T-694-10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-694/10
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Cumplimiento de requisitos generales de procedibilidad en
caso concreto
La tutela interpuesta por el actor
satisface todos los requisitos de procedibilidad general de la tutela contra
providencias, excepto uno, pues no interpuso el recurso de casación. No
obstante, ya se vio cómo la falta de este requisito no es una razón suficiente
para declarar improcedente una acción de tutela, ya que si se logra probar que
los fallos demandados mediante amparo desconocieron preceptos de la
Constitución, la acción constitucional tendrá que resolverse de fondo. La Corte
procederá entonces a definir si tuvo lugar una infracción de la normatividad
constitucional, a continuación.
EJERCICIO
DE PROFESIONES LIBERALES Y PRESUNCION DE SUBORDINACION
Es preciso aclarar que esta
presunción de subordinación no siempre ha estado vigente para toda clase de
procesos laborales regulados por el Código Sustantivo del Trabajo. La Ley 50 de
1990 consagró en su artículo 2° una excepción a esta presunción, para quienes
habitualmente prestaran sus servicios personales remunerados en ejercicio de
una profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial. Esas
personas no se beneficiaban de la presunción de subordinación, y por lo tanto
cuando quiera que la alegaran debían probarla. Si esta excepción aún estuviera
vigente, sería válida una providencia como la actualmente estudiada, proferida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
proceso iniciado por el actor contra Saludcoop EPS, pues los servicios
prestados por el hoy tutelante a la EPS demandada eran ejercicio de una
profesión liberal (la medicina). No obstante, hay que aclarar que dicha
excepción fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia
C-665 de 1998, pues resultaba contraria al derecho a la igualdad de trato
PRESUNCION
DE SUBORDINACION-Caso en que las autoridades judiciales no la tuvieron en
cuenta o lo hicieron pero no le asignaron todos los efectos debidos
En los procesos en los cuales
se discutan asuntos regulados por el Código Sustantivo del Trabajo, si una de
las partes prueba haberle prestado sus servicios personales a la otra, el juez
laboral está obligado a presumir que los servicios se prestaron en el marco de
una relación laboral; es decir, en el marco de una relación de prestación de
servicios personales, subordinada jurídicamente y remunerada. Esa presunción
debe operar incluso en los procesos en los cuales quien reclame el
reconocimiento del contrato realidad sea una persona que prestó sus servicios
en ejercicio de una profesión liberal como la medicina, y en el marco de un
contrato formalmente rotulado como de prestación de servicios. Así lo ratificó
recientemente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al
casar la sentencia de un tribunal que precisamente le negó a un cirujano su
pretensión de reconocimiento de una relación laboral con otra persona, bajo el
argumento de que había probado la prestación personal del servicio pero no la
subordinación, lo cual era su carga por haber sido un médico inmerso en una
relación contractual de prestación de servicios
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto sustantivo por cuanto no se
tuvo en consideración dentro del razonamiento jurídico, una norma que
debía ser tenida en cuenta/PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS Y DEBIDO
PROCESO
A juicio de
la Corte Constitucional, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá incurrió ante todo en un defecto sustantivo. Se trataría de
un defecto como el identificado por la jurisprudencia de esta Corporación por
ejemplo en la sentencia T-573 de 1997. Es decir, de un defecto causado por no
haber tenido en consideración dentro del razonamiento jurídico, una norma que
cuando menos debía ser tenida en cuenta (en este caso, la norma que contempla
la presunción de subordinación). En efecto, en la sentencia T-573 de 1997 la
Corte Constitucional concluyó que un Juzgado había incurrido en una causal de
prosperidad de la acción de tutela contra providencias, porque aun cuando
estaban dadas las condiciones para considerar si era aplicable o no un
beneficio penal, en la sentencia no había ni siquiera mencionado esa
posibilidad aunque fuera para descartarla con argumentos. Entonces la Corte
manifestó que “[e]n este caso, la vía de hecho la constituyó la omisión
en que incurrió el juez  acusado al no hacer consideración alguna sobre la
procedencia o improcedencia del artículo  374  el Código Penal”.
Luego, ese defecto fue clasificado por la propia Corte como un defecto
sustantivo. Pues bien, en este caso la demandada Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito judicial de Bogotá incurrió en ese mismo defecto,
ya que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una presunción
de subordinación que se activa tan pronto el demandante prueba que le prestó
sus servicios personalmente a la parte demandada. En virtud de esta presunción,
el pretensor se ve relevado de la carga de probar la subordinación, pues de
inmediato se produce un traslado de la carga de la prueba a la parte demandada,
quien debe demostrar que la relación no era laboral, sino de otra índole. No
obstante, lo que se puede apreciar objetivamente en el proceso resuelto es que
a pesar de que el accionante demostró haber prestado personalmente sus
servicios en beneficio de Saludcoop EPS, la Sala Laboral del Tribunal demandado
no consideró que se hubiera activado la presunción pues no se refirió en
absoluto a esta, o al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. De ese
modo, no sólo le violó su derecho al debido proceso en tanto dejó de resolver
el litigio de conformidad con las leyes aplicables; es decir, “conforme a leyes
preexistentes” (art. 29, C.P.), sino que también le violó indirectamente su
derecho a la primacía de la realidad sobre las formas (art. 53, C.P.), al haber ignorado por completo la presunción de subordinación (art. 24, CST. El
Tribunal incurrió en un defecto sustantivo pues no tuvo en cuenta la presunción
de subordinación en su razonamiento jurídico. Al incurrir en ese defecto, violó
los derechos del actor a la primacía de la realidad sobre las formas y al
debido proceso.
CONTRATO
REALIDAD Y PRUEBA QUE PRESTABA SUS SERVICIOS PERSONALES AL DEMANDADO
La Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto en su jurisprudencia que a
quien le interese instaurar una pretensión laboral con el fin de que se le
reconozca un contrato realidad y se condene a su empleador al pago de los
derechos laborales no cancelados, le corresponde probar al menos que le
prestaba sus servicios personales al demandado. Si logra hacerlo de un modo
aceptable, entonces deberá presumirse que la relación tenía todos los demás elementos
de un contrato de trabajo, entre los cuales se encuentra la subordinación
jurídica. Esa presunción no es de derecho y por lo tanto puede ser desvirtuada,
de suerte que tan pronto se activa porque están dados los presupuestos para
ello, la carga de la prueba se traslada a la parte accionada, y es a esta a la
que le corresponde probar que el contrato no era de trabajo, pues los servicios
se prestaban de manera independiente y autónoma.  No obstante, y en este punto
es que viene al caso la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema de
Justicia, la presunción sólo se debe entender derruida con ciertas especies de
medios probatorios;  es decir, cuando al proceso se aporten válidamente medios
de prueba informativos de la realidad de la relación jurídica (y no sólo de las
formas jurídicas celebradas por las partes), que además tengan la suficiente
contundencia como para conducir al juez a descartar la naturaleza
laboral del vínculo. Por ejemplo, de acuerdo con jurisprudencia uniforme de la
Sala de Casación Laboral, una presunción de ese género no puede entenderse
eficazmente desvirtuada si demuestra que los servicios no fueron prestados en
la sede o en las instalaciones del presunto empleador; que los servicios fueron
prestados con la ayuda de terceros; que los instrumentos o las herramientas con
las cuales el demandante prestó el servicio eran de propiedad del presunto
trabajador y no del presunto empleador; que el prestador de servicios no tenía
horario; que los servicios no fueron prestados con exclusividad a pesar de que
así se había pactado; que el pago por los servicios no era mensual, que el pago
no se registraba contablemente como pago de salarios; que las órdenes e
instrucciones se le dictaban en lenguaje cortés y amable; que las
remuneraciones periódicas efectuadas al prestador de servicios, recibían la
denominación de honorarios, y no de salarios,  entre otras.  En
definitiva, ninguno de esos elementos, ni aislados ni en conjunto con todos los
demás que se mencionaron, podrían considerarse prueba suficiente de que el
servicio se prestaba de manera independiente, autónoma y sin sometimiento a
subordinación jurídica.
CONTRATO
REALIDAD-Pago de honorarios y no de salarios
De todos estos pronunciamientos
conviene destacar el emitido por la Sala de Casación Laboral en la
sentencia del 11 de agosto de 2004, por su mayor similitud con este proceso.
Pues, en efecto, en la citada sentencia de la Sala de Casación Laboral, la
Corte Suprema de Justicia debía resolver el recurso de casación instaurado
contra una providencia, en la cual se declaró la existencia de un contrato
laboral, pese a que había medios de prueba documentales con los cuales se
pretendía demostrar que las remuneraciones periódicas efectuadas al prestador
de servicios tenían la denominación formal de honorarios, y no de salarios. La
Corte Suprema, sin embargo, decidió desestimar el argumento del recurso porque
esos medios de prueba sólo informaban algo acerca de las formas, pero nada
acerca de la realidad de la relación laboral, razón por la cual no tenían la
virtualidad de afectar la naturaleza jurídica laboral del vínculo trabado entre
las partes del proceso. Como se ve, entonces, estos criterios fueron
desconocidos por el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de
Bogotá, pues concluyó que la presunción de subordinación había sido desvirtuada
sobre todo porque había un medio de prueba documental en el cual aparecía que
las remuneraciones recibidas por el demandante eran a título de honorarios y no
de salarios, pero además debido a que en un interrogatorio de parte la
demandada decía que el vínculo era de carácter civil.  Esta conclusión no
habría podido obtenerse si se hubiera tenido en cuenta la jurisprudencia
vinculante de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ya
que esta sostiene justamente, en términos generales, que el carácter laboral de
un vínculo jurídico sólo puede desvirtuarse con medios de prueba informativos
de la realidad de la relación, y no con elementos que tan sólo den
informaciones acerca de las formalidades celebradas por los sujetos. Y en
términos específicos esa jurisprudencia establece que no son
demostrativos de la realidad de la relación, los documentos en los cuales las
partes le asignen la denominación de ‘honorarios’ a las remuneraciones
periódicas que se le pagan al presunto trabajador.  Al haber tenido en cuenta
esta prueba como un elemento de juicio decisivo para fallar a favor de la
entidad demandada, el Juzgado se apartó del precedente, y como consecuencia le
conculcó todos los derechos que dependen del respeto efectivo de los
precedentes judiciales, entre los cuales se encuentran el derecho a la igualdad
de trato (art. 13, C.P.) y a la confianza legítima (arts. 1, 2 y 83 C.P.). Además, por darle una precaria eficacia a la presunción de subordinación, le violó
indirectamente su derecho a la primacía de la realidad sobre las formas (art.
53). 27. Y sin ese medio de prueba, la conclusión del Juzgado se
sostiene sólo sobre la base de la manifestación de la demandada en el
interrogatorio, de acuerdo con la cual la relación entre las partes no era de
carácter laboral, sino de carácter civil. Pero esa declaración es también
insuficiente para juzgar que ha sido desvirtuada la presunción de subordinación.
Y concluir nada más a partir de ese elemento que fue desvirtuada una presunción
legal y que el vínculo entre las partes no era la laboral, constituye un defecto
fáctico, derivado de decidir sin el “apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”. Así, el Juzgado
no sólo desconoció el precedente vinculante para casos como este, sino además
en un defecto fáctico. Y al haber incurrido en estos dos defectos, le vulneró
al peticionario derecho a la primacía de la realidad sobre las formas (art.
53). En consecuencia, la decisión y las órdenes se emitirán teniendo en cuenta
esta otra conclusión.
PRESUNCION
DE SUBORDINACION-Medios de prueba que pueden ser considerados aptos para
derruirla
En vista de lo anterior, las
autoridades judiciales podrían preguntarse qué clase de medios podrían ser
considerados aptos para derruir la presunción de subordinación. Y aunque es a la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, a la que le compete
definir inicialmente estos puntos, conviene mencionar que en su jurisprudencia
ese máximo tribunal de la justicia ordinaria ha tenido en cuenta los siguientes
criterios, para definir si hubo o no subordinación  jurídica: por ejemplo, ha
considerado relevante establecer si el prestador de servicios tenía el deber de
asistir a reuniones programadas por la entidad; si contaba con disposición de
cumplir órdenes cuando se le impartieran; si sus funciones eran similares a las
del personal de planta; si la asignación de turnos al prestador de servicios y
al personal de planta no se diferenciaba de manera relevante; si el prestador
de servicios estaba sujeto al poder disciplinario del favorecido por sus
servicios. En definitiva, esta Sala de Revisión concluye que el Juzgado Séptimo
Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá le violaron al actor  sus derechos a
la igualdad de trato, al debido proceso, a la confianza legítima y a la
primacía de la realidad sobre las formas. La primera autoridad judicial, al
haber desconocido que la presunción de subordinación en los procesos laborales
no puede desvirtuarse sino con arreglo a medios de prueba informativos de la
realidad de la relación, y no sólo de las formas que la encubren, medios que
además deben imponerse sobre los demás; y la segunda autoridad, al no haber
tenido en consideración en su razonamiento jurídico la presunción de subordinación
a la cual se refiere el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto
demuestra, en concepto de la Sala, que hubo una violación evidente de los
derechos del peticionario y, en consecuencia, de acuerdo con los precedentes de
esta Corte y con lo dispuesto en esta providencia, puede concederse la tutela a
pesar de que el peticionario de amparo no haya intentado el recurso de casación
Referencia: expediente T-2571066
Acción de
tutela interpuesta por Jesús Guillermo Mogollón Galvis contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión
del Circuito de Bogotá.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de
dos mil diez (2010).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECENDENTES
En un proceso laboral iniciado
por el señor Jesús Guillermo Mogollón Galvis contra la EPS Saludcoop, el
Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá y la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvieron negar
la pretensión de reconocimiento de un vínculo laboral entre las partes, bajo el
argumento de que estaba probada la prestación personal del servicio, pero no la
subordinación, y este era un elemento indispensable para la prosperidad de la
acción. El señor Jesús Guillermo Mogollón estuvo en desacuerdo con esas
decisiones e instauró acción de tutela contra las autoridades judiciales
mencionadas,[1]
porque en su criterio desconocieron la presunción de subordinación establecida
en la ley para los casos en los que el demandante logre acreditar la prestación
personal del servicio. En ese sentido, considera que le violaron los derechos
fundamentales al debido proceso, a acceder a la administración de justicia y a
la seguridad jurídica. Fundamenta su acción en los siguientes
1. Hechos
1.1. Jesús Guillermo Mogollón Galvis
afirmó haber sido vinculado como médico general por Saludcoop EPS, primero con
la formalidad de un contrato de prestación de servicios y para cubrir las vacaciones
del doctor Jaime Parada que tuvieron lugar en el período comprendido entre el
19 de octubre y el 9 de noviembre de 1999. Cumplido este término se le puso fin
al contrato, pero el 1° de diciembre del mismo año volvió a ser vinculado
formalmente mediante la misma modalidad contractual, esta vez hasta el 15 de
julio de 2000 y con una remuneración mensual de $1.904.400. Luego, a partir del
27 de julio de 2000, el peticionario se vinculó formalmente a la entidad con
contrato laboral hasta el 16 de septiembre de 2002.
1.2. Como el señor Jesús
Guillermo Mogollón consideraba que entre el 19 de octubre de 1999 y el 26 de
julio de 2000 su relación con la EPS Saludcoop fue en realidad laboral, intentó
una acción laboral ordinaria con la cual pretendió que se declarara el carácter
laboral del vínculo y se condenara a la demandada al pago de los derechos
laborales dejados de cancelar. Como fundamentos de su pretensión aportó pruebas
de los contratos celebrados con Saludcoop EPS, y asimismo manifestó que había
varios elementos para concluir que durante toda su relación contractual con la
demandada estuvo subordinado a esta. Así, sostuvo que debía; cumplir un horario
de 6 horas diarias durante la vigencia de la relación, en las instalaciones de
la entidad prestadora; asistir a reuniones generales programadas por la
accionada; presentar exámenes con base en los cuales era calificado su trabajo
como médico; someterse al control y vigilancia de un médico coordinador
designado por Saludcoop; y trabajar con los elementos e instrumental de
propiedad de la entidad demandada.[2]
Y agregó:
“1) la
asignación de citas no era realizada por mí o por persona directamente a mi
cargo como secretaria privada, 2) el tiempo para realizar consulta también era
asignado directamente por la EPS, que en ese entonces era de quince minutos
para realizar ‘una consulta médica’ [y] 3) me era administrado un listado de
medicamentos del cual no me podía salir, quiero decir con ello que no era libre
de escoger medicamentos para formular, lo mismo sucedía con laboratorios,
imágenes diagnósticas y remisión a especialistas, entonces no veo d[ó]nde está
[el] libre ejercicio de mi profesión como médico cuando esto no ocurre en mi
consultorio”.[3]
1.3. En el proceso laboral, la
entidad accionada aceptó que el hoy peticionario había prestado servicios personales
a su favor durante el término indicado por este último, pero manifestó que no
lo hizo bajo subordinación jurídica y, por lo tanto, solicitó que se
desestimara la pretensión toda vez que no era correcto declarar la existencia
del contrato laboral en un caso en el cual no hubo subordinación. Así es como
narra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la
contestación a la demanda ordinaria, presentada por Saludcoop EPS:
“[e]l apoderado
de la demandada contestó la demanda, se opuso a todas las pretensiones, afirmó
que el demandante prestó sus servicios profesionales de médico a la demandada,
entre el 19 de octubre y el 9 de noviembre de 1999 y se le cancelaron sus
honorarios previa presentación de la respectiva cuenta de cobro. Agregó que
entre el mes de diciembre de 1999 y el 15 de julio de 2000 prestó sus servicios
profesionales mediante contratación civil, devengando honorarios por la suma de
$1.694.916, de manera autónoma, sin exclusividad para la demandada lo que le
permitía prestar sus servicios en otras entidades y en su propio consultorio, y
sin recibir órdenes de ningún tipo. Que a partir del 27 de julio de 2000 lo
vinculó a su nómina mediante contrato laboral a término indefinido hasta el 16
de septiembre de 2002 cuando terminó la relación laboral por parte de la
demandada sin que mediara justa causa, siendo el último salario mensual
devengado por el actor la suma de $1.575.000 sobre la cual se liquidaron sus
prestaciones sociales, y que se le impuso una carga laboral de 6 horas diarias
y 36 horas semanales. Agregó que al actor no le adeuda suma alguna porque le
pagó todos los honorarios devengados durante la contratación por servicios
profesionales, y todas las prestaciones devengadas como trabajador con contrato
a término indefinido”.[4]
La demanda, finalmente, fue
desestimada en dos instancias dentro del proceso ordinario.
1.4.  En primera instancia, el
Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia de 30 de abril de 2008, resolvió negar las pretensiones. Según el
juez de primera instancia, aunque en el caso planteado se encontró probada la
prestación personal del servicio y la retribución por el mismo, y en
consecuencia hay lugar a presumir la subordinación jurídica, lo cierto es que
en este caso la entidad demandada logró desvirtuar la presunción con un medio
de prueba documental, en el cual constaba que al señor Mogollón Galvis se le
cancelaron honorarios  por los servicios prestados entre  el 19 de
octubre de 1999 y el 15 de julio de 2000. Así las cosas, la carga de la prueba
dejó de estar en cabeza de la EPS demandada, y se trasladó al demandante, quien
al respecto se limitó a hacer afirmaciones sin sustento probatorio adicional.[5]
1.5. Apelado el fallo por parte
del accionante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá lo confirmó, mediante sentencia de diciembre 11 de 2008. Para la Sala
Laboral del Tribunal, aunque no existe duda de que el demandante prestó de
forma personal sus servicios como médico para la entidad demandada, en su
criterio, dada la calidad profesional del actor, este aportaba sus
conocimientos científicos de manera autónoma e independiente, y no de manera
subordinada. Además, el Tribunal sostuvo que el actor tampoco probó en el
proceso “que otra persona le indicara cómo percibir los síntomas del
paciente, o cuál diagnóstico darle, o qué medicina formularle, o cuáles
exámenes pedirle, o a cuál médico especialista remitirlo, etc. Es decir que no
se demostró la subordinación o dependencia del actor respecto de la demandada”.[6] Para el Tribunal,
en adición, no se probó por ningún medio que al demandante se le impusiera un
reglamento o se le dieran órdenes de manera prolongada, permanente y continua, o
que se le exigiera exclusividad en el servicio. Por el contrario, asumió que sí
pudo comprobarse el pago oportuno de honorarios, devengados como
contraprestación por los servicios civiles prestados. Por ende, la Sala
consideró que no estaba demostrada la existencia de una relación laboral.
1.6. El señor Jesús Guillermo
Mogollón Galvis no estuvo de acuerdo con esas decisiones, y por estimar que
además le violaron sus derechos fundamentales al debido proceso, a acceder a la
administración de justicia y a la seguridad jurídica, instauró acción de tutela
contra las autoridades que las emitieron. En sentir del demandante, ambas
autoridades desconocieron el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y
ese cuestionamiento lo justifica del siguiente modo.
1.6.1. Por una parte, en  su
acción de tutela trata de mostrar que las autoridades judiciales ni siquiera
tuvieron en cuenta la presunción de subordinación establecida en el citado
precepto laboral. Pues, dice, aun cuando estaba suficientemente acreditada en
el proceso la prestación personal de sus servicios como profesional a favor de la
EPS Saludcoop, las autoridades judiciales demandadas le exigieron a él como
demandante que probara la subordinación jurídica. No obstante, de acuerdo con
su interpretación, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo ordena
justamente lo contrario, que es presumir el carácter laboral del vínculo entre
dos personas (y por ende la subordinación de la una a las órdenes de la otra),
cuando quiera que esté probada la prestación personal del servicio de parte de
una de ellas a favor de la otra. Y dado que no se tuvo en cuenta esa presunción
y esa falta repercutió en el sentido del fallo, no sólo el razonamiento expuesto
en las providencias cuestionadas es defectuoso, sino que las sentencias en sí
mismas también lo son. Estas últimas van
“en contravía
de los postulados generales del derecho laboral, [en los cuales se dispone] que
basta con que se demuestre la prestación personal del servicio y el salario
como retribución del mismo para que se presuma la subordinación y es al
EMPLEADOR a quien le incumbe la carga de la prueba de demostrar que el
trabajador demandante no está subordinado a sus órdenes para que se pueda
predicar que la relación laboral no existió sino que se trató de una relación
distinta a la laboral”.[7]
Ese defecto,
en su opinión, tiene además la virtualidad de afectar sus derechos
fundamentales, y eso lo expone de la siguiente manera:
“[e]l honorable
Tribunal y el Juzgado […] incurrieron en vía de hecho cuando además de
reconocer que existían dos de los requisitos para establecer la relación
laboral, adujeron en sus sentencias que el elemento de la subordinación me
correspondía demostrarlo, lo cual atenta contra el principio proteccionista del
derecho laboral, que en su especialidad es deber de los jueces garantizarlo,
convalidando así una actuación irregular y además vulnerando con sus
actuaciones mi derecho al ‘debido proceso’ que es protegido por nuestra
Constitución Nacional y además vulnerando [el] inciso segundo del artículo 53
de nuestra Carta Política, porque en estas decisiones no se [l]e permite al
trabajador de la salud percibir lo que en derecho [le] corresponde por la
prestación personal de [sus] servicios”.[8]
1.6.2. Pero, por otra parte, manifiesta
que incluso si se admite que las autoridades judiciales demandadas tuvieron en
cuenta la presunción de vinculación laboral, en todo caso no le asignaron los
efectos correspondientes, pues concluyeron que estaba desvirtuada nada más
porque así lo dijo la entidad demanda y porque aportó prueba de que la
remuneración no era a título formal de salarios, sino simplemente de
honorarios. Así, sostiene que las autoridades accionadas mediante tutela
estimaron que había sido derruida la presunción sin contar con medios de prueba
idóneos para alcanzar esa finalidad, pues en el proceso sólo obraban
afirmaciones de la EPS Saludcoop en ese sentido y formalidades también, pero no
había pruebas que probaran la realidad de la relación. De tal suerte, el hoy
peticionario de amparo señala que las decisiones cuestionadas incurrieron en un
defecto adicional, como fue el de no darle toda la eficacia posible a la
presunción de subordinación.[9]
Solicita entonces que se amparen sus derechos fundamentales, y que se adopten
las órdenes correspondientes.
2. Respuesta de las entidades
demandadas
Todas las entidades vinculadas
guardaron silencio.[10]
3. Sentencia de tutela que se
revisa
El 1º de diciembre de 2009, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió negar por
improcedente la acción de tutela, dada su extemporaneidad, debido a que las
sentencias cuestionadas fueron proferidas el 30 de abril de 2008 –en primera
instancia- y el 11 de diciembre del mismo año –en segunda instancia-, y entre
esas fechas y la interposición del amparo el demandante omitió la diligencia exigida
para reclamar sus derechos sin justificación suficiente. También estimó
improcedente la tutela porque en criterio de esa Corporación, no se puede por
este mecanismo controvertir una decisión judicial, como si se tratara de una
nueva instancia.
II.      CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS[11]
Presentación del caso y
problema jurídico
1. A partir de los medios de prueba obrantes en el expediente, puede concluirse que el señor Jesús
Guillermo Mogollón Galvis instauró una demanda ante la justicia laboral
ordinaria para que reconociera que entre él y  la EPS Saludcoop existió un
vínculo laboral desde el 19 de octubre de 1999 hasta el 26 de julio de 2000. Para
sustentar su pretensión ofreció pruebas de la prestación personal del servicio
y de la remuneración que se le pagó, y además indicó algunos elementos para
acreditar la subordinación. Sin embargo, mediante las sentencias del 30 de
abril y el 11 de diciembre de 2008 el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión
del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, respectivamente, le negaron su pretensión por cuanto en su
criterio no estaba probada la subordinación ni, por lo tanto, el carácter
laboral del vínculo contractual entre las partes. Para llegar a esa conclusión,
ambas autoridades emplearon razonamientos parcialmente distintos:
1.1. El Juzgado Séptimo Laboral
de Descongestión del Circuito de Bogotá partió de la base de que estaban
probadas la prestación personal del servicio y la remuneración, y asumió que
por consiguiente debía presumirse el carácter laboral de la relación. Sin
embargo, opinó que la presunción fue desvirtuada con éxito por la EPS accionada
gracias, de un lado, a que en el interrogatorio manifestó que el demandante
había sido vinculado mediante contrato de prestación de servicios civiles y no
mediante contrato laboral y, de otro, a que aportó prueba documental de los
pagos efectuados al presunto trabajador, en los cuales aparece claramente que
fueron hechos como honorarios profesionales y no como salarios.  En contraste,
el Juzgado Séptimo advirtió que el demandante no probó la subordinación sino
con una declaración dentro del proceso y un medio de prueba documental.
1.2. Por su parte,  la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá llegó a la misma
conclusión que el Juzgado Séptimo (que no hubo contrato laboral), pero sin
mencionar el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo o su contenido. En
ese contexto, juzgó que el demandante no había estado sometido a subordinación
jurídica esencialmente por dos razones: primero porque su desempeño como médico
al servicio de la EPS Saludcoop no estaba estrictamente sujeto a las directrices
de esta en tanto nadie le daba órdenes acerca de cómo examinar los síntomas de los
pacientes, o cuál diagnóstico darles, o qué medicina formularles, o cuáles
exámenes dictaminarles, o a cuál médico especialista remitirlos, por lo que su
relación con Saludcoop EPS se enmarcó en los contornos de un contrato de
prestación de servicios de naturaleza civil. Y segundo porque hay unos comprobantes
de pago de honorarios, que demuestran el carácter civil y no laboral de su
vinculación con la demandada.
2. Acorde con las circunstancias
descritas en precedencia, la Sala de Revisión debe establecer si con las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por el Juzgado Séptimo
Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá y por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante. En este contexto se debe examinar si los jueces
laborales ordinarios de primera y segunda instancia violaron la Constitución. Con
tal propósito, la Sala: (i) reiterará la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, (ii) verificará si en este asunto se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la misma y (iii) abordará el
estudio de la providencias con el fin de establecer si incurrieron en algún
defecto.
Procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
3. La acción
de tutela es un medio de protección de derechos fundamentales cuando “resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública” (art. 86, C.P.). La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
interpretado que esta disposición autoriza promover el amparo también contra
las autoridades judiciales, cuando violen o amenacen derechos fundamentales.
Así lo indicó desde la sentencia C-543 de 1992:[12]
“(…)
nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido
en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la
Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991).”
4. Luego de eso, la misma regla ha sido reiterada por la Sala Plena de la
Corte Constitucional, por ejemplo, en las sentencias C-037 de 1996,[13] SU-159 de
2002[14]
y, más adelante, en la sentencia C-590 de 2005.[15] También la han reiterado
las diversas Salas de Revisión de tutela, y desde el comienzo, como se
evidencia por ejemplo en las sentencias T-079[16]
y T-158 de 1993.[17]
De modo que la jurisprudencia Constitucional ha sido coherente desde sus
inicios, al sostener que algunos actos judiciales, en determinadas condiciones,
pueden ser cuestionados mediante tutela si violan derechos fundamentales.
Aunque, debe anotarse, la magnitud del defecto judicial que amerita una
intervención del juez de tutela para proteger derechos fundamentales violados,
no ha sido valorada durante todo el tiempo de igual manera. Como lo expuso la
Sala Segunda en la sentencia T-377 de 2009:
“[e]sta línea
jurisprudencial se conoció  inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”.
Sin embargo, esta Corporación […] con el propósito de superar una percepción
restringida de esta figura que había permitido su asociación siempre con el
capricho y la arbitrariedad judicial, sustituyó la expresión de vía de hecho
por la de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales” que responde mejor a su realidad constitucional. La sentencia C-590
de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se está ante la
acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar de
“causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que el de vía de hecho.”[18]
5. Actualmente se admite la
procedencia de la tutela contra providencias, siempre y cuando satisfaga todo
un haz de condiciones.[19]
En primer lugar, la acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de
procedibilidad, o de procedibilidad general, que le permitan al juez evaluar el
fondo del asunto. Para verificar si están dadas esas condiciones, el juez debe
preguntarse, en síntesis: (i) si la problemática tiene relevancia
constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos o medios
–ordinarios o extraordinarios- de defensa de los derechos, a menos que se trate
de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las
circunstancias particulares del peticionario;[20]
(iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el
amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación);[21] (iv) si se
trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la
decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos fundamentales;
(v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación,
así como los derechos vulnerados y si –de haber sido posible- lo mencionó
oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la
sentencia impugnada no es de tutela.[22]
6. En segundo lugar, debe
satisfacer también los requisitos –generales- de procedibilidad, lo cual
significa que el juez de tutela debe verificar si se configura alguna de las
condiciones de prosperidad del amparo. En este plano, el juez debe
evaluar si la providencia cuestionada incurrió en alguno de los defectos
a que se ha referido la jurisprudencia constitucional como defectos sustantivo,
fáctico, orgánico, procedimental, por error inducido, por desconocimiento del
precedente, por falta de motivación o por violación directa de la
Constitución.[23]
Además, debe establecer si la comisión de alguno de esos defectos supuso la
violación de derechos fundamentales. La Sala pasará a definir si la tutela
satisface los requisitos generales de procedibilidad, y luego a establecer si
cumple las condiciones de prosperidad.
Cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad en el caso concreto
7. Efectuado el análisis correspondiente, la Sala evidencia que en este
asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia establecidos por la
jurisprudencia constitucional, por las siguientes razones. Primero, porque la
problemática planteada por la tutela tiene relevancia constitucional, pues se
asocia directamente con la violación de al menos tres derechos fundamentales
reconocidos por la Carta, como son los que garantizan la primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales (art. 53), el debido proceso (art. 29) y el acceso a la
administración de justicia (art. 229). Segundo, porque han sido agotados los
recursos ordinarios de defensa de los derechos fundamentales. Y aunque, por
cierto, no fue interpuesto el recurso extraordinario de casación, en este punto
debe recordarse que de acuerdo por ejemplo con la sentencias T-1031 de 2001[24] y T-717 de
2011,[25]
y además con la sentencia T-084 de 2010 de esta Sala de Revisión,[26] cuando el
juez de tutela examina una providencia que evidentemente ha violado la
Constitución, es constitucionalmente posible que declare procedente la acción
de tutela en virtud de los principios de supremacía normativa de la Carta, de
prevalencia de lo sustancial sobre lo adjetivo y de garantía de los derechos
fundamentales.
8. En efecto, en las citadas sentencias, la Corte Constitucional
consideró que debía estudiar de fondo sendas tutelas contra providencias
judiciales, a pesar de que no se hubieran agotado los recursos disponibles para
cuestionarlas (casación o apelación), porque estaba palmariamente demostrado
que las habían adoptado una decisión en evidente desconocimiento de lo
prescrito por el Estatuto Superior y, especialmente, por los derechos
fundamentales.[27]
Por tanto, en este caso la Corte no puede declarar improcedente el amparo nada
más porque no se haya instaurado el recurso de casación. Queda pendiente definir
si se violaron los preceptos superiores de la Carta, pues si fue así la falta
de este requisito queda subsanada.
9. Por otra
parte, en relación con el requisito de la inmediatez, la Corte Constitucional
no comparte el criterio adoptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en este proceso, de acuerdo con el cual en esta ocasión
existe una “ostensible y manifiesta extemporaneidad” de la solicitud.
Porque los documentos que obran en el expediente evidencian que entre la fecha
en que fue proferida la sentencia de segunda instancia en el proceso laboral
ordinario promovido por el accionante (11 de diciembre de 2008) y la fecha de
presentación de la tutela (23 de noviembre de 2009) transcurrieron 11 meses y
12 días, y el paso de este tiempo, está justificado en la acción de tutela.  En
efecto, en la demanda de tutela el señor Mogollón Galvis afirmó haberse
enterado del desenlace del proceso ordinario tiempo después de terminado, y
sólo gracias a un telegrama que le envió el Juzgado Quinto Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá el 29 de julio de 2009, en el cual le
informaba que el expediente se encontraba ahora en ese despacho.[28] En
consecuencia, aseguró el demandante que tan pronto recibió el telegrama del
Juzgado, se dirigió al despacho para conocer del proceso. No obstante, dijo que
el expediente sólo pudo ser ubicado físicamente el mes de noviembre de 2009 y,
por consiguiente, en ese mes conoció las decisiones adversas a sus intereses,
procediendo de inmediato a interponer la tutela. Así, conforme a la
justificación ofrecida por el actor, la Sala concluye que en este caso, el
plazo razonable para el ejercicio de la acción de tutela ha de contabilizarse
desde el momento en que el interesado tuvo la posibilidad efectiva de conocer
el resultado del proceso ordinario laboral, mas no desde la expedición de la
decisión de segunda instancia. En tales condiciones, se entiende cumplido el
presupuesto de inmediatez.
10. Por consiguiente, la tutela
interpuesta por el señor Mogollón Galvis satisface todos los requisitos de
procedibilidad general de la tutela contra providencias, excepto uno, pues no
interpuso el recurso de casación. No obstante, ya se vio cómo la falta de este
requisito no es una razón suficiente para declarar improcedente una acción de
tutela, ya que si se logra probar que los fallos demandados mediante amparo
desconocieron preceptos de la Constitución, la acción constitucional tendrá que
resolverse de fondo. La Corte procederá entonces a definir si tuvo lugar una
infracción de la normatividad constitucional, a continuación.
Las autoridades judiciales
violaron los derechos fundamentales del actor, porque o bien no tuvieron en
cuenta la presunción de subordinación, o bien lo hicieron pero no le asignaron
todos los efectos debidos
11. En este
caso, la Sala Primera de Revisión concluye que las dos autoridades judiciales
demandadas violaron los derechos fundamentales del señor Jesús Guillermo
Mogollón Galvis a la igualdad de trato (art. 13, C.P.), a la confianza legítima (arts. 1, 2 y 83, C.P.), a la primacía de la realidad sobre las
formas (art. 53, C.P.) y al debido proceso (art. 29, C.P.), aunque como pasará a mostrarse con más detenimiento, por razones parcialmente distintas. Así,
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá incurrió
en un defecto en su providencia del once (11) de diciembre de dos mil ocho
(2008), como resultado de no considerar en su razonamiento jurídico explícito,
una presunción legal sin duda aplicable en este caso como es la que contempla
el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. De ese modo, incurrió en un
defecto sustantivo. Pero el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del
Circuito de Bogotá también incurrió en un defecto fáctico y en una deficiencia
por desconocimiento del precedente aplicable, porque aun cuando tuvo en cuenta
la presunción de subordinación dispuesta por el artículo 24 del CST, la juzgó
desvirtuada por medios de prueba insuficientes para ello, según la
jurisprudencia dominante de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral. A continuación la Corte Constitucional se referirá a estos defectos.
12. Para
empezar, y como ya se dijo, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá negó la pretensión ordinaria del señor Jesús Guillermo
Mogollón Galvis de que se reconociera entre él y la EPS Saludcoop un vínculo
laboral, pero sin siquiera mencionar el artículo 24 del Código Sustantivo del
Trabajo o su contenido. Este precepto dice, por cierto, que   “se
presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de
trabajo”. Y, como procederá a mostrarlo esta Corte, la jurisprudencia de la
Sala de Casación Laboral de la  Corte Suprema de Justicia lo ha
interpretado de la siguiente manera: cuando en un proceso se demuestre que un
sujeto le prestó a otro sus servicios personales, entonces por ministerio de la
ley debe presumirse que el vínculo era de carácter laboral; es decir, debe
presumirse que los servicios fueron prestados bajo subordinación jurídica y con
derecho a remuneración salarial.
13.  En efecto,
en este sentido fue que la Corte Suprema de Justicia interpretó el referido
mandato legal, por ejemplo en la sentencia del 25 de marzo de 1977, a propósito de un caso que se sintetiza a continuación. En esa oportunidad se instauró recurso
de casación contra la sentencia de un tribunal que debía resolver, entre otros
puntos, si entre dos personas hubo una relación laboral. El tribunal mencionó
entonces que el Código Sustantivo del Trabajo contemplaba una presunción legal de
subordinación, la cual se activaba una vez acreditada la prestación personal
del servicio. Sin embargo, tan pronto concluyó que estaba probada la prestación
personal de servicios, le exigió al demandante que alegaba haber sido
trabajador que cumpliera con la carga de demostrar la subordinación, y como no
la cumplió declaró que no hubo relación de trabajo entre las partes del
proceso. La Sala Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia estimó que
este razonamiento era defectuoso, pues en su criterio el tribunal “decidió […]
desviar el camino hacia la búsqueda de la prueba de la subordinación, como
elemento tipificador de los contratos de esta índole, con exigencia del aporte
de esta prueba al trabajador, anulando así, o restringiendo al menos, los
efectos de la referida presunción”. Especificó al respecto:
“[s]e tiene, entonces,
que el juzgador entendió rectamente el ordenamiento 24 del Código Sustantivo
del Trabajo y que tuvo como plenamente demostrada la situación fáctica que él
prevé para que surja en favor del trabajador la declaración de existencia de un
contrato de trabajo, pero, en el momento de su aplicación, le hizo producir
consecuencias distintas a las implícitas en él, o no le hizo producir todas las
contenidas en la norma”. [29]
14. Ahora
bien, es preciso aclarar que esta presunción de subordinación no siempre ha
estado vigente para toda clase de procesos laborales regulados por el Código
Sustantivo del Trabajo. La Ley 50 de 1990 consagró en su artículo 2° una
excepción a esta presunción, para quienes habitualmente prestaran sus servicios
personales remunerados en ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de
un contrato civil o comercial. Esas personas no se beneficiaban de la
presunción de subordinación, y por lo tanto cuando quiera que la alegaran
debían probarla.[30]
Si esta excepción aún estuviera vigente, sería válida una providencia como la
actualmente estudiada, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el proceso iniciado por el señor Jesús Guillermo
Mogollón Galvis contra Saludcoop EPS, pues los servicios prestados por el hoy
tutelante a la EPS demandada eran ejercicio de una profesión liberal (la
medicina). No obstante, hay que aclarar que dicha excepción fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-665 de 1998,[31] pues
resultaba contraria al derecho a la igualdad de trato. Así lo dijo en uno de
los apartes más relevantes esta Corporación:
“[c]omo ya se
advirtió, la Carta Política establece en cabeza de todos los trabajadores, sin
discriminación alguna, una especial protección del Estado, y les garantiza el
ejercicio pleno y efectivo de un trabajo en condiciones dignas y justas, así
como un trato igual. Por lo tanto, cuando a un reducido sector de trabajadores
que prestan sus servicios personales remunerados en forma habitual, en
desarrollo de un contrato civil o comercial, y pretenden alegar la
subordinación jurídica, al trasladársele la carga de la prueba de la
subordinación, se produce ciertamente, dentro del criterio de la prevalencia de
la realidad sobre la forma, una discriminación en relación con el resto de los
trabajadores, colocando a aquellos, en una situación más desfavorable frente al
empleador, no obstante que la Constitución exige para todos un trato igual
(artículo 13 CP.).
Cabe advertir
que conforme lo establece el artículo 53 de la Carta Fundamental, el principio
de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los
sujetos de la relación laboral, implica como lo ha sostenido esta Corporación,
un reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores,
así como a la necesidad de garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan
verse afectados o desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades.
Y si la
realidad demuestra que quien ejerce una profesión liberal o desarrolla un
contrato aparentemente civil o comercial, lo hace bajo el sometimiento de una
subordinación o dependencia con respecto a la persona natural o jurídica hacia
la cual se presta el servicio, se configura la existencia de una evidente
relación laboral, resultando por consiguiente inequitativo y discriminatorio
que quien ante dicha situación ostente la calidad de trabajador, tenga que ser
este quien deba demostrar la subordinación jurídica”.
15. Por
consiguiente, en los procesos en los cuales se discutan asuntos regulados por
el Código Sustantivo del Trabajo, si una de las partes prueba haberle prestado
sus servicios personales a la otra, el juez laboral está obligado a presumir
que los servicios se prestaron en el marco de una relación laboral; es decir, en
el marco de una relación de prestación de servicios personales, subordinada
jurídicamente y remunerada.[32]
Esa presunción debe operar incluso en los procesos en los cuales quien reclame
el reconocimiento del contrato realidad sea una persona que prestó sus
servicios en ejercicio de una profesión liberal como la medicina, y en el marco
de un contrato formalmente rotulado como de prestación de servicios. Así lo
ratificó recientemente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, al casar la sentencia de un tribunal que precisamente le negó a un
cirujano su pretensión de reconocimiento de una relación laboral con otra
persona, bajo el argumento de que había probado la prestación personal del
servicio pero no la subordinación, lo cual era su carga por haber sido un
médico inmerso en una relación contractual de prestación de servicios. La Sala
de Casación Laboral juzgó como equivocado el entendimiento jurídico del
tribunal, pues dijo:
“[c]omo es
fácil advertir, para el juez de la alzada el prestador de servicios personales
queda relevado, en principio, de la carga de la subordinación, con lo que
podría pensarse que tuvo en cuenta la presunción de que toda relación de
trabajo personal se entiende regida por un contrato de trabajo. Pero como fundó
ese aserto en la jurisprudencia y no en el artículo 24 del Código Sustantivo
del Trabajo, resulta procedente la denuncia de la infracción directa de esa
disposición, pues, en estricto sentido, el fallador no la tomó en
consideración, tanto así que no la mencionó dentro de aquellas que sirvieron de
fundamento a su decisión. || Como surge del aparte de su fallo arriba
transcrito, ante la evidencia de que las partes celebraron un contrato de
prestación de servicios, que supone independencia y autonomía de quien ejecuta
la labor, el Tribunal consideró que habría de acreditarse la subordinación
jurídica propia del contrato de trabajo, en la perspectiva de atraer la
aplicación de las normas que disciplinan la relación de trabajo subordinada.
Para la Corte,
ese raciocinio jurídico, que es el que controvierte adecuadamente el cargo, es
por completo equivocado, pues el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo
establece que “se presume que toda relación de trabajo personal está regida
por un contrato de trabajo” y no establece excepción respecto de ningún
tipo de acto, de tal suerte que debe entenderse que, independientemente del
contrato o negocio jurídico que de origen a la prestación del servicio, (que es
en realidad a lo que se refiere la norma cuando alude  a la relación de trabajo
personal), la efectiva prueba de esa actividad laboral dará lugar a que surja
la presunción legal. || Por esa razón, como con acierto lo argumenta el
recurrente, en ningún caso quien presta un servicio está obligado a probar que
lo hizo bajo continuada dependencia y subordinación para que la relación
surgida pueda entenderse gobernada por un contrato de trabajo. || Y aunque esa
posibilidad sí fue contemplada por el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 50 de
1990, que subrogó al 24 del Código Sustantivo del Trabajo, aquel precepto fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-665
de 1998”.[33]
16. Así las
cosas, a juicio de la Corte Constitucional, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá incurrió ante todo en un defecto
sustantivo. Se trataría de un defecto como el identificado por la
jurisprudencia de esta Corporación por ejemplo en la sentencia T-573 de 1997.[34] Es decir, de
un defecto causado por no haber tenido en consideración dentro del razonamiento
jurídico, una norma que cuando menos debía ser tenida en cuenta (en este caso,
la norma que contempla la presunción de subordinación). En efecto, en la
sentencia T-573 de 1997 la Corte Constitucional concluyó que un Juzgado había
incurrido en una causal de prosperidad de la acción de tutela contra providencias,
porque aun cuando estaban dadas las condiciones para considerar si era
aplicable o no un beneficio penal, en la sentencia no había ni siquiera mencionado
esa posibilidad aunque fuera para descartarla con argumentos. Entonces la Corte
manifestó que “[e]n este caso, la vía de hecho la constituyó la
omisión en que incurrió el juez  acusado al no hacer consideración alguna
sobre la procedencia o improcedencia del artículo  374  el Código
Penal”. Luego, ese defecto fue clasificado por la propia Corte como un
defecto sustantivo.[35]
17. Pues bien,
en este caso la demandada Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
judicial de Bogotá incurrió en ese mismo defecto, ya que el artículo 24 del
Código Sustantivo del Trabajo consagra una presunción de subordinación que se
activa tan pronto el demandante prueba que le prestó sus servicios
personalmente a la parte demandada. En virtud de esta presunción, el pretensor
se ve relevado de la carga de probar la subordinación, pues de inmediato se
produce un traslado de la carga de la prueba a la parte demandada, quien debe
demostrar que la relación no era laboral, sino de otra índole. No obstante, lo
que se puede apreciar objetivamente en el proceso resuelto es que a pesar de
que el señor Mogollón Galvis demostró haber prestado personalmente sus
servicios en beneficio de Saludcoop EPS, la Sala Laboral del Tribunal demandado
no consideró que se hubiera activado la presunción pues no se refirió en
absoluto a esta, o al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. De ese
modo, no sólo le violó al señor Mogollón Galvis su derecho al debido proceso en
tanto dejó de resolver el litigio de conformidad con las leyes aplicables; es
decir, “conforme a leyes preexistentes” (art. 29, C.P.), sino que también le violó indirectamente su derecho a la primacía de la realidad sobre las
formas (art. 53, C.P.), al haber ignorado por completo la presunción de
subordinación (art. 24, CST.
18. Contra
esta conclusión podría argumentarse que la Sala Laboral del Tribunal en
realidad sí tuvo en consideración la presunción, sólo que la juzgó desvirtuada
desde el comienzo a causa de la clase de servicio prestado por el señor
Mogollón Galvis. Pues desde el inicio del proceso estaba claro –diría la
hipotética réplica- que dentro de la entidad no había otra persona que le
indicara a este último cómo percibir los síntomas de los pacientes, cuál
diagnóstico darles, qué medicina prescribirles, cuáles exámenes pedirles, o a
cuál médico especialista remitirlos. En ese sentido, la presunción de
subordinación si habría sido tenida en cuenta, sólo que desde el principio se
habría considerado exitosamente derruida. La Corte Constitucional debe establecer
si ese argumento es satisfactorio y justifica la providencia cuestionada.
19. Luego de
examinarlo, esta Sala concluye que ese planteamiento no es convincente. En
primer lugar, porque incluso si se admite que desde el inicio fue desvirtuada
la presunción de subordinación, en todo caso el juez debió hacer referencia a
esta última en su razonamiento, y explicar por qué asumió que había sido desvirtuada.
De lo contrario, el juez constitucional está autorizado para concluir que no
tuvo en cuenta la presunción. En segundo lugar, porque en este caso ese no era
un argumento suficiente para derruir la presunción, ni al comienzo ni al final
del proceso. En las profesiones liberales como la medicina, por ejemplo, es por
definición apenas lógico que el profesional pueda adelantar ciertas actividades
de manera autónoma, dentro de una relación de trabajo dependiente. Los médicos,
entonces, pueden estar subordinados incluso si no tienen que obedecer órdenes
en cuanto al modo como deben examinar, diagnosticar y formular prescripciones a
los pacientes. Ese grado de autonomía es compatible con la subordinación
jurídica, en concepto de esta Corte, pues el profesional puede estar sujeto a
otra clase de órdenes y directrices que hacen de la suya una relación de
trabajo dependiente. Por tanto, el juez laboral no puede colegir de sólo esos
datos que entre las partes no hubiese habido una relación laboral.
20. Ciertamente,
no es inválido que los jueces valoren la realidad probatoria de una relación de
prestación de servicios para definir si es subordinada o no. Lo que degenera en
un defecto sustantivo es que, en casos de personas como los médicos que prestan
sus servicios en ejercicio de profesiones liberales, se considere desvirtuada
la presunción de subordinación nada más con pruebas indicativas de que no hay
un grado de sujeción casi total a las órdenes del beneficiario de los
servicios. No obstante, ese razonamiento es el que está inscrito en la
sentencia del Tribunal, y es posible constatar que esta autoridad identifica
subordinación jurídica con ausencia casi total de autonomía en el ejercicio de
la profesión médica, con lo cual interfiere de un modo excesivo en el derecho a
la primacía de la realidad sobre las formas de quienes ejercen la medicina pues
para reconocer que tienen una relación laboral les exige acreditar elementos no
sólo insólitos, sino también impropios de esa profesión.
21. En
definitiva, el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo pues no tuvo en
cuenta la presunción de subordinación en su razonamiento jurídico. Al incurrir
en ese defecto, violó los derechos del señor Mogollón Galvis a la primacía de
la realidad sobre las formas y al debido proceso. Por lo mismo, esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional adoptará una decisión congruente con ese
juicio, e impartirá las órdenes idóneas y necesarias encaminadas a proteger los
derechos constitucionales conculcados. Sin embargo, para hacerlo de una manera
adecuada debe antes definir si también el Juzgado Séptimo Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá incurrió en un defecto y violó los
derechos del peticionario.
22. La Sala
juzga que sí. Ahora, esta otra infracción se produjo a causa de un defecto
fáctico y un desconocimiento del precedente vinculante, fijado por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, “máximo tribunal de la
jurisdicción [laboral] ordinaria”.[36]
Pues puede decirse que el Juzgado Séptimo accionado entendió desvirtuada la
presunción, sobre la base de medios de prueba que, por una parte, resultan por
sí mismos insuficientes para ello y, por otra, insuficientes además de acuerdo
con un criterio jurisprudencial consistente, consolidado y relevante en casos
similares, sostenido por la Sala de Casación Laboral. Así, la presunción de
subordinación de la que habla el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo sólo
podía desvirtuarse con medios de prueba que ofrecieran información sobre la realidad
de la relación laboral, y no sólo sobre la forma, y que fueran suficientemente
definitivos como para descartar la naturaleza laboral del vínculo. Sin embargo,
lo que concluye esta Corte es que el Juzgado la estimó desvirtuada con medios
que no tienen estos atributos.
23. En efecto, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto en su
jurisprudencia que a quien le interese instaurar una
pretensión laboral con el fin de que se le reconozca un contrato realidad y se
condene a su empleador al pago de los derechos laborales no cancelados, le
corresponde probar al menos que le prestaba sus servicios personales al
demandado. Si logra hacerlo de un modo aceptable, entonces deberá presumirse
que la relación tenía todos los demás elementos de un contrato de trabajo,
entre los cuales se encuentra la subordinación jurídica. Esa presunción no es
de derecho y por lo tanto puede ser desvirtuada, de suerte que tan pronto se
activa porque están dados los presupuestos para ello, la carga de la prueba se
traslada a la parte accionada, y es a esta a la que le corresponde probar que
el contrato no era de trabajo, pues los servicios se prestaban de manera
independiente y autónoma.
24. No obstante, y en este punto
es que viene al caso la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema de
Justicia, la presunción sólo se debe entender derruida con ciertas especies de
medios probatorios;  es decir, cuando al proceso se aporten válidamente medios
de prueba informativos de la realidad de la relación jurídica (y no sólo
de las formas jurídicas celebradas por las partes), que además tengan la suficiente
contundencia como para conducir al juez a descartar la naturaleza laboral del
vínculo. Por ejemplo, de acuerdo con jurisprudencia uniforme de la Sala de
Casación Laboral, una presunción de ese género no puede entenderse eficazmente
desvirtuada si demuestra que los servicios no fueron prestados en la sede o en
las instalaciones del presunto empleador; que los servicios fueron prestados
con la ayuda de terceros;[37]
que los instrumentos o las herramientas con las cuales el
demandante prestó el servicio
eran de propiedad del presunto trabajador y no del presunto empleador;[38] que el
prestador de servicios no tenía horario;[39]
que los servicios no fueron prestados con exclusividad a pesar de que así se
había pactado;[40]
que el pago por los servicios no era mensual, que el pago no se registraba
contablemente como pago de salarios; que las órdenes e instrucciones se le
dictaban en lenguaje cortés y amable;[41]
que las remuneraciones periódicas efectuadas al prestador de servicios,
recibían la denominación de honorarios, y no de salarios, [42]
entre otras.  En definitiva, ninguno de esos elementos, ni aislados ni en
conjunto con todos los demás que se mencionaron, podrían considerarse prueba
suficiente de que el servicio se prestaba de manera independiente, autónoma y
sin sometimiento a subordinación jurídica.
25. Ahora bien, de todos estos
pronunciamientos conviene destacar el emitido por la Sala de Casación Laboral
en la sentencia del 11 de agosto de 2004,[43]
por su mayor similitud con este proceso. Pues, en efecto, en la citada
sentencia de la Sala de Casación Laboral, la Corte Suprema de Justicia debía
resolver el recurso de casación instaurado contra una providencia, en la cual
se declaró la existencia de un contrato laboral, pese a que había medios de
prueba documentales con los cuales se pretendía demostrar que las
remuneraciones periódicas efectuadas al prestador de servicios tenían la
denominación formal de honorarios, y no de salarios. La Corte Suprema, sin
embargo, decidió desestimar el argumento del recurso porque esos medios de
prueba sólo informaban algo acerca de las formas, pero nada acerca de la
realidad de la relación laboral, razón por la cual no tenían la virtualidad de
afectar la naturaleza jurídica laboral del vínculo trabado entre las partes del
proceso. Dijo:
“[l]os documentos de folios 249 a 345 del expediente, dan cuenta que al actor se le remuneraban sus servicios médicos bajo la
denominación de honorarios, sobre los cuales se le hacía retención en la
fuente; sin embargo tal circunstancia no es prueba determinante que lleve a
concluir que la relación contractual fuera civil y no laboral, pues la sola
designación que se le dé a la forma como se retribuyen los servicios, no genera
ipso jure una determinada naturaleza jurídica al vínculo contractual existente
entre las partes. Además porque era obvio que frente a tal modalidad de
contratación la demandada estaba en la obligación de hacer el descuento
pertinente por concepto de retención en la fuente.
De igual forma, valga agregar que el hecho de que en
los documentos referidos se registre que para el pago de los servicios
personales del actor, éste debía presentar cuenta de cobro de honorarios, ello
no desvirtúa la existencia del contrato de trabajo, que se acredita con la
prestación del servicio personal, la subordinación jurídica y finalmente con la
retribución económica por esos servicios personales. Lo precedente encaja en lo
que la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha denominado “contrato
realidad”, y que en tratándose de nexos laborales ha de valorarse y calificarse
según lo ocurrido en la práctica”.
26. Como se ve, entonces, estos
criterios fueron desconocidos por el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión
del Circuito de Bogotá, pues concluyó que la presunción de subordinación había
sido desvirtuada sobre todo porque había un medio de prueba documental en el
cual aparecía que las remuneraciones recibidas por el demandante eran a título
de honorarios y no de salarios, pero además debido a que en un interrogatorio
de parte la demandada decía que el vínculo era de carácter civil.  Esta
conclusión no habría podido obtenerse si se hubiera tenido en cuenta la
jurisprudencia vinculante de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, ya que esta sostiene justamente, en términos generales, que el
carácter laboral de un vínculo jurídico sólo puede desvirtuarse con medios de
prueba informativos de la realidad de la relación, y no con elementos que tan
sólo den informaciones acerca de las formalidades celebradas por los sujetos. Y
en términos específicos esa jurisprudencia establece que no son demostrativos de
la realidad de la relación, los documentos en los cuales las partes le asignen
la denominación de ‘honorarios’ a las remuneraciones periódicas que se le pagan
al presunto trabajador.  Al haber tenido en cuenta esta prueba como un elemento
de juicio decisivo para fallar a favor de la entidad demandada, el Juzgado se
apartó del precedente, y como consecuencia le conculcó todos los derechos que
dependen del respeto efectivo de los precedentes judiciales, entre los cuales
se encuentran el derecho a la igualdad de trato (art. 13, C.P.) y a la confianza legítima (arts. 1, 2 y 83 C.P.). Además, por darle una precaria eficacia a
la presunción de subordinación, le violó indirectamente su derecho a la
primacía de la realidad sobre las formas (art. 53).
27. Y sin ese medio de prueba, la
conclusión del Juzgado se sostiene sólo sobre la base de la manifestación de la
demandada en el interrogatorio, de acuerdo con la cual la relación entre las
partes no era de carácter laboral, sino de carácter civil. Pero esa declaración
es también insuficiente para juzgar que ha sido desvirtuada la presunción de
subordinación. Y concluir nada más a partir de ese elemento que fue desvirtuada
una presunción legal y que el vínculo entre las partes no era la laboral,
constituye un defecto fáctico, derivado de decidir sin el “apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión”.[44]
Así, el Juzgado no sólo desconoció el precedente vinculante para casos como
este, sino además en un defecto fáctico. Y al haber incurrido en estos dos
defectos, le vulneró al peticionario derecho a la primacía de la realidad sobre
las formas (art. 53). En consecuencia, la decisión y las órdenes se emitirán
teniendo en cuenta esta otra conclusión.
28. Ahora bien, en vista de lo
anterior, las autoridades judiciales podrían preguntarse qué clase de medios
podrían ser considerados aptos para derruir la presunción de subordinación. Y
aunque es a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, a la que le
compete definir inicialmente estos puntos, conviene mencionar que en su
jurisprudencia ese máximo tribunal de la justicia ordinaria ha tenido en cuenta
los siguientes criterios, para definir si hubo o no subordinación  jurídica: por
ejemplo, ha considerado relevante establecer si el prestador de servicios tenía
el deber de asistir a reuniones programadas por la entidad; si contaba con
disposición de cumplir órdenes cuando se le impartieran;[45] si sus funciones eran
similares a las del personal de planta; si la asignación de turnos al prestador
de servicios y al personal de planta no se diferenciaba de manera relevante; si
el prestador de servicios estaba sujeto al poder disciplinario del favorecido
por sus servicios.[46]
29. En definitiva, esta Sala de
Revisión concluye que el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito
de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá le violaron al señor Mogollón Galvis sus derechos a la igualdad de
trato, al debido proceso, a la confianza legítima y a la primacía de la
realidad sobre las formas. La primera autoridad judicial, al haber desconocido
que la presunción de subordinación en los procesos laborales no puede
desvirtuarse sino con arreglo a medios de prueba informativos de la realidad de
la relación, y no sólo de las formas que la encubren, medios que además deben
imponerse sobre los demás; y la segunda autoridad, al no haber tenido en
consideración en su razonamiento jurídico la presunción de subordinación a la
cual se refiere el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto
demuestra, en concepto de la Sala, que hubo una violación evidente de los
derechos del peticionario y, en consecuencia, de acuerdo con los precedentes de
esta Corte y con lo dispuesto en esta providencia, puede concederse la tutela a
pesar de que el peticionario de amparo no haya intentado el recurso de
casación.[47]
30. En consecuencia, la Corte
Constitucional concederá la tutela de los derechos conculcados, revocará la
sentencia de tutela proferida el 1º de diciembre de 2009 por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar adoptará las
siguientes decisiones. Por una parte, dejará sin efectos los fallos expedidos el 30 de abril y el 11
de diciembre de 2008 por el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del
Circuito de Bogotá y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, respectivamente. Por otra parte le ordenará al primero de
ellos, o a quien haga sus veces, que en su lugar expida para este caso una
nueva sentencia, tomando en consideración las razones expuestas en este fallo,
y que tan pronto lo haga envíe una copia del mismo a la Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional. Finalmente, le ordenará a la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá que si se interpone recurso de apelación contra
el fallo que se dicte en virtud de la orden anteriormente mencionada, envíe
copia de la decisión que lo resuelva de fondo una vez expedida.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo de tutela proferido el primero
(1º)  de diciembre de dos mil nueve (2009) por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para en su lugar CONCEDER
la tutela de los derechos fundamentales a la confianza legítima, a la
igualdad de trato, al debido proceso y a la primacía de la realidad sobre las
formas, del ciudadano Jesús Guillermo Mogollón Galvis.
Segundo.-
DEJAR SIN EFECTOS los fallos de
expedidos el 30 de abril y el 11 de diciembre de 2008 por el Juzgado Séptimo
Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá y por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, respectivamente, en el
proceso laboral ordinario promovido por Jesús Guillermo Mogollón Galvis contra Saludcoop
EPS.
Tercero.- ORDENAR al
Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá o al despacho
que haga sus veces: i. que en el término máximo de treinta (30)
días, contados desde el momento en que se le notifique este fallo, expida una
nueva sentencia en ese mismo proceso, tomando en consideración las razones
expuestas por esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional en el presente
proveído; y ii. que tan pronto expida el nuevo fallo, remita
copia del mismo a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional.
Cuarto.-
ORDENAR a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá si instauran recurso de apelación contra el fallo al cual se
refiere el numeral tercero de esta providencia, la decisión con la cual se
resuelva de fondo ese recurso deberá ser enviada a la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional de inmediato.
Quinto.-
Por Secretaría General líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En el proceso de revisión del fallo adoptado
en la acción de tutela promovida por Jesús Guillermo Mogollón Galvis contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión
del Circuito de Bogotá. La acción de tutela de la referencia fue escogida para
revisión por la Sala de Selección Número Cinco, mediante auto proferido el 13
de mayo de 2010.
[2] Folio 13, cuaderno principal. En adelante, los
folios del expediente a los que se haga referencia pertenecerán a este
cuaderno, a menos que se diga expresamente lo contrario.
[3] Folio 18.
[4] Folio 25.
[5] Dijo, al respecto, que en el caso concreto “la
subordinación [es] el elemento que no se demuestra con la documental
válidamente aportada al proceso, razón por la cual el fallador de instancia
entra a analizar el acervo probatorio recabado en el proceso y aprecia que el
interrogatorio de parte practicado a la representante legal de la entidad
demandada (f. 93 a 95) manifiesta y ratifica la posición de la empresa en
cuanto a que la relación contractual con la demandante fue por medio de un
contrato de prestación de servicios, vale resaltar la respuesta a la pregunta
dos de la prueba donde manifiesta ‘en este punto es necesario aclarar que
el demandante estuvo vinculado a la EPS inicialmente con un contrato civil de
prestación de servicios profesionales, durante el periodo comprendido entre el
19 de octubre de 1999 hasta el mes de julio de 2000, en este interregno el
actor percibió una suma mensual de dinero por concepto de honorarios previa
presentación de cuenta de cobro en las instalaciones de la empresa.
Posteriormente el demandante fue vinculado mediante contrato de trabajo a
término indefinido y el cual sí se puede decir que devengaba una remuneración
mensual por concepto de salarios’; se resalta esta respuesta por ser una
afirmación que se sustenta con prueba documental de la época obrante a folios 12 a 19 del expediente y soportados por certificación emitida por la entidad demandada en la prueba de
inspección judicial (fl. 135). || En la prueba de interrogatorio de parte (fl. 101 a 104) se ratifica y expresa que su relación se rigió por medio de un contrato laboral, es más en
el mismo el demandante afirma en la respuesta a la pregunta 10 ‘nunca
existió autonomía en el ejercicio de mi profesión de médico […]’. Afirmación
que no soporta otro tipo de verificación que la manifestación realizada en
dicha audiencia, porque revisado el expediente no obra prueba alguna diferente
a las manifestaciones elevadas en la demanda y en la prueba de interrogatorio
de parte, acerca de la subordinación ejercida durante el tiempo realizando sus
labores; contrario sensu con las pruebas aportadas por la entidad demandada,
donde certifica la cancelación de los honorarios, los mismos reportados por el
actor en su demanda”. Folios 17 y 18.
[6] Folio 27. Transcripción de la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, expedida el 11 de
diciembre de 2008. SV. Miller Esquivel Gaitán.
[7] Folios 3 y 4.
[8] Folio 7.
[9] Esta acusación la hace del siguiente modo: “[e]ntonces
señores Magistrados, les manifiesto que sin ser abogado no se requiere de mayor
esfuerzo para establecer que en mi caso se ha venido incurriendo en ‘vía de
hecho’ por cuanto los falladores de instancia no tuvieron en cuenta las
directrices establecidas en el derecho laboral y se apartaron de manera
voluntaria de los postulados generales que rigen el derecho del trabajo. || Es
por ello que les manifiesto que el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del
Circuito Judicial de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, incurrieron en ‘vía de hecho’ cuando le dieron plena
aceptación a lo manifestado por la demandada y no tuvieron en cuenta los
elementos de la relación laboral que en mi caso fueron notorios en el trámite
del proceso”. Folio 6.
[10] No obstante, después de dictarse la sentencia
de primera instancia, el apoderado de Saludcoop EPS dio respuesta a la acción
de tutela, oponiéndose a las pretensiones por las siguientes razones: (i) la
acción es extemporánea y no reúne el requisito de inmediatez, (ii) la acción de
tutela es temeraria y de mala fe, pues apunta a obtener un nuevo
pronunciamiento judicial después de tramitado un proceso cumplido con todas las
garantías y (iii) la acción de tutela es improcedente frente a la
interpretación de normas legales. Finalmente afirmó que la actuación de la
entidad demandada había sido legítima, pues ésta obró de acuerdo con las
disposiciones legales existentes y las sentencias proferidas por la
jurisdicción laboral. Así mismo, señaló que la acción carece de fundamentos de
hecho y de derecho, pues, entre otras cosas, dice el representante judicial de
Saludcoop, el principio de favorabilidad sólo se aplica en relación con la
interpretación normativa pero no cuando se trata de la valoración probatoria,
pues en este punto “los jueces se deben atener a la tarifa legal y a la
libre convicción, elementos que nada tienen que ver con la interpretación de
dos normas”. Folio 30 del cuaderno
No. 2.
[11] Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo
de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
[12] (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo
Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero).
[13] (MP Vladimiro Naranjo Mesa, SPV. Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio
Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Hernando Herrera Vergara, SV.
José Gregorio Hernández Galindo, AV. Vladimiro Naranjo Mesa, Hernando Herrera
Vergara, José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz). Al
controlar el proyecto de ley estatutaria de administración de justicia, la Corte evaluaba la constitucionalidad del artículo 66, que contemplaba la posibilidad de
condenar al Estado por ‘error jurisdiccional’. La Corte señaló que no cabía predicar responsabilidad del Estado por cualquier error
jurisdiccional, sino sólo por el que constituyera una actuación subjetiva,
arbitraria, caprichosa y violatoria del derecho al debido proceso. Y que frente
de las decisiones de las altas Cortes o de los tribunales supremos de cada
jurisdicción no cabría predicar el ‘error jurisdiccional’. Pero hizo énfasis en
que la Corte Constitucional, por ser el intérprete máximo de los derechos
constitucionales fundamentales, podía controlar las decisiones judiciales que
se apartaran groseramente del Derecho.
[14] (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo
Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra). En esta ocasión, si bien la Corte no revocó una sentencia adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, reiteró la doctrina sobre la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en caso de que con ella se infringieran
derechos fundamentales, como consecuencia de una interpretación caprichosa y
arbitraria del Derecho objetivo aplicable.
[15] (MP Jaime Córdoba Triviño). En ella,  la Corte  estudiaba la constitucionalidad de una norma del Código de Procedimiento Penal, que
aparentemente proscribía la acción de tutela contra los fallos dictados por las
Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia. La Corte consideró que esa limitación contrariaba no sólo la Constitución, sino además los precedentes de esta Corte, que nunca han deshecho completamente
la posibilidad de impetrar el amparo contra actuaciones ilegítimas de las
autoridades judiciales, así revistan el nombre de providencias.
[16] (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En esa ocasión, la Corte decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de acción de tutela estudiado, mediante el cual
confirmó la decisión que había adoptado el juez de tutela de primera instancia
(Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena). Para la Sala de Casación Civil fue evidente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
de la accionante, ya que las declaraciones allegadas al expediente del proceso
acusado, no podían ser fundamento de la decisión por haber sido rendidas como
versiones libres y espontáneas y no bajo la gravedad del juramento, según las exigencias
de los artículos 175 C.P.C. y 55 del Código del Menor. La Corte Suprema había aducido, por lo demás, que las pruebas testimoniales debían ser ordenadas
mediante auto del funcionario instructor, con el fin que contra ellas fuera
posible ejercer el derecho de contradicción.
[17] (MP Vladimiro Naranjo Mesa). La Corte, en esta oportunidad, consideró procedente confirmar la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán, de conceder el amparo solicitado contra una providencia judicial, por
haber sido quebrantado el derecho fundamental al debido proceso al negar el
recurso de apelación bajo el entendimiento de que faltaba un requisito
inexistente en el Código de Procedimiento Civil. En la providencia, el Tribunal
Superior de Popayán invocó una doctrina sobre quebrantamiento del debido
proceso por providencias judiciales, que aceptaba la Corte Suprema de Justicia.
[18] Sentencia T-377 de 2009.
[19] Véase, al respecto, la sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba
Triviño. Unánime), que sistematizó la jurisprudencia en torno a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias.
[20] Sentencia T-202 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). La Corte no concedió una tutela contra providencias, porque el peticionario no agotó todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial en el curso del proceso
ordinario, sino que lo asumió con actitud de abandono.
[21] Sentencia T-743 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). La Corte analizó algunos de los argumentos que podrían justificar una relativa tardanza en la
interposición de la tutela.
[22] Sentencia T-282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En ella
la Corte recordó la improcedencia de la tutela contra providencias de tutela.
[23] Sobre la caracterización de estos defectos, puede verse, entre
muchas otras, la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[24] (MP
Eduardo Montealegre Lynett; SV Clara Inés Vargas Hernández). En este fallo, la Corte concedió la tutela contra providencias judiciales a pesar de que no se hubiera
interpuesto recurso de casación, porque halló un evidente desconocimiento de
derechos fundamentales. Dijo: “13. La Corte Suprema de Justicia sostiene que el demandante contaba con
otro medio de defensa judicial, el cual era interponer el recurso
extraordinario de casación. El demandante, por su parte, sostiene que no elevó
el recurso por cuanto no contaba con medios económicos para contratar un
abogado que le asistiera en la materia. || De acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corporación, el pretermitir la utilización de los medios ordinarios de
defensa, torna en improcedente la acción de tutela. Empero, la adopción
rigurosa de éste postura llevaría, en el caso concreto, a una desproporcionada
afectación de un derecho fundamental. En efecto, habiéndose establecido de
manera fehaciente que la interpretación de una norma se ha hecho con violación
de la Constitución, lo que llevó a la condena del procesado y a una reducción
punitiva, no puede la forma imperar sobre lo sustancial (C.P. art. 228). De ahí
que, en este caso, ante la evidente violación de los derechos constitucionales
fundamentales del demandado, la Corte entiende que ha de primar la obligación
estatal de garantizar la efectividad de los derechos, por encima de la
exigencia de agotar los medios judiciales de defensa”.
[25] (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). En esa ocasión, la Corte declaró procedente una tutela contra sentencia pese a que el tutelante no hubiera interpuesto
recurso de apelación, con fundamento en el siguiente razonamiento: “esta Corte concluye que, es procedente la acción de tutela aún cuando
no se agotó el recurso de apelación, porque exclusivamente en el caso que se
estudia, la violación a los derechos fundamentales de una persona homosexual,
que acudió a la jurisdicción ordinaria para que le fueran amparados los
derechos que se derivan de su unión sentimental con una persona de su mismo
sexo, continúa y se refiere a derechos y criterios de especial trascendencia
que por mandatos constitucionales directos y del bloque de constitucionalidad,
deben ser especialmente considerados en aras de brindarles una efectiva
garantía. Además, teniendo en cuenta la plenitud probatoria que presenta este
caso, resulta imperante hacer primar el derecho sustancial sobre el procesal”.
[26] En esta otra sentencia, la Corte decidió de fondo la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales emitidas en procesos
laborales, a pesar de que el actor no hubiera instaurado recurso de casación.
En esta otra sentencia, la Corte Constitucional reiteró lo dispuesto por la sentencia T-1031 de 2001.
[27] Adicionalmente, la cuantía de las pretensiones en el proceso
ordinario laboral no permitía recurrir a la casación, según se muestra en la
demanda de tutela. Folios 7 y 8.
[28] Documento que obra a folio 31. Folios 12 y 13 del cuaderno No. 3.
[29] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia
del 25 de marzo de 1977 (MP. Juan Manuel Gutiérrez Lacouture). Gaceta Judicial
Nro. 2389, Tomo CLV Primera parte, pp. 562 y 563. El razonamiento fue el
siguiente: “el sentenciador entendió de manera correcta el aludido precepto
legal [se refiere al artículo 24 del CST], pues fijó su alcance en el
sentido de que el hecho indicador o básico de la presunción lo constituye la
prestación de un servicio personal, y que el indicado o presumido es el
contrato de trabajo. O sea que si el demandante logra demostrar que prestó un servicio
personal en provecho o beneficio de otra persona o entidad, debe entenderse que
esa actividad se ejecutó en virtud de un vínculo de la expresada naturaleza. […]
Penetra luego el fallador en el examen de las pruebas y con base en ellas
concluye ‘que por parte del trabajador hubo una actividad personal al servicio
de la empresa demandada en punto a la atención médica del personal de sus
trabajadores, y a la coordinación médica relacionada con los especialistas, que
en una u otra forma, debían intervenir en esa atención’. Establecido ese hecho,
en vez de inferir la existencia presunta del contrato de trabajo y, consecuente
con su razonamiento, proseguir el análisis de las pruebas con miras a
determinar si desvirtuaban la presunción, por acreditar ellas que el servicio
se había prestado de manera independiente y no subordinada, decidió abandonar
este proceso lógico y desviar el camino hacia la búsqueda de la prueba de la
subordinación, como elemento tipificador de los contratos de esta índole, con
exigencia del aporte de esta prueba al trabajador, anulando así, o
restringiendo al menos, los efectos de la referida presunción”. No
obstante, la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia por un problema de
forma en la sustentación del recurso de casación.
[30] Decía
literalmente la Ley 50 de 1990: "Artículo
2o. El artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así: "Artículo
24. Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida
por un contrato de trabajo.|| No obstante, quien habitualmente preste sus
servicios personales remunerados en ejercicio de una profesión liberal o en
desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter
laboral de su relación, deberá probar que la subordinación jurídica fue la
prevista en el literal b) del artículo 1o. de esta ley y no la propia para el
cumplimiento de la labor o actividad contratada””.
[31] (MP. Hernando Herrera Vergara. Unánime).
[32] Que son los tres elementos de todo contrato
laboral, según los artículos 22.1 y 23
del Código Sustantivo del Trabajo. El
artículo 23 dice, por ejemplo, que contrato laboral existe allí donde se
advierta “(a) la actividad personal del trabajador, es
decir, realizada por sí mismo; (b) la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato […]; (c) un salario como retribución del servicio”.
[33] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia
del 1° de julio de 2009, (MP. Gustavo José Gnecco Mendoza). Radicado Nro.
30437.
[34] (MP. Jorge Arango Mejía).
[35] Así lo hizo, por ejemplo, en las sentencia T-462 de 2003 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett) y T-589 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[36] En la Sentencia T-698 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), la Corte Constitucional ratificó que los jueces laborales ordinarios tienen la obligación prima
facie, ya reconocida por esta Corporación en la C-836 de 2001, de estarse a lo resuelto por el máximo tribunal de la justicia ordinaria que
es la Corte Suprema de Justicia. Esto lo dijo al conceder la acción de tutela
contra una providencia judicial que había desconocido la jurisprudencia sentada
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema en punto a los criterios para establecer si un trabajador del Estado podía ser clasificado como empleado
público o trabajador oficial. Sobre la fuerza vinculante del precedente de la Corte Suprema de Justicia, puede verse también entonces la sentencia C-836 de 2001 (MP.
Rodrigo Escobar Gil. AV. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy
Cabra. SPV. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo
Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis).
[37] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 30
de agosto de 1991 (MP. Hugo Suescún Pujols). Rdo 4361. Gaceta Judicial Nro.
2453, Tomo CCXIV Segundo Semestre, pp. 303 y ss. En este fallo la Corte Suprema decidió no casar una sentencia, recurrida porque había declarado la existencia
de un contrato laboral entre dos personas, a pesar de que quien prestaba sus
servicios recibía ayuda de terceras personas. La Corte dijo, entonces: “el trabajador puede en ocasiones recibir colaboración de otras
personas sin que esto signifique necesariamente que su labor se torne, por esta
sola circunstancia, en trabajo autónomo o independiente. La complejidad del
mundo moderno, y en especial de aquellas actividades que requieren una alta
calificación profesional, justifica plenamente una colaboración
interdisciplinaria, pues no escapa a nadie que constituiría casi un imposible
físico que una operación de alta cirugía valga el ejemplo, pueda llevarse a
cabo por un solo médico. Tampoco es óbice para la estructuración del vínculo
laboral el que, dada precisamente la responsabilidad que tiene un cirujano, sea
él, sin perder su condición de asalariado,  -si es que la tiene-, quien escoja
sus inmediatos colaboradores o auxiliares para una determinada operación”.
[38] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 5
de febrero de 1963 (MP. José Joaquín Rodríguez). Gaceta Judicial Nro. 2266,
Tomo CI Primer semestre, pp. 573 y ss. En ese fallo, la Corte decidió no casar una sentencia, recurrida por una persona inconforme con que se hubiera
declarado la existencia de una relación laboral, a pesar de que los servicios
personales prestados por el demandante se hubieran efectuado con herramientas
de propiedad de este último, y no con instrumentos del demandando (recurrente
en casación). La Corte estableció: “no desvirtúa el contrato laboral el
hecho de que sea de propiedad del trabajador la herramienta para ejecutar la
labor, pues las partes pueden convenirlo así”. En el mismo sentido, ver
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 31 de enero
de 1991 (MP. Ramón Zúñiga Valverde). Gaceta Judicial Nro. 2449, Tomo CCX Primer
semestre, pp. 75 y ss. En esta oportunidad, la Corte Suprema no casó una sentencia por motivos de forma en la interposición del recurso,
pero censuró en ella que hubiera descartado el carácter laboral de un vínculo
sólo porque el demandante había prestados sus servicios personales con
herramientas propias y no del presunto empleador. Manifestó la Corte: “[s]alvo estipulación en contrario, la prestación del servicio subordinado,
remunerado, con instrumentos del trabajador, no excluye el concepto de contrato
de trabajo con arreglo a lo dispuesto en la regla 1ª del artículo 57 del CST,
lo que significa que la circunstancia de ser el actor propietario del vehículo
automotor, con el cual prestó a la demandada sus servicios personales y
subordinados no lo excluía como trabajador vinculado por contrato de trabajo
con la empresa”.
[39] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 30
de agosto de 1991 (MP. Hugo Suescún Pujols). Rdo 4361. Gaceta Judicial Nro.
2453, Tomo CCXIV Segundo Semestre, pp. 303 y ss. En esta sentencia también se
rechazó el argumento del recurso de casación en el sentido de que la sentencia
recurrida había sido ilegal por haber concluido que había contrato de trabajo
pese a que el servicio personal se prestaba sin sujeción a horarios de trabajo.
La Corte Suprema descartó que ese hecho desvirtuara el carácter laboral del
vínculo: “[a]un cuando la fijación de horarios por el empleador es
quizás uno de los hechos más característicos de la subordinación laboral, no
cabe predicar, a contrario sensu, que cuando esa fijación no exista deba por
fuerza, suponerse la autonomía en la prestación del servicio”.
[40] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 11 de
febrero de 1994 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). Gaceta Judicial Nro. 2468,
Tomo CCXXIX, Vol. I, pp. 127 y ss. En esa ocasión, la Corte casó una sentencia en la cual se consideró que la parte demandada había desvirtuado el
carácter laboral de una relación de prestación de servicios personales, porque
lo había hecho sólo con dos medios de prueba: el relativo a la prestación
efectiva de servicios a otra persona, con lo cual el demandante había
incumplido el pacto de exclusividad. La Corte dijo que la relación laboral “no podría sufrir la pérdida de su naturaleza debido a condiciones
estipuladas en otro contrato aun cuando sea éste también laboral”.
[41] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 30
de agosto de 1991 (MP. Hugo Suescún Pujols). Rdo 4361. Gaceta Judicial Nro.
2453, Tomo CCXIV Segundo Semestre, pp. 303 y ss. En este fallo, la Corte despachó desfavorablemente el recurso de casación interpuesto contra una providencia en
la cual se había reconocido la existencia de un contrato laboral, entre otras
cosas, a pesar de que el pago de la remuneración no era mensual, no aparecía en
el registro contable como pago de salarios, y de que las órdenes se libraban en
lenguaje amable y cortés. La Corte dijo, al respecto: “[e]l contrato
de trabajo no deja de serlo por el hecho de que las órdenes laborales se
envuelvan en un lenguaje cortés o amable, pues el ideal de toda relación humana
es que ella se desarrolle en un plano de recíproco respeto”, “tampoco se
desnaturaliza el contrato de trabajo porque la remuneración no sea pagada
mensualmente”, “tampoco se desnaturaliza el contrato de trabajo porque
quien […] paga [la remuneración] impute contablemente el pago a
otros rubros de su contabilidad”.
[42] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia
del 11 de agosto de 2004 (MP. Camilo Tarquino Gallego). Rdo. 21219.
[43] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia
del 11 de agosto de 2004 (MP. Camilo Tarquino Gallego). Rdo. 21219.
[44] Véase la citada sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño.
Unánime). Se refiere específicamente a fallar sin las pruebas suficientes.
[45] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2
de agosto de 2004 (MP. Luis Javier Osorio López). Rdo: 22259. En esa
oportunidad, la Corte Suprema resolvió casar una sentencia en la cual se había
declarado que la relación entre dos personas no era laboral, porque a juicio de
la Sala de Casación se dejaron de apreciar algunos medios de prueba de cuya
correcta valoración se podían extraer “características que son signo
indicativo de subordinación o dependencia laboral, cuales son la obligación de
cumplir órdenes; entre ellas el horario, como el asistir a reuniones y la disponibilidad
para con el empleador”.  En el sector público, por su parte, el carácter
indicativo del sometimiento a un horario es más pronunciado. Ver, al respecto,
de la misma Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, las sentencias
del 17 de mayo de 2004 (MP. Luis Javier Osorio López). Rdo: 22357; y del 19 de
octubre de 2006 (MP. Francisco Javier Ricaurte Gómez). Rdo: 27371.
[46] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 7 de julio de 2010
(MP. Camilo Tarquino Gallego). Rdo: 36897. En esta sentencia, la Corte Suprema decidió casar parcialmente un fallo por no haber declarado que entre dos
personas existió una relación laboral a pesar de las pruebas que indicaban lo
contrario, entre las cuales mencionó la similitud entre las funciones del
prestador de servicios y las del personal de planta; la asignación
indiscriminada de turnos al prestador de servicios y al personal de y  la
posibilidad de abrir investigaciones disciplinarias. Dijo: “[n]o
obstante, es claro que, en este asunto, la relación fue de carácter laboral, y
que hubo subordinación jurídica, acorde con los artículos 1° de la Ley 6ª de 1945 y  1° del Decreto 2127, del mismo año. || El actor prestó sus servicios en
forma permanente; las labores para las cuales fue contratado también las
realizaba personal de planta e, inclusive, las planillas en las que se
establecían los turnos iban dirigidas, indistintamente a él y a los
trabajadores vinculados a través de contrato de trabajo; le eran impartidas
órdenes y, además, se le remitió comunicación (fl. 63), en la que se le planteó
la posibilidad de abrirle una investigación disciplinaria; los turnos le eran
asignados en la misma planilla de los trabajadores de planta; debía solicitar
permiso del Jefe de Servicios Generales de la entidad para ausentarse, por lo
que no es posible predicar, como lo hizo el Tribunal, que la relación fue
distinta a una contractual laboral”.
[47] Sentencias T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y
T-084 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa), antes referidas.