T-615-19
Sentencia T-615/19
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
IMPARCIALIDAD E
INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO-Jurisprudencia
constitucional
PRUEBAS DE OFICIO-Jurisprudencia
constitucional
El decreto de pruebas de
oficio por parte del juez se debe hacer “cuando sean útiles para la
verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes”.  Y
también para aclarar los hechos que durante el proceso no son claros y que
sea necesario esclarecer para que conduzca al esclarecimiento de la
verdad
JUEZ CIVIL-Deber legal de decretar
pruebas de oficio
El decreto oficioso de
pruebas, en materia civil, no es una atribución o facultad potestativa del
Juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el funcionario deberá decretar
pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los hechos narrados por las
partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el
funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia;
cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando existan fundadas
razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del
sendero de la justicia material
CARGA DINAMICA DE LA
PRUEBA-Configuración
CARGA DINAMICA DE LA
PRUEBA-Como
regla general el operador judicial debe hacer efectiva la igualdad de armas en
el proceso, no como una excepción
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto procedimental absoluto porque se
desconocieron los principios de igualdad de armas y la carga dinámica de la
prueba en proceso civil
Referencia: expediente
T-7.312.697
Acción de tutela
formulada por Mabel de Jesús Mesa Patiño contra la providencia de 17 de mayo de
2018, proferida por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo
Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, han proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos de tutela proferidos en segunda instancia por la Corte Suprema de
Justicia - Sala de Casación Laboral, el seis (6) de marzo de dos mil diecinueve
(2019) y, en primera instancia, por la Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Civil-, el diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019), dentro
de la acción instaurada por MABEL DE JESÚS MESA PATIÑO, en nombre propio y en representación de
sus hijos menores de edad Miguel Fernando, Juan Manuel Gutiérrez Mesa, y agente
oficiosa de Miguel Ángel
Gutiérrez Pérez y Morelia
Gutiérrez Mesa,
contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Antioquia.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión mediante Auto del treinta (30) de abril de dos mil
diecinueve (2019), proferido por la Sala Número Cuatro, integrada por la
Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Alberto Rojas Ríos, y
asignado, mediante reparto, a este último como sustanciador de su trámite y
decisión.
1.
ANTECEDENTES
La señora Mabel de Jesús
Mesa Patiño, en nombre propio, como agente oficiosa de su cónyuge, Miguel Ángel
Gutiérrez Pérez y su hija Morelia, y como representante de sus hijos Miguel Fernando y
Juan Manuel, acudió ante el juez de tutela para que se deje sin efecto la
sentencia proferida el 17 de mayo de 2018, por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Medellín, providencia que revocó la sentencia proferida en
primera instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos
(Antioquia) dentro de un proceso civil ordinario de declaratoria de
responsabilidad civil extracontractual. Lo anterior con base en las siguientes
evidencias.
1.1.
Hechos
El tres de noviembre de 2010, mientras Gabriel
Aristizabal Díaz conducía el camión con placas TTG 689, se detuvo a recoger a algunos
niños y niñas que se encontraban en la zona rural que atraviesa la vía Santa
Rosa de Osos- Carolina del Príncipe, sobre las 8:45 am. Las niñas viajaron al
interior del vehículo y los niños, entre ellos Mariano de Jesús Gutiérrez Mesa,
de ocho años, se ubicaron en la parte exterior del mismo; sin embargo, Mariano,
a diferencia de los otros, no logró mantener su cuerpo sostenido a la
estructura exterior, al caer fue arrollado por el mismo vehículo y perdió su
vida.
El camión de placas TTG 689, con el que
se causó el accidente, era objeto del contrato de arrendamiento financiero
entre Leasing Bancolombia S.A. y el locatario el señor Rodrigo Zapata, de
acuerdo con la tarjeta de propiedad del vehículo que reposa en el expediente.[1]
La accionante sostiene que no posee los recursos
económicos suficientes para cubrir los costos de los desplazamientos hasta el
casco urbano de
Santa Rosa de Osos porque vive en la Vereda Mina Vieja, finca el Galán del municipio
de Santa Rosa de Osos, que
no cuenta con transporte intervederal. El padre de Mariano y esposo de la
accionante es un señor de avanzada edad que también está enfermo y no cuenta
con empleo. Según la accionante la “hija mayor de edad se encuentra en estado
de gravidez y también desempleada”. Además, sostiene que no poseen dinero para
pagar los desplazamientos hasta el casco urbano más cercano, porque son
personas de bajos recursos que viven en el campo y “por eso tuvieron que pedir
prestado para inhumar los restos mortales de Mariano”.
El 23 de septiembre de 2013, los apoderados
de Mariano, su padre, Miguel Ángel Gutiérrez, y madre, Mabel de Jesús Mesa
Patiño presentaron ante el Juez Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos la
demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Leasing Bancolombia
S.A. (en adelante “Leasing Bancolombia”) en calidad de propietario del vehículo
con el que ocurrió el siniestro y contra la empresa de transporte Tanques y
Camiones S.A., compañía en la cual se encontraba afiliado el automotor. Ambos
sostienen que sobre dichas empresas recae la responsabilidad civil de los daños
y perjuicios morales: (i) por la suma de cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV); (ii) por la suma de cincuenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (50 SMLMV) para los hermanos de Mariano: Morelia, Miguel
Fernando y Juan Manuel Gutiérrez Mesa. A lo largo del proceso de responsabilidad
civil extracontractual no se vinculó al señor Rodrigo Zapata Pérez, quien es el
locatario del vehículo TTG 689, objeto del contrato de leasing y con el que
ocurrió el accidente.
El 22 de junio de 2016, en audiencia
pública de instrucción y juzgamiento, el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Santa Rosa de Osos, ordenó en favor de los padres de Mariano el pago de
perjuicios morales y condenó a Leasing Bancolombia bajo los argumentos de que
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva no fue debidamente
probada por parte de dicha entidad, ya que no anexó copia del contrato de
leasing para demostrar que la compañía se había desprendido de la guarda y
control del vehículo. De manera que, no se configuró el nexo causal para
desvirtuar la responsabilidad civil extracontractual. En la audiencia también
se desvinculó a Tanques y Camiones S.A., porque no fue probado que el contrato
de afiliación entre el locatario y dicha empresa estuviese vigente, el día que
ocurrieron los hechos.
El veinticuatro (24) de junio de dos mil
dieciséis (2016), los apoderados de Leasing Bancolombia S.A y Seguros Generales
Suramericana S.A., apelaron el fallo de primera instancia, por considerar que debió
declararse probada la excepción de falta de legitimidad por pasiva, toda vez
que la administración del vehículo no estuvo en cabeza de Leasing Bancolombia
en el momento de la ocurrencia del accidente. En el recurso de alzada, afirmaron
que hubo culpa manifiesta de un tercero por descuido de la madre al no
acompañar a los niños al colegio.[2]
El diecisiete (17) de mayo de dos mil
dieciocho (2018), el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil-Familia
incorporó la copia simple del
contrato de arrendamiento financiero Leasing No. 90592, como prueba decretada
de oficio, que practicó en segunda instancia. Este documento se presentó para
demostrar que en él se prescribe que la entidad financiera no es responsable de
los daños causados a terceros en uso del bien entregado en arrendamiento. A
partir de esta aclaración, el Tribunal revocó la decisión de primera instancia al considerar que Leasing Bancolombia no tenía el control del
vehículo al momento de la ocurrencia del accidente, y por tanto no era posible
declararla civilmente responsable en relación con los perjuicios morales
causados tras la muerte del niño Mariano.
El 18 de noviembre de 2018, la accionante
acudió a la tutela con el objetivo de cuestionar la validez de la decisión de
segunda instancia. En su escrito señaló que la Sentencia atacada valoró
inadecuadamente una prueba introducida de manera oficiosa, y sin adecuado
traslado a la parte que perjudicaba, y en esa medida, se vulneró el derecho al
debido proceso. Precisó: “En el presente caso, el Tribunal violó nuestro
derecho al debido proceso, porque suplió la inactividad probatoria de la parte
fuerte en el proceso, es decir Leasing Bancolombia, quien omitió aportar la
prueba de la existencia del contrato de arrendamiento financiero, que lo eximía
de responsabilidad frente a los perjuicios reclamados, dejándonos desprotegidos
a mí a mi familia, que somos la parte débil del proceso”[3].
Posteriormente, la tutelante reprochó el
hecho de que el Tribunal no tuvo en cuenta que en una de las cláusulas del
contrato de arrendamiento financiero Leasing Bancolombia tenía asegurado su
patrimonio en caso de una eventual condena. Concluye reflexionando que el
documento, al ser decretado de oficio en segunda instancia y del cual no se
corrió traslado, debió haber sido adecuadamente aportado en primera instancia,
al momento de la contestación de la demanda, cimentada en elementos probatorios
fragmentarios e incompletos.
Censura que el fallo atacado incurrió en
varios yerros que tienen el alcance que afecta su validez. Señala que se
produjo un desconocimiento del precedente ordinario, defecto fáctico por
indebida valoración de las pruebas, violación directa a la constitución, y en
genérico, violación al debido proceso.
En relación con el cargo de desconocimiento
del precedente ordinario, la peticionaria señala que la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia (expediente 2002-00373-01 M.P. William Namén
Vargas, entre otras) ha indicado que a propósito de las reglas probatorias que
deben satisfacerse para evidenciar la existencia de una relación contractual
que permita la absolución de una responsabilidad extracontractual, dicha
relación deberá acreditarse por medio idóneo que ofrezca certeza de la
fidelidad del mismo “pues la fotocopia informal allegada con la demanda carece
de mérito probatorio”.[4]
En síntesis, concluyó  que para la prosperidad de la pretensión era necesaria
la demostración del negocio que se predica vulnerado, conforme las reglas al
efecto establecidas por el legislador.  En el caso de la Sentencia del 17 de
mayo de 2018, el Tribunal declaró probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva de Leasing Bancolombia sin que existiera plena prueba de la
existencia del contrato de arrendamiento financiero alegado, es decir sin que
existiera copia en el expediente de una copia auténtica del contrato de Leasing
alegado (…)[5]
En relación con la vulneración al debido
proceso señaló que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, el Tribunal
incurrió en una actuación que afectó el derecho de defensa y contradicción
dentro del proceso, pues restringió de manera grave el equilibrio procesal
entre las partes. En resumen, esto equivale a que la parte demandante quedó
indefensa por los excesos del juez ordinario.
1.1.
Sentencia del proceso de responsabilidad civil que es
objeto de la acción de tutela
A continuación, se reseñarán los fallos de primera y segunda instancia
de la jurisdicción civil, con el fin de presentar las actuaciones de la
sentencia de segunda instancia que es objeto de la acción de tutela contra
providencia judicial.
1.2.1 Sentencia de primera instancia
El Juez de primera instancia afirmó que el vehículo es de propiedad de
la empresa Leasing Bancolombia S.A., la cual es llamada a responder por la
muerte del niño Mariano, ya que no demostró durante el proceso que como propietaria
del vehículo se hubiere desprendido de la guardia y control, mediante la
presentación de la copia del contrato de leasing comercial y de su clausulado. Incluso
estaba obligada a responder en el caso de que hubiera demostrado que en cumplimiento
del mencionado negocio jurídico ya no disponía del control del bien porque recaía
sobre el locatario o porque en alguna de las clausulas se había pactado su exclusión
de responsabilidad por todo concepto.
Bajo reconocimiento de esta falta, el Juez resolvió así: (i) desestimó
las pretensiones de la demanda frente a Tanques y Camiones por ausencia de
legitimación en la causa por pasiva, porque en el momento de la ocurrencia de
los hechos no se encontraba vigente el contrato de afiliación del vehículo con
la empresa; (ii) condenó a Leasing Bancolombia al pago de perjuicios morales así:
a) a la madre de Mariano, Mabel de Jesús Mesa Patiño, el valor de 35 salarios
mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago; b) al padre de Mariano,
Miguel Ángel Gutiérrez, el valor de 35 salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento del pago; c) a Morelia, d) Miguel Fernando y f) Juan Manuel
(hermanos) el valor de 20 salarios mínimos legales vigentes al momento del
pago; y (iii) ordenó a la empresa de Seguros Generales Suramericana S.A que
reintegre, a favor de la empresa Leasing Bancolombia, las sumas objeto de la
condena, una vez acredite su pago, con una deducción del 10% sobre el monto
cancelado, porque no demostró que Leasing Bancolombia se hubiera desprendido de
la guardia y custodia del bien que era objeto del contrato de leasing
comercial.
Esta sentencia fue apelada por Leasing Bancolombia[6] y fue
llamada en garantía por la Aseguradora Suramericana de Seguros S.A.[7]
1.2.2 Sentencia de segunda instancia
En audiencia oral del 17 de mayo de 2018,
la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia revocó el fallo de
primera instancia. Esta decisión absolvió de responsabilidad a Leasing Bancolombia S.A. y a la Aseguradora
Suramericana de Seguros S.A., al determinar que el mencionado vehículo
efectivamente era objeto de un contrato de leasing comercial y, en virtud de
ello, Leasing Bancolombia tenía la propiedad del automotor pero no era su
administrador, ni controlador, pues, esto le correspondía al locatario, el
señor Rodrigo Zapata Pérez. Por lo anterior,  no fue posible probar el nexo
causal entre el daño y la víctima, que es fundamental para establecer la
responsabilidad civil extracontractual.
El
Magistrado se refirió a la prueba del contrato de leasing en los siguientes
términos:
“La prueba del contrato en el asunto
sub-examen: ha quedado claro que el contrato de leasing es consensual, por lo
mismo, la demostración de su existencia jurídica puede hacerse por cualquier
medio probatorio legal, no está sometido a solemnidad ni prueba especial; desde
luego, a falta del documento contentivo de aludido negocio implicará
dificultades en cuanto a  los términos y condiciones específicos, pero en este
caso no se discute sobre su clausulado sino si el vehículo con el cual se
produjo el siniestro era objeto del referido contrato.  (…)
Por
otro lado, en los folios 5, 6 y 8 aparecen certificados correspondientes a la
póliza 5630098-06 correspondiente al vehículo de placas TTG 689 en los que
aparece como tomadora y beneficiaria de la misma, Leasing Bancolombia S.A., Compañía
de Financiamiento y como tomadores aquella entidad y Luis Rodrigo Zapara Pérez,
como es fácil concluir, contrario a lo sostenido por el señor A QUO, muy a
pesar de la negligente y descuidada actividad probatoria de la co-demandada,
Leasing Bancolombia S.A.,  sí se había obtenido prueba idónea para probar la
existencia del contrato alegado. No se habían establecido los términos
precisos del clausulado del aludido negocio jurídico, pero no hacía falta para
lo que aquí se discutía, pues ninguna controversia fue plateada en torno a la
vigencia y obligaciones derivadas de allí; solo era necesario saber si la
propietaria del automotor, con el cual se causó el trágico accidente de tránsito
lo había entregado en leasing a Rodrigo Zapata Pérez, quien lo recibió y asumió
la dirección, explotación y uso del aparato por su cuenta y riesgo.[8]
En la audiencia oral, el Magistrado del Tribunal Superior
de Antioquia afirmó que fue suficientemente probado el contrato celebrado entre
Leasing Bancolombia S.A y el locatario a lo largo del proceso.[9] Sin embargo,
decretó de oficio la prueba consistente en la copia del contrato de leasing
presentado en el escrito de apelación de manera extemporáneamente por Leasing
Bancolombia S.A, tal como se transcribe a continuación:
“(…) Ahora en
esta instancia y a pesar de la manifiesta improcedencia del decreto de pruebas
por instancia de parte, oficiosamente se ha incorporado en el proceso copia del
contrato de leasing con serie interna 90592 en virtud del cual la co-demandada
Leasing Bancolombia Compañía de Financiamiento Comercial entregó en
arrendamiento financiero a Rodrigo Zapata Pérez como locatario de vehículo con
placas TTG 689
del cuaderno principal. Ese documento ha sido legalmente incorporado al proceso
y no ha merecido reproche o tacha oportuna; en tales condiciones es forzoso no
reconocer la existencia de comentado contrato (…)”[10].
1.3
Material probatorio relevante:
1.3.1    Copia del certificado de defunción de
Mariano de Jesús Gutiérrez Mesa que certifica la muerte del menor. (Cuad. 1,
folio 36).
1.3.2    Informe de accidente de tránsito que
demuestra que la causa de la muerte de Mariano fue el accidente de tránsito. (Cuad.
1, folio 19-20)
1.3.3    Copia del registro civil de nacimiento de
Mariano de Jesús Gutiérrez que prueba la relación parental entre la Señora
Mabel de Jesús Mesa y el señor Miguel Ángel Gutiérrez con su hijo, quien
falleció en el accidente. (Cuad. 1, folio 32)
1.3.4    Certificado de existencia y
representación legal de Leasing Bancolombia que permite identificar la
existencia de la compañía como persona jurídica. (Cuad. 1, folio 67-75)
1.3.5    Contrato de seguro entre Leasing
Bancolombia S.A. y la Aseguradora Suramericana de Seguros S.A. (Cuad. 1, folio
191-224)
1.3.6    En escrito de apelación el apoderado de
Leasing Bancolombia S.A anexó la copia del contrato de leasing No. 90592
celebrado entre el señor Rodrigo Zapata y dicha compañía. (Cuad. 1, folio
165-175)
1.3.7    Certificado de vinculación de la empresa Tanques
y Camiones S.A. con el locatario, el señor Rodrigo Zapata que terminó el 5 de mayo
de 2010. (Cuad. 1, folio 95)
1.3.8    Tarjeta de propiedad del vehículo
identificado con placas TTG 689, en el que aparece que la propietaria del
vehículo es leasing Bancolombia. (Cuad. 1, folio 3)
1.3.9    Certificado de existencia y
representación legal de la empresa Tanques y Camiones S.A. (Cuad. 1, folios 38-42)
1.3.10
Certificado de
existencia y representación legal de Seguros Generales Suramericana S.A que
permite identificar la existencia de la compañía como persona jurídica. (Cuad.
1, folio 225)
1.3.11
Escrito bajo la
gravedad de juramento de la señora Mabel de Jesús Patiño sostiene ante el
Tribunal Superior de Antioquia porque interpone la acción de tutela en calidad
de agente oficioso de su esposo e hija mayores de edad porque la tutela fue
impresa en el Municipio de Santa Rosa de Osos y ellos viven en la vereda Mina
Vieja que es distante de la cabecera municipal y es costoso. (Cuad. 1, folios
445-446)
1.4
.
Respuesta de los accionados y vinculados
La Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia notificó a Tanques y Camiones S.A. y a Leasing Bancolombia
de la admisión de la acción de tutela instaurada por la señora Mabel de Jesús
Mesa Patiño contra el fallo de segunda instancia, proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia en el proceso de responsabilidad civil
extracontractual.
Sin embargo, la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia únicamente se pronunció
sobre la notificación de la tutela contra la sentencia en los siguientes
términos:
“Respecto de los hechos expuestos en
la acción de tutela, debo manifestar que no es costumbre en esta magistratura emitir
pronunciamiento en las tutelas contra sus decisiones, no por irrespeto, sino
porque considera que si las decisiones no logran sostenerse por su propio
contenido entonces deben ser invalidadas”.[11]
1.5
.Decisiones
de instancia expedidas en el trámite de tutela
A continuación, se presentarán los
argumentos presentados por los jueces en sede de tutela en relación con los
cargos presentados por la accionante.
1.5.1    Fallo de tutela de
primera instancia
En fallo del 17 de enero
de 2019, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo
implorado,[12]
porque el asunto planteado
por la tutelante
no es una violación al debido proceso, sino una diferencia de criterio sobre la
valoración de la prueba.[13]
En la parte motiva del fallo, la Sala
transcribe los argumentos presentados por el Tribunal Superior de Antioquia sobre
la naturaleza del contrato de leasing como un contrato consensual, atípico e
innominado; y, por tanto, no requiere de solemnidad adicional para su
existencia. De acuerdo con lo anterior, concordó con la posición del Tribunal relativa
a aceptar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva que fue
presentada por Leasing Bancolombia y exonerarla de responsabilidad por entender que se desprendió de la guardia,
custodia, uso, explotación, vigilancia y administración del vehículo.
1.5.2    Impugnación de la
sentencia de primera instancia
La señora Mabel de Jesús Mesa Patiño impugnó la sentencia de instancia. Reiteró, en lo
sustancial, los argumentos esgrimidos en su escrito de tutela.
1.5.3    Sentencia de segunda
instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia consideró que la decisión del juez de tutela se tomó en derecho. Argumentó,
además, que el Tribunal “(…) consideró que la prueba del contrato de leasing
es consensual; por lo mismo, la demostración de su existencia jurídica puede
hacerse por cualquier medio probatorio legal, no está sometido a solemnidad ni
a prueba especial. Desde luego, la falta del documento contentivo del aludido
negocio jurídico, implicara dificultades con respecto de los términos y
condiciones específicas-; pero en este caso no se discute sobre su clausulado,
sino si el vehículo con el cual se produjo el siniestro era objeto del referido
contrato.”
Para la Sala de Casación Laboral, la actuación del Tribunal
se fundamentó en el artículo 170 del Código General del Proceso, (en adelante
“CGP”), por tanto, estaba facultado para incorporar de oficio al expediente la
copia del contrato de leasing No. 90592 allegado por la co-demandada Leasing
Bancolombia S.A. C.F.C, en el escrito de apelación. En este orden de ideas, no puede
aducir la accionante que dicho documento fue incorporado de manera irregular al
proceso y por fuera de las atribuciones del sentenciador de segunda instancia,
pues, se reitera el artículo 170 del CGP lo faculta para ello.[14] Además,
precisó que la reiterada prueba no fue controvertida por parte de la demandante
al momento de su incorporación, teniendo la oportunidad legal para hacerlo en la
medida que la apoderada judicial asistió a la audiencia pública.[15]
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para pronunciarse en sede de revisión en relación
con los presentes fallos de tutela, de conformidad con lo previsto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Política de Colombia, así como en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
2.     Carácter excepcional de
la tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
El Constituyente de 1991 diseñó la tutela
como un mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales que puede
acudir cualquier persona sin necesidad de requisitos formales. No obstante, en los
asuntos en los que se acude a la tutela contra providencias judiciales, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de unos requisitos de
procedibilidad que deben verificarse efectos de que sea posible que el juez
constitucional resuelva el problema jurídico que se plantea en el asunto.
Adicional a lo anterior, la Corte Constitucional
ha dicho que se deben revisar ciertos requisitos materiales o sobre el fondo de
la controversia que permitan hacer un análisis sobre los defectos que presenta
la sentencia objeto de tutela. Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 dijo
que:
“En este sentido, como lo
ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se
requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante
se explican (…)”.[16]
En ese
orden de ideas, el juez constitucional debe analizar los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que son: (a)
la legitimación para hacer parte del proceso de quien interpone la acción
(accionante -legitimación por activa-) y de la persona o entidad de
quien se predica la presunta vulneración ius-fundamental (el accionado -legitimación
por pasiva-); (b) la inmediatez con que se acudió a este
excepcional mecanismo de protección;[17] (c) que se trate
de un asunto de relevancia constitucional,[18] esto es, que esté de por
medio la vulneración de un interés constitucional; (d) la inexistencia
de mecanismos ordinarios de protección y  que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada (subsidiaridad)[19]; (e) la
providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela; (f) que el accionante haya identificado de manera razonable
los hechos que generaron la vulneración de los derechos vulnerados: es
decir, que el actor narre los hechos que causaron la afectación de los derechos
con la sentencia proferida y de ser posible haya alegado la vulneración en el
proceso judicial; y (g) “Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante de la providencia que impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora”.[20]
O en resumen, explicar por qué la falla en el procedimiento es fundamental para
la decisión que posiblemente violenta los derechos fundamentales de la parte
accionante.
Los
requisitos o causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales se refieren a la configuración de al menos uno
de los siguientes defectos:[21] (i) material o
sustantivo, (ii) fáctico, (iii) procedimental, (iv) decisión sin motivación, (v)
desconocimiento del precedente, (vi) orgánico, (vii) error inducido o (viii) violación
directa de la Constitución.
Como lo ha dicho la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en la sentencia SU – 108 de 2018, la acción de tutela es
excepcional, porque debe proteger la seguridad jurídica y la autonomía de los
jueces.[22]
Por esto, procede en los casos en los que se presente violación a la Constitución
por parte del funcionario judicial y se cumplan los requisitos generales y
específicos de procedibilidad.[23]
Para conceder el amparo se requiere del cumplimiento de todos los requisitos
procedimentales y materiales que se van a analizar a continuación en el caso
concreto.
3.
Análisis de procedencia
De acuerdo con los requisitos mencionados
anteriormente, la Sala procede a determinar la procedencia de la acción en el
caso concreto y así decidir de fondo sobre las pretensiones de la acción de
tutela contra sentencia judicial.
En lo que respecta a (i) la
posibilidad de interponer la presente acción (legitimación por activa) la
Corte[24]
ha sostenido que la acción de tutela está estrechamente vinculada con el
principio de informalidad, por eso “(..) exigir la demostración de la
incapacidad física o mental del titular de los derechos fundamentales que puede
constituir una carga desmedida o
desproporcional”[25],
y en ese caso el juez deberá admitir la acción y fallar de fondo, a fin de
proteger los derechos fundamentales de las personas en situación de vulneración
que necesiten del amparo pero que no pueden acudir a la acción de tutela. Es
aquí que la figura del agente oficioso aparece como expresión del principio de
solidaridad en la sociedad, de forma que permita la protección de las personas
que encuentran desconocidos sus derechos como ciudadanos; cuestión que también
ha sido defendida por esta Corte en fallos recientes[26].
En el caso concreto, la señora Mabel Mesa
Patiño interpone la acción de tutela en su calidad de madre del ahora fallecido
menor Mariano de Jesús: 1) en nombre propio, 2) en representación de sus hijos
menores de edad Miguel Fernando y Juan Manuel Gutiérrez Mesa y; 3) como agente
oficiosa[27]
de su esposo, Miguel Ángel Gutiérrez Pérez que está enfermo y su hija mayor de
edad Morelia Gutiérrez Mesa, que se encuentra en estado de embarazo. La familia
en su conjunto es de bajos recursos y, por sus condiciones económicas, no les
es posible interponer la acción de tutela de manera individual, la Sala
entiende que es  muy oneroso para ellos asumir los costos de acceder a la
justicia para cada uno de ellos y, por tanto, la figura del agente oficioso es
la institución que permite, en esa situación interponer la acción de tutela.
Por consiguiente, esta Sala considera que el requisito de la agencia oficiosa
se encuentra cumplido de acuerdo con las condiciones de informalidad de la
acción y las circunstancias de hecho que limitan el acceso a la justicia a la
familia que no se pueden desconocer. En este sentido se cumple con el requisito
de la legitimación por activa.
A propósito de (ii) la legitimación por pasiva en
este caso, se observa que la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia es objeto de la acción de tutela porque podría
haber incurrido en alguno de los defectos desarrollados por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. Por esta razón, se entiende cumplido este requisito.
(iii) La exigencia de inmediatez se cumplió porque
transcurrió un plazo razonable entre la decisión presuntamente vulneradora y el
momento en que la actora acudió a este especial mecanismo de protección, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la
presentación de la acción de tutela.[28]
La posible vulneración a los derechos
fundamentales ocurrió con el fallo del Tribunal Superior de Antioquia que fue
proferido el (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Desde ese momento hasta
la interposición de la acción de tutela, que ocurrió el ocho (8) de noviembre
de dos mil dieciocho (2018), ha transcurrido un plazo de seis (6) meses para la
solicitud de protección de los derechos. Por lo anterior, para esta Sala no se
evidencia descuido por parte de la actora. [29]
El requisito de (iv) relevancia constitucional se
encuentra satisfecho en atención a que el debate que propone el escrito de
tutela se refiere a los efectos que tiene sobre el derecho al debido proceso y
a la igualdad de armas entre las partes  el proceder de un juez de la
jurisdicción ordinaria, consistente en decretar pruebas de oficio en segunda
instancia y con base en ellas fundar fallos de fondo sometidos a su
consideración. En esa medida, esta Sala concluye que se trata de un asunto
cardinal en la relación entre la aplicación de las normas procesales y la
materialización del derecho constitucional al debido proceso con el pleno de
las garantías.   Adicionalmente,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha amparado a personas que se
encuentran en situación de desventaja frente a una situación de vulneración de
derechos fundamentales que, además, también sufren desventaja frente al acceso
a la justicia, el cual es un derecho fundamental.[30]
El requisito de (v) subsidiaridad
se debe revisar desde dos perspectivas: desde la
existencia de los recursos en la vía ordinaria y el agotamiento de los mismos.
El Código General del Proceso establece que el recurso extraordinario de casación es el idóneo para
controvertir las sentencias que profieran los tribunales superiores de distrito
judicial, como sucede en esta oportunidad. La Sala aclara que el acto objeto de
demanda de la acción de amparo es la sentencia de segunda instancia proferida
en el proceso de responsabilidad civil extracontractual, por lo que los yerros
denunciados y acaecidos en el trámite se imputan a la sentencia, al tener
efecto sobre la misma. Por tanto, el análisis de procedibilidad se efectuará
frente a la decisión definitiva.
Para ampliar a profundidad este aspecto, el artículo 338 señala que la cuantía debe ser superior a
mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV) para la
procedencia de ese recurso extraordinario.[31]
En el caso objeto de análisis, la cuantía de prejuicios morales establecida por
el Juez de Primera Instancia fue de treinta y cinco (35) (SMLMV) para la madre
de Mariano, la señora Mabel de Jesús Mesa Patiño; treinta y cinco (35) (SMLMV) para
el padre de Mariano, el señor Miguel Ángel Gutiérrez Pérez; y la suma de veinte
(20) (SMLMV) vigentes al momento de pago para los hermanos Morelia, Miguel y
Juan Manuel. En este orden de ideas, el monto no es suficiente para interponer
el recurso de casación, por lo tanto no es procedente su interposición. Sin
embargo, el recurso de revisión previsto en el artículo 355 del CGP establece
nueve causales que no se configuraron en el caso concreto y por esa razón este
recurso es improcedente.[32]
Para concluir, después de analizados los recursos establecidos en el Código
General del Proceso, para esta Sala es claro que la acción de tutela es el
único mecanismo judicial para la defensa del derecho fundamental al debido
proceso reclamado, ya que no pone en riesgo el resarcimiento del daño moral
causado por la muerte del niño Mariano.
El siguiente aspecto a analizar es si la (vi) providencia
cuestionada no es una sentencia de tutela. Esta exigencia se cumple de
manera clara en este caso, porque la sentencia judicial que se considera vulneradora
de los derechos fundamentales se produjo en un proceso ordinario por
responsabilidad civil extracontractual en sentencia proferida por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.
En cuanto a (vii) la descripción de los hechos que
vulneraron los derechos fundamentales presentada por la accionante respecto
de la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, la accionante sustentó la
violación a los derechos al debido proceso en lo siguiente:
“Si bien es cierto la copia del
contrato de leasing 90592, en virtud del cual Leasing Bancolombia S.A C.F.C le
entrego a LUIS RODRIGO ZAPATA el vehículo
(sic) de placas TTG689, sí reposa en el expediente, dicha prueba no recaudada
(Sic) en la forma en que el Tribunal la expone; sino que fue allegada por el
apoderado de Leasing Bancolombia dentro de su escrito de sustentación del
recurso de apelación, es decir, dicha prueba no fue allegada en debida forma,
lo que le impedía al Tribunal valorarla.  Situación
que vulneró el derecho de contradicción y al debido proceso”.[33]
Ella identificó los hechos que produjeron la vulneración al debido
proceso y la posible materialización de un defecto procedimental absoluto porque
el Juez incorporó de oficio una prueba que debió ser aportada por una de las
partes en la primera instancia como establece el CGP.
Sobre la (viii) irregularidad procesal,
la posible violación del debido proceso causó efectos adversos en los
demandantes, porque la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín consistió en revocar el fallo de primera instancia que otorgaba la
indemnización por perjuicios morales, como consecuencia del proceso de
responsabilidad civil extracontractual. Y que, además, no pudo ser alegado por
la accionante durante el proceso porque no hubo oportunidad procesal de
hacerlo.
Finalmente,
con
lo dicho hasta ahora se concluye que el presente asunto cumple con los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en general y aquellos
específicos contra providencias judiciales.
4.     Problema
jurídico, método y estructura de la decisión
La Sala Novena de la Corte estudió la
acción de tutela formulada por Mabel de Jesús Mesa Patiño actuando en nombre
propio y en representación de los menores de edad Miguel Fernando y Juan Manuel
Gutiérrez Mesa, como agente oficiosa de su cónyuge, Miguel Ángel Gutiérrez, y
en representación de su hija mayor de edad, Morelia Gutiérrez Mesa; madre,
padre y hermanos respectivamente del menor Mariano de Jesús Gutiérrez quien
falleció el 3 de noviembre de 2010, tras ser atropellado por el vehículo
automotor de servicio público de placas TTG689.
El automotor en el que ocurrieron los
hechos en los que falleció el menor fue adquirido en el contexto de un contrato
de leasing, entre Leasing Bancolombia S.A. C.F.C y el señor Luis Rodrigo Zapata
Pérez. Al momento de los hechos, el vehículo estaba afiliado a la empresa de
transportes Tanques y Camiones S.A. y era conducido por el señor Jaime
Echeverry Jaramillo. Por este motivo, los familiares del menor fallecido formularon
demanda de mayor cuantía por responsabilidad civil extracontractual derivada de
los hechos del 3 de noviembre de 2010 contra Leasing Bancolombia y la
empresa Tanques y Camiones S.A. En sede de primera instancia, el proceso
correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos
(Antioquia), autoridad que vinculó a la entidad financiera y a la empresa de
transporte. En sus contestaciones las demandantes alegaron que el control del
vehículo estaba en cabeza del conductor y del locatario y, en esa medida, eran ellos
los únicos responsables. Sin embargo, ninguna de las partes allegó como prueba
documental el contrato de leasing a través del cual se adquirió el automotor de
placas TTG698.
Una vez agotada la etapa probatoria, en
audiencia pública del 22 de junio de 2016, el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Santa Rosa de Osos (Antioquia) dio por probado que se estaba ante un hecho que
genera responsabilidad extracontractual, por el daño causado a los familiares
de Mariano de Jesús Gutiérrez Mesa, y desestimó las pretensiones contra Tanques
y Camiones S.A. por ausencia de legitimación en la causa por pasiva. Condenó a
Leasing Bancolombia S.A, al pago de perjuicios morales en favor de la madre, el
padre y los hermanos del menor fallecido. En el mismo sentido, ordenó a la
empresa Seguros Generales Suramericana S.A., llamada en garantía, a  reintegrar
en favor de Leasing Bancolombia S.A. las sumas objeto de la condena, una vez se
acreditara su pago.
Inconforme con la decisión, el apoderado
de Leasing Bancolombia S.A. y la entidad aseguradora llamada en garantía apelaron
el fallo y señalaron que la entidad financiera no ostentaba ni la custodia, ni
la guarda material del vehículo. Como consecuencia, el propietario del automotor
se encuentra relevado de responder frente a terceros por los daños que puedan
acaecer por el uso del vehículo. También reprocharon que la demanda no haya
sido dirigida contra el señor Luis Rodrigo Zapata Pérez, quien es la persona
con quien se celebró el contrato de arrendamiento financiero con el fin de
respaldar sus afirmaciones. En sede de apelación solicitaron que se tuviera
como prueba documental el contrato de leasing con base en lo previsto en el
artículo 327 del CGP.
En fallo del 17 de mayo de 2018, la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia revocó la determinación de
primer grado, absolvió a la condenada Leasing Bancolombia S.A. y a la llamada
en garantía.  A partir del decreto y práctica de la prueba de oficio del
contrato de leasing, concluyó que la entidad financiera se había desprendido de
la guarda del vehículo.
El artículo 327 del CGP prevé el decreto
de pruebas a petición de parte, en  segunda instancia, en casos excepcionales y
taxativos que no fueron parte de los hechos del proceso. Por esa razón, el
magistrado director de la audiencia determinó decretar de oficio la prueba
solicitada y aportada por el apoderado apelante mediante escrito.[34]
De acuerdo con los antecedentes,
corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar si la sentencia del 17 de mayo de 2018, proferida por el
Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil-Familia, vulneró el derecho al
debido proceso de la accionante, por incurrir en un defecto procedimental
absoluto por las siguientes situaciones; i) fundar su sentencia y definir la
controversia con base en un medio de prueba que se incorporó supliendo la falta
de actividad probatoria de las demandadas en el proceso civil ordinario quienes
eran las responsables de aportar la prueba de acuerdo al principio de la carga
dinámica de la prueba; y ii) omitir trasladar dicha prueba.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Corte
explicará (i) la causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia por defecto procedimental absoluto; (ii) en un acápite
general, la Sala describirá el marco legal y jurisprudencial relacionado con
los principios que gobiernan el desarrollo del proceso civil; puntualmente, lo
referido a las reglas de decreto y práctica de pruebas de oficio en segunda
instancia, y el respeto al principio de carga dinámica de la prueba.
Finalmente, se resolverá el caso concreto.
4.1.
Defecto procedimental absoluto: marco legal y
jurisprudencial de referencia
La Sala identificó que los argumentos
presentados por la accionante concuerdan con las reglas que ha establecido la
Corte Constitucional para el análisis de la violación al debido proceso en
cuanto al defecto procedimental absoluto.[35] Si bien es
cierto la accionante alegó desconocimiento del precedente y defecto sustantivo,
la Sala encuentra que la situación de hecho se ajusta a los preceptos del
defecto procedimental absoluto que a continuación se va a desarrollar.
Esta causal se fundamenta en los
artículos 29 y 228 de la Constitución. La Corte Constitucional se ha
pronunciado en relación con estos artículos en el sentido de indicar que el
primero: “incorpora el conjunto de garantías conocidas como el debido proceso,
entre las cuales se destaca el principio de legalidad, el derecho de defensa y
contradicción, y la consecuente obligación de “observar las formas propias de
cada juicio”; el segundo, por su parte, consagra el derecho al acceso a la
administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial en las
actuaciones judiciales”[36].
Como regla general, el “defecto
procedimental sólo se presenta cuando se da un desconocimiento absoluto de las
formas del juicio”[37]. La
jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que “el defecto
procedimental absoluto se produce cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento legalmente establecido en el trámite de un asunto
específico porque (i) sigue un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía
el cauce del asunto)[38], o (ii)
pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido[39] afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso”[40].
El Código General del Proceso establece
las reglas generales del procedimiento en temas como recursos, pruebas,
competencia y demás aspectos relacionados que se fundamentan en los principios
del debido proceso y el derecho a la defensa.[41] Adicional a lo anterior,
establece reglas específicas para el trámite de la audiencia de apelación, del
traslado de pruebas y contradicción, así como el decreto de pruebas de oficio. Este recurso ha sido
considerado por la Corte Constitucional como una de las facultades que posee el
juez para llegar a la verdad y decidir sobre las pretensiones de las partes. En resumen, el decreto de
pruebas de oficio es una facultad que posee el juez para encontrar la verdad de
los hechos alegados por las partes, en la que debe justificar su intervención
de manera imparcial y con los elementos de la sana crítica.  Y en caso de que
el juez no proceda conforme con las normas establecidas en cada uno de los
procedimientos, la sentencia incurrirá en un defecto procedimental por violar
el debido proceso de las partes.
4.2
. Principios generales que gobiernan la actividad
probatoria de las partes y el juez
La jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia y de la Corte Constitucional ha reiterado que los procesos ordinarios
de la especialidad civil se encuentran regidos por los principios de
imparcialidad e independencia de la actividad judicial. Por esta razón, las dos
partes acuden a un tercero (el juez) para que resuelva un conflicto social, con
base en lo deliberado en el expediente y a partir del uso de las mismas
herramientas e institutos procesales.[42]
La independencia judicial fue concebida como un instrumento
orientado a asegurar que el proceso decisional de los jueces estuviese libre de
injerencias y presiones de otros actores, como los demás operadores de
justicia, las agencias gubernamentales, el legislador, grupos económicos o
sociales de presión, medios de comunicación y las propias partes involucradas
en la controversia judicial, a efectos de que la motivación y el contenido de
la decisión judicial sea exclusivamente el resultado de la aplicación de la ley
al caso concreto. Entonces, la independencia está orientada a impedir las
interferencias indebidas en la labor de administración de justicia, tanto a
nivel personal, en cabeza del juez encargado de resolver una litis, como
de la autonomía de toda la estructura judicial, la cual debe estar en
condiciones de proferir decisiones judiciales fundadas en la aplicación del
derecho, la neutralidad y la imparcialidad.[43]
De esta manera, un elemento fundamental
de los procesos de carácter civil reside en la imparcialidad de su resolución.
Es decir, los conflictos suscitados entre dos partes deben ser resueltos por un
tercero imparcial que esté en condiciones de actuar de manera ecuánime y sin
preferencias por las partes y que, además, no rija exclusivamente en las normas
procesales y sustanciales. Por ello, el Código General del Proceso estableció
un amplio plexo de instrumentos para que las partes y sus apoderados hagan uso
de sus derechos y facultades. De manera coherente, la legislación procesal
tiene como objetivo que las partes del proceso cuenten con los mismos medios de
defensa de sus derechos en litigio. Por lo anterior, el artículo 4 de la Ley
1564 de 2012 afirma que “el juez deberá hacer uso de los poderes que este
código le otorga para lograr la igualdad real de las partes”. En el artículo 42
del código, se establece como obligación del juez: “hacer efectiva la igualdad
de las partes en el proceso, usando los poderes que éste código le otorga”.  El
equilibrio procesal debe encontrar apoyo en disposiciones legales que permitan
aminorar la brecha existente entre las partes.
A criterio de esta Corte, el principio de
igualdad procesal previsto en la Ley 1564 de 2012 debe ser interpretado a la
luz del principio constitucional de igualdad material entre las partes que
acuden ante los jueces civiles. Por ello, las facultades procesales de la
autoridad judicial están previstas para que las partes se encuentren en
equilibro para defender sus pretensiones. Las facultades del juez deben usarse
para aminorar la diferencia entre los apoderados y las partes, no para agudizar
las asimetrías propias de las sociedades contemporáneas.
Aunado a ello, se ha reconocido que el
proceso civil se organiza de manera sucesiva y preclusiva, con el objetivo de
que, tras una adecuada y profunda deliberación probatoria la misma se dé por
cerrada  y se proceda a adoptar fallo de instancia. Dichas instancias, momentos
y etapas, se agotan sin que en principio sea posible reabrirlos y así las
partes tienen cargas procesales que deben cumplir para impulsar el avance del
proceso. El legislador entiende que aquella persona, que lleva sus pretensiones
y derechos ante los jueces civiles de manera diligente, debe atender el avance
del proceso y cumplir con las cargas que el mismo requiere.
El numeral 6 del artículo 78 señala que
es deber de los litigantes proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.
También indica que deben “realizar las gestiones y diligencias necesarias para
lograr oportunamente la integración del contradictorio”. Y “abstenerse de
solicitarle al juez de la consecución de documentos que directamente o por
medio del ejercicio del derecho de petición hubiera podido conseguir”.
Debe llamarse la atención sobre el
principio de lealtad procesal, el cual  exige que las personas que intervienen
en un proceso actúen de buena fe, en cumplimiento de los deberes y las cargas
que les impone la ley. Ello tiene como objetivo que los litigantes actúen de
manera veraz y leal en relación con las autoridades judiciales y frente a sus
contrapartes. Por lo anterior, el artículo 42, Numeral 3 del CGP, señala que es
deber de los jueces impedir los actos contrarios a la dignidad de la justicia,
la lealtad, probidad y buena fe, y que estos principios serán pauta de conducta
en todas las actuaciones.
En desarrollo de lo anterior, el CGP prescribe
que las partes tienen la carga procesal de acompañar el escrito de demanda o de
contestación de las peticiones de decreto y práctica de los elementos de prueba
que desean hacer valer para fundamentar los derechos sustantivos que reclaman.
Una vez la demanda es admitida, el juez tiene que evitar sentencias
inhibitorias, motivo por el cual debe fijar la litis, sanear los yerros
de apertura del proceso y garantizar que estén adecuadamente vinculadas las
partes con interés en los resultados del caso.
Desde los primeros actos preparatorios de
la demanda, más exactamente a partir de la presentación de la misma ante las
autoridades judiciales, las partes tienen la carga procesal de anticipar todos
los medios de prueba para ser reconocidos durante el juicio. Al asegurar el
rigor en este paso del proceso, se garantiza la publicidad de juicio, se
eliminan prácticas dilatorias, o que sorprendan a la contraparte o impidan un
debate en igualdad de condiciones.
Como se ve, el CGP reforzó las
obligaciones de los litigantes y de las partes, otorgando competencias a los
jueces con el fin de dirigir el avance de las actuaciones judiciales. El artículo
42 recuerda que entre las obligaciones de los jueces está adoptar las medidas
para remediar, sancionar, o denunciar los actos contrarios a la dignidad a la
justicia, lealtad, probidad y buena fue que deben observarse en el proceso, así
como emplear los poderes en materia de pruebas de oficio para verificar los
hechos alegados por las partes.[44]
Como lo ha señalado la jurisprudencia de
esta Corte, el nuevo Código entrega importantes facultades a los jueces civiles
para que se conviertan en constructores de una sociedad más justa, como los son
“el decreto” y “la práctica de pruebas”. Según el artículo 170 de la Ley 1564
de 2012, el juez tiene la competencia para practicas pruebas por fuera incluso
de las solicitadas por las partes, para “establecer los hechos objeto de
controversia”, siempre garantizando que las mismas estén sujetas a
contradicción.  Esto debe concordar con el artículo 327 de la misma
codificación que señala que el juez. En sede de segunda instancia, no pierde su
competencia para decretar pruebas de oficio,  y en todo caso, puede decretar
las pruebas solicitadas por las partes “únicamente en los siguientes casos”: 1.
cuando las partes las pidan de común acuerdo; 2. Cuando decretadas en primera
instancia se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió; 3. cuando
versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos;
4. cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria;
5. si con ellas se persigue desvirtuar los documentos que sustentan el  ordinal
anterior.
El artículo concluye con la siguiente
premisa: “Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez convocará a la
audiencia de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en
la misma audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de las partes y
se dictara sentencia”[45].
Sobre este aspecto en particular la Corte
Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades; ha sostenido que el
decreto de pruebas de oficio por parte del juez se debe hacer “cuando sean
útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las
partes”.[46]  Y también para
aclarar los hechos que durante el proceso no son claros y que sea necesario
esclarecer para que conduzca al esclarecimiento de la verdad.[47]
La Corte Constitucional también ha dicho
que es un verdadero deber legal por parte del juez decretar pruebas de oficio
que contribuyan al esclarecimiento de los hechos que conduzcan a la verdad:
“El decreto
oficioso de pruebas, en materia civil, no es una atribución o facultad
potestativa del Juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el funcionario
deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los hechos
narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer
valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de
la controversia; cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando
existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su
decisión del sendero de la justicia material. Como lo ha expresado la Corte
Suprema de Justicia, la facultad oficiosa del juez deviene en un deber derivado
de su papel como director del proceso y de su compromiso por hallar la verdad
como presupuesto de la justicia, especialmente, si se toma en cuenta que la ley
no impuso límites materiales al decreto de pruebas por parte del juez, como sí
ocurre en el caso de las partes.”[48]
Adicional a lo anterior, la Corte Suprema
de Justicia sostiene que: [49]
“La práctica
de oficio de pruebas, como facultad deber, en consecuencia, no es una potestad
antojadiza o arbitraria, sino un medio para destruir la incertidumbre y
procurar mayor grado de convicción o (...) aumentar el estándar probatorio
(…)”, según se explicó en el precedente antes citado, permitiendo así, no solo
fundamentar con mayor rigor y vigor la decisión, sino evitando el sucedáneo de
las providencias inhibitorias o la prevalencia de la regla de inexcusabilidad
para fallar (non liquet)”.
La misma norma establece que “el juez
‘podrá’, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga de la prueba”
refiriéndose así a la carga dinámica de la prueba como principio[50]. Sin embargo,
esta institución debe interpretarse con base en el artículo 4 del CGP que se
refiere a la igualdad de las partes y que dispone que “el juez ‘debe’ hacer uso
de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad real de las
partes”; así mismo, el numeral 2 del artículo 42 señala: “Son deberes del
juez: … 2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los
poderes que este código le otorga”; y, en ese sentido, se evidencia la
existencia de un deber y no de una facultad.
La facultad que posee el juez para el
decreto de pruebas no puede estar por fuera de las reglas generales
establecidas por el Código General del Proceso,[51] porque
violentaría los derechos al debido proceso[52] y el derecho de
defensa,[53] fundamentales en
todo trámite judicial y especialmente en los asuntos relacionados con las
pruebas, porque las partes pueden sustentar y contradecir sus pretensiones. De
allí se deriva que la contradicción de las pruebas es un derecho fundamental
del debido proceso. En este orden de ideas, esta sala reitera la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre la facultad-deber que posee el juez para
decretar pruebas de oficio conducentes a encontrar la verdad en el proceso de acuerdo
con las reglas de respeto al debido proceso y al derecho de contradicción.
A criterio de esta Sala, el Código
General del Proceso articula de manera razonable dos recursos. Por un lado, un
modelo procesal de carácter dispositivo en el que el avance y resultas de la
actividad dependa de la diligencia y actividad de las partes, así como del
cumplimiento de las cargas procesales que les impone la legislación por acudir
ante los jueces. Y por el otro, facultades procesales poderosas para que el
juez, director del proceso, decrete de oficio la práctica de pruebas en busca
de determinar la verdad de los hechos que provocaron una demanda y garantice la
igualdad de armas entre las partes.[54]
La carga dinámica de la prueba.
Reiteración de jurisprudencia
Estas facultades oficiosas del juez deben
ejercerse de manera armónica con los principios que gobiernan la actividad
judicial, es decir, como herramienta para garantizar la igualdad de las partes,
la lealtad procesal, y sin afectar la imparcialidad e independencia del juez. A
juicio de esta Sala, el decreto de pruebas de oficio en segunda instancia debe
realizarse con el objetivo de buscar la verdad de los hechos objeto de debate,
pero sin incurrir en la ruptura de las cargas procesales de las partes y sin corregir
la actividad probatoria de quien ejerce o resiste la acción. Además, debe
respetarse el equilibrio entre las partes y garantizar que la prueba sea
adecuadamente controvertida. Ello es especialmente relevante cuando se trata de
un medio de conocimiento practicado de oficio en segunda instancia, toda vez,
que, prima facie, no existen medios procesales para atacar ampliamente
dicha sentencia.
Por estas circunstancias, la doctrina y
la jurisprudencia han hecho eco sobre el debate relacionado con los principios
que ilustran la práctica y decreto de pruebas; han señalado que en el proceso
civil contemporáneo debe primar la tesis de la “carga dinámica de la prueba”,
según la cual, la carga de la prueba puede ser alterada, con el objetivo de que
la parte que se encuentra en mejores condiciones de aportar un elemento de
prueba lo haga, incluso si no es parte de su onus probandum.[55]
Según la jurisprudencia de esta Corte, el principio de
distribución de la carga de la prueba o la carga dinámica de la prueba: “(…)
supone reasignar dicha responsabilidad, ya no en función de quien invoca un
hecho sino del sujeto que, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, se
encuentra en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas de
acreditarlo (…)
La configuración de la carga dinámica de
la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los
pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y
buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde
el principio “quien alega debe probar” cede su lugar al principio “quien puede
debe probar”. Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia,
manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un
Estado Social de Derecho. (…)[56].
Sobre este principio del derecho procesal, la Corte Constitucional ha
sostenido  que el artículo 167[57]
del CGP el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al
decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar; también tendrá facultades para probar determinado hecho a la
parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. En resumen,  el juez podrá:
“según las particularidades del caso, para lo cual mencionó solo algunas
hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la
existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa
intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de
una de las partes, “entre otras circunstancias similares”[58].
La sentencia T-733 de 2013 definió el alcance de la carga de la prueba
como una:
“institución que pretende que quien
concurre a un proceso en calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a
refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades
probatorias o mala fortuna de su contraparte.
En otras palabras, ‘las partes en el
proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar.
Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas
de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia
sino la solución del conflicto con la participación de las partes’”[59].
La sentencia SU-768 de 2014 estableció que
el artículo 167 CGP introduce la potestad en beneficio de las partes. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por
estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentra la contraparte,
entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que
será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término
necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a
las reglas de contradicción previstas en este código.[60]
A esta altura, la Sala considera conveniente precisar que el Artículo
167 del CGP prescribe que la parte que solicita la aplicación de una norma
sustantiva sobre la cual funda su pretensión o excepción tiene la obligación de
aportar las pruebas que sustenten esa afirmación. La consecuencia, prima
facie, del incumplimiento de dicha carga se relaciona con la imposibilidad
de que el juez de instancia reconozca el derecho sustantivo alegado. De manera
sencilla se puede indicar que el incumplimiento de la carga probatoria tiene
como consecuencia que la pretensión o excepción será negada de fondo, pues no
está justificada ni demostrada.
Se acabó de indicar que esa es la consecuencia, prima facie,
toda vez que, como ya se ha indicado, en el artículo 170 del Código también se señala
que el juez cuenta con plenas facultades para decretar pruebas de oficio,
siempre que dicha facultad esté dirigida a establecer los hechos que son objeto
de controversia, es decir, a establecer la verdad judicial de lo ocurrido.
Dicha facultad legal prevista en el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, además
de desarrollar principios constitucionales relevantes como el acceso a la
administración de justicia, la consecución de la verdad, y la aspiración que
las sentencias se correspondan con la justicia material, debe ser aplicada siempre
en respeto de principios igualmente importantes como la igualdad real entre las
partes, la lealtad procesal y el principio a la carga dinámica de la prueba.
Entonces, en caso de incumplimiento de la carga probatoria por alguna
de las partes, se traduce en la imposibilidad de reconocer los derechos
alegados en las pretensiones o las excepciones, salvo, que el juez con el fin
de establecer la verdad de lo sucedido decrete las pruebas de oficio. Sin
embargo, en respeto de los principios  de igualdad real entre las partes,
lealtad procesal y el principio de la carga dinámica de la prueba, el decreto
la práctica oficiosa de los medios de convicción deber ser justificada para que
la contraparte pueda pronunciarse sobre las mismas. Además, no debe suplir la
inactividad de las partes, pues generaría una ruptura los mandatos mencionados.
Finalmente, lo que se exige bajo la regla de la carga dinámica de la
prueba es que la parte que se encuentre en una situación más favorable es quien
tiene que probar ese determinado hecho, sea por decisión oficiosa del juez o a
petición de parte.  No obstante, es necesario acreditar la razón por la cual se
considera que cualquier extremo del litigio cuenta con mayor cercanía al medio
material de prueba, ya por tenerlo él mismo, por haber intervenido en los
hechos materia de litigio o por estado de indefensión o incapacidad de la
contraparte.
En esa misma vía, cuando una actuación se
adelanta en respeto a estos y otros principios procesales, la expectativa es
que el resultado, o la sentencia, arroje verdad y haga justicia sobre los
hechos y pretensiones litigados por las partes: por un lado, la independencia y
la autonomía de los jueces, y por el otro, el respeto a los principios que
estructuran la actuación judicial son condición de posibilidad para que las
providencias judiciales se correspondan con la justicia material.
En conclusión, la sentencia SU-768 de
2014 “sostiene que sin importar la codificación o las particularidades de cada
sistema de enjuiciamiento civil, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado
que: (i) como desarrollo del principio de igualdad material previsto en el Artículo
13 superior, los jueces tienen la obligación de garantizar el equilibrio de
armas entre las partes enfrentadas ante un proceso; el uso de las facultades
oficiosas de la prueba no puede implicar corregir la inactividad probatoria de
apoderados negligentes, ni agudizar la asimetría entre las partes; (ii) en el
mismo sentido, deben garantizar el respeto de los principios de independencia y
autonomía y actuar de manera imparcial frente a las partes, impidiendo que se
afecten la ecuanimidad del juez,  siempre teniendo como faro,  que su función
es resolver la disputa; (iii) la parte que alega hechos que fundamentan su
pretensión o excepción debe aportar los medios de prueba que permita llevar al
juez el conocimiento sobre el mismo; (iv) no obstante, el juez tiene la
facultad  de alterar dicha carga, y exigir que una parte allegue el medio de
prueba, a pesar de que no alegó un hecho, solo en los casos en que busque
determinar la verdad de los hechos, y realizar la igualdad material entre las
partes. Finalmente, (v) cuando el juez de segunda instancia decreta de oficio
una prueba, debe tener certeza de que no se afecta la igualdad de armas entre
las partes, conforme a lo previsto en el artículo 13 superior. Es decir, no
incurre en la profundización de una asimetría real, ni a una situación en la
que pierda independencia y autonomía por corregir o subsanar el incumplimiento
de una carga procesal de una de las partes;  y, finalmente, el juez permite que
la contraparte ejerza el derecho de contradicción.”
Al momento de correr el traslado de una
prueba decretada de oficio en segunda instancia, el juez debe ser especialmente
cuidadoso al momento de correr el traslado de esta, pues no basta con que dé el
espacio para que la contraparte controvierta la prueba; sino que debe ser
propositivo y buscar que de manera explícita todas las partes se pronuncien
sobre el decreto y práctica de la prueba.
5.
Caso concreto
La Sala Novena de la Corte Constitucional debe revisar
las sentencias de tutela proferidas en instancia por la señora Mabel de Jesús
Mesa Patiño, madre del niño Mariano de Jesús Gutiérrez Mesa, y también, como
agente oficioso de Miguel Ángel Gutiérrez Pérez, su cónyuge y padre del niño, y
su hija Morelia, mayor de edad, y como representante legal de sus hijos Miguel
Fernando y Juan Manuel, en contra la sentencia de 17 de mayo de 2018, proferida
por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil-Familia. En segunda
instancia, dicha autoridad judicial absolvió a la entidad financiera Leasing
Bancolombia, S.A. y a la empresa de Seguros Generales Suramericana S.A. por la
responsabilidad civil extracontractual en la muerte del menor Mariano de
Jesús.
Conforme a los antecedentes relatados, la Sala Novena
de la Corte debe determinar si la decisión censurada vulneró el derecho al debido proceso de la accionante
por incurrir en un defecto procedimental absoluto por las siguientes
situaciones; i) fundar su sentencia y definir la controversia con base en un
medio de prueba que se incorporó supliendo la falta de actividad probatoria de
las entidades financieras y aseguradora demandadas en el proceso civil
ordinario; y ii) omitir trasladar la prueba decretada de oficio.
Los hechos que originaron el proceso de
responsabilidad civil extra contractual se remontan al 3 de noviembre de 2010,
cuando el vehículo de placas TTG-689 atropelló y causó la muerte al niño
Mariano de Jesús Gutiérrez. Para el momento de los hechos, el automotor era
propiedad de la compañía financiera Leasing Bancolombia S.A., pues había
celebrado contrato de arrendamiento financiero con el señor Roberto Zapata
Pérez.
Ante la muerte del niño de ocho años,
la familia presentó demanda de responsabilidad extracontractual contra la
entidad financiera que aparecía como propietaria del vehículo, esto es Leasing
Bancolombia S.A. compañía financiera y contra la compañía de transporte
intermunicipal Tanques y Camiones S.A en la que se encontraba afiliado el
automotor con el que se produjo la muerte del niño.
Dentro de la demanda, la familia del menor fallecido
allegó los documentos que dan cuenta de los detalles del accidente
automovilístico. Una vez la demanda fue admitida, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Santa Rosa de Osos (Antioquia) admitió la demanda y corrió traslado
a las entidades atacadas. La entidad financiera llamó en garantía a la compañía
de seguros Suramericana S.A. La empresa de transporte Tanques y Camiones S.A.
excepcionó la demanda pues a su juicio carecía de legitimidad por pasiva.
En las contestaciones de la demanda, la compañía
financiera argumentó que si bien era la propietaria del vehículo lo era en
virtud de un contrato de leasing financiero que celebró con el señor Rodrigo
Zapata Pérez, razón por la cual, quien debe responder por los perjuicios
causados con el vehículo es él, quien es el locatario dentro del negocio. No
obstante, en la contestación de la demanda no acompañó copia de dicho contrato,
ni acudió a ningún instituto procesal para exigir la participación del
locatario.[61]
En providencia del 22 de junio de 2016,[62]
el juzgado de primera instancia absolvió a la empresa de transporte Tanques y
Camiones S.A., al verificar que, desde hacía varios meses atrás antes de los
hechos de la muerte del menor, el automotor no se encontraba afiliado a la
compañía de transportes. Además, el viaje en el que perdió la vida el niño
Mariano de Jesús no se realizó dentro de las actividades de la compañía de
transporte. Por el contrario, en relación con Leasing Bancolombia S.A. sí
encontró que se reunían los requisitos para proferir condena por
responsabilidad civil extracontractual, toda vez, que la entidad financiera era
la propietaria del vehículo y no logró mostrar que realmente se había
desprendido de la guarda y cuidado del vehículo. Como consecuencia de lo
anterior, condenó a pagar a las entidades financieras y aseguradoras la cifra
de treinta y cinco salarios mínimos mensuales vigentes por la muerte del menor,
a título de daño moral, para la madre y el padre respectivamente, y para “Morelia,
Miguel Fernando y Juan Manuel Gutiérrez Mesa (hermanos), el valor de 20
salarios mínimos mensuales vigentes al momento del pago”.
Inconforme, el apoderado de la entidad financiera
apeló la decisión al juzgarla errada y reprochó que el juez de primera
instancia ignoró que la compañía financiera no tenía el control y la guarda del
vehículo. Para sustentar su posición solicitó al Tribunal Superior de
Antioquia, con base en el artículo 327 del Código General del Proceso, el
decreto de un medio de prueba que en su criterio mostraba que no controlaba ni
ejercía guarda sobre el automotor. Se trata de la prueba documental del
contrato de leasing financiero 90592 entre la compañía financiera y el señor
Rodrigo Zapata Pérez. Así se señala en el recurso de apelación:[63]
“Sirvase señor juez tener como prueba
documental el contrato de leasing que se aporta al presente memorial, lo
anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 327 del CGP”[64]
Debido a que el Código General del Proceso prescribe
que la prueba en segunda instancia solo podrá ser decretada a petición de parte
en cinco hipótesis excepcionales y ninguna de ellas se presentaba en el caso
concreto, [65]
el magistrado ponente decidió hacer uso de la facultad oficiosa e incorporó el
contrato de leasing financiero celebrado entre Leasing Bancolombia S.A.
compañía financiera y el señor Rodrigo Zapata Pérez. Con base en esta prueba,
fundó la sentencia de 17 de mayo de 2018 para revocar la decisión de primera
instancia, y en esa medida, absolvió a las dos compañías: a la financiera y a
la aseguradora. Al momento de decretar la prueba de oficio en audiencia
pública, el Tribunal dejó a disposición de las partes la posibilidad de
controvertir el contenido del documento. No obstante, la apoderada de la parte
demandada no intervino para cuestionar el contenido del contrato de leasing.
La sentencia de la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior de Antioquia valoró el contrato de leasing No. 90592 y determinó que
lo procedente era declarar la ausencia de responsabilidad de la compañía
demanda, pues así fue pactado entre las partes, y además resulta lógico con la
racionalidad que guarda este tipo de negocios consensuales y atípicos. Así, el
Tribunal del Distrito concluyó que la señora Mabel de Jesús Mesa Patiño y el
resto del núcleo familiar debió demandar al señor Rodrigo Zapata Pérez
locatario del vehículo con el que se produjo la muerte del menor.
Ante este nuevo escenario, la Sala Novena debió
establecer si en segunda instancia el decreto de oficio de la prueba del contrato
de leasing financiero, su introducción en la audiencia y el papel que tuvo en
la decisión que desató el recurso de alzada implicaron una vulneración al
derecho al debido proceso, en la modalidad de defecto procedimental absoluto.
A juicio de la Sala, tal como lo prevé el artículo 167
del Código General del Proceso, al momento de contestar la demanda, la entidad
financiera incurrió en una falta de diligencia relevante para sustentar su
teoría del caso, ya que resultaba fundamental excepcionar que la entidad
financiera Leasing Bancolombia S.A., no tenía la vocación de ser llamada dentro
del proceso como parte demandada. En resumen, la entidad no tenía la guarda y
control del vehículo (excepción de falta de legitimidad por pasiva).[66]
Para ejercer la resistencia de la pretensión, Leasing Bancolombia S.A. tenía el
deber de diligenciar y en primera instancia de solicitar la práctica de las
pruebas necesarias para sustentar dicha excepción. El apoderado de la entidad
financiera no allegó la contestación de la demanda ni la copia del contrato de
leasing celebrado con el locatario.
Como se indicó en la parte motiva de esta decisión, es
obligación de las partes fundamentar sus pretensiones y excepciones a partir de
elementos de prueba que estén en su poder. El artículo 78 numerales 8 y 10, del
Código General del Proceso prescribe como deber de las partes “abstenerse de
solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio
del derecho de petición hubiesen podido conseguir”, así como prestar la
colaboración al juez para realizar la práctica de las pruebas necesarias para
construir la verdad de lo ocurrido.
Para apoyar este deber jurídico, el artículo 167 del
estatuto procesal advierte que las partes deberán probar los supuestos de hecho
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. En otras palabras, tiene
el deber de demostrar los elementos que constituyen su pretensión y su
resistencia.  A criterio de esta Sala, en primera instancia, al momento de
contestar la demanda, era una carga probatoria insoslayable de la entidad
financiera solicitar la incorporación de la copia del contrato de leasing No.
90592. Este documento era una parte esencial de la construcción de su
estrategia de defensa procesal y, en esa medida, resultaba exigible que el
apoderado lo allegara desde el primer momento.
En la contestación de la demanda, Leasing Bancolombia
S.A. sostuvo que, a pesar de ser el propietario, no tenía control del vehículo,
pues la vigilancia de este estaba en cabeza de Rodrigo Zapata Pérez, locatario
del automotor. Salta a la vista que la forma más expedita de llevar al juez el
conocimiento de estos hechos era presentar la copia del contrato al expediente.
La Sala desea ser clara con su conclusión: no se trata
de que la única forma de probar la existencia del contrato de leasing fuera
allegando la copia simple del contrato. Pensar esto sería incorrecto, pues no
existe tarifa probatoria para hechos como el mencionado, de conformidad con el
carácter consensual del referido negocio jurídico. De hecho, el juez de primera
instancia, a partir de pruebas testimoniales y documentales, concluyó que el
contrato de leasing efectivamente existía. Pero de ello no derivó que por su
sola existencia y por la supuesta naturaleza del contrato de leasing, la
compañía financiera carecía de responsabilidad civil por la muerte del niño
Mariano de Jesús Gutiérrez. En realidad, lo que reprocha esta Sala es que la
entidad financiera estaba en la mejor posición para probar el contenido y el articulado
del contrato de Leasing, pero no allegó dicho documento al proceso, sino de
manera sorpresiva lo hizo hasta la segunda instancia, cuando era improcedente. Asimismo,
la Corte verifica que la parte demandada dentro del proceso civil, tuvo la
diligencia de llamar en garantía a la compañía de seguros Suramericana S.A.,
pero omitió solicitar la vinculación en el proceso de la relación procesal con
el locatario del vehículo, parte esencial dentro del negocio jurídico.
Debido a que la sentencia de primera instancia fue
adversa a las excepciones de la entidad financiera, en segunda instancia, el
tribunal decretó de oficio la mencionada prueba documental.  A juicio de la
Corte, esa práctica de prueba de oficio vulneró el derecho al debido proceso de
la accionante e incurrió en un defecto procedimental absoluto., ya que de
manera sorpresiva, y en contravía de los principios de igualdad y lealtad
procesal, rompió la carga dinámica de la prueba y permitió remediar la
inactividad de la parte demandada.
El decreto de la prueba de oficio fue irregular, a
causa de que en el recurso de apelación, el apoderado solicitó el decreto y
práctica de la misma, con base en lo previsto en el artículo 327 del C.G.P.
Pero, en atención a que no concurría ninguna de las causales previstas para
dicho trámite en segunda instancia, optó por hacerlo de oficio. La Corte
insiste en que allegar al proceso civil el contrato de leasing era fundamental
en la estrategia de defensa de la entidad financiera, por ello era parte de su
carga procesal y le era exigible hacerlo en primera instancia. La conclusión
que se impone es que en segunda instancia el Tribunal corrigió la inactividad
de la demandada durante el desarrollo de la primera instancia.
La acción de tutela está dirigida contra una
providencia que pone fin a un proceso civil ordinario en el que se enfrentan
una familia de origen campesino y humilde y dos entidades del sector
financiero, que cuentan con los recursos suficientes para adelantar la defensa
judicial de sus intereses. A juicio de la Corte, el principio de igualdad de
que trata el artículo 4º de la Ley 1564 se refiere a que las facultades del
Juez están dirigidas a materializar el artículo 13 superior. O en otras
palabras, procurar que el proceso judicial sea un espacio donde la construcción
de la verdad judicial inicie de la deliberación horizontal entre los sujetos
procesales y no, por el contrario, que las competencias del juez sirvan para
sorprender a las partes más débiles dentro de las diligencias judiciales.
La Corte ya ha señalado que la forma de estructuración
de los procesos judiciales se refiere a la forma en que se busca y construye la
verdad judicial. A las arcaicas formas inquisitoriales, en las que un juez con
todas las facultades procesales adopta la posición de interrogador frente a las
partes y las trata como objetos que contienen la verdad que descubrirá, se
oponen la formas dispositivas de los procesos, donde las partes, cada una con
un relato de los hechos, acude ante un juez, para que este, como tercero
imparcial, verifique los documentos y pruebas que respaldan la construcción de
la verdad. En este segundo tipo de procesos, la verdad es el resultado de una
deliberación horizontal entre las partes. En conclusión, ante este balance de
los procesos y conforme con los principios dispositivos que ilustran el proceso
previsto en el CGP, la verdad judicial es un proceso de construcción
intersubjetiva entre las partes e intervinientes, mas no el resultado de un
ejercicio autoritario y vertical en el que el juez de manera paternalista
corrige la inactividad de las partes.
Cuando decretó la prueba, el
magistrado director de la audiencia tomó una posición pasiva, toda vez que, en
atención a la sorpresa del decreto de la prueba de oficio, era necesario que el
Tribunal de manera explícita buscara que la parte perjudicada con dicho decreto
de prueba se pronunciara y manifestara su valoración. Esta posibilidad nunca ocurrió,
pues el magistrado se limitó a enunciar la incorporación de la copia del
contrato.
A criterio de esta Sala de Revisión,
el Magistrado ponente estaba en la obligación de argumentar razonadamente el
motivo por el cual, decretaba de oficio en segunda instancia, medio de
convicción que además había sido solicitado en el recurso de apelación por
parte del apoderado de la entidad financiera, pero debido a la imposibilidad
legal de ser decretado a petición de parte, fue introducido por determinación
del juez fallador. Esta argumentación resultaba esencial para otorgarle
razonabilidad y justificación a tal determinación. La Sala recuerda que el
Código General del Proceso estableció amplias facultades procesales para que el
juez concurra en el impulso del proceso, pero dichas herramientas deben ser
usadas siempre de manera razonada y en apego a los principios que gobiernan el
desarrollo de la actividad judicial, es decir, razonabilidad y suficiencia
argumentativa.
La Sala de Revisión toma nota de que el comportamiento
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia frente a la
imposibilidad de decretar a petición de parte la prueba del contrato de
leasing, lo hiciera de oficio, y no buscara que, de manera explícita, la parte
demandante se pronunciara sobre la misma. El Tribunal consideró que el silencio
de la apoderada de la familia del menor fallecido era una aquiescencia con lo
ocurrido.
No se trata de que el juez en sede de segunda
instancia no pueda decretar pruebas de oficio, pues una tesis de ese tipo
atenta contra la literalidad del artículo 170 del CGP. En sentido es que cuando
acuda a esta institución procesal, tenga la precaución de (i)
hacerlo con el adecuado cuidado a los principios de igualdad de las partes, y a
los principios de neutralidad e independencia; y (ii) al
verificar los hechos a través de la prueba de oficio, debe abstenerse de
vulnerar la carga dinámica de la prueba, y en esa medida, suplir inactividad
procesal de las partes que estaban en mejor condiciones de aportar los documentos
necesarios para descubrir la verdad de lo que se discute.
A criterio de la Sala el decretó oficioso de la prueba
en segunda instancia, vulneró el principio a la igualdad de las partes el
principio de carga dinámica de la prueba, pues suplió la inactividad procesal
de una de las partes.
Como
se dijo anteriormente, la carga dinámica de la prueba corresponde a la
actividad de las partes en el proceso, en que la parte que puede probar y tiene
acceso a la prueba así debe hacerlo. Por lo anterior, la presentación del
contrato de arrendamiento financiero y su contenido para desvirtuar el nexo
causal en el proceso de responsabilidad civil extracontractual, este se debió
hacer en el proceso de primera instancia. Sin embargo, fue presentado
extemporáneamente en el escrito de apelación, violentando no solo las formas
del procedimiento civil sino también la lealtad procesal.
Posteriormente
el Magistrado decretó de oficio y no dio traslado a las partes en la audiencia.
Es decir, el decreto de las pruebas de oficio rompió con el principio de la
carga dinámica de la prueba y además violentó el derecho de contradicción
porque no corrió traslado de la misma.
En este sentido, la facultad que posee el
juez para el decreto de pruebas no puede estar por fuera de las reglas
generales establecidas por el CGP[67] porque
violentaría los derechos al debido proceso[68] y el derecho de
defensa[69], fundamentales
en todo el asunto y con especial atención en los asuntos relacionados con las
pruebas, porque es allí donde el juez y las partes pueden sustentar y
contradecir sus puntos de vista. En este orden de ideas, a pesar de que la audiencia se
desarrolló de manera oral, el Juez decretó la prueba de oficio, pero no corrió
traslado a la parte demandante, ni dio oportunidad para tacharla o reprocharla.
En
síntesis, la Sala considera que la Sentencia de 17 de mayo de 2018 proferida
por la Sala Civil-Familia del Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia
incurrió en un defecto procedimental absoluto, toda vez que decretó de oficio
una prueba en sede de segunda instancia bajo las siguientes circunstancias: (i)
fue solicitada a petición de parte en el recurso de apelación, pero debido a la
imposibilidad legal de realizar la introducción, ingresó al expediente por la
liberalidad del juez; (ii) sobre el decreto y práctica de la prueba, el
magistrado director de la audiencia no actúo diligentemente  buscando que la
parte afectada por tal decreto, expresamente se pronunciara, y ejerciera el
derecho de contradicción, pues, por el contrario, se limitó a señalar que el
silencio de la apoderada de la familia del niño era la expresión de su
conformidad; y iii) la actuación mencionada implicó que se supliera la carga
probatoria de quien debía probar en la relación procesal e incumplió su
obligación de demostrar los supuestos facticos y jurídicos de resistencia de la
pretensión, como fueron el clausulado del negoció jurídico de leasing celebrado
entre el locatario y la entidad financiera, el cual era indispensable para
romper el nexo causal con el daño.
En gracia de discusión, la Sala de
Revisión llama la atención sobre el hecho que el contrato de Leasing 90592 no
excluye la posibilidad de que la entidad financiera sea irresponsable por los
daños que se produzcan con el vehículo automotor de placas TTG689, ello en
atención a que, si se examina el capítulo 3 de obligaciones del locatario, se
lee en los literales e), f) y g):
“En el evento en que LEASING BACOLOMBIA sea
condenada judicialmente o decida extrajudicialmente pagar suma alguna de dinero
a terceros que reclamen perjuicios ocurridos por o con ocasión del uso de
el(llos) bienes(es) arrendado(s) cualquiera que esta sea, EL LOCATARIO se
obliga a rembolsarle tales sumas, al igual que los gastos y los honorarios
profesionales que LEASING BANCOLOMBIA hubiere gastado en su defensa. Este
reembolso comprenderá lo pagado por daño emergente, lucro cesante, daño moral,
intereses, depreciación monetaria, costas y similares. El reembolso se hará
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que leasing
Bancolombia notifique a EL LOCATARIO la realización de tales pagos…”[70]
Bajo esa perspectiva hipotética, se observa que el
contrato de leasing no implica la impunidad de la entidad financiera, toda vez
que prescribe que si Leasing Bancolombia resulta condenada judicialmente por
hechos acaecidos con el bien objeto del arriendo, la entidad financiera pagará
dichos montos y los recobrará al locatario. Si corresponde entonces, inclusive
si el contrato de leasing se hubiese introducido al proceso en debida forma
(cosa que no sucedió), no se podía concluir de manera automática que la entidad
bancaria quedaba excluida de la responsabilidad.
La Sala Novena de Revisión de la Corte concluye que la
prueba decretada de oficio por el magistrado ponente del Tribunal Superior del
Distrito (Sala Civil Familia) e incorporada al proceso, en sede de segunda
instancia, vulneró el derecho al debido proceso de la accionante, al incurrir
en un defecto procedimental absoluto, que vulneró el principio de igualdad de
armas, al decretar de oficio una prueba en segunda instancia, remediando la
inactividad procesal de la entidad financiera. Esa situación vulneró el
principio de carga dinámica de la prueba, y sin el adecuado traslado al sujeto
procesal afectado.
En aras de discusión, si se entendiera que la prueba
ingresó al proceso respetando la normativa procesal, no es cierto que el
contrato de leasing excluya la responsabilidad civil de la entidad financiera.
En realidad, el negocio jurídico prevé la posibilidad de que Leasing
Bancolombia sea declarada responsable extracontractualmente por los daños que
pueda causar el locatario a terceros, hipótesis que da lugar al correspondiente
recobro.
En consecuencia, para la Sala Novena de
Revisión la decisión proferida el diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho
(2018) por el Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil- Familia, que revocó la
decisión de primera instancia, incurrió en un defecto procedimental absoluto
porque desconoció los principios de igualdad de armas y la carga dinámica de la
prueba, porque decretó una prueba de oficio que la parte demandada del proceso
ordinario tenía en su poder, actuación que jamás justificó.
Por consiguiente, se dejará sin efectos
la decisión de 17 de mayo de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y ordenará que el término
de treinta (30) días, desde la notificación de esta providencia, emita
sentencia de remplazó en la que, conforme con la parte motiva de esta
providencia, y puntualmente al respeto a los principios de igualdad real entre
las partes, lealtad procesal, y carga dinámica de la prueba, resuelva la
apelación presentada por la entidad financiera Leasing Bancolombia S.A. dentro
del proceso de responsabilidad civil extra contractual originado en la muerte
del niño Mariano de Jesús Gutiérrez Mesa.
6.
Síntesis
La Sala Novena de la Corte estudia la
acción de tutela formulada por Mabel de Jesús Mesa Patiño actuando en nombre
propio, como agente oficiosa de su cónyuge Miguel Ángel Gutiérrez y en
representación de su hija Morelia Gutiérrez Mesa, madre, padre y hermana,
respectivamente del menor Mariano de Jesús Gutiérrez Mesa, quien falleció el 3
de noviembre de 2010, tras ser atropellado por el vehículo automotor de
servicio público de placas TTG689. Este automotor fue adquirido a través de un contrato de
leasing, entre Leasing Bancolombia S.A. C.F.C y Luis Rodrigo Zapata Pérez.
En respuesta a esta eventualidad, los
familiares del niño fallecido formularon demanda de responsabilidad
civil extra contractual derivada de los hechos del 3 de noviembre de 2010,
contra el Leasing Bancolombia, y la empresa Tanques y Camiones S.A. En
sede de primera instancia, el proceso correspondió al Juzgado Promiscuo del
Circuito de Santa Rosa de Osos (Antioquia), autoridad que vinculó a la entidad
financiera y a la empresa de transportes. En sus contestaciones de demanda, las
accionadas alegaron que el control del vehículo estaba en cabeza del conductor
y del locatario, y en esa medida, eran estos los únicos responsable. Sin
embargo, no allegaron medios de pruebas para sostener dicha afirmación. Ninguna
de las partes allegó como prueba documental, el contrato de leasing a través
del cual se adquirió el automotor de placas TTG698.
En audiencia pública de 22 de junio de
2016, y una vez agotado la etapa probatoria, el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Santa Rosa de Osos, Antioquia, dio por probado que se estaba ante un hecho
que genera responsabilidad extra contractual, por el daño causado a los
familiares de Mariano de Jesús Gutiérrez Mesa contra Leasing
Bancolombia S.A. y la condenó al pago de perjuicios morales en favor de la madre, el
padre y los hermanos del menor fallecido. Ordenó a la empresa, Seguros
Generales Suramericana S.A., llamada en garantía, a  reintegrar en favor de
Leasing Bancolombia S.A. las sumas objeto de la condena, una vez se acredite su
pago. Finalmente,
desestimó
las pretensiones contra Tanques y Camiones S.A. por ausencia de legitimación en
la causa por pasiva.
Inconforme con la decisión, el apoderado
de Leasing Bancolombia S.A. y la entidad aseguradora llamada en garantía
apelaron el fallo y señalaron que la entidad financiera no ostentaba ni la
custodia, ni la guarda material del vehículo. Argumentan que por esto el
propietario del automotor está relevado de responder frente a terceros por los
daños que puedan acaecer por el uso del vehículo. Reprocharon que la demanda no
haya sido dirigida contra el señor Luis Rodrigo Zapata Pérez, quien es la
persona con quien se celebró el contrato de arrendamiento financiero. Con el
fin de respaldar sus afirmaciones, en sede de apelación, solicitó que se
tuviera como prueba a petición de parte el contrato de
leasing con base en lo previsto en el artículo 327 del Código General del
Proceso.
En atención a que dicha codificación
prevé el decreto de pruebas a petición de parte en sede de segunda instancia solamente en casos
excepcionales y taxativos, y que los mismos no se daban, el magistrado
director de la audiencia determinó decretar de oficio la prueba solicitada por
el apoderado apelante. [71]
En fallo del 17 de mayo de 2018, la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia revocó la determinación de
primer grado, absolviendo a la condenada Leasing Bancolombia S.A. y a la
llamada en garantía, pues, a partir del decreto y práctica de la prueba de
oficio del contrato de leasing, concluyó que la entidad financiera se había
desprendido de la guarda del vehículo.
De acuerdo con los antecedentes, la Sala Novena determinó que
el problema jurídico consistía en establecer si  la sentencia del
17 de mayo de 2018
proferida por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil-Familia, vulneró el
derecho al debido proceso de la accionante, por incurrir en un defecto
procedimental absoluto por las siguientes situaciones; i) fundar su sentencia y
definir la controversia, con base en un medio de prueba que se incorporó
supliendo la falta de actividad probatoria de las entidades financieras y
aseguradora demandadas en el proceso civil ordinario; y ii) omitir trasladar.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Corte reitera
el precedente constitucional sobre: (i) la causal especifica de procedibilidad
de tutela contra providencia por defecto procedimental absoluto; (ii) el marco legal y
jurisprudencial relacionado con los principios que gobiernan el desarrollo del
proceso civil, puntualmente, lo referido a las reglas de decreto y práctica de
pruebas de oficio en segunda instancia, y el respeto al principio de carga
dinámica de la prueba.
Tras reiterar el precedente constitucional, la Sala
fija las siguientes reglas: (i) como desarrollo del principio de
igualdad material previsto en el artículo 13 Superior, los jueces tienen la
obligación de garantizar el equilibrio de armas entre las partes enfrentadas
ante un proceso; el uso de las facultades oficiosas de la prueba, no pueden
implicar corregir la inactividad probatoria de apoderados negligentes, ni
agudizar la asimetría entre las partes; (ii) en el mismo sentido, deben
garantizar el respeto de los principios de independencia y autonomía y actuar
de manera imparcial frente a las partes, impidiendo que se afecten la
ecuanimidad del juez,  siempre teniendo como faro,  que su función es resolver
la disputa; (iii) la parte que alega hechos que fundamentan su pretensión o
excepción debe aportar los medios de prueba que permita llevar al juez el
conocimiento sobre el mismo; (iv) no obstante, el juez tiene la facultad  de
alterar dicha carga, y exigir que una parte allegue el medio de prueba, a pesar
que no alegó un hecho, solo en los casos en que busque determinar la verdad de
los hechos, y realizar la igualdad material entre las partes.
Finalmente; (v) cuando el juez de segunda
instancia decreta de oficio una prueba, debe tener certeza de que no se afecta
la igualdad de armas entre las partes, conforme a lo previsto en el Artículo 13
Superior. Es decir, que no incurra en la profundización de una asimetría real, o
en una situación en la que pierda independencia y autonomía por corregir o
subsanar el incumplimiento de una carga procesal de una de las partes;  y,
finalmente, el juez permite que la contraparte ejerza el derecho de
contradicción. Corresponde precisar que al momento de correr el traslado de una
prueba decretada de oficio en segunda instancia, el juez debe ser especialmente
cuidadoso al momento de hacerlo, pues no basta con que dé el espacio para que
la contraparte controvierta la prueba, sino que, debe ser propositivo y buscar
que de manera explícita todas las partes se pronuncien sobre el decreto y
práctica de la prueba.
En relación con el caso concreto, la Sala determina que, tal como lo prevé
el artículo 167 del Código General del Proceso al momento de contestar la
demanda, la entidad financiera incurrió en una falta de diligencia relevante,
toda vez que, para sustentar su teoría del caso, resultaba fundamental
excepcionar que Leasing Bancolombia no tenía la vocación de ser llamada dentro
del proceso como parte demandada, en atención a que no tenía la guarda y
control del vehículo (excepción de falta de legitimidad por pasiva). [72]
Para ejercer la resistencia de la pretensión, Leasing
Bancolombia S.A. tenía el deber de diligencia; en sede de primera instancia,
debía solicitar la práctica de las pruebas necesarias para sustentar dicha
excepción. El apoderado de la entidad financiera no allegó con la contestación
de la demanda, es decir con la copia del contrato de leasing celebrado con el
locatario que lo exonera de la responsabilidad.
El Artículo 167 del estatuto procesal advierte que las
partes deberán probar los supuestos de hecho que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen, es otras, palabras tiene el deber de demostrar los
elementos que constituyen su pretensión y su resistencia.  A criterio de esta
Sala era una carga probatoria insoslayable, en cabeza de la entidad financiera,
solicitar en primera instancia, al momento de contestar la demanda, la
incorporación de la copia del contrato de leasing No. 90592. Este documento era
una parte esencial de la construcción de su estrategia de defensa procesal y,
en esa medida, resultaba exigible que el apoderado lo allegara desde el primer
momento.
Debe recordarse que en la contestación de la demanda,
Leasing Bancolombia S.A. sostuvo que, a pesar de ser el propietario, no tenía
control del vehículo, pues la vigilancia del mismo estaba en cabeza de Rodrigo
Zapata Pérez, locatario del automotor. Salta a la vista que la forma más
expedita de llevar al juez el conocimiento de estos hechos, era arrimar la
copia del contrato al expediente.
La Corte Constitucional sostiene que la práctica de la
prueba de oficio vulneró el derecho al debido proceso de la accionante, e
incurrió en un defecto procedimental absoluto, toda vez que de manera
sorpresiva, y en contravía de los principios de igualdad y lealtad procesal,
rompió la carga dinámica de la prueba, y permitió remediar la inactividad de la
parte demandada.
El decreto de la prueba de oficio fue irregular, pues
en el recurso de apelación, el apoderado solicitó el decreto y práctica de la
misma, con base en lo previsto en el artículo 327 del C.G.P. Pero, en atención
a que no concurría ninguna de las causales previstas para dicho trámite en
segunda instancia, optó por hacerlo de oficio. La Corte insiste en que, allegar
al proceso civil, el contrato de leasing era fundamental en la estrategia de
defensa de la entidad financiera, por ello era parte de su carga procesal, y le
era exigible hacerlo en primera instancia, con lo cual, la conclusión que se
impone es que en segunda instancia, el Tribunal corrigió la inactividad de la
demandada durante el desarrollo de la primera instancia.
No puede escapar de la vista, que la acción de tutela
está dirigida contra una providencia que pone fin a un proceso civil ordinario
en que se enfrentan, por un lado, una familia de origen campesino y humilde y
por el otro, dos entidades del sector financiero, que cuentan con los recursos
suficientes para adelantar la defensa judicial diligente de sus intereses. A
juicio de la Corte, el principio de igualdad de parte de que trata el artículo
4º de la Ley 1564 se refiere a que las facultades del Juez están dirigidas a
materializar el artículo 13 Superior, esto es, que el proceso judicial sea un
espacio en que disminuyan las asimetrías sociales, y en el que la construcción
de la verdad judicial inicie de la deliberación horizontal entre los sujetos
procesales y no, por el contrario, que la competencias del juez sirvan para
sorprender a las partes más débiles dentro de las diligencia judiciales.
Lo Corte ya ha señalado que uno de los cambios
fundamentales en la forma de estructuración de los procesos judiciales se
refiere a la estructura en la que se busca y construye la verdad judicial. A
las antiguas instituciones inquisitoriales, en las que un juez con todas las
facultades procesales adopta la posición de interrogador frente a las partes, y
las trata como objetos que contienen la verdad que descubrirá, se oponen la
formas dispositivas de los procesos, en las que las partes, cada una con un
relato de los hechos, acude ante un juez, para que este, como tercero
imparcial, verifique los documentos y pruebas que respaldan la construcción de
la verdad. En este segundo tipo de procesos, la verdad es el resultado de una
deliberación horizontal entre las partes. En conclusión, conforme con los
principios dispositivos que ilustran el proceso previsto en el Código General
del Proceso, acompañado de un amplio repertorio de facultades probatorias del
juez, la verdad judicial es un proceso de construcción intersubjetiva entre las
partes e intervinientes, y no el resultado de un ejercicio autoritario y
vertical en el que el juez de manera paternalista corrige la inactividad de las
partes.
Aunado a ello, cuando decretó la
prueba, el magistrado director de la audiencia tomó una posición pasiva, y se
limitó a dejar en disposición de las partes el documento. Ello no bastaba, toda
vez que, en atención a la sorpresa del decreto de la prueba de oficio, era
necesario que el Tribunal de manera explícita buscara que la parte perjudicada
con dicho decreto de prueba se pronunciara y manifestara su valoración del
mismo, situación que no ocurrió, pues el magistrado se limitó a enunciar la
incorporación de la copia del contrato.
A criterio de esta Sala de Revisión,
el Magistrado ponente estaba en la obligación de argumentar razonadamente el
motivo por el cual, decretaba de oficio en segunda insta ncia, medio de
convicción que además había sido solicitado en el recurso de apelación por
parte del apoderado de la entidad financiera, pero debido a la imposibilidad
legal de ser decretado a petición de parte, fue introducido por determinación
del juez fallador. Esta argumentación resultaba esencial para otorgarle
razonabilidad y justificación a tal determinación. La Sala recuerda que el
Código General del Proceso estableció amplias facultades procesales para que el
juez concurra en el impulso del proceso, pero dichas herramientas deben ser usadas
siempre de manera razonada y en apego a los principios que gobiernan el
desarrollo de la actividad judicial, es decir, razonabilidad y suficiencia
argumentativa.
En
síntesis, la Sala considera que la Sentencia de 17 de mayo de 2018 proferida
por la Sala Civil-Familia del Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia
incurrió en un defecto procedimental absoluto, toda vez que decretó de oficio
una prueba en sede de segunda instancia, bajo las siguientes circunstancias:
(i) fue solicitada a petición de parte en el recurso de apelación, pero debido
a la imposibilidad legal de realizar la introducción, ingresó al expediente por
la liberalidad del juez; (ii) sobre el decreto y práctica de la prueba, el
magistrado director de la audiencia no actúo diligentemente,  buscando que la
parte afecta por tal decreto, expresamente se pronunciara, y ejerciera el
derecho de contradicción, pues, por el contrario, se limitó a señalar que el
silencio de la apoderada de la familia del menor, era la expresión de su
conformidad; y (iii) la actuación mencionada implicó que se supliera la carga
probatoria de una parte en la relación procesal, quién incumplió su obligación
de demostrar los supuestos facticos y jurídicos de resistencia de la
pretensión, como fueron el clausulado del negocio jurídico de Leasing celebrado
entre el locatario y la entidad financiera, el cual era indispensable para
romper el nexo causal con el daño.  Ese escenario en que se quebró la igualdad.
En consecuencia, para la Sala Novena de
Revisión la decisión proferida el diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho
(2018) por el Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil- Familia, que revocó la
decisión de primera instancia, incurrió en un defecto procedimental absoluto
porque desconoció los principios de igualdad de armas y la carga dinámica de la
prueba, porque decretó una prueba de oficio que la parte demandada del proceso
ordinario tenía en su poder, actuación que jamás justificó.
Por consiguiente, la Sala Novena tutelará el
derecho al debido proceso de la accionante, pues la providencia atacada
incurrió en un defecto procedimental absoluto, y por consiguiente, dejará sin
efectos la decisión de 17 de mayo de 2018, proferida por la Sala Civil Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. En el mismo sentido, ordenará que en el término de 30
días, desde la notificación de esta providencia, emita sentencia de remplazó en
la que, conforme con la parte motiva de esta providencia, y puntualmente al
respeto a los principios de igualdad real entre las partes, lealtad procesal, y
carga dinámica de la prueba, resuelva la apelación presentada por la entidad
financiera Leasing Bancolombia S.A. dentro del proceso de responsabilidad civil
extra contractual originado en la muerte del niño Mariano de Jesús Gutiérrez
Mesa.
IV. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR
el
fallo de segunda instancia proferido el seis (6) de marzo de dos mil diecinueve
(2019), por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que
confirmó la sentencia del diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019)
de la Sala de Casación Civil de esa misma Corporación, y que NEGÓ el amparo
solicitado por Mabel de Jesús Mesa Patiño, en nombre propio y como agente
oficiosa de su cónyuge, Miguel Ángel Gutiérrez Pérez y su hija mayor de edad
Morelia Gutiérrez Mesa, y como representante de sus hijos menores de edad
Miguel Fernando Gutiérrez Mesa y Juan Manuel Gutiérrez Mesa, contra la
Sentencia de 17 de mayo de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior de Antioquia. En su lugar, AMPARAR el
derecho fundamental al debido proceso de la accionante, toda vez que la
providencia atacada incurrió en un defecto procedimental absoluto.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la
sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia Sala Civil- Familia del
diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018) con radicado 2013-00262, y
en su lugar ORDENAR a dicha autoridad judicial que en el término de
treinta (30) días a partir de la notificación de esta providencia, profiera un
fallo de reemplazo con base en las consideraciones de esta providencia.
TERCERO.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
Notifíquese, Cúmplase y Archívese.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con aclaración
de voto
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA
T-615/19
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Se configuró por cuanto no se garantizó
el derecho de contradicción de las partes respecto de la prueba (Aclaración de
voto)
El defecto
procedimental absoluto se configuró por cuanto no se garantizó el derecho de
contradicción de las partes respecto de la prueba del contrato
de leasing financiero, que fue decretada de oficio en segunda
instancia. En efecto, de los elementos probatorios allegados al proceso no se
evidencia que la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de
Antioquia hubiese dado la oportunidad a las partes de pronunciarse en relación
con esta prueba en la audiencia de sustentación y fallo
Referencia: expediente T-7.312.697
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RIOS
Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de esta
Corte, suscribo esta aclaración de voto con la providencia de la referencia. En
mi opinión, el defecto procedimental en el asunto sub examine se
configuró por cuanto no se garantizó el derecho de contradicción de las partes
respecto de la prueba del contrato de leasing financiero, que fue
decretada de oficio en segunda instancia. En efecto, de los elementos
probatorios allegados al proceso no se evidencia que la Sala de Decisión
Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia hubiese dado la oportunidad a
las partes de pronunciarse en relación con esta prueba en la audiencia de
sustentación y fallo. En tales términos, la Sala Novena de Revisión debió
indicar expresamente que el amparo concedido tiene por finalidad que se surta
el trámite de traslado de la prueba, a fin de que las partes puedan ejercer su
derecho de contradicción.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Folio 69, cuaderno 1.
[2] Minuto
20:57 de la Audiencia Pública de Instrucción y Juzgamiento. Salón de audiencias,
Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos, 22 de junio de 2016.
[3] Folio 8 del Cuaderno principal de tutela.
[4] Folio 10 del Cuaderno Principal de la Corte.
[5] Folio 11 del Cuaderno Principal de la Corte.
[6] (Minuto 4:18, Minuto 6:18)
[7] (Minuto 16:49, Minuto 22:11, Minuto
26:25)
[8] Minuto
35:00
[9] Minuto (1:09:29)
[10] Minuto
(1:10:12) Cuaderno. 2,  folio 429.
[11] Folio
449
[12] Folio
464
[13] “(…) es una diferencia de
criterio acerca de la valoración efectuada de la existencia del contrato de leasing
y como este se tuvo por probado en segunda instancia, incluso dejando de lado
el documento allegado en segunda instancia por la convocada”. Considera la Sala que la “decisión
controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia que
se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera que el
reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional”.
[14] Folio 7 del expediente
[15] Ibídem
[16] Sentencia C-590 de 2005.
[17] "Teniendo
en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la existencia
de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un término prudencial y
adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. " Sentencia
SU-961 de 1999 y "(…) las acciones de tutela deben cumplir con un plazo
inmediato, es decir, que deben presentarse dentro de un término proporcional
desde el momento en que se presentó la vulneración del derecho para evitar que
se afecten los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada (...)" C- 590
de 2005. “(…) El principio de inmediatez se debe estudiar y analizar a partir
de tres reglas. En primer lugar, se debe tener en cuenta que la inmediatez es
un principio que busca proteger la seguridad jurídica y garantizar la
protección de los derechos fundamentales de terceros, que puedan verse
afectados por la interposición de la acción de tutela dentro de un tiempo que
no es razonable. En segundo lugar, el análisis de la inmediatez debe hacerse a
partir del concepto de razonabilidad, teniendo en cuenta las particularidades
de cada caso concreto. En tercer lugar, es evidente que el concepto de “plazo
razonable” se predica de la naturaleza misma de la acción de tutela, en tanto
ésta constituye una respuesta urgente e inmediata ante una vulneración o
amenaza a los derechos fundamentales.” Sentencia SU – 108 de 2018
[18]“(…) protección
ius-fundamental, únicamente procede ante la afectación o vulneración de
un derecho de esta categoría, de forma que cualquier conflicto que implique una
controversia por el desconocimiento o errónea aplicación de una norma de rango
reglamentario o legal, escapa a su competencia.” Sentencia T-472 de 2018.
[19] Ver Sentencias:
T- 328 de 2004, T-158 de 2006 y T-488 de 2015.
[20] Sentencia
C-590 de 2005.
[21] “a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.” C-590 de 2005.
Reiterado en Sentencias T-690 de 2014, T-915 de 2014 y
T-330 de 2015, entre otras. Reiterado en Sentencias T-690 de 2014, T-915 de
2014 y T-330 de 2015, entre otras.
[22] Sentencia SU 168 de 2017.
[23] Sentencia
C-590 de 2005.
[24] T-1223 de 2005, T-288
de 1997, T- 034 de 1994, C-483/08
[25] T-398 de 2019
[26] La sentencia T-398 de 2019 sostiene que las
[27]La jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha señalado que los requisitos que permiten
acreditar la agencia oficiosa son: (i) que la persona que actúa en nombre de
otra manifieste que está obrando en esa calidad; (ii) que el agenciado se
encuentre en imposibilidad física o mental de asumir su propia defensa, lo cual
puede ser acreditado de forma tácita o expresa; y finalmente (iii) que se
identifique a la persona por quien se intercede.
[28] Sentencias:
T-246 de 2015, SU-189 de 2012, T-164 de 2011, T-109 de 2009, T-1178 de 2004, SU
961 de 1999, C-543 de 1992, entre otras.
[29] SU – 961 de 1999
[30] Sentencias T-043 de 1993, T-506 de 1992 y T-425 de 1992
[31] “ARTÍCULO
338. Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean
esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la
resolución desfavorable al recurrente sea superior a unos mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuantía del interés
para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones
populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil.
Cuando respecto de un recurrente se
cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se concederá la casación interpuesta
oportunamente por otro litigante, aunque el valor del interés de este fuere
insuficiente. En dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, los
dos recursos se considerarán autónomos.”
[32]“ARTÍCULO
355. Son causales de revisión: 1. Haberse encontrado después de
pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida
en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria; 2. Haberse declarado falsos por
la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la
sentencia recurrida; 3. Haberse basado la sentencia en declaraciones de
personas que fueron condenadas por falso testimonio debido a ellas; 4. Haberse
fundado la sentencia en dictamen de perito condenado penalmente por ilícitos
cometidos en la producción de dicha prueba. 5. Haberse dictado sentencia penal
que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia
recurrida; 6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes
en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de
investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente; 7.
Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta
de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad;
8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no
era susceptible de recurso; 9.Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el
segundo proceso por habérsele designado curador ad lítem y haber ignorado la
existencia de dicho proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando en
el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”
[33] Folios
7 y 8
[34] Cuad. 1, folio 165-175
[35]En la sentencia T-534 de 2015 la Corte Constitucional ha sostenido
que es el juez constitucional que de acuerdo con los hechos de la demanda puede
configurar los defectos de las providencias judiciales. También en las
sentencias T-808 de 2007, T-821 de 2010  y T-513 de 2011.
[36] Sentencia T-264/09.
[37] Ibídem
[38] Sentencia
T-996 de 2003.
[39] T-996 de 2003 y SU-159 de 2002. “(se
pretermiten etapas) señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las
garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por
ejemplo, (i) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la
posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que
sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar
las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii) se les
comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el
mismo y (iii) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez,
que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas”. (Tomado de la SU-159 de
2002 y de la T.264 de 2009).
[40] Sentencia
T-264/09
[41] Sentencia C-086 de 2016.
[42] T-074 de 2018, T-264 de 2009.
[43] Cfr. C-258 de 2016.
[44] “(…) adoptar
las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento
o precaverlos, integrar el Litis consorcio necesario e interpretar la
demanda de manera que permita decidir de fondo el asunto. (…)”
[45] Artículo 327 Código General
del Proceso (Ley 1564 de 2012).
[46] Sentencia C-086 de 2016.
[47] “El
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) dispone que el juez debe hacer
uso de los poderes que le otorga “para lograr la igualdad real de las partes”.
Asimismo, prescribe que será el funcionario, por regla general, el encargado de
“adelantar los procesos por sí mismo” Sentencia SU-768 de 2014
[48]  Sentencia
T-264-09
[49] SC1899-2019 Radicación n.°
11001-02-03-000-2015-00637-00 (Aprobado en sesión de veinte de febrero de dos
mil diecinueve)
[50] Código General del Proceso
[51] “Artículo
173. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de
los términos y oportunidades señalados para ello en este código.
En
la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las
partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los
documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de
ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de
petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la
petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.
Las
pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los
informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que
lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión,
previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y
contradicción”
[52]“Artículo 29.  El debido proceso
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
[53] Sentencia C-496 de 2015.
[54] Cfr. T-074 de 2018.
[55] “Frente
a esta doble exigencia, puede advertirse que el primer requisito es susceptible
de ser acreditado fácilmente mediante testimonios, documentos u otros medios de
prueba, pero en el segundo hecho, esto es el ánimo discriminatorio de quien
realiza la conducta, se vuelve de muy difícil probar pues el hecho no puede
observarse directamente sino construirse. La Corte Constitucional consideró que
someter al actor a la carga de probar estos dos elementos pena de sucumbir en
la sentencia, podría constituir fuente de injusticia al considerar la
dificultad para probar el ánimo discriminatorio con el que actuaba la parte accionada.
En tales casos, se invierte la carga de la prueba para que en adelante, sea la
accionada quien deba acreditar la razonabilidad y proporcionalidad del trato
diferente, con lo que, implícitamente, el actor queda relevado de probar el
elemento subjetivo, esto es la intencionalidad discriminatoria.” Cfr. T-442 de
1992
[56] “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas
importa un desplazamiento del onus probandi según fueren las circunstancias del
caso, recayendo en cabeza de quien está en mejores condiciones técnicas,
profesionales o fácticas de producir las pruebas, más allá del emplazamiento
como actor o demandado en el proceso o de que se trate de hechos constitutivos,
modificativos, impeditivos o extintivos, y puede desplazarse del actor al
demandado y viceversa, según corresponda (…)”. Ivanna María Airasca, “Reflexiones sobre la doctrina
de las cargas probatorias dinámicas”. En: “Cargas probatorias dinámicas”
(AAVV). Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni, 2004, p.135-136. Citada en la
Sentencia C-086 de 2018.
[57]“Artículo 167. Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el
juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar
las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de
fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos
controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud
de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de
indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre
otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será
susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario
para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas
de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones
indefinidas no requieren prueba.”
[58] C-086
de 2018
[59] T-733 de 2013
[60] La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares.
[61] Folio 110 del Cuaderno principal de la Corte.
[62] Folio 134 del Cuaderno principal de la Corte.
[63] Folio 156 del Cuaderno principal de la Corte.
[64] Folio 169 del Cuaderno principal de la Corte.
[65] “1. Cuando las
partes las pidan de común acuerdo.// 2. Cuando decretadas en primera instancia,
se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. // 3. Cuando
versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o
desvirtuarlos.// 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en
la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte
contraria.// 5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata
el ordinal anterior.
[66] Artículo 167: “Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.// No obstante, según las particularidades
del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado
hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar
las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará
en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material
probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la
cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
[67] “Artículo
173. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de
los términos y oportunidades señalados para ello en este código.
En la providencia que resuelva sobre las solicitudes
de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente
sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado.
El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o
por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las
solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá
acreditarse sumariamente.
Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo
por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades
públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en
cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para
su práctica y contradicción”
[68]“Artículo 29.  El debido proceso se aplicará a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado
sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
[69] Sentencia C-496 de 2015.
[70] Folio 159 del Cuaderno Principal de la Corte.
[71] Artículo 327 del Código General del
Proceso: ““1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo.// 2.
Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la
parte que las pidió.// 3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de
transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero
solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.// 4. Cuando se trate de documentos
que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso
fortuito, o por obra de la parte contraria.// 5. Si con ellas se persigue
desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior.”
[72] Artículo 167: “Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.// No obstante, según las particularidades
del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado
hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar
las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará
en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material
probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la
cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.