C-593-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-593/14
PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES EN CODIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO-Respeto
de garantías propias del debido proceso
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de un mínimo de argumentación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes
PRINCIPIO PRO ACTIONE-Aplicación
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Examen no puede convertirse en un método de apreciación tan
estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES-Concepto
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO-Procedimiento para sanciones
disciplinarias
TRABAJO-Protección constitucional/TRABAJO-Concepto
La protección constitucional del trabajo,
que involucra el ejercicio de la actividad productiva tanto del empresario como
la del trabajador o del servidor público, no está circunscrita exclusivamente
al derecho a acceder a un empleo sino que, por el contrario, es más amplia e
incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en condiciones
dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mínimos que rigen las
relaciones laborales y a obtener la contraprestación acorde con la cantidad y
calidad de la labor desempeñada. Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como
uno de los objetivos de la expedición de la Constitución de 1991, el asegurar a
las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz. Es decir, el trabajo es un principio fundante
del Estado Social de Derecho. Es por ello que desde las primeras decisiones de
la Corte Constitucional se ha considerado que “Cuando el Constituyente de 1991
decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del
trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la
materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la
construcción de la nueva legalidad”. Lo anterior implica entonces que dentro de
la nueva concepción del Estado como Social de Derecho, debe entenderse la
consagración constitucional del trabajo no sólo como factor básico de la
organización social sino como principio axiológico de la Carta. El artículo 25
de la Constitución Política dispone que “El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección
del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas.” También varias de sus disposiciones de la
Constitución reflejan una protección reforzada al trabajo. Así el
artículo 26 regula, entre otros temas, la libertad de escogencia de la
profesión u oficio productivo; el artículo 39 autoriza expresamente a los
trabajadores y a los empleadores a constituir sindicatos y asociaciones para
defender sus intereses; el artículo 40, numeral 7º establece como un derecho
ciudadano el de acceder a los cargos públicos; los artículos 48 y 49 de la
Carta establecen los derechos a la seguridad social en pensiones y en salud,
entre otros, de los trabajadores dependientes e independientes; el artículo 53
regula los principios mínimos fundamentales de la relación laboral; el artículo
54 establece la obligación del Estado de propiciar la ubicación laboral a las
personas en edad de trabajar y de garantizar a las personas discapacitadas el
derecho al trabajo acorde con sus condiciones de salud; los artículos 55 y 56
consagran los derechos a la negociación colectiva y a la huelga; el artículo 60
otorga el derecho a los trabajadores de acceso privilegiado a la propiedad
accionaria; el artículo 64 regula el deber del Estado de promover el acceso
progresivo a la propiedad de la tierra y la efectividad de varios derechos de
los campesinos y los trabajadores agrarios; el artículo 77 que garantiza la
estabilidad y los derechos de los trabajadores del sector de la televisión
pública; los artículos 122 a 125 señalan
derechos y deberes de los trabajadores al servicio del Estado; el artículo 215
impone como límite a los poderes gubernamentales previstos en los “estados de
excepción”, los derechos de los trabajadores, pues establece que “el Gobierno
no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los
decretos contemplados en este artículo”; el artículo 334 superior establece
como uno de los fines de la intervención del Estado en la economía, el de “dar
pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en
particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y
servicios básicos” y el artículo 336 de la Constitución también señala como
restricción al legislador en caso de consagración de monopolios, el respeto por
los derechos adquiridos de los trabajadores.
DERECHO AL TRABAJO-Triple dimensión
La jurisprudencia constitucional ha considerado que la
naturaleza jurídica del trabajo cuenta con una triple dimensión. En palabras de
la Corporación la “lectura del preámbulo y del artículo 1º superior muestra que
el trabajo es valor fundante del Estado Social de Derecho, porque es concebido
como una directriz que debe orientar tanto las políticas públicas de pleno
empleo como las medidas legislativas para impulsar las condiciones dignas y
justas en el ejercicio de la profesión u oficio. En segundo lugar, el trabajo
es un principio rector del ordenamiento jurídico que informa la estructura Social
de nuestro Estado y que, al mismo tiempo, limita la libertad de configuración
normativa del legislador porque impone un conjunto de reglas mínimas laborales
que deben ser respetadas por la ley en todas las circunstancias (artículo 53
superior). Y, en tercer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de
la Carta, el trabajo es un derecho y un deber social que goza, de una parte, de
un núcleo de protección subjetiva e inmediata que le otorga carácter de
fundamental y, de otra, de contenidos de desarrollo progresivo como derecho
económico y social.”
DERECHO AL TRABAJO-Protección en todas sus modalidades
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA LABORAL-Alcance
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA LABORAL-Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA LABORAL-Creación de figuras que flexibilizan el clásico
contrato laboral y nuevas modalidades de contratación para fines productivos
PROCESOS DE TERCERIZACION-Jurisprudencia constitucional/INTERMEDIACION
LABORAL-Jurisprudencia constitucional
FENOMENOS DE
FLEXIBILIZACION LABORAL-Jurisprudencia constitucional
DEBIDO PROCESO-Contenido
POTESTAD SANCIONADORA DE
LA ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SE ADELANTA PARA
EJERCERLA-Garantías
constitucionales
Ha señalado la jurisprudencia que los principios de la
presunción de inocencia, el de in dubio pro reo, los derechos de contradicción
y  de controversia de las pruebas, el principio de imparcialidad, el principio nulla
poena sine lege, la prohibición contenida en  la fórmula non bis in ídem y el
principio de la cosa juzgada, entre otros, deben considerarse como garantías
constitucionales que presiden la potestad sancionadora de la administración y
el procedimiento administrativo que se adelanta para ejercerla.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Concepto/DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Alcance
En lo que tiene que ver con el debido proceso
administrativo, la jurisprudencia específicamente ha considerado que: “El
derecho al debido proceso administrativo se traduce en la garantía que
comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal
manera que el compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del
Estado a sus ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el
ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es entonces la garantía
consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que
pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como
establecer prerrogativas (Sentencia T-1263 de 2001). Si bien la preservación de
los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la
actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se
surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación
que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los
asociados” (Sentencia T-772 de 2003). De la aplicación del principio del debido
proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las
actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a
ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos
administrativos y, en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su
beneficio.
DEBIDO PROCESO EN MATERIA DISCIPLINARIA-Elementos constitutivos
Como elementos constitutivos de la garantía del debido
proceso en materia disciplinaria, se han señalado, entre otros, “(i) el
principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el
principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho
de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble
instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad,
(vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y
(ix) la prohibición de la reformatio in pejus.”
GARANTIAS JUDICIALES MINIMAS EN RELACION
CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS-Jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
DEBIDO
PROCESO DISCIPLINARIO POR ENTIDAD PARTICULAR-Alcance
La jurisprudencia ha señalado que el hecho que el artículo 29 de la Constitución disponga
que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas implica que “en todos los campos donde se haga uso de la
facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un sujeto para
imponer sanciones o castigos, deben ser observados los requisitos o
formalidades mínimas que integran el debido proceso”. En virtud de lo anterior,
ha determinado que este mandato “no sólo involucra u obliga a las autoridades
públicas, en el sentido amplio de este término, sino a los particulares que se
arrogan esta facultad, como una forma de mantener un principio de orden al
interior de sus organizaciones (v. gr. establecimientos educativos,
empleadores, asociaciones con o sin ánimo de lucro, e.t.c.)”. Agregó la
Corporación, en relación con la sujeción al debido proceso en los
procedimientos en que los particulares tienen la posibilidad de aplicar
sanciones o juzgar la conducta de terceros, lo siguiente “no podría entenderse cómo semejante
garantía, reconocida al ser humano frente a quien juzga o evalúa su conducta,
pudiera ser exigible únicamente al Estado. También los particulares, cuando se
hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos, están obligados por la
Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho
fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los
fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados”. En otras ocasiones, esta Corte ha llegado
a la misma conclusión apoyada en el argumento de que “la garantía del debido proceso ha sido
establecida en favor de la persona, de toda persona, cuya dignidad exige que,
si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento
jurídico, tiene derecho a que su juicio se adelante según reglas
predeterminadas, por el tribunal o autoridad competente y con todas las
posibilidades de defensa y de contradicción, habiendo sido oído el acusado y
examinadas y evaluadas las pruebas que obran en su contra y también las que
constan en su favor”.
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Implica materialización del derecho a la
defensa
En aras de garantizar y hacer efectivo las garantías
consagradas en la Constitución Política, la jurisprudencia ha sostenido que es  “indispensable que los entes de carácter privado fijen
unas formas o parámetros mínimos que delimiten el uso de este  poder y que
permitan al conglomerado conocer las condiciones en que puede o ha de
desarrollarse su relación con éstos. Es aquí donde encuentra justificación la
existencia y la exigencia que se hace de los llamados reglamentos, manuales de
convivencia, estatutos, etc., en los cuales se fijan esos mínimos que
garantizan los derechos al debido proceso y a la defensa de los individuos que
hacen parte del ente correspondiente”. De igual forma, se ha especificado que
en los reglamentos a los que se alude “es necesario que cada uno de las etapas
procesales estén previamente definidas, pues, de lo contrario, la imposición de
sanciones queda sujeta a la voluntad y arbitrio de quienes tienen la función de
solucionar los conflictos de los implicados”. Además, ha agregado que tales
procedimientos deben asegurar al menos:  La comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de
sanción; la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las
conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la
calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; el
traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los
cargos formulados; la indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que
considere necesarias para sustentar sus descargos; el pronunciamiento
definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y
congruente; la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante
los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.
ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO EN AMBITO
LABORAL-Jurisprudencia
constitucional
POTESTAD DISCIPLINARIA EN AMBITO LABORAL-Se encuentra sometida al respeto de los
derechos fundamentales de los trabajadores, específicamente al debido proceso
CONTRATO DE OBRA-Relaciones jurídicas que surgen
En relación con el contrato de obra puede darse dos
situaciones (i) la obra o labor es extraña a las actividades normales de
quien encargó su ejecución; y por tanto, dicho negocio jurídico sólo produce
efectos entre los contratantes y (ii) la labor hace parte del giro
ordinario de los negocios del beneficiario del trabajo. Aquí se produce una
responsabilidad solidaria entre el dicho beneficiario y los trabajadores del
contratista. Sobre el
particular, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en los siguientes
términos: “Dos
relaciones jurídicas contempla la norma transcrita, a saber: a) Una entre la
persona que encarga la ejecución de una obra o labor y la persona que la
realiza; y b) Otra entre quien cumple el trabajo y los colaboradores que para
tal fin utiliza. La primera origina un contrato de obra entre el artífice y su
beneficiario y exige la concurrencia de estos requisitos: que el contratista se
obligue a ejecutar la obra o labor con libertad, autonomía técnica y directiva,
empleando en ella sus propios medios y asumiendo los riesgos del negocio, y de
parte del beneficiario, que se obligue a pagar por el trabajo un precio
determinado. La segunda relación requiere el lleno de las condiciones de todo
contrato de trabajo, que detalla el artículo 23 del estatuto laboral
sustantivo. El primer contrato ofrece dos modalidades así: 1ª La obra o labor
es extraña a las actividades normales de quien encargó su ejecución; y 2ª
Pertenece ella al giro ordinario de los negocios del beneficiario del trabajo.
En el primer caso el contrato de obra sólo produce efectos entre los
contratantes; en el segundo entre éstos y los trabajadores del contratista
independiente. Según lo expuesto, para los fines del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo, no basta que el ejecutor sea un contratista
independiente, sino que entre el contrato de obra y el de trabajo medie una
relación de causalidad, la cual consiste en que la obra o labor pertenezca a
las actividades normales o corrientes de quien encargó su ejecución, pues si es
ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no tienen contra
el beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el nombrado texto
legal.
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES EN CODIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO-Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado
SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE OBLIGACIONES
LABORALES EN CASO QUE SE TERCERICEN FUNCIONES PROPIAS DE LA EMPRESA-Alcance/RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL
PAGO DE PRESTACIONES-Alcance
PROCESOS SANCIONATORIOS QUE ADELANTE EL
PATRONO CONTRA SUS TRABAJADORES-Debido proceso
TRABAJADORES QUE DESARROLLAN FUNCIONES DEL
GIRO ORDINARIO DE EMPRESA Y TRABAJADORES QUE EJERCEN LABORES AJENAS-Trato diferenciado justificado
Referencia: expediente D-10032
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 34 – parcial, 115 y 356 del Código Sustantivo del Trabajo
Magistrado Ponente
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., veinte (20) de agosto de dos
mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional,
conformada por los magistrados  Luís Ernesto Vargas Silva -quien la preside-,
María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Martha Victoria Sáchica
Méndez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de
los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la presente sentencia con fundamento en los siguientes:
1.
ANTECEDENTES
El ciudadano Edwin Palma Egea, en ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de
la Constitución Política, presentó demanda de inconstitucionalidad, contra los
artículos 34 (parcial), 115 y 356 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin
embargo, como quiera que la demanda no reunía los requisitos establecidos en el
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y desarrollados por la jurisprudencia,
específicamente en la Sentencia C-1052 de 2001, fue inadmitida mediante Auto
del doce (12) de diciembre del dos mil trece (2013), y se confirió el plazo al
actor de tres (3) días hábiles para que la corrigiera, de conformidad con las
observaciones señaladas. El actor presentó escrito de corrección y la acción fue
admitida mediante Auto del treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014).
El despacho consideró
pertinente poner en conocimiento de la demanda a la Universidad del Rosario, a la Universidad de los Andes, a la Universidad
Externado de Colombia, a la Universidad Javeriana, a la Universidad Nacional de
Colombia, a la Universidad Sergio Arboleda, a la Universidad Pontificia Bolivariana
Sede Montería, a la Universidad del Sinú Seccional Montería, a la Universidad
Libre, a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, a la Unión Sindical
Obrera de la Industria del Petróleo, al Sindicato Nacional de Trabajadores de
las Industrias de las Bebidas, Alimentos y Turismo, al Sindicato de
Trabajadores de la Energía de Colombia y al Colegio de Abogados del Trabajo.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional
procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
1.1.
NORMAS DEMANDADAS
El texto de los apartes demandados es el
siguiente (Se subraya lo acusado):
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
ARTICULO 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. <Artículo
modificado por el artículo 3o. del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el
siguiente:> 1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos
patronos y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o
jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de
servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos
los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía
técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a
menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa
o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el
valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho
los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule
con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado
a esos trabajadores.
2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra,
también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el
inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus
trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para
contratar los servicios de subcontratistas.
ARTICULO 115.
PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES. <Artículo modificado por el artículo 10
del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:> Antes de
aplicarse una sanción disciplinaria, el {empleador} debe dar oportunidad de ser
oídos tanto al trabajador inculpado como a dos representantes del sindicato a
que este pertenezca no producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se
imponga pretermitiendo este trámite.
ARTICULO 356. SINDICATOS DE TRABAJADORES.
<Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto
es el siguiente:> Los sindicatos de trabajadores se clasifican así:
a). De empresa, si están formados por individuos de
varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios en una
misma empresa, establecimiento o institución;
b). De industria o por rama de actividad económica, si
están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de
la misma industria o rama de actividad económica;
c). Gremiales, si están formados por individuos de una
misma profesión, oficio o especialidad,
d). De oficios varios, si están formados por
trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos sólo
pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad,
profesión u oficio en número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo
mientras subsista esta circunstancia.
1.2.
LA DEMANDA
El actor señala que las
normas demandadas vulneran los artículos 13, 25, 29, 53 y 56 de la Constitución
Política y varios instrumentos internacionales, por tanto, solicita su
declaración de inexequibilidad, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.2.1.  En relación con el cargo referido al artículo 34 del
Código Sustantivo del Trabajo, el
demandante considera que la disposición acusada infringe varios derechos
constitucionales, como el derecho a la igualdad- artículo 13-, y el derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas –artículo 53-.
1.2.1.1 Expresa el actor que la norma crea una
distinción que no es constitucionalmente válida, entre los trabajadores que
laboran en actividades extrañas a las labores normales de la empresa
contratante y  todos los demás trabajadores, lo que implica una desprotección a
los primeros, por cuanto estos no tendrían una acción de responsabilidad
solidaria del dueño de la obra. Dice el demandante que la norma configura una
violación al derecho a la igualdad de este tipo de trabajadores frente a los
demás trabajadores, sobre los que sí existe la solidaridad laboral entre el
contratista y el dueño de la obra.
Agrega que los trabajadores de contratistas
independientes de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o
negocio son equiparables a los que desarrollan funciones que no son ajenas al
giro ordinario de la empresa contratante y por tanto, se encuentran en la misma
situación laboral. Ello exige otorgar el mismo trato en cuanto a garantías de
protección por parte del legislador.
1.2.1.2 Señala además que la disposición vulnera
el principio de la primacía de la realidad sobre las formas por cuanto el
mercado laboral está marcado por la tercerización y en ese orden de ideas, un
grupo significativo de empleados estaría desprotegido con la norma demandada.
1.2.1.3 Aduce el demandante que si se tiene en consideración
la evolución normativa sobre la materia se han proferido distintas normas que
tienden a proscribir la tercerización de ciertas actividades laborales, en
razón a la violación de los derechos laborales que ello produce. Considera el
peticionario que el artículo demandando impone una carga gravosa al trabajador
en razón a que lo obliga a demostrar la relación de causalidad entre el
contratista independiente y el dueño de la obra.
1.2.2.  Los cargos dirigidos contra el artículo 115 del Código
Sustantivo del Trabajo se basan en una trasgresión al debido proceso de los
trabajadores en los procesos disciplinarios iniciados por los empleadores
privados. Sobre el particular aduce:
1.2.2.1 El procedimiento consagrado en la
disposición para la imposición de sanciones no cumple con los requisitos
mínimos para asegurar la garantía del debido proceso, tal y como lo ha
consagrado la jurisprudencia constitucional, específicamente la Sentencia T-083
de 2010, referida al alcance del debido proceso en las relaciones con
particulares y en donde se establecen ciertos mínimos que debe tener todo
proceso disciplinario.
En este orden de
ideas, la Constitución establece garantías para el ejercicio del derecho a la
defensa que se desprenden del artículo 29 y que como lo ha señalado la
Corporación se aplica tanto para actuaciones administrativas como judiciales. De
igual manera, los empleados particulares también deben sujetarse a las normas
constitucionales.
1.2.2.2 En cuanto a la decisión que debe ser
adoptada por la Corte Constitucional, aduce que debería “añadir” las garantías
del debido proceso a la norma acusada, más no expulsar la norma del
ordenamiento por cuanto las consecuencias serían aún más negativas para los
derechos de los trabajadores.
El demandante dice que la declaratoria de
inexequibilidad de la norma podría llegar a empeorar la situación de los
trabajadores, por lo cual solicita a la Corte un fallo modulado para añadir al
proceso las etapas necesarias para que el trabajador pueda ejercer su derecho
de defensa frente a su empleador, conforme a los principios constitucionales.
1.2.3.  En relación con la inconstitucionalidad del artículo
356, el actor afirma que la norma transgrede
el derecho constitucional a formar sindicatos –artículo 39-, contenido también
en los tratados y convenios de la organización internacional del trabajo- OIT-.
En efecto, para el actor el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo solo
permite crear sindicatos dentro de las categorías que enumera la norma, y no
los que los empleados “estimen convenientes”.
Para sustentar sus argumentos, cita y aporta sentencias
de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 11 de noviembre de 2010 y del
17 de abril de 2013 en donde se considera, según el actor, que para el caso del
transporte marítimo y del sector salud, “los sindicatos que mezclaran dos
industrias no podían existir en Colombia y que de contera violaba el artículo
382 del Estatuto Laboral.” Así mismo aporta una providencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral de Descongestión  del 30
de octubre de 2013.
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1.  Ministerio del Trabajo
El Ministerio del Trabajo intervino en el proceso para
solicitar que la Corte emita un fallo INHIBITORIO, o que en subsidio
declare la EXEQUIBILIDAD de las normas demandadas.
1.3.1.1.      En primer lugar, el interviniente propone la excepción
de ineptitud sustancial de la demanda por indebida acumulación de pretensiones,
pues considera que las normas demandadas se refieren a diversos problemas
jurídicos y que, por tanto, debieron tratarse en varias demandas diferentes.
Además, la demanda, a juicio del interviniente, no reúne los requisitos de
especificidad, suficiencia y pertinencia para suscitar el juicio de
constitucionalidad.
1.3.1.2.      En cuanto al análisis de las normas demandadas
considera la entidad que el artículo 34 se estableció como un mecanismo de
protección a los trabajadores para evitar que los contratantes evadieran sus
obligaciones mediante la tercerización de labores propias de la empresa, y que
su declaratoria de inexequibilidad sería más gravosa para los trabajadores, pues
“llevaría a debilitar la confianza en el régimen contractual destinada a
otorgar seguridad a las relaciones jurídicas entre contratantes” y pondría
en juego los principios de la libre iniciativa privada y de la libertad de
empresa.
1.3.1.3.      Para el Ministerio el artículo 115 que regula lo
concerniente al proceso disciplinario laboral es “garante de las garantías
sindicales y de los derechos del trabajador” y por tanto, no debe ser
declarado inexequible, ni tampoco puede la Corte expedir un fallo modulado por
cuanto la reglamentación de los procesos disciplinarios dentro de las empresas
es una competencia privativa del legislador.
1.3.1.4.      Sobre el artículo 356 dice el demandante que la norma no
hace ningún tipo de limitación ni discriminación en cuanto a la constitución de
los sindicatos, sino que simplemente establece una clasificación que permite
que se organicen los sindicatos y ejerzan una representación ideológica  de los
derechos e intereses de los trabajadores, por lo que solicita la declaratoria de
exequibilidad de la norma.
1.3.2     Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia
El representante del Colegio de Abogados del Trabajo
solicitó la declaratoria de EXEQUIBILIDAD  de
las normas acusadas.
1.3.2.1
Sostiene el representante de
la entidad que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo no implica una
violación al derecho a la igualdad pues se trata de dos tipos de trabajadores
diferentes, lo que justifica un tratamiento diferenciados entre ellos. Además,
la solidaridad que se consagra es una forma de protección a los trabajadores
pues hace extensivas las deudas laborales al beneficiario de la obra en el caso
determinado por la norma.
1.3.2.2
El Colegio de Abogados del
Trabajo se opone a la declaratoria de exequibilidad condicionada del artículo
115, por cuanto considera que “la sanción obedece a la facultad
disciplinaria del empleador consagrada en la norma y también en el reglamento
interno del trabajo”. Dice, además, que la misma puede ser revisada por la
jurisdicción laboral, con lo que se garantiza el derecho de defensa del
trabajador.
1.3.2.3
Con respecto al artículo 356
afirma la interviniente que tampoco hay una vulneración a la Carta
Constitucional ni al convenio 87 de la OIT, pues la norma establece simplemente
una clasificación que no va en contravía del ejercicio de la libertad sindical,
sino que por el contrario, es una herramienta importante encaminada a la
agrupación de los trabajadores con base a la afinidad de su profesión u oficio,
de manera que puedan presentar pliegos de peticiones de acuerdo a la actividad
que desarrollen o la industria a la que pertenezcan.
1.3.3
Universidad
Externado de Colombia
El Departamento de Derecho Laboral de
la Universidad Externado intervino para solicitar se declare la EXEQUIBILIDAD
de las normas demandadas. Sustenta su intervención en los siguientes
argumentos.
1.3.3.1
En cuanto a los
cargos presentados contra el artículo 34, se considera que declarar inexequible
el aparte demandado supondría el establecimiento de la responsabilidad de
índole objetiva, de manera que el contratante fuera en todo caso responsable de
las obligaciones laborales que contraiga el contratista, lo que a su parecer
sería una medida irrazonable y desproporcionada.
Para el interviniente, que la norma excluya
a ciertos trabajadores de la acción de solidaridad no implica una vulneración
al derecho de igualdad porque en todo caso el verdadero empleador debe
responder directamente por los derechos de los trabajadores. La norma sería en
todo caso proporcional y legítima pues se justifica el trato diferenciado entre
las dos clases de trabajadores.
1.3.3.2
Con respecto al
artículo 115 dice que cuando la norma incluye la expresión “ser oído”
implica que el empleador debe cumplir con el trámite del debido proceso disciplinario
para el trabajador, formulando un pliego de cargos y pruebas y permitiendo los
descargos, para así probar los hechos que dan lugar a imponer la sanción. De
manera tal que si el trabajador no está conforme con la decisión final que se
adopte, podrá acudir ante la jurisdicción.
1.3.3.3
Finalmente, la
institución educativa considera que el artículo 356 es constitucional por
cuanto la clasificación que incluye no contradice el Convenio 87 de la OIT y
está acorde con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. En este
orden de ideas, el Convenio 87 protege la posibilidad efectiva de crear más de
una organización sindical por empresa y que los trabadores libremente puedan
decidir a cual afiliarse. En consonancia, la legislación y la jurisprudencia
colombianas permiten la coexistencia de dos o más sindicatos en una empresa,
así como la coexistencia de un sindicato gremial con uno de empresa, lo que apoya
la exequibilidad de la norma.
1.3.4
Universidad
Libre
La Universidad Libre intervino dentro del proceso de
constitucionalidad que ocupa la atención de la Sala, y solicitó la EXEQUIBILIDAD
de las normas demandadas.
1.3.4.1
Sobre los cargos propuestos
por el demandante al artículo 34, sostiene la que no se encuentran demostrados
los presupuestos establecidos por la jurisprudencia cuando lo que se ataca es
una vulneración del derecho a la igualdad de una disposición normativa. Además,
el interviniente aduce que no comparte los argumentos del demandante pues,
estima, que lo que hace el legislador con la norma es diferenciar y hacer
efectivos los derechos de los trabajadores que ejercen actividades misionales.
1.3.4.2
En relación con los cargos
referidos al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo considera que debe
adoptarse una sentencia de exequibilidad condicionada por cuanto “antes de
aplicar cualquier sanción se le debe garantizar al trabajador el debido proceso
y la posibilidad de que la decisión sea consultada con un superior jerárquico
de quien impone la sanción, y si se aplica, sea resultado de un proceso breve y
sumario, dentro del cual se venció al trabajador pero respetándole el derecho a
la defensa”.
1.3.4.3
Finalmente, sostiene que no
existe ninguna vulneración al Convenio 87 de la OIT por parte del artículo 356,
pues a su parecer, la interpretación del artículo 2 del convenio 87 es que en
los países deben existir varias clases de sindicatos, de manera que los
trabajadores puedan escoger libremente a cual afiliarse.
1.3.5
Clínica de
Interés Público Universidad Autónoma Latinoamericana
La Clínica de Interés Público Universidad
Autónoma Latinoamericana con Sede en Medellín se refiere, en su escrito de
intervención, al artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo y solicita la
declaratoria de INEXEQUIBILIDAD con base en los siguientes argumentos.
1.3.5.1      El artículo 356 es contrario a los
artículos 39 y 53 de la Constitución, pues impone una limitación a la
constitución de sindicatos que no es razonable ni proporcional, ya que entra a
regular un aspecto propio de la esfera de libertad sindical, como es la
determinación de su estructura organizativa y el tipo de afiliados. Además, la
restricción resulta violatoria de los artículos 2, 3 y 8 del Convenio 87 de la
OIT y de otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y políticos (artículo 22), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos y Culturales (artículo 8), la Convención Americana de Derechos
Humanos (artículo 16) y el Protocolo adicional de San Salvador (artículo 8).
1.3.5.2      Para el interviniente cuando el artículo
demandado establece qué tipo de sindicatos se pueden establecer en Colombia se
está limitando la autonomía, la libertad y el accionar de los trabajadores para
darse sus propios estatutos, definir su programa de acción y sus requisitos de
afiliación, y estas situaciones deberían estar reguladas por los estatutos
sindicales como parte del ejercicio del derecho fundamental de asociación.
1.3.6  Central Unitaria de Trabajadores de Colombia- CUT
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
intervino en el proceso para solicitar la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD del
artículo 34, y la declaratoria de EXEQUIBILIDAD condicionada del
artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo. La CUT no se refirió a los
cargos presentados contra el artículo 356.
1.3.6.1 Solicita el interviniente que se declare la inconstitucionalidad del
artículo 34 por cuanto considera que la norma establece un trato diferenciado
entre trabajadores sin tener un fin constitucional que lo justifique, ya que no
supera un test débil de igualdad, sino que por el contrario, deviene en
arbitrariedades y perjuicios para los trabajares. La norma acusada va en contravía
del propósito del Código Sustantivo del Trabajo, enfocados a la protección de
los trabajadores como parte débil de la relación laboral, y es violatoria de
los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y al trabajo.
1.3.6.2 En lo referido a los cargos presentados contra el artículo 115 del
Código Sustantivo del Trabajo, aduce que la disposición incurre en una omisión
legislativa relativa por cuanto es el único procedimiento sancionatorio
contemplado en el Código y no cumple con todos los postulados propios del
debido proceso sancionatorio. En esta medida, el referido Código Sustantivo es
poco garantista de los derechos del trabajador y pone “la libertad y
discrecionalidad del trabajador por encima del derecho a la defensa del trabajador”.
Por tanto, se solicita a la Corte que declare su exequibilidad en el entendido
“que lo allí establecido no constituye la totalidad del procedimiento
sancionatorio ni es el único trámite previo a la sanción disciplinaria, que
debe llevarse a cabo por el empleador, sino también los que han sido
contemplados por la jurisprudencia constitucional”.
1.3.7 Unión Sindical
Obrera de la Industria del Petróleo-USO.
La Unión Sindical Obrera de la Industria
del Petróleo intervino en el proceso y se pronunció únicamente en relación con
los cargos presentados contra los artículos 34 y 356. El organismo solicita la
declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de las disposiciones, en los siguientes
términos:
1.3.7.1 Con respecto al artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo, expresa el interviniente que existe una discriminación
desproporcionada con respecto a los trabajadores que no desempeñan actividades
consideradas del “giro ordinario” de la empresa y que por ello, no tienen
derecho a la acción de solidaridad laboral. El interviniente presenta el caso
de ECOPETROL, donde dice “existen más de 5600 trabajadores en esta
condición, realizando labores de vigilancia, servicios generales, etc., y que
dado el caso de algún incumplimiento por parte de la empresa contratista no
podrían reclamar la solidaridad por parte de ECOPETROL debido a esta
restricción.”
1.3.7.2 En relación con la inconstitucionalidad del
artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, el organismo presenta una
relación de los asuntos que actualmente se tramitan en la jurisdicción
ordinaria en donde se debate si ciertos empleados de la industria del petróleo,
pueden o no, ser parte de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo
–USO, o si deben organizar un nuevo sindicato.
1.3.8. Sindicato de la Naviera Fluvial
Colombiana-SINTRANAVIERA
El Sindicato de la Naviera Fluvial
Colombiana intervino en el proceso y presento el caso de la Empresa que
representa. De forma expresa aduce:
“La empresa Naviera Fluvial Colombiana
se ha dedicado siempre al transporte de hidrocarburos para ECOPETROL S.A el 95%
de su carga es carga líquida de hidrocarburos que se transporta entre Cartagena
y Barrancabermeja. c) siempre hemos tenido la intención de afiliarnos al
sindicato Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo por considerar que
el transporte de hidrocarburos hace parte de esa industria conforme a los
señalado por el decreto 0284 de 1957. d) No obstante lo anterior, en un fracaso
intento efectuado en 1998, el Ministerio del Trabajo conforme a la
clasificación que establece el artículo 356 demandando en todas sus instancia
negó la afiliación de nosotros como trabajadores a ese sindicato por considerar
que la lectura del certificado de representación legal de la empresa señalaba
que su objeto social era el “transporte fluvial”, desatendiendo el principio de
la prevalencia de la realidad sobre las formas que debe aplicarse en la
relación laboral, atendiendo que como se dijo el 95% de la carga fluvial de la
empresa eran hidrocarburos”. Para el interviniente, esta situación no ha
permitido que haya una unidad sindical ni que se puedan mejorar las condiciones
de los trabajadores.
1.3.9 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
de las Bebidas, Alimentos, Sistema Agroalimentario de Colombia, afines y
similares –SINALTRAINBEC
SINALTRAINBEC intervino  en
el proceso para solicitar la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de las
normas demandadas.
1.3.9.1. En
lo referido a los argumentos presentados en contra de la constitucionalidad del
artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, afirma la organización que asiste
razón al demandante. En este orden de ideas, considera que quien es el
beneficiario  del trabajo también debería ser garante de los derechos y
acreencias laborales de los trabajadores tercerizados que desarrollen
actividades que no son propias del giro ordinario de la empresa. Para el
interviniente, la norma desconoce el principio de igualdad que debe existir
entre todos los trabajadores, estableciendo una diferenciación injustificada
que no es propia del Estado Social de Derecho.
1.3.9.2 Con
respecto a los cargos presentados en la demanda relacionados con artículo 115
del Código Sustantivo del Trabajo, la entidad cita la sentencia T-301 de 1996,
con base en la cual expresa que la norma demandada no incluye los elementos
mínimos propios del debido proceso, y que por tanto, es una norma que no se
ajusta ni a los contenidos de la Constitución, ni a la interpretación que los
jueces en su jurisprudencia han desarrollado con respecto a esta garantía
constitucional.
1.3.9.3 Finalmente,
considera el interviniente que la clasificación de sindicatos contenida en el
artículo 356 es contraria a la Constitución, específicamente al artículo 39 y
el Convenio 87 de la OIT, y que ha permitido que en el país se demande la
constitución de los sindicatos que no se organicen siguiendo la clasificación
propuesta.
1.3.10. Corporación
Escuela Nacional Sindical-ENS-
La Corporación Escuela Nacional Sindical
intervino en el proceso para apoyar los argumentos del demandante y
solicitar la declaración de INEXEQUIBILIDAD de las normas demandadas.
1.3.10
.1 Considera el interviniente que la norma
contenida en el artículo 34 regula una de las nuevas formas del trabajo como lo
es la tercerización o externalización laboral, donde quien figura como
empleador formalmente tiene la responsabilidad laboral, pero va a ser el
beneficiario  del trabajo, quien ejerce el control y vigilancia sobre las
labores que se prestan y quien tienen mayor capacidad, y por tanto, también
debería ser garante de los derechos y acreencias laborales, más si se tiene en
cuenta que la Constitución Nacional consagra una especial protección al trabajo
cualquiera que sea su origen o modalidad.
En su concepto, mantener la exoneración de solidaridad
que establece la norma es un obstáculo para que los trabajadores tercerizados o
externalizados, que desarrollan labores diferentes a las del giro ordinario de
la empresa gocen de su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y
justas. Además, la norma constituye una violación al principio del orden social
justo, pues permite que se establezcan beneficios injustificados para los
empleadores que utilizan estas formas de tercerización laboral y evaden su
obligación constitucional de formalizar el trabajo.
El articulo 34 desconoce el principio de
igualdad que debe existir entre todos los trabajadores, pues establece una
diferenciación injustificada entre dos clases de trabajadores, que no permite
cumplir los fines del Estado Social de Derecho, sino que por el contrario, hace
más gravosa la situación en que se encuentran las personas en condición de
tercerización laboral.
1.3.10.2 Con respecto al artículo 115 demandado,
considera el interviniente que la inconstitucionalidad solo se debe declarar
sobre un aparte del texto del artículo: “ARTICULO 115. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES. Modificado
por el art. 10 del Decreto 2351 de 1965. El
nuevo texto es el siguiente: Antes
de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador debe dar oportunidad de
ser oídos tanto al trabajador inculpado como a dos representantes del
sindicato a que este pertenezca no producirá efecto alguno la sanción
disciplinaria que se imponga pretermitiendo este trámite.”(Aparte subrayado).
Para el
interviniente, este aparte es el que verdaderamente configura la inconstitucionalidad,
pues la norma parece limitar el deber del empleador durante un proceso
disciplinario al agotamiento de una simple formalidad de oír, con lo cual
habría una violación del artículo 29 Constitucional pues la norma no recoge los
elementos mínimos que debe aplicar el empleador para que exista un debido
proceso.
La norma
demandada evidencia una omisión legislativa relativa en la definición legal del
debido proceso laboral, pues no contienen los elementos previstos por la norma
constitucional con respecto del debido proceso.
1.3.10.3 Por último, estima el interviniente que el
artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo constituye un obstáculo para el
ejercicio efectivo del derecho de asociación sindical en Colombia, por cuanto
limita la posibilidad de constituir sindicatos a 4 modalidades definidas por la
norma, lo que contradice tanto la Constitución Política como el Convenio 87 de
la OIT.
2.
CONCEPTO DEL
MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Corte Constitucional la declaración
de EXEQUIBILIDAD de las normas demandadas.
2.1
En primer lugar, en
lo referido a los cargos presentados contra el artículo 34 del Código Sustantivo
del Trabajo aduce la Vista Fiscal que el objeto de la norma
es evitar que los contratos celebrados entre el beneficiario o dueño de la obra
y el contratista independiente, puedan convertirse en una vía  para eludir
ilegalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales. En este orden de
ideas, contrario a lo expresado por el ciudadano demandante, es una garantía de
los derechos de los trabajadores.
Agrega que la norma contrasta dos supuestos diferentes, como lo son los trabajadores
que realizan obras propias de la empresa y los que realizan actividades
extrañas a las normales de la empresa, de manera tal que al estar en una
situación diferente, se justifica el tratamiento diferenciado que la norma le
otorga a los dos grupos, y que no implica que el segundo grupo quede
desprotegido, por cuanto siempre existe la responsabilidad del contratista
independiente con respecto de la totalidad de las obligaciones laborales.
2.2
En relación con la
supuesta inconstitucionalidad del artículo 115 del Código Sustantivo del
Trabajo, expresa el Procurador que a
pesar de que no se establezca de forma expresa, en este procedimiento, todas
las garantías que conllevan al respeto al debido proceso, se entiende que ellas
deben garantizarse en todo proceso sancionatorio. Así, aunque en la expresión
literal de la norma no se consignó, si se interpreta la norma de una manera
razonable se debe entender que al momento de ser oído el trabajador debe
dársele la oportunidad de aportar la pruebas concernientes.
Es por ello que el Ministerio Público solicita se
declare la exequibilidad condicionada de este artículo en el sentido que la
expresión “oportunidad de ser oídos” no comprenda solamente “escuchar al
trabajador inculpado y a dos representantes del sindicato a que pertenezca,
sino que en esta etapa ellos tienen el derecho a aportar las pruebas de los
argumentos en que fundamentan la defensa, así como a conocer y controvertir las
pruebas que se tengan contra el empleado”.
2.3.   Por último, considera el Procurador que el artículo
356 lo único que hace es expresar una clasificación válida de los tipos de
sindicatos en Colombia, garantizado la libertad de asociación sindical de los
trabajadores particulares, el pluralismo sindical  y la libertad de elección
que tienen los trabajadores para escoger a que sindicatos se afilian. Por
tanto, no se entiende la razón del demandante para considerarlos contrarios a
la Carta Política.
3
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
3.1 COMPETENCIA
Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la
Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de
las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, ya
que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de un texto
normativo que hace parte de una ley.
3.2 CUESTIÓN PREVIA: EXAMEN DE LA APTITUD DE
LA DEMANDA
Algunos intervinientes
solicitan a la Corte que se inhiba en el presente caso, ya que
consideran que la demanda se basa en razones de conveniencia y en suposiciones
del demandante sobre los efectos de la aplicación práctica de la norma. Agregan
que el ciudadano procedió a demandar varias normas del Código Sustantivo del
Trabajo en forma inconexa y sin señalar las razones por las cuales consideraba
que las expresiones acusadas de los artículos 34, 115 y 356 del Código
Sustantivo del Trabajo transgredían el ordenamiento constitucional.
3.2.1    El artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 señala los
elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de
inconstitucionalidad[1].
Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el
objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la
cual la Corte es competente para conocer del asunto.
Es decir, para que realmente
exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es
indispensable que los cargos permitan efectuar a la Corte Constitucional una
verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por el
demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.
3.2.2    En este orden de ideas, la Corte
Constitucional ha señalado, en numerosas ocasiones, que no cualquier tipo de
argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de
constitucionalidad; es necesario que los razonamientos del actor contengan unos
parámetros mínimos que permitan a la Corporación hacer un pronunciamiento de
fondo respecto del asunto planteado.
En este contexto, en Sentencia C-1052 de
2001[2], esta
Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes[3], pues de no ser así, la decisión que adopte la Corte
necesariamente debe ser inhibitoria[4].
En otras palabras, la falta de formulación
de una demanda en debida forma, es decir, sin cumplir estos requisitos de
calidad argumentativa, impide que esta Corporación pueda confrontar la
disposición acusada con el Texto Superior, ya que la Corte carece de facultad
oficiosa de revisión del ordenamiento jurídico, salvo en los casos expresamente
mencionados en la Carta.
Esto implica que la acusación debe ser
suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido
de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la norma
vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza
constitucional y no legal, puramente doctrinarios ni referidos a situaciones esencialmente
individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar
formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda
sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
3.2.3    La jurisprudencia también ha precisado que
en aplicación del principio pro actione, y en consideración del carácter
ciudadano de la acción de inconstitucionalidad –un derecho político, le
corresponde a la Corte indagar en qué consiste la pretensión del accionante
para así evitar en lo posible un fallo inhibitorio. Al respecto la Corte ha
dicho:
“(…) con base en la jurisprudencia
constitucional se ha considerado que “la apreciación del cumplimiento de tales
requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione de tal
manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del
contexto de una democracia participativa como la que anima la Constitución del
91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar
la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que
haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de
interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y
fallando de fondo.[5]”
3.2.4    En el escrito de la demanda, el ciudadano acusa la
inconstitucionalidad (i) de la expresión “a menos que se trate de labores
extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio” contenida en
el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, (ii) del artículo 115 y (iii)
356 del mismo Código.
En relación
con las acusaciones presentadas contra el artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo considera que la expresión acusada transgrede el derecho a la igualdad- artículo 13-, y el derecho
al trabajo en condiciones dignas y justas y el principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones laborales –artículo 53-. Para
sustentar sus argumentos aduce que la norma crea una distinción entre los
trabajadores que laboran en actividades extrañas de los que lo hacen  en las labores
normales de la empresa contratante, por cuanto los primeros no cuentan con la
garantía de responsabilidad solidaria del dueño de la obra para el cumplimiento
del pago de sus salarios y demás prestaciones sociales. Agrega que los
trabajadores de contratistas independientes de labores extrañas a las
actividades normales de su empresa o negocio son equiparables a los que
desarrollan funciones que no son ajenas al giro ordinario de la empresa
contratante y por tanto, se encuentran en la misma situación laboral. Ello
exige otorgar el mismo trato en cuanto a garantías de protección por parte del
legislador.
Sobre el artículo
115 sostiene que el procedimiento allí establecido para la imposición de
sanciones no cumple con los requisitos mínimos para asegurar la garantía del
debido proceso, tal y como lo ha consagrado la jurisprudencia constitucional. En
este orden de ideas, ésta ha considerado que las prerrogativas que se desprenden
del artículo 29 se aplica tanto para actuaciones administrativas como judiciales.
De igual manera, los empleados particulares también deben sujetarse a las
normas constitucionales.
En lo referido a la
inconstitucionalidad del artículo 356, el actor afirma que la norma transgrede
el Convenio 87 de la OIT, al suponer una limitación a la libertad de formar
sindicatos que tienen los trabajadores. Para sustentar sus argumentos, describe
las decisiones que ha adoptado la justicia ordinaria en los caso del transporte
marítimo y del sector de la industria del petróleo.
3.2.5    Observa la Sala, y en aplicación del
principio pro actione, que los cargos dirigidos contra el artículo 34,
parcial, y 115 del Código Sustantivo del Trabajo, cumplen con los requisitos
legales y jurisprudenciales para que pueda adelantarse un análisis de fondo de
la disposición. Ello no ocurre en relación con los argumentos esgrimidos frente
al artículo 356, los cuales no cumplen con las exigencias establecidas en el
Decreto 2067 de 1991 y adolecen del requisito de la pertinencia. En relación
con el mismo, la Corporación ha sostenido que:
“La pertinencia también es un elemento esencial de las
razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad.  Esto quiere
decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza
constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma
Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de
ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de
consideraciones puramente legales[6]
y doctrinarias[7],
o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los
que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma
sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema
particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso
específico”[8];
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada
en un análisis de conveniencia[9],
calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa”[10]
a partir de una valoración parcial de sus efectos. (Subrayado fuera del texto)[11]
Sobre el particular, se recuerda que para que
realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de
inconstitucionalidad, es indispensable que estos permitan efectuar a la Corte
Constitucional una verdadera confrontación entre la norma acusada, los
argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional
supuestamente vulnerada. Sin embargo, en el caso en estudio el actor se limita a señalar que el artículo 356 del Código
Sustantivo del Trabajo desconoce el derecho a la libertad sindical, sin
explicar las razones que sustentan su dicho y las razones por las cuales
considera que el contenido normativo de la disposición transgrede la norma
Superior y el bloque de constitucionalidad.
En efecto, el actor no explica si quiera cual es el
contenido del artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo ni las razones por
las cuales considera que el mismo transgrede el derecho constitucional a formar
sindicatos y los tratados internacionales sobre el trabajo, en especial el
Convenio 87. Así, si se observa la norma acusada, ésta establece la
clasificación de los sindicatos de los trabajadores pero el accionante no
expone en su demanda los argumentos que sustentan que la referida clasificación,
es contraria al ordenamiento Superior.
Por el contrario, el demandante cita y aporta sentencias proferidas por la
jurisdicción contenciosa y ordinaria. A través de ellas, relata que el para el
caso del transporte marítimo y del sector salud, “los sindicatos que
mezclaran dos industrias no podían existir en Colombia y que de contera violaba
el artículo 382 del Estatuto Laboral.” Así mismo, algunos de los intervinientes,
también plantean a la Sala situaciones concretas sobre la aplicación del
artículo 356 por parte de algunas autoridades administrativas y judiciales.
En otras palabras, la exposición del ciudadano y de
algunos intervinientes, se sustenta en la presentación de casos en donde se
exponen problemas particulares que ha resuelto la jurisdicción en el caso de
ciertas industrias y sectores. Esta situación se escapa del objeto de control
abstracto de constitucionalidad y busca que, a través de la acción pública de
inconstitucionalidad, se resuelvan situaciones particulares y concretas.
Por lo anterior, la Sala estudiará sólo los cargos
dirigidos contra la expresión  “a
menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa
o negocio” contenida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y
el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo.
3.3 PROBLEMA JURÍDICO
La Sala debe analizar si la expresión “a menos que
se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”,
contenida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo transgrede el
mandato de igualdad, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, la
primacía de la realidad sobre las formas al distinguir, entre los trabajadores
del contratista intermediario que realizan labores propias del giro ordinario de
los negocios de la empresa que ha contratado a dicho contratista de aquellos
que desarrollan tareas ajenas a las de la empresa, para efectos de la
aplicación de la solidaridad de la compañía en el pago de los salarios y las
prestaciones sociales.
Así mismo, debe determinarse si el artículo 115 del
Código Sustantivo del Trabajo, al regular el procedimiento para la imposición
de sanciones a los trabajadores, desconoce las garantías constitucionales al
debido proceso.
El Ministerio del Trabajo, el Colegio de
Abogados del Trabajo, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad
Libre defienden la constitucionalidad de los artículos 34 y 115 del Código
Sustantivo del Trabajo. Señalan que a través del artículo 34 se estableció un mecanismo de protección a los
trabajadores para evitar que los contratantes evadieran sus obligaciones
mediante la tercerización de labores propias de la empresa, y que su
declaratoria de inexequibilidad sería más gravosa para sus derechos. Agregan que las dos categorías de
trabajadores se encuentran en una situación diversa lo que justifica un tratamiento diferenciados entre
ellos. De igual manera, la
expulsión de la expresión del ordenamiento jurídico supondría el
establecimiento de la responsabilidad de índole objetiva, de manera que el
contratante fuera en todo caso responsable de las obligaciones laborales que
contraiga el contratista, lo que a su parecer sería una medida irrazonable y
desproporcionada. Para los intervinientes, que la norma excluya a ciertos
trabajadores de la acción de solidaridad no implica una vulneración al derecho
de igualdad porque en todo caso el verdadero empleador debe responder
directamente por los derechos de los trabajadores.
En cuanto al artículo 115 argumentan que la
imposición de sanciones obedece a la
facultad disciplinaria del empleador consagrada en las normas laborales y también en el reglamento interno del trabajo. No obstante, algunos de estos
intervinientes sostienen que es necesario aclarar que la expresión “ser oído”
no sólo implica que el empleador debe cumplir con una formalidad sino que se
permita formular un pliego de cargos, presentar pruebas y posibilidad de
consultar la decisión ante un superior jerárquico y ante la jurisdicción.
La Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, la Unión Sindical Obrera de la
Industria del Petróleo-USO y la Corporación Escuela Nacional Sindical-ENS-
solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo, al considerar que la
norma establece un trato diferenciado entre trabajadores sin tener un fin
constitucional que lo justifique, ya que no supera un test de igualdad, sino
que por el contrario, deviene en arbitrariedades y perjuicios para los
empleados.
Agregan que en la tercerización o
externalización laboral quien figura como empleador formalmente tiene la
responsabilidad laboral, pero va a ser el beneficiario  del trabajo, quien
ejerce el control y vigilancia sobre las labores que se prestan y quien tienen mayor
capacidad, y por tanto, también debería ser garante de los derechos y
acreencias laborales, más si se tiene en cuenta que la Constitución Nacional
consagra una especial protección al trabajo cualquiera que sea su origen o
modalidad.
En relación con el artículo 115 solicitan
la declaratoria de exequibilidad condicionada al respeto pleno de las garantías
del debido proceso.
Finalmente, la Vista Fiscal defiende la
constitucionalidad tanto de la expresión acusada del artículo 34 y el artículo
115 del Código Sustantivo del Trabajo. En cuanto a los primeros, aduce que el
objeto de la norma es evitar que los contratos celebrados entre el beneficiario
o dueño de la obra y el contratista independiente, puedan convertirse en una
vía  para eludir ilegalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales. En
relación con el artículo 115, considera que
a pesar de que no se establezca de forma expresa, en el procedimiento dispuesto
por la disposición deben respetarse las garantías que conllevan al respeto al
debido proceso cuando se adelanten. Por ello también solicita se declare la exequibilidad
condicionada de este artículo en el sentido que la expresión “oportunidad de
ser oídos” no comprenda solamente “escuchar al trabajador inculpado y a dos
representantes del sindicato a que pertenezca, sino que en esta etapa ellos
tienen el derecho a aportar las pruebas de los argumentos en que fundamentan la
defensa, así como a conocer y controvertir las pruebas que se tengan contra el
empleado”.
Establecido entonces el problema jurídico, procede la
Sala analizar los asuntos puestos a su consideración.
3.4 LA
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL TRABAJO
La protección constitucional
del trabajo, que involucra el ejercicio de la actividad productiva tanto del
empresario como la del trabajador o del servidor público, no está circunscrita
exclusivamente al derecho a acceder a un empleo sino que, por el contrario, es
más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en
condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mínimos
que rigen las relaciones laborales y a obtener la contraprestación acorde con
la cantidad y calidad de la labor desempeñada.
3.4.1 Desde el Preámbulo de la Constitución, se
enuncia como uno de los objetivos de la expedición de la Constitución de 1991,
el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Es decir, el trabajo es un
principio fundante del Estado Social de Derecho. Es por ello que desde las
primeras decisiones de la Corte Constitucional se ha considerado que “Cuando
el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y
social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar
con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede
estar ausente en la construcción de la nueva legalidad”. [12]
Lo anterior implica entonces que dentro de
la nueva concepción del Estado como Social de Derecho, debe entenderse la
consagración constitucional del trabajo no sólo como factor básico de la
organización social sino como principio axiológico de la Carta.
El artículo 25 de la Constitución Política
dispone que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”
También varias de sus
disposiciones de la Constitución reflejan una protección reforzada al trabajo.
Así el artículo 26 regula,
entre otros temas, la libertad de escogencia de la profesión u oficio
productivo; el artículo 39 autoriza expresamente a los trabajadores y a los
empleadores a constituir sindicatos y asociaciones para defender sus intereses;
el artículo 40, numeral 7º establece como un derecho ciudadano el de acceder a
los cargos públicos; los artículos 48 y 49 de la Carta establecen los derechos
a la seguridad social en pensiones y en salud, entre otros, de los trabajadores
dependientes e independientes; el artículo 53 regula los principios mínimos
fundamentales de la relación laboral; el artículo 54 establece la obligación
del Estado de propiciar la ubicación laboral a las personas en edad de trabajar
y de garantizar a las personas discapacitadas el derecho al trabajo acorde con
sus condiciones de salud; los artículos 55 y 56 consagran los derechos a la
negociación colectiva y a la huelga; el artículo 60 otorga el derecho a los
trabajadores de acceso privilegiado a la propiedad accionaria; el artículo 64
regula el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de
la tierra y la efectividad de varios derechos de los campesinos y los
trabajadores agrarios; el artículo 77 que garantiza la estabilidad y los
derechos de los trabajadores del sector de la televisión pública; los artículos 122 a 125 señalan derechos y deberes
de los trabajadores al servicio del Estado; el artículo 215 impone como límite
a los poderes gubernamentales previstos en los “estados de excepción”, los
derechos de los trabajadores, pues establece que “el Gobierno no podrá
desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos
contemplados en este artículo”; el artículo 334 superior establece como uno
de los fines de la intervención del Estado en la economía, el de “dar pleno
empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular
las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios
básicos” y el artículo 336 de la Constitución también señala como
restricción al legislador en caso de consagración de monopolios, el respeto por
los derechos adquiridos de los trabajadores. [13]
3.4.2 De igual manera, la jurisprudencia
constitucional[14] ha considerado que la
naturaleza jurídica del trabajo cuenta con una triple dimensión. En palabras de
la Corporación la “lectura del preámbulo y del artículo 1º superior muestra
que el trabajo es valor fundante del Estado Social de Derecho, porque es
concebido como una directriz que debe orientar tanto las políticas públicas de
pleno empleo como las medidas legislativas para impulsar las condiciones dignas
y justas en el ejercicio de la profesión u oficio. En segundo lugar, el trabajo
es un principio rector del ordenamiento jurídico que informa la estructura
Social de nuestro Estado y que, al mismo tiempo, limita la libertad de
configuración normativa del legislador porque impone un conjunto de reglas
mínimas laborales que deben ser respetadas por la ley en todas las
circunstancias (artículo 53 superior). Y, en tercer lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 25 de la Carta, el trabajo es un derecho y un deber
social que goza, de una parte, de un núcleo de protección subjetiva e inmediata
que le otorga carácter de fundamental y, de otra, de contenidos de desarrollo
progresivo como derecho económico y social.”[15]
3.4.3 Esta protección especial que
otorga el Constituyente, trae como consecuencia que a pesar que el legislador goce de una amplia libertad de
configuración para regular las diferentes tipos de vinculación laboral, para
diseñar fórmulas laborales e instrumentos contractuales que respondan a las
necesidades sociales, no tiene autonomía para confundir las relaciones de
trabajo, para ocultar la realidad de los vínculos laborales o para desconocer
las garantías laborales consagradas en la Carta Política.
En estos términos, en la
Sentencia C-614 de 2009[16] la Corte admitió que el
legislador “no está obligado a regular formas precisas o únicas de
acceso al empleo, puesto que, desde el punto de vista de las fuentes de
trabajo, el legislador tiene un amplio margen de libertad de configuración
normativa.” Sin embargo, dijo la misma providencia, que esta libertad de
configuración se encuentra limitada por las garantías mínimas de especial
protección a la relación laboral consagradas en la Constitución Política. Sobre
el particular sostuvo:
“Con base en lo expuesto, la Sala infiere dos
conclusiones: La primera, no toda relación de trabajo debe ser tratada por la
ley en forma igual porque la Constitución estableció una protección cualificada
en favor de la vinculación laboral. La segunda, aunque la fijación de las
políticas de empleo, en principio, le corresponde a los órganos políticos
señalados en la Constitución y, de acuerdo con el artículo 53 de la Carta, el
legislador debe expedir un nuevo Estatuto del Trabajo para garantizar la
igualdad de oportunidades entre los trabajadores, la estabilidad en el trabajo
y la primacía de la realidad sobre las formalidades, entre otros, eso no
significa que el legislador tenga facultades para imponer un modelo preciso de
vinculación al trabajo, en tanto que la protección a la relación laboral se impone.
Dicho en otros términos, el legislador goza de libertad para configurar
diferentes tipos de vinculación laboral, para diseñar fórmulas laborales e
instrumentos contractuales que respondan a las necesidades sociales, pero no
tiene autonomía para confundir las relaciones de trabajo o para ocultar la
realidad de los vínculos laborales.”
3.4.4 De otra parte, la jurisprudencia ha
considerado que el marco de la protección estatal al trabajo no se agota con la
protección al empleo dependiente sino también en la
efectividad de su ejercicio independiente[17]. En este, dijo la Sentencia
C-614 de 2009[18] que si la fuerza laboral se
considera como un instrumento para obtener los recursos necesarios para lograr
una vida digna y como un mecanismo de realización personal y profesional, es
lógico concluir que son objeto de garantía superior tanto el empleo como todas
las modalidades de trabajo lícito. De hecho, la Constitución de 1991 protege
las diversas formas de ejercer tales actividades. A modo ilustrativo ello puede
inferirse de la protección de la constitución de empresa (artículo 333) como
herramienta de trabajo base del desarrollo económico, con función social; el
establecimiento de una salvaguarda los derechos de los trabajadores vinculados
a la empresa con un mínimo de derechos irrenunciables e intransferibles (artículos
53 y 54) y la determinación de  un mínimo de condiciones laborales para los
trabajadores al servicio del Estado (artículos 122 a 125).
De lo
anterior puede deducirse que la ley no está obligada a regular formas precisas
o únicas de acceso al empleo, puesto que, desde el punto de vista de las
fuentes de trabajo, el legislador tiene un amplio margen de libertad de
configuración normativa, siempre y cuando respete los límites previstos directamente
en la Constitución.
3.4.5 Bajo este presupuesto y con el fin de incentivar la oferta de puestos de trabajo, el
legislador ha creado figuras que flexibilizan el clásico contrato laboral y
crea nuevas modalidades de contratación y de asociación para fines productivos
Estas figuras han sido analizadas por la Corte Constitucional, quien ha
admitido la creación de estas nuevas tipologías, pero ha impuesto límites
encaminados a evitar los abusos de poder y garantizar la efectividad de
la dignidad y la justicia en el desarrollo del mismo. En este orden de ideas,
la Corporación ha propendido por la garantía de todas las prestaciones laborales
y ha buscado evitar la suplantación de un verdadero contrato laboral.
De igual manera, la
jurisprudencia constitucional ha adoptado correctivos que permiten evitar que
estas nuevas formas de contratación desconozcan los derechos de los trabajadores.
Esto se ha desarrollado en los casos de las Cooperativas de Trabajo Asociado,
en las empresas de servicios temporales y en aquellos contratos de prestación
de servicios que, en realidad esconden un verdadero contrato laboral.
3.4.6 En la Sentencia C-211 de 2000[19], la Corte empieza a analizar los fenómenos
de flexibilización laboral, con ocasión del estudio de constitucionalidad de la
creación las Cooperativas de Trabajo Asociado. Desde dicha providencia, la
Corporación recalcó la función de vigilancia que debe ejercer el Estado para
evitar que estos mecanismos se conviertan en formas de desconocer los derechos
de los trabajadores y para la elusión de cargas laborales por parte del
empleador.
“Ahora bien: que muchas cooperativas de
trabajo asociado cometen abusos puesto que contratan trabajadores asalariados y
no les pagan prestaciones sociales, es un asunto que escapa al juicio abstracto
de constitucionalidad, en el que simplemente se confrontan las normas acusadas
frente al ordenamiento supremo para determinar si estas se ajustan o no a sus
preceptos. Sin embargo, ello no es óbice para aclarar al actor que el control y
vigilancia efectiva por parte del Estado es lo que puede garantizarle, no sólo
a los trabajadores sino a la comunidad en general, que esta clase de
asociaciones cumplan adecuadamente los fines para el cual fueron constituidas y
no se excedan en el desarrollo de sus actividades. El Departamento
Administrativo de la Economía Solidaria, la Superintendencia de la Economía
Solidaria y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son los organismos
encargados de ejercer tales funciones. Las cooperativas de trabajo asociado que
incurran en esas prácticas deshonestas deben responder ante las autoridades
correspondientes.
Para hacer frente a esta vulneración de los
derechos de los trabajadores, la Corte Constitucional, en sede de control
concreto de constitucionalidad, estableció subreglas para establecer si se
estaba en presencia de verdaderos contratos laborales y proteger las garantías
de los trabajadores. Al respecto, esta Corporación en la Sentencia T- 445 del
2006[20], definió algunos elementos que permitían
identificar la mutación de la relación entre los trabajadores cooperados hacia
un contrato de trabajo, en los siguientes términos:
“En relación con los elementos que pueden
conducir a que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una
relación horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la
cual una de la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se
configure un estado de subordinación, se pueden destacar diferentes elementos,
como por ejemplo (i) el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones
a que tiene derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las
condiciones indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la
realizó; (ii) el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el
cooperado, de acuerdo con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii)
la sujeción por parte del asociado a la designación [que] la Cooperativa [haga] del
tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones
en las cuales trabajará; entre otros”.
En la Sentencia T-471 del 2008[21] se indicó:
“En armonía con lo expuesto, el artículo 17
del Decreto 4588 de 2006, a la vez que prohíbe a las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado actuar como empresas de intermediación
laboral y disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra
temporal a usuarios o a terceros contratantes, se refiere a la solidaridad
existente, entre la Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado y el
tercero contratante, por permitir y beneficiarse de contrataciones prohibidas
en el ordenamiento.
El artículo 35 del mismo Decreto prevé,
nuevamente, la responsabilidad solidaria del usuario o beneficiario de la
prestación del servicio, esta vez en materia de las multas a las que se hacen
acreedoras las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado que incurren
en las conductas descritas como prohibiciones en la legislación cooperativa, de
conformidad con lo previsto en el ordenamiento laboral.”
Sobre el punto, este  Tribunal
Constitucional en la Sentencia T-962 del 7 de octubre de 2008[22] explicó que: “la facultad para
contratar con terceros no es absoluta. En efecto, por expreso mandato legal,
las cooperativas y precooperativas no podrán actuar como intermediarios
laborales o empresas de servicios temporales.”
En este recuento jurisprudencial es
importante mencionar la Sentencia C-614 de 2009[23], en la cual se declaró la exequibilidad
del artículo 2º (parcial) del Decreto Ley 2400 de 1968 tal y como fue
modificado por el artículo 1º (parcial) del Decreto Ley 3074 de 1968, en cuanto
la citada norma prohibía al poder ejecutivo celebrar contratos de prestación de
servicios para desempeñar funciones de carácter permanente, por ser acorde con
las garantías fundamentales de los trabajadores y con ello evitar el
ocultamiento de verdaderos contratos laborales.
En la referida providencia, la Corte señaló
que tanto la forma asociativa de las precooperativas y cooperativas de trabajo
como el contrato de prestación de servicios, se utilizan de forma contraria a
los lineamientos señalados en la ley, tanto en el sector privado como en el
público. En estos casos, se dijo, prima el principio de la realidad sobre las formas,
y por tanto, en caso de demostrarse que existe una verdadera relación laboral,
el beneficiario del trabajo debe responder por todos los salarios y
prestaciones sociales.
Por ejemplo, en algunas ocasiones las
entidades del Estado finalizan los contratos laborales de los empleados, para
reemplazar ese personal con los asociados de una cooperativa asociativa de
trabajo o con trabajadores vinculados por medio de un contrato de prestación de
servicios. Estas prácticas fueron rechazadas por esta Corte por ser
abiertamente contrarias a los derechos constitucionales de los trabajadores. Al
respecto, el citado fallo indica:
“De hecho, esta Corporación reitera de
manera enfática la inconstitucionalidad de todos los procesos de
deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar de que utilizan
formas asociativas legalmente válidas, tienen como finalidad última modificar
la naturaleza de la relación contractual y falsear la verdadera relación de
trabajo. Por ejemplo, en muchas ocasiones, las cooperativas de trabajo
asociadas, que fueron creadas por la Ley 79 de 1988, modificadas por la Ley
1233 de 2008 y reglamentadas por el Decreto 3553 de 2008, para facilitar el
desarrollo asociativo y el cooperativismo, se han utilizado como instrumentos
para desconocer la realidad del vínculo laboral, a pesar de que expresamente el
artículo 7º de la Ley 1233 de 2008, prohíbe su intermediación laboral.”
Es pertinente resaltar que en la mencionada
sentencia de constitucionalidad, al abordar los límites los fenómenos de
tercerización, se depositó en los jueces y en las autoridades administrativas
de control, la responsabilidad de exigir la protección de los derechos
laborales. Por tanto, cuando se discuta  la legalidad del vínculo laboral de un
asociado, el juez debe actuar de manera inquisitiva para establecer si el
mecanismo utilizado funciona conforme a la ley o, por el contrario, hay una
simulación en perjuicio del principio del contrato realidad, para
desconocer las obligaciones laborales propias de un contrato de trabajo. En ese
contexto se adujo:
“Para ese efecto, en el estudio puntual,
deberá averiguarse si las formas legales como las cooperativas de trabajo, o
los contratos de prestación de servicios, o los contratos celebrados por
empresas de servicios temporales realmente tuvieron como verdadero objeto
social o finalidad contractual el desarrollo de las actividades permitidas en
la ley o si fueron utilizadas como instrumentos para disimular relaciones de
trabajo.”
3.4.6 Cabe también destacar la Sentencia C-090
de 2014[24] en donde se analizó la expresión “laborales”,
del artículo 1 de la Ley 1258 de 2008, que limitaba la responsabilidad de los
accionistas de una SAS al monto de sus aportes, incluso frente a obligaciones
laborales de la sociedad -y tributarias o cualquiera otra naturaleza-, con
excepción de las referidas en el artículo 42 de la misma ley respecto de
aquellas contraídas por la sociedad en fraude a la ley o perjuicio de terceros,
respecto de las cuales opera la responsabilidad de accionistas y
administradores.
La Corporación
declaró la exequibilidad de la disposición y resaltó las bondades de la
legislación al establecer la solidaridad de los accionistas en el caso de
conductas fraudulentas, especialmente en el mnarco de las obligaciones
laborales. Sobre el particular dijo:
Corolario de lo anterior, se denota el avance
legislativo introducido con la Ley 1258 de 2008 en comparación con las
disposiciones del Código de Comercio en cuanto a la protección de los trabajadores
o de terceros frente al uso fraudulento de la sociedad, ya que el cuerpo
normativo de las SAS, -art. 42 Ibid- incorpora la figura del levantamiento del
velo societario, haciendo innecesario acudir a los instrumentos legales
descritos en la cita anterior. Es así, como la desestimación de la persona
jurídica en el caso de incurrir en fraude a la ley o terceros, cristaliza la
protección de los afectados en contra de este tipo de actos irregulares, así:
4.1.2. Para el demandante, la exoneración
de responsabilidad de los accionistas por obligaciones laborales de la SAS
atenta contra los derechos de los trabajadores, al consagrar con ello la no
exigibilidad de los derechos laborales frente a los accionistas de la sociedad,
la desprotección del trabajador y la ineficacia de sus derechos, con
desconocimiento de preceptos constitucionales y normas internacionales del
PIDESC y el Convenio 95 de la OIT. En esencia, la demanda busca que, por
decisión judicial, se cree una obligación de solidaridad entre la sociedad y
los socios para el pago de todas las deudas laborales y de seguridad social.
3.4.7 Del anterior recuento jurisprudencia se
concluye que: (i) el legislador tiene un amplio margen de apreciación al
regular las distintas modalidades de trabajo y la
forma de hacer efectivo su valor, el principio y el derecho-deber, (ii)
no obstante, al ejercer tal facultad, se encuentra obligado a garantizar las
garantías laborales de los trabajadores, (iii) la Corte
Constitucionalidad ha declarado la constitucionalidad de ciertos fenómenos de
flexibilización laboral, como mecanismo legítimo para incentivar la creación de
empleo, pero (iv) dichas herramientas no pueden ser utilizadas para
mutar verdaderos contratos laborales y desconocer las prerrogativas mínimas
reconocidas por el artículo 53 Superior, (iii) en el caso que las
figuras sean utilizadas fuera de los objetivos para los que fueron creadas, las
autoridades de control deben tomar los correctivos pertinentes y además, (iv)
habrá una responsabilidad de aquél patrono que ha utilizado estos instrumentos
de forma irregular.
3.5 EL DEBIDO PROCESO EN PROCESOS SANCIONATORIOS INICIADOS
POR LOS PARTICULARES
El artículo 29 de la Constitución inicia su redacción con la siguiente
frase: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas.”
3.5.1 Esta
tajante afirmación no deja duda acerca de la operancia en el derecho
sancionador del conjunto de garantías que conforman la noción de debido
proceso.
Así, ha señalado la jurisprudencia que los principios de la presunción
de inocencia, el de in dubio pro reo, los derechos de contradicción y
de controversia de las pruebas, el principio de imparcialidad, el principio nulla
poena sine lege, la prohibición contenida en  la fórmula non bis in ídem
y el principio de la cosa juzgada, entre otros, deben considerarse como
garantías constitucionales que presiden la potestad sancionadora de la
administración y el procedimiento administrativo que se adelanta para ejercerla.[25]
En lo que tiene que ver con el debido
proceso administrativo, la jurisprudencia específicamente ha considerado que: “El
derecho al debido proceso administrativo se traduce en la garantía que
comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal
manera que el compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del
Estado a sus ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el
ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es entonces la garantía
consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que
pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones como
establecer prerrogativas (Sentencia T-1263 de 2001). Si bien la preservación de
los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la
actuación estatal son un mandato imperativo de todos los procedimientos que se
surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación
que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los
asociados” (Sentencia T-772 de 2003). (…) De la aplicación del principio del
debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones
de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con
plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y, en fin,
a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.
Como elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en
materia disciplinaria, se han señalado, entre otros, “(i) el principio de
legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de
publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de
contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble
instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad,
(vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y
(ix) la prohibición de la reformatio in pejus.”[26]
Por otra parte, la jurisprudencia internacional,
específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha estudiado la
cuestión de si las garantías judiciales mínimas consagradas en la Convención
Americana de Derechos Humanos (art. 8)[27],
sólo son aplicables a los procesos penales, o si por el contrario, algunas de
ellas pueden extenderse a los procedimientos administrativos. En relación con
los procesos administrativos, dijo el Tribunal Internacional en el Caso Ivcher Bronstein contra Perú[28]:
102.    Si bien el artículo 8 de la
Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se
limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que
las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del
Estado que pueda afectar sus derechos.
103.    La Corte ha establecido que, a
pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en
materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías
mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a
esos órdenes y, por ende, en éstos el individuo tiene derecho al debido proceso
en los términos reconocidos para la materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento
respectivo.
3.5.2 En
cuanto a la obligatoriedad del respeto al debido proceso de las relaciones
entre particulares, la jurisprudencia ha señalado que el hecho que el artículo 29 de la Constitución disponga que el
debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas implica que “en todos los campos donde se haga uso de la
facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un sujeto para
imponer sanciones o castigos, deben ser observados los requisitos o
formalidades mínimas que integran el debido proceso”[29].
En virtud de lo anterior, ha determinado
que este mandato “no sólo involucra u obliga a las autoridades públicas, en
el sentido amplio de este término, sino a los particulares que se arrogan esta
facultad, como una forma de mantener un principio de orden al interior de sus
organizaciones (v. gr. establecimientos educativos, empleadores, asociaciones
con o sin ánimo de lucro, e.t.c.)”[30]. Agregó la Corporación, en relación con la sujeción al
debido proceso en los procedimientos en que los particulares tienen la
posibilidad de aplicar sanciones o juzgar la conducta de terceros, lo siguiente
“no podría entenderse cómo
semejante garantía, reconocida al ser humano frente a quien juzga o evalúa su
conducta, pudiera ser exigible únicamente al Estado. También los particulares,
cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos, están obligados
por la Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho
fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los
fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados”. [31]
En otras ocasiones, esta Corte ha llegado
a la misma conclusión apoyada en el argumento de que “la garantía del debido proceso ha sido
establecida en favor de la persona, de toda persona, cuya dignidad exige que,
si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento
jurídico, tiene derecho a que su juicio se adelante según reglas predeterminadas,
por el tribunal o autoridad competente y con todas las posibilidades de defensa
y de contradicción, habiendo sido oído el acusado y examinadas y evaluadas las
pruebas que obran en su contra y también las que constan en su favor”.[32]
En aras de garantizar y hacer efectivo las
garantías consagradas en la Constitución Política, la jurisprudencia ha
sostenido que es  “indispensable que los entes de carácter privado fijen unas formas o
parámetros mínimos que delimiten el uso de este  poder y que permitan al
conglomerado conocer las condiciones en que puede o ha de desarrollarse su
relación con éstos. Es aquí donde encuentra justificación la existencia y la
exigencia que se hace de los llamados reglamentos, manuales de convivencia,
estatutos, etc., en los cuales se fijan esos mínimos que garantizan los
derechos al debido proceso y a la defensa de los individuos que hacen parte del
ente correspondiente”[33].
De igual forma, se ha especificado que en los
reglamentos a los que se alude “es
necesario que cada uno de las etapas procesales estén previamente definidas,
pues, de lo contrario, la imposición de sanciones queda sujeta a la voluntad y
arbitrio de quienes tienen la función de solucionar los conflictos de los
implicados”[34].
Además, ha agregado que tales
procedimientos deben asegurar al menos:
*     “La comunicación formal de la apertura
del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas
posibles de sanción;
*      la formulación de los cargos imputados,
que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera
clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas
dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias;
*     el traslado al imputado de todas y cada
una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados;
*     la indicación de un término durante el
cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su
contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
*     el pronunciamiento definitivo de las
autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente;
*     la imposición de una sanción proporcional
a los hechos que la motivaron; y
*     la posibilidad de que el encartado pueda
controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones”[35].
En sede de control concreto de constitucionalidad, la
Corporación ha analizado el alcance del debido proceso, específicamente en el
ámbito laboral. Así ha determinado si en los procesos sancionatorios
adelantados por los patronos se respetaron las garantías consagradas en el
Estatuto Superior.
3.5.3
En la Sentencia T-433 de 1998[36],
la Corporación estudió si el Comité de Ética Médica de una institución de
salud había incurrido en irregularidades cuando investigó y sancionó a un
profesional de la salud por supuestamente haberse ausentado de su trabajo
durante el horario laboral y haber ingerido alcohol durante ese tiempo, y le
impuso la sanción de no volver a ejercer en el referido centro. El galeno alegaba
que no se le había informado formalmente de la investigación, no se le permitió
controvertir pruebas y que además se le impuso la sanción más grave
desconociendo el principio de proporcionalidad y el tiempo que llevaba
trabajando con la clínica sin tener llamados de atención.
La Corporación consideró que el artículo 29 de la Constitución
establecía que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, por lo que en todos los campos donde se haga uso
de prerrogativas disciplinarias deben cumplirse los requisitos o formalidades mínimas
que integran el debido proceso, involucrando no sólo a las autoridades públicas
sino a los particulares que también desempeñan funciones sancionatorias. En
este orden de ideas, consideró que era necesario que los entes privados fijaran
ciertas normas o parámetros mínimos para ejercer su potestad sancionadora los
cuales se consignan en “reglamentos, manuales de convivencia, estatutos,
etc., en los cuales se fijan esos mínimos que garantizan los derechos al debido
proceso y a la defensa de los individuos que hacen en parte del ente
correspondiente.”
Dijo la sentencia T-433 de 1998, que los requisitos mínimos que
debían observar los entes que detentan un poder disciplinario, eran (i) la
comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a
quien se imputan las conductas posibles de sanción; (ii) la formulación de los
cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a
que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas
como faltas disciplinarias; (iii) el
traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los
cargos formulados; (iv) la indicación de un término
durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las
pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus
descargos; (v) el pronunciamiento definitivo
de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (vi) la imposición de una sanción proporcional
a los hechos que la motivaron; y
(vii) La
posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos
pertinentes, todas y cada una de las decisiones.”
Posteriormente, la Sentencia
T-170 de 1999[37] se estudió el caso de un
trabajador de una cadena de Droguerías que había sido sancionado por promover
reuniones dentro de las instalaciones de la Empresa. Expresó la Corte que las
facultades sancionatorias que la ley otorga a los patronos en relación con sus
subordinados deben ser ejercidas razonablemente, en forma proporcionada a las
faltas cometidas, y siempre deben estar plenamente probadas. Adicionalmente, y
siguiendo la línea jurisprudencial, se estableció que toda sanción debe ser
resultado de un proceso en el que se haya oído al trabajador, se le haya
permitido ejercer cabalmente su derecho de defensa y se evalúen todas las
pruebas con que se cuente. Así mismo, la decisión debe estar motivada e indicar
con claridad las normas de la ley o del reglamento de trabajo en las cuales
hayan sido previstas las conductas imputadas y debe definir la responsabilidad
del trabajador en la conducta imputada.
Se dijo, además, que la
garantía constitucional del debido proceso por la cual se exige la
preexistencia de la norma en que haya sido contemplada la falta que se atribuye
al imputado, es aplicable a los procesos internos de las empresas cuando se
trata de imponer sanciones a sus trabajadores, por lo que sí se crean faltas
que no estaban contempladas previamente se constituiría una violación al debido
proceso.
En la Sentencia T-605 de 1999[38] se conoció la acción de tutela
interpuesta por un trabajador de la industria del gas. Su patrono dio por
terminado su  trabajo unilateralmente, alegando la existencia de una justa
causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto-Ley 2351 de
1965, sin que a juicio del accionante, se hubiere comprobado previamente.
En la
providencia, el Tribunal reiteró que el artículo 29 de la Constitución Política es aplicable a
los procesos internos adelantados en las empresas privadas tratándose del despido
de sus trabajadores por causas disciplinarias, ello en razón a que el debido
proceso es aplicable a toda actuación de carácter administrativo que sigan las
empresas tanto del sector público, como del sector privado, cuando van a
ejercer su poder sancionatorio frente a un trabajador, por la supuesta
ocurrencia de una falta que amerite una sanción contemplada bien sea en la ley
o en los reglamentos internos de trabajo. Adicionalmente, dice que esa facultad
que tienen los empleadores debe ser ejercida en forma razonable y proporcional
a la falta que se comete y, estar plenamente probados los hechos que se
imputan. Finalmente, establece que las decisiones de este tipo también pueden
ser controvertidas en la jurisdicción laboral.
En la Sentencia T-385 de 2006[39], un trabajador interpuso acción
de tutela contra su patrono y alega que se le indilgaba faltas al reglamento,
pero nunca se le dio la oportunidad de ser escuchado. Al resolver el caso
concreto, la Corporación reiteró que el trabajador tiene derecho a conocer los
hechos que y tener la oportunidad de defenderse.
En la Sentencia T-083 de 2010[40], el accionante solicitó la
protección de su derecho fundamental al trabajo que consideraba había sido
vulnerado por la demandada al prohibirle el ingreso a su lugar de trabajo por
el término de un año. La sanción fue impuesta con base en el hallazgo de “una
segueta y un sello que se le encontró en una requisa al accionante y que de
acuerdo a la empresa no correspondían a elementos propios del desempeño de su
trabajo”.
En dicha
oportunidad, recordó la Corporación que el artículo 29 de la Constitución se
aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas e implica
que “en todos los campos donde se haga uso de la facultad disciplinaria”.
De esta manera no solo se obliga a las autoridades públicas sino también a los
privados que hagan uso de dicha facultad para mantener el orden en sus
establecimientos.
La Corte entendió el debido
proceso como una garantía a favor de las personas, que se aplica también en
situaciones donde son los privados quienes aplican las sanciones, de manera que
el procedimiento sancionatorio siga las reglas constitucionales, y que además
es un derecho fundamental de la persona que es objeto del proceso.
Con el
fin de garantizar esta garantía, estimó la Corte que era necesario que los
entes privados fijaran unos parámetros mínimos que delimitaran el uso del poder
y bajo los cuales las personas podían conocer las condiciones por las que se
rige su relación con ese privado (reglamentos). Además, los reglamentos deben
especificar cada una de las etapas procesales de manera que las sanciones no
queden sujetas al simple arbitrio de los encargados de tomar las decisiones.
En la
Sentencia T-075A de 2011[41], la Corporación conoció de la acción de
tutela interpuesta por un docente contra un Colegio, al haber sido despedida
por expresar en la cátedra ideas respecto al conflicto palestino-israelí y a su comparación
con el conflicto colombo-venezolano. La actora señalaba que la situación
hubiese sido aclarado si se le hubiese permitido ejercer su derecho a la
defensa de manera adecuada.
La
providencia adujo que el debido proceso rige para toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, adelantando un procedimiento previamente
establecido y conocido. Agregó que la aplicación de esta garantía
constitucional supone la existencia de un procedimiento judicial o
administrativo, pero que algunas de las garantías que se derivan de este
derecho se aplican al ámbito de las relaciones laborales particulares. Entre
estas garantías se encuentra  la obligación del empleador de indicar los
motivos por los cuales se imponen sanciones sujetas al Reglamento Interno.
Se
observa entonces que la potestad disciplinaria en el ámbito laboral, entendida
ésta como la
prerrogativa del patrono de imponer castigos para mantener el orden al interior
de las organizaciones, se encuentra sometida al respeto de los derechos
fundamentales de los trabajadores, específicamente al respeto de las garantías
mínimas consagradas por el artículo 29 Superior y que forman parte del debido
proceso.
3.6CASO CONCRETO
A la Sala le corresponde analizar, dos problemas
jurídicos puestos a su consideración por el ciudadano demandante. En primer
lugar, debe estudiarse si la expresión “a menos que se trate de labores
extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”, contenida en
el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo transgrede el mandato de
igualdad, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, la primacía de
la realidad sobre las formas y el principio de favorabilidad, al distinguir,
para efectos de la aplicación de la solidaridad de aquél que se beneficia con
una obra, entre los trabajadores que realizan labores propias del giro
ordinario de los negocios de la empresa, y aquellos que desarrollan tareas
ajenas.
En segundo lugar, la Sala debe determinar si el
artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, al regular el procedimiento para
la imposición de sanciones a los trabajadores, desconoce las garantías
constitucionales al debido proceso. Ello, al no establecer en forma expresa el
derecho a presentar pruebas, controvertir las que exista en su contra y
controvertir la decisión final, entre otros.
3.6.1 Análisis de la constitucionalidad de
la expresión acusada del artículo 34
Con el objeto de analizar la constitucionalidad de la
expresión “a menos que se trate de labores extrañas a las actividades
normales de su empresa o negocio” del artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo, es necesario determinar el alcance.
3.6.1.1    La disposición referida dispone que son contratistas independientes y, por
tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las personas
naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la
prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado,
asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con
libertad y autonomía técnica y directiva.
En este orden de ideas, la norma consagra que en razón
de dicha calidad de empleadores, las personas naturales o jurídicas contratistas
deben asumir el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y si es el
caso, de las indemnizaciones a las que haya lugar, en relación con los trabajadores
que contraten para ejecutar la obra. Sin embargo, aquél que se beneficie de la
obra o labor será solidariamente responsable por la totalidad de las
obligaciones laborales, a menos que las funciones que realicen los trabajadores
sean extrañas al giro ordinario de sus negocios.
Se observa entonces que el objeto de la disposición es
establecer una solidaridad laboral o responsabilidad compartida o conjunta
entre el beneficiario o dueño de la obra y el contratista independiente, cuando
el primero utiliza el mecanismo de la contratación para desarrollar labores
propias de la empresa. En efecto, el legislador busca que la referida
contratación no se convierta en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las
obligaciones laborales con el fin de disminuir los costos económicos y encubrir
una verdadera relación laboral.
De igual manera, facilita a los empleados el cobro de
los salarios y prestaciones sociales y hace frente a posibles incumplimientos,
dificultades económicas o simulaciones del contratista independiente, cuando se
les utiliza para desarrollar funciones propias de la empresa.
3.6.1.2 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se
ha pronunciado, desde hace ya varios años, sobre la naturaleza de la figura de
la solidaridad laboral en el
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho los
trabajadores, entre el beneficiario del trabajo o dueño de la obra y el
contratista independiente, cuando este se vale de aquellos para desarrollar el
objeto contratado y éste corresponde al giro ordinario de los negocios del
beneficiario. Sobre el particular ha descrito que el artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo regula dos relaciones jurídicas (i) la que se produce
entre la persona que encarga la ejecución de una obra y la persona que la lleva
a cabo y (ii) la relación laboral entre el ejecutor de la obra y sus empleados.
En relación con la primera, se configura un contrato
de obra que implica que el contratista desarrolle el trabajo con libertad, autonomía técnica y directiva y con
asunción de todos los riesgos de su propio negocio. Como contraprestación,
recibe el pago de un precio determinado previamente. En este sentido, como
elemento fundamental de la relación de obra es el hecho que el contratista debe
ejecutar la labor encomendada con sus propios medios, sin utilizar los de la
empresa contratante.
En relación con la segunda, se genera un contrato
laboral entre el contratista independiente y sus empleados, y por tanto, se
encuentra obligado al pago del total de los salarios y de sus prestaciones
sociales.
En relación con el contrato de obra puede darse dos
situaciones (i) la obra o labor es extraña a las actividades normales de
quien encargó su ejecución; y por tanto, dicho negocio jurídico sólo produce
efectos entre los contratantes y (ii) la labor hace parte del giro
ordinario de los negocios del beneficiario del trabajo. Aquí se produce una
responsabilidad solidaria entre el dicho beneficiario y los trabajadores del
contratista.
Sobre el particular, se ha pronunciado la Corte
Suprema de Justicia en los siguientes términos:
“Dos relaciones jurídicas contempla la norma
transcrita, a saber: a) Una entre la persona que encarga la ejecución de una
obra o labor y la persona que la realiza; y b) Otra entre quien cumple el
trabajo y los colaboradores que para tal fin utiliza.
La primera origina un contrato de obra entre el
artífice y su beneficiario y exige la concurrencia de estos requisitos: que el
contratista se obligue a ejecutar la obra o labor con libertad, autonomía
técnica y directiva, empleando en ella sus propios medios y asumiendo los
riesgos del negocio, y de parte del beneficiario, que se obligue a pagar por el
trabajo un precio determinado.
La segunda relación requiere el lleno de las
condiciones de todo contrato de trabajo, que detalla el artículo 23 del
estatuto laboral sustantivo.
El primer contrato ofrece dos modalidades así: 1ª La
obra o labor es extraña a las actividades normales de quien encargó su
ejecución; y 2ª Pertenece ella al giro ordinario de los negocios del
beneficiario del trabajo. En el primer caso el contrato de obra sólo produce
efectos entre los contratantes; en el segundo entre éstos y los trabajadores
del contratista independiente.
Según lo expuesto, para los fines del artículo 34 del
Código Sustantivo del Trabajo, no basta que el ejecutor sea un contratista
independiente, sino que entre el contrato de obra y el de trabajo medie una
relación de causalidad, la cual consiste en que la obra o labor pertenezca a
las actividades normales o corrientes de quien encargó su ejecución, pues si es
ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no tienen contra
el beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el nombrado texto
legal. [42]
En esta misma providencia, se señaló que,
por tanto, quien se presente a reclamar obligaciones a cargo del beneficiario,
emanadas de un contrato laboral celebrado con el contratista independiente,
debe probar: (i) el contrato individual de trabajo entre el trabajador y el
contratista independiente; (ii) el contrato de obra entre el beneficiario del
trabajo y el contratista independiente; y (iii) la relación de causalidad entre
los dos contratos, es decir que la obra o labor contratada pertenezca a las
actividades normales de quien encargó su ejecución. Sostuvo:
“Quien se presente, pues, a reclamar en juicio
obligaciones a cargo del beneficiario, emanadas de un contrato laboral
celebrado con el contratista independiente, debe probar: el contrato de trabajo
con éste; el de obra entre el beneficiario del trabajo y el contratista
independiente; y la relación de causalidad entre los dos contratos en la forma
ya explicada. Son estos los presupuestos de derecho que en favor del trabajador
establece la disposición legal en examen” [43]
De igual manera, de vieja data, la Corte Suprema de
Justicia ha sostenido que la solidaridad contemplada en el artículo 34 del
Código Sustantivo del Trabajo tiene como fuente la propia ley y no el acuerdo
de voluntades, toda vez que el legislador ha instituido esta clase de
responsabilidad para atender a unos fines y objetivos precisos que se
evidencian en las sentencias anteriormente referidas. Con respecto al
fundamento legal de la solidaridad del contratista independiente, dicha
Corporación ha indicado:
“La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma,
no es el contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o ambos
en conjunto, sino la ley: esta es su causa eficiente y las dos convenciones su
causa mediata, o en otros términos: los dos contratos integran el supuesto de
hecho o hipótesis legal. Ellos y la relación de causalidad entre las dos figuras
jurídicas, son los presupuestos de la solidaridad instituida en la previsión
legal mencionada”[44]
Por otro lado, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia se ha pronunciado sobre el objetivo del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo y ha considerado que, al contrario de lo señalado por el
actor, esta disposición busca proteger al trabajador de los mecanismos utilizados por las empresas para evadir el
cumplimiento de obligaciones laborales, al contratar personal para efectuar
funciones propias de la empresa contratante. Sobre el particular ha dicho:
“Para la Corte, en síntesis, lo que se busca con la
solidaridad laboral del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo es que la
contratación con un contratista independiente para que realice una obra o
preste servicios, no se convierta en un mecanismo utilizado por las empresas
para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. Por manera que si una
actividad directamente vinculada con el objeto económico principal de la
empresa se contrata para que la preste un tercero, pero utilizando
trabajadores, existirá una  responsabilidad solidaria respecto de las
obligaciones laborales de esos trabajadores.
Quiere ello decir que si el empresario ha podido
adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero
decide hacerlo contratando un tercero para que éste adelante la actividad,
empleando trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario o dueño
de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones a que tienen derecho estos trabajadores, por la vía de la
solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo
desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una labor que no es
extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales.
Es cierto que la jurisprudencia de la Sala, al
interpretar el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, ha fundado la
solidaridad laboral en la relación que exista entre las actividades del
contratista independiente y las del beneficiario y dueño de la obra, en cuanto
ese artículo preceptúa que: “Pero el beneficiario o dueño de la obra, a menos
que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o
negocio, será solidariamente responsable…”.
Por manera que, como lo dijo en la sentencia en la que
se apoyó el Tribunal y ha considerado la Sala que, “ …para los fines del artículo
34 del Código Sustantivo del Trabajo, no basta que el ejecutor sea un
contratista independiente, sino que entre el contrato de obra
y el de trabajo medie una relación de causalidad, la cual consiste en que la
obra o labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien
encargó su ejecución, pues si es ajena a ella, los trabajadores del contratista
independiente no tienen contra el beneficiario del trabajo, la acción solidaria
que consagra el nombrado texto legal”
Pero la Corte también ha entendido que la
labor específicamente desarrollada por el trabajador es un elemento que puede
tenerse en cuenta al momento de establecer la solidaridad laboral del artículo
34 del estatuto sustantivo laboral, en la medida en que es dable considerar que
si esa actividad no es ajena a la del  beneficiario o dueño de la obra y se ha
adelantado por razón de un contrato de trabajo celebrado con un contratista
independiente, militan razones jurídicas para que ese beneficiario o dueño de
la obra se haga responsable de las obligaciones laborales que surgen respecto
de ese trabajador, en cuanto se ha beneficiado de un trabajo subordinado que,
en realidad, no es ajeno a su actividad económica principal..[45] (Subrayado fuera del texto)
En igual sentido, reseñando buena parte de su propia
jurisprudencia reiterada sobre la materia, la Sala de Casación Laboral ha
precisado su interpretación acerca de la razón de ser de la responsabilidad
solidaria del beneficiario frente a ciertas obligaciones del contratista
independiente (artículo 34 del CST), remarcando nuevamente el espíritu tuitivo
de la norma con respecto a los trabajadores. Al respecto, en sentencia del 17
de abril de 2012 la Sala consideró:
“la relación de causalidad que la Sala laboral, desde antaño, ha
extraído al interpretar el precitado artículo 34 del CST consiste en que la
obra o labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien
encargó su ejecución, pues si es ajena a ella, los trabajadores del contratista
independiente no tienen contra el beneficiario del trabajo tal acción de
solidaridad.
La solidaridad consagrada en el artículo 34 en comento, como lo
ha manifestado esta Sala, “…no es más que una manera de proteger los
derechos de los trabajadores, para cuyo efecto se le hacen  extensivas, al
obligado solidario, las deudas insolutas (prestacionales o indemnizatorias) en
su calidad de  dueño o beneficiario de la obra contratada,  ante la usual
insolvencia del deudor principal que no es otro que el empleador. Así lo
sostuvo esta Sala en sentencia del 25 de mayo de 1968, en uno de sus apartes:
‘Mas el legislador, con el sentido proteccionista que
corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por
las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones
sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes
caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin
desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno
el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los
trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario
por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que
puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el
contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos
trabajadores.’…”
De lo anterior se colige que la solidaridad establecida por el
legislador en la norma en comento es una garantía del pago de los salarios,
prestaciones e indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, la cual se
activa a cargo del beneficiario del trabajo o dueño de la obra en virtud del
contrato  celebrado entre este y el empleador, salvo que se trate de labores
extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de aquel”[46] (Subrayado
fuera del texto)
De igual manera, debe tenerse en cuenta que en aras de
evitar el ocultamiento de relaciones laborales, la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia ha adoptado un criterio amplio sobre lo que debe entenderse
como funciones propias de la empresa contratante y ha considerado que “la
responsabilidad solidaria se predica legalmente cuando la naturaleza o finalidad
de la obra contratada sea inherente o también conexa, con la actividad del
beneficiario. El Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, al referirse a
“labores extrañas a las actividades normales, de la empresa o negocio”, para
configurar la excepción al principio legal de la responsabilidad solidaria,
obviamente incluyó dentro del ámbito de la regla general todas aquellas obras
inherentes o conexas con las actividades ordinarias del beneficiario”.[47]
Este mismo criterio fue expuesto en la providencia del
2 de junio de 2009 de dicho Tribunal[48]. Allí se consideró que las labores
ordinarias no son sinónimo de objeto social de la compañía, sino que para que
proceda la figura de solidaridad laboral basta con demostrar que no son labores
extrañas al desarrollo de la empresa. Dijo:
“En primer término, y antes de estudiar los medios de
convicción que se citan en el cargo, resulta de interés para la Corte precisar
que el anterior razonamiento de la impugnación en realidad involucra una
cuestión de orden jurídico y no fáctico, esto es, si para establecer la
solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo se deben comparar
exclusivamente los objetos sociales del contratista independiente y del
beneficiario o dueño de la obra o si es viable analizar también la actividad específica
adelantada por el trabajador; cuestión que no puede ser planteada en un cargo
dirigido por la vía de los hechos
“Con todo, encuentra la Corte, como lo ha
explicado en anteriores oportunidades, que de cara al establecimiento de la
mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el
objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado
o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan
labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y
desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor
individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio
concluir que si, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó
un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la
obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado”. (Subrayado
fuera del texto)
3.6.1.3 La
Corte Constitucional, por su parte, ha concedido acciones de tutela, previa
verificación de cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, dando
aplicación al principio de solidaridad laboral del artículo 34 del Código
Sustantivo, reiterando los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, específicamente en lo relacionado con la necesidad
de establecer si efectivamente se estaba en presencia de actividades propias de
la empresa contratante.
Así, en la sentencia T-476 de 1996,[49]
esta Corporación concedió la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable y ordenó a una empresa el pago de un procedimiento
médico a favor de un trabajador de un contratista independiente, ante el
incumplimiento de este último. Para el efecto, se consideró que se encontraba
probado que el trabajador desarrollaba funciones propias de la empresa
beneficiada. Sostuvo la providencia:
b) El señor Hugo
Garzón se desempeñaba como contratista independiente de la sociedad comercial
Bosque Pasadena Ltda., en el momento del accidente sufrido por el actor, lo
cual fue manifestado a continuación de lo anteriormente transcrito, así:
"... el
señor HUGO GARZON quien era contratista de la sociedad constructora BOSQUE
PASADENA LTDA..." (folio 7).
c) La sociedad
comercial demandada desarrolla su objeto social en el campo de la construcción,
arquitectura, ingeniería y finca raíz, tal como lo muestra su Certificado de
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de esta
ciudad (folios 24 y 25), lo cual indica que la labor contratada con el
contratista independiente y desarrollada finalmente por el actor en virtud de
un contrato de trabajo, pertenece al giro ordinario de los negocios de la
sociedad Bosque Pasadena Ltda”. (Subrayado fuera del texto)
A diferencia del pronunciamiento
anterior, en la Sentencia T-167
de 2005[50], la Corte
Constitucional denegó la acción de tutela por cuanto no se encontraban
demostrados los requisitos consagrados por la Corte Suprema de Justicia, para
aplicar la figura de la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo.
Específicamente, no se configuró el primer requisito consistente en probar el contrato
individual de trabajo entre el trabajador y el contratista independiente.
En la Sentencia T-471 de 2008[51],
la Corporación dispuso que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura debía
afiliar a los accionantes al sistema de seguridad social a unos braceros
independientes, que debían cumplir con el requisito de dicha afiliación para
poder desarrollar su labor. Como fundamento se tuvo en cuenta que los
trabajadores realizaban funciones propias de la Compañía y que lo habían hecho
por un amplio espacio de tiempo. Sobre el entendimiento del artículo 34 del
Código Sustantivo afirmó:
El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo
define como contratista independiente y por ende verdadero patrono y no
representante ni intermediario, a quien contratan la ejecución de una o varias
obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado,
asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con
libertad y autonomía técnica y directiva.
No obstante la norma dispone que el beneficiario del
trabajo o dueño de la obra responderá solidariamente, con el contratista o
subcontratista, por las obligaciones laborales insatisfechas, así no medie
autorización de contratar, a menos que se trate de labores extrañas a las
actividades normales de la empresa o negocio.
Finalmente, en la Sentencia T-303 de 2011[52]
se realizó un análisis de la figura de solidaridad laboral y la define como
aquél instrumento que busca “el
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los
trabajadores, entre el beneficiario del trabajo o dueño de la obra y el contratista
independiente, cuando éste se vale de aquellos para desarrollar el objeto
contratado y éste corresponde al giro ordinario de los negocios del
beneficiario”. En el caso
en estudio, no concedió el amparo al verificar que no se trataba de un contrato
laboral entre los contratistas sino un contrato colectivo sindical.
3.6.1.4
En materia contenciosa
administrativa, el artículo 1 del Decreto 3074 de 1968, consagra que “Para el ejercicio de funciones de carácter
permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán
celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones”. Tal y como se explicó en el aparte de “Consideraciones”
de esta providencia, en la Sentencia C-614 de 2009[53]
se hizo el estudio de la constitucionalidad de la disposición y se consideró
que resultaba ajustado a la Carta la prohibición de contratación externa para
realizar funciones propias de la entidad pública. No obstante, si se demostraba
que las labores eran ajenas a la labor del establecimiento público sí resultaba
válido.
La sentencia también hizo referencia a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, resaltando que la jurisdicción contenciosa
había dado aplicación al contrato laboral, cuando se demostrara que el empleado
estaba desarrollando funciones permanentes y propias de un cargo en la
administración. Sobre el particular refirió algunos pronunciamientos:
De igual manera, la
jurisprudencia del Consejo de Estado, como juez natural de la validez de los
actos administrativos de vinculación laboral de los servidores públicos y de
prestación de servicios con el Estado, ha exigido la eficacia del “contrato
realidad”. Los siguientes casos muestran la línea jurisprudencial adoptada en
el Consejo de Estado:
La Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado, en sentencia del 6 de septiembre de 2008[54], estudió
si el demandante tenía derecho al reconocimiento del “contrato realidad” por
los periodos laborados bajo la modalidad de Contrato de Prestación de
servicios, mediante los cuales fue incorporado al Municipio de San Andrés de
Sotavento como docente de tiempo completo. Esa Corporación manifestó que
para concluir que una persona desempeña un empleo público y tiene una relación
legal y reglamentaria, con todos los derechos que de ella se derivan, es
necesario verificar: i) La existencia del empleo en la planta de personal de la
entidad, porque no es posible desempeñar un cargo que no existe. (Art. 122 de
la Constitución Política); ii). La determinación de las funciones permanentes y
propias del cargo (Art. 122 de la Constitución Política); y iii). La previsión
de los recursos en el presupuesto para el cargo de gastos que demande el
empleo.
Frente al caso concreto el Consejo
de Estado advierte que las labores desarrolladas por el demandante eran las
mismas que las de los docentes de planta y que se cumplen los tres elementos de la relación
laboral, siendo estos, prestación personal del servicio, continua subordinación
y remuneración como contraprestación del servicio, pues la simple existencia de
los contratos de prestación de servicios docentes, permiten inferir que la
administración pretendió evitar el pago de prestaciones sociales encubriendo la
existencia de una verdadera relación laboral, por cuanto como la subordinación
y la dependencia se encuentran inherentes en la labor que desarrollan los
maestros, es decir, son consustanciales al ejercicio docente. Por ello, y
conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades,
existía una realidad laboral, creándose con el contrato administrativo una mera
ficción, la cual impone la especial protección del Estado en igualdad de
condiciones a los docentes de planta, según términos de los artículos 13, 25 y
53 de la Carta.
En idéntico sentido, la sentencia proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado el 3 de julio de 2003[55],
reconoció la existencia
del “contrato realidad” a un conductor de ambulancia que fue contratado en la
modalidad de Prestación de Servicios y quien realizaba labores permanentes de
la entidad, en forma continua e ininterrumpida y en igualdad de  condiciones
respecto de los empleados públicos que se desempeñaban en la misma dependencia. De la misma manera, el Consejo dijo que no es válido
celebrar contratos de prestación de servicios respecto de actividades que para
ser desarrolladas necesariamente requieran de los elementos propios de la
relación laboral o reglamentaria con el Estado.”(Subrayado fuera del texto)
3.6.1.5 Se observa entonces que la jurisprudencia tanto de la
Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
dentro del marco de sus competencias, han aplicado e interpretado la figura de
la solidaridad laboral prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo. A partir de ella, se ha impuesto límites al uso irregular de la
contratación independiente, imponiendo el pago compartido tanto del contratista
independiente como de la empresa que se beneficia de la labor. De igual manera,
como criterio de distinción entre el uso legítimo y constitucionalmente válido
de la tercerización y aquél uso irregular y vulneratorio de los derechos de los
trabajadores, se encuentra la determinación si el empleado realiza funciones
propias del giro ordinario de la empresa o entidad. Esto último, teniendo en
consideración el concepto amplio que ha sido acogido por la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, en el entendido que para que proceda la figura de
solidaridad laboral basta con demostrar que no son labores extrañas al
desarrollo de la empresa.
Es por ello que la distinción hecha
por la disposición entre aquellos trabajadores del contratista que desarrollen
funciones normales y ordinarias de la empresa contratante y aquellas ajenas a
la misma, tiene su fundamento en el objeto y fin del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo. Esto es, evitar que la referida empresa utilice la
llamada tercerización para evadir las obligaciones laborales y esconda
verdaderos contratos realidad para desarrollar las funciones o labores que le
son propias para cumplir su objeto social.
3.6.1.6 No obstante, esta distinción es la que considera el
actor que desconoce el derecho a la igualdad (artículo 13 CP), con incidencia
en las garantías laborales (artículo 53 CP) de aquellos trabajadores que se
ocupan de tareas ajenas al objeto social de la empresa.
Como lo ha
desarrollado la jurisprudencia de esta Corporación, previo a efectuar el
análisis de la existencia de una vulneración del derecho a la igualdad, debe
estudiarse si los grupos objeto de comparación se encuentran en una misma
situación de hecho. Ello es presupuesto indispensable para analizar si dicho
trato diferenciado se encuentra justificado, si cuenta con finalidad, si es
adecuado, proporcional y no sacrifica otros principios constitucionales.
En el caso que
ocupa la atención de la Sala se observa que la expresión acusada del artículo
34 del Código Sustantivo del Trabajo, distingue entre los trabajadores del
contratista independiente que pertenece a labores afines o propias del giro
ordinario de los negocios del contratante frente a los trabajadores del
contratista independiente que pertenece a labores ajenas o extrañas de dicho
giro ordinario, otorgando un tratamiento diferente en materia de extensión de
la responsabilidad solidaria del dueño de la obra.
En primer lugar, cabe
señalar que estas dos categorías de trabajadores se encuentran en dos
situaciones de hecho diferentes, al desarrollar labores disímiles. Así, aquellos
que desarrollan funciones propias del giro ordinario de la empresa, incluso
podrían asimilarse a los trabajadores de la empresa misma, mientras que aquellos
que ejercen labores ajenas son contratados para desarrollar labores que no son
propias de la compañía. A modo de ilustración, si una compañía de textiles
contrata el mejoramiento de la estructura física de la empresa (pintura, arreglo
de paredes, entre otros), los empleados del contratista no podrían ser
asimilados a los trabajadores de la empresa por cuanto desarrollan funciones
diferentes. Esta misma afirmación no sería absolutamente trasladable frente a
los trabajadores del contratista que desarrollaran funciones propias y
ordinarias de la empresa contratante. Nuevamente, se resalta que, para efectos de hacer tal distinción,
debe considerarse el concepto amplio de funciones propias que ha sido acogido
por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en el entendido que para
que proceda la figura de solidaridad laboral basta con demostrar que no son
labores extrañas al desarrollo de la empresa.
No obstante, y
en aras de discusión, si se considerara que las dos categorías de trabajadores
–tanto los que desarrollan funciones del giro ordinario de la empresa, como
aquellos que ejercen labores ajenas-, son objeto de comparación, la Sala
observa que el trato diferente
establecido en la expresión “a menos que se trate de labores extrañas a las
actividades normales de su empresa o negocio” del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo, se encuentra justificado.
En efecto, la distinción misma
es la que asegura que la finalidad de la disposición se cumpla, y éste
objetivo, no es otro, que el de proteger al trabajador de posibles
encubrimientos de verdaderas relaciones laborales a través de contratistas
independientes. En otras palabras, lo que persigue el legislador es diferenciar
y hacer viables los derechos de los trabajadores contratados por terceros, que
desarrollan actividades propias y misionales de la empresa beneficiada, a
través de la imposición de su responsabilidad solidaria en el pago de los
salarios y demás prestaciones sociales.
La solidaridad laboral
dispuesta en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo asegura que este
mecanismo de contratación no se convierta en un método utilizado por las
empresas para evadir el cumplimiento de las obligaciones laborales, y por
tanto, en el caso en que decidan contratar a través de terceros el desarrollo
de funciones propias de su objeto social, de igual manera, serán responsables
tal y como si hubiesen contratado directamente. Ello, a diferencia de lo
señalado por el actor, desarrolla los principios constitucionales que rigen las
relaciones laborales contenidas en el artículo 53, entre los que se encuentran
la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas
laborales, el principio de favorabilidad y la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
Así mismo, es acorde con la
jurisprudencia de la Corporación que ha considerado que los procesos de
tercerización son ajustados a la Norma Superior, siempre y cuando no se utilicen
como herramientas para disfrazar una verdadera relación laboral. Por el
contrario, el legislador, a través del artículo 34 del Código Sustantivo, ha
propendido por poner freno a estos abusos, poniendo en cabeza del beneficiario
de la obra el pago de los salarios y prestaciones, cuando se presume que está
utilizando al contratista independiente para ocultar una relación de
subordinación con sus trabajadores. Esto ocurre cuando contrata la prestación
de servicios de su objeto propio o funciones afines al mismo.
De igual manera, debe tenerse
en consideración que la medida
es efectivamente conducente para promover esto objetivos y es idónea para alcanzar
el fin propuesto por la norma con un importante grado de probabilidad. Así, una
vez la empresa decida contratar a través de un tercero la ejecución de
actividades directamente vinculadas con su objeto, se verá sujeto a  la
responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales de los trabajadores
del tercero contratista. De igual manera, los referidos trabajadores cuentan
con una garantía que sus derechos serán reconocidos ya no sólo por aquél que lo
ha contratado directamente sino, en forma solidaria, por quien se beneficia de
sus servicios.
En este mismo orden de ideas, el trato es
proporcionado, y permite proteger y garantizar los derechos de los trabajadores
sin imponer cargas excesivas a ninguno de los extremos de la relación laboral.
Sobre este particular es razonable que el legislador infiera que el empleador
que contrata con un tercero la prestación de un servicio propio de su giro
ordinario, pueda estar encubriendo verdaderos contratos laborales, y en virtud
de ello la ley lo hace responsable de forma solidaria con los pagos de los
salarios y de las prestaciones sociales. Por el contrario, imponer al patrono
el pago solidario de cargas laborales de cualquier tipo de contratación que
realice, dificultaría el tráfico jurídico y la efectiva contratación de
personal para los efectos para los que fue creado. Verbigracia, sería excesivo que
una compañía de zapatos que contratara el arreglo de sus computadores o de su
fachada, se hiciese responsable de los salarios y demás cargas laborales de los
trabajadores de la empresa contratista.
Finalmente, no se sacrifican en forma
desproporcionada los derechos de los trabajadores que desarrollan funciones
ajenas a las actividades de la empresa, por cuanto el mismo artículo 34
establece que el contratista que emplea a terceros para el desarrollo de
labores contratadas por un precio determinado, es un verdadero patrono y por
tanto, se encuentra obligado al pago de todos sus salarios y prestaciones
sociales. Es decir, dichos empleados también tienen amparadas las garantías
consagradas en el artículo 53 Superior.
No obstante, considera la Sala que necesario
reiterar, tal y como lo estableció la Sentencia C-614 de 2009[56], la importante tarea de los jueces y de
las autoridades administrativas de
control para evitar que la herramienta consagrada en el artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo no se convierta en un mecanismo de ocultamiento de
verdaderas relaciones laborales. Para ello, tal y como lo refirió la
providencia, el juez debe actuar de manera inquisitiva para establecer si el
mecanismo utilizado funciona conforme a la ley o, por el contrario, hay una
simulación en perjuicio del principio del contrato realidad, para
desconocer las obligaciones laborales propias de un contrato de trabajo.
Por todas las anteriores consideraciones,
se declarará la exequibilidad “a
menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa
o negocio” del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.
3.6.2 Análisis de
la constitucionalidad del artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo
El artículo 115 del Código
Sustantivo del Trabajo dispone que antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador
debe dar oportunidad de ser oídos tanto al trabajador inculpado como a dos
representantes del sindicato a que este pertenezca. De lo contrario, no
producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo
este trámite.
3.6.2.1 Esta disposición se encuentra
contenida en el título IV Capítulo I que regula la existencia del Reglamento
Interno de Trabajo como el
conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el
empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. Se encuentran
obligadas a adoptarlos aquellas empresas con más de cinco (5) trabajadores de carácter permanente en empresas
comerciales, o más de diez (10) en empresas industriales, o más de veinte (20)
en empresas agrícolas, ganaderas o forestales (artículos 104 y 105 del CST).
Dicho reglamento hace parte del
contrato individual de trabajo de cada uno de los patronos del respectivo
establecimiento, salvo estipulación en contrario, que, sin embargo, sólo puede
ser favorable al trabajador (Artículo 106 CST).
El artículo 111 consagra que el
Reglamento Interno del Trabajo puede contener sanciones de tipo disciplinario.
Agrega que las sanciones previstas no pueden consistir en penas corporales, ni
en medidas lesivas de la dignidad del trabajador (artículo 112), así mismo
consagra que cuando la sanción consista en suspensión del trabajo, ésta no
puede exceder de ocho (8) días por la primera vez, ni de dos (2) meses en caso
de reincidencia de cualquier grado. Cuando la sanción consista en multas se
prevé que éstas sólo puede causarse por retrasos o faltas al trabajo sin excusa
suficiente; no puede exceder de la quinta (5a) parte del salario de un (1) día,
y su importe se consigna en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a
premios o regalos para los trabajadores del establecimiento (artículo 113).
También dispone el Código Sustantivo de Trabajo que el empleador no puede
imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el reglamento, en pacto,
en convención colectiva, en fallo arbitral o en contrato individual.
Para la imposición de tales sanciones, el artículo 115
establece que el patrono deber dar la oportunidad al trabajador de ser
escuchado como a dos representes del sindicato. El ciudadano demandante considera
que este procedimiento no garantiza las prerrogativas contenidas en el artículo
29 de la Constitución.
3.6.2.2 Observa la Sala que la norma ofrece dos
posibles interpretaciones, una contraria al derecho al debido proceso
consagrado en nuestra Constitución, y otra acorde con lo consagrado en el
ordenamiento Superior.
En cuanto a la primera interpretación, podría pensarse que
el artículo 115 consagra una simple formalidad de dar la posibilidad al
subordinado de ser escuchado en forma previa a la imposición de la sanción
establecida en el Reglamento de Trabajo. Esta interpretación de la norma, es
contraria al derecho al debido proceso y a lo establecido por la jurisprudencia
constitucional en lo relacionado con la necesidad de garantizar las
prerrogativas inherentes al artículo 29 de la Constitución, en el ámbito de las relaciones laborales
particulares.
Por el contrario, la norma puede ser interpretada de
una forma acorde con el texto constitucional, en el sentido que cuando el
legislador se refiere a que el trabajador debe ser oído previamente a la
imposición de la sanción, debe entenderse que ello implica que deben respetarse
las garantías propias del debido proceso.
Sobre el particular recuerda la Sala que el referido
derecho constitucional se aplica no sólo a las actuaciones judiciales y
administrativas del Estado, sino que en todos los campos donde se haga  uso de la facultad
disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un sujeto para imponer
sanciones o castigos para mantener el orden al interior de las organizaciones
privadas. Ello, además, resulta de trascendental importancia cuando se trata de
relaciones laborales en donde existe un alto grado de subordinación y el
trabajador se constituye como la parte débil de dicha relación jurídica.
Por lo anterior, se hace indispensable que
los empleadores fijen, en los Reglamentos Internos de Trabajo, unas formas o
parámetros mínimos que delimiten el uso del poder de sancionar y que permitan a
los trabajadores conocer  tanto las conductas que dan origen al castigo
como su sanción, así como el procedimiento que se adelantará para la
determinación de la responsabilidad. Allí deben fijarse unos mínimos que
garantizan los derechos al debido proceso y a la defensa de los individuos que
hacen parte del ente correspondiente.
En efecto, tal y como se desarrolló en la
parte motiva de esta providencia, toda sanción impuesta por el patrono debe estar previamente
consagrada en el Reglamento, debe ser resultado de un proceso en el que se haya
oído previamente al trabajador, en el cual se le haya permitido presentar
pruebas y controvertir las que existiesen en su contra, la decisión debe estar
motivada e indicar con claridad las normas de la ley o del reglamento de
trabajo en las cuales hayan sido previstas las conductas imputadas y debe
definir la responsabilidad del trabajador en la conducta imputada. De igual
manera, en el caso en que proceda, permitirse que pueda ser revisada por el
superior jerárquico de aquél que interpuso la sanción.
Adicionalmente, la facultad
sancionatoria en cabeza del empleador debe ser ejercida en forma razonable y
proporcional a la falta que se comete y, estar plenamente probados los hechos
que se imputan.
En este orden de ideas, la jurisprudencia
constitucional ha establecido el conjunto de elementos mínimos que debe
contemplar el Reglamento Interno de Trabajo al regular el procedimiento para la
imposición de las sanciones disciplinarias que en él se contemplen, entre los
que se encuentran (i) la
comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a
quien se imputan las conductas posibles de sanción, (ii) la formulación
de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en
ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias
a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas
como faltas disciplinarias. Acá debe recordarse que el mismo Código Sustantivo
del Trabajo dispone que tanto la conducta como su respectiva sanción debe
encontrarse previamente consagradas en el Reglamento Interno del Trabajo, (iii) el traslado al imputado de todas y cada una de las
pruebas que fundamentan los cargos formulados, (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular
sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que
considere necesarias para sustentar sus descargos, (vi) el pronunciamiento definitivo del patrono mediante un
acto motivado y congruente, (vii) la
imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (viii)
la posibilidad que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos
pertinentes, todas y cada una de las decisiones ya sea ante el superior
jerárquico de aquél que impone la sanción como  la posibilidad de acudir a la
jurisdicción laboral ordinaria[57].
En este orden de ideas, la Sala Plena de esta
Corporación entiende que la interpretación acorde con los postulados
constitucionales del artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, es aquella
que impone al empleador que, en forma previa a la imposición de cualquier
sanción contenida en el Reglamento del Trabajo, debe garantizarse el  respeto
de  las garantías propias del debido proceso, de conformidad con lo dispuesto
en la presente providencia.
3.7
CONCLUSIONES
Correspondió a
la Sala analizar (i) si la
expresión “a menos que se trate de labores extrañas a las actividades
normales de su empresa o negocio”, contenida en el artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo desconocía el mandato de igualdad, al distinguir, para
efectos de la aplicación de la solidaridad de aquél que se beneficia con una
obra, entre los trabajadores que realizan labores propias del giro ordinario de
los negocios de la empresa, y aquellos que desarrollan tareas ajenas. Para el
ciudadano, este trato diferente generaba una afectación del derecho al trabajo
en condiciones dignas y justas, la primacía de la realidad sobre las formas y
el principio de favorabilidad, de estos últimos y (ii) si el artículo
115 del Código Sustantivo del Trabajo, al regular el procedimiento para la
imposición de sanciones a los trabajadores, desconocía sus garantías
constitucionales al debido proceso.
La Corporación consideró que, a diferencia
de lo sostenido por el actor, la distinción realizada por el artículo 34 del
Código Sustantivo del Trabajo, busca proteger al trabajador de posibles encubrimientos de
verdaderas relaciones laborales a través de contratistas independientes. En
otras palabras, lo que persigue el legislador es diferenciar y hacer viables
los derechos de los trabajadores contratados por terceros, que desarrollan
actividades propias y misionales de la empresa beneficiada, a través de la
imposición de su responsabilidad solidaria en el pago de los salarios y demás
prestaciones sociales. Esta distinción es además razonable y proporcionada.
En relación con el análisis del
artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, señaló que la disposición debía
ser interpretada acorde con el
texto constitucional, y por tanto, la obligación de escuchar previamente al
trabajador, en el caso de aplicarse alguna sanción contenida en el Reglamento
del Trabajo, implica el respeto de  las garantías propias del debido proceso,
las cuales fueron enunciadas en la parte considerativa de esta providencia.
En este orden de ideas, se recordó que el derecho
constitucional al debido proceso se aplica no sólo a las actuaciones judiciales
y administrativas del Estado, sino que en todos los campos donde se haga  uso de la
facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un sujeto para
imponer sanciones o castigos para mantener el orden al interior de las organizaciones
privadas. En el campo laboral, ello se traduce en la obligación de los patronos
de fijar en los Reglamentos Internos de Trabajo, unas formas o parámetros
mínimos que aseguren el cumplimiento de la referida prerrogativa
constitucional.
4
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “a menos
que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o
negocio”, del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, por los cargos
estudiados en la presente providencia.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 115
del Código Sustantivo del Trabajo,  por los cargos estudiados en la presente providencia.
TERCERO.- Declararse INHIBIDA para decidir de fondo, en relación con el artículo 356
del Código Sustantivo del Trabajo, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con
salvamento parcial de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada
Con salvamento parcial de
voto
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrada
Magistrado
Con salvamento parcial de
voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Magistrado
Magistrada  (e)
SONIA VIVAS PINEDA
Secretaria General (e)
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Y DE LOS MAGISTRADOS JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO Y LUIS ERNESTO VARGAS SILVA  A LA SENTENCIA C-593/14
EXPRESION “A MENOS QUE SE TRATE DE LABORES
EXTRAÑAS A LAS ACTIVIDADES NORMALES DE SU EMPRESA O NEGOCIO” CONTENIDA EN CODIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO-Norma
excluye a contratistas independientes que cumplen labores ajenas a las
actividades normales de la empresa contratante, del beneficio de
responsabilidad solidaria en favor de trabajadores que, bajo la misma modalidad
de intermediación, realizan labores propias de la empresa contratante (Salvamento
parcial de voto)
EXPRESION “A MENOS QUE SE TRATE DE LABORES
EXTRAÑAS A LAS ACTIVIDADES NORMALES DE SU EMPRESA O NEGOCIO” CONTENIDA EN CODIGO
SUSTANTIVO DEL TRABAJO-No se
examinaron en debida forma los requisitos del test de razonabilidad (Salvamento
parcial de voto)
La sentencia que motiva este salvamento no examinó en
debida forma los requisitos que establece el test de razonabilidad para
considerar que este tratamiento diferenciado se ajustaba a la Constitución, por
cuanto no se verificó su idoneidad para alcanzar una finalidad
constitucionalmente legítima. En esta oportunidad, el objeto de controversia
versaba sobre la constitucionalidad del aparte normativo del artículo 34 CST
que excluía la solidaridad en relación con los trabajadores al servicio de un
contratista independiente que realizaban labores ajenas a las propias de la
empresa contratante. Sin embargo, en el test de razonabilidad efectuado en la
sentencia se varía el objeto de análisis, pues al examinar la finalidad
constitucional y la idoneidad de la medida, los argumentos expuestos se
refieren a la solidaridad a favor de los trabajadores que realizan labores
propias de la empresa contratante prevista en el resto del artículo 34 del
Código Sustantivo del Trabajo, que no había sido demandado y que, antes bien,
constituía el término de comparación para poner de manifiesto la existencia de
un tratamiento discriminatorio. Con tal proceder, se presentaron como
argumentos a favor de la constitucionalidad de la expresión demandada, las que
en realidad constituían razones para defender la legitimidad constitucional de
la garantía de solidaridad que, precisamente, se ve restringida por el aparte
normativo demandado. En la decisión aprobada por la Sala Plena
se invoca como finalidad de la distinción acusada la de “proteger al trabajador
de posibles encubrimientos de verdaderas relaciones laborales a través de
contratistas independientes”. Tal finalidad es predicable de la medida que
establece la solidaridad entre la empresa contratante y el contratista
independiente, pero no de la prevista en la norma cuestionada, que precisamente
excluye tal solidaridad respecto de los trabajadores que realizan labores
extrañas a las de la empresa contratante. En definitiva, en esta etapa del test
de razonabilidad se reemplazó la búsqueda de la finalidad constitucionalmente
legítima del trato diferenciado entre ambos grupos de trabajadores, por la
finalidad constitucionalmente legítima de la solidaridad prevista a favor de los
primeros.
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES-Garantía sin imponer cargas excesivas a
ninguno de los extremos de la relación laboral (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expediente D-10032
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 34 – parcial, 115 y 356 del Código Sustantivo del Trabajo
Magistrado Ponente:
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Sala Plena, salvamos parcialmente nuestro voto porque disentimos de la
declaratoria de exequibilidad de la expresión “a
menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa
o negocio”, contenida en el artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo.  En virtud de la misma se excluye a los contratistas independientes
que cumplen labores ajenas a las actividades normales de la empresa
contratante, del beneficio de responsabilidad solidaria que se establece en tal
disposición a favor de los trabajadores que, bajo la misma modalidad de
intermediación, realizan labores propias de la empresa contratante. Nos
apartamos de la decisión de la mayoría, por considerar que dicha exclusión es
contraria al principio de igualdad (art. 13 CP) y a los mandatos
constitucionales que ordenan garantizar el derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas y dispensar especial protección a todas las modalidades de
trabajo (art. 25 CP).
1. La sentencia que motiva este salvamento no examinó
en debida forma los requisitos que establece el test de razonabilidad para
considerar que este tratamiento diferenciado se ajustaba a la Constitución, por
cuanto no se verificó su idoneidad para alcanzar una finalidad
constitucionalmente legítima.
En esta oportunidad, el objeto de controversia versaba
sobre la constitucionalidad del aparte normativo del artículo 34 CST que
excluía la solidaridad en relación con los trabajadores al servicio de un
contratista independiente que realizaban labores ajenas a las propias de la
empresa contratante. Sin embargo, en el test de razonabilidad efectuado en la
sentencia se varía el objeto de análisis, pues al examinar la finalidad
constitucional y la idoneidad de la medida, los argumentos expuestos se
refieren a la solidaridad a favor de los trabajadores que realizan labores propias
de la empresa contratante prevista en el resto del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo, que no había sido demandado y que, antes bien,
constituía el término de comparación para poner de manifiesto la existencia de
un tratamiento discriminatorio. Con tal proceder, se presentaron como
argumentos a favor de la constitucionalidad de la expresión demandada, las que
en realidad constituían razones para defender la legitimidad constitucional de
la garantía de solidaridad que, precisamente, se ve restringida por el aparte
normativo demandado.
En la decisión aprobada por la Sala Plena se invoca
como finalidad de la distinción acusada la de “proteger al trabajador de
posibles encubrimientos de verdaderas relaciones laborales a través de
contratistas independientes”. Tal finalidad es predicable de la medida que
establece la solidaridad entre la empresa contratante y el contratista
independiente, pero no de la prevista en la norma cuestionada, que precisamente
excluye tal solidaridad respecto de los trabajadores que realizan labores
extrañas a las de la empresa contratante. En definitiva, en esta etapa del test
de razonabilidad se reemplazó la búsqueda de la finalidad constitucionalmente
legítima del trato diferenciado entre ambos grupos de trabajadores, por la
finalidad constitucionalmente legítima de la solidaridad prevista a favor de
los primeros.
El juicio de idoneidad efectuado en la sentencia
incurre en un defecto similar. Este implica un examen de la eficacia del medio
legislativo cuestionado para alcanzar el fin propuesto. De nuevo, aquí el medio
que se examina no es el que constituía el objeto de controversia (esto es, la
exclusión del beneficio de solidaridad para los trabajadores que no realizan
labores propias de la empresa contratante), sino el establecimiento del régimen
de responsabilidad solidaria entre empresa contratante y contratista
independiente. En la sentencia se afirma que esta última medida es idónea para
garantizar los derechos de los trabajadores que realizan labores propias de la empresa
contratante, pero lo que no se dice es por qué la exclusión de los trabajadores
que realizan otro tipo de labores constituye un mecanismo adecuado para
garantizar los derechos de los primeros. Vista desde esta perspectiva, la
medida es claramente inidónea, pues en nada se beneficia la protección de los
trabajadores que prestan sus servicios para un contratista independiente en
labores propias de la empresa contratante, del hecho de que quienes realizan
otro tipo de actividades sean excluidos del beneficio de la solidaridad.
2. Por último, la sentencia elude examinar una
alternativa, prevista por el propio legislador, que permitiría garantizar de
mejor manera los derechos de los trabajadores, sin imponer cargas excesivas a
ninguno de los extremos de la relación laboral. Se trata de la posibilidad que
tiene la empresa contratante de pactar con el contratista independiente las
garantías para repetir en contra de éste último, allí donde el primero deba
responder solidariamente por las acreencias laborales del contratista.  Esta
posibilidad, prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo,
permitiría que el riesgo por la insolvencia o irresponsabilidad de los
contratistas independientes no se traslade a los trabajadores, que constituyen
el extremo más débil de la relación, sino que pueda ser asumido por la empresa
contratante, quien está en mejor situación para pactar garantías con el
contratista independiente y para exigir su cumplimiento.
3. En definitiva, consideramos que no existe ninguna
finalidad constitucionalmente legítima que se vea satisfecha con la diferencia
de trato que establece la expresión acusada y si en cambio una discriminación
que contradice el mandato constitucional que ordena dispensar especial
protección al trabajo en todas sus formas. No hay ninguna razón de orden
constitucional que justifique que dos tipos de trabajadores que fueron
vinculados por un contratista independiente para prestar sus servicios para un
tercero (empresa contratante), tengan distintas garantías para reclamar el pago
de sus acreencias laborales, en función de si la obra realizada guarda o no
relación con el objeto social de la empresa para la cual prestaron sus
servicios. Es sabido que cada vez más las empresas acuden a este tipo de
modalidades de tercerización para la prestación de servicios de vigilancia,
limpieza, servicios generales, entre otras, esto es, labores que de manera
directa no guardan relación con el objeto social de aquellas, pero que resultan
imprescindibles para su adecuado funcionamiento. Este tipo de trabajos, que
suelen ser prestados por la gente más humilde y en condiciones laborales
precarias, distan aún más del deber ser constitucional en virtud de
tratamientos discriminatorios como el previsto en la norma acusada. Por eso, la
norma debió ser declarada inexequible.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrada
[1] Dice la citada norma: “Artículo 2º. Las
demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por
escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas
como inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un
ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las
normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las
cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda".
[2] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[3] La claridad de la demanda es un requisito
indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues
aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla
general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y
técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto
Fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la
argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las
justificaciones en las que se basa.
(….)
Las razones que respaldan los cargos de
inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una
proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida
por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo
caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto
constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir
de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere,
entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes,
que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la
inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se
desprenden”.
Las razones son específicas si definen con claridad la
manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a
través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto
contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la
necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y
verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución
Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad
a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y
globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones
que se acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide
que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
La pertinencia también es un elemento esencial de las
razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad.  Esto quiere
decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza
constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma
Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de
ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de
consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se
limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en
realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la
acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la
indebida aplicación de la disposición en un caso específico”; tampoco
prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en
un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o
reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.
La suficiencia que se predica de las razones de la
demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la
exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios)
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto
objeto de reproche. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela
directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de
argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la
norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional.” (Subrayado fuera del texto)
[4] Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Tomado de las Sentencias C-1052 y 1193 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, entre otras
[5] Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
[6] Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada.
[7] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993. La
Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código
Penal). Se dijo, entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de
inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto,
carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La
doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No
existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la
creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por
excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en
el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de
constitucionalidad sobre extremos comparables”.  Así, la Corte desestimaba
algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías
del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y
con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.
[8] Cfr. Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.
[9] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-269 de 1995.
Este fallo que se encargó de estudiar la Demanda de inconstitucionalidad contra
la Ley 61 de 1993 artículo 1° literales b y f, es un ejemplo de aquellos casos
en los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el
actor, puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia.
[10] Son estos los términos descriptivos
utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos
impertinentes a consideración de la Corte.
[11] C-1052 de 2001
[12] Sentencia T-222 de 1992
[13] Sentencia C-614 de 2009 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[14] Entre otras, pueden consultarse las sentencias
C-177 de 2005, C-100 de 2005, C-019 de 2004, C-038 de 2004, C-425 de
2005 y C-580 de 1996.
[15] C-107 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[16] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[17] C-614 de 2009 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[18] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[19] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[20] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] M.P. Jaime Córdoba  Triviño
[22] M.P. Mauricio González Cuervo
[23] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[24] M.P. Mauricio González Cuervo
[25] Sentencia C-555 de 2001
[26] Sentencia T-1034 de 2006. En igual sentido,
las sentencias C-310 de 1997, C-555 de 2001, T-1102 de 2005, T-330 de 2007,
entre otras.
[27] Este artículos
señala: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente
por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado
o tribunal;
b. comunicación previa y detallada al inculpado de la
acusación formulada;
c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios
adecuados para la preparación de su defensa;
d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o
de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y
privadamente con su defensor;
e. derecho irrenunciable de ser asistido por un
defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación
interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor
dentro del plazo establecido por la ley;
f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o
peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí
mismo ni a declararse culpable, y
h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si
es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no
podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que
sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
[28] Caso Ivcher Bronstein contra Perú.
Sentencia del 6 de febrero de 2001. En dicha ocasión, la Corte Interamericana
estudió la vulneración del debido proceso administrativo en un proceso de
revocatoria de la nacionalidad.
[29] Sentencia T-433 de 1998 reiterada por la sentencia T-605 de 1999.
[30] Ibídem.
[31] Sentencia T-470 de 1999. En el mismo sentido la sentencia T-944 de
2000 y la sentencia T-769 de 2005.
[32] Ibídem.
[33] Sentencia T-433 de 1998.
[34] Sentencia T-944 de 2000.
[35] Ibídem. Reiterada por la sentencia T-917 de 2006.
[36] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[37] M.P. José Gregorio Hernández
[38] M.P. Alfredo Beltrán Sierrra
[39] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[40] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[41] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[42] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 8 de mayo de
1961, Gaceta Judicial 2240, página 1032 M. P. Luís Fernando Paredes A.
[43] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 8 de mayo de
1961, Gaceta Judicial 2240, página 1032 M. P. Luís Fernando Paredes A.
[44] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. 23 de
septiembre 1960. Gaceta Judicial Tomo XCIII, p. 915
[45] Sentencia Rad.
35864 del 1 de marzo de 2011 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza, Sentencia Rad.
14038 del 26 de septiembre de 2010
[46] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Rad. 38255 del
17 de abril de 2012. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz. En el mismo sentido:
Sentencia Rad. 14038 de 26 de septiembre de 2000. M.P. Luis Gonzalo Toro
Correa., Sentencia del 25 de mayo de 1968, Sentencia Rad. 43996 del 6 de agosto
de 2013. M.P. Jorge Mario Burgos Ruíz.
[47] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia
del 25 de mayo de 1968
[48] Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Laboral. Rad. 33082 del 2 de
junio de 2009. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
[49] M.P. Fabio Morón Díaz
[50] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[51] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[52] M.P. Juan Carlos Henao
[53] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[54] Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente
2152-06.
[55] Consejero Ponente: Alejandro Ordoñez
Maldonado, expediente 4798-02
[56] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[57] Ibídem. Reiterada por la sentencia T-917 de 2006.