T-453-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-453/05
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Reiteración
de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
precisados por la jurisprudencia constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Causales
genéricas de procedibilidad
VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-Casos en que se presenta
Por la naturaleza de las alegaciones específicas que
se plantean en la demanda de tutela, es relevante que la Sala se pronuncie
brevemente sobre el alcance de la llamada “vía de hecho por defecto
sustantivo”. En varios fallos anteriores, la Corte ha delimitado el campo de
aplicación de esta figura, señalando que se presenta, entre otras razones, (i)
cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable al caso concreto, lo cual ocurre cuando, por ejemplo, la norma
empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente, o no se encuentra
vigente por haber sido derogada, o por haber sido declarada inexequible; (ii)
cuando la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso
concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su
alcance; (iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta
otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; (iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y por ende inaplicada; o (v) porque a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación al caso concreto
resulta inconstitucional, por ejemplo, por violar otras normas
constitucionales.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Comprende el derecho a la verdad, la
justicia y a la reparación
Surge que la concepción constitucional de
los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un delito comprende, por
lo menos, tres derechos esenciales: el derecho a la verdad, el derecho a la
justicia y el derecho a la reparación. Dentro de la línea de la sentencia C-228
de 2002, esta Corporación ha establecido que los derechos de las víctimas del
delito a la verdad, a la justicia y a la reparación se violan cuando en el
proceso penal se adoptan decisiones que conducen a la impunidad, lo cual puede
ocurrir, entre otras: (i) si se les impide solicitar el control de legalidad de
las decisiones que adopten los funcionarios judiciales sobre la imposición de
medidas de aseguramiento al procesado; (ii) si no se les permite solicitar la revisión
de sentencias judiciales absolutorias en casos de violaciones de derechos
humanos o de infracciones al derecho internacional humanitario cuando un
pronunciamiento judicial interno o de una instancia internacional reconocida
por Colombia, constata la existencia de una prueba nueva o de un hecho nuevo no
conocidos al momento del juzgamiento, o la omisión del Estado colombiano de
investigar con seriedad e imparcialidad los hechos; (iii)si se les restringe la
posibilidad de acceder a las diligencias previas del proceso penal; (iv) si se
les niega el derecho a intervenir en procesos disciplinarios que se instauren
por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario; (v) si se impide la constitución de parte civil
exigiendo requisitos o condiciones no previstos en la ley, o desconociendo la
jurisprudencia constitucional sobre los derechos de las víctimas; (vi) si se
precluye la investigación penal sin haber respondido a la solicitud de pruebas
de la parte civil; (vii) si se declara la caducidad de la acción civil dentro
del proceso penal, sin que se reunieran los supuestos legales para aplicar la
norma que lo permitía; (viii) si se cumple con el deber de investigar tan sólo
de manera puramente formal, o sin la seriedad y rigor requeridos para la
defensa de los derechos de las partes procesales.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS
SEXUALES-En derecho
internacional, comparado y nacional
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS
SEXUALES
El anterior recuento evidencia una
tendencia creciente a la protección de la dignidad e intimidad de las víctimas
de delitos sexuales dentro del proceso penal, estableciendo los siguientes
derechos a su favor: 1) El derecho a que se garantice su acceso a un recurso
legal efectivo, de tal manera que se asegure la efectividad de sus derechos a
la verdad, a la justicia y a la reparación; 2) El derecho a expresar sus
opiniones y preocupaciones y a ser escuchadas, y a que se les comuniquen todas
las decisiones que puedan afectar sus derechos; 3) El derecho a ser tratadas
con respeto y consideración durante todo el proceso judicial y a que se adopten
medidas para evitar que el proceso penal conduzca a una segunda victimización,
por ejemplo, reduciendo las molestias que puedan causarle las diligencias que
se adelanten en el proceso, tales como contactos directos con el agresor,
repetición innecesaria de exámenes o pruebas, etc.; 4) El derecho a ser
protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación; 5) El
derecho a que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de
investigación sin prejuicios contra la víctima; 6) El derecho a que se adopten
medidas para evitar injerencias innecesarias en la vida íntima de la víctima;
7) El derecho a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de
ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una
intromisión innecesaria, o desproporcionada de su derecho a la intimidad; 8) El
derecho a que se entienda que no existe consentimiento real y libre de
presiones, por la simple ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo
exterioricen; 9) El derecho a que la investigación penal se adelante con
seriedad y objetividad y esté orientada al esclarecimiento de la verdad y al
logro de la justicia.
DEBERES DEL FUNCIONARIO JUDICIAL-Protección a víctimas de delitos
PRUEBAS EN PROCESO PENAL-Admisión, práctica y valoración de éstas
En general, la admisión y práctica de pruebas en el
proceso penal está librada a la apreciación racional que haga el funcionario
responsable de la investigación penal sobre su potencialidad para aclarar lo
ocurrido y la responsabilidad de los implicados. Sin embargo, ese ejercicio
discrecional debe enmarcarse tanto dentro de los principios constitucionales
del debido proceso, de la presunción de inocencia y de la imparcialidad y del
derecho de defensa, como del respeto de la dignidad, la integridad y la
intimidad de las víctimas. La verdad no se ha de investigar a cualquier precio,
sino protegiendo a todos los sujetos procesales en sus derechos fundamentales.
De ahí, la estrecha relación entre el derecho procesal y el derecho
constitucional. La Corte Constitucional ha establecido que el juez o el fiscal
vulneran el derecho de defensa y desconocen el principio de investigación
integral, en aquellos casos en los cuales dejan de solicitar, o practicar sin
una justificación objetiva y razonable, pruebas que resultan fundamentales para
demostrar las pretensiones de la defensa. Pero también ha reconocido que se
desconoce la finalidad de establecer la verdad, cuando omite tener en cuenta
los derechos de las víctimas. Aun cuando normalmente en el ámbito del derecho
penal, el cuestionamiento de la ilegalidad de las pruebas está asociado a
pruebas que desconocen los derechos del procesado, tal cuestionamiento también
puede surgir por afectación de los derechos de la víctima. La finalidad
múltiple que cumple el proceso penal y la necesidad de asegurar los fines de la
justicia y garantizar los derechos de las víctimas del delito, no excluye la
posibilidad de que la parte civil pueda objetar la admisión y práctica de
pruebas que desconozcan el debido proceso o que vulneren sus derechos
fundamentales, en particular su derecho a la intimidad.
DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS VICTIMAS DE
DELITOS SEXUALES Y DERECHO A LA DEFENSA DEL PROCESADO-Ponderación de derechos
DERECHO A LA INTIMIDAD-Limitaciones deben respetar principio de
razonabilidad y proporcionalidad
Las limitaciones al derecho a la intimidad, al igual
que la de cualquier otro derecho fundamental, deben respetar los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, en el contexto de un sistema democrático.
Estos principios han sido aplicados por esta Corporación para examinar las
limitaciones a los derechos que haga el legislador, pero también al ponderar el
enfrentamiento de derechos.
DERECHO A LA INTIMIDAD EN CASO DE PRUEBA EN
PROCESO POR DELITOS SEXUALES-Pasos
para hacer la evaluación de la limitación de este derecho
En el caso bajo estudio, es preciso determinar si la
introducción de una prueba relativa al comportamiento sexual o social previo de
una víctima de un delito sexual, resulta razonable y proporcional como
mecanismo para garantizar la defensa del procesado. La evaluación de la
limitación del derecho a la intimidad en este contexto, ha de realizarse en
cuatro pasos. En primer lugar, se analizará el fin buscado para ver si es
imperioso para la defensa; en segundo lugar, se examinará si el medio para
llegar a dicho fin es legítimo; y en tercer lugar, se estudiará la relación
entre el medio y el fin, aplicando un juicio de necesidad. Luego, de ser
razonable a la luz de estos pasos, se aplicará el juicio de proporcionalidad en
sentido estricto para determinar si el grado de afectación del derecho a la
intimidad es desproporcionado. La intensidad del juicio de razonabilidad
depende de la relevancia constitucional de los valores en juego. En el caso
bajo estudio, dado que se trata la colisión entre el derecho de defensa del
procesado y el derecho a la intimidad de la víctima, para permitir un examen
del comportamiento social y sexual de la víctima con anterioridad a los hechos
que se investigan o juzgan, el fin que justifica una intromisión de esa dimensión
en la vida íntima de la víctima debe ser imperioso, pues sólo la búsqueda de un
fin de tal magnitud y trascendencia haría razonable limitar el derecho
constitucional a la intimidad de las víctimas de delitos sexuales. En
principio, dicho examen sólo cabría si (i) tal indagación está dirigida a
demostrar que el autor del ilícito es otra persona y no el procesado; (ii) o si
como consecuencia de impedir esa indagación, se vulnera gravemente el derecho
de defensa del procesado, por ejemplo, porque un examen de la vida íntima común
y anterior de la víctima y del acusado permitiría demostrar que hubo
consentimiento. Por lo tanto, si la intromisión en la vida íntima de la víctima
sólo está orientada a deducir un supuesto consentimiento a partir de inferencias
basadas en relaciones privadas anteriores o posteriores y distintas de la
investigada, tal intromisión no responde a un fin imperioso, y por lo tanto,
debe ser rechazada. Lo que si es constitucionalmente admisible es que se
investiguen las circunstancias en que se realizó el acto sexual objeto de la
denuncia. De tal manera que a la luz del derecho constitucional experiencias
íntimas separadas del acto investigado están prima facie protegidas frente a
intervenciones irrazonables o desproporcionadas. En cuanto al medio escogido,
se debe examinar que se trata de un medio no prohibido por el ordenamiento
jurídico. Por eso, si la prueba sobre el comportamiento de anterior de la
víctima, se refiere, por ejemplo, a comunicaciones privadas, la posibilidad de
hacerlo, está sujeta al cumplimiento de los requisitos constitucionales y
legales que garantizan la inviolabilidad de la correspondencia y de las
comunicaciones privadas. El tercer paso del juicio de razonabilidad consiste en
establecer si el medio es necesario para alcanzar el fin propuesto. En efecto,
no basta con que el fin buscado sea imperioso y que el medio no esté prohibido.
Para justificar constitucionalmente la limitación de derechos fundamentales
como los que se encuentran en juego, se requiere que el medio sea necesario
para alcanzar el fin.
DERECHO A LA INTIMIDAD Y DEBIDO PROCESO DE
LAS VICTIMAS-Vulneración
cuando se ordenan pruebas que no cumplen requisitos señalados
Cuando las pruebas solicitadas relativas a la vida
íntima de la víctima no cumplen con estos requisitos, y se ordena su práctica,
se violan tanto el derecho a la intimidad como el debido proceso de las
víctimas, pues la investigación penal no se orienta a la búsqueda de la verdad
y al logro de la justicia, sino que se transforma en un juicio de la conducta
de la víctima, que desconoce su dignidad y hace prevalecer un prejuicio
implícito sobre las condiciones morales y personales de la víctima como
justificación para la violación. Cuando la investigación penal adquiere estas
características, la búsqueda de la verdad se cumple de manera puramente formal,
totalmente ajena a la realización de las finalidades del proceso penal, y por
lo tanto violatoria de los derechos de la víctima y, por consecuencia, del
debido proceso.
EXCLUSION DE PRUEBAS CONSTITUCIONALMENTE
INADMISIBLES EN PROCESOS PENALES POR DELITOS SEXUALES
Las víctimas de delitos sexuales, tienen un derecho
constitucional a que se proteja su derecho a la intimidad contra la práctica de
pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y
desproporcionada en su vida íntima, como ocurre, en principio, cuando se indaga
genéricamente sobre el comportamiento sexual o social de la víctima previo o
posterior a los hechos que se investigan. Tal circunstancia, transforma las pruebas
solicitadas o recaudadas en pruebas constitucionalmente inadmisibles, frente a
las cuales tanto la Carta como el legislador ordenan su exclusión. La
posibilidad de excluir pruebas o anular diligencias por desconocimiento de las
finalidades del proceso penal, esto es, cuando no se busca el esclarecimiento
de los hechos y se encamina a propósitos ajenos al proceso penal que distraen
hacia objetos distintos de investigación de lo sucedido, también ha sido
reconocida por la Corte Suprema de Justicia. Este grupo está constituido por
pruebas que deben ser excluidas del acervo probatorio, ya que implican una
intromisión irrazonable o desproporcionada en el derecho a la intimidad de la
víctima. Tanto por la forma como fueron solicitadas como por su contenido, era
claro que estaban orientadas a demostrar un comportamiento de la víctima, del
que supuestamente sería posible inferir su consentimiento para sostener una
relación sexual con el imputado. Este tipo de pruebas, no aportan elementos de
juicio sobre la forma como ocurrieron los hechos objeto de investigación, sino
que están dirigidas a elevar cuestionamientos sobre la idoneidad moral de la
víctima por su comportamiento anterior o posterior a los hechos en relaciones
diferentes y con personas distintas al acusado. No están orientadas estas
pruebas a un fin imperioso de la defensa. Por el contrario, buscan reproducir
un prejuicio social según el cual de una mayor predisposición o experiencia
sexual se puede inferir el consentimiento de la víctima a un acto totalmente
distinto y separado de las relaciones que ella hubiere podido tener con sus
ex-novios o amantes. Tales pruebas imponen una restricción grave del derecho a
la intimidad de la víctima que resulta irrazonable y desproporcionada que
distorsiona la finalidad de la investigación penal. En cuanto al medio, observa
la Corte que la obtención de declaraciones y pruebas técnicas no se encuentran
prohibidas por la ley. En este sentido los medios empleados no son ilícitos.
Sin embargo, no existe una relación entre los medios de prueba solicitados y el
fin perseguido: lograr demostrar la ausencia de responsabilidad del procesado.
El comportamiento o experiencia sexual previo de la víctima, nada dice sobre su
consentimiento para sostener relaciones sexuales con el acusado, ni aporta
información sobre lo ocurrido el día de los hechos. Simplemente está encaminado
a cuestionar la idoneidad moral de la víctima con base en prejuicios sociales.
Por ello, tales cuestionamientos son innecesarios para el esclarecimiento de la
verdad y desproporcionados dado que conllevan una grave intromisión en la vida
íntima de la víctima, sin que aporten ningún elemento probatorio sobre lo
sucedido en la relación entre la víctima y el acusado. Por lo anterior, tales
pruebas deberán ser excluidas del acervo probatorio, y no podrán ser tenidas en
cuenta por el juez al adoptar una decisión sobre la responsabilidad del
acusado.
ACCION DE TUTELA-Procedencia en caso en que aplicando arts
191 y 193 de C de P.P. se negaron recursos contra auto de pruebas
En el curso del proceso penal, la parte civil se opuso
oportunamente a la admisión y práctica de estas pruebas mediante el recurso de
apelación y posteriormente en el grado de consulta, pero el juez, acudiendo a
un criterio puramente formal, negó la procedencia de los recursos interpuestos,
indicando que según los artículos 191 y 193 del Código de Procedimiento Penal,
éstos sólo cabían cuando se negaba la práctica de pruebas, pero no cuando eran
admitidas. Esta decisión fue confirmada en el grado de consulta. Por lo
anterior, ante la inexistencia de un recurso legal efectivo que permita a la
parte civil impedir la práctica de ciertas pruebas o que haga posible la
exclusión de pruebas violatorias del derecho a la intimidad, encuentra la Sala
que es procedente la acción de tutela para determinar si se incurrió en una vía
de hecho por vulneración del debido proceso y del derecho a la intimidad de la
víctima. En esta revisión, no obstante, el juez en sede de tutela no está
llamada a sustituir al juez penal, ni a erigirse en última instancia de
decisión, o a resolver las cuestiones litigiosas en los procesos, o a sustituir
la valoración de las pruebas que obran en el proceso, sino a determinar si las
pruebas cuestionadas resultaban irrazonables y desproporcionadas, y por lo
tanto violatorias del derecho a la intimidad y, por consecuencia, del debido
proceso.
PRUEBAS EN PROCESOS PENALES POR DELITOS
SEXUALES-Caso en que
práctica de prueba se realizó con desconocimiento de la protección
constitucional de comunicaciones privadas
En cuanto a la inclusión de la carta que xx envió a su
ex-novio,  en la que supuestamente se muestra que la accionante había tenido
otras relaciones sexuales, tal prueba supone una intromisión irrazonable y
desproporcionada en el derecho a la intimidad de la víctima. Su inclusión
dentro del acervo probatorio no asegura ningún fin imperioso para la defensa
del procesado. Tal como ya se señaló, de la experiencia sexual anterior de la
víctima no es posible inferir el consentimiento a un acto sexual distinto y
ajeno a los contextos y a las relaciones en que ella pudiere haber consentido a
tener contactos sexuales con personas diferentes al acusado. Tal prueba fue
expresamente solicitada para demostrar “el comportamiento libertino” de la víctima,
lo cual reafirma que estaba orientada a un fin distinto al del esclarecimiento
de los hechos, con lo cual dicha intromisión en la vida privada de la víctima
resultaba desproporcionada. Adicionalmente, su obtención se hizo mediante el
empleo de un medio ilícito, como quiera que su práctica se realizó con
desconocimiento de la protección constitucional de las comunicaciones privadas,
las cuales sólo pueden ser registradas o interceptadas previa orden judicial y
con el cumplimiento de los requisitos legales para su obtención. En este caso,
la carta fue aportada por un tercero, que afirmó que dicha carta se encontraba
dentro de las pertenencias de la víctima. Por esta razón esta prueba debe ser
excluida del acervo probatorio y no podrá ser valorada por el juez penal.
PRUEBAS EN PROCESOS PENALES POR DELITOS
SEXUALES-Son inadmisibles
las que indaguen sobre comportamiento sexual de la victima
El Juez
vulneró los derechos a la intimidad y al debido proceso de la víctima, al
admitir, practicar y dejar de excluir pruebas que estaban orientadas a indagar
sobre el comportamiento sexual de la víctima con anterioridad a los hechos
objeto de investigación, sin que la limitación de su derecho a la intimidad
fuera razonable y proporcionada. Este llevó a que el proceso penal se apartara
de sus finalidades primigenias—la realización de la justicia y la aclaración de
la verdad— y se transformara en un mecanismo de reproducción de prejuicios
sociales adversos a las mujeres víctimas de conductas que podrían configurar delitos
en contextos sexuales. En consecuencia, y en el evento en que aún no se haya
dictado sentencia de primera instancia, el Juez Segundo Penal del Circuito de
Bucaramanga, deberá excluir las pruebas señaladas en esta sección y en la parte
resolutiva de esta sentencia. Estas pruebas no podrán ser tenidas en cuenta por
el juez al adoptar una decisión sobre la responsabilidad del acusado. En caso
de que ya haya sido dictada la sentencia de primera instancia y ésta haya sido
apelada, será el juez de segunda instancia quien deberá excluir las pruebas
mencionadas, y abstenerse de valorarlas.
Referencia: expediente T-1004602
Acción de tutela instaurada por Sandra Liliana Orejarena Troya
contra el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C.,
dos (2) de mayo de dos mil cinco (2005).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos adoptados, en
primera instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga – Sala Penal, el 17 de agosto de 2004 y, en segunda instancia, por
la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, el 29 de septiembre de
2004, dentro de la acción de tutela instaurada por Sandra Liliana Orejarena
Troya contra el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
Carmen Alicia Mestizo Castillo, quien actúa como
apoderada de Sandra Liliana Orejarena Troya, presentó el 6 de agosto de 2004
acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga,
por considerar que ese despacho incurrió en una vía de hecho al contravenir el
artículo 235 del Código de Procedimiento Penal,[1]
al decretar y practicar varias pruebas solicitadas por la Fiscalía y por la
defensa de Jorge Enrique Orejarena Colmenares[2],
que eran abiertamente inconducentes y atentaban contra sus derechos como
víctima del delito de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de
resistir. Según la accionante, las pruebas cuestionadas debieron ser rechazadas
por el juez, toda vez que estaban dirigidas a investigar la conducta de la
víctima y no a esclarecer los hechos y la responsabilidad del sindicado. Por lo
anterior, considera que el despacho acusado vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso (CP., artículo 29), a la igualdad (CP., artículo 13), a la
intimidad (CP., artículo 15) y a la dignidad humana (CP., artículo 1). La
accionante solicita que se ordene no continuar con la práctica de las pruebas
cuestionadas, ni conceder valor probatorio a las ya practicadas. Los hechos que
dieron lugar a iniciar el proceso penal contra Jorge Enrique Orejarena se
sintetizan a continuación:
1.
El 7 de noviembre de
2003, Sandra Liliana Orejarena Troya, denuncia ante las autoridades judiciales,
la comisión del delito de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de
resistir, del cual fue víctima, en hechos ocurridos el 6 de noviembre del mismo
año, por parte del sindicado Jorge Enrique Orejarena Colmenares.
2.
En su denuncia
sostiene que conoció al sindicado en una campaña política, y que el día 5 de
noviembre de 2003, terminadas las elecciones, acudió a la oficina del Diputado
Jorge Enrique Orejarena Colmenares, en la sede de la Asamblea Departamental de
Santander, a fin de hablar con él respecto de asuntos laborales. Al atenderla,
éste la citó para el día siguiente (6 de noviembre de 2003), a las 4:30 p.m. en
su oficina particular.
3.
El día 6 de noviembre
de 2003, luego de contarle al denunciado que estudiaba para convertirse en
auxiliar de enfermería, se dirigieron juntos a la antigua escuela de auxiliares
de enfermería de dicha municipalidad, en donde dialogaron con su directora, la
señora Gladys Alfonso, quedando ésta en que la iba a tener en cuenta para una
campaña de salud que se iniciaría próximamente.[3]
4.
Finalizada la reunión
con la señora Alfonso, el Diputado Orejarena invitó a la accionante a comer una
pizza y a tomar una cerveza, invitación que ella aceptó con la condición de no
demorarse, toda vez que su tía se encontraba enferma. Se dirigieron al sitio
denominado Pizza Ritmo, ubicado en el barrio Pan de Azúcar de la ciudad de
Bucaramanga (Santander), donde el procesado le manifestó que “estaba
acostumbrado a tomar Whisky” pero que igualmente iba a ver que más había
para beber.
5.
Afirma que luego de
tomarse la cerveza que le llevó el Diputado Orejarena, no se acuerda de nada de
lo acontecido.
6.
Hacia las 11:00 p.m.,
la denunciante regresó a su casa, y según sus familiares, había llegado “despeinada,
sin equilibrio, con la mirada perdida y que sus prendas estaban vomitadas y su
ropa interior untada de semen. Refiere igualmente la denunciante que le dolía
la vagina,”[4]  razón por la cual acudieron a las
autoridades judiciales a poner el denuncio.
7.
Al ser examinada la
denunciante Sandra Orejarena, en las instalaciones del Instituto de Medicina
Legal, por remisión del funcionario de Policía Judicial que recepcionó la
denuncia, se expide el Dictamen No. 2003C –13489 del 07 de noviembre de 2003,
en el cual se indicó que presentaba: “Himen festoneado desgarrado, desgarro
reciente (..) Bordes equimóticos lo cual indica desfloración reciente”[5] (…); además “leve edema de piel en la pierna
izquierda, siendo el mecanismo causal contundente, generándole una incapacidad
médico legal definitiva de 4 días, sin secuelas médico legales.”
8.
Se le practican además
un frotis vaginal y se le toma una muestra de sangre, con base en los cuales
expide el dictamen 2003C- 13800 del 14 de noviembre de 2003, en el cual se
concluye que (i) “en el frotis vaginal se encontró semen (…)”,[6] y (ii) “da positivo
para BENZODIAZEPINAS, sin detectar cocaína, cannabinoides, fenoticinas
(...). Da negativo para etanol”.
9.
Al momento de entrar a
calificar el mérito del sumario seguido en el proceso en contra de Jorge
Enrique Orejarena Colmenares, por parte de la Fiscalía Veinticuatro Delegada
ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga[7], se habían practicado y
allegado las siguientes pruebas:
·
(Fls. 1-2 C.O. #1)
Denuncia formulada por Sandra Orejarena Troya, donde relata lo acontecido la
noche del 06 de noviembre de 2003, cuando en compañía del diputado Jorge
Enrique Orejarena Colmenares, estuvo en el establecimiento Pizza Ritmo, y que
luego de tomarse una cerveza no recuerda lo acontecido de allí en adelante.
·
(Fls. 7-9 C.O. #1)
Ampliación de denuncia formulada por Sandra Liliana Orejarena Troya, en la que
se relatan de manera más detallada, los acontecimientos del 06 de noviembre,
cuando fuera víctima de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de
resistir, por parte del Diputado Jorge Enrique Orejarena Colmenares.
·
(Fls. 4-5. C.O. #1)
Reconocimiento Médico Legal No. 2003C- 13489 del 07 de noviembre del mismo año,
practicado por el Instituto de Medicina Legal, en el cual se dictaminó que la
denunciante fue accedida carnalmente.
·
(Fl. 17 C.O. #1)
Dictamen 2003C- 13800 del 14 de noviembre, expedido por el Instituto de
Medicina Legal, donde se valoraron los exámenes de laboratorio de biología y
toxicología realizados a la denunciante.
·
(Fls. 31-34 C.O. #1)
Dictamen  0141-2003-GCF-DSS-DNO expedido por el Instituto de Medicina Legal, en
el cual, por solicitud del Despacho, se amplía el dictamen 2003C- 13800. Se
rinde una aclaración sobre los efectos y componentes de las Benzodiazepinas
halladas en el organismo de la víctima.
·
(Fls.14-16 C.O. #1)
Declaración rendida por Ratmini Horta Troya, prima de la denunciante, quien se
percató del estado en que Sandra Orejarena arribó a su casa la noche del 06 de
noviembre.
·
(Fls. 55-57 C.O. #1)
Testimonio rendido por Nubia Esther Troya Ríos, tía de la denunciante Sandra
Orejarena, quien relata en forma similar a su hija Ratmini Troya, su yerno Hugo
Colmenares y el celador del edificio.
·
(Fls. 90-91 C.O. #1)
Declaración rendida por Swami Esther Horta Troya, prima de la denunciante
Sandra Orejarena Troya, quien en forma similar a su madre, hermana y cuñado,
relató las circunstancias y la forma en que arribó Sandra Liliana a su hogar y
lo relatado por ella.
·
(Fls. 23-24 C.O. #1)
Testimonio rendido por Hugo Colmenares Gómez, novio de Ratmini Horta Troya
–prima de la denunciante–, quien se encontraba en la casa de éstas el 06 de
noviembre, cuando Sandra Orejarena arribó aproximadamente a las 11:15p.m., y
pudo darse cuenta del estado de inconsciencia y amnesia en que llegó.
·
(Fls. 25-29 C.O. #1)
Informe SIA 2003-652 del 25 de noviembre de 2003, en el que los investigadores
del C.T.I. comisionados por el Despacho para verificar lo acontecido la noche
del 06 de noviembre en la pizzería Ritmo Pizza, rectifican la presencia de la
denunciante y su denunciado en dicho establecimiento desde las 6:30p.m.
aproximadamente.
·
(Fls. 37-52 C.O. #1)
Indagatoria rendida por Jorge Enrique Orejarena Colmenares, en la que al ser
interrogado por los hechos denunciados por Sandra Orejarena, se muestra ajeno a
los mismos, y que si bien tuvo un encuentro sexual con la quejosa, el mismo en
momento alguno fue violento o forzado, sino por el contrario, consentido y
voluntario.
·
(Fls. 53-54 C.O. #1)
Declaración rendida por Ever José Suárez Villalba, celador del conjunto residencial
Bucarica II etapa, lugar de residencia de la denunciante, quien relata respecto
de la noche del 06 de noviembre, que aproximadamente a las 11:00p.m. llegó a la
portería Sandra Orejarena, pero su aspecto y comportamiento le resultaron
bastante extraños.
·
(Fls. 65-66 C.O. #1)
Declaración de Orlando Rodríguez López, Diputado de la Asamblea Departamental
de Santander, quien señala haber conocido a la denunciante luego de las
elecciones del 26 de octubre de 2003, cuando se la encontró en las instalaciones
de la Corporación, mientras aquella buscaba al Diputado Orejarena, de quien
afirmaba ser su pariente.
·
(Fls. 67-68 C.O. #1)
Declaración de Carlos Manuel Jiménez Peña, conductor del Diputado Jorge Enrique
Orejarena, quien relata que el día 06 de noviembre solicitó a su Jefe permiso
para ausentarse en horas de la tarde; siendo así, que una vez recogieron a
Sandra Liliana en la oficina del Diputado Orejarena, se dirigieron a la sede de
la escuela de auxiliares de enfermería, y luego de salir de allí, el Diputado
le dijo que podía hacer uso del permiso solicitado.
·
(Fls. 70-72 C.O. #1)
Declaración rendida por Orlando Cubides Castañeda, mesero de Pizza Ritmo,
reiterando el hecho de la presencia del denunciado Jorge Orejarena y Sandra
Liliana en dicho establecimiento la noche del 06 de noviembre, afirmando que
pidieron dos cervezas y no recuerda algún suceso fuera de lo normal.
·
(Fls. 73-75 C.O. #1)
Declaración de Juan Ricardo Jones Prada, barman de Pizza Ritmo, quien confirma
igualmente la presencia de Sandra Liliana y su denunciado en dicho
establecimiento, la noche del 06 de noviembre.
·
(Fls. 80-86 C.O. #1)
Informe SIA 2003-666, mediante el cual los investigadores del C.T.I. dan cuenta
de las labores realizadas en el Motel Mi Granjita, lugar reseñado por el
sindicado en su injurada, en donde se sostuvo el encuentro sexual con Sandra
Liliana, confirmándose el ingreso de los mismos a dicho establecimiento.
·
(Fls. 87-88 C.O. #1)
Registro fotográfico realizado por el C.T.I. al vehículo de propiedad del
Diputado Jorge Enrique Orejarena, el día 28 de noviembre de 2003, siendo éste
un mazda matsuri, color gris, de placas BUF-591, que coincide con la anotación
del Motel Mi Granjita, quedando así plenamente demostrado que ingresó a las
10:00p.m. y salió de allí a las 11:30p.m., pues no hay dos registros de entrada
y salida de ese mismo vehículo para ese día.
·
(Fls. 105-145 C.O. #1)
Resolución del 01 de diciembre de 2003, mediante la cual se resuelve la
situación jurídica del vinculado Jorge Enrique Orejarena Colmenares, imponiendo
en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto
autor del punible de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de
resistir, conforme a los hechos ocurridos la noche del 06 de noviembre de 2003,
negándole al sindicado el beneficio de la libertado provisional, la prisión
domiciliaria o la suspensión de la imposición de la medida de aseguramiento[8].
10.
Como consecuencia del acceso
carnal, la denunciante quedó embarazada. El bebé Carlos Miguel Orejarena nació
vivo pero sólo sobrevivió tres horas.
11.
Al momento de resolver
la situación jurídica del sindicado Jorge Enrique Orejarena Colmenares, obraban
en el expediente las siguientes pruebas, además de las ya enunciadas:
·       (Fls. 153-154 C.O. #1) Dictamen
0145-2003-GCF-DSS-DNO, del 30 de noviembre de 2003, mediante el cual se da
respuesta a la solicitud elevada por la Fiscalía 24 delegada ante los Jueces
Penales del Circuito de Bucaramanga, de ilustrar a dicho Despacho sobre los
efectos de las Benzodiazepinas, halladas en el organismo de la denunciante.
·       (Fls. 155-156 C.O. #1) Dictamen
0146-2003-GCF-DSS-DNO, del 30 de noviembre de 2003, mediante el cual se da
respuesta al oficio 1400 del Fiscal de conocimiento, en relación con lo
informado en los Dictámenes 2003C- 13489; 2003C- 13800 y 0141-2003-GCF-DSS-DNO,
sobre características del himen de la víctima y sobre las reacciones físicas
por la mezcla de alcohol con el psicofármaco detectado en la prueba de sangre
de la víctima. Respecto de las características del himen, reseñadas en el
Dictamen 2003C- 13489, se señala que “el hallado a la víctima Sandra Liliana
Orejarena Troya, presentaba un desgarro reciente, con lo que se descarta la
existencia de un himen complaciente o dilatable, que es el que puede permitir
el paso del miembro viril erecto sin romperse o no cambia con las posteriores
penetraciones, manteniendo su integridad”.[9]
Con relación al segundo interrogante, el perito aclara que lo dictaminado
correspondía a una completa descripción de los efectos de las Benzodiazepinas
en el organismo, y a su vez cuando estas se utilizan con un depresor como el
alcohol.
·       (Fl.157 C.O. #1) Resolución mediante la
cual se da traslado a los sujetos procesales de los Dictámenes 1045 y 0146 del
Instituto de Medicina Legal.
·       (Fls. 167-168 C.O. #1) Memorial del
apoderado del implicado Jorge Orejarena Colmenares, mediante el cual se pide la
aclaración del Dictamen 2003C- 13800.
·       (Fl. 218 C.O. #1) Memorial presentado por
Hugo Colmenares Gómez y Ratmini Horta Troya, quienes solicitan ser escuchados
por el Despacho en ampliación de sus declaraciones, afirmando conocer algunas
circunstancias o hechos que son importantes para el esclarecimiento de la
investigación.[10]
·       (Fl. 219 C.O. #1) Memorial presentado por
Miller Gerardo Guzmán Cruz, defensor del denunciado Orejarena Colmenares,
mediante el cual solicita la recepción del testimonio de Samuel Pabón
Sepúlveda, “quien daría fe de las andanzas libertinas de la denunciante”.
·       (Fls. 238-239 C.O. #1) Dictamen 2003C-15556
del 22 de diciembre de 2003, mediante el cual se da respuesta al oficio 1474
del 15 de diciembre del mismo año, en que se relacionaba un cuestionario de
nueve preguntas formuladas por Miller Guzmán Cruz, solicitando la aclaración
del Dictamen 2003C- 13800.
·       (Fls. 243-244 C.O. #1) Dictamen 2003C- 15704
del 26 de diciembre de 2003, mediante el cual se complementan los Dictámenes
15556-03, 13800-03, 15050-03 y 13489-03, con los resultados de embarazo
positivos, expedidos por un laboratorio clínico particular.
·       (Fls. 247-250 C.O. #1) Ampliación de denuncia
de Sandra Liliana Orejarena Troya, recepcionada el 06 de enero de 2004, con
presencia y participación del defensor del sindicado y el representante del
Ministerio Público. En dicha ampliación, la denunciante manifestó no tener
conocimiento alguno sobre farmacología, ni saber qué son las Benzodiazepinas;
jamás haber consumido de manera voluntaria este tipo de fármacos y menos la
noche del 06 de noviembre de 2003. Relata que tan solo recuerda de lo sucedido
la noche del 06 de noviembre, hasta el momento en que se tomó la primera
cerveza y luego cuando ya arribó a su casa y tomó un baño. Afirma no haber
ingerido ninguna sustancia psicoactiva desde que arribó a su residencia, hasta
el momento de ser valorada por el Instituto de Medicina Legal, siendo allí donde
le hicieron tomar un anticonceptivo (POSTINOR), que un rato después devolvió
por vómito (...)[11].
·       (Fls. 251-252 C.O. #1) Declaración rendida
por la señora Lemis María Troya, madre de Sandra Liliana, quien refiere ante la
Fiscalía la forma en que se enteró de lo sucedido con su hija la noche del 06
de noviembre de 2003, y los efectos nefastos que éstos han tenido en la vida de
su hija y de su familia en general.
·       (Fls. 253-258 C.O. #1) Dictamen
011-2004-GNF-DNO del 06 de noviembre de 2004, mediante el cual se reseña el
experticio psiquiátrico forense del sindicado Jorge Enrique Orejarena
Colmenares, realizado los días 27 y 30 de diciembre de 2003, en el que se
concluyó que para la fecha de los hechos motivo de investigación, era una
persona con plena capacidad para comprender sus actos y autodeterminarse de
acuerdo a esa comprensión.
·       (Fls. 272-275 C.O. #1) Ampliación de la
declaración rendida por Ratmini Horta Troya, el 08 de enero de 2004, en la que
niega al Despacho lo afirmado por la denunciante y su progenitora, respecto de
haber sido intermediaria junto con su novio Hugo Colmenares, en el ofrecimiento
de una suma de Cincuenta Millones de Pesos, a fin de variar la versión
inicialmente dada por la denunciante.
·       (Fls. 276-278 C.O. #1) Ampliación de la
declaración rendida por Hugo Colmenares Gómez, quien señala que el motivo de su
solicitud de ser escuchado por el Despacho, es el de poner de presente una
serie de comportamientos que ha asumido la denunciante Sandra Liliana, que
antes de los hechos del 06 de noviembre, eran desconocidos.
·       (Fls. 279-281 C.O. #1) Declaración rendida
por Samuel Pabón Sepúlveda, cuyo testimonio fue solicitado por la Defensa
Técnica del sindicado Orejarena Colmenares, quien manifiesta haber sido novio
de la víctima, y haber sostenido en varias ocasiones relaciones sexuales con la
misma.
·       (Fls. 291-294 C.O. #1) Ampliación de
declaración rendida por Nubia Esther Troya Ríos, quien afirma que luego de lo
sucedido la noche del 06 de noviembre a Sandra Liliana, ésta empezó a tener
comportamientos irresponsables y agresivos.
·       (Fl. 294 C.O. #1) Documento aportado por
Nubia Troya, el cual señala haberlo hallado entre las pertenencias de Sandra
Liliana, donde presuntamente se infiere su relación sentimental con Samuel
Pabón.
·       (Fls. 1-2 C.O. #2) Memorial del
representante por la defensa del sindicado Orejarena Colmenares, en el que
solicita se remitan al Instituto de Medicina Legal. los medicamentos aportados
a la Fiscalía por la señora Nubia Troya, quien afirma haberlos encontrado
dentro de las pertenencias de la denunciante Sandra Orejarena, con el fin de
que sean analizados y valorados por toxicología, y a su vez se determine, si se
encuentran éstos dentro del género de las Benzodiazepinas.  Igualmente solicita
se practique prueba grafológica del documento aportado por la señora Nubia
Troya, a fin de determinar si la letra es o no la de Sandra Liliana, y a su vez
concluir si existía una relación entre ésta y Samuel Pabón.
·       (Fls. 20-25 C.O. #2) Resolución del 14 de
enero de 2004, mediante la cual el Despacho resuelve la petición de pruebas
solicitadas por la Defensa Técnica de Jorge Enrique Orejarena, aclarando que el
experticio de las sustancias aportadas al proceso se ordenó de oficio y negando
la prueba grafológica por inconducente.
·       (Fl. 42 C.O. #2) Dictamen 2004C- 00563 del
15 de enero de 2004, mediante el cual se complementan los Dictámenes 13489 –
13800 – 15050 – 15556 y 15704 de 2003, dictaminando positivo para embarazo
conforme al resultado de GRAVITEST EN SANGRE practicado en el laboratorio de
biología forense del Instituto de Medicina Legal
·       (Fls. 43-45 C.O. #2) Dictamen 2004C- 00358
del 09 de enero de 2004, mediante el cual se practica reconocimiento a Sandra
Liliana Orejarena Troya, a fin de confirmar su estado de embarazo y establecer
el tiempo de evolución del mismo.
·       (Fl. 55 C.O. #2) Resolución mediante la
cual se decretó CERRADA LA INVESTIGACIÓN, estimando que se había recaudado la
prueba suficiente para calificar el mérito del sumario.
·       (Fl. 57 C.O. #2) Dictamen 2004C- 01231 del
29 de enero de 2004, mediante el cual el Instituto de Medicina Legal
complementa los Dictámenes anteriores, con fotocopia de la ecografía y
obstétrica, donde se concluye gestación de 14 semanas con feto único vivo.
·       (Fls. 73-77 C.O. #2) Memorial presentado
por Lucy Patricia Herrera Jaimes, nueva defensora del sindicado Orejarena
Colmenares, mediante la cual se acredita el poder por él otorgado y se sustenta
el recurso de reposición en contra de la resolución de Cierre de Instrucción.
·       (Fls. 81-87 C.O. #2) Resolución del 11 de
febrero de 2004, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición en
contra de la resolución que ordenó el Cierre de Instrucción, negándose las
pretensiones de la recurrente.
·       (Fls. 93-94 C.O. #2) Alegaciones
precalificatorias presentadas por Carlos Arturo Monsalve Villalba, apoderado de
la parte civil dentro del referido proceso penal, en los que solicita se
profiera resolución de acusación en contra del sindicado Orejarena Colmenares,
por darse los elementos suficientes para esta decisión.
·       (Fls. 100-147 C.O. #2) Escrito y anexos
presentados por Lucy Patricia Herrera, defensora del implicado Orejarena
Colmenares, como alegaciones precalificatorias, donde solicita se dicte
preclusión de la instrucción pues el sindicado no ha cometido la conducta
endilgada.
·       (Fls. 148-153 C.O. #2) Alegaciones
precalificatorias presentadas por Juan Carlos Ciliberti Vargas, Personero
Primero Delegado en lo Penal, donde solicita la preclusión de la investigación
al señor Jorge Enrique Orejarena Colmenares, por no satisfacerse algunos de los
requisitos sustanciales del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal.
·       (Fls. 154-162 C.O. #2) Alegatos presentados
por Carmen Alicia Mestizo, quien actúa como nueva representante de la Parte
Civil, en los que solicita se profiera resolución de acusación, al momento de
calificar el mérito del sumario.
·       (Fls. 164-165 C.O. #2) Dictamen
0017-2004-GCF-DSS-DNO del 27 de febrero de 2004, mediante el cual la
Coordinación de la Clínica Forense del Instituto de Medicina Legal se da
respuesta al interrogante formulado por la Fiscalía sobre los efectos y demás características
de las pastillas que fueron aportadas por la señora Nubia Troya al Despacho, en
su ampliación de declaración del 09 de enero de 2004. En dicho dictamen “se
indica que después de realizar por el laboratorio de toxicología los análisis
al contenido de los dos blister remitidos, se reportó que en las tabletas
blancas rotuladas como DORMICUM se encontró la presencia de BENZODIAZEPINAS,
mas (sic) concretamente MIDAZOLAM, y en las muestras de tabletas rosadas
rotuladas como DIXIN, se encontró la presencia de BENZODIAZEPINAS, exactamente
ALPRAZOLAM.”[12]
·       (Fls. 166-168 C.O. #2) Dictamen
GTOX-0101-04 GTOX-DNO del 25 de febrero de 2004, realizado en el laboratorio de
toxicología del Instituto de Medicina Legal en el que se establece que la
muestra de pastillas blancas rotuladas como DORMICUM, contienen Benzodiazepinas
MIDAZOLAM, y que las muestras de tabletas rosadas rotuladas como DIXIN,
contienen Benzodiazepinas ALPRAZOLAM.
·       (Fls. 169-180 C.O. #2) Dictamen
121-2004-GNF-DNO del 15 de marzo de 2004, mediante el cual se evaluó a Sandra
Liliana Orejarena por parte de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina
Legal, donde se concluye que “la víctima era una adolescente bien adaptada hasta
antes de los hechos denunciados, pues con posterioridad a ellos presenta una
perturbación psíquica de tipo transitoria, dada la buena evolución del cuadro
clínico. Igualmente se conceptúa que para el momento de los hechos
investigados, la denunciante era una persona con cuadro clínico de intoxicación
aguda, por lo tanto en incapacidad de resistir. (...)”
·       (Fls. 181-183 C.O. #2) Dictamen
109-2004-GNF-DNO del 10 de marzo de 2004, correspondiente a interconsulta por
prueba psicológica, mediante el cual se le solicitaba al evaluador, indagar en
la examinada Sandra Liliana Orejarena, a través del cuestionario de
personalidad MMPI, la presencia de factores como depresión, histeria,
desviación psicopática o introversión social.
12.
Al calificar el mérito
del sumario con resolución de acusación en contra de Jorge Enrique Orejarena
Colmenares, por la conducta punible de acceso carnal en persona puesta en
incapacidad de resistir, el Fiscal 24 delegado ante los jueces penales, niega
los beneficios de la libertad condicional, prisión domiciliaria, y la
suspensión de la medida de aseguramiento de detención preventiva previamente
impuesta, y remite el proceso a los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga,
para que allí se continúe con la etapa de juzgamiento.
13.
En reparto, le
correspondió conocer de la referida causa, al Juzgado Séptimo Penal del
Circuito de Bucaramanga. Durante la Audiencia Preparatoria, adelantada por éste
el 16 de junio de 2004, ordenó la práctica de una gran cantidad de pruebas
solicitadas por la defensa de Jorge Enrique Orejarena y por el mismo Fiscal que
conoció del proceso en la etapa de juzgamiento. Estas son las pruebas
cuestionadas por la accionante como violatorias del artículo 235 del Código de
Procedimiento Penal, con las que a su juicio, se pretendía investigar a la
víctima, a fin de conocer su conducta sexual anterior y determinar sus
conocimientos sobre farmacología, así como interrogar a terceros ajenos al
Instituto de Medicina Legal para que rindieran peritazgos sobre asuntos ya
definidos por esta entidad y que no fueron objetados por la defensa del
procesado Orejarena Colmenares.
14.
Las siguientes son las
pruebas decretadas por el Juzgado accionado, y cuestionadas en detalle:
14.1. Pruebas solicitadas por la Defensa de Jorge
Enrique Orejarena Colmenares[13]:
a)
Oficiar al
Hospital Ramón González Valencia de la ciudad de Bucaramanga, para que remita
la historia clínica o epicrisis completa de Sandra Liliana Orejarena Troya, a
fin de conocer las causas que llevaron a la interrupción abrupta de la
gestación de su hijo, y conocer a su vez las semanas de gestación, a fin de
determinar si coincide con la supuesta violación y concepción. La apoderada de Sandra Liliana objeta esta prueba por
considerarla abiertamente inconducente para el esclarecimiento de los hechos y
por estar orientada a cuestionar la conducta de la víctima.
b)
Oficiar al
Instituto de Medicina Legal para que informe si a la denunciante Sandra Liliana
Orejarena Troya se le tomó muestra de sangre la mañana del 7 de noviembre de
2003, toda vez que en un dictamen se indica que sí fue tomada la muestra y en
otro que no. Para la
accionante no tiene sentido alguno volver a retomar esta discusión, como quiera
que ya Medicina Legal informó en su Dictamen 2003C- 13489 que entre las
múltiples muestras tomadas a la víctima, se tomó una de sangre, lo cual
continuó sosteniéndolo en un Dictamen posterior –2003C- 15556 del 15 de
diciembre de 2003–. Además, manifiesta que dicha controversia fue igualmente
aclarada por el Fiscal Veinticuatro (24) Seccional de Bucaramanga en la
Resolución de Acusación, al expresar que los dictámenes de Medicina Legal
decían de manera clara que se habían tomado muestras de sangre a la víctima. Estima
igualmente, que si el defensor del procesado Jorge Enrique Orejarena
Colmenares, estaba en desacuerdo con los dictámenes del Instituto de Medicina
Legal, lo correcto era haberlos objetado en su momento y no limitarse a
descalificar la labor de Medicina Legal, al punto de solicitar que se
practicara una inspección judicial a las instalaciones de dicha entidad (fl.
129 Cuaderno 1), a fin de verificar todos los documentos que allí reposen sobre
el proceso penal de la referencia, y a su vez, verificar la cadena de custodia
de las muestras de sangre y orina tomadas a la denunciante.
c)
Citar a la
S.I. Martha Camacho Higuera, funcionaria de la policía judicial de Bucaramanga,
quien fuera la oficial que tomó la declaración a la denunciante Sandra Liliana,
a fin de que le informe al despacho sobre las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se elevó la denuncia, y así mismo, para que indique sobre el
estado anímico en que se encontraba la víctima al momento de la denuncia. Considera la apoderada de Sandra Liliana,
que dicha prueba nada tiene que ver con el tema de la investigación penal, toda
vez que a quien se está investigando es a Jorge Enrique Orejarena y no a Sandra
Liliana Orejarena, resultando dichas averiguaciones, en una indebida
intromisión a la intimidad de una mujer que ha sido agredida sexualmente.
Además, indica que ya obra en el proceso prueba científica practicada por el
Instituto de Medicina Legal referente al estado anímico de la víctima Sandra
Liliana, prueba psicológica y psiquiátrica que arrojó que el perfil de la
denunciante corresponde al de una mujer accedida carnalmente, y que guarda
coherencia con lo denunciado.
d)
Citar a
declarar a un toxicólogo y un neurólogo escogido por el Juez, diferente a los
del Instituto de Medicina Legal, a fin de que sus dictámenes sean tenidos en
cuenta como fuentes científicas adicionales, para que el Juez tenga más
elementos de juicio y mayor claridad frente a los dictámenes rendidos por el
Instituto de Medicina Legal. Es importante que se aclare si con la sola muestra
de orina es suficiente para determinar el fármaco o si era necesaria la muestra
de sangre. Informa la accionante, que si bien el Juez
no decretó que se llamara a declarar a tales profesionales, de oficio sí
decreto que la Universidad Industrial de Santander emitiera conceptos
científicos al respecto. Tal decisión la considera violatoria del debido
proceso, como quiera que la Universidad oficiada no es autoridad competente
establecida por la Ley para cuestionar o revisar la labor del Instituto de
Medicina Legal
e)
Citar a declarar
a las siguientes personas:
·
GLADYS ALFONSO,
Jefe Administrativa de la Escuela de Formación Administrativa y en Salud de
Santander -EFASS-, para que precise sobre la conducta de Sandra Liliana, cuando
era estudiante de dicha institución y cuando en compañía del procesado
Orejarena Colmenares, llevó una hoja de vida para que la contrataran para algún
trabajo. Manifiesta
que esta declaración no puede ser recibida en el proceso, como quiera que la
declarante se encuentra en relación de subordinación con Jorge Enrique
Orejarena. Así mismo resulta impertinente dicha prueba, toda vez que la
declarante no se encontraba en el momento en que ocurrieron los hechos
investigados.
·
MIGUEL ÁNGEL
PINTO HERNÁNDEZ, quien fue solicitado para declarar sobre la relación amorosa
que sostuvo la denunciante Sandra Liliana con el señor Samuel Pabón. Considera impertinente dicha declaración, toda vez que
el citado, es amigo de Samuel Pabón, persona con quien Sandra Liliana estuvo
saliendo por algún tiempo; y lo que haya ocurrido entre aquel y ésta, nada
tiene que ver con los hechos que se investigan.
·
JHOLBY MADRID
RIVEROS, uno de los anteriores abogados de la parte civil en el proceso de la
referencia, y quien a su vez está siendo investigado por falso testimonio y por
el supuesto  ofrecimiento de dinero a los testigos Ratmini Horta Troya, Hugo
Colmenares y Nubia Esther Troya para cambiar sus versiones originales. Considera que al citado declarante tampoco
le consta nada sobre los hechos investigados.
·
Ampliación de las
declaraciones de RATMINI HORTA TROYA Y NUBIA ESTHER TROYA RÍOS, prima y tía
respectivamente de la denunciante Sandra Liliana. Lo anterior a fin de precisar
aspectos relacionados con la vida íntima de Sandra Liliana, sobre todo, lo
concerniente a las horas de sueño de la misma, y el cambio de comportamiento
demostrado después de los hechos objeto de investigación. Manifiesta que las dos mujeres citadas a declarar, se
han dedicado durante todo el proceso a degradar la conducta personal de Sandra
Liliana Orejarena; conducta que no debe ni está siendo cuestionada dentro de la
investigación.
14.2. Pruebas solicitadas por la FISCALÍA durante la
diligencia de Audiencia Preparatoria[14]
adelantada el 16 de junio de 2004:
a)
Registro de
llamadas del teléfono celular del procesado Orejarena Colmenares, a fin de
verificar si aparece una llamada realizada de dicho celular, la noche del 06 de
noviembre, a la casa donde vivía Sandra Liliana y si existe grabación de la
misma. Considera que
dicha prueba resulta ilegal, toda vez que la interceptación y grabación de
llamadas sólo puede ser decretada y realizada por autoridad competente dentro
de una investigación judicial, previa a la realización de la llamada.
b)
Dictado
grafológico a la ofendida Sandra Liliana, a fin de cotejarlo con el escrito
relacionado en el folio 295 C.O. #1. Señala la apoderada de Sandra Liliana, que en la
etapa instructiva la Fiscalía ya había negado esta práctica pericial, por “considerarla
inconducente para la investigación, pues contrario a lo afirmado, y
equívocamente por demás por la Defensora Técnica, Sandra Liliana Orejarena
Troya en sus apariciones en este proceso, nunca ha negado en este Despacho
haber tenido una relación, llámese noviazgo o amistad con el señor SAMUEL
PABÓN.”
c)
Oficiar a la
Escuela de Formación Administrativa y en Salud de Santander -EFASS-, a fin de
que certifique el comportamiento general de Sandra Liliana en la época en que
era estudiante de dicha institución, y si vio clases de farmacología,
específicamente sobre psicofármacos. Estima
la apoderada de la accionante que la clase de comportamiento que haya tenido o
dejado de tener la denunciante Sandra Liliana, cuando era estudiante, nada
tiene que ver con los hechos que se investigan; como tampoco si estudió
farmacología y aprendió particularmente sobre psicofármacos; pues si fuese una
farmaceuta o toxicóloga experta, no significa que no se le puedan suministrar
fármacos de manera abusiva o que pueda ser violada.
d)
Historia clínica
de la peticionaria Sandra Liliana, al Hospital Ramón González Valencia de la
ciudad de Bucaramanga, donde se registre acerca de la interrupción de su estado
de gestación, prueba que fue igualmente solicitada por la defensa de Orejarena
Colmenares. Considera que el objetivo de la presente
investigación penal no es establecer los motivos por los cuales la denunciante
dio a luz de manera prematura al menor Carlos Miguel Orejarena, quien solo
alcanzó a vivir durante 3 horas.
e)
Oficiar a las
diferentes E.P.S. y A.R.S. que operan en la ciudad de Bucaramanga, para
determinar si Sandra Liliana se encuentra afiliada a alguna de ellas, y que en
caso afirmativo, que se remita su historia clínica a fin de establecer si le
han recetado medicamentos a base de BENZODIAZEPINAS y examinar si ella es o ha
sido adicta a ellos.
Manifiesta que el supuesto
de que a Sandra Liliana alguna vez le hubiesen recetado medicamentos a base de
Benzodiazepinas, nada le aporta al proceso; pues de ello no puede deducirse que
la denunciante se las suministró a si misma la noche en que ocurrieron los
hechos investigados. “Esta prueba es inconducente e impertinente”[15].
f)
Oír la
declaración de OSCAR DARÍO ORDÓÑEZ, ex novio de Sandra Liliana, a fin de
establecer su comportamiento social y sexual.
Ante lo anterior estima que cualquier declaración rendida por aquel acerca del
comportamiento social de Sandra Liliana resulta impertinente, pues no le da
derecho a nadie para accederla carnalmente contra su voluntad.
14.3. Pruebas Decretadas de Oficio por el Juez Séptimo
Penal del Circuito de Bucaramanga, durante la diligencia de Audiencia
Preparatoria[16]
adelantada el 16 de junio de 2004:
a)
Oír las
declaraciones de Alejandra N., Fabiola N., Adiela N., Jaime Quiñónez, Oscar
Rincón, Romana Orejarena, Azucena Rincón y Juan Carlos Pabón. Afirma la accionante que ninguno de los
citados se encontraba con Sandra Liliana y el procesado, la noche de los hechos
investigados.
b)
Que las
Facultades de Química de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y de la
Universidad Nacional de Colombia, emitan el mismo concepto solicitado en la
etapa de instrucción, al Instituto de Medicina Legal respecto de los efectos y
demás propiedades de las Benzodiazepinas.
15.
La accionante acude en
apelación ante el decreto de estas pruebas, pero el recurso le fue negado por
el Juzgado accionado, al estimar que el auto impugnado era de sustanciación y
sólo procedía su apelación cuando las pruebas fueran negadas.[17] La apoderada de Sandra
Liliana interpone entonces el recurso de queja, el cual fue igualmente negado
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala Penal, el
16 de julio de 2004, con fundamento en las mismas razones esgrimidas por el
a-quo, y porque el derecho de contradicción y controversia probatoria podía
ejercerse a lo largo de toda la etapa de juzgamiento.[18]
16.
Ante esta situación, la
apoderada de Sandra Liliana Orejarena interpone la acción de tutela contra el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, por violación de sus “derechos
a la igualdad (para no ser discriminada por ser mujer y acceder a la justicia
en condiciones de igualdad que un hombre con más estudio, dinero y poder
político), el derecho a la dignidad humana y el derecho a la intimidad.” En
consecuencia, pretende que las pruebas cuestionadas, que fueron decretadas en
la Audiencia preparatoria del 16 de junio de 2004, sean excluidas del acervo
probatorio, pues considera que al ordenar su práctica se incurrió en una vía de
hecho al no aplicar lo previsto en el artículo 235 del Código de Procedimiento
Penal. Indica la accionante que el tratamiento que se ha dado a la víctima en
la etapa del juicio “es indigno de un ser humano y de una ciudadana que
acude confiada en que el aparato judicial va a cumplir con la obligación de
investigar un delito y termina investigándola a ella por denunciar,” y debe
soportar falsas acusaciones sobre su vida privada en las que se la señala como
una “mujer libertina, mentirosa, adicta a sicofármacos.” Afirma la
apoderada que “las pruebas decretadas violentan la libertad de Sandra, pues
son discriminatorias y obedecen a valores y patrones estereotipados de
comportamiento patriarcal, machista, según los cuales la mujer es un ser
inferior con menos derechos que los hombres. Son coherentes con una visión del
mundo en la que la mujer es un objeto sexual, sobre el que se presume que
existen patrones de comportamiento de las mujeres que justifican la agresión
sexual o violación.”
2. Contestación
del Juzgado demandado.
El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga,
mediante oficio No. 5276 del 20 de agosto de 2004, dio contestación a la acción
de tutela de la referencia, en los siguientes términos:
(…) “parece olvidar la accionante, que
(...) los funcionarios judiciales debemos propender por lograr una
investigación integral (…), la que se traduce en averiguar tanto lo favorable
como lo desfavorable al procesado; que el derecho fundamental del acceso a la
administración de justicia que pregona el artículo 228 superior, está
garantizado para Sandra Liliana Orejarena Troya, (…) pero que ese acceso
también debe ser para el procesado y los demás sujetos procesales, entendiendo
como que en su participación en el proceso, se le garanticen todos sus derechos
fundamentales, (…) especialmente el de defensa, el de contradicción y el aporte
de pruebas”[19]
(…)
3.      Decisión
del Juez de primera instancia.
Mediante sentencia del día treinta (30) de agosto de
dos mil cuatro (2004), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, Sala de Decisión Penal, resolvió declarar improcedente la acción
de tutela de la referencia al observar que “en el caso bajo estudio, a
petición de los sujetos procesales y por decisión oficiosa el juzgador decretó
la práctica de ciertos medios de prueba que consideró pertinentes, conducentes
y útiles para el esclarecimiento de lo acontecido y el hallazgo de la verdad
real, sin que se evidencie ilegalidad alguna o que sea fruto de la
arbitrariedad o el mero capricho.[20]
(…)  · “la Sala considera que el juzgador ha otorgado a la señora Sandra
Liliana Orejarena Troya el trato especial que merece toda persona por el hecho
de ser tal, y el averiguar más a fondo las diferentes circunstancias modales en
que acontecieron los hechos, sus antecedentes o la forma en que fueron
denunciados no atenta contra su dignidad humana o el derecho a la intimidad, ya
que esas pruebas no están encaminadas a perturbarla de manera indebida o a
develar sucesos personales con propósito distinto al de lograr los fines
propios del proceso, establecidos en el artículo 331 del C.P.P.”[21]
4.      Impugnación
del fallo de primera instancia.
Mediante oficio del 2 de septiembre de 2004[22], la apoderada de la
accionante Sandra Liliana Orejarena Troya, impugnó el fallo de tutela de
primera instancia, sin sustentar dicho recurso.
5.      Decisión
del Juez de segunda instancia.
Mediante sentencia del veintinueve (29) de septiembre
de dos mil cuatro (2004), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia CONFIRMÓ el fallo de primera instancia, mediante el cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Penal, declaró improcedente
la acción de tutela interpuesta por la apoderada de Sandra Liliana Orejarena
Troya, por violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
intimidad y dignidad humana, por parte del Juzgado Séptimo Penal del Circuito
de Bucaramanga. En su fallo, la Corte Suprema de Justicia consideró que (…) “mediante
la acción de tutela no se puede controvertir las decisiones judiciales, pues
aquella no es una tercera instancia ni un mecanismo de control paralelo a las
decisiones de los jueces (…) Ahora bien, tiene la parte civil, y tuvo, las
garantías para controvertir las decisiones judiciales relacionadas con la práctica
de pruebas, de tal manera que no porque ella estime que son inconducentes,
podía el juez denegarlas, pues el proceso penal tiene como objeto lograr la
verdad, justicia y reparación, cuyas finalidades se pueden entorpecer si no
existe un adecuado debate probatorio sobre el tema de investigación”[23]
II.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero,
y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problemas Jurídicos
En el presente caso, no es objeto de debate si el
procesado tuvo relaciones sexuales con la accionante —como quiera que el mismo
procesado aceptó haber tenido relaciones con la ofendida. Lo que se discute es
si las relaciones sexuales fueron consentidas o no.
Para la accionante, la admisión de testimonios de
familiares y conocidos para indagar sobre su vida personal vulnera sus derechos
a la dignidad y a la intimidad, pues tales pruebas en nada contribuyen al
esclarecimiento de la verdad sino que transforman el proceso penal en un
proceso de juzgamiento de la víctima. Igualmente, señala que la admisión de
pruebas sobre asuntos respecto de los cuales ya existen múltiples elementos
probatorios de carácter científico, así como la admisión de testimonios de
terceras personas a quienes no les consta lo ocurrido el día de los hechos,
desconoce su derecho a un recurso judicial efectivo, pues prolonga
innecesariamente las diligencias judiciales.
Por su parte, el juzgado demandado, señala que en
cumplimiento de sus deberes de investigación integral, debe averiguar tanto lo
que favorezca como lo que perjudique al procesado, por lo que para poder dictar
sentencia el juez debe ordenar y practicar todas las pruebas que conduzcan a la
certeza de la conducta ilícita y de la responsabilidad del acusado, lo cual no
vulnera los derechos de la parte civil.
Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde a esta
Sala resolver el siguiente problema jurídico:
·
¿Incurrió el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
de Bucaramanga en una vía de hecho, y vulneró los derechos a la dignidad (Art.
1, CP), a la igualdad (Art. 13, CP), a la intimidad (Art. 15, CP), al debido
proceso (Art. 29, CP) y al acceso a la justicia (Art. 229, CP), (i) al ordenar
y practicar pruebas que se refieren a la conducta de la víctima de un delito
sexual, relativas a su comportamiento y vida personal anterior y posterior a
los hechos objeto de investigación; y (ii) al admitir la práctica de pruebas
sobre asuntos sobre los que ya existían otras pruebas científicas, así como
testimonios de terceras personas sobre asuntos que no guardan relación directa
con los hechos objeto de investigación?
Con el fin de
resolver el anterior problema, esta Sala recordará brevemente la doctrina de la
Corte sobre vías de hecho y, en particular, dada la especificidad del asunto
bajo revisión, la relativa a la vía de hecho por defecto sustantivo (sección
3). En segundo lugar, se referirá brevemente a la doctrina constitucional sobre
los derechos de las víctimas del delito, con el fin de precisar los deberes de
los funcionarios judiciales en relación con su protección (sección 4). En
tercer lugar, hará una breve alusión al derecho internacional, al derecho
comparado y al derecho nacional en relación con los derechos de las víctimas de
delitos sexuales (sección 5). En cuarto lugar, precisará los criterios para
ponderar el derecho a la intimidad de las víctimas de delitos sexuales en
relación con el derecho a la defensa del procesado (sección 6). En quinto
lugar, recordará brevemente la doctrina sobre la exclusión de pruebas
constitucionalmente inadmisibles (sección 7). Y, en sexto lugar, aplicará la
anterior doctrina al caso bajo estudio (sección 8).
3.     Jurisprudencia
constitucional sobre la procedencia de la tutela con respecto a providencias
judiciales que configuren vías de hecho.
Dado que las sentencias de instancia
negaron el amparo impetrado por considerar que la tutela era improcedente para
controvertir decisiones judiciales, a continuación se recordará brevemente la
doctrina constitucional sobre la materia.
3.1. En la sentencia C-543 de 1992,[24] la Corte
Constitucional declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de
1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra
sentencias judiciales, por considerar que desconocían las reglas de competencia
fijadas por la Constitución Política y afectaban el principio de seguridad
jurídica.  En esta decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional, que no rechazó
en términos absolutos la posibilidad de que la acción de tutela procediera
contra providencias judiciales, previó casos en los cuales, de forma
excepcional, esta era procedente contra actuaciones que, aunque en apariencia
estuvieran revestidas de formas jurídicas, en realidad implicaran una vía de
hecho. Al respecto dijo la Sala Plena en la sentencia C-543 de 1992,
“(…) nada
obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en
dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de
la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991).   En hipótesis como éstas no puede hablarse de
atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.”
Las distintas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de
constitucionalidad erga omnes, han aplicado en casos concretos el
precedente recientemente citado. Así, por ejemplo, puede citarse la sentencia
T-158 de 1993, en la que la Sala Novena de Revisión de la Corte decidió
confirmar la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán de
conceder el amparo solicitado por el accionante en razón a que, según la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se quebrantó el derecho
fundamental del debido proceso al negar el recurso de apelación exigiéndose un
requisito inexistente en el Código de Procedimiento Civil.[25] Otro ejemplo se
encuentra en la sentencia T-173 de 1993,[26]
en la que se consideró que
"Las actuaciones judiciales cuya
ostensible desviación del ordenamiento jurídico las convierte - pese a su forma
- en verdaderas vías de hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter
de providencias para los efectos de establecer la procedencia de la acción de
tutela. No es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo
que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía
funcional del juez.
(..)
“De los párrafos transcritos aparece claro
que la doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido
una diáfana distinción entre las providencias judiciales -que son invulnerables
a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la
función judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo
proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento
jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia
judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad los
principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política
reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las
personas.
“En ese orden de ideas, la violación
flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda
cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada
mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos
contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al
alcance del afectado para la defensa de su derecho.”
La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde
la sentencia T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) se determinara cuáles
defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como una vía de
hecho. En la providencia mencionada se indicaron los casos
excepcionales en que procede la acción de tutela, indicando que se configura
una vía de hecho cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o
defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la
decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable
que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto
procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
Esta doctrina constitucional también ha
sido precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por
la Sala Plena de la Corte Constitucional proferidas entre las cuales se
encuentran las sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y
SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En la sentencia SU-1184 de
2001[27]
se dijo lo siguiente:
“La Corte
Constitucional ha construido una nutrida línea de precedentes en materia de
tutela contra providencias judiciales, bajo las condiciones particulares de lo
que se ha denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en
particular hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Baste considerar
que sus elementos básicos fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994[28], en la que se señaló
que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los cuatro defectos:
sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental.”
La Corte ha
indicado que, en lugar para determinar la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, debe verificarse en cada caso concreto si reúne
los estrictos requisitos precisados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. A saber:
·
Que la conducta del agente carezca de
fundamento legal. Dado que la ley es el principio
de toda actuación que realice cualquier autoridad pública, ésta no puede, por
ende, extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.[29]
·
Que la acción obedezca a la voluntad
subjetiva de quien desempeña la autoridad judicial.
La Corte ha dicho que dado que en sistema jurídico colombiano, la determinación
subjetiva del juez no produce efectos jurídicos, sino que debe obedecer a la
objetividad legal para que su acto este totalmente legitimado. Lo anterior  no
quiere decir que el Juez no cuente con la potestad de interpretar las normas
adecuándolas a las circunstancias reales y concretas. Sin embargo, “lo que
nunca puede hacer es producir efectos jurídicos con base en su voluntad
particular, ya que sólo la voluntad general determina el deber ser en el
seno de la comunidad, donde prima el interés general. [30]
·
Que tenga como consecuencia la vulneración de
los derechos fundamentales, de manera grave e inminente. La actitud ilícita del juez debe violar los derechos y el orden
legal grave e inminentemente, para de esta manera justificar la acción
inmediata por parte del Estado para que no se produzca el efecto ilícito. La
inminencia debe entenderse como “la evidente probabilidad de una
consecuencia negativa e ilícita producida por la actuación judicial.”
·
Que no exista otra vía de defensa judicial,  o que, existiendo, se interponga la acción como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular
que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su
eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho
fundamental violado o amenazado.
Ahora bien, en
los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia
constitucional acerca de las situaciones que hacen viable  la acción de tutela
contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las
sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por
causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no
implican que la sentencia sea necesariamente una “violación flagrante y grosera
de la Constitución”, es  más adecuado utilizar el concepto de “causales
genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho.”
En la sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) se describe la
evolución presentada de la siguiente manera:
“(...) la Sala considera pertinente señalar
que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción
de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha
decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que
originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se
trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad
sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de
los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’[31] En este caso (T-1031
de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una
providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al
caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de
los derechos fundamentales de los asociados.’
“Este avance jurisprudencial ha llevado a
la Corte a remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho
por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla
jurisprudencial se redefine en los siguientes términos,
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de
tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con
ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales
por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente,
cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las
causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de
alguno de los seis eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:
(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto
fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v)
desconocimiento del precedente y  (vi) violación directa de la
Constitución.”[32]
3.2. Por la naturaleza de las alegaciones
específicas que se plantean en la demanda de tutela, es relevante que la Sala
se pronuncie brevemente sobre el alcance de la llamada “vía de hecho por
defecto sustantivo”. En varios fallos anteriores, la Corte ha delimitado el
campo de aplicación de esta figura, señalando que se presenta, entre otras
razones, (i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, lo cual ocurre cuando, por
ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente,[33] o no se encuentra
vigente por haber sido derogada,[34]
o por haber sido declarada inexequible;[35]
(ii) cuando la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso
concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su
alcance;[36]
(iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática;[37]
(iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende
inaplicada;[38]
o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación al caso concreto resulta inconstitucional, por ejemplo,
por violar otras normas constitucionales.[39]
En la sentencia SU-159 de 2002 se
sintetizaron los rasgos fundamentales de esta figura, así:
“La Corte Constitucional ha señalado en su
jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una
sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto[40],
bien sea, por ejemplo  (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún
efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad[41],
(iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[42], (iv.) porque ha sido
declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[43] o, (v.) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia
fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.”[44]
Más recientemente, en la sentencia T-462 de
2003, la Corte explicó que “una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y
finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga
omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la
norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.[45]
Recordada la doctrina sobre vía de hecho,
pasa la Corte a examinar brevemente la jurisprudencia constitucional sobre los
derechos de las víctimas del delito, con el fin de determinar las obligaciones
de los funcionarios judiciales en relación con la protección de sus derechos.
4.      Los derechos de las
víctimas de delitos a la luz de la jurisprudencia constitucional
Esta Corporación ha señalado de manera
reiterada que en un Estado social de derecho y en una democracia participativa
(artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito resultan
constitucionalmente relevantes. Así, el artículo 1º Superior establece como uno
de los principios fundantes del Estado colombiano el respeto de la dignidad
humana, el artículo 2° de la Carta señala como fines esenciales del Estado, la
garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución, así como el aseguramiento de un orden justo y dispone que las
autoridades están constituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.
Igualmente, el artículo 228 constitucional ordena que en las actuaciones de la
administración de justicia prevalezca el derecho sustancial y el artículo 229
de la Carta garantiza el derecho que tienen todas las personas a acceder a la
justicia; el numeral 1 del artículo 250 Superior dispone que a la Fiscalía General
de la Nación le corresponde, entre otras cosas, tomar las medidas necesarias
para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los
perjuicios ocasionados por el delito y, el numeral 4 del mismo artículo 250,
señala que el Fiscal General de la Nación debe “velar por la protección de
las víctimas.”
Sobre los derechos de las víctimas del
delito, esta Corporación dijo lo siguiente en la sentencia C-228 de 2002:[46]
“Como desarrollo del artículo 2 de la
Carta, al adelantar las investigaciones y procedimientos necesarios para
esclarecer los hechos punibles, las autoridades en general, y las judiciales en
particular, deben propender por el goce efectivo de los derechos de todos los
residentes en Colombia y la protección de bienes jurídicos de particular
importancia para la vida en sociedad. No obstante, esa protección no se refiere
exclusivamente a la reparación material de los daños que le ocasione el delito,
sino también a la protección integral de sus derechos.
“El derecho de las víctimas a participar en
el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al
tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que dice que
“Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad
humana”, las víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de
los demás un trato acorde con su condición humana. (…)
(…)
“En la Carta se refleja también una
concepción amplia de la protección de los derechos de las víctimas, que no está
prima facie limitada a lo económico. En efecto, el numeral 1 del
artículo 250 superior, establece como deberes de la Fiscalía General de la
Nación el “tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el
restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados
por el delito”. De ello resulta que la indemnización es sólo uno de los
posibles elementos de la reparación a la víctima y que el restablecimiento de
sus derechos supone más que la mera indemnización. La Constitución ha trazado
como meta para la Fiscalía General el “restablecimiento del derecho”, lo cual
representa una protección plena e integral de los derechos de las víctimas y
perjudicados. El restablecimiento de sus derechos exige saber la verdad de lo
ocurrido, para determinar si es posible volver al estado anterior a la
vulneración, así como también que se haga justicia.
“En consonancia con lo anterior, el
artículo 229 de la Carta garantiza “el derecho de toda persona para acceder a
la administración de justicia”. Ese derecho comprende, tal como lo ha
reconocido esta Corte, contar, entre otras cosas, con procedimientos idóneos y
efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones,[47] la resolución de las controversias
planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas[48],
la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso[49], la existencia de un
conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias[50], que se prevean
mecanismos para facilitar el acceso a la justicia a los pobres[51] y que la oferta de
justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional[52]. Y, aun cuando en
relación con este tema el legislador tiene un amplio margen para regular los
medios y procedimientos que garanticen dicho acceso, ese margen no comprende el
poder para restringir los fines del acceso a la justicia que orientan a las
partes hacia una protección judicial integral y plena de los derechos, para
circunscribir dicho acceso, en el caso de las víctimas y perjudicados de un
delito, a la obtención de una indemnización económica. Por lo cual, el derecho
a acceder a la administración de justicia, puede comprender diversos remedios
judiciales diseñados por el legislador, que resulten adecuados para obtener la
verdad sobre lo ocurrido, la sanción de los responsables y la reparación
material de los daños sufridos.
“El derecho de las víctimas a participar
dentro del proceso penal para lograr el restablecimiento de sus derechos,
tienen también como fundamento constitucional el principio participación
(artículo 2, CP), según el cual las personas pueden intervenir en las
decisiones que los afectan.[53]
No obstante, esa participación deberá hacerse de conformidad con las reglas de
participación de la parte civil y sin que la víctima o el perjudicado puedan
desplazar a la Fiscalía o al Juez en el cumplimiento de sus funciones
constitucionales, y sin que su participación transforme el proceso penal en un
instrumento de retaliación o venganza contra el procesado.
“Finalmente, los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación económica reconocidos a las víctimas o perjudicados
por un hecho punible, pueden tener como fundamento constitucional otros
derechos, en especial el derecho al buen nombre y a la honra de las personas
(Arts. 1º, 15 y 21, CP), puesto que el proceso penal puede ser la única ocasión
para que las víctimas y los perjudicados puedan controvertir versiones sobre
los hechos que pueden ser manifiestamente lesivas de estos derechos
constitucionales, como cuando durante el proceso penal se hacen afirmaciones
que puedan afectar la honra o el buen nombre de la víctimas o perjudicados.[54]”
De lo anterior, surge que la concepción
constitucional de los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un
delito comprende, por lo menos, tres derechos esenciales: el derecho a la
verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación.
Dentro de la línea de la sentencia C-228 de
2002, esta Corporación ha establecido que los derechos de las víctimas del
delito a la verdad, a la justicia y a la reparación se violan cuando en el
proceso penal se adoptan decisiones que conducen a la impunidad, lo cual puede
ocurrir, entre otras: (i) si se les impide solicitar el control de legalidad de
las decisiones que adopten los funcionarios judiciales sobre la imposición de
medidas de aseguramiento al procesado;[55]
(ii) si no se les permite solicitar la revisión de sentencias judiciales
absolutorias en casos de violaciones de derechos humanos o de infracciones al
derecho internacional humanitario cuando un pronunciamiento judicial interno o
de una instancia internacional reconocida por Colombia, constata la existencia
de una prueba nueva o de un hecho nuevo no conocidos al momento del
juzgamiento, o la omisión del Estado colombiano de investigar con seriedad e
imparcialidad los hechos;[56]
(iii)si se les restringe la posibilidad de acceder a las diligencias previas
del proceso penal;[57]
(iv) si se les niega el derecho a intervenir en procesos disciplinarios que se
instauren por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o
del derecho internacional humanitario;[58]
(v) si se impide la constitución de parte civil exigiendo requisitos o
condiciones no previstos en la ley,[59]
o desconociendo la jurisprudencia constitucional sobre los derechos de las
víctimas;[60]
(vi) si se precluye la investigación penal sin haber respondido a la solicitud
de pruebas de la parte civil;[61]
(vii) si se declara la caducidad de la acción civil dentro del proceso penal,
sin que se reunieran los supuestos legales para aplicar la norma que lo
permitía;[62]
(viii) si se cumple con el deber de investigar tan sólo de manera puramente
formal,[63]
o sin la seriedad y rigor requeridos para la defensa de los derechos de las
partes procesales.[64]
En la sentencia C-805 de 2002, la Corte reconoció el
derecho de las víctimas del delito a solicitar el control de legalidad de la
decisión del fiscal de no imponer medidas de aseguramiento. Dijo la Corte lo
siguiente:
“(…) la decisión de imponer la detención
preventiva como medida de aseguramiento constituye un asunto de especial
relevancia para la parte civil durante el proceso penal, por las siguientes
razones:
“a) Desde una perspectiva estrictamente
patrimonial, es decir, atendiendo el interés resarcitorio de la parte civil,
una determinación de esta naturaleza repercute en la posibilidad de solicitar
el embargo y secuestro de bienes, dado que según el artículo 60 del CPP, ello
solamente procede si existe medida de aseguramiento.
“b) Cuando el fiscal no ordena la detención
preventiva a pesar de que se reúnen los requisitos para hacerlo, los objetivos
de la medida pueden verse anulados, ya sea por la no comparecencia del imputado
en etapas subsiguientes, por la destrucción de elementos probatorios valiosos,
o por la obstaculización (directa o indirecta) de la investigación.  Sin duda
todo ello afecta considerablemente los derechos a la verdad y a la justicia, de
los cuales también es titular la parte civil, y que según fue indicado no son
menos importantes que los derechos de contenido patrimonial.
“c) En algunos eventos la gravedad de los
hechos, sumada a la trascendencia de la decisión, demandan del Estado una
actitud extremadamente rigurosa a fin de garantizar que el imputado no eluda el
funcionamiento de la administración de justicia.  Aquí la parte civil (con
independencia de que sean víctimas o perjudicados),  debe estar plenamente
autorizada para cuestionar los yerros de las autoridades judiciales en las
diferentes etapas del proceso.
“d) Adicionalmente, tampoco puede
desconocerse que la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia son
derechos íntimamente vinculados con el principio de legalidad, la observancia
del debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a la tutela
judicial efectiva, en cabeza no sólo del sindicado o del Ministerio Público,
sino también de la parte civil como sujeto procesal.
“29.- En este orden de ideas, queda claro
que los fines de la detención preventiva revisten significativa importancia
para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la parte civil, razón por
la cual debe ser tratada con criterios de igualdad frente a los mecanismos
jurídicos con que cuentan los demás sujetos procesales para controvertir las
decisiones que llegaren a adoptarse al respecto.  Si bien el control
judicial de legalidad de la medida de aseguramiento, así como de las decisiones
que afecten la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes, constituye
una garantía para el imputado y el Ministerio Público, de ella no puede estar
excluida la parte civil, por cuanto también constituye una prerrogativa en su
favor y frente a sus intereses.  En consecuencia, la Corte declarará la
constitucionalidad de la norma, pero en el entendido que el control de
legalidad también puede ser solicitado por dicho sujeto procesal y el
Ministerio Público, frente a la abstención de dictar la medida, toda vez que en
ese sentido se configura una omisión legislativa contraria al ordenamiento
superior.”[65]
(subrayado agregado al texto)
En la sentencia C-004 de 2003,[66] la Corte reconoció a
la parte civil el derecho a solicitar la revisión de las sentencias
absolutorias en los casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones
graves al derecho internacional humanitario, cuando un pronunciamiento judicial
interno o de una instancia internacional constate la existencia de hechos
nuevos o pruebas no conocidas al momento del juzgamiento, o incluso ante la
ausencia de un hecho o prueba nueva, la decisión judicial interna o de una
instancia internacional aceptada formalmente por Colombia, constaten el
incumplimiento del Estado colombiano de investigar seria e imparcialmente tales
violaciones. Según esa sentencia:
“(…) existe una afectación particularmente
intensa de los derechos de las víctimas (CP art. 229), que obstaculiza
gravemente la vigencia de un orden justo (CP art. 2°), cuando existe impunidad
en casos de afectaciones a los derechos humanos o de violaciones graves al
derecho internacional humanitario. Esta impunidad es aún más grave si ella
puede ser atribuida al hecho de que el Estado colombiano incumplió con su deber
de investigar, en forma seria e imparcial, esas violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario, a fin de sancionar a los
responsables.
“En tales condiciones, la fuerza normativa
de los derechos constitucionales de las víctimas y el imperativo que la Carta
impone a las autoridades de lograr la vigencia de un orden justo (CP art. 2°)
implican que en los casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones
graves al derecho internacional humanitario, si aparecen nuevos hechos o
pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de esos
atroces comportamientos, entonces pueden ser reabiertas las investigaciones,
incluso si existen decisiones absolutorias con fuerza de cosa juzgada. La razón
es que una prohibición absoluta de reiniciar esas investigaciones obstaculiza la
realización de un orden justo e implica un sacrificio en extremo oneroso de los
derechos de las víctimas. Por consiguiente, en los casos de impunidad de
violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, la
búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas desplazan la
protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in ídem, y
por ello la existencia de una decisión absolutoria con fuerza de cosa juzgada
no debe impedir una reapertura de la investigación de esos comportamientos, si
aparecen hechos o pruebas nuevas no conocidas al tiempo de los debates. Y es
que la seguridad jurídica en una sociedad democrática, fundada en la dignidad
humana, no puede estar edificada sobre la base de silenciar el dolor y los reclamos
de justicia de las víctimas de los comportamientos más atroces, como son las
violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho
internacional humanitario.
“31- La Corte concluye entonces que la
restricción impuesta por las expresiones acusadas es desproporcionada frente a
los derechos de las víctimas, cuando se trata de la impunidad de violaciones a
los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional
humanitario. En esos eventos, los derechos de las víctimas no sólo autorizan
sino que exigen una limitación al non bis in ídem, a fin de permitir la
reapertura de esas investigaciones, si surge un hecho o prueba nueva no
conocida al tiempo de los debates procesales. Era entonces necesario que la ley
previera esa hipótesis al regular las causales de revisión, por lo que la Corte
deberá condicionar el alcance de las expresiones acusadas en ese aspecto.”
En la sentencia C-451 de 2003, la Corte reconoce el
derecho de las víctimas a acceder a las diligencias de investigación previas
cuando aún no se iniciado el proceso penal, permitiendo que las víctimas o
perjudicados por el delito se puedan participar en el proceso, desde ese
momento, ya sea mediante su constitución en parte civil, o presentando
peticiones. Dijo la Corte en esa oportunidad:
“(…)  problema del  artículo 323 del Código
de Procedimiento Penal es que parece excluir a las víctimas o perjudicados del
conocimiento de la investigación previa. Conforme a la doctrina constitucional
anteriormente reseñada, bien puede la ley establecer la reserva de esa
investigación previa, a fin de proteger la eficacia de la justicia, así como
los derechos a la intimidad y el buen nombre del imputado. Igualmente, bien
puede la ley establecer ciertos requisitos para resguardar esa reserva del
sumario, y por ello puede exigir ciertos requisitos para que los perjudicados y
las víctimas puedan conocer el desarrollo de las investigaciones, tal y como lo
establece el artículo 48 del estatuto procesal penal, que señala que el
apoderado “podrá conocer el proceso siempre que acredite sumariamente la
calidad de perjudicado del poderdante, obligándose a cumplir con la reserva
exigida”.  Pero la ley no puede llegar a excluir a las víctimas y
perjudicados de esa fase, pues afectaría desproporcionadamente sus derechos
constitucionales a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por ello resulta
ineludible condicionar la exequibilidad de esa disposición, a fin de precisar
que una vez haya sido constituida la parte civil, ésta podrá acceder directamente
al expediente. Y como es obvio, de conformidad  el artículo 30 del CPP, cuando
la víctima o el perjudicado no se hayan constituido en parte civil, podrán
ejercer el derecho de petición al que hace referencia dicha disposición.[67]
En la sentencia C-014 de 2004, la Corte reconoció que
las víctimas de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o
del derecho internacional humanitario tenían derecho a intervenir en los
procesos disciplinarios que se instauraran contra los funcionarios públicos
involucrados. Dijo la Corte lo siguiente:
“(…) el despliegue de conductas
constitutivas de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario afecta la dignidad de la persona humana y
cuestiona la valía y vigencia de los derechos humanos.  Por esa especial
gravedad, la comisión de conductas de esta índole está llamada a producir
consecuencias en diversos espacios jurídicos, incluido, para lo que aquí es
materia de debate, el derecho disciplinario.
“8.  Por todo ello, cuando se trata de
faltas disciplinarias constitutivas de violaciones del derecho internacional de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la situación en
que se hallan las personas afectadas es muy diferente de aquella en que se
encuentra el particular que, en calidad de quejoso, promueve una investigación
disciplinaria, pues aquellas no solo están alentadas por el interés que le
asiste a cualquier ciudadano para que se imponga una sanción al infractor de la
ley disciplinaria, sino que, además de ese genérico interés, en ellas concurre
la calidad consecuente con el daño que sobrevino, de manera inescindible, a la
comisión de la falta disciplinaria.
“En estos supuestos, el fundamento de la
imputación disciplinaria sigue siendo la infracción del deber funcional del
servidor público o del particular que desempeña funciones públicas. Es decir,
la índole del ilícito disciplinario se mantiene.  Lo que ocurre es que, a
diferencia de lo que sucede  con la generalidad de las faltas disciplinarias,
en aquellas la infracción del deber plantea, de manera directa, la vulneración
de derechos fundamentales.  Es decir, esas faltas conducen a un agregado
valorativo que, sin mutar la naturaleza de la imputación disciplinaria,
lesionan derechos humanos y colocan a su titular en una situación calificada
respecto de aquella en que se encuentra cualquier ciudadano interesado en el
ejercicio del control disciplinario.
“En ese sentido, para la Corte, si bien la
regla general indica que en el derecho disciplinario no existen víctimas por
cuanto las faltas remiten a infracciones de deberes funcionales y no a lesiones
de derechos, de manera excepcional puede hablarse de víctimas de una falta
disciplinaria cuando de la infracción del deber que la constituye surge, de
manera inescindible y directa, la violación del derecho internacional de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario.”[68]
Esta Corporación también ha protegido, a
través de la acción de tutela, los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación de las víctimas del delito, y ha reconocido que se ha incurrido en
vías de hecho cuando el juez desatiende la finalidad del proceso penal de proteger
los derechos de las víctimas y adopta decisiones que contribuyen a la
impunidad. Así por ejemplo, en la sentencia T-536 de 1994, la Corte consideró
que se había vulnerado el debido proceso al negar la admisión de la demanda de
parte civil presentada por un actor popular, “porque se invocaron hechos o
circunstancias que no están establecidos como causal o motivo de rechazo de la
demanda de parte civil, y se anticipó la definición de una cuestión de fondo
que es materia de la sentencia. Con dicho proceder, la Fiscalía vulneró el
debido proceso y al acceso a la justicia.”[69]
En la sentencia T-694 de 2000, la Corte
encontró que se habían desconocido los derechos de la víctima, al precluir la
investigación penal sin haber respondido a la solicitud de pruebas de la parte
civil, y sin que durante el tiempo en que el caso estuvo bajo conocimiento de
las autoridades, éstas hubieran asumido con seriedad y rigor la defensa de los
derechos de las partes procesales dentro de la investigación penal.[70] Dijo entonces la
Corte:
En síntesis, para la Corte es claro que la
actitud omisiva de un funcionario judicial, consistente en dejar de responder
la solicitud de pruebas presentada por alguno de los sujetos procesales, o
abstenerse de practicar las pruebas ordenadas, constituye una irregularidad que
afecta  los derechos fundamentales al debido proceso (CP art. 29) y de acceso a
la administración de justicia (CP art. 229) del solicitante. En efecto, en
estos eventos, se entiende que el funcionario judicial ignoró los medios de
prueba requeridos sin ninguna justificación objetiva y razonable, así como el
derecho de los sujetos procesales a recurrir las providencias judiciales.
(…) De otra parte, resulta relevante
recordar que los derechos de participación y de acceso a la administración de
justicia, le confieren a la parte civil en el proceso penal una serie de
derechos y obligaciones similares, en principio, a los que ostentan los
restantes sujetos procesales. En consecuencia, debe entenderse que desde el
momento en el cual una persona es reconocida como “parte civil”, adquiere el
derecho a participar activamente en todas las diligencias que se realicen, lo
cual implica, entre otras cosas, el derecho a solicitar las pruebas que
considere conducentes para el esclarecimiento de la verdad o para demostrar la
responsabilidad del sindicado, así como el derecho a recurrir las decisiones
que afecten sus intereses. (subrayado agregado al texto)
En la sentencia T-556 de 2002, la Corte
encontró que el fiscal había incurrido en una vía de hecho por defecto
sustantivo al precluir la investigación y el proceso penal acudiendo a
criterios puramente formales, desconociendo los hechos y las pruebas que
obraban en el proceso.[71]
Para la Sala:
(…) del sistema de valores, principios y
derechos contenido en la Carta y de las disposiciones que se acaban de citar,
se infiere una múltiple finalidad para el proceso penal.  Por una parte, la
realización de los derechos sustanciales.  Por otra, la indemnización de los
perjuicios ocasionados por el delito.  Finalmente, la realización, a favor de
quienes intervienen en el proceso penal, de las garantías constitucionales de
trascendencia procesal.
Como puede advertirse, entonces, han pasado
los tiempos en que el proceso penal se orientaba por propósitos simplemente
vindicativos de tal manera que se asegurara el castigo del delincuente.  Hoy
se dirige a la realización de las normas de derecho sustancial, tanto las que
procuran la condena de los responsables como las que disponen la absolución de
los inocentes; a la reparación del daño causado con la conducta punible, en el
entendido que a los perjudicados con ella también debe extenderse la
administración de justicia penal, y a garantizar los derechos fundamentales de
los intervinientes  pues el proceso penal ya no es una ritualidad vacía de
contenido sino un escenario democrático en el que también se debe luchar por la
realización de esos derechos.
De este modo, el proceso penal es
legítimo si se orienta a esas finalidades y deja de serlo si se desentiende de
alguna de ellas.  Por ello, no se realizan sus propósitos
fundamentales si la condena del responsable de una conducta punible se logra
desconociendo las garantías constitucionales que le amparan.  En igual sentido,
no se administra justicia si se pone fin a una actuación penal haciendo caso
omiso de la necesidad de reparar el daño causado a la víctima o despojándola de
los derechos que le asisten.
(…)
(…) el proceder de la Fiscalía accionada
contraría los contenidos mínimos de la administración de justicia inherente a
un Estado social de derecho; porque el proceso no es una simple aglomeración de
documentos sino un escenario en el que se realiza la justicia y en el que deben
promoverse las garantías constitucionales de trascendencia procesal; porque
ninguna decisión puede ser justa si se profiere haciendo abstracción total de
los hechos investigados; porque la premura por archivar una actuación no puede
conducir al sacrificio de los derechos fundamentales que en el proceso le
asisten a la víctima o al perjudicado con una conducta punible; en fin, porque
los fundamentos constitucionales del proceso penal son refractarios a la
manipulación del proceso penal e imponen el deber de averiguar la verdad de los
hechos como supuesto ineludible de una decisión justa.
(…)
Para la Sala, no cabe duda que las acciones
y omisiones que se acaban de citar involucran el menoscabo del derecho de
acceso a la administración de justicia de que es titular el actor dada su
calidad de víctima de una conducta punible. Por ello, como ese derecho tiene la
calidad de fundamental y como no existe otro mecanismo que permita su
protección dado que a la actuación se ha archivado en cumplimiento de una
providencia judicial con valor de cosa juzgada sólo aparente, la Sala revocará
las sentencias proferidas en el curso de las instancias, concederá la tutela
interpuesta, invalidará la apertura dispuesta y la preclusión ordenada y
dispondrá que la investigación se abra y se adelante con íntegro respeto de los
derechos fundamentales del actor. (subrayado agregado al texto)
Por su parte, en la sentencia T-249 de
2003, la Corte encontró que se desconocían los derechos de las víctimas al
negarse a constituir en parte civil a un actor popular en un proceso penal por
delitos de lesa humanidad, desconociendo la jurisprudencia constitucional sobre
los derechos de las víctimas de delitos.[72]
La Corte dijo lo siguiente:
De la postura de la Corte se desprende,
necesariamente, que la parte civil es un sujeto activo y pleno dentro del
proceso penal, tal como lo indicó la Corte en la misma sentencia.[sentencia
C-228 de 2002] Ello apareja que su participación no se limita a lograr lo
perseguido a partir del trabajo probatorio de los investigadores y a observar
la argumentación y análisis realizados por el ente acusador, sino que tiene
derecho a participar de la investigación –“aportando pruebas y cooperando con
las autoridades judiciales”- y a participar activamente en el análisis y
valoración de tales pruebas, “conociendo y controvirtiendo” las decisiones.
(…)
En punto a la protección de los derechos de
los asociados, uno de los cometidos de la política criminal, el Estado tiene el
deber de sancionar a quienes los violen (C.P. art. 2) y lograr la reparación
del daño y los perjuicios causados por tales hechos. Ello corresponde a los
deberes básicos de protección y respeto exigible al Estado frente a los
derechos de los asociados. Si el Estado, existiendo pruebas de la violación
de un derecho al realizarse una conducta punible, se abstiene de
investigar y sancionarlo, está abjurando de su obligación de proteger y
respetar los derechos de los asociados. Tales obligaciones, no sobra
indicarlo, se derivan, además, del derecho a la justicia, que es un correlato
del derecho al acceso a la justicia, analizado en esta sentencia. (subrayado
agregado al texto)
Finalmente, en la sentencia T-114 de 2004,
la Corte consideró que se había incurrido en una vía de hecho por defecto
sustantivo al aplicar una norma de derecho sin que se reunieran los hechos
determinantes del supuesto legal y, como consecuencia de ello, se archivó
arbitrariamente el proceso penal y se impidió el acceso a la administración de
justicia de la parte civil con miras al reconocimiento de sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación.[73]
Dijo la Corte:
“Para la Sala, esa decisión judicial
[declarar la caducidad de la acción civil dentro del proceso penal por usura]
es claramente contraria al ordenamiento jurídico en cuanto declaró la
ocurrencia de un fenómeno jurídico que no había acaecido. Se trata de un acto
de poder arbitrario pues la jurisdicción se ejerció para aplicar una norma jurídica
de naturaleza procesal cuando tal aplicación era manifiestamente improcedente
por no concurrir el presupuesto fáctico en ella señalado.”
“Además, tal acto de la jurisdicción
lesiona los derechos fundamentales del perjudicado con el delito de usura sometido
a proceso.  Ello es así porque aplica una norma procesal de efectos
sustanciales que conduce al archivo arbitrario de un proceso penal y que impide
el acceso a la administración de justicia con miras al reconocimiento de los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.  Es decir, se trata de
una típica vía de hecho por defecto sustancial en tanto se aplicó una norma de
derecho sin contar con los hechos determinantes del supuesto legal.”
5.      Los
derechos de las víctimas de delitos sexuales en el derecho internacional, el
derecho comparado y el derecho nacional
5.1. Desde
mediados del siglo XX, existe una tendencia a consagrar una protección amplia
de los derechos de las víctimas del delito, que supera la visión tradicional
restringida al resarcimiento económico por violaciones de derechos humanos.[74] Esta protección
amplia, que reconoce a las víctimas del delito los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación, parte del reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, ha tenido un
particular desarrollo en el caso de los derechos de las víctimas de delitos
sexuales.
A partir de la
década de los años 80, y tomando como base instrumentos internacionales que
consagran, entre otros, los derechos a la integridad física, psíquica y moral,
a la dignidad, a la honra y a la intimidad, así como el acceso a la justicia,
se han emitido, tanto en el contexto americano, como en el europeo y en las Naciones
Unidas, principios, directrices y orientaciones para armonizar los derechos
fundamentales de los investigados y acusados a un debido proceso y a la
defensa, con los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. Algunas de
estas directrices, que enfatizan el respeto por la dignidad de las víctimas,
han puesto especial atención a la protección y garantía de los derechos de
víctimas de delitos sexuales, en el entendido que este tipo de conductas
afectan gravemente la integridad física y psicológica de las personas, así como
su dignidad como seres humanos, los cuales pueden verse gravemente afectados si
se permite que el proceso penal conduzca a una nueva victimización.
Así, por ejemplo, en el sistema de Naciones
Unidas, el 29 de noviembre de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó por consenso la “Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,” según la cual
las víctimas deberán ser tratadas “con compasión y respeto por su dignidad,”
(…) “tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta
reparación del daño que hayan sufrido” y para ello es necesario que se
permita “que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas
y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en
juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema
nacional de justicia penal correspondiente.”[75] Adicionalmente, prevé la adopción de medidas
para garantizar una reparación adecuada a las víctimas, así como mecanismos de
apoyo psicológico y médico para ayudarlas a superar las consecuencias del
delito.[76]
Igualmente, en el artículo 4 de la Declaración sobre
la eliminación de la violencia contra la mujer,[77] se establecen varios
compromisos para que los Estados garanticen a la mujer víctima de violencia, su
derecho a ser tratada con consideración y respeto por su dignidad, así como la
obligación de adoptar medidas que eviten una segunda victimización:
Artículo 4. Los Estados deben condenar la
violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o
consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los
Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política
encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán:
(…)
c) Proceder con la debida
diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional,
castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos
perpetrados por el Estado o por particulares;
(…)
f) Elaborar, con carácter
general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica,
política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la
mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia
en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de
aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la
discriminación contra la mujer;
(…)
i) Adoptar medidas para que
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han
de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia
contra la mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las
necesidades de la mujer; (…) (resaltado
agregado al texto)[78]
En el Informe final del Relator Especial,
Sr. M. Cherif Bassiouni, presentado en virtud de la resolución 1999/33 de la
Comisión de Derechos Humanos, en el 56º período de sesiones, se recogen los “Principios
y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las
Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”, (E/CN.4/2000/62,
18 de enero de 2000), según los cuales las víctimas deberán ser tratadas (…) “con
compasión y respeto por su dignidad y sus derechos humanos.” En consonancia
con ese deber, los Estados deberán adoptar “medidas apropiadas para
garantizar su seguridad e intimidad, así como la de sus familias.  El Estado
debería velar por que, en la medida de lo posible, el derecho interno previera
para las víctimas de violencias o traumas una consideración y atención
especiales, a fin de evitar que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados
a lograr justicia y reparación den lugar a un nuevo trauma.” Igualmente, a
fin de garantizar el derecho a acceder a la justicia, prevé el deber de “adoptar,
durante los procedimientos judiciales, administrativos o de otra índole que
afecten a los intereses de las víctimas, medidas para reducir al mínimo
las molestias a las víctimas, proteger su intimidad según proceda, y garantizar
su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos, contra todo
acto de intimidación o represalia.”[79]
Igualmente, en la definición de la
competencia de los Tribunales Internacionales Ad hoc para Yugoslavia[80] y Ruanda,[81] la violación sexual se
incluyó como uno de los crímenes contra la humanidad, y bajo algunas
condiciones, como un acto de tortura o de genocidio. Dada la naturaleza de los
crímenes bajo competencia de dichos tribunales,[82] en las Reglas de
procedimiento y prueba de estos tribunales, se estableció una utilización
restrictiva de la prueba de consentimiento de la víctima como defensa y como
consecuencia de ello, no se exigió la corroboración de la declaración de la
víctima y se excluyó la posibilidad de realizar preguntas sobre el pasado
sexual de las víctimas.
Advierte la Corte que los hechos de este
caso de tutela no ocurrieron en el escenario específico de un conflicto armado
ni participaron en él actores de dicho conflicto. No obstante, la Sala estima
pertinente aludir a las normas de derecho penal internacional en la medida en
que ellas ilustran la trascendencia del tema.
En efecto, algunos instrumentos
internacionales de los que Colombia hace parte, han abordado el tema de la
protección de las víctimas de violencia sexual dentro del proceso penal, y han
reconocido la obligación de las autoridades de dar a las víctimas un trato
digno y respetuoso, y adoptar medidas para reducir los riesgos de la doble
victimización que pueda ocasionarse en la práctica de pruebas o de otras
diligencias judiciales, o en el manejo de la información sobre los hechos del
proceso y la identidad de las víctimas.
Así, por ejemplo, en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional [83]se
consagran expresamente los derechos de las víctimas a presentar observaciones
sobre la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa, a que se haga
una presentación completa de los hechos de la causa en interés de la justicia,
a ser tratadas con dignidad, a que se proteja su seguridad e intimidad, a que
se tengan en cuenta sus opiniones y observaciones, a ser reparadas
materialmente y apelar ciertas decisiones que afecten sus intereses.[84] Igualmente, las Reglas
de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, adoptadas por la
Asamblea General de los Estados parte del Estatuto de Roma, el 9 de septiembre
de 2002, consagran pautas específicas sobre pruebas en materia de violencia
sexual:
Regla 70. Principios de la prueba en casos
de violencia sexual
En casos de violencia sexual, la Corte se
guiará por los siguientes principios y, cuando proceda, los aplicará:
a) El consentimiento no podrá inferirse de
ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la
fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan
disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre;
b) El consentimiento no podrá inferirse
de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un
consentimiento libre;
c) El consentimiento no podrá inferirse
del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia
sexual;
d) La credibilidad, la honorabilidad o la
disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la
naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un
testigo.
Regla 71. Prueba de otro comportamiento
sexual
Teniendo en cuenta la definición y la
naturaleza de los crímenes de la competencia de la Corte, y a reserva de lo
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 69,[85]
la Sala no admitirá pruebas del comportamiento sexual anterior o ulterior de
la víctima o de un testigo. (resaltado agregado al texto)
Por su parte, la “Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”,[86] estableció como
deberes de los Estados, los siguientes:
Artículo 7. Los Estados partes condenan
todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos
los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…)
b) Actuar con la debida diligencia para
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
(…)
d) Adoptar medidas jurídicas para conminar
al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en
peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad
o perjudique su propiedad;
e)Tomar todas las medidas apropiadas,
incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias
que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f) Establecer procedimientos legales justos
y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan,
entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a
tales procedimientos; (…) (resaltado agregado al texto)
Algunas de estas recomendaciones sobre
protección a la intimidad y dignidad de las víctimas de delitos sexuales han
sido aplicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la
Corte Europea de Derechos Humanos. Así por ejemplo, en el Caso No. 12.350
contra Bolivia, la Comisión protegió la intimidad de la víctima y peticionaria,
empleando un nombre ficticio, teniendo en cuenta la naturaleza de las violaciones
y su posible impacto negativo en la vida privada de la víctima.[87] Otro ejemplo se
encuentra en el Caso No. 11.565 contra México, en el cual la Comisión declaró
la admisibilidad del caso, a pesar de que todavía existían recursos internos.
En ese caso, la Comisión consideró que no era posible agotar los mecanismos
internos de protección de las víctimas, debido a que el fiscal competente para
conocer del caso, era el mismo ante el cual las víctimas se habían negado a
permitir la realización de un examen ginecológico adicional, por considerarlo
una forma de tortura sicológica.[88]
En la Corte Europea de Derechos Humanos,
también se ha dado especial protección a las víctimas de delitos sexuales,
llegando a asimilar la violencia sexual a una forma de tortura.[89] Así sucedió en el caso
Aydin contra Turquía,[90]
en donde la Corte Europea consideró que la violación de una persona por un
agente del Estado cuando se encuentra bajo su custodia, constituye una forma
particular de trato cruel, asimilable a la tortura, dada la facilidad con que
el agresor puede aprovecharse de la vulnerabilidad de la víctima y reducir su
capacidad de resistencia. En el caso M.C. contra Bulgaria, la Corte
Europea encontró que el Estado había incumplido su deber de dar protección
efectiva a las víctimas de delitos sexuales en casos en los que se suponía
indebidamente la existencia de consentimiento de la víctima, cuando ésta no
oponía resistencia física a sus agresores, sino que se aislaba del hecho
psicológicamente (“síndrome de congelamiento traumático”).[91] La Corte Europea
también ha considerado que los Estados violan el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, cuando no
toman medidas para proteger efectivamente a las víctimas de sus agresores. Así
lo señaló en el caso E. y otros contra al Reino Unido, en el que la
Corte Europea consideró que el Reino Unido había fallado en dar protección
efectiva a las víctimas de violación, al permitir que el agresor continuara
conviviendo y abusando de sus víctimas por cerca de 20 años, al haberle
otorgado el beneficio de libertad condicional por confesión por el delito de
acceso carnal a menores de edad y no adoptar medidas para informar a las
víctimas o para protegerlas del agresor.[92]
5.2. En el derecho comparado, varios
estados han adoptado medidas para proteger la intimidad y dignidad de la
víctima de una agresión sexual. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha
restringido el uso de pruebas que se refieran al pasado sexual de la víctima o
a aspectos de su vida íntima de los cuales se pudiera presumir una mayor
predisposición sexual, por considerar que de tales pruebas no es posible
inferir el consentimiento de la víctima para sostener relaciones sexuales con
su agresor. Este tipo de leyes —denominado “Rape Shield Laws” (leyes
escudo en caso de violación) — ha sido adoptado con el fin de evitar que se
soliciten o admitan pruebas que afecten de manera innecesaria el derecho a la
intimidad de la víctima o que le infrinjan un daño desproporcionado, como una
estrategia para demostrar la existencia de consentimiento de la víctima, bajo
el entendido que al hacerlo, se la somete a un proceso casi tan degradante como
la misma violación.
En esos eventos, se ha considerado que tal
información es irrelevante tanto para demostrar la falta de credibilidad de la
víctima, como para probar la existencia de consentimiento y, por lo tanto,
tales pruebas deben ser excluidas, salvo que el acusado logre demostrar la
relevancia específica y directa, no genérica y eventual, de la prueba o que la
exclusión de la prueba implique una violación de su derecho a la defensa.[93] La admisibilidad de
pruebas relativas a la intimidad de la víctima depende, entre otras cosas, de
lo siguiente: (i) que se demuestre su relevancia para probar un hecho
específico del caso, como por ejemplo, que el autor del delito es alguien
distinto al acusado, o que dado el pasado común de la víctima y el agresor,
existen hechos específicos que prueban el consentimiento; (ii) que muestre que
la afectación de la intimidad de la víctima no resulta desproporcionada, teniendo
en cuenta el valor probatorio de la prueba; (iii) que justifique que la
finalidad de la prueba solicitada no es simplemente destruir la reputación de
la víctima o mostrar su predisposición sexual. El juez debe ponderar en cada
caso los factores mencionados.
Otro ejemplo, se encuentra en la
legislación penal de Canadá. En 1995, la Corte Suprema canadiense restableció
una condena por asalto sexual, al rechazar el argumento según el cual el
agresor, debido a su grado de intoxicación, había creído erróneamente que la
víctima había consentido a la relación sexual.[94]
Como resultado de este caso, se hicieron modificaciones al Código Penal en
relación con el significado de la palabra consentimiento en materia de delitos
sexuales y se estableció que con el fin de admitir como defensa el
convencimiento erróneo, sobre el consentimiento de la víctima, basado en la no
exteriorización de su rechazo, era preciso  que se demostrara que el acusado
había tomado pasos razonables y definitivos para asegurarse que eso era así. En
el caso in R. v. O’Connor[95],
aun cuando  se admitió el acceso a todos los documentos disponibles
para la defensa, incluidas las grabaciones de las sesiones terapéuticas de la
víctima de violación, y estableció el procedimiento a través del cual esa
información podía ser incorporada al proceso, la posición minoritaria consideró
que a fin de no afectar los derechos de la víctima de manera desproporcionada,
se debía ponderar el derecho de las víctimas a proteger su intimidad y a no ser
discriminada con el derecho del acusado a defenderse. Como consecuencia de este
caso, y con el fin de proteger los derechos a la igualdad y a la intimidad de
la víctima en casos de delitos sexuales, se modificó el Código Penal para
establecer el procedimiento para el manejo de registros privados en manos de la
Corte o de terceros.[96]
En España, con la expedición de la Ley Orgánica 14 de
1999, se introdujeron modificaciones importantes tanto al Código Penal de 1995
como a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de proteger a las mujeres
contra la violencia familiar y la violencia sexual, así como para evitar su
victimización secundaria durante el proceso penal. Es así como se adoptaron
medidas cautelares para proteger a las víctimas de la presencia, cercanía o
contactos de cualquier tipo con su agresor, y se establecieron mecanismos para
evitar la confrontación visual de la víctima con su agresor.[97]
En Dinamarca, la Corte Suprema reconoció el derecho a
recibir una compensación económica a dos mujeres que habían sido violadas por
un hombre, varias veces condenado como agresor sexual, y a quienes se les había
negado tal derecho debido a su condición de prostitutas.[98] En otro caso, la Corte
negó la apelación de un hombre condenado por acceso carnal violento y agravado,
quien alegaba que la ausencia de huellas de violencia física, o de gritos o
intentos de la mujer por defenderse, permitían presumir el consentimiento,
aunque la víctima fuera una persona discapacitada física y mentalmente.[99]
5.3. En Colombia, también existen antecedentes de
rechazo de pruebas que están orientadas a desprestigiar a la víctima con base
en su comportamiento sexual anterior. Así, por ejemplo, la Corte Suprema de
Justicia rechazó en una sentencia de 1997, que se esgrimieran cuestionamientos
sobre el comportamiento de la víctima como una prueba impertinente. Dijo
entonces la Corte Suprema:
(…) Tiene también en este cuarto cargo, la
razón la Procuraduría Delegada y baste agregar que el fallo combatido sí
consideró tal situación y dijo que “aún las mujeres de la vida disipada
gozan de la protección de dicho bien jurídico” (fl.591), refiriéndose a la
libertad sexual, interés jurídico que protege la descripción legal por la cual
fueron condenados los acusados.
No va a discutir la Sala si Laura Cristina
es o no una joven “de vida disipada”, porque, de cara al delito por el cual se
dictó el fallo atacado, toda consideración al respecto devendría impertinente, como anotó la Delegada.
Dejando de lado las concretas razones de la
prostitución (y aquí no se ha probado que Laura Cristina sea o haya sido
prostituta), la Sala debe replicar a tal reproche que, es de elemental
conocimiento jurídico, el argüido “modus vivendi” en nada incide, de
suyo, en la libertad para disponer de la sexualidad. Es decir que por más
prostituta que sea una persona su referida libertad debe ser respetada, so pena
de que el Estado, a través de su aparato judicial, castigue ese irrespeto que
él mismo (por conducto del legislador) ha elevado el rango del delito.[100] (resaltado fuera de
texto)
La Corte Suprema de Justicia colombiana
también ha examinado el contexto en que ocurren los hechos de un delito sexual
para determinar si existió consentimiento, restándole valor incluso la
declaración de la víctima que negaba la ocurrencia de los hechos, porque los
demás elementos probatorios que obraban en el expediente permitían concluir la
responsabilidad del procesado.[101]
La Corte Suprema de Justicia también ha rechazado que la ausencia de secuelas
físicas pueda ser considerada como evidencia de aceptación de la relación
sexual.[102]
5.4. El anterior recuento evidencia una
tendencia creciente a la protección de la dignidad e intimidad de las víctimas
de delitos sexuales dentro del proceso penal, estableciendo los siguientes
derechos a su favor:
1)
El derecho a que se
garantice su acceso a un recurso legal efectivo, de tal manera que se asegure
la efectividad de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación;
2)
El derecho a expresar
sus opiniones y preocupaciones y a ser escuchadas, y a que se les comuniquen
todas las decisiones que puedan afectar sus derechos;
3)
El derecho a ser
tratadas con respeto y consideración durante todo el proceso judicial y a que
se adopten medidas para evitar que el proceso penal conduzca a una segunda
victimización, por ejemplo, reduciendo las molestias que puedan causarle las
diligencias que se adelanten en el proceso, tales como contactos directos con
el agresor, repetición innecesaria de exámenes o pruebas, etc.;
4)
El derecho a ser
protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación;
5)
El derecho a que se
valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de investigación sin
prejuicios contra la víctima;
6)
El derecho a que se
adopten medidas para evitar injerencias innecesarias en la vida íntima de la
víctima;
7)
El derecho a solicitar
a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas
o excluyan las ya practicadas que conlleven una intromisión innecesaria, o
desproporcionada de su derecho a la intimidad;
8)
El derecho a que se
entienda que no existe consentimiento real y libre de presiones, por la simple
ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo exterioricen;
9)
El derecho a que la
investigación penal se adelante con seriedad y objetividad y esté orientada al
esclarecimiento de la verdad y al logro de la justicia.
5.5. En consonancia con lo anterior, el
Código de Procedimiento Penal[103]
establece principios y garantías que orientan la labor de los funcionarios
judiciales hacia el cumplimiento de esas finalidades y a la garantía de esos
derechos, entre las cuales, se consagran los siguientes deberes:
1.
Tratar a todos los
intervinientes en el proceso penal con el “respeto debido a la dignidad inherente al
ser humano.” (Art. 1, Ley
600 de 2000);
2.
“Hacer efectiva la
igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y
proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física
o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” (Art. 5, Ley 600 de 2000).
3.
Adelantar todas las
actuaciones procesales “teniendo en cuenta el respeto a los derechos
fundamentales de los sujetos procesales y la necesidad de lograr la eficacia de
la administración de justicia” (Art. 9, Ley 600 de 2000).[104]
4.
Garantizar “a todas
las personas el acceso efectivo a la administración de justicia en los términos
del debido proceso” (Art. 10, Ley 600 de 2000).
5.
Garantizar a todos los
sujetos procesales el derecho a presentar y controvertir las pruebas (Art. 13,
inc. 1, Ley 600 de 2000).
6.
Motivar todas las
decisiones y medidas que afecten derechos fundamentales de los sujetos
procesales, incluso las que provea por medio de autos de sustanciación (Art.
13, inc. 2, Ley 600 de 2000).
7.
Hacer prevalecer el
derecho sustancial y asegurar su efectividad (Art. 16, Ley 600 de 2000).
8.
Actuar con
imparcialidad en la búsqueda de la verdad, para lo cual “debe averiguar, con
igual celo, las circunstancias que demuestren la existencia de la conducta
punible, las que agraven, atenúen o exoneren de responsabilidad al procesado y
las que tiendan a demostrar su inocencia.” (Art. 234, Ley 600 de 2000)
9.
Inadmitir “las
pruebas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del
proceso o las que hayan sido obtenidas en forma ilegal,” y rechazar “la
práctica de las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos
notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.” (Art. 235,
Ley 600 de 2000)
10.
Apreciar las pruebas en
su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica (Art. 238, Ley 600 de
2000)
Uno de los ámbitos en los cuales resulta más evidente
la tensión entre el derecho a la intimidad de las víctimas y el derecho a la
defensa del procesado, es en el caso de los delitos sexuales, y sus
implicaciones en materia probatoria. Por ello, pasa la Corte a analizar cómo
ponderar los derechos en juego y el cumplimiento de las finalidades del proceso
penal, cuando se trata de la práctica y valoración de pruebas en procesos por
delitos sexuales.
6.
La necesidad de ponderar el derecho a la intimidad de las
víctimas de delitos sexuales y el derecho a la defensa del procesado, en la
admisión, práctica y valoración de pruebas. La exclusión de pruebas.
6.1. En general, la admisión y práctica de pruebas en
el proceso penal está librada a la apreciación racional que haga el funcionario
responsable de la investigación penal sobre su potencialidad para aclarar lo
ocurrido y la responsabilidad de los implicados. Sin embargo, ese ejercicio
discrecional debe enmarcarse tanto dentro de los principios constitucionales
del debido proceso, de la presunción de inocencia y de la imparcialidad y del
derecho de defensa, como del respeto de la dignidad, la integridad y la
intimidad de las víctimas. La verdad no se ha de investigar a cualquier precio,
sino protegiendo a todos los sujetos procesales en sus derechos fundamentales.
De ahí, la estrecha relación entre el derecho procesal y el derecho
constitucional.
La Corte Constitucional ha establecido que el juez o
el fiscal vulneran el derecho de defensa y desconocen el principio de
investigación integral, en aquellos casos en los cuales dejan de solicitar, o
practicar sin una justificación objetiva y razonable, pruebas que resultan
fundamentales para demostrar las pretensiones de la defensa.[105] Pero también ha
reconocido que se desconoce la finalidad de establecer la verdad, cuando omite
tener en cuenta los derechos de las víctimas.[106]
Aun cuando normalmente en el ámbito del
derecho penal, el cuestionamiento de la ilegalidad de las pruebas está asociado
a pruebas que desconocen los derechos del procesado, tal cuestionamiento
también puede surgir por afectación de los derechos de la víctima. La finalidad
múltiple que cumple el proceso penal y la necesidad de asegurar los fines de la
justicia y garantizar los derechos de las víctimas del delito, no excluye la
posibilidad de que la parte civil pueda objetar la admisión y práctica de
pruebas que desconozcan el debido proceso o que vulneren sus derechos
fundamentales, en particular su derecho a la intimidad.
6.2. Aun cuando el derecho a la intimidad
tal como lo consagra el artículo 15 constitucional, comprende varias
manifestaciones, para efectos del presente caso, resulta relevante examinar
sólo algunas de ellas.
De
conformidad con lo que establece el artículo 15 Superior, “todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen  nombre,
y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.” Adicionalmente, se
consagra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación
privada, las cuales “sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante
orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.”
Este derecho permite resguardar la vida privada y familiar de intromisiones
arbitrarias, innecesarias, desproporcionadas y proteger las comunicaciones
privadas del escrutinio invasivo del Estado o de terceros.
Esta Corporación ha
estudiado el contenido y alcance del derecho a la intimidad en numerosas
ocasiones.[107]
Esa doctrina constitucional también ha reconocido que el derecho a la intimidad
no es absoluto y puede ser limitado, por ejemplo, a fin de garantizar un fin
imperioso, como ocurre cuando se enfrentan los derechos a la intimidad de un
funcionario público y el derecho a la información, caso en el cual, se ha
reconocido una prevalencia prima facie del derecho a la información
sobre el derecho a la intimidad.[108]
En esa
medida, las limitaciones al derecho a la intimidad, al igual que la de
cualquier otro derecho fundamental, deben respetar los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, en el contexto de un sistema democrático.
Estos principios han sido aplicados por esta Corporación para examinar las
limitaciones a los derechos que haga el legislador, pero también al ponderar el
enfrentamiento de derechos.[109]
6.3. En el caso bajo estudio, es preciso determinar si
la introducción de una prueba relativa al comportamiento sexual o social previo
de una víctima de un delito sexual, resulta razonable y proporcional como
mecanismo para garantizar la defensa del procesado. La evaluación de la
limitación del derecho a la intimidad en este contexto, ha de realizarse en
cuatro pasos. En primer lugar, se analizará el fin buscado para ver si es
imperioso para la defensa; en segundo lugar, se examinará si el medio para
llegar a dicho fin es legítimo; y en tercer lugar, se estudiará la relación
entre el medio y el fin, aplicando un juicio de necesidad. Luego, de ser
razonable a la luz de estos pasos, se aplicará el juicio de proporcionalidad en
sentido estricto para determinar si el grado de afectación del derecho a la
intimidad es desproporcionado.
La intensidad del juicio de razonabilidad depende de
la relevancia constitucional de los valores en juego. En el caso bajo estudio,
dado que se trata la colisión entre el derecho de defensa del procesado y el
derecho a la intimidad de la víctima, para permitir un examen del
comportamiento social y sexual de la víctima con anterioridad a los hechos que
se investigan o juzgan, el fin que justifica una intromisión de esa dimensión
en la vida íntima de la víctima debe ser imperioso, pues sólo la búsqueda de un
fin de tal magnitud y trascendencia haría razonable limitar el derecho
constitucional a la intimidad de las víctimas de delitos sexuales.
En principio, dicho examen sólo cabría si (i) tal
indagación está dirigida a demostrar que el autor del ilícito es otra persona y
no el procesado; (ii) o si como consecuencia de impedir esa indagación, se
vulnera gravemente el derecho de defensa del procesado, por ejemplo, porque un
examen de la vida íntima común y anterior de la víctima y del acusado
permitiría demostrar que hubo consentimiento. Por lo tanto, si la intromisión
en la vida íntima de la víctima sólo está orientada a deducir un supuesto
consentimiento a partir de inferencias basadas en relaciones privadas
anteriores o posteriores y distintas de la investigada, tal intromisión no
responde a un fin imperioso, y por lo tanto, debe ser rechazada. Lo que si es
constitucionalmente admisible es que se investiguen las circunstancias en que
se realizó el acto sexual objeto de la denuncia. De tal manera que a la luz del
derecho constitucional experiencias íntimas separadas del acto investigado
están prima facie protegidas frente a intervenciones irrazonables o
desproporcionadas.
En cuanto al medio escogido, se debe examinar que se
trata de un medio no prohibido por el ordenamiento jurídico. Por eso, si la
prueba sobre el comportamiento de anterior de la víctima, se refiere, por
ejemplo, a comunicaciones privadas, la posibilidad de hacerlo, está sujeta al
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales que garantizan la
inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones privadas.
El tercer paso del juicio de razonabilidad consiste en
establecer si el medio es necesario para alcanzar el fin propuesto. En efecto,
no basta con que el fin buscado sea imperioso y que el medio no esté prohibido.
Para justificar constitucionalmente la limitación de derechos fundamentales
como los que se encuentran en juego, se requiere que el medio sea necesario
para alcanzar el fin. En ese sentido, si la prueba del consentimiento de la
víctima se puede obtener sin invadir la esfera privada de la víctima, o
mediante una restricción menos gravosa que la solicitada, la prueba pedida
resulta innecesaria y deberá negarse su práctica. Igualmente, una indagación
general sobre la vida de la víctima, no relativa a hechos específicos y
directamente relacionados con el caso que se investiga, o indeterminada en el
tiempo, resulta desproporcionada, pues no existe una clara relación de
medio-fin que justifique su práctica.
Finalmente, como en estos casos se invade la órbita
privada de una persona después que ha sido víctima de actos lesivos de su
dignidad y autonomía, es preciso analizar el cumplimiento de la
proporcionalidad en sentido estricto, o sea, se estudiará el grado de afectación
de la intimidad, de un lado, y el nivel de efectividad del derecho de defensa,
del otro, para determinar si se presenta una desproporción en desmedro del
derecho a la intimidad de la víctima.
Cuando las pruebas solicitadas relativas a la vida
íntima de la víctima no cumplen con estos requisitos, y se ordena su práctica,
se violan tanto el derecho a la intimidad como el debido proceso de las
víctimas, pues la investigación penal no se orienta a la búsqueda de la verdad
y al logro de la justicia, sino que se transforma en un juicio de la conducta
de la víctima, que desconoce su dignidad y hace prevalecer un prejuicio
implícito sobre las condiciones morales y personales de la víctima como
justificación para la violación. Cuando la investigación penal adquiere estas
características, la búsqueda de la verdad se cumple de manera puramente formal,
totalmente ajena a la realización de las finalidades del proceso penal, y por
lo tanto violatoria de los derechos de la víctima y, por consecuencia, del
debido proceso.
De lo anterior se concluye, que las
víctimas de delitos sexuales, tienen un derecho constitucional a que se proteja
su derecho a la intimidad contra la práctica de pruebas que impliquen una
intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima, como
ocurre, en principio, cuando se indaga genéricamente sobre el comportamiento
sexual o social de la víctima previo o posterior a los hechos que se
investigan. Tal circunstancia, transforma las pruebas solicitadas o recaudadas
en pruebas constitucionalmente inadmisibles, frente a las cuales tanto la Carta
como el legislador ordenan su exclusión.[110]
La posibilidad de excluir pruebas o anular diligencias
por desconocimiento de las finalidades del proceso penal, esto es, cuando no se
busca el esclarecimiento de los hechos y se encamina a propósitos ajenos al
proceso penal que distraen hacia objetos distintos de investigación de lo
sucedido, también ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia. Así, en
la sentencia del 12 de septiembre de 1991, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia dijo: “La actuación cumplida obedece a objetivos
diversos de los correspondientes, en utilización del proceso para hacerle
producir efectos en ámbitos distintos a los propios, desdibujándolo en una
elaboración formal a la cual concurren los sujetos intervinientes.”[111]
7.
La doctrina sobre la exclusión de pruebas
constitucionalmente inadmisibles en el proceso penal
El inciso final del artículo 29 de la Carta
Política dispone la nulidad “de pleno derecho” de la prueba obtenida con
violación del debido proceso. Tal como se señaló en la sentencia C-372 de 1997,
“toda prueba “obtenida” en tales condiciones, esto es, averiguada y,
principalmente, presentada o aducida por parte interesada o admitida con
perjuicio del debido proceso, pende la posibilidad de su declaración judicial
de nulidad.”[112]
De conformidad con la jurisprudencia de
esta Corporación, la nulidad de pleno derecho a la que se refiere el artículo
29 Superior, (i) requiere ser decretada[113]
y, para ello, (ii) “es menester analizar el alcance constitucional de las
formalidades que fueron desconocidas, de los derechos fundamentales
comprometidos en el procedimiento indebido, y del goce los derechos
constitucionales que la decisión que apreció la prueba pretendía salvaguardar.”[114]
Tal posibilidad surge no sólo por la
vulneración de las reglas propias del debido proceso, sino también cuando la
obtención de la prueba implica una vulneración de otros derechos fundamentales.
Sobre la posibilidad de excluir pruebas viciadas, esta Corporación señaló en la
sentencia SU-159 de 2002 lo siguiente:
En primer lugar, es importante examinar si
se trata de una irregularidad menor que no afecta el debido proceso. En ese
evento la prueba no tiene que ser obligatoriamente excluida. Según esta
consideración, se está ante una ilegalidad que compromete el debido proceso,
bien sea cuando se han afectado las reglas sustantivas que protegen la
integridad del sistema judicial o que buscan impedir que se tomen decisiones
arbitrarias, o bien sea cuando han sido desconocidas formalidades esenciales
que aseguran la confiabilidad de la prueba y su valor para demostrar la verdad
real dentro del proceso penal. La regla general de exclusión, además de
disuadir a los investigadores de caer en la tentación de violar el debido
proceso, cumple diversas funciones, como garantizar la integridad de la
administración de justicia, la realización de la justicia en el caso concreto,
el ejercicio del derecho de defensa, el respeto al Estado de Derecho y el goce
efectivo de los derechos constitucionales fundamentales y, por lo tanto, las
irregularidades menores o los errores inofensivos que no tienen el potencial de
sacrificar estos principios y derechos constitucionales no han de provocar la
exclusión de las pruebas. El mandato constitucional de exclusión cobija a las
pruebas obtenidas de manera inconstitucional o con violación de reglas legales
que por su importancia tornan a una prueba en ilícita.
En segundo lugar, es necesario considerar
el alcance del concepto de debido proceso al cual alude la norma constitucional,
esto es, si se refiere exclusivamente a las reglas procesales o si también
incluye las que regulan la limitación de cualquier derecho fundamental, como la
intimidad, el secreto profesional y la libertad de conciencia. En Colombia, se
ha dicho que el concepto de debido proceso es sustancial, esto es, comprende
las formalidades y etapas que garantizan la efectividad de los derechos de las
personas y las protegen de la arbitrariedad de las autoridades[115], tanto en el
desarrollo de un proceso judicial o administrativo como, además, frente a
cualquier actuación que implique la afectación de derechos constitucionales
fundamentales.
En tercer lugar, es necesario tener en
cuenta que el derecho penal en un Estado social de derecho, también busca un
adecuado funcionamiento de la justicia y, obviamente, no funciona bien la
justicia que conduce a la impunidad o a un fallo arbitrario, es decir, que
carece de la virtud de garantizar efectivamente los derechos, principios y
fines constitucionales desarrollados por la legislación penal. Por ello, la
decisión de excluir una prueba incide no sólo en el respeto a las garantías de
imparcialidad, debido proceso y derecho de defensa, sino, además, en el goce
efectivo de otros derechos constitucionales tales como la vida, la integridad y
la libertad, protegidos por el legislador mediante la sanción de quienes violen
el Código Penal.
En cuarto lugar, el mandato constitucional
de exclusión de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso exige
que el funcionario judicial de manera expresa determine que la prueba viciada
no puede continuar formando parte del expediente. Si bien la Carta señala que
dicha prueba es “nula de pleno derecho”, de los antecedentes en la Asamblea
Constituyente y de la finalidad de la norma constitucional, se infiere que los
derechos y principios constitucionales son efectivamente garantizados cuando
hay una decisión explícita de exclusión que ofrezca certeza sobre las pruebas
que no podrán usarse en el proceso y que no pueden ser fundamento ni de la
acusación ni de la sentencia. La exclusión de la prueba viciada exige que ésta
no forme parte de la convicción, de tal manera que el funcionario no puede
considerarla. Las cuestiones relativas a la manera como debe realizarse desde
el punto de vista material la exclusión de la prueba viciada, al instrumento
procesal para exigir su exclusión y a la situación del funcionario judicial que
haya mantenido la prueba viciada, así como otras sobre esta materia, se
encuentran dentro del ámbito de la potestad de configuración del legislador.
Cuando éste decida ejercerla en el futuro, habrá de hacerlo obviamente de
conformidad con la Constitución.
Precisada la doctrina aplicable al caso bajo estudio,
procede la Corte a determinar si las pruebas cuestionadas por la accionante
implican una intromisión irrazonable y desproporcionada en su derecho a la
intimidad.
8.     El
caso concreto
Tal como se señaló al inicio de la sección de
consideraciones, en el presente caso no se cuestiona si el procesado tuvo
relaciones sexuales con la accionante —como quiera que éste aceptó, dentro del
proceso penal, haber tenido relaciones con la ofendida. Lo que se discute es si
tales relaciones sexuales fueron consentidas.
8.1. Según la accionante, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Bucaramanga incurrió en una vía de hecho por violación de sus
derechos a la intimidad y a la dignidad, al  admitir, ordenar y practicar
pruebas que debieron ser rechazadas porque se refieren a la vida íntima de la
víctima y no estaban dirigidas a averiguar lo ocurrido el día de los hechos
objeto de investigación ni la responsabilidad del sindicado. Señala igualmente,
que se desconoció el debido proceso al admitir pruebas innecesarias sobre
asuntos técnicos sobre los que ya existían otras pruebas científicas, que no
fueron oportunamente impugnadas por la parte acusada, y sobre hechos que nada
tienen que ver con el asunto objeto de investigación penal.
En el curso del proceso penal, la parte civil se opuso
oportunamente a la admisión y práctica de estas pruebas mediante el recurso de
apelación y posteriormente en el grado de consulta, pero el juez, acudiendo a
un criterio puramente formal, negó la procedencia de los recursos interpuestos,
indicando que según los artículos 191 y 193 del Código de Procedimiento Penal,[116] éstos sólo cabían
cuando se negaba la práctica de pruebas, pero no cuando eran admitidas. Esta
decisión fue confirmada en el grado de consulta.
Por lo anterior, ante la inexistencia de un recurso
legal efectivo que permita a la parte civil impedir la práctica de ciertas
pruebas o que haga posible la exclusión de pruebas violatorias del derecho a la
intimidad, encuentra la Sala que es procedente la acción de tutela para
determinar si se incurrió en una vía de hecho por vulneración del debido
proceso y del derecho a la intimidad de la víctima. En esta revisión, no
obstante, el juez en sede de tutela no está llamada a sustituir al juez penal,
ni a erigirse en última instancia de decisión, o a resolver las cuestiones
litigiosas en los procesos, o a sustituir la valoración de las pruebas que
obran en el proceso, sino a determinar si las pruebas cuestionadas resultaban
irrazonables y desproporcionadas, y por lo tanto violatorias del derecho a la
intimidad y, por consecuencia, del debido proceso.
Encuentra la Corte que en el caso bajo estudio se
pueden distinguir dos tipos de pruebas según la finalidad con que fueron
admitidas y practicadas. Un primer grupo de pruebas, está dirigido a esclarecer
los hechos objeto de investigación y la responsabilidad del procesado ‑
dentro de las cuales se encuentran los exámenes del Instituto de Medicina Legal
practicados a la víctima para determinar si hubo acceso carnal, y si había
evidencia de sustancias químicas en su organismo, las declaraciones de testigos
que vieron juntos al acusado y a la víctima el día de los hechos y las
declaraciones de personas que atendieron a la víctima durante las primeras
horas, después de los hechos, entre otras ‑ y un segundo grupo de pruebas
que indagan sobre la vida íntima de la víctima con anterioridad o posterioridad
a los hechos. A este segundo grupo pertenecen la mayor parte de las pruebas cuestionadas
por la tutelante, como violatorias de sus derechos.
Dentro del primer grupo, se encuentran las siguientes
pruebas cuestionadas por la accionante porque supuestamente eran innecesarias,
dado que ya obraban en el expediente otras practicadas en etapas previas del
proceso, y porque su práctica supuestamente prolongaba innecesariamente la
etapa de juzgamiento:
1.
Historia clínica de la
peticionaria Sandra Liliana, al Hospital Ramón González Valencia de la ciudad
de Bucaramanga, donde se registre acerca de la interrupción de su estado de
gestación.
2.
Oficiar a las
diferentes E.P.S. y A.R.S. que operan en la ciudad de Bucaramanga, para
determinar si Sandra Liliana se encuentra afiliada a alguna de ellas, y que en
caso afirmativo, que se remita su historia clínica a fin de establecer si le
han recetado medicamentos a base de BENZODIAZEPINAS y examinar si ella es o ha
sido adicta a ellos.
3.
Oficiar al Instituto de
Medicina Legal para que informe si a la denunciante Sandra Liliana Orejarena
Troya se le tomó muestra de sangre la mañana del 7 de noviembre de 2003, toda
vez que en un dictamen se indica que sí fue tomada la muestra y en otro que no.
4.
Registro de llamadas
del teléfono celular del procesado Orejarena Colmenares, a fin de verificar si
aparece una llamada realizada de dicho celular, la noche del 06 de noviembre, a
la casa donde vivía Sandra Liliana.
5.
Citar a la S.I. Martha
Camacho Higuera, funcionaria de la policía judicial de Bucaramanga, quien fuera
la oficial que tomó la declaración a la denunciante Sandra Liliana, a fin de
que le informe al despacho sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que se elevó la denuncia, y así mismo, para que indique sobre el estado anímico
en que se encontraba la víctima al momento de la denuncia.
6.
Citar a declarar a un
toxicólogo y un neurólogo escogido por el Juez, diferente a los del Instituto
de Medicina Legal, a fin de que sus dictámenes sean tenidos en cuenta como
fuentes científicas adicionales, para que el Juez tenga más elementos de juicio
y mayor claridad frente a los dictámenes rendidos por el Instituto de Medicina
Legal. Es importante que se aclare si con la sola muestra de orina es
suficiente para determinar el fármaco o si era necesaria la muestra de sangre.
7.
Que las Facultades de
Química de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y de la Universidad
Nacional de Colombia, emitan el mismo concepto solicitado en la etapa de
instrucción, al Instituto de Medicina Legal respecto de los efectos y demás
propiedades de las Benzodiazepinas.
8.
Oír las declaraciones
de Alejandra N. y Fabiola N., subordinadas del procesado, Jaime Quiñónez, Oscar
Rincón, Romana Orejarena, Azucena Rincón y Juan Carlos Pabón, conocidos de la
víctima, que según la tutelante, no estuvieron con la víctima y el procesado la
noche de los hechos, por lo cual resultan impertinentes.
9.
Citar a declarar a JholBY MADRID RIVEROS, uno de los
anteriores abogados de la parte civil en el proceso de la referencia, para que
declare sobre el supuesto ofrecimiento de dinero a los testigos Ratmini Horta
Troya, Hugo Colmenares y Nubia Esther Troya para cambiar sus versiones
originales.
No encuentra la Corte que el anterior grupo de pruebas
vulneren los derechos al debido proceso o constituyan una intromisión
irrazonable y desproporcionada del derecho a la intimidad de la víctima, por el
hecho de referirse a materias sobre las cuales ya existían otras pruebas. La
conducencia de estas pruebas, no puede ser valorada por el juez constitucional
sin invadir la órbita propia del juez penal, a menos que ellas conlleven la
vulneración de otros derechos.
Las dos primeras pruebas enunciadas en el anterior
listado están referidas a aspectos íntimos de la vida de la denunciante, pero
su práctica obedece a un fin imperioso, y su obtención es razonable y
proporcionada para el esclarecimiento de los hechos. Tal es caso de la
solicitud de la historia clínica de la víctima para determinar si existe otra
razón por la cual se podía encontrar en su orina la sustancia que supuestamente
disminuyó su capacidad de consentir. La práctica de esta prueba resultaba
acorde con el fin de encontrar evidencia que permitiera exonerar de
responsabilidad del imputado. Como quiera que tal historia médica estaba
amparada por la protección de la inviolabilidad de los papeles privados, su
práctica debía hacerse conforme a la Constitución, esto es, con autorización
judicial. Así ocurrió, por lo cual no se trata de un  medio ilegal introducido
al proceso, sino de una prueba válidamente aportada al proceso. También existe
una relación clara de medio-fin, que asegura una limitación necesaria de la
intimidad de la víctima. Esta prueba tampoco conlleva una afectación alta de la
intimidad de la víctima y en cambio si puede ofrecer elementos de prueba
importantes para la defensa. No es, entonces, desproporcionada. Por lo tanto,
no procede su exclusión del acervo probatorio.
Algo similar ocurre con el informe médico sobre el
embarazo y posterior muerte del bebé. Tal solicitud es necesaria para dotar al
juez de elementos al definir si en el caso se presentó una de las
circunstancias de agravación punitiva previstos en el Código Penal: el embarazo
de la víctima de una violación. Tampoco invade en exceso la intimidad de la
víctima. Por lo tanto, su práctica no constituye una vulneración irrazonable, o
desproporcionada del derecho a la intimidad de la víctima.
Las restantes pruebas de este grupo, están
relacionadas con la necesidad de aclarar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que ocurrieron los hechos, y su práctica no implica una afectación del
derecho la intimidad ni constituye una violación del debido proceso, pues tal
como fueron solicitadas están dirigidas a aclarar aspectos confusos del
expediente directamente relacionados con los hechos investigados. Por lo tanto,
no procede su exclusión.
Dentro del segundo grupo, se encuentran las siguientes
pruebas solicitadas por la defensa de Jorge Enrique Orejarena Colmenares, por
la Fiscalía u ordenadas de oficio por el Juez, que se refieren a aspectos de la
vida íntima de la víctima que van más allá de la órbita de los hechos que
configurarían la conducta punible:
1.
“Oficiar al Hospital
Ramón González Valencia de la ciudad de Bucaramanga, para que remita la
historia clínica o epicrisis completa de Sandra Liliana Orejarena Troya, a fin
de conocer las causas que llevaron a la interrupción abrupta de la gestación de
su hijo, y conocer a su vez las semanas de gestación, a fin de determinar si
coincide con la supuesta violación y concepción.”
2.
Citar a declarar a
GLADYS ALFONSO, Jefe Administrativa de la Escuela de Formación Administrativa y
en Salud de Santander -EFASS-, para que precise sobre la conducta de Sandra
Liliana, cuando era estudiante de dicha institución y cuando en compañía del procesado
Orejarena Colmenares, llevó una hoja de vida para que la contrataran para algún
trabajo.
3.
Citar a declarar a
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ, quien fue solicitado para declarar sobre la
relación amorosa que sostuvo la denunciante Sandra Liliana con el señor Samuel
Pabón.
4.
Citar a RATMINI HORTA
TROYA Y NUBIA ESTHER TROYA RÍOS, prima y tía respectivamente de la denunciante
Sandra Liliana para ampliar la declaración. Lo anterior a fin de precisar
aspectos relacionados con la vida íntima de Sandra Liliana, sobre todo, lo
concerniente a las horas de sueño de la misma, y el cambio de comportamiento
demostrado después de los hechos objeto de investigación
5.
“Dictado grafológico a
la ofendida Sandra Liliana, a fin de cotejarlo con el escrito relacionado en el
folio 295 C.O. #1”, que se refiere a la relación amorosa de la víctima con
Oscar Darío Ordoñez, su ex novio.
6.
Oficiar a la Escuela de
Formación Administrativa y en Salud de Santander -EFASS-, a fin de que
certifique el comportamiento general de Sandra Liliana en la época en que era
estudiante de dicha institución, y si vio clases de farmacología,
específicamente sobre psicofármacos.
7.
Oír la declaración de
OSCAR DARÍO ORDÓÑEZ, ex novio de Sandra Liliana, a fin de establecer su
comportamiento social y sexual.
Este grupo, por el contrario, está constituido por
pruebas que deben ser excluidas del acervo probatorio, ya que implican una
intromisión irrazonable o desproporcionada en el derecho a la intimidad de la
víctima. Tanto por la forma como fueron solicitadas como por su contenido, era
claro que estaban orientadas a demostrar un comportamiento de la víctima, del
que supuestamente sería posible inferir su consentimiento para sostener una
relación sexual con el imputado. Este tipo de pruebas, no aportan elementos de
juicio sobre la forma como ocurrieron los hechos objeto de investigación, sino
que están dirigidas a elevar cuestionamientos sobre la idoneidad moral de la
víctima por su comportamiento anterior o posterior a los hechos en relaciones
diferentes y con personas distintas al acusado. No están orientadas estas
pruebas a un fin imperioso de la defensa. Por el contrario, buscan reproducir
un prejuicio social según el cual de una mayor predisposición o experiencia
sexual se puede inferir el consentimiento de la víctima a un acto totalmente
distinto y separado de las relaciones que ella hubiere podido tener con sus
ex-novios o amantes. Tales pruebas imponen una restricción grave del derecho a
la intimidad de la víctima que resulta irrazonable y desproporcionada que
distorsiona la finalidad de la investigación penal. En cuanto al medio, observa
la Corte que la obtención de declaraciones y pruebas técnicas no se encuentran
prohibidas por la ley. En este sentido los medios empleados no son ilícitos.
Sin embargo, no existe una relación entre los medios de prueba solicitados y el
fin perseguido: lograr demostrar la ausencia de responsabilidad del procesado.
El comportamiento o experiencia sexual previo de la víctima, nada dice sobre su
consentimiento para sostener relaciones sexuales con el acusado, ni aporta
información sobre lo ocurrido el día de los hechos. Simplemente está encaminado
a cuestionar la idoneidad moral de la víctima con base en prejuicios sociales.
Por ello, tales cuestionamientos son innecesarios para el esclarecimiento de la
verdad y desproporcionados dado que conllevan una grave intromisión en la vida
íntima de la víctima, sin que aporten ningún elemento probatorio sobre lo
sucedido en la relación entre la víctima y el acusado. Por lo anterior, tales
pruebas deberán ser excluidas del acervo probatorio, y no podrán ser tenidas en
cuenta por el juez al adoptar una decisión sobre la responsabilidad del
acusado.
Existen otras pruebas, no mencionadas específicamente
por la demandante en el escrito de tutela, pero incluidas en el expediente y
que tienen la misma naturaleza y contenido que las pruebas cuya exclusión ha
ordenado la Corte. Su admisión y práctica también implicó una vulneración
irrazonable o desproporcionada del derecho a la intimidad de la víctima y
mantenerlas como parte del acervo probatorio haría nugatoria la protección de
dicho derecho, que se ordena en esta sentencia. En consecuencia, también serán
excluidas, por las siguientes razones.
Obran en el expediente varias pruebas relativas al
comportamiento sexual previo de la víctima y al posible consumo habitual de
drogas por parte de la víctima, que tienen una composición química semejante a
la de las sustancias encontradas en su orina en los exámenes practicados por
Medicina Legal. Tal es el caso de la carta enviada por Sandra Liliana a su ex
novio y de las drogas supuestamente encontradas en las pertenencias privadas de
la víctima, que fueron aportadas por terceros para sustentar “el
comportamiento libertino” de la víctima y su adicción a las drogas.
En cuanto a la inclusión de la carta que Sandra
Liliana envió a su ex-novio,  en la que supuestamente se muestra que la
accionante había tenido otras relaciones sexuales, tal prueba supone una
intromisión irrazonable y desproporcionada en el derecho a la intimidad de la
víctima. Su inclusión dentro del acervo probatorio no asegura ningún fin
imperioso para la defensa del procesado. Tal como ya se señaló, de la
experiencia sexual anterior de la víctima no es posible inferir el consentimiento
a un acto sexual distinto y ajeno a los contextos y a las relaciones en que
ella pudiere haber consentido a tener contactos sexuales con personas
diferentes al acusado. Tal prueba fue expresamente solicitada para demostrar
“el comportamiento libertino” de la víctima, lo cual reafirma que estaba
orientada a un fin distinto al del esclarecimiento de los hechos, con lo cual
dicha intromisión en la vida privada de la víctima resultaba desproporcionada.
Adicionalmente, su obtención se hizo mediante el empleo de un medio ilícito,
como quiera que su práctica se realizó con desconocimiento de la protección
constitucional de las comunicaciones privadas, las cuales sólo pueden ser
registradas o interceptadas previa orden judicial y con el cumplimiento de los
requisitos legales para su obtención. En este caso, la carta fue aportada por
un tercero, que afirmó que dicha carta se encontraba dentro de las pertenencias
de la víctima. Por esta razón esta prueba debe ser excluida del acervo
probatorio y no podrá ser valorada por el juez penal.
En relación con las drogas supuestamente encontradas
dentro de las pertenencias de la víctima, encuentra la Corte que tal
información podría servir para demostrar que el origen de las sustancias
químicas encontradas en la orina de la víctima era el consumo habitual y no el
suministro subrepticio por parte del procesado. Por ello, tal prueba podría
cumplir un fin imperioso para la defensa del sindicado. Sin embargo, en este
caso, su obtención se hizo a través del empleo de un medio ilícito, como quiera
que su práctica implicó el registro del domicilio de Sandra Liliana, sin que
mediara una orden judicial. Además, fue recolectada  irrespetando la cadena de
custodia necesaria para asegurar su origen, y su confiabilidad.  Por esta
razón, se trata de una prueba constitucionalmente inadmisible que deberá ser
excluida, y no podrá ser valorada por el juez penal al adoptar una decisión en
el caso.
En conclusión,
el Juez Séptimo Penal del Circuito vulneró los derechos a la intimidad y al
debido proceso de la víctima, al admitir, practicar y dejar de excluir pruebas
que estaban orientadas a indagar sobre el comportamiento sexual de la víctima
con anterioridad a los hechos objeto de investigación, sin que la limitación de
su derecho a la intimidad fuera razonable y proporcionada. Este llevó a que el
proceso penal se apartara de sus finalidades primigenias—la realización de la
justicia y la aclaración de la verdad— y se transformara en un mecanismo de
reproducción de prejuicios sociales adversos a las mujeres víctimas de
conductas que podrían configurar delitos en contextos sexuales.
En consecuencia,
y en el evento en que aún no se haya dictado sentencia de primera instancia, el
Juez Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga, deberá excluir las pruebas
señaladas en esta sección y en la parte resolutiva de esta sentencia. Estas
pruebas no podrán ser tenidas en cuenta por el juez al adoptar una decisión
sobre la responsabilidad del acusado. En caso de que ya haya sido dictada la sentencia
de primera instancia y ésta haya sido apelada, será el juez de segunda
instancia quien deberá excluir las pruebas mencionadas, y abstenerse de
valorarlas.
Lo anterior no
obsta para que el acusado ejerza plenamente su derecho de defensa y aporte las
pruebas que estime relevantes para intentar demostrar que la relación sexual
que sostuvo con la tutelante fue consentida por ella, siempre que se respete su
derecho a la intimidad en los términos fijados en la presente sentencia.
III.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR  los fallos adoptados, en primera instancia, por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala Penal, el 17 de
agosto de 2004 y, en segunda instancia, por la Corte Suprema de Justicia – Sala
de Casación Penal, el 29 de septiembre de 2004, dentro de la acción de tutela
instaurada por Sandra Liliana Orejarena Troya contra el Juzgado Séptimo Penal
del Circuito de Bucaramanga, y en su lugar CONCEDER la tutela de los
derechos al debido proceso y a la intimidad.
Segundo.- ORDENAR excluir del acervo probatorio del proceso penal
seguido contra Jorge Enrique Orejarena Colmenares por el delito de acceso
carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, las siguientes pruebas
viciadas:
-
La declaración de
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ, quien fue solicitado para declarar sobre la
relación amorosa que sostuvo la denunciante Sandra Liliana con el señor Samuel
Pabón.
-
La ampliación de la
declaración de RATMINI HORTA TROYA Y NUBIA ESTHER TROYA RÍOS, prima y tía
respectivamente de la denunciante Sandra Liliana sobre aspectos relacionados
con la vida íntima de Sandra Liliana Orejarena.
-
“Dictado grafológico a
la ofendida Sandra Liliana, a fin de cotejarlo con el escrito relacionado en el
folio 295 C.O. #1”, que se refiere a la relación amorosa de la víctima con
Oscar Darío Ordoñez, su ex novio.
-
La certificación
solicitada a la Escuela de Formación Administrativa y en Salud de Santander
-EFASS-, sobre el comportamiento general de Sandra Liliana en la época en que
era estudiante de dicha institución, y si vio clases de farmacología,
específicamente sobre psicofármacos.
-
Las declaraciones de
OSCAR DARÍO ORDÓÑEZ, ex novio de Sandra Liliana, a fin de establecer su
comportamiento social y sexual.
-
Las declaraciones de
Alejandra N. y Fabiola N., subordinadas del procesado, Jaime Quiñónez, Oscar
Rincón, Romana Orejarena, Azucena Rincón y Juan Carlos Pabón, conocidos de la
víctima, que según la tutelante, no estuvieron con la víctima y el procesado la
noche de los hechos, por lo cual resultan impertinentes.
-
Carta aportada por
Nubia Troya, como escrito en el que se evidencia la relación de la víctima con
Samuel Pabón;
-
Pruebas relativas a los
medicamentos supuestamente encontrados dentro de las pertenencias de Sandra
Liliana Orejarena
Tercero.- Prevenir a los funcionarios judiciales competentes para
que se abstengan de ordenar la práctica de pruebas (i) que invaden de manera
irrazonable o desproporcionada el derecho a la intimidad, o (ii) que tengan
como finalidad demostrar que de la vida íntima anterior o posterior de la mujer
se infiere que prestó su consentimiento a un acto sexual completamente separado
al que fue objeto de denuncia.
Cuarto.- Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSE CEPEDA  ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Ley 600 de 2000, Artículo 235.— Rechazo de las pruebas. Se inadmitirán las
pruebas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del
proceso o las que hayan sido obtenidas en forma ilegal. El funcionario judicial
rechazará mediante providencia interlocutoria la práctica de las legalmente
prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes
y las manifiestamente superfluas.
[2]
Procesado como autor del delito de acceso carnal en persona puesta en
incapacidad de resistir, siendo víctima la ahora accionante Sandra Liliana
Orejarena Troya.
[3]
Acta de recepción de denuncia No. 05698 del 07 de noviembre de 2003, Folio 23,
cuaderno 1.
[4]
Resolución de Acusación de Marzo 16 de 2004. Folio 63, cuaderno 1.
[5]
Dictamen Medico Legal Sexológico No. 2003C –13489, Folio 27.
[6]
En el expediente no se menciona un examen para determinar el origen del semen
encontrado en la ropa y cuerpo de la víctima. Sin embargo, el implicado
reconoció haber tenido relaciones sexuales con Sandra Liliana el día de los
hechos, pero afirma que fueron relaciones consentidas.
[7]
Auto del 16 de Marzo de 2004 – Radicado 201.054. Folios 62 – 125, cuaderno 1.
[8]
Resolución de Acusación de Marzo 16 de 2004. Folio 72, cuaderno 1.
[9]
Resolución de Acusación de Marzo 16 de 2004. Folios 74-75, cuaderno 1.
[10]
Ibídem. Folio 75.
[11]
Ampliación de denuncia de Sandra Liliana Orejarena Troya, del 06 de enero de
2004. Folios 30-37, cuaderno 1.
[12]
Resolución de Acusación de Marzo 16 de 2004. Folio 85, cuaderno 1.
[13]
Memorial de solicitud de decreto y práctica de pruebas, elevado por MILLER
GERARDO GUZMÁN CRUZ, apoderado del procesado JORGE ENRIQUE OREJARENA, del 28 de
abril de 2004. Folios 128-131, cuaderno 1.
[14]
Ver Folio 134.
[15]
Acción de Tutela, Folio. 8, cuaderno 1.
[16]
Ver Folio. 135.
[17]
Folio 143, cuaderno 1.
[18]
Folios 145 – 148, cuaderno 1.
[19]
Oficio # 5276 del 20 de Agosto de 2004. Folio 165, cuaderno 1.
[20]
Fallo del 30 de agosto de 2004. Folio 179, cuaderno 1.
[21]
Ver folios 181 y 182, cuaderno 1.
[22]
Ver folio 185, cuaderno 1.
[23]
Ver folio 7, cuaderno 3.
[24]
MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[25]
En la sentencia T-158 de 1993 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa) se consideró: “Aunque
esta Corte declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991(…), la
doctrina acogida por esta misma Corporación, ha señalado que es procedente la
acción de tutela cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas,
mediante vías de hecho vulneren o amenacen derechos fundamentales. El caso que
nos ocupa enmarca cabalmente dentro de los parámetros de esta excepción, por
cuanto existe en él evidencia de una flagrante violación de la ley,
constitutiva de una vía de hecho, en detrimento del derecho fundamental al
debido proceso. (…) El proceso es un juicio y es lícito en cuanto implica un
acto de justicia. Y como es evidente por la naturaleza procesal, se requieren
tres condiciones para que un proceso sea debido: Primera, que proceda de una
inclinación por la justicia;  Segunda, que proceda de la autoridad competente;
Tercera, que se profiera  de acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este
caso, que se coteje integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre
esté presente el derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue
prerrogativas que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos
extralegales. Siempre que faltaren estas condiciones,  o alguna de ellas, el
juicio será vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario a la
rectitud de justicia el impedir el derecho natural a la defensa; en segundo
lugar, porque si el juez impone requisitos que no están autorizados por la ley,
estaría extralimitándose en sus funciones; en tercer lugar, porque falta la
rectitud de la razón jurídica.”
[26]
MP: José Gregorio Hernández Galindo.
[27]
MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[28]
MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[29]
Corte Constitucional Sentencia T- 327 de 1994, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.
[30]
Corte Constitucional, T- 327 de 1994, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.
[31]
Corte Constitucional, sentencia T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett)
En este caso se decidió que “(…) el pretermitir la utilización de los medios
ordinarios de defensa, torna en improcedente la acción de tutela. Empero, la
adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el caso concreto, a una
desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En efecto, habiéndose
establecido de manera fehaciente que la interpretación de una norma se ha hecho
con violación de la Constitución, lo que llevó a la condena del procesado y a
una reducción punitiva, no puede la forma imperar sobre lo sustancial (CP. art.
228). De ahí que, en este caso, ante la evidente violación de los derechos
constitucionales fundamentales del demandado, la Corte entiende que ha de primar
la obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos, por encima
de la exigencia de agotar los medios judiciales de defensa.”
[32]
Corte Constitucional, sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
En este caso la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar
correctamente la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada
suplantación, constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está
satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.”
[33]
Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[34]
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004, MP: Clara Inés Vargas Hernández,
donde la Sala reconoció que se había incurrido en una vía de hecho porque para
la protección del fuero sindical se había exigido la demostración de varios
requisitos previstos en una norma que había perdido su vigencia.
[35]
Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 1999, MP: Antonio Barrera Carbonell,
en donde se declaró la existencia de una vía de hecho por defecto sustantivo
porque el juez exigió un requisito para la procedencia de la acción de
cumplimiento que había sido declarado inexequible en la sentencia C’157 de
1998, MP: Antonio Barrera Carbonell.
[36]
Corte Constitucional, Sentencia T-1244 de 2004, MP: Manuel José Cepeda
Espinosa, en la cual la Sala reconoció que el juez laboral había incurrido en
una vía de hecho por defecto sustantivo, al negarse a indexar la primera mesada
pensional porque supuestamente la norma aplicable no lo permitía, a pesar de
que la interpretación que había hecho la Corte Constitucional en varias
sentencias de constitucionalidad señalaban el sentido de la norma y la
obligación de indexar.
[37]
Corte Constitucional, Sentencia T-807 de 2004, MP: Clara Inés Vargas Hernández,
donde se consideró que existía una vía de hecho por defecto sustantivo porque
la decisión cuestionada se había basado en una “interpretación asistemática del
ordenamiento jurídico”, que llevó a que se aceptaran pruebas inconducentes y se
desecharan otras que resultaban pertinentes para exonerar de responsabilidad
penal al tutelante. En este caso, la Sala concluyó que la
funcionaria judicial había inaplicado un conjunto de normas legales de carácter
comercial, así como las que determinaban la naturaleza jurídica del contrato de
cuenta corriente colectiva y su interpretación que resultan pertinentes al
momento de establecer la responsabilidad penal del accionante, lo que a su vez
llevó a que no se realizara una valoración conjunta y armónica del acervo
probatorio. Ver también las sentencias T-536 de 1994, MP: Antonio Barrera
Carbonell, donde la Sala reconoce que se ha incurrido en una vía de hecho al
rechazar la demanda de parte civil dentro del proceso penal por motivos no
indicados en la ley; T-694 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, en donde se
reconoció la ocurrencia de una vía de hecho por precluir la investigación sin
haber respondido a la solicitud de pruebas presentada oportunamente por la
parte civil y sin que las autoridades a cargo de la instrucción hubieran
actuado conforme al deber de protección de los derechos de los sujetos
procesales.
[38]
Corte constitucional, Sentencia T-056 de 2005, MP: Jaime Araujo Rentaría, en
donde se reconoció la existencia de una vía de hecho por defecto sustantivo por
inaplicación del artículo 319 del CPC, que dice “Si
se probare que el demandante, su representante o apoderado conocían el lugar
donde hubiera podido encontrarse al demandado, se impondrá al responsable multa
de veinte salarios mínimos mensuales, y por trámite incidental condena
individual o solidaria, según el caso, a indemnizar los perjuicios que con su
conducta haya ocasionado al demandado o a terceros, sin menoscabo de la nulidad
contemplada en los numerales 8º y 9º del artículo 140. Se enviará copia al juez
competente en lo penal, para que adelante la correspondiente investigación.” En este caso, el juez no notificó al demandado en
debida forma porque supuestamente se desconocía su paradero, a pesar de que
varias pruebas dentro del proceso permitían concluir que el demandante, hermano
del demandado y quien había mantenido algún contacto con éste, conocía el lugar
de su residencia.
[39]
Corte Constitucional, Sentencia T-556 de 2002, MP: Jaime Córdoba Treviño, en
donde la Corte consideró que se había incurrido en una vía de hecho porque se
había declarado la preclusión de la investigación sin garantizar adecuadamente
los derechos de la víctima.
[40]
Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, pueden
consultarse, entre varias, las sentencias T-008 de 1998 MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz y C-984 de 1999 MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[41] Cfr. sentencia T-522 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Para la Corte “es evidente que se desconocería y contravendría abiertamente la
Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es
precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a
los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”,
razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría que haber
aplicado la excepción de inconstitucionalidad.
[42]
Cfr. sentencia SU-1722 de 2000, MP. Jairo Charry Rivas Tal es el caso por
ejemplo de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no
reformatio in pejus”.
[43]
Cfr., por ejemplo, las sentencias T-804 de 1999 MP. Antonio Barrera Carbonell y
C-984 de 1999 MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[44]
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002, MP: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[45]
Sentencia T-462 de 2003, MP: Eduardo Montealegre Lynett.
[46]
Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002, MP: Manuel José
Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte analizó el alcance
de los derechos que tienen las víctimas de delitos a la verdad, la
justicia y la reparación dentro del proceso penal.
[47]
Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-597 de 1992, MP:
Ciro Angarita Barón, SU-067 de 1993, MP: Ciro Angarita Barón y Fabio Morón
Díaz; T-451 de 1993, MP: Jorge Arango Mejía; T-268 de 1996, MP: Antonio Barrera
Carbonell.
[48]
Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-399 de 1993, MP:
José Gregorio Hernández Galindo; C-544 de 1993, MP: Antonio Barrera Carbonell;
T-416 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-502 de 1997, MP: Hernando
Herrera Vergara.
[49]
Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-046 de 1993, MP:
Eduardo Cifuentes Muñoz, C-093 de 1993, MP: Fabio Morón Díaz y Alejandro
Martínez Caballero, C-301 de 1993, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, C-544 de 1993,
MP: Antonio Barrera Carbonell, T-268 de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell.,
C-742 de 1999, MP: José Gregorio Hernández.
[50]
Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, SU-067 de 1993, MP:
Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz, T-275 de 1994, MP: Alejandro Martínez
Caballero, T-416 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell, T-502 de 1997, MP:
Hernando Herrera Vergara, C-652 de 1997, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, C-742 de
1999, MP: José Gregorio Hernández.
[51]
Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T-522 de 1994, MP:
Antonio Barrera Carbonell; C-037 de 1996, MP: Vladimiro Naranjo Mesa; y C-071
de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[52]
Ver por ejemplo la sentencia C-157 de 1998, MPs: Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara, en la cual la Corte encontró que no se vulneraba el
derecho a acceder a la justicia al exigir que la interposición de la acción de
cumplimiento se hiciera ante los Tribunales Administrativos, pues la ley
establecía un mecanismo para facilitar el acceso en aquellos sitios donde no
hubiera Tribunales. Dijo entonces la Corte: “No se vulnera el derecho de
acceso a la justicia con la asignación de la competencia en los Tribunales
Contencioso Administrativos, porque aquél se garantiza en la medida en que las
personas no tienen que acudir directa y personalmente ante los respectivos
tribunales a ejercer su derecho a incoar la acción de cumplimiento, porque pueden
remitir, previa autenticación ante juez o notario del lugar de su residencia,
la respectiva demanda, según las reglas previstas para la presentación de la
demanda en el Código Contencioso Administrativo, cuando el demandante no resida
en la sede del Tribunal.”
[53]
Así lo reconoció la Corte en la Sentencia C-412 de 1993, MP: Eduardo Cifuentes
Muñoz, donde afirmó “las personas involucradas en los hechos punibles tienen
un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado
democrático debe ser eminentemente participativa.”
[54]
Ver, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional T-275 de 1994, MP:
Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte reconoció el derecho a conocer la
verdad de los familiares de la víctima de un presunto suicidio.
[55]
Corte Constitucional, Sentencia C- 805 de 2002, MP: Eduardo
Montealegre Lynett.
[56]
Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 2003, MP: Eduardo
Montealegre Lynett.
[57]
Corte Constitucional, Sentencia C-451 de 2003, MP: Eduardo
Montealegre Lynett.
[58]
Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 2004, MP: Clara Inés
Vargas Hernández.
[59]
Corte Constitucional, Sentencia T-536 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell.
[60]
Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2003, MP: Eduardo
Montealegre Lynett.
[61]
Corte Constitucional, Sentencia T-694 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[62]
Corte Constitucional, Sentencia T-114 de 2004, MP: Jaime
Córdoba Triviño.
[63]
Corte Constitucional, Sentencia T-556 de 2002, MP: Jaime
Córdoba Triviño.
[64]
Corte Constitucional, Sentencia T-694 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[65]
Corte Constitucional, Sentencia C-805 de 2002 MP: Manuel José Cepeda Espinosa y
Eduardo Montealegre Lynett, SV conjunto de Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro
Tafur Galvis.
[66]
Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 2003, MP. Eduardo Montealegre Lynett,
en donde la Corte resuelve “Declarar EXEQUIBLE el numeral 3° del artículo
220 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento
Penal, en el entendido de que, de conformidad con los fundamentos 31, 36 y 37
de esta sentencia,  la acción de revisión por esta causal también procede
en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y
sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos
humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un
pronunciamiento judicial  interno, o una decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada
formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o
de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Igualmente, y conforme a lo
señalado en los fundamentos 34, 35 y 37 de esta sentencia, procede la acción de
revisión  contra la preclusión de la investigación, la cesación de
procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de
derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario,
incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los
debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una
instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada
formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las
obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las
mencionadas violaciones.”
[67]
Corte Constitucional, Sentencia C-451 de 2003, MP: Eduardo Montealegre Lynett,
en donde la Corte declara constitucional  la disposición que regula la reserva
de las diligencias previas del proceso penal, bajo el entendido que la parte
civil tendrá acceso a ellas, una vez se constituya como tal en el proceso.
[68]
Corte Constitucional, Sentencia C-011 de 2004, MP: Jaime Córdoba Triviño, AV
Jaime Araujo Rentería sobre el carácter excepcional del quejoso o víctima de
violaciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional
humanitario en los procesos disciplinarios.
[69]
Corte Constitucional, Sentencia T-536 de 1994, MP. Antonio Barrera Carbonell,
en donde la Corte reconoce la ocurrencia de una vía de hecho por defecto
sustantivo, porque la Fiscalía rechaza la demanda de parte civil presentada por
Fundepúblico, como actor popular en defensa de los derechos colectivos al
patrimonio público, a la moral administrativa y los derechos de los usuarios
del servicio público de energía, en un caso de corrupción, argumentando que “la
Constitución atribuye la función de interponer acciones populares al Defensor
del Pueblo y que el art. 24 de la ley 24 de 1992, le dio a la Dirección de
Recursos y Acciones de la Defensoría del pueblo la función de coordinar la
interposición de la acción de tutela, las acciones populares y la acción
pública de inconstitucionalidad".
[70]
Corte Constitucional, Sentencia T-694 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, en
donde la Corte encontró que el Fiscal 142 había incurrido en
una vía de hecho al resolver la situación jurídica del procesado y a precluir
la investigación penal por la presunta comisión del delito de estafa, sin que
previamente hubiera resuelto las reiteradas solicitudes de la parte civil,
destinadas a aportar elementos de juicio pertinentes para la correspondiente
investigación.
[71]
Corte Constitucional, Sentencia T-556 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño. En este
caso, la víctima había sufrido lesiones personales culposas en un accidente de
tránsito. El fiscal, dictó el auto de apertura de la investigación, utilizando
un formato preelaborado, en el que se llenaban los espacios correspondientes a la fecha y al nombre del procesado, dejando en blanco los espacios
inherentes a la audiencia de conciliación, a la fecha y hora de la indagatoria
y al perito designado para los estudios técnicos sobre el estado de los
vehículos. En ese pronunciamiento se anunció que se ampliaría la denuncia, que
se recibirían declaraciones, que se enviaría al ofendido ante los médicos
legistas cuantas veces fuera necesario, que se haría entrega de los vehículos,
que se consultarían los antecedentes del inculpado y que se enviarían todas las
comunicaciones del caso. Sin embargo, ninguna de las diligencias
anunciadas se realizó. El fiscal precluyó la investigación dándole total
credibilidad a un desistimiento por indemnización integral firmado por la
víctima y que presentó el abogado del procesado, sin reparar en claras
inconsistencias del documento que indicaban la necesidad de continuar con la
investigación. La Sala concluyó que el exceso de formalismo había negado
cualquier posibilidad de administrar justicia penal y de garantizar los derechos
de la víctima.
[72]
Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2003, MP: Eduardo Montealegre Lynett.
En esta sentencia, la Corte encuentra que el Fiscal General de la Nación,
apoyándose en su interpretación de las normas positivas vigentes y de
sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional (C-228 de
2002), consideró que el demandante no podía convertirse en actor popular en el
proceso penal que se seguía contra un general del ejército por crímenes de lesa
humanidad, pues, aunque perseguía la verdad y la justicia, no demostró la
existencia de un perjuicio directo y ser parte o representante de la comunidad
afectada.
[73]
Corte Constitucional, Sentencia T-114 de 2004, MP: Jaime Córdoba Triviño. En
este caso, la Corte consideró que se había incurrido en una vía de hecho
sustantiva en un proceso penal por el delito de usura, debido
a la forma como el fiscal calculó el término de caducidad de la acción penal ‑a
partir de la creación y entrega de 36 letras de cambio, por concepto de capital
e intereses ‑, sin tener en cuenta los fundamentos legales del instituto
procesal de la caducidad e interpretando que la acción penal por el delito de
usura había caducado dos años antes de que venciera el plazo para la
exigibilidad y pago de la última letra de cambio, en la que se reconocían tanto
capital como intereses usurarios.
[74]
Ver entre otros instrumentos, la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, OAS Res. XXX,
aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (1948), reimpreso en
Documentos Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el Sistema
Interamericano, OEA/Ser.L.V/IL82 doc.6 rev.1 p. 17 (1992). Artículo XVIII.
Derecho de justicia; la Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G.
res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 p. 71 (1948). Artículo 8; la Convención
Americana de Derechos Humanos, Serie sobre Tratados, OEA, No. 36, 1144,
Serie sobre Tratados de la ONU, 123 entrada en vigor 18 de julio de 1978,
reimpreso en Documentos Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el
Sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6.rev.1 p. 25 (1992). Artículo
25; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, AG.
res. 2200A (XXI), 21 UN. GAOR Supp. (No. 16) p. 52, ONU Doc. A/6316 (1966), 999
UNTS. 171, entrada en vigor 23 de marzo de 1976. Artículo 2; la Declaración
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
del abuso de poder, Adoptada por la Asamblea General en su resolución
40/34, de 29 de noviembre de 1985. Acceso a la justicia y trato justo; Resolución (77) 27, adoptada por el comité de ministros
del consejo de europa el 28 de septiembre de 1977; Recomendación (85) 11, adoptada por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 28 de junio de 1985, sobre la
posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso penal; recomendación (87) 21, adoptada por el Comité
de Ministros del Consejo de Europa, el 17 de septiembre de 1987, sobre la
asistencia a las víctimas y la prevención de la victimización;  Convención Europea de 24 de
noviembre de 1983, sobre la compensación a las víctimas de delitos violentos;  Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, 2000
O.J. (C 364) 1, en vigor desde diciembre 7 de 2000. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez
imparcial. Artículo 47.
[75]
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder, Adoptada por la Asamblea General en su resolución
40/34, de 29 de noviembre de 1985. Acceso a la justicia y trato justo. “4.
Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad.
Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta
reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación
nacional. 5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos
judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación
mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco
costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener
reparación mediante esos mecanismos. 6. Se facilitará la
adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades
de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su
papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones,
así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos
graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las
opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en
etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin
perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal
correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo
el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias
causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar
su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor,
contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras
innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los
mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7. Se
utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de
controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia
consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la
reparación en favor de las víctimas. (resaltado
agregado al texto).
[76]
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder, Adoptada por la
Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Resarcimiento
8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán
equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas
a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago
por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como
consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución
de derechos (…) 11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a
título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las
víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido
responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el
gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el
Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas. ║
Indemnización 12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente
del delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente:
║ a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones
corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos
graves; ║ b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las
víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas
como consecuencia de la victimización. ║ 13. Se fomentará el
establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos nacionales para
indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también podrán establecerse otros
fondos con ese propósito, incluidos los casos en los que el Estado de
nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño
sufrido. ║ Asistencia  14. Las víctimas recibirán la asistencia
material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los
medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos. ║ 15.
Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y
sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos. ║
16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de
servicios sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga
receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una
ayuda apropiada y rápida. ║ 17. Al proporcionar servicios y asistencia
a las víctimas, se prestará atención a las que tengan necesidades especiales
por la índole de los daños sufridos o debido a factores como los mencionados en
el párrafo 3 supra. (resaltado
agregado al texto)
[77]
Organización de las Naciones Unidas, Resolución de la Asamblea General 48/104
del 20 de diciembre de 1993.
[78]
Por su parte, la Comisión sobre la Prevención de Delitos sobre la Justicia
Penal de la ONU, en su sexta sesión en Viena del 28 de abril al 9 de mayo de
1997, concluyó en su informe titulado “Uso y Aplicación de los Estándares de
las Naciones Unidas respecto a la Prevención de Delitos y la Justicia Penal”
que los principales elementos para la prestación de asistencia a las víctimas
debían incluir, por lo menos lo siguiente: “(a) el desarrollo de
programas eficaces de servicios para las víctimas, teniendo especialmente en
cuenta las consecuencias de la victimización, la promoción y asesoramiento
y las actividades de intervención y respuesta en situaciones de crisis, la
participación en el sistema de justicia, y la indemnización y el resarcimiento
de las víctimas; (b) las responsabilidades de profesionales y voluntarios
respecto de las víctimas, como por ejemplo los agentes de policía, el
ministerio fiscal y los profesionales médicos; (c) la integración de las necesidades
de las víctimas en los planes, la normativa y el derecho nacional, y la
formulación de proyectos y necesidades en materia de asistencia técnica; y
(d) la cooperación internacional para reducir la victimización y para asistir a
las víctimas. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, Sexto
período de sesiones, Viena, 28 de abril a 9 de mayo de 1997, “Utilización y
Aplicación de las Reglas y Normas de las Naciones Unidas en Materia de
Prevención del Delito y Justicia Penal,” Informe del Secretario General,
E/CN.15/1997/16, 28 de febrero de 1997.
[79]
Comisión de Prevención
del Delito y Justicia Penal, en su Informe sobre el 13º período de sesiones,
(11 a 20 de mayo de 2004), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales,
2004, Suplemento Nº 10, incluyó dentro del documento titulado “Directrices sobre
la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos”.
[80]
Estatuto del Tribunal Penal Internacional  para la Antigua Yugoslavia, adoptado
el 25 mayo de 1993 por resolución No. 827, y modificado por las resoluciones
1166 (13 de mayo de 1998), 1329 (30 de noviembre de 2000), 1411 (17 de mayo de
2002), 1431 (14 de agosto de 2002) y , 1481 (19 de mayo de 2003). En el
Artículo 2 del Estatuto, aun cuando no se usa expresamente la expresión
“violación sexual”, se ha interpretado que se encuentra incluida en la conducta
prevista en el literal c) “los atentados contra la dignidad personal,
especialmente los tratos humillantes y degradantes”.
[81]
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (Resoluciones 955 (8/11/
1994), 1165 (30 de 2004/1998), 1329 (30/11/2000), 1411 (17 de 2005/2002), 1431
(14 de 2008/2002), 1503(28 de 2008/2003), 1512 (27/10/2003), 1534 (26 de
2003/2004)) Artículo 4. Violaciones del artículo 3 común a los convenios de
ginebra y del Protocolo Adicional II de los Convenios. (…) (e) Los ultrajes a
la dignidad personal, en particular los tratos humillantes o degradantes, la
violación, la prostitución forzada y cualquier forma de agresión indecente.
[82]
Tribunal Internacional para Yugoslavia, Reglas de Procedimiento y Prueba, Regla
96; Tribunal Internacional para Ruanda, Reglas de Procedimiento y Prueba, Regla
96
[83]
Ley 742 del 5 de junio de 2002 "Por medio de la cual se aprueba el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el día
diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)” Revisado
mediante sentencia C’228 de 2002, MMPP: Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett.
[84]
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Naciones Unidas, 1998,
Aprobado mediante Ley 742 de 2002, Artículo 68. Protección de las víctimas y
los testigos y su participación en las actuaciones. 1. La Corte adoptará
las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y
psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con
este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos
la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así
como la índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o
por razones de género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal
adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de
tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos
del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos. ║
2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias,
establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger
a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio
se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios
electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas
medidas en el caso de una víctima de agresión sexual o de un menor de edad
que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte
atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o
el testigo. ║ 3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que
considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y
observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y
de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un
juicio justo e imparcial ni sea incompatible con éstos. Los representantes legales
de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la
Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento
y Prueba. ║ 4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al
Fiscal y a la Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los
dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace
referencia en el párrafo 6 del artículo 43. ║ 5. Cuando la divulgación
de pruebas o información de conformidad con el presente Estatuto entrañare un
peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal podrá,
a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentan dichas
pruebas o información y presentar en cambio un resumen de éstas. Las
medidas de esta índole no podrán redundar en perjuicio de los derechos del
acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos. ║
6. Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto
de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la protección de
información de carácter confidencial o restringido. (resaltado agregado al
texto).
[85]
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Naciones Unidas (Ley 742 de
2002) Artículo 69 Práctica de las pruebas (…).4. La Corte
podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier
perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o para la justa evaluación del
testimonio de un testigo, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y
Prueba. ║5. La Corte respetará los privilegios de confidencialidad
establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba. ║6. La Corte no
exigirá prueba de los hechos de dominio público, pero podrá incorporarlos en
autos. ║7. No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de
una violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos
internacionalmente reconocidas cuando: ║a) Esa violación suscite serias
dudas sobre la fiabilidad de las pruebas; o ║ b) Su admisión atente
contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él. ║8. La
Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las pruebas
presentadas por un Estado, no podrá pronunciarse sobre la aplicación del
derecho interno de ese Estado. (resaltado agregado al texto)
[86]
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de
junio de 1994, y adoptada mediante Ley 248 de 1995.
[87]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso No. 12.350, Octubre 10 de
2001. MZ (nombre ficticio empleado por la Comisión), ciudadana danesa, fue
violada por elijo del dueño del apartamento donde vivía en Bolivia. La
investigación policial y el fallo de primera instancia concluyeron que MZ había
sido víctima de acceso carnal violento y de violación del domicilio, por lo
cual el sindicado fue condenado a 5 años de prisión. Esta sentencia fue
revocada en segunda instancia. La víctima interpuso recurso de casación, el
cual le fue negado.
[88]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso No. 11.565
(Ana, Beatriz y Celia González Pérez v. México, admitido el 19 de noviembre de 1999,
Decisión: Abril 4 de 2001. Las víctimas, tres menores de edad y su madre,
miembros de la comunidad indígena Tzeltal, fueron detenidas e interrogadas por
pertenecer supuestamente al Ejército Zapatista. Durante su detención fueron
golpeadas y violadas varias veces por cerca de 30 soldados. El caso fue
inicialmente asignado al fiscal federal, quien ordenó la práctica de un examen
ginecológico que confirmó el relato de las víctimas. Posteriormente, el caso
fue transferido a un fiscal militar, quien ordenó un nuevo examen ginecológico,
pero las víctimas rechazaron su práctica por considerar que tal examen
constituía una tortura sicológica. Debido a los hechos, las víctimas fueron
obligadas a abandonar su comunidad, pues la violación era un acto repudiado por
su cultura.
[89]
La Corte Europea de Derechos Humanos ha considerado que cuando el Estado
permite la impunidad en casos de delitos sexuales viola el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
(Revisado de conformidad con el Protocolo N° 11, completado por los Protocolos
N° 1 y 6) y además ha reconocido que la admisión de pruebas que afecten
innecesariamente la intimidad de las víctimas o que permitan una segunda
victimización, tales conductas constituyen una violación de los artículos 3, 8
y 13 del Convenio.
[90]
Corte Europea de Derechos Humanos, Aydin v. Turquía, Caso No. 23178 de 1994, 25 de septiembre de 1997. La Aydin es una
ciudadana turca de origen kurdo quien contaba con 17 años de edad en la fecha
de los hechos. Aydin fue detenida junto con su padre y cuñada para ser
interrogados por sus supuestos vínculos con el Partido de los Trabajadores del
Kurdistán. Durante su detención, la víctima fue separada de sus familiares, le
vendaron los ojos, la golpearon, desnudaron y violaron. Tres días después fue
liberada. Luego de poner en conocimiento de las autoridades lo ocurrido, el
fiscal encargado del caso envió a la víctima a ser examinada por tres médicos
diferentes, sin experiencia en casos de violación, para que determinaran si era
virgen antes de los hechos, y si existía alguna evidencia de heridas físicas.
Los médicos certificaron que había rasgadura del himen y algunos moretones en
la cara interna de las piernas de Aydin, pero su falta de experiencia impidió
determinar la antigüedad de las heridas. El gobierno alegó que ni Aydin ni sus
familiares habían estado detenidos y que Aydin sostenía relaciones sexuales con
dos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El fiscal no ordenó
ni practicó ninguna otra prueba y dio por terminada la investigación. En el
caso ante la Corte Europea, la demandante alegó que la omisión de las
autoridades para realizar una investigación adecuada, le impidió acceder a la
justicia y obtener una reparación adecuada. Para la Corte se violaron los artículos
3 y 13 de la Convención (prohibición de tortura y acceso a un recurso judicial
efectivo), porque la investigación sólo se cumplió formalmente y no estuvo
dirigida a corroborar la ocurrencia de la violación.
[91] Corte Europea de Derechos Humanos, MC v Bulgaria, Caso No. 39272 de 1998, 4 de diciembre de 2003. MC era una mujer de
14 años (edad legal para consentir en materia de relaciones sexuales en
Bulgaria) para la fecha en que ocurrieron los hechos. La víctima fue accedida
carnalmente por dos jóvenes de 20 y 21 años, a los que había conocido en una
discoteca y con los cuales aceptó ir a otra. En el camino se detuvieron y la
forzaron sexualmente. La víctima declaró que había llorado durante y después de
la violación, pero no rechazó físicamente a sus agresores. Los dos jóvenes alegaron
que no había forzado a la mujer. El examen médico probó el desgarramiento del
himen pero no encontró evidencias concluyentes de violencia física, y el caso
fue archivado. En el caso ante la Corte Europea, varios expertos demostraron
que en Bulgaria 24 de cada 25 mujeres entre los 14 y 20 años de edad, que
habían sido violadas, sufrían de un síndrome traumático psicológico infantil,
denominado “congelamiento traumático”, que impedía las víctimas de delitos
sexuales realizar cualquier acción física para defenderse o gritar para pedir
ayuda, por lo cual se someten
pasivamente a la violación y se aíslan sicológicamente de los hechos. La Corte
Europea reconoció que aunque durante mucho tiempo en varios países la única
forma de violación que se sancionaba era aquella en la que la víctima había
rechazado físicamente a su agresor, esa tendencia había cambiado y que por lo
tanto, los Estados estaban obligados a sancionar la violación, considerando que
ésta se presentaba siempre que el acto sexual ocurría sin el consentimiento de
la víctima. La Corte encontró que debido a esa falencia en el sistema penal de
Bulgaria, se había realizado una investigación superficial de los hechos,
desechando desde el principio la versión de la víctima, sin tener en cuenta
elementos claros que surgían del contexto en que habían ocurrido los hechos,
así como contradicciones evidentes de las versiones de los agresores, que daban
credibilidad a la versión de la víctima sobre los hechos.
[92]
Corte Europea de Derechos Humanos, Caso E. y otros contra el
Reino Unido, Caso No. 33218 de 1996, Noviembre
11 de 2002, la Corte consideró que la negligencia de las autoridades locales
para vigilar el cumplimiento de las condiciones de libertad condicional del
agresor y para adoptar medidas para impedir el contacto con el agresor, había
permitido que éste continuara agrediendo y conviviendo con sus víctimas por
cerca de 20 años, entre 1969 y 1989, causándoles profundos traumas sicológicos.
Las violaciones empezaron cuando las víctimas (un varón y tres niñas) tenían 4,
5, 6 y 7 años de edad, y fueron cometidas por su padrastro. Las tres víctimas
femeninas acudieron en 1992 al sistema de compensación de daños causados por
acciones criminales, y obtuvieron una compensación por £ 25000 libras
esterlinas. La cuarta víctima, el varón, hizo su solicitud más tarde, y aunque
no había denuncias previas, los relatos de sus hermanas sirvieron para
corroborar la historia de abuso y violencia en su contra. Las víctimas
solicitaron en 1996, que las autoridades locales fueran condenadas por
negligencia, pero el ombudsman consideró que carecía de competencia. Para la
Corte Europea, las autoridades locales, especialmente los servicios sociales,
fueron negligentes en dar protección efectiva a las víctimas, a pesar de las
evidencias físicas de abuso y de la existencia de una condena por abuso sexual
contra el agresor y condenaron al Estado a pagar una compensación a las
víctimas de €64.000 euros.
[93]
Código Federal de Pruebas. (Federal Rule of Evidence) Regla 412. Delitos
Sexuales, Relevancia del comportamiento sexual pasado o predisposición sexual
de la víctima (traducción libre). 1. En general no son admisibles en ningún
procedimiento penal o civil adelantado en caso de delitos sexuales, las
siguientes pruebas: (1) pruebas dirigidas a probar que la supuesta víctima
estuvo involucrada en cualquier comportamiento sexual anterior; (2) pruebas
dirigidas a demostrar la predisposición sexual de la víctima. 2. Excepciones:
Las pruebas relativas al pasado sexual de la víctima sólo serán admisibles en
los siguientes eventos: (a) las pruebas sobre hechos específicos del pasado
sexual de la víctima, demuestren que el semen, las heridas o cualquier otra
evidencia física provienen de un agresor distinto al acusado; (b) las pruebas
sobre hechos específicos del pasado común de la víctima y del agresor prueban
la existencia de consentimiento; (c) la exclusión de la pruebas viola los
derechos constitucionales del acusado. (…) 3. Con el fin de que sean admitidas
las pruebas se deberá seguir el siguiente procedimiento: (a) presentar una
solicitud por escrito, con por lo menos 14 días antes del juicio, describiendo
específicamente la prueba solicitada y señalando el propósito de la misma; (b)
notificar a todos sujetos procesales, y a las victimas sobre la solicitud; (c)
antes de admitir la prueba, se debe celebrar una audiencia para examinar la
solicitud, y en la cual se debe permitir la intervención de la víctima y de las
partes del proceso.
[94]
Corte Suprema de Canadá, R. v. Park, (1995) 2 S.C.R. 836.
[95]
Corte Suprema de Canadá, R. v. O’Connor, [1995] 4 S.C.R. 411.
[96]
Dentro del conjunto de reformas introducidas al Código Penal (Criminal Code) de
Canadá en 1995, se destacan las siguientes: Bill C-42 (reformas generales), que
incluyó la adopción de medidas de aseguramiento y de protección especiales para
las víctimas en caso de delitos sexuales;  Bill C-72 (auto intoxicación)  rechazó
el estado de intoxicación del agresor como posible defensa en casos de
violencia sexual, Bill C-41 (juzgamiento) que estableció como causal de
agravación de delitos sexuales, el que el agresor fuera el padre, esposo o
persona de confianza  o autoridad para la víctima, Bill C-46 (aporte de
registros privados de la víctima en casos de delitos sexuales).
[97]
España, Sentencia del Tribunal Supremo Nº 777/2000,
rec. 1468/1995, de 28 de 2004 de 2000, en donde se negó que se hubiera violado
el derecho al debido proceso del acusado, al impedirle interrogar a la víctima
y por aceptar como pruebas un video con las declaraciones rendidas por la
víctima, sin que la defensa pudiera confrontar a la víctima para corroborar su
testimonio. En el mismo sentido ver, Sentencia del Tribunal
Supremo, Nº 624/1997, rec. 3158/1995, de 08 de 2005 de 1997.
[98]
Corte Suprema de Dinamarca, Caso U1991.534H, Mayo 7,
1991, Juror
trial II 320/1990, II 335/1990 and II 346/1990 Director of Public Prosecutions
v. Defendant; A v. Defendant; B v. Defendant.
[99]
Corte Suprema de Dinamarca, Caso U1993.941V, Western
High Court Judgment, Agosto 17, 1993, Apelación 5-S. 3125/1992,
Prosecution
v. Defendant (J. Bølling Ladegaard).
[100]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,  Proceso No. 10672, 18 de
septiembre de 1997, MP: Dídimo Páez Velandia.
[101]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 21762, 2 de
marzo de 2005, MP: Mauro Solarte Portilla, en donde la Corte Suprema decide no
casar la sentencia, debido a que la solicitud se fundaba en la declaración de
la víctima, una mujer de 85 años de edad, que negaba la ocurrencia de los
hechos. Para la Corte, tal declaración debía ser examinada a la luz del
contexto y teniendo en cuenta los demás elementos probatorios, que  mostraban
sin lugar a dudas la ocurrencia del acceso carnal violento.
[102]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 9401, 8 de mayo
de 1996, MP: Fernando Arboleda Ripoll, en donde la Corte Suprema rechazó que el
daño psicológico permanente de la víctima hiciera parte de la violencia natural
que resulta del acceso carnal, y concluyó que en ese evento si era posible el
concurso entre acceso carnal violento y lesiones personales por daño
psicológico permanente. En esa misma sentencia, la Corte rechaza que la
ausencia de huellas físicas de violencia permita inferir el consentimiento de
la víctima.
[103]
Por tratarse de un proceso penal iniciado bajo la vigencia de la Ley 600 de
2000, las normas procesales aplicables al caso, son las consagradas en dicha
normatividad.
[104]
Corte Constitucional, Sentencia C-1291 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[105]
Corte Constitucional, Sentencia T-589 de 1999, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, en
donde la Corte encontró que se había vulnerado el  derecho de defensa del actor
porque la fiscal cuestionada había dejado de practicar pruebas pertinentes,
legítimas y necesarias para la defensa. Ver también las sentencias T-055 de
1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994, MP. Antonio Barrera
Carbonell); T-324 de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz; T-329 de 1996, MP. José
Gregorio Hernández Galindo; y T-654 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[106]
Ver entre otras, las sentencias T-556 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, T-249
de 2003, MP: Eduardo Montealegre Lynett, T-694 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes
Muñoz, T-536 de 1994, MP. Antonio Barrera Carbonell.
[107]
Ver, entre muchas otras sentencias de la Corte Constitucional, las siguientes:
T-349 de 1993, MP: José Gregorio Hernández Galindo (derecho a la intimidad e
inviolabilidad de la correspondencia de los reclusos); C-189 de 1994, MP:
Carlos Gaviria Díaz (incidencia de los medios de comunicación en el derecho a
la intimidad); T-066 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz (divulgación de datos
de un personaje público en una revista); SU-1723 de 2000, MP: Alejandro
Martínez Caballero (derecho a la intimidad e información divulgada por
periódicos sobre aspectos de la  vida de personaje famoso que interesan a la
opinión pública); T-1202 de 2000, MP: Vladimiro Naranjo Mesa (derecho a la
información e intimidad de funcionario público).
[108]
Corte Constitucional, Sentencia T-066 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz,
donde la Corte dijo que cuando se presentaban “conflictos entre el derecho a
la información y los derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre, en
casos relacionados con personas y hechos de importancia pública, prevalece
prima facie el derecho a la información”.
[109]
Ver por ejemplo, las sentencias C-673 de 2001, MP: Manuel José Cepeda Espinosa,
C-475 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; C-489 de 2002, MP: Rodrigo Escobar
Gil.
[110]
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, MP: Manuel José Cepeda
Espinosa, SV conjunto Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo
Escobar Gil y SU-1159 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, SV conjunto
Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Renteria, Clara Inés Vargas Hernández y
Álvaro Tafur Galvis.
[111]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 12 de
septiembre de 1991, MP: Dídimo Páez Velandia, citada en Bernal Cuellar, Jaime y
Montealegre Lynett, Eduardo. El Proceso Penal. Cuarta Edición, Departamento de
Publicaciones Universidad Externado de Colombia, página 382.
[112]
Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 1997, MP: Jorge Arango Mejía, donde la
Corte declara exequibles los apartes demandados del artículo 383 del CPC,
cuestionados porque supuestamente el artículo 29 no preveía un proceso judicial
para la declaración de la prueba nula de pleno derecho.
[113]
Ver entre otras las sentencias, C-150 de 1993, MP: Fabio Morón Díaz, en donde
la Corte declaró inexequibles varias expresiones contenidas en los artículos
7o. inciso segundo; 161, 251; 272, 322,  y 342 del CPP; C-217 de 1996, MP: José
Gregorio Hernández Galindo, en donde la Corte declaró “EXEQUIBLE el parágrafo
del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que se
refiere únicamente a causas o motivos de nulidad de orden legal; C-093 de 1998,
MP: Vladimiro Naranjo Mesa, en donde la  Corte declara la exequibilidad la
expresión “... sin negar la autorización del instrumento en caso de insistencia
de los interesados, salvo lo prevenido para la nulidad absoluta, dejando
siempre en él constancia de lo ocurrido”, contenida en el artículo 6° del
Decreto 960 de 1970, el cual faculta a los notarios para abstenerse de
autorizar una escritura pública cuando perciben que en su otorgamiento se ha
incurrido en nulidad absoluta, desconoce que dichos funcionarios también pueden
negarse a prestar su autorización cuando identifican la nulidad constitucional
consagrada en el artículo 29 de la Carta Fundamental, la cual opera de pleno
derecho.
[114]
Ver entre otras, las sentencias, SU-159 de 2002, MP: Manuel José Cepeda
Espinosa, SU-132 de 2002 y T-1120 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis.
[115]
Sobre este punto, ver, por ejemplo, Corte Constitucional, las Sentencias T 442
de 1994 (MP: Antonio Barrera Carbonell); T-285 de 1995 (MP: Vladimiro Naranjo
Mesa); T-416 de 1995 (MP: Jorge Arango Mejía); T-207 de 1995 (MP: Hernando
Herrera Vergara); T- 329 de 1996 (José Gregorio Hernández Galindo); T-055 de
1997 (Eduardo Cifuentes Muñoz), y  C-412 de 1993, (MP: Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[116]
Ley 600 de 2000, Artículo 191. Procedencia de la apelación. Salvo
disposición en contrario, el recurso de apelación procede contra la sentencia y
las providencias interlocutorias de primera instancia. ║ Artículo 193. Efectos
de las providencias apeladas. Sin perjuicio de lo señalado en otras
disposiciones de este código, los recursos de apelación se concederán en los
siguientes efectos: ║ a) En el suspensivo la sentencia y las siguientes
providencias: ║ 1. La que corrige el error aritmético en la sentencia. ║
2. La que decreta nulidad en la etapa de juzgamiento. ║ 3. La que ordena
la preclusión de la investigación o la cesación de procedimiento, cuando
comprenda todas las conductas punibles y a todos los autores y partícipes. ║
4. La resolución inhibitoria. ║ 5. La que califica la investigación. ║
6. La proferida con posterioridad a la decisión ejecutoriada que haya puesto
fin a la actuación procesal. ║ b) En el diferido: ║ 1. La que
deniegue la admisión o práctica de alguna prueba solicitada oportunamente. ║
2. La que ordena la preclusión de la investigación o la cesación de
procedimiento, cuando no comprendan todas las conductas punibles investigadas,
ni a todos los autores o partícipes. ║ 3. La que ordene desembargo de
bienes o reducción del embargo, a menos que esté comprendido en providencia
cuya apelación deba surtirse en el efecto suspensivo. ║ 4. La que
disponga la entrega de bienes a una de las partes o a terceros, cuando haya
oposición o las partes sustenten pretensiones diferentes sobre ellos. ║
5. La que revoque la providencia admisoria de la parte civil, y ║ c) En
el devolutivo: ║ Todas las demás providencias, salvo que la ley provea
otra cosa. (subrayado agregado al texto).