T-688-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-688/15
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa a través de
apoderado en defensa de sus propios intereses
LEGITIMACION
POR PASIVA EN TUTELA FRENTE A PARTICULARES-Procedencia
excepcional cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas
El artículo 20 de la Constitución, que
delimita los contenidos de la libertad de expresión lato sensu, apunta a la rectificación como uno de los
elementos esenciales de esta libertad al disponer que “Se garantiza el derecho a la rectificación
en condiciones de equidad”. La rectificación, a la par que es un derecho
fundamental, ha sido establecida como un requisito de procedibilidad de la
acción de tutela cuando se pretenda la protección de los derechos a la honra y
al buen nombre, presuntamente vulnerados por los medios de comunicación. Es así
como el Decreto 2591 de 1991 establece en el numeral 7º de su artículo 42, que
es procedente la acción de tutela contra particulares “cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas” caso en el cual “se deberá anexar la trascripción de la información o la copia de
la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en
condiciones que aseguren la eficacia de la misma”.
ACCION DE TUTELA
CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-Solicitud previa de
rectificación al medio informativo como requisito de procedibilidad
DERECHO A LA
RECTIFICACION-Contenido y alcance
RECTIFICACION DE
INFORMACION-Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia ha definido el requisito previo de
rectificación como un mecanismo por medio del cual el presunto afectado por la
difusión de la información solicita directamente al medio de comunicación su
corrección; ha dicho la Corte que puede considerarse la rectificación como un
procedimiento “autocompositivo
que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para servir como mecanismo de
salvaguarda tanto de los derechos a la libertad de expresión e información
-pues la objeción frente a la información se presenta directamente al medio de
comunicación, quien podrá y deberá hacer las verificaciones y argumentaciones
en torno a la verdad y alcance del contenido para justificar su renuencia o
acceder de manera voluntaria a la rectificación-, como de los derechos a la
honra y buen nombre del sujeto, quien no deberá acudir a un tercero para
obtener la resolución de su pretensión, sino que podrá tramitarla de manera directa
y expedita ante el medio de comunicación”.
LIBERTAD
DE INFORMACION-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO
A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Contenido
DERECHO A LA
LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e
imparcialidad
MEDIOS DE
COMUNICACION-Responsabilidad social
DERECHO AL BUEN
NOMBRE Y A LA HONRA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL/DERECHO A LA HONRA Y AL
BUEN NOMBRE-Diferencias
ACCION DE TUTELA CONTRA TELEANTIOQUIA-Improcedencia de
rectificación ante falta de evidencia de falsedad de información divulgada en emisión de informe denominado “El precio de
la Vanidad”
Referencia:
Expediente T-5067795
Acción
de tutela instaurada por Daniel Andrés Correa Posada contra Teleantioquia
Magistrada (E) Ponente:
MYRIAM ÁVILA
ROLDÁN.
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil
quince (2015).
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Myriam Ávila Roldán, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el trámite de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medellín, del 3 de marzo
de 2015, y por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala
Tercera de Decisión de Familia, del 23 de abril de 2015, en segunda instancia.
Antes
de proceder al estudio del asunto, esta Sala considera necesario tomar
oficiosamente medidas para proteger la intimidad de pacientes involucradas con
el presente caso, de manera que serán elaborados dos textos de esta sentencia,
de idéntico tenor, solo que en uno de ellos, que será el divulgado y consultado
libremente, serán cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere
conducir a la identificación[1].
I.
ANTECEDENTES
1. Los
hechos y la pretensión de amparo de la demanda[2].
1.1. El
demandante, quien es médico, instauró acción de tutela en contra de la Sociedad
de Televisión de Antioquia Limitada, Teleantioquia, por estimar que vulneró sus
derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, y a la defensa. Fundamentó
su demanda en los siguientes hechos:
1.2. Teleantioquia
Noticias publicó el día 11 de febrero de 2015 en su emisión de las 7:30 p.m. el
informe denominado “El Precio de la Vanidad”. En dicho informe, el
noticiero expuso el caso de dos pacientes que
presuntamente sufrieron complicaciones postquirúrgicas asociadas a
procedimientos de cirugía estética, quienes contaron su versión sobre lo
ocurrido. En la nota también se presentó un concepto del Presidente del
Capítulo Antioquia de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica que opinó
sobre la situación y otro del Director Administrativo de Calidad y Red de
Servicios de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Al finalizar el
informe, se presentó una imagen del accionante, con su rostro distorsionado “-dejando claro su cuerpo- y del lugar de su trabajo,
indicando brevemente que se trató de comunicar al médico implicado pero que él
mismo, no quiso dar declaraciones al respecto, y exponiendo a la opinión
pública, la respuesta que emitió el señor DANIEL CORREA, al periodista JUAN
ALCARAZ, consistente en que se comunicará con su abogada”.
Frente a lo anterior, el demandante señaló:
1.2.1.
En opinión del demandante, Teleantioquia Noticias lo señaló
“como el responsable de las malas praxis médicas realizadas a las pacientes,
sin haber realizado una verificación idónea de la información suministrada por
las denunciantes”. Adicionalmente, las dos entrevistadas respondieron al
periodista que las interrogó sobre el culpable de los supuestos daños sufridos
por ellas, señalando al actor como responsable de los mismos.
1.2.2.
En opinión del demandante, el informe fue direccionado de manera lesiva a sus
intereses, indicando que “TELEANTIQUIA NOTICIAS, le suma al Informe Especial
ingredientes tales, como su música de fondo deprimente e imágenes de tristeza,
que terminan por dejar un ambiente hostil, y una mala imagen por de bajeada
(sic)” del señor Correa.
1.2.3.
El accionante manifestó a través de su apoderada que “en ningún momento se
le otorgó autorización a Teleantioquia para que publicará las imágenes […]
y mucho menos su respuesta, pese a ello, se publicó, arbitrariamente, y el solo
hecho de distorsionar su cara, no quita la identidad de la imagen, el publico
reconocen (sic) su cuerpo e incluso su lugar de trabajo que es expuesto”.
1.2.4.
En opinión del demandante, Teleantioquia Noticias desconoció su función social
y su deber de veracidad en la difusión de la información, pues “olvida su
deber de investigar y el compromiso que tiene de informar y no desinformar a la
ciudadanía, causando con ello, un daño irreparable en la integridad de la
persona de mi mandante, específicamente en su derecho a la Honra y al Buen
Nombre e incluso se viola su derecho de defensa y el principio de la Presunción
de Inocencia”.
1.2.5.
El accionante manifestó que se negó a aparecer en la nota periodística o a dar
declaraciones porque cuando fue abordado por el periodista Juan Alcaraz de Teleantioquia
Noticias
habría sido “cuestionado vulgarmente, con cámaras, realizando preguntas
incisivas sobre responsabilidad, configurándose en un irrespeto a su persona”.
Sostuvo además que le indicó al periodista que no lo autorizaba para grabarlo
ni mucho menos publicar sus respuestas, y que debía dirigirse a su abogada para
lo pertinente.
Posteriormente,
se habrían dado comunicaciones de la apoderada de la accionante con el
periodista en las que estableció que el medio de comunicación no estaba
autorizado para publicar que el accionante era el presunto responsable de las
afectaciones alegadas por la segunda de las pacientes declarantes y que “dado
que no era Teleantioquia Noticias, el órgano competente para determinar si
existió o no una mala praxis médica, no
nos prestábamos para tal arbitrariedad, y que solo ello, se podría
determinar por un juez de la república, después de haberse tramitado un
proceso judicial, con las pruebas idóneas y pertinentes para tal fin, y que
por opiniones o concepciones de terceros no se podía dañar el buen nombre de
una persona”.
1.2.6.
En opinión del demandante, Teleantioquia Noticias “debió
haber solicitado directamente a las denunciantes la historia clínica de cada
una de ellas COMPLETAS, con el fin de verificar si efectivamente, [el
accionante] las operó y haber expuesto la Historia Clínica a un análisis
serio EN SU INTEGRIDAD, y no en su parcialidad -como ocurrió, que sólo se
mostró un extracto de la Historia Clínica de la [segunda paciente]- por
un perito experto, que sumariamente pueda asegurar que las infecciones pueden
ser ocasionadas por el accionar de mi poderdante”, como único medio para
asegurar la veracidad y la imparcialidad en la emisión de la noticia.
1.3.
El accionante manifestó que la información publicada por Teleantioquia Noticias
es falsa pues nunca operó a la primera de las pacientes, sino que fue
intervenida por otro cirujano en la Clínica Arte y Cuerpo. Frente a esto,
destacó que la accionada, omitió su deber de atender un mínimo
de cuidado en el manejo e investigación de la información.
1.4.
De otro lado, frente a la segunda de las pacientes manifestó que sólo acompañó
su proceso postoperatorio y las dificultades en la recuperación atienden a que
“pueden presentarse complicaciones postquirúrgicas”, no existiendo “una
investigación de fondo sobre las condiciones particulares de la paciente, que
permitan concluir que efectivamente el señor CORREA es el responsable de las
infecciones que sufrió” la paciente. Reprochó entonces el manejo de la
información por parte de Teleantioquia Noticias, señalando que ignoraba los
conceptos propios de la medicina. Al respecto, recordó que esta segunda
paciente “ya había sido operada en varias
ocasiones y que antes de que sufriera dicha infección que ella indica en su
testimonio, había sido operada por otro médico, quien le colocó prótesis
mamarias, en la Clínica Especialistas de Envigado, sin olvidar que no contó con
el cuidado y la higiene requerida”.
1.5.
Los días 11, 12 y 13 de febrero de 2015, una apoderada del accionante se reunió
con los directivos de Teleantioquia Noticias, quienes
habrían solicitado al accionante pruebas con el fin de desvirtuar las denuncias
de las pacientes, y para realizar una nueva nota a partir de las mismas.
1.6.
Los días 13 y 16 de febrero de 2015 se enviaron derechos de petición a Teleantioquia
Noticias
en los que el accionante hacía llegar sus declaraciones en “ejercicio
de [su] derecho de defensa, debido
proceso y protección al buen nombre y a la honra”. En el documento titulado “comunicado
de prensa” reiteró las consideraciones anteriores y destacó que las
pacientes con su declaración ante el medio de comunicación buscaban dañar su
honra, imagen, buen nombre y proyección profesional. Dijo que “[d]urante más de nueve años he
ejercido la profesión de la medicina, sin ninguna complicación, ni pleitos
pendientes. Me encuentro registrado en la Seccional de Salud, con todos los
permisos y mi acreditación de estudios pertinentes para el ejercicio de mi
profesión. Mis derechos deben ser respetados y bajo ninguna circunstancia se
debe violar la presunción de inocencia consagrada en el artículo 6 de la Ley
906 de 2004”. Igualmente, en el documento se quejó de que el medio de
comunicación no se hubiera tomado el trabajo “de
contrastar fuentes, corroborar versiones y verificar la veracidad de esas
declaraciones que me permito desmentir categóricamente”.
En el documento, el accionante solicitó se procediera con
“la rectificación sobre dicha información conforme establece la ley y la ética
periodística, con el mismo despliegue y oportunidad que se le otorgó a las
citadas "noticias", pues la información además de ser errónea, afecta
considerablemente el derecho fundamental a mi buen nombre, y ante la opinión
pública se puso en entredicho mi amplia trayectoria profesional y el prestigio
de una institución médica debidamente avalada y habilitada".
1.7. El
16 de febrero de 2015 otra de las apoderadas del accionante sostuvo una segunda
reunión con los directivos de Teleantioquia
Noticias
en la que reiteró la posición del señor Correa. Se controvirtió la solicitud de
exhibir pruebas, argumentando que cuando se presentaron las pacientes “no se
tuvo tal filtro”, y que tal exigencia desconocía la presunción de buena fe y
la presunción de su inocencia, actuando el medio accionado “como si el
Noticiero Teleantioquia, fuera el competente para tramitar un proceso judicial”.
Se argumentó además que la prueba de las afirmaciones del accionante se
encontraba en las historias clínicas de las pacientes, a la que no puede
acceder para presentar su contenido ante los medios de comunicación en atención
a la reserva que reposa sobre las mismas.
1.8.
A la culminación de la reunión, el Director JORGE GONZÁLEZ, le indicó a la
apoderada del accionante que había dado la orden de que se suprimiera y/o
bajara el contenido de la noticia “Informe Especial: Precio de la Vanidad”,
y que estaba dispuesto a enviar a un periodista para que se realizara las
aclaraciones pertinentes por el Doctor Correa y publicar sus declaraciones. La
apoderada aceptó, pero condicionó la respuesta a que “deseamos sacar las
aclaraciones con investigaciones idóneas y mostrándole a la opinión pública que
Teleantioquia se equivocó”. El mismo 16 de febrero de 2015 Teleantioquia
Noticias retiró el link de su página web.
1.9.
El 17 de febrero de 2015 el accionante se percata que existía aún un link en el
que aparecía la nota y que estaba supuestamente siendo utilizada por su
competencia para atacarlo. Dicha situación fue puesta en conocimiento de
Teleantioquia Noticias que habría respondido “que no se podía bajar o suprimir
la noticia, porque está inserta en toda la emisión del noticiero y que por lo
tanto no lo podía hacer”.
1.10.
El 8 de febrero de 2015, el accionante, junto con su apoderada, se reunió con una
periodista enviada por Teleantioquia Noticias y que habría
acudido “para
hacerle preguntas al Doctor Daniel Correa, y así el noticiero, le estaba dando
la oportunidad de defenderse”. Se dijo en el escrito de
tutela que se optó por no dar las declaraciones:
“se
le indico que se darán las aclaraciones, pero con estudios serio y
profesionales, y demostrando fehacientemente que lo esgrimido por las
denunciantes eran falsas. Sin embargo, la periodista indica que no se puede
direccionar la noticia, porque no somos los directores, demostrando con ello,
una vez, que solo muestran y editan lo que les interesa, pero que hablaría con
el director, para ver que se puede hacer algo sobre el particular”.
1.11.
La acción de tutela fue interpuesta por el accionante el mismo 18 de febrero de
2015 argumentando que no podría soportar la situación esperando los 15 días
para la respuesta al derecho de petición radicado ante el medio de comunicación
(ver supra 1.5.), por lo que solicitó además la implementación de una
medida provisional consistente en que “suprima totalmente de su página oficial
y redes sociales, el Informe Especial: El Precio de la Vanidad, que fue
publicado el 11 de febrero de 2015, en el noticiero del horario de las 7:30
p.m. Así como también, cualquier noticia escrita o audiovisual que pudiera
existir sobre el Informe Especial, en las páginas de su propiedad” ante la
ocurrencia de un supuesto perjuicio irremediable, derivado de que “más
personas se den cuenta de la Noticia y se produzca, como se indicó, una cadena
imposible de parar y reparar” de desprestigio frente al accionante.
1.12.
El accionante destacó que “se agotaron todos los medios posibles de defensa
dispuestos a la mano de mi poderdante, para tratar de que TELEANTIOQUIA CESARÁ (sic)
en la vulneración de sus derechos fundamentales, no fue posible lograrlo, es
por ello, que se acude a este medio de defensa judicial, -que es un medio
residual- pero que definitivamente, es el ÚNICO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL, con
el que se puede lograr la cesación inmediata de la vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales de mi poderdante, tales como el Buen Nombre y la
Honra”.
1.13. Como
pretensiones de la demanda, se expusieron las siguientes:
“1.
TUTELAR a favor de mi poderdante, los derechos constitucionales fundamentales a
la Honra, el Buen Nombre y el Derecho de Defensa que han sido conculcados por
TELEANTIOQUIA.
2.
En consecuencia, que se ordene a que TELEANTIOQUIA de forma inmediata a la
notificación de su providencia, que elimine totalmente de su página oficinal y
redes sociales, el Informe Especial: El Precio de la Vanidad, que fue emitido
el día 11 de febrero de 2015, en el noticiero del horario de las 7:30 p.m. Así
como también, cualquier noticia escrita o audiovisual que pudiera existir sobre
el Informe Especial: El Precio de la Vanidad, en el que se contenga información
sobre mi poderdante.
3.
ORDENAR a TELEANTIOQUIA, a que disponga de los medios necesarios para que
proceda con la rectificación sobre el Informe Especial: El Precio de la
Vanidad, conforme establece la ley y la ética periodística, con el mismo
despliegue y oportunidad que se le otorgó a aquella, con el fin de proteger el
derecho al buen nombre, a la Honra y el derecho de defensa de mi poderdante”.
2. Respuesta de
la entidad accionada[3].
La Sociedad de
Televisión de Antioquia Limitada, Teleantioquia, contestó la tutela destacando
tres aspectos fundamentales relacionados con las pretensiones y afirmaciones de
la demanda: (i) que se dio un trato adecuado de la información en la
presentación de la nota periodística, (ii) la improcedencia de la acción de
tutela y (iii) que existió un fundamento jurídico para la emisión de la
información.
2.1. El
periodista Juan Alcaraz elaboró un informe sobre el procedimiento de acceso a
las fuentes y el manejo a la información del siguiente contenido:
2.1.1. El 18 de
diciembre fue contactado por vía telefónica por la Paciente 2, quien le comentó
sobre “las irregularidades que cometieron con ella luego de practicarse una cirugía
estética”. El periodista le informó a la Paciente 2 que para conocer del
caso necesitaba pruebas sobre sus afirmaciones, solicitando su recuento de los
hechos y las fotografías de las consecuencias de las intervenciones en sus senos.
La Paciente 2 remitió su recuento de la situación y 18 fotografías en las que
se apreciaban las afectaciones de salud que padecía.
2.1.2. El señor
Alcaraz, al ver lo complicado de la situación, siguió en contacto con la Paciente
2 para ampliar la información y acudió a la clínica donde se encontraba recluida
con el fin de que diera su versión en cámara.
2.1.3. El
periodista solicitó a la paciente los datos del accionante para comunicarse con
él para buscar una respuesta. El primer intento de comunicación se hizo a la
Clínica Especialistas del Poblado, pero el señor Correa no se encontraba en el
momento; el señor Alcaraz dejó sus datos de contacto y se identificó como
periodista de Teleantioquia Noticias. Posteriormente intentó comunicación al
teléfono celular del accionante: “Él me dijo que no hablaría respecto al
caso, que eso era un asunto entre ella y él, y que los medios no debían
intervenir. Incluso manifestó que hablaría con Teleantioquia para que no
permitiera emitir la nota”.
2.1.4. Al poco
tiempo, la abogada del accionante se comunicó con el señor Alcaraz, al que
solicita un pronunciamiento de ellos como denunciados: la abogada “me dice,
en un tono fuerte, que no hablarían porque todo se debía resolver con la
paciente. Después de insistir y decirle que necesitaba una respuesta para no
publicar la nota solo con la versión de Ángela Estefanía me dice finalmente que
no”.
2.1.5. El
periodista amplió el contexto noticioso accediendo a la declaración de una
segunda paciente que decía ser víctima del accionante. La reunión con esta
segunda paciente, la Paciente 1, se dio el 24 de diciembre de 2014, quien
solicitó reserva de su identidad en la emisión de la nota.
2.1.6. El
señor Alcaraz se dirigió entonces a la Clínica Especialistas del Poblado para
insistir en una respuesta a las acusaciones por parte del accionante. El señor
Correa no se encontraba en ese momento en las instalaciones, por lo que el
periodista se preparó para realizar unas tomas junto con su camarógrafo e
informar la imposibilidad de conseguir una respuesta por parte del médico.
Mientras esto ocurría el señor Correa llegó al lugar y el periodista intentó
obtener sus declaraciones: “Me dice que no puedo
grabar ahí y se comunica con la abogada Lina Ochoa. Le cuenta que estoy en el
lugar y que pienso grabar. Él me pasa el celular para que converse con Lina y
ella me dice que no autoriza que grabe ahí, ni grabemos al médico ni las
instalaciones del lugar. Cuando finaliza la llamada, le insisto al médico (como
se ve en el informe) para obtener una respuesta, lo cual se negó a hacer como
se evidencia en el mismo informe, lo cual corrobora que sí lo buscamos e
insistimos pero que siempre se negó a dar declaraciones”. Pocos minutos después la abogada del accionante se comunicó por
Whatsapp con el periodista reiterando la negativa de dar declaraciones, e
incluso frente a que se publicara cualquier información sobre el particular.
2.1.7. Con
miras a mostrar un buen manejo de la información y del contexto noticioso, se
dijo por parte del señor Alcaraz en su informe que “[e]n este proceso
también se contó con la participación del equipo de la unidad investigativa de
Teleantioquia Noticias. Asimismo, se consultó a Héctor Mario Restrepo, Director
Administrativo de Calidad y Red de Servicios de la Secretaría Seccional de
Salud de Antioquia; y a Luis Botero, presidente de la Sociedad Colombiana de
Cirugía”.
2.2. Teleantioquia
afirmó haber cumplido con los requisitos de veracidad e imparcialidad en la
emisión de la información pues en los casos en los que es imposible determinar la
total veracidad de un suceso, el medio cumple sus obligaciones demostrando que
ha sido suficientemente diligente en la búsqueda de la verdad (se trae a
colación lo sostenido por esta Corte en sentencia T-066/1998). En opinión del
medio, el hecho de que se hubieran transmitido las denuncias hechas por las
personas directamente afectadas, se hubiera consultado a expertos en la materia
y se hubiera buscado insistentemente la versión del accionante, son suficientes
para mostrar esa debida diligencia y con ello descartar la afectación de
derechos alegada por el accionante.
Agregaron que la
nota tenía un fin social relevante que consistía en “evidenciar la
problemática en relación con quejas y malos procedimientos en cirugías
estéticas en el Departamento de Antioquia en los últimos tres años”, que el
“medio de comunicación en ningún momento responsabiliza al señor Daniel
Andrés Correa Posada, [pues] son las propias afectadas quienes señalan
al actor como responsable de los efectos negativos de las intervenciones
quirúrgicas practicadas en los dos casos expuestos”, y que la presentación
que se hizo de la noticia permitía al televidente formar su propia opinión
acerca de la situación al no contener juicios de valor sobre la situación.
2.3. Teleantioquia
expuso que la presente acción de tutela sería improcedente por cuanto no se
agotó el requisito de procedibilidad de la solicitud previa de rectificación de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 182 de 1995, lo que
implica que el accionante tiene otros mecanismos de defensa a su disposición
que excluyen la procedencia de la acción de tutela.
Al respecto
manifestó el medio de comunicación que si bien la solicitud de rectificación
fue radicada y fundamentada mediante los escritos del 13 y 16 de febrero de
2015, para el momento de la interposición de la acción de tutela -18 de febrero
de 2015-, el término establecido en la ley de 7 días hábiles para responder a
la solicitud de rectificación no se había agotado, pues se contaba con la
posibilidad de contestar hasta el “martes veinticuatro (24) de febrero de
2015”. Se citaron las sentencias T-1202/2000, T-406/2005 y T-218/2009 sobre
la importancia del agotamiento del requisito de solicitud previa de
rectificación para la procedencia de la acción de tutela.
El medio de
comunicación añadió que “no puede perderse de vista que el periodista buscó
desde el 19 de diciembre de 2014 obtener un pronunciamiento del señor Correa
Posada, en aplicación de un adecuado criterio periodístico y éste se ha negado
en todo momento dar una declaración al respecto, aun cuando es su derecho y se
trata justamente de dejar en limpio su propia imagen”, y que su abogada
argumentó que probaría su dicho judicialmente.
2.4. El medio de
comunicación manifestó que se encontraba adelantando los procedimientos
internos conducentes a dar respuesta a la solicitud de rectificación del
accionante cuando fue notificado de la admisión de la acción de tutela, pero que
“Teleantioquia respetuoso de las autoridades judiciales, tomó la decisión de
dar respuesta integral a través de su Despacho tanto a su Señoría como al
accionante en su derecho de petición”. Al respecto manifestó que “Teleantioquia
se abstiene de rectificar toda vez que la información publicada no es inexacta,
injuriosa ni falsa, obrando dentro de los parámetros del artículo 30 de la Ley
182 de 1995”. Como fundamento de su decisión frente a la solicitud de
rectificación, Teleantioquia puso de presente las razones expuestas por el
director de la emisión del informe especial y acogidas por el medio de
comunicación y su equipo jurídico:
“Frente
a la solicitud de rectificación es necesario hacer las siguientes
consideraciones:
•        Durante
el proceso de elaboración del informe se buscó tanto al médico Daniel Andrés
Correa como a la abogada Lina María Ochoa, para obtener una respuesta frente a
las denuncias planteadas por las mujeres afectadas.
•        En
la nota se observa como el medico es abordado por el reportero para tratar de
tener su posición frente a los procedimientos quirúrgicos a ambas mujeres.
•        En
el comunicado enviado por el medico Daniel Andrés Correa y la abogada Lina
María Ochoa, se asegura que la paciente [2], "presumiblemente puede
incrementar el potencial o el riesgo de contraer cualquier infección",
debido a su vida rural en Guarne, así como el "comportamiento
irresponsable de la paciente", frente a estos temas es necesario que el
medico de claridad y entregue pruebas frente a las situaciones en las cuales se
desenvolvió el posquirúrgico de la paciente.
•        En
ningún momento el noticiero asegura que haya sido Daniel Andrés Correa, quien
haya hecho la operación quirúrgica de XXXXXXXXXXXXXXXXX.
•        Aunque
no quedó en la grabación, XXXXXXXXXXXXXX, le sostuvo a este medio de
comunicación que su valoración antes de la cirugía, fue en la Clínica de
Especialistas de El Poblado por cuenta del médico Daniel Andrés Correa, así
como el seguimiento posquirúrgico.
•        En
el informe el director administrativo de Calidad y Red de Servicios de
Antioquia, da su opinión frente al tema, y allí afirma que el riesgo de
infección está presente desde el momento de la operación, ya que al abrir la
piel se aumenta de manera significativa esa posibilidad.
•        En
el informe se habla de "presuntos malos procedimientos", con ello
queremos reafirmar, el hecho de que la posibilidad de los problemas de
infección en ambas mujeres no necesariamente están en el momento de la
operación”[4]
3.
Interrogatorios practicados por el juez de primera instancia[5].
El Juzgado Segundo
de Familia de Oralidad de Medellín, al admitir la demanda, dispuso la
realización de un interrogatorio al accionante y a la Paciente 1 y la Paciente
2, las dos pacientes que declararon ante el medio de comunicación accionado.
3.1. El
accionante, en lo relevante al caso, manifestó en el interrogatorio lo
siguiente:
3.1.1. Indicó
que tenía el título de médico cirujano de la Universidad de Antioquia, obtenido
en el año 2005, y que aún no culminaba sus estudios de cirugía plástica en la
Universidad Redentor de Río de Janeiro Brasil, y que se encontraba adelantando
la residencia. Por esto, señaló que no estaba certificado ante la Secretaría
Seccional de Salud de Antioquia como cirujano plástico pues aún no había
realizado la especialización conducente al ejercicio de dicha disciplina. Sin
embargo, manifestó que “la Ley en Colombia no indica que uno tiene que ser
cirujano plástico para realizar cualquier procedimiento quirúrgico, según la
Ley 14 de 1962 un médico con título de cirujano y con la idoneidad del caso
puede adelantar cualquier tipo de procedimiento estético”, por lo que se
encontraría facultado para practicar cirugías plásticas en tanto “por la Ley
14 de 1962, la cirugía plástica no está regulada en el país, por lo cual un
médico que sea cirujano en su título puede realizar este tipo de procedimientos”.
3.1.2. Señaló
que no había participado en ninguna de las dos cirugías estéticas que se había
realizado la primera de las pacientes -Paciente 1-, con su “grupo quirúrgico”.
Frente a la situación de la segunda de las pacientes -Paciente 2-, señaló que
participó en una operación estética en el año 2014 junto con el doctor Rodrigo
Montoya, a cargo del doctor David Majana. Afirmó que “[p]or la falta de
cuidado de esta paciente ya que vive en una zona rural y que trabaja con
personas en estado de recuperación por drogadicción, los cuales son personas
que pueden estar en un estado de inmuno supresión, por lo cual podrían tener
bastantes enfermedades, no se cuidó la cicatriz, por lo cual acudió ante
nosotros para una pequeña corrección de la misma. Yo hice parte del equipo que
le corrigió la cicatriz, mas no le realicé la liposucción ni el levantamiento
mamario”. Afirmó conocer a las pacientes porque “se han realizado
diferentes procedimientos anteriores con nosotros mismos”.
3.1.3. A la
pregunta de si adelantaba personal y directamente las cirugías plásticas y
estéticas a sus pacientes respondió que “[n]o, estoy en muchas, porque
nosotros somos un grupo quirúrgico que se compone por cirujanos plásticos,
médicos cirujanos y médicos en medicina estética, los cuales, dependiendo del
tipo de procedimiento, se eligen para realizar las cirugías o los
procedimientos menores que cada paciente necesite”.
3.1.4. A la
pregunta de “[¿]Cuáles cree usted que son las razones para que las referidas
señoras indiquen que usted fue quien las intervino quirúrgicamente, además al
unísono, cuando según indica el periodista que realiza el informe "El
Precio de la Vanidad", se les pregunta quién debe responder por el mal
procedimiento, ambas responden que es usted quien debe responder?” contestó
que sería así pues era “el representante legal de la empresa CIRUPLAN
CLINICA ESPECIALISTAS DEL POBLADO, soy una persona jurídica en ese acto, no soy
una persona natural”
3.1.5. Señaló
que sus pacientes “tienen consentimientos informados los cuales firman al
momento de realizarse cualquier tipo de procedimiento, sea un procedimiento
menor o un procedimiento ambulatorio. Los pacientes firman este consentimiento
sabiendo qué médico o qué médicos les van a realizar los procedimientos y en el
consentimiento saben que cualquier tipo de riesgo como se explica muy
detalladamente podría sucederle desde una pequeña infección hasta una
complicación mucho más grave”.
3.1.6. Frente a
la intervención del medio de comunicación accionado en el caso manifestó:
3.1.6.1. Que Teleantioquia
Noticias lo juzgó como persona natural, “enfocando la noticia hacia que yo
soy el responsable de unas infecciones donde la ley tiene que decidir si es por
culpa de una clínica o del cuidado del paciente. Es inaudito que culpen a un
médico con nombre propio y todo cuando ni siquiera estuve” en la cirugía de
la Paciente 1.
3.1.6.2. Que frente
al riesgo de infección, este puede sucederle a cualquier paciente y que “nunca
TELEANTIOQUIA ni su periodista que se llama JUAN ALCARAZ consultó si estas
pacientes habían firmado este consentimiento informado donde se especifica que
uno de los riesgos de cualquier procedimiento quirúrgico es una infección”.
Destacó que “es preciso que se aclare bajo los estamentos judiciales el
debido proceso para determinar si es por culpa de la paciente o por culpa de
las condiciones de un quirófano, aclarando que las dos pacientes en mención se
operaron en quirófanos diferentes, en fechas diferentes y que en esas mismas
épocas el grupo quirúrgico operó más de 200 pacientes y ninguno con infecciones”.
3.1.6.3. A la
pregunta de “[¿]Por qué usted se negó a atender al periodista de
TELEANTIOQUIA NOTICIAS cuando fue requerido para recibir sus conceptos
relacionados con el informe "El Precio de la Vanidad"?”, el
accionante contestó que en ningún momento se había negado a la
entrevista, pero señaló su renuencia ante las preguntas “sensacionalistas,
culpatorias y amarillistas del periodista”, señalando que incluso lo habría
maltratado verbalmente. Indicó que “no le permití que me grabara con el
celular ni que me filmara como lo hizo TELEANTIOQUIA” y que “el
periodista se me apareció un sábado con las cámaras encima, como le repito, con
preguntas tendenciosas, acusatorias, sin una cita previa y guiadas hacia mi
culpabilidad, sin investigar ni siquiera si yo estuve o no en esas cirugías”.
Afirmó que le indicó al periodista que debía comunicarse con su abogada para
absolver sus dudas.
3.1.6.4. A la
pregunta de por qué Teleantioquia Noticias afirmaba en su nota que en varias
ocasiones habían intentado hablar telefónicamente con el accionante, pero que
afirmaba que "no daría explicaciones", sostuvo que “el periodista
JUAN ALCARAZ solo me llamó una sola vez y le dije que hablara con nuestra
abogada para definir qué tipo de noticia quería sacar sobre nosotros a lo que respondió
que la noticia iba salir ese mismo día, sin nosotros haber dado una
autorización para que hablaran de mí ni de la clínica en que yo me encontraba,
la clínica en la cual me abordaron afuera de las instalaciones fue en la
Clínica Especialistas del Poblado”.
3.1.6.5. Que solicitó
la rectificación frente al medio de comunicación desde el día 11 de febrero,
pero que la solicitud había sido radicada el día 13 de febrero, en el que se
entrega “un derecho de petición para que retiren la noticia por lo ya citado
anteriormente”. Frente a la respuesta del medio accionado, sostuvo que
Teleantioquia Noticias siguió publicando la noticia hasta el día 16 de febrero cuando
bajaron el video y lo escrito en las redes sociales Twitter y Facebook, pero
que no retiraron el programa completo donde salía la emisión completa del
noticiero, frente a la cual manifestaron que no podía ser eliminada de sus
servidores. Manifestó que ante la situación Teleantioquia Noticias pactó con su
abogada enviar una periodista para realizar una “historia de resarcimiento,
pero nos damos cuenta de que las intenciones de TELEANTIOQUIA y de la
periodista son muy diferentes, apoyando la historia del periodista pasado, por
lo cual pedimos hablar con el Director de TELEANTIOQUIA NOTICIAS para ver qué tipo
de noticia quería sacarnos y hasta el momento no hemos obtenido respuesta”.
3.1.6.6. Que
Teleantioquia Noticias obró de manera tendenciosa y presentó la noticia de
manera desequilibrada y carente de veracidad, situación que se confirma en su
opinión por la decisión del medio de comunicación de bajar el video de sus servidores.
3.2. La primera
de las pacientes, la Paciente 1, manifestó en el interrogatorio lo siguiente
relevante al caso:
3.2.1. Que
conocía al accionante desde hacía 4 años, que se había realizado un
procedimiento previamente con él y que había contratado con el doctor Correa la
realización de una lipo-transferencia, que motivó su declaración. Manifestó que
“yo contraté con él, y siempre dije que tenía que ser con él, el contrato de
esa intervención fue en forma verbal con el doctor DANIEL ANDRES CORREA POSADA,
ya después de que pasó los inconvenientes con la cirugía yo me di cuenta que
quien me realizó la intervención fue el doctor DAVID MAJANA, a quien vine a
conocer cuando estuve hospitalizada en la Bolivariana”. Al respecto, y
frente a la pregunta de la apoderada del accionante en torno a “[¿] Por qué
no se hizo la aclaración ante el periodista que se buscaba la responsabilidad
del doctor CORREA como persona jurídica [?]”, contestó que “Yo hice una
contratación como persona natural no como persona jurídica”.
3.2.2. A la
pregunta de si el accionante le había realizado directamente alguna
intervención de Cirugía Plástica, Estética o Reconstructiva contestó que: “No,
él directamente no me ha realizado ninguna intervención, pero yo pensaba que
era él, porque yo pensaba que era cirujano plástico, la rinoplastia que se me
hizo que yo pensé que me la iba a hacer directamente él, fue en forma verbal,
pero fui remitida a otros médicos, pasaron 3 años de la cual yo me vino
(sic) a enterar que él no me hizo la rinoplastia, y después de la
intervención quirúrgica me vine a enterar que tampoco me hizo la
lipotransferencia, yo nunca le pedí explicaciones a él por eso, porque yo me vine
a enterar después de la hospitalización que fue en el mes de abril de 2014”.
3.2.3. Frente a
los motivos para mencionar al accionante en la nota periodística señaló que
“[l]a pregunta fue quién debe de responder, esa fue la pregunta que mi hizo
el periodista y yo respondí el médico DANIEL ANDRES CORREA POSADA, porque yo
hice un contrato con él y de la cual yo había quedado muy inconforme con la
cirugía”. Al respecto manifestó que “Yo tuve una conciliación con DANIEL
ANDRES en la Personería Municipal de Medellín, el 3 de septiembre de 2014, pues
haber yo estoy pidiendo una conciliación por los perjuicios morales y
económicos porque debido a eso perdí mi empleo y aparte de eso ya no me puedo
poner un vestido de baño porque tengo cicatrices muy feas, esa conciliación fue
contra el doctor DANIEL, no llegamos a ningún acuerdo, en este momento no tengo
ninguna demanda contra el doctor DANIEL ANDRES CORREA POSADA”.
3.3. La segunda
de las pacientes, la Paciente 2, manifestó en el interrogatorio lo siguiente
relevante al caso:
3.3.1. Que
conocía al accionante desde hacía 1 año y que se había dirigido a la Clínica
Especialistas del Poblado, donde atendía el doctor Correa “para realizarme
una liposucción con transferencia a la cadera y un pexia con implantes mamarios”.
3.3.2. Luego de
la solicitud del despacho para que relatara los hechos manifestó:
3.3.2.1. Que el
10 de noviembre de 2014 a las 5:30 P.M., ingresó al quirófano de la Clínica
Especialistas del Poblado donde el accionante la habría intervenido “para
hacerme una garantía de las cicatrices y cambio de implantes de tamaño 350 a
520”.
3.3.2.2.
Sobrevino la necrosis del pezón derecho y la infección de los senos, por lo que
el 14 de diciembre de 2014 se comunicó con el doctor Correa quien le indicó que
esperara hasta el 16 de diciembre, pero el dolor fue insoportable y debió
internarse en la Clínica Bolivariana en Medellín, donde le “hicieron
ecografía donde se dieron cuenta que el tejido mamario de ambas mamas estaba
infectado y que necesitaba antibiótico venoso o sea hospitalización”.
3.3.2.3. Ante la
situación, se comunicó con el accionado quien le habría dicho que firmara el
acta voluntaria y se fuera de la Clínica, pues él se haría “cargo de todo y
que él sacaba la plata de los seguros por la clínica de él que es la CLINICA
ESPECIALISTAS DEL POBLADO”. La Paciente 2 continuó hospitalizada y el
accionante no se presentó, por lo que le pidió a su secretaria que le diera el
registro del accionante como cirujano plástico “pero en cambio ella me dice
que coloque el nombre de un médico de nombre ERICK ALMENARES, me da el registro
de éste, pero nunca he visto ese señor en mi vida y le respondo que no me
mienta que en esos momentos no había nadie más, que yo estuve despierta todo el
tiempo, que la cirugía fue con anestesia local y ella me dice que recuerde que
lo que el doctor DANIEL había hecho conmigo era un favor”. La declarante
manifestó que el procedimiento le había costado $12.000.0000 que fueron
consignados “a la cuenta en Bancolombia a nombre de DANIEL ANDRES CORREA
POSADA y $2.000.0000 de un avance de mi tarjeta de crédito Colpatria a nombre
de CLINICA ESPECIALISTAS DEL POBLADO”.
3.3.2.4. Que
había solicitado la ayuda de Teleantioquia Noticias el día 18 de diciembre de
2014, comunicándose con el periodista Juan Alcaraz. El día siguiente se
presentó el comunicador a la Clínica quien empezó su investigación tratando de
comunicarse con el accionante a la Clínica Especialistas del Poblado, sin que
este pasara al teléfono. Afirma que 5 o 10 minutos después, la abogada del
accionante se comunicó al celular del periodista negando lo ocurrido, y
concertando una cita. Posteriormente, el mismo 19 de diciembre de 2014, se
comunicó con la declarante la abogada del accionante “para decirme que
primero que todo a nivel personal esperara que me recuperara y que para saber
qué era lo que pasaba con TELEANTIOQUIA, claramente le dije que yo había dado
declaraciones a TELEANTIOQUIA de mi caso y ella me manifiesta que va a empezar
actos legales en contra mía y de mi abogada porque habíamos salido a dar
declaraciones públicamente, que le pusiera precio a mis daños y perjuicios y
dejáramos así”.
3.3.3. Frente a
los motivos para mencionar al accionante en la nota periodística señaló que “[d]irectamente
me preguntaron quién debe responder por los daños ocasionados y yo contesto
DANIEL ANDRES CORREA POSADA, por dos cosas importantes, primero, porque fue con
él con quien celebré un contrato y a quién le pagué y, segundo, porque fue él
quien me operé, el contrato que realicé con el doctor DANIEL ANDRES CORREA fue
verbal.”.
3.3.4. La Paciente
2 manifestó que había presentado denuncia penal el 9 de febrero de 2015 contra
el accionante ante la Fiscalía de Guarne.
3.3.5. La apoderada
del accionante interrogó a la Paciente 2, indagando sobre la existencia de
dictámenes periciales que determinaran el origen de la infección y “que le
permita endilgar la responsabilidad al señor CORREA teniendo en cuenta que el
dictamen pericial corresponde a un estudio integral de su historia clínica y de
su comportamiento y cuidado como paciente en el proceso post quirúrgico”.
La declarante contestó que no existían y “que el único dictamen que tengo es
el de la Fiscalía”.
4. La estructura
de la nota periodística[6].
INN
Presentadores: Mónica Escorcia- Juan
Pablo López.
“En los últimos tres años, en Antioquia, la
Secretaría Seccional de Salud ha recibido 47 quejas por malos procedimientos
quirúrgicos estéticos. Conocimos la historia de dos mujeres que presentaron
complicaciones luego de practicarse procedimientos estéticos en Medellín. Este
es un informe especial de Teleantoquia Noticias”.
Pantalla: Informe Especial Cirugías
Estéticas El precio de la Vanidad.
Informa: JuanAlcaraz.
“Ella es [la Paciente 2], madre de dos
hijos, y quien asegura que su vida le cambió por completo luego de practicarse
una cirugía de aumento de senos el pasado 2 de noviembre”.
Paciente 2- Paciente
“Ya llevo
8 días en la Clínica Bolivariana hospitalizada por una infección que me produjo
la cirugía, es decir, postquirúrgica”
Héctor Mario Restrepo - Director Administrativo de Calidad y Red
de Servicios de Antioquia
“Lógico que cuando se hace un procedimiento quirúrgico, el
riesgo, porque la piel se tiene que abrir, se aumenta en forma significativa y
es la razón por la cual se demandan una serie de condiciones técnicas y de área
y de tipo ambiental en los servicios quirúrgicos para reducir el riesgo de esas
infecciones”
PICADO DE IMÁGENES
Juan Alcaraz: “Consultamos
la historia clínica de esta mujer de 27 años que reposa en la Clínica de la
UPB, y según el registro, para el 15 de diciembre de 2014 la paciente
presentaba lo siguiente”.
IMAGEN
Narrador: “se considera infección
aguda del sitio operatorio y se considera infección de la prótesis por las
características del drenaje”
Juan Alcaraz: “También
acudimos al médico Luis Botero, cirujano plástico de la universidad Libre de
Bruselas, Bélgica, y presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica,
quien revisó las fotografías de Ángela”.
Luis Botero: “ahí se le infectó”.
Juan Alcaraz: “El
caso de Ángela no es el único. Conocimos la historia de esta otra mujer quien
pidió proteger su identidad. Ella se practicó el 17 de marzo del 2014 una
lipotransferencia, que consiste en extraer grasa o tejido adiposo de diversos sitios
del cuerpo para luego transferirlo a los glúteos y así darle una forma tipo
pera. Ocho días después de la intervención, esta mujer tuvo que ser
hospitalizada durante 15 días, porque su estado de salud se complicó. ¿Qué le
dijeron en la clínica donde se recuperó?”
Paciente que no reveló su nombre y cuyo rostro no aparece
en la imagen: “Que era una infección; me
mandaron unos exámenes, ya después apareció que era una bacteria y lo había
dejado avanzar mucho, porque igual pues, si hubiera sido que eso era normal, me
hubiera quedado una semana y, pues, hasta me hubiera muerto”
Juan Alcaraz: “La pregunta que
surge es, ¿quién debe responder por los presuntos malos procedimientos a estas
dos mujeres?”
Paciente anónima: “el médico
Daniel Correa”.
Paciente 2: “el doctor Daniel
Andrés Correa Posada”.
Juan Alcaraz: “En
varias ocasiones intentamos comunicarnos con el médico Daniel Andrés Correa
Posada y vía telefónica dijo que no daría declaraciones. Sin embargo,
insistimos y llegamos hasta las instalaciones del centro médico donde trabaja.
Allí lo abordamos pero se negó a hablar sobre el tema”.
Daniel Andrés Correa Posada: “[…] bueno,
entonces lo que necesités hablás con la abogada […]”
Juan Alcaraz: “Teleantioquia
Noticias conoció que ambos casos ya fueron puestos en conocimiento de la
Fiscalía”.
AMBIENTE RETIRÁNDOSE
Paciente anónima: “para mí fue
una experiencia que, la verdad la verdad, no valió la pena, porque yo antes de
mejorar, desmejoré; estaba mucho mejor como estaba, porque eso a mí me bajó
mucho la autoestima”.
Paciente 2: “si, ha sido maluco,
ha sido duro, porque nunca he tenido como esa real necesidad de estar en estas”.
Juan Alcaraz: “Según
la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, en los últimos tres años, se han
reportado 47 quejas por malas prácticas quirúrgicas de tipo estético en todo el
departamento. Por su parte, estas dos mujeres hoy piensan que la vanidad las
llevó a tomar malas decisiones”.
5. Decisiones de
tutela objeto de revisión.
5.1. Primera
Instancia. Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medellín, sentencia del 3
de marzo de 2015[7].
El juez de
primera instancia decidió negar el amparo invocado por el accionante.
Fundamentó su decisión de la siguiente manera:
5.1.1. Frente a
la improcedencia del amparo alegada por Teleantioquia por no haberse agotado el
término para resolver sobre la solicitud de rectificación, señaló que “en
razón a que los derechos fundamentales invocados como son el buen nombre y la
honra, cuentan con un mecanismo de protección de rango constitucional como lo
es la acción de tutela, siendo tal protección, como lo ha expresado la Corte
Constitucional, la más amplia y comprensiva, pese a su carácter subsidiario, la
que no se ve desplazada por otros medios de defensa, al implicar una eventual
lesión de los bienes jurídicos protegidos”.
5.1.2. Destacó
que los procedimientos estéticos son cada vez más frecuentes, se han tornado un
tema “de sumo interés e importancia” para la comunidad. Teniendo esto en
cuenta, y analizando el ejercicio periodístico desplegado por el medio, que
intentó por diversos caminos de esclarecer la situación y conocer a fondo las
circunstancias del caso, “le permitieron abordar el problema planteado con
mucha claridad y responsabilidad, de tal manera que la función desplegada por
éste fue la de desarrollar esa profesión periodística con plena garantía de la
libertad e independencia”, no siendo imputables las violaciones de derechos
fundamentales que les endilga el accionante.
5.1.3. Añadió
que la cuestión jurídica a resolver en sede de tutela “no es si fue el señor
DANIEL ANDRÉS CORREA POSADA la persona que realizó las intervenciones
quirúrgicas […] o si este actuó como representante de la persona
jurídica a la cual se ha referido; si existió contrato verbal entre las
supuestas afectadas y él; si se configuran presuntamente los punibles de
injuria y calumnia en contra del posible afectado, ya sea por las testigos o la
entidad tutelada; dado que otros son los escenarios y acciones judiciales las
encargadas de establecer dichos tópicos”.
5.2. Impugnación[8].
Mediante escrito
de impugnación, la apoderada del accionante indicó que el fallo de primera
instancia se dio “[s]in la mayor argumentación jurídica y valoración
asertiva de las pruebas recaudadas”.
Recalcó que el
hecho de que el medio buscara al accionante para dar sus declaraciones sobre
los hechos no le confiere derecho a emitir una noticia sin verificar el
contenido informativo, es decir, “haber constatado las denuncias y las
presunciones que las denunciantes realizan”. Insistió en que no es cierto
que al tratar de localizar al demandante, el medio de comunicación quede
liberado de su responsabilidad social, incumplida por no haber consultado “la
Historia Clínica de las dos pacientes, y [haberlas hecho] valorar de un
perito en el tema, que permita asegurar de que las infecciones son
responsabilidad de mi poderdante”. También se opuso a que se relevara de
responsabilidad al medio de comunicación por cuanto habrían sido las supuestas
víctimas quienes dieron su declaración, y no hubiera sido directamente el medio
el que lo hubiera hecho, pues Teleantioquia “vendió la noticia desde un
principio con mentiras, indicando que mi poderdante había operado a las dos
denunciantes”.
En su opinión,
se desconoció la presunción de buena fe de su poderdante y nunca se verificó
realmente la exactitud, veracidad o la imparcialidad en la emisión de la
información, por lo que reiteró las pretensiones y argumentos consignados en la
acción de tutela.
5.3. Segunda
Instancia. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión
de Familia, sentencia T-7528 del 23 de abril de 2015[9].
5.3.1. Recordó
que los límites constitucionales al ejercicio del derecho a la información
radican en el cumplimiento de los requisitos de veracidad e imparcialidad en la
presentación de la noticia. Igualmente, que cuando estas cargas se incumplen,
pueden presentarse afectaciones a los derechos al buen nombre y la honra de los
ciudadanos, quienes tienen la garantía del derecho a la rectificación en
condiciones de equidad.
5.3.2. Destacó
que “Teleantioquia, al emitir el plurimencionado informe especial no falseó
la realidad ni comunicó, sesgadamente, la información, sino que acudió a su fuente,
presentando, directamente, los testimonios de las personas que expresaron ,
haber sufrido complicaciones, después de la intervención quirúrgica a que se
cometieron, personas que, al mismo tiempo, dieron a conocer que el responsable
de ello fue el doctor Correa Posada, es decir, la información de ese medio
noticioso fue veraz, imparcial y no arbitraria, además de que, antes de que ese
informe saliese al aire, contactó a ese galeno, para que participase en su
publicación, a fin de que expusiera sus puntos de vista, pero éste se negó a
ello”. Incluso, lo declarado por la Paciente 2 y la Paciente 1 en la
emisión televisiva fue corroborado por ellas mismas en sus declaraciones juramentadas
en el marco del proceso de tutela. Llegó entonces a la conclusión de que la
información no fue distorsionada ni manipulada, y que por lo mismo no se
vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
5.3.3. En
consonancia con lo dicho por el a quo, reiteró la posibilidad del
accionante de acudir a la jurisdicción ordinaria a través de las vías civiles,
para obtener el resarcimiento de eventuales perjuicios, o penales, en caso de
considerarse injuriado o calumniado.
5.3.4. Consideró
que la rectificación solicitada por el accionante resultaba improcedente en
vista del cumplimiento de los requisitos de veracidad e imparcialidad en la
comunicación de la noticia, misma razón por la que confirmó el fallo de primera
instancia.
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es
competente para la revisión del presente caso, con fundamento en los artículos
86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en
cumplimiento del Auto de la Sala de Selección Número Ocho del 13 de agosto de
2015.
2. Procedencia de la demanda de tutela.
2.1.
Invocación de afectación de un derecho fundamental.
El ciudadano
Daniel Andrés Correa Posada invocó, como fundamento para el ejercicio de la
acción, los derechos al buen nombre, la honra y el debido proceso, como presuntamente
vulnerados por la Sociedad de Televisión de Antioquia
Limitada, Teleantioquia. En efecto, los artículos 15,
21 y 29 de la Constitución reconocen como fundamentales los derechos invocados,
calidad reiterada en abundante jurisprudencia. Así, la demanda, en principio,
plantea una controversia de orden constitucional.
2.2.
Legitimación por activa.
2.2.1. La acción
de tutela fue presentada por el ciudadano Correa Posada, actuando a través de
apoderada[10]
debidamente reconocida. El accionante en la presente acción de tutela es
titular de los derechos fundamentales invocados y por lo tanto, está legitimado
para acudir a la acción de tutela para la protección de los mismos.
2.3.
Legitimación por pasiva.
2.3.1. La
demanda de tutela ha sido dirigida contra un particular que a su vez tiene la
calidad de medio de comunicación. Con respecto a estos sujetos, la Corte
Constitucional ha manifestado que frente a ellos procede la acción tutela, pues
los ciudadanos se encontrarían en estado de indefensión dada la posición
preeminente que ocupan en la sociedad y las salvaguardas jurídicas que protegen
su ejercicio –que existen para proteger la importante labor de control social
que desempeñan- y que muchas veces entran en conflicto con los derechos
fundamentales de los asociados. Por lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en
el artículo 42 numeral 4 del Decreto 2591 de 1991, la tutela sería procedente[11].
2.3.2. En
segundo término, el Decreto 2591 de 1991, en el numeral 7 del artículo 42,
dispone que la acción de tutela procede contra las acciones u omisiones de los
particulares “[c]uando se solicite rectificación de informaciones inexactas
o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o
la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue
publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma”, razón
adicional de legitimación por pasiva en el presente caso.
2.4.
Inmediatez.
La tutela se
interpuso el 18 de febrero de 2015, alegando una vulneración causada por la
nota periodística emitida el 11 de febrero de 2015. La proximidad entre las
fechas de la emisión noticiosa y la de presentación de la demanda de tutela, da
cuenta del cumplimiento del requisito de inmediatez.
2.5.
Subsidiariedad.
2.5.1.
Cuando se interpone la acción de tutela por la afectación de los derechos fundamentales
a la honra y al buen nombre, “el ordenamiento jurídico colombiano ha
previsto diferentes instrumentos para su protección, entre los que se
encuentran las acciones civiles y penales en contra del agresor”[12].
Si bien podría pensarse que en virtud del principio de subsidiariedad de la
acción de tutela estos mecanismos la desplazarían, la cuestión es que el
interés jurídico protegido por las acciones civiles y penales no es el mismo
que se persigue a través de la acción de tutela, que se centra en el
restablecimiento de afectaciones de carácter iusfundamental. Así, ha dicho la
jurisprudencia que “no por ello la acción de tutela resulta desplazada como
medio de protección, teniendo en cuenta que no siempre es posible que se
predique la existencia de un delito por hechos relacionados con la vulneración
de esos derechos, pero sí que pueda consolidarse una lesión de los mismos sin
que la conducta pueda adecuarse a un tipo penal determinado”[13].
En
el presente caso, la intención del accionante es clara en enfocar la acción de
tutela a la protección de sus derechos fundamentales, anunciando la apoderada
en sus intercambios con el medio de comunicación y en otras manifestaciones
obrantes al expediente, que tiene la intención de iniciar otras acciones
judiciales para la protección de otros intereses jurídicamente relevantes para
la parte demandante. Así, el requisito de subsidiariedad se encontraría
cumplido.
2.6. Solicitud
de rectificación previa como requisito especial de procedencia de la acción de
tutela contra medios de comunicación cuando se solicita la protección de los
derechos al buen nombre y a la honra.
2.6.1. El artículo 20 de la Constitución, que delimita los
contenidos de la libertad de expresión lato sensu, apunta a la
rectificación como uno de los elementos esenciales de esta libertad al disponer
que “Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad”[14]. La rectificación, a
la par que es un derecho fundamental, ha sido establecida como un requisito de
procedibilidad de la acción de tutela cuando se pretenda la protección de los
derechos a la honra y al buen nombre, presuntamente vulnerados por los medios
de comunicación. Es así como el Decreto 2591 de 1991 establece en el numeral 7º
de su artículo 42, que es procedente la acción de tutela contra particulares “cuando
se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas” caso en el
cual “se deberá anexar la trascripción de la información o la copia de la
publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en
condiciones que aseguren la eficacia de la misma”.
En tratándose de solicitudes de rectificación por informaciones
difundidas en la televisión, el artículo 30 de la Ley 182 de 1995[15] dispone, que “se
podrá solicitar rectificación dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la transmisión del programa donde se originó el mensaje
motivo de la rectificación, salvo fuerza mayor, el afectado solicitará por escrito
la rectificación ante el director o responsable del programa, para que se
pronuncie al respecto; éste dispondrá de un término improrrogable de siete (7)
días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud para hacer las
rectificaciones a que hubiere lugar”.
2.6.2.
La jurisprudencia ha definido el requisito previo de rectificación como un
mecanismo por medio del cual el presunto afectado por la difusión de la
información solicita directamente al medio de comunicación su corrección; ha
dicho la Corte que puede considerarse la rectificación como un procedimiento “autocompositivo
que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para servir como mecanismo de
salvaguarda tanto de los derechos a la libertad de expresión e información
-pues la objeción frente a la información se presenta directamente al medio de
comunicación, quien podrá y deberá hacer las verificaciones y argumentaciones
en torno a la verdad y alcance del contenido para justificar su renuencia o
acceder de manera voluntaria a la rectificación-, como de los derechos a la
honra y buen nombre del sujeto, quien no deberá acudir a un tercero para
obtener la resolución de su pretensión, sino que podrá tramitarla de manera
directa y expedita ante el medio de comunicación”[16].
La
importancia de los derechos en tensión, de un lado la libre expresión, y del
otro el buen nombre y la honra del afectado[17],
llevan a que el mecanismo de solución autocompositivo haya sido preferido y
establecido como requisito de procedibilidad frente a la actuación de un
tercero, el juez de tutela, como primer paso para la solución de la
controversia. Así, solo si los medios se niegan injustificadamente a rectificar
o lo hacen incumpliendo los mínimos exigibles para la rectificación, el amparo
constitucional resulta ser procedente.
2.6.3.
Es importante entonces que se le haya brindado al medio la posibilidad de analizar
la situación, verificar sus fuentes, el impacto de la emisión noticiosa y con
base en ello tomar una decisión, antes de entregar el caso al juez de tutela
para su solución, atendiendo la presunción de buena fe del medio en su
ejercicio informativo. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia al
indicar que “se le debe brindar la oportunidad [al medio de
comunicación] de que voluntariamente corrija la información antes de
judicializar el conflicto”[18],
lo que implica que no solo se debe realizar la solicitud de rectificación, sino
brindar al medio de comunicación un tiempo prudencial para su respuesta, que en
el caso de la solicitud a medios televisivos corresponde a siete días hábiles
luego de realizada la solicitud[19].
2.6.4. En el caso concreto se verifica
que en el presente caso el accionante no esperó a que se agotara el tiempo del
que goza el medio televisivo para responder la solicitud de rectificación, por
lo que en principio se advierte que el demandante no habría cumplido el
requisito de procedibildad de agotar la solicitud previa de rectificación
dispuesto en la ley, para la procedencia de la acción de tutela.
La nota periodística titulada “El Precio
de la Vanidad” fue emitida el 11 de febrero de 2015, y la solicitud de
rectificación fue formulada por la apoderada de la accionada en sendos escritos
radicados ante el medio de comunicación los días 13 y 16 de febrero. Así,
aunque se tuviera la presentación del primero de los escritos como parámetro de
referencia para el cómputo del término de ley para la respuesta a la solicitud
de rectificación, este vencería el 25 de febrero, mientras que la acción de
tutela fue interpuesta el 18 de febrero de 2015. Desde este punto de vista, se
aprecia que el accionante no brindó la oportunidad al medio de comunicación
para que analizara si voluntariamente accedería a la corrección de la
información solicitada, antes de judicializar el conflicto, incumpliendo con
ello el requisito.
A pesar de esto, se aprecia en la
contestación de la demanda de tutela que Teleantioquia, con la vinculación al
caso, contestó la solicitud formulada por el ciudadano, negándose a rectificar.
Así, mencionó en su escrito dirigido al Juzgado de primera instancia que “tomó
la decisión de dar respuesta integral a través de su Despacho tanto a su
Señoría como al accionante en su derecho de petición”[20]
manifestando que “Teleantioquia se abstiene de rectificar toda vez que la
información publicada no es inexacta, injuriosa ni falsa, obrando dentro de los
parámetros del artículo 30 de la Ley 182 de 1995”[21]. Esta Sala
interpreta que con esta decisión, el medio de comunicación aceptó las
condiciones planteadas por el accionante, renunciando a un plazo propio del
escenario autocompositivo que lo beneficiaba exclusivamente a él, allanándose al
incumplimiento del término por parte del accionante. En la contestación de la
acción de tutela, que de paso funge como respuesta a la solicitud de
rectificación, el medio de comunicación respondió razonadamente por qué no
accedía a la solicitud planteada por el accionante (ver supra I. 2.4.), a
la vez que aportó al juez de tutela los elementos necesarios para resolver el
caso. En presencia de estas circunstancias especiales, en concreto el
allanamiento del medio de comunicación al incumplimiento del presente requisito
de procedibilidad de la acción de tutela, procederá la Sala a analizar de fondo
el caso.
2.6.5. A pesar
de lo anterior, es importante para la Sala reiterar que el cumplimiento del
requisito de procedibilidad especial de la tutela contra medios de comunicación
cuando se solicita la protección de los derechos al buen nombre y a la honra es
exigible y debe ser atendido por quienes pretendan obtener el restablecimiento
de los derechos que consideren vulnerado. La importancia de este requisito de
procedibilidad consiste en asegurar la mayor protección posible tanto del
derecho a la libre expresión como la garantía de los derechos al buen nombre y
a la honra, brindando un mecanismo para que sea el propio medio el que analice
la situación planteada por el ciudadano, respetando con ello su presunción de buena
fe y que permitirá luego de un análisis juicioso de la situación, tomar los
correctivos necesarios en caso de resultar procedentes. Al respecto cabe
solamente insistir en lo que ya ha dicho la jurisprudencia, en el sentido de que
“se
le debe brindar la oportunidad [al medio de comunicación] de que
voluntariamente corrija la información antes de judicializar el conflicto”[22],
situación que debe ser tenida en cuenta por los jueces de tutela y por los
propios accionante al momento de analizar e interponer acciones de tutela como
la presente.
3. Problema
jurídico.
Habiendo
analizado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela y conforme a los antecedentes del caso consignados en precedencia, el problema jurídico que se le
plantea la Sala es el siguiente: ¿Con ocasión de la emisión del informe
especial denominado “El Precio de la Vanidad” del día 11 de febrero de 2015, el
medio de comunicación accionado cumplió los requisitos de veracidad e
imparcialidad consustanciales al ejercicio del derecho a la información o, por
el contrario, con su ejercicio periodístico trasgredió los derechos a la
información, al buen nombre y a la honra del accionante?
Para resolver el
presente problema jurídico, la Sala analizarán (i) los requisitos y el
contenido del derecho a la información, (ii) el contenido de los derechos a la
honra y al buen nombre, y (iii) se resolverá el caso concreto.
4. La libertad
de información. Reiteración de jurisprudencia.
4.1. La libertad de información es uno
de los contenidos básicos del derecho a la información lato sensu, contemplado
en el artículo 20 de la Constitución Política[23],
“que
cobija tanto información sobre hechos como información sobre ideas y opiniones
de todo tipo, a través de cualquier medio de expresión; junto con la libertad
de buscar información y la libertad de recibirla”[24].
4.2. La Corte
Constitucional ha destacado que “en la libertad de información el interés
del receptor de la misma es crucial”[25],
por lo que las cargas y exigencias a quienes la desarrollan son más estrictas
que las que aplican a la libertad de expresión stricto sensu. Al
respecto dijo la Corte Constitucional que:
“Es una figura jurídica más amplia que la del derecho a la
información. Abarca una generalidad que admite múltiples especies y, en virtud
de la libertad de opinión y de pensamiento, no tiene tantas limitaciones como
las que tienen el derecho a la información y el derecho de informar. Lo que el
sujeto puede expresar no necesariamente tiene que estar sometido a la
imparcialidad ni contener una verdad, porque perfectamente puede el ser humano
expresar todo lo que su ingenio e imaginación produzcan, mientras dicha
expresión no lesione derechos ajenos, ni vaya contra el orden público o el bien
común”[26].
En este sentido,
el propio artículo 20 constitucional le impone los requisitos de imparcialidad
y veracidad en la emisión de los contenidos y sugiere la responsabilidad de
quien informa en su ejercicio.
4.3.
Simultáneamente, la Corte ha destacado la importancia de la libertad de
información para la preservación y estímulo del orden democrático y pluralista,
que se ha concretado en el énfasis en la garantía de los derechos de los
receptores de la información. Esto por cuanto el ejercicio de la libertad de
información supone no solamente una dimensión individual, sino también una
colectiva, pues es esencial para el informador que su mensaje llegue a un
receptor. Así, no es posible concebir el ejercicio informativo sin tener en
cuenta el interés de la comunidad, que construye un criterio social a partir de
la información, se ilustra e involucra en su contexto comunitario a través de
los contenidos que recibe, y que requiere para ello partir de una base
equilibrada que le permita conseguir estos propósitos de manera ecuánime y lo
más objetiva posible. A esto conduce no solo el desarrollo de la libertad de
información, sino también la responsabilidad de los medios de comunicación,
establecida en el mismo artículo 20 de la Carta[27].
Para esto, es
necesario que la información recibida por la colectividad sea veraz e
imparcial, como se verá a continuación.
4.4. Como ocurre con todos los derechos fundamentales, la libertad de
información no es absoluta. Por mandato expreso del
artículo 20 Superior, se exige que la información
transmitida atienda los requisitos de veracidad e imparcialidad, que se
garantice el derecho a la rectificación y que se haga una diferenciación entre
difusión de opiniones e informaciones. Por ser los dos primeros requisitos los
esenciales para la resolución del caso concreto, la Sala se concentrará en
ellos[28].
4.4.1. Frente al
requisito de veracidad en la difusión de informaciones, ha aclarado la Corte
que este no implica la verificación de la “verdad absoluta de los hechos que
se denuncian, pues esto haría imposible la actividad periodística”[29], es decir que no
equivale a una exigencia de certeza frente a lo informado. En este sentido la
carga que implica para el medio de comunicación el cumplimiento del requisito
de veracidad no puede asimilarse al cumplimiento de una obligación de
resultado, en el sentido de exigir que todo lo informado sea en efecto cierto,
sino que está más cercano a la evaluación del cumplimiento de una obligación de
medio, que se entenderá cumplida cuando el proceso para afirmar la veracidad de
una determinada información ha sido razonable y adecuado: “el medio
satisface el estándar de veracidad cuando la información ha sido obtenida luego
de un proceso razonable de verificación y cuando no induce a error o confusión al
receptor. El medio será responsable cuando se demuestre que existió una
evidente negligencia en la tarea de verificar la información reportada o cuando
sea claro que existe mala fe o intención de daño al publicarla”[30].
Ha dicho la
Corte que “[l]a carga que se exige al periodista
en este aspecto es que haga un esfuerzo (a) previo y (b) razonable de
constatación de la información que pretende presentar como un hecho. El
comunicador ‘solo debe transmitir como hechos, lo que ha sido objeto de previo
contraste con datos objetivos’[31]”[32].
La razonabilidad en el proceso de verificación previo a la emisión de la
información tiene en cuenta la diligencia del periodista en pro de encontrar la
verdad, por lo cual “la Corte le da importancia a la actitud que el
periodista asume en el proceso de búsqueda de la verdad y lo protege cuando ha
sido diligente a lo largo del proceso informativo, así la información no sea
totalmente exacta”[33];
se exige entonces el cumplimiento de cargas que la jurisprudencia ha resumido
así:
“un deber de diligencia razonable con
base en el cual sea factible afirmar que: (i) se realizó un esfuerzo por
constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se actuó sin un ánimo
expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin la
intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la intimidad
y al buen nombre de otras personas.”[34]
En este
sentido, la Corte Constitucional tuvo en cuenta que la jurisprudencia
interamericana ha establecido que la exigencia de veracidad no
puede “interpretarse de modo tal que se reclame prueba incontrovertible
acerca de que la información publicada o emitida sea verdadera o imparcial. De
ser esto así, el precio de la verdad y de la imparcialidad sería el silencio y
significaría una clara amenaza para la democracia”[35].
De otro lado,
la jurisprudencia ha identificado situaciones en las cuales no se cumple esta
carga de razonabilidad en el procedimiento de verificación de la información,
que ha caracterizado de la siguiente manera:
“A partir de la jurisprudencia[36]
promulgada por esta corporación, es posible identificar tres casos
representativos en los que un medio de comunicación incumple las cargas mínimas
de veracidad que impone la Constitución Política: (i) Cuando el dato fáctico es
contrario a la realidad y fue publicado por (a) negligencia (soportado
solo en rumores, invenciones) o (b) mala intención del emisor. (ii)
Cuando la información emitida en realidad corresponde a un juicio de valor
u opinión pero se presenta como un hecho cierto. (iii) Cuando la información
pese a ser literalmente cierta, es presentada de manera tal que induce al
lector a conclusiones falsas o erróneas”[37].
4.4.2. El
requisito de imparcialidad fue encuadrado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-260 de 2010, de la siguiente manera:
“Ahora bien, en lo que respecta a la imparcialidad,
la exigencia es que el periodista guarde distancia frente a sus fuentes, a fin
de no aceptar de plano y de manera automática todas sus afirmaciones, sino que
pueda aportar variadas posiciones cuando un hecho así lo requiera. La
información que le sea suministrada ha de ser, en consecuencia, contrastada con
versiones diversas sobre los mismos hechos, por los directamente involucrados o
expertos[38],
para plantear todas las aristas del debate. Además, “el comunicador está en
el deber de cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a
evitar que sus preferencias y prejuicios afecten también su percepción de los
hechos”[39]
y sólo su posición particular, de manera inexacta, sea la que se presente”.
En
consecuencia, se ha destacado en la jurisprudencia que el Constituyente del 91 “optó
por vincular la exigencia de imparcialidad al equilibrio informativo, es
decir, al ‘derecho al público a formarse libremente una opinión, esto es, a no
recibir una versión unilateral, acabada y pre-valorada de los hechos que le
impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios
expuestos objetivamente’”[40].
4.5. La
Constitución Política, en su artículo 20, impone a los medios de comunicación
una responsabilidad social en el desarrollo de sus labores. Parte de la carga
que genera la responsabilidad social de los medios de comunicación consiste en
el estricto obedecimiento de los deberes derivados de su labor de transmitir la
información, difundiendo noticias veraces e imparciales, contribuyendo con ello
a la libre formación de una opinión pública al corriente de los acontecimientos
y necesidades de la sociedad[41].
El impacto de
los medios de comunicación en los últimos años ha crecido a la par de la preponderancia
han alcanzado los entornos digitales. Una noticia que antes solo era conocida
solo lector, unos pocos televidentes o radioescuchas, puede ser ahora
consultada por millones de personas en tiempo real, quienes alcanzados por la
información pueden acceder a ella a través de un sinnúmero de mecanismos, o
incluso pueden volver a acceder a dichos contenidos tiempo después con solo un
clic en sus teléfonos o computadores. Esta realidad impone un reto frente a la
concepción jurídica de derechos como el de libre expresión, habeas data,
buen nombre, honra e intimidad, pues muestra cómo el riesgo social que va
implícito con los procesos de comunicación –y que es aceptado por nuestra
sociedad y ordenamiento jurídico dados los beneficios democráticos y sociales
que reporta- se ve magnificado y genera cada vez más fricción frente a otros
derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha destacado esta
circunstancia  señalando que:
“La
responsabilidad de los medios de comunicación, encargados de difundir información
y de contribuir a la formación de las personas, se ha incrementado en forma
exponencial, ya que hoy los destinatarios de sus mensajes resultan muchas veces
indeterminados e innumerables, perteneciendo éstos a continentes, países,
etnias, culturas o naciones diversos, como también a segmentos sociales de
diferentes niveles de desarrollo económico y académico.
3.2. La
responsabilidad social que se reclamaba a los medios de comunicación durante
los siglos XIX y XX no es la misma que se les exige en la actualidad; en las
sociedades contemporáneas una información sesgada, parcializada o carente de
veracidad proveniente de medios masivos, puede generar conflictos sociales,
económicos, militares o políticos inconmensurables. Estas situaciones sólo
pueden ser evitadas o al menos mitigadas en sus efectos a partir de la
autorregulación de los medios y del sometimiento de éstos a reglas jurídicas
democráticamente elaboradas”[42].
En esta realidad
en la que el influjo de las nueva tecnologías como las redes sociales, el
acceso a los portales de internet de los medios de comunicación y la
accesibilidad fácil y permanente a los archivos históricos es lo más habitual,
es de capital importancia que los medios de comunicación, en un ejercicio de autocontrol
y autorregulación adopten medidas para que la responsabilidad social que reposa
sobre ellos se realice en la mayor medida, y la función encomendada en un
escenario democrático brinde los mayores frutos, con los menores costos
sociales. Sobre este punto, considera la Sala pertinente reiterar a los medios
de comunicación, a los líderes de opinión y a los periodistas, que el ejercicio
de sus derechos y libertades debe enaltecer a la sociedad, que su ejercicio
tiene que tener un propósito claro para la comunidad y que del estricto
cumplimiento de las cargas de responsabilidad, criterio, elocuencia y
oportunidad en la expresión y difusión de contenidos, dependerá la realización
adecuada de la función que la Constitución reconoce y protege.
En este sentido,
es claro que la labor del periodista y del medio de difusión deberá estar atada
al más alto criterio de responsabilidad, independencia e imparcialidad en la
presentación de los contenidos, lo que les impone el deber de asegurar el
cumplimiento de los más altos estándares de respeto por los derechos
fundamentales de quienes son protagonistas de la noticia y de su público. En
este sentido, los medios de comunicación deben comprender que no pueden abusar
de su poder, y de paso, que tienen que evitar al máximo posible un impacto
negativo en los derechos fundamentales de las personas sobre las cuales
informan. No puede envilecerse la labor de los medios de comunicación sólo con
la búsqueda del éxito comercial, del rating o de la captura de las masas con una
presentación tendenciosa de la información, que poco aporta al desarrollo de
una consciencia publica verdaderamente informada e interesada por las
cuestiones de mayor relevancia. La Sala quiere dejar constancia de esta
preocupación, aunque confía en que los medios, en su proceso de autogestión,
propenderán por atender de la manera más adecuada lo necesario para realizar su
función social y en conjunto con las autoridades, hacer efectivos ideales
constitucionales y democráticos.
4.6. Por
integrar la libertad de expresión lato sensu, el derecho a la
información goza de una presunción que la favorece en caso de conflicto con
otros valores constitucionales o derechos fundamentales. Al respecto ha dicho
la jurisprudencia constitucional que “en caso de conflicto existe un mandato
constitucional de favorecer prima facie la preeminencia de la libertad de
expresión -en sentido lato o estricto- y con ello la libertad de información.
Ha admitido también que ello deberá fijarse siempre teniendo en cuenta las
características del asunto en concreto, pues es algo que no puede fijarse de
antemano, en abstracto y de manera general. Como también lo ha recordado la
Corte, ‘el caso más frecuente de conflicto se establece con los derechos
constitucionales a la honra, la intimidad y el buen nombre’[43]”[44].
En
el caso concreto de la tensión entre la libertad de información y los derechos
al buen nombre y a la honra, ha se ha defendido la prevalencia de la primera “salvo
que se demuestre por el afectado la intención dañina o la negligencia al
presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que vulneran o
amenazan sus derechos fundamentales”[45].
4.7. La Corte
Constitucional también ha destacado la responsabilidad que implica el ejercicio
de la libertad de información, pues es un “un derecho de doble vía, que
garantiza tanto la potestad de proveer información, como el derecho a recibir
una información veraz e imparcial”[46].
La exigencia de estas responsabilidades debe ser posterior a la emisión de la
información previa demostración de la omisión de los deberes del
periodista o medio de comunicación por parte de la persona que
alega la vulneración de sus derechos constitucionales[47]. Así, “la buena fe
del periodista no excluye la posibilidad de que pueda caer en error, a pesar de
que haya cumplido con la obligación de verificar su información, pues la misma
naturaleza dinámica de su labor le impide, en algunos casos, ser tan
exhaustivo. Por lo tanto, esta presunción de buena fe no excluye la posibilidad
de error y tampoco, ostenta el carácter de una presunción de derecho que no admita
prueba en contrario. El juez de tutela debe entrar a constatar en cada caso si
el medio de comunicación ha incurrido en un error evidente o si, existen
elementos que permitan desvirtuar la presunción constitucional de buena fe del
periodista”[48].
4.8. En caso de
encontrarse que una información no reúne los requisitos antes enunciados, el
mecanismo por excelencia para obtener el restablecimiento del propio derecho a
la información –en este caso en su faceta colectiva-, o de otros derechos que
resultaren impactados por el ejercicio informativo, es el de la rectificación[49]. La rectificación,
como se dijo anteriormente, constituye un derecho fundamental en sí mismo
–reconocido en el artículo 20 de la Carta[50]-,
que propende por el restablecimiento del equilibrio entre un medio de
comunicación u la persona que se encuentra muchas veces indefensa frente a
ellos[51].
La
Corte ha señalado algunos requisitos de corrección sobre la rectificación en
equidad, así:
“(i) que la rectificación o
aclaración se haga por quien la difundió; (ii) que se haga públicamente[52]; (iii) que tenga un
despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la información
inicialmente publicada y (iv) que la rectificación conlleve para el
medio de comunicación el entendimiento de su equivocación, error,
tergiversación o falsedad[53].
Cuando la obligación de rectificar la imponga una autoridad judicial, ésta debe
establecer en la respectiva providencia “los
lineamientos precisos bajo los cuales ésta deberá ser realizada. Lo anterior,
con el objeto de proteger efectivamente los derechos fundamentales de quien fue
afectado con la información falsa divulgada y asegurar su efectivo restablecimiento”[54]”[55].
5. Los
derechos al buen nombre y a la honra. Reiteración de jurisprudencia.
5.1.
La Corte ha definido el buen nombre como “la buena opinión o fama adquirida
por un individuo en razón de la virtud y el mérito, como consecuencia necesaria
de las acciones protagonizadas por él”[56],
es decir, la reputación de la persona derivada de la exteriorización de sus
conductas[57].
El derecho al buen nombre, consagrado en el artículo 15 de la Constitución[58],
se relaciona entonces con la conducta que observe la persona dentro de la
sociedad[59],
“se configura como derecho
frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o
injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas […y…] se lesiona por las informaciones falsas o
erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público
que se tiene del individuo”[60].
En la sentencia T-015 de
2015, la Corte Constitucional recordó que “[s]egún la Corte Interamericana
de Derechos Humanos el buen nombre ‘es un derecho de valor porque se construye
por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta
que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad’[61]”. Se ha dicho, igualmente, que el buen nombre “también tiene una cercana relación
con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación,
protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección
de la persona en el ámbito público o colectivo”[62].
De lo dicho antes, se puede decir que “la
afectación del buen nombre se origina, básicamente, por la emisión de
información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera la
distorsión del concepto público”[63],
aunque se debe indicar que la protección del derecho se da con relación a la
estimación pública de la conducta del individuo “al punto de no ser posible el reclamo de su afectación
cuando el comportamiento de la persona misma es el que impide a los asociados ‘considerarla
digna o acreedora de un buen concepto o estimación’[64]”[65].
5.2. De otro
lado, la honra alude a consideración que sobre la persona se haga en razón a su
condición de ser humano, por su valor intrínseco. Ha dicho la jurisprudencia
que:
“la honra hace alusión al respeto que la persona
merece por su propia condición de tal[66],
“(…) entendiendo por ella, la estimación o deferencia con
la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la
colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por
consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin
de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la
sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y
valoración de las personas dentro de la colectividad”.[67]”[68]
La
Corte Constitucional estableció que la honra “se refiere a la valoración de comportamientos en
ámbitos privados, así como la valoración en sí de la persona […y…] a la apreciación de la sociedad
hacia una persona, a partir de su propia personalidad y comportamientos
privados directamente ligados con ella”[69],
y que se afecta “tanto por la información errónea, como por las opiniones
manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o
sobre la persona en sí misma”[70].
5.3. Los intereses jurídicos derivados de la
realización de los derechos al buen nombre y a la honra “pueden ser
protegidos tanto en sede de tutela como mediante las instancias penales y
civiles[71],
cuando ello sea conducente”[72].
6. Caso concreto.
6.1.
En el asunto bajo examen el actor solicita la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la honra
que considera fueron vulnerados por Teleantioquia, al haber difundido
información falsa y presentarla de forma parcializada para afectar su prestigio.
6.2.
La estructura de la nota analizada sigue el formato de denuncia ciudadana
contextualizada por el medio de comunicación, presentado de manera extensa
–para el estándar noticioso de televisión-, y denominado por el medio como “informe
especial”. En la introducción de la nota se aprecia como el noticiero
presenta la nota señalando la prevalencia en Antioquia de quejas por malos procedimientos
quirúrgicos estéticos, y presenta dos casos de mujeres que padecieron
complicaciones luego de operarse en la ciudad de Medellín. La nota comprende los siguientes contenidos:
a)
Una descripción realizada por las propias
pacientes sobre su situación de salud, con posterioridad a la realización de
cirugías estéticas. En la descripción no se hace un señalamiento del
accionante.
b)
La consulta a expertos en la
materia, los doctores Héctor Mario Restrepo y Luis Botero. Solamente el primero
opina sobre la situación presentada en la nota, refiriendo los riesgos de la
realización de cualquier cirugía y las condiciones de salubridad necesarias
para reducir el riesgo, especialmente referidas al lugar de práctica del
procedimiento. Nótese que ninguno de los expertos se refirió a la praxis
médica, la diligencia en la realización de los procedimientos o la
responsabilidad en eventuales complicaciones surgidas por la realización de las
mismas.
c)
Se presentan algunas líneas de la
historia clínica de la Paciente 2, que dan cuenta de la existencia de una
infección en la zona implantada, por causa del drenaje. No se señalan
incidencias de la práctica quirúrgica ni causa de la infección apuntando al
accionante.
d)
Las conclusiones de las pacientes
afectadas que dan cuenta del grave precio que pagaron por practicarse las
cirugías. Igualmente, una reflexión del periodista en el mismo sentido.
e)
La pregunta al aire:
¿quién debe responder por los presuntos malos procedimientos a estas dos
mujeres?, a lo que responden las dos pacientes entrevistadas que lo debe
hacer el accionante.
En
ninguno de los 4 primeros contenidos aquí reseñados, individualmente
considerados, se vislumbra la potencialidad de impactar los derechos del
accionante, pues no hacen referencia directa a él, ni señalan su
responsabilidad en las afectaciones médicas y tampoco tienen que ver con la
imagen social de la que goza. El quinto de los contenidos, al referirse al
accionante, se analizará en detalle a continuación.
6.3.
Frente al señalamiento de la supuesta responsabilidad del accionante frente a
la situación de las pacientes - registrada por ellas mismas-, la demanda afirma
la falsedad de la noticia,
pues el accionante nunca operó a la Paciente 1 y en el caso de la Paciente 2,
solo habría acompañado el proceso postoperatorio.
6.3.1. Respecto de esta objeción planteada en la
demanda, debe decirse que en la nota no se señala al accionante como cirujano
que habría realizado los procedimientos, sino como responsable in genere frente
a la situación. En este sentido, el señalamiento en torno a la responsabilidad
por las afectaciones en materia de salud padecidas por las accionantes no
conduce unívocamente a señalar al doctor Correa Posada como quien efectivamente
realizó los procedimientos quirúrgicos, sino más bien a ponerlo como
eventualmente obligado en virtud de las afectaciones de las pacientes. Así, la
pretensión de la noticia no puede reconducirse exclusivamente a la acusación
por una mala praxis médica, pues el término “responsable”, en su
utilización habitual no conduce solamente a la responsabilidad médica[73], sino a otras
muchas –como la penal, la contractual o extracontractual-, que eventualmente podrían
estar en cabeza del accionante y derivarse del perjuicio sufrido por los
padecimientos de salud de las pacientes 1 y 2. En este sentido, la afectación
alegada por el accionante en cuanto a la vulneración de sus derechos puede
partir de una interpretación carente de certeza acerca del contenido noticioso
informado.
6.3.2. Sobre este punto conviene recordar lo dicho por
el accionante en la declaración rendida por él ante el juez de tutela de
primera instancia, en la que dio cuenta de que obró como representante legal “de
la empresa CIRUPLAN CLINICA ESPECIALISTAS DEL POBLADO”, más aún, de un “grupo
quirúrgico que se compone por cirujanos plásticos, médicos cirujanos y médicos
en medicina estética, los cuales, dependiendo del tipo de procedimiento, se
eligen para realizar las cirugías o los procedimientos menores que cada
paciente necesite”. Esto, analizado en conjunto con las declaraciones de
las pacientes rendidas al juez de primera instancia, permite apreciar cómo los
procedimientos habrían sido acordados con él, el consentimiento para la
realización de los procedimientos haría sido expresado por las pacientes ante
él, e incluso los pagos habrían sido entregados a él; la situación llegó al
punto de que las pacientes refirieron que habrían contratado con él la realización
de los procedimientos quirúrgicos, lo que no solo lo vincularía desde el punto
de vista de una responsabilidad médica, sino también desde el punto de vista
civil, arista que no está presente en el enfoque del demandante.
6.3.3.
El accionante no niega en su declaración ni en su escrito de tutela la
existencia de contratos, y a pesar de que rechaza su responsabilidad como
persona natural, tal afirmación no distrae del hecho de que, al menos, habría
dado la apariencia a las pacientes de que los contratos se estaba realizando
con él, con independencia de que otros fueran los que en efecto realizaran los
procedimientos. Esta circunstancia muestra lo plausible de las afirmaciones de
las pacientes, que en cámara lo señalaron como “responsable” -no necesariamente
como médico que las operó- y en este sentido, la pretensión de la demanda de la
falsedad de la nota se presenta como carente de sustento. En efecto, el
accionante podría resultar responsable desde algún punto de vista frente a las
pacientes, lo que otorga verosimilitud a las afirmaciones transmitidas por el
medio de comunicación.
6.3.4. Incluso, las circunstancias del
caso dejan lugar a dudas que amplían el espectro de veracidad en el manejo de
la información, como por ejemplo, el hecho de que el accionante, siendo médico
general y no cirujano plástico, haya ejercido la coordinación de un grupo
dedicado a la realización de cirugías estéticas, integrado por médicos con más
estudios y experiencia que él mismo, o que sea el encargado de contactar a las
pacientes y, aparentemente, de pactar las condiciones para la realización de
los procedimientos. No hay que olvidar que, adicional a esto, la Paciente 2
manifestó de manera reiterada que habría sido él quien practicó de manera
directa ciertos procedimientos en la zona que luego resultó afectada por la
infección, situación que es contestada por el accionante afirmando que solo
habría participado en la cirugía pero no la habría realizado él. Estas
circunstancias permiten reafirmar que las pacientes se encontraban en una zona
gris en la que era fácil ver al accionante como potencial responsable de la
situación, hipótesis derivada en parte de la misma posición que asumió el
demandante en la contratación de los servicios de cara a las pacientes, lo cual
valida la decisión del medio de informar al respecto en la forma como lo hizo.
No hay que olvidar las declaraciones de
las pacientes, de las que destaca:
·
La
Paciente 1 manifestó sobre su afirmación de la responsabilidad del accionante
frente a su situación que “[l]a pregunta fue quién debe de responder, esa
fue la pregunta que me hizo el periodista y yo respondí el médico DANIEL ANDRES
CORREA POSADA, porque yo hice un contrato con él y de la cual yo había
quedado muy inconforme con la cirugía”[74].
·
De
otro lado, la Paciente 2 destacó que cuando se comunicó con el accionante con
motivo de su internación a causa de la infección este afirmó que se haría “cargo
de todo y que él sacaba la plata de los seguros por la clínica de él que es
la CLINICA ESPECIALISTAS DEL POBLADO”[75].
·
La
Paciente 2 manifestó sobre su afirmación de la responsabilidad del accionante
frente a su situación que “[d]irectamente me preguntaron quién debe
responder por los daños ocasionados y yo contesto DANIEL ANDRES CORREA POSADA,
por dos cosas importantes, primero, porque fue con él con quien celebré un
contrato y a quién le pagué y, segundo, porque fue él quien me operó, el
contrato que realicé con el doctor DANIEL ANDRES CORREA fue verbal.”[76].
6.4.
Conclusión que se deriva de estas afirmaciones.
El
segundo conjunto de cargos planteados en la demanda de tutela apunta a señalar
el incumplimiento del medio de comunicación de los requisitos de veracidad e
imparcialidad en el manejo de la información. Para determinar la verdad de la
objeción planteada se analiza el contenido informativo en su conjunto y debe
decirse lo siguiente:
6.4.1.
Como se estableció anteriormente (ver supra II. 4.4.1), el requisito de
veracidad en la comunicación de contenidos informativos no es equivalente a la
exigencia de certeza que se requiere, por ejemplo, cuando el juez condena con
base en una responsabilidad penal o civil. La verificación del requisito de
veracidad pasa por un análisis de la diligencia del medio de comunicación en el
proceso investigativo que le permita verificar razonablemente la información
transmitida, sin llegar tampoco a exigirle una comprobación que la lleve a la
certeza pues, como se dijo anteriormente, ello haría imposible el ejercicio
periodístico. Al respecto hay que recalcar que la labor del periodista no
equivale a la labor de un juez en la asignación de responsabilidades.
En
este sentido, varias de las afirmaciones y exigencias al medio de comunicación planteadas
por la parte accionante en cuanto a la verificación de la circunstancias del
caso, prácticamente lo conminaban a fungir como “el órgano competente para determinar si existió o no
una mala praxis médica”,
exigiendo la convocatoria de peritos y el levantamiento de la reserva de la
historia clínica completa de las pacientes para asegurarse de que efectiva e
indudablemente el accionante hubiera sido el causante de las infecciones. El
enfoque de la apoderada del demandante en este escenario no se compadece con la
búsqueda de la veracidad, sino que se encamina a la búsqueda de la certeza,
carga desproporcionada desde el punto de vista del ejercicio informativo. Se
recuerda lo dicho por la jurisprudencia frente a este tipo de reclamos:
“En este punto cabe destacar que en múltiples ocasiones ha
dicho la Corte, que el principio de veracidad de los hechos no puede llevarse
al extremo de exigir prueba incontrovertible acerca de que la información publicada o emitida sea verdadera o
imparcial. De ser esto así, el precio de la verdad y de la imparcialidad sería
el silencio y significaría una clara amenaza para la democracia. Desde este
punto de vista, lo que debe exigirse es razonabilidad en el manejo y
presentación de la información”[77].
6.4.2. La evaluación sobre el cumplimiento del
requisito de veracidad en la difusión de la información, de acuerdo al criterio
jurisprudencial antes reiterado, indica que se debe analizar el esfuerzo previo
y razonable de constatación de la información que pasa al menos por verificar
que (i) se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes
consultadas; (ii) se actuó sin un ánimo expreso de presentar como ciertos,
hechos falsos y (iii) se obró sin la intención directa y maliciosa de
perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras
personas.
6.4.2.1.
Frente a la constatación y contrastación de la fuente de la información
se tiene que: (i) la información partió de una llamada de la paciente 2, quien
solicitó al periodista su colaboración frente a su situación de salud; (ii) el
periodista escuchó a la denunciante y le pidió sustento sobre sus afirmaciones.
Producto de la solicitud del periodista, la paciente allegó por escrito su
recuento de los hechos y aportó 18 fotografías que daban cuenta de su estado de
salud; (iii) asistió a la clínica donde pudo verificar que la paciente en
efecto se encontraba internada por las afectaciones que dijo padecer; (iv)
buscó la versión del accionante y sostuvo conversaciones con su apoderada, de
las que no pudo obtener una versión de los hechos por decisión de ellos; (v) el
periodista buscó y encontró a una segunda paciente que habría contratado con el
accionante la realización de cirugías estéticas, y que también había sufrido
consecuencias adversas de salud en el postoperatorio; (vi) obtuvo, en cámara,
las declaraciones de la segunda paciente, la Paciente 1, que coincidió al menos
en dos circunstancias con la versión presentada por la denunciante Paciente 2:
primero, que había contratado con el doctor Correa Posada y, segundo, que este
debía responder por las afectaciones a su salud; (vii) para contextualizar la
noticia, que tuvo como propósito fundamental no el señalamiento de la
responsabilidad del accionante, sino evidenciar los peligros de las cirugías
estéticas en el departamento de Antioquia, involucró a dos expertos en la
elaboración de la nota, uno de los cuales al menos vio las imágenes aportadas
por la paciente 2 –el doctor Botero-, y el otro aportó un valioso contexto
sobre los requerimientos de las instituciones médicas donde se practican las
cirugías; (viii) la presentación de la noticia da cuenta de que el periodista
tuvo acceso, al menos, a una parte de la historia clínica de la paciente 2, que
daba cuenta de la existencia de la infección; y (ix)luego de la emisión de la
noticia, el medio de comunicación abrió un espacio para que el accionante diera
su versión de los hechos, pero este se negó a hacerlo.
Las
anteriores consideraciones muestran un ejercicio diligente de los deberes que
como medio de comunicación tenía Teleantioquia, así como el cumplimiento de las
cargas que como periodista tenía el señor Juan Alcaraz.
6.4.2.2.
En la emisión de la noticia se
actuó sin un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos, pues la
presentación de la nota no busca decir que el doctor Correa Posada habría sido
quien operó a las pacientes, o que causó las infecciones, sino que había una
situación preocupante frente a la prevalencia de efectos adversos de las
cirugías plásticas en el departamento de Antioquia, y que existían dos casos
frente a los cuales, decían sus pacientes, debía responder. Estas dos últimas
circunstancias se presentan como razonables en la elaboración de la nota, y la
presentación de la información no pretende disfrazar hechos falsos como
ciertos. Por el contrario, se realiza una exposición de las circunstancias que
permiten inferir que las infecciones producto de las cirugías estéticas pueden
provenir de múltiples causas (elemento aportado esencialmente por la
intervención del experto doctor Héctor Mario Restrepo), que los beneficios
estéticos de la cirugía muchas veces no justifican el riesgo en que se incurre
y que como muestra de ello se presentaba el caso de dos ciudadanas que se
consideraron afectadas, quienes centraron su exposición en los efectos adversos
derivados de las intervenciones quirúrgicas, y sugirieron la existencia de una
responsabilidad derivado de ello en cabeza del accionante.
Todas estas circunstancias, junto con la eventual
responsabilidad del accionante frente a la situación de las pacientes, atienden
a un criterio de verosimilitud, sin que se aprecie una intención de parte del
medio de hacer creer al público que alguna circunstancia falsa fuese cierta.
6.4.2.3. En el presente caso se obró sin la
intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor y al buen
nombre del accionante. Esto es así porque, a pesar de que se hizo expresa
referencia en la nota al accionante (i) no se afectó su honra puesto que no se
hicieron imputaciones que impactaran su valor intrínseco como persona; (ii) no
se afectó su buen nombre, pues como bien se indicó, este derecho se afecta
solamente con la emisión de informaciones falsas. En el presente asunto se
aprecia cómo puede hablarse de veracidad de la información en cuanto a la
existencia de una eventual responsabilidad in genere del accionante
frente a la situación que padecen ambas pacientes entrevistadas, más aún cuando
del material aportado por el accionante no se comprueba que, en efecto, el
doctor Correa Posada carezca por completo de responsabilidad en el asunto. Por
ejemplo, está por esclarecerse su participación en la segunda de las
intervenciones quirúrgicas por las que atravesó la Paciente 2, si en efecto el contrato
fue suscrito por él con las pacientes o si lo hizo a través de la persona
jurídica que representaba, o cómo, si en efecto intervino en la contratación de
los profesionales encargados de las intervenciones en el marco de su “grupo
quirúrgico” y de las respectivas salas de cirugía, le cabría alguna
responsabilidad.
Estas circunstancias, que no han de ser esclarecidas
en el escenario de esta acción de tutela, si permiten inferir que las
afirmaciones de las pacientes, transmitidas por el medio de comunicación, no
pueden reputarse de falsas, y por ello, carecen de la potencialidad de afectar
el buen nombre del accionante. (iii) adicional a esto, y teniendo en cuenta de
que el buen nombre deriva de la reputación construida por el individuo en su
relacionamiento social, es importante notar que quien se presenta como la
cabeza de un “grupo quirúrgico”, agente de cirujanos plásticos, o como
responsable directo de la realización de cirugías estéticas ante el público
puede, así mismo, ser señalado como responsable de consecuencias, civiles,
penales, o de otra índole, por ciudadanos que razonablemente dan crédito a la
fama que él mismo se endilga.
La posibilidad de que el accionante hubiese proyectado
esa imagen pública abre el espacio para que el medio de comunicación, en un
ejercicio razonable y adecuado de su derecho a informar, hubiese dado crédito a
las afirmaciones de las pacientes, sin que ello implicara un atentado para el
buen nombre del doctor Correa Posada, y (iii) no existe evidencia alguna de que
el medio de comunicación hubiera tenido la intención directa y maliciosa
de perjudicarlo afectando su prestigio.
A pesar de
esta conclusión, no quiere esta Sala dejar de insistir en la responsabilidad
que le asiste al medio de comunicación y al periodista, en atención al deber de
responsabilidad social que le es impuesto por la Constitución, de salvaguardar
en su labor al mayor grado posible los derechos de aquellos sujetos sobre los
que se informa. El manejo adecuado de la información, el uso cuidadoso del
lenguaje y la obtención responsable de un contexto noticioso lo más completo
posible son y seguirán siendo una carga ineludible para el ejercicio periodístico
y se exhorta  a los aquí accionados que, a pesar de que el derecho al buen
nombre del accionante no se encuentra vulnerado, evalúe y fortalezca sus
mecanismos de autorregulación y autocontrol para cumplir de la mejor manera los
deberes que les corresponden al desarrollar la libertad de información.
6.4.3. En cuanto al requisito de imparcialidad, el contenido
analizado cumple con la exigencia de tener equilibrio informativo. Así,
siguiendo la definición de imparcialidad reiterada anteriormente (ver supra
II. 4.4.2.), el ejercicio periodístico en el caso concreto (i) no acogió de
plano la versión de la Paciente 2, pues se contrastó y verificó (ver supra
II. 6.4.2.1.), (ii) buscó brindar la otra cara de la información mediante la
participación del accionante, a lo que él se negó reiteradamente, situación que
no puede ser endilgada al medio de comunicación, e incluso (iii) se abrió el
espacio a la participación de expertos que ayudaron en la contextualización de
la nota periodística, ampliando las aristas de la información; (iv) igualmente,
por la concisa presentación de la nota por parte del periodista Juan Alcaraz, no
se aprecia que se hubiera pretendido hacer pasar la opinión del informador como
hecho cierto, de manera que no se le impidió al público la posibilidad de tomar
una posición ecuánime frente al caso.
Algunas consideraciones de la demanda de tutela sobre la “música de fondo deprimente e imágenes de tristeza, que terminan
por dejar un ambiente hostil, y una mala imagen”
no son suficientes para indicar una presentación sesgada, ni para desvirtuar el
cumplimiento del requisito de imparcialidad de la información.
6.4.4. En consecuencia, la Sala verifica que en el presente caso el
ejercicio informativo cumplió los requisitos constitucionales de veracidad e
imparcialidad y que, contrario a lo afirmado por el accionante, la emisión a
cargo de Teleantioquia no implicó la afectación de sus derechos fundamentales.
Al respecto se destaca cómo el accionante en el presente caso no logró mostrar
ni la falsedad de la información, ni una presentación parcializada de la misma
que permitiera inferir un ejercicio abusivo por parte del medio de
comunicación.
6.5. Como consecuencia del anterior análisis, ha de concluirse que el
accionante no consiguió desvirtuar la presunción de validez del ejercicio
informativo desempeñado por Teleantioquia, pues no se demostró por el afectado,
“la intención dañina o la negligencia al presentar
hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos”[78] que en efecto vulneraran o amenazaran sus derechos al buen nombre o
a la honra.
6.6. Finalmente, es conveniente reiterar a los medios de
comunicación que siempre en el ejercicio de su función social, deben ajustarse
a los requisitos constitucionales y legales que aparejan una gran
responsabilidad en el ejercicio de una amplia y saludable libertad. Así, “debe tenerse presente que los medios
de comunicación tienen inmenso poder en las sociedades actuales y por ello
mismo el ordenamiento constitucional les exige obrar con alto grado de
responsabilidad […que…] se traduce en el cumplimiento de ciertos requisitos
como son la veracidad e imparcialidad con que se presenten los hechos
noticiosos así como el cuidado que deben tener los medios en distinguir entre
hechos y opiniones”[79]. El cuidado y la
atención sobre estos requisitos y la realización de la responsabilidad social
que les asigna la Constitución deben ser tenidos en cuenta como fundamentales
en los mecanismos de autorregulación y autocontrol que el medio de comunicación
ponga en práctica, destacando esta Sala que los mismos deben propender en la
mayor medida por la salvaguarda y la garantía de los derechos fundamentales de
aquellas personas sobre quienes se informa.
7. Conclusión.
Ante la falta de
evidencia de la falsedad de la información divulgada por Teleantioquia y la verificación
del cumplimiento de los requisitos de veracidad de imparcialidad en la
elaboración del informe especial denominado “El Precio de la Vanidad”,
esta Sala confirmará el fallo del ad quem, teniendo en cuenta las
consideraciones precedentes.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia
del 23 de abril de 2015 proferida por adoptada por la Sala Tercera de Decisión
de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, que a su vez
confirmó
la sentencia denegatoria de la tutela promovida por Daniel
Andrés Correa Posada contra la Sociedad de Televisión de Antioquia
Limitada, Teleantioquia, del 3 de marzo de 2015, proferida por
el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Medellín, por las
consideraciones expuestas en la presente sentencia.
Segundo.- Por
Secretaría General, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
La presente decisión se toma en consideración a que en los hechos del caso se
hacen referencias directas a asuntos sensibles desde el punto de vista del
derecho a la intimidad, de personas que no son parte en el trámite de la
presente acción de tutela. Se considera la Sala que el no hacer referencia
directa es el mecanismo idóneo para salvaguardad sus derechos fundamentales,
como en efecto se hará.
Frente a
este mecanismo de protección del derecho a la intimidad de personas
involucradas en procesos de revisión de tutela pueden consultarse las
siguientes sentencias: T-836-2014, T-027/2013, T-851A/2012, T-618/2000,
T-715/1999, SU-337/1999,  SU-480/1997, SU-256/1996, entre otras.
[2]
Cuaderno Principal, fl.1-44. La acción de tutela fue interpuesta el 18 de
febrero de 2015.
[3]
Cuaderno Principal, fls. 66-96.
[4] Las
XXXXXX, que
encuentra en la transcripción anterior, corresponden al nombre de la segunda
paciente que pidió se protegiera su identidad.
[5]
Cuaderno Principal, fl. 50-64.
[6]
La estructura básica de la noticia se elaboró tomando como referencia el script
aportado por el medio de comunicación (Cuaderno Principal, fl. 88) y la
reproducción digital de la noticia aportada en un CD por la parte accionante
junto con la demanda de tutela (medio digital adjunto al Cuaderno Principal).
[7]
Cuaderno Principal, fls. 105-110.
[8]
Cuaderno Principal, fls. 113-123.
[9]
Segundo Cuaderno, fls.6-18.
[10] Poder obrante a folio 44 del Cuaderno Principal, otorgado a la
abogada Lina María Ochoa Figueroa.
[11] Cfr. Sentencias T-066/1998, T-219/2009, T-260/2010, entre otras.
[12] Sentencia T-074/1995.
[13] Ibíd. Ver también sentencias T-219/2009, T-260/2010, T-546/2010,
T-040/2013 y T-256/2013.
[14] Al respecto ha dicho la jurisprudencia que “el derecho a que se
rectifiquen las informaciones falsas, erróneas o inexactas cuya difusión haya
lesionado la honra o el buen nombre de una persona, es una garantía de rango
constitucional establecida para asegurar la veracidad de la información y para
restablecer o atenuar la lesión a los derechos que puedan ser vulnerados por su
inobservancia” (Sentencia T-1198 de 2004)
[15] “Por
la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para
su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión
Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión ,
se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran
entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de
telecomunicaciones”
[16] Sentencia T-546/2010.
[17] Ver Corte Constitucional. Sentencias C-255 de 1997 y T-622 de 1995,
entre otras.
[18] Sentencia T-1198/2004. Igualmente, sentencias T- 611/1992 T-094/1995;
T-066/1998; T-368/1998; T-1682/2000; SU 1721/2000; T-213/2004; T-1198/2004;
T-755/2005; T-588/2006; T-626/2007; T-681/2007; T-219/2009 y T-546/2010.
[19] Para la realización de la rectificación, el medio de
comunicación “dispondrá de un término improrrogable de siete (7) días
hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud para hacer las
rectificaciones a que hubiere lugar”
[20] Cuaderno Principal, fl. 77 (subrayas fuera del texto original).
[21] Ibíd.
[22] Sentencia T-1198/2004. Igualmente, sentencias T- 611/1992 T-094/1995;
T-066/1998; T-368/1998; T-1682/2000; SU 1721/2000; T-213/2004; T-1198/2004;
T-755/2005; T-588/2006; T-626/2007; T-681/2007; T-219/2009 y T-546/2010.
[23] Constitución Política, Art. 20, “Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. || Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza
el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
(Subrayas fuera del texto original). Cfr. Sentencia T-391/2007.
[24] Sentencia T-391/2007.
[25] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-488
de 1993. En aquella ocasión la Corte indicó que el objeto de esta libertad
fundamental es la información veraz e imparcial: “El sujeto de este derecho es universal: toda persona -sin ninguna
distinción- y el objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial,
como lo consagra el artículo 20 de la Carta Política”.
[26] Sentencia C-488/1993.
[27] Se dijo en la sentencia T-260 de 2010 que “Esa responsabilidad social de los medios de comunicación se
manifiesta de diversas maneras. Así respecto de la transmisión de informaciones
sobre hechos, los medios están particularmente sujetos a cumplir requisitos de:
(i) veracidad e imparcialidad; (ii) distinción entre informaciones y opiniones,
y (iii) garantía del derecho de rectificación”.
[28] Al respecto cabe destacar que el accionante no sostiene que hubiere
ocurrido confusión entre opiniones e información, así como tampoco argumenta el
incumplimiento por parte del medio de comunicación del deber de rectificar,
pues incluso prescindió del agotamiento del tiempo con el que contaba el medio
de comunicación para analizar la situación planteada en las solicitudes elevadas
a él en tal sentido (ver supra II. 2.6.).
[29] Sentencia T-298/2009.
[30] Ibíd.
[31] Sentencia T-040 de 2013.
[32] Sentencia T-914/2014.
[33] Sentencias T-914/2014, T-135/2014, T-094/993, T-219/2009 y
T-260/2010.
[34] Sentencia T-260/2010.
[35] Sentencia T-260/2010.
[36] Ver, entre muchas otras sentencias,
T-259 de 1994, SU-1720 de 2000, T-298 de 2009, T-439 de 2009 y T-040 de 2013.
[37] Sentencia T-914/2014. Cfr. Sentencias T-135/2014, T-315/2015.
[38] Corte Constitucional. Sentencias T-080 de 1993 y T-219 de 2009.
[39] Corte Constitucional. Sentencias T-066 de 1998 y T-219 de 2009.
[40] Sentencia T-914/2014, citando la sentencia T-626/2007.
[41] Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-696/1996
señaló: “El derecho a la información implica el derecho de informar, el de
recibir información y el de garantizar, por parte de quienes informan, la
circulación de una información cierta, objetiva y oportuna, que contribuya a la
formación de una opinión pública libre. En esto se concreta la responsabilidad
social a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, la cual indudablemente
se dirige a que el comportamiento de los medios de comunicación, garantice el
ejercicio pleno de los derechos fundamentales tanto de los receptores de la
información, como de los sujetos de la misma. Se trata de que exista una
convivencia plena entre los derechos de informar, de recibir información y de
respeto a la intimidad, la honra, el buen nombre y la dignidad de la persona
sobre quien se informa”.
[42] Sentencia C-592/2012.
[43] Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007.
[44] Sentencia T-260/2010.
[45] Sentencia T-080/1993.
[46] Sentencia T-1198/2004.
[47] Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 1995.
[48] Sentencia T-260/2010.
[49] Cfr. Sentencia T-260/2010. En esta providencia se hicieron algunas
consideraciones relevantes sobre el asunto en el apartado II. 2.6.
[50] Este derecho también es reconocido en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos -"Pacto de San José de Costa Rica" aprobado en la
Ley 74 de 1968, en su artículo 14.
[51] Cfr. Sentencia. T-074/1995.
[52] Corte Constitucional. Sentencia T-274 de
1993. Allí dijo la Corte que “la rectificación, en rigor, implica el
reconocimiento público del error”. Ver, además, la sentencia T-332 del 12 de
1994.
[53] Sobre la rectificación en condiciones de
equidad se pueden consultar las sentencias T-332 de1993; T-603 de 1992; T-274
de 1993; T- 332 de 1993; T-479 de 1993; T-595 de 1993; T-259 de 1994; T-381 de
1994; T-074 de 1995; T-472 de 1996; T-066 de 1998; T- 1198 de 2004; T-626 de
2007; T-787 de 2004.
[54] Corte Constitucional. Sentencia T-684 de 2004. “La
rectificación en sí, no contiene formulas sacramentales, pues la forma como
ésta debe realizarse depende de cada caso concreto. Con todo, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que ésta debe hacerse con igual despliegue e
importancia y por el mismo conducto utilizado inicialmente”.
[55] Sentencia T-260/2010. Al respecto también referirse a la sentencia
T-626/2007.
[56] Sentencia T-411/1995.
[57] Cfr. Sentencia C-442/2011.
[58] Constitución Política, Art. 15 “Todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
[…]” (subrayas fuera del texto original).
[59] Corte Constitucional. Sentencia T-1319 de
2001.
[60] Sentencia C-489/2002.
[61] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fontevecchia y
D´Amico vs Argentina. Sentencia del 29 de noviembre de 2001.
[62] Sentencia C-442/2011.
[63] Ibíd.
[64] Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de
1995.
[65] Sentencia T-260/2010.
[66] Sentencia T-411 de 1995 reiterada en la Sentencia C-442 de 2011.
[67] Sentencia T-411 de 1995.
[68] Sentencia T-914/2014.
[69] Sentencia C-442/2011.
[70] Ibíd.
[71] Ver Corte Constitucional. Sentencias T-1319 de 2001 y C-489 de
2002, entre otras.
[72] Sentencia T-260/2010. Al respecto también se pueden consultar las
sentencias C-442/2011 y C-635/2014.
[73] La definición de responsable, de acuerdo con el Diccionario Usual
de la Lengua Española, consultado a través de la página ww.rae.es, ilustra
sobre las siguientes definiciones del término:
“responsable.||
(Del lat. responsum, supino de respondĕre, responder). || 1. adj. Obligado
a responder de algo o por alguien. U. t. c. s. || 2. adj. Dicho de una persona:
Que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. || 3. com. Persona que
tiene a su cargo la dirección y vigilancia del trabajo en fábricas,
establecimientos, oficinas, inmuebles, etc.”
[74] Subrayas fuera del texto original.
[75] Subrayas fuera del texto original.
[76] Subrayas fuera del texto original.
[77] Sentencia T-260/2010.
[78] Sentencia T-080/1993.
[79] Sentencia T-260/2010.