T-380-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-380/02
DERECHO A LA SALUD-Fundamental por conexidad con la vida
INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO
DE SALUD-Suministro de
audífonos por EPS
DERECHO A LA SALUD-Suministro de audífonos por EPS/ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD-Repetición contra el FOSYGA
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-555459
Acción de tutela
instaurada por Rafael Eduardo Melo Peña contra SANITAS E.P.S.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos
mil dos (2002).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo
proferido por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, en el trámite
de la acción de tutela iniciada por Rafael Eduardo Melo Peña contra SANITAS
E.P.S..
I.
ANTECEDENTES.
El señor Rafael Eduardo Melo Peña interpuso
acción de tutela contra SANITAS E.P.S. por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la salud, a la vida y a la integridad física, en razón a que la
demandada se niega a entregar unos audífonos que requiere para mejorar su
capacidad auditiva.
Fundamentó su solicitud de amparo en los
siguientes hechos:
Se encuentra afiliado desde enero de 2001 a
la E.P.S. SANITAS en calidad de cotizante. Es empleado de la empresa J.R.
RESTREPO & CIA LTDA. INGENIEROS CIVILES en Bogotá, e indica que la
demandada se niega a suministrar los audífonos que le son urgentes para su
salud, argumentando que se encuentran por fuera del P.O.S. Señala en su demanda
y en el escrito que anexó a la misma, que no cuenta con los recursos
suficientes para comprar los audífonos, pues cuestan alrededor de seis millones
de pesos, según cotización que anexa al expediente.
Solicita en consecuencia se ordene a
SANITAS E.P.S que autorice el cubrimiento total de los audífonos que necesita,
como también todos los servicios médicos que pueda requerir para recuperar su
salud.
SANITAS E.P.S en escrito dirigido al
Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, solicitó negar la protección
pretendida por el demandante, tras considerar que el señor Rafael Eduardo Melo
debe financiar directamente los audífonos que demanda, pues de acuerdo a la
Resolución No 5261 de agosto 5 de 1994 estos corresponden a servicios
adicionales no incluidos en el P.O.S. Agregó que de acuerdo a la Sentencia
SU-819 de 1999, es el Estado a través del Ministerio de Salud y no las E.P.S.,
los que debes asumir directamente los tratamientos y medicamentos excluidos del
P.O.S. y sujetos a mínimos de cotización, una vez el afiliado compruebe la
falta de capacidad de pago para financiar el procedimiento médico y los
medicamentos requeridos.
II.
DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
Conoció del presente caso el Juzgado
Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, que en providencia de diciembre 13 de
2001 negó la protección solicitada por el demandante, consideró que: “Es
verdad que el señor RAFAEL EDUARDO MELO puede necesitar los audífonos que
reclama a su EPS, pero también lo es que esa necesidad podría ubicarse dentro
del ámbito meramente prestacional del derecho a la salud, porque como antes se
dijo, ella no se advierte necesaria para asegurar el derecho a la vida del
peticionario, es decir, no toca con lo que podría considerarse le esencia o el
aspecto vital del derecho a la salud, cuando es considerado como fundamental”.
III.
PRUEBAS
RELEVANTES ALLEGADAS AL EXPEDIENTE.
A folio 4, copia de la cédula de ciudadanía
del demandante.
A folio 5, copia del diagnóstico de la Dra.
Tulia Eugenia Gómez en el que indica que el señor Rafael Melo padece Hipoacusia
Neusensorial Moderada Bilateral.
A folio 6, copia de la carta suscrita por
el empleador del demandante y dirigida a SANITAS E.P.S., en la que le solicita
el envío de los carnés de afiliación del señor Melo Peña y de su esposa.
A folio 8, copia del formulario de
afiliación del señor Melo Peña a la entidad demandada.
A folio 9, Copia del formulario de
autoliquidación de aportes del demandante a SANITAS E.P.S.
A folio 10, cotización de los audífonos que
requiere el señor Melo Peña.
A folio 11, copia de la orden para la
adaptación de los audífonos al demandante.
A folio 62, escrito remitido por el
demandante a la Corte Constitucional en donde insiste en la necesidad de que
por medio de la tutela se ordene a la E.P.S. Sanitas el otorgamiento de los
audífonos.
IV.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y por la escogencia del caso por la Sala de Selección.
2. La exclusión de ciertos tratamientos y
medicamentos de la cobertura del Plan Obligatorio de Salud. Eventos en los que
procede inaplicar la reglamentación existente.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud a través del POS  establece los servicios de salud que deben prestar las
Empresas Promotoras de Salud a las personas que estén afiliadas al Sistema de
Seguridad Social en Salud por el Régimen Contributivo[1].
Sin embargo, el Plan Obligatorio de Salud consagra la existencia de exclusiones
y limitaciones, que en general serán todas “aquellas actividades,
procedimientos, intervenciones, medicamentos y guías de atención integral que
expresamente defina el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que no
tengan por objeto contribuir al diagnostico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad; aquellos que sean considerados como cosméticos, estéticos o
suntuarios, o sean el resultado de complicaciones de estos tratamientos o
procedimientos”[2].
No obstante, la Corte Constitucional en
virtud del principio de la supremacía de la Constitución sobre las demás
fuentes formales del derecho, ha inaplicado la reglamentación que excluye el
tratamiento o medicamento requerido, para ordenar que sea suministrado, y
evitar, de ese modo, que una reglamentación legal o administrativa impida el
goce efectivo de garantías constitucionales y  de los derechos fundamentales a
la vida  y  a la integridad de las personas.
En tales eventos, antes de inaplicar la
reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento requerido es preciso
verificar que el medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal
o administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida
o a la integridad personal del interesado[3],
pues no se puede obligar a las Entidades Promotoras de Salud a asumir el alto
costo de los medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no
peligran tales derechos.[4]
Así, el lleno de los requisitos que son menester para efecto de determinar la
inaplicación de las normas legales o reglamentarias que regulan las exclusiones
del P.O.S. son aquellos que han sido determinados por la jurisprudencia de esta
Corporación:
“1 Que la falta
del medicamento o tratamiento amenace o vulnere los derechos fundamentales a la
vida o la integridad personal del afiliado, lo cual debe entenderse no sólo
cuando ‘existe inminente riesgo de muerte sino también cuando la ausencia de la
droga o el tratamiento altera condiciones de existencia digna’[5];
“2) Que el
medicamento o tratamiento excluido no pueda ser reemplazado por otro que figure
dentro del Plan Obligatorio de Salud;
3) Que el
paciente no tenga capacidad de pago para sufragar el costo del medicamento o
del tratamiento respectivo;
4) el medicamento
o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la Empresa Promotora
de Salud a la cual se encuentre afiliado el demandante En consecuencia, la
Corte luego de verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos, ordena a
la entidad demandada la ejecución de la conducta omitida por ésta, esto es, la
entrega del medicamento o la realización de la intervención quirúrgica ordenada
por el médico tratante adscrito a la EPS. De esta manera, el demandado tiene
derecho al reembolso de las sumas pagadas, a través del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, a fin
de preservar el equilibrio financiero del Sistema General de Seguridad Social
en Salud”.[6]
3. Caso concreto.
Las pruebas médicas que constan  en el
expediente, (folio 5 a 11) revelan que el señor RAFAEL EDUARDO MELO PEÑA, de
ochenta y dos (82) años de edad, padece de hipoacusia neurosensorial bilateral,
que le ha producido una desmejora en su calidad de vida y su salud auditiva, la
cual puede verse mejorada mediante el uso de los audífonos recetados por un
médico de la entidad a la cual se encuentra afiliado.
En el escrito enviado a esta Corte en donde
el accionante insiste por la necesidad de los audífonos, se lee lo siguiente:
“Por medio de
la presente ruego a ustedes, me sea concedida la tutela a favor mío, referente
a los audífonos, ya que el problema de audición que tengo no tiene otro remedio
posible, y yo por ser una persona de esta edad( 83)  años, no cuento con otro
recurso económico ya que la Compañía J. R. Restrepo y Cia, me pago un sueldo de
acuerdo a mi capacidad de trabajo, que no pasa del mínimo y este escasamente
alcanza para mi sustento  y el de mi señora, a la vez que mis hijos me ayudan
hasta donde pueden sus recursos, pero tampoco es mucho, debido a esto
inicialmente mi problema era de uno solo oído, ahora ya son los dos, si me
hubiera puesto el primer audífono a tiempo no hubiera casi perdido el otro,
este ya es el último recurso y pido a  Dios que ustedes me puedan ayudar, o de
lo contrario quedaré completamente sordo y así finalmente incapacitado para
poder  producir alguito.”
En torno al concepto de calidad de vida, y
de vida digna, que debe tenerse presente con miras a la revisión de esta
tutela, valga la cita de la sentencia T-1344 de 2001, M.P. Dr. Alvaro Tafur
Galvis, cuando señaló:
“El ser humano,
ha dicho la jurisprudencia, necesita mantener ciertos niveles de salud para
sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas
anomalías en la salud, aún cuando no tenga el carácter de enfermedad, afectan
esos niveles, poniendo en peligro la dignidad personal, resulta válido pensar
que el paciente tiene derecho, a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar
alivio a sus dolencias, a buscar, por los medios posibles, la posibilidad de
una vida, que no obstante las dolencias, pueda llevarse con dignidad.[7]
“Lo que pretende
la jurisprudencia es entonces respetar un concepto de vida no limitado a la
restrictiva idea de peligro de muerte, ni a la simple vida biológica, sino a
consolidar un sentido más amplio de la existencia que se ate a las dimensiones
de dignidad y decoro. Lo que se busca con dicha noción es preservar la
situación existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad, ya
que, al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable, en
la medida de lo posible.[8]
De allí, que también el concepto de derecho a la salud, cuando va aparejado de
su conexidad con la vida, ha sido definido como “la facultad que tiene todo ser
humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el
plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una
perturbación  en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por
tanto, una acción de
conservación y otra de restablecimiento.[9]”
Descendiendo al caso presente, es preciso
concluir que los supuestos presentados en esta tutela, cumplen los presupuestos
señalados por la jurisprudencia para inaplicar las normas referentes a las
exclusiones de ciertos tratamientos del Plan Obligatorio de Salud. Las razones
son las siguientes:
El papel que desempeña el sentido del oído
en las personas, hace que la falta de adecuación de los audífonos vulnere el
derecho a la salud, por conexidad con otros derechos fundamentales a la vida
digna y la integridad personal del peticionario.[10]
Los audífonos no pueden ser reemplazados
por medicamentos o tratamientos que sí figuren dentro del Plan Obligatorio de
Salud y que permitan lograr la misma efectividad que aquellos.
El accionante, de ochenta y dos (82) años
de edad, no posee pensión de jubilación, vive de lo que le proporcionan sus
hijos, y eventualmente según la capacidad de trabajo que le permite su edad,
realiza trabajos de mensajería en una oficina de ingenieros.
Los audífonos fueron debidamente ordenados
por médicos adscritos a la E.P.S. SANITAS a la cual se halla afiliado el
accionante. (Folio 11 del expediente).
4. Jurisprudencia que se reitera.
En relación al otorgamiento de audífonos
cuando se trata de personas de la tercera edad, ya la sentencia T-839 de 2000,
se pronunció al respecto, señalando:
“... si bien la colocación del audífono no
reúne las características de una urgencia vital  para el demandante, sí resulta
ser un aparato que  requiere de manera inmediata a fin de lograr un adecuado
desenvolvimiento personal, la integración social que pretende la Carta, y el
mecanismo necesario para realizar sus actividades normales como ciudadano. Es
importante reconocer que la facultad de escuchar, resulta ser una ventana al
mundo, en especial para una persona de la tercera edad que debido a su
condición física y mental requiere de todo el apoyo que pueda serle brindado
para continuar con una calidad de vida digna e idónea, dada su evidente
debilidad.
“Bajo esas
específicas consideraciones, debe concluir esta Sala que en atención a la
protección constitucional a la tercera edad, un audífono resulta ser un
elemento indispensable para asegurar una calidad de vida digna para una persona
de la tercera edad. En consecuencia, y en virtud de lo anteriormente descrito,
se ordenará a la EPS, brindarle al actor la asistencia necesaria para que le
sea adaptado  el audífono que requiere, y le sea entregado tal instrumento, acorde
con sus necesidades auditivas”.
En el mismo sentido, en acciones de tutela
resueltas recientemente T-488 de 2001 M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería, y T-1239
de 2001 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, en donde igualmente se demandaba por el
suministro de prótesis auditivas (audífonos) las Salas Primera y Cuarta
señalaron respectivamente:
“No puede la Sala
pasar por alto la situación de la actora y señalar que la falta de audífonos
tan sólo disminuye su nivel de vida al no permitirle tener una salud óptima, cuando
se trata de una persona que ha visto disminuida una de sus facultades
sensoriales, que carece de la función propia de uno de los órganos de los
sentidos, necesario para su integridad personal y física, que no poseyendo los
recursos necesarios para propiciarse el aditamento necesario para establecer o
aumentar el nivel de audición requiere la especial protección del Estado prevista en el art. 13 de la
Carta Magna.” (Sentencia T-488 de 2001).
“ ....
“Los audífonos
son prioritarios para el paciente pues cada día se aísla más de su ambiente por
la hipoacusia ocasionando depresión intensa y alteración psicológica”. (Sentencia T-1239 de 2001).
Esta Sala mantiene la jurisprudencia
relacionada, y concluye así que la actuación de la demandada vulnera los derechos
a la salud en conexidad con la vida digna del accionante, y por ello deberá
inaplicarse el parágrafo del artículo 12 de la Resolución 5261 de 1994, emitida
por el Ministerio de Salud y el artículo 7 del Acuerdo 08 de 1994, del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud. El amparo invocado por lo tanto, se
torna procedente en este caso específico y por ello se revocará el fallo
proferido por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá y se le dará la
orden correspondiente a la E.P.S. SANITAS.
V.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá. En consecuencia, conceder el tutela
solicitada por el señor RAFAEL EDUARDO MELO PEÑA.
Segundo. INAPLICAR de conformidad con el artículo 4 de la
Constitución Política y para este caso específico el parágrafo del artículo 12
de la resolución 5261 de 1994, emitida por el Ministerio de Salud y el artículo
7 del Acuerdo 08 de 1994, del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Tercero. ORDENAR a la E.P.S. SANITAS, que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
proceda a ordenar el efectivo suministro e implantación de los audífonos
recetados por el médico tratante del señor EDUARDO MELO PEÑA.
Cuarto. AUTORIZAR a la E.P.S. SANITAS a repetir contra el
FOSYGA, por el  recobro de los dineros invertidos en el suministro de los
audífonos mencionados.
Quinto. Por Secretaría líbrese la comunicación de que trata el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado ponente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Sobre el tema ver la Sentencia T-1120 de 2000, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[2] Artículo 86 del Decreto 806 de 1998.
[3] Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-111 de
1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4] Sentencia T-757/98, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[5] Ibídem.
[6] Ver sentencias T-884 y T-1032 de 2001, M.P Eduardo
Montealegre Lynett.
[7] Ver sentencia T-224 de
1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz, reiterada en T 099 de 1999 y T-722 de 2001.
[8] Sentencia T-395 de 1998, M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
[9] Sentencia T-597 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[10] En el mismo sentido la sentencia T-1239 de 1239 de
2001, M. P. Jaime Córdoba Triviño.