T-696-10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-696/10
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO ORGANICO-Caso en que se
vulnera el debido proceso por ocupación de bienes de dominio privado para
ejecución de trabajos públicos por parte de entidades estatales
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO DE
PROPIEDAD PRIVADA-Normativa aplicable en caso de ocupación permanente de
predios de propiedad privada para el desarrollo de trabajos públicos
La protección constitucional del derecho a la propiedad
indica que sólo por motivos de utilidad pública o de interés social se autoriza
al Estado para acudir a la figura de la expropiación, para la cual debe mediar
sentencia judicial e indemnización previa, aspectos que presuponen que tal
decisión debe ser producto de un procedimiento establecido por la ley en el
cual se garantice el derecho fundamental al debido proceso del titular del
derecho de dominio una vez se ha declarado fallida la enajenación voluntaria o
negociación directa con base en una oferta justa por parte de la entidad
pública, lo cual se encuentra en consonancia con el numeral 21.2
del Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esos
términos, nada justifica la ocupación de bienes de propiedad privada por parte
del Estado mediante vías de hecho, pues precisamente corresponde a las
autoridades públicas para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo
2º Superior, obrar bajo la sujeción del principio de legalidad, en virtud del
cual la actividad de todas las personas y entidades, incluido el Estado y sus
autoridades, están sometidos al ordenamiento jurídico positivo, de suerte que
la vulneración de este principio acarrea responsabilidad de diversa naturaleza.
DEBIDO
PROCESO-Vulneración por defecto orgánico en procesos reivindicatorios
Al acceder a la Jurisdicción
Civil por vía de la acción reivindicatoria en los años 2005, 2006 y 2007, para
lograr el reconocimiento del precio de los bienes ocupados de hecho por Caminos
Vecinales –hoy en liquidación- para el trazado de vías en el Departamento de
Sucre, se configuró, sin lugar a dudas, un defecto orgánico en cada uno de los
treinta y siete procesos reivindicatorios que se censuran por vía de tutela.
Comprueba la Sala que mediante esta estrategia se trató de burlar el término de
caducidad de dos años previsto por el ordenamiento legal para efectos de
activar la acción de reparación directa como vía de indemnización por parte del
Estado, aspecto que se encuentra reprochable más aun cuando ni las partes
demandantes ni los jueces efectuaron esfuerzo alguno por determinar con
exactitud la fecha en que se produjo la alegada ocupación en aras de eludir
además, cualquier prescripción de la acción civil en caso de ser procedente. Se
comprueba de esta forma la vulneración al derecho fundamental al debido
proceso, por vía del cual el Estado fue condenado a unos pagos a los cuales no
estaba obligado y, que en todo caso correspondían a valores exorbitantes.
DEBIDO
PROCESO-Desconocimiento por desbordamiento de la actuación judicial
enmarcada dentro de una competencia funcional y temporal que se configuró en
defecto orgánico
La
actuación judicial está enmarcada dentro de una competencia funcional y
temporal, determinada, constitucional y legalmente, que de ser desbordada
conlleva la configuración de un defecto orgánico, y por ende, el
desconocimiento del derecho al debido proceso. Razón que autoriza a la Sala a
dejar sin efectos las sentencias proferidas en primera y segunda instancia en
cada uno de los treinta y siete procesos identificados en el numeral 3.8 de
esta providencia, sin perjuicio del defecto fáctico que se hace evidente en
cada uno de ellos, al no probarse la fecha en que se produjo la ocupación de
predios privados que dio lugar a las citadas acciones reivindicatorias.
Referencia: expediente T-2641602
Acción de
tutela instaurada por el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- contra el Tribunal
Superior de Sincelejo y otros.
Magistrado
Ponente
Dr. JUAN
CARLOS HENAO PEREZ
Bogotá D.C., seis (6) de septiembre
de dos mil diez (2010)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Jorge Iván Palacio Palacio y Juan Carlos Henao Pérez, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos
33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del
fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, el 17 de febrero de 2010, dentro de la acción instaurada por el
Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, a través de apoderado, contra el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Civil-Familia-Laboral, Juzgado
Promiscuo del Circuito de San Marcos, Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre,
Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Corozal y Juzgado Promiscuo del
Circuito de Sincé.
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos.
1.1
Por virtud de 37 sentencias proferidas en desarrollo de procesos
reivindicatorios agrarios tramitados por la Jurisdicción Civil, el Instituto
Nacional de Vías –INVIAS-, ha sido condenado a pagar la suma de $30.633.789.329,63,
a título de indemnización, por la ocupación de predios de propiedad privada que
hiciera el Fondo Nacional de Caminos Vecinales para la construcción o
habilitación de vías de la red nacional. Lo anterior, sin contar con 262
procesos reivindicatorios adicionales en curso cuyas pretensiones son del orden
de $270.818.780.466.oo. Teniendo en cuenta que INVIAS presentó sobre el mismo
punto cinco (5) acciones de tutela que a su vez hacían referencia a los treinta
y siete procesos ordinarios mencionados, solicitó la acumulación de las mismas,
en consideración a que se trata de un idéntico problema jurídico. Así, mediante
Auto de 2 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia resolvió
favorablemente la petición, quedando acumuladas todas ellas en el presente
radicado.
1.2
En general, las demandas reivindicatorias agrarias se fundan en que la
entidad pública Caminos Vecinales -en liquidación-, ocupó irregularmente franjas
de terreno de propiedad privada con destino a la construcción de carreteras hoy
día en cabeza de INVIAS, sin que operara un proceso de expropiación previo. Por
tal razón, los propietarios de dichos bienes solicitaron su restitución por la
vía civil ordinaria a través de la acción reivindicatoria agraria en
conformidad con el artículo 946 del Código Civil y el Decreto 2303 de 1989 -por
el cual se crea y organiza la jurisdicción agraria-, así como en la
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relativa a la procedencia de la
reivindicación ficta.
1.3
Es así como en consideración a la imposibilidad de restituir la posesión
material de los bienes ocupados por encontrarse afectados al uso público, la Jurisdicción
Civil, con fundamento en la figura de la reivindicación ficta señalada en el
artículo 955 del Código Civil, ordenó en los 37 procesos el reconocimiento del
valor del predio y, en algunos casos, el de los perjuicios causados por la
intervención efectuada por vías de hecho.
1.4
Mediante el Decreto No.2056 de octubre de 2003, el Gobierno Nacional ordenó
que todas las carreteras del país, incluidas las que se hallaban en poder de
Caminos Vecinales pasaran a la Dirección de INVIAS.
1.5
INVIAS al contestar cada una de las demandas incoadas: i. formuló
incidente de nulidad por falta de jurisdicción y competencia de la Jurisdicción
Civil, al señalar que a partir de la expedición del Decreto 01 de 1984, la
competencia para reparar la ocupación permanente de bienes de propiedad privada
para el desarrollo de trabajos públicos era de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa; ii. indicó que existía falta de legitimación por pasiva
en razón a que quien ocupó tales predios fue Caminos Vecinales -en liquidación-,
además de que no ejercía posesión sobre los predios reclamados y, iii. reiteró
que la naturaleza pública de la entidad demandada y la afectación al uso
público del bien objeto de controversia impedían su restitución, además de la
esencia indemnizatoria de las pretensiones que no dejaban duda sobre la citada
falta de Jurisdicción. Todos estos argumentos fueron presentados como
excepciones previas dentro de los respectivos procesos, las cuales fueron despachadas
desfavorablemente en primera y segunda instancia.
1.6
Por lo expuesto, INVIAS sostiene que se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso, en razón a que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto orgánico por la falta absoluta de jurisdicción y
competencia para resolver la citada controversia, así como en un defecto
fáctico al considerar a dicha entidad como poseedora material de los predios
objeto de reivindicación, cuando la posesión la ostenta la comunidad en tanto
bienes afectados al uso público.
1.7
Las acciones que fueron acumuladas mediante el Auto de 2 de febrero de 2010
por la Corte Suprema de Justicia, son las siguientes :
a)    No. 11001-02-03-000-2010-00019-00 contra el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Sincelejo; se atacan los procesos 2006-00129, 2006-00144
y 2006-00145.
El a quo
en audiencia que regula el artículo 45 del Decreto 2303 de 1989, declaró procedente
las excepciones previas de falta de jurisdicción y falta de competencia,
determinaciones que apeladas fueron revocadas por el superior mediante los
autos de 12 de marzo (2006-00129 y 2006-00145) y 26 de abril de 2007
(2006-00144 ) bajo el argumento de que a los procesos adelantados se aplicaban
las normas relativas a la reivindicación por lo que la jurisdicción ordinaria
era la competente. (folio 4 expediente T-00019-00). Luego de adelantado este
trámite el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo mediante
providencias de 26 de junio de 2008 y 26 de enero de 2009 accedió a las
pretensiones de las demandas y ordenó pagar la reivindicación ficta por las
sumas de $2.376.500.000, $966.000.000 y $966.000.000, respectivamente.
Únicamente se
formuló recurso de apelación contra el fallo producido en el proceso
2006-00129, resuelto por el Tribunal de Sincelejo el 15 de diciembre de 2008,
por el cual se confirmó la condena. En este caso, “…se agotó la segunda
instancia y por tanto no existe otro medio de defensa judicial idóneo”.
Señala el actor que no se intentó recurso de apelación respecto de los procesos
2006-00144 y 2006-00145, pues carecía de sentido recurrir en consideración a
que al decidir el auto que resolvió la excepciones previas ya el Tribunal
Superior había fijado su posición jurídica (folio 7, expediente T-00019-00).
Frente a estos
últimos, se interpuso incidente de nulidad por no haberse surtido el grado de
consulta, en los términos del artículo 386 del Código de Procedimiento Civil, “[…]
toda vez que esta entidad mantiene la convicción de que, dada la naturaleza
de la entidad y del litigio, es imperativo que se surta el grado de consulta,
por lo cual considera que la no haberse surtido ni ordenado que se surtiera, se
genera una nulidad procesal a partir del fallo de primera instancia” (folio
7 expediente T-00019-00), el cual no prosperó por razones ajenas a INVIAS.
b)      No. 11001-02-03-000-2010-00016-00 contra el Juzgado
Promiscuo del Circuito de San Marcos; procesos 2007-00084, 2007-00134 y
2007-00179.
El a quo
en audiencia que regula el artículo 45 del Decreto 2303 de 1989 celebradas el
27 de agosto, 29 de enero y 4 de junio de 2008, respectivamente, declaró no
probadas las excepciones previas de falta de jurisdicción y falta de
competencia, decisiones que por vía de apelación fueron confirmadas por el
Tribunal Superior de Sincelejo mediante autos de 2 de marzo de 2009 y 27 de
junio de 2008.
Mediante
sentencias de 1º de abril y 11 de mayo de 2009, el a quo accedió a las
pretensiones de los demandantes y condenó a pagar a título de reivindicación
ficta, las sumas de $7.575.609.000, $218.625.600 y $1.180.326.000,
respectivamente. Fallos que no fueron apelados por INVIAS.
Señala INVIAS
que no apeló las sentencias porque “[…] se presentaron unos factores ajenos
a la voluntad de INVIAS, que incidieron directamente en la falta de agotamiento
de los recursos de apelación, lo cual, en todo caso, no puede ser imputable a
la entidad accionante ni puede ser óbice para la procedencia de esta acción de
amparo constitucional, toda vez que no se trató de una acción consiente y
volitiva ni de una negligencia o incuria manifiesta de INVIAS.
En los
procesos cuestionados en la presente demanda de tutela, el aspecto referente a
la falta de jurisdicción y competencia fue decidido tanto en primera como en
segunda instancia de manera negativa. En efecto, tal como se expresó en el
acápite de hechos, en cuanto a la decisión de resolver negativamente la
excepción de falta de competencia, se surtió la doble instancia…En tal sentido,
no tenía objeto recurrir el fallo en relación con la decisión adoptada respecto
de la falta de jurisdicción y competencia, por cuanto, en primer lugar, ya
había sido decidido de manera previa tanto en primera como en segunda instancia
al resolverse la excepción previa respectiva; y, en segundo lugar, por cuanto
el Tribunal Superior de Sincelejo, ya había fijado previamente su posición al
respecto mediante providencia que se encontraba en firme…”.(folio 7
expediente T-ooo16-00)
c)     No. 11001-02-03-000-2010-00020-00 contra el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sucre; procesos 2005-00185, 2005-00186, 2005-00187,
2005-00288, 2005-00290, 2006-00030, 2006-00044, 2006-00045, 2006-00046,
2006-00049, 2006-00051, 2006-00094, 2006-00147, 2006-00173, 2006-00217,
2006-00246.
El a quo en audiencia que regula el artículo 45 del
Decreto 2303 de 1989 declaró no probadas las excepciones previas de falta de
jurisdicción y falta de competencia. Once de estas determinaciones fueron
apeladas dentro del incidente de nulidad y confirmadas por el Tribunal Superior
de Sincelejo mediante autos de 27 de noviembre de 2006; 6, 7 y 14 de febrero,
23 de mayo y 30 de noviembre de 2007, respectivamente. No se propuso recurso de
apelación a estos autos en los procesos 2005-00185, 2005-00186, 2005-00187,
2006-00049 y 2006-00246.
Mediante sentencias de 1º de septiembre de 2008, 12 y 15 de agosto
de 2008; 13 y 14 de diciembre de 2008; 28 de julio y 13 de agosto de 2008, 5 de
marzo de 2009 y 1 y 2 de septiembre de 2008, se condenó a pagar a la entidad actora
compensación pecuniaria a título de reivindicación ficta. Sólo fueron apeladas
las sentencias de primera instancia en los procesos 2005-00288 y 2005-00290,
recursos que fueron resueltos de manera negativa por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Sincelejo mediante providencias de 22 de
octubre y 31 de julio de 2008, respectivamente.
Frente a los procesos 2005-00185, 2006-00173 y 2006-00217,
INVIAS formuló recursos de apelación que el juzgado rechazó por extemporáneo.
Al respecto, señaló que el término de ejecutoria de las sentencias respectivas
coincidió con el paro judicial (folio 8 del expediente T-00020-00), razón por
la cual procedió a formular acción de tutela al considerar vulnerado su derecho
al debido proceso. Dicha tutela fue fallada en forma negativa el 2 de febrero
de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo y
confirmada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 20
de marzo de 2009.
Respecto de los procesos 2005-00185 y 2006-00173, INVIAS
formuló incidente de nulidad, por considerar que no se había surtido el grado
de consulta que resultaba necesario en atención a la naturaleza de entidad
demandada. (folios 6 y 9 expediente T-00020-00).
d)
No. 11001-02-03-000-2010-00021-00 contra el Juzgado Primero
Promiscuo del Circuito de Corozal; proceso 2005-00201.
El a quo
en audiencia que regula el artículo 45 del decreto 2303 de 1989 declaró no
probadas las excepciones previas de falta de jurisdicción y falta de
competencia, determinación que apelada fue confirmada mediante auto de 12 de junio
de 2007 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo. El Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Corozal mediante providencia de 28 de enero
de 2008 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó pagar a título de
reivindicación ficta la suma de $2.196.000.000, fallo que no fue objeto de
alzada, pues de acuerdo con el actor no tenía sentido recurrir pues al decidir
el auto que resolvió la excepciones previas ya el Tribunal había fijado su
posición jurídica frente a la falta de competencia.
d)
No. 11001-02-03-000-2010-00022-00 contra el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Sincé; 2005-00327, 2005-00328, 2005-00431, 2005-00034, 2005-00046,
2006-00137, 2006-00138, 2006-00139, 2006-00180, 2006-00182, 2006-00294,
2007-00128, 2007-00231 y 2007-00280.
El a quo en audiencia que regula el artículo 45 del
Decreto 2303 de 1989, declaró no probadas las excepciones previas de falta de
jurisdicción y falta de competencia. De estas determinaciones doce fueron
apeladas y confirmadas por el Tribunal Superior de Sincelejo mediante autos de
28 de febrero y 6 de marzo de 2007; 26 y 27 de junio y 17 y 20 de octubre de
2008. No se propuso recurso en los procesos 2006-00180 y 2006-00182.
Mediante sentencias de 30 de julio y 19 de diciembre de 2008;
5 de octubre de 2007; 17, 30, 30 y 15 de julio, 1º de diciembre , 11, 11, 30 y
30 de julio de 2008 y 19 y 19 de diciembre de 2008, se condenó a pagar a la
entidad a título de reivindicación ficta, las sumas de $668.200.000,
$856.960.000, $41.880.000, $33.290.000, $531.440.000, $44.820.000, $53.728.000,
$121.920.000, $15.276.000, $95.108.000, $175.925.000, $448.010.100,
$132.367.600 y $1.834.830.000, respectivamente.
Se apeló la sentencia de primera instancia en el proceso 2005-00431,
recurso que fue resuelto de manera negativa por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Sincelejo mediante providencias de 24 de
julio de 2008.
También fueron apeladas las sentencias en los procesos 2005-00327,
2006-00034, 2006-00046, 2006-00137, 2006-00138, 2006-00180, 2006-00182,
2006-00294, 2007-00128. No obstante, mediante auto de octubre de 2008, recurso
que fueron declarados desiertos por falta de pago del porte de envío de los
expedientes dentro del plazo señalado en el artículo 132 del Código de Procedimiento
Civil; circunstancia que INVIAS mediante recursos de reposición justificó en
que para tal fecha se llevó a cabo un paro judicial; contra estas decisiones se
interpusieron los correspondientes recursos de reposición los cuales fueron resueltos
de manera negativa a INVIAS el 13 de noviembre de 2008. Frente a estas
decisiones INVIAS presentó acción de tutela, la cual también fue resuelta de
manera negativa mediante sentencias de 30 de enero y 2 de febrero de 2009 del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, confirmadas por la Sala
de Casación Civil el 29 de abril y el 9 de junio del mismo año.
Finalmente, respecto de los procesos 2005-00328; 2005-0327;
2005-00431; 2006-00034; 2006-00046; 2006-00137; 2006-00138; 2006-00180;
2006-00182; 200600294;2070-0128, 2007-00231 y 2007-00280, en el mes de marzo de
2009 se formuló incidente de nulidad en cada uno de los procesos por no haberse
surtido el grado de consulta, resueltos de manera negativa el 5 de mayo de 2009
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé.
1.8 Adicionalmente, el actor
señala que promovió acciones populares en relación con los expedientes
T-00020-00 y T-00022-00, tendientes a proteger el patrimonio público, el cual
considera violentado por cuenta de las demandas civiles presentadas y las
decisiones allí adoptadas.
2.    Intervención de las entidades demandadas.
2.1   Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo Sucre
Sala Civil –Familia Laboral.
El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sincelejo Sucre Sala Civil –Familia Laboral, señaló que en el caso
en estudio no se estructura vulneración o menoscabo a los derechos
fundamentales del tutelante. Lo anterior, por cuanto las diferentes
providencias proferidas por los integrantes de esta Sala, dentro de los tres
procesos ordinarios reivindicatorios agrarios referidos por INVIAS en esta
acción de tutela y, que se tildan de constituir una vía de hecho por defecto
orgánico, se sustentan en los artículos 955 del Código Civil, 12 del Código de
Procedimiento Civil, y 86 de Código Contencioso Administrativo y, en el
contenido de las demandas, específicamente en las pretensiones invocadas en
cada una de ellas.
Precisamente, la interpretación
sistemática y armónica de las disposiciones antes reseñadas, permitieron
concluir que ante la puntual petición de restitución de áreas de terreno ocupadas
por INVIAS, a la Jurisdicción Ordinaria Civil sí le corresponde asumir el
conocimiento de dichos procesos, pues en manera alguna el petitum de las
demandas era el resarcimiento de perjuicios por parte de la Administración,
caso en el cual la competencia sería de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Este entendimiento se refuerza en
la jurisprudencia de la Jurisdicción Ordinaria Civil, de acuerdo con sentencias
como las proferidas por la Corte Suprema de Justicia de 12 de agosto de 1997 y
2 de agosto de 2004, entre otras, en las cuales se precisa que en casos como el
que se estudia, el conocimiento ha de sustraerse a la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, pues lo que realmente se controvierte es el derecho de dominio respecto
de un bien.
2.2
Intervención del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo.
El señor Juez Tercero Civil del
Circuito de Sincelejo señala que en los términos de la jurisprudencia de la
Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la justicia ordinaria es
la competente para conocer de este tipo de acciones, como es la reivindicatoria
ficta o por equivalencia, por destinarse en forma permanente un bien a un
servicio de utilidad social o de interés general, en atención a la
imposibilidad de la restitución del bien reivindicado a su propietario, para el
efecto cita la Sentencia del 25 de octubre del 2004, Sala de Casación Civil,
Expediente 5627.
Adicionalmente, el Juez considera
que la acción de tutela es extemporánea al encontrarse ejecutoriados y
archivados los procesos en los términos de la sentencia SU-961 de 1º de
diciembre de 1999, teniendo en cuenta que la acción de tutela contra
providencias judiciales debe interponerse en un plazo razonable. Adicionalmente,
señala que contra dichos procesos no procede el grado jurisdiccional de
consulta, al no configurarse los supuestos del artículo 386 del C de P.C. al no
ser parte la Nación, ello por cuanto INVIAS es un instituto descentralizado que
goza de autonomía propia y presupuestal. Además, sólo se consultan las
sentencias que no fueron objeto de apelación y en el caso concreto las
sentencias correspondientes a los procesos 2006-00129-00, 2006-00144-00 y
2006-000145-00 fueron apeladas.
2.3  Camilo Doria Espinosa gerente liquidador de Nelson Martelo y
Cia S en C.
El apoderado de la sociedad en
comandita Nelson Martelo y Cía S. en C., solicita denegar la tutela propuesta,
en tanto INVIAS tuvo la oportunidad de defenderse en todas las instancias
procesales, sin que hubiese hecho uso del recurso extraordinario de casación,
en cuya instancia hubiese podido hacer valer su inconformidad contra los jueces
de conocimiento. Con ello se incumple con el requisito de subsidiariedad, de
manera que mal podría el accionante pretender conseguir que por vía de tutela
se revoque una decisión que no fue sometida a casación con el fin del que el
juez natural revisara la competencia. De otra parte, la sentencia acusada fue
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo el 26 de junio
de 2008, la cual una vez apelada fue decidida por el Tribunal del Distrito
Judicial de Sincelejo el 15 de diciembre de 2008, por lo cual se incumple en
este caso con el requisito de inmediatez, al transcurrir más de un año para la
interposición de la acción de tutela.
2.4    Yolanda María Gil de
Vivero.
La señora Yolanda María Gil de
Vivero, a través de apoderado señala que se opone a las peticiones formuladas
en la presente tutela a propósito del proceso reivindicatorio adelantado por
ella, en razón a que éste se ajustó a todas las prescripciones legales. A su
juicio, la acción de tutela no procede contra acciones judiciales en firme, ya
que esta no fue concebida para sustituir o rescatar los medios ordinarios de
defensa que no fueron utilizados por descuido o negligencia. INVIAS presentó
las excepciones de falta de jurisdicción y competencia y, estás fueron
declaradas no probadas dentro del proceso.
Recuerda la señora Gil que el
Tribunal Superior de Santa Marta en un caso similar señaló que cuando el
propietario afectado solicita solamente la indemnización de perjuicios la
jurisdicción competente es la Contenciosa Administrativa, pero cuando se
proponen acciones reivindicatorias o posesorias es a la Jurisdicción Ordinaria
a quien debe asignarse el caso, aún en el evento en que la restitución material
sea imposible y ella se reemplace por la compensación pecuniaria. Se funda este
pronunciamiento en la sentencia T-105 de 2000, según la cual se precisa que “…cuando
se reclama una indemnización por ocupación permanente de terrenos de propiedad
privada con una obra pública, como sucede en el presente caso, no es la Jurisdicción
Ordinaria la competente sino la Contencioso Administrativa, pero que cuando con
ocasión de uno de sus trabajos se pide la reivindicación o cualquier otra
acción de derecho civil sustantivo, la competencia se fija en nuestra
legislación ordinaria.”.
2.5   Sandiego Pérez de Sánchez, José de Jesús Cervera Espitia,
Santiago Salvador Álvarez Marrugo, Reinaldo Galviz Villamizar, Francisco
Monterroza Figueroa, Ana Gregoria Martínez Barrios y Miguel Segundo Meléndez
Ocampo.
A través de apoderada los señores
Pérez de Sánchez, Cervera Espitia, Álvarez Marrugo, Galviz Villamizar,
Monterroza Figueroa, Martínez Barrios y Meléndez Ocampo, solicitan a través de
apoderada se confirmen las sentencias correspondientes a sus procesos
reivindicatorios, en razón a que las sentencias se encuentran en firme y
debidamente ejecutoriadas, por lo cual han hecho transito a cosa juzgada, de
manera que la acción de tutela instaurada por INVIAS resulta extemporánea en la
medida en que ha transcurrido más de un año desde su ejecutoria hasta la fecha
de presentación de la acción de amparo con lo cual se lesiona el principio de
inmediatez. Adicionalmente, señalan que la actora de manera negligente, no
interpuso oportunamente recurso de apelación contra las sentencias
correspondientes o dejó de sustentarlo, cerrando con ello la posibilidad de
invocar el recurso extraordinario de casación con lo cual se vulnera la regla
constitucional de la subsidiariedad. Finalmente, señalan que se desconoce con
la demanda de tutela el precedente judicial vertical o principio de doctrina
probable de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, respecto de
la competencia ordinaria en juicios reivindicatorios.
3.     Pruebas relevantes obrantes en el expediente.
Obran en el expediente las
pruebas que se relacionan a continuación:
3.1  Copia informal de los pronunciamientos proferidos por las
autoridades judiciales civiles en casos similares a este en que han declarado
que la competencia para decidir radica en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, así :
·
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté - Córdoba, en la
audiencia de conciliación de que trata el artículo 45 del Decreto 2302.
Procesos 03-01-00022-08 y 03-01-00024-08.
·
Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla. Proceso
2001-00195-00 al resolver incidente de nulidad.
·
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala
Civil, al resolver apelación interpuesta dentro del proceso reivindicatorio
agrario promovido por Leda de Lourdes Collante contra INVIAS.
·
Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá. Proceso
2007-00181.
·
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, al resolver apelación
contra providencia proferida por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de
Bogotá. Proceso 2007-00181.
·
Tribunal Superior de Montería, Sala Civil, al resolver apelación
presentada contra la decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté,
dentro del proceso reivindicatorio agrario promovido por Marlen Hernández Caballero
contra INVIAS.
3.2
Copia informal del oficio 01074 del 03 de diciembre de 2009,
mediante el cual el Procurador General de la Nación expone su posición frente a
las sentencias proferidas contra INVIAS con ocasión de acciones
reivindicatorias agrarias, según el cual:
“…Retomando la normatividad actual, el artículo 82 del
Código Contencioso Administrativo prescribe que la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo s la encargada de juzgar las controversias y
litigios originados en la actividad de las entidades públicas, categoría en la
que se encuentra la entidad demandada y condenada (INVIAS), por haber sido
organizada como un establecimiento público del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio
de Transporte, según el decreto 2171 de 1992. De otro lado el artículo 83 del
Decreto 01 de 1984 señala que el control ejercido por la jurisdicción
especializada cobija, entre otros, los denominados hechos administrativos que
comprenden la ocupación de terrenos con ocasión de trabajo u obras públicas, lo
que refuerza la tesis que es ésta la jurisdicción encargada de juzgar este tipo
de controversias y no otra, como lo ha sostenido el Consejo de Estado en
múltiples pronunciamientos en la materia.
Sobre la aplicación del decreto 2303 de 1989, norma
utilizada por los juzgados ya señalados para avocar conocimiento de las
controversias a las que me he referido en el presente documento, resulta
pertinente indicar que es cierto que la jurisdicción agraria conoce de los
conflictos que se deriven de la propiedad posesión y mera tenencia de predios
agrarios, pero el parágrafo del artículo 1º ibídem exceptúo de lo allí
previsto, precisamente, los asuntos que conforme a las disposiciones vigentes
correspondieran a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como
acontece con la ocupación de terrenos utilizados para la construcción o
habilitación de vías pertenecientes a la red terciaria nacional, que han dado
origen a las condenas y a los procesos judiciales en contra de INVIAS, en tanto
que esta clase de controversias, se reitera habían sido encargadas a la
jurisdicción especializada por mandato de los artículos 82, 83 y 86 del Decreto
01 de 1984, algo más de 6 años antes de la entrada en vigencia del Decreto 2303
de 1989, por lo que este argumento no se acomoda a la normatividad agraria…”
3.3  Expediente de tutela instaurado por INVIAS contra el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo – Sala Civil No.11001-02-03-000-2010-00019-00. Procesos: 2006-00129
con sentencia de primera instancia de 26 de junio de 2008 y de segunda
instancia de 15 de diciembre de 2008; 2006-00144 con sentencia de primera
instancia de 26 de enero de 2009; 2006-00145 con sentencia de primera instancia
de 26 de enero de 2009. Copia de los expedientes respectivos.
3.4  Expediente de tutela instaurado por INVIAS contra el Juzgado
Promiscuo del Circuito de San Marcos – Sucre y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Sincelejo – Sala Civil No.11001-02-03-000-2010-00016-00.
Procesos : 2007-00179 con sentencia de 11 de mayo de 2009; 2007-00134 sentencia
de 11 de mayo de 2009; 2007-00084 sentencia de 1º de abril de 2009. Copia de
los expedientes respectivos.
3.5  Expediente de tutela instaurado por INVIAS contra el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sincé No.11001-02-03-000-2010-00022-00. Procesos :
2005-00431 con sentencias de primera instancia de 5 de octubre de 2007 y
segunda instancia de 24 de junio de 2008; 2007-00231 sentencia de primera
instancia 19 de diciembre de 2008; 2005-00328 sentencia de primera instancia de
19 de diciembre de 2008, 2007-00280 con sentencia de primera instancia 19 de
diciembre de 2008; 2006-00139 con sentencia de primera instancia de 1º de
diciembre de 2008; 2006-00137 con sentencia de primera instancia de 30 de julio
de 2008; 2006-00034 con sentencia de primera instancia de 17 de julio de 2008;
2006-00182 con sentencia de primera instancia de 11 de julio de 2008;
2006-00046 con sentencia de primera instancia de 30 de julio de 2008; 2005-0327
con sentencia de primera instancia de 30 de julio de 2008; 2006-00294 con
sentencia de primera instancia de 30 de julio de 2008; 2007-00128 con sentencia
de primera instancia de 30 de julio de 2008; 2006-00180 con sentencia de
primera instancia de 11 de julio de 2008; 2006-00138 con sentencia de primera
instancia de 15 de julio de 2008. Copia de los expedientes respectivos.
3.6  Expediente de tutela instaurado por INVIAS contra el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sucre y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo
– Sala Civil No.11001-02-03-000-2010-00020-00. Procesos: 2006-00051-00 con
sentencias de primera instancia de 13 de agosto de 2008; 2005-00187-00 con
sentencia de primera instancia de 15 de agosto de 2008; 2005-00186-00 sentencia
de primera instancia de 12 de agosto de 2008; 2006-00147-00 con sentencia de
primera instancia de 4 de marzo de 2009; 2006-00094-00 con sentencia de primera
instancia de 5 de marzo de 2009; 2006-00030-00 con sentencia de primera
instancia de 28 de julio de 2008; 2006-00046-00 con sentencia de primera
instancia de 13 de agosto de 2008; 2006-00045-00 con sentencia de primera
instancia de 11 de agosto de 2008; 2006-00044-00 con sentencia de primera
instancia de 14 de agosto de 2008; 2006-0017300-00 con sentencia de primera instancia
de 2 de septiembre de 2008; 2005-00290-00 con sentencia de primera instancia de
31 de julio de 2008; 2005-00288-00 con sentencia de primera instancia de 13 de
diciembre de 2007 y sentencia de segunda instancia de 22 de octubre de 2008;
2005-00185-00 con sentencia de primera instancia de 1º de septiembre de 2008;
2006-00246-00 con sentencia de primera instancia de 19 de mayo de 2009;
2006-00049-00 con sentencia de primera instancia de 28 de julio de 2008;
2006-00217-00-00 con sentencia de primera instancia de 2 de septiembre de 2008.
Copia de los expedientes respectivos.
3.7  Expediente de tutela instaurado por INVIAS contra el Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Corozal. Proceso : 2005-00201 con sentencia
de primera instancia de 28 de enero de 2008. Copia del expediente respectivo.
3.8
Relación de los procesos reivindicatorios que son objeto de los
expedientes de tutela acumulados, de los cuales se extracta la siguiente
información:
Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Sincelejo y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo –
Sala Civil.
1.
Radicación                                       :        2006-00129
Demandante                                              :        Nelson
Martelo & Cía S. en C. en
Sentencia Primera Instancia             :        26
de junio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :        15
de diciembre de 2008
Valor de la Condena                        :        $2.376.500.000
Predio                                              :        El
Delirio – Sincelejo
Fecha ocupación                              :        Según
demanda 1988.
Fecha de la demanda                        :        18
de julio de 2006.
2.
Radicación                                       :        2006-00144
Demandante                                              :        Carmen
Elena Tamara García
Sentencia Primera Instancia             :        26
de enero de 2009
Sentencia de Segunda Instancia                 :        ----
Valor de la Condena                        :        $966.000.000
Predio                                              :        La
Loma – Santiago de Tolú
Fecha de la ocupación                      :        Fecha
iniciación de obras según
demanda 1982 y de terminación
marzo de 1990.
Fecha de la demanda                        :        8
de agosto de 2006.
3.
Radicación                                       :        2006-00145
Demandante                                              :        Luís
Adolfo Tamara García
Sentencia Primera Instancia             :        26
de enero de 2009
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $966.000.000
Predio                                              :        Santa
Isabel de Pechilin –
Santiago de Tolú – Sucre
Fecha ocupación                              :        No
se establece.
Fecha de la demanda                        :        8
de agosto de 2006.
Juzgado Promiscuo del Circuito
de Corozal – Sucre.
4.
Radicación                                       :        2005-00201
Demandante                                              :        Yolanda
María Gil de Vivero
Sentencia Primera Instancia             :        28
de enero de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $2.196.000.000
Predio                                              :        La
Montañita –San Juan de
Betulia - Sucre
Juzgado Promiscuo del Circuito
de Sucre – Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo.
5.
Radicación                                       :        2006-00051-00
Demandante                                              :        Francisco
de Paula Ricardo
Hoyos
Sentencia Primera Instancia             :        13
de agosto de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $187.784.000
Predio                                              :        Santa
Elena – Los Galápagos
Municipio de Majagual
Fecha de ocupación                         :        Según
demanda 1999 fecha de
obras.
Fecha de la demanda                        :        7
de marzo de 2006.
6.
Radicación                                       :        2005-00187-00
Demandante                                              :        Miguel
Segundo Meléndez
Campos
Sentencia Primera Instancia             :        15
de agosto de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $396.000.000
Predio                                              :        Patillal
– Municipio de Majagual
Fecha ocupación                              :        1992
según demanda.
Fecha de la demanda                        :        14
de julio de 2005.
7.
Radicación                                       :        2005-00186-00
Demandante                                              :        Reinaldo
de Jesús Galviz
Sentencia Primera Instancia             :        12
de agosto de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $441.000.000
Predio                                              :        Santa
Anita – Municipio de
Majagual.
Fecha de la ocupación                      :        1994
según demanda.
Fecha de la demanda                        :        14
de julio de 2005.
8.
Radicación                                       :        2006-00147-00
Demandante                                              :        José
de Jesús Cervera Espitia
Sentencia Primera Instancia             :        4
de marzo de 2009
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $468.000.000
Predio                                              :        Los
Mangos – Municipio de
Majagual
Fecha de la ocupación                      :        1988.
Obras 2001 a 2006 según
demanda.
Fecha de la demanda                        :        24
de abril de 2006.
9.
Radicación                                       :        2006-00094-00
Demandante                                              :        Santiago
Salvador Álvarez
Sentencia Primera Instancia             :        5
de marzo de 2009
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $688.500.000
Predio                                              :        El
Coliseo – Municipio de
Majagual.
Fecha de la ocupación                      :        1986
según demanda.
Fecha de la demanda                        :        23
de mayo de 2006.
10.
Radicación                                       :        2006-00030-00
Demandante                                              :        Juvenal
Enrique García
Sentencia Primera Instancia             :        28
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $71.281.600
Predio                                              :        La
Primavera – Municipio de
Majagual.
Fecha de ocupación                         :        1996
según demanda.
Fecha de la demanda                        :        6
de junio de 2006.
11.
Radicación                                       :        2006-00046-00
Demandante                                              :        Cristo
Manuel Zambrano
Sentencia Primera Instancia             :        13
de agosto de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
31.416.000
Predio                                              :        El
Proyecto – Municipio de
Majagual
Fecha de la ocupación                      :        1999
según demanda.
Fecha de la demanda                        :        17
de febrero de 2006.
12.
Radicación                                       :        2006-00045-00
Demandante                                              :        Rosa
Felicidad Ortega
Sentencia Primera Instancia             :        11
de agosto de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $26.275.200
Predio                                              :        Villa
Rosa – Municipio de
Majagual.
Fecha ocupación                              :        1988
según demanda.
Fecha de la demanda                        :        31
de julio de 2006.
13.
Radicación                                       :        2006-00044-00
Demandante                                              :        Luís
Carlos García Requena
Sentencia Primera Instancia             :        14
de agosto de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $65.120.000
Predio                                              :        Montevideo
– Municipio de
Majagual.
Fecha de la ocupación                      :        fecha
obras 1996. La carretera se
construyó en 1970.
Fecha de la demanda                        :        13
de febrero de 2006.
14.
Radicación                                       :        2006-0017300-00
Demandante                                              :        Manuel
Santander Cárdenas
Sentencia Primera Instancia             :        2
de septiembre de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
445.480.000
Predio                                              :        Tolemaida
– Municipio de
Majagual.
Fecha de la ocupación                     :        1988
según demanda.
Fecha de la demanda                        :        8
de mayo de 2006.
15.
Radicación                                       :        2005-00290-00
Demandante                                              :        Francisco
Manuel Monterroza
Figueroa.
Sentencia Primera Instancia             :        14
de diciembre de 2007
Sentencia de Segunda Instancia                 :        31
de julio de 2008
Valor de la Condena                        :        $
340.377.000
Predio                                              :        Dios
te libre – Municipio de
San Benito Abad.
Fecha de la ocupación                      :        1970
según IVIAS.
Fecha de la demanda                        :        20
de octubre de 2005.
16.
Radicación                                       :        2005-00288-00
Demandante                                              :        Ana
Gregoria Martínez
Sentencia Primera Instancia             :        13
de diciembre de 2007
Sentencia de Segunda Instancia                 :        22
de octubre de 2008
Valor de la Condena                        :        $
652.050.000
Predio                                              :        El
Martirio – Municipio de
Majagual.
Fecha ocupación                              :        1970
según INVIAS.
Fecha de la demanda                        :        7 de octubre 2005
adicionada 22
de febrero de 2006.
17.
Radicación                                       :        2005-00185-00
Demandante                                              :        Sandiego
María Pérez de Sánchez
Sentencia Primera Instancia             :        1º
de septiembre de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
1.200.000.000
Predio                                              :        Las
Candelarias – Municipio de
Majagual.
Fecha de la ocupación                      :        1992
según demanda.
Fecha de la demanda                        :        14
de julio de 2005.
18.
Radicación                                       :        2006-00246-00
Demandante                                              :        Farid
Díaz Rondón
Sentencia Primera Instancia             :        19
de mayo de 2009
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
1.004.427.600
Predio                                              :        Villa
Vela La Tea – Municipio de
Guaranda.
Fecha ocupación                              :        No
se establece la fecha de
ocupación. Se aclara en la
demanda que a 2006 no se ha
terminado la construcción de la       carretera de Achí hasta
Guaranda.
Fecha de la demanda                        :        25
de agosto de 2006.
19.
Radicación                                       :        2006-00049-00
Demandante                                              :        José
Joaquín Martínez Santos
Sentencia Primera Instancia             :        28
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
43.591.200
Predio                                              :        El
Milagro – San Roque
Municipio de Majagual.
Fecha de la ocupación                      :        1996.
Fecha de la demanda                        :        8
de marzo de 2006.
20.
Radicación                                       :        2006-00217-00-00
Demandante                                              :        Rosa
Isabel Cortés Salgado
Sentencia Primera Instancia             :        2
de septiembre de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
207.360.000
Predio                                              :        Villa
Rosa – Municipio de
Majagual.
Fecha de la ocupación                     :        No
se precisa.
Fecha de la demanda                        :        2006.
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO
DE SINSÉ SUCRE – TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO.
21.
Radicación                                       :        2005-00431
Demandante                                              :        Alonso
de Jesús Garavito Díaz
Sentencia Primera Instancia             :        5
de octubre de 2007
Sentencia de Segunda Instancia                 :        24
de junio de 2008
Valor de la Condena                        :        $
41.880.000
Predio                                              :        El
Quindío – Municipio San
Benito Abad.
Fecha ocupación                              :        Según
INVIAS en el año 1977
trazado de la carretera San
Marcos-Majagual-Achí – Sucre.      El demandante adquiere el predio         en
el 2002. El juez afirma que se
dio la ocupación en el año 1999.
Fecha de la demanda                        :        26
de septiembre de 2005
22.
Radicación                                       :        2007-00231
Demandante                                              :        Manuel
José Hernández Navarro
Sentencia Primera Instancia             :        19
de diciembre de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
132.367.600
Predio                                              :        Arizona
del Río – Municipio de
San Benito Abad.
Fecha de la ocupación                      :        1988
Fecha de la demanda                        :        3
de octubre de 2007
23.
Radicación                                       :        2005-00328
Demandante                                              :        Alberto
Francisco Romero
Martínez .
Sentencia Primera Instancia             :        19
de diciembre de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
856.960.000
Predio                                              :        El
Prado – Municipio de
Sincé.
Fecha ocupación                              :        1988.
Fecha de la demanda                        :        19
de julio de 2005.
24.
Radicación                                       :        2005-00280
Demandante                                              :        Beatriz
Eugenia Vergara de Pérez
Sentencia Primera Instancia             :        19
de diciembre de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
1. 834.830.000
Predio                                              :        La
Esperanza – Municipio de
San Benito Abad.
Fecha ocupación                              :        1988
Fecha de la demanda                        :        30
de noviembre de 2007.
25.
Radicación                                       :        2006-00139
Demandante                                              :        Pablo
Ramón Arrieta Villadiego
Sentencia Primera Instancia             :        1º
de diciembre de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
121.920.000
Predio                                              :        El
Enredo – Municipio de
San Benito Abad.
Fecha de la ocupación                      :        1998
Fecha de la demanda                        :
año 2006.
26.
Radicación                                       :        2006-00137
Demandante                                              :        Hernán
Filiberto Ruiz Imbeth
Sentencia Primera Instancia             :        30
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
44.820.000
Predio                                              :        El
Deseo Claro – Municipio de
San Benito Abad.
Fecha de la ocupación                      :        1999
Fecha de la demanda                        :        2006.
27.
Radicación                                       :        2006-00034
Demandante                                              :        Rosa
Luz Garavito y otros
Sentencia Primera Instancia             :        17
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
33.290.000
Predio                                              :        Los
Laureles – Municipio de
San Benito Abad.
Fecha de la ocupación                      :        Se
afirma que lo ocupó Caminos
Vecinales.
Fecha de la demanda                        :        25
de enero de 2006.
28.
Radicación                                       :        2006-00182
Demandante                                              :        Napoleón
Jaraba Barreto
Sentencia Primera Instancia             :        11
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
95.108.000
Predio                                              :        El
Descanso – Municipio de
San Benito Abad.
Fecha de la ocupación                      :        1999
según demanda.
Fecha de la demanda                        :        julio
de 2005.
29.
Radicación                                       :        2006-00046
Demandante                                              :        Lacides
de los Reyes Meza
Atencia.
Sentencia Primera Instancia             :        30
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
531.440.000
Predio                                              :        Juan
Santos – Municipio de
Sincé.
Fecha de la ocupación                      :        1988
Fecha de la demanda                        :        25
de enero de 2006
30.
Radicación                                       :        2005-00327
Demandante                                              :        Narciso
Rafael Flórez Castro
Sentencia Primera Instancia             :        30
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
668.200.000
Predio                                              :        San
Francisco – Municipio de
Sincé.
Fecha de la ocupación                      :        1988.
La sentencia nada dice
sobre la
ocupación de predios ni cuando ella se produce.
Fecha de la demanda                        :        julio
de 2005.
31.
Radicación                                       :        2006-00294
Demandante                                              :        Aurelio
José Monterroza Viloria
Sentencia Primera Instancia             :        30
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
175.925.000
Predio                                              :        La
Patria – Municipio de
San Benito Abad.
Fecha ocupación                              :        1998
Fecha de la demanda                        :        4
de septiembre de 2006.
32.
Radicación                                       :        2007-00128
Demandante                                              :        Rosa
María Medina de Severiche
Sentencia Primera Instancia             :        30
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
448.010.000
Predio                                              :        La
Puente – Municipio de
Sincé.
Fecha de ocupación                         :        1988.
La demandante adquiere el
predio en el año 1991.
Fecha demanda                                :        2008
33.
Radicación                                       :        2006-00180
Demandante                                              :        Teobaldo
del Cristo Beltrán
Medrano y otro.
Sentencia Primera Instancia             :        11
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
15.276.000
Predio                                              :        Canta
Claro – Municipio de
San Benito Abad.
Fecha ocupación                              :        1999
Fecha de la demanda                        :        2006.
34.
Radicación                                       :        2006-00138
Demandante                                              :        Ruth
del Carmen Álvarez
Delgado.
Sentencia Primera Instancia             :        15
de julio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
53.728.000
Predio                                              :        El
Deseo – Municipio de
San Benito Abad.
Fecha ocupación                              :        1998
Fecha de la demanda                        :        2006.
JUZGADO PROMISCUO DE SAN
MARCOS, SUCRE – TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO.
35.
Radicación                                       :        2007-00179
Demandante                                              :        INMAQ
LTDA.
Sentencia Primera Instancia             :        11
de mayo de 2009
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
1.180.326.000
Predio                                              :        Santa
Úrzula – Municipio de
San Marcos.
36.
Radicación                                       :        2007-00134
Demandante                                              :        Jorge
Luís Vergara Díaz
Sentencia Primera Instancia             :        11
de mayo de 2009
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $218.625.600
Predio                                              :        Villa
Beatri – Municipio de
San Marcos.
Fecha ocupación                              :        1988
Fecha de la demanda                        :        2006.
37.
Radicación                                       :        2007-00084
Demandante                                              :        Samuel
Martelo y otros.
Sentencia Primera Instancia             :        1º
de abril de 2009
Sentencia de Segunda Instancia                 :
Valor de la Condena                        :        $
7.575.609.600
Predio                                              :        Guayepo
– Municipio de
San Marcos.
Fecha ocupación                              :        1970
según Caminos Vecinales
El
demandante afirma que se dio
en 2002
Fecha de la demanda                        :        Febrero
de 2007.
4.    Decisión judicial objeto de revisión.
4.1  Sentencia proferida el 17 de febrero de 2010 por la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, por la cual se deniega la acción
impetrada. En términos de la providencia: a) Dentro de los tres procesos
tramitados ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo y que se
relacionan en la acción de tutela, INVIAS únicamente apeló la sentencia con el
radicado número 2006-00129 sin que tal determinación fuera objeto de recurso
extraordinario de Casación o de revisión. b) Frente al juez promiscuo del Circuito
de San Marcos respecto de las tres actuaciones adelantadas INVIAS no propuso el
recurso de alzada. c) del Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, se
relacionan dieciséis procesos y sólo dos fueron objeto de alzada, de estos,
ninguno fue objeto de revisión o casación la cual era posible en razón a la
cuantía. d) la sentencia de 28 de enero de 2008 por la cual el Juez Primero
Promiscuo de Corozal accedió a las pretensiones de la demanda no fue apelada.
e) En cuanto a los catorce procesos seguidos ante el Juzgado Promiscuo de Sensé,
se apeló uno de ellos que fue confirmado por el Tribunal el 24 de julio de
2008. En nueve casos los recursos de apelación fueron declarados desiertos.
En esos
términos, la Corte Suprema de Justicia considera inane pretender reabrir, ante
su firmeza, el debate en sede de tutela, por cuanto la tutela es un mecanismo
residual y subsidiario para la protección de derechos fundamentales de las
personas, por lo cual no puede ser utilizado por INVIAS para subsanar y
enmendar las omisiones en que incurrió, pues en vez de acudir a las vías
procesales guardo silencio y, ahora utiliza la tutela como si se tratara de una
tercera instancia.
4.2
Sentencia de 16 de marzo de 2010 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia por la cual se confirmó la providencia de 17 de
febrero de 2010 proferida por la Sala de Casación Civil de esa Corporación. Considera
el a quem que no se atiende la naturaleza subsidiaria y residual de la
acción de amparo constitucional al no ejercer dentro de los términos legales
los recursos procesales que ofrece la normatividad vigente para ejercer su
derecho de defensa.
4.3  Las providencias anteriores dan cuenta de que fueron debidamente
vinculadas a las acciones de tutela acumuladas las siguientes sociedades y
personas naturales en punto a asegurar su derecho de defensa: INMAQ LTDA.,
JORGE LUIS VERGARA DIAZ, SAMUEL MARTELO, ANA LUCIA MARTELO DE TÁMARA, CAMILO
DORIA ESPINOSA en su condición de Gerente de NELSON MARTELO Y CIA. S. EN C.,
CARMEN ELENA TÁMARA GARCÍA, LUIS ADOLFO TÁMARA GARCÍA, FRANCISCO DE PAULA
RICARDO HOYOS, MIGUEL SEGUNDO MELÉNDEZ CAMPOS, REINALDO DE JESÚS GALVIS
VILLAMIZAR, JOSÉ DE JESÚS CERVERA ESPITIA, SANTIAGO SALVADOR ÁLVAREZ MARRUGO,
JUVENAL ENRIQUE GARCÍA ORTEGA, CRISTO MAULE ZAMBRANO BALDOVINO, ROSA FELICIDAD
ORTEGA VDA DE RODELO, LUIS CARLOS GARCÍA REQUENA, MANUEL SANTANDER CÁRDENAS
CÁRDENAS, FRANCISCO MANUEL MONTERROZA FIGUEROA, ANA GREGORIA MARTÍNEZ BARRIOS,
SANDIEGO MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ, FARID DÍAZ RONDON, JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ SANTOS,
ROSA ISABEL CORTÉS SALGADO, YOLANDA MARÍA GIL VIVERO, ALFONSO DE JESÚS GARAVITO
DÍAZ, MANUEL JOSÉ HERNÁNDEZ NAVARRO, ALBERTO FRANCISCO ROMERO MARTÍNEZ, BEATRIZ
EUGENIA VERGARA DE PÉREZ, PABLO RAMÓN ARRIETA VILLADIEGO, HERNÁN RUÍZ IMBETH,
ROSA LUZ GARAVITO MEDINA, NAPOLEÓN JARABA BARRETO, MARCO TULIO URIBE, GERMAN
MONTES VUELVAS, LACIDES DE LOS REYES MEZA ATENCIA, MARISOL SINNING, MIGUEL
HALLER RAAD, NARCISO RAFAEL FLÓREZ CASTRO, AURELIO DE J. MONTERROZA VILORIA,
ROSA MARÍA DE SEVERICHE, HENRY BALETTA LÓPEZ, TEOBALDO DEL CRISTO BELTRÁN
MEDRANO, RUTH DEL CARMEN ÁLVAREZ DELGADO, OFICINA JURÍDICA INVIAS SECCIONAL
SUCRE, PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA II SINCELEJO y PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar
las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en razón
a que esta fue escogida por la Sala de Selección número Cinco del trece (13) de
mayo de dos mil diez (2010).
Cuestiones previas.
2.
Mediante la sentencia T- 2379462 de 03 de mayo de 2010 la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, dejó sin efectos las sentencias
proferidas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sensé dentro de los
siguientes procesos seguidos contra INVIAS: i. No. 20060134 (actor Rosa Luz
Garavito); ii. No. 2006-00137 (Hernán Ruíz); iii. No. 2006-00138 ( Ruth de
cristo Álvarez); iv. No. 2006-00183 (actor Carmen Elena Montes); v. No. 2006-00186
(actor Teobaldo Beltrán) y vi. No.2006-00182 (actor Napoleón Jaraba), al
encontrar probada una vía de hecho por falta de jurisdicción y competencia. Al
respecto, vale la pena precisar que si bien la acción de tutela fue interpuesta
para garantizar el debido proceso, en razón a que el juzgado negó indebidamente
la interposición de los recursos de apelación en cada uno de los procesos
reivindicatorios relacionados, la Sala de Revisión constató un defecto orgánico
por considerar que la jurisdicción competente para conocer de ellos era la
Contencioso Administrativa y no la ordinaria.
En consecuencia, los procesos antes enlistados se excluirán del estudio
del presente trámite revisión, al haber sido ya objeto de la citada sentencia.
3. De otro lado, mediante la sentencia T- 2277791 de 17 de septiembre de
2009 la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho
al debido proceso de INVIAS en relación con el proceso surtido ante el  Juez
Promiscuo del Circuito de Sucre, con referencia No. 2006-0095, actor Francisco
Manuel Aguas Pérez, para lo cual ordenó proferir un nuevo edicto emplazatorio
con el fin de asegurar a INVIAS la oportunidad procesal de interponer recurso
de apelación. No obstante, en consideración a que en este fallo la Corte
Constitucional no se pronunció respecto de una posible vía de hecho por defecto
orgánico derivado de la falta de jurisdicción y competencia de los jueces
civiles, este proceso será objeto de revisión en esta providencia  en cuanto se
refiere a dicho defecto.
Problema jurídico y esquema de resolución.
4. Debe analizar la Sala si se edifica un defecto orgánico capaz
de vulnerar el derecho al debido proceso del actor, en razón a que las
controversias derivadas de la ocupación permanente de bienes de dominio privado
para la ejecución de trabajos públicos por parte de entidades estatales, sin
que haya mediado negociación directa o proceso de expropiación, se ventilen
ante la Jurisdicción Civil por vía de la acción reivindicatoria o
reivindicatoria agraria, si se tiene en cuenta la competencia que el
ordenamiento legal asignó a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, mediante
la acción de reparación directa, para reconocer los perjuicios derivados de la
ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos, teniendo en
cuenta que resulta imposible restituir al titular del derecho de dominio la
posesión material de los bienes ocupados en razón a que éstos quedan afectados
al uso público, al interés público o al servicio público. De igual manera y, de
resultar procedente, deberá establecer la Sala si se registra un defecto
fáctico en los procesos reivindicatorios agrarios que se estudian por vía de
tutela, al no quedar probada la supuesta posesión que INVIAS ejerce sobre los
bienes objeto de reivindicación.
Con tal
propósito la Sala de Revisión analizará : (i) La procedencia genérica de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración. (ii) La
regulación normativa aplicable en caso de ocupación permanente de bienes de
propiedad privada para el desarrollo de trabajos públicos. (iii) El caso
concreto.
Procedencia
de la Acción de Tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
5. Conforme al precepto contenido
en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte Constitucional ha
desarrollado una amplia doctrina acerca de la procedencia de la acción de
tutela contra las providencias expedidas por las autoridades judiciales. En un
comienzo, esta atribución encontró fundamento en los artículos 11 y 40 del Decreto
2591 de 1991. No obstante, aunque dichas disposiciones fueron declaradas
inexequibles mediante sentencia C-543 de 1992, al considerar que valores como
la seguridad jurídica y la cosa juzgada eran relevantes en nuestro sistema
normativo en tanto justificaban la intangibilidad de las decisiones judiciales,
se previno que ciertos actos no gozaban de tales cualidades y que, por tanto,
frente a actuaciones de hecho, la acción de tutela sí resultaba
procedente para proteger los derechos fundamentales; la Corte afirmó en ese
entonces:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional
de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto
les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias
para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos
de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos
fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias.
Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez
que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo
que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones
de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan
o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, (...). En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica
de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia”.
6. El caso
materia de tutela plantea un asunto que ha sido abordado profusa y
reiteradamente por la jurisprudencia constitucional, en la que ésta ha sido
positiva en afirmar que la acción de tutela procede, a pesar de su carácter subsidiario,
contra providencias judiciales en las que se vislumbre vulneración a los derechos
fundamentales. En ese orden, la Corte ha registrado una importante evolución de
su jurisprudencia a partir de la citada sentencia C-543 de 1992, de manera que
sentencias como la T-079 de 1993[1] y T-158 de 1993,
precisaron un conjunto de defectos que podrían llegar a justificar el amparo de
derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que acuden a la administración de
justicia para la solución de sus conflictos, como la ausencia de fundamento
objetivo de la decisión judicial o que el juez profiriera la providencia
arrogándose prerrogativas no previstas en la ley.
7. En esa dirección, la sentencia
T-231 de 1994 trazó pautas orientadas a delimitar el enunciado “vía de hecho”
respecto de providencias judiciales, para lo cual señaló los vicios que harían
viable la acción de tutela contra aquellas: (1) defecto sustantivo; (2) defecto
fáctico; (3) defecto orgánico; ó (4) defecto procedimental; doctrina constitucional
que se ha precisado y reiterado en varias sentencias de unificación proferidas por
la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales se encuentran las sentencias
SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
8. Esa misma evolución jurisprudencial
propició que la Corte revaluara el concepto de vía de hecho declarado como el acto
absolutamente caprichoso y arbitrario[2] que interesa al juez constitucional
y, en su lugar, prefiriera el enunciado de “causales genéricas de procedibilidad
de la acción”[3]. Al respecto, en la sentencia
T-949 de 2003, la Sala Séptima de Revisión explicó lo siguiente:
“Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente
el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de
eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación sistemática
de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).
“En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de
la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo
anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento
de tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la
seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación
y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden
verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado
( Sentencia T-462 de 2003 )”.
9. Cuota importante en la mencionada
evolución jurisprudencial la aportó la Sentencia C–590 de 2005, por la cual se
fortalecieron los precedentes jurisprudenciales enunciados hasta esa fecha, por
tratarse de un fallo de constitucionalidad con efectos erga omnes, en el
cual a propósito de la Ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal-, la Corte
estableció que una cosa es que el legislador no permita la utilización de recursos
contra las sentencias que resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia
penal, en desarrollo de su libertad de configuración y, otra muy distinta, que excluya
la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86 constitucional
para la protección de los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de
cualquier autoridad pública.
En esta sentencia, se advirtió expresamente
que la acción de tutela contra fallos judiciales sólo procedía cuando se cumpliera
con ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos,
distinguió unos de carácter general, que habilitaban la interposición de la
tutela y, otros de carácter específico, que tocaban la procedencia misma del
amparo, una vez interpuesto.
Entre los requisitos generales, la sentencia
acopió y definió los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional[4].
(…)’.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que
se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[6].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan
en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible[8].
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de
la sala respectiva, se tornan definitivas.”
De la misma forma, el fallo enlistó varias causales especiales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, entre ellas:
“25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las
que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la
Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente,
al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
“i. Violación directa de la Constitución.
“Estos eventos en que procede la acción de tutela contra
decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la
admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien
no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas
que afectan derechos fundamentales.” (Resaltado
fuera de texto)
10. Precisado el marco conceptual de la acción de tutela
contra providencias judiciales, pasa la Sala a examinar si en el presente caso se
configuran los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra las providencias judiciales proferidas por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Sincelejo, Sala Civil-Familia-Laboral, Juzgado Tercero Civil
de Circuito de Sincelejo, Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos, Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sucre, Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
Corozal y Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé en desarrollo de los procesos
reivindicatorios agrarios enlistados en los numerales 3.2 a 3.7 de la presente
providencia.
Respecto de estos
requisitos, es claro que la acción de tutela instaurada: (i) no ataca un fallo de
tutela; (ii) se han identificado de manera concreta los hechos que a juicio del
actor quebrantan sus derechos, esto es, la falta de jurisdicción y competencia
por parte de los jueces civiles para conocer de procesos derivados de la
ocupación permanente de bienes de propiedad privada, por parte de una entidad
del Estado, con el fin de desarrollar trabajos públicos, lo que considera un
defecto orgánico que habilita la acción de tutela. (iii) se cumple con la invocación
del derecho fundamental violado, que en este caso es el debido proceso, asunto que
tiene la relevancia constitucional requerida para que resulte procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales.
11. Ahora bien,
frente a los requisitos de inmediatez y subsidiaridad, la Corte ha entendido que
recae sobre la parte interesada un deber de diligencia para interponer la acción
de tutela, de manera que la tensión que existe entre el derecho a cuestionar las
decisiones judiciales mediante la acción de tutela y el derecho a la firmeza de
las sentencias y a la seguridad jurídica sea resuelto estableciendo como condición
de procedibilidad de la tutela, que la misma sea interpuesta, dentro de un plazo
razonable y proporcionado[12] y después de haber
agotado todos los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
En el caso concreto, se evidencia
que el punto central de reclamo por parte de INVIAS, radica en la falta de
jurisdicción y competencia de la Jurisdicción Civil para conocer de las
controversias derivadas de la ocupación en predios de propiedad privada efectuada
en su momento por Caminos Vecinales – en liquidación- para el trazado de vías
públicas, aspecto que en términos del artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil, sólo era posible resolver mediante un incidente de nulidad, el cual, sin
excepción, fue propuesto en cada uno de los 37 procesos que son materia de la
presente tutela.
Al respecto, debe la Sala señalar
que dicha causal fue despachada de manera desfavorable tanto por el a quo como
por el a quem, a pesar de que INVIAS puso de manifiesto el fallo
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura el 6 de abril de 2005, a
propósito de un conflicto de competencias desatado por un juez civil que se
negó a conocer de una acción reivindicatoria cuyo objeto era la restitución
ficta de un predio ocupado de manera permanente por INVIAS para el trazado de la
vía Barraquilla – Cartagena, según el cual: “…si bien es cierto que esta
clase de pretensiones las venía conociendo la jurisdicción ordinaria con
fundamento en el art. 955 del C.C. y la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia proferida el 20 de junio de 1955, también lo es que el Código
Contencioso Administrativo vigente desde el 1 de marzo de 1984, consagró en su
artículo 86 ‘…La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del
daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos
o por cualquier otra causa”. “…Así las cosas, en el caso sub-examine las
pretensiones del demandante, se deben tramitar a través de la acción de
reparación directa dispuesta en el artículo 86 del C.C.A..Por cuanto la
construcción de la carretera que produjo la ocupación permanente de los
terrenos de propiedad de la demandante, se produjo estando en vigencia el
Decreto 01 de 1984…no se puede olvidar que las normas sobre competencia son de
orden público, y se deben cumplir desde el momento en que entran en vigencia”.
Argumento frente al cual las
autoridades judiciales de la Jurisdicción Civil del Departamento de Sucre
insistieron en señalar que se trataba de pretensiones diferentes, pues en los
casos en estudio se perseguía la restitución del bien ocupado como pretensión
principal y, en subsidio, la reivindicación ficta –compensación del valor del
bien-, mientras que en el caso revisado por el Consejo Superior de la
Judicatura se perseguía la compensación del bien y los perjuicios causados,
aspecto que justificaba la acción contenciosa. No obstante, en los treinta y
siete procesos fallados por la Jurisdicción Civil, se ordenó el reconocimiento
del precio del inmueble ante la imposibilidad de restituir la posesión material
de los inmuebles a los titulares del derecho de dominio.
Frente a esta circunstancia, debe
la Sala reconocer que INVIAS intentó oportunamente, aunque sin éxito, los
mecanismos a su alcance para que se reconociera el defecto funcional advertido,
de manera que sobre el punto no puede concluirse que la actora obró con
negligencia, pues claramente agotó la vía procesal a su alcance. También debe
reconocer la Sala que aunque existía la posibilidad de interponer los recursos
de apelación a partir del mismo fundamento que motivó los incidentes de
nulidad, ya el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo se había
pronunciado de manera negativa sobre el punto al desatar en segunda instancia de
los citados incidentes, de manera que dicha vía, en el caso concreto, se
tornaba ineficaz respecto de procesos de mínima y menor cuantía, frente a los
cuales no era posible acceder al recurso extraordinario de casación.
Conviene advertir, además, que en
varios de los expedientes reivindicatorios, INVIAS sí interpuso recurso de
alzada contra las providencias de primera instancia, pero estos fueron
declarados desiertos con fundamento en que INVIAS no canceló el importe de
envío de los expedientes a adpostal, el cual debió cancelarse dentro de los
primeros días de septiembre de 2008. No obstante, no fue atendido por dichas
instancias judiciales el hecho de que el Presidente de Asonal Judicial certificó
que entre los días 3 de septiembre a 16 de octubre de 2008[13]
se adelantó un paro judicial, razón que motivo la expedición del Acuerdo 094 de
1º de octubre de 2008 por el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre,
mediante el cual se suspendieron los términos judiciales durante el cese de
actividades en ese Distrito Judicial. A pesar de ello, al resolver el recurso
de reposición interpuesto, se señaló que para tales fechas y, a pesar del paro
judicial, esos despachos prestaron de modo regular el servicio, aspecto que en
todo caso permite afirmar que no puede endilgarse negligencia a INVIAS frente a
las decisiones adoptadas por lo jueces de instancia.
Adicionalmente, debe destacarse
que INVIAS esperaba que ante la falta de apelación y, al haberse condenado al
pago de unas sumas d e dinero a la Nación – Instituto Nacional de Vías condenas,
era procedente el grado de consulta previsto en artículo 386 del Código de
Procedimiento Civil. No obstante, éste fue negado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Sincelejo, en razón a que el INVIAS no era una entidad
territorial sino un establecimiento público del orden nacional. Por tal razón, INVIAS
interpuso nuevos incidentes de nulidad que también fueron despachados de manera
desfavorable en el año 2009, aspecto que justifica la fecha de presentación de
las tutelas que fueron acumuladas.
Lo expuesto indica que no puede
afirmarse negligencia de parte del actor, pues este ha hecho lo que en derecho
resulta posible para defender su derecho al debido proceso por vía de la
jurisdicción que conforme a las disposiciones vigentes es la competente para
conocer la de las controversias originadas por ocupaciones efectuadas por
Caminos Vecinales –hoy en liquidación-, de manera que esta Sala encuentra
necesario soslayar el hecho de no haya agotado todos los mecanismo judiciales a
su alcance, si se tiene en cuenta que de haberlos agotado nada aseguraba el
restablecimiento de su derecho al debido proceso, pues en todo caso, según fallos
recientes de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, se ha
dejado abierta la posibilidad de que esa jurisdicción conozca de procesos
reivindicatorios originados en ocupaciones permanentes de inmuebles para el
desarrollo de trabajos públicos por vía de la acción reivindicatoria a pesar de
los dispuesto sobre el punto en normas especiales de obligatorio cumplimiento.
12. Es así como, en cuanto a los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez, la Sala constata que en efecto tal
como lo observó el a quo y el ad quem dentro del trámite de la
presente acción constitucional, INVIAS pudo omitir en algunos casos el deber de
agotar todos los recursos judiciales ordinarios a su alcance, lo cierto es que,
como se verá más adelante esa no era la jurisdicción competente, además de
tener que enfrentar obstáculos procesales que impidieron una adecuada defensa.
Por tal motivo, la Sala considera que en casos especiales como el que se
estudia, no puede llevarse al extremo tales requisitos, cuando como se verá aparece
de bulto demostrado un defecto orgánico que hace patente una protuberante
vulneración al derecho al debido proceso, cuya protección es en últimas la
razón de ser de la acción de tutela. Más aun cuando la vulneración de este derecho
fundamental, afecta directamente tanto al erario como al interés público, bienes
de especial protección que pueden quedar desamparados como consecuencia de una
postura tozuda de las autoridades judiciales del Departamento de Sucre.
13. Conforme a
lo anterior, lo que en apariencia resulta como una omisión en agotar los
mecanismos de defensa judicial, guarda en este caso, relación estrecha con la
violación del derecho al debido proceso del actor, por lo que dadas las
circunstancia particulares de este caso, es imperativo declarar satisfechos los
requisitos de procedibilidad, con el fin de pasar a conocer de fondo el defecto
orgánico invocado, que pretendió burlarse del término d caducidad de la acción
de reparación directa acudiendo a la vía civil y al término de prescripción de
estas acciones que la ley establece en veinte años, como pasa a demostrarse,
pues de no hacerse se produciría un perjuicio ius fundamental
irremediable que obligaría al Estado al pago de lo no debido en cuantías
exorbitantes.
Normatividad
aplicable en caso de ocupación permanente de predios de propiedad privada para
el desarrollo de trabajos públicos.
14. El sistema jurídico colombiano
incluye una sólida y robusta normatividad  dirigida a la protección efectiva de
la propiedad privada como pilar fundamental de las libertades democráticas y de
la economía de mercado. En el plano constitucional, esta protección se
encuentra reforzada a partir del artículo 58 Superior, de forma tal que el
Estado tiene vedado imponer penas confiscatorias, tributos desproporcionados o
expropiar a particulares sin indemnización previa, de manera que no pueda, sin
que exista justo título, despojar a una persona de los bienes que legalmente integran
su patrimonio[14].
15. La protección constitucional del derecho a la propiedad
indica que sólo por motivos de utilidad pública o de interés social se autoriza
al Estado para acudir a la figura de la expropiación, para la cual debe mediar sentencia
judicial e indemnización previa, aspectos que presuponen que tal decisión debe
ser producto de un procedimiento establecido por la ley en el cual se garantice
el derecho fundamental al debido proceso del titular del derecho de dominio una
vez se ha declarado fallida la enajenación voluntaria o negociación directa con
base en una oferta justa por parte de la entidad pública, lo cual se encuentra
en consonancia con el numeral 21.2 del Artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
16. En esos términos, nada
justifica la ocupación de bienes de propiedad privada por parte del Estado
mediante vías de hecho, pues precisamente corresponde a las autoridades
públicas para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 2º
Superior, obrar bajo la sujeción del principio de legalidad, en virtud del cual
la actividad de todas las personas y entidades, incluido el Estado y sus
autoridades, están sometidos al ordenamiento jurídico positivo, de suerte que
la vulneración de este principio acarrea responsabilidad de diversa naturaleza.
De esta forma, según lo previsto en el artículo 6º Superior “los
particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución
y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones”, y en el artículo 90 en
el cual se indica que “ El Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de
las autoridades públicas” ello conforme al artículo 121 ibídem por el cual “ninguna
autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la
Constitución y la ley”.
17. Precisamente por ello, el
incumplimiento de estos deberes del Estado, informados en el caso que ocupa la
atención de la Sala a través de la ocupación de hecho, con carácter permanente,
por parte de entidades del Estado de bienes de propiedad privada para el
desarrollo de trabajos públicos, ha generado una prolija reglamentación en
torno al daño antijurídico que esta conducta genera y, que en este caso se acentúa
por la afectación pública que sufre el bien que ha sido indebidamente despojado
y que impide reivindicación material de su posesión al titular del derecho de
dominio.
18. Es así como la ocupación permanente
de inmuebles por causa de trabajos públicos, ha sido desde antaño materia del
ordenamiento jurídico colombiano y de la Jurisprudencia, aun con anterioridad a
la Constitución Nacional de 1886.
Uno de los primeros antecedentes
que sobre la materia se encuentra en la jurisprudencia colombiana, es el fallo proferido
en el ámbito federalista de los Estados Unidos de Colombia el 7 de Diciembre de
1864 por la Corte Suprema Federal, en el cual se reconoció la responsabilidad
patrimonial del Estado en razón a que el Ejercito ocupó el predio de un
ciudadano para ser usado como parque de artillería y, este resultó destruido a
causa de un incendio. Dijo en esa oportunidad la Corte Suprema Federal[15]:
“1º. Que si el parque del Gobierno no
hubiera estado en la casa del señor Núñez, en virtud de la expropiación, dicha
casa no hubiera sido destruida por el incendio del expresado parque.
2º Que si el hecho del incendio del
parque fue fortuito, y por consiguiente, nadie tuvo la culpa, habiendo sido
expropiada la casa por las autoridades federales en ocasión muy oportuna para
el servicio público, el Gobierno debe responder por dicha propiedad”
19. Posteriormente,
la Constitución Nacional de 1886 en sus artículos 30, 31 –incorporados por el
acto legislativo 1 de 1936-, 32 y 33, prescribió la indemnización derivada de la
expropiación por motivos de utilidad pública o en caso de guerra o respecto de
personas que fueron privadas del ejercicio de una actividad lícita como
consecuencia de la creación de un monopolio estatal y para restablecer el orden
público. Adicionalmente, a partir de la Carta de 1886, la Corte Suprema de
Justicia ostentó como una de sus competencias la de “dirimir los negocios
contenciosos en que tenga parte la Nación”, instituyendo la competencia general
de ésta sobre los litigios de responsabilidad estatal. En desarrollo de esa
competencia general, la Corte Suprema de Justicia empezó la construcción de los
fundamentos de la responsabilidad estatal, fundada en el ordenamiento civil,
particularmente en los artículos 2341 a 2360 del Código Civil[16].
Cuando la
Constitución de 1886 dispuso por primera vez la prelación del interés público
sobre el particular por graves motivos de utilidad pública y consagró la
expropiación o enajenación forzosa como la denominó el artículo 32 de ese
estatuto, el mandamiento judicial al que se condicionó esta figura, fue el
proveniente de la jurisdicción ordinaria, ya que en ese entonces no existía la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, debido a que apenas el constituyente facultaba al
legislador para su creación.
20.
A partir del Acto Legislativo número 3 de 1910, se ordenó crear la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de manera que en virtud de la Ley 38 de 1918 le
correspondió al Consejo de Estado, conocer de manera específica, de la
responsabilidad por los daños producidos por la ocupación de inmuebles por
motivo de trabajos públicos, así como las reclamaciones a la Nación derivados
de expropiaciones y daños en la propiedad privada causados por órdenes
administrativas.
21. Al
reforzarse el criterio de la función social de la propiedad a partir de la
reforma constitucional de 1936, se reitero dicha responsabilidad mediante la
Ley 167 de 1941 por la cual se organizó la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
De conformidad con los artículos 261 a 269 de la citada ley, la Jurisdicción
Contencioso Administrativa tenía competencia para conocer los casos de
responsabilidad por los daños producidos a causa de la ocupación temporal o
permanente de inmuebles por motivo de trabajos públicos.
No obstante, mediante
sentencia del 20 de junio de 1955 de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio
de funciones de tribunal de control de constitucionalidad, declaró la
inexequibilidad parcial de tales normas en aquel aparte relacionado con la
ocupación “permanente”, por estimar que tales eventos debían ser competencia de
la Jurisdicción Ordinaria por vía del proceso reivindicatorio, cuyo término de
prescripción era de veinte (20) años[17].
22. Por el
contrario, por medio de la llamada acción ordinaria de plena jurisdicción,
era posible reclamar ante la Jurisdicción Contenciosa por una actuación
material de la Administración, como la ocupación temporal de bienes de
particulares para el desarrollo de trabajos públicos, respecto de la cual el
máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que las normas del
Código Civil utilizadas por la Corte Suprema de Justicia, no eran ni suficientes
ni aplicables a esta clase de litigios, de ahí que dichas normas se
implementaran como criterio suficiente para reconocer la respectiva indemnización
de perjuicios[18]. Es así como frente a la
responsabilidad del Estado por trabajos públicos en los que no se produjera ocupación
permanente este órgano señaló:
“No quiere (La Nación) que nadie sufra
perjuicios, pero si las circunstancias de un momento dado determinan fatalmente
a obrar, así sea con aplicación del principio según el cual el interés general
prevalece sobre el interés individual, viéndose el Estado en la necesidad de realizar
actuaciones capaces de lesionar a alguien, aunque involuntariamente, establece
la forma de dejarlo completamente indemne. Y tal es lo que sucede con el Código
Contencioso Administrativo en vigor[19]”.
23. En cuanto
al tema de trabajos públicos transitorios en propiedad privada y expropiaciones,
vale la pena mencionar que para ese entonces, ya el Consejo de Estado había
realizado una construcción jurisprudencial esbozando el tema desde la óptica de
la responsabilidad objetiva:
“Se estructura en ese mandamiento
constitucional una responsabilidad objetiva y concreta, cuyo fundamento único
es el hecho de la ocupación o de la expropiación temporal, sin mezcla alguna
del elemento culpabilidad que constituye la base de la responsabilidad en
derecho privado. Basta demostrar la ocupación para que sea viable la
indemnización que ha de pagar el Estado. Este hecho ha sido plenamente
acreditado en el curso del juicio, y, por consiguiente, la reparación que
ordena el articulo 68 del Código Contencioso Administrativo es procedente[20]”.
24. En el año 1964 el Decreto Ley
528 estableció un término de caducidad de tres años para la acción de
reparación directa, que era en ese momento la adecuada para solicitar las indemnizaciones,
entre otras cosas, por causa de ocupaciones públicas. Con todo, es claro que,
como se anotó, ya desde el año 1941 existía una plena diferenciación entre las
acciones contencioso administrativas y las ordinarias establecidas en el Código
Civil. Así lo estableció el Honorable Consejo de Estado al indicar:
“La responsabilidad por trabajos públicos fue
consagrada por la Ley 167 de 1941 para la protección exclusiva de la propiedad
inmueble…. Luego con la expedición del decreto citado (528 de 1964) la
responsabilidad por estos trabajos quedó así: La ocupación transitoria y los
daños en la propiedad inmueble, sujeta al contencioso especial de trabajos
públicos; la indemnización por muerte, lesiones personales y las demás lesiones
sufridas en otros bienes o derechos, sometida a la acción extracontractual de
reparación directa (artículos 31 y 32 decreto 528).”[21]
Lo anterior significa que en el
caso de ocupación temporal de bienes, existía norma especial que regulaba sus
efectos desde el punto de vista de la reparación, esta era, el Decreto ley 528
de 1964 :
“En el contencioso de reparación directa encontramos
dos acciones indemnizatorias bien tipificadas (la de responsabilidad
extracontractual y la de indemnización por trabajos públicos) con un término de
caducidad uniforme de tres años establecido en el artículo 28 del decreto 528
de 1964. Consideramos que este deba ser el plazo para ambas acciones dado el
inequívoco tenor de la norma que no da margen a excepción alguna…”[22]
25. Finalmente,
se expidió el Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-, por el
cual nuevamente se estableció de manera expresa la indemnización tanto por
ocupación temporal como por ocupación permanente de un inmueble de propiedad
privada por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, por vía de
la acción de reparación directa, de acuerdo con los previsto en los artículos
86 y 220 de ese estatuto, con un término de caducidad de dos años contados,
según el artículo 136, a partir del hecho generador del perjuicio.
Los artículos 82, 86, 131, 132 y
220 del citado estatuto fueron demandados de inconstitucionalidad ante la Corte
Suprema de Justicia, Corporación que en Sentencia No.94 del 16 de Octubre de
1986, expediente 1495, declaró su exequibilidad frente a la Constitución
vigente, considerando por una parte, que dichas normas no reproducían el
contenido del artículo 269 de la Ley 167 de 1941 -declarado inexequible por esa
misma Corporación-, para lo cual aclaró que los artículos 86 y 220 del Código
Contencioso Administrativo no autorizaban a la Administración para ocupar
permanentemente la propiedad inmueble de dominio privado, ni equiparaban la
ocupación de hecho a la expropiación. Al respecto señaló la Corte Suprema de
Justicia:
“No solo de su contexto literal y
autonomía normativa como quedó expresado precedentemente, sino también de su
contenido, las disposiciones acusadas del Código Contencioso Administrativo
adoptado por el Decreto número 001 de 1984, son diferentes de las que la Ley
167 de 1941, regulaban el juicio de indemnización por trabajos públicos y que la
Corte declaró inconstitucionales.
“En efecto, el artículo 269 de la
nombrada ley, única disposición que se declaró inexequible con prescindencia de
la jurisdicción encargada de aplicarla y de los trámites del proceso especial
allí regulado, no aparece reproducida en ninguna de las acusadas del nuevo
Código Contencioso-administrativo y es muy distinta a la contenida en el
artículo 220 del Decreto número 001 de 1984.
“El título adquisitivo de dominio de
la Administración sobre el inmueble que es ocupado definitivamente por trabajos
públicos y una vez que sea condenada a su pago, es la correspondiente
sentencia; y el modo, la tradición que se verifica simbólicamente por el debido
registro de ésta.
“En cambio, el artículo 269 del
abrogado código consideraba como título, el traslaticio de dominio que debía
otorgar el dueño que había salido avante en el proceso y a cuya efectiva
realización queda supeditada la obligación indemnizatoria impuesta a la
Administración.
“A) Cuando (sic) a la violación del
artículo 30 por el 86 del Código Contencioso Administrativo, en su inciso 2º
expresión “o permanente”, resulta inaceptable tal quebranto dado que esta norma
se limita a estructurar una especial acción contencioso administrativa, la
denominada de reparación directa y cumplimiento, encaminada a la reparación del
daño que sufre el particular por un hecho administrativo realizado por la
Administración, cual es el de ocupar temporal o permanentemente un inmueble de
tercero, por causa de trabajos públicos.
“En parte alguna de la disposición
citada, ni de las con ella relacionadas y que igualmente se acusan, aparece que
se autorice a la Administración para que ocupe permanentemente la propiedad
inmueble y lo haga sin seguir el procedimiento expropiatorio ordenado en el
artículo 30 única forma legal de adquirir el dominio sobre inmuebles.
“Tampoco es aceptable considerar que
los artículos impugnados equiparan o hacen equivalentes la ocupación de hecho
de la propiedad inmueble y la expropiación, ya que la primera figura es una
simple actuación fáctica de la administración, generalmente arbitraria y, por
lo mismo no apta para despojar al particular de su derecho; en cambio la
segunda es un modo de adquirir el dominio que el ordenamiento constitucional
otorga al Estado mediante el cumplimiento de ciertos requisitos; en todo caso,
implica a diferencia de la ocupación, el ejercicio de un derecho”.
La ocupación permanente aún cuando
priva de la posesión a su dueño, no lo despoja de su derecho ya que la
titularidad de este derecho es precisamente presupuesto procesal para el
ejercicio de esa acción contenciosa-administrativa. Y si bien es
cierto que la Corte en el fallo que se menciona como apoyo de la nueva acción
de inconstitucionalidad, hizo especial énfasis en que en el artículo 269 de la
Ley 167 de 1941 implicaba una típica des posesión del particular, y que en él
"se contempló un modo de proceder del Estado para adquirir la propiedad
privada distinto del predeterminado en la Constitución" y una implícita
"permisión a la inobservancia de la norma constitucional contenida en los
artículos 30 y 33 de la Carta", tal mandato fue precisamente declarado
inexequible y él no aparece como se dijo, reproducido textualmente y ni
siquiera en su esencia, en las disposiciones acusadas en este proceso.
De lo anterior resulta obligado
concluir que las disposiciones que en la Carta Fundamental consagran y regulan
la expropiación no pueden aplicarse a la ocupación permanente de la propiedad
inmueble realizada por la Administración por causa de trabajos públicos y si no
pueden aplicarse, no han podido ser violadas.
Tanto en el Código Contencioso
Administrativo adoptado por la Ley 167 de 1941 como en el actual que se
consigna en el Decreto número 01 de 1984, las normas legales que le dan
competencia a la jurisdicción especial de lo contencioso administrativo para
conocer de las acciones de responsabilidad contra la Administración por daños
originados causados por ocupación permanente de la propiedad inmueble lejos de
consagrar un derecho para que el Estado eluda el juicio de expropiación y ocupe
la propiedad inmueble, parten del supuesto, no infrecuente por cierto, de que
la administración, valiéndose de sus potestades y en franca actitud ilícita,
ocupaba la dicha propiedad sin el previo trámite de la expropiación.
Precisamente por no habérsele conferido un derecho para incorporar a su
patrimonio bienes inmuebles de particulares, el artículo 270 del Capítulo XXII
del primer estatuto, única disposición que se declaró exequible, dispuso que
"lo dispuesto en este capítulo no exime a los funcionarios o autoridades
que hubieren ordenado o ejecutado las ocupaciones o los daños, de la
responsabilidad criminal en que, conforme al derecho común, pudieren haber
incurrido".
Resulta atinado lo que el entonces Procurador
doctor Alvaro Copete Lizarralde consignó en su vista fiscal sobre el punto en
examen. Dijo: "Ni el Código Contencioso-administrativo, ni ninguna otra ley
ha autorizado expresamente a la Administración para que ocupe inmuebles
particulares con ocasión de trabajos públicos. Si esa ley existiera sería
manifiestamente inconstitucional".
"Lo que hace el Legislador en el
Código Contencioso Administrativo es observar la frecuencia con que esas
ocupaciones se realizan de hecho, violando los derechos particulares, y por
ello, como lo dice la exposición de motivos, se explica suficientemente que la
ley provea la posibilidad de las ocupaciones de hecho o de daños por medio de
procedimientos rápidos' ".
Si pues por mandato de la
Constitución, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos ejercen la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en los términos que fije la ley,
el Legislador extraordinario puede en desarrollo de esta norma, fijar las
competencias entre estas entidades para que conozcan de los daños originados
por la ocupación permanente de bienes inmuebles, ya que como bien lo estatuye
el artículo 82 de este estatuto "la jurisdicción de lo contencioso
administrativo está instituida para juzgar las controversias originadas en
actos y hechos administrativos de las entidades públicas".
B). Resulta inane pues, la
acusación que se hace de las disposiciones del nuevo Código Contencioso
Administrativo que regulan la acción de reparación directa y cumplimiento por
violación del artículo 30 y 33 de la Constitución Política pues como quedó
precedentemente demostrado, la ocupación de inmuebles por causa de trabajos
públicos, hecho administrativo, puede ser irregular y en algunos casos
cumplirse sin que previamente se haya ventilado el trámite de la expropiación
convirtiéndose entonces en fuente de responsabilidad para el Estado. En tanto
que la expropiación es una figura esencialmente distinta, modo de adquirir de
derecho público, por el cual la Administración incorpora a su patrimonio bienes
de los particulares cuando el interés público y social lo exigen, previa
indemnización judicialmente dispuesta. No pueden pues, equipararse como lo hace
el demandante a fin de someterse a requisitos o procedimientos iguales.
Por ello es forzoso inferir que los
textos constitucionales aludidos, que se refieren a la expropiación, no pueden
ser aplicados a la ocupación permanente de la propiedad inmueble y por este
motivo no han podido ser quebrantados por las normas acusadas.
Frente al anterior planteamiento la
Corte considera que es innecesario analizar con detenimiento si la sentencia
judicial a que se refiere el artículo 30 de la Constitución debe ser la
proferida por la denominada jurisdicción ordinaria; o si la exigencia
constitucional queda satisfecha con la que dicten los jueces administrativos,
es decir, la denominada jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Sea suficiente dejar establecido que
cuando la Constitución de 1886 dispuso por primera vez la prelación del interés
público sobre el particular por graves motivos de utilidad pública y consagró
la expropiación o enajenación forzosa como la denominó el artículo 32 de ese
estatuto, el mandamiento judicial al que se condicionó esta figura, fue el
proveniente de la jurisdicción ordinaria ya que en ese entonces no existía aún
jurisdicción contencioso-administrativo y el constituyente apenas facultó al
legislador para crearla.
Pero a partir del Acto Legislativo
número 3 de 1910 que ordenó a la ley crear la nombrada jurisdicción, no se
remite a duda que los órganos de la nominada jurisdicción de lo
contencioso-administrativo forman parte de la Rama Jurisdiccional del Poder
Público y sus actos son jurisdiccionales como lo viene aceptando la Corte y lo
dejó consignado en el fallo de 20 de junio del 33 en los siguientes términos:
"De suerte que con las variantes indicadas, que no carecen por lo demás de
importancia, para los efectos de este fallo, las decisiones de la justicia
ordinaria, así como las que pronuncian las autoridades de lo
contencioso-administrativo, tienen el carácter de acto jurisdiccional, sea que
se las considere desde el punto de vista formal, ya que hacen tránsito a cosa
juzgada en cuanto son irrevocables, o desde el punto de vista material teniendo
en cuenta su estructura interna".
Volviendo finalmente sobre la
índole material o vía de hecho de la actuación realizada por la administración
cuando ocupa permanentemente una propiedad inmueble particular, el artículo 86
del Decreto número 001 de 1984 estructuró la acción directa y de cumplimiento
tendiente precisamente al logro del restablecimiento del derecho del
administrado conculcado por efecto de dicho comportamiento, que tiene la
connotación de un hecho ilícito.
Conviene tener presente que en el
proyecto número 01 del Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa
presentado por el comisionado doctor Carlos Betancur Jaramillo el 21 de octubre
de 1983 a la Comisión Asesora para la redacción del Proyecto del Código
Contencioso Administrativo, en el artículo 3º que se refería precisamente la
acción aludida se tenía como fuente de la responsabilidad de la administración
tanto la operación administrativa como la vía de hecho, fenómenos materialmente
distintos y que por sugerencia del mismo comisionado esta diferencia no se
consagró en el texto definitivo (artículo 86) porque ella fue tomada del
derecho francés donde es tan flagrante la irregularidad del comportamiento de la
Administración en la vía de hecho que se consideró en este país que "no se
estaba realmente ante una actuación administrativa, y por consiguiente la
competencia le corresponde a la jurisdicción ordinaria y no a la contencioso
administrativa". No sobra decir que para nuestra jurisprudencia y doctrina
esta diferencia carece de ese fundamento y por ende, no tiene las apuntadas
consecuencias.
Ahora bien: la regulación de la
acción en referencia, la fuente del daño cuya reparación garantiza, y la
competencia de los organismos contencioso administrativos, Consejo de Estado y
Tribunales Administrativos, para conocer de ella están dentro del ámbito del
legislador (en ese caso legislador extraordinario) por haberlo dispuesto así el
Constituyente en los artículos 143, número 3o. y 134 inciso 1o.”
(resaltado fuera de texto)
26. Es así
como nuevamente se impuso la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
para conocer de las indemnizaciones derivadas de ocupación permanente de bienes
de particulares por parte del Estado, es decir con criterio material, como se ha
dejado sentado en profusa jurisprudencia del Consejo de Estado[23]:
“ […] 4. Estima la Sala que el punto de
apreciación jurídica en torno a si la competencia es de la jurisdicción
contenciosa administrativa o la ordinaria, que sirvió, para la inadmisión de la
demanda (…)’ ´(…) carece de importancia ser dilucidado ahora, por cuanto,
el nuevo ordenamiento contencioso administrativo - Decreto 01 de 1984 - , que
entró a regir el lo. de marzo, superó cualquier discusión sobre la materia al
regular, dentro de las acciones, la de reparación directa, y entre esta todas
las que se derivan, por la ocupación temporal o permanente de inmuebles por
causa de trabajos públicos (artículo 86). Es decir, la inexequibilidad
declarada por la Corte Suprema de Justicia de los artículos 261 a 268 de la Ley
167 de 1941 y que por consiguiente, le entregaría a la jurisdicción
ordinaria la competencia para conocer de la ocupación de inmuebles con motivo
de trabajos públicos, ya no es punto de conflicto, ni doctrinario, ni de
competencia, puesto que la norma citada, le devolvió a esta jurisdicción el
conocimiento pleno de los asuntos que se controviertan sobre el particular.
Preceptúa el artículo 86: "Acción de reparación directa y cumplimiento. La
persona que acredite interés podrá pedir directamente el restablecimiento del
derecho, la reparación del daño, el cumplimiento de un deber que la
administración elude, o la devolución de lo indebidamente pagado, cuando la
causa de la petición sea un hecho, o un acto administrativo para cuya prueba
haya grave dificultad. La misma acción tendrá todo aquel que pretenda se le
repare el daño por la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de
trabajos públicos.”
Con la vigencia, pues, del
Decreto 01 de 1984, la controversia que se suscitó en este proceso,
precisamente, sobre la competencia para el conocimiento de los asuntos de la
ocupación permanente o temporal ha quedado en un plano simplemente teórico sin
incidencia alguna en el caso sub - judice.
5. Lo anterior lleva a la Sala,
entonces, a apartarse, de manera frontal, de las consideraciones hechas tanto
por la colaboradora Fiscal, como por la apoderada de la entidad demandada, y,
aún, de la posición del Consejero Sustanciador y del salvamento de voto que
obra dentro del proceso. Con la advertencia, bueno decirlo, de que todo lo
que se dijo alrededor de esta materia de competencia, fue bajo la vigencia de
la ley l67 de 1941.
6. Los demandantes pretenden que se
les indemnice por los perjuicios causados por el INCORA, en atención a que por
operaciones, omisiones y demás actuaciones materiales imputables a funcionarios
de esa entidad, perdieron la posesión del predio denominado "El
Loro". Así se plantea en la petición principal. Y en la subsidiaria, se
traza similar línea al señalar responsabilidad del INCORA al no adquirir el
predio, no obstante que el Instituto "parceló parte del mismo y adjudicó a
24 familias de campesinos del Municipio de Manatí las parcelas". En estas
condiciones, entiende la Sala, que se debe entrar a estudiar y precisar si se
operó el fenómeno de la caducidad, atendida la circunstancia de que la demanda
se presentó el día 16 de mayo de 1979, y muchos aspectos de referencia se
extienden a 1964[24]” (subrayado y resaltado fuera de texto).
27. En relación con la
responsabilidad patrimonial del Estado y sus servidores, el artículo 90 de la
Constitución Política de 1991 preceptúa que “el Estado responderá patrimonialmente
por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas” “En el evento de ser condenado el
Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquel deberá repetir contra éste”.
Este último inciso fue
desarrollado por la Ley 678 de 2001 en lo concerniente a la determinación de la
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, a través de la acción de
repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición. Dicha
disposición contempla expresamente, como una de las causales de ejercicio de la
acción de repetición, la ocupación permanente de inmuebles por causa de
trabajos públicos o por cualquiera otra causa, como lo es el caso objeto de la
presente demanda[25].
28. A su turno, el artículo 86
del Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo-, fue modificado por
el artículo 31 de la Ley 446 de 1998; de igual manera fue modificado el
artículo 136 del mismo estatuto por el artículo 44 de la Ley 446, de la
siguiente manera:
“Artículo 86. Modificado por el Art.
31 de la Ley 446 de 1998. Acción de reparación directa. La persona interesada
podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un
hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra
causa.
Artículo 136. Modificado por el
Art. 44 de la Ley 446 de 1998. Caducidad de las acciones.
8. La de reparación
directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir
del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajos públicos.
Artículo 220. Transmisión
de la propiedad. Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad
inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que
cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la
sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”
Estas disposiciones reiteraron la
vía judicial de reparación directa cuando la causa fuese la ocupación temporal
o permanente de inmuebles de dominio privado por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa[26].
Por su
parte, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el Art. 44 de la Ley 446 de 1998, estatuyó que la acción de
reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados
a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.
29. Estas
normas introducidas por la Ley 446 de 1998, también fueron objeto de demanda de
constitucionalidad, de manera que mediante la sentencia C-864 de 2004, la Corte
Constitucional declaró su exequibilidad precisando para el efecto:
“ No obstante, cuando el Estado ha
ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 90 de
la Constitución debe responder patrimonialmente e indemnizar en forma plena y
completa al titular del derecho de propiedad privada, por el daño antijurídico
causado, es decir, por el daño que no tenía el deber de soportar.
Por tanto, en cuanto el Art. 86 del
Código Contencioso Administrativo, modificado por el Art. 31 de la Ley 446 de
1998, y el Art. 136 del mismo código, modificado por el Art. 44 de dicha ley,
contemplan la vía para obtener la reparación de los perjuicios causados con la
ocupación permanente de los inmuebles, tales disposiciones no son contrarias al
artículo 58 de la Constitución, ya que protegen el derecho de propiedad
privada, en vez de vulnerarlo, al asegurar a su titular el reconocimiento y
pago de la indemnización correspondiente.
Debe observarse que dichas normas no
autorizan al Estado para que ocupe de hecho los inmuebles, pretermitiendo los
procedimientos legales para la adquisición del derecho de propiedad privada,
sino que buscan remediar por el cauce jurídico la situación irregular generada
con dicho proceder de las autoridades públicas.
Así mismo, si en tales
circunstancias la entidad pública es condenada a pagar la indemnización, es
razonable que se ajuste a Derecho, así sea a posteriori, la adquisición del
vulnerado derecho de propiedad privada por parte de aquella, pues como efecto
del pago ulterior y cierto de la condena por parte del Estado no existe
jurídicamente ninguna justificación para que el titular de dicho derecho
continúe siéndolo. Si así fuera, se configuraría un enriquecimiento sin causa
de este último a costa del Estado, pues aunque en virtud de la ocupación
aquella adquirió la posesión del inmueble, la misma no tendría el poder
jurídico de disposición del bien, a pesar de haberle sido impuesta la
obligación de reparar todo el derecho.
Por tanto, el inciso 2º del Art. 219
del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Art. 56 del Decreto ley
2304 de 1989, y el Art. 220 del mismo código, que contemplan el traspaso del
derecho de propiedad privada a la entidad pública ocupante, mediante la
sentencia de condena y su inscripción en el registro inmobiliario respectivo,
respetan igualmente el Art. 58 de la Constitución.
Por otra parte, por causa de la
actuación irregular que representa la ocupación de hecho, el servidor público
que la ha llevado a cabo tendrá a su cargo la responsabilidad legal
consiguiente, de orden disciplinario, patrimonial por dolo o culpa grave, de
conformidad con lo previsto en el citado Art. 90 superior y la Ley 678 de 2001,
y penal.
En síntesis, puede afirmarse que las
disposiciones examinadas no violan el Art. 58 de la Constitución, por cuanto el
mismo consagra una garantía de la propiedad privada y ésta se protege no sólo
frente a actos jurídicos sino también frente a hechos como la ocupación
permanente de un inmueble. De otro lado, tales normas se ajustan al Art. 90
ibídem, ya que la ocupación permanente del inmueble ocasiona a su propietario
un daño que no está obligado a soportar y que por lo mismo es antijurídico, el
cual debe ser reparado patrimonialmente.”
30. Además de la competencia
material radicada en la Jurisdicción Contenciosa antes citada para el caso en
estudio, también la Ley 446 de 1998 al modificar el artículo 82 del decreto 01
de 1984, trató de conjurar cualquier controversia suscitada con ocasión de la
jurisdicción competente para conocer la de la ocupación de bienes por parte de
entidades públicas al consagrar con criterio orgánico que: “ La Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas
incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50 %
y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos
órganos del Estado…” . Aspecto que posteriormente fue confirmado de manera
incontrovertible y puesto en términos aun mas claros, mediante la Ley 1107 de
2006, según la cual la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de
las controversias originadas en litigios donde sean parte las “entidades
públicas” . Al respecto, conviene citar el Auto 25619 de 26 de marzo de 2007
del Consejo de Estado, según el cual la competencia del juez administrativo se
atribuye en virtud de la naturaleza pública de la entidad y no de la clase o
acto enjuiciado.
31. En lo
que respecta a la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, se evidencia que esta siguió la evolución normativa
antes prevista, por lo menos hasta los año 80’s[27].
Posteriormente, la jurisprudencia civil se aparta de los criterios materiales y
orgánicos que las disposiciones legales establecen para asignar competencia a la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa a efectos de indemnizar por vía de la
acción de reparación directa los daños causados al legítimo titular de un predio
ocupado de manera permanente y de forma irregular por el Estado para el
desarrollo de trabajos públicos, para insistir en la procedencia de la acción
reivindicatoria.
Lo anterior,
con el argumento de que es dicha acción la procedente, con criterio material,
para dirimir controversias que versan sobre un derecho real, en este caso la
posesión, cuya competencia corresponde de manera exclusiva a la Jurisdicción
Civil, así en la práctica no se cumpla con su función de restitución material debido
a la afectación del bien despojado al servicio público ó al interés general, fundamento
que hasta antes del 2004, llevó a la Corte Suprema de Justicia a aplicar de
manera analógica la figura de la reivindicación ficta prevista en el artículo
955 del Código Civil, por la cual se autoriza a compensar el valor de la cosa ocupada
en el evento en que ésta haya sido enajenada por el ocupante.
A partir de la providencia de 2
de agosto de 2004 la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, rectificó
su jurisprudencia al señalar que en la reivindicación ficta procede condenar al
demandado a pagar perjuicios, cuando se encuentren demostrados los supuestos
fácticos necesarios, esto es: i. que el opositor hubiese enajenado el
bien y, que ese ii. desprendimiento lo haya llevado a cabo sabiendo que
el mismo no era suyo sino ajeno. La doctrina así sentada, señaló que cuando se
presenta la afectación del bien de propiedad privada a un fin de utilidad
general, obsta de manera definitiva su restitución y justifica que en lugar se
le entregue a su dueño el precio, sin que para tal  solución pueda acudirse a
la analogía legis del artículo 955 del Código Civil, el cual en términos
de la Corte no resulta aconsejable, puesto que las demás disposiciones de dicha
preceptiva no se adecuan al factum que allí se verifica.
Precisamente, la Corte Suprema de
Justicia también en sentencia de octubre de 2004, al descartar la reivindicación
ficta, señaló que en este caso el demandado no es poseedor en virtud de la
enajenación del bien ocupado, razón que le permite ir tras el precio, y sólo
eso, al cual debe agregarse la indemnización de perjuicios, si la enajenación
se hizo de mala fe. Cuando el bien es afectado al interés general o utilidad
pública el reivindicador está en situación distinta, puesto que la cosa
permanece en poder del ocupante, a quien le reclama por tanto su restitución
material y "…en puridad no podían pretextarle, porque no hace al caso,
lo que el 955 eleva como excusa (la cosa no está en manos del poseedor y el
dueño ignora acaso donde pueda estar)…[28]" para negarle el
derecho a percibir los frutos, de ahí que se concluyera que más bien es "…
el interés general" el que "…hace dúctil la reivindicación
para que en vez de la cosa se entregue su precio, asunto que en nada es extraño
a ojos del legislador como de hecho se comprueba en el artículo 955, añadidos
los frutos que se produjeron hasta el fallo mismo en que tal transformación
patrimonial se ofrece. Para decirlo con total afán de síntesis, la
reivindicación en tales casos no tiene de particular sino lo atinente a la no
restitución del bien; en principio, pues, en nada más puede verse ella -la
reivindicación- descompuesta o desfigurada[29]”.
32. Esta posición jurisprudencial
de la Corte Suprema de Justicia, admite que mediante la acción reivindicatoria
se autorice la compensación directa del valor del bien indebidamente ocupado por
el Estado cuando se destina a un servicio pública o utilidad pública sin
necesidad de aplicar la “reivindicación ficta”. No obstante, si en
últimas lo que la jurisprudencia civil esta reconociendo por vía de la acción
reivindicatoria es la indemnización patrimonial a cargo del Estado, para la
Sala resulta evidente la usurpación de competencias que legalmente le fueron
atribuidas a la Jurisdicción Contencioso Administrativa por normas de orden
público y de obligatorio cumplimiento, pues en rigor al no existir posibilidad
material de restituir la posesión del bien ocupado es a esta Jurisdicción a
quien corresponde reparar el daño antijurídico causado por la ocupación
permanente de bienes privados para el desarrollo de trabajos públicos.
Reparación que no incluye otra cosa que la compensación del precio del bien,
así como de los perjuicios ocasionados con ocasión de la ocupación.
Es cierto que el dominio como
derecho real habilita a su titular a perseguir la cosa sobre la cual recae en
manos de quien se encuentre y, que es esa la razón de ser de la acción
reivindicatoria sea esta regulada por el Código Civil o por la legislación
agraria. No obstante, la posesión común a que tiene derecho el titular del
dominio, se desdibuja cuando el Estado ocupa un bien por vías de hecho para
destinarlo al uso público o al interés público, pues es precisamente tal
destinación la que impide la reivindicación de la posesión al propietario
desposeído, ya que no existe reivindicación incorpórea, de manera que lo que
allí cabe es compensar el valor del bien al titular de este, de manera que la
misma Corte Suprema ha descartado la aplicación analógica de la restitución
ficta, de donde únicamente queda la indemnización a cargo del Estado usurpador,
para cuyo efecto existe norma expresa de obligatorio cumplimiento
33. Colorario de lo anterior debe
concluirse que por encima del precedente jurisprudencial se impone el principio
de legalidad, esto es, la aplicación de las normas legales que asignaron
primero con criterio material y, luego, con criterio orgánico, a partir de 1984,
a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la competencia de indemnizar por
vía de la acción de reparación directa los daños causados a causa de la
ocupación permanente de bienes de dominio privado para el desarrollo de
trabajos públicos. Aspecto por demás práctico, en razón a que la afectación
definitiva del bien al uso público o al interés general impiden la restitución
de la posesión material del bien a su original propietario, aspecto que si desnaturaliza
y desdibuja la utilidad de la acción reivindicatoria haciéndola inane en el
caso concreto.
En esos términos y, tal acotando lo
señalado en párrafos anteriores, desde 1886 hasta 1918 la competencia para
resolver los asuntos relativos a la ocupación de bienes privados para el
desarrollo permanente de trabajos públicos correspondía a la Jurisdicción Civil
por vía de la acción reivindicatoria, básicamente por no existir la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. A partir de la Ley 38 de 1918, pasando
por la Ley 167 de 1941 y hasta el fallo de inexequibilidad dictado por la Corte
Suprema de Justicia el 20 de junio de 1955[30], dicho conocimiento
correspondió de manera exclusiva al Consejo de Estado. Luego por virtud de la
citada sentencia y hasta la expedición del Decreto 01 de 1984, nuevamente se
remitió la competencia a la Jurisdicción Civil para los casos de ocupación
permanente de bienes privados con el fin de que fuesen resueltos a través de la
aplicación de la acción reivindicatoria y la acción reivindicatoria ficta
prevista en el artículo 995 del Código Civil, de allí la proliferación de
sentencias reivindicatorias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia entre el año 1955 a 1984.
No obstante, con la expedición
del Decreto Ley 01 de 1984 hasta la fecha es claro que la compensación del
precio de bienes ocupados en forma permanente por el Estado, debe alcanzarse
por vía de la acción de reparación directa ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, de manera que el título adquisitivo de dominio de la
Administración sobre el inmueble ocupado definitivamente por trabajos públicos,
una vez el Estado ha sido condenado a su pago, es la correspondiente sentencia;
y el modo, la tradición que se verifica simbólicamente por el debido registro. En
este caso, de ocupación permanente del bien, se insiste, ya no es posible la
restitución de la posesión material al propietario, aspecto que descarta la
procedibilidad de la acción civil reivindicatoria, como también la posibilidad
de que sea ésta la que ordene la compensación del precio, en razón a la
existencia de norma expresa y especial que asigna esta competencia a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, aspecto que también descarta la
prescripción de veinte años que la normativa civil reconoce a la acción
reivindicatoria.
Caso concreto.
34. Aclarado el panorama normativo
que rige la Jurisdicción que tiene a su cargo la indemnización por ocupación permanente
y de hecho de bienes de propiedad privada por parte del Estado, pasa la Sala a
verificar lo acontecido en el caso concreto.
35. Al revisar uno a uno los
treinta y siete (37) expedientes que integran los procesos de tutela acumulados,
la Sala verifica que en ninguno de ellos quedó plenamente establecida y
demostrada la fecha de ocupación de los predios que son materia de
reivindicación. Es así como en cada una de las demandas reivindicatorias se
hace mención a fechas distintas, por ejemplo, se hace mención a los años en que
fueron trazadas las carreteras por parte de Caminos Vecinales –hoy en
liquidación-, esto es, entre los años 70 y 88; en otras demandas se establece
como fecha de ocupación los años en que se llevó a cabo la pavimentación por
parte de INVIAS, entre los años 1996 y 2006 inclusive.
La fecha de ocupación tampoco es
definida en los informes periciales que reposan en cada uno de los expedientes y,
lo que resulta aún más gravoso, no es definida por los jueces de instancia en
sus respectivas providencias, al punto que pasan de soslayo este elemento, para
concentrarse únicamente en el área ocupada, en punto a determinar el valor de
la compensación de los inmuebles con fundamento en el valor actual de los
predios a título de reivindicación ficta, aspecto que se traduce en un grave
defecto fáctico en relación con las providencias condenatorias.
36. Pese a lo anterior, si se
tomaran los años 1970 a 1976 como el período en el cual Caminos Vecinales
realizó las ocupaciones de terrenos privados para el trazado de vías terciarias
de la red nacional en el Departamento de Sucre, según lo indicó INVIAS en sus
escritos de contestación a las demandas, la competencia para conocer de dichas
ocupaciones permanentes, según lo expuesto, radicaba en la Jurisdicción Civil
por vía de la acción reivindicatoria, acción que se hubiese podido instaurar por
parte los titulares del derecho de dominio hasta la entrada en vigencia del
Decreto 01 de 1984, por el cual, como se explicó en párrafos precedentes, la
competencia por ocupaciones permanentes fue radicada en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, siendo en este evento procedente la acción de
reparación directa.
Lo anterior, en los términos
previstos en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual “Las leyes concernientes
a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde
el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado
a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán
por la ley vigente al tiempo de su iniciación.”. De forma que si para la
entrada en vigencia del Código Contencioso Administrativo ya se encontraban en
curso acciones reivindicatorias estas deberían seguir su curso bajo las leyes
civiles hasta su terminación. No obstante, en consideración a que las acciones
reivindicatorias fueron interpuestas en los años 2005, 2006 y 2007, la Sala
encuentra que las acciones civiles estarían prescritas y la acción contenciosa
de reparación directa caducada.
37. Ahora bien, si en cambio se tomarán
como años de ocupación aquellos que los demandantes señalan en sus demandas,
esto es, los años 1988 a 1992, resulta evidente que para tal época ya se
encontraba en vigencia y plena aplicación el Decreto 01 de 1984, según el cual
correspondía, con criterio material, a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, conocer de la reparación derivada de la ocupación permanente de
bienes de propiedad privada para la ejecución de trabajos públicos, por vía de
la acción de reparación directa, cuya caducidad se estableció en dos (2) años
contados a partir de la ocupación. Así en los casos en estudio, se encuentra
que dicha acción estaría caducada para los años 2005, 2006 y 2007, en los
cuales se presentaron las demandas reivindicatorias.
38. Finalmente, si en gracia de
discusión se tomara como fecha de ocupación de los predios, los años 1992,
1996, 1997, 1998, 1999 e incluso 2006, en los cuales según algunas demandas
reivindicatorias, INVIAS inició la “pavimentación” de las vías, debería
llegarse a la misma conclusión referida en el párrafo precedente, con la
salvedad de que a partir de 1998 cobraba vigencia la Ley 446 de 1998, que al
modificar el artículo 82 del decreto 01 de 1984, estableció la competencia de la
Jurisdicción Contenciosa con un criterio orgánico además del material antes señalado,
al indicar que “ La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la
actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía
mixta con capital público superior al 50 % y de las personas privadas que
desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado…”. Aunque
vale precisar, que una cosa es que se ocupen predios para el trazado de una vía
pública y, otra cosa, la pavimentación de la mencionada vía, más aun cuando se
constata que muchos de los demandantes no eran los propietarios al momento en
que Caminos Vecinales aparentemente ocupó los predios para el trazado de vías y,
que en consecuencia tampoco se aclara si los anteriores propietarios fueron
objeto o no de indemnización por parte de Caminos Vecinales -hoy en liquidación-.
39. Todo lo anterior lleva a
concluir sin mayores elucubraciones que al acceder a la Jurisdicción Civil por
vía de la acción reivindicatoria en los años 2005, 2006 y 2007, para lograr el
reconocimiento del precio de los bienes ocupados de hecho por Caminos Vecinales
–hoy en liquidación- para el trazado de vías en el Departamento de Sucre, se
configuró, sin lugar a dudas, un defecto orgánico en cada uno de los treinta y
siete procesos reivindicatorios que se censuran por vía de tutela. Comprueba la
Sala que mediante esta estrategia se trató de burlar el término de caducidad de
dos años previsto por el ordenamiento legal para efectos de activar la acción
de reparación directa como vía de indemnización por parte del Estado, aspecto
que se encuentra reprochable más aun cuando ni las partes demandantes ni los
jueces efectuaron esfuerzo alguno por determinar con exactitud la fecha en que
se produjo la alegada ocupación en aras de eludir además, cualquier
prescripción de la acción civil en caso de ser procedente. Se comprueba de esta
forma la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, por vía del cual
el Estado fue condenado a unos pagos a los cuales no estaba obligado y, que en
todo caso correspondían a valores exorbitantes.
40. En la
sentencia T-929 de 2008 se advirtió, con base en reiterada jurisprudencia
constitucional, que la probada incompetencia del funcionario judicial configura
un defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto “el
grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar
el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de
seguridad jurídica que “representa un límite para la autoridad pública que
administra justicia, en la medida en que las atribuciones que le son conferidas
sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen”[31]. Y agregó “la
extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el
debido proceso y, entre otros supuestos, se produce cuando “los jueces
desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde”[32] y también cuando
adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera de los términos
jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones[33].”
En
consecuencia, la actuación judicial está enmarcada dentro de una competencia
funcional y temporal, determinada, constitucional y legalmente, que de ser
desbordada conlleva la configuración de un defecto orgánico, y por ende, el
desconocimiento del derecho al debido proceso.
41. Razón que autoriza a la Sala
a dejar sin efectos las sentencias proferidas en primera y segunda instancia en
cada uno de los treinta y siete procesos identificados en el numeral 3.8 de
esta providencia, sin perjuicio del defecto fáctico que se hace evidente en
cada uno de ellos, al no probarse la fecha en que se produjo la ocupación de
predios privados que dio lugar a las citadas acciones reivindicatorias.
42. En
consecuencia esta Sala de Revisión no se pronunciará sobre el posible defecto
fáctico planteado por el actor en su escrito de tutela, al constatar que el defecto
orgánico anotado resulta suficiente para tutelar el derecho al debido proceso del
solicitante.
III. DECISIÓN.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia de 16 de marzo de 2010 de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia por la cual se confirmó la providencia de 17 de
febrero de 2010 proferida por la Sala de Casación Civil de esa Corporación. En
su lugar, TUTELAR el derecho al debido proceso del Instituto Nacional de
Vías –INVIAS-, en los términos señalados en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO.-
En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Sincelejo y Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sincelejo – Sala Civil, en los siguientes procesos:
Radicación                                       :        2006-00129
Demandante                                              :        Nelson
Martelo & Cía S. en C. en
Sentencia Primera Instancia             :        26
de junio de 2008
Sentencia de Segunda Instancia                 :        15
de diciembre de 2008
Radicación                                       :        2006-00144
Demandante                                              :        Carmen
Elena Tamara García
Sentencia Primera Instancia             :        26
de enero de 2009
Radicación                                       :        2006-00145
Demandante                                              :        Luís
Adolfo Tamara García
Sentencia Primera Instancia             :        26
de enero de 2009
TERCERO. DEJAR
SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Corozal – Sucre, en el siguiente proceso:
Radicación                                       :        2005-00201
Demandante                                              :        Yolanda
María Gil de Vivero
Sentencia Primera Instancia             :        28
de enero de 2008
CUARTO.          DEJAR
SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Sucre y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo – Sala Civil,
en los siguientes procesos:
Radicación                                       :        2006-00051-00
Demandante                                              :        Francisco
de Paula Ricardo
Hoyos
Sentencia Primera Instancia             :        13
de agosto de 2008.
Radicación                                       :        2005-00187-00
Demandante                                              :        Miguel
Segundo Meléndez
Campos
Sentencia Primera Instancia             :        15
de agosto de 2008.
Radicación                                       :        2005-00186-00
Demandante                                              :        Reinaldo
de Jesús Galviz
Sentencia Primera Instancia             :        12
de agosto de 2008.
Radicación                                       :        2006-00147-00
Demandante                                              :        José
de Jesús Cervera Espitia
Sentencia Primera Instancia            :        4
de marzo de 2009.
Radicación                                       :        2006-00094-00
Demandante                                              :        Santiago
Salvador Álvarez
Sentencia Primera Instancia             :        5
de marzo de 2009
Radicación                                       :        2006-00030-00
Demandante                                              :        Juvenal
Enrique García
Sentencia Primera Instancia             :        28
de julio de 2008
Radicación                                       :        2006-00046-00
Demandante                                              :        Cristo
Manuel Zambrano
Sentencia Primera Instancia             :        13
de agosto de 2008
Radicación                                       :        2006-00045-00
Demandante                                              :        Rosa
Felicidad Ortega
Sentencia Primera Instancia             :        11
de agosto de 2008
Radicación                                       :        2006-00044-00
Demandante                                              :        Luís
Carlos García Requena
Sentencia Primera Instancia             :        14
de agosto de 2008
Radicación                                       :        2006-0017300-00
Demandante                                              :        Manuel
Santander Cárdenas
Sentencia Primera Instancia             :        2
de septiembre de 2008
Radicación                                       :        2005-00290-00
Demandante                                              :        Francisco
Manuel Monterroza
Figueroa.
Sentencia Primera Instancia             :        14
de diciembre de 2007
Sentencia de Segunda Instancia                 :        31
de julio de 2008
Radicación                                       :        2005-00288-00
Demandante                                              :        Ana
Gregoria Martínez
Sentencia Primera Instancia             :        13
de diciembre de 2007
Sentencia de Segunda Instancia                 :        22
de octubre de 2008
Radicación                                       :        2005-00185-00
Demandante                                              :        Sandiego
María Pérez de Sánchez
Sentencia Primera Instancia             :        1º
de septiembre de 2008
Radicación                                       :        2006-00246-00
Demandante                                              :        Farid
Díaz Rondón
Sentencia Primera Instancia             :        19
de mayo de 2009
Radicación                                       :        2006-00049-00
Demandante                                              :        José
Joaquín Martínez Santos
Sentencia Primera Instancia            :        28
de julio de 2008
Radicación                                       :        2006-00217-00-00
Demandante                                              :        Rosa
Isabel Cortés Salgado
Sentencia Primera Instancia             :        2
de septiembre de 2008
QUINTO.
DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Sincé - Sucre y Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo – Sala Civil, en los siguientes procesos:
Radicación                                       :        2005-00431
Demandante                                              :        Alonso
de Jesús Garavito Díaz
Sentencia Primera Instancia             :        5
de octubre de 2007
Sentencia de Segunda Instancia                 :        24
de junio de 2008
Radicación                                       :        2007-00231
Demandante                                              :        Manuel
José Hernández Navarro
Sentencia Primera Instancia             :        19
de diciembre de 2008
Radicación                                       :        2005-00328
Demandante                                              :        Alberto
Francisco Romero
Martínez .
Sentencia Primera Instancia             :        19
de diciembre de 2008
Radicación                                       :        2005-00280
Demandante                                              :        Beatriz
Eugenia Vergara de Pérez
Sentencia Primera Instancia             :        19
de diciembre de 2008
Radicación                                       :        2006-00139
Demandante                                              :        Pablo
Ramón Arrieta Villadiego
Sentencia Primera Instancia             :        1º
de diciembre de 2008
Radicación                                       :        2006-00046
Demandante                                              :        Lacides
de los Reyes Meza
Atencia.
Sentencia Primera Instancia             :        30
de julio de 2008
Radicación                                       :        2005-00327
Demandante                                              :        Narciso
Rafael Flórez Castro
Sentencia Primera Instancia             :        30
de julio de 2008
Radicación                                       :        2007-00128
Demandante                                              :        Rosa
María Medina de Severiche
Sentencia Primera Instancia             :        30
de julio de 2008
Radicación                                       :        2006-00180
Demandante                                              :        Teobaldo
del Cristo Beltrán
Medrano y otro.
Sentencia Primera Instancia             :        11
de julio de 2008
SEXTO: DEJAR
SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo del Circuito
de San Marcos - Sucre y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo –
Sala Civil, en los siguientes procesos:
Radicación                                       :        2007-00179
Demandante                                              :        INMAQ
LTDA.
Sentencia Primera Instancia             :        11
de mayo de 2009
Radicación                                       :        2007-00134
Demandante                                              :        Jorge
Luís Vergara Díaz
Sentencia Primera Instancia             :        11
de mayo de 2009
Radicación                                       :        2007-00084
Demandante                                              :        Samuel
Martelo y otros.
Sentencia Primera Instancia             :        1º
de abril de 2009
SÉPTIMO.
ORDENAR a INVIAS que en caso de haber procedido a los pagos de las
condenas señaladas por la autoridades judiciales en los procesos antes
referidos, emprenda todas las acciones legales necesarias para su recuperación,
por tratarse del pago de lo no debido. Para el efecto, esta sentencia de tutela
prestará mérito ejecutivo frente a los beneficiarios de dichos pagos.
OCTAVO.
NOTIFICAR el presente fallo a la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Civil, al Tribunal  Superior de Distrito Judicial de Sincelejo, a los
Juzgados Civiles del Circuito de Sincelejo y a los Juzgados Promiscuos del
Circuito de Sucre, Sincé y San Marcos.
NOVENO.
ORDENAR a la Secretaria General de esta Corporación compulsar copias de
esta providencia a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la
Judicatura para lo de su competencia.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
Ponente
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] En la sentencia T-079 de 1993, la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional confirmó un fallo de tutela proferido por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el cual la Sala de
Casación Civil consideró que era evidente la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la accionante. Manifestó la Sala Tercera en
aquella ocasión: “Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de
hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la
conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o
capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales
de la persona. // Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente
contraria a la Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones
estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de
legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es
condición de existencia de los empleos públicos (CP art. 122) y su
desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (CP arts.
6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el
hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar
la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la
actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite
sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el
desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente
las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar
simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que
les da su legitimidad. // La decisión revestida de las formalidades de un acto
jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o
al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para
proferirla.”
[2]  Sentencia T-008 de 1998.
[3] Ver al respecto las sentencias T-949 de 2003 y T-774
de 2004.
[4]  Sentencia 173/93.
[5] Sentencia T-504/00.
[6] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[7] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[8] Sentencia
T-658-98
[9] Sentencias
T-088-99 y SU-1219-01
[10] Sentencia T-522/01.
[11] Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y
T-1031/01.
[12] Sentencia
T-504 de 2000.
[13] Certificación de la Asociación Nacional de
Funcionarios  y Empleados  de la Rama Judicial de 10 de noviembre de 2008, en
el que consta  que desde el 3 de septiembre al 16 de octubre de 2008 los
despachos judiciales no prestaron servicios a sus usuarios. Folio 107 del
cuaderno  del proceso  70-742-31-89-001-2007-00128-00. Folio 150 del proceso de
tutela 27709. Acuerdo No. 094 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre,
Sala Administrativa de 1 de octubre de 2008, en la que se determinó declarar
suspendidos los términos judiciales  en ese distrito durante el cese de
actividades.
[14] Sentencia
T-1086 de 2003.
[15] HENAO, Juan Carlos. La Responsabilidad
Extracontractual del Estado en Colombia. Evolución Jurisprudencial. Tomo I,
Volumen II. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 1991. P 641.
[16] Ibídem.
[17] De conformidad con los artículos 261 a 269 de la ley 167 de 1941, la
Jurisdicción Contencioso administrativa tenía competencias para conocer los
casos de responsabilidad por los daños producidos con la ocupación de temporal
o permanente de inmuebles por motivo de trabajos públicos (mediante sentencia
del 20 de junio de 1955 de la Corte Suprema de Justicia, dictada en ejercicio
de funciones de tribunal de control de constitucionalidad, declaró la
inexequibilidad parcial de tales normas, en aquella parte relacionada con la
ocupación permanente, por estimar que tales eventos debían ser competencia de
la jurisdicción ordinaria).
[18] 39 Los
artículos 67 y 68 del Código Contencioso Administrativo de 1.941 disponían:
“Artículo 67. La persona que se crea lesionada en un derecho suyo establecido o
reconocido por una norma de carácter civil o administrativo podrá pedir que
además de la anulación del acto se le restablezca en su derecho. La misma
acción tendrá todo aquel que se hubiere hecho parte en el juicio y demostrado
su derecho.
“Artículo 68. También puede pedirse el
restablecimiento del derecho cuando la causa de la violación es un hecho o una
operación administrativa. En este caso no será necesario ejercitar la acción de
nulidad, sino demandar directamente de la administración las indemnizaciones o
prestaciones correspondientes.
“artículo 269. Si se tratare de ocupación de
una propiedad inmueble, y se condenare a la Administración al pago de lo que
valga la parte ocupada, se prevendrá en la sentencia que deberá otorgarse en
favor de la Administración el correspondiente título traslaticio de dominio.”Declarado
inexequible.
[19] Consejo de Estado, Sentencia del 29 de julio de 1947. Actor: El Siglo
S.A., C.P. Dr. Gustavo A. Balbuena. A.C.E. T. LVI no. 357 -361 p 448.
[20] Consejo de Estado, Sentencia de 2 de Noviembre de 1960,
C.P. Carlos Gustavo Arrieta. A.C.E. LXII. No. 387 – 191, p. 154.
[21] Consejo de Estado Sección 3º  Sentencia  de octubre 9 de 1985 M.P.
Carlos Betancur  Jaramillo.
[22] Betancur Jaramillo, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Ed.
Bedout 1981. Pág. 60
[23] Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Sentencia  de 9 de agosto  de 1984. Expediente 2724
Incora. M.P. José Alejandro Bonivento Fernández.
[25] Sentencia C-864 de 2004.
[26] Así las cosas,  tal como lo señaló el Consejo de Estado  Sección
Tercera . Auto de marzo 18 de 1999 exp. 15943: “ De lo anteriormente reseñado
se puede concluir que hoy no cabe discutir ni aducir la aplicación del término
de prescripción de 20 años respecto de las acciones de reparación directa que
tengan por supuestos fácticos hechos o procedimientos ocurridos con
posterioridad a la vigencia del decreto ley 528 de 1964. Siguiendo estas
tesis jurisprudenciales y doctrinarias, debe tomarse en cuenta al examinar la
caducidad de la acción, la normativa que estuviese vigente al momento de
terminación de la obra – ampliación de la Avenida Boyacá –. Para el caso sub
lite pudo ser la contenida en el artículo 263 del anterior Código Contencioso
Administrativo – 2 años -., o en (sic) artículo 28 del decreto ley 528 de 1964
– 3 años – o en el decreto 01 de 1984 – 2 años. Fuere uno u otro término,
resulta claro que para la fecha de presentación de la solicitud del trámite
conciliatorio – 16 de abril de 1998 – la acción de reparación directa ya había
caducado… Cabe entonces la conclusión de que para la fecha en que se terminaron
las obras de ampliación de la Avenida Boyacá, con las cuales presuntamente se
ocupó el terreno de propiedad del Banco de la República, estaba vigente el
decreto ley 528 de 1964 que establecía como término de caducidad de la acción
de reparación tres años…”.
[27] Sentencias del 6 de septiembre de 1950, 8 de
septiembre de 1955 G.J. t. LXXXI, páginas 329 a 333, 24 y 29 de agosto de 1969,
29 de abril de 1978, 20 de enero de 1980, y providencia del 12 de agosto de
1997.
[28] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia  de 25 de octubre de 2004.
Expediente 5627.
[29] Ibídem.
[30] C.S. J. Tomo LXXX, número 2134, páginas 247 y ss.
[31] Sentencia T-1057 de 2002 y Sentencia T-929 de 2008.
[32] Sentencia T-446 de 2007.
[33] Sentencia T-929 de 2008.