C-979-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-979/02
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Concesión
FUNCION LEGISLATIVA-Traslado temporal
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Condiciones para concesión
La concesión de facultades
extraordinarias está sujeta por parte del legislador ordinario al cumplimiento
de los presupuestos y exigencias contemplados en dicho canon constitucional,
los cuales se pueden desglosar así:  a) Las facultades deben ser temporales y
no pueden exceder de seis (6) meses; b)los asuntos que deberá regular el
Presidente deben ser señalados por el Congreso en forma clara, precisa y
determinada; c) solamente se pueden otorgar cuando la necesidad lo exija o la
conveniencia pública lo aconseje; d) deben ser solicitadas por el Gobierno de
manera expresa; e) deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros
de una y otra Cámara legislativa; f) no se pueden conferir para expedir
códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, así como tampoco para dictar
leyes marco ni decretar impuestos.
DECRETO LEY Y LEY ORDINARIA-Jerarquía normativa igual/DECRETO LEY-Derogación,
modificación o adición de leyes ordinarias
El Presidente de la República es
competente para ejercer, por vía de la delegación, la referida función
legislativa a través de la expedición de decretos con fuerza de ley, es decir,
disposiciones que ostentan la misma jerarquía normativa que aquéllas que expide
el legislador ordinario. Por consiguiente, al Presidente en ejercicio de tales
funciones le está permitido derogar, modificar o adicionar leyes expedidas por
el Congreso, siempre y cuando, claro está, se respeten las directrices y
límites temporales y materiales trazados en la ley habilitante así como los
demás requisitos constitucionales.
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Regulación de materias propias del legislador ordinario
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Derogación, modificación o adición de leyes ordinarias
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Materias no objeto de reserva legal
SISTEMA DE SALUD DE FUERZAS MILITARES Y
POLICIA NACIONAL-No reserva legal para regulación
de estructura
FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN SISTEMA DE
SALUD DE FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Regulación
de estructura
REGIMEN PRESTACIONAL DE FUERZAS MILITARES
Y POLICIA NACIONAL-Regulación por leyes ordinarias
o decretos leyes
SISTEMA DE SALUD DE FUERZAS MILITARES Y
POLICIA NACIONAL-Regulación por leyes ordinarias o
decretos leyes
LEY HABILITANTE EN FACULTADES
EXTRAORDINARIAS-Precisión para derogar, modificar o
adicionar leyes ordinarias
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Descripción clara y precisa de asuntos por ley habilitante
LEY HABILITANTE EN FACULTADES
EXTRAORDINARIAS-Determinación explícita y puntual
de legislación a modificar
LEY HABILITANTE EN FACULTADES
EXTRAORDINARIAS-Determinación expresa de facultad
para derogar, modificar o adicionar legislación ordinaria
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Actor tiene la carga de
señalar normas del decreto que deroga, modifica o adiciona legislación
ordinaria
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Explicación de normas
que resultan derogadas, modificadas o adicionadas
DECRETO LEY Y DECRETO
REGLAMENTARIO-Distinción
Debe la Corte aclarar la diferencia
existente entre los decretos con fuerza de ley y los decretos reglamentarios,
siendo los primeros expedidos con fundamento en una ley de facultades
extraordinarias otorgadas por el legislador ordinario, a instancias del
artículo 150-10 de la Constitución, mientras que los segundos son aquellos por
medio de los cuales el Ejecutivo ejerce la potestad reglamentaria de las leyes
para su cumplida ejecución, facultad ésta que le confiere el artículo 189,
numeral 11. Estos últimos, claro está, carecen de fuerza de ley, siendo meros
actos administrativos sujetos al control de la jurisdicción contencioso
administrativa.
Referencia:
expediente D-4065
Demanda de inconstitucionalidad contra la
integridad de la Ley 578 de 2000 y del Decreto Ley 1795 de 2000.
Demandante: Bernardo Herrera Herrera.
Magistrado
Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre del
año dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el
decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el
ciudadano Bernardo Herrera Herrera, demandó la integridad de la Ley 578 de
2000, “por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las fuerzas
militares y de policía nacional” y del Decreto Ley 1795 de 2000, “por
medio del cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional”.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los
procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir
acerca de la demanda de la referencia.
II. NORMAS DEMANDADAS
A  continuación se transcribe el texto de las disposiciones
acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 43.934 del 15 de
marzo de 2000 y 44.161 del 14 de septiembre de 2000, respectivamente.
“Ley 578 de 2000
(marzo 14)
por medio de la cual se reviste al
Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas
relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1°. De
conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política,
revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias,
hasta por el término de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de
la presente ley, para expedir las normas de carrera, los reglamentos de régimen
disciplinario y de evaluación de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares; el reglamento de aptitud psicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el régimen
de carrera y/o estatuto del soldado profesional así como el reglamento de
disciplina y ética para la Policía Nacional, el reglamento de evaluación y
clasificación para el personal de la Policía Nacional, las normas de carrera
del personal de oficial y suboficiales de la Policía Nacional, las normas de carrera
profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los estatutos del
personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; la estructura
del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se
dictan otras disposiciones.
Artículo 2°. En
desarrollo de las facultades extraordinarias contempladas en el artículo
anterior el Presidente de la República podrá derogar, modificar o adicionar
entre otros los siguientes decretos: 1211/90, 85/89, 1253/88, 94/89, 2584/93,
575/95, 354/94, 572/95, 1214/90, 41/94, 574/95, 262/94, 132/95, 352/97, 353/94
y las demás normas relacionadas con la materia.
Artículo 3°. Las
Mesas Directivas de ambas Cámaras designarán una comisión especial integrada
así: cinco (5) Senadores de la República y cinco (5) Representantes a la
Cámara, con el fin de participar en el desarrollo de estas facultades y en la
elaboración, revisión y concertación de los textos definitivos de los decretos
de reestructuración. De la comisión de redacción de la ley de facultades hará
parte el Procurador General de la Nación o su delegado
Parágrafo. Los
decretos legislativos que se dicten en desarrollo de estas facultades no serán
considerados códigos.
Artículo 4°. La
presente ley rige a partir de su promulgación.”
“Decreto 1795 de 2000
(septiembre 14)
por el cual se estructura el Sistema de
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 578 de
2000
DECRETA:
TITULO I
DEL SISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL
CAPITULO I
COMPOSICION Y PRINCIPIOS
ARTICULO 1.-
DEFINICIÓN DEL SISTEMA: El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional es un conjunto interrelacionado de Instituciones, Organismos,
Dependencias, Afiliados, Beneficiarios, Recursos, Políticas, Principios,
Fundamentos, Planes, Programas y Procesos debidamente articulados y armonizados
entre sí, para el cumplimiento de la misión, cual es prestar el servicio
público esencial en salud a sus afiliados y beneficiarios.
ARTICULO 2.-
DEFINICIÓN DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL.- Para los efectos del presente
Decreto se define la Sanidad como un servicio público esencial de la logística
militar y policial, inherente a su organización y funcionamiento, orientada al
servicio del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios.
ARTICULO 3.-
NATURALEZA.- El SSMP es un Sistema Administrativo Nacional del Ministerio de
Defensa Nacional encargado de coordinar y desarrollar las actividades
orientadas a la prestación del servicio de salud a los afiliados y
beneficiarios del Sistema en los términos que establece el presente Decreto.
ARTICULO 4.-
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA.- El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional (SSMP) está constituido por el Ministerio de Defensa Nacional,
el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
(CSSMP), el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM), el Subsistema
de Salud de la Policía Nacional (SSPN), y los afiliados y beneficiarios del
Sistema.
El Subsistema de
Salud de las Fuerzas Militares lo constituyen el Comando General de las Fuerzas
Militares, la Dirección General de Sanidad Militar, el Ejército Nacional, la
Armada Nacional, la Fuerza Aérea y Hospital Militar Central. El Subsistema de
Salud de la Policía Nacional lo constituyen la Policía Nacional y la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional.
ARTICULO 5.-
OBJETO. Prestar el Servicio de Sanidad inherente a las Operaciones Militares y
del Servicio Policial como parte de su logística Militar y además brindar el
servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección,
recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios.
PARAGRAFO.- Los
Establecimientos de Sanidad Militar (ESM) y Policial (ESP), estarán destinados
prioritariamente a la atención en salud del Sistema como apoyo para la defensa
y seguridad Nacional.
ARTICULO 6.-
PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS
Serán principios
orientadores para la prestación del servicio de salud del SSMP los siguientes:
a) CALIDAD. Los
servicios que presta el Sistema se fundamentan en valores orientados a
satisfacer las necesidades y expectativas razonables de los usuarios de tal
forma que los servicios se presten de manera integral.
b) ETICA. Es el
conjunto de reglas encaminadas a brindar servicios de salud integrales en un
marco de respeto por la vida y la dignidad humana sin ningún distingo.
c) EFICIENCIA. Es
la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos y
financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho el Sistema
sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.
d) UNIVERSALIDAD.
Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna
discriminación, en todas las etapas de la vida.
e) SOLIDARIDAD.
Es la práctica de la mutua ayuda entre los Establecimientos de Sanidad de las
Fuerzas Militares y Policía Nacional bajo el principio del más fuerte hacia el
más débil.
f) PROTECCIÓN
INTEGRAL. El SSMP brindará atención en salud integral a sus afiliados y beneficiarios
en sus fases de educación, información y fomento de la salud, así como en los
aspectos de prevención, protección, diagnóstico, recuperación, rehabilitación,
en los términos y condiciones que se establezcan en el plan de Servicios de
Sanidad Militar y Policial, y atenderá todas las actividades que en materia de
salud operacional requieran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para el
cumplimiento de su misión. En el SSMP no existirán restricciones a los
servicios prestados a los afiliados y beneficiarios por concepto de
preexistencias.
g)
OBLIGATORIEDAD. Es obligatoria la afiliación de todas las personas enunciadas
en el Artículo 23 del presente Decreto.
h) EQUIDAD. El
SSMP garantizará servicios de salud de igual calidad a todos sus afiliados y
beneficiarios, independientemente de su ubicación geográfica, grado o condición
de uniformado o no uniformado, activo, retirado o pensionado.
Serán
características propias del Sistema:
a) AUTONOMÍA. El
SSMP es autónomo y se regirá de conformidad con lo establecido en el presente
Decreto.
b)
DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION. El SSMP se administrará en forma
descentralizada y desconcentrada, con el fin de optimizar la utilización de los
recursos, obtener economías de escala y facilitar el acceso y la oportunidad de
los servicios de salud en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional. Esto
con sujeción a las políticas, reglas, directrices y orientaciones trazadas por
el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
c) INTEGRACIÓN
FUNCIONAL. La Dirección General de Sanidad Militar, la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional, las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas, los
Establecimientos de Sanidad Militar y Policial, y el Hospital Militar Central,
concurrirán armónicamente a la prestación de los servicios de salud, mediante
la integración en sus funciones, acciones y recursos, de acuerdo con la
regulación que para el efecto adopte el Consejo Superior de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
d) INDEPENDENCIA
DE LOS RECURSOS. Los recursos que reciban las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional para la salud, deberán manejarse en fondos cuenta separados e
independientes del resto de su presupuesto y sólo podrán destinarse a la
ejecución de dichas funciones.
e) ATENCION
EQUITATIVA Y PREFERENCIAL. En todos los niveles del SSMP se deberán atender
equitativa y prioritariamente a los afiliados y beneficiarios del mismo. Por
consiguiente, solamente podrán ofrecer servicios a terceros o a entidades
promotoras de salud, una vez hayan sido satisfechas debidamente las necesidades
de tales usuarios.
f) RACIONALIDAD.
El SSMP utilizará los recursos de manera racional a fin de que los servicios
sean eficaces, eficientes y equitativos.
g) UNIDAD. El
SSMP tendrá unidad de gestión, de tal forma que aunque la prestación de
servicios se realice en forma desconcentrada o contratada, siempre que exista
unidad de dirección y políticas así como la debida coordinación entre los
Subsistemas y entre las entidades y Establecimientos de Sanidad de cada uno de
ellos.
CAPITULO II
AUTORIDADES Y
ORGANOS ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA
ARTICULO 7.-
FUNCIONES DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. Además de las funciones que la Ley
le asigna de modo general a los Ministros y de manera particular al Ministro de
Defensa Nacional, éste tendrá a su cargo la función de preparar los proyectos
de Ley y de Decreto relacionados con la salud de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional.
ARTICULO 8.-
CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICÍA NACIONAL.
Establécese con carácter permanente el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional (CSSMP), como organismo rector y coordinador
del SSMP. El CSSMP estará integrado por los siguientes Miembros:
a) El Ministro de
Defensa Nacional o Viceministro de Defensa Nacional como su delegado, quien lo
presidirá.
b) El Ministro de
Hacienda y Crédito Público o su delegado.
c) El Ministro de
Salud o el Viceministro como su delegado.
d) El Comandante
General de las Fuerzas Militares o el Jefe de Estado Mayor Conjunto como su
delegado.
e) El Comandante
del Ejército Nacional o el Segundo Comandante como su delegado.
f) El Comandante
de la Armada Nacional o el Segundo Comandante como su delegado.
g) El Comandante
de la Fuerza Aérea o el Segundo Comandante como su delegado.
h) El Director
General de la Policía Nacional o el Subdirector General como su delegado.
i) El Director
del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
j) El Director
para la Coordinación de Entidades Descentralizadas del Ministerio de Defensa
Nacional.
k) Un
representante del personal de Oficiales en goce de asignación de retiro o pensión
de la Fuerza Pública o su suplente.
l) Un
representante del personal de Suboficiales en goce de asignación de retiro o
pensión de la Fuerza Pública o su suplente.
m) Un
representante del personal de Soldados Voluntarios y/o Profesionales o Agentes en
goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares o Policía
Nacional según corresponda, o su suplente.
n) Un
representante del personal civil pensionado del Ministerio de Defensa Nacional
y Policía Nacional o su suplente.
o) Un representante
de los empleados públicos y trabajadores oficiales del Ministerio de Defensa
Nacional y Policía Nacional o su suplente.
PARAGRAFO 1.-
Harán parte del CSSMP con voz pero sin voto el Director General de Sanidad
Militar, el Director de Sanidad de la Policía Nacional, el Director del
Hospital Militar Central.
Además de lo
anterior el Presidente del CSSMP podrá invitar a las personas que considere
necesarias.
PARAGRAFO 2.- El
CSSMP deberá reunirse obligatoriamente una vez cada tres meses o extraordinariamente
cuando lo solicite su presidente y podrá sesionar como mínimo con ocho de sus
miembros.
PARÀGRAFO 3.- Los
representantes del personal en goce de asignación de retiro o pensión de las
Fuerzas Militares, del Personal de Soldados Voluntarios y/o Profesionales o
Agentes en goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares o
Policía Nacional, pensionados del Ministerio de Defensa Nacional y de los
empleados públicos y trabajadores oficiales del Sector Defensa a que se refiere
el presente Artículo, serán elegidos a nivel Nacional por mayoría de votos y
para un período de dos años. El suplente será quien obtenga la segunda mayor
votación.
El proceso de
elección de los representantes estará a cargo de:
. Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares en coordinación con la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional para los literales k), l) y m), según reglamentación que
expidan sus respectivas Juntas Directivas.
. Prestaciones
Sociales del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional para el literal
n), Recursos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional para
el literal o), o quien haga sus veces, según reglamentación que expida el
Ministerio de Defensa Nacional.
PARAGRAFO 4.- Los
miembros que actúen en calidad de delegados o suplentes, no podrán delegar ésta
responsabilidad.
ARTICULO 9.-
FUNCIONES. Son funciones del CSSMP:
a) Definir las
políticas, planes, programas y prioridades generales del SSMP.
b) Señalar los
lineamientos generales de organización, orientación y funcionamiento del SSMP.
c) Aprobar el
anteproyecto de presupuesto general de los componentes del SSMP.
d) Aprobar el
Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial y los planes complementarios de
salud, con sujeción a los recursos disponibles para la prestación del servicio
de salud en el SSMP.
e) Determinar y
reglamentar el funcionamiento de los Fondos Cuenta creados por la Ley 352 de
1997.
f) Aprobar los
parámetros de administración, transferencia interna y aplicación de recursos
para el SSMP, con base en los presupuestos disponibles en forma equitativa.
g) Adoptar las
tarifas para compra y venta de servicios de salud para el SSMP.
h) Determinar
anualmente los parámetros que aseguren la atención preferencial de las
necesidades de los afiliados y beneficiarios del Sistema y autorizar a las
entidades y a los Establecimientos de Sanidad que conforman el SSMP para la
prestación de servicios de salud a terceros.
i) Adoptar los
regímenes de referencia y contrarreferencia para el SSMP.
j) Determinar
normas para supervisar, controlar y evaluar el SSMP, en los ámbitos
administrativos y técnicos.
k) Reglamentar
los exámenes médico laborales a que se refiere el Decreto 094 de 1989 o las
normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen.
l) Disponer las
políticas, estrategias, planes y programas de salud en apoyo de las operaciones
militares y del servicio policial.
m) Aprobar el
proyecto del plan de desarrollo del SSMP.
n) Expedir los
actos administrativos para el cumplimiento de sus funciones.
o) Expedir su
propio reglamento.
p) Las demás que
le señale la Ley y los reglamentos.
ARTICULO 10.-
SECRETARÍA DEL CSSMP. La Secretaría del CSSMP será ejercida por el funcionario
del Ministerio de Defensa que designe el Ministro de Defensa Nacional. Las
funciones de la Secretaría serán las siguientes:
a) Actuar como
Secretario en las reuniones del Consejo y de sus comisiones.
b) Comunicar la
convocatoria a las sesiones del Consejo conforme al reglamento y a las
instrucciones impartidas por su Presidente.
c) Elaborar y
suscribir las actas de las reuniones del CSSMP.
d) Llevar el
archivo de todos las actas, actos administrativos y demás actuaciones del
Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
e) Recopilar e
integrar los informes, estudios y documentos que deban ser examinados por el
Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
CAPITULO III
DEL SUBSISTEMA DE
SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES
ARTICULO 11.-
FUNCIONES DEL COMANDO GENERAL DE LA FUERZAS MILITARES.- El CGFM tendrá como
funciones con relación al SSFM las siguientes:
a) Destinar el
personal Militar necesario para cubrir las necesidades de la Dirección General
de Sanidad Militar, de acuerdo con las normas vigentes.
b) Supervisar, a
través de la Dirección General de Sanidad Militar, la ejecución de los recursos
asignados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y evaluar su gestión.
c) Verificar, a
través de la Dirección General de Sanidad Militar, el cumplimiento de las
políticas y acuerdos que apruebe el CSSMP en lo relativo al Subsistema, así
como de los planes y programas que coordine el Comité de Salud de las Fuerzas
Militares.
ARTICULO 12.-
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.- La Dirección General de Sanidad Militar
es una dependencia del Comando General de la Fuerzas Militares cuyo objeto es
administrar los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e
implementar las políticas que emita el CSSMP y los planes y programas que
coordine el Comité de Salud de las Fuerzas Militares respecto del Subsistema de
Salud de las Fuerzas Militares.
ARTICULO 13.-
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DGSM.- La Dirección
General de Sanidad Militar tendrá a su cargo las siguientes funciones respecto
del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares:
a) Dirigir la
operación y el funcionamiento del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares
con sujeción a las directrices trazadas por el CSSMP.
b) Administrar el
Fondo - Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
c) Coordinar y
administrar el recaudo de las cotizaciones a cargo de los afiliados al
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, el aporte patronal de que trata
el Artículo 36 y los demás ingresos contemplados para el Subsistema en el
presente Decreto.
d) Organizar un
sistema de información al interior del Subsistema, de conformidad con las
disposiciones dictadas por el CSSMP y el Ministerio de Salud, que contenga,
entre otros aspectos, el censo de afiliados y beneficiarios, sus
características socioeconómicas, su estado de salud y registrar la afiliación
del personal que pertenezca al Subsistema y expedir el respectivo carné.
e) Elaborar y
presentar a consideración del Comité de Salud de las Fuerzas Militares y del
CSSMP el programa general de administración, transferencia interna y aplicación
de recursos para el Subsistema.
f) Evaluar
sistemáticamente la calidad, eficiencia, eficacia y equidad de los servicios
directos y contratados prestados por el Subsistema.
g) Organizar y
coordinar el sistema de costos, facturación, información y garantía de calidad
del Subsistema.
h) Elaborar los
estudios y las propuestas que requiera el Comité de Salud de las Fuerzas
Militares, el CSSMP o el Ministro de Defensa Nacional.
i) Elaborar y
someter a consideración del Comité de Salud de las Fuerzas Militares y del
CSSMP el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, con sujeción a los
recursos disponibles para la prestación del servicio de salud en el Subsistema
de Salud de las Fuerzas Militares.
j) Evaluar y
presentar al Comité de Salud de las Fuerzas Militares el informe de gestión y
resultados, de los Establecimientos de Sanidad Militar.
k) Elaborar el
anteproyecto del presupuesto de inversión y funcionamiento para los planes que
conforman el régimen de beneficios establecidos en el presente Decreto, para
concepto del Comité de Salud de las Fuerzas Militares y posterior aprobación
del CSSMP.
l) Realizar el
seguimiento del presupuesto y evaluar la relación costo - efectividad de la
utilización de los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
m) Recomendar los
regímenes de referencia y contrarreferencia para su adopción por parte del
CSSMP.
n) Coordinar con
las Dependencias del Ministerio de Defensa la gestión para la obtención de los
recursos adicionales, con el fin de optimizar el servicio de salud en las
Fuerzas Militares.
o) Coordinar las
acciones del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en apoyo logístico a
las operaciones Militares.
p) Elaborar en
coordinación con las Direcciones de Sanidad el proyecto del plan de desarrollo
para ser presentado ante el Comité de Salud de las Fuerzas Militares para su
concepto y posterior aprobación del CSSMP.
q) Las demás que
le asigne la Ley y los reglamentos.
ARTICULO 14.-
COMITÉ DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES.- El Comité de Salud de las Fuerzas
Militares como órgano coordinador del SSFM, estará integrado por los siguientes
miembros:
a) El Jefe de
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, quien lo presidirá.
b) El Segundo
Comandante del Ejército Nacional.
c) El Segundo
Comandante de la Armada Nacional.
d) El Segundo
Comandante de la Fuerza Aérea.
e) El Director
del Hospital Militar Central.
f) Un
representante del personal de Oficiales en goce de asignación de retiro o
pensión de las Fuerzas Militares.
g) Un
representante del personal de Suboficiales en goce de asignación de retiro o
pensión de las Fuerzas Militares.
h) El Jefe de la
Oficina de Planeación del Ministerio de Defensa Nacional.
i) Un profesional
de la salud como representante de los empleados públicos y trabajadores
oficiales de las Fuerzas Militares.
PARAGRAFO 1.-
Harán parte del Comité, con voz pero sin voto, el Director General de Sanidad
Militar y los Directores de Sanidad de las Fuerzas Militares.
PARAGRAFO 2.- Los
miembros del Comité a que hacen referencia los literales f) y g) del presente
Artículo, no podrán ser los mismos del CSSMP.
PARAGRAFO 3.- El
Comité de Salud de las Fuerzas Militares deberá reunirse una vez cada dos meses
o extraordinariamente cuando lo solicite su presidente, podrá sesionar como
mínimo con cinco de sus miembros y será presidido por el Oficial en servicio
activo más antiguo en ausencia del Jefe de Estado Mayor Conjunto. La
participación de los Miembros en el Comité es indelegable.
PARAGRAFO 4.- El
representante del personal en goce de asignación de retiro de las Fuerzas
Militares o de pensión del Ministerio de Defensa Nacional y el profesional de
la salud de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las Fuerzas
Militares, serán elegidos por sus representados a nivel Nacional por mayoría de
votos y para un período de dos años. La Junta Directiva de la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares, establecerá mecanismos idóneos para realizar la
elección.
ARTICULO 15.-
FUNCIONES DEL COMITÉ.- Son funciones del Comité de Salud de las Fuerzas
Militares las siguientes:
a) Coordinar el
desarrollo de las políticas, planes y programas que defina el CSSMP respecto del
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
b) Conceptuar
preliminarmente sobre el Plan de Servicios de Sanidad Militar y el programa
general de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para
el Subsistema.
c) Conceptuar
sobre el anteproyecto de presupuesto y el proyecto del Plan de Desarrollo del
SSFM.
d) Recomendar
criterios y mecanismos para la evaluación del servicio de salud prestado a los
afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
e) Coordinar los
planes, programas y estrategias del Subsistema de Salud, como apoyo logístico a
las operaciones propias de las Fuerzas Militares, en concordancia con las
políticas que adopte el CSSMP.
f) Conceptuar
sobre la evaluación de los Establecimientos de Sanidad Militar.
g) Darse su
propio reglamento.
h) Las demás que
les señalen la Ley y los reglamentos.
ARTICULO 16.-
FUNCIONES ASIGNADAS A LAS FUERZAS MILITARES.- El Ejército Nacional, la Armada
Nacional y la Fuerza Aérea serán las encargadas de prestar los servicios de
salud a través de las Direcciones de Sanidad de cada una de las Fuerzas a los
afiliados y sus beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares,
por medio de sus Establecimientos de Sanidad Militar; así mismo podrán
solicitar servicios preferencialmente con el Hospital Militar Central o con
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y profesionales habilitados, de
conformidad con los planes, políticas, parámetros y lineamientos establecidos
por el CSSMP.
PARAGRAFO.- Las
Direcciones de Sanidad a las que se refiere el presente Artículo serán las
creadas por las normas internas de cada Fuerza.
ARTICULO 17.-
Para efectos de lo dispuesto en este Capítulo, se exceptúa el Hospital Militar
Central.
CAPITULO IV
DEL SUBSISTEMA DE
SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL
ARTICULO 18.-
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.- La Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional es una dependencia de la Policía Nacional, encargada de
administrar el Subsistema de Salud e implementar las políticas que emita el
CSSMP y los planes y programas que coordine el Comité de Salud de la Policía
Nacional respecto del SSPN.
ARTICULO 19.-
FUNCIONES.- Son funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional las
siguientes:
a) Dirigir la
operación y el funcionamiento del Subsistema de Salud de la Policía Nacional,
con sujeción a las directrices trazadas por el CSSMP.
b) Administrar el
Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
c) Coordinar y
administrar el Recaudo de las cotizaciones a cargo de los afiliados del
Subsistema de Salud de la Policía Nacional del aporte patronal de que trata el
Artículo 36 y los demás ingresos contemplados para el Subsistema en el presente
Decreto.
d) Organizar un
sistema de información al interior del Subsistema, de conformidad con las
disposiciones dictadas por el CSSMP y el Ministerio de Salud, que contenga
entre otros aspectos el censo de afiliados y beneficiarios, las características
socioeconómicas de los mismos, su estado de salud y registrar la afiliación del
personal que pertenezca al Subsistema.
e) Elaborar y
presentar a consideración del Comité de Salud de la Policía Nacional y del
CSSMP el programa general de administración, transferencia interna y aplicación
de recursos para el Subsistema.
f) Evaluar
sistemáticamente la calidad, eficiencia y equidad de los servicios directos y
contratados, prestados por el Subsistema.
g) Organizar,
implementar y coordinar el sistema de costos, facturación, información y
garantía de calidad del Subsistema.
h) Elaborar los
estudios y las propuestas que requiera el CSSMP, el Comité de Salud de la
Policía Nacional o el Ministro de Defensa Nacional.
i) Elaborar y
someter a consideración del Comité de Salud de la Policía Nacional y del CSSMP
el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial con sujeción a los recursos
disponibles para la prestación del servicio de salud en el Subsistema de Salud
de la Policía Nacional.
j) Elaborar el
anteproyecto del presupuesto de inversión y funcionamiento para los planes que
conforman el régimen de beneficios establecidos en el presente Decreto para
concepto del Comité de Salud de la Policía Nacional y posterior aprobación del
CSSMP.
k) Realizar el
seguimiento del presupuesto y evaluar la relación costo - efectividad de la
utilización de los recursos del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
l) Recomendar los
regímenes de referencia y contrarreferencia para su adopción por parte del
CSSMP.
m) Coordinar con
las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional la gestión para la
obtención de los recursos adicionales con el fin de optimizar los servicios de
salud en la Policía Nacional.
n) Prestar los
servicios de salud a los afiliados y sus beneficiarios del Subsistema de Salud
de la Policía Nacional, a través de sus Establecimientos de Sanidad Policial;
así mismo podrán solicitar servicios preferencialmente con el Hospital Militar
Central o con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y profesionales
habilitados, de conformidad con los planes, políticas, parámetros y
lineamientos establecidos por el CSSMP.
o) Apoyar las
acciones que en materia de salud se requieren para el desarrollo del Servicio
Policial y de los riesgos que de ella se deriven.
p) Evaluar y
presentar al Comité de Salud de la Policía Nacional el informe de gestión y
resultados, de los Establecimientos de Sanidad Policial.
q) Elaborar el
proyecto del plan de desarrollo para ser presentado al Comité de Salud de la
Policía Nacional para concepto y posterior aprobación del CSSMP.
r) Las demás que
le señalen la ley y los reglamentos.
PARAGRAFO.- La
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional a través de sus Establecimientos de
Sanidad Policial, iniciará la facturación establecida en el literal g) del
presente Artículo, con base en el sistema de costos que se implemente y de
conformidad con la reglamentación establecida por el CSSMP.
ARTICULO 20.-
COMITÉ DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.- El Comité de Salud de la Policía
Nacional, como órgano asesor y coordinador de la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional, el cual estará integrado por los siguientes miembros:
a) El Director
Operativo de la Policía Nacional, quien lo presidirá.
b) El Director
Administrativo de la Policía Nacional
c) El Jefe de la
Oficina de Gestión Institucional de la Policía Nacional o quién haga sus veces.
d) El Inspector
General de la Policía Nacional o su suplente.
e) El Director de
la Escuela Nacional de Policía "General Santander" o su suplente.
f) Director de
Bienestar Social de la Policía Nacional o su suplente.
g) Un
representante del personal de Oficiales en goce de asignación de retiro o
pensión de la Policía Nacional o su suplente.
h) Un
representante del personal de Suboficiales en goce de asignación de retiro o
pensión de la Policía Nacional o su suplente.
i) Un
representante del personal de Agentes en goce de asignación de retiro o pensión
de la Policía Nacional o su suplente.
j) Un profesional
de la salud como representante de los empleados públicos y trabajadores
oficiales de la Policía Nacional.
PARAGRAFO 1.-
Hará parte del Comité de Salud de la Policía Nacional, el Director de Sanidad
de la Policía Nacional con voz pero sin voto. El Presidente del Comité podrá
invitar a las personas que considere necesarias.
PARAGRAFO 2.- Los
miembros del Comité a que hacen referencia los literales g), h) e i) del
presente Artículo, no podrán ser integrantes del CSSMP.
PARAGRAFO 3.- El
Comité de Salud de la Policía Nacional deberá reunirse una vez cada dos meses o
extraordinariamente cuando lo solicite su presidente, podrá sesionar como
mínimo con seis (6) de sus miembros y será presidido por el Oficial en servicio
activo más antiguo.
PARAGRAFO 4.- El
representante del personal de Oficiales y Suboficiales en goce de asignación de
retiro o pensión, el representante del personal de Agentes en goce de
asignación de retiro o pensión y el profesional de la salud de los empleados
públicos y trabajadores oficiales de la Policía Nacional, serán elegidos por
sus representados a nivel Nacional por mayoría de votos y para un período de
dos años. La Junta Directiva de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, establecerá mecanismos idóneos para realizar la elección.
ARTICULO 21.- DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL.- Como parte integrante del Subsistema
de Salud de la Policía Nacional, los Establecimientos de Sanidad Policial,
harán parte de la seguridad Nacional y tendrán como objeto la prestación de los
servicios de salud a los afiliados y beneficiarios del Subsistema, como
dependencias de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para garantizar
la continuidad e integralidad de los servicios.
ARTICULO 22.-
FUNCIONES DEL COMITÉ.- Son funciones del Comité de Salud de la Policía Nacional
las siguientes:
a) Coordinar el
desarrollo de las políticas, planes y programas que defina el CSSMP respecto
del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
b) Conceptuar
preliminarmente sobre el Plan de Servicios de Sanidad Policial y el programa
general de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para
el Subsistema.
c) Conceptuar
sobre el anteproyecto de presupuesto y el proyecto del Plan de desarrollo del
Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
d) Recomendar los
criterios y mecanismos de evaluación del servicio de salud prestado a los
afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
e) Coordinar
planes, programas y estrategias de salud en apoyo de las actividades propias
del Servicio Policial en concordancia con las políticas que adopte el CSSMP.
f) Conceptuar
sobre la evaluación de los Establecimientos de Sanidad Policial.
g) Expedir su
propio reglamento.
h) Las demás que
le señalen la Ley y los reglamentos.
TITULO II
BENEFICIOS DEL
SISTEMA
CAPITULO I
DE LOS AFILIADOS
Y BENEFICIARIOS
ARTICULO 23.-
AFILIADOS.- Existen dos (2) clases de afiliados al SSMP:
a) Los afiliados
sometidos al régimen de cotización:
1. Los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo.
2. Los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en goce de asignación de
retiro o pensión.
3. El personal
civil, activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el personal no
uniformado, activo y pensionado de la Policía Nacional que se haya vinculado al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993.
4. Los soldados
voluntarios.
5. Los soldados
profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo y en goce de pensión.
6. Los servidores
públicos y los pensionados de las entidades Descentralizadas adscritas o
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, el personal civil activo o
pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el personal no uniformado
activo y pensionado de la Policía Nacional que se rige por la Ley 100 de 1993 y
que a la fecha de la publicación del presente Decreto, se encuentren afiliados
al SSMP.
7. Los beneficiarios
de pensión por muerte del soldado profesional activo o pensionado de las
Fuerzas Militares.
8. Los
beneficiarios de pensión o de asignación de retiro por muerte del personal en
servicio activo, pensionado o retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía
Nacional.
9. Los
beneficiarios de pensión por muerte del personal civil, activo o pensionado del
Ministerio de Defensa Nacional y del personal no uniformado, activo o
pensionado de la Policía Nacional.
b) Los afiliados
no sometidos al régimen de cotización:
1. Los alumnos de
las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional y los alumnos del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, a que se refieren el Artículo 225 del Decreto 1211 de 1990, el
Artículo 106 del Decreto 41 de 1994 y el Artículo 94 del Decreto 1091 de 1995 y
las normas que los deroguen, modifiquen o adicionen, respectivamente.
2. Las personas
que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio.
ARTICULO 24.-
BENEFICIARIOS. Para los afiliados enunciados en el literal a) del Artículo 23,
serán beneficiarios los siguientes:
a) El cónyuge o
el compañero o la compañera permanente del afiliado. Para el caso del
compañero(a) sólo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años.
b) Los hijos
menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges o compañero (a) permanente,
que hagan parte del núcleo familiar o aquellos menores de 25 que sean
estudiantes con dedicación exclusiva y que dependan económicamente del
afiliado.
c) Los hijos
mayores de 18 años con invalidez absoluta y permanente, que dependan
económicamente del afiliado y cuyo diagnóstico se haya establecido dentro del
limite de edad de cobertura.
d) A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la cobertura
familiar podrá extenderse a los padres del afiliado, no pensionados que
dependan económicamente de él.
PARAGRAFO 1.-
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal c) del presente Artículo, se
define como invalidez absoluta y permanente, el estado proveniente de lesiones
o afecciones patológicas no susceptibles de recuperación que incapaciten de
forma total y permanente la capacidad laboral a la persona para ejercer un
trabajo. Para determinar la invalidez se creará en cada Subsistema un Comité de
valoración, de conformidad con lo que disponga el CSSMP.
PARAGRAFO 2.- Los
afiliados no sujetos al régimen de cotización no tendrán beneficiarios respecto
de los servicios de salud.
PARAGRAFO 3.- Los
padres del personal activo de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, que hayan ingresado al servicio con anterioridad a la
expedición de los decretos 1211 del 8 de junio de 1990 y 096 del 11 de enero de
1989 respectivamente, tendrán el carácter de beneficiarios, siempre y cuando
dependan económicamente del Oficial o Suboficial.
PARAGRAFO 4.- No
se admitirá como beneficiarios del SSMP a los cotizantes de cualquier otro
régimen de salud.
ARTICULO 25.-
DEBERES DE LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS.- Son deberes de los afiliados y
beneficiarios:
a) Procurar el
cuidado integral de su salud, la de sus familiares y la de la comunidad y dar
cabal cumplimiento a todas las disposiciones que en materia preventiva, de
seguridad industrial, de higiene y de afiliación determine el SSMP.
b) Suministrar
información veraz, clara y completa sobre su estado de salud y el de sus
beneficiarios.
c) Pagar su
cotización, cuotas moderadoras y pagos compartidos conforme a la normatividad
vigente.
d) Hacer uso racional
de los servicios médico asistenciales, cuidar las instalaciones y los elementos
que se le suministren para su atención y tratamiento, y hacer uso debido de los
documentos que lo acreditan como usuario, conforme a lo que establezcan las
leyes vigentes y el CSSMP.
e) Afiliar a sus
beneficiarios como grupo familiar en un solo régimen.
PARAGRAFO 1.-
Cuando los afiliados y beneficiarios del Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares y Policía Nacional no utilicen los servicios médico asistenciales, el
SSMP quedará exonerado de toda responsabilidad y no cubrirá cuenta alguna por
concepto de servicios sustitutivos de los anteriores. Se exceptúan de esta
norma los casos de atención inicial de urgencias.
PARAGRAFO 2.- El
derecho a los servicios de salud para los afiliados enunciados en el literal a)
del Artículo 23 y para los beneficiarios enunciados en el Artículo 24, se
extinguirá por las siguientes causas:
a) Para el
cónyuge o el compañero (a) permanente:
1. Por muerte.
2. Por declaración
judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio. Por sentencia judicial de
divorcio válida en Colombia o por separación judicial o extrajudicial de
cuerpos, ó cuando no hiciere vida en común con el cónyuge o compañero (a)
permanente afiliado.
b) Para los
hijos:
1. Por muerte.
2. Cuando
constituya familia por vínculo natural o jurídico.
3. Por haber
cumplido la edad límite establecida en este Decreto.
4. Por
independencia económica.
ARTICULO 26.-
ENTIDADES RESPONSABLES.- El Ministerio de Defensa Nacional, la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
y entidades del Sector Defensa tendrán según sea el caso, los siguientes
deberes en relación con el SSMP:
a) Afiliar al
SSMP a las personas enumeradas en el Artículo 23 del presente Decreto y
registrar a sus respectivos beneficiarios.
b) Descontar las
cotizaciones que le corresponden a cada afiliado y transferir al respectivo
fondo - cuenta de cada Subsistema dichas cotizaciones y el correspondiente
aporte patronal a cargo del Estado.
c) Actualizar y
enviar mensualmente la información relativa a los afiliados y beneficiarios, a
la Dirección General de Sanidad Militar o a la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional, según sea el caso.
CAPITULO II
REGIMEN DE
BENEFICIOS
ARTICULO 27.-
PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL.- Todos los afiliados y
beneficiarios al SSMP, tendrán derecho a un Plan de Servicios de Sanidad en los
términos y condiciones que establezca el CSSMP. Además cubrirá la atención
integral para los afiliados y beneficiarios del SSMP en la enfermedad general y
maternidad, en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y
rehabilitación. Igualmente tendrán derecho a que el SSMP les suministre dentro
del país asistencia médica, quirúrgica, odontológica, hospitalaria,
farmacéutica y demás servicios asistenciales en Hospitales, Establecimientos de
Sanidad Militar y Policial y de ser necesario en otras Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud.
PARAGRAFO.-
Cuando la atención médico - asistencial de un afiliado que se encuentre en
servicio activo en las Fuerzas Militares, en la Policía Nacional o en el
Ministerio de Defensa Nacional o de sus beneficiarios deba prestarse en el
exterior, por encontrarse el afiliado en comisión del servicio, el SSMP
reconocerá los gastos de los servicios médico – asistenciales, de conformidad
con la reglamentación que expida el CSSMP.
ARTICULO 28.-
RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO DE AFILIACIÓN.- A los afiliados y beneficiarios que
se retiren del SSMP, el Sistema General de Seguridad Social en Salud les
reconocerá los tiempos de afiliación al SSMP, para efectos de periodos mínimos
de carencia ó de cotización.
PARAGRAFO.- Los
períodos mínimos de cotización no se aplicarán a los hijos de los afiliados
sometidos al régimen de cotización que hayan nacido o que nazcan con
posterioridad a la afiliación.
ARTICULO 29.-
SALUD OPERACIONAL.- Son las actividades en salud inherentes a las Operaciones
Militares y del Servicio Policial y las actividades de salud especializada que
tienen por objeto prevenir, proteger y mantener la aptitud psicofísica
especial, que deben tener en todo tiempo los efectivos de las Fuerzas Militares
y Policiales, para desempeñarse con seguridad y eficiencia en las actividades
propias de cada Fuerza, incluyendo entre otras Sanidad en Campaña, Medicina
Naval y Medicina de Aviación.
PARAGRAFO: Los
Directores de Sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
dispondrán de la infraestructura administrativa en cuanto a los medios,
organización, funcionamiento y disponibilidad para una inmediata atención en
salud para el personal de que trata este Artículo.
ARTICULO 30.-
SALUD OCUPACIONAL.- Son las actividades de medicina preventiva, medicina de
trabajo, higiene y seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y
mejorar la salud individual y colectiva del personal en sus ocupaciones
habituales, con el fin de prevenir enfermedades y accidentes. Comprende
igualmente las actividades conducentes a evitar que las enfermedades comunes
sean agravadas por las condiciones laborales.
ARTICULO 31.-
MEDICINA LABORAL.- El SSMP realizará la evaluación de aptitud psicofísica al
personal que se requiera para salir en comisión al exterior y procesos de
selección, ingreso, escalafonamiento, reclutamiento, incorporación,
comprobación, ascenso, permanencia y retiro del personal activo afiliado al
SSMP del Ministerio de Defensa Nacional y demás circunstancias del servicio que
así lo ameriten. Igualmente el SSMP asesorará en la determinación del tiempo de
incapacidad y del grado de invalidez del personal, de conformidad con las
normas vigentes.
ARTICULO 32.-
ATENCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL – ATEP.- Se
define como el conjunto de actividades y procedimientos en salud tendientes a
prevenir, atender y rehabilitar a los afiliados de los efectos derivados de
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
ARTICULO 33.-
COMPETENCIAS.- El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional a través de los respectivos Subsistemas desarrollará los lineamientos
que establezca el CSSMP para el cabal cumplimiento de los programas de que
tratan los Artículos 29, 30 y 31del presente Decreto.
ARTICULO 34.-
PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA.- El Ministerio de Salud incluirá a los usuarios del
SSMP en el desarrollo y ejecución de los programas del Plan de Atención Básica
(PAB), de que trata el Artículo 165 de la Ley 100 de 1993 y sus Decretos
reglamentarios.
ARTICULO 35.-
PLANES COMPLEMENTARIOS.- El SSMP, previo concepto favorable del Consejo
Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, podrá
ofrecer planes complementarios a través de sus Establecimientos de Sanidad o de
aquellos con las cuales tenga contratos para la prestación del Plan de
Servicios de Sanidad. Tales planes serán financiados en su totalidad por los
afiliados o beneficiarios.
TITULO III
DE LA
FINANCIACION Y ADMINISTRACION DEL SSMP
ARTICULO 36.-
COTIZACIONES.- La cotización al SSMP para los afiliados sometidos al régimen de
cotización de que trata el literal a) del Artículo 23 será del doce (12%)
mensual calculado sobre el ingreso base. El cuatro (4%) estará a cargo del
afiliado y el ocho (8%) restante a cargo del Estado como aporte patronal el
cual se girará a través de las entidades responsables de que trata el Artículo
26 de este Decreto.
PARAGRAFO 1.- Se
entiende por ingreso base el sueldo básico adicionado con el subsidio familiar
en el caso del personal militar en servicio activo, el personal uniformado y no
uniformado de la Policía Nacional y el personal civil; la asignación de retiro
para el personal en goce de asignación de retiro o beneficiario de asignación
de retiro; la pensión para los pensionados y los beneficiarios de pensión; y la
bonificación mensual para los soldados voluntarios y el salario mensual para
los soldados profesionales.
PARAGRAFO 2.- El
monto total de las cotizaciones establecidas en el presente Artículo, ingresará
a los fondos cuenta del SSMP, según corresponda. Un punto de la cotización será
trasladado al Fondo de solidaridad y Garantía para contribuir a la financiación
de los beneficiarios del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
PARAGRAFO 3.- El
ingreso base para los afiliados a que se refiere el literal a) numeral 6) del
Artículo 23 del presente Decreto, será el establecido en la Ley 100 de 1993 y
sus decretos reglamentarios.
ARTICULO 37.-
PRESUPUESTO PER CÁPITA PARA EL SECTOR DEFENSA (PPCD). El valor del Presupuesto
Per Cápita para el Sector Defensa (PPCD) del SSMP será equivalente a una Unidad
de Pago por Capitación (UPC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
incrementada en un mínimo del veinte por ciento. Anualmente, antes de presentar
el proyecto de presupuesto al Congreso, el Gobierno Nacional evaluará el perfil
epidemiológico de la población, los riesgos cubiertos por el SSMP y los costos
de prestación del servicio y definirá con esta base el incremento que deba ser
reconocido sobre la UPC.
ARTICULO 38.-
PRESUPUESTO NACIONAL-. Deberán apropiarse los siguientes recursos del
presupuesto Nacional:
a) El aporte
patronal previsto en el Artículo 36 del presente Decreto.
b) La diferencia
entre el valor de la PPCD requerida para financiar el Plan de Servicios de
Sanidad Militar y Policial y de la UPC del Sistema General de Seguridad Social
en Salud. El monto de estos recursos es el resultado de restar el numeral 2.
del numeral 1. de acuerdo con la siguiente metodología de cálculo (1-2):
1. Se multiplica
el valor de la PPCD del SSMP por el número de afiliados sometidos al régimen de
cotización y sus beneficiarios.
2. Se multiplica
el valor de la UPC vigente por el número de afiliados sometidos al régimen de
cotización y sus beneficiarios.
c) El valor de la
PPCD de los afiliados no sometidos a régimen de cotización, el cual se
establecerá multiplicando el costo de la PPCD del SSMP por el número de
afiliados no sometidos al régimen de cotización.
d) El aporte para
la prestación de la atención integral en salud de los accidentes de trabajo y enfermedad
profesional, no podrá ser inferior al 2% del valor total de la nómina del
Ministerio de Defensa Nacional.
e) Los costos de
la construcción y adecuación de los Establecimientos de Sanidad Militar y los
Establecimientos de Sanidad Policial.
f) El costo de la
adquisición y renovación tecnológica y demás inversiones necesarias para
mantener y mejorar el servicio.
g) Los recursos
extraordinarios que de acuerdo con las disposiciones presupuestales sitúe el
Gobierno Nacional para atender las necesidades del SSMP.
ARTICULO 39.-
APORTES TERRITORIALES. El SSMP podrá recibir aportes territoriales en los
mismos términos contemplados en la legislación vigente para las demás entidades
prestadoras de servicios de salud, en cuanto presten servicios a la comunidad
de conformidad con los planes respectivos.
ARTICULO 40.-
OTROS INGRESOS. Serán otros ingresos los siguientes:
1. Los derivados
de la venta de servicios, donaciones y otros recursos que reciba el SSMP.
2. Los que
contempla la Ley 20 de 1979.
3. El valor de
los exámenes definidos en el Decreto 094 de 1989, por el cual se regula la
capacidad psicofísica, incapacidades, invalidez e indemnizaciones o en su
defecto las normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen, estarán a cargo del
presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional y cada una de las Fuerzas.
4. Los ingresos
por pagos compartidos y cuotas moderadoras realizados por los beneficiarios del
SSMP.
ARTICULO 41.-
FONDOS CUENTA DEL SSMP. Para los efectos de la operación del SSMP, funcionarán
el fondo cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y el fondo
cuenta del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. Los recursos de los
fondos serán administrados en los términos que determine el CSSMP, directamente
por la Dirección General de Sanidad Militar o por la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional y ejecutados por las Fuerzas Militares o por la Policía
Nacional, según corresponda. Los recursos podrán ser administrados por encargo
fiduciario conforme a lo dispuesto en el estatuto general de contratación de la
Administración Pública. Ingresarán a cada uno de los Fondos Cuenta los recursos
establecidos en el presente Decreto.
ARTICULO 42.-
TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SSMP. Los recursos de los
fondos cuenta se destinarán exclusivamente al financiamiento del respectivo
Subsistema, de acuerdo con las prioridades, presupuesto y los criterios de
distribución que apruebe el CSSMP. La transferencia y distribución de dichos
recursos deberá efectuarse de manera proporcional al número y características
específicas de los afiliados y beneficiarios atendidos en cada uno de los
establecimientos de Sanidad, de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional.
TITULO IV
PAGOS COMPARTIDOS
Y CUOTAS MODERADORAS
ARTICULO 43.- FINALIDAD:
Con el fin de racionalizar el uso de los servicios y contribuir a financiar el
costo de los mismos, los beneficiarios podrán estar sujetos a pagos compartidos
y cuotas moderadoras.
PARAGRAFO: Para
La determinación de las cuotas moderadoras, deberá tomarse como base el ingreso
mensual, pensión o asignación de retiro del afiliado cotizante y no podrán
superar el 1% del salario mínimo mensual legal vigente.
Para La
determinación de los pagos compartidos, deberá tomarse como base el costo del
servicio y no podrá exceder del 50% del ingreso mensual devengado por el
afiliado, para todos los eventos en el año.
ARTICULO 44.-
DEFINICIONES.-
Cuota Moderadora:
Es un aporte adicional en dinero que hace el afiliado por el beneficiario, que
tiene como objeto regular y racionalizar la utilización del servicio de salud.
Pagos
Compartidos: Son aportes adicionales en dinero que hace el afiliado por el
beneficiario y que corresponden a una parte del valor del servicio demandado y
tiene como finalidad ayudar a financiar el Sistema.
ARTICULO 45.-
RANGOS DE APLICACIÓN.
a) La cuota
moderadora se aplicará a los beneficiarios del SSMP de acuerdo con los siguientes
rangos:
Afiliados con
ingreso base de cotización hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes: 0.2% de un salario mínimo mensual legal vigente.
Afiliados con
ingreso base de cotización mayor a dos (2) y hasta cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes: 0.4% de un salario mínimo mensual legal vigente.
Afiliados con
ingreso base de cotización mayor a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes: 0.6% de un salario mínimo mensual legal vigente.
b) Los pagos
compartidos se aplicarán a los beneficiarios del SSMP y su aporte será del 5%
del valor de cada servicio sin exceder el 5% del ingreso total mensual que
reciba el afiliado.
PARAGRAFO.- Para
efectos de facilitar el cobro de las cuotas moderadoras y pagos compartidos los
valores en pesos resultantes de la aplicación de los anteriores porcentajes se
ajustarán a la centena inmediatamente superior.
ARTICULO 46.-
SERVICIOS SUJETOS A PAGOS COMPARTIDOS Y CUOTAS MODERADORAS.
a) Serán
servicios sujetos al cobro de cuotas moderadoras los siguientes:
1) Consulta
médica, odontológica y paramédica general
2) Consulta
médica, odontológica y paramédica especializada.
3) Exámenes y
procedimientos de diagnóstico por laboratorio e imagenología.
4) Procedimientos
terapéuticos.
b) Serán
servicios sujetos al cobro de pagos compartidos todos los servicios contenidos
en el Plan de Servicios de Salud, con excepción de:
1) Servicios de
promoción y prevención.
2) Programas de
control en atención materno infantil.
3) Programas de control
en atención de las enfermedades transmisibles.
4) Enfermedades
catastróficas o de alto costo.
5) La atención
inicial de urgencias.
PARAGRAFO 1.- El
acceso a la prestación de los servicios de salud de alto costo por parte de los
beneficiarios, estará sujeto a periodos mínimos de cotización que en ningún
caso excederán a 52 semanas. Para los casos en que no se cumplan los periodos
mínimos de cotización, el valor del pago compartido, será el doble de lo
establecido en el inciso 2 del Parágrafo único del Artículo 43 del presente
Decreto.
PARAGRAFO 2.-
Para efectos de definir las Enfermedades de alto costo, se adoptan las
establecidas en el Sistema de Seguridad Social en Salud para ser aplicadas en
el SSMP.
TITULO V
DEL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL
ARTICULO 47.-
NATURALEZA JURÍDICA. El Hospital Militar Central, es un Establecimiento Público
del orden Nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personería
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, con
domicilio en Bogotá, D.C.
ARTICULO 48.-
OBJETO. Como parte integral del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares,
el Hospital Militar Central tendrá como objeto la prestación de los servicios
de salud a los afiliados y beneficiarios del SSMP y se constituye en uno de los
establecimientos de más alto nivel para la atención de los servicios de salud
del sistema logístico de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
PARAGRAFO 1.-
Para mantener la eficiencia y calidad de los servicios, desarrollará
actividades de docencia e investigación científica, acordes con las patologías
propias de los afiliados al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y Policía
Nacional y sus beneficiarios, según las normas vigentes.
PARAGRAFO 2.- El
Hospital Militar Central podrá ofrecer servicios a terceros.
ARTICULO 49.-
FUNCIONES. En desarrollo de su objetivo, el Hospital Militar Central cumplirá
las siguientes funciones:
a) Prestar con
prioridad, atención médica a afiliados y beneficiarios del SSMP.
b) Prestar
servicios médico - asistenciales a personas naturales y jurídicas que lo
requieran.
c) Desarrollar
programas en educación médica en pregrado, post-grado, enfermería y en otras
áreas relacionadas con los objetivos del SSMP.
d) Adelantar
estudios de investigación científica en áreas médicas, paramédicas y
administrativas.
e) Promover el
desarrollo y bienestar del personal que pertenece a la estructura orgánica del
Hospital.
PARAGRAFO.- Las
funciones del Hospital Militar Central deberán desarrollarse de conformidad con
los planes, políticas, parámetros y lineamientos fijados por el CSSMP.
ARTICULO 50.-
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. El Hospital Militar Central tendrá como órganos de
dirección y administración un Consejo Directivo y un Director General quien
será su representante legal. El Consejo Directivo estará conformado por:
a) El Ministro de
Defensa Nacional o su delegado, quien lo presidirá.
b) El Comandante
General de las Fuerzas Militares o el Jefe de Estado Mayor Conjunto.
c) El Segundo
Comandante del Ejército Nacional.
d) El Segundo
Comandante de la Armada Nacional.
e) El Segundo
Comandante de la Fuerza Aérea.
f) El Director
General de Sanidad Militar.
g) El Jefe de la
Unidad de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación.
h) El Subdirector
del Sector Central de la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
i) Un
representante del personal de Oficiales en goce de asignación de retiro o
pensión de las Fuerzas Militares.
j) Un
representante del personal de Suboficiales en goce de asignación de retiro o
pensión de las Fuerzas Militares.
k) Un
representante del cuerpo médico o paramédico del Hospital Militar Central
escogido por el Ministro de Defensa Nacional de terna presentada por el
Director General del Hospital, para un período de dos años.
l) Un profesional
de la salud como representante de los empleados públicos, trabajadores
oficiales y pensionados del Hospital Militar Central elegido por sus
representados por mayoría de votos y para un periodo de dos años.
PARAGRAFO 1.-
Harán parte del Consejo Directivo con voz pero sin voto, el Director General,
los Subdirectores del Hospital Militar Central y los Directores de Sanidad de
las Fuerzas Militares.
PARAGRAFO 2.- El
Consejo Directivo del Hospital Militar Central deberá reunirse por lo menos una
vez cada dos meses o extraordinariamente cuando lo solicite su presidente,
podrá sesionar como mínimo con siete de sus miembros y en ausencia de su
presidente o su delegado, presidirá la reunión el oficial en servicio más
antiguo.
PARAGRAFO 3.- La
participación de los miembros del Consejo Directivo es indelegable, sin
perjuicio de lo establecido en los literales a) y b) del presente Artículo.
PARAGRAFO 4.- El
personal relacionado en los literales i) y j) serán elegidos bajo la
reglamentación que expida la Caja de Retiro de las FF.MM. y el del literal l)
será elegido según la reglamentación que para el efecto expida el Director
General del Hospital Militar Central.
ARTICULO 51.-
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Son Funciones del Consejo Directivo:
a) Formular la
política general del Hospital Militar Central, acorde con las directrices del
Ministerio de Defensa Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo y del Estatuto
Orgánico del Presupuesto General de la Nación.
b) Formular la
política para la prestación de los servicios de salud y el mejoramiento
continuo del Hospital, así como los programas orientados a garantizar el
desarrollo administrativo.
c) Evaluar
periódicamente la gestión y la ejecución administrativa del Hospital.
d) Proponer al
Ministro de Defensa Nacional las modificaciones que considere pertinentes a la
estructura orgánica, al estatuto interno y a la planta de personal.
e) Aprobar u
objetar los balances de ejecución presupuestal y los estados financieros y
patrimoniales del Hospital.
f) Aprobar los
anteproyectos de presupuesto de funcionamiento e inversión y los de adición y
traslados presupuestales.
g) Vigilar y
controlar los planes de inversión con arreglo a la Ley y los reglamentos.
h) Adoptar el
reglamento general sobre prestación de servicios de salud en el Hospital, así
como sus modificaciones.
i) Autorizar al
Director General del Hospital para negociar empréstitos de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
j) Orientar las
metas y objetivos del Hospital Militar Central hacia la misión, funciones y
actividades que cumplen las Fuerzas Militares.
k) Darse su
propio reglamento.
l) Las demás que
les señale la Ley y los reglamentos.
ARTICULO 52.-
DIRECTOR GENERAL. El Director General del Hospital Militar Central será
nombrado por el Presidente de la República y actuará como el representante
legal del Hospital y tendrá las siguientes funciones:
a) Dirigir,
coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las políticas, planes y
programas que en materia de salud determine el CSSMP y Consejo Directivo del
Hospital.
b) Desarrollar
las políticas de salud y los programas que establezca el CSSMP y Consejo
Directivo del Hospital.
c) Establecer
mecanismos de control y calidad a los servicios de salud para garantizar a los
usuarios atención oportuna, personalizada, humanizada, integral y continua.
d) Representar al
Hospital judicial y extrajudicialmente y nombrar los apoderados que demande la
mejor defensa de los intereses de la Institución.
e) Nombrar al
personal y dar aplicación al régimen disciplinario previsto en las
disposiciones legales.
f) Presentar a
consideración del Consejo Directivo las modificaciones necesarias a la
estructura orgánica, al estatuto interno y a la planta de personal, de
conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias.
g) Velar por que
la prestación de los servicios de salud se realicen en forma eficiente,
oportuna, equitativa y de calidad.
h) Presentar los
informes que determine el Ministerio de Defensa Nacional, el CSSMP y su Consejo
Directivo.
i) Las demás que
le señale la Ley y el estatuto interno.
ARTICULO 53.-
PATRIMONIO Y RECURSOS. Los recursos y el patrimonio del Hospital Militar
Central estarán conformados por:
a) Las partidas
que se le destinen en el presupuesto Nacional.
b) Las
transferencias que le asigne el SSMP.
c) Los bienes que
actualmente posee y los que adquiera a cualquier título, en su condición de
persona jurídica.
d) Los ingresos
provenientes de la venta de servicios de salud, docencia e investigación
científica.
e) Los ingresos
provenientes de la venta de elementos que produzca el Hospital y el
arrendamiento de las áreas que le son propias.
f) Los ingresos
provenientes de empréstitos internos o externos que el Gobierno obtenga con
destino al Hospital.
g) Los ingresos
provenientes de las donaciones y subvenciones que reciba de las entidades
públicas y privadas, Nacionales o Internacionales y de personas naturales.
ARTICULO 54.-
RÉGIMEN LEGAL. El régimen presupuestal, contractual y de control fiscal del
Hospital Militar Central será el mismo establecido en la Ley para los
establecimientos públicos del orden nacional.
TITULO VI
DE LAS
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 55.-
CONTROL Y VIGILANCIA. Sin perjuicio del control ejercido por otros funcionarios
o dependencias, la Superintendencia Nacional de Salud efectuará la inspección,
vigilancia y control al SSMP, dentro de los términos de su competencia.
ARTICULO 56.-
ENTES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO EN EL ÁREA DE LA SALUD.- Los
entes de formación y desarrollo del recurso humano serán:
a) La facultad de
Medicina de la Universidad Militar "Nueva Granada".
b) Escuelas de
auxiliares de enfermería.
c) Escuelas de
Formación y Capacitación de Oficiales, Suboficiales y Nivel Ejecutivo de cada
Fuerza y de la Policía Nacional, en el Área de la Salud.
ARTICULO 57.-
FUNCIÓN DE LOS ENTES DE FORMACIÓN.- Los entes de formación y desarrollo del
recurso humano para la salud tendrán como norma que los servicios de docencia,
investigación y extensión se programarán en función de la misión y de las
necesidades del SSMP.
ARTICULO 58.-
ARTICULO TRANSITORIO.- Los Acuerdos expedidos por el CSSMP con anterioridad a
la fecha de publicación de este Decreto, continuarán vigentes hasta tanto se
modifiquen, adicionen o deroguen.
Los actuales
Miembros del CSSMP, de los Comités de Salud de las Fuerzas Militares y Policía
Nacional y del Consejo Directivo del Hospital Militar Central, terminarán el
período para el cual fueron designados o elegidos.
ARTICULO 59.-
VIGENCIA.- El presente Decreto rige a partir del primero (01) de enero de dos
mil uno (2001) salvo lo dispuesto en el Artículo 23 literal a) numeral 6,
modifica y adiciona la Ley 352 de 1997 y deroga las demás normas que le sean
contrarias.”
III. LA DEMANDA
Considera el demandante que los ordenamientos demandados vulneran
los artículos 4, 150, numerales 1, 2, 3 y 10 y 189, numeral 11, de la
Constitución Política, por las siguientes razones:
El Decreto Ley 1795 de 2000 vulnera el artículo 4 de la Carta
Política, según el cual prevalecen las normas constitucionales sobre las
legales, ya que el Congreso Nacional irregularmente facultó al Presidente de la
República para que legislara sobre temas de su exclusiva competencia,
excediendo así las facultades contenidas en el artículo 150 constitucional,
pues no puede otorgarse al legislador extraordinario la competencia para
modificar o reformar una ley de la República expedida por el Congreso en
ejercicio de sus funciones.
En efecto, los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución
ordenan que exclusivamente el Congreso de la República es el órgano que, a
prevención,  hace las leyes y reforma sus propios actos, facultad indelegable
por su naturaleza, de tal manera que el Decreto acusado fue producto de un
desbordamiento de facultades otorgadas al legislador extraordinario.
Señala el demandante que la Ley 352 de 1997 determinó la composición
y los principios del Sistema de Salud para la Fuerza Pública y demás entidades
adscritas a la misma, fijó los objetivos, principios y características de los
subsistemas y consagró una serie de ritualidades para hacer flexible y técnica
la aplicación de esta ley a los afiliados. Agrega que dicha normatividad sólo
puede ser derogada o reformada por ministerio de otra ley expedida por el
legislador, el cual incurrió en evidente yerro constitucional al expedir la Ley
578 de 2000, por medio de la cual facultó al Presidente de la República para
que a través de un decreto con fuerza de ley expidiera una “nueva estructura
en el Sistema de Salud para la Policía y Fuerzas Militares”.
Por consiguiente, es menester declarar la inexequibilidad de la
totalidad del Decreto Ley 1795 de 2000, en el cual, como consecuencia de las
facultades otorgadas por la Ley 578 de 2000, el Ejecutivo resultó colegislando
temas exclusivos del Congreso de la República y derogando la Ley 352 de 1997.
Concluye afirmando que existe un yerro constitucional sustancial y
formal al proferirse la Ley 578 de 2000, el cual se hace extensivo a la
totalidad del Decreto Ley demandado, pues el artículo 150 de la Carta Política
ordena mantener y preservar la naturaleza jerárquica del Congreso Nacional, ya
que la función esencial de esta corporación se centra principalmente en “hacer
las leyes”, así como “reformarlas y derogarlas”, de donde se
desprende la prohibición de “conferir facultades para expedir códigos” o
“leyes” al Presidente de la República.
Finalmente, a juicio del actor el Decreto Ley 1795 de 2000 es
inconstitucional por contrariar los numerales 11 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política, pues cuando este precepto constitucional señala la
facultad que tiene el Presidente de la República para ejercer la potestad
reglamentaria, debe armonizarse con el artículo 150 ibídem, en el entendido de
que el Congreso de la República puede otorgar facultades extraordinarias al
Ejecutivo para hacer efectiva tal potestad, con excepción de la expedición de
códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas y la creación de servicios
administrativos y técnicos de las Cámaras.
IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
La ciudadana Sandra Marcela Parada Aceros, actuando como apoderada
del Ministerio de Defensa Nacional, intervino en el proceso para solicitar a la
Corte declarar la exequibilidad del Decreto Ley 1795 de 2000, con base en los
argumentos que a continuación se resumen:
En su concepto, ninguno de los apartes del numeral 10 del artículo
150 de la Constitución Política dispone que el señor Presidente, en ejercicio
de facultades extraordinarias, esté impedido para modificar, adicionar o
derogar normas preexistentes que versen sobre las materias incluidas en dichas facultades.
Afirma que los decretos leyes son actos de carácter legislativo,
pues el artículo 241 de la Constitución Política les da el tratamiento propio
de los actos de esa naturaleza, sometiéndolos al control de la Corte
Constitucional e, igualmente, el numeral 10 del artículo 150 y el numeral 5 del
artículo 241 les confieren fuerza de ley, por lo cual a través suyo el
Ejecutivo puede modificar o derogar leyes; así, el Congreso de la República
está investido de potestad para otorgar facultades extraordinarias al
Presidente, en orden a estructurar el Sistema de Carrera y Prestacional de las
Fuerzas Militares.
Manifiesta además que el Decreto Ley 1795 de 2000 mantiene el
principio de unidad normativa establecido en el artículo 158 de la Constitución
Política, facilitando sus cumplimiento, la identificación de sus destinatarios
y la precisión de su contenido normativo.
De igual manera, el Decreto ley acusado obedeció a lo señalado por
la Ley 578 de 2000 y el artículo 150 de la Carta Política; no se extralimitó en
ninguna forma lo señalado por la norma superior, teniendo en cuenta, además,
que la Corte Constitucional precisó que la citada ley no es contraria a la
Carta Política, ya que las facultades extraordinarias concedidas no
correspondían a materias prohibidas por el Constituyente.
Finalmente, señala que la Corte ha reiterado que aquél que ejerza la
acción pública de inconstitucionalidad por el posible abuso de las facultades
extraordinarias con el ánimo de que se decrete la inconstitucionalidad total o
parcial del Decreto Ley acusado, debe demostrar en el proceso que, cotejados
objetivamente el texto de las facultades otorgadas y las disposiciones
adoptadas en su desarrollo, no existe una correspondencia sustancial, de suerte
que se evidencie el exceso en que incurrió el Ejecutivo al hacer uso de sus
facultades extraordinarias, lo cual no se encuentra probado en el presente
caso.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 2939
recibido en esta Corporación el 18 de julio de 2002, solicita a la Corte
declarar la exequibilidad de la norma demandada, con fundamento en los
siguientes argumentos:
En primer término, atendiendo al dinamismo estatal, a la necesidad
de cumplir en debida forma los fines impuestos al Estado y al principio de
colaboración armónica entre las ramas del poder público, la propia Constitución
prevé que, en circunstancias excepcionales, el Gobierno Nacional pueda hacer
las veces de legislador, a través de una la ley de facultades que se convierte
entonces en un acto de delegación a través del cual el Congreso de la
República, cuando la necesidad o la conveniencia pública lo aconseje, reviste
al Presidente de la República de la función de dictar normas con fuerza de ley,
respetando los límites temporales y materiales consagrados la Constitución.
En desarrollo de la mencionada competencia, el legislador expidió la
Ley 578 de 2000, a través de la cual revistió al Presidente de precisas
facultades para proferir, entre otras normas, aquéllas relacionadas con la
estructura del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.
Asimismo, modifica y adiciona la Ley 352 de 1997 y deroga las demás normas que
le sean contrarias. En ejercicio de estas facultades, el Presidente de la
República expidió dentro del límite temporal que le fue concedido, el Decreto
Ley acusado.
El demandante plantea que de conformidad con el articulo 217
constitucional, sólo el legislador es competente para regular todos los
aspectos atinentes al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y Policía
Nacional y no podía facultar al Presidente de la República para regular estos
asuntos; sin embargo, olvida que cuando el mencionado artículo hace referencia
al legislador, no distingue si éste puede ser el legislador ordinario o
extraordinario y para definir que este último sí goza de competencia para
desarrollar el mencionado precepto constitucional, basta observar las restricciones
que contiene el inciso final del artículo 150, numeral 10, para concluir que
ninguna de ellas se refiere al régimen de salud.
Ahora bien, dada la materia que desarrolla el Decreto Ley 1795 de
2000, la cual no tiene reserva legal, el Ejecutivo podía fijar la Estructura
del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de
acuerdo con los parámetros señalados por la ley habilitante. De esta manera,
teniendo en cuenta que la materia contenida en la Ley 352 de 1994 no hace parte
de ningún código, y aun admitiendo que lo fuera, bien podía el legislador en
ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas, regular lo
concerniente a tales asuntos, por tratarse de aspectos que no afectarían la
estructura normativa de dichos códigos.
Agrega que es preciso diferenciar las facultades extraordinarias
conferidas por el Congreso al Presidente de la República de la potestad
reglamentaria, para concluir que el Decreto Ley acusado no fue expedido con
fundamento en esta última sino en aquéllas.
VI. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241, numerales 4 y 5 de la
Constitución, corresponde a esta Corporación conocer de la presente demanda,
por dirigirse contra disposiciones que forman parte de una ley de la República
y de un decreto con fuerza de ley dictado por el Gobierno con fundamento en el
artículo 150 numeral 10 de la Carta Política.
2. Planteamiento del problema
A juicio del actor, la Ley 578 de 2000 y el Decreto Ley 1795 de 2000
son inconstitucionales en su integridad por cuanto el Congreso no podía
facultar al Presidente de la República para dictar normas con fuerza de ley en
relación con asuntos que son de exclusiva competencia del legislador ordinario
y, por ende, aquél estaba impedido para derogar o modificar leyes expedidas por
el Congreso, específicamente la Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el
Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social
para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Según él, si se pretende
derogar o modificar esta última, sólo puede hacerse a través de una ley
expedida por el legislador ordinario y no por el Presidente de la República en
ejercicio de facultades extraordinarias.
Corresponde a la Corte resolver los siguientes interrogantes: (i) si
en ejercicio de facultades extraordinarias el Presidente tiene competencia para
derogar, modificar o adicionar la legislación expedida por el Congreso de la
República; (ii) si la regulación de la estructura del sistema de salud para las
Fuerzas Militares y la Policía tiene reserva legal y, por tanto, a través de la
Ley 578 de 2000 podía el legislador otorgar facultades extraordinarias al
Presidente de la República para expedir normas relacionadas con dicha materia;
(iii) si el Decreto 1795 de 2000 es inconstitucional, siendo éste un
ordenamiento expedido por el Presidente con fundamento en tales facultades y
que modifica en algunas normas la Ley 357 de 1997, sin que en la ley
habilitante se le hayan conferido facultades expresas para tal fin; y (iv) en
caso afirmativo, si la totalidad del Decreto 1795 de 2000 debe retirarse del
ordenamiento jurídico.
3. La concesión de facultades extraordinarias al Presidente de la
República
De conformidad con el artículo 150, numeral 10 de la Carta Política,
la función legislativa que corresponde ejercer al Congreso de la República, en
forma permanente, puede ser objeto de traslado temporal al Presidente de la
República en virtud de la concesión de facultades extraordinarias, lo cual
guarda estrecha relación con la efectividad de los fines y cometidos del Estado
y con el principio de colaboración armónica entre las diversas ramas del poder
público que propugna la Constitución. Dice así el precepto constitucional
citado:
"Corresponde
al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
(…)
10. Revestir,
hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo
exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser
solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría
absoluta de los miembros de una y otra Cámara.
El Congreso
podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes
dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.
Estas facultades
no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni
las previstas en el numeral 19 del presente artículo, ni para decretar
impuestos."
Conforme a lo anterior, la concesión de facultades extraordinarias
está sujeta por parte del legislador ordinario al cumplimiento de los
presupuestos y exigencias contemplados en dicho canon constitucional, los
cuales se pueden desglosar así:
a) Las facultades deben ser temporales y no pueden exceder de seis
(6) meses;
b) los asuntos que deberá regular el Presidente deben ser señalados por
el Congreso en forma clara, precisa y determinada;
c) solamente se pueden otorgar cuando la necesidad lo exija o la
conveniencia pública lo aconseje;
d) deben ser solicitadas por el Gobierno de manera expresa;
e) deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de una y
otra Cámara legislativa;
f)  no se
pueden conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, así
como tampoco para dictar leyes marco (Art. 150-19 C.P.)[1] ni decretar impuestos.
Cumplidos los condicionamientos señalados, el Presidente de la
República es competente para ejercer, por vía de la delegación, la referida
función legislativa a través de la expedición de decretos con fuerza de ley, es
decir, disposiciones que ostentan la misma jerarquía normativa que aquéllas que
expide el legislador ordinario. Por consiguiente, al Presidente en ejercicio de
tales funciones le está permitido derogar, modificar o adicionar leyes
expedidas por el Congreso, siempre y cuando, claro está, se respeten las
directrices y límites temporales y materiales trazados en la ley habilitante
así como los demás requisitos constitucionales.
Siendo entonces un traslado de la función legislativa del Congreso
al Presidente de la República, fuerza concluir que las materias objeto de regulación
a través de facultades extraordinarias pueden ser aquéllas que son propias del
legislador ordinario y, por tanto, pueden ser objeto de derogación,
modificación o adición, salvo las indicadas en el artículo 150, numeral 10 de
la Constitución, cuya regulación detenta reserva legal.
3.1 Análisis de constitucionalidad de la Ley 578 de 2000 (ley
habilitante)
Con fundamento en las consideraciones precedentes, no le asiste
razón al demandante cuando afirma que le está prohibido al Congreso Nacional
conceder facultades extraordinarias al Presidente para que legisle sobre temas
que son de su exclusiva competencia ya que, a su juicio, un decreto con fuerza
de ley no puede derogar o reformar una ley de la República.
Si bien es cierto que al Congreso le está prohibido delegar su
función legislativa al Presidente de la República respecto de asuntos sometidos
a reserva legal, lo anterior no puede confundirse, como lo hace el actor, con
la concesión de facultades para regular materias que son en principio
competencia del legislador ordinario pero que no tienen dicha reserva, pues
esta segunda hipótesis se adecua sin dubitación alguna a la Carta Política.
Bajo este supuesto puede afirmarse que la competencia del legislador sobre
tales asuntos no es excluyente respecto del Ejecutivo[2], siempre que se cumplan los requisitos constitucionales ya
enunciados.
Aceptar lo contrario implicaría desnaturalizar la figura jurídica
del otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República,
toda vez que su finalidad consiste en que el Congreso traslade a este último su
función legislativa, de manera transitoria y respetando los parámetros
constitucionales vistos, con el objeto de que pueda expedir normas con la misma
fuerza vinculante que las que dicta el legislador ordinario.
Ahora bien, a través de la Ley 578 de 2000 el Congreso revistió al
Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas
relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía, entre ellas, aquellas
atinentes a la estructura del sistema de salud de las mismas (Art. 1°).
A instancias del inciso segundo del artículo 217 de la Constitución,
“la Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas
Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el
régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es
propio.”
¿Significa lo anterior que la regulación de la estructura del
sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional tiene reserva
legal y, por tanto, el único facultado para regular dicha materia es el
legislador ordinario?
Estima la Corte que ningún mandato constitucional confiere al asunto
en comento arraigo alguno dentro de la esfera de la reserva legal, toda vez que
el vocablo “ley” contenido en la citada norma debe entenderse en sentido
material, no excluyendo por tanto la posibilidad de que sea el Presidente de la
República, en ejercicio de precisas facultades extraordinarias, quien regule
dicho tema. En efecto, la exigencia consagrada en el artículo 217
constitucional, según la cual el régimen prestacional de las Fuerzas Militares
y de Policía debe hacerse a través de una ley, comprende tanto las leyes
ordinarias como los decretos con fuerza de ley, siendo que ambos gozan de la
misma fuerza vinculante y jerarquía normativa.[3]
Es claro entonces que el Congreso no vulnera ningún precepto
constitucional al conferir facultades extraordinarias al Presidente para
expedir normas tendentes a reformar el Sistema de Salud para las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, por el sólo hecho de ser esta una materia
sujeta a regulación a través de una “ley”, al tenor del artículo 217 de
la Carta, como equivocadamente lo entiende el actor. Por ello, la Corte no
encuentra ninguna objeción  constitucional en relación con la Ley 578 de 2000,
a través de la cual se confieren facultades al Presidente para tal fin, pues
dicha materia no es de las que engloba el artículo 150-10 de la Constitución.
Además, no puede predicarse reparo alguno de inconstitucionalidad
respecto de la simple derogación, modificación o adición de una ley por otra
del mismo rango -así se trate de un decreto ley que, como se vio, comparte la
misma jerarquía normativa-, siempre y cuando este último no vulnere ningún
mandato constitucional. Lo anterior se adecua a la regla según la cual “la
contradicción con una ley precedente no comporta vicio de constitucionalidad
alguno.”[4]
Se declarará entonces la exequibilidad de la integridad de la Ley
578 de 2000, pero solamente por las razones anteriormente expuestas, salvo la
expresión “y se dictan otras disposiciones” contenida en el artículo 1°;
“entre otros los siguientes decretos” e “y las demás normas
relacionadas con la materia,” contenidas en el artículo 2° y “De la
Comisión de redacción de la ley de facultades hará parte el Procurador General
de la Nación o su delegado”, contenida en el artículo 3° ibídem, en
relación con las cuales se estará a lo resuelto en la sentencia C-1493 de 2000,
que declaró su inconstitucionalidad.
Igualmente debe observarse que en relación con la discusión sobre
las facultades otorgadas por la ley 578 de 2000 para que el Presidente
derogara, modificara o adicionara le ley 352 de 1997, el Congreso de la
República tuvo el siguiente comportamiento:  durante el trámite de la ley 578
de 2000 se puso de presente que la referencia al decreto 352 de 1997 resultaba
extraña a la materia predominante;  esto es, se resaltó que una cosa era la ley
352 de 1997 y otra bien distinta el decreto 352 de 1997.  Sin embargo, a
ciencia y paciencia del Congreso se estipularon facultades extraordinarias en
torno al decreto y no a la ley.  De suerte que de parte del legislador hubo
voluntad expresa para no reformar la ley 352 de 1997, siendo por tanto
indudable que en el presente caso no se trata de una remisión normativa errada,
sino de la voluntad inequívoca de hacer mención de otra norma diversa:  el
decreto 352 de 1997.  Lo cual se constituye en un fenómeno que escapa al
resorte de esta Corporación en tanto cualquier enmienda sobre el particular le
corresponde hacerla al Congreso de la República.
En atención a esta situación normativa, y considerando que el
decreto-ley 1795 de 2000 puede contener preceptos que afectan la vigencia de
ley 352 de 1997, le corresponde al operador jurídico, en cada caso,
interpretar, deducir y precisar las disposiciones de la ley 352 de 1997 que
pudieron ser “derogadas”, “modificadas” o “adicionadas” por el decreto-ley 1795
de 2000, en orden a determinar tanto las incompatibilidades que median entre
este decreto y aquella ley, como la puntual prevalencia de los respectivos
dispositivos de la ley 352 de 1997 sobre los cánones correspondientes del
decreto 1795 de 2000.  Pues, se enfatiza, ésta no es labor de la Corte
Constitucional.
3.2  Análisis de constitucionalidad del Decreto Ley 1795 de 2000,
expedido por el Presidente de la República con fundamento en las facultades
extraordinarias concedidas por el Congreso a través de la Ley 578 de 2000
La Corte debe analizar si en la Ley 578 de 2000, siendo ésta la ley
habilitante con base en la cual el Presidente expidió el Decreto demandado, se
otorgaron precisas facultades extraordinarias para derogar, modificar o
adicionar la Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el Sistema de Salud y
se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, siendo que el Decreto bajo estudio consagra
expresamente en su artículo final que éste modifica y adiciona la mencionada
ley.
En reiterada jurisprudencia la Corte ha sostenido que los asuntos que
compete regular al legislador extraordinario deben describirse en forma clara y
precisa, de tal forma que puedan ser “individualizados, pormenorizados y
determinados,”[5]
según lo ordena el artículo 150-10 de la Constitución. Así pues, si bien el
Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias es
competente para derogar o modificar leyes expedidas por el Congreso, éstas
últimas deben estar claramente establecidas en la ley habilitante. Sobre este
asunto, la Corporación ha dicho:
"El que las
facultades extraordinarias deban ser 'precisas', significa que, además de
necesarias e indispensables para el logro de determinado fin, han de ser
también puntuales, ciertas, exactas. Ello es explicable, pues son la excepción
a la regla general que enseña que de ordinario la elaboración de las leyes
'corresponde al Congreso'. Así, pues, en tratándose de la competencia para el
ejercicio de facultades extraordinarias, no cabe duda de que el presidente de
la República debe discurrir bajo estrictos criterios restrictivos."[6]
En efecto, como quiera que se trata de una situación excepcional, el
ejercicio transitorio de la función legislativa por parte del Ejecutivo exige
que las competencias que éste puede ejercer, al amparo de dichas facultades
extraordinarias, estén determinadas de una manera explícita y puntual. Así, el
legislador debe indicar la legislación existente que el Presidente de la República
puede modificar tanto en sentido positivo (adicionando) como negativo
(derogando o suprimiendo).
Justamente, en sentencia C-1493/00 la Corte declaró la
inexequibilidad de la expresión “y se dictan otras disposiciones”
contenida en el artículo 1° de la Ley 578 de 2000, así como de las expresiones
“entre otros los siguientes decretos” e “y las demás normas
relacionadas con la materia” contenidas en el artículo 2° ibídem, por
adolecer de imprecisión las materias que debían ser reguladas por el legislador
extraordinario. En relación con la primera expresión, la Corporación manifestó
que:
“(N)o le queda
otro camino a la Corte que excluirla del ordenamiento positivo por carecer de
la claridad y precisión que se exige en la descripción de las materias o asuntos
que deben ser regulados por el Gobierno. Es evidente que dicha frase es
ambigua, lo cual crea confusión e inseguridad en la interpretación de las
distintas tareas que compete ejercer al Presidente de la República, violando
así lo dispuesto en el artículo 150-10 de la Carta. La inclusión de expresiones
como la acusada en la ley de investidura conducen necesariamente, a que el
legislador extraordinario incurra en una posible omisión o extralimitación en
el ejercicio de las atribuciones conferidas, lo que incide negativamente en los
ordenamientos que con fundamento en ellas se expida, puesto que éstos pueden
ser declarados inconstitucionales con las consecuencias que de tal hecho se
derivan.
“Pero aún si en
gracia de discusión se aceptara que lo que quiso señalar el legislador era que
el Presidente podía dictar otras disposiciones, dicha interpretación también
sería inconstitucional por el mismo motivo, esto es, por falta de precisión de
las facultades (art. 150-10 C.P.), pues es deber del legislador ordinario
concretar las materias para las cuales se conceden atribuciones.”
Y respecto de las otras expresiones mencionadas, la Corte
puntualizó:
“La finalidad del
requisito de precisión en la descripción de las materias o asuntos materia de
facultades es evitar posibles abusos o excesos en su ejercicio y, por ende,
crear inseguridad jurídica, pues si el Congreso no fija límites al concederlas
éstas pueden ser utilizadas en forma arbitraria y desbordada, lo que como ya se
ha anotado, repercute dañinamente en las normas así adoptadas. Las expresiones
"entre otros" y "y las demás normas relacionadas con la
materia" serán declaradas inconstitucionales por cuanto convierten las
atribuciones dadas en vagas e imprecisas, lesionando de esta manera el artículo
150-10 de la Carta. Los decretos que el Presidente de la República podía
modificar, adicionar o derogar, de conformidad con el artículo 2 acusado, no
son otros que los expresamente enumerados en tal disposición. No se olvide que
en este campo no se admiten las facultades implícitas.” (Subrayado fuera del texto)
De lo anterior se colige que la facultad para derogar, modificar o
adicionar la Ley 352 de 1997 requería expresa determinación por parte del
legislador ordinario, pero tal manifestación está ausente en la Ley 578 de
2000. Así pues, es claro que el Presidente, al expedir el Decreto 1795 de 2000,
excedió las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso, pero sólo
en lo atinente a aquellas disposiciones que deroguen, modifiquen o adicionen la
Ley 352 de 1997, en la medida en que no estaba autorizado explícitamente
para ello en la ley habilitante.
Ahora bien, siendo que el demandante elevó un cargo global contra la
totalidad del Decreto 1795 de 2000, ¿cuál debe ser la decisión de la Corte
respecto de la constitucionalidad de las normas que integran el referido
Decreto?
Conforme a lo anterior, la eventual inconstitucionalidad del decreto
acusado se basaría exclusivamente en el hecho de que modifica la Ley 352 de
1997, sin que el Presidente tuviera habilitación para ello. Asimismo, cabría
preguntarse: ¿las normas del decreto que no afecten la mencionada ley, ni
positiva (modificándola o adicionándola) ni negativamente (derogándola), deben
también declararse inexequibles?
La respuesta sólo puede ser negativa, dado que, si la Corte declara
la inexequibilidad de la integridad del decreto acusado, sin el previo examen
de fondo, se estarían retirando del ordenamiento jurídico normas que a la fecha
gozan de la presunción de constitucionalidad.
Este problema jurídico ya fue resuelto por la Corporación al
estudiar una demanda en la que, como en el presente caso, el actor acusaba la
integridad del Decreto 1795 de 2001 por considerar que la Ley 578 de 2000 en su
artículo 2° no otorgaba facultades expresas al Presidente para modificar o
adicionar la Ley 352 de 1997. Evento en el cual, mediante sentencia C-1095 de
2001, la Corte se declaró inhibida para fallar respecto de dicho cargo,
con fundamento en los siguientes considerandos, los cuales se transcriben in
extenso a efectos de ser reiterados en esta providencia:
“(L)a Corte
encuentra que el actor, al afirmar la inexequibilidad del Decreto 1795 de 2000
por modificar la Ley 352 de 2000 sin estar habilitado para ello, tenía la carga
de señalar qué normas de ese Decreto son las que modifican, adicionan o derogan
esa ley pues sólo de esa manera se le permitía verificar tal extralimitación
funcional.  No obstante, el actor se limitó a hacer esa afirmación sin indicar
qué disposiciones de ese Decreto realizaban modificaciones, adiciones o
derogatorias viciadas de inconstitucionalidad; proceder que no le permite a la
Corte realizar la confrontación necesaria para establecer qué normas contienen
la extralimitación que se plantea.
“La Corte se
detuvo ya en el mínimo esfuerzo argumentativo en el que debía ampararse el
ciudadano que ejercía la acción de constitucionalidad; es decir, en la
necesidad de que el actor cumpliera con la carga procesal de exponer una
argumentación razonable que permitiera conocer los fundamentos de la acusación
planteada, y en la imposibilidad de emitir una decisión de fondo con base en
una demanda que no reflejara ese esfuerzo dada su ineptitud para generar el
debate que es consustancial al control de constitucionalidad.  Y esto es precisamente
lo que ocurre en el caso presente pues como el actor no indicó las normas
particulares del Decreto 1795 de 2000 que modificaban, adicionaban o derogaban
la Ley 352, la Corte no tiene alternativa diferente que la declararse inhibida
para emitir una decisión de fondo también en relación con este cargo.
“La demanda es
inepta aún aceptando la tesis de que el error del legislador al citar el
Decreto 352 en lugar de la Ley 352 es un vicio de inconstitucionalidad, pues el
actor demanda el decreto en su integridad, sin especificar cuáles de sus normas
están modificando la Ley 352, es decir, sin identificar qué normas contienen
materialmente el vicio planteado.  Como en este caso el planteamiento del cargo
radica en la modificación de una norma para la cual no existían facultades
extraordinarias por el error que cometió el legislador,  el cargo sólo puede
prosperar en la medida en que se demuestre que determinadas normas,
individualmente demandadas, están modificando concretamente otras contenidas en
la Ley 352.  Y ello supone un análisis individual en el que se cotejen las
normas de la ley y las normas del decreto demandando, de tal manera que sólo
aquellas normas del decreto que modifiquen la ley serían inexequibles.  De
lo contrario, de declararse inexequible todo el decreto demandado, se estaría
excluyendo del ordenamiento jurídico un conjunto de normas independientemente
de que la ausencia de facultades extraordinarias se predique de ellas o no,
circunstancia que  desconocería la naturaleza del control constitucional.
“Finalmente, si
bien podría decirse que la solución al problema planteado es clara como quiera
que el artículo 59 del Decreto 1795 indica que  “modifica y adiciona la Ley
352”  y que el sistema de seguridad social en salud de las fuerzas militares
está contenido en dicha ley; la indebida modificación o adición y su
consecuente inexequbilidad es un hecho que le corresponde demostrar al
demandante en cada caso pues en aquellos eventos en que no concurra una
disposición específica que indique qué ley está modificando o que no se trate
de un régimen contenido en una sola ley, le correspondería a la Corte
demostrarlo y ello también se opone a su órbita funcional.” (Subrayado fuera del texto)
En el presente caso, el demandante tampoco hace un recuento de las
normas que efectivamente derogan, modifican o adicionan la Ley 352 de 1997 para
deducir de ahí que son inconstitucionales -no por el hecho de modificar una ley
sino por hacerlo sin estar habilitado para ello-. Es decir, en la demanda no está
demostrada la correspondencia lógica que permita establecer la oposición de las
normas con la Constitución. Tal ejercicio debe ser efectuado por el actor en la
demanda, mas no por la Corte al momento de fallar, pues implicaría aceptar la
oficiosidad de la acción pública de inconstitucionalidad, lo cual es contrario
a su naturaleza y contradice el alcance de la función de control constitucional
confiada a la Corte por el artículo 241 superior, según el cual dicha labor se
enmarca en los estrictos precisos términos allí señalados.
Como se dijo, la decisión adoptada por la Corte en la citada
sentencia C-1095 de 2001, luego de advertir que en los argumentos formulados
por el demandante no estaban incluidas las normas que derogan o modifican la
Ley 352 de 1997, fue la de inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo
respecto de la exequibilidad del Decreto 1795 de 2000. La Sala considera que
las razones expuestas por la Corte en esa oportunidad son perfectamente
aplicables al caso concreto y, por tanto, se adoptará la misma decisión. En
efecto, a partir de la referida sentencia, es claro que el simple argumento
según el cual el legislador no confirió al Presidente facultades expresas y
precisas para modificar la Ley 352 de 1997, es insuficiente para justificar la
inexequibilidad de las disposiciones que integran el decreto acusado, ya que
debe especificarse cuáles de estas últimas modifican la ley y en qué forma.
Dicho de otro modo, en concordancia con la providencia de marras es
claro que quien pretenda demandar la inexequibilidad de la integridad del
Decreto 1795 de 2000, tiene el deber argumentativo de explicar exactamente qué
normas de la ley 352 de 1997 resultan derogadas, modificadas o adicionadas,
bajo  cuya elucidación sería procedente entrar a establecer la eventual
inexequibilidad de ese decreto, en el entendido de que por no estar habilitado
el Presidente para los efectos vistos, se vulnera el artículo 150-10 superior.
De lo contrario, la Corte carece de parámetros de comparación que le permitan declarar
la inexequibilidad solicitada.
Como los argumentos expuestos por el actor resultan insuficientes en
tal sentido, la Corte no puede sino adoptar la misma decisión que la asumida en
la sentencia C-1095 de 2001, es decir, declararse inhibida para pronunciarse de
fondo respecto de la exequibilidad de las normas que integran el Decreto 1795
de 2000.
No sucede lo mismo respecto del artículo 59 del ordenamiento objeto
de estudio, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 59.-
Vigencia.- El presente Decreto rige a partir del primero (01) de enero de dos
mil uno (2001) salvo lo dispuesto en el Artículo 23 literal a) numeral 6,
modifica y adiciona la Ley 352 de 1997 y deroga las demás normas
que le sean contrarias.”
(Resaltado fuera del texto)
Del contenido de la norma citada se desprende, sin asomo de duda, su
oposición al artículo 150-10 de la Carta Política, pues de manera expresa
señala que el Decreto 1795 de 2000 modifica y adiciona la Ley 352 de 1997,
cuando es indiscutible que el Presidente de la República no estaba facultado
para ello en la ley habilitante. Con fundamento en esto se declarará la
inexequibilidad de la expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997”
contenida en el artículo 59 del Decreto 1795 de 2000.
Por último, considera el actor que el Decreto Ley 1795 de 2000 es
inconstitucional por contrariar los numerales 11 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política, pues cuando este precepto constitucional señala la
facultad que tiene el Presidente de la República para ejercer la potestad
reglamentaria, debe armonizarse con el artículo 150 ibídem, en el entendido de
que el Congreso de la República puede otorgar facultades extraordinarias al
Ejecutivo para hacer efectiva tal potestad, con excepción de la expedición de
códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas y la creación de servicios
administrativos y técnicos de las Cámaras.
Debe la Corte aclarar al demandante la
diferencia existente entre los decretos con fuerza de ley y los decretos reglamentarios,
siendo los primeros expedidos con fundamento en una ley de facultades
extraordinarias otorgadas por el legislador ordinario, a instancias del
artículo 150-10 de la Constitución, mientras que los segundos son aquellos por
medio de los cuales el Ejecutivo ejerce la potestad reglamentaria de las leyes
para su cumplida ejecución, facultad ésta que le confiere el artículo 189,
numeral 11. Estos últimos, claro está, carecen de fuerza de ley, siendo meros
actos administrativos sujetos al control de la jurisdicción contencioso
administrativa.
Dentro de este contexto, es inobjetable que el Decreto Ley acusado
no fue expedido con fundamento en la potestad reglamentaria de que goza el
Presidente de la República de manera permanente, sino que el legislador se
desprendió de la función legislativa para que fuera desarrollada
transitoriamente por el Presidente. Así las cosas, debe rechazarse este cargo
del demandante.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R
E S U E L V E:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la
integridad de la Ley 578 de 2000, pero únicamente por los cargos analizados en
esta sentencia, salvo la expresión “y se dictan otras disposiciones”
contenida en el artículo 1°; “entre otros los siguientes decretos” e “y
las demás normas relacionadas con la materia,” contenidas en el artículo 2°
y “De la Comisión de redacción de la ley de facultades hará parte el
Procurador General de la Nación o su delegado”, contenida en el artículo 3°
ibídem, en relación con las cuales se estará a lo resuelto en la sentencia
C-1493 de 2000, que declaró su inconstitucionalidad.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE la
expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997” contenida en el
artículo 59 del Decreto 1795 de 2000.
Tercero.- Declararse INHIBIDA
para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo formulado contra la
integridad del Decreto 1795 de 2000, salvo el artículo 59, sobre el cual debe
remitirse a los numerales 1° y 2° de la parte resolutiva de esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente.
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
LA
SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE
CONSTAR:
Que la H. Magistrada doctora Clara Inés
Vargas Hernández, no firma la presente sentencia por cuanto se encuentra en
comisión en el exterior, la cual fue debidamente autorizada por la Sala Plena.
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Debe reiterarse que el
artículo 150-10 superior hace una remisión al artículo 150-19 y no al 150-20
como quedó transcrito en el texto de la Constitución. Ver, entre otras, las
sentencias C-725 de 2000, C-700 de 1999, C-608 de 1999.
[2] Es de observar que en
nuestro ordenamiento constitucional no se hace una relación taxativa de los
temas propios del Congreso de la República, tal como sí ocurre en la
Constitución francesa al amparo de su artículo 34 superior, donde, por otra
parte, la cláusula general de competencia reside en el Ejecutivo.
[3] En
sentencia C-1493 de 2000, la Corte adujo los mismos argumentos aquí expuestos,
pero en relación con el régimen de carrera a que alude el citado artículo 217
de la Constitución. Allí se dijo: “Cierto es que de conformidad con el
citado precepto constitucional [Art. 217] corresponde al legislador
expedir el sistema de reemplazos, ascensos, derechos y obligaciones de los
miembros de las Fuerzas Militares y el régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario que les es propio. Sin embargo, es la misma
Constitución la que autoriza al legislador ordinario para trasladar, en forma
temporal, al Presidente de la República su competencia legislativa respecto de
las materias que aquél expresamente le señale en la ley de investidura siempre
y cuando no correspondan a las prohibidas expresamente por el constituyente, y
se respeten los parámetros y condicionamientos consagrados en el artículo 150-10
de la Carta. Las normas constitucionales rigen siempre y en todo momento y, por
tanto, deben observarse tanto por el legislador ordinario como por el
extraordinario. La modificación, derogación o adición del régimen de carrera
del personal a que se refieren las normas acusadas no está contemplada entre
los asuntos que el constituyente prohibe regular mediante el mecanismo
excepcional de las facultades extraordinarias.”
[4] Sentencia C-1095 de
2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[5] Sentencia C-1493 de
2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[6] Sentencia C-050 de 1997,
M.P. Jorge Arango Mejía.