T-111-93
Sentencia No
Sentencia No.
T-111/93
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Naturaleza/ATENCION
MEDICA-Carácter Permanente
Dada la
naturaleza de servicio público, de la seguridad social tiene, que ser permanente,
por lo cual no es admisible su interrupción, y que se habrá de cubrir con
arreglo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Si a lo
dicho se agrega el carácter obligatorio del servicio, se tiene que, a la
luz de la Constitución, el Estado es responsable de garantizar que las
entidades de la seguridad social -públicas o particulares- estén dispuestas en
todo momento a brindar atención oportuna y eficaz a sus usuarios. Las
eventualidades que afectan o agravan las condiciones de salud de una persona
dando lugar a lo que, por tal razón, se denomina "urgencia" no se
pueden circunscribir a los días hábiles o de labor administrativa de una
entidad de previsión y, por tanto, la atención médica -en su más amplio
sentido- tiene que estar disponible para los afiliados de manera constante,
motivo por el cual riñe con la normativa constitucional y atenta contra los más
elementales derechos de la persona que la entidad obligada se desentienda de
tan trascendental responsabilidad -inherente al concepto y al sentido de la
seguridad social- durante los días festivos o de vacancia, dejando
desprotegidos a los trabajadores que pagan precisamente para tener como
contraprestación la disponibilidad de acceso permanente e inmediato a los
correspondientes servicios. Estos no son dádivas sino verdaderos derechos
subjetivos del afiliado. La seguridad social es principio fundamental estatuido
por el propio Constituyente en relación con los trabajadores (artículo 53 C.N.)
y, por tanto, un derecho inalienable de éstos, tanto si laboran en el sector
público, como si sirven al sector privado.
DERECHO A LA
SALUD-Asistencia
Obligatoria/SERVICIO PUBLICO DE SALUD
Todas las
instituciones que ofrezcan servicios de salud, sean públicas o privadas y
tengan o no celebrado contrato de asistencia con entidades de previsión social,
están obligadas a prestar atención inicial de urgencia, independientemente de
la capacidad socioeconómica de los solicitantes y sin condicionar ese servicio
a pagos previos ni al cumplimiento de los contratos que eventualmente tengan
celebrados con el Estado en materia de seguridad social. Esa obligación es
genérica, perentoria e inexcusable, de tal manera que, en el caso de probarse
la negativa o renuencia de cualquier institución a cumplirla, se configura
grave responsabilidad en su cabeza por atentar contra la vida y la integridad
de las personas no atendidas y, claro está, son aplicables no solamente las
sanciones que prevé el artículo 49 de la Ley 10a de 1990 sino las penales del caso si se produjesen
situaciones susceptibles de ello a la luz de la normatividad correspondiente.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expediente T-5202
Acción de tutela intentada por HEVER RODRIGUEZ contra
CAJA NACIONAL DE PREVISION -Seccional Tolima- y CLINICA TOLIMA
Magistrados:
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
-Ponente-
HERNANDO HERRERA VERGARA
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante acta del dieciocho (18) de marzo de mil
novecientos noventa y tres (1993).
Se revisan las
sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito y la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué los días diecisiete (17)
de julio y veintiseis (26) de agosto, respectivamente, de mil novecientos
noventa y dos (1992), en relación con la demanda de tutela instaurada por HEVER
RODRIGUEZ contra la Caja Nacional de Previsión -Seccional Tolima- y la Clínica
Tolima de la misma ciudad.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
HEVER RODRIGUEZ
labora en la Dirección Seccional de la Administración Judicial del Distrito de
Ibagué en el cargo de Auxiliar Administrativo Grado 03, desde el 1º de
septiembre de 1990.
En las primeras
horas del 22 de junio de 1992 el actor fue víctima de un atraco del cual salió
gravemente herido con arma cortopunzante y objetos contundentes.
Según expuso en la
demanda, acudió a las clínicas Tolima y Minerva y al Hospital Federico Lleras
de la ciudad de Ibagué y en tales centros, aunque presentaba intensa
hemorragia, le fue negada la asistencia médica requerida, bajo el pretexto de
que estaba afiliado a la Caja Nacional de Previsión y "...esta entidad no
paga los servicios...".
Según el petente,
finalmente fue atendido en el Hospital Federico Lleras pero, para que así
sucediera, tuvo que cancelar los correspondientes servicios con cargo a sus
propios recursos.
De acuerdo con lo
expresado en la demanda, el solicitante padece en la actualidad graves
trastornos de salud que constituyen secuelas de las lesiones sufridas. Al tenor
del mismo escrito, estos quebrantos se agravan progresivamente y amenazan la
vida del demandante.
El exponente afirma
haber acudido a la caja Nacional de Previsión -Seccional Tolima-, con sede en
Ibagué, en donde se le recomienda asistir al Hospital Federico Lleras y pagar
por su cuenta los servicios "...para que después pase la cuenta y se me
reintegre el dinero, o si quiero que viaje a Bogotá y me presente a la Clínica
de la Caja".
El petente afirma
ser una persona de muy escasos recursos, cuya remuneración destina en su
totalidad al sostenimiento del hogar.
Según certificado
expedido por la Pagaduría de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Ibagué expedida el 6 de julio de 1992 (Fl. 9 del expediente), su sueldo
básico mensual es de $102.391.oo; se le descontó la correspondiente cuota de
afiliación a la Caja y mensualmente se le retiene la suma de $5.119.56 con
destino a CAJANAL.
II. DECISIONES
JUDICIALES
1. Primera
instancia
El Juez Segundo
Penal del Circuito de Ibagué, una vez le fue repartida la petición, ordenó
citar al actor para que, bajo la gravedad del juramento se ratificara en lo
afirmado, lo cual en efecto hizo durante diligencia practicada el 9 de julio de
1992. Preguntado acerca de si en ese momento se le estaban prestando los
servicios médicos y si Cajanal estaba respondiendo por el valor de los mismos,
HEVER RODRIGUEZ afirmó: "en la actualidad no me están prestando ningún
servicio médico".
Mediante fallo del
17 de julio de 1992, el Juzgado resolvió tutelar el derecho a la seguridad
social del petente, "...para que en forma inmediata la Caja Nacional
(Seccional Tolima) procure para el mismo, prestar el servicio médico,
farmacéutico, hospitalario y quirúrgico que requiera".
En el sentir del
fallador, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio
que se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que determine la ley.
A su juicio, el
derecho de todos los habitantes del territorio nacional a la seguridad social
es irrenunciable.
Recuerda la
sentencia que, de conformidad con la Carta Política, los recursos de las
instituciones de seguridad social no se podrán utilizar para fines diferentes a
ella.
Por otra parte, la
atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo
del Estado. Este debe establecer las políticas para su prestación por entidades
privadas. Por lo tanto, se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, recuperación y protección de la salud.
En relación con el
caso concreto afirma el fallo que no parece acertado, ni mucho menos lógico, el
proceder de la Caja Nacional (Seccional Tolima) cuando exige a sus afiliados
que cancelen de su bolsillo el valor de los servicios que les presta el
Hospital Federico Lleras para reintegrar luego los valores cancelados. En estas
condiciones, el afiliado que no tuviera capacidad económica para pagar de su
pecunio el valor del servicio prestado, se vería en la imperiosa necesidad de
renunciar a que se le prestaran los servicios asistenciales.
El Juzgado encontró
fundadas las pretensiones del accionante y resolvió amparar sus derechos
aplicando los artículos 48 y 49 de la Constitución.
2. Segunda
instancia
Impugnada la
sentencia por la Seccional Tolima de la Caja Nacional de Previsión,
correspondió decidir sobre ella a la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué. Mediante auto del 3 de agosto de 1992, el
Magistrado Ponente ordenó la práctica de algunas pruebas acerca de los hechos
ocurridos en el caso objeto de controversia. Así, oyó en declaración al
Director de la Seccional; solicitó y obtuvo del Hospital Federico Lleras Acosta
una certificación sobre los servicios prestados al petente, el valor de los
mismos, la incapacidad ocasionada y sus consecuencias; pidió y recibió copia de
la historia clínica del solicitante.
La Sala Penal del
Tribunal profirió sentencia el 26 de agosto de 1992. Dijo así la providencia en
sus consideraciones principales:
"X. El haz
probatorio no da la medida para proceder contra la Caja Nacional de Previsión
Social-Seccional Tolima, ni contra las clínicas particulares Minerva y Tolima
-no existe prueba que quien implora el amparo hubiese solicitado allí los
servicios médicos urgentes- las cuales, estas últimas, en desarrollo de la
prestación del servicio público de salud, nunca podrán negar los auxilios
médicos básicos urgentes a cualquier ciudadano colombiano que los requiera, sin
distingos de posición social o económica, ni menos a un empleado oficial
afiliado a la Caja Nacional de Previsión Social, porque la seguridad social es
un servicio público de carácter obligatorio con la cual no se puede traficar ni
negociar, si todos estamos amparados y somos iguales frente a la Constitución.
XI. A contrario
sensu, procede la Acción de Tutela contra el Hospital Federico Lleras Acosta de
Ibagué, establecimiento oficial, por no haber atendido al paciente demandante
Hever Rodríguez como afiliado a la Caja, sino como particular, mediante el pago
de los servicios médicos urgentes, que han debido humanamente, prestarse
gratuitamente, lo cual refulge inconstitucional. Si no paga, se le niega la
dispensa oportuna de salud y habría podido fallecer a las puertas de una
entidad pública creada para proteger, defender, sanear, fortalecer y socorrer
la vigencia de ese bien esencial- para la vida.
XII- Establecido
como aparece que al concederse esta tutela ya cesaron los efectos del acto impugnado,
se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir
en las acciones u omisiones que dieron mérito para concederla (art. 24 Decreto
2591 de 1991).
Como la violación
del derecho fue manifiesta y la acción de la entidad pública arbitraria, debe
el hospital Federico Lleras Acosta, devolver inmediatamente, a quien acredite
haber pagado el valor de los servicios cobrados por la atención médica a Hever
Rodríguez el día veintidos (22) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992),
suma que será facturada por el hospital con cargo a la Caja Nacional de
Previsión Social-Seccional Tolima, para lo cual se fijará un plazo que no podrá
exceder de 48 horas (art. 29 Decreto 2591 de 1991).
El más desprevenido
de los empleados públicos del Tolima sabe que la Caja Nacional de Previsión,
presta deficientes servicios médicos a sus afiliados y que no paga
oportunamente a las entidades que contrata para la prestación de servicios
médicos hospitalarios, lo cual da pábulo para que estas entidades se nieguen a
atender a los servidores del Estado. Sin embargo, esta conducta de manifiesta
incuria y negligencia no aparece acreditada en el expediente".
En consecuencia, el
Tribunal resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder
a la tutela implorada pero en contra del Hospital Federico Lleras Acosta, al
cual previno para que en ningún caso volviera a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder el amparo. Asi mismo, ordenó a dicho
centro asistencial devolver, a quien acreditara haber pagado, la suma cobrada
por los servicios médicos prestados de urgencia al demandante, para lo cual
otorgó un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, y facturar ese valor a la Caja
Nacional de Previsión.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Puesto que se trata
de revisar sentencias proferidas en desarrollo de lo previsto por el artículo
86 de la Constitución y las que anteceden fueron seleccionadas para tal efecto
según las reglas del Decreto 2591 de 1991 y repartidas a la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, ésta goza de plena competencia para
resolver de manera definitiva sobre el asunto planteado.
2. La seguridad
social como servicio público permanente a cargo del Estado
La seguridad social,
según lo que dispone el artículo 48 de la Constitución Política, es un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado. Esto no significa que deba ser prestada forzosamente por
entidades públicas, pues la misma disposición constitucional autoriza que se
confíe a entes privados, de conformidad con la ley.
En todo caso, es
indudable, dada su naturaleza de servicio público, que la seguridad social
tiene que ser permanente, por lo cual no es admisible su interrupción, y
que se habrá de cubrir con arreglo a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. Si a lo dicho se agrega el carácter obligatorio
del servicio, se tiene que, a la luz de la Constitución, el Estado es responsable
de garantizar que las entidades de la seguridad social -públicas o
particulares- estén dispuestas en todo momento a brindar atención oportuna y
eficaz a sus usuarios. Allí radica uno de los fines esenciales de la actividad
que les compete según el artículo 2º de la Carta.
Por la naturaleza
misma de las cosas, las eventualidades que afectan o agravan las condiciones de
salud de una persona dando lugar a lo que, por tal razón, se denomina
"urgencia" no se pueden circunscribir a los días hábiles o de labor
administrativa de una entidad de previsión y, por tanto, la atención médica
-en su más amplio sentido- tiene que estar disponible para los afiliados de
manera constante, motivo por el cual riñe con la normativa constitucional y
atenta contra los más elementales derechos de la persona que la entidad
obligada se desentienda de tan trascendental responsabilidad -inherente al
concepto y al sentido de la seguridad social- durante los días festivos o de
vacancia, dejando desprotegidos a los trabajadores que pagan precisamente para
tener como contraprestación la disponibilidad de acceso permanente e inmediato
a los correspondientes servicios. Estos no son dádivas sino verdaderos derechos
subjetivos del afiliado.
Se repite que la
entidad pública puede contratar con centros privados aquellos servicios que
estén fuera de su alcance directo, sobre todo si son de alta especialización o
requieren equipos e instalaciones cuyo costo o complejidad exijan apoyo
externo, pero aquella debe asumir cuando menos la coordinación y el control
permanentes del conjunto de instituciones comprometidas a brindar en concreto
la atención que demandan los usuarios, a objeto de que éstos sepan a dónde
deben dirigirse con plena certidumbre de ser atendidos sin importar el día ni
la hora, particularmente si de casos urgentes se trata.
Así, en el caso que
nos ocupa, un centro de urgencias o un médico de turno en las instalaciones de
Cajanal en Ibagué habrían podido evitar al petente el penoso tránsito de una a
otra unidad asistencial y la consiguiente amenaza a su salud e integridad o
inclusive a su vida, afectado como estaba en día festivo por heridas que
demandaban atención inmediata.
No debe olvidarse
que la seguridad social es principio fundamental estatuido por el propio
Constituyente en relación con los trabajadores (artículo 53 C.N.) y, por tanto,
un derecho inalienable de éstos, tanto si laboran en el sector público, como si
sirven al sector privado.
La función genérica
del Estado en materia de seguridad social se hace concreta en la
responsabilidad que asume por su efectivo y real cubrimiento la entidad pública
de previsión a la cual se encuentra afiliado el trabajador. De allí que el
Decreto Ley 3135 de 1968 (artículos 14 a 29, entre otros), al enunciar las
prestaciones a cargo de tales organismos y al discriminar los servicios de
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria a que tienen derechos los
trabajadores o empleados y sus familias, aludan siempre a "...la
respectiva entidad de previsión...", radicando en ella las pertinentes
obligaciones que son propias de este servicio público.
Por lo dicho, no es
aceptable para esta Corte la interrupción de los servicios de asistencia médica
durante los días de vacancia, reconocida por la Dirección Seccional de la Caja
(Folio 26 del Expediente), ni tampoco las afirmaciones del correspondiente
Director contenidas en el memorial presentado el 23 de julio de 1992 con el
objeto de impugnar la providencia de primera instancia dentro del presente proceso.
Se afirma en el
mencionado documento:
"Cuando la Ley
(6a. de 1945) dice que (la
Caja) 'podrá' extender su acción a todas las regiones del país, no quizo (sic)
decir que 'deberá'; es decir que esté obligada la Caja Nacional a prestar el
servicio a los afiliados en su propio lugar de trabajo y si se establecieron
Seccionales y Agencias en todo el país, ha sido para facilitar el acceso de
afiliados, pensionados y beneficiarios al Servicio Médico Hospitalario y
farmacéutico, pero no porque esté obligada por la Ley a tener que prestar
todos, absolutamente todos los servicios en las Seccionales, así como a
construír clínicas u hospitales. Bien lo dice la misma Ley de creación, que su
domicilio es la ciudad de Bogotá D.E. (sic) y no otra. De allí que cuando en
las Seccionales no se pueda prestar un determinado servicio, el afiliado,
pensionado o beneficiario se remite a la ciudad de Bogotá que es en donde se
prestan la mayoría por no decir que la totalidad de los servicios..."
Si se sigue este
criterio tendríamos que concluir en que el Estado cumple con las perentorias
obligaciones constitucionales en referencia cuando establece una clínica en
Santa Fe de Bogotá, D.C., como si las necesidades de atención médica,
quirúrgica y hospitalaria de trabajadores que laboran en toda la Nación
pudieran ser cubiertas con la eficiencia y oportunidad requeridas desde la
Capital de la República y en un solo centro asistencial. Ello implicaría un
centralismo ajeno a los principios que consagran los artículos 1º y 209 de la Carta,
entre otros, y una ruptura del principio de igualdad (art. 13 C.N.), además de
representar una concepción que esta Corte ha rechazado, según la cual el Estado
es un fin en sí mismo (Cfr. Sala Plena, Sentencia 479 del 6 de agosto de 1992),
pues considera que, por el contrario, su existencia y actividad encuentran
fundamento principal en la satisfacción de las necesidades de la persona y de
la colectividad.
La seguridad social
debe extenderse, en condiciones dignas y razonables, a todo el territorio nacional,
pues la Constitución la garantiza como derecho irrenunciable de "...todos
los habitantes...". De allí que el artículo 48 ordene al Estado, con la
participación de los particulares, ampliar progresivamente la cobertura de la
Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que
determine la ley.
En consecuencia, la
Caja Nacional de Previsión no puede excusarse por la deficiente prestación de
los servicios de seguridad social a su cargo en la determinación que la ley
haya hecho sobre su domicilio principal, pues éste no indica el ámbito
territorial de cobertura de aquellos.
Ahora bien, la
propia Constitución ha previsto la colaboración de los particulares, en los
términos ya expuestos, o de otras entidades públicas, a fin de garantizar que
los servicios medico-asistenciales, de hospitalización y cirugía, cubran de
manera efectiva y en igualdad de oportunidades a todos los usuarios de la
seguridad social cuya primordial responsabilidad toca al Estado, en este caso a
la Caja Nacional de Previsión.
Claro está, es deber
y primordial responsabilidad de la Caja cumplir con los pagos correspondientes
a los servicios que otras entidades presten a sus afiliados.
El derecho a la
salud
Pero, además, la
salud es derecho de la persona con independencia de si trabaja o no y es
también un servicio público a cargo del Estado, de donde resulta imperativo que
éste disponga las condiciones operativas necesarias para hacer efectivo el
acceso de todos a los servicios de promoción, protección y recuperación de
aquella, según perentorio mandato del artículo 49 constitucional. Corresponde
al Estado, de acuerdo con el precepto, organizar, dirigir y reglamentar la
prestación de tales servicios, establecer las políticas aplicables a los que se
dejen a cargo de entidades privadas y ejercer su vigilancia y control.
Esa responsabilidad,
sin embargo, no es exclusiva del Estado y, por ende, a la luz de la
Constitución Política, no quedan excluídas de ella las entidades particulares
pues todo derecho cumple en nuestro sistema una función social que implica
obligaciones y a las autoridades públicas compete asegurar que se hagan
efectivas (artículo 2º, inciso 2º, C.N.).
Así, pues, las
clínicas, hospitales y centros médicos de carácter privado no pueden
lícitamente negar la atención a quien requiere sus servicios, en especial si se
trata de urgencias, abstracción hecha de si el solicitante está o no afiliado a
alguna entidad de previsión y con independencia de si ésta tiene o no tiene
celebrado convenio con el respectivo establecimiento así como del cumplimiento
que venga observando el organismo público de seguridad social en relación con
el contrato pertinente, pues la vida de la persona no puede ponerse en peligro
por tal motivo, sin perjuicio de los reclamos o acciones a que haya lugar
respecto del ente moroso.
Tampoco es de recibo
la actitud remisa del centro asistencial en cuanto a la prestación de dichos
servicios ante la imposibilidad de pago previo por parte del usuario. La
clínica privada tiene derecho a que le sea cancelado el justo valor de
aquellos, pero no le es dable supeditar a ese factor la atención de la novedad
urgente e inaplazable del paciente, pues en todo caso prevalece el derecho de
éste a la vida.
El caso en
estudio
Está probado que
HEVER RODRIGUEZ sufrió heridas graves durante la madrugada de un lunes festivo
y él afirma que, siendo indispensable su atención inmediata, la solicitó a
varios centros asistenciales de Ibagué, en los cuales le fue negada bajo el
pretexto de que, por hallarse el paciente afiliado a la Caja Nacional de
Previsión, no podía ser atendido con cargo a tal entidad dada la experiencia
existente sobre el incumplimiento de ésta en el pago de las cuotas
correspondientes.
El hecho cierto es
que el afectado, aunque teóricamente gozaba de la seguridad social, para lo
cual canceló su cuota de afiliación y se le descuenta periódicamente un
porcentaje de su sueldo, es decir que reunía los dos requisitos indispensables
para ser atendido de manera inmediata (afiliación y cotización), tuvo que pagar
el valor del servicio médico de urgencias que finalmente le prodigó el Hospital
Federico Lleras Acosta.
Según expresó el
Director Seccional de la Caja en el escrito de impugnación, ella "... no
labora en días festivos como lo fue el lunes 22 de junio, fecha en la cual fue
requerido el Servicio de Urgencias por el Señor Hever Rodríguez".
También resulta del
expediente que la Caja no tenía celebrado contrato para la prestación de
servicios de salud con el Hospital Federico Lleras Acosta, pero sí lo tenía con
la "Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima Limitada - Clínica Hospital
Tolima" (Contrato No. 515 firmado el 4 de junio de 1992 por el término de
un año. Folio 48 del Expediente). Eran obligaciones del contratista, según
dicho convenio, las de prestar asistencia médica en todas sus áreas, con
especialistas, salas de cirugía, rayos X, escanografía, ecocardiografías,
electrocardiografía, suministro de medicamentos y demás servicios, entre ellos
el de laboratorio, así como los de consulta externa, "durante las 24
horas".
El demandante dice
haber acudido, el día en que sufrió las heridas, a las Clínicas Tolima y
Minerva de la ciudad de Ibagué, en las cuales, según él, no fue atendido.
Dichos centros
asistenciales allegaron al proceso sendas constancias sobre la atención en
urgencias el día de los hechos, cumpliendo orden del Tribunal Superior de
Ibagué. En lo concerniente a la Clínica Minerva (Fl. 60 del Expediente) lo
único claro es que el petente no recibió de esa entidad servicio alguno en la
indicada fecha pues su nombre no aparece en la lista suministrada por ella
sobre "personas atendidas", mientras que en el caso de la Clínica
Tolima ésta afirma que Rodríguez requirió sus servicios "...el día 18 de
julio del presente año por cuenta de la CAJA NACIONAL DE PREVISION, mas no el
día 22 de junio..." (Fl. 72 del Expediente).
Resulta de lo
anterior que no es posible para esta Corte determinar con certidumbre si en
efecto en tales establecimientos se negó al petente la oportuna atención
médica, pues no está probado que hubiera acudido a ellos. La afirmación del
accionante ha debido ser respaldada por cualquier medio probatorio, ya que mal
podría exigirse a las clínicas que probaran en contrario tratándose, desde su
punto de vista, de una negación indefinida no susceptible de ser acreditada. En
consecuencia, no podía prosperar la acción de tutela que fue incoada por el
actor contra la Clínica Tolima, ni habría prosperado tampoco si se hubiese
dirigido contra la Clínica Minerva.
En cambio, consta en
el Expediente que el peticionario ingresó al Hospital Federico Lleras Acosta el
día 22 de junio de 1992 a las 4.00 a.m., previo pago de los servicios que le
fueron prestados (Fls. 61 y 62).
Aplicando los
principios constitucionales expuestos al caso en controversia, tal como se deja
definido, se tiene:
- La Caja Nacional
de Previsión -Seccional Tolima- ha sido negligente en el cumplimiento de su
función de asistencia médica en el servicio de urgencias, que debería ser
permanente para sus afiliados. A juicio de la Corte no podía la Caja
interrumpir durante los días feriados la prestación del enunciado servicio,
cuando menos para recibir a quienes eventualmente lo demandaran, de tal manera
que en el caso sub-lite hubiera podido brindar los primeros auxilios al petente
aunque, por las alegadas carencias en sus instalaciones y equipos, hubiera
tenido que remitirlo a otra entidad asistencial, pública o privada.
No se prodigó al
afiliado la atención oportuna y eficaz a que tenía derecho, estando al día en
sus cotizaciones a la Caja.
Si bien es cierto
que, según lo probado, Cajanal tiene celebrado un contrato con la Clínica
Tolima, no existe una coordinación adecuada, que debería cumplir la
correspondiente entidad oficial de previsión, para orientar a sus afiliados
acerca de la posibilidad que tienen de recurrir a dicho centro en la convicción
de obtener efectivamente los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos y
asistenciales que forman parte de su derecho a la seguridad social. Por eso el
demandante en el caso examinado no sabía a qué clínica u hospital acudir ni con
cuál de los existentes en Ibagué había celebrado la Caja algún convenio para la
prestación de tales servicios.
Dado el hecho ya
cumplido de la atención al paciente por parte del Hospital Federico Lleras
Acosta, que resultó para aquel onerosa sin que hubiera debido serlo ya que
estaba afiliado a Cajanal, lo menos que puede exigirse de la entidad pública
sobre la cual recae la responsabilidad de la seguridad social en este caso, es
que asuma en su totalidad los costos en que incurrió el petente por los
servicios médicos que se le prestaron a propósito de la urgencia y el pago de
todas las cantidades que deban cancelarse a aquella o a otra institución en el
futuro por la misma causa.
Ahora bien, aunque
-según el estudio que antecede- no está probado que el peticionario acudió a
las clínicas Tolima y Minerva ni que le fue negada la atención, tampoco puede
concluírse que sean falsas las afirmaciones del actor, razón por la cual, si
bien no se concederá la tutela contra los nombrados establecimientos
asistenciales, no sobra advertir que, de conformidad con lo estatuido en los
preceptos constitucionales objeto de análisis, en la Ley 10a de 1990 (artículo 2º) y en el
Decreto 412 de 1992 (artículo 2º), todas las instituciones que ofrezcan
servicios de salud, sean públicas o privadas y tengan o no celebrado contrato
de asistencia con entidades de previsión social, están obligadas a prestar
atención inicial de urgencia, independientemente de la capacidad socioeconómica
de los solicitantes y sin condicionar ese servicio a pagos previos ni al
cumplimiento de los contratos que eventualmente tengan celebrados con el Estado
en materia de seguridad social. Esa obligación es genérica, perentoria e
inexcusable, de tal manera que, en el caso de probarse la negativa o renuencia
de cualquier institución a cumplirla, se configura grave responsabilidad en su
cabeza por atentar contra la vida y la integridad de las personas no atendidas
y, claro está, son aplicables no solamente las sanciones que prevé el artículo
49 de la Ley 10a de 1990 sino
las penales del caso si se produjesen situaciones susceptibles de ello a la luz
de la normatividad correspondiente.
Se revocará la
sentencia de segunda instancia y en su lugar se confirmará la proferida por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué por cuanto, a juicio de la Corte,
sí cabía la tutela contra la Caja Nacional de Previsión -Seccional Tolima-.
Además, no encuentra
esta Corporación justificado que el Tribunal haya resuelto conceder la tutela
contra el Hospital Federico Lleras Acosta, pues no se instauró contra él y, por
tanto, no era parte en el proceso y, además, si bien cobró los servicios
médicos prestados al paciente, lo atendió en forma oportuna y no está probado
que haya puesto como condición para ello la cancelación de la respectiva
cuenta.
Decisión
Con fundamento en
las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCASE
la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué -Sala Penal- el veintiseis (26) de
agosto de mil novecientos noventa y dos (1992).
Segundo.- CONFIRMASE,
por las razones enunciadas en esta providencia, el fallo pronunciado en primera
instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué el diecisiete
(17) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992), en cuanto concedió la
tutela impetrada contra la Caja Nacional de Previsión -Seccional Tolima-, pero
SE MODIFICA en los siguientes sentidos:
1) CONDENASE a la
Caja Nacional de Previsión -Seccional Tolima- a asumir en su totalidad el pago
de las sumas correspondientes a la atención médica y quirúrgica prestada al
demandante o que se le deba prestar en el futuro por causa o con ocasión de los
hechos materia del presente proceso.
La cancelación de
los costos ya causados o su reembolso al peticionario, si ya no se hubiere
producido, será de cargo de la Caja Nacional de Previsión -Seccional Tolima- y
deberán efectuarse a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del presente fallo.
2) PREVIENESE a la
Caja Nacional de Previsión -Seccional Tolima- en el sentido de que su
negligencia en la prestación y coordinación de los servicios
médico-asistenciales, hospitalarios y quirúrgicos inherentes a la función de
seguridad social que le corresponde y que debe atender directamente o por medio
de contratos con otras instituciones públicas o privadas, así como la
interrupción del servicio público que le concierne, constituyen violación de
derechos fundamentales de sus afiliados y que si vuelve a incurrir en tales
conductas se aplicarán las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991.
3) NIEGASE la tutela
impetrada en cuanto se refiere a la Clínica Tolima de Ibagué.
Tercero.- El Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Ibagué velará por el estricto y cabal
cumplimiento de lo resuelto en esta sentencia y aplicará, en su caso, las
sanciones previstas por los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Por la
Secretaría líbrese la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA           ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General