C-991-00
Sentencia C-991/00
Sentencia C-991/00
MINAS
ANTIPERSONAL-Efectos
indiscriminados
Las minas
antipersonal constituyen una arma de guerra nociva y con efectos
indiscriminados, a las cuales se les ha dado un uso irresponsable. Están
diseñadas para matar y, en su defecto, para mutilar partes del cuerpo humano,
dejando repercusiones psicológicas profundas en sus víctimas. Tienen una
particularidad especial pues el daño que infligen no sólo se produce durante la
situación de conflicto armado -internacional o interno-, sino que al permanecer
activas indefinidamente, su amenaza se torna latente. Sus efectos no se limitan
a soldados y sus propósitos a resultados exclusivamente militares sino que
cobijan a la población civil cuando desarrolla las más sencillas actividades
cotidianas.
MINAS
ANTIPERSONAL-Consecuencias
Las minas
antipersonal interrumpen el desarrollo económico y social de las comunidades
bajo su amenaza, pues bajo el terror que imprimen dentro de su radio de acción,
impiden que las personas circulen libremente hacia sus lugares de trabajo,
escuelas, centros de salud y mercados, o que adelanten labores en los campos
relacionadas con el cultivo de las tierras, el levantamiento de ganado, etc.
CONVENCION SOBRE
PROHIBICION DEL EMPLEO DE MINAS ANTIPERSONAL-Finalidad de la suscripción/HUMANIZACION DE LA
GUERRA
El Estado colombiano suscribió dicho
instrumento internacional en desarrollo de una política de defensa de los
derechos humanos de sus habitantes, de humanización de sus conflictos, de
protección al medio ambiente sano y de búsqueda, consecución y mantenimiento de
la paz, compromiso que también ha guiado la participación en otros acuerdos
internacionales. Este es un caso ejemplarizante de la adopción de un
instrumento que incentiva el desarrollo del derecho internacional humanitario,
al establecer límites a la conducción de la guerra, y que a la vez concientiza
a los Estados hacia la necesidad de adoptar acciones preventivas frente al
control o la prohibición de ciertas armas que resultan incompatibles con ese
derecho.
CONVENCION SOBRE
PROHIBICION DEL EMPLEO DE MINAS ANTIPERSONAL-Propósito esencial/CONVENCION SOBRE PROHIBICION
DEL EMPLEO DE MINAS ANTIPERSONAL-Importancia
La Convención
bajo examen se dirige principalmente a la prohibición de actividades que en
nuestro país han causado la muerte y brutales lesiones a muchos de nuestros
compatriotas, por lo que es necesario reconocer como propósito esencial de la
misma el respeto a la dignidad humana de los habitantes de nuestro país, valor
en el cual descansa el fundamento de la institucionalidad de nuestro Estado
Social de Derecho. Un pacto internacional que prohiba el uso de las minas
antipersonal hace también efectivos derechos esenciales del ser humano cuya
protección es inaplazable, como ocurre con la vida, la salud, la integridad
física y mental, la libre circulación y el ambiente sano. Así mismo, facilita a
las autoridades estatales cumplir con la obligación constitucional que les
asiste de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”.
PAZ-Responsabilidad del Estado
CONFLICTO ARMADO-Límites/DERECHO A LA PAZ
CONVENCION SOBRE
PROHIBICION DEL EMPLEO DE MINAS ANTIPERSONAL-Objeto/PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Respeto/ESTADO
SOCIAL DE DERECHO
La Convención en estudio emerge como un instrumento eficaz en el manejo
de varias situaciones, como por ejemplo: -la prevención de la guerra y la
consecución de la paz y de condiciones pacíficas de convivencia, - la
preservación del orden público, -la extinción de armas salvajes e inhumanas con
destrucción indiscriminada, -la protección de los derechos a la vida, a la
salud, a la integridad física y mental, a la circulación libre, a la paz y a
gozar de un ambiente sano de los ciudadanos. Además, resulta consecuente con la
garantía que la Constitución otorga a los principios sobre respeto a la
dignidad humana, permitiendo realizar los fines del Estado social de derecho
relacionados con la efectividad de los derechos de las personas
constitucionalmente consagrados, la preservación del orden público y de una
convivencia pacífica de los pueblos, y a la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades.
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Principios/DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO-Reglas están incorporadas al derecho interno
Los cometidos a los que
voluntariamente se comprometen los Estados Parte se sustentan en tres
principios esenciales del Derecho Internacional Humanitario, como son: i.)
aquel que limita el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los
métodos o medios de combate, ii.) el que prohibe el empleo, en los conflictos
armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos de combate de tal
naturaleza que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, y iii.) el que
impone distinguir entre civiles y combatientes. Dichos principios, en nuestro
ordenamiento jurídico no pueden reducirse a simples enunciados teóricos de
propósitos loables de la comunidad internacional. Según lo ordena expresamente
el numeral 2o. del artículo 214 de la Carta Política, las reglas del derecho
internacional humanitario deben respetarse y se encuentran incorporadas al
derecho interno sin necesidad de ratificación previa o sin expedición de norma
reglamentaria, puesto que se fundamentan en el respeto a la dignidad humana,
valor constitucionalmente protegido.
DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO-Fuerza
vinculante/IUS COGENS
CONVENCION
INTERNACIONAL-Cumplimiento
coercitivo/CONVENCION SOBRE PROHIBICION DEL EMPLEO DE MINAS ANTIPERSONAL-Trasciende
cualquier situación de conflicto armado internacional o interno
MINAS
ANTIPERSONAL-Definición
ENMIENDAS DE
TRATADOS-Sometimiento al
control constitucional
CONVENCION
INTERNACIONAL-Prohibición
de reserva/DERECHO A LA RESERVA-Límites/DERECHO A LA RESERVA-No
es absoluto
De conformidad
con el artículo 2o., literal d) la Convención de Viena de 1969, la reserva es
un derecho de los Estados que se ejerce mediante la declaración unilateral que
hacen al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él,
con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado. La reserva no es un derecho absoluto sino relativo,
cuyo ejercicio depende de los acuerdos alcanzados por las partes en el
respectivo instrumento internacional o de la materia sobre la cual éste se
refiera; de ahí que, su prohibición no apareja una violación de los derechos de
los Estados que intervienen en su formación o posteriormente se adhieren a él,
ni un desconocimiento a los principios de soberanía nacional y
autodeterminación de los pueblos para llevar a cabo sus relaciones exteriores.
Referencia:     expediente
L.A.T.-168
Revisión constitucional de la Ley 554 del 14 de enero
de 2000 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la prohibición
del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y
sobre su destrucción”, hecha en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil
novecientos noventa y siete (1997)”
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Santafé de Bogotá
D.C., dos (2) de agosto del año dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
El Gobierno Nacional, por conducto de la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta
Corporación el día 18 de enero de 2000 copia auténtica de la Ley 554 del 14 de
enero de 2000 “por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción, hecha en Oslo el dieciocho (18) de
septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Para los efectos del ejercicio del control
de constitucionalidad que debe realizar esta Corporación, mediante auto del 8
de febrero de 2000, se avocó el conocimiento de esos actos y, luego de surtidos
los trámites requeridos en la Constitución Política y en el Decreto 2067 de
1991 para esta clase de procesos, la Corte Constitucional procede a
pronunciarse sobre el particular.
II.      TEXTO DE LAS NORMAS QUE SE REVISAN
A continuación se transcribe el texto de la
Ley 554 de 2000, tomado del ejemplar cuya copia auténtica remitió el Gobierno
Nacional:
“LEY 554 DE 2000
(enero 14)
Por medio de la cual se aprueba la
“CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y
TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION”, hecha en Oslo el
dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto de la “CONVENCION
SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE
MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION”, hecha en Oslo, el dieciocho
(18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997), que a la letra
dice:
CONVENCION
SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE
MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION
Preámbulo
Los Estados
Parte,
Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes
causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas
cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente
niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la
repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de
ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento,
Creyendo necesario hacer sus mejores esfuerzos para
contribuir de manera eficiente y coordinada a enfrentar el desafío de la
remoción de minas antipersonal colocadas en todo el mundo, y a garantizar su
destrucción,
Deseando realizar sus mejores esfuerzos en la
prestación de asistencia para el cuidado y rehabilitación de las víctimas de
minas, incluidas su reintegración social y económica,
Reconociendo que una prohibición total de minas
antipersonal sería también una importante medida de fomento de la confianza,
Acogiendo con
beneplácito la
adopción del Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas,
armas trampa y otros artefactos, según fuera enmendado el 3 de mayo de 1996 y
anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas y de efectos
indiscriminados; y haciendo un llamado para la pronta ratificación de ese
Protocolo por parte de aquellos Estados que aún no lo han hecho,
Acogiendo con
beneplácito,
asimismo, la Resolución 51/45 S del 10 de diciembre de 1996 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la que se exhorta a todos los Estados a que
procuren decididamente concertar un acuerdo internacional eficaz y de
cumplimiento obligatorio para prohibir el uso, el almacenamiento, la producción
y la transferencia de las minas terrestres antipersonal,
Acogiendo con
beneplácito,
además, las medidas tomadas durante los últimos años, tanto unilaterales como
multilaterales, encaminadas a prohibir, restringir o suspender el empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal,
Poniendo de
relieve el papel
que desempeña la conciencia pública en el fomento de los principios
humanitarios, como se ha puesto de manifiesto en el llamado hecho para lograr
una total prohibición de minas antipersonal, y reconociendo los esfuerzos que
con ese fin han emprendido el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y otras numerosas
organizaciones no gubernamentales de todo el mundo,
Recordando la Declaración de Ottawa del 5 de octubre
de 1996 y la Declaración de Bruselas del 27 de junio de 1997, que instan a la
comunidad internacional a negociar un acuerdo internacional jurídicamente
vinculante que prohiba el uso, el almacenamiento, la producción y la
transferencia de minas antipersonal,
Poniendo
énfasis en el deseo
de lograr que todos los Estados se adhieran a esta Convención, y decididos a
trabajar denodadamente para promover su universalidad en todos los foros
pertinentes, incluyendo, entre otros, las Naciones Unidas, la Conferencia de
Desarme, las organizaciones y grupos regionales, y las conferencias de examen
de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados,
Basándose en el principio del derecho internacional
humanitario según el cual el derecho de las partes en un conflicto armado a
elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, en el principio que
prohibe el empleo, en los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales
y métodos de combate de naturaleza tal que causen daños superfluos o
sufrimientos innecesarios, y en el principio de que se debe hacer una
distinción entre civiles y combatientes,
Han convenido en
lo siguiente,
Artículo 1
Obligaciones generales
1. Cada Estado
Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia:
a)        Emplear
minas antipersonal;
b)        Desarrollar,
producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a
cualquiera, directa o indirectamente minas antipersonal;
c)        Ayudar,
estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una
actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.
2.        Cada
Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de todas las
minas antipersonal de conformidad con lo previsto en esta Convención.
Artículo 2
Definiciones
1.        Por
“mina antipersonal” se entiende toda mina concebida para que explosione por la
presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que  incapacite, hiera
o mate a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia,
la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén
provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas
antipersonal por estar así equipadas.
2.        Por
“mina” se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo,
sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y
concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una
persona o un vehículo.
3.        Por
“dispositivo antimanipulación” se entiende un dispositivo destinado a proteger
una mina y que forma parte de ella, que está conectado, fijado o colocado bajo
la mina, y que se activa cuando se intenta manipularla o activarla
intencionalmente de alguna manera.
4.        Por
“transferencia” se entiende, además del traslado físico de minas antipersonal
hacia o desde el territorio nacional, la transferencia del dominio y del
control sobre las minas, pero que no se refiere a la transferencia de
territorio que contenga minas antipersonal colocadas.
5.        Por
“zona minada” se entiende una zona peligrosa debido a la presencia de minas o
en la que se sospecha su presencia.
Artículo 3
Excepciones
1.        Sin
perjuicio de las obligaciones generales contenidas en el Artículo 1, se
permitirá la retención o la transferencia de una cantidad de minas antipersonal
para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y
el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de tales minas no deberá
exceder la cantidad mínima absolutamente necesaria para realizar los propósitos
mencionados más arriba.
2.        La
transferencia de minas antipersonal está permitida cuando se realiza para su
destrucción.
Artículo 4
Destrucción de las existencias de minas
antipersonal
Con excepción de
lo dispuesto en el Artículo 3, cada Estado Parte se compromete a destruir, o a
asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que le
pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes
posible, y a más tardar en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor
de esta Convención para ese Estado Parte.
Artículo 5
Destrucción de minas antipersonal colocadas
en las zonas minadas
1.        Cada
Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las
minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su
jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10
años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.
2.        Cada
Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o
control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará
todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las
minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el
perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para
asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal
contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá
ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
3.        Si un
Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de
todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1 dentro
del período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados
Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un
máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas
minas antipersonal.
4.        Cada
solicitud contendrá:
a)        Propuesta
La duración de la prórroga propuesta;
b)        Una
explicación detallada de las razones para la prórroga, incluidos:
i.                   La
preparación y la situación del trabajo realizado al amparo de los programas
nacionales de desminado;
ii.        Los
medios financieros y técnicos disponibles al Estado Parte para destruir todas
las minas antipersonal; y
iii.       Las
circunstancias que impiden al Estado Parte destruir todas las minas
antipersonal en las zonas minadas.
c)        Las
implicaciones humanitarias, sociales, económicas y medioambientales de la
prórroga; y
d)        Cualquiera
otra información en relación con la solicitud para la prórroga propuesta.
5.        La
reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Examen deberán, teniendo en
cuenta el párrafo 4, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los
Estados Parte, si se concede.
6.        Dicha
prórroga podrá ser renovada con la presentación de una nueva solicitud de
conformidad con los párrafos 3, 4 y 5 de este Artículo. Al solicitar una nueva
prórroga, el Estado Parte deberá presentar información adicional pertinente
sobre lo efectuado durante el previo período de  prórroga en virtud de este
Artículo.
Artículo 6
Cooperación y asistencia internacionales
1.        En el
cumplimiento de sus obligaciones conforme a esta Convención, cada Estado Parte
tiene derecho a solicitar y recibir asistencia de otros Estados Parte, cuando
sea factible y en la medida de lo posible.
2.        Cada
Estado Parte se compromete a facilitar el intercambio más completo posible de
equipo, material e información científica y técnica en relación con la
aplicación de la presente Convención, y tendrá derecho a participar en ese
intercambio. Los Estados Parte no impondrán restricciones indebidas al
suministro de equipos de limpieza de minas, ni a la correspondiente información
técnica con fines humanitarios.
3.        Cada
Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para
el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y
económica, así como los programas de sensibilización sobre minas. Esta
asistencia puede ser otorgada, inter alia, por el conducto del sistema de las
Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales, regionales o
nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación Internacional,
organizaciones no gubernamentales, o sobre la base de acuerdos bilaterales.
4.        Cada
Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para
las labores de limpieza de minas y actividades relacionadas con ella. Tal
asistencia podrá brindarse inter alia, a través del sistema de las Naciones
Unidas, organizaciones o instituciones internacionales o regionales,
organizaciones no gubernamentales, o sobre una base bilateral, o contribuyendo
al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas de la Asistencia para la
Remoción de Minas y otros fondos regionales que se ocupan de este tema.
5.        Cada
Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para
la destrucción de las existencias de minas antipersonal.
6.        Cada
Estado Parte se compromete a proporcionar información a la base de datos sobre
la limpieza de minas establecida en el Sistema de las Naciones Unidas,
especialmente la información relativa a diversos medios y tecnologías de limpieza
de minas, así como listas de expertos, organismos de especialistas o centros de
contacto nacionales para la limpieza de minas.
7.        Los
Estados Parte podrán solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones
regionales, a otros Estados Parte o a otros foros intergubernamentales o no
gubernamentales competentes que presten asistencia a sus autoridades para
elaborar un Programa Nacional de Desminado con el objeto de determinar inter
alia:
a)        La
extensión y ámbito del problema de las minas antipersonal;
b)        Los
recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del
programa;
c)        El
número estimado de años necesarios para destruir todas las minas antipersonal
de las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Parte afectado;
d)        Actividades
de sensibilización sobre el problema de las minas con objeto de reducir la
incidencia de las lesiones o muertes causadas por las minas;
e)        Asistencia
a las víctimas de las minas;
f)         Las
relaciones entre el Gobierno del Estado Parte afectado y las pertinentes
entidades gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales que
trabajarán en la ejecución del programa.
8.        Cada
Estado Parte que proporcione o reciba asistencia de conformidad con las
disposiciones de este artículo, deberá cooperar con objeto de asegurar la
completa y rápida puesta en práctica de los programas de asistencia acordados.
Artículo 7
Medidas de transparencia
1.        Cada
Estado Parte informará al Secretario General de las Naciones Unidas tan pronto
como sea posible, y en cualquier caso no más tarde de 180 días a partir de la
entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte sobre:
a)        Las
medidas de aplicación a nivel nacional según lo previsto en el artículo 9;
b)        El
total de las minas antipersonal en existencias que le pertenecen o posea, o que
estén bajo su jurisdicción o control, incluyendo un desglose del tipo, cantidad
y, si fuera posible, los números de lote de cada tipo de mina antipersonal en
existencias;
c)        En la
medida de lo posible, la ubicación de todas las zonas minadas bajo su
jurisdicción o control que tienen, o se sospecha que tienen, minas
antipersonal, incluyendo la mayor cantidad posible de detalles relativos al
tipo y cantidad de cada tipo de mina antipersonal en cada zona minada y cuándo
fueron colocadas;
d)        Los
tipos, cantidades y, si fuera posible, los números de lote de todas las minas
antipersonal retenidas o transferidas de conformidad con el Artículo 3, para el
desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas, y el
adiestramiento en dichas técnicas, o transferidas para su destrucción,  así
como las instituciones autorizadas por el Estado Parte para retener o
transferir minas antipersonal;
e)        La
situación de los programas para la reconversión o cierre definitivo de las
instalaciones de producción de minas antipersonal;
f)         La
situación de los programas para la destrucción de minas antipersonal, de
conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5, incluidos los detalles
de los métodos que se utilizarán en la destrucción, la ubicación de todos los
lugares donde tendrá lugar la destrucción y las normas aplicables en materia de
seguridad y medio ambiente que observan;
g)        Los
tipos y cantidades de todas las minas antipersonal destruidas después de la
entrada en vigor de la Convención para ese Estado Parte, incluido un desglose
de la cantidad de cada tipo de mina antipersonal destruida, de conformidad con
lo establecido en los artículos 4 y 5 respectivamente, así como, si fuera
posible, los números de lote de cada tipo de mina antipersonal en el caso de
destrucción, conforme a lo establecido en al artículo 4;
h)        Las
características técnicas de cada tipo de mina antipersonal producida, hasta
donde se conozca, y aquellas que actualmente pertenezcan a un Estado Parte, o
que éste posea, dando a conocer, cuando fuera razonablemente posible, la
información que pueda facilitar la identificación y limpieza de minas antipersonal;
como mínimo, la información incluirá las dimensiones, espoletas, contenido de
explosivos, contenido metálico, fotografías en color y cualquier otra
información que pueda facilitar la labor de desminado; y
i)         Las
medidas adoptadas para advertir de forma inmediata y eficaz a la población
sobre todas las áreas a las que se refiere el párrafo 2, Artículo 5.
2.        La
información proporcionada de conformidad con este Artículo se actualizará
anualmente por cada Estado Parte respecto al año natural precedente y será
presentada al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de
abril de cada año.
3.        El
Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá dichos informes recibidos
a los Estados Parte.
Artículo 8
Facilitación y aclaración de cumplimiento
1.        Los
Estados Parte convienen en consultarse y cooperar entre sí con respecto a la
puesta en práctica de las disposiciones de esta Convención, y trabajar
conjuntamente en un espíritu de cooperación para facilitar el cumplimiento por
parte de los Estados Parte de sus obligaciones conforme a esta Convención.
2.        Si uno
o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones relacionadas
con el cumplimiento de las disposiciones de esta Convención, por parte de otro
Estado Parte, pueden presentar, por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas, una Solicitud de Aclaración de este asunto a ese Estado Parte.
Esa solicitud deberá estar acompañada de toda información apropiada. Cada Estado
Parte se abstendrá de presentar solicitudes de aclaración no fundamentadas,
procurando no abusar de ese mecanismo. Un Estado Parte que reciba una Solicitud
de Aclaración, entregará por conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, en un plazo de 28 días al Estado Parte solicitante, toda la información
necesaria para aclarar ese asunto.
3.        Si el
Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas dentro del plazo de tiempo mencionado, o considera
que ésta no es satisfactoria, puede someter, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas, el asunto a la siguiente Reunión de los Estados
Parte. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá a todos los
Estados Parte la solicitud presentada, acompañada de toda la información
pertinente a la Solicitud de Aclaración. Toda esa información se presentará al
Estado Parte del que se solicita la aclaración, el cual tendrá el derecho de
réplica.
4.        Mientras
que esté pendiente la Reunión de los Estados Parte, cualquiera de los Estados
Parte afectados puede solicitar del Secretario General de las Naciones Unidas
que ejercite sus buenos oficios para facilitar la aclaración solicitada.
5.        El
Estado Parte solicitante puede proponer, por conducto del Secretario General de
las Naciones Unidas, la convocatoria de una Reunión Extraordinaria de los
Estados Parte para considerar el asunto. El Secretario General de las Naciones
Unidas comunicará a todos los Estados Parte esa propuesta y toda la información
presentada por los Estados Parte afectados, solicitándoles que indiquen si
están a favor de una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para
considerar el asunto. En caso de que dentro de los 14 días a partir de la fecha
de tal comunicación, al menos un tercio de los Estados Parte esté a favor de
tal Reunión Extraordinaria, el Secretario General de las Naciones Unidas
convocará esa Reunión Extraordinaria de los Estados Parte dentro de los 14 días
siguientes. El quórum para esa Reunión consistirá en una mayoría de los Estados
Parte.
6.        La
Reunión de Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte,
según sea el caso, deberá determinar en primer lugar si ha de proseguir en la
consideración del asunto, teniendo en cuenta toda la información presentada por
los Estados Parte afectados. La reunión de los Estados Parte, o la Reunión
Extraordinaria de los Estados Partes, deberá hacer todo lo posible para tomar
una decisión en consenso. Si a pesar de todos los esfuerzos realizados no se
llega a ningún acuerdo, se tomará la decisión por mayoría de los Estados Parte
presentes y votantes.
7.        Todos
los Estados Parte cooperarán plenamente en la Reunión de los Estados Parte o
con la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para que se lleve a cabo una
revisión del asunto, incluyendo las misiones de determinación de hechos
autorizados de conformidad con el párrafo 8.
8.        Si se
requiere mayor aclaración, la Reunión de los Estados Parte o la Reunión
Extraordinaria de los Estados Parte autorizará una misión de determinación de
hechos y decidirá su mandato por mayoría de los Estados Parte presentes y
votantes. En cualquier momento el Estado Parte del que se solicita la
aclaración podrá invitar a su territorio a una misión de determinación de
hechos. Dicha misión se llevará a cabo sin que sea necesaria una decisión de la
Reunión de los Estados Parte o de la Reunión Extraordinaria de los Estados
Parte. La misión, compuesta de hasta 9 expertos, designados y aceptados de
conformidad con los párrafos 9 y 10, podrá recopilar información adicional
relativa al asunto del cumplimiento cuestionado in situ o en otros lugares
directamente relacionados con el asunto del cumplimiento cuestionado bajo la
jurisdicción o control del Estado Parte del que se solicita la aclaración.
9.        El
Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista, que mantendrá
actualizada, de nombres, nacionalidades y otros datos pertinentes de expertos
cualificados recibida de los Estados Parte y la comunicará a todos los Estados
Parte. Todo experto incluido en esa lista se considerará como designado para
todas las misiones de determinación de hechos a menos que un Estado Parte lo
rechace por escrito. En caso de ser rechazado, el experto no participará en
misiones de determinación de hechos en el territorio o en cualquier otro lugar
bajo la jurisdicción o control del Estado Parte que lo rechazó, si el rechazo
fue declarado antes del nombramiento del experto para dicha misión.
10.      Cuando
reciba una solicitud procedente de la Reunión de los Estados Parte o de una
Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, el Secretario General de las
Naciones Unidas, después de consultas con el Estado Parte del que se solicita
la aclaración, nombrará a los miembros de la misión, incluido su jefe. Los nacionales
de los Estados Parte que soliciten la realización de misiones de determinación
de hechos o los que de aquellos Estados Parte que estén directamente afectados
por ellas, no serán nombrados para la misión. Los miembros de la misión de
determinación de hechos disfrutarán de los privilegios e inmunidades
estipulados en el Artículo VI de la Convención sobre privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas, adoptada el 13 de febrero de 1946.
11.      Previo
aviso de al menos 72 horas, los miembros de la misión de determinación de
hechos llegarán tan pronto como sea posible al territorio del Estado Parte del
que se solicita la aclaración. El Estado Parte del que se solicita la
aclaración deberá tomar las medidas administrativas necesarias para recibir,
transportar y alojar a la misión, y será responsable de asegurar la seguridad
de la misión al máximo nivel posible mientras esté en territorio bajo su
control.
12.      Sin
perjuicio de la soberanía del Estado Parte del que se solicita la aclaración,
la misión de determinación de hechos podrá introducir en el territorio de dicho
Estado Parte el equipo necesario, que se empleará exclusivamente para recopilar
información sobre el asunto del cumplimiento cuestionado. Antes de la llegada,
la misión informará al Estado Parte del que se solicita la aclaración sobre el
equipo que pretende utilizar en el curso de su misión de determinación de
hechos.
13       El
Estado del que se solicita la aclaración hará todos los esfuerzos posibles para
asegurar que se dé a la misión de determinación de hechos la oportunidad de
hablar con todas aquellas personas que puedan proporcionar información relativa
al asunto del cumplimiento cuestionado.
14       El
Estado Parte del que se solicita la aclaración dará acceso a la misión de
determinación de hechos a todas las áreas e instalaciones bajo su control donde
es previsible que se puedan recopilar hechos pertinentes relativos al asunto
del cumplimiento cuestionado. Lo anterior estará sujeto a cualquier medida que
el Estado Parte del que se solicita la aclaración considere necesario adoptar
para:
a)        La
protección de equipo, información y áreas sensibles.
b)        La
observación de cualquier obligación constitucional que el Estado Parte del que
se solicita la aclaración pueda tener con respecto a derechos de propiedad,
registros, incautaciones u otros derechos constitucionales; o
c)        La
protección y seguridad físicas de los miembros de la misión de determinación de
hechos.
En caso de que el
Estado Parte del que se solicita la aclaración adopte tales medidas, deberá
hacer todos los esfuerzos razonables para demostrar, a través de medios
alternativos, que cumple con esta Convención.
15.      La
misión de determinación de hechos permanecerá en el territorio del Estado Parte
del que se solicita la aclaración por un máximo de 14 días, y en cualquier
sitio determinado no más de 7 días, a menos que se acuerde otra cosa.
16.      Toda la
información proporcionada con carácter confidencial y no relacionada con el
asunto que ocupa a la misión de determinación de hechos se tratará de manera
confidencial.
17.      La
misión de determinación de hechos informará, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas, a la Reunión de los Estados Parte o a la
Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, sobre los resultados de sus
pesquisas.
18.      La
Reunión de los Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte
evaluará toda la información, incluidos el informe presentado por la misión de
determinación de hechos, y podrá sugerir al Estado Parte del que se solicita la
aclaración que tome medidas para resolver el asunto del cumplimiento
cuestionado dentro de un periodo de tiempo especificado. El Estado Parte del
que se solicita la aclaración informará sobre todas las medidas tomadas en
respuesta a esta solicitud.
19.      La
Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte,
podrá seguir a los Estados Parte afectados modos y maneras de aclarar aún más o
resolver el asunto bajo consideración, incluido el inicio de procedimientos
apropiados de conformidad con el Derecho Internacional. En los casos en que se
determine que el asunto en cuestión se debe a circunstancias fuera del control
del Estado Parte del que se solicita la aclaración, la Reunión de los Estados
Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte podrá recomendar medidas
apropiadas, incluido el uso de las medidas de cooperación recogidos en el
Artículo 6.
20:      La
Reunión de los Estados Parte, o a Reunión Extraordinaria de los Estados Parte,
hará todo lo posible por adoptar las decisiones a las que se hace referencia en
los párrafos 18 y 19 por consenso, y de no ser posible, las decisiones se
tomarán por mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes.
Artículo 9
Medidas de aplicación a nivel nacional
Cada uno de los
Estados Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra
índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para
prevenir y reprimir cualquiera actividad prohibida a los Estados Parte conforme
a esta Convención, cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o
control.
Artículo 10
Solución de controversias
1.        Los
Estados Parte se consultarán y cooperarán entre sí para resolver cualquier
controversia que pueda surgir en relación con la aplicación e interpretación de
esta Convención. Cada Estado Parte puede presentar el problema a la Reunión de
los Estados Parte.
2.        La
Reunión de los Estados Parte podrá contribuir a la solución de las
controversias por cualesquiera medios que considere apropiados, incluyendo el
ofrecimiento de sus buenos oficios, instando a los Estados Parte en una
controversia a que comiencen los procedimientos de solución de su elección y
recomendando un plazo para cualquier procedimiento acordado.
3.        Este
artículo es sin perjuicio de las disposiciones de esta Convención relativas a
la facilitación y aclaración del cumplimiento.
Artículo 11
Reuniones de los Estados Parte
1.        Los
Estados Parte se reunirán regularmente para considerar cualquier asunto en
relación con la aplicación o la puesta en práctica de esta Convención,
incluyendo:
a)        El
funcionamiento y el status de esta Convención;
b)        Los
asuntos relacionados con los informes presentados, conforme a las disposiciones
de esta Convención;
c)        La
cooperación y la asistencia internacionales según lo previsto en el Artículo 6;
d)        El
desarrollo de tecnologías para la remoción de minas antipersonal;
e)        Las
solicitudes de los Estados Parte a las que se refiere el Artículo 8; y
f)         Decisiones
relativas a la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de conformidad
con el Artículo 5.
2.        La
primera Reunión de los Estados Parte será convocada por el Secretario General
de las Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de
esta Convención. Las reuniones subsiguientes serán convocadas anualmente por el
Secretario General de las Naciones Unidas hasta la primera Conferencia de
Examen.
3.        Al
amparo de las condiciones contenidas en el Artículo 8, el Secretario General de
las Naciones Unidas convocará a una Reunión Extraordinaria de los Estados
Parte.
4.        Los
Estados no Parte en esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones
regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no
gubernamentales pertinentes, pueden ser invitados asistir a estas reuniones
como observadores, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento acordadas.
Artículo 12
Conferencias del Examen
1.        Una
Conferencia del Examen será convocada por el Secretario General de las Naciones
Unidas transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de esta Convención. El
Secretario de las Naciones Unidas  convocará  otras Conferencias de Examen si
así lo solicitan uno o más de los Estados Parte siempre y cuando el intervalo
entre ellas no sea menor de cinco años. Todos los Estados Parte de esta
Convención serán invitados a cada Conferencia de Examen.
2.        La
finalidad de la Conferencia de Examen será:
a)        Evaluar
el funcionamiento y el status de esta Convención;
b)        Considerar
la necesidad y el intervalo de posteriores Reuniones de los Estados Parte a las
que se refiere el párrafo 2 del artículo 11;
c)        Tomar
decisiones sobre la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de
conformidad con el Artículo 5; y
d)        Adoptar,
si fuera necesario en su informe final conclusiones relativas a la puesta en
práctica de esta Convención.
3.        Los
Estados no Partes de esta Convención así como las Naciones Unidas, otros
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones
regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no
gubernamentales pertinentes, pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia
de Examen como observadores, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento
acordadas.
Artículo 13
Enmiendas
1.        Todo
Estado Parte podrá, en cualquier momento después de entrada en vigor de esta
Convención, proponer enmiendas a la misma. Toda propuesta de enmienda se
comunicará al Depositario, quien la circulará entre todos los Estados Parte y
pedirá su opinión sobre si se debe convocar a una Conferencia de Enmienda para
considerar la propuesta. Si una mayoría de los Estados Parte notifica al
Depositario, a más tardar 30 días después de su circulación, que está a favor
de proseguir en la consideración de la propuesta, el Depositario convocará una
Conferencia de Enmienda a la cual se invitará a todos los Estados Parte.
2.        Los
Estados no Parte de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otras
organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones
regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no
gubernamentales pertinentes pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia
de Enmienda como observadores de conformidad con las Reglas de Procedimiento
acordadas.
3.        La
Conferencia de Enmienda se celebrará inmediatamente después de una Reunión de
los Estados Parte o una Conferencia de Examen, a menos que una mayoría de los
Estados Parte solicite que se celebre antes.
4.        Toda
enmienda a esta Convención será adoptada por una mayoría de dos tercios de los
Estados Parte presentes y votantes en la Conferencia de Enmienda. El
depositario comunicará toda enmienda así adoptada a los Estados Parte.
5.        Cualquier
enmienda a esta Convención entrará en vigor para todos los Estados Parte de
esta Convención que la haya aceptado, cuando una mayoría de los Estados Parte
deposite ante el Depositario los instrumentos de aceptación. Posteriormente
entrará en vigor para los demás Estados Parte en la fecha  en que depositen su
instrumento de aceptación.
Artículo 14
Costes
Los costes de la
Reunión de la Reunión de los Estados Parte, Reuniones Extraordinarias de los
Estados Parte, Conferencias de Examen y Conferencias de Enmienda serán
sufragados por los Estados Parte y por los Estados no Partes de esta Convención
que participen en ellas, de acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones
Unidas ajustada adecuadamente.
Los costes en que
incurra el Secretario General de las Naciones Unidas con arreglo a los
Artículos 7 y 8, y los costes de cualquier misión de determinación de hechos
serán sufragados por los Estados Parte de conformidad con la escala de cuotas
de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada.
Artículo 15
Firma
Esta Convención,
hecha en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, estará abierta a todos los
Estados para su firma en Ottawa, Canadá, del 3 al 4 de diciembre de 1997, y en
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a partir el 5 de diciembre de
1997 hasta su entrada en vigor.
Artículo 16
Ratificación, aceptación, aprobación y
adhesión
1.        Esta
Convención está sujeta a la ratificación, la aceptación o a la aprobación de
los Signatarios.
2.        La
Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado que no la haya
firmado.
3.        Los
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se depositarán
ante el Depositario.
Artículo 17.
Entrada en vigor
1.        Esta
Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de
depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de
aprobación o de adhesión.
2.        Para
cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, de aceptación, de
aprobación o de adhesión a partir de la fecha de depósito del cuadragésimo
instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, esta
Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de
depósito por ese Estado de su instrumento de ratificación, de aceptación, de
aprobación o de adhesión.
Artículo 18
Aplicación provisional
Cada Estado
Parte, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, podrá declarar que aplicará provisionalmente el párrafo
1 del artículo 1 de esta Convención.
Artículo 19
Reservas
Los Artículos de
esta Convención no estarán sujetos a reservas.
Artículo 20
Duración y denuncia
1.        Esta
Convención tendrá una duración ilimitada.
2.        Cada
Estado Parte tendrá, en ejercicio de su soberanía nacional, el derecho de
denunciar esta Convención. Comunicará dicha renuncia a todos los Estados Parte,
al Depositario y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal.
Instrumento de denuncia deberá incluir una explicación completa de las razones
que motivan su denuncia.
3.        Tal
denuncia sólo surtirá efectos 6 meses después de la recepción del instrumento
de denuncia por el Depositario. Sin embargo, si al término de ese periodo de
seis meses, el Estado Parte denunciante está involucrado en un conflicto
armado. La denuncia no surtirá efecto antes del final del conflicto armado.
4.        La
denuncia de un Estado Parte de esta Convención no afectará de ninguna manera el
deber de los Estados de seguir cumpliendo obligaciones contraídas de acuerdo
con cualquier norma pertinente del Derecho Internacional.
Artículo 21
Depositario
El Secretario
General de las Naciones Unidas es designado Depositario de esta Convención.
Artículo 22
Textos auténticos
El texto original
de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará con el Secretario General de las
Naciones Unidas.
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
HACE CONSTAR:
Que la presente
reproducción es fiel fotocopia tomada del texto certificado de la “CONVENCION
SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE
MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION”, hecha en Oslo el dieciocho (18) de
septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”, documento que reposa en
los archivos de la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santafé
de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de julio de mil novecientos noventa
y ocho (1998).
HECTOR ADOLFO SINTURA VARELA
Jefe de la Oficina Jurídica
RAMA EJECUTIVA
DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SANTAFE DE BOGOTA
D.C., 13 DE MAYO DE 1998
APROBADO SOMETASE
A LA CONSIDERACION DEL HONORABLE CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS
CONSTITUCIONALES.
(Fdo.) ERNESTO
SAMPER PIZANO
EL MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES,
(Fdo.) CAMILO
REYES RODRIGUEZ
D E C R E T A :
ARTICULO
PRIMERO: Apruébase
la “CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y
TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION”, hecha en Oslo,
el dieciocho (18 de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997),
ARTICULO
SEGUNDO: De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª., de 1944, la “CONVENCION
SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE
MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION”, hecha en Oslo, el dieciocho
(18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997), que por el
artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al Estado Colombiano a partir
de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la
misma.
ARTICULO
TERCERO: La
presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
EL PRESIDENTE DEL
H. SENADO DE LA REPUBLICA,
(FDO.) MIGUEL
PINEDO VIDAL
EL SECRETARIO
GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA,
(FDO.) MANUEL
ENRIQUEZ ROSERO
EL PRESIDENTE DE
LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES,
(FDO.) ARMANDO
POMARICO RAMOS
EL SECRETARIO
GENERAL DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES,
(FDO.) GUSTAVO
BUSTAMANTE MORATO
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
EJECUTESE previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Santafé
de Bogotá, D.C., a los 14 ENE.2000
(FDO.) ANDRES
PATRANA ARANGO
EL MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES
(FDO.) GUILLERMO
FERNANDEZ DE SOTO
EL MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL
(FDO.) LUIS
FERNANDO RAMIREZ ACUJA”
III.    PRUEBAS DECRETADAS
Para efectos del presente estudio, se
ofició a los secretarios generales del Senado de la República, de la Cámara de
Representantes y de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes, de
ambas cámaras legislativas, para que enviaran a esta Corporación las copias de
las Gacetas del Congreso en las cuales se publicaron tanto el proyecto que
culminó con la expedición de la Ley 554 del 14 de enero de 2000, como las
ponencias y los informes de ponencia para los respectivos debates
constitucionales, al igual que copia de la certificación relacionada con el
desarrollo de los debates que se llevaron a cabo durante la discusión del
referido proyecto, especificando la fecha en la cual fue aprobado, el quórum
requerido para la misma y la votación finalmente obtenida. Se ofició, también,
a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional con el fin de
que allegaran al proceso los antecedentes de la Convención materia de revisión
y las razones que, en su criterio, justifican la constitucionalidad de la
misma.
El material probatorio recaudado servirá de
sustento para las consideraciones que fundamentarán la parte resolutiva de esta
providencia.
IV.    INTERVENCION DE AUTORIDADES PUBLICAS
Según informes secretariales, de los días
28 de febrero y 17 de marzo de 2000, intervinieron el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional, en los términos que se resumen
a continuación:
1.      Ministerio de Relaciones Exteriores
El citado Ministerio, por medio del señor
Viceministro para Europa, Asia, Africa y Oceanía, interviene en el proceso
solicitando que se declare la exequibilidad de la ley y de la Convención objeto
de revisión, conforme a lo que a continuación se resume.
El mencionado funcionario comienza su
escrito por destacar la importancia de la Convención, como quiera que ella es
la culminación del proceso de negociaciones realizado en “Ottawa”, cuyo fin era
lograr un tratado multilateral mediante el cual se prohibiera el empleo, el
almacenamiento, la producción y la transferencia de las minas antipersonal, así
como establecer condiciones que permitan lograr su destrucción en un futuro
cercano. Advierte, además, que la comunidad internacional le ha dado a dicho
instrumento una gran trascendencia y que su particularidad consiste en que se
refiere tanto a la temática del desarme como al Derecho Internacional
Humanitario y, en este último sentido, es una etapa más de un largo proceso que
comprende otros tratados sobre restricción al empleo de armas de destrucción
masiva y de consecuencias nocivas indiscriminadas.
Dentro de este grupo recuerda la Convención
de 1980 sobre “prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados”, que en uno de sus protocolos trata sobre las “minas,
armas-trampa y otros artefactos”, cuyo examen de constitucionalidad fue
efectuado mediante Sentencia C-156 de 1999, considerándose en aquella ocasión
que dicho instrumento armonizaba con los principios constitucionales del
respeto a la dignidad humana y el reconocimiento de la primacía de los derechos
inalienables de la persona, por lo que la exequibilidad de la Convención bajo
estudio se simplifica considerablemente, toda vez que en su preámbulo cita el
referido Protocolo de la Convención de 1980, siendo el perfeccionamiento de
éste, al igual que su medio facilitador.
El señor viceministro prosigue su
exposición refiriéndose al preámbulo de la Convención en el cual se describe su
finalidad, la que califica como altruista y concordante con los principios del
Derecho Internacional Humanitario. Indica, además, que el instrumento se aplica
a los Estados Parte, estén o no inmersos en un conflicto armado, llamando la
atención en cuanto a la importancia de que los grupos armados irregulares
colombianos abandonen la práctica de utilizar minas antipersonal, observación
que fue dejada como constancia por el Gobierno Nacional al negociar la
Convención.
Igualmente, destaca la importancia de las
principales obligaciones contenidas en la Convención y de los artículos que
prevén el sistema de cooperación y ayuda mutua que se crea para cumplir sus
fines, y menciona las cláusulas formales acostumbradas y relativas a la entrada
en vigor del instrumento, todas las cuales estima ajustadas a la Carta
Política.
Por último, manifiesta que la aprobación y
ratificación de la Convención constituye tanto la obediencia por los poderes
constituidos de los mandatos de la Carta, como una garantía para la protección
de los derechos humanos, mediante la regularización y humanización de la guerra
externa o interna.
2.      Ministerio de Defensa Nacional
El Ministerio de Defensa Nacional presentó
escrito, a través de apoderada, solicitando la exequibilidad de la Convención
bajo examen y de su ley aprobatoria, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Expresa que el instrumento que se revisa
contribuye a la realización de los propósitos señalados en la Carta de las
Naciones Unidas, en cuanto a la reiterada condena del uso de ciertas armas
convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados. Pone de presente que, en las actuales condiciones del
conflicto armado que vive el país, la Convención constituye un gran avance en
materia de represión y condena del uso de las minas antipersonal,
frecuentemente utilizadas por los grupos armados al margen de la ley y le
otorga al Estado la oportunidad de contar con asistencia internacional para
reprimir la utilización de los citados artefactos, así como constituye un paso
trascendental hacia el desarme internacional.
Para finalizar, resalta que la aprobación
de la Convención reafirma la voluntad del Estado colombiano de acatar las
normas del derecho de la guerra, resaltando el respeto que por ellas tienen las
Fuerzas Militares y refleja un amplio consenso de la comunidad internacional
sobre la necesidad de eliminar los sufrimientos que las personas inocentes
deben soportar a causa de las minas antipersonal, especialmente dentro de la
población infantil.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION
Mediante concepto No. 2129, recibido el 13
de abril de 2000, el Jefe del Ministerio Público solicitó a la Corte declarar
la constitucionalidad de los actos jurídicos objeto de revisión, por las
siguientes razones:
Una vez analizada formalmente la Convención
y su ley aprobatoria, el señor Procurador General de la Nación concluye que el
trámite dado a estos se encuentra ajustado a las normas constitucionales.
Posteriormente, sobre el contenido material
de la Convención, luego de detallarlo, indica que no se advierte vicio que
comprometa su constitucionalidad, sino que, por el contrario, pretende asegurar
la vigencia del Estado social de derecho, ya que busca preservar la dignidad
humana al proscribir el uso de las minas antipersonal y permitir el “desminado
del territorio colombiano”. En efecto, agrega que esta arma ha sido utilizada
progresivamente en el conflicto armado que enfrenta nuestro país, ocasionando
la muerte o incapacidad física a la inerme población civil que habita en las
zonas donde se encuentra alterado el orden público; de manera que, lo que se
pretende proteger son los derechos fundamentales a la vida, a la integridad
personal, a la paz y a la libertad de circulación de esas personas, lo cual
armoniza con el ordenamiento superior. Además indica que el instrumento bajo
estudio al fundamentarse en las normas del D.I.H. y contener disposiciones que
respetan la soberanía de los Estados Parte, se ajusta a lo previsto en la
Carta, para lo cual se apoya en la Sentencia C-156 de 1999.
Concluye diciendo que la ley aprobatoria de
la Convención también está conforme con la Constitución, como quiera que se
limita a aprobar el contenido de ésta y a disponer lo pertinente para la
entrada en vigor de la misma.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.      Competencia
En los términos del numeral 10o. del
artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para
pronunciarse, en forma definitiva, sobre la exequibilidad de la “Convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de
minas antipersonal y sobre su destrucción”, hecha en Oslo el 18 de septiembre
de 1997 y de la Ley 554 del 14 de enero de 2000 que la aprueba, a través de un
control integral, pleno y automático de esos instrumentos.
2.      Examen de constitucionalidad de la
Convención y de su ley aprobatoria
La Corte ha afirmado en forma reiterada que
el mencionado control de constitucionalidad que ejerce respecto de los Tratados
y de sus leyes aprobatorias, comprende la totalidad del contenido de esos actos
jurídicos, tanto en sus aspectos formales como de fondo. A continuación, la
Sala se propone adelantar dicho control integral con el alcance anunciado.
2.1.   La constitucionalidad en los
aspectos formales
La revisión de la constitucionalidad de la
Convención materia de estudio, así como de su ley aprobatoria, por aspectos de
forma, comprenderá tanto la facultad de representación del Estado colombiano
para la firma del respectivo instrumento internacional, como lo referente al
trámite legislativo de su ley aprobatoria en el Congreso de la República, con
sujeción a los mandatos superiores, de la siguiente forma:
2.1.1. La
representación del Estado colombiano en la celebración de la Convención
Verificada la competencia de las
autoridades que actuaron en representación del Estado colombiano durante el
proceso de celebración del instrumento internacional que se examina, con base
en los documentos allegados al expediente, se desprende que la Convención sub
examine fue suscrita por el entonces Viceministro de Relaciones Exteriores,
Camilo Reyes Rodríguez, el día 4 de diciembre de 1997, con fundamento en los
plenos poderes que le fueron otorgados por el Presidente de la República en
ejercicio, Dr. Ernesto Samper Pizano, el 26 de noviembre de 1997, quien
posteriormente le otorgó aprobación ejecutiva, el día 13 de mayo de 1998, y
ordenó someterlo al respectivo trámite legislativo ante el Congreso de la
República.
En consecuencia, la Sala no tiene reparo
alguno con respecto a la capacidad de representación del Estado colombiano en
los actos relativos a la celebración del mencionado instrumento internacional,
por su conformidad con el ordenamiento superior vigente (C.P., arts. 150-16 y
189-2) y con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales (artículo 7o., numeral 1o., literal a)[1].
2.1.2. Trámite legislativo para la
expedición de la Ley 512 de 1999
Con fundamento en las certificaciones
remitidas a la Corte por el Senado de la República y la Cámara de
Representantes, así como en los antecedentes legislativos y en las actas
publicadas en las Gacetas del Congreso de la República, se pudo determinar que
el trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley No. 554 de
2000, fue el siguiente:
2.1.2.1.       El 3 de agosto de 1998, el Gobierno Nacional, a
través de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional,
presentó ante el Senado de la República el proyecto de ley aprobatoria de la
Convención en estudio, el cual fue radicado bajo el número 33 de 1998-Senado y
publicado en la Gaceta del Congreso (Año VII No. 136 del 4 de agosto de 1998 a
fls. 57 y  58).
2.1.2.2.       El primer debate del mencionado proyecto de ley
se surtió ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la
República, con base en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso (Año VII
No. 203 del 1o. de octubre de 1998 a fls. 84 a 88) y fue aprobado unánimemente
mediante quórum deliberatorio y decisorio de 10 de los 13 senadores miembros de
la Comisión, el día 20 de octubre de 1998 (Acta No. 10 de esa fecha), según la
certificación expedida por el subsecretario de la misma del 11 de febrero de
2000 (fl. 255).
2.1.2.3.       Posteriormente, la plenaria del Senado de la
República, a partir de la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso (Año VII
No. 275 del 17 de noviembre de 1998 a fls. 101 a 105), discutió y aprobó el
proyecto de ley, con quórum de 98 senadores de 102, según Acta No. 30 del 2 de
diciembre de 1998 (Gaceta del Congreso Año VII No. 327 del 10 del mismo año a
fl. 320).
2.1.2.4.       Radicado el proyecto de ley en mención en la
Cámara de Representantes, con el número 151 de 1998-Cámara, la Comisión Segunda
Constitucional Permanente adelantó el primer debate, con base en la ponencia
publicada en la Gaceta del Congreso (Año VIII No. 254 del 13 de agosto de 1999
a fls. 149 a 150). Dicho proyecto de ley fue aprobado con la asistencia de 14
representantes y en forma unánime, en sesión del 18 de agosto de 1999, según
constancia suscrita por el secretario general de esa Comisión (fls. 122 y 123).
2.1.2.5.       El proyecto de ley continuó su curso ante la
plenaria de la Cámara de Representantes, a partir de la ponencia publicada en
la Gaceta del Congreso (Año VIII No. 398 del 29 de octubre de 1999 a fls. 169 y
170). De conformidad con la certificación suscrita por el secretario general de
la Cámara, dicho proyecto de ley fue aprobado por esa Corporación el día 16 de
noviembre de 1999, mediante 137 votos afirmativos, “tal como consta en el auto
de Sustanciación de la Oficina de Leyes - Secretaría General de la Cámara de
Representantes.” (fl. 124).
2.1.2.6.       El día 14 de enero de 2000, el Presidente de la
República, Doctor Andrés Pastrana Arango, sancionó la ley aprobatoria de la
Convención objeto de revisión, bajo el número 554 de 2000 y la remitió a la
Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta fue recibida el día 18 de
enero de ese mismo año, dentro del término máximo de 6 días señalados para el
efecto por el artículo 241, numeral 10, de la Carta Política.
Con base en lo anteriormente expuesto, la
Corte concluye que no existe ningún vicio en el trámite dado a la Ley 554 de
2000, por cuanto el mismo se ajustó a los mandatos superiores, en especial a
los establecidos en los artículos 154,157, 158, 160, 164 y 165 de la Carta
Política.
2.2.   La constitucionalidad en los
aspectos de fondo
Los 23 artículos que hacen parte del texto
del Acuerdo objeto de examen y aquellos que conforman la ley que lo aprueba,
serán sometidos a una revisión material normativa, mediante la presentación
suscinta de sus contenidos, con el fin de determinar su conformidad con la
Constitución Política de 1991.
2.2.1. Consideraciones
previas
Es necesaria
la precisión de algunos aspectos relacionados con el origen de la Convención
bajo estudio y su propósito antes de entrar al examen de fondo del articulado
de la misma por esta Corte.
2.2.1.1.       La
prohibición de las minas antipersonal: una cuestión humanitaria inspirada en
propósitos internacionales de protección de los derechos humanos
a.)  Conciencia de Estado frente a la necesidad de humanizar los medios
de guerra
Como bien se ha
dicho “la humanidad entera asume una garantía solidaria en cuanto al carácter
humano del modo de conducirse el Estado en cada nación”[2].
En efecto, el ámbito internacional requiere de acciones concertadas que le
permitan contrarrestar eventuales violaciones a los derechos fundamentales de
las personas. Para ello la protección normativa internacional de esos derechos
encauza la actuación de los Estados hacia su efectividad. De manera que, la
desproporcionalidad de los medios de guerra frente al fin que con ella se
persigue y a los medios legítimos de combate que internacionalmente son
aceptados, así como con respecto de los efectos que originan, determina una
actuación decidida de los Estados hacia la prohibición del empleo de armas de
combate que excedan los fines bélicos y desconozcan la dignidad humana.
El abuso en el
empleo de las minas antipersonal o comúnmente llamadas en Colombia como
“quiebrapatas”, llevó a finales del siglo XX, a que las naciones del mundo
comenzaran a dar los primeros pasos para erradicarlas e impedir su uso como
instrumentos de primera mano para resolver los conflictos políticos
internacionales e internos.
Se calcula que hay
más de ciento diez millones de minas antipersonal ubicadas en más de sesenta
países del mundo, situación que día a día sigue empeorando. Cada año se
siembran dos millones de nuevas minas terrestres, mientras que, por ejemplo, en
el año de 1995 sólo fueron desactivadas cincuenta mil[3].
En Colombia, según estimativos parciales existen por lo menos 70.000 minas
antipersonal, ubicadas en 105 municipios de 23 departamentos. El 10% de la
población de los municipios del país es potencial víctima de esos artefactos
explosivos[4]. Dichas minas se
han puesto para fines de defensa y agresión, por militares y subversivos, en un
conflicto armado interno cuya vigencia comprende más de cuarenta años.
Las minas
antipersonal constituyen una arma de guerra nociva y con efectos
indiscriminados[5], a las cuales se
les ha dado un uso irresponsable. Están diseñadas para matar y, en su defecto,
para mutilar partes del cuerpo humano, dejando repercusiones psicológicas
profundas en sus víctimas. Tienen una particularidad especial pues el daño que
infligen no sólo se produce durante la situación de conflicto armado
-internacional o interno-, sino que al permanecer activas indefinidamente, su
amenaza se torna latente[6].
Se las identifica
como el “soldado perfecto”, pues nunca duerme y nunca falla[7],
no dejan de actuar frente a un cese de actividades bélicas y aunque han sido
creadas para fines de guerra, no distinguen entre combatientes, adultos ni
niños, pues se observa que sólo el diez por ciento de sus víctimas son
combatientes[8]; es decir, sus
efectos no se limitan a soldados y sus propósitos a resultados exclusivamente
militares sino que cobijan a la población civil cuando desarrolla las más
sencillas actividades cotidianas.
Esto hace que las
minas antipersonal presenten consecuencias más amplias que las descritas, en
tanto interrumpen el desarrollo económico y social de las comunidades bajo su
amenaza, pues bajo el terror que imprimen dentro de su radio de acción, impiden
que las personas circulen libremente hacia sus lugares de trabajo, escuelas,
centros de salud y mercados, o que adelanten labores en los campos relacionadas
con el cultivo de las tierras, el levantamiento de ganado, etc.
b.)     El
consenso internacional hacia la obtención de una norma jurídica que prohibiera
el empleo de las minas antipersonal
La
solución del problema al cual se alude, llevó a distintos Estados a reunirse y
suscribir acuerdos tendientes a controlar su utilización y alcanzar su
destrucción. Se destaca, v.gr. la “Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en
Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro
(4) Protocolos”[9], en especial el
Protocolo III[10], que regula
sobre las prohibiciones o restricciones al empleo de minas, armas trampa
y otros artefactos (art. 1, num. 2).
Ese
instrumento otorgó una primera e importante respuesta al tema en cuestión, pero
no fue suficiente pues sus alcances se restringieron a los conflictos armados
de carácter internacional e interno y no establecía una prohibición tajante al
uso de las mismas. Además, en él seguía vigente la discusión sobre su
definición, cuya ambigüedad atentaba contra la consecución de sus fines y su
aplicación.
Igualmente,
incidieron las conclusiones a las cuales se arribó en el Consejo del Instituto
Internacional de Derecho Humanitario, reunido en Taormina (Sicilia) el 7 de
abril de 1990, contenidas en la declaración sobre normas de derecho
internacional humanitario relativas a la conducción de las hostilidades en los
conflictos armados internacionales[11], considerada
como uno de los pronunciamientos más versados de la doctrina internacional
sobre la materia, en cuyo capítulo B se insiste en la prohibición al empleo de
ciertas armas en los conflictos armados no internacionales, como las minas,
trampas y otros artefactos (num. 4o.), contra la población civil en general y
contra personas civiles individuales, de manera indiscriminada, en desarrollo
del principio de proporcionalidad de los medios de guerra.
Como
lo señaló esta Corporación[12] “si bien
ninguna de las normas convencionales expresamente aplicables a los conflictos
internos excluye los ataques indiscriminados o la utilización de ciertas armas,
la Declaración de Taormina considera que esas prohibiciones -en parte
consuetudinarias, en parte convencionales-  sobre utilización de armas químicas
o bacterio­lógicas, minas trampas, balas dum dum y similares, se aplican a los
conflictos armados no internacionales, no sólo porque ellas hacen parte del
derecho consuetudinario de los pueblos sino, además, porque ellas son una obvia
consecuencia de la norma general que prohíbe lanzar ataques contra la población
civil.”.
Como
consecuencia de lo anterior, se hizo manifiesta la iniciativa de los Estados
hacia un consenso para la prohibición total de las minas antipersonal. Canadá
asumió el difícil reto de liderar ese movimiento y organizó para finales del
año de 1996 la “Conferencia Internacional sobre Estrategia – Hacia una
prohibición mundial de las minas terrestres antipersonal o “Conferencia de
Ottawa de 1996” (reunida del 5 al 6 de octubre). Allí se sentaron las bases del
denominado “proceso de Ottawa”, con el cual se pretendió alcanzar la
suscripción de una convención multilateral.
El 18 de
septiembre de 1997, la Conferencia Diplomática de Oslo, Noruega, aprobó “la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”. En el marco de la
conferencia intergubernamental celebrada en el mes de diciembre de ese año en
la capital canadiense, la Convención fue firmada por los representantes de 121
Estados, entrando en vigor el 1 de marzo de 1999, una vez el cuadragésimo país
(Burkina Fasso) depositó su instrumento de ratificación en las Naciones Unidas.
Para el 15 de mayo de 1999 lo habían firmado 12 países más, contando con la
ratificación de 81 países.
Debe
destacarse que la misma atendió las exhortaciones que en forma permanente y en
esa dirección había emitido la Organización de las Naciones Unidas[13],
para que se concertara un acuerdo internacional eficaz y de cumplimiento
obligatorio con dicho fin, a través de una acción radical que consiguiera el
veto absoluto a la utilización de un instrumento de esa naturaleza.
Cabe,
igualmente, resaltar que aquellos países que aun no participan del compromiso
de una prohibición total de las minas antipersonal, encuentran en el Protocolo
II de la Convención sobre ciertas armas convencionales de 1980, ya mencionado,
el conjunto normativo mínimo que rige su utilización y transferencia.
c.)      La
Convención sub examine: trascendente ejemplo nacional de voluntad
política para adoptar regímenes obligatorios de proscripción de armas que
causan daños indiscriminados
El
Estado colombiano suscribió dicho instrumento internacional en desarrollo de
una política de defensa de los derechos humanos de sus habitantes, de
humanización de sus conflictos, de protección al medio ambiente sano y de
búsqueda, consecución y mantenimiento de la paz, compromiso que también ha
guiado la participación en otros acuerdos internacionales[14].
En efecto, en dicho acuerdos se ha pretendido avanzar en la implantación de
verdaderos límites al empleo de las armas de guerra y a las consecuencias que
generan sobre la población, mediante restricciones fuertes a su uso, producción
y transferencia.
Este
es un caso ejemplarizante de la adopción de un instrumento que incentiva el
desarrollo del derecho internacional humanitario, al establecer límites a la
conducción de la guerra, y que a la vez concientiza a los Estados hacia la
necesidad de adoptar acciones preventivas frente al control o la prohibición de
ciertas armas que resultan incompatibles con ese derecho.
Así,
las obligaciones internacionalmente adquiridas en la Convención sub examine reflejan
una decidida voluntad política de las autoridades estatales colombianas en
emprender acciones humanitarias que prohijan los requerimientos puestos de
presente por la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales, también de
las gubernamentales, la iglesia y la sociedad civil en general, en favor de la
humanidad. El compromiso que de ahí se deriva concuerda con el indelegable
deber de garantizar unas condiciones pacíficas de vida digna como legado para
las futuras generaciones.
2.2.1.2.       Respeto
a la dignidad humana y a derechos inalienables de las personas, a través de la
Convención sub examine, sustentada en precisos fundamentos
constitucionales
La Convención bajo examen se dirige principalmente
a la prohibición de actividades que en nuestro país han causado la muerte y
brutales lesiones a muchos de nuestros compatriotas[15],
por lo que es necesario reconocer como propósito esencial de la misma el
respeto a la dignidad humana de los habitantes de nuestro país (C.P., art.,
2o.), valor en el cual descansa el fundamento de la institucionalidad de
nuestro Estado Social de Derecho[16].
Un pacto internacional que prohiba el uso
de las minas antipersonal hace también efectivos derechos esenciales del ser
humano cuya protección es inaplazable, como ocurre con la vida, la salud, la
integridad física y mental, la libre circulación y el ambiente sano. Así mismo,
facilita a las autoridades estatales cumplir con la obligación constitucional
que les asiste de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades” (C.P., arts.
2o.,11, 12, 24, 48 y 79).
Como se ha dicho en
anteriores oportunidades, nuestra sociedad está llamada a dar solución pacífica
a sus conflictos internos e internacionales[17]; sólo así podrá
democratizar el tratamiento de las disputas y lograr legitimidad en los
acuerdos alcanzados para resolverlas. De esta manera, se abre paso a la
obtención de una paz real, derecho y deber de obligatorio cumplimiento (C.P.,
art. 22), y de una convivencia sin violencia, fin esencial del Estado
colombiano (C.P., art. 2o.), bajo los presupuestos de la diferencia y la
tolerancia.
Constituye,
entonces, deber de todos propender al logro y mantenimiento de la paz en el
territorio nacional (C.P., art. 95-6), y para ello al Estado le han sido
asignadas precisas responsabilidades.
Por una parte, tiene
el deber de garantizar la paz internacional, recordemos que la Carta de las
Naciones Unidas[18] señala que los
objetivos de las naciones miembros son los de “`[m]antener la paz y la seguridad
internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir
y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con
los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo
de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a
quebrantamientos de paz;” (...)” (art. 1o.). (Destaca la Sala). Por otra
parte, la organización estatal no sólo tiene el deber impedir la guerra interna
como se ha venido afirmado permanentemente[19], sino que,
igualmente, le corresponde preservar el orden público y mantener unas
condiciones de tranquilidad, seguridad y paz a todos sus habitantes, en el
interior del territorio colombiano (C.P., Preámbulo y arts. 2o. y 22).
En este orden de
ideas, un instrumento internacional que bajo la guía de los propósitos
compartidos en el ámbito de las Naciones Unidas, facilite al Estado colombiano
la asunción de compromisos que limiten la forma de adelantar un conflicto
armado, no sólo se traduce en una vía segura hacia la humanización de la guerra
y la prevención de la misma, sino que logra conducir la resolución de las
disputas por vías institucionales, de manera que el conflicto sea fuente de
riqueza y se desenvuelva de manera pacífica y democrática[20]
y no se constituya en un mecanismo de vulneración de los derechos de las
personas en sociedad. Recordemos que el conflicto es inherente a las relaciones
de los seres humanos y, por lo tanto, es imposible desterrarlo de tajo; el
objetivo será entonces encontrar la manera más civilizada para resolverlo.
En este punto, el principio de dignidad
humana y el derecho a la paz y a la convivencia pacífica van de la mano en el
propósito asumido por los Estados en la Convención que hoy estudia la Corte. La
orden convenida de abolir totalmente el uso y transferencia de las minas
antipersonales logra consolidar, desde las esferas estatales, una verdadera
voluntad de respeto por el ser humano y por sus derechos, en consonancia con
las proclamas del derecho internacional humanitario.
Efectivamente, la
utilización de las minas antipersonal desconoce algunos de los principios
internacionales fundamentales relativos al límite de los métodos o medios de
hacer la guerra, para evitar males innecesarios y a la protección de la
población civil no partícipe de las hostilidades. Por consiguiente, se puede
decir que un acuerdo internacional de esta índole contempla en su sustrato,
reglas que compaginan no sólo con el derecho de la guerra[21]
sino con el derecho humanitario[22], ya que,
precisamente, protege a la población civil frente a las consecuencias directas
de la utilización de las minas antipersonal durante las hostilidades, al
someterlas a un régimen de medios legítimos de combate que las proscribe.
Establecido
lo anterior, enseguida se analizará la constitucionalidad de la Convención bajo
estudio.
2.2.2. Descripción del articulado de la
Convención y la constitucionalidad de su contenido normativo
2.2.2.1.       Finalidad de la Convención
a.)  Contenido del preámbulo y su desarrollo en
el ordenamiento superior
La
principal motivación de los Estados Parte al momento de suscribir la
Convención, así como de aquellos que posteriormente han resuelto adherirse a
ella, la constituye el decidido propósito de prohibir, restringir y suspender
el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de las minas antipersonal
para, en definitiva, lograr su desmonte y destrucción. De esta manera, esperan
poder mitigar el sufrimiento por las mutilaciones y muertes que se causan esos
artefactos explosivos, así como remover los obstáculos que presentan en el
desarrollo económico y social de un país, al igual que en la repatriación de
los refugiados y de las personas desplazadas internamente por esa razón.
Se
plantea, en consecuencia, la necesidad de adelantar ingentes esfuerzos por los
Estados Parte para alcanzar esos objetivos, de manera coordinada, así como para
garantizar la debida asistencia en el cuidado y la rehabilitación de sus
víctimas, con el fin de brindarles reintegración social y económica.
Lo
anterior se conviene con base en principios del Derecho Internacional
Humanitario y en acuerdos y recomendaciones provenientes de diversos foros
internacionales en los que se ha instado a los Estados al desarme y destrucción
de armas nocivas y con efectos indiscriminados[23]. Resaltan la
labor que con ese fin han llevado a buen término el Movimiento de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas
y otras numerosas organizaciones no gubernamentales del mundo. Por último, se
hace una convocatoria expresa a una mayor participación de los Estados del
mundo en la Convención.
En esos
términos, la Convención en estudio emerge como un instrumento eficaz en el
manejo de varias situaciones, como por ejemplo: -la prevención de la guerra y
la consecución de la paz y de condiciones pacíficas de convivencia, - la
preservación del orden público, -la extinción de armas salvajes e inhumanas con
destrucción indiscriminada, -la protección de los derechos a la vida, a la
salud, a la integridad física y mental, a la circulación libre, a la paz y a
gozar de un ambiente sano de los ciudadanos (C.P., arts. 49, 12, 24 y 79).
Además,
resulta consecuente con la garantía que la Constitución otorga a los principios
sobre respeto a la dignidad humana, permitiendo realizar los fines del Estado
social de derecho relacionados con la efectividad de los derechos de las
personas constitucionalmente consagrados, la preservación del orden público y
de una convivencia pacífica de los pueblos, y a la protección de todas las
personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades (C.P., arts. 1o. y 2o.)
Al respecto,
la Corte en otro de sus pronunciamientos al referirse a la utilización de las
minas antipersonal, durante los conflictos armados internacionales e internos,
señaló lo siguiente[24]:
“En este contexto, la Convención y
sus Protocolos, ante la inminente y grave amenaza que constituyen las minas y
demás armas y artefactos descritos en ellos para la integridad y la vida de la
persona humana, constituyen cabal desarrollo y logran dar efectivo cumplimiento
al principio constitucional de respeto de la dignidad humana, (CP, art. 1o.),
así como a las finalidades del Estado encauzadas a garantizar la efectividad de
los principios y derechos constitucionales, a mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica (CP art. 2o.). Igualmente, a
través de estos instrumentos, se busca por parte del Estado colombiano, en los
términos del inciso segundo del artículo 2o. de la Carta Política, proteger a
todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades.”.
Los criterios expuestos en
esa oportunidad son plenamente aplicables en el presente examen. Sin lugar a
dudas, la actividad estatal está decidida a impedir que en el suelo colombiano
se continúen usando, almacenando, produciendo y transfiriendo minas
antipersonal, así como a emprender las tareas que suponen lograr su
desactivación y destrucción, situación que armoniza con los valores fundantes
del Estado colombiano que buscan asegurar a todos los habitantes del territorio
la vida, el respeto a la dignidad humana, la convivencia pacífica y la paz.
b.)
Adecuación de la
finalidad de la Convención al D.I.H.
Los
cometidos a los que voluntariamente se comprometen los Estados Parte se
sustentan en tres principios esenciales del Derecho Internacional Humanitario,
como son: i.) aquel que limita el derecho de las partes en un conflicto
armado a elegir los métodos o medios de combate, ii.) el que prohibe el
empleo, en los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos
de combate de tal naturaleza que causen daños superfluos o sufrimientos
innecesarios, y iii.) el que impone distinguir entre civiles y
combatientes.
Dichos principios, en nuestro ordenamiento
jurídico no pueden reducirse a simples enunciados teóricos de propósitos
loables de la comunidad internacional. Según lo ordena expresamente el numeral
2o. del artículo 214 de la Carta Política, las reglas del derecho internacional
humanitario deben respetarse y se encuentran incorporadas al derecho interno
sin necesidad de ratificación previa o sin expedición de norma reglamentaria[25],
puesto que se fundamentan en el respeto a la dignidad humana[26],
valor constitucionalmente protegido.
No se
puede olvidar que tales normas forman parte integrante del derecho
consuetudinario de los pueblos o ius cogens[27]
y por ello las mismas presentan una fuerza vinculante internacional, en la
medida en que expresan un código ético y axiológico aplicable en los conflictos
armados con aquiescencia universal y subordinante para todos los actores del
mismo[28]. En ese sentido
la Corte indicó[29]:
“Todo lo anterior
permite entonces concluir que la obligatoriedad del derecho internacional
humanitario se impone a todas las partes que participen en un conflicto armado,
y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan ratificado los
respectivos  tratados. No es pues legítimo que un actor armado irregular, o una
fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar en un conflicto
armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los
convenios internacionales respectivos, puesto que -se repite- la fuerza
normativa del derecho internacional humanitario deriva de la universal
aceptación de sus contenidos normativos por los pueblos civilizados y de la
evidencia de los valores de humanidad que estos instrumentos internacionales
recogen. Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces
obligados a respetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de
humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores situaciones de
conflicto armado.
9- Tampoco puede uno
de los actores armados alegar el incumplimiento del derecho humanitario por su
contrincante con el fin de excusar sus propias violaciones de estas normas, ya
que las limitaciones a los combatientes se imponen en beneficio de la persona
humana. Por eso, este derecho tiene la particularidad de que sus reglas
constituyen garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen
obligaciones a los actores arma­dos, en beneficio no propio sino de terceros:
la población no combatiente y las víctimas de ese enfrentamiento bélico. Ello
explica que la obligación humanitaria no se funde en la recipro­cidad, pues
ella es exigible para cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su
cumplimiento correlativo por la otra parte, puesto que el titular de tales
garantías es el tercero no combatiente, y no las partes en conflicto.  Al
respecto, esta Corte ya había señalado que  "en estos tratados no opera el
tradicional principio de la reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente
la Corte Internacional de Justicia en el caso del conflicto entre Estados
Unidos y Nicaragua-, son susceptibles de reserva[30]".”.
De manera
que, la Convención bajo estudio en las disposiciones que promuevan el principio
de la dignidad humana y la primacía de los derechos inalienables de las
personas son exigibles no sólo al Estado y sus autoridades sino a todos y cada
uno de los habitantes del territorio nacional. Por esa razón, es factible
pretender su cumplimiento en forma coercitiva.
Esta última
conclusión es necesaria para efectos de la realización de la Convención, ya que
en la misma no se establece un ámbito de aplicación específico. Esto obedece, a
que por su finalidad la Convención trasciende cualquier situación de conflicto
armado internacional o interno, pues los compromisos que con ella se adquieren
se centran a “nunca y bajo ninguna circunstancia” emplear, desarrollar,
producir, almacenar o transferir minas antipersonal.
Vale la pena
destacar, que acorde con esa situación, el Gobierno Nacional hizo una
declaración durante la Conferencia Diplomática que adoptó la presente
Convención, señalando que los grupos armados irregulares en Colombia están
igualmente obligados a abandonar en la práctica la utilización de las minas
quiebrapatas, poniendo en vigor las disposiciones del convenio por la vía de
los acuerdos especiales. Dicho señalamiento resulta concordante con lo ya
señalado.
Puede
entonces colegirse que el fundamento de la celebración de un instrumento
internacional de esta envergadura, en lugar de contradecir, armoniza con los
mandatos indicados de la Constitución Política colombiana y con los principios
del Derecho Internacional Humanitario y algunas de las normas imperativas del ius
cogens.
2.2.2.2.       El
articulado de la Convención
a.)     Obligaciones generales y
principales que asumen los Estados Parte (arts. 1o., 2o. y 3o.)
El
artículo 1o. de la Convención establece las obligaciones generales de los
Estados Parte, las cuales se concretan a prohibir absolutamente el empleo de
minas antipersonal. Este mandato es perentorio y constituye el propósito
específico del convenio; sin él, no puede haber garantía de que las demás actividades
relacionadas con el uso de esas minas se eliminen, como sucede con el
desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación o
transferencia de dichos artefactos. La misma consideración cabe con respecto
del deber de destruir o de asegurar la destrucción de todas las minas
antipersonal, de conformidad con la Convención y con la restricción de dar
ayuda, estímulo o incitar a participar a un Estado Parte en una de esas
actividades prohibidas.
Con
miras a la correcta interpretación de la Convención, el artículo 2o. trae la
definición técnica de distintos términos, tales como “mina antipersonal”,
“mina”, “dispositivo antimanipulación”, “transferencia” y “zona minada”. Se
destacan los siguientes conceptos, para los fines de implementación de la
Convención: i.) el de la mina antipersonal, según el cual es toda
aquella mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el
contacto de una persona y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. No
se consideran de esa clase, las diseñadas para detonar ante la presencia o
proximidad de un vehículo que estén provistas de un dispositivo
antimanipulación; y ii.) el de transferencia de minas, para lo cual se
debe entender el traslado físico hacia o desde el territorio nacional, así como
la transferencia de dominio y del control sobre las minas.
El
artículo 3o. de ese mismo instrumento internacional señala como excepción a esa
regla general, la retención o transferencia de una cantidad mínima de minas
antipersonal para fines de adiestramiento en técnicas de detección, limpieza o
destrucción de las mismas.
La
Sala observa que las obligaciones pactadas en la forma relatada, materializan
el propósito de prohibición radical al empleo de las minas antipersonal que
tiene la Convención. En efecto, sus alcances se extienden al proceso económico
y tecnológico integral que se crea en torno del uso de las minas antipersonal,
lo que exterioriza una voluntad real de cumplimiento del compromiso adoptado
internacionalmente. De igual manera, las definiciones técnicas allí adoptadas,
aseguran una cumplida aplicación de la Convención, ya que facilitan la
interpretación de sus cláusulas sustantivas. De este modo, la Corte no observa
vulneración de canon constitucional alguno; por el contrario, se evidencia
claramente que desarrollan los principios que, ya analizados, sustentan la
finalidad de este acuerdo, entre ellos los de respeto a la dignidad humana,
protección a la vida y otros derechos de las personas (salud, libre
circulación, medio ambiente sano, etc.), consecución de la paz, garantía de una
convivencia pacífica y preservación del orden público.
b.)     Obligaciones específicas de los
Estados Parte (arts. 4o. y 5o.)
En esta parte del texto de la Convención se
exponen las obligaciones específicas que asumen los Estados Parte, con el fin
de destruir o asegurar la destrucción de las existencias de minas antipersonal,
bajo su jurisdicción y control, en un plazo máximo de 4 años, a partir de la
entrada en vigor de la Convención para el respectivo Estado.
La destrucción de las minas antipersonal
colocadas en zonas minadas, cuenta con un plazo de 10 años, debiéndose
identificar las zonas donde se sepa o sospeche que hay minas y adoptar las
medidas necesarias para su vigilancia, en aras de la protección de los civiles.
La respectiva señalización se hará según las normas ya fijadas con tal fin[31].
Esta tarea podrá obtener una prórroga de diez años con renovación a la misma,
con base en informes fundamentados en los cuales se describa lo efectuado en
dicho período y los problemas del trabajo de desminado.
Como se
puede deducir de las disposiciones reseñadas, no existe contradicción alguna de
las mismas con el ordenamiento superior. Las reglas que allí se establecen,
además, de estar ajustadas a los fines del instrumento internacional en
estudio, especifican los compromisos que asumen los Estados Parte para la
destrucción de las existencias de las minas antipersonales y de las ubicadas en
zonas minadas, con protección a la población civil, atendiendo a plazos
razonables para arrojar los resultados esperados pudiendo prorrogarlos, según
las circunstancias propias de cada trabajo. Por lo tanto, la Corte únicamente
resalta que la referida destrucción debe realizarse en condiciones que
garanticen la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente,
pues sólo así se daría cumplimiento de los deberes a cargo del Estado (C.P.,
arts. 2o., 13 y 79).
c.)      Cooperación y asistencia
internacional (art. 6o.)
La cooperación y asistencia internacional
entre los Estados Parte constituye un presupuesto esencial sobre el cual se
soporta el cumplimiento del Convenio y un derecho exigible por los mismos. Para
ese propósito cada Estado Parte facilitará el intercambio de equipo, material e
información científica y técnica necesarios para la aplicación de la Convención
y no impondrá restricciones indebidas al suministro de equipos de limpieza de
minas para realizar labores de limpieza de minas ni a la correspondiente
información técnica con fines humanitarios. La asistencia cobijará la
destrucción de las existencias de minas antipersonal así como las ya sembradas.
Adicionalmente, se proporcionará asistencia
para el cuidado y rehabilitación de víctimas de las minas, y para su
integración social y económica, así como para los programas de sensibilización
sobre minas. Deberá proporcionarse información sobre la limpieza al Sistema de
las Naciones Unidas, en lo atinente a los medios y tecnologías, listas de expertos,
organismos especialistas, centros de contacto, etc. Esta colaboración se
otorgará en la medida en que cada Estado Parte se encuentre en condiciones de
hacerlo y en forma inter alia por el Sistema de las Naciones Unidas o de
organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, el
Comité Internacional de la Cruz Roja, organizaciones gubernamentales, acuerdos
bilaterales, entre otros medios.
La solicitud de asistencia también podrá
dirigirse a las Naciones Unidas a las organizaciones regionales, a otros
Estados Parte, otros foros intergubernamentales o no gubernamentales con el fin
de realizar un Programa Nacional de Desminado, con el objeto de determinar inter
alia, la extensión y ámbito del problema, los recursos financieros, tecnológicos
y humanos requeridos para la ejecución del mismo, la duración del proceso de
destrucción de las minas, las actividades de sensibilización sobre el problema,
la asistencia a las víctimas, las relaciones entre aquellos que trabajarán en
la ejecución del programa. Se obliga expresamente a los Estados Parte que
proporcionen o reciban asistencia a cooperar para asegurar la puesta en
práctica de los programas de asistencia acordados.
La Corte
concluye que sin esa cooperación y asistencia los fines de eliminación al uso y
desmonte de estos artefactos explosivos y la prohibición de su producción,
desarrollo, transferencia y demás actividades correlativas, serían difícilmente
alcanzables: Esto, si se tiene en cuenta el corto plazo que se otorga en la Convención
para su consecución y la alta capacidad técnica y financiera que se requiere
para cumplir con esas metas. Además, sin la asistencia internacional la
atención debida a las víctimas de las minas no se haría efectiva. Es de
destacar que aquella va más allá del cuidado quirúrgico y la rehabilitación
física, pues está contemplada que se produzca tanto en el orden social  como en
el económico.
Con lo
resumido del texto de la Convención, no se observa configurada oposición alguna
a la Carta Política, pues se deduce que la recurrencia al ámbito de la
cooperación internacional para cumplir con lo pactado está dada en claros
términos de integración, equidad, igualdad y reciprocidad entre los Estados
Parte (C.P., arts. 226 y 227). Debe eso sí puntualizarse que la asistencia a
las víctimas de las minas y la definición de un programa de desminado, deberá
encauzarse por la mediación de los organismos señalados para tal fin, en clara
sujeción al principio de la soberanía nacional y la libre autodeterminación de los
pueblos (C.P., art. 9o.).
Lo
anterior, permitirá que el Estado colombiano pueda conciliar sus intereses y
garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos
mediante el instrumento internacional que se analiza, en aras de la protección
de la dignidad humana y la paz, contando con el recurso más efectivo para ello,
como es la de una colaboración decidida, dinámica y en conjunto de la comunidad
internacional
d.)     Medidas de transparencia  y
Medidas de aplicación “a nivel nacional” (arts. 7o. y 9o.)
De conformidad con esta cláusula de la
Convención, los Estados Parte se comprometen a suministrar información y a
actualizarla anualmente ante el Secretario General de las Naciones Unidas,
sobre las siguientes materias:
i.) Los resultados
de la aplicación en el ámbito nacional de medidas legales, administrativas y de
otra índole, así como la imposición de sanciones, para prevenir y reprimir
cualquier actividad prohibida en esa Convención, cometidas por personas o en
territorio bajo su jurisdicción o control (artículo 9o. de la Convención). ii.)
La descripción técnica y numérica de las existencias de minas
antipersonal que le pertenezcan o posea, de las que estén sembradas bajo su
jurisdicción o control, con la debida ubicación y la precisión de cuando fueron
colocadas, de las retenidas o transferidas para fines de adiestramiento, así
como de las destruidas después de la entrada en vigor de la Convención para ese
Estado Parte. iii.) La situación de los programas para la reconversión o
cierre definitivo de instalaciones de producción de minas antipersonal y para
su destrucción, con detalles acerca de los métodos que se utilizarán, los
lugares donde tendrá lugar la destrucción y las normas aplicables que
observarán en materia de seguridad y medio ambiente. iv.) Las
características técnicas de las minas producidas que pertenezcan al Estado o
que posea, con la respectiva información que pueda facilitar la labor de
desminado. v.) Las medidas adoptadas para advertir a la población sobre
todas las áreas bajo la jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que
hay minas antipersonal.
Sobre el particular, la Corte observa que el
respeto a la Convención pactada y el deseo de cooperar para su real aplicación
requieren de transparencia al momento de describir la situación del Estado
Parte frente al cumplimiento de las obligaciones por él adquiridas. El
intercambio de información sobre todos los aspectos previamente indicados y la
actualización de la misma, se convierte, desde este punto de vista, en un
ingrediente esencial de garantía internacional en los resultados de la
aplicación de la Convención. Si bien no se pactan mecanismos de verificación
detallados, el que se prevé en esta parte del texto del instrumento examinado
permitirá adelantar una vigilancia permanente sobre los Estados Parte,
impidiéndoles distanciarse de sus compromisos internacionales, el cual resulta
complementado con las misiones de determinación de hechos que se autorizan
realizar y que más adelante se analizarán.
Con la aprobación de esa medida es evidente
la disposición manifiesta de cada Estado Parte de generar un ambiente de
confianza mediante la respectiva actuación de buena fe, indispensable para la
realización de un acuerdo de voluntades como éste; de esta forma, se desarrolla
el principio del pacta sunt servanda y, por consiguiente, el postulado
constitucional que somete las relaciones exteriores del Estado colombiano al
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el
mismo (C.P., art. 9).
Por último, cabe resaltar que la obligación
de adoptar las medidas necesarias de orden legal, administrativo o de cualquier
otra clase, así como la imposición de sanciones para prevenir y reprimir
cualquier actividad prohibida en la Convención, cometidas por personas en
territorio bajo su jurisdicción o control, asegura una fuerza vinculante al
contenido material de la misma. Esta disposición cumple con los postulados que
sobre respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos defiende
la Carta (C.P. art. 9), puesto que las disposiciones que por ese motivo se
expidan tendrán que ajustarse al sistema jurídico nacional vigente.
.
e.)      Facilitación y aclaración de
cumplimiento (art. 8o.)
La puesta en práctica de las disposiciones de
la Convención dará lugar a la realización de consultas y cooperación entre los
Estados Parte. La aclaración y resolución de cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de esas normas tienen establecido un procedimiento específico, el
cual incluye la presentación de solicitudes de aclaraciones al cumplimiento de
un determinado asunto, por conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, y con un plazo fijo de respuesta, de lo contrario, la cuestión podrá
someterse a la siguiente Reunión de los Estados Parte. Se  garantiza el derecho
de réplica al Estado Parte del cual se solicita aclaración y se permiten los
buenos oficios de funcionario internacional para facilitar la misma.
Igualmente, podrá proponerse la convocatoria
de una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para que estudien el tema.
Si la materia requiere de una mayor aclaración, podrán autorizarse misiones de
determinación de hechos, las que también podrán realizarse a solicitud del
Estado Parte requerido en la aclaración.
La Convención precisa en su texto los
requisitos para la integración de esas misiones de listas de expertos
elaboradas por el Secretario General de las Naciones Unidas, y con consulta al
Estado Parte solicitante de la aclaración. Se excluyen de tal elección los
nacionales de los Estados Parte que solicitaron se realizara la misión o de
aquellos que sean objeto de las mismas. Los miembros de la misión gozan de los
privilegios e inmunidades estipulados en el artículo iv de la Convención de
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas (adoptada el 13 de febrero de
1946).
Posterior a esto, se establecen disposiciones
relacionadas con la realización y fines de la misión en el lugar de la visita.
Se destacan de las mismas que el Estado visitado deberá tomar las medidas
administrativas necesarias para recibir, transportar y alojar a la misión,
brindarle la seguridad necesaria mientras permanezca en su territorio, asegurar
que pueda recolectar la información relativa a la materia objeto de la visita,
con acceso a todas las áreas e instalaciones bajo su control y relacionadas con
los hechos investigados.
El referido acceso deberá sujetarse a medidas
de protección y seguridad física tanto de los miembros de la misión, del
equipo, de información y de áreas sensibles, como de respeto a los derechos de
propiedad, registros, incautaciones u otros derechos constitucionales que deba
asegurar el respectivo Estado. La misión tiene límites en su duración, salvo
pacto en contrario. La información ajena al asunto que ocupa la atención de la
misión se tratará con carácter confidencial.
Del informe de resultados podrá la Reunión de
los Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los mismos solicitar al Estado
Parte visitado la toma de medidas que resuelvan el asunto del cumplimiento
cuestionado, dentro de un período de tiempo específico y el inicio de
procedimientos conformes con el Derecho Internacional para el mismo fin, al
igual que adoptar medidas de cooperación cuando se trate de circunstancias
fuera del control del Estado Parte objeto de la visita.
Para la Corte, es totalmente válido que la
preocupación de los Estados Parte frente a la observancia de la Convención por
el conocimiento de actos que puedan generar el incumplimiento de la misma,
tenga dispuesto el mecanismo de consultas entre ellos y de misiones de
determinación de tales hechos para una mayor clarificación de la situación por
la que atraviesa un Estado obligado en un determinado momento, frente al
cumplimiento de la Convención, así como por la iniciativa propia del Estado
Parte requerido, sin que esto pueda llegar a tacharse de inconstitucional.
Con estas normas, nuevamente se hace evidente
el firme propósito de los Estados Parte de observar los mandatos del
instrumento internacional convenido bajo el principio de la buena fe, al dar
lugar a un procedimiento de facilitación y aclaración de cumplimiento para
resolver las dudas que amenazan la debida ejecución de la Convención,
sustentado en la vigencia del debido proceso y en el respeto a la soberanía y
autodeterminación de los Estados.
La actividad que desarrollan las misiones se
cumplirá de conformidad con una regulación específica que no impone cargas
exageradas al Estado visitado. Al mismo se le respeta su soberanía, tal y como
lo refiere el mismo texto de la Convención, al preceptuarse límites a las
actuaciones de la misión ceñidos exclusivamente a los fines de la visita, a la
permanencia de la misma en el territorio, al deber de confidencialidad que se
impone respecto de la información que se conozca por virtud de la misión
adelantada y que resulte ajena a la pesquisa, impidiendo así cualquier provecho
ilegítimo de secretos de otro país y la afectación de los intereses y derechos
del propio Estado y de los particulares. De esta forma, se mantiene un control
sobre información que no es pública.
En ese orden de ideas, tampoco hay objeción
constitucional en el hecho de que el Estado Parte destinatario de la misión
deba garantizar la seguridad de los miembros de la misión y el éxito de la
realización de la misma, pues así se provee a la facilitación de la aclaración
del asunto de cumplimiento cuestionado, en ejercicio del deber de cooperación
internacional y de procura al cumplimiento de los pactos efectuados en dicho
instrumento.
f.)      Solución de controversias (art.
10o.)
Contiene este artículo una norma especial
sobre la resolución de controversias que puedan surgir en relación con la
aplicación e interpretación de esta Convención, a través de la Reunión de los
mismos, para contribuir con su solución por cualquier medio apropiado, incluido
el ofrecimiento de los buenos oficios e instándolos a que comiencen los
procedimientos de solución de su elección, dentro de un plazo recomendado.
Este artículo desarrolla claramente el
artículo 9o. de la Constitución que establece que las relaciones exteriores del
Estado colombiano se deberán sustentar en los principios de soberanía nacional
y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Así mismo, hace vigente el
principio de derecho internacional antes mencionado del pacta sunt servanda.
Es del caso recordar que con arreglo a la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la interpretación del
instrumento bajo examen o el desarrollo del mismo, no puede contradecir
disposiciones de carácter imperativo del derecho internacional general (Ius
Cogens)[32] Por todo esto,
la Corte no rechaza por razones constitucionales la disposición aludida.
g.)     Reuniones de los Estados Parte,
Conferencias del Examen y Costes (arts. 11o., 12o. y 14o.)
Para la puesta en marcha de la Convención se
prevé la realización de una reunión inicial de los Estados Parte y de reuniones
periódicas de éstos, convocados por el Secretario General de las Naciones
Unidas para considerar asuntos relacionados con los informes presentados, la
cooperación y la asistencia internacional, el desarrollo de tecnologías para la
remoción de minas antipersonal, las solicitudes de los Estados Parte ya
mencionadas y las decisiones sobre las mismas. Se estipula también todo lo
relacionado con la realización de la Reunión Extraordinaria de los Estados
Parte.
Mediante el mecanismo de las Conferencias de
Examen los Estados Parte también podrán evaluar el funcionamiento y el status
de la Convención, considerar la necesidad de celebrar posteriores reuniones y
decidir sobre las solicitudes presentadas por ellos, así como adoptar
conclusiones sobre la aplicación del instrumento internacional. Su primera
reunión y las demás que en forma frecuente deberán realizar obtienen una regulación
específica en esta disposición, respecto de lo cual la Corte no emite reparo
alguno.
Tanto a las reuniones de los Estados Parte
como a las Conferencias de Examen podrán invitarse observadores con arreglo a
las reglas de procedimiento acordadas. Los costes de todas las correrán por
cuenta de los Estados Parte y por los Estados no Parte de esta Convención que
participen en ellas, de acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones Unidas
ajustada adecuadamente. Los Estados Parte asumirán los gastos que se requieran
para adelantar las medidas de transparencia, de facilitación y de aclaración
del cumplimiento de la Convención, así como de cualquier misión de
determinación de hechos, con base en esa misma escala de cuotas.
Las anteriores medidas no desconocen la
Carta, toda vez que constituyen normales arreglos para el cumplimiento de la
Convención, seguimiento, vigilancia y control de sus resultados, la evaluación
de la asistencia y cooperación internacional que se requiere para la misma, y
para el análisis de las solicitudes y respuestas presentadas, por la máxima
autoridad de la Convención, es decir los Estados Parte reunidos, mediante
obligaciones equitativas entre los Estados, todo lo cual se ajusta al
ordenamiento constitucional.
h.)     Enmiendas (art. 13o.)
La
Convención que se revisa establece la facultad de todo Estado Parte de proponer
enmiendas, en cualquier momento después de su entrada en vigor. Para ello prevé
un procedimiento especial del cual tiene relevancia el hecho de que toda
enmienda deberá ser adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados
Parte presentes y votantes, y entrará en vigor, para todos los Estados Parte de
esta Convención que la hayan aceptado, cuando una mayoría de los Estados Parte
deposite ante el Depositario los instrumentos de aceptación. Posteriormente,
entrará en vigor para los demás Estados Parte en la fecha en que depositen su
instrumento de aceptación.
La anterior
disposición no desconoce la Constitución; sin embargo resulta necesario
reiterar que mutatis mutandi las enmiendas están sometidas al mismo
procedimiento de aprobación y control constitucional que los tratados, por lo
tanto “la Corte, conforme al numeral 10 del artículo 241 superior, es
competente para pronunciarse de manera automática y previa sobre las leyes que
aprueban enmiendas a un tratado. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones
esta Corporación, éste es un control completo de constitucionalidad, por
razones de fondo y también de forma.”.[33]
i.)      Firma, Ratificación,
Aceptación, Aprobación o Adhesión, Entrada en Vigor, Aplicación Provisional,
Reservas, Duración y Denuncia, Depositario y Textos Auténticos (arts. 15o. a
22o.)
La mayoría de los artículos
comprendidos del 15 al 22 se refieren a aspectos procedimentales y formales de
la Convención, necesarios para el desarrollo normal y ejecución cabal de las
obligaciones en ella contraidas.
Para una mejor
comprensión de los mismos, se debe aclarar que la Convención quedó abierta para
su firma en Ottawa, Canadá del 3 al 4 de diciembre de 1997, y en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, a partir del 5 de diciembre de 1997, hasta su
entrada en vigor y sujeta a su ratificación, aceptación o aprobación por los
signatarios. Quedó abierta para la adhesión de cualquier Estado que no la haya
firmado, con el Secretario General de las Naciones Unidas como su Depositario.
Es, igualmente,
oportuno advertir que existe la posibilidad de aplicar provisionalmente el
párrafo 1 del artículo 1o. de la Convención, sobre conductas prohibidas por la
misma, en el momento que el Estado deposite su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión. Así mismo, es propio de esta Convención una
duración ilimitada, lo que guarda proporción con el objetivo principal que se
persigue con ella, cual es erradicar definitivamente la utilización de las
minas antipersonal en el mundo, pudiendo denunciarla, a través del
procedimiento que allí se establece y motivadamente. La denuncia surtirá
efectos seis meses después de la recepción del instrumento de denuncia por el
Depositario, a no ser que al término de ese período el Estado Parte denunciante
esté involucrado en un conflicto armado, caso en el cual la denuncia sólo
surtirá efectos al finalizar el conflicto. La denuncia no afectará el deber de
los Estados Parte de cumplir con las obligaciones acordadas.
Una vez analizado lo
anterior, la Corte estima que esas disposiciones no vulneran el ordenamiento
constitucional y, por el contrario, constituyen un mecanismo necesario de
efectividad de los demás preceptos contenidos en dicho instrumento
internacional. Además, se adecuan plenamente a los principios generales del
derecho internacional de los tratados, regulados por la Convención de Viena de
1969, y aceptados por Colombia, según se desprende del artículo 9o. de la Carta
Política, pues se salvaguardan los principios de soberanía nacional y
autodeterminación de los pueblos.
Como
último aspecto anotable, se tiene que la Convención restringe en su artículo 19
la formulación de reservas al articulado. De conformidad con el artículo 2o.,
literal d) la Convención de Viena de 1969, la reserva es un derecho de los
Estados que se ejerce mediante la declaración unilateral que hacen al firmar,
ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de
excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado.
Así mismo, esa Convención, y la posterior de Viena de 1986, establecen como sus
límites, los siguientes eventos: "a) que la reserva esté prohibida por el
tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas
reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; c) que, en los
casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con
el objeto y el fin del tratado" (art. 19). (Subraya la Sala).
Lo expuesto lleva a
concluir que, como lo dijo ya esta Corte[34], la reserva no
es un derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de los acuerdos
alcanzados por las partes en el respectivo instrumento internacional o de la
materia sobre la cual éste se refiera; de ahí que, su prohibición no apareja
una violación de los derechos de los Estados que intervienen en su formación o
posteriormente se adhieren a él, ni un desconocimiento a los principios de
soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos para llevar a cabo sus
relaciones exteriores.
En consecuencia, la
prohibición de la reserva fijada en la Convención que se revisa no quebranta la
Constitución, pues, de un lado, resulta incompatible con el objeto y fin de la
Convención y, de otro lado, constituye una disposición aplicable a todos los
Estados Parte que no se aparta de los presupuestos fundamentales establecidos en
su texto ni en los que fundan las relaciones internacionales, como ocurre con
los principios de igualdad, equidad y reciprocidad (C.P., art.227).
En suma, la Corte luego de la revisión
integral de la Convención sub examine, debe expresar que encuentra las
normas de la misma ajustadas al ordenamiento constitucional vigente, por lo que
la declarará exequible, así como la Ley 554 de 2000 que la aprueba y reproduce
su texto, que obliga al Estado colombiano una vez se perfeccione dicho vínculo
internacional.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R
E S UE L V E:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE la “Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción”, hecha en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos
noventa y siete (1997)”.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE la Ley 554 de 2000 aprobatoria de la Convención antes
referida.
Tercero.-
Ordenar la comunicación de la presente sentencia al Presidente de la República
y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el
numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
FABIO MORON
DIAZ
Presidente
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR
GALVIS
Magistrado
MARTHA V.
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Aprobada por la
Ley 406 de 1997, y revisada por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-400/98.
[2] Radbruch
Gustav, Introducción a la Filosofía del Derecho. Fondo de Cultura Económica,
México, Tercera Edición de 1965, pág. 155.
[3]
Según el informe del año de 1995 del Secretario General de las Naciones Unidas
titulado “Asistencia para la remoción de minas”( A/50/408).
[4] Boletín No. 7
de marzo-abril de 2000 del Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia
(Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República).
[5] Así se
reconoció en la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil
novecientos ochenta (1980) y sus cuatro (4) Protocolos”, en especial el
Protocolo III, antes referido.
[6] Egipto aún
posee 22.5 millones de minas antipersonales colocadas durante la Segunda Guerra
Mundial, según lo informa CARE INTERNATIONAL , una de las organizaciones
privada internacionales más grandes en el mundo, sin ánimo de lucro, para el
auxilio, desarrollo sostenible y ayuda de emergencia (private international
relief and development organization).
[7] Declaración del
Grupo Socialista en el Pleno del Congreso Español el 25 de febrero de 1997, al
discutir una proposición de ley para adoptar la prohibición total de las minas
antipersonales.
[8] CARE
INTERNATIONAL, (private international relief and development organization).
Informe especial.
[9]
Estudiada por esta Corte en la Sentencia C-156 de 1999.
[10] Enmendado el 3
de mayo de1996 en Ginebra.
[11]Publicada
en la Revista Internacional de la Cruz Roja. Septiembre- Octubre 1990, No 101.
[12] Ver la
Sentencia C-225/95, al estudiar la constitucionalidad del Protocolo II de los
Convenios de Ginebra de 1949.
[13] Resolución No.
51/45 S del 10 de diciembre de 1996. Las Resoluciones No. 48/75 K del 16 de
diciembre de 1993, 49/75 D del 15 de diciembre de 1994 y 50/70 del 12 de
diciembre de 1995 que también exhortaron acerca de la suspensión a la
exportación de minas terrestres antipersonales.
[14] Convención
sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción (Ley 10 de
1980), la Convención de 1993 sobre la prohibición del desarrollo, la
producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su
destrucción (Ley 525 de 1999).
[15] Según se señala
en el Boletín No. 7 de marzo-abril de 2000 del Observatorio de los Derechos
Humanos en Colombia, (Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la
República): “Se calculan en cincuenta mil las minas antipersonales y armas
trampa sembradas por la guerrilla, por las FARC y el ELN, indiscriminadamente,
en zonas de pastoreo, caminos veredales e instalaciones comunitarias. Las
Fuerzas Militares utilizan unas 20.000 minas de tipo alerta con fines de
defensa de instalaciones estratégicas. (...) En Colombia han sido afectados
2.205 adultos y 5.250 niños y niñas por la detonación de las minas. Los datos
disponibles sobre la población afectada, provenientes del Comando General de
las Fuerzas Militares y el Comité Internacional de la Cruz Roja, señalan que en
el primer semestre de 1998 se produjeron 255 accidentes por minas colocadas por
el ELN y las FARC. En ellos murieron 100 personas y 155 resultaron heridas.
Entre los civiles, resultaron 45 de los muertos y 87 de los heridos. De acuerdo
con el Ministerio de Defensa, entre 1992 y 1994 murieron 98 militares como
consecuencias de las minas y 254 civiles resultaron heridos. Durante 1999
fueron heridos o muertos por minas “quiebrapatas” de la guerrilla 22 miembros
del Ejército. Entre enero de 1997 y febrero de 2000, 87 miembros de las Fuerzas
Militares, el 80% soldados, han muerto víctimas de las minas quiebrapatas y 269
han quedado lisiados, según cifras del Comando General de las Fuerzas
Militares. Cerca del 7% de los miembros de los grupos insurgentes que se
reinsertaron a la vida civil, fruto de los acuerdos alcanzados al inicio de los
noventa, presentaba algún tipo de discapacidad como consecuencia del conflicto
armado. Lo anterior permite pensar que, con la actual escalada y degradación
del conflicto, las cifras deben ser mucho más altas”.
[16] Ver, entre
otras, las Sentencias C-052/93,C-225/95, T-645/96, C-521/98, C-156/99 y T-572
de 1999.
[17] Ver la
Sentencia C-328/00.
[18] Suscrita en la
ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica, el 26 de
junio de 1945.
[19] Consultar la
Sentencia C-328/00, antes citada.
[20] Ver las
Sentencia s C-573/94 y C-225 de 1995.
[21] Derecho de la
Haya (Convenios de 1899 y1907) regula la conducción de las hostilidades y los
medios legítimos de combate y circunscribe la guerra a ataques a objetivos
necesarios para los resultados estrictamente militares.
[22] Derecho de
Ginebra (Convenciones de 1949 y Protocolos de 1977) señalan las normas que
protegen a la población frente a las consecuencias directas de las
hostilidades.
[23]
Protocolo sobre restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos, según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a “la Convención
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas y de efectos indiscriminados,
hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980, estudiada por esta Corte en la
Sentencia C-156 de 1999. Declaración de Ottawa  del 5 de octubre de 1996 y
Declaración de Bruselas del 27 de junio de 1997. La Resolución 51/45 S del 10
de diciembre de 1996 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[24] Sentencia C-156
de 1999, dictada a partir de la revisión oficiosa de la Ley 469 de 1998 “por
medio de la cual se aprueba la “Convención sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados” hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre
de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro (4) Protocolos, así como de su
ley aprobatoria, en especial en lo referente al Protocolo II sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos.
[25] Ver la Sentencia
C-574 de 1992
[26] Sobre la
coincidencia entre los valores del DIH y la Constitución Política, ver
principalmente la Sentencia C-225 de 1995.
[27] “ Ahora bien, al tenor del artículo 53 de la
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, se entiende por
norma ius cogens o norma imperativa de derecho internacional general “una norma
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto
cono norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo
carácter”. Por ello, según este mismo artículo de la Convención de Viena, todo
tratado que contradiga esos principios es nulo frente al derecho internacional.
Esto explica que las normas humanitarias sean obligatorias para los Estados y
las partes en conflicto, incluso si éstos no han aprobado los tratados
respectivos, por cuanto la imperatividad de esta normatividad no deriva del consentimiento
de los Estados sino de su carácter consuetudinario.”. (Sentencia C-225 de
1995).
[28] Sentencia
C-574/92
[29] Sentencia
C-225/95.
[30]Corte
Constitucional. Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
[31] Protocolo sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas de trampa y otros
artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
[32] Sentencia C-187
de 1999.
[33] Sentencia C-176
de 1997.
[34] Sentencia C-154
de 1999