T-104-07
II
Sentencia T-104/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de
improcedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA-Procedencia contra cualquier autoridad que
vulnere o amenace los derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Importancia
ACCION DE TUTELA-Mecanismo de unificación de la
jurisprudencia constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos de
procedibilidad
Según la doctrina constitucional, para que pueda
proceder una tutela contra una sentencia judicial resulta necesario que se
cumplan a cabalidad todos y cada uno de los siguientes requisitos de
procedibilidad: (1) La cuestión que se pretende discutir a través de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. (2) Sólo
procede si han sido agotados todos los mecanismos ordinarios de defensa
judicial salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable.  (3) La acción
no procede cuando el actor ha dejado de acudir a los medios ordinarios de
defensa judicial.(4) La tutela sólo procede cuando la presunta violación del
derecho fundamental en el proceso judicial tiene un efecto directo y
determinante en  la decisión de fondo adoptada por el juez. (5) En la tutela contra
sentencias corresponde al actor identificar con claridad la acción u omisión
judicial que pudo dar lugar a la vulneración, así como el derecho vulnerado y
las razones de la violación.  (6) El juez de tutela no puede suplantar al juez
ordinario. (7) La tutela contra una decisión judicial debe interponerse ante el
superior funcional del juez que profirió la decisión impugnada. Si se dirige
contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del
Juez al que esté adscrito el Fiscal. Lo accionado contra la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se
resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda. (8) No
procede la acción de tutela contra sentencias de tutela.  (9) La acción de
tutela contra sentencias solo procede en los casos en que se pueda calificar la
actuación del juez como una vía de hecho. 10) Que la vía de hecho sea alegada por el actor dentro de en
un término razonable al de su ocurrencia.
VIA DE HECHO JUDICIAL-Procedencia por defecto orgánico,
sustantivo, fáctico, procedimental o por consecuencia
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para infirmar decisiones
adoptadas en una acción similar
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia exclusiva y excluyente para
revisar sentencias proferidas por jueces constitucionales
CORTE CONSTITUCIONAL-Corresponde única y exclusivamente revocar
o confirmar las órdenes ejecutoriadas de amparo mediante la revisión
Corresponde única y exclusivamente a esta Corporación,
como intérprete autorizado de la Constitución Política y por expresa
disposición de este ordenamiento, revocar o confirmar las órdenes ejecutoriadas
de amparo mediante el mecanismo de la revisión, el que ha sido previsto para
unificar la interpretación en materia de derechos fundamentales y para
garantizar la efectiva protección de los mismos, como quiera que de aceptarse
que la decisión de un juez constitucional pueda demandarse ante otra autoridad
judicial se haría nugatorio el inmediato cumplimiento de los fallos de tutela y
se prolongaría en el tiempo y de manera indefinida la vulneración del
ordenamiento constitucional En consecuencia, las sentencias ejecutoriadas de
tutela sólo pueden ser revisadas por esta Corporación, como interprete
autorizado de la Constitución Política y por expresa disposición de este
ordenamiento.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Derivada de la no selección para revisión
de determinado asunto/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance de la decisión
de la Corte Constitucional de revisar o no las decisiones de tutela
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Debe
verificarse en cada caso la procedencia observando si reúne los requisitos para
que se configure vía de hecho judicial
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, TRABAJO E
IGUALDAD-Actor se enfrenta
a pronunciamiento judicial que impide se cumpla la sentencia que ordena el
restablecimiento
ACCION DE TUTELA NO SELECCIONADA Y COSA
JUZGADA-Fenómeno inmutable
y definitivo/CORTE CONSTITUCIONAL-Organo de cierre/ACCION DE TUTELA
SELECCIONADA Y COSA JUZGADA-Opera una vez decidido el caso por la Sala de
Revisión/COSA JUZGADA INMUTABLE-Sería errado permitir la tutela contra
tutela so pena de vulnerar la seguridad jurídica al reabrir un debate concluido
CONSEJO DE ESTADO-Incurrió en vía de hecho al anular sin
competencia decisión de tutela
Como se desprende de  las consideraciones hechas en la
Sentencia SU-1219 de 2001 y en la jurisprudencia que la ha constantemente
reiterado no cabe duda que la Sección Primera del Consejo de Estado  actuando
como juez de tutela incurrió en una vía de hecho, no solo al decidir  una
acción de tutela instaurada contra un fallo de  tutela en clara oposición a la
jurisprudencia constitucional de Unificación sentada en la sentencia SU-1219 de
2001  sino además  al  anular sin competencia para ello  la decisión de tutela
adoptada en el primer proceso que no había sido objeto de selección por la
Corte, desconociendo así tanto la cosa juzgada constitucional como la competencia
exclusiva de la Corte en este campo.
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA
EN FIRME-Unica alternativa
para manifestar inconformidad es la intervencion de la parte interesada en el
proceso de selección para revisión/ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE
TUTELA-Prohibición
REVISION DE ACCION DE TUTELA-Pronunciamiento para respetar el principio
de que no existe tutela contra tutela, la cosa juzgada y la competencia
exclusiva de la Corte Constitucional
En el presente caso dado que la
sentencia de tutela que se ataca  no fue  objeto de revisión  por la Corte y
que ese era el momento procesal indicado para que la vía de hecho identificada
fuera puesta en evidencia y corregida y que la única  alternativa procesal  que
resultaba pertinente era solicitar la selección de la sentencia de tutela
objeto de controversia  por parte de la Corte Constitucional para su revisión,
la acción de tutela sub examine resulta improcedente. En apoyo de dicha opción
podría afirmarse  así mismo que en tanto  la Corte en la Sentencia SU-1219 de
2001 afirmó que no es posible interponer  acción de tutela por vías de hecho
contra fallos de tutela, y que en este caso lo que se invoca es precisamente
una vía de hecho respecto de un fallo de tutela, la  acción es por esa razón
igualmente improcedente.Podría afirmarse también  que no puede desconocerse
que luego de la decisión de tutela que es atacada en el presente proceso  y
como consecuencia de ella se produjeron otras decisiones de tutela que tampoco
fueron objeto de revisión,  mediante las cuales se negaron las pretensiones del
actor y en este sentido no es posible ya retrotraer  una situación que
independientemente  de los errores en que se haya podido incurrir  en el fallo
atacado  produjo  ya  efectos jurídicos a favor  de  la contraparte del actor,
la cual podría invocar igualmente en relación con dichos fallos  la
configuración de la cosa juzgada constitucional. Tales consideraciones
llevarían entonces en principio a considerar  improcedente la tutela  examinada
en el presente proceso y  a  confirmar la decisión del juez de tutela de
primera instancia en aparente armonía con la sentencia de unificación tantas
veces invocada. Declarar la improcedencia en el presente caso llevaría en
efecto a que la decisión proferida por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso del Consejo de Estado a pesar de contradecir evidentemente todos
los criterios citados sentados en la sentencia SU-1219 de 2001  mantenga sus
plenos efectos. Evidentemente entonces la única manera de hacer respetar  el
principio de que no existe tutela contra tutela, la cosa juzgada
constitucional  y la competencia exclusiva de la Corte constitucional en
materia de revisión de  las acciones de tutela señalados a partir de los
mandatos constitucionales en la Sentencia SU-1219 de 2001, es mediante un
pronunciamiento de la propia Corte  en sede de revisión  para  dejar sin
efectos la decisión que los contradice y que  se encuentra en el origen de  una
cadena de decisiones  que los referidos principios  buscaban  precisamente
evitar.
ACCION DE TUTELA CONTRA CONSEJO DE ESTADO-Intervención de la Corte Constitucional
para asegurar el respeto por los criterios establecidos en la sentencia SU.1219
de 2001
ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-No fue objeto de impugnación quedando en
firme con efectos de cosa juzgada ya que la Corte Constitucional la excluyó de
revisión
CORTE CONSTITUCIONAL-Correspondía tomar decisión de anular la
actuación o sanear la nulidad configurada previa convocatoria de las partes
Como quiera que es a esta Corte a quien le
ha sido confiada la facultad de revisar las decisiones judiciales relacionadas
con la acción de tutela de los derechos constitucionales –artículo 241 C.P.- y
la Sala Cuatro de Selección resolvió no seleccionar el asunto, imprimiéndole
fijeza, tal como lo indica la jurisprudencia constitucional; y ii) en razón de
que la autoridad judicial que tiene que cumplir la orden de amparo -Sala Dos de
Decisión del H. Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca por extinción de
la Sala de Descongestión accionada- fue vinculada al proceso adelantado por el
Juez Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao y ejerció sin
restricciones su derecho de defensa. Cabe precisar  que en caso de poderse alegar
que con  la decisión del  18 de febrero de 2002- proferida por el Juez Primero
Penal del Circuito de Santander de Quilichao se había incurrido en una vía de
hecho  por  el desconocimiento de los derechos de quienes no hubieran sido
convocados al proceso T-579.617 –argumento que se invocó en el proceso
T-651.901  donde se profirió la sentencia que se ataca por el actor-  solo a la
Corte Constitucional  correspondía  dentro del expediente T-579.617 tomar la
decisión de anular  la actuación  o de proceder a sanear  en ese proceso la
nulidad eventualmente configurada  previa la convocatoria de las partes
interesadas- como paso previo a la toma de la decisión correspondiente.
ACCION DE TUTELA CONTRA CONSEJO DE ESTADO-Vía de hecho al anular sin competencia
decisión de tutela que no había sido objeto de selección
Como se desprende de  las consideraciones hechas en la
Sentencia SU-1219 de 2001 y en la jurisprudencia  que la ha reiterado no cabe
duda que la Sección Primera del Consejo de Estado actuando como juez de tutela
incurrió en una vía de hecho, no solo al decidir una acción de tutela
instaurada contra un fallo de tutela en clara oposición a la jurisprudencia
constitucional de Unificación sentada en la sentencia SU-1219 de 2001 sino
además al anular sin competencia para ello  la decisión de tutela adoptada en
el primer proceso que no había sido objeto de selección por la Corte,
desconociendo  así tanto la cosa juzgada constitucional como la competencia
exclusiva de la Corte en este campo.
ACCION DE TUTELA CONTRA LA POLICIA NACIONAL-Vigencia de fallo de tutela excluido de
revisión/POLICIA NACIONAL-Deber de acatar decisión y procurar
cumplimiento de sentencia
ACCION DE TUTELA CONTRA LA POLICIA NACIONAL-Cumplimiento de fallo no seleccionado
respecto del cual se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
Referencia: expediente T-923644
Acción de tutela instaurada por Álvaro
Marín Díaz contra la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo del Estado y otra
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil siete
(2007).
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de las
providencias adoptadas por las Secciones Segunda Subsección A y Cuarta de la
Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, dentro de la acción de
tutela instaurada por Álvaro Marín Díaz contra la Sección Primera de la misma
Sala y Corporación y la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional.
I.     ANTECEDENTES
El señor Álvaro
Marín Díaz solicita el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en consideración
a que mediante un nuevo fallo de tutela la Sección Primera de la Sala
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dejó sin efecto la decisión de
otro Juez de tutela que restablecía sus derechos fundamentales.
Afirma el
accionante que el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao,
actuando como juez de amparo, el 18 de febrero de 2002, declaró i) que la Sala
de Descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle incurrió en
vía de hecho, el 2 de noviembre de 2000, al resolver la Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho que el mismo instaurara contra la Nación
Ministerio de Defensa Policía Nacional, en razón del acto administrativo que
dispuso su retiro de la institución; y ii) que la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de
igual naturaleza que la proferida por el citado Juez Primero Penal del
Circuito, no podía anular la decisión ya ejecutoriada, como efectivamente
ocurrió el 11 de julio de 2002, porque al hacerlo quebrantó sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia.
1.     Hechos
Las pruebas recaudadas demuestran que en
razón de la expedición de la Resolución 00078 de 1997, por medio de la cual el
Director General de la Policía Nacional llamó a calificar servicios al señor
Alvaro Marín Díaz, entre otros integrantes de la institución, se han adelantado
las actuaciones judiciales que ha continuación se relacionan:
1.1    Proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho[1]
a) El señor Alvaro Marín Díaz, por
intermedio de apoderado, acudió ante la Jurisdicción en lo Contencioso
Administrativo, con miras a obtener la nulidad i) “de la parte que atañe al
actor” de la Resolución 00078 de 16 de enero de 1997, “mediante la cual
el señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA llamó al Sargento Primero de esa
Institución, ALVARO MARIN DIAZ a calificar servicios”; y ii) del “CONCEPTO
PREVIO y el ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE SUBOFICIALES” –se desconocen las
fechas-”, que debieron preceder a la decisión.
Para el efecto el demandante señaló:
Que el actor “(…) se vinculó al servicio
de la Policía Nacional en calidad de Suboficial Cabo Segundo, el día 1° de
julio de 1978 y por ascensos llegó a la categoría de Sargento Primero”.
-Que el señor Marín Díaz “(…) jamás fue
sujeto de sanciones disciplinarias. Al contrario, figuran en su hoja de vida
felicitaciones y condecoraciones especiales por parte de la DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA NACIONAL y, personalmente, de algunos de sus Superiores” -el
apoderado del actor relacionó en el libelo, a que se hace mención, 24
distinciones, entre felicitaciones y condecoraciones-.
-Que, no obstante lo anterior, “el DIRECTOR
GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, mediante la RESOLUCIÓN No. 00078 del 16
de enero de 1997, decidió llamar[lo] a calificar servicios (..) invocando
como fuente de competencia, los artículos 6º y 7º numeral 1º, literal b) y 8º
del Decreto 573 de 1995”.
-Que “[c]oncomitante
con el llamamiento del Sargento ALVARO MARÍN DÍAZ a calificar servicios,
fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional, por voluntad del
gobierno, el capital (sic) WILSON EDUARDO CASTAÑEDA HURTADO, superior
del Sargento Primero MARÍN DÍAZ, en el Departamento de Policía Cauca.
Así mismo, fueron retirados el resto de subalternos del Capital (sic) CASTAÑEDA
HURTADO cuando éste se desempeñó como JEFE DE LA SIJIN en Popayán: ELQUIN
NAVARRO LEÓN, RAUL CLAROS TRUJILLO, NILSON OBONAGA SANDASOY, DIEGO ZUÑIGA Y
BERMÚDEZ LOAIZA”.
El Concepto de la violación fue expuesto
por el demandante como sigue –comillas y negrillas en el texto-:
“ (..)
(..) el retiro del C.P. MARIN DIAZ tiene
como fundamento el artículo 6º del Decreto 573 de 1995 que prevé el retiro de
los suboficiales por la cesación en la obligación de prestar el servicio, por
resolución de la Dirección General de la Policía Nacional, entre otras
causales, “Por llamamiento a calificar servicios” –Art. 7º, lit b.- No
obstante, esa decisión de la Dirección General de la Policía Nacional, no puede
desvincularse del propósito general por el cual fue modificado el Decreto 41 de
1994 “mejorar el servicio de la Policía y organismo estatal”.
Uno no se explica uno (sic) cómo habiendo sido calificado el
Sargento Primero ÁLVARO MARÍN DÍAZ, el día 13 de noviembre de 1996, como
el número uno de la lista para el año de 1994 (sic), antes de dos (2)
meses siguientes a esa calificación, el día 16 de enero de 1997 (sic),
sea llamado a calificar servicio, forma de retiro que riñe con la clase de
comportamiento que durante toda su permanencia en la Policía llevó a cabo el
S.P. MARÍN DÍAZ. Debe saberlo el honorable Tribunal que de acuerdo con
el artículo 60 del Reglamento de Evaluación y Clasificación para el Personal de
la Policía Nacional, Decreto No. 354 de 1994, son clasificados en la lista
número uno (1) de los oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo
agentes y personal no informado (sic), que obtengan la mitad más uno (1)
de los indicadores con “S” (sobresaliente) y los demás con “E” (exigida)”.
Estos indicadores son once (11) (..) –Art. 81- ¿Qué pudo, entonces, ocurrir
entre el 13 de noviembre de 1996 y el 16 de enero de 1997? para que la
Dirección General de la Policía decidiera sacar del servicio activo de su
institución a un suboficial cuyo “…conjunto de condiciones personales,
profesionales, morales, conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y
valores” definen su perfil como el eximio “…para lograr un comportamiento
adecuado y un eficiente desempeño profesional” –Art. 78-, (...) ello, en razón
de que según el art. 32 del referido Decreto 354 de 1994 permite el
calificativo de “sobresaliente” solo a la ejecución de un “hecho
extraordinario…que tenga efectos reconocidos como de trascendencia…y que la
ocurrencia esté acreditada”. Un excelente suboficial debió ser el Cabo Primero
MARÍN DÍAZ  para que la Junta de Clasificación de Suboficiales le reconociere
en la mayoría de los indicadores de la evaluación, de los once (11), por lo
menos en seis (6) el distintivo de “sobresaliente”  y que en el resto le haya
concedido el de “exigida” que no es otra que la equivalencia a que en su hoja
de vida el S.P. MARÍN DÍAZ no haya tenido anotación relativa a conducta
reprochable, o sanciones disciplinarias o hechos reveladores de marcada
incompetencia profesional, sino que al contrario es sujeto de aptitudes de
idoneidad que lo capacitan para el normal desempeño de su cargo –Art. 32,
citado.
Es más, como se afirma en el hecho 3.2.24
de la demanda, el día 5 de diciembre de 1996 la Junta Clasificadora de
Suboficiales mediante el Acta N° 263 del 30 de agosto de 1994, acordó
clasificar al suboficial MARIN DIAZ “en lista número dos (2) ASCENSO..”, en
cuya virtud ascendió al grado de sargento primero –1 de septiembre de 1996-
(..) La determinación de la clasificación para ascenso es el resultado del
promedio aritmético de las clasificaciones anuales obtenidas durante el grado
(..).
Para los efectos jurídicos que busca el
actor, ruego al Honorable Tribunal no pasar desapercibidas esas clasificaciones
como tampoco el hecho de que muy pocos oficiales, muy pocos suboficiales, muy
pocos agentes pueden ostentar la serie de calificaciones insignias por
“Servicios Distinguidos” o “Servicios Especiales”, distintivos “Al Valor”,
medallas, menciones honoríficas y diplomas que ostenta el S. P. MARIN DIAZ. Fue
tan excelente profesional policial que en varias ocasiones, superiores suyos de
alto rango (..) descendieron del pedestal de su alto rango militar para
emitirle sendas felicitaciones al actor por su profesionalidad y heroísmo.
El llamamiento a calificar servicios es en
sí una situación administrativa que como la declaratoria de insubsistencia de
un funcionario público civil, no equivale a una sanción. Por eso, aquella, como
ésta, no requieren de motivación. Sin embargo, el que al autor de los actos
administrativos de declaratoria de calificación de servicios o de
insubsistencia se les exima de motivar el acto, no significa que pueda
prescindir del motivo, uno de los elementos esenciales de todo acto
administrativo. Y, es que en verdad, el Sargento Primero MARÍN DÍAZ no
encuentra ningún motivo diferente del de haber formado parte del equipo de
trabajo del Capitán WILSON EDUARDO CASTAÑEDA HURTADO (..) quien fue
desvinculado del servicio activo de la Policía Nacional “Por voluntad del
Gobierno”, mediante el Decreto Nº 107 del 16 enero de 1997 (..). Para el
Capitán CASTAÑEDA HURTADO como para mi poderdante ALVARO MARIN DIAZ,
aquella decisión fue arbitraria de ahí que también aquel haya promovido ante
ese Tribunal proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Policía Nacional. Circunstancias que el Capitán (..) precisará al Tribunal
(..). De resultar cierta su preocupación, esto es, que la sola circunstancia de
haber formado parte del equipo de trabajo del Capitán WILSON EDUARDO
CASTAÑEDA HURTADO fue el motivo de que se lo llamara a calificar servicios,
se habrá demostrado que al proferir el DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL la Resolución N° 00078 de 1997 desvió su competencia bajo el
disfraz de un llamamiento a calificación de servicios pues lo que se buscaba,
en oculto, era sancionar al S.P. MARIN DIAZ por pertenecer a un grupo de
trabajo cuyo jefe fue puesto en tela de juicio, en cuanto a su conducta, sin
que en ella mi patrocinado nada tuviera que ver.
(..)”
b) Antes de considerar la
admisión de la demanda ya reseñada, la Magistrada del Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca, Dra. Hilda Calvache Rojas, solicitó a la dirección de
la Policía Nacional “remitir copia auténtica del CONCEPTO PREVIO y el ACTA
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE SUBOFICIALES que precedieron a la expedición de la
Resolución No. 0078 del 16 de enero de 1997”; pero más adelante la
funcionaria resolvió prescindir de los documentos y admitir el libelo.
Lo anterior, en razón de que
la Jefe de la División de Negocios Judiciales de la Policía Nacional, en
atención a la solicitud a que se hace mención, informó al Tribunal que el
Concepto y el Acta solicitada “no existen”, a la vez que puso de
presente que “el Actor al momento de su retiro tenía en la institución más
de quince (15) años de servicio” y que para “la expedición del acto
acusado se dio cumplimiento a lo exigido por la normatividad vigente (..)”.
c) Admitida la demanda y notificada la
institución demandada, el Comandante del Departamento de Policía Cauca, por
intermedio de apoderado contestó los hechos y se opuso a las pretensiones.
Adujo que el retiro del
actor del servicio activo “se realizó conforme a lo estipulado en las normas
que rigen la actividad policial en nuestro país, en especial el Decreto No. 573
del 4 de abril de 1995” y negó que dicho retiro estuviere relacionado con
la medida que dispuso prescindir de los servicios del Capitán Castañeda
Hurtado.
Fundamentó el demandado la
defensa de la institución en las facultades otorgadas al Director General de la
Policía Nacional “por el decreto 573”, y se detuvo en el carácter del “acto
administrativo complejo que ordena el retiro absoluto de la Policía Nacional”.
Indicó al respecto:
“(..)
Tenemos entonces que en el asunto bajo examen, es el
Director General de la Policía Nacional, de acuerdo a FACULTADES DISCRECIONALES
otorgadas por el decreto 573, quien retira en forma absoluta al señor ALVARO
MARIN DIAZ, sin que medie, tal como lo pretende insinuar el actor, relación
alguna con el Señor Castañeda.
(..)
No obstante el acto administrativo complejo que ordena
el retiro absoluto de la POLICIA NACIONAL no es totalmente discrecional, puesto
que el legislador incluyó un procedimiento complejo, que incluye: LA
RECOMENDACIÓN PREVIA DEL COMITE DE EVALUACION DE OFICIALES SUPERIORES.
Por otra parte, no es posible referirse en
el asunto sub-examine a presuntas desviaciones de poder, máxime cuando no se
está ante acto sancionatorio alguno, sino que asistimos a la aplicación de
normas tendientes a lograr una mejor prestación de un servicio público, a
nuestro juicio de carácter fundamental, como es el de la SEGURIDAD CIUDADANA.
(..)”.
En relación con la “RECOMENDACION PREVIA
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFICIALES SUPERIORES proferida en el retiro
absoluto del suboficial (r) ALVARO MARIN DIAZ”, solicitó “[o]ficiar a la
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, (..) para que [la] envíen”.
c) Mediante decisión proferida el 2 de
noviembre de 2000, la Sala de Descongestión del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle resolvió negar las pretensiones de la demanda, en
consideración a que “el procedimiento utilizado para retirar del servicio a
un subsoficial obedece a lo consagrado en el Decreto 573 de 1995”.
Señaló el fallador:
“Bien, es de anotar, para una mayor
claridad los casos en los cuales el legislador estableció la necesidad del
concepto previo del COMITÉ DE EVALUACIÓN DE SUBOFICIALES, es decir, en aquellos
por razones del servicio o por decisión del Gobierno Nacional o de la Dirección
General, con cualquier tiempo de servicio.
Siendo así el procedimiento para la
calificación de servicios se encuentra cumplido a cabalidad. Lo anterior se
desarrolla en concordancia con el sistema de nuestro derecho administrativo en
materia de insubsistencia. La facultad discrecional otorgada al nominador, ha
establecido la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, debe ceñirse a
razones del buen servicio público, no obstante esas razones el nominador no
tiene que pronunciarse al respecto.
Y ello es así, porque las razones del
servicio pueden ser de connotaciones muy variadas y obedecen con frecuencia a
políticas de la administración en los que en un determinado momento, el perfil
de cierto funcionario no se atempera a las necesidades de la Institución.
Se debe recordar que la decisión de retirar
del servicio a un miembro de la Institución Policial no constituye en momento
alguno una sanción ni una tacha a su desempeño administrativo; por tal
situación no se puede afirmar que el desempeño normal o incluso particularmente
eficiente lo haga merecedor de una estabilidad o fuero, para no ser
desvinculado de la administración. Un comportamiento adecuado, desde un punto
de vista administrativo puede considerarse irrelevante dentro de las políticas
laborales de la Institución.
En lo concerniente a la prueba pretendiendo
demostrar una posible desviación (..) del poder, no se estableció con la prueba
testimonial y no resisten a la crítica valorativa de acuerdo a lo preceptuado
en líneas anteriores sobre el “acto discrecional plenamente justificado”. No se
encuentra que aparezca configurada la desviación de poder, es decir que la
decisión administrativa se haya tomado por razones ajenas a las decisiones del
servicio, así como lo asegura el actor. En estos casos no le basta argumentar
únicamente, sino que debe apoyarse en pruebas que irrebatible, convergente y
coherentemente demuestren al Juez que la actitud de la administración consistió
en utilizar su competencia para alcanzar fines que las normas no le autorizan.
No está probado en autos que el retiro del
servicio activo del que fue objeto el actor estuvo objetivamente ligado a las
circunstancias expuestas en libelo de la demanda, fueron simplemente
conjeturas.
Por ello se debe indicar que no prosperan
las pretensiones de la demanda, pues no se logra en esta instancia desvirtuar
la presunción de legalidad de Calificación de servicios impugnada”.[2]
d) Como pasa a explicarse, la sentencia
antes reseñada fue anulada por el Juez Primero Penal del Circuito de Santander
de Quilichao, mediante fallo de tutela de 18 de febrero de 2002 y proferida
nuevamente por la Sala Dos de Decisión del H. Tribunal Contencioso del Cauca
-por extinción de la Sala de Descongestión demandada-, esta vez declarando nula
la Resolución 0078 de 1997 y disponiendo el reintegro del actor.
Decisiones éstas últimas que la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado más adelante anuló,
mediante fallo que es objeto de la presente acción.
1.2    Acciones de Tutela
1.2.1 Acción de Tutela instaurada por Álvaro Marín
Díaz contra la Sala de Descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle –(expediente T-579.617)-
a) El señor Marín Díaz
instauró acción de tutela en contra de la Sala de Descongestión del H. Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle, fundado en que la accionada incurrió en
vía de hecho, en el asunto antes reseñado, al negarse a declarar la nulidad de
la Resolución 00078 de 1997, mediante la cual el Director General de la Policía
Nacional dispuso su retiro de la institución.
Afirmó el actor que la
accionada se abstuvo de considerar “(…) las múltiples pruebas que había en
el expediente, (…) cerca de un millar, si no más, (...) que aluden a mi hoja de
vida, amén de las declaraciones de distinguidos servidores públicos como
Procuradores Regionales y Provincial y Jueces de la República que conocieron de
la bondad de mis servicios a la Policía”.
b) Mediante providencia del
21 de noviembre de 2001, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander de
Quilichao asumió el conocimiento de la acción que se reseña y dispuso comunicar
su iniciación a los integrantes de la  Sala de lo Contencioso Administrativo
del H. Tribunal del Cauca, quienes fueron notificados, pero no intervinieron en
el asunto.
c) El 10 de diciembre de
2001 el despacho antes mencionado resolvió no conceder la protección invocada, “por
considerar que la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, no se lo ha lesionado en la sentencia de noviembre 2 del año 2000”.
Indicó el a quo que,
así “qued[e] por resolverse la pregunta de si el Comité de Evaluación dio su
concepto o no lo dio en cuanto al retiro por calificación de servicios (..) del
Sargento Marín Díaz”, quedó demostrado que antes de proferir la Resolución
00078 de 1997 la Policía Nacional adelantó una investigación que involucró al
nombrado, lo que permite suponer que la entidad ejerció una facultad
discrecional, al decidir sobre el retiro del actor, en los términos del
artículo 12 del Decreto 573 de 1995.
d) El actor impugnó la anterior decisión
fundado i) en que, no obstante haberse dirigido la acción contra la Sala de
Descongestión del H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, el Juez de
instancia notificó su iniciación a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
mismo Tribunal, ii) en que no se practicaron las pruebas solicitadas y iii) en
que el Juez de primer grado no interpretó correctamente el amparo invocado,
como tampoco se pronunció sobre la vía de hecho en que incurrió la Sala
demandada.
e) El 18 de enero de 2002, la Sala de
Decisión de Tutelas del H. Tribunal Superior de Popayán declaró la nulidad de
lo actuado en la Acción a que se hace referencia, disponiendo rehacer la
actuación, previa vinculación al asunto de quienes, como integrantes de la Sala
de Descongestión del H. Tribunal Administrativo del Valle, el 2 de noviembre de
2000, profirieron la sentencia que resolvió la acción de Nulidad y
Restablecimiento instaurada por Alvaro Marín Díaz contra la Nación Ministerio
de Defensa Policía Nacional.
f) El 18 de febrero del mismo año, el Juez
Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, previo acatamiento de lo
dispuesto por el Superior, profirió nuevamente sentencia, para resolver la
protección constitucional invocada por el señor Marín Díaz, esta vez tutelando
los derechos fundamentales del actor.
En consecuencia resolvió anular la
sentencia proferida el 2 de noviembre de 2000 por la Sala de Descongestión del
H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle –Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho- y en su lugar dispuso que el H. Tribunal
Contencioso Administrativo del Cauca, específicamente “la Magistrada que
llevó adelante el proceso materia de este tutela”, en un término no
superior a 20 días, dicte sentencia para sustituir la providencia anulada, “con
el suficiente estudio buscando la mayor equidad (..)”.
Fundó el Juez constitucional su decisión en
que la Policía Nacional no aportó al proceso administrativo en comento las
evaluaciones que precedieron a la expedición de la Resolución 00078 de 1997,
que dio lugar al retiro del actor del servicio activo y en que la Sala de
Descongestión demandada decidió la Acción de Nulidad y Restablecimiento
instaurada por el actor sin evaluar la prueba documental, como tampoco los
testimonios recibidos en el proceso.
Expuso el Juez Primero Penal del Circuito
de Santander de Quilichao:
“(…) Dejando de lado lo anterior, con la
demanda de Acción de Tutela se presentó una relación pormenorizada de la hoja
de servicios prestados por el señor ALVARO MARIN DIAZ a la Policía Nacional
desde el momento en que se vincula, año 1978, como policía hasta el momento en
que es llamado a calificar servicios con el grado de Sargento Primero en la
misma institución. Como era necesario el Juzgado solicitó el expediente del
proceso administrativo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que
oportunamente dio su colaboración. En ese proceso y en el cuaderno de pruebas
se hace una relación completa de toda la hoja de vida en general del
comportamiento tanto por el trabajo como por la conducta del señor ALVARO MARIN
DIAZ durante los 19 años en que prestó sus servicios a la policía nacional. Se
deduce de aquí que su comportamiento laboral y personal en la institución
policiva, más que normal fue buena; igualmente aparecen allí declaraciones de
los abogados JORGE MEDINA, RODRIGO AGREDO, HAROLD SANCHEZ MADRIÑAN, WILLIAN
ORTIZ; LUIS EDUARDO HERNANDEZ, FERNANDO SOLANO, que hablan también sobre el
comportamiento de esta persona y su desempeño como miembro de la policía nacional
y por último aparecen relacionadas las declaraciones del Capitán WILSON EDUARDO
CASTAÑEDA, del mayor en retiro JOSE PEREZ PERDOMO, del agente BENEDICTO
VALLECILLA CASTRO; a través de las cuales se puede establecer en primer lugar
que el sargento ALVARO MARIN DIAZ laboraba a órdenes del Capitán WILSON EDUARDO
CASTAÑEDA y a raíz de problemas personales de este Capitán con el Juez Penal
Militar ALVARO FREDY ORDOÑEZ se presentó una situación de quejas y de intrigas
en el interior del Comando de la Policía del Cauca, lo cual dio como resultado
la destitución de uno y la calificación de servicios de otros como el hoy
tutelante. A través de una queja presentada telefónicamente JOSE ANTONIO PEREZ
PERDOMO ante el General ISMAEL TRUJILLO POLANCO, este último mandó dos
oficiales al Departamento de Policía Cauca, para investigar la actuación que se
presentaba y que rindieran su concepto. Estos dos oficiales adelantaron la
investigación y a raíz de los conceptos que allí rendían los dos oficiales se
tomaron 1as determinaciones de retirar a oficiales y suboficiales del
Departamento de Policía Cauca, entre ellos la del Capitán Castañeda Hurtado.
En auto fechado a 11 de junio de 1997, la
Magistrada HILDA CALVACHE ROJAS del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca, solicita a la Dirección General de la Policía Nacional
copia auténtica del concepto previo y acta del comité de evaluación de
suboficiales “que procedieron a la expedición de la RESOLUCIÓN NÚMERO 00078 de
16 de enero de 1997, al igual que la copia de la nombrada resolución. La
respuesta a esta solicitud se envía mediante oficio número 2616 de 27 de agosto
de 1997, recibido el 3 de septiembre del mismo año por el Tribunal
correspondiente. Al1í la señora ANA MARIA DIAZGRANADOS DAZA Jefe de División de
negocios judiciales de la policía nacional explica “que los motivos que el
Gobierno Nacional tuvo para llamar a calificar servicios al actor no son otros
que los contemplados en la Ley, la cual sirvió de fundamento para la expedición
del acto acusado”. Que la resolución fue dictada con fundamento en los Arts. 75
y 76 del Decreto número 41 de 1994, modificado por los Arts. 6 y 7 numeral
primero literal B y 8 del Decreto 573 de 1995. Que se había reunido uno de los
requisitos para causal de retiro por parte del Sargento ALVARO MARIN DIAZ cual
era el llevar más de 15 años en servicio activo en la Policía Nacional y la
Dirección General de esta institución con las facultades de las normas ya
citadas procedió a su retiro. En consecuencia no existe el concepto previo y el
acta de evaluación de suboficiales solicitados por el Tribunal.
Al contestar la demanda en representación
de la Policía Nacional el abogado JUAN BENITEZ OROZCO como prueba principal
pide ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo agregar al proceso la
recomendación previa del Comité de Evaluación de Oficiales Superiores proferida
en el retiro asunto de Sub-Oficial ALVARO MARIN DIAZ. No obstante la solicitud
anterior la Dirección General de la Policía o la oficina jurídica de la institución
nunca remitieron estos conceptos argumentando que se habían tomado de una
reunión que se había hecho con los oficiales, reunión de la cual no se dejó
ningún acta.
La reclamación en la demanda administrativa
y que prácticamente se repite en esta acción de tutela es de que no hubo
motivos concretos para que la Dirección de la Policía tomara la determinación
de retirar de esa institución al Sargento ALVARO MARIN DIAZ. Que si hubo los
motivos nunca se le explicaron o tuvo oportunidad de defenderse. El señor
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA simplemente estaba usando la facultad
discrecional que le otorga el Decreto 573 de 1995 y el Art. 4 del Decreto 2010
de 1992 y otras disposiciones concordantes. En concreto la calificación de
servicios se hizo con base en los Arts. 75 y 76 del Decreto 41 de 1994; la
última de estas normas da como causal de retiro el llamamiento a calificar
servicios y el mismo Decreto explica que es condición esencial para el
llamamiento a calificar servicios de los Sub-oficiales de la Policía Nacional
el haber cumplido 15 años de labores en esa institución.
De lo anterior se desprende la facultad
discrecional del señor Director General de la Policía Nacional para llamar a
calificar servicios y como lo ha entendido el abogado que contesta la demanda y
posteriormente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Sala de
Descongestión, sin ningún otro requisito o presupuesto, es decir que la
discrecionalidad no cobija comportamiento de orden objetivos o subjetivos (sic)
de los miembros de la Policía Nacional. A tal punto se llega a esta comprensión
que según lo que se contesta por la Asesora Jurídica el Comité de Evaluación de
Oficiales Superiores se reúne, se comenta familiarmente las cosas y se señala
quien debe quedar o quién debe irse, no se sabe el medio que se utiliza para
tomar la determinación, si es por mayoría, si es por votaciones de mayor
jerarquía o si se toma al final o no el concepto y sigue la discreción.
Se cuestiona en la tutela la decisión que
tomó el Tribunal en su Sentencia de noviembre 2 del año 2000 y se dice que se
vulneró el derecho fundamental de Acceso a la Justicia y de la defensa
constituyéndose en una vía de hecho, el Juzgado practicó una inspección
judicial al proceso administrativo y concluye que todo ese proceso se adelantó
en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Popayán y le
correspondió llevarlo adelante a la Magistrada HILDA CALVACHE ROJAS. Revisando
las normas del procedimiento Contencioso Administrativo, este Despacho pudo
opinar que todo el procedimiento estuvo de acuerdo con la norma, cuando
correspondía fallar se envió para tomar su última determinación a la Sala de
Descongestión que se había instalado en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca y es allí donde se profiere la sentencia que
es materia de la tutela. Al respecto hay que aclarar que para este Despacho en
ningún momento aparece una vulneración al debido proceso, como tampoco a la
defensa dentro del proceso, porque estuvo representado por un abogado con una
amplia trayectoria en el Derecho Administrativo (..) siendo así el análisis
tiende a hacerse por la valoración de la prueba que hacen los señores
Magistrados en este proceso.
Los señores Magistrados de la Sala de
Descongestión toman la norma que da la discrecionalidad al Director General de
la Policía como una institución completamente terminada, sobre la cual no cabe
la crítica y entonces al tomarlo así se vuelve innecesario el análisis de
pruebas que no quepan dentro de esa misma norma. En apartes de la sentencia
C-525 de 1995, establecen dos situaciones que es importantísimo aclarar: La
primera que nos indica que el servidor de la Policía Nacional en el desempeño
de su cargo no tiene un derecho adquirido sobre ese cargo “ya que la naturaleza
funcional del oficio conlleva a la disponibilidad para la remoción de su
personal”. En apartes de otra providencia del Consejo de Estado se dice que los
servidores de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por las mismas razones
que se acaban de explicar se encuentran “bajo una estabilidad precaria”. En
segundo lugar encuentra en esta misma sentencia el concepto de lo que debe ser
la facultad discrecional y entonces se dice que está bien esta facultad siempre
que ello “no signifique que pueda haber extralimitación de atribuciones, que
desconozca los requisitos de racionalidad y razonabilidad que deben acompañar
todo acto discrecional. Este debe tener un mínimo de motivación justificante,
más aun cuando la discrecionalidad radica en una autoridad pública. En este
caso la discrecionalidad del Gobierno y de la Dirección General de la Policía
está justificada en las razones del servicio, y requieren en el caso del Art.
12 del Decreto 573 de 1995, del aval previo del Comité de Evaluación de
Oficiales Superiores, y en el Art. 11 del Decreto 574 de 1995, del aval previo
del Comité de Evaluaciones de Oficiales Subalternos.
Nos induce a pensar lo anterior que la
resolución mediante la cual se retira por calificación de servicios a un
suboficial de la Policía Nacional debe de tener unas motivaciones que se
fundamentan en los conceptos del Comité de Evaluación de Oficiales Superiores
para el caso, o en faltas disciplinarias graves, o fallas en el servicio por
otra clase de despidos. Por lo que conocemos del Derecho Administrativo podemos
decir que la Resolución se integra por dos cuerpos; uno en donde se inicia
explicando unas razones o motivos por los cuales se va a tomar una decisión y
la segunda la parte resolutiva donde se toma la resolución; si revisamos la
Resoluci6n 00078 del 16 de enero de 1997, encontramos que allí se dice que “EL
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL en uso de sus facultades legales
RESUELVE: “el único y valedero argumento para el señor Director General de la
Policía Nacional, son esas facultades legales, y suficiente con decir eso en la
Resolución que encuentra como única motivación, es una facultad discrecional
omnímoda e indiscutible y esa clase de facultades o por lo menos como se ha
tomado en la Resolución 00078 es la que pasa de la discreción a la
arbitrariedad.
Fundamental era entonces para el proceso
administrativo el conocimiento de la evaluación hecha por el Comité de
Oficiales Superiores, así como también el resultado de la investigación
efectuada por los dos oficiales que fueron enviados desde la ciudad de Bogotá,
a investigar los problemas que se presentaban en ese entonces en la Policía
Nacional División Cauca, para tomar un concepto sobre lo injusto o no de la
determinación que había tomado el señor Director General de la Policía Nacional,
en lo que ha estudiado por lo menos en relación con esta tutela no se encuentra
que la calificación de servicios hecha al Sargento MARIN DIAZ se deba a razón
del servicio.
Las explicaciones anteriores llevan al
Juzgado a opinar que dentro de la Sala de Descongestión también debieron, en
pro de la defensa del señor MARIN DIAZ, estudiarse las pruebas que habían
aportado por él al proceso, como son su hoja de vida y las declaraciones que
fueron recibidas para hacer una evaluación justa como él lo había pedido en la
correspondiente demanda; la decisión de los señores Magistrados se tomó
exclusivamente como lo había hecho a su vez el señor Director General de la
Policía Nacional y con el mismo concepto que le da el abogado que entra a
defender a la Dirección General de la Policía, es decir, en una forma
unidireccional. Bajo estos aspectos si bien es cierto, formalmente no hubo una
violación del proceso como queda constancia que se llevó correctamente según la
inspección al mismo realizada; la decisión final sí vulnera ese debido proceso
y ese derecho de defensa que tenia el demandante. Si hay violación a estos
derechos fundamentales pierde su eficacia y su imperativo la sentencia número
47 de noviembre 2 del año 2000, dictada por la Sala de Descongestión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y como consecuencia debe procederse
a anularla para que se haga un estudio más serio del proceso antes de tomar la
decisión final. No pretende el Juzgado de ninguna manera que se falle en uno u
otro sentido, porque no es de su competencia opinar al respecto y cualquier
decisión lógicamente le va a ser indiferente; lo que se busca entonces mediante
la tutela es un fallo con el suficiente estudio buscando la mayor equidad
(..)”.
g) La Sentencia a que se hace mención -18
de febrero de 2002- proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao, para resolver la Acción de Tutela instaurada por Alvaro
Marín Díaz contra la Sala de Descongestión del H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle, no fue objeto de impugnación y quedó en firme, con
efectos de cosa juzgada constitucional habida cuenta que esta Corte la excluyó
de revisión, mediante providencia del 25 de abril de 2002, adoptada por la Sala
Número Cuatro de Selección de Tutelas.
h) Con el fin de acatar la orden emitida
por el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, la Sala Dos
de decisión del H. Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, resolvió
nuevamente la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que tuvo a su
cargo resolver la Sala de Descongestión del H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle, el 2 de noviembre de 2000.
Destacó la Sala en comento el material probatorio
aportado al proceso y consideró:
“Examinado el acto demandado, se infiere
claramente la trasgresión de la norma en la cual debería fundarse, pues, como
bien lo consagran los Decretos 573 y 574 de 1.995 que regulan las normas
especiales de carrera para el personal vinculado a la Policía Nacional
(oficiales, suboficiales y agentes), el legislador extraordinario ha deferido
en el Director General de esa Institución la facultad discrecional de retirar
el personal que por razones del servicio amerita ser separado del cargo, con la
sola recomendación previa del Comité de Evaluación de Oficiales Superiores, reconocimiento
que no aparece visible en autos , y, por lo tanto, es el principio de
legalidad, garantía en seguridad jurídica para el administrado y del cual emana
la presunción que reviste de autoridad a los actos de la administración, el que
resulta desconocido con la decisión impugnada, porque ésta no se inscribe en el
marco jurídico aplicable.
En consecuencia, prospera el cargo según el
cual la Resolución que ordena el retiro de MARIN DIAZ, lejos de estar amparada
por la premisa que presume su leal expedición frente al administrado, conculca
el principio de legalidad por desconocimiento o inaplicación de las normas en
que debería fundarse el acto administrativo.
4.2. La expedición irregular del acto.
El Decreto número 573 del 4 de abril de
1.995, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 41 del 10 de enero de
1.994, normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional, dice en su artículo 6º que el retiro “Es la situación en que por disposición
del Gobierno Nacional para oficiales a partir del grado de coronel o de la
Dirección General de la Policía Nacional para suboficiales, unos y otros, cesan
en la obligación de prestar servicio...”; y en su artículo 7° numeral 2 literal
f de las causales del retiro absoluto del servicio activo del personal de
oficiales y suboficiales, explica que este se produce “Por voluntad del
gobierno o la Dirección Nacional , según el caso” . Y, asimismo, en lo que toca
específicamente a esta causal del retiro absoluto por voluntad del Gobierno o
de la Dirección General de la Policía Nacional, el artículo 12 de la misma
norma reza: “Por razón del servicio y en forma discrecional, el Gobierno
Nacional o la Dirección General según el caso, podrán disponer el retiro de los
oficiales y suboficiales, con cualquier tiempo de servicio, previa
recomendación del Comité de Evaluación de Oficiales Superiores, establecido
en el artículo 50 del Decreto 41 de 1994. (subrayas y negrillas nuestras)”.
Normas de carrera similares establece, para
el personal de agentes de la Policía Nacional el Decreto 574 de 1.995.
En el expediente de la referencia aparece
suficiente material probatorio que acredita el sobresaliente desempeño del
señor MARIN DIAZ en sus labores al servicio de la Institución y de la sociedad,
representado por ejemplo en las evaluaciones y calificaciones allegadas al
proceso, las cuales sorprenden por el notable rendimiento de éste en cada uno
de los ítems o criterios valorables, un sinnúmero de condecoraciones y menciones
que resaltan la entrega del funcionario a sus deberes y las declaraciones de
sus superiores y personas que, desde el desarrollo de sus funciones públicas,
dan cuenta de la calidad y la presteza del Sargento retirado en cada una de las
misiones que le fueron encomendadas, relatando incluso sus virtudes como un ser
humano colaborador, leal y responsable.
Sin embargo la resolución impugnada separó
del servicio activo de la Policía al actor en ejercicio de la facultad
discrecional del alto mando pero con desconocimiento de las razones atinentes a
la prestación del servicio que determinaron su retiro.
Tal desconocimiento se establece
materialmente por la falta de fondo en la decisión pues los elementos de juicio
y la valoración de la situación del servidor retirado que debieron consignarse
en el acta correspondiente a la reunión del Comité de Evaluación; donde tenía
que analizarse su hoja de vida y los informes y razones que sobre su persona
hubieren para, con fundamento en ello, recomendar válidamente su retiro; no
existen para el proceso, pues en el caso concreto, no constan en documento
alguno dentro del expediente. Tal actitud omisiva es desleal para con el
administrado pues la Ley si bien presume la legalidad del acto no permite
mantener ocultos los motivos que lo suscitan; esta conducta riñe con el
principio constitucional de publicidad consagrado en el artículo 209 de la
Carta Política como rector de la función administrativa.”
Advirtió la Sala Dos de Decisión del H.
Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca la necesidad de que la Dirección
General de la Policía Nacional, previo al retiro del personal bajo su mando,
cuente con la recomendación del Comité Evaluador, en los términos de los
artículos 12 y 11 de los Decreto 573 y 574 de 1995, tal como lo destacó esta
Corporación al resolver sobre la constitucionalidad de las citadas
disposiciones[3].
Señaló la Sala en cita:
“Igualmente, aportan al análisis del caso
sub-lite un definitivo marco de referencia para que decida la Sala; pues
colocan claramente en evidencia la omisión imputable a la Dirección General de  1ª
Policía Naciona1 consistente en la falta de una decisión razonada del retiro,
fundada y motivada en un informe previo que exponga las razones del servicio
que habilitan al Director para ejercer su poder discrecional, informe que no
realizó el respectivo Comité y cuya omisión vicia el acto impugnado desde su
expedición; pues tal ausencia lo despoja de la justificación necesaria para
decidir el retiro del señor ALVARO MARIN DIAZ del servicio activo de la Policía
Nacional, impide al destinatario del acto y al juez conocer las razones del
servicio que soportan la decisión, conculca los derechos de audiencia y al
debido proceso de aquél y constituye un indicio de quebrantamiento del margen
de discrecionalidad aceptable según se desprende de la ausencia del acta contentiva
de dicha recomendación dentro del expediente.
Se advierte así, con base en la
interpretación de la facultad discrecional elaborada por la H. Corte
Constitucional y con apoyo en la falta de motivación que acusa la decisión de
retirar a MARIN DIAZ del servicio policial, que no se satisfizo el requisito
impuesto por la Ley para preservar la legalidad del acto –que desde luego se
presume-, de pasar las decisiones de tal naturaleza por el filtro de la
evaluación y recomendación de órganos plurales de la Policía Nacional.
Por esto es de recibo el argumento de la
parte actora conforme al cual el retiro del suboficial se hizo efectivo en
virtud de un acto administrativo expedido en forma irregular pues en la
ausencia de la recomendación que debiera hacer tal Comité, se encuentra un
vicio formal que lo hace anulable.
Y, a contrario sensu, resulta inadmisible
lo sostenido por el apoderado de la entidad demandada, toda vez que el retiro
del personal al servicio de la Institución por la causal de llamamiento a
calificar servicios es, de cualquier modo y en definitiva, una expresión de la
voluntad del Director General, supeditada a una etapa previa de calificación y
recomendación que se surte al interior del reputado Comité, o un acto
relativamente potestativo del alto mando por estar unívocamente dirigido al
mejoramiento del servicio, el cual se materializa en la decisión contenida en
la resolución que Éste expide en virtud de su facultad discrecional.
Luego, en atención a lo resaltado, queda
claro que como la orden de retirar al señor MARIN DIAZ del servicio activo
proviene de un acto administrativo, dictado en desarrollo del poder
discrecional que la Ley confiere al Director General de la Institución, tal
resolución debió ser secundaria al concepto del órgano plural competente para
emitir tal recomendación, exigido empero, por la Ley, como instancia previa del
proceso administrativo que lleva a la desvinculación, para así hacer legítimos
los efectos del acto que la ordena.
Y como este Tribunal encuentra que la
instancia administrativa omitida por el Comité de Evaluación constituye
garantía del derecho fundamental al debido proceso, del derecho de defensa y
del principio de publicidad para el administrado, la nulidad del acto impugnado
(la resolución de retiro) y el reintegro al servicio se imponen para el caso
sub-judice, reconociendo por supuesto el derecho que le asiste al actor, a
recibir a título de restablecimiento, todos los haberes laborales dejados de
percibir desde la fecha en que se produjo su retiro irregular.
Por lo tanto, corresponde a esta
Corporación declarar la consecuente nulidad de la resolución N° 00078 expedida
por el Director General de la Policía Nacional, el día 16 de enero de 1.997,
por medio de la cual se separó de la institución al actor por llamamiento a
calificar servicios, porque ha sido expedida irregularmente incurriendo de
bulto en tal causal de nulidad del acto administrativo.
Los valores correspondientes a salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos laborales comprendidos entre la fecha
del retiro y el momento en que efectivamente se produzca el reintegro, serán
cancelados y actualizados por considerarse que no existió solución de
continuidad en la prestación del servicio.
Asimismo, y como no se observa en la
totalidad del expediente, ni en su hoja de vida, ninguna sanción, amonestación,
anotación, evaluación ni recomendación que permita deducir una deficiente
prestación del servicio por parte del señor ALVARO MARIN DIAZ, advierte esta
Corporación; por no existir situaciones conocidas que pudieran afectar el buen
servicio de la Institución y que hicieran comprensible la determinación
administrativa tomada por el Director General de la Policía Nacional; que en
este caso se condenó un miembro de la Institución demandada a la pérdida del
cargo a través del fácil expediente del ejercicio de la facultad discrecional
de remoción, por tanto se accederá a las súplicas de la demanda.
Finalmente dado que el ontos de esta
potestad atribuida al Alto Mando de la Policía sólo se justifica en la télesis
del buen servicio prestado por la Institución, y que el ethos de ese mismo
poder exige lealtad con los miembros de ella no puede admitirse su ejercicio
con base en cómodas fórmulas de la administración, ni en razones invisibles
para la justicia. Este aspecto viene a constituir en el caso concreto, un
elemento indicador de la desviación de las atribuciones que se patentiza, como
se ha demostrado, en un acto injusto (..)
(..)”.[4]
Por consiguiente, mediante Sentencia de 12
de marzo de 2002, la Sala Dos de Decisión del H. Tribunal Administrativo del
Cauca declaró nula la Resolución 00078 de 1997, proferida por el Director
General de la Policía Nacional y dispuso el reintegro del actor al servicio
activo, sin solución de continuidad.
Como pasa a explicarse, la Sentencia antes
reseñada al igual que la proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao, el 18 de febrero de 2002, en sede de tutela, fueron
anuladas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, mediante Sentencia de tutela proferida el 11 de julio de
2002.
1.2.2 Acción de Tutela instaurada por la Nación
Ministerio de Defensa Policía Nacional contra la Sala de Decisión Dos del H.
Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca –(Expedientes T-651.901 y
T-714.277)-
a) La Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional,
por intermedio de apoderado, reclamó ante el H. Tribunal Administrativo del
Cauca el amparo constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que
consideró vulnerado por la Sala de Decisión Dos del mismo Tribunal, por cuanto
–como quedó explicado- ésta, mediante sentencia 12 de marzo del 2002, declaró
nula la Resolución 00078 de 1997 proferida por el Director General de la
Policía Nacional y dispuso el reintegro del actor al servicio activo, sin
solución de continuidad.
Expuso el apoderado de la Policía Nacional, que la
Sala de Decisión mencionada quebrantó sus garantías constitucionales, porque la
entidad no fue vinculada a la actuación de manera que no pudo ejercerse su
derecho de defensa.
b) El H. Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca
asumió el conocimiento de la acción y dispuso la vinculación al asunto de los
Magistrados integrantes de la Sala Dos de Decisión demandada de la misma
Corporación, del señor Alvaro Marín Díaz –accionante en este asunto- y del Juez
Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao.
El actor intervino para solicitar que la acción se
declare improcedente, “pues una vez ejecutoriado el fallo (..) la
competencia corresponde a la Corte Constitucional en la eventual revisión que
haga del mismo”.
El Juez Primero Penal del Circuito de Santander de
Quiliacho, por su parte, adujo que no vinculó a la Nación Ministerio de Defensa
Policía Nacional a la acción de tutela promovida por Alvaro Marín Díaz contra
la Sala de Descongestión del H. Tribunal Administrativo del Valle, “como
quiera que el escrito de tutela (..) se dirigió exclusivamente hacia la nulidad
del fallo proferido el 2 de noviembre de 2000”.
c) Mediante providencia del 5 de abril de 2002, el H.
Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, en Sala de conjueces, declaró
improcedente la invocación de amparo constitucional impetrada por la Nación
Ministerio de Defensa Policía Nacional, contra la Sala Dos de Decisión de la
misma Corporación.
Expuso el fallador, entre otras consideraciones:
“En el sub judice encuentra esta Sala que
si bien es cierto en la decisión cuestionada se hacen presentes los errores ya
indicados, la interpretación que en ella se formula de los principios
constitucionales consignados por la H. Corte en su sentencia C-525 de 1.995 que
citara como sustento, es armónica frente al caso concreto, pues no por tratarse
de un retiro por llamamiento a calificar servicio deja de ser éste una forma de
retiro por voluntad discrecional de la administración, como acertadamente lo
postula la providencia y al serlo así debe atemperarse a las exigencias de proporcionalidad
y razonabilidad que encontró la Sala accionada ausentes en la decisión
cuestionada, todo lo cual no permite concluir que los yerros anotados vengan a
constituir una vía de hecho.”[5]
d) El apoderado de la entidad accionante impugnó la
decisión, entre otras razones, porque “el Tribunal a quo no se pronunció
respecto de la alegada violación del derecho de defensa de la Policía Nacional
por no haber sido notificada de la existencia de la acción de tutela adelantada
por Alvaro Marín Díaz ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander
de Quilichao (Cauca).”.
e) La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión del 11 de julio de
2002, revocó la decisión que declaraba improcedente la invocación de amparo y
en su lugar concedió la protección.
Sostuvo la citada Sección que “al no
haber sido notificada dentro del trámite de tutela a que se ha hecho alusión,
como lo aceptó el mismo Juez Primero Penal del Circuito de Santander de
Quilichao en su escrito de contestación a la presente acción (…) la Policía
Nacional no tuvo posibilidad alguna de defenderse ni de oponerse a la
declaratoria de nulidad de la sentencia núm. 047 del 2 de noviembre de 2000,
que había sido favorable a sus intereses, ni menos de impugnar el fallo de 18
de febrero del 2002 que la anuló y ordenó dictar sentencia sustitutiva. Tampoco
pudo dicha entidad interponer recurso alguno contra este último proveído, de 12
de marzo del 2002, cuya declaratoria de nulidad se pidió en este proceso, por
tratarse de una decisión de única instancia no susceptible de medio ordinario
de impugnación alguno”.
En consecuencia, con el objeto de que el Juez Primero
Penal del Circuito de Santander de Quilichao subsanara la violación del derecho
de defensa de la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional que encontró
configurada, la Sala en cita dispuso dejar sin efecto lo actuado dentro de la
Acción de Tutela promovida por Alvaro Marín Díaz contra la Sala de
Descongestión del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, “desde el
auto del 21 de noviembre del 2001, por el cual se dispuso su admisión, incluida
la sentencia de 12 de marzo del 2002, proferida por la Sala de Decisión núm. 2
del Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se cumplió lo ordenado
por dicho Juzgado en el fallo de 18 de febrero del 2002 y, en consecuencia,
ordenará a este último despacho judicial que subsane la actuación y rehaga
nuevamente el trámite vinculando a la Policía como tercera interesada en el
resultado del mismo”.[6]
f) Vale precisar que mediante providencia del 11 de
octubre de 2002, la Sala de Selección Número Diez de esta Corte excluyó  de
selección el expediente contentivo de la actuación antes reseñada -T-651.901-,
relativo a la acción de tutela instaurada por la Nación Ministerio de Defensa
Policía Nacional contra la Sala de Decisión Número Dos del Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca.
g) Remitido por la Secretaría General del H. Consejo
de Estado el asunto al fallador de primer grado, el Juez Primero Penal del
Circuito de Santander de Quilichao, mediante providencia del 23 de agosto de
2002, resolvió abstenerse de rehacer la actuación y en su lugar devolvió el
asunto a la Corporación remitente, por competencia.
h) La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado asumió el conocimiento de la acción, para
el efecto admitió la demanda y dispuso notificar su decisión al actor, a la
Sala de Descongestión del H. Tribunal Administrativo del Valle y a la Dirección
General de la Policía Nacional.
El señor Alvaro Marín Díaz intervino para solicitar
que su pretensión de amparo constitucional fuera atendida, para el efecto,
además de reiterar los planteamientos expuestos en su demanda, sostuvo i) que
la Sala accionada desconoció los lineamientos legales y los pronunciamientos
jurisprudenciales sobre la facultad concedida a la Policía Nacional en el
artículo 12 del Decreto 573 de 1995; ii) que la Sala de Descongestión demandada
resolvió la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por él
contra la Resolución 00078 de 1997, proferida por la Dirección General de la
Policía Nacional, sin apreciar las pruebas aportadas a la actuación; y iii) que
la misma Sala desestimó los antecedentes jurisprudenciales, que, en casos
similares al suyo, dispusieron la nulidad de los actos administrativos
proferidos por la Dirección General de la Policía Nacional con desviación de
poder y el reintegro al servicio activo de los servidores afectados –relaciona
las acciones de tutela instauradas por los señores Víctor Hugo Ferreira Avella,
Manuel Galán y Augusto Guillermo Lora-.
El Secretario General de la Policía Nacional intervino
en el asunto para solicitar que la protección a que se hace mención no se
concediera, fundado, entre otras razones, en que el accionante hizo uso de los
medios legales para reclamar la protección de sus derechos fundamentales, ante
la jurisdicción en lo contencioso administrativo y no afrontaba un perjuicio
irremediable y grave.
i) Mediante decisión del 24 de octubre de 2002, la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado negó la protección por improcedente, aduciendo que “utilizar nuevas
instancias o acciones improcedentes viola abiertamente el sistema
constitucional y los principios sentados de independencia y autonomía del juez,
la cosa juzgada la seguridad jurídica, el respeto al principio del non bis in
ídem y configura el abuso de accionantes que no aceptan las decisiones para
dilatar la justicia, coartando el acceso a la misma de personas que sí
necesitan la protección de sus derechos fundamentales.”[7].
j) En fallo del 16 de enero de 2003, en
atención a la impugnación interpuesta por el actor, la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la
decisión anterior, con argumentos similares a los expuestos por el a-quo[8]
y dispuso la remisión del expediente a esta Corporación para su eventual
revisión.
k) La Secretaría General de esta Corporación radicó el
asunto con el número T-714.277 y lo remitió a la Sala Tercera de Selección que
lo excluyó de revisión, mediante providencia de 26 de marzo de 2003.
l) Mediante providencia del 4 de diciembre de 2003, el
Consejero de Estado Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta rechazó de plano la
nulidad propuesta por el señor Alvaro Marín Díaz contra lo actuado -Acción de
Tutela promovida por la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional contra la
Sala Dos de Decisión del H. Tribunal Administrativo del Cauca-, decisión que la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corporación
confirmó el 11 de marzo del año 2004.
Contra las decisiones de las Secciones Cuarta y Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el actor
instauró acción de tutela.
1.2.3 Acción de tutela instaurada por Álvaro Marín
Díaz contra las Secciones Cuarta y Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado –(expediente T-764.081)-
a) El señor Álvaro Marín Díaz instauró Acción de
Tutela, contra las Secciones Cuarta y Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, argumentando que las accionadas
incurrieron en vía de hecho, porque asumieron el conocimiento de la Acción de
Tutela instaurada por el mismo contra la Sala de Descongestión del H. Tribunal
Contencioso del Valle y resolvieron el asunto sin reparar en que el competente
para rehacer la actuación era el Juez Primero Penal del Circuito de Santander
de Quilichao.
Afirmó el accionante que las reglas sobre
reparto de la acción de tutela, establecidas por el Decreto 1382 de 2000, según el artículo 5° de la normatividad, se debían
aplicar a las demandas presentadas con posterioridad a su entrada en vigencia y
que, el 19 de noviembre de 2001, cuando él presentó la demanda de tutela, de la
que conoció el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, la
disposición se encontraba suspendida, por lo que concluye que correspondía al
citado Juez rehacer la actuación, al tenor del artículo 86 de la Carta Política
y del Decreto 2591 de 1991.
b) La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado se pronunció en el sentido de solicitar
que la acción se declare improcedente, porque “el accionar del actor implica
el desconocimiento de los principios de la cosa juzgada, seguridad jurídica y
el non bis in idem y configura un abuso, pues no ha aceptado las decisiones
judiciales proferidas, además ha convertido el amparo de tutela en un
instrumento para dilatar la justicia coartando el acceso a la misma de personas
que sí requieren de la protección de sus derechos fundamentales”.
c) La Sección Primera de la misma Sala y Corporación,
en providencia del 20 de marzo de 2003, negó el amparo constitucional deprecado
por improcedente, fundada en que las Secciones Cuarta y Quinta accionadas no
incurrieron en vía de hecho, al negarse a anular la sentencia proferida por
ella misma para resolver la acción de tutela reseñada en el aparte 1.2.1 de
esta decisión, en cuanto “no cabe duda
que cuando esta norma recobró su vigencia y tuvo que rehacerse lo actuado
dentro de la acción de tutela incoada ante el Juez Primero Penal del Circuito
de Santander de Quilichao éste no era competente para conocer de la misma, en
los términos del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de
2000”.
Señala la providencia:
“2. El caso concreto
La presente acción de
tutela se interpone contra providencias de las Secciones Cuarta y Quinta que
rechazaron por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Alvaro
Marín Díaz en contra de la Sala de Descongestión del Tribunal Contencioso
Administrativo Sede Cali.
La Sección Primera
del Consejo de Estado había decretado la nulidad de lo actuado dentro de la
acción de tutela interpuesta ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao por el señor Alvaro Marín y contra el fallo de la Sala
de Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y había
ordenado rehacer la actuación para proteger el derecho de defensa e involucrar
a la Policía Nacional que no había sido notificada del trámite de dicha tutela.
Al regresar el
expediente al Juzgado para cumplir con lo dispuesto por la Sección Primera de
esta Corporación, ya había recobrado vigencia de nuevo el
Decreto 1382 de 2000
suspendido por el Gobierno Nacional, remitiéndose entonces la acción de tutela
para conocimiento de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El actor invoca
el artículo 5 transitorio del citado decreto para señalar que esta Corporación
no era competente para adelantar el trámite de la tutela puesto que sus
disposiciones no habían entrado en vigencia cuando se interpuso la acción.
Sobre el particular
la Sala reproduce el texto del citado artículo del Decreto 1382 de 2000.
“Artículo 5. Transitorio.
Las reglas contenidas en el presente decreto sólo se aplicarán a las acciones
de tutela que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia. Las
acciones presentadas con anterioridad a esta fecha serán resueltas por el juez
competente al momento de su presentación, así como la impugnación de sus
fallos”.
Si se tiene en cuenta
que el citado decreto entró en vigencia el 21 de marzo de 2000 y que la acción
de tutela fue instaurada el 21 de noviembre de 2001, así los efectos del acto
estuvieran suspendidos, no cabe duda que cuando esta norma recobró su vigencia
y tuvo que rehacerse lo actuado dentro de la acción de tutela incoada ante el
Juez Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, éste no era
competente para conocer de la misma, en los términos del numeral 2 del artículo 1 del Decreto
1382 de 2000 que dice:
“Artículo
1. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la
solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(...)
2. Cuando la acción
de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será
repartida al respectivo superior funcional del accionado...”.
El Consejo de Estado,
como superior funcional del Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca (sic), era
entonces el competente para conocer de la acción de tutela contra uno de sus
fallos. Determinada entonces la competencia
en cabeza de la Sección Cuarta de esta Corporación a la que correspondió por reparto el estudio de esta
tutela, en atención a los criterios jurisprudenciales
expuestos, ella consideró que no era procedente la acción contra providencias judiciales.
Los fallos proferidos
tanto por la Sección Cuarta como por la Sección Quinta de esta Corporación no
incurrieron en vía de hecho alguna y se ajustaron a los preceptos legales y a
la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de procesos de tutela,
en los cuales se señaló, en forma tajante, que no procede la tutela contra las
providencias y los fallos que en ellos se emiten”. [9]
d) El actor impugnó la decisión, “por considerar
que la Sección Primera del Consejo de Estado con ese cambio de posición lo deja
en la más completa indefensión, le niega el acceso a la justicia y le crea
inestabilidad jurídica, porque contra los fallos de tutela no procede tutela y
debe esperar la eventual revisión de la Corte Constitucional”.
e) La Sección Segunda Subsección B de la Sala de la
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de
mayo de 2003, confirmó la decisión impugnada, en consideración a que “el
Consejo de Estado en este asunto actuaba como superior funcional del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca (sic), entonces es al que
le correspondía conocer de la acción de tutela inicialmente instaurada contra
el mismo”. Señala la decisión:
“En este orden de ideas se tiene que el
mencionado Decreto efectivamente entró en vigencia el 21 de marzo de 2000 y la
presente acción fue instaurada el 21 de noviembre de 2001. Mediante Dcto. 404
de marzo de 2001, el Ministerio de Justicia suspendió sus efectos hasta que el
Consejo de Estado decidiera la legalidad del mismo y fue cuando esta norma
recobró su vigencia cuando se decidió la legalidad del mismo, mediante
sentencia del Consejo de Estado Sección Primera del 18 de julio de 2002. Así al
momento en que se dio la orden por parte de la Sección Primera del Consejo de
Estado, de rehacerse lo actuado dentro de la acción de tutela presentada ante
el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, el 11 de julio de
2002, todavía no se había decidido lo referente a la legalidad del Decreto 1382
de 2000, entonces hasta ahí el competente para rehacer el trámite era el Juez Primero,
en esos días queda en aplicación nuevamente el Decreto lo que significó que
éste último no era competente para conocer de dicha acción.”[10]
La Sala Número Siete de Selección, mediante decisión
del 30 de julio de 2003, excluyó de revisión la Acción de Tutela antes reseñada
-T-764.081[11].
2.      El asunto que se revisa. Acción de Tutela de
Alvaro Marín Díaz contra la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y la Dirección General de la Policía
Nacional -T-923.644-
2.1              La demanda
El señor Álvaro Marín Díaz instaura acción de tutela
en contra de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado y de la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional,
invocando la protección constitucional al debido proceso y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho.
Aduce que el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991
dispone que la acción de tutela no procede contra fallos de tutela, pero que la
Sala demandada               incurrió en una grave violación  de la ley y de
sus derechos  “en el sentido de admitir acciones de tutela contra fallos de
tutela, porque creó un procedimiento prohibido por la ley y desconoció el
procedimiento legal del artículo 33 del mismo Decreto 2591 de 1991, que era el
procedente en este caso originando una inestabilidad jurídica y penetrando
arbitrariamente en la esfera de la Corte Constitucional”.
Concluye que al decretar una nulidad no prevista en la
ley, la Sección Primera demandada, además de desconocer el debido proceso,
quebrantó su derecho al juez natural y a no ser juzgado dos veces por lo mismo,
en cuanto anuló la decisión que ordenaba su reintegro a la Policía Nacional,
sin reparar en que las decisiones de los jueces constitucionales de instancia
solo pueden ser revisadas por esta Corte y que la decisión de la misma de no
seleccionar un fallo de tutela le imprime fijeza a la decisión.
Insiste en que la única autoridad autorizada para
revisar la sentencia proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao el 18 de febrero de 2002, que ordenó a la Sala Dos de
Decisión del H. Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca proferir una
nueva decisión, dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
instaurada por el mismo contra la Nación Ministerio de Defensa Policía
Nacional, era esta Corporación y no la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como ocurrió.
Se apoya en “la certificación Nro. SGT 811-02 de
fecha 13 de septiembre de 2002”, expedida por la Secretaría General de esta
Corporación “ donde me insta a presentar desacato porque considera que el
fallo del Tribunal Administrativo del Cauca se encuentra en firme”.
Por lo tanto solicita “que por fallo de tutela se
dignen revocar el fallo de tutela de fecha 11 de julio de 2002, dictado en
segunda instancia dentro de la Acción de Tutela radicada 190011233100022020437
(..) por ser violatorio de la ley y Constitución Política y (..) dejar en firme
el fallo de fecha 12 de marzo de 2002 suscrito por la Sala de Decisión Número
Dos del H. Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del proceso de Acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho –Radicado 970603004, M.P. Dra. HILDA
CALVACHE ROJAS-”.
2.2    Intervención Pasiva
2.2.1 La Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado avocó el conocimiento de la
acción que se revisa, remitida por el Consejo Superior de la Judicatura por
competencia[12], y dispuso notificar a
los Magistrados que integraron la Sala que profirió la sentencia de 11 de julio
de 2002, dentro de la Acción de Tutela T-651.901, pero no se pronunció sobre la
comunicación a la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional.
Los Magistrados Manuel Santiago Urueta, Gabriel Eduardo
Mendoza y Camilo Arciniegas Andrade no intervinieron en el asunto, no obstante
haber sido notificados de la admisión de la demanda.
2.2.2 La Jefe de la Oficina Jurídica de la Policía
Nacional, a tiempo de alegar a nulidad de lo actuado, porque la entidad que
representa no fue vinculada a la actuación, solicita que se niegue la
protección.
Afirma que la entidad “no ha vulnerado los derechos
fundamentales del Accionante, pues el retiro del servicio activo de la
institución del señor ALVARO MARIN DIAZ se produjo por Llamamiento a Calificar
Servicios , mediante Resolución No. 0078 del 16 de enero de 1997”, y que “el
accionante posee otros medios legales para obtener el resarcimiento de los
derechos presuntamente violados, como la propia jurisdicción Contenciosa
Administrativa” –destaca el texto-. Señala al respecto:
“(..)
Ahora bien es de resaltar que el
llamamiento a calificar servicios consiste en otra forma de retirar del
servicio a los agentes de la Policía Nacional, por lo tanto no constituye en
ningún momento la imposición de una sanción disciplinaria, es tan solo otra
causal de retiro de la institución que se encuentra dispuesta en la Ley.
La disposición de llamar a calificar servicios
por parte de la administración al Accionante, no tuvo razones injustificadas,
por el contrario fueron argumentos legales ya que se cumplió con lo dispuesto
en la norma, para la expedición de esta clase de actos, debido a que el actor
contaba al momento del retiro con un tiempo de servicio de más de quince (15)
años de servicio para proceder al retiro del mismo por llamamiento a calificar
servicios; por lo tanto se obró legalmente.
(..)”.
2.3    Actuación en sede de revisión
2.3.1 Para mejor proveer, el Magistrado Sustanciador,
mediante providencia del 4 de agosto del 2004, dispuso oficiar al Juez Primero
Penal del Circuito de Santander de Quilichao y al H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca, y más adelante –31 de agosto del mismo año- a la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para que se remitieran
copias de lo actuado en las Acciones de Tutela instauradas por Alvaro Marín
Díaz y la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional contra la Sala de
Descongestión del H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle y la Sala
Dos de Decisión del H. Tribunal Administrativo del Cauca, respectivamente.
Cumplidas las remisiones aludidas, como se explica en
el aparte de esta providencia que relaciona el material probatorio, el
Magistrado sustanciador pudo advertir que la Nación Ministerio de Defensa
Policía Nacional no fue vinculada al asunto en revisión por los jueces de
instancia, no obstante su condición de demandada, razón por la cual, mediante
decisión del 19 de enero de 2005 i) devolvió la actuación a la Sección Segunda-Subsección
A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para que
se comunique a la afectada la irregularidad y, de ser ello necesario, rehiciera
la actuación; y ii) mediante providencias del 15 de abril, 4 de mayo y 25 de
octubre de 2005 y 30 de enero de 2006 requirió informes sobre la actuación.
2.3.2 Mediante providencia del 2 de marzo de 2006,
esta Sala resolvió ordenar que por Secretaría General se comunicara a la Nación
Ministerio de Defensa Policía Nacional las providencias del 9 de julio de 2004
y 19 de enero de 2005, proferidas por la Sala de Selección Número Siete y por
esta Sala de Revisión respectivamente, como quiera que “la circunstancia de
que los jueces de instancia, habiendo sido advertidos por esta Corte de que
dentro de un asunto seleccionado para revisión se omitió integrar el
contradictorio, no procedan a subsanar la irregularidad con la intervención del
perjudicado, preservando de esta manera su derecho a la defensa y haciéndole
oponibles las decisiones, no exime a esta Corte de realizar la revisión de
todas maneras”.
Lo anterior, en consideración a que las solicitudes de
información remitidas el 25 de octubre de 2005 y el 30 de enero de 2006 no
fueron atendidas, no obstante que la Secretaria General del H. Consejo de
Estado, en respuesta a la solicitud enviada el 15 de abril de 2005, informara
i) que “el 21 de abril de 2005 se profirió auto decretando la nulidad de
todo lo actuado por esta corporación dentro de la acción de tutela interpuesta
por el Sr. Alvaro Marín Díaz contra la Sección Primera del Consejo de Estado.
Conservando su validez las pruebas practicadas y ordenando que una vez
ejecutoriado este auto pase el expediente al despacho para estudiar sobre la
admisión de la demanda”; y ii) que “ejecutoriada la providencia anterior
pasará al despacho para mejor proveer”.
2.3.3  El 24 de marzo de 2006, la Secretaría General
remitió a esta Sala el expediente contentivo de la acción de tutela T-923.644,
remitido por la Secretaría General del Consejo de Estado, mediante Oficio 1468
de 7 de marzo de 2006.
2.4.   Decisiones que se revisan
El 16 de mayo de 2005 la Sección Segunda- Subsección A
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la
demanda de tutela, promovida por el señor Alvaro Marín Díaz contra la Sección
Primera de la misma Sala y Corporación y la Nación Ministerio de Defensa
Policía Nacional, al tiempo que dispuso notificar su decisión “al Director
de la Policía Nacional y a los magistrados que integraron la sala que profirió
la sentencia del 11 de julio de 2002 dentro del proceso radicado número
0437-01”.
2.4.1 Decisión de primera instancia
La Sección Segunda Subsección B de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en providencia del 22 de
julio de 2005 resolvió rechazar “por improcedente la solicitud de tutela
presentada por el señor ALVARO MARIN DIAZ  contra la SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.”
Sostiene el fallador de primer grado “que una
solicitud de tutela no procede para examinar un fallo de tutela” y agrega:
“(..) si en gracia de discusión se aceptare
la procedencia de la tutela para revisar un fallo de tutela, solamente sería
viable excepcionalmente cuando se vislumbre la violación flagrante del derecho
fundamental al debido proceso y a la defensa, lo que no se configura en el caso
sub judice, toda vez que dejaron de existir en la vida jurídica por el
pronunciamiento que se cuestiona de la Sección Primera del Consejo de Estado
las providencias dictadas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao y del Tribunal Administrativo del Cauca, que no están
ajustadas a derecho, pues imponían una orden a la Policía Nacional, sin haber
sido vinculada a la tutela inicialmente incoada por el señor Alvaro Marín
contra el Tribunal mencionado.
Lo anterior exime a la Sala para hacer un
análisis de fondo frente a las pretensiones de la solicitud de tutela, toda vez
que siendo improcedente la acción no hay lugar a ello”[13].
2.4.2 Impugnación
El actor impugna la decisión, para el efecto solicita
al ad quem revocar la sentencia que niega el amparo por improcedente y
así reiterar “los criterios jurisprudenciales al respecto y mas aún el
propio criterio del H. Consejo de Estado que ha sido de antaño aún más estricto
y reacio al respecto como quiera que su misma Sección Quinta se aventuró a
señalar al desatar la impugnación propuesta contra el fallo de la Sección
Cuarta, objeto del actual debate lo siguiente: “.. esta Sección
invariablemente ha sostenido la improcedencia de esta acción respecto de las
providencias judiciales en cuanto considera que sí procede ese mecanismo cuando
éstas contienen decisiones que puedan catalogarse vías de hecho”.
En armonía con lo expuesto y “siendo evidente que
la decisión que concedió el amparo solicitado por la Policía Nacional, tuvo su
génesis en una actuación de tutela instaurada contra un anterior fallo de
tutela que previamente hubiera sido excluido de revisión (..)”, sostiene
que la providencia de primer grado contraría la jurisprudencia de esa Sala y
Corporación y agrega:
“No es admisible que exista un criterio
totalmente opuesto al que se esgrime para despachar desfavorablemente mis
súplicas, cuando se trata de resolver las peticiones de una institución del
Estado, verbigracia la Policía Nacional, en tanto retomando el caso concreto,
luego de la confesión de algunos oficiales que participaron en la decisión
constitutiva de una desviación de poder sin motivación alguna, quedó develado
el contubernio que originó la misma; como también la verdadera intención insita
en aquella determinación preñada de vindicta en contra de quien otrora fuera mi
inmediato superior, Capitán Wilson Eduardo Castañeda Hurtado; bajo el sofisma
que la facultad discrecional no requiere de motivación alguna, dándole un alcance
ilimitado a la susodicha facultad, en contravía de los preceptos
constitucionales que hacen prevalecer los derechos sustanciales e inalienables
del ser humano”.
El señor Marín Díaz precisa, además, i) que el
artículo 5° del Decreto 1382 de 2000 “dispuso que éste sólo tenía aplicación
para todas aquellas tutelas presentadas a partir de su entrada en vigencia”,
de manera que la Sección Cuarta accionada “mal podía resolver” en
primera instancia la acción de tutela interpuesta por él, contra la Sala de Descongestión
del H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, durante la suspensión del
Decreto ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao;
ii) que en el fallo impugnado no se considera “la solicitud de adición
elevada por el suscrito ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado
precisamente por haber dejado de resolver varios aspectos incluidos en aquella
tutela” referida a “la flagrante violación del derecho a la igualdad que
comporta el obrar del H. Consejo de Estado, cuando extrañamente, contrariando
su radicalísima posición de cara a la inviabilidad de la tutela contra
providencias judiciales, sin excepción alguna, procedió a tutelar los derechos
de la Policía Nacional, a través de un pronunciamiento de tutela, en segunda instancia,
en el curso de una acción orientada contra un precedente de fallo de tutela
(..)”; iii) que “la relación de actuaciones a que alude el fallo impugnado
(..) no rescata las implicaciones que aquella exclusión de revisión de fecha 25
de Abril del año 2002, tenía sobre un nuevo fallo de tutela contra aquella
tutela cuyo debate había quedado así cerrado ante la máxima jerarca de la
jurisdicción constitucional según voces de la Sentencia SU-1219 del 21 de
noviembre de 2001”; y iv) que “no es cierto que haya instaurado
acción de tutela contra las Secciones 4ª y 5ª del Consejo de Estado
(..) se trata de la misma y única acción de tutela que interpuse ante el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander Cauca, contra la Sala de
Descongestión del Tribunal Administrativo del Valle y que siendo excluida de
revisión por la Corte Constitucional el Consejo de Estado la revivió” –destaca
el texto-.
En escrito adicional se refiere a la no vinculación de
la Policía Nacional a la acción de tutela proferida por él mismo, contra la
Sala de Descongestión del H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, en
los siguientes términos:
“(..) en el expediente existe constancia en
donde le pedí al señor Juez Primero Penal del Circuito de Santander, notificar,
para que se integrara el litis consorcio necesario y me evitara un fallo
inhibitorio o una nulidad, manifestando verbalmente que no lo consideraba
necesario, pregunto entonces, cómo podía obligarlo, acaso tengo que correr con
los errores de la justicia de mi País, máxime que la Sala Penal del Tribunal de
Popayán al desacatar la impugnación que presenté corrigió todas las falencias
presentadas, pero seguramente tampoco consideró necesaria la notificación de la
Policía Nacional”.
Finalmente el accionante reitera su pretensión de que “sea
dejado en firme el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao y el proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca,
referido al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho”.
2.4.3 Decisión de segunda instancia
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en providencia del 9 de febrero de 2006
confirma la decisión.
Para sustentar el fallo, el ad quem afirma que “la
acción de tutela contra providencias judiciales no tiene cabida en el derecho
colombiano” i) porque “establecer el amparo, dentro de la tradición
mexicana sería desquiciar el sistema colombiano”; ii) habida cuenta que “fue
la Corte Constitucional quien en sentencia C-543 de 1992 declaró en la parte
resolutiva –única que vincula con efecto de cosa juzgada constitucional-
inexequibles los artículos 11,12 y 40 del Decreto 2591 de 1991”; iii) toda
vez que las consideraciones de esta Corte sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, ´”al pronunciarse sobre la
constitucionalidad del artículo 185 del Código de Procedimiento Penal (..) no
se hizo en la parte resolutiva de la sentencia única que vincula con efectos de
cosa juzgada constitucional”; iv) como quiera que “[l]a acción de tutela
no procede contra providencias judiciales ni cuando se argumente que la
decisión judicial configura una vía de hecho o que el juez ha cometido “errores
protuberantes o groseros” pues semejantes calificaciones se traducen en
interpretaciones y criterios eminentemente subjetivos que dependerán, en cada
caso del alcance que a bien tenga darle un juzgador a la decisión de otro”;
v) en razón de que “aceptar que el juez de tutela puede invalidar
providencias de otros jueces en asuntos cuyo conocimiento éstos tienen asignada
precisa competencia, se traduce en claro quebranto al principio democrático de
autonomía e independencia del juzgador”; vi) debido a que “la
procedencia de la acción de tutela respecto de decisiones judiciales, requiere
de la existencia de norma o precepto constitucional expreso y previo y supone
una regulación normativa concreta, específica y singular lo cual no acaece en
Colombia”; y vii) dado que “como lo ha sostenido reiteradamente
este Corporación la acción de tutela no puede interponerse para controvertir
decisiones proferidas en el trámite de una acción de la misma naturaleza”.
Finalmente la Sección Cuarta sostiene que “[c]omo
en el asunto que aquí se examina la solicitud está dirigida contra una decisión
judicial proferida en una acción de tutela, la pretensión no tiene vocación de
prosperidad, razón por la cual se confirmará la providencia impugnada”[14].
3.  Material Probatorio
En el expediente obran, i) en tres cuadernos, el
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por Álvaro Marín
Díaz contra la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional ante el H.
Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca -970603004-; ii) en dos cuadernos
la Acción de Tutela instaurada por Álvaro Marín Díaz contra el H. Tribunal
Administrativo del Valle Sala de Descongestión –T-579.617 y T-714.277-; iii)
copia auténtica de la decisión adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para decidir en segunda
instancia la acción de tutela instaurada por la Nación Ministerio de Defensa
Policía Nacional contra la Sala de Decisión Número Dos del H. Tribunal
Contencioso Administrativo del Cauca –651.901 y 714.277-; y iv) fotocopia de
las decisiones adoptadas para resolver el amparo constitucional invocado por
Alvaro Marín Díaz contra las Secciones Cuarta y Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativa del Consejo de Estado –T-764.481-.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es competente para revisar las decisiones
proferidas por la  Subsección B de la   Sección Segunda del Consejo de Estado
el 22 de julio de 2005 y por la Sección Cuarta de la misma Corporación el  9 de
febrero de 2006[15], de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991 y por selección de la Sala Número Siete de esta
Corporación, mediante providencia del 30 de julio de 2004.
2.      La
materia sujeta a examen
Como se ha visto  del relato de antecedentes  el
actor   interpuso acción de tutela en contra de la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo  del Consejo de Estado  como quiera que la
misma  al resolver una acción de tutela  interpuesta en contra de otra decisión
de tutela  proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de
Quilichao que había sido favorable al actor  y que  había  sido excluida de
revisión por la Sala Cuarta de Selección de Tutelas de esta Corporación,
mediante providencia del 25 de abril de 2002  resolvió i)  anular la  referida
sentencia de tutela proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao y dispuso dejar sin efecto la providencia que procuraba
su cumplimiento,  por considerar  que dichas decisiones violaban el derecho de
defensa de la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional ii) y ordenó
rehacer la actuación de tutela.  Sentencia de la Sección Primera del Consejo de
Estado con la que en criterio  del demandante se incurrió en una vía de hecho
por desconocerse la competencia de la Corte Constitucional como órgano de
revisión, así como la cosa juzgada constitucional, razón por la cual interpuso
la  acción de tutela sub examine[16].
Los jueces  de instancia rechazaron por improcedente
la acción de tutela así interpuesta. El Ad quem  -en este caso la Subsección B de
la sección Segunda del Consejo de Estado- consideró que “una solicitud de
tutela no procede  para examinar un fallo de tutela”   y que  “si en
gracia de discusión se aceptare la procedencia de la tutela para revisar un
fallo de tutela, solamente sería viable excepcionalmente cuando se vislumbre la
violación flagrante del derecho fundamental al debido proceso y a la defensa,
lo que no se configura en el caso sub judice, toda vez que dejaron de existir
en la vida jurídica por el pronunciamiento que se cuestiona de la Sección
Primera del Consejo de Estado las providencias dictadas por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Santander de Quilichao y del Tribunal Administrativo del
Cauca, que no están ajustadas a derecho.”  El Ad quo  por su parte
señaló que “la acción de tutela contra providencias judiciales no tiene
cabida en el derecho colombiano” debido a que “la procedencia de la
acción de tutela respecto de decisiones judiciales, requiere de la existencia
de norma o precepto constitucional expreso y previo y supone una regulación
normativa concreta, específica y singular lo cual no acaece en Colombia”;
así como que “la acción de tutela no puede interponerse para controvertir
decisiones proferidas en el trámite de una acción de la misma naturaleza”.
Corresponde a la Sala de decisión  examinar
entonces  si asistió o no razón a los jueces de instancia al negar por
improcedente  la acción de tutela interpuesta por el accionante en el presente
proceso  y consecuentemente si  la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
del Consejo de Estado pudo incurrir  o no en una vía de hecho   por desconocer
la competencia de la Corte Constitucional  como órgano exclusivo de revisión de
los fallos de tutela  y la cosa juzgada constitucional al anular la sentencia de
tutela proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de
Quilichao que había sido favorable al actor y que  había  sido excluida de
revisión por la Sala Cuarta de Selección de Tutelas de esta Corporación,
mediante providencia del 25 de abril de 2002.
3. Consideraciones preliminares
Previamente estima la Corte pertinente
recordar  los criterios señalados por esta Corporación  a partir de la
Constitución en torno a i) el carácter excepcional  de la  intervención del
juez de tutela en las decisiones judiciales y los presupuestos establecidos por
la jurisprudencia  para que pueda afirmarse que se ha incurrido en una vía de
hecho  ii) la improcedencia de la acción de tutela contra acciones de tutela,
iii) la competencia de la Corte en materia de revisión de fallos de tutela y la
cosa juzgada constitucional que  se deriva de  la no  selección para revisión
de un determinado asunto, que resultan pertinentes para resolver el problema
jurídico planteado en el presente proceso.
3.1 El carácter excepcional  de la
intervención del juez de tutela en las decisiones judiciales y los presupuestos
establecidos por la jurisprudencia  para que pueda afirmarse que se ha
incurrido en una vía de hecho
Esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha considerado que, en principio, contra las decisiones
judiciales no procede la acción de tutela y que de éstas se predica su
obligatoriedad incondicional, como quiera que cuando el órgano judicial aplica
la voluntad abstracta de la ley a un caso concreto se supone que lo hace con
sujeción estricta a la Constitución Política, porque a los jueces y a los
tribunales les compete acatar la Carta, y lograr su aplicación en los hechos,
las relaciones sociales y las acciones de los poderes públicos[17].
Desde
esta perspectiva, la protección constitucional  por vía de tutela frente a
decisiones judiciales  solo resulta posible  cuando la actuación  de la
autoridad judicial se ha dado en abierta contra vía de los valores, principios
y demás garantías constitucionales y con el objetivo básico de recobrar la
plena vigencia del orden jurídico quebrantado y la restitución a los titulares
en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales afectados.
Respecto de la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias judiciales en firme, vale recordar que mediante
sentencia C-543 de 1992[18] esta Corte declaró
inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas éstas que
regulaban su ejercicio contra sentencias judiciales, por considerar que
desconocían las reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y
afectaban el principio de seguridad jurídica[19], al tiempo
que dispuso que “(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene
al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones
a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos
judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta
figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las
cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando
la decisión pueda causar un perjuicio irremediable (..)”.
Ahora bien, en decisión reciente, esta
Corporación, al resolver sobre la conformidad con la Carta Política de una
disposición que limitaba la protección de los derechos fundamentales de los
asociados en el ámbito del recurso de casación[20], reiteró la
jurisprudencia de esta Corte en materia de procedencia de la acción de tutela
cualquiera fuere la autoridad que vulnere o amenace los derechos fundamentales,
a la vez que recordó que la doctrina constitucional en la materia “no sólo
se encuentra respaldada en el artículo 86 de la Carta sino también en los
artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporados a la Constitución por
vía del artículo 93 de la Carta[21]”, en
cuanto el Derecho Internacional de los Derechos Humanos obliga a los Estados
partes de la comunidad internacional a establecer un recurso sencillo, efectivo
y breve de protección cierta de los derechos fundamentales de los asociados
siempre que se los amenace o desconozca.
Se refirió esta Corte, en la sentencia de
constitucionalidad en comento, a los distintos cuestionamientos que se formulan
en relación con la acción de tutela contra decisiones judiciales en firme y
pudo concluir i) que no es de recibo argumentar que en el seno de la Asamblea
Nacional Constituyente se resolvió restringir la protección constitucional al
ámbito de las actuaciones administrativas, porque esta propuesta, luego de
haber sido debatida “resultó amplia y expresamente derrotada por la mayoría
con el argumento, claramente expuesto en el debate, según el cual impedir la
tutela contra decisiones judiciales podría crear un ámbito de impunidad
constitucional y reduciría la eficacia de los derechos fundamentales a su
simple consagración escrita[22]”; y
ii) que no es dable admitir que la acción de tutela contraría la naturaleza de
la protección de los derechos fundamentales, en cuanto desconoce las decisiones
de las autoridades judiciales instituidas para protegerlos, “porque la
doctrina constitucional comparada parece coincidir de manera unánime en que la
tutela  -amparo o acción de constitucionalidad-  contra las sentencias es un
corolario lógico del modelo de control mixto de constitucionalidad (..)
necesario para garantizar, simultáneamente, la primacía de la Constitución y de
los derechos fundamentales”. Indica la decisión:
“Los desacuerdos en la doctrina y la
jurisprudencia más especializada se producen más bien en torno al alcance de
esta figura y al tipo y grado de eficacia de los derechos fundamentales en el ámbito
judicial. No obstante, a estas alturas de la evolución de la doctrina
constitucional, parece que nadie niega la importancia de que exista un último
control de constitucionalidad de aquellas sentencias que hubieren podido
vulnerar los derechos fundamentales de las partes y, en particular, el derecho
de acceso a la administración de justicia.
No puede perderse de vista que la más
importante transformación del derecho constitucional en la segunda mitad del
siglo XX fue la consagración de la Constitución como una verdadera norma
jurídica. En otras palabras, en el nuevo Estado constitucional, las
constituciones  -y en particular los derechos fundamentales- dejaron de ser
normas formalmente prevalentes pero jurídicamente irrelevantes para convertirse
en las normas jurídicas de mayor eficacia o poder vinculante dentro del
ordenamiento. Para lograr esta transformación, los distintos sistemas jurídicos
incorporaron al texto constitucional poderosos sistemas de garantía tendientes
a asegurar la sujeción de todos los órganos del Estado a las disposiciones
constitucionales y, muy en particular, a los derechos fundamentales.
En este novedoso y potente sistema de
protección de la Constitución, la tutela contra sentencias juega un papel
fundamental: el control de constitucionalidad de las sentencias sirve para
desplegar con fuerza la eficacia normativa de los derechos fundamentales en
todos los ámbitos de aplicación del derecho. En otras palabras, de lo que se
trata es de asegurar el llamado “efecto irradiación” de los derechos
fundamentales en jurisdicciones acostumbradas a seguir fielmente los mandatos
del derecho legislado sin atender a las normas constitucionales que podrían
resultar relevantes para resolver la respectiva cuestión.
Entonces, la acción de tutela -o el llamado
recurso de amparo o recurso de constitucionalidad-  contra sentencias
constituye uno de los ejes centrales de todo el sistema de garantía de los
derechos fundamentales. Este instrumento se convierte no sólo en la última
garantía de los derechos fundamentales, cuando quiera que ellos han sido
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad judicial,
sino que sirve como instrumento para introducir la perspectiva de los derechos
fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados y definidos,
exclusivamente, desde la perspectiva del derecho legislado. En otras palabras,
la tutela contra sentencias es el mecanismo más preciado para actualizar el
derecho y nutrirlo de los valores, principios y derechos del Estado social y
democrático de derecho.”
También destacó la Corte, en la oportunidad a que se
hace referencia, la acción de tutela como mecanismo de unificación de la
jurisprudencia constitucional, diseñado por el constituyente con el propósito
de que un órgano único determine el alcance de los derechos fundamentales
asegurando de esta manera unidad y seguridad en la aplicación e interpretación “del
contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales por parte
de todos los jueces de la República  -con independencia de la causa que se
encuentren juzgando-“.
Ahora
bien no sobra recordar que la protección constitucional  por vía de tutela
frente a decisiones judiciales  solo resulta posible  cuando la actuación  de
la autoridad judicial se ha dado en abierta contrariedad con los valores,
principios y demás garantías constitucionales y con el objetivo básico de
recobrar la plena vigencia del orden jurídico quebrantado y la restitución a
los titulares en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales
afectados.
En
ese orden de ideas, considerando que esta posibilidad  tiene un alcance
excepcional y restrictivo,  la Corte Constitucional ha venido construyendo a
partir de la Sentencia C-543 de 1992 una nutrida doctrina en torno al catálogo
de requisitos que se deben cumplir para que ésta resulte procedente; doctrina
cuyos primeros desarrollos aparecen contenidos en las Sentencias T-079 de 1993
y T-231 de 1994 y que luego se ha enriquecido en múltiples decisiones
posteriores.
Según la doctrina constitucional[23],
para que pueda proceder una tutela contra una sentencia judicial resulta
necesario que se cumplan a cabalidad todos y cada uno de los siguientes
requisitos de procedibilidad: (1) La cuestión que se pretende discutir a través
de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia
constitucional. (2) Sólo procede si han sido agotados todos los mecanismos
ordinarios de defensa judicial salvo que se trate de evitar un perjuicio
irremediable.  (3) La acción no procede cuando el actor ha dejado de acudir a
los medios ordinarios de defensa judicial.(4) La tutela sólo procede cuando la
presunta violación del derecho fundamental en el proceso judicial tiene un
efecto directo y determinante en  la decisión de fondo adoptada por el juez.
(5) En la tutela contra sentencias corresponde al actor identificar con
claridad la acción u omisión judicial que pudo dar lugar a la vulneración, así
como el derecho vulnerado y las razones de la violación.  (6) El juez de tutela
no puede suplantar al juez ordinario. (7) La tutela contra una decisión
judicial debe interponerse ante el superior funcional del juez que profirió la
decisión impugnada. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se
repartirá al superior funcional del Juez al que esté adscrito el Fiscal. Lo
accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será
repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión,
Sección o Subsección que corresponda. (8) No procede la acción de tutela contra
sentencias de tutela.  (9) La acción de tutela contra sentencias solo procede
en los casos en que se pueda calificar la actuación del juez como una vía de
hecho. 10) Que
la vía de hecho sea alegada por el actor dentro de en un término razonable al
de su ocurrencia.
En
ese sentido la jurisprudencia constitucional[24]
ha identificado claros presupuestos para establecer  la ocurrencia de una vía
de hecho judicial, precisando que esta última tiene lugar cuando se advierte en
la actuación judicial acusada un defecto orgánico[25],
sustantivo[26], fáctico[27],
procedimental[28] o por
consecuencia[29].
3.2  La
improcedencia de la acción de tutela contra acciones de tutela
Esta Corporación ha sostenido de manera
reiterada[30] que no procede la acción
de tutela encaminada a infirmar las decisiones adoptadas en una acción
similar.  Al respecto, en la Sentencia SU-1219 de 2001[31]
la Sala Plena de esta Corporación unificó la jurisprudencia constitucional
relativa a la improcedencia general de la acción de tutela contra sentencias de
tutela, en el sentido de dejar en claro que la competencia de esta Corte para
revisar las sentencias proferidas por los jueces constitucionales en el ámbito
de las acciones de amparo previstas en el artículo 86 de la Carta Política es
exclusiva y excluyente.
Expuso esta Corte, en la oportunidad que se
reseña, que la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de
amparo, además de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por
hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada por la
Carta Política a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia,
toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las órdenes de
tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama
sobre la protección constitucional que el asunto de la vulneración de sus
derechos fundamentales será resuelto de una vez.[32]
Resulta pertinente  transcribir  los
principales apartes de dicha Sentencia de Unificación  sobre este punto.
“3.1 Es
incontestable que, tratándose de fallos de tutela, un juez también puede
equivocarse. Los jueces de tutela no son infalibles en sus decisiones y
actuaciones, como tampoco inmunes a las reclamaciones por violación de derechos
fundamentales.
No obstante,
hay diferencias de competencia y de procedimiento entre las actuaciones de los
jueces ordinarios y las actuaciones de los jueces de tutela que justifican la
existencia de mecanismos diferentes para la protección de los derechos
fundamentales ante un error judicial.
En efecto,
las actuaciones judiciales de los jueces ordinarios al decidir, principalmente,
sobre asuntos de orden legal eventualmente pueden representar un
desconocimiento absoluto de los derechos constitucionales fundamentales y constituir
en situaciones extremas vías de hecho susceptibles de impugnación mediante la
acción de tutela. Tal conclusión se impone por la necesidad de proteger los
derechos constitucionales fundamentales – que no son el referente usual e
inmediato de los jueces ordinarios – y de acompasar la jurisprudencia y la
legislación a la Constitución. La razón de esta exigencia de unidad y
coherencia es obvia: el ordenamiento jurídico es uno sólo y la legislación debe
interpretarse y aplicarse de conformidad con la Constitución.
En el caso de
los fallos de tutela, en cambio, el objeto principal y específico es
precisamente la protección de los derechos fundamentales. En el proceso de
tutela se aplica de manera directa la Constitución al análisis de las acciones
u omisiones de autoridades públicas o de ciertos particulares. La principal
característica de la acción de tutela, su rasgo definitorio, es su
especificidad: la acción de tutela es un mecanismo cuya función esencial es
asegurar el respeto y el goce efectivo de los derechos constitucionales
fundamentales y, en ese sentido, su razón de ser específica es lograr la
aplicación directa de los derechos constitucionales, no de las leyes, sin que
ello signifique que las leyes sean irrelevantes en el análisis constitucional
de cada caso concreto.
Ahora bien,
los jueces de tutela también pueden incurrir en arbitrariedades inexcusables al
proferir una sentencia de tutela, que sitúan su conducta en los extramuros del
derecho. Frente a esta posibilidad la persona no debe quedar inerme. En este
evento, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un mecanismo de
control para evitar la vulneración de los derechos fundamentales mediante
sentencias de tutela, en nombre de la defensa de los mismos. Es así como la
misma Constitución en su artículo 86 inciso 2, segunda oración, dispone:
"El fallo,
que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y,
en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual
revisión."
El mecanismo
constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces
constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por
decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte
Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación
constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte
Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano
de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye
la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción
de tutela – bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la
Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de
tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus
interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser
conocidos y corregidos por un órgano creado por él – la Corte Constitucional –
y por un medio establecido también por él – la revisión.
3.2 La
intención del legislador colombiano, cuando reguló el procedimiento de la
acción de tutela en el Decreto 2591 de 1991, fue excluir tajantemente la
posibilidad de tutela contra fallos de tutela (art. 40, parágrafo 4º del D.
2591 de 1991). Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad del mencionado
artículo 40, por considerar la Corte que la tutela contra providencias
judiciales era contraria a la Constitución –,[33] lo cierto
es que la doctrina de la tutela por las vías de hecho contra decisiones
judiciales se ha impuesto jurisprudencialmente.[34]
Sin embargo, es pertinente recordar que la inexequibilidad del parágrafo que
prohibía la presentación de acciones de tutela contra fallos de tutela resultó
de la integración normativa que en la C-543 de 1992 efectuó la Corte. En ningún
caso hubo un estudio de fondo sobre este punto preciso ni juzgó que sí debería
proceder la tutela contra fallos de tutela.
Ahora bien,
la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su
vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resolución del conflicto se
prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del
goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar
una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos
fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De allí la perentoriedad de los
plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre
encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el trámite procesal de la
revisión eventual, con miras a garantizar la unificación de criterios y la
supremacía constitucional. Todo ello por decisión del Constituyente, que optó
por regular de manera directa la acción de tutela y no siguió la técnica
tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental.”
En la misma sentencia la Corte  señaló:
6.1 La Corte ha admitido en el pasado la
posibilidad de interponer acciones de tutela contra las actuaciones judiciales
arbitrarias, incluso de los jueces de tutela, pero no respecto de sentencias de
tutela. En efecto, en sentencia T-162 de 1997,[35] la Corte
concedió una tutela contra la actuación de un juez de tutela consistente en
negarse a conceder la impugnación del fallo de tutela de primera instancia con
el argumento de que el poder presentado para impugnar no era auténtico, pese a
que el Decreto 2591 de 1991 establece al respecto una presunción de
autenticidad que no fue desvirtuada en el proceso. Por otra parte, en sentencia
T-1009 de 1999,[36] se
concedió una acción de tutela contra la actuación de un juez de tutela
consistente en no vincular al correspondiente proceso a un tercero
potencialmente afectado por la decisión. En ese caso, la Corte declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela.
6.2 En el presente caso, sin embargo el
problema jurídico es distinto: la Corte debe decidir si contra una sentencia de
tutela procede una nueva acción de tutela basada exclusivamente en el argumento
de que al concederla se incurrió en una vía de hecho porque la tutela era desde
el principio improcedente. Se observa cómo el cuestionamiento al fallo de
tutela versa sobre el juicio de procedencia de la acción como elemento
constitutivo e inescindible del fallo, sin que se cuestionen actuaciones del
juez de tutela diferentes a la sentencia misma. En consideración a lo expresado
anteriormente, la única alternativa para manifestar inconformidad con la
sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en
firme, es la intervención de la parte interesada en el proceso de selección
para revisión ante la Corte Constitucional por las razones anteriormente
expuestas.
En efecto, de la Constitución se concluye
que no procede la acción de tutela contra fallos de tutela.
7. Doctrina constitucional y ratio
decidendi. No hay tutela contra sentencias de tutela
7.1 La conclusión anterior no es más que
una regla derivada del propio texto constitucional que reguló directa y
específicamente el procedimiento que habrían de seguir las acciones de tutela, el
cual fue desarrollado por el Decreto 2591 de 1991 que tiene rango estatutario.
Ante la controversia sobre la posibilidad
de interponer acción de tutela contra sentencias de tutela es necesario hacer
claridad sobre el fundamento de la doctrina constitucional sentada por la
Corte, a saber, el propio texto constitucional. Resulta pertinente citar los
artículos constitucionales, además del artículo 86, trascrito anteriormente
(subrayado fuera de texto).
“Artículo 4.- La Constitución es norma
de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley
u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
“Artículo 230.- Los jueces, en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y
la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”
“Artículo 241-. A la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con
tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(...)
9. Revisar, en
la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la
acción de tutela de los derechos constitucionales.”
Ahora bien, la Ley – aquí el Decreto Ley 2591 de 1991 – estableció que
“(l)as decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo,
unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las
normas constitucionales deberán ser motivadas” (artículo 35 inciso 1).
Las anteriores premisas normativas permiten sostener que en la revisión
de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela la Corte
ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241
C.P.) y actúa como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional de tutela
mediante la unificación de la jurisprudencia constitucional. En esta tarea la
Corte debe fijar, como intérprete autorizado de la Constitución, las reglas
constitucionales que sirvan para ilustrar la Constitución en casos dudosos y
asegurar su fuerza normativa (art. 4° C.P.). Por su parte, los jueces al estar
sujetos al imperio de la ley (art. 230 C.P.), lo están a su vez a la
Constitución y a su interpretación autorizada.[37] Así lo ha
expuesto la Corte de manera clara y reiterada en el pasado:
“El papel que cumple la Corte Constitucional cuando aborda la revisión
eventual consagrada en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Carta Política
no es otro que el de unificar a nivel nacional los criterios judiciales en la
interpretación y aplicación de las normas constitucionales, precisando el
alcance de los derechos fundamentales, trazando pautas acerca de la procedencia
y desarrollo del amparo como mecanismo de protección y efectividad de los
mismos y estableciendo la doctrina constitucional, que, según el artículo 8º de
la Ley 153 de 1887, declarado exequible por Sentencia C-083 del 1 de marzo de
1995, es obligatoria para los jueces en todos los casos en que no haya normas
legales exactamente aplicables al asunto controvertido.”[38]
Cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre una materia respecto
de la cual debe unificar jurisprudencia y obrar como cabeza de la jurisdicción
constitucional, sus decisiones tienen un alcance mayor a las que adopta
generalmente en salas de revisión de tutela. El sistema de control
constitucional adoptado en Colombia es mixto en la medida en que combina
elementos del sistema difuso y del sistema concentrado. No es necesario abundar
en los elementos concentrados del sistema colombiano. Es suficiente con
subrayar que la opción del constituyente de 1991 de crear una Corte
Constitucional fortaleció en forma significativa esta dimensión concentrada de
nuestro sistema. Al haberle atribuido a ese órgano de cierre de las
controversias relativas a la interpretación de la Constitución la facultad de
conocer cualquier acción de tutela no sólo reafirmó este elemento de
concentración en materia de derechos constitucionales fundamen­tales, sino que
le confirió una trascendencia especial a la unificación de jurisprudencia en
estos asuntos. Cuando la Corte Constitucional decide en Sala Plena sobre estas
materias desarrolla su misión constitucional y por lo tanto está obligada a
asumir su responsabilidad como órgano unificador de la jurisprudencia[39].
(…)
7.3 La ratio decidendi en este caso excluye
la acción de tutela contra sentencias de tutela. El afectado e inconforme con
un fallo en esa jurisdicción, puede acudir ante la Corte Constitucional para
solicitar su revisión.[40] En el
trámite de selección y revisión de las sentencias de tutela la Corte
Constitucional analiza y adopta la decisión que pone fin al debate
constitucional. Este procedimiento garantiza que el órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la
materia que se profieren en el país y, mediante su decisión de no seleccionar o
de revisar, defina cuál es la última palabra en cada caso. Así se evita la
cadena de litigios sin fin que se generaría de admitir la procedencia de
acciones de tutela contra sentencias de tutela, pues es previsible que los
peticionarios intentarían ejercerla sin límite en busca del resultado que
consideraran más adecuado a sus intereses lo que significaría dejar en la
indefinición la solicitud de protección de los derechos fundamentales. La Corte
Constitucional, como órgano de cierre de las controversias constitucionales,
pone término al debate constitucional, e impide mantener abierta una disputa
que involucra los derechos fundamentales de la persona, para garantizar así su
protección oportuna y efectiva (artículo 2 C.P.).
Además, de aceptarse que la tutela procede
contra sentencias de tutela ésta perdería su efectividad como mecanismo de
acceso a la justicia para amparar los derechos fundamentales. El derecho a
acceder a la justicia no comprende tan sólo la existencia formal de acciones y
recursos sino ante todo que las personas puedan obtener de los jueces una decisión
que resuelva las controversias jurídicas conforme a derecho. Si la acción de
tutela procediera contra fallos de tutela, siempre sería posible postergar la
resolución definitiva de la petición de amparo de los derechos fundamentales,
lo cual haría inocua ésta acción y vulneraría el derecho constitucional a
acceder a la justicia. La Corte Constitucional tiene la misión institucional de
impedir que ello ocurra porque lo que está en juego no es nada menos que la
efectividad de todos los derechos constitucionales, la cual quedaría
indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela
decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue
adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En
este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena
de intentos hasta volver a vencer.” [41]
3.3  El valor de la revisión de los fallos de
tutela por la Corte Constitucional y la cosa juzgada constitucional que  se
deriva de  la no  selección para revisión de un determinado asunto
En la misma sentencia de  Unificación la
Corte  hizo importantes precisiones  sobre el valor de la revisión de los
fallos de tutela por la Corte Constitucional y la cosa juzgada constitucional
que  se deriva de  la no  selección para revisión de un determinado asunto.
Por ser claramente pertinente para el
presente caso  la Corte igualmente  transcribe a continuación las
consideraciones efectuadas en dicha Sentencia:
“El valor
de la revisión de los fallos de tutela por la Corte Constitucional
4.1 La
Constitución misma previó un proceso especial contra cualquier falta de
protección de los derechos fundamentales: la revisión de las sentencias de
tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2º C.P.). La
revisión que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las vías de hecho de
los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el
cierre del sistema jurídico por el órgano constitucional encargado de
salvaguardar la supremacía de la Constitución.
4.2 La
revisión de las sentencias de tutela abarca tres dimensiones: 1) el deber de
remitir a la Corte Constitucional la totalidad de los fallos de tutela
adoptados por los jueces de la República para su eventual revisión; 2) los
efectos de la decisión de la Corte respecto de cada uno de los casos a ella
remitidos y 3) el ámbito del control ejercido por la Corte cuando decide
revisar un fallo de tutela.
Primero, el
deber de remisión de todos los fallos de tutela a la Corte Constitucional
obedece a la necesidad de que sea un órgano centralizado al cual se le confió
la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución el que finalmente
determine cuáles son los fallos de tutela que representan una aplicación
adecuada de los derechos constitucionales y así ejerza la tarea de unificación
jurisprudencial en materia de derechos fundamentales y de desarrollo judicial de
la Constitución. Con esta decisión el Constituyente ha creado el mecanismo más
amplio, y a la vez eficaz, para evitar que los derechos fundamentales no
obtengan la protección que merecen como principios medulares de la organización
política colombiana. Es así como la Corte Constitucional debe mirar la
totalidad de las sentencias de tutela, bien sea para seleccionar las sentencias
que ameritan una revisión o para decretar su no selección pero en cualquiera de
estos dos eventos debe estudiar el fallo de instancia y adoptar una decisión al
respecto. Por otra parte, en el proceso de selección, cualquier persona tiene
la posibilidad de elevar una petición ante la Corte para que una determinada
sentencia sea escogida porque, a su juicio, incurrió en un error, incluso si
éste no tiene la entidad y la gravedad para constituir una vía de hecho.[42]
Segundo, la
decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión
una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y
material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por
parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión
de excluir la sentencia de tutela de la revisión se traduce en el
establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se
resguarda el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de
la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico.
Tercero, el
ámbito del control que ejerce la Corte cuando adelanta el proceso de selección
de fallos de tutela es mucho más amplio que el efectuado respecto de las vías
de hecho. En otras palabras, la Corte no se limita a seleccionar los fallos de
tutela arbitrarios, sino que además escoge fallos que así no se hayan situado
en los extramuros del orden jurídico, representan interpretaciones de los
derechos que plantean un problema valioso para el desarrollo jurisprudencial de
la Constitución ya que el Decreto 2591 le confiere esa facultad. Pero,
obviamente, cuando un fallo de tutela constituye una vía de hecho, éste es
contrario a la Constitución y existen poderosas razones para que forme parte de
las sentencias de instancia seleccionadas para ser revisadas por esta Corte.
Así la institución de la revisión se erige, además de las funciones ya
mencionadas, como una control específico e idóneo de los fallos de instancia
que violan de manera grosera la Constitución, esto es, son una vía de hecho.
4.3 El
procedimiento de revisión es, por tanto, un mecanismo expresamente regulado en
la Constitución con el fin de brindar una protección óptima a los derechos
fundamentales en atención a la importancia que ellos tienen para las personas y
el sistema democrático y constitucional de derecho. Ninguna otra acción, sea
constitucional o legal, goza de un mecanismo equivalente al de la revisión de
la decisión judicial. Y no podía ser de otra manera, dada la función confiada a
la  Corte Constitucional para la constante defensa de los derechos
fundamentales.
Como se aprecia, corresponde entonces única y
exclusivamente a esta Corporación, como intérprete autorizado de la
Constitución Política y por expresa disposición de este ordenamiento, revocar o
confirmar las órdenes ejecutoriadas de amparo mediante el mecanismo de la
revisión, el que ha sido previsto para unificar la interpretación en materia de
derechos fundamentales y para garantizar la efectiva protección de los mismos,
como quiera que de aceptarse que la decisión de un juez constitucional pueda
demandarse ante otra autoridad judicial se haría nugatorio el inmediato
cumplimiento de los fallos de tutela y se prolongaría en el tiempo y de manera
indefinida la vulneración del ordenamiento constitucional[43]
En consecuencia, las sentencias ejecutoriadas de tutela sólo pueden ser
revisadas por esta Corporación, como interprete autorizado de la Constitución
Política y por expresa disposición de este ordenamiento.
En la misma sentencia  en cuanto al  alcance de cosa
juzgada constitucional que tiene la decisión de la Corte de revisar o no
revisar   las decisiones de instancia proferidas por los jueces de tutela  la
Corte señaló:
“Cosa juzgada constitucional y cosa juzgada
ordinaria.
5.1 Admitir que los fallos de tutela
definitivamente decididos o excluidos para revisión sean luego objeto de una
nueva acción de tutela, sería como instituir un recurso adicional ante la Corte
Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya
concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art. 86 C.P.), a la ley
(art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a las normas reglamentarias en la materia
(arts. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional). Las Salas de
Selección de la Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y
reglamentarias, no tienen la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido
de selección para revisión ni una acción de tutela contra uno de sus fallos de
tutela. Esto por una poderosa razón. Decidido un caso por la Corte
Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el
lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para
revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento
Interno de la Corte Constitucional[44]), opera
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.).
Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por
decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate
sobre lo decidido.
5.2. A este respecto, es importante
distinguir entre el fenómeno de la cosa juzgada en materia ordinaria y el mismo
fenómeno en materia constitucional. Mientras que en el primer caso es
generalmente admitida la procedencia de la acción de tutela por vías de hecho,
en el segundo caso, tratándose de un proceso judicial constitucional, donde se
persigue en forma explícita y específica la protección de los derechos
fundamentales y la observancia plena del orden constitucional, la oportunidad
para alegar la existencia de vías de hecho en los fallos de tutela es hasta la
finalización del término de insistencia de los magistrados y del Defensor del
Pueblo respecto de las sentencias no seleccionadas. Una vez terminados
definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la sentencia hace
tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.), y se torna,
entonces, inmutable y definitivamente vinculante.”  (Subrayas fuera de texto)
A partir de los anteriores presupuestos procede la
Corte a efectuar el análisis del caso  sub examine.
4.      Examen
de la procedibilidad o improcedibilidad  de  la acción en el presente caso
Como se ha visto  del relato de antecedentes  el actor
interpuso acción de tutela en contra de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo  del Consejo de Estado  como quiera que la misma  al
resolver una acción de tutela  interpuesta en contra de otra decisión de
tutela  proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de
Quilichao que había sido favorable al actor  y que  había  sido excluida de
revisión por la Sala Cuarta de Selección de Tutelas de esta Corporación,
mediante providencia del 25 de abril de 2002  resolvió i)  anular la  referida
sentencia de tutela proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao y dispuso dejar sin efecto la providencia que procuraba
su cumplimiento,  por considerar  que dichas decisiones violaban el derecho de
defensa de la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional ii) y ordenó
rehacer la actuación de tutela.  Sentencia de la Sección Primera del Consejo de
Estado con la que en criterio  del demandante se incurrió en una vía de hecho
por desconocerse la competencia de la Corte Constitucional como órgano de
revisión, así como la cosa juzgada constitucional, razón por la cual interpuso
la  acción de tutela sub examine.
Los jueces  de instancia rechazaron por
improcedente la acción de tutela así interpuesta. El Ad quem  -en este caso la
Subsección B de la sección Segunda del Consejo de Estado- consideró que “una
solicitud de tutela no procede  para examinar un fallo de tutela”   El Ad
quo  por su parte señaló que “la acción de tutela contra providencias
judiciales no tiene cabida en el derecho colombiano.
En la medida en que el Juez de segunda
instancia -en este caso la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del  H. Consejo de Estado-  señaló  simplemente que   de acuerdo
con  reiterada jurisprudencia de esa Corporación la acción de tutela es
improcedente contra providencias judiciales,  la Sala  considera pertinente
reiterar que como se puso de presente en los apartes preliminares de esta
providencia no cabe  descartar de manera absoluta la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales por cuanto  debe verificarse en cada
caso concreto si ella es procedente, observando si reúne los estrictos
requisitos precisados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que
se configure una vía de hecho judicial[45].
En ese orden de ideas  como lo ha señalado
la Corte, planteada la supuesta configuración de una vía de hecho  lo que
corresponde examinar  es si los presupuestos que ha señalado la jurisprudencia
para que se configure una vía de hecho judicial se reúnen,  pues solo de ser
así resultaría posible que mediante tutela se acceda a la protección
constitucional solicitada; en caso contrario procederá  negar  la  acción de
tutela instaurada por improcedente ante la ausencia de los elementos que  con
base en la Constitución la jurisprudencia  de esta Corporación ha señalado como
constitutivos de una vía de hecho.
Ahora bien, previamente a ese examen debe
la Corte  establecer  si,  por tratarse  en el presente caso  de la  supuesta
configuración de una vía de hecho  en relación con una decisión  de tutela
fallada  en contra de otra  decisión  de tutela,  -con el agravante  de que en
relación con la primera decisión de tutela se configuró la cosa juzgada
constitucional por no haber sido dicha decisión objeto de  revisión por la
Corte Constitucional-, cuestión que se plantea a su vez mediante otra acción de
tutela contra una decisión del mismo tipo que tampoco fue objeto de revisión[46]-,
resulta o no  procedente la  acción de tutela  objeto del presente proceso  y
concretamente si puede existir algún motivo que permita a la Corte  sin  que se
desconozca el criterio sentado  en la Sentencia  SU-1219  de 2001  según el
cual   no procede  tutela contra  fallos de tutela   entrar a examinar en este
caso la  acción de tutela objeto del presente proceso. Examen que deberá tener
en cuenta además que  luego de la decisión de tutela que es atacada en el
presente proceso  y como consecuencia de ella se produjeron otras decisiones de
tutela que tampoco fueron objeto de revisión,  mediante las cuales se negaron
las pretensiones del actor.
Como se ve,  se está ante una cadena de actuaciones
judiciales[47]  que  para el actor
encuentra precisamente su origen en  el desconocimiento  de la cosa juzgada
constitucional  y de la competencia de la Corte  que invoca como  fundamentos
de   la acción que interpuso  en el presente proceso.
Visto desde la perspectiva del demandante  en  efecto
él cuenta con una decisión de tutela que hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional  que  no ha sido cumplida,  y ello porque  otro juez de tutela
desconoció dicha cosa juzgada,   sin competencia para hacerlo -pues  no existe
autoridad diferente a la Corte constitucional para  revisar  una acción de
tutela  máxime si ha  hecho tránsito a  cosa juzgada constitucional-  y anuló
dicha decisión y ordenó  proferir una nueva sentencia.
Podría aducirse, que el Decreto 2591 de 1991 le señala
al señor Marín Díaz el procedimiento que debe seguir para que el Juez Primero
Penal del Circuito de Santander de Quilichao haga cumplir la sentencia que
dispone el restablecimiento de sus derechos fundamentales; sin embargo, la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sede de tutela, resolvió dejar sin valor ni efecto tal
restablecimiento. De manera que el actor se enfrenta a un pronunciamiento
judicial que impide que la Sentencia que ordena el restablecimiento de sus
derechos constitucionales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad pueda
ser cumplida.
Ahora bien,  es claro que  solo a esta
Corte, como intérprete autorizado de la Constitución Política y por expresa
disposición de este ordenamiento, compete revisar las sentencias ejecutoriadas
de amparo o decidir no hacerlo.  Igualmente que  “En caso de que un asunto no sea
seleccionado, se surte el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
-"inmutable y definitiva"- quedando ejecutoriada formal y
materialmente la sentencia. Frente a esta situación, en materia de tutela, la
Corte adquiere la naturaleza de "órgano de cierre". En consideración
de la Corte, la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1º C.P.) opera
una vez es decidido el caso por la sala de revisión, si el caso fue
seleccionado, o una vez precluida la oportunidad para insistir en la selección
para revisión, en caso contrario. Frente a esta cosa juzgada de naturaleza
inmutable sería errado permitir la tutela contra tutela so pena de vulnerar la
seguridad jurídica al reabrir un debate concluido.”[48].
En ese sentido  es
evidente entonces   que frente al expediente T-579.617   y a la decisión de
tutela allí adoptada  solamente a esta Corte correspondía  eventualmente
examinar la sentencia proferida por el juez Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao  -que no fue objeto de impugnación y  por tanto fue
enviada a la Corte para revisión la cual no se efectuó pues fue excluida de
selección-   y  en caso de encontrar  que con  dicha decisión se había
incurrido en  una vía de hecho  por  el desconocimiento de los derechos de
quienes no hubieran sido convocados al proceso T-579..617 -argumento que se
invocó en el proceso T-651.901  donde se profirió la sentencia que se ataca por
el actor -  solo a ella correspondía  tomar una decisión.
En ese orden de ideas, como se desprende
de  las consideraciones hechas en la Sentencia SU-1219 de 2001 y en la
jurisprudencia  que la ha  constantemente reiterado[49] no cabe duda que la Sección Primera del
Consejo de Estado  actuando como juez de tutela incurrió en una vía de hecho,
no solo al   decidir  una acción de tutela  instaurada contra un fallo  de
tutela  en clara  oposición a la jurisprudencia constitucional de Unificación
sentada en la sentencia SU-1219 de 2001  sino además  al  anular   sin
competencia para ello  la decisión de tutela adoptada  en el primer proceso
que no había sido objeto de selección por la Corte, desconociendo  así tanto la
cosa juzgada constitucional como la competencia exclusiva de la Corte en este
campo.
Vía de hecho sobre cuyo alcance y
consecuencias en este punto basta así dejar reseñada, pues  el problema previo
que debe resolverse es si  por  invocarse  en este caso  tal vía de hecho a
través de una acción de tutela  instaurada contra otra decisión de tutela -que
tampoco fue objeto de revisión[50].-, resulta o no
procedente  esta nueva acción  y ello particularmente frente a los criterios
sentados por la Corte en la sentencia  de Unificación SU-1219 de 2001  según la
cual  “no procede la acción de tutela contra  fallos  de tutela”.
Al respecto debe recordarse  que en la  referida
Sentencia  SU-1219 de  2001  se afirmó concretamente  que la única alternativa
para manifestar inconformidad con una  sentencia de tutela que se encuentra en
firme, es la intervención de la parte interesada en el proceso de selección
para revisión ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciaría
una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna
contra la efectividad de este mecanismo de protección constitucional.
Señaló la
Corporación:
“5.3 En el presente caso, la Corte debe
decidir si contra una sentencia de tutela procede una nueva acción de tutela
basada exclusivamente en el argumento de que al concederla se incurrió en una
vía de hecho porque la tutela era desde el principio improcedente. Se observa
cómo el cuestionamiento al fallo de tutela versa sobre el juicio de procedencia
de la acción como elemento constitutivo e inescindible del fallo. La única
alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda
instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervención de la
parte interesada en el proceso de selección para revisión ante la Corte
Constitucional, ya que de otra forma se propiciaría una cadena interminable de
demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de
este mecanismo de protección constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio
fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes
constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jurídica.
5.4 La tensión entre derechos fundamentales
y seguridad jurídica que justifica admitir la acción de tutela por vías de
hecho contra sentencias judiciales, se disuelve al impedir la tutela contra
fallos de tutela, ya que en este evento la protección de los derechos
fundamentales y la seguridad jurídica no entran en conflicto sino que confluyen
hacia un mismo propósito, v.gr. el goce efectivo de los derechos el cual sería
tan sólo retórico si un derecho protegido en un fallo de tutela no fuera cierto
y estable sino que fuera sometido a la eventualidad de una nueva acción de
tutela contra el fallo y a que otro juez lo ampare, así como a que contra ese
segundo fallo no sea interpuesta otra acción de tutela. De esta forma, la
acción de tutela sería desnaturalizada y se frustraría la función que la
Constitución le ha encomendado.
Este tratamiento diferencial según el tipo
de sentencia judicial – los fallos de tutela y las demás providencias - se
justifica por la especificidad del mecanismo judicial para la protección de los
derechos fundamentales. Los eventuales errores de los jueces de tutela
constitutivos de vías de hecho pueden ser corregidos en el trámite de revisión
que se surte por parte de la Corte Constitucional como órgano de cierre del
ordenamiento jurídico y garante de la seguridad jurídica. No escapa a la Corte
que el trámite de selección de las sentencias de tutela para revisión puede
incurrirse en una equivocación al excluir un fallo de tutela que constituye una
verdadera vía de hecho y con ello en una afectación de derechos o bienes
jurídicamente protegidos. Pero esta posibilidad es ocasional y excepcional. En
cambio, de admitirse que contra toda sentencia de tutela puede presentarse una
nueva tutela por vías de hecho, la afectación de los derechos fundamentales así
como del mecanismo judicial efectivo para su protección sería en la práctica
permanente y general, y, por lo tanto, desproporcionadamente mayor. En todo caso
el sistema de selección para revisión puede ser susceptible de mejoras
tendientes a minimizar la ocurrencia de errores en el estudio de la totalidad
de las decisiones de tutela remitidas a la Corte Constitucional. Es por ello
que ponderados todos estos factores la Corte arriba a la conclusión que la
respuesta que más se ajusta a la Constitución es que no procede la tutela
contra sentencias de tutela”.
Así como que al
resolver el caso concreto  señaló:
“Adicionalmente,
tampoco es atendible el segundo argumento esgrimido por el ad quem, según el
cual se viola el derecho de defensa de la entidad condenada por no poder ésta
impugnar los fundamentos de la decisión de segunda instancia. No obstante, en
el caso de las sentencias de tutela en segunda instancia, éste no es el caso,
ya que aún es posible en sede de revisión la revocatoria del fallo adverso.
Siendo el mecanismo de revisión eventual el procedimiento establecido por la
propia Constitución para el trámite de las controversias por posibles arbitrariedades
en el fallo de una tutela, la única  alternativa procesal que le quedaba a la
entidad condenada en el primer proceso de tutela era solicitar la selección de
la sentencia de tutela objeto de su inconformidad por parte de la Corte
Constitucional para su revisión.
Por último, de
todo lo dicho anteriormente se concluye que no siendo posible interponer acción
de tutela por vías de hecho contra fallos de tutela, tampoco hay lugar a
revisar el fallo de segunda instancia de fecha veintiocho (28) de septiembre de
dos mil (2000), que concediera la tutela al señor HUMBERTO FORTICH VASQUEZ
contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA, proferido en el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Cartagena.”
Los anteriores
planteamientos  llevarían en principio a considerar que en el presente caso
dado que  la sentencia   de tutela que se ataca  no fue  objeto de revisión
por la Corte   y que ese era el momento procesal indicado para que la vía de
hecho identificada fuera  puesta en evidencia  y corregida  y que la única
alternativa procesal  que resultaba pertinente era solicitar la selección de la
sentencia de tutela objeto de controversia  por parte de la Corte
Constitucional para su revisión, la acción de tutela sub examine resulta
improcedente.
En apoyo de
dicha  opción   podría afirmarse  así mismo que en tanto  la Corte en la
Sentencia  SU-1219  de 2001 afirmó que  no es posible interponer  acción de
tutela por vías de hecho  contra fallos de tutela , y que  en este caso lo que
se invoca es precisamente una vía de hecho respecto de un fallo de tutela, la
acción es por esa razón igualmente improcedente.
Podría afirmarse
también  que no puede desconocerse  que luego de la decisión de tutela que es
atacada en el presente proceso  y como consecuencia de ella se produjeron otras
decisiones de tutela que tampoco fueron objeto de revisión,  mediante las
cuales se negaron las pretensiones del actor y en este sentido no es posible ya
retrotraer  una situación que independientemente  de los errores en que se haya
podido incurrir  en el fallo atacado  produjo  ya  efectos jurídicos a favor
de  la contraparte del actor, la cual podría invocar igualmente en relación con
dichos fallos  la configuración de la cosa juzgada constitucional.
Tales
consideraciones llevarían entonces en principio a considerar  improcedente la
tutela  examinada en el presente proceso y  a  confirmar la decisión del juez
de tutela de primera instancia en aparente armonía con la sentencia de
unificación tantas veces invocada.
Empero la Corte
encuentra que  tal decisión, tendría como consecuencia  no el respeto, sino
el desconocimiento, de en el presente caso  de los criterios señalados por la
Corte en la Sentencia SU-1219 de 2001   según los cuales   i) “no
procede la acción de tutela contra fallos de tutela”; ii) El
mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de
los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela,
por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la
Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación
constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte
Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano
de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye
la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción
de tutela – bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la
Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de
tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus
interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser
conocidos y corregidos por un órgano creado por él – la Corte Constitucional –
y por un medio establecido también por él – la revisión. iii)  “la
decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión
una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y
material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por
parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión
de excluir la sentencia de tutela de la revisión se traduce en el
establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se
resguarda el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de
la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico.  “Una
vez terminados definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la
sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1
C.P.), y se torna, entonces, inmutable y definitivamente vinculante.” ;   iv)
“de aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta
perdería su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los
derechos fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan
sólo la existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las
personas puedan obtener de los jueces una decisión que resuelva las
controversias jurídicas conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera
contra fallos de tutela, siempre sería posible postergar la resolución
definitiva de la petición de amparo de los derechos fundamentales, lo cual
haría inocua ésta acción y vulneraría el derecho constitucional a acceder a la
justicia. La Corte Constitucional tiene la misión institucional de impedir que
ello ocurra porque lo que está en juego no es nada menos que la efectividad de
todos los derechos constitucionales, la cual quedaría indefinidamente
postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir
en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su
posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el
anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a
vencer.” [51]  (subraya
la Corte).
Declarar la
improcedencia en el presente caso llevaría  en efecto a que la  decisión
proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Consejo de
Estado   a pesar de contradecir evidentemente todos los criterios  citados
sentados en la sentencia SU-1219 de 2001  mantenga sus plenos efectos.
Evidentemente entonces  la única manera de
hacer respetar  el principio de que no existe tutela contra tutela, la cosa
juzgada constitucional  y la competencia exclusiva de la Corte constitucional
en materia de revisión de  las acciones de tutela  señalados  a partir de los
mandatos constitucionales en la Sentencia SU-1219 de 2001,  es mediante un
pronunciamiento de la propia Corte  en sede de revisión  para  dejar sin
efectos la decisión que los contradice y que  se encuentra en el origen de  una
cadena de decisiones  que los referidos principios  buscaban  precisamente
evitar.
Cabe precisar de
otra parte que en la  referida Sentencia  SU-1219 de  2001  se afirmó que “ante
la presentación de una nueva tutela en contra de la actuación judicial del juez
de tutela”, con evidente unidad material entre una y otra, bien puede optar
esta Corte por una solución integradora que permita definir el litigio
constitucional de una vez por todas, así, inicialmente, la Sala respectiva
hubiere considerado no seleccionar el primero de los asuntos, sin perjuicio del
deber de declarar la improcedencia absoluta de  la acción  de tutela
interpuesta contra  otra decisión de la misma naturaleza.
Señala la
Sentencia de unificación a que se hace mención:
“4.4 Es de anotar
que en sede de selección, la Corte Constitucional decidió inicialmente no
escoger el expediente de tutela T-388435 para revisión. No obstante, ante la
presentación de una nueva tutela en contra de la actuación judicial del juez de
tutela en segunda instancia, la Corte Constitucional decidió seleccionar el
proceso inicialmente excluido, dada la unidad de materia con el segundo proceso
de tutela (T-412756) escogido para revisión. Así la Corte podría analizar la
situación y las decisiones judiciales en su integridad.
Resuelto el problema jurídico sobre la
posibilidad de presentar tutela contra sentencias de tutela por vías de hecho,
se concluye que no hay lugar, por sustracción de materia, a revisar el fallo de
tutela de segunda instancia en el primer proceso de tutela (T-388435).
En conclusión, no procede la acción de tutela contra
fallos de tutela”.
En aplicación del mismo criterio sentado en
dicha providencia de unificación y con el fin de   poner fin  en este caso al
desconocimiento de la cosa juzgada constitucional y  la competencia exclusiva
de la Corte  en materia de revisión  de las acciones de tutela,   ha de
examinarse entonces  la presente acción  y procederá entonces la Corte a
revisar las decisiones proferidas por  los jueces de instancia  que bien
simplemente negaron   la procedencia de la acción pues “no existe tutela contra
sentencias” sean ellas o no de tutela  bien  señalaron que “no existe tutela
contra tutela”,  argumento que es precisamente el que invoca el actor como
sustento de su demanda junto con el desconocimiento de la cosa juzgada constitucional
y de la competencia exclusiva de la Corte en este campo.
No se vislumbra  en efecto trámite diferente a la
intervención de la Corte Constitucional  para que  se  asegure el respeto en
este caso de los criterios establecidos  a partir de la Constitución en la
Sentencia SU-1219 de 2001 y para que se  resuelva, de una vez por todas, el
conflicto suscitado entre el actor, la Nación Ministerio de Defensa Policía
Nacional y las autoridades judiciales que de una u otra manera han intervenido,
a instancias del señor Marín Díaz o de la Policía Nacional, para resolver la
cuestión generada por    la actuación del juez de tutela que sin competencia
desconoció la decisión de tutela  que con efectos de cosa juzgada
constitucional le  resolvió favorablemente su petición de protección
constitucional  de los derechos  que le fueron desconocidos mediante  la
Resolución 0078 de 1997, por medio de la cual el Director General de la Policía
Nacional llamó al  señor Marín  a calificar servicios, sin la previa valoración
de su desempeño durante más de 18 años en la institución.
5. Cosa juzgada  constitucional  de la
Sentencia  del 18 de febrero de 2002 proferida por el  Juez Primero Penal del
Circuito de Santander de Quilichao
Como quedó explicado en los antecedentes,
el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao concedió al actor
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la
igualdad, porque la Sala de Descongestión del H. Tribunal Administrativo del
Valle los vulneró, el 2 de noviembre de 2000, al negar la Nulidad de la
Resolución 0078 de 1997 y el consiguiente Restablecimiento que el señor Marín
Díaz demandaba.
Para el efecto, el Juez constitucional de
instancia resaltó que la entidad pública demandada no demostró ante el juez del
conocimiento -Sala de Descongestión del H. Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle- que la Resolución 0078 de 1997 se adoptó previo Concepto del Comité
de Evaluación de Oficiales Superiores o, en su defecto, luego de un proceso
disciplinario y concluyó que, ante tal omisión, el despacho judicial accionado
tenía que considerar que la decisión del Director General de la Policía
Nacional, de llamar al señor Marín Díaz a calificar servicios, “pasa de la
discreción a la arbitrariedad”.
El Juez Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao consideró, además, que las pruebas presentadas por el
actor -“como son su hoja de vida y las declaraciones que fueron recibidas
para hacer una evaluación justa como él lo había pedido en la correspondiente
demanda”- tenían que estimarse y, añadió, que “la decisión final (..)
vulnera ese debido proceso y ese derecho de defensa que tenia el demandante”, toda
que vez que la apreciación integral de las pruebas, como ha debido ser, no
ocurrió.
Concluyó entonces, la autoridad judicial en
cita, que “pierde su eficacia y su imperativo la sentencia número 47 de
noviembre 2 del año 2000, dictada por la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y como consecuencia debe procederse a anularla
para que se haga un estudio más serio del proceso antes de tomar la decisión
final”.
Trajo a colación, el despacho judicial en
comento, “apartes de la sentencia C-525 de 1995”, a cuyo tenor “la
discrecionalidad del gobierno (sic) y de la Dirección general (sic)
de la Policía está justificada en las razones del servicio, y requiere en el
caso del artículo 12 del Decreto 573 de 1995, del aval previo del Comité de
Evaluación de Oficiales Superiores, y en el del artículo 11 del Decreto 574 de
1995, del aval previo del Comité de Evaluación de Oficiales Subalternos”[52].
La Sala Dos de Decisión del H. Tribunal
Administrativo del Cauca, por su parte, en providencia proferida el 12 de marzo
de 2002, con el objeto de dar cumplimiento a la orden del Juez de amparo,
señaló i) que “la Resolución que ordena el retiro de MARIN DIAZ, lejos de
estar amparada por la premisa que presume su leal expedición frente al
administrado, conculca el principio de legalidad por desconocimiento o
inaplicación de las normas en que debería fundarse el acto administrativo;”
y ii) que “como no se observa en la totalidad del expediente, ni en su hoja
de vida, ninguna sanción, amonestación, anotación, evaluación ni recomendación
que permita deducir una deficiente prestación del servicio por parte del señor
ALVARO MARIN DIAZ, advierte esta Corporación; por no existir situaciones
conocidas que pudieran afectar el buen servicio de la Institución y que
hicieran comprensible la determinación administrativa tomada por el Director
General de la Policía Nacional; que en este caso se condenó un miembro de la
Institución demandada a la pérdida del cargo a través del fácil expediente del
ejercicio de la facultad discrecional de remoción, por tanto se accederá a las
súplicas de la demanda”.
Ahora bien ninguna duda cabe que la
Sentencia del 18 de febrero de 2002- proferida por el Juez Primero Penal del
Circuito de Santander de Quilichao, para resolver la Acción de Tutela
instaurada por Álvaro Marín Díaz contra la Sala de Descongestión del H.
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, no fue objeto de impugnación y
quedó en firme, con efectos de cosa juzgada constitucional habida cuenta que
esta Corte la excluyó de revisión, mediante providencia del 25 de abril de
2002, adoptada por la Sala Número Cuatro de Selección de Tutelas.
6. Vía de hecho  de  la Sentencia de tutela
proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado el 11 de julio de 2002
Indican los antecedentes, que la Nación
Ministerio de Defensa Policía Nacional promovió acción de tutela en contra de
la Sala Dos de Decisión del H. Tribunal Administrativo del Cauca, en razón de
la Sentencia de 12 de marzo de 2002, proferida en acatamiento de la Sentencia
del 18 de febrero del mismo año, varias veces referida.
Cabe precisar que la entidad pública no
demandó al Juez Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, en cuanto
no controvertía la Sentencia de 18 de febrero de 2002, es decir que la Nación
no instauraba una acción de tutela contra un fallo de igual naturaleza.
Sin embargo el H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca, en Sala de conjueces, resolvió i) vincular a la litis
al Juez Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, con el fin de
resolver sobre la providencia del 18 de febrero del mismo año y ii) rechazar la
acción por improcedente, en consideración a que la acción de tutela no procede
contra fallos de la misma naturaleza.
La Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por su parte, revocó la
decisión para, en su lugar, conceder el amparo por vulneración del derecho de
defensa de la entidad actora, mediante providencia del 11 de julio de 2002,
excluida de revisión el 11 de octubre del mismo año, por decisión de la Sala de
Selección Número Diez de esta Corporación –T-651.901-.
Sostuvo la citada Sección que “al no
haber sido notificada dentro del trámite de tutela a que se ha hecho alusión,
como lo aceptó el mismo Juez Primero Penal del Circuito de Santander de
Quilichao en su escrito de contestación a la presente acción (…) la Policía
Nacional no tuvo posibilidad alguna de defenderse ni de oponerse a la
declaratoria de nulidad de la sentencia núm. 047 del 2 de noviembre de 2000,
que había sido favorable a sus intereses, ni menos de impugnar el fallo de 18
de febrero del 2002 que la anuló y ordenó dictar sentencia sustitutiva. Tampoco
pudo dicha entidad interponer recurso alguno contra este último proveído, de 12
de marzo del 2002, cuya declaratoria de nulidad se pidió en este proceso, por
tratarse de una decisión de única instancia no susceptible de medio ordinario
de impugnación alguno”.
Pasó por alto la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 11 de julio de 2002,
en la providencia que se trae a colación i) que para entonces ya lo resuelto
por el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao era definitivo
e inmodificable - abril 25 de 2002- y ii) que, por consiguiente, la Sala Dos de
Decisión del H. Tribunal Administrativo del Cauca tenía que proceder como lo
hizo, al resolver la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovida
por el señor Alvaro Marín Díaz contra la Nación Ministerio de Defensa Policía
Nacional.
Lo último (i) como quiera que es a esta
Corte a quien le ha sido confiada la facultad de revisar las decisiones
judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales
–artículo 241 C.P.- y la Sala Cuatro de Selección resolvió no seleccionar el
asunto, imprimiéndole fijeza, tal como lo indica la jurisprudencia
constitucional; y ii) en razón de que la autoridad judicial que tiene que
cumplir la orden de amparo -Sala Dos de Decisión del H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca por extinción de la Sala de Descongestión accionada-
fue vinculada al proceso adelantado por el Juez Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao y ejerció sin restricciones su derecho de defensa.
Cabe precisar  que en caso de poderse
alegar  que con  la decisión del  18 de febrero de 2002- proferida por el Juez
Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao se había incurrido en  una
vía de hecho  por  el desconocimiento de los derechos de quienes no hubieran
sido convocados al proceso T-579.617 –argumento que se invocó en el proceso
T-651.901  donde se profirió la sentencia que se ataca por el actor-  solo a la
Corte Constitucional  correspondía  dentro del expediente T-579.617 tomar la
decisión de anular  la actuación  o de proceder a sanear  en ese proceso la
nulidad eventualmente configurada  previa la convocatoria de las partes
interesadas- como paso previo a la toma de la decisión correspondiente.
En ese orden de ideas como se desprende
de  las consideraciones hechas en la Sentencia SU-1219 de 2001 y en la
jurisprudencia  que la ha reiterado[53] no cabe duda que la Sección Primera del
Consejo de Estado  actuando como juez de tutela incurrió en una vía de hecho,
no solo al   decidir  una acción de tutela  instaurada contra un fallo  de
tutela  en clara  oposición a la jurisprudencia constitucional de Unificación
sentada en la sentencia SU-1219 de 2001  sino además  al  anular   sin
competencia para ello  la decisión de tutela adoptada  en el primer proceso
que no había sido objeto de selección por la Corte, desconociendo  así tanto la
cosa juzgada constitucional como la competencia exclusiva de la Corte en este
campo.
Siendo así esta Corte revocará la Sentencia
de 11 de julio de 2002 y hará claridad sobre la vigencia del fallo de febrero
del mismo año, en sede de tutela, excluido de revisión por la Sala Cuarta de
Revisión, mediante auto del 25 de abril del mismo año; dejando por consiguiente
en claro que la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional está en el deber
de acatar la decisión del Juez Primero Penal del Circuito de Santander de
Quilichao y procurar el cumplimiento de la Sentencia del 12 de marzo de 2002,
adoptada por la Sala Dos de Decisión del H. Tribunal Administrativo del Cauca.
Quedan en consecuencia sin efecto las órdenes de
anulación de las Sentencias de 18 de febrero y 12 de marzo de 2002 -ya
referidas- proferidas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, el 11 de julio de 2002,
independientemente de que  la providencia hubiere sido excluida de selección
–T-651.901-, en cuanto dichas órdenes pretenden dejar sin efecto una cosa
juzgada constitucional previa, inmutable y definitiva –T-579.617- y con claro
desconocimiento de las competencias  exclusivas y excluyentes de esta
Corporación.
Lo mismo se predica de las actuaciones judiciales, en
sede de tutela, a que dio origen la decisión del 11 de julio de 2002. En efecto
recuérdese que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado asumió el conocimiento de la Acción de Tutela promovida
por el señor Álvaro Marín Díaz contra la Sala de Descongestión del H. Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle, la cual, para entonces –como se conoce-,
ya era un asunto definitivo y con efectos de cosa juzgada constitucional
–T-579.617-.
De manera que las providencias del 24 de octubre de
2002 y de 16 de enero de 2003, adoptadas en el ámbito de la actuación adelantada
por dicha Sección, en acatamiento de la Sentencia de 11 de julio de 2002
adoptada por la Sección Primera de la misma Sala y Corporación -en ejercicio de
la competencia conferida por el Decreto 1382 de 2000[54]-,
ningún efecto pueden producir, sin perjuicio de haber sido sometidas
–T-714.277-, a consideración de la Sala Tres de Selección, el 26 de marzo de
2003.
Lo mismo acontece con las providencias adoptadas por
las Secciones Primera y Segunda Subsección B de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, el 20 de marzo y el 29 de mayo de 2003,
dentro de la Acción de Tutela instaurada por Álvaro Marín Díaz contra las
Secciones Cuarta y Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
–T-764.081-, excluidas de revisión por la Sala Siete, mediante providencia del
30 de julio de 2003.
Queda establecido, entonces, que la cosa juzgada
constitucional que acompaña a la orden de amparo impartida el 18 de febrero de
2002, por el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao y
ejecutada por la Sala Dos de Decisión del H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca, dentro de sus competencias, debe acatarse y que, para
el efecto, el señor Álvaro Marín Díaz podía, como aconteció, recurrir ante el
Juez constitucional para demandar su cumplimiento.
Al respecto es claro por lo demás  que la decisión de
no seleccionar el expediente respectivo adoptada por la Corte  comporta para la
misma la posibilidad de hacer cumplir el fallo respecto del cual se configura
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
De modo que la acción que se revisa será concedida, lo
que implica declarar la vigencia permanente y actual, desde su adopción y hasta
que se ejecuten real y efectivamente  las providencias del 18 de febrero de
2002 –que amparó los derechos del actor-  y 12 de marzo de 2002 -que  se dictó
para su acatamiento-.
III.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada mediante
auto del cuatro (4) de agosto de dos mil cuatro (2004).
Segundo.- REVOCAR las sentencias proferidas por las Secciones Segunda
Subsección B y Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, el 22 de julio de 2005 y el 9 de febrero de 2006, dentro de la Acción
de Tutela instaurada por Álvaro Marín Díaz contra la Sección Primera de la
misma Sala y Corporación.
Tercero.- CONCEDER al actor el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la justicia.
En consecuencia:
i) se declaran  vigentes y de obligatorio cumplimiento
la Sentencia adoptada el 18 de febrero de 2002 por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Santander de Quilichao, dentro de la Acción de Tutela de Álvaro
Marín Díaz contra la Sala de Descongestión del H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle y  el fallo proferido el 12 de marzo del mismo año,
por la Sala Dos de Decisión del H. Tribunal Contencioso Administrativo del
Cauca, en acatamiento de la anterior decisión.
El Juez Primero Penal del Circuito de Santander de
Quilichao, en ejercicio de su competencia, velará por el restablecimiento real
y efectivo de los derechos fundamentales del actor,  y
ii)  se deja sin efectos el fallo adoptado por la
Sección Primera de la Sala de lo Contenciosos del Consejo de  Estado, el 11 de
julio de 2002, dentro de la Acción de Tutela de la Nación Ministerio de Defensa
Policía Nacional contra la Sala Dos de Decisión del H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca, así como las actuaciones judiciales, en sede de
tutela, a que dio origen la  referida decisión del 11 de julio de 2002,
respecto de la cual la Corte ha  identificado la configuración de una vía de
hecho.
Cuarto.  Remítase i) al H. Tribunal Administrativo del Cauca el expediente
contentivo de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por
Alvaro Marín Díaz contra la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional
-970603004-; y ii) al Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander de
Quilichao los dos cuadernos contentivos de la Acción de Tutela instaurada por
Álvaro Marín Díaz contra la Sala de Descongestión del H. Tribunal
Administrativo del Valle –T-579.617 y T-714.277-.
Quinto.- LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] H. Tribunal
Administrativo del Cauca, expediente 970603004 Álvaro Marín Díaz contra la
Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, M.P. Hilda Calvache Rojas.
[2] Sentencia 047 de noviembre 2 de 2000, M.P. Javier Martínez Rey.
[3] Mediante sentencia
C-525 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, esta Corporación declaró exequibles
los artículos 12 y 11 de los Decretos 573 y 574 de 1995 –proferidos por el
Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias conferidas
por los artículos  4° y 7° de la Ley 180 de 1995 respectivamente, fundada en
que “la discrecionalidad del Gobierno y de la Dirección
general de la Policía está justificada en las razones del servicio, y requiere
en el caso del artículo 12 del Decreto 573 de 1995, del aval previo del Comité
de Evaluación de Oficiales Superiores, y en el del artículo 11 del Decreto 574
de 1995, del aval previo del Comité de Evaluación de Oficiales Subalternos”.
[4] Sentencia de 18 de febrero de 2002, proferida por el Juez Primero
Civil del Circuito de Santander de Quilichao, para resolver la Acción de Tutela
de Alvaro Marín contra la Sala de Descongestión del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle.
[5] Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, expediente 2002043700,
Acción de Tutela de la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional contra la
Sala Dos de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca M.P.
Hernán Andrade Rincón.
[6]  Mediante providencia del 11 de octubre de 2002, la Sala de
Selección Número Diez excluyó el expediente T-651.901, relativo a la acción de
tutela instaurada por la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional contra
la Sala de Decisión Número Dos del Tribunal Contencioso Administrativo del
Cauca.
[7] Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 1100103150002002087001,
C.P. Ligia López Díaz.
[8] Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado
1100103150002002000870-02, C.P. Darío Quiñones Pinilla.
[9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Primera, 20 de marzo de 2003, expediente 1100103150002003 00193-01 C.P. Olga
Inés Navarrete Barrero.
[10] Consejo de Estado , Sección Segunda Subsección B, mayo 29 de 2003,
expediente 11001-03-15-000-2003-00193-02 C. P. Tarcisio Cáceres Toro.
[11] El señor Álvaro Marín Díaz, en ejercicio del derecho de petición,
el 25 de septiembre de 2003, solicitó a esta Corporación informe sobre la razón
por la que no fue atendida la insistencia presentada por la Defensoría del
Pueblo, respecto de la selección del expediente T-764.081; petición contestada
el mismo día mediante escrito PS-2414-2003, suscrito por la Jefe de
Comunicaciones de esta Corporación.
[12] La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, mediante providencia del 8 de octubre de 2003, con ponencia del
Magistrado Rubén Darío Heno Orozco, resolvió abstenerse de conocer de la acción
instaurada por el señor Álvaro Marín Díaz contra la Sección Primera del Consejo
de Estado y el Director General de la Policía Nacional y dispuso remitir las
diligencias al Consejo de Estado “por ser la Corporación competente para
ello, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 2° del
artículo 1° del Decreto 1382 de 2000” Los Magistrados Jorge Alonso Flechas
Díaz, Fernando Coral Villota y Temístocles Ortega Narváez  se apartaron de la
decisión –radicación 2003343401395-.
[13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, expediente 11001-03-15-000-2003-01362-02, C.P. Tarcisio
Cáceres  Toro. La Sección Segunda Subsección A de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado mediante providencia del 11 de diciembre
de 2003, anulada el 11 de abril de 2005, también denegaba la acción de tutela
promovida por Álvaro Marín Díaz contra la Sección Primera de la misma Sala y
Corporación, porque la acción de tutela contra sentencias “puede quebrantar
en materia grave principios como el de la cosa juzgada, el de la firmeza de las
providencias judiciales y, en general, el de la seguridad jurídica” -Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, expediente 11001-03-15-000-2003-01362-01, C.P. Alberto Arango Pinilla-.
[14] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, expediente 11001-03-15-000-2003-0136202-03 C.P. Héctor José Romero
Díaz.
La misma Sección
y Sala del Consejo de Estado, mediante providencia del 25 de marzo de 2004,
anulada el 21 de abril de 2005 también confirmaba la decisión fundada en que de
ser procedente accionar en tutela contra providencias judiciales “serían
interminables las acciones propuestas, creando inseguridad jurídica y a su vez,
un desgaste al poner a funcionar el aparato judicial”. La Consejera Ana
Margarita Olaya Forero se apartó de la decisión mayoritaria, puesto que “si
los derechos que se reclaman son primigenios de los asociados , resulta una
obligación imperativa para el juez examinarlos y, si a ello da lugar,
ampararlos, independientemente de consideraciones tales como la del respeto a
principios importantes como la cosa juzgada y la independencia de los jueces”
-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
expediente 11001-03-15-000-2003-0136202, C.P. Germán Ayala Mantilla.
[15] Decisiones proferidas como se he visto luego de la anulación de
todo lo actuado inicialmente  dentro del proceso  en atención los autos del  19
de enero de 2005 proferido por esta Sala  de Revisión y del  21 de abril de
2005  proferido por   la Subsección B. Sección Segunda  del H. Consejo de
Estado.
[16] Cabe precisar que  el expediente  T-621.901  del que
hace parte la  referida  decisión   de segunda instancia de la   Sección
Primera  de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que
se ataca, no fue seleccionado para revisión por la Corte  según consta en el
auto  de la  Sala décima  de Selección  del 11 de octubre de 2002.
[17] Ver, entre otras,  la sentencia C-739 de 2001 M.P.
Alvaro Tafur Galvis.
[18] M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[19] Sobre el particular la sentencia citada
señaló que “(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al
juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a
su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos
judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta
figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las
cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando
la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En
hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia.”
[20] Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta
oportunidad esta Corte declaró inexequible la expresión  “ni acción”,
contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, como quiera que “la
acción de tutela procede contra decisiones judiciales en los casos en que esta
Corporación ha establecido y con cumplimiento de los presupuestos generales y
específicos ya indicados”.
[21] Al respecto Cfr entre otros, los autos
220A/02, 149A/03, 010/04 y la sentencia SU-1158/03.
[22] En este aparte se hace referencia a la
propuesta sustitutiva presentada por los honorables constituyentes Hernando
Yepes Arcila, Rodrigo Llorente Martínez, Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina
Hernández y María Teresa Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional No. 142 p.182 en
la cual se propone restringir el ámbito de aplicación de la tutela y los
debates consecuentes hasta la votación definitiva del texto del hoy artículo 86
de la Constitución. Dicha propuesta fue votada y negada por la Asamblea.
[23] Ver entre muchas otras las sentencia T-336 de 2004  M.P. Dra Clara Inés Vargas Hernández,
SU-189 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil  y SU-901/05   M.P. Jaime Córdoba Triviño
[24] Sobre el tema se pueden consultar, entre
otras, las siguientes Sentencias:  T-327 de 1994, SU-014 de 2001, T-1001
de 2001, T-852 de 2002, T- 088, T-639 y  T-996  de 2003, T-336 de 2004 y  T-701
de 2004. Así como la sentencia SU-120 de 2003  M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[25] Tiene establecido la Corte que el defecto orgánico se configura en
los eventos en que la decisión cuestionada ha sido proferida por un operador
jurídico que carecía de competencia para ello, esto es, cuando el funcionario
es claramente incompetente para dictar la providencia.
[26] En cuanto al defecto
sustantivo o material, éste se presenta cuando la decisión judicial se sustenta
en una disposición claramente inaplicable al caso concreto, situación que tiene
lugar en los siguientes casos: 1) tratándose de la aplicación de una norma
inexistente, 2) que haya sido derogada o declarada inexequible, 3) que estando
vigente su aplicación resulta inconstitucional frente al caso concreto, o 4)
que estando vigente y siendo constitucional, la misma es incompatible con la
materia objeto de definición judicial. Dentro del defecto sustantivo pueden
enmarcarse también aquellas providencias que desconocen el precedente judicial,
en especial el que es fijado por la Corte Constitucional respecto de la materia
debatida o con efectos erga omnes.
[27] El defecto fáctico se
entiende estructurado siempre que existan fallas estructurales en la decisión
que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. En ese orden,
tales deficiencias pueden generarse como consecuencia de una omisión judicial,
como puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso
debatido -insuficiencia probatoria-, o por vía de una acción positiva, como
puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso
-interpretación errónea- o la valoración de pruebas que son nulas de pleno
derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto  -ineptitud e
ilegalidad de la prueba-.
[28] Sobre  los defectos
procedimentales, ha dicho este Tribunal que los mismos tienen ocurrencia cuando
la autoridad judicial se aparta abiertamente y sin justificación válida de la
normatividad procesal aplicable al caso concreto. En estos casos, para que
exista un desconocimiento del procedimiento previsto en la ley, la
jurisprudencia ha señalado que éste debe cumplir dos requisitos: 1) que
obedezca a un error manifiesto que contraríe el debido proceso y se proyecte
sobre la decisión final y 2) que en ningún caso el mismo resulte atribuible al
afectado.
[29] En relación con el defecto
o vía de hecho por consecuencia, ha dicho la Corte que ésta tiene lugar en los
casos en los que la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones
jurídicas realizadas por una autoridad diferente a quien la dicta, y cuyo
manejo irregular afecta de manera grave e injusta derechos o garantías
fundamentales. En estos eventos, sucede que, aun cuando la decisión es adoptada
con pleno acatamiento de la ley aplicable, se genera una vía de hecho como
consecuencia de la negligencia de otros funcionarios públicos, que obligadas a
colaborar con la administración de justicia, actúan en forma negligente
induciendo en error al funcionario judicial competente y afectando en forma
grave los derechos y garantías constitucionales de quienes intervienen en la
actuación judicial. En la Sentencia T-705 de 2002, la Corte precisó que la vía
de hecho por consecuencia se configura siempre y cuando la decisión judicial “se
base en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación
los órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y (ii) que
tenga como conse­cuencia un perjuicio iusfundamental”.
[30] Consultar, entre otras las
sentencia SU-1219/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V: Clara Inés Vargas
Hernández     SU-1219/01, T-021/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-192/02
M.P. Eduardo Montealegre Lynett., T-217/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-354/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-432/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-623/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-200/03.
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1028/03  y T-1164/03, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra,, T-502/03 M.P. Jaime Araujo
Rentería,. T-582/04, T-536/04 y T-368/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-944/05 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-059/06 M.P. Álvaro Tafur GAlvis
[31] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V: Clara Inés Vargas Hernández.
En esta oportunidad la Sala Plena de esta Corporación revocó la sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, que
revocaba la sentencia de amparo proferida por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Cartagena para disponer sobre la liquidación conforme a derecho de
los salarios y prestaciones de un trabajador, en razón de que a la luz del
artículo 86 de la Carta Política y en atención a los dictados del Decreto 2591
de 1991 no resulta “posible interponer acción de tutela por vías de hecho
contra fallos de tutela”.
[32] Ver Sentencia T-059/06 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[33] Corte Constitucional C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[34] Corte Constitucional: Sentencias C-543 de 1992, M.P. José Gregorio
Hernández; T-079 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-055 de 1994, M.P.,
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-538 de 1994, M.P., Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-518 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo; T-401 de 1996, M.P. Dr. Vladimiro
Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; Corte Suprema de
Justicia: Sala de Casación Civil, Sentencia del veintitrés (23) de febrero de
1995; Consejo de Estado: Sentencia del 10 de octubre de 1996, Expediente No
AC-3944,C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.
[35] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[36] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[37]
Corte Constitucional, Sentencia T-221 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara: “La interpretación constitucional fijada por la Corte determina el
contenido y alcance de los preceptos de la Carta y hace parte, a su vez, del
"imperio de la ley" a que están sujetos los jueces.”
[38] Corte Constitucional, Sentencia T-068 de 2000, M.P. José Gregorio
Hernández.
[39] La Corte Constitucional incluso ha admitido
que los fallos de tutela proferidos por sus salas de revisión son
excepcionalmente anulables precisamente cuando éstos se apartan de la doctrina
que en sede de unificación ha sentado la Sala Plena de la Corporación. Esto se
debe a que el art. 34 del Decreto 2591 de 1991 establece claramente que los
cambios de jurisprudencia deben ser adoptados por la Sala Plena a quien corresponde
la función de unificar jurisprudencia. La seguridad jurídica, la consistencia
que debe guiar el ejercicio de la función jurisdiccional, el sometimiento de
los jueces a la Constitución y la efectividad del derecho a la igualdad así lo
exigen.
[40] Art. 86 C.P., y arts. 32 y 33 del Decreto
2591de 1991. Además, sentencia C-1716 de 2000, MP Carlos Gaviria Díaz.
[41] SU-1219 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[42] Así lo hacen diariamente muchas personas, cuyos memoriales son
estudiados al momento de analizar el expediente antes de elaborar el informe
que la Unidad de Tutela le presenta a los magistrados para que estos
seleccionen los fallos que habrán de ser revisados.
[43] Ver Sentencia C-059/06 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[44] Reglamento
Interno de la Corte Constitucional, Artículo 49. Sala
de Selección de Tutelas. (…) Según el artículo 33 del decreto 2591 de 1991,
es facultad de la Sala de Selección escoger de forma discrecional las
sentencias de tutela que serán objeto de revisión. En tal virtud, las
peticiones que se reciban de personas interesadas en que se revise un fallo de
tutela, serán respondidas por el secretario general de la Corporación, de
conformidad con lo ordenado por la Sala de Selección (Acuerdo 01 de 1997).
De la misma manera, se
procederá en caso de petición de insistencia de los particulares en la revisión
de un fallo excluido de revisión, la cual es facultativa del Defensor del
Pueblo o de un magistrado de la Corte Constitucional, en los términos del
citado artículo 33 del decreto 2591 de 1991 (Acuerdo 01 de 1997).
Artículo 51.
Insistencia. Además de los treinta días de que dispone la Sala de
Selección y en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 2591 de
1991, cualquier Magistrado titular o el Defensor del Pueblo, podrá insistir en
la selección de una o más tutelas para su revisión, dentro de los quince días
calendario siguientes a:
1. La comunicación de
la Secretaría General de la Corte al despacho del Magistrado sobre la decisión
negativa de la Sala de Selección.
2. El recibo de dicha
información por parte del Defensor del Pueblo.
(Acuerdo 04 de 1992)
Mediante sentencia del
Consejo de Estado del 28 de julio de 1995 (C.P.: Dr. Yesid Rojas Serrano), se
resolvió no acceder a la petición de nulidad de este artículo.
Artículo 52. Trámite
de la insistencia. Recibida la solicitud, la Sala de Selección
de turno entrará a reexaminar en los términos y por las causales previstas en
el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, la tutela objeto de insistencia. Si
encuentra procedente la selección, así lo hará y dispondrá su reparto. Si la
decisión fuere negativa, se informará de ello al solicitante dentro de los tres
días siguientes. Contra las decisiones de selección no procederá recurso alguno
(Acuerdo 04 de 1992).
Mediante sentencia del
Consejo de Estado del 28 de julio de 1995 (C.P.: Dr. Yesid Rojas Serrano), se
resolvió no acceder a la petición de nulidad de este artículo.
[45] Ver entre otras la Sentencia T-870/05 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[46] Cabe precisar que  el expediente  T-621.901  del que
hace parte la  referida  decisión   de segunda instancia de la   Sección
Primera  de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que
se ataca, no fue seleccionado para revisión por la Corte  según consta en el
auto  de la  Sala Décima  de Selección  del 11 de octubre de 2002.
[47] Efectivamente, los
antecedentes indican i) que mediante providencia del 18 de febrero de 2002 el
Juez Primero Penal del Circuito referido  actuando como juez de tutela declaró
nulo el fallo que resolvía el proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho, promovido por Alvaro Marín Díaz contra la Nación Ministerio de Defensa
Policía Nacional y, en su lugar, ordenó al Tribunal accionado resolver el
litigio nuevamente, esta vez “con el suficiente estudio buscando la mayor
equidad”; ii) que el 25 de abril del mismo año, el asunto no fue
seleccionado por esta Corte para revisión –T-579.615-; y ii) que, el 11 de
julio siguiente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en el ámbito de la Acción de Tutela T-651.901, resolvió
anular la providencia del 18 de febrero, varias veces referida, al igual que la
emitida para acatarla, por la Sala Dos de Decisión del H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca, el 12 de marzo de 2002. decisión que a su vez no fue
seleccionada para revisión. Como tampoco lo fueron las decisiones que  se
profirieron subsiguintemente dentro de los expedientes    T-714277  donde  en
cumplimiento del fallo   las secciones  Cuarta y Quinta  en primera y segunda
instancia respectivamente negaron la acción de tutela interpuesta por el señor
Alvaro Marín Díaz   en contra de la Sala de Descongestión  del H. Tribunal
Administrativo del Valle y la Dirección General de la Policía   y T-764.081  donde
las secciones Primera y Segunda subsección B   del Consejo de Estado en primera
y segunda instancia respectivamente negaron la acción de tutela interpuesta
por el señor Marín Diaz en contra de las decisiones de tutela  proferidas por
las Secciones Cuarta y Quinta de la misma Corporación.
[48] Sentencia T – 1164 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[49] Consultar, entre otras las
sentencia SU-1219/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V: Clara Inés Vargas
Hernández , T-021/02 M.P. Álvaro Tafur
Galvis, T-192/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett., T-217/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-354/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-432/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-623/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-200/03.
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1028/03  y T-1164/03, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra,, T-502/03 M.P. Jaime Araujo
Rentería,. T-536/04, T-582/04 y T-368/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-944/05 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-059/06 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[50] Se reitera en efecto  que  el expediente  T-621.901
del que hace parte la  referida  decisión   de segunda instancia de la
Sección Primera  de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado que se ataca, no fue seleccionado para revisión por la Corte  según
consta en el auto  de la  Sala Décima  de Selección  del 11 de octubre de 2002.
[51] SU-1219 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Clara Inés
Vargas Hernández.
[52] Sentencia C-525
de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta oportunidad la Corte desatendió
los cargos formulados contra los artículos 12 y 11 de los Decretos 573 y 574 de
1995. A juicio del ciudadano demandante, la facultad discrecional conferida al
Director de la Policía Nacional para disponer, por razones del servicio, el
retiro definitivo de la institución de oficiales y suboficiales, vulnera los
artículos 6o., 29, 25, 53 y 125 superior i) como quiera que afecta la honra, el
honor, la dignidad y el buen nombre del personal que es retirado; ii) autoriza
la extralimitación de funciones; iii) viola el principio de la igualdad; iv) desconoce
la presunción de inocencia y el derecho a la estabilidad laboral e v) infringe
las disposiciones constitucionales sobre empleos de carrera –nota 3-.
[53] Consultar, entre otras las
sentencia SU-1219/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V: Clara Inés Vargas
Hernández , T-021/02 M.P. Álvaro Tafur
Galvis, T-192/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett., T-217/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-354/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-432/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-623/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-200/03.
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1028/03  y T-1164/03, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra,, T-502/03 M.P. Jaime Araujo
Rentería,. T-536/04, T-582/04 y T-368/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-944/05 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-059/06 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[54] Decretos 1382 de 2000 “por el cual se establecen reglas para el
reparto de la acción de tutela” y 404 2001 “por el cual se suspende la
vigencia del Decreto 1382 de 2000 (…) por un año (...) en espera de que el
Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”.
Al respecto consultar auto A-011 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.