T-573-16
Sentencia
T-573/16
MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO
INTERNACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS-Importancia
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Tienen derecho a decidir, en iguales condiciones que
las demás personas, sobre todos los aspectos de su vida
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Concepto de discapacidad
La
perspectiva del modelo social que irradia todas las disposiciones de la CDPCD
vincula la discapacidad con aquellos obstáculos que impiden que personas con cierta
diversidad funcional interactúen con su entorno en las mismas condiciones en
que lo hacen los demás individuos. Tal es la perspectiva que plasma la
Convención desde su preámbulo, cuando reconoce que el concepto de la
discapacidad evoluciona y que “resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás”.
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Principios que guían la
interpretación y la aplicación de sus disposiciones
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Obligaciones generales
de respeto, protección y cumplimiento
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Obligaciones estatales
frente a la garantía del derecho de las personas en situación de discapacidad a
ejercer plenamente su capacidad jurídica
Las
obligaciones que la Convención les impone a sus Estado parte en relación con la
adopción de ajustes razonables que garanticen que las personas en situación de
discapacidad puedan gozar y ejercer todos sus derechos y libertades
fundamentales parten, justamente, de ese supuesto. De ahí que su articulado
deba leerse, más que como un catálogo de derechos, como una relación de los
deberes que incumben a los Estados respecto de la creación de las condiciones
necesarias para que los destinatarios de la Convención ejerzan sus derechos
humanos en iguales condiciones que cualquier ciudadano. Dentro de ese amplio
grupo de deberes, los del artículo 12, que aluden al igual reconocimiento como
persona ante la ley y a la capacidad jurídica de las personas en situación de
discapacidad, ocupan un lugar preponderante. La Sala precisará el alcance de las
obligaciones concretas que la CDPCD les impone a sus Estados parte en esa
materia y, en particular, respecto de la adopción de ajustes razonables que
garanticen que las personas en situación de discapacidad puedan tomar
decisiones informadas sobre todos los asuntos que les conciernen.
PRINCIPIO “NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS”
DESARROLLADO POR LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Reglas que determina el
alcance de la obligación estatal de proveer apoyos y salvaguardias para que
personas con discapacidad reflejen su voluntad y sus preferencias, en ejercicio
de su capacidad jurídica
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD EN EL AMBITO INTERNACIONAL BAJO EL MODELO DE LA
CDPCD-Derecho a tomar decisiones
autónomas e informadas
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD EN EL AMBITO INTERNO-Marco normativo
ESTERILIZACION A MENORES DE EDAD-Prohibición
PROHIBICION DE ANTICONCEPCION QUIRURGICA A MENORES DE
EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Excepciones
PROHIBICION DE ESTERILIZACION
QUIRURGICA A MENORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Cosa
juzgada relativa en sentencias C-131/14 y C-182/16
ESTERILIZACION QUIRURGICA EN MUJERES Y MENORES DE EDAD
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Garantía
del derecho al consentimiento informado, autonomía de la personalidad y los
derechos sexuales y reproductivos
ACCION DE TUTELA PARA ORDENAR PRACTICA DE
PROCEDIMIENTOS DE ANTICONCEPCION DEFINITIVOS EN MUJERES CON DISCAPACIDAD
MENTAL-Evolución jurisprudencial
PROTECCION DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE
MENORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Medidas para que los menores de edad tomen decisiones autónomas e informadas
sobre el ejercicio de sus derechos
DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA O
PSICOSOCIAL-Se impone garantizar que
conozcan y comprendan la información que les atañe
DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA O
PSICOSOCIAL-Deber de traducir las
providencias judiciales a un formato de lectura fácil que permita comprender el
alcance de las decisiones judiciales y sus implicaciones
Referencia: Expediente T– 5.584.835
Acción de tutela instaurada por Consuelo,
en representación de su hija Silvia, contra la Unidad Hospitalaria AA,
la Empresa Social del Estado XX y CC EPS.
Magistrado Sustanciador:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa y los magistrados Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
dictado en el asunto de la referencia por “el Juzgado”, el doce (12) de
noviembre de dos mil quince (2015).
I. ANTECEDENTES
Anotación
preliminar:
Como medida para
proteger la intimidad de la menor involucrada en el asunto de la referencia,
que alude, como se verá más adelante, a la protección constitucional de sus
derechos sexuales y reproductivos, el magistrado sustanciador, mediante auto del dos (2) de agosto de dos
mil dieciséis (2016), ordenó reservar la
identidad de las personas y entidades involucradas en el caso y tomar las
medidas encaminadas a garantizar que solo las partes del proceso accedieran al
expediente y obtuvieran copias del mismo[1].
Con el mismo objeto, la Sala suprimirá de
esta providencia y de toda futura publicación de la misma la identidad de las
personas y de las entidades involucradas en el asunto objeto de estudio. En
consecuencia, la menor cuya identidad se protege será identificada como Silvia,
su mamá como Consuelo y las accionadas
como “Unidad Hospitalaria AA”, “Empresa Social del Estado XX” y
“CC EPS”. El Juzgado de instancia será identificado como “el Juzgado”.
Sobre esos supuestos, la Sala sintetizará a
continuación los hechos que fundamentan la solicitud de amparo, siguiendo el
relato de la peticionaria.
Hechos.
1.1. La señora Consuelo promovió acción de tutela
con el objeto de obtener el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a
la vida, a la integridad física y a la seguridad social de su hija Silvia,
quien para el momento de la interposición de la tutela –el 28 de octubre de
2015- contaba con 15 años de edad.
1.2. Explicó Consuelo que Silvia padece síndrome
de Down e hipertiroidismo. El 18 de octubre de 2014, en la Unidad Hospitalaria
AA, le insertaron un anticonceptivo subdérmico Jadelle en su brazo derecho.
Desde entonces, Silvia ha presentado varios cambios en su organismo,
como periodos menstruales más largos y prolongados, dolor abdominal, náuseas y
dolores de cabeza.
1.3. En las citas de control, los médicos le informaron a Consuelo
que los síntomas de Silvia desaparecerían dentro de los siete meses
siguientes a la fecha de la implantación del dispositivo de planificación. Sin
embargo, transcurrieron doce meses sin que la niña presentara alguna mejoría.
1.4. Ante tales circunstancias, y considerando que Silvia
estaba “sufriendo mucho con esos síntomas”, Consuelo acudió de
nuevo a la Unidad Hospitalaria AA, solicitando que le retiraran el dispositivo
y que, en su reemplazo, le realizaran la tubectomía (ligadura de trompas).
Allí, sin embargo, le indicaron que el dispositivo solo puede ser retirado “hasta
los cinco años de su implantación, o sea, hasta el 18 de octubre de 2019”.
1.5. Consuelo precisó que su esposo trabaja en
construcción y que no cuentan con los recursos económicos necesarios para
sufragar los gastos de la cirugía que requiere Silvia.
La solicitud de amparo
2. De conformidad con lo expuesto, y teniendo en cuenta
que Silvia “es una niña especial y que a partir de la fecha de la
implantación del dispositivo anticonceptivo subdérmico Jadelle ha presentado
varios cambios y síntomas en su organismo que están afectando directamente su
salud y su bienestar”, Consuelo pidió amparar los derechos
fundamentales a la salud, a la integridad física y a la seguridad social de su
hija, para que, en consecuencia, se le ordene a la Unidad Hospitalaria AA
practicarle la intervención quirúrgica consistente en retirar el dispositivo
anticonceptivo subdérmico Jadelle y en realizarle, en su reemplazo, la
tubectomía.
Trámite constitucional de instancia
3. El Juzgado admitió la tutela mediante providencia del
30 de octubre de 2015. En la misma oportunidad, ordenó notificar a la Unidad Hospitalaria AA, a la Empresa Social del Estado XX y a CC
EPS  y les concedió un término de dos días para pronunciarse sobre los
hechos relatados por Consuelo y solicitar las pruebas que pretendieran
hacer valer. Solo la Empresa Social del Estado XX se refirió a lo
relatado en la tutela.
Respuesta de la Empresa Social del Estado
XX
4. La Empresa Social del Estado XX contestó
la acción de tutela explicando que no es un ente asegurador. Su labor, precisó,
es la prestación de servicios de salud de primer nivel (con médico general y
baja tecnología), a través de una red pública hospitalaria que cuenta con 52
puntos para la atención de la población más vulnerable de la ciudad. La empresa
atiende a la población afiliada al régimen subsidiado y a la población
vinculada al sistema de salud.
4.1. Señaló la entidad que, según la base de
datos del Fosyga, Silvia está afiliada al régimen subsidiado de salud a
través de la EPS CC, que es la responsable de autorizar cualquier actividad,
procedimiento o examen que se encuentre dentro del segundo, tercer y cuarto
nivel de atención, previo diligenciamiento por parte del médico tratante de los
formatos respectivos.
4.2.  Las copias aportadas con la tutela no
dan cuenta de que se hayan negado las atenciones de primer nivel requeridas por
la menor. En la historia clínica de Silvia consta que los médicos de la
Empresa Social del Estado XX orientaron a su mamá para que llevara a cabo el
procedimiento quirúrgico de anticoncepción. En ninguna parte de ellas se lee,
en contraste, que la entidad se hubiera negado a retirarle el método de
planificar denominado Jadelle.
4.3. El médico especialista en Ginecología,
en la consulta del 19 de octubre de 2015, fue claro en orientar a la señora Consuelo
para que siguiera el procedimiento establecido por la Corte Constitucional
en reiteradas sentencias. El médico le explicó que, “hasta que no sea
autorizada la anticoncepción quirúrgica por el juez de familia, ningún
profesional de la salud podría realizarla”. Así mismo, consta que el médico
especialista escribió en la hoja de evolución clínica: “Asistir a Bienestar
Familiar o a un juez de la República (Juzgado de Familia), exponer el caso y
solicitar interdicción para que ellos (Estado) emitan una orden de
responsabilidad por la menor y poder así realizar la cirugía con la orden que
emitió de anticoncepción quirúrgica hacer el trámite administrativo con la EPS
para la cirugía”.
4.4. La Empresa Social del Estado XX indicó
que, en todo caso, la tutela debe declararse improcedente, con fundamento en la
Sentencia T-740 de 2014, entre muchas otras, en la que se reitera lo
recomendado por el médico ginecobstetra en el sentido de que debe mediar
autorización del juez competente para que la EPS pueda autorizar el servicio de
salud y la IPS lo pueda ejecutar.
4.5. De conformidad con lo expuesto, la entidad
pidió considerar que no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales de
Silvia. Por esa razón, le solicitó al juez constitucional exonerarla de
cualquier responsabilidad.
La sentencia objeto de revisión
5. Mediante providencia del doce (12) de
noviembre de dos mil quince (2015), el Juzgado denegó la tutela invocada por Consuelo
en lo que respecta a la práctica de la tubectomía. En criterio de la juez a
quo, no había pruebas de que las accionadas se hubieran negado a practicar el
procedimiento solicitado. Por el contrario, advirtió, Consuelo fue
asesorada sobre el cumplimiento de las obligaciones que debía agotar antes de
solicitar el procedimiento que pretendía que se le realizara a su hija.
5.1. La juez  a quo precisó que, según las
anotaciones de la historia clínica, el médico tratante aceptó que existían
argumentos para la cirugía, pero, así mismo, asesoró a Consuelo para que
acudiera a la jurisdicción ordinaria, obtuviera el permiso judicial
correspondiente y, entonces sí, se presentara en la EPS para realizar el
trámite administrativo destinado a que se emitiera la orden y se autorizara el
procedimiento de esterilización. También consta en la historia clínica que la
Empresa Social del Estado XX realizó una valoración sicológica para ahondar en
las causas de la cirugía. No existe, en cambio, prueba de que Consuelo haya
formulado las peticiones correspondientes en la EPS, ni de que hubiera agotado
el trámite ante la justicia ordinaria[2].
5.2. Sobre esos supuestos, el juzgado denegó
el amparo respecto de la orden de practicar el procedimiento quirúrgico
solicitado. No obstante, protegió los derechos fundamentales de Silvia
para que CC EPS la remitiera a un especialista que revisara su caso concreto “y
las condiciones y padecimientos que actualmente tiene con el dispositivo
Jadelle y si es posible cambiar el mismo por otro procedimiento anticonceptivo
menos dañino para la salud de la menor, diferente a la esterilización, mientras
se realizan las actuaciones pertinente a lograr la autorización judicial para
ello”.
5.3. El fallo no fue impugnado. En
consecuencia, el Juzgado remitió el expediente a la Corte Constitucional para
que decidiera sobre su selección. El expediente fue seleccionado mediante auto
del 30 de junio de 2016 y repartido al despacho del magistrado sustanciador el
21 de julio siguiente.
Actuaciones adelantadas en sede de
revisión constitucional.
6. Mediante escrito radicado en la Secretaría
General de la Corte el cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016), el Procurador Auxiliar para Asuntos
Constitucionales, Andrés Balcázar González, solicitó “copia del expediente
de la referencia con el objeto de preparar la intervención que en dicho proceso
pretende hacer el Procurador General de la Nación”. El
magistrado sustanciador resolvió la solicitud de copias mediante auto del dos
(2) de agosto de 2016, una vez el Expediente T-5584835 fue remitido a su
despacho.
6.1. La providencia valoró varios aspectos.
Primero, se refirió a la necesidad de proteger la identidad de Silvia,
considerando que es menor de edad, que padece síndrome de Down y que el asunto
objeto de revisión involucraba una controversia sobre el ejercicio de sus
derechos sexuales y reproductivos. El auto llamó la atención, además, sobre el
hecho de que el expediente T-5584835 contuviera
copias de la historia clínica de Silvia, de su documento de identidad y
de otros datos que se encuentran protegidos por su derecho fundamental a la
intimidad. Sobre esa base, adoptó las medidas encaminadas a garantizar la
confidencialidad del expediente, reservando la identidad de los involucrados y
limitando la posibilidad de que personas y autoridades ajenas al proceso de
tutela accedieran a él u obtuvieran copias del mismo.
6.2. En ese orden
de ideas, el magistrado sustanciador rechazó la solicitud
de copias formulada por el Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales.
No obstante, en atención al interés de la Procuraduría General de la Nación en
intervenir dentro del trámite de revisión, ordenó remitirle copia del auto, “donde
constan los fundamentos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo, la
contestación de la Empresa Social del Estado XX y los argumentos planteados en
el fallo de instancia”. Lo anterior para que, de estimarlo pertinente,
formulara su intervención dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
la notificación de la respectiva providencia.
6.3. En el mismo auto, el magistrado
sustanciador decretó las pruebas que consideró necesarias para
resolver el asunto objeto de revisión. En ese sentido, ordenó oficiar a
la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana, Profamilia, y al Programa
de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes
para que brindaran su colaboración a la Corte informando sobre las medidas que,
en su criterio, podrían contribuir a que los menores de edad con discapacidad
cognitiva y psicosocial tomen decisiones informadas y autónomas sobre el
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y sobre el rol que incumbe a
los familiares, los proveedores de servicios de salud y el personal médico respecto
del acompañamiento y apoyo en la adopción de decisiones de esa naturaleza.
6.4. Mediante auto de la misma fecha, el
magistrado sustanciador ordenó requerir a CC EPS para que se pronunciara
sobre los hechos y las pretensiones formuladas en el asunto de la referencia,
para que precisara si había autorizado la prestación de servicios de asesoría y acompañamiento sicológico y
médico destinados a garantizar que Silvia contara con información
suficiente, amplia y adecuada sobre sus derechos sexuales y reproductivos y
para que informara sobre las medidas que hubiera adoptado en
cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de instancia. Así mismo,
dispuso oficiar a la Empresa Social del Estado XX para que
indicara qué medidas adoptó su personal médico para garantizar que Silvia
contara con información suficiente, amplia y adecuada sobre el ejercicio
libre y pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, previo al implante del
anticonceptivo subdérmico Jadelle[3].
6.5. El 10 de agosto de 2015, la Defensora Delegada para
Asuntos Constitucionales y Legales, Andrea Liliana Romero López, solicitó
autorizar una copia del Expediente T-5584835, teniendo en cuenta que la
Defensoría del Pueblo deseaba intervenir en el caso mediante un concepto
técnico o amicus curiae. Dado que el acceso al expediente había sido limitado
para proteger la identidad de Silvia, el magistrado sustanciador rechazó
la solicitud de copias mediante auto del 24 de agosto de 2016. No obstante,
remitió a la Defensoría copia de la providencia de rechazo, donde constaban “los fundamentos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo, la
contestación de la Empresa Social del Estado XX y los argumentos planteados en
el fallo de instancia”, para que formulara su
intervención dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la
notificación de dicha providencia, en caso de encontrarlo pertinente.
6.6. Finalmente, mediante escrito del diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el Procurador
General de la Nación interpuso una solicitud que denominó “recurso de súplica”
contra el auto que rechazó la solicitud de copias.  Como la solicitud se
dirigió contra una providencia diferente de aquella que rechaza la demanda
presentada en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad[4], la Sala Novena de
Revisión la rechazó por improcedente.
6.7. La  Procuraduría General de la
Nación no intervino en el trámite de revisión. La Defensoría del Pueblo lo hizo
mediante escrito del 15 de septiembre de 2016. Así las cosas, pasa la Sala a
reseñar, a continuación, el contenido de las intervenciones y de los informes
recaudados. Los informes se reseñarán brevemente, pues su
contenido se analizará en detalle en la parte motiva de esta providencia. Vale aclarar, desde ya, que CC EPS no se pronunció sobre la acción
de tutela. En los términos precisados por la Secretaría General de la Corte, el
oficio que la requería para que se pronunciara al respecto, en ejercicio de sus
derechos de contradicción y defensa, fue devuelto por la oficina de correos
472, con la anotación “rehusado”, pues la EPS manifestó que no recibe
correspondencia[5].
Dicha circunstancia se analizará, también, en el examen del caso concreto.
Intervención de la Empresa Social del
Estado XX
7. La Empresa Social del Estado XX
respondió la solicitud que le formuló el magistrado sustanciador mediante
escrito del 16 de agosto de 2016. Adujo la entidad que en las historias
clínicas de Silvia consta que sus médicos y profesionales en enfermería
orientaron a la madre de la niña y a la menor sobre los métodos de
anticoncepción, las consecuencias de su uso, la manera de utilizarlos y las
instrucciones de su cuidado.
Indicó, también, que según la historia
clínica, la última atención que se le brindó a la menor fue el 18 de diciembre
de 2015 dentro del servicio de planificación familiar. En esa ocasión, la
enfermera que brindó la atención señaló:
“Motivo de
la consulta: usuaria con síndrome de Down que es traída por su madre para
retiro de implantes subdérmicos.
Descripción
del procedimiento: usuaria de 15 años de edad que asiste para retiro de
implantes subdérmicos JADELL por mareos y vómitos, se llena consentimiento
informado.
Indicaciones:
no levantar objetos pesados por 10 días, no mojar zona de la herida, destapar
la herida a los siete días, iniciar de forma inmediata anticoncepción si no se
está planeando embarazo y reforzar MAC por 4 semanas. Si evidencia eritema,
sangrado, calor y rubor en la herida, salida de líquido purulento, consultar al
servicio de urgencias de forma inmediata”.
Concluyó la entidad que, desde esa
ocasión, no se registran más atenciones para la menor, teniendo en cuenta
además que la ESE es un prestador de servicios dentro del primer nivel de
atención.
Intervención de la Asociación
Probienestar de la Familia Colombiana, Profamilia.
8. Profamilia intervino ante la Corte a
través de su Directora Ejecutiva, Marta Royo, quien informó que la entidad que
representa cuenta con 50 años de experiencia en la prestación de servicios de
salud sexual y reproductiva a través de sus 35 clínicas, ubicadas en 28
ciudades del país, que atienden anualmente alrededor de 700 mil personas a las
cuales les presta al año un promedio de tres millones de servicios de salud.
Entre esos servicios se cuenta la práctica de la cirugía de anticoncepción
quirúrgica para hombres y mujeres, incluyendo a personas con discapacidad.
La intervención de Profamilia se divide
en cuatro puntos. El escrito comienza con una síntesis del marco legal de la
esterilización en personas con capacidad.
A continuación, señala las barreras que
experimentan las personas con discapacidad frente al ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos. Luego, absuelve los interrogantes planteados por el
magistrado sustanciador en relación con las medidas que, en su concepto, podrían
contribuir a que los menores de edad con discapacidad cognitiva y psicosocial
tomen decisiones informadas y autónomas sobre el ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos y sobre el rol que incumbe a los familiares, los
proveedores de servicios de salud y el personal médico respecto del
acompañamiento y apoyo en la adopción de decisiones de esa naturaleza.
Como se anunció antes, el contenido del
informe remitido por Profamilia se analizará en detalle en la parte motiva del
fallo. Por ahora, es preciso señalar que, sobre la base de lo conceptuado, la
entidad le solicitó a la Corte enfatizar acerca de la necesidad de contar con
ajustes razonables y apoyos para que las personas con discapacidad puedan
expresar su voluntad y expresar su consentimiento informado de forma libre e
idónea, en iguales condiciones que las demás, y sobre la necesidad de explorar
las motivaciones de las familias para buscar los procedimientos de
esterilización, de tal forma que desde los sectores judicial, de salud y de protección
se puedan tomar medidas conducentes a deconstruir y desmitificar las múltiples
ideas que existen sobre la esterilización.
Además, Profamilia pidió llamar la
atención a las diferentes entidades y ministerios para que generen un trabajo
intersectorial que permita garantizar el respeto por los derechos sexuales y
reproductivos de las personas con discapacidad[6];
reiterar que la esterilización no puede ser considerada una medida de
protección, mucho menos cuando no se ha contado con la opinión o el consentimiento
de la persona con discapacidad, e instar a los jueces de familia a tener en
cuenta los criterios fijados por la jurisprudencia constitucional en materia de
esterilización y a considerar la opinión de las personas con discapacidad,
antes de proferir órdenes judiciales que generan efectos sobre sus derechos
personalísimos.[7]
Intervención del Programa de Acción
por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), de la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes.
9. El Programa de Acción por la Igualdad y la
Inclusión Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (en
adelante, PAIIS) respondió a lo solicitado por el magistrado sustanciador a
través de oficio del 19 de agosto de 2016, suscrito por Yenny Maritza Guzmán
Moyano, asesora jurídica; Federico Isaza Piedrahita, asesor jurídico; Sergio
Andrés Chaux Zafra, estudiante de PAIIS; Diana Lucía Castiblanco Narváez y
Aníbal Yamhure Ramírez, estudiantes de Derecho de la Universidad de los Andes.
Los intervinientes explicaron que PAIIS es una clínica jurídica que hace parte
del consultorio jurídico de la Universidad de los Andes y que fue fundada en
2007 con el fin de promover el avance de los derechos de grupos históricamente
marginados. El informe que presentan se apoya, por eso, en su experiencia de
casi diez años de atención jurídica directa de casos particulares y desarrollo
de proyectos con las poblaciones vulnerables y discriminadas en razón de su
discapacidad, edad, orientación sexual o identidad de género.
La intervención alude al poder vinculante y de rango
constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas y demás tratados internacionales ratificados
por Colombia y a los lineamientos básicos del paradigma que introdujo el modelo
social de la discapacidad que Colombia se obligó a cumplir al ratificar la
Convención.  Además, se refiere al concepto de persona de especial protección
constitucional en el contexto de las tres categorías que hacen intersección en
el caso de Silvia (infancia, mujer y discapacidad), al concepto de
capacidad jurídica y al paradigma de la vida independiente y a la afectación de
los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.
Sobre la base de lo analizado al respecto, el documento concluye que Silvia
no ha contado con la oportunidad de tomar una decisión informada sobre la
manera en que quiere ejercer su sexualidad y que tal circunstancia vulnera sus
derechos sexuales y reproductivos, su derecho a la educación y a acceder a
información accesible para construir su autonomía y su responsabilidad
individual, sus derechos a la igualdad, a la intimidad y a la maternidad.
Por último, PAIIS consideró incongruente que la jurisprudencia
constitucional que de manera general reconoce que la esterilización forzada
degrada a la mujer y vulnera un gran abanico de derechos haya abierto la
puerta, también, para que la voluntad de las mujeres en situación de
discapacidad se sustituya por medio de procesos legales que conducen a que se
les realicen procedimientos quirúrgicos, como la esterilización, sin su
consentimiento[8].
Por esa razón, le solicitó a la Corte prohibir “de manera tajante el
consentimiento sustituto para realizar intervenciones quirúrgicas que
restrinjan los derechos de las personas en situación de discapacidad, más aún
cuando tienen carácter permanente” y exhortar al Estado a crear una
estructura de apoyos que permita que las personas en situación de discapacidad
tomen decisiones informadas respecto a todos los aspectos de su vida, incluyendo
aquel relativo a su sexualidad. La Sala profundizará en el contenido del
concepto en la parte motiva del fallo y al abordar el estudio del caso
concreto.
Intervención de la Defensoría del Pueblo
10. La Defensoría del Pueblo intervino en el trámite de revisión
mediante escrito radicado en la Secretaría de la Corte el 15 de septiembre de
2016. La intervención, suscrita por la Defensora Delegada para Asuntos
Constitucionales y Legales, Andrea Liliana Romero López, reseña los estándares
internacionales para el reconocimiento, protección y garantía del derecho a la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad; menciona los deberes que,
en ese ámbito, vinculan a los Estados con la protección de sus derechos
sexuales y reproductivos y, sobre esa base, se refiere a los dilemas que
plantea el asunto objeto de estudio.
El primer punto se aborda destacando el cambio de paradigma que supuso
la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en 2006, en particular, frente al punto relativo al reconocimiento
de su capacidad jurídica. La Defensoría explicó que, por esa vía, se protegió
el derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones libres y
responsables frente a cualquier asunto, incluyendo los relativos al matrimonio,
la familia, la paternidad y las relaciones personales. Sin embargo, los
imaginarios sociales en Colombia siguen apuntando a “considerar que la salud
sexual y reproductiva así como la sexualidad no son temas relevantes para las
personas con discapacidad intelectual y psicosocial, especialmente en el caso
de las mujeres”[9].
La entidad mencionó las dificultades derivadas de que la sociedad siga
percibiendo a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial desde
ideas vinculadas a la invalidez y a la locura. Además de enfrentarlas al
rechazo y a la estigmatización, tal percepción impide avanzar en la adopción de
medidas encaminadas a proteger sus derechos sexuales y reproductivos respetando
su autonomía, como lo exigen los estándares internacionales. De ahí que en
Colombia se siga pensando que el proceso de interdicción judicial, como paso
previo para realizar procedimientos de esterilización, protege a las personas
con discapacidad del abuso y de la violencia sexual, sin considerar la manera
en que la sustitución del consentimiento afecta su autodeterminación
reproductiva y su derecho a tomar decisiones libres y responsables, sin
discriminaciones[10].
La Defensoría se refirió al caso concreto en ese contexto. En
particular, advirtió sobre el dilema que supone que la actuación del personal
de salud y de las autoridades judiciales involucradas en el caso de Silvia  contradiga
abiertamente los estándares de protección de los derechos de las personas con
discapacidad, aunque se apoya en la legislación y en la jurisprudencia vigente.
Tal contradicción tiene que ver, justamente, con que la Ley 1412 de 2010
permita que la solicitud y el consentimiento para la práctica de procedimientos
de esterilización de las personas con discapacidad sean suscritos por su
representante legal y con que la Corte avale esa postura. A juicio de la
Defensoría, la jurisprudencia constitucional contradice los artículos 12 y 23
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que
obliga a sus Estados parte a garantizar que estas ejerzan su capacidad jurídica
en condiciones de igualdad y que tomen sus propias decisiones en temas tan
personales y trascendentales como los que repercuten en la posibilidad de
escoger tener hijos.
En ese orden de ideas, la Defensoría le pidió a la Sala revisar y
unificar la posición que ha asumido la Corte en su jurisprudencia[11], en tanto “contradice
el estándar de protección exigido por la CDPC para el goce efectivo de la
capacidad jurídica y de los derechos sexuales y reproductivos de las personas
con discapacidad intelectual”[12];
garantizar que Silvia acceda al sistema de apoyos necesarios para el
ejercicio de su derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva sin que
exista sustitución de su voluntad y asegurar que Consuelo cuente con la
información y el acompañamiento necesarios para comprender el rol que le
incumbe respecto de la garantía de los derechos de su hija.
Así mismo, pidió exhortar al Congreso de la República a que legisle “sobre
el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás personas, especialmente
respecto de la manifestación del consentimiento libre e informado para la
realización o no de procedimientos médicos que repercutan en el ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad”[13]; al Ministerio de Salud
y a la Superintendencia de Salud a que expidan la reglamentación necesaria para
prohibir las prácticas quirúrgicas de vasectomía y ligadura de trompas sin
contar con el consentimiento libre e informado de personas con discapacidad e
instar al Consejo Superior de la Judicatura a que ponga en práctica las recomendaciones
del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptando los
ajustes razonables que contempla la Convención.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
11. La Sala es competente para conocer del
fallo objeto de revisión, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto
proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de esta corporación
el treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016).
Presentación
del caso, formulación del problema jurídico y metodología de la decisión que
adoptará la sala de revisión:
Presentación
del caso
12.
Como se expuso en el acápite de antecedentes, Consuelo reclama la
protección de los derechos fundamentales que la Unidad Hospitalaria AA, la
Empresa Social del Estado XX y CC EPS le vulneraron a su hija Silvia al
negarse a retirarle un dispositivo subdérmico de anticoncepción cuyo implante le
generó cambios en su organismo- en particular, periodos menstruales prolongados, dolor abdominal, náuseas y dolores de
cabeza- y a practicarle una tubectomía que reemplace la función que cumple el
dispositivo.
En
criterio de Consuelo, las decisiones que en ese sentido adoptaron las
entidades accionadas vulneraron
los derechos a la salud, a la integridad física y a la seguridad social de Silvia,
quien está sufriendo mucho por cuenta de los síntomas derivados de la
implantación del dispositivo de anticoncepción. Tras explicar que ni ella ni su
esposo cuentan con los recursos para asumir los gastos que involucraría el
procedimiento, Consuelo solicitó amparar los derechos fundamentales de
su hija y ordenar que se le practique la cirugía.
13. Ni la
Unidad Hospitalaria AA ni CC EPS se pronunciaron sobre la solicitud de amparo.
La Empresa Social del Estado, que sí lo hizo, pidió ser exonerada de la
responsabilidad en la infracción de los derechos fundamentales cuya protección
persigue la tutela.
La
entidad planteó, en síntesis, que los servicios médicos a su cargo,
relacionados con la atención de primer nivel que ha requerido Silvia,
han sido prestados oportunamente, y que sus profesionales orientaron a Consuelo
sobre los trámites que debía agotar con el objeto de obtener la
autorización para la práctica del procedimiento de anticoncepción quirúrgica.
Puntualmente, el médico especialista en Ginecología le indicó que debía seguir
el procedimiento establecido por la Corte Constitucional, que involucra obtener
la respectiva autorización del juez de familia para, después, tramitar la orden
ante la EPS.
14. La
juez de instancia denegó el amparo respecto de la solicitud de practicar la
tubectomía porque Consuelo no agotó los trámites necesarios para que la
EPS la autorizara. En particular, la funcionaria llamó la atención sobre el
hecho de que no se hubiera obtenido la autorización judicial para practicar un
procedimiento que, como la esterilización, tiene efectos definitivos e
irreversibles.
En todo
caso, en atención a los
padecimientos que Silvia estaba sufriendo por cuenta del implante del
dispositivo Jadelle, la juez dispuso que CC EPS debería remitirla a un
especialista, quien se encargaría de determinar si el dispositivo puede ser
sustituido por otro procedimiento anticonceptivo menos dañino, mientras se
obtiene la autorización judicial para practicar el procedimiento de
esterilización.
Formulación
del problema jurídico.
15.
Como acaba de exponerse, la tutela objeto de estudio fue promovida buscando el
amparo de los derechos fundamentales que las accionadas le habrían vulnerado a Silvia
al negarse a retirarle un dispositivo de anticoncepción que parece haberle
causado problemas de salud y a practicarle, en remplazo, un procedimiento
quirúrgico de esterilización. La tarea de la Sala, bajo esa perspectiva,
consistiría en determinar si tales circunstancias vulneraron los derechos fundamentales
a la salud, a la integridad física y a la seguridad social de Silvia,
quien es menor de edad y padece síndrome de Down, o si, como lo planteó el
fallo de instancia, la ausencia de una autorización judicial que avale la
práctica de la tubectomía supone que la infracción iusfundamental denunciada no
se haya presentado.
La
Sala, sin embargo, observa que la problemática formulada por Consuelo
involucra otra serie de dilemas constitucionales, asociados al hecho de que se
hayan adoptado decisiones relativas al ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de Silvia, sin buscar ni obtener su consentimiento.
En
ese escenario, el examen del asunto objeto de revisión no puede limitarse a
verificar la infracción iusfundamental que pudo derivarse de que las accionadas
no hayan retirado el dispositivo de anticoncepción a pesar de las afecciones
que su implantación le generó a la menor a cuyo nombre se promovió la tutela.
Además, la Sala deberá verificar si la situación narrada por Consuelo
supuso la vulneración de los derechos a la
autonomía, a la integridad personal y a la salud sexual y reproductiva de Silvia,
en tanto involucró la adopción de decisiones que, aunque le atañen
exclusivamente a ella, parecerían no haber consultado su voluntad al respecto[14].
Metodología de la decisión.
16. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala
seguirá la siguiente metodología. En primer lugar, identificará las premisas
que caracterizan el modelo social de la discapacidad incorporado en el marco
internacional de protección de los Derechos Humanos e indagará por el cambio
que supuso su adopción de cara al reconocimiento de la capacidad jurídica de
las personas en situación de discapacidad para decidir sobre todos los
aspectos de su vida. A continuación, precisará las implicaciones del modelo
para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en
situación de discapacidad y reseñará los referentes normativos y
jurisprudenciales que han definido el estándar de protección de esos derechos
en el ámbito interno. En particular, la Sala estudiará el alcance que la
jurisprudencia constitucional le ha atribuido al derecho fundamental de las
personas en situación de discapacidad a tomar decisiones autónomas e informadas
en esa materia. El estudio del caso concreto se abordará sobre esos supuestos.
El modelo social de la discapacidad en el marco internacional
de protección de los Derechos Humanos. El derecho de las personas con
discapacidad a decidir, en iguales condiciones que las demás, sobre todos los
aspectos de su vida.
17. La aprobación, en marzo de 2006, de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su posterior entrada en vigor,
en mayo de 2008,  marcaron un hito en la protección de los derechos humanos de
alrededor de 1000 millones de personas que, según el Primer Informe Mundial
sobre la Discapacidad publicado en 2011 por la Organización Mundial de la Salud
y el Banco Mundial, viven con algún tipo de discapacidad[15].
La aprobación de la Convención supuso la culminación de un
ciclo de trabajo que había comenzado cuatro años antes, cuando, tras reconocer
que los esfuerzos emprendidos para promover la participación y las
oportunidades de las personas con discapacidad en la vida económica, social,
cultural y política no habían resultado efectivos, la Asamblea General de
Naciones Unidas creó un comité especial al que encargó de examinar propuestas
relativas “a una convención internacional amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sobre la
base de un enfoque holístico de la labor realizada en las esferas del
desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación (…)”[16].
Tras ocho reuniones, los representantes de los Estados
miembros de Naciones Unidas y de las organizaciones que participaron en el
proceso dieron a conocer el proyecto de Convención que surgió como resultado de
sus reflexiones sobre el propósito que debía perseguir un instrumento
internacional que contribuyera a proteger los derechos humanos de las personas
en situación de discapacidad y definiera los mecanismos y medidas que debían
adoptar los Estados para alcanzar tal objetivo, en cumplimiento del mandato
impartido por la Asamblea General[17].
La entrada en vigor de la Convención inauguró un nuevo marco
de protección que, ante todo, se propuso superar la idea de la discapacidad
como una condición médica asociada a condiciones físicas, fisiológicas o
sicológicas que requieren tratamiento[18].
Que el instrumento internacional hubiera aludido a la discapacidad como un
concepto en evolución, asociado a las barreras sociales que impiden a las
personas funcional, física, mental, intelectual o sensorialmente diversas
participar plena y efectivamente en la sociedad, significó que, al menos en el
ámbito formal, se replantearan las posturas que abordaban el debate sobre la
discapacidad con la convicción de que solo puede ser comprendida sobre la base
de un diagnóstico médico. Como contrapartida, el modelo social de la
discapacidad que venía posicionándose en las discusiones que la academia, las
organizaciones sociales[19]
y el propio sistema de Naciones Unidas[20] venían dando sobre el tema desde hacía dos
décadas fue finalmente respaldado.
Tal circunstancia y el hecho de que la Convención (en
adelante, CDPCD) haya reivindicado la autonomía e independencia individual de
las personas con discapacidad, su libertad de tomar decisiones propias y la
obligación estatal de reconocer su capacidad jurídica explican que haya sido
reconocida como la depositaria de un cambio de paradigma en la manera de
entender la discapacidad y, sobre todo, como un paso adelante en la aspiración
de lograr que, en ejercicio de la dignidad que les es inherente, las personas
en situación de discapacidad “puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de su vida”[21].
18. Ahora bien, la Sala se propuso analizar el marco jurídico
internacional de protección de los derechos de las personas en situación de
discapacidad en el contexto específico del reconocimiento de su capacidad
jurídica para tomar decisiones sobre todos los aspectos que les conciernen y,
puntualmente, sobre aquellos que atañen al ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos. Para ello, era indispensable aludir al cambio que supuso la
introducción del modelo social de la discapacidad en la CDPCD e identificar las
premisas centrales de ese marco normativo, vinculante para Colombia tras su
aprobación, control constitucional y ratificación[22], de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 superior y en amplia
jurisprudencia de la Corte.
Agotado el primer punto, la Sala indagará por el contenido de
las disposiciones de la CDPCD que desarrollan el modelo social de la
discapacidad, a la luz de la lectura que han hecho de ellas sus órganos de
interpretación y control y la doctrina autorizada sobre la materia. Con ese
objeto, se referirá brevemente al concepto de discapacidad en la CDPCD, a los
principios que guían su interpretación y aplicación y enunciará las
obligaciones generales que les impone a sus Estados parte. Con ese marco de
referencia, analizará el alcance de las obligaciones estatales que apuntan,
específicamente, a garantizar que las personas en situación de discapacidad
cuenten con los apoyos necesarios para el ejercicio pleno de su capacidad
jurídica.
El concepto de discapacidad en la CDPCD
19. La perspectiva del modelo social que irradia todas las
disposiciones de la CDPCD vincula la discapacidad con aquellos obstáculos que
impiden que personas con cierta diversidad funcional interactúen con su entorno
en las mismas condiciones en que lo hacen los demás individuos. Tal es la
perspectiva que plasma la Convención desde su preámbulo, cuando reconoce que el
concepto de la discapacidad evoluciona y que “resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás”.
Sobre
esa base, y tras advertir que el propósito de la Convención consiste en
promover, proteger y asegurar todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, potenciando el respeto de su
dignidad, su artículo 1º precisa que las personas con discapacidad son todas
aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que ven obstaculizada su participación plena y efectiva en todos
los niveles de la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, por
cuenta de su interacción con diversas barreras. La incorporación del modelo
social de la discapacidad en la Convención se ve reflejada, justamente, en la
diversidad de compromisos que les impone a sus Estados parte en aras de la
efectiva remoción de esos obstáculos[23].
Los
principios que guían la interpretación y la aplicación de la CDPCD
20.
El artículo 3º de la CDPCD consagra ocho principios generales que deben
guiar la interpretación y la aplicación de sus disposiciones. El primero de
ellos alude, en armonía con el propósito de promover la dignidad de las personas
en situación de discapacidad, al respeto de su dignidad inherente, de su
autonomía individual y de su independencia[24].
El segundo es el principio de no discriminación. En los términos del artículo
2º de la Convención, cualquier distinción, exclusión o restricción que, por
motivos de discapacidad, “tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
de dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo” es una
conducta discriminatoria.
El
tercer principio de aplicación e interpretación de la Convención es el
principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
Recuérdese, al respecto, que el fin último del instrumento internacional es la
garantía efectiva de los derechos y libertades de las personas en situación de
discapacidad y que es en tal sentido que compromete a los Estados parte a
remover las barreras que impiden que estas participen en la sociedad en las
mismas condiciones que las demás. La Convención reivindica, además, el respeto
por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte
de la diversidad y de la condición humanas. Finalmente, contempla los
principios de igualdad de oportunidades, de accesibilidad, de igualdad entre el
hombre y la mujer y el principio de respeto a la evolución de las facultades de
los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.
Obligaciones generales de respeto, protección y cumplimiento
21.
El artículo 4º de la Convención contiene un catálogo de compromisos generales
que vinculan a los Estados con la implementación de medidas que aseguren y
promuevan el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas en situación de discapacidad, sin discriminación.
Las obligaciones establecidas en dicho acápite, que operan sin perjuicio de los
deberes estatales consignados en los demás artículos de la Convención, propenden,
en particular, por un ajuste institucional favorable a la incorporación del
modelo social de la discapacidad en el ámbito interno y por la adopción de
medidas promocionales que creen un entorno social adecuado para alcanzar tal
objetivo. El artículo 4º contempla obligaciones de carácter positivo y negativo
que, además, pueden clasificarse como de respeto, protección y cumplimiento[25].
Dentro
de las obligaciones de respeto se incluyen la de modificar o derogar las leyes,
los reglamentos, las prácticas y las costumbres que constituyan discriminación
contra las personas en situación de discapacidad; la que impone consultarlas y
garantizar que participen activamente en la elaboración y aplicación de las
políticas, de la legislación y de cualquier proceso de adopción de decisiones
que las afecte y una negativa, que supone que los Estados parte se abstengan de
incurrir en actos o en prácticas incompatibles con la Convención.
Como
obligación de protección, el artículo 4º consagra la de tomar medidas que eviten
que personas, organizaciones o empresas privadas discriminen por motivos de
discapacidad, y, como obligaciones de cumplimiento, la adopción de medidas
legislativas, administrativas y de otra índole para hacer efectivos los
derechos reconocidos en la Convención; la de proporcionar información accesible
sobre tecnologías, formas de asistencia y servicios de apoyo y la de promover
la formación profesional sobre los derechos de la Convención y la investigación
y el desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones para satisfacer
las necesidades específicas de las personas en situación de discapacidad.[26]
Los
derechos protegidos por la CDPDC. Obligaciones estatales frente a la garantía
del derecho de las personas en situación de discapacidad a ejercer plenamente
su capacidad jurídica.
22.
La Convención dedica al menos 20 de sus 50 artículos a precisar las medidas que
deben adoptar sus Estados parte para garantizar que las personas en situación
de discapacidad gocen, en condiciones de igualdad, de los derechos que el
sistema internacional de protección de los derechos humanos consagra a favor de
todo individuo.
Los
órganos de interpretación y control de la Convención han sido enfáticos en
advertir, al respecto, que el instrumento internacional no crea nuevos derechos
ni consagra, tampoco, un catálogo específico de derechos cuya titularidad
recaiga en las personas en situación de discapacidad exclusivamente. En lugar
de ello, el instrumento internacional se propuso aclarar las obligaciones que
vinculan al Estado con la creación de un entorno propicio para realizar, frente
a ellas, los derechos civiles, culturales, económicos y sociales predicables de
todos los seres humanos[27].
Lo
anterior tiene que ver, de nuevo, con el cambio de paradigma que supuso la
incorporación del modelo social en la Convención y con que, ante esa nueva
perspectiva, haya reivindicado la dignidad inherente a las personas en
situación de discapacidad, reafirmando que las circunstancias de marginación
que han enfrentado históricamente no se derivan de su diversidad física,
mental, intelectual o sensorial sino de las barreras sociales y ambientales que
les impiden ejercer plenamente sus derechos.
Las
obligaciones que la Convención les impone a sus Estado parte en relación con la
adopción de ajustes razonables[28]
que garanticen que las personas en situación de discapacidad puedan gozar y
ejercer todos sus derechos y libertades fundamentales parten, justamente, de
ese supuesto. De ahí que su articulado deba leerse, más que como un catálogo de
derechos, como una relación de los deberes que incumben a los Estados respecto
de la creación de las condiciones necesarias para que los destinatarios de la
Convención ejerzan sus derechos humanos en iguales condiciones que cualquier
ciudadano.
Dentro
de ese amplio grupo de deberes, los del artículo 12, que aluden al igual
reconocimiento como persona ante la ley y a la capacidad jurídica de las
personas en situación de discapacidad, ocupan un lugar preponderante. La Sala
precisará el alcance de las obligaciones concretas que la CDPCD les impone a
sus Estados parte en esa materia y, en particular, respecto de la adopción de
ajustes razonables que garanticen que las personas en situación de discapacidad
puedan tomar decisiones informadas sobre todos los asuntos que les conciernen.
“Nada
sobre nosotros sin nosotros”. El derecho de las personas en situación de
discapacidad a acceder a apoyos y a salvaguardias que les permita ejercer
plenamente su capacidad jurídica.
23.
El proceso de elaboración de la CDPCD involucró un sinnúmero de discusiones
derivadas del desafío que suponía consolidar un consenso internacional acerca
de la importancia de sustituir el modelo médico rehabilitador de la
discapacidad por el modelo social que, como se ha dicho, se centra en
identificar y en derribar las barreras que impiden a las personas en situación
de discapacidad ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones.
Uno
de los aspectos centrales del modelo social, y por lo mismo, uno de los que
generó mayor debate en el contexto de las negociaciones del texto convencional,
fue el relativo al reconocimiento de la capacidad jurídica que ostentan las
personas en situación de discapacidad, en igual condiciones de los demás,
frente a todos los aspectos de su vida. El Comité Especial que se encargó de
redactar el instrumento internacional comenzó a discutir sobre el particular
desde su tercera sesión, celebrada entre mayo y junio de 2004[29], cuando se planteó la
primera versión del articulado finalmente aprobado.
Esa
primera propuesta marcó el punto de partida de las discusiones que, desde
entonces, mantuvieron las delegaciones en torno al asunto de la capacidad
jurídica. En líneas generales, el debate se centró en dos cuestiones puntuales:
en determinar si la CDPCD aplicaría un modelo de sustitución o de asistencia de
las decisiones de las personas en situación de discapacidad y en establecer el
significado que le atribuiría al término “capacidad jurídica”.[30]
24.
El primer asunto se resolvió gracias a la decidida intervención del comité de
organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, regional y
nacional que intervinieron en las sesiones[31]
para explicar la manera en que el sistema de asistencia en la toma de
decisiones desarrollaba el espíritu del modelo social introducido en el
preámbulo y en los primeros artículos de la Convención. En criterio de las
organizaciones, el modelo de asistencia garantizaba la autonomía de las
personas en situación de discapacidad y aseguraba que fueran tratadas en
iguales condiciones al resto de la población, pues implicaba que se apoyaran y
que se defendieran sus puntos de vista, que se fomentara su participación y que
se les permitiera asumir responsabilidades.  El modelo de sustitución en la
toma de decisiones, en contraste, abría la puerta a los abusos, teniendo en
cuenta que el sistema de guardas y tutelas supone, por lo general, que la
persona pierda su derecho a decidir sobre múltiples cuestiones acerca de las
cuales los demás deciden a diario. El modelo podría conducir, entonces, a que
los deseos de las personas en situación de discapacidad se vieran tergiversados
y a que su voz fuera censurada.
La
Convención optó por el modelo de asistencia en la toma de decisiones, haciendo
explícitos los principios generales de respeto de la dignidad inherente,
autonomía individual, no discriminación e igualdad de oportunidades consignados
en su artículo 3º. En consecuencia, reafirmó que las personas con discapacidad
tienen derecho a que se reconozca su personalidad jurídica y reconoció su
capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás frente a todos los
aspectos de su vida.
En
cuanto al alcance del término “capacidad jurídica”, la Convención decidió que
no se agota en la capacidad de gozar de tal derecho. También comprende la
posibilidad de ejercerlo. La Observación General No.
1 del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con
Discapacidad advierte que el artículo 12 de la CDPCD protege la
capacidad jurídica por dos vías: como facultad de ser titular de derechos y
como la de realizar actos con efectos jurídicos. Además, explica que la
capacidad jurídica y la capacidad mental son conceptos distintos, pues esta
última se refiere a la aptitud de una persona para tomar decisiones, varía de
una persona a otra y puede ser diferente para cada quien en función de diversos
factores. En ese orden de ideas, “los déficits de capacidad mental, sean
supuestos o reales, no deben utilizarse como justificación para negar la
capacidad jurídica”.[32]
25.
La caracterización de la CDPCD como depositaria de un avance emblemático en el
propósito de suprimir las barreras que impiden que las personas en situación de
discapacidad ejerzan sus derechos humanos en igualdad de condiciones que las
demás suele asociarse, justamente, con el cambio de paradigma que involucró la
aprobación del contenido final de su artículo 12.
Al
reconocer que las personas en condición de discapacidad son jurídicamente
capaces como cualquier otra, el artículo 12 de la CDPCD concretó el principio “nada
sobre nosotros sin nosotros” que inspiró, históricamente, las
reivindicaciones de los movimientos sociales que han luchado por el
reconocimiento de los derechos de ese colectivo. Aunque el lema surgió para
defender el derecho de las personas en situación de discapacidad a participar
en el diseño y en la adopción de las políticas públicas que las afectan, la
Convención amplió esa perspectiva al reconocer su derecho a tomar el control de
las decisiones que conciernen al ámbito de su vida privada[33]. El enfoque que, como se
ha dicho, proscribió cualquier modalidad de consentimiento sustituto,
comprometió al Estado con dos tareas concretas: con la de disponer de un
sistema de apoyos que acompañen a las personas en situación de discapacidad en
el proceso de adopción de sus decisiones y con la de crear las salvaguardias
que garanticen que esas decisiones se vean desprovistas de conflictos de
intereses, influencias indebidas o abusos[34].
26.
La Sala terminará este acápite enunciando las reglas que determinan el alcance
de la obligación estatal de proveer apoyos y salvaguardias para que las
personas en situación de discapacidad adopten decisiones que reflejen su
voluntad y sus preferencias en ejercicio de su capacidad jurídica. Para el
efecto, se apoyará en las directrices impartidas en ese sentido por el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad, que en 2014 y tras examinar varios informes
estatales sobre la implementación de la CDPCD, alertó sobre el hecho de que no
se haya comprendido, aún, que el modelo de la discapacidad basado en el enfoque
de derechos humanos “implica pasar del paradigma de la sustitución en la
adopción de decisiones a uno basado en el apoyo para tomarlas”.
La Observación
General No. 1 del Comité insistió en la necesidad
de que los Estados ajusten su legislación a ese nuevo paradigma. Tal tarea debe
abordarse sobre la base de las siguientes reglas:
-Los Estados parte de la CDPCD tienen la obligación de
respetar, proteger y hacer realidad el derecho al igual reconocimiento como
persona ante la ley. Esto implica suprimir los sistemas que niegan la capacidad
jurídica de las personas en situación de discapacidad en función de su
diagnóstico (criterio basado en la condición), porque adoptaron una decisión
que se considera que tiene consecuencias negativas (criterio basado en los
resultados) o sobre el supuesto de que su aptitud para adoptar decisiones es
deficiente (criterio funcional).
-Los Estados partes deben suprimir los regímenes basados en
la sustitución de las decisiones de las personas con discapacidad[35] y
reemplazarlos por otros basados en el apoyo a la adopción de sus propias
decisiones. Elaborar sistemas de apoyo no basta para cumplir con el artículo 12
de la Convención si, paralelamente, se mantienen los modelos de sustitución.
-Los regímenes de apoyo para la adopción de decisiones
comprenden diversas opciones, pero deben incluir disposiciones esenciales. Es
indispensable, por ejemplo, que estén a disposición de todos, a un costo
simbólico o gratuitamente y con independencia del grado de apoyo que cada
persona necesite y de su modo de comunicación. Además, es preciso que se basen
en la voluntad y en las preferencias de cada persona -no en lo que se suponga
que es su interés superior objetivo- y que no se utilicen como justificación
para limitar otros derechos fundamentales, como el derecho al voto, los
derechos de reproducción, el derecho a formar una familia, contraer matrimonio
o establecer una unión civil,  otorgar su consentimiento para las relaciones íntimas
y el tratamiento médico y su derecho a la libertad. La Observación establece,
además, que la persona encargada del apoyo debe gozar de reconocimiento
jurídico[36];
que el apoyo puede rechazarse o cambiarse en cualquier momento, y que debe
contar con un sistema de salvaguardias.
Para concluir, habría que precisar que, en tanto hace posible
que las personas en situación de discapacidad ejerzan plenamente su autonomía
tomando decisiones libres sobre cualquier aspecto de su vida, el derecho a la
capacidad jurídica opera como un presupuesto fundamental para que disfruten de
sus demás derechos. La Observación General Nº 1 alude expresamente a la manera
en que su garantía les permite reivindicar, ejercer y hacer cumplir sus
derechos a la justicia, a la integridad física y mental, a la libertad de
desplazamiento y a la nacionalidad, a la libertad de expresión, a votar y,
entre otros, los contemplados en el artículo 23 de la Convención, sobre el
respeto del hogar y de la familia.
En el ámbito de los dilemas que plantea el caso concreto, la
Sala se ocupará de este punto en los siguientes acápites.
Los derechos sexuales y reproductivos de las personas en
situación de discapacidad bajo el modelo social de la CDPCD. Referentes
normativos y jurisprudenciales sobre su derecho fundamental a tomar decisiones
autónomas e informadas en esa materia.
Estándares internacionales de protección de las personas en
situación de discapacidad frente al ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos. La necesidad de eliminar el modelo de sustitución de decisiones.
27.
En su artículo 23, titulado como de “respeto del hogar y de la familia”, la
CDPCD compromete a sus Estados parte a tomar medidas efectivas y pertinentes
para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en
todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad
y las relaciones personales. La adopción de esas medidas debería conducir a
eliminar cualquier restricción, distinción o exclusión que impida que las
personas con discapacidad puedan casarse o formar una unión civil o que limite
la posibilidad de que ejerzan, en iguales condiciones que los demás, sus
derechos sexuales y reproductivos.
La
Convención compromete a los Estados parte con unas obligaciones puntuales en
esa materia. La primera consiste en reconocer que todas las personas con
discapacidad en edad de contraer matrimonio tienen derecho a casarse y a fundar
una familia sobre la base de su consentimiento previo, libre e informado. La
segunda es, también, una obligación de respeto: los Estados deben respetar el
derecho de las personas con discapacidad a decidir de manera responsable el
número de hijos que desean tener y el tiempo que debe transcurrir entre cada
nacimiento.
Además,
la Convención les impone el deber de garantizar el acceso de las personas con
discapacidad a información y educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad y el de ofrecerles los medios necesarios para
ejercer esos derechos. Por último, exige asegurar que las personas con
discapacidad mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás,
lo cual incluye, también, a los niños y a las niñas[37].
28.
En armonía con el cambio que supuso la incorporación del modelo social de la
discapacidad en la CDPCD, las disposiciones relativas a la protección de los
derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y de su
derecho a formar una familia se centran, específicamente, en reivindicar su
capacidad jurídica para tomar decisiones sobre el particular en igualdad de
condiciones que los demás y en insistir en la provisión de un sistema de apoyos
para el efecto.
El
cumplimiento de los compromisos que incumben a los Estados en ese sentido suele
vincularse, por eso, a la eliminación de los regímenes de sustitución de
decisiones que impiden que sean las personas con discapacidad quienes, contando
con la información correspondiente, resuelven esas cuestiones libremente y en
ejercicio de su autonomía.
En
su Observación General Nº 1, el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad advirtió, al respecto, que la negación de la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad suele conducir a privarlas del ejercicio de sus
derechos de reproducción, a casarse y a fundar una familia y de su derecho a
otorgar su consentimiento para las relaciones íntimas y para el tratamiento
médico. Tal situación impacta de manera específica a las personas con discapacidades cognitivas o psicosociales y, en particular, a las mujeres[38], quienes, en lo que atañe
a sus derechos sexuales y reproductivos, suelen ubicarse en una posición más
vulnerable[39].
El compromiso que la CDPCD les impuso a sus
Estados parte respecto de la  implementación de medidas que garanticen que las
mujeres y niñas en situación de discapacidad disfruten plenamente de sus
derechos y libertades tiene que ver justamente con el reconocimiento que hizo
su preámbulo de los riesgos de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato
negligente, malos tratos o explotación a los que suelen verse expuestas[40]. La Observación General
1º alertó, también, sobre las
formas múltiples e intersectoriales de discriminación que suelen enfrentar por
motivos de género y de discapacidad. La creencia de que no pueden tener relaciones sexuales consentidas y, en
general, la idea de que carecen de aptitud para tomar decisiones, explicaría las elevadas tasas de esterilización forzada, la reticencia a permitir que asuman
el control de su salud reproductiva y el hecho de que, en determinadas
jurisdicciones, la cantidad de imposición de sustitutos en la adopción de
decisiones sea mayor para las mujeres que para los hombres.
29.
En el contexto del modelo social de la capacidad que introdujo la CDPCD, la
voluntad de las personas con discapacidad acerca de esas cuestiones fundamentales
no debería, bajo ninguna circunstancia, sustituirse. Los Estados deberían
reconocer que las personas en situación de discapacidad cuentan con capacidad
plena para decidir de qué manera y en qué momento conformar una familia,
casarse, tener hijos; que pueden asumir libremente su sexualidad, disponer de
su cuerpo de forma autónoma y que tienen derecho a acceder a educación e
información completa y transparente sobre métodos de anticoncepción y
planificación. Además, deberían realizar los ajustes razonables y brindar los
apoyos necesarios para garantizar que las decisiones que las personas en
situación de discapacidad adopten al respecto reflejen genuinamente su voluntad
y sus preferencias.
La
realidad, sin embargo, muestra una situación sustancialmente diferente. La
subsistencia de regímenes legales que avalan la sustitución de las decisiones
de las personas con discapacidad en contextos sociales marcados por
estereotipos y prejuicios que cuestionan su aptitud para tomar decisiones de
forma independiente revela que las metas que se fijó la comunidad internacional
por vía de la CDPCD están aún lejos de cumplirse. Tal es el origen de las
preocupaciones expresadas por los órganos de interpretación y control de la
CDPCD y de otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos ante la
constatación de prácticas que, en contravía de los principios de dignidad
inherente, igualdad, autonomía individual, participación plena e inclusiva que
inspiran el modelo social de la discapacidad, perpetúan la discriminación de
las personas con discapacidad y las exponen a diversos riesgos de violencia.
30.
El Estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las
niñas y la discapacidad que presentó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en su 20º periodo de sesiones de 2012[41]
realiza varias precisiones en ese sentido. Primero, alerta sobre la manera en
que el hecho de depender de otras personas para tomar sus decisiones expone a
las personas con discapacidad a la violencia y las priva de sus derechos. Las
leyes que permiten la privación de la capacidad jurídica, las que conllevan la
designación de tutores que toman decisiones jurídicamente vinculantes a nombre
suyo y la falta de acceso a información y servicios de asistencia social son algunos
de los factores que, a juicio del Comité, las hacen más vulnerables frente a
esos riesgos.
Además,
el estudio aborda la situación particular de las niñas y de las mujeres en
situación de discapacidad, al cuestionar la forma en que la imposibilidad de
acceder a educación sexual, en escenarios que las perciben como seres
asexuados, les impide identificar los comportamientos abusivos o inapropiados.
También advierte sobre el impacto que la correlación discriminación sexista –
discriminación basada en la discapacidad tiene sobre la percepción
estereotipada de las niñas y de las mujeres con discapacidad como “personas
carentes de inteligencia, sumisas y tímidas”. Ambos factores explican que
se les dé poca credibilidad a sus denuncias de abuso, lo que, a su vez, reduce
las posibilidades de que los responsables sean identificados y sancionados.
Por
último, el Comité identificó a las mujeres y las niñas en situación de
discapacidad como sujetos “especialmente vulnerables a la esterilización
forzada y ciertos tratamientos médicos, como la administración de fármacos y
electrochoques” y, en alusión a los artículos 23 y 25 de la CDPCD, insistió
en la prohibición de los tratamientos forzados y coercitivos de las personas
que sufren algún tipo de discapacidad intelectual “independientemente de que
se aduzca que ello redundaría en su interés”.[42]
Existe,
en efecto, un consenso internacional acerca de que el tratamiento obligatorio o
forzado de las personas con discapacidad puede llegar a constituir maltrato o
tortura. En ese sentido se han pronunciado el Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad[43],
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer[44], el Relator Especial
sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental[45]
y el Relator Especial contra la Tortura[46].
Todos se han referido a las esterilizaciones forzadas como una práctica que
vulnera la integridad física y mental de las mujeres en situación de
discapacidad, su derecho a la salud sexual y reproductiva y su libertad de
disponer de su cuerpo. Todos, también, han coincidido en atribuir ese tipo de
prácticas a la persistencia de los estereotipos sociales que retratan a las
mujeres en situación de discapacidad como seres hipersexuales o las
infantilizan.  Lo cierto es que, en tanto tienen el efecto de impedir que las
personas en situación de discapacidad gocen y ejerzan, en igualdad de
condiciones que los demás, tales derechos y libertades fundamentales, las
esterilizaciones forzosas configuran, también, una práctica discriminatoria.
Los derechos sexuales y reproductivos de las personas con
discapacidad en el ámbito interno. Síntesis del marco normativo.
31.
La Sala advirtió antes que la CDPCD tiene carácter vinculante para el Estado colombiano
en razón de su aprobación, control constitucional y posterior ratificación en
mayo de 2011. La Convención, en efecto, fue aprobada en el ámbito interno por
vía de la Ley 1346 de 2009, que esta corporación revisó a través de la
Sentencia C-293 de 2010.[47]
La
sentencia reconoció en la CDPCD la refrendación del interés de la comunidad internacional por
proteger y realizar efectivamente los derechos de las personas en situación de
discapacidad a partir del pleno reconocimiento de su dignidad humana, en
armonía con los cambios sociales y culturales verificados, incluso, en relación
con el concepto mismo de discapacidad[48]. El
fallo determinó que, bajo esa perspectiva, la suscripción del instrumento
internacional se encuadraba en el marco axiológico constitucional y, en
especial, desarrollaba el mandato de igualdad material contemplado en el
artículo 13. La Corte decidió, entonces, que el objetivo general de la
Convención se ajusta al ordenamiento constitucional y que todas sus
disposiciones –lo que incluye a aquellas que reconocen la capacidad jurídica en
condiciones de igualdad de las personas con discapacidad para tomar decisiones
sobre sus derechos sexuales y reproductivos- resultan adecuadas, razonables y
conducentes para su ejecución y cumplimiento.
32.
Del marco jurídico de protección de los derechos de las personas con
discapacidad en el ámbito interno hace parte, además, la Ley 1618 de 2013, “Por
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. La norma se
propuso alcanzar ese propósito mediante la adopción de medidas de inclusión, de
acción afirmativa y de ajustes razonables y por vía de la eliminación de toda
forma de discriminación por motivos de discapacidad, de conformidad con lo
dispuesto sobre el particular en la CDPCD.
En
armonía con el instrumento internacional, la Ley 1618 definió a las “personas
con y/o en situación de discapacidad” como aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y a largo plazo que, “al
interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en iguales condiciones que
las demás”. Sobre esas barreras, dijo que pueden ser actitudinales, físicas
y comunicativas[49].
Además, acogió los principios de dignidad humana, respeto, autonomía
individual, independencia, equiparación de oportunidades y los demás
contemplados en la Convención. En ese orden de ideas, responsabilizó a las
entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y
local de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad,
asegurando que todas sus políticas, planes y programas garantizaran el
ejercicio total y efectivo de sus derechos.
En
lo que toca específicamente con la controversia objeto de estudio, habría que
mencionar que la Ley 1618 de 2013 le impuso al Ministerio de Justicia, en
alianza con el Ministerio Público, las Comisarías de Familia y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, el deber de “proponer e implementar
ajustes al sistema de interdicción judicial de manera que se desarrolle un
sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de
decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas”[50]
y que comprometió al Ministerio de Salud a asegurar que los programas de
salud sexual y reproductiva sean accesibles a las personas con discapacidad[51].
Los
asuntos que, como el que aquí se analiza, plantean la posible infracción de los
derechos fundamentales de las mujeres en situación de discapacidad que se han
visto expuestas a la posible práctica de esterilizaciones sin consultar su
consentimiento han sido resueltos bajo otro marco normativo: el contemplado en
la Ley 1412 de 2010, que promueve la “ligadura de conductos deferentes o
vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la
paternidad y la maternidad responsable”.
33.
La Ley 1412 de 2010, de tan solo 15 artículos, fue expedida con el propósito de
garantizar el derecho constitucional a conformar una familia, decidiendo de
manera libre y responsable el número de hijos que harán parte de ella[52]. En los términos del
informe de la ponencia para primer debate del proyecto de ley 50 de 2010, que
le dio origen, la expedición de la Ley buscaba extender a la población
vinculada del país, esto es, a aquella que se encontraba por fuera del Sistema
General de Seguridad Social, la posibilidad de practicarse los procedimientos
de ligadura de trompas y vasectomía gratuitamente, como podían hacerlo ya los
afiliados al sistema[53].
Con ese objeto, el artículo 2º de la Ley consagró la obligación estatal de
garantizar la gratuidad de ambos procedimientos[54], y su artículo 3º, las
condiciones para su financiación y cubrimiento[55].
El
artículo 5º se ocupa, en concreto, de la necesidad de que la práctica de ambos
procedimientos esté antecedida de la obtención del consentimiento informado y
cualificado del paciente. Esto supone que los médicos encargados de realizarlos
informen la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos de su práctica y
sobre las alternativas de utilización de otros métodos anticonceptivos no
quirúrgicos. La norma exige, además, que las EPS o las IPS, según corresponda,
ofrezcan a los pacientes con limitaciones de lectoescritura medios alternativos
para expresar su voluntad, tanto para la solicitud escrita del procedimiento,
como para brindar su consentimiento informado. El artículo 6º indica, a
continuación, que la solicitud y el consentimiento para la práctica de este
procedimiento a “discapacitados mentales”[56] serán suscritos por su
representante legal, previa autorización judicial. El artículo 7º prohíbe, sin
excepción, practicarles procedimientos de anticoncepción quirúrgica a menores
de edad. La Corte se ha pronunciado sobre ambas disposiciones en sede de
control abstracto.
Control abstracto de constitucionalidad de las normas que
avalan la esterilización de personas con discapacidad mental a través del
consentimiento sustituto. La tesis de la viabilidad excepcional de la
sustitución, si se brindaron todos los apoyos.
34.
En 2014, la Corte estudió una demanda de constitucionalidad formulada contra el
artículo 7º de la Ley 1412 de 2010, que, como acaba de indicarse, prohíbe que
los menores de edad sean sometidos a procedimientos de anticoncepción quirúrgica.
En el ámbito de lo solicitado en la demanda, la Corte se propuso resolver dos
problemas jurídicos. El primero consistía en determinar si la prohibición
vulneraba los derechos a la dignidad, a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad en relación con el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos y el derecho a fundar una familia de los menores entre 14 y 18 años, en tanto
les impedía someterse a un procedimiento de esterilización, pese a que la
legislación reconoce su capacidad legal
para contraer matrimonio y para decidir sobre procrear o abstenerse de ello.
La
norma fue declarada exequible respecto de ese cargo, porque la diferenciación que estableció respecto de la
posibilidad de acceder a los procedimientos de anticoncepción quirúrgica no se
sustentaba en un criterio sospechoso[57],
respondía al desarrollo de un mandato constitucional de progenitura responsable
y resultaba justificada, en tanto la decisión de someterse a un procedimiento
de esterilización definitiva exige la capacidad plena de la persona concernida[58].
Además, la Sentencia C-131 de 2014[59]
indicó que la prohibición no desconocía el derecho a la autodeterminación de
los menores de edad, pues estos podían acceder a otros
mecanismos no irreversibles ni definitivos de anticoncepción mientras cumplían
los 18 años. El fallo, no obstante, resolvió que la prohibición podría
inaplicarse ante un riesgo inminente de muerte a raíz de un eventual embarazo,
siempre que tal condición se certificara medicamente, se contara con
autorización judicial y la menor otorgara su consentimiento.
35. El segundo cargo, relativo
a la eventual infracción de los derechos sexuales y
reproductivos de los menores de edad en situación de discapacidad por cuenta de
la prohibición general de que los menores de edad se sometan a procedimientos
de esterilización, fue planteado por los demandantes, según se indica en la Sentencia
C-131 de 2014, en los siguientes términos:
“De otro lado, los niños, niñas y jóvenes adolescentes con
discapacidad también tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena y se
les deben garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. En estos casos, es
más que necesario permitir la anticoncepción quirúrgica, puesto que estas
personas pueden llegar a ignorar las consecuencias del acto sexual para ellas
mismas, sus familias y para el nasciturus. Así, la norma acusada no debería impedir la realización de
esta intervención a los menores discapacitados que por su condición no pueden o
no deberían concebir hijos”.
La Corte
entendió que el cargo censuraba el desconocimiento
de “los derechos sexuales del libre desarrollo de la personalidad”
respecto de menores de edad en condición de discapacidad, cuando la
discapacidad implica la imposibilidad de la persona de hacerse cargo de sí
misma, de llevar a cabo actividades esenciales de la vida cotidiana y del
cuidado de sus propios hijos. En ese orden de ideas, se propuso
determinar si la prohibición vulneraba los derechos sexuales y reproductivos de los
menores de edad en situación de discapacidad, teniendo en cuenta que “carecen
de capacidad para el ejercicio de una paternidad o maternidad responsable”.[60]
La Sentencia C-131 de 2014 declaró
exequible la norma, respecto del cargo planteado en ese sentido, sobre la base
de las consideraciones formuladas en relación con el primer cargo: que los
menores en condición de discapacidad no puedan someterse a un procedimiento de
anticoncepción quirúrgica es constitucional, porque el legislador puede regular
la progenitura responsable y está habilitado para proteger de manera particular
a los menores y a las personas en situación de discapacidad como sujetos
especialmente vulnerables. Además, porque tampoco en ese caso la edad es un
criterio semi-sospechoso de discriminación y porque la posibilidad de que los
menores en situación de discapacidad accedan a otros mecanismos de
anticoncepción descarta la infracción de sus derechos sexuales y reproductivos.
Por último, la Corte estableció que su libre desarrollo de la personalidad
tampoco se vulnera, porque una decisión tan definitiva y trascendental como la
de la esterilización exige una capacidad reflexiva y volitiva que no es plena
antes de cumplir los 18 años.
36. En todo caso, la providencia resolvió que, también frente a
los menores en situación de discapacidad, la regla general de prohibición
prevista en el artículo 7º de la Ley 1412 de 2010 admite excepciones. El fallo
identificó dos. Según dijo, es posible que una menor en situación de
discapacidad sea sometida a una esterilización quirúrgica si existe un riesgo
inminente para su vida como consecuencia de un embarazo que no pueda evitarse
eficazmente por otros medios. El procedimiento podría realizarse cuando la
menor brinda su consentimiento informado al respecto; un juez constata su
capacidad reflexiva para consentir la cirugía y un concepto médico
interdisciplinario determina que la operación es imprescindible.
La segunda excepción es la que se presentaría cuando se verifica
la imposibilidad de que el menor pueda brindar, en el futuro, su consentimiento
para la práctica de este tipo de procedimientos. Dice al respecto el fallo que “si
no hay capacidad de consentir, ni existe la posibilidad de que se desarrolle en
el futuro, tampoco se atenta contra el derecho a una autonomía que no puede
ejercer el menor. Solo así se logra proteger la vida y la integridad del niño,
y se logra evitar su instrumentalización cuando no existen otros mecanismos
eficaces para evitar la procreación”[61]. Así
las cosas, concluyó que el consentimiento de los menores con discapacidad
respecto de la posibilidad de que se les practique una cirugía de
esterilización puede ser sustituido, si padecen una “discapacidad profunda severa,
certificada médicamente” que les impida brindar su consentimiento sobre el particular
en el futuro.
La previsión de esa segunda excepción
parte, entonces, del supuesto de que algunas personas carecen de autonomía para
tomar decisiones sobre sus derechos sexuales y reproductivos y de la idea de
que un concepto médico puede determinar si podrán tomar decisiones sobre el
particular en el futuro. El fallo aplicó tal tesis considerando las “numerosas
sentencias de tutela” que, según dijo, habían trazado “de manera clara y
reiterada el precedente a seguir en materia de esterilización quirúrgica (…)”,
fijando el alcance del derecho a la autonomía de las personas en situación de
discapacidad y el alcance de la facultad con que cuentan sus padres o sus
representantes legales decidir sobre su
esterilización definitiva.
Habría que aclarar,
sin embargo, que la sentencia derivó esas reglas de cinco providencias de
tutela que, entendió, creaban reglas vinculantes en la materia: las sentencias T-850 de 2002[62], T-248
de 2003[63],
T-492 de 2006[64],
T-988 de 2007[65]
y T-063
de 2012[66]. Las cuatro primeras se adoptaron con anterioridad a la fecha en que el Estado
colombiano ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. La Sentencia T-063 de 2012, que sí es posterior a la
ratificación de la CDPCD, resolvió el caso objeto de estudio en atención a las
disposiciones convencionales que consagran el deber estatal de garantizar los derechos sexuales y
reproductivos de las personas en situación de discapacidad, pero sin valorar,
en cambio, el reconocimiento que hizo la Convención de su capacidad jurídica,
en iguales condiciones que los demás, frente a todos los aspectos de su vida.
En cuanto a la Sentencia T-988 de 2007, es importante precisar que no alude a
un caso de esterilización, sino a uno en el que se solicitaba la práctica de un
procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. La Sala se referirá a
tales decisiones más adelante. Por ahora, examinará la otra providencia que, en
sede de control abstracto de constitucionalidad, condicionó el alcance de la
normativa que regula la práctica de procedimientos de esterilización a personas
en situación de discapacidad mental, como se solicita en el caso de Silvia.
37. La
Sentencia C-182 de 2016[67]
estudió una demanda promovida contra el artículo 6º de la Ley 1412 de 2010, que
permite que la solicitud y el consentimiento para la práctica de los
procedimientos de esterilización de los “discapacitados mentales” sean
suscritos por su representante legal, siempre que se cuente con la autorización
de un juez. En el ámbito de las pretensiones de la demanda, la Corte se propuso
determinar si el consentimiento sustituto que la norma contemplaba para esos
efectos vulneraba los artículos 13, 16 y 42 de
la Constitución y el bloque de constitucionalidad, puntualmente el artículo 12
de la CDPCD.
Tras confrontar la norma con las obligaciones internacionales
adquiridas por el Estado colombiano frente a la protección de los derechos
sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y con la
jurisprudencia que, hasta entonces, había considerado constitucional la
esterilización de personas en situación de discapacidad mental por vía del
consentimiento sustituto, la Corte decidió que era exequible.
Explicó, no obstante, que la exequibilidad se justificaba en
el contexto de la jurisprudencia constitucional que condicionaba la viabilidad
del consentimiento sustituto a que la persona hubiera sido declarada interdicta
(cuestión que, dijo, abarcaba solamente a las “personas en situación de
discapacidad mental absoluta con fundamento en una discapacidad mental severa y
profunda”[68])
y a que se hubiera obtenido una autorización judicial para llevar a cabo el
respectivo procedimiento. Esta autorización, a su vez, estaría supeditada a la
imposibilidad de que la persona concernida pudiera emitir su consentimiento en
el futuro y la necesidad médica de la esterilización.
En todo caso, el fallo reconoció que la norma, así entendida,
podía admitir diversas lecturas, y que algunas de ellas podrían confrontar la
obligación estatal de brindarles a las personas con discapacidad una protección
acorde con el modelo social de la discapacidad introducido por la CDPCD[69]. Así
las cosas, decidió condicionar su constitucionalidad a que se entendiera que “la
autonomía reproductiva se garantiza a las personas declaradas en interdicción
por demencia profunda y severa y que el procedimiento sustituto para realizar
esterilizaciones quirúrgicas tiene un carácter excepcional y solo procede en
casos en que la persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada una
vez se hayan prestado todos los apoyos para que lo haga.”
En los términos de lo expuesto en la parte motiva del fallo,
tal condicionamiento implica que en todo procedimiento judicial encaminado a
autorizar la esterilización quirúrgica de una persona con discapacidad, el
operador judicial deba presumir, siempre, que esta es capaz de ejercer su
autonomía reproductiva. La autorización del procedimiento a través del
consentimiento del representante legal solo sería posible, en esas condiciones,
si i) no existe una alternativa menos invasiva que la esterilización
quirúrgica, ii) la persona accedió a todos los ajustes razonables y apoyos
necesarios para la expresión de sus preferencias, iii) se constata que no podrá
emitir su consentimiento en el futuro y iv) que la intervención quirúrgica de
esterilización es médicamente necesaria.
En conclusión: para la Corte, sustituir el consentimiento de
una persona con discapacidad en un asunto tan delicado como la posibilidad de
disponer de su propio cuerpo y de decidir sobre sus derechos sexuales y
reproductivos no equivale a sustraerla de su autonomía cuando tales condiciones
se cumplen. La Sentencia C-182 de 2016 concluyó que tal interpretación es
coherente con el modelo social de la discapacidad porque incorpora el deber de
agotar todos los apoyos y ajustes razonables a los que la CDPCD hace
referencia. No explicó, sin embargo, cómo la idea de que un médico pueda
conceptuar que una persona en situación de discapacidad no podrá emitir su
consentimiento en el futuro puede compaginarse con ese modelo social que,
entendiendo que la discapacidad no es una condición médica, sino el resultado
de las barreras que el entorno les impone a las personas funcionalmente
diversas, protege su dignidad inherente y reconoce su capacidad jurídica, en
igualdad de condiciones que los demás, frente a todos los aspectos de su vida.
Dado que la idea de supeditar el consentimiento sustituto a
que un médico dictamine que la persona en situación de discapacidad no podrá
decidir sobre la posibilidad de que se le practique un procedimiento de
esterilización en el futuro se apoya, exclusivamente, en lo que la
jurisprudencia constitucional –incluso aquella anterior a la ratificación de la
CDPCD- había establecido en ese sentido hasta ese momento[70], la
Sala concluirá este acápite con una relación de las decisiones adoptadas por
esta corporación a ese respecto.
La viabilidad del consentimiento sustituto para la
esterilización de las personas en situación de discapacidad. Precedentes en
sede de control concreto de constitucionalidad.
38. Los fallos que declararon constitucional la posibilidad
de que las personas en situación de discapacidad profunda y severa sean
sometidas a procedimientos de esterilización con el consentimiento de sus
representantes legales se fundamentaron, como acaba de exponerse, en las
providencias de revisión de tutela que, hasta entonces, habían determinado que
la sustitución del consentimiento no vulnera la autonomía de la persona
concernida cuando es claro que, de todas maneras, no podrá manifestar su
voluntad sobre la práctica del procedimiento en el futuro. Dado que la
ratificación de la CDPCD supuso la introducción de un parámetro normativo
vinculante para la resolución de ese tipo de debates, la Sala reseñará las
sentencias que desarrollan la línea jurisprudencial sobre el tema. Para efectos
expositivos, las reseñará cronológicamente, considerando si se profirieron antes
o después de la ratificación del instrumento internacional de protección.
i)
­Decisiones
sobre la esterilización de personas en situación de discapacidad que se
adoptaron antes de la ratificación de la CDPCD
Sentencia T-850 de 2002: la figura del consentimiento
orientado hacia el futuro
39. La primera providencia que hizo una reflexión en ese
sentido fue la Sentencia T-850 de 2002[71]. La tutela estudiada en aquella ocasión
buscaba que el Seguro Social esterilizara quirúrgicamente a María Catalina, una
joven de 19 años de edad que padecía retraso mental y epilepsia refractaria. La
madre de la joven sostenía que la cirugía era necesaria, porque ni su hija ni
su familia podrían enfrentar las implicaciones de un eventual embarazo. El
Seguro Social se había negado a practicar el procedimiento, porque, según las
normas éticas de la disciplina ginecológica, la paciente debía contar con al
menos 30 años de edad y haber tenido por lo menos un hijo. Expuso, además, que
la esterilización no podía realizarse sin autorización judicial previa.
Bajo ese escenario fáctico, la Sala Quinta de Revisión se preguntó
si el hecho de que los dictámenes médicos indicaran que la joven no era ni
sería consciente de las responsabilidades que implicaba la maternidad ni de los
riesgos que el embarazo podía implicar para su salud y para su vida
justificaban sustituir su consentimiento, aunque había manifestado su deseo de
tener hijos en el futuro.
El fallo advirtió, de entrada, que las decisiones respecto de
los hijos se encuentran profundamente relacionadas con la dignidad humana y con
el respeto de su intimidad personal y familiar. En consecuencia, la decisión de
una persona de tener hijos impone al Estado y a la sociedad el deber de
armonizar este interés –que implica la protección de la autonomía individual
frente a las acciones de terceros -con el de proteger su salud y su vida.
La Corte no había estudiado antes un caso en el que una
persona en situación de discapacidad mental se viera involucrada en una
controversia de esas características. La Sala decidió acudir, entonces, a los
precedentes que habían evaluado la posibilidad de sustituir el consentimiento
de menores de edad cuando su derecho a la autonomía personal chocaba con el interés de un tercero en preservar su salud[72].
La sentencia explicó que esas tensiones se habían resuelto aplicando la
figura del consentimiento orientado hacia el futuro, esto es, considerando “la medida en que una u otra posición tiendan
a preservar la integridad de las condiciones físicas necesarias para que el
individuo, que todavía no goza de plena autonomía, pueda decidir cómo va a
ejercer su propia libertad en el futuro”.
En el caso concreto, la figura imponía
ponderar el interés en preservar al máximo la vida y la salud de María
Catalina, su capacidad para ejercer su derecho a la procreación y su interés
individual en tener hijos y formar una familia en una etapa posterior de su
vida.  Como los informes médicos aportados al expediente no descartaban
que la joven pudiera desarrollar las capacidades necesarias
para ejercer la maternidad en un momento ulterior, la Sala encontró razonable
privilegiar, en ese caso, su interés manifiesto en “establecer
una relación afectiva... formar un hogar y tener hijos”[73].
Sentencia T-248 de 2003[74]: el imperio
de la razón médica
40. Un año
después, la Sala Séptima de Revisión examinó la tutela que formuló una mujer
para que el Seguro Social autorizara la esterilización de su hija, menor de
edad y paciente de “epilepsia, retardo mental y trastorno del déficit de la atención”. La
entidad accionada se había negado a practicar el procedimiento porque no había
sido autorizado por el Instituto de Bienestar Familiar y porque no tenía
contratos con centros médicos que practicaran el procedimiento.
La Sala decidió que en los términos del mandato de protección
estatal de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, cualquier
limitación de los derechos constitucionales de las personas “con problemas
mentales”
debía ser autorizada por los jueces.[75] Resuelto, así, que el ICBF no tenía
competencia en esos casos, se propuso analizar el alcance de la interpretación
fijada en la Sentencia T-850 de 2002 en relación con la sustitución del
consentimiento.
El fallo estableció que el énfasis que la Sentencia T-850 de 2002
le había dado a la protección de la autonomía personal había surgido de las dudas
arrojadas por los dictámenes médicos en relación con la supuesta incapacidad
mental de la paciente. Se preguntó, entonces, por lo que podía ocurrir cuando “de
acuerdo con el estado del arte, se puede sostener con un razonable (alto) grado
de certeza que la persona no va a poder alcanzar un nivel tal de autonomía que
le permita comprender y dar o no su consentimiento para realizar una
intervención quirúrgica”. La sentencia estableció que, ante tal circunstancia, y
existiendo una razón médica para realizar el tratamiento solicitado, bastaría
la autorización judicial para que el mismo pudiera llevarse a cabo. Su
conclusión fue tajante: ante la inexistencia del ejercicio de la autonomía individual,
impera la razón médica, dirigida a salvaguardar la vida, integridad física
o salud del paciente[76].
Sentencia T-492 de 2006[77]: la
autorización judicial para la esterilización de una persona mayor de edad
supone que, antes, esta haya sido declarada interdicta.
41. En 2006, la Sala Sexta de Revisión estudió la tutela que promovió una mujer
con el fin de que su hija, de 26 años, paciente de síndrome de Down y quien
para entonces tenía ocho meses de embarazo, se sometiera a una cirugía de
ligadura de trompas en el momento en que se le practicara la cesárea programada
por su médico tratante.
La Sala estableció que la accionante no estaba legitimada para
formular la tutela, porque no había agotado un trámite judicial de
interdicción, que es la única vía para adquirir la representación legal de una
persona mayor de edad[78]. Aunque, en
ese orden de ideas, resolvió que la solicitud de amparo era improcedente,
precisó que la autorización para la práctica de un proceso de esterilización
exigía agotar dos pasos: el trámite del proceso de interdicción para obtener la
calidad de representante o curador del hijo en situación de discapacidad y la
obtención de la autorización judicial para realizar el procedimiento médico de
esterilización quirúrgica. La autorización judicial, dispuso, dependería de que se
acreditara la utilidad y la necesidad concreta del
procedimiento y la conveniencia de adoptar medidas complementarias, “según
las condiciones particulares de la mujer, su grado de autonomía, sus
posibilidades de recuperación, etc.”.
Sentencia
T-1019 de 2006[79]: las etapas para obtener la
autorización judicial de una esterilización bajo el modelo médico.
42. De nuevo
en 2006, la Sala Cuarta de Revisión estudió una tutela relativa a la
posibilidad de que la accionante sustituyera a su hija, una menor de 16 años
con retardo mental moderado y secuelas de parálisis cerebral, en la emisión del
consentimiento para practicar una cirugía de ligadura de trompas que el médico
tratante había autorizado.
La Sala resaltó la importancia de que el consentimiento para
intervenir médicamente el cuerpo de una persona sea otorgado por ella misma, de
manera libre, autónoma y razonada. Admitió, no obstante, que un tercero podría
brindar tal consentimiento, si las facultades mentales, físicas o síquicas del paciente
le impedían brindar su consentimiento en esas condiciones. Siguiendo la regla
de decisión formulada en la Sentencia T-248 de 2003, la providencia planteó que
la decisión debería quedar en manos de los médicos. A continuación estableció
las etapas que deberían surtirse para obtener la autorización judicial para la
práctica de una esterilización de un menor de edad en ese contexto.
La
providencia sostuvo que, para el efecto, habría que establecer el
“grado de retraso mental del menor”, lo cual estaría a cargo de un cuerpo
médico multidisciplinario. Si el nivel de discapacidad fuere de tal dimensión
que descartara la posibilidad de que el paciente pudiera alcanzar la suficiente
autonomía personal para decidir sobre el particular por sí mismo, podrían ser
los padres del menor quienes brindaran su consentimiento para la práctica del
procedimiento. Con tal objeto, en todo caso, deberían iniciar el trámite
judicial destinado a obtener la autorización correspondiente. Obtenida la
autorización judicial, el procedimiento quirúrgico debería practicarse, en los
términos que los protocolos médicos exigen[80].
ii)
­Decisiones
sobre la esterilización de personas en situación de discapacidad que se
adoptaron con posterioridad a la ratificación de la CDPCD
Sentencia T-063 de 2012: Las personas en situación de
discapacidad tiene derecho a acceder a información sobre sus derechos sexuales
y reproductivos
43. A
tan solo tres años de la entrada en vigor de la CDPCD, Colombia se convirtió,
en mayo de 2010, en el centésimo país en ratificarla. Cuando la Corte estudió
el caso que resolvió por vía de la Sentencia  T-063 de 2012, la Convención
acumulaba ya más de un año de vigencia en el orden interno. Para entonces ya
estaban vigentes, también, las leyes 1306  de 2009 y 1214 de 2010. La primera
les asignó a los jueces de familia la función de autorizar las restricciones
relacionadas con el “derecho de familia”[81] de las
personas con “discapacidad mental absoluta” cuando buscaran la protección del individuo[82]. La segunda, ya se dijo,
abrió la puerta para la
práctica de esterilizaciones gratuitas, prohibiéndolas en todo caso para los
menores de edad y habilitando su práctica, frente a personas en situación de
discapacidad mental, con autorización judicial y por vía del consentimiento
sustituto.
Bajo ese nuevo panorama, la Sala Cuarta
de Revisión estudió el caso de una joven de 21 años con discapacidad mental
moderada, a quien su padre pretendía esterilizar quirúrgicamente sobre el
supuesto de que no era “apta para ser madre de familia”. La solicitud no
fue valorada de fondo porque la joven no había sido declarada interdicta. Eso
suponía que su padre no estaba legitimado para presentarse como su
representante legal. Sin embargo, el caso presentaba una circunstancia que lo
distinguía de las situaciones que la Corte había valorado hasta entonces. En
esa ocasión, el procedimiento había sido autorizado por la EPS. La tutela se
promovió ante los obstáculos administrativos que había impuesto el hospital
para realizarlo.
La Sala, no obstante, determinó que la autorización no había
tenido sustento científico ni constitucional, y que se oponía a los compromisos
convencionales que el Estado colombiano había adquirido recientemente respecto
de  la
garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en situación
de discapacidad. El fallo dejó sin efecto la autorización para realizar el
procedimiento y dictó órdenes encaminadas a garantizar que accediera a
información y orientación sobre sus derechos sexuales y reproductivos y sobre
los métodos de planificación que más se ajustaran a sus necesidades[83].
Sentencia T-740 de 2014[84]: La obligación estatal de brindar
apoyos y ajustes razonables.
44. A pocos meses de que la Corte hubiera resuelto la
constitucionalidad de la prohibición de esterilización de los menores de edad
contemplada en la Ley 1412 de 2010, la Sala Novena de Revisión debió dilucidar
si una EPS había vulnerado los derechos fundamentales a la autonomía y la
integridad personal, a la salud sexual y reproductiva y al consentimiento libre
e informado de una menor de edad con síndrome de Down, al negarse a practicarle
un procedimiento de esterilización quirúrgica de “ligadura de trompas”, de conformidad con lo que
su padre había solicitado a ese respecto.
El fallo se refirió, en principio, al mandato
internacional que tras la ratificación de la CDPCD vinculaba al Estado
colombiano a adoptar todas las medidas necesarias para reconocer que las
personas en situación de discapacidad pueden tomar sus propias decisiones y a
otorgarles los apoyos y ajustes razonables que les permitan emitirlas. También
advirtió que la esterilización vulnera los derechos de las mujeres y de las
niñas en situación de discapacidad cuando no consulta su consentimiento. En
esos casos, por ejemplo, el procedimiento no opera como un factor de
protección. En lugar de ello, aumenta el riesgo de vulnerabilidad frente a
situaciones como el abuso sexual.
En el caso
concreto, la Sala determinó la improcedencia del amparo, por ser el juez de
familia el competente para garantizar los derechos de las mujeres y de las
niñas en situación de discapacidad. Pese a eso, se pronunció sobre el fondo del
asunto,  clarificando que el procedimiento no podía
autorizarse por vía de tutela porque el caso no se enmarcaba en las hipótesis
exceptivas a la prohibición general de practicar esterilizaciones a menores de
edad en situación de discapacidad contempladas en la Sentencia C-131 de 2014.
Precisó, al respecto, que la paciente era menor de 14 años, lo cual suponía que
su caso estuviera enmarcado en el ámbito de la prohibición de derecho para
practicar el procedimiento.
Tras constatar que la menor se encontraba en una situación de
vulnerabilidad, pues la EPS recomendó implantarle un implante subdérmico”
-al parecer, sin soporte médico y sin buscar su consentimiento informado en ese
sentido- el fallo impartió órdenes encaminadas a garantizar su acompañamiento y
asesoría, mediante la provisión de los ajustes y apoyos del caso, para
salvaguardar integralmente el respeto de sus derechos fundamentales y, en
particular, sus derechos sexuales y reproductivos[85].
Sentencia
T-303 de 2016: de vuelta al modelo médico.
45. A principios de este año, y con posterioridad al fallo
que declaró exequible el consentimiento sustituto de las personas declaradas
en interdicción por demencia profunda y severa para la práctica de
procedimientos de esterilización cuando no pudieran
manifestar su voluntad libre e informada, una vez prestados los apoyos del
caso, la Sala Séptima estudió la tutela promovida por la madre de una joven de
17 años diagnosticada con retraso mental moderado.
La accionante pidió autorizar la
esterilización de su hija, pues la EPS le exigía allegar una autorización
judicial para el efecto. Como fundamento de su solicitud, narró que la joven
era de “muy difícil manejo” y que debía encerrarla porque era “asediada por los
hombres”. La Sala Séptima estableció que la conducta de la EPS se había
ajustado al ordenamiento constitucional, porque para el momento de la
interposición de la tutela, la hija de la actora era menor de edad, de manera
que podía procederse a la esterilización con la sola autorización judicial,
pues tal es el “único requisito previsto por la
ley para otorgar el consentimiento para la esterilización quirúrgica de
personas menores de edad en condición de discapacidad mental”.
Como a la fecha del fallo la joven ya
era mayor de 18 años, la Sala determinó que sus padres i) deberían adelantar el
proceso de interdicción y ii) agotar el proceso especial,
ante un Juez de Familia, quien sería el que autorizara la práctica del
procedimiento de esterilización quirúrgica. Indicó, además, que la joven
debería someterse a una valoración médica especializada que permitiera establecer si
su “condición de retraso mental” le permitiría, en el futuro, tener o no
la suficiente autonomía en su voluntad para asumir una decisión de tal
trascendencia.  Realizada tal valoración, y “establecido el nivel de
discapacidad de la joven”, y si éste fuese tan alto que permitiera asegurar
que “no podría tener autonomía personal” para decidir por sí misma si
deseaba o no tener hijos, la EPS debería informarle a su
representante legal sobre el procedimiento quirúrgico o médico a seguir, para
que este otorgara su consentimiento sustituto. En ese momento, el representante
legal debería iniciar el trámite judicial para la autorización de la cirugía de
ligadura de trompas.
La sentencia, pues, asumió que basta
con una autorización judicial para que un menor de edad con discapacidad sea
esterilizado y que un concepto médico puede definir el grado de autonomía de
una persona con discapacidad para tomar decisiones sobre la posibilidad de
tener hijos. No mencionó, en cambio, que la adopción de ese tipo de decisiones
supone brindarle al interesado los apoyos y ajustes razonables para
pronunciarse al respecto. Tampoco presumió la autonomía de la persona
concernida, como, se supone, debe hacerse en virtud de la Sentencia C-182 de
2016.
Al final, el asunto se resolvió sobre
la base de las reglas de decisión aplicadas por la Sentencia T-1019 de 2006. Su
parte resolutiva reprodujo, incluso, las órdenes de amparo impartidas por
aquella providencia. Eso implica que, en su último pronunciamiento sobre la
garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en situación
de discapacidad, la Corte volvió sobre el criterio de decisión aplicado hace 10
años, cuando la CDPCD no había entrado en vigor y los deberes que el
instrumento internacional les impone a sus Estados partes respecto del
reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la
adopción de medidas que conduzcan a la eliminación del modelo de sustitución de
decisiones no eran vinculantes para el Estado colombiano.
Tal es el estado actual de la
jurisprudencia constitucional sobre la protección de los derechos fundamentales
de las personas en situación de discapacidad frente a la práctica de
esterilizaciones. El recuento elaborado hasta este punto permite advertir,
desde ya, que todos los asuntos estudiados en sede de control concreto de
constitucionalidad involucran a mujeres y a niñas. El asunto que aquí se
analiza plantea una tensión entre la autonomía personal de una menor de edad en
situación de discapacidad intelectual –Silvia- y el interés de su madre–Consuelo-
en proteger su salud y su integridad física. En este punto, y sobre la base
de lo expuesto, pasa la Sala a resolverlo.
Estudio del caso concreto
46. La controversia constitucional
que convoca la atención de la Sala alude a la posible vulneración de los
derechos fundamentales de Silvia, quien ha sufrido distintas dolencias
–periodos menstruales prolongados, náuseas,
dolores abdominales y de cabeza- desde que se le implantó un dispositivo
subdérmico de anticoncepción, en octubre de 2014. Su mamá, Consuelo,
promovió la tutela para que el dispositivo sea retirado –pues los médicos le
informaron que eso solo sería posible dentro de cinco años- y para que, en su
reemplazo, se someta a Silva a un procedimiento quirúrgico de
anticoncepción definitiva. Silvia, como se ha expuesto, es menor
de edad y padece síndrome de Down. Al momento de la interposición de la tutela,
tenía 15 años de edad.
47. La Unidad Hospitalaria AA y CC EPS no se pronunciaron
sobre la solicitud de  amparo. La
Empresa Social del Estado XX se opuso a ella por varios motivos. Dijo, primero,
que es un prestador de servicios del primer nivel de atención y que Silvia
ha contado con todas las atenciones de primer nivel que ha requerido.
Sus profesionales de enfermería le brindaron información –tanto a ella como a
su mamá- sobre métodos anticonceptivos y los médicos orientaron a Consuelo sobre
los pasos que debía seguir para solicitar la práctica del procedimiento
quirúrgico de anticoncepción. Al respecto, le indicaron que debía obtener una
autorización judicial. En todo caso, la entidad advirtió que la solicitud de
amparo es improcedente, considerando los precedentes jurisprudenciales que,
como la Sentencia T-740 de 2014, han reiterado que los procedimientos de
esterilización definitiva de personas en situación de discapacidad requieren
autorización del juez competente.
48. La
juez a quo denegó el amparo invocado para la práctica de la cirugía de
esterilización, porque Consuelo no afirmó ni demostró haber obtenido una
autorización judicial para el efecto. Sin embargo, protegió los derechos
fundamentales que estimó vulnerados ante la negativa de retirar el dispositivo
subdérmico. La funcionaria ordenó remitir a Silvia a un especialista,
para que determinara la viabilidad de cambiar el dispositivo anticonceptivo por
uno menos lesivo para su salud, y aclaró que tal procedimiento debería ser
distinto a la esterilización, a menos que un juez la autorizara.
49. En
ese orden de ideas, la Sala se propuso resolver dos problemáticas. La primera
alude a la posible infracción de los derechos fundamentales a la salud y a la
integridad física de Silvia, derivada de las dolencias que ha debido
soportar con ocasión de la implantación del dispositivo subdérmico y de la
decisión de no retirarlo. La segunda, con la eventual infracción de sus
derechos a la autonomía, a la integridad personal y de sus derechos sexuales y
reproductivos, pues los hechos sugieren que se sustituyó su voluntad, en
contravía de los estándares internacionales de protección que reconocen que las
personas en situación de discapacidad tienen capacidad jurídica para tomar
decisiones, en iguales condiciones que los demás, sobre todos los aspectos de
su vida.
50. En
consideración al enfoque con que fueron abordados los fundamentos de esta
decisión, la Sala se ocupará primero, de estudiar el segundo problema jurídico,
este es, el relativo a la eventual infracción de los derechos a la autonomía, a
la integridad personal y los derechos sexuales y reproductivos de Silvia.
Su solución, sin embargo, impone dilucidar una cuestión preliminar, relacionada
con las posibles contradicciones que existirían, hoy, entre los estándares
internacionales de protección de las personas con discapacidad que reconocen su
capacidad jurídica incondicionalmente y las disposiciones legales que, en el
contexto de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, avalarían la
adopción de algunas decisiones que les conciernen bajo la figura del
consentimiento sustituto.
El
recuento elaborado en la parte motiva de esta providencia sugiere, en efecto,
que los artículos 6º y 7º de la Ley 1412 de 2010 -sobre la práctica gratuita de
procedimientos quirúrgicos de anticoncepción a menores de edad y personas en
situación de discapacidad- y la lectura que ha hecho de ellos la Corte
Constitucional podrían estar limitando el alcance de la protección que la CDPCD
les prodiga a las personas con discapacidad, específicamente, en lo que tiene
que ver con el reconocimiento de su capacidad jurídica para tomar decisiones
sobre cuestiones relacionadas con la familia, la maternidad, las relaciones
personales y en general, sobre aquellas que conciernen al ejercicio de sus
derechos sexuales y reproductivos.
Las tres
entidades que prestaron su colaboración a la Sala en el trámite de revisión
formularon observaciones en ese sentido. Profamilia recordó que la CDPCD
compromete a sus Estados parte a eliminar las barreras que discriminan a las
personas en situación de discapacidad y a garantizar que mantengan su
fertilidad en iguales condiciones que los demás. Advirtió, también, sobre los
pronunciamientos de los órganos de monitoreo que instan a prohibir mediante ley
las esterilizaciones forzadas. Indicó, entonces, que la Corte sí ha permitido
realizar procedimientos de esterilización por vía del consentimiento sustituto.
Su intervención comienza, justamente, identificando las condiciones puntuales
en las que dicha práctica se admite.
Las
intervenciones de PAIIS y la Defensoría del Pueblo coincidieron en calificar
como problemático que la jurisprudencia constitucional admita la sustitución de
las decisiones de las personas en situación de discapacidad y su esterilización
no consentida en casos límite. Para ambas, tal criterio jurisprudencial
contradice el marco internacional de protección que presupone la capacidad jurídica
de las personas en situación de discapacidad frente a todo escenario, proscribe
la sustitución de sus decisiones y prohíbe someterlas a esterilizaciones
forzadas bajo cualquier circunstancia. Sobre ese supuesto, PAIIS se refirió al
caso objeto de estudio como una oportunidad de replantear la manera en que la
Corte ha abordado la discapacidad en aspectos como la capacidad jurídica y los
derechos sexuales y reproductivos[86].
La Defensoría del Pueblo también le pidió a la Sala revisar y unificar su jurisprudencia
en la materia.
52. Ante
ese panorama, la solución del caso concreto parecería enfrentar una primera
disyuntiva. Si el problema jurídico propuesto alude a la eventual infracción de
los derechos fundamentales de Silvia, en tanto se han adoptado decisiones
sobre sus derechos sexuales y reproductivos que aparentemente no consultaron su
consentimiento, ¿qué estándar debería aplicar la Sala para solucionarlo? ¿El de
la CDPCD, que garantiza su derecho a la igualdad ante la ley y el pleno
ejercicio de su capacidad jurídica frente a todos los asuntos que le conciernen
o el de las disposiciones legales que, en palabras de los intervinientes,
permiten sustituir su consentimiento para la autorización de procedimientos
quirúrgicos de anticoncepción en casos excepcionales previstos por esta
corporación?
Las
hipótesis de sustitución del consentimiento a las que aluden las entidades que
participaron en el trámite de revisión son las mencionadas en dos recientes
fallos de constitucionalidad: la Sentencia C-131 de 2014, que declaró la
exequibilidad simple de la disposición que prohíbe la práctica de
esterilizaciones forzosas a menores de edad bajo cualquier circunstancia, y la
Sentencia C-182 de 2016, que declaró constitucional la posibilidad de someter a
las personas en situación de discapacidad a procedimientos definitivos de
anticoncepción por vía del consentimiento sustituto siempre que se entienda que
i) se garantiza la autonomía reproductiva a las personas declaradas en
interdicción “profunda y severa” y que ii) la sustitución procede en casos
excepcionales y cuando la persona no pueda manifestar su voluntad libre e
informada, una vez se le hayan prestado todos los apoyos.
53. Ambas
decisiones hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional. Tal circunstancia,
en principio, supondría que el caso objeto de estudio deba resolverse a la luz
de las reglas de las decisiones adoptadas por cada una de ellas. Lo anterior,
en razón del respeto irrestricto que todo funcionario judicial les debe a los
pronunciamientos de esta corporación en sede de control abstracto de
constitucionalidad y de la garantía de los bienes jurídicos superiores que
podrían verse comprometidos si se adoptaran decisiones que controviertan la
interpretación que incumbe realizar a esta corporación como supremo intérprete
de la Carta: los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza
legítima.
Es
preciso considerar, sin embargo, que los pronunciamientos que profiere la Corte
en sede de control abstracto de constitucionalidad pueden hacer tránsito a cosa
juzgada absoluta o relativa, y que solo el primer escenario cierra la
posibilidad de que los funcionarios judiciales, en ejercicio de la autonomía
que les ha sido reconocida, interpreten los postulados normativos de una disposición cuya constitucionalidad
haya sido objeto de control previo. Si, en cambio, la decisión de
constitucionalidad hizo tránsito a cosa juzgada relativa, queda para el
funcionario judicial la posibilidad de interpretar la norma examinada, siempre
que lo haga bajo una perspectiva distinta de aquella que signó el análisis
realizado por la Corte.
Esto implica que, ante la posibilidad de aplicar una disposición
que la Corte Constitucional estudió en sede de control abstracto, el
funcionario judicial deba identificar i) las razones de la decisión y ii) si se
predica de ellas la existencia de la cosa juzgada constitucional absoluta o de
la cosa juzgada constitucional relativa. El último escenario lo habilitaría
para estudiar la disposición correspondiente bajo un parámetro distinto al
valorado por la Corte, que desarrolle, en todo caso, los principios y valores
de la Carta.
En ese orden de ideas, la Sala se ocupará de identificar a
continuación la naturaleza de los efectos de cosa juzgada de las decisiones
adoptadas por la Sala Plena a través de las sentencias C-131 de 2014 y C-182 de
2016. Tal tarea le exige identificar, previamente, la ratio decidendi de
cada providencia. Advertido, así, cuáles son los aspectos de cada decisión que
resultan vinculantes para los operadores jurídicos, la Sala abordará el estudio
del caso concreto.
Las razones de la decisión adoptada en la Sentencia C-131 de 2014
y sus efectos de cosa juzgada constitucional relativa.
La ratio decidendi de la Sentencia C-131 de 2014
54. Los efectos de cosa juzgada que producen las sentencias de
control abstracto de constitucionalidad se predican tanto de su parte
resolutiva –aquella que determina si la disposición acusada es o no compatible
con la Constitución- como de su ratio decidendi, es decir, de los argumentos
de su parte motiva que fundamentaron la regla que determinó el sentido y el
contenido de la decisión de constitucionalidad o de inconstitucionalidad
adoptada por la Corte.
¿Cómo identificar cuáles son esos argumentos? La Corte ha
establecido que, para el efecto, es preciso considerar tres elementos: la norma
objeto de examen; el referente constitucional que sirvió de base para decidir
sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la disposición y el
criterio que determinó la decisión correspondiente. En ese ámbito, la ratio
de la decisión estaría integrada por aquellos aspectos sin los cuales “sería
imposible saber cuál fue la razón determinante por la cual la Corte
Constitucional decidió en un sentido, y no en otro diferente en la parte
resolutiva”.[87]
55. La Sentencia C-131 de 2014 examinó la constitucionalidad del
artículo 7º de la Ley 1412 de 2010, que, como ya se ha dicho, consagra la
prohibición general de someter a los menores de edad a procedimientos de
anticoncepción definitiva. En concreto, la norma dice que “en ningún caso se permite la
práctica de la anticoncepción quirúrgica a menores de edad”.
Como se expuso en el fundamento jurídico 34 de esta providencia,
la constitucionalidad de la disposición se examinó en relación con dos cargos.
El primero la acusaba de infringir los derechos a la dignidad, igualdad y libre
desarrollo de la personalidad, en relación con el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos, y el derecho a fundar una familia de los menores de
entre 14 y 18 años, en tanto les impedía someterse a un procedimiento de
esterilización a pesar de que la ley reconoce su capacidad legal para contraer
matrimonio y decidir sobre procrear o abstenerse de ello. El segundo, de
vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad en
situación de discapacidad, en tanto prohibía someterlos a procedimientos de
esterilización, a pesar de que “carecen de capacidad para el ejercicio de
una maternidad o paternidad responsable”[88].
56. La Corte declaró la exequibilidad simple de la disposición
respecto de ambos cargos. Situada en el ámbito del dilema constitucional objeto
de análisis, la Sala debe determinar, ahora, cuáles fueron los criterios que
fundamentaron la decisión de declarar exequible la prohibición legal por el
cargo relativo a la supuesta infracción de los derechos sexuales y
reproductivos de los menores en situación de discapacidad.
Para el efecto, basta con remitirse, de nuevo, a las
consideraciones que sobre el particular se plantearon en la parte motiva de
esta providencia (Supra 35). Allí se dijo que la norma se declaró
exequible, sin condicionamientos, con fundamento en los argumentos que
sustentaron la exequibilidad de la norma frente al primer cargo. Al respecto,
en la providencia se lee lo siguiente:
6.3.2. Retomando las consideraciones
realizadas en esta sentencia con respecto al primer cargo, la Corte considera
que también en este caso es constitucional, que los menores en condición de
discapacidad sean excluidos de la posibilidad de someterse a la anticoncepción
quirúrgica. En efecto, tal y como se mencionó anteriormente, el Legislador ha
sido facultado por la Constitución en el artículo 42, para regular todo lo
concerniente a la progenitura responsable. Adicionalmente también está habilitado
para proteger de manera particular a los menores y en particular a los
discapacitados como sujetos especialmente vulnerables.
6.3.3. Tampoco en este caso se
advierte que la edad se constituya en un criterio semi-sospechoso de
discriminación puesto que al fijarse como edad mínima los 18 años, no se
convierte este criterio en un rasgo permanente de la personalidad.
6.3.4. Los derechos sexuales y
reproductivos de los menores en condición de discapacidad no se ven afectados
puesto que existen otros mecanismos de anticoncepción que pueden evitar la
procreación. Además no se vulnera su libre desarrollo de la personalidad,
porque, como en el caso de los menores sin discapacidad y en edad de procrear,
se presume que una decisión tan definitiva y trascendental como la de la
esterilización, supone la capacidad de comprender los efectos de esta
intervención y tener la madurez para asumirlos. Por consiguiente, también en
este caso se considera que la capacidad reflexiva y volitiva no es plena antes
de cumplir los 18 años y que por ende el Legislador acertadamente limitó la
posibilidad de someter a estos menores a la anticoncepción”.
57. La Corte, pues, resolvió que la
prohibición general de someter a los menores en situación de discapacidad a
procedimientos quirúrgicos de esterilización no vulnera los derechos sexuales y
reproductivos de los menores de edad en situación de discapacidad,
fundamentalmente, por tres razones: i) porque el legislador puede imponer tal
prohibición, en ejercicio de la facultad que le concede la Constitución para
regular el ejercicio de la progenitura responsable y proteger los intereses de
los menores de edad y de las personas en situación de discapacidad; ii) porque,
en tanto la prohibición opera respecto de una edad mínima, no supone un
criterio semi sospechoso de discriminación y iii) porque el hecho de que los
menores en situación de discapacidad puedan acudir a otros mecanismos de
anticoncepción para evitar la procreación descarta que la prohibición examinada
vulnere sus derechos sexuales y reproductivos. Al final, la Sala Plena sustentó
su decisión de una razón adicional: iv) la existencia de obligaciones
internacionales que comprometen al Estado colombiano a preservar la fertilidad
de las personas con discapacidad y, de manera específica, la fertilidad de los
niños y de las niñas[89].
Tales fueron, en síntesis, los
motivos que la llevaron a declarar que la prohibición legal de someter a los
menores de edad de edad a procedimientos de anticoncepción quirúrgica
definitiva no vulnera los derechos sexuales y reproductivos de aquellos que, estando en
situación de discapacidad, “carecen de capacidad para el ejercicio de una
paternidad o maternidad responsable”.
La sentencia declaró la exequibilidad
del artículo 7º de la Ley 1412 de 2010 sin ningún condicionamiento. Habría que
considerar, no obstante, que su parte motiva menciona dos casos excepcionales
en los que los menores de edad en situación de discapacidad podrían ser
sometidos a procedimientos de esterilización. Una de esas excepciones operaría
a través del consentimiento sustituto. En el contexto del debate planteado,
habría que determinar si tales excepciones hacen parte de la ratio decidendi
de la Sentencia C-131 de 2014. La Sala opina que no, por las razones que pasan
a exponerse.
Las excepciones a la prohibición legal de practicar procedimientos
de anticoncepción quirúrgica a los menores de edad en situación de discapacidad
que menciona la Sentencia C-131 de 2014 no hacen parte de su ratio decidendi.
En consecuencia, no son vinculantes para los operadores jurídicos.
58. Tras resolver sobre la constitucionalidad del artículo 7º
de la Ley 1412 de 2010 respecto del cargo relativo a la supuesta infracción de
derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad en situación de discapacidad,
la Sentencia C-131 de 2014 mencionó un par de situaciones que, eventualmente,
podrían constituir excepciones a la regla general que prohíbe la esterilización
de menores de edad en cualquier caso.
La primera es la que podría presentarse cuando la vida de la
menor en situación de discapacidad se viera expuesta a un riesgo inminente como consecuencia del
embarazo que no pudiera evitarse eficazmente por medios distintos a la
esterilización. La segunda, en el escenario hipotético en el que la niña o el
niño en situación de discapacidad padecieran una “discapacidad profunda y
severa, certificada médicamente” que les impidiera consentir a futuro la
práctica de dicho procedimiento quirúrgico. El fallo planteó que, ante esta
última eventualidad, el consentimiento podría ser otorgado por el representante
legal del menor y que el procedimiento, en todo caso, debería contar con la
autorización de un juez.
59. Ambas
excepciones parten de situaciones hipotéticas en las que la prohibición legal
de esterilización de los menores de edad podría generar tensiones
constitucionales entre la autonomía individual del menor de edad en situación
de discapacidad y “el interés del Estado en preservar la vida y la salud de
estas personas”.
La
sentencia vislumbró que esas tensiones se podrían presentar eventualmente, como
había ocurrido en el pasado, teniendo en cuenta los casos que, sobre el tema,
se habían revisado hasta entonces en sede de revisión de tutela. El fallo, como
se explicó antes, consideró cinco providencias: las sentencias T-850 de 2002,
T-248 de 2003, T-492 de 2006 y T-988 de 2007, proferidas antes de que la CDPCD
entrara en vigor en el ámbito interno, y la Sentencia T-063 de 2012 que, ya
ciñéndose a la Convención, reconoció el derecho de todas las personas con
discapacidad en edad de contraer matrimonio a
casarse y fundar  una familia sobre la base de su consentimiento libre e
informado, sus derechos a la autodeterminación reproductiva, a acceder a
información y educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados
para su edad y a mantener su fertilidad, en igualdad de condiciones con los
demás.
La sentencia advirtió la posibilidad de que los operadores
jurídicos se vieran enfrentados a situaciones similares, en las que la
prohibición legal de someter a un menor de edad con discapacidad a un
procedimiento de esterilización creara dilemas constitucionales no previstos
por el legislador ni advertidos por la Corte, que, al fin y al cabo, estaba
examinando la norma en sede control abstracto. Para anticiparse a esos
escenarios, planteó dos excepciones a la esterilización que, a manera de
herramienta interpretativa, podrían guiar el análisis que debería llevar a cabo
la autoridad judicial en cada caso concreto.
Las excepciones a la esterilización que menciona la Sentencia
C-131 de 2014  operan, justamente, como un criterio de interpretación, pues no
hacen parte de la razón de la decisión de constitucionalidad que adoptó la Sala
Plena. En consecuencia, no constituyen precedente vinculante para los operadores
jurídicos[90].
60.
Obsérvese, así mismo, que la prohibición legal de someter a procedimientos de
anticoncepción definitiva a los menores de edad por el cargo de infracción de
los derechos sexuales y reproductivos de los menores con discapacidad fue declarada
exequible sin ningún condicionamiento[91].
Tal circunstancia confirma que las hipótesis exceptivas que el fallo menciona
operan tan solo como un parámetro interpretativo que los jueces pueden aplicar
o no, atendiendo a las particularidades de los casos sometidos a su
conocimiento. En su aclaración de voto a la Sentencia C-131 de 2014, la
magistrada María Victoria Calle se refirió a tal circunstancia en los
siguientes términos:
“En la
solución de las dos situaciones analizadas (si se violaban los derechos de las
personas menores en general y si se violaban los derechos de las personas
menores con necesidades significativas) la respuesta fue la misma: la norma es
constitucional. Sin embargo, debido a lo radical y fuerte de los términos de la
prohibición, la Sala Plena decidió aclarar que, al igual que ocurre con las
demás normas del ordenamiento, pueden existir casos concretos y específicos en
los que se deba hacerse una excepción constitucional a la aplicación de la
norma acusada. Es decir, si bien se trata de una regla general válida, y por
tanto exequible, pueden existir casos en los que, por sus particularidades, no
sea aceptable que la regla se aplique.
(…) la Corte considera que la
prohibición de someter a las personas menores a la anticoncepción quirúrgica,
incluso si tienen necesidades mentales especiales y significativas es acorde a
la Constitución, “[…] siempre que no exista un riesgo inminente de
muerte certificado médicamente como consecuencia del embarazo o cuando se trata
de una discapacidad mental profunda o severa, evento en el cual se requerirá de
previa autorización judicial.” En otras palabras, la norma es
constitucional salvo que un juez, verificado el caso concreto, concluya que
existe un mayor riesgo de afectación a los derechos constitucionales
(concretamente el derecho a la vida) en restringir el acceso del menor a esta
tecnología de salud reproductiva.
Ahora bien, ¿por qué la Sala Plena no
condicionó la norma como otros Magistrados de la Sala lo propusieron? A mi
juicio hay dos razones para ello: no era necesario hacerlo y condicionar era
una medida que no estaba libre de riesgos adicionales significativos. (…)
i) la Corte Constitucional debe condicionar la exequibilidad de una norma sólo
si no cuenta con otra herramienta constitucional que le permita proteger la
Constitución sin tener que recurrir a esa figura. En el presente caso ocurría
esto. (…) ii) no es adecuado condicionar una regla si con ello se puede generar
nuevos problemas y dificultades adicionales. En este asunto de haberse
condicionado la norma, para proteger a los menores que eventualmente se pueden
ver afectados de la prohibición radical impuesta, se podría haber abierto una
puerta que pusiera en riesgo los derechos reproductivos de jóvenes
adolescentes, en especial, de aquellos con necesidades especiales mentales
significativas, debido a los prejuicios que socialmente enfrentan. La decisión
adoptada por la Corte en la sentencia C-131 de 2014 asegura que si la puerta a
la prohibición acusada se va a abrir, se haga caso a caso, considerando el
interés superior concreto del menor de que se trate, y previa valoración de un
juez de la República”.
61. Que la prohibición legal de
someter a menores de edad a procedimientos de esterilización no se haya
condicionado y que las excepciones mencionadas por la Sentencia C-131 de 2014
operen tan solo como un criterio interpretativo implica que, bajo cualquier
circunstancia, los operadores jurídicos deban abordar este tipo de casos
reconociendo que la prohibición es constitucional respecto de los cargos que en
tal ocasión estudió la Corte.
La
Sentencia C-131 de 2014 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional relativa
62.
Cuando la Corte no señala el efecto de sus decisiones de control abstracto de
constitucionalidad, se entiende que hacen tránsito a cosa juzgada absoluta.
Esto implicaría que la norma examinada fue declarada exequible o inexequible en
su totalidad y frente a todo el texto constitucional.
Que la
Sentencia C-131 de 2014 haya declarado exequible el
artículo 7º de la Ley 1412 de 2010 “por los cargos
analizados” significa que la Corte le dio efectos de cosa
juzgada relativa. En otras palabras, la Corte limitó su escrutinio a los cargos formulados en la
demanda, sin emitir juicios sobre la conformidad de la norma con otras
disposiciones de la Carta. Esto implica que la prohibición pueda ser examinada
por cargos distintos en el futuro y, sobre todo, que sean los jueces
constitucionales quienes determinen la manera en que resulta compatible con
otros principios y valores superiores, en cada caso concreto.
63. Ahora
bien, en el escenario del asunto objeto de revisión, la prohibición legal de
someter a los menores de edad a procedimientos de esterilización quirúrgica fue
declarada constitucional, solamente, en tanto, no vulnera los derechos
sexuales y reproductivos de los menores en situación de discapacidad que
“carecen de capacidad para el ejercicio de una paternidad o maternidad
responsable”.
Que la Corte no haya estudiado si la prohibición de
esterilizar a los menores de edad en situación de discapacidad resulta
compatible con el principio constitucional de igualdad (artículo 13 CP) y con
los derechos de los niños (artículo 44); que no haya verificado si garantiza el
libre desarrollo de su personalidad (artículo 16 CP), su derecho a la
autodeterminación reproductiva (artículo 42 CP) o si materializa la prohibición
de ser sometido a tortura (artículo 12 CP); que no lo haya examinado, tampoco,
en el ámbito de los compromisos internacionales que vinculan al Estado
colombiano a reconocer la dignidad inherente de las personas con discapacidad
(artículo 3º CDPCD); su derecho a la igualdad (artículo 5º CDPCD); su derecho a
ser reconocidos como jurídicamente capaces, en igualdad de condiciones que los
demás, en todos los aspectos de su vida; sus derechos a la autodeterminación
reproductiva y a mantener su fertilidad (artículo 23 CDPCD); a ser protegidos
contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 15
CDPCD); su derecho a la integridad personal (artículo 17 CDPCD) y los derechos
de los niños y de las niñas con discapacidad (artículo 7º CDPCD) deja ese
análisis en manos de los jueces. Serán ellos quienes, en cada caso, deban
determinar si la prohibición se ajusta la Carta. En aras de la solución del
caso objeto de estudio, la Sala deberá realizar ese ejercicio.
La Sentencia C-182 de 2016 no fija una regla constitucional
aplicable para la solución del dilema constitucional objeto de análisis.
64. La
Sentencia C-182 de 2016 estudió una demanda de inconstitucionalidad formulada
contra el artículo 6º de la Ley 1412 de 2010, que, ya se ha dicho, indica que
la solicitud y el consentimiento para la práctica de la vasectomía y la
ligadura de trompas, en el caso de los “discapacitados mentales”, serán
suscritos por su representante legal, previa autorización judicial.
El fallo
declaró exequible la norma, de nuevo, por los cargos analizados, en el
entendido de que “la autonomía reproductiva se garantiza a las personas
declaradas en interdicción por demencia profunda y severa y que el consentimiento sustituto para realizar esterilizaciones
quirúrgicas tiene un carácter excepcional y sólo procede en casos en que la
persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada una vez se hayan
prestado todos los apoyos para que lo haga”.
La Sentencia C-182
de 2016 hizo tránsito, también, a cosa juzgada constitucional relativa. Según
se plantea en la providencia, la decisión adoptada implica que la sustitución
del consentimiento de las personas con discapacidad para efectos de la práctica
de procedimientos de esterilización quirúrgica no vulnera los artículos 13, 16 ni 42 de la
Constitución ni el artículo 12 de la CDPCD si se da excepcionalmente, cuando,
prestados los respectivos apoyos, la persona no pudo manifestar su voluntad
libre e informada ni podrá hacerlo en el futuro, según lo que al respecto haya
determinado un médico. En ese orden de ideas, será también cada operador
judicial, en el contexto de las particularidades de cada caso concreto, el que
determine si el consentimiento sustituto respeta los principios y valores de la
Carta que no fueron examinados por la sentencia.
65. Al margen de esto, la Corte encuentra que, en tanto
estudió una disposición aplicable a las personas en situación de discapacidad
que han alcanzado la mayoría de edad, la Sentencia C-182 de 2016 no crea reglas
constitucionales aplicables al caso objeto de estudio. Los asuntos que, como
este, aluden a la posibilidad de que un menor de edad sea sometido a un
procedimiento de esterilización quedan comprendidos en la hipótesis del
artículo 7º de la Ley 1412 de 2010. La Sentencia C-131 de 2014 indicó al
respecto:
“El artículo 7º de
la Ley 1412 de 2010 establece una prohibición absoluta de someter a los menores
de edad a la anticoncepción quirúrgica. En este sentido, se entienden incluidos
los menores de edad en condición de discapacidad. Por otra parte, el artículo
6º de la misma Ley, regula el procedimiento para realizar la esterilización a
los discapacitados mentales estableciendo que en esos casos, la solicitud y el consentimiento serán suscritos por el respectivo
representante legal, previa autorización judicial. Se entiende que esta norma se aplica a los discapacitados mayores de
edad, puesto que, tal y como se mencionó anteriormente, los menores de edad en
condición de discapacidad quedan incluidos en el supuesto del artículo 7º”.
Bajo ese supuesto,
pasa la Sala a identificar, a continuación, el parámetro para la solución del
caso concreto.
El parámetro para la solución del caso concreto: la imposibilidad
de practicar procedimientos de esterilización a través de la figura del
consentimiento sustituto.
66. En ese orden de ideas, pasa la Sala a resolver sobre la
eventual infracción de los derechos fundamentales de Silvia en el
contexto de la situación narrada por Consuelo, de los argumentos
planteados por la única de las entidades accionadas que se pronunció sobre la
tutela y de las intervenciones del Ministerio Público y de las organizaciones
que prestaron su colaboración en el trámite de revisión.
Como, en el ámbito de los efectos de cosa juzgada relativa de la
Sentencia C-131 de 2014, debe ser cada juez quien realice una lectura
constitucional de la prohibición legal de esterilización de los menores de edad
que contempla la Ley 1412 de 2010, la Sala aclara, desde ya, que entiende que
la prohibición desarrolla las premisas del modelo social de la discapacidad que
reivindica la CDPCD, instrumento internacional de protección de los derechos
humanos de las personas con discapacidad que es vinculante para el Estado
colombiano tras su ratificación en 2011. En consecuencia, el examen de la
controversia constitucional objeto de estudio se abordará considerando:
i)
Los compromisos internacionales vinculantes para el Estado
colombiano
66.1. Por vía de la ratificación de la CDPCD, y en el contexto de
la lectura que han hecho de sus disposiciones sus órganos de control y
monitoreo, el Estado colombiano se comprometió a lo siguiente:
-A respetar la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas con discapacidad. En los términos de la Observación General No. 1 del
Comité de la Convención, esto implica suprimir los sistemas que niegan la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad y sustituirlos por un
sistema de apoyo a sus decisiones.[92]
-A reconocer que las mujeres y niñas con discapacidad están
sujetas a múltiples formas de discriminación y se compromete a adoptar medidas
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
-A reafirmar que las personas con discapacidad tienen derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica, reconoce su capacidad jurídica en
iguales condiciones que los demás en todos los aspectos de su vida y se
compromete a brindarles los apoyos y salvaguardias necesarias para que la
ejerzan.
-A garantizar que ninguna persona en situación de discapacidad sea
sometida a tortura u otros tratos y penas crueles. Como, a la luz de la
doctrina de los órganos de control y monitoreo de la CDPCD y de los
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos las
esterilizaciones forzosas se consideran tortura, el Estado colombiano reconoce
que nadie puede ser sometido a ellas, bajo ningún supuesto.
-A reconocer que toda persona con discapacidad tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones que los
demás.
-A reconocer el derecho de todas las personas con discapacidad en
edad de contraer matrimonio a casarse y a fundar una familia sobre la base de
su consentimiento libre y pleno.
-A adoptar medidas para asegurar que se respete el derecho a la
autodeterminación reproductiva de las personas con discapacidad.
-A tomar medidas para garantizar que las personas con discapacidad
accedan a información y educación sobre planificación familiar apropiada para
su edad y a los medios necesarios para el ejercicio de esos derechos.
-A tomar medidas para garantizar que las personas con discapacidad,
incluidos los niños y las niñas, mantenga su fertilidad en iguales condiciones
que los demás.
ii)
La decisión adoptada por esta corporación, a través de la
Sentencia C-293 de 2010[93]
66.2. La Sentencia C-293 de 2010 resolvió que todas las disposiciones
de la CDPCD son adecuadas, razonables y conducentes a su ejecución y
cumplimiento y advirtió la plena conformidad de los objetivos del instrumento
internacional y la Carta Política. También llamó la atención sobre la
oportunidad que creaba la suscripción del tratado y la ejecución de
sus compromisos en el propósito de profundizar la capacidad del Estado y de la
sociedad colombiana para materializar fines constitucionales tan importantes
como la igualdad real y efectiva y la promoción y protección de las personas
con discapacidad.
La Sala entiende, así mismo, que los
compromisos que adquirió el Estado colombiano al ratificar la Convención son
coherentes con los mandatos superiores que propugnan por la protección especial
de los niños y de las niñas, con aquellos proscriben la posibilidad de ser
sometido a tortura, tratos crueles o degradantes y con la garantía
constitucional de los derechos a la dignidad humana, a la personalidad
jurídica, al libre desarrollo de la personalidad y a conformar una familia.
También son consecuentes con los compromisos adquiridos por Colombia en el
ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos[94].
iii) Las
observaciones del órgano de control y monitoreo de la CDPCD sobre la
implementación del instrumento internacional en Colombia.
66.3. En sus observaciones al Informe
inicial del Estado colombiano sobre la implementación de la CDPCD[95],
el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad manifestó su preocupación por el hecho de que la esterilización de
personas con discapacidad sin su consentimiento y con la autorización de un
juez, sea una práctica legal en Colombia, “incluso ratificada por sentencias de la Corte
Constitucional (C-182 de 13 de abril de 2016 y T-303 de 2016) incluyendo para
dictar excepciones a la
Ley 1412 de 2010 que autoricen la esterilización de niños con discapacidad
cognitiva y psicosocial (C-131 de 2014)”.
Al analizar el estado de cumplimiento
del artículo 17 convencional, sobre la protección de la integridad personal de
las personas con discapacidad, el Comité instó al Estado colombiano a “adoptar las medidas necesarias para abolir la
esterilización de personas
con discapacidad sin su consentimiento libre e informado, incluyendo la
derogación del artículo 6 de la ley 1412 de 2010” y le recomendó revisar, de inmediato, “las sentencias de la Corte Constitucional, con
objeto de mantener la prohibición de esterilización de personas con
discapacidad, particularmente de niños y niñas, sin su consentimiento libre e
informado individual, sin excepción”. También recomendó tomar medidas, “incluyendo la formación de
jueces y fiscales con la participación de organizaciones de personas con
discapacidad”, sobre los derechos de las personas con discapacidad y las
obligaciones internacionales contraídas por Colombia, en especial las relativas
a la no discriminación por motivo de discapacidad y a la integridad personal de
los niños con discapacidad”.
En relación con el artículo 12, sobre
el igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley, el Comité
recomendó derogar “toda disposición en el Código Civil y otras normas que
restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad” y adoptar medidas legales y administrativas para
proporcionarles los apoyos que requieran para ejercer ese derecho plenamente y
tomar decisiones “en los ámbitos de la salud, sexualidad, educación y otros,
sobre la base del respeto pleno a su voluntad y preferencias”, como lo
establece la Observación General Nº 1 del Comité, que la Sala reseñó
previamente (Supra 26).[96]
iv) Las barreras
sociales que impiden que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus
derechos sexuales y reproductivos.
66.4 En su intervención en sede de
revisión, Profamilia advirtió sobre los diversos riesgos de salud a los que
suelen verse expuestas las personas con discapacidad -como la gestación y el
parto puerperio, la prevalencia de infecciones de transmisión sexual y VIH, el
cáncer de cérvix, el cáncer de próstata o testículos y las situaciones de
violencia sexual[97]- por cuenta de la ausencia de
atención en salud sexual y reproductiva y de la falta de información y
educación accesible.
Señaló Profamilia que las barreras de
acceso, comunicación y conocimiento que exponen a las personas con discapacidad
a esos riesgos comprende el desconocimiento de sus necesidades por parte del
personal médico y los mitos y prejuicios sobre su sexualidad, que les impiden
acceder a servicios de anticoncepción y de prevención y atención oportuna en
casos de violencia sexual. Eso explica que las familias de las personas con
discapacidad opten por métodos de anticoncepción definitivos, como ha ocurrido
en los casos revisados por la Corte[98].
La interviniente explicó que, desde
los casos y solicitudes de esterilización que la asociación recibe en el día a
día, ha podido observar que los jueces de familia no siguen la jurisprudencia
de la Corte ni consideran el contexto de la persona y los ajustes razonables que
requiere para acceder a información veraz y cualificada sobre métodos
anticonceptivos. Por el contrario, en gran número de casos las autorizaciones
se fundamentan solamente en el dictamen de interdicción judicial y en los de
Medicina Legal, que “concluyen la incapacidad en materia económica y para
administrar bienes, sin embargo, no dan razón sobre la autonomía sexual y
reproductiva de la persona”.
La Defensoría del Pueblo, como se
expuso antes, llamó también la atención sobre los imaginarios sociales que,
percibiendo a las personas con discapacidad desde el discurso de la
normalización, presumen que los temas sobre la sexualidad y la
autodeterminación reproductiva no les son relevantes. La Defensora Delegada
para Asuntos Constitucionales y Legales advirtió, especialmente, sobre la forma
en que esos prejuicios impactan sobre las mujeres. PAIIS, justamente, insistió
en la importancia de valorar la interseccionalidad que existe entre las
categorías de género, edad y discapacidad, pues “de manera sistemática, se
ven violados derechos sexuales y reproductivos de mujeres en situación de
discapacidad en razón de su identidad. Las mujeres en situación de discapacidad
son esterilizadas en mayor número en comparación a cualquier otro grupo social,
lo cual constituye una clara discriminación hacia esa identidad en particular”[99].
El
Reporte que sobre las violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres con
Discapacidad, Mujeres en situación de desplazamiento y personas transgénero
realizó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en
octubre de 2013, en respuesta a los informes periódicos presentados por
Colombia, resaltó como el marco legal colombiano ha incurrido también en esos
prejuicios, al permitir la declaratoria de incapacidad absoluta de las personas
con discapacidad y su esterilización únicamente con el consentimiento de su
representante legal. Respecto al caso específico de las mujeres y de las niñas,
explicó que la práctica de las esterilizaciones parte, justamente, de la
creencia errónea de que las protege contra el abuso sexual que puede resultar
en un embarazo y de la idea de que, en general, las personas con discapacidad
no son aptas para ser padres o madres[100].
Conclusión
67. La
información remitida por los intervinientes, los reportes de los órganos de
control y monitoreo de los tratados internacionales de Derechos Humanos
ratificados por Colombia[101]
y los supuestos fácticos de los casos que han sido examinados por esta
corporación en sede de revisión de tutela –relativos, todos, a solicitudes de
esterilización de mujeres y niñas en situación de discapacidad- revelan que no
es sostenible, a la luz de la Constitución, insistir en un criterio de decisión
que, perpetuando los estereotipos sociales que perciben a las personas en
situación de discapacidad como seres incapaces de tomar decisiones autónomas en
materia sexual y reproductiva, los expone a una práctica que vulnera sus
derechos a la dignidad humana, a la igualdad y su integridad personal.
Así las cosas, y en el escenario de
los cuatro factores que acaban de exponerse, la Sala entiende que ninguna
circunstancia habilita la adopción de decisiones que incumben a las personas en
situación de discapacidad por vía del consentimiento sustituto, y que, en todo
caso, debe presumirse su capacidad jurídica para tomar decisiones de forma
libre y autónoma, mediante los apoyos, ajustes razonables y salvaguardas que el
Estado debe facilitarles para el efecto.
En consecuencia, en aquellos casos en
los que la persona no logre manifestar su voluntad sobre la posibilidad de que
se le practique un procedimiento de esterilización, una vez se le hayan
otorgado todos los apoyos y salvaguardias para que lo haga, el procedimiento no
debería practicarse. Reivindicando en ese sentido el principio “Nada sobre
nosotros sin nosotros” que inspiró la incorporación del modelo social de la
discapacidad, pasa la Sala a resolver los dilemas constitucionales propuestos.
Recapitulación. Los supuestos
fácticos que sustentan la solicitud de amparo y los elementos probatorios
allegados al expediente.
68. La tutela objeto de estudio
persigue el amparo de los derechos fundamentales que las accionadas le habrían
vulnerado a Silvia al negarse a retirarle el dispositivo de
anticoncepción que le fue implantado en octubre de 2014 y que según su mamá, Consuelo,
le ha ocasionado diversos problemas de salud.
Consuelo explicó que
la joven ha sufrido mucho por cuenta de los síntomas que ha experimentado desde
que se le implantó el dispositivo (periodos menstruales prolongados, náuseas,
dolor abdominal y de cabeza). Por eso, les solicitó a los médicos de la Unidad
Hospitalaria AA retirarlo y, en su lugar, someter a Silvia una
tubectomía. La tubectomía, como se ha expuesto, es un procedimiento quirúrgico
de anticoncepción definitiva. Ante la negativa de los médicos, Consuelo promovió
la tutela, pues ni ella ni su esposo cuentan con los recursos necesarios para
sufragar el costo del procedimiento. La pretensión formulada por Consuelo
parte, pues, de su preocupación por los efectos que el dispositivo Jadelle ha
tenido sobre la salud de Silvia, en particular, porque transcurrido un
año desde la fecha en que le fue implantado, los síntomas no habían
desaparecido, como inicialmente le informaron los médicos. La tutela precisa
que fue tal situación la que la motivó a solicitar que se retirara el
dispositivo y que se practicara, en su lugar, la cirugía de esterilización.
69. CC EPS no se pronunció sobre lo
pretendido por Consuelo en el trámite de instancia[102] ni
en sede de revisión, cuando la Sala la requirió para el efecto. Como se expuso
antes, el oficio que la Secretaría General de esta corporación  le remitió para
notificarla del requerimiento fue devuelto con la anotación de que su recibo
había sido rehusado. La Sala entiende que la EPS renunció al ejercicio de su
derecho de defensa, y que, en el marco de las particularidades del caso, su
conducta obstaculizó la labor de la administración de justicia, en tanto
impidió identificar supuestos fácticos relevantes para la solución de la
problemática objeto de análisis. La Sala advertirá a la EPS sobre su obligación
de atender las órdenes judiciales y ordenará remitir copias de esta providencia
a la Superintendencia Nacional de Salud, para lo de su competencia.
70. La falta de respuesta de CC EPS y
la imposibilidad de contactar a Consuelo, cuya dirección de notificación
no obra en el expediente, limitaron la posibilidad de identificar las
prestaciones de salud a las que ha accedido Silvia con posterioridad al
momento en que se le implantó el dispositivo anticonceptivo. La Sala tiene
certeza, sin embargo, de las prestaciones de primer nivel que le ha brindado,
desde entonces, la Empresa Social del Estado XX.
En sede de instancia, la entidad
advirtió que ha prestado todos los servicios requeridos, que sus profesionales
nunca se negaron a retirar el dispositivo subdérmico y que, en cambio,
orientaron a Consuelo sobre los pasos que debía seguir para obtener la
autorización para practicar la cirugía de esterilización definitiva. Pidió
considerar, como prueba de ello, las copias de los certificados de las
consultas aportados con la tutela.
70.1. El primer documento da cuenta
de una valoración psicológica realizada el 21 de agosto de 2015. En esa
ocasión, la profesional de psicología que atendió a Silvia la describió
como una paciente “con síndrome de Down y cretinismo asociado a retraso
mental secundario, que llega al servicio para solicitar una valoración que
argumente la decisión de la madre de realizarle la tubectomía”. Tras
advertir que la menor integra una familia nuclear –padre, madre e hija-,
que vive en una casa propia con servicios públicos básicos y que las relaciones
de la familia son buenas, la profesional sintetizó, en los siguientes términos,
los motivos de la consulta:
“La madre expresa que con el método
de planificación, Jadelle, Silvia ha tenido periodos menstruales más abundantes
y dolor abdominal. Que considera mejor para la menor realizar la tubectomía,
pues le sugirieron que no eran buenas las inyecciones ni las pastillas y la
asusta el comportamiento altamente asexuado que tienen algunas personas con
Down o que alguien se quiera aprovechar de su hija”[103].
En el acápite de observaciones, la
psicóloga indicó que entabló un diálogo con la madre y con la menor y que
ahondó en el interés de Consuelo en que se llevara a cabo la “tramitación
de la tubectomía”. Explicó
que Consuelo dijo “no poder contemplar que Silvia se exponga al malestar físico y
emocional al que debe enfrentarse una madre al tener un hijo. ‘Ella que solita
no puede. Quién le va a ayudar’”. Como indicaciones, la profesional anotó solamente las siguientes: “Realizar
actividades lúdicas y recreativas. Fomentar hábitos de alimentación saludables”.
70.2. El segundo documento registra
una cita de medicina especializada en ginecología y obstetricia a la que Consuelo
y Silvia acudieron en octubre de 2015. En esa ocasión, el médico
identificó a Silvia como una paciente de 15 años con síndrome de Down que
“usa el Jadelle, dice la madre que desde entonces tiene dolor de cabeza y
solicita la realización de la cirugía para no tener más hijos”. El
documento refiere, como diagnóstico principal, “consejo y asesoramiento
general sobre la anticoncepción”. Tras insistir en que Consuelo pidió
someter a Silvia a una cirugía de esterilización, el médico concluyó,
sobre el particular, lo siguiente:
“Al ser menor de edad con
discapacidad notoria, pero con sobrados argumentos para pedir la cirugía para
no tener más hijos, requiere: asistir a bienestar familiar o a un juez de la
república (juzgado de familia) exponer el caso y solicitar la interdicción del
caso para que ellos (Estado) emita una orden de responsabilidad por la menor y
poder así realizar la cirugía. Con la orden, y la orden que emito de
anticoncepción quirúrgica, hacer el trámite administrativo con la EPS para la
cirugía. Por lo tanto, se solicita: anticoncepción quirúrgica voluntaria,
hemograma y uroanálisis, como requisitos previos a la cirugía”[104].
70.3.  En sede de revisión, la
Empresa Social del Estado XX informó que, según la historia clínica, Silvia fue
atendida por última vez en una de sus unidades hospitalarias y dentro del
servicio de planificación familiar, en cita del 18 de diciembre de 2015.
En esa ocasión, la enfermera que
llenó la nota clínica consignó como motivo de la consulta que la menor fue “traída
por su madre para el retiro de implantes subdérmicos”. En el acápite de descripción del procedimiento se
refirió, nuevamente, al retiro del implante subdérmico Jadelle “por
mareos y vómitos” y agregó: “se llena consentimiento informado”. A
continuación anotó, a manera de indicaciones, que Silvia no debería
levantar objetos pesados por 10 días, ni mojar la zona de la herida, y que esta
debería destaparse dentro de los siete días siguientes.  La nota termina con la
siguiente anotación: “iniciar de forma inmediata anticoncepción si no se
está planeando embarazo y reforzar MAC por 4 semanas. Si evidencia eritema,
sangrado, calor y rubor en la herida, salida de líquido purulento, consultar al
servicio de urgencias de forma inmediata”[105].
71.
Las circunstancias descritas revelan que el dispositivo subdérmico Jadelle que
le estaba causando a Silvia las dolencias informadas por Consuelo
ya fue retirado. Como acaba de exponerse, su remoción se llevó a cabo en
diciembre de 2015, esto es, casi un mes después de la fecha en que el Juzgado,
en decisión de única instancia, le ordenó a CC EPS remitir a Silvia a un
especialista que revisara su caso y los padecimientos que el dispositivo le
estaba causando. El dispositivo fue, entonces, extraído en cumplimiento de la
sentencia, que había ordenado estudiar la posibilidad de cambiarlo por otro
anticonceptivo menos dañino para la salud de la menor que, además, debería ser
distinto de la esterilización, mientras se obtenía la autorización judicial
para practicarla.
72. La
infracción del derecho fundamental a la salud que buscaba conjurarse por vía de
la tutela promovida por Consuelo fue, desde esa perspectiva, superada,
en razón de las órdenes impartidas por la juez de instancia. Que el dispositivo
subdérmico de anticoncepción haya sido removido permite suponer que los
síntomas que motivaron la interposición de la tutela desaparecieron. Es
importante considerar, al respecto, que la ESE informó que Silvia no
tiene más registros de atención de primer nivel en ese centro médico.
Como
la Sala, sin embargo, no tiene certeza sobre la condición de salud actual de Silvia,
en razón de la imposibilidad de contactar a Consuelo y de la renuencia
de CC EPS a responder al requerimiento que se le formuló con ese objeto,
impartirá unas órdenes encaminadas a garantizar la continuidad de los servicios
de salud que la menor pueda requerir, considerando que se vio expuesta a dos
procedimientos invasivos que, como se verá a continuación, fueron realizados
sin consultar ni obtener su consentimiento.
En lo
que sigue, y considerando el enfoque con el que se propuso abordar el estudio
de la presente controversia, la Sala verificará si las accionadas adoptaron las
medidas encaminadas a garantizar que Silvia accediera a información
completa, oportuna y adecuada sobre sus derechos sexuales y reproductivos y si
le proporcionaron los ajustes, los apoyos y las salvaguardias necesarias para
que comprendiera el propósito, las alternativas y las implicaciones de los
procedimientos mediante los cuales le fue implantado y extraído el dispositivo
anticonceptivo subdérmico. Resuelto ese punto, estudiará la segunda pretensión
formulada en la tutela: aquella relativa a la posibilidad de someter a Silvia
a un procedimiento de anticoncepción definitiva.
La infracción de los derechos sexuales
y reproductivos de Silvia. La estructuración de un daño consumado por cuenta
del implante y el retiro del dispositivo de anticoncepción, sin consultar ni
obtener su consentimiento.
73. En
reiteradas oportunidades, esta corporación se ha referido a los derechos
sexuales y reproductivos como aquellos que garantizan que cada individuo tome
decisiones libres e informadas sobre el ejercicio de su sexualidad y sobre su
intención de tener o de no tener hijos, la oportunidad y la frecuencia con que
desee hacerlo. La Corte ha advertido, así mismo, que su salvaguarda involucra
obligaciones estatales de respeto, de garantía y de cumplimiento. Las dos
primeras aseguran que el ámbito de la libertad de elección con que cuenta cada
persona en esa materia esté desprovisto de interferencias. Las de cumplimiento,
que se adopten las medidas encaminadas a permitir que cada quien acceda a los
recursos y a las herramientas necesarias para ejercer esa libertad plenamente.
74. La
Sala indicó antes que, en el contexto de las obligaciones internacionales que
adquirió el Estado colombiano al ratificar la CDPCD, la garantía de los
derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad supone, ante
todo, que se reconozca su capacidad jurídica para tomar decisiones autónomas e
informadas en esa materia. Eso, a su vez, implica que se elimine el enfoque de
sustitución de sus decisiones por uno que reconozca que pueden manifestar su
voluntad y sus preferencias al respecto si se les proporcionan los apoyos
adecuados para hacerlo.
Tal
tarea, sin embargo, impone derribar antes los prejuicios que pesan sobre las
personas con discapacidad, y en especial sobre las mujeres y sobre las niñas.
Como se expuso en la parte motiva de esta providencia, el principal obstáculo a
vencer es la persistencia de patrones de discriminación que, sobre la base de
estereotipos, cuestionan su aptitud para autodeterminarse sexual y
reproductivamente (Supra. 28, 29 y 30). La eliminación de esos estereotipos
debería conducir a la eliminación de cualquier modalidad de sustitución de su
consentimiento.
75.
Ahora bien, ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que protege la
Convención? y ¿Qué medidas debe ejecutar el Estado para salvaguardarlos? Al
respecto habría que recordar que, reconociendo a las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y de la condición humana y reivindicando la
dignidad que les es inherente, el instrumento internacional proscribió
cualquier distinción, exclusión o
restricción que tenga el propósito o el efecto de impedirles gozar, en las
mismas condiciones que los demás, de sus derechos y sus libertades
fundamentales.
Las
personas con discapacidad son titulares, pues, de los derechos sexuales y
reproductivos que se predican de cualquier individuo. Que puedan ejercerlos en
iguales condiciones que los demás, depende, sin embargo, de que el Estado
adopte las medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación
que enfrentan en esa materia y asegurar que i) se reconozca su derecho a
conformar una familia, sobre la base de su consentimiento libre y pleno; ii) se
respete su derecho a decidir libremente y de manera responsable el número de
hijos que desean tener y el tiempo que debe transcurrir entre cada nacimiento;
iii) se les permita acceder a información y educación sobre reproducción
familiar que sean apropiados para su edad y a los medios necesarios para
ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y iv) mantener su fertilidad, en
igualdad de condiciones que los demás.
76. La
Sala mencionó antes que la Ley 1618 de 2013 le impuso al Ministerio de Justicia
la tarea de proponer e implementar ajustes al sistema de interdicción judicial
y la de desarrollar uno que, en cambio, permita que las personas con
discapacidad ejerzan su capacidad jurídica y tomen decisiones con apoyo, en los
términos del artículo 12 de la CDPCD. Al Ministerio de Salud lo comprometió a
garantizar que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles a
las personas con discapacidad.
Sin
embargo, ninguna de esas obligaciones legales se ha traducido en la adopción de
medidas concretas. Eso explica que, en agosto pasado, el Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad haya recomendado el Estado colombiano
derogar las disposiciones que restringen la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad y adoptar, en su lugar, medidas legales y administrativas para
proporcionarles los apoyos que requieran para ejercer ese derecho, de manera
que puedan tomar “decisiones en los ámbitos de salud, sexualidad, educación
y otros, sobre la base del respeto pleno a su voluntad y sus preferencias”.
Al
analizar el estado de cumplimiento de las disposiciones convencionales
relativas a la garantía del derecho a la salud, el Comité manifestó su
preocupación por la falta de accesibilidad de las personas con discapacidad a
la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y por los prejuicios
y actitudes negativas del personal encargado de la prestación de servicios de
salud. Ante las falencias verificadas, le recomendó al Estado colombiano
asegurar que se garantice el “consentimiento libre e informado de las
personas con discapacidad en la prestación de servicios de salud, incluyendo
los de salud sexual y reproductiva”, a través de protocolos, y capacitar al
personal de salud sobre su dignidad y sus derechos, incluyendo su derecho a
consentir, de forma libre e informada, sobre los servicios de salud que se les
presten.
Frente a
ese último punto, la CDPCD es enfática. Los Estados parte deben exigirles a los
profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención
de la misma calidad que a las demás, sobre la base de un consentimiento libre e
informado. Tal tarea puede cumplirse de muchas formas. La Convención menciona
la adopción de programas de capacitación que sensibilicen sobre los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con
discapacidad y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en
los ámbitos público y privado.
77. Es
claro, pues, que no existe actualmente una política pública encaminada a
garantizar que las personas con discapacidad accedan a información y educación
sobre sus derechos sexuales y reproductivos y que los prestadores del servicio
de salud no cuentan, tampoco, con un marco de referencia para brindarles la
orientación que requieren y asistirlos en la adopción de decisiones autónomas e
informadas a ese respecto. En el contexto de los imaginarios sociales, del
marco normativo y de la jurisprudencia que han perpetuado la idea de que las
decisiones de las personas con discapacidad pueden ser sustituidas por las de
sus familiares, los profesionales de salud y los jueces, si se constata que no
podrán emitir su consentimiento en el futuro, esos vacíos han generado el mismo
resultado: la adopción de decisiones por vía del consentimiento sustituto, sin
que se hayan brindado los apoyos necesarios para asegurar que la persona
concernida pueda manifestar sus voluntad y sus preferencias. Así ocurrió,
justamente, en el caso de Silvia, quien no contó con la oportunidad de
decidir sobre el implante ni sobre la extracción del dispositivo de
anticoncepción subdérmico.
78. La
información consignada en los reportes de las consultas de psicología y de
medicina especializada a las que asistió Silvia cuando, ante los
síntomas que estaba padeciendo por cuenta del implante del dispositivo
subdérmico, su mamá solicitó someterla a la cirugía de esterilización, da
cuenta de que su opinión no fue consultada en ningún momento. La profesional
que la atendió en la primera cita advirtió que entabló un diálogo “con la
madre y con la menor”, pero no consignó ninguna observación sobre lo que
pudo concluir sobre Silvia a partir de ese diálogo.
El
documento, por el contrario, hace énfasis en los intereses y en las preocupaciones
de Consuelo. En el relato efectuado por la psicóloga, es ella, Consuelo,
la que informa sobre los padecimientos de Silvia y la que manifiesta sus
temores sobre la posibilidad de que la menor se convierta en madre y deba
enfrentarse a los desafíos físicos y emocionales que ese rol comporta. También
es Consuelo quien indaga sobre la efectividad de ciertos métodos de
anticoncepción, y quien plantea, considerando los comentarios que le han hecho
al respecto, que lo mejor para Silvia sería practicarle una tubectomía.  La
psicóloga no refiere que haya brindado alguna orientación al respecto. Llama la
atención que, en lugar de ello, haya recomendado que Silvia realizara actividades lúdicas
y recreativas y que siguiera hábitos de alimentación saludables.
Algo similar ocurrió en la consulta
con el especialista en ginecología y obstetricia, quien se limitó a informar a Consuelo
sobre los pasos que debía agotar para obtener la autorización judicial en
virtud de la cual la EPS autorizaría la tubectomía. Aunque la cita se programó
con el objeto de brindar “consejo y orientación general” sobre
anticoncepción, el especialista consideró, sobre el único supuesto de que Silvia
es una menor de edad con “discapacidad notoria”, que existían
“sobradas” razones para someterla a una tubectomía. Con esa convicción, su
orientación consistió en informar a Consuelo los requisitos que debía
satisfacer con ese objeto. El médico no indicó haber consultado el parecer de Silvia
sobre la posibilidad de someterla al procedimiento quirúrgico. De hecho, la
historia de la consulta médica no refiere, siquiera, que se haya intentado
indagarla al respecto.
Tampoco existen pruebas de que la
opinión de Silvia haya sido considerada al adelantar los trámites
encaminados a extraer el dispositivo subdérmico. Como se recordará, la remoción
del dispositivo fue ordenada por la juez de instancia, en aras de proteger el
derecho a la salud de la joven. La funcionaria, sin embargo, no impartió
ninguna orden encaminada a garantizar que la remoción estuviera precedida de
los apoyos, ajustes y salvaguardias necesarios para asegurar que el
procedimiento fuera consentido por Silvia. Y aunque la EPS advirtió que,
según la nota clínica de la atención prestada en aquella oportunidad, se llenó
el consentimiento informado, la ausencia de apoyos y salvaguardias encaminados
a que Silvia ejerciera plenamente su capacidad jurídica descartan que
haya sido libre e informado.
En ese orden de ideas, la Sala
encuentra que, frente a la remoción del dispositivo subdérmico, el
consentimiento de Silvia fue sustituido. Tal circunstancia supuso la
infracción de sus derechos sexuales y reproductivos y de los demás derechos
fundamentales cuya garantía se ve comprometida cuando los primeros se
trasgreden.
79. Que Silvia no haya
accedido a información y educación sobre reproducción y planificación familiar
apropiada para su edad, que no se le hubiera orientado sobre los métodos de
anticoncepción adecuados en razón de sus circunstancias y necesidades concretas
y que no se le hayan proporcionado los apoyos, ajustes y salvaguardias
necesarios para que expresara su voluntad y decidiera informada y libremente si
deseaba someterse a algún método de anticoncepción, para que, de ser ese el
caso, eligiera el de su preferencia, supuso que se vulneraran sus derechos a la
dignidad humana y al libre desarrollo de su personalidad.
También su derecho a la igualdad,
pues la denegación de los ajustes razonables necesarios para garantizar que las
personas con discapacidad gocen y ejerzan sus derechos humanos y libertades
fundamentales, es, a la luz de la CDPCD, una conducta discriminatoria[106]. El
artículo 7 del instrumento internacional salvaguarda el derecho de los niños y
las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas
las cuestionen que les afecten. La disposición prevé que esa opinión debe
considerarse teniendo en cuenta la edad y la madurez de quien la expresa, como
ocurre respecto de los demás niños y niñas.
Silvia, sin embargo,
no fue asistida para ejercer ese derecho. Como resultado, se le sometió a
procedimientos invasivos –el implante y la extracción del dispositivo
subdérmico- respecto de los cuales no se obtuvo su consentimiento. Esto supuso
que se trasgrediera, también su derecho a la integridad física. La Sala entiende,
entonces, que por cuenta del implante y la extracción del dispositivo Jadelle
se consumó la infracción de los derechos sexuales y reproductivos de Silvia y
de sus derechos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a
la igualdad y a la integridad física. La Sala adoptará medidas encaminadas a
reparar la infracción de esos derechos. Antes, estudiará la pretensión de
autorizar la práctica del procedimiento quirúrgico de anticoncepción
definitiva.
Mientras sea menor de edad, Silvia no
puede ser sometida a un procedimiento de anticoncepción definitiva.
80. La juez de instancia negó el
amparo de los derechos fundamentales que, según Consuelo, las accionadas
le habrían vulnerado a Silvia al no autorizar el procedimiento de
anticoncepción quirúrgica. Para la funcionaria, el hecho de que Consuelo hubiera
sido orientada acerca de los pasos que debería agotar para obtener la
autorización judicial que, a la luz de las normas aplicables y de la
jurisprudencia constitucional, se requiere para someter a una persona con
discapacidad a la práctica de una esterilización, le trasladaba a ella la carga
de demostrar que satisfizo esos requisitos. Como, sin embargo, no acreditó que
hubiera obtenido la autorización judicial necesaria para el efecto, la juez a
quo denegó el amparo solicitado.
81. La Sala confirmará la decisión
adoptada en ese sentido, pero por razones diferentes a las consignadas en el
fallo de instancia. Ciertamente, existen providencias de revisión de tutela que,
en el pasado, han considerado que es posible someter a un menor de edad a un
procedimiento de esterilización en situaciones excepcionales: cuando se
encuentre en riesgo su vida y cuando, en el marco de un proceso judicial, se
constate que no puede ni podrá brindar su consentimiento a ese respecto. En el
último caso,  la cirugía procedería por vía del consentimiento sustituto.
La Sala Novena de Revisión, sin
embargo, propuso abordar este tipo de casos a partir de una lectura que,
alejándose de los prejuicios que conciben la discapacidad como una condición
médica, y acercándose al modelo social que la define como un concepto que
evoluciona y que está dada por la interacción entre una diversidad funcional y
el entorno, reconsidere la idea de que un dictamen médico basta para predecir
si una persona con discapacidad podrá o no tomar decisiones autónomas en el
futuro.
82. El cambio se propone considerando
varios factores. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que la primera
alusión a la posibilidad de autorizar la esterilización de las personas con
discapacidad cuando no exista posibilidad de obtener su consentimiento en el
futuro se haya planteado antes de que Colombia ratificó la CDPCD. Como se
expuso en la parte motiva de esta decisión, la Sentencia T-248 de 2003, el segundo
fallo de revisión de tutela que estudió una controversia relativa a la
viabilidad de someter a una persona con discapacidad a un procedimiento de
esterilización, planteó que la intervención quirúrgica es factible, por vía del
consentimiento sustituto y contando con autorización judicial, cuando “de acuerdo con el estado del
arte, se puede sostener con un razonable (alto) grado de certeza que la persona
no va a poder alcanzar un nivel tal de autonomía que le permita comprender y
dar o no su consentimiento para realizar una intervención quirúrgica”.
La providencia indicó que, “ante la inexistencia del
ejercicio de la autonomía individual, impera la razón médica, dirigida a
salvaguardar la vida, integridad física o salud del paciente”. Tal fue el
punto de partida de la tesis que replicaron dos salas de revisión en sentencias
posteriores[107], proferidas, en todo caso,
antes de que la CDPCD se convirtiera en un parámetro normativo vinculante en el
orden interno. La Corte asumió, en un contexto social y jurídico que leía la
discapacidad desde la perspectiva del enfoque médico, que, en razón del “grado”
de su discapacidad, ciertas personas carecían de la facultad de ejercer su
autonomía. En el escenario del enfoque social de la discapacidad, tal hipótesis
es, sin embargo, insostenible.
83. Así lo ha entendido la Corte,
cuya jurisprudencia ha experimentado cambios importantes una vez la Convención
comenzó a surtir sus efectos en el ámbito interno. La primera decisión sobre
derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad posterior a
la ratificación del instrumento internacional coincidió, sin embargo, con la
entrada en vigencia de nuevas decisiones legislativas que encargaron al juez de
familia de autorizar las restricciones de los derechos de familia de las
personas con “discapacidad mental absoluta” y admitieron la esterilización de las personas en situación de
discapacidad mental con autorización judicial y por vía del consentimiento
sustituto.  Bajo esos parámetros normativos, la Sentencia T-063 de 2012 ordenó garantizar que la joven con discapacidad a cuyo
nombre se promovió la tutela fuera orientada sobre sus derechos sexuales y
reproductivos y sobre los métodos de planificación que más se ajustaran a sus
necesidades. Sin embargo, el fallo no se desligó del todo del modelo médico.
Así, partiendo de la hipótesis que avalaba la esterilización, con autorización
judicial, ante la imposibilidad del consentimiento futuro, ordenó evaluar la
“situación neurológica y sicológica” de la joven, para determinar si podía
tomar decisiones autónomas y si podría adquirir las facultades necesarias para
tomarlas en el futuro.
Luego, la Sentencia C-131 de 2014
declaró la exequibilidad simple de la disposición que prohíbe la esterilización
de los menores de edad respecto de los cargos de inconstitucionalidad que se
formularon contra la prohibición en aquella oportunidad. La Sala explicó que,
en ese sentido, el fallo hizo tránsito a cosa juzgada relativa. Precisó también
que las hipótesis de excepción a la prohibición que mencionó en su parte motiva
no hacen parte de su ratio decidendi y que, en consecuencia, las mismas
no son un precedente vinculante para los jueces.
Respecto de la Sentencia C-182 de
2016, explicó que no es un precedente vinculante en este caso, en tanto estudió
una disposición que no se aplica a los menores con discapacidad, como Silvia.
La Sala aclaró, no obstante, que dicha decisión hizo tránsito, también, a cosa
juzgada constitucional relativa. En ese escenario, los jueces constitucionales
están habilitados para valorar, en cada caso concreto, si la autorización de
esterilizaciones por vía del consentimiento sustituto materializa otros
principios y valores de la Carta, como el respeto de la dignidad humana y la
protección contra la tortura.
84. Valorando, además, i) que por vía
de la suscripción de la CDPCD el Estado colombiano se comprometió a eliminar
los sistemas de sustitución de las decisiones de las personas con discapacidad
y a procurarles, en cambio, los apoyos que requieran para el ejercicio de su
capacidad jurídica; a respetar su integridad física y su autodeterminación sexual y
reproductiva y a asegurar que ninguna sea sujeto de esterilizaciones forzadas, que
en el contexto del marco jurídico internacional de protección de los derechos
humanos se consideran tortura; ii) que mediante Sentencia C-293 de 2010 esta
corporación resolvió que las disposiciones de la CDPCD desarrollan fines
constitucionales relevantes; iii) que el órgano que controla y
monitorea el cumplimiento de esos compromisos convencionales conminó al Estado
colombiano a derogar las disposiciones que restringen la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad, a adoptar medidas encaminadas a que accedan a
los apoyos para ejercer ese derecho plenamente y a abolir la esterilización de
personas con discapacidad sin su consentimiento libre e informado y que iv) aun
en el escenario del modelo social de la discapacidad, persisten los prejuicios
que impiden que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos
sexuales y reproductivos, la Sala decidió resolver el caso concreto aplicando
un enfoque que proscribe la práctica de procedimientos de esterilización a
partir de la figura del consentimiento sustituto.
85. Esta Sala de Revisión entiende,
en consecuencia, que al ratificar la CDPCD el Estado colombiano reconoció la
capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, frente a todos los aspectos de su vida, y que
ello implica eliminar cualquier forma de consentimiento sustituto y
proporcionarles, en cambio, los ajustes razonables, apoyos y salvaguardias
necesarios para que tomen decisiones autónomas.
Por lo tanto, ante la ausencia de una
manifestación concreta sobre la voluntad de someterse a un procedimiento de
esterilización, la intervención no debería realizarse. La autorización judicial
para la práctica de esos procedimientos no debería depender, tampoco, de una
certificación médica sobre la imposibilidad del consentimiento futuro. El papel
del juez, en estos casos, debería dirigirse a constatar que la manifestación
del consentimiento que emita una persona con discapacidad para que se le someta
a un procedimiento de anticoncepción definitiva haya estado precedida de los
apoyos y salvaguardias correspondientes. Solo en ese caso podría entenderse que
la expresión de su voluntad estuvo desprovista de interferencias.
86. En ese ámbito, la Sala considera
que, mientras sea menor de edad, Silvia no puede ser sometida a un
procedimiento de anticoncepción definitiva, en razón de la prohibición general
contemplada en el artículo 7º de la Ley 1412 de 2010, que, a juicio de la Sala
Novena de Revisión, desarrolla los principios constitucionales que garantizan
la protección especial que el Estado les debe a las personas con discapacidad,
sus derechos a la
igualdad, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad y el
derecho de los niños y de las niñas a que se preserve su integridad física.
Que Silvia alcance la mayoría de edad tampoco debería
conducir a que se le practique un procedimiento de esterilización, o cualquier
tipo de intervención médica, sin su consentimiento. Como en el ámbito del
enfoque social de la capacidad, se presume que todas las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica para tomar decisiones de forma libre y
autónoma, el Estado debe asegurarse de que, siempre, se les proporcionen los
apoyos y salvaguardas necesarios para que expresen su voluntad y sus
preferencias. En consecuencia, una persona con discapacidad, mayor de edad, solo
debería ser sometida a un procedimiento de anticoncepción definitiva si, en el
contexto de un proceso judicial, se verifica que manifestó su consentimiento
libre e informado al respecto, una vez que, brindados los apoyos y las
salvaguardias del caso, haya recibido la orientación necesaria sobre los
riesgos, beneficios y las alternativas al procedimiento.
87. Bajo esa óptica, el amparo que se
concederá en esta oportunidad debe dirigirse a garantizar que Silvia
acceda a la información sobre salud sexual y reproductiva que debió brindársele
antes de que se le implantara el dispositivo subdérmico de anticoncepción y
cuando, después, por orden judicial, se dispuso que fuera extraído. Así mismo,
es necesario impartir órdenes encaminadas a garantizar que la joven conozca las
implicaciones de los procedimientos que le fueron realizados y que acceda a los
apoyos y salvaguardias necesarias para decidir, una vez acceda a orientación
adecuada con arreglo a su edad y a su discapacidad, si usará mecanismos de anticoncepción
y, en caso hacerlo, cuál resulta más adecuado en razón de sus necesidades y
expectativas. Finalmente, la Sala considera necesario asegurarse de que Consuelo
reciba, también, asistencia para comprender las implicaciones de esta decisión
y su rol en la protección de los derechos y las libertades de Silvia.
En otras palabras, el amparo se dirigirá a garantizar que Silvia
acceda a los ajustes razonables y a las salvaguardias necesarias para el
ejercicio de su capacidad jurídica en materia sexual y reproductiva. Para ello,
la Sala considerará que la CDPCD define los ajustes razonables como las
modificaciones y adaptaciones necesarias que, sin imponer una carga
desproporcionada o indebida, se requieran en un caso particular para garantizar
que las personas con discapacidad gocen y ejerzan sus libertades fundamentales
en iguales condiciones con las demás. Las salvaguardias, a su turno, buscan
asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con
discapacidad, que estén desprovistas de conflictos de intereses e influencias
indebidas, que sean razonables, que se adapten a las necesidades de la persona,
que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes
periódicos de la autoridad judicial competente.
Como, sin embargo, no existe un marco regulatorio que permita
identificar los deberes estatales en la provisión de esa información y de los
apoyos, ajustes y salvaguardias necesarios para que las personas con
discapacidad ejerzan su capacidad jurídica, la Sala adoptará el remedio
constitucional que, para el caso, considera adecuado, en atención a la
información remitida por las organizaciones que prestaron su colaboración en el
trámite de revisión.
Ante el vacío verificado en esa materia, el magistrado
sustanciador indagó a Profamilia y a PAIIS sobre dos aspectos: sobre las
medidas que, en su criterio, podrían contribuir a que los menores con
discapacidad cognitiva y psicosocial tomen decisiones informadas y autónomas
sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y sobre el rol que
les incumbe a sus familiares, a los proveedores de servicios de salud y al
personal médico respecto del acompañamiento y apoyo en la adopción de decisiones
de esa naturaleza. La Sala reseñará brevemente las respuestas allegadas en ese
sentido. Sobre esa base, determinará las medidas encaminadas a amparar los
derechos fundamentales de Silvia.
Medidas
para que los menores de edad con discapacidad cognitiva y psicosocial tomen
decisiones autónomas e informadas sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos
88.
Profamilia precisó que los ajustes razonables para tomar decisiones en salud
sexual y reproductiva deben responder a las diferentes necesidades de las
personas con discapacidad y sus contextos. Por eso, no es posible hablar de
ajustes estándar, como si se tratara de una fórmula matemática. Pese a eso,
advirtió que es posible crear perfiles de apoyo útiles para los diferentes
tipos de discapacidad y para cierto tipo de decisiones. Justamente, Profamilia
se encuentra en un proceso de pilotaje de una nueva ruta de esterilización para
garantizar que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial reciban
información accesible que les permita manifestar su consentimiento informado
para el procedimiento de ligadura. En tal sentido, se podrían requerir dos
tipos de ajustes.
89. Los
primeros son los ajustes encaminados a garantizar que las personas con
discapacidad intelectual puedan acceder a comunicación e información sobre
salud sexual y reproductiva. Para el efecto, se recomienda el uso de
pictogramas, videos e imágenes que expliquen paso a paso el proceso biológico y
los procedimientos; hacer uso de textos de fácil lectura, con lenguaje sencillo
y frases cortas y usar imágenes que se asemejen a los cuerpos reales de las
personas con discapacidad, para que puedan generar procesos de
autoidentificación y reconocimiento.
Que la
información sea brindada por equipos multidisciplinarios (médicos, psicólogos,
trabajadores sociales, neuro-psicólogos) puede garantizar una mayor comprensión
sobre el consentimiento y los deseos de las personas con discapacidad. También
es beneficioso contar con el apoyo de personas con discapacidad pares y un
círculo de personas cercanas al paciente, pues son ellas quienes conocen los
apoyos y ajustes que requiere la persona para comunicarse. Sería importante,
entonces, que los jueces y prestadores de servicios de salud contaran con
directorios de las organizaciones de personas con discapacidad, que en
determinado momento pudieran acompañar el proceso de toma de decisiones con
apoyo.
Como las
personas con discapacidad que buscan el procedimiento de esterilización suelen
desconocer sus derechos sexuales y reproductivos, es importante realizar un
abordaje inicial al respecto, como el que recomendaron los profesionales del
Instituto de Medicina Legal, en el trámite de revisión de la Sentencia T-063 de
2012.[108]
90. En
segundo lugar, Profamilia se refirió a los ajustes encaminados a garantizar los
derechos a la autonomía y a la privacidad de las personas con discapacidad.
Para el efecto, consideró primordial garantizar que las personas con
discapacidad cuenten con un espacio de asesoría y/o consulta independiente de
su acompañante, pues suelen encontrarse en un contexto de protección que puede
dificultar que se les aborde directa e integralmente.
Además,
explicó que es recomendable tener un espacio diferenciado con los cuidadores de
familia de las personas con discapacidad, en el que se les indague sobre lo que
los motiva a solicitar la esterilización quirúrgica, los beneficios que
consideran que traería y si han explorado otras opciones anticonceptivas. Ese
espacio permite explorar los miedos, estigmas y percepciones que tienen los
acompañantes sobre la sexualidad y la discapacidad y funcionar como punto de
partida para informar a las familias sobre los derechos sexuales y
reproductivos de las personas con discapacidad.
91. PAIIS
indicó, antes que nada, que imponer ajustes razonables o apoyos técnicos sin la
voluntad de la menor o el menor concernidos equivaldría a caer, de nuevo, en un
mecanismo de sustitución de su voluntad, propio del paradigma del modelo
rehabilitador. Los apoyos, pues, deben determinarse en cada caso concreto, para
lo cual resulta de vital importancia comunicarse con la persona con
discapacidad e identificar sus barreras específicas en la recepción de la
información y en su proceso de toma de decisiones. En ese contexto, debería
determinarse si se necesitan ajustes razonables para el proceso comunicativo,
entendiéndolos como ajustes de pequeña envergadura que buscan crear un ambiente
adecuado para las personas con discapacidad y promover su inclusión, en el
contexto de las barreras concretas que enfrentan. Identificados los apoyos y
las salvaguardias, se adelanta el proceso de adopción de la decisión, que debe
contar con la asistencia correspondiente.
La
intervención de PAISS propone, entonces, que el proceso de apoyo a la adopción
de las decisiones siga la siguiente hoja de ruta: i) valoración, en la que se
entabla comunicación con la personas con discapacidad y se identifican las
barreras que enfrenta respecto a las decisiones sobre su vida sexual y
reproductiva; ii) adopción de ajustes razonables, en caso de que sean
necesarios para adoptar una comunicación que permita una decisión informada;
iii) designación de apoyos y salvaguardias; iv) proceso de toma de decisiones,
proveyendo información accesible y v) cumplimiento de la decisión.
El
rol de los familiares, los proveedores de servicios de salud y el personal
médico en la provisión de apoyos para la toma de decisiones sobre
anticoncepción
92. Que
el personal médico y asistencial sea el que suele recomendar los procedimientos
de esterilización y el que, en todo caso, los acompaña y asesora, demuestra, en
criterio de Profamilia, la importancia de sensibilizar y capacitar a esos
profesionales sobre los recientes cambios en materia de discapacidad y, en
particular, sobre las dimensiones y conceptos que introdujo el modelo social y
la Convención de Naciones Unidas.
Por eso,
llamó la atención sobre la importancia de que tanto las instituciones, como sus
profesionales, conozcan y sigan los lineamientos técnicos de las sociedades
científicas en materia de esterilización. Los de la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia, por ejemplo, exigen explicarle a la paciente,
mediante un lenguaje sencillo, desprovisto de tecnicismos, que la
esterilización es un procedimiento permanente e irreversible que impide el
futuro embarazo, que existen tratamientos alternativos no reversibles,
precisarle los riesgos y beneficios del procedimiento y que no ofrece
protección de las infecciones de transmisión sexual.
También
mencionó los lineamientos del Comité de Ética del Colegio Americano de
Ginecología y Obstetricia, que se ha referido a los ajustes requeridos para que
una persona con discapacidad intelectual o cognitiva dé su consentimiento
informado sobre la práctica de un procedimiento de esterilización. El Comité ha
establecido que, al evaluar al paciente, deben considerarse su lenguaje y
cultura la calidad de la información proporcionada, el ajuste de la orientación
y las posibles fluctuaciones en la comprensión del paciente.
Por
último, Profamilia informó que en su reporte clínico sobre el manejo menstrual
de las personas con discapacidad, la Academia Americana de Pediatría
estableció, también, que la esterilización no es la única opción medicamente
recomendable y enunció las opciones de anticoncepción en consideración a las
variaciones y dificultades clínicas de cada persona.
Finalmente,
advirtió sobre la necesidad de que los prestadores de salud tomen en
consideración los criterios de elegibilidad para anticoncepción de la
Organización Mundial de la Salud y explicó que la provisión de los ajustes no
implica costos desmesurados, “sino el entendimiento de las diferentes formas
en que las personas entienden y expresan su voluntad y la disposición del
personal asistencial para tratar con personas con diversidades funcionales”.
Los ajustes también deberían ser comprendidos por los jueces, pues es desde el
sector judicial donde se generan las órdenes de esterilización y se toman
decisiones sobre los derechos personalísimos de las personas.
93.
PAIIS, por su parte, explicó que la familia, los proveedores de servicios de
salud y el Estado tienen un rol activo en la garantía del derecho de las
personas con discapacidad al ejercicio de su capacidad jurídica. El papel de la
familia es importante cuando la persona tiene un vínculo fuerte con ellos que
hace que formen parte de su sistema de apoyos. En todo caso, es necesario
procurar que intervengan, justamente, en la provisión de esos apoyos para la
adopción de la decisión, sin que en ningún caso lleguen a sustituirla.
En cuanto
a las empresas prestadoras de salud, explicó que la CDPCD y el artículo 14 de
la Ley 1618 de 2013 las obligan a proveerles tanto a la persona con
discapacidad como a sus familiares los ajustes razonables para permitir su
comunicación con el fin de facilitar que tomen decisiones autónomas, que vivan
de forma independiente y participen de forma plena en todos los aspectos de su
vida. PAIIS explicó que existen organizaciones como Asdown, Profamilia y
Familias en Acción que pueden ayudar a identificar esos sistemas de apoyos y
salvaguardias y asesorar a los familiares. También existen entidades
especializadas en el acompañamiento de toma de decisiones, como Profamilia, que
mantiene una ruta de atención para identificar las medidas a adoptar en cada caso.
Sobre el
rol del Estado, expuso PAIIS que debe enfocarse en tres aspectos: en exigirles
a los profesionales de la salud que les presten a las personas con discapacidad
atención de la atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la
base del consentimiento libre e informado; en promover y crear los escenarios
necesarios para reconocer y promover las decisiones con apoyo y asegurar que
quienes necesiten los apoyos accedan a ellos y en establecer estándares y
capacitación para permitir el funcionamiento de esos sistemas.
PAIIS
advirtió, en todo caso, que el Estado debe ser cuidadoso en no implementar
medidas asistencialistas, propias del modelo de prescindencia, o medidas
propias del modelo médico, que condicionan la inclusión de las personas con
discapacidad a partir del grado de su discapacidad o de su diagnóstico.
Las
órdenes de protección. El restablecimiento de los derechos vulnerados por vía
del implante y la remoción inconsulta del dispositivo subdérmico de
anticoncepción y la necesidad de adoptar medidas encaminadas a evitar que la
situación analizada se repita.
94. La
Sala confirmará parcialmente la providencia de instancia, en tanto denegó la práctica del procedimiento de
esterilización, pero por las razones señaladas en la parte motiva de esta
providencia.  La decisión, pues, no responde a que Consuelo no haya
allegado la autorización judicial que habilitaría la práctica del procedimiento
de anticoncepción definitiva. La esterilización no puede realizarse porque
existe una prohibición legal de practicarla a menores de edad, en virtud de la
exequibilidad simple de la Sentencia C-131 de 2014 y de sus efectos de cosa
juzgada relativa.
En lo demás, la sentencia será
revocada, considerando que la orden relativa a la sustitución del dispositivo subdérmico por otro procedimiento
anticonceptivo “menos dañino para la salud de la menor”, diferente de la
esterilización, no incluyó ninguna directriz encaminada a consultar la voluntad
de Silvia, y que, además, se condicionó temporalmente, mientras se
realizaban las actuaciones encaminadas a obtener la autorización judicial para
practicar el procedimiento de esterilización. En consecuencia, la Sala amparará
los derechos a la dignidad humana, a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la integridad física y el derecho a la autodeterminación sexual
y reproductiva de Silvia, e impartirá las órdenes que considera
adecuadas y pertinentes para asegurar su protección efectiva.
95. Con
ese objeto, le ordenará a CC EPS que, en cumplimiento de la prohibición legal
contemplada en el artículo 7º de la Ley 1412 de 2010, se abstenga de autorizar
la práctica de procedimientos de anticoncepción definitiva a Silvia y la
de cualquier procedimiento médico invasivo que no haya sido consentido por ella
en los términos contemplados en esta providencia. En lugar de ello, la EPS
deberá proporcionar los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias encaminados
a garantizar que la menor i) acceda a información apropiada para su edad y su
discapacidad sobre salud sexual y reproductiva y sobre sus derechos en esa
materia y ii) que pueda decidir, de forma autónoma y sin interferencias, si
utilizará algún método de anticoncepción y, de ser ese el caso, cuál es el que
mejor se ajusta a sus necesidades.
En
atención a los conceptos remitidos por las entidades que prestaron su
colaboración a la Sala, la adopción de esos ajustes deberá definirse con la
participación de Silvia, en el marco de un proceso en el que
intervendrán un delegado de Profamilia y de la Defensoría del Pueblo, a las que
se les solicitará brindar su colaboración para el efecto.
En
consecuencia, CC EPS deberá conformar, dentro de los quince días siguientes a
la fecha de la comunicación de esta providencia, un equipo interdisciplinario integrado
por un médico, un psicólogo y un trabajador social que, junto con los delegados
de Profamilia y del Ministerio Público, se reunirá con Silvia y con sus
padres, incluso de forma separada, si es necesario, y cuantas veces se
requiera, para realizar una presentación de las órdenes impartidas por la Sala,
identificar las barreras específicas que pueda enfrentar Silvia al
momento de tomar decisiones sobre sus derechos sexuales y reproductivos y
determinar los ajustes razonables, apoyos y salvaguardias que resulten necesarios
para permitirle ejercer su capacidad jurídica a ese respecto.
En el
contexto del diálogo que el equipo establezca con Silvia y con sus
padres, e identificados los ajustes, apoyos y salvaguardias que se
requieran para que la joven ejerza su capacidad jurídica en las condiciones
planteadas en esta providencia, la EPS deberá proporcionarlos. En ese contexto,
el equipo interdisciplinario le transmitirá información sobre i) el derecho de
las personas con discapacidad a contar con apoyos para la toma de decisiones
sobre todos los asuntos que les conciernen; ii) el derecho de los niños y las
niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente, en condiciones de
igualdad, sobre todas las decisiones que les afecten; iii) el derecho de las
personas con discapacidad a acceder a información sobre reproducción y
planificación familiar apropiados para su edad y a mantener su fertilidad y
sobre iv) el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, métodos de
anticoncepción y los beneficios, implicaciones y riesgos de cada uno de ellos.
La información deberá transmitirse, también, a los padres de Silvia.
Brindada esa información, el
equipo deberá acompañar a la joven en el proceso de adopción de su decisión
sobre el uso de determinado método de anticoncepción, informándole, para ello,
sobre el que mejor se ajuste a sus necesidades específicas. Para el efecto,
deberá considerar la opinión que sobre el particular exprese Silvia y
los criterios de elegibilidad para anticoncepción de la Organización Mundial de
la Salud.
96. De
otro lado, la Sala le advertirá a CC EPS sobre su deber de diseñar, implementar
y financiar los ajustes razonables para garantizar que sus afiliados con
discapacidad accedan a la prestación del servicios de salud en iguales
condiciones que los demás, en los términos contemplados sobre el particular en
el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 1618 de 2013, y sobre su obligación de
asegurar la disponibilidad de programas de atención en el ámbito de la salud
sexual y reproductiva dirigidos a las personas con discapacidad, gratuitos y
accesibles, de la misma variedad y calidad que los dispuestos para las demás
personas. También la prevendrá sobre la imposibilidad de rehusar el recibo de
correspondencia judicial y ordenará compulsar copias de esta providencia a la
Superintendencia Nacional de Salud, para lo de su competencia.
97. Por
otra parte, la Sala le advertirá a la Empresa Social del Estado XX sobre su
deber de diseñar, implementar y financiar los ajustes razonables para
garantizar que sus pacientes con discapacidad accedan a la prestación del
servicios de salud en iguales condiciones que los demás, en los términos
contemplados sobre el particular en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley
1618 de 2013.
Considerando
que la atención que sus profesionales de psicología y de medicina especializada
le brindaron a Silvia no se dirigió a consultar su voluntad ni a
garantizar la salvaguarda de sus derechos sexuales y reproductivos, y que, en
cambio, reprodujeron los estereotipos sociales sobre la discapacidad que
concluyeron con la sustitución del consentimiento de la menor en lo que
respecta a la implantación del dispositivo subdérmico, la Sala dispondrá que,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la comunicación de
esta providencia, adopte las medidas encaminadas a sensibilizar y a capacitar a
los profesionales de todos sus puntos de atención sobre el enfoque social de la
discapacidad y las obligaciones concretas que, como prestadores de servicios de
salud, les incumben respecto del respeto de la autonomía de las personas con
discapacidad para tomar decisiones sobre todos los asuntos que les afecten, su
atención en condiciones de calidad, sobre la base del consentimiento libre e
informado y el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos[109].
La
entidad deberá remitir al Juzgado y a la Sala Novena de Revisión un informe que
dé cuenta de las medidas que haya adoptado en ese sentido.
98. La
Sala encuentra, finalmente, que la estructuración del daño consumado que se
constató en este caso y las omisiones que, a cinco años de la ratificación de
la CDPCD, se siguen presentado en la provisión de apoyos, ajustes razonables y
salvaguardas para que las personas con discapacidad adopten decisiones
informadas en el ámbito de la salud obedece a la ausencia de un marco
regulatorio que defina las obligaciones concretas que incumben a los
prestadores de servicios en esa materia.
En el
contexto del compromiso que vincula al Estado a exigir que los profesionales de
la salud les presten a las personas con discapacidad atención de la misma
calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e
informado[110],
la Sala le ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social que, dentro de
los cuatro meses siguientes a la comunicación de esta providencia, expida la
reglamentación que garantice que las personas en situación de discapacidad
accedan a información adecuada y suficiente sobre sus derechos y sobre las
obligaciones correlativas que surgen para los integrantes del Sistema General
de Seguridad Social en Salud respecto de la provisión de apoyos, ajustes y
salvaguardias que les permitan adoptar decisiones informadas en esa materia y,
en especial, frente a los asuntos que involucran el ejercicio de sus derechos
sexuales y reproductivos.
El ministerio deberá
garantizar que las organizaciones
sociales de personas con discapacidad y aquellas que se dedican a la defensa de
sus derechos participen en el proceso de elaboración y difusión del documento,
que deberá
publicarse y divulgarse en la página web de la entidad, con su respectiva
versión en formato de lectura fácil.
99.
Finalmente, la Sala ordenará remitir una copia de esta providencia a la Red Universitaria para el
Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad
del Ministerio de Justicia y del Derecho, con el objeto de que haga parte de
sus programas de sensibilización, formación y divulgación sobre los derechos de
las personas con discapacidad, y al Sistema Nacional de la Discapacidad, para
lo de su competencia. Previo a impartir las órdenes del caso, se ocupará
una cuestión final, que, en su concepto, resulta determinante para
materialización efectiva del amparo que aquí se concede.
Cuestión final. El respeto de los derechos fundamentales de
las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial impone garantizar que
conozcan y comprendan la información que les atañe. El deber de traducir las
providencias judiciales a un formato de lectura fácil, que permita a los
interesados acceder su contenido.
100. El
preámbulo de la CDPCD reconoce la importancia que la accesibilidad de las
personas con discapacidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la
salud y educación y a la información y las comunicaciones representa de cara al
propósito de lograr que gocen plenamente de sus derechos humanos y libertades
fundamentales en iguales condiciones que las demás personas. Sobre ese
supuesto, su artículo 9º les impone a sus Estados parte el deber de adoptar las
medidas pertinentes para materializar el principio de accesibilidad,
identificando y eliminando los obstáculos y barreras que impiden que las
personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida. Su artículo 21 los compromete, específicamente,
a facilitar que las personas con discapacidad accedan a la información que se
dirige al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, “en
formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de
discapacidad”. Eso implica, con mayor razón, que tengan derecho acceder a
la información que les concierne directamente.
La Sala
entiende que la información consignada en una providencia judicial que, como
esta, toma decisiones específicas respecto de la garantía de los derechos
fundamentales de una persona con discapacidad, debe ser conocida y comprendida
plenamente por ella. Frente al caso específico de personas con discapacidad
cognitiva, como Silvia, ello implica traducirla a un formato de lectura
accesible que, en términos claros y simples, le permita comprender el alcance
de la decisión y sus implicaciones.
101. Las
Directrices para Materiales de Lectura Fácil de la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas precisa que las publicaciones de
lectura fácil persiguen el propósito de presentar textos claros y fáciles de
comprender apropiados para diferentes grupos de edad o para personas que, en
razón de su discapacidad o de cualquier tipo de circunstancia, puedan requerir
que la información y los mensajes escritos de su interés se adapten a un
lenguaje sencillo que los haga comprensibles.
Los
formatos de lectura fácil que materialicen el derecho de las personas con
discapacidad a tomar decisiones informadas sobre los asuntos que les atañen se
han venido implementado, progresivamente, en distintos escenarios. El Informe
Global sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud al que se hizo
referencia en las consideraciones de esta providencia, fue, por ejemplo,
traducido a formato de lectura fácil en 2011[111].
Y aunque los esfuerzos más significativos en ese sentido se han presentado en
Europa, la emisión en formato de lectura fácil de la sentencia de amparo en
revisión 159 de 2013, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Mexicana, marcó un antecedente importante en la materia.
102. La
sentencia estudió el caso de Ricardo Adair, un joven con síndrome de Aspeger
que formuló un juicio de amparo indirecto contra algunas disposiciones del
Código Civil General del Distrito Federal que calificaban como incapaces
legales a los mayores de edad por causa de “enfermedad reversible o irreversible, o que por su
estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial,
intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puede gobernarse,
obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la
supla”. Ricardo
consideró que la norma vulneraba las disposiciones constitucionales que
reconocen la personalidad, la capacidad jurídica y la dignidad humana de las
personas con discapacidad y el artículo 12 de la CDPCD, que presupone que el
reconocimiento de la personalidad de las personas con discapacidad incluya la
posibilidad de ser titular de derechos y de ejercerlos por propia cuenta.
La Corte
resolvió el amparo y tradujo su decisión a un formato de lectura fácil. El
tribunal consideró que “el acceso pleno de las personas con diversidades
funcionales intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores no se
agotan con permitir que tengan conocimiento de las mismas, sino que es un deber
de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través
de los cuales dichas personas puedan comprender lo resuelto en un caso que
afecte su esfera jurídica”. Advirtió, entonces, que la traducción de las
sentencias a formatos de lectura fácil es acorde con el modelo social de la
discapacidad contenido en la CDPCD[112].
103.
En Colombia, tal perspectiva ha sido aplicada por la Sala de Seguimiento a la
Sentencia T-025 de 2004, que, mediante Auto 173 de 2014, sobre los derechos de
las personas con discapacidad en situación de desplazamiento, advirtió sobre la
necesidad de adoptar las medidas pertinentes para asegurar “el acceso de las personas desplazadas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, a la información y las comunicaciones,
con el propósito garantizar la socialización de las decisiones de carácter
judicial, legislativo y administrativo que las atañen”. Con ese propósito, la Sala le ordenó al Ministerio de Educación Nacional que, a través de las
entidades competentes, reprodujera en braille, lengua de señas, audio
descripción, lectura fácil y demás materiales accesibles para las personas con
discapacidad, el contenido del auto y el de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y socializar su contenido.[113]
La
Sala Novena de Revisión comparte esa perspectiva, que se ajusta al principio Nada
sobre nosotros sin nosotros al que se ha hecho referencia a lo largo de esta
decisión y a las disposiciones de la Ley 1618 de 2013 que comprometen al Estado
a remover las barreras comunicativas que enfrentan las personas con
discapacidad, esto es, aquellos obstáculos que les impiden o dificultan el
acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el
desarrollo en condiciones de igualdad de su proceso comunicativo. En ese orden de ideas, le ordenará al
Ministerio de Educación Nacional que, dentro del mes siguiente a la fecha en
que le sea comunicada la Sentencia T-573 de 2016, brinde su colaboración a la
Corte traduciendo su contenido a un formato de lectura fácil que permita que Silvia
y las personas intelectual y psicosocialmente diversas que puedan tener interés
en la providencia la conozcan y la comprendan plenamente.
104. El
Ministerio podrá determinar los aspectos del contenido de la sentencia cuya
traducción resulte necesaria para brindar información suficiente sobre el
derecho a la capacidad jurídica y los derechos sexuales y reproductivos de las
personas en situación de discapacidad. Con todo, el formato de lectura fácil
deberá incluir los fundamentos fácticos de la solicitud de tutela, las órdenes
de protección impartidas y precisar, como mínimo, lo siguiente:
-Que
la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la integridad
física de Silvia y sus derechos a la salud sexual y reproductiva, los
cuales fueron vulnerados por su EPS y por los profesionales de la salud que
autorizaron que se le practicara un procedimiento médico invasivo –la
implantación y la extracción de un dispositivo subdérmico de anticoncepción-
sin consultar ni obtener su consentimiento.
-Que la Corte Constitucional advirtió
que, mientras Silvia sea menor de edad, no puede ser sometida a un
procedimiento de anticoncepción definitiva. Lo anterior, en razón de la
prohibición general que sobre el particular contempla el artículo 7º de la Ley
1412 de 2010 y considerando que, en los términos de la CDPCD, las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las niñas, tienen derecho a mantener su
fertilidad, en iguales condiciones que los demás.
-Que la Corte Constitucional
reconoció el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas con
discapacidad en todos los asuntos que les conciernen, incluyendo aquellos que
tienen que ver con su salud y, en particular, con su salud sexual y
reproductiva. Que, en consecuencia, impartió órdenes encaminadas a garantizar
que los prestadores de salud implementen los ajustes razonables, los apoyos y
las salvaguardias para que adopten decisiones informadas en esa materia.
La Sala le solicitará al Ministerio
de Educación que, una vez efectuada la traducción, remita una copia a la Corte
Constitucional para efectos de su publicación, junto con el formato tradicional
de esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. Confirmar parcialmente la
sentencia proferida por el Juzgado el doce (12) de noviembre de dos mil
quince (2015), en tanto denegó la práctica del procedimiento de esterilización
solicitado por Consuelo, como representante legal de su hija Silvia,
pero por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia. En lo
demás, la sentencia se revoca, para, en su lugar, adicionarla de conformidad
con lo dispuesto en los numerales segundo a décimo séptimo de la parte
resolutiva de esta decisión.
Segundo. Amparar los
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al libre desarrollo
de la personalidad y a la integridad física de Silvia y sus derechos a
la salud sexual y reproductiva, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero. Ordenar a CC
EPS que, en cumplimiento de la prohibición
legal contemplada en el artículo 7º de la Ley 1412 de 2010, se abstenga de
autorizar la práctica de procedimientos de anticoncepción definitiva a Silvia
y de autorizar, en general, la práctica de cualquier procedimiento médico
invasivo que no haya sido consentido por ella en los términos contemplados en
esta providencia.
Cuarto.
Ordenar a CC EPS que
conforme, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la
comunicación del fallo, un equipo interdisciplinario integrado por un médico,
un psicólogo y un trabajador social que, junto con los delegados que Profamilia
y la Defensoría del Pueblo designen para el efecto, se reunirá con Silvia y
con sus padres, incluso de forma separada, si resulta necesario, y cuantas
veces se requiera, para i) realizar una presentación de las órdenes impartidas
por la Sala Novena de Revisión; ii) identificar las barreras específicas que Silvia
pueda enfrentar al momento de tomar decisiones sobre sus derechos sexuales y
reproductivos y iii) determinar los ajustes razonables, apoyos y salvaguardias
que le permitirán ejercer su capacidad jurídica a ese respecto. La primera
reunión deberá llevarse a cabo dentro de los veinte (20) días siguientes a la
fecha de la comunicación de la sentencia.
Quinto.
Ordenar a CC EPS que, en el
contexto del diálogo que el equipo interdisciplinario establezca con Silvia y
con sus padres, e identificados los ajustes razonables, apoyos y
salvaguardias que se requieran para que la joven ejerza su capacidad jurídica,
de conformidad con los parámetros señalados en la parte motiva de esta decisión,
proporcione tales ajustes, apoyos y salvaguardias, para que, en ese contexto,
el equipo interdisciplinario le brinde información sobre i) el derecho de las
personas con discapacidad a contar con apoyos para la toma de decisiones sobre
todos los asuntos que les conciernen; ii) el derecho de los niños y las niñas
con discapacidad a expresar su opinión libremente, en condiciones de igualdad,
sobre todas las decisiones que les afecten; iii) el derecho de las personas con
discapacidad a acceder a información sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad y a mantener su fertilidad y sobre iv) acceso
a servicios de salud sexual y reproductiva, métodos de anticoncepción y los
beneficios, implicaciones y riesgos de cada uno de ellos. La información deberá
transmitirse, también, a los padres de Silvia.
Brindada esa información, el
equipo deberá acompañar el proceso mediante el cual Silvia decidirá si
usará algún método de anticoncepción, informándole, para ello, sobre el que
mejor se ajuste a sus necesidades específicas. El equipo deberá considerar la
opinión que sobre el particular exprese Silvia y los criterios de
elegibilidad para anticoncepción de la Organización Mundial de la Salud.
Sexto.
Advertir a CC EPS sobre su
deber de diseñar, implementar y financiar los ajustes razonables para garantizar
que sus afiliados en situación de  discapacidad accedan a la prestación del servicios
de salud en iguales condiciones que los demás, en los términos contemplados
sobre el particular en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 1618 de 2013, y
sobre su obligación de asegurar la disponibilidad de programas de atención en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva dirigidos a las personas en
situación de discapacidad, gratuitos y accesibles, de la misma variedad y
calidad que los dispuestos para las demás personas.
Séptimo.
Prevenir a CC EPS sobre la
imposibilidad de rehusar el recibo de correspondencia judicial.
Octavo.
Compulsar copias de esta
providencia a la Superintendencia Nacional de Salud, para lo de su competencia,
en los términos referidos en la parte motiva de esta providencia.
Noveno.
Advertir a la Empresa Social
del Estado XX sobre su deber de diseñar, implementar y financiar los ajustes
razonables para garantizar que sus pacientes con discapacidad accedan a la
prestación de servicios de salud en iguales condiciones que los demás, en los
términos contemplados sobre el particular en el numeral 1º del artículo 14 de
la Ley 1618 de 2013.
Décimo.
Ordenar a la Empresa Social
del Estado XX que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la
comunicación de esta providencia, adopte las medidas encaminadas a sensibilizar
y a capacitar a los profesionales de todos sus puntos de atención sobre el
enfoque social de la discapacidad y las obligaciones concretas que, como
prestadores de servicios de salud, les incumben respecto del respeto de la
autonomía de las personas con discapacidad para tomar decisiones sobre todos
los asuntos que les afecten, su atención en condiciones de calidad, sobre la
base del consentimiento libre e informado, y el respeto de sus derechos
sexuales y reproductivos. La entidad deberá remitir al Juzgado y a la Sala
Novena de Revisión un informe que dé cuenta de las medidas que haya adoptado en
ese sentido, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la
comunicación de esta providencia.
Décimo
primero. Ordenar al
Ministerio de Salud y Protección Social que, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de la comunicación de esta providencia, expida la
reglamentación que garantice que las personas con discapacidad accedan a
información adecuada y suficiente sobre sus derechos y sobre las obligaciones
correlativas que surgen para los integrantes del Sistema General de Seguridad
Social en Salud respecto de la provisión de apoyos, ajustes y salvaguardias que
les permitan adoptar decisiones informadas en esa materia y, en especial,
frente a los asuntos que involucran el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos. El ministerio deberá garantizar que las organizaciones
sociales de personas con discapacidad y aquellas que se dedican a la defensa de
sus derechos participen en el proceso de elaboración y difusión del documento,
que deberá
publicarse en la página web de la entidad y divulgarse entre los actores del
sistema, junto con su versión en formato de lectura fácil.  La
Secretaría General de la Corte le remitirá una copia del fallo para esos
efectos.
Décimo
segundo. Comunicar el contenido de la presente providencia a la Defensoría del
Pueblo, con el objeto de que, en lo de su competencia, apoye,
acompañe y vigile el cumplimiento del presente fallo, en aras de la protección
de los derechos amparados y del cumplimiento de las órdenes adoptadas. Para esos efectos, la Secretaría General de la
Corte le remitirá una copia de esta providencia.
Décimo tercero. Solicitar a la
Defensoría del Pueblo que brinde su colaboración a la Corte designando un
delegado para los efectos del cumplimiento de los numerales cuarto y quinto de
esta providencia.
Décimo cuarto. Solicitar a la
Asociación Pro Bienestar para la Familia Colombiana, Profamilia, que brinde su
colaboración a la Corte designando un delegado para los efectos del
cumplimiento de los numerales cuarto y quinto de esta providencia. Para esos efectos, la Secretaría General de la
Corte le remitirá una copia del fallo.
Décimo
quinto. Ordenar que, a través
de la Secretaría General de esta Corporación, se remita copia de esta
providencia a la Red
Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las
Personas con Discapacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho, con el
objeto de que haga parte de sus programas de sensibilización, formación y
divulgación sobre los derechos de las personas con discapacidad, y al Sistema
Nacional de la Discapacidad, para lo de su competencia.
Décimo sexto. Ordenar que,
a través de la Secretaría General
de esta Corporación, se remita copia de esta providencia al Programa de Acción
por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes y a la
Procuraduría General de la Nación, para su conocimiento.
Décimo
séptimo. Ordenar al Ministerio de Educación Nacional que,
dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación de esta providencia, brinde
su colaboración a la Corte traduciendo el contenido de la Sentencia T-573 de
2016 a un formato de lectura fácil que permita que sea comprendida por Silvia
y por las personas intelectual y psicosocialmente diversas que puedan tener
interés en ella, siguiendo, para
ello, las pautas consignadas en su fundamento jurídico 104. El ministerio
deberá remitir el formato de lectura fácil a la Sala Novena de Revisión, para
que sea publicado en la página web de la Corte Constitucional, junto con el
formato tradicional del fallo. Para esos efectos, la Secretaría General de la
Corte le remitirá una copia de la sentencia.
Notifíquese, comuníquese,
cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sobre el particular, se
expuso en la referida providencia: “En ocasiones anteriores, esta corporación ha advertido que el derecho
fundamental a la intimidad personal, reconocido en el artículo 15 de la
Constitución, se concreta por vía de la posibilidad de actuar libremente en la
esfera privada, “en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más
limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico”. Eso, a
su vez, implica que sus titulares se encuentren facultados para exigir que ese
ámbito exclusivo, que les incumbe solo a ellos como individuos, esté libre de
intromisiones externas. La Corte, además, ha establecido que el ámbito de la
sexualidad y la reproducción es uno de los más personales del ser humano y que,
por eso, es parte integrante de la esfera de lo íntimo. Sobre esa base, y con
el objeto de crear condiciones favorables para que las mujeres accedan a la
administración de justicia, ha impartido órdenes encaminadas a garantizar la
estricta confidencialidad y reserva de los expedientes de tutela que involucran
un debate sobre el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, como
aquellos en los que se persigue el amparo del derecho fundamental a la
interrupción voluntaria del embarazo. (…)El
expediente T-5584835 plantea una problemática relativa al amparo de los
derechos sexuales y reproductivos de Silvia, quien es menor de edad, padece
síndrome de Down y, según relató Consuelo, su mamá, ha sufrido varias dolencias
desde que se le implantó un dispositivo de planificación el 18 de octubre de
2014. Como, además, el expediente contiene copias de la historia clínica de
Silvia, de su documento de identidad y otros datos que, en tanto hacen parte de
su esfera íntima, se encuentran protegidos por su derecho fundamental a la
intimidad, el magistrado sustanciador adoptará las medidas encaminadas a
garantizar su confidencialidad, reservando la identidad de las personas y
entidades involucradas en el asunto objeto de examen y limitando la posibilidad
de que personas y autoridades ajenas al proceso de tutela accedan al expediente
u obtengan copias del mismo.
[2]
Precisó la funcionaria que su despacho intentó contactar a la accionante para
que informara sobre esos trámites. Sin embargo, no fue posible contactarla.
[3] El magistrado
sustanciador previno a CC EPS y a la Empresa Social del Estado XX  sobre su
deber de
reservar la identidad de las personas y entidades involucradas en el asunto
objeto de examen.
[4] La Sala
consideró que, en virtud del artículo 6) del Decreto 2067 de 1991 y de la
jurisprudencia constitucional, el recurso de súplica procede solamente contra la
providencia que decide rechazar la demanda de inconstitucionalidad.
[5] Folio 92 del cuaderno de revisión constitucional.
[6] En
concepto de Profamilia, esto debería incluir al sector educación, cultura,
protección, entre otros, frente al acceso de personas con discapacidad a
servicios de esa naturaleza.
[7]
Profamilia anexó a su intervención los documentos “La discapacidad no es como
la pintan” y “La esterilización forzosa de PCD a través de los procesos de
Interdicción: una doble vulneración de derechos humanos y fundamentales”.
[8] PAISS
cuestionó que, por vía de su jurisprudencia, la Corte haya “permitido que
mujeres y niñas en situación de discapacidad, las cuales viven en un especial
estado de vulnerabilidad, se les ignoren derechos como la capacidad jurídica,
la intimidad, la igualdad, la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de la
maternidad responsable”. Folio 76 del cuaderno de revisión constitucional.
[9] Folio 110 del cuaderno de revisión.
[10] La entidad advirtió que, según el Ministerio de Salud
y Protección Social, 505 mujeres fueron esterilizadas quirúrgicamente entre
2009 y 2011 en Colombia. De ahí que, en 2013, el Comité de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer haya
expresado su preocupación por la existencia de casos de esterilización forzada
de mujeres con discapacidad en el país. En agosto de este año, el Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad se pronunció en el mismo sentido,
al instar al Estado colombiano a tomar las medidas necesarias para abolir la
esterilización de las personas en situación de discapacidad sin su
consentimiento.
[11] La
Defensoría se refirió, en concreto, a las sentencias C-131 de 2014, T-740 de 2014,
C-182 de 2016 y T-303 de 2016, que, en su criterio, contradicen el estándar de
protección exigido por la Convención para el goce efectivo del ejercicio de la
capacidad jurídica y de los derechos sexuales y reproductivos de las personas
con discapacidad intelectual. Para la entidad, la postura de la Corte se funda
en un modelo médico de la discapacidad que admite el sacrificio del derecho a
la autonomía sexual y reproductiva de las personas con discapacidad en aras de
garantizar sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud. Sobre
ese supuesto, dijo, la Sentencia T-740 de 2014, admitió como
constitucionalmente válidos dos escenarios excepcionales para la práctica de
esterilizaciones quirúrgicas a menores de edad con discapacidad sin su
consentimiento (riesgo para la vida de la paciente como consecuencia del
embarazo y la imposibilidad de evitarlo por otros medios o discapacidad severa
o profunda que derive en la inexistencia de capacidad para emitir
consentimiento futuro) y la Sentencia C-182 de 2016 declaró exequible el
artículo 6º de la Ley 1412 de 2010, que permite la esterilización de personas
con discapacidad mental, “bajo el entendido de que la autonomía reproductiva
se garantiza a las personas declaradas en interdicción por demencia profunda y
severa y que el consentimiento sustituto para realizar esterilizaciones
quirúrgicas tiene un carácter excepcional y solo procede en casos en que la
persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada una vez se hayan
prestado todos los apoyos para que lo haga”.
[12] Folio 112 del cuaderno de revisión.
[13] Folio 113 del cuaderno de revisión.
[14] En
este punto, la Sala reivindica su facultad de interpretar los hechos y los
argumentos planteados en la tutela desde una perspectiva que, además de
solucionar el caso concreto, contribuya a la unificación de la jurisprudencia y
a la definición del contenido y el alcance de los derechos fundamentales,
considerando las aspiraciones de
justicia material y prevalencia del derecho sustancial que guían la labor de
esta corporación en la interpretación de la Carta. Sobre dicha potestad y sus
límites, pueden consultarse los Autos 031A de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre) y
223 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y la Sentencia T-110 de 2010 (M.P. María Victoria Calle).
[15] El informe, disponible
en http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/, precisa que, sobre la base de las
estimaciones de población mundial de 2010 -6900 millones de habitantes- y las
de prevalencia de la discapacidad calculadas con base en la Encuesta Mundial de
Salud y Carga Mundial de Morbilidad de 2004, entre 785 millones (15,6%) y 975
millones (19,4%) de personas de 15 años o más viven con alguna discapacidad.
Cuando se incluye a los niños, se estima que más de 1000 millones de
personas (cerca del 15% de la población mundial) viven con una discapacidad.
[16] http://www.un.org/esa/socdev/enable/disA56168s1.htm,
Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, 19 de diciembre de 2001.
[17]
Sobre el proceso de elaboración de la Convención Internacional puede revisarse
a Palacios, Agustina, en “El modelo social de discapacidad: orígenes,
caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos
de las personas con discapacidad”. El documento está disponible en http://www.cermi.es/es-ES/ColeccionesCermi/Cermi.es/Lists/Coleccion/Attachments/64/Elmodelosocialdediscapacidad.pdf
[18] Esta corporación se ha referido, en reiteradas
ocasiones, a los modelos y etapas de tratamiento de la discapacidad que han
incidido en la construcción del marco normativo que, históricamente, ha
definido el contenido y el alcance de los derechos y prerrogativas de las
personas en situación de discapacidad. La Corte, en síntesis, ha identificado
cuatro etapas que corresponden, en su orden, a los modelos de prescindencia,
marginación, rehabilitación y al modelo social al que aquí se ha hecho
referencia. La Sentencia C-066 de 2013 los definió de la siguiente manera: “i)
El modelo de la
prescindencia se basaba en determinar que la discapacidad es una circunstancia
que obliga a separar al afectado de los demás miembros de la sociedad que se
consideran “normales”.  En ese sentido, los discapacitados están sometidos
a una condición particular, catastrófica y que los aleja de los pretendidos
estándares de la vida en sociedad.  Por esa razón, deben ser excluidos del
cuerpo social, al no cumplir con esas condiciones que sí acreditan las personas
sin discapacidad. (…) ii) El modelo de la marginación está basado en la
distinción discriminatoria entre la normalidad y la anormalidad. (…) las
personas con discapacidad son “anormales”, lo que justifica su
segregación. (…) iii) el modelo médico o rehabilitador [considera] a la
discapacidad como una dolencia física del individuo, que debía ser sometida a
intervención médica, con el fin de lograr su superación y, con ello,
rehabilitar al afectado con el fin que pudiera vincularse plenamente al
estándar social de las personas que no están sin situación de discapacidad. (…)
iv) [el] modelo social de la discapacidad [admite] que la discapacidad no es
un asunto que se derive exclusivamente de las particularidades físicas o
mentales del individuo, sino que también tiene un importante concurso en la
misma las barreras que impone el entorno, de diferente índole, las cuales impiden
que la persona con discapacidad pueda ejercer adecuadamente sus derechos y
posiciones jurídicas (…)”. Sobre
el tema pueden revisarse, también las Sentencias
C-804 de 2009 (M. P. María Victoria Calle Correa); T-340 de 2010 (M. P. Juan
Carlos Henao Pérez), C-458 de 2015 (M. P. Gloria Stella Ortiz), entre otras.
[19] La
Sentencia T-340 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) precisa que el modelo social surgió en Estados Unidos e Inglaterra a partir
de los años 60 y 70 del Siglo XX, a partir de la experiencia de un estudiante
universitario con discapacidad que, tras verse enfrentado a múltiples barreras
sociales, ambientales, arquitectónicas, decidió abogar, junto a otros
estudiantes con discapacidad, por la garantía de sus derechos, combinando
acciones de hecho de impacto público y cabildeo legislativo. La historia de Ed
Roberts y el movimiento de vida independiente puede consultarse en el trabajo
de Agustina Palacios, citado previamente.
[20] http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=523,
Historia de la discapacidad y las Naciones Unidas.
[21] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Artículo 9.
[22] La Convención fue aprobada a través de la Ley 1346 de
2009, declarada exequible en Sentencia C-293 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla) y ratificada el 10 de mayo de 2011.
[23] En
el informe que presentó en enero de 2007 al Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las
recomendaciones sobre derechos humanos y discapacidad, la Alta Comisionada para
los Derechos Humanos se refirió a las implicaciones concretas de que, bajo ese
nuevo marco conceptual, la discapacidad no se considere una enfermedad, sino “el
resultado de la interacción entre las actitudes negativas o un entorno poco
propicio para la condición de algunas personas concretas”. La alta
comisionada explicó que la Convención se enfocó en desmantelar las barreras de
la actitud y del entorno, en lugar de tratar a las personas en situación de
discapacidad como un problema que debe “arreglarse”. Por vía de la remoción de
esos obstáculos, se busca que las personas en situación de discapacidad puedan
participar como miembros activos de la sociedad y disfrutar de la totalidad de
sus derechos. Cfr. A/HRC/4/75 del 17 de enero de 2007. Informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los
progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el
estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad.
[24] La Convención aclara que dicho principio incluye la
obligación de respetar la libertad de tomar decisiones propias. La Sala se
referirá, más adelante, a la manera en que este principio se ve reflejado en la
incorporación de obligaciones estatales de respeto, protección y garantía y al
contenido y alcance que la Convención les atribuye a cada uno de los derechos y
libertades reconocidas.
[25] La tipología se toma del Informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los
progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el
estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad. (A/HRC/4/75 del 17 de enero de 2007).
[26] El artículo 4º precisa, finalmente, que en lo que
atañe a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados deben
adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles, para lograr de
manera progresiva su pleno ejercicio, sin perjuicio de las demás obligaciones
convencionales que, en virtud del derecho internacional, deban aplicarse de
inmediato.
[27] Al respecto, pueden revisarse el Informe de la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre los progresos alcanzados en la
aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos
humanos y la discapacidad, de 2007, y la Observación General del Comité sobre
los Derechos de las Personas con discapacidad sobre el artículo 12 –igual
reconocimiento como persona ante la ley-, de 2014. Esta última precisa, en
relación con el mismo tema, que en el artículo 12 no se establecen derechos
adicionales para las personas con discapacidad, sino que, simplemente, “se describen los elementos concretos que los Estados partes deben
tener en cuenta para garantizar a las personas con discapacidad el derecho a la
igualdad ante la ley, en igualdad de condiciones con las demás”. (Observación General Nº1  de 2014).
[28] El
artículo 2º de la CDPCD define los ajustes razonables como aquellas “modificaciones
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”.
[29] Cfr.
Informe del tercer período de sesiones del Comité Especial
encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para
proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad. En http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3reports.htm
[30] En
este punto, se sigue el relato que, sobre el proceso de
elaboración de la CDPCD realiza Agustina Palacios, en “El modelo social de
discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad”.
[31] El Comité Especial al que la Asamblea de Naciones
Unidas encargó de redactar la CDPCD sesionó, desde su primera reunión, junto a
distintos representantes de organizaciones de personas con discapacidad y de
organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema. Las veinticinco
organizaciones internacionales, regionales y nacionales que asistieron a la
segunda sesión conformaron el “Caucus Internacional sobre Discapacidad” que
coordinó, preparó y articuló hasta el final del proceso los aportes a la
elaboración del instrumento internacional. Cuando el proceso finalizó, el Caucus
estaba integrado por más de 70 organizaciones. (Cfr. Mensaje del Caucus
Internacional de la Discapacidad en la 61ª Sesión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, 13 de diciembre de 2006, en www.un.org/esa/socdev/enable/convdocs/idcgasts.doc).
[32] Observación
General del Comité sobre los Derechos de las Personas con discapacidad sobre el
artículo 12 –igual reconocimiento como persona ante la ley-, de 2014. Esta
última precisa, en relación con el mismo tema, que en el artículo 12 no se
establecen derechos adicionales para las personas con discapacidad, sino que,
simplemente, “se describen los elementos concretos
que los Estados partes deben tener en cuenta para garantizar a las personas con
discapacidad el derecho a la igualdad ante la ley, en igualdad de condiciones
con las demás”. (Observación General Nº 1  de 2014).
[33] En “El Modelo Social de la Discapacidad:
orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”, Agustina Palacios narra que el
principio “Nada sobre nosotros sin nosotros”, se forjó pensando en la vida
pública de las personas con discapacidad, para evitar que el diseño y la
implementación de las políticas públicas que la afectaran se tomaran sin la
participación de sus destinatarias. Que en los términos de la Convención
comprenda el ámbito de la vida privada es un gran cambio filosófico y su punto
más innovador, “sobre todo respecto de ciertas personas se encontraban en
una situación de especial vulnerabilidad y discriminación para la toma de las
propias decisiones, como son las personas con diversidades intelectuales o
psicosociales”.
[34] La
Convención define las salvaguardias adecuadas y efectivas como aquellas que i)
respetan los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona; ii) son
proporcionales y se adaptan a sus preferencias; iii) no involucran conflictos
de intereses ni influencias indebidas; iv) se aplican en el plazo más corto posible
y están sujetas a exámenes periódicos por parte de un órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Además, comprometió a los Estados
parte a tomar las medidas pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad a ser propietarias y heredar bienes, a controlar
sus propios asuntos económicos y a tener acceso en igualdad de condiciones a
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de créditos financiero, así
como a velar porque no sean privadas de sus bienes de forma arbitraria.
[35] La
Observación explica que esos regímenes involucran distintas modalidades, como
la tutela plena, la tutela parcial y la interdicción judicial. Todos sin
embargo, tienen como características comunes las siguientes: i) despojan a la
personas de su capacidad jurídica, aunque sea solo parcialmente; ii) permiten
nombrar a un sustituto que tome las decisiones de las personas en situación de
discapacidad, aun contra su voluntad y iii) suponen que la decisión que toma el
sustituto se basa en el interés superior, sin consultar la voluntad de la
persona concernida y sus preferencias propias.
[36] Los terceros deben contar con la posibilidad de comprobar su
identidad y de impugnar su decisión, si creen que no se basa en la voluntad y
en las preferencias de la persona concernida.
[37] El
artículo 7º de la Convención obliga a los Estados partes a tomar las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen
plenamente de todos los derechos y libertades fundamentales en condiciones de
igualdad con los demás niños y niñas. Además indica que, en todas las
actividades relacionadas con los niños y las niñas, una consideración
primordial será la protección de su interés superior y que los Estados
garantizarán que “los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a
expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten,
opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y
madurez. En igualdad de condiciones con los demás niños y niñas y a recibir
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer
ese derecho”.
[38] La
CDPCD garantiza el reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de
condiciones para los hombres y para las mujeres. Su artículo 6º compromete a
sus Estado parte a reconocer que las mujeres y niñas con discapacidad están
sujetas a múltiples formas de discriminación y a adoptar medidas para asegurar
que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales. Además, los Estados partes de la
Convención deben tomar todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales allí establecidos.
[39] La doble discriminación de la que suelen ser
objeto las mujeres con discapacidad ha sido advertida por los órganos de
vigilancia y control de varios instrumentos internacionales de protección de los
Derechos Humanos. Sobre esa base, por ejemplo, el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer les recomendó a los Estados parte de la
Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer
reportar información sobre las mujeres discapacitadas y sobre las medidas que
han adoptado para hacer frente a su situación particular, incluidas las medidas
especiales que aseguren que cuenten con iguales oportunidades de educación, de
empleo, servicios de salud y seguridad social y que puedan participar en todos
los aspectos de la vida social y cultural. (Cfr. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm.) El Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas advirtió, en el mismo sentido, que las mujeres con
discapacidad son más proclives que los hombres a ser víctimas de la violencia
y/o a tener mayores dificultades para salir del ciclo de violencia. Su Estudio temático sobre la cuestión de la
violencia contra las mujeres y las niñas y la discapacidad concluye que “las
mujeres y las niñas con discapacidad intelectual corren un riesgo
particularmente alto en términos de violencia, incluida la violencia sexual”.
Los riesgos que, a juicio del Comité, enfrentan las mujeres en situación de
discapacidad en esta materia se mencionan en el fundamento jurídico 30 de esta
providencia.
[40] En el mismo sentido, el artículo 9 de la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer “Convención Belem do Para” compromete  a sus Estados partes a tener
especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad que puedan sufrir las
mujeres en situación de discapacidad.
[41] http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-5_sp.pdf
[42] El artículo 23 de la CDPCD alude, como ya se ha
dicho, al derecho de las personas en situación de discapacidad a decidir de
manera autónoma y libre, en ejercicio de su capacidad jurídica y en el contexto
de los apoyos que se les brinden para el efecto, sobre su salud sexual y
reproductiva y sobre la posibilidad de conformar una familia. El artículo 25,
sobre el derecho a la salud, indica que los Estados deben proporcionales
programas y atención de salud gratuitos o asequibles, incluso en el ámbito de
la salud sexual y reproductiva, e impone que les exijan a los profesionales de
la salud la prestación de atención de calidad, “sobre la base de un
consentimiento libre e informado”.
[43] Cfr. Observación General Nº1  de
2014
[44]
Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer. Sesión 56ª, Ginebra, Suiza, Octubre de 2013. De la esterilización
forzada a la psiquiatría forzada: Reporte sobre violaciones a los Derechos
Humanos de las Mujeres con Discapacidad, Mujeres en situación de desplazamiento
y personas transgénero, en respuesta a los informes periódicos séptimo y octavo
combinados de Colombia.
[45] El
derecho a la salud no solo comprende facultades sino también libertades,
incluida la de no ser discriminado. Entre las libertades de particular interés
en relación con la experiencia de las personas, especialmente las mujeres, que
padecen discapacidades mentales figuran el derecho a la libre disposición del
cuerpo y al control de la salud. La esterilización forzada, la violación y
otras formas de violencia sexual a las que se exponen las mujeres con
discapacidad mental se hallan por esencia en contradicción con sus derechos y
libertades relativos a la salud sexual y reproductiva. El Relator Especial
señala que la violación y otras formas de violencia sexual son psicológica y
físicamente traumáticas y repercuten negativamente en la salud mental. Cfr.
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Informe del Relator
Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental. E/CN.4/2005/51
[46] “(…)
dada la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, el aborto
forzoso y la esterilización en su caso, si son el resultado de un proceso
judicial en que la decisión es tomada contra su voluntad por su "tutor
legal", pueden constituir tortura o malos tratos”. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, 15 de Enero de
2008, A/HCR/7/3. En
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A-HRC-7-3_sp.doc
[47] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[48] El
fallo precisó que la Convención representaba un avance en la protección de los
derechos de las personas con discapacidad desarrollados en otros instrumentos
internacionales, como la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y, en el ámbito interamericano, la Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad de 1999.
[49] Las
barreras actitudinales estarían dadas por aquellas conductas, palabras, frases,
sentimientos, preconcepciones o estigmas que impiden que las personas con y/o
en situación de discapacidad accedan en condiciones de igualdad a los espacios,
objetos, servicios y demás posibilidades que ofrece la sociedad. Las físicas,
por los obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan
el acceso y uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado
en condiciones de igualdad y las comunicativas serían aquellas que impiden o
dificultan su acceso a información, consulta y conocimiento en general.
[50] Ley 1618 de 2013, Artículo 21, Acceso a la Justicia.
[51] Ley 1618 de 2013, Artículo 10, Derecho a la Salud.
[52] Artículo 42 de la CP.
[53] El
informe explicó que, tras la expedición del Acuerdo 356 de 2007 del Ministerio
de la Protección Social y del Consejo Nacional de Salud, la prestación de la
vasectomía o esterilización masculina quedó incluida en el POS el Plan Obligatorio de Salud del Régimen
Subsidiado-Subsidio Pleno. Eso supuso que el POS Subsidiado se igualara al
Contributivo en materia de métodos de planificación familiar definitivos, pues
en los dos se incluía ya la esterilización femenina. En relación con la
necesidad de extender tal posibilidad a la población vinculada, el informe de
ponencia indicó lo siguiente: “No obstante, nos preguntamos qué pasa con la
población que no está afiliada a ninguno de los dos regímenes (vinculados). Es
decir, una inmensa mayoría de colombianos que, de acuerdo con datos del DANE,
supera los 6 millones de colombianos, incluyendo individuos de ambos sexos. En
este orden de ideas, el beneficio real de esta iniciativa, es precisamente, que
la población que se encuentra por fuera del Sistema General de Seguridad Social
en Salud en nuestro país, tenga en la misma forma que los afiliados, la
posibilidad de practicarse los procedimientos de ligadura de trompas y
vasectomía de manera gratuita, cuando lo consideren pertinente y bajo unas
condiciones precisas que el presente proyecto de ley contiene. Sólo así,
consideramos procedente establecer por medio de una ley de la República,
la gratuidad de estos procedimientos de esterilización, y así mismo, procurar
la no expedición de disposiciones normativas que ya se encuentran inmersos en
nuestro ordenamiento jurídico”.
[54] Ley 1412 de 2010, Artículo 2°. Gratuidad. El
Estado garantiza de manera gratuita la práctica de la vasectomía o ligadura de
trompas.
[55] Ley 1412 de 2010, Artículo 3° Financiación
y Cubrimiento. El sistema de seguridad social en salud, será el
encargado de que esas prácticas quirúrgicas (vasectomía y ligadura de trompas)
sean cubiertas de manera gratuita, a todos los sectores de la población que así
lo soliciten. Las IPS públicas o privadas que atiendan la población que no se encuentre
afiliada a ninguno de los dos regímenes de salud vigentes (vinculados),
realizarán los recobros a la subcuenta de prevención y promoción del FOSYGA.
[56]Mediante
Sentencia C-458 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz), la Corte Constitucional
declaró la exequibilidad condicionada de varias expresiones que aludían a las
personas en situación de discapacidad en términos que, además de contener una
carga peyorativa en términos de lenguaje natural, resultaban violatorios de los
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que han
asumido el enfoque social de la discapacidad. La Corte declaró la exequibilidad
de las expresiones “discapacitado” y
“discapacitados” contenidas en varios cuerpos normativos, en el entendido de
que debería reemplazarse por la expresión “persona en situación de
discapacidad”. Los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo
Mendoza salvaron su voto frente a la decisión de la mayoría.
[57] La sentencia explicó que en aquellos casos en los que
el ejercicio de un derecho se supedita a una edad máxima, la edad se considera una categoría semi-sospechosa
de discriminación, en tanto se convierte en un rasgo permanente de la persona
del que esta no puede prescindir voluntariamente. En cambio, cuando el
ejercicio del derecho se supedita al cumplimiento de una edad mínima, esta se
entiende como una categoría neutral, en tanto se trata de un rasgo transitorio
de la persona. La Corte decidió que el límite de edad contemplado por la Ley 1412
de 2010 no operaba, sin embargo, como un criterio semi-sospechoso, pues una vez
cumplidos los 18 años, la persona podría acceder al servicio gratuito del
Estado –el procedimiento de esterilización- sin ninguna limitación.
[58] El fallo indicó
que “la
decisión [sobre la esterilización definitiva] se asocia con el ejercicio de
derechos sexuales y reproductivos de las personas que, como expresiones del
libre desarrollo de la personalidad, exigen cierto grado de madurez y voluntad
reflexiva debido a las implicaciones permanentes y definitivas que supone. Por
esta razón, el reconocimiento de la capacidad relativa de los menores adultos
para contraer matrimonio, no implica que deban recibir el mismo tratamiento con
respecto a los mecanismos definitivos de anticoncepción”.
[59] Sentencia C-131 de 2014, (MP Mauricio González
Cuervo). Con salvamento parcial de voto de los magistrados Mauricio González
Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Nilson Pinilla y Gabriel Eduardo Mendoza
y Aclaración de voto de la magistrada María Victoria Calle Correa y los magistrados
Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
[60] La formulación textual del problema jurídico que
estudió la Sentencia C-131 de 2014 es la siguiente: “¿La
prohibición legal de la práctica de la anticoncepción quirúrgica a
menores, “en todo caso”, viola los derechos sexuales y reproductivos de los
menores discapacitados, considerando que tales menores carecen de capacidad
para el ejercicio de una paternidad o maternidad responsable?”.
[61] Es
preciso insistir, en todo caso, en que la norma fue declarada exequible sin
ningún condicionamiento. En los términos de la aclaración de voto formulada por
la magistrada María Victoria Calle, la decisión de exequibilidad simple porque
un condicionamiento enfocado en las excepciones mencionadas en la parte motiva
podría haber “abierto una puerta que pusiera
en riesgo los derechos reproductivos de jóvenes adolescentes, en especial, de
aquellos con necesidades especiales mentales significativas, debido a los
prejuicios que socialmente enfrentan”.
Para la magistrada Calle, la decisión adoptada en la sentencia C-131 de 2014
permite que la aplicación de la prohibición se valore caso a caso, “considerando
el interés superior concreto del menor de que se trate, y previa valoración de
un juez de la República”.
[62] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[63] M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
[64] M.P. Marco Gerardo Monroy.
[65] M.P. Humberto Sierra Porto.
[66] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza. (con aclaración de voto de los magistrados Jorge Iván
Palacio y Nilson Pinilla).
[67]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Con Salvamento de Voto de Luis Ernesto Vargas
Silva y de Luis Guillermo Guerrero Pérez; Salvamento Parcial de Voto de Gabriel
Eduardo Mendoza y Aclaración de Voto de María Victoria Calle Correa.
[68] Cfr. Sentencia C-182 de 2016, Fundamento jurídico 90.
[69] Así, por ejemplo,
podría entenderse que “la declaratoria de interdicción supone la incapacidad
de ejercer la autonomía reproductiva o que el ejercicio de la autonomía en la
toma de decisiones con efectos jurídicos o determinantes para la integridad
personal no está sujeto a la provisión de apoyos y ajustes razonables”.
[70] La Sentencia C-182 de 2016 pone de presente tal
circunstancia en varios momentos. Sus fundamentos jurídicos 77 y 78 indican al
respecto: “De acuerdo con lo establecido por
las reglas jurisprudenciales, la determinación de la procedencia del
consentimiento sustituto a las personas en situación de discapacidad mental que
se encuentran bajo representación legal es admisible. Esta determinación, ha
sido abordada como una circunscripción que busca restringir la excepción de la
sustitución del consentimiento para los casos de la esterilización quirúrgica y
aun cuando delimita su ámbito de aplicación, no es un determinante ni lo
habilita. A su vez, es relevante mencionar que
en la sentencia
C-131 de 2014, la Corte Constitucional restringió
la posibilidad del consentimiento sustituto de menores de edad con discapacidad
mental a casos excepcionales, bajo el requisito de la representación legal y la
autorización judicial previa, para casos de discapacidad mental profunda
y severa. Es decir, la jurisprudencia
constitucional ha calificado aún más estrechamente la posibilidad de aplicación
de esta medida en los términos descritos. En conclusión, la norma acusada se
encuentra dirigida a personas a quienes se haya declarado su interdicción con
sustento en una discapacidad mental profunda
y severa, lo cual es una restricción a la autonomía que ha sido determinada
legítima por la jurisprudencia constitucional, como una excepción a las reglas
sobre el consentimiento informado.
Adicionalmente, es relevante mencionar que la norma bajo ninguna circunstancia
impone la aceptación de la intervención quirúrgica, sino que dispone de una
posibilidad excepcional a un grupo limitado de personas, que además debe
cumplir con un requisito adicional, el de la autorización judicial previa, como
ha sido contemplado también en la norma acusada”. Más
adelante, su fundamento jurídico 90 indica al respecto: “Excepcionalmente,
la jurisprudencia constitucional ha admitido el consentimiento sustituto en
situaciones de emergencias médicas, para los menores de edad -en concordancia
con los principios sobre las capacidades evolutivas de los niños y su mejor
interés- y en situaciones donde la persona ha sido declarada en
interdicción  o inhabilitada, en este último caso el consentimiento
sustituto sólo aplica para los asuntos por los que la persona fue
inhabilitada.  Así, la jurisprudencia constitucional ha
determinado que los requisitos de la interdicción y la autorización judicial
específica para la esterilización quirúrgica de personas en situación de
discapacidad mental mediante el consentimiento sustituto son ajustados a la
Constitución”. (Todos los resaltados del original).
[71] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[72] El
fallo tomó como referencia cuatro providencias que habían analizado
controversias de esa naturaleza. La primera, la Sentencia T-411 de 1994 (M.P.
Vladimiro Naranjo) protegió
el derecho a la vida de una menor como derecho fundamental y condición
necesaria para el ejercicio futuro de su autonomía. La Corte estableció que tal
derecho limitaba la libertad religiosa de sus padres y la posibilidad de que le
impusieran determinada concepción de vida, mientras la niña careciera de
autonomía para adoptar una decisión en ese sentido por sí misma. La Sentencia
T-477 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) protegió el derecho de un
menor a decidir autónomamente sobre su propia identidad sexual, impidiendo que
tal decisión fuera interferida aplicando criterios de conveniencia
médica.  La Sentencia T-474 de 1996
(M.P. Fabio Morón Díaz), a su turno, amparó la capacidad de un joven
de 17 años para desarrollar su libertad religiosa plenamente en el futuro, aun
en contra de su propia decisión actual sobre su salud, como condición necesaria
para el ejercicio de su libertad religiosa futura. Finalmente, la Sentencia
SU-337 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) protegió la autonomía de una
menor para decidir su propia identidad sexual en el futuro, frente a la
voluntad de su madre y de las consideraciones de conveniencia médica.
[73] Estableció el fallo que, por
el contrario, los dictámenes médicos indicaban la posibilidad de que María
Catalina desarrollara las capacidades necesarias para el ejercicio de su
maternidad, si lograba acceder a una educación adecuada y recibía el apoyo
necesario para el efecto. Sobre esa base, justamente, ordenó
incorporarla en un programa de educación especial
de acuerdo con sus necesidades, en el que se le impartiera educación sexual y
reproductiva adecuada para las personas con sus condiciones mentales
específicas, tendiente a capacitarla para ejercer su sexualidad y de las
repercusiones de la maternidad, de acuerdo con su condición, intereses y
capacidades.  La sentencia ordenó convocar a un equipo de
médicos especialistas en neurología, psiquiatría y ginecología que evaluaran las diversas opciones médicas para que María
Catalina pudiera  adoptar decisiones autónomas en relación con el manejo de su
sexualidad, descartando las que tuvieran carácter quirúrgico y definitivo.
[74] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[75]El fallo llegó a esa conclusión
interpretando el artículo 554 del Código Civil, cuyo texto era el siguiente: “El demente
no será privado de su libertad personal, sino en los casos en que sea de temer
que usando de ella se dañe a sí mismo o cause un peligro o notable incomodidad
a otros. Ni podrá ser trasladado a una casa de locos, encerrado, ni atado sino
momentáneamente, mientras a solicitud del curador o de cualquier persona del
pueblo, se obtiene autorización judicial para cualquiera de estas medidas”.
Para la Sala, la ratio legis de
la norma era la necesaria intervención judicial cuando “fuere necesario limitar
o afectar severamente un derecho constitucional de una persona con problemas
mentales”.
[76] Adicionalmente, la Sala fijó su posición sobre la perspectiva a
partir de la cual debería examinarse la autonomía individual de una mujer en
relación con la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Su planteamiento
fue el siguiente: dicho análisis no puede basarse en el prejuicio de que “toda mujer desea, por razones biológicas, ser madre” porque tal tesis degradaría a la persona a “la mera
condición de ser humano en capacidad de reproducirse”. Un respeto genuino
por los derechos de la mujer, de su dignidad, conducía a proteger en abstracto
su derecho a la autodeterminación sobre su cuerpo. En conclusión: si una mujer
no decide ser madre, como cualquier otra, no puede ser forzada a serlo. “Por
lo anterior, debe autorizarse la tubectomía”. Al final, el fallo no aplicó
ninguna de esas reglas en el caso concreto. Su parte resolutiva se limitó a
ordenar que se informara al accionante sobre los trámites que debía realizar
para solicitarle la autorización judicial para la práctica de la
tubectomía. Al Seguro Social le ordenó abstenerse de practicar tubectomías o
intervenciones “que afecten la autonomía personal de personas con
limitaciones mentales”, a menos que se tratara de una situación de urgencia
o imperiosa necesidad o se allegara la autorización judicial correspondiente.
[77] M.P. Marco Gerardo Monroy.
[78] El
fallo recordó que el artículo 1503 del Código Civil indica que la capacidad de
las personas se presume legalmente. En consecuencia, señaló, nadie puede abrogarse autónomamente la facultad de
representar a otro alegando su incapacidad mental, solamente.
[79] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[80] La Sentencia T-560A de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) estudió
otro caso en el que se solicitaba la esterilización
de una menor de edad con diagnóstico de encefalopatía metabólica de tipo congénito, la cual le
generaba un “cuadro de retardo mental moderado y profundo”. El fallo
resolvió que la tutela improcedente, porque los casos de
esterilización de menores en situación de discapacidad mental exigían la
obtención previa de la autorización judicial, solicitud que, además, debía ser
promovida por los dos padres del paciente.
[81] Como los relacionados con el
matrimonio, el reconocimiento o impugnación de la filiación, la entrega en
adopción de hijos, la prestación alimentaria a favor de terceros, entre otros.
[82] Ley 1306 de 2009, artículo 50.
[83] En el trámite de revisión, la Sala había solicitado
al Instituto de Medicina Legal evaluar la situación neurológica y sicológica de Úrsula (el nombre fue
cambiado para proteger su identidad) para determinar si era “consciente
actualmente de las consecuencias de sus actos y decisiones, si está en
capacidad de adoptarlas de manera autónoma” y establecer si su “situación
neurológica” le permitiría en el futuro, y mediante un adecuado
tratamiento, adquirir las aptitudes y facultades necesarias para adoptar
decisiones vitales sobre su salud y ejercer la maternidad con un nivel de
conciencia y autonomía adecuados. La Sala precisó que a través de esa prueba
buscaba “conocer aspectos de la salud sexual y reproductiva de Úrsula y con
ello determinar su capacidad de representar las consecuencias del ejercicio de
su sexualidad y establecer el grado de autonomía personal que detenta respecto
a las decisiones sobre su capacidad reproductiva”. Las órdenes que impartió
la sentencia se diseñaron siguiendo las recomendaciones formuladas en el
dictamen de medicina legal.
[84] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[85] El fallo le ordenó a
la EPS abstenerse de realizar cualquier procedimiento
médico invasivo que no consultara el consentimiento de la menor y que careciera
de autorización judicial, según el caso; prestarle todos los servicios de
asesoría y acompañamiento sicológico y médico en materia de métodos de
planificación sexual y reproductiva de acuerdo a su situación de discapacidad,
tomando en cuenta los estándares internacionales en la materia y utilizando los
métodos y herramientas para indagar el consentimiento de la menor sobre las
orientaciones y servicios que se le estuvieran brindando. El fallo dispuso,
además, que el ICBF debería instruir a la familia de la niña respecto de
los diferentes métodos, instrumentos y herramientas de apoyo para
emisión de consentimiento informado y su relación con los métodos de
planificación sexual acordes a la situación de discapacidad de la menor. Finalmente, instó al Consejo Superior de
la Judicatura a poner en práctica las recomendaciones del Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad en aras de garantizar el respeto de
los derechos de esa población, en el marco del derecho al adecuado acceso y
administración de la justicia. La Sala indicó que se debían adoptar los ajustes razonables correspondientes al desarrollo de
las medidas que permitan a los jueces de familia del país adquirir los
conocimientos y apropiar las herramientas que responden al “modelo de apoyo a la toma de
decisiones” que se aplica en los juicios que se relacionan con los
derechos de las personas, mujeres y menores en situación de discapacidad.
[86]
PAIIS explicó que la importancia del caso objeto de estudio radicaba en la
coexistencia actual de “figuras jurídicas y precedentes constitucionales
que, a la luz de instrumentos internacionales ratificados por Colombia, cuyos
derechos hacen parte integral del texto constitucional, resultan en
vulneraciones de derechos fundamentales de tres categorías de especial
protección constitucional: la infancia, la mujer y la discapacidad. En
particular, PAIIS considera que el estado de normas que actualmente existen en
Colombia se encuentra afectando, entre otros, los derechos fundamentales al
reconocimiento de la capacidad jurídica y a la personalidad jurídica, a la
igualdad, a la fertilidad en igualdad de condiciones y a la protección de la
familia. Por esta razón, hemos hecho énfasis en la oportunidad que presenta el
caso que actualmente ocupa a la Corte Constitucional, con el fin de que
replanteé la manera en que se ha abordado la discapacidad en relación con
aspectos como la capacidad jurídica, los derechos sexuales y reproductivos y
desarrolle a profundidad la importancia de la interseccionalidad que presenta
cuando en una misma persona se construye una identidad a partir de distintas
categorías de especial protección constitucional”.
[87] En
este punto, la Sala se apoya en la Sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda) que, a su vez, sigue la Sentencia C-039 de 2003 (M.P. Manuel José
Cepeda).
[88] El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva aclaró su
voto frente al
mencionado cargo, pues, en su criterio, la manera en que la Corte abordó el
tema de la discapacidad psicosocial y cognitiva no se ajusta a los estándares
internacionales y constitucionales fijados sobre la materia. El magistrado
planteó que la perspectiva elegida por la Sala Plena contribuía a perpetuar
estigmas negativos sobre la discapacidad. Sobre el particular, la aclaración de
voto plantea lo siguiente: “(…) pienso que la manera en la que se plantea la
cuestión en la demanda y se aborda el problema jurídico en la sentencia carecen
de enfoque constitucional y responden a paradigmas sociales que centran su
atención en la discapacidad mental como un problema individual sin tener en
cuenta otros factores sociales y jurídicos de gran relevancia para el caso”.
“(…) la premisa de partida para el análisis constitucional responde a un
estigma social sobre la incapacidad de ejercicio de la autonomía de las
personas con discapacidad psicosocial y cognitiva, lo cual trae como
consecuencia que se considere pertinente restringir derechos de tal importancia
como los derechos sexuales y reproductivos. Como se ha reiterado en la
jurisprudencia constitucional, éstos son derechos humanos debido a su especial
nexo con el ejercicio de la libertad y la autonomía.
Por lo tanto, considero que la Corte debió limitarse al análisis de
constitucionalidad de la prohibición de esterilización a todos los
menores de edad, independientemente de su condición, con el fin de salvaguardar
el goce futuro de sus derechos fundamentales teniendo en cuenta su status de
especial protección constitucional, sin distinción alguna”.
[89] En este punto, la Corte se refirió a las obligaciones
internacionales que en ese sentido le impone al Estado colombiano al literal c) del artículo 23 de
la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
[90] Que
determinada regla jurisprudencial resulte vinculante no implica, en todo caso,
que los operadores jurídicos no puedan apartarse de ellas cumpliendo la carga
argumentativa que les corresponde. Esta corporación ha reconocido que las
autoridades judiciales pueden apartarse del precedente constitucional si lo
hacen expresamente, demostrando con argumentos serios y convincentes que el
precedente aplicable al caso objeto de estudio desconoce la Constitución en todo
o en parte y que
la postura que proponen representa una mejor lectura de los derechos,
principios y valores superiores. Se exige, en suma, que la decisión se adopte
bajo parámetros de transparencia y suficiencia. Expresada en esas condiciones,
la decisión de apartarse del precedente concreta el principio de autonomía
judicial que la Carta les reconoce a los funcionarios judiciales y protege el
carácter dinámico del Derecho, que propugna porque los  postulados normativos
den respuestas adecuadas a la realidad en la que se aplican. En ese sentido pueden revisarse las Sentencias
C-134 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y SU 432 de 2015 (M.P. María
Victoria Calle Correa).
[91] El magistrado Mauricio González, ponente de la
Sentencia C-131 de 2014, salvó parcialmente su voto frente a la decisión de la
Sala Plena, justamente, porque en su criterio la prohibición de someter a los menores de edad con discapacidad
mental a procedimientos de anticoncepción quirúrgica resultaba inconstitucional
en las dos hipótesis mencionadas por el fallo. El magistrado consideró
equivocado que, “habiendo puesto de presente la posibilidad de que menores
de edad discapacitados se encuentren ante un riesgo médico inminente, o en una
condición que les impida consentir en el futuro y, habiendo la jurisprudencia
de la Corte establecido una clara línea jurisprudencial al respecto, que además
se reproduce en esta sentencia”  no se hubiera declarado la exequibilidad
condicionada de la norma acusada. (…) “En otras palabras, estimo que no es
coherente plantear, en las consideraciones de la sentencia, la posibilidad de
que estos menores con discapacidad se sometan en ciertos casos a la
anticoncepción quirúrgica, pero declarar la exequibilidad sin condicionamientos
del artículo 7 de la Ley 1412 de 2010, que establece que “en ningún caso” se
permite esta intervención en menores de edad”. Como acaba de explicarse, el
hecho de que la Sentencia C-131 de 2014 haya mencionado unas excepciones que,
sin embargo, no condicionan la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley 1412
de 2010 tiene que ver con el hecho de que la Sala Plena decidió conferirles,
apenas, el carácter de parámetro interpretativo. Que la constitucionalidad de
la disposición no se haya condicionado implica que las excepciones mencionadas
por el fallo –que en todo caso tampoco hacen parte de su ratio decidendi- no
sean vinculantes para las jueces.
[92]
Como se indicó en el fundamento jurídico 26 de esta providencia, la Observación
aclara que no basta con adoptar sistemas de apoyo a la adopción de decisiones
si los sistemas de sustitución de las mismas no se suprimen.
[93]
M.P. Nilson Pinilla.
[94] La
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIPCD) fue adoptada el 7
de junio de 1999, mucho antes de que se adoptara la CDPCC. Aunque la Convención
Interamericana alude a la discapacidad como una “deficiencia física, mental o
sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad
de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser
causada o agravada por el entorno económico y social”, la Corte Interamericana
ha advertido sobre la necesidad de ajustar dicha definición, y las demás
disposiciones de la Convención, sobre la base de una lectura que incorpore el
modelo social de la discapacidad que introdujo la CDPCD. En la sentencia que
resolvió el caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, del 31 de agosto de 2012,
la CorteIDH precisó, al respecto, que “la discapacidad no se define
exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual
o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que
socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera
efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las
personas con diversidad funcional en la sociedad, son, entre otras, barreras
físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas”.
[95] El
informe que el Estado colombiano presentó ante el Comité puede consultarse en
el siguiente enlace:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Informe%20Estado%20Colombiano%20Implementacion%20CDPD.pdf
[96] Observaciones
finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el
informe inicial de Colombia en relación con la implementación de la CDPCD. Las
observaciones fueron adoptadas en el 16º periodo de sesiones del Comité, que tuvo lugar entre el 15 de
agosto y el 2 de septiembre de 2016).
[97] Folio 28 del cuaderno de revisión.
[98] En concreto, la asociación se refirió a la Sentencia T-063 de 2012, en el
que un padre argumenta la necesidad de esterilización argumentando que su hija “se
escapa de la casa y no sabe medir consecuencias, ya que personas u hombres
inescrupulosos pueden abusar, aprovechándose de su situación y le pueden
transmitir cualquier enfermedad de transmisión sexual”. También, a la
Sentencia T-303 de 2016, en el que la esterilización se justificó porque “su
calidad de vida ha cambiado, pues es madre cabeza de familia y debe trabajar
para sostener su hogar, lo cual le implica dejar sola a su hija durante largas
jornadas.” Respecto de este último caso, Profamilia señaló: “es
necesario cuestionarse si la Corte debió asumir la protección de la joven con
discapacidad desde la única óptica de la esterilización, o debió cuestionarse
que esta se quedaba sola y encerrada durante todo el día. Ante esta situación
de vulnerabilidad, la protección debe venir desde diferentes sectores del
Estado. No se puede entender que la esterilización sea una solución a un
problema de exclusión estructural”. (Folio 29 del cuaderno de revisión).
[99] Folio 70 del cuaderno principal.
[100] El
Comité se refirió a la esterilización como “una forma única de violencia
iniciada generalmente por los miembros de la familia que actúan bajo el consejo
de profesionales de la salud y el derecho, es aprobada por el Gobierno y la
jurisprudencia a través de políticas y las leyes que autorizan y promueven esta
práctica”.
[101] Referidos en los fundamentos jurídicos 29 y 30 de esta
providencia.
[102] A
folio 22 del expediente obra el oficio 05001-33-33-028-2015-0119600, mediante
el cual el Juzgado comunicó la admisión de tutela a la EPS y le dio traslado
para su contestación.
[103] Folio 11 del cuaderno principal.
[104] Folios 5-8 del cuaderno principal.
[105] Folio 21 del cuaderno de revisión.
[106] Al
revisar el estado de cumplimiento del artículo 5º de la CDPCD en Colombia, el
Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad calificó como
preocupante que persista la discriminación contra las personas con discapacidad
–principalmente contra las mujeres y las niñas- y cuestionó que “no
se reconozca la denegación de ajustes razonables como una forma de
discriminación y la poca aplicación de esos ajustes razonables”. El
Comité advirtió, además, que le preocupa que no se
reconozca y combata la discriminación múltiple e interseccional ni el bajo
número de quejas presentadas por la denegación de ajustes razonables.
[107] La
Sala aclaró antes que el primer fallo que revisó una controversia de esa
naturaleza fue la Sentencia T- de 2002 que, siguiendo los precedentes que
habían resuelto tensiones entre la autonomía
personal de menores de edad y el interés de
terceros en preservar su salud, llamó la atención sobre la posibilidad de
aplicar la figura del consentimiento orientado hacia el futuro, que
privilegia la opción que preserve la integridad de las condiciones físicas
necesarias para asegurar que, quien hoy no goza de plena autonomía para adoptar
determinada decisión, pueda hacerlo posteriormente. La Sentencia T-248 de 2003
invirtió esa regla, al proponer que el examen considerara, también, la
imposibilidad futura de ejercer esa autonomía. En ese caso, debería
salvaguardarse la opción que favoreciera la salud, la integridad y la vida de
quien, de todas maneras, no “tenía” autonomía individual. Solo las sentencias
T-492 y T-1019 de 2006 siguieron esa perspectiva. Ambas insistieron en la
importancia de que las autorizaciones judiciales para la práctica de las esterilizaciones
se apoyaran en los conceptos médicos.
[108] En
esa ocasión, el Instituto sugirió que, a través de instituciones como
Profamilia, se vinculara a Úrsula a un programa de educación en el que “la
informen y orienten (hasta donde sea posible) sobre los derechos sexuales y
reproductivos, específicamente: (i) acceso a servicios de salud sexual
(actividades de prevención y tamizaje, v. gr. citología periódica, auto examen,
detección y tratamiento de infecciones, etc); (ii) educación sexual
(conocimiento y comprensión del funcionamiento del aparato reproductor femenino
y masculino, métodos de planificación y su uso, preservativo, etc); (iii)
derecho a vivir la sexualidad sin coacción, abuso, violencia, explotación, etc;
(iv) derecho a disfrutar de la vida sexual sin temores, vergüenza, culpa,
prejuicios, etc; (v) derecho a decidir de manera libre y responsable la
posibilidad de ser padres o madres; (vi) derecho de las mujeres a no sufrir
discriminaciones o tratos desiguales”.
[109] El
artículo 10 de la Ley 1618 de 2013 les impone a los prestadores de servicios de
salud el deber de establecer “programas de capacitación a sus profesionales y empleados para
favorecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad”.
[110]
Como se ha expuesto, el artículo 25 de la CDPCD compromete a los Estados a
exigirles a los profesionales de la salud que presten a las personas con
discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la
base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas, “mediante
la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía
y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación
y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos
público y privado”. El literal a) del numeral 1 del artículo 10 de la Ley
1618 de 2013, por su parte, le impone al Ministerio de Salud el deber de “asegurar que el Sistema General de Salud en sus planes
obligatorios, Plan Decenal de Salud, Planes Territoriales en Salud, y en el
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, garantice la calidad y
prestación oportuna de todos los servicios de salud, así como el suministro de
todos los servicios y ayudas técnicas de alta y baja complejidad, necesarias
para la habilitación y rehabilitación integral en salud de las personas con
discapacidad con un enfoque diferencial, y desarrollo de sus actividades
básicas cotidianas”. El numeral 3 del mismo artículo compromete a la
Superintendencia Nacional de Salud, a las direcciones territoriales de salud y
a los entes de control a estipular indicadores de producción, calidad, gestión
e impacto que permitan medir, hacer seguimiento a la prestación de los
servicios de salud, a los programas de salud pública y a los planes de
beneficios que se presten y ofrezcan para las personas con discapacidad;
asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud por parte de las
entidades responsables y sancionar cualquier acción u omisión que impida o
dificulte el acceso de las personas con discapacidad.
[111] Disponible en http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/world_report_disability_easyread_sp.pdf
[112] Juicio
de Amparo en revisión 159 de 2013, Corte Suprema de Justicia de la Nación.
[113] El
formato de lectura fácil del Auto 173 de 2014 puede consultarse en el siguiente
enlace:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/cerrandobrechas/Cartilla%20de%20lectura%20facil%20del%20Auto%20final.pdf