T-309-16
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-309/16
ACCION DE TUTELA CONTRA EL ICETEX-Procedencia para la protección del
debido proceso de estudiante con beca-crédito, quien por fuerza mayor incumplió
contrato de crédito educativo
ACCION DE
TUTELA PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS DE CARACTER CONTRACTUAL COMERCIAL-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
La
jurisprudencia ha definido el alcance de la intervención del juez
constitucional en los negocios jurídicos privados para examinar la eventual
vulneración de los derechos fundamentales. Ha concluido que la existencia de
una relación contractual no puede ser premisa suficiente para denegar el
amparo, ya que en la suscripción o la ejecución de un contrato se pueden consignar
u originar cláusulas o tratos inconstitucionales vulneradores de derechos
fundamentales que requieran de un mecanismo de protección reforzado como la
tutela.
COLCIENCIAS-Importancia
en el mandato constitucional del fomento de la educación, ciencia y la
tecnología
La
misión institucional de Colciencias busca entre otras, fomentar la creación de
condiciones que permitan a los sectores científico, tecnológico y de
innovación del país, insertarse en la dinámica de la cooperación internacional
y fortalecer la misión de la comunidad científica colombiana en la
internacionalización mundial de su labor investigativa, innovativa y
tecnológica. El mandato constitucional del fomento a la ciencia y la tecnología
ha sido desarrollado de manera especial y específica por las Leyes 29 de 1990 y
1286 de 2009 mediante las cuales se determinó la estructura, funciones y
mecanismos de fomento de la investigación científica y el desarrollo
tecnológico. Estas disposiciones establecieron en cabeza de Colciencias
la misión de servir al desarrollo nacional de la ciencia, la tecnología y la
innovación, liderando la creación e implementación de formas para organizar la
generación y uso del conocimiento. Entre las formas de fomentar el conocimiento
académico y científico se destaca por su importancia la posibilidad de acceder
a posgrados en el exterior.
CONTRATO DE CREDITO EDUCATIVO-Existe circunstancias en las cuales la
voluntad del deudor se ve afectada por hechos externos e imprevisibles los
cuales le impiden cumplir adecuadamente sus obligaciones
El hecho
de que los contratos se estructuren bajo el postulado clásico del derecho civil
“pacta sunt servanda”, no quiere decir que la constitución de 1991 no haya
relativizado en excepcionales casos la manera como debe interpretarse la
voluntad de un contratante. Es decir, los acreedores deben entender al momento
de ejecutar o iniciar los mecanismos judiciales o administrativos contra los
deudores, que deben tener en cuanta los límites
impuestos por el interés público y por el respeto de los derechos
fundamentales, ya que la jurisprudencia constitucional ha reconocido
circunstancias en las cuales la voluntad de una persona se ve afectada por
hechos externos e imprevisibles los cuales le impiden cumplir adecuadamente sus
obligaciones.
CONTRATO DE CREDITO
EDUCATIVO-Desplazamiento
forzado y fenómenos migratorios innominados como hechos que impiden
cumplimiento de obligaciones adquiridas
El hecho del desplazamiento forzado constituye un impedimento que
influye en la exigibilidad de la obligación al hacer para el afectado por este
delito más onerosa su situación. De allí que en muchos casos estudiados por la
Corte Constitucional la demostración de este ilícito imponga al acreedor la
reestructuración de las obligaciones dinerarias, como efecto de lo que la
doctrina ha denominado teoría de la imprevisión, como quiera que la
consecuencia de dicha figura es que ante una dificultad de características
graves que influye en el cumplimiento de la obligación, el deudor continúa
obligado a responder con la prestación, esto es, no queda exonerado de su
cumplimiento, empero se impone un ajuste de acuerdo con la equidad contractual.
La ocurrencia de fenómenos migratorios innominados en razón de la violencia,
constituye un impedimento que influye en la exigibilidad de la obligación al
hacer para el afectado más onerosa su situación. De allí que se imponga al
acreedor la renegociación de las obligaciones, como efecto de lo que la
doctrina ha denominado teoría de la imprevisión, como quiera que la
consecuencia de dicha teoría es que ante una dificultad de características
graves que influye en el cumplimiento de la obligación, el deudor continúa
compilado a responder con la prestación, esto es, no queda exonerado de su
cumplimiento, empero se impone un ajuste de acuerdo con la equidad contractual.
DEBIDO
PROCESO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES-Garantía en
incumplimiento de contrato educativo
La Corte estima
que no puede en materia de créditos educativos, aplicarse una responsabilidad
objetiva que implique decretar automática y unilateralmente, el incumplimiento
y la eventual terminación del contrato, cuando lo que está de por medio es la
necesidad de efectuar un análisis del caso que permita establecer si se están
desarrollando o no las finalidades constitucionales relativas a la ciencia y a
la tecnología. En esta medida, son esenciales los elementos subjetivos de la
conducta, como la culpabilidad, la intencionalidad y la imputabilidad. En este orden de
ideas, es claro que el debido proceso en el
marco de procesos derivados del incumplimiento de un contrato educativo o de
comisión de estudios debe ser adelantado teniendo en cuenta los postulados
consagrados en el artículo 29 de la Constitución, a través de las cuales se
busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de los fines esenciales del Estado.
RESPONSABILIDAD
OBJETIVA EN CONTRATO DE CREDITO EDUCATIVO-No es aplicable cuando el
incumplimiento del becario es ajeno a su voluntad
Referencia: expediente T-5.353.920
Acción de
tutela interpuesta por Juan Gabriel Gómez Albarello contra el Instituto
Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA:
Dentro del
proceso de revisión del fallo proferido en el asunto de la referencia por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo la
que a su vez confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, por medio de la cual se negó la protección del
derecho fundamental al debido proceso invocado por el señor Juan Gabriel Gómez
Albarello.
I.
ANTECEDENTES
El señor Juan
Gabriel Gómez Albarello interpuso por intermedio de apoderado judicial acción
de tutela en contra del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en
el Exterior (Icetex) y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Colciencias), al
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso según los
siguientes
1.
Hechos:
1.
El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Colombia (IEPRI-UN) postuló al profesor Juan Gabriel
Gómez Albarello para ser beneficiario de la beca-préstamo Fulbright-
Colciencias, con el objeto de cursar un doctorado en ciencias políticas en la
universidad de Washington University, in St. Louis
2.
La referida “beca- crédito” contenía un reglamento de condonación que
permitía el alivio del cien por ciento de la deuda, previo el cumplimiento de
varios requisitos. Entre estos se destacan: (i) terminar los estudios en
el plazo máximo de 48 meses, (ii) retornar al país y vincularse a la
institución en la que laboró antes de su viaje o en otra del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología y (iii) garantizar que la vinculación cubriera
un periodo de tiempo no inferior al de duración del programa de capacitación
financiado.
3.
Según asevera el actor, durante la ejecución de los estudios de doctorado
evidenció dos situaciones que le hacían imposible regresar al país: (i)
la amenaza a su vida y seguridad en razón a la situación de orden público que
atravesaba Colombia y (ii) la imposibilidad de terminar el doctorado en
el término inicialmente pactado.
4.
Respecto al primer escenario afirmó que su integridad corría peligro en el país
en razón a su calidad de investigador en el área de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, ya que desde hacía varios años se había desempeñado en esa área,
primero como investigador de la Comisión de Superación de la Violencia, después
como investigador de la Comisión de la Verdad para el Salvador, luego como
investigador de la Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombia y
posteriormente como académico del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI-UN). Relacionó
varios incidentes que en su criterio sustentaban su temor de regresar a
Colombia, estos son:
5.
A principios del mes de diciembre de 1999, su hermana Margarita Gómez Albarello
fue víctima de amenazas de muerte por parte de personas armadas, las cuales en
su momento se identificaron como paramilitares que se oponían al cubrimiento
que esta hizo como periodista de graves violaciones a los derechos humanos. Las
amenazas y seguimientos de las cuales fue víctima su hermana la motivaron a
exiliarse en los Estados Unidos.
6.
El 22 de diciembre de 1999, Eduardo Pizarro, colega del  Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia
(IEPRI-UN) y un amigo del señor Juan Gabriel Gómez Albarello, fueron víctimas
de un ataque sicarial presuntamente por parte de integrantes de las FARC.
7.
En igual medida, aseveró que en el verano de 2001, visitó a Eduardo Pizarro y a
Ana María Bejarano en South Bend, Indiana. Según aseveró el accionante, el
objetivo de dicha reunión era analizar la viabilidad de regresar a Colombia de
cara a la situación generalizada de violencia. Afirmó que la conclusión a la
que llegaron fue que regresar al país en esas condiciones sería un suicidio.
8.
Pone de presente que el día 5 de marzo de 2002 dos primos de su madre, Julio
César y Yesid Gonella Daza fueron asesinados en la zona rural de Ibagué en un
intento de secuestro por parte de las FARC. Un año después, su amiga y colega
Dorys Ardila Muñoz, asesora de la Cruz Roja Colombiana, profesora de Derecho Internacional
Humanitario, tuvo que dejar el país por amenazas de los paramilitares.
9.
Una vez precisadas las condiciones de seguridad que según el señor Juan Gabriel
Gómez Albarello le impidieron regresar al país, pone de presente que hacia el
año 2000, estando cursando sus estudios de doctorado, le fue ofrecida una beca
de estudios por la Universidad Washington University in St. Louis debido a su
buen desempeño académico. Esta beca le permitía cubrir la totalidad del
doctorado sin necesidad de someterse a los requisitos de Colciencias. Afirma
que la rechazó inicialmente al: (i) considerar que podría ocasionar
conflicto con la beca otorgada en Colombia y (ii) debido a que
Colciencias le aclaró que tenía prohibido aceptar dichos fondos.
10.
Según el accionante, antes de empezar el segundo semestre del año 2001 le
escribió a Colciencias planteando la grave situación de seguridad del país y el
miedo que tenía de regresar a Colombia. Ese mismo año le ofrecieron nuevamente
la beca.
11.
En junio de 2001 el demandante se puso en contacto con Colciencias, con el
objeto de lograr que le autorizaran tomar los fondos ofrecidos por Washington
University. Expresó que, dado que el tiempo original de la beca recibida era de
cuatro años, la aceptación de fondos adicionales podría asegurar la
continuación de sus estudios. La respuesta que recibió fue un rechazo a su
petición.
12.
Según asevera el actor ante la imposibilidad de regresar al país y ante la
inminente pérdida de apoyo económico por incumplir las condiciones del
contrato, decidió aceptar los fondos de Washington University in St Louis, ya
que de no acceder a ellos, no podría terminar el doctorado y hubiese tenido que
regresar al país exponiendo su vida y libertad.
13.
Aseveró que ante esta situación, Colciencias le solicitó a la Comisión
Fulbright que presionara al accionante a regresar a Colombia, solicitando al
Departamento de Estado de Norteamérica que cancelara su visa de estudiante. En
razón a lo anterior, el actor dejo ese país por un breve tiempo y solicitó una
nueva visa de estudiante, la cual fue otorgada en 2002.
14.
Según expone el accionante, en el año 2003 un funcionario de una firma de
abogados de Colombia lo contactó por correo electrónico, y le informó que tenía
poder para cobrar los dineros que había recibido por la “beca-préstamo”, suma
que alcanzaba los cuatrocientos millones, más una comisión del 10% la cual
correspondía a la firma de cobranza.
15.
Afirma que contestó el mail, señalando que la suma cobrada era desproporcionada
y no estaba acorde a lo solicitado, por lo que requirió una liquidación de las
sumas que adeudaba, sin embargo, pone de presente que nunca le enviaron
respuesta a dicha comunicación.
16.
En agosto de 2006 el demandante se graduó como PhD en Ciencia Política, luego
aceptó un trabajo como profesor invitado en Illionis Wesleyan University.
17.
En 2009 regresó al país y en febrero de 2010 se vinculó laboralmente al
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de Colombia (IEPRI-UN). A la fecha continúa en dicho trabajo. Además
aseguró que en 2010 Colciencias le solicitó que fuera evaluador de varios
proyectos de investigación en los cuales ha participado.
18.
Afirma que una vez regresó a Colombia en el año 2009 procuró un remedio legal
con las entidades que habían intentado patrocinar su doctorado en el exterior,
sin embargo, ante la negativa a considerar sus argumentos presentó diversas
solicitudes requiriendo que entendieran su situación.
19.
El 15 de septiembre de 2014 un asesor de la firma Activa Abogados le envió al
demandante un mail donde le informaba que tenía poder para cobrar los dineros adeudados
al Icetex.
20.
El 26 de septiembre de 2014 el actor presentó un derecho de petición ante
Colciencias solicitando copia del acuerdo celebrado con Colciencias-Fulbright,
con el fin de demostrar que reunía los requisitos para ser condonado. Según
considera el accionante el hecho de haber regresado extemporáneamente no
obedeció a un mero capricho o deseo de incumplimiento sino a la situación de
orden público del país. Así mismo, considera que el hecho de haber regresado a
la Universidad Nacional a trabajar y haber participado como evaluador de
Colciencias puede entenderse como actividades investigativas que satisfacen el
requisito establecido para la condonación de la deuda[1].
21. Por la
situación anteriormente descrita, el señor Juan Gabriel Gómez Albarello instaura
acción de tutela con la pretensión de lograr que se proteja su derecho
fundamental al debido proceso, y en consecuencia, se ordene: (i) a
Colciencias, adelantar el trámite, estudio y decisión de su situación jurídica
con ocasión de la beca crédito suscrita, sin que se aplique una responsabilidad
objetiva, incorporando en su análisis todos los elementos subjetivos de la
conducta del peticionario (intencionalidad, culpabilidad, imputabilidad),
conforme a los presupuestos constitucionales aplicables a su caso, tal como lo
dejó consignado la Corte Constitucional en las sentencias T- 677 de 2004 y
T-715 de 2014 y (ii) que se ordene al Icetex, la suspensión del cobro
jurídico.
2.
Actuaciones del juez de primera instancia.
Mediante
auto de fecha 11 de agosto de 2015 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A decidió: (i) admitir la acción de tutela y
(ii) vincular al Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en
el Exterior (Icetex) y al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Colciencias) para que se pronunciaran sobre los hechos de la misma.
3.  Respuesta de las entidades accionadas.
3.1. Respuesta del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Colciencias).
Mediante oficio 22305, la apoderada de Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) afirmó que el accionante fue
beneficiario de un crédito educativo condonable el cual incluía la financiación
de un curso de perfeccionamiento del idioma y del programa doctoral con los
rubros de matrícula, sostenimiento, tiquete aéreo y seguro médico. Alegó que la
financiación se otorgó bajo la figura de crédito educativo 100% condonable, lo
que indica que cada beneficiario debía cumplir con unas condiciones para poder
acceder al resto de la condonación de los recursos girados.
Para acceder al primer 50% y tener derecho a que se estudiara la
condonación restante tenía que demostrar: (i) la culminación del
programa de estudios financiado, (ii) el retorno al país una vez culminara
los estudios y (iii) lograr la vinculación a una institución o entidad
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología durante un tiempo igual al
financiado. El 50% restante podría ser conmutado por realizar actividades de
ciencia, tecnología e innovación.
Según la entidad demandada, en caso de incumplimiento de estas
obligaciones, el beneficiario debía realizar el pago total de los recursos
girados junto con los intereses correspondientes. No obstante lo anterior, la
entidad demandada precisa que al ser un crédito educativo otorgado en conjunto
con la Comisión Fulbright Colombia, esta entidad sí exigía el regreso del
beneficiario independientemente que realizara el pago de la deuda, por lo cual
en caso de que esta condición no se cumpliera iniciaría las gestiones con el Departamento
de Estado de Estados Unidos para la suspensión de la visa del beneficiario de
la beca-crédito.
Asevera la entidad accionada que el señor Juan Gabriel Gómez Albarello inició
su curso de perfeccionamiento del idioma en junio de 1999 y se vinculó al
programa doctoral ese mismo año en la universidad de Washington. En enero de
2002, el beneficiario remitió una comunicación a Colciencias en la que informó
su decisión de renunciar al crédito educativo condonable debido a que no tenía
la intención de regresar al país, decisión que justificó en la situación de
violencia que sobrevenía sobre el territorio nacional para la época.
En respuesta, Colciencias el 19 de febrero de 2002 le informó que el caso
sería presentado ante el Comité de Capacitación y se le reiteró la solicitud de
hacer llegar el contrato del crédito educativo firmado. No obstante, se le
recordó la diferencia entre los compromisos asumidos con dicha entidad y con la
Comisión Fulbright en el sentido que en caso de no regresar al país, Colciencias
exigía el pago total de los recursos girados, pero para Fulbright dicha
condición no era negociable.
Aclara en igual medida que fue la fundación LASPAU la que solicitó al
Departamento de Estado Norteamericano la no renovación de la visa del
beneficiario y no Colciencias como erradamente lo manifiesto el apoderado del accionante
en su escrito de tutela. Adicional a lo anterior, hace referencia a que el señor
Juan Gabriel Gómez Albarello desde el inicio de su programa doctoral tenía la
intención de no regresar al país una vez finalizados los mismos.
Esto según Colciencias se hace evidente en una comunicación sostenida
entre él y LASPAU en marzo de 2002, en la cual esta entidad le informó al actor
que la solución a la situación de amenaza contra su vida por la violencia en el
país, era la de solicitar asilo político, ante lo cual el beneficiario manifestó
que no le era posible usar la figura, ya que cuenta con doble nacionalidad
colombiana e italiana y que según su experiencia esto interfirió en que a su
hermana le concedieran dicha figura.
Pone de presente que el expediente del peticionario fue presentado ante
el Comité de Capacitación de esa entidad el 27 de agosto de 2002, el cual luego
de analizar el reglamento de operaciones del programa, la carta de compromiso y
el contrato de crédito educativo, decidió cancelarle la beca en atención al
incumplimiento comprobado de los compromisos adquiridos con Colciencias, entre
ellos la intención de no regresar al país.
En lo que respecta a las actuaciones desplegadas por Icetex asevera que
la recuperación de cartera en caso de condonaciones parciales o incumplimiento
es un proceso que quedó a cargo de dicha entidad en atención al convenio interadministrativo
número 011 del 16 de junio de 1995 suscrito entre Colciencias y el Instituto
Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior. Así las cosas, en
junio de 2003 Colciencias mediante comunicación número DFRHFCC- 05458 le
informó al Icetex la decisión del Comité de Capacitación y le solicitó iniciar
las acciones de liquidación y cobro respectivo contra el actor.
Aclaró que los  procesos de evaluación para las convocatorias para
financiar actividades de ciencia, tecnología e innovación ofertadas por Colciencias,
son completamente independientes al cumplimiento de los compromisos asumidos
por los beneficiarios de créditos condonables, por lo tanto, y en atención a lo
señalado en el escrito de tutela, pone de presente que para que esta entidad
convoque a una persona como par evaluador únicamente se validan los requisitos
de trayectoria académica e investigativa, a tal punto que no se investiga si es
deudor o no de esa entidad.
Esto explica el hecho que el señor Juan Gabriel Gómez, haya sido par evaluador
de Colciencias, no pudiendo por esto asumir la condonación del crédito educativo,
máxime cuando se tiene por precedente las comunicaciones en las cuales informó
su decisión de permanecer en el exterior una vez culminado sus estudios
solicitando información para realizar el pago del crédito educativo.
Finalmente pone
de presente que el señor Juan Gabriel Gómez Albarello tiene a su disposición
otros medios de defensa judicial para ventilar la supuesta vulneración de sus
garantías constitucionales, y en esta medida, la acción de tutela resulta
improcedente en el asunto sub examine.
3.2.
Respuesta del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el
Exterior (Icetex)
Mediante oficio 2015-132968 el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios
Técnicos en el Exterior afirmó que dicha entidad no se encuentra legitimada por
pasiva en el asunto de la referencia por cuanto solo administra fondos públicos
y privados destinados a financiar los estudios de estudiantes colombianos tanto
dentro como fuera del país. Aclaró que para ello ha suscrito convenios con
entidades de diferente naturaleza para materializar tal cometido.
Precisa que
tratándose de su participación en estos convenios, actúa por cuenta y obra del
constituyente del fondo, precisión que resulta oportuno formular, para efectos
del alcance del fallo, solo guarda correspondencia con las facultades que, como
administrador de los recursos de este tipo de convenios que tiene el Icetex.
Frente a los hechos expuestos en el escrito de tutela pone de presente que
el Icetex remitió respuesta de fondo y concreta al derecho de petición
presentado por el accionante mediante radicado número 2015-167619 con guía de
envió número 1120279981 del 13 de agosto de 2015, el cual fue enviado a la
dirección que registró para notificaciones el accionante, dando respuesta
clara, de fondo y concreta sobre la gestión adelantada. En este sentido afirmó
que el ICETEX procedió a responder los puntos de su petición informando lo
siguiente:
Al 13 de agosto de 2015 la obligación presenta el siguiente saldo total
adeudado:
Capital
Vigente $0.00
Capital Vencido $111,220,698.80
Interés Corriente $223,367.86
Interés de Mora $26,242,894.00
Otros Conceptos $26,715,968.35
Total $164,402,929.01
Por todo lo anterior afirma se dio cumplimiento al Artículo 51 del
Reglamento de Crédito Educativo, asignando la obligación a cobro prejuridico,
actualmente se encuentra con la firma de cobro externo Activabogados Ltda.
Así mismo
manifiesta que existen en el ordenamiento jurídico otros mecanismos de defensa
judicial mediante los cuales el accionante puede plantear su controversia, y en
este orden de ideas la tutela debe ser declara improcedente.
4. Pruebas
relevantes aportadas al proceso
4.1. Carta de declaración respecto del conocimiento y aceptación de  las
condiciones de financiación de la beca - crédito otorgado por Colciencias. (folios
60 al 61, cuaderno 1).
4.2. Contrato
de crédito educativo número 001 de 2003 suscrito entre Colciencias y Juan
Gabriel Gómez Albarello. (folios 62 al 64, cuaderno 1).
4.3. Carta
de respuesta suscrita por la Fundación LASPAU a los requerimientos del señor Juan
Gabriel Gómez Albarello. (folio 68, cuaderno 1).
4.4. Respuesta
de fecha 10 de septiembre de 2002 allegada por Colciencias al señor Juan
Gabriel Gómez Albarello. (folio 76, cuaderno 1).
4.5
Respuesta de fecha 19 de junio de 2003 allegada por Colciencias al señor Juan
Gabriel Gómez Albarello. (folios 78 al 79, cuaderno 1).
4.6. Respuesta
al derecho de petición 2015009419 allegada por el Icetex al señor Juan Gabriel
Gómez Albarello (folio 91, cuaderno 1).
4.7. Resolución
número 219 de 2013 “Por la cual se ordena registrar en cuentas de cartera
obligaciones del Fondo Colciencias Bid- Icetex” (folio 95, cuaderno 1).
5.
Decisiones judiciales objeto de revisión
5.1.
Primera instancia
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante
providencia del 11 de septiembre de 2015, determinó que las entidades
accionadas no habían vulnerado el derecho al debido proceso del accionante por
cuanto “al haber este renunciado de manera voluntaria al beneficio de la beca
– crédito es imposible, mediante una acción de tutela buscar la condonación de
una deuda adquirida, ya que, no se prueba en el expediente que en verdad el
demandante haya tenido problemas de seguridad que lo obligaran a no regresar al
país en los términos pactados y aceptados en la beca”.
En esa medida afirmó la providencia en comento que: “al
no encontrar la Sala elementos para entrar a estudiar la condonación de la
deuda que tienen el demandante ni para suspender el cobro jurídico, las pretensiones
de la demanda se negaran, partiendo de que se probó que el demandante incumplió
con la obligación pactada lo que generó el cobro del dinero que Colciencias le
otorgó para sus estudios en el exterior, y que con ello no se le vulneró ningún
derecho constitucional”.
5.2.
Impugnación
El
apoderado del señor Juan Gabriel Gómez Albarello impugnó la decisión
manifestando que Colciencias al nunca haberle garantizado el derecho de defensa
y contradicción, y en consecuencia aplicar un criterio de responsabilidad
objetiva, vulneró sus derechos. Considera que las entidades accionadas se limitaron
simplemente a subsumir en el caso concreto los términos de la beca-crédito,
sin estudiar sus circunstancias particulares, que permitieran establecer si se
desarrollaron las finalidades constitucionales relativas a la ciencia y la
tecnología, para así determinar elementos como la culpabilidad, la
intencionalidad y la imputabilidad.
5.3.
Segunda instancia
La Sección Segunda
del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante
providencia del 11 de noviembre de 2015, confirmó parcialmente la decisión del
a-quo alegando la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales por
parte de las entidades accionadas. La providencia en cuestión afirmó que “el
señor Gómez Albarello decidió desistir del beneficio y en consecuencia asumir
el pago de sus estudios aduciendo su preocupación por la situación de violencia
que atravesaba el país”.  En igual medida afirmó: “que no se encuentra
demostrado que el señor Juan Gabriel Gómez Albarello padeciera problemas
de seguridad que le imposibilitaran regresar al país y los comunicara a
Colciencias”.
La
sentencia consideró que en el asunto sub examine no eran aplicables los
precedentes contenidos en las sentencias T-677 de 2004 y T-715 de 2014 por
cuanto “en esas oportunidades los beneficiarios solicitaron a Colciencias
analizar su caso debido a que existían causas ajenas que les impedían regresar
al país en el término previsto, a pesar de lo cual la entidad de manera
objetiva y sin analizar la situación procedió a exigir el pago de los dineros
desembolsados por concepto de estudio, circunstancia que no ocurre en el
presente asunto, puesto que el señor Gómez Albarello voluntariamente renunció
al beneficio otorgado por la beca”.
6.
Actuaciones de la Corte Constitucional
La Sala
Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del 29
de abril de 2016:
6.1.
Vinculó al trámite a las autoridades encargadas de garantizar la protección de
los derechos del accionante. Puntualmente la Sala consideró necesario notificar de la presente acción a Fulbright Colombia, al Instituto
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de Colombia (IEPRI-UN) y al Ministerio de Educación Nacional.
6.2 En igual medida solicitó al señor Juan Gabriel Gómez Albarello que allegara a esta Corporación copia de los elementos que permitieran
probar las alegaciones relativas a su condición de seguridad para la época
referida en los hechos de la tutela.
Vencido el
término probatorio, la Secretaria General de la Corte Constitucional allegó a
la Sala las siguientes piezas procesales:
1. En respuesta al auto de fecha 29 de abril de 2016, la apoderada de la Comisión para el Intercambio Educativo entre
los Estados Unidos de América y Colombia – Fulbright Colombia envió un texto en
el cual solicitó que se negara la protección de los derechos invocados en el
trámite tutelar. En este sentido manifestó que:
El 15 de enero de 1996 Fulbright Colombia y Colciencias
suscribieron un convenio especial de cooperación con el objeto de financiar
conjuntamente programas orientados a la realización de estudios formales de
postgrado en los Estados Unidos, comprometiéndose Fulbright Colombia a la
cancelación de matrícula en las universidades de los Estados Unidos y el seguro
médico de los beneficiarios de cada programa y Colciencias al costo de
sostenimiento de los beneficiarios, los gastos de transporte internacional y el
curso de inglés a título de beca crédito condonable.
Asevera que la financiación a cargo de Fulbright Colombia, es
decir, los costos de matrículas y el seguro médico, se otorgó como beca y no
hizo parte del contrato de crédito educativo suscrito entre Juan Gabriel Gómez
Albarrello y Colciencias.
Pone de presente que tanto los términos del crédito con Colciencias,
como las disposiciones del programa Fulbright eran conocidas y fueron aceptadas
expresa y voluntariamente por el señor Juan Gabriel Gómez Albarello. Así las
cosas,  dado que en agosto de 2001 el actor aún no había legalizado su contrato
de crédito educativo con Colciencias, dicho departamento envió una comunicación
solicitando surtir las acciones migratorias correspondientes.
Afirma que en un correo electrónico de fecha 28 de enero de 2002
el señor Juan Gabriel Gómez Albarrello le comunicó a Colciencias su decisión de
renunciar a la beca-crédito dada su intención de no regresar al país,
argumentando el estado de confrontación armada en Colombia y el temor por su
vida. Aun en ese entonces persistía el incumplimiento de legalización del
contrato con Colciencias.
Pone de presente que Fulbright Colombia siempre fue y ha sido
clara en las condiciones y requisitos previos de sus convocatorias para acceder
a sus becas y programas, no solo frente al señor Juan Gabriel Gómez Albarello,
sino frente a todos los interesados y por lo tanto la petición de cumplimiento
de los contratos y condiciones en los acuerdos celebrados no puede confundirse
con la vulneración a los derechos fundamentales de los becarios. En igual
medida manifestó: “Juan Gabriel Gómez Albarello conoció antes de aceptar la
financiación de Colciencias, todas las condiciones que debía cumplir para
acceder a la condonación del crédito educativo y aceptó sin reserva alguna las
condiciones de la convocatoria, por lo que posteriormente no puede
desconocerlas so pretexto de especiales condiciones de seguridad”.
2. El director del Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI-UN) allegó a esta Corporación un escrito en el cual ilustró las
condiciones de seguridad que se vivieron en la época referida por el
accionante. Sobre el particular manifestó: “fui testigo del complejo clima
por el que atravesaba el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales y sus investigadores a finales de los 90 y comienzos de la década
del 2000 (…) quiero decir en calidad de director del IEPRI y en calidad de
testigo que todos los hechos relacionados por el profesor Juan Gabriel Gómez
sobre amenazas y atentados a docentes del IEPRI y de la Universidad Nacional
(como el atentado contra la vida de nuestro colega del IEPRI Eduardo Pizarro y
el asesinato dentro del campus del profesor Jesus Antonio Bejarano), son hechos
ciertos y comprobables.”
En igual medida, adujó que “la situación de seguridad de los
profesores del IEPRI llegó a ser tan grave que se colocaron ventanas de
seguridad con vidrios blindados en la sala principal de reuniones de los
profesores del IEPRI, así como una puerta de entrada al instituto, también con
vidrios blindados, y unas cámaras de seguridad para monitorear el ingreso de
personas al IEPRI. Los vidrios blindados en las ventanas del costado norte del
instituto, así como en la puerta principal de acceso al IEPRI, se mantienen
hasta nuestros días como memoria de la situación de riesgo de aquellos años”.
Finalizó su intervención aseverando lo siguiente: “a su regreso
a Colombia, al abrirse una convocatoria en el IEPRI el profesor Juan Gabriel
Gómez se presentó a ella y resultó ganador del concurso de méritos. Desde
entonces se ha desempeñado satisfactoriamente en las tres funciones misionales
de los profesores del IEPRI: en la investigación, la docencia, y la extensión,
ha publicado artículos científicos, ha adelantado traducciones del inglés y ha
escrito regularmente para publicaciones periodísticas y para un blog,
participando de manera activa en el debate público sobre distintos temas de la
actualidad nacional e internacional. Su formación doctoral en los Estados Unidos
y la experiencia de vida allí adquirida, ha sido sin duda un insumo clave para
su práctica investigativa, docente y de extensión, llevada a cabo como
docente-investigador del IEPRI y para su participación activa como columnista
en la esfera pública”.
3. El Ministerio de Educación Nacional mediante escrito de fecha 10
de mayo de 2016, manifestó las razones por las cuales debía decretarse la falta
de legitimación en la causa por pasiva respecto del ente ministerial. Sobre el
particular manifestó: “no se encuentra probado en el expediente que por
parte del ICETEX exista una vulneración al debido proceso”
Subsidiariamente el ente ministerial solicitó que se negara la
protección a los derechos fundamentales del accionante. Según la referida entidad
“el mecanismo tutelar no puede utilizarse como instrumento para intentar
soslayar el cumplimiento de los requisitos de los programas y sustraerse de los
compromisos adquiridos con las entidades estatales que han hecho grandes
esfuerzos para financiar este tipo de oportunidades académicas.”
4. El señor Juan Gabriel Gómez Albarrello allegó a esta
Corporación una serie de artículos periodísticos y declaraciones extrajuicio en
las cuales se relacionan una serie de atentados y hechos de violencia que
sacudieron a varios familiares, colegas y compañeros de trabajo mientras
adelantaba sus estudios de doctorado en el exterior.
II. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia.
Esta Sala
es competente para examinar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los
artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2. Presentación
del caso y planteamiento de los problemas jurídicos.
2.1.
Conforme a los antecedentes expuestos en el presente asunto, el señor Juan
Gabriel Gómez Albarello interpone la presente acción de tutela exponiendo
varias problemáticas que en su sentir, afectan su derecho fundamental al debido
proceso.
La primera
está relacionada con la actuación adelantada por el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco de la beca-crédito Fulbright -
Colciencias, la cual, a consideración del accionante, no tuvo en cuenta las
particularidades de su caso al momento de determinar si existió o no
incumplimiento en el marco de la financiación de sus estudios de doctorado en Washington
University un St Louis.
En cuanto a
la segunda, advierte el actor que el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios
Técnicos en el Exterior (Icetex) al adelantar el cobro jurídico de los dineros
adeudados en el marco del contrato de crédito educativo número 001 de 2003
suscrito entre Colciencias y Juan Gabriel Gómez Albarello, vulneró su derecho
al debido proceso ya que no tuvo en cuenta la fuerza mayor que le impedía
regresar al país.
Teniendo en
cuenta lo anterior, solicita que por medio del presente trámite de tutela se
ordene: (i) a Colciencias, adelantar el estudio y decisión de su
situación jurídica con ocasión de la beca crédito suscrita, sin que se aplique
una responsabilidad objetiva, incorporando en su análisis todos los elementos
subjetivos de la conducta del peticionario (intencionalidad, culpabilidad,
imputabilidad) conforme a los presupuestos constitucionales aplicables a su
caso, tal como lo dejó consignado la Corte Constitucional en las sentencias T-
677 de 2004 y T-715 de 2014 y (ii) que se ordene al Icetex, la
suspensión del cobro jurídico que se adelanta.
Por su parte, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Colciencias) considera que: (i) el beneficiario finalizó su
relación con dicha entidad al haber voluntariamente remitido una comunicación
en la que informaba su decisión de renunciar al apoyo y en consecuencia no
puede años después anular esa manifestación de voluntad alegando razones de
orden público, y (ii) que aún después de su regreso al país no puede
considerarse que el señor Juan Gabriel Gómez Albarello haya adelantado con
aquiescencia de Colciencias actividades investigativas, ya que aunque en
algunas oportunidades ha sido calificador de propuestas académicas, estas son
completamente independientes al cumplimiento de los compromisos asumidos por
los beneficiarios de los créditos educativos condonables.
Por su parte el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el
Exterior (Icetex) aclaró que sus actuaciones en el asunto sub examine no pueden
catalogarse como irregulares por cuanto: (i) nunca intervino en la
calificación, aprobación o condonación de la beca crédito, ya que su papel en
el litigió se resume simplemente a cobrar los montos adeudados en el marco de
un convenio interadministrativo con Colciencias y (ii) asevera que el
accionante según sus reportes debe $164,402,929.01 y no $400.000.000 como
erradamente afirma el señor Juan Gabriel Gómez Albarello.
Analizados los presupuestos fácticos de la presente tutela, se observa
que es necesario que esta Corporación establezca ¿Cómo debe resolverse
la tensión originada entre el deber de fomentar la ciencia y
tecnología por intermedio de acuerdos de acceso a la educación superior,
con la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones pactadas con Colciencias
y la Comisión Fulbright Colombia en calidad de entidades patrocinadoras?
Igualmente, es imperioso determinar de conformidad con los principios
constitucionales que rigen el debido proceso, si existió una causal
valida que justifique que el señor Juan Gabriel Gómez Albarello no haya
regresado al país en la fecha inicialmente pactada.
Para dar respuesta a lo anterior, la Corte analizará los siguientes
ejes temáticos: (i) procedencia excepcional de la
tutela para resolver controversias de tipo contractual; (ii)
el rol de Colciencias en el fomento de la educación, ciencia y la
tecnología; (iii) la relatividad de la voluntad
cuando se está en un contexto de amenaza y violencia; (iv) el
debido proceso en el marco de actuaciones administrativas; (v) y
por último se abordará el caso concreto.
3. Procedencia excepcional de la tutela para
resolver controversias de tipo contractual
En numerosas oportunidades esta Corporación ha tenido la oportunidad de
establecer la improcedencia de la acción de tutela para debatir asuntos de
naturaleza contractual, tal postura puede remontarse a la sentencia T-594 de
1992 en la cual se afirmó:
“Como ha venido reiterándolo esta Corte, es menester ubicar la
acción de tutela dentro del contexto y alcance que le corresponde, a fin de
evitar la desfiguración de su naturaleza y la distorsión de sus fines. El
Constituyente de 1991 concibió este instrumento como una forma de brindar
eficiente protección judicial a los derechos fundamentales frente a amenazas o
violaciones concretas provenientes de acción u omisión no susceptibles de ser
contrarrestadas con eficacia mediante el uso de otro procedimiento que se pueda
intentar ante los jueces
(…)
Así las cosas, las diferencias surgidas entre las partes por causa
o con ocasión de un contrato no constituyen materia que pueda someterse al
estudio y decisión del juez por la vía de la tutela ya que, por definición,
ella está excluida en tales casos toda vez que quien se considere perjudicado o
amenazado en sus derechos goza de otro medio judicial para su defensa: el
aplicable al contrato respectivo según su naturaleza y de conformidad con las
reglas de competencia estatuidas en la ley”.
Del mismo modo la Corte Constitucional en sentencia T-507 de
2011 sostuvo que:
“El hecho de que la Constitución permee las normas inferiores del
ordenamiento jurídico, entre ellas los contratos, a través de la dimensión
objetiva de los derechos fundamentales, no implica que dentro de todo contrato
esté inmersa una discusión de rango iusfundamental que deba ser conocida por el
juez de tutela. Para el conocimiento de controversias de tipo contractual se
debe acudir al juez ordinario quien, por supuesto, debe iluminar su labor en la
materia en la cual es especializado con la norma constitucional (…) Considera la Corte que acudir a la tutela para solucionar
controversias ajenas a los derechos fundamentales configura una tergiversación
de la naturaleza de la acción que puede llegar a deslegitimarla para perjuicio
de aquellas personas que verdaderamente necesitan de protección a través de
este mecanismo”[2].
No obstante, tales precedentes se refieren exclusivamente a las
controversias contractuales que carecen de inmediata relevancia iusfundamental,
es decir, de aquellas en las cuales no están implicadas de por medio garantías
constitucionales.
Por el contrario, cuando en el marco de un disputa de carácter
contractual están en juego derechos reconocidos en la Carta del 91, no se puede
excluir prima facie la procedencia de la acción de tutela, ya que en este
caso corresponderá al juez apreciar la naturaleza de la amenaza o vulneración y
decidir si existen o no mecanismos ordinarios de defensa judicial que tengan la
misma eficacia de la acción de amparo.  Así por ejemplo, en la sentencia T-189
de 1993 sostuvo:
“En principio, el reconocimiento de derechos cuya fuente primaria no
provenga de su reconocimiento constitucional sino de la ley o del contrato, es
materia de la justicia ordinaria y no de la jurisdicción constitucional.
Excepcionalmente, el no reconocimiento oportuno de un derecho de rango legal
puede vulnerar o amenazar un derecho fundamental, lo cual habilita al afectado
para solicitar su protección inmediata, así sea transitoriamente.
El criterio diferenciador para saber cuándo un derecho legal es
tutelable remite a la estructura misma del derecho y a la existencia de
conexidad directa e inmediata entre su no reconocimiento y la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental. En cuanto a su estructura, existen derechos
consagrados en la ley que son desarrollo de derechos constitucionales y cuyo no
reconocimiento oportuno puede implicar la vulneración de estos últimos. Además,
no basta aseverar el desconocimiento de un derecho legal para concluir la
procedencia de la acción de tutela. En suma, es necesario que se demuestre una
conexidad directa e inmediata entre el no reconocimiento del derecho legal y la
consiguiente vulneración de derechos fundamentales”.
En esta
igual línea de pensamiento pueden consultarse las sentencias T-125 de 1994 y
T-351 de 1997, en las cuales este tribunal manifestó la excepcional procedencia
de la acción de tutela en el marco de contratos o negocios jurídicos en los
siguientes términos:
“No puede el juez de tutela desechar el estudio de una controversia
contractual con el mero pretexto que en este tipo de disputas no están
envueltos derechos de rango fundamental, por el contrario, debe analizar si en
ellas existe una discusión de esta naturaleza para lo cual es relevante no sólo
elementos de carácter objetivo tales como la naturaleza de los derechos en
juego, sino también circunstancias subjetivas de las partes que solicitan el
amparo constitucional, pues existen precedentes en los cuales se ha concedido
la tutela respecto de asuntos en apariencia de índole estrictamente contractual, controvertibles ante la jurisdicción
ordinaria, debido a las circunstancias de debilidad
manifiesta en que se encontraban los accionantes”.
Esta postura interpretativa se apoya en el denominado “efecto de
irradiación” y en la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, de
conformidad con la cual el ordenamiento jurídico no está conformado por
compartimentos estancos, algunos de los cuales escapan del influjo de las
garantías y libertades constitucionales, ya que éstas se difunden en todos los
ámbitos del derecho, inclusive en espacios inicialmente considerados como
reservados del derecho privado, como lo son las relaciones contractuales. No se
trata, entonces, que todo el derecho existente se disuelva en el derecho
constitucional, que de esta suerte se convertiría en una especie de todo
omnicomprensivo, sino que permite a los distintos ámbitos del derecho conservar
su independencia y sus características propias, pero los derechos fundamentales
actúan como un principio de interpretación de sus preceptos y por tanto se
impone en ellos acuñándolos e influyéndolos, de esta manera estos ámbitos del
derecho quedan iusfundamentalmente conformados[3].
Así, en la sentencia T-202 de 2000 sostuvo la Corte Constitucional lo
siguiente:
“Esta Corporación reitera nuevamente en esta oportunidad, que
conforme a su jurisprudencia, la Carta Política tiene una capacidad de
irradiación sobre la interpretación de las leyes y de los contratos celebrados
por los particulares, pues la educación y los derechos fundamentales de los
ciudadanos constituye un marco valorativo que impregna y condiciona todos los
actos jurídicos celebrados por los coasociados. En consecuencia, la
celebración, interpretación, ejecución y terminación de los contratos no puede
conducir a una arbitrariedad por parte de uno de los signatarios del negocio
jurídico, máxime cuando con el incumplimiento del mismo se afecta un derecho
fundamental como ocurre en este evento con la educación de uno de los
contratantes”
En el mismo orden de ideas, esta Corporación ha manifestado que en
excepcionales casos es procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo
respecto de relaciones contractuales, cuando el afectado se encuentra en
situación de indefensión, o cuando el accionante carece en la relación negocial
de medios de defensa, “entendidos éstos como  una asimetría de poderes tal” que
“no está en condiciones materiales de evitar que sus derechos sucumban ante el
poder del más fuerte”.[4]
En este sentido, la sentencia T-634 de 2013, afirmó: “el estado
de indefensión se manifiesta cuando la persona afectada en sus derechos por la
acción u omisión del particular carece de medios físicos o jurídicos de
defensa, o los medios y elementos con que cuenta resultan insuficientes para
resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental, razón
por la cual se encuentra inerme o desamparada. En cada caso concreto, el juez
de tutela debe apreciar los hechos y circunstancias con el fin de determinar si
se está frente a una situación de indefensión, para establecer si procede la
acción de tutela contra particulares.”
Ahora bien, específicamente sobre la procedencia de la acción para
analizar la legalidad de las determinaciones adoptadas por el presunto
incumplimiento contractual originado en el marco de un contrato de comisión
de estudio, la sentencia T-715 de 2014 determinó la procedencia excepcional de
la tutela, debido a la falta de idoneidad de los mecanismos de defensa
existentes y al tipo de controversia que subyace en el fondo en dichos
contratos. Sobre el particular específicamente manifestó:
“Los otros mecanismos a los que eventualmente pueda
acceder no son idóneos para lograr de manera oportuna y eficaz la protección de
los derechos fundamentales.  Por estas razones, la acción de tutela se torna en
el medio eficaz para solicitar la protección de los derechos fundamentales de
la peticionaria y su núcleo familiar, pues si bien es cierto la peticionaria
podría acudir a un proceso ordinario, no parece un mecanismo idóneo dado el
paso del tiempo y el tipo de controversia”.
Conforme a lo anteriormente expuesto es claro que la jurisprudencia ha
definido el alcance de la intervención del juez constitucional en los negocios
jurídicos privados para examinar la eventual vulneración de los derechos
fundamentales. Ha concluido que la existencia de una relación contractual no
puede ser premisa suficiente para denegar el amparo, ya que en la suscripción o
la ejecución de un contrato se pueden consignar u originar cláusulas o tratos
inconstitucionales vulneradores de derechos fundamentales que requieran de un
mecanismo de protección reforzado como la tutela[5].
4. El rol de Colciencias en el desarrollo del mandato
constitucional de fomento de la  educación, ciencia y la tecnología.
4.1. La
educación es un derecho que implica un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Ésta garantía
se encuentra regulada en los artículos 67, 68 y 69 de la
Constitución Política, como un derecho de carácter fundamental y de servicio
público, que contiene una función social.
La
educación, es también necesaria para garantizar el mínimo vital, la igualdad de
oportunidades en el trabajo y la participación política, entre otros; por lo
tanto, debe estar encaminada al acceso a la cultura, a la formación en derechos
humanos, la paz y la democracia. Sobre este punto se dijo en la Sentencia T-787
de 2006 lo siguiente:
“La Corte ha indicado en distintos
pronunciamientos que la educación (i) es una herramienta necesaria para hacer
efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en tanto potencia la
igualdad de oportunidades[6];
(ii) es un instrumento que permite la proyección social del ser humano y la
realización de otros de sus demás derechos fundamentales[7]; (iii) es un elemento
dignificador de las personas[8];
(iv) es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico[9];
(v) es un instrumento para la construcción de equidad social[10], y (vi)
es una herramienta para el desarrollo de la comunidad, entre otras
características”.[11]
La
educación además de ser un derecho vinculado al desarrollo pleno de las
personas, incide decisivamente en las oportunidades y en la calidad de vida de
los individuos, las familias y las colectividades. El efecto de la educación en
la mejora de los niveles de ingreso, la salud de las personas, los cambios en
la estructura de la familia (en relación con la fecundidad y la participación
en la actividad económica de sus miembros, entre otros), la promoción de
valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y
responsable de las personas ha sido ampliamente demostrado[12], es decir que a pesar de
ser un derecho autónomo se interrelaciona con otras garantías constitucionales,
por cuanto cumple un papel instrumental, con respecto al derecho a la dignidad
humana, a la vida, al trabajo, a la cultura, entre otros[13].
El conocimiento
y la formación académica son los pilares esenciales para el desarrollo de
conocimientos científicos, sociales, culturales, geográficos y tecnológicos,
entre otros, los cuales buscan la consecución de niveles óptimos de desarrollo
personal de los individuos, para que éstos a la vez puedan aportar a la
sociedad el respeto y protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Por tanto, el derecho a la educación es el eje fundamental para
el desarrollo de la sociedad, y es obligación del Estado invertir en educación
y ciencia, formando de esta manera personas en ello[14].
Este
tribunal en diversas oportunidades ha expresado que para avanzar en la
construcción de un país en el cual la ciencia y la tecnología contribuyan en la
superación de las precarias condiciones económicas de nuestro entorno, es
indispensable que se fomente la construcción de conocimiento por medio de la
transformación y consolidación de sus principales instituciones educativas. En este este sentido la sentencia T-677 de 2004 afirmó:
“Dentro del
marco del fomento a la ciencia y la tecnología, el conocimiento funge no sólo
como principio organizador de la estructura social sino como instrumento para
interpretar y comprender la realidad, y en esta medida se consolida como un
factor dinamizador del cambio social en la carrera por lograr modelos de
desarrollo basados en procesos de inclusión social, toda vez que el producto de
la ciencia y la tecnología puede ser utilizado como herramienta de desarrollo
que permita la participación de todos los sectores sociales en la construcción
del orden social, y en esta medida puede posibilitar la realización del
principio de la igualdad material, ya que la igualdad de posibilidades
educativas y de acceso al conocimiento, potencia y materializa en gran medida
la igualdad de oportunidades en la vida para efectos de la realización como
personas”.
Ahora bien,
conforme lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación el derecho a la
educación no solo goza de protección constitucional en su modalidad, primaria,
básica y secundaria. Por el contrario la educación universitaria debido a su
interdependencia con otros derechos como la proyección social del ser humano,
la dignidad y la equidad salarial posee una especial importancia en la Carta
del 91. En este sentido la sentencia C-006 de 1996 afirmó lo siguiente:
“La
consagración de Colombia como un Estado Social de Derecho, implica la
consolidación de una estructura político-administrativa al servicio de la
sociedad, en la cual priman los propósitos de justicia y equidad, los cuales se
desarrollarán sobre el presupuesto del respeto a la diversidad y a la
diferencia de los individuos que la conforman; en dicho esquema, el
conocimiento, la cultura y el acceso a los desarrollos de la ciencia y la
tecnología, se constituyen progresivamente en bienes cada vez más necesarios
para el desarrollo integral de los individuos y por ende de la sociedad; ello,
a su vez, le otorga a la educación la condición de derecho fundamental de las
personas, y a los establecimientos que la brindan, el carácter de oferentes de
un servicio público, por cuya calidad y pertinencia debe velar el Estado.
En este
contexto, las universidades, son entendidas como centros de producción y
adecuación del conocimiento, cuyo quehacer se traduce fundamentalmente en las
labores de docencia, investigación y extensión, entendida esta última como la
función dirigida a articularlas con la sociedad de la cual hacen parte.[15]”
En igual medida esta Corporación en sentencia T-215 de
2016 resaltó la importancia de la educación universitaria tanto en la fase de
pregrado como en la de posgrado, en los siguientes términos:
“Es claro que a medida que más colombianos se preparen
académica y profesionalmente en instituciones universitarias de alta calidad se
garantiza la construcción de una sociedad más pluralista y justa, ya que una Nación
en el cual existe una mano de obra altamente calificada y capacitada para
innovar en el campo de la industria, la ciencia y la tecnología, puede ser un
verdadero motor de innovación y empleo para nuestro país tal y como lo reconoce
el artículo 71 de la Carta de 1991”.
Así las cosas, es claro que cuando una persona accede
a estudios universitarios bien sea en su modalidad básica, media o superior y
posteriormente a especializaciones, maestrías o doctorados, se fomenta el deber
constitucional de propender por la ciencia y la tecnología reconocido en el
artículo 71 superior.
4.2. El artículo 71 de la Constitución establece el
deber en cabeza de las autoridades estatales de fomentar la ciencia y la
tecnología en los siguientes términos: “El Estado creará incentivos para
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología
y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades”. En desarrollo de
esta disposición, el legislador expidió la ley 29 de 1990[16].
Esta ley en sus artículos 1º y 2º dispuso lo siguiente:
“Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y
tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la
tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y
a formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el
largo plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos de relación entre sus
actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos
campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado
colombianos.
La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear condiciones
favorables para la generación de conocimiento científico y tecnología
nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a
orientar la importación selectiva de tecnología aplicable a la producción
nacional; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y
al desarrollo tecnológico; a organizar un sistema nacional de información
científica y tecnológica; a consolidar el sistema institucional respectivo y,
en general, a dar incentivos a la creatividad, aprovechando sus producciones en
el mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo”
Para cumplir este objeto la referida ley creó,  el Fondo Colombiano de Investigaciones
Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas",
Colciencias.
Conforme lo estableció el artículo 19 del
Decreto 585 de 1991, además de las
funciones contempladas en la Ley 29 de 1990, Colciencias debería entre otras:
(i) Asesorar al Gobierno Nacional en todos los
aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología.
(ii) Proponer al Consejo Nacional de
Política Económica y Social, Conpes, las entidades descentralizadas que deberán
destinar recursos y su cuantía, para actividades de investigación y desarrollo
tecnológico, y celebrar con ellas los contratos interadministrativos de que
trata el artículo 4° de la Ley 29 de 1990.
(iii) Evaluar previamente los
proyectos de investigación y las necesidades de importación de bienes y equipos
para actividades científicas y tecnológicas que adelanten las universidades
estatales, con el fin de que el Ministerio de Hacienda incluya en el proyecto
de ley anual de presupuesto, las sumas necesarias para financiar el pago de los
respectivos impuestos de importación y de ventas.
(iv) Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias para la
incorporación de la ciencia y la tecnología en la cultura colombiana.
(v) Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias
permanentes de: consolidación de las comunidades científicas y tecnológicas;
comunicación entre científicos y personas involucradas en investigación y
desarrollo; fomento y auspicio del intercambio nacional e internacional de
investigaciones, investigadores y recursos de investigación; regionalización de
las actividades científicas y tecnológicas, y establecimiento de redes de
cooperación entre grupos de investigación.
(vi) Coordinar con el sector educativo estrategias
para impulsar la incorporación de la ciencia en todas las ramas y niveles de la
educación; promover la formación y capacitación de investigadores de alto
nivel, y contribuir en la financiación de los programas doctorales prioritarios
para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
(vii) Promover y realizar estudios prospectivos y
teóricos sobre la ciencia y la tecnología y su papel en la sociedad, como base
para el diseño de políticas, planes y estrategias.
(viii) Promover y participar en actividades de
cooperación internacional relacionadas con ciencia y tecnología.
Posteriormente la Ley 1286 de 2009 “Por la cual se modifica la Ley 29  de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”, derogó las anteriores funciones y en su artículo 7º dispuso
entre otras las siguientes actividades que Colciencias debía gestionar:
“1. Formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo plazo
del Estado en ciencia, tecnología e innovación, para la formación de
capacidades humanas y de infraestructura, la inserción y cooperación
internacional y la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la
innovación para consolidar una sociedad basada en el conocimiento, la
innovación y la competitividad.
2. Adoptar, de acuerdo con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo,
políticas nacionales para el desarrollo científico y tecnológico y para la
innovación que se conviertan en ejes fundamentales del desarrollo nacional.
3. Diseñar y presentar ante las instancias del Gobierno Nacional los
planes y programas del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación - Colciencias- y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
4. Generar estrategias de apropiación social de la ciencia, la
tecnología y la innovación para la consolidación de la nueva sociedad y
economía basadas en el conocimiento.
5. Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en
el país, de acuerdo con los planes de desarrollo y las orientaciones trazadas
por el Gobierno Nacional.
6. Propiciar las condiciones necesarias para que los desarrollos
científicos, tecnológicos e innovadores, se relacionen con los sectores social
y productivo, y favorezcan la productividad, la competitividad, el
emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los
ciudadanos.
7. Velar por la consolidación, fortalecimiento y articulación del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- con las entidades
y actores del sistema, en estrecha coordinación con el Sistema Nacional de
Competividad.
8. Promover la formación del recurso humano para desarrollar las
labores de ciencia, tecnología e innovación, en especial en maestrías y
doctorados, en aquellos sectores estratégicos para la transformación y el
desarrollo social, medio ambiental y económico del país, en cumplimiento del
ordenamiento constitucional vigente.
9. Fomentar la creación y el fortalecimiento de instancias e
instrumentos financieros y administrativos de gestión para la Ciencia,
Tecnología e Innovación.
10. Diseñar e implementar estrategias y herramientas para el
seguimiento, evaluación y retroalimentación sobre el impacto social y económico
del Plan Nacional de Desarrollo.
11. Promover la inversión a corto, mediano y largo plazo, para la
investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la innovación.
12. Promover, articular y proyectar los esquemas organizacionales del
conocimiento, regionales, departamentales y municipales de ciencia, tecnología
e innovación, para potenciar su propio desarrollo y armonizar la generación de
políticas.
13. Promover, articular e incorporar la cooperación
interinstitucional, interregional e internacional con los actores, políticas,
planes, programas, proyectos y actividades estratégicos para la consecución de
los objetivos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
14. Coordinar la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación con las políticas nacionales, regionales y sectoriales del Estado,
en financiamiento, educación, cultura, desarrollo económico, competividad,
emprendimiento, medio ambiente, seguridad social, salud, agricultura, minas y
energía, infraestructura, defensa nacional, ordenamiento territorial,
información, comunicaciones, política exterior y cooperación internacional y
las demás que sean pertinentes.
15. Definir y orientar líneas temáticas prioritarias y operativas del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-, para lo cual
podrá modificar, suprimir o fusionar los Programas Nacionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación; crear nuevas estructuras sobre las diferentes áreas
del conocimiento; definir su nombre, composición y funciones; dictar las reglas
para su organización y diseñar las pautas para su incorporación en los planes
de las entidades vinculadas con su ejecución.
16. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto
público en ciencia, tecnología e innovación, los cuales incluirán áreas
estratégicas y programas específicos y prioritarios a los que se les deberá
otorgar especial atención y apoyo presupuestal.
17. Diseñar, articular y estimular políticas e instrumentos para la
inversión privada, doméstica o internacional, en ciencia, tecnología e
innovación.
18. Concertar, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación,
DNP, en coordinación con las demás entidades nacionales que ejecutan política
de ciencia, tecnología e innovación; los recursos y la destinación de los
mismos en el trámite de programación presupuestal tomando como base el Plan
Nacional de Desarrollo y la política de ciencia, tecnología e innovación
adoptada por el CONPES.
19. Otorgar y apoyar los estímulos a instituciones y personas por sus
aportes a la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de distinciones y
reconocimientos.
20. Proponer la creación de estímulos e incentivos sociales y
económicos para aumentar en forma significativa la inversión en ciencia,
tecnología e innovación.
21. Articular y aprovechar las políticas y programas nacionales de
ciencia, tecnología e innovación, con aquellas que existen a nivel internacional.
22. Crear las condiciones para desarrollar y aprovechar el talento
nacional, en el país y en el exterior en el campo de ciencia, tecnología e
innovación”.
Conforme se
expresó anteriormente la misión institucional de Colciencias busca entre otras,
fomentar la creación de condiciones que permitan a los sectores científico,
tecnológico y de innovación del país, insertarse en la dinámica de la
cooperación internacional y fortalecer la misión de la comunidad científica
colombiana en la internacionalización mundial de su labor investigativa,
innovativa y tecnológica.
El mandato
constitucional del fomento a la ciencia y la tecnología ha sido desarrollado de
manera especial y específica por las Leyes 29 de 1990 y 1286 de 2009 mediante
las cuales se determinó la estructura, funciones y mecanismos de fomento
de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Estas disposiciones
establecieron en cabeza de Colciencias la misión de
servir al desarrollo nacional de la ciencia, la tecnología y la innovación,
liderando la creación e implementación de formas para organizar la generación y
uso del conocimiento. Entre las formas de fomentar el conocimiento académico y
científico se destaca por su importancia la posibilidad de acceder a posgrados
en el exterior.
En este
sentido la Corte en sentencia T-715 de 2014 manifestó lo siguiente:
“La
educación a nivel doctoral y de maestrías le exige al país contar con una
fuerte planta de profesionales capacitados en estos niveles, ya que en la
actualidad no cuenta con los suficientes investigadores calificados razón por
la cual, el Gobierno a través de instituciones como Colciencias ha enfatizado
en formar investigadores en programas doctorales y de maestría a nivel
internacional e investigadores en programas doctorales a nivel nacional.
Lo
que se busca con la internacionalización de la educación es crear lazos entre
países  y fomentar la investigación y la cultura, para formar profesionales
preparados para afrontar los cambios que el mundo moderno propone. Lo anterior,
con el objetivo de fomentar en los ciudadanos el interés por el aprendizaje y
la importancia de los estudios para mejorar la calidad de vida de cada
individuo, pues con mayor preparación el campo de acceso laboral también se
incrementa”.
En igual línea de pensamiento, el documento CONPES
3835 de 2015 exaltó la importancia de Colciencias en la financiación de
estudios superiores tanto al interior del país como en el exterior, en los
siguientes términos: “El Gobierno nacional ha promovido el
otorgamiento de becas y créditos condonables para la formación de jóvenes
profesionales a nivel de maestría y doctorado, tanto en Colombia como en el
exterior. La institución que ha promocionado más activamente estas iniciativas
ha sido el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias), quien en el marco de esta política, ha establecido alianzas con
instituciones públicas y privadas para implementar la estrategia de formación
de capital humano de alto nivel”.
Así las cosas, conforme a lo anteriormente expuesto
puede afirmarse que Colciencias tiene un importante papel en el
desarrollo del mandato constitucional de fomento de la  educación, ciencia y la
tecnología, y en razón a ello, todas las actuaciones que adelante para cumplir
con su objetivo misional deben ser compatibles a las garantías constitucionales
que propenden por el desarrollo del conocimiento científico y social conforme
al artículo 71 constitucional.
5. La relatividad de la voluntad cuando se está en un contexto de amenaza
y violencia
5.1. El artículo 1.602 del Código
Civil de 1873 establece que: “Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para
los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o
por causas legales”. La anterior disposición, desde el
punto de vista histórico y teleológico tiene una importante significación en el
derecho civil clásico y en el reconocimiento de la voluntad individual como eje
definitorio del sistema legal contemporáneo.
La autonomía privada y la voluntad del contratante es uno de los
aspectos más importantes a la hora de construir las relaciones comerciales y
civiles entre las personas. Conforme a la teoría general de las
obligaciones los contratos son desarrollo directo de la autonomía de las
partes, y en este sentido, el mismo respeto y protección constitucional que
surge al momento de emitir la manifestación  para contratar, tiene como
contraprestación, el deber por parte de las personas obligadas de cumplir de
buena fe con la palabra dada en los precisos y estrictos términos concernidos
en el contrato. En este sentido Rodrígo Lehman asevera que:
“Los
contratos nacen del consentimiento de las partes, que es reconocido como fuente
de las obligaciones por el ordenamiento jurídico a través del principio de la
autonomía de la voluntad. De esta forma, en la medida que el consentimiento sea
libre y espontáneo vincula a las partes, lo que se evidencia a través del
segundo principio fundamental de los contratos, que es el principio de la
fuerza obligatoria del contrato pacta sunt servanda.
Una vez que el contrato nace a la vida del Derecho da lugar a una obligación
que no puede ser alterada por la voluntad del deudor que le dio origen. En
otras palabras, las obligaciones del contrato son exigibles en la medida que
éste sea elaborado conforme al proceso de formación que exige el Derecho para
que nazca, es decir, que obedezcan a un proceso de negociación”[17].
En igual línea de pensamiento, la Corte Suprema de Justicia Sala
de Casación Civil sobre la potestad de solicitar coercitivamente las
obligaciones en las cuales recae un incumplimiento injustificado, ha
manifestado que:
“Tal es la
inteligencia genuina de la autonomía privada, o sea, la libertad y poder
atribuido por el ordenamiento al sujeto iuris para celebrar el contrato, cuyo
efecto cardinal, primario o existencial es su vinculatoriedad, atadura u
obligación legal de cumplirlo, sin que, en línea de principio, quienes lo
celebran puedan sustraerse unilateralmente (…) la fuerza normativa de todo
contrato consagrada en los artículos 1602 del Código Civil (artículo 1134, Code civil Français) y
871 del Código de Comercio (artículo 1372, Codice Civile it), genera para las
partes el deber legal de cumplimiento, ya espontáneo, ora forzado (artículos
1535, 1551, 1603, Código Civil), y la imposibilidad de aniquilarlo por
acto unilateral.
En efecto,
todo contrato existente y válido, obliga
a su cumplimiento de buena fe, en todo cuanto le pertenece por definición
(esentialia negotia), ley, uso, costumbre o equidad (naturalia negotia) o
expresamente pactado (accidentalia negotia), en la totalidad de la prestación,
forma y oportunidad debida, constituye un precepto contractual o norma
obligatoria (pacta sunt servanda, lex privatta, lex contractus, artículos 1501,
1602, 1603 y 1623, Código Civil; 871 Código de Comercio), y su observancia
vincula a los contratantes. (…) elementales
directrices lógicas, éticas o legales, la regularidad, normalidad,
estabilidad, seguridad, certidumbre del tráfico jurídico, la confianza
legítima, autoresponsabilidad, buena fe y libertad contractual, explican la
fuerza vinculante del contrato, y el repudio a su ruptura unilateral, en cuanto
como acuerdo dispositivo de intereses jurídicamente relevante obra de dos o más
partes, las obliga a cumplirlo”.
Respecto al
deber de garantizar el cumplimiento de los contratos celebrados, en igual
medida la doctrina ha manifestado que:
“La tutela
legal para el incumplimiento del contrato por parte del deudor se funda en la
certeza. En la medida que las partes tienen certeza de que si su contraparte no
cumple lo prometido, pueden recurrir a la tutela del Derecho, funcionando, de
esta forma, el mercado. En definitiva, a las partes del contrato le es
indiferente la conducta cooperativa de su contraparte, los efectos del contrato
son independientes de su fuero interno. Así, la voluntad de las partes adquiere
vida propia e independiente de los que le dieron origen, y los contratantes no
pueden excusarse de cumplir recurriendo a su sola voluntad, el contrato sólo
admite ser revisado con relación a las voluntades que le dieron origen, desde una
visión estática, que ahora se denomina consentimiento. Por ello, los requisitos
de existencia y validez del contrato miran al momento de su celebración, para
el ordenamiento jurídico, por una consideración de certeza, no es admisible que
el contrato esté continuamente sujeto a revisión”[18]
Ahora bien, el hecho de que los contratos se estructuren bajo el
postulado clásico del derecho civil “pacta sunt servanda”, no quiere
decir que la constitución de 1991 no haya relativizado en excepcionales casos la
manera como debe interpretarse la voluntad de un contratante. Es decir, los
acreedores deben entender al momento de ejecutar o iniciar los mecanismos
judiciales o administrativos contra los deudores, que deben tener en cuanta los límites impuestos por el interés público y por el respeto de
los derechos fundamentales, ya que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido circunstancias en las cuales la voluntad de una persona se ve
afectada por hechos externos e imprevisibles los cuales le impiden cumplir
adecuadamente sus obligaciones.
En este
orden de ideas, la Corte Constitucional en la sentencia T-312 de 2010, conoció
un asunto en el cual: (i) una persona adquirió un crédito con la entidad
Bancamía, (ii) en razón a la situación de seguridad tuvo que desplazarse
del municipio donde residía debido a amenazas de muerte en contra suya y de su
familia por parte de grupos paramilitares y (iii) la respectiva entidad
financiera estaba adelantado el cobro de las obligaciones. En dicha providencia
esta Corporación afirmó:
“Ciertamente, si además de buscar un sitio
para alojarse, una forma de llevar sustento a su familia, y una solución a su
problema laboral, el desplazado también debe llevar una carga financiera que le
es imposible solventar, resulta a todas luces que el desproporcionado esfuerzo
que se le exige desconoce la eficacia normativa del principio de solidaridad, y
redunda en el desconocimiento del mínimo vital de subsistencia del desplazado.
La manera en que la entidad accionada garantiza el goce efectivo de los
derechos del accionante a una vida digna y al mínimo vital, entendidos estos
con base en el principio de solidaridad, es el otorgamiento de un plazo justo
dentro del cual la situación económica del accionante se estabilice, pues
materialmente no tiene la misma capacidad de pago que no ha sido víctima del
desplazamiento”.
Teniendo en
cuenta lo anterior dicha sentencia en el caso concreto dispuso lo siguiente:
“La Sala
concederá al demandante la protección de sus derechos fundamentales a la vida
digna y al mínimo vital. En consecuencia, ante el incumplimiento de las
obligaciones a partir del momento en que el accionante fue víctima  del
desplazamiento, se ordenará a Bancamía que se abstenga de cobrar judicial o
extrajudicialmente los intereses moratorios del crédito financiero otorgado al
accionante a partir del momento y hasta la fecha de notificada la presente
sentencia. Sin  perjuicio de los intereses de plazo y de los intereses
moratorios causado con anterioridad a esa fecha. Con todo, la Corte reconoce el
derecho que le asiste a la entidad bancaria para reclamar el pago de los
intereses remuneratorios o de plazo causados a partir del momento del
desplazamiento sobre las cuotas que hayan dejado de pagarse a partir de dicha
fecha. No obstante, los intereses remuneratorios causados durante esta época
deberán calcularse con especial sujeción al principio constitucional de
solidaridad y a las condiciones de vulnerabilidad social y económica que padece
el actor como consecuencia del desplazamiento”.
Por su
parte la Sentencia T-246 de 2014, estudio un
caso en el cual un comerciante en la ciudad de Arauca: (i) había adquirió varios
productos financieros con el Banco de Bogotá, el Banco Popular de Arauca y el
Banco de Occidente de Villavicencio, (ii) incumplió las obligaciones
crediticias, (iii) en razón a que fue víctima de dos secuestros
extorsivos y (iv) estaba afrontando diversos procesos judiciales por el
incumplimiento de sus obligaciones. En dicha oportunidad la Corte manifestó:
“Cuando se verifica el incumplimiento del deber de solidaridad por
parte de un particular que preste un servicio público y con su acción u omisión
vulnere los derechos fundamentales de una persona que han sido ilegalmente
privada de la libertad o desaparecida forzosamente, y se encuentra en situación
de debilidad manifiesta, el juez constitucional puede exigir por medio de la
acción de tutela, el cumplimiento del principio de solidaridad, con el fin de
lograr el goce efectivo de los derechos fundamentales. Las consecuencias o
efectos de la aplicación de tal principio deberán precisarse en cada caso
atendiendo diferentes aspectos”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte
Constitucional ordenó en favor del accionado la reclasificación del riesgo
crediticio y la interrupción de los términos para exigir las obligaciones
bancarias entre el 29 de octubre de 2010 y el 29 de octubre de 2011.
5.2. Por su parte la ley 1448 de 2011[19] en
igual medida ha considerado que situaciones estructurales de violencia y
conflicto armado pueden llegar a viciar la voluntad de las personas que
ejecutaron determinados negocios jurídicos sobre bienes inmuebles. Así las
cosas, conforme lo establece el artículo 77 de la ley de víctimas y restitución
de tierras, en relación con los predios inscritos en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendrán en cuenta las siguientes
presunciones:
“1. Presunciones de derecho en relación con ciertos contratos.
Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume de
derecho que existe ausencia de consentimiento, o causa ilícita, en los negocios
y contratos de compraventa o cualquier otro mediante el cual se transfiera o se
prometa transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble
objeto de restitución, celebrados durante el periodo previsto en el artículo
75, entre la víctima de este, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los
familiares o mayores de edad con quienes conviva, sus causahabientes con las
personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación
de grupos armados que actúan por fuera de la ley cualquiera que sea su
denominación, o por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos
hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros. La ausencia
de consentimiento en los contratos y negocios mencionados en este numeral
genera la inexistencia del acto o negocio de que se trate y la nulidad absoluta
de todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o
una parte del bien.
2. Presunciones legales en relación con ciertos contratos.
Salvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de
restitución, se presume que en los siguientes negocios jurídicos hay ausencia
de consentimiento o de causa lícita, en los contratos de compraventa y demás
actos jurídicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un
derecho real, la posesión o la ocupación sobre inmuebles siempre y cuando no se
encuentre que la situación está prevista en el numeral anterior, en los
siguientes casos:
a. En cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia
generalizados, fenómenos de desplazamiento forzado colectivo, o violaciones
graves a los derechos humanos en la época en que ocurrieron las amenazas o
hechos de violencia que se alega causaron el despojo o abandono, o en aquellos
inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protección individuales y
colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997, excepto en aquellos casos
autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido
desplazado la víctima de despojo, su cónyuge, compañero o compañera permanente,
los familiares o mayores de edad con quienes convivía o sus causahabientes.
b. Sobre inmuebles colindantes de aquellos en los que, con
posterioridad o en forma concomitante a las amenazas, se cometieron los hechos
de violencia o el despojo se hubiera producido un fenómeno de concentración de
la propiedad de la tierra en una o más personas, directa o indirectamente;
sobre inmuebles vecinos de aquellos donde se hubieran producido alteraciones
significativas de los usos de la tierra como la sustitución de agricultura de
consumo y sostenimiento por monocultivos, ganadería extensiva o minería
industrial, con posterioridad a la época en que ocurrieron las amenazas, los
hechos de violencia o el despojo.
c. Con personas que hayan sido extraditadas por narcotráfico o
delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el
negocio, o a través de terceros.
d. En los casos en los que el valor formalmente consagrado en el
contrato, o el valor efectivamente pagado, sean inferiores al cincuenta por
ciento del valor real de los derechos cuya titularidad se traslada en el
momento de la transacción.
e. Cuando no se logre desvirtuar la ausencia de consentimiento en los
contratos y negocios mencionados en alguno de los literales del presente
artículo, el acto o negocio de que se trate será reputado inexistente y todos
los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o parte del
bien estarán viciados de nulidad absoluta.
f. Frente a propiedad adjudicada de conformidad con la Ley 135 de
1961 y el Decreto 561 de 1989, a empresas comunitarias, asociaciones o
cooperativas campesinas, cuando con posterioridad al desplazamiento forzado se
haya dado una transformación en los socios integrantes de la empresa”
Ahora bien, aunque es claro que las presunciones
establecidas en la ley 1448 de 2011 están destinadas a regular exclusivamente
los procedimientos especiales contemplados en la misma ley, y en este orden de
ideas sus postulados no pueden traerse sin mayor análisis a otras situaciones
que no fueron cobijadas expresamente por la norma, es claro, que por lo menos
desde el punto de vista teleológico e histórico, el legislador ha reconocido que
en el marco de una situación de conflicto armado la voluntad de una persona puede relativizarse, y en esa medida, se debe analizar
con un alto grado de sospecha las decisiones, manifestaciones o contratos en
las cuales expresamente el afectado asevera que son derivadas de una situación
de amenaza contra a su vida.
6. Desplazamiento forzado y fenómenos migratorios innominados como
hechos constitutivos de fuerza mayor
6.1. La
Corte en Sentencia T-726 de 2010 ha manifestado que hechos generalizados de
violencia que desemboquen en desplazamiento forzado pueden llegar a impedir el
cumplimiento de una obligación bajo la teoría de la fuerza mayor. En este
sentido la citada providencia afirmó:
“El hecho
del desplazamiento forzado configura una fuerza irresistible e imprevisible,
ajena a la voluntad del deudor, circunstancias que le ha permitido concluir a
esta Corporación que dicha situación constituye una fuerza mayor. (…) Así, para
esta Sala es factible concluir que el hecho del desplazamiento forzado
constituye un acontecimiento de fuerza mayor para quien lo padece, por cuanto
este hecho no se deriva del afectado, sino que precisamente por ser forzado, no
media la voluntad de quien lo sufre (inimputable). Además, es un hecho inserto
en el conflicto armado o en la violencia generalizada que hace imposible evitar
que se presente (irresistible) y que afecta el statu quo de quien lo padece sin
que sea posible prever los inicios o al menos el alcance del mismo
(imprevisible)”.
Es claro
que el desplazamiento implica el soportar cargas excepcionales e imprevistas,
que pueden impedir el cumplimiento de obligaciones adquiridas con anterioridad,
como quiera que al sustraer una persona del lugar donde desarrolla su vida, se
le separa también de sus modos de subsistencia.
La
jurisprudencia constitucional ha analizado bajo distintas teorías (fuerza mayor
y teoría de la imprevisión) la forma en la que impactan los contextos de
violencia generalizada y sistemática el cumplimiento de determinadas
obligaciones contractuales. Sobre el particular ha manifestado este tribunal lo
siguiente:
“Esta
situación (el desplazamiento) impide en el común de los casos el cumplimiento
de las obligaciones como quiera que en el momento de comprometerse a dar una
prestación el hecho de que aconteciera un desplazamiento forzado no se encontraba
dentro del contexto de negociación, por lo que al configurarse este hecho
irresistible, imprevisible e inimputable al deudor, y al afectar de manera
ostensible su capacidad económica, partiendo del supuesto de que la persona
desplazada derivaba su sustento del lugar del que fue desarraigado, se
configura un impedimento para cumplir esta obligación. Tal impedimento no debe
ser ignorado por el Estado ni por las instituciones que prestan servicios
públicos, en razón a la función social que desarrollan de garantizar ya sea de
manera directa o indirecta, respectivamente, derechos fundamentales.
Ahora, como
cuando no se trata de la desaparición de un bien, sino que existe un cambio de
circunstancias del deudor, como producto del desplazamiento forzado, que le
impiden el cumplimiento de la obligación dineraria, se ha de señalar que dicha
situación no ha sido ajena a la teoría jurídica. Al respecto existen figuras
jurídicas como la teoría de la imprevisión, que buscan la equidad en las
obligaciones producto de un contrato. La teoría de la imprevisión se aplica
ante acontecimientos temporales, extraños a las partes, imprevisibles,
inimputables y extraordinarios que afecten obligaciones de ejecución sucesiva y
que alteren la economía del contrato, haciendo más onerosa a una de las partes
el cumplimiento de la prestación, esto es, que con la nueva situación es
posible cumplir el contrato, empero satisfacer la obligación es más gravoso
para una de las partes. Se trata así de una imposibilidad relativa en el sentido
de que se parte de que se generan repercusiones económicas desfavorables para
una parte.
La teoría
de la imprevisión se diferencia de la fuerza mayor. La aplicación de la fuerza
mayor en la teoría de las obligaciones parte del supuesto de una imposibilidad
absoluta para el cumplimiento de una obligación que hace que ésta se extinga y
a partir de esto desarrolla toda la teoría del riesgo. Mientras que la teoría
de la imprevisión se basa en la dificultad más no en la imposibilidad absoluta
en cumplir la obligación, de allí que tenga consecuencias diferentes”[20].
Con base en
lo anterior, se concluye que el hecho del desplazamiento forzado constituye un
impedimento que influye en la exigibilidad de la obligación al hacer para el
afectado por este delito más onerosa su situación. De allí que en muchos casos
estudiados por la Corte Constitucional la demostración de este ilícito imponga
al acreedor la reestructuración de las obligaciones dinerarias, como efecto de lo
que la doctrina ha denominado teoría de la imprevisión, como quiera que
la consecuencia de dicha figura es que ante una dificultad de características
graves que influye en el cumplimiento de la obligación, el deudor continúa
obligado a responder con la prestación, esto es, no queda exonerado de su
cumplimiento, empero se impone un ajuste de acuerdo con la equidad contractual[21].
6.2. Ahora bien, el hecho de que la Corte
Constitucional haya establecido en algunos casos de desplazamiento forzado la
existencia del fenómeno de fuerza mayor y en otros haya utilizado la teoría de
la imprevisión para relativizar varias obligaciones comerciales, no quiere
decir, que esta figura no pueda ser empleada respecto de otros fenómenos
migratorios no delimitados taxativamente en el ordenamiento jurídico.
Esta Sala considera que la legislación nacional aún no
ha generado una respuesta institucional a fenómenos migratorios complejos, los
cuales no pueden encajarse propiamente ni en la categoría de desplazamiento
forzado, ni bajo el clásico estatus de refugiado.
En este sentido se debe precisar que los conflictos armados generan
migraciones forzadas de la población civil, razón por la cual los Estados y la
comunidad internacional han desarrollado instrumentos tendientes a dar un
manejo uniforme que permita garantizar los derechos de estas personas
indistintamente de las legislaciones nacionales. Por un lado, las personas que
han migrado fuera de las fronteras estatales internacionalmente en búsqueda de
protección, pueden ser reconocidas, bajo ciertas condiciones, como refugiadas.
Por otro lado, cuando estas personas o grupos de personas se desplazan
forzadamente sin abandonar su propio país, es decir, cuando permanecen dentro
de las fronteras nacionales, son catalogados como desplazados internos[22].
La evolución histórica de la categoría de refugio internacional precede a
la de desplazamiento interno, pues fue concebida en los contextos de
conflictos armados internacionales en los que la población era obligada a
migrar de sus propios países en busca de protección. En razón del dramático número
de personas que se vieron obligadas a huir de sus países durante la Segunda
Guerra Mundial, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1951 el texto que se
conoce como la Convención Internacional para el Estatuto de los Refugiados. Esta
Convención define las condiciones en que se les garantiza el asilo humanitario
y las responsabilidades de los Estados que lo conceden[23].
El referente conceptual del término refugiado, se encuentra consagrado en
la Convención de 1951, instrumento internacional que fue inicialmente concebido
para proteger a los afectados por la guerra en Europa. Este tratado en su
artículo 1º párrafo 2º definió a este grupo poblacional como toda persona “que,
como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del
país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera regresar a él”.
Sin embargo la referida categorización terminó siendo excesivamente
restrictiva de cara a su objeto, por cuanto injustificadamente solo se centró
en proteger a un grupo afectado en un contexto especifico. Por esta razón, en
1967 se adoptó el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, el cual
eliminó las restricciones geográficas y temporales de la definición,
expandiendo así su alcance a nuevos hechos expulsores.
En décadas
posteriores diversos instrumentos internacionales han ampliado el espectro de
protección de cara a los nuevos y complejos fenómenos que se presentan cuando grupos
poblacionales, bien sea individual o masivamente, abandonan un determinado país
buscando garantizar su seguridad y vida. Sobre este fenómeno el Centro de
Memoria Histórica ha manifestado lo siguiente:
“En la década de los años ochenta, con motivo de la afluencia masiva
de refugiados en Centroamérica, la Organización de Estados Americanos (OEA)
decidió ampliar las causales en virtud de las cuales las personas pueden ser
reconocidas como refugiadas. De esta manera, en la denominada Declaración de
Cartagena sobre Refugiados de 1984, se estableció una definición que incluye
los eventos asociados a la violencia generalizada y la masiva violación a los
derechos humanos. Según la Declaración de Cartagena, la definición de refugiado
recomendable para su utilización en la región de las Américas es aquella que,
además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de
1967, considera también como refugiados a: Las personas que han huido de su
país porque su vida, seguridad o libertad, han sido amenazadas por la violencia
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva
de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente
el orden público”[24].
Esta entidad
en igual medida ha ilustrado como en varios países fronterizos existen grupos
poblacionales que podrían ser catalogados como “refugiados de facto o de
hecho”, es decir, personas que debido a sus características no pueden ser encajados ni en la categoría de
desplazado ni bajo el estatus de refugiado. En este orden de ideas afirmó:
“En el caso colombiano, cuando las personas se ven forzadas a cruzar
las fronteras internacionales en búsqueda de protección, adquirir la condición
de refugio en los países vecinos no es un proceso sencillo. En la mayoría de
los casos, por desconocimiento de sus derechos o por la lejanía de las zonas
fronterizas en las que se asientan, muchas víctimas no inician los procesos
formales de solicitud de refugio, lo que implica que permanecen en una
situación irregular ante las autoridades nacionales. En otros casos, a pesar de
iniciar los procesos de solicitud, las exigencias y demoras de las autoridades
competentes, pueden llevar a que muchas veces el refugio se convierta en un objetivo
inalcanzable.
Las personas desplazadas que no acuden a las instituciones encargadas
para solicitar el refugio, por las razones anteriormente expuestas, se
convierten en una población flotante invisible para autoridades nacionales y,
en muchos casos, son confundidas con la población migrante irregular. A pesar
de encontrarse en esta situación, los desplazados del conflicto armado y la
violencia generalizada en Colombia son personas en necesidad de protección internacional
(PNPI) y por lo tanto viven en una condición de refugio de hecho. El universo
de víctimas del éxodo transfronterizo está compuesto entonces por personas que
se encuentran en distintas categorías en los países vecinos, a saber:
refugiadas, solicitantes de refugio y refugiadas de hecho pues su migración fue
provocada por factores coercitivos, lo que no se corresponde con otros
fenómenos migratorios no forzados”[25].
En este escenario, para muchas víctimas de amenazas o graves violaciones
a los derechos humanos, cruzar las fronteras nacionales ha sido la única
alternativa ante la necesidad de obtener la protección y asistencia que el
Estado colombiano no les ha proporcionado[26].
En varios casos, el tránsito hacia otros países dependiendo de los medios económicos
de las personas, se ha logrado mediante solicitudes de asilo, refugio,
repatriación, o sencillamente bajo la salida legal pero sin declaración de los
motivos que llevaron a salir del país, pero en otros casos sencillamente ha
ocurrido por medios no reconocidos por el derecho internacional y en algunos
casos hasta prohibidos.
Ahora bien, considerar que las personas afectadas por fenómenos
migratorios innominados no pueden ser beneficiarias de la variación de sus
obligaciones bajo la teoría de la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión,
generaría un tratamiento injustificado respecto a las garantías
constitucionales de este grupo poblacional.
Al plantear esta consideración, la Corte reconoce que no es posible
endilgar la inobservancia de una obligación cuando el deudor se ha visto
imposibilitado de cumplirla por una situación de fuerza mayor, como lo es el
tener que abandonar el país o impedírsele regresar a él, y por tanto, bajo
determinadas circunstancias los acreedores deben reconocer esta imposibilidad
renegociando las condiciones iniciales del crédito y las posibilidades de
satisfacerlo.
Así las cosas, se concluye que la ocurrencia de fenómenos
migratorios innominados en razón de la violencia, constituye un
impedimento que influye en la exigibilidad de la obligación al hacer para el
afectado más onerosa su situación. De allí que se imponga al acreedor la
renegociación de las obligaciones, como efecto de lo que la doctrina ha
denominado teoría de la imprevisión, como quiera que la consecuencia de dicha
teoría es que ante una dificultad de características graves que influye en el
cumplimiento de la obligación, el deudor continúa compilado a responder con la
prestación, esto es, no queda exonerado de su cumplimiento, empero se impone un
ajuste de acuerdo con la equidad contractual.
7.
Debido proceso en las actuaciones administrativas contractuales.
7.1. De
acuerdo con el artículo 29 de nuestra Carta, “El debido proceso se aplicará
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En esta medida
el derecho al debido proceso como presupuesto esencial de legalidad de las
actuaciones y procedimientos administrativos, en los cuales es preciso
garantizar la protección y realización de los derechos de las personas, debe ser
observado de manera efectiva en toda actuación administrativa.
En lo
atinente a la sujeción de toda actuación administrativa al debido proceso, la
Sentencia T-442 de 1992[27]
expresó:
“Se observa
que el debido proceso se mueve dentro del contexto de garantizar la correcta
producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a
todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la
realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cobija a todas sus
manifestaciones  en  cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las
peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con
ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde
luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación
previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el
particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses”.
En igual media la Corte
Constitucional mediante Sentencia T-089 de 2011 reiteró las garantías
aplicables a los principios generales que fundamentan el debido proceso en las
actuaciones administrativas, al respecto indicó:
“Específicamente
en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que
los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso
se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la
administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus
objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos
y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas
previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados”.
La
jurisprudencia constitucional ha resaltado el vínculo existente entre el
derecho al debido proceso y las garantías que deben regir las actuaciones de la
administración. Concretamente, esta corporación expresó en la sentencia
T-329 de 2009 que:
“El debido
proceso administrativo es un derecho de rango fundamental que garantiza que
cualquier actuación administrativa se someta a las normas y la jurisprudencia
que regulan la aplicación de los principios constitucionales. Este
derecho involucra todas las garantías propias, como son, entre otras, los
derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, el derecho de
impugnación, y la garantía de publicidad de los actos de la Administración.
Por lo tanto, el derecho al debido proceso administrativo no existe
solamente para impugnar una decisión de la Administración, sino que se extiende
durante toda la actuación administrativa que se surte para expedirla, y
posteriormente en el momento de su comunicación e impugnación”
En
concordancia con esta línea de pensamiento, en la sentencia C-980 de 2010 este
tribunal determinó que:
“El debido proceso es un derecho constitucional
fundamental, consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución
Política, el cual lo hace extensivo a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho
al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso
en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La
misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho fundamental al
debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o
administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento
previamente establecido en la ley o en los reglamentos”.
Ahora bien, el debido
proceso en el trámite administrativo tiene varias dimensiones las cuales han
sido desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. En este orden de
ideas, esta Corporación ha podido precisar[28],
como el debido proceso puede verse afectado injustificadamente
cuando las autoridades administrativas y judiciales  sacrifican los derechos subjetivos de las personas al aplicar
mecánicamente las formalidades del proceso, a este fenómeno se le conoce como “exceso
ritual manifiesto”.  Sobre este punto esta Corte ha señalado:
“Si bien las formalidades o ritos
dentro de los procesos judiciales son relevantes en la medida que buscan
garantizar el respeto de un debido proceso, las autoridades judiciales no
pueden sacrificar injustificadamente derechos subjetivos al aplicar dichas
formalidades, pues precisamente el fin del derecho procesal es contribuir a la
realización de los mismos y fortalecer la obtención de una verdadera justicia
material. De manera que, cuando se aplican taxativamente las normas procesales,
desplazando con ello el amparo de los derechos de las personas, es decir,
cuando la aplicación de una norma procedimental se convierte en una forma
adversa a los derechos de los individuos, se configura un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto que hace procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, correspondiéndole entonces, al juez constitucional,
obviar la aplicación de la regla procesal en beneficio de tales garantías[29].
Este defecto, según la jurisprudencia de esta Corporación, se
configura cuando “(…) un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia”; En ese
sentido, el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto:
(…) cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio
para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el
caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal,
(iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales”
En igual línea de pensamiento
esta Corporación en sentencia T-429 de 2011 ha manifestado que:
“Esta Corporación ha dicho que
el defecto procedimental se enmarca dentro del desarrollo de dos preceptos
constitucionales: (i) el derecho al debido proceso (artículo 29), el cual
entraña, entre otras garantías, el respeto que debe tener el funcionario
judicial por el procedimiento y las formas propias de cada juicio, y (ii) el
acceso a la administración de justicia (artículo 228) que implica el
reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial y la realización de la
justicia material en la aplicación del derecho procesal. Dentro de la primera
categoría, la Corte ha considerado que se presenta un defecto procedimental
absoluto cuando el funcionario desconoce las formas propias de cada juicio. Por
excepción, también ha determinado que el defecto procedimental puede
estructurarse por exceso ritual manifiesto cuando “(...) un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por
esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”. Es decir que el funcionario judicial
incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no
tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva
de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad
jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la
aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha
actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”
Es decir,
el debido proceso contiene una serie de garantías que están enfocadas en
salvaguardar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública
administrativa, conforme a  preceptos constitucionales, legales o
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, para evitar que con
la expedición de los actos administrativos se lesionen derechos o contraríen
los principios del Estado de Derecho[30].
Es
necesario señalar que una de las consecuencias que tiene la consagración
expresa del debido proceso como un derecho de rango fundamental, es que todas
las personas pueden acudir a la acción de tutela con el fin de que el juez
constitucional conozca de la presunta vulneración, y de ser necesario ordene
las medidas necesarias para garantizar su protección inmediata.
Sobre el
particular, la Corte ha destacado desde sus primeras sentencias la relación
existente entre la consagración de los derechos fundamentales y el deber de
los jueces en sede de tutela de garantizar la eficacia normativa de la
Constitución de 1991:
“Uno de los pilares del Estado social de derecho se
encuentra en el concepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de este
concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión objetiva, esto es, su
trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el
aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido sino se
entiende como mecanismo encaminado a la realización de los derechos. En segundo
lugar, y en correspondencia con lo primero, la existencia de la acción de tutela,
la cual fue establecida como mecanismo de protección inmediata de los derechos
frente a todas las autoridades públicas (…)
Existe una nueva estrategia para el logro de la
efectividad de los derechos fundamentales. La coherencia y la sabiduría de la
interpretación y, sobre todo, la eficacia de los derechos fundamentales en la
Constitución de 1991, están asegurados por la Corte Constitucional. Esta nueva
relación entre derechos fundamentales y jueces significa un cambio fundamental
en relación con la Constitución anterior; dicho cambio puede ser definido como una
nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que
consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la
administración o al legislador, la responsabilidad de la eficacia de los
derechos fundamentales[31]”.
Así las
cosas, el deber de protección de los derechos fundamentales exige a los
funcionarios judiciales tomar al momento de fallar una acción de amparo una
serie de medidas tendientes a lograr que la protección sea efectiva. Entre las
prevenciones que debe adoptar el juez de tutela cuando evidencia la
transgresión de una garantía constitucional (como lo es el debido proceso),
está la de dictar una sentencia en la cual restablezca el derecho y se
dispongan una serie de órdenes que garanticen el cumplimiento de las decisiones
adoptadas.
7.2. En
materia contractual, la Corte Constitucional ha manifestado que el debido
proceso debe ser observado teniendo en cuenta que las actuaciones contractuales
de las entidades estatales deben estar orientadas al cumplimiento de los fines
estatales y constitucionales, y en consecuencia, dichos negocios jurídicos están
al servicio del interés general y no constituyen por sí mismos una finalidad
sino que representan un medio para la adquisición de bienes y servicios
tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. En
esta medida, constituye parte integral del respeto al debido proceso de los
contratistas que las actuaciones contractuales respondan a un interés general[32].
Respecto a
la manera como el debido proceso impacta a los contratos educativos o de
comisión de servicios esta Corporación ha manifestado en sentencia T-677 de
2004 lo siguiente:
“Así las
cosas, la aplicación de la cláusula por la cual se cancela toda posibilidad de
obtener una condonación, es una potestad excepcional en materia contractual
estatal, en la medida en que la entidad pública está efectuando una declaración
unilateral de incumplimiento contractual, a fin de recuperar el dinero
invertido en los becarios ante la imposibilidad de desarrollar el fin
contractual principal, que es la reproducción del conocimiento para el fortalecimiento
de la comunidad nacional, a cambio de una condonación total o parcial del
crédito.
En esta
medida, las cláusulas contenidas en estos contratos desarrollan una potestad
excepcional del Estado basada en un supuesto de incumplimiento, en orden a obtener
sus cometidos. En este orden, la aplicación de estas cláusulas debe seguir los
principios del debido proceso. En efecto, por expreso mandato constitucional
(C.P. art. 29), todo tipo de actuación administrativa sancionatorias debe
regirse bajo los parámetros del debido proceso, más aún cuando se trata de un
evento en el que la Administración goza de una posición de superioridad de
poder público frente al particular, dentro de la relación contractual”.
De igual forma, está Corporación en Sentencia T-715 de 2014
respecto a la posible vulneración del derecho al debido proceso por decretar
unilateralmente el incumplimiento de una comisión de estudios por el solo hecho
del paso del tiempo inicialmente estipulado afirmó lo siguiente:
“Sobre este
punto, se puede evidenciar que en las relaciones contractuales siempre debe
tenerse en cuenta y aplicarse el derecho fundamental al debido proceso, lo que
comprende que dicha relación debe estar supeditada a la finalidad legal en
virtud de la cual fue celebrado el respectivo contrato. En esta medida, el debido proceso ha sido establecido como una garantía a
favor de los contratantes, para evitar que su derecho a la defensa se vea
obstaculizado por el hecho de que exista un contrato que regule las actuaciones
a seguir entre las partes
En este
orden de ideas, considera la Sala que la sola verificación del incumplimiento
no es razón suficiente para que se presuma el incumplimiento del becario en la
observancia de sus deberes contractuales y, en consecuencia, se proceda a
recuperar el dinero invertido en la formación del mismo, pues en los casos en
los que los becarios soliciten la revisión de la decisión debido a circunstancias
que, estando por fuera de su ámbito de determinación, dificultan el
cumplimiento del requisito, la aplicación de la potestad y sus consecuencias,
no puede hacerse de manera objetiva, sino que debe valorarse la situación
concreta a fin de establecer si la culpa del incumplimiento recae o no
únicamente en cabeza del becario”.
Ahora bien,
el concepto de culpa y voluntad ha sido analizado por la jurisprudencia de esta
Corporación en diversas oportunidades de cara a la existencia de hechos
imprevisibles e irresistibles que afectan la voluntad del contratante en un
negocio jurídico determinado. Así las cosas, en la sentencia T-520 de 2003, la
Corte estudio un caso en el que se planteó el siguiente problema jurídico: “¿se
vulneran los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad
cuando una entidad bancaria exige el pago a un deudor secuestrado y
posteriormente liberado, sin considerar los efectos que tuvo su secuestro sobre
sus posibilidades de cumplir?”[33]
En este
caso, la Corte exploró la situación de una persona secuestrada, la posibilidad
que tenía de responder por sus obligaciones financieras y el deber de
solidaridad que debía contemplar la entidad en el momento de proceder al cobro
ejecutivo de la deuda. Sobre el particular manifestó:
“En efecto,
el concepto mismo de culpa en materia de responsabilidad civil está fundado
sobre la noción de libertad, que es eminentemente individual. La culpa
presupone que el sujeto tiene determinadas posibilidades de acción, dentro de
las cuales están la de cumplir y la de no cumplir sus obligaciones civiles. Por
lo tanto, para poder atribuirle culpa a una persona, ésta debe estar en la
posibilidad de elegir, y de dirigir sus acciones de acuerdo con su elección.
Sólo cuando se dan estos presupuestos, el individuo se vuelve plenamente
responsable civilmente.
Esto trae
como consecuencia que para incurrir en culpa, la persona debe ser consciente de
sus opciones, estar en capacidad de valorarlas y de llevar a cabo sus
actividades conforme a sus propias valoraciones. Sólo en este entendido la
atribución de culpa en materia civil resulta compatible con la definición
constitucional de dignidad humana, según la cual, el individuo es un ser moral
y libre, con la capacidad de elegir y de asumir las consecuencias de sus
propios actos. Dentro de tal orden de ideas, se vulnera el derecho al libre
desarrollo de la personalidad de un individuo al atribuirle culpa cuando, por
circunstancias ajenas a su voluntad, no es libre para obrar conforme a sus
propias valoraciones. Esto se debe a que se le están atribuyendo
responsabilidades que escapan por completo su ámbito de acción y control.
Específicamente, en el caso del incumplimiento o retraso en el cumplimiento de
las obligaciones, la mora requiere un elemento de antijuridicidad que no está
presente cuando las circunstancias determinantes de la conducta del deudor superan
el estándar exigible, dadas sus posibilidades reales de acción y control”.[34]
Así las
cosas, es claro que cuando se estructuran hechos generalizados de violencia que
afectan a una persona, no puede establecerse de antemano una responsabilidad objetiva
a la hora de determinar el incumplimiento, ya que para poder atribuirle culpa a
una persona, ésta debe estar en la posibilidad de elegir, y de dirigir sus
acciones de acuerdo con su elección.
La
jurisprudencia Constitucional también ha manifestado que el debido proceso en
el marco de actuaciones derivadas del incumplimiento de un contrato educativo o
de comisión de estudios, obliga a que la administración analice en el caso
concreto la proporcionalidad o la reacción institucional ante el incumplimiento.
Sobre el particular ha manifestado que:
“En esta
medida, la proporcionalidad que debe regir todas las actuaciones del Estado,
incluyendo su actividad contractual a través de la cual realiza sus cometidos,
está supeditada al principio de justicia material, el cual es de obligatoria
observancia en las actuaciones administrativas, pues la función de aplicar el
derecho en un caso concreto no es misión exclusiva del Juez, sino también de la
administración cuando define situaciones jurídicas o hace prevalecer sus
pretensiones frente a un particular en desarrollo de las competencias y
prerrogativas que le son propias”[35].
Así las cosas,
la Corte estima que no puede en materia de créditos educativos, aplicarse una
responsabilidad objetiva[36]
que implique decretar automática y unilateralmente, el incumplimiento y la
eventual terminación del contrato, cuando lo que está de por medio es la
necesidad de efectuar un análisis del caso que permita establecer si se están
desarrollando o no las finalidades constitucionales relativas a la ciencia y a
la tecnología. En esta medida, son esenciales los elementos subjetivos de la
conducta, como la culpabilidad, la intencionalidad y la imputabilidad[37].
En este orden de ideas, es
claro que el debido proceso en el marco de
procesos derivados del incumplimiento de un contrato educativo o de comisión de
estudios debe ser adelantado teniendo en cuenta los postulados consagrados en
el artículo 29 de la Constitución, a través de las cuales se busca la
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa,
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación
correcta de los fines esenciales del Estado.
8. Caso concreto.
Conforme con los antecedentes descritos, en el presente asunto
corresponde a la Sala determinar: (i) si la acción de tutela es
procedente en el caso concreto para lograr la protección de los derechos
invocados debido a la inexistencia de otros mecanismos de defensa judicial y (ii)
si el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior
(Icetex), el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias) y la Comisión Fulbright Colombia vulneraron los derechos
fundamentales del peticionario al declarar el incumplimiento de las
obligaciones de la “beca – crédito” sin tener en cuenta la situación de
seguridad del mismo.
9.
Procedencia de la acción de tutela en el asunto sub
examine
Esta Corporación ha
señalado en repetidas ocasiones[38]
que, como regla general, la tutela no es el mecanismo procedente para el
estudio de controversias de tipo contractual o derivadas de un contrato, ya que
comúnmente los derechos que se debaten en estos litigios no entran al ámbito de
conocimiento del juez de amparo. Sin embargo, excepcionalmente se ha aceptado
la procedencia de la tutela en la medida en que se constate la presencia de un
derecho fundamental y se presente alguna de las siguientes hipótesis: (i)
un inminente perjuicio irremediable y/o, (ii) la falta de
idoneidad de los medios ordinarios de defensa.
En lo
relativo a la idoneidad y eficacia del instrumento judicial ordinario, esta Corporación
expresó en sentencia T-569 de 2011 que:
“El deber
del juez de tutela es examinar si la controversia puesta a su consideración:
(i) puede ser ventilada a través de otros mecanismos judiciales y (ii) si a
pesar de existir formalmente, aquellos son o no suficientes
para proveer una respuesta material y efectiva a la disputa puesta a su consideración. Por consiguiente, no es suficiente, para excluir la tutela, la mera
existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para
que ello ocurra es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con
miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena protección
a los derechos fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos
que se lograrían con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial
que colocara al afectado en la situación de tener que esperar por varios años
mientras sus derechos fundamentales están siendo violados.”
En igual
medida en sentencia T-351 de 1997 la Corte Constitucional afirmó sobre la
idoneidad de los medios de defensa judicial que:
“No puede el juez de tutela desechar el estudio de una controversia
contractual con el mero pretexto que en este tipo de disputas no están
envueltos derechos de rango fundamental, por el contrario, debe analizar si en
ellas existe una discusión de esta naturaleza para lo cual es relevante no sólo
elementos de carácter objetivo tales como la naturaleza de los derechos en
juego, sino también circunstancias subjetivas de las partes que solicitan el
amparo constitucional, pues existen precedentes en los cuales se ha concedido
la tutela respecto de asuntos en apariencia de índole estrictamente contractual, controvertibles ante la jurisdicción
ordinaria, debido a las circunstancias de debilidad
manifiesta en que se encontraban los accionantes”.
Teniendo en cuenta lo
anterior, la  Sala estima que la acción de tutela presentada por
el señor Juan Gabriel Gómez Albarello es procedente en el asunto sub examine, por
cuanto:
(i) La
discusión objeto de análisis tiene una evidente relevancia constitucional que
merece de la intervención inmediata del juez de tutela, ya que aunque prima
facie la controversia a analizar pareciera versar sobre distintos procesos
de naturaleza civil y administrativa derivadas de actuaciones tales como: a) la
validez de una decisión en la cual una persona renunció a un apoyo educativo,
b) la iniciación de un proceso coactivo y c) la declaratoria de incumplimiento
de un contrato, en realidad, estas tres actuaciones tienen un mismo trasfondo
que subyace a su expedición, este es, determinar si la Comisión Fulbright
Colombia, Colciencias e Icetex vulneraron el debido proceso del accionante al
no tener en cuenta al momento de ejercer estas tres medidas, las
particularidades que rodearon su caso.
(ii) El
señor Juan Gabriel Gómez Albarello carece de medios de defensa
materialmente idóneos para lograr la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por la Comisión Fulbright Colombia, Colciencias e
Icetex, ya que la duración y complejidad de las acciones ordinarias y
contenciosas que formalmente existen en el ordenamiento jurídico para
determinar si se generó o no incumplimiento de las relaciones contractuales postergarían
por años el acceso a una garantía fundamental de inmediato cumplimiento como lo
es el derecho al debido proceso y al mínimo vital.
En este
sentido, no se debe olvidar que la discusión aquí planteada no se circunscribe
a un típico contrato entre una serie de entidades patrocinantes y un docente,
sino por el contrario, contiene una serie de inconvenientes de origen
constitucional, por cuanto estaría en juego la respuesta institucional estatal
de cara a una persona que ha sido afectada por fenómenos migratorios
innominados en razón a la violencia estructural que padeció el país en la
última década.
En esta medida, la Corte en su jurisprudencia ha reconocido
el trato preferente que debe manifestarse en la flexibilización de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela cuando está de por medio
población desplazada la cual se enfrenta a un proceso administrativo o
judicial. Así las cosas esta Sala considera que igual garantía debe operar
cuando se está en presencia de refugiados de facto. De esta manera se asegura
un efectivo acceso a la administración de justicia por parte de las personas
que han sido amenazadas en su vida e integridad.
Por
estas razones, la acción de tutela se torna en el medio eficaz para solicitar
la protección de los derechos fundamentales del peticionario, ya que si bien es
cierto el señor Juan Gabriel Gómez Albarello podría acudir a un proceso ordinario,
no parece un mecanismo idóneo dado la duración en el tiempo de dichos procesos
y el tipo de controversia.
10.
Análisis de la vulneración alegada
De las
pruebas allegadas al proceso se halla acreditado tal y como se expresó
antecedentemente que en este caso la controversia objeto de estudio no analiza la
legalidad individual de las actuaciones adelantadas por la Comisión Fulbright
Colombia, Colciencias e Icetex en contra del señor Juan Gabriel Gómez Albarello,
sino que versa sobre la necesidad y razonabilidad respecto de las
determinaciones adoptadas en virtud de la negativa del accionante de regresar
al país en la fecha inicialmente estipulada.
Teniendo en cuenta lo
descrito, procede la Sala a determinar si las actuaciones adelantadas por las
entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del tutelante.
10.1 Análisis de la
culpabilidad del accionante en el caso sub examine.
10.1.1. La noción de
culpabilidad en torno a la existencia de contratos de apoyo educativos es un
elemento central respecto a la posibilidad de decretar o no el incumplimiento
de estos negocios jurídicos.
En lo que
respecta al deber de tener en cuenta los derechos y garantías constitucionales
de los deudores al momento de iniciar una acción tendiente a ejecutar las
obligaciones contractuales surgidas de contratos educativos, esta Corporación
ha establecido varias subreglas en las sentencias T-677 de 2004 y T-715 de
2014.
En la
primera de estas providencias la Corte Constitucional tuvo que analizar un caso
con los siguientes supuestos de hecho: (i) la accionante con el aval del
Instituto Von Humboldt, obtuvo una beca-crédito de Colciencias para hacer un
doctorado en biología molecular en el Instituto John Innes de Inglaterra, (ii)
con ocasión del doctorado se suscribió el contrato de crédito educativo número
168 de 1996 con Colciencias cuyo requisito indispensable para la condonación de
saldos adeudados era la vinculación de la accionante a una entidad del Sistema
de Ciencia y Tecnología, (iii) una vez culminado exitosamente su
doctorado, regresó al país y ofreció su experiencia y servicios al Instituto
Von Humboldt y a diversas entidades del Sistema, (iv) sin embargo
ninguna contaba con un cargo que se adecuara a su elevado perfil profesional, (v)
a pesar de la actuación diligente desplegada por la accionante Colciencias
canceló la beca y ordenó el cobro de la misma.
Teniendo en
cuenta lo anterior la sentencia T-677 de 2004 sobre el particular manifestó:
“Toda vez
que la becaria informó en varias ocasiones sobre su dificultad para vincularse
a una entidad del sistema, así como desarrolló múltiples actividades en
beneficio de las comunidades científicas y sociales del país, manteniendo el
nexo constante con la Red Caldas, estima la sala que Colciencias ha debido
evaluar su situación antes de aplicar la declaración unilateral de
incumplimiento con la respectiva consecuencia, cual es la cancelación de la beca
crédito.
Así las
cosas, la Corte manifestó que teniendo en cuenta: (i) que la accionante
había terminado su doctorado satisfactoriamente, (ii) la actitud
diligente de la peticionaria para cumplir sus obligaciones y (iii) que
la inexistencia de cargos en el Sistema de Ciencia y Tecnología que se
adaptaran a su perfil bajo ninguna circunstancia podía reputársele como culpa
suya, se debían proteger sus derechos y en consecuencia resolvió: “ordenar
a Colciencias que reinicie el proceso de evaluación de la situación de la
becaria respecto de la procedencia o no de la condonación del crédito educativo
No. 168 de 1996”.
Por su parte en la sentencia T-715 de 2014, esta Corporación conoció de
un asunto en el cual:
(i) Una accionante celebró con Corpoica una “carta de
compromiso – comisión” para adelantar un curso de inglés y un postgrado a
nivel de doctorado en el área de epidemiología, veterinaria y salud pública
animal, en la Universidad de California;
(ii) Se estableció un período de cuatro años para adelantar los
estudios superiores;
(iii) La accionante excedió el término inicialmente estipulado,
(iv) Sin embargo termino su doctorado,
(v) Se reintegró a su trabajo,
(vi) Continuo laborando sin ninguna objeción por parte de la
entidad,
(vii) Colciencias le condonó la totalidad del crédito educativo
del que fue beneficiaria,
(viii) Debido a sus estudios fue nominada por la Organización
Mundial de la Salud OMS (World Health Organization –WHO) como miembro del Grupo
Asesor de la OMS sobre Vigilancia Integrada de la Resistencia a los
Antimicrobianos (AGISAR),
(ix) La tesis doctoral de la actora fue resaltada y generó
reconocimientos tanto para el país como para la entidad patrocinante,
(x) Mientras trabajó para Corpoica esta entidad se benefició con
la investigación en los proyectos “Convenio con la Universidad de Georgia
para desarrollar el proyecto de Salmonella sp. en carne de pollo de puntos de
venta en Colombia. Inicio: septiembre de 2010. Fin: abril de 2013; Convenio con
la Universidad de Georgia para desarrollar el proyecto de Salmonella sp. En
carne de pollo de puntos de venta en Colombia. Inicio: junio de 2011. Fin:
junio de 2012, agosto de la misma anualidad; Prevalence, Resistance Patterns
and Risk Factors for Antimicrobial Resistance in Poultry Farms and Retail
Chicken Meat in Colombia and Molecular Characterization of Salmonella Paratyphi
B and Salmonella Heidelberg Inicio: Enero 2008. Fin: Enero 2010” y,
(xi)
A pesar de lo anterior Corpoica intempestivamente adelantó un proceso ejecutivo
para sancionarla por cuanto la actora no se presentó en la fecha estipulada en
el contrato, sino ocho (8) días después.
En este caso específico el
problema jurídico no giró en torno a si Corpoica podía o no adelantar el
proceso ejecutivo debido al incumplimiento contractual, ya que era evidente que
formalmente ante el incumplimiento de una de las partes era plausible que la
administración iniciara los procesos judiciales tendientes a recuperar los
dineros invertidos en la comisión de estudios de la accionante. Por el
contrario, el problema jurídico se centró en determinar: “si al
declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato de crédito educativo
condonable e iniciar sorpresivamente un proceso ejecutivo, sin tener en cuenta
que la tutelante se vinculó en el término pactado a la institución, realizó su
proyecto de investigación y les compartió los créditos vulneró los
derechos fundamentales de la tutelante y los de su núcleo familiar”.
Teniendo en
cuenta lo anterior, la providencia en comento resolvió que:
“De las
pruebas allegadas al proceso, se encuentra acreditado tal y como se expresó
antecedentemente que en este caso la controversia objeto de estudio no versa
sobre las decisiones del proceso ejecutivo adelantado por Corpoica en contra de
la señora María del Pilar Donado Godoy, sino que versan sobre la actuación de
la accionada, quien declaró el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Carta de Compromiso suscrita entre las partes a pesar de que: (i) la
peticionaria regresó al país en la fecha acordada posteriormente (30 de octubre
de 2006), (ii) se vinculó nuevamente a la institución, (iii) realizó su
proyecto de investigación con la entidad , (iv) le compartió los respectivos
créditos y se lucró con los resultados de dicha investigación, y (v) culminó su
doctorado en el año 2010.
Corpoica ha
vulnerado el principio de buena fe que rige no sólo las actuaciones
contractuales, sino también la relación entre empleador y trabajador, al
declarar el incumplimiento de las obligaciones contractuales e iniciar un
proceso ejecutivo sin tener en cuenta las condiciones especiales de la
peticionaria, la finalidad del contrato que no era otra sino la investigación y
el aporte que la misma iba a generar tanto en la entidad accionada como en el
desarrollo del país (…) Este actuar contraviene tal y como se indicó en la
parte considerativa de esta providencia el deber que tiene el Estado de
garantizar el fomento de la ciencia y la tecnología como instrumento del
derecho a la educación. En palabras de este Alto Tribunal, “[…] el Estado tiene
el deber de garantizar el fomento a la ciencia y la tecnología como un
instrumento eficaz para consolidar y materializar el derecho a la educación,
cuya función social (art. 67) incluye el crear condiciones que posibiliten a
los individuos desenvolverse en un contexto social en el cual los principios de
heterogeneidad y pluralismo que caracterizan a nuestra Constitución se orientan
hacía la construcción de un orden social inclusivo”.
En este
orden de ideas, es claro que las subreglas proferidas en la sentencia T-715 de
2014, no avalaron que en todos los casos en los cuales un becario incumpliera
sus obligaciones con la entidad que garantizó su comisión de estudios, se
debían condonar o suspender los procesos en su contra, por el simple hecho de
regresar al país. Por el contrario la providencia en comento se centró en
determinar si en el caso concreto la actuación de Corpoica había vulnerado el
derecho a la confianza legítima de la actora y no había tenido en cuenta las
particularidades especiales que rodearon el caso.
Así las
cosas, es claro que la jurisprudencia constitucional ha aceptado que en
determinadas circunstancias las obligaciones surgidas en el marco de un
contrato de apoyo educativo se flexibilicen cuando se evidencia que el
incumplimiento del mismo no es fruto de la simple liberalidad de una de las
partes, sino por el contrario, fue consecuencia de factores externos no
imputables al contratante ni al contratista.
10.1.2. En
lo que respecta a la actuación desplegada por la Comisión Fulbright,
Colciencias e Icetex en contra del señor Juan Gabriel Gómez Albarello para esta
Corporación, la situación fáctica descrita en los hechos de la tutela podría
encajar en lo que la doctrina y la jurisprudencia han entendido como fuerza
mayor. En este orden de ideas vale la pena traer a colación lo manifestado por la
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en torno a esta figura:
“La fuerza mayor o caso fortuito, por definición legal, es
"el imprevisto a que no es posible resistir" (art. 64 C.C., sub. art.
1° Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser,
por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad,
y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda
determinado por sus efectos.
Imprevisible es el acontecimiento que no sea viable contemplar de
antemano, examinando en cada situación de manera específica los siguientes
criterios: 1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la
probabilidad de su realización, y 3) el concerniente a su carácter inopinado,
excepcional y sorpresivo
No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por
sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que inexorablemente reúna los
mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser evaluados en
cada caso en particular -in concreto, pues en estas materias conviene
proceder con relativo y cierto empirismo, de modo que la imprevisibilidad e
irresistibilidad, in casu, ulteriormente se juzguen con miramiento en
las circunstancias específicas en que se presentó el hecho a calificar, no así
necesariamente a partir de un frío catálogo de eventos que, ex ante, pudiera
ser elaborado en abstracto por el legislador o por los jueces, en orden a
precisar qué hechos, irrefragablemente, pueden ser considerados como
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito y cuáles no.
Justamente sobre este particular, bien ha precisado la Sala en
jurisprudencia uniforme, que "la fuerza mayor no es una cuestión de
clasificación mecánica de acontecimientos"  por eso, entonces, "la
calificación de un hecho como fuerza mayor o caso fortuito, debe efectuarse en
cada situación específica, ponderando las circunstancias (de tiempo, modo y
lugar) que rodearon el acontecimiento -acompasadas con las del propio
agente-". Desde luego que ello no obsta para que puedan trazarse ciertas
directrices que, por su fuerza intrínseca, a la par que jurídica, permitan
singularizar y, por ende, dotar de fisonomía al fenómeno en cuestión, el cual,
por vía de ejemplo, no puede concurrir con la culpa del demandado que haya
tenido un rol preponderante en la causación del daño[39]”.
En igual medida el máximo órgano de
la jurisdicción civil ha aceptado que solo los hechos que cumplan con los
requisitos de imprevisibilidad y la irresistibilidad pueden ser analizados como
un eximente de responsabilidad que amerite el incumplimiento de un contrato, en
los siguientes términos:
“Los elementos constitutivos del
caso fortuito o fuerza mayor, son la imprevisibilidad y la irresistibilidad del
acontecimiento. La imprevisibilidad, rectamente entendida, no puede ser
desentrañada con arreglo a su significado meramente semántico, según el cual,
imprevisible es aquello “Que no se puede prever”, y prever, a su turno, es
"Ver con anticipación. Si se aplicase literalmente la dicción en
referencia, se podría llegar a extremos irritantes, a fuer que (sic)
injurídicos, habida cuenta de que una interpretación tan restrictiva haría
nugatoria la posibilidad real de que un deudor, según el caso, se liberara de
responsabilidad en virtud del surgimiento de una causa a él extraña,
particularmente de un caso fortuito o fuerza mayor.
Desde esta perspectiva, no le falta
razón al Profesor italiano Giorgio Giorgi, cuando puntualiza que "...se
trata de -una- imprevisibilidad específica, esto es, imposibilidad de preveerle
en las circunstancias en que se verifica y hace imposible el cumplimiento. De
otro modo, ¿ se podría hablar alguna vez del caso fortuito? De alguna manera,
en el plano ontológico, todo o prácticamente todo se torna previsible, de
suerte que asimilar lo imprevisto sólo a aquello que no es posible imaginar o
contemplar con antelación, es extenderle, figuradamente, la partida de
defunción a la prenombrada tipología liberatoria, en franca contravía de la
ratio que, de antiguo, inspira al casus fortuitum o a la vis maior.
De consiguiente, es necesario darle
al presupuesto en estudio - de raigambre legal en Colombia, como se acotó -, un
significado prevalentemente jurídico, antes que gramatical, en guarda de
preservar incólume la teleología que, en el campo de la responsabilidad civil,
Es así, ad exemplum, como ha ligado funcionalmente este requisito a una previa
contemplación efectuada con sujeción a las previsiones normales “que suceden en
el curso ordinario de la vida”, o a las “...circunstancias normales de la vida”,
las que en esta tesitura se erigen en rasero para medir la normalidad o la
frecuencia del suceso que se dice liberatorio; o a que el hecho respectivo, en
el terreno probabilístico, no sea “...lo suficientemente probable para que el
deudor haya debido razonablemente precaverse contra él; o a la generación
física de un acontecimiento que, 'in casu', sea “...intempestivo, excepcional o
sorpresivo”
La irresistibilidad, por su parte,
bajo su forma adjetiva, esto es irresistible, significa literalmente, “aquello
que no se puede resistir”. Y este último verbo se define en el mismo
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como “Oponerse un cuerpo
o una fuerza a la acción o violencia de otra”. Así las cosas, la
irresistibilidad sería la imposibilidad de oponerse a esa acción o fuerza
extraña.
No obstante, en el lenguaje
jurídico, la irresistibilidad debe entenderse como aquel estado predicable del
sujeto respectivo que entraña la imposibilidad objetiva de evitar ciertos
efectos o consecuencias derivados de la materialización de hechos exógenos - y
por ello a él ajenos, así como extraños en el plano jurídico - que le impiden
efectuar determinada actuación, lato sensu. En tal virtud, este presupuesto
legal se encontrará configurado cuando, de cara al suceso pertinente, la
persona no pueda - o pudo - evitar, ni eludir sus efectos (criterio de la
evitación).
La jurisprudencia de esta
Corporación, de igual manera, ha entendido que este elemento de la fuerza mayor
“consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso
aludido, no obstante los medios de defensa empleados por el deudor para
eludirlo” como también que “Implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho
para eludir sus efectos”[40].
Así las
cosas, esta Corporación considera que desde la teoría de la responsabilidad por
el incumplimiento de contratos, afirmar que “alguien no ha regresado al país
debido al  riesgo que existía contra su vida y su seguridad”, puede
considerarse como un hecho imprevisible
e irresistible, siempre y cuando este hecho se pruebe en el marco del proceso
(aspecto que se analizara más adelante).
Sin embargo, tal y como lo ha
manifestado la jurisprudencia constitucional la estructuración de la fuerza
mayor, cuando se trata del incumplimiento de contratos de tracto sucesivo, no
tiene la potencialidad de excluir o excusar a una de las partes de sus obligaciones.
Por el contrario, cuando se presenta este fenómeno, los efectos de la fuerza
mayor se asimilan más a la teoría de la imprevisión, la cual permite garantizar
el objeto inicial del contrato pero bajo especiales cláusulas que reconozcan
las especificidades que afectaron el negocio original.
10.2
Análisis de las condiciones de seguridad del señor Juan Gabriel Gómez Albarello
Tal y como lo manifestó el Centro de Memoria histórica en el informe
titulado “Basta ya”, Colombia apenas comienza a esclarecer las dimensiones de
su propia tragedia. Aunque sin duda la mayoría de nuestros compatriotas se
sienten habitualmente interpelados por diferentes manifestaciones del conflicto
armado, pocos tienen una conciencia clara de sus alcances, de sus impactos y de
sus mecanismos de reproducción[41].
Por ello, aunque el conflicto armado en el país ha cobrado millares de víctimas,
representa para muchos conciudadanos un asunto ajeno a su entorno y a sus
intereses. La violencia de la desaparición forzada, la violencia sobre el líder
sindical perseguido, la violencia del desplazamiento forzado, la del campesino
amenazado y despojado de su tierra, la de la violencia sexual y tantas otras
suelen quedar marginadas de la esfera pública, se viven en medio de profundas y
dolorosas soledades[42].
En suma, la cotidianización de la violencia, por un lado, y la ruralidad
y el anonimato en el plano nacional de la inmensa mayoría de víctimas, por el
otro, han dado lugar a una actitud si no de pasividad, sí de indiferencia,
alimentada, además, por una cómoda percepción de estabilidad política y
económica. Sobre el particular el informe del Centro de Memoria Histórica
manifestó: “Los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los
secuestros y las masacres pequeñas son los hechos que han prevalecido en la
violencia del conflicto armado. Estas modalidades configuran una violencia de
alta frecuencia y baja intensidad, y hacen parte de las estrategias de
invisibilización, ocultamiento o silenciamiento empleadas por los actores
armados. De hecho, fueron precisamente estas modalidades que poco trascendieron
en el plano nacional, pero que tuvieron un alto impacto en el ámbito local, las
que invadieron de manera duradera la cotidianidad de las víctimas (…)
Reconocer que el pasado se caracteriza por dinámicas de violencia implica
encarar y rechazar la naturalización de la guerra, recuperar la indignación
frente a ella”[43].
Conforme lo precisó el referido documento, uno de esos fenómenos que más
han sido invisibilizados y que a su vez generan una incomprensión de su impacto
sobre sus destinatarios, es la amenaza. Sobre el particular manifestó: “La
amenaza es una práctica de violencia constante en el desarrollo del conflicto
armado colombiano que tiende a subvalorarse cuando no registra un desenlace
letal o que se minimiza si no se consuma en un hecho violento”[44].
Así las cosas, es claro que la amenaza, es hoy en día un hecho
victimizante profundamente minimizado en sus impactos, razón por la cual en no
pocos casos la respuesta institucional a este fenómeno no suele ser
proporcional y adecuada a este flagelo.
En lo que respecta al asunto sub examine, esta Corporación debe precisar
que existen suficientes pruebas en el expediente que permiten identificar
claramente que la situación de violencia estructural que atravesaba Colombia en
los años en los cuales el señor Juan Gabriel Gómez Albarello culminó su
doctorado y se reintegró a su trabajo, claramente pueden ser considerados como
variables que debió tener en cuenta la Comisión Fulbright Colombia, Colciencias
e Icetex tanto al momento de aceptar la renuncia al apoyo concedido bajo la
modalidad beca-crédito, como al momento de iniciar todas las acciones de cobro
correspondientes para recuperar los 164,402,929.01 adeudados a la fecha de
presentación de la tutela.
Esta Sala considera que las entidades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales del señor Juan Gabriel Gómez Albarello al aplicar un régimen de
responsabilidad objetivo al momento de adelantar las acciones tendientes a
recuperar los dineros del patrocinio, ya que a pesar de que en reiteradas
oportunidades el actor puso en conocimiento las razones de seguridad que le
impedían regresar a Colombia, estas entidades de manera perentoria le
solicitaron asumir un riesgo excepcional y regresar al país en las condiciones
inicialmente estipuladas. Esta actitud es particularmente grave si se tiene en
cuenta que:
(i)
A principios del mes de diciembre de 1999, la hermana del accionante fue
víctima de amenazas de muerte por parte de personas armadas, las cuales en su
momento se identificaron como paramilitares que se oponían al cubrimiento que
esta hizo como periodista de graves violaciones a los derechos humanos.
Conforme se probó en el expediente estas amenazas la motivaron a exiliarse en
los Estados Unidos[45].
(ii)
Que durante sus estudios varios miembros de su grupo familiar fueron asesinados
en la zona rural de Ibagué por parte de las FARC[46].
(iii)
Y que varios amigos y compañeros de trabajo del Instituto de Estudios Políticos
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI-UN)
fueron víctimas de atentados por distintos actores del conflicto armado.
Respecto a este último punto, vale la pena resaltar que el señor Juan Gabriel Gómez Albarrello allegó a esta Corporación
en respuesta al auto de fecha 29 de abril de 2016 una serie de informes
periodísticos y declaraciones extrajuicio en las cuales se relacionan varios
atentados y hechos de violencia que sacudieron a varios familiares, colegas y
compañeros de trabajo mientras adelantaba sus estudios de doctorado en el
exterior. Entre estos se destacan:
(i) Artículo
periodístico de fecha 12 de marzo del año 2000 publicado en el periódico “El Tiempo”
en el cual se relaciona la situación de amenaza a varios reporteros del país.
En este sentido respecto a la hermana del accionante se afirma lo siguiente “Margarita
Gómez Albarello, reportera judicial del periódico El Nuevo Día y otros cinco
periodistas. Amenazados después de ser obligados por la guerrilla a presenciar
un ataque contra un cuartel policial[47]”.
(ii) Artículo periodístico
de fecha 29 de marzo del año 2000 publicado en el periódico “El Tiempo” en el
cual se relaciona la situación de amenaza de los integrantes del IEPRI. Sobre
el particular se afirma: “Un
ejemplo de este ataque infame al pensamiento libre es el progresivo exilio de
miembros del Iepri de la Universidad Nacional, uno de los centros de estudios
políticos colombianos más reconocidos internacionalmente. Aún están en la
memoria los viles asesinatos de los profesores Jesús Antonio Bejarano, Hernán
Henao y Darío Betancourt, y el atentado a Eduardo Pizarro[48]”.
El mismo texto en igual sentido manifestó
que: “Que el pensamiento deje de ser objetivo militar, decía el IEPRI ante
la desaparición del profesor Betancourt. Parece que ni los propios estudiantes
escuchan y entienden tan dramático llamado a la reflexión, la cordura y el
respeto por el otro y su visión de país. Que sea este Congreso la oportunidad
para la unión de las directivas de las universidades públicas y privadas con el
fin de tomar posiciones políticas firmes y claras para la protección del
ejercicio intelectual, pilar fundamental en la formación de una conciencia
crítica de la nación”.
(iii) Artículo periodístico de fecha 21 de noviembre del año 2000
publicado en la revista Semana en el cual se relaciona las amenazas que habían
sufrido los miembros del IEPRI en los siguientes términos: “Por las medidas
de seguridad parece la entrada a una prisión, a la oficina de un magnate o a la
embajada gringa. Hay que pasar primero el detector de metales. Luego una puerta
blindada. Y, por último, una reja metálica que sólo se abre con acceso digital.
Pero en realidad  es tal sólo la rutina diaria para entrar a las oficinas de
los investigadores del Cinep, el centro de investigación social de los jesuitas
en Bogotá. Su protección es sólo una medida del miedo ante las serias amenazas
que reciben constantemente. Del mismo tipo de las que se concretaron en el
asesinato el año pasado de los profesores Jesús A. Bejarano y Hernán Henao que
han llevado al exilio a ocho investigadores del Instituto de Estudios Políticos
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri)[49]”
(iv) La declaración extrajuicio
presentada por el señor Iván Orozco Abad en la cual pone de presente que “recibí
reiteradamente amenazas contra mi vida por parte del entonces jefe de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, y debí irme al exilio
con mi familia entre 1999 y 2004. Mi caso no fue el único ni excepcional. En la
época en que con el apoyo de la fundación FESCOL abandoné el país, circulaban
listas de personas amenazadas de muerte por guerrilleros y paramilitares.
Fueron esos los días en que el profesor de la Facultad de Economía, Jesús
Antonio Bejarano, fue asesinado por desconocidos dentro del campus de la
Universidad Nacional y en que desconocidos atentaron contra la vida del
Profesor Eduardo Pizarro, Profesor del IEPRI y colega de Juan Gabriel Gómez y
mío. Tan agresiva era la campaña de los violentos contra intelectuales y
académicos que se ocupaban de asuntos como la guerra, la paz y los derechos humanos
que escritores como Alfredo Molano, pero también otros colegas del IEPRI
decidieron, por la misma época salir de Colombia. Tal es el caso de los
profesores Francisco Leal, Juan Tokatlian, Alejandro Reyes y Álvaro Camacho.
Esa es también la época en que Juan Gabriel Gómez viajó a los Estados Unidos
para adelantar estudios de posgrado”.
Esta
Corporación no puede ignorar que conforme a los hechos previamente descritos, se
puede inferir razonablemente que sobre el accionante recaía un riesgo contra su
vida e integridad en su calidad de investigador de la Universidad Nacional, y en
esta medida es apenas comprensible la actitud y prevenciones asumidos por el
señor  Juan Gabriel Gómez Albarrello respecto de su temor de
regresar al país. Ello incluso a pesar de no haber recibido amenazas o ser
víctima de algún tipo de atentado de forma directa.
(v) Así
mismo, vale la pena destacar las graves condiciones de seguridad de los
integrantes del IEPRI para esa época. Sobre el particular el director de ese
cuerpo afirmó lo siguiente:“Todos los hechos relacionados
por el profesor Juan Gabriel Gómez sobre amenazas y atentados a docentes del
IEPRI y de la Universidad Nacional (como el atentado contra la vida de nuestro
colega del IEPRI Eduardo Pizarro y el asesinato dentro del campus del profesor Jesús
Antonio Bejarano), son hechos ciertos y comprobables (...)   La situación de seguridad de los
profesores del IEPRI llegó a ser tan grave que se colocaron ventanas de
seguridad con vidrios blindados en la sala principal de reuniones de los
profesores del IEPRI, así como una puerta de entrada al instituto, también con
vidrios blindados, y unas cámaras de seguridad para monitorear el ingreso de
personas al IEPRI. Los vidrios blindados en las ventanas del costado norte del
instituto, así como en la puerta principal de acceso al IEPRI, se mantienen
hasta nuestros días como memoria de la situación de riesgo de aquellos años[50]”.
Conforme a los hechos descritos, es claro que para la época en la cual el
accionante adelantaba sus estudios de doctorado y se negaba a regresar al país,
existía una alta probabilidad de que los integrantes del IEPRI fueran afectados
en su derecho a la integridad y a la vida, tal y como lo demuestran las
acciones desplegadas para garantizar la seguridad de estos. En igual medida,
esta Corte no puede desconocer que en varias oportunidades las medidas de
protección fallaron a tal punto que varios colegas del accionante perdieron la
vida en atentados sicariales.
Tampoco se puede desconocer que según el Centro de Memoria Histórica
durante la época en la cual el accionante afirmó que existía un riesgo y
amenaza contra su vida, se presentaron los más altos índices de violencia
estructural en el territorio Colombiano[51].
Así las cosas, afirmaciones como las hechas por la Comisión Fulbright y Colciencias
según las cuales: (i) regresar al país era una condición innegociable, (ii)
el actor debió solicitar asilo político si su vida en realidad corría riesgo, o
(iii) que la renuncia a la beca-crédito fue libre y espontánea, no son
de recibo para este tribunal, ya que instrumentalizan al becario y lo ponen a
elegir entre garantizar el cumplimiento de un contrato y perder su vida.
En este sentido vale la pena destacar lo manifestado en la comunicación
interna de fecha 29 de abril de 2012, en la cual la Comisión Fulbright puso de
presente  los constantes temores del accionante por regresar al país debido a
que su vida podía correr riesgo. Sobre el particular aseveró: “El (becario) me
indicó que quería quedarse en los EEUU porque temía por su vida si regresaba a
Colombia. Le expliqué que habían procesos para buscar asilo político en los
EEUU si eso fuese necesario. Además, le deje saber que si se quedara en el
programa quizás las circunstancias del país cambiarían antes de la culminación
de su programa y no sería necesario el tener que buscar asilo político. Él no
se quedó muy convencido de mi sugerencia y me manifestó que su hermana había
solicitado el asilo político en los EEUU el año pasado y su solicitud fue
negada por el gobierno porque ella tenía doble ciudadanía; colombiana e
italiana[52]”.
Conforme a lo anteriormente expuesto es claro que el señor Juan Gabriel
Gómez Albarello no regresó al país en el término inicialmente estipulado debido
a las condiciones de seguridad que afrontaba Colombia en la época en la que
este adelantaba sus estudios doctorales. Así las cosas, para esta Sala las
actuaciones de la Comisión Fulbright y Colciencias aplicaron un criterio de
responsabilidad objetiva y no analizaron las particularidades que rodearon el
caso del accionante vulnerando así su derecho al debido proceso.
En igual medida, para la Sala es evidente que conforme al ambiente de
violencia estructural que afectó al señor Juan Gabriel Gómez Albarello la
decisión de renunciar al crédito educativo condonable argumentando las amenazas
en contra de su familia, amigos y compañeros de trabajo se encuentra afectada
por la falta de voluntad y en esta medida carece de efectos jurídicos.
10.3. Imposibilidad de aceptar las actividades realizadas por el
accionante como actividades que generaron la condonación del crédito-beca.
Conforme lo manifestó el accionante en el escrito de tutela, esta acción se
presenta con el objeto de que se proteja su derecho al debido proceso y en
consecuencia se adelante el trámite, estudio y decisión de su situación
jurídica con ocasión de la beca crédito, sin que se aplique una responsabilidad
objetiva, incorporando en su análisis todos los elementos subjetivos de su
conducta tal y como lo es la intencionalidad, culpabilidad e imputabilidad. Sin
embargo el escrito de tutela plantea una petición subsidiaria consistente en
decretar por vía de tutela la condonación total de la deuda debido a una serie
de actividades desarrolladas por el actor.
Según
el señor Juan Gabriel Gómez Albarello, el haberse reintegrado a la Universidad
Nacional a trabajar y haber participado como evaluador de Colciencias, puede
entenderse como actividades investigativas que satisfacen el requisito
establecido para la condonación de la deuda.
Específicamente
el actor y el Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI-UN) ponen de presente
que a su regreso a Colombia, al abrirse una convocatoria en dicha
universidad el accionante se presentó a ella y resultó ganador del concurso de
méritos.
Desde entonces, afirman que el accionante se ha desempeñado en las
tres funciones misionales de los profesores del IEPRI: en la investigación, la
docencia, y la extensión, ha publicado artículos científicos, ha adelantado
traducciones del inglés y ha escrito regularmente para publicaciones
periodísticas y para un blog, participando de manera activa en el debate
público sobre distintos temas de la actualidad nacional e internacional. Así
mismo ponen de presente que el accionante ha adelantado la evaluación de
proyectos para Colciencias.
Por su parte Colciencias en el escrito de contestación, aclaró que si
bien ha existido un vínculo entre su entidad y el peticionario desde su regreso
al país,  no pueden catalogarse las actividades desplegadas por el señor Juan
Gabriel Gómez Albarello como proyectos que hayan cumplido con los requisitos
para condonar la deuda.
Conforme a lo anteriormente expuesto esta Sala debe determinar si las
actividades ejecutadas por el accionante desde su regreso al país pueden ser
catalogadas como actividades que pueden llegar a condonar el crédito-beca
solicitado.
Tal y como
se manifestó en la parte motiva de esta providencia la voluntad
de los contratantes es uno de los aspectos más importantes a la hora de
construir las relaciones comerciales y civiles entre las personas. Conforme
a teoría general de las obligaciones los contratos son desarrollo directo de la
autonomía de las partes, y en este sentido, el mismo respeto y protección
constitucional que surge al momento de emitir la manifestación para contratar,
tiene como contraprestación, el deber por parte de las personas obligadas de
cumplir de buena fe con la palabra dada en los precisos y estrictos términos
concernidos en el contrato.
La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil respecto a la
importancia de garantizar que las acciones desplegadas sean fruto del acuerdo
de voluntades ha manifestado que:
En efecto,
todo contrato existente y válido, obliga
a su cumplimiento de buena fe, en todo cuanto le pertenece por definición
(esentialia negotia), ley, uso, costumbre o equidad (naturalia negotia) o
expresamente pactado (accidentalia negotia), en la totalidad de la prestación,
forma y oportunidad debida, constituye un precepto contractual o norma
obligatoria (pacta sunt servanda, lex privatta, lex contractus, artículos 1501,
1602, 1603 y 1623, Código Civil; 871 Código de Comercio), y su observancia
vincula a los contratantes. (…) elementales
directrices lógicas, éticas o legales, la regularidad, normalidad,
estabilidad, seguridad, certidumbre del tráfico jurídico, la confianza
legítima, autoresponsabilidad, buena fe y libertad contractual, explican la
fuerza vinculante del contrato, y el repudio a su ruptura unilateral, en cuanto
como acuerdo dispositivo de intereses jurídicamente relevante obra de dos o más
partes, las obliga a cumplirlo”.
Así las cosas, es claro que en un negocio jurídico, una de las partes no
puede unilateralmente adelantar acciones que en su entender finalizan la
obligación asumida, sin la previa y manifiesta autorización de la contraparte. En
este orden de ideas, para la Corte, la calificación de ciertas investigaciones,
la publicación de ciertos textos en blogs y la asunción de cátedra son acciones
que fueron efectuadas de manera unilateral y en esa medida no pueden ser
consideradas como actividades de ciencia, tecnología e innovación ya que no
contaron con la autorización ni cumplieron la necesidad de Colciencias.
En igual medida esta Sala pone de presente que Colciencias al momento de
convocar a una persona como par evaluador, únicamente analiza los requisitos de
trayectoria académica e investigativa del convocado, a tal punto que no se
investiga si es deudor o no de esa entidad. Esto explica el hecho que el señor
Juan Gabriel Gómez, haya sido par evaluador de Colciencias, y sin embargo no se
pueda asumir por esa simple acción la condonación del crédito educativo.
10.4. Conclusiones
La Corte considera que el señor Juan Gabriel Gómez Albarello no regresó
al país en el término inicialmente estipulado debido a las condiciones de
seguridad que afrontaba Colombia en la época en la que este adelantaba sus
estudios doctorales.
Esta situación encaja en lo que la jurisprudencia constitucional ha
considerado como un hecho imprevisible
e irresistible. Razón por la cual la respuesta constitucional ha
consistido en garantizar la protección del derecho al debido proceso y en
consecuencia, permitirle al afectado garantizar el objeto inicial del contrato
pero bajo especiales condiciones que reconozcan las especificidades que
afectaron el negocio original.
Para el caso concreto la
noción de culpabilidad en torno a la existencia de contratos de apoyo
educativos es un elemento central respecto a la posibilidad de decretar o no el
incumplimiento de estos negocios jurídicos. En esta medida no puede
considerarse que existió culpa en las actuaciones del señor Juan Gabriel Gómez
Albarello.
Conforme a lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que las
actuaciones de la Comisión Fulbright y Colciencias aplicaron un criterio de
responsabilidad objetiva y no analizaron las particularidades que rodearon el
caso del accionante vulnerando así su derecho al debido proceso.
Teniendo en cuenta lo
anterior, esta Sala ordenará a Colciencias y a la Comisión Fulbright, que le
permitan al accionante cumplir con las obligaciones inicialmente estipuladas en
el crédito-beca. Para ello deberán en el término de diez (10) días contados a
partir de la notificación de esta providencia, elaborar un documento de
compromisos que permitan al señor Juan Gabriel Gómez Albarello adelantar las actividades
de ciencia, tecnología e innovación necesarias para acceder a la condonación de
la deuda restante.
En igual medida se ordenará al Icetex suspender cualquier tipo de cobro
de la deuda hasta que el respectivo análisis sea culminado.
IV.
DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR el fallo proferido el 11 de noviembre de 2015, por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo la que a
su vez confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A del 11 de septiembre de 2015, por medio de la
cual se negó la protección del derecho fundamental al debido proceso invocado por
el señor Juan Gabriel Gómez Albarello.
Segundo.- TUTELAR el derecho
fundamental del señor Juan Gabriel Gómez Albarello al debido proceso y en
consecuencia ordenar a Colciencias y a la Comisión Fulbright, que le permitan
al accionante cumplir con las obligaciones inicialmente estipuladas en el
crédito-beca. Para ello deberán estas entidades en el término de diez (10) días
contados a partir de la notificación de esta providencia, elaborar un documento
de compromisos que permitan al señor Juan Gabriel Gómez Albarello adelantar las
actividades de ciencia, tecnología e innovación necesarias para acceder a la
condonación de la deuda restante.
Tercero.-
ORDENAR al Icetex suspender cualquier tipo de cobro de la deuda
hasta que el respectivo análisis sea culminado.
Cuarto.-
LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente
en comisión
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Respecto a las actividades que
realizó el accionante en el
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de Colombia (IEPRI-UN) el escrito de tutela aseveró lo siguiente: “En mi estadía he sido profesor de
varios cursos, entre los cuales se destacan curso de Métodos de investigación;
he dirigido varias tesis, ha publicado varios artículos en revistas indexadas
así como la traducción  de un libro completo sobre el funcionamiento del
sistema financiero.”
[2] Sentencia T-587 de 2003.
[3] Sentencia T-1318 de 2005.
[4] Sentencia T-798 de 2007.
[5] Sentencia T-769 de 2005.
[6] Sentencia T-002 de 1992.
[7] Sentencia T-534 de 1997.
[8] Sentencia T-672 de 1998.
[9] Sentencia C-170 de 2004.
[10] Sentencia C-170 de 2004.
[11] Ver sentencias T-002 de 1992, T-202 de 2000, T-1677
de 2000, y T-787 de 2006.
[12] Objetivos de Desarrollo
del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe. La educación como eje
del desarrollo humano. Capítulo III. ONU, Santiago de Chile. 2005. Pág. 83 - 84
[13] Sentencia T-715 de 2014
[14] Sentencia
T-715 de 2014
[15] Cfr. Sentencia C-006 de
1996
[16] Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias.
[17] Rodrigo BARCIA, "Los contratos desde la
perspectiva del análisis económico del Derecho'\ en Revista Ius et Praxis'
Universidad de Talea, año 4, N o 2, Talca, 1998, pp 149-176
[18] Ibídem.
[19] Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones.
[20] Sentencia T-726 de 2010
[21] Sentencia T-726 de 2010
[22] Centro Nacional de Memoria Histórica. Cruzando la
frontera: memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca. Bogotá,
CNMH, 2014.
[23] Ibídem
[24] Centro Nacional de Memoria Histórica. Cruzando la
frontera: memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca. Bogotá,
CNMH, 2014.
[25] Centro Nacional de Memoria Histórica. Cruzando la
frontera: memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca. Bogotá,
CNMH, 2014
[26] Ibídem
[27] Sentencias T-381 de
1998, T-416 de 1998,T-1341 de 2001 y T-704 de 2003,
[28] T-268 de 2010, T-213 de 2012, T-
363 de 2013 y T-747 de 2013, entre otras.
[29] T-747 de 2013.
[30] Sentencia
T-715 de 2014
[31] Sentencia T-406 de 1992.
[32] Sentencia C-154 de 1997
[33] Sentencia T-520 de 2003.
[34] Ibidem.
[35] Sentencia T-677 de 2004
[36] La Corte ha declarado la
constitucionalidad de ciertas formas de responsabilidad objetiva en ciertos
campos del derecho administrativo, como es el régimen de cambios, en donde la
Corporación ha considerado que dados los intereses en juego "se admite la
no pertinencia de los elementos subjetivos de la conducta tipificada
previamente como sancionable, como son la intencionalidad, la culpabilidad e
incluso la imputabilidad". C-690 de 1996.
[37] Consultar la sentencia
C-690 de 1996.
[38] Acerca de la
improcedencia general de la tutela en materia contractual, consultar, entre
otras muchas, las Sentencias T-219 de 1995, T-605 de 1995, T-307 de 1997, T-643
de 1998, T-625 de 2001, T-971 de 2001, T-1221 de 2001, T-1341 de 2001, T-104 de
2002 y T-168 de 2003.
[39] Cfr. Corte
Suprema de Justicia Sala De Casación Civil, Sentencia
del 29 de abril de 2005, Expediente: No.
0829-92.
[40] Cfr Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil,
sentencia del 23 de junio de 2000 Expediente No. 5475.
[41] Gmh. ¡basta ya! Colombia: Memorias de guerra y
dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.
[42] Ibídem.
[43] Ibídem.
[44] Ibídem.
[45] Ver cuaderno e pruebas, folio 81
artículo periodístico titulado “de la historia reciente”. En este se
explica la gravedad de las amenazas que llevaron a la hermana del accionante a
exiliarse en los Estados Unidos.
[46] Ver cuaderno de pruebas, folios
96 al 98 artículos periodísticos titulado “pacto secreto” y “orden público”.
En estos se explica la manera como murieron en un intento de secuestro los miembros del grupo
familiar del accionante.
[47] Ver cuaderno de pruebas, folio 80
artículo periodístico titulado “Pacho santos se fue del país”.
[48] Ver cuaderno de pruebas, folio 83
artículo periodístico titulado “La academia amenazada”.
[49] Cuaderno de
pruebas, folio 85 artículo periodístico titulado “Ideas bajo el fuego”.
[50] Cuaderno de
pruebas, folio 31.
[51] Sobren el particular el informe ¡basta ya! Colombia:
Memorias de guerra y dignidad asevero lo
siguiente: “El periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del
conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las
guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del
Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión
pública hacia una solución militar del conflicto armado. La lucha contra el
narcotráfico y su imbricación con la lucha contra el terrorismo renuevan las
presiones internacionales que alimentan el conflicto armado, aunado a la
expansión del narcotráfico y los cambios en su organización”. Gmh. ¡basta
ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.
[52] Cuaderno de
pruebas, folio 60.