T-663-03
PROYECTO DE CIRCULACION RESTRINGIDA
Sentencia
T-663/03
VIA DE HECHO-Casos de interpretación de normas
LEY-Igualdad y confianza legítima en su aplicación/DOCTRINA
PROBABLE-Sujeción de los jueces
EQUIDAD EN
MATERIA LABORAL-Aplicación en materias no
previstas en la legislación
DERECHOS DEL
PENSIONADO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA MESADA-Procedencia de su reconocimiento/INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Adopción de una
posición jurisprudencial unificada
VIA DE HECHO-Decisiones judiciales contrarias a la Constitución
PRINCIPIO DE INTERPRETACION MAS
FAVORABLE EN MATERIA LABORAL
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Amparo de derechos
fundamentales
Referencia: expedientes acumulados T-439261,
T-456924, T-489677, T-491356, T-491592, T-497604 y T-498908.
Acciones de tutela instauradas separadamente por
Jesús Hernando Roa García, José Vicente Sánchez Montealegre, Elvia Inés Roa de
Cortes, Inés Elvira Vélez Restrepo, José de Jesús Fonseca Gutiérrez, Juan
Clímaco Rodríguez Rodríguez y Matilde Ángel de Rojas contra la Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Laboral  y otros.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil tres
(2003).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión de los fallos dictados en los asuntos de la referencia por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Laboral- y la Corte
Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- (expediente T-439261); el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”
(expediente T-456924);  el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
–Sala Civil- y la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil (expediente
T-489677); el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria- y el Consejo Superior de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria (expedientes T-491356, T-491592 y T-498908) y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secciones Primera -Subsección “B” y
Segunda -Subsección “B” (expediente T-497604).
I. ANTECEDENTES
1.      Hechos
y fundamentos de la solicitud de amparo
1.1.
Expediente T-439261
El señor Jesús Hernando Roa García interpuso acción
de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y
el Banco Cafetero para solicitar la protección constitucional de sus derechos
al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y amparo de
la tercera edad, en razón a que la accionada no casó la sentencia que revocó la
decisión de primera instancia y que ordenaba reajustar su mesada pensional.
El accionante expone los siguientes hechos:
- Que estuvo laboralmente vinculado con Bancafé
hasta marzo de 1983, fecha en la cual devengaba un salario equivalente a
7.7468016 salarios mínimos legales mensuales.
- Que en 1993 el Banco le reconoció una pensión
equivalente al salario mínimo legal mensual, que es el mismo que hoy devenga.
- Que al obtener del Banco respuesta negativa a su
solicitud de actualización de su pensión, otorgó poder a un abogado para que
tramitara el proceso judicial tendiente a obtener la indexación de su primera
mesada pensional.
- Que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bogotá, en sentencia del 28 de enero de 1999, accedió a sus súplicas y condenó
al Banco a reajustar la pensión inicial y a cancelar la suma de $31’016.396.
- Que el Tribunal Superior de Bogotá revocó la
sentencia apelada por el Banco, contra la cual se interpuso el recurso
extraordinario de casación.
- Que la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en Fallo del 25 de julio de 2000 confirmó la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, con lo cual negó su derecho a la
indexación de la primera mesada pensional y desconoció su propia
jurisprudencia.
- Que a varios de sus compañeros de trabajo la Corte
Suprema de Justicia sí ordenó la actualización de sus mesadas pensionales.
- Que no dispone de otro medio de defensa judicial y
que afronta un  perjuicio irremediable dado que el dinero que recibe no alcanza
para cubrir sus mínimas necesidades.
Por lo anterior, solicita al juez de tutela que se
ordene el amparo de los derechos invocados y se ordene a los accionados que
procedan a actualizar el monto de la primera mesada pensional con el 75% de los
7.7468016 salarios mínimos que devengaba en marzo de 1983.
1.2. Expediente T-456924
El señor José Vicente Sánchez Montealegre presenta
acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia para que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso, vulnerados con el cambio no razonado de jurisprudencia, lo que
constituye una vía de hecho judicial.
De su escrito se pueden inferir los siguientes
hechos:
-Que el accionante estuvo vinculado laboralmente con
el Banco de Colombia, del cual se retiró voluntariamente el 1º de octubre de
1979.
-  Que comenzó a disfrutar de su pensión el 12 de
febrero de 1992.
- Que al resolver el recurso de apelación en el
juicio seguido por el accionante contra el Banco, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión del a quo y en su lugar
concedió la indexación de la primera mesada pensional.
- Que la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en providencia del 23 de noviembre de 1999, al resolver el
recurso extraordinario de casación interpuesto por el Banco de Colombia contra
la sentencia de segunda instancia, decidió casar la sentencia, con lo cual
cambió la jurisprudencia que esa Corporación tenía en materia de indexación
pensional.
- Que nueve meses después, al resolver el recurso
extraordinario de casación en el juicio laboral de Enrique Duran Buenahora
contra Bancafé, la misma Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia resolvió modificar su jurisprudencia y reconocer la indexación de la
primera mesada pensional.
Expresa que “la insensatez y la desproporción en el
fallo de 1999, se demuestra en dos aspectos: a) En el hecho que la misma Corte
Constitucional ha señalado el espíritu y razón de ser de la pensión de vejez,
cual es el de reconocer a la persona un derecho a vivir dignamente y poder
afrontar de manera adecuada las incontingencias de la vida familiar y la suya
propia, cosa que no podría ser si no se actualiza a valores actuales el monto
básico para liquidar la pensión; y b) Que no tiene una razonabilidad objetiva y
veraz, el que se cambie la jurisprudencia desarrollada durante 17 años para
volver a dictar fallos sobre hechos iguales o similares a los nueve meses bajo
la misma tesis cambiada nueve meses atrás. Luego la argumentación utilizada al
variar la jurisprudencia ha sido refutada por la misma Corporación que la
acogió. No puede haber prueba que se discuta al respecto, cuando la misma Sala
sobre los mismos presupuestos de hecho decide volver a la tesis anterior, y c)
Se han creado grupos privilegiados de pensionados sin excepción legal que lo
justifique. Discriminación de la cual he resultado afectado en mi derecho
pensional, de seguridad social y del trabajo”.
Por lo anterior, solicita que se protejan los
derechos invocados y se ordene a la entidad accionada variar su jurisprudencia
en el sentido de no casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá.
1.3. Expediente T-489677
La señora Elvia Inés Roa de Cortes instaura acción
de tutela contra la Corte Suprema de justicia –Sala de Casación Laboral y
Bancafé, con el fin de solicitar la protección de sus derechos al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y protección de la
tercera edad.
Expone los siguientes hechos:
- Que por más de 22 años laboró con el Banco
Cafetero, hasta su retiro el 13 de febrero de 1983.
- Que nueve años después el Banco le otorgó una
pensión convencional equivalente al salario mínimo vigente para esa época,
auque el salario que devengaba a la fecha de su retiro, equivalía a 3.9513886
salarios mínimos.
- Que ante la negativa del Banco de aplicar la
indexación de la primera mesada pensional, decidió otorgar poder a un abogado
para que tramitara el correspondiente proceso ordinario laboral.
- Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en sentencia del 21 de abril de 1999 accedió a sus súplicas y condenó al
Banco a reajustarle su pensión inicial.
- Que en innumerables fallos la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha decidido acoger la doctrina de la
indexación de la primera mesada pensional pero que, en su caso, en decisión del
28 de marzo de 2000 adoptó una posición contraria al casar la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
- Que la entidad accionada le ha vulnerado el
derecho a la igualdad y al debido proceso, pues se le está discriminando frente
a los demás compañeros a quienes se les ha indexado la pensión, además de
incurrir en vía de hecho por cuanto en fallos posteriores ha vuelto a admitir
la indexación de la primera mesada pensional.
- Que no posee otro medio de defensa judicial y que
se encuentra ante un perjuicio irremediable pues con el poco dinero que percibe
por la pensión escasamente le alcanza para sobrevivir y no morirse de
inanición.
Por lo expuesto, solicita al juez constitucional que
ampare sus derechos fundamentales, deje sin efectos la sentencia proferida por
la entidad accionada y se ordene remitir el expediente para que se emita nuevo
fallo en el cual se reitere la jurisprudencia sobre el reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional.
1.4. Expediente T-491356
La señora Inés Elvira Vélez Restrepo acudió a la
acción de tutela para invocar la protección de sus derechos al trabajo,
igualdad, derechos adquiridos, acceso a la administración de justicia, los que
considera vulnerados por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia al proferir la sentencia No. 12.053 del 9 de septiembre de
1999, en la que casó la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá que había reconocido la indexación de su primera mesada pensional.
Para respaldar la solicitud expuso los siguientes
hechos:
- Que estuvo laboralmente vinculada con el Banco
Cafetero desde el 21 de marzo de 1962 hasta el 26 de noviembre de 1982.
- Que a través de proceso ordinario laboral demandó
a Bancafé para que se le condenara a reliquidar la pensión legal de jubilación
que disfruta desde el 9 de abril de 1995.
- Que al momento del retiro del servicio devengaba
un salario equivalente a 7.01 veces el salario mínimo legal y que en abril de
1995 el Banco Cafetero le reconoció una pensión legal mensual de jubilación
equivalente a un salario mínimo legal mensual.
- Que en sentencia del 6 de octubre de 1998 el
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín condenó a Bancafé y decretó a
su favor la indexación o reliquidación de la primera mesada pensional.
- Que en sentencia del 1º de diciembre de 1998 la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó
la sentencia de primera instancia.
- Que en sentencia del 9 de septiembre de 1999 la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió casar la
sentencia proferida por el Tribunal.
- Que varios días después la Corte Suprema de
Justicia profiere varias sentencias en las cuales reconoce la reliquidación o
indexación de la primera mesada pensional de los actores.
- Que la indexación de la base salarial de la
pensión tiene un soporte no sólo legal sino también constitucional, sin que
resulte válido para negar su eficacia el que el trabajador se haya retirado con
anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, si estando ya en vigencia
cumplió con la edad necesaria para disfrutar la pensión.
- Que igualmente el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional se han pronunciado a favor de la indexación de la primera mesada
pensional.
- Que los ingresos provenientes de la pensión no le
alcanzan para atender sus necesidades básicas.
De acuerdo con lo expuesto, considera que en su caso
la Sala de Casación Laboral incurrió en vía de hecho, con lo cual le vulneró
sus derechos fundamentales. Por ello, acude a la acción de tutela como
mecanismo transitorio pues considera que no dispone de otro medio de defensa
judicial ordinario para su protección. Solicita que se ordene a la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia proferir la sentencia que en
derecho corresponde y se condene a Bancafé al pago de los intereses moratorios,
la sanción moratoria y los perjuicios morales.
1.5.
Expediente T-491592
El señor José de Jesús Fonseca Gutiérrez instauró
acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-
para solicitar el amparo de sus derechos al trabajo, debido proceso,
prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia,
los cuales estima vulnerados con la sentencia proferida el 8 de marzo de 2001
por la autoridad accionada, en la que decidió no casar la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y que confirmaba la negativa
de indexar la primera mesada pensional.
En su escrito expone los siguientes hechos:
- Que trabajó para la Corporación Financiera Popular
S.A. hasta 1980, año en el cual devengaba un salario equivalente a 6.066 veces
el salario mínimo legal de la época.
- Que a partir del 24 de enero de 1990 la
Corporación Financiera Popular S.A. le reconoció una pensión mensual de
jubilación en monto equivalente a un salario mínimo mensual fijado para el año
de 1990.
- Que la Corporación Financiera Popular S.A. se
transformó en la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. Corfidesarrollo.
- Que demandó a Corfidesarrollo para que en proceso
ordinario laboral se le condenara a indexar la primera mesada pensional.
- Que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Bogotá, mediante fallo del 3 de diciembre de 1999, absolvió a la entidad
demandada, para lo cual se basó en la sentencia 11818 del 18 de agosto de 1999
emitida por la autoridad accionada.
- Que la sentencia de primera instancia fue
confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
fallo del 14 de abril de 2000.
- Que en decisión del 8 de marzo de 2001 la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia
proferida por el Tribunal.
- Que antes y después de la sentencia 14980, que
corresponde a su proceso, la Sala de Casación Laboral ha proferido diferentes
sentencias en las cuales reconoce la indexación de la primera mesada pensional.
- Que a favor de la indexación de la primera mesada
pensional se han pronunciado igualmente el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional.
- Que es una persona de la tercera edad (68 años),
los ingresos provenientes de la pensión legal de jubilación no le alcanzan
siquiera para vivir modestamente y no dispone de otro medio de defensa judicial
para la protección de los derechos fundamentales que le han sido conculcados.
Por ello, solicita al juez de tutela que ordene a la
Corte Suprema de Justicia proferir la sentencia que en derecho corresponda.
1.6.
Expediente T-497604
El señor Juan Clímaco Rodríguez Rodríguez presentó
acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-
y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación, a fin de
solicitar la protección de sus derechos a la igualdad, petición, trabajo,
debido proceso y seguridad social, pues la sentencia proferida por la autoridad
judicial accionada en la que ordena casar la providencia de segunda instancia
que reconocía la actualización de su primera mesada pensional, constituye una
vía de hecho por presentar grave defecto sustantivo y fáctico al basarse en
normas inaplicables al caso concreto o interpretadas en forma contrarias a su
sentido natural.
Expone los siguientes hechos:
- Que por más de 25 años laboró al servicio de la
Caja de Crédito Agrario.
- Que en la fecha de retiro, 27 de noviembre de
1991, devengaba un salario equivalente a más de 4.1 veces el salario mínimo de
ese entonces.
- Que a partir del 9 de agosto de 1994 la accionada
le reconoció la pensión de jubilación en cuantía equivalente a 2 salarios
mínimos.
- Que solicitó a la entidad accionada la indexación
de su primera mesada pensional, a lo cual obtuvo respuesta negativa; que acudió
ante la jurisdicción laboral ordinaria con el fin de invocar el reconocimiento
de la indexación, con base en los principios de equidad y de justicia.
- Que el 9 de octubre de 1998 el Juzgado Dieciséis
Laboral del Circuito de Bogotá profirió sentencia favorable al accionante,
providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá.
- Que el 31 de enero de 2000 la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia casó la sentencia impugnada, para lo cual se
fundamentó en la nueva posición jurisprudencial adoptada desde el 18 de agosto
de 1999, sobre la base de que no se indexan las  obligaciones contractuales, en
tanto acreedor y deudor han tenido la oportunidad de pactar mecanismos de
protección contra el proceso inflacionario y que sólo cabe la indexación de las
obligaciones puras y simples y no en las condicionales o suspensivas.
- Que a otros funcionarios de la Caja Agraria se les
ha indexado su primera mesada pensional.
Señala finalmente que con la decisión judicial
cuestionada ha sido afectado gravemente porque la pensión que viene devengando
no le alcanza para la congrua subsistencia y menos aún para atender el conjunto
de obligaciones familiares que afronta.
Con base en lo anterior, solicita al juez de tutela
que deje sin efectos la sentencia proferida en su caso por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 31 de enero de 2000 y confirme las
sentencias de instancia, que reconocen la indexación de su primera mesada
pensional.
1.7.
Expediente T-498908
La señora Matilde Ángel de Rojas presentó acción de
tutela contra la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación laboral- por haber
proferido la sentencia 12316 del 11 de abril de 2000, en la que decidió no
casar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en el juicio promovido por
la accionante contra el Banco Cafetero hoy BANCAFE.
En su escrito se refiere a los siguientes hechos:
- Que trabajó con el Banco Cafetero hasta el 15 de
febrero de 1983, luego de más de 22 años de servicios.
- Que al terminar su relación de trabajo su salario
equivalía a 5.57 veces el salario mínimo legal pero su pensión legal mensual de
jubilación se reconoció a partir del 5 de agosto de 1991 en monto equivalente a
un salario mínimo legal mensual.
- Que demando Bancafé para que en proceso ordinario
laboral se le condenara a reliquidar la primera mesada pensional.
- Que en sentencia del 25 de noviembre de 1997 el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito profirió sentencia en la que condena al
Banco Cafetero y decreta a su favor la indexación de la primera mesada
pensional.
- Que en sentencia del 23 de octubre de 1998 el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó el fallo de primera
instancia.
- Que en fallo 12316 del 11 de abril de 2000 la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la
sentencia proferida por el Tribunal, para lo cual se limitó a transcribir su
sentencia 11818 del 18 de agosto de 1999, desconociendo que el 26 de enero de
2000 había proferido la sentencia 13047 en la que concedió la indexación de la
primera mesada pensional.
- Que al mes siguiente de fallado su proceso, la
Sala de Casación Laboral profiere las sentencias 13185 y 13327 en las cuales
concede la indexación de la primera mesada pensional a los actores y que en
igual sentido decidió en el proceso 13.336, en Fallo del 6 de julio de 2000,
así como en otras providencias aprobadas antes y después de proferir sentencia
en su proceso.
- Que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
se han pronunciado frente a la procedencia de la reliquidación de la primera
mesada pensional.
- Que tiene más de 60 años de edad y que los
ingresos provenientes de su pensión de jubilación no le alcanzan para conservar
un nivel de vida modesto.
Por lo expuesto, considera que con la sentencia
impugnada se vulneran los derechos fundamentales al trabajo, igualdad, debido
proceso, acceso a la administración de justicia y prevalencia del derecho
sustancial, razón por la cual solicita al juez constitucional su protección y
que ordene a la autoridad accionada proferir la sentencia que en derecho
corresponde y se condene al Banco Cafetero a la indemnización de perjuicios.
2.
Intervención de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Durante el trámite del expediente T-498908 los
magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
solicitaron al ad quem que revocara la sentencia de primera instancia
por ser contraria a lo que el artículo 86 de la Constitución Política y el
Decreto 2591 de 1991 establecen respecto de la procedencia de la acción de tutela.
Por considerar que su intervención representa el punto de vista de aquella Sala
de Casación frente al tema de la indexación de la primera mesada pensional, se
exponen a continuación sus argumentos:
a) En primer lugar, destacan la improcedencia de la acción
de tutela contra sentencias judiciales, para lo cual se apoyan en lo dispuso
por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992. Estiman que de
acuerdo con la referida sentencia es inconstitucional la tutela contra
sentencias, debido al carácter subsidiario y efímero de los efectos del fallo
que le ordena a la autoridad pública actuar o abstenerse de hacerlo para
proteger un derecho constitucional fundamental.
b) Así mismo, invocan el contenido de los artículos
234 y 235 de la Constitución Política para recordar que la Corte Suprema de
Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y que su primera
atribución es la de actuar como tribunal de casación. Por ello sostienen que
cuando otro juez, sin importar su categoría ni ubicación jerárquica, desconoce
la atribución constitucional y legal que tiene la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia de “unificar la jurisprudencia nacional del
trabajo” (C.P. del T., art. 86), le está usurpando sus funciones y, por
consiguiente, quebranta el orden jurídico.
En su criterio, la interpretación de la ley para un
caso particular corresponde, en últimas, a la Corte Suprema de Justicia en
todos aquellos temas atinentes a la jurisdicción ordinaria; en el mismo
sentido, las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso administrativa
esa atribución compete al Consejo de Estado, por mandato del artículo 237 de la
Constitución Política.
Recuerdan que el artículo 4º del la Ley 169 de 1896
estableció que “tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como
tribunal de casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina
probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta
para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones
anteriores”. Con esta ley se derogó lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
153 de 1887 sobre la “doctrina legal más probable”, y desde esa época hasta hoy
no existe en Colombia ningún fundamento legítimo a la pretensión de establecer
criterios jurisprudenciales obligatorios. Siendo de anotar que ni siquiera el
legislador podría establecer la interpretación jurisprudencial obligatoria, ya
que ello chocaría frontalmente con lo preceptuado en el artículo 230 de la
Constitución Política, el cual establece que la jurisprudencia, la equidad, los
principios generales del derecho y la doctrina, tienen el carácter de
“criterios auxiliares de la actividad judicial”, puesto que “los jueces, en sus
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”. La razón por la que
sólo el legislador pueda interpretar con autoridad el sentido de una ley
oscura, de una manera general, no es otra diferente al hecho de hacerse esa
interpretación con autoridad por medio de otra ley. Ley que por definición
constitucional es obligatoria.
c) De otra parte, en cuanto al tema específico que
es materia de debate en estos procesos, los magistrados de la Sala de Casación
Laboral expresan que lo relativo a la corrección del valor de una pensión de
jubilación por decisión judicial no es asunto expresamente regulado en la ley.
Manifiestan que la corrección del valor de las obligaciones laborales obedece a
una construcción jurisprudencial fundada, por lo menos en su comienzo, en
consideraciones de equidad y no de aplicación estricta de la ley, por lo que
todo lo que al respecto se ha elaborado constituye “jurisprudencia”, vale
decir, se trataría de uno de los tres criterios auxiliares de la actividad
judicial a los que expresamente se refiere el artículo 230 de la Carta; pero
dicho criterio auxiliar no está dotado de la fuerza obligatoria de la ley.
Agregan que, aun cuando los jueces puedan aplicar en
casos análogos la “doctrina probable” que sobre un mismo punto de derecho haya
sentado la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casación (Ley 169 de
1896, art. 4º), ello “no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de
que juzgue errónea las decisiones anteriores”. Por lo tanto, no existe ningún
fundamento constitucional, legal o doctrinario que permita afirmar que una interpretación
jurisprudencial se constituye en necesaria, dado que la jurisprudencia no es
obligatoria por no estar dotada del atributo imperativo propio de la ley en un
sistema de derecho legislado como el que impera en Colombia.  Aún cuando
expresamente el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo enumera entre las
normas de aplicación supletoria la jurisprudencia, no le otorga un imperio como
el que expresamente el artículo 230 de la Constitución Política le reconoce a
la ley al ordenarle a los jueces que en sus providencias están sometidos al
imperio de la ley.
A su juicio, la jurisprudencia, como criterio
auxiliar de la actividad judicial, está sujeta a variaciones que pueden
obedecer a un cambio legislativo, o que pueden surgir del hecho de considerarse
erróneas las decisiones en las que se sentó la doctrina, o de la circunstancia
de acomodar una ley expedida en un remoto pasado a una situación social que ha
variado, o pueden deberse al solo motivo de que cambie la composición de los
integrantes de las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia. Además de
estos argumentos para explicar el porqué no puede dársele a determinadas
sentencias de casación una mayor jerarquía en cuanto a los criterios
doctrinales que pueda contener el fallo, no puede pasarse por alto que el
carácter riguroso del recurso en muchas ocasiones obliga a desestimar la
acusación, independientemente del acierto de la tesis jurídica que pueda
plantear el impugnante.
d) No comparten tampoco los argumentos expuestos por
los jueces de instancia para afirmar que la Sala de Casación Laboral ha
incurrido en una vía de hecho al no ordenar la indexación de la primera mesada
pensional. Estiman lo siguiente: i) No existe fundamento alguno para
aseverar que al resolver un recurso de casación se haya utilizado el poder que
le ha conferido la Constitución Política y la ley para un fin no previsto en el
ordenamiento jurídico. Por ello, no puede decirse que se haya incurrido en una
vía de hecho por defecto sustantivo; ii) Menos aún puede aseverase que
se haya aplicado el derecho sin considerar los hechos determinantes del
supuesto legal. Por lo tanto, no cabe hablar de una vía de hecho por defecto
fáctico; iii) tampoco es predicable que se haya incurrido en una vía de
hecho por defecto procedimental, por haberse realizado la actuación por fuera
del procedimiento establecido. Así pues, concluyen, no puede calificarse como
vía de hecho una sentencia dictada previo el agotamiento del procedimiento
establecido, aplicando el derecho que al caso corresponde, en ejercicio de una
atribución constitucional y para el fin previsto en las normas del Código
Procesal del Trabajo que regulan el recurso de casación.
e) Solicitan finalmente que al decidir sobre la
impugnación, el Consejo Superior de la Judicatura dé aplicación a lo resuelto
en su sentencia del 2 de abril de 2001, que resolvió sobre un caso similar al
que ahora se debate.
3.
Decisiones judiciales objeto de revisión
3.1. Expediente T-439261
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, decidió negar por improcedente la acción de tutela
interpuesta por Jesús Hernando Roa García contra la Sala Laboral de la Corte
suprema de Justicia y el Banco Cafetero.
Considera el Tribunal que para que proceda la acción
de tutela cuando se interpone contra providencias judiciales, es necesario que
se encuentre configurada una vía de hecho, es decir, una conducta arbitraria y
abiertamente inconstitucional imputable al juez que ha conducido el proceso en
virtud de la cual hayan sido lesionados los derechos fundamentales de
cualquiera de las partes.
Considera que en el caso bajo estudio no se ha
configurado una vía de hecho que amerite la procedencia de la acción de tutela
pues no se demostró la existencia de una actuación caprichosa de parte de la
autoridad judicial ni tampoco el desconocimiento de derechos de rango
constitucional como el debido proceso, defensa o igualdad.
En su criterio, no existen razones fácticas ni jurídicas
para acceder a lo pedido puesto que no se dieron las circunstancias
establecidas en la jurisprudencia constitucional para considerar que se ha
configurado una vía de hecho.
2. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, integrada exclusivamente por conjueces, confirmó la sentencia
impugnada. En respaldo de su decisión expresó lo siguiente:
La vía de hecho sólo se produce cuando quien está
investido de autoridad abusa flagrante y caprichosamente de ella, bien
rebasando de modo arbitrario sus atribuciones legítimas o bien arrogándose sin
título funciones que institucionalmente no le han sido conferidas.
El simple hecho que una sentencia le haya sido
adversa a los intereses de quien promovió la acción no puede jamás calificarse
como una vía de hecho, así en otras ocasiones o en otros procesos la justicia
se hubiese pronunciado en forma consonante con las pretensiones de aquel actor
vencido.
No cabe entender que un cambio de jurisprudencia sea
contrario al principio del debido proceso, puesto que éste se refiere al
cumplimiento pleno de las formalidades propias de cada juicio y no al fondo de
la decisión adoptada en alguno de ellos en particular.
En el proceso resulta claro que se cumplieron a
cabalidad las formas propias del juicio laboral; tanto es así que el tutelante
no alegó ni, menos aún comprobó, la existencia de anormalidades, actos
antiprocesales o cualquiera otra anomalía en dicho proceso, lo que descarta la
presencia de una vía de hecho en este litigio.
3.2. Expediente T-456924
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección
Segunda, Subsección “C”, decidió negar la tutela interpuesta por José Vicente
Sánchez Montealegre contra la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación
Laboral.  Señaló lo siguiente:
Si bien la decisión resultó contraria a los
intereses del peticionario, tal decisión no se tomó de manera arbitraria,
infundada o irracional como lo aduce el accionante sino con fundamentos
jurídicos y lógicos, siguiendo una línea de pensamiento coherente.
De esta manera, no se presentó violación alguna del
derecho a la igualdad pues la decisión en lugar de carecer de razón lógica, se
sustenta en argumentos o razonamientos que siguen un derrotero coordinado y
desarrollado en forma sistemática.
La vía de hecho trae de inmediato la idea de una
actuación burda, arbitraria o caprichosa, al margen del ordenamiento jurídico
sustancial o procedimental, situación que de manera alguna puede predicarse en
este caso.
Finalmente, el posterior cambio de jurisprudencia
para retomar su anterior tesis sobre la materia, se cumplió de manera
ampliamente razonada y en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales como cabeza de la jurisdicción laboral ordinaria. Además, no existe
disposición constitucional o legal que impida el cambio de jurisprudencia,
siempre que el mismo sea fruto de un razonamiento lógico y adecuado, situación
a juicio del Tribunal se cumplió por la Corte Suprema de Justicia.
3.3. Expediente T-489677
1.  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá –Sala Civil, decidió negar la solicitud de amparo invocada por la señora
Elvia Inés Roa de Cortes, por cuanto la accionada no incurrió en vía de hecho.
Estima el Tribunal que la tutela no es un mecanismo
válido para cuestionar las decisiones judiciales dentro de los asuntos que se
encuentran en trámite y mucho menos para controvertir determinaciones que han
hecho tránsito a cosa juzgada.
Agrega que no procede la tutela cuando dentro de una
situación dada la decisión materia de inconformidad es producto del agotamiento
de los mecanismos ordinarios de defensa que los sujetos han ejercido a plenitud
pues en hipótesis semejantes no es que se carezca de medios protectores de
derechos sino que los previstos en la ley ya fueron empleados, sólo que no han
arrojado los resultados esperados. Mucho menos puede admitirse la tutela para
promover controversias relacionadas con la valoración de las pruebas o con la
interpretación de la ley y su aplicación en cada evento, aspectos éstos donde prima
la autonomía decisora del juez, que también tiene raigambre superior y que le
permite adelantar su gestión de manera independiente.
Por ello, para el Tribunal no se está ante una
providencia que constituya una vía de hecho pues las decisiones de la Corporación
accionada no son ostensiblemente contrarias a las normas procesales invocadas,
ni mucho menos fruto sólo del capricho del juzgador. La autoridad judicial
accionada aplicó taxativamente las normas que regulan el caso específico y se
apoyó en jurisprudencia de la misma Corporación, acorde al caso en estudio. En
consecuencia, la sentencia cuestionada sigue amparada con la presunción de
acierto y, por ende, no hay lugar a otorgar el amparo que solicita la
accionante.
2. La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación
Civil- confirmó la sentencia impugnada.
De acuerdo con lo expuesto por dicha Sala, para que
proceda la acción de tutela frente a determinada actuación judicial o
administrativa, debe ocurrir una situación verdaderamente extraordinaria, esto
es, que se traduzca no sólo en el incumplimiento de una norma jurídica de
obligatoria observancia por parte del funcionario judicial, sino que conlleve,
además, una equivocación del tal magnitud que el ordenamiento jurídico resulte
sustituido por su sola voluntad y que, pese a intentar removerla al interior
del proceso por todos los medios legales, no fuere posible.
En esas circunstancias, las razones que llevaron a
la Sala de Casación Laboral a adoptar la determinación censurada por la
peticionaria, cambiando el criterio jurisprudencial que hasta entonces regía en
materia de indexación de la primera mesada pensional, no son caprichosas ni
mucho menos absurdas sino que obedecen a una actividad intelectiva realizada dentro
del ámbito de las atribuciones y del fuero de libertad que la Constitución
otorga a los jueces. Ahora bien, si dichas inferencias son las más adecuadas,
equitativas o razonables o si representan la mejor solución posible, no es
cuestión que deba dirimir el juez de tutela, esbozando al efecto otros
criterios con miras de poner de presente las bondades de una interpretación
diferente, como tampoco le incumbe allegar nuevos argumentos para abogar por la
tesis del juzgador encausado.
3.4.
Expediente T-491356
1. El Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- decidió negar la acción de
tutela interpuesta por la señora Inés Elvira Vélez Restrepo.
Señala el Consejo que la acción de tutela procede
contra providencias judiciales que estén afectadas por vías de hecho,
entendidas éstas como la violación flagrante o manifiesta del ordenamiento
jurídico. Esta condición no se cumple en el caso de la accionante pues de la
confrontación de la sentencia cuestionada con las normas invocadas por la
actora, no surge la manifiesta violación de éstas por aquélla. Además de lo
anterior, del texto de las normas señaladas no resulta como única
interpretación válida la propuesta por la demandante, así como tampoco el
alcance dado por la providencia objeto de reparo no es, a primera vista,
descabellado, caprichoso o arbitrario.
2.  El Consejo Superior de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria- confirmó la sentencia impugnada al concluir que
el pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, así se comparta o no, es suficientemente razonado y sustentado para
señalar la tesis allí expuesta sobre la indexación de la primera mesada
pensional. Por ello, se excluye la existencia de una vía de hecho dado que
éstas ocurren precisamente ante la ausencia absoluta de raciocinio, de
fundamentación, es decir cuando el pronunciamiento obedece al capricho del
juzgador sin justificación alguna, pero no cuando se exponen las razones que
sucintamente justifican una tesis jurisprudencial, como ocurre en la sentencia
cuestionada.
Agrega que el cambio de criterio, como el que se
presenta frente a la indexación de la primera mesada pensional, no puede
asumirse como una vía de hecho en detrimento de los derechos fundamentales
alegados por la accionante, pues la providencia cuestionada expone toda una
argumentación jurídica, complementada con la expuesta en la sentencia del 18 de
agosto de 1999 para fijar su postura frente a la materia, de acuerdo con la
interpretación que hizo la Corporación de las normas que regulan la pensión de
jubilación, lo cual se enmarca por el principio de su autonomía funcional.
3.5.
Expediente T-491592
1. El Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, denegó la acción de tutela
interpuesta por el señor José de Jesús Fonseca Gutiérrez.
Considera el Consejo Seccional que si bien la Corte
Suprema de Justicia ha variado su jurisprudencia, en la sentencia 11818 del 18
de agosto de 1999 expresa que la indexación siempre ha sido una medida
excepcional y que su carácter relativo emerge de una exigencia de la ley, a la
cual debía someterse en consideración al mandato contenido en el artículo 230
de la Constitución Política.
Por ello, de conformidad con aquella sentencia,
quienes al momento de la expedición de la Ley 100 de 1993 ya habían cumplido
los dos requisitos establecidos para acceder a la pensión –edad y tiempo de
servicio- y ésta les había sido reconocida, no tienen derecho a la indexación
de la primera mesada pensional porque dicha prestación laboral ya les había
sido reconocida de conformidad con la normatividad entonces vigente y no les
son aplicables, por ende, las nuevas disposiciones contenidas en la Ley
100/93.
Esta es la situación en la que se encuentra el
accionante, quien se retiró del servicio en 1980, cumplió 55 años de edad en
1990 y se le reconoció la pensión con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 100/93.
Así entonces, concluye el Consejo Seccional de la
Judicatura, en este caso no se está frente a un problema de aplicación del
principio de favorabilidad en materia laboral por duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales del derecho, sino en presencia de una
doctrina jurisprudencial expuesta por la mayoría de los integrantes de esa
Sala, en sí misma respetable porque no carece de razonabilidad y respecto de la
cual no demandable una vía de hecho.
2. El Consejo Superior de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria- decidió confirmar el fallo objeto de impugnación,
para lo cual se basó en lo expuesto en su fallo del 3 de abril de 2001,
radicación 20009286.
3.6.
Expediente T-497604
1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera Subsección “B”, resolvió denegar la acción de tutela
interpuesta por el señor Juan Clímaco Rodríguez.
Para el Tribunal, cuando la decisión está sustentada
en un criterio jurídico, que puede ser admisible a la luz del ordenamiento o de
la interpretación de las normas aplicables, no podrá ser discutida por esta vía
de amparo constitucional toda vez que se atentaría contra el principio de
autonomía judicial en virtud del cual, cuando el juez aplica la ley, debe fijar
el alcance de la misma, esto es, darle un sentido frente al caso concreto, a
menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento.
Por ello estima que la providencia atacada por el
actor no se circunscribe dentro de aquellas que puedan considerarse como vía de
hecho, pues dicha decisión no carece de fundamento objetivo ni obedeció al
capricho de la Corporación que la profirió y, por lo tanto, no lleva consigo la
vulneración de los derechos fundamentales del actor.
Agrega que la sentencia de casación censurada tuvo
como fundamento principal el criterio jurisprudencial acogido por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto de la indexación de
las pensiones de jubilación, a partir de su fallo de 18 de agosto de 1999. En
dicha sentencia se concluye que no es posible jurídicamente indexar la primera
mesada pensional cuando el derecho se reconoce en la oportunidad indicada en la
ley y el empleador no ha retardado su pago.
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección “B” confirmó la sentencia impugnada.
Para el ad-quem en este proceso no se
presentó una vía de hecho puesto que la sentencia se dictó de conformidad con
las normas procesales y su valoración se realizó conforme a los documentos
aportados al expediente, correspondiendo su decisión a un punto de derecho, sin
que pueda decirse que se violó el debido proceso o algún otro derecho
fundamental del actor. La existencia de decisiones contrarias no implica vía de
hecho porque las sentencias judiciales sólo tienen valor individual, es decir,
para el caso concreto que resuelven. Además, el que la decisión le haya sido
adversa al accionante, en modo alguno lo faculta para invocar la acción de
tutela como vía alternativa de reclamación, dada su naturaleza eminentemente
residual y subsidiaria.
Agrega que no se ha establecido que en las
actuaciones judiciales surtidas se hubiera desconocido u omitido algún trámite
judicial que coarte los derechos procesales del actor y, por ende, sus
garantías constitucionales fundamentales. Así las cosas, concluye que las
decisiones adoptadas no constituyen una vía de hecho.
3.7.
Expediente T-498908
1. El Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- concedió la tutela instaurada
por la señora Matilde Ángel de Rojas, amparó el derecho a la igualdad y dejó
sin efecto la sentencia proferida el 11 de abril de 2000 por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso laboral
ordinario No. 12136. Así mismo, ordenó a la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que dentro de las 48 horas siguientes emitiera de
nuevo el fallo conforme al recurso impetrado, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en dicha sentencia de tutela.
Considera el Consejo Seccional que, aunque el
reconocimiento de la pensión a la accionante se efectuó con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, ella tiene derecho al reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional, lo que se deriva de los principios
legales existentes, los mismos que fueron aplicados por la Sala de Casación
Laboral para reconocer dicha actualización o reliquidación.
Por ello estima que, dentro de este contexto, el
fallo objeto de controversia se sostiene en argumentos contrarios a una postura
de la misma Sala, caracterizada por su homogeneidad en cuanto a la protección
de los derechos de los trabajadores y particularmente de los extrabajadores
pensionados, respecto de los embates que para su estabilidad económica tiene la
pérdida del poder adquisitivo constante de la mesada pensional, en virtud de la
constante devaluación de la moneda en nuestro medio.
Agrega que el no reconocimiento de las garantías
constitucionales y legales contrasta con la argumentación que en otros fallos,
como los proferidos el 5 de agosto de 1996 y el 10 de diciembre de 1998
sirvieron de base para la aceptación de la indexación de la primera mesada
pensional, como elemento garantizador del mantenimiento del poder adquisitivo
constante de las pensiones y contrarrestar así el desequilibrio económico que
dicha situación genera para las relaciones laborales.
En este punto, concluye, es donde se advierte una
vía de hecho que conllevó a la vulneración del derecho fundamental a la
igualdad, ya que a una situación jurídica igual se le dio un trato diferente,
con inobservancia de principios constitucionales y legales sobre la protección
al trabajador y particularmente sobre su derecho a mantener un poder
adquisitivo constante, siendo inobservadas normas específicas que respaldan el
principio de favorabilidad en materia laboral, tal como la consagrada en el
inciso final del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2. El Consejo Superior de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria- decidió revocar la sentencia impugnada por
Bancafé, al considerar que la acción de tutela era improcedente dado que no
puede emplearse frente a situaciones o hechos consumados.
Estima el ad quem que si la acción de tutela
no se ejercita en un tiempo razonadamente prudencial frente a la presunta
comisión del hecho que vulnera el derecho fundamental, es natural que se
entienda que la misma es improcedente por cuanto el correr del tiempo hace que
terceros adquieran derechos iguales a los cuales igualmente se les debe
protección y que en una eventualidad estarían supeditados a que el accionante
actúe o no.
Por ello, concluye, si la acción de tutela se
ejerció en este caso 14 meses después de proferida la sentencia que se
cuestiona, “mal puede comulgar esta Sala con darle viabilidad a acciones de
tutela interpuestas irrazonablemente en el tiempo, pues darle cabida a ello,
sería echar por la borda toda una seguridad jurídica a la cual en su momento se
sometieron los asociados bajo reglas de los principios de legalidad, de tal
manera que esta superioridad considera que en tratándose de acciones de tutela
interpuestas contra providencias judiciales, además de estudiarse las mismas en
forma excepcional, deberá también limitarse en el tiempo (...)  pues de no ser
ello así, se estaría rompiendo la esencia de la cosa juzgada y de la seguridad
jurídica al dar cabida a que mucho tiempo después se puedan interponer acciones
de tutela contra cualquier decisión judicial en firme”[1].
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Lo que
se debate
Los accionantes acudieron ante la jurisdicción
laboral ordinaria con el fin de solicitar que se les reconociera el derecho a
la indexación de su primera mesada pensional.
Conocidos los procesos en sede de casación, la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió sus decisiones con
fundamento en la improcedencia de la indexación de las mesadas pensionales.
Según lo alegan los peticionarios, la Corte Suprema
de Justicia incurrió en vías de hecho al cambiar su jurisprudencia en forma no
razonada ni justificada, máxime cuando poco tiempo después de decididos sus
casos, la autoridad judicial accionada regresó a su posición anterior y comenzó
a admitir nuevamente la mencionada figura de la indexación.
Así entonces, corresponde a esta Sala de Revisión
determinar si las decisiones judiciales proferidas por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia para negar la indexación o
actualización de la primera mesada pensional a los accionantes en los procesos
de la referencia vulneran sus derechos a la igualdad, debido proceso y
seguridad social y el principio de favorabilidad, en la medida en que al
resolver en sus casos, modificó la jurisprudencia proferida en este asunto
antes y después de los pronunciamientos por ellos impugnados.
Con tal propósito, la Sala llevará a cabo la
revisión de los fallos emitidos por los jueces de instancia a partir de la
línea jurisprudencial trazada por esta Corporación en reciente Fallo de
unificación sobre la materia que ahora es objeto de examen (sentencia SU-120 de
2003, M.P. Alvaro Tafur Gálvis).
2.
Indexación de la primera mesada pensional. Reiteración de jurisprudencia
2.1.  En la sentencia SU-120 de 2003 la Corte
Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, seguridad social y al principio de favorabilidad que asistía a
los accionantes, dejó sin efectos los fallos proferidos por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, con sujeción a lo preceptuado en los
artículos 13, 29, 48 y 53 de la Carta Política, ordenó que dentro de los 30
días siguientes a la notificación de la sentencia decidiera los
correspondientes recursos de casación instaurados por los peticionarios.
Las consideraciones centrales expuestas en dicha
sentencia son las siguientes:
2.1.1.  En primer lugar, en relación con las vías de
hecho y la intervención del juez constitucional la Corte recordó su criterio
jurisprudencial en el sentido de estimar que la acción de tutela no procede
contra las decisiones judiciales, en la medida en que “de éstas se predica su
obligatoriedad incondicional, como quiera que cuando el órgano judicial aplica
la voluntad abstracta de la ley a un caso concreto se supone que lo hace con
sujeción estricta a la Constitución Política, porque a los jueces y a los
tribunales les compete acatar la Carta, y lograr su aplicación en los hechos,
las relaciones sociales y las acciones de los poderes públicos”[2].
No obstante, expresó la Corte, si se presentan
eventos en los que la regla de sometimiento de las decisiones judiciales al
ordenamiento constitucional se quiebre, en cuanto la solución que el juez
impuso al asunto sometido a su consideración se aparta de los dictados de la
Constitución Política, puede afirmarse que la legalidad es sólo aparente y
entonces el juez de tutela está facultado para intervenir, en la medida en que
la ausencia de juridicidad no permite que se consideren las sentencias como
definitivas. Lo anterior, en tanto la Constitución privilegia la realización de
los derechos constitucionales de los asociados cuando entren en conflicto con
la seguridad de las decisiones judiciales (CP. Arts 2 y 5).
Así entonces, reiteró cómo a partir de considerar el
principio de cosa juzgada judicial no como valor absoluto sino como elemento
que infunde seguridad a la realización de la justicia, la jurisprudencia
constitucional elaboró la doctrina de las vías de hecho para admitir la intervención
del juez de tutela en aquellos asuntos que hayan sido resueltos por la
autoridad judicial sin acatar el imperio de la ley.[3]
2.1.2. La Corte se pronunció igualmente en relación
con la observancia de la igualdad y la confianza legítima en la aplicación de
la ley, así como a la sujeción de los jueces a la doctrina probable. Señaló que
toda aplicación de la ley debe infundir en sus destinatarios la seguridad de
que pueden actuar de la manera prevista en la jurisprudencia y que los asuntos
posteriores serán resueltos de la misma manera.
En ese sentido señaló que resultaría imposible
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo si el órgano
jurisdiccional supremo fuera dispensado de sujetar sus decisiones a los
mandatos constitucionales que imponen a las autoridades el deber de garantizar
y respetar los derechos fundamentales de los asociados (CP arts, 2, 13, 228 y
230).
Por ello, aludió a estos tres presupuestos de la
interpretación jurisprudencial: i) una misma autoridad judicial
–individual o colegiada- no puede introducir cambios a sus decisiones sin la
debida justificación; ii) los jueces no pueden apartarse por su sola
voluntad de las interpretaciones que sobre el mismo asunto ha hecho la Corte
Suprema de Justicia, y iii) ésta no puede renunciar a su labor de darle
unidad al ordenamiento jurídico.
2.1.3. En el Fallo de unificación se hizo referencia
también a la jurisprudencia constitucional sobre la sujeción de los jueces a la
doctrina probable y a la posibilidad de modificarla.
Expuso los siguientes aspectos de su línea
jurisprudencial: a) Son razones de justicia, seguridad jurídica,
libertad de acción y control de la actividad judicial los que permiten a los
asociados exigir a los jueces que respeten el principio de igualdad y resuelvan
los casos que así lo permitan de la misma manera; b) para asegurar la
vigencia de un orden justo, la estabilidad de la ley en el tiempo y en espacio
geográfico no son suficientes si no se acompañan de una garantía jurídica
estable con la que puedan contar los administrados, que cobije además la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico; y c) para la
realización de la justicia como un valor superior, el estado de relativa
certeza que cree el respeto de las decisiones judiciales previas no debe ser
sacralizado.
Así entonces, expresó la Corte, “los asociados requieren confiar en el ordenamiento para
proyectar sus actuaciones, de manera que tanto las modificaciones legales, como
las mutaciones en las interpretaciones judiciales deben estar acompañadas de un
mínimo de seguridad –artículo 58 C. P.-, en consecuencia los jueces actúan
arbitrariamente y por ello incurren en vía de hecho, cuando se apartan, sin
más, de la doctrina probable al interpretar el ordenamiento jurídico”[4].
2.1.4.  La Corte invoca igualmente el principio de
favorabilidad para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
53 de la Constitución Política y con lo regulado por el artículo 21 del Código
Sustantivo del Trabajo, en los eventos en que existan dos o más fuentes
formales del derecho aplicables a una determinada situación laboral, deberá
elegirse aquella que favorezca al trabajador, así como entre dos o más
interpretaciones posibles de una misma disposición deberá preferirse la que lo
beneficie.
En el mismo sentido precisó que, en aplicación de lo
dispuesto por el artículo 230 de la Constitución Política, el principio pro
operario será un recurso de obligatoria observancia para el juez cuando se
trate de resolver asuntos de índole laboral no contemplados explícitamente en
el ordenamiento jurídico. De tal suerte que “El sentido protector del derecho
del trabajo se refleja, entonces, en la solución de conflictos normativos, en la
interpretación de preceptos dudosos, y en la solución de situaciones no
reguladas en beneficio de la parte débil de la relación; porque las normas
laborales tienen como fin último el equilibrio de las relaciones del trabajo,
objetivo que comporta inclinar la relación en beneficio del estado de
inferioridad económica del trabajador, por ser éste el que genera la injusticia
que se pretende corregir”[5].
2.1.5. De otra parte, luego de transcribir y
comentar las disposiciones que regulan la pensión de jubilación, la Corte
dedujo lo siguiente:  i) no existen normas que establezcan con precisión
la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea
retirado del servicio sin cumplir la edad requerida –el inciso segundo del
artículo 260 del C.S.T no la precisa-; ii) ninguna disposición ordena
indexar ésta base salarial expresamente; iii) no existe precepto que
excluya o prohíba tal indexación.
No obstante lo anterior, recordó que para darle
solución al problema jurídico expuesto existe un principio constitucional
claro, contenido en el artículo 53 de la Constitución, según el cual el Estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales, además de suficientes disposiciones que evidencian la voluntad
permanente del legislador por compensar la pérdida del poder adquisitivo de las
pensiones.
De acuerdo con lo expuesto, señaló que “incumbe al
juez confrontar la situación concreta de las personas que aspiran a acceder a
la pensión en las condiciones anotadas y remediar la injusticia que se deriva
de la omisión legislativa anotada, obrando en todo conforme lo habría hecho el
legislador, de haber considerado la situación específica, es decir conforme con
la Constitución Política. De modo que en su misión de determinar el referente
para resolver las situaciones planteadas por los accionantes, sobre la base
salarial para liquidar la primera mesada pensional, la accionada tenía que
proceder como lo indican las normas relativas al tema, como quiera que el legislador
de haber considerado las particularidades que los actores afrontan habría
optado por la indexación del promedio de los salarios devengados en el último
año de servicios –artículo 260 C.S.T-, o por el mantenimiento del poder
adquisitivo de los salarios o rentas sobre las cuales el afiliado cotizó
durante los 10 años anteriores al reconocimiento, según el caso”[6].
En relación con la interpretación del artículo 260
del Código Sustantivo del Trabajo a la que acudió la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia para decidir en los correspondientes recursos
de casación, en la sentencia de unificación la Corte Constitucional expresó
que:
(...)  el tiempo de prestación del servicio continuo
o discontinuo al mismo empleador, y la calidad empresarial de éste, son
factores que no demandan interpretación, cuando se trata de establecer el
reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, pero se requiere acudir a los criterios auxiliares
de la actividad judicial, establecidos en el artículos 48, 53 y 230 de la
Carta, a fin de determinar cuál año define, tanto el capital declarado de la
empresa obligada a la prestación como el monto de la misma, porque estos
factores no los prevé la norma “cuando el trabajador se retire o sea
retirado de la empresa sin haber cumplido la edad expresada”.
Porque con relación a los derechos de los
trabajadores la autonomía judicial es relativa, y se restringe mucho más cuando
se trata de resolver sobre “los principios mínimos fundamentales”,
que conforman el estatuto del trabajo, en los términos del artículo 53 de la
Carta, como lo indica la Corte en esta decisión:
“Es forzoso que el fallador entienda la norma de
manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera
más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su
deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u
odiosos. El juez no puede escoger con libertad entre las diversas opciones por
cuanto ya la Constitución lo ha hecho por él y de manera imperativa y
prevalente. No vacila la Corte en afirmar que toda trasgresión a esta regla
superior en el curso de un proceso judicial constituye vía de hecho e implica
desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales del trabajador, en
especial el del debido proceso”[7].
Sin que pueda argüirse que el trabajador no pactó los
reajustes, porque el sentido protector que orienta el derecho del trabajo
impone el principio de la irrenunciabilidad de los derechos mínimos de los
trabajadores sobre el de la autonomía de la voluntad, la que no opera cuando
una de las partes se encuentra, necesariamente, como el trabajador, en estado
de debilidad manifiesta.
2.1.6. Así mismo, advirtió que la equidad, la
jurisprudencia constitucional y los principios generales del derecho laboral
indican que los espacios dejados por el legislador, no pueden ser llenados por
el juez a su arbitrio, por su mera voluntad, sino consultando los criterios de
la actividad judicial (CP art. 230).
En respaldo de lo señalado, transcribió apartes de
sentencias referentes a la necesidad de acudir a la equidad para remediar
injusticias cuando el ordenamiento no ha previsto una solución concreta[8],
sobre el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional[9] y acerca de la opción
hermenéutica de acudir al sentido que más favorezca al trabajador para aplicar
e interpretar las disposiciones que integran el régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993[10].
2.1.7. En resumen de lo hasta aquí señalado, la
Corte precisó que, “al decidir sobre la procedencia de indexar la primera
mesada pensional, los jueces no pueden desconocer la necesidad de mantener el
equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones
como lo indican los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden
apartarse del querer del legislador, para quien ha sido una preocupación
constante regular el monto y la oportunidad de los reajustes pensionales. De manera que si el juzgador no opta por lo expuesto, sino
que decide resolver sobre la indexación de la primera mesada pensional
acudiendo a soluciones que no consultan los criterios auxiliares de la
actividad judicial, hacen necesaria la intervención del Juez constitucional
para restablecer los derechos fundamentales mínimos de los trabajadores”.
2.1.8. En la sentencia en referencia también se dijo
que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia está obligada a unificar la
jurisprudencia nacional del trabajo y los jueces y tribunales a acatar su
decisión, con el objeto de evitar la anarquía en las relaciones laborales, de
infundir seguridad en éstas, y de no defraudar la confianza que los asociados
depositan en el ordenamiento jurídico y en los jueces como artífices de su
aplicación –Preámbulo artículos 2°, 6°, 13, 83, 228 a 230 C. P.-.
En aquella como en esta ocasión, la Corte Suprema de
Justicia estima que una decisión suya, aunque haya sido reiterada en más de
tres ocasiones, puede ser desconocida por ella misma, porque tan sólo
constituye “la doctrina legal más probable”, en los términos del artículo 4º de
la Ley 69 de 1896. Sin embargo, la Corte Constitucional no compartió lo dicho
por la autoridad judicial accionada, porque tres decisiones judiciales
uniformes constituyen doctrina probable de forzosa aplicación y porque los
jueces únicos y colegiados deben acoger su criterio, salvo fundamento explícito
suficiente, tal como se expuso en la sentencia C-386 de 2001 M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
2.1.9.  Igualmente resaltó que en las sentencias del
8 de agosto de 1982, 8 de abril de 1991, 13 de noviembre de 1991, 15 de
septiembre de 1992 y 8 de febrero de 1996, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia acogió la tesis de la indexación de la primera mesada
pensional y que, sin embargo, “mediante sentencia del 18 de agosto de 1999,
providencia que sirvió de fundamento a las decisiones objeto de controversia,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, resolvió adoptar
una nueva posición en la materia, sin que se hubiera presentado ‘un tránsito
legislativo relevante (..) o un cambio en la situación política, social
o económica (..) que tenga injerencia sobre la manera como se había formulado
inicialmente el principio que fundamentó cada aspecto de la decisión’. Y
sin ponderar los bienes jurídicos involucrados en el caso concreto”[11].
Destacó así mismo que, “Entre el de 6 de julio de
2000[12] y el 25 de julio de 2002[13], son varias las decisiones en las que la Sala accionada
acogiendo la pretensión de extrabajadores ha condenado a las empresas obligadas
a indexar la primera mesada pensional, ya sea i) porque “habiéndose cumplido
el requisito de la edad de los 55 años, en vigencia de la Ley 100 de 1993, por
disposición de la misma ley, era procedente el reajuste del valor inicial de la
pensión reconocida al demandante” –sentencias 13.153, 15.836 y 17.569,
entre otras-; o ii) debido a que “lo que aquí se debate si bien distinto a
otros casos en los que el reconocimiento de la pensión fue en vigencia de la
Ley 100 de 1993, pero similar a otros tantos en que se ha accedido a la
indexación tienen pleno respaldo en lo previsto en los artículos 19 del CST y
8° de la Ley 153 de 1887” –sentencias 13.905 y 17.739-[14].”[15].
2.1.10.  Señaló igualmente que, con fundamento en las previsiones de los artículos 8° de la
Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado favorablemente en
relación con la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional.
Transcribe el siguiente aparte:
Y precisamente una situación inequitativa semejante
es la que se presenta en un asunto como el que se estudia, pues no siendo
objeto de discusión, al tenor de la documental de folio 81 a 88, que a la fecha
de terminación del vínculo, el 31 de marzo de 1977, el actor devengaba de la
demandada un salario promedio mensual de $41.385.oo, varias veces superior al
salario mínimo legal entonces vigente, no consulta el criterio de coordinación
económica y de equilibrio social con el que se deben  aplicar las normas
laborales (art. 1º CST), que cuando el seis ( 6 ) de marzo de 1986, algo más de
ocho (8) años después, la demandada le reconoció al ex trabajador su pensión de
jubilación,  hubiera tasado su monto con estricta referencia al valor nominal
de aquella  remuneración, para obtener una obligación pensional a su cargo de
$31.038,98 (fls 89 a 96), escasamente superior al valor del salario mínimo
legal vigente en este último año, lo cual denota la evidente depreciación del
signo monetario colombiano.
La aludida circunstancia evidencia un fenómeno
económico  del que no puede sustraerse el derecho del trabajo y de la seguridad
social, ni pasar por alto la jurisprudencia, pues hacerlo implica olvidar que
las normas del derecho social, al tenor del artículo 1º del CST, se deben
aplicar con criterio de coordinación económica y equilibrio social, que impone,
con fundamento en el artículo 8º de la ley 153 de 1887 y 19 del CST, el
reconocimiento de la indexación,  porque de no hacerlo se vulnera tal mandato,
ya  que es indiscutible que el hecho notorio de la inflación terminaría
perjudicando, contra la equidad,  a una sola de las partes de la relación
contractual: el trabajador, que no es el llamado a soportar las negativas
consecuencias de ese fenómeno económico, toda vez que él no tiene la posibilidad
de tomar las medidas para protegerse del mismo  en razón de que su aporte  en
el contrato es su trabajo; situación que no puede predicarse con respecto al
empleador, porque éste si tiene o debe tener el control financiero, así sea
relativo, de la actividad donde aquel presta el servicio, motivo por el cual es
dable afirmar que es a él a quien corresponde prever y asumir las consecuencias
de las fluctuaciones económicas, debido a que está en capacidad de tomar las
medidas de orden financiero  necesarias para resguardarse de la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda, y una de ellas sería el reconocimiento de una
pensión de jubilación actualizando  el valor del salario que años atrás devengó
el trabajador. Así razonó la Corte en su sentencia de casación del 10 de
diciembre de 1998, radicación 10939[16].
Así entonces, con base en los numerosos y fundados
antecedentes referidos en la sentencia de unificación, la Corte Constitucional
dedujo que la Sala accionada se ha pronunciado en diferentes sentidos, así se
refiera a los mismos presupuestos para resolver las pretensiones de los
accionantes, atinentes a que sus empleadores sean condenados a actualizar su
mesada pensional. Al respecto expresó: “Ahora bien, la Corte observa, cómo la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en todas las decisiones
atinentes a la indexación de la primera mesada pensional, considera los mismos
presupuestos de hecho para negar o conceder la prestación, a saber: el tiempo
de servicio prestado por el trabajador, la vinculación al mismo empleador, la
edad alcanzada por aquel al término de la relación laboral, y el monto de la
primera mesada reconocida por el obligado”[17].
A partir de la evidente similitud mostrada en los
casos referidos en dicha providencia la Corte sostuvo que “la Sala accionada
estaba en la obligación de aplicar en todos ellos la misma interpretación
razonable, esto es, el criterio que le ha permitido conceder a los
extrabajadores la actualización de su mesada pensional con fundamento en las
previsiones de la Ley 100 de 1993, o atendiendo los dictados de los artículos
19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8° de la Ley 153 de 1887, según la edad
requerida para acceder a la prestación, haya sido alcanzada antes o después del
1° de abril de 1994”[18]. Y, en el mismo Fallo,
agregó que “Cumplir la edad requerida para acceder a la pensión de jubilación
antes del 1° de abril de 1994 no ha sido óbice para que la accionada ordene a
las empresas obligadas indexar la primera mesada pensional, entre otros, de los
extrabajadores, Germán Parra Martínez, Raúl Marín Baena, Enrique Durán
Buenahora y Luis Arnulfo Navarro Acevedo, quienes alcanzaron la edad requerida
para acceder a la prestación entre el 6 de marzo de 1986 y el 9 de diciembre de
1991 –Exps 8616, 9083, 13.905 y 17.739”[19].
2.1.11.  La Corte dejó en claro, entonces, i)
que en agosto de 1982 la Sala accionada elaboró una posición seria y estable[20]
en materia de indexación de las obligaciones laborales, con apoyo en la
justicia y en la equidad, en los principios del derecho del trabajo, en la
analogía, en la jurisprudencia de la Sala Civil, y en la doctrina nacional y
extranjera, ii) que la Sala en cita mantuvo ésta interpretación incólume
hasta el 18 de agosto de 1999, iii) que veinte años más tarde la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió apartarse de la
justicia y la equidad previstas en los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo
y 8° de la Ley 153 de 1887, como principios rectores de las relaciones
laborales, en sus decisiones atinentes a la indexación de las condenas
laborales, y iv) que a partir de junio de 2000 la Sala accionada retoma
su posición inicial, en algunos casos.
2.2. Por último, en el mencionado Fallo de
Unificación, la Corte Constitucional expuso las siguientes conclusiones:
2.2.1. En relación con el derecho constitucional a
la igualdad y la conformación de una doctrina probable única:
Las orientaciones de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, en materia de indexación de las obligaciones
laborales, dejan al descubierto la existencia de una profunda divergencia
interpretativa en torno del tema, como quiera que sus planteamientos pueden condensarse de la siguiente manera:
1. Si bien considera que elementales
razones de justicia y equidad -artículos 19 del CST y 8° de la Ley 153 de 1887-
imponen la indexación de la primera mesada pensional como medida para
contrarrestar los efectos de la inflación en el patrimonio del trabajador
–Exps. 8616, 9083, 13.905, 14.710 y 17.739-, en algunos casos, como en los planteados por los accionantes, niega a
los extrabajadores el beneficio, porque no existe norma que así lo ordene –Exps.
13.449, 13.609 y 13.652-.
2. Aduce que el derecho a la actualización de las
prestaciones económicas no puede variar cuando el
trabajador deja de estar al servicio del empleador, máxime cuando la pensión
está a cargo de este último –Exp.14.710-; pero también afirma que no
existe ninguna disposición que imponga al empleador asumir el deterioro de la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda –Exps 13.652-.
3. Sostiene que si el
extrabajador alcanzó la edad requerida para acceder a la pensión de jubilación
en vigencia la Ley 100 de 1993, no puede predicarse falta de disposición
legislativa para negarle el derecho a la actualización de su mesada pensional –Exps
13.153, 13.293, 13.336, 14.740,
15.908, 15654, 15836, 17.053, 17.569, 17739-, pero también arguye que el
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo fija la cuantía de la prestación
sin considerar la aludida indexación –Exp. 13.449 y 13.605 -.
4. Reitera que “[l]a lucha del derecho para
preservar la equidad frente al fenómeno económico de la creciente
inflación, debe darse a nivel legislativo”, y también en “el campo
judicial, con base en la evidente equidad y en los principios generales
del derecho”- G.J. Tomo CLXIX, Pág. 830- –Exp. 14.710, 4486, 9083, 13.905,
17.739-, no obstante, sin negar los efectos que la inflación produce en los
patrimonios de los trabajadores, también sostiene que “(..) el papel de la
judicatura no puede llegar al extremo de igualarse al legislador (..)
–Exps. 11.818, 13.449, 13.609 y 13.653-.
5. Afirma que la equidad se impone en las relaciones
de trabajo con el objeto de corregir los desequilibrios que causa la inflación
en los ingresos del trabajador, en cuanto de éstos depende su subsistencia y la
de su familia –Exps 8616, 9083 y 14.710-, y así mismo reitera –Exp.11.818- que
de proceder la indexación de “las bases salariales” se presentarían “perturbadoras
consecuencias jurídicas y económicas” –Exp. 13.449, 13.605, 13.653-.
6. Arguye que “(..) la relación jurídica que
surge entre patrono y trabajador en la ejecución de un contrato de trabajo
(..) no se da entre iguales, sino entre quienes por su posición económica se
encuentran situados en la realidad en planos sociales diferentes.”
–Exp.14.710-, pero a su vez sostiene que no se indexan las obligaciones nacidas
de un contrato, cuando las partes no pactaron sobre las consecuencias de los
efectos negativos de la inflación, –Exps. 13.449, 13.605, 13.653-.
7. Expone que la corrección monetaria solo puede
ordenarse para corregir el daño emergente causado por el incumplimiento de
obligaciones laborales exigibles ––Exps. 13.449, 13.605, 13.653-; pero también
afirma que, desde la entrada en vigencia de los artículos 14 y 36 de la Ley 100
de 1993, no existe razón válida para negar a los pensionados la indexación de
su primera mesada ––Exps. 13.449, 13.605, 13.653-.
El anterior recuento permite a esta Corte arribar a
la conclusión de que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en lo
atinente al equilibrio de las prestaciones económicas recíprocas derivadas del
contrato de trabajo no exhibe una posición uniforme, ya que i) en algunas
ocasiones acepta que, en ausencia de disposición legal, el juez debe preservar
el derecho del trabajador a mantener tal equilibrio, dada su condición de parte
débil del contrato, incluso cuando el trabajador ostenta la condición de
pensionado, y ii) en otras se niega a indexar la prestación, aduciendo que su
intervención sería una interferencia en la labor del legislador.
Es más, en cuanto a la apreciación sobre las
disposiciones de la Ley 100 de 1993, atinentes a la materia, en algunas
ocasiones afirma que esta normatividad resulta suficiente para ordenar la
indexación de las pensiones causadas durante su vigencia -Exps 13.153, 13.293, 13.336, 14.740, 15.908, 15654,
15836, 17.053, 17.569, 17739-, y en otras sostiene que en aplicación de dicha
ley únicamente pueden ser indexadas obligaciones insolutas -Exps. 13.449,
13.605, 13.653-.
En esas circunstancias a la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia le compete optar por una aplicación consistente
de las previsiones legales atinentes a la conservación del valor adquisitivo de
los derechos económicos mínimos de los trabajadores, porque a ella se le ha
confiado el deber de unificar la jurisprudencia nacional.
Y del cumplimiento de esta labor depende que los
asociados pueden percibir que su igualdad ante la ley es real, porque sus
relaciones jurídicas se rigen por las mismas normas y, cuando se fundan en los
mismos presupuestos fácticos, son resueltas por los jueces de igual manera.
2.2.2. Acerca de la unificación de la jurisprudencia
en materia de indexación de la primera mesada pensional y los dictados
constitucionales:
Los principios constitucionales que informan la
seguridad social y que establecen los criterios de interpretación de las normas
laborales permiten unificar las interpretaciones judiciales en torno de la
indexación de la primera mesada pensional.
1. El artículo 48 de la Constitución Política impone
al legislador definir “los medios para que los recursos destinados a la
seguridad social mantengan su valor adquisitivo constante”, y el artículo
53 del mismo ordenamiento dispone que el “Estado garantiza el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.
Sobre este particular, los artículos 14, 36 y 117 de
la Ley 100 de 1993, disponen mecanismos de actualización, tanto de las
pensiones causadas, como de los recursos que atenderán las prestaciones
futuras, mediante la aplicación del índice de precios al consumidor, según
certificación expedida por el DANE[21].
(...)
De suerte que compete a la Sala accionada adecuar
sus decisiones de manera que los [actores] mantengan el valor adquisitivo de su
pensión, atendiendo los dictados constitucionales y la voluntad abstracta de
las leyes laborales y de seguridad social, con miras a que los nombrados puedan
disfrutar de la mesada pensional que efectivamente les corresponde[22],
poniendo de esta manera en vigencia un orden político, económico y social
justo, en el reconocimiento de los derechos ciertos de los tutelantes
pensionados –Preámbulo, artículos 2 y 230 C.P.- [23].
2.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, i) desde 1982 ha
venido sosteniendo que la indexación de las prestaciones económicas debe
ordenarse a favor del trabajador por razones de justicia y equidad, ii) en
reciente decisión sostuvo que dichas razones no desaparecen cuando los
trabajadores adquieren la calidad de pensionados, así no estén subordinados, y
iii) en varias ocasiones ha considerado que no existe razón válida para negar
la indexación de la primera mesada pensional a quienes adquieren el derecho a
la pensión en vigencia de la Ley 100 de 1993[24].
Empero
en las sentencias 13.609,13.652 y 13.449, resolvió apartarse de las anteriores
consideraciones, entre otros planteamientos, porque el artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo no acoge en éstos casos la “reevaluación monetaria de
las obligaciones” [25].
De
manera que la Sala accionada deberá considerar que el artículo 53 de la
Constitución Política impone al interprete de las fuentes formales del derecho
laboral el criterio de elegir, en caso de duda, por la interpretación que más
favorezca al trabajador[26], y en consecuencia optar
por ordenar a las entidades financieras obligadas mantener el valor económico
de la mesada pensional de los actores, por ser ésta la solución que los
beneficia y que condice con el ordenamiento constitucional, como lo precisó
esta Corte en la siguiente decisión:
“Entre tales derechos se encuentra el que surge de
la aplicación del principio de favorabilidad que la Constitución
entiende como “... situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho... ”.
Siendo la ley una de esas fuentes, su
interpretación, cuando se presenta la hipótesis de la cual parte la norma -la
duda-, no puede ser ninguna diferente de la que más favorezca al trabajador.
Ella es obligatoria, preeminente e ineludible para el juez.
Allí la autonomía judicial para interpretar los
mandatos legales pasa a ser muy relativa: el juez puede interpretar la ley que
aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es,
seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente
lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma de
manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera
más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su
deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos.
El juez no puede escoger con libertad entre las diversas opciones por cuanto ya
la Constitución lo ha hecho por él y de manera imperativa y prevalente. No
vacila la Corte en afirmar que toda trasgresión a esta regla superior en el
curso de un proceso judicial constituye vía de hecho e implica desconocimiento
flagrante de los derechos fundamentales del trabajador, en especial el del
debido proceso.” (subrayas fuera del texto)[27].
2.2.3.
Sobre el quebrantamiento de los artículos 29, 228 y 230 de la Carta con las
decisiones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que
negaron a los accionantes el reajuste de su primera mesada pensional:
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia no podía absolver –como lo hizo- al Banco Cafetero y a la Caja de
Crédito Agrario de la obligación de cancelar a los señores Pachón Guevara,
Vivas de Maya y Romero Perico una mesada igual al 75% del promedio real del
salario devengado.
En efecto, como a lo largo de esta providencia ha
quedado explicado, las decisiones de la Sala accionada que negaron a los
actores el derecho acceder a una pensión acorde con su salario real i)
desconocen la prevalencia del derecho sustancial, en cuanto no se sujetan a los
dictados constitucionales de la igualdad, favorabilidad, y conservación del
poder adquisitivo de las pensiones[28] y ii) no se informan en
la equidad, además de pasar por alto los principios generales del derecho
laboral -artículos 13, 48 y 53 C.P.-.
De modo que a los Jueces de Instancia les
correspondía (...) dejar sin efecto, las sentencias proferidas por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negaron a los accionantes
su derecho constitucional a no ver disminuido el valor real de sus mesadas
pensionales.
Porque, como lo ha sostenido insistentemente esta
Corporación, compete al Juez Constitucional desconocer la firmeza de las
decisiones judiciales que quebrantan el ordenamiento superior, como quiera que
el debido proceso indica que el principio de cosa juzgada opera para mantener
aquellas decisiones judiciales que aplican el sentido abstracto de la ley de
conformidad con los dictados de la Constitución Política.
2.3. Así las cosas, en la sentencia SU-120 de 2003,
M.P. Alvaro Tafur Gálvis, la Corte Constitucional ha fijado su línea
jurisprudencial en relación con el carácter vinculante de la jurisprudencia de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para decidir en los
conflictos de trabajo con ocasión de la indexación de la primera mesada
pensional.
Fueron razones fundadas en la ocurrencia de vías de
hecho por parte de las autoridades judiciales y que admiten la intervención del
juez constitucional; en la observancia de la igualdad y la confianza legítima
en la aplicación de la ley; en la sujeción de los jueces a la doctrina
probable, a la observancia de los postulados Superiores sobre el principio de
favorabilidad y del principio pro operario; a los alcances de las
disposiciones que regulan la pensión de jubilación; a la aplicación de los
principios de equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho
y en la atribución constitucional de la Corte Suprema de Justicia de unificar
la jurisprudencia nacional del trabajo, las que condujeron a la Corte
Constitucional a conceder la protección de los derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y seguridad social y del principio constitucional de
favorabilidad a los entonces accionantes y, por la semejanza de situaciones,
serán los mismos fundamentos que reiterará esta Sala para decidir en el proceso
de revisión de los expedientes de la referencia.
Los ahora accionantes, luego de cumplir los
requisitos de ley, obtuvieron el reconocimiento de su pensión de jubilación
algunos años después de la fecha de terminación de la relación laboral. No
obstante su asignación salarial al momento del retiro del servicio representar
varias veces el salario mínimo legal de la época, el monto reconocido de su
pensión, en el equivalente a salarios mínimos legales, fue inferior al 75% de
la última asignación salarial. Según el expediente, Jesús Hernando Roa García
devengaba 7.75 salarios mínimos legales y le fue reconocida pensión de
jubilación por un (1) salario mínimo legal; Elvia Inés Roa de Cortes percibía
3.95 salarios mínimos y le fue asignada una pensión por un (1) salario mínimo
legal; Inés Elvira Vélez Restrepo percibía 7.01 salarios mínimos legales y el
monto reconocido de su pensión es de un (1) salario mínimo legal; José de Jesús
Fonseca Gutiérrez devengaba 6.06 veces el salario mínimo legal y la pensión
reconocida es de un (1) salario mínimo legal; Juan Clímaco Rodríguez percibía
4.1 salarios mínimos legales y su pensión equivale a 2 salarios mínimos legales
y, finalmente, Matilde Ángel de Rojas devengaba 5.57 salarios mínimos legales y
le fue reconocida pensión de un (1) salario mínimo legal.
Cada uno de ellos demandó ante la jurisdicción
ordinaria del trabajo el reconocimiento de su derecho a la indexación de la
primera mesada pensional y, en segunda instancia, obtuvieron decisiones, en
algunos casos favorables y otros adversas a sus pretensiones.
Conocidos los procesos en sede de casación, en
decisiones que contaron con la aceptación mayoritaria de sus integrantes, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió inaplicar su
jurisprudencia sobre la indexación de la primera pensional y, por ende, casó
los Fallos de segunda instancia que concedían la actualización pedida por los
accionantes y no casó las providencias que denegaban las mismas pretensiones de
los actores.
Como consecuencia de las decisiones adoptadas en
estos procesos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
los pensionados interpusieron acción de tutela para invocar el amparo de los
derechos fundamentales que estimaban conculcados por la entidad accionada, que
por cambios esporádicos de su jurisprudencia había resuelto inaplicar la
indexación de la primera mesada pensional a pesar de que antes y después de
resolver en sus casos, profirió varias sentencias en las cuales concedió dicha
indexación, como lo ha resuelto desde el 8 de agosto de 1982.
2.4.  Así entonces, la materia objeto de estudio en
este proceso es la misma sobre la cual la Corte Constitucional se pronunció en
la sentencia SU-120 de 2003, M.P. Alvaro Tafur Gálvis, y en la cual se dijo
que, según lo sostenido la jurisprudencia constitucional, con el fin de lograr
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, los principios y
valores constitucionales, entre éstos la igualdad, la favorabilidad, el debido
proceso y el derecho a la seguridad social “imponen una restricción legítima al
ejercicio de la autonomía judicial, particularmente, en lo que toca con la
interpretación que hagan los operadores de las fuentes formales del derecho”[29].
En aquella sentencia la Corte recordó igualmente que
las decisiones judiciales contrarias al ordenamiento constitucional constituyen
vías de hecho. Por lo tanto, expresó, “los Falladores de instancia en sede de
tutela no podían considerar, como lo hicieron, que la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, al negar a los accionantes su derecho a la
indexación de su primera mesada pensional no incurrió en vía de hecho, porque,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política,
los jueces deben resolver los asuntos que les han sido confiados buscando la
efectiva realización de los derechos fundamentales en conflicto”. Y agregó que
“cuando los jueces no consideran los derechos fundamentales mínimos que se
encuentran garantizados en los artículos 25, 48 y 53 del ordenamiento
constitucional, quebrantan los artículos 29, 228 y 230 constitucionales e
incurren en vía de hecho; porque dichos derechos regulan los derechos y
prerrogativas de los trabajadores y de los pensionados e informan todas las
previsiones del ordenamiento”.
De esta manera, dada la semejanza de la materia
ahora debatida con lo decidido en aquella oportunidad por la Sala Plena de la
Corte Constitucional, esta Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia
contenida en la sentencia SU-120 de 2003. Por lo tanto, se concederá a los
accionantes el amparo de sus derechos  fundamentales a que se refieren los
artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política y se revocarán los Fallos
dictados por los jueces de segunda instancia en los asuntos de tutela de la
referencia. Además, se dejarán sin efectos los correspondientes fallos de
casación proferidos en estos casos por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y, en su lugar, se ordenará a la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia que dentro de los 30 días siguientes a la
notificación de esta sentencia, decida los recursos de casación instaurados por
los accionantes, con sujeción a lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 48 y
al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta
Política.
III. DECISION
Con base en las consideraciones expuestas la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-. Revocar
las sentencias de tutela proferidas en los procesos de la referencia por la
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- (expediente T-439261); el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”
(expediente T-456924); la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil
(expediente T-489677); el Consejo Superior de la Judicatura –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria (expedientes T-491356, T-491592 y T-498908) y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda -Subsección “B”
(expediente T-497604).
Y, en su lugar, conceder los accionantes el amparo
de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 13, 29, 48 y 53
de la Constitución Política.
Segundo.
Dejar sin Efecto los fallos proferidos por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia los días 25 de julio
de 2000; 23 de noviembre de 1999; 28 de marzo de 2000; 9 de septiembre de 1999;
8 de marzo de 2001; 31 de enero de 2000 y 11 de abril de 2000, en los procesos
laborales iniciados por Jesús Hernando Roa García, José Vicente Sánchez
Montealegre, Elvia Inés Roa de Cortes, Inés Elvira Vélez Restrepo, José de
Jesús Fonseca Gutiérrez, Juan Clímaco Rodríguez Rodríguez y Matilde Ángel de
Rojas para solicitar el reconocimiento de su derecho a la indexación de la
primera mesada pensional.
Tercero. En consecuencia, Ordenar a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta
sentencia, decida los recursos de casación instaurados en los procesos
mencionados en el numeral anterior, con sujeción a lo preceptuado en los
artículos 13, 29 y 48 y al principio de favorabilidad consagrado en el artículo
53 de la Carta Política.
Cuarto. Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Auto 085/05
SENTENCIA DE TUTELA-Garantía del cumplimiento
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Medidas
a tomar en caso de incumplimiento/SENTENCIA DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL-Frente a incumplimiento se puede dictar
sentencia de reemplazo o decisión complementaria
CORTE CONSTITUCIONAL-Orden de cumplimiento de
sentencia T-663 de 2003
Referencia: expediente T-663 de 2003, expedientes
acumulados T-439261, T-456924, T- 489677, T-491356, T- 491592, T- 497604 y T-
498908.
Solicitud de cumplimiento de la decisión adoptada
para resolver las acciones de tutela instauradas, separadamente, por Jesús
Hernando Roa García, José Vicente Sánchez Montealegre, Elvia Inés Roa de
Cortés, Inés Elvira Vélez Restrepo, José de Jesús Fonseca Gutiérrez, Juan
Clímaco Rodríguez Rodríguez y Matilde Angel de Rojas contra la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil cinco
(2005).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de la competencia asignada por los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991, en
atención a las solicitudes formuladas por los accionantes, resuelve sobre el
cumplimiento de la sentencia T-663 de 2003.
I.       ANTECEDENTES
1.
Mediante sentencia proferida el 6 de agosto de 2003, esta Corte concedió a los
señores Jesús Hernando Roa García, José Vicente Sánchez Montealegre, Elvia Inés
Roa de Cortés, Inés Elvira Vélez Restrepo, José de Jesús Fonseca Gutiérrez,
Juan Clímaco Rodríguez Rodríguez y Matilde Angel de Rojas la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social
y a la aplicación del principio de la favorabilidad.
En
consecuencia resolvió dejar sin efecto “los fallos proferidos por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia los días 25 julio de 2000 (expediente
439261), 23 de noviembre de 1999 (expediente 456924), 28 de marzo de 2000
(expediente 489677), 9 de septiembre de 1999(expediente 491356), 8 de marzo de
2001(expediente 491592), 31 de enero de 2000 (expediente 497604) y 11 de abril
de 2000 (expediente 498908) (..)”,
y ordenó a la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral, dentro de los 30 días
siguientes a la notificación de la sentencia, resolver los recursos de casación
instaurados en los expedientes mencionados, con sujeción a lo preceptuado en
los artículos 13, 29, 48 y al principio de favorabilidad consagrado en el
artículo 53 de la Carta Política.
2.
Examinadas las actuaciones adelantadas por los jueces constitucionales de
instancia para dar cumplimiento a la sentencia T-663 de 2003, se observa que el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda Subsección C, el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala Civil, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca- Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo del mismo departamento
dispusieron la notificación de la providencia a los accionantes y a la H. Corte
Suprema de Justicia- Sala Laboral.
3.
Ante la interposición del incidente de desacato por el señor Jesús Hernando Roa
García, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral,
requirió a la Corte Suprema de Justicia para que le informara si dio
cumplimiento a la sentencia T-663 de 2003. En el mismo sentido por solicitud de
la Defensoría del Pueblo, en el caso del señor José Vicente Sánchez
Montealegre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección C, ordenó a la Corte Suprema de Justicia informar sobre el
cumplimiento de la sentencia T-663 de 2003. Adicionalmente advirtió a la Corte
Suprema que de no dar cumplimiento a la citada sentencia, se le informaría a la
Comisión de Investigación y Acusación de la H. Cámara de Representantes, para
que iniciara las gestiones pertinentes de conformidad con el artículo 27 del
Decreto 2591 de 1991. DE la misma manera, por solicitud de algunos de los
actores, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca- Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, inició incidente de desacato que culminó, como se
verá adelante, con el envío de los expedientes a la Corte Constitucional y
copia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
representantes.
4.
Al resolver las solicitudes formuladas por los jueces de tutela, la Corte
Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral, mediante providencias de similar
contenido, informó a los despachos judiciales que mantendría las sentencias que
la Corte Constitucional dejó sin efecto mediante sentencia T-663 de 2003.
Afirma que adopta dicha decisión “en defensa de la Constitución Política y
de la Ley”. En su criterio, las sentencias de 25 de julio de 2000, 23 de
noviembre de 1999, 28 de marzo de 2000, 9 de septiembre de 1999, marzo 8 de
2001, 31 de enero de 2000  y 11 de abril de 2000, que resolvieron los recursos
de casación instaurados dentro de los expedientes 439261, 456924, 489677,
491356, 491592, 497604 y 498908 respectivamente, no constituyen vía de
hecho. Al respecto sostiene que la sentencia T-663 de 2003 se limita a recoger
la “particular opinión de varios de sus Magistrados” en asuntos de exclusiva
incumbencia de la Corte Suprema de Justicia. Sobre el tema sostiene la Sala
Laboral:
“No puede decirse, con razón de peso, que la no
aplicación de la indexación a la primera mesada pensional, sustentada en
argumentos, opuestos a su viabilidad, discernidos en el campo de las pensiones
durante ya cerca de dos décadas, tanto en un sector de los estrados judiciales
como de la academia, sea caprichosa y como tal vaya en contravía de lo
dispuesto en los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Carta Política, pues ese
juicio, al igual que el contrario, está sustentado en criterios sopesados
durante un tiempo bastante considerable, que hasta hoy al propio interior de la
Sala de Casación Laboral no ha encontrado uniformidad entre sus miembros.
Aunque sin trascendencia para la decisión que habrá
de tomarse, conviene anotar que la discusión jurídica decidida en la sentencia
de casación cuestionada no infringió derecho fundamental alguno de la
demandante, pues versó sobre un aspecto de orden legal. Si bien es cierto que
en la Constitución Nacional se prevé que la Seguridad Social es un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, también lo es que ella misma remite a la ley la regulación
de la cobertura de esos riesgos (Art. 48); luego habiéndose tratado de un
aspecto tendiente a determinar acerca de la viabilidad de la corrección
monetaria de la primera mesada pensional, obviamente dentro del régimen legal
aplicable al caso, fácilmente se comprende que en rigor, no hubo
pronunciamiento respecto de ningún derecho fundamental, en tanto la Sala de
Casación Laboral obrando dentro del marco de su competencia constitucional,
resolvió simplemente una controversia jurídica, en su esencia de estirpe legal.
Resulta inadmisible, por lo tanto, que a la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en asuntos de su exclusiva
incumbencia, se pretenda imponer por la Corte Constitucional, la particular
opinión de varios de sus Magistrados, asumiendo una competencia que no tiene y
con ello desconociendo la autoridad que la Constitución le otorga a la Sala de
Casación Laboral en las materias tratadas, con apoyo descuidado en la
desatención de un criterio que guste o no es más que respetable”.[30]
Esa situación incomprensible y caprichosa de la
Corte Constitucional no puede pasar desapercibida por la Corte Suprema de
Justicia y, precisamente con la única finalidad de proteger la propia Carta
Política, concretamente el artículo 218, se dirá que la única sentencia válida
en este asunto, es la del 17 de mayo de 2000, con lo cual se garantiza el
principio de autonomía e independencia de los Jueces tan necesario en los
tiempos actuales, cuyo postulado viene reafirmado en el artículo 5° de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia al precisar que “Ningún superior
jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir,
determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones
o criterios que deba adoptar en sus providencias”. Prohibición que con mayor
razón debe entenderse tratándose de la Corte Suprema de Justicia, habida
consideración que carece de superior.”[31]
5.
Dada la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección 2 Subsección C, envió mediante
oficio de noviembre 10 de 2003, el expediente 456924 a la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes “para que inicie y
adelante las acciones pertinentes, toda vez que, es la Corporación competente
para investigar y para actuar ante los Honorables Magistrados de las altas
Cortes". En idéntico sentido actuaron el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá- Sala Civil respecto del expediente N° 489677 y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca- Sala Jurisdiccional Disciplinaria
que envió el original de los expedientes 491356, 491592 y 498908 a la Corte
Constitucional y copia de los mismos a la Comisión de Investigación y Acusación
de la Cámara de Representantes.
Hasta
el momento de la expedición del presente no se había dado cumplimiento a lo
establecido en la sentencia T-663 de 2002.
Pruebas
solicitadas por la Corte
6.
Atendiendo las peticiones formuladas por la Defensoría del Pueblo y los
accionantes, la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación, solicitó a los
falladores de tutela de primera instancia los expedientes relativos a las
acciones de tutela de la referencia, con el objeto de adicionar la decisión.
7.
Los jueces de tutela de instancia, de oficio o en respuesta a la solicitud de
la Sala, enviaron a la Corte la siguiente información:
-
El Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral, remitió el expediente N° 439261
correspondiente al caso de Jesús Hernando Roa García.
-
El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Segunda Subsección C, informó que el expediente
contentivo de la Acción de Tutela N° 456924 correspondiente al caso de José
Vicente Sánchez Montealegre se encontraba en la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes.
-
El Tribunal Superior de Bogotá-
Sala Civil, no remitió a la Corte el expediente N° 489677 correspondiente al
caso de Elvia Inés Roa de Cortés. Sin embargo como se verá en el numeral 5
siguiente, la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral, remitió copia del mismo
a la Corte Constitucional.
-
El Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca- Sala Jurisdiccional Disciplinaria, remitió a la
Corte los expedientes: N° 491356 correspondiente al caso de Inés Elvira Vélez
Restrepo, el N° 491592 correspondiente al caso de José de Jesús Fonseca y el N°
498908 correspondiente al caso de Matilde Ángel de Rojas.
-
El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Primera Sub- sección B, remitió a la Corte el expediente
N° 497604 correspondiente al caso de Juan Clímaco Rodríguez Rodríguez
8.
Mediante auto del 6 de abril del año en curso la Sala Cuarta de Revisión de
esta Corporación solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes, la remisión del expediente N° 456924 correspondiente
al caso de José Vicente Sánchez Montealegre. La Comisión envió copia del
respectivo expediente mediante Oficio CIA 3.9 AS1-017-05 del 13 de abril de
2005.
9.
La Sala Cuarta de Revisión mediante Auto de 2 de marzo de 2005, solicitó a la
Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral informar sobre el trámite adelantado en
el expediente N° 489677 correspondiente al caso de Elvia Inés Roa de Cortés. En
respuesta a dicha solicitud, la Corte Suprema de Justicia envió a la Corte
Constitucional, mediante oficio de 8 de marzo de 2005 “copia del cuaderno de
diligencias que se encuentra en el archivo de la secretaría de la Sala de
Casación Laboral, que hace relación al traslado del incidente de desacato en la
acción de tutela promovida por Elvia Inés Roa de Cortés contra esta sala,
dentro del Proceso Ordinario Laboral que la citada señora le promovió al Banco
Cafetero”. En el cuaderno de copias reside copia de las actuaciones procesales
relevantes dentro del juicio de tutela de la referencia.
10.
Revisados los expedientes remitidos a la Corte Constitucional, se advirtió que
hacían falta algunas de las sentencias constitutivas de las actuaciones dentro
del proceso ordinario laboral. En consecuencia se ordenó mediante auto de 12 de
abril de 2005 a los correspondientes despachos judiciales el envío de dichas
sentencias, las cuales fueron remitidas a esta Corporación y anexadas a los
correspondientes expedientes de tutela así:
-
Al Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Bogotá, se solicitó copia de la sentencia de 29 de enero de 1999
proferida dentro del proceso ordinario laboral impulsado por Jesús Hernando Roa
García contra el Banco Cafetero, la cual fue remitida a la Corte mediante
oficio de 14 de abril de 2005, y anexada al expediente N° 439261
-
Al Juzgado 18 Laboral del
Circuito de Bogotá, se solicitó copia de la sentencia del 5 de febrero de 1999
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala
Laboral, dentro del proceso ordinario laboral impulsado por José Vicente
Sánchez Montealegre contra el Banco de Colombia, la cual fue remitida a la
Corte mediante oficio 0633 del 14 de abril de 2005 y anexada al expediente N° 456924.
-
Al Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Bogotá, se solicitó copia de la sentencia del 21 de abril de 1999
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala
Laboral, dentro del proceso ordinario laboral impulsado por Elvia Inés Roa de
Cortés contra el Banco Cafetero, la cual fue remitida a la Corte mediante
oficio 779 del 14 de abril de 2005 y anexada al expediente N° 489677.
-
Al Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Bogotá, se solicitó copia de la sentencia del 25 de noviembre de
1997 proferida dentro del proceso ordinario laboral impulsado por Matilde Ángel
de Rojas contra el Banco Cafetero, la cual fue remitida mediante oficio del 20
de abril de 2005 y anexada al expediente N° 498908.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. En Auto 141B de
2004, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió un asunto idéntico al
que ahora se resuelve. A través de dicha decisión la Corte Constitucional
adicionó la sentencia de tutela SU-120 de 2003, a fin de dar cumplimiento al
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de los actores.
En
efecto, a través de la sentencia SU-120 de 2003, la Corte Constitucional tuteló
los derechos fundamentales de los accionantes y ordenó a la Corte Suprema de
Justicia- Sala Laboral proferir un nuevo fallo que tuviera en cuenta tales
derechos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral, con
argumentos prácticamente idénticos a los esgrimidos en este proceso, se negó a
dar cumplimiento a la sentencia de tutela referida. En consecuencia, la Corte
Constitucional reasumió la competencia del asunto y adicionó la respectiva
sentencia a fin de satisfacer el derecho de los actores a la ejecución de las
decisiones judiciales, es decir, su derecho al acceso a la administración de
justicia y a una tutela judicial efectiva. Dado que el presente caso es
prácticamente idéntico al caso citado resulta relevante citar la jurisprudencia
de la Corte al respecto:[32]
“El artículo 86 de la Constitución Política confiere
al Juez constitucional la competencia que demanda el restablecimiento real y
efectivo de los derechos fundamentales de los asociados, quebrantados por
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares -en los
casos que la norma señala-, y el Decreto 2591 de 1991 enuncia algunas de las
medidas que pueden tomarse “para garantizar al agraviado el pleno goce de su
derecho”, y a su vez sancionar a quien se abstiene de cumplir con las
órdenes de restablecimiento.
Por ello en reiterada jurisprudencia esta
Corporación ha distinguido[33] las medidas destinadas a
restablecer los derechos conculcados, mediante acciones dirigidas a que cesen
efectivamente los actos o actuaciones que dan lugar a la conculcación, de las
indemnizaciones costas y sanciones, así que “resulta perfectamente posible y
válido que se adopten las medidas indispensables para garantizar el
cumplimiento efectivo de una sentencia de tutela, sin entrar a analizar si es
predicable responsabilidad subjetiva de la autoridad que presuntamente incumple
una orden tendiente a la protección de los derechos fundamentales”[34].
Dentro del anterior contexto, sin perjuicio de las
competencias de otras autoridades para aplicar las medidas sancionatorias
previstas en el Decreto 2591 de 1991 y resolver sobre responsabilidades,
indemnizaciones y costas, esta Corporación se ha concentrado, en los casos de
incumplimiento de sus decisiones, en las medidas que hacen cesar la
conculcación, y ha reiterado que éstas pueden tomarse “hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”
–artículo 27-.
Ahora bien, son varias las alternativas que se
desprenden de las facultades de restablecimiento que confieren al juez de
tutela el artículo 86 de la Carta y el Decreto 2591 de 1991, entre ellas la
adición de la decisión inicial, a fin de darle pleno efecto a la vinculación de
quienes no quedaron expresamente incursos en las consecuencias que acarrea el
incumplimiento, estando comprometidos con la conculcación y por ende con el
acatamiento irrestricto e incondicional de las órdenes emitidas.
En esta línea esta Corporación, previo el análisis
de las diferentes opciones, en un caso similar al que ahora la ocupa, resolvió
dar pleno efecto a la decisión judicial sobre el asunto, que lo resolvió con
sujeción a la Carta Política [35]. Expuso la Corte:
“2.3.8. Siguiendo la línea de interpretación fijada
por la doctrina constitucional[36], cuando la Corte
tiene conocimiento en relación con el incumplimiento de la sentencia, “puede
solicitar nuevamente el expediente o los expedientes que contienen las
sentencias de tutela que la Corporación haya proferido, para hacer cumplir su
fallo, tomando determinaciones que cobijan inclusive a intervinientes que han
citado dentro del expediente de tutela a fin de que no se quede escrita la
protección al derecho fundamental”[37].Y dentro de las
medidas a adoptar en estos casos, se cuentan la de proceder a dictar una
sentencia de reemplazo si no existe otra forma de hacer cumplir lo ordenado[38],
o en su defecto, la de tomar una decisión complementaria al fallo incumplido
que haga cesar la violación de los derechos fundamentales, como puede ser, sin
modificar lo ya resuelto, la de dejar en firme la decisión judicial que fue
revocada por la alta Corporación de justicia en ejercicio de su competencia
funcional, cuando a juicio de la Corte Constitucional aquella interprete en
debida forma el criterio sentado en la respectiva sentencia de Revisión y
garantice la protección de los derechos conculcados por la alta Corporación.
Esta última opción encuentra antecedentes
específicos en el derecho comparado y concretamente en el derecho español.
Ciertamente, con ocasión del recurso de amparo constitucional promovido contra
una sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a un proceso de filiación y
pruebas biológicas, el Tribunal Constitucional Español, en la Sentencia del 7
de enero de 1994, resolvió anular la decisión de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo y dejar en firme la sentencia proferida por su inferior
jerárquico, la Audiencia Provincial. En el fundamento jurídico octavo de la
citada providencia, luego de advertir la violación por parte de la providencia
del Tribunal Supremo, sostuvo el órgano de control constitucional que una
manera de garantizar el derecho de la demandante a un proceso sin dilaciones
indebidas, era perfilar el fallo de amparo de tal manera que sólo se anularan
aquellas decisiones judiciales que directa e inequívocamente habían infringido
el derecho fundamental reclamado, restableciendo los efectos de aquella que
garantizaba su ejercicio. En cuanto llegó a la conclusión que ello ocurría solo
en el caso de la sentencia del Tribunal Supremo, tomó la decisión advertida:
anular el fallo del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y dejar en firme
el que había sido revocado por éste. La aludida decisión es del siguiente tenor
literal:
“Estimar el recurso de amparo y, en consecuencia:
1. Reconocer el derecho de la demandante a la tutela
judicial efectiva sin indefensión.
2. Anular la sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo de 30 de abril de 1992 (rollo núm. 1126/1990), con la
consiguiente firmeza de la sentencia de la Audiencia Provincial (Sección
décima) de 26 de febrero de 1990 (rollo núm. 873/1998).”
Al margen de lo anterior, en procura de hacer
realidad la orden de protección incumplida por una alta corporación de
justicia, también en nuestro derecho interno se ha acudido al expediente de
reestablecer la vigencia de la decisión reemplazada con la providencia
declarada nula en vía de tutela. Recientemente, a propósito del incumplimiento
de la Sentencia T-1306 de 2001, que dejó sin efectos un fallo de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y le ordenó a ésta dictar sentencia de
reemplazo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de
Cundinamarca, en su condición de juez de tutela de primera instancia, mediante
proveído del 22 de mayo de 2002, decidió “DECLARAR VIGENTE formal y
materialmente la sentencia del juzgado 6° Laboral del Circuito de la ciudad de
Bogotá, del 10 de febrero de 1999...”; en el entendido que ésta interpretaba en
debida forma el contenido de la sentencia de amparo desacatada.
Invocándose una presunta vía de hecho, contra la
decisión del Consejo Seccional se formuló acción de tutela, la cual fue
finalmente denegada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1158 de 2003
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), al considerar que esa autoridad judicial se
limitó cumplir con su deber constitucional de hacer efectiva la orden dada por
el máximo órgano de la jurisdicción constitucional. Sobre este particular, dijo
la Corte en uno de los apartes de la citada providencia:
“El Consejo
seccional de la Judicatura de Cundinamarca, al comprobar, como lo hizo, que se
incumplió con una orden de tutela, hizo lo que correspondía y era su deber:
hacerla cumplir. Interpretando las normas y las sentencias dictadas en el caso
concreto, determinó razonablemente que el reconocimiento de la pensión del
señor Florentino Méndez era el camino a tomar y por eso le dio validez a la
sentencia del Juzgado 6° Laboral de Bogotá. Ese proceder no es una vía de hecho
y así lo reconoció la Magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, doctora Marina Pulido de Barón, al salvar el voto. La Corte
Constitucional considera que lo decidido en el auto de 22 de mayo de 2002 no
violó el debido proceso del Banco Popular...”[39]”
2. En
atención a la doctrina constitucional citada y vistas las pruebas que residen
en cada uno de los expedientes, la Corte procedió a identificar las decisiones
laborales de instancia que se adecuan a lo establecido en la  sentencia T-663
de 2003, como sigue:
–CASO
DE JESÚS HERNANDO ROA GARCÍA. (EXP. 439261)
El
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia proferida el 29 de
enero de 1999, condenó al Banco Cafetero BANCAFE S.A. a pagar al señor Jesús
Hernando Roa García: “La suma de $31.016.396 por concepto de reajustes de
mesadas pensionales, correspondientes a los años de 1994 a 1997, igualmente se
ordena seguir reajustando dicha mesada pensional indexada de acuerdo a lo
dispuesto por la ley.” Fundamento así su decisión:
“En
lo que respecta a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, existe
jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral,
que dice:
(…) Recapitulando, entonces, se puede anotar que si bien en los no pocos
pronunciamientos que ha hecho la Corte en Sala de Casación Laboral, en el tema
de la indexación, ha esgrimido como fundamento jurídico de la misma, en unos
casos, razones de justicia y equidad consagradas en los artículos 8° de la Ley
153 de 1987 y 19 del Código Sustantivo del trabajo, y, en otros, una modalidad
del daño emergente entendido como el perjuicio que sufre el trabajador a raíz
del retardo o mora del empleador en pagar un crédito laboral, estima la mayoría
de la Corporación que en asunto materia de controversia, por motivos ya
precisados, debe estarse a la luz del primero de los planteamientos expuestos
el sustento de la naturaleza jurídica de la revaluación judicial. (CSJ Cas.
Laboral, Sent. Agosto 5/96, con salvamento de voto)”
-
CASO DE  JOSÉ
VICENTE SÁNCHEZ MONTEALEGRE. (EXP.456924).
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral, en sentencia
proferida el 5 de febrero de 1999, revocó la decisión del juzgado 18 Laboral
del Circuito de Santafé de Bogotá D.C  y en su lugar procedió a “declarar
que el valor inicial de la pensión de jubilación a cargo del Banco de Colombia
y a favor del señor José Vicente Sánchez Montealegre es de $90.396 a partir del
17 de febrero de 1992, debiendo asumir el banco demandado las diferencias que
resulten entre lo por el pagado por este concepto y los valores que resulten de
acuerdo a la liquidación que se hizo para la primera mesada indexada con los posteriores
aumentos legales a partir del 6 de junio de 1994 y para los años subsiguientes,
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva” . Su decisión la fundamento
así:
“Con
la corrección monetaria que se aplica a la primera mesada pensional no se está
imponiendo a la demandada una carga adicional ni una condena mayor sino la
misma que le hubiera correspondido el 1 de octubre de 1979 en caso de haber
tenido el actor cumplida la condición (edad) para empezar a reclamar el pago de
su derecho pensional.
Así
pues, al acoger la indexación pretendida por este último no se está castigando
al empleador ni imponiéndose cargas con fundamento en el transcurso del tiempo
entre la fecha del retiro del señor JOSE VICENTE SANCHEZ MONTEALEGRE de su
cargo y la fecha en que completó la edad. Si nuestro país tuviera una economía
sólida de manera que su signo monetario no tuviera fluctuaciones en su valor,
el monto de la pensión de jubilación del actor debe estar constituído por el
mismo número de pesos o signos monetarios en ambas fechas. Esta manifestación
de justicia es precisamente la que se ha pretendido alcanzar con la directriz
que la jurisprudencia del país ha adoptado en el tópico analizado.”
-
CASO DE ELVIA
INÉS ROA DE CORTÉS. (EXP. 489677)
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral, en sentencia
proferida el 21 de abril de 1999, revocó la sentencia del a-quo y ordenó al
Banco Cafetero Bancafé S.A., indexar la primera mesada pensional de la
demandante y los aumentos legales incluidas las mesadas adicionales. En
consecuencia, condenó “al accionado BANCO CAFETERO a reconocer y pagar a la
señora ELVIA INÉS ROA DE CORTÉS, la suma de $272 590.03 mensuales a partir del
18 julio de 1992 como pensión de jubilación; la cual estará sujeta a los
aumentos legales incluídas las mesadas adicionales. Deberá deducirse de la
condena las sumas que la demandada le ha venido pagando por concepto de mesada
pensionales y adicionales relacionadas con dicha pensión hasta el momento en
que la demandada se actualice en el pago consecutivo ordenado.” Fundamento
así su decisión:
“Según
el anterior criterio, la aplicación de la indexación o corrección monetaria por
la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, por razones de justicia y
equidad es procedente cuando se produce por un tiempo prolongado a través del
cual se hace notar el fenómeno económico, pues sus efectos son los de disminuir
el valor real del salario frente a la primera mesada pensional a que tiene
derecho a percibir el trabajador, proporcional, no al valor en pesos de lo que
venía devengando sino al poder adquisitivo de la moneda que tenía al momento
del retiro, que es y ha sido según la ley y la jurisprudencia el verdadero
sentir del legislador, o sea, que ese poder adquisitivo no se envilezca, cuando
año tras año ha determinado aumentos en las mesadas.”
-
CASO DE INÉS
ELVIRA VÉLEZ RESTREPO. (EXP. 491356)
El
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 6 de
octubre de 1998, condenó al Banco Cafetero BANCAFE S.A. a “reconocer y pagar
la suma de $25 394 217.68 por concepto de reajuste de mesadas pensionales,
causado desde el 9 de abril de 1995 al 30 de septiembre de 1998; y continuar
reconociendo y pagándole a partir del mes de octubre de 1998 por concepto de
mesada pensional, la suma de $875 367.38” a la señora Inés Elvira Vélez
Restrepo, fundamentó así su decisión :
“Y
que más que la propia depreciación de la moneda podría menoscabar con la
capacidad económica de la persona, que una vez prestada su fuerza de trabajo
durante más de 20 años al servicio de un empleador; agotada, desgastada y
diezmada, decide retirarse en espera y con la expectativa de cumplir la edad
necesaria para acceder al derecho pensional con la cual continuara gozando de
una calidad de vida; si la Ley 100 de 1993 no hubiese establecido los
mecanismos necesarios para que las pensiones mantengan su poder adquisitivo
constante; tal como se concibiera en los Artículos 14, 21, 35, 36 y 117 entre
otros, que no solo actualizan el valor de las pensiones causadas, sino también
los recursos recaudados para pensiones futuras mediante la aplicación de la
variación del índice de precios al consumidor que certifique el DANE.”
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín- Sala Laboral, mediante
sentencia proferida el 1 de diciembre de 1998, desató el recurso de apelación
en el asunto que se reseña, confirmando la decisión. Expuso la Sala:
“La
jurisprudencia de casación laboral ha tenido oportunidad de pronunciarse en
torno al tema de la indexación de la primera mesada en materia pensional, y ese
criterio, prolijo en argumentos jurídicos, de justicia y equidad, no puede ser
simplemente desestimado por el juez porque resulta inconveniente para los
intereses de una de las partes, o porque no fue adoptado por unanimidad.”
-
CASO DE JOSÉ
DE JESÚS FONSECA. (EXP. 491592)
El
Juzgado 5 Laboral del Circuito de Bogotá en sentencia proferida el 3 de
diciembre de 1999, absolvió a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. y
por lo tanto no concedió la pretensión del actor en el sentido de indexar la
primera mesada pensional y el consecuente reajuste de las mesadas adicionales
pagadas. Dicho fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá- Sala Laboral en fallo del 14 de abril de 2000.
-
CASO DE JUAN
CLÍMACO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. (EXP.497604)
El
Juzgado Dieciséis  Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia proferida el 9
de octubre de 1998, condenó a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en
Liquidación a reliquidar el valor inicial de la pensión de jubilación cuya
primera mesada asciende a $381 041.32, a partir del 9 de agosto de 1994, y al
pago de la diferencia entre lo que se está reconociendo y el valor actualizado,
junto con los incrementos legales y las correspondientes mesadas adicionales al
señor Juan Clímaco Rodríguez Rodríguez, fundamentó así su decisión:
“Respecto
de la indexación considera este Despacho que el fenómeno económico inflacionario
se ha arraigado de tal modo en la economía colombiana con el consiguiente
deterioro del poder adquisitivo de la moneda, que el último inciso del artículo
48 de la Constitución Política consagra el deber de mantener los recursos
destinados a pensiones en su poder adquisitivo constante y en algunos campos la
legislación se ha ocupado de regular de manera permanente el tema estableciendo
mecanismos para actualizar el valor de las deudas dinerarias como es el caso de
los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 75 de la Ley 6 de
1992(...)”
“Entonces
si la indexación ha sido materia de desarrollo jurisprudencial en tratándose de
acreencias laborales, el valor inicial de la pensión del actor, que como ya se
dijo fue de $210 485.18 mensuales, y cuya primera mesada, de acuerdo con
reiterado criterio jurisprudencial deberá indexarse por razones de justicia y
equidad pues no otra cosa significaría el que se pudiera cancelar una deuda
respetando una cuantía nominal que dista considerablemente en la fecha del pago
del valor real que tenía cuando fue contraída, que acoge en un todo este
Despacho Judicial y con apoyo en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de
la H. Corte Suprema De Justicia de 5 de agosto de 1996, radicación N°8616 con
ponencia también de H. Magistrado Dr. Fernando Vásquez Botero, con fundamento
en sentencia de 13 de noviembre de 1991, de la misma corporación(…)”
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral, en sentencia
proferida el 2 de diciembre de 1998, desató el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada en el asunto que se reseña, confirmando la decisión.
Expuso la Sala:
“Por eso, el hecho de que a las mesadas pensionales
se les haya aplicado anualmente los reajustes que para ellas establezca la ley
no quiere decir, que haya un doble pago por una misma obligación o que el
fenómeno de la desvalorización del dinero se compense con esos reajustes
periódicos de carácter legal, pues de lo que acá se trata es de recuperar esa
pérdida del poder adquisitivo que se presentó desde el mismo momento inicial
debido al tiempo transcurrido entre la terminación de la relación laboral y el
disfrute efectivo de la pensión, de manera que si indexamos o revaluamos la
primera mesada pensional se restablecerá el equilibrio y de ahí en adelante el
pensionado podrá recibir sus mesadas con el mismo poder adquisitivo que
tendrían como si las hubiera empezado a disfrutar inmediatamente después de la
terminación de la relación laboral, sin que esto obste para que a esas mesadas
año por año se les aplique el reajuste que la ley establezca para ellas.
Si no se aplica la fórmula de la indexación a la
primera mesada pensional y simplemente se deja que a estas se les aplique el
reajuste de carácter legal, año por año, como lo pretende el apelante, con esto
nunca se estaría recuperando esa pérdida de poder adquisitivo que se
experimento desde el mismo momento inicial en que se pagó efectivamente la
pensión de jubilación, pues como ya se dijo, el desequilibrio se presenta por
el lapso transcurrido entre la fecha de terminación de la relación laboral y el
pago de la primera mesada pensional.”
-
CASO DE
MATILDE ÁNGEL DE ROJAS. (EXP. 498908)
El
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia proferida el 25 de
noviembre de 1997, condenó al Banco Cafetero BANCAFE S.A. a reajustar la
pensión de jubilación reconocida a la señora Matilde Ángel de Rojas y
consecuencialmente a “pagar la suma de $50 617 226.17 por concepto de
reajuste de la pensión jubilatoria de la demandante a partir del 1 de enero de
1992 y para los años subsiguientes, de conformidad con las leyes 71 de 1988 y
100 de 1993”, fundamentó así su decisión:
“
Es decir, la demandante a 15 de febrero de 1983 devengaba 5.57 salarios mínimos
mensuales, y la demandada después de ocho (8) años, cinco (5) meses y veintiuno
(21) días, cuando la demandante adquiere el derecho, la pensiona con el valor
de un salario mínimo mensual únicamente, desconociendo abiertamente el artículo
48 de la Constitución Nacional en cuanto no mantuvo el poder adquisitivo
constante de la mesada pensional de la demandante, desarrollado por el art. 4
de la ley 100 de 1993.”
3. Como quedó expuesto en el presente caso, la Corte
Suprema de Justicia se negó a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia
T-663 de 2003. Ante tal decisión, los jueces de instancia, ante quienes se ha
solicitado incidente de desacato, han considerado que no son competentes para
tramitarlo y en consecuencia han remitido los expedientes a la Corte
Constitucional, y/o a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes para lo de su competencia. En estas circunstancias, la Corte
Constitucional debe proceder a adoptar un remedio procesal extraordinario y excepcional
destinado exclusivamente a la satisfacción del derecho a la tutela judicial
efectiva de quienes impulsaron las acciones de tutela de la referencia. En
efecto, como quedó expuesto en el numeral 1 de las consideraciones de la
presente decisión, el derecho de acceso a la administración de justicia, el
derecho al debido proceso aparejan el derecho de quien ha resultado protegido
por una sentencia judicial, a la ejecución de dicha sentencia, en otras
palabras, el derecho a la tutela judicial efectiva.
En virtud de lo anterior, la Corte procederá a dejar
en firme las decisiones de los jueces laborales que acaban de ser reseñadas y
que se produjeron con sometimiento a la constitución política y a ordenar a
BANCAFÉ S.A., al Banco de Colombia, a la Corporación Financiera de Desarrollo
S.A y a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación su
inmediato cumplimiento.
4. Ahora bien, en cuanto se refiere al expediente
491592 que corresponde al caso del señor José de Jesús Fonseca Gutiérrez, y dado
que respecto a este no existe una sentencia laboral de instancia proferida de
conformidad con los derechos fundamentales del actor, se ordenará directamente
a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A (Corfidesarrollo S.A.) liquidar y
pagar de conformidad con lo dispuesto en la sentencia T-663 de 2003, la pensión
correspondiente a  José de Jesús Fonseca Gutiérrez. Se previene en todo caso a
dicha empresa para que actúe sometida a los dictados de la buena fe y con
estricta sujeción al imperio de la Constitución de conformidad con la sentencia
T- 663 de 2003.
A este respecto es fundamental mencionar que en el
trámite de la tutela correspondiente al expediente 491592, impulsado por el
señor José de Jesús Fonseca Gutiérrez, los jueces de primera y segunda
instancia de tutela notificaron adecuadamente a la Corporación Financiera de
Desarrollo S.A (Corfidesarrollo S.A.) tanto la interposición y admisión de la
acción como las decisiones judiciales adoptadas.
En efecto, como aparece en el expediente, el juez de
primera instancia notificó a Corfidesarrollo S.A tanto el auto de admisión de
la acción (folio 53 del segundo cuaderno) como el fallo de primera instancia
(folio 130 del segundo cuaderno).
En la notificación de la admisión de la acción,
dirigida al Gerente y/o representante legal de CORFIDESARROLLO S.A., se lee:
“De acuerdo a lo ordenado en auto de la fecha, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y
reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, por tratarse de
un tercero con interés legítimo en el resultado de este proceso, le notifico
que en esta corporación se tramita la acción de tutela interpuesta por el señor
JOSÉ DE JESÚS FONSECA GUTIÉRREZ  contra la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
Por lo anterior, se le remite copia de la acción de
tutela formulada para que intervenga, si lo estima pertinente, como coadyuvante
de la autoridad judicial contra la cual se impetró el amparo.”
A su turno, el fallador de segunda instancia
notificó a Corfidesarrollo S.A la decisión de tutela de segunda instancia
(folio 101 del primer cuaderno). Finalmente, el juez de primera instancia le notificó
la sentencia T-663/2003 (folio 155 del segundo cuaderno) que se adiciona
mediante el presente Auto.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio
de su competencia constitucional y legal
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR EJECUTORIADOS i) la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, el 29 de enero de 1999, dentro del
proceso Ordinario Laboral promovido por Jesús Hernando Roa García contra el
Banco Cafetero BANCAFE S.A.; ii) la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral el 5 de febrero de 1999,
en la cual se resuelve el proceso Ordinario Laboral promovido por José Vicente
Sánchez Montealegre contra el Banco de Colombia; iii) el fallo proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral, el 21 de abril de 1999,
que resolvió el recurso de apelación dentro del proceso Ordinario Laboral
promovido por Elvia Inés Roa de Cortés contra el Banco Cafetero BANCAFE S.A.;
iv) los fallos proferidos el 6 de octubre y el 1 de diciembre de 1998 por el
Juzgado Décimo Laboral de Medellín y por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Medellín, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por Inés Elvira
Vélez Restrepo contra BANCAFE S.A.; v) los fallos adoptados el 9 de octubre y
el 2 de diciembre de 1998 por el Juzgado Dieciséis Laboral de Bogotá y Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala Laboral, respectivamente, dentro
del proceso Ordinario Laboral promovido por Juan Clímaco Rodríguez Rodríguez
contra La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero- En Liquidación; y vi) la
sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, el 25
de noviembre de 1997, para resolver el proceso Ordinario Laboral promovido por
Matilde Angel de Rojas contra el Banco Cafetero BANCAFE S.A
SEGUNDO. ORDENAR al Banco Cafetero BANCAFE S.A., al Banco de Colombia y a la Caja de
Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación, que den cumplimiento a las
sentencias antes relacionadas, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta providencia. Para tales efectos las correspondientes
sentencias laborales han sido anexadas a los expedientes de tutela de la
referencia.
TERCERO. ORDENAR a la
Corporación Financiera de Desarrollo S.A (CORFIDESARROLLO S.A) que proceda a
liquidar la pensión de jubilación del señor José de Jesús Fonseca Gutiérrez de
conformidad con lo establecido en la sentencia T-663 de 2003, y a pagar las
sumas dejadas de percibir por la omisión en el reajuste de las mesadas
pensionales pagadas.
CUARTO. Por
Secretaría General de esta Corporación, comuníquese esta decisión a los
accionantes, a la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia,
a BANCAFE S.A., a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en
Liquidación, al Banco de Colombia y a la Corporación Financiera de Desarrollo
S.A.
QUINTO. Disponer
la remisión de los expedientes de tutela de la referencia así: al Tribunal
Superior de Bogotá- Sala Laboral el Exp.439261(Jesús Hernando Roa García); al
Consejo Seccional de Judicatura de Cundinamarca- Sala Jurisdiccional
Disciplinaria el Exp. 491356 (Inés Elvira Vélez Restrepo), Exp. 491592 (José de
Jesús Fonseca Gutiérrez) y Exp. 498908 (Matilde Ángel de Rojas), y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección 1 Subsección B el Exp. 497604 (Juan
Clímaco Rodríguez Rodríguez)y ordenar que por Secretaría General se envíe copia
de la sentencia T-663 de 2003 y de esta providencia a cada uno de los despachos
judiciales mencionados, a fin de que adopten en forma inmediata las medidas
pertinentes.
SEXTO. Disponer
la remisión de la copia disponible de los expedientes 456924 (José Vicente
Sánchez Montealegre) al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala
Laboral y el Exp. 489677 (Elvia Inés Roa de Cortés) al Tribunal Superior de
Bogotá- Sala Civil, advirtiendo que los cuadernos originales se encuentran en
la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Por
Secretaría General enviar adicionalmente a los despachos mencionados copia de
la sentencia T-663 de 2003 y de esta providencia, a fin de que adopten en forma
inmediata las medidas pertinentes.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional a
continuación de la sentencia T-663 de 2003, cúmplase y archívese el expediente.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]   Folio 102 cuaderno 4 del expediente.
[2]   Sentencia SU-120-03 M.P. Alvaro
Tafur Gálvis.
[3]   En la sentencia de unificación en
referencia se señalaron, en los siguientes términos, las características de las
vías de hecho: “De modo que la jurisprudencia constitucional tiene definido que
constituyen vías de hechos las decisiones judiciales caprichosas, arbitrarias e
irrazonables, doctrina que aplicada a la labor de interpretación judicial
comporta infirmar las decisiones en las que el juez elige la norma aplicable o
determina su manera de aplicación i) contraviniendo o haciendo caso omiso de
los postulados, principios y valores constitucionales, ii) imponiendo criterios
irracionales o desproporcionados, iv) sin respetar el principio de igualdad, y
v) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio. (...) esta Corte tiene
definido que en razón de la autonomía y libertad de acción que se desprende del
artículo 230 constitucional, los jueces y tribunales no pueden, por ningún
motivo, aplicar la voluntad abstracta de la ley al caso concreto desconociendo
los derechos fundamentales de las personas involucradas en sus decisiones,
porque la normativa constitucional atinente a tales derechos prevalece respecto
de la que organiza la actividad estatal y determina las distintas funciones de
las autoridades públicas”.
[4]   Corte Constitucional. Sentencia
SU-120-03 M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[5]   Ibídem.
[6]   Ibídem.
[7]   Sentencia T-001 de 1999 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[8]   Corte Constitucional. Sentencia
SU-837-02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9]   Corte Constitucional. Sentencias
C-137-96 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-067-99 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y C-1336-00 M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[10]   Corte Constitucional. Sentencia
C-168-95 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[11]   Corte
Constitucional. Sentencia SU-120-03 M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[12] “Héctor Armando
Pineda Cañas demandó al Banco Popular, para que, previos los trámites de un
Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, se le condene al reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación a la que tiene derecho, a partir del 29 de
diciembre de 1997 en la cuantía establecida en la ley, con su correspondiente
corrección monetaria,  las primas adicionales y reajustes de cada anualidad.
(..) se vinculó al servicio del Banco demandado el 5 de diciembre de 1958, (..)
laboró desde dicha fecha en forma permanente y sin solución de continuidad
hasta el 31 de enero de 1991, que cumplió los 55 años de edad el 29 de
diciembre de 1997, que en el mes de septiembre de 1997 le reclamó al Banco
Popular el reconocimiento de su pensión, a lo que se le respondió que no tenía
derecho a la pensión de jubilación referida en la ley 33 de 1985, sino a la de
vejez  cuando cumpla los 60 años de edad (..)” -Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, M. P. Fernando Vásquez Botero.
[13] “El señor Luis
Arnulfo Navarro, “prestó sus servicios al demandado entre el 21 de diciembre de
1961  y el 15 de septiembre de 1988, cuando el contrato terminó por mutuo
acuerdo;  2)  Fue pensionado a partir del 9 de diciembre de 1991, mediante
Resolución del 26 de febrero de 1992;   3) Para la liquidación de dicha
prestación el Banco tomó en cuenta el último salario devengado en 1988,
desconociendo el monto de la indexación causada desde ese momento hasta cuando
se reconoció la pensión” –Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
sentencia de 25 de julio de 2002 M.P. Luis Gonzalo Toro..
[14] En los siguientes
pronunciamientos puede ser estudiada la posición de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, adoptada desde julio de 2000 -en algunas ocasiones-, que
ha permitido a algunos extrabajadores, que alcanzaron la edad requerida para
acceder a la pensión de jubilación, después de terminar su relación laboral con
el obligado, mantener el nivel adquisitivo de su ingreso. Cabe precisar que en
dos de los casos en comento, la Sala accionada se basó en lo dispuesto en los
artículos 19 del CST y  8° de la Ley 153 de 1887 para reconocer la pretensión;
y en los otros, dado que el trabajador alcanzó la edad en vigencia de la Ley
100 de 1993, aplicó esta normatividad: Sentencias  13.153 M. P. Luis
Gonzalo Toro, 26 de septiembre de 2000, Salustino Reyes contra Banco
Popular; 13.293 M P Luis Gonzalo Toro 26
de septiembre de 2000 José Eduardo Briceño contra Banco de Bogota; 13.426, M.P.
Luis Gonzalo Toro, agosto 8 de 2000, José Nicolás Lemus contra Banco Popular;
13.905, M. P. Fernando Vásquez Botero, 1º de agosto de 2000 Enrique Durán
contra Bancafé;14.740 M.P. Francisco Escobar Henriquez, enero 17 de 2001,
Rómulo Augusto Rodríguez Vidal contra Bancafé; 15.908, M P. Francisco Escobar
Henríquez, febrero 12 de 2001 Luis Eduardo Castro Sierra contra la Bancafé;
15654. M. P. Francisco Escobar Henríquez, mayo 31 de 2001, Belisario Nicolás
Aponte contra Bancafé y Cajanal; 15836 M.P. Isaura Vargas Díaz, 28 de
agosto de 2001, Alfonso Puentes contra Electrificadora de Santander S.A. E.S.P;
15.696 julio 27 de 2001; 15.697 M.P. Luis Gonzalo Toro, 17
de octubre de 2001, Gustavo Pabón Rangel contra Bancafé; 17.053, marzo 20 de
2002, M.P: Isaura Vargas Días, Mario Cabrera Morales contra Bancafé; 17.569,
M.P Luis Gonzalo Toro, 11 de julio de 2002, José Alberto Arango contra Bancafé;
17.739 M. P. Luis Gonzalo Toro, 25 de julio de 2002, Luis Arnulfo Toro contra
Bancafé.
[15]   En:
Corte Constitucional. Sentencia SU-120-03 M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[16]  Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Laboral. Sentencia 13.905 M.P. Fernando Vásquez Botero, 1 de agosto de
2000; en igual sentido sentencia 17.739 M.P. Luis Gonzalo Toro 25 de julio de
2002.
[17]  Corte
Constitucional. Sentencia SU-120-03 M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[18]   Ibídem.
[19]   Ibídem.
[20] Sobre la unidad en los criterios
jurisprudenciales, como presupuesto de seriedad y estabilidad de las decisiones
judiciales consultar Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Sección Primera, 5 de febrero de 1990 M.P. Manuel Enrique Daza Alvarez. Gaceta
Judicial Tomo CCII- número 2421 página 115.
[21]“Reajuste de Pensiones. Con el
objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de
sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán
anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la variación
porcentual del Indice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el
año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea
igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada
vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el
Gobierno –artículo
14 Ley 100 de 1993..
“(..)
El ingreso base para liquidar la
pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les
faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de
lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual
o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley. el
ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los
dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año
para los servidores públicos.
(..)” –artículo 36 Ley 100 de 1993-.
“Valor de los Bonos Pensionales.
Para determinar el valor de los bonos, se establecerá una pensión de vejez de
referencia para cada afiliado, que se calculará así:
a) Se calcula el salario que el
afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es
hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a
30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de
dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de
su ingreso al Sistema según la variación porcentual del índice de precios al
consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional
a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el
salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha.
Dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE.
(..)” –artículo 117 Ley 100
de 1993-.
[22] Sobre la aplicación
de la ley a la luz del principio de equidad puede consultarse entre otras, la
Sentencia T-518 de 1998. Dice así un aparte de la providencia en mención: “(...)12.
Pues bien, en una situación como la que se ha descrito no cabe hacer una
aplicación estricta de la ley, sin vulnerar el principio de equidad que
gobierna también la actuación judicial (C.P., art. 230). De acuerdo con este
principio, cuando el juez está en la tarea de aplicar la norma legal al caso
concreto debe tener en cuenta las circunstancias propias del mismo, de manera
que la voluntad del legislador se adecue a los distintos matices que se
presentan en la vida real.
La tarea del
legislador y la del juez son complementarias. El Congreso dicta normas de
carácter general y abstracto, orientadas hacia la consecución de ciertos fines.
Estas normas, por bien elaboradas que sean, no pueden en ningún momento
incorporar en su texto los más distintos elementos que se conjugan en la vida
práctica, para configurar los litigios concretos. Así, ellas no pueden
establecer o comprender las diferenciaciones que deben introducirse en el
momento de solucionar los conflictos concretos, con el objeto de que la
resolución de los mismos tenga en cuenta las particularidades de los hechos y
de las personas que intervienen en ellos. Esa función le corresponde
precisamente al juez, quien es el que puede conocer de cerca el conflicto y la
situación de las partes involucradas. Por eso, el juez está llamado a afinar la
aplicación de la norma legal a la situación bajo examen, con el objeto de
lograr que el espíritu de la ley, que el propósito del legislador, no se
desvirtúe en el momento de la aplicación, por causa de las particularidades
propias de cada caso.
Lo anterior no implica que el juez desatienda
la norma legal, se aparte de la voluntad del legislador, sino que la module al
caso concreto, evitando inequidades manifiestas o despropósitos, resultados que
en todo caso también habría impedido el legislador si los hubiera podido
prever. Es decir, de lo que se trata es de poner en vigencia el principio de
colaboración entre las distintas ramas del poder público, lo cual implica que
el juez colabore en el desarrollo de la norma dictada por el legislador, al
adaptarla al caso concreto.”
[23] Gonzalo Humberto Pachón Guevara fue
pensionado por el Banco Cafetero con un salario mínimo, atendiendo a la
circunstancia de que no podía devengar una suma inferior, pero en 1986, cuando
terminó su vinculación laboral, devengaba 4.7 salarios mínimos. Lucrecia Vivas
de Maya, a tiempo de su retiro –1991- devengaba 6.77 salarios mínimos legales
en promedio y le fue reconocida una mesada pensional de 2.21 salarios. Carlos
Hernán Romero Perico devengaba en promedio 8.62 salarios mínimos legales
mensuales en promedio en 1979 y fue pensionado con un salario mínimo, con el
objeto de no infringir la ley que dispone que no se pagan mesadas pensionales
inferiores al salario mínimo legal.
[24] Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral, sentencia de julio 27 de 2001, M.P. Francisco Escobar Henríquez,
expediente 15.696.
[25] Idem, sentencia de 16 de mayo
de 2000, M.P. Germán Valdés Sánchez, expediente 13.652.
[26] La Corte ha definido
que “aquella providencia que, de manera flagrante, vulnera el principio de
favorabilidad queda de inmediato revestida de un defecto sustantivo de tal
magnitud que origina una vía de hecho”. Sentencia T-567 de 1998.
[27] Sentencia T-01 de 1999, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[28] “Dentro de cualquier proceso que se
surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a
las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y
equidad y observara los criterios técnicos actuariales.” –artículo 16 Ley
446 de 1998-.
[29] Corte
Constitucional. Sentencia SU-1185-01 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[30] Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia 12 de agosto
de 2003, M.P. Carlos Isaac Nader –T-406.257-, en igual sentido providencias de
6 y 20 de agosto del mismo año –T-453.539 y T-503.695- M(s) P(s) Carlos Isaac
Nader y Germán Valdés Sánchez.
[31] Cfr. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral,
decisión de 30 de septiembre de 2003 (EXP.491592), ratificada en decisiones del
21 de octubre de 2003 (EXP.498908), 22 de octubre de 2003 (EXP.491356), 29 de
octubre de 2003 (EXP.456924), 11 de noviembre de 2003 (EXP.489677), 12 de
noviembre de 2003 (EXP.439261), y del 20 de Noviembre de 2003 (EXP.497604).
[32] Auto 141B de 2004 M.P Alvaro Tafur Galvis.
[33] Sobre la distinción entre cumplimiento de las órdenes de tutela y
las sanciones a las autoridades y particulares renuentes se pueden consultar,
entre otras, las sentencias T-744 y  T-458 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[34] Auto 1459 A-03, 6 de agosto de 2003, M. P. Jaime Araujo Rentería,
solicitud de cumplimiento de la sentencia T-658 de 1998.
[35] Mediante la Sentencia SU-1185 del 13 de
noviembre de 2001, la Sala Plena de esta Corte decidió la acción de tutela
instaurada por un extrabajador que tenía derecho a una pensión convencional que
la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia desconoció, quebrantando sus
derechos fundamentales a la igualdad de trato y al debido proceso. Resolvió
esta Corte dejar sin valor ni efecto la providencia proferida por ésta última,
que casó la sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de que esta última“recoge
en debida forma el criterio de interpretación constitucional fijado por esta
Corporación en la Sentencia SU-1185 de 2001, cual fue el de reconocerle valor
jurídico autónomo a la Convención Colectiva de trabajo de 1973, suscrita entre
el Banco de la República y la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República,
y con base en ello, concluir que, en virtud del numeral 3° del artículo 8° de
dicha convención, el señor Cadena Antolinez - beneficiario de la misma- sí
tenía pleno derecho a recibir del Banco su pensión mensual vitalicia a partir
del día siguiente al de su despido injusto, sin consideración a la edad y en un
porcentaje igual al 65% del salario recibido” -M.P. Rodrigo Escobar Gil-.
“[36]
Sentencia Ibídem, Auto del 6 de agosto de 2003, Sala Primera de Revisión.
[37] Sentencia SU-1158 de 2003.
[38] La opción de dictar una sentencia de reemplazo fue utilizada por
la Corte Constitucional en la Sentencia T-951 de 2003 (M.P. Alvaro Tafur
Galvis), al declarar la nulidad de un fallo de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá y otro de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, a través de los cuales, por razones de fondo y forma, se había negado
el derecho a la pensión de invalidez a un discapacitado. En esa oportunidad, la
Corte consideró que el actor sí tenía derecho a la prestación y ordenó
directamente al I.S.S. concederle la pensión por invalidez de origen no
profesional”.
[39] Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 010 de 17 de febrero de
2004, solicitud de cumplimiento de la sentencia SU-1185 de 2001, T-373.655,
M.P. Rodrigo Escoba Gil.