T-067-18
Sentencia T-067/18
DERECHO
A LA EDUCACION Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO-Vulneración por
colegio al condicionar reintegro a un nuevo concepto médico de menor que
participó en juego  en línea "ballena azul"
DERECHO
A LA EDUCACION Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO-Garantía al
desarrollo armónico e integral del menor
El desarrollo de un
menor de edad debe ser armónico e integral, en los términos establecidos en la
Carta, por un lado, la integralidad implica comprender desde un punto de vista
holístico el proceso vital durante la infancia y la adolescencia. Es decir,
incluir todas las dimensiones del ser humano para garantizar la plena evolución
de la personalidad durante esta etapa vital. Así, deben asegurarse los aspectos
físico, psicológico, emocional, afectivo, intelectual, espiritual, ético y
recreativo. Por su parte, el componente armónico del desarrollo se refiere a
que no deben privilegiarse unas garantías sobre otras, pues todas son
imprescindibles y complementarias en el proceso de formación durante esa etapa
de la vida. Por tanto, es tan esencial la asistencia a un colegio como los
espacios de recreación y esparcimiento.
DERECHO
A LA EDUCACION DEL MENOR COMO DERECHO DEBER-Obligaciones recíprocas entre
Estado, familia, sociedad y estudiante
DERECHO
A LA EDUCACION Y AL DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, LAS TECNOLOGIAS Y LAS
COMUNICACIONES
En la sociedad de
la información, las tecnologías y las comunicaciones son una constante, bien
sea desde el punto de vista recreativo, laboral o educativo; “(…) en especial
herramientas como el internet y las redes sociales digitales, han generado un
medio social más a través del cual se puede compartir, comunicar y entretener.
Ello ha traído como consecuencia un aumento exponencial de sus usuarios que
tienen la posibilidad de intercambiar información, propagar ideas, participar
activamente y facilitar relaciones personales.”  Pero también se han convertido
en un medio susceptible de ser usado para amenazar o vulnerar derechos
fundamentales. Así, garantizar el desarrollo armónico e integral y el derecho a
la educación de los menores de edad en la sociedad de la información impone
retos novedosos: los padres y los profesores deben guiar a los niños, niñas y
adolescentes frente a peligros que ni siquiera conocen. Hay desafíos de la
actualización en lo digital, que los adultos tienen que lograr para así
orientar y acompañar a los menores de edad, más aún cuando existe una brecha
digital generacional.
ACCESO
A REDES SOCIALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Debe darse con acompañamiento
de los padres o personas responsables de su cuidado
La actual
generación sabe del impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, pero no
sabe cuáles serán los retos que tendrán que enfrentar. Se trata de versiones
amplificadas del viejo peligro de la persona que buscaba afectar a un niño o
niña con un caramelo. Así, lidiar con la tecnología, por tanto, no sólo es
saber cómo enfrentar el peligro de “la ballena azul”; es ante todo, saber qué
hacer frente a la siguiente mutación de esa amenaza. Saber reconocer un ataque
y poder defenderse adecuadamente. Más aún cuando los peligros y retos están
diseñados sobre la base del engaño, del cual son más susceptibles los niños, niñas
y adolescentes, con el propósito de trasgredir sus garantías más fundamentales.
Es por ello que, los desafíos en este sentido deben ser asumidos de manera
solidaria por los diferentes actores que tienen obligaciones en la garantía del
desarrollo armónico e integral de los niños, niñas y adolescentes, es decir,
por la familia, la sociedad y el Estado.
DERECHO A LA EDUCACION Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO-Orden a colegio y a padres que
coordinadamente mantengan acompañamiento a menor para garantizar su desarrollo
armónico e integral
Referencia:
Expediente T-6.406.974
Acción de tutela
instaurada por María, en representación de su hijo Emilio, contra
el Colegio.[1]
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
La Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y la Magistrada Diana
Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite
de revisión del fallo de tutela proferido por el correspondiente juez de
instancia, que resolvió la acción de tutela interpuesta por María, como representante de su hijo Emilio,
contra el Colegio.[2]
I. ANTECEDENTES
En seguida, se exponen los
hechos relevantes, la decisión de instancia y las actuaciones adelantadas en
Sede de Revisión.
1.     Hechos y solicitud
El 16 de junio de 2017, la
señora María, actuando en representación de su hijo, interpuso acción de
tutela en contra del Colegio,[3] por considerar que
vulneraba sus derechos fundamentales a la educación, la dignidad humana, la
igualdad, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, el desarrollo
integral y el debido proceso. En su criterio, el plantel educativo limitó las
garantías constitucionales de Emilio al condicionar su reintegro formal
a un nuevo examen médico y a la decisión del Comité Escolar; luego de su
participación en el juego “la ballena azul” y el diagnóstico posterior
de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad –en
adelante TDAH-. La accionante afirmó que su hijo cuenta con las capacidades
plenas para retomar sus actividades académicas. Lo anterior, con base en los
siguientes hechos:
1.1. Emilio, de 14 años, es estudiante del Colegio. En mayo de 2017, cuando estaba cursando octavo de bachillerato, el
cuerpo profesoral de dicha institución tuvo conocimiento de su participación en
el juego “la ballena azul.”[4] Por esa razón, el
12 del mismo mes, los departamentos de orientación y familia y de psicología
intentaron contactar a María, madre del estudiante; dado que ello no fue
posible, se citó a la tía del menor de edad, a quien se le
informó sobre el caso.[5] Además, se entrevistó al
estudiante, en conjunto con la dirección de orientación y familia.[6]
1.2. Cuatro días después, el 16 de mayo de
2017, Emilio y su madre se reunieron con el director del curso y la psicóloga. En
la reunión, se le informó que su hijo estaba participando en el juego “la
ballena azul”. Ante la situación, ella se comprometió a estar más pendiente
de su hijo y a dedicarle más tiempo.[7] El estudiante, por su
parte, afirmó que dejaría de participar en el juego y aceptó recibir apoyo de
la psicóloga y de su mamá.[8] Ese mismo día, según lo
afirma la accionante, Emilio llegó a su casa con muestras de
autolaceración, visibles en una marca física en el brazo izquierdo. Por
lo anterior, la madre del menor de edad solicitó de
inmediato una cita prioritaria en Salud Total, como resultado de la misma, este
fue hospitalizado en la Clínica La Misericordia.
1.3. El 18 de mayo de 2017, la señora María
informó al Colegio que
su hijo se ausentaría de clases por un período de 15
días,[9] debido a que iba a
recibir tratamiento médico externo. Además, expresó agradecimiento al plantel educativo por la atención prestada
a Emilio.[10] Frente a la comunicación, la institución educativa dio respuesta el
mismo día. Manifestó su apoyo en el proceso de recuperación del estudiante y
solicitó que se le hiciese llegar el informe médico correspondiente, con las
recomendaciones para retomar las actividades académicas.[11]
1.4. Una semana después, el 24 de mayo de
2017, Emilio fue dado de
alta en la Clínica la Misericordia, con diagnóstico de trastorno opositor
desafiante, episodio depresivo leve-moderado y trastorno de personalidad no
especificado. Se certificó que Emilio “no representa riesgo para sí, propios y extraños, por lo que se
certifica que puede vivir en comunidad bajo su tratamiento. Ya que está
demostrado que el entrenamiento de habilidades sociales y académicas que
realmente necesita el paciente en su situación de vida para no perder su nivel
de funcionalidad son su núcleo familiar y escolar, donde le brinden apoyo y
estructura y se sienta seguro y estabilizado en su situación de vida.”[12]
1.5. El menor de edad se presentó al Colegio para retomar sus actividades
escolares, pero, de acuerdo con el escrito de tutela la psicóloga del Colegio indicó a la madre que no podía
autorizar el reintegro de su hijo, pues dicha decisión debía ser tomada por el
Rector, quien en ese momento se encontraba ocupado.[13]
1.6. Al día siguiente, el 26 de mayo de
2017, la señora María se
reunió con el Rector, la psicóloga y el psicorientador del Colegio, quienes le indicaron que la
decisión sobre el reintegro de su hijo debía ser tomada por el Comité Escolar.
En consecuencia, le solicitaron que se abstuviera de llevarlo a clases, pues
debía esperar a que dicho Comité se reuniera, sin indicarle cuándo ocurriría
ello; de hecho, al preguntar al respecto, la accionante afirma que le
respondieron que debía esperar “el tiempo que sea necesario.”[14]
Además, se le solicitó un nuevo certificado de diagnóstico sobre el estado de
salud del estudiante. La accionante afirmó que en la reunión la psicóloga no
intervino en ningún momento, lo cual, en sus palabras, conllevó a una
vulneración del derecho al debido proceso del menor de edad. En ese contexto,
pidió que se le diera por escrito la explicación de las razones por las cuales
su hijo no podía retomar sus actividades académicas en el Colegio y señaló que le manifestaron que
no podían recibirlo en esas condiciones “porque se les venían las palabras
de los demás padres de [familia] ‘por qué tenían ese niño allí’.”[15]
1.7. El 30 de mayo de 2017, Emilio
fue al Colegio y el Rector permitió su asistencia a clases; sin embargo,
le advirtió a la madre que su ingreso regular, dependía de que el Comité
definiera de fondo el asunto. De manera que, conforme con lo manifestado por el
Rector, se condicionó el reintegro del estudiante a una decisión del Comité
Escolar. Ese mismo día, el Colegio, mediante comunicación escrita,
solicitó a la señora María “presentar un nuevo certificado con las
recomendaciones que [les] permitan atender y apoyar a [Emilio] de
la mejor manera y así continuar con el proceso de reincorporación de [Emilio]
en el aula teniendo en cuenta su diagnóstico.”[16]
Justificó dicha petición con dos razones principales: (i) la epicrisis
presentada en un primer momento no contenía recomendaciones especiales para
tratar al estudiante, ni certificaba que “el niño o sus compañeros no
corrían ningún riesgo al ingresar al aula de clases”;[17]
y, (ii) el certificado presentado al orientador de familia no coincidía
con la epicrisis allegada inicialmente.[18]
1.8. El 31 de mayo de 2017, la
señora María manifestó ante la Secretaría de Educación, Inspección y
Vigilancia de la Gobernación que el Colegio se negaba a recibir a su
hijo en el plantel educativo, después de que estuvo hospitalizado en una unidad
de salud mental. Al día siguiente, el 1° de junio de 2017, la Secretaría de
Educación, Inspección y Vigilancia de la Gobernación solicitó a la institución
educativa accionada que permitiera, de manera inmediata, la reincorporación del
estudiante a sus clases, “ya que su calificación médica no le impide vivir
en comunidad.”[19]
1.9. El 2 de junio de 2017, el Colegio
respondió a la Secretaría de Educación Departamental el oficio de solicitud de
reintegro, indicando que no lo había excluido de las actividades académicas ni
tampoco había tenido una actitud discriminatoria con él. Al respecto afirmó: “en
todo momento hemos sido respetuosos de la condición de [Emilio] (…).”[20]
En concreto, señaló que: (i) el estudiante ha asistido a clases con
regularidad después de haber recibido el tratamiento médico; (ii) el
Colegio no ha llevado a cabo acciones discriminatorias, sino que por el
contrario ha sido respetuoso de su condición y ha brindado apoyo a su proceso;
y, (iii) reiteró que “se ha continuado con el proceso académico desde
su regreso [el del estudiante] en el aula y además se le ha planteado a
la familia por intermedio de la madre del niño que tenemos la intención de
continuar con el proceso de la mejor manera por lo que requerimos de su apoyo y
comprensión, así como de todas las oportunidades desde las recomendaciones del
tratamiento médico que sean necesarias para cumplir con el objeto formativo que
nos corresponde.”[21] Por último,
aclaró, en lo relacionado con el documento enviado a la
accionante el 30 de mayo, que la solicitud de un nuevo concepto médico estuvo
fundada en la necesidad de: (i) dar claridad frente a la información del
certificado médico y la epicrisis y (ii) tener acceso a las
recomendaciones médicas por considerarlas “de absoluta ayuda en atención a
que a futuro con ellas sería más cómodo para todos continuar el seguimiento al
caso.”[22]
1.10. El 6 de junio de 2017, el
director del grupo informó a los padres del estudiante que este recibió un
llamado de atención por su mal comportamiento en clase. Sobre esto, la madre
señaló que al estudiante no se le había autorizado la entrada a clase, y que
asistía bajo su autorización. Manifestó que sentía que “a su hijo lo acosan
puesto que ya lleva dos observaciones escritas.”[23]
En el acta consta que sus padres se comprometieron a dialogar con el menor de
edad, “para esperar que el colegio le dé oficialmente la entrada (…) y
esperar que mejore su comportamiento.”[24] Ese mismo día, la
señora María dejó constancia escrita de que a su hijo se le estaba
vulnerando el derecho a la igualdad y a la educación, por cuanto hasta la fecha
no se le había informado formalmente que podía retomar las clases y que
cualquier comportamiento de él era tomado como una conducta agresiva.[25]
1.11. El mismo 6 de junio de
2017, la Secretaría de Educación Municipal de la Alcaldía requirió al Colegio
accionado para que garantizara el derecho a la educación de Emilio y
solicitó la remisión de un informe sobre el caso.[26]
En respuesta a la solicitud, la institución educativa afirmó, de
manera enfática, que el estudiante no había sido excluido de la institución y
que “ha seguido asistiendo a clase muy a pesar del tratamiento.”[27]
1.12. El 8 de junio de 2017, la
Fundación emitió un informe psicológico de Emilio. Entre las
recomendaciones dispuestas se señalaron las siguientes: reconocer las conductas
positivas, evitar títulos negativos y excluirlo, establecer pautas y reglas en
casa, recompensar las buenas conductas, aclarar y recordar las normas, brindar
información positiva a los padres sobre el avance del menor de edad. Así mismo,
indicó que éste debe respetar las figuras de autoridad y asumir compromisos y
responsabilidades. Por último, recomendó el apoyo por parte del cuerpo docente
y el correspondiente seguimiento para su mejor desarrollo emocional, así como
la no exclusión de sus actividades académicas.[28]
1.13. Finalmente, el 9 de junio de 2017,
unos días antes de interponer la tutela, la accionante entregó al Colegio el
certificado del profesional externo tratante con el respectivo plan de manejo
de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Ese día inició el
periodo vacacional, razón por la que, conforme lo afirmó el Colegio accionado, “no
ha sido posible informarle a la accionante sobre el pronunciamiento oficial del
caso del menor [Emilio]”.”[29] Se señaló que los
docentes ya tienen conocimiento de la cartilla de manejo del trastorno
mencionado.
1.14. La señora María planteó
las siguientes pretensiones en la acción de tutela, presentada el 16 de junio
de 2017: (i) que se ordenara al Colegio reintegrar a Emilio
a sus clases y le permita terminar el año escolar; (ii) que no se le
discriminara de manera alguna por la falta cometida, que no se le hiciera
perder el año y que se le brindara acompañamiento psicológico por parte de la
Institución, (iii) que se le permitiera ponerse al día con todas las
tareas y talleres dejados en clases; y, (iv) finalmente, que se
investigara la conducta de la Institución, para evitar que se tomen represalias
contra su hijo.
2.
Contestación de la acción de tutela
2.1. Contestación del Colegio. El 23
de junio de 2017, el Rector (E) afirmó que había actuado de manera diligente
desde el momento en que tuvo conocimiento de que el estudiante estaba jugando “la
ballena azul”. Aclaró que el único período en el que estuvo ausente de
clases fue mientras recibió el tratamiento médico; en consecuencia, manifestó
que no se le han desconocido sus derechos a la educación y a la igualdad.
Sustentó su afirmación en que: (i) se comunicó a los padres del
estudiante que su hijo estaba participando en el juego “ la ballena azul” [30],
(ii) se brindó asesoría psicológica a Emilio,[31] (iii) estuvo
pendiente del proceso de recuperación del estudiante y se solicitó que se le
hiciera llegar un informe con las recomendaciones para el regreso a clases del
menor de edad;[32] y, (iv) no se ha
negado la asistencia del estudiante a clases “pero se mostraba necesario
tener a la mano las RECOMENDACIONES del profesional externo tratante para saber
cómo iba a ser manejado (…)”[33]
2.2. Contestación de la Secretaría de
Educación de la Alcaldía Municipal, en calidad de vinculado.[34]
El 27 de junio de 2017, la Secretaría de Educación señaló que, en su criterio,
el Colegio desconoció lo
establecido en el artículo 41 del Decreto 1965 de 2013,[35]
que reglamenta la Ley 1620 del mismo año,[36] por cuanto se
trata de una situación de Tipo 1, en los términos del artículo 40 del mismo
Decreto.[37] Bajo esa línea
argumentativa, sostuvo que el manejo que se le dio a la situación objeto de
pronunciamiento fue inadecuado.
3.
Decisión de única instancia en el trámite de la
acción de tutela
El 4 de julio de 2017, el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbaco tuteló el derecho a la educación
de Emilio.[38] En consecuencia, ordenó
a la institución educativa accionada admitir al estudiante “sin necesidad de
evaluación por parte del comité escolar ni la exigencia de otro certificado
médico” y que se abstenga de discriminar al menor de edad “en razón a
los hechos sucedidos, o su diagnóstico, y que se le brinde acompañamiento
psicológico por parte de la institución y se elabore un plan para la
recuperación académica por el tiempo dejado de asistir en razón al tratamiento
médico.”[39] Consideró que la
actuación del Colegio accionado constituyó una amenaza del derecho a la
educación, pues si bien el estudiante no fue retirado de la Institución, (i)
no debió supeditar su permanencia a una evaluación del Comité Escolar, “teniendo
en cuenta que no se había iniciado un proceso en el cual se haya decidido
cancelar su matrícula o retirarlo del plantel educativo”[40]
y (ii) tampoco le estaba dado solicitar un nuevo certificado médico,
en el que constara que “el menor [de edad] no constituye riesgo
propio para otras personas y que puede vivir en comunidad.”[41]
Esto último por cuanto, la madre del menor había aportado el certificado
médico del 25 de mayo de 2017, en el que constaba que no representaba riesgo
para sí mismo ni para otros.
4.
Actuaciones adelantadas en Sede de Revisión
El 18 de diciembre de 2017, con
el fin de contar con elementos probatorios fundamentales para el análisis del
caso, se solicitó al Colegio [42] informar sobre aspectos
fácticos relevantes para la decisión. En los documentos remitidos se afirma que
cumplió con la orden del 4 de julio de 2017 que dio el juez de tutela y reiteró
que no vulneró los derechos del estudiante, pues continúo asistiendo a sus
actividades académicas; además, justificó la petición de un certificado médico
adicional. Dijo al respecto:
(i)
Se dio cumplimiento a lo ordenado por el juez de tutela, “en
especial lo relacionado con asistir al niño en cuanto a su recuperación
académica y el seguimiento de la condición psicológica.”[43]
Por ello, emitió la Circular Interna Nº 012, en la que se comunicó al equipo
docente las recomendaciones de los profesionales externos para el manejo de Emilio
y se dispuso la necesidad de adoptar alternativas de recuperación académica,
acompañamiento periódico al estudiante con el Departamento de Psicología y
comunicación estrecha entre la familia y la escuela.
(ii)
Se aclaró que la necesidad de una decisión por parte del Comité
Escolar se debió a “las inconsistencias en la documentación presentada
(epicrisis) y el certificado médico posterior a la hospitalización”; dado
que, es el organismo institucional encargado “del seguimiento y estudio de
casos de convivencia escolar como está definido en el reglamento interno”;
y, a la necesidad de atender las recomendaciones médicas entregadas por los
padres de familia, para darlas a conocer al equipo docente del curso.
(iii)
Con respecto a las pautas para tratar los casos de estudiantes con
diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o con
diagnósticos similares, se afirmó que “si el caso es detectado por la
psicóloga de la institución se procede a sugerir a los padres una remisión
externa profesional y se solicita diagnóstico y estrategias por escrito para
socializar el trabajo a realizar con el equipo docente.”[44]
(iv)
Finalmente, con respecto a la situación académica actual de Emilio,
se informó que está matriculado para cursar grado noveno (9º) en el año lectivo
(2018), después de que,
“aprobara
los estudios correspondientes de grado octavo y manteniendo durante el
trascurso del año [2017] un desempeño aceptable académicamente (…) se hace la
salvedad de que con el acompañamiento y trabajo de refuerzo académico
adelantado se fueron superando las dificultades presentadas. En cuanto al
comportamiento, como se hace constar con las anotaciones históricas que
presenta en el libro Observador del Estudiante es relevante que el niño muestra
frecuentes llamados de atención y correcciones frecuentes que revelan la
necesidad de intervención permanente de docentes y directores de grupo, así
como la del coordinador de convivencia de la institución, además del
Departamento de orientación y psicología, proponiéndose cuando fue necesario
acciones de acompañamiento de la familia para buscar alternativas de manejo de
la situación de convivencia, siempre con la intención de favorecer el proceso
formativo.”[45]
4.2. En el auto de pruebas del
18 de diciembre, también se ordenó al Ministerio de Educación y al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –en adelante
MinTIC- informar las acciones estatales adelantadas en el tratamiento de
los riesgos que representan las nuevas tecnologías de la información para los
niños, niñas y adolescentes.[46]
4.2.1. El Ministerio de
Educación manifestó que “no es competente para prevenir y tratar los riesgos
de las nuevas tecnologías y redes sociales, dicha tarea le ha sido encomendada
al líder del sector del Ministerio de Tecnologías de la Información entidad
idónea para atender el tema.”[47] Además, señaló
que no existe ninguna directriz para atender a los estudiantes diagnosticados
con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). En todo caso, se
refirió a la Ley 115 de 1994,[48] a la Resolución Nº 2565
del 24 de Octubre de 2003 del Ministerio de Educación Nacional[49]
y al Decreto 1075 de 2015,[50] que fijan directrices
para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades
educativas especiales.
4.2.2. El MinTIC informó que el
programa En TIC confío “es la estrategia de promoción de uso responsable del
Internet”,[51] que cuenta con
dos herramientas principales una presencial y otra virtual.[52]
Indicó que con ello se busca cumplir dos objetivos principales: por un lado,
sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos asociados a las tecnologías de la
información y las comunicaciones, con lo que se “busca ayudar a la sociedad
a desenvolverse e interactuar responsablemente con las tecnologías de la
información y las comunicaciones, promueve la cero tolerancia con el material
de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y la convivencia digital.”[53]
Por otro lado, difundir herramientas para “enfrentar con seguridad
riesgos asociados a las TIC como son el grooming, el sexting, el ciberacoso, la
ciberdependencia y el material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.”[54]
En concreto, sobre el juego “la ballena azul”, afirmó que en sus
plataformas y canales de difusión se produjeron y divulgaron: tres (3) ecards,
una (1) pieza interactiva y un (1) artículo, “que explica las dimensiones
del ‘juego’, da recomendaciones y ofrece información para reaccionar frente al
ciberacoso y el potencial suicidio.”[55]
También se refirió a la línea
de denuncia virtual “Te protejo”, con la cual se busca “la protección
de niños y niñas para que disminuya y se elimine la explotación sexual infantil
a través de redes electrónicas.”[56] Además, manifestó
que con el objetivo de fomentar las denuncias de delitos relacionados con el
material de abuso sexual infantil, en el 2013 se firmó el “Pacto Nacional
por la Cero Tolerancia con el material de abuso sexual en Colombia”, que ha
sido ratificado en septiembre de 2014, enero de 2016 y agosto de 2017; y, en
2016, se lanzó la versión virtual, a la que se adhirieron 1535 ciudadanos.
Indicó que, con este mismo propósito, se han ejecutado los convenios
interadministrativos 351 en 2011, 387 en 2012, 470 en 2013, 499 en 2014, 344 en
2015, 436 en 2016, 594 en 2017 y el convenio previsto para el 2018, “todos
suscritos con el CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., cuyos objetos
han sido aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para
el diseño e implementación de estrategias para difundir a nivel nacional el
mensaje del programa En TIC confío, que busca ayudar a la sociedad a
desenvolverse e interactuar responsablemente con las TIC, al tiempo que
promueve la cero tolerancia [con] el material de abuso sexual infantil y
la convivencia digital.”[57]
Por último, resaltó la iniciativa “Escuela
TIC para Familias”, operada en alianza con Computadores Para Educar y
Fundación Telefónica, cuya finalidad es “desarrollar un proyecto TIC dirigido
a ayudar a los padres y cuidadores en el proceso educativo de sus hijos y
contribuir al cierre de la brecha digital generacional, a través de un plan de
formación de doce (12) horas en las que se incluye un módulo de uso responsable
de las TIC alimentado por los contenidos producidos por la estrategia.
Adicionalmente, cuenta con un curso virtual que está publicado en el micrositio
www.escuelaticfamilia.gov.co .”[58]
4.3. Por último, la Magistrada Sustanciadora
solicitó al profesor Enrique Chaux,[59] a la Red PaPaz, al
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) y al Colegio
Colombiano de Psicólogos, un concepto sobre: (i) la inclusión educativa
eficaz de los estudiantes con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH), con miras a evitar su discriminación en el ámbito
educativo; y, (ii) la prevención de la participación de niños, niñas y
adolescentes en juegos y actividades que pongan en riesgo su integridad,
teniendo en cuenta el contexto de las nuevas tecnologías y las redes sociales
digitales.
4.3.1. El profesor Enrique
Chaux Torres y Carolina Piñeros Ospina, en su calidad de Directora Ejecutiva de
la Red PaPaz, emitieron un concepto conjunto. En primer lugar, aclararon que no
se referirían en detalle frente al primer aspecto solicitado, dado que no
cuentan con la suficiente experticia; en todo caso, señalaron que todos los
niños, niñas y adolescentes, independientemente de su condición psicológica,
tienen derecho a la educación y a una inclusión educativa eficaz. Consideraron
que “los hechos presentados en el auto muestran que la garantía del derecho
a la educación fue condicionada a una autorización por parte del comité
escolar, incluso cuando ya se tenía un concepto de especialistas en salud
metal.”[60]
En segundo lugar, sobre el tema
de los retos en internet y cómo realizar acciones de prevención al respecto,
expusieron de manera breve los antecedentes del juego “la ballena azul”
y resaltaron que tuvo un impacto mundial.[61] Luego, manifestaron que
los retos y desafíos son actividades que hacen parte del normal desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes;[62] sin embargo, el problema
surge cuando ello pone en riesgo su seguridad o les causa daño, como el juego en
cuestión. En este contexto, señalaron que la decisión de un menor de edad de
participar, según el Centro Berkman Klein de la Universidad de Harvard, se
explica:
“(…)
por un lado, porque aún no están completamente desarrolladas sus capacidades de
autorregulación, lo que puede facilitar que cedan a la presión de grupo; por
otro lado, porque hay curiosidad y una búsqueda de sensaciones de novedad y
emoción.[63] En consecuencia,
manifestaron que la tarea de prevención se debe centrar en ayudarles a los
niños, niñas y adolescentes a identificar los potenciales riesgos de los retos
a desarrollar estrategias que les permitan tomar decisiones y prever las
consecuencias de involucrarse en ellos.”[64]
También se refirieron al rol de
los adultos en la prevención para que los menores de edad participen en juegos
en línea autolesivos. Al respecto, sugirieron tener conversaciones que les
permita a los niños, niñas y adolescentes desarrollar herramientas de
pensamiento crítico; y, señalaron la importancia de evitar que los desconocidos
puedan acceder a la información y la relevancia de establecer reglas y límites
claros con los menores de edad, como reglas para la seguridad, teniendo en
cuenta los mecanismos a través de los que funcionan este tipo de retos.[65]
En este punto, resaltaron la importancia de que los colegios aprovechen “espacios
como las clases del área de informática o de ética para asegurar que los
estudiantes aprendan sobre riesgos en internet y cómo actuar de manera
responsable y cuidadosa en los medios virtuales.”[66]
Por último, hicieron referencia a un comunicado de prensa publicado
conjuntamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el
Centro Cibernético de la Policía Nacional y la Red PaPaz, en el que se
plantearon recomendaciones de cómo actuar ante la participación de un menor de
edad y de cómo prevenir el riesgo de los retos en internet que incitan a la
autolesión.
4.3.2. Diego Efrén Rodríguez y
Gerardo Augusto Hernández Medina, actuando en nombre del Colegio Colombiano de
Psicólogos, se refirieron a los indicadores del diagnóstico de inatención[67]
y a los criterios para determinar la
hiperactividad-impulsividad.[68] Al respecto, señalaron
que:
“[l]os
estudiantes diagnosticados con TDAH suelen tener dificultades para adaptarse a
las exigencias del contexto escolar, tanto por rendimiento en tareas académicas
(que requieren de un apropiado nivel de atención y exigencia cognoscitiva),
como por su ajuste comportamental (derivado de la dificultad de controlar los
impulsos y autoregularse). Las recomendaciones para la adecuada atención
educativa para personas con TDAH, y en general para el alumnado con ‘diversidad
funcional’, no se circunscribe a una receta a seguir, sino que constituyen
recomendaciones que deben adaptarse a la especificidad de cada estudiante,
teniendo en cuenta el grado del TDAH y sus condiciones particulares.”[69]
Frente a este diagnóstico,
expusieron algunas recomendaciones para potenciar la atención, regular la
hiperactividad y propiciar la autorregulación cognitiva y conductual, entre las
que se cuentan: la ubicación y planificación física del aula, el
establecimiento de rutinas, el funcionamiento de la clase y la adopción de
medidas curriculares.
En cuanto a la prevención de la
participación de los menores de edad en juegos y actividades on line que
pongan en riesgo su integridad, señalaron que se cuentan el “phishing”, el
“ciberbullying” y el “grooming”, también mencionaron peligros
de tipo comercial, sexual, agresivo y valorativo. Al respecto afirmaron:
“Garmendia,
Garitaonandina, Martínezy Casado (2014), recomiendan que teniendo en cuenta que
es en la casa y en el colegio donde mayor uso [s]e hace de internet y que en la
casa se cuenta con menor supervisión, es necesario educar a los padres para que
sepan prestar un acompañamiento adecuado que minimice la exposición de los
niños y jóvenes a los contenidos y situaciones riesgosas.
Flórez,
Martin y Yepes (2011), evidenciaron que para los adolescentes el uso de
internet constituye un medio de socialización que responde a necesidades de
interacción, independencia, pertenencia a grupos, búsqueda de sensaciones,
entretenimiento y dominio. Estos mismos autores afirman que aunque los
adolescentes identifican los riesgos, privilegian los beneficios y
gratificaciones obtenidas por lo cual pueden exponerse a riesgos.
En
este orden de ideas, la prevención respecto a los riesgos en el uso de
internet, no debe dirigirse a prohibir su uso, ni al empleo de medidas
punitivas, por el contrario debe involucrar necesariamente un proceso educativo
constante que permita a los jóvenes identificar no solo los riesgos implícitos
en el uso de internet y redes sociales, sino identificar que ellos pueden ser
expuestos a riesgos.”[70]
Por último, indicaron que es
conveniente limitar el tiempo de uso de internet y redes sociales a los niños,
niñas y adolescentes, para evitar que este se convierta en su única fuente de
entretenimiento, diversión y socialización; y, que, tanto en los colegios como
en los hogares, debería restringirse el acceso a páginas consideradas
peligrosas.
4.3.3. No se obtuvo
pronunciamiento de parte de las otras instituciones a las cuales se les
solicitó un concepto sobre el asunto.
4.4. La Secretaría de Educación
Departamental dio respuesta al Auto de pruebas,[71]
en los siguientes términos:
“(…)
los programas pedagógicos transversales: ‘Educación Ambiental’, ‘Educación para
la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía’ (PESCC), ‘Educación para el
Ejercicio de los Derechos Humanos’ (Eduderechos) y la estrategia ‘Estilos de
Vida Saludable’, son una apuesta del sector educativo para incorporar en el
proceso de formación integral de niños y adolescentes, temáticas fundamentales
en el desarrollo del ser humano, que por su complejidad e impacto deben ser
atendidas desde las diferentes áreas del conocimiento, en diferentes espacios
de la escuela y en diferentes contextos”[72]
En concreto, sobre los riesgos
que representó el juego en línea “la ballena azul”, indicó que emitió la
Circular Nº 053 de 2017, dirigida a alcaldes, secretarías de educación municipal,
directores de núcleo educativo, rectores y docentes de establecimientos
educativos de municipios no certificados del Departamento. En esta, se
acogieron las “recomendaciones al respecto, del Ministerio de Tecnologías de
la Información y [las] comunicaciones, del I.C.B.F. y del Centro
Cibernético de la Policía nacional.”[73] En todo caso,
resaltó que cada institución educativa, en uso de la autonomía escolar con la
que cuenta (artículo 77, Ley 115 de 1994),[74] puede determinar el
tratamiento de este tipo de situaciones; y, que le corresponderá al comité de
convivencia tomar una decisión al respecto, tal y como lo dispone el Decreto
1965 de 2013.[75] Por último, se refirió a
la estrategia “En TIC confío” del MinTIC.
4.5. También se solicitó a la
accionante pronunciarse sobre algunos interrogantes;[76]
y, se requirió a la Secretaría de Educación Municipal de la Alcaldía que
informara si ha implementado estrategias o acciones tendientes a prevenir y
tratar los riesgos que las nuevas tecnologías y redes sociales implican para
los menores de edad, en particular en lo relacionado con la participación de
niñas, niños y adolescentes en juegos como “la ballena azul”. No
obstante, no se recibió la información requerida.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y procedibilidad
1.1. La Sala Segunda de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional es competente para conocer del fallo materia de
revisión, de conformidad con la Constitución y las normas reglamentarias;[77]
y, en virtud del Auto del 27 de octubre de 2017, proferido por la Sala de
Selección Número Diez, que escogió para revisión el expediente de la
referencia.
1.2. La acción de tutela en defensa de Emilio cumple los requisitos de procedibilidad.
En efecto, María puede interponer la acción de tutela por la presunta
vulneración de los derechos a la educación y a la igualdad de su hijo, pues
actúa como su representante legal.[78] La solicitud de
protección constitucional se puede interponer contra el Colegio, dado que se trata de una
institución que presta el servicio público de educación (Num. 1º, Art. 42,
Decreto 2591 de 1991).[79] Ahora bien, se cumple el
requisito de subsidiariedad, pues no existe
otro mecanismo de defensa judicial, mediante el cual la accionante pudiera
lograr la protección del derecho fundamental a la educación de su hijo menor de
edad,[80] que exige “una protección inmediata y eficaz,
que se materializa a través de la acción de tutela.”[81] Por último, se encuentra satisfecho
el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela fue interpuesta en
menos de un mes, lo que, sin lugar a dudas, es un término oportuno, justo y razonable.[82]
2. Presentación del problema jurídico y estructura de la decisión
2.1. Acorde con los
antecedentes expuestos, la Sala Segunda de Revisión resolverá el siguiente
problema jurídico: ¿vulnera un Colegio el derecho a la educación de un
estudiante de 14 años que cursaba octavo de bachillerato, quien participó en un
juego en línea potencialmente lesivo (“ballena azul”) y fue
diagnosticado con una alteración comportamental y psicosocial, al condicionar
su reintegro formal a las actividades académicas a un nuevo concepto médico y a
la decisión del Comité Escolar de la Institución?
2.2. Con el fin de resolver el
problema jurídico planteado, (i) se establecerá el alcance del derecho
fundamental a la educación de los menores de edad, en términos de la
permanencia y continuidad de la prestación del servicio; (ii) se
reiterará que el derecho a la educación también tiene una naturaleza que impone
deberes a los estudiantes, a los padres, a los colegios y al Estado; (iii) se
expondrán las responsabilidades que se derivan del derecho a la educación y al
desarrollo armónico integral en una sociedad de la información; y, (iv) se
analizará si la medida adoptada por el Colegio, consistente en supeditar el
reintegro formal del menor de edad a un nuevo examen médico y a la decisión del
Comité Escolar, fue constitucionalmente razonable.
3. Emilio
tiene el derecho fundamental a recibir una educación con vocación de
permanencia, como parte de su garantía al desarrollo armónico e integral
3.1. Emilio, de 14 años
de edad, tiene el derecho fundamental a la educación y al desarrollo armónico e
integral.[83] La garantía efectiva de
tales derechos está en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado, en los
términos establecidos en el artículo 44 de la Constitución, que afirma:
“Son
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la
sanción de los infractores.
Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”
(Énfasis fuera del texto original)
3.2. El derecho a la educación de Emilio, en tanto inherente a su
condición de ser humano, tiene la finalidad de garantizarle el “acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura”; así como, a una
formación “en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia;
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (artículo 67,
Constitución de 1991). Además, conforme con el inciso tercero de la disposición
constitucional mencionada, la educación es obligatoria entre los 5 y los 15
años y comprende, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica. A partir del bloque de
constitucionalidad y del deber de interpretar los derechos y deberes
consagrados en la Carta, de conformidad con los tratados de derechos humanos
ratificados, es necesario considerar lo dispuesto en el
artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que
establece el derecho a la educación de la persona, con el propósito del pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales; y, en el artículo 23 de la
Convención sobre los Derechos del Niño,[84] que
consagra obligaciones estatales relacionadas con el derecho a la educación.
Otro referente normativo internacional de gran relevancia es el artículo 13 del
Pacto de Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,[85]
el cual establece que el derecho a la educación “debe orientarse hacia
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”
y determina una serie de obligaciones para los Estados, tales como asegurar la
enseñanza primaria obligatoria y asequible y el desarrollo progresivo del
sistema escolar.[86]
3.3. La relevancia de la efectividad de esta garantía fundamental tiene, al
menos, dos dimensiones: una individual y otra social. Por un lado, le permite
al ser humano estar en un ambiente de aprendizaje y así explorar el
conocimiento necesario para interactuar en su vida,[87] pues “[e]l
conocimiento es inherente a la naturaleza del hombre, es de su esencia; él hace
parte de su dignidad, es un punto de partida para lograr el desarrollo de su
personalidad, es decir para llegar a ser fin de sí mismo.”[88] En este
contexto, “la educación es el proceso que le permite el
logro de su autonomía, conformar su propia identidad, desarrollar sus
capacidades y construir una noción de realidad que integre el conocimiento y la
vida misma. La educación tiene por objetivo el desarrollo pleno de la
personalidad. Es, también, la forma como el individuo desarrolla plenamente sus
capacidades.”[89] Y, por el otro, “representa
la posibilidad del enriquecimiento de la vida en sociedad, de la democracia y
de la producción de nuevo conocimiento y de diferentes perspectivas científicas
o sociales. Potencia al sujeto y, a través de él, a la humanidad.”[90]
3.4. El
derecho fundamental a la educación, del que goza Emilio en su condición de sujeto de especial protección constitucional,
cumple entre otras las siguientes finalidades:[91] “lo abre al ejercicio de la ciudadanía y lo empodera para comparecer
en el espacio público”,[92] pues es un factor de desarrollo individual, mediante el cual el
menor de edad puede alcanzar su desarrollo integral y, en esa medida, expandir
todas sus potencialidades. Además, es uno de los mecanismos para materializar
el derecho a la igualdad, “desde el plano de las oportunidades y de la
consolidación de relaciones más equitativas”.[93]
Bajo esta misma línea argumentativa, la educación guarda una estrecha relación
con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se trata de “una herramienta de proyección
social para el sujeto y la fuente del ejercicio autónomo y fortalecido de otras
garantías subjetivas.”[94] Es por lo anterior que,
también constituye un medio para que el individuo “logre una integración efectiva y eficaz a la
sociedad, en la medida en que el conocimiento, al constituirse como un factor
decisivo en la evolución e incorporación al medio social de los seres humanos,
es inherente a la naturaleza humana.”[95]
3.5.
Bajo este entendimiento, la educación es un medio para “para obtener el conocimiento y lograr el
desarrollo y perfeccionamiento del [ser humano]”.[96]
En otros términos, es una fuente de acceso a la información y al desarrollo
humano en todos los ámbitos posibles. En palabras de
la Sala Plena de esta Corporación:
“(…) la
educación [i] es un derecho y un servicio de vital importancia para las sociedades
por su relación con la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano y la
construcción de una sociedad democrática[97]; (ii) es además una
herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo
13 superior, en tanto potencia la igualdad de oportunidades[98]; [iii] es un instrumento que permite la
proyección social del ser humano y la realización de sus demás derechos
fundamentales[99]; [iv] es un
elemento dignificador de las personas[100]; [v] es un factor
esencial para el desarrollo humano, social y económico[101]; [vi] es un
instrumento para la construcción de equidad social[102], y [vii] es una
herramienta para el desarrollo de la comunidad, entre otras características.”[103]
3.6. La
jurisprudencia constitucional ha afirmado que el derecho a la educación de los
niños y niñas es integral cuando se cumplen los siguientes requisitos:
×
disponibilidad,[104]
×
accesibilidad,[105]
×
aceptabilidad;[106] y,
×
adaptabilidad.[107]
Además, se debe garantizar la
permanencia y continuidad de proceso educativo, salvo que se imponga una
limitación con base en un criterio constitucionalmente razonable; así, por
ejemplo, los planteles educativos tienen la obligación de respetar las
garantías propias del derecho al debido proceso al momento de imponer sanciones
disciplinarias.[108] En este sentido, toda limitación u obstáculo
del ejercicio efectivo del derecho fundamental a la educación tiene un costo
realmente significativo en las garantías fundamentales de niños, niñas y
adolescentes. Según la Corte, impedir el acceso a un aula escolar
“(…) implica para la persona una
reducción de sus posibilidades de elección interna, libre y espontánea sobre su
propio ser, en la medida en que resta opciones de desempeño social o laboral y
disuade las ideas asociadas a proyectos de vida diferentes a los que el niño
percibe en su entorno inmediato. (…) Varias sentencias han destacado la forma
en la que los límites al ejercicio del derecho a la educación forman un
escenario propicio para que los menores de edad se vean, materialmente,
inclinados a desarrollar labores o a asumir roles asociados a la madurez de la
edad y a la adultez. Éstos conllevan un alejamiento de actividades infantiles
que, como el juego y la recreación, potencian la formación del menor de edad y
por el contrario se convierten en un obstáculo para el ejercicio de los
derechos de los niños y niñas.” [109]
3.7. Debido a que
el derecho a la educación se debe garantizar con vocación de continuidad o
permanencia, la decisión de excluir a un estudiante del sistema educativo debe
estar adecuadamente justificada, por ejemplo en el desempeño académico o
disciplinario.[110]
Así, la permanencia es “un aspecto fundamental para garantizar el núcleo
esencial [del derecho a la educación] e implicaba el
desarrollo del principio de continuidad en el servicio público de educación,
según el cual, no puede interrumpirse el proceso educativo en forma arbitraria
e intempestiva; sólo se podrá en los casos en que exista una causa legal
justificable constitucionalmente.”[111] Bajo esta línea argumentativa, toda decisión de un colegio de
limitar el derecho a la educación de un niño, niña o adolescente debe ser una
medida constitucionalmente razonable, de lo contrario, vulneraría el derecho en
su faceta de permanencia y continuidad y, con ello, también desconocería el
derecho al desarrollo armónico e integral del que gozan todos los menores de
edad. Sobre el particular, la sentencia T-380 A de 2017 concluyó que:
“cuando
a un adolescente de trece (13) años se le impide asistir, con normalidad, al
colegio se le podría (i) frustrar la construcción de los cimientos psicológicos
y sociales, que se estructuran en esta etapa, (ii) afectar las influencias de
los pares que, a dicha edad, contribuyen a delimitar normas, roles y patrones
de interacción, como referentes necesarios para la adquisición de habilidades
sociales, (iii) obstaculizar su desarrollo cognitivo y la apropiación del
conocimiento, dado que la educación es un proceso permanente, personal y social
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. Igualmente
(iv) el exceso de tiempo libre por no asistir al colegio, podría enfrentar al
adolescente a dificultades con el manejo del tiempo y, a su vez, incrementaría
el riesgo de verse involucrado en situaciones complejas como las drogas, la
criminalidad, el desempleo o de carecer en el futuro de los recursos
suficientes para la satisfacción de las necesidades.
Aunado
a lo anterior, se debe considerar a la educación como un proceso que excede el
acto educativo dentro del aula de clase y que contribuye a la socialización.
En esa medida, suspender el proceso educativo a esta edad (v) supone excluir a
los adolescentes de los procesos de incorporación de la cultura, representada
en actitudes, creencias, valores y pautas de comportamiento, dentro de una
diversidad más amplia y diferente a la familia.”
3.8. Lo anterior explica porqué el derecho fundamental a la
educación debe ser leído en clave de la garantía constitucional que estructura
la protección a todo niño, niña o adolescente: el desarrollo armónico e
integral, reconocida a los seres humanos en crecimiento en una etapa específica
del ciclo vital: la infancia y la adolescencia. El proceso de formación
educativa es esencial y trascendental en un menor de edad, pues tiene un mayor
impacto en la construcción de la persona, del que juega para un adulto. Es en
ese momento en el que se adquieren las bases que serán fundamentales para el
ejercicio pleno de otros derechos.[112] Además, se trata de una protección
impostergable, resulta evidente que el desarrollo armónico e integral
debe
garantizarse en un espacio temporal delimitado, esto es, antes de los
18 años de edad. Por eso, el inciso 2º del artículo 44 de la
Constitución,[113] de manera categórica y
expresa, consagró como la principal y más importante obligación de la
familia, la sociedad y el Estado “garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. En otras palabras, les
corresponde “brindar la protección y la asistencia necesarias para
materializar el derecho de los niños a desarrollarse integralmente, teniendo en
cuenta las condiciones, aptitudes y limitaciones propias de cada menor [de
edad].”[114]
3.9. El
derecho fundamental al desarrollo armónico e integral busca “proveer las condiciones que necesitan [los
niños, niñas y adolescentes] para convertirse en miembros autónomos de la
sociedad.”[115] La jurisprudencia constitucional ha identificado que “los criterios que deben regir la protección de los derechos e
intereses de los menores que comprende la garantía de un desarrollo armónico e
integral son: i) la prevalencia del interés del menor[116];
ii) la garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere[117];
iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse
mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en
condiciones de libertad y dignidad[118].”[119]
3.10. Ahora bien, el desarrollo de un menor de edad debe ser
armónico e integral, en los términos establecidos en la Carta, por un lado, la
integralidad implica comprender desde un punto de vista holístico el
proceso vital durante la infancia y la adolescencia. Es decir, incluir todas
las dimensiones del ser humano para garantizar la plena evolución de la
personalidad durante esta etapa vital. Así, deben asegurarse los aspectos
físico, psicológico, emocional, afectivo, intelectual, espiritual, ético y
recreativo. Por su parte, el componente armónico del desarrollo se refiere a
que no deben privilegiarse unas garantías sobre otras, pues todas son
imprescindibles y complementarias en el proceso de formación durante esa etapa
de la vida. Por tanto, es tan esencial la asistencia a un colegio como los
espacios de recreación y esparcimiento. Además, “[c]omo
garantía del desarrollo integral del niño, la Constitución consagra derechos de
protección (CP art. 44) con los cuales lo ampara de la discriminación, de las
prácticas lesivas a la dignidad humana y de cualquier tipo de indefensión que
coloque en peligro su desarrollo físico y mental.”[120]
En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado:
“[e]l
enfoque actual de la normativa aplicable a los menores de edad, niños, niñas y
adolescentes, parte de su consideración como sujetos de especial protección por
parte de la familia, el Estado y la sociedad, dadas las condiciones de
vulnerabilidad en las que se encuentran, asociadas, entre otras razones, al
proceso de maduración físico, intelectual y ético en el que se encuentran, aún
no concluido. Por tal motivo, la finalidad que subyace a la normativa especial
en su favor, que parte de su capacidad como sujetos de derechos, es garantizar
su desarrollo armónico e integral, para contar con miembros libres,
completamente autónomos y partícipes de la sociedad democrática en el futuro.”[121]
3.11. De
manera que, Emilio, en
su condición de adolescente, tiene el derecho a gozar
de un desarrollo armónico e integral, pues a sus 14 años de edad esta viviendo
la etapa del ciclo vital en la cual adquiere los elementos necesarios para
desenvolverse como un ser humano autónomo, con pleno disfrute de sus garantías
fundamentales. De ahí, la relevancia de garantizar el goce efectivo de la
educación de manera continúa y con vocación de permanencia en este momento, de
manera impostergable en el tiempo, pues las limitaciones que se presenten, sin
una justificación constitucionalmente razonable, tendrán consecuencias en su
desarrollo armónico e integral. No obstante, el derecho fundamental a la
educación no es absoluto, pues podría ser limitado en aquellos casos en que se
determine, por ejemplo, un desconocimiento de los deberes que el estudiante
tiene en su propio proceso educativo, bien sea por su desempeño académico o
disciplinario. En todo caso, se reitera que dichas limitaciones deben ser
constitucionalmente razonables. Vista la importancia del derecho a la
educación, en seguida se resaltarán los deberes y las responsabilidades de los
padres, los colegios, el Estado y el propio estudiante.
4. La continuidad del disfrute del derecho fundamental a la
educación del que goza Emilio está estrechamente relacionada con
el cumplimiento de sus deberes académicos y disciplinarios; y, sus padres, el
colegio y el Estado son corresponsables en su garantía efectiva
4.1. El derecho a la educación tiene una doble naturaleza. Además
de reconocer múltiples garantías, como se expuso previamente, también le impone
a Emilio el
cumplimiento de unos deberes académicos y disciplinarios y, en consecuencia,
este “debe participar activamente en su propia formación integral.”[122]
Así lo ha expresado la jurisprudencia constitucional, al afirmar que:
“El
derecho a la educación implica deberes académicos y disciplinarios a
cargo de los estudiantes, consagrados en el Manual de Convivencia.  Así,
su quebrantamiento permite al plantel educativo imponer las  sanciones
correctivas a las que haya lugar, bajo la observancia y respeto  del
debido proceso, la ley y la constitución. Este reglamento, debe definir los
derechos y obligaciones, de los  estudiantes y el procedimiento que debe
seguir el establecimiento  educativo para imponer sanciones y amonestaciones
a estos.”[123]
4.2. Es decir, “el incumplimiento de las obligaciones
correlativas a su ejercicio, como es el hecho de que el estudiante no responda
a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por el reglamento,
puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el
caso.”[124] Ahora bien, esta
Sala de Revisión reitera que las cargas impuestas al estudiante, referentes a
las normas de comportamiento en el entorno estudiantil, deben ser fijadas por
los respectivos colegios y, en todo caso, ser compatibles con la Constitución
de 1991.[125] De manera que, el titular del derecho a la educación, en este caso Emilio, debe
cumplir con sus obligaciones académicas y disciplinarias, pues ello “constituye
condición indispensable para que la institución educativa garantice la
permanencia del alumno dentro del plantel.”[126]
4.3. En otras palabras, como lo
afirmó esta Corporación desde sus inicios: “[l]a Constitución
garantiza el acceso y la permanencia en el sistema educativo, salvo que existan
elementos razonables - incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias
del estudiante - que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer
en una entidad educativa determinada.”[127]
Así, la garantía de la continuidad y permanencia
del estudiante en el proceso educativo puede ser limitada por parte del plantel
educativo, siempre y cuando tal decisión este fundada en elementos
constitucionalmente razonables, que tengan que ver con el desempeño académico
del estudiante o con su comportamiento disciplinario. De lo contrario, la
medida desconocería el derecho fundamental a la educación con vocación de
permanencia y, con ello, el derecho a tener un desarrollo armónico e integral,
privando a la persona de las múltiples garantías constitucionales que tienen
relación con la educación en un momento específico del ciclo vital: la infancia
y la adolescencia.
4.4.
Además de los deberes que el derecho a la educación impone al titular de éste,
su garantía efectiva también está en cabeza de los padres de familia, la
sociedad, el Colegio y el Estado.[128] Tal y como lo establece
el inciso 2º del artículo 44 de la Constitución, que afirma: “[l]a familia,
la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos”; y, el inciso 3º del artículo 67 de la Carta, que dispone: “[e]l
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.” Es decir,
en la materialización del derecho a la educación confluyen varios responsables[129],
a quienes les corresponde desde su respectiva órbita de acción, actuar de tal
manera que el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes cumpla con
las finalidades constitucionales enunciadas en la sección anterior. En seguida
se desarrolla este aspecto, en particular en lo relacionado con el rol que
tienen la familia y el colegio.
4.5. Las obligaciones de la familia en el
marco del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes tienen dos
referentes legales principales: el artículo 7º de la Ley 115 de 1994[130]
y el artículo 14 de la Ley 1098 de 2006,[131] según los
cuales, el padre y la madre son los primeros responsables de la educación de
sus hijos, lo que implica: matricularlos en instituciones educativas,
informarse sobre su rendimiento académico y su comportamiento, buscar y recibir
orientación sobre la educación, proporcionarles en el hogar un ambiente
adecuado para su desarrollo integral; así como, asegurarse de que puedan lograr
el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. Con base en las normas
constitucionales (artículos 44 y 67) y las legales citadas previamente, esta
Corporación ha afirmado que “[l]os derechos y obligaciones de los
padres no cesan por el hecho de ingresar el menor a una entidad educativa. Las
personas encargadas de este esencial servicio público y los progenitores deben
unir esfuerzos para el logro de los fines de la educación; además, deben
ejercer y cumplir responsablemente sus derechos y obligaciones, sin olvidar que
los derechos de los niños, en todo caso, deben prevalecer sobre los derechos de
los demás (CP art. 44 inc. 2).”[132]
4.6. Así, conforme con las normas
constitucionales, el artículo 7º de la Ley 115 de 1994 y el 14 de la Ley 1098
de 2006, y la jurisprudencia,[133] la señora María, quien presentó la acción de
tutela en representación de su hijo, y el padre del menor de edad, quien ha asistido
a algunas reuniones citadas por el Colegio, deben cumplir con sus obligaciones. Son ellos los primeros
responsables de la educación de Emilio, como se dijo previamente, sus obligaciones van más allá de
matricularlo en un Colegio y realizar los pagos a la institución por el
servicio prestado. Así, les corresponde: “(i)
brindar un acompañamiento ético-moral y espiritual en la formación de los
menores de edad, (ii) apoyar las actividades educativas, didácticas y lúdicas
que desarrolle la institución en pro del desarrollo integral de sus
estudiantes, (iii) estar atentos al rendimiento académico y disciplinario de
éste dentro del plantel, (iv) informar de cualquier anomalía que presente en su
conducta a nivel psicológico, emocional o social, y (v) ejecutar sus deberes de
asistencia y apoyo a los menores de edad.”[134]
4.7. Los colegios, por su parte, en la
prestación del servicio público a la educación, que tiene una función social,
también deben cumplir una serie de obligaciones en la garantía del derecho
fundamental a la educación y al desarrollo armónico e integral de sus
estudiantes. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que “[l]os establecimientos educativos tienen el deber de ofrecer una [educación] integral, que comprenda no solo el acceso sino la implementación
de procesos didácticos y pedagógicos, que aseguren un acompañamiento individual
del estudiante, acorde con la situación especial que presente frente a la
sociedad.”[135] En consecuencia,
“los planteles educativos deben garantizar de
forma continua e ininterrumpida los derechos de los estudiantes de recibir
acompañamiento continuo de los docentes para la superación de sus debilidades.”[136] Sin ánimo de exhaustividad, la Sala
reitera que entre las responsabilidades de los colegios se cuentan las siguientes:
(i) tener una planta docente cualificada que garantice una formación
integral de calidad[137], (ii) ofrecer a
los estudiantes una formación en el respeto a los derechos humanos, a la paz y
a la democracia, en los términos dispuestos en el inciso 2° del artículo 67 de
la Constitución; (iii) disponer de normas de comportamiento claras, que
respeten los postulados constitucionales; y, por último, (iv) imponer
las sanciones a que haya lugar, siempre con las garantías propias del debido
proceso.[138]
4.8. Además, los
colegios tienen la obligación de garantizar una educación inclusiva para sus
estudiantes, en el marco de materializar el componente de adaptabilidad del
derecho fundamental a la educación[139]. Así,
deben “ampliar el espectro de inclusión de personas con
necesidades educativas especiales, más allá del acceso a la escuela regular. La
educación inclusiva persigue que no existan ambientes segregados, sino que
todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas,
puedan estudiar y aprender juntos.”[140] Es decir, la garantía del derecho a la educación
supone que los planteles educativos prevean medidas pedagógicas que garanticen
el desarrollo armónico e integral de los niños, niñas y adolescentes. Bajo esta
línea, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que:
“(…)
la atención de las personas con necesidades educativas especiales se proyecta
en la atención a la diversidad y el respeto a la diferencia, ya que así como
del proceso social hacen parte [las personas en condición de discapacidad][141]
y los que no, los planteles educativos deben ser reflejo de la sociedad. Ello
sin olvidar que por su condición especial, reconocida constitucionalmente, las
personas en situación de discapacidad demandan ayudas especiales para optimizar
su proceso de aprendizaje y desarrollar plenamente sus potencialidades.
Así,
las personas con cualquier tipo de diferencia física o psicológica tienen
derecho a que las instituciones educativas les procuren un trato acorde con sus
especiales características, siempre que ello resulte necesario para el
ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad. La omisión de este
deber de atención por parte de la institución educativa es por sí misma
contraria a las ideas y valores que inspiran el derecho a la educación y conexos.”[142]
4.9. En
concreto, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que los colegios faltan a sus deberes cuando omiten
tratar de manera diferenciada a
los estudiantes con Trastorno
por Déficit de Atención con Hiperactividad. Ello por cuanto, dicha actuación
puede conllevar a la discriminación, el aislamiento, los tratos diferenciados
o, incluso, la marginalización e invisibilización del diagnóstico. Es decir, “la
equiparación [entre la persona con TDAH] en relación con los demás
estudiantes, conlleva a una aplicación de correctivos que se hacen inocuos e
incluso contraproducentes en el manejo de la salud psicológica y afectiva del
paciente y de su comportamiento futuro en sociedad.”[143] Las consideraciones previas son
relevantes para el caso concreto, para reafirmar el deber que le asiste al Colegio de
diseñar un plan pedagógico para Emilio, que se ajuste a su condición médica.
Señalar que esta obligación se deriva de la dimensión de adaptabilidad, con la
cual se debe garantizar el derecho a la educación.
4.10. Esta Sala
de Revisión resalta que los colegios son un primer escenario en el cual los
niños, niñas y adolescentes viven en comunidad por fuera de su núcleo familiar,
interactuando con seres humanos de diferentes culturas y creencias, de
distintas razas y personalidades. Se trata de un contexto, en el cual existe
una gran diversidad de individuos, de ahí que los planteles educativos deban
educar para la democracia, para el respeto de la diferencia, para la tolerancia
y para la paz. En el cumplimiento de este deber es esencial que se tenga en
cuenta que dicha enseñanza tiene dos componentes, por un lado, brindar
herramientas para solucionar los conflictos que se presenten en relaciones
horizontales, de estudiante a estudiante; y, por otro lado, educar con el
ejemplo cuando las dificultades a solucionar tengan que ver directamente con la
institución y un estudiante, pues la estrategia con la que se resuelvan los
casos difíciles con un niño, niña o adolescentes, en una relación vertical,
también forma parte del proceso pedagógico.
4.11. Un análisis integral de los partes
responsables de la garantía efectiva del derecho a la educación, lleva a
concluir la relevancia de un dialogo constante entre los colegios, los padres
de familia y los niños, niñas y adolescentes; dado que, son las partes que
pueden comprender en su integridad el contexto en el que se desarrolla la
situación a tratar. De ello, dependerá que las medidas pedagógicas adoptadas
para el manejo de cada caso concreto, respondan siempre al mandato de
garantizar la prevalencia del interés superior de los menores de edad. Ahora
bien, la Sala recuerda que en el caso objeto de
análisis, Emilio se
autolesionó como consecuencia de participar en el juego en línea “la ballena
azul”, este hecho pone de presente que en la actualidad los padres, los
colegios y el Estado enfrentan desafíos propios de la sociedad de la
información, que les impone el cumplimiento de unas obligaciones específicas.
En seguida, se desarrolla este aspecto.
5. El
derecho a la educación y al desarrollo armónico e integral de los niños, niñas
y adolescentes en la sociedad de la información
5.1. En la
sociedad de la información, las tecnologías y las comunicaciones son una
constante, bien sea desde el punto de vista recreativo, laboral o educativo; “(…)
en especial herramientas como
el internet y las redes sociales digitales, han generado un medio social más a
través del cual se puede compartir, comunicar y entretener. Ello ha traído como
consecuencia un aumento exponencial de sus usuarios que tienen la posibilidad
de intercambiar información, propagar ideas, participar activamente y facilitar
relaciones personales.”[144] Pero también se han convertido en
un medio susceptible de ser usado para amenazar o vulnerar derechos
fundamentales. Así, garantizar el desarrollo armónico e integral y el derecho a
la educación de los menores de edad en la sociedad de la información impone
retos novedosos: los padres y los profesores deben guiar a los niños, niñas y
adolescentes frente a peligros que ni siquiera conocen. Hay desafíos de la
actualización en lo digital, que los adultos tienen que lograr para así
orientar y acompañar a los menores de edad, más aún cuando existe una brecha
digital generacional. En este contexto, la jurisprudencia constitucional afirmó:
“[e]l
interés superior del menor (…) deberá orientar cualquier actuación que se tome
al momento de determinar las políticas de acceso de los niños, niñas y
adolescentes a las sociedad de la información y el conocimiento, a fin de
garantizar su desarrollo armónico e integral.”[145]
5.2. Entre
los derechos que pueden verse amenazados en el marco del uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones se cuentan: la intimidad, la protección de datos, la imagen, el
honor y la honra, la integridad, entre otros.[146] La sentencia T-260 de 2012 explicó que
ello “va de la mano, en gran medida, del desconocimiento de los usuarios
acerca del funcionamiento y reglamentación de estas plataformas, pues la falta
de privacidad en los perfiles y la publicación de información personal y datos
especialmente protegidos como vivencias, gustos, ideología y experiencias sin
ninguna restricción, se constituye en una fuente de riesgo para los derechos
fundamentales de los usuarios.”[147] Vale
la pena cuestionarse, ¿debería prohibirse de manera absoluta y radical el uso
de dichas tecnologías a los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de
proteger el pleno ejercicio de sus derechos? Para esta Sala, la respuesta al
interrogante es negativa. Ni los riesgos ni retos de la sociedad de la
información justificarían la restricción absoluta del uso de dichas tecnologías
por parte de los menores de edad. En este sentido, se coincide con el Colegio Colombiano de Psicólogos, que afirmó: “la prevención respecto a los riesgos en el uso de internet, no
debe dirigirse a prohibir su uso, ni al empleo de medidas punitivas, por el
contrario debe involucrar necesariamente un proceso educativo constante que
permita a los jóvenes identificar no solo los riesgos implícitos en el uso de
internet y redes sociales, sino identificar que ellos pueden ser expuestos a
riesgos.”[148] De hecho, una
restricción absoluta del acceso a ese medio implicaría una limitación del
derecho a la educación y del desarrollo armónico e integral. No duda la Sala
que un uso responsable permite potencializar el
conocimiento e, incluso, de muchas maneras, es un servicio esencial en los
procesos educativos actuales.
5.3. Lo que impone
la sociedad de la información es que la familia, la sociedad y el Estado
acompañen a los menores de edad en las interacciones que tengan mediante las
tecnologías de la información y las comunicaciones, les enseñen las
herramientas para usarlas sin poner en riesgo sus derechos fundamentales. Por
ello, la Sala resalta que en la actualidad la responsabilidad
de los padres en el proceso educativo de sus hijos debe enmarcarse en los
desafíos y riesgos propios de la sociedad de la información. Así, el caso
objeto de análisis demuestra que los padres de Emilio, el colegio en el que se encuentre inscrito y el Estado deben
proveerle las herramientas necesarias para hacer un uso responsable del
internet, sin poner en riesgo nuevamente su integridad; de tal manera que,
comprenda con claridad los peligros de realizar ciertas actividades, como
participar en el juego el línea “la ballena azul”. A continuación, se presenta
este aspecto.
5.4. En primer lugar, los padres deben procurar que sus hijos desarrollen
herramientas de pensamiento crítico, “que no solo les permiten ponerse en
los zapatos de las personas que pueden presionarlos a participar, sino que les
ayudan a considerar de manera sencilla las consecuencias de hacerlo.”[149]
Sobre el particular, La Red Papaz y el profesor Enrique Chaux de la Universidad
de los Andes afirmaron:
“[l]os
retos en internet, y en este caso el juego de la Ballena Azul, abren la
pregunta sobre cómo las personas encargadas del cuidado de niñas, niños y
adolescentes, los medios de comunicación y las instituciones del Estado deben
abordar este tipo de juegos que surgen en la red. Independientemente de que
estos sean o no reales, la evidencia muestra[150] que, como
adultos, es necesario informarse y hablar con los menores de 18 años sobre el
tema. También muestra que estas conversaciones NO deben girar en tono a los
métodos y prácticas del juego porque esto puede promover su curiosidad; sino
que deben centrarse en dar herramientas que les permitan identificar los
riesgos y buscar ayuda, y a las familias, desarrollar estrategias de
acompañamiento para la prevención y manejo de los riesgos.”[151]
5.5. En otras palabras, la familia debe
estar presta a dialogar con el menor de edad sobre los peligros que representa
un uso inadecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
encaminando las conversaciones a brindar estrategias necesarias para
identificar y prevenir las situaciones de riesgo que amenacen o vulneren sus
derechos fundamentales. Y, llegado el caso, abrir las puertas de la
comunicación para que los niños, niñas y adolescentes encuentren el espacio
para pedir ayuda, si ya se encuentran en una situación de vulneración de sus
garantías fundamentales, independientemente de la que se trate. Entre las
estrategias para hacer frente a los peligros mencionados se cuentan: (i)
“configurar de una manera adecuada sus opciones de privacidad, y así eviten que
desconocidos accedan a su información [a la de los niños, niñas y
adolescentes],”[152] (ii) fijar
reglas y límites claros, sobre lo que se puede o no hacer, y explicar la
importancia de cumplirlas; (iii) “supervisar la conexión de sus hijos a Internet
y evitar que estos naveguen en espacios en los que no tengan acompañamiento
(ej.: en la habitación en la noche)”; y, (iv) “permanecer atentos
de señales como marcas en el cuerpo, alteraciones en el sueño, aislamiento
social, comportamientos o preguntas relativas a la muerte, el suicidio o las
autolesiones.”[153]
5.6. Las estrategias mencionadas no tienen
ánimo de exhaustividad en cuanto a la manera como los padres pueden prevenir
los riesgos de las nuevas tecnologías, pues ello depende, en gran medida, de
las dinámicas propias de cada familia, lo importante es que se adopten
mecanismos para evitar situaciones que impliquen la vulneración de los derechos
fundamentales de los menores de edad. Se trata de un problema latente, que no
debe ser invisibilizado. Por lo anterior, esta Sala estima que fue desacertado
el manejo que, en un primer momento, dio la señora María a la situación, pues ante la
manifestación de Emilio, quien le contó que estaba participando en el juego “la
ballena azul”, ella le respondió “que le avisara cuando era el día [del
suicidio] para comprarle el cajón con tiempo.”[154]
Ella explicó que no creía que su hijo fuera a avanzar en el juego y, luego,
reconoció su error “al responderle a su hijo de la manera en que lo hizo
cuando trataba de explicarle sobre el juego.”[155]
Esto demuestra la importancia de generar espacios de diálogo, en los que pueden
ser útiles los criterios enunciados previamente, y cumplir con un deber de
acompañamiento. En todo caso, resalta la Sala que no considera que prohibir de
manera absoluta el acceso a este medio sea una alternativa constitucionalmente
razonable, pues una medida en tal sentido vulneraría el desarrollo armónico e
integral de los menores de edad y limitaría el acceso a un medio valioso en los
procesos educativos.
5.7. En segundo lugar, a las
instituciones educativas también les corresponde participar de manera activa en
la prevención de los riesgos y retos que representan las nuevas tecnologías
para los niños, niñas y adolescentes. El concepto remitido por la Red Papaz y
el profesor Chaux propone las siguientes estrategias:
“-Estar
disponibles para brindar ayuda y orientación a los estudiantes que presenten
señales de riesgo de suicidio y avisar a sus padres de inmediato.
-Estar
muy atentos a los alumnos, especialmente a aquellos vulnerables ante los retos
de este tipo. Por ejemplo, a los que han sido víctimas de maltrato, acoso, que
han presentado episodios o tendencias depresivas o a los que buscan con
frecuencia el reconocimiento social.
-Tener
una actitud de escucha que les permita recibir la información sin hacerle
sentir a los menores de edad que están siendo juzgados.
-Definir
y comunicar protocolos para manejar situaciones de riesgo en internet, y
establecer canales de reporte y responsables de atención.
-Promover
el uso responsable de internet por parte de la comunidad educativa, e incluir
herramientas tecnológicas que permitan monitorear la actividad en internet de
los estudiantes.”[156]
5.8. Es por ello que, la
clase de informática no debería ser una materia sin importancia, por el
contrario, debe reconocérsele la relevancia que tiene, pues es un escenario
ideal para enseñar a los niños, niñas y adolescentes herramientas necesarias
para evitar los peligros que representan las nuevas tecnologías de la
información y para potenciar los beneficios del internet en los procesos
educativos. En todo caso, como ya se expresó, no sería razonable desconocer los
riesgos y ventajas de este medio de comunicación, pues hoy en día el derecho a
la educación y al desarrollo armónico e integral también supone que los menores
de edad sean educados para interactuar responsablemente en una sociedad de la
información. En todo caso, esta Sala de Revisión reconoce explícitamente el
margen de acción con el que cuentan las instituciones educativas para valorar,
en cada caso, las medidas más adecuadas para enfrentar los desafíos asociados a
las nuevas tecnologías; siempre que, ello se realice en el marco de los límites
constitucionales y las acciones estén guiadas con el objetivo de garantizar el
goce pleno de todos los derechos que gozan los niños, niñas y adolescentes.
5.9. El
Estado, por su parte, también cumple un rol fundamental en la prevención de los
riesgos que pueden representar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, la Sala resalta
que el MinTIC ha llevado a cabos diversas estrategias tendientes a evitar el grooming,[157]
el sexting,[158] el ciberacoso,[159]
la ciberdependencia[160] y el material de abuso
sexual de niñas, niños y adolescentes. Entre estas se cuentan:
la herramienta en “TIC confío”, la iniciativa “Te protejo” y el
proyecto “Escuela TIC para Familias.” En todo caso, si bien lo anterior
demuestra que existe un reconocimiento de la necesidad de actuar frente a una
problemática claramente identificada, surge un interrogante ¿estos mecanismos
llegan de manera directa a quienes deberían ser los receptores de la
información? Esto es: a las familias, a los menores de edad y a los colegios.
Dado que no se cuenta con los elementos suficientes para responder, este
cuestionamiento queda abierto para hacer un llamado de atención al Estado, en
el sentido de que verifique si hay un impacto de las acciones que promueve en
cuanto a la prevención de riesgos. Ello por cuanto, el deber estatal en
la prevención de los riesgos y peligros que representan las tecnologías de la
información y las comunicaciones no se agota con el diseño de estrategias, sino
que estas deben difundirse de manera efectiva entre los diferentes actores
llamados a garantizar el desarrollo integral de los menores de edad.
5.10. En
este escenario, es relevante mencionar el Memorandum de Montevideo,[161]
reseñado en la sentencia T-260 de 2012, que señala algunas recomendaciones con
las que se busca potencializar los aspectos positivos de la sociedad de la
información y prevenir sus peligros e impactos negativos para los niños, niñas
y adolescentes. El documento afirma la importancia de que las familias, los
colegios, la sociedad y el Estado se articulen en procura de lograr dichos
objetivos. Entre las sugerencias expuestas en dicho documento se destacan las
siguientes:
“-Los estados y las entidades
educativas deben tener en cuenta el rol de los progenitores, o cualquier otra
persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y
adolescentes en la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable
y seguro del internet y las redes sociales digitales. Es tarea del estado y las
entidades educativas proveer información y fortalecer capacidades de los
progenitores, sobre los eventuales riesgos a que se enfrentan los menores en
internet.
-Toda medida que implique control de
las comunicaciones tiene que respetar el principio de proporcionalidad, por
tanto se debe determinar que la misma tiene como fin la protección y garantía
de derechos que es adecuada al fin perseguido y que no existe otra medida que
permita obtener los mismos resultados y sea menos restrictiva de derechos.
- Se debe transmitir claramente a las
niñas, niños y adolescentes que internet no es un espacio sin normas, impune o
sin responsabilidad. En especial deben ser alertados sobre la participación
anónima o el uso de pseudónimos, el respeto a la privacidad, intimidad y buen
nombre de terceras personas, responsabilidades civiles, penales y
administrativas que existen cuando se vulneran derechos propios o de terceros
en la red, entre otros aspectos.
- Se recomienda enfáticamente la
promoción de una sostenida y completa educación sobre la sociedad de la
información y el conocimiento, en especial para el uso responsable y seguro del
Internet y las redes sociales digitales, por medio de la inclusión en los
planes de estudio, la producción de material didáctico en el que se representen
las potencialidades y riesgos y la capacitación de los docentes en el tema.”[162]
5.11. En
síntesis, la actual generación sabe del impacto de las nuevas tecnologías en la
sociedad, pero no sabe cuáles serán los retos que tendrán que enfrentar. Se
trata de versiones amplificadas del viejo peligro de la persona que buscaba
afectar a un niño o niña con un caramelo. Así, lidiar con la tecnología, por
tanto, no sólo es saber cómo enfrentar el peligro de “la ballena azul”;
es ante todo, saber qué hacer frente a la siguiente mutación de esa amenaza.
Saber reconocer un ataque y poder defenderse adecuadamente. Más aún cuando los
peligros y retos están diseñados sobre la base del engaño, del cual son más
susceptibles los niños, niñas y adolescentes, con el propósito de trasgredir
sus garantías más fundamentales. Es por ello que, los desafíos en este sentido
deben ser asumidos de manera solidaria por los diferentes actores que tienen
obligaciones en la garantía del desarrollo armónico e integral de los niños,
niñas y adolescentes, es decir, por la familia, la sociedad y el Estado.
6. La decisión del Colegio no fue constitucionalmente razonable, pues
si bien tuvo una finalidad legítima, el medio elegido no fue el adecuado, en
términos de garantía de derechos fundamentales
6.1. De manera
preliminar, la Sala aclara que en el caso concreto hubo una amenaza al derecho
a la educación de Emilio, en la
faceta permanencia y continuidad; pues quedó demostrado y así lo concluyó el
juez de tutela, que el estudiante continuó asistiendo a sus actividades
académicas. Es decir, el Colegio condicionó formalmente su reintegro a la
presentación de un nuevo dictamen médico y a la decisión del Comité Escolar,
más ello no implicó una vulneración material del derecho. Lo que conlleva a que la Sala evalúe si la decisión fue razonable
desde el punto de vista constitucional, pues como se expuso de manera previa,
toda limitación del derecho a la educación debe estar fundada en una
justificación acorde con la Carta.[163] Para ello, aplicará un test
de razonabilidad de intensidad ordinaria, teniendo en cuenta que la
afectación del derecho fue formal. En seguida, la Sala (i) identificará el
fin buscado por la decisión del plantel educativo y establecerá si éste es constitucionalmente
legítimo; (ii) estudiará el medio, verificando que
no esté prohibido por la Constitución; y, (iii) analizará la relación
entre el medio y el fin, determinando si aquél es adecuado para alcanzar el
fin.[164]
6.2.
Se identifica que con la solicitud de un nuevo certificado médico, el Colegio
buscó cumplir dos finalidades principales. Por un lado, verificar que “el niño o sus compañeros no corrían ningún riesgo al ingresar al
aula de clases”. Se quería evitar que, mediante el
juego “la ballena azul”, Emilio se autolesionara nuevamente; es decir
que, vulnerara su derecho a la integridad física. Además, se pretendió impedir
que  promoviera la participación de sus compañeros de clase en dicho juego. Sin
lugar a dudas, tal y como se desarrolló en la sección previa, un manejo
inadecuado de las nuevas tecnologías de la información puede llevar a la
vulneración de las garantías fundamentales de los menores de edad, tal y como
ocurrió en el caso objeto de pronunciamiento. En efecto, el peligro
identificado es real, existe. Así, se trataba de una finalidad
constitucionalmente legítima, con la cual se buscaba garantizar el desarrollo
armónico e integral de los niños, niñas y adolescentes, el deber de asegurar su
interés superior y de proteger su integridad física (artículo 44, Constitución
de 1991). Por otro lado, la institución educativa requirió las recomendaciones
médicas para ajustar, de ser necesario, el plan pedagógico de Emilio a
su condición médica; en efecto, dicho documento permitiría realizar los ajustes
necesarios al plan pedagógico del estudiante y, con ello, materializar el componente
de adaptabilidad del derecho a la educación,[165] para que así
tuviera una educación inclusiva, que reconociera su condición médica como un
factor relevante al momento de optimizar su proceso de aprendizaje.
6.3. Se identifican dos finalidades frente al
condicionamiento del reintegro formal de Emilio a la decisión del Comité
Escolar. Por un lado, esta exigencia se fundó en “las inconsistencias en la
documentación presentada (epicrisis) y (sic) el certificado médico posterior a
la hospitalización”. Pareciera que con la medida se buscaba aclarar la
autenticidad de la información suministrada por la señora María. Si bien es entendible que el
Colegio hubiera buscado aclarar la información sobre este punto, el
cumplimiento de este objetivo no implicaba supeditar el reintegro del
estudiante a sus actividades académicas, mientras se precisaba la aparente
contradicción de los soportes médicos. Nada tiene que ver un juicio valorativo
sobre la veracidad de dichos conceptos, con el derecho a la educación y al desarrollo
armónico e integral del menor de edad o de la comunidad educativa. Por ello, se
concluye que esta finalidad no es constitucionalmente legítima. En segundo
lugar, argumentó que se trata del organismo institucional encargado “del
seguimiento y estudio de casos de convivencia escolar como está definido en el
reglamento interno”. Al respecto, la Sala evidencia que esta finalidad sí
es constitucionalmente legítima, pues buscaba que el órgano institucional
competente realizara un seguimiento al caso del estudiante en cuestión, lo que
tiene sustento en el deber del Colegio de garantizar el interés superior de los
menores de edad, tanto de Emilio como de sus compañeros; y, garantizar
su desarrollo armónico e integral. Además, esto representa la materialización
del deber de hacer seguimiento de los casos de convivencia escolar que se
presenten en su comunidad educativa, en los términos dispuesto en la Ley 1620 de 2013[166] y del Decreto 1965 del
mismo año,[167] que la reglamenta.
6.4. Los medios elegidos, esto
es supeditar el reintegro formal del estudiante a sus actividades académicas a
la presentación de un nuevo certificado médico y a la decisión del Comité
Escolar, no están prohibidos por la Constitución. De hecho, como se expuso
ampliamente, si bien el derecho a la educación debe ser garantizado con
vocación de continuidad, este puede ser limitado, siempre y cuando, se cumplan
dos condiciones: (i) el estudiante incumpla sus deberes académicos y
disciplinarios; y, (ii) la decisión se fundamente en argumentos constitucionalmente
razonables. Por último, se analizará si los medios fueron adecuados para
cumplir las finalidades identificadas.
6.5. Con respecto a la solicitud del nuevo certificado médico para
verificar que el estudiante no representaba peligro para él o para sus
compañeros, se tiene que el concepto médico del 24 de mayo de 2017,
certificaba que Emilio no constituía
riesgo para él ni para la comunidad educativa. Este indicó que “no representa riesgo para sí, propios y extraños, por lo que
se certifica que puede vivir en comunidad bajo su tratamiento. Ya que está
demostrado que el entrenamiento de habilidades sociales y académicas que
realmente necesita el paciente en su situación de vida para no perder su nivel
de funcionalidad son su núcleo familiar y escolar, donde le brinden apoyo y
estructura y se sienta seguro y estabilizado en su situación de vida.”[168]
De manera que, la finalidad que se buscaba cumplir con la medida ya estaba
satisfecha. Ahora bien, es plausible que la solicitud del Colegio fuera adecuada, en
términos de contar con indicaciones médicas para ajustar el plan pedagógico del
menor de edad, de ser necesario, a su diagnóstico para garantizar su educación
inclusiva. No obstante, ni aún bajo este escenario le asistía razón a la
Institución Educativa; pues no existe una relación entre la finalidad y la
medida, de considerarse que dicha información era imprescindible para
determinar estrategias en el aula de clase, era innecesario condicionar su
reintegro formal a las actividades académicas a ello. Por el contrario,
pretender aislarlo de sus actividades académicas como medio para cumplir dicha
finalidad amenazó su derecho a una educación inclusiva.[169]
6.6. Finalmente, la Sala no
encuentra una relación entre supeditar el reintegro formal del estudiante a una
decisión del Comité Escolar, que se recuerda se justificó en dos finalidades: (i)
aclarar “las inconsistencias en la documentación presentada
(epicrisis) y (sic) el certificado médico posterior a la hospitalización”;
y, realizar el “(…) seguimiento y estudio de casos de convivencia escolar
como está definido en el reglamento interno”. Frente a la primera, se
reitera que no es constitucionalmente legítima y conforme el Manual de
Convivencia del Colegio este órgano no tiene la función de verificar las inconsistencias
presuntamente encontradas en los documentos presentados por los padres de
familia.
En cuanto a la segunda, ni a la señora María ni al estudiante se
les informó que el asunto recibiría el tratamiento de un caso de convivencia
escolar, tampoco cuál sería el procedimiento a seguir. Así, no existe relación
alguna entre la finalidad elegida y el medio, pues si bien le corresponde al
Comité dicha función, a la parte accionante no se le notificó que el caso de Emilio
se analizaría como uno de convivencia escolar ni las razones de ello. Si bien
en el caso resultaba legítimo hacer un seguimiento y control sobre el
estudiante, con miras a evitar que se autolesione o se convierta en un medio
para promover la participación en “la ballena azul”, ¿por qué hacer
depender su reingreso a las actividades académicas a un concepto del Comité, si
en la práctica este continuó asistiendo a clases y no se hizo evidente que se
tratara de un caso de convivencia escolar?
6.7.
El análisis anterior permite concluir que el Colegio amenazó el derecho
fundamental a la educación de Emilio,
en cuanto a su permanencia y continuidad del proceso pedagógico, al exigirle a
la madre de este un nuevo certificado médico y supeditar su reintegro formal a
una decisión del Comité Escolar; pues si bien, en principio, dichas solicitudes
tuvieron una finalidad constitucionalmente legítimas, los medios elegidos para
ello no fueron los adecuados. Es decir, no se encontró que los
condicionamientos fueran constitucionalmente razonables. Con base en el
análisis expuesto previamente, la Sala confirmará la sentencia del 4 de julio de 2017, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Turbaco, en el sentido de proteger el derecho a la educación de Emilio, en su faceta continuidad y
permanencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
6.8. Por último, se rechazan, de ser
ciertas, las manifestaciones según las cuales se solicitó el certificado médico
para evitar que la comunidad educativa cuestionara la razón por la que Emilio
continuaba en el Colegio, tal y como señaló la
accionante. Se recuerda que, conforme lo manifestado por la señora María,
cuando ella solicitó por escrito la justificación de estas exigencias, le
manifestaron que no podían recibir a su hijo en esas condiciones “porque se
les venían las palabras de los demás padres de familia ‘por qué tenían ese niño
allí’.”[170] Al respecto, la
Sala reitera, de manera categórica, que toda limitación del derecho a la
educación y al desarrollo armónico e integral debe ajustarse a la Constitución
y, en efecto, pretender evitar cuestionamientos de otros padres de familia
sobre las razones por las cuales el estudiante permanecía en el Colegio, nada
tienen que ver con los derechos fundamentales de los menores de edad.
7. Síntesis de la decisión
En esta sentencia, la Sala
Segunda de Revisión analizó si un Colegio vulnera el derecho a la educación de
un estudiante, que participó en un juego en línea potencialmente lesivo (“ballena
azul”) y fue diagnosticado con una alteración comportamental y psicosocial,
al condicionar su reintegro formal a las actividades académicas a un nuevo
concepto médico y a la decisión del Comité Escolar de la Institución. Con el
fin de resolver el problema jurídico, reiteró las siguientes reglas
jurisprudenciales: (i) el derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes es fundamental y debe ser garantizado con vocación de permanencia;
(ii) el derecho al desarrollo armónico e integral reconoce a los menores
de edad una protección constitucional tendiente a verificar que durante la
infancia y la adolescencia cuenten con todos los aspectos requeridos para
lograr su pleno desarrollo; (iii) los colegios, sin lugar a dudas,
tienen la potestad de sancionar o tomar la determinación de que un estudiante
no continúe en el plantel educativo, siempre y cuando dicha decisión este
fundada en razones constitucionalmente legítimas, de lo contrario estarían
afectado el desarrollo armónico e integral, entre otros derechos. Además, se
expuso que en el marco de una sociedad de la información, la familia, los
colegios y el Estado tienen el deber de evitar que las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones se conviertan en un medio para vulnerar o
amenazar los derechos de los menores de edad.
III. DECISIÓN
Un Colegio vulnera el derecho a la
educación de un estudiante que participó en un juego en línea potencialmente
lesivo (“ballena azul”) y que fue diagnosticado con una alteración
comportamental y psicosocial, en la faceta de permanencia y continuidad del
proceso pedagógico, al condicionar su reintegro formal a las actividades
académicas a un nuevo concepto médico y a la decisión del Comité Escolar. No se
puede impedir el pleno acceso y permanencia de un estudiante, fijando
condicionamientos que no son constitucionalmente razonables.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia
del 4 de julio de 2017, proferida por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Turbaco, en el sentido de proteger el derecho a
la educación del representado Emilio, en su faceta de permanencia y continuidad, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo.- ORDENAR
a los padres y a la institución para que, de común
acuerdo y coordinadamente, mantengan un acompañamiento a Emilio, en aras de asegurar su
desarrollo armónico e integral.
Tercero.-
SOLICITAR al Gobierno Nacional que, en cumplimiento
de sus obligaciones constitucionales y legales, diseñe, promueva y divulgue de
manera efectiva herramientas pedagógicas para enfrentar los riesgos de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Cuarto.-
LÍBRESE por la Secretaría General de esta
Corporación la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Cópiese, comuníquese y cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
Ponente
LUIZ
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría
General
[1] Como quiera que en el presente caso se estudiará la presunta
vulneración de los derechos de un menor de edad, como medida de protección de
su intimidad, se suprimieron de esta providencia y de toda futura publicación
de la misma, el nombre del niño y el de sus familiares, y los datos e
información que permitan conocer su identidad. En consecuencia, para efectos de
identificar a las personas, y para mejor comprensión de los hechos que dieron
lugar a la acción de tutela de la referencia, se han cambiado los nombres
reales por unos ficticios, que se escribirán en letra cursiva. Del mismo modo,
se omitirá el nombre del Colegio accionado y del municipio en el que sucedieron los hechos.
[2] La Corte Constitucional, mediante Auto del 27 de octubre de 2017
proferido por la Sala de Selección Número Diez, seleccionó para revisión el
expediente de la referencia, con base en los criterios
objetivos “asunto novedoso” y “necesidad de pronunciarse sobre una
determinada línea jurisprudencial.” La acción de tutela objeto de
pronunciamiento fue fallada, en única instancia, por el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Turbaco.
[3] Solicitó, como medida preventiva, que se ordenara a la institución
educativa accionada que permitiera el reintegro inmediato del estudiante a las
clases. La actora adjuntó como pruebas fotocopias de los siguientes documentos
que se encuentran en el expediente: cédula de ciudadanía de María (folio 6); registro civil de
nacimiento de Emilio
(folio 7); tarjeta de identidad de Emilio (folio 8); carta del Colegio dirigida al Director Técnico Inspección y Vigilancia de la
Secretaría de Educación en respuesta al oficio solicitud de reintegro del
estudiante Emilio, con
fecha del 2 de junio de 2017 (folios 9 y 10); carta del
Colegio dirigida a María, con fecha del 30 de mayo de 2017
(folio 11); carta del Colegio dirigida a María, en la que se responde a la carta enviada el 18 de mayo de 2017,
con fecha del 18 de mayo de 2017 (folio 12); certificado expedido de la Clínica
la Misericordia, con fecha del 25 de mayo de 2017 (folio 13); constancia de
acta de reunión llevada a cabo el 6 de junio de 2017 entre los padres del menor
Emilio y el director de
grupo del curso (folio 14); carta de la ciudadana María dirigida al Colegio, con fecha del 6 de junio de 2017 (folio 14
reverso); informe psicológico de Emilio emitido por la Fundación– Salud Mental Integral, con fecha del 8 de
junio de 2017 (folios 15 – 17); Oficio de la Secretaría de Educación, Inspección
y Vigilancia de la Gobernación dirigido al Colegio, en respuesta a la queja presentada por la ciudadana María (folio 18-19); Oficio de la
Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal dirigido al Colegio, en respuesta a la queja
presentada por la ciudadana María (folios 20 y 21). Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1.
[4] Conforme con expertos del INHOPE –International Association of
Internet Hotlines-, citados por la Red Papaz y el profesor Enrique Chaux
Torres, el juego “la ballena azul” “daba a las personas una serie de retos
durante 50 días consecutivos, los cuales, eventualmente, culminaban con el
desafío de arrojare desde un edificio al vacío. Este juego tuvo un impacto a
nivel mundial. En países como el Reino Unido, la policía emitió alertas que
hicieron énfasis en su posible relación con comportamientos como la
auto-laceración. Otros países emitieron alertas similares. Esto generó una
serie de críticas que señalaron que fueron el cubrimiento de los medios, la
divulgación en redes sociales y este tipo de alertas, las que sirvieron para
darle importancia y visibilidad a algo que inicialmente no existía y era un
engaño, pero que terminó volviéndose una realidad.” Expediente
T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 179 (reverso).
[5] La ocurrencia de este hecho consta en un acta de entrevista
con padres de familia, que fue aportada como material probatorio por el Colegio en la contestación de la acción de tutela.
Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 54.
[6] Acta de entrevista con el estudiante del 12 de mayo de 2017, aportada
como material probatorio por el Colegio en la
contestación de la acción de tutela. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 55.
[7] Conforme con el acta de entrevista con padres de familia del 16 de mayo de 2017, Emilio manifestó a su madre María sobre su participación en el juego “la ballena azul”, ante
lo cual ella le respondió “que le avisara cuando era el día [del
suicidio] para comprarle el cajón con tiempo.” Ella explicó que no creía
que su hijo fuera a avanzar en el juego y, luego, reconoció su error “al
responderle a su hijo de la manera en que lo hizo cuando trataba de explicarle
sobre el juego.” Acta de entrevista con
padres de familia del 16 de mayo de 2017, aportada como material
probatorio por el Colegio en la contestación de
la acción de tutela. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 56.
[8] Acta de entrevista con padres de familia del 16 de mayo de 2017, aportada
como material probatorio por el Colegio en la
contestación de la acción de tutela. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N°
1, folio 56.
[9] Si bien la señora María dio dicha información al Colegio, conforme con el certificado
aportado como material probatorio, el menor únicamente recibió tratamiento
entre el 18 y el 24 de mayo del 2017.
[10] Carta de la ciudadana María dirigida al Colegio, aportada como material probatorio por
el Colegio en la contestación de la acción de
tutela. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio
57.
[11] Carta del 18 de mayo de 2017enviada por el Colegio a María, en la que se responde a la comunicación enviada por la ciudadana
en la misma fecha, aportada como material probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 12.
[12] Certificado Clínica la Misericordia, expedido el 25 de mayo de
2017, aportado como material probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio
13.
[13] En el escrito de tutela no se especificó la fecha de
ocurrencia de este hecho.
[14] Escrito de acción de tutela. Expediente T-6.406.974,
Cuaderno N° 1, folio 2.
[15] Escrito de acción de tutela. Expediente T-6.406.974,
Cuaderno N° 1, folio 2.
[16] Carta del Colegio dirigida a María, con fecha del 30 de mayo de 2017, aportada como material
probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974,
Cuaderno N° 1, folio 11.
[17] Carta del Colegio dirigida a María, con fecha del 30 de mayo de 2017, aportada como material
probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974,
Cuaderno N° 1, folio 11.
[18] Carta del Colegio dirigida a María, con fecha del 30 de mayo de 2017, aportada como material
probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974,
Cuaderno N° 1, folio 11.
[19] Oficio de la Secretaría de Educación, Inspección y Vigilancia de la
Gobernación dirigido al Colegio, en respuesta a la queja presentada por la ciudadana María. Lo
anterior, por cuanto consideró que se estaba vulnerando el derecho a la
igualdad y a la educación del menor, dado que “en oficio dirigido a la madre
del menor desvirtúa el concepto médico emitido por los galenos y excluye del
servicio educativo al estudiante, por motivo de su diagnóstico de Trastorno
psiquiátrico. Como se ve, la determinación del plantel educativo se funda en
razones discriminatorias y prohibidas constitucional e internacionalmente.”
[20] Carta del Colegio dirigida a la Secretaría de Educación, Inspección y Vigilancia de
la Gobernación. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio
10.
[21] Respuesta oficio solicitud de “reintegro del estudiante” Emilio, dirigida a la Secretaría de
Educación Departamental el 2 de junio de 2017, aportada como material
probatorio por el Colegio en la contestación de
la acción de tutela. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folios
63 y 64.
[22] Respuesta oficio solicitud de “reintegro del estudiante” Emilio, dirigida a la Secretaría de
Educación Departamental el 2 de junio de 2017, aportada como material
probatorio por el Colegio en la contestación de
la acción de tutela. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folios
63 y 64.
[23] Constancia de acta de reunión llevada a cabo el 6 de junio de 2017
entre los padres del menor Emilio y el director de grupo del curso, aportada como material
probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974,
Cuaderno N° 1, folio 14.
[24] Constancia de acta de reunión llevada a cabo el 6 de junio de 2017
entre los padres del menor Emilio y el director de grupo del curso, aportada como material
probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974,
Cuaderno N° 1, folio 14.
[25] Carta de la ciudadana María dirigida al Colegio, con fecha del 6 de junio de 2017, aportada como material
probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 14 (reverso).
[26] Oficio de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal
dirigido al Colegio, en
respuesta a la queja presentada por la ciudadana María, aportado como material probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folios
20 y 21.
[27] Contestación de la acción de tutela presentada por el Colegio. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 50.
[28] Informe psicológico de Emilio emitido por la Fundación– Salud Mental Integral, con fecha del 8 de
junio de 2017, aportado como material probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folios
15-16.
[29] Contestación de la acción de tutela presentada por el Colegio. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 50.
[30] La ocurrencia de este hecho consta en un acta de entrevista
con padres de familia fechada el 16 de mayo de 2017, que fue aportada como
material probatorio en la contestación de la acción de tutela del
Colegio. Expediente T-6.406.974, Cuaderno
N° 1, folios 54 y 56.
[31] Acta de entrevista con el estudiante del 12 de mayo de 2017, aportada
como material probatorio en la contestación de la acción de tutela del Colegio. Expediente
T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 55.
[32] Oficio del Colegio dirigida a la ciudadana María, en respuesta a la carta enviada por ella el 18 de mayo de 2017, aportada
como material probatorio en la contestación de la acción de tutela del Colegio. Expediente
T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 50.
[33] El Colegio adjuntó como
material probatorio el acta de la entrevista del 6 de junio de 2017. Expediente
T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 50.
[34] Contestación de la Secretaría de Educación de la Alcaldía
Municipal, en calidad de vinculado. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N°
1, folio 75.
[35] Decreto 1965 de 2013 -“Por el cual se reglamenta la Ley
1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”-,
Artículo 41: “Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, se clasifican en tres tipos: || 1. Situaciones Tipo I.
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. || 2. Situaciones Tipo II.
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying)
y ciberacoso (Ciberbullying; que no revistan las características de la comisión
de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: ||
a) Que se presenten de manera repetida o sistemática; || b) Que causen daños al
cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los
involucrados. || 3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las
situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos
contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV
del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito
establecido en la ley penal colombiana vigente.”Por el cual se
reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.”
[36] “Por la cual se crea el Sistema Nacional
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos,
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar.”
[37] Decreto 1965 de 2013-“Por el cual se reglamenta la Ley
1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”-,
Artículo 41: “De los protocolos de los establecimientos educativos, finalidad,
contenido y aplicación. Los protocolos de los establecimientos educativos
estarán orientados a fijar los procedimientos necesarios para asistir
oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos. || Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes
aspectos: || 1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o
informaciones sobre situaciones que afectan la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. || 2. Los
mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de
los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones
suministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la
información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en
la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria
número 1581 de 2012, en el Decreto
número 1377 de 2013 y demás normas aplicables
a la materia. || 3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien
informe sobre la ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles
acciones en su contra. || 4. Las estrategias y alternativas de solución,
incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones
como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas
de la comunidad educativa. || 5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben
obedecer al principio de proporcionalidad entre la situación y las medidas
adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados
internacionales, la ley y los manuales de convivencia. || 6. Las formas de
seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la
solución fue efectiva. || 7. Un directorio que contenga los números telefónicos
actualizados de las siguientes entidades y personas: Policía Nacional, del
responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno Municipal, Distrital o
Departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia,
Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de
Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja,
Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños,
niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo. ||
Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las
situaciones que se presenten de estudiantes hacia otros miembros de la
comunidad educativa, o de otros miembros de la comunidad educativa hacia
estudiantes.”
[38] El 16 de junio de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Turbaco admitió la acción de tutela; ordenó, como medida previa, el reintegro
provisional de Emilio al
plantel educativo hasta que exista una decisión de fondo sobre el asunto; y,
por último, vinculó a la Secretaría de Educación Municipal a fin de que se
refiera a los hechos del caso de la referencia.
[39] Sentencia proferida por el Juez Primero Promiscuo Municipal
de Turbaco. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 102 (reverso).
[40] Sentencia proferida por el Juez Primero Promiscuo Municipal
de Turbaco. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 102.
[41] Sentencia proferida por el Juez Primero Promiscuo Municipal
de Turbaco. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 102 (reverso).
[42] El auto de pruebas proferido por la Magistrada sustanciadora obra a
folios 20-24 del Cuaderno Nº 2 del expediente T-6.406.974. En particular, se
solicitó una respuesta a los siguientes interrogantes: (i) ¿Cumplió con
las órdenes proferidas el 4 de julio de 2017 por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Turbaco? (ii) ¿Cuáles fueron las consideraciones que se
tuvieron en cuenta para que el reingreso del estudiante estuviera supeditado a
una decisión del Comité Escolar del Colegio? (iii) ¿Cuáles son los
criterios para determinar los asuntos que son tratados por el Comité Escolar? (iv)
¿Estableció lineamientos para prevenir y tratar los riesgos que las nuevas
tecnologías y las redes sociales implican para los estudiantes del plantel
educativo? (v) ¿Cuenta con pautas para tratar los casos de estudiantes
con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o
con diagnósticos similares? (vi) ¿Cuál es la situación académica actual
del estudiante y cómo fue su desempeño y comportamiento en el plantel
educativo? El Colegio
envió, como soporte de la información suministrada, fotocopia de los siguientes
documentos: comunicación del 7 de julio al Juez Promiscuo Municipal de Turbaco,
en la que se informa el cumplimiento de la sentencia; formato institucional de
entrevista con padres de familia, del 14 de julio de 2013, en el que se le
informa a la señora María sobre el plan de atención y acompañamiento del menor de edad;
circular interna Nº 012, en la que se comunica al equipo docente sobre las
recomendaciones requeridas para el manejo del caso del estudiante, con base en
lo prescrito por los profesionales externos que manejaron la situación clínica;
el Manual de Convivencia del Colegio; el informe académico del estudiantes; y,
anotaciones en el libro observador de Emilio, con las respectivas acta de descargo, como parte del seguimiento
de convivencia del menor de edad.
[43] Se adjuntó oficio del 7 de julio de 2017 dirigido al
mencionado juez, en el que se manifestó el cumplimiento de lo ordenado.
Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 51.
[44] Respuesta del Colegio, en calidad de accionado, al Auto de pruebas proferido por la
Magistrada Sustanciadora el 18 de diciembre de 2017. Expediente
T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 49 (reverso).
[45] Respuesta del Colegio, en calidad de accionado, al Auto de pruebas proferido por la
Magistrada Sustanciadora el 18 de diciembre de 2017. Expediente
T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 49 (reverso).
[46] En concreto, se les solicitó responder los siguientes
interrogantes: si (i) ¿ha
implementado medidas o acciones tendientes a prevenir y tratar los riesgos que
las nuevas tecnologías y redes sociales implican para los estudiantes en los
planteles educativos, en particular la participación de niñas, niños y
adolescentes en la ballena azul o juegos similares? Y, únicamente al Ministerio
de Educación, si (ii) ¿existen directrices que los planteles educativos
deban tener en cuenta para el manejo de estudiantes diagnosticados con Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH); con miras a evitar su
discriminación en el ámbito educativo?.
[47] Respuesta del Ministerio de Educación al Auto de pruebas proferido
por la Magistrada Sustanciadora el 18 de diciembre de 2017. Expediente
T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 167.
[48] Los artículos 46 a 48 de la Ley 115 de 1994 regulan la atención
educativa de las personas con limitaciones de orden físico, sensorial,
psíquico, cognoscitivo o emocional como parte del servicio educativo.
[49] “Mediante la cual se establecen parámetros y criterios para la
prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas
especiales.”
[50] Reglamentario de la Ley 115 de 1994“Por
la cual se expide la ley general de educación” y de
la 715 de 2001“Por la cual se expide la ley
general de educación”. En particular, mencionó
las siguientes: el artículo 2.3.3.5.1.1.1. que dispone: “En el marco de los derechos
fundamentales, la población que presenta barreras para el aprendizaje y la
participación por su condición de discapacidad y la que posee capacidad o
talento excepcional tiene derecho a recibir una educación pertinente y sin
ningún tipo de discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos
que cada individuo requiera para que sus derechos a la educación y a la
participación social se desarrollen plenamente;” el
artículo 2.3.3.5.1.3.1. que consagra el deber de los departamentos, los
distritos y los municipios, en sus respectivas jurisdicciones, de garantizar un
plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas
con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, que debe formar
parte del plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de
las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales; el
artículo 2.3.3.5.1.3.2. que establece el plan gradual de atención debe incluir
la definición de los establecimientos educativos estatales que organizarán
aulas de apoyo especializadas; y, de manera alterna, se podrán proponer unidades
de atención integral (UAI) o semejantes; el artículo 2.3.3.5.1.3.3. que señala
que las aulas de apoyo especializadas proveen un conjunto de servicios,
estrategias y recursos que ofrecen los establecimientos educativos para brindar
los soportes que permitan la atención integral de los estudiantes con
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales; el artículo
2.3.3.5.1.3.4. que afirma que las unidades de atención integral constituyen un
conjunto de programas y servicios profesionales interdisciplinarios ofrecidos
por las entidades territoriales a los establecimientos educativos para integrar
en sus aulas de estudiantes con necesidades educativas especiales; el artículo
2.4.6.1.1.1. que dispone que el Capítulo 1° del Decreto en cuestión se aplica a
las entidades territoriales certificadas que financian el servicio educativo
estatal con cargo al Sistema General de Participaciones y que deben organizar
sus plantas de personal docente, directivo docente y administrativo; el
artículo 2.4.6.1.2.4. del que regula lo referente al número promedio de alumnos
por docente y en el último inciso afirma que: Para fijar la planta de
personal de los establecimientos educativos que atienden estudiantes con
necesidades educativas especiales, o que cuenten con innovaciones y modelos
educativos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional o con programas de
etnoeducación, la entidad territorial atenderá los criterios y parámetros
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional;” y, el artículo
2.4.6.1.2.5. que se refiere a los orientadores y profesionales de apoyo.
[51] Respuesta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones al Auto de pruebas proferido por la Magistrada Sustanciadora el
18 de diciembre de 2017. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio
164.
[52] Al respecto, afirmó: “La presencial se implementa a través de
embajadores de todo el país, mediante una [c]átedra de 45 minutos dirigida a todas las audiencias y
particularmente a la comunidad educativa, incluyendo padres y cuidadores (…)” Indicó que se trata de un servicio gratuito que se puede solicitar
a través del portal www.enticconfio.gov.co y que también cuenta
con una versión digital de la cátedra, que está disponible en la mencionada
página web. Además, señaló que “Mediante la implementación de la catedra
presencial de En TIC confío, el programa logró impactar en el 2012 a 82.000
personas, en el 2013 a 460.140, en el 2014 a 837.618, en el 2015 a 1.042.539,
en el 2016 a 750.465 y en el 2017 a 880.800, para un total histórico de
4’053.562 personas. En el 2015, como estrategia complementaria a la presencial,
el programa buscó entre sus grupos de interés a influenciadores que pudieran
fomentar el uso responsable y seguro de las TIC, quienes con la etiqueta
#SoyEnTicConfío, alcanzaron a llegar a más de 740.000 cuentas y se obtuvieron
más de un millón de impresiones. Ese año el programa diseñó, produjo e
implementó el stand up comedy “#Ciberdependientes, lo que el móvil se llevó”,
que llegó presencialmente a 5.070 personas en dos temporadas que en total
sumaron diez funciones entre 2015 y 2016. || Por su parte la estrategia digital
se enfoca en la creación de contenidos pedagógicos digitales con los cuales se
actualizan los canales de información y comunicación de En TIC confío. Dichos
contenidos están diseñados para enseñarles a los usuarios –en línea- cómo
enfrentar los riesgos anteriormente mencionados (el grooming, el sexting, el
phising, el ciberacoso, la ciberdependencia y el material de abuso sexual de
niñas, niños y adolescentes). || Por su parte
los cursos virtuales colgados en la plataforma www.enticconfio.gov.co enseñan a los usuarios cómo reaccionar frente al ciberacoso, la
ciberdependencia, el grooming, el sexting, el material de abuso sexual de
niñas, niños y adolescentes, la sextorsión, el acceso abusivo a perfiles
digitales, la suplantación de identidad digital, la ciberextorsión mediante
secuestro de perfiles digitales, la ciberocupación indebida y el secuestro de
dispositivos móviles y aparatos electrónicos. || En el
2017 teniendo como base los estudios sobre Ciberacoso realizados por
Corpovisionarios para el Ministerio TIC gracias a los cuales identificamos la
relevancia de las audiencias frente a la relación v[í]ctima-victimario en
entornos de violencia digital, desarrollamos la estrategia ‘Bajemos El Tono’
que busca fomentar la convivencia digital en Colombia para lograr que el
civismo sea la regla de conducta al momento de expresarnos en las redes
sociales, es además una invitación a la reflexión individual y colectiva
entorno a los efectos que tiene sobre los demás nuestras palabras, expresiones
y acciones en la red (…)” Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2,
folios 164 (reverso) y 165.
[53] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 164.
[54] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 164 (reverso).
[55] El artículo on line sobre “la ballena azul” puede ser
consultado en el enlace http://enticconfio.gov.co/reto-ballena-azul.
[56] Informó que “desde su creación [en
el 2012], hasta septiembre de 2017, se recibieron a través de este canal
37.744 denuncias, de las cuales el 60% (22.542) se refirieron a casos de
Material de Abuso Sexual Infantil” Expediente T-6.406.974, Cuaderno
N° 2, folio 165 (reverso).
[57] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 165 (reverso).
[58] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folios 165 (reverso)
y 166.
[59] El ciudadano Enrique Chaux es Ph.D y magíster en Educación de la
Universidad de Harvard y especialista en investigar temas relacionados con
educación, desarrollo y convivencia.
[60] Concepto rendido por el profesor Enrique
Chaux Torres y la Red Papaz, en respuesta al auto de pruebas proferido el 18 de
diciembre de 2017. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 179.
[61] En concreto, manifestaron que “en
países como el Reino Unido, la policía emitió alertas que hicieron énfasis en
su posible relación con comportamientos como la auto-laceración. Otros países
emitieron alertar similares.” Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2,
folio 179 (reverso).
[62] Por ejemplo: apostar a quién corre más
rápido o quién gana en un juego.
[63] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 179 (reverso).
[64] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 169 (reverso).
[65] Según el Centro Cibernético de la Policía
Nacional, las personas que se involucran en este tipo de retos son aceptadas en
grupos, con base en un proceso de selección “que les permite manipular a sus
víctimas con la información que publican en sus perfiles. Por eso, es
importante que, en conjunto, las niñas, niños y adolescentes y los adultos
encargados de su cuidado aprendan a configurar de una manera adecuada sus
opciones de privacidad, y así eviten que desconocidos accedan a su
información.” Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 180.
[66] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 180 (reverso).
[67] Entre estos, se mencionaron los siguientes: fallas para prestar
atención a los detalles, dificultades para mantener la atención en tareas,
actividades recreativas o conversaciones, disgustos o poco entusiasmo para
iniciar tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, distracción con
facilidad por estímulos externos, olvido de actividades cotidianas, entre
otros. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 187.
[68] Entre estos criterios se hizo referencia a: jugueteo o golpes
frecuentes con las manos o los pies, corretear o trepar en situaciones en las
que no resulta apropiado, incapacidad para ocuparse o jugar tranquilamente en
actividades recreativas; con frecuencia habla excesivamente, esta ocupado
(actuando como si “lo impulsara” un motor); responde inesperadamente o antes de
que haya concluido la pregunta, le es difícil esperar su turno, interrumpe o se
inmiscuye con otros, entre otros. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2,
folio 188.
[69] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 188.
[70] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 192.
[71] Se le requirió que se informe si ha implementado estrategias o acciones
tendientes a prevenir y tratar los riesgos que las nuevas tecnologías y redes
sociales implican para los menores de edad, en particular en lo relacionado con
la participación de niñas, niños y adolescentes en juegos como “la ballena
azul”.
[72] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 195.
[73] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 196.
[74] El artículo 77 de la Ley 115 de 1994 -“Por
la cual se expide la ley general de educación”- dispone: “[d]entro
de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional,
las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las
áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir
asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar
algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos
de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas,
dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.
|| PARÁGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o
distritales o los organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la
asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de las instituciones
educativas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en
la presente ley.”
[75]“Por
el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar.”
[76] En concreto se le requirió que informara:
(i) ¿Cuáles fueron las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en las que se enteró de la participación de su hijo en el juego “la
ballena azul” y sus actuaciones posteriores para tratar tal situación? (ii)
¿Cómo fue el proceso de reintegro del estudiante a las actividades
académicas? (iii) ¿Cuál ha sido el apoyo que le ha prestado a su hijo en
su proceso educativo y psicoemocional? (iv) ¿Cómo ha sido la
evolución médica de su hijo? (v) ¿El Colegio le ha brindado al menor de
edad el
apoyo psicológico requerido?
[77] En
particular los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en
los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
[78] En virtud de las facultades que se derivan del ejercicio pleno de
la patria potestad (artículo 62 núm. 1, Código
Civil). Así, está actuando “en nombre” de su hijo, en los
términos del artículo 86 de la Constitución. Además, ello tiene fundamento en
el artículo 44 de la Constitución, que afirma que la familia tiene “la obligación de asistir y
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”; y, del 67, que consagra a la
familia como una de las responsables de “la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.” La
Corte Constitucional ha llegado a la misma conclusión en reiterados
pronunciamientos, en los que los padres de familia interponen acción de tutela
en nombre de sus hijos. Al respecto se pueden consultar las siguientes
sentencias: T-1027 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-441 de 2014. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-055 de 2017. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, AV. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-558 de 2017. M.P. Iván Humberto
Escurecía Mayolo; T-673 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-684 de
2017. M.P. Diana Fajardo Rivera; entre otras.
[79] Decreto 2591 de1991, Artículo 41: “La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1º.
Cuando aquel contra quien se hubiere
hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de
educación. (…)” La Corte
analizó la constitucionalidad de este numeral en la sentencia C-134 de 1994, en
la que se afirmó que la acción de tutela siempre procede frente a un particular
que preste el servicio público de educación y por la vulneración de cualquier
derecho, “porque,
como se ha establecido, el servicio público de interés general prestado por un
particular hace que éste asuma una posición de primacía material, con [relevancia] jurídica, que hace que
ese particular, al trascender el plano de la justicia conmutativa que enmarca
una relación de igualdad entre todos los seres de un mismo género, pueda, por
medio de sus actos, cometer ‘abusos de poder’ que atenten contra algún derecho
fundamental de una o varias personas. Por ello ese ‘particular’ debe ser sujeto
de las acciones pertinentes, dentro de las cuales se encuentra la acción de
tutela, que determinan la responsabilidad de quienes, se repite, han vulnerado
o amenazado un derecho constitucional fundamental de cualquier persona.” Corte
Constitucional, sentencia
C-134 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[80] Corte Constitucional, sentencia T-314 de
1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Esta regla de procedencia de la acción
de tutela en contra de Colegios ha sido reiterada en las sentencias T-024 de 1996 y T-052 de 1996 (ambas con ponencia del
magistrado Alejandro Martínez Caballero); T-306 de 2011. M.P. Humberto Antonio
Sierra Oporto; T-624 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-039 de
2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; y, en la T-733 de 2016. M.P. María
Victoria Calle Correa; entre muchas otras. Sobre la inexistencia de otros
mecanismos judiciales para obtener la protección constitucional del
derecho fundamental a la educación, pueden consultarse las sentencias T-458 de
2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-085 de 2017. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-209 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; entre otras.
[81] Bajo esta línea argumentativa, la jurisprudencia constitucional ha
afirmado que “tratándose de los adolescentes, la
sociedad y el Estado, incluyendo a los jueces constitucionales, tienen a su
cargo la pronta protección de sus garantías constitucionales frente a hechos
que desconozcan sus derechos constitucionales, con miras a garantizar que su
desarrollo sea integral, sin obstáculos diferentes a los que imponen el
adecuado desenvolvimiento en el ámbito familiar, social y educativo.” Corte Constitucional, sentencia T-349 de
2016. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En
este pronunciamiento, la Sala Primera de Revisión conoció de la acción de
tutela que interpuso una madre, en representación de su hija, en contra del
Colegio que le hizo varios llamados de atención porque se tinturó el cabello,
lo que en su criterio constituía una vulneración de su derecho al libre
desarrollo de la personalidad.
[82] En efecto, el 26
de mayo de 2017, el Colegio accionado comunicó a la señora María que debía presentar un nuevo
diagnóstico médico y que se requería la aprobación del Comité Escolar para que
su hijo reingresara a las actividades escolares; y, la acción de tutela fue
presentada el 16 de junio del mismo año. Es decir que, la accionante acudió a la jurisdicción constitucional en menos de un mes, luego
de la ocurrencia del hecho que considera vulnerador de los derechos
fundamentales de su hijo.
[83] Esta Sala de Revisión reitera que “‘en Colombia, los
adolescentes poseen garantías propias de su edad y nivel de madurez, pero gozan
de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, y son, por lo
tanto, ‘menores’ (siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años)’. En
consecuencia, la protección constitucional estatuida en el artículo 44 C.P. en
favor de los ‘niños’ ha de entenderse referida a todo menor de dieciocho años
(....)” Corte Constitucional, sentencia C-092 de
2002. M.P. Jaime Araujo Rentería; citada en la C-170 de 2004. M.P.
Rodrigo Escobar Gil, SPV. Jaime Araujo Rentería. De manera que, si bien la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código
de la Infancia y la Adolescencia”, establece en el artículo 3º que “se
entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por
adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad”, la Corte
Constitucional, en sentencia C-740 de 2008 (con ponencia del mismo Magistrado),
aclaró que este criterio legal no priva a los adolescentes de la protección
constitucional consagrada en el artículo 44 de la Constitución Política.
[84] La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue
aprobada mediante la Ley 12 de 1991 por el Congreso de la República de
Colombia.
[85] La Ley 74 de 1968 aprobó “los
“Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en
Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”.
[86] Con fundamento en la Observación General Número 13 del Comité de
Derecho Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la
Organización de las Naciones Unidas, la Corte Constitucional ha considerado que
el derecho fundamental a la educación se caracteriza por (i) la asequibilidad o
disponibilidad, (ii) la accesibilidad, (iii) la aceptabilidad y (iv)
la adaptabilidad.
[87] Además, el preámbulo de la Constitución Nacional establece como uno
de los fines esenciales de la Carta asegurar a los habitantes del territorio
colombiano, entre otros valores, el conocimiento.
[88] Corte Constitucional, sentencia T-002 de
1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero. En este caso, se negó la protección
del derecho a la educación invocada por la accionante, toda vez que ésta “perdió el derecho a continuar sus estudios en ese programa concreto [por su bajo rendimiento académico], sin perjuicio de iniciar, en
igualdad de condiciones a los demás estudiantes, un programa de estudios
distinto del cual fue excluida.”
[89] Corte Constitucional, sentencia T-429 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón, AV. José Gregorio Hernández Galindo. En esta providencia, se amparó el derecho fundamental a la
educación de una niña, a quien se le había exigido la presentación de un
encefalograma y un diagnóstico neurológico para verificar que no tenía
dificultades de aprendizaje.
[90] Corte Constitucional, sentencia T-085 de
2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En esta, se concluyó que: “las autoridades del sector educativo
comprometen los derechos de las niñas, niños y adolescentes que habitan una
zona rural de difícil acceso, como la vereda La Cabaña, cuando condicionan la
asignación docente a la cantidad de menores de edad y no diseñan estrategias
sólidas para que, en caso de no ser posible el nombramiento de un profesor, los
menores de edad tengan asegurado el transporte diario de ida y vuelta a su
lugar de estudio. Al mismo tiempo la vulneración de este derecho ocurre cuando
la gestión administrativa se limita a procesos formales que no dan cuenta de la
demanda educativa real en esas zonas, desatendiéndola.”
[91] Desde el punto de vista legal, la
educación cumple con las finalidades que se enuncian a continuación, en los
términos del artículo 5º de la Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”: “De
conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará
atendiendo a los siguientes fines: ||1. El pleno desarrollo de la personalidad
sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el
orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica,
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores
humanos. || 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos
humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo,
justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad. || 3. La formación para facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación. || 4. La formación en el respeto a la autoridad legítima
y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos
patrios. || 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y
técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y
estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el
desarrollo del saber. || 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura
nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la
unidad nacional y de su identidad. || 7. El acceso al conocimiento, la ciencia,
la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la
investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes
manifestaciones. || 8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía
nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en
especial con Latinoamérica y el Caribe. || 9. El desarrollo de la capacidad
crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del
país. || 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección
y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura
ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. ||
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del
desarrollo individual y social. || 12. La formación para la promoción y
preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas
socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la
utilización adecuada del tiempo libre, y || 13. La promoción en la persona y en
la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que
se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando
ingresar al sector productivo.”
[92] Corte Constitucional, sentencia T-085 de
2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En esta, se concluyó que: “las autoridades del sector educativo
comprometen los derechos de las niñas, niños y adolescentes que habitan una
zona rural de difícil acceso, como la vereda La Cabaña, cuando condicionan la
asignación docente a la cantidad de menores de edad y no diseñan estrategias
sólidas para que, en caso de no ser posible el nombramiento de un profesor, los
menores de edad tengan asegurado el transporte diario de ida y vuelta a su
lugar de estudio. Al mismo tiempo la vulneración de este derecho ocurre cuando
la gestión administrativa se limita a procesos formales que no dan cuenta de la
demanda educativa real en esas zonas, desatendiéndola.”
[93] Corte Constitucional, sentencia T-085 de
2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En este mismo sentido, la Sentencia
C-170 de 2004 afirmó que: “no existe discusión alguna, sobre la importancia
de la educación como factor esencial del desarrollo humano, social y económico
y, a su vez, como instrumento fundamental para la construcción de equidad
social.” De igual manera, la sentencia T-055 de 2017 reiteró que el derecho
a la educación: “enaltece el valor y
principio material de la igualdad, en la medida en que la persona tenga
igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la
vida para su realización como persona.” Corte
Constitucional, sentencia T-055 de 2017. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, AV. Gloria Stella Ortiz Delgado. En este mismo
sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el artículo 4 de la
Resolución 53/243 de 1999 afirmó que “[l]a educación a todos los niveles es
uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz. En ese
contexto, es de particular importancia la educación en la esfera de los
derechos humanos.”
[94] Corte Constitucional, sentencia T-085 de
2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[95]Corte Constitucional, sentencia T-966 2011. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. En este pronunciamiento, la Sala concluyó que no se vulneró el
derecho a la educación de un menor de edad, a quien el Colegio no le entregó el
acta de grado ni el diploma por mora en el pago de las mesadas pensionales,
pues no se demostró que dicha situación estuviera relacionada con una calamidad
doméstica, ni tampoco se acreditó la voluntad de parte de los padres de familia
de llegar a un acuerdo de pago con la institución educativa.
[96] Corte Constitucional, sentencia T-202 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz. En
esta, tuteló el derecho a la educación de un accionante que había sido becado
por Comfenalco para realizar estudios superiores, a quien dicha institución le
suspendió la beca de manera unilateral. Además, llamó la atención a los jueces
de tutela, por no haber concedido la protección invocada, sobre el particular
afirmó: “los jueces están llamados a garantizar los derechos fundamentales
como la educación, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad,
la buena fe, procurando el reconocimiento y respeto de los educandos por encima
de consideraciones de orden legal o contractual, pues, con ello se materializa
la realización de los fines del Estado y de la comunidad, tales como los de
convivencia, igualdad y el respeto a [la] dignidad humana, la promoción
de la prosperidad general, la garantía y la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta.” La relevancia del derecho
fundamental a la educación ha sido objeto de consideraciones en diversos
pronunciamientos, entre los que se cuentan los siguientes: T-056 de 2011.
M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; T-390 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-281A de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-085 de 2017.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; entre otras.
[97] Corte Constitucional, sentencia
T-787 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esta, se protegió el derecho
a la educación de un menor de edad (3 años); a quien luego de haber participado
en un proceso de preinscripción para la asignación de cupos para el año lectivo
2005-2006, se le negó el acceso al servicio, debido a que la Secretaría de
Educación del Municipio resolvió suspender la financiación del mismo a niños
menores de 5 años, razón por la cual la institución educativa no pudo asignar
los cupos en comento. La Sala de Revisión consideró que ello vulneró la
confianza legítima y el acceso a la educación.
[98] Corte Constitucional, sentencia T-002 de
1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero. En este caso, se negó la protección
del derecho a la educación invocada por la accionante, toda vez que ésta “perdió el derecho a continuar sus estudios en ese programa concreto [por su bajo rendimiento académico], sin perjuicio de iniciar, en
igualdad de condiciones a los demás estudiantes, un programa de estudios
distinto del cual fue excluida.”
[99] Corte Constitucional, sentencia
T-534 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía, AV. Eduardo Cifuentes Muñoz. En este sentido,
el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su
Observación General No. 11, manifestó que la educación es el “(…) epítome de la
indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos.”
[100] Corte Constitucional, sentencia T-672
de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara. Esta providencia estudió el caso de un
Comité de Admisiones de una Universidad de deshacer la orden adoptada por el
Rector y desarrollada por el jefe de la Oficina de Admisiones, Registro y
Control Académico, de asignar unos cupos libres a estudiantes que no habían
sido seleccionados, para que formalizaran su matrícula y pudieran estudiar. En
criterio de la Sala, “[l]a determinación de corregir el error o la
omisión en que se incurrió por la universidad no presenta un sustento
constitucional aceptable y se convierte en una actuación indebida que vulnera
el derecho a la educación de los demandantes, con desconocimiento de las
condiciones en que éste se desarrolla como servicio público con función social,
la cual no puede afectar a la parte más débil de la relación académica como es
el estudiante, restringiéndose la posibilidad de éste de acceder a la formación
profesional y, así, a un desarrollo libre e integral como persona, con
posibilidad de acceso a los bienes y valores de la cultura.”
[101] Corte Constitucional, sentencia
C-170 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil, SPV. Jaime Araujo Rentería. En esta,
la Sala Plena estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30
(parcial) del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 238 (parcial) del
Decreto - Ley 2737 de 1989-. En las consideraciones, realizó importantes
planteamientos sobre el derecho a la educación de los menores de edad y las
finalidades del servicio público a la educación.
[102] Corte Constitucional, sentencia
C-170 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil, SPV. Jaime Araujo Rentería. En esta,
la Sala Plena estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30
(parcial) del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 238 (parcial) del
Decreto - Ley 2737 de 1989-. En las consideraciones, realizó importantes
planteamientos sobre el derecho a la educación de los menores de edad y las
finalidades del servicio público a la educación.
[103] Corte Constitucional, sentencia C-376 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva. En este pronunciamiento, la Sala Plena estudió la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 183 de la Ley 115 de 1994 “Por
la cual se expide la ley general de educación”.
[104] Este componente se refiere a “satisfacción
de la demanda educativa por dos vías: impulsando la oferta pública y
facilitando la creación de instituciones educativas privadas. Pero, además,
supone que dichas instituciones y los programas correspondientes estén
disponibles para los estudiantes. Eso implica que reúnan ciertas condiciones
que pueden variar dependiendo del contexto, como infraestructura, materiales de
estudio, instalaciones sanitarias con salarios competitivos, bibliotecas,
tecnología, etc. En suma, el componente de disponibilidad de la educación
comprende i) la obligación estatal de crear y financiar instituciones
educativas; ii) la libertad de los particulares para fundar dichos
establecimientos y iii) la inversión en recursos humanos y físicos para la
prestación del servicio.” Corte Constitucional, sentencia T-743 de 2013.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, SVP. Mauricio González Cuervo. Lo anterior, en
reiteración de lo afirmado en la Sentencia T-533 de 2009. M.P. Humberto Sierra
Porto; que resolvió un caso en el cual un Colegio oficial se negó a inscribir a
dos menores de edad; entre otras sentencias. En este mismo sentido, en la
Sentencia T-636 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa; la Sala Primera de
Revisión tuteló el derecho a la educación de 21 niñas y niños que asistían a la
escuela de la vereda Caracolí (Municipio Pailitas – Cesar); en tanto la
estructura de la sede educativa presentaba varias deficiencias que afectaban la
continuidad en la formación educativa de los menores de edad, y que ponían en
riesgo su integridad, pues estaba construida en un terreno de alto riego; y, en
la T-209 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; la Sala Séptima de Revisión
concluyó que “se vulnera el derecho a una educación
integral de los menores cuando se presta el servicio en un lugar que no tiene
las características de accesibilidad y disponibilidad, por no contar con una
infraestructura física adecuada. Asimismo, se atenta contra el principio de no
regresividad del derecho a la educación al reducir sin justificación razonable
la cobertura del servicio.”
[105] “La dimensión de accesibilidad protege el derecho
individual de ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad o, dicho
de otra manera, la eliminación de cualquier forma de discriminación que pueda
obstaculizar el acceso al mismo. De manera más concreta, se ha considerado que
esas condiciones de igualdad comprenden i) la imposibilidad de restringir el
acceso por motivos prohibidos, de manera que todos tengan cabida, en especial
quienes hacen parte de los grupos más vulnerables; ii) la accesibilidad
material o geográfica, que se logra con instituciones de acceso razonable y
herramientas tecnológicas modernas y iii) la accesibilidad económica, que
involucra la gratuidad de la educación primaria y la implementación gradual de
la enseñanza secundaria y superior gratuita” Corte Constitucional,
sentencia T-743 de 2013, MP Luis Ernesto Vargas Silva, SPV. Mauricio González
Cuervo. Así, la jurisprudencia constitucional ha protegido esta faceta del
derecho a la educación, en aquellos casos en que se imponen obstáculos para su
goce efectivo, como ocurre debido a la falta de un plantel educativo cercano y
de profesores capacitados; o, la cancelación del servicio de restaurante
escolar, sobre esto último, consultar la T-641 de 2016. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Por ejemplo,
en la Sentencia T-781 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; se concluyó
la vulneración del derecho a la educación por falta de accesibilidad material,
debido a que varios niños y niñas de la vereda Montecristo (Santander) “fueron
matriculados [en un colegio que] queda a hora y media de camino y el
trayecto está lleno de obstáculos que los estudiantes tienen que sortear para
poder llegar a su destino, como por ejemplo el cruce de una quebrada, la cual
en época de invierno crece su cau[c]e y hace imposible que sea
atravesada”; en este mismo sentido, fueron decididas las sentencias T-1259
de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-779 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-690 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa; T-458 de 2013. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-008 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos, SPV.
Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras. El derecho fundamental a la educación
también ha sido concedido, en aquellos casos que se imponen obstáculos o barreras
que limiten la vinculación de un menor de edad al Colegio; así, la T-602 de
2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas, tuteló los derechos de un menor de edad
con talentos excepcionales, que no había sido inscrito por no aportar el examen
que acreditara un coeficiente intelectual sobresaliente.
[106] La aceptabilidad consiste en que “la
educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las
necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados” Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 13 “El
derecho a la educación”, párr. 6.
[107] La adaptabilidad hace referencia a que “[l]a
educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las
necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”. Esta
faceta ha sido analizada para afirmar que los manuales de convivencia no pueden
oponerse a los derechos constitucionales y, por lo tanto, ha considerado
inconstitucionales las decisiones de suspender la prestación del servicio a
niñas y niños por motivos de apariencia física u orientación sexual, como por
ejemplo en las sentencias SU-641 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz, SV. José
Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara; SU-642 de 1998. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, SV. José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera
Vergara; y, T-853 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este mismo
sentido, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que la expulsión o
desescolarización de una estudiante por motivo de embarazo está
constitucionalmente prohibida y viola el derecho a la educación en materia de
permanencia, al respecto las sentencias T-290 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía;
T-656 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1101 de 2000. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; entre otras. De igual manera, se ha protegido el derecho de los
niños, niñas y adolescentes con capacidades excepcionales y, en consecuencia,
se ha ordenado que los planteles educativos se adapten a estos y no al
contrario. Las sentencias T-974 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
SPV. Humberto Antonio Sierra Porto; T-022 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil; y,
T-899 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras, son ilustrativas.
[108] Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias. En la T-243 de 1999. M.P. Martha
Victoria Sáchica; la Sala Sexta de Revisión estudió un caso en el que a una
estudiante se le impuso la sanción de matrícula condicional sin observación del
debido proceso, se resolvió revocar la sanción impuesta y ordenar al Colegio
que “si las directivas del colegio pretenden imponerle a la menor dicha
sanción, deberán hacerlo observando el debido proceso en los términos del
manual de convivencia del colegio en mención.” Corte Constitucional,
sentencia T-243 de 1999. M.P. Martha Victoria
Sáchica. En este mismo sentido, en la T-307 de 2000,
con ponencia de José Gregorio Hernández Galindo, la Sala Quinta de Revisión dejó sin efecto la sanción impuesta a un estudiante y le ordenó al
Colegio reiniciar, adelantar y terminar el proceso sancionatorio, respetando el
Manual de Convivencia; en la T-281A de 2016, con ponencia de Luis Ernesto Vargas Silva, la Sala indicó al Colegio accionado que
tiene la obligación de garantizar el derecho fundamental al debido proceso de
los estudiantes, siempre que fuera a imponer una sanción disciplinaria.
[109] Corte Constitucional, sentencia T-085 de
2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En esta, se concluyó que: “las autoridades del sector educativo
comprometen los derechos de las niñas, niños y adolescentes que habitan una
zona rural de difícil acceso, como la vereda La Cabaña, cuando condicionan la
asignación docente a la cantidad de menores de edad y no diseñan estrategias
sólidas para que, en caso de no ser posible el nombramiento de un profesor, los
menores de edad tengan asegurado el transporte diario de ida y vuelta a su
lugar de estudio. Al mismo tiempo la vulneración de este derecho ocurre cuando
la gestión administrativa se limita a procesos formales que no dan cuenta de la
demanda educativa real en esas zonas, desatendiéndola.”
[110] La jurisprudencia constitucional ha
tutelado el derecho a la educación en aquellos casos en que las instituciones
educativas desconocen la garantía de la continuidad y permanencia del derecho a
la educación, debido a que los motivos de expulsión no son aceptables desde el
punto de vista constitucional. En este sentido se pronunció esta Corporación en
las siguientes sentencias: T-853 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
T-203 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y, T-698 de 2010. M.P. Juan
Carlos Henao Pérez; entre otras.
[111] Corte Constitucional, sentencia
T-660 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas. En esta providencia, la Sala de
Revisión se pronunció sobre un caso en el que un plantel educativo desconoció
el derecho fundamental a la educación de un adolescente con nacionalidad
extranjera e hijo de padres colombianos, al restringirle la permanencia en el
sistema educativo público alegando que se trata de un estudiante catalogado
como ilegal por los servicios migratorios colombianos porque carece de visa
estudiantil o de los documentos que lo acrediten como nacional, a pesar de que
los mismos se encentraban en trámite. La vocación de permanencia con la cual se
debe garantizar el derecho fundamental a la educación también fue abordado en
la sentencia T-039 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[112] Por ello, la sentencia T-733 de 2016
reiteró que “el derecho a la educación guarda una relación inescindible con
la dignidad humana, en tanto promueve el ejercicio de otros derechos como la
igualdad de oportunidades, el trabajo, los derechos de participación política,
la seguridad social y el mínimo vital, entre otros.” Corte Constitucional,
sentencia T-733 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.
[113] Esta obligación también tiene consagración en el ámbito
internacional, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño
dispone: “1. Los Estados Partes reconocen
el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social.
||
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el
desarrollo del niño. ||
3.
Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a
sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso
necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo,
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. ||
4. Los Estados Partes
tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión
alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la
responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como
si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la
responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel
en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los
convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la
concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.”
[114] Corte Constitucional, sentencia T-510
de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este pronunciamiento, la Sala
concluyó que “el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, desco­noció el interés superior de Alicia y su
derecho a tener una familia y no ser separada de ella, al aplicar en este caso
la norma legal sobre irrevocabilidad del consentimiento para dar en adopción
transcurrido un mes, y en consecuencia negarle a su madre biológica la
posibilidad de recuperar a su hija, puesto que dicho consentimiento no es idóneo
constitucionalmente, al no ser apto, asesorado, e informado.”
[115] Corte Constitucional, sentencia T-260 de
2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, AV Luis Ernesto Vargas Silva. En esta
providencia, la Sala Octava de Revisión tuteló el derecho de una menor de edad
(4 años) a la honra y al habeas data, vulnerado por su padre, quien abrió una
cuenta de Facebook con su nombre.
[116] Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 3. 1. En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño. ║ 2. Los Estados Partes se
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. ║ 3. Los
Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en
relación con la existencia de una supervisión adecuada. Esta Convención fue
aprobada por la Ley 12 de 1991.
[117] Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Artículo 24. 1. Todo niño tiene derecho, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia
como de la sociedad y del Estado. ║ 2. Todo niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. ║ 3.
Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. ║ Convención Americana de
Derechos Humanos. Artículo 19. Todo niño tiene derecho a las
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado. ║ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: ║ 1.
Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos
a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los
futuros cónyuges. ║ 2. Se debe conceder especial protección a las madres
durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho
período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con
remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. ║ 3. Se
deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos
los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o
cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la
explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y
salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su
desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer
también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. La Ley 74
de 1968 aprobó “los “Pactos Internacionales de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos,
así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de
diciembre de 1966”.
[118] Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Proclamada
por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV); de 20 de noviembre de
1959. Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios,
para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá
será el interés superior del niño. ║ Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
║ 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social.
[119] Corte Constitucional, sentencia T-808 de 2006. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. En esta providencia, la Sala de Revisión protegió los derechos
de una niña, de quien un juez de familia autorizó su salida del país, por
considerar que se configuró un defecto sustancial por no haber valorado
íntegramente las pruebas aportadas.
[120] Corte Constitucional, sentencia T-402 de 1992. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. En esta, la Sala de Revisión tuteló el derecho fundamental a
la educación a unos menores de edad (de 6 y 8 años); a quienes la institución
educativa había negado la matrícula debido a desavenencias entre el padre de
aquellos y los directivos del Colegio. En este caso, además se compulsaron
copias a la Junta de Escalafón Docente, Seccional Neiva, para poner en su
conocimiento que una docente había tapado la boca con un esparadrapo a uno de
los estudiantes.
[121] Corte Constitucional, sentencia C-113 de 2017. M.P. María Victoria
Calle Correa, AV. María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. En
esta, la Sala Plena declaró exequible el enunciado “las buenas costumbres”
del artículo 32 de la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de
la Infancia y la Adolescencia”, bajo el entendido en que “buenas
costumbres” significa lo que la Corte Constitucional ha comprendido
por “moral social”.
[122] Artículo 91 de la Ley 115 de 1994 dispone que: “El alumno o
educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su
propia formación integral. El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este
carácter.”
[123] Corte Constitucional, sentencia T-625 de
2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta, la Sala de Revisión tuteló
el derecho a la educación de un menor de edad, a quien se sancionó con
desconocimiento de las garantías propias del debido proceso.
[124] Corte Constitucional, sentencia T-435
de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esta sentencia, se afirmó que “un
manual de convivencia de un establecimiento educativo no puede limitar
válidamente el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la
personalidad de los menores educandos en lo que respecta a su sexualidad,
alegando la conveniencia de la restricción dentro de su plan pedagógico.” Lo
anterior, en el marco de un caso en el que un Colegio canceló la matrícula de
un estudiante y le solicitó exámenes de sexología y toxicología. Además, la
institución incurrió en una intromisión indebida en el ámbito estrictamente
familiar, en lo que respecta a la orientación sexual de la menor.
[125] Sobre el particular, se sugiere consultar
las sentencias SU-641 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz, SV. José
Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara; SU-642 de 1998. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, SV. José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera
Vergara; y, T-853 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este mismo
sentido, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que la expulsión o
desescolarización de una estudiante por motivo de embarazo está
constitucionalmente prohibida y viola el derecho a la educación en materia de
permanencia, al respecto las sentencias T-290 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía;
T-656 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1101 de 2000. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; entre otras.
[126] Corte Constitucional, sentencia T-698 de
2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En esta, se concedió
la acción de tutela para proteger el derecho a la educación de los niños a
permanecer en la institución educativa en la cual venían estudiando, hasta que
la Secretaría de Educación pueda modificar la situación particular de los
niños; ello por cuanto, debido a una decisión administrativa se vulneró el
derecho fundamental a la educación de los menores de edad en la faceta de
permanencia.
[127] Corte Constitucional, sentencia T-402 de 1992. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. En esta, la Sala de Revisión tuteló el derecho fundamental a
la educación a unos menores de edad (de 6 y 8 años); a quienes la institución
educativa había negado la matrícula debido a desavenencias entre el padre de
aquellos y los directivos del Colegio. En este caso, además se compulsaron
copias a la Junta de Escalafón Docente, Seccional Neiva, para poner en su conocimiento
que una docente había tapado la boca con un esparadrapo a uno de los
estudiantes.
[128] El artículo 8 de la Ley 114 de 1994 establece que: “La sociedad
es responsable de la educación con la familia y el Estado. Colaborará con éste
en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el cumplimiento
de su función social. La sociedad participará con el fin de: a) Fomentar,
proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de toda la
Nación; || b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades
con la educación; || c) Verificar la buena marcha de la educación,
especialmente con las autoridades e instituciones responsables de su
prestación; || d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones
educativas; || e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y || f) Hacer
efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás.”
[129] El artículo 5° de la Ley 1620 de 2013 -Por la cual se crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación
de la Violencia Escolar- consagra como un principio del sistema nacional de
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia la corresponsabilidad,
en los siguientes términos: “[l]a familia, los establecimientos
educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la formación
ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas
y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los
objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de
la Constitución Política y el Código de Infancia y Adolescencia.”
[130] El artículo 7º de la Ley 115 de 1994 –Por la cual se expide la
ley general de educación- establece que: “A la
familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la
educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra
cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: || a)
Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus
expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos
establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional; || b)
Participar en las asociaciones de padres de familia; || c)
Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y
sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en
las acciones de mejoramiento; || d) Buscar y recibir orientación
sobre la educación de los hijos; || e) Participar en el Consejo
Directivo, asociaciones o comités, para velar por la adecuada prestación del
servicio educativo; || f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la
formación de sus hijos, y ||
g) Educar a sus hijos y proporcionarles en
el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral.”
[131] El artículo 14 de la Ley 1098 de 2006
-“Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”- afirma
que: “La responsabilidad parental es un
complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es
además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y
crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de
formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre
y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan
lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. || En ningún caso el ejercicio de la
responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos
que impidan el ejercicio de sus derechos.”
[132] Corte Constitucional, sentencia T-402 de 1992. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. En esta, la Sala de Revisión tuteló el derecho fundamental a
la educación a unos menores de edad (de 6 y 8 años); a quienes la institución
educativa había negado la matrícula debido a desavenencias entre el padre de
aquellos y los directivos del Colegio. En este caso, además se compulsaron
copias a la Junta de Escalafón Docente, Seccional Neiva, para poner en su
conocimiento que una docente había tapado la boca con un esparadrapo a uno de
los estudiantes.
[133] La sentencia T-688 de 2012 también se
refirió al deber que tienen los padres en el proceso educativo de sus hijos. En
este pronunciamiento, la Sala de Revisión evidenció que
la ruptura en la actividad escolar de la menor de edad se debió al abandono de
su madre y a la imposibilidad de contar con una persona responsable que se haga
cargo del cuidado de los hermanos mientras el padre se encuentra trabajando. Se
consideró que dichas circunstancias no debían vulnerar el derecho de la menor
de edad a disfrutar de su derecho fundamental a la educación. Corte
Constitucional, sentencia T-688 de 2012. M.P.
Mauricio González Cuervo.
[134] Corte Constitucional, sentencia T-625 de
2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta, la Sala de Revisión tuteló
el derecho a la educación de un menor de edad, a quien se sancionó con
desconocimiento de las garantías propias del debido proceso.
[135] Corte Constitucional, sentencia T-625 de
2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta, la Sala de Revisión tuteló
el derecho a la educación de un menor de edad, a quien se sancionó con
desconocimiento de las garantías propias del debido proceso.
[136] Corte Constitucional, sentencia T-625 de
2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta, la Sala de Revisión tuteló
el derecho a la educación de un menor de edad, a quien se sancionó con
desconocimiento de las garantías propias del debido proceso.
[137] Al respecto, la sentencia T-433 de 1997afirmó “se requiere
paralelamente del ofrecimiento por parte de la respectiva institución, de una
educación que garantice una formación integral de calidad, la cual sólo se
logra a través de metodologías y procesos pedagógicos sólidamente fundamentados
en la teoría y la práctica, dirigidos y orientados por docentes especialistas
en las distintas áreas, que con dedicación y profesionalismo conduzcan el
proceso formativo de sus alumnos. Una educación de baja calidad, soportada en
procesos de formación débiles y carentes de orientación y dirección, no solo
afecta el derecho fundamental a la educación de quien la recibe, sino el
derecho de la sociedad a contar con profesionales sólidamente preparados que
contribuyan con sus saberes específicos a su consolidación y desarrollo, mucho
más cuando provienen de instituciones públicas financiadas por el Estado”. Corte
Constitucional, sentencia T-433 de 1997. M.P. Fabio
Morón Díaz.
[138] Esta Corporación ha considerado inconstitucionales las
decisiones de suspender la prestación del servicio a niñas y niños por motivos
de apariencia física u orientación sexual, como por ejemplo en las sentencias
SU-641 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz, SV. José Gregorio Hernández Galindo y
Hernando Herrera Vergara; SU-642 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, SV.
José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara; y, T-853 de 2004.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este mismo sentido, la jurisprudencia
constitucional ha afirmado que la expulsión o desescolarización de una
estudiante por motivo de embarazo está constitucionalmente prohibida y viola el
derecho a la educación en materia de permanencia, al respecto las sentencias
T-290 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía; T-656 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-1101 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; entre otras.
[139] Las sentencias T-974 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, SPV. Humberto Antonio Sierra Porto; T-022 de 2009. M.P. Rodrigo
Escobar Gil; y, T-899 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras, son
ilustrativas en el tema.
[140] Corte Constitucional, sentencia T-390 de 2011. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. En esta, se tuteló el derecho a la educación y al debido
proceso de un estudiante diagnosticado con Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH); a quien se le adelantaba un proceso de expulsión
fundamentado en la tipificación de una conducta grave conforme al reglamento
estudiantil o manual de convivencia. En consecuencia, la Sala de Revisión
ordenó el reintegro del menor de edad, para que continuara en el grado que
venía cursando.
[141] Se modificaron las expresiones “los disminuidos o
limitados”, en atención a la necesidad de evitar el uso de un lenguaje que
pueda tener implicaciones inconstitucionales. Corte Constitucional, sentencia
C-458 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado. En la providencia mencionada,
la Sala Plena analizó varias expresiones legislativas que podrían contener una
carga discriminatoria; y, en consecuencia, condicionó su constitucionalidad a
una comprensión ligada a la normativa internacional vigente, que no tiene cargas
peyorativas para los sujetos que el ordenamiento pretende proteger.
[142] Corte Constitucional, sentencia T-390 de 2011. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. En esta, se tuteló el derecho a la educación y al debido
proceso de un estudiante diagnosticado con Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH); a quien se le adelantaba un proceso de expulsión
fundamentado en la tipificación de una conducta grave conforme al reglamento
estudiantil o manual de convivencia. En consecuencia, la Sala de Revisión ordenó
el reintegro del menor de edad, para que continuara en el grado que venía
cursando.
[143] Corte Constitucional, sentencia T-390 de 2011. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. En esta, se tuteló el derecho a la educación y al debido
proceso de un estudiante diagnosticado con Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH); a quien se le adelantaba un proceso de expulsión
fundamentado en la tipificación de una conducta grave conforme al reglamento
estudiantil o manual de convivencia. En consecuencia, la Sala de Revisión
ordenó el reintegro del menor de edad, para que continuara en el grado que
venía cursando.
[144] Corte Constitucional, sentencia T-260 de
2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, AV Luis Ernesto Vargas Silva. En esta
providencia, la Sala Octava de Revisión tuteló el derecho de una menor de edad
(4 años) a la honra y al habeas data, vulnerado por su padre, quien abrió una
cuenta de Facebook con su nombre.
[145] Corte Constitucional, Sentencia T-260 de
2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, AV Luis Ernesto Vargas Silva. En esta
providencia, la Sala Octava de Revisión tuteló el derecho de una menor de edad
(4 años) a la honra y al habeas data, vulnerado por su padre, quien abrió una
cuenta de Facebook con su nombre.
[146] Así, por ejemplo el MinTIC informó que la línea de denuncia virtual “Te protejo”, “desde su creación [en el 2012], hasta
septiembre de 2017, se recibieron a través de este canal 37.744 denuncias, de
las cuales el 60% (22.542) se refirieron a casos de Material de Abuso Sexual
Infantil” Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 165
(reverso).
[147] Corte Constitucional, sentencia T-260 de
2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, AV Luis Ernesto Vargas Silva. En esta
providencia, la Sala Octava de Revisión tuteló el derecho de una menor de edad
(4 años) a la honra y al habeas data, vulnerado por su padre, quien abrió una
cuenta de Facebook con su nombre.
[148] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 192.
[149] La Red Papaz y el profesor Enrique Chaux Torres proponen
abordar las conversaciones con preguntas como las siguientes: ¿qué sabes de
este reto? ¿por qué crees que a las personas les parece divertido? ¿por qué crees
que las otras personas lo hacen? ¿participar en este reto podría hacerte daño a
ti o a otras personas? ¿qué podría pasar si el reto sale mal? ¿qué podrías
hacer si te das cuenta que algún compañero o compañera está participando en un
juego riesgoso? ¿a quién le podrías contar?
[150] Programa en TIC confío. www.enticconfio.gov.co
[151] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folios 179 (reverso)
y 180.
[152] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folios 180-181.
[153] Expediente
T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folios 180-181.
[154] Acta de entrevista con padres de familia del 16 de mayo de 2017, aportada
como material probatorio por el Colegio en la
contestación de la acción de tutela. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N°
1, folio 56.
[155] Acta de entrevista con padres de familia del 16 de mayo de 2017, aportada
como material probatorio por el Colegio en la
contestación de la acción de tutela. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N°
1, folio 56.
[156] Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 2, folio 181 (reverso).
[157] Se entiende por “grooming” la práctica de acoso y
abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.
[158] Este anglicismo se refiere al envío de mensajes con
contenido sexual o erótico por medio de teléfonos móviles.
[159] También denominado acoso virtual o acoso cibernético.
[160] La ciberdependencia se refiere al uso desmedido de las tecnologías
de la información y las telecomunicaciones, que puede desembocar en desordenes
en el comportamiento de la persona.
[161] Esta Sala de Revisión aclara que este documento no forma
parte del bloque de constitucionalidad. No obstante, es usado porque presenta
recomendaciones valiosas para la prevención de los riesgos que pueden enfrentar
los menores de edad en la sociedad de la información.
[162] Esta síntesis fue tomada de la sentencia T-260 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, AV Luis Ernesto Vargas Silva.
En esta providencia, la Sala Octava de Revisión tuteló el derecho de una menor
de edad (4 años) a la honra y al habeas data, vulnerado por su padre, quien
abrió una cuenta de Facebook con su nombre.
[163] Al respecto, la sentencia T-225 de 1997
afirmó: “[l]a ley, y con fundamento en ella, los reglamentos, pueden
limitar los derechos y las libertades, pero cuando ello ocurra deben hacerlo
dentro de cierta racionalidad, bajo el entendido de que no deben afectar su
núcleo esencial, de modo que los desnaturalicen, los desconozcan o los hagan
impracticables. Por consiguiente, la regulación que establezca la limitación
debe no sólo ser razonable, sino adecuada a los fines legítimos que debe
perseguir y proporcionada a los hechos que la determinan o le sirven de causa
(…) Es posible incorporar a los reglamentos principios de orden ético
y moral y de buena educación y comportamiento como limitantes del ejercicio de
la libertad estudiantil, si con ello se persigue la "mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos", sólo que deben ser
formulados y graduados de manera tal que no anulen o cercenen los respectivos
derechos.” Corte Constitucional, sentencia T-225 de 1997. M.P. Antonio
Barrera Carbonell. En este pronunciamiento se estudió la sanción que impuso un
Colegio a unos estudiantes por ser novios.
[164] En la sentencia T-685 de 2001 se aplicó el test de
razonabilidad con intensidad intermedia, por cuanto se trataba de la
vulneración del derecho a la educación de una adolescente que cursó hasta 9º en
el sistema ordinario, a quien se le negó el cupo para validar el bachillerato
por ser menor de edad, con base el Decreto Reglamentario 3011 de 1997, que
exigía ser mayor de edad para ingresar a la educación media para adultos. En
este caso, la Sala concluyó que: “el medio
seleccionado no es efectivamente conducente para alcanzar el fin buscado, y en
consecuencia, no resulta razonable y constituye una violación tanto del derecho
a la igualdad como del derecho a la educación de Carolina Puentes (…)”, pues ella no pudo continuar en el sistema regular de educación
debido a razones de índole económica. Corte Constitucional, sentencia T-685
de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[165] En los términos de la Observación General Número 13 del Comité de Derecho Económicos Sociales y
Culturales del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones
Unidas y de reitera jurisprudencia constitucional sobre este asunto.
[166] “Por la cual se crea el Sistema Nacional
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos,
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar.”
[167] Decreto 1965 de 2013 -“Por el cual se reglamenta la Ley
1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación
para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”-,
Artículo 41: “Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, se clasifican en tres tipos: || 1. Situaciones Tipo I.
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. || 2. Situaciones Tipo II.
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying); que no revistan las características de
la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes
características: || a) Que se presenten de manera repetida o sistemática; || b)
Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para
cualquiera de los involucrados. || 3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este
tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el
Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier
otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.”Por
el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar.”
[168] Certificado Clínica la Misericordia, expedido el 25 de mayo de
2017, aportado como material probatorio por la accionante. Expediente T-6.406.974, Cuaderno N° 1, folio 13.
[169] En sentido similar se pronunció esta Corporación en la
sentencia T-429 de 1992, en la que afirmó: “No es
razonable en modo alguno que una institución educativa exija a los progenitores
de una niña que demuestren [mediante un examen
médico] su normalidad como condición previa para garantizarle el acceso y
permanencia en la institución. Tampoco lo es que algunos profesores entiendan
que su labor se reduzca en buena medida a recetarle una terapia de tan
discutibles virtudes como es la de la educación especial, creyendo con ello
ingenuamente haber resuelto el problema de manera definitiva. Cuando es lo
cierto que su responsabilidad con la sociedad consiste en preparar a sus
miembros para vivir con dignidad en el universo de la normalidad a que ellos
tienen claro derecho.” Corte Constitucional, sentencia T-429 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón, AV. José Gregorio Hernández Galindo. En esta providencia, se amparó el derecho fundamental a la
educación de una niña, a quien se le había exigido la presentación de un
encefalograma y un diagnóstico neurológico para verificar que no tenía
dificultades de aprendizaje.
[170] Escrito de acción de tutela. Expediente T-6.406.974,
Cuaderno N° 1, folio 2.