C-649-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-649/03
OBJECION PRESIDENCIAL-Proyecto
parcialmente inexequible/OBJECION PRESIDENCIAL-Pronunciamiento de
cámaras oído Ministro del ramo
SENTENCIA EN OBJECION PRESIDENCIAL-Inconstitucionalidad
por falta de iniciativa gubernamental
OBJECION PRESIDENCIAL-Fijación de tarifa
por autoridad administrativa bajo límites
SENTENCIA EN OBJECION PRESIDENCIAL-Regulación
renta y patrimonio del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
TARIFA-Fijación por legislador sobre
derechos de matrícula, tarjetas y permisos temporales
TASA-Disposición por el legislador para
su distribución en forma equitativa entre usuarios/TASA-No existe
delegación para fijación de tarifas/TARIFA-Establecimiento por el
gobierno de condiciones mediante reglamento para su aplicación
SENTENCIA EN OBJECION PRESIDENCIAL-Cumplimiento/SENTENCIA
EN OBJECION PRESIDENCIAL-Pronunciamiento para suprimir, rehacer e integrar
disposiciones
SENTENCIA EN OBJECION PRESIDENCIAL-Efectos
del cumplimiento
OBJECION PRESIDENCIAL-Reglamentación del
ejercicio de la Ingeniería y adopción del Código de Etica Profesional
Referencia:
expediente OP-065
Objeciones Presidenciales a los artículos  25, 26, 27, 28 y 80 del
proyecto de Ley No. 44 de 2001 - Senado de la República -,  218 de 2002 -
Cámara de Representantes–, “Por la cual se modifica la reglamentación del
ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones
auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras
disposiciones”.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales, en especial la contemplada en los artículos 167
y 241 numeral 8 de la Carta Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
1. El Presidente
del Senado de la República Dr. Luis Alfredo Ramos Botero, remitió a esta
Corporación mediante oficio de fecha 11 de diciembre de 2002, recibido el 19 de
diciembre del mismo año, el proyecto de ley de la referencia, cuyo texto fue objetado por el Presidente de la
República por motivos de inconstitucionalidad.
2. Como quiera
que el Congreso declaró infundadas las objeciones presidenciales e insistió en
la aprobación del proyecto, le correspondió a la Corte decidir sobre su
exequibilidad, según los términos del artículo 167 de la Carta Política y 32
del Decreto 2067 de 1961.
3. Mediante
Sentencia C-078 del 6 de febrero de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández,
esta Corporación se pronunció sobre las objeciones presidenciales de la
referencia, en los siguientes términos:
“Primero. Declarar FUNDADAS las objeciones presidenciales respecto de
los artículos 25, 26, 27, 28 y 80 del proyecto de Ley No. 44 de 2001 - Senado
de la República -, 218 de 2002 - Cámara de Representantes -, por cuanto estas
disposiciones infringen el artículo 154 de la Constitución.
“Segundo. Declarar
FUNDADAS las objeciones presidenciales respecto
de la expresión “en forma razonable de acuerdo con su determinación” contenida
en el artículo 26 pero solo en relación con el cobro por derechos de
matrículas, tarjetas y permisos temporales; y de la expresión “en forma
equilibrada y razonable” del literal k) del artículo 28, pero solo en
relación con el establecimiento del valor de los derechos de matrículas profesional,
expedición de tarjetas  y permisos temporales, ambas del proyecto de Ley No. 44
de 2001 - Senado de la República -, 218 de 2002 - Cámara de Representantes, por
infringir el artículo 338 de la Constitución.
4. En
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 167 de la Carta, desarrollado por
los artículos 33 y 34 del Decreto 2067 de 1991, el día 3 de marzo del presente
año esta Corporación remitió la aludida sentencia al Presidente del Senado de
la República para que rehiciera e integrara las disposiciones afectadas en
términos concordantes con el dictamen de la Corte[1].
5. Con el
objeto de surtir el trámite correspondiente, el Congreso de la República envió
la respectiva comunicación al Ministro de Transporte Dr. Andrés Uriel Gallego
Henao[2].
El Ministro citado, envió al Congreso un escrito en el que se pronuncia sobre
el proyecto objeto de revisión[3].
6. El
Presidente del Senado de la República mediante Resolución No. 134 del 29 de
abril de 2003 designó una comisión accidental integrada por los senadores Juan
Gómez Martínez, Aurelio Iragorri Hormaza y Alba Esther Ramírez de Gutiérrez,
para la adecuación del proyecto de ley en cumplimiento a lo decidido en la
referida providencia.  El informe rendido por dicha Comisión fue aprobado por
la unanimidad de la plenaria de esa célula legislativa el 17 de junio de 2001,
según la certificación expedida por el Secretario General de esa Corporación[4].
7. Por su
parte, la Cámara de Representantes también designó una comisión accidental
integrada por los representantes Armando Amaya Álvarez y Plinio Olano Becerra,
para adecuar el proyecto a lo resuelto en la Sentencia C-078 de 2003. El
informe de dicha Comisión fue considerado y aprobado por la plenaria de esta
célula legislativa el 19 de junio de 2003, según consta en el acta de plenaria
No. 060 de esa misma fecha y así lo hace constar el Secretario General
correspondiente [5]
8. El 17
julio de este mismo año el Presidente del Senado de la República devolvió a la
Corte el texto corregido e integrado del proyecto  ley en cuestión, para que
dicte fallo definitivo[6].
II.      CONSIDERACIONES
Vistos los
antecedentes, advierte la Corte  que en el asunto que se revisa  el Congreso de
la República observó el trámite señalado en el artículo 167 de la Constitución
para los casos en que el proyecto es declarado parcialmente inexequible, puesto
que oído el Ministro del ramo se designaron  comisiones accidentales a fin de
que rehicieran e integraran las disposiciones afectadas en términos
concordantes con la mencionada sentencia C-078 de 2003, cuyo informe fue
aprobado por las plenarias de las cámaras legislativas. Surtida esta actuación,
se remitió el proyecto a esta Corporación para fallo definitivo.
Establecido este
aspecto, procede la Corte a verificar si una vez surtido el trámite respectivo
ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que se revisa se adecua a
lo que se decidió en la Sentencia C-078/03, para lo cual ha de tenerse en
cuenta lo siguiente:
Las plenarias
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes no sólo
coincidieron en suprimir del texto del proyecto los artículos 25, 27 y 80 y el
aparte “...y por los que le sean asignados del Presupuesto General de la
Nación, recursos sobre los cuales ejercerá el control la Contraloría General de
la República.”, del artículo 26, sino también en rehacer e integrar
el contenido normativo de los artículos 26 y 28 literal k), que regulaban lo
concerniente a las rentas, patrimonio y funciones del Copnia, y que en el nuevo
proyecto figuran con otra numeración, lo cual se hizo de la siguiente manera:
“Artículo 25. Rentas
y patrimonio. Las rentas y el patrimonio del COPNIA estarán conformados por
los recursos públicos que en la actualidad posea, o que haya adquirido la
Nación para su funcionamiento; por los recursos provenientes del cobro de
certificados y constancias que expida en ejercicio de sus funciones, cuyo valor
será fijado de manera razonable de acuerdo con su determinación; por los recursos
provenientes de los servicios a derechos de matrícula, tarjetas y permisos
temporales. La tasa se distribuirá en forma equitativa entre los usuarios a
partir de criterios relevantes que reconozcan los costos económicos requeridos,
en las condiciones que fije el reglamento que adopte el Gobierno Nacional,
derechos que no podrán exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo
mensual vigente.
“Parágrafo. Para
ejercer su función de policía administrativa, el COPNIA contará con el apoyo,
cuando así lo solicite, de las autoridades administrativas y de policía,
nacionales, seccionales y locales, según el caso.
“Artículo 26. Funciones
específicas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia. El
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, tendrá como funciones
específicas, las siguientes:
“(...)
“l) Establecer el
valor de los recursos provenientes del cobro de certificados y constancias, el
cual será fijado de manera razonable de acuerdo a su determinación; y de los
recursos provenientes por los servicios de  derechos de matrícula, tarjetas
y     permisos temporales. La tasa se distribuirá en forma equitativa entre los
usuarios a partir de criterios relevantes que recuperan los costos del
servicio, en las condiciones que fije el reglamento que adopte el Gobierno
Nacional, señalando el sistema y el método para definir la recuperación de los
costos de los servicios que se prestan a los usuarios o la participación de los
servicios que se les proporcionan y la forma de hacer su reparto según el
artículo 338 de la Constitución Política, derechos que no podrán exceder de la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual.
Conviene
recordar que la Corte, en la sentencia C-078 de 2003, declaró fundadas las
objeciones relacionadas con los artículos 25, 26, 27, 28 y 80, por violación
del artículo 154 C.N., por cuanto “... no cabe duda que el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería en el momento en que se presenta el proyecto
de ley bajo análisis reúne un conjunto de características que permiten
catalogarlo como un órgano del nivel central del orden nacional, puesto que fue
creado por el legislador como una entidad conformada por autoridades públicas y
particulares, que ejerce funciones administrativas y cuyos gastos de
funcionamiento han sido sufragados con recursos públicos.”; y que, “Aunque
el legislador pone de presente la continuación de dicho Consejo le  atribuye
una configuración institucional nueva, pues la norma  le otorga el carácter de
ente autónomo con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y
organización interna propia, de acuerdo con sus necesidades y determinación,
características que corresponden a las propias de una entidad descentralizada
del orden nacional.”, por lo que concluye que “... el legislador está
desplazando al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería del sector central al
descentralizado, pues le atribuye personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera, y además le asigna recursos del Presupuesto General de la Nación
(art. 26). Este cambio implica una modificación a la estructura de la
administración nacional (CP art. 150-7) pues está creando un establecimiento
del sector descentralizado, facultad que si bien está atribuida al legislativo
por virtud el artículo 150-7 de la Carta, ella no puede ser ejercida
autónomamente sino contando con la iniciativa gubernamental según lo dispuesto
en el artículo 154 ibidem.”
Así entonces, la
supresión de los artículos 25, 27 y 80, así como de la expresión
correspondiente del artículo 26 relacionada con los recursos que se le
asignarían al Consejo del Presupuesto General de la Nación, que era en los que
se reflejaba el desplazamiento del Copnia del sector central al
descentralizado, incurriéndose en una modificación de la estructura de la
administración nacional, supera la inconstitucionalidad advertida por la Corte
en cuanto a la falta de iniciativa gubernamental.
También declaró
la Corte, en la sentencia C-078 de 2003, probada la objeción respecto del
artículo 26 en cuanto a la expresión “en forma razonable de acuerdo con su
determinación”, en relación con el cobro por derechos de matrículas,
tarjetas y permisos temporales; y del literal k del artículo 28, respecto de la
expresión “en forma equilibrada y razonable” pero solo respecto al
establecimiento del valor de los derechos de matrícula profesional, expedición
de tarjetas y permisos temporales, por violación al artículo 338 C.P., por
cuanto “... dicho valor no puede ser señalado de manera discrecional por el
COPNIA  sino conforme a los parámetros que debe establecer la ley, que para el
caso hacen relación al diseño de una metodología que permita establecer los
criterios relevantes a partir de los cuales se reconozcan los costos económicos
requeridos para la prestación del servicio, y de un sistema de medición
económica y social de aquellos factores que deben manejarse para repartir en
forma equitativa esos costos entre los usuarios.[7]”
Por lo tanto,
al consagrar la nueva regulación referente a las rentas y patrimonio del Copnia
que estarán conformados, entre otros, por los recursos provenientes del cobro
de certificados y constancias que expida en ejercicio de sus funciones, cuyo
valor será fijado de manera razonable de acuerdo a su determinación, y por los
recursos provenientes de los servicios a derechos de matrícula, tarjetas y
permisos temporales, se ajusta a lo dispuesto por la Corte en la sentencia
C-078 de 2003.
En cuanto al
cobro de certificados y constancias se cumple con lo dicho en el citado
pronunciamiento, pues su valor puede fijarlo el Copnia en forma razonada y de
acuerdo con su determinación, ya que simplemente se trata de reparar un costo
directo.
Lo mismo
puede decirse del cobro de derechos de matrícula, tarjetas y permisos cuyo
valor no será fijado por el Copnia, sino que lo hace directamente el legislador
al disponer que los derechos correspondientes no pueden exceder de la suma
equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente. En este evento no era
necesario que el legislador señalara el sistema y el método para definir los
costos del servicio prestado, y la forma de hacer el reparto de los beneficios
que se recuperan con dicha tasa. Así lo ha dicho esta Corporación:
“Entiende la
Corte que, ciertamente, la creación de una tasa debe venir acompañada por la
identificación, en la propia ley, del servicio a la que la misma corresponde y
por cuya utilización serán gravados los contribuyentes. Cumplido ese requisito
consustancial al concepto mismo de tasa, la Constitución no exige que para la
fijación de la tarifa por el legislador se hagan explícitos, en la propia ley,
los criterios que se tuvieron en cuenta para el efecto. Tal exigencia sólo
resulta aplicable cuando se permita que la tarifa sea fijada por las
autoridades administrativas, caso en el cual la ley deberá establecer el método
y el sistema para definir los costos y la forma de hacer su reparto. Se
trata de una garantía del principio de legalidad del tributo, conforme a la
cual si bien, de manera excepcional y en atención a la complejidad que en
ocasiones reviste el establecimiento de las tarifas para tasas o
contribuciones, se permite que dichas tarifas sean fijadas por las autoridades
administrativas, se exige, en todo caso, que el sistema y el método para
definir los costos o los benéficos, así como la forma  de hacer su reparto se
fijen por la ley, o las ordenanzas o los acuerdos”.[8] (subrayas fuera de
texto)
No obstante,
en la norma que se comenta el legislador dispone que la tasa se distribuirá en
forma equitativa entre los usuarios a partir de criterios relevantes que
reconozcan los costos económicos requeridos, “en las condiciones que fije el
reglamento que adopte el Gobierno Nacional”, derechos que según se anotó no
podrán exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente.
Para la Corte dicha expresión no significa que se esté delegando en el Gobierno
la facultad para fijar la tarifa de la tasa que cobra el Copnia por los
derechos de matrícula, tarjetas y permisos, y mucho menos que se lo haya
habilitado para señalar el método, el sistema y la forma de hacer el reparto -
atribución que según el artículo 338 Superior es del exclusivo resorte del
órgano legislativo -, pues tal como se advirtió anteriormente, el legislador es
quien fija directamente la tasa en el artículo en comento. Más bien, lo que el
segmento en cuestión  significa es que en atención a que la tarifa que ha
fijado el legislador representa un máximo, el Gobierno, dentro de los criterios
de equidad y relevancia que allí aparecen expresados, debe establecer mediante
el reglamento las condiciones para que se aplique la tarifa pertinente, lo cual
es desarrollo de la competencia constitucional prevista en el numeral 11 del
artículo 189 Superior, en virtud de la cual corresponde al Ejecutivo
reglamentar la ley para su cumplida ejecución.
Por todo lo
anterior ha de concluir la Corte que la decisión adoptada en la sentencia C-078
de 2003 se cumplió a cabalidad, pues todas las expresiones y disposiciones
respecto de las cuales se declararon fundadas las objeciones presidenciales por
violación del artículo 154 de la Constitución fueron suprimidas del texto del proyecto,
y las relacionadas con la violación del artículo 338 ibídem. fueron rehechas y
reintegrados los artículos respectivos, en el sentido indicado en la mencionada
sentencia.
En
consecuencia, el proyecto de Ley No. 44 de 2001 - Senado de la República -,
218 de 2002 - Cámara de Representantes–, “Por la cual se modifica la
reglamentación del ejercicio de la Ingeniería, de sus profesiones afines y de
sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se
dictan otras disposiciones”, en cuanto a las disposiciones cuya objeción
prosperó, habrá de declarase ajustado a la Constitución, en virtud del artículo
35 del Decreto 2067 de 1991 que dispone que “surtirá efectos de cosa juzgada
respecto de las normas invocadas formalmente por el Gobierno y consideradas por
la Corte, y obliga al Presidente de la República a sancionarlo”.
III.    DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.-
DECLARAR CUMPLIDA la exigencia constitucional del
artículo 167 de la Carta, en relación con la Sentencia C-078 de 2003, y por lo
tanto EXEQUIBLE el Proyecto de Ley No. 44 de 2001 Senado de la República
- 218 de 2002 Cámara de Representantes, tal y como quedó modificado por el
Congreso, luego de rehacer e integrar las disposiciones afectadas en términos
concordantes con la citada providencia cuyo texto definitivo es el siguiente:
EL CONGRESO DE COLOMBIA
D E C R E T A
TÍTULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO
I
DEFINICIÓN
Y ALCANCES
Artículo 1. -
CONCEPTO DE INGENIERÍA. Se entiende por ingeniería toda aplicación de las
ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en
general, del ingenio humano, a la utilización e invención sobre la materia.
Artículo 2. -
EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente ley, se entiende
como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como: a)Los
estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría,
la consultoría, la Interventoría, la construcción, el mantenimiento y la
administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de
puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales,
aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riegos,
drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas
de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y
en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la
comunidad.   b) Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales,
textiles, electromecánicos, termoeléctricos, energéticos, mecánicos,
eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas, teleinformáticos,
agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de alimentos,
agrometeorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químicos,
metalúrgicos, mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos,
topográficos e hidrológicos; c) La planeación del transporte aéreo, terrestre y
náutico y  en general, todo asunto  relacionado con la ejecución o desarrollo
de las tareas o actividades de las profesiones especificadas en los subgrupos
02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones o normas que la sustituyan
o complementen, en cuanto a la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares,
se refiere. También se entiende por ejercicio de la profesión para los efectos
de esta ley, el presentarse o anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo de
nivel profesional utilizando  dicho título.
Parágrafo.- La
instrucción, formación, enseñanza, docencia o cátedra dirigida a los
estudiantes que aspiren a uno de los títulos profesionales, afines o auxiliares
de la Ingeniería, en las materias o asignaturas que impliquen el conocimiento
de la profesión, como máxima actividad del ejercicio profesional, sólo podrá
ser impartida por profesionales de la ingeniería, sus profesiones afines o sus
profesiones auxiliares, según el caso, debidamente matriculados.
Artículo 3. -
PROFESIONES AUXILIARES DE LA INGENIERÍA. Se entiende por Profesiones Auxiliares
de la Ingeniería, aquellas actividades que se ejercen en nivel medio, como
auxiliares de los ingenieros, amparadas por un título académico en las
modalidades educativas de formación técnica y tecnológica profesional,
conferido por instituciones de educación superior legalmente autorizadas, tales
como: técnicos y tecnólogos en obras civiles, técnicos y tecnólogos
laboratoristas, técnicos y tecnólogos constructores, técnicos y tecnólogos en
topografía técnicos y tecnólogos en minas, técnicos y tecnólogos delineantes en
ingeniería, técnicos y tecnólogos en sistemas o en computación, analistas de
sistemas y programadores, técnicos y tecnólogos en alimentos, técnicos y
tecnólogos industriales, técnicos y tecnólogos hidráulicos y sanitarios,
técnicos y tecnólogos teleinformáticos, técnicos y tecnólogos agroindustriales
y los maestros de obras de construcción en sus diversas modalidades, que
demuestren una experiencia de más de diez (10) años en actividades de la
construcción, mediante certificaciones expedidas por ingenieros y / o
arquitectos debidamente matriculados y excepcionalmente, por las autoridades de
obras públicas y/o de planeación,  municipales.
Artículo 4. - PROFESIONES AFINES. Son profesiones afines a
la ingeniería, aquellas que siendo del nivel profesional, su ejercicio se
desarrolla en actividades relacionadas con la ingeniería en cualquiera de sus
áreas, o cuyo campo ocupacional es conexo a la ingeniería, tales como: la
Administración de Obras Civiles, la Construcción en Ingeniería y Arquitectura;
la Administración de Sistemas de Información; la Administración Ambiental y de
los Recursos Naturales, la Bioingeniería y la Administración en Informática, entre
otras.
Artículo 5. -
AMPLIACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN  NACIONAL DE OCUPACIONES. En todo caso, el
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA, podrá ampliar el alcance de
las actividades a que se refiere la Clasificación Nacional de Ocupaciones en los
Subgrupos 02 y 03 o norma que la sustituya o reforme, de acuerdo con las nuevas
modalidades de los programas y títulos académicos en ingeniería y sus
profesiones afines y auxiliares que se presenten en el país.
TÍTULO
II
EJERCICIO
DE LA INGENIERÍA, DE SUS PROFESIONES AFINES Y DE SUS
PROFESIONES AUXILIARES
CAPÍTULO I
REQUISITOS PARA EJERCER LA INGENIERÍA,  SUS PROFESIONES
AFINES Y  SUS PROFESIONES AUXILIARES
Artículo 6.-
REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN.- Para poder ejercer legalmente la Ingeniería,
sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el Territorio Nacional,
en las ramas o especialidades regidas por la presente Ley, se requiere estar
matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá
llevando el COPNIA, lo cual se acreditará con la presentación de la Tarjeta o
documento adoptado por este para tal fin.
Parágrafo.- En
los casos en que los contratantes del sector público o privado, o cualquier
usuario de los servicios de  ingeniería, pretendan establecer si un profesional
se encuentra legalmente habilitado o no, para ejercer la profesión, podrán sin
perjuicio de los requisitos establecidos en el presente Artículo, requerir al
COPNIA la expedición del respectivo certificado de vigencia.
Artículo 7.-
REQUISITOS PARA OBTENER LA MATRÍCULA Y LA TARJETA DE MATRÍCULA PROFESIONAL.
Sólo podrán ser matriculados en el Registro Profesional de Ingenieros y obtener
Tarjeta de Matrícula Profesional, para poder ejercer la profesión   en el
Territorio Nacional, quienes:
a)  Hayan adquirido el título académico de Ingeniero en cualquiera de
sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación Superior oficialmente
reconocidas, de acuerdo con las normas legales vigentes.
b)  Hayan adquirido el título académico de Ingeniero en cualquiera de
sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación Superior que funcionen en
países, con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre
reciprocidad de títulos, situación que debe ser avalada por el ICFES o por el organismo
que se determine para tal efecto.
c)   Hayan adquirido el título académico de Ingeniero en cualquiera de
sus ramas, otorgado por Instituciones de Educación Superior que funcionen en
países con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre
reciprocidad de títulos; siempre y cuando hayan obtenido la homologación o
convalidación del título académico ante las autoridades competentes, conforme
con las normas vigentes sobre la materia.
Parágrafo 1.-
Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados, no serán
susceptibles de inscripción en el Registro Profesional de Ingeniería, por lo
tanto, cuando se necesite acreditar tal calidad, bastará con la presentación
del título de postgrado respectivo, debidamente otorgado por universidad o
institución autorizada por el Estado para tal efecto. Si el título de postgrado
fue otorgado en el exterior, solo se aceptará debidamente consularizado o
apostillado de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Parágrafo  2 -
La información que los profesionales aporten como requisitos  de su inscripción
en el registro  profesional respectivo, solamente podrá ser utilizada por el
COPNIA para efectos del control y vigilancia del ejercicio profesional
correspondiente, excepto cuando sea requerida por las demás autoridades de
fiscalización y control para lo de su competencia o cuando medie orden
judicial.
Artículo 8.-
REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN PROFESIONAL. Sólo podrán
ser matriculados en el Registro Profesional respectivo y obtener Certificado de
Inscripción Profesional y su respectiva Tarjeta, para poder ejercer alguna de
las profesiones afines o de las profesiones auxiliares de la ingeniería en el
Territorio Nacional, quienes:
a)  Hayan adquirido el título académico en alguna de sus profesiones
afines o de las profesiones auxiliares de la ingeniería, otorgado por
instituciones de Educación Superior oficialmente reconocidas, de acuerdo con
las normas legales vigentes.
b)  Hayan adquirido el título académico en alguna de las profesiones
afines o de las profesiones auxiliares de la ingeniería, otorgado por
instituciones de Educación Superior que funcionen en países, con los cuales
Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos.
c)   Hayan adquirido el título académico en alguna de las profesiones
afines o de las profesiones auxiliares de la ingeniería, otorgado por
instituciones de Educación Superior que funcionen en países con los cuales
Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos;
siempre y cuando hayan obtenido la homologación o convalidación del título
académico ante las autoridades competentes, de acuerdo con las normas vigentes.
Artículo 9.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA.  Para obtener  la Matrícula
Profesional o el Certificado de que trata la presente Ley, el interesado deberá
presentar ante el Consejo Profesional Seccional o Regional de ingeniería del
domicilio de la Universidad o Institución que otorgó el Titulo, el original
correspondiente con su respectiva Acta de Grado, fotocopia del documento de
identidad y el recibo de consignación de los  derechos  que para el efecto fije
el COPNIA.
Verificados los
requisitos, el Seccional o Regional  correspondiente, otorgará la matrícula o
el Certificado, según el caso, el cual deberá ser confirmado por el Consejo
Nacional de Ingeniería en la sesión ordinaria siguiente a su recibo, ordenando
la expedición del documento respectivo.
Articulo 10. -
Para efectos de la inscripción  o matrícula,  toda Universidad o Institución de
Educación Superior que otorgue títulos  correspondientes a las profesiones
aquí  reglamentadas, deberá remitir de oficio o por requerimiento  del Copnia,
el listado de graduandos cada vez que este evento ocurra, tanto al Consejo
Seccional  o Regional de su domicilio, como al Consejo Nacional de Ingeniería,
respectivamente.
Articulo  11 -
POSESIÓN EN CARGOS, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS O REALIZACIÓN DE DICTÁMENES
TÉCNICOS, QUE IMPLIQUEN EL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para poder tomar
posesión de un cargo público o privado, en cuyo desempeño se requiera el
conocimiento o el ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones
afines o auxiliares; para participar en licitaciones públicas o privadas cuyo
objeto implique el ejercicio de la ingeniería en cualquiera de sus ramas; para
suscribir contratos de ingeniería y para emitir dictámenes sobre aspectos
técnicos de la ingeniería o de algunas de sus profesiones auxiliares ante
organismos estatales o personas de carácter privado, jurídicas o naturales;
para  presentarse o utilizar el titulo de Ingeniero para acceder a cargos o
desempeños cuyo requisito sea poseer un titulo profesional, se debe exigir la
presentación en original, del documento que acredita la  inscripción o el
registro profesional de que trata la presente Ley.
Artículo 12-
EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de
alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional sólo
se computará a partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional o
del Certificado de Inscripción Profesional, respectivamente. Todas las
matriculas profesionales, certificados de inscripción profesional y
certificados  de matricula otorgados con anterioridad a la vigencia de la
presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.
CAPITULO
II
DEL
EJERCICIO ILEGAL  DE LA INGENIERIA Y DE SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES
Artículo 13. -
EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN. Ejerce ilegalmente la profesión de la
Ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares y por lo
tanto incurrirá en las sanciones que decrete la autoridad penal, administrativa
o de policía correspondiente, la persona que sin cumplir los requisitos
previstos en esta Ley o en normas concordantes, practique cualquier acto
comprendido en el ejercicio de éstas profesiones. En igual infracción
incurrirá, la persona que, mediante avisos, propaganda, anuncios profesionales,
instalación de oficinas, fijación de placas murales  o  en cualquier otra
forma, actúe, se anuncie o se presente como Ingeniero o como Profesional Afín o
como Profesional Auxiliar de la Ingeniería, sin el cumplimiento de  los
requisitos establecidos en la presente Ley.
Parágrafo.-
También incurre en ejercicio ilegal de la profesión, el profesional de la
ingeniería, de alguna de sus profesiones afines o profesiones auxiliares, que
estando debidamente inscrito en el Registro Profesional de Ingeniería, ejerza
la profesión estando suspendida su Matrícula Profesional, Certificado de
Inscripción Profesional o Certificado de Matrícula, respectivamente.
Artículo 14. -
ENCUBRIMIENTO DEL EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN. El servidor público que en
el ejercicio de su cargo, autorice, facilite, patrocine, encubra o permita el
ejercicio ilegal de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o
auxiliares, incurrirá en falta disciplinaria, sancionable de acuerdo con las
normas legales vigentes.
Parágrafo:  Si
quien permite, o encubre el ejercicio de la profesión, por parte de quien no
reúne los requisitos establecidos en la presente Ley, está matriculado o
inscrito como ingeniero o profesión afín o auxiliar, podrá ser suspendido del
ejercicio legal de la profesión hasta por el termino de cinco años.
Artículo 15.-
SANCIONES. El particular que viole las disposiciones de la presente Ley,
incurrirá, sin perjuicio de las sanciones penales y de policía, en multa de dos
(2) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Parágrafo.-  Las
multas que se impongan como sanción por el incumplimiento de la presente Ley y
sus normas reglamentarias, deberán consignarse a favor del Tesoro Municipal del
lugar donde se cometa la infracción y serán impuestas por el respectivo Alcalde
Municipal o por quien haga sus veces, mediante la aplicación de las normas de
procedimiento establecidas para la investigación y sanción de las
contravenciones especiales, según el Código Nacional de Policía o norma que lo
sustituya o modifique.
Artículo 16. -
AVISO DEL EJERCICIO ILEGAL DE LA INGENIERÍA. El Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería COPNIA, deberá dar aviso a todas las empresas relacionadas con la
ingeniería o que utilicen los servicios de ingenieros, de la denuncia que se
instaure contra cualquier persona por ejercer ilegalmente la ingeniería,
utilizando todos los medios a su alcance para que se impida tal infracción, con
el fin de proteger a la sociedad del eventual riesgo a que  este hecho la
somete.
Artículo 17. -
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad,
firma, empresa u organización profesional, cuyas actividades comprendan, en
forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones
auxiliares, está obligada a incluir en su nómina permanente, como mínimo, a un
profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la
respectiva persona jurídica.
Parágrafo.- Al
representante legal de la persona jurídica que omita el cumplimiento de lo dispuesto
en el presente artículo, se le aplicarán las sanciones previstas para el
ejercicio ilegal de profesión u oficio reglamentado, mediante la aplicación del
procedimiento establecido para las contravenciones especiales de policía o
aquel que lo sustituya.
Artículo 18. -
DIRECCIÓN DE LABORES DE INGENIERÍA. Todo trabajo relacionado con el ejercicio
de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito en el Registro
Profesional de Ingeniería y con Tarjeta de Matrícula Profesional en la rama
respectiva.
Parágrafo.-
Cuando la obra se trate de aquellas a las que se refiere la Ley 400 de 1997,
además de los requisitos establecidos en la presente Ley, se deberá cumplir con
los establecidos en tal régimen o en la norma que lo sustituya, so pena de
incurrir en las sanciones previstas por  violación del Código de Ética y el
correcto ejercicio de la profesión.
Artículo 19. -
DICTÁMENES PERICIALES. El cargo  o la función de perito, cuando el dictamen
comprenda cuestiones técnicas de la ingeniería, de sus profesiones afines o de
sus profesiones auxiliares, se encomendará al profesional cuya especialidad
corresponda a la materia objeto del dictamen.
Artículo 20. -
PROPUESTAS y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y
concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o
local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de
las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar
avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con Tarjeta
de Matrícula Profesional en la respectiva rama de la ingeniería.
En los contratos
que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los
contratistas tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección
técnica, la ejecución de los trabajos o la Interventoría, a profesionales
inscritos en el Registro Profesional de Ingeniería, acreditados con la Tarjeta
de Matrícula Profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado
de su vigencia.
Parágrafo. - Lo
dispuesto en este Artículo se aplicará en todas sus partes, tanto a las
propuestas que se presenten, como a los contratos de igual naturaleza y que,
con el mismo objetivo, se celebren con las sociedades de economía mixta y con
los establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del orden
nacional, departamental, distrital o municipal y aquellas descentralizadas por
servicios.
Artículo 21. –
DENUNCIA DEL EJERCICIO ILEGAL DE LA INGENIERÍA. El Consejo Profesional Nacional
de Ingeniería COPNIA, denunciará y publicará por los medios a su alcance el
ejercicio ilegal de la profesión de que tenga conocimiento, con el fin de
proteger a la sociedad del eventual riesgo a que  este hecho la somete.
CAPÍTULO III
DE
LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS
Artículo 22. -
En las construcciones, consultorías, estudios, proyectos, cálculos, diseños,
instalaciones, montajes, interventorías, asesorías y demás trabajos
relacionados con el ejercicio de las profesiones a las que se refiere la
presente Ley, la participación de los profesionales extranjeros no podrá ser
superior a un veinte por ciento (20%) de su personal de ingenieros o
profesionales auxiliares o afines colombianos, sin perjuicio de la aplicación
de las normas laborales vigentes.
Parágrafo.-
Cuando previa autorización del Ministerio de Trabajo y tratándose de personal
estrictamente técnico o científico indispensable, fuere necesaria una mayor
participación de profesionales extranjeros que la establecida anteriormente, el
patrono o la firma o entidad que requiera tal labor, dispondrá de un (1) año
contado a partir de la fecha de la iniciación de labores, para suministrar
adecuada capacitación a los profesionales nacionales, con el fin de reemplazar
a los extranjeros, hasta completar el mínimo de ochenta por ciento (80%) de
nacionales.
Articulo  23. -
PERMISO TEMPORAL PARA EJERCER SIN MATRÍCULA A PERSONAS TITULADAS Y DOMICILIADAS
EN EL EXTERIOR. Quien ostente el título académico de ingeniero o de profesión
auxiliar o afín de las profesiones aquí reglamentadas, esté domiciliado en el
exterior y pretenda vincularse bajo cualquier modalidad contractual para
ejercer temporalmente la profesión en el Territorio Nacional, deberá obtener
del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, un permiso temporal para
ejercer sin Matrícula Profesional, Certificado de Inscripción Profesional o
Certificado de Matrícula, según el caso; el cual tendrá validez por un (1) año
y podrá ser renovado discrecionalmente por el Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería COPNIA, siempre, hasta por el plazo máximo del contrato o de la
labor contratada, previa presentación de solicitud suficientemente  motivada,
por parte de la empresa contratante o por el profesional interesado o su
representante; Título o Diploma debidamente consularizado o apostillado, según
el caso; fotocopia del contrato  que motiva su actividad en el país y el recibo
de consignación de los derechos respectivos.
Parágrafo 1. -
Los requisitos y el trámite establecidos en este Artículo se aplicarán para
todas las ramas de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus
profesiones auxiliares, aunque tengan reglamentación especial y será otorgado
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA-, exclusivamente. La autoridad
competente otorgará la visa respectiva, sin perjuicio del Permiso Temporal de
que trata el presente Artículo.
Parágrafo 2. -
Se eximen de la obligación de tramitar el Permiso Temporal a que se refiere el
presente Artículo, los profesionales extranjeros invitados a dictar
conferencias, seminarios, simposios, Congresos, Talleres de tipo técnico o
científico, siempre y cuando no tengan carácter permanente.
Parágrafo 3. -
Si el profesional beneficiario del permiso temporal pretende laborar de manera
indefinida en el país, deberá homologar o convalidar el titulo de acuerdo con
las normas que rigen la materia y tramitar la Matrícula  Profesional o el
Certificado de Inscripción Profesional, según el caso.
TÍTULO
III
DEL
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA Y SUS CORRESPONDIENTES REGIONALES O
SECCIONALES.
CAPÍTULO
I
DENOMINACIÓN,
NATURALEZA JURÍDICA,  INTEGRACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 24. -
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA. En adelante el Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares, se denominará Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería y su sigla será “COPNIA” y tendrá su sede
principal en Bogotá DC.
Artículo 25. -
RENTAS Y PATRIMONIO. Las rentas y el patrimonio del COPNIA, estarán conformados
por los recursos públicos que en la actualidad posea, o que haya adquirido la
Nación para su funcionamiento; por los recursos provenientes del cobro de
certificados y constancias en ejercicio de sus funciones, cuyo valor será
fijado de manera razonable de acuerdo con su determinación; por lo recursos
provenientes de los servicios a derechos de matrícula, tarjetas y permisos
temporales. La tasa se distribuirá en forma equitativa entre los usuarios a
partir de criterios relevantes que reconozcan los costos económicos requeridos,
en las condiciones que fije el reglamento que adopte el gobierno nacional,
derechos que no podrán exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo
mensual vigente.
Parágrafo.- Para
ejercer su función de policía administrativa, el COPNIA contará con el apoyo,
cuando así lo solicite, de las autoridades administrativas y de policía,
nacionales, seccionales y locales, según el caso.
Artículo 26. -
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA, COPNIA.
El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA, tendrá como funciones
específicas, las siguientes:
a)  Dictar su propio reglamento interno y el de los Consejos Seccionales
o Regionales.
b)  Confirmar, aclarar, derogar o revocar las resoluciones de aprobación
o denegación de expedición de Matrículas Profesionales, de Certificados de
Inscripción Profesional y de Certificados de Matrícula Profesional, a
profesionales de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus
profesionales auxiliares, respectivamente, expedidas por los Consejos
Seccionales o Regionales.
c)   Expedir las Tarjetas de Matrícula, de Certificados de Inscripción
Profesional y de Certificado de Matrícula a los ingenieros, profesionales
afines y profesionales auxiliares de la ingeniería, respectivamente.
d)  Resolver en única instancia sobre la expedición o cancelación de los
permisos temporales.
e)   Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones al
ejercicio legal  de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus
profesiones auxiliares.
f)    Denunciar ante las autoridades competentes los delitos y
contravenciones de que tenga conocimiento con ocasión de sus funciones.
g)  Resolver en segunda instancia, los recursos que se interpongan
contra las determinaciones que pongan fin a las actuaciones de primera
instancia de los Consejos Seccionales o Regionales.
h)  Implementar y mantener, dentro de las técnicas de la informática y
la tecnología moderna, el Registro Profesional de Ingeniería correspondiente a
los profesionales de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus
profesiones auxiliares.
i)    Emitir conceptos y responder consultas sobre aspectos relacionados
con  el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones
auxiliares, cuando así se le solicite para cualquier efecto legal o
profesional.
j)    Servir de cuerpo consultivo oficial del Gobierno, en todos los
asuntos inherentes a la reglamentación de la ingeniería, de sus profesiones
afines y de sus profesiones auxiliares.
k)  Establecer el valor de los recursos provenientes del cobro de
certificados y constancias, el cual será fijado de manera razonable de acuerdo
con su determinación; y de los recursos provenientes por los servicios de
derecho de matrícula, tarjetas y permisos temporales. La tasa se distribuirá en
forma equitativa entre los usuarios a partir de criterios relevantes que
recuperan los costos del servicio, en las condiciones que fije el reglamento
que adopte el Gobierno Nacional, señalando el sistema y el método para definir
la recuperación de los costos de los servicios que se prestan a los usuarios o
la participación de los servicios que se les proporcionan y la forma de hacer
su reparto según el artículo 338 de la Constitución Política, derechos que no
podrán exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente.
l)     Aprobar y ejecutar, en forma autónoma, el presupuesto del Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA y el de los Consejos Regionales o
Seccionales.
m) Con el apoyo de las demás autoridades
administrativas y de policía, inspeccionar, vigilar y controlar, el ejercicio
profesional de las personas naturales o jurídicas que ejerzan la ingeniería o
alguna de sus profesiones auxiliares.
n)  Crear, reestructurar o suprimir sus Consejos Regionales o
Seccionales, de acuerdo con las necesidades propias de la función de
inspección, control y vigilancia del ejercicio profesional y las
disponibilidades presupuestales respectivas.
o)  Adoptar su propia planta de personal de acuerdo con sus necesidades
y determinación.
p) Velar por el cumplimiento de la presente Ley y de las demás normas
que la reglamenten y complementen.
q)  Presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores, observaciones
sobre la expedición de visas a ingenieros, profesionales afines y profesionales
auxiliares de la ingeniería, solicitadas con el fin de ejercer su profesión en
el Territorio Nacional.
r)   Presentar al Ministerio de Educación Nacional, observaciones sobre
la aprobación de los programas de estudios y establecimientos educativos
relacionados con la ingeniería, las profesiones afines y las profesiones
auxiliares de ésta.
s)   Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones de las
disposiciones que reglamentan el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones
afines y sus profesiones auxiliares y solicitar de aquellas la imposición de
las sanciones correspondientes.
t)    Atender las quejas o denuncias hechas sobre la conducta de los
ingenieros, profesionales afines y profesionales auxiliares de la ingeniería,
que violen los mandatos de la presente Ley, del correcto ejercicio  y del
Código de Ética Profesional; absolviendo o sancionando, oportunamente, a los
profesionales investigados.
u)  Las demás que le señalen la Ley y demás normas reglamentarias y
complementarias.
CAPITULO
II
DE
LOS CONSEJOS  REGIONALES O SECCIONALES
Artículo 27. -
CREACIÓN DE LOS CONSEJOS SECCIONALES Y REGIONALES. Facultase al Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, para que con el voto de la mayoría
de los miembros de su Junta de Consejeros y mediante resolución motivada,
suprima, fusione o cree sus respectivos Consejos Seccionales o regionales
cuando lo estime conveniente, los cuales podrán no coincidir con la
organización territorial de la República.
Parágrafo.- En
todo caso, con el lleno de los requisitos establecidos en el presente Artículo
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, podrá crear Consejos
Regionales, donde las necesidades de la función de control, inspección y
vigilancia lo exijan. Estos tendrán jurisdicción sobre dos (2) o más
departamentos.
Artículo 28. -
INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE CONSEJEROS REGIONAL O SECCIONAL: Las Juntas de
Consejeros Regionales o Seccionales estarán integradas de la siguiente  manera:
1.       El Gobernador del Departamento en el cual funcione el
Consejo Regional o Seccional, quien lo presidirá; pudiendo delegar,
exclusivamente, en el Secretario de Obras Públicas del Departamento o quien
haga sus veces.
2.       El Secretario de Educación del Departamento sede o su
delegado.
3.       El Secretario de Planeación del Departamento sede o quien
haga sus veces, o su delegado.
4.       El Rector o el Decano de ingeniería de una de las
universidades o instituciones  de Educación Superior  del Departamento sede,
que otorguen título de ingeniero, o de alguna de sus profesiones afines o de
alguna de sus profesiones auxiliares, elegido en junta convocada por el COPNIA
para tal fin, en el caso en que existan mas de una.
5.       El Presidente de una de las agremiaciones regionales de ingeniería,
de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, elegido en junta
convocada por el Copnia para tal fin, en el caso en que existan más de una en
el Departamento sede.
Parágrafo 1.-
El  período de los representantes elegidos en junta será de dos (2) años,
pudiendo ser reelegidos sólo para el período subsiguiente.
Parágrafo 2.-
Los delegados deberán ser ingenieros de las ramas inspeccionadas, vigiladas y
controladas por el COPNIA, debidamente matriculados.
TÍTULO IV
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO DE LA
INGENIERÍA  EN GENERAL Y SUS PROFESIONES AFINES Y AUXILIARES.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 29. - POSTULADOS ÉTICOS DEL
EJERCICIO PROFESIONAL. El ejercicio profesional de la Ingeniería en todas sus
ramas, de sus Profesiones Afines y sus respectivas Profesiones Auxiliares, debe
ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines, que propendan a
enaltecerlo; por lo tanto deberá estar ajustado a las disposiciones de las
siguientes normas que constituyen su Código de Ética Profesional.
Parágrafo.- El
Código de Ética Profesional adoptado mediante la presente Ley será el marco del
comportamiento profesional del ingeniero en general, de sus profesionales
afines y de sus profesionales auxiliares y su violación será sancionada
mediante el procedimiento establecido en el presente título.
Artículo 30. - Los ingenieros,  sus
profesionales afines y  sus  profesionales auxiliares, para todos los efectos
del Código de Ética Profesional y su Régimen Disciplinario contemplados en esta
Ley,  se denominarán "Los profesionales".
CAPÍTULO II
DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS
PROFESIONALES
Artículo 31. -
DEBERES GENERALES DE LOS PROFESIONALES. Son deberes generales de los
profesionales los siguientes:
a)  Cumplir con los requerimientos, citaciones y demás diligencias que
formule u ordene el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo o
cualquiera de sus Consejos Seccionales o Regionales.
b)  Custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información
que por razón del ejercicio de su profesión, se le hayan encomendado o a los
cuales tenga acceso; impidiendo o evitando su sustracción, destrucción,
ocultamiento o utilización indebidos, de conformidad con los fines a que hayan
sido destinados.
c)   Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas
con quienes tenga relación con motivo del ejercicio de la profesión.
d)  Registrar en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
respectivo o en alguno de sus Consejos Seccionales o Regionales, su domicilio o
dirección de la residencia y teléfono, dando aviso oportuno de cualquier
cambio.
e)   Permitir el acceso inmediato a los representantes del Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería respectivo y autoridades de policía, a los
lugares donde deban adelantar sus investigaciones y el examen de los libros,
documentos y diligencias correspondientes, así como prestarles la necesaria
colaboración para el cumplido desempeño de sus funciones.
f)    Denunciar los delitos, contravenciones y faltas contra este Código
de Ética, de que tuviere conocimiento con ocasión del ejercicio de su
profesión, aportando toda la información y pruebas que tuviere en su poder.
g)  Los demás deberes incluidos en la presente ley y los indicados en
todas las normas legales y técnicas relacionados con el ejercicio de su
profesión.
Artículo 32. -
PROHIBICIONES GENERALES A LOS PROFESIONALES. Son prohibiciones generales a los
profesionales:
a)
Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su
servicio, para el desempeño de un cargo privado o público que requiera ser
desempeñado por profesionales de la ingeniería o alguna de sus profesiones
afines o auxiliares, en forma permanente o transitoria, a personas que ejerzan
ilegalmente la profesión.
b)    Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de las profesiones
reguladas por esta Ley.
c)
Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en
especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para su cliente,
sociedad, institución, etc., para el que preste sus servicios profesionales,
salvo autorización legal o contractual.
d)    Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias
contra superiores, subalternos, compañeros de trabajo, socios, clientes o
funcionarios del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo o alguno
de sus Consejos Regionales o Seccionales.
e)
Ejecutar en el lugar donde ejerza su profesión,
actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres.
f)
El reiterado e injustificado incumplimiento de
las obligaciones civiles, comerciales o laborales, que haya contraído con
ocasión del ejercicio de su profesión o de actividades relacionadas con éste.
g)
Causar, intencional o culposamente, daño o
pérdida de bienes, elementos, equipos, herramientas o documentos que hayan
llegado a su poder por razón del ejercicio de su profesión.
h)    Proferir, en actos oficiales o privados relacionados con el
ejercicio de la profesión, expresiones injuriosas o calumniosas contra el
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, los miembros de la Junta de
Consejeros o  sus funcionarios; contra cualquier autoridad relacionada con el
ámbito de la ingeniería o, contra alguna de sus agremiaciones o sus directivas.
i)
Incumplir las decisiones disciplinarias que
imponga el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo u obstaculizar
su ejecución.
j)
Solicitar o recibir directamente o por
interpuesta persona, gratificaciones, dádivas o recompensas en razón del
ejercicio de su profesión, salvo autorización contractual o legal.
k)
Participar en licitaciones, concursar o
suscribir contratos estatales cuyo objeto esté relacionado con el ejercicio de
la ingeniería, estando incurso en alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades que establece la Constitución y la Ley.
l)
Las demás prohibiciones incluidas en la presente
ley y normas que la complementen y reglamenten.
Artículo 33- DEBERES ESPECIALES DE LOS
PROFESIONALES PARA CON LA SOCIEDAD. Son deberes especiales de los Profesionales
para con la sociedad:
a)
Interesarse por el
bien público, con el objeto de contribuir con sus conocimientos, capacidad y
experiencia para servir a la humanidad.
b)
Cooperar para el
progreso de la sociedad, aportando su colaboración intelectual y material en
obras culturales, ilustración técnica, ciencia aplicada e investigación
científica.
c)
Aplicar el máximo
de su esfuerzo en el sentido de lograr una clara expresión hacia la comunidad
de los aspectos técnicos y de los asuntos relacionados con sus respectivas
profesiones y su ejercicio.
d)
Estudiar
cuidadosamente el ambiente que será afectado en cada propuesta de tarea,
evaluando los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados, urbanizados
o naturales, incluido el entorno socioeconómico, seleccionando la mejor
alternativa para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible,
con el objeto de lograr la mejor calidad de vida para la población.
e)
Rechazar toda
clase de recomendaciones en trabajos que impliquen daños evitables para el
entorno humano y la naturaleza, tanto en espacios abiertos, como en el interior
de edificios, evaluando su impacto ambiental, tanto en corto como en largo
plazo.
f)
Ejercer la
profesión sin supeditar sus conceptos o sus criterios profesionales a
actividades partidistas.
g)
Ofrecer
desinteresadamente sus servicios profesionales en caso de calamidad pública.
h)
Proteger la vida y
salud de los miembros de la comunidad, evitando riesgos innecesarios, en la
ejecución de los trabajos.
i)
Abstenerse de
emitir conceptos profesionales, sin tener la convicción absoluta de estar
debidamente informados al respecto.
j)
Velar por la
protección de la integridad del patrimonio nacional.
Artículo 34. - PROHIBICIONES ESPECIALES A LOS PROFESIONALES RESPECTO DE
LA SOCIEDAD. Son prohibiciones especiales a los profesionales respecto de la
sociedad:
a)
Ofrecer o aceptar
trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes, o aceptar tareas que
excedan la incumbencia que le otorga su título y su propia preparación.
b)
Imponer su firma,
a título gratuito u oneroso, en planos, especificaciones, dictámenes, memorias,
informes, solicitudes de licencias urbanísticas, solicitudes de licencias de
construcción y toda otra documentación relacionada con el ejercicio
profesional, que no hayan sido estudiados, controlados o ejecutados
personalmente.
c)
Expedir, permitir
o contribuir para que se expidan títulos, diplomas, matrículas, tarjetas de
matrícula profesional; certificados de inscripción profesional o tarjetas de
certificado de inscripción profesional y/o certificados de  vigencia de
matrícula profesional, a personas que no reúnan los requisitos legales o
reglamentarios para ejercer estas profesiones o no se encuentren debidamente
inscritos o matriculados.
d)
Hacer figurar su
nombre en anuncios, membretes, sellos, propagandas y demás medios análogos
junto con el de personas que ejerzan ilegalmente la profesión.
e)
Iniciar o permitir
el inicio de obras de construcción sin haber obtenido de la autoridad
competente la respectiva licencia o autorización.
Artículo 35. - DEBERES DE LOS
PROFESIONALES, PARA CON LA DIGNIDAD DE SUS PROFESIONES. Son deberes de los
Profesionales de quienes trata este Código para con la dignidad de sus
profesiones:
a)
Contribuir con su
conducta profesional y con todos los medios a su alcance para que en el
consenso público se preserve un exacto concepto de estas profesiones,  de su
dignidad y del alto respeto que merecen.
b)
Respetar y hacer
respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en actos
de estas profesiones, así como denunciar todas sus transgresiones.
c)
Velar por el buen
prestigio de estas profesiones.
d)
Sus medios de
propaganda deberán ajustarse a las reglas de la prudencia y al decoro
profesional; sin hacer uso de medios de publicidad con avisos exagerados que
den lugar a equívocos sobre su especialidad o idoneidad profesional.
Artículo 36. - PROHIBICIONES A LOS
PROFESIONALES RESPECTO DE LA DIGNIDAD DE SUS PROFESIONES. Son prohibiciones a
los Profesionales respecto de la dignidad de sus profesiones:
a)
Recibir o conceder
comisiones, participaciones u otros beneficios ilegales o injustificados con el
objeto de gestionar, obtener o acordar designaciones de índole profesional o la
encomienda de trabajo profesional.
Artículo 37- DEBERES DE LOS
PROFESIONALES PARA CON SUS COLEGAS Y DEMÁS PROFESIONALES. Son deberes de los
profesionales para con sus colegas y demás profesionales de la ingeniería:
a)
Abstenerse de emitir públicamente juicios
adversos sobre la actuación de algún colega, señalando errores profesionales en
que presuntamente haya incurrido, a no ser de que
ello sea indispensable por razones ineludibles de interés general o, que se le
haya dado anteriormente la posibilidad de reconocer y rectificar aquellas
actuaciones y errores, haciendo dicho profesional caso omiso de ello.
b)
Obrar con la mayor
prudencia y diligencia cuando se emitan conceptos sobre las actuaciones de los
demás profesionales.
c)
Fijar para los
colegas que actúen como colaboradores o empleados suyos, salarios, honorarios,
retribuciones o compensaciones justas y adecuadas, acordes con  la dignidad de
las profesiones y  la importancia de los servicios que prestan.
d)
Respetar y
reconocer la propiedad intelectual de los demás profesionales sobre sus diseños
y proyectos.
Artículo 38. - PROHIBICIONES A LOS
PROFESIONALES RESPECTO DE SUS COLEGAS Y DEMÁS PROFESIONALES. Son prohibiciones
a los profesionales, respecto de sus colegas y demás profesionales de la
ingeniería:
a)
Utilizar sin
autorización de sus legítimos autores y para su aplicación en trabajos
profesionales propios, los estudios, cálculos, planos, diseños y software y
demás documentación perteneciente a aquellos, salvo que la tarea profesional lo
requiera; caso en el cual se deberá dar aviso al autor de tal utilización.
b)
Difamar, denigrar
o criticar injustamente a sus colegas, o contribuir en forma directa o
indirecta a perjudicar su reputación o la de sus proyectos o negocios con
motivo de su actuación profesional.
c)
Usar métodos de
competencia desleal con los colegas.
d)
Designar o influir
para que sean designados en cargos técnicos que deban ser desempeñados por los
profesionales de que trata el presente Código, a personas carentes de los
títulos y calidades que se  exigen legalmente.
e)
Proponer servicios
con reducción de precios, luego de haber conocido las propuestas de otros
profesionales.
f)
Revisar trabajos
de otro profesional sin conocimiento y aceptación previa del mismo, a menos que
éste se haya separado completamente de tal trabajo.
Artículo 39- DEBERES DE LOS
PROFESIONALES PARA CON SUS CLIENTES Y EL PÚBLICO EN GENERAL. Son deberes de los
profesionales para con sus clientes y el público en general:
a)
Mantener el
secreto y reserva, respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente y
con los trabajos que para él se realizan, salvo obligación legal de revelarla o
requerimiento del Consejo Profesional respectivo.
b)    Manejar con honestidad y pulcritud, los fondos que el cliente le
confiare con destino a desembolsos exigidos por los trabajos a su cargo y
rendir cuentas claras, precisas y frecuentes. Todo ello independientemente y
sin perjuicio de lo establecido en las leyes vigentes.
c)
Dedicar toda su
aptitud y atender con la mayor diligencia y probidad, los asuntos encargados
por su cliente.
d)
Los profesionales
que dirijan el cumplimiento de contratos entre sus clientes y terceras
personas, son ante todo asesores y guardianes de los intereses de sus clientes
y  en ningún caso, les es lícito actuar  en perjuicio de aquellos terceros.
Artículo 40. - PROHIBICIONES A LOS
PROFESIONALES RESPECTO DE SUS CLIENTES Y EL PÚBLICO EN GENERAL. Son
prohibiciones a los profesionales respecto de sus clientes y el público en
general:
a)
Ofrecer la
prestación de servicios cuyo objeto, por cualquier razón de orden técnico,
jurídico, reglamentario, económico o social, sea de dudoso o imposible
cumplimiento, o los que por circunstancias de idoneidad personal, no pudiere
satisfacer.
b)
Aceptar para su
beneficio o el de terceros, comisiones, descuentos, bonificaciones u otras
análogas ofrecidas por proveedores de equipos, insumos, materiales, artefactos
o estructuras, por contratistas y/o por otras personas directamente interesadas
en la ejecución de los trabajos que proyecten o dirijan, salvo autorización
legal o contractual.
Artículo 41- DEBERES DE LOS
PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN EN CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS O PRIVADOS.
Son deberes de los profesionales que se desempeñen en funciones públicas o
privadas, los siguientes:
a)
Actuar de manera
imparcial, cuando por las funciones de su cargo público o privado, sean
responsables de fijar, preparar, o evaluar, pliegos de condiciones de
licitaciones o concursos.
b)
Los profesionales
que se hallen ligados entre sí por razón de jerarquía, ya sea en la
administración pública o privada, se deben mutuamente, independiente y sin
perjuicio de aquella relación, el respeto y el trato impuesto por su condición
de colegas.
Artículo 42- PROHIBICIONES A LOS
PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN EN CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS O PRIVADOS.
Son prohibiciones a los profesionales que se desempeñen en funciones públicas o
privadas, las siguientes:
a)
Participar en el
proceso de evaluación de tareas profesionales de colegas, con quienes se
tuviese vinculación de parentesco, hasta el grado fijado por las normas de
contratación publica, o vinculación societaria de hecho o de derecho. La
violación de esta norma se imputará también al profesional que acepte tal
evaluación.
b)
Los profesionales
superiores jerárquicos, deben abstenerse de proceder en forma que desprestigie
o menoscabe a los profesionales que ocupen cargos subalternos al suyo.
c)
Cometer, permitir
o contribuir a que se cometan actos de injusticia en perjuicio de otro
profesional, tales como destitución, reemplazo, disminución de categoría,
aplicación de penas disciplinarias, sin causa demostrada y justa.
Artículo 43.  DEBERES DE LOS
PROFESIONALES EN LOS CONCURSOS O LICITACIONES. Son deberes de los profesionales
en los concursos o licitaciones:
a)
Los profesionales
que se dispongan a participar en un concurso o licitación por invitación
pública o privada y consideren que las bases pudieren transgredir las normas de
la ética profesional, deberán  denunciar ante el Consejo Profesional
respectivo, la existencia de dicha transgresión.
b)    Los profesionales que participen en un concurso o licitación, están
obligados a observar la más estricta disciplina y el máximo respeto hacia  los
miembros del jurado o junta de selección, los funcionarios y los demás
participantes.
Artículo 44- DE LAS PROHIBICIONES A
LOS PROFESIONALES EN LOS CONCURSOS O LICITACIONES. Son prohibiciones de los
profesionales en los concursos o licitaciones:
a)
Los profesionales
que hayan actuado como asesores de la parte contratante en un concurso o
licitación, deberán abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las
tareas profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al
mismo, salvo que su intervención estuviese establecida en las bases del
concurso o licitación.
CAPÍTULO III
DE LAS INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES DE LOS PROFESIONALES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
Artículo 45. -RÉGIMEN DE INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES QUE AFECTAN EL EJERCICIO. Incurrirán en faltas al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades y por lo tanto se les podrán imponer las
sanciones a que se refiere la presente Ley ,
a)
Los profesionales
que actúen simultáneamente como representantes técnicos o asesores de más de
una empresa que desarrolle idénticas actividades y en un mismo tema, sin
expreso consentimiento y autorización de las mismas para tal actuación.
b)
Los profesionales
que en ejercicio de sus actividades públicas o privadas, hubiesen intervenido
en determinado asunto, no podrán luego actuar o asesorar directa o
indirectamente a la parte contraria en la misma cuestión.
c)
Los profesionales
no deben intervenir como peritos o actuar en cuestiones que  comprendan las
inhabilidades e incompatibilidades generales de Ley.
TITULO V
RÉGIMEN  DISCIPLINARIO
CAPITULO I
DEFINICIÓN, PRINCIPIOS Y SANCIONES
Artículo 46. - DEFINICIÓN DE FALTA
DISCIPLINARIA. Se entiende como falta que promueva la acción disciplinaria y en
consecuencia, la aplicación del procedimiento aquí establecido, toda violación
a las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al
correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento de las obligaciones impuestas
por el Código de Ética Profesional adoptado en virtud de la presente Ley.
Artículo 47. - SANCIONES APLICABLES.
Los Consejos Seccionales o Regionales de Ingeniería, podrán sancionar a los
profesionales responsables de la comisión de faltas disciplinarias, con:
a)
Amonestación
escrita.
b)
Suspensión en el
ejercicio de la profesión hasta por cinco (5) años.
c)
Cancelación de la
Matrícula Profesional, del Certificado de Inscripción Profesional o del
Certificado de Matrícula Profesional.
Artículo 48. -
ESCALA DE SANCIONES. Los profesionales de la ingeniería, de sus profesiones
afines o de sus profesiones auxiliares, a quienes se les compruebe la violación
de las normas del  Código de Ética Profesional adoptado en la presente Ley,
estarán sometidos a las siguientes sanciones por parte del Consejo Profesional
de Ingeniería respectivo:
a)  Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como
leves, siempre y cuando el profesional disciplinado no registre antecedentes
disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de Amonestación
Escrita.
b)  Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como
leves, cuando el profesional disciplinado registre antecedentes disciplinarios,
darán lugar a la aplicación de la sanción de Suspensión de la Matrícula
Profesional hasta por el término de seis (6) meses.
c)   Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como
graves, siempre y cuando el profesional disciplinado no registre antecedentes
disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de Suspensión de la
Matrícula Profesional por un término de seis (6) meses a dos (2) años.
d)  Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como
graves, cuando el profesional disciplinado registre antecedentes
disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de Suspensión de la
Matrícula Profesional por un término de dos (2) a cinco (5) años.
e)   Las faltas calificadas por el Consejo Regional o Seccional como
gravísimas, siempre darán lugar a la aplicación de la sanción de Cancelación de
la Matrícula Profesional.
Artículo 49.-
FALTAS SUSCEPTIBLES DE SANCIÓN DISCIPLINARIA. Será susceptible de sanción
disciplinaria todo acto u omisión del profesional, intencional o culposo, que
implique violación de las prohibiciones; incumplimiento de las obligaciones;
ejecución de actividades incompatibles con el decoro que exige el ejercicio de
la ingeniería, de alguna de sus profesiones afines o de alguna de sus
profesiones auxiliares; el ejercicio de actividades delictuosas relacionadas
con el ejercicio de la profesión o, el incumplimiento de alguno de los deberes
que la profesión o las normas que la rigen, le imponen.
Artículo 50. -
ELEMENTOS DE LA FALTA DISCIPLINARIA. La configuración de la falta disciplinaria
deberá estar enmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:
a)  La conducta o el hecho debe haber sido cometido por un profesional
de la ingeniería, de alguna de sus profesiones afines o de alguna de sus
profesiones auxiliares, debidamente matriculado.
b)  La conducta o el hecho debe ser intencional o culposo.
c)   El hecho debe haber sido cometido en ejercicio de la profesión o de
actividades conexas o relacionadas con ésta.
d)  La conducta debe ser violatoria de deberes, prohibiciones,
inhabilidades o incompatibilidades inherentes a la profesión de la ingeniería,
de alguna de sus profesiones afines o de alguna de sus profesiones auxiliares.
e)   La conducta debe ser apreciable objetivamente y procesalmente debe
estar probada.
f)    La sanción disciplinaria debe ser la consecuencia lógica de un
debido proceso, que se enmarque dentro de los postulados del Artículo 29 de la
Constitución Política y específicamente, del régimen disciplinario establecido
en la presente Ley.
Artículo 51-
PREVALENCIA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES. En la interpretación y aplicación del
régimen disciplinario establecido, prevalecerán, en su orden, los principios
rectores que determina la Constitución Política, este Código y el Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 52. -
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA DISCIPLINARIA. El
Consejo Profesional Seccional o Regional correspondiente de Ingeniería,
determinará si la falta es leve, grave o gravísima, de conformidad con los
siguientes criterios:
a)  El grado de culpabilidad.
b)  El grado de perturbación a terceros o a la sociedad.
c)   La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y
en general, con todas las personas a las que pudiera afectar el profesional
disciplinado con su conducta.
d)  La reiteración en la conducta.
e)   La jerarquía y mando que el profesional disciplinado tenga dentro de
su entidad, sociedad, la persona jurídica a la que pertenece o representa, etc.
f)    La naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia
social de la misma, el mal ejemplo dado, la complicidad con otros profesionales
y el perjuicio causado.
g)  Las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta el
grado de preparación, el grado de participación en la comisión de la misma y el
aprovechamiento de la confianza depositada en el profesional disciplinado.
h)  Los motivos determinantes, según se haya procedido por causas
innobles o fútiles, o por nobles y altruistas.
i)    El haber sido inducido por un superior a cometerla.
j)    El confesar la falta antes de la formulación de cargos, haciéndose
responsable de los perjuicios causados.
k)  Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el
perjuicio causado, antes de que le sea impuesta la sanción.
Artículo 53. -
FALTAS CALIFICADAS COMO GRAVÍSIMAS. Se consideran gravísimas y se constituyen
en causal de cancelación de la Matrícula Profesional, sin requerir la
calificación que de ellas haga el Consejo respectivo, las siguientes faltas:
a)  Derivar, de manera directa o por interpuesta persona, indebido o
fraudulento provecho patrimonial en ejercicio de la profesión, con
consecuencias graves para la parte afectada.
b)  Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice el
Consejo Profesional de Ingeniería respectivo.
c)   El abandono injustificado de los encargos o compromisos
profesionales, cuando con tal conducta causen grave detrimento al patrimonio
económico del cliente o se afecte, de la misma forma el patrimonio público.
d)  La utilización fraudulenta de las hojas de vida de sus colegas para
participar en concursos, licitaciones públicas, lo mismo que para suscribir los
respectivos contratos.
e)   Incurrir en algún delito que atente contra sus clientes, colegas o
autoridades de la República, siempre y cuando, la conducta punible comprenda el
ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones auxiliares.
f)    Cualquier violación gravísima, según el criterio del Consejo
respectivo, del régimen de deberes, obligaciones y prohibiciones que establece
el Código Ética y la presente Ley.
Artículo  54-
CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS. El profesional que con una o varias acciones
u omisiones infrinja varias disposiciones del Código de Ética Profesional o
varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la
sanción más grave o en su defecto, a una de mayor entidad.
Artículo 55-
CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAN LA FALTA DISCIPLINARIA. La conducta se justifica
cuando se comete:
a)  Por fuerza mayor o caso fortuito.
b)  En estricto cumplimiento de un deber legal.
c)   En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida
con las formalidades legales.
Artículo 56. -
ACCESO AL EXPEDIENTE. El investigado tendrá acceso a la queja y demás partes
del expediente disciplinario, sólo a partir del momento en que sea escuchado en
versión libre y espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso.
Artículo 57. -
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. El Consejo Profesional de Ingeniería respectivo,
directamente o a través de sus Consejos Seccionales o Regionales, deberá
investigar y evaluar, tanto los hechos y circunstancias desfavorables, como los
favorables a los intereses del disciplinado.
Artículo 58. -
DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA. Corresponde al Presidente del Consejo
Profesional de Ingeniería respectivo, la dirección de la función disciplinaria,
sin perjuicio del impedimento de intervenir o tener injerencia en la
investigación, en razón de tener que conocer en segunda instancia por vía de
apelación o de consulta.
Artículo  59 -
PRINCIPIO  DE  PUBLICIDAD.  El  Consejo  Profesional  de Ingeniería respectivo
respetará y aplicará el principio de publicidad dentro de las investigaciones
disciplinarias; no obstante ni el quejoso, ni terceros interesados se
constituirán en partes dentro de éstas.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
Artículo 60- INICIACIÓN DEL PROCESO
DISCIPLINARIO. El proceso disciplinario de que trata el presente Título se
iniciará por queja interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, la
cual deberá formularse por escrito ante el Consejo Seccional o Regional del
Consejo Profesional de Ingeniería respectivo, correspondiente a la jurisdicción
territorial del lugar en que se haya cometido el último acto constitutivo de la
falta o en defecto de éste, ante el Consejo Seccional o Regional
geográficamente más cercano.
Parágrafo 1.-  No obstante, en los
casos de público conocimiento o hecho notorio y cuya gravedad lo amerite, a
juicio de la Junta de Consejeros del Consejo Profesional Nacional respectivo,
los Consejos Seccionales o Regionales deberán asumir la investigación
disciplinaria de oficio.
Parágrafo 2.- La Asesoría Jurídica del
Consejo Profesional de Ingeniería respectivo u oficina que haga sus veces,
resolverá todos los casos de conflictos de competencias, decisión de única
instancia y en contra de la cual no procederá recurso alguno.
Artículo 61. - RATIFICACIÓN DE LA
QUEJA. Recibida la queja por el Consejo Seccional o Regional, a través de la
Secretaría procederá a ordenarse la ratificación bajo juramento de la queja y
mediante auto, ordenará la investigación preliminar, con el fin de establecer
si hay o no mérito para abrir investigación formal disciplinaria contra el
presunto o presuntos infractores. Del auto a que se refiere el presente
Artículo, se dará aviso escrito al Consejo Profesional Nacional
correspondiente.
Parágrafo.- En todo caso que el
quejoso sea renuente a rendir la ratificación juramentada y ésta fuera
absolutamente necesaria para poder continuar la investigación preliminar, por
adolecer la queja de elementos suficientes para establecer alguna clase de
indicio en contra del profesional o su debida identificación o
individualización, la Secretaría Seccional respectiva, ordenará sumariamente el
archivo de la queja; actuación de la que rendirá informe a la Junta de
Consejeros Seccionales y de la que dará aviso al Consejo Profesional Nacional.
Artículo 62- TRASLADO DE COMPETENCIA. Cuando
existan razones para que se considere que se pueda entorpecer un proceso en
determinado Consejo Seccional, el Consejo Nacional, podrá comisionar a otro
Consejo Seccional, diferente del competente por jurisdicción territorial, el
desarrollo del proceso disciplinario, para garantizar el cumplimiento de todos
los principios que lo rigen.
Artículo 63. - INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR. La investigación preliminar será adelantada por la respectiva
Secretaría Seccional y no podrá excederse de sesenta (60) días, contados a
partir de la fecha del auto que ordena la apertura de la investigación
preliminar, durante los cuales se decretarán y practicarán las pruebas que el
investigador considere pertinentes y que conduzcan a la comprobación de los
hechos; las cuales podrán ser, entre otras, testimoniales, documentales,
periciales, etc.
Artículo 64-
FINES DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR. La indagación preliminar tendrá como fines
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta
disciplinaria e identificar o individualizar al profesional que presuntamente
intervino en ella.
PARÁGRAFO: Para
el cumplimiento de los fines de la indagación preliminar, el funcionario
competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír
en versión libre y espontánea al profesional que considere necesario para
determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el
hecho investigado.
Artículo 65. - INFORME Y CALIFICACIÓN
DEL MERITO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Terminada la etapa de investigación
preliminar, la Secretaría Seccional o Regional procederá dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes, a rendir un informe al Presidente Seccional, para
que éste, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo,
califique lo actuado mediante auto motivado, en el que se determinará si hay o
no mérito para adelantar investigación formal disciplinaria contra el
profesional disciplinado y en caso afirmativo, se le formulará con el mismo
auto, el correspondiente pliego de cargos. Si no se encontrare mérito para
seguir la actuación, el Presidente Seccional ordenará en la misma providencia
el archivo del expediente, informando sucintamente la determinación a la Junta
de Consejeros Seccional o Regional en la siguiente sesión ordinaria, para que
quede consignado en el acta respectiva; comunicando la decisión adoptada al
quejoso, a los profesionales involucrados y al Consejo Profesional Nacional
respectivo.
Artículo 66. - NOTIFICACIÓN PLIEGO DE
CARGOS. La Secretaría Regional o Seccional, notificará personalmente el pliego
de cargos al profesional inculpado. No obstante, de no poder efectuarse la
notificación personal, se hará por edicto en los términos establecidos en el
Código Contencioso Administrativo. Si transcurrido el término de la notificación
por edicto, el inculpado no compareciere, se proveerá el nombramiento de un
apoderado de oficio, de la lista de abogados inscritos ante el Consejo
Seccional de la Judicatura correspondiente, con quien se continuará la
actuación; designación que conllevará al abogado, las implicaciones y
responsabilidades que la ley determina.
Artículo 67- TRASLADO DEL PLIEGO DE
CARGOS. Surtida la notificación, se dará traslado al profesional inculpado por
el término improrrogable de diez (10) días hábiles, para presentar descargos,
solicitar y aportar pruebas. Para tal efecto, el expediente permanecerá a su
disposición en la Secretaría de la Seccional o Regional respectiva.
Artículo 68. - ETAPA PROBATORIA.
Vencido el término de traslado, la Secretaría Seccional, decretará las pruebas
solicitadas por el investigado y las demás que de oficio considere conducentes
y pertinentes, mediante auto contra el cual no procede recurso alguno y el cual
deberá ser comunicado al profesional disciplinado. El término probatorio será
de sesenta (60) días.
Artículo 69.- FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA. Vencido el término probatorio previsto, el Presidente Regional o
Seccional, elaborará un proyecto de decisión, que se someterá a la
consideración de la Junta de Consejeros Regionales o Seccionales, la cual podrá
aceptarlo, aclararlo, modificarlo o revocarlo. Si la mayoría de los miembros
asistentes a la sesión aprueban el proyecto de decisión, se adoptará la
decisión propuesta  mediante resolución motivada.
Parágrafo.- Los salvamentos de voto
respecto del fallo final,  si los hay, deberán constar en el acta de la reunión
respectiva.
Artículo 70- NOTIFICACIÓN DEL FALLO.
La decisión adoptada por el Consejo Profesional Seccional, se notificará
personalmente al interesado, por intermedio de la Secretaría Seccional, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de la sesión en que se adoptó y si
no fuere posible, se realizará por edicto, en los términos del Artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo.
Artículo 71. - RECURSO DE APELACIÓN.
Contra dicha providencia sólo procede el recurso de apelación ante el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería respectivo, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la notificación personal o de la desfijación del
edicto; recurso que deberá presentarse ante el Consejo Regional o Seccional por
escrito y con el lleno de los requisitos que exige el Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 72. - AGOTAMIENTO DE LA VÍA
GUBERNATIVA. El Consejo Profesional Nacional resolverá el recurso interpuesto,
mediante resolución motivada; determinación que será definitiva y contra la
cual no procederá recurso alguno por vía gubernativa.
Artículo 73.- CONFIRMACIÓN. En todo
caso, el acto administrativo mediante el cual se dé por terminada la actuación
de un Consejo Seccional dentro de un proceso disciplinario, deberá ser
confirmado, modificado o revocado, según el caso, por el Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería correspondiente, por vía de apelación o de consulta.
Artículo 74. - CÓMPUTO DE LA SANCIÓN.
Las sanciones impuestas por violaciones al presente régimen disciplinario,
empezarán a computarse a partir de la fecha de la comunicación personal o de la
entrega por correo certificado, que se haga al profesional sancionado de la
decisión del Consejo Profesional Nacional correspondiente, sobre  la apelación
o la consulta.
Artículo 75- AVISO DE LA SANCIÓN. De
toda sanción disciplinaria impuesta a un profesional, a través de la Secretaría
del Consejo Seccional respectivo, se dará aviso a la Procuraduría General de la
Nación, a todas las entidades que tengan que ver con el ejercicio profesional
correspondiente, con el registro de proponentes y contratistas y a las
agremiaciones de profesionales, con el fin de que se impida el ejercicio de la
profesión por parte del sancionado, debiendo éstas, ordenar las anotaciones en
sus registros y tomar las medidas pertinentes, con el fin de hacer efectiva la
sanción. La anotación tendrá vigencia y sólo surtirá efectos por el término de
la misma.
Artículo 76. - CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.
La acción disciplinaria  a que se refiere el presente título, caduca en cinco
(5) años, contados a partir de la fecha en que se cometió el último acto
constitutivo de la falta. El auto que ordena la apertura de la investigación
preliminar, interrumpe el término de caducidad. El proceso prescribirá tres
años después de la fecha de expedición de dicho auto.
Artículo 77- RÉGIMEN TRANSITORIO. Todas las
actuaciones que se adelanten por parte de los Consejos Profesionales de
Ingeniería y sus respectivos Consejos Seccionales o Regionales, de acuerdo con
los procedimientos vigentes en el momento en que comience a regir la presente
Ley, seguirán rigiéndose por éstos hasta su culminación.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 78.-
VIGENCIA. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en
especial    la Ley 20 de 1971, la Ley 14 de 1975, la Ley 64 de 1978, la Ley 28
de 1989, la Ley 33 de 1989, la Ley 211 de 1995, Ley 392 de 1997 y sus normas
reglamentarias; y la Ley 435 de 1998 en cuanto al Consejo Profesional Nacional
de  ingeniería  se refiera.
Parágrafo: Las
funciones asignadas por leyes anteriores a Consejos Profesionales de ingeniería
y profesiones afines y auxiliares que a la fecha de la entrada en vigencia de
la presente ley, no se hayan instalado o no estén funcionando, pasaran al
Consejo Profesional de Ingeniería – COPNIA”.
Segundo.- Disponer que se remita el proyecto al Presidente de la República
para la correspondiente sanción.
Cópiese,
comuníquese, y notifíquese al Presidente de la República y al Presidente del
Congreso, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el
expediente y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Auto 226/03
Referencia: expediente OP-065
Solicitud de corrección de la Sentencia C-649 de 2003 presentada por
el ciudadano José Olegario Nemeth Esquinas
Magistrada  Ponente:
Dra. CLARA INÉS  VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., dos (2) de diciembre de dos
mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
CONSIDERANDO
Que en el capítulo III de la sentencia
C-649 de 2003 referente a la parte resolutiva, al transcribir el texto
definitivo del proyecto bajo revisión por error mecanográfico en el artículo 78
se incluyeron las expresiones “la Ley 211 de 1995”,“ y la Ley 435 de 1998 en
cuanto al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería se refiera”, las cuales
no aparecen en el texto corregido del proyecto publicado en la Gaceta del
Congreso No. 395 de 2003, razón por la cual resulta necesario  corregir el
anterior error.
En consecuencia,
RESUELVE
Corregir el capítulo III de la sentencia
C-649 de 2003, en el sentido de que la transcripción del artículo 78 del
proyecto de ley al cual se hace referencia en dicha sentencia no incluye las
expresiones “la Ley 211 de 1995”, “y la Ley 435 de 1998 en cuanto al
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería se refiera”. Por lo tanto, en lo
sucesivo dicho capítulo quedará así:
“III.  DECISIÓN
“En mérito de
lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
“Primero.-
DECLARAR CUMPLIDA la exigencia constitucional del
artículo 167 de la Carta, en relación con la Sentencia C-078 de 2003, y por lo
tanto EXEQUIBLE el Proyecto de Ley No. 44 de 2001 Senado de la República
- 218 de 2002 Cámara de Representantes, tal y como quedó modificado por el
Congreso, luego de rehacer e integrar las disposiciones afectadas en términos
concordantes con la citada providencia cuyo texto definitivo es el siguiente:
“(...)
“Artículo
78.- VIGENCIA. La presente Ley rige a partir de la
fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias, en especial la Ley 20 de 1971, la Ley 14 de 1975, la
Ley 64 de 1978, la Ley 28 de 1989, la Ley 33 de 1989, Ley 392 de 1997 y sus
normas reglamentarias.
Parágrafo: Las funciones asignadas por
leyes anteriores a Consejos Profesionales de ingeniería y profesiones afines y
auxiliares que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, no se
hayan instalado o no estén funcionando, pasarán al Consejo Profesional de
Ingeniería, Copnia”.
Cúmplase,
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)
[1] Folio 431
[2] Folio 496
[3] Folio 570
[4] Folio 573
[5] Folio 615
[6] Folio 448
[7] Sentencias C-455 de 1994, C-577 de 1995, C-116 de 1996 y C-530 de
2000
[8] Sentencia C-992 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil