T-410-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-410/04
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Labor formadora compromete todas sus
actividades económicas
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL-Finalidad
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Debe contar con un manual de convivencia
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PRIVADO-Se construye a partir del proyecto
educativo institucional/ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-No puede negar
información a los padres sobre las pruebas académicas propuestas a los hijos
por cuanto no media contrato educativo
El cometido formador de los procesos
educativos, al que están obligados los planteles públicos y privados, se
construye - en el caso de éstos últimos- a partir del Proyecto Educativo
Institucional, el que además se funda en la Ley General de Educación, de suerte
que ningún establecimiento puede negarse a informar en detalle a un padre de
familia sobre las pruebas académicas propuestas a sus hijos, arguyendo que no
media contrato educativo, porque lo que importa en los procesos académicos no
es la relación jurídica existente sino la influencia del proceder de los padres
y de los maestros en la formación de los niños y de los adolescentes, etapas en
las que la familia y la escuela se erigen en referencia fundamental en la
socialización del ser humano.
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL-Contacto entre docentes y padres de familia
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Se niega a entregar las pruebas académicas
propuestas al menor por no mediar contrato educativo
No resultan por ello válidas las razones
esgrimidas por el apoderado del Colegio, en cuanto afirma que su representado
no suministra la información requerida por el padre del menor porque no media
entre las partes contrato educativo, como quiera que el compromiso
institucional asumido por los particulares que deciden fundar establecimientos
educativos, más que contratos demanda actitudes y conductas enriquecedoras, con
todo aquel que entre en contacto con su ambiente formador.
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO-Entrega de pruebas académicas propuestas
Referencia: expediente T-818238
Acción de tutela instaurada por Carlos
Salomón Nader Simmonds contra el Colegio Andino -Deutsche Schule de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril del
dos mil cuatro (2004).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés
Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería, en ejercicio de su competencia constitucional
y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos adoptados por los Juzgados Décimo Civil Municipal y Cuarenta Civil del
Circuito ambos de Bogotá, para decidir el amparo constitucional invocado por
Carlos Salomón Nader Simmonds contra el Colegio Andino Deutsche Schule de
Bogotá, porque el plantel se niega a entregarle copia de los exámenes de
admisión presentados por su hijo, y no le permite conocer los nombres de
quienes practicaron la evaluación.
I.
ANTECEDENTES
1.       Hechos
De los documentos allegados al expediente,
se pueden tener como ciertos los siguientes hechos:
- Dimitri Nader Trejos nació el 13 de junio
de 1993, en la ciudad de Bogotá, son sus padres Ana Piedad Trejos y Carlos
Salomón Nader.
- El 21 de junio de 1998, el
establecimiento educativo Litle House Kinder de Bogotá, en misiva dirigida al
Colegio Anglo Colombiano, ubicó el desempeño del menor Nader Trejos en nivel 10
sobre 10, en todos los aspectos evaluados - lenguaje, motricidad, pensamiento,
desarrollo social, atención, familia -. Desempeño que Dimitri ha mantenido,
según lo revelan los diplomas y certificaciones anexos al expediente, expedidos
por escuelas extranjeras, al punto que en un medio informativo aparece la
siguiente publicación bajo el título Matemático Precoz:
“Un niño colombiano acaba de obtener el
premio al mejor estudiante de matemáticas para el último año de primaria en
todos los colegios de Estados Unidos. Se trata de Dimitri Nader Trejos, de 9
años, quien estudia en Miami. El examen lo tienen que tomar todos los
estudiantes de los colegios del país antes de pasar al bachillerato y Dimitri,
de 700 puntos, sacó 679. (..)” - sin información sobre la fecha, el nombre y el lugar del informativo
-.
- El 20 de mayo de 2003, el menor resolvió
los exámenes de “matemáticas, español y alemán”, propuestos por el
Colegio Andino Deutsche Schule de Bogotá para quienes aspiran a ingresar a la
institución.
- El 28 de mayo del citado año, el señor
Carlos Salomón Nader Simmonds, fundado en que “Dimitri ya no ingresará al
plantel”, solicitó al establecimiento en mención se le hiciera entrega de
los exámenes presentados por su hijo, “ya que los mismos son obra del
intelecto del menor y los requiero para su archivo personal”.
Y en escrito del 1° de junio siguiente el
señor Nader Simmonds reiteró su petición, esta vez inquiriendo i) por la
entrega del original de los exámenes o de su copia autentica “sin
tachaduras, enmiendas, modificaciones o alteraciones, con sus correspondientes
calificaciones, notas, observaciones si las hubiese”, y ii) “por los
nombres completos y cargos de los profesores que los calificaron y del personal
que supervisó al menor en el desarrollo de los mismos”.
Reitera el padre el derecho a la propiedad
intelectual del menor, y también se refiere a su derecho de conocer “las
causas de las supuestas fallas para aplicar los correctivos del caso, que
ustedes, como educadores que dicen ser, deberían ser los primeros en fomentar e
implementar(..)”.
- El 9 de junio siguiente el Rector del
plantel accionado le negó al actor los documentos solicitados, como también la
información atinente a los profesores que practicaron y evaluaron las pruebas
i) porque  la normatividad vigente no concede a quien aspira a ingresar a un
plantel educativo el derecho de solicitar el examen de admisión o copias del
mismo “y mucho menos para que se le informen los nombres de los profesores que
realizaron las pruebas”; ii) dado que “no creemos que de ese derecho se
desprenda una protección constitucional”; iii) debido a que “estas
evaluaciones no son revisables”; y iv) en razón de que “existe plena
autonomía de los profesores que las practican para realizarlas”.
2.
Pruebas
En el expediente obran, entre otros, los
siguientes documentos:
- Registro Civil de Dimitri Nader Trejos.
- Evaluación del desempeño escolar del
menor Dimitri Nader Trejos realizada el 21 de junio de 1998 por el
establecimiento Litle House Kinder de Bogotá.
- Tres certificaciones en idioma inglés a
nombre de Dimitri Nader Trejos sin traducción.
- Publicación sobre la distinción alcanzada
por Dimitri Nader Trejos de 9 años, como “mejor estudiante de matemáticas
para el último año de primaria de todos los colegios de Estados Unidos” -
no aparece el nombre ni la fecha del informativo -.
- Comunicaciones de 28 de mayo y de 1° de
junio del 2003, dirigidas por el señor Carlos Salomón Nader Simmonds al Colegio
Andino de Bogotá, solicitando los exámenes de admisión presentados por su hijo
Dimitri, y los nombres de los profesores que practicaron y calificaron las
pruebas. Y respuesta del 9 de junio siguiente, en que el Rector del plantel
niega la solicitud.
- Proyecto Educativo Institucional (PEI)
del Colegio Andino Deutsche Schule del año 2000, del que se destacan, para
efectos de la decisión, el aparte relativo a las Finalidades Educativas Básicas
del Plantel, y el acápite que señala los Criterios Para Establecer Indicadores
de Logro, que dicen:
“5.4.2.3. Las finalidades educativas
básicas
De acuerdo a las prescripciones legales del
plan decenal de educación en Colombia y de las políticas trazadas por el
gobierno federal para los colegios alemanes en el exterior, los grandes ejes
que orientan los procesos educativos en el colegio se centran en:
·
la priorización de
la convivencia, la solidaridad y la paz cívica ilustrada.
·
la superación de
cualquier tipo de discriminación y la valoración de las diferencias específicas
·
la apertura del
colegio al entorno para crear saberes y alternativas acordes a las necesidades
del país
·
el logro de autonomía,
autoestima, criticidad y respeto hacia si mismo y hacia los otros
·
la valoración y
aprovechamiento del encuentro intercultural para todos los actores.
(..)
5.4.2.8 Criterios para establecer
indicadores de logro
Caracterización de la evaluación
En el contexto de desarrollo del currículo
por competencias se considera la evaluación como la praxis profesional que
analiza los factores que intervienen en los procesos de aprendizaje para
determinar cuáles están siendo los resultados del mismo. No se evalúa
simplemente para obtener una calificación o para etiquetar al alumno, sino para
tener elementos de juicio argumentados y contrastables que permitan tomar
decisiones sobre la manera de continuar el proceso formativo del modo más
eficiente y satisfactorio para todos.
El desarrollo de competencias supone el
manejo de una evaluación formativa, continua y global, de modo que a partir de
los datos obtenidos se introduzcan cambios que permitan a los alumnos con
ritmos de aprendizaje distintos alcanzar las competencias previstas para cada
módulo o unidad didáctica.
(..)”.
- Reglamento Interno Para Alumnos y Padres
de Familia del Colegio Andino-Deustsche Schule Bogotá, documento del que, para
efectos del estudio que ocupa a la Sala, se destacan los puntos 4, 7, 9 y 11 -“Padres
de Familia y Colegio”; “Disposiciones Referentes al Ingreso y al Retiro
de Alumnos”, “Reglamento de Promoción”, y “Rendimiento del Alumno
y Tareas”, i) en cuanto resalta la tarea conjunta que comportan la
educación y la formación de los alumnos, ii) disponen lo relativo al ingreso de
estudiantes a niveles posteriores al nivel de prekinder, iii) se refieren al
deber del Colegio de mantener informados a los padres de familia sobre el
desempeño de sus hijos, y iv) regulan lo relativo a la devolución de las
pruebas practicadas a los alumnos para que ser conocidas por los padres. Dicen
algunos apartes del documento:
“4.1. La educación y formación de los
alumnos es una tarea conjunta de los padres y del Colegio. Se trata , sobre
todo, de que los padres estén en contacto con el Colegio y de que la
comunicación con el Colegio se realice a tiempo, con el fin de que, en lo
posible, se eviten problemas que vayan en detrimento del desarrollo escolar del
alumno.
7.4. Sobre un ingreso a cursos superiores
al Prekindergarten decide el rector de acuerdo con el Presidente de la
Corporación Cultural Alejandro Von Humboldt luego de estudiar cada caso.
a)  En general serán aceptados:
- Todos los alumnos de habla alemana que
trasladen su domicilio a Bogotá, luego de determinar sus conocimientos de
alemán y la madurez requerida para ingresar al nivel correspondiente.
- Alumnos que no sean de habla alemana y
que haya estudiado en otros Colegios Alemanes serán aceptados siempre y cuando
sus conocimiento de alemán y su madurez o rendimiento correspondan a los
exigidos en el respectivo nivel y el Colegio disponga del cupo requerido.
b) Alumnos alemanes cuyos padres no residen
en Colombia, por regla general no serán aceptados. Sobre excepciones
justificadas decidirá el Rector si el alumno debe ingresar a un curso entre 1°
y 8° grado. A partir de 9° grado esta decisión corresponde a la Oficina Central
para Colegios Alemanes en el Exterior. En ambos casos la solicitud de ingreso
deberá estar dirigida al Rector, que -si es el caso- la remitirá a la Oficina
Central acompañada de un informe al respecto. (..)”.
(..)
9.2 (..)
El plantel mantendrá informados a los
padres de familia sobre el rendimiento de los alumnos, especialmente de
aquellos que presenten problemas de aprendizaje.
(..)
El profesor establece el rendimiento del
alumno con responsabilidad pedagógica, teniendo en cuenta las disposiciones
vigentes y los parámetros fijados por la Asamblea General de Profesores y cada
Departamento (..)
11.2.2 Los exámenes tienen por objeto dar
al alumno la posibilidad de demostrar sus conocimientos, habilidades y
aptitudes dirigidas, de solucionar problemas en forma progresiva y
autónomamente y de evaluar su propio rendimiento. En principio, los exámenes no
pueden reducirse a comprobaciones de memoria.
(..)
11.2.10  Debe devolverse a los alumnos un
examen corregido y calificado en el término de dos semanas. Si esto no es
posible el profesor deberá consultar al Director de Sección. No está permitido
escribir un nuevo examen antes de que se devuelva el anterior. Los errores
contenidos deberán ser señalados explícitamente.
11.2.11 Los exámenes y tests corregidos
deberán ser entregados a los alumnos para que los presenten a sus padres (..).
El plazo para devolver los exámenes firmados al Colegio es de una semana. Si un
alumno no devuelve un examen dentro del plazo estipulado sin excusa justificada,
el profesor puede retener los demás exámenes.
11.2.12  Si los alumnos o los padres desean
hacer un reclamo referente a un examen, deberán presentarlo por escrito dentro
de las dos semanas siguientes a la entrega del correspondiente examen (..)”.
- Reglamento de Profesores del Colegio
accionado, documento del que para efectos de la decisión la Sala destaca la
labor orientadora y formativa de los docentes, al igual que el contacto
permanente de éstos con los padres de familia:
“(..)
8. Dirigir y orientar las actividades de
los alumnos para lograr el desarrollo de su personalidad y darle trato y
ejemplo formativo.
13. Informar a los alumnos así como a sus
padres sobre el nivel académico que presentan y asesorarlos al respecto.
14. Mantener estricta reserva sobre los
temas tratados en las reuniones y no dar informaciones a terceros sobre alumnos
o asuntos que no les competen. Además tratar confidencialmente todos los
asuntos de trabajo, lo que incluye informaciones que hayan llegado a su conocimiento
sobre padres de familia. No están autorizados para dar informaciones sobre
temas que tengan que ver con el colegio a personas o entidades ajenas al
mismo.”
- Plan estratégico 2003-2007 del
establecimiento demandado, del que vale destacar lo atinente al ingreso al
primer nivel para lo cual se prevé un procedimiento “altamente selectivo”
de admisión, con miras a evitar la deserción en el bachillerato, por razones
económicas o de rendimiento académico, el señalamiento de las medidas y la
designación de los responsables.
3.
La demanda
El señor Carlos Salomón Nader Simmonds
interpuso acción de tutela contra el Colegio Andino - Deutsche Schule de
Bogotá, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su hijo Dimitri
Nader Trejos a la educación, al debido proceso y a la igualdad, toda vez que el
establecimiento accionado se niega a hacerle entrega de los originales, o en su
defecto de las copias auténticas, de los exámenes de admisión resueltos por el
menor, y a proporcionarle el nombre de los docentes evaluadores, información
que demanda con el propósito de conocer “las razones académicas que
originaron la negación y asumir las medidas necesarias para mejorar las
falencias en la educación del menor”.
A juicio del actor los planteles educativos
pueden negarle a un menor el ingreso al establecimiento por razones académicas
o económicas, siendo lo primero “una sanción para el educando, traducido en
una supuesta incapacidad intelectual de acceder al nivel al que éste aspira
frente a las exigencias del establecimiento”, de modo que los padres o
tutores tienen derecho a conocer las evaluaciones, a fin de establecer los
criterios utilizados, y adoptar los correctivos del caso.
Sostiene, por tanto, que le asiste el
derecho de conocer las evaluaciones practicadas a su hijo, de modo que el
establecimiento accionado no puede limitarse a informarle que el menor no
superó la prueba “ sino en otorgarle todos los medios que concurran a la
satisfacción o por lo menos al conocimiento de cuáles fueron sus yerros que
conllevan a no alcanzar las exigencias de la institución”.
Basado en los conceptos de condición de
debilidad manifiesta e incapacidad física y mental, concluye que los derechos
de los niños a la educación tienen el carácter de fundamentales, de modo que el
ingreso o permanencia de los menores a los establecimientos educativos
prevalecen sobre las decisiones de la autoridad escolar de turno.
Pretende que se ordene al Colegio permitirle
conocer las evaluaciones presentadas por su hijo como aspirante a un cupo en el
plantel, “(..) con el ánimo de conocer no solo las razones tenidas en cuenta
por el cuerpo de profesores para improbar los mismos, sino tener la
satisfacción de intimar aquellas debilidades que afectan la formación educativa
de mi hijo. Igualmente facilitarme el nombre de los profesores que realizaron
los respectivos exámenes para conocer de ellos el criterio que utilizaron para
la evaluación de las pruebas de admisión y de ser necesario obtener de los
mismos parámetros que permitan corregir las falencias en las que hubiese podido
incurrir mi hijo menor”.
4.       Intervención del Colegio accionado
El Rector del Colegio Andino de Bogotá, por
intermedio de apoderado, solicita que se niegue al actor la protección invocada
“ya que no tiene derecho a acceder a la información que está solicitando”.
Aduce que la institución accionada no
quebranta los derechos fundamentales del actor, porque se niega a suministrarle
la información que solicita, dado que quien aspira a ingresar a un colegio
privado tiene una mera expectativa, “supeditada a la legalidad preexistente
que fije el reglamento del colegio privado, el cual goza de autonomía para
ello”.
Sostiene que entre los padres de familia de
quien aspira a ingresar a un establecimiento educativo y el plantel escogido
para el efecto se presenta una relación de la cual no se derivan derechos ni
obligaciones educativas, pues para que éstas surjan se requiere haber suscrito
el contrato respectivo, es decir que el aspirante sea admitido y que sus padres
o acudientes convengan en la matrícula, como lo ha sostenido esta Corporación.
Considera que los exámenes que un aspirante
presenta en un colegio privado son de propiedad del plantel, y que aquel debe
asumirlo así, puesto que si el establecimiento divulgase el contenido de las
pruebas correría con el riesgo de escoger en el futuro “ a personas que no
son las más idóneas”.
Concluye entonces que el actor no puede
conocer la evaluación que le fue practicada a su hijo, como tampoco el nombre
de los docentes evaluadores.
Advierte que “no sortear con éxito un
proceso de selección en un colegio privado no es una “sanción implícita”;
sino “un albur al que todo aspirante se encuentra expuesto”, de manera
que el Colegio Andino no quebranta la garantía constitucional del debido
proceso, por negarse a suministrar los exámenes y los nombres de los docentes
evaluadores.
Sostiene que el Colegio que representa no
entrega los exámenes de admisión ni suministra información sobre quienes tienen
a su cargo practicar las pruebas a ningún aspirante, lo que le permite concluir
que el plantel no ha quebrantado el derecho del actor a la igualdad.
Afirma que tampoco se le ha vulnerado al
menor Nader Trejos su derecho a la educación, como quiera que Dimitri puede
estudiar en otro colegio, público o privado, previa la sujeción al proceso de
selección establecido en los estatutos internos de la institución elegida, lo
cual, respecto del asunto planteado en la demanda, se traduce en que el actor “debe
acogerse a las reglas de juego de la institución (..)”, esto es que en el
Colegio Andino “no se entregan exámenes de admisión, sino que se informa del
resultado”.
Agrega que la educación no es sólo un
derecho sino también un deber, y que “el hijo del actor tenía el deber de
obtener una nota alta en los exámenes para poder entrar al colegio lo cual no
sucedió”, se apoya en la Ley 115 de 1994, en el Decreto 1860 de 1994, en el
Proyecto Educativo Institucional y en Reglamento o Manual de Convivencia del
Colegio, y asegura que dentro de los límites del derecho a la educación del
menor Dimitri y de su familia se encuentra “sortear con éxito un proceso de
admisión, lo cual no sucedió en este caso”.
Para finalizar pone de presente i) que el
accionante ha asumido una actitud impropia en cuanto indica “estar preparado
para la guerra”; ii) que es el Colegio quien asume la responsabilidad por
sus políticas de admisión, no siendo necesario por ello que el actor conozca
los nombres de los docentes a quienes la institución confió la evaluación el
menor; iii) que el resultado de las pruebas demuestran que Dimitri Nader no
cumple con los requisitos académicos que el Colegio exige a quienes aspiran a
ingresar al mismo, puesto que obtuvo 3.3 en la prueba de Español, 3.2 en la
evaluación de Matemáticas y 3.0 en el examen de Alemán; iv) que “(..)
los exámenes de admisión no se entregan no por capricho del Colegio sino para
salvaguardar la reserva y evitar en futuros concursos que los exámenes se
filtren, todo lo cual redunda en la transparencia del proceso de selección”; y v)
que el Colegio informa a los interesados sobre el resultado de las pruebas de
admisión “de manera deferente”.
5.      Decisiones que se revisan
5.1     Sentencia de primera instancia
El Juez Décimo Civil Municipal de Bogotá negó la
protección invocada por Carlos Salomón Nader contra el Colegio Andino -Deutsche
Schule de Bogotá, aduciendo que los derechos fundamentales del actor no han
sido quebrantados, y que el plantel puede mantener en reserva las pruebas
presentadas por el menor Dimitri Nader Trejos, al igual que los nombres de los
docentes que lo evaluaron, por ser una “una facultad válida (..) que se
encuentra dentro de la órbita de la autonomía educativa”.
Se apoya en la sentencia T-017 de 2000, de esta
Corporación de la que trae apartes, y concluye i) que el Colegio accionado no
está quebrantando el derecho a la educación del menor hijo del accionante -
porque éste no cumple con los requisitos que rigen su ingreso al plantel, pero
el padre puede elegir otra institución -; ii) que el establecimiento no vulnera
el debido proceso - dado que el niño Nader Trejos no ha sido sancionado, como
erróneamente cree su progenitor -; y iii) que el establecimiento educativo no
ha conculcado el derecho a la igualdad del pequeño y de su familia - como
quiera que todos los aspirantes reciben el mismo trato -.
5.2    Impugnación
El señor Carlos Salomón Nader Simonds impugnó la
sentencia de primera instancia, fundado en que el derecho de su hijo a la
educación prevalece respecto de la autonomía de la institución educativa
accionada.
Sostiene que el menor “obtuvo el año pasado
(calendario B) el título como mejor alumno en matemáticas para el último año de
primaria de todos los Estados Unidos de Norteamérica, logro que fue destacado
en la edición número 1.103 de la prestigiosa revista SEMANA y cuya fotocopia me
permito aportar”.
Afirma que el nivel intelectual de su hijo “fue
evaluado en los Estados Unidos de Norteamérica, donde estudia en la actualidad
y fue catalogado como “superdotado” lo que le permitió el acceso inmediato al
programa de “niños superdotados” (gifted program en Inglés) (sic)
programa en el que se encuentra en la actualidad y donde, como cosa curiosa,
ocupa el primer lugar”.
Informa que el menor Dimitri aprendió sus primeras
letras en colegios bilingües, que en la actualidad asiste al Sunset Elementary
School de Miami que imparte enseñanza trilingüe, y “mi hijo, según los
reportes cuya copia acompaño otorgados por la Autoridad del Estado de la
Florida (EE.UU), domina perfectamente el idioma Alemán (además del Español y el
Inglés) y es nuevamente el mejor alumno en la clase de alemán al punto que es
el único niño no nacido en Alemania que asiste al programa de alemán”.
Relata que acompañó a su hijo a presentar el examen de
admisión propuesto por el Colegio Andino y programado para ser resuelto en
cuatro horas, agrega que por solicitud de la Secretaria del Rector dejó algunos
comestibles para el pequeño y acordó con la misma retirar a Dimitri a las 12.30
P.M., y concluye que “para sorpresa no sólo mía sino de la Secretaria quien
me llamó transcurrido ese lapso de tiempo para que regresara a buscar al niño y
a la merienda intacta”.
Declara, y dice hacerlo bajo la gravedad del
juramento, que al interrogar a la Secretaria del Rector sobre el resultado de
la prueba ésta le respondió ”yo no soy quien califica los exámenes, pero por
lo que pude observar por encima el niño los pasó sin ningún problema”.
Por lo expuesto considera que le asiste derecho a
conocer “con qué criterio y de qué manera fue valorado él o los exámenes de
admisión que el practicaron al mismo en el Colegio Andino de Bogotá, ya que en
la respuesta verbal del mismo se limitaron a decirme que no había pasado
ninguno de los tres exámenes practicados Alemán y Matemáticas entre ellos
asignaturas en las que mi hijo es destacado como el que más”.
5.3    Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá
confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Décimo Civil Municipal de esta
misma ciudad, puesto que “no es obligación de los entes educativos
reintegrar los exámenes, porque indefectiblemente se puede vulnerar la reserva
con que cuentan dichos entes para elegir futuros educandos (..)”.
Afirma que dentro de las prerrogativas que el
ordenamiento concede a los establecimientos educativos, éstos cuentan con la
facultad de “exigir requisitos de ingreso” con el propósito de otorgarles un
perfil propio, reconociendo la existencia de un margen razonable de discreción
o especialización a favor de los establecimientos educativos (..)”.
En conclusión considera que el Colegio accionado no
vulneró los derechos constitucionales del menor, “porque como bien lo
advierte la juez de primera instancia, si el menor no superó la prueba de
admisión para obtener el cupo de ingreso y por lo mismo no ingresó esa
circunstancia no conculca los derechos referidos menos cuando los padres del
educando cuentan con la posibilidad de optar por inscribirlo y matricularlo en
otra institución bien sea pública o privada”.
6.      Actuación en
sede de revisión
El Magistrado sustanciador para mejor proveer solicitó
al Colegio Andino la remisión del Proyecto Educativo Institucional, del Manual
de Convivencia, del Reglamento Docente y del Manual de Funciones aprobados por
el CADEL de la localidad correspondiente, al igual que copia de las Actas del
Consejo Directivo de la institución sobre las condiciones de ingreso al
plantel, aplicado en los tres (3) últimos años.
El Rector de la entidad demandada remitió los
documentos solicitados, excepto las Actas del Consejo Directivo, tal como se
aprecia en el acápite correspondiente de esta providencia.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.       Competencia
La Corte Constitucional, a través de esta Sala, es
competente para revisar las decisiones de instancia, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del decreto 2591 de 1991, y
en cumplimiento del auto de 12 de diciembre de 2003, expedido por la Sala
Número Doce de esta Corporación.
2.       Problema jurídico planteado
Corresponde a esta Sala revisar las sentencias
proferidas por los Juzgados Décimo Civil Municipal y Cuarenta Civil del
Circuito de Bogotá, que negaron la acción de tutela promovida por el señor
Carlos Salomón Nader Simmonds contra el Colegio Andino - Deustche Schule de
Bogotá, aduciendo que en ejercicio de su autonomía el accionado puede negarle
al actor el examen que el mismo reclama, y que por la misma razón el plantel
demandado no está obligado a suministrar los nombres de los docentes
evaluadores, por quienes el actor indaga.
Como quedó anotado, los falladores de instancia
consideran que los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a
la educación del menor Dimitri Nader Trejos no están siendo vulnerados, porque
la documentación e información que el padre del menor reclama no ha sido
suministrada a ninguno de los aspirantes; en razón de que el pequeño no está
siendo sancionado; debido a que los Colegios privados pueden negar el ingreso a
quien no cumple los requisitos que la misma institución impone; y en razón de
que los padres del menor pueden elegir otro plantel para que su hijo continúe
sus estudios.
De antemano debe destacarse que el derecho del Colegio
a establecer condiciones de ingreso a la institución no está en discusión, y
que el actor no pretende que el plantel reconsidere su negativa, de modo que la
Sala se limitará a resolver si el demandado quebranta los derechos
constitucionales fundamentales del pequeño Dimitri y de su padre, en cuanto se
niega a suministrarles una información que al decir del actor le resulta
necesaria para conocer la situación académica del niño y adoptar los
correctivos que sean del caso.
3.
Consideraciones
preliminares
3.1     Procedencia de la acción
La acción de tutela ha sido establecida para que las
personas puedan reclamar ante las autoridades judiciales el restablecimiento de
sus derechos fundamentales, cuando quiera que éstos estén siendo vulnerados por
una autoridad pública o por los particulares - encargados de la prestación de
un servicio público, cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión -, salvo que el afectado disponga de otro medio
eficaz para hacer valer sus derechos, en los términos del artículo 86 de la
Carta Política.
De modo que la presente acción es procedente, como
quiera que el ordenamiento no tiene previsto un procedimiento judicial
apropiado para que los padres de familia accedan a la información que demandan
de los establecimientos educativos, a fin de adoptar los correctivos que el
desempeño académico de sus hijos requiere, aunado a que el Colegio demandado
presta el servicio público de educación - artículo 42.1 Decreto 2591 de 1991-.
Ahora bien, el apoderado del Colegio accionado aduce
que el establecimiento que representa no se relaciona con el señor Nader Simmonds
por razón de la prestación de un servicio educativo, sino que mantuvo con el
nombrado una situación pre contractual que no se enmarca dentro de los cánones
constitucionales y legales que regulan el derecho a la educación, pero - como
pasa la Sala a explicarlo- el menor Dimitri Nader Trejos fue admitido a una
valoración académica y en consecuencia el plantel está obligado a asumir el
compromiso formador que todo experiencia evaluadora comporta, en especial
cuando es un niño quien se sujeta a la prueba propuesta.
3.2.    La labor formadora de los establecimientos
educativos compromete todas sus actividades académicas
Esta Corporación se ha pronunciado sobre el contrato
educativo, desde la perspectiva de una relación jurídica que se inicia en el
proceso de matrícula y supone la aceptación por parte de los estudiantes y de
los padres de familia de las condiciones previamente establecidas por el
plantel, pero también ha puntualizado que la educación es un derecho y un deber
de contenido constitucional, y un servicio público con función social, regulado
y sometido a la suprema inspección y vigilancia del Estado.
Se constata entonces que la dimensión
funcional o teleológica del servicio público educativo concebida en la Carta
Política como estructura formadora en el respeto de los derechos humanos, la
paz y la democracia constituye el contenido esencial del derecho fundamental a
la educación, indisponible para la familia, la sociedad y el Estado en los
términos del artículo 67 de la Carta Política
Por esto la labor de los establecimientos
educativos no se agota en el cumplimiento de los convenios individuales
suscritos con quienes se matriculan en el plantel para recibir la formación
propuesta, sino que trasciende en hechos sociales y deberes renovados y diversos
cuyo cumplimiento puede exigir el conglomerado social, y que el Estado está en
el deber de regular, vigilar, asegurar y garantizar.
En este orden de ideas la Ley General de Educación
prevé que por parte de los establecimientos privados se elabore y ponga en
práctica un Proyecto Educativo Institucional que deberá especificar, entre
otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el
reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, con estricta
sujeción a las disposiciones constituciones, legales y reglamentarias, que
rigen la prestación del servicio publico educativo - artículo 73 Ley 115 de
1994-.
También la Ley en cita dispone que los
establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, a
efectos de definir los derechos y obligaciones de los estudiantes, y además
señala que la relación educativa entre los estudiantes y los padres de familia
y los establecimientos educativos privados o las personas naturales o jurídicas
propietarias de los mismos se regula por un contrato de derecho privado, del
que forman parte integrante el proyecto educativo institucional y el reglamento
interno o manual de convivencia del plantel - artículos 87 y 201.
Nótese cómo el Proyecto Educativo compromete a cada
institución con el Estado y con la sociedad en una labor formadora permanente y
continua en valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, labor
sobre la cual no resulta posible discutir, mientras que el contrato incorpora
el núcleo institucional que comporta el Proyecto en mención y recoge el
consenso de las partes sobre posiciones del mismo proyecto susceptibles de
acuerdos.
Se comprende por tanto que es el contenido
institucional previsto en el Proyecto Educativo el que relaciona a quien aspira
a ingresar a un establecimiento educativo privado con la institución, pues
resulta imposible pretender que previamente al ingreso aspirante y colegio
tengan que dedicar tiempo y esfuerzo a acercar sus posiciones mediante
contratos de derecho privado.
Además el artículo 67 constitucional a la par que
define la educación como derecho fundamental y servicio público con función
social, asegura y garantiza el acceso y permanencia de los menores en el
sistema educativo, de lo que se sigue que las condiciones de ingreso de éstos a
los planteles tenga rango institucional, así opere frente a establecimientos
educativos fundados por particulares.
En este sentido los establecimientos educativos deben
incorporar en su Proyecto Educativo Institucional dichas condiciones, las que
pueden comprender valoraciones pedagógicas que le permitan al plantel
determinar las habilidades de quienes aspiran a ingresar a la institución, lo
que no pueden es optar por la evaluación pero prescindir de la responsabilidad
que supone toda prueba académica.
Otro aspecto que se debe considerar, tratándose del
ingreso de los menores a los establecimientos educativos toca con los
procedimientos para la solución de controversias, en punto al interés de los
padres de familia sobre el ingreso de su hijo a un determinado plantel, en
cuanto, como lo dispone el artículo 92 de la Ley 115 de 1994, la controversia deberá
tenerse como una acción pedagógica institucional formadora a cargo del gobierno
escolar, que supone el respeto de las garantías constitucionales, sin perjuicio
del derecho de las autoridades del plantel de asignar los cupos disponibles,
atendiendo a los criterios previamente establecidos en sus reglamentos -
artículos 68 y 29 C.P.-
De lo expuesto se deduce que el cometido
formador de los procesos educativos, al que están obligados los planteles
públicos y privados, se construye - en el caso de éstos últimos- a partir del
Proyecto Educativo Institucional, el que además se funda en la Ley General de
Educación, de suerte que ningún establecimiento puede negarse a informar en
detalle a un padre de familia sobre las pruebas académicas propuestas a sus hijos,
arguyendo que no media contrato educativo, porque lo que importa en los
procesos académicos no es la relación jurídica existente sino la influencia del
proceder de los padres y de los maestros en la formación de los niños y de los
adolescentes, etapas en las que la familia y la escuela se erigen en referencia
fundamental en la socialización del ser humano.
4.       Caso concreto
El Colegio Andino Deutsche Schule de Bogotá practicó
al menor Dimitri Nader Trejos unas pruebas académicas para determinar su ingreso
al plantel a fin de continuar los estudios que adelanta en el extranjero, pero
se niega a entregarle al padre las evaluaciones y a informarle sobre los
docentes que las practicaron, porque no media contrato educativo que así lo
disponga y en cuanto considera que con su negativa no infringe disposiciones
constitucionales, a la vez que resguarda la objetividad de sus futuros procesos
de selección..
El actor, por su parte afirma que su hijo no ingresará
al plantel, pero insiste sobre la información que demanda, a fin de adoptar las
decisiones y correctivos del caso.
Ahora bien la Sala encuentra comprensibles y
justificadas las solicitudes del señor Nader Simmonds, como responsable que es
de la educación de su hijo Dimitri y usuario de un servicio público con función
social que compete al Estado, pero que los padres pueden igualmente exigir de
quienes bajo la suprema inspección y vigilancia de aquel, deciden prestarlo.
Es que al tenor de lo previsto en el
artículo 67 de la Carta Política el acceso del pequeño Dimitri al conocimiento,
a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, como
también su formación en el respeto a los derechos humanos, la paz y la
democracia exigen una respuesta de parte del establecimiento demandado, acorde
con su proyecto educativo institucional, porque el proceso de selección, el
ingreso de los menores, y permanencia de éstos en los planteles educativos, no
se refieren a objetos diversos, en cuanto son todas etapas del mismo proceso socializador.
Observa la Sala que las directivas del Colegio Andino
Deutsche Schule de Bogotá fundan su negativa en que no existe ninguna
vinculación con el menor, en cuanto éste no se encuentra matriculado en la
institución, pero aquel fue admitido a un proceso de selección y debió
responder a unas pruebas académicas con tal fin, de suerte que la posición del
Colegio no parece ajustarse a la comprensión que el mismo tiene de su labor
como agente activo del proceso de socialización de los niños y de los adolescentes,
admitidos a sus procesos educativos.
En efecto, en el aparte 4 de su Reglamento Interno el
Colegio accionado desarrolla su Proyecto Educativo Institucional bajo la
premisa de que la educación y la formación de los alumnos es una tarea conjunta,
y por ello se detiene en diversos mecanismos que comportan un contacto
permanente entre el Colegio, sus docentes, los padres de familia y sus
educandos.
No escatima esfuerzos el Proyecto en comento sobre el
contacto total entre los docentes y los padres de familia en los procesos de
evaluación, i) dado que los examinadores cuentan con términos perentorios para
corregir las pruebas y hacerlas conocer de los alumnos, ii) en razón de que los
examinados deben presentar las evaluaciones corregidas a sus padres y dar
cuenta de ello a los profesores, y iii) debido a que el plantel corrobora el
acercamiento que promueve mediante diversos mecanismos, atendiendo el grado de
escolaridad y el resultado de la comprobación.
Participan además los padres de familia en el gobierno
escolar, por cuanto el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de
Padres de Familia se encuentra entre quienes componen el Consejo Directivo del
plantel, que tiene entre sus funciones adelantar acciones “que redunden en
la práctica de la participación democrática en la vida escolar”.
No resultan por ello válidas las razones esgrimidas
por el apoderado del Colegio, en cuanto afirma que su representado no
suministra la información requerida por el padre del menor Nader Trejos porque
no media entre las partes contrato educativo, como quiera que el compromiso
institucional asumido por los particulares que deciden fundar establecimientos
educativos, más que contratos demanda actitudes y conductas enriquecedoras, con
todo aquel que entre en contacto con su ambiente formador.
Es que conforme a los lineamientos trazados en los
artículos 67 y 68 de la Carta Política los deberes y cargas que han de asumir
los educadores se derivan de la naturaleza del servicio público con función
social que prestan, asunto que no es de poca monta en cuanto subordina a los
prestadores del servicio de forma directa e inmediata al poder de regulación
estatal, especialmente en lo referente a las condiciones que aseguran el acceso
y permanencia de los menores en el sistema educativo.
Tampoco puede aceptarse la argumentación según la cual
el conocimiento de las pruebas por parte de los padres de familia le resta
objetividad a futuras evaluaciones, porque el derecho de los menores a exigir
de los planteles educativos actitudes que afiancen su formación integral
prevalece sobre el interés de los planteles de mantener sigilo sobre los tests
que proponen a quienes evalúan, así fuere dentro del contexto limitado de un
proceso de selección.
Las consideraciones anteriores indican que los
derechos fundamentales del menor a la igualdad, al debido proceso y a la
educación, en razón del proceso de selección que le fuera propuesto por el
Colegio Andino Deutsche Schule tendrán que ser restablecidos:
- Porque el menor tiene derecho, como todos los
estudiantes examinados por los planteles públicos y privados, a conocer en
detalle el resultado de las pruebas académicas que le fueron propuestas.
- En razón de que al señor Nader Simmonds le asiste el
derecho de presentar a consideración del gobierno escolar su derecho de escoger
al accionado para que su hijo continúe en él los estudios que adelanta en el
extranjero, haciendo conocer de la comunidad académica tanto los resultados de
las pruebas practicadas por la institución, como el desempeño escolar de
Dimitri en otras escuelas, y sus reconocimientos académicos.
- Debido a que el actor como representante legal y
responsable de la educación de Dimitir tiene derecho a conocer las falencias
del menor, detectadas por el accionado, a fin de tomar los correctivos que sean
del caso.
De modo que el Colegio Andino Deutsche Schule, a la
mayor brevedad, entregará al señor Carlos Salomón Nader las pruebas que el 20
de mayo de 2003 propuso a su hijo Dimitri y dispondrá lo necesario para que el
interesado reciba las explicaciones pertinentes, de parte de quienes las
elaboraron o aplicaron, o de la persona idónea que para el efecto designe la
institución.
4.
Conclusiones.
Las decisiones de instancia serán revocadas
Los Juzgados Décimo Civil Municipal y Cuarenta Civil
del Circuito de Bogotá negaron al actor la protección invocada, porque el
Colegio Andino goza de autonomía para fijar las directrices que gobiernan sus
procesos de selección de estudiantes, y debido a que el menor Dimitri no está
matriculado en la institución.
Aducen también que el Colegio demandado no quebranta
los derechos fundamentales del menor, como quiera que otorga a todos sus
aspirantes el mismo trato, no está imponiendo una sanción y el actor puede
elegir otra institución educativa para el menor.
Ahora bien - como quedó explicado- entre el menor
Dimitri Nader Trejos y el Colegio escogido por su padre para que el menor
continúe sus estudios existe el vinculo institucional que rige las actuaciones
y decisiones de los planteles i) frente a las condiciones que han de asegurar a
los menores su acceso al sistema educativo, y ii) respecto del derecho de los
padres a escoger el tipo de educación que desean para sus hijos - artículos 67
y 69 de la C. P.-.
De modo que los Jueces de instancia no podían
considerar que el Colegio demandado puede negarle al menor Dimitri Nader su
ingreso a la institución en razón de su autonomía, como tampoco que está
autorizado para no suministrarle al padre del pequeño la información que
demanda; porque al juez constitucional le corresponde exigirles a los planteles
que asuman la prestación del servicio público con función social al que se
comprometieron, además de actitudes y conductas claramente formadoras, así se
trate del contexto espacio temporal restringido de una prueba de ingreso o de
un proceso de selección.
Finalmente, respecto del argumento atinente a la
inexistencia del contrato educativo, además de lo dicho sobre la naturaleza del
servicio que presta el accionado y su función social, es del caso recordar que
la continuación de estudios en el Distrito Especial de Bogotá de quienes
provienen de instituciones educativas del extranjero se regula por la
Resolución 6520 de 1997, expedida por la Secretaría de Educación, en la que, como
es obvio, para nada cuenta la vinculación contractual del aspirante con la
institución, pero en este, como en todos los casos, las solicitudes de ingreso
deberán ceñirse a las previsiones que regulan el asunto en cada plantel, y
decidirse por las autoridades escolares, conforme a las reglas del debido
proceso.
No sobra advertir, en consecuencia, que de la presente
decisión no se sigue que el menor Dimitri Nader Trejos tendrá que ser admitido
en el Colegio Andino para continuar sus estudios, dado que este asunto no fue
considerado, y, de tener que estudiarse, atañe a las directivas de la
institución educativa, quienes, de ser necesario, deberán resolver la petición
del padre del menor atendiendo a lo preceptuado en su Proyecto Educativo
Institucional, con sujeción a la normatividad constitucional.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Décimo Civil
Municipal y por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá el 27 de
agosto y el 30 de septiembre de 2003, para resolver desfavorablemente la
solicitud de amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y a la educación invocada por Carlos Salomón Nader Simmonds contra el
Colegio Andino Deustche- Schule de Bogotá.
Segundo.- CONCEDER al actor la protección constitucional que reclama. En
consecuencia el Colegio demandado entregará al señor Carlos Salomón Nader
Simmonds, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, las
evaluaciones propuestas y respondidas por su hijo Dimitri el 20 de mayo de 2003
y le proporcionará al mismo las explicaciones atinentes a las pruebas
practicadas y a la valoración asignada.
Tercero.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
MagistradA
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)