T-735-17
Sentencia T-735/17
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA
INTEGRIDAD PERSONAL DE MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA-Responsabilidad de
las autoridades administrativas y judiciales por actos de violencia
institucional cuando sus acciones u omisiones causen daño a la denunciante
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Para su
determinación es obligatorio sustentar o presentar los factores de hecho que
configuran el daño o menoscabo cierto a los derechos fundamentales invocados
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de
jurisprudencia
VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER-Procedimiento
a seguir cuando ocurren actos de violencia y las formas de asistencia a
víctimas de maltrato intrafamiliar, según ley 294 de 1996
PROTECCION
DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Mandatos constitucionales y legales
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Protección a nivel
nacional e internacional
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA
DE GENERO-Forma
de combatir la violencia contra la mujer
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA
DE GENERO-Su
desconocimiento por parte de quienes ejercen funciones judiciales, puede convertirse
en un nuevo acto de violencia en contra de la mujer denunciante
DERECHO
DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN CASOS DE MORA JUDICIAL-Procede acción de
tutela en casos de demora cuando se desconozca un término razonable y ello
suponga la materialización de un daño que genera perjuicios no subsanables
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-La falta de celeridad ante riesgo de
reincidencia de violencia contra la mujer no puede constituir infracción a la
constitución
La prontitud en la administración de justicia constituye una
garantía esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a
la justicia, pero no todo retardo en la decisión supone una infracción a la
constitución. Esa situación solo se da cuando se compruebe que este se dio por
falta de diligencia del funcionario o que el plazo del proceso es irrazonable,
al analizar las especificidades del caso, que en los casos de violencia contra
las mujeres deben ser analizadas con mayor rigor por la necesidad de abordar
medidas urgentes que eviten el riesgo de reincidencia de la violencia
DERECHO AL HABEAS DATA-Garantía de las
mujeres víctimas de violencia
Resulta indispensable que las entidades
públicas y privadas encargadas y responsables de las bases de datos que
contienen información sobre actos de violencia en contra de mujeres garanticen
el ejercicio pleno y efectivo del derecho al habeas data, poniendo a su
disposición la información que requieran y los medios para lograr la
actualización, la rectificación, y la supresión o cancelación de la
información, de forma que puedan ejercer su derecho al acceso a la justicia,
así como hacer uso de los distintos mecanismos del ordenamiento jurídico
IMPEDIMENTO EN TUTELA-Acreditación
Ha considerado esta Corporación que para
que el impedimento sea fundado se debe acreditar “una relación inescindible de
correspondencia y pertinencia entre los hechos manifestados por el juez y las
causales taxativas de impedimento que son invocadas”
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN DECISIONES
SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Exige que el operador sea sensible a un
enfoque de género, de forma que no se perpetúen estereotipos que impiden a la
mujer acceder en igualdad de condiciones a los procesos administrativos y
judiciales para su protección
VIOLENCIA PSICOLOGICA-Características
“Se ocasiona con acciones u omisiones
dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de
desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de
autoestima. Esta tipología no acata la integridad física del individuo sino su
integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se
materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación,
desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo. Esta se
da cuando: i) la mujer es insultada o se la hace sentir mal con ella misma; ii)
es humillada delante de los demás; iii) es intimidada o asustada a propósito
(por ejemplo, por una pareja que grita y tira cosas); o iv) cuando es amenazada
con daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a
alguien importante para ella). Se trata de agresiones silenciosas y sutiles que
no afectan la integridad física y que suponen una mayor dificultad probatoria,
por lo que exigen del operador judicial un rol más activo en la consecución de
la igualdad procesal entre las partes
PROTECCION DE LA
MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Se exhorta al Comité Directivo del Plan
Decenal del Sistema de Justicia para que ponga en marcha el rediseño de las
comisarías de familia para garantizar el proceso de medidas de protección a
mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar
Referencia:
Expediente T-6.026.773
Acción de tutela
presentada por RMCM, a nombre de ella y en representación de su hija
menor de edad IRC, en contra de la Comisaría 1 de Usaquén, el Juzgado 4
de Familia de Bogotá, la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría
Distrital de Integración Social y JARG.
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D.C., 15 de diciembre de dos
mil diecisiete (2017).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo,
Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo
proferido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 1° de febrero
de 2017, que confirmó la providencia emitida el 25 de noviembre de 2016 por la
Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro
de la acción de tutela presentada por RMCM, a nombre de ella y de su
hija menor de edad IRC, en contra de la Comisaría 1 de Usaquén, el
Juzgado 4 de Familia de Bogotá, la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la
Secretaría Distrital de Integración Social y JARG.
I.
ANTECEDENTES.
1.
Aclaración
preliminar.
Esta Sala ha adoptado como medida de
protección a la intimidad de la menor de edad involucrada en este proceso la
supresión de los datos que permitan su identificación, razón por la cual su
nombre y el de los demás miembros de su familia serán remplazados.
Adicionalmente, en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará a la
Secretaría General de esta Corporación, a las autoridades judiciales de
instancia y a aquellas vinculadas al trámite, guardar estricta reserva respecto
a su identificación[1].
2.     Hechos y relato
contenido en el expediente[2].
RMCM promovió la presente acción de
tutela al considerar que las mencionadas entidades y su ex pareja JARG
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
justicia, al habeas data y a vivir una vida libre de violencia de género,
porque a pesar de haber acudido durante más de 7 años a distintas autoridades
públicas para lograr su protección, los hechos de violencia psicológica por
parte de JARG persisten.
2.1.
La
medida de protección núm. 283-2009 ante la Comisaría 1 de Familia de Bogotá.
2.1.1.
Manifiesta
que el 11 y 23 de octubre de 2008 puso en conocimiento de esa Comisaría los
hechos de violencia psicológica por parte de JARG, padre de su hija por
nacer, señalando que era muy agresivo, que la tenía asustada y con miedo de que
le hiciera daño a ella o a su familia. Expone que en ese momento no se realizó
una revisión sobre la procedencia de una medida de protección.
2.1.2.
El
16 de junio de 2009, su ex pareja pidió una medida de protección en favor de su
hija IRC, nacida meses antes, y en contra suya, ante la misma Comisaría,
pidiendo un análisis de su estabilidad psicológica. Como motivos para la medida
de protección indicó que buscaba que la progenitora garantizara la asistencia
de la niña a todas las terapias que sus médicos tratantes ordenaran, por los
problemas de salud que tuvo al nacer.
2.1.3.
El
26 de junio de 2009, el solicitante no se presentó a la audiencia de descargos,
pero la actora sí lo hizo. Aduce que durante ella aportó pruebas de los
cuidados médicos que había recibido la menor de edad[3],
así como las denuncias por calumnia y amenazas que había presentado en contra
de JARG y la solicitud de restricción de entrada a su lugar de
residencia.
2.1.4.
El
1 de julio de 2009, la actora afirma que se realizó audiencia en la que se le
dio el uso de la palabra al solicitante en dos momentos (cargos y réplica) y a
la demandante solo se le permitió una única oportunidad (descargos). En su
parecer, sin referirse a las pruebas aportadas ni explicar quién ejercía los
hechos de violencia, la funcionaria indicó que existía una mala relación entre
los padres y resolvió imponer medida de protección en favor de la niña y en
contra de sus padres[4],
quienes se comprometieron a no generar situaciones de agresión física, verbal o
psicológica, así como a asistir a terapias psicológicas[5].
2.1.5.
La
actora indica que en el oficio dirigido a la Policía, así como en el Sistema de
Información y Registro de Beneficiarios (SIRBE) de la Secretaría de Integración
Social[6]
se incluyó sin ninguna razón a JARG como sujeto de protección y a ella
como victimaria.
2.1.6.
El
4 de agosto de 2009, en diligencia de seguimiento ante trabajadora social, RMCM
proporcionó informe expedido por psicóloga, en cumplimiento de lo ordenado por
la Comisaría. También mencionó que el accionado continuaba incurriendo en
insultos verbales y psicológicos, sin recibir solución alguna, tan solo su registro
en el acta. Aclaró que JARG no acudió a valoración psicológica como le
fue ordenado y se limitó a cuestionar la competencia ética de la profesional
que lo atendió[7].
2.1.7.
El
5 de agosto de 2009, presentó petición para que se iniciara trámite de incumplimiento
en contra del agresor.
2.1.8.
Menciona
que el 25 de agosto de 2009, la Comisaría, en respuesta a otra petición, la
culpabilizó de la vulneración de los derechos de su hija, puesto que el 11 de
octubre del año anterior se negó a recibir la citación por miedo a la reacción
de su agresor y a la posible afectación de su embarazo. Explicó que esa
negativa obedecía a que había sido objeto de maltrato por parte de su ex
pareja.
2.1.9.
Manifiesta
que el 17 de diciembre de 2013, se ordenó el archivo del expediente debido a
que no se aclararon los hechos constitutivos de incumplimiento, en
desconocimiento de las pruebas de los mensajes de texto y de Twitter que la
afectaban psicológicamente. En esos mensajes decía que le dolía su hija y que
era una secuestradora por plata, y, antes de publicarlos, la llamaba para
informarle que lo haría.
2.1.10.
Critica
que el 6 de febrero de 2014 la Comisaría se negó a adelantar el trámite de
incumplimiento, sin desplegar ninguna acción en relación con la violencia
denunciada.
2.1.11.
El
17 de junio de 2015 allegó reclamo a la Comisaría para que rectificara la
información del sistema SIRBE[8],
pero el 2 de julio de 2015[9],
le fue señalado que solo se podría dar respuesta cuando se obtuviera
contestación de la solicitud elevada ante la Subdirectora para la Familia de la
Secretaria Distrital de Integración Social, sin dar cumplimiento a la ley de
protección de datos personales[10].
2.1.12.
Afirma
que en la misma fecha, la comisaria envió comunicación a dicha Subdirectora, en
la que desconoce el derecho que tiene toda persona a conocer, actualizar y
rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos
de datos de naturaleza pública o privada. En ella expresó:
“(…) llama la atención cómo la ciudadana obtuvo esa
información, ya que en mi parecer, la información registrada en el sistema
SIRBE es de carácter confidencial y no es posible acceder a la misma (…) le
solicito respetuosamente, se sirva delegar a quien corresponda la presente
solicitud con el fin, obtener la información relacionada con el sistema SIRBE,
en cuanto a la confidencialidad, acceso, modificaciones y responsabilidad de
los funcionarios frente al diligenciamiento del mismo”[11].
2.1.13.
En
respuesta a esa solicitud, el 13 de agosto de 2015 la Subdirectora para la
Familia sostuvo que no fue posible identificar a través de qué usuario fue
consultado el sistema SIRBE, pero se reiteraría la confidencialidad de la
información allí consignada[12].
2.1.14.
El
14 de abril de 2016, después de presentar una queja, la Secretaría comunicó que
daría traslado de la petición a la Comisaría. Esta, después de 7 meses,
resolvió que autorizaba la rectificación.
2.1.15.
Destaca
que actualmente desconoce si se efectuó la rectificación y si la medida de
protección a favor de su hija menor de edad sigue vigente.
2.2.
La
medida de protección núm. 425-2013 ante la Comisaría 1 de Familia de Bogotá.
2.2.1.
El
15 de octubre de 2013, pidió ante la misma Comisaría que se diera inicio al
trámite de incumplimiento de la medida de protección 283-2009, debido a que
tanto la peticionaria, como sus hijos IRC, AMCC y JMCC[13],
eran
objeto de acoso cibernético y llamadas constantes[14] por parte de JARG.
2.2.2.
Frente
a dicha solicitud, la comisaria señaló que no cumplía con los requisitos para
iniciar el trámite de incumplimiento, debido a que en la anterior medida ella
figuraba como la agresora. Por tanto, decidió avocar conocimiento para una
nueva medida de protección radicada bajo el número 425-2013. Como medida
provisional, ordenó el cese de las agresiones[15].
La actora aclara que para la fecha no vivía en Usaquén, jurisdicción de la
Comisaría, sino en la localidad de Barrios Unidos.
2.2.3.
El
1 de noviembre de 2013, se realizó la audiencia del artículo 12[16]
de la Ley 294 de 1996[17]
y se ordenó de oficio la valoración por psiquiatría forense a la actora, sus
hijos y el agresor[18].
Durante la diligencia, RMCM indicó
que recibía llamadas amenazantes en las que el denunciado le decía que era una
“mamá malvada y secuestradora”, así mismo que a sus hijos mayores les decía
perdedores, personas sin futuro y que habían recibido burlas por parte de sus
compañeros del colegio por publicaciones que él realizaba. Sostuvo que lo
bloqueó de Twitter por sus mensajes. A su hija IRC le preguntaba si
hablaba mal de él y le decía que era grosera. Manifestó que trató de disuadirla
en seguir adelante el proceso ejecutivo de alimentos y que en un mismo día
recibe hasta 15 o 20 llamadas del agresor.
Por su parte, JARG adujo que cuando
escribió en Twitter que “desearía compartir mis nuevas alegrías con mi único
propósito: mi hija; no importa los esfuerzos maternos el vaso siempre estará
medio vacío”, lo hizo para reflejar que no podía estar con ella y no podía
verla desde hacía 4 meses. Cuando señaló “A Dios le pedí una oportunidad para
rescatar el corazón de mi hija del odio ajeno; y Dios me ha cumplido. Ahora la
promesa está en mis manos”, se refería a que la actora estaba influenciando el
“corazón y la cabecita” de su hija y que tenía una nueva oportunidad de trabajo
con la que podrá solventar los gastos para “poder tener de regreso a mi hija en
un mínimo necesario de una buena relación padre-hija”. Respecto de la frase “yo
siempre creí que las mujeres que manipulaban a través de sus hijos y les
dañaban su inocencia y su espíritu no existían, me duele mi hija”, explica que
realmente se siente manipulado y que la menor de edad había sido tomada como
trofeo en la guerra en la que se convirtió su relación. Destaca que sus
publicaciones expresan su dolor por no tenerla cerca y que en ninguno de ellos
aparece el nombre de la peticionaria ni de sus hijos. Reconoce que se refirió
al futuro de ellos, por considerar que se encuentra en riesgo debido a las
“pésimas decisiones que ella a lo largo de su vida ha tomado, puntualmente la
inestabilidad académica y emocional”.
2.2.4.
El
14 de noviembre de 2013 fueron recibidos los testimonios de sus hijos mayores,
quienes indicaron haber sufrido violencias verbales y psicológicas por parte JARG
con expresiones como “su mamá está loca”, “no sirven para nada”, “van a ser
fracasados en el futuro”, así como con sus publicaciones en Twitter
y otras redes sociales. Además, que este había llamado a su colegio a indagar
por su asistencia y otros asuntos. A dicha audiencia no asistió el denunciado[19].
2.2.5.
El
22 de noviembre de 2013 radicó petición exponiendo nuevas situaciones de
violencia por vía telefónica. Expresó que por instrucciones de la Comisaría
trató de facilitar la relación entre su hija y su padre. No obstante, después
del primer encuentro empezó a llamar a la niña de manera insistente, hasta 6
veces cada día, enfureciéndose cuando esta no le contestaba. Mencionó que un
día, ante la reserva de la menor de edad a recibir su llamada, este la regañó y
le dijo que “si lo que quería era plata se la seguiría dando, pero que el ya
nunca se acercaría a ella”. Posteriormente, publicó en Twitter que se alejaría
de su hija para protegerla. En esa línea, pidió que la medida de protección en
estudio también la cobijara[20].
2.2.6.
Aclara
que obran en el expediente conversaciones de mensaje de texto entre RMCM
y JARG, del 6 de junio de 2013 al 7 de enero de 2014, en las que son
reiterativas expresiones humillantes, de menosprecio, como: “loca”, “persona
con alteraciones de la realidad”, “sociopatía sin control”, “"diminuto
cerebro”, “campesina que siembra fracasos”, “animal”, “bestia”, “vacía de
amor”, “vulgar”, así como acusaciones sobre la trasferencia de odio y
rencor a su hija “provocando dolor a través del amor”. También allegó
correos electrónicos de 12 de mayo de 2014, en donde se evidencian más
agresiones psicológicas[21].
2.2.7.
El
10 de enero de 2014, puso en conocimiento de la Comisaría nuevos hechos de
violencia en contra de su hija IRC, puesto que en llamada del 31 de
diciembre de 2013, su padre la llamó y la trató de “grosera y tonta, que iba a
tener más hijos a los que sí pensaba criar porque ella era una niña mala y
grosera”[22].
2.2.8.
El
15 de enero de 2014, JARG presentó comunicación en la cual indicó que
los testigos citados no eran claros en cuanto a la agresión a JMCC. La
actora destaca que a esta misiva anexó correo de 21 de septiembre de 2013 en el
que expresaba su inconformidad con la solicitud de que la Policía Nacional
estuviera presente en las visitas a su hija, usando las siguientes expresiones
humillantes[23]:
“Entiendo
que en su limitado uso de razón le hace pensar que usted tiene todo el derecho
de exponer a esa clase de tensas situaciones (…) cortando sus derechos más
humanos a tener a su padre basada en el odio de una mujer que no supera la
ruptura”, “usted puede odiarme, pero ha perdido la razón y la cordura”, “sus
frustraciones déjelas para su cita al psiquiatra”, “quiere de IRC una
mujer tan emocionalmente inestable como usted?”
2.2.9.
El
28 de abril de 2014, la Comisaría 1 remitió el expediente de la medida 425-2013
a la Comisaría 12, por el factor de competencia del artículo 4 de la Ley 294 de
1996[24],
debido a que la solicitante vivía en la localidad de su jurisdicción. No
obstante, mediante auto de 7 de mayo del mismo año, esta Comisaría devolvió el
expediente al estimar que el artículo 17[25]
de la norma citada ordena la conservación de la competencia una vez se ha
emitido una medida de protección. Explicó que al haber dictado la medida
provisional cuando avocó el caso y el decreto y práctica de pruebas, la
Comisaría 1 debía continuar con el proceso.
2.2.10.
El
20 de junio de 2014, el accionado presentó escrito en el que manifestó que la
accionante había usado de manera indebida el cargo que ocupa, así mismo que sus
testigos no habían sido claros respecto de las circunstancias de ocurrencia de
la violencia. Expresó su temor a la inestabilidad académica de su hija, por las
decisiones de la madre de cambiarla de colegio constantemente. Finalmente,
sostuvo que estaban envueltos en una pésima relación “como consecuencia, y si
se quiere llamar así, de nuestra inmadurez emocional”, pero no se le podía
acusar de violencia[26].
2.2.11.
El
1 de diciembre de 2014, una médica especialista en psiquiatría del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rindió informe de psiquiatría
forense con radicado núm. BOG 2013-034906 sobre los distintos involucrados en
el trámite, en el que concluyó[27]:
i)
RMCM: “(...) tiene un diagnóstico clínico psiquiátrico actual de un TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD - DEPRESIÓN. Este diagnóstico tiene una relación temporal directa con la
situación de conflicto intrafamiliar ya descrito (...) asociado a la sensación
de estar bajo amenaza permanente, desvalorización, desprecio y humillación nos
indica que la examinada está padeciendo de maltrato psicológico por parte de su
expareja (...)”[28].
ii)
AMCC: “(…) ha
sido víctima de maltrato psicológico por parte de JARG (...) que está
interfiriendo en el desarrollo de su personalidad que aún está en formación”[29].
iii)
JMCC: “(...)
considera que el examinado no se encuentra afectado psicológicamente por los
hechos materia de investigación, ni presenta ni presentó enfermedad mental o
patología psiquiátrica asociada, Sin embargo se considera pertinente mantener
la medida de protección a favor del examinado”[30].
iv)
IRC: “(...)
En esta entrevista la examinada describe una relación distante con su papá,
relata que su padre en múltiples ocasiones la ha gritado, le ha dicho que la va
a abandonar y ‘va a criar a otros niños’ y ella afirma que estos comentarios le
han causado tristeza, además afirma que su padre se burla de ella cuando habla
y se ríe y por esto ella prefiere no estar con él. Además hay preocupaciones en
la niña por su imagen corporal: ‘verse gorda’ que ella asocia a comentarios
hechos por su padre. Por todo lo anteriormente dicho se encuentran indicios de
que la examinada ha estado sometida a maltrato psicológico por parte de su
padre.
Por otro lado, la niña afirma que su padre ha usado el
castigo físico para corregirla y que en una ocasión su madre quiso evitar que
la golpeara y el la golpeó delante de ella y manifiesta tenerle miedo a su
padre. IRC relata que su padre grita, insulta le dice bruta y agrede
físicamente a su madre en su presencia. Es importante destacar que NO es
beneficioso para un niño presenciar este tipo de conductas, pues debilita la
figura materna que el niño necesita consolidar en este periodo de su vida.
(...) Se colige que aunque la examinada no presenta en términos forenses una
afectación psicológica por los hechos materia de investigación, sin embargo hay
indicios de maltrato psicológico del padre hacia IRC, ya expuesto en
párrafos anteriores.
(…) Por todo lo anteriormente expuesto, este perito
recomienda el padre asista a un proceso psicoterapéutico de pautas de crianza
por al menos 8 meses (…) una vez concluidos los procesos recomendados y
certificados puede iniciarse un proceso de acercamiento a su hija IRC
con visitas supervisadas y no antes”[31].
v)
JARG: “El
examinado (…) presenta rasgos de personalidad límites y antisociales que no
constituyen trastorno mental sino configuran la manera de ser y de relacionarse
del examinado consigo mismo y su entorno. (...) el examinado y el examen mental
actual: el examinado presenta dificultad para manejar su ira, un mal manejo del
estrés y tiene fallas para controlar sus impulsos verbales y de actos
relacionados con sus rasgos de personalidad límites. En relación a la
conflictiva familiar es importante destacar que los rasgos límites de
personalidad del examinado y su descontrol de impulsos están estrechamente
relacionados con la disfunción familiar que el examinado, su expareja y su
familia tienen.
(…)
Se recomienda que el examinado asista a un proceso
psicoterapéutico ofrecido por el servicio de la EPS o por particulares que
incluya el manejo de la ira y de control de los impulsos”.
2.2.12.
El
16 de diciembre de 2014, expresó por escrito ante la Comisaría 1 su dificultad
para desplazarse hasta la localidad de Usaquén, porque vivía en Barrios Unidos,
así como la necesidad de iniciar trámite de incumplimiento de la medida de
protección dictada en 2009. Igualmente, remitió a la misma entidad fallo
condenatorio proferido por el Juzgado 14 de Familia el 1 de octubre de 2014,
dentro de proceso ejecutivo de alimentos radicado 2012-00311[32].
2.2.13.
El
21 de enero de 2015, el denunciado presentó sus argumentos finales indicando
que los hechos de maltrato no quedaron plenamente demostrados, ya que “se
limitó a únicamente a interpretaciones personales de anuncios hechos por mí a
través de mis redes sociales, tomándolos a título personal sin que en ellos,
yo, en calidad de demandado, hubiera hecho una sola mención directa sobre su nombre
o sobre algún miembro de su familia”. A pesar de relatar varios hechos de
violencia física y psicológica, considera que la actora nunca logró demostrar
el modo, fecha y lugar de ocurrencia. Al respecto, sostiene que las versiones
de los testigos no son coherentes y las de sus hijos obedecen a recuerdos que
no son propios y son una versión armada por su madre. Sostuvo que RMCM
nunca allegó informes médicos o policiales que dieran cuenta del maltrato, por
cuanto nunca ha realizado un escándalo en su lugar de residencia o trabajo.
Cuestionó que el diagnóstico de Medicina Legal lo haya calificado de
antisocial, sin antes haber citado a sus allegados. Finalmente, destaca que su
interés ha sido defender los derechos de su hija, incluido el derecho a tener
una familia, y que la accionante ha buscado obstruir su relación con su hija[33].
2.2.14.
El
26 de marzo de 2015 presentó petición para que dieran respuesta a solicitudes
presentadas el año anterior[34]
e informó nuevos hechos de violencia, anexando registro de llamadas y mensajes
de Twitter, reiterando que JARG se comunicaba para informar sobre sus
publicaciones en redes sociales. De igual forma, indicó que estaba preocupada
por su hija, quien le suplicaba no pasarla al teléfono cuando su padre llamaba.
Pidió que se autorizara el cambio de su número de celular, que se conminara al
agresor a usar solo un medio de comunicación, que se le recordara al acccionado
sobre la medida de protección provisional vigente y se le autorizara conocer el
expediente.
2.2.15.
El
9 de abril de 2015, la Comisaría decidió levantar de manera definitiva la
medida de protección, en su parecer, sin atender los dictámenes de Medicina
Legal ni las pruebas documentales aportadas. Adicionalmente, en las
consideraciones se cuestionó arbitrariamente la valoración psiquiátrica,
responsabilizándola por los hechos y “concluyendo que no se probaron amenazas
de muerte, violencia cibernética contra [sus] hijos, ni llamadas agresivas
contra IRC”. Estima que esa aseveración es revictimizante, ya que
minimiza y desvalora sus denuncias, a partir de prejuicios sobre cómo debería
comportarse una mujer. Así mismo, en su opinión, formulando juicios de valor
sobre la entrevista con la perito de Medicina Legal, a saber:
“(...)
llama la atención, como siendo una profesional en Psicología SI (sic) ha
sentido posiblemente durante los últimos cinco (5) años un cuadro que como lo
describe la psiquiatra está caracterizado por: ‘tristeza, llanto fácil,
angustia con ideas de preocupación por el-futuro, contracturas musculares’; no
ha buscado ayuda profesional siendo conocedora del tema, por demás,
características que no ha exteriorizado (...)”[35].
2.2.16.
En
audiencia, RMCM apeló la decisión y mediante escrito de 28 de abril
sustentó el recurso, indicando que no se valoraron en debida forma los elementos
probatorios aportados. Así mismo, la Comisaría desconoció que la violencia
psicológica también constituye violencia intrafamiliar[36].
2.2.17.
Ante
esta situación, promovió acción de tutela como medida transitoria, para que se
suspendieran las visitas y cualquier acercamiento del agresor a su hija,
mientras se resolvía el recurso de apelación por parte del Juzgado 4 de
Familia. El amparo fue negado por la Sala de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá el 21 de mayo de 2015, al considerar que no existía
un perjuicio irremediable, que la Comisaría no se había pronunciado sobre las
visitas y el juzgado había avocado recientemente el conocimiento del recurso[37].
2.2.18.
El
3 de julio de 2015, el Juzgado 4 de Familia de Oralidad de Bogotá revocó la providencia
proferida por la Comisaría 1 de Familia, al estimar que se encontraban probados
los hechos de maltrato constantes por parte del denunciado en contra de la
actora y de sus hijos. Sostuvo que se evidenciaban mensajes en redes sociales
entre los meses septiembre y diciembre de 2013, los cuales no fueron tachados
de falsos, con frases intimidantes y amenazantes dirigidas a la actora.
Por tanto, impuso como medida de
protección definitiva:
“CONMINAR a JARG
para que cese inmediatamente y se abstenga de realizar la conducta objeto de la
queja o cualquier acto de violencia física, verbal, psíquica, amenazas,
agravios o humillaciones, agresiones, ultrajes, insultos, hostigamientos,
molestias y ofensas o provocaciones en contra de RMCM y sus hijos AMCC
y JMCC, so pena de hacerse acreedor de las sanciones previstas en el
artículo 7 de la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000.”
Así mismo, dispuso que este iniciara un
tratamiento reeducativo y terapéutico para modificar sus conductas inadecuadas “que
presentan las dificultades comunicacionales, empoderamiento de roles,
tolerancia, manejo de ira y el estrés, (…) debiendo presentar certificado de
asistencia ante la Comisaría”. No decretó protección a favor de IRC,
porque estimó demostrado que la misma Comisaría había impuesto una a favor de
la menor y en contra de sus padres, el 1 de julio de 2009. Por ello, indicó que
la progenitora podía solicitar el inicio del trámite de incumplimiento[38].
2.3.
El
trámite de incumplimiento de la medida de protección número 425-2013 ante la
Comisaría 1 de Familia de Bogotá.
2.3.1.
El
31 de julio de 2015, en nombre propio y de sus hijas menores de edad, presentó
solicitud de trámite de incumplimiento a la medida ordenada por el Juzgado 4 de
Familia, debido a la persistencia de las agresiones psicológicas escudadas en
el ejercicio de su paternidad y el derecho a visitas. Adicionalmente, solicitó
la inclusión de su hija IRC como beneficiaria de la medida[39].
2.3.2.
El
3 de agosto de 2015, se admitió la solicitud y se ordenó la protección a las
autoridades de Policía, a quienes se les indicó el deber de prestar atención y
apoyo “con el fin de evitar presuntos hechos de violencia intrafamiliar”, sin
percatarse que se estaba mencionando información de otro caso de violencia
intrafamiliar[40].
Se citó audiencia para el 21 de agosto de 2015, la cual fue suspendida por la
inasistencia del funcionario designado de la Personería de Bogotá[41].
Lo mismo sucedió con la audiencia citada para el 12 de noviembre siguiente[42].
2.3.3.
El
19 de noviembre de 2015, la actora recusó a la Comisaría por considerar que se
encontraba incursa en la causal de recusación consistente en la existencia de
“litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales
entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes
indicados en el numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su
representante o apoderado”, establecida en el numeral 5 del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011. Ello, debido a que había presentado queja disciplinaria en su
contra, lo cual afectaba su imparcialidad, según se expone en el acápite 2.4.
siguiente[43].
2.3.4.
Mediante
comunicación de 4 de diciembre, la citada funcionaria no aceptó la recusación y
decidió seguir adelante con el trámite, al estimar que la existencia de una
queja disciplinaria en su contra no era causal para dejar de ejercer sus
funciones[44].
2.3.5.
Se
citó a audiencia de trámite y fallo el 21 de enero de 2016, la cual fue
suspendida por la inasistencia de la Comisaria y de la representante de la
Personería[45].
2.3.6.
El
4 de febrero de 2016, fecha para la cual estaba citada la audiencia dentro del
trámite de incumplimiento, el denunciado allegó comunicación en la que
manifestaba la imposibilidad de asistir por compromisos laborales[46].
En la misma fecha, RMCM pidió que tuvieran por aceptados los cargos
formulados en la solicitud de incumplimiento, por cuanto no mediaba justa causa[47].
El 12 de febrero la Comisaría dio respuesta informando que contra la decisión
de aceptar la excusa no procedían recursos[48].
2.3.7.
El
23 de febrero de 2016, al conocer la
respuesta de la comisaria a la queja disciplinaria que fue anexada por error a
la medida de protección núm. 425-2013, referenciada en el acápite 2.4.3.
siguiente, la actora solicitó a la funcionaria que se recusara con fundamento
en el numeral 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, consistente en “haber
dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa
sobre las cuestiones materia de la misma”.
2.3.8.
El
1° de marzo de 2016 fue nuevamente rechazada la recusación por parte de la
comisaria, bajo el argumento de que la legislación no era aplicable. Además,
indicó que la actora había violentado la reserva de la actuación disciplinaria
e incurrido en un delito al conocer los descargos rendidos dentro de la
investigación disciplinaria. Para el efecto, citó el artículo 39[49]
del Decreto 2591 de 1991[50]
que rige el trámite.
2.3.9.
El
3 de marzo de 2016 en audiencia de trámite y fallo se informó que no se podía
dar continuidad a la misma, por cuanto el expediente se encontraba en la
Oficina de Asuntos Disciplinarios[51].
2.3.10.
EI
8 de marzo de 2016 la demandante presentó recurso de reposición en contra de la
decisión de 1° de marzo, señalando la obligación de la funcionaria de remitir a
su superior jerárquico las recusaciones en su contra para que fuera este quien
las resolviera. Así mismo, pidió la suspensión del trámite hasta que se
resolviera la recusación[52].
2.3.11.
El
15 de marzo de 2016, la funcionaria respondió mediante comunicación, en la que
manifestó que “se dará trámite a dicha solicitud”. Al respecto, aclara la
actora que anexa el documento, debido a que no se encuentra copia en el
expediente[53].
2.3.12.
El
19 de mayo de 2016, el Juzgado 4 de Familia de Oralidad de Bogotá declaró no
probada la causal de recusación. Explicó que la recusación se fundamentaba en
la existencia de una queja disciplinaria formulada por la actora en contra de
la Comisaria. No obstante, no se puede predicar que la queja implique un pleito
pendiente entre ambas partes, porque la relación jurídico-procesal en una
investigación disciplinaria se traba entre el Estado y la indiciada[54].
2.3.13.
El
25 de mayo de 2016, la peticionaria interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación en contra de dicha decisión, al estimar que no le dio
respuesta a la recusación presentada el 26 de febrero de 2016[55].
2.3.14.
El
22 de junio de 2016, el Juzgado 4 de Familia de Oralidad de Bogotá negó la
reposición, al considerar que la Comisaría aún se encontraba pendiente de
resolver la reposición presentada en contra de la decisión de 1 de marzo de
2016 que negó la segunda solicitud de recusación. Así mismo, rechazó por
improcedente el recurso de apelación[56].
2.3.15.
Por
otra parte, afirma que desde el 3 de marzo de 2016 requirió copias de la
totalidad del expediente de la medida de protección, sin que a la fecha haya
sido contestada y solo fue posible acceder a ellas cuando el expediente estuvo
en el juzgado demandado.
2.3.16.
En
escrito de 21 de abril de 2017, el Procurador 327 Judicial I de Familia afirmó
que aunque puede considerarse que no está incursa en una causal de impedimento
y/o conflicto de intereses, es ostensible que las quejas disciplinarias podrían
influenciar la decisión. Ello se observa en el escrito de defensa frente a la
queja disciplinaria en la cual se puede entrever “un principio de posición y
valoración subjetivas”. Pidió analizar detenidamente las pruebas allegadas y
emitir una decisión “desprovista de toda prevención, ánimo o presión”[57].
2.3.17.
El
26 de abril de 2017 no se llevó a cabo la audiencia de fallo porque la comisaria
se encontraba en proceso de capacitación[58].
2.3.18.
El
10 de mayo del mismo año también fue pospuesta por cuanto no se contaba con la
presencia del Ministerio Público[59].
El mismo día, el procurador citado pidió que se informara con la debida
anticipación la cancelación de las audiencias, así como una decisión oportuna a
la solicitud de incumplimiento[60].
2.3.19.
El
21 de junio de 2017, la actora pidió no ser confrontada con su agresor, con
fundamento en el literal k)[61]
del artículo 8 de la Ley 1257 de 2008[62].
2.3.20.
El
23 de junio de 2017, la Comisaria negó por improcedente la anterior solicitud,
al considerar que el proceso de la medida de protección se realizó bajo la Ley
294 de 1996, por lo que no resulta aplicable la Ley 1257 de 2008[63].
2.3.21.
Actualmente,
el trámite de incumplimiento no se ha decidido, a pesar de la persistencia de
los hechos de violencia.
2.4.
Sobre
la queja disciplinaria en contra de las funcionarias que fungieron como
comisarias en las medidas de protección núm. 283-2009 y 425-2013 con radicado
núm. 3778-2015.
2.4.1.
El
15 de junio de 2015, RMCM presentó queja en contra de las dos
funcionarias que fungieron como comisarias 1 de Familia de Usaquén, ante la
Procuraduría General de la Nación, siendo posteriormente remitida a la
Secretaría Distrital de Integración Social[64].
Estimó que sus actuaciones al conocer sobre los hechos de violencia realizados
por su ex pareja constituyen hechos de revictimización y de violencia
institucional; lo que podría implicar un incumplimiento de los deberes propios
de sus cargos, así como constituir faltas disciplinarias.
2.4.2.
El
4 de septiembre de 2015, la Oficina de Asuntos Disciplinarios de esa Secretaría
emitió auto citándola a diligencia de ratificación y ampliación de la queja.
Ante la posibilidad de ser confrontada a las investigadas, el 21 de octubre de
2015, la actora remitió escrito de ampliación y ratificación de la queja[65].
2.4.3.
El
8 de enero de 2016, quien estuvo a cargo en la mayor parte del proceso dio
respuesta a la queja instaurada por la accionante manifestando que la quejosa
buscaba demostrar una supuesta violencia institucional ante la falta de
satisfacción de sus pretensiones en el proceso de medida de protección.
Igualmente sostuvo que, teniendo en cuenta que se desempeña como psicóloga,
“siempre se esperó un comportamiento acorde a su formación personal y
profesional, pero desafortunadamente al presentar su carné como funcionaria de
la Procuraduría existen antecedentes en el expediente de que ha sido utilizado
al presentarse a diferentes Comisarías de Familia tratando de obtener fallos o
actuaciones a su favor, por tanto solicito no acceder a las pretensiones de
cambio de Comisaría de Familia ya que la suscrita no permitiría que interfiera
el trámite de una queja para alterar o fallar al debido proceso en las
actuaciones futuras con las mismas partes”.
A renglón seguido adujo que su desacuerdo
con las decisiones adoptadas en derecho, “posiblemente obedece a una o unas
situaciones no superadas con el paso del tiempo, involucrando como siempre lo
ha hecho a sus hijos a quienes presenta como víctimas y ahora con sus
peticiones de no ser enfrentada ni al padre de su hija menor, ni a los
funcionarios que no acepta y de quienes se imagina harán algo en su contra,
permite entrever que posiblemente existe una situación que no es normal, el presunto
miedo no demostrado solo está en la mente de las señora RMCM, nada le ha
pasado y nada le va a pasar, de ser así, no saldría de su casa y seguramente en
todos estos años habría adoptado medidas reales para protegerse ella y a sus
hijos y su vida no sería la de una madre y profesional normal que cumple
funciones para una entidad en un cargo”.
Destacó que en todo momento le fueron
respetados sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso y que
sus quejas se refieren a apreciaciones personales sobre lo actuado en el
proceso[66].
2.4.4.
Mediante
auto de 25 de abril de 2016, la Secretaría dio apertura de investigación
disciplinaria en contra de las investigadas[67].
2.5.
Solicitud
de amparo.
2.5.1.
Manifiesta
que ha acudido a todas las instituciones en busca de ayuda, sin que a la fecha
haya encontrado protección efectiva para la situación de violencia psicológica
que enfrenta junto a sus hijos. Solicita la protección de sus derechos
fundamentales y los de su hija y que, en consecuencia, se ordene:
i)
El
cambio del funcionario a cargo de la decisión de la medida de protección
identificada con el núm. 425-2013, que actualmente conoce la Comisaría 1 de
Familia de Usaquén.
ii)
La
inclusión de su hija menor de edad como sujeto de protección en dicho proceso.
iii)
La
adición de las medidas señaladas en los literales b), e), y n) del artículo 17
de la Ley 1257 de 2008 en favor de su hija menor de edad[68].
3.
Contestación
a la demanda.
3.1.
Comisaría
13 de Bogotá[69].
Mediante oficio de 17 de noviembre de
2016, la Comisaria indicó que ante su despacho se tramitó solicitud para la
modificación de la cuota de alimentos presentada el 11 de febrero de 2010.
Además, que la peticionaria no sostuvo que las actuaciones desarrolladas en ese
trámite hubieran vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que solicita su
desvinculación del amparo.
3.2.
Juzgado
4 de Familia de Oralidad de Bogotá[70].
El despacho judicial, en oficio de 18 de
noviembre de 2016, informó que el expediente contentivo de la MP 425-2013 fue
devuelto a la Comisaría 1 el 28 de julio del mismo año, razón por la cual no
era posible pronunciarse sobre el asunto.
3.3.
Secretaría
Distrital de Integración Social[71].
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en
oficio de 18 de noviembre de 2016, pidió la desvinculación de dicha entidad en
el trámite de la tutela. Sostuvo que, a pesar de que el artículo 26 del Decreto
Distrital 607 de 2007 establece que la Subdirección para la Familia es la
dependencia coordinadora de los aspectos administrativos y operativos de las
Comisarías de familia en la ciudad, cada Comisaría es autónoma e independiente.
Por esa razón, la entidad no tiene injerencia respecto de las decisiones que
adoptan.
Respecto de la actuación de la Oficina de
Asuntos Disciplinarios, señaló que emitió auto de apertura de indagación[72]
contra las servidoras públicas que fungieron como comisarias en la Comisaría 1
de Familia de Usaquén, el 4 de septiembre de 2015[73].
En el mismo, se citó a la quejosa a diligencia de ratificación y ampliación de
la queja, la cual fue reprogramada a solicitud de una de las investigadas[74],
y se pidió a la Comisaría remitir copia de los antecedentes y soportes de las
acciones iniciadas por la peticionaria en contra JARG.
Expuso que en escrito de 29 de octubre de
2015, la demandante amplió la queja reiterando que fue sometida a violencia
institucional[75]
y que, mediante auto de 25 de abril de 2016[76],
se dio apertura de investigación disciplinaria. Desde esa fecha el proceso se
encuentra dentro de la etapa probatoria a fin de establecer la responsabilidad
disciplinaria de las denunciadas.
Resaltó que la intervención de la actora
dentro del proceso se limita a la presentación de la queja y su ampliación, a
recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio y a conocer el
expediente, a la luz del artículo 90 de la Ley 734 de 2002[77].
Teniendo en cuenta que a la denunciante se le han informado las actuaciones
adelantadas y que se ha cumplido el procedimiento legal, estimó que no se le
han violado sus derechos fundamentales. Es de aclarar que a la intervención en
sede de tutela, la Secretaría allegó copia de la respuesta de la comisaria a la
queja referenciada en el acápite 2.4.3[78].
3.4.
Comisaría
12 de Familia de Bogotá[79].
En memorial de 18 de noviembre de 2016, el
Comisario sostuvo que ese despacho no había intervenido en el trámite de
medidas de protección a favor o en contra de la actora. Explicó que el 15 de
octubre de 2013, AMCC, hija de la demandante, pidió una medida[80]
que fue negada por falta de claridad de los hechos y las circunstancias de
ocurrencia[81],
sin que fuera subsanada[82].
El 23 de octubre de 2012, la actora solicitó medida de protección en favor de
la hija mencionada y de su hijo, la cual fue rechazada por cuanto los menores
de edad no tenían vínculo de parentesco ni compartían unidad doméstica con el
presunto agresor. En esa ocasión, se dejó constancia de que existía medida de
protección a favor de la niña IRC en la Comisaría 1, con el radicado
núm. 283-2009. Igualmente, sostuvo que en mayo de 2015, la fiscalía del Centro
de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV) remitió denuncia por presuntos
hechos de violencia intrafamiliar, la cual fue enviada a la Comisaría 1, puesto
que allí se tramitaban medidas a su favor, en virtud del artículo 17 de la Ley
294 de 1996[83].
Finalmente, indicó que la demandante contó
con los recursos de ley y no puede usar la acción de tutela para revivir etapas
procesales prescritas.
3.5.      AMCC y JMCC [84]
.
En escrito de 18 de noviembre de 2016, los
hijos mayores de edad de la demandante sostuvieron que han sido víctimas
directas de las agresiones de JARG, así como de la displicencia de las
Comisarías de familia a las que han acudido buscando protección, puesto que la
misma persona sigue afectando la tranquilidad de su familia.
Explicaron que en la Comisaría 12, cuando
aún eran menores de edad, les exigieron que todas las actuaciones se dieran por
escrito y finalmente les comunicaron que debían seguir el trámite ante la
Comisaría 1. Por su parte, fueron citados a la Comisaría 1 para contar lo que
pasaba. Durante la diligencia se sintieron presionados por quien los atendía,
que los apuraba y les exigía recordar fechas exactas. Indica que cuando
salieron de la entidad se sintieron acusados de ser culpables de algo.
Advirtieron que han aprendido a crecer en
un entorno de violencia, porque a pesar de los esfuerzos de su progenitora
ante las autoridades y los propios por permitir que el agresor tuviera
encuentros con su hermana, este vuelve a las amenazas y a las agresiones a
través de redes sociales. Además, que los malos tratos les “robaron su infancia”,
porque continua molestándolos, siguiéndolos en redes sociales, y les hace saber
que está pendiente y que ha escrito libretos para una serie de televisión
basados en su vida familiar. Incluso cuando AMCC se presentó a una
prueba de actuación, el demandado habló con el director y le hizo “críticas que
la destrozaron”.
Indicaron que JARG ha dicho que ha
visto a personas entrando y saliendo de la casa, haciéndolos pensar que está
vigilándolos. Ante la frustración de que ninguna acción emprendida hasta ahora
haya funcionado, solicitaron que se protejan los derechos fundamentales de su
progenitora y su hermana menor de edad.
3.6.     Comisaria 1 de
Familia de Bogotá[85].
En escrito de 21 de noviembre de 2016,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de amparo, al estimar
que en el proceso de medida de protección núm. 425-2013 se le han garantizado
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia. Para el
efecto, enunció las actuaciones adelantadas en el mismo.
3.7.     JARG[86]
En escrito de 21 de noviembre de 2016,
sostuvo que la demora en el trámite de incumplimiento ha obedecido a las
distintas actuaciones que la demandante ha iniciado, que en la actualidad le
impiden saber qué autoridad es la responsable de decidir sobre el caso. Puso de
presente que presentó denuncia penal por falsedad de documentos y fraude
procesal, debido a que ha allegado documentación presuntamente falsa para
defender sus pretensiones. Indicó que se debe desvincular de los hechos
investigados a los hijos mayores de edad de la accionante, por cuanto no tienen
ningún vínculo familiar con él. Destacó que la señora RMCM “no busca
justicia, ella confunde los valores de esta palabra con los malestares de la
venganza, en su camino, ha iniciado toda clase de acciones, no solo en mi
contra, sino en contra de los funcionarios públicos que están en la obligación
de atender sus denuncias, una vez ellos resuelven emitir un fallo
desfavorable”. Finalmente, manifiesta que a pesar de que no existe ninguna
restricción en el ejercicio de sus derechos como padre, esta le niega la
posibilidad de ofrecerle cuidado y atención a su hija.
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN.
1.     Trámite procesal
Mediante auto de 16 de noviembre de 2016,
la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
decidió admitir el amparo y vinculó al trámite a la Defensoría de Familia y al
agente del Ministerio Público, a los hijos mayores de edad de la actora y a las
Comisarías 12 y 13 de Familia de Bogotá, así como a la Comisaría Permanente de
Familia del CAPIV. Adicionalmente, requirió al juzgado y a la Comisaría
accionados para que remitieran el expediente contentivo de la medida de
protección.
2.     Sentencia de primera
instancia.
La
Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en
sentencia de 25 de noviembre de 2016, negó la protección solicitada, al estimar
que de una lectura del expediente contentivo de la medida de protección
cuestionada “no se evidencia vía de hecho que amerite la protección de los
derechos fundamentales de la accionante, pues de las actuaciones no se advierte
la falta de diligencia por parte de las instituciones encartadas”. Además,
mencionó que el incidente de incumplimiento de la citada medida no había sido
resuelto por la Comisaría accionada, razón que le impide al juez de tutela
decidir si las garantías fundamentales han sido vulneradas.
De
otro lado, sostuvo que la determinación del Juzgado 4 de Familia de Bogotá de
negar la recusación presentada fue razonada. Tampoco resultaba procedente su
solicitud de adicionar la medida de protección para que esta incluyera a su
hija menor de edad, por cuanto ello supondría desconocer los principios de cosa
juzgada y non bis in ídem, así como la garantía constitucional del
debido proceso. Finalmente, estimó que debía acudir a los medios judiciales de
defensa para pedir el cambio de radicación del expediente.
3.     Impugnación.
La
actora, mediante escrito de 2 de diciembre de 2016, impugnó la anterior
decisión. Para el efecto, reiteró los argumentos consignados en la demanda de
tutela y resaltó que los motivos expuestos por la Sala para negar el amparo se
referían exclusivamente al cumplimiento de la “ritualidad y formas procesales,
más no a la eficacia y la materialidad de la protección de los derechos
fundamentales que es verdaderamente el fin último de la administración de
justicia y, en particular, de la acción de tutela”. El fallo se limitó a
enunciar las actuaciones dentro del trámite de la medida, sin verificar la
vigencia de la situación de violencia y la necesidad de una intervención para
conjurarla.
Adujo
que se desconoció que había presentado la acción de tutela como mecanismo
transitorio, mientras se resolvía el incidente de incumplimiento, por la
actualidad del maltrato psicológico. Además, reprocha que el Tribunal haya
calificado como diligentes las actuaciones de la Comisaría 1, a pesar de que no
resuelven de fondo sus reclamos y que no corresponden a sus solicitudes. Al
respecto, manifestó que i) al resolver sobre la admisión del incidente,
se ordenó el acompañamiento policial, aun cuando los hechos denunciados son de
carácter psicológico; ii) se ha mantenido por fuera de la cobertura de
la protección a su hija menor de edad; iii) no se ha realizado un
pronunciamiento sobre la vigencia de la medida dictada por el CAPIV; iv) aún
no se ha resuelto el incumplimiento; v) las decisiones de la Comisaría
no han cumplido con las formalidades que corresponden, según estableció el
Juzgado 4 de Familia.
Recordó
que no busca la resolución del incidente ni abrir un proceso administrativo
adicional, solo se pretende una medida provisional de resguardo mientras se
surten los procesos administrativos. Lo anterior, atendiendo a que las
entidades estatales han tolerado el maltrato psicológico realizado por JARG,
con la ausencia de determinaciones efectivas.
4.     Sentencia de
segunda instancia.
Mediante
fallo de 2 de febrero de 2017, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
confirmó la decisión de primera instancia. Reiteró que la actora no había
acudido ante la autoridad judicial para solicitar el cambio de radicación del
proceso. Igualmente, indicó que podía presentar el respectivo incidente de
incumplimiento a la medida de protección impuesta el 1° de julio de 2009 por la
Comisaría Primera de Familia para lograr la inclusión de la menor de edad en la
medida de protección, a la luz del artículo 17 de la Ley 294 de 1996[87].
Esa
situación fue advertida por el juzgado accionado, sin que tal decisión pudiera
tildarse de infundada, por cuanto se apoyó en la normatividad y buscó
inmiscuirse en cuestiones resueltas por otra autoridad. De otra parte, sostuvo
que de considerar que la medida de protección resulta insuficiente para la
protección de su hija, podía acudir a la autoridad competente para que se
imponga una nueva medida, previo agotamiento del procedimiento respectivo.
Afirmó
que sin desconocer los actos de violencia por parte de JARG, conforme a
lo reconocido por autoridad competente, “no está probado que los mismos
ameriten una intervención más pronta que la que brinda el ya de por sí expedito
trámite de una medida de protección o de incumplimiento de la misma”.
Finalmente, en la parte motiva de la sentencia, conminó a la Comisaría
demandada a resolver en el menor tiempo posible la solicitud de incumplimiento,
puesto que desde el 22 de junio del año anterior no se había dado actuación
alguna.
III.
ACTUACIONES EN SEDE DE
REVISIÓN.
1.
Sisma
Mujer[88].
El 9 de junio de
2017, Sisma Mujer presentó escrito en el que expuso que la violencia
institucional en el marco de la violencia de género se da por parte de las
autoridades encargadas de materializar los derechos de las mujeres y se explica
por la interiorización de estereotipos de género que menoscaban sus derechos y
libertades. Ello se refleja en los espacios judiciales cuando se toma bajo
sospecha de una mentira o exageración el relato de la víctima, circunstancia
que reproduce la violencia. No obstante, en la mayoría de los casos, la
respuesta institucional consiste en alejarse de su rol como tercero imparcial,
para situarse al lado del agresor y disminuir aún más a la mujer, ya sea
humillándola, descalificándola, culpabilizándola de la violencia, jerarquizando
o naturalizando la violencia, interpretando indebidamente el material
probatorio, no aplicando el enfoque de género o desconociendo sus competencias
relacionadas con la protección integral de las mujeres.
Así las cosas,
estableció que existen dos tipos de violencia institucional:
i)      la reproducción de
la violencia que supone la imposición de obstáculos para acceder a la justicia,
en detrimento del compromiso internacional estatal de actuar con diligencia
para prevenir, atender, investigar, juzgar y sancionar la violencia contras las
mujeres; y
ii)   la producción de
la violencia contra las mujeres cuando los funcionarios ocasionan daños
psicológicos, económicos, físicos y sexuales sobre la mujer, que resulta más
lesiva por cuanto anula cualquier expresión de inconformidad ante la legalidad
y legitimidad con la que actúa la administración.
Afirmó que las
Comisarías de familia son instituciones ineficaces respecto de su objetivo de
proteger a las mujeres víctimas de violencia, debido a que no entienden la
definición de violencia legal, según la cual también está dada por factores
psicológicos, económicos y sexuales. Tampoco profieren medidas de protección
integral y de atención[89]
que busquen conjurar esa amenaza, por cuanto se limitan a la protección de la
seguridad personal con un aviso a la estación de Policía. Dicha situación
invisibiliza la violencia no física y envía el mensaje a la víctima, su familia
y la sociedad de que esas agresiones no son graves o son formas naturales de
relación entre hombres y mujeres.
Manifestó
que las Comisarías no brindan información suficiente a las mujeres sobre sus
garantías ni una orientación integral, no reciben asistencia en salud, no se
les respeta su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de
no repetición, ni se respeta su decisión de no ser confrontadas con el agresor.
Adicionalmente, mencionó varias conductas de violencia que los funcionarios
públicos realizan y que generan impactos emocionales negativos en las mujeres
al incrementar su sensación de vulnerabilidad y experimentar la falta de apoyo
de la autoridad pública.
Alertó
sobre la ausencia de medidas para enfrentar la violencia institucional, debido
a que: i) no existe información estadística sobre las actuaciones de las
Comisarías; ii) no existen programas de capacitación en equidad de
género a los funcionarios; iii) los lineamientos expedidos (Resolución
0163 de 2013) son insuficientes para dar cumplimiento a la Ley 1257 de 2008; iv)
el Ministerio Público no interviene en las audiencias ante las Comisarías; v)
no hay claridad sobre la procedencia de la figura de la recusación, en
tanto se trata de entidades de carácter judicial-administrativo; y vi) no
se han establecido mecanismos de seguimiento efectivo a las actuaciones de las
Comisarías, puesto que ni la Secretaría de Integración Social, ni la Personería
Distrital ni la Procuraduría General de la Nación asumen con seriedad la labor
de vigilancia.
Finalmente,
destacan que se trata del caso de violencia institucional más documentado que
han conocido en sus 18 años de experiencia, debido a que la mujer ha tratado de
protegerse de su agresor por más de 8 años, sin tener éxito.
2.
Apoderada
de la actora[90].
El 9 de junio de
2017, la apoderada de la actora presentó escrito “coadyuvando en la petición de
amparo”. Destacó que la violencia psicológica tiene como objetivo “arruinar la
imagen de competencia en dos aspectos básicos del funcionamiento humano: el
intelectual y emocional”[91].
Ante la pérdida de confianza de la víctima en su criterio, le es más difícil
oponerse a las maniobras de agresión, situación que hace necesario el apoyo por
parte de las autoridades públicas. Por el contrario, cuando los funcionarios
emiten juicios sobre la conducta de la mujer, reafirman los efectos de la
violencia y el poder del agresor.
La
comunicación se convierte en una herramienta de agresión de un solo sentido,
debido a que el uso de insinuaciones, reticencias y sarcasmos busca una
reacción en la víctima, para luego acusarla de ser agresora. Por tanto, los
funcionarios deben analizar en conjunto las comunicaciones y pruebas aportadas
en estos casos, a la luz de la perspectiva de género. Ante la habilidad del
agresor, la única forma de proteger a la víctima es evitar cualquier contacto
entre las partes y tomar medidas en relación con los hijos, que podrían ser
utilizados por el agresor psicológico[92].
Explicó
que las interacciones se han trasladado a las redes sociales, en donde los
derechos a la intimidad, la imagen, la privacidad, el buen nombre y la honra,
pueden ser objeto de vulneración, porque traspasan el fuero interno de la
víctima. Al respecto, solicitó la adopción de lineamientos en el caso de
violencia psicológica ejercida a través de esos medios, para evitar que los
funcionarios hagan caso omiso de ellos, los consideren de menor importancia o
le recomienden a la mujer no acceder a la red social o no leer los mensajes;
sin tomar medidas respecto del agresor. Para el efecto, señaló que la actora y
su hija se encuentran en un estado de indefensión ante las agresiones en
Twitter, porque no cuenta con medios para repelerlas; se afecta el derecho
fundamental al habeas data de la menor de edad con la publicación de sus fotos
junto a las etiquetas “#MeDueleMiHija, #DíaDelPadre, #FelizCumpleIRC”; y
se ha generado estigmatización social al publicar mensajes directos e
indirectos que cuestionan la calidad de madre y de profesional de la demandante.
Durante
los 8 años que la actora ha acudido a distintas autoridades, la violencia no ha
cambiado y las escasas medidas de protección brindadas no corresponden a los
ataques sufridos ni resuelven el contacto derivado del vínculo con IRC.
Por el contrario, han ratificado la posición de control del agresor. La
dilación en la decisión por parte de las distintas entidades y la negativa a
considerar las agresiones como violencia contra la mujer, con la
correspondiente aplicación de la Ley 1257 de 2008 y el reconocimiento del
derecho a la no confrontación con su agresión, vulneran sus derechos
fundamentales.
3.
Auto
de la Sala Cuarta de Revisión.
El 21 de junio de
2017, la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación solicitó a la Comisaría
Primera de Familia de Usaquén informar el trámite impartido al incidente de
incumplimiento de la medida de protección núm. 425-2013[93],
con el fin de verificar los supuestos de hecho de la acción de tutela de la
referencia. Así mismo, dispuso la suspensión de los términos para adoptar la
decisión.
4.
Comisaria
1 de Familia[94].
Mediante oficio de
28 de junio de 2017, la Comisaria 1 de Familia de Usaquén indicó que en su
despacho se adelantaba el trámite de incumplimiento. No obstante, no podía
informar “nada con exactitud o precisión, ya que el expediente en mención se
encuentra en calidad de préstamo en la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la
Secretaría Distrital de Integración Social”.
5.
Comisaria
13 de Familia[95].
A través de oficio
de 6 de julio de 2017, la Comisaria 13 de Familia de Teusaquillo informó que su
despacho no había conocido de la medida de protección objeto de amparo ni de su
trámite de incumplimiento, puesto que esta había sido adelantada por la
Comisaria Primera de Familia de Usaquén.
6.
RMCM[96].
En escrito de 7 de
julio de 2017, la demandante manifestó su “extrañeza” respecto de la respuesta
de la Comisaria 1 de Familia sobre el desconocimiento del trámite dado al
incidente de incumplimiento. Explicó que la última citación a audiencia fue
para el 21 de junio de 2017[97],
diligencia que fue aplazada de manera indefinida, porque el expediente se
encontraba en la Secretaría de Integración Social.
Al respecto,
afirmó que ante la insistencia de dicha funcionaria de citarla simultáneamente
con su agresor, presentó memorial[98]
reiterando su voluntad de ejercer su derecho a la no confrontación, en los
términos del artículo 4[99]
del Decreto 4799 de 2011[100].
Tal memorial fue contestado en auto de 23 de junio de 2017 de manera negativa[101],
debido a que la funcionaria consideró que la solicitud de la medida de
protección se realizó bajo la Ley 294 de 1996 y no bajo la Ley 1257 de 2008.
Además, destacó que, a pesar de no contar con el expediente, realizó las
siguientes manifestaciones sobre el proceso:
“[C]abe
aclarar que las veces que se han realizado diligencias no se ha evidenciado que
el incidentado sea una persona agresiva e irrespetuosa y haya presentado algún
tipo de comportamiento inapropiado en diligencia que haya dado motivo para ver
(sic) recurrido al acompañamiento de agentes de la Policía Nacional”.
7.
Comisaria
1 de Familia (e.)[102].
Mediante
comunicación de 10 de julio de 2017, la Comisaria 1 de Usaquén (e.) señaló el
trámite impartido a la solicitud de incumplimiento de la MP 425-2013, desde que
fue solicitada el 3 de agosto de 2015 por la actora. También remitió el
expediente de la medida en seis cuadernos.
8.
JARG[103].
En memorial de 25
de julio de 2017, JARG sostuvo que la actora presentó el incidente de
incumplimiento al mismo tiempo que las quejas y las acciones de tutela en contra
de la Comisaría Primera de Usaquén, razón por la cual el expediente no ha
podido reposar en dicho despacho y no se ha podido efectuar la audiencia. Como
otras razones para que no se hubiera podido realizar la audiencia menciona que:
i) la incidentante solicitó la presencia del Defensor del Pueblo durante
su desarrollo, ii) en dos oportunidades ella no pudo asistir y en otra
su abogado defensor tampoco podía hacerlo, iii) en otra ocasión, la
Comisaria fue citada a un encuentro de comisarios por parte de la Alcaldía de
Bogotá y iv) en otra el memorialista no pudo acudir.
Resaltó
que debido a que aún se encuentra pendiente de resolución el incidente, no es
posible predicar la vulneración o amenaza de un derecho fundamental. Al
respecto, señala que la peticionaria ha adelantado diversas actuaciones en
contra de la comisaria “más como una forma de presión contra la autoridad que
como un deseo de justicia” y es ella misma la que ha impedido la realización de
la audiencia.
Aclaró
que AMCC y JMCC, hijos mayores de edad de la actora, que fueron
amparados por la medida de protección, nunca han sido sus familiares, a pesar
de haber sido presentados como tales. Al respecto, menciona que en junio de
2017 la Corte Suprema de Justicia declaró que “el maltrato a la expareja
causado por quien ya no convive con ella, se reitera, no configura el delito de
violencia intrafamiliar sino el de lesiones personales dolosas”. Insistió que
nunca ha maltratado a la actora y que le corresponde a la justicia decidir
sobre la veracidad de los hechos, máxime cuando en la actualidad se adelanta
proceso penal por la misma razón. No obstante, en el proceso de medida de
protección no se debe perder de vista que el delito no constituiría violencia
intrafamiliar.
Destacó
que su hija menor de edad no ha sido objeto de la medida de protección por
cuanto no se ha demostrado ninguna clase de maltrato. Expone que no la ve desde
hace un año y, antes de ese corto acercamiento, no la veía desde hace 4 años
por decisión unilateral de su ex pareja. Finalmente, pidió revocar el fallo de
la medida de protección por la inexistencia del vínculo familiar entre las
partes, puesto que seguir considerando a la accionante como su familia habiendo
transcurrido 10 años, afecta la armonía de su hogar actual.
9.
Martha
Yaneth Gutiérrez Rojas[104].
En escrito de 28
de julio de 2017, Martha Yaneth Gutiérrez Rojas, en calidad de ciudadana y
antigua representante judicial de la accionante en los procesos ejecutivos de
alimentos iniciados contra JARG y su anterior esposo, indicó que la
conoce hace más de 5 años. Afirmó que en ese tiempo le consta que “se ve
afectada emocional y psicológicamente por los procesos judiciales que ha
iniciado contra diferentes autoridades y personas, al considerar que ha sido
maltratada por la falta de atención y acompañamiento en despachos judiciales y
en la Comisaría de familia, según me lo ha manifestado en varias
oportunidades”.
10.
RMCM[105].
En memorial de 31
de julio de 2017, la peticionaria puso en conocimiento que el 16 de julio de
2017 JARG le remitió correo electrónico en el que solicitaba una prueba
de ADN de la niña. Así mismo, le indicó que podría informarle sobre el sitio y
la hora por Twitter, atendiendo a que sus familiares están pendientes de su
cuenta.
11.
Auto
de la Sala Cuarta de Revisión.
El 20 de
septiembre de 2017, para mejor proveer, la Corte Constitucional solicitó al
Hospital Infantil San José[106]
y al Instituto de Medicina Legal[107]
que valoraran psiquiátricamente a la actora, al denunciado y a su hija menor de
edad y mantuvo la suspensión de términos.
12.
RMCM[108].
En documento de 14
de diciembre de 2017, la accionante allegó valoraciones psicológicas realizadas
por una psicóloga forense, con destino al proceso penal por violencia
intrafamiliar que cursa ante la Fiscalía 66 de la Unidad de Violencia
Intrafamiliar, respecto de las cuales esa entidad pidió guardar estricta
reserva sumarial, por lo que no será reproducidas en la presente providencia[109].
En el escrito destaca que el trámite de incumplimiento no ha avanzado y no se
ha fijado fecha de audiencia, pese a que fue iniciado en 2015. Además,
manifiesta que en el proceso penal no se ha efectuado la audiencia de
imputación y le informaron que se dividiría el proceso para tramitar los hechos
de violencia en su contra como lesiones personales, “delito de bajo impacto y
conciliable”.
IV.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.     Competencia.
De
conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política y
en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para conocer de los fallos materia de
revisión.
2.     Planteamiento del problema jurídico.
Con base en los
fundamentos fácticos expuestos, la Sala Cuarta de Revisión deberá establecer si
el trámite de la medida de protección 425-2013, a cargo de la Comisaría 1 de
Familia de Bogotá y del Juez 4 de Familia de la misma ciudad, ha vulnerado los
derechos fundamentales de la actora y/o los de su hija menor de edad al debido
proceso, al acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia de
género, debido a que i) ha transcurrido más de un año desde que inició
el trámite de incumplimiento de las medidas de protección que le fueron
impuestas a su ex pareja, ii) la funcionaria a cargo del trámite ha
realizado manifestaciones en relación con su caso en otros procesos, iii)
no se ha incluido como beneficiaria de esas medidas a su hija menor de edad y iv)
no se le permitió ejercer su derecho a la no confrontación con su agresor, bajo
el argumento de que el trámite de incumplimiento se regía por la Ley 294 de
1996 y no por la Ley 1257 de 2008. Así mismo, deberá determinar si se vulneró
el derecho al habeas data al no demostrar la rectificación de la información
consignada en el sistema de información de la Secretaría Distrital de
Integración Social.
Así las cosas, se
determinará si la presente acción de tutela cumple con el principio de
subsidiariedad como requisito de procedencia, atendiendo que está pendiente de
decisión la solicitud de incumplimiento de esa medida de protección ante la
Comisaría 1 de Familia de Bogotá o si se hace necesaria la intervención del
juez constitucional debido a que se ha superado el plazo razonable para su
resolución. Para ello, se reiterará la jurisprudencia sobre la procedencia de
la acción de tutela en contra de las decisiones adoptadas dentro del proceso de
medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar o su trámite de
incumplimiento. También se hará referencia a la obligación estatal reforzada en
relación con la prevención, investigación, sanción y reparación de los hechos
de violencia contra las mujeres y se caracterizará la violencia institucional
que las autoridades encargadas de la ruta de atención pueden cometer en contra
de las denunciantes.
3.
La acción de tutela procede en contra
de las decisiones adoptadas dentro del proceso de medidas de protección en
casos de violencia intrafamiliar o su trámite de incumplimiento. La procedencia
del amparo es excepcional cuando esos procesos estén en curso. Reiteración de
jurisprudencia.
3.1.
Tanto el artículo 86
de la Constitución Política[110] como el artículo
6° del Decreto 2591 de 1991[111], señalan que la acción
de tutela tiene un carácter residual o subsidiario, debido a que solo es procedente cuando no se
dispone de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ello obedece a que
“en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para
asegurar su protección”[112],
así como a “la necesidad de preservar el reparto de competencias atribuido por
la Constitución y la ley a las diferentes autoridades judiciales, lo cual se
sustenta en los principios de independencia y autonomía de la actividad
judicial”[113].
Pese a que la Corte ha sostenido que la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo en la resolución de conflictos[114], también ha admitido que está
llamada a prosperar cuando se acredita que los medios de defensa no son lo
adecuadamente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable
o no son lo suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral[115]. Al respecto la sentencia
SU-961 de 1999 indicó que el juez puede amparar el derecho de dos maneras
distintas:
“La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean
lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean
lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio
irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La
segunda posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles de
resolver el problema de manera integral”.
3.2.
De un lado, el amparo como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable tiene un carácter temporal y se otorga cuando existe
una situación de amenaza de vulneración de un derecho fundamental que podría
concretarse, generando un daño irreversible[116].
El juez debe verificar que i) el perjuicio sea inminente, esto es,
que está por suceder; y grave, es decir, susceptible de generar un detrimento
transcendente en el haber jurídico de una persona, ii) así como que las
medidas que se requieren para conjurarlo sean urgentes, para brindar una
solución adecuada frente a la proximidad del daño y armonizar con las
particularidades del caso[117].
De todas maneras el accionante tiene la carga de “presentar y sustentar los
factores a partir de los cuales se configura el perjuicio irremediable, ya que
la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para
justificar la procedencia la acción de tutela”[118].
3.3.
De otra parte, la falta de idoneidad del mecanismo no permite
resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
integral frente al derecho comprometido, para lo cual el juez deberá examinar
en cada caso si este resulta más eficaz que la acción de tutela. Para ello,
evaluará:
“si conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el
alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente
incluidos TODOS los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y
COMPLETA del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de
decisión del mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto
del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez
ordinario a través de los procedimientos previstos para la protección de los
derechos de rango meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de
tutela, sino que ha de tramitarse como la vía procesal prevalente”[119].
3.4.
Así las cosas, antes de acudir a la acción de tutela con el
fin de cuestionar asuntos jurídicos que han surgido al interior de un proceso
ordinario y que puedan afectar los derechos fundamentales de alguna de las
partes, ellos deben ser resueltos, en principio, por las vías que han sido
dispuestas para ello[120].
Solo en caso de que el mecanismo ordinario carezca de idoneidad o eficacia, o
que se requiera evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración
de derechos fundamentales, resultaría procedente la acción de tutela para su
protección.
3.5.
A
partir de la sentencia C-590 de 2005, la Corte adoptó
una nueva aproximación que permite el control de aquellas actuaciones
judiciales ilegítimas que afecten derechos fundamentales, aunque no representen
una burda trasgresión de la Carta[121].
Con el fin de respetar los principios de cosa juzgada, independencia y
autonomía judicial, así como la seguridad jurídica, estableció que le
corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de condiciones generales
de procedibilidad, que le permitirían adentrarse en el estudio del contenido de
la providencia, a saber:
i)
si la problemática tiene relevancia
constitucional;
ii)
si han sido agotados todos los recursos o
medios –ordinarios o extraordinarios- de defensa de los derechos, a menos que
se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean
ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario;
iii)
si se cumple el requisito de la inmediatez
(es decir, si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho
que originó la violación);
iv)
si se trata de irregularidades procesales,
que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión cuestionada, salvo que de
suyo afecten gravemente los derechos fundamentales;
v)
si el actor identifica debidamente los
hechos que originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de
haber sido posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso
ordinario o contencioso;
vi)
si la providencia impugnada no es una
sentencia de tutela.
Una vez verificados esos
requisitos, debe comprobar la existencia de por lo menos una de las siguientes
causales específicas de procedibilidad, que se refieren a la configuración de
defectos que, por su gravedad, tornan insostenible el fallo cuestionado al ser
incompatible con los preceptos constitucionales, a saber: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv)
defecto material o sustantivo, v) error inducido, vi) decisión
sin motivación, vii) desconocimiento del precedente, y viii)
violación directa de la Constitución. A continuación, se caracterizarán los
defectos que tienen relación con la problemática del caso bajo estudio.
3.5.1.    El defecto
material o sustantivo se da cuando la decisión judicial se sustenta en
disposiciones claramente inaplicables al caso concreto, que la excluye del
marco de la juridicidad[122].
Este Tribunal ha indicado que se presenta cuando: i) se aplica una
norma inexistente, que ha sido derogada o declarada inexequible; ii) se
aplica una norma vigente que resulta inconstitucional frente al caso concreto
sin usar la excepción de inconstitucionalidad, iii) se aplica una norma
resulta incompatible con la materia objeto de definición judicial; iv)
la norma pertinente es inobservada e inaplicada, v) la interpretación
que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con
efectos erga omnes que han definido su alcance; o vi) se fija
el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso,
que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática[123].
3.5.2.    El
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto surgió para
resolver la aparente tensión entre los derechos fundamentales al debido proceso[124] y el
principio de prevalencia del derecho sustancial[125], esto es, la tensión
entre la obligación de observar la plenitud de las formas del juicio y la
subordinación de los procedimientos al derecho material[126]. La Corte zanjó ese
conflicto al estimar que las formas procedimentales son el medio para lograr la
efectividad de los derechos subjetivos, y no constituyen fines en sí mismas[127]. De
forma que se produce un defecto procedimental en una sentencia cuando por un
apego excesivo a las formas, el juez “se aparta de sus obligaciones de impartir
justicia, buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que
se acerque lo más posible a la verdad real, garantizar la efectividad
de los derechos constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que
trunquen la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia y
de los derechos materiales”[128].
3.6.
Específicamente, en cuanto al mecanismo disponible para que
una víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza,
agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión al interior de su
contexto familiar acceda a medidas de protección inmediatas que ponga fin a la
violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere
inminente, se tiene que la Ley 294 de 1996[129], radicó en las Comisarías de
Familia[130],
la competencia para conocer de la acción de protección por violencia
intrafamiliar[131].
Para ello, “las equiparó, en cuanto a esas funciones, a los jueces (Cfr.
artículos 11, 12 y 14), al punto de establecer que la apelación de sus
determinaciones las conocerían el respectivo el Juez de Familia o Promiscuo de
Familia (artículo 18)”[132].
Son, entonces, entidades distritales, municipales o intermunicipales de
carácter administrativo e interdisciplinario[133]
que “también desempeñan funciones judiciales, precisamente de aquellas que el
ordenamiento jurídico le ha asignado a la Jurisdicción Ordinaria”[134].
3.6.1.    Se
trata de un trámite caracterizado por la celeridad e informalidad[135], el cual inicia con la
presentación de la solicitud de medidas de protección, de forma escrita, oral o
por cualquier otro medio idóneo, de parte de quien fue agredido, por cualquier
persona que actúe en su nombre, o por el defensor de familia cuando se hallare
en imposibilidad de hacerlo por sí misma, dentro de los 30 días siguientes[136] al hecho de violencia[137]. En este punto se destaca que
la norma le impone a la comunidad y los vecinos llevar a las autoridades
competentes la información sobre hechos de violencia intrafamiliar[138].
Se precisa que,
además de los derechos establecidos en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004[139]
y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997[140],
la Ley 1257 de 2008 dispuso que la mujer víctima de violencia en el ámbito
público o privado, tiene derecho a las siguientes prerrogativas, las cuales
deben ser aseguradas a lo largo del trámite de medidas de protección y su
cumplimiento:
a)    Recibir
atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y
de la calidad.
b)    Recibir
orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter
gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho
constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá
ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia.
Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones
correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de
este servicio a través de la defensoría pública;
c)     Recibir
información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y
con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás
normas concordantes;
d)    Dar
su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de
violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los
mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades
promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de
facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia;
e)     Recibir
información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y
reproductiva;
f)      Ser
tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o
asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o
los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia;
g)    Recibir
asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral
en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para
ellas y sus hijos e hijas;
h)    Acceder
a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas;
i)      La
verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los
hechos constitutivos de violencia;
j)      La
estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley.
k)     A
decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera
de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales
o de otro tipo[141].
Ahora bien, una vez presentada la solicitud de medidas, el
funcionario la avocará inmediatamente y, de encontrar al menos indicios leves,
podrá dictar dentro de las cuatro (4) horas hábiles siguientes medidas de
protección provisionales, decisión contra la cual no procederá recurso alguno.
Para el efecto, podrá pedir prueba pericial, técnica o científica, a
peritos oficiales[142]
y si la conducta denunciada constituyera delito o contravención, deberá remitir
las diligencias a la autoridad competente[143].
3.6.2.
Posteriormente,
deberá citar al acusado a una audiencia que tendrá lugar entre los 5 y 10 días
siguientes a la presentación de la petición, a la que deberá concurrir la
víctima[144].
Ahora
bien, la Ley 1257 de 2008 señaló que la mujer víctima de violencia tiene
el derecho a no ser confrontada con su agresor[145],
prerrogativa que debe ser tenida en cuenta en los procesos de medidas de
protección por violencia intrafamiliar, debido a que dicha norma tiene como
finalidad garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado. De forma que le corresponde a las
autoridades competentes informar a las mujeres de ese derecho y que el mismo se
traduce en el derecho a participar o no, en cualquier
procedimiento o diligencia administrativa, civil o penal, ante cualquiera de
las autoridades competentes, en las cuales esté presente el agresor, así como a
manifestar ante la Fiscalía General de la Nación o al funcionario a cargo del
trámite de las medidas de protección su intención de no conciliar, acto con el
cual quedará agotada la etapa de conciliación y se dará continuidad al proceso[146].
Durante la
audiencia, el agresor podrá presentar descargos y proponer fórmulas de
avenimiento con la víctima, e igualmente solicitar pruebas, que se practicarán
durante la audiencia[147].
Si no compareciere, se entenderá que acepta los cargos formulados. En todo
caso, las partes podrán excusarse de la inasistencia por una sola vez antes de
la audiencia o dentro de la misma, siempre que medie justa causa, la cual será
evaluada por el funcionario, quien fijará nueva fecha para la diligencia dentro
de los cinco (5) días siguientes[148].
3.6.3.    Culminada la audiencia, se emitirá resolución o sentencia motivada[149], la cual será notificada a las partes en estrados y, si alguna de las
partes estuviere ausente, se le comunicará la decisión mediante aviso,
telegrama o por cualquier otro medio idóneo. Por tratarse de un proceso en el
que prevalecen los derechos fundamentales de las víctimas[150], el legislador consideró que el comisario o juez podía dictar
cualquier medida que considerara necesaria para prevenir y/o sancionar los
actos de violencia o discriminación, precisando que ella podría ser impuesta “a
quienes cohabiten o hayan cohabitado”[151]. Entre otras medidas de protección, la ley prevé que puede:
a)    Ordenar
al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima,
cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o
la salud de cualquiera de los miembros de la familia;
b)    Ordenar
al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la
víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria
para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma
interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya
sido adjudicada;
a)    Prohibir
al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas
discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin
perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar;
b)    Obligación
de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública
o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor.
c)     Si
fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y
asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;
d)    Cuando
la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad
competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de
las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo
si lo tuviere;
e)     Ordenar
a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a
esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la
obligación de salir para proteger su seguridad;
f)      Decidir
provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e
hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras
autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
g)    Suspender
al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean
indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá
ser motivada;
h)    Decidir
provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin
perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes
podrán ratificar esta medida o modificarla;
i)      Decidir
provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la
competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta
medida o modificarla;
j)      Prohibir,
al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes
de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial
vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida
será decretada por Autoridad Judicial;
k)     Ordenar
al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos
de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la
víctima
l)      Cualquiera
otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.[152].
Adicionalmente, la
Ley 1257 de 2008 previó que la atención de mujeres víctimas de la violencia se
diera de forma integral y coordinada[153],
por lo que estableció que los mismos funcionarios podían otorgar medidas de
atención[154]
como i) servicios de alojamiento, alimentación, transporte y subsidio
monetario[155]; ii)
asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, iii) orientación,
asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal gratuitos[156]
y iv) acceso a iniciativas de estabilización[157].
3.6.4.
Una vez concedida la medida de protección[158],
el funcionario que la expidió mantiene la competencia para su ejecución y
cumplimiento, así como para emitir una medida de protección complementaria[159].
Por tanto, cuando recibe una solicitud de sanción por incumplimiento, debe
celebrar audiencia dentro de los 10 días siguientes, luego de haberse
practicado las pruebas pertinentes y oído los descargos de la parte acusada. De
considerar necesario el arresto, el comisario debe pedir al juez de familia o
al promiscuo de familia[160]
que expida la orden correspondiente dentro de las 48 horas siguientes.
La
providencia que impone las sanciones por incumplimiento de la orden de
protección, ya sea provisional o definitiva, será motivada y notificada
personalmente en la audiencia o mediante aviso[161].
Como sanción, la norma consagra:
i)     Por
la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales
mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los
cinco (5) días siguientes a su imposición. La conversión en arresto se adoptará
de plano mediante auto que sólo tendrá recursos de reposición, a razón de tres
(3) días por cada salario mínimo;
ii)     Si
el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo de dos
(2) años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45)
días.
iii)      Si
la medida tiene como origen actos de violencia o maltrato que constituyeren
delito o contravención, se le revocarán los beneficios de excarcelación y los
subrogados penales de que estuviere gozando[162].
Ahora
bien, la providencia que decreta la sanción debe ser consultada ante el
superior jerárquico, esto es, el juez de familia o promiscuo de familia[163].
Resulta necesario destacar que al procedimiento sobre medidas de protección le
son aplicables las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de
1991, en cuanto su naturaleza lo permita, según el artículo 18 de la Ley 291 de
1996. El
Decreto 652 de 2001[164]
indica que serán aplicables las normas del trámite de tutela en cuanto a la
informalidad de la petición de medida de protección, la corrección de la
petición, el deber de manifestar bajo juramento que no se ha presentado una
solicitud respecto a los mismos hechos, el trámite de la apelación y el trámite
de las sanciones por incumplimiento[165].
Al respecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha
indicado que esa norma resulta aplicable en lo referente al término para
definir las consultas sobre las sanciones por incumplimiento, así como en las
causales de impedimento[166].
3.6.5.    En
relación con la vigencia de las medidas de protección se tiene que ellas
tendrán vigencia por el tiempo que se mantengan las circunstancias que dieron
lugar a estas y serán canceladas mediante incidente, por el funcionario que las
impuso, a solicitud de las partes, del Ministerio Público o del Defensor de
Familia, cuando se superen las razones que las originaron, decisión susceptible
de recurso de apelación[167].
3.6.6.    Una
vez caracterizado el mecanismo ordinario para la imposición de medidas de
protección en casos de violencia intrafamiliar que fue activado por la
accionante en el presente amparo, se procederá a exponer los casos en los
cuales este Tribunal ha concluido que la intervención del juez de tutela
resulta necesaria para proteger los derechos de la víctima de violencia, aun
cuando esta cuente con otras vías de defensa.
3.6.7.    Como
fue resumido en la sentencia T-878 de 2014, en sus inicios la Corte estimó que
“la acción de tutela era el medio adecuado para amparar a la mujer agredida por
su compañero sentimental[168].
Sostuvo que la indefensión a la que hace referencia el Decreto Estatutario 2591
de 1991 para la procedencia de la tutela en contra de particulares se
constituía ‘por la carencia de medios físicos para repeler la ofensa contra la
vida o la integridad producida por una persona natural a la que se debe
respeto, afecto y consideración’[169]”.
La intervención del juez de tutela en el ámbito privado de la familia obedecía
a la falta de un instrumento diferente al derecho penal para esos casos, así
como a la necesidad de resguardar a la familia, institución protegida por la
Constitución[170].
3.6.8.    Ese
precedente cambió una vez fue expedida la Ley 294 de 1996, puesto que se
consideró que esa norma contemplaba una acción específica y directa encaminada
a la protección exclusiva de quienes son víctimas de maltrato dentro de su
propio hogar, cuyo trámite era más sumario que el de la tutela. La Corte estimó que la
procedencia del amparo en esos casos no era procedente, ya que existía un mecanismo
judicial especial, expedito e idóneo para la protección de las víctimas de la
violencia[171].
Procedía excepcionalmente como mecanismo transitorio mientras se
decretaban medidas definitivas de protección[172],
cuando no hubieren sido adoptadas en tiempo[173] o cuando aquellas no resultaran idóneas[174].
3.6.9.    Con
posterioridad a ese momento, este Tribunal volvió a pronunciarse acerca de
casos concretos de violencia en el contexto familiar, cuando las víctimas
consideraron que las decisiones de los comisarios o jueces de familia
incurrieron en defectos que vulneraban su derecho fundamental al debido
proceso, a saber:
3.6.9.1.
Mediante sentencia T-261 de 2013, la Corte negó el
amparo presentado por una mujer en contra de las decisiones proferidas dentro
de un proceso de medidas de protección proferidas por la Comisaría y el juez de
familia que negaron la solicitud de desalojo del presunto agresor. La Corte
consideró que en las determinaciones adoptadas no se había incurrido en defecto
alguno, puesto que se basaban en las pruebas allegadas, que estaban debidamente
motivadas y que habían sido razonablemente interpretadas las normas aplicables
al caso.
3.6.9.2.
En otro caso, estudiado en la sentencia T-473 de 2014,
la Corte encontró que el tribunal encargado de resolver la apelación de la
sentencia por el delito de violencia intrafamiliar incurrió en los defectos
fáctico y procedimental por “exceso ritual manifiesto”, al no valorar un
testimonio por asuntos formales y dejar de tener en cuenta los episodios de
violencia previos al que fue denunciado y la dependencia económica de la
víctima respecto de su agresor.
3.6.9.3.
En la sentencia T-772 de 2015, la Corte consideró que
el juez de control de garantías que adelantaba el proceso penal por lesiones
personales que inició una mujer en contra de su ex compañero vulneró su derecho
al debido proceso, “por desconocimiento de un plazo razonable” en la decisión
sobre la solicitud de medidas de protección. En esa ocasión, sostuvo que el juzgado
puso en peligro la vida y seguridad personal de la actora por cuanto: i) no
convocó a la audiencia para decidir sobre las medidas de protección solicitadas
mientras se surtía el proceso penal y ii) condenó al agresor otorgándole
el beneficio de libertad provisional, pese a que la víctima había presentado
una denuncia previa por lesiones, el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses le había reconocido dos incapacidades de 9 y 10 días, y la
mujer había manifestado temor por su vida. Por ende, ordenó al juez a realizar
la audiencia y decidir sobre la procedencia de las medidas.
3.6.9.4.
La sentencia T-241 de 2016 analizó la solicitud de
amparo promovida en contra de la decisión de un juez de familia que revocó la
declaratoria de incumplimiento de la medida de protección por parte de su ex
cónyuge. En esa ocasión la Corte encontró que el funcionario judicial no había
valorado correctamente la versión juramentada de la mujer, su historia clínica
y que al exigir elementos probatorios que dieran la misma certeza que en un
proceso penal, desconoció la finalidad del proceso de imposición de medidas de
protección.
3.6.9.5.
Este Tribunal decidió que la providencia en la que un
juez de familia confirmó la decisión de una Comisaría que negaba la medida de
desalojo del denunciado, bajo el argumento de que las agresiones eran mutuas y
que el dictamen de Medicina Legal no era válido, debido a que solo había sido
valorada la mujer, había incurrido en un defecto fáctico por indebida
valoración. Así mismo, consideró que el funcionario judicial había incumplido
su deber en cuanto a la prevención y erradicación de la violencia contra la
mujer, que “implica para las autoridades una flexibilización de los
procedimientos y del rigor probatorio siguiendo el criterio pro persona, dirigido
a hacer efectiva la protección a la mujer frente a todo tipo de violencia”.
3.6.9.6.
En sentencia T-145 de 2017, la Corte revisó la
decisión de un juzgado de familia de revocar la medida de protección de
desalojo del compañero permanente de la víctima, debido a que i) tal
orden desbordaba los hechos de violencia denunciados, ii) el agresor era
un hombre de la tercera edad que no había sido denunciado previamente, iii)
los actos de violencia no eran de naturaleza física, y iv) solo se
requería ordenar el cese del maltrato y conminar a las partes a que asistieran
a terapias familiares para superar sus diferencias. Este Tribunal sostuvo que
el juzgado accionado había incurrido en un defecto fáctico al desconocer la
validez de los testimonios de los hijos de la pareja, las fotografías aportadas
por la mujer sobre los objetos cortopunzantes que su compañero portaba y la
gravedad de la violencia sufrida. Así mismo, impuso requisitos mayores a
aquellos que contempla la Ley 294 de 1996 para ordenar el desalojo del agresor,
desconociendo la necesidad de “asumir una perspectiva de género” al analizar la
vulnerabilidad de la denunciante.
3.6.9.7.
En la sentencia T-184 de 2017 se recordó que las
mujeres víctimas de violencia por parte de su ex pareja, tenían el derecho a no
ser confrontadas con su agresor durante las distintas etapas del proceso de
fijación de cuota alimentaria. Se ordenó rehacer la audiencia inicial para que
la accionante pudiera demostrar los reales gastos que demandaba la crianza de
sus dos hijos de forma libre y sin miedo, al determinar que la negativa a
proteger el derecho a la no confrontación suponía un defecto procedimental por
exceso de ritual manifiesto.
3.6.9.8.
Esta Corporación encontró, en la sentencia T-264 de
2017, que un juzgado había afectado los derechos fundamentales a la vida y al
debido proceso de una mujer que solicitó medidas de protección en contra de su
pareja, al citar la audiencia para su decisión más de dos meses después de la
petición y, posteriormente, al no pronunciarse por falta de competencia
territorial. Consideró que tal determinación desconoce el carácter urgente de
las medidas de protección, que deben ser decretadas aun con indicios leves[175].
3.6.10.
Por consiguiente, a pesar de que la Ley 294 de 1996
contempla un mecanismo judicial especial, expedito e idóneo para la protección
de las víctimas de la violencia, este Tribunal ha señalado que las resoluciones
y sentencias resultantes del proceso de medidas de protección pueden ser objeto
de acción de tutela, en caso de que se evidencie una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso. Así mismo, en dos casos, la Corte ha admitido la
intervención del juez constitucional cuando la demora en la decisión supera un
plazo razonable y puede conducir a un daño irreparable[176].
4.     Las autoridades
administrativas y judiciales encargadas de la ruta de atención de las mujeres
víctimas de violencia serán responsables de actos de violencia institucional
cuando sus acciones u omisiones causen daño a la denunciante.
4.1.
Una
vez reseñado el precedente sobre la procedencia de la acción de tutela para
cuestionar las decisiones adoptadas dentro del proceso de medidas de protección
y su trámite de incumplimiento, así como la regulación de esos mecanismos, se
hace necesario hacer referencia a los deberes de las autoridades públicas
cuando conocen casos de violencia en contra de las mujeres. Al respecto, la
Corte Constitucional ha incorporado dentro de su jurisprudencia los estándares
derivados de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer (Convención de Belem do Pará), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos para
determinar el alcance de las obligaciones estatales en cuanto a la prevención,
investigación, sanción y reparación de la violencia contra la mujer, al
considerar que ellos hacen parte del bloque de constitucionalidad[177].
Adicional a ello, se tiene que la citada Ley 1257 de 2008, en su artículo 4,
señala que esos compromisos son guía para su interpretación y aplicación en
relación con todas las medidas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
4.2.
Entre
los estándares en los que este Tribunal ha insistido se encuentran i) el
derecho a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz y ii) el deber
estatal de diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de
la violencia contra las mujeres.
4.2.1.
El
derecho de las mujeres a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz que
cuente con las debidas garantías cuando denuncian hechos de violencia, se
deriva de los artículos XVIII[178]
de la Declaración Americana, y 8[179]
y 25[180]
de la Convención Americana. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
esa prerrogativa implica “el derecho de todo individuo de acceder a un tribunal
cuando alguno de sus derechos haya sido violado -sea éste un derecho protegido
por la Convención, la Constitución o las leyes internas del Estado- de obtener
una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e
independiente en la que se establezca la existencia o no de la violación y se
fije, cuando corresponda, una compensación adecuada”[181].
El deber de implementar un recurso
efectivo no se reduce a la mera existencia de los tribunales, la consagración
formal de los procedimientos o la posibilidad de recurrir a los tribunales,
sino que los recursos judiciales deben ser efectivos[182],
esto es, deben ser capaces de “producir resultados o respuestas a las
violaciones de derechos contemplados en la Convención”[183].
4.2.2.
Por
su parte, la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para
prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra la mujer se
origina en la Convención de Belem do Pará, que en su artículo 7 establece que
“Los Estados Parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en
llevar a cabo lo siguiente: (…) b. actuar con la debida diligencia para
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (…)”. Para la
Corte Interamericana de Derechos Humanos esa obligación se refiere a la
adopción de medidas integrales consistentes en la existencia de un marco de
protección y su aplicación efectiva, y en la formulación de medidas de
prevención y de prácticas que proporcionen una respuesta eficaz ante las
denuncias[184].
Adicionalmente, radica en cabeza del Estado una obligación de protección
reforzada al momento de conocer esos casos[185].
Específicamente, en cuanto al deber de
investigar se ha indicado que no se puede tomar como “una simple formalidad
condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”[186].
Además, exige:
i)     adelantar
una investigación seria, oportuna, completa e imparcial, que use todos los
medios legales disponibles y esté orientada a la determinación de la verdad[187];
ii)     fortalecer la
capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de
violencia contra las mujeres a través de investigaciones criminales efectivas
que tengan un seguimiento judicial consistente;
iii)     garantizar
una capacitación efectiva en materia de derechos de las mujeres, de todos los
funcionarios públicos involucrados en el procesamiento en estos casos;
iv)     institucionalizar
la colaboración y el intercambio de información entre las autoridades
responsables de investigar los actos de violencia y discriminación; y
v)     diseñar protocolos
para facilitar y fomentar la efectiva, uniforme y transparente investigación de
actos de violencia física, sexual y psicológica, que incluya una descripción de
la complejidad en las pruebas, y el detalle de las pruebas mínimas que es
preciso recopilar para proporcionar una fundamentación probatoria adecuada, que
incluya pruebas científicas, psicológicas, físicas y testimoniales[188].
4.3.
Con
base en esos estándares, en el sistema interamericano se ha entendido que la
ineficacia judicial en casos de violencia contra las mujeres “propicia un
ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de
violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las
mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”[189].
Para la Comisión la tolerancia estatal es una pauta sistemática en relación con
la violencia contra las mujeres, que “perpetua[ba] las raíces y factores
psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia
contra la mujer”[190].
Además, se ha considerado que las fallas
en la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia en contra
de la mujer pueden convertir al Estado en responsable de la misma, en tanto la
situación de impunidad promueve la repetición de las agresiones. Esa
responsabilidad puede estar dada por el desconocimiento de su obligación de no
discriminación, que se da cuando las autoridades consideran que la violencia no
es un “problema de magnitud importante para el cual se requ[ieren] acciones
inmediatas y contundentes”, razón por la cual se niegan a investigarla[191].
Para la Corte, la indiferencia de las autoridades en la investigación conduce a
la impunidad, lo que a su vez “reproduce la violencia que se pretende atacar,
sin perjuicio de que constituye en sí misma una discriminación en el acceso a
la justicia”.
4.4.
Además
de los estándares enunciados, este Tribunal ha subrayado que la violencia
contra la mujer tiene un vínculo directo con el contexto histórico de
discriminación que han sufrido las mujeres, debido a que se trata de un medio
para perpetuar su subordinación al hombre en el ámbito familiar[192].
Por esa razón, no se trata de un fenómeno doméstico que deba ser abordado en la
privacidad del hogar, sino que exige compromisos de parte del Estado y de la
sociedad en su conjunto para eliminar sus causas estructurales, de forma que se
permita la materialización del derecho fundamental de las mujeres a vivir
libres de violencia y de discriminación[193].
Al respecto, ha considerado que esa violencia hace parte de un contexto
estructural de violencia que ha permeado los ámbitos políticos, social y
económico, por las agresiones físicas, psicológicas y económicas de las que son
víctimas “se tolera[n] sin que haya una reacción social o estatal eficaz”[194].
Dentro de ese contexto, se incluyen
también las actuaciones de distintos operadores judiciales, quienes toman
decisiones con fundamento en actitudes sociales discriminatorias que perpetúan
la impunidad para los actos de violencia contra la mujer[195].
Justamente, esta Corporación ha señalado que “una de las mayores limitaciones
que las mujeres encuentran para denunciar la violencia, en especial la
doméstica y la psicológica, es la tolerancia social a estos fenómenos, que
implica a su vez la ineficacia de estos procesos y las dificultades probatorias
a las que se enfrenta la administración de justicia frente a estos casos”[196].
Consciente del rol esencial que desempeñan
los funcionarios en la erradicación de la violencia contra la mujer y en la
subsistencia de patrones discriminatorios y estereotipos de género en el
desarrollo de los procesos judiciales[197],
este Tribunal ha enunciado un mínimo de condiciones para asegurar el acceso a
una justicia con perspectiva de género, a saber:
i)     desplegar toda
actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la
dignidad de las mujeres;
ii)     analizar los
hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de
la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las
mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se
justifica un trato diferencial;
iii)     no tomar
decisiones con base en estereotipos de género;
iv)     evitar la
revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer
las diferencias entre hombres y mujeres;
v)     flexibilizar la
carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los
indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten
insuficientes;
vi)     considerar el rol
transformador o perpetuador de las decisiones judiciales;
vii)     efectuar un
análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la
violencia;
viii)
evaluar
las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales;
ix)     analizar las
relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres.
Ahora bien, las faltas a los anteriores
deberes por parte de quienes ejercen funciones judiciales no solo desconocen
las obligaciones de disponer de un recurso judicial efectivo y de actuar con la
debida diligencia, sino que pueden convertirse en un nuevo acto de violencia en
contra de la mujer denunciante[198],
cuando la acción u omisión estatal “cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así
como las amenazas de tales actos”, a la luz de la citada Ley 1257 de 2008[199].
Ello obedece al compromiso del Estado en la superación del contexto de
violencia mencionado y su obligación de protección reforzada. Al respecto, se
precisa que esa norma contempla que la violencia puede darse en el ámbito público
o privado[200]
y que la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la
Convención Belém Do Pará establecen que también se entiende como violencia
contra la mujer la perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes[201]
Al igual que sucede con la violencia en el
ámbito familiar, la generada por las instituciones es el resultado de la asimilación
de estereotipos de género y de prácticas sociales que llevan inmersa una
subordinación de las mujeres, por lo que se origina en un acto de discriminación.
Sisma Mujer, en su intervención en el proceso, sostuvo que la parte visible de
esa violencia consistía en la tolerancia e ineficacia institucional que impedía
a las mujeres acceder a la justicia, y la parte invisible se refería a los
actos y omisiones de los funcionarios que ocasionan daño. Se trata de una
violencia que puede resultar aún más perjudicial que la perpetrada por un
particular, en tanto estos actúan con la legitimidad y legalidad que emana de
la investidura como autoridad pública y que refuerza el discurso del agresor[202].
Adicionalmente, por tratarse de prácticas invisibles y que han sido
interiorizadas por los operadores y las mujeres que son víctimas de ellas, no
son denunciadas.
Específicamente, la organización citada
sostuvo que la violencia institucional por parte de las Comisarías de Familia
es usual y se da por la ineficiencia en la protección efectiva de las mujeres
víctimas de violencia. Lo anterior, en tanto no acatan la definición de
violencia establecida en la Ley 1257 de 2008 que incluye la psicológica, la
sexual y la económica, circunstancia que a su vez impide que se profieran
medidas urgentes e integrales para lograr el restablecimiento de sus derechos,
según la modalidad de los actos de agresión denunciados. Usualmente, se limitan
a emitir un aviso a la Estación de Policía para la defensa de su seguridad
personal, invisibilizando la violencia que no es física y enviando un mensaje a
las víctimas, a sus familias y a la sociedad sobre la tolerancia de esas formas
de agresión, ya sea porque no son graves o porque se trata de formas naturales
de relacionamiento entre hombres y mujeres. A ello se suma la falta de
intervención del Ministerio Público para asegurar los derechos de los
intervinientes dentro del proceso de medidas de protección y la ausencia de
mecanismos de seguimiento efectivo a la labor de las comisarías, por parte de las
entidades encargadas de ejercer el poder disciplinario.
4.5.
Para
evitar que el Estado se convierta en un segundo agresor de las mujeres que han
sido víctimas de violencia y que acuden a sus instituciones para lograr su
protección y la restitución de los derechos fundamentales que les han sido
vulnerados, resulta necesario que sus funcionarios que conozcan de esos casos
tengan en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
4.5.1.    Las medidas de
protección y el trámite de cumplimiento deben darse dentro de un término
razonable para asegurar la materialización de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de las
mujeres víctimas de violencia, así como de la garantía de no repetición de las
agresiones.
4.5.1.1.
La
acción de tutela debe presentarse de manera residual, salvo casos
excepcionales, cuando el accionante haya agotado todos los mecanismos
ordinarios de defensa judicial o administrativa que tenga a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales, puesto que no puede desplazar los
distintos recursos dispuestos por el ordenamiento jurídico[203].
No obstante, la mera existencia de los mecanismos y su presentación por parte
del ciudadano no aseguran por sí solos la vigencia de sus derechos
fundamentales, ya que para que ello suceda el ejercicio de la jurisdicción debe
ser en buena medida célere y eficiente[204].
Ahora bien, esta Corporación ha sostenido
que la garantía constitucional al debido proceso comprende el derecho de toda
persona a que la autoridad competente resuelva oportunamente el asunto que le
ha sido planteado[205].
Igualmente, ha indicado que el derecho al acceso a la justicia implica:
“la
posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la
protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución
y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la
simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las
respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la
administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro
de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una
igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento,
aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la
realización de los derechos amenazados o vulnerados.”
Este Tribunal ha reconocido que, por sí
mismo, el incumplimiento de términos no conduce a la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia[206]
y también que la mora judicial es un fenómeno originado por múltiples causas,
muchas de ellas estructurales, “que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”[207].
Sin embargo, ha señalado que la acción de tutela es procedente en casos de
demora cuando se desconozca un término razonable y ello suponga la materialización
de un daño que genera perjuicios no subsanables[208].
En esa línea, en la sentencia SU-394 de 2016, esta Corporación sostuvo que en
los casos en los que se alega la violación del derecho al debido proceso por la
omisión de la justicia de proferir una decisión sobre un asunto sometido a su
conocimiento, el accionante se encuentra en un contexto de indefensión, debido
a que no cuenta con un pronunciamiento que sea susceptible de ser controvertido
a través de recursos o en sede de tutela. Ante esa situación de indefensión y
la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz “la acción de tutela es la
llamada a lograr que se produzcan las decisiones tanto de trámite como
interlocutorias que permitan avanzar en la resolución del asunto de fondo, que
finalmente habrá de ser decidido en la sentencia”.
4.5.1.2.
Así
las cosas, en primer lugar, le corresponderá al juez constitucional verificar
que se cumplan los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. El requisito de
subsidiariedad se acredita con: i) la prueba de que el interesado ha
desplegado una conducta procesal activa y ii) que la parálisis o la
dilación no es atribuible a su conducta. Por su parte, la inmediatez se cumple
una vez se constate un plazo razonable entre la ocurrencia de la omisión que
permite identificar una demora injustificada en la tramitación del proceso y la
presentación de la acción de tutela[209].
4.5.1.3.
Una
vez superado el análisis formal, tendrá que efectuar un análisis sobre la
observancia del plazo razonable, que tenga en cuenta: i) la complejidad
del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; y iii) la
conducta de las autoridades públicas[210].
También deberá valorar iv) la situación jurídica de la persona, a fin de
determinar el daño mayor o menor que el tiempo de tramitación del proceso causa
en la definición de una controversia[211].
Así, corresponde al juez realizar un estudio global del procedimiento, “que va
más allá de evaluar los términos o los plazos, para ahondar en las
características mismas del proceso, en cada caso particular”[212].
Para ese efecto, se ha considerado que:
“la
particularidad de las medidas impuestas, la materia objeto del proceso, los
derechos limitados por las mismas -aspecto objetivo- y el impacto específico
que ellas generan en el procesado -aspecto subjetivo- deberán ser valorados
para determinar el carácter legítimo o ilegítimo del tiempo transcurrido en el
desarrollo de un proceso”[213].
4.5.1.4.
Ahora
bien, para este Tribunal en los casos de violencia contra mujeres la falta de
determinación judicial genera una “amenaza
seria, real y protuberante de los derechos fundamentales (…) toda vez que la
demora en la adopción de decisiones puede devenir en la vulneración
irremediable de los derechos a la integridad personal, a la familia, a la
libertad y a la vida en condiciones dignas”[214].
La efectividad del trámite consagrado en la Ley 294 de 1996 depende de la
rapidez en la cual se impongan las medidas de protección, de manera que se
erradique la violencia o la amenaza de ella, así como de la posibilidad real de
que la mujer pueda hacer cumplir las órdenes dictadas ante la autoridad
competente una vez estas hayan sido infringidas. Desatender el carácter urgente
de las medidas de protección afecta los derechos a disponer de un recurso
judicial efectivo y a obtener una decisión en un plazo razonable, así como
desconoce la obligación estatal de garantizar que no se repitan las agresiones,
“bien sea porque pueda ser objeto de nuevos ataques por la misma persona o
porque pueda ser objeto de retaliaciones por denunciarlos”[215].
4.5.1.5.
Por
ende, la prontitud en la administración de justicia constituye una garantía
esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
justicia, pero no todo retardo en la decisión supone una infracción a la
Constitución. Esa situación solo se da cuando se compruebe que este se dio por
falta de diligencia del funcionario o que el plazo del proceso es irrazonable,
al analizar las especificidades del caso[216],
que en los casos de violencia contra las mujeres deben ser analizadas con mayor
rigor por la necesidad de adoptar medidas urgentes que eviten el riesgo de
reincidencia de la violencia.
4.5.2.    Las mujeres
víctimas de violencia tienen derecho a acceder a la información sobre el estado
de la investigación de los hechos de violencia en su contra, así como los datos
que sobre ellos reposan en las bases de datos, y pedir su actualización y
rectificación cuando estos sean inexactos, incompletos o fraccionados, induzcan
a error o su tratamiento se encuentre prohibido.
4.5.2.1.
El derecho al habeas data,
establecido en el artículo 15 Constitucional, supone que todas las
personas “tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en
la Constitución”[217]. Para la Corte, se trata de un
derecho de doble naturaleza[218]. De un lado, el derecho al habeas
data goza de reconocimiento constitucional autónomo, razón por la cual el
titular de la información tiene el derecho i) de conocer la información
que sobre él reposa en las bases de datos, ii) de incluir nuevos
datos con el fin de que se provea una imagen completa del titular, iii)
de actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de
dichas bases de datos, iv) a que la información contenida en bases de
datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la
realidad, v) a excluir información de una base de datos,
porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del
titular, salvo las excepciones previstas en la normativa[219].
De otra parte, el derecho al habeas data es garantía de otros derechos, “en la
medida en que los protege mediante la vigilancia y cumplimiento de las reglas y
principios de la administración de datos”[220].
4.5.2.2.
Mediante
la Ley 1581 de 2012 se desarrolló “el derecho constitucional que tienen todas
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el
artículo 20 de la misma”[221].
Su ámbito de aplicación son aquellos datos personales consignados en cualquier
base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de
naturaleza pública o privada[222].
En esa norma se establece
el procedimiento de consulta y de reclamo a favor del titular de la información
o de sus causahabientes, indicando que estos podrán consultar la información
personal que repose en cualquier base de datos pública o privada. A su vez, el
Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento debe suministrar “toda
la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la
identificación del Titular”, en un término máximo de 10 días hábiles,
prorrogables por 5 días hábiles adicionales[223]. Cuando se
considere que el dato obtenido deba ser objeto de corrección, actualización o
supresión, o se advierta el presunto incumplimiento de cualquiera de los
deberes contenidos en esta ley, se podrá presentar un reclamo ante el
responsable o encargado, con la identificación de los hechos y las pruebas a
hacer valer. Si es incompleto, se podrá solicitar su corrección dentro de los 5
días hábiles siguientes y se entenderá desistido el reclamo si transcurren 2
meses sin presentar la información requerida. De considerar que quien lo
recibió no es el funcionario competente, deberá dar traslado del reclamo en un
término máximo de 2 días, informando de esa situación al peticionario.
Una vez recibido
el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga
“reclamo en trámite” y su motivo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles,
el cual se mantendrá mientras se decide el reclamo, procedimiento que no podrá
tomar más de 15 días hábiles, a los que se podrán sumar 8 días hábiles
adicionales, informando de la prórroga y las razones al interesado[224].
Para esta Corporación se trata de
mecanismos con los que cuentan los titulares de la información para
materializar su derecho fundamental al habeas data, en su dimensión de
información o para pedir su rectificación, actualización, corrección, oposición
y supresión, así como para hacer cumplir los principios que rigen la
administración de datos y los deberes[225] de las autoridades públicas y privadas
encargadas y responsables[226] de los mismos[227].
4.5.2.3.
Ahora bien, la prerrogativa de habeas data en los
casos de mujeres que han sido víctimas de violencia adquiere un carácter
instrumental para el ejercicio de su derecho al acceso a la justicia y para
hacer efectivas ante las distintas autoridades las medidas de protección
dictadas en su favor en cualquier lugar del país y ante cualquier entidad. Al respecto,
se destaca que la acreditación de las situaciones de violencia en contra de las
mujeres y sus hijos se realiza con la medida de protección expedida por la
autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales[228],
por lo que su incorrecto diligenciamiento podría impedir su materialización
oportuna. De igual manera, la falta de información sobre el estado de su
proceso, puede impedir su derecho a la defensa.
Un registro exacto
permite
a las mujeres acceder a todos los componentes de la atención integral que
comprende, entre otros, i) el acceso a la asistencia
integral médica, psicológica, psiquiátrica y forense[229], ii) las medidas de
transporte, habitación, alimentación y subsidio monetario para las mujeres y
sus hijos, con cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud[230], iii) los programas de
prevención, protección y atención diferenciales para las mujeres en situación
de desplazamiento[231],
iv) las medidas de estabilización, como el acceso preferencial “a cursos
de educación técnica o superior, incluyendo los programas de subsidios de
alimentación, matrícula, hospedaje, transporte, entre otros” o, si se trata de
una menor de edad, su reingreso al sistema educativo, a actividades
extracurriculares, a seminternados, externados, o intervenciones de apoyo[232]. A su vez, posibilita la
articulación y la coordinación de las distintas autoridades involucradas en la
atención de las mujeres y en la implementación y seguimiento de las medidas de
protección adoptadas[233],
y permite la caracterización de los actos de violencia, el contexto en el que
se dan y la respuesta de las entidades, para la formulación, ajuste y
evaluación de las políticas públicas. Esto último, teniendo en cuenta que los datos sobre las medidas de protección y su implementación deben
ser ingresados al Sistema de Registro Unificado de Casos de Violencia contra la
Mujer[234], del cual dependen “las labores de información, monitoreo y
seguimiento” de las medidas de sensibilización, prevención, sanción y
reparación de violencia contra la mujer consagradas en la primera norma.
4.5.2.4.
Por consiguiente, resulta indispensable que las
entidades públicas y privadas encargadas y responsables de las bases de datos
que contienen información sobre actos de violencia en contra de mujeres
garanticen el ejercicio pleno y efectivo del derecho al habeas data, poniendo a
su disposición la información que requieran y los medios para lograr la
actualización, la rectificación y  la supresión o cancelación de la
información, de forma que puedan ejercer su derecho al acceso a la justicia,
así como hacer uso de los distintos mecanismos de protección previstos por el
ordenamiento jurídico.
4.5.3.
Los
funcionarios administrativos y judiciales que conozcan asuntos de violencia
contra la mujer deberán ser imparciales, asegurando que sus decisiones no se
fundamenten en nociones preconcebidas o estereotipos de género.
4.5.3.1.
El derecho a un juzgador imparcial hace parte de la
garantía fundamental al debido proceso consagrada en el artículo 29 Superior.
Se trata del “principio más depurado de la independencia y la autonomía
judiciales o de quien, conforme la Constitución y la ley, le ha sido reconocido
un poder de juzgar a otros individuos, pues no sólo lo hace
independiente frente a los poderes públicos, sino también, frente a sí mismo”[235]. Busca
evitar que el juzgador sea “juez y parte” y/o “juez de la propia causa”[236],
dotando de credibilidad social y legitimidad democrática las decisiones que  adopte[237].
Desde
una perspectiva subjetiva, la imparcialidad se refiere a que los jueces no
permitan que “su fallo este
influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas
en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que
indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los
de la otra”[238]. La objetiva se
refiere a que el funcionario “no haya tenido un contacto previo con el tema a
decidir y que por lo tanto se acerque al objeto del mismo sin prevenciones de
ánimo”[239].
Para garantizar la imparcialidad al interior de
los juicios, el legislador estableció los mecanismos de impedimento y
recusación. El primero se da cuando la autoridad, de oficio, abandona la
dirección del proceso y la segunda se da a petición de uno de los sujetos del
proceso, cuando el funcionario se niega a sustraerse del conocimiento del
asunto[240]. Ahora bien, este
Tribunal ha considerado que se trata de instituciones de carácter excepcional y
restrictivo, que se originan en causales taxativas, para evitar limitaciones
excesivas al acceso a la administración de justicia[241].
4.5.3.2.
Para
la Sala de Revisión, la imparcialidad en el conocimiento de casos de violencia
contra la mujer implica atender una perspectiva de género en el desarrollo del
proceso y en las decisiones, excluyendo la aplicación de estereotipos de género
al momento de analizar los comportamientos de las partes. Este Tribunal ha
sostenido que los estereotipos se refieren a imágenes sociales generalizadas, preconceptos sobre características personales o roles
que cumplen o deben ser cumplidos por los miembros de un determinado grupo
social[242].
En el ejercicio de la función judicial, el uso de estereotipos se da cuando se
reprochan los actos de la persona “por desviación del comportamiento esperado”,
lo cual puede suceder, por ejemplo, cuando:
i)     Se desestima la
violencia intrafamiliar por considerar que se dieron agresiones mutuas, sin
examinar si ellas respondían a una defensa[243].
ii)     Se exige que la
víctima del delito de acceso carnal violento demuestre que resistió
significativamente el acto para que pueda ser considerado como tal[244].
iii)     Se desconoce la
violencia psicológica denunciada, al estimar que los testigos de los actos no
eran presenciales o que el vínculo matrimonial debe prevalecer para mantener la
unidad familiar[245].
iv)     Se entiende que la violencia intrafamiliar es un asunto doméstico que está exento
de la intervención del Estado[246].
v)     Se
le da prevalencia a la relación familiar, ordenando el mantenimiento de las visitas del
padre a sus hijos, sin importar que este cometió actos violentos en contra de
la madre[247].
vi)     Se
descalifica la credibilidad de la víctima por su forma de vestir, su ocupación
laboral, su conducta sexual o su relación con el agresor[248].
vii)     No
se tiene en cuenta el dictamen forense sobre el nivel de riesgo de violencia,
al considerar que este se fundamenta en la versión de la denunciante y que no
fue contrastado con un dictamen realizado al agresor[249].
viii)
No se tiene en cuenta la condena penal por
violencia intrafamiliar a efectos de decidir sobre la condena en alimentos a
cargo del cónyuge culpable, porque se estima que la defensa de las agresiones
configura una concurrencia de culpas[250].
ix)     Se
analiza la versión de la mujer bajo el prejuicio de que la denuncia tiene como
objetivo resultar vencedoras en el juicio de divorcio u obtener venganza, o que
ha deformado los hechos, exagerando su magnitud[251].
x)     Se
desestima la gravedad de la violencia por inexistencia de secuelas
significativas físicas o psicológicas, o porque la mujer no asume la actitud de
inseguridad, angustia o depresión que se cree debe demostrar[252].
En
esa línea, los operadores judiciales, en tanto garantes de la investigación,
sanción y reparación de la violencia en contra de la mujer deben ser
especialmente sensibles a la realidad y a la protección reforzada que las
víctimas requieren. Esto para garantizar, a nivel individual, a la denunciante
el acceso a la justicia y, a nivel social, que se reconozca que la violencia no
es una práctica permitida por el Estado, de forma que otras mujeres denuncien y
se den pasos hacia el objetivo de lograr una igualdad real.
4.5.3.3.
Ahora bien, la Sala
advierte que ni el procedimiento de medidas de protección ni el incidente de
incumplimiento de las mismas contemplan un régimen de recusaciones o
inhabilidades de manera específica. No obstante, el artículo 18 de la Ley 294
de 1996 establece que “[s]erán aplicables al procedimiento previsto en la
presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto número 2591 de
1991, en cuanto su naturaleza lo permita”. Esa remisión, a juicio de la Sala y
de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia[253], incluye lo relativo a la
aplicación del régimen de impedimentos, teniendo en cuenta que el decreto que
reglamenta la acción de tutela asegura la celeridad en su trámite, lo que
coincide con la naturaleza expedita del procedimiento de adopción de las
medidas de protección y de su incidente de incumplimiento. Se tiene que la
remisión normativa que hace la Ley 294 de 1996 es general y solo condiciona su
aplicación a las normas que sean compatibles con la naturaleza del trámite.
Ahora bien, el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991 dispone que:
“En ningún caso
será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando
concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena
de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de
la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para
que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso”.
Así las cosas, se advierte que, como
sucede con las solicitudes de amparo, “no existe la figura de la recusación,
derivado del principio de celeridad, que no admite dilaciones en la protección
de los derechos fundamentales, por ritualidades procesales”[254]. Ello obedece a la necesidad de que la figura de la recusación[255]
no se convierta “en un medio para sabotear el decurso procesal de la acción
que, por disposición constitucional misma, debe resolverse en un término
sumarísimo y de manera prioritaria”[256].
Para este Tribunal, la ausencia de la recusación en el trámite de tutela se
compensa con la obligación del juez de declararse impedido cuando concurran en
él ciertas hipótesis que desvanecen los principios de imparcialidad e
independencia, pilares esenciales para la administración de justicia, lo “que trasciende al derecho al debido proceso de los
ciudadanos, toda vez que este se materializa en la posibilidad que tiene una
persona de acudir ante un funcionario judicial que resuelva su controversia de
forma imparcial”[257].
4.5.3.4.
Las causales de
impedimento señaladas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, al
que remite el decreto de tutela, son taxativas y de interpretación restrictiva,
por lo que “no pueden deducirse por analogía, ni
ser objeto de interpretaciones subjetivas, dado su carácter de reglas de orden
público, fundadas en el convencimiento del legislador de que son éstas y no
otras las circunstancias fácticas que impiden que un juez siga conociendo de un
asunto”[258].
Por tanto, ha considerado esta Corporación que para que el impedimento
sea fundado se debe acreditar “una relación inescindible de
correspondencia y pertinencia entre los hechos manifestados por el juez y las
causales taxativas de impedimento que son invocadas”[259].
Justamente, la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, al analizar la acción de tutela promovida por una
ciudadana en contra de la decisión de un juzgado de familia de anular el
trámite de incumplimiento de una medida de protección, debido a que no había
sido resuelta la solicitud de recusación propuesta por el agresor, indicó que
resultaba “inviable recusar al juez natural de dichos asuntos”[260]. Explicó que le
corresponde al funcionario cognoscente manifestar si está incurso en algunas de
las causales de impedimento o, en su defecto, su Superior, a quien corresponde
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento
disciplinario si fuere el caso.
En esa ocasión, ese Tribunal sostuvo que
los incidentes de desacato, para obtener el cumplimiento de los fallos de
tutela y de las medidas de protección, no tienen como fin único la sanción al
obligado, porque también buscan la eficacia de las decisiones judiciales y
administrativas, “lo cual puede lograrse si se desatan tales trámites con la
prioridad y celeridad impuesta por el legislador”. Por tanto, consideró que el
juez había vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de la accionante
al considerar que la recusación había suspendido el litigio administrativo
desde su formulación, puesto que “[c]on ese proceder le restó eficacia a las
medidas de protección y a los posteriores trámites por incumplimiento y reforzó
y agravó la situación de vulnerabilidad padecida por la solicitante”. Le
correspondía al juez demandado decidir de fondo el trámite de incumplimiento y,
de encontrar parcialidad en el proceder de la comisaria, proferir las medidas
del caso, sin que pudiera imponerle realizar un pronunciamiento, cuando estaba
claro que ella no se estimaba impedida para resolver sobre el incumplimiento
endilgado.
4.5.3.5.
Por
consiguiente, si bien el procedimiento de medidas de protección y el incidente
de incumplimiento de las mismas se caracterizan por su celeridad, es necesario
que el funcionario a su cargo se aparte de su resolución cuando se presente
alguna de las causales de impedimento de la norma procesal penal vigente, en
tanto se debe respetar el principio de imparcialidad del juez. Ese principio de
imparcialidad, en los casos de violencia contra las mujeres, exige que el
operador sea sensible a un enfoque de género, de forma que no se naturalicen ni
perpetúen estereotipos que impiden a la mujer acceder en igualdad de
condiciones a los procesos administrativos y judiciales para su protección.
4.5.4.
Los
derechos de las mujeres víctimas de violencia reconocidos en la Ley 1257 de
2008 deben ser garantizados en todos los procedimientos administrativos y
judiciales para su protección y atención.
4.5.4.1.
La norma
citada en su artículo 8 estableció un catálogo de derechos[261] que deben ser garantizados a las
mujeres víctimas de las formas de violencia previstas en ella, esto es,
“cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”. Esas
prerrogativas responden al carácter integral y coordinado de la atención que
deben recibir las mujeres[262] y deben ser garantizadas a lo largo de
todos los procedimientos administrativos y judiciales que el ordenamiento
jurídico dispone para su defensa, incluyendo el proceso de medidas de
protección.
4.5.4.2.
Dentro de ellas se
encuentra el derecho a la no confrontación con su agresor, que consiste en la
decisión libre de la mujer de no ser enfrentada a este en cualquiera de los
espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de
otro tipo. Este amparo obedece a
la necesidad de brindar a la mujer escenarios libres de miedo e intimidación,
que les permitan denunciar las conductas de agresión, sin temor a posibles
represalias[263].
Este derecho fue reproducido en la Ley
1719 de 2014[264] para asegurar el acceso a la justicia
de las víctimas de
violencia sexual, en especial la cometida con ocasión del conflicto armado[265] y fue desarrollado por el Decreto 4799 de 2011 en su artículo 4. De
conformidad con esa norma, le corresponde a las distintas autoridades informar
a las mujeres que tienen el derecho y, además, que este incluye:
i)
el
derecho a manifestar ante la Fiscalía General de la Nación directamente, por
escrito o a través de representante judicial, su intención de no conciliar,
ii)
el
derecho a participar o no, en cualquier procedimiento o diligencia
administrativa, civil o penal, ante cualquiera de las autoridades competentes,
en las cuales esté presente el agresor,
iii)
el
agotamiento de la etapa de conciliación con la manifestación de no conciliar,
iv)
su
garantía durante la etapa de conciliación ante cualquiera de las autoridades
competentes, en el trámite de las medidas de protección.
Se trata entonces de un derecho que exige
de las autoridades de la ruta de atención una doble obligación: la información
a la mujer sobre su derecho y la garantía efectiva de su ejercicio. Se precisa
que su goce no puede ser cuestionado o desvirtuado por el funcionario con
fundamento en preconcepciones sobre la falta de riesgo o la exageración del
relato de la mujer, debido a que solo se requiere la solicitud para su
aplicación. Adicionalmente, este también puede ser decretado como una medida de
protección provisional o definitiva.
4.5.4.3.
Para la Corte, los operadores
judiciales, en tanto directores del proceso, deben flexibilizar las normas
procesales con el fin de evitar la confrontación entre la víctima y el agresor,
so pena de incurrir en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto. Esto, por la necesidad de dar prevalencia a la protección especial
a la mujer denunciante y los compromisos internacionales de prevención,
investigación, sanción y reparación de los actos de violencia[266].
A juicio de la Sala, también podría constituirse en un defecto sustantivo, por
el desconocimiento del derecho a la no confrontación reconocido a las mujeres y
de las obligaciones estatales en cuanto a la erradicación de la violencia
señaladas antes[267].
4.5.4.4.
Por ende, se resalta que las
normas consagradas en la Ley 1257 de 2008 constituyen un modelo de protección
integral que debe permear todos los procedimientos relacionados con hechos de violencia
en contra de la mujer, por cuanto no solo se refieren a la sanción de los
actos, sino que buscan que la víctima cuente con medidas de atención,
asistencia, protección y prevención, en virtud de la obligación estatal
reforzada de su defensa. Razón por la cual, no le es dable al funcionario
aplicar de manera exclusiva la normatividad de familia, civil o penal, en
desconocimiento de los derechos legalmente reconocidos.
4.5.5.    Las medidas de
protección deben ser idóneas para eliminar la violencia o la amenaza
denunciada, atendiendo la modalidad del daño y recurriendo a medidas diferentes
a aquellas establecidas en la ley cuando la situación lo requiera.
4.5.5.1.
Como se explicó en el acápite 3.6.3., el funcionario
que conoce de la solicitud de medidas de protección puede adoptar la orden que
considere adecuada para conjurar la situación de violencia o su riesgo que
enfrenta la mujer de manera efectiva. Para ello, resulta necesario que examine
la modalidad que adoptan los actos, de forma que la orden sea idónea para
combatirlos, sin que le sea dable, por ejemplo, indicar que la remisión de
información a la Policía Nacional es eficaz para evitar nuevas agresiones en
todos los casos, que la medida pedida por la víctima no existe en la norma, que
esta no solicitó la imposición de una medida para conjurar el daño específico o
que las agresiones realizadas a través de redes sociales pueden ser conjuradas
por la misma mujer al evitar el contacto con el agresor.
La escogencia de la medida debe
obedecer a una interpretación de: i) el daño o la amenaza que generan
los actos de violencia denunciados, esto es, psicológico, físico, sexual,
patrimonial[268], ii)
la gravedad y la frecuencia de los actos de violencia, advirtiendo que estas no
están limitadas a la existencia de secuelas físicas o a un número determinado
de días de incapacidad formulado, iii) las
obligaciones internacionales, constitucionales y legales que tiene el Estado en
materia de prevención, investigación, sanción y reparación en relación con la
violencia en contra de la mujer[269] y iv)
el contexto social de violencia estructural contra la mujer[270].
4.5.5.2.
En
relación con la violencia psicológica, esta Corporación ha indicado que “se
ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una
persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le
generan baja de autoestima. Esta tipología no ataca la integridad física del
individuo sino su integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo
personal y se materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de
intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo
tipo”[271].
Esta se da cuando: i) la mujer es insultada o se la hace sentir mal con
ella misma; ii) es humillada delante de los demás; iii) es
intimidada o asustada a propósito (por ejemplo, por una pareja que grita y tira
cosas); o iv) cuando es amenazada con daños físicos (de forma directa o
indirecta, mediante la amenaza de herir a alguien importante para ella)[272]. Se
trata de agresiones
silenciosas y sutiles que no afectan la integridad física y que suponen una
mayor dificultad probatoria, por lo que exigen del operador judicial un rol más
activo en la consecución de la igualdad procesal entre las partes[273].
De
ahí que las medidas de protección dictadas para abordarlas deben atender al
carácter invisible y grave de la violencia, por ser precursora de otros tipos
de violencia y por el impacto a nivel emocional que pueden generar,
diferenciando las órdenes para combatirlas de aquellas que buscan proteger de
manera exclusiva la seguridad física de la mujer. Al mismo tiempo, el operador
debe prestar especial atención a la forma mediante la cual se dan los actos,
esto es, si se da a través de redes sociales, de correo electrónico, de
llamadas o mensajes de texto, para que la determinación logre que los
comportamientos cesen efectivamente. Al respecto, se resalta que el uso
indebido de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
específicamente de las redes sociales, puede dar lugar a la trasgresión de los
derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, al honor y a la honra[274]. Así mismo, el nivel de
difusión que caracteriza a tales medios de comunicación genera un especial
riesgo en el entorno personal, familiar y social de quien es objeto de esas
conductas[275].
4.5.5.3.
Por tanto, el encargado de adoptar las medidas debe valorar
las características particulares de la violencia denunciada para que sus
decisiones tengan la potencialidad de finalizar la agresión o su amenaza, así
como que una vez incumplidas, las autoridades encargadas de hacerlas cumplir
cuenten con las herramientas para lograrlo.
5.     Análisis del caso
concreto.
Visto
lo anterior, el objeto del amparo consiste en la protección transitoria de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, al habeas data y a vivir una
vida libre de violencia de la actora y de su hija menor de
edad, lo cual se solicita por considerar que distintas actuaciones surtidas en
el trámite de sanción por incumplimiento de la medida de protección 425-2013
han conducido a que su expareja continúe ejerciendo actos de violencia
psicológica y emocional en su contra, aun 7 años después de haber acudido a la
Comisaría por primera vez a solicitar la protección de sus derechos.
Una
vez estudiados los distintos escritos allegados por la actora y los elementos
probatorios que obran en el expediente, se puede evidenciar que sus reparos se
refieren a: i) que la decisión del incumplimiento se ha dilatado en el
tiempo, ii) que falta la inclusión de su hija en la medida de protección
425-2013, iii) que el proceso esté a cargo de una funcionaria que no
genera, a su juicio, garantías de imparcialidad por lo manifestado en el
proceso disciplinario que se surte en su contra, iv) que falta certeza
sobre la corrección de los datos en el sistema de información misional de la
Secretaría Distrital de Integración en relación con la medida de protección
283-2009 y v) que falta el reconocimiento del derecho a no ser
confrontada con el denunciado. En ese orden se dará respuesta a cada uno de
estos reparos, previo el estudio de la procedencia de la acción de tutela,
puesto que en la actualidad aún está pendiente de fallo la solicitud de
incumplimiento ante la citada Comisaría.
5.1.
Sobre
la procedencia de la acción de tutela
5.1.1.
Atendiendo
las particularidades del procedimiento de solicitud de medidas de protección
por violencia en el contexto familiar, la Sala observa que se trata de un
mecanismo completo, que ofrece suficientes garantías para que se ordene el cese
de los actos de violencia o amenaza de manera oportuna. No obstante, a pesar de
que los comisarios y jueces tienen a su disposición un listado amplio de
medidas, así como la facultad de dictar cualquiera otra orden que consideren
necesaria para neutralizar la agresión (acápite 3.6.3.), su efectividad depende
del hecho de que esas mismas autoridades las adopten oportunamente y verifiquen
su cumplimiento ante su desobediencia por parte del agresor. Se trata de la
materialización del derecho al acceso a la justicia[276],
que no se agota con la posibilidad de acudir ante un funcionario a plantear un
problema jurídico ni en su resolución[277],
sino que también implica que lo ordenado se cumpla de manera efectiva y se
restablezcan los derechos lesionados[278].
Ahora bien, en el caso bajo estudio, se
tiene que la actora denunció hechos de violencia por parte de JARG desde
junio de 2009[279]
e inició el proceso de medidas de protección el 15 de octubre de 2013[280].
Después de diversas actuaciones[281],
entre las cuales se destacan varios escritos de ambas partes, la valoración por
el Instituto de Medicina Legal de los involucrados, la remisión a otra
Comisaría y su devolución por falta de competencia, la Comisaría 1 de Familia
decidió levantar las medidas de protección el 9 de abril de 2015[282].
Contra esa decisión fue presentado recurso de apelación, el cual fue resuelto
favorablemente a la actora por el Juzgado 4 de Familia de Oralidad de Bogotá,
el 3 de julio del mismo año. El funcionario judicial encontró probados los
hechos de violencia y conminó a JARG para que se abstuviera de realizar
la conducta objeto de la queja o cualquier acto de violencia física, verbal,
psíquica, amenazas, agravios o humillaciones, agresiones, ultrajes, insultos,
hostigamientos, molestias y ofensas o provocaciones en contra de RMCM y
sus hijos AMCC y JMCC. Así como que, iniciara un tratamiento reeducativo
y terapéutico para modificar sus conductas inadecuadas y de pautas de crianza
antes de tener contacto con su hija[283].
El 31 de julio de 2015 inició trámite de
incumplimiento al considerar que JARG continuó incurriendo en amenazas y
publicando mensajes que afectaban su estabilidad emocional en Twitter[284].
En el incidente que fue avocado el 3 de agosto siguiente se citó a audiencia de
fallo en seis ocasiones, sin que fuera posible realizarlas por la inasistencia
del funcionario designado del Ministerio Público a cuatro de ellas, por la
inasistencia de la comisaria a dos de ellas, por la inasistencia del denunciado
a una y porque el expediente se encontraba en la Oficina de Asuntos
disciplinarios de la SDIS a otra[285].
Sobre este punto, se precisa que en el cuaderno del trámite no se evidencia la
cancelación de alguna audiencia por la inasistencia de la accionante, contrario
a lo afirmado por JARG. Simultáneamente, se estaba surtiendo el trámite
de dos recusaciones presentadas por la peticionaria, quien consideraba que la
comisaria accionada no podía garantizar imparcialidad en su labor, así como una
queja disciplinaria ante la Secretaría por las mismas razones.
Al momento de la presentación del amparo y
durante el trámite de revisión no se había decidido el incidente de
incumplimiento, pese a que la ley le impone al comisario o al juez que expidió
la orden de protección un término de 10 días para realizar la audiencia en la
que se decide sobre la falta de acatamiento de la misma, según el artículo 17
de la Ley 294 de 1996.
5.1.2.
Requisito
de subsidiariedad.
En el presente caso, la actora cumplió con
el deber de iniciar ante la misma Comisaría que conoció el procedimiento de la
medida de protección el trámite de incumplimiento, allegando las pruebas que
consideraba pertinentes. Así mismo, asistió a las audiencias asignadas, a
través de su apoderada, en ejercicio de su derecho a la no confrontación con su
agresor previamente mencionado. Pese a ello, antes de que presentara la primera
solicitud de recusación el 19 de febrero de 2015, habían transcurrido casi 4
meses sin que se hubiera decidido definitivamente el incidente, por razones que
no fueron justificadas de ninguna manera por parte de la Comisaría accionada,
que se limitó a remitir un listado de las distintas actuaciones surtidas en el
caso. Se observa que después de la solicitud de recusación, el expediente fue
prestado a la Secretaría Distrital de Integración Social para el trámite de la
queja disciplinaria, a los despachos judiciales que fungieron como jueces de
tutela y a esta Corporación, mientras se surtía la revisión del caso,
impidiendo el avance en el trámite de incumplimiento.
Aunque pueda pensarse que la demora fue
causada por los distintos recursos que la accionante presentó, esto es, por su
actitud procesal, resulta preocupante la cancelación de la audiencia de fallo
en seis ocasiones por la inasistencia de las entidades públicas encargadas de
proteger los derechos de quienes denuncian hechos de violencia en el contexto
familiar y en una ocasión por la inasistencia de JARG. Igual de
alarmante resulta el hecho de que se haya procedido al préstamo del expediente
a las distintas instancias administrativas y judiciales sin haber decidido
sobre la repetición de los hechos de violencia o adoptado medidas que
permitieran continuar con el proceso, atendiendo a que la actora denunció que
las agresiones continuaban y habían tenido fuertes efectos psicológicos en la
salud mental de ella y de su hija menor de edad. Por tanto, se entiende
acreditado el requisito de subsidiariedad en el presente asunto.
5.1.3.
Requisito
de inmediatez.
Sobre este punto, se tiene que la acción
de tutela fue promovida el 11 de noviembre de 2016 y que, dentro del trámite de
incumplimiento fue iniciado el 31 de julio de 2015, la última actuación previa
al amparo fue una solicitud de copias el 3 de marzo de 2016. Al respecto, la
actora indicó que solo fue posible obtener los documentos solicitados cuando el
expediente estuvo en el juzgado accionado, por lo que se entiende que su
solicitud es actual. Se tiene además que transcurrieron más de 15 meses sin
obtener una respuesta para un procedimiento que no puede tomar más de 10 días,
debido a la importancia de los bienes jurídicos que pretende proteger dicho
trámite. Por esas razones, se cumple este requisito.
5.2.
Sobre
la razonabilidad del plazo de resolución del trámite de incumplimiento de la
medida de protección 425-2013.
Al respecto, se recuerda que la Ley 294 de
1996 impuso términos breves para la decisión tanto de las medidas de protección
como para el trámite de su incumplimiento, además sentó como principios para su
aplicación la primacía de los derechos fundamentales, la oportuna y eficaz
protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean
o puedan llegar a ser víctimas, y la eficacia,
celeridad, sumariedad y oralidad en la aplicación de los
distintos procedimientos[286].
Estas disposiciones fueron las que llevaron a la Corte a considerar que se
trataba de un mecanismo judicial especial, expedito e idóneo para la protección
de los derechos de las víctimas de violencia dentro de las familias, que
impedía la intervención del juez de tutela[287].
Para la Sala es claro que la actora ha
sido diligente al plantear su conflicto ante el funcionario competente y que no
se ha dado una decisión expedita que haga cumplir las medidas de protección, lo
que desdibuja su sentido, que consiste en evitar la ocurrencia de nuevos hechos
de violencia, y hace necesaria la intervención del juez constitucional. Como se
explicó, el análisis sobre la razonabilidad no se debe hacer de manera
abstracta, ya que se corre el riesgo de concluir que un plazo de más de 15
meses para resolver sobre una pretensión resulta adecuado, atendiendo a la
congestión de los operadores de justicia. Se destaca que fue voluntad del
legislador reconocerle a los procedimientos relacionados con la violencia en
contextos familiares una celeridad especial, debido a los valores y principios
que se comprometen cada vez que uno de sus miembros comete un acto de agresión.
De igual manera, ello encuentra como sustento la necesidad de proteger
eficazmente de nuevos hechos a las víctimas de esa violencia, que suelen estar
en una posición de desventaja y que requieren de una protección especial de
parte del Estado y de la sociedad.
De este modo, en el caso bajo estudio se
advierte que la falta de resolución del presunto incumplimiento de las medidas
de protección que fueron reconocidas por el juzgado accionado, que encontró
probados los hechos de violencia psicológica ejercidos en contra de la actora y
su núcleo familiar, resulta gravosa e impide la efectividad del amparo
reconocido. Es cierto que se trata de un proceso complejo, en el que ambas
partes han allegados múltiples pruebas, se han presentado distintos recursos,
las audiencias han sido canceladas por la inasistencia de las autoridades
públicas y del denunciado, pero el plazo transcurrido y la falta de adopción de
medidas por parte de la Comisaría accionada resultan una carga excesiva para
quien ha sido cobijada por medidas de protección. Se recuerda que la
materialización del derecho al acceso a la justicia no se agota con la
posibilidad de presentar el reclamo ante el funcionario competente, sino que
este sea resuelto y lo ordenado se cumpla de manera efectiva[288].
En ese sentido, la presente acción de
tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la justicia por desconocimiento del plazo razonable, puesto que
i) han transcurrido más de dos años desde que se inició el trámite de
incumplimiento, sin que se haya dado una respuesta definitiva y ii) la
falta de atención inmediata en ese proceso jurisdiccional, que debe tomar
máximo 10 días puede generar la prolongación de los hechos de violencia para la
actora como para su hija, quienes denuncian la falta de acatamiento de las
medidas de protección. En virtud de ello, se ordenará la resolución del
incidente en el término de 10 días, prorrogables por otro término igual.
Ahora bien, la demandante adujo la
configuración de otras irregularidades en el proceso que también han afectado
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, al
habeas data, y a vivir una vida libre de violencia de género, las cuales no
pueden ser ignoradas por el juez constitucional, en atención los derechos e
intereses jurídicos en juego. Sin embargo, se aclara que la intervención de
esta Sala de Revisión se limitará a los reparos que la peticionaria ha
señalado, sin que se vaya a definir si el presunto agresor ha incumplido las
medidas de protección emitidas en su contra o si ellas han sido suficientes
para asegurar que los hechos de violencia se repitan, debido a que aún está
pendiente de fallo el incidente de incumplimiento.
5.3.
Sobre
el cambio de la funcionaria a cargo del trámite de incumplimiento de la medida
de protección 425-2013.
5.3.1.
En
el presente caso se tiene que la actora ha presentado dos escritos solicitando
a la comisaria a cargo del trámite de incumplimiento apartarse de su estudio,
por estimar que se encuentra incursa en dos de las causales de impedimento
establecidas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, el cual considera
aplicable debido a: i) la naturaleza de funcionarios de carrera
administrativa de los comisarios de familia[289]
y ii) a que la remisión del Decreto 652 de 2001 a las normas del Decreto
2591 de 1991 se refiere únicamente al trámite de la sanción por incumplimiento
y no al régimen de impedimentos[290].
La primera de ellas al considerar que se
encontraba incursa en la causal de impedimento consistente en la existencia de
un litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales
entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado,
del numeral 5. La segunda de ellas relacionada con haber dado consejo o
concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia
de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del Ministerio
Público, perito o testigo, del numeral 11. Dichas solicitudes surtieron el
siguiente trámite:
Actuación
Impedimento
causal numeral 5
Impedimento
causal numeral 11
Presentación de la solicitud
19/nov/15
23/feb/16
Escrito de no aceptación por la
Comisaría 1 de Familia de Bogotá
4/dic/15
01/mar/16
Recurso de reposición y en subsidio de
apelación
(No obra)
08/mar/16
Decisión apelación por parte del Juzgado
4 de Familia de Bogotá
19/may/16
No ha sido resuelto
Recurso de reposición en contra de la
anterior decisión
25/may/16
No ha sido resuelto
Auto que resuelve recurso por parte del
Juzgado 4 de Familia de Bogotá
22/jun/16
No ha sido resuelto
Por ende, al momento se encuentra
pendiente de resolución el recurso de reposición y de apelación presentado en
contra de la decisión proferida por la Comisaría accionada el 1 de marzo de
2016 que negó la segunda recusación, frente a la cual la comisaria indicó el 15
de marzo de 2016 que le daría trámite. Sobre este punto, se advierte que el
artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 no contempla que la decisión pueda ser
objeto de recursos, debido a que, como lo ha señalado esta Corporación, se
requiere que el trámite se adelante con la mayor celeridad y urgencia posibles[291].
Se advierte que la comisaria accionada dio
respuesta a la segunda solicitud de recusación en sentido negativo, mediante
comunicación de 1 de marzo de 2016, al estimar que no se encontraba incursa en
ninguna de las causales del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. La
Sala estima que dicha solicitud debe abordarse en la decisión definitiva sobre
el trámite de incumplimiento, en donde le corresponde a la funcionaria
encargada del trámite determinar si el escrito presentado por ella prefijó un
concepto dentro del proceso de incumplimiento, de forma que al decidir el
incidente no podría modificar o ignorar lo dicho en la diligencia del proceso
disciplinario sin incurrir en contradicción. En todo caso, como se indicó en el
acápite 4.5.3.4, le corresponderá a su Superior adoptar las medidas procedentes
para que se inicie el procedimiento disciplinario, de considerar que tal
situación le impedía a la comisaria accionada actuar con la imparcialidad que
de ella se esperaba. Se aclara que esta determinación no impide a la Corte
pronunciarse acerca de los prejuicios personales[292] que dejó entrever la
comisaria, en relación con los efectos que la violencia psicológica debió
causar en la salud mental y el comportamiento de la accionante, teniendo en
cuenta las condiciones particulares de la denunciante, a las cuales se hará
referencia detallada en el acápite 5.7. siguiente.
Por tanto, se ordenará que la comisaria accionada
resuelva, de manera argumentada, la solicitud presentada por la accionante, al
momento de solucionar el incidente de incumplimiento, teniendo en cuenta las
pautas que se expondrán en el acápite 5.7.4.. Se precisa que de concluir que sí
existe un impedimento, deberá remitir inmediatamente el presente asunto a otro
de los comisarios titulares de la Comisaría 1 de Familia para que asuma su
conocimiento. Lo anterior debido a que esa fue la entidad que conoció en primer
lugar del caso y, que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 294 de 1996,
es la que mantiene la competencia para la ejecución y cumplimiento de las medidas
dictadas. Si no existe otro comisario titular dentro de esa Comisaría, deberá
remitirlo a otra Comisaría, según las reglas de reparto establecidas por la
Secretaría Distrital de Integración Social, entidad “coordinadora de los
aspectos administrativos y operativos de las Comisarías de Familia”[293], que
deberá verificar la remisión efectiva del expediente. No obstante, de no contar
con tal expediente, deberá solicitar inmediatamente la devolución del mismo a
la entidad que lo tenga, con el fin de surtir la audiencia de fallo en el
tiempo indicado en el acápite anterior.
5.4.
Sobre
la inclusión de la hija menor de edad en la medida de protección 425-2013
En relación con la inclusión de la hija
menor de edad en la medida de protección 425-2013, se advierte que en la medida
de protección 283-2009, el 1 de julio de 2009, la Comisaría 1 de Familia de
Bogotá resolvió imponer una medida definitiva a favor de ella y en contra de
sus padres, en los siguientes términos:
“Imponer una
medida de protección definitiva a favor de la niña IRC en contra del
señor JARG y de la señora RMCM consistente en conminarlos para
que a partir de la fecha eviten generar entre sí comportamientos agresivos
físicos, verbales o psicológicos de forma directa, por teléfono, por escrito o
por cualquier otro medio, deberán respetar su lugar de residencia, trabajo o
lugar alguno donde se puedan encontrar. Les queda prohibido a los progenitores
involucrar a su hija en sus desavenencias y conflicto que existe (ilegible)
y se les prohíbe generar comentarios negativos de cada uno a la niña y terceras
personas con el fin de subestimar su imagen ni deberán permitir que terceras
personas se los generen a la niña. Les queda prohibido ocultar o retener a la
niña para impedir que comparta con su otro progenitor o progenitora.
Se les ordena
acudir a proceso terapéutico familiar a nivel particular con el fin de ser
orientados en cómo mejorar [la] relación de padres, comunicación asertiva,
pautas de crianza, duelo de separación, autocontrol, manejo de la ira,
mecanismos de solución pacífica de conflictos. Su costo será asumido por cada
uno en un 50%. Deberán allegar informe de asistencia.”[294]
Se destaca que la
medida de protección 425-2013 surgió, en un principio, por la solicitud de
incumplimiento que la actora presentó en relación con la medida de protección
283-2009, dentro de la cual ella no estaba incluida como sujeto de protección,
razón por la cual se decidió abrir un nuevo expediente[295].
Esa decisión fue avalada por el Juzgado 4 de Familia de Oralidad de Bogotá, en sentencia de 3 de julio de 2015, que dispuso la medida a
favor de RMCM y sus hijos AMCC y JMCC, pero la negó a
favor de la menor de edad por la existencia de la medida previa[296].
Como se mencionó en el acápite 3.6.5., las
medidas de protección mantendrán su vigencia por el tiempo que
se mantengan las circunstancias que dieron lugar a estas y serán canceladas
mediante incidente, cuando se superen las razones que las originaron[297]. Al respecto, ninguna de las entidades vinculadas al trámite de
tutela, ni la actora, manifestó que se hubiera adelantado el incidente de
terminación de los efectos de esa medida de protección, de conformidad con el
artículo 18 de la Ley 294 de 1993. La Sala observa, además, que en uno de los
cuadernos remitidos por la actora con distintos elementos probatorios obra
escrito de 6 de febrero de 2014, en el que la comisaria, dentro del expediente
de la medida de protección 283-2009, pidió que se sustentaran las razones para
la declaratoria de incumplimiento de las medidas a favor de la niña y la
eliminación de RMCM como agresora, para lo cual se debían expresar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de los hechos, así como
allegar las pruebas pertinentes[298], la cual sería la última actuación registrada dentro del mismo.
De esa manera, la
determinación que impuso las medidas se encuentra vigente y su incumplimiento
puede ser estudiado por la misma Comisaría que la profirió, razón por la cual
no resulta procedente la inclusión de IRC en el expediente de la medida 425-2013.
Ello no obsta para que la actora solicite el cumplimiento de la medida de
protección dictada, pidiendo el traslado de las pruebas allegadas al proceso
425-2013.
5.5.
Sobre
la anotación en el sistema de información SIRBE
En cuanto a la duda sobre la efectiva
corrección de la información consignada en el sistema de información misional
de la Secretaría Distrital de Integración Social, se advierte que dicha entidad
no confirmó la corrección de los datos en sede del trámite de tutela. Así
mismo, que en el expediente obra informe secretarial en el que consta que la
medida de protección proferida en el proceso 283-2009 fue registrada
erróneamente a favor de JARG y en contra de la accionante[299].
Cabe señalar que la demandante acudió previamente a la entidad[300]
para solicitar la corrección el 17 de junio de 2015[301] y que solo
en el año 2016 la Comisaría accionada indicó que procedería a la rectificación[302], sin que en
el expediente exista copia del nuevo documento en el que conste la corrección.
La Sala advierte que el registro errado de
datos errados vulnera el derecho fundamental al habeas data, que le otorga a la
actora como titular de los datos personales consignados en el sistema de
información misional el derecho a “conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas”[303],
y el derecho a poner en marcha los mecanismos de consulta y de
reclamo consagrados en la Ley 1581 de 2012. Lo mismo sucede con la negativa a
acceder al expediente del proceso de medidas de protección, referenciado en el
acápite de Antecedentes, numeral 2.3.15..
Esa vulneración, a su vez, podría impedir
el ejercicio de otros derechos fundamentales, afectando la ejecución de la
medida de protección, en detrimento de los derechos de la menor de edad, por
cuanto ese sistema de información es la herramienta en la cual se registran
distintos datos individuales y familiares de los ciudadanos que acuden a las
Comisarías, y las distintas atenciones y medidas que han sido adoptadas por las
mismas. Justamente, en el Instructivo de “Implementación ruta interna de
atención en Comisarías de familia”, de la Secretaría, aparece como uno de los
primeros pasos de la atención de los usuarios la verificación del SIRBE de
Comisarias de Familia, “con el fin de conocer si presenta atención previa en
Comisarías de Familia”. Además, podría imposibilitar el inicio del trámite de
incumplimiento o que las demás entidades involucradas en acatar la orden, como
la Policía Nacional, se nieguen a hacerlo, así como ejercer su derecho
fundamental a la defensa dentro del mismo.
Por tal razón, se protegerá su derecho al
habeas data y se ordenará a la Comisaría y a la secretaría accionadas que, si
no lo han hecho, rectifiquen en un plazo inferior a 48 horas la información que
repose en el SIRBE, de forma que refleje la realidad de la medida de protección
impuesta el 1 de julio de 2009 por la Comisaría 1 de Familia de Bogotá,
debiendo acreditar tal corrección a la peticionaria. Así mismo, se ordenará permitir
el acceso al expediente de las medidas de protección y del trámite de
incumplimiento.
5.6.
Sobre
el derecho de las mujeres víctimas de violencia a no ser confrontadas con su
agresor.
La actora adujo en el escrito de tutela
que la comisaria demandada insistió en la comparecencia simultánea con su
agresor a las audiencias, sin permitirle ejercer su derecho a la no
confrontación. A raíz de ello, presentó memorial reiterando su voluntad de
hacer uso de esa prerrogativa, el cual fue contestado el 23 de junio de 2017 de
manera negativa, debido a que la funcionaria consideró que la solicitud de la
medida de protección se realizó bajo la Ley 294 de 1996 y no bajo la Ley 1257
de 2008. En esa ocasión, la funcionaria sostuvo que no se había evidenciado
“que el incidentado [fuera] una persona agresiva e irrespetuosa y haya
presentado algún tipo de comportamiento inapropiado en diligencia que [hubiere]
dado motivo para ver (sic) recurrido al acompañamiento de agentes de la Policía
Nacional”[304].
Con fundamento en lo establecido en las
consideraciones precedentes[305],
se advierte que la decisión adoptada por la Comisaría el 23 de junio de 2017 en
la que se negó el derecho de la actora a la no confrontación con su agresor,
bajo el argumento de que el trámite estaba regido por la Ley 294 de 1996 y no
resultaba aplicable la mencionada Ley 1257 de 2008, incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto. Esto, al aplicar mecánicamente las
formas procesales de la primera ley, sin tener en cuenta que la segunda ley
contiene disposiciones que rigen todos los procesos de atención de las mujeres
víctimas de violencia en el ámbito público y privado. Además, que debe
prevalecer el derecho sustancial de la mujer de que “sus manifestaciones serán
libres de intimidación y miedo”[306],
dentro de cualquier escenario judicial y administrativo. A su vez, incurrió en
un defecto sustantivo al desconocer una prerrogativa reconocida a las mujeres
víctimas de violencia, así como las obligaciones estatales en cuanto a la
erradicación de la violencia señaladas antes. Por consiguiente, se dejará sin
efectos la providencia que negó el ejercicio del derecho a la no confrontación
con su agresor.
5.7.
Sobre
los actos de violencia institucional por parte de la Comisaria 1 de Familia de
Bogotá durante el proceso de medidas de protección y su trámite de
incumplimiento.
5.7.1.
Las
diversas irregularidades en el trámite de incumplimiento advertidas hasta el
momento, consistentes el plazo irrazonable de resolución del trámite de
incumplimiento, la falta de trámite a la solicitud de rectificación de la
información y la negativa a hacer efectivo el derecho a la no confrontación con
su agresor, sumadas a las afirmaciones realizadas al momento de decidir la
medida de protección, y las observaciones sobre la conducta de la accionante
del proceso disciplinario, permiten establecer que la Comisaria 1 de Familia de
Bogotá cometió actos de violencia institucional en contra de la accionante.
Esto, por cuanto sus distintas actuaciones le causaron daño emocional, reflejado
por la ausencia de una respuesta eficiente de parte de las entidades encargadas
de su defensa y en la imposibilidad de participar en el proceso en igualdad de
condiciones que el denunciado, impidiendo el acceso a la justicia y a la
sanción por el daño causado, debido a prejuicios personales que permearon todo
el proceso de protección. Para la Corte, resulta claro que las decisiones
adoptadas se fundaron en estereotipos sobre i) la forma en que debían
comportarse una mujer psicóloga víctima de agresiones psicológicas y ii) la
motivación de las denuncias de violencia, que a su juicio tenían origen en no
haber superado la finalización de la relación sentimental.
5.7.2.
Para
el efecto, se recuerda que en la decisión de las medidas de protección de 9 de
abril de 2015[307],
la comisaria accionada indicó que esta era quien se había “encargado de
garantizar la continuidad de la comunicación con el accionado”, asunto que
llamaba mucho la atención “tratándose de una profesional en psicología”[308].
En relación con el diagnóstico del Instituto de Medicina Legal que concluía que
padecía de trastorno mixto de ansiedad-depresión, sostuvo que:
“llama[ba] la
atención, como siendo una profesional de psicología si ha sentido posiblemente
durante los últimos cinco (5) años un cuadro que como lo describe la psiquiatra
está caracterizado por: ‘tristeza, llanto fácil, angustia con ideas de
preocupación por el-futuro, contracturas musculares’; no ha buscado ayuda
profesional siendo conocedora del tema, por demás, características que no ha
exteriorizado”.
Así mismo, descartó la valoración de JARG
realizada por el perito del mismo instituto que indicaba que tenía rasgos
antisociales y requería asistir a un programa de manejo de la ira y de pautas
de crianza antes de tener contacto con su hija, al considerar que eran
excesivas y no se fundaban en suficientes elementos probatorios.  Por el
contrario, encontró que RMCM “posiblemente por sus conocimientos en el
tema de la psicología, en todos sus escritos permite advertir un lenguaje que
sustenta sus afirmaciones de los hechos que pretende hacer valer”. En esa
ocasión, concluyó que no se habían demostrado de manera fehaciente los hechos
denunciados, incumpliendo la demandante con su deber de carga de la prueba.
De
otra parte, en la respuesta presentada el 8 de enero de 2016[309]
por la comisaria dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra, esta
afirmó que esperaba un comportamiento diferente de la denunciante de acuerdo a
su “formación personal y profesional”. De igual manera, expuso que su
desacuerdo con lo decidido en el proceso “posiblemente obedec[ía] a una o unas
situaciones no superadas con el paso del tiempo, involucrando como siempre lo
ha hecho a sus hijos a quienes presenta como víctimas y ahora con sus
peticiones de no ser enfrentada ni al padre de su hija menor, ni a los
funcionarios que no acepta y de quienes se imagina harán algo en su contra,
permite entrever que posiblemente existe una situación que no es normal, el
presunto miedo no demostrado solo está en la mente de la señora RMCM,
nada le ha pasado y nada le va a pasar, de ser así, no saldría de su casa y
seguramente en todos estos años habría adoptado medidas reales para protegerse
ella y a sus hijos y su vida no sería la de una madre y profesional normal que
cumple funciones para una entidad en un cargo”.
5.7.3.
El
sesgo personal de parte de la funcionaria, reflejado en el trato dado a la
actora a lo largo del proceso, es constitucionalmente inadmisible, debido a que
es discriminatorio y desconoce la obligación reforzada de proteger a la mujer
que ha sido víctima de violencia, al trasferir la responsabilidad de la
conducta a la mujer denunciante[310].
De igual manera, contribuye al contexto de violencia estructural contra la
mujer al propiciar un ambiente de impunidad y de tolerancia estatal de las
agresiones[311],
privándola de recursos judiciales efectivos para contrarrestar la agresión
denunciada, aumentando “el sentimiento y la sensación de inseguridad de las
mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de
administración de justicia”[312].
En este punto se destaca que si bien en el
ejercicio de la función jurisdiccional las comisarías de familia cuentan con la
autonomía y la independencia para interpretar y aplicar la ley, lo cierto es
que dichas prerrogativas no pueden conducir al “desconocimiento de los derechos
fundamentales de las personas, ni un incumplimiento del deber de proteger
especialmente a aquellas que se encuentren en situaciones de debilidad
manifiesta, reduciendo el ámbito de aplicación y por ende la eficacia de los
mecanismos legales que desarrollen el objetivo constitucional de la igualdad”[313].
Por ende, sus decisiones deben atender i) la perspectiva de género y el
contexto de violencia estructural contra las mujeres, ii) las garantías
señaladas en la Ley 1257 de 2008 y en otras normas sobre violencia en contra de
la mujer, iii) los compromisos internacionales de protección reforzada
de la mujer víctima de agresiones mencionados en el acápite 4.2. y iv)
la jurisprudencia constitucional sobre las distintas formas que puede adoptar
la violencia y la necesidad de que las medidas la aborden de forma idónea, el
plazo de resolución del proceso, el acceso a la información, y la imparcialidad
y ausencia de estereotipos de género de los funcionarios encargados de la
atención, entre otros.
5.7.4.
Ahora
bien, atendiendo estas circunstancias y para evitar que persistan los hechos de
violencia denunciados, la Sala ordenará al comisario encargado de resolver el
trámite de incumplimiento:
5.7.4.1.
Adelantar una investigación seria, oportuna, completa,
imparcial y libre de estereotipos de la violencia denunciada, específicamente,
aquellos relacionados con la formación profesional de la actora y el cargo que
ostenta[314];
5.7.4.2.
Garantizar los derechos consagrados en el artículo 8 de la
Ley 1257 de 2008, especialmente el derecho a no ser confrontada con su agresor[315];
5.7.4.3.
Verificar el cumplimiento de la medida de protección, en el
sentido de valorar el cese de las agresiones y la asistencia al tratamiento
reeducativo y terapéutico ordenado por el Juzgado 4 de Familia de Bogotá[316], para lo cual deberá tener en
cuenta la naturaleza de las agresiones denunciadas y los medios a través de los
cuales se dieron las mismas[317].
5.7.4.4.
Tener como guía de interpretación y aplicación de las normas,
los compromisos estatales de erradicación de la violencia contra la mujer
contenidos en la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[318].
5.7.4.5.
De
considerar que son necesarias medidas de protección adicionales para
contrarrestar la violencia denunciada, estas deberán ser idóneas, atendiendo la
modalidad del daño y recurriendo a medidas diferentes a aquellas establecidas
en la ley de requerirse[319].
5.7.5.
A
las irregularidades cometidas por la comisaria en el proceso, se suma la
ausencia del representante del Ministerio Público en varias de las audiencias
citadas, así como la falta de adopción de medidas disciplinarias por la
Secretaría de Integración Social, bajo el argumento de que su función se limita
a la coordinación administrativa y operativa de las Comisarías y que esas
entidades cuentan autonomía e independencia[320].
Para la Sala, esas actuaciones refuerzan el ambiente de indiferencia que deben
enfrentar las mujeres denunciantes de hechos de violencia cuando acuden a la
institucionalidad dispuesta para su protección y que se refleja en respuestas
ineficientes ante sus reclamos. Como se mencionó, no se trata de casos aislados
de maltrato, sino de prácticas institucionales de conformidad con las cuales se
invisibilizan violencias que no son físicas, se omite la obligación de informar
a la mujer sobre las rutas de atención, se adoptan enfoques familistas y no de
género en detrimento de los derechos de las mujeres, no se adoptan medidas de
protección idóneas y oportunas, no asisten los funcionarios del Ministerio
Público y no se hace seguimiento de las decisiones adoptadas por las comisarías[321].
Por tanto, se hace necesario que la Corte adopte una serie de medidas para
evitar nuevos casos de violencia institucional en contra de las mujeres que
denuncian actos de violencia.
5.7.5.1.
Al
respecto, se tiene que en el Plan Decenal del Sistema de Justicia se señalaron
como problemáticas del sector familia la falta de sistemas de información sobre
las medidas de protección, de capacidad institucional y de capacitación de los
funcionarios, especialmente en enfoque de género, de articulación
interinstitucional, de mecanismos de monitoreo de las acciones de esas
entidades y de información sobre la ruta de atención a las víctimas de
violencia[322].
Así mismo, evidenció la ausencia de institucionalización del enfoque de género
de manera transversal en todo el sistema de justicia[323].
Circunstancias que impiden la materialización de los derechos fundamentales de
las mujeres víctimas de violencia que acuden a las distintas autoridades en
busca de su protección. Por tanto, se propuso como objetivos del Plan la
implementación de “estudios técnicos para el rediseño de entidades y organismos
del orden territorial, comisarías de familia e inspecciones de policía”[324],
y el mejoramiento del “diseño organizacional de las entidades, organismos e
instancias de articulación que integran el sistema de justicia”[325].
Además, para el seguimiento del cumplimiento y su evaluación, se dispuso la
creación del Comité Directivo del Plan Decenal del Sistema de Justicia, que
tiene dentro de sus funciones promover su implementación y fomentar en las
entidades territoriales la incorporación de sus políticas, filosofía,
lineamientos, objetivos y acciones[326].
Este está conformado por:
i)
El
Ministro de Justicia y del Derecho, o el Viceministro de Promoción de la
Justicia delegado, quien lo presidirá.
ii)
El
Presidente y el Vicepresidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, u otros dos magistrados titulares delegados.
iii)
El
Director del Departamento Administrativo Nacional de Planeación, o el
Subdirector delegado.
iv)
El
Fiscal General de la Nación, o el Vice-fiscal delegado.
v)
El
Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o el
Subdirector Delegado.
vi)
El
Contralor General de la República, o el Vicecontralor delegado.
vii)
El
Procurador General de la Nación, o el Viceprocurador delegado.
viii)
El
Defensor del Pueblo, o el Vicedefensor delegado.
Por tanto, ante el consenso de las
distintas entidades del orden nacional que colaboraron en su formulación sobre
las deficiencias el funcionamiento actual de las comisarías de familia que no
asegura los derechos de las mujeres víctimas de violencia y que debe ser objeto
de modificación, se exhortará al Ministro de Justicia y del Derecho, o el
Viceministro de Promoción de la Justicia, en su calidad de presidente del Comité
Directivo que ponga en marcha en el menor tiempo posible su rediseño, según se
planteó en el Plan Decenal. Lo anterior, a efectos de garantizar que el proceso
de medidas de protección establecido en favor de las mujeres víctimas de
violencia en el ámbito familiar i) asegure el goce efectivo de su
derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia de género en los
ámbitos público y privado, ii) acate los estándares internacionales
sobre el derecho a acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz, y el deber
estatal de diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de
la violencia, iii) atienda las reglas jurisprudenciales sobre la
administración de justicia  con perspectiva de género y iv) establezca
mecanismos de control que desestimulen la tolerancia estatal de las agresiones
e impidan que los funcionarios a cargo ejerzan actos de violencia institucional
en contra de las denunciantes.
5.7.5.2.
A
nivel local, se advierte la existencia de un Sistema Distrital de Protección
Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, denominado SOFIA[327],
como escenario de articulación interinstitucional para la protección integral a
las mujeres víctimas de violencia en el espacio público y privado, que tiene
como objetivos:
i)
generar
una estrategia interinstitucional que permita atender de manera prioritaria y
con enfoque de género a las mujeres víctimas de violencias de género en Bogotá,
incluyendo la garantía de la atención médica y sicológica, el acompañamiento
institucional y la asesoría jurídica en todas y cada una de las localidades de
Bogotá,
ii)
propender
por la restitución prioritaria de los derechos vulnerados a las mujeres y la
garantía del ejercicio pleno de su ciudadanía, y
iii)
diseñar
y desarrollar una estrategia de prevención de las violencias contra las
mujeres, en las escuelas o instituciones educativas distritales y los medios de
comunicación distrital y local[328].
Específicamente, su Mesa de Trabajo tiene
a cargo la generación de procesos de articulación intersectorial y el
establecimiento de protocolos para asegurar una respuesta idónea en la
prevención y atención de las violencias contra las mujeres[329].
Está integrada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y
las secretarías distritales de la Mujer, de Gobierno, de Integración Social, de
salud y de Educación y  puede contar con la presencia de la Fiscalía General de
la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y otras
entidades del orden nacional con presencia en Bogotá[330].
Por tanto, se exhortará a esa instancia que efectúe un diagnóstico del
funcionamiento de las comisarías de familia en la ciudad, con el fin de que se
establezcan protocolos de articulación y coordinación efectivos, que permitan la
atención integral oportuna de las mujeres y el control de las actuaciones de
los funcionarios encargados de la misma, para evitar la revictimización de la
mujer o actos de violencia institucional que agraven su situación. Además,
deberá iniciar jornadas de sensibilización y capacitación de los funcionarios
judiciales y administrativos que hacen parte de la ruta de atención de las
mujeres, para que esta sea un escenario libre de estereotipos de género, en
donde prevalezcan los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de
violencia.
5.7.6.
Finalmente,
se remitirá copia de la presente providencia a la Procuraduría General de la
Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que, dentro de sus
competencias constitucionales y legales, investiguen la conducta de la
Comisaria 1 de Familia de Bogotá en la resolución del trámite de incumplimiento
de la medida de protección núm. 425-2013.
V.
DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR
la suspensión de términos decretada en el presente asunto.
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 2 de febrero de 2017, que confirmó la emitida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el 25 de noviembre de 2016. En su lugar, CONCEDER a RMCM
la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la justicia, al habeas data y a una vida libre de violencia.
Tercero.- ORDENAR
a la Comisaría 1 de Familia de Bogotá que, en el término de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este fallo, decida sobre el
incidente de cumplimiento de la medida de protección y la solicitud presentada
por la accionante el 8 de marzo de 2016, atendiendo los deberes expuestos en el
numeral 5.7.4. anterior y las demás consideraciones de la presente providencia.
De considerar que se encuentra impedida para adoptar la decisión, deberá
remitir inmediatamente el expediente a otra Comisaría, según las reglas de
reparto establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, quien
contará con el mismo término y deberá seguir las mismas pautas enunciadas. Para
el efecto, la Secretaría Distrital de Integración Social verificará la remisión
oportuna del expediente.
Cuarto.- ORDENAR a la Comisaría 1
de Familia de Bogotá que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de este fallo, actualice la información registrada
en el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios (SIRBE), de forma que
refleje la realidad de la medida de protección adoptada por esa Comisaría e
informe sobre la actualización a la peticionaria con el correspondiente soporte.
Así mismo, permitir la consulta del expediente de la medida de protección y del
trámite de incumplimiento a la actora.
Quinto.- DEJAR SIN EFECTOS la providencia
dictada por la Comisaría 1 de Familia de Bogotá el 23 de junio de 2017 en la
que se negó el ejercicio del derecho a la no confrontación de la peticionaria
con su agresor.
Sexto.- EXHORTAR al Comité
Directivo del Plan Decenal del Sistema de Justicia, para que ponga en marcha en
el menor tiempo posible el rediseño de las comisarías de familia previsto en el
Plan, a efectos de garantizar que el proceso de medidas de protección
establecido en favor de mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar i)
asegure el goce efectivo de su derecho fundamental a vivir una vida libre de
violencia de género en los ámbitos público y privado, ii) acate los
estándares internacionales sobre el derecho a acceder a un recurso judicial
sencillo y eficaz, y el deber estatal de diligencia en la prevención,
investigación, sanción y reparación de la violencia, iii) atienda las
reglas jurisprudenciales sobre la administración de justicia  con perspectiva
de género y iv) establezca mecanismos de control que desestimulen  la
tolerancia estatal de las agresiones e impidan que los funcionarios a cargo ejerzan
actos de violencia institucional  en contra de las denunciantes.
Séptimo.- EXHORTAR a
la Mesa de Trabajo del Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres
Víctimas de Violencia (SOFIA) que efectúe un diagnóstico del funcionamiento de
las comisarías de familia en la ciudad, con el fin de que se establezcan
protocolos de articulación y coordinación efectivos que permitan la atención
integral oportuna de las mujeres y el control de las actuaciones de los
funcionarios encargados de la misma, para evitar la revictimización de la mujer
o actos de violencia institucional que agraven su situación. Así mismo, deberá
iniciar jornadas de sensibilización y capacitación de los funcionarios
judiciales y administrativos que hacen parte de la ruta de atención de las
mujeres, para que esta sea un escenario, en donde prevalezcan los derechos
fundamentales de las mujeres víctimas de violencia.
Octavo.-
REMITIR
copia de la presente providencia a la Procuraduría General de la Nación y a la
Fiscalía General de la Nación para que, dentro de sus competencias
constitucionales y legales, investiguen la conducta de la Comisaria 1 de
Familia de Bogotá en la resolución del trámite de incumplimiento de la medida
de protección núm. 425-2013.
Noveno.- ORDENAR a la Secretaría
General de esta Corporación, al juez de instancia y a las demás autoridades que
conocieron de esta providencia que tomen las medidas adecuadas, con el fin de
que guarden estricta reserva y confidencialidad en relación con el mismo y en
especial con la identidad e intimidad de la menor de edad IRC.
Notifíquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Sentencia T-119 de 2016.
[2] El presente capítulo resume la
narración hecha por la actora, así como otros elementos fácticos y jurídicos
observados en el expediente, los cuales se consideran relevantes para
comprender el caso.
[3] Copia de historia clínica,
exámenes, valoración por terapia ocupacional y fisioterapia, entre otros.
[4] Explicó que durante la diligencia JARG
expresó: “Si yo hubiera tenido conocimiento antes de toda esta información no
me hubiera dirigido a la Comisaría de Familia”, afirmación que tampoco fue
tenida en cuenta. Esta afirmación se constata en el Cuad. 2 MP 425-2013, fls.
364.
[5] Cuad. 2 MP 425-2013, fls. 360-369.
[6] Esta información consta en el
informe de 15 de octubre de 2013 de la Comisaría 1, en el que indica que se
encuentra registrado en el SIRBE que en la MP 283-09 JARG es víctima y RMCM
la victimaria (Cuad. 1 MP 425-2013, fls. 1 y 3).
[7] Cuad. 2 MP 425-2013, fls. 358-359.
[8] Cuad. 4 MP 425-2013, fls. 970-971.
[9] Cuad. 4 MP 425-2013, fl. 993.
[10] Específicamente, citó el artículo
15 de la 1581 de 2012 que establece: “Artículo 15. Reclamos. El Titular o sus
causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta ley,
podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado
del Tratamiento el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: (…) 3. El
término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere
posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado
los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en
ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento
del primer término.”
[11] Cuad. 4 MP 425-2013, fl. 994.
[12] Cuad. 4 MP 425-2013, fl. 1063.
[13] El mismo día que la accionante
presentó solicitud de incumplimiento, sus hija AMCC, de 15 años, sostuvo
que había sido víctima de maltrato psicológico, junto a su hermano JMCC,
de 16 años, por parte de JARG consistente en publicaciones en redes
sociales, malos tratos y amenazas de llevarse a su hermana menor, así mismo que
este había golpeado a su madre (Cuad. 1, fls. 151-152.). La solicitud de dar
inicio al trámite de incumplimiento fue rechazada por cuanto, la funcionaria
consideró no fue subsanada a tiempo por AMCC. Adicionalmente, se sostuvo
que no procedía la medida por cuanto los solicitantes no son familia del
denunciado ni viven en el mismo lugar y remitió la denuncia al ICBF y a la
Fiscalía General de la Nación. En relación con la menor IRC, indicó que se
había tramitado medida de protección en la Comisaría 1, bajo el núm. 283-2009
(Cuad. 1, fl. 168-171). Se destaca que la orden de subsanar la petición fue
comunicada el 21 de octubre y que el 23 de octubre siguiente la joven presentó
escrito en el que afirmaba que el agresor era actor y en sus redes sociales lo
siguen padres y madres del colegio donde estudian y familiares y amigos
cercanos, circunstancia que les causan vergüenza y sentimientos de inseguridad.
Además, que la psicóloga de la Comisaría le informó que solo podía presentar
pruebas de los ataques cometidos en el último mes y que no podían ser cobijadas
su madre y su hermana.
[14] En la solicitud de incumplimiento,
la actora menciona que ha recibido llamadas a su celular, mensajes insistentes
a su WhatsApp y ha sido objeto de acoso cibernético en contra suya y de sus
hijos, así como que ellos tienen miedo por la agresividad del accionado. Todo
esto con el fin de que retire la demanda de alimentos que cursa en su contra
(Cuad. 1 MP 425-2013, fl. 2).
[15] Cuad. 1 MP 425-2013, fl. 4-5.
[16] “Artículo 12. Modificado por la Ley 575 de 2000,
artículo 7o. Radicada la petición, el Comisario o el Juez, según el caso,
citará al acusado para que comparezca a una audiencia que tendrá lugar entre
los cinco (5) y diez (10) días siguientes a la presentación de la petición. A
esta audiencia deberá concurrir la víctima.||La notificación de citación a la
audiencia se hará personalmente o por aviso fijado a la entrada de la
residencia del agresor.|| Parágrafo. Si las víctimas son personas
discapacitadas en situación de indefensión deberá ser notificada la personería.
El Personero o su delegado deberá estar presente en las audiencias. Su ausencia
no impide la realización de la misma, pero constituye falta grave
disciplinaria.”
[17] “Por la cual se desarrolla el
artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir,
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”.
[18] Cuad. 1 MP 425-2013, fl. 11-15.
[19] Cuad. 1 MP 425-2013, fls. 24-27.
[20] Cuad. 1 MP 425-2013, fls. 41-44.
[21] Cuad. 1 MP 425-2013, fls. 88-118.
[22] Cuad. 1 MP 425-2013, fls. 146-148.
[23] Cuad. 1 MP 425-2013, fls. 132-136.
[24] “ARTÍCULO 4o.: Toda persona que
dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a
su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de
agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin
perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia
del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal
o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la
violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere
inminente (…)”. El auto obra en el Cuad. 1 MP 425-2013, fl. 284.
[25] “ARTÍCULO 17. El funcionario que
expidió la orden de protección mantendrá la competencia para la ejecución y el
cumplimiento de las medidas de protección”. El auto obra en el Cuad. 1 MP
425-2013, fl. 287-288.
[26] Cuad. 1 MP 425-2013, fl. 299-303.
Al respecto de este documento, la peticionaria destacó que JARG aportó
información personal suya, como extractos de tarjetas de crédito de los meses
de enero a mayo de 2011, época para la que ya estaban separados.
[27] Cuad. 3 MP 425-2013, fls. 640-689.
[28] Cuad. 3 MP 425-2013, fl. 651.
[29] Cuad. 3 MP 425-2013, fl. 665.
[30] Cuad. 3 MP 425-2013, fl. 666.
[31] Cuad. 3 MP 425-2013, fl. 674-675.
[32] Explicó la actora que dicho
proceso se encuentra en trámite de actualización del crédito, ya que JARG
ha intentado evadir su obligación alimentaria cuestionando los gastos de la
niña y pidiendo la reducción de la cuota. Cuad. 3 MP 425-2013, fls. 782-784.
[33] Cuad. 3 MP 425-2013, fls. 829-841.
[34] Este escrito obra en el Cuad. 3 MP
425-2013, fls. 779-780.
[35] Cuad. 3 MP 425-2013, fls. 877-890.
[36] Cuad. 4 MP 425-2013, fl.
1002-1017.
[37] Cuad. 4 MP 425-2013, fls. 918-34 y
960-968.
[38] Cuad. 1, fls. 236-250 y Cuad. 4 MP
425-2013, fls. 1043-1056.
[39] Cuad. 5 MP 425-2013, fls. 4-94.
[40] Cuad. 4 MP 425-2013, fl. 95.
[41] Cuad. Incumplimiento MP 425-2013,
fl. 106.
[42] Cuad. Incumplimiento MP 425-2013,
fl. 109.
[43] Cuad. 4 MP 425-2013, fl. 142.
[44] Cuad. 4 MP 425-2013, fl. 146.
[45] Cuad. 4 MP 425-2013, fl. 149.
[46] Cuad. 4 MP 425-2013, fl. 150.
[47] Al respecto, citó el artículo 15
de la Ley 294 de 1996 que señala: “Si el agresor no compareciere a la audiencia
se entenderá que acepta los cargos formulados en su contra. || No obstante, las
partes podrán excusarse de la inasistencia por una sola vez antes de la
audiencia o dentro de la misma, siempre que medie justa causa. El funcionario
evaluará la excusa y, si la encuentra procedente, fijará fecha para celebrar la
nueva audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes”. Cuad. 4 MP 425-2013,
fls. 155-156.
[48] Cuad. 4 MP 425-2013, fl. 158.
[49] “Artículo 39. Recusación. En
ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido
cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal
so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que
conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas
procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el
caso”.
[50] “Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[51] Cuad. 4 MP 425-2013, fls. 174-175.
[52] Cuad. 4 MP 425-2013, fls. 215-217
y 269-271.
[53] Cuad. 4 MP 425-2013, fl. 218 y
272.
[54] Cuad. 1, fls. 224-226.
[55] Cuad. 4 MP 425-2013, fls. 219-220.
[56] Cuad. 1, fls. 227-228 y Cuad. 4 MP
425-2013, fls. 222-224.
[57] Cuad. 6 MP 425-2013, fls. 125-128.
[58] Cuad. 6 MP 425-2013, fl. 135.
[59] Cuad. 6 MP 425-2013, fl. 139.
[60] Cuad. 6 MP 425-2013, fl. 152-153.
[61] “ARTÍCULO 8o.
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. Toda víctima de alguna de las formas de
violencia previstas en la presente ley, además de los contemplados en el
artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene
derecho a: (…) k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el
agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos
administrativos, judiciales o de otro tipo.”
[62] “Por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. Cuad. 6 MP 425-2013, fl. 160.
[63] Cuad. 6 MP 425-2013, fl. 161.
[64] El 28 de julio de 2015, mediante
oficio con radicado núm. 24S327-2015, el Procurador Primero Distrital remitió
el asunto a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría de
Gobierno, al considerar que no era necesario despojar a la administración de la
facultad disciplinaria (Cuad. 1, fls. 82-83). Esta, a su vez, fue enviada por
dicha dependencia a la Oficina de Control Disciplinario de la Secretaría
Distrital de Integración, por considerar que era la competente, en oficio con
radicado núm. 20153610251471 de 25 de agosto del mismo año (Cuad. 1, fl. 81).
[65] Cuad. 1, fls. 114-128.
[66] Cuad. 1, fls. 129-137.
[67] Cuad. 1, fls. 138-141.
[68] “El artículo 5° de la Ley 294 de
1996, modificado por el artículo 2° de la Ley 575 de 2000 quedará así: ||
‘Artículo 5°. Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la
autoridad competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo
familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada
una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse
de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la
persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá
imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las
establecidas en el artículo 18 de la presente ley: (…)b) Ordenar al agresor
abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando
a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que
aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la
víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada;
(…)e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de
orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la
víctima; (…) n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.”
[69] Cuad. 1, fls. 74-75.
[70] Cuad. 1 fls. 76-80 y 231. Anexó
oficio de 28 de julio de 2016 en la que comunicó a la Comisaría 1 de Bogotá que
profirió providencia el 19 de mayo del mismo año, en la que declaró no probada
la causal del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
[71] Cuad. 1, fls. 142-149
[72] Cuad. 1, fls. 100-102.
[73] Explicó que la actora presentó la
queja inicialmente ante la Procuraduría General de la Nación, con radicado núm.
245327-2015. Dicha entidad remitió la queja a la Oficina de Control Interno de
la Secretaría Distrital de Gobierno mediante radicado núm. 2015-624-026642-2 de
10 de agosto de 2015. Esa Secretaría remitió la actuación a la Secretaría
Distrital de Integración Social a través de radicado ENT-40512 de 25 de agosto
de 2015. Cuad. 1, fls. 81-83.
[74] Cuad. 1, fls. 103-106.
[75] Cuad. 1, fls. 107-128.
[76] Cuad. 1, fls. 138-141.
[77] “Artículo 90. (…) Parágrafo. La
intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja
bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a
recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos
podrá conocer el expediente en la secretaría del despacho que profirió la
decisión.”
[78] Cuad. 1, fls. 129-137.
[79] Cuad. 1, fls. 219-220.
[80] Cuad. 1, fls. 150-152.
[81] Cuad. 1, fls. 153-155.
[82] Cuad. 1, fls. 168.
[83] “Artículo 17. El funcionario que expidió la orden de
protección mantendrá la competencia para la ejecución y el cumplimiento de las
medidas de protección.”
[84] Cuad. 1, fls. 221--223.
[85] Cuad. 1, fls. 219-220.
[86] Cuad. 1, fls. 312-313.
[87] “Artículo 17. Modificado por la
Ley 575 de 2000, artículo 11. El funcionario que expidió la orden de protección
mantendrá la competencia para la ejecución y el cumplimiento de las medidas de
protección. || Las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se
impondrán en audiencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días
siguientes a su solicitud, luego de haberse practicado las pruebas pertinentes
y oídos los descargos de la parte acusada. || No obstante cuando a juicio de
Comisario sean necesario ordenar el arresto, luego de practicar las pruebas y
oídos los descargos, le pedirá al Juez de Familia o Promiscuo de Familia, o en
su defecto, al Civil Municipal o al Promiscuo que expida la orden
correspondiente, lo que decidirá dentro de las 48 horas siguientes. || La
Providencia que imponga las sanciones por incumplimiento de la orden de protección,
provisional o definitiva, será motivada y notificada personalmente en la
audiencia o mediante aviso.”
[88] Cuad. 3, fls. 1-23.
[89] Al respecto, indica que no se
ordenan medidas de estabilización de las víctimas, consistentes en su
reubicación y la atención por parte del sistema de salud ni se ordena el
desalojo del hogar del agresor o la prohibición de asistir a cualquier lugar
donde permanezca la víctima por considerarlo demasiado oneroso para el
denunciado.
[90] Cuad. 3, fls. 15-36.
[91] NAVARRO GÓNGORA, José. Violencias
en las relaciones íntimas. Editorial Herder. 2015.
[92] HIRIGOYEN, Marie-France. Op. Cit.
[93] Mediante informes de 10 y 11 de
junio, el citador de esta Corporación indicó que no había podido entregar los
oficios que ponían en conocimiento las pruebas allegadas en sede de revisión a JARG
y a la Comisaría 12 de Familia porque no residían en las direcciones indicadas
y porque la entidad no funcionaba en ninguna de las ubicaciones reseñadas,
respectivamente. Cuad. 3, fl. 39-40, 53, 58, 68.
[94] Cuad. 3, fl. 43.
[95] Cuad. 3, fl. 80.
[96] Cuad. 3, fls. 73-79.
[97] El aviso de notificación consta en
el cuad. 3, fl. 75.
[98] El memorial consta en el cuad. 3,
fl. 76
[99] “Artículo 4. Derecho de las
mujeres a no ser confrontadas con el agresor. Las autoridades competentes están
obligadas a informar a las mujeres víctimas el derecho que tienen a no ser
confrontadas con el agresor. || Este derecho, consagrado en literal k) del
artículo 8° de la Ley 1257 de 2008, incluye el derecho a manifestar ante la
Fiscalía General de la Nación directamente, por escrito o a través de
representante judicial, su intención de no conciliar. De igual manera, incluye
el derecho a participar o no, en cualquier procedimiento o diligencia
administrativa, civil o penal, ante cualquiera de las autoridades competentes,
en las cuales esté presente el agresor. || Con la manifestación de la mujer
víctima de no conciliar quedará agotada la etapa de conciliación y se dará
continuidad al proceso. || En el trámite de las medidas de protección, este
derecho se garantizará en relación con la etapa de conciliación ante cualquiera
de las autoridades competentes.”
[100] “Por el cual se reglamentan
parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008”.
[101] El auto consta en el cuad. 3, fls.
78-79.
[102] Cuad. 3, fls. 81-88. El expediente
de la MP 425-2013 consta de los siguientes cuadernos: Cuad. 1, fls. 1-303 y 2
CD, cuad. 2, fls. 304-600, cuad. 3, fls. 601-893 y 1 CD, cuad. 4, fls.
893-1063, cuad. 5, fls. 1-20, 1 USB, cuad. 6, fls. 1-163.
[103] Cuad. 3, fls. 118-120.
[104] Cuad. 3, fl. 124-125.
[105] Cuad. 3, fl. 126-129.
[106] Esa entidad manifestó la
asignación de cita y que esta tendría un costo. Cuad. 3, fl. 151-153.
[107] Esa entidad indicó que ya había
valorado a las mismas personas. Cuad. 3, fl. 154.
[108] Cuad. 3, fl. 160-200.
[109] Rad. 110016000050201417958.
[110] En su inciso 3 establece: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
[111] El numeral 1 señala: “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de
tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentre el solicitante”.
[112] Sentencia
T-723 de 2010.
[113] Sentencia T-138 de 2017.
[114] Entre otras, sentencias T-113 de 2013, T-103 y T-396 de 2014.
[115] Sentencia T-138 de 2017.
[116] Sentencia T-016 de 2015.
[117] Sentencia T-225 de 1993.
[118] Sentencia
T-747 de 2008.
[119] Sentencia T-100 de 1994.
[120] Sentencia T-322 de 2015.
[121] Antes de esta sentencia, leste
Tribunal empleó la teoría de las vías de hecho, según la cual las providencias
judiciales que carecieran de fundamento objetivo y que fueran el producto de
una actitud arbitraria y caprichosa podían ser objeto de amparo (Sentencias
T-79 de 1993 y T-518 de 1995, entre otras).
[122] Sentencia SU-424 de 2012.
[123] Sentencias T-419 y T-973 de 2011, SU-424 de 2012, T-015 de 2018, entre
otras.
[124] Constitución Política, artículo
29.
[125] Ibídem, artículo 228.
[126] Sentencia T-264 de 2009.
[127] Ibídem.
[128] Ibídem.
[129] Modificada por las leyes 575 de
2000 y 1257 de 2008.
[130] O
en su defecto a los jueces civiles municipales o promiscuos municipales.
[131] Ley 294 de 1996, artículo 4.
[132] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil. Sentencias de 5 de julio de 2013 (Rad. 2012-02433) y de 14 de febrero de 2017 (Rad. 2016-03348).
[133] Ley 1098 de 2006, artículo 83.
[134] Op. Cit. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil.
[135] Ley 294 de 1996, artículo 3,
literal h.
[136] En la sentencia C-059 de 2005, la
Corte indicó que el término mencionado “debe empezar a contarse a partir del
último día de su ocurrencia, sin perjuicio de que tratándose de agresiones
permanentes o que se prolongan en el tiempo la víctima pueda acudir a la
protección especial ofrecida por la ley sin necesidad de esperar a que finalice
la conducta”.
[137] Ley 294 de 1996, artículo 9.
[138] Ibídem.
[139] El artículo 11 de la Ley 906 de 2004 (Código de
Procedimiento Penal) señala, en relación con los derechos de las víctimas,
que “El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de
justicia, en los términos establecidos en este código. || En desarrollo de lo
anterior, las víctimas tendrán derecho: a) A recibir, durante todo el
procedimiento, un trato humano y digno; b) A la protección de su intimidad, a
la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor; c) A una
pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o
partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de
este código; d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de
pruebas; e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en
los términos establecidos en este código, información pertinente para la
protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman
las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas; f) A que se
consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el
ejercicio de la persecución del injusto; g) A ser informadas sobre la decisión
definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el
juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de
conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; h) A ser asistidas durante el juicio
y el incidente de reparación integral, por un abogado que podrá ser designado
de oficio; i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los
términos que señale la ley; j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o
intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir
el lenguaje por los órganos de los sentidos.”
[140] El artículo 15 de la Ley 360 de
1997, por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro
II del Decreto ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la
libertad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de
1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan otras disposiciones, señala que
todas las víctimas de los delitos contra la libertad sexual y la dignidad
humana tienen derecho a: “Ser tratada con dignidad, privacidad y respeto
durante cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales o de
asistencia social. || Ser informada acerca de los procedimientos legales que se
derivan del hecho punible. || Ser informada de los servicios disponibles para
atender las necesidades que le haya generado el delito. || Tener acceso a un
servicio de orientación y consejería gratuito para ella y su familia atendido
por personal calificado. Tener acceso gratuito a los siguientes servicios: 1.
Examen y tratamiento para la prevención de enfermedades venéreas incluido el
VIH/SIDA. 2. Examen y tratamiento para trauma físico y emocional. 3.
Recopilación de evidencia médica legal. 4. Ser informada sobre la posibilidad
de acceder a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito.”. La
Sala de Revisión precisa que este listado de derechos fue complementado por el
artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, por la cual se modifican algunos artículos
de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el
acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la
violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras
disposiciones.
[141] Ley 1257 de 2008, artículo 8.
[142] Ley 294 de 1996, artículo 11.
[143] Ibídem, artículo 5, parágrafo 3 y
artículo 6.
[144] Ibídem, artículo 12.
[145] Ley 1257 de 2008, artículo 8,
literal k.
[146] Decreto 4799 de 2011, artículo 4,
compilado en el Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Justicia y del Derecho, artículo 2.2.3.8.2.6..
[147] Ley 294 de 1996, artículo 13.
[148] Ibídem, artículo 15.
[149] Decreto 652 de 2001, artículo 1.
[150] Ley 294 de 1996, artículo 3,
literal a.
[151] Ley 1257 de 2008, artículo 34.
[152] Ley 294 de 1996, artículo 5.
[153] Ley 1257 de 2008, artículo 6,
numerales 4 y 6.
[154] Decreto 2734 de 2012, artículo 4
[155] Ley 1257 de 2008, artículo 19,
literales a y b.
[156] Ibídem, artículo 8, literal b.
[157] Ibídem, artículo 22.
[158] Contra la decisión definitiva sobre una medida de
protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales
o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el Recurso de
Apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia (Ley 291 de 1996,
artículo 18).
[159] Decreto 4799 de 2011, artículo 3,
parágrafo 1. La víctima o su representante puede solicitar la modificación de
la medida de protección provisional o definitiva o la imposición de una medida
de protección complementaria, en cualquier momento en que las circunstancias lo
demanden.
[160] O en su defecto, al
Civil Municipal o al Promiscuo.
[161] Ley 294 de 1996, artículo 17.
[162] Ibídem, artículo 7.
[163] Ibídem, artículo 18.
[164] “[P]or el cual se reglamenta la
Ley 294 de 1996 reformada parcialmente por la Ley 575 de 2000”.
[165] Decreto 652 de 2001, artículos 4,
6, 12 y 13.
[166] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil. Sentencia de 25 de noviembre de 2016 (Rad. 2016-00613).
[167] Ley 294 de 1996, artículo 18 y
Decreto 4799 de 2011, artículo 3, parágrafo 2.
[168] Sentencia
T-529 de 1992, T-487
y T-552 de 1994 y T-557 de 1995.
[169] Sentencia
T-529 de 1992.
[170] Sentencia
T-282 de 2002.
[171] Ibídem.
[172] Sentencia T-608 de 2001.
[173] Sentencias T-789 de 2001 y T-133
de 2004.
[174] Sentencias T-789 de 2001.
[175] Ley 294 de 1996, artículo 11
[176] Sentencias T-772 de 2015 y T-264
de 2017.
[177] Sentencia T-718 de 2017.
[178] “Artículo XVIII.  Toda persona
puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.  Asimismo debe
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare
contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
[179] “Artículo 8.  Garantías Judiciales. || 1. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
(…)”
[180] “Artículo 25.  Protección Judicial. || 1. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. || 2. Los Estados Partes se
comprometen: ||  a) a garantizar que la autoridad competente prevista por
el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; || b) a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y || c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
[181] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Fondo, Núm.
5/96, Raquel Martín de Mejía (Perú), 1 de marzo de 1996, pág. 22.
Citado en la sentencia T-772 de 2015.
[182] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castañeda Gutman c.
México.
[183] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Acevedo Jaramillo y otros c.
Perú, Caso López Álvarez c. Honduras, Caso Palamara Iribarne c. Chile, y Caso
Baldeón García c. Perú.
[184] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero c. México.
[185] Ibídem.
[186] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez c Honduras
y Caso Fernández Ortega y otros c. México.
[187] Ibídem.
[188]  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, informe “Acceso a la justicia para las
mujeres víctimas de violencia en las Américas”, 20 enero 2007, citado en las sentencias T-012 y T-265
de 2016, y T-027 de 2017.
[189] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero c. México.
[190] Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, caso de Maria Da Penha c. Brasil.
[191] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero c. México.
[192] Sentencias T-878 de 2014 y T-718
de 2017. Esta postura, a su vez, se relaciona con la reconocimiento de que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación
de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer,
que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la
violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por
los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del
hombre”, establecido en la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer.
[193] Sentencia T-878 de 2014.
[194] Sentencia T-027 de 2017.
[195] Al respecto, ver las sentencias
T-878 y T-967 de 2014, y T-012 de 2016.
[196] Sentencia T-967 de 2014.
[197] Sentencia T-145 de 2017.
[198] En la sentencia T-016 de 2016 se
concluyó que las agresiones y la discriminación contra una mujer provenían no
solo de su ex pareja, sino de la administración de justicia cuando desconoció
la gravedad de violencia que sufrió.
[199] Ley 1257 de 2008, artículo 2.
[200] Ibídem.
[201] Declaración sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer, artículo 2 y Convención Belém Do Pará,
artículo 2.
[202] Cuad. 3, fls. 1-23.
[203] Sentencia T-103 de 2014.
[204] Sentencia T-186 de 2017.
[205] Sentencia T-803 de 2012.
[206] Sentencia T-190 de 1995.
[207] Sentencia T-945A de 2008.
[208] Para la Corte, esta circunstancia
se puede dar en casos de mora judicial justificada o injustificada, fenómenos
que se diferencian en cuanto al cumplimiento de los deberes a cargo del
funcionario judicial. Para determinar si la mora resultada injustificada, el
juez debe verificar que “i) existe un incumplimiento objetivo del plazo
judicial, ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, iii)
la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los
deberes del funcionario judicial” (Sentencia SU-394 de 2016). La mora
justificada se dará cuando “i) es producto de la complejidad del asunto y
dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial,
ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la
administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de
congestión judicial, o iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto
en la ley” (Sentencias T-1226 de 2001 y T-1227 de 2001, citadas en la sentencia
T-441 de 2015.).
[209] Sentencia SU-394 de 2016.
[210] En la sentencia SU-394 de 2016
esta Corporación explicó que el análisis de esos tres elementos había sido
tomado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en los casos Genie Lacayo contra Nicaragua y Suárez Rosero contra Ecuador,
entre otras.
[211] Este elemento adicional, según la
misma sentencia de unificación, surgió a partir del pronunciamiento de la CIDH
en el caso Valle Jaramillo contra Colombia.
[212] Sentencia SU-394 de 2016.
[213] Ibídem.
[214] Sentencia T-264 de 2017.
[215] Sentencia T-772 de 2015.
[216] Ibídem.
[217] Definición plasmada en iguales
términos en el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1582 de 2012 sobre protección
de datos personales.
[218] Sentencia
T-058 de 2013.
[219] Sentencia C-748 de 2011.
[220] Ello sucede, entre otros, en cuanto al buen
nombre, cuando se emplea para rectificar el tratamiento de información
falsa, en cuanto al derecho a la seguridad social, cuando se emplea para
incluir información personal necesaria para la prestación de los servicios de
salud y de las prestaciones propias de la seguridad social, o en cuanto al
derecho de locomoción, cuando se solicita para actualizar información
relacionada con la vigencia de órdenes de captura (Sentencia T-058 de 2013).
[221] Ley 1581 de 2012, artículo 1.
[222] Ibídem, artículo 2.
[223] Ibídem, artículo 14.
[224] Ley 1581 de 2012, artículo 15.
[225] Entre esos deberes
se encuentran los de i) garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno
y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data (Ley 1581 de 2012,
artículos 17, literal a, y 18, literal a.), ii)
actualizar el dato, obligación que responde a los principios de veracidad y
calidad, así como al derecho a actualizar toda información que sobre él se
tenga en las bases de datos públicas o privadas (artículos 17, literal
f, y 18, literal d.); iii) rectificar e informar de
forma oportuna al encargado del tratamiento para efectos de actualización (artículo
17, literal g.), iv) tramitar las consultas y
reclamos, y realizar las anotaciones que permitan identificar el estado de
la información (artículos 17, literales j y l, y 18, literal d.), e v) informar el uso del dato al titular
cuando este lo requiera, en virtud de los principios de finalidad y libertad
(artículo 17, literal m.).
[226] La Ley 1581 de 2012 define al
encargado del tratamiento como la persona realiza el tratamiento de datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento. A su vez, el responsable
es la persona que decide sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos
(artículo 3). Ambas calidades pueden concurrir en la misma persona (artículo
18, parágrafo).
[227] Sentencia C-748 de 2011.
[228] Ley 1257 de 2008, artículo 21.
[229] Ley 1257 de 2008, artículo 8,
literal g.
[230] Ley 1257 de 2008, artículo 19.
Esas medidas de protección fueron declaradas exequibles en la sentencia C-776
de 2010, al considerar que i) hacían parte del derecho a la salud, por
cuanto desarrollaban los principios de universalidad e integralidad y ii)
el Legislador, en ejercicio legítimo de sus potestades, había decidido que los
recursos para proveer tales prestaciones estarían a cargo del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
[231] Ley 1257 de 2008, artículo 9,
numeral 7.
[232] Ley 1257 de 2008, artículo 22.
[233] Al respecto, se recuerda que uno
de los principios de interpretación de la Ley 1257 de 2008 se refiere a la
coordinación y articulación de todas las entidades que tengan dentro de sus
funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia, con el fin de
brindarles una atención integral. Además, una de las formas de asegurar la
debida diligencia en la actuación estatal al combatir la violencia contra las mujeres
consiste en institucionalizar la colaboración y el intercambio de información
entre las autoridades responsables de investigar los actos de violencia y
discriminación (acápite de Consideraciones, numerales 3.6.3. y 4.2.2.).
[234] Establecido en el
artículo 9° numeral 9 de la Ley 1257 de 2008 y complementado por el
artículo 31 de la Ley 1719 de 2014.
[235] Sentencia
C-762 de 2009.
[236] Ibídem.
[237] Sentencia
C-095 de 2003.
[238] Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Observación General No. 32. 23 de agosto de 2007.
CCPR/C/GC/32.
[239] Sentencia T-1034 de 2006.
[240] Sentencia
C-365 de 2000.
[241] Sentencia
C-881 de 2011.
[242] Sentencia T-878 de 2014.
[243] Sentencia T-027 de 2017
[244] Sentencia T-634 de 2013.
[245] Sentencia T-967 de 2014.
[246] Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, caso de Maria Da Penha c. Brasil.
[247] Comité CEDAW, caso Ángela González
Carreño c. España.
[248] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero c. México.
[249] Sentencia T-027 de 2017.
[250] Sentencia T-012 de 2016.
[251] Sentencia T-878 de 2014
[252] Ibídem.
[253] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil. Sentencia de 25 de noviembre de 2016 (Rad. 2016-00613).
[254] Auto A-093 de 2012.
[255] Se destaca que “[l]as figuras de impedimentos
y de recusaciones se diferencian una de la otra en función de si es el
juez o uno de los intervinientes el que pone en duda la imparcialidad del
juzgador para resolver el proceso. Así, el impedimento tiene lugar cuando es el
propio juez quien formula dicho cuestionamiento y lo pone a consideración
del competente. En cambio, la recusación se da cuando alguno de los sujetos
procesales alega la falta de idoneidad del funcionario para dirigir el proceso”
(Sentencia T-305 de
2017).
[256] Sentencia T-800 de 2006.
[257] Auto A-039 de 2010.
[258] Sentencia T-800 de 2006.
[259] Auto A-265 de 2017.
[260] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil. Sentencia de 25 de noviembre de 2016 (Rad. 2016-00613).
[261] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numeral 3.6.1..
[262] Ley 1257 de 2008, artículo 6.
[263] Sentencia T-184 de 2017.
[264] “[P]or la cual se modifican
algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se
adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto
armado, y se dictan otras disposiciones”.
[265] Ley 1719 de 2014, artículo 13,
numeral 5.
[266] Sentencia T-184 de 2017.
[267] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones 4.1. y siguientes.
[268] La Ley 1257 de 2008 establece que
la interpretación de esa ley debe atender a los distintos tipos de daño que puede
sufrir la mujer como consecuencia de la violencia en distintos ámbitos (Ley
1257 de 2008, artículo 3).
[269] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numeral 4.
[270] Sentencia T-027 de 2017.
[271] Sentencia T-967 de 2014.
[272] Ibídem.
[273] Ibídem.
[274] Sentencia T-145 de 2016.
[275] Ibídem.
[276] Constitución Política, artículo
229.
[277] Sentencia C-367 de 2014.
[278] Ibídem.
[279] Al respecto ver el acápite de
Antecedentes, numeral 2.1.2..
[280] Al respecto ver el acápite de
Antecedentes, numeral 2.2.1..
[281] Al respecto ver el acápite de Antecedentes,
numeral 2.2..
[282] Cuad. 3 MP 425-2013, fls. 877-890.
[283] Cuad. 1, fls. 236-250 y Cuad. 4 MP
425-2013, fls. 1043-1056.
[284] Al respecto ver el acápite de
Antecedentes, numeral 2.3..
[285] Cuad. Incumplimiento MP 425-2013,
fls. 106, 109, 149, 151, 174
[286] Ley 294 de 1996, artículo 3.
[287] Sentencia T-282 de 2002.
[288] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numeral 4.2. y 4.5.1..
[289] Ley 294 de 1996, parágrafo del
artículo 30: “A partir de la vigencia de esta
ley los Comisarios de Familia serán funcionarios de Carrera Administrativa.”
[290] Al respecto, ver el acápite de
Consideraciones, numeral 3.6.4..
[291] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numeral 3.6.1. y 4.5.3.3. y siguientes.
[292] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numeral 4.5.3.1..
[293] La Secretaría Distrital de
Integración Social indicó que esa era su función en relación con las Comisarías
de familia (Cuad. 1, fls. 142-149). Ello encuentra razón en el artículo 83 de
la Ley 1098 de 2006 que indica que las Comisarías son entidades distritales y
en el artículo 26 del Decreto 607 de 2007 que señala la Subdirección de Familia
de esa secretaría como la encargada de “[d]irigir la gestión de las Comisarías
de familia a fin de que estas garanticen el acceso a la justicia familiar y la
aplicación de medidas de protección de acuerdo con las competencias legales de
prevención, protección y policivas, en el marco de la legislación vigente de
infancia y de familia”.
[294] Cuad. Anexo 2, fls. 14-23.
[295] Al respecto ver el acápite de
Antecedentes, numeral 2.2..
[296] Al respecto ver el acápite de
Antecedentes, numeral 2.2.18.
[297] Ley 294 de 1996, artículo 18 y
Decreto 4799 de 2011, artículo 3, parágrafo 2.
[298] Cuad. Anexo 2, fl. 47.
[299] Cuad. 1 MP 425-2013, fl. 2.
[300] Esta Corporación ha sostenido que
la protección del derecho al habeas data en sede de tutela es procedente cuando
se ha reclamado su rectificación ante la entidad encargada de la base datos de
manera previa (Sentencia T-165 de 2015).
[301] Cuad. 4 MP 425-2013, fls. 970-971.
[302] Al respecto ver el acápite de
Antecedentes, numeral 2.1.12. y siguientes.
[303] Constitución Política, artículo
15.
[304] Al respecto ver el acápite de
Antecedentes, numeral 2.3.19. y siguientes.
[305] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numerales 3.5.1. y 3.5.2. y 4.5.4..
[306] Sentencia T-184 de 2017.
[307] Al respecto ver el acápite de
Antecedentes, numeral 2.2.15.
[308] Cuad. 3 MP 425-2013, fls. 877-890.
[309] Cuad. 1, fls. 129-137.
[310] Sentencia T-364 de 2013.
[311] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero c. México y Comisión Interamericana de Derechos
Humanos estudió el caso de Maria Da Penha c. Brasil.
[312] Ibídem.
[313] Sentencia
T-1072 de 2000.
[314] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numeral 4.1..
[315] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numeral 4.5.4..
[316] Al respecto ver el acápite de
Antecedentes, numeral 2.2.18..
[317] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numeral 4.5.5.2..
[318] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numeral 4.1..
[319] Al respecto ver el acápite de
Consideraciones, numeral 4.5.5..
[320] Cuad. 1, fls. 129-137.
[321] Cuad. 3, fls. 1-23.
[322] Acápite 3.2.2.1.2.. y 3.2.2.2.
[323] Acápite 3.1.4.2.5.2.
[324] Acápite 3.1.1.5.1., literal j.
[325] Acápite 3.1.1.5.1..
[326] Acápite 5.1..
[327] Sistema Orgánico Funcional,
Integral y Articulador para la protección a Mujeres Víctimas de Violencias.
[328] Acuerdo
Distrital 421 de 2009, por
el cual se ordena la creación del Sistema Distrital de Protección Integral a
las mujeres víctimas de violencia y se dictan otras disposiciones, artículo 2.
[329] Decreto Distrital 527 de 2014, por medio del cual se crean las instancias de
coordinación del Sector Administrativo Mujeres, se determina la participación
de la Secretaría Distrital de la Mujer en las instancias de coordinación
existentes en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones, artículo
12.
[330] Decreto Distrital 527 de 2014,
artículo 13.