T-244-99
Sentencia T-244/99
Sentencia
T-244/99
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
DERECHO A LA VIDA-Demora en autorización de práctica de
examen catalogado como urgente
No es normal que
se retrase la autorización de cirugías, exámenes o tratamientos que los mismos
médicos recomiendan, con carácter urgente, pues ello va en contra de los
derechos a la vida y a la integridad física de los afiliados no solamente
cuando se demuestre que sin ellos el paciente puede morir o perder un miembro
de su cuerpo, sino también cuando implican la demora injustificada en el
diagnóstico y, por consiguiente, en la iniciación del tratamiento que pretende
el restablecimiento de la salud perdida o su consecución.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: Expediente T-196582
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Sentencia aprobada en
Santafé de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de abril de mil
novecientos noventa y nueve (1999).
La demandante se
encuentra afiliada al Instituto de Seguros Sociales de la Seccional Antioquia,
en contra de quien dirige la presente acción. Afirma que uno de sus médicos le
ordenó con carácter urgente la práctica de una gamagrafía tiroidea, para
determinar con exactitud qué enfermedad padece y cuál es el tratamiento a
seguir. Agrega que en el momento de iniciar la tutela -septiembre de 1998-
llevaba un mes esperando la autorización, sin ninguna respuesta por parte del
Seguro.
En única instancia,
el Juzgado 3º Civil del Circuito de Medellín denegó el amparo solicitado.
Considera que no existe prueba de la urgencia con la que se requiere el examen,
lo cual permite concluir que no están de por medio la vida o la integridad
física de la peticionaria y, por consiguiente, la tutela es improcedente.
Con posterioridad a
la expedición del fallo, el 29 de octubre de 1998, el I.S.S. allegó al
expediente el informe que el a quo le había solicitado, en donde explica
que el examen especializado requerido por la demandante ya fue autorizado para
ser practicado en el hospital San Vicente de Paúl de Medellín, debiendo ella,
entonces, “presentarse al grupo de tutelas por la orden, el registro
presupuestal y las instrucciones pertinentes para la atención”.
Aunque la Sala se
encuentra frente a un hecho superado, pues la pretensión de la demandante ya
fue satisfecha[1],
observa  que existieron irregularidades en la expedición de la autorización
reclamada, en vista de que fue necesaria la tutela para conseguirla. No es
normal que se retrase la autorización de cirugías, exámenes o tratamientos que
los mismos médicos del I.S.S. recomiendan, con carácter urgente, pues ello va
en contra de los derechos a la vida y a la integridad física de los afiliados
no solamente cuando se demuestre que sin ellos el paciente puede morir o perder
un miembro de su cuerpo, sino también cuando implican la demora injustificada
en el diagnóstico y, por consiguiente, en la iniciación del tratamiento que
pretende el restablecimiento de la salud perdida o su consecución[2].
En el
caso sujeto a revisión y a falta de prueba en contrario, se tiene que la
demandante requería la gamagrafía tiroidea con carácter urgente. El juez de
instancia debió conceder la tutela de los derechos a la vida y a la salud, pues
los médicos del I.S.S. ordenaron dicho examen para determinar con certeza la
enfermedad y el tratamiento a seguir, cuyo retardo se debió a la demora en la
autorización correspondiente, que no permitió descartar oportunamente un riesgo
para la salud, la vida o la integridad física de la demandante, lo cual
constituye violación de tales derechos constitucionales[3].
RESUELVE
Primero.
CONFIRMAR por las razones expuestas, la sentencia expedida por el
Juzgado 3 Civil del Circuito de Medellín el 19 de octubre de 1998.
Segundo.
LÍBRENSE por Secretaria General de esta Corporación, las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ                   CARLOS
GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente                                            Magistrado
JOSÉ
GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO  PABLO ENRIQUE LEAL RUÍZ
Magistrado                                                Secretario
General (E)
[1] Decreto 2591 de 1991, artículo 26.
[2] Corte Constitucional, Sala Novena de
Revisión, sentencia T-489 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[3] Como lo dispusieron la Sala Octava de
Revisión en la sentencia T-329 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, y la Sala Novena
de Revisión en la sentencia T-560 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.