T-388-15
Sentencia T-520/11
Sentencia
T-388/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración
Este Tribunal
ha indicado que el defecto procedimental absoluto se puede configurar porque el
funcionario judicial: (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia;
(ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando
el derecho de defensa y contradicción de una de las partes o (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo
proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o
su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión
de fondo y la violación a los derechos fundamentales.
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA EN PROCESO PENAL-Alcance y límites
DERECHO A LA IMPUGNACION Y GARANTIA DE LA DOBLE INSTANCIA-Distinción
FISCAL DELEGADO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Funciones asignadas por la Constitución y las desarrolla en su
nombre y por delegación
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Hace
efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia
DOBLE INSTANCIA-Puede operar como
principio, garantía o derecho
Resulta suficientemente claro que la doble instancia puede operar
como principio, garantía o derecho. No queda ninguna duda de su condición de
derecho, pues, cuando el ordenamiento jurídico le confiere a una persona la
potestad o prerrogativa de hacer uso de un recurso contra una providencia
judicial, ante el superior jerárquico que la profirió; este sujeto está en la
posibilidad de hacer efectivo dicho poder. Tampoco puede desconocerse que la
doble instancia puede salvaguardar bienes más caros al ordenamiento como el
debido proceso, el acceso a la administración de justicia o la credibilidad y
confianza de la administración de justicia, con lo cual, se pone de manifiesto
su papel de garantía. Finalmente, su calidad de principio que orienta la
lectura las disposiciones procesales y, en particular las disposiciones de
orden sancionatorio, ha sido consolidada por la doctrina y la jurisprudencia.
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-No es
absoluto
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Excepciones
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Generalidades
Su estatus jurídico varía según la perspectiva desde la que se le
contemple y, según la finalidad para la que se le establezca. En esa medida,
puede cumplir el papel de principio, garantía o derecho; ii. Las diversas
situaciones que se pueden predicar de ella en el ordenamiento jurídico, no son
incompatibles. Son en caso concreto, la finalidad para la que haya sido
establecida y, la función que desempeñe, las que permiten definir su estatus y
determinan el tratamiento a brindarle por parte del operador jurídico; iii. En
su condición de derecho no tiene carácter absoluto, salvo en el caso de la
sentencia condenatoria penal y de la sentencia de tutela; iv. en los procesos
de única instancia adelantados contra sujetos aforados, ha tenido lugar la
excepción a la doble instancia permitida por el constituyente en el artículo 31
de la Carta; v. Cuando funge como derecho, puede tener eventualmente la
connotación de fundamental; vi. Dado que por su condición algunas personas
están sometidas a procesos que en virtud del ordenamiento jurídico, se surten
en única instancia, lo cual ha sido reiteradamente refrendado por la
jurisprudencia de esta Corte, se puede concluir que para tales sujetos no se ha
establecido el derecho a una segunda instancia; vii. Ante la inexistencia del
derecho a una segunda instancia para quienes por su calidad de aforados, están
sujetos a procesos de única instancia, por sustracción de materia, no se puede
predicar la condición de fundamental de aquello que no existe; ix. Si bien es
cierto los aforados no cuentan con el derecho en consideración, otras garantías
propias del fuero cuentan en su favor. Entre ellas se pueden destacar la
celeridad de la averiguación, el juzgamiento por el órgano ubicado en la
cúspide de la respectiva estructura y la reducción de la posibilidad de
interferencias y presiones indebidas en el proceso; x. en ese contexto, el
Pleno de la Corte ha considerado que nada hay de irregular cuando en las
actuaciones de la Fiscalía, en los referidos procesos de única instancia,
cuenta el afectado únicamente con el recurso de reposición.
ACCESO A LA DOBLE INSTANCIA-Garantía,
contenida en el art. 27 de la ley Estatutaria de Administración de Justicia
DEBIDO PROCESO EN JUICIO PENAL DE UNICA INSTANCIA PARA ALTOS
DIGNATARIOS-Garantía
DELEGACION-Elementos
Esta
Corporación se ha referido a los elementos constitutivos de la delegación,
enunciándolos del siguiente modo: i) la transferencia de funciones de un órgano
a otro; ii) la transferencia de funciones, se realiza por el órgano titular  de
la función; iii) la necesidad  de la existencia previa  de autorización legal;
iv) el órgano que confiere la Delegación puede siempre y en cualquier momento
reasumir la competencia.
POTESTAD DEL DELEGADO EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
i) El régimen
de competencias es expresión del principio de legalidad; ii) el desconocimiento
de las competencias comporta la quiebra del principio de legalidad; iii) la
delegación como forma de traslación de competencias está sujeta al principio de
legalidad; iv) el funcionario delegado puede ejercer dos tipos de competencia,
de una parte, aquel del cual es titular y, de otra, aquel que le ha sido
delegado. En esa medida, sus actos están regulados por dos regímenes
establecidos en normas distinguibles; v) ignorar tal diferencia  y pretender
actuar en calidad de delegado, valiéndose del régimen  del cual es titular o,
actuar en condición de titular valiéndose del régimen del delegado, quebranta
el principio de legalidad y, deja al ciudadano en una situación de
incertidumbre a merced del capricho del servidor público.
DEBIDO PROCESO EN JUICIO PENAL DE UNICA INSTANCIA PARA ALTOS
DIGNATARIOS-No vulneración por cuanto el régimen
jurídico a aplicar por el Delegado del Fiscal General, es el de la única
instancia y, en esa medida no cabe los recursos propios de la doble instancia
Referencia: Expediente T-3.657.161
Accionante:
Bernardo Moreno Villegas
Demandado:
Fiscalía General de la Nación
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio
Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del
fallo de tutela, proferido el 5 de septiembre de 2012, por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia que negó el amparo impetrado en la acción
de tutela promovida por Bernardo
Moreno Villegas, mediante apoderado, contra la Fiscalía General de la Nación.
I.-
ANTECEDENTES
El ciudadano Bernardo Moreno Villegas, a través de apoderado,
presentó acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación, con el
objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a la
doble instancia, los cuales, según afirma, son vulnerados por aquella entidad,
en cuanto dispuso no conceder el recurso de apelación formulado contra la
decisión que calificó el mérito de la investigación que se le sigue por el
delito de cohecho por dar u ofrecer, proferida por el Fiscal Sexto Delegado
ante la Corte Suprema de Justicia.
1.-  Reseña fáctica de la demanda
Bernardo Moreno Villegas presentó, el 25 de julio de 2012, acción de
tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación, en búsqueda de la
protección efectiva de su derecho al debido proceso, particularmente, por el
derecho a tener doble instancia penal, de conformidad con los siguientes
hechos:
·
La Fiscalía General de la Nación inició
investigación penal en su contra como presunto responsable del delito de Cohecho
por Dar u Ofrecer, en su calidad de director del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República.
·
En ejercicio de las atribuciones conferidas por
el Acto Legislativo 06 de 2011[1],
la Fiscal General de la Nación delegó su investigación a la Fiscalía Sexta
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
·
El 6 de marzo de 2012, la citada autoridad
delegada profirió resolución de acusación frente a otros sindicados, pero, en el
caso del señor Moreno Villegas, considerando que su conducta no se adecuaba a
los supuestos típicos del punible mencionado, declaró la nulidad parcial
de lo actuado al estimar que la conducta podría enmarcarse en el tipo penal de tráfico
de influencias, delito que no fue imputado en el curso de la diligencia de
su indagatoria, siendo procedente reiniciar la instrucción y, ampliar la
indagatoria respecto del investigado.
·
El 16 de marzo de 2012, el apoderado del
afectado, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, por
considerar que la normatividad aplicable a su defendido era la contenida en la
Ley 906 de 2004 y, no como lo consideró el Fiscal, para quien lo aplicable era lo
dispuesto en la Ley 600 de 2000. Igualmente cuestionó la nulidad oficiosamente
declarada, pues, en su lugar, se imponía la resolución de preclusión de la
investigación.
·
El recurso fue resuelto mediante resolución del 2
de mayo de 2012, en la cual, el Fiscal Sexto Delegado, confirmó, en todas sus
partes, la resolución impugnada y, negó la concesión del recurso de apelación, por
considerarlo improcedente, dado que en materia de delegación los actos del
delegatario están sometidos al mismo régimen del delegante conforme con lo
dispuesto en el inciso 1 del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 y, si la
providencia hubiese sido proferida por el Fiscal General de la Nación, al
tratarse de una actuación de única instancia, solo tendría lugar el recurso de
reposición.
·
El actor presentó el recurso de queja contra esa
decisión, el cual fue resuelto negativamente el 14 de mayo de 2012 por el
Fiscal General de la Nación, quien reiteró los argumentos del Fiscal Sexto
Delegado respecto del asunto.
2.- Solicitud
de tutela
El señor
Bernardo Moreno Villegas, mediante apoderado, pretende que le sea protegido su
derecho fundamental al debido proceso y,  se le ampare la garantía a la doble
instancia, para que como consecuencia de ello, (i) se dejen sin efectos
las decisiones del 2 y del 14 de mayo de 2012, proferidas por la Fiscalía Sexta
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación y,
respectivamente; y (ii) se ordene a la autoridad accionada que conceda
el recurso de apelación interpuesto y sustentado oportunamente contra la
resolución del 6 de marzo de 2012 (radicado 11897-6).
Previa
exposición de los antecedentes, sustentó su petición en que se han configurado las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, consistentes en la violación directa de la
Constitución y el defecto procedimental absoluto, por desconocerse
la garantía de la doble instancia en las actuaciones jurisdiccionales adelantadas
por la Fiscalía General de la Nación. Estima que acorde con el artículo 31 de
la Carta, “(…) toda providencia judicial en materia penal podrá ser apelada
(…)”, salvo las excepciones legales. Cita en su favor algunos apartes de lo
que considera la doctrina nacional más respetada.
Manifestó que el
Fiscal General de la Nación “ignoró flagrantemente una disposición que hace
parte del bloque de constitucionalidad; a saber: el artículo 27 de la Ley 270
de 1996 - Ley Estatutaria de Justicia (…)”, precepto que garantiza la doble
instancia contra las providencias interlocutorias proferidas por el Fiscal
Delegado. Recordó que este mandato hace parte del bloque de constitucionalidad
según la sentencia C-740 de 2003, norma que (…) amplió el alcance del
derecho a la doble instancia previsto en el artículo 29 Superior. En
consecuencia, afirmó que toda resolución interlocutoria adoptada por un fiscal
delegado puede ser objeto del recurso de apelación.
Igualmente, argumentó
que se configuró el defecto procedimental absoluto, pues, la violación
antes descrita acarreó el desconocimiento de las disposiciones procesales
llamadas a regular la investigación contra su representado, más concretamente
lo contenido en la Ley 600 de 2000, la cual además dispone que (…) las
sentencias y providencias interlocutorias podrán ser apeladas, salvo las
excepciones que consagre la ley (…).
Adicionalmente, explica
que no concurren estas circunstancias, toda vez que se echa de menos la
norma de rango legal o constitucional que limite la garantía de doble instancia
durante la etapa de investigación de los aforados a los que hace referencia el
artículo 235 Constitucional, conforme a la modificación introducida por el acto
legislativo 06 de 2011; es decir, no existe disposición que establezca que
la investigación de aforados debe adelantarse en única instancia, para los
casos en que el ejercicio de la acción penal ha sido delegado por el Fiscal
General de la Nación a un funcionario de inferior jerarquía. Advierte que
cuando es el Fiscal General quien decide, resulta imposible la alzada, pero, en
el caso de Fiscales Delegados, resulta factible la impugnación ante el Despacho
del Fiscal General de la Nación.
3.-  Documentos relevantes cuyas
copias obran en el expediente (Cuaderno 1)
Las pruebas
relevantes aportadas al trámite de tutela, todas de origen documental, son las
que a continuación se relacionan y, cuyos contenidos fueron reseñados
sucintamente en los antecedentes de esta providencia.
·     Resolución del 6 de marzo de 2012, proferida por la Fiscalía Sexta
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (folios 16 al 154).
·     Sustentación del recurso de reposición y, en subsidio de apelación,
interpuestos el 16 de marzo de 2012 (folios 156 al 173).
·     Resolución del 2 de mayo de 2012, proferida por la Fiscalía Sexta
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (folios 175 al 252).
·     Sustentación del recurso de queja, interpuesto el 8 de mayo de 2012
(folios 254 al 264).
·     Resolución del 14 de mayo de 2012, proferida por la Fiscalía General
de la Nación (folios 266 al 269).
4.- Respuesta
de las entidades accionadas
Mediante auto del 27 de agosto de 2012, la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y
corrió traslado a las autoridades accionadas para que se pronunciaran acerca de
los supuestos de hecho que motivaron la solicitud de amparo.
4.1. Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Mediante oficio
del 29 de agosto de 2012[2],
el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que en
el caso concreto, no procedía el recurso de apelación incoado por el defensor
del doctor Bernardo Moreno Villegas contra la resolución de marzo 6 de 2012,
por tratarse de un proceso de única instancia contra un aforado constitucional,
susceptible únicamente del recurso de reposición contra las decisiones que allí
se adopten ya sea por el Fiscal General o por el Fiscal ante la Corte Suprema
de Justicia en ejercicio de la delegación a él conferida.
Aportó como prueba documental: Resoluciones del 6 de marzo y del 2 de mayo de 2012, proferidas por
la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y Resolución del
14 de mayo de 2012, proferida por la Fiscalía General de la Nación (en
226 folios, cuaderno aparte).
4.2. Fiscalía General de la Nación
La autoridad accionada guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II.  DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
Mediante
sentencia del 5 de septiembre de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó
el amparo solicitado por considerar que el proceso penal no ha concluido y se
encuentra en etapa de instrucción, que el mecanismo de tutela no fue creado
para revisar de forma paralela o anticipada las decisiones judiciales y, por
ende, se deben agotar los instrumentos de defensa establecidos. Al respecto, el cuerpo colegiado explicó:
(…) la presente tutela resulta prematura, pues, como quedó visto,
está en curso el proceso penal cuestionado, donde no se ha dictado sentencia,
momento propicio para estudiar las irregularidades nacidas en la actuación
punitiva, como sería la variación de la calificación jurídica de la conducta o
la viabilidad de la alzada frente a la nulidad decretada por el ente acusador (a folio 302 del cuaderno 1).
El fallo no fue impugnado y, tras renunciar a términos al apoderado
solicitó la remisión de las diligencias para la eventual revisión.
III.- ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
1. Pruebas
allegadas
Esta Sala de Revisión concluyó que era necesario recaudar algunas
pruebas, con el fin de esclarecer los supuestos de hecho que originaron la
acción de tutela de la referencia y allegar al proceso elementos de juicio
relevantes para adoptar la decisión que corresponde.
En consecuencia,
mediante auto del 14 de marzo de 2013, ordenó suspender el término para
fallar el proceso de la referencia, mientras se surtía el trámite
correspondiente, y solicitó las siguientes pruebas:
PRIMERO.- A través de la
Secretaría General de esta Corporación, OFICIAR a la Fiscalía General de
la Nación, para que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la
comunicación de este Auto, le informe a la Sala Cuarta de Revisión, lo
siguiente:
·
Relación de las actuaciones y estado actual
de la investigación, con Radicado #UI 11897-6
(035), contra Bernardo Moreno Villegas, a cargo del Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de
Justicia.
·
Estado actual de otras investigaciones en
curso contra Bernardo Moreno Villegas, si las
hubiere.
Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación
que soporte su respuesta al presente requerimiento.
El 2 de abril de 2013, la Secretaría General de esta
corporación informó al despacho del magistrado ponente que recibió los
siguientes escritos:
·
Oficio No. 16000-043-01-2302 del 22 de marzo de
2013, firmado por el Fiscal Sexto Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
(envío por fax, a folios 11 al 18  y, su original, obra a folios 23 y 28 del
cuaderno principal) en el que informó sobre las actuaciones adelantadas contra
Bernardo Moreno Villegas, en el radicado 11897-6, actualmente proceso número
13403, y allegó copia de las mismas (constan en 929 folios, en siete (7)
cuadernos de pruebas ) que sucintamente se reseñan así:
-
23 de febrero de 2005: auto inhibitorio
proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra Yidis
Medina Padilla.
-
10 de abril de 2008: la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia revoca el auto inhibitorio y reanuda la investigación en
contra de Yidis Medina Padilla.
-
29 abril 2008: Director Nacional de Fiscalías
remite al Jefe de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia información sobre los hechos denunciados por Yidis Medina Padilla.
-
8 de mayo de 2008: la Corte Suprema de Justicia,
al resolver la situación jurídica de Yidis Medina Padilla, ordenó remitir copia
de lo actuado dentro del proceso contra la exparlamentaria para que se
investigara la comisión de posibles conductas delictivas.
-
9 de mayo de 2008: el Fiscal General de la
Nación se declaró impedido para avocar conocimiento de la diligencias,
impedimento aceptado por la Corte Suprema de Justicia, asignándosele el
conocimiento al Vicefiscal General de la Nación, respecto de Sabas Pretelt De
la Vega, únicamente.
-
1º de julio de 2008: advirtiendo lo anterior, el
Fiscal General de la Nación reiteró su impedimento para avocar conocimiento de
las diligencias, respecto de Diego Palacio Betancourt, Alberto Velásquez
Echeverri y Bernardo Moreno Villegas.
-
23 de junio de 2008: Vicefiscal General de la
Nación profirió resolución de apertura de instrucción y se ordena escuchar en
indagatoria a Sabas Pretelt De la Vega (practicada junio 24 de 2008 y ampliada
octubre 16 de 2008).
-
19 de agosto de 2008: Vicefiscal General de la
Nación profirió resolución de apertura de instrucción respecto de Diego Palacio
Betancourt, Alberto Velásquez Echeverri y Bernardo Moreno Villegas.
-
3 de septiembre de 2008: Diego Palacio
Betancourt es escuchado en diligencia de indagatoria, ampliada el 8 de
septiembre de 2008.
-
11 de septiembre de 2008: Alberto Velásquez
Echeverri y Bernardo Moreno Villegas son escuchados en diligencia de
indagatoria.
-
18 de junio de 2009: se dispuso el cierre
parcial de investigación respecto de Sabas Pretelt De la Vega. Ministerio
Público interpuso recurso de reposición, posteriormente, desistió de su
trámite.
-
8 de noviembre de 2010: se dispuso el cierre de
instrucción respecto de Diego Palacio Betancourt, Alberto Velásquez Echeverri y
Bernardo Moreno Villegas. Resolución impugnada y confirmada el 7 de enero de
2011.
-
23 de agosto de 2011: la Fiscal General de la
Nación, por falta de competencia del funcionario que la emitió, declaró la
nulidad de lo actuado a partir, inclusive, de la resolución del 8 de noviembre
de 2010, por la cual se dispuso el cierre de instrucción respecto de Diego
Palacio Betancourt, Alberto Velásquez Echeverri y Bernardo Moreno Villegas.
-
31 de agosto de 2011: Encontrándose en firme la
anterior resolución, Bernardo Moreno Villegas solicitó la nulidad de las
resoluciones del 23 de septiembre y 8 de noviembre de 2010, por las cuales el
Vicefiscal General de la Nación negó la práctica de unas pruebas y decidió no
reponer dicha determinación, en atención a la falta de competencia del
funcionario judicial quien las adoptó.
-
12 de septiembre de 2011: Fiscal General de la
Nación niega la solicitud de nulidad y decreta el cierre de investigación
respecto de Bernardo Moreno Villegas. Decisión impugnada y confirmada el 23 de
noviembre de 2011.
-
Resolución 0203 del 7 de febrero de 2012: Fiscal
General de la Nación delegó en el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema
de Justicia las funciones de investigación y acusación del proceso 11897, entre
otros.
-
6 de marzo de 2012: Fiscal Sexto Delegado ante
la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad parcial de lo actuado a partir,
inclusive, de la resolución del 12 de septiembre de 2011, por la cual se
decretó el cierre de investigación respecto de Bernardo Moreno Villegas.
Dispuso la ruptura de la unidad procesal y compulsa copias para continuar la
actuación en lo relacionado con Bernardo Moreno Villegas.
-
2 de mayo de 2012: el Fiscal Sexto Delegado ante
la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso de reposición interpuesto,
confirmó la decisión  y no concedió el recurso de apelación, interpuesto por
Diego Palacio Betancourt y Bernardo Moreno Villegas.
-
10 de mayo de 2012, el Fiscal Sexto Delegado
ante la Corte Suprema de Justicia, niega por improcedente el recurso de
reposición interpuesto por Alberto Velásquez Echeverri contra la resolución del
2 de mayo de 2012.
-
14 de mayo de 2012: El Fiscal General de la
Nación, resuelve el recurso de queja interpuesto por Bernardo Moreno Villegas y
decide no conceder la apelación interpuesta.
-
22 de junio de 2012: el Fiscal General de la
Nación (e) delegó en el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia
las funciones de investigación y acusación del proceso 13403, entre otros,
correspondiente a la investigación contra Bernardo Moreno Villegas.
-
25 junio de 2012: el Fiscal Sexto Delegado ante
la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de las diligencias y ordenó
ampliar la diligencia de indagatoria de Bernardo Moreno Villegas, la cual se
realizó el 31 de agosto de 2012, por el delito de tráfico de influencias.
-
26 de febrero de 2013: el Fiscal General de la
Nación reasignó a la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
las funciones de investigación y acusación del proceso 13403, entre otros,
correspondiente a la investigación contra Bernardo Moreno Villegas.
Asimismo, el
fiscal delegado manifiesta que al momento del envío de esta documentación, el
expediente se encontraba en proceso de entrega de la Fiscalía Sexta a la
Fiscalía Octava.
·
Oficio No. 16000-043-01-2491 del 21 de marzo de
2013, suscrito por la secretaria administrativa de la Fiscalía General de la
Nación (a folios 19 y 20 del cuaderno principal) en el que informó el resultado
de la consulta realizada en los sistemas misionales SIJUF y SPOA, en los
siguientes términos:
1.
Radicado 11897, sindicado SABAS PRETEL DE
LA VEGA y otros, el cual se encuentra inactivo por haber quedado ejecutoriada
la resolución de acusación el 24 de mayo de 2012 y remitido a la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia con Oficio 4706 de mayo 29 de 2012.
2.
Radicado 13403, sindicado BERNARDO MORENO
VILLEGAS que se originó de la ruptura procesal del radicado 11897, actualmente
al despacho de la Fiscalía 8 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
3.
C 110016000102200900122 de la Fiscalía 2
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, actualmente en juicio en la sala
penal de la Corte Suprema de Justicia.
A folios 82 y 83 del Cuaderno de Pruebas, obra copia de la
resolución 0203 de febrero 7 de 2012, por medio de la cual, en virtud de lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 251 de la Constitución, modificado por
el artículo 3 del acto legislativo 6 de 2011, la Fiscal General de la Nación
delega en el Fiscal 6º de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema
de Justicia, la investigación y acusación de los hechos materia de varias
diligencias, entre ellas, las radicadas con el número 11897, relacionadas con
el asunto de esta actuación de tutela. Igualmente, en cuaderno separado (que
consta de 226 folios) reposa copia de otras actuaciones ya descritas en estos
antecedentes.
Adicionalmente, mediante auto del 18 de
junio de 2015, solicitó lo siguiente:
PRIMERO.- A través de la
Secretaría General de esta Corporación, OFICIAR a la Fiscalía General de
la Nación, para que, en el término de dos (2) días contados a partir de la
comunicación de este auto, le informe a la Sala Cuarta de Revisión sobre el
estado actual de la investigación identificada con el número 13403, contra
Bernardo Moreno Villegas.
Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación
que soporte su respuesta al presente requerimiento.
El 25 de junio de 2015, la Secretaría General de esta
corporación informó al despacho del magistrado ponente que recibió el Oficio
No. 4445 del 23 de junio de 2015, firmado por la Fiscal Octava Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia, en el que informó lo siguiente:
1. La investigación radicada bajo el número 13403, seguida en
contra del ciudadano BERNARDO MORENO VILLEGAS, se tramita bajo el
sistema procesal de la Ley 600 de 2000, a cargo de la Fiscalía Octava Delegada
ante la Corte Suprema de Justicia.
2. El proceso en mención se encuentra en etapa de instrucción e
ingresó al Despacho para calificar el mérito del sumario el 16 de marzo de
2015. Actualmente se encuentra para dicho trámite.
Asimismo, remitió copia de las actuaciones registradas en el sistema
de información SIJUF de la Fiscalía General de la Nación, así como del informe
secretarial del paso al despacho para calificar.
2. Escritos
adicionales del apoderado
El 19 de febrero de 2014, la Secretaría General de esta
Corporación informó al Despacho del magistrado ponente que recibió memorial del
apoderado de Bernardo Moreno Villegas, en el cual expuso los que a su juicio
son los elementos más relevantes, del amparo solicitado. En síntesis, dijo el
memorialista:
·
Antes de la expedición del acto legislativo 06
de 2011, quienes ostentaban la calidad de aforados constitucionales, solo
podían ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del
Fiscal General de la Nación, únicamente, por ende, era inviable la apelación.
·
Al ser investigados los aforados
constitucionales por un funcionario de la mayor jerarquía posible, es decir, la
máxima autoridad, se garantiza su derecho al debido proceso penal (fundamento
constitucional).
·
En consecuencia, cuando el Fiscal General delega
la investigación de un aforado constitucional, (…) desaparecen las razones
por la cuales anteriormente no le era dado a los aforados constitucionales
apelar las providencias interlocutorias (…); por dos razones: (i)
existencia de un funcionario de superior jerarquía (Fiscal General) y (ii)
desaparece el fundamento constitucional que permitía establecer la excepción de
doble instancia, pues el aforado ya no está siendo investigado por el funcionario
de mayor jerarquía.
·
En el caso concreto, pese a que la investigación
del actor estaba siendo surtida por la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia (por delegación de la Fiscalía General de la Nación), el
recurso de apelación fue inadmitido y desestimado, vulnerado así su derecho
fundamental al debido proceso penal (garantía de doble instancia penal). Para
el apoderado de Moreno Villegas, no existe norma que establezca que los
procesos de los aforados son de única instancia y, con ello se está generando
una excepción discriminatoria.
El 12 de mayo
de 2015, se allegó otro memorial del apoderado en el cual insiste en que el
problema jurídico se contrae a definir el alcance de la garantía de la doble
instancia para los aforados constitucionales, pues, no hay norma que establezca
que ese tipo de procesos son de única instancia. Insiste en sus argumentos
destacando la importancia de la doble instancia en materia penal y el vigor del
artículo 27 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, dada la
adscripción de esta última al bloque de constitucionalidad.
IV.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1.- Competencia
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala, para
revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por el auto
del 24 de octubre de 2012, proferido por la Sala de Selección Nº 10.
2.- Problema jurídico
Corresponde en esta ocasión, a la Sala Cuarta de Revisión,
establecer si razón le asiste a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando
mediante sentencia del 5 de septiembre de 2012, negó
el amparo contra la resolución de mayo 14 de 2012, proferida
por el Fiscal General de la Nación. Decisión esta última, a través de la cual
se denegó la concesión del recurso de apelación interpuesto por el apoderado
del señor Bernardo Moreno Villegas contra la resolución de marzo 6 de 2012, solicitud
que había sido resuelta desfavorablemente por el Fiscal Sexto Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia por resolución de mayo 2 de 2012; vulnerándose con
ello, en el sentir del solicitante, el derecho fundamental al debido proceso del
sindicado al no concederle el derecho a acceder a la segunda instancia,
establecido en el artículo 31 de la Constitución Política, implicando de
contera la inaplicación de lo dispuesto en la Ley 600 de 2000 e, incurriendo la
decisión cuestionada, tanto en un defecto procedimental absoluto, como en una
violación directa de la Constitución.
Con miras a resolver el problema jurídico, la Sala de Revisión recordará
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, verificará su cumplimiento en el caso concreto.
Seguidamente se aludirá a los requisitos especiales cuyo cumplimiento obliga al
amparo deprecado. Para verificar si estos últimos tienen lugar, la Sala, (i)
considerará el estatus jurídico de la segunda instancia y algunas de sus
limitaciones (ii) la regulación del acceso a la segunda instancia en el
artículo 27 de la ley estatutaria de la administración de justicia y, (iii) se
referirá, de manera sucinta, a la potestad del delegado; para finalmente
dilucidar el problema jurídico en el caso concreto.
3.- Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela es un mecanismo de defensa, al que puede acudir cualquier persona
para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados. En
esta oportunidad, el señor Bernardo Moreno Villegas actuó en defensa de sus
derechos, a través de apoderado, razón por la que se encuentra legitimado. La Fiscalía
General de la Nación se encuentra legitimada como parte pasiva en el presente
proceso de tutela, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto
2591 de 1991, debido a que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales
cuyo amparo se solicita.
Con todo, la
jurisprudencia de esta Corte ha establecido el carácter excepcional y
restrictivo de la procedencia de la acción de tutela contra decisiones con
carácter judicial, naturaleza atribuible a la aquí cuestionada en la medida en
que orgánicamente la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama
Judicial (Art. 249 -inc.3º- constitucional) pues, con ello se
comprometen los principios constitucionales de los que se desprenden, el
respeto por la cosa juzgada, la preservación de la seguridad jurídica, la
garantía de la independencia y autonomía judicial, y el sometimiento de los
conflictos a las competencias ordinarias de estos[3].
El fundamento
del amparo contra providencias judiciales se encuentra en (i)
el carácter normativo y supremo de la Carta Política, que vincula a todos los
poderes públicos -C.P. art. 4°-; (ii) en el reconocimiento de la
efectividad y primacía de los derechos fundamentales -C.P. arts. 2° 5º y 85-; (iii)
en la existencia de la Corte Constitucional, a cual se le confía la guarda de
la integridad y supremacía del Texto Superior, y en el marco de tales funciones,
la de interpretar el alcance de sus normas y proteger los derechos fundamentales
-C.P. art. 241-; y (iv) en la posibilidad reconocida a toda persona para
promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública, en defensa
de sus derechos fundamentales -CP art. 86-[4].
En armonía con dicho sustentos, el ejercicio de la acción, solo será
procedente de manera residual, esto es, cuando no existan otros medios de
defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[5]. Así pues, el
uso del mecanismo en estudio, no puede admitirse, bajo
ningún motivo, como un medio judicial alternativo, adicional o complementario
de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues,
con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos
aún, desconocer las vías fijadas en esos procedimientos para discutir las
decisiones que se adopten[6].
Es por ello
que ya en una decantada jurisprudencia construida desde la sentencia C- 543 de
1992, se han sentado las premisas que permiten examinar en cada caso concreto[7]
la viabilidad del amparo frente a providencias, criterios que han de
tener en cuenta los operadores jurídicos cuando se acuda a ellos en busca de
protección frente a decisiones judiciales que en el sentir del respectivo
afectado, resulten lesivas de sus derechos fundamentales. Así pues,
resultado de una labor de sistematización sobre la materia, en las sentencias SU-813 de 2007[8]
y SU-811 de 2009[9],
la Sala Plena de la Corte Constitucional, siguiendo los parámetros consignados
en la sentencia C-590 de 2005[10],
distinguió entre requisitos generales y causales específicas de procedibilidad.
En cuanto a los primeros, también denominados requisitos formales,
debe decirse que son aquellos presupuestos cuyo cumplimiento habilita al juez
de tutela para evaluar, en el caso concreto, si se ha presentado alguna causa
específica de procedibilidad del amparo constitucional contra una decisión
judicial. Se trata de condiciones, sin las cuales, no sería posible abordar el examen
de la decisión cuestionada. Ellas son:
(i)
Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional a la luz de la protección de los
derechos fundamentales de las partes. Exigencia que
busca evitar que la acción de tutela se torne en instrumento apto para
involucrarse en asuntos propios de la órbita de otras jurisdicciones.
(ii)
Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial existentes para dirimir la
controversia, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
(iii)
Que la acción de tutela sea
interpuesta en un término razonable contado desde
el momento en que se produjo la vulneración o, amenaza del derecho fundamental,
cumpliendo con el requisito de la inmediatez. Lo cual, contribuye a la guarda de
los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
(iv)
Que si se trata de una irregularidad
procesal, esta tenga un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que con ella se conculquen los derechos fundamentales del actor.
(v)
Que la parte actora haya advertido
tal vulneración de sus derechos fundamentales en el trámite del proceso
ordinario, siempre y cuando esto hubiere sido
posible.
(vi)
Que no se trate de sentencias
proferidas en el trámite de una acción de tutela. Con
lo cual se evita que las controversias relativas a la protección de los
derechos fundamentales se prolonguen indefinidamente.
En el asunto en estudio, se advierte que se cumplen los citados
requisitos generales de procedibilidad así:
a) La
Relevancia constitucional del asunto bajo examen
Para la Sala de
Revisión, el ataque dirigido contra el pronunciamiento de la Fiscalía General
de la Nación que denegó el recurso de apelación contra la resolución del 6 de
marzo de 2012, implica la denegación de un derecho constitucional que  prime
facie tiene la connotación de derecho fundamental. Adicionalmente, la
presunta afectación de un derecho con tal estatus, comporta una posible
transgresión tanto del carácter normativo de la Carta (artículo 4), como de la
exigencia de realización efectiva de los derechos (artículo 2) y de la primacía
de los derechos inalienables (artículo 5). Por ende, está plenamente acreditada
la relevancia constitucional del asunto objeto de revisión.
b) El
agotamiento de los mecanismos ordinarios al alcance del actor
Por lo que atañe
a las vías procesales con las que cuenta el afectado para lograr la concesión
de un recurso que le permita acceder a la segunda instancia, para que se revise
por el Superior Jerárquico del Fiscal Sexto Delegado, lo resuelto en la
providencia de marzo 6 de 2012 y, se modifique lo decidido en la resolución de
mayo 2 de la misma anualidad, encuentra la Sala de Revisión que a través de su
apoderado, se solicitó tramitar al recurso de apelación, pedimento que no tuvo
éxito frente al citado Fiscal Delegado. En esa situación, se acudió en recurso
de queja ante el Despacho del Fiscal General de la Nación, resultando
igualmente infructuosa la gestión.
Así pues, se
observa que el afectado agotó las posibilidades existentes para lograr el
otorgamiento de una instancia superior al Fiscal Sexto Delegado, con miras a
inspeccionar nuevamente los pedimentos elevados ante el citado funcionario
investigador. En respuesta a sus requerimientos, se le manifestó que dada su
condición de aforado y, por tratarse de un proceso de única instancia, no tenía
cabida la pretendida apelación.
En esa medida,
valora esta Sala, se cumple la exigencia de agotamiento de los mecanismos
ordinarios, encaminados a proteger lo que el sindicado estima como su derecho
fundamental a obtener en el caso concreto, un medio de impugnación ante una
segunda instancia.
c) El
requisito de inmediatez
Por  lo que
concierne a la inmediatez, se advierte que la demanda de tutela fue presentada
el 24 de julio de 2012, para cuestionar una decisión que fue proferida el 14 de
mayo de 2012. Teniendo en cuenta que debieron surtirse las notificaciones, pues
sin tales actos la decisión cuestionada no habría surtido efectos, observa la Sala
que los dos meses y 10 diez días transcurridos desde la expedición de la
providencia y el requerimiento de protección, resultan razonables, con lo cual,
entiende la Sala se cumple el requisito en estimación .
d) El efecto de
la irregularidad procesal en la decisión impugnada
En cuanto al
efecto que la posible falencia procesal denunciada, pudiera tener en el
proveído atacado, entiende la Sala de Revisión que la imposibilidad de acceder
a una segunda instancia, tiene como consecuencia la firmeza del acto
cuestionado, lo que impide al afectado buscar la modificación de aquello que
halló como inaceptable o desfavorable, en la resolución del Fiscal Sexto
Delegado ante la Corte Suprema de Justicia. En suma, se trata de la
imposibilidad de contar con la oportunidad de discutir la decisión tomada.
e) La
identificación razonable de los hechos y derechos presuntamente vulnerados, y
su alegación  en el proceso judicial
Para la Sala,
esta exigencia se encuentra plenamente atendida dado que tal como se describió
en los antecedentes y, en el apartado que reseña la demanda de tutela, está
suficientemente claro que la resolución emanada del Despacho del Fiscal General
de la Nación, por medio de la cual se negó la apelación de la decisión proferida
por el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia el 6 de marzo de
2012, en el sentir del afectado, resulta violatoria de su derecho al debido
proceso y más específicamente del acceso a una segunda instancia.
f) No se
trata  de una tutela contra tutela
Tal como se
colige de todo lo dicho, no se trata de un requerimiento de protección contra
un pronunciamiento de tutela, sino de una solicitud de amparo frente a una
decisión proferida por el Fiscal General de la Nación.
Superado en el
caso concreto, el examen de cumplimiento de los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se impone
revisar lo concerniente a los requisitos especiales de procedibilidad de la
acción contra decisiones judiciales.
4.- Requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
Por lo que tiene que ver con los requisitos especiales de
procedibilidad del amparo contra decisiones judiciales, esta Sala rememorando
la jurisprudencia sobre el tema, in extenso los ha citado, así[11]:
a. En un defecto orgánico. El
cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…).
b. En un defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado completamente al margen del
procedimiento establecido, es decir, cuando este se aparta abiertamente y sin
justificación válida, de la normatividad procesal que era aplicable al caso
concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que al ignorar completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez
termina dictando una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera
derechos fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que
para configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a
los siguientes requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto,
que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la
deficiencia no resulte atribuible al afectado.
Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado que se configura un defecto
procedimental, en los siguientes casos: (i) cuando se deja de notificar una
decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la
oportunidad de controvertir dicha decisión.(…) (ii) cuando existe una dilación injustificada,
tanto en la adopción de decisiones como en el cumplimiento de las mismas por
parte del juez; cuando la autoridad judicial pretermite la recepción y el
debate de unas pruebas cuya práctica previamente había sido ordenada; y (iii)
cuando  resulta evidente que una decisión condenatoria en materia penal,
se produjo como consecuencia de una clara deficiencia en la defensa técnica,
siempre que sea imputable al Estado.
c. En un defecto fáctico. Este
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces,
siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a
deficiencias probatorias del proceso.(…). En ese contexto, La Corte ha explicado
que las deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una
omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas
conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii)
o por vía de una acción positiva, como puede ser la errada interpretación de
las pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de
pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto,
presentándose, en el primer caso, un defecto por interpretación errónea, y en
el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba.
(…)
d. En un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial adoptada por el juez,
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al
sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al caso concreto.
Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando una decisión
judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente equivocada, que la
excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella pasa a ser
una simple manifestación de arbitrariedad,  (…). Al respecto, ha explicado la
Corte que tal situación de arbitrariedad se presenta cuando se aplica: (i) una
norma inexistente; (ii) o que ha sido derogada o declarada inexequible; (iii) o
que estando vigente, resulta inconstitucional frente al caso concreto y el
funcionario se haya abstenido de aplicar la excepción de inconstitucionalidad;
(iv) o que estando vigente y siendo constitucional, la misma es incompatible
con la materia objeto de definición judicial.
f. En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal ha sido víctima
de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a la adopción de
una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos eventos, la
providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización
participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia -autoridades
o particulares-, y cuyo manejo irregular induce en error al funcionario
judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de alguna de las
partes o de terceros.
g. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el
entendido que, precisamente, en tal motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional (…).
h. En desconocimiento del
precedente judicial. Se presenta en aquellos casos en los cuales la
autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se aparta del precedente
jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación jurídica que justifique tal cambio de
jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se presenta
igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley, fijado por
la Corte Constitucional con efectos erga omnes.
i. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión
judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados amparados por la Carta Política.
Acorde con lo indicado, para que proceda la acción de tutela contra
providencias judiciales, resulta imprescindible: (i) no solo que se
cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii) sino, también,
que la decisión cuestionada por vía de tutela haya incurrido en uno o varios de
los defectos o vicios específicos y, finalmente, (iii) que el defecto
sea de tal magnitud que implique una lesión o afectación a derechos
fundamentales.
5.- Causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en el caso
concreto
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala Cuarta de Revisión
determinar si se ha configurado alguna de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, previamente
la Sala Cuarta de Revisión caracterizará brevemente y, de acuerdo con las
acusaciones elevadas por el apoderado del peticionario, el defecto procedimental
absoluto y la violación directa de la Constitución.
5.1. El defecto
procedimental absoluto
El soporte
normativo de la noción de defecto procedimental absoluto se encuentra en los
artículos 29 y 228 de la Carta, los cuales se refieren a los derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del
derecho sustancial sobre las actuaciones formales. En el desarrollo
jurisprudencial sobre el asunto, esta Corporación ha reconocido dos modalidades
de este defecto: (i) absoluto, que se da cuando el funcionario judicial
se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido y (ii) por exceso
ritual manifiesto, que tiene lugar
cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en
los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales[12].
Esta
Corporación ha señalado que se incurre en un defecto procedimental, cuando el
funcionario judicial encargado de adoptar la decisión, no actúa ciñéndose a los
postulados procesales aplicables al caso y, a contrario sensu, desconoce
de manera evidente los supuestos legales, lo cual finalmente deriva en una
decisión manifiestamente arbitraria que, de contera, vulnera derechos
fundamentales[13].
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado:
(…) [E]l defecto procedimental, se
presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo. Pero
para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada
acción de tutela será necesario, adicionalmente (…) entre otros que, como
consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los
derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en
la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la
decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes
derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las
decisiones judiciales del caso.[14]
De igual manera,
este Tribunal ha indicado que el defecto procedimental absoluto se puede
configurar porque el funcionario judicial: (i) sigue un trámite totalmente
ajeno al asunto sometido a su competencia[15]; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes[16]
o (iii) pasa por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y
contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar
los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales[17].
Con todo, para
que sea procedente la acción de tutela contra providencias judiciales por
defecto procedimental, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
deberán concurrir los siguientes elementos:
(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por
ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de
tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales[18]; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico[19]; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales (Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de
2005 y T-737 de 2007)[20].
Es importante
precisar que esta causal de procedibilidad del amparo contra providencias
judiciales, en el caso sub judice, presenta una estrecha relación con el
defecto por la violación directa a la Constitución, el cual se pasará a
caracterizar a continuación.
5.2. La violación directa de la Constitución
El considerar la Constitución como norma
de normas y, el mandato de aplicarla en todo caso de incompatibilidad entre sus
disposiciones y las de la ley, u otra norma jurídica[21]; impulsaron la
tesis jurisprudencial que consideró la vulneración directa de la Carta Política
como una causal de procedencia de la acción de tutela contra sentencias
distinta de la que se enmarca en las condiciones del defecto sustantivo[22].
En otras palabras, dicho defecto se produce cuando se deja de aplicar una
disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria
a la Constitución;[23] o cuando el juez se abstiene de
aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución, siempre que se solicite su declaración
por alguna de las partes en el proceso.[24]
En atención a esas consideraciones, la
Corte ha entendido que dicho defecto se estructura cuando una providencia
judicial desconoce determinados postulados de la Carta Política, omitiéndolos
por completo, contradiciéndolos, o dándoles un alcance insuficiente[25].
De manera más específica la jurisprudencia ha entendido que se desconoce la
Constitución porque (…) (i)
deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto[26];
o porque (ii) aplica la ley al margen  de los dictados de la Constitución (…).[27]
En la misma providencia se recordaba:
En el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela
contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución: (a)
cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de
un derecho fundamental de aplicación inmediata,[28] y  (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con
la Constitución[29].
En el segundo caso, la jurisprudencia ha sostenido que el juez debe
tener en cuenta en sus fallos, que de conformidad con el artículo 4 de la C.P.,
la Constitución es norma de normas, y que en todo caso en que encuentre,
deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la
Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales, mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.[30]
Las providencias que incurren en este tipo
de defecto no solo vulneran el derecho al debido proceso de las partes
involucradas en el trámite, sino que también desconocen la supremacía de la
Constitución Política en el ordenamiento jurídico (art. 4º CP), por cuanto se
apartan de sus mandatos con base en argumentos infraconstitucionales[31].
En
efecto, debido al actual modelo de ordenamiento constitucional, que  reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, resulta factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados[32].
Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Revisión procederá al
análisis del caso concreto, previa consideración de algunos supuestos ya
anunciados y necesarios para tal cometido.
6.- El estatus jurídico de la doble instancia y algunas de sus
limitaciones como derecho
La doble instancia ha tenido un diverso tratamiento tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia y, en particular, en la de esta Corporación.
Se ha dicho que se trata, bien de un principio, bien de una garantía o, bien de
un derecho. Sin duda, esta diferente condición comporta implicaciones y más, en
tratándose de su eventual protección por la vía del amparo. De tal modo que la
protección a través del mecanismo de tutela exige que se trate de un derecho
fundamental o, que su desconocimiento comporte la amenaza o violación de un
derecho de tal calidad.
Resulta claro que la doble instancia está contemplada en el
ordenamiento jurídico, con lo cual, no se puede desconocer que dada tal
situación, reviste carácter vinculante para los destinatarios de las normas del
respectivo ordenamiento y, cuenta con la posibilidad de lograr su
materialización por vía de la coacción.
En el caso colombiano, no solo aparece consagrada en el ordenamiento
jurídico, sino que alcanza el rango de precepto constitucional, tanto es así
que el constituyente la instituyó, en el artículo 31 de la Carta, en los
siguientes términos:
Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley
El Superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado
sea apelante único.
El artículo 29 constitucional también incluye entre las garantías
propias del debido proceso la de impugnar la sentencia condenatoria.
También ha sido estipulada por vía legal, tanto por decisión del
legislador estatutario, como por voluntad del legislador ordinario. El primero
de ellos dispuso en el artículo 27 de la ley 270 de 1996
ARTICULO 27. DOBLE INSTANCIA. Se garantiza la doble instancia en las
actuaciones jurisdiccionales que adelante la Fiscalía General de la Nación. En
tal virtud, contra las providencias interlocutorias que profiera el fiscal
delegado que dirija la investigación proceden los recursos de apelación y de
hecho.
Cuando esté pendiente el
trámite y resolución de un recurso de reposición o de apelación, el Fiscal
General de la Nación no podrá asumir directamente la investigación mientras se
resuelva el recurso, sin perjuicio de que pueda designar otro fiscal de primera
instancia que continúe la investigación.
A su vez, el legislador
ordinario estableció en el artículo 20 de la Ley 906 de 2004:
Artículo 20. Doble instancia. Las sentencias y los
autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica
de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones
previstas en este código, serán susceptibles del recurso de apelación.[33]
Entendida como principio cabría apuntar que la doble instancia tiene
la virtud de irradiar el ordenamiento jurídico, de tal modo que la lectura de
los preceptos que hacen parte del mismo, no debe desconocer el peso que esta
tiene en el entendimiento y aplicación del derecho. Esta Corporación se ha
referido en ocasiones a la doble instancia como principio, así por ejemplo, en
la sentencia C-345 de 1993, la Corte declaró inexequibles unas disposiciones
del procedimiento contencioso que definían las instancias, a partir de los
ingresos salariales propios del cargo del servidor público que demandase. En
esa oportunidad la Corte acudiendo al principio de igualdad expuso:
(…) el verdadero sentido de la doble instancia no se puede reducir a
la mera existencia -desde el  plano de lo formal/institucional- de una
jerarquización vertical de revisión, ni a una simple gradación jerarquizada de
instancias que permitan impugnar, recurrir o controvertir y, en últimas,
obtener la revisión de la decisión judicial que se reputa injusta o equivocada,
ni a una concepción de la doble instancia como un fín en sí mismo. No. Su
verdadera razón de ser es la existencia de una justicia acertada, recta y
justa, en condiciones de igualdad. Ella es pues un medio para garantizar los
fines superiores del Estado, de que trata el artículo 2° de la Carta,
particularmente en este caso la eficacia de los derechos.
Así concebida, la doble instancia es apenas un mecanismo
instrumental de irrigación de justicia y de incremento de la probabilidad de acierto
en la función estatal de dispensar justicia al dirimir los conflictos (dada por
la correlación entre verdad real y decisión judicial). Su implementación solo
se impone en aquellos casos en que tal propósito no se logre con otros
instrumentos.  Cuando ello ocurra, bien puede erigir el Legislador dichos
eventos  en excepciones a su existencia. (Negrilla
fuera de texto)
Igual tratamiento de principio se le dio a la doble instancia, entre
otras en las sentencias C-017 y C-102 de 1996, en las cuales, el pleno de la
Corte, al revisar disposiciones legales que establecían procesos disciplinarios
de única instancia, en el seno de la Procuraduría General de la Nación,
continuando por la senda trazada en el aparte jurisprudencial transcrito;
decidió declarar la inexequibilidad de aquellos enunciados legales observando
lo siguiente:
(…) Las restricciones de la doble instancia consagrada por las
normas impugnadas son entonces irrazonables y, por ende, son discriminatorias y
violan el principio de igualdad. Ellas serán entonces declaradas inexequibles
en la parte resolutiva de esta sentencia. Como es obvio, el efecto de esa
declaratoria de inconstitucionalidad es que las sanciones disciplinarias
impuestas por estos procuradores delegados, que hasta este momento eran de
única instancia, podrán ser apeladas ante el Procurador General de la Nación
pero, por elementales razones de seguridad jurídica, el efecto de esta
sentencia será únicamente hacia el futuro. Por ende se extenderá únicamente a
las sanciones disciplinarias que impongan estos procuradores delegados a partir
de la notificación del presente fallo (…)
En las providencias en cita, la Corte manifestó que la segunda
instancia para los disciplinados que quedaban cobijados con la declaratoria de inexequibilidad
referida, se debía surtir ante el Despacho del Procurador General de la Nación.
Como se pude apreciar, lo que se hizo en esa ocasión fue extender el vigor del
mandato constitucional a un conjunto de situaciones de las cuales estaba
irrazonablemente excluido.
En otras ocasiones y por expreso mandato constitucional el principio
de la doble instancia ha cedido frente a otros preceptos de rango
constitucional, tal aconteció en la sentencia C- 411 de 1997, cuando al ser
cuestionada la expresión única instancia, contenida en las competencias
de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la
Corte Constitucional, se decantó por la exequibilidad del enunciado legal
respectivo y dijo:
(…) Al efectuar el análisis de constitucionalidad solicitado, esta
Corte ha de reiterar que el principio de la doble instancia, con todo y ser uno
de los principales dentro del conjunto de garantías que estructuran el debido
proceso, no tiene un carácter absoluto, como resulta del precepto
constitucional que lo consagra (artículo 31 C.P.), a cuyo tenor "toda
sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley" (subraya la Corte).(…)
La estimación de la doble instancia como principio también encuentra
expresiones doctrinales, así por ejemplo, Hernando Devis Echandía lo menciona
como principio de las dos instancias y lo deduce de los
principios de impugnación y contradicción, en virtud de los cuales, (…) la
doctrina y la legislación universales han establecido la organización
jerárquica en la administración de justicia, con el fin de que todo proceso,
como regla general, sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía si los
interesados lo requieren oportunamente (…)[34]
El entendimiento de la doble instancia como garantía también ha
encontrado eco en esta Corporación, así por ejemplo, en la sentencia C-792 de
2014, al analizarse el derecho a la impugnación, la mayoría de la Sala, trazó
la siguiente diferencia respecto de la segunda instancia:
(…)en cuanto al status jurídico, mientras la impugnación es
un derecho subjetivo de rango y jerarquía constitucional en cabeza de las
personas condenadas en un juicio penal, la doble instancia constituye una
garantía que hace parte del debido proceso, y que puede ser alegada por
cualquiera de los sujetos procesales; esta diferenciación tiene una
repercusión importante, puesto que la Corte ha entendido que la doble
instancia, por tener la condición de un principio general, puede ser exceptuado
por vía legislativa; y como la impugnación no solo es un principio sino un
derecho que hace parte integral del debido proceso, las excepciones al mismo se
encuentran limitadas(…)
El entendimiento de la segunda instancia como garantía parece
asimilarse a una suerte de mecanismo de protección de otros derechos, suele ser
una compresión usual, la cual, se evidencia cuando se desestiman los reclamos a
acceder a una segunda instancia por considerar que no se están quebrantando otros
derechos como el debido proceso o, el acceso a la administración de justicia.
Una muestra de este entendimiento se observa en la sentencia  C-863 de 2008, en
la cual se juzgaba la constitucionalidad de un enunciado legal que atribuye a
los jueces civiles municipales en única instancia, el conocimiento de un tipo
de controversias en materia de derechos de autor; en esa oportunidad justificando
la exequibilidad, dijo la Sala:
(…) si bien la doble instancia es requisito indispensable del debido
proceso tanto en materia penal (artículo 29
C.P.) como en la esfera de la tutela (Artículo 86 de la C.P.), fuera de esos
ámbitos “la doble instancia no pertenece al núcleo esencial del debido proceso”[35]/[36]
ni la supresión de la segunda instancia es de suyo una negación del derecho de
acceso a la justicia[37].
De ahí que la Constitución le confiere al legislador un amplio margen de
configuración para establecer excepciones a la doble instancia, siempre que se
respeten los derechos fundamentales (…)
Sin pretender homologar la segunda instancia de sentencias
condenatorias con los autos proferidos en el curso de dichos procesos cabe
sostener que otra posible comprensión de la doble instancia como garantía hace
relación a una de las funciones que se le atribuyen a los derechos
fundamentales, cual es, la de entenderlos como garantías institucionales. En
este último sentido, la segunda instancia fungiría como una garantía
constitucional de otro elemento arquitectural indispensable del ordenamiento
constitucional[38],
cual es el debido proceso, en tratándose del acceso a la administración de
justicia.
Si bien la tajante distinción entre el derecho a la impugnación y la
doble instancia, intentada en el obiter dicta[39]  de la
sentencia C-792 de 2014, citado párrafos atrás, podría ser revisada más
minuciosamente, en esta ocasión, la Sala de Revisión se contrae a poner de
presente que se trata de otra lectura de la doble instancia, la cual, será
retomada en algún sentido, posteriormente. Por lo pronto, cabe anotar que tal
apreciación entendería algunas disposiciones contenidas en instrumentos
internacionales como fundamento del derecho a la impugnación y no de la
garantía de la doble instancia. Entre dichos preceptos se destacan el numeral 5
del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
cual a tenor literal reza:
(…) 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a
que el fallo condenatorio y la pena que se le hayan impuesto sean sometidos a
un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. (…)
Del mismo modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
al consagrar las garantías judiciales en el artículo 8, se dispuso en el
literal h) del numeral 2 lo siguiente:
(…) toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el
proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (…)
Igualmente, el párrafo v del literal b), del numeral 2 del
artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, preceptúa:
(…)  1. Los Estados Partes reconocen el
derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a
quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado
de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que
fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la
importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una
función constructiva en la sociedad.
2. Con ese fin, y habida cuenta
de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los
Estados Partes, garantizarán, en particular:
(…)
b) Que todo niño del que se
alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber
infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
(…)
v) Si se considerare que ha
infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida
impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano
judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; (…)
Con todo, no podría la Sala de Revisión olvidar la connotación que
como derecho también se le ha atribuido a la segunda instancia. En dicha
perspectiva, puede ubicarse lo considerado en la sentencia C- 254A de 2012, en
la cual el Pleno de la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad del
artículo 1 Ley 144 de 1994, que le asigna en única instancia la competencia en
materia de pérdida de investidura al Consejo de Estado. En la referida
providencia, la Corte se decantó por la exequibilidad del precepto, fundándose,
en una conclusión obtenida de la línea jurisprudencial sobre el tema y cuyo
tenor fue el siguiente:
(…) puede concluirse que la jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la doble
instancia no es absoluto, pues existen eventos en los cuales puede
restringirse por el legislador, siempre y cuando se respeten una serie de
criterios especiales como la razonabilidad y la proporcionalidad frente a las
consecuencias impuestas a través de la providencia que no puede ser objeto del
recurso de apelación.(…)
(negrillas fuera de texto).
Importante en esta consideración resulta la calificación de dicho
derecho y, en ese aspecto, resulta relevante definir si ostenta la calidad de
fundamental. Para la jurisprudencia dicha estimación también ha tenido lugar. Como
evidencia de ello, se tiene la sentencia C- 956 de 1999, uno de cuyos temas a
examinar, por su singular transcendencia para el objeto de esta tutela, se
transcribe:
(…) el accionante formula el cargo de inconstitucionalidad con
sustento en la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, por cuanto
estima que la falta de precisión legal acerca de quién deberá conocer de la
apelación de la providencia inhibitoria que dicten los fiscales delegados ante
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha permitido que esos
funcionarios, por carecer de superior jerárquico, sólo admitan el recurso de
reposición ante el fiscal ponente que profirió dicha resolución, desconociendo
la voluntad misma del legislador de que exista una doble instancia para tal
providencia.(…)
Al inspeccionar la cuestión, el Pleno de la Corte Constitucional
recordaba:
(…) Como lo ha sostenido esta Corporación[40], la
doble instancia no forma parte del núcleo esencial del debido proceso; por
lo tanto, es de materia de ley fijar las excepciones en las cuales no procede
la apelación o consulta de una sentencia judicial, salvo cuando se trate de
sentencias condenatorias, respecto de las cuales la doble instancia configura
un derecho fundamental de las personas o en los fallos de tutela en los cuales,
según la propia Carta (arts. 29 y 86), es esencial que exista dicho principio[41]. (…) (Negrillas fuera de texto).
Tras lo cual, la citada providencia C- 956 de 1999 recordó que la
Corporación en la sentencia C-150 de 1993, al pronunciarse sobre las
excepciones legales a la doble instancia en relación con las providencias
interlocutorias, manifestó lo siguiente:
La Corte no encuentra que exista obstáculo alguno de carácter
constitucional, que impida al Legislador proveer sobre la materia en ciertas
hipótesis acerca de la improcedencia de recursos contra providencias distintas
a las sentencias condenatorias; en este sentido se tiene en cuenta lo dispuesto
por el citado inciso cuarto del artículo 29 de la Carta, en concordancia con el
inciso 1o. del artículo 31 de la C.N., en la parte que indica que quien sea
sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho. Igualmente se señala que el Legislador no
puede ordenar la improcedencia de los recursos contra la sentencia
condenatoria, ni establecer excepciones al respecto, salvo el caso de los
fueros especiales en materia penal radicados en la Corte Suprema de Justicia
por mandato constitucional, ya que ésta es según definición de la propia Carta,
el máximo organismo de la Jurisdicción ordinaria.
Para finalmente concluir lo que a continuación se cita in extenso
dada su relevancia para el caso sub examine:
(…) Con base en lo anterior, debe concluirse que no configura un
desconocimiento del ordenamiento constitucional, en lo que toca con los
derechos al debido proceso y defensa, que las resoluciones inhibitorias
proferidas por los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en
ejercicio de su facultad de investigar, calificar y acusar a algunos servidores
públicos con fuero legal[42], cuyo juzgamiento corresponda a esa alta Corporación en única
instancia, sean susceptibles, exclusivamente, del recurso de reposición, como igualmente, lo señalaron en sus intervenciones tanto el
Fiscal General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Viceprocurador General de la Nación.
Se insiste en que, la imposibilidad de que exista impugnación
respecto de la resolución inhibitoria dictada por esos funcionarios en procesos
de única instancia, en el entendido de que se trata de una decisión
interlocutoria, radica en el hecho de que no cuentan con un superior jerárquico
que las revise, pues “la función que cumplen
los fiscales delegados ante la Corte son las propias que le asigna la
Constitución Política al Fiscal General (art. 251), sólo que las
desarrollan en su nombre y por delegación”[43].
Así pues, ninguna duda cabe del eventual carácter de derecho
fundamental que revela la segunda instancia. Pero, en tratándose de procesos de
única instancia, no cabe predicar tal tipo de derecho y, acorde con la
jurisprudencia inmediatamente referida, nada hay de irregular cuando en las
actuaciones de la Fiscalía, en los citados procesos de única instancia, cuenta
el afectado únicamente con el recurso de reposición.
Podría adelantarse también como conclusión parcial que las diversas
posiciones que se le asignan en el ordenamiento jurídico a la doble instancia,
derivan de una distinta perspectiva, bien, tanto del constituyente, como del
legislador, como del juez. En este sentido, resulta ilustrativa la explicación
del tratadista Julio Maier, quien al aludir a los problemas que implica la
inclusión o exclusión de la doble instancia en los textos constitucionales, ha
precisado que se advierten dos puntos de vista, uno, desde la perspectiva del
justiciable, según el cual, se trata de la concesión de un recurso procesal que
ampara la persona y, así ha sido entendido por los instrumentos internacionales[44].
Encuentra la Sala de Revisión que en esta medida, la segunda instancia fungiría
bien como derecho, en cabeza del condenado o, más genéricamente del inconforme
con una decisión, o bien como una garantía del derecho de defensa y del derecho
al debido proceso.
Desde la óptica de la administración de justicia, la segunda
instancia es una posibilidad de lograr (…) una buena administración de
justicia, ya que no mira, fundamentalmente, al interés de los justiciables,
sino que se refiere a la organización del Estado, de su labor judicial, para
obtener decisiones más favorables (…)[45].
Encuentra la Sala de Revisión que esta decisión político constitucional, como
la denomina el doctrinante referido, concibe la segunda instancia, como una
garantía en pro de la administración de justicia.
En suma, la diversa apreciación de la cual ha sido objeto la segunda
instancia en el ordenamiento constitucional colombiano, encuentra asidero en la
misma Carta. Así, la inclusión  de la doble instancia en el artículo 31 para
las sentencias judiciales y, la incorporación de ese precepto en el capítulo constitucional
de los derechos fundamentales, permiten estimar que se está frente a lo que
eventualmente puede ser un derecho fundamental y, a la vez, obra como garantía
del derecho al debido proceso.
Por su parte, la estimación como garantía de un correcto
funcionamiento de la administración de justicia se soporta en elecciones de
tipo legislativo, es así como por ejemplo, el artículo 32 de la Ley 906 de
2004, al fijar las competencias de la Sala de Casación Penal establece:
Artículo 32. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
(…)
3. De los recursos de apelación contra los
autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales
superiores.
Para la Sala Cuarta de Revisión, son, en el caso concreto, la finalidad
para la que haya sido establecida y, la función que desempeñe, las que permiten
definir el estatus jurídico de la segunda instancia. Resulta suficientemente
claro que la doble instancia puede operar como principio, garantía o derecho. No
queda ninguna duda de su condición de derecho, pues, cuando el ordenamiento
jurídico le confiere a una persona la potestad o prerrogativa de hacer uso de
un recurso contra una providencia judicial, ante el superior jerárquico que la
profirió; este sujeto está en la posibilidad de hacer efectivo dicho poder.
Tampoco puede desconocerse que la doble instancia puede salvaguardar bienes más
caros al ordenamiento como el debido proceso, el acceso a la administración de
justicia o la credibilidad y confianza de la administración de justicia, con lo
cual, se pone de manifiesto su papel de garantía. Finalmente, su calidad de
principio que orienta la lectura las disposiciones procesales y, en particular
las disposiciones de orden sancionatorio, ha sido consolidada por la doctrina y
la jurisprudencia.
Cabría concluir en este punto que las diversas posiciones de la
doble instancia devienen complementarias. En favor de esta valoración, resultan
paradigmáticas las palabras del profesor Rubio Llorente cuando se refería a un
asunto similar, en relación con otro derecho en el marco de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional Español (…) La coexistencia de un derecho
individual de la libertad y una garantía institucional se produce porque el uso
de ese derecho, además de satisfacer un interés individual, sirve de
instrumento para la satisfacción de una necesidad colectiva (…)[46].
Establecida la posibilidad de comprender la doble instancia como
derecho, procede la Sala a recordar algunas de las limitaciones que bien el
constituyente o, el legislador, han establecido respecto de tal prerrogativa.
La premisa sobre la cual se edifica la presencia de restricciones a la
posibilidad de acceder a la segunda instancia, es que al igual que otros
derechos, aquel no es absoluto. No son pocos los pronunciamientos de esta
Corporación, en los cuales, se ha advertido esta situación; así por ejemplo, el
aparte transcrito de la sentencia C-411 de 1997 lo señala expresamente. De
igual modo la sentencia C-040 de 2002 sentó:
(…) la posibilidad de apelar una sentencia adversa no hace parte del
contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa en todos los
campos, pues la propia Constitución, en su artículo 31, establece que el
Legislador podrá consagrar excepciones al principio general, según el cual toda
sentencia es apelable o consultable
(…)
a pesar de la importancia que puede tener la posibilidad de apelar
una sentencia contraria, es claro que, tal y como esta Corte lo ha señalado en
numerosas ocasiones, no es obligatorio que todos los procesos judiciales sean
de doble instancia
(…)
El análisis precedente es suficiente para concluir que el principio
de la doble instancia (CP art. 31) no reviste un carácter absoluto, pues no
hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la
procedencia de la apelación puede ser determinada por el legislador de acuerdo
con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del
agravio referido a la respectiva parte[47]. En ese orden de ideas, la ley puede consagrar excepciones a la
doble instancia, salvo cuando se trata de sentencias penales condenatorias o de
fallos de tutela, los cuales siempre podrán ser impugnados, según los artículos
29 y 86 de la Carta.[48](…)
Se advierte entonces que desde la misma manifestación del
constituyente la doble instancia puede ser excepcionada por el legislador. Con
todo, esta potestad de configuración del principio mayoritario tiene límites, cuyo
fundamento, ha hallado esta Corporación en el mismo Texto Superior. Así, el
inciso 4 del artículo 29 de la Constitución, al referirse a quien haya sido
declarado judicialmente culpable, dispone que éste tiene derecho “a impugnar
la sentencia condenatoria”. Por su parte, el inciso 2 del artículo 86 de la
Carta, al regular el procedimiento de la acción de tutela, establece que el
fallo en mecanismo de amparo “podrá impugnarse ante el juez competente”.
Recientemente esta Corporación en una decisión avalada por la
mayoría, declaró inexequibles unas disposiciones que omitían la posibilidad de
impugnar todas las sentencias condenatorias, en particular cuando estas
hubiesen sido proferidas por primera vez en segunda instancia y, exhortó al
Congreso de la República, para que regulara integralmente el derecho a impugnar
todas las sentencias condenatorias y, de no hacerlo, a partir del vencimiento
del término de un año contado desde la notificación de la sentencia, se
entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante
el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena[49]. En esta
decisión, se estableció la concesión de la impugnación para decisiones en única
instancia, sin que ello implicará el diseño de una segunda instancia.
Igualmente, cuando se está frente a sujetos aforados y, cuyas
investigaciones están radicadas en cabeza de las más Altas Corporaciones de
Justicia, o del más elevado funcionario dentro de la jerarquía respectiva, la
Corte Constitucional ha entendido que no resulta posible contemplar el acceso a
una segunda instancia, dado que resulta materialmente imposible, pues, en esos
casos, es la más Alta Jerarquía la que adelanta la actuación[50] y, por encima
de ella, no hay ningún otro órgano en la respectiva estructura del poder
público. Importa si destacar que la Corte, al considerar las excepciones a la
segunda instancia ha insistido en que ellas no pueden ser discriminatorias,
esto es, que debe estar justificada constitucionalmente la consagración del
respectivo régimen procesal exceptivo.
Con todo, la Sala ha estimado que las restricciones que comporta el
fuero, entre las cuales, está la imposibilidad de  acceder a una segunda
instancia; encuentra su compensación en situaciones favorables al
correspondiente investigado. Respecto de tales aspectos positivos, inicialmente
sentó la jurisprudencia:
(…) el sindicado tiene a su favor dos ventajas: la primera, la
economía procesal;  la segunda, el escapar a la posibilidad de los errores
cometidos por los jueces o tribunales inferiores.  A las cuales  se suma la
posibilidad de ejercer la acción de revisión, una vez ejecutoriada la
sentencia. (…)[51]
Posteriormente, la Corte ha precisado esos aspectos positivos que
redundan en beneficio del aforado y, de contera implican el respeto al debido
proceso, en los siguientes términos:
(…) el juzgamiento por el órgano de
cierre de la jurisdicción penal es en sí misma una forma de garantizar de
manera integral el debido proceso en los procesos que versen sobre conductas
cometidas por altos funcionarios aforados
(…)
la garantía del debido proceso, visto de manera integral, reside
en el fuero mismo - acompañado de la configuración del procedimiento penal
establecido por el legislador - puesto que en virtud del fuero su juzgamiento
ha sido atribuido por la Constitución, o por el legislador autorizado por ella,
al órgano de cierre de la justicia penal de conformidad con las normas que
desarrollan los derechos, el cual es un órgano plural integrado por abogados
que reúnen los requisitos establecidos en la Constitución para acceder a la más
alta investidura dentro de la jurisdicción ordinaria.(…)
En sede de unificación, la Corte Constitucional ha destacado como
bondad adicional de la condición de aforado, la autonomía e independencia que
en mayor grado, se pueden predicar de los altos juzgadores de quien no cuenta
con acceso a la segunda instancia. Ha explicado la Sala Plena:
(…) esa forma de proteger el fuero constitucional del cual gozan los
altos dignatarios del Estado, incluidos los congresistas, no sólo tiene
respaldo en la jurisprudencia nacional, sino en los ordenamientos y la doctrina
foráneos. Se trata de uno de los elementos característicos de los Estados
democráticos, que busca garantizar la dignidad del cargo y de las
instituciones, al igual que la independencia y la autonomía para que los
funcionarios puedan ejercer las labores que les han sido encomendadas, sin ser
afectados por interferencias indebidas provenientes de intereses extra
jurídicos, que pudieran engendrarse o canalizarse por conducto de servidores
judiciales de menor nivel.
El fuero reconocido entre otros a los congresistas es un precepto
constitucional de ineludible acatamiento, pues además de constituir un
privilegio protector de la investidura, asegura al máximo la independencia
durante la investigación y el juzgamiento.
(…) un punto tan delicado como la responsabilidad penal de quienes
cumplen funciones que resultan relevantes al interés público, se sustrae de la
actividad legislativa, para otorgar la competencia juzgadora al órgano
situado en la cúspide del poder judicial y, por eso mismo, el más
capacitado para repeler unas eventuales presiones o injerencias y comporta una
serie de beneficios, como una mayor celeridad en la obtención de una resolución
firme, rapidez recomendable en todo tipo de procesos, pero particularmente en
los que, como presumiblemente los aquí contemplados, provocan un gran sobresalto
en la sociedad[52]. (Sentencia SU- 811 de 2009) (Negrillas
fuera de texto)
En suma, se puede colegir que si bien es cierto la condición de
aforado supone una restricción del derecho a acceder a una segunda instancia,
el sujeto cuenta en su favor con una serie de situaciones que compensan dicha
carencia. En primer lugar, son juzgados por la más Alta Corporación o
Funcionario de la respectiva entidad. En segundo lugar, dada la ausencia de la
segunda instancia, este tipo de actuaciones se desarrollan con mayor celeridad
y, por ende, el acusado tiene más posibilidades de permanecer menos tiempo en
la inevitable incertidumbre que supone un proceso. En tercer lugar, al surtirse
la averiguación por el órgano ubicado en el vértice de la estructura jerárquica
respectiva, se reduce el riesgo de presiones e interferencias indebidas de que
puede ser objeto un juzgador de menor jerarquía, pues, el respectivo órgano
supremo está en mejores condiciones de protegerse frente a tales amenazas.
Igualmente, se puede adelantar como conclusión parcial y, particularmente
significativa en esta providencia que, si bien es cierto, la segunda instancia
es eventualmente un derecho fundamental, hay circunstancias derivadas de la
posición jurídica del sujeto que no le reconocen dicho estatus. Tal es el caso
de los aforados, para quienes aún en el caso de las sentencias condenatorias,
no tiene lugar la segunda instancia, a lo sumo, el ejercicio de la impugnación
acorde con lo resuelto en la citada sentencia C- 792 de 2014.
De otra parte, el acceso a la segunda instancia, no implica per
se todos los beneficios que para el investigado, en principio, se puedan
predicar de aquella. J. Maier quien ha sido particularmente crítico con el
principio de la doble conforme, pone en evidencia que en no pocas ocasiones la
segunda instancia no está concebida únicamente en favor del derecho de defensa
del justiciable[53],
tal acontece cuando ésta se instituye como garantía del correcto funcionamiento
de la administración de justicia y, la segunda instancia puede ser activada por
otros sujetos como las víctimas o el Ministerio Público, con lo cual, puede
precisamente afectar al justiciable. En Colombia, esta situación tiene lugar
dada la posibilidad de apelar que tienen las víctimas[54], el Ministerio
Público[55]
o la Fiscalía[56].
Ciertamente, la posibilidad de recurrir en los casos inmediatamente referidos,
implica beneficios, pues, se favorecen los derechos de las víctimas y, se
contempla una medida en guarda del interés general, en defensa del ordenamiento
jurídico y, encaminada también a una correcta administración de justicia.
Podrían aducirse otras razones que pusiesen en tela de juicio el uso
de la doble conforme, así por ejemplo, el citado Maier recrea algunos reparos
formulados contra aquella, cabría pensar si es un prejuicio asumir la mayor
idoneidad de quienes configuran el Tribunal Superior que surte la segunda
instancia, igualmente, cabría observar si el juzgador de segunda instancia
conserva las mismas posibilidades de acierto o desacierto del primer fallador,
teniendo en cuenta que se halla a una mayor distancia temporal de los
elementos probatorios que estuvieron más próximos al decisor de primera[57].
En este punto pueden formularse, entre otras, las siguientes
conclusiones respecto de la segunda instancia:
a.
Su estatus jurídico varía según la
perspectiva desde la que se le contemple y, según la finalidad para la que se
le establezca. En esa medida, puede cumplir el papel de principio, garantía o
derecho.
b.
Las diversas situaciones que se pueden
predicar de ella en el ordenamiento jurídico, no son incompatibles. Son en caso
concreto, la finalidad para la que haya sido establecida y, la función que
desempeñe, las que permiten definir su estatus y determinan el tratamiento a
brindarle por parte del operador jurídico.
c.
En su condición de derecho no tiene carácter
absoluto, salvo en el caso de la sentencia condenatoria penal y de la sentencia
de tutela.
d.
En los procesos de única instancia
adelantados contra sujetos aforados, ha tenido lugar la excepción a la doble
instancia permitida por el constituyente en el artículo 31 de la Carta.
e.
Cuando funge como derecho, puede tener
eventualmente la connotación de fundamental.
f.
Dado que por su condición algunas personas
están sometidas a procesos que en virtud del ordenamiento jurídico, se surten
en única instancia, lo cual ha sido reiteradamente refrendado por la
jurisprudencia de esta Corte, se puede concluir que para tales sujetos no se ha
establecido el derecho a una segunda instancia.
g.
Ante la inexistencia del derecho a una
segunda instancia para quienes por su calidad de aforados, están sujetos a
procesos de única instancia, por sustracción de materia, no se puede predicar la
condición de fundamental de aquello que no existe.
h.
Si bien es cierto los aforados no cuentan
con el derecho en consideración, otras garantías propias del fuero cuentan en
su favor. Entre ellas se pueden destacar la celeridad de la averiguación, el juzgamiento
por el órgano ubicado en la cúspide de la respectiva estructura y la reducción
de la posibilidad de interferencias y presiones indebidas en el proceso.
i.
En ese contexto, el Pleno de la Corte ha
considerado que nada hay de irregular cuando en las actuaciones de la Fiscalía,
en los referidos procesos de única instancia, cuenta el afectado únicamente con
el recurso de reposición.
Agotado el objeto de este apartado y atendiendo el plan propuesto,
procede la Sala Cuarta de Revisión a considerar la situación de la segunda
instancia en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia.
7.- El acceso a la segunda instancia en el artículo 27 de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia
Interesa en este acápite establecer, cuál es el lugar que tiene en
la jerarquía normativa, la consagración de la segunda instancia contenida en el
artículo 27 de la Ley 270 de 1996. Igualmente, se considerará si la consagración
de la referida doble instancia en el precepto a examinar, comporta alguna
variación en la regulación de los procesos de única instancia de los aforados
por la Constitución en materia penal. El asunto reviste particular interés dado
que el apoderado del accionante, entiende que el posible desconocimiento del
derecho a acceder al referido derecho en los términos del artículo 27, implica
una violación directa de la Constitución. El examen del asunto para la
resolución del caso concreto, supone recordar algunas peculiaridades propias de
las leyes estatutarias, pues, quien depreca la protección, invoca en su favor
la inclusión del precepto mencionado en una ley estatutaria, de lo cual, colige
su adscripción al bloque de constitucionalidad y consecuentemente su estirpe
constitucional.
Por mandato del constituyente, las leyes estatutarias presentan particularidades
de orden procedimental que las han ubicado en la jerarquía normativa en un
lugar distinto del que tiene la ley ordinaria. Tales especificidades, de manera
general, hacen relación a una tipo de mayoría calificado, al control previo de
constitucionalidad obligatorio y, a la exigencia de trámite dentro de una sola
legislatura. Por lo que hace relación a su contenido, el constituyente dispuso
que esta clase de leyes, deben versar sobre un determinado tipo de materias,
las cuales, aparecen enlistadas en el artículo 152 Superior. Entre este grupo
de asuntos, el literal b) consagró expresamente la “Administración de
Justicia”.
La jurisprudencia de esta Corte al desarrollar el concepto de bloque
de constitucionalidad, ha trazado la distinción entre bloque de
constitucionalidad en sentido estricto y bloque de constitucionalidad en
sentido lato o amplio. Su definición ha girado en torno del peso que tienen en
la jerarquía normativa, de los conjuntos de normas que los integran. En
relación con el bloque en sentido estricto, se dijo de manera general en la
sentencia C-582 de 1999 que:
(Está) conformado por aquellos principios y normas que han sido
normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato
expreso de la Carta, por lo que entonces tienen rango constitucional, como los
tratados de derecho humanitario (…)
En cuanto al bloque en sentido lato o amplio, la misma decisión
señaló:
(...) la noción lato sensu del bloque de constitucionalidad se
refiere a aquellas disposiciones que "tienen
un rango normativo superior a las leyes ordinarias", aunque a veces no
tengan rango constitucional, como las leyes estatutarias y orgánicas, pero que
sirven como referente necesario para la creación legal y para el control constitucional
(…)
Caracterizando el bloque de constitucionalidad en sentido amplio o
lato, la sentencia C-191 de 1998 precisó en relación con las normas que lo
configuran, lo siguiente:
(…) (1) ser parámetro para efectuar el control de constitucionalidad
del derecho interno; (2) tener un rango normativo superior a las leyes
ordinarias (en algunos casos son normas constitucionales propiamente dichas y,
en otros casos, ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y la
ley ordinaria); y, (3) formar parte del bloque de constitucionalidad gracias a
una remisión expresa efectuada por alguna disposición constitucional.(…)
La referencia jurisprudencial permite afirmar que en cuanto a su
función, las normas que integran esta clase de bloque de constitucionalidad, operan
como criterio y referencia que permite determinar la validez extrínseca o
intrínseca de las normas sometidas a un juicio de constitucionalidad. Pero, a
su vez, se precisa, en lo concerniente a su ubicación en la jerarquía normativa,
que están por debajo de la Constitución, valga decir, son infraconstitucionales.
Con todo, se encuentran por encima de la ley ordinaria.
También cabe sostener que la integración de una norma al bloque de
constitucionalidad debe hallar asidero en una disposición de orden
constitucional, con lo cual, se proscribe cualquier incorporación normativa que
carezca de soporte constitucional. Respecto de esta última connotación, resulta
pertinente precisar la indiscutida inclusión en el bloque en sentido amplio, de
la ley estatutaria de los estados de excepción, dada la manifestación que el
artículo 214 numeral 2 de la Carta, hace en el sentido de que una ley
estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de
excepción y, establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger
los derechos. Es justamente, ese mandato constitucional de sujeción de la
potestad normativa del Gobierno el que eleva a esa específica ley estatutaria de
los estados de excepción al nivel de un parámetro de constitucionalidad. Si esa
ley estatutaria, no ocupase ese lugar en el ordenamiento, no podría, sin más,
subordinar la potestad normativa del Gobierno y, con ello, no se podría atender
el imperativo constitucional.
Las consideraciones precedentes resultan relevantes en el asunto en
estudio, dado que a partir de ellas, se puede determinar en lo que aquí
interesa, cuál es, el lugar del contenido del artículo 27 de la ley estatutaria
de la administración de justicia.
Sin duda, la citada ley estatutaria de la administración de justicia,
ostenta un lugar prevalente en la jerarquía normativa de rango legal. Sin
embargo, se deben precisar dos aspectos, de un lado, su lugar frente a la
Constitución y, de otro, su pertenencia al bloque de constitucionalidad. Estas
puntualizaciones permitirán clarificar uno de los asuntos inicialmente
planteados en este apartado, cual es, el de la jerarquía de la ley Estatutaria
de la Administración de Justicia en el ordenamiento colombiano.
Por lo que atañe a su lugar respecto de la Constitución, resulta
incontestablemente claro que la ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, se encuentra por debajo de la Constitución. Finalmente, se trata de
una Ley y no de una manifestación del constituyente, con lo cual, no se puede
afirmar sin más que desconocer un mandato de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, es quebrantar directamente la Constitución.
En cuanto a la pertenencia de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia al bloque de constitucionalidad en sentido lato,
resulta oportuno precisar que tal adscripción es circunstancial. Así por
ejemplo, en la sentencia C-400 de 2013, esta Corporación al estudiar la
constitucionalidad de un precepto de la ley 1437 de 2011 que rige el medio de
control de la nulidad por inconstitucionalidad, estimó que tal regulación no
podía ser limitada por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
Expuso la Sala en el asunto citado:
(…)
Como primera medida, la Constitución no dispone que la acción de nulidad por
inconstitucionalidad deba ser regulada por ese tipo especial de ley, aun cuando
consagra la característica quizás más relevante y, en segundo lugar, hallándose atada la
ley estatutaria a los principios y reglas de la carta política, los
preceptos 43 y 49 aludidos no pueden erigirse entonces como una limitante de
dicha acción, lo cual, necesariamente, defiere al legislador ordinario el
desarrollo de esta materia, desvirtuando, por lo tanto, que la Ley 270 de 1996
sirva de parámetro para el control de constitucionalidad de las disposiciones
acusadas.(…) (Negrillas fuera de texto).
Una sentencia de particular interés en este caso, dado que en ella
funda en mucho su pretensión el apoderado del señor Moreno Villegas, es la sentencia
C- 740 de 2003. Respecto de esta providencia se manifestó en el escrito de
tutela y, aludiendo específicamente al artículo 27 (…) el suscrito afirma
categóricamente que la disposición señalada hace parte del bloque de
constitucionalidad y, por ende, integra la Carta como parámetro de control
de constitucionalidad de las leyes y, con mayor razón, de las providencias
judiciales, por la potísima razón que así lo reconoció expresamente la H.
Corte Constitucional en sentencia C- 740 de 2003 (Negrillas del
apoderado). Ciertamente, en la referida providencia se tuvo en cuenta el citado
artículo 27 al estudiar la constitucionalidad del artículo 14 de la ley 793 de
2002, en uno de cuyos apartes se preceptuaba “Ninguna
decisión adoptada por el fiscal es susceptible de recursos”, respecto de ese
punto, se dijo en el fallo:
(…) Si en ese marco se analiza el enunciado del artículo 14 de la
Ley 793 de 2002, (…) se advierte que su
contrariedad con la Carta y con la Ley 270 de 1996 es evidente pues, de
acuerdo con ella, en el proceso de extinción de dominio la única decisión
susceptible de recurso de apelación sería la sentencia (…) (Negrillas fuera
de texto)
En este caso, cabe precisar que el contraste de la decisión acusada,
no solo se hace con el precepto estatutario, sino con toda la Carta, con lo
cual, mal podría decirse que la disposición de la ley estatutaria sea el único
referente y se torne, sin más, en Constitución. Por otra parte, revisados
atentamente los considerandos de la providencia en cita, no hay ninguna
declaración expresa del Pleno de la Corte reconociendo el carácter de
componente del bloque de constitucionalidad ni a la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, ni a la preceptiva contenida en el artículo 27 de
dicha ley. Es más, en los considerandos 79, 80 y 81 del fallo en referencia, en
los cuales se valora la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 793 de
2002, no aparece la expresión “bloque de constitucionalidad”. En este punto,
cabe afirmar que los dichos del apoderado, no se corresponden con la verdad.
Retomando el hilo del asunto central de este apartado, acabe
insistir en que solo circunstancialmente las leyes estatutarias integran el
bloque de constitucionalidad en sentido lato. Incluso, la providencia
inmediatamente citada y, de capital interés para el caso concreto; no se
constituiría en ejemplo de un contenido estatutario como bloque de
constitucionalidad, pues bien podría tratarse de un refuerzo argumentativo, con
miras a declarar la inexequibilidad de un enunciado legal.
Así pues, se concluye parcialmente que la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia no pertenece per se al bloque de
constitucionalidad en sentido estricto y que, ocupa un lugar prevalente entre
las leyes, sin que ello la ubique en el mismo nivel de la Constitución.
Seguidamente, resulta oportuno valorar el segundo asunto planteado
en el párrafo introductorio de este apartado, cual es, si la estipulación de la
doble instancia en el mandato a examinar, comporta alguna variación en la
regulación de los procesos de única instancia de los aforados por la Constitución
en materia penal. Para la Sala de Revisión el asunto se resuelve atendiendo el
imperativo contenido en el artículo 4 de la Carta. Claro resulta que la
condición foral de Altos Dignatarios del Estado en materia penal fue fijada por
el constituyente. Los ordinales 2, 3 y 4 del artículo 234 de la Constitución
Política, atribuyeron al máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, la Corte
Suprema de Justicia, el juzgamiento de tales funcionarios y dada su ubicación
en la estructura de la Justicia Ordinaria, es de suyo evidente que al adelantar
los juicios contras los aforados, solo puede hacerlo en única instancia. Así
pues, no puede un mandato estatutario modificar lo dispuesto por el
Constituyente. Una comprensión diversa conduce a inaplicar el artículo 4 de la
carta y, por ende, desvirtuar el carácter de la Constitución como norma de
normas.
No resulta aceptable el entendimiento, según el cual, lo dispuesto
en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, respecto
de la garantía de la doble instancia, en las actuaciones jurisdiccionales de la
Fiscalía General de la Nación, significa que, aún en las actuaciones única
instancia “contra las providencias interlocutorias que profiera el Fiscal
Delegado que dirija la investigación (…)” proceda el recurso de apelación
habilitando una segunda instancia.  Una estimación de esta naturaleza
implicaría concebir esa garantía como absoluta, entendimiento que no cabe
predicar del mencionado artículo 27, pues, cuando fue objeto de juzgamiento en
el control previo de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, tras destacarse la importancia y bondades de la
segunda instancia, se advirtió:
(…) Los asuntos que se ventilan ante la Fiscalía General de la
Nación no son, ni pueden ser, ajenos al principio en mención, aunque, claro
está, no se trata de un precepto que deba aplicarse en términos absolutos a
todas las materias de índole penal, pues la misma Constitución delega en el
legislador la facultad de establecer cuáles materias serán decididas en única
instancia (…) (Sentencia C-037 de 1996) (Negrillas
fuera de texto)
Para la Sala Cuarta de Revisión, lo dispuesto en el artículo 31
Superior que da lugar a  excepciones de la doble instancia y, lo contemplado en
el enunciado legal de la ley estatutaria de la administración de Justicia,
deber ser interpretado de tal modo que los enunciados armonicen. No se trata de
vaciar de significado el texto legal, pero, su comprensión, con miras a su
aplicación no puede ignorar el valor normativo de la Constitución. Resulta
pertinente en este sentido, recordar lo dicho por el pleno de la Corte a
propósito de las  disposiciones que pueden hacer parte del bloque de
constitucionalidad en sentido lato. Observó la Corporación al respecto:
(…) acorde con la jurisprudencia constitucional, hacen parte del
bloque de constitucionalidad -sentido lato- los tratados internacionales de que
trata el artículo 93 de la Constitución[58], las leyes orgánicas y las leyes estatutarias en algunas ocasiones.[59]  Así las cosas, los contenidos normativos referidos son parámetros
de validez constitucional para confrontar normas de inferior jerarquía, y en
consecuencia ante contradicción evidente entre estas y aquellas, la Corte debe
optar por retirarlas del ordenamiento jurídico. Sin embargo, su
interpretación debe realizarse acorde y sistemáticamente con toda la
Constitución con el propósito de que se realice una integración normativa
constitucional que permita resguardar la integridad de la Carta;[60] en otras palabras, estas normas son “parámetros
para determinar el valor constitucional de las disposiciones sometidas a
control (…)”[61]
(Sentencia C-238 de 2010) (subrayas fuera de texto)
Esta apreciación da lugar a entender que el derecho, principio y/o
garantía de la  segunda instancia, contenido en el artículo 27 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia; tiene pleno vigor, salvo en
aquellas actuaciones que en virtud del ordenamiento jurídico deban surtirse en única
instancia. De lo dicho, se concluye que lo reglado en el citado artículo 27, no
supone, ni un derecho, ni una garantía, para aquellas personas que en razón del
fuero constitucional han de ser objeto de investigación y juzgamiento en única
instancia.
Establecido pues el lugar y peso de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y, en particular, el alcance de la doble instancia
contemplada en el  artículo 27 de la misma Ley, en relación con las
investigaciones y juicios que en única instancia se adelanten contra las
personas aforadas por la Constitución; procede el Juez de Revisión a estudiar
sucintamente la figura de la delegación.
8. La potestad del delegado en el marco del principio de legalidad
En relación con el principio de legalidad, ha afirmado con razón el
profesor Elías Díaz que “a todos incumbe ciertamente el estado de Derecho
(…) pero (…) a quien en última y más decisoria instancia se dirige el estado de
Derecho es precisamente al propio Estado, a sus órganos y poderes, a sus
representantes y gobernantes, obligándoles en cuanto tales a actuaciones en
todo momento concordes con las normas jurídicas, con el imperio de la ley, con
el principio de legalidad, en el más estricto sometimiento a dicho marco
institucional y constitucional (…)” [62].
Se trata entonces de la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento
jurídico, postulado recordado por esta Corporación en la sentencia SU-339 de
2011.
Son diversos los mandatos del Texto superior que apuntan, no sólo a
destacar, sino a ordenar el vigor de tan trascendental principio, así por
ejemplo, el artículo 4º, que establece el carácter normativo de la
Constitución; el artículo 6º, que ata la responsabilidad de los autoridades al
cumplimiento de sus funciones; el artículo 122, que condiciona la existencia de
los empleos públicos a la consagración de funciones detalladas en la ley. Mandatos
que además,   evidencian, desde la preceptiva constitucional, el peso del
postulado en consideración.
La sucinta valoración precedente, permite entonces afirmar que la
apreciación de las competencias de los funcionarios ha de hacerse desde el
principio de legalidad. El abandono del mismo, es el inicio de la senda de la
arbitrariedad, la quiebra de la seguridad y el socavamiento de la confianza de
los asociados.
Uno de los factores capitales que permite determinar el respeto de
los poderes públicos, a lo que disponen la Constitución y la ley, es la
distribución de competencias. La asignación de competencias vista desde otra
perspectiva, es también expresión del principio de división del trabajo y, se
orienta, entre otras finalidades, al mejor logro de los cometidos fijados en el
ordenamiento. Sobre la noción de competencia, ha precisado Santamaría Pastor
que no se trata de un (…) objeto o cosa, sino de una circunstancia o calidad
estrictamente subjetiva (…) o, más exactamente aún, la titularidad de una serie
de potestades públicas ejercitables respecto de unas materias, servicios o
fines públicos determinados: no se tiene, pues competencia; se es competente (…)[63]
(resaltado del original).
El reajuste de la distribución competencial, se explica por razones
de oportunidad, conveniencia o, mejora en la función[64]. Para la Sala
de Revisión, imperativos de orden constitucional pesan en esa tarea de
reajuste, tanto es así que la necesidad de realizar efectivamente los derechos,
tal como lo dispone el artículo 2 de la Carta o, el acatamiento de mandatos
como la eficacia, la economía o, la celeridad en el cumplimiento de las
funciones, acorde con lo preceptuado en el artículo 209 Superior[65];
operan como motivos que justifican lo que la doctrina ha denominado las traslaciones
competenciales[66].
Entre las diversas técnicas de traslación competencial, esta Sala
aludirá a la delegación por ser relevante para la resolución del asunto
revisado[67].
La doctrina citada la ha definido como la traslación por un ente u órgano
superior a otro de nivel inferior del ejercicio de una competencia, reteniendo
el delegante la titularidad de la misma”[68].
Esta Corporación ha definido el concepto de delegación en diversas ocasiones,
entre ellas,  en la sentencia C- 382 de 2000, en la que se ha afirmado:
(…) La delegación es una técnica de manejo administrativo de las
competencias que autoriza la Constitución en diferentes normas (art. 209, 211,
196 inciso 4 y 305), algunas veces de modo general, otras de manera específica,
en virtud de la cual, se produce el traslado de competencias de un órgano que
es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por
éste, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la
ley. (…)[69]
Entre las varias formas de delegación, se tiene la denominada
delegación interorgánica,  la cual, se puede presentar en sentido lineal
y descendente entre (…) órganos vinculados entre sí por una relación
jerárquica (…)[70].
Es probablemente la más usada y, son ejemplos de ello en el caso colombiano,
por virtud de lo dispuesto en inciso 1° del artículo 277 de la Carta, la
potestad que ostenta el Procurador General de la Nación o, conforme con lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 251 Superior, la facultad conferida al
Fiscal General de la Nación.
Esta Corporación se ha referido a los elementos constitutivos de la
delegación, enunciándolos del siguiente modo:
1. La transferencia de funciones de un órgano a otro.
2. La transferencia de funciones, se realiza por el órgano titular
de la función.
3. La necesidad  de la existencia previa  de autorización legal.
4. El órgano que confiere la Delegación puede siempre y en cualquier
momento reasumir la competencia.[71]
Importante
en esta caracterización resulta destacar lo que se transfiere, en este caso,
las funciones que cumple el delegante. Como consecuencia de dicha transmisión
de atribuciones, se tiene que el delegatario, esto es, quien recibe el traspaso
competencial, se encuentra a partir de la delegación con dos clases de
competencias perfectamente distinguibles, de un lado, aquellas de las cuales
era titular antes de la delegación y, de otro, las que recibe en virtud de la
delegación. En este sentido, encuentra la Sala Cuarta de Revisión que un
elemento determinante para trazar la diferencia entre los dos tipos de
competencias, es el segmento del ordenamiento jurídico que le atribuye cada uno
de los dos tipos de funciones. Así por ejemplo en tratándose de un Procurador
Delegado, a quien se le han delegado funciones, sus atribuciones, en esa
circunstancia, son las establecidas, según lo pertinente, en el capítulo I del
título VI del Decreto 262 de 2000 y aquellas que le delegue el Procurador
General de la Nación; en ese caso, la norma citada será la fuente del grupo de
competencias para las cuales es competente y, las disposiciones que le
confieren atribuciones al Procurador General, serán el fundamento de las
competencias delegadas. Igual situación se podría predicar de funcionarios como
el Fiscal General de la Nación. La anotada duplicidad de funciones del delegado
y, a propósito de la Procuraduría General de la Nación, fue advertida por esta
Corporación en la sentencia C- 429 de 2001. En suma, siguiendo lo valorado en
la sentencia C- 873 de 2003, se puede afirmar que, no se modifica el esquema de
competencias, lo que varía es el funcionario que las ejerce.
Cuando no se deslindan las competencias de
las cuales se es titular, de aquellas que se ejercen en virtud de una
delegación, se pone en riesgo el caro principio de legalidad, pues cada clase
de competencias comporta finalidades específicas, procedimientos propios y, en
general actuaciones de diversa condición. Mal podría el delegado, desempeñar
las funciones de la cual es titular, prevaliéndose de las funciones que le han
sido delegadas, al hacerlo excede el marco de la delegación y, esta actuado por
fuera de las competencias de las cuales es titular, incurriendo con ello en una
actividad que no tiene soporte en el ordenamiento jurídico, esto es, liquidando
el principio de legalidad e iniciando la senda de la arbitrariedad.
Por lo que respecta a los efectos de la
delegación, esta Corporación ha considerado que esencialmente se contrae a los
siguientes:
(…)Tres son los efectos de la delegación: quien delega
puede reasumir en cualquier momento las competencias que delegó; existe un
“consentimiento abstracto” entre la autoridad superior y la delegada, en el
sentido de que no es necesario renovar la delegación cada vez que uno de ellos
cambia, - ya que la distribución de funciones se hace entre cargos y no entre
personas - y se presume que subsiste hasta tanto el superior emita un acto que
la revoque; en tercer lugar, se tiene que el delegado es el autor real de
las actuaciones que  ejecuta en uso de las competencias delegadas, y ante él se
elevan las solicitudes y se surten los recursos a que haya lugar, como si él
fuera el titular mismo de la función.[72] (Sentencia     T- 936 de 2001) (Negrillas fuera de
texto)
Entendido
entonces que, lo que se delega es aquello que el ordenamiento jurídico le ha
atribuido al delegante y que la delegación está circunscrita al asunto, finalidad
y, según las condiciones que fije el delegante[73]; cabe concluir que
quien delega no puede transferir más de aquello de lo cual es titular por
virtud del ordenamiento jurídico. Esta estimación se puede expresar de manera
más lacónica, afirmando que no se puede transferir, en materia de competencias,
más de aquello para lo que se es competente. Tal comprensión de lo que implica
la delegación ha tenido eco en esta Corporación en providencias como la C- 082
de 1996, en la cual, a propósito de las funciones de algunas Corporaciones
Administrativas, se concluía que Lo que no pueden hacer las Asambleas y Concejos es
delegar funciones que no tienen (…)[74].
Desestimar
las valoraciones hechas en este apartado, conduce indefectiblemente a que el
ciudadano frente a un funcionario que cuenta con una delegación, no sepa si las
actuaciones de este; obedecen a la potestad de la cual es titular o, a la de
aquella que le ha sido delegada. Se trata, de la incertidumbre ante la
duplicidad de procedimientos, la duplicidad de finalidades y, la oscilante
dualidad de poderes en detrimento de la seguridad jurídica, pues, no se tiene
certeza de cuál será la condición en la que actúe el servidor público, lo cual
como se dijo, diluye el principio de legalidad.
La Corte
Constitucional, en sede de tutela, ha aplicado el principio según el cual, no
se puede transferir la competencia que no se tiene. En la sentencia         T-024
de 1996, el Juez de Revisión en esa oportunidad, hubo de resolver un caso en el
cual una persona, entre otros reparos, manifestaba que se le había vulnerado el
debido proceso, pues, un funcionario delegado, al proferir una decisión, negó
la concesión del recurso de apelación contra la misma, por estimar que el
régimen de los recursos, en ese caso concreto, dado que actuaba como delegado
era el propio del delegante. Dijo en esa ocasión la Sala:
(…) En virtud de la Delegación, las funciones delegadas, conservan
su naturaleza y régimen originario. Es decir que la función se tiene por
cumplida por quien ha hecho la delegación (…)
Los funcionarios que firmaron la Resolución Nº 570, ocuparon para el
ejercicio de las funciones contenidas en el art- 28 de la Resolución Nº 0030,
la misma posición del delegante; cumpliendo su función deben observarse los
requisitos, o condicionamientos que de acuerdo con el orden jurídico, se dan o se
cumplen originariamente.
(…)
Los efectos jurídicos administrativos de la delegación implican que en
la media que el delegatario ocupa la posición del delegante, normalmente los
recursos que caben, son los procedentes, como si el acto hubiera sido expedido
por el delegante.
(…) si el acto es entendido como si fuere expedido por el
delegante (…) se entiende que solo procede el recurso de reposición. Luego,
no hubo, violación del debido proceso porque la reposición se surtió. (Negrillas fuera de texto).
Acorde con lo considerado, se puede concluir, entre otras cosas, que:
a.
El régimen de competencias es expresión del
principio de legalidad.
b.
El desconocimiento de las competencias
comporta la quiebra del principio de legalidad.
c.
La delegación como forma de traslación de
competencias está sujeta al principio de legalidad.
d.
El funcionario delegado puede ejercer dos
tipos de competencia, de una parte, aquel del cual es titular y, de otra, aquel
que le ha sido delegado. En esa medida, sus actos están regulados por dos
regímenes establecidos en normas distinguibles.
e.
Ignorar tal diferencia  y pretender actuar
en calidad de delegado, valiéndose del régimen  del cual es titular o, actuar
en condición de titular valiéndose del régimen del delegado, quebranta el
principio de legalidad y, deja al ciudadano en una situación de incertidumbre a
merced del capricho del servidor público.
Hechas las precisiones anteriores, procede ahora desatar el caso
concreto.
9.- Caso concreto
Con los presupuestos sentados, corresponde ahora a la Sala revisar
si la decisión adoptada por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando mediante sentencia
del 5 de septiembre de 2012, negó el amparo contra la resolución de mayo 14 de 2012, proferida por el Fiscal
General de la Nación, se aviene con lo dispuesto en los mandatos Superiores.
Para tal efecto, debe la Sala establecer si la negación del derecho
a recurrir en apelación, contenida en la citada resolución del Fiscal General
de la Nación, la cual a su vez confirmó la resolución de mayo 2 de 2012 que
también había denegado la concesión del mismo recurso; se ajusta a la
Constitución o, si tal circunstancia, vulnera el derecho fundamental al debido
proceso del sindicado, en particular, el derecho a acceder a la segunda
instancia, establecido en el artículo 31 de la Constitución Política,
implicando, además, la inaplicación de lo dispuesto en la Ley 600 de 2000 e,
incurriendo la decisión atacada, tanto en un defecto procedimental absoluto,
como en una violación directa de la Constitución.
Para la Sala, resulta cierto que el acceso a la segunda instancia,
cuando se predica como prerrogativa o facultad de una persona, es en términos
generales un derecho fundamental. Sin embargo, en el caso de algunos sujetos
sometidos a actuaciones judiciales, no tiene tal calidad, pues, dada la
regulación de una específica clase de proceso, la segunda instancia no tiene
cabida. Tal acontece cuando el juicio respectivo es de única instancia.
En el caso concreto, por mandato del numeral 4 del artículo 235 de
la Constitución, los juicios a surtirse contra el señor Bernardo Moreno en su
condición de Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República,  deben adelantarse por la Corte Suprema de Justicia, con lo cual, se
trata de actuaciones de única instancia, pues, se está en presencia de una
persona en condición de aforado.
Así pues, el señor Bernardo Moreno al tener la calidad de aforado
dentro del proceso que dio lugar a la resolución del Fiscal General de la
Nación aquí cuestionada, no tiene un derecho a contar con una segunda
instancia, de lo cual, se colige que ante la ausencia de tal derecho, no
resulta posible predicar la calidad de fundamental de aquello que no se tiene.
En suma, si no se tiene derecho, menos aún se tiene derecho fundamental.
Para el Juez de Revisión, carece de consistencia la argumentación
expuesta por el apoderado del inconforme, cuando invoca aisladamente en su
favor lo contemplado en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, pues, dicho precepto tal como quedó referido en el apartado 7 de
la parte motiva de esta providencia, debe ser leído de manera armónica con
otros mandatos del ordenamiento y, en particular, con lo que dispone la
Constitución. Encuentra la Sala que la comprensión del citado artículo 27 legal
ha de hacerse teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 31 Constitucional,
en ese entendido, no resulta posible sostener que en los procedimientos de
única instancia establecidos por el constituyente, quepa sin más un derecho a
acceder a la segunda instancia para cuestionar las providencias interlocutorias
del Fiscal Delegado, en este caso, la decisión del Fiscal Sexto Delegado ante
la Corte Suprema de Justicia. Para la Sala de Revisión, excepcionar el derecho
a la segunda instancia consagrado en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, armoniza tal mandato con las excepciones
autorizadas por el constituyente a la segunda instancia en el artículo 31 de la
Carta.
No resulta de recibo, aducir que la preceptiva estatutaria se hace
aplicable sin más, por pertenecer al bloque de constitucionalidad en sentido
lato. En primer lugar, tal como se dijo en el citado apartado 7, la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, puede pertenecer al bloque de
constitucionalidad circunstancialmente. En segundo lugar, no todos los mandatos
contenidos en las leyes estatutarias tienen rango estatutario. En tercer lugar,
dado su rango infraconstitucional el alcance de un mandato contenido en
Ley Estatutaria no da pie para desconocer lo mandado por la Constitución, en
este caso, la existencia de una condición de aforado y la procedencia de un
juicio de única instancia. Aceptar el razonamiento propuesto por el apoderado
del señor Moreno Villegas, es tanto como aceptar que la Ley prevalece sobre la
Constitución.
Para la Sala, acorde con lo considerado en el acápite 6 de la parte
motiva de esta decisión, la situación foral del señor Moreno lo priva del
derecho al acceso a la segunda instancia en el caso que suscita el reparo de su
apoderado, pero, en compensación, cuenta en su favor con las bondades del
fuero, cuales son, según la jurisprudencia mencionada en su momento, la
celeridad en la averiguación, la investigación y juzgamiento por los órganos
ubicados en el vértice de las jerarquías de las entidades respectivas y, la
reducción de la posibilidad de interferencias y presiones indebidas dada la
mayor posibilidad de esas entidades para protegerse de lo que pudieran ser censurables
intromisiones.
Para la Sala, no cabe aducir mínimamente el quebrantamiento del
artículo 31 de la Carta, si se tiene en cuenta que el recurso reclamado se
encamina a cuestionar una decisión en la etapa de investigación y, no a
impugnar una sentencia condenatoria, propia esta de la etapa del juicio; caso
en el cual las vías de los recursos extraordinarios le permitirían realizar el
imperativo constitucional.
Entiende la Sala de Revisión que la competencia ejercida por el
Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en la actuación
surtida contra el señor Moreno Villegas, fue la competencia delegada por el
Fiscal General de la Nación y, en esa medida, se aplican las reglas recordadas
por esta Sala en el apartado inmediatamente anterior. Esto es, no podía el
Fiscal Delegado ejercer una atribución que no le había sido conferida por el
Fiscal General, en el caso concreto, permitir el curso de una segunda instancia
en un proceso de única instancia.
Lo afirmado se explica porque el Fiscal General no podía
transferirle a su Fiscal Delegado más competencias de las que como Fiscal
General posee. Teniendo en cuenta que para el Fiscal General de la Nación la
investigación de aforados constitucionales se adelanta en única instancia, mal
podía pretenderse que el Fiscal Delegado, quien para el caso en estudio, funge
como Fiscal General; adelantase la averiguación como si se tratase de un
proceso con dos instancias.
Así pues, el régimen jurídico a aplicar por el Delegado en el caso sub
examine, es el de la única instancia y, en esa medida no caben los recursos
propios de la doble instancia. Admitir, como lo pretende el defensor del señor
Moreno, la viabilidad de las dos instancias, es prohijar la quiebra del
principio de legalidad, pues, si fuese el Fiscal General quien hubiese tomado
la decisión no cabría segunda instancia y, su Fiscal Delegado en este caso
tiene la competencia del titular, con lo cual, la concesión de recursos propios
de la doble instancia carece de fundamento normativo.
Lo pedido por el apoderado del señor Moreno en realidad, es un
cambio de competencias, pues, de concederse el recurso de apelación, solo
podría tener lugar sobre la base de las atribuciones de las que es titular y,
no delegado, el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Resulta suficientemente claro que la delegación, no es sinónimo de la remisión
por competencia.
Estima la Sala de Revisión que las razones aducidas en esta
decisión, son consonantes con el hilo argumentativo propuesto, para un caso
similar por la Corte Suprema de Justicia, Corporación que en sentencia de 29 de
noviembre de 2012 proferida dentro del radicado No. 39156, al pronunciarse
sobre una situación en la cual:
(…) El Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de
Justicia negó el recurso de apelación con base en lo dispuesto en el artículo
12 de la Ley 489 de 1998, según el cual los actos del delegatario están
sometidos a las normas aplicables a los de la autoridad delegante, de modo que,
en asuntos penales de aforados constitucionales, dicha impugnación no es viable
por cuanto el delegatario es la máxima autoridad en su estructura, decisión que
a la postre fue respaldada por el actual Fiscal General de la Nación al negar
el recurso de queja presentado por el doctor DIEGO PALACIO.(…)
En esa oportunidad, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Ordinaria,
hizo las siguientes consideraciones, las cuales, se transcriben in extenso
por su especial pertinencia:
(…) el defensor del mencionado acusado sustentó esta
nulidad por violación al debido proceso, por haberse negado el recurso de
apelación interpuesto contra la resolución de acusación, pese a haberse dictado
por un funcionario -Fiscal Delegado ante la Corte- que cuenta con un superior
jerárquico, desconociéndose con ello lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley
600 de 2000, que prevé la existencia de Fiscales encargados de resolver el
recurso de alzada al interior de la Fiscalía General de la Nación.
Dicha tesis parte de un supuesto equivocado, como
es dar por sentado que el acto de delegación de las funciones constitucionales
que el Fiscal General tiene asignadas en el artículo 251, numeral1º, no solo
cambia la competencia, sino el procedimiento aplicable.
Nada de ello es así. Cuando el Fiscal General
delega en un Fiscal Delegado ante la Corte la función de investigar y acusar a
un funcionario con fuero constitucional, lo único que ocurre es que aquél debe
ejercer, en las mismas condiciones y con igual responsabilidad, las funciones
de las que es detentador el Fiscal General, pero no por ello se
convierte al interior del proceso su inferior funcional, ni el procedimiento
pasa de ser única instancia -que por ese motivo no tiene recurso de apelación-
a uno de primera instancia.
Esa situación ni siquiera ocurre con los asuntos de
los aforados legales, respecto de los cuales conocen los Fiscales Delegados
ante la Corte, porque su procedimiento también es de única instancia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118-2 de la Ley 600 de 2000 y 32-9
de la Ley 906 de 2004; luego no es cierto que por el hecho de que conozca un
funcionario de inferior jerarquía a la del Fiscal General surja automáticamente
el derecho al recurso de apelación.
En este sentido es abundante la jurisprudencia de la
Corte Constitucional al referir que ese es un tema propio de la libertad de
configuración legislativa, y por lo mismo la doble instancia no puede
entenderse como un derecho absoluto aplicable a todas las materias de índole
penal, “pues la misma constitución delega en el legislador la facultad de
establecer cuáles materias serán decididas en única instancia”_,
consideración a partir de la cual el máximo Tribunal Constitucional ha
concluido que “la posibilidad de apelar una sentencia desfavorable y, por ende,
de asegurar la existencia de una segunda instancia, no hace parte del contenido
esencial del debido proceso ni del derecho de defensa”_, siempre y cuando las
excepciones que el legislador introduzca en este sentido se encuentren
justificadas por un principio de razón suficiente, vinculado a un fin
constitucional válido.
Adicional a lo anterior, el argumento del defensor
igualmente se apoya en una conclusión falsa, esto es, que como el
delegatario es un inferior jerárquico del Fiscal General, éste podría conocer
en segunda instancia de las decisiones adoptadas por aquél, lo cual es un
imposible lógico y jurídico, en la medida en que ello equivaldría a hacer la
ficción de que el delegante, para esos efectos, haga las veces de superior
funcional de quien ha ejercido la competencia que él mismo le delegó, lo cual
además supone desconocer que se trata de un procedimiento de única instancia,
como ya se dijo.
Por lo dicho, entonces, no prospera esta nulidad (…)
Suscribe pues la Sala de Revisión los motivos aducidos por el órgano
supremo  de la jurisdicción ordinaria y rechaza las razones invocadas por el
apoderado del señor Moreno Villegas. Tal como se dice en la providencia en cita
y, como se advirtió en el apartado 8 de la parte motiva de esta decisión, la
delegación no cambia el procedimiento, por ende, tampoco cambia el régimen de
los medios de impugnación, en este caso, al no transformar un proceso de única
instancia en un proceso de doble instancia.
Atender lo pedido en el amparo, implicaría sacrificar la Supremacía
de la Constitución y el principio de legalidad, en aras de lo que pudiese ser
la caprichosa conveniencia so pretexto de preservar derechos fundamentales
inexistentes. Entiende la Sala el malestar que puede suscitar un escueto pronunciamiento
que deniegue un recurso, pero, lo que pudiera ser la falta de riqueza
argumentativa de un proveído no lo descalifica si contiene la motivación
suficiente que funde un decisión. Esto es, lo rácano de una providencia, en
tanto este justificado lo resuelto, no da lugar al amparo.
Concluye la
Sala, que no tuvo lugar una violación directa de la Constitución y, tampoco se
puede predicar un defecto procedimental absoluto, pues, la normatividad que el
apoderado pretendía se le aplicara a su defendido en este caso la contenida en
la ley 906 de 2004, se orientaba a lograr a acceder a una segunda instancia, lo
cual, tal como ha quedado expresamente sentado, es manifiestamente
inconstitucional.
En esa medida,
se impone confirmar la
sentencia del 5 de septiembre de 2012, proferida por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia en la cual se denegó el amparo impetrado en la
acción de tutela promovida por en favor del señor Bernardo Moreno Villegas
contra la Fiscalía General de la Nación.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el
presente proceso.
SEGUNDO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia, la sentencia del 5 de septiembre de
2012, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
que negó el amparo impetrado en la acción de tutela promovida por Bernardo
Moreno Villegas contra la Fiscalía General de la Nación.
TERCERO.- Por Secretaría, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaría General
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-388/15
DERECHO A LA IMPUGNACION Y PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Diferenciación no procede para el presente caso (Aclaración de voto)
RATIO DECIDENDI Y OBITER DICTA-Diferencia
radica en su fuerza vinculante (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-3.657.161
Acción de tutela presentada por Bernardo Moreno Villegas contra la
Fiscalía General de la Nación
Asunto: Derechos fundamentales al debido proceso y la doble
instancia.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, a continuación presento las razones que me conducen a aclarar
el voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Cuarta de
Decisión de tutelas, en sesión del 26 de junio de 2015.
Estoy de acuerdo
con la decisión de la Sala en la medida en que considero que en el caso
concreto no procede el amparo solicitado debido a que el proceso que se lleva a
cabo en contra del actor es de única instancia por su calidad de aforado
constitucional por su cargo de Director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República. Por consiguiente, no se evidencia una vulneración
del derecho fundamental al debido proceso.
No obstante,
aclaro mi voto porque en el fallo se utiliza como ratio decidendi la
diferenciación que se hizo en la sentencia C-792 de 2014, entre el derecho a la
impugnación y el de la doble instancia, la cual no resulta aplicable al
presente caso. En efecto, la ponencia afirma lo siguiente:
“Si bien la tajante distinción entre el derecho a la impugnación y
la doble instancia, intentada en el obiter dicta de la sentencia C-792 de 2014,
citado párrafos atrás, podría ser revisada más minuciosamente, en esta ocasión,
la Sala de Revisión se contrae a poner de presente que se trata de otra lectura
de la doble instancia, la cual, será retomada en algún sentido, posteriormente.
Por lo pronto, cabe anotar que tal apreciación entendería algunas disposiciones
contenidas en instrumentos internacionales como fundamento del derecho a la
impugnación y no de la garantía de la doble instancia.”
Considero que en este caso no se pueden utilizar los
fundamentos jurídicos que fueron empleados en la sentencia C-792 de 2014 toda
vez que las dos providencias plantean problemas jurídicos diferentes.
En la sentencia C-792 de 2014, la Corte analizó el derecho
a la doble conformidad en fallos condenatorios impuestos por los jueces penales
en segunda instancia. En el caso objeto de estudio, correspondía a la Sala
analizar el derecho a la doble instancia sobre las decisiones proferidas por
los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, esta Corporación ha establecido que una de
las diferencias entre el obiter dicta y la ratio decidendi radica
en su fuerza vinculante. En este sentido, la Corte ha dicho lo siguiente:
“Así las cosas, esta corporación en su jurisprudencia ha utilizado
“los conceptos de decisum, ratio decidendi, y obiter dicta, para determinar qué
partes de la decisión judicial constituyen fuente formal de derecho. El
Decisum, la resolución concreta del caso, la determinación de si la norma debe
salir o no del ordenamiento en materia constitucional, tiene efectos erga omnes
y fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos. La ratio decidendi,
entendida como la formulación general del principio, regla o razón general que
constituyen la base necesaria de la decisión judicial específica, también tiene
fuerza vinculante general. Los obiter dicta o ‘dichos de paso’, no tienen poder
vinculante, sino una ‘fuerza persuasiva’ que depende del prestigio y jerarquía
del Tribunal, y constituyen criterio auxiliar de interpretación”[75]
En concordancia con la anterior subregla constitucional, al
aplicar las consideraciones de la sentencia C-792 de 2014 como ratio
decidendi en el presente caso, se entendería que se trata de dos casos
análogos y se extenderían los efectos vinculantes fijados por la sentencia de
constitucionalidad anteriormente referida, a situaciones jurídicas como las que
fueron planteadas en el presente caso, cuya consecuencia sería que se traten
por igual las sentencias condenatorias y las decisiones proferidas en el
proceso penal por parte de los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de
Justicia.
De esta
manera, expongo las razones que me llevan a aclarar el voto con respecto a las
consideraciones expuestas en la sentencia de la referencia.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Modificatorio de los artículos 235 y 251 de
la Carta política, en el sentido de introducir la facultad que tiene el Fiscal
General de la Nación de delegar las funciones de investigación y acusación de
aforados constitucionales en el Vicefiscal y en los Fiscales Delegados ante la
Corte.
[2] Obra a folios 292 y 293 del cuaderno 1 del
expediente.
[3] Sentencia T-233 de
2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[4] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-217 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[5] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-608 de 1998 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[6] Sobre el
particular, consultar, entre otras, las Sentencias SU-037 de 2009 (MP Rodrigo
Escobar Gil), T-280 de 2009,         T-565 de 2009, T-715 de 2009, T-049 de
2010, T-136 de 2010 y T-524 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[7] Sobre el tema se
pueden consultar, entre muchas otras sentencias, las siguientes: SU-014 de
2001; T-705 de 2002; T-949 de 2003; T-774 de 2004; C-590 de 2005; T-565 de
2006; T-661 de 2007; T-249 y T-594 de 2008; T-264, T-425 y T-537 de 2009;
T-167, T-105, T-214 y T-285 de 2010 y T-419 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[8] MP Jaime Araujo Rentería.
[9] MP Nilson Pinilla Pinilla.
[10] MP Jaime Córdoba Triviño.
[11] Sentencia T-217 de
2010 y T-419 de 2011 (MP Gabriel Mendoza Martelo).
[12] Extracto de la Sentencia T-323 de 2014 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva).
[13] Ver las Sentencias T-096 de 2014; T-160,
T-444, T-620 y T-674 de 2013; T-1246 de 2008; T-115 de 2008 y T-1180 de 2001,
entre muchas otras.
[14] Corte Constitucional, Sentencia T-017 de
2007.
[15] Corte Constitucional, Sentencias T-996 de
2003, T-638 y T-781 de 2011, entre muchas otras.
[16] Corte Constitucional, Sentencia T-264 de
2009.
[17] Corte Constitucional, Sentencia T-778 de
2009.
[18] Ibidem.
[19] Sentencia C-590 de 2005.
[20] Corte Constitucional, Sentencia T-264 de
2009.
[21] Constitución Política, Artículo 4°.
[22] La Corte dio ese paso a través de la
Sentencia C-590 de 2005, que declaró inexequible una expresión del artículo 185
de la Ley 906 del 2004. Antes de eso, el defecto judicial relativo al
desconocimiento de las disposiciones constitucionales fue reconocido como
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en
el marco de la configuración de un defecto sustantivo.
[23] Corte
Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett);
T-1625 de 2000 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (MP Eduardo
Montealegre Lynett). También la sentencia T-047 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández). En estos casos, si bien el juez de la causa es quien le fija el
alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a los valores,
principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar
entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que se
ajuste a la Carta política.
[24] Sobre el
tema pueden consultarse además, las sentencias SU-1184 de 2001 (MP Eduardo
Montealegre Lynett); T-1625 de 2000 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez); T-522
de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); T-047 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández). En la sentencia T-522 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), la
Corte señaló que: “es evidente que se desconocería y contraven­dría
abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido
normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medidas de
aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces
especializados, razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría
que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad”.
[25] Cfr. Sentencia T-319 A / 2012 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva).
[26] Dice la Corte en la Sentencia C – 590 de 2002
M.P Jaime Córdoba Triviño, que se
deja de aplicar una disposición iusfundamental
en los casos en  que, “… si
bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.
[27] Sentencia T- 704 de 2012.
[28]Sentencias T-765 de 1998 (MP José Gregorio
Hernández Galindo) y T-001 de 1999 (MP José Gregorio Hernández). Los derechos
de aplicación inmediata están consagrados en el artículo 85 de la C.P, que
establece que los derechos de aplicación inmediata son el derecho a la vida, a
la integridad personal, a la igualdad, a la personalidad jurídica, intimidad,
al buen nombre, la honra, al libre desarrollo de la personalidad, libertad, de
conciencia, de cultos, expresión, de petición, a la libertad de escoger
profesión u oficio, a la libertad personal, a la libre circulación, al debido
proceso, al habeas corpus y a la segunda instancia en materia penal, a la
inviolabilidad del domicilio, a la no incriminación, de reunión, de asociación
y los derechos políticos.
[29] Ver entre otras, las sentencia T – 199 de
2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); T-590 de 2009 (MP Luís Ernesto Vargas
Silva) y T-809 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[30] En la Sentencia T – 522 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), se dijo que
la solicitud  debía ser expresa.
[31] Extracto de la Sentencia T-220 de 2014 (MP
María Victoria Calle Correa).
[32] Corte Constitucional, sentencias T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-1028 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-111 de 2011 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva) y T-178 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[33] El aparte subrayado fue declarado exequible
por esta Corporación mediante sentencia C-792 de 2014.
[34] Devis Echandía H., Compendio de derecho
procesal. Teoría general del proceso. Tomo I, duodécima edición, Ed. DIKE,
Medellín, 1987, p. 55.
[35] Sentencia C – 345 de 1993 (MP Dr. Alejandro
Martínez Caballero), cita del texto original.
[36] Sentencia C-900 de 2003 (MP Jaime Araújo
Rentería), cita del texto original.
[37] Sentencia C-243 de 1996 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa), cita del texto original.
[38] Esta expresión es empleada por el Profesor Rubio
Llorente al explicar el concepto de derechos fundamentales como garantías
institucionales, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español.
[39] En la providencia referida se trazó la
distinción entre derecho a la impugnación y derecho a la segunda instancia,
como uno de los presupuestos explicativos que permitieran posteriormente sentar
las razones de la decisión para dar cuenta de los dos problemas jurídicos en
aquel fallo de constitucionalidad, cuales eran: “(i) en primer lugar, si el
ordenamiento superior consagra o si de éste se desprende un derecho a impugnar
las sentencias que en el marco de un juicio penal, imponen una condena por
primera vez en la segunda instancia; (ii) y en segundo lugar, los estándares a
los que se debe someter el legislador al diseñar las herramientas procesales
que materializan la facultad anterior, y en particular, la naturaleza y el tipo
de examen o análisis que debe efectuar el operador jurídico encargado de la
revisión del fallo incriminatorio.
[40] En el original se citaron las sentencias
C-019 de 1993 y C-430 de 1996.
[41] En el original se citó la sentencia C-017
de 1996.
[42]La Corte Constitucional, en la sentencia
C-472/94 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), declaró inexequible la expresión "o por conducto de sus delegados de
la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia", contenida en el numeral primero
del artículo 17 de la Ley 81 de 1993, que modificó el artículo 121 del Código
de Procedimiento Penal, que permitía a éstos investigar, calificar y acusar a
los altos funcionarios que gozaran de fuero constitucional. Sin embargo, en
dicha providencia se advirtió que "el fiscal general de la Nación podrá
comisionar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para la
práctica de todas las actuaciones procesales distintas a la calificación y a
las subsecuentes de formular acusación o abstenerse de hacerlo" (cita del
texto original).
[43] Corte Suprema de Justicia, Auto del 14 de
diciembre de 1992, radicación 4083, MP Ricardo Calvete Rangel. (cita del texto
original).
[44] Maier J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos,
Editores del Puerto, 2ª ed, 3ª  reimp. Buenos Aires, 2004, p. 794
[45] Ibídem.
[46] Rubio Llorente F., “Los derechos
fundamentales. Introducción” en La forma del poder. Estudios sobre la
Constitución, Volumen III, 3ª. Ed., Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2012, p. 996.
[47] Ver sentencia C-153 de 1995.
[48] Sobre este tema pueden consultarse las
sentencias C-005 de 1993, C-019 de 1993, C-345 de 1993, C-017 de 1996.
[49] Sentencia C- 792 de 2014
[50] Muestra de este criterio son las citadas
sentencias C- 956 de 1999, C- 150 de 1993 y C 254A de 2012, entre otras.
[51] Sentencia C- 142 de 1993.
[52] Cfr. Obregón García, Antonio, “La
responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno: análisis del artículo
102 de la Constitución española”, ed. Civitas, Madrid, 1996, págs. 56 y 57.
(cita del texto original)
[53] Maier, J. op cit. Ibídem.
[54] El derecho a recurrir de las víctimas se
deriva de la preceptiva contenida en loso artículos 11 y 137 del Código de
Procedimiento Penal. En particular el literal del primero reza:
ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS. El
Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia,
en los términos establecidos en este código.
En desarrollo de lo anterior,
las víctimas tendrán derecho:
(…)
g) A ser informadas sobre la
decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo
pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos
ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; (…)
Las sentencias C-209 de 2007 y C-047 de 2006 se han
pronunciado sobre la exequibilidad de disposiciones que regulan la
interposición de recursos en el proceso penal y, se han inclinado expresamente
por la procedencia de recursos por parte de las víctimas en ese tipo de
actuaciones.
[55] En el caso del Ministerio Público el inciso
2º del  artículo 459 de la Ley 906 de 2004 preceptúa:
“ARTÍCULO 459. EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD (…).
En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el
Ministerio Público podrá intervenir e interponer los recursos que sean
necesarios”
[56] En lo concerniente a la Fiscalía, el
numeral 13 del artículo 114 de la Ley 906 de 2004 establece:
ARTÍCULO 114. ATRIBUCIONES. La Fiscalía General de la Nación, para el
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes
atribuciones:
13. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y
extraordinarios y la acción de revisión en los eventos establecidos por este
código.
[57] Maier op cit p.p. 709- 803.
[58] Solo son parámetros de control aquellos tratados y convenios
internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en
estados de excepción.
[59] Cfr. la sentencia C- 774 de 2001.
[60] Respecto de la función integradora e
interpretativa del bloque de constitucionalidad se puede observar la Sentencia
C- 750 de 2008.
[61] Cfr. la sentencia C- 774 de 2001.
[62] Díaz E., “Estado de Derecho y legitimidad
democrática” en Estado, justicia, derechos Díaz E., y Colomer (Eds.),
Alianza editorial, Madrid, 2002, p. 83.
[63] Santamaría Pastor J.A., Principios de
Derecho Administrativo General  Vol. I, primera edición, ed. Iustel,
Madrid, 2004, p. 446.
[64] Santamaría Pastor J.A., Principios (…) p.
450.
[65] Estas razones fueron tenidas en cuenta en
la sentencia C- 561 de 1999 al explicar los motivos de la delegación.
[66] Sobre estas técnicas de traslado de
competencias puede consultarse a Santamaría Pastor, op. Cit. pp. 450 y ss.
Igualmente, puede revisarse Ortega Álvarez L., “Teoría de la organización
administrativa” en Parejo Alfonso y otros, Manual de Derecho Administrativo,
3ª. Ed., Ariel derecho, Barcelona, 1994, pp. 190-192.
[67] Al lado de la delegación, se tienen otras
técnicas de traslación como la transferencia de competencias, la sustitución,
la avocación.
[68] Santamaría Pastor op. Cit. p. 451.
[69] Ver también sentencia C- 727 de 2000.
[70] Santamaría Pastor op. Cit. p. 453.
[71] Sentencia C- 496 de 1998.
[72] Cfr. Georges Vedel, Pierre Delvolvé, Droit
Administratif. Presses Universitaires de France, París, 1982. (Cita del
texto original).
[73] Una apreciación en este sentido, se puede
advertir en la sentencia C- 566 de 2000.
[74] La misma conclusión ha sido tenida en
cuenta en las sentencias C- 382 de 2000 y C- 372 de 2002.
[75] Sentencias
SU-047 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz Y Alejandro Martínez Caballero y
SU-1300 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-446 de 2013 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.