T-327-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia  T-327/11
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA
DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DEFECTO FACTICO POR LA OMISION EN EL DECRETO Y PRACTICA
DE PRUEBAS
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y
DEFECTO FACTICO POR OMISION EN LA VALORACION DE LAS PRUEBAS-Caso en que se ordena al Tribunal para que dé apertura
a un nuevo término probatorio
Con el fin de resguardar la prevalencia del derecho sustancial y
de garantizar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de los
accionantes, esta Sala de Revisión dejará sin efecto el fallo proferido por la
Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín para que esta autoridad dé apertura a un nuevo término probatorio con
el propósito de ejercer sus deberes para hallar la verdad y adoptar un fallo de
mérito fundamentado en un dictamen pericial que supere los defectos e
inconsistencias del que se tuvo en cuenta y que ofrezca certezas y garantías
sobre el actuar del demandado. La autoridad decidirá sobre la extensión del
período probatorio sin que éste supere los treinta días. Una vez cumplido el
término referido, el Tribunal deberá dictar sentencia de segunda instancia en
el término legal para fallar. La Sala advierte que esta decisión adoptada en
sede de revisión de tutela, no incide ni determina el sentido del fallo que
deberá proferir el Tribunal. El sentido de la decisión será el que la autoridad
accionada, como juez natural del proceso, determine en derecho, una vez cuente
con todos los elementos de juicio necesarios para que su sentencia se ajuste a
lo prescrito por el artículo 228 Superior
Referencia: expediente T-2.921.242
Acción de Tutela instaurada por Marcelino Isaza Arango
y Gloria Patricia Restrepo de Isaza contra el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, Sala Undécima de Decisión Civil
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., cuatro (4) de
mayo de dos mil once (2011)
La Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los
Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio
Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos
86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela adoptado
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el tres (03)
de noviembre de dos mil diez (2010), que confirmó lo resuelto por la Sala de
Casación Civil de la misma Corporación, en Sentencia del treinta (30) de
septiembre de dos mil diez (2010), en el trámite de la acción de tutela incoada
por Marcelino Isaza Arango y Gloria Patricia Restrepo contra la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Uno (01) de dos mil once (2011) de la Corte Constitucional
escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
1.1.    HECHOS Y RAZONES DE LA
ACCIÓN DE TUTELA
1.1.1.  En virtud de la
celebración de un contrato de mutuo con interés, el 01 de junio de 1994, el
Banco Colmena S.A. -actualmente Banco BCSC S.A.- entregó a Marcelino Isaza
Arango y Gloria Patricia Restrepo de Isaza la suma de $32’000.000 equivalentes
a 5588,9437 UPAC, pagaderos en 180 cuotas mensuales a partir del 01 de julio de
1994, obligación contenida en el pagaré N° 13582.
1.1.2.  El préstamo
recibido fue destinado a la compra de una casa de habitación sobre la cual se
constituyó una hipoteca a favor del Banco Colmena S.A. -actualmente Banco BCSC
S.A.-, mediante escritura pública N° 2739 del 17 de mayo de 1994 otorgada en la
Notaría 15 de Medellín.
1.1.3.  El saldo reportado
por el Banco a 23 de enero de 2007 fue de $19’909.694,64 (cd.5, fl.34 y 80).
1.1.4.  Los accionantes contrataron
los servicios de un profesional experto en matemáticas financieras con el
propósito de reliquidar el crédito hipotecario (cd.5, fl.32).
1.1.5.  En la
reliquidación efectuada por el experto se encontró que la obligación estaba totalmente
cancelada y que por el contrario el Banco debía devolver a los accionantes la
suma de 239.481,04 UVR que equivalen a $38’388.044, de los cuales debía
descontarse la suma de $2’091.994 teniendo en cuenta el saldo a favor del Banco
Colmena S.A. -actualmente Banco BCSC S.A.-  por el crédito de Fogafín, por lo
que el saldo real de la obligación hipotecaria asciende a 226.430,28 UVR equivalentes
a $36’296.050 (cd.5, fl.32-34).
1.1.6.  Teniendo en cuenta
lo anterior, el 02 de mayo de 2007 los accionantes iniciaron el proceso
ordinario de mayor cuantía contra el Banco Colmena S.A. -actualmente Banco BCSC
S.A.- cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Décimo Civil del Circuito de
Medellín.
1.1.7.  En dicho proceso
solicitaron, entre otras cosas, que se ordenaran los ajustes necesarios con
relación al crédito hipotecario que les fue otorgado, teniendo en cuenta la
reliquidación que allegaron, las sentencias de la Corte Constitucional que
declararon la inexequibilidad del sistema UPAC de adquisición de vivienda a
largo plazo y la inexequibilidad condicionada de algunas normas de la Ley 546
de 1999 (cd.5, fl.34 y 35).
1.1.8.  En la contestación
de la demanda, el Banco Colmena S.A. - actualmente Banco BCSC S.A.- se opuso a
las pretensiones y manifestó (cd.5, fl.45 y 46):
1.1.8.1. Que cumplió con la reliquidación conforme a los mandatos
de la Ley 546 de 1999 y la Circular 007 de 2000 proferida por la
Superintendencia Bancaria -actualmente Superintendencia Financiera- (cd.5,
fl.46); y
1.1.8.2. Que la liquidación
aportada por los demandantes es sesgada y no da completa aplicación ni a la ley
ni a la circular aludida, y que emplea subterfugios para concluir que ‘para
el 23 de enero de 2007 la deuda estaba totalmente cancelada amén que la
demandada debe devolver  $38’388.044 (cd.5, fl.48);
1.1.9. El Juzgado Décimo Civil de
Medellín teniendo en cuenta la oposición al estudio financiero allegado en
forma unilateral por los demandantes y “con el fin de tener elementos de
prueba que le permitieran al juzgado acceder o denegar las pretensiones y/o las
excepciones decretó prueba pericial por parte de experto en matemática
financiera con énfasis en liquidación de obligaciones en UPAC y UVR, el cual
fue rendido por el señor (…) en octubre 11 de 2007 y ampliado en noviembre 15
de 2007” (cd.5, fl. 50-70, 71, 72-74
y 99).
1.1.10. El dictamen pericial solicitado
por el juez señala que a 23 de enero de 2007 la obligación hipotecaria contraída
por los accionantes con el Banco Colmena S.A. -Banco BCSC S.A.- se encontraba
totalmente cancelada y por el contrario habían pagado en exceso la suma de
$12’470.604, suma de la cual debía deducirse el crédito del Fogafín por valor
de $2’012.445, por lo que el Banco debe devolver un total de $10’458.159 que
equivalen a 65,242.77 UVR (cd.5, fl.54-55 y 99).
1.1.11. La parte demandada solicitó la
aclaración del dictamen por parte del perito; sin embargo, pese a las
respuestas dadas por el perito, objetó dicho dictamen con fundamento en los
mismos argumentos que emplearon para objetar la reliquidación aportada por los
demandantes (cd.5, fl.99).
1.1.12. Ante dicha objeción, en
providencia del 06 de marzo de 2008, el juez decretó de oficio y a cargo de la parte
demandada otra prueba pericial; sin embargo, al 21 de agosto del mismo año, no
se había cumplido con la carga procesal atinente a la evacuación de la nueva
prueba pericial, lo que obligó a dar traslado para alegaciones (cd.5, fl.99).
1.1.13. El nueve (09) de septiembre de dos
mil ocho (2008), el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín profirió
sentencia en contra del Banco Colmena S.A. -actualmente Banco BCSC S.A.-, y le
ordenó realizar los ajustes pertinentes al crédito hipotecario materia del
litigio, en atención al dictamen pericial practicado valida y legalmente dentro
del proceso. Al respecto señaló el juez a quo:
“(…) la prueba
pericial busca colocar a disposición del fallador conocimientos que le son
ajenos a su quehacer, para el presente caso los de la matemática financiera y
por eso la única forma de valorar con el adecuado respaldo probatorio si el
dictamen rendido acata las reglas de la matemática financiera y hace una
liquidación de las obligaciones en UPAC y UVR que resalte daños ciertos y
predicables del banco, es con otro dictamen que al no ser allegado conduce a
darle credibilidad al aportado; mucho más, si como se ha dicho se trata de
deudores que se vieron afectados por el régimen UPAC durante seis años y que
según el banco sobre un préstamo de $32.000.000 a 27 de julio de 2007 tenía un
saldo de $16.826.247,43 y se habían hecho pagos por $123.645.053, de los cuales
$57.724.019 son abono a capital; además, el perito tiene como sustento de su
dictamen no solo la Ley 546 y la mencionada Circular 007, sino también el texto
del pagaré, el historial del crédito y la jurisprudencia constitucional”.
1.1.14. Dada su inconformidad con la
decisión, el Banco Colmena S.A. -actualmente Banco BCSC S.A.- apeló la misma,
argumentando:
1.1.14.1. En relación con
el crédito, que la reliquidación siguió los parámetros establecidos en la Ley
546 de 1999 y la Circular 007 de 2000 de la entonces Superintendencia Bancaria,
y que en esa medida aplicó un alivio sobre la obligación de los demandantes, “que
constituyó un pago de las sumas cobradas en exceso” (cd.5, fl.118); y
1.1.14.2. En relación con el
dictamen pericial que fundamentó de la decisión, que “el perito había liquidado intereses inferiores a
los calculados por la entidad, razón por la cual, luego de que eran cancelados,
resultaba un saldo mayor para abonar a capital, lo que ocasionó que a 31 de
diciembre de 1999, el saldo del perito fuera de 278.806,74 UVR (28’807.316),
mientras que el de la entidad fuera de 351.236,9993 UVR ($36’291.071,22),
generándose una diferencia  a esa fecha de $7’483.755,22, la cual fue
incrementando periódicamente hasta derivar en el resultado que finalmente se
expuso en el dictamen”. Dado lo anterior, sostiene que el juez no realizó
un análisis adecuado de la prueba (cd.5, fl.118).
1.1.15. La Sala Undécima de Decisión Civil
del Tribunal Superior de Medellín, conoció el asunto en segunda instancia y mediante
fallo proferido el veintidós (22) de julio de dos mil diez (2010), revocó la
decisión del juez a quo y, en su lugar, desestimó la totalidad de las
pretensiones con base en los siguientes argumentos:
1.1.15.1. Que en el
dictamen pericial se observan serías deficiencias relacionadas con las
operaciones aritméticas realizadas, las cuales llevan a que no genere certeza
sobre los puntos que se examinan (cd.5, fl.122);
1.1.15.2. Que contrario a
lo sostenido por el perito y el juez a quo, “si bien los interés (sic)
se han definido como la renta o lucro que produce un capital en un periodo
determinado, resulta equitativo que el acreedor los liquide por el tiempo en
que el deudor mantuvo ese capital en su poder, sea que éste hubiere cumplido o
no mensualmente con su obligación (…)”; y que lo expresado anteriormente no
contraviene lo dispuesto en el pagaré, ya que “los demandantes se
comprometieron a cancelar las cuotas de su obligación mensualmente, pero no
estipularon en forma alguna, que sólo pagarían intereses calculados por
periodos mensuales. Contrario sensu, según el instrumento cambiario, los
intereses debían liquidarse sobre los saldos insolutos corregidos
monetariamente para cada fecha de pago, es decir, debían liquidarse sobre el
saldo insoluto de la obligación, una vez se realizaran cada uno de los pagos.
Estipulación que  acata incluso lo dispuesto en la Ley de Vivienda y en la
Circular 007 de 2000, en la que claramente se prevé que la reliquidación debe realizarse
tomando uno a uno los pagos realizados por el deudor en cada una de las fechas
en que se hicieron” (cd.5, fl.123); y
1.1.15.3. Que el juez a
quo no valoró el dictamen pericial rendido por el perito designado,
verificando si el mismo se ajustaba o no a las disposiciones establecidas en la
Ley de Vivienda y en la Circular 007 de 2000, ni tampoco examinó debidamente la
reliquidación presentada por la entidad demandada, desconociendo que era
necesario determinar si dicha reliquidación era errónea para así concluir que
la entidad bancaria había percibido dineros en exceso (cd.5, fl.123).
1.1.16. Los accionantes manifiestan que la
Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
desconoció el precedente judicial “al no aplicar en toda su dimensión y
alcances, el plural número de sentencias dictadas por la Corte con efectos erga
omnes relacionadas con el inconstitucional sistema UPAC (…).”
1.1.17. Señalan que la Sala Undécima de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
interpretó erróneamente la Circular 007 de 2000 emitida por la Superintendencia
Bancaria -actualmente Superintendencia Financiera-, “con fundamento en la
cual todas las entidades financieras tenían que reliquidar los créditos
hipotecarios en virtud de la inconstitucionalidad declarada del sistema UPAC
(…).”
1.1.18. Sostienen que la Sala Undécima de
Decisión Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín interpretó
erróneamente el dictamen pericial que, a su consideración y a juicio del juez
de primera instancia, demostró los pagos que realizaron en exceso; además, ignoró
una prueba documental de gran relevancia que acredita la excesiva cantidad de
dinero que pagaron.
1.1.19. Por todo lo anterior, el 13 de
septiembre de 2010, el señor Marcelino Isaza Arango y la señora Gloria Patricia
Restrepo de Isaza, a través de apoderado judicial, instauraron acción de tutela
contra la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín,
por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
1.2. Contestación
de la entidad accionada e intervención de la parte demandada en el proceso
ordinario
De la acción de tutela interpuesta conoció la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El 20 de septiembre de 2010, la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia ordenó notificar a la entidad accionada y
dispuso enterar a las partes e intervinientes involucrados en el proceso
ordinario para que hicieran uso de su derecho de defensa.
1.2.1. La
Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín no hizo pronunciamiento alguno en el término dado para ello.
1.2.2. Mediante
su apoderado, el Banco BCSC S.A. indicó que el proceso ordinario que promovieron
los accionantes en su contra se desarrolló respetando todas las garantías
procesales y solicitó declarar improcedente la acción de tutela con base en los
siguientes argumentos:
1.2.2.1. Que
no existe una vía de hecho en la reliquidación del crédito de vivienda, pues la
misma se realizó de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y la
Circular 007 de 2000 de la entonces Superintendencia Bancaria (cd.5, fl.138); y
1.2.2.2. Que
la acción de tutela no es el medio idóneo para controvertir la decisión del
juez de segunda instancia, ya que la finalidad de la misma es la protección de
los derechos fundamentales vulnerados por las autoridades públicas o
particulares, sin que por ello se transforme en una ‘tercera instancia’ para
estudiar los temas que se debatieron en el proceso ordinario (cd.5, fl.138 y
139).
2.  DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
Sentencia
DE PRIMERA instancia. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN CIVIL
En Sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de
dos mil diez (2010), la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo del derecho invocado por los
tutelantes, ya que consideró que no se configura yerro alguno en la decisión
del accionado y que en todo caso, la acción de tutela es improcedente (cd.5,
fl.176).
Dicha decisión se produjo teniendo en cuenta los
siguientes argumentos:
2.1.1. Que la
valoración jurídica y probatoria llevada a cabo por la Sala Undécima de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el
fallo proferido el 22 de julio 2010, que revocó la decisión de primera instancia,
en virtud de la cual se habían acogido las pretensiones de los accionantes y,
en su lugar, las denegó, “corresponde al  ejercicio de la autonomía e
independencia de que están dotados los jueces para la composición de los
litigios a su cargo y no luce, prima facie, abusiva ni disparatada, dada su
claridad y concreción de los argumentos sustentables de tal determinación, aun
cuando el resultado final eventualmente pudiera ser diferente si se analizara
el conflicto desde otra óptica interpretativa o con elementos de persuasión
distintos a los que le sirvieron de soporte en orden a estructurar su
convencimiento acerca de la controversia decidida mediante aquella providencia.”
(cd.5, fl.174 y 175).
2.1.2. Que el
ad quem revocó la decisión de primera instancia con base en la  ausencia
de pruebas que demostraran que la reliquidación del crédito efectuada por el
Banco se realizó incorrectamente, y que el dictamen pericial no podía acogerse
debido a las serias inconsistencias que presentaba, de modo que la vía de hecho
aducida no fue demostrada (cd.5, fl.175).
2.1.3. Que
el juez de tutela no puede “descalificar la ponderación del juzgador natural
ni imponerle su propia hermenéutica, o la de una de las partes, máxime si la
que ha hecho no resulta ilegítima ni antojadiza, es decir, si no está
demostrado el proceder de facto indispensable para la prosperidad de la
protección constitucional reclamada en esta causa especial” (cd.4, fl.176).
2.2.    IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El 11 de octubre de 2010, los accionantes
interpusieron recurso de apelación respecto del fallo de tutela de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, insistiendo en los argumentos
que plantearon en el escrito de tutela.
2.3.
Sentencia
DE Segunda instancia. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL
En Sentencia proferida el tres (03) de noviembre de
dos mil diez (2010), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión proferida por la Sala de Casación Civil de la
misma Corporación, reiterando los argumentos esgrimidos en primera instancia
como razones para tomar tal decisión (cd.6, fl.3-10).
3.       Pruebas documentales
Obran en el expediente los
siguientes documentos:
3.3.1.
Copia de la demanda
ordinaria de mayor cuantía presentada el 02 de mayo de 2007 y de la cual
conoció el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, en la cual se
pretendía la reliquidación del crédito hipotecario por parte del Banco Colmena
S.A. -actualmente Banco BCSC S.A.- (cd.5, fl.27-44).
3.3.2.
Copia del
escrito de contestación de demanda presentado por el Banco Colmena S.A.
-actualmente Banco BCSC S.A.- el 13 de junio de 2007 (cd.5, fl.45-49).
3.3.3.
Copia del dictamen
pericial solicitado por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín con
número de radicado 2007-00145, que fue objeto de aclaración mediante oficio del
28 de noviembre de 2007 (cd.5, fl. 50-75).
3.3.4.
Copia del
oficio 1564 remitido por el Banco BCSC S.A -otrora Banco Colmena S.A.- en el
que señala que el monto inicial del crédito fue de $ 32’000.000 y el monto
total pagado por el deudor a julio de 2007 asciende a la suma de $ 123’645.053
(cd.5, fl.77).
3.3.5.
Copia del
historial de pagos efectuados por los demandantes al Banco Colmena S.A. -actualmente
Banco BCSC S.A.- (cd.5, fl.77-81).
3.3.6.
Copia de los
alegatos de conclusión presentados por los demandantes al Juzgado Décimo Civil
del Circuito de Medellín el 03 de septiembre de 2008 (cd.5, fl.82-94)
3.3.7.
Copia de la Sentencia
proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín el nueve (09) de
septiembre de dos mil ocho (2008), en la que se condenó al Banco Colmena S.A.
-actualmente Banco BCSC S.A.-  a  “reparar las lesiones financieras causadas
por el sistema UPAC y hacer los ajustes al crédito hipotecario convenido con
MARCELINO ISAZA ARANGO Y GLORIA PATRICIA RESTREPO DE ISAZA, conforme a la
prueba pericial allegada al proceso.” (cd.5, fl.95-102)
3.3.8.
Copia de la Sentencia
proferida por la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín el veintidós (22) de julio de dos mil diez
(2010), en la que se revocó la decisión del  Juzgado Décimo Civil del Circuito
de Medellín, y en cambio, se desestimaron las pretensiones de la demanda (cd.5,
fl.116-124).
4.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
4.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución,
es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de esta
referencia.
4.2.    problema
jurídico
Corresponde a esta
Corporación determinar si la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal
Superior de Medellín incurrió en alguna causal de procedibilidad de la acción
de tutela frente a providencias judiciales y si, en consecuencia, se conculcó el
derecho al debido proceso de los accionantes, al revocar la decisión del
Juzgado Décimo del Circuito de Medellín y en su lugar desestimar la totalidad
de las pretensiones formuladas en el proceso ordinario de mayor cuantía en el
que se revisó la reliquidación de crédito hipotecario efectuada por el Banco
Colmena S.A.-actualmente Banco BCSC S.A.-.
Para lo anterior: en primer lugar,
se reiterará la jurisprudencia de esta Corporación relacionada con la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales;
en segundo lugar, se precisará la doctrina constitucional relacionada
con el defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; en tercer lugar, se precisará la
doctrina constitucional relacionada con el defecto fáctico como causal
específica del procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; y por último se estudiará si en el caso sub examine se
observa la configuración de alguna de las causales que dan lugar a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y si la
actuación de la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín vulnera derechos fundamentales.
4.3.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia
4.3.1. Con
relación a la procedencia de la acción de tutela, el artículo 5° del Decreto
2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política” establece que el recurso de amparo procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares,
que haya vulnerado, vulnere o amenace violar derechos constitucionales
fundamentales.
4.3.2. La
jurisprudencia constitucional ha señalado que, en principio, el recurso de
amparo no procede en materia de providencias judiciales, teniendo en cuenta las
siguientes razones:
“[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias
judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de
los derechos fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente
formados para aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de
cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se resuelven las
controversias planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad
jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la
jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un régimen
democrático”[1].
4.3.3.
No obstante, la acción de tutela procederá excepcionalmente contra providencias
judiciales en aquellos eventos en que éstas desconozcan los preceptos
constitucionales y legales a los cuales se sujetan, y cuando a través de dicho
mecanismo se busque la protección de los derechos fundamentales y el respeto
del principio de seguridad jurídica[2].
4.3.4.
Dado lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido que para que la acción
de tutela proceda en estos casos, debe cumplir con unos presupuestos generales
de procedencia que, de presentarse a plenitud, habilitarían al juez de tutela
para revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración[3]. Los
presupuestos generales aludidos fueron precisados en la Sentencia C-590 de
2005, que los clasificó de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios
y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[4].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[5].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[6].
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[7].
f. Que no se trate de sentencias de tutela[8]”[9].
4.3.5.
En la misma sentencia se determinó que una vez verificado el cumplimiento de
los requisitos generales señalados para la procedencia de la acción de tutela, el
accionante debe demostrar la ocurrencia de al menos una de las causales
específicas de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir la autoridad
judicial al proferir la decisión atacada.
4.3.6. El concepto de causal específica de
procedibilidad es una noción jurisprudencial que se emplea para hacer
referencia a aquellas actuaciones judiciales en las que el juez que decide un
conflicto jurídico asume una conducta que contraría de forma evidente el
ordenamiento vigente vulnerando derechos fundamentales. En
consecuencia, ante la violación palmaria de derechos fundamentales
mediante acciones u omisiones por parte de los operadores jurídicos, y sin
contar con un medio eficaz de protección que de solución a la situación, la
acción de tutela puede ser el mecanismo idóneo para que se adopten las
medidas necesarias para restablecer los derechos fundamentales afectados
mediante una decisión judicial[10], o puede
interponerse contra providencias judiciales como mecanismo transitorio, con el
objeto de evitar un perjuicio irremediable[11]. La
jurisprudencia constitucional ha establecido las siguientes causales
específicas de procedibilidad:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[12]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado[13].
i. Violación directa de la Constitución.”
4.3.7. Las situaciones
referidas implican, además de la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, la superación del concepto de vía de hecho y la admisión
de específicos supuestos de procedibilidad en circunstancias en las que si bien
no se presenta una trasgresión grosera de las normas superiores, si se trata de
decisiones ilegítimas que perturban derechos fundamentales[14].
Teniendo en cuenta los defectos que a juicio de la Sala se
vislumbran relevantes en el caso sub examine y algunos de los alegados por
los accionantes, se procederá a hacer una breve caracterización de los defectos
procedimental y fáctico como causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
4.4. CARACTERIZACIÓN
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
4.4.1. La causal específica de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto
procedimental encuentra su fundamento los artículos 29 y 228 Superiores, que
respectivamente hacen referencia a los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial en las
actuaciones judiciales.
4.4.2. En principio, el defecto procedimental
emerge solamente cuando se presenta un desconocimiento absoluto de las formas
del juicio. Empero, excepcionalmente, esta Corporación ha considerado que puede
producirse por un exceso ritual manifiesto como consecuencia
del cual el juzgador obstaculiza la efectividad de los derechos
constitucionales por motivos formales[15].
Así puede hablarse de defecto procedimental de carácter absoluto y de defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto:
4.4.2.1. Se produce un defecto procedimental
absoluto cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico,
ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente
-desvía el cauce del asunto[16]-,
o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente[17]
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso[18].
4.4.2.2. Por otro lado, se produce un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto cuando el
funcionario considera los procedimientos como un impedimento para la eficacia
del derecho sustancial y de este modo, de sus actuaciones sobreviene una
denegación de justicia[19].
4.4.2.2.1 La Corte Constitucional se refirió al
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en la Sentencia
T-1306 de 2001[20],
fallo en el que conoció el caso de un ciudadano que acudió a la jurisdicción
con el propósito de materializar su derecho a la pensión y que no obstante
haber cumplido los requisitos legales para acceder a ella, su petición fue
denegada en segunda instancia. En sede de casación,  la Corte Suprema de
Justicia manifestó que la interpretación del juez ad quem resultaba
inaceptable, y efectuó la corrección doctrinaria pertinente; sin embargo,
decidió no casar dicho fallo, debido a que consideró que el
actor había incurrido en fallas técnicas al presentar el recurso. En sede de
revisión, esta Corporación señaló que aunque los requisitos formales y técnicos
de la casación son constitucionalmente legítimos en atención a los fines
específicos de ese recurso extraordinario, en el caso concreto no era admisible
que el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, una vez verificado que el
accionante cumplía con los requisitos para acceder a un derecho de carácter
constitucional, decidiera no casar el fallo que lo desconoció amparándose
en razones formales. Por ende manifestó que las características del recurso extraordinario
de casación debían armonizarse con la prevalencia del derecho sustancial y de
los derechos inalienables del ser humano.
A partir de esa ocasión, la Corte se ha
referido al defecto procedimental por exceso ritual en aquellas situaciones en
las cuales el juzgador incurre en una vulneración del mandato de dar
prevalencia al derecho sustancial, o del derecho al acceso a la administración
de justicia por: “i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; ii)
exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en
determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para
las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o iii), incurrir
en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”[21].
4.4.2.2.2. En la Sentencia
T-289 de 2005[22], la Corte se pronunció sobre el recurso de amparo de un
ciudadano que había interpuesto la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho ante un Tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa. La
autoridad judicial rechazó la acción fundamentándose en la caducidad de la
misma, decisión que el afectado impugnó mediante recurso de reposición y en
subsidio de apelación en contra del auto de rechazo; sin embargo, el Tribunal
rechazó nuevamente el recurso al considerar que, al seguir la normativa del
proceso contencioso, el único recurso procedente era el de súplica. Pese a lo
anterior, esta Corporación consideró que el juez administrativo incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, ya que en la medida en que
los recursos presentaban el mismo objeto, y que el término para su
interposición era el mismo, al juez correspondía obviar el encabezado y dar
trámite al recurso procedente.
4.4.2.2.3. Posteriormente, en la Sentencia T-264
de 2009[23],
la Corte conoció un caso en el cual, en un proceso civil por responsabilidad
civil extracontractual, el juez de segunda instancia no decretó de oficio las pruebas que, de acuerdo con el
material aportado por las partes, resultaban imprescindibles para la adopción
de un fallo de fondo, y en cambio, denegó la pretensión arguyendo que el
demandante no había allegado prueba que demostrara un vínculo de parentesco que
consideraba debía acreditarse.  En aquella ocasión, esta Corporación
señaló que:
“(…) si bien los jueces gozan de
libertad para valorar las pruebas dentro del marco de la sana crítica, no
pueden desconocer la justicia material por un exceso ritual probatorio que se
oponga a la prevalencia del derecho sustancial.
(…) la correcta administración de justicia
supone:
“(1º) Que en la aplicación del sistema
probatorio de libre apreciación no se incurra,  (i) ni en exceso ritual
manifiesto, (ii) ni en una falta de valoración de las pruebas desconociendo la
obligación legal y constitucional de apreciarlas en su conjunto, verbi gracia,
(a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no
dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio emerge
clara y objetivamente. (2º) Que en el desarrollo de la sana crítica el juez se
sujete a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa
aplicación, por ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”[24].
4.4.3. En resumen, puede sostenerse que el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto surge cuando el juez no
atiende el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, y en consecuencia
de ello deniega o vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia.
4.4.4. Es importante precisar que esta causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, presenta
una estrecha relación con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de
las pruebas, es decir, con el denominado defecto fáctico[25] que a
continuación se caracterizará.
4.5. CARACTERIZACIÓN
DEL DEFECTO FÁCTICO COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
4.5.1. Si bien es cierto que los jueces, dentro de la esfera de
sus competencias, cuentan con autonomía e independencia y en sus providencias
gozan de la potestad de valorar las pruebas allegadas al proceso, atendiendo
las reglas de la sana crítica y los parámetros de la lógica y la experiencia;
el reconocimiento de tal discrecionalidad no implica que los jueces cuenten con
facultades para decidir arbitrariamente los asuntos puestos a su consideración,
ya que la libertad en la valoración probatoria está sujeta a la Constitución y
a la ley[26].
4.5.2. La doctrina constitucional se ha manifestado con claridad
respecto a la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales cuando se ha incurrido en un defecto fáctico; y en esa medida exige
que:
“[s]e hayan dejado de valorar
pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas
legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance
y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía
de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un
fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito
funcional de esta jurisdicción.”[27] (Negritas
fuera del texto).
4.5.3. De manera que si bien el juez goza de un amplio margen
para valorar el material probatorio con base en el cual formará libremente su
convencimiento y fundamentará su decisión[28], dicha facultad no puede ejercerse
arbitrariamente. La valoración del acervo probatorio por parte del juez
necesariamente conlleva “la adopción de criterios objetivos[29],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[30],
es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[31],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.”[32]
4.5.4. En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia
constitucional ha determinado el alcance del defecto fáctico como causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, estableciendo que éste se presenta cuando resulta evidente la
omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias o la valoración caprichosa
o arbitraria de las pruebas existentes[33]. Al respecto ha señalado la Corte:
“En otras palabras, se presenta defecto fáctico por
omisión cuando
el juzgador se abstiene de decretar pruebas. Lo anterior trae como consecuencia
'impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido’. Existe defecto
fáctico por
no valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar
pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte o
simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión
respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial,
en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a
un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba
obtenida de manera ilícita.”[34]
4.5.5. De modo que puede sostenerse que los defectos fácticos se
presentan en dos dimensiones:
4.5.5.1. Una dimensión negativa que tiene
lugar cuando el juez niega o valora la prueba arbitraria, irracional y
caprichosamente[35]
u omite su valoración[36]
y sin fundamento alguno da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente[37]. En esta dimensión se incluyen las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez. Y:
4.5.5.2. Una dimensión positiva, que generalmente
se desarrolla cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar y al
hacerlo desconoce la Constitución[38].
4.5.6. Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la
práctica de pruebas
4.5.6.1. Siguiendo lo anterior, el defecto fáctico se configura cuando el
funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, impidiendo que
al proceso se conduzcan debidamente ciertos hechos de carácter imprescindible
para solucionar el asunto jurídico debatido[39].
4.5.6.2. El modo en que esta Corporación ha dado aplicación al defecto fáctico
como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, puede observarse, verbi gratia, en las siguientes
sentencias:
4.5.6.2.1. En la Sentencia T-488 de 1999,  la Corte precisó
que la omisión en la práctica de la prueba antropoheredobiológica dentro de un
proceso de filiación, dada la relevancia que implicaba dicho medio probatorio,
constituía un típico defecto fáctico con capacidad de afectar los derechos fundamentales
de las partes. Sostuvo la Corte:
“El presente análisis tiene como punto
de partida la circunstancia de que ambos jueces dejaron de practicar, no
obstante haber sido decretada, lo que impidió la valoración y apreciación de
una prueba conducente y determinante para la decisión final del proceso de
filiación natural instaurado a nombre del menor (…), como era el
experticio científico mencionado, por motivos ajenos a la parte demandante y
atribuibles a la falta de coordinación para su realización entre el ente
estatal encargado de practicarla y la respectiva autoridad judicial que conocía
del asunto.
Así
las cosas, se considera necesario reiterar, que la práctica de pruebas constituye una
de las principales actuaciones dentro de la conducción del proceso, en la
medida en que su importancia radica en la participación de la misma en la
conformación del convencimiento del fallador sobre los hechos materia de
decisión.
Debe la
Sala reiterar a propósito de lo antes expresado en las consideraciones
generales, que la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable
y objetiva, a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en
forma específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre
en una vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez
que desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha
solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para
el trámite del mismo.”[40] (Negritas
fuera de texto).
4.5.6.2.2. En la Sentencia T-526 de 2001,
esta Corporación encontró un defecto fáctico en las providencias judiciales
frente a las cuales se interpuso el recurso de amparo. En aquella ocasión, la
conducta de los funcionarios judiciales imposibilitó que se identificara
correctamente al autor material de un hecho punible en perjuicio de un tercero
que fue procesado como reo ausente y posteriormente privado de su
libertad.  En tal situación, el defecto fáctico se configuró en la medida
en que no se recibieron los testimonios de las personas que podían identificar
plenamente al autor material de la conducta punible, que no se apreciaron
ciertos hechos, como la diferencia de edad entre el responsable del hecho -22
años- y el erróneamente sindicado -35 años-, la diferencia del lugar de la
residencia del erróneamente sindicado -norte de Bogotá-, con el lugar en que se
capturó al responsable el día de los hechos -sur de Bogotá- y, la no
apreciación de la prueba documental que acreditaba la buena conducta del
erróneamente sindicado[41].
En aquella oportunidad, la Corte manifestó:
“(...) en este caso concreto [se] encuentra
que no se desplegó actividad
probatoria alguna tendiente a obtener la plena identidad del procesado a pesar de que se advertían
irregularidades que ofrecían serias dudas en relación con la identidad de la
persona sindicada, lo que constituye una vía de hecho, como quiera que los
jueces solamente pueden resolver con fundamento en las pruebas que sobre la cuestión
fáctica obren en el expediente. En
el presente caso existe un evidente defecto fáctico, pues no existe prueba
alguna de la que razonablemente se pueda deducir que el sujeto aprehendido al
momento de la comisión del ilícito, es el mismo que fue capturado y se
encuentra privado de la libertad.”[42] (Negritas
del texto).
4.5.6.2.3. En la Sentencia T-395 de 2010, la
Corte detectó la existencia de un defecto fáctico en una decisión mediante la
cual se vulneró la
presunción de inocencia de una persona a quien se supuso ser el autor de un
homicidio sólo con base en las pruebas aportadas por la instrucción, sin que
las mismas brindaran la claridad necesaria sobre la identificación del autor
real de dicho delito. En ese caso, el juez que conoció el asunto no adelantó
actividad probatoria alguna tendiente a demostrar que la determinación del
autor efectuada por el juez de instrucción y por el Fiscal del Circuito, no
admitía duda alguna. Señaló esta Corporación en aquella ocasión:
“(…) Lo anterior no significa que la
Corte pretenda invadir la órbita de las autoridades judiciales en la función de
apreciación autónoma de las pruebas, porque entiende que la determinación de la
situación fáctica concreta en cada proceso corresponde al funcionario judicial.
Pero en este caso encuentra que no se desplegó actividad probatoria suficiente
tendiente a obtener la plena identidad del procesado a pesar de que se
advertían irregularidades que ofrecían notables dudas en relación con la
identidad de la persona sindicada, lo que constituye una violación al principio
de la presunción de inocencia, como quiera que los jueces solamente pueden
resolver con fundamento en pruebas suficientes”[43].
4.5.6.3. En virtud de lo anterior, puede sostenerse que la negativa por
parte de un juez a la práctica o valoración de un medio probatorio dentro del
proceso que dirige, solamente puede obedecer a que tales medios no conducen a
establecer la verdad sobre los hechos sobre los cuales versa el proceso o que
están legalmente prohibidos o resultan ineficaces o consisten en hechos
notorios o presentan un carácter superfluo. Sin embargo, “la impertinencia,
inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente
analizada por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el
rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación
del derecho de defensa y del debido proceso”[44].
4.5.7. Defecto fáctico por la no valoración del acervo
probatorio
4.5.7.1. También se presenta un defecto fáctico cuando el
funcionario judicial omite la consideración de elementos probatorios que
existen en el proceso,  no los determina o sencillamente no los tiene en cuenta
al fundamentar su decisión, y resulta evidente al analizar la situación que se
estudia, que de haberse efectuado su análisis y valoración, la solución del
asunto jurídico cuestionado presentaría una solución sustancialmente distinta[45].
4.5.7.2. La Corte ha determinado la presencia de esta modalidad de defecto
fáctico, verbi gratia, en la Sentencia T-814 de 1999, en
la cual ante una situación en la que los jueces de lo contencioso
administrativo no advirtieron ni valoraron, para efectos de tomar la decisión
del caso, el material probatorio que se allegó debidamente al proceso, esta
Corporación encontró que se configuró una causal de específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
aquella ocasión la Corte consideró:
“Ni en el fallo del Tribunal ni en el
fallo del Consejo de Estado se hace una valoración de la prueba mencionada, que
les permitiera a estas Corporaciones deducir la obligación para el alcalde de
dicha ciudad de promover la consulta popular, previa a la realización del
proyecto del metro ligero de Cali, pues para ellas el aspecto probatorio en
estos procesos no es relevante. En efecto, el Tribunal dijo que las pruebas
arrimadas al proceso de la acción de cumplimiento ‘no tienen influencia alguna
en esta decisión’ y el Consejo de Estado por su parte, si bien mencionó el
aludido testimonio en los antecedentes no hizo ninguna valoración del mismo.
(…) Considera la Sala, en consecuencia, que se estructura la vía de hecho por
defecto fáctico, porque ni el Tribunal ni el Consejo al decidir sobre las
pretensiones  de la acción de cumplimiento, valoraron la prueba antes
referenciada, y omitieron decretar y practicar las pruebas conducentes y
tendientes a establecer la existencia o no del incumplimiento de la autoridad
demandada.”[46]
(Negritas fuera del texto).
De igual manera, en la Sentencia T-902
de 2005, la Corte determinó la configuración de un defecto fáctico debido a
la omisión en el decreto y valoración de pruebas que definitivamente podían
cambiar el sentido del fallo de segunda instancia en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Señaló esta Corporación:
“(…)Si en la lógica del fallo
demandado, la prueba no existía en el expediente, si estaba contenida en un
anexo, o no aparecía físicamente,  pero sí estaba mencionada, referida y
valorada tanto por la demanda, como por la  providencia de primera
instancia, al punto de ser un documento axial del fallo del a quo, no cumplió
la sentencia acusada con agotar los medios necesarios para recoger, siquiera
sumariamente, prueba de los supuestos fácticos que le habían presentado a su
consideración los interesados en el proceso de nulidad y restablecimiento. Se
insiste entonces, en que se incurrió en defecto fáctico en su dimensión
omisiva, vulnerando de la misma manera el debido proceso de la accionante.”[47]
4.5.8. Por
último, y tal como lo ha señalado la Corte, sólo es viable fundar una acción de
tutela frente a una vía de hecho por defecto fáctico cuando se observa que la
valoración probatoria efectuada por el juez en la correspondiente providencia
es ostensiblemente arbitraria, es decir, el error en el juicio valorativo de la
prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,
y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según
las reglas generales de competencia.”[48]
4.6. Caso
concreto
Los actores, Marcelino Isaza Arango y Gloria Patricia Restrepo de
Isaza, manifestaron que mediante fallo del nueve (09)
de septiembre de dos mil ocho (2008), en el curso del proceso ordinario de
mayor cuantía que adelantaron contra el Banco Colmena S.A. -actualmente Banco
BCSC S.A.-, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín condenó al
demandado a reparar los daños financieros causados por el sistema UPAC a los
demandantes y a hacer los ajustes al crédito hipotecario convenido,
concediendo de ese modo las pretensiones formuladas por los mismos.
Dicha decisión fue revocada por la Sala
Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, mediante fallo del veintidós (22) de julio de dos mil diez (2010).
A través de apoderado judicial, el 13 de
septiembre de 2010 instauraron acción de tutela contra la Sala Undécima de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Sin embargo, el
recurso de amparo resultó denegado en primera y en segunda instancia por la
Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia respectivamente.
Los accionantes consideran que la Sala Undécima de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín: i)
desconoció el precedente judicial “al no aplicar en toda su dimensión y
alcances, el plural número de sentencias dictadas por la Corte con efectos erga
omnes relacionadas con el inconstitucional sistema UPAC (…)” e interpretó
erróneamente la Circular 007 de 2000 emitida por la Superintendencia Bancaria
-actualmente Superintendencia Financiera-; ii) interpretó erróneamente el
dictamen pericial que, a su consideración y a juicio del juez a quo,
demostró los pagos que realizaron en exceso, e ignoró una prueba documental que
acredita la excesiva cantidad de dinero que pagaron.
Teniendo en cuenta lo anterior, señalan que la decisión
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín resulta a todas luces
contraria al debido proceso, y por ello solicita que
se ‘declare la nulidad’ del fallo cuestionado y que en su lugar se
pronuncie un nuevo fallo en sujeción a la jurisprudencia proferida por esta
Corporación y valorando en debida forma todas las pruebas que se allegaron al
proceso.
4.6.1. Análisis de las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
En primer lugar, la Sala encuentra que el caso sub
examine cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, teniendo en cuenta que:
i)
La cuestión objeto de discusión
presenta una evidente relevancia constitucional, ya que se trata de la
protección del derecho fundamental al debido proceso de los actores, el acceso
a la administración de justicia y la vivienda digna;
ii)      Una vez examinado el expediente, la Sala verificó que los
accionantes, por medio de su apoderado judicial, acudieron a la vía ordinaria
para hacer valer sus pretensiones, proceso que se surtió en dos instancias y
que dada su cuantía no les brinda la posibilidad de ejercer el recurso
extraordinario de casación, por lo que puede considerarse que agotaron los
medios de defensa judicial a su disposición;
iii)      Con respecto a la inmediatez, dicho requisito se encuentra
cumplido, ya que la tutela fue presentada el 13 de septiembre de 2010 y la
providencia que se pretende revocar se profirió el veintidós (22) de julio de dos
mil diez (2010), de manera que para la Sala, la acción se interpuso en un
término proporcionado y razonable a partir del hecho que originó la presunta
vulneración;
iv)
En cuanto a los demás requisitos, los
accionantes identifican con claridad los derechos que consideran afectados y
los hechos que a su parecer los vulneraron y es evidente que el fallo que se
ataca no es una sentencia de tutela.
4.6.2.
Análisis de las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
En segundo lugar, verificados los requisitos generales de
procedibilidad, la Sala analizará si en el presente caso la Sala Undécima de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín incurrió
en alguno de los defectos contemplados por la jurisprudencia constitucional
como requisito específico de procedencia de la acción tutela contra
providencias judiciales.
En lo que interesa a la Sala, los accionantes señalan por
vía de tutela: i) el desconocimiento del precedente constitucional,
concretamente de lo establecido en las Sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999,
SU-846 de 2000 y C-1140 de 2000, entre otras; y en relación con la
reliquidación del crédito hipotecario, la valoración errada del dictamen
pericial decretado de oficio por el juez a quo, y la omisión en la
valoración de una prueba documental por parte del referido juez ad quem.
Pues debido a tales ‘errores’ se revocó la decisión de primera instancia, en la
que se había ordenado el ajuste de la reliquidación del crédito hipotecario, en
consecuencia de lo cual se debían declarar canceladas las obligaciones que se
ubican en cabeza de los accionantes y devolverles las sumas de dinero pagadas
en exceso con los intereses correspondientes.
4.6.2.1. Teniendo en cuenta el material probatorio contenido en el
expediente, la Sala no encuentra que en el caso sub examine hayan tenido
lugar un desconocimiento del precedente -en este caso constitucional- o se haya
configurado un defecto sustantivo, ya que no se aplicaron disposiciones legales
declaradas inexequibles, ni cuyo contenido normativo se contrapone a las normas
Superiores, ni se ignoró la ratio decidendi  de las sentencias de esta
Corporación, ni se desconoció el alcance de los derechos fundamentales que ha
establecido la Corte a través de las mismas[49]. Por el contrario, en la parte motiva
del fallo cuestionado, la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín hace referencia a las sentencias que se
aducen ignoradas para precisar que con la entrada en vigencia de la Ley 546 de
1999 se introdujo la Unidad de Valor Real (UVR)
que presenta como factor único de cálculo la inflación, sin aplicar
capitalización de intereses y que, en consecuencia, se ordenó a los
establecimientos de crédito que efectuaran la reliquidación de los créditos
como si desde un principio se hubiesen expresado en UVR.
4.6.2.2. No obstante, la Sala encuentra que sí existe un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un defecto fáctico por
omisión en la valoración de pruebas.
4.6.2.2.1. Si bien la Sala comparte lo sostenido por la
Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín al expresar que se presentan deficiencias en el dictamen pericial
decretado en primera instancia, en este sentido:
“(…) se observa que el dictamen
pericial realizado por el auxiliar de la justicia no permite apreciar ninguno
de esos pasos [hace referencia a los pasos señalados en la Circular 007 de
2000 de la Superintendencia Bancaria y en la Proforma F.0000-050] y, por
ende la forma en que el perito obtuvo sus resultados. Igualmente se observan en
él serias deficiencias relacionadas con las operaciones aritméticas realizadas,
las cuales impiden que pueda ser considerado como una prueba que produzca
certeza al juzgador sobre los puntos objeto de examen” (cd.5, fl.122).
No comparte que, aunque se hayan
constatado serias deficiencias e inconsistencias en el dictamen pericial, medio
probatorio a todas luces imprescindible para el caso, dada la tecnicidad del
mismo, en lugar de adoptar las medidas necesarias para suplir esas deficiencias
y para cumplir con su propósito de solucionar el conflicto sometido a su
consideración desde una base fáctica adecuada, exigencia ineludible para
proferir una decisión justa, prefirió revocar la decisión del juez a quo
y cerrar en forma definitiva las puertas de la jurisdicción civil a los
demandantes, quienes acudieron a ella para determinar si su crédito estaba
debidamente reliquidado, asunto que no fue objeto de pronunciamiento, generando
una negación al acceso material a la administración de justicia que consiste no
sólo en poder presentar acciones, sino que éstas se decidan y resuelvan de
fondo las pretensiones a ella sometidas.
Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo
228 Superior, en el sentido que:
“La administración de justicia es
función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial (…)” (Negritas fuera del texto).
Puede sostenerse que la conducta de la
Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín fue indiferente a la efectividad del derecho sustancial y
ocasionó una violación a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. La decisión cuestionada por vía de
tutela sólo podría considerarse un fallo ajustado a derecho y en esa medida
justo, si la autoridad judicial hubiese decretado de oficio las pruebas
que resultaban imprescindibles para decidir sobre la procedencia o no de las
pretensiones de los demandantes, es decir, si hubiese decretado un nuevo
dictamen pericial ante los defectos que presentaba el que se decretó de oficio
por parte del juez a quo; por el contrario, al juez ad quem le
bastó señalar los defectos de que adolecía dicho dictamen, para denegar las
pretensiones de los demandantes, cuando éstos habían aportado una reliquidación
realizada por un experto y tenían el derecho a que la jurisdicción les
resolviera de fondo su solicitud, precisando si la reliquidación que hizo el
banco se ajustaba a derecho o no.
Debe hacerse énfasis en que el dictamen
pericial que se analizó en segunda instancia fue decretado de oficio por el
juez a quo ante la oposición expresada por el Banco Colmena S.A.
-actualmente Banco BCSC S.A.- a la reliquidación que presentaron los
demandantes, que había sido efectuada por un experto en matemáticas financieras.
Sin embargo, como los demandados también se opusieron a la prueba practicada de
oficio, el juez a quo decretó de oficio y a cargo del banco otra prueba
pericial en providencia 06 de marzo de 2008, “pero en agosto 21 aún no se
había cumplido con la carga procesal atinente a la evacuación de la nueva
prueba pericial, lo que obligó a dar traslado para alegaciones”; de modo
que la objeción presentada se declaró infundada (cd.5, fl.99). Así,
considerando que el juez ad quem detectó errores en el dictamen pericial
decretado de oficio por el juez a quo, que éste no analizó debidamente
dicha prueba de modo que pudiera percibir las inconsistencia de la misma, que
los demandantes la objetaron aunque dicha objeción se declaró infundada en la
medida en que no presentaron un nuevo dictamen y que los demandantes
inicialmente habían presentado una reliquidación; una actuación prudente y
correcta por parte de la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal de
Superior del Distrito Judicial de Medellín habría implicado que se decretara de
oficio un nuevo dictamen pericial que le brindara certezas para tomar una
decisión de fondo.
Es conveniente precisar que algunas
situaciones similares a la acaecida en esta oportunidad han llevado a esta
Corporación a referirse a los fallos inhibitorios manifiestos e implícitos[50].
La Corte ha señalado que el derecho fundamental al acceso a la administración
de justicia implica “la garantía de la obtención de una respuesta de fondo
por parte de los jueces, quienes, a su vez, se hallan obligados a evitar a toda
costa fallos que, basados en obstáculos formales, impidan la vigencia del
derecho material o de los derechos subjetivos. Esto ocurre tanto en los fallos
que son inhibitorios de forma manifiesta como en aquellos que lo son de
forma implícita, es decir, bajo la apariencia de un pronunciamiento de
mérito”[51].
Lo anterior conlleva el ejercicio de las funciones inquisitivas del juez, es
decir,  las funciones encaminadas a la dirección
del proceso, para adoptar todas las medidas que considere necesarias para
lograr el esclarecimiento de los hechos, de eliminar los obstáculos que le impiden
llegar a decisiones de fondo, y de decretar las pruebas de oficio que considere
necesarias para hallar la verdad.
En el asunto bajo estudio operó una
situación análoga a la referida, es decir, la Sala Undécima de Decisión Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, escudándose en una
sentencia de fondo desestimatoria, es decir, contraria a las pretensiones de
los accionantes como consecuencia de los errores e inconsistencias en el dictamen
pericial que se practicó de oficio en primera instancia, encubrió una sentencia
inicua, dada su desidia por aproximarse a la verdad real[52]. De modo que
si bien la sentencia cuestionada no es inhibitoria, tiene un efecto muy similar,
en la medida en que imposibilita la prevalencia del derecho sustancial y el
acceso material a la administración de justicia de los accionantes, toda vez
que denegó sus pretensiones sin motivación que les permitiera determinar si
efectivamente el Banco Colmena S.A. -actualmente Banco BCSC S.A.- había
reliquidado debidamente el crédito hipotecario.
Las consideraciones precedentes llevan a concluir
que la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, desconoció el rol que le asigna el ordenamiento en cuanto
a la garantía de los derechos sustanciales, al omitir la práctica de una prueba
imprescindible para tomar una decisión dada la tecnicidad del caso. Con su conducta,
la autoridad accionada dejó a los demandantes sin posibilidades ante la
jurisdicción, y dejó de lado su posición de garante de los derechos
sustanciales, su deber de hacerlos prevalecer y “su compromiso con la búsqueda
de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de decisiones
justas”[53].
4.6.2.2.2. Además de la configuración de un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, se presenta un defecto fáctico por
omisión en la valoración del acervo probatorio, ya que el juez ad quem no
se pronunció con respecto al documento allegado por el Banco BCSC S.A. el 26 de
septiembre de 2008, en el que se expresa: “2.) El monto total pagado por el
deudor a julio 27 de 2.007 asciende a la suma de $123’645.053 discriminados
así: Abonos a capital $57’724.019, intereses corrientes $ 54’770.878, intereses
de mora $24’661, seguro de vida $ 9’543,099, seguro de incendio $ 791’904 y
seguro de terremoto $790’491.” (cd.5, fl.77). En el que resulta evidente que
a esa fecha se había pagado una muy alta cantidad de dinero, lo que pone en
duda que se hayan dejado de capitalizar intereses por parte de la entidad
bancaria, y en esa medida era necesario analizar dicho documento dentro de la situación
que se estudió, ya que de haberse efectuado su análisis y valoración, la
solución de la controversia podía tornarse diferente.
Por todo lo anterior y con el fin de resguardar
la prevalencia del derecho sustancial y de garantizar el debido proceso y el acceso
a la administración de justicia de Marcelino Isaza Arango y Gloria Patricia
Isaza de Arango, esta Sala de Revisión dejará sin efecto el fallo proferido por
la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín para que esta autoridad dé apertura a un nuevo término probatorio
con el propósito de ejercer sus deberes para hallar la verdad y adoptar un
fallo de mérito fundamentado en un dictamen pericial que supere los defectos e
inconsistencias del que se tuvo en cuenta y que ofrezca certezas y garantías
sobre el actuar del demandado. La autoridad decidirá sobre la extensión del período
probatorio sin que éste supere los treinta días. Una vez cumplido el término
referido, el Tribunal deberá dictar sentencia de segunda instancia en el
término legal para fallar.
La Sala advierte que esta decisión
adoptada en sede de revisión de tutela, no incide ni determina el sentido del
fallo que deberá proferir el Tribunal. El sentido de la decisión será el que la
autoridad accionada, como juez natural del proceso, determine en derecho, una
vez cuente con todos los elementos de juicio necesarios para que su sentencia
se ajuste a lo prescrito por el artículo 228 Superior.
5. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las Sentencias de tutela proferidas por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia el treinta (30) de
septiembre de dos mil diez (2010), y la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia el tres (03) de noviembre de dos mil diez (2010), en
segunda instancia y, en su lugar, CONCEDER la tutela de los
derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia de Marcelino Isaza Arango y Gloria Patricia Isaza de Arango.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la Sentencia proferida por la Sala Undécima de Decisión
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el veintidós (22)
de julio de dos mil diez (2010), al conocer en segunda instancia del proceso
ordinario de mayor cuantía adelantado por los accionantes en contra del Banco
Colmena S.A., actualmente Banco BCSC S.A.
Tercero.- ORDENAR
a la Sala Undécima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín que decrete un período probatorio de treinta (30) días, en
el cual deberá ordenar un nuevo dictamen pericial para proferir una decisión en
los términos señalados en el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil.
Cuarto.- Por
Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. Sentencia C-590 del 08 de junio de
2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[2]  Ver,
entre otras, las Sentencias: T-191 del 25 de marzo de 1999. MP. Fabio Morón
Díaz, T-1223 del 22 de noviembre de 2001. MP. Álvaro Tafur Galvis, T-907 del 03
de noviembre de 2006. MP. Rodrigo Escobar Gil y T-092 del 07 de febrero de
2008. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[3] Sentencia T-024 del 26 de enero de 2010.
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[4] “Sentencia
T-504 del 08 de mayo de 2000. MP. Antonio Barrera Carbonell.”
[5] “Sentencia
T-315 del 01 de abril de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.”
[6] “Sentencia
T-008 del 22 de enero de 1998. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.”
[7] “Sentencia
T-658 del 11 de noviembre de 1998. MP. Carlos Gaviria Díaz.”
[8] “Sentencias:
T-088 del 17 de febrero de 1999. MP. José Gregorio Hernández y SU-1219 del 21
de noviembre de 2001. MP. Manuel José Cepeda.”
[9] Cfr. Ibídem. Sentencia C-590 del 08 de
junio de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[10] Sentencia T-327 del 15 de julio
de 1994. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
[11] Sentencia SU-1185 del 13 de
noviembre de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[12] “Sentencia
T-522 del 18 de mayo de 2001. MP. Manuel José Cepeda.”
[13] “Sentencias
T-1625 del 23 de noviembre de 2000. MP (E). Martha Victoria Sáchica Méndez,
T-1031 del 27 de septiembre de 2001. MP. Eduardo Montealegre Lynett,  SU-1184
del 13 de noviembre de 2001. MP. Eduardo Montealegre Lynett, y T-462 del 05 de
junio de 2003. MP. Eduardo Montealegre Lynett.”
[14] Ibídem. Sentencia C-590 del 08 de junio
de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[15] Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[16] Sentencia T-996 del 24 de octubre de 2003. MP. Clara Inés Vargas
Hernández.
[17] Ídem.
[18] Ibídem. Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[19] Ídem.
[20] Sentencia T-1306 del 06 de diciembre de 2001. MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[21] Ibídem. Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[22] Sentencia T-289 del 31 de marzo de 2005. MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[23] Ibídem. Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[24] Cfr. Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[25] Ibídem. Sentencia T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[26] Sentencia T-395 del 24 de mayo de 2010. MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[27] Sentencia
T-266 del 03 de abril de 2009. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[28] Sentencia T-902 del 01 de septiembre
de 2005. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra
[29] “Sentencia
SU-1300 del 06 de diciembre de 2001. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.”
[30] “Sentencia
T-442 del 11 de octubre de 1994. MP. Antonio Barrera Carbonell.”
[31] “Sentencia
T-538 del 29 de noviembre 1994. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.”
[32] Cfr. Sentencia
SU-159 del 05 de marzo de 2002. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33] Ver, entre otras, las Sentencias: T-814 del 19 de octubre de 1999. MP. Antonio Barrera
Carbonell, T-450 del 04 de mayo de 2001. MP. Manuel José Cepeda Espinosa,
SU-159 del 05 de marzo de 2002. MP. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 del 05
de junio de  2003. MP. Eduardo Montealegre Lynett, T-1065 del 07 de
diciembre de 2006. MP. Humberto Sierra Porto y T-458 del 07 de junio de 2007. MP.
Álvaro Tafur Galvis.
[34] Cfr. Sentencia
T- 1065 del 07 de diciembre de 2006. MP. Humberto Sierra Porto.
[35] Ibídem.
Sentencia T-442 del 11 de octubre de  1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[36] Sentencia
T-239 del 30 de mayo de 1996. MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[37] Sentencia
T-576 del 10 de diciembre de 1993. MP. Jorge Arango Mejía.
[38] Ibídem. Sentencia
T-538 del 29 de noviembre 1994. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[39] Ver, entre otras, las Sentencias: T-902 del 01 de septiembre de 2005. MP.
Marco Gerardo Monroy y T-395 del 24 de mayo de 2010. MP. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[40] Cfr. Sentencia T-488 del 09 de julio de 1999. MP. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
[41] Sentencia
T-902 del 01 de septiembre de  2005. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[42] Cfr. Sentencia T-526 del 18 de mayo de 2001. MP. Alfredo Beltrán
Sierra.
[43] Cfr. Sentencia T-395 del 25 de mayo de 2010. MP. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[44] Cfr. Sentencia T-393 del 07 de junio de 1994. MP. Antonio Barrera
Carbonell.
[45] Ibídem. Sentencia
T-902 del 01 de septiembre de  2005. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra
[46] Cfr. Sentencia T-814 del 19 de octubre de 1999. MP. Antonio
Barrera Carbonell.
[47] Cfr. Sentencia T-902 del 01 de septiembre de 2005. MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[48] Cfr.
Sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994. MP. Antonio Barrera
Carbonell.
[49] “Sentencia
T-1092 del 14 de diciembre de 2007. MP. Humberto Sierra Porto”.
[50] Ibídem. Sentencia  T-264 del 03 de abril de 2009. MP. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[51] Ídem.
[52] Ídem.
[53] Ídem.