quedó derogada por virtud del artículo 1° de la Ley 27 de
1977, en donde se dispuso que la mayoría de edad se obtenía a los 18 años. En
ese sentido, explicó que “dado que la habilitación, regulada en el artículo
340 del Código Civil, era una figura o institución jurídica pertinente
únicamente cuando la mayoría de edad se obtenía a los 21 años y, por tanto,
dado que la misma perdió su vigencia luego de que ésta se fijara en 18 años,
esta Vista Fiscal entiende que la regulación respecto de la legitimación,
establecida con fundamento en la habilitación, también ha quedado sin vigencia”.
Por esa razón, solicitó al Tribunal Constitucional declarase inhibido para
fallar respecto de la expresión contenida en el artículo 289 del Código Civil.
En vista de
lo anterior, el Procurador General de la Nación limitó su estudio al análisis
de los cargos demandados en relación con el artículo 288 del Código Civil.
Frente a éstos, planteó que la Corte debe declararse inhibida porque los cargos
formulados por el actor no cumplen los requisitos sustanciales de certeza y
pertinencia que le son exigibles a toda demanda de inconstitucionalidad.
En primer
lugar, señaló que la expresión “legítimo” se incluye en diferentes
disposiciones normativas que son difícilmente determinables y no sólo en el
artículo parcialmente demandado, lo que significa que el actor debió haber
dirigido su demanda contra todas las normas en donde se encuentre la expresión
demandada, so pena de provocar una decisión inane o ineficaz por parte de la
Corte Constitucional.
En segundo
lugar, expuso que si bien la norma demandada establece una distinción entre el
ejercicio de la patria potestad frente a los hijos habidos en el matrimonio y
los hijos habidos fuera del mismo, lo cierto es que debe interpretarse de
conformidad con el artículo 42 Superior y con el artículo 1° de la Ley 29 de
1982, los cuales consagran la igualdad de derechos y obligaciones entre unos y
otros. Por lo tanto, “debe entenderse que la distinción reprochada por el
actor es simplemente denominativa, es decir, que en forma alguna priva a los
hijos no procreados dentro del matrimonio de la patria potestad. De hecho, si
bien la norma demandada señala que la patria potestad se ejercerá
‘conjuntamente’ por los padres para los hijos legítimos, al mismo tiempo,
dispone que ‘a falta de uno de los padres, la ejercerá el otro’, con lo que
también incluye el supuesto de los hijos habidos fuera del matrimonio. Esto, al
mismo tiempo que la norma otorga un tratamiento igual a todos los hijos ‘de cualquier
edad no emancipados’ al llamarlos ‘hijos de familia’ y a sus padres ‘padre de
familia”.
Desde ese
punto de vista, el Procurador General de la Nación estimó, apoyado en la
sentencia C-047 de 1994, que en la actualidad no existe desigualdades por razón
del nacimiento de los hijos, sino que existen diferentes denominaciones de
hijos como son: legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Así las cosas,
señaló que el actor “dirigió sus reproches constitucionales contra una interpretación
parcial y subjetiva de la norma demandada, y no contra su tenor literal y
objetivo”, circunstancia que impide activar el análisis del caso por parte
de la jurisdicción constitucional.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia de la Corte
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la
demanda de inconstitucionalidad que se formula contra los artículos 288 y 289
del Código Civil, con sus respectivas modificaciones.
2. Asunto
bajo revisión:
2.1. Los
demandantes estiman que el artículo 288 del Código Civil vulnera los artículos
1, 2, 5, 13, 15 y 16 de la Constitución Política, porque al establecer que
corresponde a ambos padres el ejercicio de la patria potestad únicamente sobre
los hijos “legítimos”, fija un parámetro de discriminación relacionado
con el origen de los hijos vinculado a un linaje familiar o al nacimiento, de
tal forma que perpetúa una diferencia de trato histórica entre los derechos que
le asisten a los hijos nacidos dentro del matrimonio, frente a los aquellos denominados
hijos naturales e hijos legitimados. Señalan que esa diferenciación, además de
estar proscrita, refleja un menoscabo a la dignidad del ser humano y restringe
la protección de la patria potestad a cierta clase de hijos. Por ello,
solicitan a la Corte declarar la inexequibilidad del término acusado.
Los mismos
artículos constitucionales utilizaron para solicitar la inexequibilidad de la
expresión “la legitimación” contenida en el artículo 289 del Código
Civil, que refiere al ejercicio de la patria potestad sobre hijos legitimados
no habilitados de edad.
2.2. Las
posiciones de las intervinientes se encuentran divididas. Algunos estiman que la
Corte debe declararse inhibida para resolver la presente acción pública de
inconstitucionalidad, por cuanto el artículo 1° de la Ley 29 de 1982 añadió un
inciso al artículo 250 del Código Civil, estableciendo desde esa época una
clasificación entre hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, a quienes
ubicó en un plano de igualdad en materia de derechos y obligaciones, lo cual
posteriormente fue recogido en el artículo 42 de la Constitución Política. Así,
señalan que esa norma derogó todas las discriminaciones que la ley civil había
establecido entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales relacionadas con
el origen filial o con el nacimiento, motivo por el cual existe una carencia
actual de objeto que justifique un pronunciamiento de mérito, ya que el ejercicio
de la patria potestad desde 1982 se predica frente a todas las clases de hijos.
Además, indican
que se configura una ineptitud sustancial de la demanda porque los cargos que
exponen los accionantes no cumplen con los requisitos que establece el artículo
2° del Decreto Ley 2067 de 1991, puntualmente aquellos relacionados con la
especificidad, pertinencia y suficiencia de las razones de violación de las
normas superiores invocadas. Incluso manifestaron que frente a los artículos 1,
2, 5, 15 y 16 de la Constitución Política, los actores hicieron una tarea
meramente enunciativa sin realizar un análisis de confrontación crítico con los
textos censurados, al punto que no existe claridad y argumentación razonable
sobre cuáles son los cargos de inconstitucionalidad que presenta la parte
demandante para fundar su pretensión de inexequibilidad. Sobre el punto, quien
intervino en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
aduce la inexistencia de un cargo de inconstitucionalidad en torno al artículo
289 del Código Civil.
Los
argumentos de este grupo de intervinientes son acompañados por el Procurador
General de la Nación, quien al solicitar a la Corte que se declare inhibida
para resolver de fondo el asunto, agrega que (i) el artículo 288 del
Código Civil fue subrogado por el artículo 19 de la Ley 75 de 1968, el cual
según dijo esta Corporación en sentencia C-1298 de 2001, eliminó la expresión “legítimos”
para efectos de ampliar el ejercicio de la patria potestad hacia todos los
hijos. De mantenerse esa posición, la cual cuestiona la Vista Fiscal por no
corresponder a la realidad, se presenta una ineptitud sustantiva de la demanda;
(ii) el artículo 288 del Código Civil presenta una redacción diferente
a la indicada por el actor; y, (iii) el artículo 289 del Código Civil,
modificado por el artículo 25 del Decreto 2880 de 1974, no se encuentra vigente
o está en desuso, en la medida que la institución de la habilitación de edad
fue derogada por la Ley 27 de 1977.
Una segunda
postura solicita declarar la exequibilidad de la expresión “legítimos”
contenida en el inciso 2° del artículo 288 del Código Civil. Concretamente,
quien intervino en representación del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar dijo que ese precepto en nada afecta a los hijos porque desde la Ley
29 de 1982, la diferenciación de éstos por razón de su origen, fue superada.
Por su parte, la Universidad de Antioquía solicita la exequibilidad condicionada
de la expresión “legítimos”, haciendo extensiva la interpretación de ese
inciso para que el ejercicio de la patria potestad que ejercen los padres
otorgue cobertura a los hijos habidos por fuera del matrimonio.
Y una
tercera postura solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de las normas
acusadas. Ésta es liderada por las Universidades de Ibagué y Externado de
Colombia, quienes manifiestan que los términos demandados “legítimos” y “la
legitimación” al referirse de forma especifica a una clase de hijos
excluyendo a los demás, reproduce la discriminación histórica entre hijos
naturales y no naturales que estaba consignada en las leyes 57 y 153 de 1887,
ya que el punto de referencia para la clasificación sigue siendo el matrimonio,
lo cual está fuera de contexto por ser discriminatorio y vulnerar la dignidad
humana y la igualdad entre hijos que reclamen la protección de sus padres
mediante el ejercicio de la patria potestad. De esta forma, señalan que la
clasificación de los hijos en si misma no es inconstitucional, sino el hecho de
limitar el ejercicio de la patria potestad a los hijos fruto del matrimonio o
legitimados en virtud del mismo, por ser discriminatorio al generar un trato
desigual que quebranta el artículo 13 Superior.
2.3. Debido
a que algunos de los intervinientes solicitan a la Corte declararse inhibida
para proferir una decisión de fondo, la Sala estima necesario analizar si la
presente demanda cumple con los requisitos que establece el Decreto 2067 de
1991, para estructurar un cargo de constitucionalidad. Solo si ese análisis es
superado, planteara el problema jurídico y abordara el estudio del mismo desde
la perspectiva constitucional.
3.
Cuestión preliminar: Requisitos de la acción pública de inconstitucionalidad
para proferir fallo de mérito:
3.1. De
forma reiterada[1], esta Corporación ha
explicado que la acción pública de inconstitucionalidad es un mecanismo
judicial de control objetivo o abstracto, en virtud del cual quienes están
legitimados pueden acudir ante el Tribunal Constitucional para solicitar que,
previo el cumplimiento de un proceso, la Corporación se pronuncie sobre la
conformidad de un precepto legal demandado con relación a lo establecido en el
texto de la Carta Política.
Del
ejercicio mismo de esta acción pública surge, de un lado, la realización del
derecho político que tienen los ciudadanos para participar en la defensa de la
Constitución (artículo 40-6 Superior) y, de otro lado, el desarrollo del
principio de legalidad que faculta a la Corte Constitucional, entre otras
funciones, para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que
presenten los ciudadanos contra las leyes, bien sea por su contenido material
ora por vicios de procedimiento en su formación[2].
3.2. Justamente,
dentro de ese diálogo que surge entre la ciudadanía y la autoridad judicial
encargada de velar por la supremacía de la Constitución, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que “para que la acción pública cumpla sus
finalidades, los motivos expuestos en la demanda deben acreditar unos mínimos
argumentativos que permitan a la Corte adelantar adecuadamente el juicio de
inconstitucionalidad”[3].
En esa
medida, en primer lugar, ha precisado que frente a las leyes y decretos con
fuerza de ley no existe un sistema de control oficioso sino rogado[4],
en el sentido de que éste solo se entiende activado mediante la presentación de
la demanda de inconstitucionalidad la cual, en segundo lugar, debe ceñirse a
unos requisitos argumentativos mínimos que contempla el artículo 2° del Decreto
2067 de 1991, sin que tal exigencia implique una limitación a los derechos
políticos de los ciudadanos, pues lo que se pretende es informar adecuadamente
al juez constitucional para que dicte sentencia de fondo y no termine
inhibiéndose en su decisión.
3.3. De esta
forma, el demandante debe ilustrar a la Corte sobre “(i) su capacidad para
interponer la acción, (ii) cuál es la naturaleza de la norma que se acusa,
(iii) cuáles son los presupuestos constitucionales que resultan vulnerados,
(iv) el concepto o explicación de dicha violación y (v) la razón por la cual la
Corte es competente para pronunciarse sobre la materia”[5].
En otras palabras, debe delimitar con precisión el objeto demandado, es decir, señalar
los preceptos jurídicos contrarios a la Constitución mediante su transcripción
literal por cualquier medio o a través de un ejemplar de la publicación oficial
de los mismos; debe indicar el concepto de la violación, esto es, hacer un
señalamiento de las normas constitucionales infringidas, exponer el contenido
normativo de la disposición constitucional que riñe con la norma acusada de
inconstitucional y presentar las razones por las cuales los textos normativos
demandados violan la Constitución Política; y, finalmente, debe indicar los
motivos por los cuales la Corte es competente para conocer y resolver el
asunto.
Así, no es
suficiente con que el actor se limite a transcribir la norma constitucional o a
recordar su contenido, sino que debe exponer “las razones por las cuales
considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por
las disposiciones que son objeto de la demanda”[6], habida
consideración que el incumplimiento absoluto de esa carga se traduce en la
inexistencia de argumentos que soporten el reproche de inconstitucionalidad de
una norma de naturaleza legal.
3.4. Ahora
bien, centrando el análisis en el requisito mínimo denominado concepto de la
violación, la Sala Plena mediante sentencia C-1052 de 2001[7],
señaló que las razones por las cuales un texto normativo demandado viola la
Constitución Política, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes.
La claridad
de la demanda se predica de aquella que sigue un hilo conductor en la
argumentación que permita a la Corte identificar el contenido de la censura y
su justificación. Si bien no se exige la adopción de una técnica específica, no
por ello el demandante se encuentra relevado de esbozar las razones que
sustentan los cargos propuestos en forma coherente y comprensible.
La certeza
de las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad, refiere a que
éstos se dirijan contra una disposición “real y existente”[8].
Significa lo anterior que los cargos cuestionen una proposición normativa
efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta,
inferida por el demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron
objeto de demanda. De esta forma, lo que este requisito exige es que los cargos
ataquen el contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto
acusado.
La especificidad
está relacionada con que la demanda contenga al menos un cargo concreto en
el cual se explique cómo las normas demandadas desconocen o vulneran la Carta
Política. Así las cosas, la Corte ha señalado que “el juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver
sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales’[9] que no se relacionan
concreta y directamente con las disposiciones que se acusan”[10].
Justamente, la omisión en concretar la acusación impide que se desarrolle
el debate propio del juicio de constitucionalidad, ya que no existirían razones
conducentes que habiliten un diálogo específico que logre confrontar el
precepto puesto en entredicho, con las normas constitucionales presuntamente
conculcadas.
La pertinencia
de las razones aducidas por el demandante, tienen que ver con que el reproche
formulado por éste sea de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la
apreciación del contenido de la norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado. Por consiguiente, son inaceptables los cargos que se
sustenten (i) en la interpretación subjetiva de las normas acusadas a
partir de su aplicación en un problema particular y concreto; (ii) en el
análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas
inconstitucionales; (iii) en las simples interpretaciones legales o
doctrinarias de la norma cuestionada; o (iv) en calificar la norma como
inocua, innecesaria o reiterativa a partir de una valoración parcial de sus
efectos. En esos casos se incumple el requisito de pertinencia y ello no
permite avocar un estudio de fondo sobre el asunto propuesto.
Y
finalmente, la suficiencia hace referencia a las razones que guardan
relación, por una parte, “con la exposición de todos los elementos de juicio
(argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche”[11]
y, por otra parte, con el alcance persuasivo de los argumentos de la
demanda que, “aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la
norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional.”[12]
En palabras expresadas
por el Pleno de la Corte en la sentencia C-849 de 2012[13],
la suficiencia persigue “(…) que la carga argumentativa que recae sobre el
actor, se desarrolle de forma mínima y proporcional al objetivo de demostrar la
inconstitucionalidad del enunciado normativo demandado. De esta manera, se
deben exponer razonamientos lo bastante fundados para que pueda pretender
desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas del ordenamiento
jurídico, presunción de corrección frente al texto constitucional que se deriva
del principio democrático y de las reglas formales y sustanciales del procedimiento
democrático de producción de normas y por tanto amerite el adelantamiento de un
estudio de constitucionalidad”.
El
cumplimiento de todos estos requisitos aseguran que la Corte cuente con
herramientas jurídico argumentativas que le permitan resolver un debate cierto
dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara toda norma
legal y la habilita para emitir un pronunciamiento de mérito. Cuando estos
requisitos se incumplen, la Corte debe declararse inhibida para fallar por
ineptitud sustancial de la demanda, ante la inexistencia de un verdadero cargo
de inconstitucionalidad.
3.5. Ahora
bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional[14],
la oportunidad procesal para definir la aptitud de la demanda respecto de los requisitos
argumentativos mínimos que contempla el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 corresponde,
en principio, al Magistrado Sustanciador cuando califica de manera amplia[15]
y sumaria la demanda para determinar su admisión[16],
pero ello no significa que dicha actuación defina o comprometa la competencia
de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de
fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos
contra las leyes y los decretos con fuerza de ley[17].
Entonces, el Tribunal Constitucional está habilitado para evaluar la
observancia de tales requisitos antes de abordar el estudio de fondo del
problema jurídico planteado, con el fin de evitar una decisión con base en
debates inexistentes o insuficientes en su argumentación.
3.6. Dicho
lo anterior, pasa la Corte estudiar si las impugnaciones presentadas por los
demandantes en esta oportunidad, satisfacen los criterios expuestos para
constituir verdaderos cargos de inconstitucionalidad. Para tal fin, dividiremos
nuestro estudio de forma independiente respecto de los dos artículos acusados
del Código Civil Colombiano.
4.
Ineptitud sustancial de la demanda respecto del artículo 289 del Código Civil,
por carecer de razones específicas, pertinentes y suficientes que
configuren un cargo de inconstitucionalidad.
4.1. El
artículo 289 del Código Civil, modificado por el artículo 25 Decreto
2820 de 1974, indica que “la legitimación” da a los legitimantes
la patria potestad sobre un menor de 21 años no habilitado de edad y pone fin a
la guarda en que se hallare.
Los
demandantes señalan que el término resaltado vulnera los artículos 1, 2, 5, 13,
15 y 16 de la Constitución Política, porque hace referencia a una división de
los hijos de acuerdo a su origen filial en legítimos, naturales y legitimados,
siendo estos últimos quienes por medio de la legitimación de sus padres, pueden
gozar  de la cobertura de la patria potestad dispuesta en su beneficio.
Algunos
intervinientes señalan que siendo el objeto de la acción de
inconstitucionalidad la palabra “la legitimación”, los demandantes no
expresaron el concepto de violación de ésta respecto de los preceptos
constitucionales aducidos, situación que hace imposible un estudio de fondo de
la norma por carecer de razones que justifiquen la censura. Así, señalan que
los accionantes se limitan a invocar unos artículos constitucionales, sin hacer
una confrontación directa y crítica que permita desvirtuar la presunción de
constitucionalidad del término “la legitimación”, es decir, no indican
de qué manera los textos censurados transgreden cada una de las normas
constitucionales que exponen como infringidas. Aducen que los actores parecen
entender que son suficientes las razones de inconstitucionalidad para soportar
la demanda frente a la expresión “legítimos”, concepto que es diferente
de “la legitimación” y, por lo tanto, merece una motivación separada y
no meras apreciaciones subjetivas.
Por su
parte, el Procurador General de la Nación manifiesta, además de la ausencia de
cargo, que el artículo 289 del Código Civil está derogado o en desuso, por
cuanto la institución de la habilitación quedó derogada por virtud de la Ley 27
de 1997, la cual estableció la mayoría de edad en 18 años.
4.2. Pues
bien, compartiendo lo dicho por varios intervinientes, la Sala advierte la
ausencia de un cargo de inconstitucionalidad en torno al término “la
legitimación” contenido en el artículo 289 del Código Civil, por las
siguientes razones:
Los
demandantes no cumplen con los requisitos mínimos argumentativos exigido para
estructurar un concepto de la violación, por cuanto no presentan razones
directas por las cuales dicho término viola los artículos 1, 2, 5, 13, 15 y 16
de la Constitución Política. Al no establecer una oposición objetiva y verificable
entre el contenido de artículo 289 del Código Civil y las normas
constitucionales invocadas, incumplen el requisito de la especificidad ya
que no existen argumentos conducentes que habiliten un debate tendiente a
cuestionar el término puesto en entredicho. Es más,
el análisis de la demanda permite concluir que las razones que expresan los
demandantes se circunscriben a cuestionar el término “legítimos” del
artículo 288 del Código Civil, olvidando la carga procesal de argumentación
respecto del otro artículo cuestionado. Nótese que no explicaron en qué consiste
la figura de la legitimación y desde qué punto ésta quebranta garantías
constitucionales.
Así mismo, incumplen el requisito de pertinencia porque al no
existir la construcción de un reproche objetivo de inconstitucionalidad que
enfrente la norma superior con el precepto demandado, los actores se limitan a
basar sus argumentos en interpretaciones subjetivas en torno a que el término “la
legitimación” quebranta la dignidad humana y la igualdad porque “(…) discriminan a un ser incapaz, inocente y que no tiene la
culpa y muchos menos la capacidad de dilucidar las consecuencias de unos actos
humanos anteriores a su concepción, y que además a los cuales es totalmente
ajeno, que están repercutiendo directamente en esa discriminación (…)”. Como lo ha reiterado este Tribunal Constitucional, las
razones cimentadas en juicios subjetivos son inaceptables para estructurar un
verdadero cargo que amerite pronunciamiento de fondo.
También incumplen el requisito de la
suficiencia porque al no presentar razones que demuestren la
inconstitucionalidad del enunciado demandado, no logran desvirtuar la
presunción de constitucionalidad del término “la legitimación”; es más,
ni siquiera exponen argumentos persuasivos que fijen a la Sala un criterio de
duda mínima sobre la inconstitucionalidad del aparte censurado.
De allí que no
cumplir con los requisitos mínimos argumentativos de la especificidad,
pertinencia y suficiencia para concretar un cargo, se traduce en la inexistencia
de razones que soporten el reproche de inconstitucionalidad de la norma legal
y, por ende, impide el debate propio que se ventila en la presente acción pública
de inconstitucionalidad, no siendo dable a la Corte ejercer un sistema de
control oficioso respecto del término que se ataca.
4.3. A lo
anterior cabe agregar que los demandantes al transcribir el texto del artículo
289 del Código Civil, no tuvieron en cuenta que por disposición de la Ley 27 de
1977, la mayoría de edad como aptitud legal para ejecutar determinados actos
jurídicos o como condición para obtener la capacidad de ejercicio de los
derechos civiles, fue establecida en 18 años de edad. De esta forma, por
disposición del artículo 2° ibídem, en todos los casos en que la ley
señale los 21 años de edad para adquirir la aptitud legal o la capacidad civil,
se debe entender que refiere a los mayores de 18 años, Significa lo anterior
que el artículo 289 del Código Civil, sufrió una variación en ese sentido que
no fue explicada por los actores en su demanda de inconstitucionalidad.
Y es que la
explicación resultaba pertinente porque el artículo 289 del Código Civil
establece el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos legitimados
menores de 21 años no habilitados de edad, institución de la habilitación que
fue derogada por la misma Ley 27 de 1977, al fijar la mayoría de edad a los 18
años.
Entonces, la
Sala observa que el artículo 289 del Código Civil se encuentra vigente, pero
sufrió dos modificaciones sensibles que no fueron expuestas por los actores en
la demanda de inconstitucionalidad y que era necesario hacerlo para advertir la
claridad del supuesto normativo que incluye el aparte demandado. Bajo los
presupuestos descritos, se concluye que en la actualidad la legitimación
concede a los padres legitimantes el ejercicio de la patria potestad sobre los
menores de 18 años, por cuanto la mayoría de edad se redujo desde el año 1977 y
la institución de la habilitación se encuentra derogada.
4.4. En
suma, la Corte concluye que en la demanda bajo estudio no se estructuró un
verdadero cargo de inconstitucionalidad contra el aparte cuestionado del
artículo 289 del Código Civil, por cuanto los demandantes no expresaron razones
específicas, pertinentes y suficientes que permitan emitir un juicio de
fondo. Dado lo anterior, la Corte centrará su análisis en los reparos expuestos
contra el artículo 288 del Código Civil.
5. Estudio
del artículo 288 del Código Civil: Inexequibilidad de la expresión “legítimos”
por vulnerar el derecho a la igualdad de los hijos al restringir el ejercicio
de la patria potestad a la filiación matrimonial, y por tener un efecto simbólico-discriminatorio
de exclusión en el uso del lenguaje.
5.1. El
artículo 288 del Código Civil refiere al concepto de la patria potestad como un
conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre los hijos, con el
fin facilitarle a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad de
padres les impone. El inciso 2° de esa norma, con la modificación que introdujo
el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974, establece que “corresponde a los
padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos
legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro”. Y el inciso
tercero del mencionado artículo instituye que los hijos no emancipados, es
decir, respecto de los cuales se ejerce la patria potestad, son hijos de
familia y el padre o la madre con relación a ellos, son llamados padre o madre
de familia.
Pues bien,
los demandantes estiman que la expresión “legítimos” contenida en el
inciso 2° del artículo 288 del Código Civil, vulnera los artículos 1, 2, 5, 13,
15 y 16 de la Constitución Política, por cuanto al limitar el ejercicio de la
patria potestad de los padres únicamente respecto de los hijos legítimos concebidos
dentro del matrimonio, genera un trato discriminatorio por el nacimiento o el
origen familiar, que excluye del beneficio de la patria potestad a los hijos naturales
y legitimados. Aducen que el precepto demandado establece un parámetro injusto
de comparación entre los hijos concebidos dentro y fuera del matrimonio, con lo
cual desconoce la idea de igualdad que señala el artículo 13 Superior, ya que
se traduce en una grave discriminación relacionada con el origen de los hijos
vinculado a un linaje familiar o al nacimiento como condición para el disfrute
de un derecho. De allí que soliciten a la Corte declarar inexequible el término
“legítimos” para que todos los hijos, independientemente de su origen
familiar, sean titulares de la protección que les brindan sus progenitores
mediante el ejercicio de la patria potestad.
Como se
advirtió en líneas precedentes, los intervinientes están divididos. Unos
solicitan a la Corte que se declare inhibida para proveer de fondo por
ineptitud sustancial de la demanda frente a este artículo porque: (i) los
demandantes no cumplieron con la carga argumentativa y de confrontación de la norma
demandada con el texto constitucional; (ii) el artículo 288 del Código
Civil fue subrogado por el artículo 19 de la Ley 75 de 1968, que conforme se
dijo en la sentencia C-1298 de 2001, eliminó la expresión “legítimos”. No
obstante, esa eliminación es cuestionada por la Vista Fiscal; (iii) la
redacción que presenta el actor del artículo 288 del Código Civil no es la
correcta ni vigente; y, (iv) la Ley 29 de 1982 estableció la igualdad de
derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y
adoptivos, y derogó tácitamente las normas que le son contrarias, situación que
incluye la expresión censurada. Otros solicitan la exequibilidad de la norma
dado que en nada afecta a los hijos porque desde la Ley 29 de 1982 la
diferenciación de los hijos por razón de su origen fue superada, y por esa
misma línea la Universidad de Antioquía solicita la exequibilidad condicionada
de la locución demandada, haciendo extensiva la interpretación de ese inciso
para que el ejercicio de la patria potestad que ejercen los padres otorgue
cobertura a los hijos habidos por fuera del matrimonio. Por último, otro grupo
de intervinientes solicita declarar la inexequibilidad del aparte cuestionado,
por vulnerar el artículo 13 Superior al reproducir la discriminación histórica
entre las diferentes clases de hijos y limitar el ejercicio de la patria
potestad a los hijos fruto del matrimonio.
Con el fin
de brindar un análisis detallado a cada planteamiento precedente, la Corte
establecerá la siguiente metodología de decisión: en primer lugar, hará referencia
a la vigencia de la expresión “legítimos” contenida en el artículo 288
del Código Civil y a la redacción que presentaron de este artículo los demandantes;
en segundo lugar, analizará si los demandantes cumplieron con los requisitos
que fija el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, para
estructurar un cargo de constitucionalidad en contra de la expresión “legítimos”.
Si se concluye la existencia de tal cargo, en tercer lugar hará el
planteamiento del problema jurídico y luego, en aras de brindar una solución al
mismo, hará un estudio de la concepción de familia en la Constitución Política
de 1991, de la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos, y del
ejercicio de la patria potestad de los padres sobre los hijos como un derecho
de doble vía. Con ese panorama, en cuarto lugar, abordará el estudio concreto de
la expresión “legítimos” y se pronunciará sobre el efecto simbólico
discriminatorio de la misma en caso de permanecer en el ordenamiento jurídico. Trazado
ese norte, comencemos.
5.2. Estudio
sobre la vigencia de la expresión “legítimos” contenida en el artículo 288 del
Código Civil y de la redacción que sobre el mismo presentaron los demandantes:
La redacción
original del artículo 288 del Código Civil establecía que “la patria
potestad es el conjunto de derechos que la ley da al padre legítimo sobre sus
hijos no emancipados. // Estos derechos no pertenecen a la madre. // Los hijos
de cualquier edad no emancipados se llaman hijos de familia, y el padre con
relación a ellos, padre de familia”. Bajo ese régimen, la patria potestad
era una institución de poder establecida en beneficio del padre[18]
y restringida totalmente a la madre, quien por su condición de mujer no era
titular de ese derecho ya que estaba subyugada al dominio del jefe de hogar.
Ese artículo
sufrió la primera modificación con la Ley 153 de 1887, la cual en su artículo
53 dispuso que “la patria potestad es un conjunto de derechos que la ley
reconoce al padre legítimo sobre los hijos no emancipados. // Muerto el padre,
ejerce los derechos la madre legítima, mientras guarde buenas costumbres y no
pase a otras nupcias. // Los hijos de cualquiera edad no emancipados
serán hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos padre o madre
de familia”. Esa reforma introdujo dos temas importantes: (i)
concedió el ejercicio de la patria potestad a la madre ante la muerte del
padre, siempre y cuando cumpliera dos condiciones específicas como lo eran,
mantener “buenas costumbres” y no contraer un segundo matrimonio; y, (ii)
no utilizó el verbo dar sino reconocer, con lo cual clarificó que
la patria potestad no era un conjunto de derechos de creación legal sino que
existían previo a ella, operando por ministerio de la ley su aceptación. Sin
embargo, la reforma mantuvo el lenguaje tradicional de restringir la patria potestad
a los hijos legítimos.
Posteriormente,
una segunda reforma al artículo 288 del Código Civil fue incluida en el
artículo 13 de la Ley 45 de 1936, en el siguiente sentido: “La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley concede
a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el
cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. // Ejerce estos derechos
respecto de hijos legítimos, el padre y, a falta de éste, la madre mientras
guarde buenas costumbres y no pase a otras nupcias. // Los hijos no emancipados
son hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de
familia". Esta modificación dispuso
que la patria potestad podía ser ejercía por ambos padres, pero la priorizó
indicando que, por regla general, la patria potestad sobre los hijos legítimos
la ejercía el padre, y sobre los hijos naturales la madre[19];
de tal forma que extendió el ámbito de protección de la patria potestad a los
hijos naturales.
Así mismo, varió la definición de patria potestad en el
sentido de que ya no era un poder de los padres, sino un deber de
éstos que se relaciona con los fines de protección moral, intelectual y
económica que están obligados a asumir respecto de los hijos legítimos y
naturales. Y, finalmente, concedió el ejercicio de la patria potestad a la
madre no tan solo en caso de muerte del progenitor como lo decía la Ley 153 de
1887, sino ante cualquier causa que refiera a la ausencia de éste.
Luego, una tercera reforma fue plasmada en el artículo 19 de la
Ley 75 de 1968, el cual subrogó el artículo 13
de la Ley 45 de 1936, señalando que quedaría así: "La patria potestad es el conjunto de derechos
que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar
a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. // Ejerce
estos derechos respecto de hijos legítimos el padre y, a falta de éste, por
cualquier causa legal, la madre. Si quien ejerce la patria potestad pasare a
otras nupcias, el juez podrá, con conocimiento de causa y a petición de parte,
si lo considera más conveniente, poner bajo guarda al hijo. // Los hijos no
emancipados son hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos,
padre o madre de familia". Si bien esta modificación mantuvo la
orientación legislativa de la Ley 45 de 1936, lo cierto es que reportó una
novedad en cuanto a que no condicionó el ejercicio de la patria potestad por
parte de la madre, a que guardase buenas costumbres o contrajese nuevas
nupcias. Es más, si la madre o el padre contraía un segundo matrimonio, facultó
al juez para poner bajo guarda al hijo.
Después,
como un triunfo en el ejercicio conjunto de la patria potestad y en un plano de
igualdad jurídica entre los padres, el Decreto 2820 de 1974 modificó el
artículo 288 del Código Civil, señalando en su artículo 24 lo siguiente: “Corresponde
a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos
legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro”. A su vez,
ese mismo Decreto en el artículo 70 derogó expresamente el artículo 13 de la
Ley 45 de 1936, por ende, el texto del artículo 288 del Código Civil que
actualmente se encuentra vigente es el siguiente:
Inciso primero:
Subrogado Ley 75 de 1968, artículo 19. "La patria potestad es el
conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no
emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su
calidad les impone”.
Inciso
segundo: Modificado por el Decreto 2820 de 1974, artículo 24. “Corresponde
a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos
legítimos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro”.
Inciso
tercero: “Los hijos no emancipados son hijos de familia, y el padre o
madre con relación a ellos, padre o madre de familia”.
Entonces,
del anterior recuento la Sala Plena observa dos cosas:
(i) El
texto vigente del artículo 288 del Código Civil, en su inciso segundo mantiene
la expresión hijos “legítimos”. Y es importante hacer esa claridad, por
cuanto la sentencia C-1298 de 2001[20], en la cual se demandó
la inconstitucionalidad de la expresión “legítimos” contenida en aquel
artículo, es decir, la misma expresión que en la actualidad se demanda, indicó lo
siguiente:
“Especialmente, en relación con el artículo 288 del Código
Civil, es evidente que  la Corte debe inhibirse para fallar de mérito por
cuanto esta disposición fue subrogada por el artículo 19 de la Ley 75 de 1968,
en el cual se suprimió toda alusión a la expresión “legítimos” para efectos de
ampliar hacia todos los hijos el ejercicio de la patria potestad. Además, es
claro que la norma acusada no está produciendo efectos. // Por
las anteriores  razones, se impone la inhibición de la Corte tal como habrá
decidirse (sic) en la parte resolutiva de este pronunciamiento”.
Tal como lo señaló el Procurador General de la Nación en el
concepto que emitió en la presente causa, la Sala pone en evidencia esa
imprecisión porque la sentencia C-1298 de 2001 no tuvo en cuenta que el
artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 modificó el inciso 2° del artículo 288 del
Código Civil, haciendo referencia expresa a los hijos “legítimos”. Es
más, aún incluso sin esa modificación, el inciso 2° del artículo 19 de la Ley
75 de 1968 también refería al ejercicio de la patria potestad por el padre
respecto de los hijos “legítimos”, o de la madre ante la falta de aquel.
Sin embargo, cabe indicar que la imprecisión evidenciada tuvo su origen en la
redacción del cargo que en esa oportunidad presentó el actor, y que la misma no
constituye un precedente vinculante para resolver el presente asunto porque el
fallo que emitió la Corte en esa ocasión no abordó el estudio de fondo de la
expresión acusada y, por ende, no estructura una cosa juzgada constitucional.
Por consiguiente, la Sala concluye que la inhibición
manifestada en esa sentencia al no hacer tránsito a cosa juzgada
constitucional, ni ser vinculante para el presente caso, permite a la Corte
pronunciarse sobre la demanda que en esta oportunidad impetran los actores bajo
el abrigo de un nuevo cargo de inconstitucionalidad contra la locución “legítimos”.
(ii) Contrario a lo expuesto
por la Vista Fiscal, la redacción del artículo 288 del Código Civil que
presentan en su demanda de inconstitucionalidad los accionantes, corresponde a
la redacción vigente de la misma. Lo anterior porque a pesar de la derogatoria
expresa del artículo 13 de la Ley 45 de 1936 por parte del artículo 70 del
Decreto 2820 de 1974, la subrogación anterior de aquel en el artículo 19 de la
Ley 75 de 1968, permitió que la redacción del inciso 3° del artículo 288 del
Código Civil se mantuviera en que “[l]os hijos no emancipados son
hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de
familia”, y no se regresara a la lectura original del mismo.
En suma, la
Sala considera que puede continuar con el estudio de la presente demanda de
inconstitucionalidad porque la expresión “legítimos” se encuentra
vigente en el inciso 2° del artículo 288 del Código Civil, y porque la
redacción que presentaron los demandantes del artículo es la correcta.
5.3. Análisis
de procedibilidad formal del cargo de inconstitucionalidad que presentan los
demandantes:
5.3.1. Este
Tribunal centrará su análisis en establecer si los demandantes cumplieron con
los requisitos que fija el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia
constitucional, para estructurar un cargo de inconstitucionalidad en contra de
la expresión “legítimos” del artículo 288 del Código Civil.
En primer lugar, los demandantes señalaron con precisión el
precepto legal demandado realizando la transcripción del artículo 288 del
Código Civil y resaltando la palabra “legítimos” contenida en el inciso
2° de esa norma. Con ello cumplieron de la carga de delimitar el objeto
censurado.
En segundo lugar, en cuanto al concepto de la violación, si
bien los accionantes enunciaron como vulnerados los artículos 1, 2, 5, 13, 15 y 16 de la Constitución Política, lo cierto
es que centraron sus razones en invocar que la expresión “legítimos” desconoce
el derecho a la igualdad que le asiste a todos los hijos, porque fija un
parámetro de discriminación relacionado con el origen familiar o del
nacimiento, lo que perpetúa una diferencia de trato histórica entre los
derechos que les asisten a los hijos nacidos dentro del matrimonio, frente a
aquellos denominados hijos naturales e hijos legitimados. Aducen que esa
diferenciación, además de estar proscrita, refleja un menoscabo a la dignidad
del ser humano y restringe la protección de la patria potestad exclusivamente a
los hijos legítimos.
Al respecto, haciendo uso del principio pro actione,
la Corte interpreta que la demanda dirigida a cuestionar la expresión “legítimos”,
centra su argumento neurálgico en la igualdad de derechos que le asiste a
los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, de disfrutar de los beneficios
de la patria potestad que ejercen los padres respecto de los menor de 18 años
de edad. Por ende que, el artículo 288 del Código Civil al limitar el ejercicio
de la patria potestad sólo a los hijos “legítimos”, quebranta el derecho
fundamental a la igualdad que consagra el artículo 13 de la Constitución Política,
porque reproduce una discriminación por el origen familiar de los hijos, la
cual se encuentra actualmente superada. Ahora bien, como los demandantes no
indican de qué manera la locución acusada desconoce los artículos 1, 2, 5, 15 y 16
de la Constitución Política, la Sala Plena limitará el estudio de este cargo al
cuestionamiento directo que hacen con relación al artículo 13 Superior.
Con esa precisión, para la Corte las razones expuestas por
los demandantes constituyen un cargo de inconstitucionalidad, en la medida que enfrentan
la expresión “legítimos” con el contenido del artículo 13 de la Carta
Política, acudiendo a la igualdad que tienen los hijos de acceder al beneficio
de la patria potestad sin importar su origen familiar matrimonial o
extramatrimonial, y presentan argumentos mínimos de los cuales se desprenden razones
(i) claras, que permiten seguir medianamente el hilo conductor de la
demanda y la extracción de un problema jurídico de naturaleza constitucional; (ii)
ciertas, porque recaen sobre una proposición jurídica real y existente que
en criterio de aquellos desconoce el derecho a la igualdad entre los hijos
respecto al disfrute de la patria potestad ejercida sobre los no emancipados
legítimos. De allí, que no se comparta el argumento del Ministerio Público
referente a que la expresión “legítimos” como se incluye en diferentes
disposiciones normativas que son difícilmente determinables, y no sólo en el
artículo parcialmente demandado, la decisión deba ser inhibitorio, habida
consideración que los demandantes enfocan la discusión a las limitaciones que
esa expresión impone a los hijos que denominan naturales y legitimados para que
gozan de la protección que brinda la patria potestad. Entonces al estar delimitado
el asunto, ofrece certeza el cargo planteado; (iii) específicas,
toda vez que concretan de forma objetiva la perpetuación del trato
discriminatorio que sufren los hijos nacidos fuera del matrimonio para
disfrutar de ciertos derechos que consagra la ley civil, en este caso, de la
patria potestad; (iv) pertinentes, porque el reproche que interpreta la
Corte alude a un debate constitucional relevante que amerita un
pronunciamiento; y, (v) suficientes, porque la censura guarda
relación en la igualdad de derechos que les asiste a todos los hijos sin
distinción del lazo filial que detenten con sus progenitores.
En tercer lugar, los demandantes adujeron que la Corte es
competente para decidir sobre la inconstitucionalidad del precepto atacado,
cumpliendo también con ese requisito.
Así, en principio la Corte observa que puede emitir un
pronunciamiento de mérito.  Y se dice que en principio porque varios de los
intervinientes ponen de presente que la expedición de la Ley 29 de 1982, que
igualó los derechos y las obligaciones entre todos los hijos, tácitamente
derogó la expresión acusada; por ende, solicitan que el pronunciamiento de la
Corte sea inhibitorio ante la pérdida de vigencia del aparte normativo “legítimos”,
contenido en el inciso 2° del artículo 288 del Código Civil.
5.3.2. Sobre el punto, la Sala se pregunta: ¿la Ley 29 de
1982 al ubicar en igualdad de derechos a los hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos, derogó tácitamente la expresión “legítimos”
que contiene el artículo 288 del Código Civil?
Para responder lo anterior, conviene memorar que el
artículo 1° de la Ley 29 de 1982 estableció que los hijos son “legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos” y que gozan de igualdad de derechos y
obligaciones. Así mismo, por disposición el artículo 10 de la Ley 29 de
1982, fueron derogadas “las demás disposiciones que fueren contrarias a la
presente ley”, por lo que una de las consecuencia de la misma, entendida
por la jurisprudencia constitucional primigenia, es que “la igualdad entre
los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos no puede conciliarse con
norma alguna, anterior, que establezca discriminación en contra de cualquiera
de estas clases de hijos”[21]. Ello por cuanto
esa ley, además de realizar una derogatoria expresa a normas del Código Civil
que instituían un trato desigual por ejemplo en materia sucesoral, derogó
tácitamente todas la desigualdades que la legislación civil había establecido
anteriormente entre los hijos extramatrimoniales y los hijos matrimoniales.
Sin embargo,
la Corte también ha reconocido que la Ley 29 de 1982 no derogó globalmente la
expresión “hijos legítimos” del estatuto civil, sino que por el
contrario reafirmó su existencia al indicar que los hijos son “legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos”. Quiere ello decir que no toda referencia a
los hijos “legítimos” contenida en el Código Civil fue derogada por la
Ley 29 de 1982. Conforme a lo anterior, ha planteado que ante la existencia de
dudas en torno a la derogatoria tácita de una norma, se habilita el
pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal Constitucional. Así lo dijo
la Corte en la sentencia C-1026 de 2004[22].
Entonces, si
bien en principio es razonable entender, como lo pidieron varios
intervinientes, que la expresión “legítimos” contenida en el artículo
288 del Código Civil, se encuentra derogada, lo cierto es que como sucedió en
la sentencia en comento, en esta oportunidad la Corte estima que existen serias
dudas sobre la derogatoria del aparte censurado porque en efecto la Ley 29 de
1982 no refirió a una derogatoria tácita global de la expresión “legítimos”,
ya que fue precisamente esa misma la que utilizó en el artículo 1° para referir
a los hijos matrimoniales. Es decir, se asocia a los hijos legítimos con aquellos
concebidos como fruto del matrimonio de los padres, situación que de entenderse
así, genera una exclusión del ejercicio de la patria potestad respecto de los
hijos extramatrimoniales y adoptivos.
En tal
contexto, importa resaltar que el artículo 288 del Código Civil consagra el
ejercicio de la patria potestad por dos vías: la primera, como una obligación y
facultad que recae sobre los padres para que éstos cumplan los deberes que su
calidad de progenitores les impone respecto de los hijos “legítimos”, y
una segunda vía que refiere a la patria potestad como un beneficio establecido
a favor de los hijos “legítimos” menores de edad[23].
Como se
observa, dicho artículo también refiere al ejercicio de la patria potestad como
una obligación conjunta de los padres, por lo que desde esa vía, es viable
decir que el precepto no fue modificado tácitamente por la Ley 29 de 1982, ya
que ella solo regula la igualdad de derechos frente a los hijos.
Además de lo
anterior, aunque no es competencia de este Tribunal Constitucional, de
aceptarse que efectivamente la Ley 29 de 1982 derogó tácitamente la locución “legítimos”
contenida en el artículo 288 del Código Civil, en la medida que la patria
potestad también es concebida como un derecho que corresponde a los hijos, la
Sala estima que la sola permanencia formal en el ordenamiento jurídico de
aquella locución puede generar un trato discriminatorio relacionado con el efecto
simbólico excluyente del lenguaje que se desprende de la misma. Por
consiguiente, la Corte debe analizar la constitucionalidad del aparte atacado
para confrontar su lenguaje literal con los postulados de la Constitución, como
lo hará más adelante.
5.3.3. Así
las cosas, lo antedicho revela serias dudas en torno a la derogatoria tácita de
la expresión “legítimos” contenida en el inciso 2° del artículo 288 del
Código Civil, a la vez que denota un problema constitucional en el uso del
lenguaje por la sola permanencia formal de dicha expresión en el ordenamiento
jurídico. De suerte que, cuando la vigencia de la disposición parcialmente
acusada es dudosa como en este caso, procede un pronunciamiento de fondo ante
la incertidumbre que genera la producción de efectos por parte de aquella. Así
lo señaló en la sentencia C-419 de 2002[24]:
“Así, ante esta
situación la Corte encuentra que no le corresponde dirimir el asunto de la
vigencia de la disposición acusada. En efecto, cuando la derogatoria de una
disposición es expresa, no cabe duda en cuanto a que si se interpone una
demanda en contra de la norma derogada, la Corte debe inhibirse, salvo que la
disposición continúe proyectando sus efectos en el tiempo. Cuando, por el
contrario, la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre
acerca de su derogatoria tácita, la Corte no puede inhibirse por esta razón
pues la disposición podría estar produciendo efectos.”
Ahora bien,
podría pensarse que la expresión demandada se encuentra derogada por la propia
Constitución Política de 1991, en la medida que fue ésta la que elevó a rango
constitucional la igualdad de derechos y obligaciones entre las diferentes
clases de hijos. No obstante, la Sala considera que con el ánimo de privilegiar
la seguridad jurídica que funde como pilar del Estado social de derecho, el
pronunciamiento debe ser de fondo para conciliar la contradicción al parecer
discriminatoria de trato que incluye la disposición legal preconstitucional,
respecto del texto que encarna la Carta Política. De esta forma, el
pronunciamiento se hará de fondo.
5.4. Planteamiento de los problemas jurídicos y pronunciamiento
de mérito:
Teniendo claro el anterior panorama, la Corte plantea los
siguientes problemas jurídicos a resolver: ¿desconoce el mandato constitucional
a la igualdad que le asiste a todos los hijos, el que el inciso 2° del artículo
288 del Código Civil limite el ejercicio de la patria potestad que ejercen
conjuntamente los padres, sólo a los hijos legítimos concebidos dentro del
matrimonio, excluyendo por su origen familiar a los hijos extramatrimoniales y
adoptivos? ¿La sola permanencia de la expresión “legítimos” en el
ordenamiento jurídico, constituye un trato discriminatorio excluyente frente a
los hijos extramatrimoniales, derivado de efecto simbólico que ella encierra?
Pues bien, para resolver las preguntas planteadas y siguiendo
la metodología que fue trazada, la Sala Plena referirá brevemente a la
concepción de familia en la Constitución Política de 1991, a la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos, a la prohibición de discriminación
por el origen familiar de éstos, para después analizar el cargo de fondo. Seguidamente
analizará el tema del efecto simbólico discriminatorio que encierra esa
expresión en caso tal de mantenerse en el ordenamiento jurídico.
5.4.1. La
Constitución Política de 1991 establece que la familia es el núcleo esencial de
la sociedad y consagra como principio fundamental el amparo que el Estado y la
sociedad deben brindarle. En desarrollo de ello, el artículo 42 de la Carta
adoptó un concepto amplio de familia[25], la cual se constituye
por vínculos jurídicos que refieren a la decisión libre de contraer matrimonio,
o por vínculos naturales que corresponden a la voluntad responsable de
conformarla de manera extramatrimonial sin que medie un consentimiento
expresado sino la mera convivencia.  Puede entonces hablarse de una familia
matrimonial y otra extramatrimonial sin que ello implique discriminación alguna[26],
ya que las distintas formas de conformarla significan únicamente que la
Constitución ha reconocido los diversos orígenes que puede tener la familia[27].
Acorde con
estas formas de fundar la familia, de acuerdo con el inciso 6° de ese canon
constitucional, los hijos son por los diferentes modos o lazos filiales:
matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, y frente a ellos en la
actualidad se predica la igualdad de derechos y obligaciones. Pero esto no fue
siempre así. Como lo explicó en su momento de forma acertada la sentencia C-047
de 1994[28], el proceso que condujo
a la igualdad de los hijos legítimos y extramatrimoniales en Colombia, inició
con la expedición de la Ley 45 de 1936 y culminó al dictarse la Ley 29 de 1982,
para ser luego finalmente recogido y elevado a norma constitucional en el
artículo 42 Superior.
Anteriormente
el artículo 52 del Código Civil clasificaba los hijos ilegítimos en naturales
(nacido de padres que al momento de la concepción no estaban casados) y de
dañado y punible ayuntamiento (también llamados espurios), que a
su vez podían ser adulterinos o incestuosos. Esa denominación de
ilegítimos era genérica porque comprendía a todos los hijos que no habían sido
concebidos dentro del matrimonio o posteriormente legitimados por la unión
sacramental o civil de sus padres. Por ello, en tanto la clasificación se
entendió lesiva a la dignidad humana por cuanto degradaba los derechos que les
correspondía a los hijos cuyo parentesco era tildado de ilegítimo, empezó a
abrirse grandes cambios con la expedición de la Ley 45 de 1936.
No obstante,
el salto representativo en la igualdad de los derechos de los hijos fue
consagrado en la Ley 29 de 1982, la cual en su artículo 1° que modificó el
artículo 250 del Código Civil, estableció lo siguiente: “Los hijos son
legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y
obligaciones”. Como lo dijo la mencionada sentencia C-047 de 1994[29],
“el artículo 1o. de la ley 29 de 1982, consagra la igualdad no sólo
entre los hijos legítimos y los naturales, sino entre unos y otros y los adoptivos
(…) Desaparecen así todas las desigualdades por razón del nacimiento: en
adelante, en tratándose de derechos y obligaciones habrá solamente hijos, diferentes
solamente en sus denominaciones de legítimos, extramatrimoniales y adoptivos” (Negrillas
del texto original).
Y esa fue la
puerta de entrada para que esa igualdad entre los hijos fuese elevada a mandato
constitucional en el inciso 6° del artículo 42 de la Constitución Política, el
cual dispone que los “hijos habidos dentro del matrimonio o fuera de él,
adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen
igualdad de derechos y deberes”. De allí que hoy en día solo se hable de
hijos sin hacer referencia a categorías o tipificaciones discriminatorias, ya
que la enunciación normativa de matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos
refiere exclusivamente a los modos de filiación de los hijos, sin que esto
represente una diferenciación entre la igualdad material de derechos y
obligaciones que existe entre ellos.
Es por ello
que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que “el derecho a la
igualdad en el marco de las relaciones familiares tiene un impacto importante y
definitivo, dirigido a garantizar que los hijos no sean sometidos a tratos
discriminatorios por razón de su origen familiar, es decir, por su condición de
hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos”[30].
5.4.2. Con
ese andamiaje, en múltiples decisiones este Tribunal se ha pronunciado sobre la
discriminación sistemática a la que social y legalmente se sometió, y aún se
somete, en nuestro país a los hijos cuyo lazo filial no deriva del vínculo
jurídico del matrimonio de sus progenitores. Como ejemplo de esas decisiones encontramos
las siguientes:
En la sentencia C-105 de 1994[31],
esta Corporación declaró la inexequibilidad de la expresión "legítimos"
contenida en distintas normas del Código Civil, por considerar que, en cuanto la
Constitución reconocía la igualdad entre todos los hijos, el uso de dicho
término resultaba discriminatorio y contrario al principio de igualdad material
frente a la ley.
En igual sentido, en la sentencia C-595 de 1996[32],
se declaró la inexequibilidad de los artículos 39 y 48 del Código Civil, que
definían el tema de la consanguinidad ilegítima y la afinidad ilegítima,
respectivamente. Encontró la Corte que "la declaración de
inexequibilidad es razonable porque elimina la posibilidad de cualquier
interpretación equivocada de la expresión ‘ilegítimo’, y ratifica toda la
jurisprudencia sobre la imposibilidad de trato discriminatorio por el origen
familiar".
En ese mismo
contexto, en las sentencias C-1033 de 2002, C-310 de 2004, C-1026 de 2004 y
C-204 de 2005, se tomaron decisiones dirigidas a proteger el derecho a la
igualdad entre los hijos. Puntualmente, cabe resaltar que en el caso de la sentencia
C-1026 de 2004[33], se declaró inexequible
la expresión “legítimos” contenida en el artículo 253 del Código Civil,
por resultar contrario al ordenamiento constitucional que consagra la igualdad
en derechos y deberes de todos los hijos, restringir los deberes de crianza y
educación a la filiación matrimonial, excluyendo por el origen familiar a los
hijos cuyo lazo filial sea extramatrimonial o adoptivo.
Así mismo, en
sentencia C-145 de 2010[34] se declaró inexequible
la locución “cuando se trate de hijos extramatrimoniales” contenida en
el inciso 2° del numeral 1° del artículo 62 del Código Civil, en cuanto
consagraba una diferenciación de trato entre los hijos matrimoniales y
extramatrimoniales por razón de su origen, que resulta a todas luces
discriminatoria. Esa norma presentaba problemas de inconstitucionalidad porque
restringía la medida de la pérdida de la patria potestad y de la guarda,
únicamente a los procesos de investigación de paternidad de los hijos
extramatrimoniales, con lo cual quedaban excluidos los demás hijos simplemente
por el origen filial.
En síntesis, de acuerdo con el mandato constitucional según
el cual, los hijos habidos en el matrimonio y los habidos fuera de él gozan de
los mismos derechos y deberes, la jurisprudencia constitucional ha recha­zado
cualquier forma de discriminación entre ellos, esto es, cualquier diferencia de
trato que se base únicamente en que los unos son hijos nacidos dentro de un
matrimonio y los otros no. Es más, ha reconocido que no existen tipificaciones
o clases de hijos, sino que la referencia a matrimoniales, extramatrimoniales y
adoptivos tiene su cimiente en los modos de filiación que no pueden ser tenidos
en cuenta para ejercen un parámetro de discriminación entre los hijos.
De esta forma, siendo el origen familiar un criterio de
distinción constitucionalmente rechazado, la circunstancia de que el nacimiento
tenga lugar dentro o fuera del matrimonio no puede conllevar diferencias de
trato jurídico en ningún caso, y menos aún en materias directamente relacionadas
con el reconocimiento de la personalidad jurídica o con el goce de derechos y
de protecciones especiales que deben operar en favor de todos los hijos.
5.4.3. Aplicando
los anteriores criterios al caso concreto, cabe mencionar que el artículo 13
Superior establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
que recibirán la misma protección por parte del Estado para que puedan gozan de
los mismos derechos, sin que sea dable alegar una discriminación cimentada, por
ejemplo, en el origen familiar. A su vez, este artículo que fue enunciado por
los demandantes en la acción pública de inconstitucionalidad, debe analizarse
de forma sistemática con el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución
Política, el cual fija un parámetro de igualdad de derechos y obligaciones entre
los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. Significa lo anterior
que, toda norma que establezca una discriminación basada en el origen familiar
de los hijos, es contraria a la Constitución y por ello debe ser declarada
inexequible.
Pues bien,
el artículo 288 del Código Civil consagra el ejercicio de la patria potestad de
forma conjunta por los padres sobre los hijos “legítimos”, como un
derecho que les reconoce para facilitar los deberes que su calidad de
progenitores les impone. Sobre el punto, esta Corporación ha sostenido que la
patria potestad es una institución de orden público, obligatoria e
irrenunciable, personal e intransferible, e indisponible, porque es deber de
los padres ejercerla en interés del menor, sin que tal ejercicio pueda ser
atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad privada[35].
De allí que
ha definido la patria potestad como “el conjunto de derechos y facultades
que la ley atribuye al padre y a la madre sobre la persona y los bienes de los
hijos, para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su
condición les impone, es decir, para garantizar respecto de los hijos su
protección, bienestar y formación integral, desde el momento mismo de la
concepción, y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado”.
También ha precisado que la patria potestad “hace referencia a un régimen
paterno-filial de protección del hijo menor no emancipado, en cabeza de sus
padres, que no deriva del matrimonio de estos pues surge por ministerio de la
ley independientemente a la existencia de dicho vinculo”[36].
Así, la
Corte ha establecido que la patria potestad es una institución creada por el
derecho para facilitar la observancia adecuada de los deberes impuestos por el
parentesco y la filiación, lo que significa que la patria potestad no se ha
otorgado a los padres en provecho personal, sino como un deber que reporta
bienestar al menor en cuanto a la crianza, la educación, el establecimiento de la
persona; éstos último relacionado directamente con la ayuda y asistencia que le
deben otorgar al menor[37].
Siendo
entonces la institución de la patria potestad un instrumento para garantizar el
desarrollo armónico e integral del menor, y que a su vez sirve para imponer a
la pareja el deber de sostener y educar a los hijos mientras sean menores
(artículo 42-8 Superior), limitar ese beneficio solo para los hijos “legítimos”,
es decir, a aquellos concebidos dentro del matrimonio de sus progenitores, claramente
desconoce el postulado de igualdad material que debe existir entre los hijos,
habida consideración que fija un parámetro de exclusión para aquellos hijos
cuyo lazo filial tiene su cimiente extramatrimonial o adoptivo.
No cabe duda
de que la expresión acusada pone en evidencia una diferenciación de trato entre
los hijos que resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional, ya
que restringe el disfrute de la protección que otorga la patria potestad
ejercida conjuntamente por los padres, sólo a los hijos habidos dentro del
matrimonio, situación que genera una discriminación legal por el origen
familiar o por el nacimiento de los hijos cuyo modo de filiación es
extramatrimonial o adoptivo, desconociendo los principios y valores que
enmarcan la Constitución Política de 1991, en especial lo atinente a la
igualdad de trato ante la ley que consagra el artículo 13 Superior.
Ello resulta
suficiente para declarar inexequible la expresión acusada con el fin de
conciliar la contradicción discriminatoria de trato que incluye el artículo 288
del Código Civil como norma legal preconstitucional, respecto del principio de
igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos que consagra como mandato
constitucional la Carta de 1991, y la prohibición de discriminación por el
origen familiar entre los hijos.
En forma
adicional a lo antedicho, la Sala observa además que la expresión “legítimos”
en caso de permanecer formalmente en el ordenamiento jurídico, generaría un
efecto simbólico negativo en el uso literal del lenguaje que emplea el texto
normativo, ya que reporta una discriminación y estigmatización frente a
aquellos hijos cuyo parentesco es tildado erróneamente de ilegítimo.
Y es que
sobre el punto del efecto simbólico discriminatorio de las normas jurídicas,
esta Corporación ha señalado que el lenguaje al no ser un instrumento neutral
de comunicación, debe estar acorde con los principios y valores
constitucionales[38],
sobre todo cuando refiere a las situaciones jurídicas de inclusión o exclusión
frente a ciertas prerrogativas o derechos, por lo cual expresiones legales
degradantes y discriminatorias atentan contra el principio de la dignidad
humana y el derecho a la igualdad[39],
tal como acontece en el presente asunto, porque establecer un criterio de
consanguinidad legítima para que los padres ejerzan la patria potestad sobre
los hijos que tengan esa calidad, supone de suyo una exclusión y una estigmatización
para aquellos hijos a quienes se les identifique con el denominado parentesco
ilegítimo.
5.4.4. En
ese orden de ideas, el que el inciso 2° del artículo 288 del Código Civil consagre
el ejercicio de la patria potestad como un ejercicio conjunto de los padres
respecto de los hijos “legítimos”, quienes a su vez son titulares del
beneficio que otorga esa protección parental, constituye una discriminación por
el origen familiar que excluye en la literalidad del lenguaje empleado, a los
hijos extramatrimoniales y a los adoptivos. Así, no existe ninguna
justificación para que ese deber, que a la vez es un beneficio que se debe
predicar en favor de todos los hijos al margen de los modos de filiación, se
restrinja al lazo matrimonial porque claramente trae consigo una discriminación
por el origen familiar que amerita el que la expresión “legítimos”
acusada, sea retirada del ordenamiento jurídico.
Y es que
además de ello, el efecto simbólico del lenguaje que trae consigo esa
expresión, pone de presente un trato diferencial entre los hijos que gozan de
una consanguinidad matrimonial y los que la detentan de forma extramatrimonial,
situación que no está acorde con los postulados y valores constitucionales, y
que desconoce el principio de la dignidad humana que se predica de todas las
personas sin distinción alguna. Entonces, el aparte censurado del artículo 288
del Código Civil, deberá ser declarado inexequible.
Por
consiguiente, la lectura correcta que en adelante debe dársele a ese artículo
es la siguiente: “La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley
reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos
el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. // Corresponde a los
padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos.
A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro. // Los hijos no emancipados
son hijos de familia, y el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de
familia”.
De esta
forma, se garantiza que el ejercicio de la patria potestad se predique como un
beneficio establecido para todos los hijos sin distinción alguna por el origen
familiar. Entonces, la expresión “legítimos” contenida en el artículo
288 del Código Civil, será declarada inexequible por desconocer los artículos
13 y 42 de la Constitución Política.
VII.
DECISIÓN:
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “legítimos” contenida en el
inciso 2° del artículo 288 del Código Civil, por las razones expuestas en la
parte considerativa de este proveído.
Segundo.-
INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo contra el artículo 289 del
Código Civil, porque el cargo propuesto en esta oportunidad por los
demandantes, no reunió los requisitos que establece el Decreto 2067 de 1991 y
la jurisprudencia constitucional.
Notifíquese
y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Ausente
con excusa
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
con excusa
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencias C-587 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio  Palacio), C-055 de
2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez) y C-108 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[2] En sentencia C-642 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), el
Pleno de la Corte al analizar la constitucionalidad del artículo 6° de la Ley 91 de 1989, señaló que “el texto constitucional habilita a los ciudadanos, como parte
de la participación, ejercicio y control del poder político, a interponer
acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley (art. 40 de la C.P.). De forma correlativa, faculta a la Corte Constitucional para decidir sobre las acciones de inconstitucionalidad que promueven
los ciudadanos contra leyes (art. 241 de la C.P.)”. Esa línea ha sido reiterada en múltiples ocasiones.
[3] Sentencia C-335 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[4] Sentencias C-128 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra) fundamento
jurídico 2, C-942 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez) fundamento jurídico 2.1
párrafo identificado con el número 7, y C-336 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub)  fundamento jurídico 4.2.3.1.
[5] Sentencia C-610 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[6] Sentencia C-642 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[7] (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[8] Sentencia C-1052 de 2011 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y
reiterada en las sentencias C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), C-355
de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y C-642 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[9] Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia
de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de
inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación.
Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001
(M.P. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000
(M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177
de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
[10] Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[11] Ibídem.
[12] Ibídem.
[13] (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[14] Sentencia C-894 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[15] De acuerdo con la sentencia C-610 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), la forma de calificación amplia refiere al principio jurídico
denominado pro actione, según el cual, teniendo en cuenta que se
trata de una acción pública, y por ello abierta a todos los ciudadanos, “el
rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede
convertirse en un método apreciativo tan estricto que haga nugatorio el derecho
reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del
demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo. No obstante,
este principio de interpretación no exime del cumplimiento de los mencionados
requisitos, que enumera el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991”.
[16] Sobre el punto, las sentencia C-243 y C-355 de 2012 (ambas del
MP Luis Ernesto Vargas Silva) precisaron que “[e]n primer término, la verificación
de estos requisitos tiene lugar dentro del trámite de admisibilidad de la
demanda dispuesto en el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991. En este escenario
inicial, la Corte ha reiterado que es natural que “la Corte no acuda a un criterio en extremo riguroso para determinar si la demanda cumple o no
con las exigencias impuestas por la Constitución y la ley, sino a un criterio amplio que sea consecuente con esa naturaleza pública de la acción y que le
permita al ciudadano ejercer un verdadero control sobre la producción del
derecho”.
[17] Las mismas sentencias C-243 y C-355 de 2012,  indicaron que “[s]in
embargo, también ha dicho que ‘esa fundada amplitud de criterio no puede llevar
a la Corte a emitir pronunciamiento de fondo con base en demandas que no
satisfacen unas mínimas exigencias, con mayor razón cuando se trata de demandas
que no formulan cargo alguno contras las disposiciones demandadas’. Por ende,
en segundo término, nada obsta para que la Corte evalué la observancia de los requisitos argumentativos mínimos de la demanda antes de entrara al problema
jurídico de fondo pues, de lo contrario, la Corporación se vería abocada a adoptar una decisión con base en un debate inexistente o
planteado en términos evidentemente insuficientes”.
[18] Según explica Roberto Suárez Franco en su libro “Derecho de
Familia” Tomo II de la Editorial Temis - Bogotá, el término patria
potestad proviene de dos acepciones latinas: por un lado patria, que
quiere decir padre, y por el otro, potestad que equivale a decir poder.
Por consiguiente, la patria potestad equivale en sus orígenes a poder del
padre. Página 168.
[19] Así lo instituyó el artículo 14 de la Ley 45 de 1936. Su texto original era el siguiente: "Por
regla general, corresponde a la madre la patria potestad sobre el hijo natural.
Pero el juez puede, con conocimiento de causa y a petición de parte, si lo
considera más conveniente a los intereses del hijo, conferirla al padre o poner
bajo guarda al hijo. // A falta de la madre tendrá la patria potestad el padre
natural, sin perjuicio de que el juez ponga bajo guarda al hijo en las mismas
circunstancias previstas en el inciso anterior.
El matrimonio de quien ejerce la patria potestad sobre el hijo natural es
compatible con ésta, pero el juez en tal caso, puede proceder en la forma
prevista en el inciso segundo del artículo precedente.
No tiene la patria potestad ni puede ser nombrado guardador el padre o madre
declarado tal en juicio contradictorio. // La guarda pone fin a la patria
potestad en los casos de este artículo".
[20] (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[21] Sentencia C-047 de 1994 (MP Jorge Arango Mejía).
[22] De
ese estudio puntual se ocupó la Corte en la sentencia C-1026 de 2004 (MP Humberto
Sierra Porto), en la cual se demandó la inexequibilidad de la locución “legítimos”
contenida en el artículo 253 del Código Civil. En esa oportunidad, ante
la subsistencia de dudas en torno a la derogatoria tácita del aparte acusado y
los problemas constitucionales que podrían generarse del lenguaje mismo
empleado por la disposición parcialmente censurada, el Pleno declaró
inexequible la expresión “legítimos”, bajo los siguientes argumentos:  (i)
A pesar de mostrarse razonable la derogatoria tácita de la expresión “legítimos”
contenida en el artículo 253 del Código Civil, se revelaron algunas dudas
porque pensando que en efecto aplicara tal derogatoria y la expresión no
tuviera efectos jurídicos, la ubicación formal de la locución “legítimos”
seguiría haciendo parte del ordenamiento, lo cual podía suscitar que la palabra
en si misma se tornara discriminatoria y estigmatizante, habida consideración
que al relacionar los hijos legítimos con los matrimoniales, entonces podría
entenderse que los demás hijos (extramatrimoniales y adoptivos) son lo
contrario, es decir, ilegítimos, lo cual tiene connotaciones discriminatorias; (ii)
Existían serías dudas sobre la vigencia de la expresión acusada, porque la Ley 29 de 1982 no derogó de forma global todas las expresiones que en las normas civiles se
consignaran entorno a los hijos legítimos. De ahí que, no toda referencia a
hijos legítimos consagrada en el Código Civil hubiese sido derogada y, por
consiguiente, al estar vigente desconoce el derecho a la igualdad entre las
diferentes categorías de hijos; y, (iii)  La acción pública de
inconstitucionalidad no es el medio idóneo para pedirle a la Corte que declare formalmente que una norma demandada ha sido derogada tácitamente, por ende,
ante tal situación, “este Tribunal ya ha anotado que cuando la vigencia de
una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria
tácita, procede un pronunciamiento de fondo, ya que la norma acusada puede
estar produciendo efectos”. Por ello, abordó el estudio de fondo del cargo
propuesto en esa ocasión.
[23] Al respecto se puede consultar la sentencia C-145 de 2010 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[24] MP Marco Gerardo Monroy Cabra, reiterada en la sentencia C-1026
de 2004 (MP Humberto Sierra Porto).
[25] Sobre el concepto amplio de familia se puede
consultar la sentencia C-577 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Allí
se definió la familia como “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí
por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el
respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de
destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos”.
[26] Así lo reconoció desde sus inicios esta Corporación en la
sentencia C-595 de 1996 (MP Jorge Arango Mejía), en la cual se dijo que “(…)
bien puede hablarse de familia legítima para referirse a la originada en el
matrimonio, en el vinculo jurídico; y de familia natural para referirse a la
que se establece solamente por vínculos naturales. Esta clasificación no
implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución
ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia. Obsérvese que los
incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del mismo artículo 42 de la Constitución, se refiere a la familia, a su protección, a sus prerrogativas, a las relaciones
con sus miembros, sin establecer distinción alguna por razón de su origen”.
Sobre el punto, también puede consultarse las sentencias C-840 de 2010 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva) y C-577 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[27] En la sentencia T-145 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
la Corte destacó que las distintas formas de conformar una familia no implica
discriminación alguna, sino que refiere a que la propia Constitución ha
reconocido que la familia tiene un origen diverso.
[28] (MP Jorge Arango Mejía). En esa oportunidad la Corte se declaró inhibida para decidir sobre una demanda de inexequibilidad presentada en
contra del inciso 3° del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, el cual refiere a que fallecido el hijo, la acción de filiación natural corresponde a sus
descendientes legítimos y sus ascendientes. La inhibición tuvo su cimiente el
considerar que el precepto atacado había sido modificado por el artículo 1° de la Ley 29 de 1982, de contera que “eliminó la restricción que implicaba la calificación de
‘legítimos’ que se daba a los descendientes.
[29] Ese punto fue reiterado en las sentencias C-105 de 1994 y C-595 de
1996 (ambas del MP Jorge Arango Mejía).
[30] Sentencia C-145 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[31] (MP Jorge Arango Mejía).
[32] (MP Jorge Arango Mejía).
[33] (MP Humberto Sierra Porto).
[34] (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[35] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-474 de 1996,
C-1003 de 2007, C-145 de 2010, entre otras.
[36] Ver sentencias C-474 de 1996 (MP Fabio Morón Díaz) y C-1003 de
2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[37] La sentencia C-145 de 2010, citando la sentencia
T-474 de 1996, indicó que “los derechos que componen la patria potestad no
se han otorgado a los padres en provecho personal, sino en el del interés
superior del hijo menor, facultades que están subordinadas a ciertas
condiciones y tienen un fin determinado. Sobre esa base, también explicó que
los derechos que se derivan de la patria potestad son derechos instrumentales,
cuyo ejercicio, restringido única y exclusivamente a sus titulares, sólo será
legítimo en la medida en que sirva al logro del bienestar del menor”.
[38] Sentencias C-224 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil) y C-804 de
2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[39] Sentencia C-1088 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño).