T-114-02
De acuerdo con los hechos del presente caso, deben analizarse diversos
problemas
Sentencia
T-114/02
PROCESO
EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO-Prescripción/VIA DE HECHO EN
PROCESO CIVIL-Interpretación inconstitucional de norma del Código de
Procedimiento Civil
VIA DE HECHO POR
DEFECTO SUSTANTIVO-Insuficiente argumentación e
introducción de elementos ajenos al juicio de responsabilidad
El tribunal debía explicar cómo la
primera conclusión, esto es, que los artículos 10, 599, 688 y 689 del C.P.C.
generaban una carga para el “futuro adjudicatario”, se debía ajustar a la
segunda conclusión: la carga pesa únicamente sobre el propietario. No bastaba
para tal efecto, aludir a la existencia de acciones –sin mencionarlas- en
cabeza del propietario, sino que tenía que demostrar cómo tales acciones no
eran predicables del demandante. El tribunal no hizo mas que sostener que era
el propietario quien debía soportar la carga de vigilancia, sin mencionar
fuente normativa que apoyara la conclusión. De las normas en cuestión prima
facie no se deriva una fijación de cargas sobre las partes en el proceso.
Simplemente, el legislador les autoriza acudir al juez para solicitar la
remoción del secuestre. Si el Tribunal consideraba lo contrario, debía ofrecer
argumentos sólidos y suficientes que justificaran su postura. Dicha falta de
argumentación, y la introducción de elementos extraños al juicio de
responsabilidad, torna la decisión en vía de hecho.
EMBARGO Y
SECUESTRO-Finalidad
de las medidas y relación de causalidad entre éstas y el daño
Las medidas de embargo y secuestro
tienen por efecto separar al propietario de la administración, explotación y
custodia del bien afectado por la medida. Habida consideración de este hecho,
la pregunta sobre la relación causal se establece a partir de analizar cuales
son las consecuencias que se derivan de la adopción de medidas cautelares, sobre
la capacidad del propietario para proteger su bien. La persona separada de la
administración de sus bienes no está en idéntica capacidad de protegerlos, que
cuando estaba en pleno ejercicio de sus facultades jurídicas. El estudio de la
relación de causalidad entre las medidas cautelares y el daño, debe abordarse
desde la siguiente perspectiva: la imposibilidad del propietario de proteger su
patrimonio, como consecuencia de la restricción del control sobre el bien,
¿influyó en la producción del daño?
INCIDENTE DE REGULACION DE PERJUICIOS-Nulidad/VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-Interpretación
inconstitucional de norma sobre responsabilidad civil
El Tribunal demandado no aportó
suficientes argumentos jurídicos para derivar una carga de vigilancia exclusivamente
en el demandado, ii) excluyó del juicio de responsabilidad un elemento que le
es propio (la influencia causal en la producción del daño, que tiene el hecho
de separar al propietario de la administración de sus bienes) y iii) incluyó un
elemento ajeno a la estructura de la responsabilidad, como era la carga de
vigilancia sobre el bien que se radicó en el propietario, incurriendo en vía de
hecho por defecto sustantivo. Como quiera que en las instancias no se consideró
con la debida atención, la influencia causal que puede tener el hecho de
separar al propietario de la administración de los bienes, se decretará la
nulidad de lo actuado en el incidente de regulación de perjuicios hasta el
momento en que se termina el debate probatorio, a fin de que el Juzgado 14
Civil del Circuito, evalúe si es necesario practicar pruebas oficiosamente,
tendientes a demostrar este elemento básico en la estructura de la imputación,
de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia. Tema legal que adquiere
trascendencia constitucional, por su incidencia en la protección de los
derechos fundamentales del demandado. La nulidad no afectará las pruebas
válidamente practicadas durante el incidente. Esta decisión, debe observarse,
se adopta ante la necesidad de asegurar el disfrute del derecho constitucional
violado. A fin de lograr dicho goce, el juez de tutela está en la obligación de
adoptar las medidas necesarias para “volver al estado anterior a la violación”,
como lo dispone el artículo 23 del Decreto  2591 de 1991. Dicha posibilidad del
juez de tutela de modular los efectos de sus decisiones ya se había analizado,
en la cual se indicó que “corresponde al juez determinar cuál es el mecanismo
idóneo para lograr la protección del derecho fundamental afectado”. En el presente
caso, únicamente con la anulación es posible asegurar que el juez civil del
circuito tiene abierta la posibilidad, si la considera transcendente para la
efectividad del derecho material, de ordenar las pruebas necesarias para
determinar, entre otros elementos de la responsabilidad, los siguientes: i) que
incidencia en la producción del daño, pudo haber tenido el hecho de privar al
propietario de la administración de sus bienes, ii) si el daño producido por un
tercero, también le es imputable al demandante.
Referencia: expediente T-483107
Acción de tutela instaurada por
José Leonidas Olaya Forero y otros contra la Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Catorce (14)
Civil del Circuito de Bogotá.
Magistrado Ponente:
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
Bogotá D.C.,
veintiuno (21) de febrero de dos mil dos (2002).
La Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en uso
de sus facultades constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el
tramite de la acción de tutela instaurada por José Leonidas Olaya Forero y
otros, mediante representante legal, contra la Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Catorce (14)
Civil del Circuito de Bogotá.
I. ANTECEDENTES.
1. El señor
Leopoldo Suárez Carrillo instauró acción de tutela, en calidad de apoderado de
José Leonidas Olaya Forero y otros, en contra de la Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Catorce (14)
Civil del Circuito de Bogotá, por considerar que los mencionados despachos
judiciales han vulnerado los derechos al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la doble instancia de los accionantes.
Los hechos que
originaron las sentencias materia de revisión son los siguientes:
- El Banco de Colombia adelantó ante el
Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo
hipotecario contra el señor Julio Enrique Olaya Herrera, con el fin de obtener
el pago de las obligaciones dinerarias contenidas en los pagarés 10531432 y
10531360, por la sumas de $1.000.000 y $ 300.000 respectivamente.
- En el proceso citado se ordenó el embargo y
secuestro de los predios Jaboque alto y Jaboque bajo de propiedad del
demandado.
- El curador ad litem designado alegó dentro
del proceso mencionado la excepción de prescripción. No obstante, el Juzgado
Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá mediante sentencia de abril nueve (9)
de 1991 declaró improcedente ésta y, por ende, ordenó la venta en pública
subasta del inmueble hipotecado.
- En virtud de apelación contra la sentencia
anterior, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá mediante sentencia de diecisiete (17) de septiembre de 1991 revocó
ésta, en razón de que encontró probada la excepción de prescripción invocada
por el demandado y, en consecuencia, ordenó levantar las medidas cautelares
sobre los inmuebles de éste y, además, condenó al demandante al pago de los
perjuicios ocasionados con la medida cautelar.
- El demandado por intermedio de apoderado
inició ante el Juzgado Catorce (14) Civil de Circuito de Bogotá el trámite del
incidente de liquidación de perjuicios, sin embargo, declaró la nulidad de la
actuación mediante auto de veinticinco (25) de octubre de 1996, pues no se
notificó al demandante acerca del tramite incidental que estaba adelantando el
citado despacho judicial contra éste.
- Posteriormente el demandado por intermedio
de su apoderado interpuso recurso de apelación contra la providencia anterior
y, en consecuencia, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, mediante auto de noviembre catorce (14) de 1997,
revocó ésta y ordenó que el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá
continuara con el respectivo trámite incidental.
- El Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito
de Bogotá, mediante auto de treinta y uno (31) de enero de 2000, declaró
probada la reclamación de perjuicios y ordenó al Banco de Colombia el pago de
los mismos. Al respecto, el despacho en la parte resolutiva dispuso lo
siguiente:
"1. Declarar no probada la objeción que
por error grave se hizo o propuso al dictamen pericial rendido en este
incidente.
2. Declarar probada la reclamación de
perjuicios hecha por el demandado JULIO ENRIQUE OLAYA conforme a lo considerado
en la parte motiva de esta providencia.
3. ORDENAR a la entidad demandante BANCO DE
COLOMBIA pagar por concepto de tales perjuicios al demandado JULIO ENRIQUE
OLAYA, la suma de DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (18’915.682,73 MCTE,) los que deberán cancelarse en
el termino de 10 días contados a partir de la ejecutoria de este fallo.
4. Costas de este incidente a cargo de la
parte demandante, esto es, Banco de Colombia. Tásense y liquídense"
(fl.114).
- La anterior decisión fue apelada por el apoderado
del Banco de Colombia, por cuanto no aparece prueba en el expediente que
“acredite que el Banco es responsable de unos supuestos daños como consecuencia
de la medida cautelar practicada y mucho menos de su cuantía” (fl.22).
- Por consiguiente, la Sala de Decisión Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante auto de cuatro
(4) de diciembre de 2000, revocó los numerales 2, 3 y 4 del auto de treinta y
uno (31) de enero de 2000 proferido por el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito
de Bogotá, pues de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso el Banco
de Colombia no era responsable del pago de los perjuicios ocasionados al
inmueble objeto de la medida cautelar, sino que éstos se debieron a la
intervención de un tercero. Al respecto, la Corporación en la parte resolutiva
dispuso lo siguiente:
"PRIMERO: CONFIRMAR el numeral 1º del
auto de fecha 31 de enero del año 2000 proferido por el Juzgado Catorce Civil
del Circuito de Bogotá, por medio del cual se desechó la objeción por error
grave dentro del proceso EJECUTIVO del BANCO DE COLOMBIA contra JULIO ENRIQUE
OLAYA.
SEGUNDO: REVOCAR los numerales 2, 3 y 4 del
auto de fecha 31 de enero del año 2000 proferido por el Juzgado Catorce Civil
del Circuito de Bogotá, para en su lugar desestimar las pretensiones del
incidentante.
TERCERO: Condenar en costas de ambas
instancias a la parte promotora del incidente. Tásense las de este grado"
(fl.104).
2. El accionante solicita que el juez de
tutela ordene: (i) revocar los numerales 2 y 3 de la parte resolutiva de la
providencia de cuatro (4) de diciembre de 2000 de la Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; (ii) confirmar los numerales
2, 3 y 4 de la parte resolutiva del auto de treinta y uno (31) de enero de 2000
proferido por el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá; (iii)
adicionar al mencionado auto la indemnización por el deterioro del inmueble
embargado; (iv) actualizar la anterior suma conforme a los índices de
devaluación del peso y (v) el pago de las costas del proceso al demandado.
3. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante sentencia de
dos (2) de abril de 2001, negó la protección solicitada por el accionante, en virtud
de que los fallos emitidos por el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de
Bogotá y la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá no constituyen vías de hecho, por cuanto se encuentran sustentados en
un determinado criterio jurídico compatible con la Constitución, la ley y la
jurisprudencia. En efecto, el juez de primera instancia consideró que el
Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá, fundamentó su decisión de
condenar al Banco de Colombia por lucro cesante, con base en un análisis serio
y ponderado de las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso y, por
ende, la decisión impugnada no configura una vía de hecho susceptible de
protección judicial a través de la acción de tutela. Además, el juez de primera
instancia consideró que el demandante a través del recurso de apelación
interpuesto contra la mencionada decisión, tuvo la oportunidad de controvertir
la condena por perjuicios decretada por este despacho judicial.
Por otra parte, el juez de primera instancia
determinó que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito judicial de
Bogotá revocó la decisión anterior, con base en una interpretación racional y
objetiva del ordenamiento jurídico, respecto a la responsabilidad civil
extracontractual derivada de la practica de medidas cautelares. De esta manera,
la Corporación efectuó una evaluación del material probatorio, con el objeto de
determinar si el daño invocado por el demandante como fundamento de su
pretensión indemnizatoria, tuvo como causa la medida cautelar de embargo y
secuestro decretada por el Juzgado Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá.
En efecto, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
consideró que el daño producido sobre los predios no tiene nexo de causalidad
con las medidas cautelares, sino que fue fruto de la intervención de un
tercero. En suma, el juez de primera instancia consideró que los fallos
anteriores tienen como fundamento una interpretación razonable y objetiva del
ordenamiento jurídico y de las pruebas allegadas al proceso, por tanto, no
constituyen actuaciones arbitrarias e irracionales susceptibles de control por
vía de acción de tutela.
4. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura mediante sentencia de primero (1) de
junio de 2001, revocó la decisión de primera instancia, por cuanto el Juzgado
Catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá mediante auto del treinta y uno (31)
de enero de 2000, vulneró los derechos a la doble instancia y al debido proceso
del demandante, en virtud de que omitió pronunciarse sobre la pretensión
principal invocada por éste en su demanda, esto es, el reconocimiento del daño
emergente ocasionado por el deterioro del bien inmueble embargado. En efecto,
el demandante impugnó la decisión en mención, sin embargo, ello no comporta el
“mantenimiento del principio de la doble instancia en la medida en que una de
las pretensiones, en el caso de ocupación la más importante, que por su
naturaleza goza de dicho principio, termina siendo decidida por el superior,
pero en única instancia, pues evidentemente en un evento como éste esa decisión
no puede recurrirse y con ello ejercitarse el derecho de contradicción”
(fl.18). Por consiguiente, el juez de segunda instancia con el objeto de proteger
los derechos fundamentales vulnerados por la actuación de la autoridad judicial
demandada, decretó la nulidad de lo actuado en el incidente de regulación de
perjuicios, a partir del auto de fecha 31 de enero de 2000.
Posteriormente el apoderado del accionante
mediante escrito de quince (15) de junio de 2001 solicito ante la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura aclaración y
adición del anterior fallo, respecto a si la orden de protección dada por éste
de declarar la nulidad de la actuación adelantada por el Juzgado Catorce (14)
Civil del Circuito de Bogotá comprende el dictamen pericial cuya objeción grave
fue denegada en las dos instancias. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura consideró que la nulidad decretada no incluye
la objeción al dictamen pericial por error grave, por cuanto no “puede dejarse
sin valor ni efecto las decisiones que en primero y segundo grado desecharon la
objeción por error grave al dictamen pericial, pues ciertamente éstas gozaron
de las dos instancias que no tuvo la solicitud de condena al pago del daño
emergente que fue el fundamento principal para haber emitido la orden de
amparo” (fl.52).
5. La anterior decisión fue remitida a la Corte Constitucional,
quien la seleccionó para su revisión por medio de auto del veintiocho (28) de
agosto de 2001 de la Sala de Selección Número Ocho.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia.
1. En mérito de lo expuesto, esta Corte es competente para revisar
el presente fallo de tutela, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.
Problemas jurídicos que enfrenta la Corte.
2. De acuerdo con los hechos del
presente caso, deben analizarse diversos problemas. En primer lugar, si los
jueces demandados incurrieron en defecto sustantivo, al interpretar el artículo
687 del Código de Procedimiento Civil en el sentido de establecer una
responsabilidad aquiliana, en lugar de una objetiva, como lo pretende el
demandante. En segundo lugar, si la interpretación que hizo el tribunal
demandado, de la legislación procesal, de la cual deriva que ellas imponen una
carga de vigilancia exclusiva sobre el demandado, que da lugar a una eximente
de la responsabilidad del demandante, constituye un defecto sustantivo.
Finalmente, si el juez demandado también incurrió en una vía de hecho, al no
considerar con detenimiento la influencia causal que pudo tener en la
producción del daño, el hecho de haber sido separado el propietario de la
administración de sus bienes, como consecuencia del embargo y secuestro. Vía de
hecho que se configuraría, por omitir el estudio de un aspecto básico –para
este caso- en la estructura de la imputación. Tema legal que tiene
trascendencia constitucional, porque un error manifiesto en la interpretación y
aplicación de la ley puede afectar el derecho fundamental al debido proceso.
Presunto defecto
sustantivo por inaplicación del artículo 687 del C.P.C.
3. En el caso bajo estudio el actor pretende que se revoque una
decisión adoptada en segunda instancia por la Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en virtud de la cual se
revocan los numerales 2, 3 y 4 del auto proferido por el Juzgado Catorce (14)
Civil del Circuito de Bogotá el treinta y uno (31) de enero de 2000. A juicio
del peticionario, dicha providencia desconoce el inciso final del artículo 687
del C.P.C, según el cual “Siempre que se levante el embargo o secuestro en
los casos de los numerales 1°, 2° y 4° a 8° del presente artículo, se condenará
de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal
medida, salvo que las partes convengan otra cosa. Si el juez no impone dicha
condena, el auto será apelable en el efecto devolutivo”. En efecto, el
accionante considera que la citada disposición consagra “en forma clara,
precisa y contundente, que no da lugar ninguna interpretación sino, a su plena
aplicación en el sentido de que el demandante debe indemnizar los perjuicios
causados con la consumación de las medidas cautelares, los cuales se han
probado a través del incidente” (fl. 14).
El Tribunal, por su parte, considera que dicha norma no consagra una
responsabilidad objetiva, sino que, al igual que ocurre con el régimen de
responsabilidad en el ordenamiento colombiano, ésta es aquiliana. Así, es
necesario probar la existencia de un daño, una conducta que origina el daño y
el nexo causal entre estos extremos. En cuanto a la relación de causalidad
entre la petición de la medida cautelar y el daño, el Tribunal agrega que ha de
considerarse, además, la reglamentación de la rendición de cuentas por parte de
los secuestres, puesto que de ella se desprende que el propietario del bien
objeto de la medida cautelar tiene la carga de vigilar el destino de los bienes
afectados, en cuanto no han salido de su patrimonio. De ahí que “el demandado
puede y debe, más que nadie, reclamar al juez que el secuestre rinda cuentas de
su gestión y si nada de ello hace no puede trasladar al demandante el resultado
de una mala administración hecha por el secuestre”. El Tribunal concluye con
una cita de los hermanos Mazaud, quienes afirman que “la Corte de Casación
(francesa) reconoce, en particular...; que quien procede erróneamente a un
embargo no responde de la malversación a la que se entrega el guardián de los
objetos embargados”.
La Sala observa que en este punto, el problema no se centra en la
definición de la norma aplicable, sino en la interpretación del mismo, así como
del régimen legal que rodea la situación reglada. Así las cosas, prima facie el
problema es de raigambre legal y, por lo mismo, no es la tutela el mecanismo
idóneo para debatirlo. Empero, tal como lo ha señalado esta Corporación[1], los asuntos legales
adquieren relevancia constitucional cuando de ellos se desprenden violaciones a
los derechos y deberes constitucionales. En el presente caso, está en juego
el derecho al debido proceso, razón suficiente para proceder al análisis del
caso.
Jurisprudencia de la Corte Suprema
4. El
demandante considera que la norma –art. 687 del C.P.C.- consagra una
responsabilidad objetiva. El tribunal, por su parte, considera que es
aquiliana. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sobre la
indemnización por perjuicios causados por medidas cautelares, ha afirmado lo
siguiente:
“1. Quien comete
un delito o culpa que ha inferido daño a otro, debe indemnizar a la víctima,
quien con tal propósito tiene a su cargo la demostración plena de todos los
elementos necesarios para generar en la conciencia del Juzgador la convicción
de que es procedente la condena; elementos estos consistentes, como se sabe, en
el daño, la culpa y la relación causal entre los dos primeros. El postulado
inmerso en el artículo 2341 y en otras disposiciones del título 34 del libro 4
del C.C consagra el perjuicio como uno de los pilares fundamentales de la
responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no es posible
disponer indemnización alguna, pues según lo ha reiterado esta Corporación, en
el campo extracontractual la ley no presume ese requisito. Sin daño
fehacientemente comprobado, ha dicho la Sala, no nace a la vida jurídica la
obligación de indemnizarlo. (G.J. LXII, 136).
2. Como especie
particular de culpa aquiliana, el empleo abusivo de las vías de derecho sólo
puede ser fuente de indemnización, cuando, simultáneamente con la demostración
de la temeridad o mala fe con que actúa quien se vale de su ejercicio, el
ofendido acredita plenamente el daño que ha sufrido y su relación causal con
aquellas. De manera que ésta sigue la regla general predicable en materia de
responsabilidad civil extracontractual, esto es, que el perjuicio sólo es
indemnizable en la medida de su comprobación.
3. Nada distinto
a lo ya expuesto emerge de la condena preceptiva al pago de perjuicios
contemplada en el artículo 510 del C. de P.C., pues si bien es verdad que su
imposición otorga a la parte favorecida con la misma el privilegio de no tener
que acudir a proceso diferente para obtener su indemnización, no por eso debe
entenderse ella liberada de demostrar los requisitos comunes a esta especie de
responsabilidad, por cuanto no es admisible colegir que con la consagración
legal de esa condena el legislador se propuso establecer una presunción del
daño.
Dicho de modo
diverso, el hecho de imponer la ley una condena preceptiva como la consagrada
en el artículo 510 del C. de P.C., no implica para el beneficiario de la misma
un tratamiento favorable en materia probatoria que lo libere del deber de
acreditar los elementos configurativos de la responsabilidad aquiliana.
4. Fluye de lo
expuesto que la condena preceptiva de que se habla no es tampoco de aplicación
rígida ni automática, sino que está sujeta a la comprobación, por parte del
interesado, de los elementos que la estructuran. Empero, es de ver que aún si
se admitiera en gracia de discusión que la imposición de dicha condena es
forzosa, al presumir la ley la ocurrencia de los perjuicios delante de los
supuestos fácticos contemplados por el artículo 510 del C. de P.C., inclusive
frente a esa consideración, se repite, sería pertinente ver que si bien es
verdad ello implicaría el otorgamiento de un tratamiento más benigno en materia
probatoria para el ejecutado, no lo es menos que lo así hipotéticamente
consagrado sería predicable a lo sumo del proceso ejecutivo, pero en manera
alguna del proceso ordinario, ante el cual hubiese tenido que acudir aquél para
obtener la correspondiente indemnización, por cuanto, como bien vale la pena
destacarlo, habría total autonomía entre uno y otro de esos procesos. Desde
luego, así tuvieran que entenderse presumidos los perjuicios aludidos en el
art.510 del C. De P.C., esa presunción devendría intrascendente en el proceso
ordinario, como quiera que en éste seria forzoso acreditar la existencia de los
mismos para que pudieran entrar en el concepto de daño indemnizable.
5. Dígase, pues,
una vez más que la condena preceptiva consagrada en el artículo 510 del C. de
P.C no sólo no está exenta de la carga de demostrar el daño, sino que aun
cuando lo fuera, cual lo plantea el recurrente, ese criterio no podría argüirse
con idéntico propósito dentro del ámbito del proceso ordinario adelantado por
el ejecutado con miras a obtener la indemnización que cree merecer y de la que
se vio privado por el comportamiento omisivo de juez de la ejecución, pues aun
bajo ese supuesto tendría que someterse el actor al amplio debate propio de
aquel proceso.
6. Brota de lo
precedente que como el ataque formulado contra la sentencia en este cargo está
orientado a notar la naturaleza de condena preceptiva ostentada en la parte
analizada del art. 510 del C. de P.C., lo mismo que a hacer ver cómo en esa
norma se consagra una presunción del daño sufrido por el ejecutado, el cargo no
está llamado a abrirse paso, porque esa consideración no es suficiente para
producir por si sola el derrumbamiento del fallo, edificado sobre el criterio
del ad quem consistente en que los perjuicios debían ser probados tanto en el
proceso ejecutivo como en el ordinario, criterio en el que, por lo dicho, no se
advierte el desacierto combatido por la censura”[2].
Por
tanto, en este punto, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá adoptó la providencia de cuatro (4) de diciembre de
2000, de conformidad con la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual no resulta
incompatible con la Carta Política[3].
En consecuencia, en este aspecto la Sala de Decisión Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá interpretó el ordenamiento jurídico de
conformidad con el precedente fijado por la Corte Suprema de Justicia, lo que
desecha la existencia de un defecto sustantivo.
Resuelto este extremo, la Corte analizará la posición del tribunal
sobre las consecuencias del régimen de responsabilidad aquiliana, en el
presente caso.
Defecto
sustantivo por interpretación indebida de los artículos 10, 599, 688 y 689 del
C.P.C.
5. La Corte considera que el tribunal demandado incurrió en vía de
hecho por dos razones: insuficiente argumentación y la introducción de
elementos ajenos al juicio de responsabilidad.
En la segunda instancia del incidente de regulación de perjuicios,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revoca lo decidido por el
Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, ya que en su concepto el demandante no
tenía responsabilidad alguna sobre la vigilancia del secuestre, sino que dicha
tarea incumbía exclusivamente al demandado. Por lo tanto, en tanto que no
existe relación causal entre la anegación del inmueble y la conducta del
demandante, no se configura responsabilidad alguna en cabeza de éste.
Para apoyar su decisión, el Tribunal interpreta varios artículos del
código de procedimiento civil, en los cuales se establece que las partes pueden
solicitar al juez que conoce del asunto que remueva al secuestre si este
incumple con sus deberes (art. 688 del C.P.C. modificado por art. 1. Num. 345
del Decreto 2282 de 1989), y la obligación del secuestre de rendir cuentas de
su gestión al terminar el encargo, las cuales se tramitarán de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 599 del C.P.C. (art. 689 del C.P.C.). Este último
artículo indica que la entrega del bien se hará “a quien corresponda”. La norma
no precisa a quien se refiere con dicha expresión, pero ha de entenderse que es
un hecho futuro: a quien el juez decida que deba entregarse el bien, es decir,
puede ser a favor del demandante o del demandado. Esta persona, tiene a su
disposición una acción para reclamar perjuicios causados por el secuestre.
6. En la argumentación expuesta por el Tribunal, claramente aduce
que la carga de solicitar medidas de protección de los bienes embargados y
secuestrados corresponde al titular de la propiedad de los mismos, pues
“mientras no haya sido vencido en el litigio tiene el deber de permanecer en
vigilia respecto del destino que pueden tener los que son sus bienes”. Empero,
en la misma argumentación sostiene que “la actividad desplegada por el
secuestre debe ser controlada por el juez y las partes, pero es muy notorio que
esa actividad de control corresponde más al futuro adjudicatario”. Se pregunta
la Corte ¿si dicho control corresponde más al futuro adjudicatario, cómo arriba
a la conclusión de que es responsabilidad del propietario mientras no sea
vencido en el juicio? La línea argumentativa del Tribunal es completamente
contradictoria, pues en primer lugar sujeta el deber de control a un hecho
incierto (el futuro adjudicatario) para luego fijarlo en el propietario
mientras no sea vencido.
A lo anterior ha de sumarse el hecho de que una y otra conclusión se
apoyan en premisas contradictorias: la estructura del secuestro para apoyar una
carga del futuro adjudicatario y las facultades de administración de todo
propietario, para fijar la carga en el demandado, lo que exigiría que el
propietario no fuera despojado definitivamente de su propiedad.
6.1. La aplicación de los mandatos del legislador es tarea del juez.
La comprensión de tales mandatos no siempre es sencilla, pues por diversas
razones, como fallas en la técnica legislativa o la indeterminación propia del
lenguaje, exigen al juez que interprete las normas pertinentes. Con
independencia del resultado del ejercicio hermenéutico, en tanto que una
actividad racional, el proceso de interpretación y su soporte, ha de apoyarse
en una argumentación suficiente[4].
Uno de los elementos básicos para que una argumentación judicial se
estime suficiente es que sea coherente. Es decir, que no incurra en
contradicciones. Si, a partir de la interpretación de las normas N1, N2 y N3 se
llega a la conclusión A, el juez tiene que asumir las consecuencias derivadas
de esa conclusión A u ofrecer suficientes argumentos que justifiquen porqué, en
el caso concreto, A no resulta admisible. Tales argumentos, cabe señalar,
pueden basarse en otras normas N4, N5, etc. Empero, no basta con citar otras
disposiciones para justificar una conclusión B, sino que resulta indispensable
mostrar cómo las normas N4, N5, etc., al considerarlas sistemáticamente con las
normas N1, N2 y N3 imponen –lógica y argumentativamente- la conclusión B.
Incumplir este paso implica que el juez ha tomado preferencia por una
conclusión sin justificación alguna, es decir, su decisión es el resultado no
de un razonamiento jurídico, sino la reproducción de “las simples inclinaciones
o prejuicios de quien debe resolver un asunto”, lo que constituye una vía de
hecho[5].
6.2. En el presente caso se observa que el Tribunal arriba a una
conclusión A (control a cargo del futuro adjudicatario) apoyado en ciertas
normas, mientras que otras lo conducen a la conclusión B (control a cargo del
propietario del bien). El Tribunal prefiere la solución B, sin que ofrezca
argumento alguno que explique cómo las normas que soportan la segunda
conclusión alteran la interpretación razonable de aquellas que conducen a la
conclusión A, y que obligan a preferir la solución B.
El tribunal debía explicar cómo la primera conclusión, esto es, que
los artículos 10, 599, 688 y 689 del C.P.C. generaban una carga para el “futuro
adjudicatario”, se debía ajustar a la segunda conclusión: la carga pesa
únicamente sobre el propietario. No bastaba para tal efecto, aludir a la
existencia de acciones –sin mencionarlas- en cabeza del propietario, sino que
tenía que demostrar cómo tales acciones no eran predicables del demandante. El
tribunal no hizo mas que sostener que era el propietario quien debía soportar
la carga de vigilancia, sin mencionar fuente normativa que apoyara la
conclusión.
De las normas en cuestión prima facie no se deriva una
fijación de cargas sobre las partes en el proceso. Simplemente, el legislador
les autoriza acudir al juez para solicitar la remoción del secuestre. Si el
Tribunal consideraba lo contrario, debía ofrecer argumentos sólidos y
suficientes que justificaran su postura. Dicha falta de argumentación, y la
introducción de elementos extraños al juicio de responsabilidad, torna la
decisión en vía de hecho.
7. El Tribunal demandado consideró que no existía nexo causal entre
la demanda inicial y el decreto de medidas cautelares y el daño derivado de la
anegación de los inmuebles embargados y secuestrados. En su concepto, “para
poder atribuir responsabilidad a la demandante [Bancolombia] por las acciones
de terceros sería menester demostrar que el demandado, en su calidad de
propietario intentó las acciones judiciales y administrativas necesarias para la
defensa judicial del predio y que no fue oído por la autoridad competente por
la existencia de la medida. Como no se ha demostrado que la medida cautelar
haya sido un impedimento para que el propietario atajara el daño que se estaba
causando a su predio, desaparece el vínculo causal idóneo para derivar
responsabilidad a cargo del demandante”.
Resulta claro que esta posición del
Tribunal se apoya en dos elementos. En primer lugar, que a efectos de
determinar la responsabilidad del demandante (Bancolombia) resulta necesario
primero examinar lo realizado por quien estaba obligado a cuidar del bien: el
propietario. Segundo, tiene que probarse que las medidas cautelares eran un
impedimento para la protección del bien.
El Tribunal no podía ser mas explícito respecto del primer elemento:
“es muy notorio
que esa actividad de control [control sobre el secuestre] corresponde más al
futuro adjudicatario y por qué no decirlo desde ya, al propietario de las
cosas, quien mientras no haya sido vencido en el litigio tiene el deber de
permanecer en vigilia respecto del destino que puedan tener los que son sus
bienes. Entonces, el demandado puede y debe, más que nadie, reclamar al juez
que el secuestre rinda cuentas de su gestión y si nada de ello hace no puede
trasladar al demandante el resultado de una mala administración hecha por el
secuestre”.
A pesar de que argumentativamente el tribunal se apoya en dos
elementos, como se ha indicado, en realidad, ellos conducen a uno sólo. Que el
propietario del bien era la persona encargada de ejercer los mecanismos de
vigilancia sobre el destino del inmueble secuestrado y embargado. En el
fundamento anterior se ha mostrado cómo dicha postura del tribunal no resulta
admisible, razón por la cual lo que sigue pierde fuerza argumentativa.
Con todo, la Corte estima necesario pronunciarse sobre el juicio de
causalidad que impone el tribunal. El demandante sería responsable si el
demandado hubiese iniciado acciones de protección del bien de su propiedad, y
que hubieran fracasado por causa de las medidas cautelares.
7.1. Como se puede observar, el nexo causal está íntimamente ligado
a la conducta de una de las partes. Si el demandado-propietario no inicia las
acciones de protección de su bien, no es posible establecer si las medidas
cautelares se convierten en causal de fracaso de los instrumentos de
conservación. Como quiera que se ha indicado que tal carga no se desprende de
las normas positivas y que el Tribunal demandado no aportó elementos de juicio
que permitieran interpretar el ordenamiento en otro sentido, dicho juicio de
causalidad resulta equivocado.
7.2. Si positivamente no existe una carga de vigilancia sobre las
partes y, al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el
artículo 687 no contempla una responsabilidad objetiva, cabe preguntarse ¿cuál
es el nexo causal entre las medidas cautelares y el daño?
Las medidas de embargo y secuestro
tienen por efecto separar al propietario de la administración, explotación y
custodia del bien afectado por la medida (C.P.C. art. 683). Habida
consideración de este hecho, la pregunta sobre la relación causal se establece
a partir de analizar cuales son las consecuencias que se derivan de la adopción
de medidas cautelares, sobre la capacidad del propietario para proteger su
bien.
La persona separada de la administración de sus bienes no está en
idéntica capacidad de protegerlos, que cuando estaba en pleno ejercicio de sus
facultades jurídicas. El estudio de la relación de causalidad entre las medidas
cautelares y el daño, debe abordarse desde la siguiente perspectiva: la
imposibilidad del propietario de proteger su patrimonio, como consecuencia de
la restricción del control sobre el bien, ¿influyó en la producción del daño?.
8. En resumen: i) el Tribunal demandado no aportó suficientes
argumentos jurídicos para derivar una carga de vigilancia exclusivamente en el
demandado, ii) excluyó del juicio de responsabilidad un elemento que le es
propio (la influencia causal en la producción del daño, que tiene el hecho de
separar al propietario de la administración de sus bienes) y iii) incluyó un
elemento ajeno a la estructura de la responsabilidad, como era la carga de
vigilancia sobre el bien que se radicó en el propietario, incurriendo en vía de
hecho por defecto sustantivo.
9. Como quiera que en las instancias no
se consideró con la debida atención, la influencia causal que puede tener el
hecho de separar al propietario de la administración de los bienes, se
decretará la nulidad de lo actuado en el incidente de regulación de perjuicios
hasta el momento en que se termina el debate probatorio, a fin de que el
Juzgado 14 Civil del Circuito, evalúe si es necesario practicar pruebas
oficiosamente, tendientes a demostrar este elemento básico en la estructura de
la imputación, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia. Tema legal
que adquiere trascendencia constitucional, por su incidencia en la protección
de los derechos fundamentales del demandado. La nulidad no afectará las pruebas
válidamente practicadas durante el incidente.
Esta decisión, debe observarse, se
adopta ante la necesidad de asegurar el disfrute del derecho constitucional
violado. A fin de lograr dicho goce, el juez de tutela está en la obligación de
adoptar las medidas necesarias para “volver al estado anterior a la violación”,
como lo dispone el artículo 23 del Decreto  2591 de 1991. Dicha posibilidad
del juez de tutela de modular los efectos de sus decisiones ya se había
analizado en sentencia SU-554 de 2001, en la cual se indicó que “corresponde al
juez determinar cuál es el mecanismo idóneo para lograr la protección del
derecho fundamental afectado”. En el presente caso, únicamente con la anulación
es posible asegurar que el juez civil del circuito tiene abierta la
posibilidad, si la considera transcendente para la efectividad del derecho
material, de ordenar las pruebas necesarias para determinar, entre otros
elementos de la responsabilidad, los siguientes: i) que incidencia en la
producción del daño, pudo haber tenido el hecho de privar al propietario de la
administración de sus bienes, ii) si el daño producido por un tercero, también
le es imputable al demandante, precisamente por haber despojado al propietario
de la administración y iii) si se trataba de riesgos de terceros, estos eran
cognoscibles para el demandante. Ello explica, además, la decisión de revocar
las sentencias dictadas en el proceso de tutela.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto
la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR
las decisiones dictadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, y en su lugar TUTELAR el derecho
fundamental al debido proceso. En consecuencia, se decreta la nulidad de lo
actuado en el incidente de regulación de perjuicios, que diera origen al
presente proceso de tutela, tramitado ante el juzgado 14 civil del Circuito de
Bogotá, a partir de la apertura del período probatorio, a fin de que dicho
proceso se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
Aclaración de
voto a la Sentencia T-114/02
DEBERES
CONSTITUCIONALES-Eficacia directa/DEBERES IGUALITARIOS-Custodia
sobre bienes cuando son embargados y secuestrados (Aclaración de voto)
En relación con los deberes
constitucionales, las restricciones a la posibilidad de derivar de ellos, de
manera directa, obligaciones jurídicas, descansa en la necesidad de evitar que
el Estado imponga obligaciones que terminen por anular los derechos de las personas.
Se trata, en consecuencia, de un desarrollo del principio nulla poena sine
legem, en el sentido de exigir precisión sobre las conductas que generan
sanciones jurídicas o que implican restricciones al ejercicio de los derechos
constitucionales. Empero, ello no implica que el contenido del deber sea
puntual, sino que su grado de abstracción no opaque o anule la libertad. Así
las cosas, resulta admisible que el legislador, por ejemplo, establezca
consecuencias jurídicas de deberes no expresamente fijados, pero claramente
deducibles de deberes genéricos, como ocurre con las obligaciones de socorro,
de protección y custodia. De igual manera, desde la perspectiva constitucional,
algunos deberes podrán aplicarse directamente, en la medida en que su configuración
normativa permita deducir, de manera razonable y no arbitraria, un contenido
obligacional claro. Así, por ejemplo, la Corte ha admitido la aplicación
directa de deberes constitucionales cuando se ponen en peligro o se violan
derechos fundamentales. La eficacia directa de los deberes constitucionales
está ligada, además, a la naturaleza de las pretensiones o consecuencias
jurídicas derivadas del deber. Así, no pueden someterse a igual juicio aquellos
deberes que suponen afectación directa del patrimonio –como el deber de
tributar- y deberes que exigen un comportamiento recto y conforme al Estado
social de derecho –como el deber de no abusar de sus propios derechos y el
deber de lealtad-. De manera similar, no puede negarse que el deber genérico de
respetar la Constitución sea aplicable de manera directa. También ha de
considerarse que, en alguna medida, es posible la aplicación directa de deberes
derivados de valores constitucionales que tengan referentes en deberes o
prohibiciones constitucionales, como el caso del enriquecimiento injustificado,
que integra el valor justicia y la sanción constitucional a ciertas formas de
enriquecimiento. La pretensión de aplicar sanciones por el incumplimiento de
los deberes constitucionales, en este orden de ideas, ha de estar previsto, de
alguna manera, en la ley, mientras que consecuencias jurídicas de carácter
resarcitorio o compensatorio han de entenderse derivables, por el juez y bajo
condiciones de razonabilidad, de la Constitución.
PRINCIPIO DE
IGUALDAD EN LAS CARGAS PUBLICAS Y EL DEBER DE LEALTAD (Aclaración
de voto)
La
distribución de las cargas ha de respetar, por lo tanto, el derecho a la
igualdad. El legislador ha de diseñar un equilibrio de las cargas en el proceso
que asegure que ninguna de las partes se coloque en una situación de privilegio
frente a la otra y, por lo mismo, obligue a la contraparte a soportar todas las
consecuencias derivadas del trámite del proceso. Mientras subsiste la relación
jurídico-procesal, el Estado ha de considerar a ambas partes como pares, y así
mismo debe distribuir las obligaciones, lo que implica, además, un desarrollo
del deber de lealtad. Una distribución igualitaria de las cargas, como se ha
indicado, no implica un tratamiento idéntico, sino un sopesamiento de los
intereses perseguidos, las medidas adoptadas y la manera en que afectan a las
partes en el proceso. En este orden de ideas, el diseño normativo no puede
convertir los instrumentos de protección –durante el proceso- de los intereses
de una de las partes, en un mecanismo para menoscabar la oportunidad de un
cabal ejercicio de la defensa por parte de la contraparte. Dicha reducción de
la oportunidad de defensa puede ser el resultado de imposición de cargas en
exceso onerosas, que en la práctica le impidan desplegar sus instrumentos de
defensa.
AUTONOMIA
JUDICIAL E INTERPRETACION CONFORME A LA CONSTITUCION/VIA DE HECHO EN PROCESO
CIVIL-Interpretación
inconstitucional (Aclaración de voto)
La actividad hermenéutica de los jueces está sometida a la Constitución,
de manera que cuando el legislador establece un régimen de distribución de
cargas procesales, cuya aplicación al caso concreto exige una actividad
interpretativa del juez, éste no puede acoger sentidos de las reglas que tengan
por efecto generar condiciones desproporcionadas para las partes. El juez debe
identificar cuál es el equilibrio fijado normativamente y procurar asegurar que
dicho equilibrio se mantenga, salvo que el régimen legal en sí mismo viole la
Carta. Dicha interpretación, no sobra recordar, debe en todo caso ser
compatible con el derecho constitucional a la igualdad. En este orden de ideas,
el juez se ve sometido a restricciones en su autonomía judicial –competencia
hermenéutica-, por varias vías. De una parte, por el principio de igualdad
desarrollado por el legislador –es decir, por el propio contenido normativo de
la norma legal- y, por otra, por la Constitución. El desconocimiento de las
condiciones constitucionalmente admisibles para el despliegue de la autonomía
judicial en materia de interpretación, constituye una violación de la función
judicial, incompatible con la Carta. La Corte Constitucional ha construido una
copiosa jurisprudencia en materia de control constitucional de decisiones
judiciales, que se agrupa bajo el concepto de vía de hecho judicial. Decisiones
recientes han dado cuenta que la calificación de vía de hecho respecto de una
providencia judicial, es extensible a los casos en los cuales la causa de la
violación de la Constitución es la interpretación judicial.
PRINCIPIO DE
IGUALDAD EN LAS CARGAS PUBLICAS Y DEBERES CONSTITUCIONALES EN MEDIDAS
CAUTELARES-Vulneración
(Aclaración de voto)
La interpretación de los artículos 10, 599 y 688 del Código del
Código de Procedimiento Civil que hace el Tribunal, no es razonable.  En
efecto, en principio no resulta contrario al ordenamiento que se fije en cabeza
del deudor la carga de vigilar la actuación del secuestre, pues está en juego
un bien que no ha salido de su patrimonio. Empero, resulta abiertamente
desproporcionado que tal carga se imponga exclusivamente sobre el demandado,
cuando intereses del demandante explican la adopción de la medida. Ello conduce
a una desigual distribución de cargas de diligencia que resulta
inconstitucional. El silencio del legislador sobre este punto, como ya se
indicó, implica que prima facie tanto deudor como acreedor tienen la carga de
vigilar la conducta del secuestre. Lo anterior resultaría suficiente para
conceder la tutela, por cuanto resulta claro que el Tribunal demandado incurrió
en una vía de hecho, por interpretación de las normas legales de manera
incompatible con la Constitución y que condujo a la violación del derecho
constitucional a la igualdad. resulta incompatible con el derecho de la
igualdad (igualdad en las cargas) que del incumplimiento de deberes
constitucionales (lealtad) y legales (vigilancia), se deriven iguales deberes
de custodia sobre el bien embargado y secuestrado. Dicho incumplimiento genera
una alteración de la relación de igualdad inicial y natural a todo proceso, que
debe ser enfrentado por el intérprete de la ley. Para tal efecto, se impone un
incremento en el deber de vigilancia del demandante, a fin de evitar que el
demandado tenga que soportar la carga de verse despojado de la administración
de sus bienes sin que mediara un justo motivo. Es decir, debe librarse al
demandado de las consecuencias del actuar injusto del demandante. En el
presente caso prosperó la excepción previa de prescripción. El Tribunal
demandado no consideró esta circunstancia para establecer las cargas de
vigilancia sobre el secuestre y, a partir de ello analizar el nexo normativo
entre la conducta –petición de medidas cautelares y posterior omisión en los
deberes de custodia- y el daño –pérdida de valor del inmueble-. En su lugar,
absolvió de responsabilidad al demandante, pues impuso toda la carga de
vigilancia sobre el demandado, generando una situación de trato desigual,
prohibido por la Constitución. Unicamente resultaba compatible con la igualdad
de trato que el tribunal considerara debidamente el posible incumplimiento de
los deberes constitucionales y legales por parte del demandante y derivara –a
partir de un nexo normativo- su eventual responsabilidad.
DERECHO DE ACCION-Ejercicio desleal obliga a revisar distribución de cargas de custodia
(Aclaración de voto)
El ejercicio
desleal del derecho de acción, lleva implícita la carga de evitar todo daño al
demandado. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que la responsabilidad en
esta materia es aquiliana. Empero, por tratarse de una conducta no compatible
con los deberes constitucionales, el juicio de responsabilidad no puede
apoyarse exclusivamente en una causalidad naturalística, sino que tiene que
tener en cuenta la distribución normativa de privilegios y beneficios,
generadores de riesgo y que comportan deberes de cuidado.
EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES-Incumplimiento del deber de desplegar mecanismos de vigilancia
obliga a imputar consecuencias de la omisión (Aclaración de voto)
El Tribunal demandado debió considerar no solo si el demandado había
vigilado la conducta del secuestre, sino, además, si el demandante había sido
diligente –en este caso, en un grado superior-, en desplegar una conducta de
vigilancia sobre el secuestre y, así, coadyuvar a la custodia del inmueble. Unicamente
de esta manera se equilibraban las cargas y se aseguraba el respeto por el
derecho a la igualdad. Como la  interpretación del tribunal quebrantó este
derecho fundamental, se configuró una vía de hecho. Como quiera que el juez
demandado no consideró siquiera este punto, comparto la decisión de tutelar el
derecho fundamental al debido proceso, y la revocatoria de las decisiones de
primera y segunda instancia del tramite de la tutela, como también la nulidad
de lo actuado en el incidente de regulación de perjuicios hasta el momento en
que se terminó el debate probatorio, a fin de que sea posible reabrir dicho
debate y se tengan en cuenta las consideraciones de la  sentencia.
Referencia: expediente T-483107
Acción de tutela instaurada por
José Leonidas Olaya Forero y otros contra la Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Catorce (14)
Civil del Circuito de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
A continuación presento las razones por las cuales aclaro el voto en
el proceso de la referencia.  Aunque comparto la posición mayoritaria sobre la
existencia de una vía de hecho por interpretación inconstitucional del
ordenamiento jurídico y la decisión de anular las decisiones demandadas, son
otros los motivos que me llevan a tal conclusión. En mi concepto, (i) normas
constitucionales y legales imponen deberes igualitarios de custodia sobre los
bienes objeto de embargo y secuestro; (ii) el ejercicio desleal –en términos
constitucionales- del derecho de acción obliga a revisar la distribución de las
cargas de custodia; y, (iii). El incumplimiento del deber de desplegar
mecanismos de vigilancia obliga a imputar las consecuencias de la omisión.
Deberes constitucionales. Eficacia directa.
1. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la
consagración de deberes constitucionales no implica su aplicación inmediata,
pues las restricciones al ejercicio de los derechos, en principio, únicamente
pueden estar fijadas por el legislador. De allí que por regla general,
únicamente a partir de la existencia de una norma positiva sea posible derivar
obligaciones y sanciones jurídicas por el incumplimiento a tales obligaciones.
También ha admitido esta Corporación que el juez de tutela, por vía de
interpretación y bajo condiciones especiales, puede derivar obligaciones
concretas de los deberes constitucionales, en particular, cuando su
inobservancia conlleva a la violación de derechos fundamentales[6].
Una admisión literal de esta jurisprudencia llevaría al extremo de
que el sistema jurídico debería definir, de manera absoluta y taxativa, todas
las obligaciones y cargas jurídicas que se impone a las personas. Se exigiría
así, una suerte de regulación de cada una de las conductas realizables por las
personas, a fin de establecer en qué casos de ellas se derivan consecuencias
jurídicas. Tal exigencia, además de redundar en una restricción inadmisible a
la libertad, es imposible. El sistema jurídico – a fin de que pueda ser
operativo- funciona bajo la fijación de parámetros generales de conducta, que
se resuelve mediante la definición abstracta –con distintos grados de
abstracción- de derechos y deberes.
El grado de generalidad y abstracción de tales derechos y deberes
constitucionales no funge como impedimento para su exigibilidad directa. Antes
bien, será la naturaleza y el contenido jurídico del derecho o el deber, lo que
define su aplicación. Así, en materia de derechos constitucionales, únicamente
aquellos que gozan de la calidad de fundamentales pueden ser exigidos sin
mediación legislativa.
En relación con los deberes constitucionales, las restricciones a la
posibilidad de derivar de ellos, de manera directa, obligaciones jurídicas,
descansa en la necesidad de evitar que el Estado imponga obligaciones que
terminen por anular los derechos de las personas. Se trata, en consecuencia, de
un desarrollo del principio nulla poena sine legem, en el sentido de
exigir precisión sobre las conductas que generan sanciones jurídicas o
que implican restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales.
Empero, ello no implica que el contenido del deber sea puntual, sino que su
grado de abstracción no opaque o anule la libertad.
Así las cosas, resulta admisible que el legislador, por ejemplo,
establezca consecuencias jurídicas de deberes no expresamente fijados, pero
claramente deducibles de deberes genéricos, como ocurre con las obligaciones de
socorro, de protección y custodia. De igual manera, desde la perspectiva
constitucional, algunos deberes podrán aplicarse directamente, en la medida en
que su configuración normativa permita deducir, de manera razonable y no
arbitraria, un contenido obligacional claro. Así, por ejemplo, la Corte ha
admitido la aplicación directa de deberes constitucionales cuando se ponen en
peligro o se violan derechos fundamentales.
La eficacia directa de los deberes constitucionales está ligada,
además, a la naturaleza de las pretensiones o consecuencias jurídicas derivadas
del deber. Así, no pueden someterse a igual juicio aquellos deberes que suponen
afectación directa del patrimonio –como el deber de tributar- y deberes que
exigen un comportamiento recto y conforme al Estado social de derecho –como el
deber de no abusar de sus propios derechos y el deber de lealtad-. De manera
similar, no puede negarse que el deber genérico de respetar la Constitución
(C.P. art. 6) sea aplicable de manera directa (C.P. art. 86). También ha de
considerarse que, en alguna medida, es posible la aplicación directa de deberes
derivados de valores constitucionales que tengan referentes en deberes o
prohibiciones constitucionales, como el caso del enriquecimiento injustificado,
que integra el valor justicia y la sanción constitucional a ciertas formas de
enriquecimiento (C.P. art. 34). La pretensión de aplicar sanciones por el
incumplimiento de los deberes constitucionales, en este orden de ideas, ha de
estar previsto, de alguna manera, en la ley, mientras que consecuencias jurídicas
de carácter resarcitorio o compensatorio han de entenderse derivables, por el
juez y bajo condiciones de razonabilidad, de la Constitución.
Toda restricción a la libertad de las personas tiene que tener un
referente normativo positivo, de manera que en los espacios no regulados la
autonomía personal se despliega con toda su fuerza. Del carácter normativo de
la Constitución se desprende que sus normas restrictivas son aplicables, bajo
ciertas condiciones, a los particulares. Asumir lo contrario implica entender a
la Carta como un simple catálogo de derechos, lo que no corresponde a la
realidad.
La Constitución está dirigida a regular los comportamientos
sociales, definiendo, en el mayor grado de abstracción compatible con el
concepto de norma jurídica, tanto los comportamientos permitidos, las
restricciones a las autoridades y las conductas exigibles a los particulares,
con el objeto de asegurar la real vigencia y efectividad de los derechos. Ello
supone que la Carta fija las premisas básicas para que sea posible armonizar el
ejercicio de la libertad individual y la convivencia en sociedad. Debe tenerse
presente que, en tanto que los derechos constitucionales de las personas gozan
de una posición preferente –por tratarse de normas protectoras de la dignidad
humana, que constituye el principio sobre el cual se erige el sistema
jurídico-, la derivación de un deber de la Constitución esta sometido al juicio
de proporcionalidad, de manera que aparezca evidente que resulta absolutamente
necesario la aplicación directa de la Constitución, para asegurar los derechos
constitucionales de otra persona.
Así las cosas, prima facie resulta contrario a la Carta
derivar directamente de la Constitución deberes hacia el Estado. Estos se
justifican cuando la norma constitucional permite precisar directamente el
contenido obligacional –por ejemplo, la colaboración con la justicia-. Por el
contrario, frente a los particulares, debe resultar claro la existencia de un
vínculo con la protección de derechos constitucionales.
De esta manera, cabe señalar, el mandato de prevalencia del interés
general sobre el particular adquiere plena operancia. No puede entenderse como
una supresión de los intereses particulares –representados en derechos
constitucionales-, sino armonización entre tales intereses y los derechos de
terceros. Es decir, dicha primacía significa que la imposición de cargas sobre
una persona en el ejercicio de sus derechos constitucionales, ha de estar
dirigido y aparecer como necesario –bajo un criterio de proporcionalidad- para
proteger el disfrute de derechos por parte de terceras personas.
En suma, la Constitución no promueve un individualismo extremo, sino
el ejercicio respetuoso de los derechos, a fin de que el goce de los derechos
individuales resulte compatible con la convivencia en sociedad y una debida
valoración por la otra persona. De alguna manera el sistema tiene que proteger
el ambiente propio en el cual se desarrolla el ser humano, como lo son las
relaciones sociales. Unicamente dentro de la sociedad tiene sentido hablar y
proteger derechos constitucionales.
Igualdad en las cargas públicas y el deber de lealtad.
2. La distribución de cargas entre los asociados debe respetar
parámetros de igualdad[7].
Ello no equivale a igualdad absoluta, sino que la distribución ha de resultar
proporcionada, habida consideración de las circunstancias en la cual se fijan
las cargas. Así, por ejemplo, en materia impositiva, la Corte ha exigido un
trato igualitario[8],
que significa la exclusión de beneficios como las amnistías tributarias. En
otras materias, la Corte ha señalado que no se viola el derecho a la igualdad
cuando se decreta la perención de un proceso, a pesar de no estar notificados
todos los demandados[9].
El análisis sobre la distribución de las cargas debe partir de la
naturaleza de la carga distribuida y la finalidad de la misma. Así, en materia
procesal, ciertas cargas pesan únicamente sobre una de las partes[10], mientras que otras
recaen sobre todos los intervinientes en el proceso. De otra parte, esta
Corporación ha entendido que el legislador goza de libertad para fijar las
cargas procesales[11],
lo que no significa que dicha libertad sea absoluta, sino que debe responder a
parámetros constitucionales: respeto por el principio de proporcionalidad y el
derecho al debido proceso y atención a los deberes y derechos constitucionales.
Dicha
distribución de las cargas ha de respetar, por lo tanto, el derecho a la
igualdad. El legislador ha de diseñar un equilibrio de las cargas en el proceso
que asegure que ninguna de las partes se coloque en una situación de privilegio
frente a la otra y, por lo mismo, obligue a la contraparte a soportar todas las
consecuencias derivadas del trámite del proceso. Mientras subsiste la relación
jurídico-procesal, el Estado ha de considerar a ambas partes como pares, y así
mismo debe distribuir las obligaciones, lo que implica, además, un desarrollo
del deber de lealtad. Una distribución igualitaria de las cargas, como se ha
indicado, no implica un tratamiento idéntico, sino un sopesamiento de los
intereses perseguidos, las medidas adoptadas y la manera en que afectan a las
partes en el proceso. En este orden de ideas, el diseño normativo no puede
convertir los instrumentos de protección –durante el proceso- de los intereses
de una de las partes, en un mecanismo para menoscabar la oportunidad de un
cabal ejercicio de la defensa por parte de la contraparte. Dicha reducción de
la oportunidad de defensa puede ser el resultado de imposición de cargas en
exceso onerosas, que en la práctica le impidan desplegar sus instrumentos de
defensa.
Igualdad, deberes constitucionales y vía de hecho judicial
3. El derecho a la igualdad constituye uno de los pilares básicos
del modelo de ordenamiento jurídico imperante en Colombia. Se proyecta de
diversas maneras sobre las autoridades, configurándose un mandato de
obligatoria observancia. La igualdad en la ley y la igualdad de trato (C.P.
art. 13), son los parámetros básicos que regulan la actividad judicial. La
existencia de tribunales encargados de unificar la jurisprudencia (Corte
Suprema de Justicia por vía de Casación y Corte Constitucional por vía de
revisión de las sentencias de tutela), corresponden a una expresión estructural
del mandato constitucional de garantía de la igualdad.
La igualdad se proyecta en materia judicial de diversas maneras. Por
una parte, en la obligación de respetar los propios precedentes y las reglas
judiciales fijadas por el superior[12]
y por otra, respetar el juicio de igualdad adoptado por el legislador.
En este sentido, debe recordarse que la actividad hermenéutica de
los jueces está sometida a la Constitución, de manera que cuando el legislador
establece un régimen de distribución de cargas procesales, cuya aplicación al
caso concreto exige una actividad interpretativa del juez, éste no puede acoger
sentidos de las reglas que tengan por efecto generar condiciones
desproporcionadas para las partes. El juez debe identificar cuál es el
equilibrio fijado normativamente y procurar asegurar que dicho equilibrio se
mantenga, salvo que el régimen legal en sí mismo viole la Carta. Dicha interpretación,
no sobra recordar, debe en todo caso ser compatible con el derecho
constitucional a la igualdad.
En este orden de ideas, el juez se ve sometido a restricciones en su
autonomía judicial –competencia hermenéutica-, por varias vías. De una parte, por
el principio de igualdad desarrollado por el legislador –es decir, por el
propio contenido normativo de la norma legal- y, por otra, por la Constitución.
Sobre este punto, en sentencia C-1026 de 2001, la Corte señaló cuales son las
restricciones que se derivan de la Constitución sobre la actividad
interpretativa del juez:
“La interpretación de las
normas jurídicas bajo la Constitución de 1991
(...)
5- Como primera medida, valga
recordar que, de conformidad con el principio constitucional de legalidad, las
autoridades públicas sólo podrán realizar las actuaciones que constituyan un
desarrollo directo de las funciones a ellas asignadas por la Constitución y la
ley[13].
Tratándose de funcionarios judiciales, este principio extrae su contenido de lo
dispuesto en los artículos 1 y 9 de la Ley 270 de 1996, que establecen que la
administración de Justicia “es la parte de la función pública que cumple el
Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin
de realizar la convivencia social y lograr mantener la concordia nacional”
(art. 1), y que además “es deber de los funcionarios judiciales respetar,
garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en
el proceso” (art. 9).
Si los jueces, por una parte, son
los encargados de hacer efectivos los derechos y libertades individuales, y por
otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a la
realidad social, entonces puede afirmarse que respecto de ellos, el principio de
legalidad cobra una dimensión hermenéutica de gran importancia, en la medida en
que durante el desarrollo cabal de sus funciones deben realizar varios
ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias
fácticas sobre las cuales habrán de decidir. Ahora, es claro que a partir del
tránsito constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el artículo 4
Superior) del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de
interpretación se debe conducir según los cauces que ha trazado la doctrina
constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos
fundamentales; en efecto, sólo en la medida en que la labor hermenéutica del
juez se ajuste a los dictados constitucionales, puede afirmarse que respeta el
principio de legalidad.
6- De allí se derivan varias
consecuencias. Una, el que parte integral de las funciones que compete
desarrollar a los jueces es la labor de interpretación, sea de la Constitución,
la ley o de otras providencias judiciales. Dos, que las interpretaciones que se
salgan notoriamente de los límites que traza la doctrina constitucional,
constituyen vías de hecho susceptibles de ser atacadas por vía de la acción de
tutela, cuando con ellas se pone en riesgo la vigencia de los derechos
fundamentales. Tres, que en todo caso, los funcionarios judiciales mantienen la
autonomía que es propia de sus funciones, sin que tal autonomía pueda
justificar el desacato de lo dispuesto por el Constituyente, derivando en
arbitrariedad.
7- Está, así, establecido
jurisprudencialmente que existen algunos mandatos de índole hermenéutica para
los funcionarios judiciales. ¿Cuáles son esas reglas?
En primer lugar, tal y como se ha
reiterado en varias oportunidades, está el principio de interpretación
conforme, según el cual todos los mandatos del ordenamiento jurídico se deben
interpretar de forma tal que su sentido guarde coherencia con las disposiciones
constitucionales. Ello implica varias cosas: primero, que toda interpretación
que no sea conforme a la Constitución, debe ser descartada; segundo, que ante
dos interpretaciones posibles de una norma, el juez se debe inclinar por
aquella que, en forma manifiesta, resulte más adecuada a los mandatos
superiores; tercero, que en caso de dos o más interpretaciones que sean, en
principio, igualmente constitucionales, el juez, en ejercicio de su autonomía
funcional, deberá escoger en forma razonada aquella que considere mejor
satisface los dictados del constituyente en el caso concreto.
8- También esta Corte ha señalado que la
autonomía que la Carta “reconoce a la interpretación legal o judicial tiene
como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos
resultados” (sentencia C-301/93); esto es, los frutos del ejercicio
hermenéutico deben ser razonables. En este sentido, expresó la Corporación que “cuando
el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a
efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio
que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las
decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El intérprete tiene
entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto
global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación
sistemática-finalista” (sentencia C-011/94). El contenido mismo del
concepto de “razonabilidad” ha sido explorado por la Corte, que en sentencia
C-530/93, dijo que éste “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea
esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso
concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea,
juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”. En otras palabras, se
trata de garantizar que, en cada caso, la interpretación de las disposiciones jurídicas
se lleve a cabo acudiendo a un criterio finalista, que tome en cuenta las metas
y objetivos establecidos en la Carta, de acuerdo con los criterios
“pro-libertatis” y “pro-homine”, derivados de la filosofía humanista que
inspira el constitucionalismo colombiano.”
4. El desconocimiento de las condiciones
constitucionalmente admisibles para el despliegue de la autonomía judicial en
materia de interpretación, constituye una violación de la función judicial,
incompatible con la Carta. La Corte Constitucional ha construido una copiosa
jurisprudencia en materia de control constitucional de decisiones judiciales,
que se agrupa bajo el concepto de vía de hecho judicial. Decisiones recientes
han dado cuenta que la calificación de vía de hecho respecto de una providencia
judicial, es extensible a los casos en los cuales la causa de la violación de
la Constitución es la interpretación judicial. En sentencia T-1031 de 2001, la
Corte señaló:
“6. Esta
evolución [en materia de vía de hecho por interpretación judicial] de la
jurisprudencia implica que la Corte ha decantado los conceptos de capricho y
arbitrariedad judicial. No sólo se trata de los casos en que el juez impone, de
manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye
aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar
debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se
desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados
(arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda
actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a
lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez),
ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.” (Negrilla fuera del texto).
Así las cosas, constituye un acto arbitrario
del juez desbordar las restricciones constitucionales a su actividad
interpretativa y con ello poner en peligro o violar derechos constitucionales.
Por lo tanto, el defecto sustantivo,
consistente en la aplicación de la norma inaplicable[14], no puede entenderse
exclusivamente como aplicación de un mandato normativo a una situación de hecho
no cubierta por el ámbito normativo, sino también como la derivación del texto
normativo –por vía de interpretación- de un mandato incompatible con la
Constitución[15].
Igualdad de las cargas y deberes
constitucionales en materia de medidas cautelares.  El caso concreto.
5. En materia de medidas cautelares, en particular medidas de
embargo y secuestro en procesos ejecutivos, el legislador ha fijado una carga
en cabeza del demandado, consistente en la pérdida de disponibilidad y
administración de los bienes sujetos al gravamen. Dicha carga es el resultado
del ejercicio, por parte del demandante, del derecho a acceder a la justicia,
soportado en un instrumento jurídico –título ejecutivo- que goza de presunción
de ejecutabilidad o la exigibilidad judicial de lo debido, que puede ser
desvirtuada en los términos fijados en la ley (C.P.C. art. 509 y 510).
La posibilidad de desvirtuar la ejecutabilidad de la deuda genera
consecuencias importantes en materia de distribución de cargas. Se ha señalado
que la adopción de las medidas cautelares –embargo y secuestro- apareja ciertas
cargas naturales para el demandado: separación de la administración e
imposibilidad de disposición. ¿Quién debe asumir o cómo se deben repartir otras
cargas derivadas de la adopción de las medidas cautelares de embargo y
secuestro? Mientras el propietario de un bien tenga el control sobre el mismo,
le corresponde asumir la carga de cuidar el bien en cuestión. Cuando ha sido
separado de dicho control, y este ha sido entregado a un auxiliar de la justicia
–secuestre-, con el objeto de proteger intereses de un tercero, surge la
siguiente pregunta: ¿resulta razonable que el propietario asuma la carga de
cuidar el bien?
6. El legislador ha dispuesto que “si se comprueba que [el
secuestre] ha procedido con negligencia o abuso en el desempeño del cargo o
[ha] violado los deberes y prohibiciones consagradas en [la ley]”, puede el
juez “de oficio o a petición de parte” disponer que se reemplace al secuestre
(C.P.C. 688). De esta disposición se desprende que el secuestre tiene un deber
de diligencia y cuidado del bien colocado bajo su control. También, que tanto
el juez como las partes tiene la posibilidad de solicitar su remoción, lo que
trae como consecuencia que las partes tienen cargas de cuidado del bien. Ello
quiere decir que el legislador ha establecido un esquema de distribución de
cargas –deberes de cuidado- sin distingos entre demandante y demandado. La
igualitaria distribución de cargas se explica por la existencia de intereses de
ambas partes, protegidos por el ordenamiento: el patrimonio del demandado y la
satisfacción de la acreencia a favor del demandante.
Los intereses de ambas partes en litigio tienen igual protección
constitucional. El legislador no ha fijado distinciones sobre las cargas derivadas
de la orden de embargo y secuestro. Este esquema ha de reflejarse en toda
sentencia sobre la materia: tanto el demandante como el demandado tienen la
carga de custodiar –vigilar, por ejemplo al secuestre- el bien embargado y
secuestrado.
Podría pensarse que se trata de un asunto de exclusivo resorte
legal, pues no se aprecia vínculo directo con la Constitución. Así mismo, que
el legislador no ha impuesto carga alguna sobre las partes, sino que les ha
autorizado –en el evento de observar fallas- para solicitar la remoción del
secuestre.
7. La primacía de la Constitución no se limita a restringir la
actividad de producción de normas legales. También se proyecta sobre la
interpretación de las normas.  De ahí que toda interpretación que vulnere la
Carta sea de relevancia constitucional. Por lo mismo, si la interpretación
legal se ajusta en estricto sentido a los parámetros legales de interpretación,
pero desconoce la Carta, deben reputarse tales parámetros como violatorios de
la Constitución.
El derecho a acceder a la justicia y la obligación estatal de
resolver los conflictos jurídicos sometidos a su consideración, no implica que
quienes acuden al Estado se desliguen por completo de sus intereses, a la
espera de una decisión judicial. El deber de colaboración con la justicia
engloba cargas hacia el Estado y hacia las contrapartes. Respecto de estos
últimos, genera un deber de lealtad consistente en no ocultar información
relevante para el proceso y en no adoptar medidas dilatorias. Sin embargo, ese
deber de lealtad no se agota en estos aspectos, porque tiene la obligación de
no agravar las consecuencias restrictivas que, para el ejercicio de los
derechos, se derivan del proceso. De ahí que la autorización ha de entenderse,
en clave constitucional, como un deber de conservación del bien separado de la
administración de la contraparte. Dicho bien está afectado a favor de intereses
en disputa; por lo mismo, los titulares de los intereses deben procurar que
dicha afectación no se extienda más allá de las consecuencias jurídicas
dispuestas normativamente.
Por otra parte, asumir que la vigilancia es una mera potestad,
termina por imponer una doble carga sobre el afectado por las medidas y por
generar condiciones para un uso vindicativo de la justicia. Ambas consecuencias
resultan incompatibles con el orden constitucional.
8. El Tribunal, en la decisión demandada, a partir de un análisis de
los artículos 10, 599 y 689 del Código de Procedimiento Civil, concluye que “cualquiera
de las partes y el juez pueden, reclamar aquellos y este ordenar de oficio,
como instrumento de control de la actividad de el (sic) secuestre, que éste
(sic) auxiliar de la justicia dé cuenta razonada de su gestión”. Sin embargo,
considera que dicha actividad corresponde al demandante:
“es muy notorio que esa actividad de
control [control sobre el secuestre] corresponde más al futuro adjudicatario y
por qué no decirlo desde ya, al propietario de las cosas, quien mientras no
haya sido vencido en el litigio tiene el deber de permanecer en vigilia
respecto del destino que puedan tener los que son sus bienes.  Entonces, el
demandado puede y debe, más que nadie, reclamar al juez que el secuestre rinda
cuentas de su gestión y si nada de ello hace no puede trasladar al demandante
el resultado de una mala administración hecha por el secuestre”.
La anterior posición se explica por cuanto en concepto del Tribunal,
“los actos de mala administración del secuestre, no tienen causa directa en la
solicitud de la medida, sino en la inoperancia de todos los instrumentos de
control que legalmente han sido previstos para impedir que esa mala
administración ocurra, instrumentos que, valga repetirlo, estaban al servicio
del demandado y no precisamente del demandante”.
Dicha interpretación de los artículos 10, 599 y 688 del Código del
Código de Procedimiento Civil, no es razonable.  En efecto, en principio no
resulta contrario al ordenamiento que se fije en cabeza del deudor la carga de
vigilar la actuación del secuestre, pues está en juego un bien que no ha salido
de su patrimonio. Empero, resulta abiertamente desproporcionado que tal
carga se imponga exclusivamente sobre el demandado, cuando intereses del
demandante explican la adopción de la medida. Ello conduce a una desigual
distribución de cargas de diligencia que resulta inconstitucional. El silencio
del legislador sobre este punto, como ya se indicó, implica que prima facie
tanto deudor como acreedor tienen la carga de vigilar la conducta del
secuestre.
Lo anterior resultaría suficiente para conceder la tutela, por
cuanto resulta claro que el Tribunal demandado incurrió en una vía de hecho,
por interpretación de las normas legales de manera incompatible con la
Constitución y que condujo a la violación del derecho constitucional a la
igualdad. Sin embargo, otros elementos del caso obligan a ulteriores análisis.
9. El artículo 687 dispone que cuando se ordena la terminación de un
proceso ejecutivo porque prospera una excepción de mérito o previa “se condenará
de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal
medida [embargo y secuestro]...”. La posibilidad de que desde el inicio del
proceso ejecutivo y antes de que se resuelvan sobre las excepciones previas, se
puedan solicitar y decretar medidas cautelares de embargo y secuestro, implica
que el Estado asume que el título ejecutivo es exigible y, en este orden de
ideas, confía en la buena fe del demandante.
El sistema jurídico ha previsto instrumentos para enervar la
exigibilidad del título. Frente a los títulos valores –en este caso pagarés-,
el legislador ha dictado una lista taxativa de excepciones oponibles al
demandante (C.Co. art. 784). Algunas de las excepciones, como las previstas en
los numerales 12 y 13 del artículo 784 del Código de Comercio, suponen
complejos debates jurídicos, que afectan la calidad intrínseca del título.
Otras por el contrario, como la prescripción y la caducidad (C.Co. art. 784
num.10), se refieren a la oportunidad en el ejercicio del derecho. Estas naturalezas
distintas de las excepciones obligan a revisar el esquema de las cargas en el
proceso, pues la oportunidad jurídica para el ejercicio de los derechos
(directamente vinculado a la seguridad jurídica), constituye un elemento que
debe ser tenido en cuenta a la hora de concebir la igualdad de las cargas.
Quien acude a la administración de justicia y se vale de un título
ejecutivo respecto del cual la posibilidad de iniciar un proceso ejecutivo está
prescrito, sabe que la “ejecutabilidad” del título está en entredicho. Por lo
tanto, al solicitar medidas cautelares de embargo y secuestro, genera riesgos
que exceden los límites de lo permitido –siempre y cuando se adopten tales
medidas-, que se derivan de la separación del propietario de la administración
y conservación del bien. La utilización de un título con prescripción de la
acción cambiaria en un proceso ejecutivo, supone que el acreedor conoce la
posibilidad de que sus peticiones sean rechazadas.
Esta posibilidad, caracterizada por el conocimiento o
cognoscibilidad del demandante de la precariedad de su intento, genera
consecuencias importantes para la distribución de las cargas en el proceso. El
sistema, en aras de garantizar seguridad jurídica, limita las oportunidades de
solicitar protección judicial del patrimonio. Buscar dicha protección por fuera
de tales oportunidades, cuando se sabe o debía saberse que no se puede acudir
al medio de defensa judicial, implica generar sobre el deudor cargas no
queridas por el ordenamiento. Bajo estas circunstancias, resulta razonable que
se impongan superiores cargas de diligencia al demandante, que se
derivan del deber de actuar de buena fe, de la proscripción del abuso del
propio derecho y de la lealtad hacia la administración de justicia.
La distribución igualitaria de cargas parte del supuesto de que
existe un conflicto traducible en un litigio. Cuando dicho supuesto no existe
–como cuando ha precluido la oportunidad de acudir al Estado- aquello que
soporta el tratamiento igualitario desaparece. En estas circunstancias, quien
inicia una acción con fundamento en un título precario y con base en dicho
documento solicita medidas cautelares, asume un deber de custodia superior, por
dos razones: i) se ha valido del Estado, con absoluto desinterés por la administración
de justicia y los derechos de su contraparte y ii), genera una carga que el
demandado no debía soportar: verse separado de la administración de sus bienes.
El ejercicio
desleal del derecho de acción, lleva implícita la carga de evitar todo daño al
demandado. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que la responsabilidad en
esta materia es aquiliana. Empero, por tratarse de una conducta no compatible
con los deberes constitucionales, el juicio de responsabilidad no puede
apoyarse exclusivamente en una causalidad naturalística, sino que tiene que
tener en cuenta la distribución normativa de privilegios y beneficios,
generadores de riesgo y que comportan deberes de cuidado.
La causalidad, entendida como un fenómeno del ser, es un hecho de la
naturaleza que se caracteriza por la sucesión y conexión de dos actos: una
conducta y la modificación del mundo exterior como consecuencia de ella. Por
esta razón, sólo puede hablarse de causalidad en sentido natural, frente a
comportamientos activos. Con respecto a las omisiones, no es factible hacer un
juicio de valor en este sentido. Por ello, en el juicio de imputación debe
prescindirse de una causalidad real y hablarse de una causalidad hipotética. En
un amplio sector de las estructuras de la responsabilidad, la pregunta es
entonces la siguiente: ¿la realización de la conducta exigida por el
ordenamiento habría evitado con probabilidad el resultado producido? Si la
respuesta es afirmativa, se configuraría uno de los elementos básicos de la
imputación: la causalidad, que en la omisión no es un dato naturalístico, sino
normativo.
Debe recordarse que la consagración constitucional de derechos y su
goce, está acompañado de las obligaciones derivadas del respeto absoluto y
cuidadoso de los deberes constitucionales. El marco axiológico de la
Constitución, así como exige de todas las personas y del Estado en particular,
el respeto por los derechos de las personas, también se apoya en la necesidad
de que quienes ejerzan sus derechos asuman las cargas sociales derivadas de
tales derechos: los deberes constitucionales. No en vano, el artículo 2 de la
Carta no se limita a exigir del Estado que garantice la eficacia de los
derechos –deberes de respeto y protección-, sino que además exige lo mismo de
los deberes constitucionales: proteger a las personas del incumplimiento de los
particulares hacia los mismos.
En suma, resulta incompatible con el derecho de la igualdad
(igualdad en las cargas) que del incumplimiento de deberes constitucionales
(lealtad) y legales (vigilancia), se deriven iguales deberes de custodia sobre
el bien embargado y secuestrado. Dicho incumplimiento genera una alteración de
la relación de igualdad inicial y natural a todo proceso, que debe ser
enfrentado por el intérprete de la ley. Para tal efecto, se impone un
incremento en el deber de vigilancia del demandante, a fin de evitar que el
demandado tenga que soportar la carga de verse despojado de la administración
de sus bienes sin que mediara un justo motivo. Es decir, debe librarse al
demandado de las consecuencias del actuar injusto del demandante.
10. En el presente caso prosperó la excepción previa de
prescripción. El Tribunal demandado no consideró esta circunstancia para
establecer las cargas de vigilancia sobre el secuestre y, a partir de ello
analizar el nexo normativo entre la conducta –petición de medidas cautelares y
posterior omisión en los deberes de custodia- y el daño –pérdida de valor del
inmueble-. En su lugar, absolvió de responsabilidad al demandante, pues impuso
toda la carga de vigilancia sobre el demandado, generando una situación de
trato desigual, prohibido por la Constitución. Unicamente resultaba compatible
con la igualdad de trato que el tribunal considerara debidamente el posible
incumplimiento de los deberes constitucionales y legales por parte del
demandante y derivara –a partir de un nexo normativo- su eventual
responsabilidad.
Por lo tanto, el Tribunal demandado debió considerar no solo si el
demandado había vigilado la conducta del secuestre, sino, además, si el
demandante había sido diligente –en este caso, en un grado superior-, en
desplegar una conducta de vigilancia sobre el secuestre y, así, coadyuvar a la
custodia del inmueble. Unicamente de esta manera se equilibraban las cargas y
se aseguraba el respeto por el derecho a la igualdad. Como la  interpretación
del tribunal quebrantó este derecho fundamental, se configuró una vía de hecho.
Como quiera que el juez demandado no
consideró siquiera este punto, comparto la decisión de tutelar el derecho
fundamental al debido proceso, y la revocatoria de las decisiones de primera y
segunda instancia del tramite de la tutela, como también la nulidad de lo
actuado en el incidente de regulación de perjuicios hasta el momento en que se
terminó el debate probatorio, a fin de que sea posible reabrir dicho debate y
se tengan en cuenta las consideraciones de la  sentencia.
Conclusión.
11. En mi
concepto, los siguientes puntos deben ser tenidos en cuenta a la hora de
imputar y cuantificar el daño: a) El ejercicio de una acción civil, en la cual
se ordena el embargo y secuestro de un bien, genera cargas de vigilancia sobre
el mismo, tendientes a evitar su deterioro, sea que este provenga de hechos de
la naturaleza o de la conducta de terceros; b) los deberes de diligencia se
predican tanto del demandante como del demandado (criterio de igualdad fijado
por el legislador); c) cuando existe un abuso en el ejercicio del derecho, son
mayores los deberes de diligencia de quien ha incurrido en esa conducta
desleal; d) las instancias deben precisar si el demandante incumplió con esos
deberes de diligencia; e) en caso de haberse incumplido con tales deberes, debe
concretarse la incidencia que tuvo la omisión en la producción del daño; f) las
instancias deben incorporar pruebas que permitan delimitar los elementos
mencionados, que deben ser valorados en virtud del derecho fundamental a la
igualdad en las cargas; y g) finalmente, la nulidad que se decreta no afecta
las pruebas validamente practicadas.
Fecha ut supra,
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
[1] Sentencia T-1031 de 2001.
[2] Sentencia de casación, julio 12 de 1993,
M.P. Nicolás Bechara Simancas.
[3] Jurisprudencia reiterada en las
sentencias: diciembre 2 de 1993, M.P. Pedro Lafont Pianetta y agosto 2 de 1995,
M.P. Pedro Lafont Pianetta.
[4]  Sentencia T-607 de 2000.
[5]  Idem.
[6]  Sentencias T-125 de 1994, T-036 de 19958 y
T-351 de 1997.
[7]  Sentencia C-1064 de 2001.
[8] Sentencias C-253 de 1995, C-711 de 2001 y
C-992 de 2001, entre otras.
[9] Sentencia C-1104 de 2001
[10] Ibid.
[11] Ver, entre otras, sentencias C-1512 de
2000 y C-1104 de 2001.
[12] Ver, entre otras, sentencias SU-047 de
1999, T-1625 de 2000 y C-836 de 2001.
[13] . Las normas constitucionales se
incorporan dentro del bloque normativo que orienta tal principio de legalidad,
en la medida en que el artículo 4 Superior dispone que la Carta es norma de
normas.
[14]    Sentencia T-231 de 1994.
[15]   Sentencia T-1031 de 2001.