T-951-03
ALVARO TAFUR GÁLVIS
Sentencia T-951/03
DERECHO DE PETICION ANTE EL SEGURO SOCIAL-Término de cuatro y seis meses para
resolver reconocimiento y pago de pensión/DERECHO DE PETICION ANTE EL SEGURO
SOCIAL-Término de quince días para resolver asuntos dentro del trámite de
pensión
Los términos de cuatro y seis meses a los que la Sala
hace referencia operan, entonces, para que el Seguro Social resuelva
definitivamente sobre el reconocimiento de la pensión y para que definido el
asunto culmine los trámites que le permitan pagar las mesadas que adeuda, e
incluir en nómina al pensionado o beneficiario, pero no para resolver los
asuntos que se suceden dentro del trámite, porque  para el efecto “ (..) sigue
vigente  y le resulta aplicable el término de 15 días a que hace referencia
expresa el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, tal y como lo ha
venido sosteniendo la jurisprudencia constitucional en diferentes
pronunciamientos sobre la materia”.
DERECHO DE PETICION Y DEBIDO
PROCESO-Circunstancias en
que se vulnera por el Seguro Social
El Seguro Social quebranta los
derechos de petición y debido proceso y el Juez constitucional está en el deber
de conminar a la entidad a restablecerlos i) cuando no resuelve los recursos
dentro de los quince días siguientes a su formulación, ii) si transcurridos 4
meses desde el recibo de la solicitud pensional no se ha pronunciado en
definitiva sobre su reconocimiento, y iii) si pasados 6 meses desde la
iniciación del asunto no ha culminado los trámites para cancelar las mesadas
reconocidas e incluido al beneficiario en nómina.
SEGURO SOCIAL-No ha respondido el recurso de apelación sobre la
negativa de pensión de invalidez
PENSION DE INVALIDEZ-Finalidad/PENSION DE INVALIDEZ-Evolución
normativa
PENSION DE INVALIDEZ-Aplicación retrospectiva de la ley
A efectos de determinar el derecho a la
pensión de invalidez del señor actor, quien cuando el régimen pensional de
seguridad social integral comenzó a regir había perdido su capacidad laboral en
un 100%, que elementales consideraciones de justicia y equidad determinan la
aplicación retrospectiva del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para definir su
situación, porque es la solución que lo favorece. Lo anterior, porque tanto en
el caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia, que se trae a colación, como
en el asunto que en esta oportunidad ocupa a la Sala i) las contingencias que
aminoraron su capacidad laboral les sobrevinieron a los asegurados en vigencia
del régimen que dejó de regir el 1° de abril de 1994, y ii) los estados de
invalidez fueron declarados y definidos con posterioridad a la fecha en
cuestión, es decir estando en vigor la Ley 100 de 1993.
RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Procedencia de tutela
DISMINUIDO FISICO, SENSORIAL Y PSIQUICO-Protección constitucional especial
DISCAPACIDAD-Instrumentos internacionales de protección
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL
DISCAPACITADO-Recursos
para la preservación de su dignidad humana/PENSION DE INVALIDEZ A
DISCAPACITADO-Actor cotizó más de las semanas legalmente establecidas
DECISIONES DE INSTANCIA-Deberán ser revocadas, anuladas e
inaplicadas/DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ DEL DISCAPACITADO-Reconocimiento
Las decisiones de
instancia serán revocadas para, en su lugar, i) anular las sentencias
proferidas por las Salas accionadas, ii) ordenar que las mismas se dicten
nuevamente, iii) disponer su inaplicación general e inmediata, y iv) ordenar
que el Seguro Social le reconozca al actor la pensión de invalidez a que tiene
derecho, sin aguardar la decisión que la Sala Laboral del H. Tribunal Superior
de Bogotá, deberá adoptar.
LLAMADO A PREVENCION
AL JUEZ DE TUTELA-Restablecimiento de derechos fundamentales de los
asociados
La sala hará un
llamado a prevención a
los jueces de tutela, quienes no podrán escatimar esfuerzos para restablecer
real y efectivamente los derechos fundamentales de los asociados, tarea para la
cual conservan su competencia, más allá de la sentencia de revisión, de la
expedición de providencias de simple cumplimiento formal, y del trámite
incidental de desacato, siempre que la evidencia indica que las órdenes
impartidas y las previsiones legales resultaron insuficientes. De modo que en
este, como en todos los casos en que las sentencias revisadas por esta Corte
demuestren que un derecho fundamental está siendo vulnerado o amenazado, tendrá
éste que ser restablecido por el Juez de primera instancia, haciendo extensivas
las órdenes impartidas a todos los sujetos procesales vinculados a la decisión,
de ser posible y necesario, atendiendo a las circunstancias fácticas que la
ejecución de la sentencia demuestren, sin que para el efecto resulte posible argüir
un indebido o incompleto desarrollo de la decisión que se debe ejecutar.
REGIMEN DE TRANSICION EN PENSION DE
INVALIDEZ-Inexistencia
Referencia : expediente T-647580
Acción de tutela instaurada por Teddy Erwin
Oquendo Sarmiento contra las Salas de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de
dos mil tres (2003).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Araujo Rentería, Clara Inés
Vargas Hernández y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de su competencia
constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos adoptados por las Salas Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional y Superior de la Judicatura, para resolver el amparo constitucional
invocado por el señor Teddy Erwin Oquendo Sarmiento contra las Salas de
Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y Laboral del H. Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
El señor Teddy Erwin Oquendo Sarmiento
interpuso acción de tutela en contra de las Salas de Casación Laboral de la H.
Corte Suprema de Justicia y Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al
debido proceso, al trabajo, a la especial protección que demanda dado su estado
de debilidad manifiesta, a la seguridad social, a los principios de la
administración de justicia y al acceso a esta última.
Aduce el actor que la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia proferida el 15 de septiembre
de 2000, revocó la providencia dictada por el Juzgado Noveno Laboral del
Circuito de Bogotá que ordenaba al Seguro Social pagarle la pensión de
invalidez, decisión que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia resolvió no casar, argumentando que el único cargo propuesto por su
apoderado presenta notorias deficiencias técnicas, que le impedían a la
Corporación proferir fallo de mérito.
1.      Hechos
De conformidad con las pruebas aportadas
al expediente se pueden dar por ciertos los siguientes hechos:
1. El 2 de octubre de 1995, el señor
Teddy Erwin Oquendo Sarmiento, por intermedio de apoderado, promovió demanda
Ordinaria contra el Seguro Social con el objeto i) de obtener la declaración de
“Silencio Administrativo en que ha incurrido el INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES, SECCIONAL CUNDINAMARCA”, por no haberse manifestado respecto
del recurso de apelación instaurado por el actor el 15 de junio de 1995, y de
nulidad de las Resoluciones 014801 de 1994 y 03898 de 1995, proferidas por el
mismo instituto, para negarle la pensión de invalidez, “por haber violado la
norma Constitucional del Debido Proceso”;  y ii) de que se condenara
al Seguro Social a reconocerle la pensión a que tiene derecho, por haber
adquirido el estado que lo aqueja en vigencia de la Ley 100 de 1993, y haber
cotizado el número de semanas que la misma normatividad exige para el efecto.
Aduce el apoderado del actor que el Seguro Social,
mediante Resoluciones 014801 de 1994 y 03898 de 1995, le negó al señor Oquendo
Sarmiento la pensión de invalidez “aduciendo que no
cotizó las semanas necesarias (..) conforme lo establece el Acuerdo 049 de 1990
en su Artículo 6° (Decreto 758 de 1990), sin tener en cuenta que se encontraba
en plena vigencia la Ley 100 de 1993.”.
Agrega que las Resoluciones 14801 del 11 de octubre
de 1994 y 03898 del 5 de mayo de 1995, emitidas por el Seguro Social para
decidir el derecho pensional del actor, son contradictorias, por cuanto en la
primera se dice que el señor Oquendo fue declarado inválido el 25 de julio de
1993 y en la segunda se afirma que tal calificación se produjo el 21 de junio
de 1994.
Recuerda que su representado fue calificado como “INVALIDO POR INCAPACIDAD COMUN PERMANENTE ABSOLUTA”, mediante dictamen 0818 emitido el 21 de
junio de 1994, por especialistas de la sección de medicina laboral del Seguro
Social, y que dicha calificación se produjo en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Conceptúa que el estado de invalidez del señor
Oquendo Sarmiento se “estructuró” el día antes señalado, en cuanto fue a
partir del 21 de junio de 1994 que al actor le fue posible iniciar los trámites
para el reconocimiento de la pensión.
En consecuencia solicita declarar nulas las
Resoluciones proferidas por el Seguro Social, y condenar a la entidad al
reconocimiento y pago de la pensión a favor de su representado.
2. El Seguro Social, por intermedio de apoderada,
contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor y también propuso
las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido,
indebida apreciación de las normas y las que se llegaren a probar en el curso
del proceso.
Arguyó la apoderada en comento que el estado de
invalidez del actor se “estructuró”, según el dictamen médico legal, el día
en que el actor sufrió el accidente causante de su dolencia, y este día no
había cotizado el número de semanas que según la legislación vigente, a tiempo
del suceso, le darían derecho a acceder a la prestación.
Agrega, que, para el reconocimiento de la pensión de
invalidez, no cuenta la fecha en que el afectado presenta la solicitud, y que
tampoco importa la fecha del dictamen, sino “(..) la
fecha que se estructure tal estado” –se apoya en el artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990.
Para concluir asegura que a “la
fecha en que se estructuró el estado de invalidez, estaba vigente el Acuerdo
049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Razón por la cual el
instituto dio estricta aplicación (sic). No podía el Instituto como lo afirma el
memorialista dar aplicación a la ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que empezó
a regir el 1 de Abril de 1994.”.
3. Mediante sentencia proferida el 30 de junio del
año 2000, la Jueza Novena Laboral del Circuito de Bogotá condenó al instituto
demandado a pagar al señor Teddy Erwin Oquendo Sarmiento la pensión de
invalidez pretendida, “la que debe ajustarse a la
normatividad preexistente”.
Y, en consecuencia, declaró “no probadas las
excepciones propuestas.”.
Para el efecto el Fallador sostuvo i) que se
encuentra demostrado que al actor lo aqueja una incapacidad del 100%, ii) que
conforme lo indica el dictamen médico laboral el señor Oquendo padece de Trauma
R. Medular, y iii) que aunque el actor sufrió el accidente que dio lugar a su
invalidez en enero de 1993, ésta sólo se estructuró hasta junio de 1994, cuando
fue declarada.
Dice así la providencia:
“Por lo anterior se tiene que el trabajador sufrió el
accidente en enero de 1993, para cuando solicito (sic) la pensión de invalidez
y le fue negada fue bajo el amparo de la ley 100, y aun bajo el criterio del
principio de favorabilidad, en que la normatividad para los casos en que como
el presente se da una resolución de negación de una pensión de invalidez, en
vigencia de una norma más favorable al trabajador y aplicando para el momento
la ultratividad de una norma que ante todo perjudicaba a una persona que por su
invalidez se encuentra incapacitado para laborar.”
Como sustento de su decisión la funcionaria de primer
grado trascribió un aparte de la sentencia proferida por la Sala Laboral de la
H. Corte Suprema de Justicia, el 17 de abril de 1997, que dice[1]:
“El sentenciador de segundo grado
después de establecer en la decisión acusada que el estado de invalidez de la
demandante se estructuró a partir del 29 de septiembre de 1994, con una
incapacidad permanente total, concluyó que la normatividad aplicable en esta
caso era la ley 100 de 1993, por encontrarse vigente en ese momento.”
“Siendo esto así, no aparece que el
sentenciador haya incurrido en la violación directa denunciada, puesto que el
Sistema General de Pensiones previsto en la ley referida comenzó a regir a
partir del 1º de abril de 1994.”
“Además se observa que la circunstancia
de que la trabajadora, con anterioridad a Ley 100, cotizara para el riesgo de
invalidez, bajo el imperio de los reglamentos del ISS no significa que estos
sean los aplicables para definir su situación, ya que en virtud del principio
de la aplicación inmediata de la ley y su efecto retrospectivo acogido en el
artículo 11 de la citada Ley 100 de 1993, el régimen propio del denominado
sistema general de pensiones produce un efecto derogatorio inmediato de la
reglamentación anterior, quedando desde luego a salvo los derechos adquiridos
con arreglo a esta. De otra parte en materia de invalidez no se previeron
mecanismos de transición que hicieran ultractivos en el tiempo los requisitos
determinados en los acuerdos del I.S.S.”
“Consiguientemente, si conforme a los
hechos aceptados por el Tribunal, la invalidez de la demandante se definió bajo
el nuevo régimen de Seguridad Social, corresponde reconocer tan solo los
derechos que en este se definen”.
Y el aparte de la sentencia proferida el
19 de enero de 2000, que además de reiterar la anterior, indica:
“En conclusión, si el legislador no dio un tratamiento normativo
igualitario a prestaciones sustancialmente diferentes, no cabe pretender que la
hermenéutica de los textos legales relativos a una y otra sean similares. Por
tal razón, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, el régimen aplicable
a la pensión de invalidez es el consagrado en el Capítulo III de dicho estatuto
y no puede haber aplicación ultractiva de las normas anteriores, en virtud del
efecto general inmediato de la ley laboral, consagrado en el artículo 16 del
Código Sustantivo del Trabajo.”[2]
4. La anterior decisión fue revocada por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia proferida el 15 de
septiembre de 2000, puesto que el ad quem consideró i) que la invalidez
del actor se estructuró el 24 de enero de 1993 a causa del accidente que lo
imposibilita para trabajar, ii) que hasta el día antedicho el señor Oquendo
Sarmiento había cotizado 119 semanas, y iii) que el Acuerdo 049 de 1990,
vigente a tiempo de los hechos, exigía, para tener derecho a la prestación,
haber cotizado no menos de 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la
fecha del estado de invalidez, o trescientas semanas en cualquier época, con
anterioridad a dicho estado. Dice la providencia:
“Desde la Ley 90 de 1946 y los Acuerdos que se dictaron para
reglamentar las prestaciones a cargo del Seguro Social contemplan un sistema
orientado a cubrir riesgos laborales específicos y bajo el criterio según el
cual el ISS solo asume la prestación de que trata cuando el asegurado cumple
para cada caso con el aporte previo a la ocurrencia del infortunio. Este
principio, informa todo el sistema de los seguros y no es dable suponer que el
asegurador se obligue a responder por situaciones ya causadas que generen la
correspondiente prestación o que las asuma sin haberse pagado un mínimo de
cotizaciones, o que la densidad de las cotizaciones pueda completarse después
de la realización del riesgo asegurado”.
Como apoyo de la decisión la Sala del Tribunal
Superior de Bogotá accionada trajo a colación las consideraciones vertidas en
la sentencia de 26 de noviembre de 1998, por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que indican[3]:
“Respecto del punto cuestionado, el Tribunal al acoger la conclusión
del a quo, sostuvo “que la estructuración del estado de invalidez del
demandante, y por consiguiente, su derecho a la posibilidad de pensionarse,
solamente le nace en el momento de la evaluación del perito médico que lo
evaluó de manera definitiva, o sea el 8 de noviembre de 1997, razón por la
cual, las normas aplicables son las contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios. Como el artículo 46 del Decreto 1295 de 1994, dispone
que para considerar inválida a una persona por causa de origen profesional, se
requiere que hubiere perdido por lo menos el 50% o más de su capacidad laboral,
y el libelista solamente perdió el 21%, no puede reconocerse en su favor el
derecho pensional reclamado. (folio 152 C. 1).
Es evidente que el ad quem se equivocó en su razonamiento, puesto
que para resolver sobre la normatividad que debe aplicarse a un asunto como el
debatido, en el que se practicaron varios exámenes médicos -antes de la
iniciación del proceso y durante el trámite de éste-, no solamente debe tenerse
en cuenta el instante en que se evacuó el dictamen ordenado por el juez, esto
es, el que, según lo explica el Tribunal, hace relación al “... momento de la
evaluación del perito médico que lo evaluó de manera definitiva, ...”, sino
también, por obvias razones, aquel en que tuvo ocurrencia el accidente, dada la
relación directa que debe existir entre uno y otro, de causa a efecto, de modo
que el dictamen definitivo sea la propia consecuencia del accidente padecido, para
que no quede el más leve asomo de duda en cuanto a que en el resultado final
pudo filtrarse secuela derivada de dolencia o afección distinta, variando así
el porcentaje de merma de la capacidad.
Bajo los anteriores parámetros, es pertinente afirmar que al asunto
examinado le es aplicable el artículo 24 del Acuerdo 155 de 1963 aprobado por
el Decreto 3170 de 1964, que establece una pensión cuando la reducción de
capacidad de trabajo es superior al 20%, no pagable en forma de capital.
Queda así demostrada la violación por parte del fallador de segundo
grado de las normas relacionadas en la proposición jurídica, incluido el
artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que, si bien las
disposiciones que aplicó a este caso, Ley 100 de 1993 y artículo 46 del Decreto
1295 de 1994, son de orden público y producen efecto general inmediato, por
virtud de la irretroactividad de la ley, para este asunto no pueden tener
efectos, por tratarse de una situación jurídica definida en vigencia del
Acuerdo 155 de 1963.
Para complementar lo dicho al resolver el cargo, precisa aseverarse
que en todas las ocasiones no resulta válido afirmar que frente a un accidente
de trabajo son de aplicación las normas vigentes al momento en que éste se
causó, pues habrá algunas en que operen otras disposiciones. Ello se presenta
cuando en el examen médico definitivo no se puede con exactitud establecer si
el porcentaje final de la incapacidad ha sido consecuencia directa del
accidente alegado, porque, a manera de ejemplo, durante el tiempo que medió
entre uno y otro instante ocurrieron otros menos graves, o cuando en el mismo
lapso el afectado padeció dolencias de distinto origen. Sin dejar de lado
también, que el principio de favorabilidad, en un momento dado, puede cobrar
vigencia frente a la aplicación de las normas.
Con lo anteriormente expuesto, lo que la Sala quiere significar es
que cada situación que se presente, relacionada con un accidente de trabajo,
debe mirarse y decidirse separadamente, con los elementos probatorios arrimados
a cada proceso, dejando en claro que en este juicio, un primer dictamen fue
objetado (folios 50, 113, 114 y 116) y el siguiente, aclarado (folios 127 a
131), que fue el finalmente acogido por los jueces de instancia y, así mismo,
que no fue cuestionado el número de semanas de cotización al ente demandado.
Así las cosas, como en el dictamen llevado a cabo por el
Especialista en Salud Ocupacional se determinó en el demandante una “Pérdida de
la capacidad laboral de un 21%” (folios 127, 128 y 133), resulta en su favor el
derecho a la pensión de invalidez.
Conviene recordar que si bien en principio las prestaciones por
accidente de trabajo se causan desde que éste ocurre, ya en lo que atañe a la
pensión de invalidez, por depender ésta de la respectiva evaluación sobre el
porcentaje definitivo de pérdida de capacidad laboral, sólo es exigible cuando
se emita el dictamen correspondiente por parte del médico o autoridad
competente, sin perjuicio de que éste sea el señalado en las normas vigentes al
momento del accidente. Debe entenderse, entonces, que para efectos de las
revisiones posteriores le son aplicables hacia el futuro las normas vigentes al
momento en que se generó el derecho a la pensión de invalidez, particularmente
en lo que respecta a porcentaje de pérdida de capacidad laboral que puede dar
lugar al referido derecho.
Consiguientemente, se condenará al Instituto de Seguros Sociales a
pagar al actor una pensión de invalidez, en proporción y bajo las condiciones y
términos que consagran los artículos 21 y ss pertinentes contenidos en el
Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964, a partir del momento
en que se haya efectuado la desafiliación del demandante para los riesgos de
invalidez, vejez y muerte, así como la atención que conlleva la condición de
pensionado.”
5. El actor interpuso, por intermedio de apoderado, el
recurso extraordinario de casación contra la sentencia antes reseñada,
aduciendo que el Tribunal aplicó de manera indebida e interpretó en forma
errónea el Acuerdo 049 de 1990, el Decreto 758 del mismo año, la Ley 100 de
1993 y el Código Sustantivo del Trabajo. El siguiente es el aparte pertinente
de la demanda:
“El Ad quem, violó la ley sustancial por la vía indirecta en la
modalidad de aplicación indebida e interpretación errónea de la norma del
acuerdo 049 de 1990, Decreto 758 de 1990, en sus artículos 4, 5, 6, 7, 10, 11
al no dar aplicación de los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, y 69 de la Ley
100 de 1993, en relación con el 16 del Código Sustantivo del Trabajo, al igual
que el principio de Favorabilidad, que regula los requisitos sobre el derecho
al reconocimiento de pago de la pensión de invalidez por parte del Instituto de
los Seguros Sociales.
La trasgresión de las anteriores normas llevó al Ad quem a revocar
en su totalidad el fallo emitido por el Ad quo, por aplicación indebida e
interpretación errónea de la norma. Es así como el Ad quo en la demanda
impetrada por mi prohijado dio aplicación a la Ley 100 de 1993, y en
consecuencia ordeno (sic) el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez
en contra del I.S.S., por haber cumplido los requisitos establecidos en los
artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 69.
El Ad quem consideró que el Ad quo no se había equivocado y había
dado la aplicación indebida y (sic) interpretación errónea de la norma como
quiera que la norma aplicable era el Acuerdo 049 de 1990 Decreto 758 de 1990 en
sus artículos 4, 5, 6, 7, 10 y 11, ya derogado por la Ley 100 de 1993”.
Sobre los
argumentos utilizados por el apoderado del actor, para demostrar el cargo
impetrado, la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, sostuvo:
“En la demostración el recurrente afirma que el estado de invalidez
del actor fue diagnosticado por Medicina Laboral del I.S.S. y no por la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez como lo establece la ley 100 de 1993,
para luego iniciar una serie de reflexiones sobre la naturaleza de los derechos
adquiridos y de las meras expectativas frente a la ley, concluyendo, que la
estructuración del estado de invalidez no es un derecho adquirido sino una mera
expectativa. Reitera finalmente, que antes de la vigencia de la ley 100 de
1993, el demandante no tenía un derecho adquirido sobre la pensión, sino una
mera expectativa, y por ello las normas que rigen su caso son las de la nueva
ley, esto es, la Ley 100 de 1993.”[4]
6. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
mediante auto proferido el 28 de febrero de 2001, declaró “que la demanda de
casación presentada en este asunto, satisface las exigencias formales externas
de ley”; pero mediante sentencia adoptada el 28 de noviembre de 2001
resolvió no casar la sentencia, porque “el cargo presenta notorias
deficiencias de técnica que imposibilitan su estudio de fondo”, aspecto que
la providencia explica como sigue:
“(..) En efecto, aun cuando el ataque se encausa por la vía
indirecta, acusa la violación de normas en las modalidades de interpretación
errónea y falta de aplicación, conceptos éstos sólo susceptibles de examen por
vía directa, si se tiene en cuenta que necesariamente suponen la apreciación
jurídica de preceptos legales.
Otro defecto grave que presenta el cargo, consiste
en acusar simultáneamente la violación de los artículos 4, 5, 6, 7, 10 y 11 del
Decreto 758 de 1990 en la doble modalidad de aplicación indebida e
interpretación errónea, cuando, como se sabe, éstos conceptos son
incompatibles, ya que el primero supone que la norma aplicada no se ajusta al
caso, mientras que la interpretación errónea, por el contrario, parte del
supuesto que el precepto regula, pero la inteligencia que le otorga el ad quem
es incorrecta, circunstancia ésta que hace inconsistente el ataque, porque no
es razonable que se acuse al sentenciador de haber aplicado indebidamente un
texto legal y al  mismo tiempo de interpretarlo erróneamente, ya que es
imposible desde el punto de vista técnico estudiar simultáneamente acusaciones
por conceptos excluyentes.
Pero hay algo más, pues el recurrente a pesar de indicar
que el ataque se dirige por vía indirecta, en el desarrollo se extiende en
consideraciones jurídicas, situaciones que deja de relieve una mixtura de ambas
vías, que, como se sabe son antagónicas, pues la directa examina asuntos de
puro derecho, mientras que la indirecta planteada por el censor, consiste en
demostrar errores de hecho o de derecho originados en la apreciación errónea o
en la falta de apreciación de las pruebas”.
No obstante la Sala en cita se adentró al
fondo del asunto para afirmar que, así el cargo se hubiera propuesto
debidamente, la Corte no podía acceder a las pretensiones del actor “ya que
tal como lo dedujo el Tribunal, el estado de invalidez se estructura cuando
ocurre la causa que lo origina, que en el sub examine fue el accidente acaecido
el 24 de enero de 1993, esto es, en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 (..)”
2.      Pruebas
2.1. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá
remitió, para que obre en autos, a solicitud del Magistrado Sustanciador, el
expediente 15.583 –radicación de la Secretaría de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia- contentivo de lo actuado dentro del proceso Ordinario
iniciado por el señor Teddy Erwin Oquendo Sarmiento contra el Instituto de los
Seguros Sociales, en el que, además de las providencias que el actor
controvierte, se encuentran, entre otros, los siguientes documentos:
a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía
del actor que señala el 9 de mayo de 1972, como su fecha de nacimiento.
b) Fotocopia del listado emitido por el
Seguro Social, actualizado a diciembre 31 de 1993 que informa i) de la novedad
por ingreso del actor ocurrida el 17 de abril de 1991 –categoría 22-; ii) de
los cambios de categoría ocurridos el 1° de enero de 1992 –categoría 24- y el
mismo día del año 1993 –categoría 26-; y iii) que a la fecha de expedición del
informativo el señor Oquendo Sarmiento había cotizado 142 semanas –folio 119
expediente 15.583-.
c) Fotocopia de la Epicrisis elaborada por
el Servicio de Neurocirugía de la Clínica San Pedro Claver UPI 03-ISS –folio
112, expediente 15.583-, que da cuenta:
-Del ingresó del actor a la Clínica San
Fernando de Cali el 24 de enero de 1993, por T.R.M. secundario a caída de
tobogán”, ocurrida en la misma fecha (1); que los estudios
radiológicos demostraron “fractura en lagrima de C5 sin signos de luxación
de la columna vertebral” (2); que el “TAC Cervical mostró canal
raquídeo sin compromiso”(3); y que le fue colado “halo chaqueta
para tratamiento conservador”.
-Del examen físico practicado al paciente
que indicó “paraplejía flácida, diparesia de miembros superiores (..)
movimientos discales débiles pero posibles, nivel sensitivo C5-C6. Vejiga
neurogénica”.
-Del examen paraclínico adelantado el 17 de
febrero de 1993, que no demostró “alteraciones compresivas en los espacios
subaracnoideos anterior y posterior del canal. TAC DE COLUMNA CERVICAL
complementario mostró fractura de cuerpo vertebral C5 estable. No compromiso
del canal”.
-Del ingreso del actor a la Clínica San Pedro
Claver el 4 de febrero de 1993 (i); de su egreso del servicio de neurocirugía
el 26 de febrero del mismo año -“dado que el paciente no amerita manejo
Neuroquirúrgico”- (ii); de la iniciación del proceso de rehabilitación -18
de febrero de 1993- (iii); del ingreso del paciente al programa de atención
domiciliaria, el 23 de marzo de 1993 (iv); y de las instrucciones impartidas a
sus familiares “sobre cambios de posición cuidados de la piel,
movilizaciones pasivas de las cuatro extremidades y manejo de vejiga” (v).
d) Fotocopia del Memorando elaborado el 27
de abril de 1993 por la Médico Fisiatra UPI 03.S.P.C. del Seguro Social que
certifica, a quien interese, que el actor “presenta lesión medular completa
con cuadriplejia (sic)  (parálisis de miembros superiores e inferiores).
No puede escribir, no puede desplazarse, no puede usar transporte público.” –folio
120, expediente 15.583-.
e) Fotocopia de la certificación emitida el
30 de julio de 1994, por la Sección de Prestaciones Económicas de la Seccional
Cundinamarca del Seguro Social, para hacer constar que al señor Teddy Oquendo
Sarmiento se le cancelaron 167 días de incapacidad, entre el 4 de febrero de
1993 y el 21 de julio del mismo año –folio 120, expediente 15.583-.
f) Fotocopia del concepto Médico Laboral
Sobre Invalidez Común No. 0818 NORTE, emitido el 21 de junio de 1994, que
dictamina i) que el señor Teddy Erwin Oquendo Sarmiento padece “Disparesia
de MsSs, Paraplejia, esfínteres vesical y rectal neurogénicos” -en silla de
ruedas-; ii) Trauma R. Medular, antecedente patológico iniciado el 24 de enero
de 1993; y iii) sintomatología y signología “cuadripléjico al caer de un
tobogán” –folio 121 expediente 15.583-.
g) Fotocopia de la “solicitud de Pensión
o Indemnización por Incapacidad” diligenciada por el actor ante el Seguro
Social, el 30 de junio de 1994, y ruta seguida por la entidad para su
resolución –folio 127 y 128, expediente 15.583-
h) Fotocopia de Tarjeta de Comprobación de
Derechos del actor por pago de aportes patronales correspondientes a los
periodos causados entre marzo y septiembre de 1994 –folio 111, expediente
15.583-.
i) Fotocopia de la Resolución 014801
emitida el 11 de octubre de 1994, por los Jefes de Seguros y Prestaciones
Económicos del Seguro Social-Seccional Cundinamarca, para negar al actor la
pensión por invalidez de origen no profesional, y concederle la indemnización
sustituta en cuantía de $326.040.oo, i) por cuanto, “cumplidos los trámites
reglamentarios se estableció que el asegurado a pesar de haber sido declarado
inválido a partir del 25 de julio de 1993 solamente cotizó 119 semanas dentro
de los últimos seis (6) años anteriores a la invalidez y 119 en cualquier época
anterior a ella, cuando el Artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de
1990) exige 150 o 300 semanas dentro del mismo lapso, razón por la cual se
concluye que no hay derecho a la pensión”; y ii) debido a que “el
asegurado cumple los requisitos exigidos por el Artículo 9° del Acuerdo 049 de
1990 (Decreto 758 de 1990), para tener derecho a la indemnización sustituta,
motivo por el cual es procedente su reconocimiento” -folio 9, expediente
15.583-.
j) Fotocopia de la Resolución 03898 del 5
de mayo de 1995, emitida por el Gerente Seccional de Pensiones del Seguro
Social Seccional Cundinamarca, para confirmar la Resolución 14801 de 1994,
antes reseñada, i) en razón del dictamen médico legal, según el cual “la
invalidez se estructuró el 25 de enero de 1993, fecha del accidente común”;
ii) debido a que el Acuerdo 049 de 1990; vigente en tal fecha, exigía, para
tener derecho a la pensión por invalidez común, haber cotizado 150 semanas,
dentro de los “seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez o
tener acreditadas 300 en cualquier época con anterioridad a dicho estado”;
iii) dado que el requisito de invalidez se encuentra demostrado, pero el número
de semanas no se completó, y iv) en razón de que no es posible dar aplicación a
la normatividad relativa al número de semanas, requeridas para acceder a la
pensión de invalidez, prevista en la Ley 100 de 1994, porque “el estado de
incapacidad se produjo con anterioridad al 1° de abril de 1994” -folio 10 a
12, expediente 15.583-.
k) Fotocopia de la Resolución 000073
dictada el 3 de mayo de 1996, por el Vicepresidente de Pensiones del Seguro
Social, para confirmar la Resolución 014801 del 11 de octubre de 1994, que le
negó al actor la pensión solicitada.
Advierte el funcionario en mención que “según
el listado de semanas cotizadas expedido por la División de Informática del
ISS, (folios 8 y 9) el asegurado cotizó 142 semanas del 17 de abril de 1991 al
31 de diciembre de 1993” fecha de actualización del listado”.
Y considera que, “no es procedente
variar la decisión impugnada, toda vez que el asegurado a pesar de haber sido
declarado inválido no acredita la densidad de cotizaciones que exige el
artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990, antes trascrito, ya que sólo cotizó 142
semanas cuando la norma exige 150 semanas durante los seis años anteriores al
estado de invalidez o 300 semanas en cualquier época.” –folios 62 a 65,
expediente 15.583-.
i) Fotocopia del documento, elaborado el 6
de octubre de 1994, por la División de Seguros Económicos del Seguro Social,
que contiene la liquidación de la Indemnización I.V.M. por Invalidez permanente
absoluta, a favor de Teddy Erwin Oquendo Sarmiento, por valor de $326.040, en
razón de 119 semanas cotizadas en los últimos seis años, y 25 en el último año
–folio 117, expediente 15.583-.
l) Evaluación realizada al actor el 28 de
agosto de 1998, por la Vicepresidencia de Pensiones de Medicina Laboral del
Seguro Social, que dictamina i) que el señor Oquendo Sarmiento padece de
deficiencia del 45%; discapacidad del 10% y minusvalía del 20 %, para un total
de pérdida de capacidad laboral del 75%; ii) que la fecha de estructuración de
la invalidez fue el 24 de enero de 1993, a causa de Trauma Raquimedular severo
C5 y C6; y iii) que desde entonces sufre parálisis en miembros superiores e
inferiores, habiendo recibido tratamiento de rehabilitación “con muy pocos
resultados”. –folio 221, expediente 15.583.
m) Comunicación ML-03168, del 3 de
noviembre de 1998, dirigida por el Médico Laboral M.S.P. E.S.O. de la Regional
Cundinamarca del Ministerio de Trabajo al Juez Noveno Laboral de Bogotá, en
respuesta al oficio 0848 de junio 23 de 1998, que da cuenta de la citación,
interrogatorio y examen físico del paciente, y conceptúa que el señor Oquendo
Sarmiento i) “(..)presenta una invalidez permanente del cien por ciento  (sic)
(100%)”; ii) que “de acuerdo al interrogatorio sufrió un
accidente el 24 de enero de 1993, el cual cursó con trauma raquimedular
cervical C5”; y iii) que “el examen físico actual muestra paraplejía
flácida de miembros inferiores y disparesia de miembros superiores y pérdida
del control de esfínteres.” –folio 211 expediente 15.583-
-Fotocopia de la Resolución 006586 del
Seguro Social del 26 de abril de 2002, en la que se le niega al actor su
solicitud de prestación económica presentada el 28 de abril de 1999 –folio 107
cuaderno 5-.
3.      La Demanda
El señor Teddy Erwin Oquendo Sarmiento
interpone acción de tutela en contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
vida, a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a la especial protección
que demanda su condición de débil físico y psíquico, a la seguridad social, a
los principios que informan la administración de justicia, y al acceso a esta
última.
Afirma que la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia que había sido proferida por
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, la que a su vez había revocado
la decisión del Juzgado Noveno Laboral que ordenaba al entonces Instituto de
los Seguros Sociales pagarle la pensión a que tiene derecho, a causa de la
invalidez del 100% que lo aqueja.
Expone que de acuerdo con la Ley 100 de
1993 i) “tendrán derecho a la pensión por invalidez “el afiliado (sic) se
encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas, al
momento de producirse el derecho de invalidez”; y ii) se considera inválida
toda persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
Relata que, en consonancia con la
disposición en cita, inició el trámite para que le fuera reconocida su pensión
ante la entidad prestadora, tan pronto como conoció el dictamen que reconoció
su estado, e indica que a la fecha de su solicitud se encontraban cumplidos “los
presupuestos exigidos por la ley 100 de 1993”.
Asegura que la Seccional Cundinamarca del
Seguro Social y la Vicepresidencia de la misma entidad le negaron la prestación
económica pretendida, mediante resoluciones que, estima, contienen varias
incongruencias referentes a la determinación del momento en que se estructuró
su invalidez, y la normatividad que permite definir su situación.
En consecuencia conceptúa, que el Seguro
Social no podía optar por desconocerle el derecho, sino que estaba obligado a
reconocerle la prestación en aplicación del principio de favorabilidad, porque
i) el día en que sufrió el accidente había cotizado 119 semanas -cuando la ley
100 exige sólo 26-, ii) a tiempo de las decisiones había cotizado “más de
142 Semanas”, y iii) “posterior a esa fecha seguí cotizando al
Seguro con la finalidad de tener derecho a la Seguridad Social, siendo que en
la actualidad tengo más de Doscientas semanas cotizadas al Instituto de Seguros
Sociales”.
Sostiene que en vista de la negativa del
Seguro Social a concederle la pensión, y ante la omisión de resolver el recurso
de apelación interpuesto, acudió ante la Jurisdicción Laboral, pero que la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión favorable a sus
pretensiones, y la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia no
casó la providencia.
Expone que el recurso de casación fue
interpuesto con fundamento en la causal primera del artículo 87 del Código de
Procedimiento Laboral, en razón de la violación de “la ley sustancial por la
vía directa, concretamente por la violación de los artículos, 38 39, 40, 41,
42, 43, y 69 de la Ley 100 de 1993, en relación con el 16 del C.S.T”; pero
que la Sala accionada vulneró sus derechos fundamentales puesto que desestimó
el cargo, por razones procedimentales, sin estudiar el fondo del problema.
Agrega que la valoración para dictaminar su
invalidez ha debido hacerla la Junta de Calificación, creada por el artículo 42
de la Ley 100 de 1993, y no un Médico adscrito al Seguro Social, como
efectivamente aconteció, porque, anota, de esta manera, la entidad prestadora
actuó dentro del trámite pensional como juez y parte.
Insiste en que todas las dudas atinentes a
su estado de invalidez y los derechos que le asisten –momento que estructura el
derecho, efectos de la calificación médica, derecho adquirido o una
expectativa, normatividad aplicable- deben resolverse de manera que lo
favorezcan.
Para el efecto trae a colación lo decidido
por esta Corporación en sentencia C- 235 de 2002, de la que dice “esta
corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el principio de
SOLIDARIDAD entre los que están llamados a contribuir para proteger el
principio Constitucional de los desvalidos y de quien (sic) nos encontramos en
condiciones de inferioridad manifiesta y debemos estar amparados por el Estado,
maxime (sic) cuando al reconocerme el pago de la pensión minima (sic.) vital
para mi subsistencia se hace menos pesada la situación personal y familiar que
estoy soportando en la actualidad”.
Para concluir invoca del Juez
Constitucional la protección de sus derechos fundamentales vulnerados y, en
consecuencia, que se ordene a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia casar la sentencia de segunda instancia, dejando vigente la
proferida por el Juzgado Noveno Laboral de Bogotá.
4.      Intervención pasiva
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura, al admitir la acción de tutela que se revisa,
dispuso notificar a los Magistrados integrantes de las Salas accionadas, como
también a la Juez Novena Laboral del Circuito de Bogotá y a la Jefe de
Prestaciones Económicas del Seguro Social, para que ejerzan sus derechos
constitucionales de contradicción y defensa. No obstante los notificados
guardaron silencio.
5.      Decisiones que se revisan
5.1    Sentencia de primera instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó la protección invocada, porque
considera la acción improcedente.
Aduce la Sala en cita que la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia no incurrió en vía de hecho, habida cuenta que i) “el
recurso de casación no está diseñado para que la Corte Suprema de Justicia
entre, como un tribunal de tercera instancia a conocer y fallar de fondo el
litigio como lo reclama la parte actora”, y ii) en razón de que el
recurrente no demostró los cargos “conforme a la técnica jurídica que el
ordenamiento jurídico ha previsto para el efecto.”.
Dice así la providencia:
“Confrontadas la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la
actuación surtida en el proceso ordinario laboral 23416 que se han reseñado,
esta Colegiatura considera que la petición de tutela no está llamada a
prosperar, porque queda suficientemente claro que el recurso de casación no
está diseñado para que la Corte Suprema de Justicia entre, como tribunal de
tercera instancia, a ‘conocer’ y fallar de fondo el litigio respectivo como lo
reclama la parte actora.
Lo dicho porque la función del tribunal de casación se centra en
comprobar si al dictar la sentencia el ad quem violó o no, directa o
indirectamente, la ley sustancial; si en su razonamiento hay incongruencia
entre los hechos y pretensiones de la demanda, o las excepciones; si las
determinaciones proferidas son contradictorias; si el fallo hace más gravosa la
situación del apelante único, o si el Tribunal Superior incurrió en alguna de
las taxativas causales de nulidad del proceso.
Pero la parte recurrente debe demostrar el o los cargos, conforme a
la técnica jurídica que el ordenamiento jurídico ha previsto para el efecto,
tratándose de un trámite de genuina estirpe dispositiva y naturaleza rogada: de lo cual no se puede entonces afirmar
paladinamente, que la exigencia de requisitos formales para sustentar el
recurso de casación hace prevalecer el derecho adjetivo sobre el sustancial (..)
(..)
Conforme a lo razonado, puntualizando que la decisión de no casar la
sentencia del 15 de septiembre de 2.000, proferida por la SALA LABORAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, fue adoptada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
dentro de la autonomía funcional que le concierne como tribunal de casación
(art.215, numeral 1 C. Pol.), que de paso esta Colegiatura no se puede arrogar,
se declarará la improcedencia de la solicitud de protección constitucional, al
no vislumbrarse vía de hecho violatoria del derecho fundamental al debido
proceso en el fallo de la alta Corporación”[5].
5.2    Impugnación
El señor Teddy Erwin Oquendo Sarmiento
impugnó la decisión que se reseña.
Sostiene el apelante que no es su función “como
ciudadano descifrar todas esta (sic) argumentaciones dadas por el Magistrado
Ponente, respecto de las actuaciones surtidas tanta en Segunda Instancia, como
en la correspondiente Demanda de Casación (..) sino que específicamente lo que
se busca es solicitar la protección de mis derechos fundamentales establecidos
en la Constitución Política de Colombia, teniendo en cuenta y dando aplicación
al principio de solidaridad establecido en nuestro ordenamiento jurídico (..)”.
Y reclama del juez de instancia haberse limitado a
considerar la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, dentro del proceso que él mismo promovió contra el Seguro Social, sin
examinar la actuación adelantada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá dentro del asunto.
Para el efecto recuerda que su pretensión de amparo se
dirige contra las Salas Laborales de la Corte Suprema de Justicia y del
Tribunal Superior de Bogotá, dado que esta última i) valoró su estado, conforme
al dictamen practicado por un médico del Seguro Social, que ha debido ser
emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; ii) no definió en
términos concretos cómo, y cuándo se estructuró su estado de invalidez, como
tampoco cuál es la legislación aplicable a su derecho pensional; iii) apreció
indebidamente las pruebas aportadas; y iv) le negó la prestación fundada en los
dictados del Decreto 758 de 1990, siendo que la Ley 100 de 1993 ya estaba
vigente y es la legislación que lo favorece.
5.3    Sentencia de Segunda Instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia de agosto 1 de 2002,
modificó la sentencia proferida en primera instancia, al considerar que “(..)
ante el examen de la situación que fue necesario hacer, la Sala encuentra que
la improsperidad de la acción de tutela propuesta deviene de la negativa a
concederla y no de su improcedencia”.
Para el efecto estimó que “(..) a las
claras la situación planteada por el señor TEDDY ERWIN OQUENDO SARMIENTO tuvo
su debate normal ante la jurisdicción ordinaria laboral, concluido con la
sentencia de segundo grado y la de casación tildadas por el accionante como
‘vías de hecho’(..), de modo que no resulta viable, tratar de
desconocerlas, dados sus resultados adversos.
Sostiene que la decisión adoptada por la
Sala accionada del Tribunal Superior de Bogotá fue producto de un análisis
realizado con suficiencia y criterio razonable, fundado en la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia atinente al tema, y que lo mismo debe decirse de
la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Se detiene en el recurso de casación, del
que dice se requiere una técnica especial para interponerlo, sin que por ello
sea dable afirmar que quebranta el derecho sustancial[6].
Precisa que, no obstante las deficiencias
de la demanda presentada por el actor, la Corte Suprema de Justicia realizó un
examen de fondo y avaló la decisión del Tribunal, fundada en que el hecho que
le daría al señor Oquendo Sarmiento derecho a la pensión por invalidez se
estructuró cuando ocurrió el accidente, oportunidad para la cual no había
cotizado el número de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, vigente entonces.
El Magistrado Guillermo Bueno Miranda
aclara su voto, sostiene que, aunque comparte la decisión adoptada por la Sala
en cuanto negó la protección, a su juicio ha debido considerarse la oportunidad
en que la misma fue invocada, porque esta Corporación ha indicado que la acción
de tutela es un medio de aplicación urgente, y el actor promovió la acción
después de un año de ocurrida la presunta vulneración de sus derechos.
Los Magistrados Jorge Alonso Flechas Díaz,
y Temístocles Ortega Narváez se apartaron parcialmente de la posición
mayoritaria ya explicada, puesto que consideraron que la sentencia de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia se profirió el 28 de junio del 2001, y
la acción de tutela fue iniciada el 24 de mayo del año siguiente.
6.      Trámite en sede de revisión
Seleccionado el presente asunto para su revisión, el
Magistrado sustanciador, para mejor proveer, ordenó a la Secretaría de ésta
Corporación oficiar al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá para que
remitiera fotocopia de la actuación adelantada por el actor ante la Sala de
Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso
Ordinario promovido por él mismo, por intermedio de apoderado, contra el Seguro
Social.
Orden ésta cumplida por el Juzgado en mención mediante
la remisión del original del expediente radicado por la Secretaría de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia bajo el número 15.583 -expediente que
obra en autos y que la Secretaría deberá devolver al despacho de origen, tan
pronto como culmine la presente actuación-.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es competente para revisar las anteriores
decisiones, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y por selección de la
Sala Nueve, mediante providencia del 25 de septiembre del año 2002.
2.      Problema jurídico planteado
Como se indica en los antecedentes los jueces de
instancia no le concedieron al actor la protección invocada, decisiones que
corresponde a esta Sala revisar.
De modo que se deberá considerar si, como lo asegura
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de
Cundinamarca, la demanda promovida por el señor Oquendo Sarmiento ante la
jurisdicción del trabajo, por intermedio de apoderado, con miras a obtener que
el Seguro Social fuera condenado al reconocimiento de la pensión de invalidez a
la que cree tener derecho, fue resuelta por las Salas Laboral del H. Tribunal
Superior de Bogotá y de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia,
conforme lo indica el ordenamiento constitucional.
Ahora bien, los antecedentes demuestran que
el apoderado del señor Oquendo Sarmiento interpuso recurso de apelación contra
la Resolución 14801 de 1994 emitida el 15 de octubre por los Jefes de División
de Seguros Económicos y Sección de Prestaciones Económicas de la Seccional
Cundinamarca del Seguro Social, a fin de que la prestadora reconsidere la
decisión y le otorgue a su cliente la prestación, y lo actuado indica que la
petición aún no ha sido resuelta.
Es decir que también se deberá reiterar la
jurisprudencia de esta Corte sobre la obligación de las entidades y patronos
que tienen a su cargo el reconocimiento de los derechos pensionales de los
asociados, de sujetar sus actuaciones y decisiones al ordenamiento
constitucional y legal, en especial a los pronunciamientos de los jueces constitucionales,
a quienes compete no escatimar esfuerzos para restablecer real y efectivamente
los derechos fundamentales de los asociados.
3.      Consideraciones preliminares
3.1 Corresponde al Juez constitucional
restablecer los derechos fundamentales quebrantados, cuando las entidades
prestadoras de la seguridad social no sujetan sus actuaciones y decisiones al
ordenamiento
a) El artículo 23 de la Carta Política
preceptúa que los asociados tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades y que éstas están obligadas a responderlas, porque la función
administrativa se encuentra enmarcada dentro de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad –artículos
13 y 209 C.P.- [7]
Sentado entonces que toda petición respetuosa de los
asociados amerita una pronta respuesta de las autoridades, puede afirmarse que
éstas quebrantan el ordenamiento constitucional cuando no responden los
recursos interpuestos contra sus decisiones, cualquiera fuere el efecto que el
legislador haya otorgado a su silencio[8],
y así el agraviado opte por acudir ante la jurisdicción, fundado en la negativa
presunta de la administración–artículo 40 C.C.A.-[9].
En este orden de ideas, la Sala observa i)
que el artículo 6° del Código Contencioso Administrativo dispone que las
autoridades deben responder  las solicitudes en los 15 días siguientes a su
recibo, o explicar su tardanza definiendo la fecha en que resolverán de fondo
el asunto[10];
ii) que el artículo 19 del Decreto reglamentario 656 de 1994 “por el cual se
establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren
fondos de pensiones” dispuso que el Gobierno nacional “establecerá los
plazos y  procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las
solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia,
sin que en ningún caso puede exceder de 4 meses”; y iii) que el
artículo 4° de la Ley 700 de 2001 fija en 6 meses, el plazo total “para
adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas
correspondientes”, a partir del momento en que el interesado eleve ante “los
operadores públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías” la
solicitud de reconocimiento pensional.[11]
En este sentido, y habida cuenta que el
legislador no le ha señalado al Seguro Social un plazo específico para que
decida las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales -como se lo
señaló para la finalización del trámite y pago de las mesadas
correspondientes-, esta Corte ha sostenido que la entidad debe pronunciarse en
definitiva en el término previsto para que las administradoras de fondos de
pensiones resuelvan el asunto, “en aras de preservar el principio de
igualdad entre los solicitantes de pensiones, ya que no pueden tener un
tratamiento distinto en un asunto de fundamental importancia sólo porque la
entidad responsable de dicha prestación no comparte determinada naturaleza
jurídica."[12]
Los términos de cuatro y seis meses a los que la Sala
hace referencia operan, entonces, para que el Seguro Social resuelva
definitivamente sobre el reconocimiento de la pensión y para que definido el
asunto culmine los trámites que le permitan pagar las mesadas que adeuda, e
incluir en nómina al pensionado o beneficiario, pero no para resolver los
asuntos que se suceden dentro del trámite, porque  para el efecto “ (..) sigue
vigente  y le resulta aplicable el término de 15 días a que hace referencia
expresa el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, tal y como lo ha
venido sosteniendo la jurisprudencia constitucional en diferentes
pronunciamientos sobre la materia”.[13]
Ahora bien, los términos antedichos también tocan con
las garantías constitucionales que deben imperar en las actuaciones que los
usuarios adelantan ante las entidades prestadoras de la seguridad social,
porque el debido proceso, como lo preceptúa el artículo 29 de la Carta, se
aplica en todas las actuaciones judiciales y administrativas y es principio del
derecho procesal que los términos obligan a los sujetos procesales, y que éstos
deben observarse con diligencia y cumplimiento[14].
En conclusión, el Seguro Social quebranta los derechos
de petición y debido proceso y el Juez constitucional está en el deber de
conminar a la entidad a restablecerlos i) cuando no resuelve los recursos
dentro de los quince días siguientes a su formulación, ii) si transcurridos 4
meses desde el recibo de la solicitud pensional no se ha pronunciado en
definitiva sobre su reconocimiento, y iii) si pasados 6 meses desde la
iniciación del asunto no ha culminado los trámites para cancelar las mesadas
reconocidas e incluido al beneficiario en nómina.
b) A la luz de la jurisprudencia
constitucional, en el Estado
social de derecho, “la seguridad social adquiere una
trascendental importancia pues con ella se busca no sólo la protección de la
persona humana, cualquiera que sea su sexo, raza, edad, condición social, etc.,
sino también contribuir a su desarrollo y bienestar, con especial énfasis a las personas marginadas y a
las de los sectores más vulnerables de la población para que puedan lograr su
integración social”[15].
Dentro del anterior contexto, esta Corporación ha
sostenido, reiteradamente, que cada uno de los medios de protección institucional “frente a los
riesgos que atentan contra la capacidad y oportunidad de los individuos y sus
familias para generar los ingresos suficientes en orden a una subsistencia
digna,"[16]
constituye un derecho fundamental por conexidad, en la medida en que
con su quebrantamiento “resultan vulnerados otros derechos que participan de
esa naturaleza”[17].
De modo que esta Corte, ante la evidente
vulneración de los derechos fundamentales de los pensionados, por parte de las
entidades prestadoras de la seguridad social, ha concedido múltiples amparos
constitucionales restableciendo real y efectivamente el mínimo vital y el
derecho a la vida en condiciones dignas y justas de aquellos, en forma
definitiva[18],
o transitoria[19],
atendiendo, en cada caso y según las circunstancias planteadas, a la necesidad
de efectivizar al máximo la protección, con miras a que la sentencia que se
adopte proteja efectivamente los derechos fundamentales quebrantados y no se
reduzca a su proclamación formal[20].
En consonancia con lo expuesto, como el
Seguro Social no se ha pronunciado sobre el recurso de apelación formulado por
el apoderado del señor Oquendo Sarmiento, quien aspira a que se reconsidere la
decisión que le negó la pensión de invalidez a la que éste tiene derecho, se
conminará a la prestadora para que se pronuncie al respecto mediante una
resolución expresa.
En este punto vale resaltar i) que el
Seguro Social fue vinculado a la actuación, de modo que deberá soportar los
efectos de la decisión como extremo pasivo de la litis, y ii) que compete al
juez de primera instancia emitir las órdenes que sean del caso y adoptar las decisiones
que resulten necesarias, atendiendo a las circunstancias, para adecuar su fallo
a lo dispuesto en esta sentencia, porque su competencia no termina sino cuando
los derechos fundamentales quebrantados han sido real y efectivamente
restablecidos –Decreto 2591 de 1991-.
De manera que la Sala hará un llamamiento a
prevención a los jueces de instancia, sobre su sujeción a los dictados del
artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, recordándoles su responsabilidad respecto
de la ejecución de las sentencias de tutela, al punto que no podrán argüir
falta de desarrollo legal, ni advertir falta de previsión en las sentencias que
definieron el asunto, sino actuar y tomar las decisiones que las circunstancias
indiquen, con respeto del derecho de defensa pero con la decisión que las
circunstancias le indiquen, “hasta que esté completamente restablecido el
derecho o eliminadas las causas de la amenaza.”[21]
3.2. Pensión de invalidez por régimen común, evolución
normativa, derechos adquiridos y expectativas legítimas
La pensión de invalidez es una prestación destinada a
proteger los riesgos o contingencias que provocan estados de incapacidad, con
cargo al sistema de seguridad social, de acuerdo con las directrices del Estado
y con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad
previstas en la Carta Política. Dentro de este marco conviene hacer un recuento
de las directrices que han regulado y que en la actualidad rigen la prestación:
a) El artículo 277 del Código Sustantivo del Trabajo
estableció a cargo de las empresas con capital superior a $800.000 (ochocientos
mil pesos) la obligación de auxiliar a los trabajadores que estando a su
servicio padecieron estados de invalidez de origen no profesional i) con el
pago de una prestación económica durante los primeros 180 días del insuceso,
ii) prestándoles asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica,
hasta por un término de seis meses, y iii) reconociéndoles una suma única o una
pensión, según el grado de la afección[22].
Prestaciones éstas que los trabajadores pudieron
demandar del patrono en caso de pérdida o debilitamiento de sus condiciones
físicas o intelectuales, no provocadas intencionalmente, declaradas
médicamente, una vez cesaban las prestaciones por enfermedad –artículo 284
C.S.T-.
La Corte Suprema de Justicia, en diversos
pronunciamientos sobre la pensión de invalidez i) consideró que para decretar
la prestación debía considerarse el día que al trabajador “le sea imposible
procurarse los medios económicos de subsistencia en la cuantía que contempla la
misma disposición”[23];
ii) destacó la incorporación de la normatividad que la establecía y
regulaba a los contratos vigentes, porque el derecho del trabajo “está
presidido por un interés social (..)”; y iii) resaltó el principio “según
el cual la disposición más favorable al trabajador es la que se aplica” [24].
Pronunciamientos éstos fundados en los
artículos 16° y 21 del Código Sustantivo del Trabajo[25], y en jurisprudencia
reiterada de la misma Corporación, conforme a la cual los conflictos de
aplicación de la ley laboral en el tiempo se resuelven (..) de acuerdo con
los principios que informan la justicia social”, porque el derecho a
perpetuar condiciones injustas en los contratos laborales no tiene asidero en
el ordenamiento constitucional. Se pronunció así la Corte Suprema de Justicia:
“Las pensiones (las de la ley 1ª de 1932) no tienen el carácter de
sueldo ni de salarios, pues al paso que los dos últimos miran al interés
privado, las pensiones son instituciones establecidas por motivos de interés
general, que hacen parte de los que se conoce con el nombre de “previsión
social” y que tienen por finalidad atender a la subsistencia de aquellas
personas que por razón de su edad y estado de pobreza no pueden subvenir a sus
más apremiantes necesidades, después de haber consumido sus energías y su edad
útil en servicio de una empresa o entidad, La sociedad está interesada en que
dichas personas no carezcan de lo necesario para sus sostenimiento , y por este
motivo procura que disfruten de una asignación que las coloque en
circunstancias de no perecer por inanición”.[26]
“El contrato de trabajo del que vive la mayoría de los hombres forma
la base de la organización actual, económica e industrial y presentado como un
hecho social, tanto por su magnitud, como por su trascendencia, da lugar a un
derecho indiscutible hoy o sea la intervención del Estado no sólo en la
reglamentación sino hasta en la ejecución de ese contrato, lo cual pone de
manifiesto que no pude considerarse como un mero contrato de derecho privado. Y
esa intervención no tiene lugar, por un concepto meramente particular, de
protección al obrero porque también protege al industrial y al patrono, sino
por un concepto de interés social, porque la sociedad está interesada no sólo
en lo que atañe a la producción, sino en lo que se refiera a los conceptos de
salubridad moralidad, higiene y de justicia social que ampare a todos”[27].
“Si se estudiara lo relativo a la indemnización de los empleados
despedidos solamente a la luz de las disposiciones rígidas del Código Civil y
del Código de Comercio, posiblemente encontrarían asidero los argumentos de los
que sostienen la tesis de la retroactividad de las disposiciones acusadas. Pero
la importante cuestión que se comenta no debe completarse a través de los
mandatos de los textos expresados, sino de acuerdo con los principios que
informan la justicia social como lo ha entendido  y practicado la Corte.”[28]
b) El 1° de enero de 1967 cesó para los
empleadores la obligación de asumir el riesgo de invalidez, porque, atendiendo
las previsiones del artículo 259 del Código del trabajo, el Instituto de los
Seguros Sociales asumió el riesgo, de conformidad con la regulación prevista en
el Decreto 3041 de 1966[29].
De modo que a partir del 1° de enero de
1967 i) el Instituto de los Seguros Sociales se comprometió con los
trabajadores y los patronos afiliados a reconocerles a estos últimos la pensión
de invalidez, en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, si al suceder
la contingencia el afectado acreditaba 150 semanas de cotización, dentro de los
6 años anteriores al acaecimiento del estado, 75 de las cuales debían corresponder
a los últimos tres años; ii) quienes cotizaron a la seguridad social cuando
menos 100 semanas, 25 de éstas durante el último año, tuvieron derecho a una
indemnización sustituta; y iii) el estado de invalidez se acreditaba por los
médicos adscritos al Instituto, previa solicitud del afectado –artículos 5 y 10
Decreto 3041 de 1996-.
Ahora bien, durante los primeros seis años
de vigencia de la prestación rigió un  régimen de transición, de modo que las
personas declaradas inválidas por los médicos de la entidad, que acreditaron un
número de semanas de cotización no inferior a la mitad del tiempo transcurrido
entre la iniciación del seguro en la región y el estado de minusvalía,
accedieron a la prestación, si acreditaron no menos de 25 semanas de cotización[30], transición que no
operó para quienes ingresaron al sistema después de su iniciación.
Al parecer de esta Sala las reglas de
transición antedichas se justificaron plenamente, porque una prestación que el
Código Sustantivo del Trabajo imponía a determinadas empresas fue asumida por
el Instituto de los Seguros Sociales, sobre la base de un número mínimo de
semanas cotizadas, con el concurso de los patronos, de los trabajadores
afiliados y del Estado.
De modo que a fin de aminorar el costo
social que pudo haber significado una desprotección general de los
trabajadores, frente a la contingencia del acaecimiento del estado de
invalidez, en tanto aquellos reunían las semanas de cotización, el legislador
consideró indispensable distinguir las situaciones acaecidas durante los
primeros años de vigencia del seguro y asimismo permitir, en algunos casos, el
reconocimiento de la prestación siempre se completaran cuando menos 25 semanas.
Es decir que en sus inicios el punto de equilibrio, a partir del cual la
prestación de invalidez puso ser reconocida, sin que sufriera detrimento
patrimonial el sistema, quedó fijado en 25 semanas de cotización[31].
c) El Acuerdo 049 de 1990[32] no varió los
requisitos para acceder a la prestación por invalidez, con respecto de los ya
explicados, pero amplió la cobertura al permitir el reconocimiento de la
pensión a quienes acreditaron 300 semanas, cotizadas en tiempo anterior al
estado de invalidez[33],
dispuso la norma:
“Tendrán derecho a las pensión de invalidez de origen común, las
personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o
gran inválido y
b) Haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y muerte,
ciento cincuenta semanas (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a
la fecha del estado de invalidez” –artículo 6°-..
En suma, a partir del 1° de enero de 1967
el Instituto de los Seguros Sociales asumió “el auxilio de invalidez” por
riesgo común, que el Código Sustantivo del Trabajo estableció a cargo de
determinadas empresas, siempre que i) el afectado comprobara el estado de
invalidez, ante los médicos de la prestadora, y ii) el interesado acreditara
entre 150 o 300 semanas de cotización, dentro de los seis años anteriores a la
invalidez o en cualquier tiempo respectivamente, en uno y en otro caso antes de
la pérdida de su capacidad laboral, excepto durante los primeros seis años de
vigencia del seguro en cada región.
Lo último porque, dados los cambios de
fondo que significó el traslado del riesgo y la exigencia de contribuir con el sistema
seguridad social, durante los primeros años el Instituto reconoció pensiones de
invalidez a afiliados que acreditaron entre 25 y 150 semanas, cotizadas antes
de la realización del riesgo común.
d) A partir del 1° de abril de 1994, de
conformidad con lo reglado en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, comenzó a
regir el sistema de seguridad social integral, que regula la pensión de
invalidez por riesgo común bajo los siguientes parámetros:
-La declaración del estado de invalidez se
confía a una junta regional ajena a la entidad prestadora, designada de acuerdo
con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional[34].
-Para tener derecho a la pensión al momento
de producirse el estado de invalidez el afectado debía haber cotizado por lo
menos 26 semanas, durante el año inmediatamente anterior al insuceso –artículo
39-.
-Se considera inválida la persona que ha
perdido el 50% o más de su capacidad laboral –artículo 38-.
-Por capacidad laboral se entiende el
conjunto de habilidades destrezas, aptitudes o potencialidades de todo orden,
que le permiten al trabajador desarrollar su trabajo habitual -artículos 38 Ley
100 y 2° Decreto 917 de 1999-.[35]
El legislador de 1993[36] no previó, entonces,
reglas de transición para el reconocimiento de la pensión de invalidez, como sí
lo hizo a efectos de regular la situación de quienes “si bien no han
adquirido el derecho a la pensión [de jubilación o vejez], por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen la expectativa legítima de adquirir
ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en
el momento del tránsito legislativo”[37],
muy seguramente porque la Ley 100, en cuanto amplía sustancialmente la
cobertura de la prestación[38],
puede decirse que favorece, en términos generales, a las personas afectadas con
la disminución o pérdida de su capacidad laboral en porcentajes superiores al
50%.
Ahora bien, es claro que al legislador compete fijar
los contenidos de los derechos prestacionales y señalar los requisitos para
acceder a ellos, atendiendo a políticas económicas y sociales orientadas a la
eficiencia, a la universalidad y a la solidaridad, propias del servicio publico
de seguridad social, dentro del marco constitucional [39]; de modo que resulta
entendible que la Ley 100 de 1993 restringa la cobertura para pérdidas menores
al 50% de capacidad laboral y simultáneamente incremente la protección para
pérdidas mayores a dicho porcentaje, mediante la disminución representativa del
número de semanas necesarias para acceder a la prestación.
Con todo, la potestad de configuración más
o menos amplia del legislador, para determinar los parámetros de la seguridad
social y las condiciones y extensión de sus coberturas, no comporta el
desconocimiento de los derechos adquiridos y las expectativas alcanzadas por la
población previamente vinculada al sistema, porque las leyes no tienen efectos
retroactivos, salvo las normas sociales favorables de aplicación inmediata
–artículos 58 y 53 C.P; 6° y 21 C.S.T.; y 11[40],
13 literal g, 272 y 288 Ley 100 de 1993-.
Puede afirmarse, entonces, que los
derechos, las prerrogativas, los servicios y los beneficios, definidos y
debidamente establecidos en vigencia de un régimen de seguridad social no se
alteran por disposiciones posteriores[41],
y que las situaciones prestacionales sin definir se resuelven con las normas
vigentes al tiempo del suceso, o con las que se encuentran en vigor a la
definición del derecho, según la normatividad que más favorezca al trabajador,
aplicada íntegramente.
Dentro de este contexto, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia condenó al Seguro Social a
reconocer una pensión de invalidez por el régimen común, para mitigar la
pérdida inferior al 50% de la capacidad laboral de un trabajador, porque el
insuceso aconteció antes del 1° de abril de 1994 y las disposiciones entonces
vigentes le daban al asegurado el derecho a la prestación. Sostuvo en aquella
oportunidad la Sala accionada:
“Para completar lo dicho al resolver el cargo, precisa aseverarse
que en todas las ocasiones no resulta válido afirmar que frente a un accidente
de trabajo son de aplicación las normas vigentes al momento en que éste se
causó, pues habrá algunas en que operen otras disposiciones. Ello se presenta
cuando en el examen médico definitivo no se puede con exactitud establecer si
el porcentaje final de la incapacidad ha sido consecuencia directa del
accidente alegado, porque, a manera de ejemplo, durante el tiempo que medió
entre uno y otro instante ocurrieron otros menos graves, o cuando en el mimo
lapso el afectado padeció dolencias de distinto origen. Sin dejar de lado
también, que el principio de favorabilidad, en un momento dado, puede cobrar
vigencia frente a la aplicación de las normas.
Con lo anteriormente expuesto, lo que la Sala quiere significar es
que cada situación que se presente, relacionada con un accidente de trabajo,
debe mirarse y decidirse separadamente, con los elementos probatorios arrimados
a cada proceso, dejando en claro que en este juicio, un primer dictamen fue
objetado (..) y el siguiente aclarado (..) que fue el finalmente acogido por
los jueces de instancia, y, así mismo, que no fue cuestionado el número de
semanas de cotización al ente demandado.
Así las cosas, como en el dictamen llevado a acabo por el
especialista en salud ocupacional se determinó en el demandante una pérdida de
la capacidad laboral de un 21% (..), resulta en su favor el derecho a la
pensión de invalidez.”[42]
Cobra importancia, pues, a efectos de
determinar el derecho a la pensión de invalidez del señor actor, quien cuando
el régimen pensional de seguridad social integral comenzó a regir había perdido
su capacidad laboral en un 100%, que elementales consideraciones de justicia y
equidad determinan la aplicación retrospectiva del artículo 39 de la Ley 100 de
1993 para definir su situación, porque es la solución que lo favorece; como en
el caso antes anotado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia optó por la aplicación ultractiva del artículo 24 del Acuerdo 155 de
1963 y condenó a la prestadora a reconocer una prestación no prevista en el
ordenamiento vigente. Soluciones que se imponen a la luz del ordenamiento, así
el legislador de 1993 no las hubiese previsto expresamente.
Lo anterior, porque tanto en el caso
resuelto por la Corte Suprema de Justicia, que se trae a colación, como en el
asunto que en esta oportunidad ocupa a la Sala i) las contingencias que
aminoraron su capacidad laboral les sobrevinieron a los asegurados en vigencia
del régimen que dejó de regir el 1° de abril de 1994, y ii) los estados de
invalidez fueron declarados y definidos con posterioridad a la fecha en
cuestión, es decir estando en vigor la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, el efecto retrospectivo de la
ley con miras a consolidar expectativas legítimas[43], que no quedaron
establecidas en vigencia del régimen anterior, ha sido considerado conforme con
la Carta Política por cuanto “la ley nueva sí puede regular ciertas
situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido o se originaron bajo
la vigencia de una ley no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de
manera definitiva”[44], sostiene esta Corte:
“Ante la necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la
protección del orden social, la Constitución prohíbe el desconocimiento o
modificación de las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una
ley, con ocasión de la expedición de nuevas regulaciones legales. De este modo
se construye el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la
nueva ley no tiene la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del
pasado que han quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e
incólumes frente a aquélla, cuando ante una determinada situación de hecho se
han operado o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese
momento vigentes.
La doctrina y la jurisprudencia contraponen a los derechos
adquiridos las "meras expectativas", que se reducen a la simple
posibilidad de alcanzar un derecho y que, por lo mismo, no son más que una
intención o una esperanza de obtener un resultado jurídico concreto. Por lo
tanto, la ley nueva sí puede regular ciertas situaciones o hechos jurídicos
que aun cuando han acaecido o se originaron bajo la vigencia de una ley no
tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva, como un
derecho, bajo la ley antigua.
No obstante, las referidas expectativas pueden ser objeto de alguna
consideración protectora por el legislador, con el fin de evitar que los
cambios de legislación generen situaciones desiguales e inequitativas o de
promover o de asegurar beneficios sociales para ciertos sectores de la
población o, en fin, para perseguir cualquier otro objetivo de interés público
o social. Es así como la ley nueva puede tomar en cuenta hechos o situaciones
sucedidos en vigencia de la ley antigua para efectos de que con arreglo a las
disposiciones de aquélla puedan configurarse o consolidarse ciertos  derechos
(efecto retrospectivo).”[45]
Quiere decir, entonces, que la
Constitución Política garantiza los derechos adquiridos y también las
expectativas legítimas de los trabajadores, de manera que la Ley 100 de 1993 o
el Acuerdo 049 de 1990, atendiendo al mayor beneficio para el trabajador,
resultan igualmente aplicables para definir los estados de invalidez que se
encontraban pendientes de resolver, cuando el régimen de seguridad social
integral entró en vigor –artículos 53 y 58 C.P.-.
4.      Caso concreto
El 15 de septiembre de 2000, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá aduciendo que el estado de minusvalía que aqueja al
señor Oquendo Sarmiento “se estructuró el 24 de enero de 1993”, a causa de un
accidente que le ocasionó invalidez permanente del 100% -presenta paraplejía flácida de miembros inferiores, disparesia de
miembros superiores y pérdida del control de esfínteres- revocó la sentencia que ordenaba al
Instituto de los Seguros Sociales reconocer al nombrado la pensión que reclama.
Providencia que la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia
no casó, aduciendo falta de técnica en la formulación del recurso, aunque se
adentró en el contenido de la decisión y avaló la decisión del Ad quem.
Ahora bien, como el actor invoca la protección del
juez constitucional, porque considera que la negativa a reconocerle la
prestación quebranta sus derechos fundamentales a vivir con dignidad, a la
igualdad y a la seguridad social, y, dado el carácter subsidiario y residual de
la acción de tutela, la Sala deberá considerar si el ordenamiento cuenta con
otro procedimiento, para que cese la vulneración de los derechos
constitucionales que el señor Oquendo Sarmiento denuncia.
4.1. Procedencia de la acción. El actor no cuenta con
otro mecanismo para el restablecimiento de sus derechos fundamentales
a) En los términos del artículo 86 de la
Carta Política, la acción de tutela, establecida para conjurar las amenazas y
las vulneraciones de los derechos fundamentales, por parte de cualquier
autoridad pública, procede cuando el afectado no cuenta con otros medios de
defensa judicial, salvo que el procedimiento breve y sumario, propio del amparo
constitucional en comento, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Ahora bien, el Instituto de los Seguros
Sociales i) mediante Resolución 014801 de 11 de octubre de 1994, proferida por
la Seccional Cundinamarca, negó al señor Teddy Erwin Oquendo Sarmiento la
pensión de invalidez de origen no profesional que reclama -“porque solamente cotizó 119 semanas , dentro de los últimos seis
años, anteriores a la invalidez y 119 en cualquier época anterior a ella”-; ii) por medio de la Resolución 03898 del
5 de mayo de 1995 mantuvo la decisión -dado que “el
requisito de invalidez se encuentra plenamente acreditado, desafortunadamente
el número de semanas exigibles con anterioridad a la misma, no se completó,
razón por la cual, y en vigencia de la norma que regía en ese momento, no hay
lugar a conceder el derecho a la pensión”; y iii) no ha resuelto el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado del actor.
Además el señor Oquendo Sarmiento, en su
afán por obtener la pensión a la que tiene derecho, instauró demanda Ordinaria
ante la jurisdicción del trabajo, y como en segunda instancia le fue negada la
prestación interpuso infructuosamente el recurso de casación.
De manera que i) como contra las sentencias
que profiere la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no
cabe sino el recurso de revisión, no previsto para el caso[46], y ii) en razón de que
la vía gubernativa, ante el Seguro Social, se encuentra formalmente agotada,
sin duda  el actor no cuenta con mecanismos ordinarios para el reconocimiento
de sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la seguridad social,
de petición y del debido proceso, y debe por consiguiente el Juez
constitucional restablecerlos.
4.2 Las decisiones de instancia serán revocadas,
porque los derechos fundamentales del actor están siendo conculcados
a) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca sostiene que el amparo
constitucional que el actor invoca es improcedente, porque la Sala de Casación
accionada obró como correspondía, al negarse a estudiar el recurso, fundada en
que los cargos no se formularon adecuadamente.
No obstante es lo cierto, que, conforme lo
determina el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, a las Salas de Casación de la
H. Corte Suprema de Justicia les incumbe separar los cargos y las acusaciones o
proceder a integrarlos, con miras a hacer que las demandas de casación se
adecuen a la controversia[47].
De modo que con el objeto de garantizarle
al señor Oquendo Sarmiento su derecho sustancial a la seguridad social, en
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 228 constitucional, la sentencia de
primera instancia que se revisa será revocada, porque los jueces
constitucionales no pueden admitir “que la Corte Suprema de Justicia se
abstenga de considerar la violación de la ley sustantiva planteada en un
recurso de casación, por cuestiones formales que la misma está en capacidad de
solventar[48]”
.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, por su parte, modificó la decisión de primer grado
pero no concedió la protección. Sostiene que las sentencias proferidas por las
Salas Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá y de Casación Laboral de la H.
Corte Suprema de Justicia para resolver el asunto en estudio, obedecen a un
análisis suficiente y razonable, así le impidan al accionante acceder a la
pensión a que tiene derecho.
Es decir que las decisiones de instancia serán
revocadas, porque, como se verá, en el Estado social de derecho no pueden ser
consideradas razonables las decisiones de las autoridades públicas que vulneran
los derechos fundamentales de los asociados.
b) Atendiendo las consideraciones de los jueces de
instancia, que se traen a colación, la Sala considera indispensable reiterar la
doctrina constitucional en materia de atención a las personas discapacitadas,
en razón de que son suficientes y debidamente conocidos los pronunciamientos de
esta Corte sobre el deber de los jueces de respetar y hacer prevalecer en los
asuntos sometidos a su conocimiento los derechos fundamentales, considerando,
en todos los casos, a los sujetos del proceso como personas titulares de
derechos y garantías constitucionales[49].
Consideraciones éstas que adquieren especial
relevancia y significado cuando los derechos que las autoridades
administrativas y jurisdiccionales tienen que definir comprometen la vida y
digna de las personas que padecen disminución física, sensorial o psíquica
-artículos 5°, 13 y 47 C.P.-, como lo ha sostenido esta Corte insistentemente[50], porque unas y otras
han sido instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra , bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares –artículo 2° C.P.-.
En este sentido, y en consideración a que el señor
Oquendo Sarmiente padece una invalidez permanente y total, debe la Corte
remitirse a los principios que reconocen a las personas afectadas con
limitaciones físicas, mentales y sensoriales el derecho a exigir del Estado
condiciones que les permitan vivir con dignidad, rehabilitarse, e integrarse a
la sociedad, en cuanto dichos principios informan la normatividad legal que
regula la prestación por invalidez, y deben en consecuencia considerarse en las
decisiones administrativas e interpretaciones jurisprudenciales atinentes al
tema –artículo 9° C.P.-.
c) En reciente decisión, esta Corporación se pronunció
sobre la Ley 762 de 2002, aprobatoria de la “CONVENCION INTERAMERICANA PARA
LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”, instrumento que considera la justicia y la seguridad social
para con las personas disminuidas físicas, mentales y sensoriales como
cimientos de una paz duradera que los Estados Partes están en el deber de
desarrollar, dentro del marco de los tratados y declaraciones impulsados y
proclamadas por las Organizaciones de las Naciones Unidas y de Estados
Americanos, que comprometen a la comunidad internacional en la atención
prioritaria de las personas afectadas con minusvalías de todo tipo[51].
En efecto, la comunidad internacional se
encuentra decididamente comprometida con la atención prioritaria de las
personas con discapacidad, como lo demuestra la síntesis elaborada en la
sentencia C-410 de 2001[52],
providencia que reseña:
“El compromiso del Estado colombiano de integrar
a las personas con limitación a la sociedad, mediante la aplicación de medidas
que contrarresten real y efectivamente la marginalidad a que tradicionalmente
han sido sometidas, data de la segunda mitad del
siglo XX, cuando la comunidad internacional, a través de algunos
pronunciamientos de la Asamblea y de diferentes órganos de la Organización de
las Naciones Unidas, se percató del derecho de estas personas a exigir
condiciones especiales que les permitan hacer realidad su derecho de vivir conforme
a su dignidad humana.
En tal sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948,
reconoció la libertad e igualdad en dignidad y derechos de todos los seres
humanos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política, origen, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición.
Y, sus diferentes organismos han reconocido el derecho de las personas con
discapacidad a exigir un trato acorde con su situación y la obligación de los
Estados de proporcionarlo, para que la igualdad pase de ser una formulación a
una vivencia real en los Países miembros de la Organización.
El más importante avance en la materia, en el contexto del derecho
internacional, está representado en las “Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad” –85ª sesión plenaria, de la
Asamblea de las Naciones Unidas reunida el 20 de diciembre de 1993-, cuyo
componente fue tomado de las experiencias que dejó el “Decenio de la Naciones
Unidas para los Impedidos” –1983-1992-[53].
Empero también cabe citar, entre otras[54],
las declaraciones sobre el Progreso y Desarrollo en lo social[55], sobre
los Derechos del Retrasado Mental[56]
y de los Impedidos[57],
al igual que la que adopta el Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad[58]
como también la resolución sobre los Principios para la Protección de los
Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental[59].
La Organización de las Naciones Unidas no solo se ha pronunciado
acerca de la necesidad de que los Países Miembros hagan realidad la igualdad de
las personas con limitación, sino que a través de sus distintos organismos ha
celebrado convenios[60],
adelantado investigaciones [61]
y ejecutado programas de acción conjunta dirigidos a la rehabilitación e
integración social de los impedidos.[62].
También en el plano regional se han planteado, estudiado y adquirido
compromisos con miras a erradicar la marginalidad de las personas afectadas con
limitación. En 1988 se suscribió el “Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre derechos humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y
Culturales “Protocolo de San Salvador””[63],
asimismo, la Conferencia Intergubernamental Iberoamericana, reunida en
Cartagena entre el 27 y el 30 de octubre de 1992, recomendó a los países del
área adoptar medidas y elaborar programas dirigidos a la prevención,
rehabilitación y atención social de las personas afectadas con discapacidad[64]. En
fin, el 8 de junio de 1999, se suscribió en Guatemala la “Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad”[65],
que tuvo como antecedente, entre otras acciones[66], el
“Compromiso de Panamá con la Personas con Discapacidad en el Continente
Americano”[67].
Ahora bien, el aparte 8° de las Normas Uniformes sobre
la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad -proclamadas
por la asamblea de las Naciones Unidas en la 85ª plenaria, reunida en 1993-
desarrolla la obligación de los Estados de garantizarles a estas personas una
suma periódica para su manutención, expresa la norma:
“Artículo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social. Los
Estados son responsables de las prestaciones de seguridad social y
mantenimiento del ingreso para las personas con discapacidad.
a) Los Estados deben velar por asegurar la prestación de apoyo
adecuado en materia de ingreso a las personas con discapacidad que, debido a la
discapacidad o factores relacionados con ésta, hayan perdido temporalmente sus
ingresos, reciban un ingreso reducido o se hayan visto privadas de
oportunidades de empleo. Los Estados deben velar por que la prestación de apoyo
tenga en cuenta los gastos en que suelen incurrir las personas con
discapacidades y sus familias, como consecuencia de su discapacidad.
b) En países donde exista o se esté estableciendo un sistema de
seguridad social, de seguros sociales y otro plan de bienestar social para la
población en general, los Estados deben velar por que dicho sistema no excluya
a las personas con discapacidad ni discrimine contra ellas.
c) Los Estados deben velar asimismo por que las personas que se
dediquen a cuidar a una persona con discapacidad tengan un ingreso asegurado o
gocen de la protección de la seguridad social.
d) Los sistemas de seguridad social deben prever incentivos para
restablecer la capacidad para generar ingresos de las personas con
discapacidad. Dichos sistemas deben proporcionar formación profesional o
contribuir a su organización, desarrollo y financiación. Asimismo, deben
facilitar servicios de colocación.
e) Los programas de seguridad social deben proporcionar también
incentivos para que las personas con discapacidad busquen empleo a fin de crear
o restablecer sus posibilidades de generación de ingresos.
f) Los subsidios de apoyo a los ingresos deben mantenerse mientras
persistan las condiciones de discapacidad, de manera que no resulten un
desincentivo para que las personas con discapacidad busquen empleo. Sólo deben
reducirse o darse por terminados cuando esas personas logren un ingreso
adecuado y seguro.
g) En países donde el sector privado sea el principal proveedor de
la seguridad social, los Estados deben promover entre las comunidades locales,
las organizaciones de bienestar social y las familias el establecimiento de
medidas de autoayuda e incentivos para el empleo de personas con discapacidad o
para que esas personas realicen actividades relacionadas con el empleo” A/RES/48/96-.
d) Al amparo de los principios anteriores
puede afirmarse que el señor Teddy Oquendo Sarmiento tiene derecho a exigir del
Estado, y en consecuencia de las Salas accionadas y de la entidad prestadora
vinculada a la decisión, i) que se le reconozca una suma periódica mientras
subsista su estado de invalidez, y ii) que se adopten a su favor medidas que
contrarresten el estado de debilidad manifiesta en que se encuentra, entre las
que deben destacarse programas de rehabilitación, de integración social y de
empleo.
Con todo, el carácter de principio de la obligación
estatal de mantener el ingreso de las personas con discapacidad en general y
del actor en particular, puede discutirse, dado el carácter programático y
progresivo de la seguridad social preceptuado en el artículo 48 de la Carta
Política[68],
no así en el caso objeto de revisión.
Al respecto la Sala observa i) que la
libertad de configuración legislativa, válida en la determinación de los
servicios que conforman la cobertura de la seguridad social, en los términos
del artículo 48 de la Carta Política, se aminora considerablemente ante la
necesidad de garantizarles a las personas con discapacidad total y permanente
recursos imprescindibles para la preservación de su dignidad humana; ii) que la
pensión de invalidez por riesgo común es una prestación debidamente programada
y suficientemente decantada en el sistema de seguridad social integral, como lo
indica su desarrollo normativo; y iii) que el señor Oquendo Sarmiento no
reclama del Estado el cumplimiento de un deber de asistencia pública gratuita,
sino que el sistema de seguridad social no le niegue una cobertura para la cual
contribuyó efectivamente.
En este mismo sentido, ha de considerarse i) que el
actor acredita haber cotizado 119 semanas, con antelación al insuceso que le
ocasionó la invalidez, es decir un número considerablemente superior a las 26
que exigía el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y a las 100 que requiere el
artículo 11 de la Ley 797 de 2003, para tener derecho a la prestación; y ii)
que el señor Oquendo Sarmiento cotizó al sistema desde los 19 años de edad,
puesto que nació el 9 de mayo de 1972 y comenzó a trabajar y fue afiliado al
sistema el 17 de abril de 1991.
De modo que la aplicación del artículo 6° del Acuerdo
049 de 1990, para definir el derecho del actor a la pensión de invalidez,
además de desfavorable, y contraria a los principios de los derechos humanos
que informan la seguridad social de las personas con minusvalías, resulta
regresiva y carente de toda lógica, puesto que para tener derecho a la
prestación, según la hermenéutica de los accionados, el actor tenía que haber
cotizado al sistema desde el 23 de enero de 1987, es decir desde los 15 años de
edad.
Así las cosas, la norma aplicable para resolver el derecho a
la pensión del actor viene a ser el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en
cuanto la disposición vigente a tiempo de la realización del riesgo lo excluye del
sistema de seguridad social, para el cual él contribuyó efectivamente.
Exclusión que no resulta posible si se considera que acredita un número de
semanas de cotización considerablemente superior a las 26 que sustentan el
riesgo de invalidez por régimen común.
Tan pertinente es la reflexión anterior, que el
artículo 11 de la Ley 797 de 2003 incrementa el número de semanas con relación
a las exigidas en el artículo 39 en comento, pero respecto a efectos del
derecho a la prestación de los trabajadores menores de 20 años –nota 40-.
Resulta en consecuencia imposible sostener que las
sentencias de los jueces accionados deben permanecer en el ordenamiento y
cumplirse inexorablemente, porque la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de
Bogotá y de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia resolvieron las
pretensiones del actor en contradicción flagrante con el ordenamiento
constitucional, con total desconocimiento de los principios que informan los
derechos fundamentales de los impedidos, y en contravención con las normas que
rigen la interpretación de los derechos de los asociados a la seguridad social.
De modo que esta Sala, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución, como le corresponde hacerlo, deberá declarar su nulidad, emitir
la orden de que se profieran nuevamente, y ordenar su inaplicación inmediata.
5. Conclusión. Los derechos fundamentales del actor
habrán de ser efectivamente restablecidos
a) La Corte ha precisado que no
todos los derechos y garantías de las personas con limitaciones que la
Constitución consagra se aplican inmediatamente, pues las políticas de
previsión, rehabilitación e integración social requieren un desarrollo
programático que consulte las posibilidades financieras del Estado[69];
pero – como quedó explicado- este no es el caso del señor Oquendo Sarmiento,
quien se afilió al sistema de seguridad social y acredita haber aportado
durante 119 semanas, anteriores al estado de invalidez.
Ahora bien, para refutar la tesis
de las Salas accionadas, según la cual cuando le sobrevino el estado de
invalidez el actor debía haber cotizado 150 o 300 semanas para tener derecho a
la prestación, basta recordar que el 1° de abril de 1994 el estatus de
pensionado del señor Oquendo Sarmiento no se había definido.
De suerte que el señor Oquendo
Sarmiento, en los términos del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, tiene
derecho a exigir que sea ésta la legislación que se le aplique íntegramente,
porque cotejándola, con lo dispuesto al respecto en el Acuerdo 049 de 1990,
vigente a tiempo del insuceso que le generó la invalidez, al rompe se advierte
que es la norma que lo favorece -artículos 5°, 9, 13, 47, 53 y 93 de la Carta
Política-. De modo que la prestación le deberá ser reconocida desde el 1° de
abril de 1994.
b) En virtud de lo anterior las
decisiones de instancia serán revocadas para, en su lugar, i) anular las
sentencias proferidas por las Salas accionadas, ii) ordenar que las mismas se
dicten nuevamente, iii) disponer su inaplicación general e inmediata, y iv)
ordenar que el Seguro Social le reconozca al actor la pensión de invalidez a que
tiene derecho, sin aguardar la decisión que la Sala Laboral del H. Tribunal
Superior de Bogotá, deberá adoptar en reemplazo de la proferida el 15 de
septiembre del 2000.
Dentro de este contexto, y habida
cuenta que los jueces constitucionales están en el deber de restablecer real y
efectivamente los derechos fundamentales de los asociados, vulnerados por
cualquier autoridad pública, se ordenará al Seguro Social, inaplicar de
antemano las sentencias de las Salas Laboral y de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 4° de la
Carta Política, y conceder la prestación que el señor Oquendo Sarmiento
reclama, en los cinco días siguientes contados a partir de la notificación de
esta providencia.
c) Además la Sala hará un llamado
a prevención sobre la aplicación del artículo 4° constitucional, en todos los casos de incompatibilidad
entre las sentencias de esta Corporación, que ordenan el restablecimiento de
los derechos fundamentales de los asociados y las decisiones judiciales y
administrativas que los desconocen.
Lo anterior sin perjuicio de la obligación
que les asiste a las Salas accionadas de acatar íntegramente esta decisión, de
modo que la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver el
recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor, contra la
sentencia del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, que reconoce al
actor la pensión de invalidez, con sujeción estricta a esta providencia,
siendo, por consiguiente innecesario, por sustracción de materia, un
pronunciamiento en casación.
Llamado éste que se hará extensivo a los
jueces de tutela, quienes no podrán escatimar esfuerzos para restablecer real y
efectivamente los derechos fundamentales de los asociados, tarea para la cual
conservan su competencia, más allá de la sentencia de revisión, de la
expedición de providencias de simple cumplimiento formal, y del trámite
incidental de desacato, siempre que la evidencia indica que las órdenes
impartidas y las previsiones legales resultaron insuficientes, en los términos
del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.
De modo que en este, como en todos los
casos en que las sentencias revisadas por esta Corte demuestren que un derecho
fundamental está siendo vulnerado o amenazado, tendrá éste que ser restablecido
por el Juez de primera instancia, haciendo extensivas las órdenes impartidas a
todos los sujetos procesales vinculados a la decisión, de ser posible y
necesario, atendiendo a las circunstancias fácticas que la ejecución de la
sentencia demuestren, sin que para el efecto resulte posible argüir un indebido
o incompleto desarrollo de la decisión que se debe ejecutar, en los términos de
los artículos 41 del Decreto 2591de 1991 y 25 de la Ley 16 de 1972.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca el 12 de junio de 2002 y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura el 1° de agosto del mismo año, para
decidir la acción de tutela instaurada por el Teddy Erwin Oquendo Sarmiento
contra las Salas Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá y de Casación
Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, y en su lugar, proteger los
derechos fundamentales del actor a que se refieren los artículos 5°, 13, 23,
29, 47, 48 y 53 de la Constitución Política.
Segundo. DECLARAR LA NULIDAD CONSTITUCIONAL
y DEJAR EN CONSECUENCIA SIN NINGUN EFECTO los fallos proferidos el 15 de septiembre del año 2000
(expediente 1995 3416 01) y el 28 de junio del año 2001 (radicación 15.583),
por las Salas Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia respectivamente, para resolver la demanda
Ordinaria instaurada por el actor contra el Instituto Colombiano de los Seguros
Sociales.
Tercero. Hacer una llamado a PREVENCIÓN sobre la
aplicación del artículo 4° constitucional, en todo caso de incompatibilidad
entre las sentencias de esta Corporación, que ordenan el restablecimiento de
los derechos fundamentales de los asociados y las decisiones judiciales y
administrativas que los desconocen.
Por consiguiente recordar al SEGURO
SOCIAL, como a todas las personas publicas y privadas, en especial las
vinculadas a las acciones de tutela, que están igualmente obligados a
restablecer los derechos fundamentales quebrantados, en los términos de las
decisiones de esta Corte y en los aspectos que a cada uno concierne.
Tercero. ORDENAR al SEGURO SOCIAL acatar
inmediatamente la orden anterior, y restablecer el derecho de petición del
accionante. En consecuencia, dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de esta providencia resolverá el recurso de apelación instaurado
por el señor Teddy Edwin Oquendo Sarmiento, por intermedio de apoderado, contra
la Resolución 14801 de 1994, emitida el 15 de octubre por los Jefes de División
de Seguros Económicos y Sección de Prestaciones Económicas de la Seccional
Cundinamarca, concediendo al actor la pensión por invalidez de origen no
profesional a que tiene derecho, desde el 1° de abril de 1994.
Cuarto. Hacer un llamado general a prevención a los jueces de
tutela, para que atendiendo los dictados de la Carta Constitucional, del
Decreto 2591 de 1991 y de la Convención Americana de Derechos Humanos, adopten
las medidas e impartan las órdenes que resulten procedentes, para restablecer
los derechos fundamentales de los asociados de una manera real y efectiva,
impartiendo órdenes directas a los sujetos procesales comprometidos en la
conducta, de ser necesario, así las órdenes de la sentencia que se requiere
ejecutar no se dirijan a ellos, directamente.
Quinto. Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 y remítase el original del
expediente 15.583 al Juzgado de origen.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)
[1] Sentencia de abril 17
de 1997, Radicación 9438, M.P. Francisco Escobar Henríquez –la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia proferida por la
Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Medellín, en cuanto éste revocó la
sentencia que había concedido la pretensión, “después de concluir que la Ley 100 de 1993 es la normatividad aplicable
al caso, por encontrarse vigente cuando se configuró el estado de invalidez en
que se fundan las pretensiones de la actora y porque ésta no reunió los
requisitos previstos en su artículo 39 para la causación de esa prestación”.
[2] Sala de Casación
Laboral, sentencia 12387 M.P. Carlos Isaac Nader.
[3] Sala de Casación Laboral, 26 de
noviembre de 1998, radicación 11.141, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[4] Sentencia proferida
el 28 de junio de 2001, M.P. Carlos Isaac Nader.
[5] Sentencia aprobada el 12 de
junio de 2002, M.P. José Fernando Castro García, radicación 2002-2787.
[6] Fundamenta tal afirmación
transcribiendo apartes de la sentencia C-215 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz.
[7]  Sentencias T-910 y 965 de 2001,
T-363, 969 y 1035 de 2002, T-01 de 2003, entre otras.
[8] Sobre el silencio
administrativo, como presupuesto para someter a la jurisdicción la resolución
del conflicto se pueden consultar entre otras las sentencias T-2423 de 1993 y
T-184 de 1994.
[9] Respecto de el
desconocimiento del derecho de petición, sin perjuicio del sentido que el
legislador le otorga al silencio de la administración se pueden consultar,
entre otras, las sentencias T-473 de 1992, C-309 de 1994, T-1035 de 2002.
[10] “Si bien la citada norma no señala cuál es el
término  que  tiene la administración para contestar o resolver el asunto
planteado, después de que ha hecho saber al interesado que no podrá hacerlo en
el término legal, es obvio  que dicho término debe ajustarse a los
parámetros de la razonabilidad,  razonabilidad que debe consultar no sólo
la importancia que el asunto pueda revestir  para el solicitante, sino los
distintos trámites que debe agotar la administración para resolver
adecuadamente la cuestión planteada. Por tanto, ante la ausencia de una norma
que señale dicho término, el juez de tutela, en cada caso, tendrá que
determinar si el plazo que la administración fijó y empleó para contestar la
solicitud, fue razonable, y si se satisfizo el núcleo esencial del derecho de
petición: la pronta resolución”- Sentencia
T-570 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. .
[11] “Es claro que el legislador quiso desarrollar la
especial protección constitucional consagrada a favor de los pensionados y en
consecuencia, expidió la Ley 700 de 2001 a fin de reglamentar y establecer los
términos en los que se surtirían las actuaciones de las entidades encargadas
del reconocimiento y pago de las prestaciones pertinentes. De esta manera, el
artículo 4 de la precitada ley establece un término de 6 meses para llevar a
cabo todos los trámites desde la solicitud de reconocimiento hasta el pago
mismo de las mesadas correspondientes. Este término se consagra para llevar a
cabo todos los trámites administrativos cuando la prestación se reconoce y en
consecuencia surge la obligación de cancelarla” –T-1086 de 2002 M.P.
Rodrigo Escobar Gil..
[12] Sentencias T-1166 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, T-191 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-01 de 2003 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[13] Sentencia T-1086 de 2002 M.P: Rodrigo Escobar Gil.
[14] Sobre la diferencia
entre el derecho de petición y el debido proceso en las actuaciones
administrativas se puede consultar en la sentencia T-414 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[15] Sentencia C-125 de
2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Revisión constitucional de la Ley 516 de 1999 por
la cual se aprueba el Código Iberoamericano de Seguridad Social.
[16] Sentencia  T-116 de
1993 M.P. Hernando Herrera Vergara
[17] Sentencia C-125 de
2000 ya citada.
[18] Mediante la sentencia
SU-1023 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño esta Corte concedió el amparo a la
seguridad social de 772 pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante, 363 de ellos mayores de 70 años, para el efecto ordenó “al
liquidador (..) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, reconozca el crédito, liquide y proceda al pago
de las mesadas causadas y no pagadas a partir de junio de 2001 a favor de todos
los pensionados”.
[19] “Se ordenará al I S.S. que REVOQUE los actos
administrativos que reconocieron la pensión del actor con fundamento en las
normas de la ley 100/93 y, en su lugar PROCEDA, en el término de 48
horas a dictar una nueva resolución en la cual se decida sobre la pensión de
jubilación del citado aplicando el régimen normativo especial que cobija a los
Congresistas, según lo señalado en la parte motiva de esta providencia” “(..)
La tutela que se concede estará vigente mientras la jurisdicción de lo
contencioso administrativo decide definitivamente sobre la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el demandante (..)” - SU-1354 de 2000 Antonio Barrera Carbonell-.
[20] Sobre la efectividad
de la protección, como elemento esencial del amparo constitucional se puede
consultar, entre otras la sentencia C-533 de 1993.
[21] “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo
y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.
2.
Los Estados Partes se comprometen:
a)
a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b)
a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c)
a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso”- “Convención Americana de Derechos Humanos, Ley 16 de
1972, artículo 25-..
[22] “Si como consecuencia de la enfermedad no profesional
o por lesión distinta de accidente de trabajo o por debilitamiento de las
condiciones físicas o intelectuales, no provocados intencionalmente le sobreviniere
al trabajador una invalidez que lo incapacite para procurarse una remuneración
mayor de un tercio de la estuviere devengando, tendrá derecho, además, a las
siguientes prestaciones en dinero: a) en caso de invalidez permanente parcial,
a una suma de uno a diez meses de salario, que graduará el médico al calificar
la invalidez; b) en caso de invalidez permanente total, tendrá derecho a una
pensión mensual de invalidez equivalente a la mitad del salario promedio
mensual del último año, hasta por treinta (30) meses y mientras la invalidez
subsista; c) en caso de gran invalidez, el trabajador tendrá derecho a una
pensión mensual de invalidez equivalente a la de jubilación o vejez, durante
treinta (30) meses. (..).” –artículo
45 Ley 90 de 1946-.
[23] Casación de 17 de
agosto de 1954, citada en Código Sustantivo del Trabajo, Jorge Ortega Torres,
editorial Temis, 1956.
[24] Sentencia de 4 de
marzo de 1949, M. P. Castor Jaramillo Arrubla, en igual sentido sentencia del
14 de marzo de 1949, del mismo ponente, citadas por Guillermo González Charry,
Doctrinas y Leyes del Trabajo, Universidad Nacional de Colombia 1950.
[25] “1.
Las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general
inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén
vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero
no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o
consumadas conforme a las leyes anteriores.
2. Cuando una ley nueva establezca una
prestación ya reconocida espontáneamente o por convención o fallo arbitrario
por el patrono, se pagará la más favorable al trabajador.”
“En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de
normas vigentes de trabajo prevalece la más favorable al trabajador. La norma
que se adopte debe aplicarse en su integridad”
[26] Sala Plena, Corte
Suprema de Justicia, 7 de noviembre de 1933, en esta oportunidad fueron
declarados exequibles el artículo 1° de la Ley 1ª de 1932 y el artículo 4º del
decreto 1471 del mismo año, “porque el verdadero concepto de las pensiones
de que se trata es el gravamen establecido, por motivos de interés social a
cargo de las mencionadas empresas y a favor de los empleados y obreros que
reúnan las condiciones señalados por la ley”. Sentencia citada y reiterada
por la misma Sala el 12 de noviembre de 1937 M. P. Pedro A. Gómez Naranjo.
[27] Sala Plena, Corte
Suprema de Justicia, 25 de mayo de 1936, en esta oportunidad fueron declarados
exequibles la Ley 10 de 1934 y el Decreto 652 de 1935 porque “no hay para
los patronos el derecho adquirido de que se habla para no pagar al empleado la
indemnización, en caso de despido que no sea originado por mala conducta ni por
impedimento del contrato, porque jamás ha existido una ley que los exima de
esta obligación, ni podría haberla porque con ella se habría consagrado una
injusticia notoria”.
[28] Idem. Sentencia de
12 de noviembre de 1937 M. P Pedro A. Gómez Naranjo.
[29] El Decreto 3041 de
1996 “Por el cual se aprueba el Reglamento General del Seguro Social
Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte”, fue proferido por el Presidente
de la Republica en uso de las facultades conferidas por la Ley 90 de 1946, el
decreto ley 1695 de 1960 y el artículo 7° del Acuerdo 150 de 1963 del Consejo
Directivo del Instituto de Seguros Sociales , aprobado por Decreto 183 de 1964.
[30] El artículo 57 del
Decreto 3041 en comento también previó condiciones iniciales excepcionales de
transición para adquirir el derecho a las prestaciones por vejez.
[31] “ cuando el número de
semanas de cotización fuere inferior a ciento cincuenta (150) se calculará el
salario de base sobre el número de semanas cotizadas” –inciso cuarto,
artículo 56 Decreto 3041 de 1966.
[32] El Acuerdo 049 de
1990, fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y
aprobado por el Presidente de la República, mediante Decreto 758 de 1990,
dictado en ejercicio de la facultad conferida por el Decreto ley 1650 de 1977.
[33] “El asegurado que al momento de invalidarse no
tuviere el número de semanas exigidas en el literal b) del artículo 6° del
presente acuerdo, tendrá derecho en sustitución de la pensión de invalidez a
una indemnización equivalente a una mensualidad de la pensión que le habría
correspondido, por cada veinticinco (25) semanas de cotización acreditadas.
Igual indemnización se otorgará al asegurado que sin
tener derecho a la pensión de vejez, se invalide después de alcanzar las edades
que se señalan en este reglamento para adquirir el derecho a esta pensión.
En uno y otro caso será requisito, que el interesado
tenga acreditadas no menos de cien (100) semanas de cotización, veinticinco
(25) de las cuales deben corresponder al año anterior a la estructuración de la
invalidez.” –artículo 9° Acuerdo 049
de 1990-.
[34]El 27 de junio de 1994
el Gobierno Nacional reglamentó la integración, la financiación y el
funcionamiento de las Juntas de calificación de invalidez, mediante el Decreto
1346 de 1994., el Decreto 303 de 1995 dispuso que dichas Juntas ejercerían sus
funciones a partir del 1° de abril de 1995, y este mismo dispuso que las
solicitudes presentadas hasta el 31 de marzo del mismo año “se regirán por
el procedimiento por el cual fueron formuladas” –artículos 1° y 3°-.
El Consejo de Estado al declarar la nulidad del inciso
primero del artículo 3° del Decreto 1346 de 1994 expuso : “No debe olvidarse
que la ley 100 de 1993 reguló lo concerniente con la pensión de invalidez por
riesgo común. Y para ello previó qué debe entenderse por estado de invalidez,
los requisitos para hacerse acreedor a la prestación, su monto y la
calificación misma, de manera que la determinación es indispensable hacerla con
base en el manual único expedido por el Gobernó Nacional. Y según los artículos
42 a 45 de la ley, inequívocamente son las juntas regionales y la nacional las
que deben determinar la calificación y el origen de la invalidez en primera y
segunda instancia, respectivamente. Esto es, que no previó la ley que pudiera
ser la misma entidad que asume el riesgo la que lo calificara” -Sala de lo
Contenciosos Administrativo, Sección Segunda, C.P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora (el inciso primero del artículo 3° del Decreto 1346 de 1994
disponía “El estado y origen de la invalidez, así como el origen de la
enfermedad o de la muerte, serán determinados: 1. Por el Instituto de Seguros
Sociales, las compañías de seguros y las entidades que asuman los riesgos de
invalidez  y de sobrevivientes, con base en el manual único para la
calificación de invalidez expedido por el gobierno nacional (..) ”.
[35] El artículo 11 de la
Ley 797 de 2003 dispone al respecto: “Requisitos para obtener la pensión de
invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al
sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado
inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por
enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez. 2. Invalidez causada por accidente: Que
haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al
hecho causante de la misma. Parágrafo. Los menores de 20 años de edad solo
deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente
anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria” –esta Corte
estudia actualmente la inexequibilidad de esta disposición, al respecto se
puede consultar la demanda 4500-.
[36] “(..)derechos a la
salud y a la seguridad social son entonces derechos de amplia configuración
legal, pues la Constitución ha conferido al Congreso una gran libertad para que
defina el alcance de estos derechos y concrete los mecanismos institucionales y
los procedimientos para su realización efectiva”. Sentencia C-1489 de 2000 M.P
Alejandro Martínez Caballero, en igual sentido entre otras, sentencias SU-623
de 2001, SU-480 de 1997, C-714 de 1998 y C671 de 2002..
[37] Sentencia C-789 de
2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[38] Sobre el carácter
progresivo de las protecciones que brinda la seguridad social se puede
consultar la sentencia C-125 de 2000, ya citada.
[39] “Resulta igualmente vulneratorio de la
Carta el citado artículo 34 de la Ley 344 de 1996, pues, como fácilmente se
advierte, no obstante lo dispuesto por el artículo 366 de la Constitución en el
sentido de que el "gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier
otra asignación", la norma acusada, por razones que obedecen a otros
criterios, so pretexto de la "racionalización del gasto público",
optó por disminuir en forma drástica los aportes del Presupuesto Nacional con
destino a las necesidades de salud de los sectores más pobres de la población colombiana,
destinatarios obligados de la norma y directamente afectados por ella.
Otra sería la
conclusión si por la extensión progresiva de la cobertura de la Seguridad
Social esta ya hubiera abarcado la totalidad de la población colombiana, o si
se encontrara demostrado que  la disminución de los recursos ocurre como
consecuencia de haber disminuido el número de quienes necesitan acudir al
régimen subsidiado de salud porque no pueden cotizar al régimen contributivo,
pero, como es otra muy distinta la realidad social actualmente existente, de
manera transparente surge como conclusión ineludible que el artículo 34 de la
Ley 344 de 1996, sólo es un instrumento para hacer más pequeño, disminuyéndolo
en los porcentajes allí señalados, el aporte del Presupuesto Nacional al
régimen subsidiado de salud en los recursos asignados o que deben asignarse al
Fondo de Solidaridad y Garantía necesario para la operancia de ese régimen
creado por el legislador en beneficio de quienes, salvo sus necesidades de
salud, nada pueden aportar y por eso no caben en el régimen contributivo”.-sentencia C-1165 de
2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra,  en igual sentido C-671 de 2000 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[40] El artículo 11 de la
Ley 100 de 1993, de conformidad con lo reglado en el artículo 1° de la Ley 797
de 2003 quedó así: “Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones
consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del
territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos
conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones
colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan
cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados
por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores
público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y
del sector privado en general.
Lo anterior será sin perjuicio
del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de
arbitramento dirima las diferencias entre las partes”.
[41] En sentencia C-168 de 1995, al resolver la demanda
instaurada contra el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, porque al decir del
actor la norma desconoce el principio de favorabilidad, establecido en el
artículo 53 de la Carta, esta Corporación consideró “[q]ue la norma acusada
al referirse a "derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios
adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores",
está haciendo una distinción entre derechos adquiridos y la "condición más
beneficiosa", es una interpretación errada, pues sólo existe derecho
adquirido cuando se han cumplido en su totalidad las hipótesis normativas
exigidas para gozar de él. “(..) para garantizar los derechos adquiridos no es
necesario que el legislador utilice ese término exacto; bien puede incluir
otros, como lo hace en el precepto parcialmente acusado, al enunciar: derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos, que para el caso
tienen igual significación. El término "establecidos" conforme a
disposiciones anteriores, que contiene la norma demandada, no tiene connotación
distinta a la de asegurar que los derechos que se invoquen como adquiridos
deben encontrarse consagrados en la ley”. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Sobre
la constitucionalidad del artículo 11 de la Ley 100 se pueden consultar,
además, las sentencias C-408 de 1994 y C-027 de 1995.
[42] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 26 de noviembre de 1998, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[43]“ Recogiendo criterios
doctrinarios y jurisprudenciales comúnmente aceptados sobre la materia, ha
estimado que derechos adquiridos presuponen la consolidación de una serie de
condiciones contempladas en la ley, que permiten a su titular exigir el derecho
en cualquier momento. Entre tanto, en las expectativas, tales presupuestos no
se han consolidado conforme a la ley, pero resulta probable que lleguen a
consolidarse en el futuro, si no se produce un cambio relevante en el
ordenamiento jurídico.” –Sentencia C-789 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil-, en
esta oportunidad la Corte declaró i) “EXEQUIBLES los incisos 4º y 5º,
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando se entienda que estas
disposiciones no se aplican a quienes habían cumplido quince (15) años o más de
servicios cotizados, al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad
social en pensiones de la Ley 100 de 1993, conforme a lo establecido en la
parte motiva de esta sentencia. Con todo, el monto de la pensión se
calculará conforme al sistema en el que se encuentre la persona” y ii) “EXEQUIBLE el
inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen
de transición se aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con
prestación definida, se trasladaron al régimen de ahorro individual con
solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de
servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad
social en pensiones, y decidan regresar al régimen de prima media con
prestación definida, siempre y cuando:  a) trasladen a éste todo el ahorro que
efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y  b) dicho ahorro
no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren
permanecido en el régimen de prima media.  En tal caso, el tiempo trabajado les
será computado en el régimen de prima media”
[44] Sentencia C-147 de
1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, en esta oportunidad la Corte declaró
exequible el parágrafo del artículo 27 de la ley 56 de 1985 porque “lo que
legítimamente busca el legislador, es que no queden subsistentes las normas que
venían rigiendo los contratos celebrados con anterioridad, luego de que ha
expirado el término de su vigencia o sus prórrogas, sino que dichos contratos,
si persisten, sean regulados por la nueva ley.”
[45] Idem.
[46] “Artículo 30.
Recurso extraordinario de revisión. Procedencia. El recurso extraordinario de
revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, las Salas Laborales de los Tribunales Superiores y
los Jueces Laborales del Circuito dictadas en procesos ordinarios. Artículo 31.
Causales de revisión: 1. Haberse declarado falsos por la justicia penal
documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia
recurrida. 2. Haberse cimentado la sentencia en declaraciones de personas que
fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas. 3. Cuando después
de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por
un hecho delictivo del juez, decidido por la justicia penal. 4. Haber incurrido
el apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales,
en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello
haya sido determinante en este. Parágrafo. Este recurso también procede
respecto de conciliaciones laborales en los casos previstos en los numerales 1,
3 y 4 de este artículo. En este caso conocerán los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial”.
[47] El artículo 162 de la
Ley 446 de 1998 adoptó como legislación permanente el artículo 51 del Decreto
2651 de 1991. Sobre la exequibilidad de éste último se puede consultar la
sentencia C-586 de 1992 M.P. Fabio Morón Díaz. Al respecto consultar la
sentencia SU-120 de 2003.
[48] Sentencia SU-120 de
2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis, además, sobre la formalidad judicial excesiva en
casación se puede consultar la sentencia T-1306 de 2001 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[49] La posición de esta
Corte sobre el punto puede ser consultada en innumerables pronunciamientos, en
la sentencia T-02 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero, por ejemplo, la
Corte les recuerda a los jueces la necesidad de adentrarse en el asunto
sometido a su consideración, a fin de determinar la violación o amenaza de los
derechos fundamentales en concreto, y en la sentencia T-406 del mismo año -M.P.
Ciro Angarita Barón-, la Corte propone unos criterios para que los jueces
determinen la naturaleza del derecho sujeto a su reconocimiento, entre los que
se destacan la conexión con los principios y valores constitucionales y con los
derechos humanos de aceptación universal, reconocidos en los tratados
internacionales ratificados por el Congreso Nacional. Sobre el punto pueden
consultarse, entre otras,  las sentencias C- 574 de 1992, C- 295 de 1993, C-174
de 1994, C-225 y 373 de 1995, C-581 y C-739 de 2001.
[50] Entre
otras sentencias se pueden examinar, T-492
M.P. Ciro Angarita Barón, T-427 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-441 de
1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-290 de 1994, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; T-067 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-288 de
1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-224 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa;  T-378 de 1997 y T-207/99 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[51] Sentencia C-401 de
2003 M. P. Alvaro Tafur Galvis.
[52] M.P. Alvaro Tafur
Galvis. En este oportunidad la Corte resolvió declarar “EXEQUIBLE la
expresión “conducidos por una persona con limitación”, contenida en el artículo
60 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que la norma se refiere
simplemente a los vehículos que transportan a alguna de las personas
destinatarias de dicha Ley”, al resolver los cargos formulados por quien
consideraba que la disposición quebranta el derecho a la igualdad de las
personas con limitaciones, que no pueden conducir su vehículo.
[53] La Asamblea General (..) 1. Aprueba las normas
uniformes sobre igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
(..) 5. Insta a los Estados Miembros a que presten apoyo financiero y de otra
índole a la Aplicación de las Normas Uniformes. 14 (..) Llevan implícito el
firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr
la igualdad de oportunidades. (..) 24. Por logro de igualdad de oportunidades
se entiende el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad,
el entorno físico, los servicios, las actividades, la información, y la documentación
se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con
discapacidad. Entre los requisitos para la igualdad de participación se
desarrollan aspectos relativos a la toma de conciencia, atención médica,
rehabilitación, servicios de apoyo, posibilidades de acceso, educación, empleo,
seguridad social, integridad personal, cultura, actividades recreativas y
deportivas, y religión. Cabe destacar que como medidas ejecutoras se regula la
información e investigación, la planificación, la adopción de una legislación
acorde, el diseño de políticas económicas, la coordinación, capacitación,
cooperación y supervisión. Resolución 48/96, 20 de diciembre de 1993.
[54] Resoluciones 31/123 de 1976, 32/133 de 1977, 33/170 de
1978, 34/154 de 1979, 35/133 de 1980, 36/77 de 1981, Convención sobre los
Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989), Declaración de Viena y el Programa
de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos (157/93); resoluciones AG 1356 (XXV-0/95) y AG 1369
(XXVI-0/96), Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (13 de septiembre de 1994, Capitulo VI), Declaración
de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social (6 a 12 de marzo de 1995, Part. I, Cap. III),
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing aprobada por la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer (4 a 15 de septiembre de 1995 Cap. 1, Res.
1, anexos I y II), Resolución 48/97.
[55] “La Asamblea General, (..). Estimando que la tarea
primordial de todos los Estados y organizaciones internacionales es eliminar de
la vida de la sociedad todos los males y obstáculos que entorpecen el progreso
social, en particular males como la desigualdad (..). Parte I Principios,
Artículo 5º, literal d) La garantía de los sectores menos favorecidos o
marginales de la población de iguales oportunidades para su avance social y
económico a fin de lograr una sociedad efectivamente integrada. Parte III,
Medios y Métodos, artículo 18 literal a) La adopción de medidas pertinentes,
legislativos administrativas o de otra índole, que garanticen a todos no solo
los derechos políticos y civiles, sino también la plena realización de los
derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación alguna (..),
Artículo 19 literal d) La institución de medidas apropiadas para la
rehabilitación de personas mental o físicamente impedidas, especialmente los
niños y los jóvenes, a permitirles en la mayor medida posibles ser miembros
útiles a la sociedad –entre éstas medidas deben figurar la provisión de
tratamiento y prótesis y otros aparatos técnicos, los servicios de educación,
orientación profesional y social, formación y colocación selectiva y la demás
ayuda necesaria– y la creación de condiciones sociales en las que los impedidos
sean objeto de discriminación debida a sus incapacidades.”. Asamblea General,
11 de diciembre de 1969, resolución 2542, XXIV-
[56]Ibídem, “(..) Subrayando que en la Declaración sobre
el Progreso y Desarrollo en lo Social se ha proclamado la necesidad de proteger
los derechos de los física y mentalmente desfavorecidos y de asegurar su
bienestar y rehabilitación (..) 3. El retrasado mental tiene derecho a la
seguridad económica y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho en la medida
de sus posibilidades, a desempeñar un empleo productivo o alguna otra ocupación
útil (..)” -20 de diciembre de 1971, Resolución 2856/XXVI.
[57] Ibídem, “Teniendo presente la necesidad de prevenir
la incapacidad física y mental y de ayudar a los impedidos a desarrollar sus
aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de fomentar en la
medida de lo posible su incorporación a la vida social normal, (..) Proclama la
presente Declaración de los Derechos de los Impedidos y pide que se adopten
medidas en los planos nacional e internacional (..) 1. El término “impedido”
designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o
en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a
consecuencia de una deficiencia congénita o no. De sus facultades físicas o
mentales. 5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle
lograr la mayor autonomía posible. 8. El impedido tiene derecho a que se tengan
en cuenta sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación
económica y social. 9.El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su
familia o de un hogar que lo substituya y a participar en todas las actividades
sociales, creadoras y recreativas. (..) 10. El impedido debe ser protegido
contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo
o degradante. (..) -9 de diciembre de 1975, Resolución 3447/XXX-.
[58] Ibídem (..) Profundamente preocupada por el hecho de
que según se calcula, no menos de quinientos millones de personas sufren de una
u otra forma de incapacidad y, de esa cantidad, cuatrocientos millones
corresponden a países en desarrollo (..) Aprueba el programa de Acción Mundial
para los Impedidos ( fue el resultado del Año Internacional de los Impedidos
–1981- incluye acciones de los gobiernos, del sistema de las Naciones Unidas,
de las organizaciones no gubernamentales, normas y principios internacionales,
datos y estadísticas, accesibilidad en la Sede de las Naciones Unidas y Fondo
de Contribuciones Voluntarias). Resolución 3752, 3 de diciembre de 1982,
implementado por la Resolución 38/28 del 22 de noviembre de 1983.
[59]“Los presentes principios se aplicarán sin
discriminación alguna (..). 3. Toda persona que padezca de una enfermedad
mental tendrá derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo posible, en
comunidad.(..) 7. 1. Todo paciente tendrá derecho a ser tratado y atendido, en
la medida de lo posible, en la comunidad en la que vive.(..) 9.4. El
tratamiento de cada paciente estará destinado a preservar y estimular su
independencia personal (..). Resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991.
[60] La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo (..) Adopta, con fecha veinte de junio de mil
novecientos ochenta y tres, el presente convenio (..) 2.(..) todo Miembro
deberá considerar que la finalidad de readaptación profesional es la de
permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y
progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración
de ésta persona en la sociedad. (..) Artículo 7º (..) a fin de que las personas
inválidas puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo; siempre
que sea posible y adecuado, se utilizarán los servicios existentes para los
trabajadores en general, con las adaptaciones necesarias. Convenio 159 y recomendación
168 de 1983.
[61] Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, Centro
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, CESPAP-Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico, CESPAO- Comisión Económica y Social
para Asia Occidental-, Comités de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Comité de los Derechos del Niño y Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer -E/1999/22, A/53/41, recomendación 24/99.
[62] Se presta especial atención i) a la prevención,
protección y cuidado de los niños con discapacidad; con acciones concretas en
el campo de la educación, ii) sobre la accesibilidad de las personas con
discapacidad al transporte aéreo; ii) sobre divulgación de la incapacidad rural
en especial respecto de los efectos de las minas antipersonal, iii) respecto de
la aplicación de las cuatro normas uniformes: atención médica, rehabilitación,
servicio de apoyo y capacitación personal, iv) fortalecimiento del vínculo
entre la aplicación de las normas uniformes y la misión del Banco mundial en
cuanto a la mitigación de la pobreza, v) la creación de un programa conjunto
–IMPACT- contra los impedimentos evitables bajo el patrocinio del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la OMS y la UNICEF. Entre el 15 y
el 16 de junio de 1999 se reunió en Ginebra la consulta interinstitucional
sobre la discapacidad a la que asistieron representantes de todos los
organismos de la ONU que adelantan estos programas.
[63] Toda persona afectada por una discapacidad física o
mental tiene derecho a recibir atención especial con el fin de alcanzar el
máximo desarrollo de su personalidad.-artículo 18 –Ley 319 de 1996, Sentencia
C-251 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[64] Entre los principios rectores vale destacar el
derecho de las personas con discapacidad a vivir de acuerdo con sus pautas y
condiciones y a desenvolverse conforme a lo hacen las personas sin limitación,
en un medio apropiado a su condición, y, entre los criterios, la necesidad de
adelantar políticas de integración del discapacitado con el ambiente familiar,
social, cultural y económico al igual que la importancia dada a la vida en
comunidad, como presupuesto indispensable para lograr la rehabilitación de las
personas impedidas.
[65] “Los Estados Partes (..) PREOCUPADOS por la
discriminación de que son objeto las personas en razón de su discapacidad; (..)
COMPROMETIDOS a eliminar la discriminación en todas sus formas y
manifestaciones, contra las personas con discapacidad, HAN CONVENIDO (..) para
lograr los objetivos (..) se comprometen a (..) Art. 3º 1. b) medidas para que
los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus
territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso
para las personas con discapacidad (..) (suscrito por el Estado colombiano,
pero no ha sido sometido a la consideración del Congreso de la República, para
su eventual aprobación).
[66] La Declaración de Caracas de la Organización
Panamericana de la Salud, la resolución sobre Situación de las personas con
discapacidad en el continente americano (AG/RES.1249 XXIII O/93 y 1356 XXV
O/95).
[67] Sexta sesión plenaria, 5 de junio de 1996, ( AG/RES
1369 XXVI O/96).
[68] Al respecto consultar las sentencias C-596 de 1997.,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C- 506 de 2001 M.P. Alvaro Taur Galvis y C- 789 de
2002 Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[69] Sentencia C-410 de
2001, en igual sentido T-620  de 1999