T-405-15
Sentencia T-405/15
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO
LABORAL DE TRABAJADOR DISCAPACITADO QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONA CON LIMITACIONES FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Garantías contenidas en la Ley 361 de 1997
y jurisprudencia constitucional sobre su aplicación
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Orden de reintegro, pago de indemnización equivalente
a 180 días de salario y reconocimiento y pago de salarios y prestaciones
sociales dejadas de percibir
Referencia: Expedientes T-3919246,
T-3921904   T-3925289 y T-3928410
Acciones de tutela instauradas por: Rosmary
Cely Morantes contra las empresas Aseo Urbano S.A.S. E.S.P. y Altxer S.A.S.
(T-3919246); Rafael Antonio Farfán Castillo contra el Consorcio Vías Tocancipá
II (T-3921904); María Yisenia Sánchez Pinzón contra el Grupo Achury Santos
S.A.S. y Achury Grajales AG Groupe S.A.S. (T-3925289); y Hernando Mina Lasso
contra la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S. (T-3928410).
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil quince
(2015).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y  previo cumplimiento de los requisitos y
trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los siguientes fallos: en el trámite de la acción
de tutela instaurada por la señora Rosmary Cely Morantes, en única instancia,
por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
San José de Cúcuta el dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013)
(T-3919246); en el trámite de la acción de tutela instaurada por el señor
Rafael Antonio Farfán Castillo, en única instancia, por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Tocancipá el doce (12) de abril de dos mil trece (2013)
(T-3921904); en el trámite de la acción instaurada por la señora María Yisenia
Sánchez Pinzón, en primera instancia, por el Juzgado Catorce Civil Municipal de
Bogotá el dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013), y en segunda
instancia, por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá el
veintinueve (29) de abril de dos mil trece (2013) (T-3925289); en el trámite de
la acción de tutela promovida por el señor Hernando Mina Lasso, en primera
instancia, por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Puerto Tejada, Cauca, el
seis (6) de marzo de dos mil trece (2013), y en segunda instancia, por el
Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada, Cauca, el veintidós (22) de abril
de dos mil trece (2013) (T-3928410).
I.
ANTECEDENTES
En los procesos de la referencia, los
actores interpusieron sendas acciones de tutela solicitando la protección de
sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y el mínimo
vital, entre otros. Consideran que sus derechos fueron vulnerados por la
terminación de sus contratos de trabajo sin tener en cuenta que todos ellos
tienen problemas de salud que eran conocidos por sus empleadores, a pesar de lo
cual estos no solicitaron autorización del Ministerio del Trabajo para terminar
sus vínculos laborales.
A continuación se exponen los antecedentes
de cada uno de los expedientes acumulados:
1.
Expediente
T-3919246
1.1
Hechos
1.1.1. La señora Rosmary Cely Morantes afirma que laboró al
servicio de la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P. desde el cinco (5) de febrero
de dos mil uno (2001), desempeñándose como auxiliar de barrido. Indica que la
vinculación se hizo por medio de distintas empresas. Inicialmente suscribió
contrato con la empresa Conservicios hasta el año dos mil cuatro (2004), cuando
celebró contrato con la empresa Recursos Humanos de Colombia S.A. Luego, firmó
contrato con la empresa Progresemos Servicios C.T.A. el quince (15) de enero de
dos mil nueve (2009) y el veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011) se
vinculó con la empresa Altxer S.A.S.
1.1.2. Afirma que en el año dos mil diez (2010) empezó a
sufrir distintas dolencias, la mayoría de las cuales fueron calificadas por la
EPS Coomeva como de origen profesional. En concreto señala que fue
diagnosticada con las siguientes enfermedades profesionales: síndrome de túnel
del carpo derecho, tenosinovitis de quervain bilateral, epicondilitis lateral
bilateral, bursitis de hombro derecho y tendinitis de la pata de ganso derecha.
Así mismo, fue diagnosticada con discopatía degenerativa, enfermedad que fue
calificada como de origen común.[1]
1.1.3. Dice que las enfermedades que padece le ocasionaron
múltiples incapacidades laborales, situación que finalmente llevó a que el diez
(10) de enero de dos mil once (2011) una médica especialista en salud
ocupacional adscrita a Coomeva EPS ordenara su reubicación laboral a un puesto
de trabajo en el que se siguieran determinadas recomendaciones ocupacionales,
incompatibles con las funciones que desarrollaba en su labor de auxiliar de
barrido.[2]
En consecuencia, en enero de dos mil once (2011) fue reubicada en el cargo de
auxiliar administrativo, en el que realizó funciones de oficina para la empresa
Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.
1.1.4. Señala que el veintiuno (21) de diciembre de dos mil
doce (2012), la empresa Altxer S.A.S. le entregó una comunicación en la que le
informaba que su contrato de trabajo terminaría el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil doce (2012), porque a partir de esa fecha finalizaba la
relación contractual con Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.[3]
1.1.5. Así mismo, afirma que la empresa Altxer S.A.S. tenía
conocimiento de su estado de salud, a pesar de ello, no solicitó autorización
al Ministerio del Trabajo para terminar su contrato de trabajo. Igualmente,
informa que es madre de cabeza de familia de tres menores de edad[4] que dependen de ella, que
no cuenta con otra fuente de ingresos para su sostenimiento y el de su familia,
que sus dolencias físicas no le han permitido acceder a otro trabajo y que
actualmente está viviendo de la caridad de familiares y amigos.
1.1.6. En consecuencia, solicita la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital, a
la salud, a la seguridad social, al debido proceso administrativo y a la
estabilidad laboral reforzada, por medio de una orden a las empresas Altxer y Aseo
Urbano S.A.S. E.S.P. para que la reintegren al trabajo que venía desempeñando
al momento de la terminación del contrato de trabajo y que esa vinculación se
mantenga “hasta que se emita un concepto médico favorable de rehabilitación
o se consolide su derecho a la pensión si a ello hay lugar”.[5] También solicita que se
ordene la cancelación de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la
seguridad social, dejados de percibir por la actora desde la fecha de su
desvinculación hasta el momento en que se produzca su reintegro. Finalmente,
solicita que se ordene la cancelación de la indemnización establecida en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.[6]
1.2
Respuesta de las
entidades accionadas
1.2.1    Respuesta de Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.
La empresa accionada presentó un informe
sobre los hechos de la acción de tutela, en el que manifestó que la señora
Rosmary Cely Morantes “no ha sido trabajador[a] en el cargo de auxiliar de
barrido en la empresa ASEO URBANO S.A.S. E.S.P.”.[7] Así mismo, manifestó que
las empresas mencionadas en el escrito de tutela, entre las que se encuentra la
empresa Altxer S.A.S., han sido contratistas suyas, pero que el objeto de esos
contratos no ha sido el suministro de personal sino la prestación de “cierto
tipo de servicios globales”.[8]
Por otra parte, manifestó que sostuvo conversaciones con voceros de la CUT para
normalizar la prestación de los servicios en sus sedes, las cuales habían sido
bloqueadas por “reclamos colectivos contra la empresa Altxer”.[9]
En cuanto a las pretensiones de la señora
Rosmary Cely Morantes, la empresa accionada se opuso al reconocimiento de las
mismas, porque reiteró que la actora nunca ha ostentado la calidad de empleada
o trabajadora de esa entidad. En consecuencia, solicitó su exoneración dentro
de la acción objeto de estudio, porque sostuvo que “la responsabilidad
laboral del personal contratado es exclusivamente del contratista”.[10]
Finalmente, manifestó que la acción de
tutela era improcedente, porque en el caso concreto no se presenta la
vulneración de derecho fundamental alguno y la actora cuenta con otros medios
de defensa judicial para la protección de sus derechos.
1.2.2    Respuesta de Altxer S.A.S.
Por su parte, la sociedad Altxer S.A.S.
informó que la señora Rosmary Cely Morantes estuvo vinculada laboralmente con
esa empresa desde el veintisiete (27) de junio de dos mil once (2011) hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012), por medio de un
contrato por duración de una obra o labor, y que ese contrato terminó porque se
extinguió la relación comercial con la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P., que
era quien les suministraba el personal.
Respecto de su relación comercial con la empresa
Aseo Urbano S.A.S. E.S.P., la entidad accionada manifestó que esta surgió a
partir de una oferta mercantil que presentó el veintiuno (21) de junio de dos
mil once (2011), la cual fue aceptada. Tal oferta tuvo como objeto “la
prestación de servicios integrales y especializados en actividades de apoyo al
barrido de calles y avenidas, […] limpieza de áreas públicas y parques,
recolección domiciliaria y comercial de residuos sólidos urbanos, recolección,
transporte e incineración de residuos hospitalarios y similares, recolección,
transporte y disposición final de residuos de podas y recolección, transporte y
disposición de escombros”.[11]
Por lo anterior, suscribió contratos de trabajo por duración de la labor con un
grupo de personas, entre las que se encontraba la señora Rosmary Cely Morantes.
Señala que el diecinueve (19) de noviembre
de dos mil doce (2012) la empresa Aseo Urbano les informó que el contrato
mercantil terminaría el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012).
Por esta razón, afirma que debió finalizar la vinculación con la señora Rosmary
Cely Morantes, ya que era por obra o labor determinada.
Así mismo, informa que durante la vigencia
de la relación laboral con la actora hizo todos los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, que en este periodo no sufrió accidente laboral
alguno, y que la EPS a la que se encontraba afiliada hizo algunas
recomendaciones médicas de carácter temporal que fueron acatadas.
Por otra parte, considera que en el
expediente no está acreditada la afectación de la salud de la accionante, ni su
relación de causalidad con la terminación del contrato de trabajo. En el mismo
sentido, señala que la prohibición consagrada en el artículo 26 de la Ley 361
de 1997 de terminar los contratos de trabajo de las personas con discapacidad
sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo, sólo es predicable de
aquellas personas con una limitación moderada, situación que, en su concepto,
no se encuentra la señora Cely Morantes. Por lo tanto, considera que la actora
no tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada.
Sostiene que su objeto social es “la
gestión de proceso y/o gestión del conocimiento como recurso externo – outsourcing”,[12] diferente al de una
empresa de servicios temporales. Por lo tanto, manifiesta que el servicio que
le prestó a la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P. lo hizo con plena autonomía
técnica, administrativa y directiva, sin que hubiera injerencia del contratante
en sus procesos.
En consecuencia, solicita que se niegue la
tutela de los derechos de la señora Rosmary Cely Morantes, porque esa entidad
cumplió con todas las obligaciones que le correspondían como empleador.
Adicionalmente, sostiene que no sería posible cumplir con una eventual orden de
reintegro, porque “desapareció por completo el frente de trabajo, […] no
quedando ni con espacio físico en la ciudad de Cúcuta”.[13]
1.3
Sentencia objeto
de revisión
Mediante sentencia del dieciocho (18) de abril de dos
mil trece (2013), el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de San José de Cúcuta declaró la improcedencia de la acción de tutela
promovida por la señora Rosmary Cely Morantes. En esta sentencia se sostuvo que
las pretensiones de la acción de tutela son de carácter laboral y económico.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los mecanismos ordinarios han
demostrado ser eficaces en la protección de los derechos de los trabajadores, y
que, en su concepto, la actora no acreditó que hubiera interpuesto la acción de
tutela para evitar un perjuicio irremediable, concluyó que la acción de tutela
era improcedente.
Por otra parte, el juez de instancia
resaltó que la actora suscribió un contrato individual de trabajo con la
empresa Altxer S.A.S. por duración de una obra o labor determinada, de lo cual
concluyó que la señora Cely Morantes “estaba enterada que el contrato podía
terminarse en cualquier momento”.[14]
Igualmente, sostuvo que en el caso objeto de estudio se había desvirtuado que
la terminación del contrato hubiera obedecido al estado de salud de la actora,
ya que esto ocurrió por la finalización de la obra contratada. En consecuencia,
concluyó que en el caso objeto de estudio no se evidenciaba vulneración alguna
de los derechos fundamentales de la actora. Finalmente, ordenó la
desvinculación de la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.
1.4
Material
probatorio que obra en el expediente
En el expediente se encuentra el siguiente
material probatorio:
-
Copia de la
certificación expedida por la empresa Altxer S.A.S., en la que consta que la
señora Rosmary Cely Morantes laboró para esa empresa desde el veintisiete (27)
de junio de dos mil once (2011) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos
mil doce (2012) en el cargo de auxiliar de barrido.[15]
-
Copia de la
comunicación del diecisiete (17) de diciembre de dos mil doce (2012), por medio
de la cual el Gerente de la empresa Altxer S.A.S. le informa a la señora
Rosmary Cely Morantes sobre la finalización de la obra para la cual fue
contratada.[16]
-
Copia de la liquidación
del contrato de trabajo de la señora Rosmary Cely Morantes.[17]
-
Copia de registros de
la historia clínica de la señora Rosmary Cely Morantes.[18]
-
Copia de
recomendaciones laborales realizadas por Coomeva E.P.S. a la empresa Altxer
S.A.S. respecto de las actividades que puede desempeñar la señora Rosmary Cely
Morantes.[19]
-
Copia de la
comunicación enviada por la E.P.S. Coomeva a la ARL Sura.[20]
-
Copia de la citación a
la señora Rosmary Cely Morantes por parte de la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Norte de Santander, para que asista a la audiencia de decisión
que se realizaría el nueve (9) de abril de dos mil trece (2013).[21]
-
Copia de la cédula de
ciudadanía de la señora Rosmary Cely Morantes.[22]
-
Copia del Certificado
de Existencia y Representación Legal de la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.[23]
-
Copia de la
comunicación del diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce (2012), por medio
de la cual la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P. le informa a la empresa Altxer
S.A.S. la terminación de la oferta mercantil que vinculaba a esas dos empresas
a partir del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012).[24]
-
Copia del contrato
individual de trabajo suscrito entre la empresa Altxer S.A.S. y la señora
Rosmary Cely Morantes.[25]
-
Copia de los
certificados de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social por parte de la
empresa Altxer S.A.S.[26]
-
Copia del Certificado
de Existencia y Representación Legal de la empresa Altxer S.A.S.[27]
2.
Expediente
T-3921904
2.1       Hechos
2.1.1    El señor Rafael Antonio Farfán Castillo
afirma que fue vinculado laboralmente con la empresa Consorcio Vías Tocancipá
II desde el cuatro (4) de julio de dos mil doce (2012), desempeñándose como
ayudante de construcción urbanística en el municipio de Tocancipá.
2.1.2    Manifiesta que en el mes de octubre de dos
mil doce (2012) fue diagnosticado con cáncer gástrico, situación que informó a
su jefe inmediato, ya que necesitaba que le permitieran ausentarse una vez por
semana para iniciar el tratamiento de su enfermedad.
2.1.3    Señala que el veintiséis (26) de enero de
dos mil trece (2013) le informaron verbalmente que “se había acabado el
trabajo y que por lo tanto no podía seguir laborando con ellos, que tan pronto
hubiera posibilidad [lo] llamarían nuevamente”. [28]
2.1.4    Informa que desde esa fecha no lo han
vuelto a vincular, y que está enterado que el Consorcio Vías Tocancipá II sigue
desarrollando obras en ese municipio y mantiene vinculados a los mismos
compañeros con los que desarrollaba sus labores. De lo anterior concluye que la
terminación de su contrato de trabajo se debió a su enfermedad y a sus
consecuencias, pues esta causa la disminución de la capacidad laboral de las
personas y genera incapacidades médicas continuas.
2.1.5    Afirma que está recibiendo quimioterapia
para el tratamiento del cáncer que padece, situación que lo obliga a viajar
cuatro (4) veces por semana a Bogotá. Así mismo, manifiesta que fue desafiliado
del Sistema de Seguridad Social en Salud el veintiuno (21) de febrero de dos
mil trece (2013), y que para evitar la interrupción de su tratamiento, se
afilió como independiente con recursos que recibe de la caridad de algunas
personas. Sin embargo, señala que no cuenta con ingresos propios para asumir el
pago de los aportes en salud, cubrir los gastos de los viajes a la ciudad de
Bogotá, ni garantizarse una subsistencia digna.
2.1.6    Con fundamento en los hechos expuestos,
solicita la tutela de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad
laboral reforzada, a la salud y a una vida digna, por medio de una orden a la
entidad accionada para que lo reintegre a sus labores, lo vincule al Sistema de
Seguridad Social Integral, le cancele los salarios y prestaciones dejados de
percibir desde la fecha de la terminación del contrato hasta que sea
reintegrado y la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997.
2.2       Actuaciones adelantadas por el juez de
primera instancia
Mediante auto del veinte (20) de marzo de
dos mil trece (2013), el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor Rafael Antonio Farfán Castillo contra
el Consorcio Vías Tocancipá II y Juan Carlos Rozo Salazar; adicionalmente,
ordenó la vinculación de la EPS Humana Vivir.
Por otra parte, ordenó al Consorcio Vías
Tocancipá II y al señor Juan Carlos Rozo, que informaran si el actor laboró a
su servicio, cuál fue la forma y la fecha de vinculación, cuál fue la causa y
la fecha de la terminación de la vinculación, y si le practicaron exámenes
médicos de ingreso y de salida. Así mismo, ordenó a la Cámara de Comercio de
Zipaquirá que enviara un certificado de existencia y representación legal de la
empresa Consorcio Vías Tocancipá II.
Así mismo, solicitó a Humana Vivir EPS que
informara si el actor se encuentra afiliado a esa EPS, la modalidad de
afiliación, la persona encargada de realizar los aportes, y la última fecha en
que estos se realizaron. También ordenó a la EPS accionada que informara si el
actor se encuentra en algún tratamiento médico, cuál es el diagnóstico y que
enviara una copia de la historia clínica del actor.
Finalmente, requirió a Colpensiones que
informara si el actor se encuentra afiliado a ese fondo de pensiones, y de ser
así, que informara quien es la persona encargada de realizar los aportes.
2.3       Respuesta de las personas vinculadas al
proceso
2.3.1    El Consorcio Vías Tocancipá II presentó un
informe sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela, en el que
indicó que el señor Rafael Antonio Farfán Castillo estuvo vinculado
laboralmente con esa entidad desde el cuatro (4) de julio de dos mil doce
(2012) hasta el veintiuno (21) de enero de dos mil trece (2013), por intermedio
del contratista de mano de obra, el señor Juan Carlos Rozo Salazar. Igualmente,
indicó que el actor recibía órdenes directas del señor Rozo.
Señaló que no es cierto que el actor le
hubiera informado verbalmente al contratista de mano de obra que padece cáncer
gástrico, como tampoco es cierto que se le hubieran dado permisos frecuentes a
causa de su enfermedad. Así mismo, señaló que la terminación del contrato de
trabajo se debió a la renuncia voluntaria por parte del actor, “por razones
personales”,[29]
y que no se le practicó examen médico de ingreso ni de egreso.
Por otra parte, se opuso a las pretensiones
de la acción de tutela porque consideró que esta es improcedente y que la
acción debió dirigirse en contra de las empresas Consultoría y Construcción
Ltda. y Jaime Parra P. y Cía. Ltda., integrantes del Consorcio Vías Tocancipá
II, ya que argumenta que los consorcios no tienen personería para intervenir en
procesos judiciales.
2.3.2    El señor Juan Carlos Rozo Salazar presentó
un informe en el que señaló que se desempeña como contratista para el Consorcio
Vías Tocancipá II, y que sus funciones son las de dirigir e impartir órdenes al
personal de obra, pero que no tiene vínculo laboral alguno con el señor Rafael
Antonio Farfán Castillo. En consecuencia, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela en su contra, porque no hace parte del
Consorcio Vías Tocancipá II.
2.3.3    Human Heart EPS radicó una comunicación en
la que informó que el actor se encuentra afiliado como cotizante independiente
activo desde el primero (1°) de marzo de dos mil trece (2013). Así mismo,
informó que solicitó el reconocimiento de las incapacidades laborales, pero que
estas fueron negadas porque para la fecha de la incapacidad no se encontraba
vigente la afiliación o pago del período que comprendía dicha incapacidad.
Igualmente, informó que ha autorizado todos los servicios requeridos por el
usuario.
2.4       Sentencia objeto de revisión
Mediante sentencia del doce (12) de abril
de dos mil trece (2013), el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá declaró la
improcedencia de la acción de tutela instaurada por el señor Rafael Antonio
Farfán Castillo. En concepto del juez de instancia, aunque en el expediente se
demuestra la enfermedad del actor y que este se encontraba vinculado
laboralmente con el Consorcio Vías Tocancipá II, no está acreditado que la
enfermedad del actor hubiera sido la causa de la terminación del contrato.
Adicionalmente, señala que la acción de tutela es improcedente porque el actor renunció
voluntariamente, situación que no fue desvirtuada.
Finalmente, desvinculó del proceso a la EPS
Humana Vivir porque no se demostró que esta entidad hubiera vulnerado los derechos
fundamentales del actor y desvinculó al señor Juan Carlos Rozo Salazar, porque
en el expediente se acreditó que este no fue empleador del actor.
2.5
Material
probatorio que obra en el expediente
En el expediente se encuentra el siguiente
material probatorio:
-
Copia de los registros
de la historia clínica del señor Rafael Antonio Farfán Castillo cuando prestaba
sus servicios al Consorcio.[30]
-
Copia de los certificados
de pago del salario del señor Rafael Antonio Farfán Castillo por parte del
Consorcio Vías Tocancipá II.[31]
-
Copia de la
certificación de afiliación del señor Rafael Antonio Farfán Castillo a la EPS
Humana Vivir.[32]
-
Copia del modelo de
conformación del Consorcio Vías Tocancipá II.[33]
-
Certificado de
Existencia y Representación Legal de la empresa Consultoría y Construcción
Limitada Con & Con Ltda.[34]
-
Copia del contrato
individual de trabajo suscrito entre el Consorcio Vías Tocancipá II y el señor
Rafael Antonio Farfán Castillo.[35]
-
Copia de la carta de
renuncia presentada por el señor Rafael Antonio Farfán Castillo el día
veintiuno (21) de enero de dos mil trece (2013).[36]
3.
Expediente
T-3925289
3.1
Hechos
3.1.1
María Yisenia
Sánchez Pinzón es una persona de treinta y cuatro (34) años de edad,[37] madre cabeza de familia
de cuatro niños menores de edad.
3.1.2
Afirma que a
finales de dos mil doce (2012) empezó a sentir dolor pélvico severo, el cual se
empezó a intensificar con el paso del tiempo. El veintiocho (28) de enero de
dos mil trece (2013) asistió a consulta médica por urgencias, le practicaron
exámenes de sangre y le expidieron incapacidad por dos (2) días. El treinta
(30) de enero de dos mil trece (2013) asistió nuevamente a consulta médica por
urgencias y se le practicó una ultrasonografía pélvica ginecológica
transabdominal, en la que se encontró: “hacia el anexo izquierdo se observa
imagen hipoecoica, ovalada, de bordes poco definidos, de características
sólidas no homogéneas que mide 61 * 28 * 36 volumen 33 cc.”[38] Finalmente,
el primero (1°) de febrero de dos mil trece (2013) se le practicó examen de
antígeno carcinoembrionario, el cual tuvo como resultado 3.1 ng/ml, con un
rango biológico de referencia de 0.0 – 3.0.[39]
3.1.3
Manifiesta que en
las fechas en las que le practicaron los exámenes médicos de diagnóstico estuvo
en comunicación permanente con su jefe inmediato, la señora Adriana Patricia
Jiménez, a quien le informó en forma detallada su condición de salud y las
incapacidades laborales que le fueron expedidas.
3.1.4
Después de una de
esas incapacidades, cuando se reintegró a laborar el cuatro (4) de febrero de
dos mil trece (2013), se le hizo entrega de la carta de terminación del
contrato “con justa causa”.[40]
En esta, se le informa que la terminación del contrato se fundamenta en una
serie de memorandos en los que se deja constancia de incumplimientos en el
ejercicio de sus obligaciones como trabajadora.[41] Al respecto, la actora
considera que los incumplimientos alegados ocurrieron por causas que no le son
imputables, y, que solo se mencionaron cuando empezó a sufrir sus problemas de
salud y, por lo tanto, que la terminación del contrato no tuvo una justa causa.[42]
3.1.5
La actora considera
que la decisión de la empresa accionada pone en riesgo su derecho a la vida,
porque, aunque al momento de interponer la acción de tutela la EPS a la que se
encontraba afiliada no le había negado el tratamiento que requiere, considera
que una vez sea excluida del sistema por falta de pago sí le van a suspender el
tratamiento. Adicionalmente, sostiene que la terminación del contrato de trabajo
la deja sin su única fuente de ingresos para su sostenimiento y el de sus
hijos, lo que vulnera su derecho al mínimo vital.
3.1.6
En  consecuencia,
con el fin de evitar un perjuicio irremediable en su salud, solicita que se
ordene a la empresa accionada que la reintegre al cargo que venía desempeñando.
3.2
Respuesta de las
empresas accionadas y de la entidad vinculada
Mediante auto del cinco (5) de marzo de dos mil trece
(2013), el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá admitió la acción de
tutela interpuesta por la señora María Yisenia Sánchez Pinzón contra el Grupo
Achury Santos S.A.S. y la sociedad Achury Grajales AG Group S.A.S., y ordenó la
vinculación al proceso de Salud Total EPS.
3.2.1
Salud Total EPS
presentó un informe el once (11) de marzo de dos mil trece (2013) en el que
señaló que la actora se afilió a esa entidad como trabajadora dependiente de la
empresa Achury Grajales AG Groupe S.A.S. el veintisiete (27) de agosto de dos
mil doce (2012), y que al momento de la presentación de la comunicación el
empleador no había reportado la novedad de su retiro, encontrándose la actora
como afiliada activa.
Respecto del estado de salud de la actora, la entidad
vinculada informó que se trata de una persona con “tumor de comportamiento
incierto o desconocido de ovario hace 2 meses”.[43] Así
mismo, manifestó que ha autorizado todos los servicios requeridos por la actora
para el tratamiento de sus patologías, según la indicación de los médicos
tratantes. Finalmente, solicitó su desvinculación del proceso, porque considera
que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora.
3.2.2
Por su parte, las
sociedades Grupo Achury Santos S.A.S. y Achury Grajales AG Groupe S.A.S.
respondieron conjuntamente la acción de tutela. En su escrito manifestaron que
la actora fue despedida el día cuatro (4) de febrero de  dos mil trece (2013),
por “la falta repetitiva y constante de sus obligaciones como trabajadora,
el uso indebido de los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones
así como las repetitivas faltas al horario de trabajo”.[44]
Señalan que la actora aportó una incapacidad médica
del veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013) y no del veintiocho (28)
de enero, y que solo tuvo conocimiento de la enfermedad de la actora “con
posterioridad a su despido”.[45]
Igualmente, manifiestan que “ante la ausencia de la trabajadora, [un
representante de la empresa], procedió a comunicarse, para indagar el motivo de
la ausencia, y de esta situación la actora nunca aportó las constancias del
mismo”.[46]
Con fundamento en los hechos expuestos, las entidades
accionadas concluyen que la terminación del contrato de trabajo no estuvo
relacionada con el estado de salud de la actora o con su condición de madre
cabeza de familia, razón por la cual no se le debe reconocer el derecho a la
estabilidad laboral reforzada.
3.3
Sentencias
objeto de revisión
3.3.1
Mediante sentencia
del dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013), el Juzgado Catorce Civil
Municipal de Bogotá negó la tutela de los derechos fundamentales de la señora
María Yisenia Sánchez Pinzón. En concepto del juez de instancia, en el
expediente “no existe medio probatorio alguno que permita demostrar que la
firma empleadora hubiera tenido conocimiento de la enfermedad que padece la
peticionaria, y mucho menos que la terminación del contrato haya operado por
dicha razón”.[47]
Por lo tanto, luego de interpretar que la jurisprudencia constitucional
sólo protege a la persona que demuestre que la terminación del contrato de
trabajo por parte del empleador estuvo motivada en su situación de
vulnerabilidad, concluyó que en el caso objeto de estudio no estaba demostrada “la
relación causal entre el padecimiento de la accionante y la terminación del
contrato de trabajo”, y que se trataba de una controversia que debía ser
resuelta por la jurisdicción ordinaria.
3.3.2
La señora María
Yisenia Sánchez Pinzón impugnó el fallo de primera instancia. La actora
consideró que en este no se tuvo en cuenta los documentos que acreditan que fue
diagnosticada con cáncer el primero (1°) de febrero de dos mil trece (2013),
como tampoco se valoró su afirmación de que informó ese hecho a un
representante de la empresa empleadora, con lo que se acredita que su despido
está relacionado con la enfermedad que padece.
3.3.3
En segunda
instancia, el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá confirmó el fallo
impugnado. En su concepto, en el expediente no se acreditó que la terminación
del contrato de trabajo hubiera sido un acto discriminatorio por la condición
de salud de la actora, y ésta tampoco aportó un concepto de pérdida de su
capacidad laboral, razón por la cual debía solicitar su reintegro ante la
jurisdicción laboral ordinaria.
3.4
Material
probatorio que obra en el expediente
En el expediente se encuentra el siguiente
material probatorio:
-
Copia de Acta de
Audiencia de Conciliación Fallida, practicada ante el Grupo de Resolución de
Conflictos y Conciliación del Ministerio del Trabajo el quince (15) de febrero
de dos mil trece (2013).[48]
-
Copia de la carta del
primero (1°) de febrero de dos mil trece (2013), por medio de la cual la
Directora de Clientes Corporativos de la empresa Achury Grajales AG Groupe
S.A.S. termina el contrato de trabajo con la señora María Yiseni Sánchez
Pinzón.[49]
-
Copia de los registros
de la historia clínica de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón.[50]
-
Copia de la cédula de
ciudadanía de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón.[51]
-
Copia de la incapacidad
laboral expedida el veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013).[52]
-
Copia del contrato
individual de trabajo a término indefinido celebrado entre la empresa Achury
Grajales AG Groupe S.A.S. y María Yisenia Sánchez Pinzón.[53]
-
Copia de comunicación
del dos (2) de enero de dos mil trece (2013) suscrita por la Directora de
Clientes Corporativos de la empresa Achury Grajales AG Groupe S.A.S. y dirigida
a la señora María Yisenia Sánchez Pinzón, por medio de la cual se le hace un
llamado de atención, por algunos audios “donde se relacionan llamadas
personales […] que no corresponden a llamadas laborales y tampoco son llamadas
de carácter urgente para justificar el uso de los elementos de trabajo con este
destino llamadas que demoran hasta 30 minutos, perjudicando la actividad
empresarial.”[54]
-
Copia de comunicación
del quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012) dirigida a la señora María
Yisenia Sánchez Pinzón, por medio de la cual se le llama la atención por el
incumplimiento del horario de trabajo, y se le informa que fue sancionada con
suspensión.[55]
-
Copia de la
comunicación del veinticuatro (24) de septiembre de dos mil doce (2012),
dirigida a la señora María Yisenia Sánchez Pinzón, por medio de la cual se le
llama atención por el incumplimiento del horario de trabajo.[56]
-
Copia de la
comunicación del quince (15) de septiembre de dos mil doce (2012), dirigida a
la señora María Yisenia Sánchez Pinzón, por medio de la cual se le llama la
atención y se hace una relación de algunos errores cometidos por la actora en
el desempeño de sus labores.[57]
-
Copia de la liquidación
definitiva del contrato laboral de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón.[58]
-
Copia de un formato de
registro de llamadas diligenciado de la empresa Achury Grajales Group.[59]
-
Copia del comprobante
de ingreso de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón, expedido por Mapfre
A.R.P.[60]
-
Copia del formulario de
inscripción de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón a la caja de compensación
familiar Cafam.[61]
-
Copia del formulario de
inscripción de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón a la EPS Salud Total.[62]
-
Copia de un comprobante
de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del mes de
febrero de dos mil trece (2013).[63]
-
Certificado de
Existencia y Representación Legal de la empresa Achury Grajales AG Groupe
S.A.S.[64]
-
Copia de planillas de
autoliquidación de aportes de la empresa Achury Grajales AG Groupe S.A.S.[65]
-
Impresión de mensaje de
correo electrónico por medio del cual la empresa S3, envía un reporte de una
extensión de la empresa.[66]
-
CD con audio de algunas
llamadas.[67]
4.
Expediente
T-3928410
4.1
Hechos
4.1.1
El señor Hernando
Mina Lasso es una persona que laboró desde mil novecientos noventa y tres
(1993) al servicio del señor Manuel José González Canacue, quien falleció el
catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012). Afirma que fue diagnosticado
con síndrome del túnel del carpo bilateral severo,[68] enfermedad por la que le practicaron una cirugía de
liberación del túnel carpiano izquierdo el veintidós (22) de julio de dos mil
once (2011),[69]
que tiene pendiente una cirugía
de su mano derecha y que debe ser valorado del hombro derecho por posible
síndrome de manguito rotador.[70]
4.1.2
Informa que el
señor Harold González Franco, hijo del fallecido señor González Canacue, asumió
la administración de la empresa el veintidós (22) de diciembre de dos mil doce
(2012), y desvinculó unilateralmente a todos los trabajadores de la misma,
hasta que se realizaran los trámites del cambio de razón social de la empresa.
4.1.3
El actor manifiesta
que el señor González Franco reintegró a los demás trabajadores a sus labores,
pero a él no lo vinculó, según afirma, porque padece una enfermedad laboral ya
calificada, y debe someterse a un procedimiento quirúrgico.
4.1.4
Señala que tiene
sesenta y dos (62) años de edad,[71]
y está desafiliado del Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo que no ha
podido continuar con sus controles médicos. Por otra parte, manifiesta que de
él dependen su esposa y un hijo de diecisiete (17) años de edad.
4.1.5
Con fundamento en
los hechos expuestos, solicita la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la vida, a la seguridad social y a la estabilidad laboral
reforzada, por medio de una orden para que lo reintegren al cargo que venía
desempeñando, y así tener acceso a los servicios de salud que requiere.
4.2
Respuesta de la
entidad accionada
Mediante comunicación radicada el veintiuno (21) de
febrero de dos mil trece (2013), el señor Harold González Franco informó que el
actor “no ha tenido ni tiene a la fecha vínculo laboral o comercial alguno
con [la] empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S.”[72]
4.3
Material
probatorio que obra en el expediente
En el expediente se encuentra el siguiente material
probatorio:
-
Reporte de semanas
cotizadas por el señor Hernando Mina Lasso al régimen de prima media con
prestación definida, expedida por Colpensiones el diecisiete (17) de octubre de
dos mil doce (2012).[73]
-
Copia de la
comunicación del señor Hernando Mina Lasso al señor Harold González Franco, en
la cual le solicita su reintegro a la empresa.[74]
-
Copia del derecho de
petición del quince (15) de enero de dos mil trece (2013), presentado por el
señor Hernando Mina Lasso, en colaboración de la Personería Municipal de Puerto
Tejada, por medio de la cual solicita a la E.P.S. S.O.S. que se ordene la
realización de una valoración médico laboral y tratamiento del síndrome de
manguito rotador derecho que padece.[75]
-
Copia del concepto
médico de aptitud del señor Hernando Mina Lasso con recomendaciones, expedido
por la ARP Colpatria (actualmente ARL Colpatria) el veinticinco (25) de julio
de dos mil doce (2012).[76]
-
Copia de algunos
registros de la historia clínica del señor Hernando Mina Lasso.[77]
-
Copia del Formulario
del Registro Único Tributario y Certificado de Existencia y Representación
Legal de la empresa Zonas Verdes del Valle SAS.[78]
-
Certificado de registro
de la firma González Canacue Manuel José.[79]
-
Certificación Laboral
del señor Hernando Mina Lasso expedida por el señor Manuel González.[80]
-
Copia de la
comunicación del doce (12) de enero de dos mil doce (2012) enviada por el señor
Manuel José González Canacue a la ARP Colpatria, en la que solicita una nueva
evaluación del estado de salud del actor para determinar si este puede
continuar laborando.[81]
4.4
Sentencias
objeto de revisión
4.4.1
Mediante sentencia
del seis (6) de marzo de dos mil trece (2013), el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Puerto Tejada, Cauca, declaró la improcedencia de la acción de
tutela promovida por el señor Hernando Mina Lasso, porque consideró que la
empresa para la cual el actor prestó sus servicios desapareció de la vida
jurídica, razón por la cual “la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S. […] la
cual surgió a la vida jurídica el día 2 de enero de 2013, no es la llamada a
resolver la solicitud que hace el actor por medio de esta acción.”[82]
Adicionalmente, señala que el actor no probó relación
alguna entre la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S. y la empresa del
fallecido señor Manuel José González Canacue. Por lo anterior, consideró que el
actor debe acudir a la jurisdicción laboral ordinaria para obtener el reintegro
pretendido.
4.4.2
El señor Hernando
Mina Lasso impugnó el fallo de primera instancia. En su recurso, el actor
afirma que la empresa del señor Manuel José González Canacue prestaba servicios
a la empresa Constructora Meléndez S.A., y que luego del fallecimiento de su
antiguo empleador, el señor Harold González Franco creó la empresa Zonas Verdes
del Valle S.A.S. para cumplir con las obligaciones contraídas por su fallecido
padre con la Constructora Meléndez S.A.S. En consecuencia, sostiene que en su
caso operó la figura de la sustitución patronal entre las empresas González
Canacue Manuel José y Zonas Verdes del Valle S.A.S., y que se vulneró su
derecho a la estabilidad laboral reforzada porque no se solicitó la
autorización del Ministerio del Trabajo para terminar su contrato de trabajo.
4.4.3
Mediante sentencia
del veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013), el Juzgado Penal del
Circuito de Puerto Tejada, Cauca, confirmó el fallo de primera instancia,
porque consideró que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para la
protección de los derechos del actor.
II.
ACTUACIONES
ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1.
Mediante auto, la Sala
Primera de Revisión encontró que en dos (2) de los cuatro (4) expedientes
acumulados la causa pasiva no estaba integrada en debida forma.
En primer lugar, en la acción de tutela
promovida por la señora Rosmary Cely Morantes (T-3919246), el Juzgado Segundo
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de San José de Cúcuta
vinculó al proceso a la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P. en el auto admisorio
de la acción de tutela. Sin embargo, en la sentencia de primera instancia esa
entidad fue desvinculada del proceso. Con fundamento en estos hechos, se ordenó
la vinculación al proceso de dicha empresa, ya que ésta podía verse afectada
por las decisiones que se tomen en este proceso.
En segundo lugar, en la acción de tutela
interpuesta por el señor Rafael Antonio Farfán Castillo (T-3921904), el Juzgado
Promiscuo Municipal de Tocancipá vinculó al proceso al Consorcio Vías Tocancipá
II, pero no vinculó a las empresas que lo conforman, Consultoría y Construcción
Ltda. y Jaime Parra P. y Cía. Ltda.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que
en estos procesos la acción se interpuso para obtener la protección del derecho
al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de personas que sufren
afectaciones en su salud, y que no cuentan con recursos para suplir sus
necesidades básicas ni las de su familia, se ordenó la vinculación al proceso
de las sociedades señaladas y se suspendieron los términos de los procesos.
2.
La Secretaría General
de esta Corporación informó que en respuesta al auto de vinculación en el
proceso (T-3919246), tan sólo se recibió una comunicación de la sociedad
Consultoría y Construcción Ltda. En esta, la sociedad vinculada solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, porque la terminación del
contrato de trabajo no le es imputable, ya que el señor Rafael Antonio Farfán
Castillo no fue desvinculado sino que renunció voluntariamente a su trabajo por
razones personales.
III.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Corte es competente para revisar los
fallos de tutela objeto de revisión, de conformidad con lo previsto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las
demás disposiciones pertinentes.
2.
Presentación de
los casos y formulación del problema jurídico
2.1.
Las acciones de tutela
objeto de estudio fueron interpuestas por personas que padecen distintas
enfermedades, quienes afirman que sus contratos de trabajo fueron terminados
por causa de sus enfermedades, sin contar con la autorización del Ministerio
del Trabajo.
Por su parte, las empresas accionadas exponen diversos
argumentos. En el expediente T-3919246, una de las empresas sostiene que
suscribió contrato de trabajo con la señora Rosmary Cely Morantes para ejecutar
las obligaciones por ellos contraídas con la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.,
y que ante la finalización de la relación comercial con esta entidad, la
relación laboral perdió su causa. Por su parte, Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.
afirma que no ha sido empleador de la actora. En el expediente T-3921904, el
representante del consorcio demandado afirma que no conocía el estado de salud
del actor, y que el contrato de trabajo terminó por renuncia voluntaria del
trabajador. En el expediente T-3925289, la empresa Grupo Achury Santos S.A.S.
señala que no conocía el estado de salud de la señora María Yisenia Sánchez
Pinzón y que la terminación del contrato estuvo justificada en el
incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales por parte de la
trabajadora. Finalmente, en el expediente T-3928410, el señor Hernando Mina
Lasso fue desvinculado luego del fallecimiento de su empleador, y la empresa
que asumió las obligaciones de esa empresa sostiene que el señor Hernando Mina
Lasso no ha sido trabajador suyo.
2.2.
Planteados los
antecedentes en los términos expuestos, la Sala debe resolver los siguientes
problemas jurídicos:
2.2.1.
¿Las empresas Aseo
Urbano S.A.S. E.S.P. y Altxer S.A.S. (empresa que se dedica a la gestión de
procesos y de conocimiento con recursos externos outsourcing) vulneran los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de
una trabajadora que laboró como auxiliar de barrido (Rosmary Cely Morantes), al
desvincularla de su trabajo argumentando que su desvinculación de la empresa
Altxer S.A.S. ocurrió porque finalizó el contrato de outsourcing entre las dos
empresas, sin tener en cuenta que la actora es una persona que sufre de varias
enfermedades de origen laboral?
2.2.2.
¿Las sociedades
Consultoría y Construcción Ltda. y Jaime Parra P. y Cía. Ltda. vulneran los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada del
señor Rafael Antonio Farfán Castillo (fallecido), al terminar el contrato de
trabajo que los vinculaba argumentando que el actor renunció voluntariamente y
por razones personales, sin tener en cuenta que el accionante padece cáncer gástrico,
y no cuenta con recursos para su sostenimiento ni para asumir los costos del
tratamiento de su enfermedad?
2.2.3.
¿Vulnera la empresa
Grupo Achury Santos S.A.S. los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
estabilidad laboral reforzada de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón, al
desvincularla del servicio argumentando que se le enviaron llamadas de atención
por llegadas tarde y baja efectividad entre otras, sin tener en cuenta que ésta
fue diagnosticada con un tumor canceroso en un ovario y que no cuenta con los
recursos para su sostenimiento?
2.2.4.
¿Vulnera la empresa
Zonas Verdes del Valle S.A.S. los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
estabilidad laboral reforzada del señor Hernando Mina Lasso al desvincularlo de
su trabajo, sin tener en cuenta que el actor ha sido diagnosticado con síndrome
del túnel del carpo bilateral severo y que la sociedad accionada continuó
ejerciendo las actividades que desarrollaba el empleador mencionado?
3.
Procedibilidad de la acción
de tutela para la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de
trabajadores disminuidos físicamente. Reiteración de jurisprudencia.
3.1 Requisito de subsidiaridad.  La
naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional[83]. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado los
medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto[84].  Exigencia  que se
funda en el principio de subsidiariedad de la tutela y con el cual se pretende
asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una
instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos diseñados por el legislador[85]
y, menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las
partes en los procesos judiciales[86].
Dado el carácter subsidiario y residual de la acción
de tutela, por regla general, este no es el mecanismo llamado a prosperar para
el reclamo de pretensiones laborales. Por ejemplo, las acciones dirigidas a
obtener el pago de salarios, el reconocimiento de prestaciones sociales,
incapacidades o pensiones, el reintegro de trabajadores y, en fin, todas
aquellas que derivan su causa jurídica de la existencia de una relación laboral
previa, en principio, deben ser tramitadas ante la jurisdicción laboral.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia
de esta Corporación ha sostenido que:
“[E]sta regla que desarrolla el principio de subsidiariedad no es
absoluta, ya que la jurisprudencia constitucional ha establecido que, si bien
en principio no procede la tutela para solucionar este tipo de controversias,
excepcionalmente y con carácter extraordinario, ésta se muestra como el
mecanismo apto para la protección inmediata de los derechos del peticionario,
cuando quiera que se involucren los derechos de sujetos que se encuentran en
estado de debilidad manifiesta o de aquellos que tienen derecho a la
estabilidad laboral reforzada”.[87]
La Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia, ha determinado que
cuando se trata de poblaciones históricamente discriminadas[88] o de sujetos
que merecen una especial protección, la tutela es el mecanismo idóneo para la
protección de sus derechos.
De esta manera la
Corte ha entendido que las reglas relativas a la procedencia de la tutela
tendrán que ser matizadas cuando se pretenda proteger los derechos
fundamentales de personas que se encuentren en un estado de debilidad
manifiesta.[89]
Ello es así dadas las particulares dificultades sociales e históricas a las que
han estado sometidos ciertos grupos poblacionales discriminados, como lo son
las personas con discapacidad o con disminuciones en su salud, que por sus
mismas condiciones, han sido sistemáticamente excluidas del mercado laboral,
afectando de manera integral el goce efectivo de sus derechos fundamentales.[90]
En los casos objeto de estudio, la Sala de
Revisión encuentra que la acción de tutela es un mecanismo judicial procedente
para resolver las controversias planteadas sobre el derecho de los actores a la
estabilidad laboral reforzada, ya que todos ellos son personas en situación de
debilidad manifiesta, como consecuencia de las enfermedades que padecen, que a
la postre les impiden adelantar un proceso ordinario, y ven amenazadas sus
vidas y su derecho a llevar una vida en condiciones mínimas de dignidad, por
haber sido desvinculados de sus trabajos que se constituían en su única fuente
de ingresos. Por lo tanto, las tutelas plantean asuntos de interés
constitucional evidente.
3.1.    En efecto, en la acción de tutela
interpuesta por la señora Rosmary Cely Morantes (expediente No. T-3919246), su
estado de debilidad manifiesta se concreta en las múltiples enfermedades que
padece,[91]
todas ellas relacionadas con dolencias físicas, que le impiden desarrollar
actividades de la misma naturaleza, como la de auxiliar de barrido, actividad
que había desempeñado durante más de doce años. En consecuencia, las dolencias
físicas de la actora tienen una probabilidad muy alta de excluirla del mercado
laboral, razón por la cual, la desvinculación laboral amenaza seriamente con
causarle un perjuicio irremediable en su mínimo vital y en el de su familia.
3.2.    Respecto de la acción promovida por el
señor Rafael Antonio Farfán Castillo (T-3921904), la situación de debilidad
manifiesta radica en la gravedad de su enfermedad, cáncer gástrico, la cual es
considerada una enfermedad catastrófica[92]
por sus altos costos emocionales y económicos para quien la padece. Esta
situación hace que sea totalmente desproporcionado imponerle a una persona en
esas condiciones la carga de acudir a un proceso ordinario, y que en el
presente caso se deba proferir una decisión inmediata.
3.3.    El anterior razonamiento también es
aplicable respecto de la acción de tutela promovida por la señora María Yisenia
Sánchez Pinzón (T-3925289), ya que, aunque al momento de la terminación de su
contrato de trabajo ésta aún no había sido diagnosticada definitivamente con
cáncer, para ese momento sí estaba claro que padecía de un tumor y que el
examen de antígeno carcinoembrionario había arrojado un resultado por encima
del rango biológico de referencia.
3.4.    Finalmente, respecto de la acción de tutela
interpuesta por el señor Hernando Mina Lasso (T-3928410), la Sala de Revisión
considera que esta también es procedente, porque en ese caso se trata de una
persona de avanzada edad (62 años), que durante gran parte de su vida se ha
dedicado a labores físicas como es la de ayudante de siembra de prados en zonas
verdes,[93]
y como consecuencia de las enfermedades que padece, su desvinculación tiene la
potencialidad de excluirlo del mercado laboral, y en consecuencia, de causarle
un perjuicio irremediable en su mínimo vital.
3.2 Requisito de inmediatez. En lo que hace referencia al denominado
requisito de la inmediatez, la acción de tutela debe ser interpuesta
dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de
la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que
se determine su improcedencia[94].
Desde la sentencia SU-961 de 1999[95] esta Corte determinó, a
partir de la interpretación del artículo 86 de la Constitución Política, que
pese a que según dicha disposición normativa la acción de tutela puede ser
interpuesta “en todo momento”, de lo que se deriva que no posee ningún
término de prescripción o caducidad, ello no significa que no deba interponerse
en un plazo razonable desde el inicio de la amenaza o vulneración pues, de
acuerdo con el mismo artículo constitucional, es un mecanismo para reclamar “la
protección inmediata” de los derechos fundamentales.
A partir de allí la jurisprudencia
constitucional ha sostenido invariablemente que la ausencia de un término de
caducidad o prescripción en la acción de tutela implica que el juez no puede simplemente rechazarla
en la etapa de admisión con fundamento en el paso del tiempo[96].  No
obstante, de la misma forma ha dicho que la finalidad de la tutela como vía
judicial de protección inmediata de derechos fundamentales, obliga a la
autoridad judicial a tomar en cuenta como dato relevante el tiempo transcurrido
entre el hecho generador de la solicitud y la petición de amparo, pues un lapso
irrazonable puede llegar a demostrar que la solución que se reclama no se
requiere con prontitud, que es precisamente el caso para el cual el mecanismo
preferente y sumario de la tutela está reservado[97].
Frente al tema, la Corporación ha
señalado que “[…] la
acción de tutela es una acción ágil y apremiante, diseñada sobre un
procedimiento urgente y célere, que permite la protección rápida de derechos fundamentales
enfrentados a afectaciones reales y actuales de magnitud tal que el aparato
jurisdiccional se ve obligado a hacer a un lado sus tareas ordinarias, a
desplazar los procedimientos regulares que se someten a su consideración, para
abordar de manera preferente el análisis del caso planteado”[98].
Por lo anterior, la orden del juez de tutela “debe estar respaldada por la
urgencia e inmediatez, en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a
modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en
el tiempo”[99],
condiciones estas que podrían verse desestimadas si el afectado ha dejado pasar
un tiempo irrazonable para reclamar sus derechos.
Así mismo, según la jurisprudencia
constitucional, la exigencia de inmediatez responde a necesidades adicionales.
En primer lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable[100],
caso en el que “se rompe la congruencia entre el medio de protección y la
finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas”[101].
En segundo lugar, impedir que el amparo “se convierta en factor de
inseguridad [jurídica]”[102].
Y, en tercer lugar, evitar “el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia” en la defensa de los
derechos[103].
Ahora bien, insistentemente ha resaltado
esta Corporación que la razonabilidad del plazo no puede determinarse a
priori, pues ello se traduciría en la imposición de un término de caducidad
o prescripción prohibido por el artículo 86 de la Constitución, sino de
conformidad con los hechos de cada caso concreto[104]. Es por ello que “en
algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela
improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar
razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso”[105].
En este orden de ideas, surtido el análisis de los
hechos del caso concreto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión
de que una acción de tutela, que en principio parecería carente de inmediatez
por haber sido interpuesta después de un tiempo considerable desde la amenaza o
vulneración del derecho fundamental, en realidad resulta procedente debido a
las particulares circunstancias que rodean el asunto[106].
En los casos bajo estudio, la Sala advierte que las acciones de
tutela se interponen en plazos de tiempo razonables, lo cual permite deducir el
cumplimiento de este requisito de procedibilidad del amparo constitucional.
3.2.1 En el caso de la acción de tutela interpuesta
por la señora Rosmary Cely Morantes (expediente No. 3919246), la misma se
interpone el día cuatro (4) de abril de dos mil trece (2013), esto es, tres (3)
meses y cuatro (4) días después de que se terminara el contrato de trabajo de
la accionante, quien trabajo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012) con la
empresa Altxer S.A.S. Así las cosas, se trata de un plazo que no se estima irrazonable y que denota la
urgente necesidad de la actora de buscar el amparo de sus derechos
fundamentales.
3.2.2 Con respecto a la acción de tutela interpuesta por el señor Rafael Antonio Farfán Castillo
(T-3921904), se tiene que la misma fue interpuesta el diecinueve (19) de marzo
de dos mil trece (2013), esto es, luego de un (1) mes y veintisiete (27) días
de haber presentado su renuncia irrevocable al empleo que ocupaba en el
Consorcio Vías Tocancipa II, pues la renuncia tiene como fecha el veintiuno
(21) de enero de dos mil trece (2013). En igual sentido, se trata de un plazo
razonable con el cual se constata la congruencia entre el medio de protección y
la finalidad perseguida.
3.2.3 Frente a la acción de tutela promovida por la
señora María Yisenia Sánchez Pinzón (T-3925289), se encuentra que esta fue
interpuesta el cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013), esto es, un (1) mes
después de que le hicieran entrega de la carta de despido[107]. Esta es una
oportunidad razonable y que permite en los términos de la jurisprudencia constitucional
aquí enunciada, que advierte la inminente urgencia del amparo pedido.
3.2.4 Con respecto a la acción de tutela del señor Hernando Mina Lasso
(T-3928410), esta se interpuso el día treinta y uno (31) de enero de dos mil
trece (2013), esto es, un (1) mes y nueve (9) días después de que fue
desvinculado el accionante.[108]
Con lo cual se corrobora el cumplimiento del requisito de inmediatez para la
interposición del amparo constitucional.
Una vez establecida la procedencia de la
acción de tutela para estudiar las controversias sobre la terminación de los
vínculos laborales de los actores, la Sala de Revisión reiterará su
jurisprudencia sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada.
4.
El derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión por sufrir disminuciones
físicas, mentales o sensoriales. Reiteración de jurisprudencia.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que los trabajadores que puedan catalogarse como: (i)
inválidos, (ii) discapacitados, (iii) disminuidos físicos,
síquicos o sensoriales, y (iv) en general  todos aquellos que (a) tengan
una afectación en su salud; (b) esa circunstancia les “impida[a] o
dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones
regulares”,[109]
y (c) se tema que en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados
por ese solo hecho,[110]
están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a
la estabilidad laboral reforzada.
El derecho a la estabilidad laboral reforzada es
resultado de una interpretación conjunta de, al menos, cuatro preceptos
constitucionales: en primer lugar, del artículo 53 de la Constitución, que
consagra el derecho a “la estabilidad en el empleo”;[111] en segundo lugar, del
deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración social” a
favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos físicos, sensoriales
y síquicos” (art. 47, C.P.);[112]
en tercer lugar, del derecho que tienen todas las personas que “se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente”,
con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y
efectiva” (art. 13, C.P); y en cuarto lugar, del deber de todos de “obrar
conforme al principio de solidaridad social”, ante eventos que supongan
peligro para la salud física o mental de las personas (art. 95,
C.P.).[113]
Pues bien, quienes sean titulares del derecho a la
estabilidad laboral reforzada se benefician de dos normas de carácter
fundamental, vinculadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional a las
garantías de la Carta: en primer lugar, de la prohibición que pesa sobre
el empleador de despedir o terminarle su contrato a una “persona
limitada[,  p]or razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
oficina de Trabajo”;[114]
y, en segundo lugar, de la obligación del juez de presumir el
despido discriminatorio, cuando una persona en circunstancias de debilidad
manifiesta es desvinculada del empleo sin autorización de la oficina del
trabajo.[115]
En consecuencia, cuando se comprueba que el empleador (a)
desvinculó a un sujeto titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada
sin solicitar la autorización de la oficina del trabajo, y (b) no logró
desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, entonces el juez que
conozca del asunto tiene el deber prima facie de reconocer a favor del trabajador:
(i) en primer lugar, la ineficacia de la terminación o del despido
laboral (con la consiguiente causación del derecho del demandante a recibir
todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir); (ii) en
segundo lugar, el derecho a ser reintegrado a un cargo que ofrezca condiciones
iguales o mejores que las del cargo desempeñado por él hasta su desvinculación,
y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud, sino que esté
acorde con sus condiciones;[116]
(iii) en tercer lugar, el derecho a recibir capacitación para cumplir
con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso (art. 54,
C.P.);[117]
y (iv) en cuarto lugar, el derecho a recibir “una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren” (art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997).
A
continuación, se analizaran los casos objeto de estudio a la luz de las reglas
antes citadas.
1.
Casos objeto de
estudio
1.1.    Expediente T-3919246
Inicialmente la acción de tutela interpuesta por la
señora Rosmary Cely Morantes, le planteaba a la Sala de Revisión la problemática
de determinar si las empresas Altxer S.A.S. y Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.
vulneraron sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al
mínimo vital, al terminar su contrato de trabajo conociendo su disminución
física y sin contar con la autorización del Ministerio de Trabajo, lo cual ha
causado que no tenga recursos para su sostenimiento y el de su familia.
Sin embargo, en el curso del trámite de revisión el
despacho procedió a verificar vía telefónica[118],
la condición de salud de la accionante, encontrándose según lo manifestado por
ella, que sus dificultades de salud subsisten pero que realizó un acuerdo conciliatorio
con su empleador por las prestaciones y acreencias laborales adeudadas, con
posterioridad al momento en que presentó la acción de tutela que es objeto de
estudio. Por esta razón, se concluye que con respecto a este asunto se presenta
una carencia actual de objeto.[119]
No obstante lo anterior, esta
Corporación debe determinar el alcance del derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada y el mínimo vital de la actora, toda vez que el fallo de
única instancia negó su amparo por considerar que la acción era improcedente.
La
acción de tutela objeto de estudio fue interpuesta por la señora Rosmary Cely Morantes,
afirma que laboró como auxiliar de barrido al servicio de la empresa Aseo
Urbano S.A.S. E.S.P. durante cerca de doce (12) años, por medio de distintas
empresas de tercerización laboral, siendo la última de estas la sociedad Altxer
S.A.S. La actora manifiesta que desde el año dos mil diez (2010) empezó a
sufrir distintas dolencias físicas en sus manos, rodilla y espalda,[120]
que le causaron múltiples incapacidades laborales, y por las cuales la EPS a la
que se encontraba afiliada le hizo algunas recomendaciones a su empleador para
su adaptación ocupacional.[121]
Finalmente, informa que la empresa Altxer S.A.S. terminó su contrato de trabajo
el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012), argumentando como
causa de la decisión, la finalización de la obra. Con fundamento en los hechos
expuestos, la actora considera que las empresas Altxer S.A.S. y Aseo Urbano
S.A.S. E.S.P. vulneraron sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada y al mínimo vital, al terminar su contrato de trabajo conociendo su
disminución física y sin contar con la autorización del Ministerio de Trabajo,
lo cual ha causado que no tenga recursos para su sostenimiento y el de su
familia.
La
empresa Altxer S.A.S. argumenta que no vulneró los derechos fundamentales de la
señora Rosmary Cely Morantes, porque ella estaba vinculada por medio de un
contrato laboral por la duración de una obra o labor, que consistía en la
prestación de servicios para ejecutar el contrato comercial por ellos suscrito
con la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P. En consecuencia, al finalizar la
relación comercial con la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P., se extinguió la
labor para la cual fue contratada la actora, situación que justificó la
terminación de la relación laboral. Adicionalmente, sostiene que la actora no
tiene una discapacidad parcial permanente, razón por la cual no tiene derecho a
una estabilidad laboral reforzada. Por último, manifiesta que es una empresa de
outsourcing y no una empresa de servicios temporales, y que suscribió un
contrato con la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P. para la prestación de un
servicio y no para el suministro de trabajadores.
Por
su parte, Aseo Urbano S.A.S. E.S.P. sostiene que la señora Rosmary Cely
Morantes nunca ha sido trabajadora de esa empresa, y que suscribió un contrato
con la empresa Altxer S.A.S. para “la prestación de unos servicios
integrales y especializados en actividades de apoyo en diversas áreas”,[122]
razón por la cual desconoce las funciones, salario y situación de los
trabajadores de esa empresa, y considera que “la responsabilidad laboral del
personal contratado es exclusivamente del contratista”.[123]
Adicionalmente, considera que a la actora no se le está vulnerando derecho
fundamental alguno, y que existen otros medios judiciales que pueden ser usados
para resolver la controversia objeto de estudio.
Siguiendo
la estructura propuesta, la Sala de Revisión considera que se vulneraron los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital de
la señora Rosmary Cely Morantes. Esta conclusión se fundamenta en el hecho de
que la actora es una persona disminuida físicamente, por los problemas físicos
que presenta en sus manos, rodilla y espalda, algunos de los cuales son
consecuencia de la actividad laboral que desempañó durante los últimos doce
años como auxiliar de barrido.
Así
mismo, está claro que la señora Cely Morantes estuvo vinculada por medio de un
contrato laboral, y que tanto la empresa con la que suscribió el contrato
laboral (Altxer S.A.S.), como la empresa que se beneficiaba de su trabajo (Aseo
Urbano S.A.S. E.S.P.), conocían su estado de salud, ya que la EPS a la que se
encontraba afiliada recomendó la adaptación ocupacional de la actora, y esta
fue reubicada desde enero de dos mil once (2011) en un cargo de auxiliar
administrativo en la empresa Aseo Urbano S.A.S. E.S.P.[124]
La
accionante fue desvinculada de su trabajo el treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil doce (2012), sin que el Ministerio del Trabajo hubiera autorizado la
terminación de la relación laboral. Finalmente, la Sala de Revisión considera
que en el caso objeto de estudio está acreditada la vulneración del derecho al
mínimo vital de la señora Rosmary Cely Morantes, porque esta recibía un salario
mínimo legal mensual vigente por su trabajo,[125]
no recibió suma alguna por la liquidación de su contrato,[126]
y a partir de su desvinculación no volvió a ser contratada por su estado de
salud.
Bajo estas consideraciones, la Sala
Primera de Revisión revocará el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de San José de Cúcuta, el día dieciocho (18) de
abril de dos mil trece (2013), por medio del cual se declaró la improcedencia
de la acción de tutela promovida por la señora Rosmary Cely Morantes y, en su lugar, amparará sus
derechos a la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital, pero no expedirá
orden alguna porque la misma sería inocua en tanto la accionante logró un
acuerdo conciliatorio sobre las prestaciones y acreencias laborales que le
adeudaba su empleador.
Lo anterior no obsta para advertir a las empresas Altxer S.A.S. y Aseo Urbano
S.A.S. E.S.P., para que
en lo sucesivo se abstengan de repetir la conducta que es objeto de análisis,
en el sentido que no pueden despedir o terminar el contrato de trabajadores que
se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión por sufrir disminuciones
físicas, mentales o sensoriales y cuando la terminación del vínculo laboral se
produzca como consecuencia de esta limitación y sin que medie la autorización
de la correspondiente oficina de trabajo en los termino del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997.
1.2.
Expediente
T-3921904
Inicialmente la acción de tutela
interpuesta por el señor señor
Rafael Antonio Farfán Castillo,
le planteaba a la Sala de Revisión la problemática de determinar si el Consorcio Vías Tocancipá II vulneró sus derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital, cuando el empleador demuestra que la terminación del
contrato se debió a la renuncia escrita, libre y voluntaria del trabajador y
aporta copia de la misma. Y adicionalmente, cuando no hay mención del
accionante en su escrito de tutela ni obra prueba, que permita inferir coacción
o presión por parte empleador para la renuncia.
Sin embargo, en el curso del trámite de revisión el
despacho procedió a verificar vía telefónica, la condición de salud de la
accionante, encontrándose según lo manifestado por su esposa que el señor
Rafael Antonio Farfán Castillo falleció el día diez (10) de noviembre de dos
mil catorce (2014), configurándose así una carencia actual de objeto.
No obstante lo anterior, esta
Corporación debe determinar el alcance del derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada y el mínimo vital del actor, toda vez que el fallo de única
instancia negó su amparo por considerar que era improcedente la acción de
tutela por la presunta renuncia voluntaria, libre y sin coacción del
accionante.
El señor Rafael Antonio Farfán Castillo es
una persona que se desempeñaba como ayudante en construcción urbanística al
servicio del Consorcio Vías Tocancipá II, y que fue diagnosticado con cáncer
gástrico el seis (6) de octubre de dos mil doce (2012). El actor afirma que
este hecho lo informó a uno de los representantes de su empleador, entre otras
razones, porque necesitaba ausentarse una vez por semana para recibir el
tratamiento de su enfermedad. A pesar de ello, el veintiséis (26) de enero de
dos mil trece (2013) le informaron verbalmente “que se había acabado el
trabajo y que por lo tanto no podía seguir laborando con ellos”. El actor
considera que la actuación del consorcio accionado vulnera sus derechos
fundamentales, porque no cuenta con recursos para su sostenimiento ni para
asumir los gastos asociados al tratamiento de su enfermedad, razón por la cual
solicita que se ordene su reintegro laboral, y el pago de los salarios y
prestaciones que ha dejado de percibir.
Por su parte, el Consorcio Vías Tocancipá
II reconoce que el señor Rafael Antonio Farfán Castillo laboró a su servicio,
pero niega que éste les hubiera informado que padecía cáncer, ni que se le
hubieran otorgado permisos frecuentes por causa de su enfermedad.
Adicionalmente, argumenta que no vulneró el derecho a la estabilidad laboral
reforzada del actor, ni alguno otro de sus derechos, porque la terminación del
contrato de trabajo obedeció a la renuncia voluntaria por él presentada el
veintiuno (21) de enero de dos mil trece (2013) por razones personales.
Para sustentar esta última afirmación, el
Consorcio accionado aportó copia de un documento suscrito por el señor Farfán
Castillo, en el que este manifiesta:
“Respetados señores:
La presente es con
el fin de presentar mi renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando
hasta el día de hoy en el Consorcio Vías Tocancipá II.
El motivo de la presente
es voluntario y por razones personales.”
Con fundamento en las posiciones expuestas,
la Sala de Revisión considera que la controversia que este caso le plantea gira
en torno a la posibilidad de garantizar por medio de la acción de tutela el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de una persona que padece una
enfermedad grave, cuando el empleador demuestra que la terminación del contrato
se debió a la renuncia escrita, libre y voluntaria del trabajador y aporta
copia de la misma. Y adicionalmente, cuando no hay mención del actor en su
escrito de tutela ni obra prueba, que permita inferir coacción o presión por
parte empleador para la renuncia.
En la sentencia T-457 de 2010[127] esta Corporación tuvo
la oportunidad de resolver una controversia similar. En esa oportunidad se
estudió si debía prosperar una acción de tutela interpuesta para proteger el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de una persona enferma que renunció
a su empleo, pero que afirmó que lo hizo porque su empleador lo amenazó con dar
malas referencias suyas. Por su parte, la empresa accionada manifestó que el
actor renunció voluntariamente y libre de coacción.
En sus consideraciones, la Corte
Constitucional señaló que para proteger el derecho a la estabilidad laboral
reforzada por medio de la acción de tutela, era necesario que estuviera
demostrado que la terminación de la relación laboral fue imputable
exclusivamente al empleador, bien sea por despido directo o indirecto, ya que
éste es quien tiene la carga de garantizar la estabilidad laboral reforzada. En
consecuencia, si no se lograba establecer esta situación debía declararse la
improcedencia de la acción de tutela, para que esa controversia fuera definida
por el juez ordinario. Textualmente se dijo:
“Frente a este punto, es necesario precisar
que la causa de terminación de la relación laboral que se alegue para proteger
el derecho a la estabilidad laboral reforzada, debe ser imputable
exclusivamente al empleador  -bien sea por efecto del despido o del despido
indirecto[128]-,
ya que es el sujeto a quien la ley y la jurisprudencia constitucional le han
impuesto la carga de la estabilidad laboral.
[…]
Solamente la
comprobación de los anteriores presupuestos, legitima la reclamación por vía de
acción de tutela, ya que de no establecerse, se puede concluir que se está
frente a una controversia ordinaria, la cual escapa de la esfera de
conocimiento del juez constitucional, en aplicación del principio de
subsidiariedad que rige la acción de amparo (art. 86
C.P.). Lo anterior, en atención a los reiterados pronunciamientos de esta
Corte, que han señalado que en principio, el mecanismo constitucional es
improcedente para ordenar el reintegro laboral en la medida en que el
ordenamiento jurídico prevé para el efecto, determinadas acciones judiciales
cuya competencia ha sido atribuida a la jurisdicción ordinaria laboral y a la
de lo contencioso administrativo, según sea el caso.”[129]
Estas consideraciones llevaron a la Corte a
concluir que en esa oportunidad la acción de tutela no era un mecanismo
judicial procedente, porque no se pudo establecer con certeza si la terminación
del vínculo laboral le era imputable al empleador, y en sede constitucional no
se podía calificar la eficacia jurídica de dicha renuncia.[130]
La jurisprudencia reseñada lleva a la Sala
de Revisión a colegir que la acción de tutela interpuesta por el señor Farfán
Castillo no puede prosperar, porque durante el trámite de la acción
constitucional no se logró acreditar que la terminación del contrato fuera
atribuible al Consorcio accionado. Esta conclusión se fundamenta en la copia de
la carta de renuncia suscrita por el actor el 21 de enero de 2013, la cual
constituye evidencia sobre la causa de la terminación del vínculo laboral, tal
como lo consideró el juez de tutela de primera instancia.[131]
Ahora bien, esta Corporación ha reconocido
que una renuncia puede ser el producto de una coacción por parte del empleador,
lo que constituiría un despido indirecto. Sin embargo, en el trámite de tutela
no existe una afirmación del actor que así lo sugiera, situación que le impide
a la Sala de Revisión analizar ese posible escenario.
Bajo estas consideraciones, la Sala
Primera de Revisión confirmará el fallo proferido en primera instancia el doce (12) de abril de dos mil trece (2013),
por  el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá, el cual declaró la
improcedencia de la acción de tutela instaurada por el señor Rafael Antonio
Farfán Castillo.
1.3.
Expediente
T-3925289
La señora María Yisenia Sánchez Pinzón solicita la
protección de sus derechos a la salud, la vida y la estabilidad laboral
reforzada. La actora considera que estos fueron vulnerados por su empleador al
terminar su contrato de trabajo, sin tener en cuenta que le fue diagnosticado
un tumor de comportamiento desconocido, hecho del cual tenía conocimiento la
empresa accionada.
Por su parte, la empresa Achury Grajales AG Groupe
afirma que la terminación del contrato de trabajo se debió al incumplimiento
por parte de la trabajadora de sus obligaciones y que no tenía conocimiento de
la enfermedad de la actora al momento de la terminación del vínculo laboral,
razones por las cuales no debe accederse a las pretensiones de la acción de
tutela.
La Sala de Revisión considera que en este caso se
cumplen todos los presupuestos jurisprudenciales mencionados en el numeral 4 de
las consideraciones de esta sentencia para concluir que la señora María Yisenia
Sánchez Pinzón tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada.
En primer lugar, está claro que la actora padece una
enfermedad, la cual había sido diagnosticada al momento de la terminación del
vínculo laboral. En efecto, en el expediente se acreditó que la señora Sánchez
Pinzón ingresó a consulta médica por urgencias por un dolor pélvico muy intenso
la noche del veintiocho (28) de enero de dos mil trece (2013).[132] Al día
siguiente asistió nuevamente a consulta y le expidieron incapacidad médica por
dos días.[133]
El día treinta (30) de enero se le practicó una ultrasonografía pélvica
ginecológica transabdominal, examen que evidenció un tumor “que mide 61 × 28
× 36 [mm] volumen 33 cc.”.[134]
Así mismo, se le practicó una prueba de antígeno carcinoembrionario, el cual
tuvo como resultado 3.1 ng/ml, con un rango biológico de referencia de 0.0 –
3.0.[135]
Este último día se le expidió una nueva incapacidad médica por dos días.[136]
Además, en el expediente obra copia de la carta de
terminación del contrato de trabajo de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón
suscrita por la Directora de Clientes Corporativos de la empresa Achury
Grajales AG Groupe S.A.S. el primero (1°) de febrero de dos mil trece (2013).
Lo anterior evidencia que al momento de la terminación del vínculo laboral la
señora Sánchez Pinzón estaba incapacitada médicamente como consecuencia de su
enfermedad.
En segundo lugar, la Sala de Revisión considera que la
afectación de la salud de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón le dificulta
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, ya
que el tumor en uno de sus ovarios le produce dolor que irradia al miembro
inferior izquierdo. Adicionalmente, aunque no está claro que la masa sea
cancerígena, el veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013) la médica
tratante remitió a la paciente en forma prioritaria a consulta
especializada en ginecología oncológica,[137]
lo cual constituye un indicio de la potencial gravedad de la enfermedad de la
actora.
Por último, la Sala de Revisión considera que la
actora se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, porque está
enferma, y tiene a su cargo tres (3) hijos menores de edad.[138]
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el salario básico mensual que ésta
recibía era de setecientos mil pesos ($700.000),[139] suma inferior
a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año dos mil trece
(2013),[140]
lo cual hace suponer la afectación del mínimo vital de la actora y de su núcleo
familiar.[141]
En consecuencia, como la señora María Yisenia Sánchez
Pinzón tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada, la empresa Achury
Grajales AG Groupe debía solicitar la autorización del Ministerio del Trabajo
para dar por terminada la vinculación laboral con la actora, el cual constituye
“la materialización de [la] protección laboral reforzada”.[142]
Sin embargo, la sociedad accionada no solicitó la mencionada autorización. Por
lo tanto, debe concluirse que la terminación del vínculo laboral de la señora
María Yisenia Sánchez Pinzón vulneró su derecho a la estabilidad laboral
reforzada.
Ahora bien, la sociedad accionada sostiene que la
enfermedad de la señora Sánchez Pinzón no fue la causa de la terminación del
contrato de trabajo, y que tomó esta decisión por “la falta repetitiva y
constante de sus obligaciones como trabajadora, el uso indebido de los equipos
asignados para el desarrollo de sus funciones así como las repetitivas faltas
al horario de trabajo”.[143]
Al respecto, la Sala de Revisión considera que esas
afirmaciones no alcanzan a desvirtuar la presunción de despido discriminatorio,
ya que la terminación del vínculo laboral ocurrió mientras la actora se
encontraba incapacitada, situación que hace presumir una relación de
causalidad. Por lo tanto, si la empresa accionada considera que la actora ha
incumplido reiteradamente con sus obligaciones laborales, deberá solicitar al
Ministerio del Trabajo la autorización para terminación el contrato de trabajo
por justa causa de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón.
Por las razones expuestas, en la parte resolutiva de
esta sentencia se tutelarán los derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada y al mínimo vital de la actora. En consecuencia, se declarará la
ineficacia de la terminación del vínculo laboral de la señora María Yisenia
Sánchez Pinzón, y se ordenará a la empresa Achury Grajales AG Groupe S.A.S. que
le cancele todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por
la actora desde el momento de su desvinculación. Así mismo, se ordenará que
reintegre a la actora al cargo que venía desempeñando al momento de su
desvinculación, o a otro que ofrezca iguales o mejores condiciones y que esté
acorde con su estado de salud. Finalmente, se ordenará a la empresa accionada
que le cancele una indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario,
con fundamento en lo establecido en el artículo 26, inciso 2° de la Ley 361 de
1997.[144]
1.4.
Expediente
T-3928410
El señor Hernando Mina Lasso es una persona
que trabaja en labores de jardinería. Padece síndrome del túnel del carpo
bilateral severo, enfermedad de naturaleza profesional,[145] por la cual le practicaron una cirugía de
liberación del túnel carpiano izquierdo el veintidós (22) de julio de dos mil
once (2011).[146]
Respecto de su mano derecha, al momento de la interposición de la acción de
tutela estaba pendiente que un médico especialista en cirugía de mano
determinara el tratamiento que se debía seguir para su rehabilitación.[147]
Como consecuencia de estas patologías, la ARP Colpatria (hoy ARL Colpatria)
expidió el veinticinco (25) de julio de dos mil doce (2012) un concepto médico
de aptitud laboral del señor Hernando Mina Lasso con recomendaciones vigentes
hasta el veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013), y en el que se
indica que deben hacerse exámenes periódicos.[148]
El actor laboró como ayudante de siembra de
prados[149]
al servicio del señor Manuel José González Canacue, quien falleció el catorce
(14) de diciembre de dos mil doce (2012).[150]
Afirma que luego de la muerte del señor González Canacue, uno de sus hijos, el
señor Harold González Franco, asumió la administración de la empresa y
desvinculó unilateralmente a todas las personas que allí laboraban.
Posteriormente, esta persona creó la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S.[151]
y vinculó a los compañeros del accionante, pero a él no lo reintegró. Así
mismo, afirma que en una conversación con el señor Harold González Franco, éste
le manifestó que no lo reintegró por su enfermedad laboral y por los
procedimientos médicos que le debían practicar, situaciones que consideró
podrían convertirse en “un problema más adelante”.[152] Afirmación
que no fue desvirtuada por la empresa accionada.
Adicionalmente, el accionante manifiesta
que está desafiliado del Sistema de Seguridad Social en Salud, y que requiere
de los servicios de salud para continuar con su rehabilitación, entre otras
necesidades de salud.
Por las razones expuestas, el señor
Hernando Mina Lasso considera vulnerados sus derechos fundamentales a la salud,
al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, solicita
que estos derechos sean protegidos y se ordene su reintegro a partir del
veintidós (22) de diciembre de dos mil doce (2012).
Por su parte, el señor Harold González Franco, en su calidad de
representante legal de la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S.,[153] sostiene que el señor Hernando Mina Lasso
no ha tenido vínculo laboral alguno con esa empresa.[154]
La Sala de Revisión considera que la
empresa accionada, representada por el señor Harold González Franco vulneró los
derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital y a la estabilidad laboral
reforzada del señor Hernando Mina Lasso, al terminar su vínculo laboral bajo el
supuesto de que la muerte del señor Manuel José González Canacue (su padre),
constituía una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo.
Para llegar a esta conclusión, debe tenerse
en cuenta que el señor Hernando Mina Lasso tiene derecho a la estabilidad
laboral reforzada. En efecto, el accionante padece una enfermedad laboral de la
cual estaba enterado su empleador, como lo demuestra la carta suscrita por el
señor Manuel José González Canacue el doce (12) de enero de dos mil doce
(2012), por medio de la cual solicitó a la ARL Colpatria que evaluara
nuevamente al señor Mina Lasso para determinar si era o no apto para seguir
laborando, dado que las funciones que desarrollaba tenían plena conexidad con
su enfermedad pues se desempeñaba en tareas de jardinería.[155]
Adicionalmente, el actor seguía enfermo al
momento de la terminación del contrato de trabajo el veintidós (22) de
diciembre de dos mil doce (2012), como lo demuestra el concepto médico de
aptitud laboral expedido por la ARL Colpatria el veinticinco (25) de julio de
dos mil doce (2012), en el que se expiden recomendaciones laborales hasta el
veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013).[156]
Adicionalmente, el síndrome del túnel del carpo
bilateral que padece el señor Mina Lasso le dificulta el desempeño de su
trabajo, porque es una persona que durante su vida laboral se ha dedicado a
actividades como lo es la siembra de prado y mantenimiento de zonas verdes.[157]
Es más, la disminución de la capacidad laboral del actor para realizar su
trabajo fue señalada expresamente en la comunicación enviada por el señor
González Canacue a la ARL Colpatria el doce (12) de enero de dos mil doce
(2012). En esta comunicación se informa que cuando el señor Mina Lasso se
reincorporó a trabajar el tres (3) de enero de dos mil doce (2012), éste
manifestó que le era “imposible realizar algunas de las actividades que
normalmente realizaba siguiendo las recomendaciones y que por lo tanto no [podía]
desempeñar ninguna labor (sic)”.[158]
Así mismo, el accionante se encuentra en una situación
de debilidad manifiesta, porque tiene sesenta y dos (62) años de edad,[159]
está enfermo, y no ha alcanzado a aportar las semanas necesarias para obtener
una pensión de vejez.[160]
Estas condiciones, sumadas a los ingresos por un salario mínimo que devengaba
el actor,[161]
hacen suponer la afectación de su derecho al mínimo vital.[162]
Ahora bien, aunque el señor Mina Lasso
tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada, el señor Harold González
Franco terminó el vínculo laboral con el actor luego del fallecimiento del
señor Manuel José González Canacue sin autorización del Ministerio de Trabajo,
a pesar de que aquél continuó ejerciendo por medio de la empresa Zonas Verdes
del Valle S.A.S. las actividades que éste último desarrollaba.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que en
el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo se define la sustitución laboral
como: “todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa, siempre
que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no
sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios.”
A partir de esta definición legal, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la sustitución patronal
busca proteger a los trabajadores contra una posible terminación del vínculo
laboral producido por el traspaso o cambio de dominio de la empresa, y que este
fenómeno ocurre cuando concurren tres elementos, a saber: i) cambio de patrono;
ii) continuidad de la empresa; y iii) continuidad del trabajador.[163]
Con fundamento en los criterios antes
expuestos, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de estudiar
acciones de tutela en las que ha ordenado la protección del derecho a la
estabilidad laboral reforzada de personas disminuidas físicamente, aunque
hubiera ocurrido el fenómeno de la sustitución de empleadores.
Por ejemplo, en la sentencia T-742 de 2011[164]
se estudió la acción de tutela interpuesta por una persona que estaba vinculada
a una empresa de servicios temporales como trabajador en misión, que sufrió
varias enfermedades profesionales, y que fue desvinculado de su trabajo estando
incapacitado. Aunque la empresa empleadora había cambiado de representante
legal y de razón social, la Corte Constitucional concluyó que la empresa
accionada era responsable de la protección de los derechos fundamentales del
actor a la vida, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada, porque había
operado una sustitución de empleadores.[165]
Aplicando los criterios antes expuestos a
la situación del señor Hernando Mina Lasso, la Sala de Revisión considera que
existe suficiente evidencia para concluir que en este caso ocurrió una
sustitución de empleadores entre la empresa González Canacue Manuel José[166]
y la sociedad Zonas Verdes del Valle S.A.S., creada por el señor Harold
González Franco.
En efecto, en el certificado de existencia
y representación legal de esta última empresa, creada mediante documento
privado del dos (2) de enero de dos mil trece (2013),[167] se registra
como objeto social principal de la misma el “suministro e instalación de
materiales para la adecuación y mantenimiento de zonas verdes en general”.[168]
Este objeto social es muy similar al que desarrollaba el señor Manuel José
González Canacue, como él mismo lo manifestó en la comunicación dirigida a la
ARL Colpatria el doce (12) de enero de dos mil doce (2012), en la que afirma
que “la única actividad empresarial que realiz[aba] y que h[abía] venido
desempeñando por más de 18 años e[ra] la de siembra de prado y mantenimiento de
zonas verdes”.[169]
Adicionalmente, las dos empresas tienen
registrada la misma dirección de domicilio principal, como se evidencia en el
certificado de existencia y representación de la empresa Zonas Verdes del Valle
S.A.S. y en la certificación de registro de la matrícula mercantil de la
empresa González Canacue Manuel José.[170]
Estos hechos llevan a la Sala de Revisión a
concluir que ocurrió un cambio de empleador entre la firma González Canacue
Manuel José y la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S., por la muerte del señor
Manuel José González Canacue. Adicionalmente, que existe una continuidad en las
actividades que venía desempeñando el antiguo empleador del señor Mina Lasso,
porque la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S. siguió desarrollando la
actividad económica que prestaba el señor González Canacue. Por lo tanto, la
empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S. debía garantizar la continuidad laboral
del señor Hernando Mina Lasso, y debía respetarle sus derechos fundamentales a
la salud, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada.
Sin embargo, como la sociedad Zonas Verdes
del Valle S.A.S. no le garantizó la continuidad laboral al accionante, en la
parte resolutiva de esta sentencia se tutelarán los derechos fundamentales al
mínimo vital, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada del señor
Hernando Mina Lasso, y se ordenará al señor Harold González Franco, en su
condición de representante legal de la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S.,
que reintegre al actor desde el momento de su desvinculación sin solución de
continuidad, que le cancele todos los salarios y prestaciones sociales causados
durante el tiempo que estuvo desvinculado, y le cancele la indemnización
equivalente a ciento ochenta (180) días de salario establecida en el artículo 26, inciso 2° de la Ley 361
de 1997.
IV.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos de los procesos
objeto de estudio, decretada mediante auto del once (11) de septiembre de dos
mil trece (2013).
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de San José de
Cúcuta el dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013), que declaró la
improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, DECLARAR que existió vulneración de los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de la señora
Rosmary Cely Morantes (Expediente T-3919246), pero en la actualidad se
estructuró una carencia actual de objeto, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero.- ADVERTIR a las empresas Aseo Urbano S.A.S. E.S.P. y Altex
S.A.S., para que en lo
sucesivo se abstenga de repetir la conducta que fue objeto de análisis, en el
sentido de que no puede vulnerar los derechos fundamentales a la estabilidad
laboral reforzada y el mínimo vital de sus trabajadores.
Cuarto.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Tocancipá el doce (12) de abril de dos mil trece (2013),
que negó la tutela de los derechos del señor Rafael Antonio Farfán Castillo,
por las razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia. (Expediente
T-3921904). Adicionalmente, DECLARAR que en la actualidad se estructuró una
carencia actual de objeto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Quinto.- REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado
Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá el veintinueve (29) de abril de dos mil
trece (2013), y por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá el dieciocho
(18) de marzo de dos mil trece (2013), que negaron la acción de tutela, y en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
estabilidad laboral reforzada de la señora María Yisenia Sánchez Pinzón.
(Expediente T-3925289).
Sexto.- ORDENAR a la empresa Achury Grajales AG Groupe
S.A.S. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, reintegre a la señora María Yisenia Sánchez Pinzón
al cargo que venía desempeñando al momento de su desvinculación, o a otro que
le ofrezca mejores condiciones y que esté acorde con su estado de salud.
Séptimo.- ORDENAR a la empresa Achury Grajales AG Groupe
S.A.S. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, le cancele a la señora María Yisenia Sánchez
Pinzón todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el
momento de su desvinculación hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro.
Octavo.- ORDENAR a la empresa Achury Grajales AG Groupe
S.A.S. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, le
cancele a la señora María Yisenia Sánchez Pinzón una indemnización equivalente
a ciento ochenta días de salario, con fundamento en lo establecido en el
artículo 26, inciso 2° de la Ley 361 de 1997.
Noveno.- REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado
Penal del Circuito de Puerto Tejada, Cauca, el veintidós de abril de dos mil
trece (2013), y por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Puerto Tejada, Cauca,
el seis (6) de marzo de dos mil trece (2013), que declararon la improcedencia
de la acción de tutela, y en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada
del señor Hernando Mina Lasso. (Expediente T-3928410).
Décimo.- ORDENAR al señor Harold González Franco, en su
condición de representante legal de la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S.,
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente sentencia, reintegre el señor Hernando Mina Lasso al cargo que venía
desempeñando al momento de su desvinculación o a otro que le ofrezca
condiciones iguales o mejores, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su
estado de salud.
Décimo primero.- ORDENAR al señor Harold González Franco, en su
condición de representante legal de la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S.,
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta sentencia, le cancele al señor Hernando Mina Lasso todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de su desvinculación
hasta la fecha en que se haga efectivo su reintegro.
Décimo segundo.- ORDENAR al señor Harold González Franco, en su
condición de representante legal de la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S.,
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta sentencia, le cancele al
señor Hernando Mina Lasso una indemnización equivalente a ciento ochenta días
de salario, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, inciso 2° de la
Ley 361 de 1997.
Décimo tercero.- Por Secretaría General de la Corte, LÍBRENSE las comunicaciones previstas
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
A LA SENTENCIA
T-405/15
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA O INDEFENSION-Protección no puede ser la misma que la que
se aplica para las personas en situación de discapacidad (Salvamento parcial de
voto)
Magistrado Ponente:
María
Victoria Calle Correa
Referencia:
Expediente
T-3919246,
T-3921904, T-3925289 y T- 3928410
Con el acostumbrado respeto, me permito
expresar las razones que me llevaron a salvar parcialmente mi voto en relación
con el fallo de la referencia, con fundamento en la diferencia que, a mi
juicio, existe entre, de un lado, la protección que la ley ha previsto en
materia de estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidad, y,
de otro, la protección que para supuestos similares se ha desarrollado
jurisprudencialmente, con fundamento directo en la Constitución.
A este respecto cabe señalar, en primer
lugar, que si bien existen numerosas sentencias de la Corte que no lo han hecho
así, estimo que en esta providencia, que hace parte de la sistematización
conceptual de la jurisprudencia sobre el particular, se habría debido separar
dos hipótesis que son claramente diferenciables. Se trata, por un lado, de la
situación del trabajador discapacitado, quien está cobijado por la protección
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, por otro, de la hipótesis del
trabajador no discapacitado pero sí en condición de debilidad manifiesta, cuya
protección tiene origen directamente en la Constitución y en el desarrollo
jurisprudencial, más no en el régimen legal mencionado.
Considero que, en principio, el régimen
legal, tanto en sus presupuestos como en algunas de sus consecuencias, sólo es
aplicable a las personas con discapacidad. Si bien comparto la extensión del
criterio protector a supuestos de personas en otros estados de debilidad, como
quienes se encuentran en incapacidad transitoria o sometidos a tratamientos
médicos, creo que de allí surge un sistema distinto de protección, que repito,
tiene fuente constitucional y no legal, circunstancia de la que se derivan
varias consecuencias.
Con el fin de proteger la estabilidad
laboral reforzada del trabajador en situación de discapacidad, la Ley 361 de
1997 contempló la obligación legal del empleador de
acudir a un trámite administrativo -el concepto de la autoridad del trabajo-
para dar por terminada la vinculación laboral. De no hacerse así, el empleado
queda cobijado por una presunción de despido discriminatorio, que hace ineficaz
el mismo, y cuya consecuencia inmediata es el reintegro, el pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir, y la sanción por 180 días de salario.
Ahora, con respecto al trabajador en
estado de debilidad manifiesta, si bien cabe predicar el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, y, por consiguiente, la existencia de una
obligación del patrono de mantener al trabajador en el empleo, como producto de
un imperativo constitucional de solidaridad, no existe la obligación legal de
obtener el concepto de la autoridad del trabajo para dar por terminada la
vinculación laboral. Por lo mismo, tampoco cabe aplicar la consecuencia que la
ley ha atribuido para el incumplimiento de esa carga legal, cual es la sanción
de 180 días de salario, pues hacerlo va en contravía del principio de legalidad
que se predica de los procedimientos y de las sanciones.
En ese orden, estimo que la protección
que se brinda a las personas en situación de debilidad, cuyo estado es de
difícil valoración probatoria y apenas ocurre en sede de tutela, no puede ser
la misma que la que se aplica para las personas en situación de discapacidad,
cuya condición ha sido de específica definición por el legislador y debe estar
previamente determinada por la autoridad competente.
En tal sentido, si bien estoy de acuerdo
con el amparo a la estabilidad laboral reforzada de los accionantes de
conformidad con lo probado, no convengo con la aplicación de la presunción por
despido discriminatorio ante la ausencia de la autorización del inspector del
trabajo, ni con la orden de reconocer la indemnización por 180 días de salario,
contemplada por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Por otra parte, a partir del tiempo transcurrido
desde la presentación de la acción de tutela y la efectiva emisión de la orden
en sede de revisión, se está ordenando el pago no solo de dicha indemnización
-la de los 180 días- sino de otra con igual alcance sancionatorio
manifiestamente desproporcionada, pues obliga a la cancelación de un poco más
de dos años y medio de acreencias laborales (salarios y prestaciones) sin
prestación efectiva del servicio, cuando dicho transcurso de tiempo no fue
imputable al empleador.
Finalmente, estimo que aunque las
acciones de tutela se presentaron con el fin de lograr la protección a la
estabilidad laboral reforzada, todos los casos ofrecían particularidades que
ameritaban un debate probatorio más nutrido y riguroso, para lo cual, la
acumulación de los mismos en una sola providencia resultó, a mi juicio,
inconveniente, pues no permitió emitir una decisión que se centrara con mayor
detalle en las peculiaridades de cada problema jurídico.
Fecha ut supra,
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ
Magistrado
[1]
En el expediente obra copia de la comunicación del cinco (5) de febrero de dos
mil trece (2013), por medio de la cual el Jefe Regional de Medicina Laboral de
Coomeva EPS le informa a la ARL SURA la calificación del origen de las
enfermedades de la señora Rosmary Cely Morantes como enfermedad profesional
(Folio 25).
[2]
Como documentos anexos al escrito de tutela, la señora Rosmary Cely Morantes
aporta copia de las recomendaciones laborales realizadas por la médica Aracelly
Mendoza Gómez, adscrita a Coomeva EPS, en las siguientes fechas: cinco (5) de
octubre de dos mil once (2011), dos (2) de enero de dos mil doce (2012),
diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012) y dieciséis (16) de octubre de
dos mil doce (2012). (Folios 21 – 24).
[3]
Folio 11.
[4]
Si bien en el expediente no obra copia de los registros civiles de nacimiento
de los menores, en el documento denominado informe de evaluación de medicina
laboral, se observa en el cuadro de antecedentes ginecológicos y obstétricos
que la actora tuvo 4 gestaciones. (Folio 15).
[5]
Folio 7.
[6]
Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social
de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. Artículo
26. “No discriminación a personas en situación de discapacidad. En ningún
caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo,
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. || No
obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior,
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.”
[7] Folio
38.
[8]
Folio 38.
[9]
Folio 40.
[10]
Folio 40.
[11]
Folio 51.
[12]
Folio 54.
[13]
Folio 54.
[14]
Folio 88.
[15]
Folio 10.
[16]
Folio 11.
[17]
Folios 12 y 57.
[18]
Folios 13 – 20.
[19]
Folios 21 – 24.
[20]
Folios 25 – 27.
[21]
Folio 28.
[22]
Folio29.
[23]
Folios 44 – 49.
[24]
Folio 56.
[25]
Folios 58 y 59.
[26]
Folios 60 – 64.
[27]
Folios 65 y 66.
[28]
Folio 15.
[29]
Folio 37.
[30]
Folios 1 – 5.
[31]
Folios 6 – 13.
[32]
Folio 33.
[33]
Folios 44 – 47.
[34]
Folios 60 - 62.
[35]
Folios 50 y 63.
[36]
Folios 51 y 64.
[37]
Como documento anexo al escrito de tutela, la señora María Yisenia Sánchez
Pinzón aportó copia de su cédula de ciudadanía, documento en el que consta que
la actora nació el 25 de enero de 1981. (Folio 19).
[38]
Como documento anexo al escrito de tutela, la actora aportó copia de los
resultados del examen de diagnóstico mencionado. (Folio 10).
[39]
Folio 11.
[40]
Como documento anexo al escrito de tutela, la señora María Yisenia Sánchez
Pinzón aportó copia de la comunicación por medio de la cual la empresa Achury
Grajales AG Groupe S.A.S. terminó su contrato de trabajo. (Folios 5 – 8).
[41]
La señora María Yisenia Sánchez Pinzón aportó copia de la carta de terminación
del contrato por parte de la empresa Achury Grajales AG Groupe S.A.S. En esta,
la empresa accionada manifiesta: “[…] nos permitimos comunicarle que la
empresa ha resuelto dar por terminado su contrato de trabajo por justa causa:
|| Esta terminación es efectiva a la finalización de la jornada de trabajo del
día 4 de febrero de 2012 (sic). || Para esta decisión, la empresa se apoya en
los siguientes hechos: || 1. El día 15 de septiembre se le envió memorando en
el que se informa inconsistencias en el manejo de bases asignadas relacionando
falencias y omitiendo las órdenes impartidas por el empleador. || 2. El día 24
de septiembre se le envió memorando por llegada tarde. || 3. Posteriormente se
hacen dos llamados de atención por llegada tarde. || 4. El día 15 de noviembre
se envía memorando por llagada tarde de 40 minutos. || 5. El día dos (2) de
enero del presente año se envía memorando por utilización de las herramientas
de trabajo en objeto distinto al trabajo, toda vez que el departamento de
sistema registró varias llamadas personales a celulares por más de 15 minutos del
sistema virtual cuyas llamadas son exclusivas para las campañas que maneja la
organización, llamadas que quedan grabadas para posteriormente enviar CD de
todas las grabaciones a COLFONDOS, y que se ha solicitado que los número que no
corresponden a la campaña que se está realizando se registren en las planillas
asignadas, omisión realizada por la trabajadora ya que no informó ni relacionó
estos número en la hoja de reportes, causándose llamado de atención de nuestro
contratista por deficiencia en el servicio por el mal registro de las llamadas,
relación que puede ocasionar perjuicios a la Compañía. || 6. El día 18 de enero
el Departamento de sistemas que monitorea las llamadas de cada uno de los
asesores informa inactividad de llamadas en la extensión de la trabajadora por
una (1) hora y 20 minutos en horario laboral. Perjudicando el normal avance de
la labores asignadas. || 7. El día 30 de febrero y ante la ausencia justificada
de la trabajadora por inconvenientes de salud se necesitó ingresar a su computador
para sacar información de las bases que venía trabajador, información que no se
pudo sacar toda vez que la trabajadora cambió la clave de acceso asignada y no
notificó de este cambio. || 8. Así mismo en la vinculación laboral la
trabajadora dio información errada en el proceso de selección.|| 9. Finalmente
y realizando un balance de las bases de datos entregadas por la trabajadora y
escuchando los audios de las llamadas que realizan a los afiliados de Colfondos
observa. || Baja efectividad de los usuarios contactados en relación con las
mismas bases entregadas a los demás asesores comerciales. || - Al realizar
análisis general de duración de las llamadas no alcanza el promedio que
solicita el contratista observándose llamadas de información de beneficios muy
cortas, limitándose en algunos casos a actualizar datos. […]”.
[42]
Respecto de los incumplimientos alegados, la actora afirma: “[…] sobre el
memorando del 15 de noviembre:  quiero que se tenga en cuenta que ante este
último memorando no estaba dentro de mi horario de trabajo con el cual fui
contratada, se trataba de asistir a una capacitación con el cliente con el cual
laborábamos, en este caso COLFONDOS, en cuanto al monitoreo de las salidas de
las llamadas, no estoy de acuerdo ya que la empresa presentaba constantes
fallas con el proveedor en este caso la empresa S3, repetitivos inconvenientes
en la comunicación con los afiliados y eso era un problema que teníamos caso a
diario con los demás compañeros asesores, en cuento al cambio de clave se
realizó por constantes pérdidas de información de bases de datos y fue una
forma personal de evitar esta situación ya que el área de sistemas de la
empresa nunca daba una solución definitiva al problema y ACHURY GRAJALES está consciente
de esta situación de igual manera la persona encargada de restablecer estas
claves se comunicó conmigo el mismo día que se solicitó la información de la
base de datos y se le indicó la clave para ingresar al sistema del equipo. Por
último ante la queja que presentan sobre la baja efectividad de las bases
trabajadas, puedo decir que […]”.
[43]
Folio 48.
[44]
Folio 56.
[45]
Folio 61.
[46]
Folio 63.
[47]
Folio 112.
[48]
Folios 1 y 2.
[49]
Folios 5 – 8.
[50]
Folios 3,4, 9-18.
[51]
Folio 19.
[52]
Folio 20.
[53]
Folios 71 – 80.
[54]
Folio 81.
[55]
Folio 82.
[56]
Folio 83.
[57]
Folio 84.
[58]
Folio 85.
[59]
Folio 86.
[60]
Folio 87.
[61]
Folio 88.
[62]
Folio 89.
[63]
Folio 90.
[64]
Folios 91 – 94.
[65]
Folios 95 -102.
[66]
Folio 103.
[67]
Folio 105.
[68]
Folio 18.
[69]
Como documento anexo al escrito de tutela, el señor Hernando Mina Lasso aportó
copia de algunos registros de su historia clínica. En el registro del treinta y
uno (31) de julio de dos mil doce (2012), la médica especialista en salud
ocupacional Fadua Cristina Nader Figueroa señala que el actor “no labora
desde el 22 de julio de 2011 tiempo en el cual le realizaron cirugía de
liberación de túnel carpiano izquierdo.” (Folio 20).
[70]
Folio 20.
[71]
El actor aportó copia del reporte de semanas cotizadas a Colpensiones,
documento en el que se indica como fecha de nacimiento el diez (10) de junio de
mil novecientos cincuenta y uno (1951). (Folio 5).
[72]
Folio 41.
[73]
Folios 5 - 13.
[74]
Folio 14.
[75]
Folio 15.
[76]
Folio 32.
[77]
Folios 17 – 31.
[78]
Folios 42 y 43.
[79]
Folio 44.
[80]
Folio 53.
[81]
Folio 54.
[82]
Folio 60.
[83] Sentencia T-803 de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[84]
Sentencias T-742 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-441 de 2003 (MP
Eduardo Montealegre Lynett) y T-606 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), entre
otras.
[85]
Sentencia SU-622 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería).
[86]
Sentencias C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández), T-567 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-511 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), SU-622
de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería), T-108 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis) y
T-200 de 2004 (MP Clara Inés Vargas), entre otras.
[87]
Sentencia T-1023 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En esta sentencia, la Corte
Constitucional estudió dos acciones de tutela instauradas por trabajadoras que
reclamaban la protección de su derecho a la estabilidad laboral reforzada
derivada de sus precarios estados de salud. La Corte consideró que por
excepción, la acción de tutela es un mecanismo procedente para estudiar el
reconocimiento de ese derecho. En los dos casos en estudio, esta Corporación
negó la tutela de los derechos de los accionantes porque consideró que, de
acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, quedó demostrado que las
razones de la terminación de los contratos de trabajo no obedecieron a los
problemas de salud que padecían las tutelantes.
[88]
Ver al respecto la sentencia T-823 de 1999 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). En
esta sentencia, la Corte Constitucional estudió una acción de tutela
interpuesta por una persona que padecía cuadriplejia espástica, quien solicitó
el amparo de sus derechos a la igualdad, a la libre circulación y al trabajo,
los cuales consideró que estaban siendo vulnerados por la Secretaría Distrital
de Tránsito y Transporte, al no otorgarle un permiso de circulación durante las
horas de la restricción al tránsito vehicular “pico y placa”, teniendo en
cuenta que la normatividad vigente en ese momento sólo preveía la excepción de
la restricción para carros con adaptaciones especiales que les permitieran a
las personas discapacitadas conducir sus propios vehículos, pero no establecía
una excepción para aquellas personas que por su alto grado de discapacidad,
requerían de terceros que condujeran sus vehículos para poder movilizarse. La
Corte consideró, luego de hacer un recuento de las normas internacionales y
nacionales que garantizan el derecho a la igualdad material de las personas con
discapacidad, que la Constitución Política “ha consagrado a cargo del Estado
– legislador, juez y administrados, en todos los órdenes territoriales -, un
deber positivo de trato especial, a favor de las personas con limitaciones
físicas”. Con fundamento en lo anterior, resolvió amparar definitivamente
los derechos fundamentales del actor y ordenó a la entidad accionada que
autorizara la circulación del vehículo de su propiedad, durante el horario de
restricción, bajo la condición de que el mencionado vehículo sólo podría
circular durante tal término, si se utiliza como medio de transporte del actor.
[89]
En la sentencia T-125 de 2009 (MP. Humberto Sierra Porto) se señaló que: “La
Corte ha indicado con precisión, que esta regla general, la cual se sigue del
principio de subsidiariedad que condiciona la procedibilidad de la acción de
tutela, debe ser matizada en aquellos eventos en los que el solicitante se
encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta y, adicionalmente, en los
supuestos en los cuales el ordenamiento jurídico confiera al sujeto estabilidad
laboral reforzada”.
[90] En el mismo sentido, se puede revisar la sentencia T-269 de 2010
(MP. Jorge Iván Palacio Palacio). En esta sentencia, la Corte Constitucional
revisó los fallos en los que se resolvió una acción de tutela interpuesta por
un trabajador en misión, quien sufrió una pérdida de su capacidad laboral como
consecuencia de un accidente laboral, y quien al finalizar su incapacidad no
fue reintegrado a su cargo. Respecto de la procedencia de la acción de tutela,
la Corte Constitucional consideró que “[…] dada la
imperiosa necesidad de materializar la especial protección constitucional de
personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta como enfermos,
discapacitados, mujeres en estado de embarazo etcétera; se ha precisado que en
dichos eventos la acción de tutela es el mecanismo idóneo y procedente para
alegar la protección de derechos fundamentales tales como el trabajo, la
estabilidad laboral reforzada o la protección del mínimo vital, entre otros”. La Corte tuteló los derechos fundamentales del actor al trabajo, a
la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital del tutelante, y ordenó a la
empresa de servicios temporales que reintegrara al tutelante a un cargo de
igual o superior jerarquía que estuviera acorde con sus condiciones de salud.
[91]
Las enfermedades que padece la señora Rosmary Cely Morantes, que se mencionan
en el expediente, son las siguientes: síndrome de túnel del carpo derecho,
tenosinovitis de quervain bilateral, epicondilitis lateral bilateral, bursitis
de hombro derecho, tendinitis de la pata de ganso derecha y discopatía
degenerativa.
[92]
Ley 972 de 2005 “Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por
parte del Estado colombiano de la población que padece de enfermedades ruinosas
o catastróficas, especialmente el VIH/Sida”. Artículo 5°. En desarrollo del
artículo anterior, y con el objeto de reducir el costo de los medicamentos,
reactivos de diagnóstico y seguimiento y dispositivos médicos de uso en
enfermedades consideradas ruinosas o catastróficas en particular el VIH/SIDA,
la Insuficiencia Renal Crónica y el Cáncer, se faculta el Ministerio de la
Protección Social para poner en marcha un sistema centralizado de negociación
de precios y compras, que permita conseguir para el país y para el SGSSS
reducciones sustanciales de los costos de estas patologías y tener un mejor
control sobre la calidad y la fármacovigilancia de los productos adquiridos.
[93]
En el expediente obra copia de una certificación expedida por el señor Manuel
González, antiguo  empleador del señor Hernando Mina Lasso, en la que se
certifica que el actor se venía desempeñando como ayudante de siembre de prados
en zonas verdes. (Folio 53).
[94]
En este sentido, pueden consultarse las sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006
(MP Jaime Córdoba Triviño), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-1084 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-792 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de 2007 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa),  T-243 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva),  T-299 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-265 de 2009 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto),  T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-883 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-328 de 2010 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio),  entre muchas otras.
[95]
MP Vladimiro Naranjo Mesa.  Reiterada en numerosas oportunidades por las
distintas Salas de Revisión de esta Corte, entre ellas las sentencias T-016 de
2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto),  T-654 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-890 de 2006
(MP Nilson Pinilla Pinilla), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-1084 de 2006 (MP Álvaro
Tafur Galvis),  T-593 de 2007 (MP Rodrigo escobar Gil), T-594 de 2008 (MP Jaime
Córdoba Triviño),  T-265 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-328 de
2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[96]
En este sentido pueden consultarse las sentencias SU-961 de 1999 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa), T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-654 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-890 de 2006 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-1084 de 2006 (MP Álvaro
Tafur Galvis), T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-265 de 2009 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto) y T-328 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio),  entre otras.
[97]
Al respecto, consultar las sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño),
T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-654 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-890
de 2006 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-593 de 2007 (MP
Rodrigo escobar Gil), T-792 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de
2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-243 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-884 de 2008 (MP Jaime Araujo
Rentería), T-265 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-299 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo), T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y
T-883 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[98]
Ver la sentencia T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[99]
Sentencia T-158 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), reiterada por la
sentencia T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-1028 de 2010 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto).
[100]
En este sentido ver las sentencias T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-158 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-654 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-890 de 2006 (MP Nilson Pinilla Pinilla),
T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1084 de 2006 (MP Álvaro
Tafur Galvis), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández),  T-792 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño),
entre otras.
[101]
Sentencia SU-961 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[102]
Ibídem. La misma posición fue sostenida en las sentencias T-526 de 2005 (MP
Jaime Córdoba Triviño), T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-158
de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-692 de 2006 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-890 de 2006 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-905 de 2006 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-1084
de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-825 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-299 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-691 de 2009 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio) y T-883 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
entre otras.
[103]
Ver la sentencia T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño). En el mismo sentido,
consultar las sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-016 de
2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-299 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo), T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y
T-883 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[104]
En este sentido se pronuncian las sentencias T-016 de 2006 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-654 de
2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-890 de 2006 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1009 de 2006 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), T-1084 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-593 de
2007 (MP Rodrigo escobar Gil), T-792 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-189 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-265 de 2009 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-691 de 2009, T-883 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) y T-328 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[105]
Ver la sentencia T-328 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[106]
Así, la jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos, no
taxativos, en que esta situación se puede presentar: (i) La existencia de
razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la
ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras. (ii) Cuando a pesar del
paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia
de la afectación de sus derechos continúa y es actual.  Lo que adquiere sentido
si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer
un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera,
en realidad, una protección inmediata. (iii) Cuando la carga de la
interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por
el artículo 13 de la Constitución Política que ordena que “[e]l Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Se reitera la posición
fijada en las sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-016 de
2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-468 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-654 de 2006
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-692 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño),
T-890 de 2006 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-1084 de 2006
(MP Álvaro Tafur Galvis),  T-593 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-696 de
2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-792 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-243 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-189 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-265 de 2009 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-299 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo),
T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-883 de 2009 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), T-328 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-1028
de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-142 de 2012 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto) y T-047 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre
otras.
[107]
Folio 25 Según la accionante la carta de despido se le entrego el día 4 de
febrero de 2013, al reintegrarse a sus labores como consecuencia de la
incapacidad medica que tenía.
[108]
Folio 1 El accionante manifiesta en el escrito de tutela que fue desvinculado
el día 22 de diciembre de 2012
[109]
En la sentencia T-1040 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil) esta Corporación
ordenó el reintegro de una mujer que fue despedida sin permiso del órgano
competente pese a que se encontraba disminuida físicamente. Al respecto, la
Corte Constitucional sostuvo que, si bien la accionante no podía ser calificada
como inválida ni tenía una discapacidad definitiva para trabajar, su
disminución física era suficiente para hacerse acreedora de una protección
especial.
[110]
En la sentencia T-784 de 2009, la Corte Constitucional ordenó el reintegro de
un trabajador por haber sido despedido sin justa causa mientras estaba en
circunstancias de debilidad manifiesta, aun cuando no padecía en estricto
sentido de una discapacidad. Al respecto la Sala sostuvo: “la protección
laboral reforzada no sólo se predica de quienes tienen una calificación que
acredita su condición de discapacidad o invalidez. Esta protección aplica
también para aquellos trabajadores que demuestren que su situación de salud les
impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares de trabajo”.
[111]
Entre otras, así lo ha dicho la Corte por ejemplo en la sentencia T-1219 de
2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño). En ella, la Corporación examinó si una
persona que sufría de diabetes y ocultaba esa información en una entrevista de
trabajo para acceder al empleo, tenía derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada frente a la decisión de la empresa de desvincularlo por haber
ocultado dicha información. Para decidir, la Corte consideró que cuando se
trata de personas en “circunstancias excepcionales de discriminación, marginación
o debilidad [m]anifiesta”, la estabilidad en el empleo contemplada en el
artículo 53 Superior tiene una relevancia especial y puede ser protegida por
medio de la acción de tutela como garantía fundamental. Concluyó en ese
caso, que a causa de las condiciones de debilidad sí tenía ese derecho, en
consecuencia ordenó el reintegro del trabajador.
[112]
En la sentencia T-263 de 2009 (MP. Luís Ernesto Vargas Silva), al estudiar el
caso de una mujer que había sido desvinculada de su trabajo sin autorización de
la entidad competente, a pesar de que tenía cáncer, la Corte Constitucional
señaló que se le había vulnerado su derecho a la estabilidad laboral reforzada
y ordenó reintegrarla en condiciones especiales. En sus fundamentos, la Corte
indicó que una de las razones que sustentan el derecho fundamental a la “estabilidad
laboral reforzada” es el precepto constitucional que dispone el deber del
Estado de adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes
se prestará la atención especializada que requieran”, contemplado en el
artículo 47 Superior.
[113]
En la citada sentencia T-519 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy), la Corte
sostuvo que el derecho a la estabilidad especial o reforzada, que se predica respecto
de ciertos sujetos,  “se soporta, además […] en el cumplimiento del deber de
solidaridad; en efecto, en estas circunstancias, el empleador asume una
posición de sujeto obligado a brindar especial protección a su empleado en
virtud de la condición que presenta”.
[114] Al analizar la constitucionalidad del
artículo 26, Ley 361 de 1997, en la sentencia C-531 de 2000 (MP. Álvaro Tafur
Galvis), la Corte estimó que “[c]uando la parte trabajadora de dicha
relación está conformada por un discapacitado, uno de [los principios
constitucionales] adquiere principal prevalencia, como es el principio a la
estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar de cierta
seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista
una causal justificativa del despido, como consecuencia de la protección
especial laboral de la cual se viene hablando con respecto a este grupo de
personas”.
[115] Ver sentencia T-1083 de 2007 (MP. Humberto
Sierra Porto).
[116]
En efecto, y en relación con las consecuencias (i) y (ii), la
Corte declaró que el inciso segundo del artículo 26 debía ser declarado
exequible, bajo el entendimiento de que “carece de todo efecto jurídico el
despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación
sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la
configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación
del respectivo contrato”. Sentencia C-531 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[117]
Según el artículo 54 de la Constitución, la capacitación profesional de las
personas disminuidas físicas, psíquicas o sensoriales es un derecho
fundamental.  Dice, el citado precepto: “[e]s obligación del Estado y de
los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud”. Por lo demás, la de ofrecerle
capacitación al trabajador en condición de debilidad manifiesta, es una de las
órdenes impartidas por la Corte Constitucional, entre otras, por ejemplo en la
Sentencia T-1040 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil), ya citada. En esa
oportunidad, la Corte resolvió, refiriéndose a la  empresa demandada: “deberá
capacitarla [a la persona solicitante] para cumplir tales funciones de la misma
forma como se realiza la capacitación a los demás empleados de la empresa”.
[118] A este respecto, es necesario recordar que en
desarrollo de los principios de celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad
de la acción de tutela, esta Corporación ha considerado que, para lograr una
protección efectiva de los derechos fundamentales, hay ocasiones en las que
resulta pertinente, e incluso necesario, requerir información por vía
telefónica a los peticionarios o sus familiares sobre algunos aspectos fácticos
puntuales que requieran mayor claridad. Sobre el particular, véanse las
Sentencias T-603 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-476 de 2002
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-341 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería),
T-643 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-219 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), T-726 de 2007 (M.P. Catalina Botero Marino), T-162 de 2013 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-155 de 2014 (M.P. María Victoria Calle
Correa), entre muchas otras.
[119]
La Corte ha reiterado que el objeto de la acción de tutela consiste en
garantizar la protección de los derechos fundamentales, sin embargo, en el
transcurso del trámite de amparo, se pueden presentar circunstancias que
permitan inferir que la vulneración o amenaza alegada ha cesado bien porque ha
tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción
del derecho o la inocuidad de las pretensiones (sentencia T-308 de 2011, MP
Humberto Antonio Sierra Porto).  En estos casos se extingue el objeto jurídico
de la tutela generándose, en consecuencia, que cualquier decisión que pueda
tomar el juez al respecto resulte inocua (sentencia T-486 de 2011, MP Luis
Ernesto Vargas Silva). Al anterior fenómeno la Corporación lo ha denominado “carencia
actual del objeto”, el cual se presenta por hecho superado o daño
consumado, cuyas consecuencias son distintas. Se presenta un hecho superado
cuando los actos que amenazan con la afectación del derecho fundamental
desaparecen al quedar satisfecha la pretensión de la acción de tutela, lo que
conlleva a que el derecho ya no se encuentre en riesgo. Como consecuencia de lo
anterior, la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón
de ser ya que no hay perjuicio que evitar y la tutela pierde su razón de ser
(sentencia T-311 de 2012, MP Luis Ernesto Vargas Silva). Bajo esta hipótesis la
Corte ha procedido a prevenir al demandado sobre la obligación de proteger el
derecho en una próxima oportunidad, de conformidad con lo establecido en el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, y a declarar la “carencia actual de
objeto” por tratarse de un hecho superado, absteniéndose de impartir orden
alguna. Pese a ello, según lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la
satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado ha
resultado incumplida o tardía.  El daño consumado, surge cuando resulta
imposible generar una orden por parte del juez de tutela para que se culmine la
vulneración alegada, a raíz de que la falta de garantía de los derechos
fundamentales ha ocasionado su vulneración. Bajo la anterior hipótesis, resulta
necesario que el juez constitucional asuma una posición de conformidad a las
siguientes precisiones: (i) cuando al momento de la interposición de la
tutela el daño ya está consumado, esta resulta improcedente pues la tutela
tiene carácter eminentemente preventivo, razón por la cual al juez le asiste
declarar improcedente la acción sin efectuar análisis de fondo; y (ii)
cuando en el transcurso del proceso se consuma el daño, ya sea en la primera o
la segunda instancia, inclusive en el trámite de revisión, es necesario
declarar la carencia actual del objeto, implicando consigo realizar un análisis
de fondo (sentencia T-308 de 2011, MP Humberto Antonio Sierra Porto).  Ahora
bien, se pueden presentar situaciones en las que a primera vista se concluiría
que la actividad vulneradora de los derechos constitucionales ha generado un
daño, por lo que cualquier decisión carecería de sentido; sin embargo, esto no
sucede cuando a pesar de haberse generado el daño, la actividad vulneradora aún
sigue produciendo afectación. Así lo consideró la Corporación en la sentencia
T-578A de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), en la cual estudió un caso en el
que a pesar de haberse llevado a cabo el desalojo de una persona junto con su
familia, tras demostrarse que estaban invadiendo el espacio público, se
corroboró que la actividad vulneradora persistía, ya que no se tuvo en cuenta
que del espacio público recuperado, el accionante obtenía su sustento diario a
través de un montallantas allí instalado. En esa ocasión se ordenó a la
Administración, en aras de garantizar el derecho al mínimo vital del actor,
incluirlo en programas de capacitación laboral.  Ver la sentencia T-703 de 2012
(MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[120]
Como documento anexo al escrito de tutela, la señora Rosmary Cely Morantes
aportó copia del resumen de su historia ocupacional para la determinación del
origen de su enfermedad, expedido por Coomeva EPS. En este documento se
encuentra el siguiente diagnóstico: 1. Síndrome de túnel del carpo derecho. ||
2. Tenosinovitis de quervain bilateral. || 3. Epicondilitis lateral bilateral. ||
4. Bursitis de hombro derecho. || 5. Discopatía degenerativa lumbar. 6.
Tendinitis de la pata de ganso derecha. (Folio 27).
[121]
Folios 21 – 24.
[122]
Folio 39.
[123]
Folio 40.
[124]
Folio 8.
[125]
La empresa Altxer S.A.S. anexó a su contestación una copia del contrato de
trabajo suscrito con la señora Rosmary Cely Morantes, documento en el que se
pactó un salario equivalente al mínimo legal vigente. (Folio 58).
[126]
La empresa Altxer S.A.S. anexó a su contestación una copia de la liquidación
del contrato de trabajo suscrito con la señora Rosmary Cely Morantes, documento
en el que se indica que el valor neto que se le canceló a la actora al momento
de su desvinculación fue cero pesos ($0). (Folio 57).
[127]
MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[128]
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ha señalado que el “despido
indirecto” o “la renuncia provocada” se presenta cuando “no
existe una decisión libre del empleado tendiente a finalizar la relación
laboral sino, una presión por parte del empleador que obliga a aquél a tomar
dicha determinación (…)”. (Sentencia de 30 de julio de 2003, Referencia No.
20517).
[129]
Sentencia T-457 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[130]
Esta Corporación se pronunció en un sentido similar en la sentencia T-651 de
2012 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). En esa oportunidad la Corte estudió
nueve (9) expedientes acumulados, de personas que solicitaban la protección de
su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Uno de esos procesos fue
interpuesto por una persona con problemas de salud, que afirmaba que había
renunciado a su empleo, pero que lo había hecho por la presión que había
ejercido su empleador, quien le había ofrecido una suma de dinero para que
presentara su carta de renuncia. La empresa accionada argumentaba que la suma
de dinero que le había entregado al actor la había cancelado en virtud de una
conciliación con el actor ratificada por un inspector del trabajo. En la parte
resolutiva de esa sentencia se declaró la improcedencia de la acción de tutela,
porque el actor tardó más de dos años en interponerla, desde el momento en que
presuntamente se vulneraron sus derechos. Sin embargo, sostuvo que la acción de
tutela tampoco era procedente, porque el actor no había logrado acreditar que
la terminación del contrato le fuera imputable al empleador.
[131]
En la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá el
doce (12) de abril de dos mil trece (2013) se lee: “[…] se advierte que el
contrato efectivamente terminó, precisando que no obra prueba alguna que
demuestre que fue por causas imputables al empleador, ni como consecuencia
directa de su enfermedad o trato discriminatorio contra el señor RAFAEL ANTONIO
FARFÁN CASTILLO por su especial condición física, lo que se infiere de la
renuncia que obra a folio 51”. (Folio 78).
[132]
Como documento anexo al escrito de tutela, la señora María Yisenia Sánchez
Pinzón aportó copia de su historia clínica reciente, en la que se puede
observar que la actora fue atendida en la IPS Virrey Solís los días veintiocho
(28), veintinueve (29) y treinta (30) de enero de dos mil trece (2013). (Folios
15 – 18).
[133]
La actora aportó copia de la incapacidad médica expedida por el médico Diego
Fernando Guerrero Casas el veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013)
(Folio 20).
[134]
Como documento anexo al escrito de tutela, la actora aportó copia del informe
del 30 de enero de 2013, rendido por la médica radióloga a partir de la
ecografía pélvica trans-abdominal practicado a la señora María Yisenia Sánchez
Pinzón. (Folio 10).
[135]
Folio 11.
[136]
La actora aportó copia de la incapacidad médica expedida por el médico Diego
Fernando Guerrero Casas el treinta (30) de enero de dos mil trece (2013) (Folio
12).
[137]
La señora María Yisenia Sánchez Pinzón aportó copia de su historia clínica, en
la que hay constancia de su remisión prioritaria por parte de la médica
tratante a consulta especializada con ginecología oncológica. (Folio 4).
[138]
La actora no aportó copia de los registros civiles de sus hijos. Sin embargo,
la empresa accionada aportó copia del formulario de inscripción de la señora
Sánchez Pinzón a la caja de compensación familiar Cafam, documento en el que se
indica que la accionante tiene a su cargo a sus hijos Daniel Camilo y Zerith
Valentina Parra Sánchez, con fechas de nacimiento del veintiocho (28) de
febrero de dos mil (2000) y diez (10) de junio de dos mil seis (2006),
respectivamente. Así mismo, en el documento la actora manifiesta que es soltera
y no indica datos de cónyuge o compañero alguno (Folios 88 y 89). Por otra
parte, en la historia clínica de la señora Sánchez Pinzón, se registran cuatro
partos, todos ellos nacidos vivos (Folio 3).
[139]
Como documento anexo al escrito de tutela, la sociedad Achury Grajales AG
Groupe S.A.S. aportó copia del contrato individual suscrito por esa empresa con
la señora María Yisenia Sánchez Pinzón, documento en el que en su anexo 1 se
estipula un salario básico mensual de setecientos mil pesos ($700.000). (Folio
79).
[140]
Por medio del Decreto 2738 de 2012, se fijó el salario mínimo legal mensual
vigente para el año dos mil trece (2013) en la suma de quinientos ochenta y
nueve mil quinientos pesos ($589.500). Por lo anterior, dos salarios mínimos
era equivalente un millón ciento setenta y nueve mil pesos ($1.179.000).
[141]
Por ejemplo, en la sentencia T-795 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa),
se dijo: “[…] la Corte ha establecido una presunción de afectación
del mínimo vital cuando la suspensión en el pago del salario es prolongada o indefinida,
salvo que se trate del incumplimiento de hasta dos salarios mínimos mensuales.”
En el mismo sentido, en la sentencia T-819 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández), se aplicó la presunción de afectación del derecho al mínimo vital
de una persona que recibía como remuneración un salario mínimo legal mensual
vigente y cuyo contrato de trabajo fue terminado sin tener en cuenta que sufría
de una hernia discal.
[142]
Sentencia C-744 de 2012 (MP. Nilson Pinilla Pinilla. AV. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva). En
esta sentencia se estudió la constitucionalidad del artículo 137 del Decreto
019 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”, en cuyo inciso segundo se establecía: “Sin
perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se requerirá de
autorización por parte del Ministerio del Trabajo cuando el trabajador limitado
incurra en alguna de las causales establecidas en la Ley como justas causas
para dar por terminado el contrato, Siempre (sic) se garantizará el derecho al
debido proceso.” Esta norma fue expedida por el Presidente de la República,
en desarrollo de unas facultades extraordinarias otorgadas por el legislador
por medio del parágrafo del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, para expedir “normas
con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.” La Corte
declaró la inexequibilidad de esa norma porque consideró que el Presidente de
la República se había excedido en el ejercicio de las facultades
extraordinarios que se le habían otorgado, ya que en lugar de suprimir un
trámite innecesario, “desmontó una medida concebida para la protección de
personas con discapacidad”.
[143]
Folio 56.
[144]
Ley 361 de 1997, “por la cual se establecen mecanismos de integración social
de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.
[145]
En el expediente obra copia de un formato de la ARL Colpatria diligenciado el
veintiuno (21) de diciembre de dos mil once (2011), por medio del cual se
remite al señor Hernando Mina Lasso a un médico especialista en cirugía de
mano, para que este definiera un plan de manejo al síndrome del túnel del carpo
de la mano derecha que padece el actor. En este formato se indica que el
paciente presenta las siguientes enfermedades profesionales: “1) Síndrome de
túnel del carpo bilateral severo con fecha de calificación 02/09/2010. ***
Calificación grupo multidisciplinario ARP Colpatria calificado el día
17/11/2011 como origen profesional*** Estuvo en consulta en la EPS Dr. Ramírez
(ortopedia) quien encuentra dolor de hombro, ABD hasta 90! (sic) a partir de
allí es dolorosa llagando hasta 120°, ROT interna dolor en el área subacromial
posterior, molestias a la flexión y contraresistencia del hombro, no tinel ni phalen,
no atrofia de la mano, lo remite a cirujano de mano*** En el momento el
paciente ya fue operado de la mano izquierda y presenta dolor con la mano
derecho dominante para realizar sus actividades laborales. Se le dan
restricciones laborales y se envía a evaluación por cirujano de mano ARP
Colpatria. Se le explica al paciente que la patología de hombro debe ser
estudiada y calificada por la EPS en primera instancia.” (El texto original
se encuentra en mayúscula sostenida). (Folio 18).
[146]
Como documento anexo al escrito de tutela, el señor Hernando Mina Lasso aportó
copia de algunos registros de su historia clínica. En el registro del treinta y
uno (31) de julio de dos mil doce (2012), la médica especialista en salud
ocupacional Fadua Cristina Nader Figueroa señala que el actor “no labora
desde el 22 de julio de 2011 tiempo en el cual le realizaron cirugía de
liberación de túnel carpiano izquierdo.” (Folio 20).
[147]
En la historia clínica del señor Hernando Mina Lasso se registra una consulta
realizada el treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012) por la médica
especialista en salud ocupacional Fadua Cristina Nader Figueroa, en la que se
indica que el actor presenta “dolor en hombro derecho. Se envía al Dr.
Carlos Toro para solicitar segundo concepto y definir diagnóstico.” (Folio
20).
[148]
Folio 32.
[149]
El actor aportó una certificación expedida por el señor Manuel González, en la
que indica que: “El señor HERNANDO MINA LASSO identificado con cédula de
ciudadanía No. 10.551.343 residente en la ciudad de Cali, labora bajo [su]
razón social desde agosto 14 de 2008 desempeñándose en el cargo de ayudante de
siembra de prados en zonas verdes.” (Folio 53).
[150]
Como documento anexo al escrito de tutela obra copia del Registro Civil de
Defunción del señor Manuel José González Canacue, en el que se registra como
fecha de defunción el catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012). (Folio
45).
[151]
El señor Hernando Mina Lasso aportó el Certificado de Existencia y
Representación Legal de la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S., identificada
con matrícula mercantil No. 860801-16 de fecha dos (2) de enero de dos mil
trece (2013). (Folios 43 y 44).
[152]
Folio 1.
[153]
El señor Hernando Mina Lasso aportó el Certificado de Existencia y
Representación Legal de la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S., identificada
con matrícula mercantil No. 860801-16 de fecha dos (2) de enero de dos mil
trece (2013). (Folios 43 y 44).
[154]
Folio 41.
[155]
Folio 54.
[156]
Folio 32.
[157]
Este hecho está acreditado con la constancia aportada al expediente, en la que
el señor Manuel González certifica que el señor Hernando Mina Lasso labora a su
servicio y que desempeñaba el cargo de ayudante de siembra de prados en zonas
verdes. (Folio 53).
[158]
Folio 54.
[159]
El actor aportó copia del reporte de semanas cotizadas a Colpensiones, documento
en el que se indica como fecha de nacimiento el 10 de junio de 1951. (Folio 5).
[160]
Como documento anexo al escrito de tutela, el señor Hernando Mina Lasso aportó
copia del reporte de semanas cotizadas al régimen de prima media al diecisiete
(17) de octubre de dos mil doce (2012), en el que consta que para esa fecha el
actor había cotizado setecientas setenta y ocho punto cuarenta y tres (778.43)
semanas. (Folios 5 y 6).
[161]
En el reporte de semanas cotizadas por el actor al Sistema General de Pensiones
se evidencia que para el año dos mil doce (2012), el actor devengaba un salario
de quinientos sesenta y siete mil pesos ($567.000), equivalente a un salario
mínimo de esa fecha, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4919 del
veintiséis (26) de diciembre de dos mil once (2011). (Folios 5 y 6).
[162]
Por ejemplo, en la sentencia T-795 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa),
se dijo: “[…] la Corte ha establecido una presunción de afectación
del mínimo vital cuando la suspensión en el pago del salario es prolongada o
indefinida, salvo que se trate del incumplimiento de hasta dos salarios mínimos
mensuales.” En el mismo sentido, en la sentencia T-819 de 2008 (MP. Clara
Inés Vargas Hernández), se aplicó la presunción de afectación del derecho al
mínimo vital de una persona que recibía como remuneración un salario mínimo
legal mensual vigente, y que cuyo contrato de trabajo fue terminado sin tener
en cuenta que sufría de una hernia discal.
[163]
Sentencia T-395 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). En esta sentencia, la
Corte Constitucional estudió una acción de tutela interpuesta por varios
trabajadores de una empresa, los cuales fueron despedidos sin justa causa y,
mediante una decisión de la jurisdicción laboral ordinaria, se les reconoció su
derecho a ser reintegrados a la empresa. En este caso, desde el momento en que
fueron despedidos, hasta el momento en que se ordenó su reintegro, la sociedad
empleadora - Electrificadora del Atlántico S.A., había transferido todos sus
activos a la Electrificadora del Caribe S.A., y había entrado en liquidación.
Bajo esas condiciones, la empresa se negaba a reintegrar a los trabajadores
argumentando que estaba en liquidación y que no tenía una planta de personal a
la cual reintegrar a los trabajadores, y la Electrificadora del Caribe
manifestó que los tutelantes no hacían parte de la planta de personal de la
Electrificadora del Atlántico en el momento en que adquirió los activos de
dicha empresa, razón por la cual, en ese caso no operaba la sustitución
patronal. La Corte consideró que en este caso sí operaba la sustitución
patronal, porque al declararse la continuidad de las relaciones laborales, la
sociedad que adquirió los activos del antiguo empleador debía darle
cumplimiento a la orden judicial.
[164]
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[165]
En el mismo sentido se puede revisar la sentencia T-415 de 2011 (MP. María
Victoria Calle Correa).
[166]
El señor Hernando Mina Lasso aportó copia del certificado de existencia y
representación legal de la firma González Canacue Manuel José. (Folio 44).
[167]
El señor Hernando Mina Lasso aportó copia del certificado de existencia y
representación legal de la empresa Zonas Verdes del Valle S.A.S., documento en
el que se certifica: “Que por documento privado del 02 de enero de 2013 de
Cali, inscrita (sic) en la Cámara de Comercio el 02 de enero de 2013 bajo el
Nro. 5 del libro IX, se constituyó la sociedad denominada Zona Verdes del Valle
SAS.” (Folio 43).
[168]
Folio 43 y 44.
[169]
Folio 54.
[170]
En el certificado de existencia y representación de la empresa Zonas Verdes del
Valle S.A.S. está registrada como dirección de domicilio principal la “CRA
42 NRO. 26 A 19 CASA 01”, de la ciudad de Cali. (Folio 43). Por su parte,
en la certificación expedida por la Cámara de Comercio de Cali se certifica que
la firma González Canacue Manuel José tiene registrada como dirección de
domicilio principal la “K 42 26A 19 DE CALI”. (Folio 44).