C-163-19
NOTA DE RELATORIA. Con base en oficio suscrito por el doctor José Fernando
Reyes Cuartas y Oficio SGC-059 de fecha 29 de enero del 2020 de la Secretaría
General, se retira en la presente providencia la anotación de “aclaración de
voto” indicada debajo del nombre del precitado Magistrado, por cuanto éste
verificó que en la presente decisión se acogieron las sugerencias que
inicialmente presentó.
Sentencia C-163/19
SUSTITUCION DE LA DETENCION PREVENTIVA-Exequibilidad
condicionada
La Sala acotó que el debate surgía en torno a la
presunta restricción que fijaba la disposición acusada, al establecer el
dictamen de médicos oficiales supuestamente como el único medio válido para acreditar
el estado grave por enfermedad del procesado. Precisó que, de acuerdo con la
demanda, esto contravenía los derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso
a la administración de justicia. En consecuencia, sostuvo que el problema
jurídico consistía en determinar si una norma, conforme con la cual, “la detención preventiva en
establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia…
cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, «previo dictamen de médicos oficiales»”, impide que se
alleguen otras evidencias para determinar las condiciones de salud del
procesado y, por ende, resulta violatoria del debido proceso y los derechos de
defensa y acceso a la justicia. Al analizar el cargo, la Corte encontró
que la expresión acusada podía ser interpretada, como lo aducía el demandante, en el
sentido de que excluía la posibilidad de recurrir también a conceptos
técnicos provenientes de peritos particulares, entendido incompatible con la
Constitución, en la medida en que desconocía el debido proceso probatorio.
Observó, sin embargo, que los apartados impugnados eran susceptibles, de una
interpretación acorde con el citado mandato constitucional, según el cual, si
bien debe allegarse dictamen de médicos oficiales, también pueden presentarse
peritajes de médicos privados. Bajo este entendido, la Sala estimó que
se garantizaba el derecho de las partes a las garantías mínimas
probatorias y, por consiguiente, los derechos al debido proceso, a la defensa y
al acción a la justicia.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
De conformidad
con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad
debe contener: (i) el
señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su trascripción literal
por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las
mismas; (ii) el
señalamiento de las normas constitucionales que se consideren
infringidas; (iii) las
razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando fuere
el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la
expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón
por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto de
violación
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL LEGISLADOR-En materia procesal/LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA
DEL LEGISLADOR-Límites
constitucionales
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA
PROCESAL-Contenido y alcance
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Concepto y alcance
DEBIDO PROCESO-Aplicación a todo tipo de actuaciones judiciales y
administrativas
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Derechos que comprende
De acuerdo con
la jurisprudencia de la Corte, el debido proceso comporta al menos los derechos
(i) a la jurisdicción, que a su vez conlleva las garantías a un acceso
igualitario de los jueces, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las
decisiones ante autoridades de jerarquía superior y al cumplimiento de lo
decidido en el fallo; (ii) al juez natural, identificado como el funcionario
con capacidad legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación,
de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la
división del trabajo establecida por la Constitución y la Ley; y (iii) el
derecho a la defensa.
DERECHO A LA DEFENSA-Concepto
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Carácter fundamental/DERECHO AL
DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Relación/DERECHO
DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Derecho de contenido múltiple
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Relación con el debido proceso
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Garantías mínimas
La Sala Plena ha indicado que el debido proceso probatorio
supone un conjunto de garantías en cabeza de las partes en el marco de toda
actuación judicial o administrativa. De este modo, ha afirmado que estas tienen
derecho (i) a
presentar y solicitar pruebas; (ii) a controvertir las que se presenten en su
contra; (iii) a
la publicidad de las evidencias, en la medida en que de esta forma se asegura
la posibilidad de contradecirlas, bien sea mediante la crítica directa a su
capacidad demostrativa o con apoyo en otros elementos; (iv)a que las pruebas
sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en los estándares legales
y constitucionales dispuestos para el efecto, so pena su nulidad; (v) a que el
funcionario que conduce la actuación decrete y practique de oficio los
elementos probatorios necesarios para asegurar el principio de realización y
efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 C.P.); y (vi) a que se
evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Garantías mínimas probatorias
Referencia:
Expediente D-12556
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 314 (parcial) de la Ley 906 de 2004,
modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, “[p]or medio de la
cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000
y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva
de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”.
Demandante:
Jaime
Enrique Granados Peña
Magistrada
Ponente:
DIANA
FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C.,
diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2019).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 4º del
artículo 241 de la Constitución Política, una vez cumplidos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución Política, el ciudadano Jaime Enrique Granados Peña presentó
demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4 (parcial) del artículo 314 de
la Ley 906 de 2004,
modificado por el artículo 27.4 de la Ley 1142 de 2007.
Mediante
Auto de nueve (9) de febrero de 2018, el Despacho admitió la demanda, ordenó
correr traslado al Procurador General de la Nación y comunicó el inicio del
proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, así como al
Ministro de Justicia y del Derecho, al Fiscal General de la Nación, y al
Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
De
igual forma, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda
de la referencia, conforme a lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de
1991, invitó a participar en el proceso a las Facultades de Derecho de las universidades
Javeriana, del Rosario, Nacional, Libre y Externado de Colombia, a la
Defensoría del Pueblo, a la Federación Médica Colombiana y al Instituto de
Derecho Penal y Ciencias Criminalísticas de la Universidad Sergio Arboleda. Así
mismo, ordenó suspender los términos dentro de la presente actuación, en
aplicación del numeral segundo del Auto 305 de 2017 y, posteriormente, a través
de Auto del 19 de septiembre de 2018, la Sala Plena dispuso su levantamiento. De
esta manera, cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la
Constitución Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a
resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA
DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada,
subrayado en el fragmento objeto de impugnación:
LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
Diario Oficial No. 45.657 de 31
de agosto de 2004
RAMA LEGISLATIVA – PODER PÚBLICO
Por la cual se expide el Código
de Procedimiento Penal
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(…)
ARTÍCULO 314. SUSTITUCIÓN DE LA
DETENCIÓN PREVENTIVA. <Artículo modificado por el
artículo 27 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:>La
detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del
lugar de la residencia en los siguientes eventos:
(…)
4. Cuando el imputado o acusado
estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos
oficiales (subrayado fuera de texto).
El juez determinará si el imputado o
acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital.
(…)”
III. LA DEMANDA
El actor considera que el fragmento
normativo acusado vulnera los derechos de defensa, juicio justo, igualdad y
acceso a la administración de justicia, de los cuales se deriva el principio de
igualdad de armas (Arts. 13, 29 y 229 de la Constitución,  8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos). Sostiene
que al establecer como único medio de prueba el dictamen de médicos oficiales para
demostrar la incompatibilidad de la detención en establecimiento carcelario con
el estado de salud del investigado, la norma genera un desequilibrio en
perjuicio de la defensa. Sostiene que limita su capacidad probatoria y que esta
restricción, además, es grave pues los peritos oficiales pertenecen al
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Entidad adscrita y,
por lo tanto, subordinada a la Fiscalía General de la Nación.
El actor explica que los médicos del Instituto son los únicos “médicos
oficiales” porque, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley 938 de
2004, solamente tales profesionales tienen la competencia para emitir
dictámenes destinados a la administración de justicia. De igual manera, señala
que según el artículo 33 de la Ley 938 de 2004, el Instituto es una Entidad
adscrita a la Fiscalía General de la Nación y, conforme a los artículos 38 y 41
de la Ley 938 de 2004, el Fiscal (o el Vicefiscal) General de la Nación hace
parte de la Junta Directiva del Instituto y nombra a su Director,
respectivamente. Todo lo anterior, en su criterio, implica que el Instituto de
Medicina Legal carece de autonomía frente a la Fiscalía y, por ende, la norma acusada
hace que la defensa quede sometida a un peritaje proveniente de la contraparte.
Con base en jurisprudencia constitucional, el demandante destaca que,
conforme lo ha desarrollado la Corte, los derechos de defensa, igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia se encuentran estrechamente
vinculados al principio de igualdad de armas. Esto, por cuanto tal mandato supone
que las partes cuenten con medios procesales homogéneos de acusación y defensa,
de tal manera que se impida el desequilibrio entre ellas y se garantice el uso
de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. De
este modo, concluye que la norma censurada constituye una violación a la
igualdad de armas, “vulneración con profundas incidencias en tanto afecta un
principio trascendental, reconocido por múltiples organismos de derechos
humanos… no solo por hacer parte  del derecho fundamental a la defensa sino
también por su estrecha relación (sic) otros derechos de rango constitucional
como la igualdad, el acceso a la administración de justicia y el derecho a un
juicio justo”.
Con arreglo a los anteriores argumentos, el actor solicita la
declaratoria de inexequibilidad de la expresión acusada.
IV. SÍNTESIS DE LAS INTERVENCIONES
4.1. Presentaron intervenciones dentro del presente proceso, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y las universidades Externado, Libre y Nacional de
Colombia, de los Andes, del Rosario y Sergio Arboleda.
4.2. Fundamentalmente tres posiciones se han adoptado en torno al
debate suscitado por la demanda. Uno de los intervinientes comparte en esencia la
tesis de la impugnación, pues considera que la expresión acusada es
inconstitucional al impedir la utilización de peritajes privados para probar la
condición de salud del procesado. Por su parte, un conjunto de intervinientes
sostiene que la disposición admite dos interpretaciones, una incompatible y
otra acorde con la Constitución. Según la primera interpretación, se le impide
a la defensa la contradicción del dictamen de médicos oficiales, incluida la
posibilidad de acudir a un médico particular. Conforme a la segunda, puede
presentar dictámenes de médicos distintos a los oficiales, de manera que la
disposición es acorde con la Carta. Finalmente, otro grupo de intervenciones estima
que la norma demandada es constitucional, por cuanto en la fase en la cual se
inserta la norma acusada no aplica el principio de igualdad de armas y, así mismo,
no puede predicarse falta de autonomía del INMLCF frente a la Fiscalía General de la Nación. Los argumentos anteriores
son desarrollados de la siguiente manera.
4.2.1.
Para
la primera postura[1], pese a
que en consideración a los fines que pretenden cumplir las medidas de
aseguramiento como supuesto excepcional de restricción efectiva a la libertad,
podría ser válida la exigencia de un respaldo técnico-científico sobre las
condiciones del procesado, el fragmento demandado impide los dictámenes de
médicos particulares sin una razón válida. Según este punto de vista, el
concepto técnico sobre el estado de
salud de una persona se determina con base en los principios
técnico-científicos que rigen la profesión médica. Por lo tanto, no se puede
suponer que los peritos particulares conceptúan de una específica forma por el
hecho de ser contratados por la defensa, ni tampoco se debe asumir que por ello
se justifica que no puedan ser solicitados. Admitir esto, afirma esta
perspectiva, desconocería además el principio de buena fe, que tales profesionales
pueden responder penal y disciplinariamente y que el juez ha de valorar los
medios de conocimiento en su conjunto, con arreglo a la sana crítica. De esta
forma, se solicita declarar inexequible la norma acusada.
4.2.2.
Con
ligeras diferencias entre quienes la defienden, la segunda aproximación considera
que la disposición demandada puede ser objeto de dos interpretaciones[2].
De acuerdo con la primera, la norma no impide a la defensa contradecir el
dictamen oficial y, en particular, le permite recurrir también a peritos
particulares. De este modo, se
salvaguardarían los derechos de defensa, debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, así como el principio de igualdad de armas. Conforme a una
segunda interpretación, la defensa se encuentra supeditada exclusivamente al
dictamen de los médicos oficiales, sentido que desconocería los citados
mandatos constitucionales, al restringir la posibilidad de
acudir a un médico privado para acreditar el estado grave por enfermedad del
procesado. En consecuencia, esta posición solicita a la Corte declarar la
exequibilidad de la disposición demandada y, subsidiariamente, su exequibilidad
condicionada, en el entendido de que la defensa puede acudir, además, a
dictámenes de médicos particulares o privados[3].
4.2.3.
Finalmente,
la tercera postura asume que la norma acusada se refiere de forma excluyente al
dictamen de peritos oficiales, pero estima que esto no supone un
desconocimiento a los derechos de defensa, debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad de armas[4]. Señala
que la adscripción del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la Fiscalía no
implica sujeción jerárquica o dependencia a dicha Entidad, que presuponga parcialidad
o sesgo en el desarrollo de sus funciones. Argumenta que la figura de la adscripción
solo implica un control de tutela de los órganos principales sobre los descentralizados,
sin que por ello estos se entiendan subordinados, pues, como en el caso del Instituto, gozan de personería
jurídica y autonomía administrativa, técnica y financiera para el cumplimiento
de sus funciones[5].
En
el mismo sentido, plantea que la idoneidad e imparcialidad del Instituto Nacional de Medicina Legal se
denota a partir de guías, protocolos, reglamentos, manuales
y modelos, que muestran la calidad de los expertos en cada una de los ámbitos
de desempeño. Afirma que estos deben actuar según los principios de
transparencia, veracidad, objetividad, imparcialidad, y calidad, bajo el
cumplimiento de valores institucionales de responsabilidad, integridad e independencia,
entre otros. De
otra parte, a luz de las normas del Código de Procedimiento Penal, del Código
de Ética Médica y de la organización del Sistema Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, la posición en mención indica que las funciones de auxilio y
soporte técnico científico a la administración de justicia no son exclusivas
del Instituto Nacional de Medicina Legal,
pues son realizadas también por las empresas sociales del Estado y los médicos
en servicio social obligatorio.
Por último, este grupo de intervinientes
añade que el principio de igualdad de armas no supone un trato totalmente
análogo entre las partes sino que esto depende de la estructura del sistema
acusatorio. Afirma, además, que la norma acusada establece un control para
acceder al beneficio de la sustitución de la detención preventiva, en caso de
enfermedad grave, el cual no es otro que el dictamen previo de médicos
oficiales, en tanto no cualquier profesional de la salud tiene las cualidades
necesarias para atender las connotaciones legales y la particularidad del
proceso penal. Este peritaje es necesario, se indica, para el cumplimiento de
los fines de la detención preventiva.
En
consecuencia, esta posición solicita la Corte declarar la exequibilidad de la
norma demandada.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
Mediante
escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad procesal
correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el concepto previsto
en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución, mediante el cual solicita a
la Corte declarar la exequibilidad del fragmento normativo impugnado.
Sostiene
que el principio de igualdad de armas aplica tanto en la etapa de investigación
como en la del juicio, pero precisa que opera en la primera fase
fundamentalmente porque en ella surgen controversias en torno a la existencia
de la conducta punible, la tipificación del delito y la identificación de los
autores o partícipes, de manera que se trata de un momento contencioso de la
actuación. Por el contrario, señala que el contexto de la sustitución de la
detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de
residencia no supone una dinámica contenciosa entre las partes, debido a que es
el juez quien asume un papel activo y adopta la correspondiente decisión, a
partir del apoyo que le presta el dictamen pericial. En consecuencia, asevera
que en este trámite no opera el principio de igualdad de armas.
Desde
otro punto de vista, asegura que si bien la expresión “médicos oficiales” efectivamente
se refiere a los profesionales de la salud que prestan sus servicios en el Instituto Nacional de Medicina Legal y
este se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, adscripción
y subordinación no son dos conceptos equiparables, como lo considera el
demandante. Explica que el Instituto Nacional de Medicina Legal, en tanto
establecimiento público, conforme al artículo 70 de la Ley 938 de 2004, posee personería
jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa y financiera. En
particular, subraya que la autonomía administrativa permite autogestionar los
asuntos que se relacionan con su objeto misional, por medio de órganos propios.
Adicionalmente, señala que el nombramiento del Director del Instituto y la
participación en su Junta Directiva por parte del Fiscal General son formas de
control para la fijación de políticas y coordinación con otras ramas del poder
público, pero no constituyen una modalidad de intervención en la autonomía de
la Entidad.
Por
último, en todo caso, el Procurador General subraya que el concepto del médico
oficial es un apoyo a la administración de justicia y solo uno de los medios de
prueba a los que puede acudir el juez con el fin de determinar el estado grave
por enfermedad del procesado. Precisa que dicho elemento tiene carácter técnico
y se somete a unos parámetros científicos. Así mismo, que se limita a
establecer la condición del imputado o acusado, con la finalidad de determinar
si resulta incompatible con los fines de la reclusión, pero en todo caso, es el
juez quien define si el procesado debe permanecer en su residencia o en clínica
u hospital, a partir de la valoración del material probatorio.
De
esta forma, concluye que el enunciado normativo demandado es compatible con la
Constitución y solicita a la Corte declararlo exequible.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
6.1. Competencia
1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir
definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues
el fragmento normativo acusado hace parte de una Ley de la República, en este
caso, la Ley
1142 de 2007.
6.2. Cuestión previa. Aptitud sustantiva
de la demanda
2. Antes de
identificar el eventual problema jurídico a resolver, es necesario determinar la
aptitud sustantiva de la demanda, pues un interviniente, previo a emitir
concepto de fondo, consideró que el cargo formulado no reúne los presupuestos para
provocar un pronunciamiento de mérito y solicita a la Corte inhibirse para decidir[6]. Afirma que el actor no indica las normas
constitucionales presuntamente infringidas y tampoco desarrolla adecuadamente
el concepto de la violación. Sobre esto último, asegura que la impugnación se
funda en una “mera especulación y comentarios”, pero no expone “razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes” para demostrar que
la disposición impugnada es contraria a la Constitución.
3. De conformidad
con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad
debe contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar
de la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las
normas constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones
por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando fuere el
caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la
expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la
razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.
A la luz de lo anterior, una de las
exigencias de las demandas de inconstitucionalidad consiste en la formulación
de uno o varios cargos contra las normas legales que se impugnan, por
desconocimiento de las disposiciones constitucionales que se consideran
infringidas. En este sentido, la Corte ha considerado que dichos cargos deben
reunir ciertos requisitos para que se ajusten a la naturaleza normativa,
abstracta y comparativa del control que realiza la Corte y permitan comprender
el problema de transgresión constitucional que se propone. Este presupuesto ha
sido sintetizado en la necesidad de que los cargos sean claros, específicos,
pertinentes, suficientes y satisfagan la exigencia de certeza.
La claridad hace relación a que
los argumentos sean determinados y comprensibles y permitan captar en qué
sentido el texto que se controvierte infringe la Carta. Deben ser entendibles,
no contradictorios, ilógicos ni anfibológicos. Conforme la exigencia de la certeza,
de una parte, se requiere que los cargos tengan por objeto un enunciado
normativo perteneciente al ordenamiento jurídico e ir dirigidos a impugnar la
disposición señalada en la demanda y, de la otra, que la norma sea susceptible
de inferirse del enunciado acusado y no constituir el producto de una
construcción exclusivamente subjetiva, con base en presunciones, conjeturas o
sospechas del actor.
La especificidad de los cargos
supone concreción y puntualidad en la censura, es decir, la demostración de que
el enunciado normativo exhibe un problema de validez constitucional y la
explicación de la manera en que esa consecuencia le es atribuible. Es necesario
que los cargos sean también pertinentes y, por lo tanto, que planteen un
juicio de contradicción normativa entre una disposición legal y una de
jerarquía constitucional y que el razonamiento que funda la presunta
inconstitucionalidad sea de relevancia constitucional, no legal, doctrinal,
político o moral. Tampoco el cargo es pertinente si el argumento en que se
sostiene se basa en hipótesis acerca de situaciones de hecho, reales o de
eventual ocurrencia, o ejemplos en los que podría ser o es aplicada la disposición.
Por último, la suficiencia implica
que la demostración de los cargos contenga un mínimo desarrollo, en orden a
demostrar la inconstitucionalidad que se le imputa al texto demandado. El cargo
debe proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho
la presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio
democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre el
resultado del acto político del Legislador[7].
En los anteriores términos, es indispensable que la demanda de
inconstitucionalidad satisfaga las mencionadas exigencias mínimas, para que
puede ser emitido un pronunciamiento de fondo. En caso contrario, no poseerá
aptitud sustantiva y la Corte deberá declararse inhibida para fallar.
4. El
demandante acusa de inconstitucional la norma, según la cual, la detención
preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de
residencia, cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por
enfermedad, “previo dictamen de médicos oficiales”. Afirma que este último
fragmento normativo excluye la posibilidad para la defensa de recurrir a
peritos particulares y, adicionalmente, la somete al peritaje del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, órgano adscrito a la Fiscalía, su contraparte. Todo esto,
en su criterio, contraviene
los derechos de defensa, juicio justo, igualdad y acceso a la administración de
justicia, de los cuales se deriva el principio de igualdad de armas.
5. A juicio de la Sala, la acusación satisface el presupuesto
de certeza, en
la medida en que parte de una interpretación razonable de la expresión objetada,
pues esta exige, para la acreditación del estado grave por enfermedad, dictamen
de médicos oficiales y los fragmentos restantes del literal
en que esta se encuentra no aclara si son, o no, permitidos también peritajes
provenientes de médicos no oficiales. Para el actor, esto significa que el
Legislador excluyó la posibilidad de recurrir a conceptos técnicos de médicos particulares.
Como se mostró, el segundo grupo de intervinientes (supra 4.2.2.) considera
que el literal demandado no impide acudir a dictámenes de peritos privados, con
la finalidad de acreditar el estado grave por enfermedad del procesado. Sin
embargo, quienes defienden esta idea reconocen que el texto demandado es
susceptible de una interpretación restrictiva y todos los demás intervinientes
que participaron en el proceso sostienen expresamente que la norma solo permite
demostrar el estado de salud del procesado a través del dictamen de médicos
oficiales. Por consiguiente, al asumir que el precepto excluye la posibilidad de
peritajes particulares, el actor parte de un sentido razonable y susceptible de
ser derivado de las expresiones atacadas.
La
demanda reúne, así mismo, las condiciones de claridad y pertinencia,
pues se comprende en qué sentido, a juicio del actor, la disposición es
inconstitucional, al impedir la utilización de una prueba distinta al dictamen
de médicos oficiales para demostrar el estado grave por enfermedad del acusado
o imputado. Mediante el argumento, además, se busca controvertir la regulación
legal señalada, no a partir de criterios de conveniencia u oportunidad, sino a
causa de su presunta incompatibilidad con los derechos de
defensa, juicio justo, igualdad y acceso a la justicia. Por último, la
impugnación satisface
las exigencias de especificidad y suficiencia, en la
medida en que se estructura en orden a mostrar el presunto problema
de inconstitucionalidad del segmento normativo demandado y el actor desarrolla sumariamente
la impugnación en los términos indicados con anterioridad.
En
este orden de ideas, la demanda cuenta con aptitud sustantiva y, en
consecuencia, habrá de ser analizada de fondo.
6.3. Problema
jurídico y estructura de la decisión
6.
El
artículo 314.4 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 27.4 de
la Ley 1142 de 2007,
establece que la detención preventiva en establecimiento carcelario
podrá sustituirse por la del lugar de residencia cuando el imputado o
acusado estuviere en estado grave por enfermedad, “previo dictamen de
médicos oficiales”. El actor demanda esta última expresión por considerar
que reduce al dictamen oficial la prueba para demostrar que las condiciones de
salud del imputado o acusado son incompatibles con la vida en establecimiento
carcelario, con lo cual, además,  somete a la defensa al peritaje
del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, órgano adscrito a la Fiscalía, su contraparte. Sostiene que de esta manera se
vulneran los
derechos de defensa, juicio justo, igualdad y acceso a la administración de
justicia, de los cuales se deriva el principio de igualdad de armas.
A juicio de la Sala, como lo
asumieron la mayoría de los intervinientes, el debate que plantea el actor
consiste en la presunta restricción probatoria que fija la norma censurada, al
establecer el dictamen de médicos oficiales como el único medio válido para
acreditar el estado grave por enfermedad del imputado o acusado. En este
sentido, antes que la introducción de una desigualdad, un privilegio o una
prerrogativa a una de las partes, el argumento fundamental de la impugnación
consiste en que supuestamente se impide la concurrencia, para demostrar estado
de salud del procesado, de otros medios de prueba, además del peritaje oficial.
Como consecuencia, más que la igualdad de armas como posición jurídica derivada
de diversas normas superiores, se desconocerían directamente los derechos de
defensa, acceso a la administración de justicia y juicio justo. Aunque, según
la jurisprudencia constitucional, el derecho a un juicio justo es más amplio
que el debido proceso, pues comprende componentes que exceden los previstos en
el artículo 29 de la Constitución[8], dado
que se alegan en este caso limitaciones probatorias impuestas por la norma, se vulnerarían
más exactamente el debido proceso probatorio, además de los derechos de defensa
y acceso a la administración de justicia.
En
el debate se han adoptado tres posturas. De acuerdo con la primera, la norma debe
ser declarada inexequible porque, sin justificación, descarta la posibilidad de
que la defensa recurra a expertos particulares, pese a que los conceptos
técnicos no dependen del interés de quien contrata al perito sino de los principios-técnico
científicos de la profesión médica. La segunda posición considera que la disposición no
impide recurrir a peritos privados. Sin embargo, admite que el precepto también
puede ser interpretado en el sentido de que excluye esta alternativa, sentido
que impediría la contradicción probatoria y, por lo tanto, desconocería los derechos de defensa, debido proceso y
acceso a la administración de justicia. Por esta razón, solicita declarar condicionalmente
exequible la norma, de conformidad con la primera interpretación.
Por
último, la tercera postura parte de que la norma acusada se refiere de manera excluyente
al dictamen de peritos oficiales, pero estima que ello no es inconstitucional, porque
el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses actúa con base en protocolos técnicos y bajo principios de
imparcialidad, independencia y transparencia, entre otros. De igual manera, en
consideración a que el dictamen médico no guarda relación alguna con la
investigación penal o responsabilidad del implicado y, así mismo, la
restricción al concepto de médicos oficiales tiene el propósito de asegurar el
cumplimiento de los fines de la detención preventiva.
Por su parte, el Procurador General
de la Nación considera que el fragmento normativo impugnado es compatible con
la Carta. Entre otras razones, argumenta que el concepto del
médico oficial es un apoyo a la administración de justicia, tiene carácter
técnico, se somete a unos parámetros científicos y solo uno de los medios de
prueba a los que puede acudir el juez con el fin de determinar el estado grave
por enfermedad del procesado, pero en todo caso, es el juez quien define si el
imputado debe permanecer en su residencia o en clínica u hospital, a partir de
la valoración del material probatorio.
7. De acuerdo con lo anterior,  la Sala debe determinar si una norma,
conforme con la cual, “la detención preventiva en
establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia…
cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, «previo
dictamen de médicos oficiales»”, impide que se alleguen otras evidencias
para determinar las condiciones de salud del procesado y, por ende, resulta violatoria
del debido proceso y los derechos de defensa y acceso a la justicia. Con el
propósito de ilustrar los aspectos centrales de la justificación del fallo, la
Sala reiterará su jurisprudencia sobre (i) la potestad de configuración
normativa del Legislador en materia procesal y sus límites generales, y (ii)
los derechos al debido proceso, a la defensa y al  acceso a la administración
de justicia, como restricciones particulares a dicha potestad. A continuación,
(iii) analizará la compatibilidad con la Constitución del fragmento normativo
impugnado.
i. El
margen de configuración normativa del Legislador en materia procesal y sus
límites generales
8. De acuerdo con la
jurisprudencia pacífica y reiterada de este Tribunal, el Legislador cuenta con
la competencia para regular de manera detallada los diversos ámbitos del
ordenamiento jurídico, mediante la expedición de Códigos y la interpretación,
reforma, derogación de sus disposiciones y de leyes en general, conforme al artículo
29 y a los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución. En el plano procesal,
el Congreso de la República tiene la facultad de diseñar los procedimientos
para cada estatuto y campo de regulación, los términos, competencias, etapas,
recursos, régimen probatorio, notificaciones y todos los demás aspectos
necesarios y considerados pertinentes[9]. El
espacio de actuación política del legislador en la materia, por consiguiente, es
amplio[10].
9. La
Corte ha clarificado, sin embargo, que la referida potestad no es omnímoda[11]. Así, ha indicado que la competencia
general otorgada por el Constituyente “permite una regulación variada de los
diferentes procesos, en razón a los bienes jurídicos objeto de protección y a
las distintas finalidades perseguidas en cada caso. No obstante, dicha potestad
como ejercicio de la voluntad popular y democrática del Estado de Derecho, no
puede ser concebida como una atribución ilimitada y absoluta que conduzca a la
arbitrariedad y al desconocimiento de los fines, principios y valores que emanan
de la Constitución, y obviamente del núcleo esencial de los derechos
fundamentales de los individuos”[12]. El
Legislador, según lo anterior, debe actuar con sujeción a los valores y
principios constitucionales sobre los cuales se funda la organización política.
Ha de
asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en particular, los
derechos de defensa, debido proceso y acceso a la
administración de justicia (Arts. 29 y 229 de la C.P.). Le está
proscrito introducir restricciones desproporcionadas a las facultades y
libertades conferidas por la Constitución y adoptar regulaciones que, sin
justificación, comporten limitaciones a las garantías procesales superiores.
Así mismo, la potestad del Legislador en el campo procesal se encuentra
enmarcada por el principio de prevalencia del derecho sustancial (Art. 228
C.P.)[13].
De
esta forma, se ha considerado que el Legislador hace uso de su competencia
normativa, de modo compatible con la Constitución, siempre que (i) salvaguarde
principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad,
entre otros; (ii) vele por la vigencia de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en particular, los derechos de defensa, debido
proceso y acceso a la administración de justicia; (iii) introduzca
regulaciones acordes con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en
la definición de las formas y (iv) propugne por la realización
material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial
sobre las formas (artículo 228 C.P.)[14].
ii. Los
derechos al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de
justicia como límites a la potestad de configuración normativa del Legislador
10. De
acuerdo con lo indicado en la sección anterior, uno de los límites generales a
la potestad
de configuración normativa del Legislador está dado por los derechos al debido
proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia[15].
11. El
debido proceso constituye un conjunto de garantías destinadas a la protección
del ciudadano vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades
propias de cada juicio. En consecuencia, implica para quien asume la dirección
del procedimiento la obligación de observar, en todos sus actos, la
plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos.
Esto, con el fin de preservar los derechos de quienes se encuentran incursos en
una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a
la creación, modificación o extinción de un derecho o una obligación o a la
imposición de una sanción[16].
Bajo
la acepción anterior, el debido proceso se resuelve en un desarrollo del
principio de legalidad, en la medida en que representa un límite al poder del
Estado. De esta manera, las autoridades estatales no pueden actuar a voluntad o
arbitrariamente, sino únicamente dentro de las estrictas reglas procedimentales
y de contenido sustancial definidas por la Ley[17].
La manera de adelantar las diferentes etapas de un trámite, de garantizar el
derecho de defensa, de interponer los recursos y las acciones correspondientes,
de cumplir el principio de publicidad, etc., se encuentra debidamente prevista
por el Legislador y con sujeción a ella deben proceder los jueces o los
funcionarios administrativos correspondientes.
Desde
otro punto de vista, el debido proceso no solo delimita un cauce de  actuación
legislativo dirigido a las autoridades sino que también constituye un marco de
estricto contenido prescriptivo, que sujeta la producción normativa del propio Legislador.
En este sentido, al Congreso le compete diseñar los procedimientos en todas sus
especificidades, pero no está habilitado para hacer nugatorias las garantías
que el Constituyente ha integrado a este principio constitucional. De acuerdo
con la jurisprudencia de la Corte[18], el
debido proceso comporta al menos los derechos (i) a la jurisdicción, que a su
vez conlleva las garantías a un acceso igualitario de los jueces, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) al juez natural,
identificado como el funcionario con capacidad legal para ejercer jurisdicción
en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos,
la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la Ley; y (iii) el derecho a la defensa.
Del debido proceso también hacen parte, los derechos a (iv) las
garantías mínimas de presentación, controversia y valoración probatoria[19];
(v) a un proceso público, llevado a cabo en un tiempo razonable y sin
dilaciones injustificadas; (vi) y a la independencia e imparcialidad del juez.
Esto se hace efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la
Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al Ejecutivo y al Legislativo y la decisión se fundamenta
en los hechos del caso y las normas jurídicas aplicables.
12. Como
se indicó, el debido proceso cobija el derecho de defensa. Esta garantía supone
la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído
y pretender una decisión favorable. En virtud de su contenido, todo ciudadano
ha de contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su
estrategia y posición, así como con la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, de ser el caso proporcionado por el Estado, si la persona carece de
recursos para proveérselo por sí misma. La posibilidad de que toda persona
pueda emplear todas las herramientas y mecanismos adecuados para defenderse comporta,
además, la facultad procesal de pedir y allegar pruebas, de controvertir las
que se aporten en su contra, de formular peticiones y alegaciones e impugnar
las decisiones que se adopten[20].
13. Articulado
al sistema de garantías procesales, la Corte ha considerado que el acceso a la
justicia es un derecho fundamental y, a su vez, se incorpora al núcleo esencial
del debido proceso[21]. Se
trata de un derecho de carácter rigurosamente material, puesto que implica no
sólo la posibilidad de que toda persona solicite la protección de sus legítimos
intereses ante los jueces competentes, sino también de que pueda contar con
reales mecanismos para presentar sus reclamos ante la administración de
justicia y obtener una decisión de fondo, mediante la cual se resuelvan las
controversias sobre los derechos, cargas y obligaciones que le corresponde[22].
Este Tribunal ha subrayado la importancia de que el acceso a la justicia sea en
sí mismo, no meramente nominal o enunciativo, sino efectivo, con el fin
de asegurar una protección auténtica y real de las garantías y derechos objeto
de los debates procesales[23].
El acceso a
la justicia comporta también que las particularidades y formas de los regímenes
procesales estén dirigidas a asegurar la prevalencia del derecho sustancial y
el principio de eficacia de los derechos. En este sentido, se ha considerado de
carácter constitucional las normas procesales que tienen como finalidad “garantizar
la efectividad de los derechos” y que además propendan por la optimización
de los medios de defensa de las personas. Como consecuencia, dicha efectividad
constituye una finalidad que debe ser asegurada por las disposiciones adoptadas
por el Legislador al configurar las reglas de los trámites y procedimientos[24].
De acuerdo con lo anterior, el
acceso a la justicia conlleva por lo menos los derechos (i) de acción o promoción de la actividad
jurisdiccional, los cuales se concretan en la posibilidad de todo sujeto de ser
parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se prevén para
plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus
intereses particulares; (ii) a que la promoción de la actividad
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas; (iii) a que existan procedimientos adecuados,
idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones
debatidas; (iv) a que las controversias planteadas sean resueltas
dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, (v) a que las decisiones sean
adoptadas con el pleno respeto del debido proceso, (vi) a que exista un
conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias, (vii)
a que se prevean mecanismos para facilitar los recursos jurídicos a quienes
carecen de medios económicos y (viii) a que la oferta de justicia cobije
todo el territorio nacional[25].
14. En
los anteriores términos, entre los contenidos del debido proceso, se encuentran
las garantías mínimas probatorias que deben ser resguardadas en toda actuación.
Forma parte de ese mandato constitucional también el derecho fundamental a la
defensa, el cual supone, así mismo, las facultades de presentación,
controversia y valoración probatoria. Por su lado, el derecho de acceso a la
justicia se incorpora al núcleo esencial del debido proceso y, además, una de
sus garantías consiste en que las controversias sean adoptadas con el pleno
respeto de las formas propias de cada juicio. Adicionalmente, según la Corte,
el debido proceso materializa el derecho de acceso a la justicia[26].
Debe ahora la Corte profundizar en el derecho a contar con unas garantías
mínimas probatorias.
15.
El régimen probatorio ocupa un lugar central dentro del sistema de protecciones
del debido proceso, pues solo a partir de un robusto debate fundado en medios
de convicción puede establecerse la configuración de los supuestos de hecho
previstos en las reglas legislativas y la aplicación de las consecuencias
jurídicas para cada hipótesis[27]. En
este sentido, las garantías mínimas probatorias que hacen parte del
debido proceso constituyen un conjunto de posiciones jurídicas esenciales
alrededor del papel de los elementos de prueba dentro de los procesos
judiciales. Este grupo de posiciones compone a su vez lo que se ha denominado
el debido proceso probatorio[28], como
salvaguarda del derecho de defensa y de las partes en general.
15.1. De
acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte, en los procesos penales,
la defensa tiene el derecho a presentar pruebas y controvertir de manera real y
efectiva las que se alleguen en su contra, mandato del cual se desprende que el
juez sólo puede condenar con base en elementos que hayan sido susceptibles de
controversia. Así mismo, debe garantizarse el escenario y la oportunidad para
la contradicción, el recaudo y la participación de la defensa en la práctica de
las pruebas, así como para la valoración judicial de las mismas. Además, el
funcionario encargado de dirigir el proceso debe decretar y practicar, de ser
necesario, los medios de prueba pertinentes y conducentes solicitados por la
defensa, que resulten fundamentales para demostrar sus pretensiones[29].
15.2. En un
sentido más general, la Sala Plena ha indicado que el debido proceso probatorio
supone un conjunto de garantías en cabeza de las partes en el marco de toda
actuación judicial o administrativa[30]. De
este modo, ha afirmado que estas tienen derecho (i) a presentar y
solicitar pruebas; (ii) a controvertir las que se presenten en su
contra; (iii) a la publicidad de las evidencias, en la medida en que de
esta forma se asegura la posibilidad de contradecirlas, bien sea mediante la
crítica directa a su capacidad demostrativa o con apoyo en otros elementos; (iv)
a que las pruebas sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en los
estándares legales y constitucionales dispuestos para el efecto, so pena su
nulidad; (v) a que el funcionario que conduce la actuación decrete y
practique de oficio los elementos probatorios necesarios para asegurar el
principio de realización y efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 C.P.); y (vi)
a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.
La posibilidad de presentar, solicitar y
controvertir pruebas, como se indicó, es una consecuencia directa del derecho
de defensa. A las partes les asiste la potestad de presentar argumentos
jurídicos y razones en procura de sus intereses, de censurar el mérito de los
elementos de convicción presentes en el expediente, pero también de respaldar
su punto de vista con apoyo en evidencias propias. De otra parte, un
presupuesto particular de la crítica probatoria es, de forma evidente, la
publicidad de los materiales prueba, pues solo si se conoce aquello que estos
tienen la posibilidad de demostrar, se garantiza la posibilidad de expresar
razones sobre su mérito demostrativo. La licitud de la prueba comporta,
adicionalmente, no solo el reconocimiento de las garantías procesales de las
partes sino que también representa la seguridad del respeto por sus derechos
fundamentales en un sentido amplio.
El derecho a que los medios de
convicción sean evaluadas por el juez, proporciona una dimensión sustantiva a
las pruebas, en la medida en que comporta la posibilidad de que tengan una
eficacia real en la adopción de la decisión, conforme al principio de la sana
crítica. En este sentido, aunque el juez no está obligado a conceder mérito
probatorio a una o a otro medio de convicción, sí lo está a exponer
públicamente los fundamentos de su razonamiento. De este modo, tener derecho a
que las pruebas sean valoradas en su conjunto, implica correlativamente la
obligación para el juez de hacer públicas las razones de su persuasión y de sus
conclusiones sobre el valor que le merecen.
Por último, las partes tienen derecho a
que el juez, en busca de la eficacia de los derechos, decrete las pruebas que
estime conducentes y pertinentes. No está obligado a ordenar el acopio de
elementos que supongan trámites desproporcionados, innecesarios o inútiles y no
le es permitido decretar pruebas y después, por capricho o con el propósito de
interrumpir términos legales que transcurren a favor del procesado y de su
libertad, abstenerse de continuar o culminar su práctica, para proceder a
tramitar etapas posteriores del juicio[31].
Sin embargo, sí resulta imperativa la práctica oficiosa de pruebas de la cuales
dependa el reconocimiento de un derecho o la imposición de una obligación. Este
Tribunal ha precisado que dicha regla opera incluso en la mayor parte del
proceso penal, pese a estar estructurado como un sistema de partes y sobre el
principio de igualdad de armas.
En ese sentido, en la Sentencia
C-396 de 2007[32], la
Corte clarificó los alcances de la prohibición de las pruebas de oficio,
contenida en el artículo 361 de la Ley 906 de 2004[33]. Señaló que, debido a su ubicación en el
Libro III sobre el Juicio, la pasividad probatoria del juez está limitada a
esta etapa y, especialmente, a la audiencia preparatoria. Sostuvo que la ausencia
de regulación al respecto en las fases anteriores a este momento, muestra que
la prohibición en cuestión obedece a la estructura del proceso. De esta manera,
indicó que en el escenario de contradicción y debate probatorio entre las
partes, es lógico, necesario y adecuado que el juez no decrete pruebas de
oficio porque rompe los principios de igualdad de armas y neutralidad en el
proceso penal acusatorio.
Por el contrario, subrayó que no sucede
lo mismo en las etapas anteriores, en las que el juez tiene como única misión
garantizar la eficacia de la investigación y la preservación de los derechos y
libertades que pueden resultar afectados con el proceso penal. Además, puso de
manifiesto que, conforme a los diversos trámites y actuaciones en que se
estructura del proceso penal, lejos de asumir una posición de pasividad, el
funcionario judicial “es una autoridad plenamente activa en la búsqueda de
la verdad, la realización de la justicia y la defensa de los derechos y
garantías individuales que se encuentran en tensión en el proceso penal, por
esa razón dirige el proceso penal y exige la aplicación del derecho”.
En
consecuencia, incluso en el proceso penal constitucionalmente concebido como un
modelo de partes, salvo en la fase del juicio, aplica la garantía mínima del
debido proceso probatorio, consistente en que el juez debe decretar y practicar
de oficio las pruebas necesarias para asegurar el principio de realización y
efectividad de los derechos.
15.3. La Corte
se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el respeto a las garantías mínimas
probatorias en la conformación de diversas actuaciones judiciales,
particularmente respecto de la oportunidad de las partes para aportar pruebas a
la actuación. La mención a dos decisiones resulta ilustrativa.
15.3.1.
En
la Sentencia C-1270 de 2000[34], la
Corte analizó una demanda contra el artículo 83 del Código Procesal del
Trabajo, conforme al cual, cuando en primera instancia y sin culpa de la parte
interesada, se hubieran dejado de practicar pruebas decretadas, el tribunal
podrá, a petición de parte y en la primera audiencia, ordenar su práctica, como
también las demás que considere necesarias para resolver la apelación o
consulta. Según el demandante, la disposición dejaba al criterio personal y
subjetivo del juez la existencia del periodo probatorio en segunda instancia,
al otorgarle la potestad para determinar la admisibilidad y necesidad de los
medios de convicción, con lo cual, se desconocían los principios de necesidad,
valoración y contradicción de la prueba que hacen parte del núcleo esencial del
artículo 29 de la Constitución. Debió resolverse entonces el problema de si la
previsión del Legislador sobre las pruebas en segunda instancia resultaba
contraria a la Constitución.
La Corte introdujo de manera explícita las
garantías mínimas del debido proceso probatorio (supra 16.2) y al
examinar la impugnación, consideró que la norma era ajustada a la Constitución,
con una claridad importante. Planteó que en rigor, la facultad conferida al
juez de segunda instancia para decretar de oficio las pruebas consideradas
necesarias se encuentra condicionada a que el decreto y su práctica sean
indispensables para resolver la apelación o la consulta planteada, de modo que
no había razón alguna para considerar que era inconstitucional. Sin embargo,
precisó que “si la justicia es un elemento fundante del nuevo orden
constitucional, valor y principio constitucional que debe ser realizado como
fin propio de la organización estatal, constituye un deber y no una mera
facultad la posibilidad de que se decreten pruebas de oficio. Naturalmente ello
estará determinado por la necesidad de que se alleguen al proceso los elementos
de juicio requeridos para que se adopte una decisión ajustada al derecho y a la
equidad”.
15.3.2. Posteriormente,
en la Sentencia C-598 de 2011[35], la
Corte examinó una demanda contra el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010,
conforme al cual, en los asuntos civiles y de familia, el solicitante y el
convocado a audiencia de conciliación debían allegar copia informal de las
pruebas documentales o anticipadas que tuvieran en su poder y que pretendieran
hacer valer en el eventual proceso judicial, so pena de que luego no fueran
admitidas al recurrir a la justicia formal. Según el actor, el requisito que
introducía la disposición acusada desnaturalizaba la conciliación e imponía una
restricción desproporcional a los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. La Sala abordó entonces el problema de si la
exigencia impuesta a las partes resultaba una carga excesiva y, en
consecuencia, lesionaba los derechos invocados por el impugnante.
La Corte reiteró su jurisprudencia sobre
las garantías del debido proceso probatorio y, al resolver el cargo, concluyó
que la obligación introducida por el Legislador era efectivamente
inconstitucional. Sostuvo que si bien las partes podían acudir a la justicia
formal en caso de que la conciliación fracasara, en la práctica el juez no
podía más que decidir contra quien no observó la carga cuestionada y, por lo
tanto, el proceso empezaría de forma desequilibrada. A juicio de la Sala, si ya
no era posible aportar las pruebas que pudieran tener en su poder, no tendría
sentido acudir a la justicia formal, dada la posibilidad de que la prueba que
se dejó de allegar fuera fundamental para el éxito de la respectiva pretensión.
Así, determinó que pese a que la norma pretendía celeridad, incorporaba una
restricción desproporcionada a los derechos de acceso a la administración de
justicia, debido proceso, defensa y contradicción y resolvió declararla
inexequible[36].
16. Sintetizando
lo indicado, (i) al Legislador asiste la potestad de configuración
normativa para diseñar en detalle los procedimientos en cada ámbito del
ordenamiento jurídico, pero está limitado, particularmente, por el debido
proceso y los derechos de defensa y acceso a la administración de justicia
(Arts. 29 y 229 de la C.P.); (ii) el debido proceso comprende el derecho
a la defensa y a las garantías mínimas probatorias; (iii) el derecho de
defensa, a su vez, implica la facultad procesal de pedir, allegar pruebas y
controvertir las pruebas; y (iv) el acceso a la justicia se incorpora al
núcleo esencial del debido proceso y constituye una de sus específicas garantías.
Como
consecuencia de la anterior relación, (v) la salvaguarda de las
garantías mínimas probatorias conlleva la protección de esa dimensión
específica del debido proceso y del derecho de defensa, así como la eficaz
protección del acceso a la justicia. Correlativamente, cuando aquellas se
intervienen indebidamente, se afectan el debido proceso y el derecho de defensa
y, como consecuencia, se genera una limitación injustificada al acceso a la
justicia. En otros términos, en el plano del derecho a la prueba, la incidencia
en sus ámbitos de garantía impacta el debido proceso y el derecho de defensa y,
como efecto, también se restringe el derecho fundamental de acceso a la
justicia.
(vi) El conjunto de
garantías mínimas probatorias, que constituyen el debido proceso probatorio,
implica que las partes tienen derecho (vi.i) a presentar y solicitar
pruebas; (vi.ii) a controvertir las que se presenten en su contra; (vi.iii)
a la publicidad de la prueba, (vi.iv) a la regularidad de la prueba; (vi.v)
a que el funcionario que conduce la actuación decrete y practique de oficio las
pruebas necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de
los derechos (Arts. 2 y 228 de la C.P.), incluso en el proceso penal de la Ley
906 de 2004 (salvo en la fase del juicio); y (vi.vi) a que se evalúen
por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.
Al analizar la constitucionalidad de
algunas disposiciones, la Corte ha indicado que (vii) en virtud del
derecho al debido proceso probatorio, constituye un deber, no una mera
facultad, el decreto de pruebas de oficio, de requerirse para tomar una
decisión ajustada a derecho. En el mismo sentido, ha señalado que (viii)
el Legislador introduce una restricción desproporcionada a los derechos de
acceso a la administración de justicia, debido proceso, defensa y
contradicción, cuando por razones de celeridad, impide a las partes emplear
pruebas con las que cuenta para sustentar sus peticiones y reclamos ante la
justicia formal.
Con fundamento en las anteriores
consideraciones, procede ahora la Corte a analizar la constitucionalidad de la
disposición acusada.
iii. La norma demandada es susceptible
de una interpretación compatible con la Constitución
17. La disposición impugnada,
al prever que el
estado grave por enfermedad del procesado
que habilita la sustitución de la detención preventiva en establecimiento
carcelario por la del lugar de residencia, debe ser acreditado mediante el “dictamen
de médicos oficiales”,
puede ser interpretada, como lo hace el actor, en el sentido de que excluye
la posibilidad de recurrir también a conceptos técnicos provenientes de peritos
particulares. Para la Corte, bajo este entendido el precepto es
inconstitucional en la medida en que introduce una restricción injustificada
que, conforme a las consideraciones de esta Sentencia, desconoce los derechos
al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia.
Los apartados acusados son susceptibles,
sin embargo, de una interpretación acorde con los citados mandatos
constitucionales, según la cual, si bien debe allegarse dictamen de médicos
oficiales, también puede acudirse a peritajes de médicos privados, en
los términos en los que se explicará. A continuación, la Sala clarificará el
alcance del precepto acusado (fundamentos 18 a 21) y luego analizará las dos interpretaciones
que este admite: la inconstitucional y aquella acorde con el debido proceso
probatorio (fundamentos 22 a 25).
18. La norma acusada
establece la
posibilidad de la sustitución de la detención preventiva en
establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, en todos aquellos
eventos en los cuales el
imputado o acusado se encuentre en estado grave por enfermedad. El trámite de
sustitución de la detención preventiva se lleva a cabo en audiencia preliminar
y conforme a las reglas generales de las actuaciones destinadas a la imposición
de las medidas de aseguramiento, así como según las normas particulares
diseñadas propiamente para dicha actuación. De acuerdo con su ubicación
sistemática en el Estatuto Procesal Penal de 2004, el procedimiento puede
caracterizarse de la siguiente manera.
18.1. El
artículo 306 del C.P.P., modificado por el artículo 59 de la Ley 1453 de
2011, prevé que la Fiscalía solicitará al juez de control de garantías imponer
medida de aseguramiento, con indicación de la persona, el delito, los
elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su
urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la
controversia pertinente. El juez deberá emitir su decisión luego de
escuchados los argumentos del Fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su
apoderado y la defensa. La medida de aseguramiento deberá decretarse, según el
artículo 308 ídem, cuando se muestre como necesaria para evitar que el
imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; en aquellos casos en que
aquél constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, y
en los supuestos en que resulte probable que no comparecerá al proceso o que no
cumplirá la sentencia.
Por
su parte, el artículo 313 ídem prevé que específicamente la detención
preventiva en establecimiento carcelario procede 1) en los delitos de
competencia de los jueces penales de circuito especializados; 2) en los delitos
investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o
exceda de cuatro (4) años; 3) en los delitos a que se refiere el Título VIII
del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes; 4) cuando
la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención,
dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva
captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o
absolución en el caso precedente.
Ahora
bien, de acuerdo con el artículo 314 ídem, modificado por el artículo 27
de la Ley 1142 de 2007, la detención preventiva en establecimiento carcelario
podrá sustituirse por la del lugar de residencia: 1) cuando para el
cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea
suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será
fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la
respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral,
familiar o social del imputado; 2) cuando el imputado o acusado fuere mayor de
sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y
modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia;
3) cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el parto.
Igual derecho tendrá durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de
nacimiento; 4) cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por
enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales; 5) cuando la procesada o el procesado
fueren cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente,
siempre y cuando haya estado bajo su cuidado.
18.2. Pese
a no tener la connotación de una sanción, la medida de aseguramiento de
detención preventiva comporta una afectación intensa en el derecho a la
libertad personal del imputado. De ahí que su imposición esté sometida a rigurosos estándares sustanciales de
excepcionalidad, proporcionalidad y  gradualidad[37]. Correlativamente, el
desarrollo del trámite de sustitución de la detención en establecimiento
carcelario por detención domiciliaria, de acuerdo con los fundamentos
anteriores, está gobernado por un conjunto amplio de reglas, principalmente
relativas a los estrictos requisitos para la concesión del beneficio.
Cuando se invoca que para el cumplimiento
de los fines previstos para la medida de aseguramiento es suficiente la
reclusión en el lugar de residencia, ello debe ser debidamente sustentado por
quien solicite la sustitución, a partir del debate sobre los propósitos con
base en los cuales fue impuesta la privación de la libertad en establecimiento
de reclusión. A este respecto, habrá de discutirse en la audiencia respectiva
aspectos como, por ejemplo, la capacidad demostrativa actual de los elementos
materiales probatorios apreciados en su momento, los motivos razonablemente
fundados que se tuvieron en cuenta para la adopción de la medida, los
razonamientos jurídicos expuestos por el juez que impuso la reclusión, etc.
De la misma manera, al invocarse las demás causales para la
sustitución de la detención intramuros, deben ser expuestos los argumentos
jurídicos y los elementos probatorios y medios de convicción, a partir de los
cuales pueden encontrarse demostrados los respectivos supuestos de hecho que
dan lugar al beneficio. En estos casos, por lo tanto, habrá también de debatirse
aspectos como el alcance de las disposiciones que se invocan, el modo en que la
situación de quienes solicitan el beneficio se encuentra gobernada por la
causal invocada y acerca del mérito que debe darse a las evidencias allegadas.
De esta manera, el procedimiento de sustitución de la
detención preventiva por la detención domiciliaria, si bien es cierto, no está
asociado a la preparación de la etapa del juzgamiento ni a la actividad
probatoria con miras a su práctica en el juicio oral, conlleva un debate
jurídico complejo, en los términos anotados. En la medida en que trae
consecuencias drásticas para el derecho a la libertad personal, conforme a los
preceptos pertinentes, se requiere una sustentación sistemática y exigente de
la solicitud y su evaluación por parte del juez luego de permitir a la defensa
la controversia. La decisión será finalmente adoptada, una vez escuchados los
argumentos de las partes e intervinientes.
18.3.
El
trámite también se caracteriza porque, de acuerdo con lo indicado anteriormente,
hay lugar a debate probatorio entre las partes. Aunque en el sistema de rasgos
acusatorios solo son consideradas pruebas aquellas que se practican con
la debida inmediación del juez, en desarrollo del juicio oral, público y
contradictorio, la necesidad y justificación de la sustitución de la detención
preventiva requiere ser respaldada por elementos de convicción. Así, se requerirá
acreditar las condiciones personales, laborales, familiares o sociales
del imputado; la edad del procesado, la situación asociada a la gestación y
nacimiento del hijo de la imputada o acusada; el estado grave por enfermedad
del procesado y la condición de madre o padre cabeza de familia de la persona a
cuyo favor se solicita el beneficio.
Por
lo tanto, serán necesarios, por ejemplo, testimonios, dictámenes periciales,
documentos, etc., con la finalidad de demostrar los supuestos de hecho que dan
lugar a la sustitución de la detención en establecimiento de reclusión por la
detención en el domicilio. Estas evidencias son introducidas en la audiencia
respectiva, por lo cual, han de ser practicadas excepcionalmente como medios de
convicción por las partes, aunque en este caso tengan un objeto distinto a la
demostración de la responsabilidad penal del imputado o la acreditación de su
inocencia. Esto implica, así mismo, que aunque el escenario del descubrimiento
de las pruebas tenga lugar en la fase del juzgamiento, de forma previa a la
audiencia de juicio oral, la indicada sea también una oportunidad excepcional en
la cual ocurre un descubrimiento puntual de las evidencias con las cuales
cuentan las partes[38].
19. Ahora bien, la norma
que se analiza prevé que para la sustitución de la detención carcelaria por la
domiciliaria debe ser acreditado el estado grave por en enfermedad del imputado
o acusado. De
acuerdo con el Reglamento Técnico para la Determinación Médico
Forense de Estado de Salud en Persona Privada de Libertad del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, esto supone la constatación de que
la salud del procesado se halla de tal modo afectada que resulta incompatible
con la reclusión formal, pues de continuar privado de la libertad en el
establecimiento carcelario se generarían riesgos para su integridad física, su
salud o su vida, al no recibir oportunamente los tratamientos requeridos[39].
La gravedad a la que se refiere el precepto no es una propiedad o
característica de la enfermedad en sí misma sino de la condición del procesado,
de manera que incluso si este padece una enfermedad que, conforme a un cierto
criterio, puede llegar a ser considerada grave, no necesariamente se cumple el
supuesto de la norma, pues, por ejemplo, la patología puede estar debidamente
controlada.
El
médico debe evaluar la situación de salud actual del procesado y determinar qué
tipo de tratamiento (o valoración médica) requiere y cuáles son las condiciones
que deben garantizarse para la recuperación o preservación de su salud. Le
corresponde también informar si dicho tratamiento debe ser intrahospitalario o
puede ser ambulatorio. Igualmente, cuando sea del caso, ha de referirse a las
condiciones de manejo y cuidado necesarias para la atención adecuada y digna de
las circunstancias particulares de salud del examinado (por ejemplo, cuidados
de enfermería, rehabilitación, dieta, etc.) y si estas se requieren de manera
permanente o transitoria[40].
El
perito debe elaborar una historia clínica, realizar un examen completo y, de
requerirse, solicitar por intermedio de la autoridad competente los exámenes
paraclínicos o interconsultas con especialistas, para establecer, aclarar o
confirmar el diagnóstico, el pronóstico y determinar las condiciones de
tratamiento o manejo requeridas por el examinado, para conservar o recuperar su
salud. Como este dictamen no tiene fines asistenciales, no se hace ninguna
prescripción médica, sino que se orienta a la autoridad judicial, sobre la
atención en salud que debe recibir el paciente. Esto, con la finalidad de que
tenga elementos de juicio a fin de establecer si el sitio de reclusión donde se
encentra la persona cumple, o no, las condiciones mencionadas por el perito
médico o si su permanencia en el establecimiento puede comprometer la salud y
la propia vida o dignidad del paciente[41].
20. De otra parte,
de acuerdo con el texto normativo acusado, el dictamen debe ser elaborado por médicos
oficiales. Para los efectos de la norma, médicos oficiales son, de un lado,
los profesionales que prestan sus servicios para el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Entidad pública cuya misión fundamental es
prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia
en todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las
ciencias forenses (Arts. 35 de la Ley 938 de 2004[42]
y 31 de la Ley 270 de 1996[43]). Por otro
lado, como lo señala la intervención allegada por el propio Instituto, estos no
son los únicos que pueden considerarse médicos oficiales en el marco de la
disposición.
Mediante
el Decreto Ley 2455 de 1986[44], se
dispuso la integración de los servicios de salud y de medicina legal (Art. 1).
Con esta finalidad, se estableció que los organismos locales del Sistema
Nacional de Salud tendrán el carácter de oficinas municipales de Medicina Legal
para la práctica de necropsias y reconocimientos Médico-Legales (Art. 2). De
igual manera, se definió que los hospitales adscritos al Sistema Nacional
de Salud y vinculados, que reciban aportes estatales, deberán destinar un área
apropiada para el adecuado funcionamiento de la Oficina de Medicina Legal (Art.
4) y que
los hospitales y laboratorios oficiales y los que reciban aportes del Estado,
tienen la obligación de prestar los servicios de auxilio a la justicia,
solicitados por los peritos y las autoridades competentes (Art. 6).
En este orden de ideas, como afirma el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dado que por razones de
cobertura del servicio en todos los municipios del país la
labor de la Entidad debe ser realizada por el personal médico de las
instituciones prestadoras de salud del Estado o que reciban aportes estatales,
conforme a las anteriores normas, los profesionales de la salud de estas entidades
también se entienden como médicos oficiales para los efectos de la disposición demandada[45].
21. Desde otro punto
de vista, el precepto acusado establece la necesidad del dictamen oficial para acreditar
que el procesado se encuentra en estado grave derivado de enfermedad. Esto
obedece al sentido de la medida examinada y al lugar institucional de la
función médico legal prestada por el Estado.
La sustitución de la reclusión en
establecimiento carcelario por la detención domiciliaria es una consecuencia del
principio de dignidad humana (Art. 1 C.P.) y de la prohibición de tratos
crueles, inhumanos y degradantes (Art. 12 C.P.), que impiden mantener a una
persona en reclusión formal si ello es incompatible con su vida, su salud o
integridad. En especial, se inscribe dentro de la responsabilidad estatal de
velar por quienes se encuentran en el especial estado de sujeción que supone la
privación de la libertad en establecimiento carcelario[46]. En este marco, el Legislador
introdujo la exigencia de un peritaje oficial que determine las condiciones del
procesado, en la medida en que los servicios médico legales llevados
a cabo por el Estado, como refiere uno de los intervinientes[47], se proporcionan ante todo en interés de la
función pública de la administración de justicia.
Así, según se advirtió, las entidades oficiales
prestadoras de servicios de salud y las que reciban recursos públicos están en
el deber de “prestar los servicios de auxilio a la justicia,
solicitados por los peritos y las autoridades competentes”[48]. Y,
en particular, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses
“presta un servicio auxiliar y un soporte científico y
técnico a la administración de justicia en general, en el ámbito de la medicina
legal y las ciencias forenses”[49]. En el
mismo sentido, el artículo 36 de la Ley 938 de 2004 prevé que el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre otras,
tiene la función de prestar los servicios, asesorías y absolver
consultas médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados por los fiscales,
tribunales, jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás autoridades
competentes de todo el territorio nacional.
De hecho, en el propio proceso penal, el
Legislador prescribió la realización de diversas diligencias al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bajo la misma
concepción de la función médico legal estatal. Así, entre otros, el artículo
204 del Código de Procedimiento Penal prevé que el Instituto debe prestar
auxilio y apoyo técnico-científico a las investigaciones desarrolladas tanto por
la Fiscalía como por la defensa[50]. En el
mismo sentido, el artículo 205 ídem establece que en caso de que se
reciba información sobre la comisión de un delito, si se está ante un cadáver, este
será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional
de Medicina Legal o, en su defecto, a un centro médico oficial para
que se realice la necropsia médico-legal. Por su parte, el artículo
214 ídem, sobre actuaciones que no requieren autorización judicial previa,
contempla la inspección cadáver y señala que cuando en el lugar de la
inspección se hallen partes de un cuerpo humano, restos óseos o de otra índole
perteneciente a ser humano, se recogerán en el estado en que se encuentren y se
embalarán técnicamente, para ser trasladados a la dependencia del Nacional de
Medicina Legal, o centro médico idóneo, para los exámenes que correspondan.
De esta manera, los médicos oficiales y,
en especial, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actúan, no como
agencia investigativa de una de las partes o de los actores en los respectivos trámites,
sino a la manera de una entidad estatal que brinda soporte
científico y técnico, con la finalidad de apoyar a la administración de
justicia (Art. 228 C.P.). En consecuencia, el papel que
desempeñan los peritos oficiales para el adecuado funcionamiento de dicha
función pública explica que el Legislador haya buscado también en este caso proporcionar
un soporte para la determinación de las condiciones de salud del procesado. Dado
que en la sustitución
de la reclusión intramuros por la detención domiciliaria está comprometida,
como se dijo, la obligación oficial de impedir tratos contarios a la dignidad
humana, el Legislador ha dispuesto el concurso de la función
médico legal del Estado con el propósito de conocer el diagnóstico del imputado
o acusado.
22. Clarificado el
alcance de la disposición en los anteriores términos, analiza ahora la Sala las
dos posibles interpretaciones derivables de su texto. El precepto prevé que el
estado grave por enfermedad del procesado
que habilita la sustitución de la detención preventiva en establecimiento
carcelario por la del lugar de residencia, debe ser acreditado mediante el “dictamen
de médicos oficiales”.
Como se indicó, la
primera y la tercera postura que se han adoptado en el debate dentro del
presente proceso, así como el demandante, asumen que la norma acusada se
refiere de forma excluyente al dictamen de peritos oficiales (supra 4.2.1. y
4.2.3.). De hecho, según la Fiscalía, que se ubica en la tercera postura, “que
se limite el dictamen médico para acceder al beneficio de la sustitución de la
detención preventiva… al concepto de un médico oficial, tiene como finalidad
asegurar el cumplimiento de los fines de la detención preventiva…” A juicio
de la Sala,
en cambio, el enunciado normativo demandado presenta una ambigüedad.
23.  Antes de
ilustrar la anterior indeterminación, una aclaración es necesaria. Los textos normativos pueden
presentar dos tipos relevantes de ambigüedad[51]. El primer tipo es la ambigüedad
lingüística (derivada de aspectos sintácticos o semánticos del lenguaje), que
surge cuando una palabra o una frase son susceptibles de dos significados
diferentes y excluyentes, entre los cuales el intérprete debe necesariamente
escoger. La Corte se enfrentó a un problema de esta naturaleza, por ejemplo, en
la Sentencia C-499 de 1998[52], al analizar si el artículo 81 de la
Ley 106 de 1993, que prescribe que la Auditoría de la Contraloría
General de la República, encargada de la vigilancia de su gestión fiscal, es
una «dependencia» del Despacho del Contralor, contrariaba los presupuestos
de autonomía administrativa,
presupuestal y jurídica con que debe realizarse el control fiscal externo a la
luz de la jurisprudencia constitucional.
La
Sala analizó el vocablo «dependencia» y consideró que podía tener dos
significados: de un lado, conforme al «sentido natural» de las palabras, como
oficina pública o privada en situación supeditada a otra superior y, del otro,
de acuerdo con una acepción más técnica (jurídica), como entidad u órgano del
Estado, perteneciente a una esfera pública definida - como las ramas del poder
público- sin que, necesariamente, deba por ello estar subordinada o sometida al
poder de otra entidad. La Corte llegó a la conclusión de que solo si el vocablo
era entendido conforme la segunda interpretación, que llevaba a considerar la
Auditoria como una órgano de fiscalización autónomo de origen constitucional,
la disposición era ajustada a la Corte, significado al cual, en consecuencia,
condicionó su exequibilidad.
El
segundo tipo de ambigüedad se ha denominado ambigüedad contextual[53]. Este problema ya no tiene que ver con la
circunstancia de que un vocablo o una frase pueda expresar dos significados excluyentes
entre sí, sino con el hecho de que un enunciado completo de lenguaje
normativo (i) claramente expresa un significado, pero no se sabe si también
expresa otro; (ii) claramente expresa un significado, pero no se tiene
certeza acerca si implica otro; (iii) claramente expresa un
significado, pero no se tiene seguridad de si este es derrotable, etc.[54]. Una ambigüedad contextual se da en
cualquiera de tales casos, aunque esta enumeración no es taxativa. En la
Sentencia C-536 de 2008[55], la
Sala analizó la constitucionalidad de la norma que en relación con los
elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos por el imputado y
su defensor, prevé que estos “los trasladarán al respectivo laboratorio del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán
bajo recibo”.
Estaba
claro que el imputado y su defensor podían llevar los elementos materiales
probatorios y evidencias físicas recogidos a un laboratorio del Instituto
Nacional de Medicina Legal, pero no lo estaba si también
podían trasladarlos a un laboratorio particular (ambigüedad contextual tipo i)[56]. Bajo una primera interpretación, la
disposición solo permitía recurrir al Instituto Nacional de Medicina Legal.
Conforme a una segunda interpretación, el precepto también permitía al
imputado y su defensor recurrir a laboratorios privados. La disposición
presentaba una ambigüedad pues admitía dos consecuencias jurídicas diferentes,
pero nótese que esa ambigüedad no era entre dos significados del texto
excluyentes entre sí y no provenía de la equivocidad de una palabra o del orden
de las palabras (ambigüedad lingüística). Tenía que ver con el hecho de si el
enunciado completo, considerado en su contexto normativo, además de un
significado que claramente poseía, tenía también otro adicional.
La
Corte entonces consideró que asumir que el imputado y su defensor solamente
podrían trasladar los elementos de prueba al Instituto Nacional de Medicina
Legal (primera
interpretación) vulneraba la Constitución, pues no permitía a la defensa tener
una participación activa en la conformación del material probatorio del
proceso, así como su examen y valoración en las mismas condiciones que lo hace
el ente acusador. Por el contrario, sostuvo que entender que la norma también
permite al procesado y su defensor recurrir a laboratorios particulares
(segunda interpretación) es compatible con la Constitución, por lo cual, declaró
condicionalmente exequible la expresión “los trasladarán al respectivo
laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”
en el entendido de que el imputado o su defensor también podrán trasladar los
elementos materiales probatorios y evidencia física a cualquier otro
laboratorio público o privado, nacional o extranjero, para su respectivo
examen. Para la Sala, la norma acusada en el presente asunto posee un problema interpretativo
similar.
24. El
precepto impugnado señala: “[l]a detención
preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de
la residencia en los siguientes eventos:… 4. Cuando el imputado o acusado
estuviere en estado grave por enfermedad, “previo dictamen de médicos
oficiales” (resaltado fuera de texto). A
juicio de la Corte, la disposición es ambigua, pero esta
indeterminación no se deriva de una palabra en particular ni del orden de las
palabras dispuesto por el Legislador. El texto normativo es contextualmente ambiguo
porque en su conjunto, como lo sostiene la segunda de las posiciones entre los
intervinientes (supra 4.2.3.), admite dos significados distintos, con efectos
jurídicos notablemente distintos.
Está
claro que el
precepto acusado exige el dictamen de médicos oficiales para acreditar que el
imputado o acusado se encuentra en estado grave por enfermedad. Sin embargo, no
lo está si la disposición también permite a la partes y al juez recurrir
a peritajes de médicos particulares, en el trámite de la sustitución de la
detención carcelaria por la domiciliaria. El enunciado normativo admite, por lo
tanto, dos interpretaciones: (i) el único medio
de prueba válido para acreditar el estado grave por enfermedad del procesado es
el dictamen de médicos oficiales; (ii) además del dictamen de médicos
oficiales, las partes y el juez también pueden presentar y decretar, respectivamente, dictámenes de peritos
particulares, con la finalidad de controvertir o complementar el
concepto oficial.
24.1. Para la Corte, la primera interpretación es inconstitucional, por
cuanto infringe el debido proceso probatorio. Como se mostró en las
consideraciones de esta Sentencia, dicha garantía implica que las
partes tienen derecho (i) a presentar y solicitar pruebas, (ii) a controvertir
las que se presenten en su contra; (iii) a la publicidad de la prueba, (iv) a
la regularidad de la prueba; (v) a que el funcionario que conduce la actuación
decrete y practique de oficio las pruebas necesarias para asegurar el principio
de realización y efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 C.P.); y vi) a que
se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso. Bajo el alcance
en mención de la norma, se vulnera particularmente el derecho de las partes a
presentar y solicitar evidencias y a que el juez decrete pruebas de oficio con
miras a adoptar la decisión.
Conforme a esta interpretación, la
acreditación del estado de salud del procesado estaría supeditada a un dictamen
oficial. No se introduciría una especie de tarifa legal, en la medida en que la
norma no cercenaría en todo caso la libre y razonada apreciación probatoria del
juez. El funcionario podría ejercer la crítica al contenido del concepto
técnico, formar su criterio y arribar a conclusiones propias, a partir de la
sana crítica[57]. La
norma, sin embargo, sí socavaría el derecho a probar y más exactamente las
garantías mínimas probatorias a las que se ha hecho mención. Sin una justificación
evidente, ni la Fiscalía ni la defensa podrían presentar y solicitar elementos
de convicción distintos al peritaje de los médicos oficiales, de modo que
aunque cuenten con otros puntos de vista técnicos, no se encontrarían en
posibilidad de allegarlos al expediente, para que el juez adopte una decisión con
arreglo a los principios de la sana crítica y libertad de apreciación
probatoria.
Para la Corte, el Legislador puede
establecer la necesidad de que dentro de una actuación o trámite obren ciertas
evidencias a fin de tomar la decisión, en razón de la naturaleza de la
evidencia y su papel en torno a lo que debe ser demostrado, para la aplicación
de la respectiva consecuencia jurídica. Así, en el presente caso, como se
advirtió, el
papel
que desarrollan los peritos oficiales en torno a la función pública de la
administración de justicia explica que el Legislador haya buscado proporcionar
un soporte para la determinación de las condiciones de salud del procesado. En
el mismo sentido, dado que en la sustitución de la reclusión intramuros
por la detención domiciliaria está comprometida la obligación estatal de
impedir tratos contarios a la dignidad humana, el Legislador ha dispuesto el
concurso de la
función médico legal del Estado con el propósito de conocer el diagnóstico del
imputado o acusado.
Sin embargo, en virtud del derecho al
debido proceso probatorio y salvo que medien razones constitucionales
suficientes y proporcionales, el Legislador no puede impedir ni restringir a
las partes las facultades de solicitar y presentar otros medios de convicción,
para que sean tenidos en cuenta al momento de tomar la decisión. Como se
indicó, a los protagonistas en el proceso les asiste la potestad de presentar
argumentos jurídicos y razones en procura de sus intereses, pero también de
respaldar su punto de vista, sus solicitudes y reclamos en evidencias propias.
De limitarse estas prerrogativas, se vulnera el derecho a las garantías mínimas
probatorias.
Según se dejó explicado, el trámite de
sustitución de la detención carcelaria por la domiciliaria se caracteriza por
el debate probatorio entre las partes. Así mismo, pese a que solo son
consideradas pruebas aquellas que se practican con la debida inmediación
del juez, en desarrollo del juicio oral, público y contradictorio, la necesidad
y justificación de la sustitución de la detención preventiva requiere ser
respaldada por elementos probatorios. Estos deben ser introducidos en la
audiencia respectiva, por lo cual, han de ser practicados excepcionalmente como
medios de convicción, aunque en este caso tengan un objeto distinto a la
demostración de la responsabilidad penal del imputado o la acreditación de su inocencia.
De ahí que al trámite que se analiza apliquen las garantías mínimas probatorias
a las que se ha aludido y, por ende, si se impide a las recurrir a medios
distintos al peritaje oficial, se menoscaba el debido proceso probatorio.
Desde otro punto de vista, bajo la
interpretación que se analiza del precepto acusado, tampoco el juez podría
decretar peritajes adicionales al concepto del médico oficial, con el propósito
de contar con mayores elementos de juicio a fin de determinar si la condición
de salud del procesado es incompatible con la vida en reclusión formal. Según
los fundamentos de esta Sentencia, el debido proceso probatorio implica que el
funcionario judicial se encuentra en la obligación de decretar y practicar de
oficio las pruebas necesarias para asegurar el principio de realización y
efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 C.P.). El juez debe ordenar los
medios de convicción necesarios, conducentes y pertinentes, de los cuales dependa
el reconocimiento de un derecho o la imposición de una obligación.
De forma específica en el proceso penal,
la Corte ha clarificado que, salvo en la fase del juicio, el juez tiene la
facultad y, conforme a lo anterior, la obligación de decretar pruebas de oficio.
Ha señalado que esto cobra especial relevancia en la etapa en la cual el juez
tiene la misión de garantizar la eficacia de la investigación y la preservación
de los derechos y libertades que pueden resultar afectados con el proceso
penal. A partir del contenido de la regulación   de los diversos trámites y
actuaciones en que se estructura el trámite anterior al juicio, lejos de asumir
una posición de pasividad, ha expresado, el juez “es una autoridad
plenamente activa en la búsqueda de la verdad, la realización de la justicia y
la defensa de los derechos y garantías individuales que se encuentran en
tensión en el proceso penal, por esa razón dirige el proceso penal y exige la
aplicación del derecho”.
En consecuencia, el sentido del
fragmento acusado, con arreglo al cual el único medio de prueba válido para
acreditar el estado grave por enfermedad del procesado es el dictamen de
médicos oficiales, coarta los derechos de las partes a probar y a que el
funcionario judicial decrete las pruebas necesarias, pertinentes y conducentes
para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos. En el
plano del derecho a la prueba, la incidencia en sus ámbitos de garantía impacta
el debido proceso y el derecho de defensa y, como efecto, también se restringe
el derecho fundamental de acceso a la justicia. Por lo tanto, al vulnerar el
debido proceso probatorio, bajo esta interpretación, la disposición también
desconoce el derecho de defensa y el acceso a la justicia.
24.2.
Por
el contrario, la segunda interpretación, según la cual, además del dictamen de
médicos oficiales, que debe necesariamente allegarse, las partes pueden
solicitar y allegar y al juez le asiste la facultad de decretar los conceptos
de médicos particulares, es acorde con el esquema de garantías que rodean la
imposición y sustitución de la detención preventiva y resulta compatible con la
Constitución. En los términos en que se mostró, el trámite que se examina se
caracteriza porque hay lugar a un debate argumentativo y probatorio entre los
adversarios, sobre los supuestos de hecho que dan lugar a la concesión del
beneficio. Por otro lado, al permitir el empleo de dictámenes privados,
distintos a los oficiales, se salvaguarda a las partes el derecho a que sus
solicitudes puedan estar respaldadas no solo en adecuados argumentos sino
también sustentadas en evidencias probatorias que las justifiquen. Así mismo,
se protege el derecho sustancial y el principio de eficacia de los derechos, en
la medida en que el juez también se encuentra obligado a ordenar la práctica de
las pruebas necesarias para la determinación acerca de las condiciones de salud
del imputado o acusado.
En
suma, esta segunda interpretación se encuentra acorde con la subreglas de
decisión delineadas en esta Sentencia, sobre el derecho al debido proceso
probatorio. Se protege el derecho que tiene la defensa a aportar pruebas y a la
contradicción de las que sean aportadas en su contra. Pero, en un sentido más
general, se ampara el derecho de las partes a solicitarlas y a que conformen la
actuación, con miras a que sean valoradas al momento de determinar si el procesado
se halla en unas circunstancias tales de salud que hacen inviable su permanencia
en reclusión. De igual forma, se garantiza que el juez pueda decretar de oficio
otros dictámenes o conceptos técnicos, con el objetivo de que dentro del
proceso existan mayores elementos de juicio y pueda así adoptarse una decisión
más ponderada sobre la sustitución de la detención carcelaria por la
domiciliaria.
En
conclusión, conforme a este sentido del fragmento normativo demandado, se protegen
los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la justicia.
25. En este orden
de ideas, la Corte observa que tal como se encuentra redactada la disposición acusada, es susceptible de una
interpretación inconstitucional, de manera que en principio procedería su declaratoria
de inexequibilidad. No obstante, este Tribunal ha considerado conforme con la
propia Constitución la posibilidad de dictar sentencias moduladas, en las que
se declare una exequibilidad condicionada, en aquellos eventos en los que sea
posible conservar el precepto normativo en el ordenamiento jurídico, con
aplicación al principio pro legislatore, siempre y cuando exista
una interpretación de la norma que al incorporarla al alcance normativo del
precepto o al entendimiento del enunciado normativo, subsane la posible
vulneración de la Carta Política y la torne constitucional.
En el presente asunto, como se dijo, hay una interpretación del aparte
demandado que la hace compatible con la Carta, según la cual,
además del dictamen de médicos oficiales, también se pueden presentar dictámenes de peritos particulares. Por lo tanto, la Corte declarará en
la parte resolutiva de esta sentencia, la exequibilidad condicionada del
precepto impugnado, en el sentido indicado.
iv. Síntesis de la decisión
26. El actor demandó la
inconstitucionalidad del artículo 314.4 del Código de Procedimiento Penal,
modificado por el artículo
27.4 de la Ley 1142 de 2007, conforme al cual, la detención
preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de
residencia cuando el
imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, “previo
dictamen de médicos oficiales”. A juicio del demandante, esta última
expresión reducía a los dictámenes oficiales la prueba para demostrar que las
condiciones de salud del procesado son incompatibles con la vida en
establecimiento carcelario. Esta restricción era además grave, según su criterio, pues los médicos oficiales
pertenecen al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Entidad adscrita y, por lo tanto, subordinada a la Fiscalía
General de la Nación, contraparte del procesado. El actor consideraba, en
consecuencia,  que el fragmento normativo acusado vulneraba los derechos de
defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia, de los cuales
se deriva el principio de igualdad de armas.
En
el debate se adoptaron tres posturas. De acuerdo con la primera, la norma debía
ser declarada inexequible porque, sin justificación, descartaba la posibilidad
de que la defensa recurriera a expertos particulares, pese a que los conceptos
técnicos no dependen del interés de quien contrata al perito sino de los
principios-técnico científicos de la profesión médica. La segunda posición
consideraba que la
disposición no impedía recurrir a peritos privados. Sin embargo, admitía que el
precepto también podía ser interpretado en el sentido de que excluye esta
alternativa, sentido que impediría la contradicción probatoria y, por lo tanto,
desconocería los derechos de
defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia. Por esta
razón, solicitaba declarar condicionalmente exequible la norma, de conformidad
con la primera interpretación.
Por
último, la tercera postura parte de que la norma acusada se refería de manera excluyente
al dictamen de peritos oficiales, pero estimaba que ello no era inconstitucional,
porque el Instituto Nacional de Medicina Legal actúa con base en protocolos técnicos y bajo principios de
imparcialidad, independencia y transparencia, entre otros. De igual manera, en
consideración a que el dictamen médico no guarda relación alguna con la
investigación penal o responsabilidad del implicado y, así mismo, la
restricción al concepto de médicos oficiales tiene el propósito de asegurar el
cumplimiento de los fines de la detención preventiva.
Por su parte, el Procurador General
de la Nación consideraba que el fragmento normativo impugnado era compatible
con la Carta. Entre otras razones, argumentaba que el concepto del
médico oficial es un apoyo a la administración de justicia, tiene carácter
técnico, se somete a unos parámetros científicos y solo uno de los medios de
prueba a los que puede acudir el juez con el fin de determinar el estado grave
por enfermedad del procesado, pero en todo caso, es el juez quien define si el
imputado debe permanecer en su residencia o en clínica u hospital, a partir de
la valoración del material probatorio.
La Sala acotó que el debate surgía en
torno a la presunta restricción que fijaba la disposición acusada, al
establecer el dictamen de médicos oficiales supuestamente como el único medio
válido para acreditar el estado grave por enfermedad del procesado. Precisó
que, de acuerdo con la demanda, esto contravenía los derechos al debido proceso, a
la defensa y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia,
sostuvo que el problema jurídico consistía en determinar si una norma, conforme con la cual, “la
detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del
lugar de la residencia… cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave
por enfermedad, «previo dictamen de médicos oficiales»”,
impide que se alleguen otras evidencias para determinar las condiciones de
salud del procesado y, por ende, resulta violatoria del debido proceso y los
derechos de defensa y acceso a la justicia.
En las consideraciones, la Corte reiteró
que el debido proceso probatorio implica que las partes tienen derecho (i)
a presentar y solicitar pruebas, (ii) a controvertir las que se
presenten en su contra; (iii) a la publicidad de la prueba, (iv)
a la regularidad de la prueba; (v) a que el funcionario que conduce la
actuación decrete y practique de oficio las pruebas necesarias para asegurar el
principio de realización y efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 de la
C.P.); y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas
al proceso. Así mismo, indicó que en el plano del derecho a la prueba, la
incidencia en sus ámbitos de garantía impacta el debido proceso y el derecho de
defensa y, como efecto, también se restringe el derecho fundamental de acceso a
la justicia. En consecuencia, subrayó que cuando se vulnera el debido proceso
probatorio se desconocen también los derechos de defensa y acceso a la
justicia.
De esta forma, al analizar el cargo, la Corte encontró que la
expresión acusada podía ser interpretada,
como lo aducía el demandante, en el sentido de que excluía la posibilidad de recurrir también a conceptos
técnicos provenientes de peritos particulares, entendido incompatible con la
Constitución, en la medida en que desconocía el debido proceso probatorio. Observó,
sin embargo, que los apartados impugnados eran susceptibles, de una
interpretación acorde con el citado mandato constitucional, según el cual, si
bien debe allegarse dictamen de médicos oficiales, también pueden presentarse peritajes
de médicos privados. Bajo este entendido, la Sala estimó que se garantizaba el derecho de las partes a las
garantías mínimas probatorias y, por consiguiente, los derechos al debido
proceso, a la defensa y al acción a la justicia. En consecuencia, dispuso
declarar la exequibilidad condicionada del precepto impugnado, en el sentido
antes indicado.
VII.    DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
DECLARAR
EXEQUIBLE la
expresión “previo dictamen de médicos oficiales”, contenida en el
artículo 314.4. del Código de Procedimiento Penal, modificado por
el artículo 27.4 de la Ley 1142 de 2007, en el entendido
de que también se pueden presentar peritajes de médicos
particulares.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese el expediente.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
Con salvamento de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Ausente en comisión
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Ausente con permiso
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-163/19
Referencia: Expediente
D-12556.
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 314 (parcial) de la Ley 906 de 2004,
modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007.
Demandante: Jaime Enrique Granados Peña.
Magistrada
Sustanciadora:
DIANA
FAJARDO RIVERA.
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación las razones que
me conducen a salvar mi voto a la decisión adoptada por la Sala Plena en sesión
del 10 de abril de 2019, que por votación mayoritaria profirió la Sentencia
C-163 de la misma fecha.
1. La
Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “previo
dictamen de médicos oficiales” contenida en el numeral 4º del artículo 314
de la Ley 906 de 2004. Esa norma establecía que la detención preventiva en
establecimiento carcelario podría sustituirse por la del lugar de la residencia
cuando el imputado o acusado se encontrara en estado grave de salud certificado
por médicos oficiales. El ciudadano consideró que la consagración del dictamen
de perito oficial como única prueba para demostrar la enfermedad del
solicitante y acceder a la sustitución de la detención preventiva intramural
por domiciliaria generaba un desequilibrio que afectaba los derechos de defensa
y a un juicio justo y los principios de igualdad de armas y de acceso a la
administración de justicia. En tal sentido, explicó que el precepto limitaba la
capacidad probatoria del imputado o acusado y lo obligaba a acudir al Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Expresó que esa entidad estaba
subordinada a la Fiscalía General de la Nación.
El problema jurídico fue planteado en el
sentido de determinar si la disposición acusada vulneraba los derechos al
debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia porque “(…)
impide que se alleguen otras evidencias para determinar las condiciones de
salud del procesado (…)”. Para dar respuesta al interrogante, el fallo
abordó los siguientes temas: i) la potestad de configuración normativa del
Legislador en materia procesal; y, ii) los derechos al debido proceso, de
defensa y de acceso a la administración de justicia. Finalmente, iii) analizó
la constitucionalidad del precepto acusado.
La providencia en la que salvo mi voto resolvió
declarar exequible la expresión demandada en el entendido de que “(…)
también se pueden presentar peritajes de médicos particulares.” La posición
mayoritaria consideró que el enunciado normativo reprochado era ambiguo. De
esta manera, presentaba dos posibles interpretaciones: de una parte, el precepto
exigía el dictamen de médicos oficiales para acreditar que el peticionario
estaba en grave estado de enfermedad; y, de otra, permitía a las partes y al
juez recurrir a peritajes de médicos particulares para solicitar la detención
preventiva domiciliaria. Bajo este entendido, el fallo indicó que solamente la
segunda interpretación “(…) según la cual, además del dictamen de médicos
oficiales, que debe necesariamente allegarse, las partes pueden
solicitar y allegar y al juez le asiste la facultad de decretar los conceptos
de médicos particulares” (Énfasis agregado) era constitucional porque
garantizaba los derechos al debido proceso, de defensa y de acceso a la
administración de justicia.
2. En
esta oportunidad salvo mi voto porque la Corte debió declarar inexequible la
expresión “oficiales” contenida en el numeral 4º del artículo 314 de la
Ley 906 de 2004. Mi posición se funda en tres bloques argumentativos: de una
parte, considero que la norma acusada no generaba dudas interpretativas. De
otra, el precepto desconoce los derechos al debido proceso, defensa y acceso a
la administración de justicia del procesado. Además, consagra una tarifa legal
que carece de razón y justificación constitucional suficiente; y, por el
contrario, genera una carga desproporcionada para el ejercicio probatorio de la
defensa. Y finalmente, la declaratoria de exequibilidad condicionada del
fragmento reprochado no remedió la vulneración de la Constitución planteada en
la demanda. Paso a explicar mi postura:
La disposición acusada no genera dudas interpretativas
razonables
3. La
Sentencia C-163 de 2019 consideró que la expresión acusada “(…)
previo dictamen de médicos oficiales” era ambigua “(…) pero esta
indeterminación no se deriva de una palabra en particular ni del orden de las palabras
dispuesto por el Legislador.” En tal sentido, señaló que “El texto
normativo es contextualmente ambiguo porque en su conjunto (…) admite dos
significados distintos, con efectos jurídicos notablemente distintos.”
Advirtió que una forma de entender la norma era la no autorización de la
certificación clínica de un galeno particular. Esta interpretación era
inconstitucional. La otra concepción giraba en torno a que “(…) también
permite a la (sic) partes y al juez recurrir a peritajes de médicos particulares.”.
Por tal razón, concluyó que la interpretación “(…) según la cual, además del
dictamen de médicos oficiales, que debe necesariamente allegarse, las partes
pueden solicitar y allegar y al juez le asiste la facultad de decretar los
conceptos médicos particulares (…) resulta compatible con la Constitución.”
4. No
comparto la argumentación descrita. El precepto acusado no generaba dudas
interpretativas. El alcance normativo de la disposición era inequívoco en
señalar que la condición médica del procesado solo podía acreditarse por
dictamen de médico oficial. Para COMANDUCCI la interpretación es la
atribución de sentido a objetos, fenómenos y procesos. También dota de
significado a entidades lingüísticas de forma verbal o escrita en situaciones
en las que suscita duda o discusiones sobre su alcance[58].
En relación con la interpretación del derecho, el citado autor identificó tres
teorías. Para la postura neo-esceptica[59] es “(…)
una actividad volitiva, en la que el intérprete elige, siempre y
necesariamente, el significado que se le atribuye al documento.” La noción
neo-formalista[60]
sostiene que “(…) hay documentos normativos cuyo sentido es manifiesto y
que, por consiguiente, no han de ser interpretados.” Finalmente, presentó
una posición ecléctica en el sentido de que “(…) no hay interpretación, en
el sentido jurídico, en todos los casos en los que se debe adscribir un
significado a un documento, sino solo cuando surjan dudas o contrastes acerca
de cuál es el significado que ha de adscribirse al mismo.” Bajo esta última
perspectiva, lo importante en la teoría jurídica contemporánea no son las
formas de interpretación sino la justificación de la necesidad de interpretar[61].
De otro lado, el citado autor indicó que la
identificación de la determinación o indeterminación de contenidos normativos
puede establecerse a partir de la previsibilidad de las consecuencias jurídicas
de las acciones futuras que tienen como objetivo la aplicación de una norma.
Esta aproximación cognoscitiva puede ser total o parcial. Para KELSEN la
indeterminación es parcial porque el sistema jurídico se basa en actos de
voluntad que por lo general no son plenamente previsibles. Por su parte, HART
consideraba que la textura abierta de algunas normas le otorga un margen de
discrecionalidad a los jueces para la solución de casos difíciles. En
ocasiones, el Legislador de manera consciente formula normas indeterminadas que
no permiten establecer su contenido previamente y delega en otras instancias la
función de reducir su indeterminación[62].
5. Este Tribunal ha precisado que las dudas hermenéuticas de las
disposiciones jurídicas demandadas deben ser razonables. Aquellas surgen cuando
la norma acusada admite distintas interpretaciones plausibles, por existir
algún tipo de indeterminación, bien sea de tipo lingüístico (semántico[63]
o sintáctico[64]),
de tipo lógico (por una contradicción[65],
un vacío[66],
o una redundancia[67]),
o de tipo pragmático[68].
La Sentencia C-032 de 2017[69] indicó
que la indeterminación semántica[70] surge por vaguedad o por ambigüedad. El primer evento
aparece cuando los términos o expresiones tienen un significado impreciso por
lo que el enunciado y la definición de su contenido es confuso. En tal sentido,
refirió que para AARNIO “(…) los lenguajes ordinarios y el lenguaje jurídico, en tanto parte
de ellos, tienen algún grado de suprageneralidad, es decir, de vaguedad e
inexactitud (…) el carácter semántico de los
términos lingüísticos no es el origen adecuado ni el más profundo de las
cuestiones de interpretación. En algunos casos, expresiones extremadamente
generales pueden tener un contexto de significado inequívoco en virtud de las
circunstancias contextuales”[71].
Por su parte, la ambigüedad
aparece cuando una palabra que integra la oración tiene más de un significado.
Si este fenómeno surge se conocen
las posibles alternativas que caben dentro de la expresión, pero no permite
identificar la que resulta adecuada[72].
De acuerdo con lo expuesto, la
interpretación jurídica de un precepto legal no procede en todos los casos. Su
ejercicio es exigible cuando existen duda o confusión razonables sobre el
significado o el alcance de un contenido normativo, bien sea por vaguedad o
ambigüedad. Esto exige a la Corte el deber de justificar la necesidad de la
interpretación normativa y la exposición de las posibles formas de
entendimiento de la norma.
6. Contrario a lo expresado en la Sentencia C-163 de
2019, en mi concepto, la expresión acusada no generaba ninguna duda
razonable sobre su contenido o alcance. Es claro que la norma exige dictamen de
un médico adscrito a medicina legal como única alternativa para solicitar la
detención preventiva. El concepto “médico oficial” no es otro que el médico del
Estado que tiene “autoridad reconocida” o “autorización” o “reconocimiento
necesario” del Estado para adelantar una acción. La definición gramatical,
natural y obvia de la palabra oficial evidencian que la norma exige que el
concepto médico surja de un galeno autorizado para el efecto y, en Colombia,
los únicos médicos oficiales autorizados para dictaminar sobre el estado médico
de una persona es el Instituto de Medicina Legal.
7. Sin duda, la expresión acusada no era vaga ni ambigua
sino que, por el contrario, tenía claridad y precisión en la definición de los
enunciados fácticos y jurídicos, particularmente, la forma de acreditar,
mediante concepto oficial, la enfermedad como condición para acceder al
beneficio de detención preventiva domiciliaria. Los efectos jurídicos de las
acciones desplegadas para la aplicación de la norma eran previsibles. La
persona que solicita la sustitución de la medida privativa de la libertad
intramural por domiciliaria debe demostrar el estado de salud únicamente con
base en certificado de médicos oficiales. El precepto no contemplaba expresa o
tácitamente la posibilidad de que la defensa pudiera elegir un peritaje privado
para dictaminar la condición médica del imputado o acusado. Bajo esta
perspectiva, la disposición acusada solo admitía la interpretación descrita
previamente. Este entendimiento es inconstitucional por desconocer los derechos
al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia.
El fragmento acusado consagró una tarifa
legal que afectaba los derechos al debido proceso, de defensa y de acceso a la
administración de justicia de forma desproporcionada
8. La norma estudiada consagraba una tarifa legal para
la demostración, a través de médicos oficiales, del estado de salud de los
procesados que pretenden la sustitución de la detención preventiva intramural
por domiciliaria. Este sistema probatorio aplicado a la solicitud procesal
referida carecía de justificación constitucional suficiente, tal y como se
explica a continuación:
La Sentencia C-242 de 2005[73]
indicó que la tarifa legal se sustenta en que el Legislador establece de
forma específica el valor de las pruebas y el juez simplemente aplica lo
dispuesto por aquel. Se trata de una función que puede considerarse “mecánica”
debido a que “(…) no necesita razonar para ese efecto porque el Legislador
ya lo ha hecho por él.” La Decisión C-243 de 2001[74]
analizó la prueba de la paternidad con base en pruebas indirectas. Precisó
que el sistema de la tarifa legal ataba al juez a un marco probatorio
preestablecido en el sistema normativo que le indicaba los medios de convicción
admitidos y con validez procesal y judicial, así como la forma de valorarlos.
En este escenario, no tenía la posibilidad de realizar una evaluación crítica
de los elementos demostrativos que aportaban las partes y que fueran diferentes
a los previstos en la legislación. Esta situación implicaba la prevalencia de
las apariencias formales sobre la verdad. Por su parte, la Providencia C-476
de 2005[75] describió
que el sistema de tarifa legal le imponía al juez certeza legal en lugar de
certeza judicial y le impedía considerar otras pruebas distintas a las
dispuestas en las normas. En ocasiones, la
práctica y la valoración de otros medios de prueba permitían una recta
administración de justicia que no desconocía el debido proceso ni la autonomía
judicial.
En suma, el sistema de la tarifa
legal tiene dos dimensiones: de una parte, la instrumental en la que el
Legislador define el medio de convicción específico para acreditar un
determinado hecho, por ejemplo, una escritura pública, un examen científico o un
número de testimonios. De otra, consagra la forma de valorar los elementos
demostrativos, en el sentido de que la ley le impone al juzgador la
calificación y la contundencia procesal y judicial de la prueba aportada por
las partes para adoptar la decisión que corresponda.
9. En este caso el Legislador si
estableció el dictamen de médico oficial como único medio de convicción para
determinar las condiciones de salud del procesado. Se trata de un modelo de
acreditación fundado en la tarifa legal que excluye otras maneras de probar, en
especial, los certificados de galenos particulares. Este instrumento no es
razonable ni proporcionado porque afecta de manera intensa los derechos al
debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia sin una justificación
constitucional válida.
La medida enjuiciada impone una carga desproporcionada
para el ejercicio probatorio de la defensa
10.
Por tratarse de una materia relacionada con el diseño del procedimiento penal
sobre la que el Legislador cuenta con un amplio margen de configuración, esta
medida debía analizarse con base en un juicio de proporcionalidad de intensidad
leve. Con base en lo expuesto, la norma podría sustentarse en la necesidad de
garantizar un adecuado funcionamiento de la administración de justicia en
términos de eficiencia y protección de los derechos procesales de las partes
que concurren al trámite, en especial del enjuiciado. Además, habría buscado
evitar formas de corrupción presuntamente asociadas a los dictámenes privados y
que pueden afectar la función jurisdiccional, particularmente por tratarse de
la concesión de la detención preventiva domiciliaria al acusado. En principio,
esta finalidad es legítima porque persigue objetivos que no están prohibidos
por la Constitución.
Si se tiene en cuenta que el medio utilizado para el
cumplimiento del objetivo es la concurrencia única de los peritos oficiales que
acreditaran el estado de salud del enjuiciado y la finalidad es evitar la
corrupción y hacer más eficiente la administración de justicia, es claro que
este mecanismo no es idóneo para conseguir la realización de la finalidad de la
medida y, además, desconoce los derechos al debido proceso, defensa y acceso a
la administración de justicia del procesado.  En efecto, salta a la vista que
dejar en manos de los médicos oficiales esta valoración técnica no es más
eficiente, no solamente porque es de público conocimiento las limitaciones
económicas, logísticas y de personal que tiene el Instituto Nacional de
Medicina Legal y por ello el mayor tiempo que se toman para hacer las
valoraciones técnicas, sino también porque el Instituto no tiene presencia en
todo el territorio nacional, lo que dificulta el acceso a la administración de
justicia de las personas que pretenden la detención domiciliaria. Pero, además,
tampoco es cierto que la corrupción puede evitarse si se deja en manos de los
peritos oficiales esta valoración médica. Ni está acreditado que todos los
médicos oficiales son impolutos o inmunes a la corrupción, ni tampoco está
demostrado que los médicos privados son más sensibles a ella. Esa apreciación
parte de prejuicios legales que vulneran los derechos fundamentales del acusado
y la buena fe y el buen nombre de los médicos particulares honorables.
11.En
el presente asunto, el sistema de tarifa legal utilizado no era adecuado para
salvaguardar los postulados superiores referidos previamente. El proceso, inclusive el penal, es un debate de
posiciones[76] que le permite al juez conocer y resolver el asunto a
partir de los argumentos y las pruebas presentadas por las partes. La
Constitución consagra el derecho fundamental al debido proceso. Se trata de un
postulado que contiene garantías sustantivas y procedimentales que limitan las
actuaciones de las autoridades judiciales y evitan el ejercicio abusivo de sus
funciones. También protege los derechos y los intereses de las personas que
concurren al proceso judicial y pretenden un adecuado acceso a la
administración de justicia en el marco de una sociedad democrática[77].
El texto superior exige que el diseño de los procesos
judiciales garantice los derechos de la defensa en cualquier etapa o trámite
dentro del procedimiento establecido para diferentes propósitos. La resolución
de la solicitud de la detención preventiva domiciliaria debe ofrecerle a la defensa
la posibilidad de probar libremente el estado de salud del procesado para
obtener el beneficio penal a través de cualquier medio científico (público o
privado) que fuera pertinente y conducente. Por el contrario, la aplicación de
la medida normativa obligaba al enjuiciado a la valoración previa del médico
oficial y a que, en caso de que el concepto sea adverso, emprendiera la
contradicción de aquel sin tener certeza de los medios de convicción que podría
utilizar. La norma impuso la carga irrazonable de un doble ejercicio
demostrativo que carece de justificación constitucional porque no contribuye a
la materialización de los fines superiores que persigue. En su lugar, genera un
déficit intolerable en el ejercicio probatorio de la defensa del procesado.
De otra parte, la exclusión de conceptos médicos
particulares tampoco era un medio idóneo para prevenir la corrupción en la
administración de justicia. La
presentación del dictamen privado no genera ipso iure la resolución
favorable de la petición. La solicitud de sustitución de la medida privativa de
la libertad siempre sería resuelta por el juez competente con plena observancia
de los postulados de la Carta y los requisitos legales establecidos para tal fin,
en especial, los relacionados con la acreditación y la certificación que hace
el profesional médico sobre la salud del procesado.
Finalmente, la medida es desproporcionada en estricto
sentido, por cuanto sacrifica gravemente los derechos de defensa y acceso a la
justicia del acusado, sin tener en cuenta que el mismo resultado puede
obtenerse mediante otros métodos menos lesivos a sus derechos y más efectivos
para proteger los intereses constitucionales que se invocan. Sin duda, el
control judicial (mediante procesos penales y civiles) y ético (tribunal de
ética médica) de los dictámenes emitidos por galenos privados resulta más
efectivo para evitar la corrupción en el proceso penal y se sacrifica en menor
medida los derechos del acusado. Es obvio que un médico que emite un concepto
técnico contrario a la verdad no solo puede resultar condenado penalmente, sino
también el acusado que se beneficia de dicho dictamen. Luego, es claro que la
restricción de prueba que la Corte estudiaba resulta irrazonable y desproporcionada.
12.
En conclusión, la medida analizada no era un mecanismo idóneo para alcanzar los
fines constitucionales propuestos. Consagró una carga procesal desproporcionada
para la defensa porque avaló la necesidad de allegar únicamente el dictamen de médicos
oficiales para acreditar la condición de salud del enjuiciado. Esta situación
desconoció el derecho a la defensa de utilizar libremente cualquier medio de
convicción pertinente y conducente para probar los hechos que sustentaban la
solicitud de detención domiciliaria preventiva.
La declaratoria de exequibilidad condicionada de la
medida estudiada no superó la vulneración de las garantías constitucionales
invocadas por el ciudadano
13. La
Sentencia C-163 de 2019 se aproximó al problema constitucional planteado
en la demanda de forma equivocada. La providencia de la que me aparto
presentó una falla metodológica que afectó la estructura argumental y el
remedio adoptado. El acercamiento a la discusión presentada por el ciudadano
fue inexacto. El resultado de este ejercicio hermenéutico fue la ratificación
en el ordenamiento jurídico de una disposición que desconocía la Constitución.
14.
La providencia sustentó la exequibilidad condicionada del precepto analizado en
la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho de contradicción del
procesado para cuestionar el dictamen oficial. En tal sentido precisó que:
“(…) además del dictamen de médicos oficiales, que debe
necesariamente allegarse, las partes pueden solicitar y allegar y al juez
le asiste la facultad de decretar los conceptos de médicos particulares (…)
[esta postura] protege el derecho que tienen la defensa a aportar pruebas y a
la contradicción de las que sean aportadas en su contra.”.
15.
La demanda no exigía un análisis sobre los medios probatorios requeridos para
controvertir el peritaje oficial, sencillamente porque la norma acusada no
regulaba ese tema. La discusión constitucional giraba en torno a la libertad
probatoria del procesado y su defensa para acreditar el estado de salud y
acceder a la detención preventiva domiciliaria. La aproximación hermenéutica de
la sentencia fue transversal y orientó la postura mayoritaria hacia un objeto
fenomenológico ajeno al objeto de la decisión. Los efectos de este acercamiento
incidieron de forma directa en la argumentación y en el remedio adoptado. En
síntesis, la decisión mayoritaria mantuvo en el ordenamiento jurídico una norma
que desconocía postulados constitucionales.
16. La
exequibilidad condicionada declarada no superó la vulneración de los principios
invocados por el actor. Considero que el alcance del remedio constitucional
proferido respondió a la lógica del ejercicio del derecho de contradicción y no
a la lógica de los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, que eran los derechos en tensión en este caso. En
tal sentido, mantuvo la tarifa legal de la prueba única del estado de salud del
procesado mediante el certificado de médicos oficiales. En otras palabras,
avaló la constitucionalidad de un sistema probatorio desproporcionado que
desconoce la libertad que tiene la defensa para elegir los medios de convicción
pertinentes y conducentes (certificado médico oficial o particular), que le
permitan acreditar la condición clínica del procesado y acceder a la detención
preventiva domiciliaria. Esta decisión perpetúa la carga procesal y probatoria
injustificada de la defensa. Para acreditar la enfermedad del enjuiciado debe
surtir el siguiente trámite: i) allegar el dictamen oficial; y, ii) acudir a la
opinión privada para contradecir la certificación oficial. En conclusión, la
postura mayoritaria instituyó un doble deber procesal y probatorio que carece
de sustento y validez constitucional.
17.
En suma, considero que la expresión “oficiales” debió declararse
inexequible, porque el presupuesto para la detención preventiva en el domicilio
está sustentado en una causal objetiva que únicamente requiere acreditación
técnica y, por consiguiente, no cualifica el galeno que debe emitir su
concepto. En este escenario científico no es predicable un mayor valor
probatorio del concepto de perito oficial debido a que la condición clínica
también puede ser acreditada por un médico particular que ofrezca plenas
garantías de moralidad, credibilidad, confianza y certeza técnica. Lo relevante
es que existan elementos de convicción que cumplan con las características de
idoneidad, pertinencia y conducencia que se exigen de todas las pruebas. En tal
sentido, la defensa debía tener la libertad de escoger los medios probatorios
que demuestren la condición médica del procesado que solicita la detención
preventiva domiciliaria. La norma acusada no era ambigua ni indeterminada. Era
evidente que exigía la certificación oficial del estado clínico del procesado y
no permitía la concurrencia de médicos privados para su acreditación.
De igual forma, el precepto acusado imponía un modelo
probatorio que afectaba desproporcionadamente los derechos al debido proceso,
de defensa y de acceso a la administración de justicia. Si bien perseguía fines
constitucionales relacionados con el correcto ejercicio de la función
jurisdiccional y de prevención de la corrupción, el medio empleado no era
idóneo porque desconocía la pertinencia y la conducencia de otros conceptos
científicos (médicos particulares) y sacrificaba intensamente la libertad de la
defensa para probar sus afirmaciones sin que existiera una justificación
constitucional válida.
Finalmente, la declaratoria de exequibilidad
condicionada de la norma develó una aproximación equivocada de la posición
mayoritaria al problema constitucional planteado en la demanda. Esta situación
afectó la estructura de la argumentación y la decisión adoptada. El fallo se
sustentó en la contradicción del dictamen oficial y no en el acceso libre a los
elementos de prueba para demostrar el estado clínico del procesado. Bajo esta
perspectiva, el remedio proferido no garantizó los principios superiores invocados.
Por el contrario, validó un sistema de tarifa legal que carecía de razón
constitucional suficiente y que imponía cargas procesales y probatorias
desproporcionadas para la defensa, en especial, para la libertad de utilizar
los elementos de convicción con fines demostrativos de la condición médica del
procesado.
En
estos términos quedan expuestas las razones que me llevaron a salvar el voto
con respecto a las consideraciones expuestas y la decisión adoptada en la  Sentencia
C-163 de 2019.
Fecha
ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Defendida únicamente por la Universidad del Rosario.
[2] Está posición es representada por las facultades de derecho de
las Universidades de Los Andes, Sergio Arboleda,  Nacional y Externado de
Colombia.
[3] Debe advertirse que este grupo de intervinientes difieren
levemente en la fórmula de constitucionalidad condicionada sugerida a la Corte.
No obstante, las sugerencias están encaminadas en todo caso a que la defensa
pueda acudir a otros dictámenes de médicos, diferentes a los pertenecientes al
INMLCF.
[4] La postura general es defendida por el INMLCF, parcialmente por la
Universidad Libre (pues da a entender que la defensa podría contradecir el
dictamen oficial, mediante el concepto de un médico particular), el Ministerio
de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación. Debe precisarse
que la Universidad Libre considera, además, que la demanda es inepta, al no
contener un señalamiento de los artículos aludidos y carecer de razones que
permitan determinar el concepto de violación, pese a lo cual, solicita que de
considerarse apta por parte de la Corte, la norma acusada debe declararse
exequible.
[5]Argumento desarrollado especialmente por la Fiscalía General de la
Nación.
[6] Intervención presentada por la Universidad Libre.
[7] Una explicación amplia de las exigencias que deben cumplir los
cargos puede encontrarse en la Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[8] Cfr. por
todas, la Sentencia T-1110 de 2005. M.P. Humberto Sierra Porto.
[9] Ver Sentencias C-038 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero;
C-327 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz; C-555 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; C-965 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-591 de 2005. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; C-210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-692 de
2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-820 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-233 de 2016. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva  y C-136 de 2016; Luis Ernesto Vargas Silva.
[10] Ver sentencias C-562 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-680
de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1512 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis;
C-131 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-123 de 2003. M.P. Álvaro Tafur
Galvis; y C-204 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-598 de 2011. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[11]Cfr. entre muchas otras, la Sentencia
C-204 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero. La
Sala ha sostenido: “[s]e ha entendido, entonces, que el legislador en
materia de procedimientos tiene una libertad de configuración en los términos
del artículo 150 constitucional, numeral 1 y 2, en concordancia con los
artículos 29, 86, 87, 228 y 229 constitucionales, entre otros, que lo facultan
para establecer requisitos, tiempos, procedimientos, recursos, etc., que pueden
limitar el derecho de acceso a la administración de justicia pero no hacerlo
nugatorio, razón por la que se exige que las restricciones que en virtud de esa
potestad legislativa se lleguen a imponer, deben ser proporcionales frente a
este derecho fundamental y al principio constitucional consagrado en el
artículo 238, según el cual lo sustancial debe primar sobre lo formal”. Sentencia C-598 de 2011. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[12] Ver sentencias C-641 de 2002 y C-980 de 2010, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; C-925 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y  C-136 de
2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  En la Sentencia C-034 de 2014. M.P.
María Victoria Calle Correa, la Sala sostuvo: “Así las cosas, el Legislador
tiene la potestad de transformar en leyes de la República sus decisiones
políticas, mediante la discusión democrática. Sin embargo, está sujeto al
respeto por las normas de la Constitución Política y muy especialmente a
asegurar la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales; y corresponde al
Tribunal Constitucional evaluar el respeto de esos principios mediante análisis
de razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones legislativas”.
[13] Ha indicado la Sala: “[e]n
este sentido, la discrecionalidad para la determinación de una vía, forma o
actuación procesal o administrativa no es absoluta; es decir, debe ejercitarse
dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización política y
jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y
de derechos fundamentales de las personas como el debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente,
debe hacer vigente el principio de la  primacía del derecho sustancial sobre
las formas (C.P., art. 228) y proyectarse en armonía con la finalidad
propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente el
derecho sustancial  en controversia o definición; de lo contrario, la
configuración legal se tornaría arbitraria”. Sentencia C-496 de 2015. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Así mismo, en otra decisión, expresó: “[l]a
relevancia de esta atribución constitucional, ha sido destacada por la Corte,
al señalar que tal prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a
partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la administración de
justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la seguridad
jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y
permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho. // Tal y como lo ha afirmado esta Corporación, el proceso no es un fin
en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la
realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia
pacífica (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. De
allí que las normas procesales, propendan por asegurar la celeridad,
oportunidad y eficacia de las respuestas jurisdiccionales, y por la protección
de los derechos e intereses de las partes, intervinientes y demás sujetos
vinculados al proceso”. Sentencia C-227 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[14] Sentencia C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[15]
La Corte ha indicado: “la potestad
de configuración del legislador es una competencia constitucional que debe
ejercerse dentro de los límites impuestos por la Carta Política, la
cual debe estar justificada en un principio de razón suficiente, en donde si la
decisión del legislador resulta arbitraria debe ser retirada del ordenamiento
jurídico. Uno de esos límites es precisamente no hacer nugatorios derechos
fundamentales tales como el de acceso a la administración de justicia, debido
proceso y defensa. Por tanto, las decisiones legislativas que impidan el
ejercicio de estos derechos fundamentales deben ser excluidas del ordenamiento
constitucional”. Ver Sentencias C-314 de 2002.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-598 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[16] Sentencias T-073 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-980 de
2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[17] Sentencia C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[18] Ver sentencias C-980 de 2010. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-341 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo y
C-496 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chauljub.
[19] En la Sentencia C-496 de 2015. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Corte expresó: “[a]un cuando el artículo
29 de la Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas
del debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los
procesos, dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas
garantías mínimas en materia probatoria…”.
[20] Ver sentencias T-258 de 2007. M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; C-496 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chauljub;
C-089 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-1083 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería y C-127 de 2011. M.P. María Victoria
Calle Correa.
[21] Sentencias C-227 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-1195 de
2001. Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco
Gerardo Monroy Cabra;  C-330
de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz y SU-091 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[22] En la Sentencia T-954 de 2006. M.P.
Jaime Córdoba Triviño, indicó la Corte: “De la misma manera, como parte
fundamental del ejercicio del derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, resulta de vital importancia, que la administración
de justicia, no se limite exclusivamente al cumplimiento fiel de los
procedimientos previamente establecidos por la ley, para garantizar una
adecuada administración de justicia, pues si bien con dicho comportamiento se
es fiel al principio de celeridad, es imprescindible tener en cuenta otros
elementos fundamentales en el proceso de impartir justicia, como es que las
decisiones que se tomen en ejercicio de ésta deber  constitucional, debe ser
igualmente eficaces, es decir, que las mismas deben contener una resolución
clara, cierta, motivada y jurídica de los asuntos que generaron su expedición,
teniendo claro, que la  finalidad de toda la actuación es la de maximizar el
valor justicia contenido en el Preámbulo de la Constitución”.
[23] Ver Sentencia C-227 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Ibíd.
[25] Ver sentencias C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil, y C-227 de 2009. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[26] En la Sentencia T-954 de 2006. M.P. Jaime
Córdoba Triviño, retomando la Sentencia C-1083 de
2005 M.P. Jaime Araújo Rentería, sostuvo la Corte: “…en
el entendido de que el derecho al debido proceso, tiene un desarrollo judicial,
el cual se refiere a la materialización del derecho al acceso a la
administración de justicia, o derecho a la jurisdicción, contenido en el
artículo 229 de la Carta Política, todas las personas pueden acudir al Estado,
quien, como administrador de justicia, permite la  resolución de los conflictos
particulares o la defensa del ordenamiento jurídico. Dicha vinculación se
explica por ser el proceso y, en particular, la sentencia que ordinariamente le
pone fin, el medio para la concreción del derecho a la jurisdicción”.
[27] Ver sentencias C-034 de 2014. M.P. María
Victoria Calle Correa; C-096 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1114 de 2003. M.P.
Jaime Córdoba Triviño; C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
C-012 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo; y C-016 de 2013. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[28] Sentencia  C-496 de 2015. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[29] Cfr.,
por todas, la Sentencia C-537 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[30] Se trata de una posición planteada en la
Sentencia C-1270 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell, y reiterada
posteriormente, por ejemplo, en las sentencias C-1104 de 2001. Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1099 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra y C-868 de 2010. M.P. María
Victoria Calle Correa. La Corte ha señalado que se
trata de contenidos del debido proceso que, en materia probatoria, restringen la
potestad de configuración normativa del Legislador.
[31] Ver Sentencia C-496 de 2015. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[32] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[33] Ley 906 de 2004. “ARTÍCULO 361.
PROHIBICIÓN DE PRUEBAS DE OFICIO. En ningún caso el juez podrá decretar la
práctica de pruebas de oficio”.
[34] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[35] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36] En
el ordinal primero de la Sentencia se dispuso: “PRIMERO.-
Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 2
del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, salvo la siguiente expresión que
se declara INEXEQUIBLE «De fracasar la conciliación, en el proceso que se
promueva no serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en
el trámite de la conciliación, estando en su poder», por las razones
expuestas en la parte motiva de este fallo”.
[37] Ver, por todas, la Sentencia C-469 de
2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] En la Sentencia C-1194 de 2005 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra), expuso la Corte: “[d]e la sucinta exposición
del proceso penal que acaba de hacerse es posible evidenciar que el
procedimiento del descubrimiento de la prueba tiene lugar principalmente en la
etapa de la acusación, concretamente en el contexto de la audiencia de
acusación, cuando la Fiscalía presenta ante el juez los elementos de convicción
y el material probatorio que pretende hacer valer como prueba en el juicio
oral.  // La normativa del Código de Procedimiento Penal permite también que
descubrimientos puntuales tengan lugar en el juicio oral (Inciso final del
artículo 344 del C.P.P ) o, incluso, en la etapa de investigación, cuando se imponen
medidas de aseguramiento contra el procesado (art. 306 C.P.P ), pese a que la
ley no se refiera nominalmente a ellos como descubrimientos”.
[39] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Reglamento
Técnico para la Determinación Médico Forense de Estado de Salud en Persona
Privada de Libertad, versión 01, Bogotá D.C., 2009, p. 23.
[40] Ibíd., p.
24.
[41] Ibíd., p.
25.
[42] “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía
General de la Nación”.
[43] “Estatutaria de la Administración de Justicia”.
[44] “Por el cual se provee la
integración de los Servicios Seccionales de Salud con los de Medicina Legal”.
[45] Si bien es cierto, conforme a los artículos 34, 36 y 37 de la Ley
938 de 2004, el Instituto organiza, controla y dirige el Sistema de Medicina
Legal y Ciencias Forenses en todo el territorio nacional y, además, cuenta con
direcciones regionales, esta regulación no es contraria a las previsiones del
Decreto Ley 2455 de 1986 citado, cuyo sentido precisamente es que los servicios
seccionales de salud del Estado presten un apoyo a los servicios de medicina
legal. Como se indica en los considerandos de dicho Decreto: “… se hace
necesario integrar los Servicios Seccionales de Salud con los de Medicina
Legal, toda que los unos y los otros son prestados por el Estado y tienen los
mismos objetivos de atención a la comunidad; //… esta integración es necesaria
para prestar un mejor servicio de auxilio a la justicia y para aprovechar más
eficientemente los recursos del Estado…”
[46] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 10 de
julio de 2013. Radicación n° 41489.
[47] Universidad de Los Andes.
[48] “[p]or el cual se provee la
integración de los Servicios Seccionales de Salud con los de Medicina Legal”.
[49] Artículos 35 de la Ley 938 de 2004
y 31 de la Ley 270 de 1996.
[50] El artículo 204 del Código de
Procedimiento Penal prevé: “Órgano técnico-científico. El Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la ley y lo
establecido en el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación,
prestará auxilio y apoyo técnico-científico en las investigaciones
desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación y los organismos con
funciones de policía judicial. Igualmente lo hará con el imputado o su
defensor cuando estos lo soliciten. (…)” (subrayas fuera de texto).
[51] Guastini, Riccardo, Interpretare e argomentare (Interpretar
y argumentar), Giuffrè, Milano, 2011, pp. 39-52.
[52] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[53] Ratti, Giovanni Battista, “I disaccordi giuridici revisitati” (Los
desacuerdos jurídicos replanteados), en Íd., Studi sulla logica
del diritto e della scienza giuridica, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp.
137-160, esp. 145-150.
[54] Guastini, Riccardo, Op. Cit., pp. 39-42.
[55] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[56] La Sala analizó la disposición de una
manera ligeramente distinta. Sin embargo, en el fondo el problema
interpretativo puesto de manifiesto puede ser reconstruido en estos términos.
[57] La tarifa legal implica fundamentalmente que en lugar de la
apreciación y la certeza del juez sobre lo que muestran las pruebas, se opta
por la certeza legal, pues es el Legislador quien confiere valor y mérito a una
determinada evidencia para probar un específico hecho. Ver Sentencia C-476 de
2005. M.P Alfredo Beltrán Sierra. En la Sentencia C-202 de 2005 (M.P. Jaime
Araujo Rentería), la Corte señaló: “4. De acuerdo con la doctrina jurídica
procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad
intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la
certeza, o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso,
existen tres (3) sistemas, que son: i) El sistema de íntima convicción o de
conciencia o de libre convicción, en el cual se exige únicamente una certeza
moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión, es decir,
no se requiere la expresión de las  razones de ésta. Es el sistema que se
aplica en la institución de los llamados jurados de conciencia o jueces de
hecho en los procesos penales en algunos ordenamientos jurídicos. // ii) El
sistema de la tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece
específicamente el valor de las pruebas y el juzgador simplemente aplica lo
dispuesto en ella, en ejercicio de una función que puede considerarse mecánica,
de suerte que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el
legislador ya lo ha hecho por él. // Este sistema requiere una motivación, que
lógicamente consiste en la demostración de que el valor asignado por el juzgador
a las pruebas guarda total conformidad con la voluntad del legislador. // iii)
El sistema de la sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador
debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de
la lógica, la ciencia y la experiencia. Este sistema requiere igualmente una
motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha
tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas
reglas”.
[58] Comanducci, P. La interpretación jurídica. En J. Ferrer y G.
Ratti (eds), El realismo jurídico genovés, Marcial Pons, Madrid. Citado em
Atienza Manuel Atienza, Curso de Argumentación Jurídica. Editorial Trotta.
Madrid. 2013. Pág. 130.
[59] Refiere a Chiassoni, Guastini, Mazzaresse, Tarello y a los
representantes del Critical Legal Studies.
[60] Refiere a Scarpelli o Bulygin.
[61] Comanducci, P. Ob. Cit. Pág. 131.
[62] Comanducci, P. Principios jurídicos e indeterminación del
derecho. Doxa 21-II 1998. Pág.
[63]  Las indeterminaciones semánticas se refieren al significado de
las palabras, bien sea porque tienen un alto nivel de generalidad o vaguedad, o
bien sea porque son ambiguas.
[64] Las indeterminaciones sintácticas se refieren a la construcción
gramatical tal y como ocurre con las denominadas ambigüedades sintácticas.
[65] Las contradicciones se presentan cuando a un mismo supuesto o hipótesis de hecho se atribuyen
consecuencias jurídicas diversas e incompatibles.
[66] El vacío se presenta cuando una hipótesis fáctica carece de
consecuencia jurídica expresa en el ordenamiento.
[67]  La redundancia se presenta cuando un mismo supuesto o hipótesis
de hecho es contemplada por diversas disposiciones jurídicas, de manera
concordante y reiterativa.
[68]  Sobre las indeterminaciones en el Derecho, ver Genaro Carrió, Notas
sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, Ed. AbeledoPerrot, 1994. Citado
en la Sentencia C-893 de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[69] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[70] Guastini, R. La sintaxis del derecho. Marcial Pons, Madrid, 2016
páginas 341-354; Nino, C. Introducción al análisis del derecho. Ariel,
Barcelona, páginas 259 – 272; Aarnio, A. Lo
racional como razonable. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991,
páginas 157-163. Todos citados en la Sentencia C-032 de 2017 M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[71] Aarnio, A. Lo racional como razonable.
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1991, página 158. Citado en la
Sentencia C-032 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[72] Ibidem.
[73] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[74] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[75] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[76] Sentencia T-461 de 2003 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett
[77] Sentencia T-131 de 2012 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.