SU479-19
Sentencia SU479/19
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
PREACUERDOS
EN MATERIA PENAL-Alcance,
naturaleza y finalidad
PREACUERDOS
EN MATERIA PENAL-Garantías
constitucionales y legales que deben cumplirse
PREACUERDOS
Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Finalidad
PREACUERDOS
DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACION-Facultad de la Fiscalía de tipificar conducta penal
para disminuir la pena
FISCAL EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA
ACUSATORIA-Labor de adecuación típica con miras a lograr acuerdos
PRINCIPIO
DE LEGALIDAD PENAL-Facultad
de la Fiscalía de tipificar conducta penal con miras a lograr acuerdos
PREACUERDOS
Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
PREACUERDOS
Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Intervención de la víctima
ACUERDOS
Y PREACUERDOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-En toda negociación, los derechos de las víctimas
deben ser garantizados
Celebrado el acuerdo la víctima debe ser informada a fin de
que pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento cuando el
preacuerdo sea sometido a su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras
a su aprobación, el juez velará porque no desconozca o quebrante garantías
fundamentales tanto del imputado o acusado, como de la víctima
PREACUERDOS
Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Alcance
PODER
DISCRECIONAL DE LA FISCALIA PARA SUSCRIBIR PREACUERDOS Y AUTONOMIA DE LOS
JUECES PARA EJERCER SU CONTROL, ENCUENTRAN UN LIMITE EN EL DERECHO QUE TIENEN
LAS VICTIMAS DE DELITOS GRAVES A PARTICIPAR EN EL PROCESO PENAL
DERECHOS
DE LAS VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES DENTRO DEL PROCESO PENAL-Reiteración de jurisprudencia
1) El derecho a que se garantice su
acceso a un recurso legal efectivo, de tal manera que se asegure la efectividad
de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación;2) El derecho a
expresar sus opiniones y preocupaciones y a ser escuchadas, y a que se les
comuniquen todas las decisiones que puedan afectar sus derechos;3) El derecho a
ser tratadas con respeto y consideración durante todo el proceso judicial y a
que se adopten medidas para evitar que el proceso penal conduzca a una segunda
victimización, por ejemplo, reduciendo las molestias que puedan causarle las
diligencias que se adelanten en el proceso, tales como contactos directos con
el agresor, repetición innecesaria de exámenes o pruebas, etc.;4) El derecho a
ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación;5) El
derecho a que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de
investigación sin prejuicios contra la víctima;6) El derecho a que se adopten
medidas para evitar injerencias innecesarias en la vida íntima de la víctima;7)
El derecho a solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar
la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una
intromisión innecesaria, o desproporcionada de su derecho a la intimidad;8) El
derecho a que se entienda que no existe consentimiento real y libre de
presiones, por la simple ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo
exterioricen;9) El derecho a que la investigación penal se adelante con
seriedad y objetividad y esté orientada al esclarecimiento de la verdad y al
logro de la justicia.10) El derecho a que se garantice su acceso a un recurso
legal efectivo, de tal manera que se asegure la efectividad de sus derechos a
la verdad, a la justicia y a la reparación
PARTICIPACION
DE LAS VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES EN EL PROCESO PENAL-Protección constitucional reforzada cuando
se trate de violencia sexual a mujeres en situación de discapacidad
En
los procesos penales que se adelanten respecto de delitos graves y donde
intervengan sujetos de especial protección constitucional en calidad de
víctimas (violencia sexual de mujeres en situación de discapacidad), el derecho
a la participación de estas últimas demanda de las autoridades (fiscales
delegados y jueces de conocimiento) una protección constitucional reforzada.
PARTICIPACION
DE LAS VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES EN EL PROCESO PENAL-Finalidad
El objetivo de permitir la participación de la víctima en
esta etapa del proceso es lograr una mejor aproximación a los hechos, a sus
circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita incorporar en el
acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la víctima. Lo
anterior, por cuanto su intervención provee a la justicia de información
valiosa para determinar si la pena propuesta es aceptable o no en el mejor
interés de la sociedad y de la administración de justicia. Además, permite
rectificar información aportada por la defensa y por la fiscalía que puede
evitar una sentencia injusta que no se  adecue a la verdad de los hechos y
a su gravedad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por cuanto los jueces no aplicaron un
enfoque diferencial en preacuerdo, al no permitir la participación de mujer
víctima de violencia sexual en situación de discapacidad
Referencia: Expedientes (i) T-6.931.099 y (ii) T-7.256.420 acumulados.
Acciones de tutela interpuestas por (i) Jorge Eliécer Álvarez Benítez
contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas, y (ii) Diana Yolima Niño
Avendaño, Procuradora 181 Judicial II Penal de Bogotá, contra la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y otros.
Procedencia: Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto: Tutelas contra providencias judiciales que realizaron verificación
de preacuerdos celebrados por la Fiscalía dentro de un proceso penal.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., quince (15) de octubre de
dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de
segunda instancia proferidos el 27 de julio de 2018 por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia – en adelante CSJ – que confirmó la
sentencia de primera instancia mediante la cual se concedió el amparo
(Expediente T-6.931.099); y el 13 de julio de 2018 por la Sala de Casación
Civil de la CSJ que confirmó la decisión de primera instancia mediante la cual
se negó el amparo por improcedente (Expediente T-7.256.420).
Los asuntos llegaron a esta Corporación por
la remisión que hicieron los jueces de la segunda instancia constitucional, en
virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución y en
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección N° 11, mediante auto
del trece (13) de noviembre de 2018, escogió el expediente T-6.931.099 para su
revisión y lo repartió a la Magistrada sustanciadora.
Posteriormente, en sesión celebrada el 12
de diciembre de 2018, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumió el
conocimiento del referido proceso, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015[1].
Así mismo, en virtud de lo establecido en los artículos 59 y 61 del Reglamento
Interno de este Tribunal, mediante auto del 16 de enero de 2019 se declaró la
suspensión de términos del proceso de la referencia por un periodo de seis (6)
meses.
De igual modo, el 28 de marzo de 2019, la
Sala de Selección Número Tres de esta Corporación resolvió seleccionar para
revisión el expediente T-7.256.420 y ordenó acumularlo al expediente
T-6.931.099, por presentar similitud en los hechos y el problema jurídico a
resolver.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591
de 1991, la Sala Plena procede a dictar la sentencia correspondiente, con
fundamento en los siguientes
I. ANTECEDENTES
Expediente T-6.931.099
A. Hechos y pretensiones
1.
El 5 de marzo de 2017,
en Dosquebradas (Risaralda) los vehículos conducidos por los señores Jorge
Eliécer Álvarez Benítez y Leonardo Fabio Ramírez Giraldo colisionaron. Tras el
accidente, el segundo emprendió la persecución de Álvarez Benítez debido a que
no se detuvo a responder por los daños ocasionados. Después de confrontarlo, el
señor Álvarez Benítez le disparó con arma de fuego sin ocasionarle daño alguno,
pero “pasando a unos centímetros de su humanidad”[2].
2.
El 6 de marzo de 2017,
la Fiscalía realizó Audiencias Preliminares de Legalización de Captura y
Formulación de Imputación. La Juez Primera Penal Municipal con Función de
Control y Garantías de Dosquebradas Risaralda legalizó la captura.
3.
El 30 de mayo de 2017,
la Fiscalía Treinta y Tres Seccional Delegada presentó escrito de acusación
ante los Juzgados Penales del Circuito de Dosquebradas, a título de dolo y en
calidad de autor, al señor Álvarez Benítez por la conducta punible de
fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego (art. 365 del Código
Penal, en adelante C.P.), en concurso heterogéneo con disparo de arma de fuego
contra vehículo (art. 356 C.P.) cargos que el procesado no aceptó.
Adicionalmente, le fue impuesta medida de aseguramiento no privativa de la
libertad (literal b, numerales 3, 4, 5 del art. 307 del Código de Procedimiento
Penal, en adelante C.P.P.).
4.
El 29 de agosto de
2017, durante la Audiencia Preparatoria, la Fiscalía manifestó que celebró un
preacuerdo con el acusado, en el cual aceptó su responsabilidad en los hechos
objeto de acusación, a cambio de que se reconociera a su favor la circunstancia
de marginalidad contemplada en el artículo 56 del C.P., con lo que la pena
se tasó en 18 meses de prisión. Así mismo, debido al concurso de conductas
punibles, la sanción se incrementó en 12 meses más, para un total de 30 meses
de privación de la libertad.
5.
El 13 de febrero de
2018, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas, a quien
correspondió el conocimiento de este asunto, profirió un auto mediante el cual
decidió no aprobar el preacuerdo sometido a su verificación por considerar que
no evidenció una retribución justa y rompió el principio de legalidad. El
juzgado indicó que, al reconocerse una marginalidad en ambos delitos se
degradaba ostensiblemente la pena, dado que “se le estaría dando una rebaja
al procesado del 83% de la pena por el delito de porte de armas, lo que es
ostensiblemente superior a lo que se le reconocería a cualquier persona por
allanarse a cargos sin haber sido capturado en flagrancia”[3].
Además, agregó que, si bien el Fiscal puede
realizar dichos pactos, esta facultad debe ser ejercida “dentro de los
límites razonables y brindándole al juez los elementos necesarios que indiquen
que aquello que se reconoce sí existe en el caso concreto, lo que no se dio
dentro de este asunto pues la Fiscalía no aportó nada que indique cómo se da el
fenómeno de la marginalidad en [el] presente caso de porte de armas”[4].
Finalmente, adujo que la Fiscalía ya le
había reconocido un beneficio al procesado desde la imputación, pues tipificó
el caso como un simple disparo de arma de fuego contra vehículo, a pesar que el
mismo podía fácilmente enmarcarse como una tentativa de homicidio o de lesiones
personales dolosas. Ello debido a que, evidentemente, “el comportamiento del
procesado al disparar el arma en contra de Leonardo Fabio tenía la clara
intención de amedrentarlo y hasta herirlo (…) pero por fortuna el proyectil
pasó sin causarle ninguna lesión y sin afectar su automotor gracias a que tenía
las ventanas abiertas”[5].
6.
La defensa del acusado
Jorge Eliécer Álvarez Benítez interpuso recurso de apelación en contra de esta
decisión y sostuvo que “iv) el Juez debe aceptar el preacuerdo tal y como se
le pone de presente siempre y cuando éste no vulnere garantías
constitucionales”[6].
Agregó que “la tasación que realizó el delegado de la Fiscalía dentro de
este caso, se encuentra enmarcada dentro de su autonomía para negociar y no
puede ser objeto de reparos por el juez, bajo el argumento de que la misma es
superior a los descuentos que se le [sic] han concedido en otros
preacuerdos por el mismo delito”[7].
7.
El 20 de abril de 2018,
la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira decidió confirmar el fallo del a quo luego de considerar que
en el expediente no se encontró ningún medio probatorio ni sustento fáctico que
permitiera enmarcar la situación del señor Álvarez Benítez dentro de una de las
hipótesis del artículo 56 del Código Penal, en especial la de marginalidad y
pobreza. Lo anterior, pese a que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia y la legislación procesal vigente, cuando el juez verifica la
legalidad del preacuerdo debe velar porque exista “un mínimo probatorio que
a modo de discusión o controversia permita inferir, sin necesidad de certeza,
sobre la posible o probable existencia de ese evento”[8].
Por el contrario, sostuvo que “estamos
ante una persona que aparentemente tiene los medios económicos tanto para
acceder a la tenencia de un arma de fuego como de un vehículo automotor, y que
además, entendía la ilicitud de sus acciones, tal como se puede desprender del
hecho de que se fugara cuando golpeó el automóvil del señor Leonardo Fabio,
como después de que le disparara ante sus reclamos por el daño causado, y
también del [sic] haberse negado a darle su información personal a la funcionaria
del Ente Acusador”[9].
8.
El 14 de junio de 2018,
el señor Álvarez Benítez, por medio de su apoderada, interpuso acción de
tutela en contra de las providencias proferidas por los jueces de instancia
mediante las cuales negaron el preacuerdo realizado con la Fiscalía 33
Seccional de Dosquebradas. Consideró que los jueces incurrieron en defecto sustantivo,
fáctico por indebida valoración probatoria y desconocimiento del precedente y que,
por esta razón, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del demandante.
Respecto del defecto sustantivo
que alega, el actor señala que si los funcionarios judiciales hubieran tenido
en cuenta la normativa vigente que regula la aplicación de los preacuerdos, “se
hubieran percatado de la independencia que le asiste al ente acusador para
acudir a este mecanismo, siempre y cuando no se quebranten garantías procesales
de ningun[o] de los intervinientes”[10].
Sobre el defecto fáctico
aclaró que “existen elementos suficientes para establecer que dicho
atenuante de punibilidad, [la marginalidad], si pudiera estar acreditado
dentro de las presentes diligencias”[11].
Indicó que la marginalidad, la ignorancia y la extrema pobreza, consagradas en
el artículo 56 del Código Penal, son situaciones independientes y que cada una
de ellas define circunstancias especiales que difieren de la otra para su
configuración. Por eso, adujo que el preacuerdo solo reconoció la marginalidad,
la cual es definida por la Real Academia Española como predicable de una
persona que “vive o actúa de modo voluntario o forzoso, fuera de las normas
sociales comúnmente admitidas”[12].
Agregó que el señor Jorge Eliecer Álvarez Benítez se encontraba bajo los
efectos del alcohol y que esto lo llevó “a comportarse de una forma
marginal, desconociendo en su totalidad las reglas propias de un debido
comportamiento”[13],
situación que permitía el reconocimiento de la situación de marginalidad en
su caso.
Por último, con relación al desconocimiento
del precedente judicial, adujo que las providencias
atacadas no tuvieron en cuenta que, en casos similares, los jueces penales han
aprobado los preacuerdos dado que, según la jurisprudencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “para el reconocimiento de
una circunstancia de atenuación punitiva como la marginalidad no es necesario
que [esta] se demuestre dentro del proceso penal”[14]. Además, que “el
juez de conocimiento está obligado a aceptar el acuerdo presentado por la
Fiscalía, salvo que este desconozca o quebrante garantías fundamentales”[15]. Indica que,
tanto en sede de tutela[16]
como en casación[17]
se ha mantenido el mismo criterio que el mismo fue desconocido por las
demandadas.
Con fundamento en lo anterior, la apoderada
del señor Jorge Eliécer Álvarez Benítez solicitó que (i) se dejen sin efectos
las providencias mediante las cuales se improbó el preacuerdo, y (ii) se ordene
proferir una nueva sentencia mediante la cual se tenga en cuenta los argumentos
de la defensa.
B. Actuaciones en sede de tutela
Repartida la acción de tutela, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia avocó su conocimiento mediante auto del 20 de junio de 2018, y ordenó
(i) vincular a las partes e intervinientes del proceso penal, así como al
Juzgado 2º Penal del Circuito de Dosquebradas; (ii) notificar al accionante,
demandados y vinculados para que ejercieran el derecho de contradicción y se
pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la demanda.
El 22 de junio de 2018 se
enviaron telegramas de notificación al señor Jorge Eliecer Álvarez Benítez como
accionante; María Lucía Londoño como apoderada del accionante; al Juzgado 1º
Penal del Circuito con Función de Conocimiento; a la Sala Penal del Tribunal
Superior de Pereira; y al Juzgado 2º Penal del Circuito con Función de
Conocimiento. Posteriormente, el 27 de junio de 2018 se envió dicho telegrama a
la Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas, a la Procuraduría 150 Judicial Penal
de Dosquebradas, a Leonardo Fabio Ramírez Giraldo como víctima y a Alexander
Zapata Largo como defensor.
Respuesta de las entidades demandadas
Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira
Mediante escrito del 25 de junio de 2018, la
Sala Penal reiteró lo que adujo mediante auto interlocutorio del 20 de abril de
2018. Señaló que, en el presente caso, se hacía evidente que no era viable el
reconocimiento del atenuante de la pena negociado porque el señor Álvarez
Benítez, al momento de los hechos, comprendía bien la ilicitud de su
comportamiento.
También solicitó a la Corte Suprema de
Justicia que se abstenga de tutelar los derechos invocados dado que el presente
amparo tiene la intención de servir como una tercera instancia, pues se
pretende que el juez declare que el señor Jorge Eliécer, al momento de los
hechos, se encontraba en un estado de inimputabilidad transitorio debido a su
estado de embriaguez y que, por lo tanto, era ignorante de la ilicitud de sus
acciones.
Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Dosquebradas
Mediante escrito del 26 de junio de 2018,
el juzgado indicó que “cuando se disponía a desarrollarse audiencia
preparatoria, se presentó un preacuerdo por el ente Fiscal (…) improbado por
esta funcionaria al considerar que se reconocía una rebaja desproporcionada,
que no se estaban cumpliendo los fines de la figura del preacuerdo de
conformidad con el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal”[18]. Así
mismo, señaló que el preacuerdo vulneraba el principio de legalidad de la pena
por cuanto reconocía una rebaja equivalente al 83% a pesar de haber sido
capturado en flagrancia y porque no se contaba con ningún elemento de prueba
que permitiera suponer, al menos indiciariamente, que la conducta se había cometido
bajo las condiciones previstas en el artículo 56 del Código Penal.
En cuanto a la decisión mediante la cual
improbó el preacuerdo, la juez manifestó que la calificación jurídica que se le
dio a la conducta no responde a los elementos materiales probatorios que obran
en la carpeta de la Fiscalía General de la Nación – en adelante FGN – pues “se
observa que el disparo que realizó el acusado fue en contra de la humanidad de
una persona (…) aun así no le fue imputado el delito de tentativa de homicidio,
sino que fue favorecido con un simple disparo de arma de fuego (…) y se trató
de conceder, además, una rebaja en la pena del 83%”[19].
Finalmente, la juez estableció que la
presente acción constitucional resultaba improcedente pues no podía sustituir
las etapas ordinarias previstas en la legislación y, en el presente caso, “las
diligencias se encuentran en el Juzgado Segundo Penal del Circuito pendiente de
realizarse la audiencia preparatoria, es decir, todavía le quedan al accionante
varias etapas dentro del proceso penal con todos los recursos de ley”[20].
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Dosquebradas
Mediante escrito del 27 de junio de 2018, este
juzgado señaló que, por impedimento presentado por la Juez 1° Penal del
Circuito de Dosquebradas[21],
se remitieron a su despacho las diligencias seguidas en contra del accionante
por el delito de Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego radicado bajo
el número 66 170 60 00066 2017 00449.
Indicó que recibió el expediente el 9 de
mayo de 2018, profirió auto avocando el conocimiento, aceptó el impedimento de
la juez primera y fijó fecha para la Audiencia de Formulación de Acusación. El
juez adujo que, instalada la audiencia, el defensor solicitó su aplazamiento “informando
que se había instaurado acción de tutela en contra del homólogo Primero Penal
del Circuito, al no haberse aprobado el preacuerdo celebrado con la Fiscalía
General de la Nación, donde le reconocían la circunstancia de marginalidad,
decisión que fue confirmada por el H. Tribunal Superior de Pereira – Sala
Penal, el pasado 20 de abril de 2018”[22].
C. Decisiones objeto de revisión
Fallo de tutela de primera instancia
Mediante sentencia del 28 de junio de 2018,
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia amparó el derecho
fundamental al debido proceso de Jorge Eliécer Álvarez Benítez y, en
consecuencia, ordenó lo siguiente: (i) dejar sin efectos el auto interlocutorio
proferido el 20 de abril de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Pereira, y (ii) ordenar a esta autoridad judicial que evalúe el control de
legalidad del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía de conformidad con la
jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de Justicia, en la cual “se ha
privilegiado la naturaleza consensual y finalidades de los preacuerdos, sobre
las posibilidades de injerencia del juez o las necesidades de justicia de la
víctima”[23].
Advirtió que, en reiterados
pronunciamientos de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia ha
sostenido que la calificación jurídica adoptada por la Fiscalía en un
preacuerdo no puede ser cuestionada por el Juez, quien solo podrá intervenir en
el estudio de aspectos sustanciales que incluyen la tipificación del
comportamiento, cuando aparezca acreditado de forma manifiesta la lesión a
derechos fundamentales[24].
Finalmente, adujo que en varios fallos de
tutela, la Corte Suprema de Justicia ha concedido la protección del derecho
fundamental al debido proceso, al constatarse la injerencia indebida del juez
en las funciones propias del fiscal.
Impugnación
Mediante escrito del 9 de julio de 2018, la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira impugnó la decisión del a
quo, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y que se
revoque la sentencia del a quo mediante la cual se concedió el amparo.
La Sala explicó que la providencia que
improbó el preacuerdo no incurrió en defecto sustantivo, pues se acató una
línea de la CSJ conforme a la cual los jueces de conocimiento cumplen un rol
proactivo en cuya virtud les asiste el deber de verificar la legalidad de los mismos.
Indicó que la finalidad del
control de legalidad que realizan los jueces consiste en verificar que lo
aceptado por el procesado o lo estipulado por las partes (i) no contradiga los
fines de los preacuerdos, especialmente el de aprestigiar la administración de
justicia; (ii) no contraríe el principio de estricta tipicidad, es decir, que
lo acordado respete el núcleo fáctico de la imputación o acusación; y (iii) no
sea producto de vicios del consentimiento. Señaló que, sobre los fines de los
preacuerdos, la Corte Suprema de Justicia estableció:
“[T]ales
lineamientos no son solamente un catálogo de buenas intenciones, sino que deben
verse reflejados en los términos, alcance, aplicación y efectos del preacuerdo.
(…) lo relevante es que de su contenido material se deriven elementos de juicio
que permitan ver de qué manera se concreta y aprestigia el valor justicia, en
qué forma se consigue la humanización de la pena, cómo con el preacuerdo en
verdad se soluciona el conflicto social generado por el delito y se provee
eficazmente a la reparación integral de los perjuicios ocasionados por este (…).
Lo relevante no es que en casos como este se enuncie la finalidad del
preacuerdo (…) sino que tales propósitos asomen de manera implícita de los
propios términos del preacuerdo”[25].
La Sala señaló que, si lo
acordado entre las partes se confronta con el contexto fáctico de lo
acontecido, es incuestionable que el señor Jorge Eliecer Álvarez no es ninguna
persona marginal o apartada de la sociedad. Por eso, adujo que “la Fiscalía
y la Defensa decidieron mutar las premisas fácticas de la acusación, al
soslayar el núcleo factual, para de esa forma inventarse en favor del procesado
unas circunstancias de marginalidad que no correspondían con la realidad
fáctica”[26].
De igual forma, manifestó su discrepancia
con la idea de que, con la decisión de improbar el preacuerdo, el juez invadiera
la órbita de la Fiscalía pues dicha línea “sería contraria a los postulados
constitucionales que orientan el principio acusatorio, el cual propende por una
división entre las funciones de acusación y de juzgamiento en cuya virtud las
actuaciones de la Fiscalía deben estar sujetas a controles de legalidad por
parte de los jueces”[27].
Fallo de tutela de segunda instancia
Mediante sentencia del 27 de julio de 2018,
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia
del a quo en el proceso de tutela, con fundamento en que el Tribunal
demandado desconoció la jurisprudencia al exigir una “carga probatoria
mínima” para que la circunstancia de marginalidad pactada en el preacuerdo
tuviera vocación de prosperidad. Lo anterior, en razón a que la negociación
surgida entre la Fiscalía y el procesado únicamente admite el control
sustancial cuando afecta garantías fundamentales de los intervinientes en la
causa criminal.
Expediente T-7.256.420
A. Hechos y pretensiones
1.
El 4 de marzo de 2016, Heidy
Carolina Reyes López de 38 años de edad, quien padece “leucodistrofia
metacromática, retraso mental moderado e hipoacusia sensorial”[28] y para ese momento “vivía
en su vivienda en condición de arrendataria”[29] en el municipio
de Fusagasugá (Cundinamarca), fue accedida carnalmente, presuntamente por el señor
José Siervo Morera Garzón.
2.
El 16 de marzo de 2016,
la Fiscalía Tercera, seccional del Centro de Atención Integral a Víctimas de
Abuso Sexual – en adelante CAIVAS – de Fusagasugá, recibió denuncia de la
señora Ana Ofelia López Franco, madre y representante legal de Heidy Carolina
Reyes López, en la cual informó que “su hija había sido víctima de abuso
sexual por parte del dueño de la casa donde pagaban arriendo”[30].
3.
El 13 de septiembre de
2016, luego de que se recaudara material probatorio, se realizó Audiencia
Preliminar de Orden de Captura en la cual se emitió orden de captura en contra
del señor José Siervo Morera Garzón[31].
4.
El 20 de septiembre de
2017 se realizó Audiencia Preliminar de legalización de captura, formulación de
imputación y medida de aseguramiento, en la cual se declaró la legalidad de la
captura y de la formulación de imputación realizada por el fiscal en la que se
le impusieron cargos como presunto autor a título de dolo del delito de acceso
carnal con persona incapaz de resistir. También se impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva privativa de la libertad en
establecimiento carcelario[32].
5.
La FGN presentó escrito
de acusación contra el señor José Siervo Morera Garzón como presunto autor del
delito de acceso carnal con incapaz de resistir.
6.
El 6 de diciembre de
2017[33],
la Fiscalía Tercera, seccional CAIVAS de Fusagasugá y la defensa del procesado presentaron
preacuerdo “en el que a cambio de la aceptación de cargos por el imputado
(…) del delito de acceso carnal con incapaz de resistir, le fue reconocida la
circunstancia de menor punibilidad de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema
establecida en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004”[34] y
se pactó una sanción de tres años (36 meses) de prisión[35].
7.
El 5 de abril de 2018,
el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá, en primera instancia,
aprobó el preacuerdo en mención frente a lo cual, el representante de las
víctimas interpuso recurso de apelación, que sustentó ante el superior.
8.
El 22 de mayo de 2018,
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
en segunda instancia, confirmó integralmente esta decisión y adujo que,
conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, el juez de
conocimiento tiene vedado hacer un control material de la adecuación típica y
su fundamento probatorio “en tanto de permitirse una supervisión judicial de
esa índole, la estructura acusatoria se vería quebrantada, así como el
principio de imparcialidad”[36].
Para respaldar su postura, el ad quem citó la Sentencia del 15 de
julio de 2008[37]
que dijo que la función de formular la acusación y tipificar la conducta
punible es de la FGN, y que dicho acto “no tiene control judicial, y en
cambio sí sustenta todo el andamiaje de la dinámica y la lógica argumentativa y
probatoria que se debatirá en el juicio”[38].
Señaló que la anterior premisa es aplicable
a los preacuerdos, pues en virtud del inciso 1º del artículo 350 del C.P.P.
este equivale al escrito de acusación. Adujo que, en Sentencia del 16 de
octubre de 2013[39],
la Corte Suprema de Justicia afirmó que el control material de la acusación o
del preacuerdo es incompatible con el papel imparcial que ha de fungir el juez
en un modelo acusatorio[40].
No obstante, el a quo indicó que el
anterior postulado perderá vigencia y, en consecuencia, el juez podrá improbar
el preacuerdo cuando se afecten garantías fundamentales. Señaló que la posibilidad
de modificar la calificación jurídica para que esta comporte mayor beneficio es
de la FGN “sobre la cual no puede el juez de conocimiento realizar un
control material por tratarse de un acto de parte”[41].
Agregó que no se desconoció el principio de
legalidad de las penas dado que la norma que se aplicó prevé que si el delito
se cometiera en dicha circunstancia “incurrirá en pena no mayor del máximo,
ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva
disposición”. Por ello, en el caso concreto en el que el delito de acceso
carnal con incapaz de resistir maneja un rango punitivo de 144 a 240 meses de
prisión, ofrece como resultado un ámbito de movilidad de 24 meses a 120 meses
de prisión, límites que no fueron desconocidos por la FGN en el preacuerdo.
Concluyó que, por estas razones, no existe
motivo para revocar la decisión del a quo, por lo que decidió
confirmarla. Por último, indicó que “cuando se reconoce un atenuante como
compensación por la aceptación de culpabilidad pre acordada, no resulta viable
exigir la demostración de la misma, pues de esta configurarse, se tendría
derecho a la rebaja punitiva correspondiente, conforme el momento de la
negociación”[42].
9. El mismo 22 de mayo de 2018, la
Procuradora 181 Judicial II Penal tuvo conocimiento de la presente actuación en
audiencia de lectura de auto a la que fue convocada por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.
El 28 de mayo de 2018 interpuso acción de tutela
en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior Judicial de Cundinamarca, el
Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá y la Fiscalía General de la Nación –
Unidad Seccional de Fiscalías de Fusagasugá, con el fin de que se garantizaran
los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de
justicia de la víctima como “interviniente especial” en el proceso
penal, los cuales consideró vulnerados con la celebración y aprobación en
primera instancia del preacuerdo.
Señaló que los jueces de instancia incurrieron en una indebida
e insuficiente motivación jurídica dado que, al realizar el control
material del preacuerdo y decidir únicamente conforme a la línea
jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia – conforme a
la cual la titularidad de la acción penal y la potestad de calificar
jurídicamente los hechos es de la FGN – violaron de forma flagrante y grave los
derechos de la víctima. Adujo que, al disponer la aprobación del preacuerdo,
los jueces no realizaron “un ínfimo análisis sobre el ajuste o no de los
términos del preacuerdo a los principios y postulados de esa forma de
terminación anticipada de la actuación”[43].
Específicamente advirtió que, como consecuencia de lo
anterior, las decisiones demandadas desconocieron múltiples principios y
derechos constitucionales, como el deber del Estado de facilitar la
participación de las personas en las decisiones que los afectan; el de proteger
especialmente a las personas que, por su condición de salud física o mental, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta; el derecho de acceso a la
administración de justicia y el deber de la FGN de velar por la protección de
las víctimas al adelantar el ejercicio de la acción penal (artículos 2°, 13,
229 y 250 numeral 7° de la Constitución Política).
Así mismo, la demandante indicó que se transgredió la
normativa que regula la institución de los preacuerdos como una forma de
desistimiento de la acción penal, pues los jueces desconocieron los fines que
consagra la ley para su realización en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004, y
en la Directiva 001 de septiembre de 2006 de la FGN, como lo son la
humanización de la actuación procesal; el propiciar la reparación integral de
los perjuicios ocasionados con el injusto; y el “aprestigiar la
administración de justicia y evitar su cuestionamiento”[44].
Agregó que si bien la acción penal recae en
la FGN y es a aquella a la que le corresponde adecuar típicamente los hechos
para formular la acusación, “debía igualmente estarse a los fundamentos
constitucionales y legales (…) prevención igualmente predicable de los jueces
de conocimiento, los que (…) no pueden convertirse en ‘simples amanuenses’,
para que frente a situaciones como la descrita, se replieguen en su principal
papel de juez constitucional”[45].
Como respaldo de lo anterior citó la Sentencia C-516 de 2007 de esta
Corporación, la cual señaló que:
“El control sobre los
preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y el acusado o imputado es judicial,
debe ser ejercido por el juez de conocimiento, quien verificará si el mismo
desconoce o quebranta garantías fundamentales. Sólo recibirán aprobación y
serán vinculantes para el juez de conocimiento cuando superen este juicio sobre
la satisfacción de las garantías fundamentales de todos los involucrados en la
actuación (Arts. 350 inciso 1° y 351 inciso 4° y 5°)”.
Indicó que esta sentencia también señaló
que el control que ejerce el juez de conocimiento está determinado por los
principios que rigen su actuación dentro del proceso penal conforme a lo
dispuesto por la Ley 906 de 2004, como son:
“el respeto por los derechos fundamentales
de quienes intervienen en la actuación y la necesidad de lograr la eficacia del
ejercicio de la justicia (Art. 10); el imperativo de hacer efectiva la igualdad
de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger,
especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (Art. 4º) (…)”[46].
En particular, citó el inciso 4 del artículo 10 de la
Ley 906 de 2004, referido por este precedente, que dispone que “el juez
podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y versa
sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique
renuncia a los derechos constitucionales”.
Señaló que, con fundamento en lo anterior, los jueces
de conocimiento en este caso se hallaban legitimados para improbar el
preacuerdo, pero que: “infortunadamente, la línea jurisprudencial trazada por
la Sala de Casación Penal, ha sido entendida como un pasaje irrestricto para
eludir la realización de un juicio oral, público y contradictorio (…)
absteniéndose de cuestionar los términos de la negociación, así aparezca
groseramente irrazonable; bajo el argumento de la imposibilidad de efectuar un
‘control material’ a la acusación”[47].
Indicó que este era un caso particular pues versaba
sobre “un hecho de alto impacto y conmoción, por las especiales condiciones
de la víctima, sujeto de indiscutible especial protección”[48] y que “no puede
decirse que se respetan y se reconocen los derechos de las víctimas, cuando el
escenario del preacuerdo trasciende a una hipótesis absurda, irrazonable, (…)
que desfigura la verdad, que no se acompasa siquiera mínimamente con la forma
en la que se produjo la vulneración del bien jurídico en particular”[49].
Declaró que el Ministerio Público no comprende cómo
pudo aplicarse la figura de la “marginalidad” en un caso de agresión sexual con
mujer absolutamente incapaz de repeler el ataque y, de este modo, beneficiar a
su victimario.
De otra parte, agregó que si la FGN hubiera respetado
el debido proceso y los postulados de legalidad y tipicidad, habría advertido
que, en el presente caso, era aplicable la circunstancia de agravación punitiva
prevista en el numeral 2º del artículo 211 de la Ley 599 de 2000, que establece
que las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando el
responsable tuviere cualquier carácter que impulse a la víctima a depositar en
él su confianza.
Por último, solicitó que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
la víctima y que “no se imparta aprobación al preacuerdo suscrito entre la
Fiscalía General de la Nación y su victimario y se redefina aquél, en términos
de la ‘humanización de la actuación penal’ y del ‘prestigio a la administración
de justicia’ y de ‘eficacia de los derechos de ‘verdad’ y ‘justicia’ a (sic) la
víctima”[50].
B. Actuaciones en sede de tutela
La Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción mediante auto del 29
de mayo de 2018 y solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca una copia de la decisión cuestionada. Así mismo, ordenó vincular a
las partes e intervinientes del proceso penal seguido contra el señor José
Siervo Morera Garzón, entre ellas, al Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá;
a la Unidad Seccional de Fiscalías de Fusagasugá; a la víctima, su
representante legal y su apoderado; al apoderado del señor José Siervo Morera
Garzón y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Fusagasugá.
El 6 de junio de 2018, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca remitió a la Sala de Casación Penal una copia
de la decisión de auto interlocutorio en segunda instancia del 22 de mayo de
2018.
C. Decisiones objeto de revisión
Fallo de tutela de primera instancia
Mediante Sentencia del 7 de junio de 2018, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó por improcedente
el amparo solicitado, dado que la accionante no controvirtió el fallo de
primera instancia ni agotó el recurso extraordinario de casación. Además,
porque la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 20 de noviembre de 2013[51], estableció que la
adecuación típica que haga la FGN de los hechos es de su fuero y, por regla
general, no puede ser censurada por el juez ni por las partes.
Por ello, aseguró que el juez está obligado a aceptar
el preacuerdo “salvo que este desconozca o quebrante las garantías
fundamentales, verifique algún vicio en el consentimiento o afecte el derecho
de defensa”[52],
como cuando pasa por alto dos beneficios incompatibles; accede a una rebaja
superior a la permitida: o no cumple las exigencias punitivas para acceder a
algún subrogado.
Indicó que en diversos fallos de tutela, la Corte
Suprema de Justicia ha establecido que por tratarse de un preacuerdo, no hay
lugar al debate probatorio y, por ello, no existe la obligación de demostrar la
causal de atenuación punitiva: “esta sería una exigencia contraria a la
lógica misma del instituto, en tanto, si de verdad apareciese plenamente
probada la circunstancia que obliga aminorar la sanción, lo pertinente no es
otorgarla en el preacuerdo como único beneficio, sino reconocerla al interior
del espectro de la tipicidad propio de la acusación y el fallo”[53]. Adujo
que, a partir de esta postura, la Corte Suprema ha constatado la
injerencia indebida en las funciones propias del fiscal.
Por último, sostuvo que el principio de autonomía de
la función jurisdiccional (artículo 228 superior) impide al juez constitucional
realizar un control sobre decisiones que ya hicieron tránsito a cosa juzgada,
solo porque el accionante en este proceso no comparte la postura.
Impugnación
Mediante escrito presentado el 13 de junio de 2018, la
Procuradora 18 Judicial Penal impugnó la decisión del a quo que decidió
negar el amparo. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Procuraduría señaló
que tuvo conocimiento de la actuación hasta que fue convocada exclusivamente
para la audiencia de lectura del auto que se realizó el 22 de mayo de 2018.
Agregó que “con cierta regularidad se convoca a esta Procuraduría a
audiencias de lectura de autos o fallos, sin que previamente conozca el curso
de tales asuntos e igualmente sin que participe en las actuaciones respectivas
en calidad de interviniente especial”[54].
Indicó que, si bien no apeló la decisión de primera
instancia que aprobó el preacuerdo, el representante de las víctimas sí lo hizo,
por lo que no existió tal omisión que mencionó el juez de tutela. En este mismo
sentido, aclaró que la misma Corte Constitucional ha establecido que el no
agotamiento previo de los recursos ordinarios, no implica per se el
rechazo de la acción de tutela cuando (i) se accede ante la ineficacia de los
medios ordinarios o (ii) cuando se pretende evitar un perjuicio de carácter
irremediable, como sucede en el presente caso respecto de la víctima. Además,
el juicio de procedibilidad de la acción de tutela se torna menos riguroso
frente a los sujetos de especial protección, como las personas en situación de
discapacidad.
Agregó que, sin embargo, en este caso sí fueron
debidamente agotados los recursos y que el recurso de casación que echa de
menos el a quo no es un recurso ordinario.
De otra parte, la Procuradora estipuló que la Corte
Constitucional ha establecido que “los derechos de las víctimas y
perjudicados por un hecho punible gozan de una autonomía amplia, no restringida
exclusivamente a una reparación económica, sino que incluye garantías como los
derechos a la verdad, la justicia y a la reparación integral de los daños
sufridos”[55].
La funcionaria alegó que, si bien la
titularidad de la acción penal radica en la Fiscalía General de la Nación, eso
no significa que a la misma le asista el derecho de contextualizar típicamente
los hechos y de dejar de lado la evidencia recolectada. En este sentido, citó
la Sentencia C-516 de 2007 que estableció que el control del juez de
conocimiento:
“está determinado por los
principios que rigen su actuación dentro del proceso penal como son el respeto
por los derechos fundamentales de quienes intervienen en la actuación y la
necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia (Art. 10); el
imperativo de hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo
de la actuación procesal, y proteger, especialmente, a aquellas personas que
por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta (Art. 4º); así como el imperativo de establecer con
objetividad la verdad y la justicia (Art. 5º)”.
Por último, solicitó que se revoque el
fallo de tutela del a quo; que en su lugar se conceda el amparo de los
derechos fundamentales de la víctima como interviniente especial dentro del
proceso penal y, en consecuencia, que no se imparta aprobación al preacuerdo
objeto de debate.
Fallo de tutela de segunda instancia
Mediante Sentencia del 13 de julio de 2018, la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la
decisión de primera instancia por considerar que el amparo carece de
subsidiariedad dado que “el proceso penal criticado se halla en curso, pues
obsérvese que allí ni siquiera se ha dictado sentencia de primera instancia”[56]
dado que la audiencia de lectura de fallo por preacuerdo estaba programada para
el 15 de agosto de 2018.
Por último, citó la Sentencia del 8 de octubre de 2014[57] para recordar que
“la tutela no es una tercera instancia, un instrumento alternativo, supletorio
o paralelo de la actividad jurisdiccional de administrar justicia”; se
trata por el contrario de un mecanismo excepcional al que solo se acude cuando
se agotaran los demás.
D. Actuaciones en sede de revisión
Auto de pruebas del 27 de noviembre de 2018
Mediante Auto de pruebas del 27 de
noviembre de 2018, y con el fin de recaudar material probatorio dentro del expediente
T-6.931.099, la Magistrada sustanciadora ofició al Juzgado Primero Penal
del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) para que enviara a esta Corporación
(i) videos y/o audios de la audiencia en la que realizó el control de legalidad
del preacuerdo sometido a su verificación; (ii) copia de la providencia del 13
de febrero de 2018, mediante la cual decidió no aprobar el preacuerdo, y (iii)
copia de la impugnación presentada por la defensa del señor Jorge Eliécer
Álvarez Benítez en contra de la providencia del 13 de febrero de 2018, que
improbó el preacuerdo.
Respuestas
Expediente T-6.931.099
Juzgado Primero Penal del Circuito de
Dosquebradas
Mediante oficio del 10 de diciembre de
2018, la Secretaría General de esta Corporación informó al Despacho que se
recibió un oficio del Secretario del Juzgado Primero Penal del Circuito de
Dosquebradas (Risaralda) del 4 de diciembre de 2018, en respuesta al oficio OPT-A-3504/2018.
En este, el juzgado adjuntó los documentos y material audiovisual
solicitado. En Anexo 1 a esta providencia, se relaciona una síntesis del
contenido de cada una de estas audiencias.
Sobre la argumentación de la
juez, el Ministerio Público señaló que no comparte que el preacuerdo haya
vulnerado el principio de igualdad pues todos los casos son diferentes y no
puede saberse como están pre acordando todos los fiscales del país para hacerlo
de la misma manera. No obstante, sí consideró que la rebaja de la pena fue
exagerada para un delito de porte de armas en concurso con disparo de arma de
fuego, por lo que no se respetaron los fines del artículo 348 de la Ley 906 de
2004[58].
De las pruebas enviadas por
esta autoridad judicial también se pudo observar que, luego de que se aprobara el preacuerdo y mientras se
hacía la remisión del actual expediente de tutela a la Corte Constitucional, el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) decidió en
primera instancia sobre la actuación que adelantaba la Fiscalía General de la
Nación en contra del señor Jorge Eliécer Álvarez Benítez mediante Sentencia del
14 de septiembre de 2018 dentro del proceso penal.
Esta sentencia condenó al
señor Jorge Eliécer Álvarez Benítez a la pena principal acordada en el
preacuerdo: 30 meses de prisión. También, como pena accesoria, se impuso la
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo igual al
de la pena principal. Así mismo, conforme a los artículos 51 y 61 del Código
Penal, se le otorgó una pena de prohibición para portar o tener armas de fuego
por un (1) año, pero señaló que “atendiendo a la degradación que hizo la
Fiscalía en la negociación de la aceptación de cargos, la pena ha de
disminuirse en igual proporción, quedando como pena definitiva de prohibición
para portar armas un periodo de dos (2) meses”[59].
De igual modo, el juzgado
consideró que, dado que la sanción impuesta no supera los 4 años de prisión que
determina el numeral 1º del artículo 63 del Código Penal, “es procedente
conceder al aquí condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena
por un periodo de prueba de 3 años, previa suscripción de diligencia de
compromiso (…) lo que garantizará con caución juratoria”[60].
De otra parte, la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira envió un oficio el 23 de enero de
2019 a este despacho, en el que informó que, en cumplimiento de
lo ordenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 28
de junio de 2018 (sentencia primera instancia de la acción de tutela), había
proferido auto interlocutorio del 25 de julio de 2018, en el cual dio
aprobación al preacuerdo. Indicó que, con base en esta decisión, se profirió
sentencia penal el 14 de septiembre de 2018, razón por la cual “no puede
este Despacho proceder a dar cumplimiento a lo ordenado por el auto proferido
el 16 de enero del año avante respecto de la interrupción de términos para
fallar el asunto”[61].
Auto de pruebas del 21 de mayo de 2019
Posteriormente, la Magistrada sustanciadora
profirió un segundo auto de pruebas del 21 de mayo de 2019. Con
el fin de recaudar material probatorio dentro de los expedientes T-6.931.099 y
T-7.256.420. La Magistrada sustanciadora ofició a la Fiscalía Treinta y Tres
(33) Seccional de Dos Quebradas (dentro del expediente T-6931099); al Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá, a la Fiscalía Tercera Seccional
CAIVAS de Fusagasugá (dentro del expediente T-7256420), y a la Fiscalía General
de la Nación para que aportaran material probatorio que permitiera decidir de
fondo los casos de la referencia en sus componentes subjetivo y objetivo. Así
mismo, formuló un cuestionario dirigido a estas entidades, a fin de ahondar en
las motivaciones de las decisiones proferidas por éstas y en el estado actual
de los procesos penales[62].
De otra parte, invitó a diversas facultades
de derecho, asociaciones y organizaciones[63]
que, desde su experticia, pudieran nutrir doctrinaria y jurisprudencialmente el
análisis del componente objetivo de los casos.
Respuestas
Expediente T-6.931.099
Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas
La Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas (Expediente
T-6.931.099) remitió copia del Acta de audiencia preparatoria del 29 de agosto
de 2017 en la que el representante de esa fiscalía para la época, argumentó
ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas los términos del
preacuerdo[64].
También señaló que no cuenta con los elementos
necesarios para dar respuesta a los interrogantes planteados ya que “todos
los elementos probatorios reposan en la carpeta del Juzgado Segundo Penal del
Circuito, a quien finalmente le correspondió tomar la decisión”[65]. Además, indicó
que no estuvo en las negociaciones que se realizaron, por lo que no podría
entregar pormenores de lo acordado.
Expediente T-7.256.420
Fiscal 3 Seccional CAIVAS de Fusafasugá
Mediante escrito del 6 de junio de 2019, el
Fiscal 3 Seccional CAIVAS de Fusagasugá (Expediente T-7.256.420) adjuntó
escrito de respuesta a los interrogantes planteados por la Magistrada
sustanciadora y copia del acta de preacuerdo suscrito con el acusado del señor
Morera Garzón.
El Fiscal consideró que la circunstancia
de marginalidad no debía ser probada, pues en el ordenamiento jurídico no hay
norma que obligue a hacerlo; la
naturaleza de los preacuerdos radica justamente en renunciar al debate
probatorio y a la controversia existente entre las partes. Señaló que su actuar
se ciñó a los precedentes del Tribunal Superior de Distrito de Cundinamarca y a
la jurisprudencia de Sala Penal de la CSJ, quienes han sostenido que la única
facultad del juez de conocimiento es verificar la ausencia de vicios en el
consentimiento y el cumplimiento de las garantías fundamentales.
Manifestó que sostuvo conversación privada
con el apoderado judicial del acusado a fin de llegar a la aceptación de cargos
bajo la modalidad de preacuerdo. De esta comunicación se estableció que las
condiciones para aceptar la imputación de cargos, sería el otorgamiento del
beneficio establecido en el artículo 56 de la Ley 599 de 2000 es decir, “marginalidad
extrema” y que para la fijación de la pena se tendría en cuenta la edad del
acusado (58 años de edad), la carencia de antecedentes judiciales y penales
(verificado mediante oficio 143210 del 16 de marzo de 2016 informe de la
Policía Nacional, y de la búsqueda en el sistema SPOA la cual arrojó resultados
negativos)[66],
su arraigo en el Municipio de Fusagasugá, la realización de actividades
comerciales lícitas, y la pertenencia a un grupo familiar conformado por su
compañera sentimental y su hijastro. Estas condiciones fueron ponderadas por
parte del ente acusador para establecer que “no se pactaría el mínimo de
pena posible, sí una mayor”[67]
tal como sucedió al momento de suscribir el preacuerdo, pues la sanción penal
que se impuso fue de tres años de prisión sin otorgamiento de subrogado alguno,
lo cual fue confirmado en la realización de audiencia de individualización de
pena y sentencia ante el juez de conocimiento.
Respecto de la intervención de la víctima,
sostuvo que la señora Ana Ofelia López Franco, curadora de Heidy Carolina Reyes
López, antes de firmar el preacuerdo sostuvo conversación privada con el fiscal,
en la cual se le hizo saber las “condiciones, circunstancias y consecuencias
del acuerdo” y a lo cual manifestó no tener objeción alguna. Además informó
que, durante las etapas de indagación, investigación y acusación, se sostuvo
constante comunicación con ella.
Indicó que, una vez suscrito el preacuerdo
con el acusado, se informó a las víctimas acerca del sentido y alcance del
mismo y que, solo a partir de ese momento, la víctima le manifestó su voluntad
de tener apoderado de víctimas. Fue así como la primera audiencia de
verificación del preacuerdo contó con la presencia de apoderado de víctimas
otorgado por parte de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, insistió en que la
Directiva 01 de 2018 “por medio de la cual se adoptan lineamientos generales
para imputar o preacordar circunstancias de menor punibilidad contenidas en el
artículo 56 del Código Penal” es posterior a las medidas adoptadas en el
presente caso.
Por último, refirió que en la audiencia de formulación
de imputación del 20 de septiembre de 2016, el procesado no aceptó los cargos.
Sin embargo, en preacuerdo celebrado con posterioridad sí aceptó la
responsabilidad penal por el delito de acceso carnal violento con persona
incapaz de resistir y que, bajo ese entendido, se le reconoció la circunstancia
del artículo 56 y se estipuló como sanción la pena de tres años de prisión,
castigo que entiende como razonable.
Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá
En respuesta al oficio OPT-1188/2019, el
Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá envió el expediente del proceso penal
solicitado en préstamo. El contenido del mismo será estudiado al analizar el
caso concreto.
Expedientes  T-6.931.099 y T-7.256.420
Universidad Santo Tomás
Mediante escrito del 6 de junio de 2019, la Facultad
de Derecho de la Universidad Santo Tomás – Bogotá hizo un análisis sobre los
conceptos de marginalidad, ignorancia y pobreza extrema de acuerdo con
lo definido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Pereira (Sala de Decisión Penal) y de la Corte
Constitucional. Indicó que estos tres conceptos deben ser ‘trascendentales’
en el sentido de que deben haber determinado el comportamiento sancionado penalmente;
es decir, son un fenómeno que debe estar presente al momento de la comisión de
la conducta. En tal sentido, señaló como ejemplos los casos de las personas
adictas a las sustancias psicoactivas[68]
y los habitantes de la calle[69]
y puso de presente que la administración de justicia tiene la obligación de
considerar la realidad del caso y las pruebas que lo soportan.
Sobre estas circunstancias, establecieron que los
anexos con los que las partes soportan dicho aserto en el preacuerdo no son
suceptibles de valoración alguna por el juzgador, porque no tienen tal
virtualidad probatoria y las partes dentro de su capacidad consensual,
establecieron cuál es el efecto que tienen para el proceso.
También hizo referencia a la responsabilidad que tiene
el Estado de tomar medidas con el fin de optimizar los procedimientos en el
sistema penal y brindar un trato justo a los individuos en condición de pobreza
extrema. Para ello, la universidad realizó algunas recomentaciones que
respaldan el contenido del artículo 56 del C.P., entre ellas, que el Estado debe
procurar garantizar a las personas que viven en pobreza el acceso a la
justicia; y subsanar el efecto desproporcionado que las sanciones penales
tienen en ellas.
Agregó que, en los casos en que la fiscalía y la
defensa han llegado a un acuerdo consistente en aceptar la responsabilidad
penal a cambio de una rebaja de la pena por el reconocimiento de la
“circunstancia de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas”, el fiscal no
deberá demostrar que el procesado se encontraba en dicha circunstancia al
momento de la ejecución de la conducta, pues lo acordado no modifica el aspecto
fáctico de lo acontecido.
Finalmente, concluyó que los fines político criminales
de los preacuerdos deben ser tenidos en cuenta por la partes y por el juez de
conocimiento, y que la Fiscalía no tiene la obligación de demostrar la
existencia de las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema,
ya que este reconocimiento obedece a una ficción jurídica que se realiza para
la rebaja de la pena, más no para modificar los hechos objeto de acusación.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal -
ICDP
Mediante escrito del 11 de junio de 2019,
la doctora Luisa Fernanda Caldas Botero acude como designada del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal – en adelante ICDP-. Frente al primer
cuestionamiento realizado, informó que en materia de menor punibilidad, la
aplicación por los fiscales del artículo 56 del Código Penal debe tener en
cuenta tres aspectos relevantes: i)  el sentido literal de las palabras, es
decir las definiciones de marginalidad, ignorancia o pobreza por cuanto son
palabras con significación diferente; ii) la existencia de condiciones
“extremas”; y iii)  que estas circunstancias no tengan la entidad suficiente
para que de ellas se predique la ausencia de responsabilidad penal. En todo
caso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que se haya presentado
la marginalidad, ignorancia, o pobreza, serán determinantes para establecer si
se está en presencia de un caso de ausencia de responsabilidad penal, o de una
circunstancia de atenuación punitiva.
Respecto del segundo interrogante expresó que la
causal de marginalidad no encuentra limitación alguna frente a los delitos a
los que se deba aplicar. Manifestó que la Directiva 1 de 2018 de la Fiscalía
General de la Nación, en la que se fijan reglas para preacuerdos, tampoco
impone restricciones a los fiscales delegados para la aplicación de tal
atenuación punitiva y que dicha disposición únicamente establece reglas para la
verificación de requisitos frente a la marginalidad.
Frente al tercer interrogante sobre si se debe probar
por los fiscales el supuesto de marginalidad,  indicaron que frente al tema
existe una amplia discusión que tiene dos vertientes fundamentales, a saber;
una que demanda que la circunstancia se pruebe y otra que considera que no debe
probarse.
En contestación al cuarto interrogante, manifestaron
que la jurisprudencia y la doctrina han  tratado de establecer ciertos
criterios para evitar que  este tipo de valoraciones terminen en
arbitrariedades y subjetividades del ente acusador al momento de impartir el
preacuerdo, o por parte del juez al verificar la legalidad del mismo. En razón
de esto, cita al profesor Andrade Castro (2018) al recordar que propuso tener
en cuenta ciertos criterios para establecer la validez del preacuerdo: i) el
juicio de legalidad estricta frente a la imputación básica; ii) el juicio de
legalidad flexible frente a la imputación negociada; iii) el juicio de
racionalidad o coherencia lógica normativa y iv) juicio de igualdad y
proporcionalidad[70].
En el quinto interrogante los intervinientes
expresaron que aquellos principios y fundamentos jurídicos que limitan a la
fiscalía al momento de celebrar preacuerdos, propenden por el respeto de la
estructura legal y el cabal cumplimiento de la norma. A manera de ejemplo
refirieron que, en el sistema penal colombiano, el ente acusador no tiene la
autonomía para acusar sino que debe someterse a los parámetros legales.
Para el sexto interrogante, los intervinientes
adujeron que en el sistema penal colombiano existe una división particular
entre la fiscalía y los demás funcionarios judiciales, puesto que aquella [la
fiscalía] tiene función de parte dentro del trámite procesal penal  y, por tal
motivo, sus actividades requieren de una verificación judicial. En el caso
particular de los preacuerdos y la formulación de acusación, dicho control
encuentra únicamente connotaciones formales, excepto en los casos de violación de
garantías fundamentales, donde el mismo puede llegar a ser material. Esta
facultad de los jueces no constituye violación a la autonomía judicial del ente
de control, sino que propende por el cumplimiento de las garantías
constitucionales del procesado.
Fiscalía General de la Nación
Mediante escrito del 17 de junio de 2019, la Directora
de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación[71] allegó respuesta al
cuestionario formulado por este despacho.
La Fiscalía General de la Nación manifestó que expidió
las Directivas 01 de 2006[72]
y 01 de 2018[73]
relacionadas con la celebración de preacuerdos. Indicó que la Directiva 001 de
2018 determinó que las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza
constituyen tres presupuestos jurídicos distintos que requieren de la
estructuración de diferentes elementos fácticos y probatorios para que sean
acreditados, por lo cual no es posible invocarlas como un género.
También presentó información sobre: (i) el número de
preacuerdos celebrados por el ente acusador entre 2014 y 2019[74], y reportó un total de
148.025 preacuerdos; (ii) los principales diez (10) delitos respecto de los
cuales se celebraron preacuerdos en el periodo referido; (iii) el número de
preacuerdos celebrados respecto de delitos en contra de la libertad, integridad
y formación sexuales, para un total de 9.998 entre 2014 a 2019; (iv) el número
de preacuerdos improbados por los jueces al realizar control material sobre los
mismos, con un total de 2.511 entre 2014 a 2019.
El ente acusador insistió en que las directivas
proferidas establecen las pautas generales para garantizar el cumplimiento de
la finalidad de los preacuerdos, y es al fiscal delegado a quien le corresponde
valorar el componente fáctico y probatorio en cada caso, teniendo como referente
los criterios o factores relevantes que establecen dichas directivas[75]. Adicionalmente,
indicó que la Dirección de Altos Estudios de la Entidad aborda el tema de
preacuerdos en los procesos de formación a los fiscales relacionados con la
oportunidad, objeto del acuerdo, condiciones, fines, beneficios, límites y
prohibiciones generales, y requisitos generales para su aplicación, y de manera
transversal se abordan los derechos de las víctimas y su participación en la
celebración de preacuerdos.
Hizo énfasis en que las víctimas pueden intervenir en
la celebración de preacuerdos, para lo cual, deben ser oídas e informadas por
el fiscal; en este sentido, se les debe brindar información completa y oportuna
sobre los términos del preacuerdo y sus consecuencias, y en lo posible se debe
tener en cuenta su punto de vista para la solución del caso y garantizar los
derechos a la verdad, justicia y reparación[76].
La Fiscalía manifestó que los derechos de las víctimas
son garantizados de forma transversal a toda la actuación procesal, y
especialmente, en la negociación de preacuerdos, la garantía de comunicación de
las particularidades del proceso y la obligación de escuchar el punto de vista
de la víctima, de conformidad con las pautas dispuestas en la Directiva 010 de
2016.
El ente acusador precisó que, en caso de que haya
discrepancias en los términos en los cuales se pacta un preacuerdo, la víctima
y el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 176
de la Ley 906 de 2004, pueden ejercer los recursos ordinarios (reposición y
apelación) y extraordinarios (casación) como medios de defensa judicial, por
cuanto “no existe en todos los casos una necesaria coincidencia de intereses
o pretensiones entre la fiscalía (sic) y la víctima del delito”[77].
Finalmente indicó que, con posterioridad a la
celebración del preacuerdo, la víctima puede ejercer los recursos ordinarios y
extraordinarios en contra de los pronunciamientos que considere que no hacen
efectivas sus garantías fundamentales; al margen de que prosperen los recursos
invocados, una vez quede en firme la sentencia aprobatoria de la terminación
preacordada, la víctima puede aceptar las reparaciones que resulten de los
preacuerdos, o rehusarlas y acudir a otras vías judiciales, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 351, inciso 6, de la Ley 906 de 2004; y la víctima
puede promover un incidente de reparación integral de perjuicios para obtener
el resarcimiento de diferentes daños ocasionados por la conducta delictiva.
Universidad de Nariño
Mediante escrito del 25 de junio
2019, el director de
Consultorios Jurídicos y del Centro de Conciliación de la Universidad de Nariño
se pronunció sobre la institución de los preacuerdos y sostuvo que estos no
deben soslayar el núcleo fáctico de la imputación, y que lo que se concede debe
sostenerse con un mínimo de prueba.
Desde su perspectiva, “los preacuerdos pueden
celebrarse sobre diferentes cuestiones, como el grado de participación del
sujeto, la cantidad de ejecución de la acción (consumación vs tentativa), para
eliminar causales genéricas o específicas de agravación”[78]. Sin embargo, anotó
que la Fiscalía no puede crear delitos o circunstancias de las que no hizo
referencia en la imputación.
Respecto de la participación de las víctimas en el
trámite procesal, señaló que la Sentencia C-516 de 2007 advirtió que las
víctimas podrán intervenir en la celebración de preacuerdos y que para ello
deberán ser oídas e informadas acerca de la celebración del mismo. Refiere que
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que los
derechos de las víctimas no deben ser desconocidos, situación que ocurre cuando
el derecho a la verdad trasmuta en falacias de lo realmente ocurrido que
desfiguran la realidad sobre la forma en que fueron atacados los bienes
jurídicos protegidos.
Por otra parte, refirió que el control material de los
preacuerdos está permitido únicamente cuando exista violación de derechos
fundamentales, en casos en los que se verifiquen vicios en el consentimiento,
afectación del derecho de defensa, o cuando la Fiscalía otorgue dos beneficios
incompatibles, acceda a una rebaja superior a la permitida, o no se cumplan con
las exigencias punitivas para acceder a algún subrogado.
Universidad Libre de Bogotá
Mediante escrito del 4 de julio de
2019, el Observatorio de
Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre de Bogotá presentó escrito ante la Secretaría General de la
Corte.
En este solicitó que la Corte (i) revoque las decisiones
adoptadas frente a los expedientes judiciales que originaron el presente amparo
y que, en su lugar, se protejan los derechos fundamentales a la justicia y el
debido proceso de las víctimas y que, (ii) ordene a la fiscalía renegociar los
acuerdos cuestionados, a fin de lograr una verdadera justicia retributiva a las
víctimas y la protección de los intereses de los acusados.
Expresaron que su disconformidad con el actual
contenido y alcance de los preacuerdos en el sistema judicial colombiano, radica
en las interpretaciones erradas que se han hecho del artículo 351 del C.P.P. y
la falta de criterios jurisprudenciales sólidos. Indican que el precedente de
la Corte Suprema sobre la capacidad del juez de conocimiento de hacer controles
formales y materiales de los preacuerdos es caótico.
Realizaron un ejercicio de derecho comparado con el
sistema judicial penal de los Estados Unidos y el alcance de los preacuerdos.
Manifestaron que en el sistema anglosajón “entienden la razonabilidad de los
preacuerdos como salidas alternas a los juicios. Ir siempre a juicio sería
atascar el sistema judicial penal”[79];
así los acuerdos los realizan los fiscales, quienes tienen un poder ‘amplio
y opaco’ sin participación regular de los jueces sobre lo acordado[80], y que lo único que
viciaría dicho acuerdo serían las amenazas o actos de constreñimiento contra el
acusado.
Expresaron que según Dylan Walsh (2017) la tendencia
actual es darle eficacia a los preacuerdos por medio de la transparencia y la
equidad. Lo anterior se lograría con el involucramiento más activo del juez,
que actuaría como un “tercero imparcial que dirija el proceso de negociación
de la acción penal”[81].
Según los intervinientes, esta tendencia que propende por la celeridad del
proceso tiene límites. Por ejemplo, señalan que el acuerdo debe tener bases en
evidencia y debe ser controlado.
Por último, indicaron que el control judicial al
preacuerdo no puede aceptar culpabilidades a cambio de encubrimiento de
actividades inconstitucionales en favor de la Policía, la Fiscalía, o evidencia
a favor de la inocencia del acusado[82].
Como tampoco resulta razonable avalar “un acuerdo cuando un acusado
acepta culpabilidad sin que con ello retribuya justamente a la víctima y a la
sociedad”[83]
por lo cual, en ambos casos debe existir control por parte del juez de
conocimiento.
Universidad del Rosario
Mediante escrito del 11 de julio
2019, el director de
Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación de la Universidad del Rosario
contestó el cuestionario formulado por la Magistrada sustanciadora.
Frente al primer cuestionamiento, refirió que la
marginalidad es un atenuante genérico de la responsabilidad penal que, cuando
no tenga la entidad suficiente para eliminarla, se otorga cuando exista un nexo
de causalidad entre la ejecución del ilícito y la respectiva figura. Adujo que
la Sala Penal de la Corte Suprema entiende que la marginalidad del individuo
guarda relación intrínseca con el delito y refiere que no se trata de hechos
post-delictuales; por tal motivo su debate debe hacerse en el juicio oral y no
en la audiencia de individualización de pena y sentencia.
Respecto del segundo interrogante, refirió que existen
tres limitaciones para la celebración de preacuerdos. La primera, contenida en
el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia, sobre la prohibición
para preacordar cuando la víctima es menor de edad frente a delitos como
homicidio, lesiones personales dolosas, delitos contra la libertad, integridad
y formación sexual, o el secuestro. La segunda, derivada del artículo 349 del
C.P.P., cuando existe un incremento patrimonial del imputado que no ha reintegrado
al menos el cincuenta por ciento de daño causado. La tercera, estipulada en el
artículo 5 de la Ley 1761 de 2015, relacionada con el delito de feminicidio.
Frente al tercer interrogante, informó que en materia
de preacuerdos no existe la obligación de parte de la fiscalía de probar las
circunstancias que se reconocen en dichos acuerdos ante el juez de conocimiento
ya que la ley ni la jurisprudencia establecen dicha obligación.
En cuanto al cuarto interrogante refirió que,
excepcionalmente, el juez puede limitar la realización de los preacuerdos a fin
de que respeten las garantías mínimas de las partes, cuando las condiciones en
las que se pactaron y los beneficios otorgados no respetaron el principio de
legalidad.
Por último, respecto del quinto interrogante realizado
por el despacho, afirmó que la labor la Fiscalía se encuentra ligada al
cumplimento de los fines consagrados en el artículo 348 del C.P.P., así como a
las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado. Sin embargo, refiere
que la Corte Suprema de Justicia ha definido los fines como una forma de desiderátum
y no como una obligación de quien los realiza.
Universidad Externado de Colombia
Mediante escrito del 6 de agosto de 2019, José Manuel
Díaz Soto intervino como representante del Departamento de Derecho Penal y
Criminología de la Universidad Externado de Colombia.
Inicialmente refiere que la circunstancia de
atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 del Código Penal, supone en la
práctica una reducción mayor a otras circunstancias recogidas en el Código
Penal. Realizó una explicación, desde la doctrina, de las razones por las
cuales se justifica un tratamiento punitivo más benigno en los casos de extrema
pobreza, marginalidad e ignorancia. Además, reiteró que se trata de
circunstancias que requieren ser probadas al momento de celebrar un preacuerdo,
so pena de desconocer el principio de legalidad y lo dispuesto en la Sentencia
C-1260 de 2005.
Por otra parte, frente a las finalidades de los
preacuerdos y negociaciones, el artículo 348 de la Ley 906 de 2004 en su inciso
2 dispone que: El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar
las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como
política criminal, a fin del aprestigiar la administración de justicia y evitar
su cuestionamiento. Explicó la universidad que estos fines son el resultado
perseguido por la administración de justicia mediante el acatamiento de las
directrices de la Fiscalía General de la Nación y las pautas político
criminales. Sostuvo que se pone en peligro el prestigio de la administración de
justicia cuando los fiscales delegados otorgan tratamientos punitivos diversos
a conductas que guardan los mismos elementos esenciales, de ahí la exigencia a
los fiscales de dar aplicación a los parámetros establecidos por parte de la
Fiscalía General de la Nación.
Frente al cuestionamiento elevado por el despacho
sobre el prestigio de la administración de justicia, el interviniente hizo una
fuerte crítica al contexto general del sistema procesal penal en Colombia.
Presentó datos relacionados con la actual crisis carcelaria que atraviesa el
país con lo cual explicó que el verdadero camino de prestigio de la
administración de justicia no radica en la imposición de penas privativas de la
libertad mas rigurosas (como sucedería al imponer más restricciones a la
celebración de preacuerdos) sino con reales políticas de mayor racionalización
del ejercicio del poder punitivo estatal. Concluyó que, infortunadamente, la
sanción penal en Colombia lleva aparejada el sometimiento a tratos crueles,
inhumanos y degradantes pues los condenados que están destinados a cumplir su
condena en establecimientos de reclusión con graves problemas de hacinamiento.
Respuestas a las intervenciones y pruebas recibidas en sede de
revisión
Expediente T-6.931.099
Apoderada de la defensa
Mediante escrito del 13 de agosto de 2019, la abogada que
representa al señor Jorge Eliécer Álvarez Benítez, presentó intervención para pronunciarse sobre traslado
de las pruebas del segundo auto, que se realizó mediante auto del 18 de junio
de 2018.
Para ello, realizó un análisis sobre los aspectos que
se deberían tener en cuenta al momento de aplicar la figura de allanamiento:
(i) que la víctima haya sido reparada, la reparación sería un elemento que
evitaría el cuestionamiento de la administración de justicia; (ii) que el
investigado no tenga antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores
por un delito de la misma naturaleza del cual se pretende preacordar; (iii) que
dentro de los cinco años anteriores el investigado no se haya visto beneficiado
con la figura del preacuerdo en otra investigación penal, independientemente de
la naturaleza del delito y (iv) que no se haya causado una grave afectación al
bien jurídicamente tutelado.
En cuanto a la marginalidad en el proceso
penal, manifestó que es dable otorgarla a una persona que se comporta por fuera
de lo legalmente establecido. Indicó que, sin embargo, los jueces en ocasiones
suelen conmutar este concepto con el de extrema pobreza, entendiendo este como
un tipo de marginalidad. Es decir, el marginal es aquella persona que se
comporta fuera de las reglas de la comunidad, por lo que incluso podría pensarse
en un adicto a sustancias psicoactivas o una persona en estado de embriaguez
como un marginal, porque los efectos de los estupefacientes y el alcohol lo
ponen en un estado de rebeldía, inobservancia y en ocasiones de ilegalidad.
Expediente T-7.256.420
Diana Yolima Niño Avendaño, Procuradora
181 Judicial II Penal
Mediante escrito del 10 de julio de 2019,
la agente oficiosa de la víctima presentó intervención para manifestarse sobre
el traslado de las pruebas que se realizó mediante auto del 18 de junio de
2018.
En su escrito presentó las principales
premisas de la postura de la Corte Suprema Justicia sobre la intangibilidad de
los preacuerdos y la improcedencia de su control material por parte de los
jueces de conocimiento, frente a las cuales planteó sus argumentos que
defienden la tesis del control material de los preacuerdos. Para una mayor
claridad, la Magistrada sustanciadora realizó el siguiente cuadro[84]:
CSJ Sala Penal
Postura del
Ministerio Público
Los rasgos escenciales del principio acusatorio
corresponden al ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano
distinto al juez.
Indicó que el sistema acusatorio colombiano se
aviene más con los postulados del sistema europeo continental, pues “sin
importar cómo se ejecute la acción penal, ésta siempre deberá estar sujeta a
la primacía del principio de legalidad (atenuado o no)”[85].
Tanto la activación como el impulso de la
pretensión punitiva estatal, por disposición legal y constitucional,
pertenecen exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.
Sostuvo que si bien esta premisa es
cierta, no se trata de una facultad soberana, como lo ha entendido la Sala
Penal de la CSJ[86].
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá también ha
considerado que si bien la Fiscalía es la titular de la acción penal, no
puede desconocer los límites existentes para preacordar, y “dentro de
estos – y como componente del principio de legalidad (…) – los fines de los
preacuerdos”[87].
El Fiscal debe gozar de un margen
racional de maniobra con el fin de que pueda adelantar su tarea de forma
efectiva.
Recordó que, sobre las circunstancias del
artículo 56 del C.P., la Sala Penal ha considerado que “pueden ser objeto
de convenio, habida consideración de los elementos de prueba y evidencias
recaudadas: el grado de participación;(…) las circunstancias de marginalidad,
ignorancia o pobreza extremas (artículo 56) (…) pues todas estas situaciones
conllevan circunstancias de tiempo, modo y lugar que demarcan los hechos por
los cuales se atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende fijan
para el procesado la imputación fáctica y jurídica”[88]. Señaló
que, sin embargo, la Fiscalía reconoció esta circunstancia sin aportar
elementos probatorios.
Solo de manera excepcional y cuando el
acto compromete garantías fundamentales, puede el juez hacer un
control material de los preacuerdos.
Manifestó que esta premisa no constituye
doctrina dominante de la Sala Penal, y que la otra tesis de esta misma Sala
(STP1009-2018), basada en la jurisprudencia constitucional, ha señalado que
los jueces sí pueden realizar un control material, en el entendido de que el
fiscal no puede, al realizar la adecuación típica, crear tipos penales.
Lo anterior, en aras de “la realización de los fines de la justicia, las
garantias de los sujetos procesales y la protección de la legalidad mínima”[89].
Por último, adujo que son reiterados los
pronunciamientos de varias Salas Penales de los Tribunales del país[90], en punto del “desconocimiento
por la Fiscalía General de la Nación de los principios fundantes de los
preacuerdos, del desconocimiento de la labor del juez de conocimiento como juez
constitucional que también lo es y de los derechos a las víctimas; pero,
fundamentalmente, de las decisiones sobre la materia emitidas por la H. Corte
Constitucional, esto es, C-1260/2005, C-516/2007, T-794/2007, C-059/2016 y
C-372/2016”[91].
Solicitó (i) revocar las decisiones
adoptadas por la Corte Suprema de Justicia que decidieron darle prevalencia a
los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa, (ii) amparar los
derechos a la justicia y al debido proceso de las víctimas de cada proceso
penal, (iii) ordenar a la Fiscalía renegociar los acuerdos en clave de los
intereses de justicia retributiva de las víctimas, como también de los
intereses del acusado; y que, una vez la fiscalía someta a consideración los
preacuerdos ante los jueces, (iv) ordenar a los jueces de conocimiento realizar
un control material y formal de los preacuerdos para que protejan las garantías
fundamentales de todas las partes del proceso.
Posteriormente, mediante escrito del 30 de
julio de 2019, remitió a este despacho la sentencia STC7735-2018 del 14 de
junio de 2018 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
la que dicha Corporación exhortó a la Fiscalía General de La Nación para que,
al suscribir los preacuerdos, proveyera por el aprestigiamiento de la justicia,
así como por evitar su cuestionamiento.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.  Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en
Sala Plena, los fallos proferidos dentro de las acciones de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991, y 61, inciso primero, del Reglamento Interno de
esta Corporación.
Asunto objeto de análisis y problema jurídico
Expediente T-6.931.099
2. Jorge Eliécer Álvarez Benítez, por medio
de apoderada, interpuso acción de tutela en contra de la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Dosquebradas, por considerar que las sentencias proferidas
dentro del proceso penal que se adelanta en su contra vulneraron su derecho al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Señaló que las autoridades judiciales incurrieron
en un defecto sustantivo porque los jueces no tuvieron en cuenta
la normativa sobre preacuerdos al no respetar la independencia que le asistía
al ente acusador al celebrarlo. Así mismo, adujo que se incurrió por las
autoridades judiciales en un defecto fáctico porque existían en
el expediente elementos probatorios suficientes para acreditar la condición de
marginalidad derivada de que el victimario se encontraba bajo los efectos del
alcohol.  Por último, indicó que las providencias configuraron un defecto
por desconocimiento del precedente al no tener en cuenta que, según la
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
para el reconocimiento de una causal de atenuación punitiva como la
marginalidad, no era necesario demostrarla probatoriamente dentro del proceso.
Además, porque dich Corporación ha sostenido en su jurisprudencia que el juez
de conocimiento está obligado a aceptar el acuerdo presentado por la Fiscalía,
salvo que desconozca o quebrante garantías fundamentales.
El juez de primera instancia (Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia) concedió el amparo del
derecho al debido proceso al considerar que el juez no puede tener ninguna
injerencia en las funciones del fiscal sin contrariar el principio adversarial
y la imparcialidad que le demanda el ejercicio del cargo. Agregó que la
calificación jurídica adoptada por la fiscalía en un preacuerdo no puede ser
cuestionada por el juez, y que éste solo puede intervenir cuando aparezca
acreditada, de forma manifiesta, la lesión a derechos fundamentales.
El juez de segunda instancia (Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia) confirmó la sentencia del a
quo al considerar que el Tribunal demandado desconoció la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia al exigir una carga probatoria mínima para que se
reconociera la circunstancia de marginalidad pactada en el preacuerdo. Lo
anterior, debido a que las negociaciones que realiza la fiscalía con el
procesado solo admiten control sustancial por parte del juez cuando afectan
garantías fundamentales de las partes.
Expediente T-7.256.420
3. La Procuradora 181 Judicial II Penal de
Bogotá interpuso acción de tutela en contra de la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, del Juzgado Penal del
Circuito de Fusagasugá y de la Unidad Seccional de Fiscalías de Fusagasugá por
considerar que las decisiones tomadas por estas autoridades dentro del proceso penal
que se adelanta en contra del señor José Siervo Morera Garzón vulneraron los derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la víctima como
‘interviniente especial’ en el proceso penal.
Señaló que las autoridades judiciales
incurrieron en indebida e insuficiente motivación jurídica dado
que, al realizar el control material del preacuerdo que celebró la fiscalía,
decidieron únicamente conforme a la línea jurisprudencial de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia y desconocieron los fines que consagra el artículo
348 de la Ley 906 de 2004 para su celebración. Agregó que los jueces también
deben decidir conforme a los fundamentos constitucionales y aprobar los
preacuerdos únicamente cuando estos superen el juicio sobre la satisfacción de
las garantías fundamentales de los involucrados en la actuación. Adujo que la
FGN no respetó el debido proceso, y los postulados de legalidad y tipicidad
dado que reconoció la marginalidad y no advirtió que, en el presente caso, era
aplicable la circunstancia de agravación punitiva que opera cuando el
responsable tenía una condición que impulsó a la víctima a depositar en él su
confianza (numeral 2º del artículo 211 de la Ley 599 de 2000).
El juez de primera instancia (Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia) negó el amparo por
improcedente dado que la accionante no controvirtió el fallo de primera
instancia y no agotó el recurso extraordinario de revisión. Además, porque la
Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que la adecuación típica que
haga la FGN de los hechos es de su fuero y solo puede ser censurada por el juez
o las partes cuando quebrante las garantías fundamentales, verifique algún
vicio del consentimiento o afecte el derecho de defensa. Igualmente, porque por
tratarse de un preacuerdo no existía la obligación de demostrar probatoriamente
la causal de atenuación punitiva. Por último, indicó que el principio de
autonomía de la función jurisdiccional impide al juez constitucional realizar
control sobre decisiones que ya hicieron tránsito a cosa juzgada.
El juez de segunda instancia (Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia) confirmó la sentencia del a
quo al considerar que el amparo no satisface el requisito de subsidiariedad
pues el proceso penal se encontraba en curso al momento de la interposición del
amparo y la acción de tutela no es una tercera instancia sino un mecanismo
excepcional al que solo se acude cuando se han agotado los demás.
4. A partir de lo
anterior, lo primero que debe hacer la Sala es analizar si en estos asuntos se
cumplen los requisitos de procedencia general y específica de la acción de tutela
contra providencia judicial. En caso de que se verifique la procedencia de las
presentes acciones, la Sala deberá dar respuesta a tres problemas jurídicos:
(i) Con el fin de abordar los interrogantes que plantea el
componente objetivo común a ambos casos, la Corte debe averiguar
si ¿Es violatorio de los derechos fundamentales de las partes del proceso
penal, del principio de legalidad y del artículo 250 constitucional que
consagra la facultad de la FGN de adelantar el ejercicio de la acción penal, que
los fiscales delegados puedan celebrar preacuerdos que reconozcan
circunstancias de atenuación punitiva como la marginalidad, ignorancia o
pobreza extremas (artículo 56 del Código Penal)[92] pese a que las mismas no
tengan respaldo en la descripción de los hechos de la imputación?. En
consecuencia, debe determinar si ¿Los jueces penales de conocimiento están
facultados para improbar preacuerdos que hayan reconocido dichas circunstancias
de atenuación punitiva previstas en el artículo 56 del Código Penal, cuando las
mismas no tienen sustento en la descripción de los hechos de la imputación que
realizó el fiscal?,
(ii)
En atención a las
preguntas que plantea el componente subjetivo de los casos que se
estudian, la Corte deberá determinar: ¿Dentro del caso T-6.931.099, el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Dosquebradas y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira incurrieron en un defecto sustantivo, fáctico y en
desconocimiento del precedente y, en consecuencia, vulneraron los derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Jorge
Eliécer Álvarez Benítez, al improbar el preacuerdo celebrado por él con la
Fiscalía 33 Seccional Delegada de Dosquebradas?,
(iii)
¿Dentro del caso
T-7.256.420, si el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá, la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y la Unidad Seccional
de Fiscalías de Fusagasugá incurrieron en un defecto de decisión sin
motivación[93]
y vulneraron los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, de participación de las víctimas en la celebración de preacuerdos y
la protección constitucional reforzada de las mujeres en situación de discapacidad
víctimas de violencia sexual al interior de los procesos penales de la señora
Heidy Carolina Reyes López, al celebrar y aprobar el preacuerdo suscrito entre
su agresor y la Fiscalía Tercera Seccional CAIVAS de Fusagasugá?.
5. Para realizar
el análisis de procedencia y resolver los problemas jurídicos planteados, resulta
necesario abordar los siguientes temas: (i) las reglas jurisprudenciales sobre
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el examen de los requisitos generales de procedencia; (iii) los
requisitos específicos de procedibilidad en las hipótesis de defectos fáctico y
sustantivo, indebida motivación y desconocimiento del precedente; (iv) el
preacuerdo como una forma constitucional de justicia negociada para la
terminación abreviada del proceso penal; (v) las reglas jurisprudenciales sobre el alcance y
límites de las facultades de la Fiscalía General de la Nación para celebrar
preacuerdos y del juez de conocimiento para ejercer su control; (vi) las reglas jurisprudenciales sobre preacuerdos que
reconocen las circunstancias de menor punibilidad del artículo 56 de la Ley 599 de 2000; (vii) el alcance
del derecho a la participación de la víctima como interviniente especial en la
celebración de preacuerdos respecto de delitos graves; y (viii) el análisis de
los casos concretos.
Procedencia de la acción de tutela
6. La Sala estructurará el análisis de
procedencia de la siguiente manera: presentará una síntesis de (i) los
requisitos de procedencia generales de la acción de tutela y de (ii) los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Posteriormente, (iii) resolverá de forma separada los problemas de
procedencia para cada caso.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela[94]
Legitimación en la causa
7. La legitimación en la causa configura un
presupuesto del proceso que permite la constitución de una relación jurídico-procesal
válida. Es decir, se trata de condiciones que deben existir para que pueda
proferirse una decisión sobre la demanda. Es un requisito para proferir
la sentencia de fondo porque le permite al juez pronunciarse sobre las
pretensiones del actor y las razones de la oposición del demandado, mediante
una decisión judicial favorable o desfavorable a cualquiera de las partes.
El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 regula la legitimación
en la causa por activa para el ejercicio de la acción de tutela. La
norma establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: i) a nombre
propio; ii) a través de representante legal; iii) por medio de apoderado
judicial; o iv) mediante agente oficioso. Por su parte, la legitimación en
la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la
capacidad legal de los destinatarios de la acción de tutela para ser demandados
y para ser llamados a responder por la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, una vez se acredite la misma en el proceso. Conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 1º, 5º y 13 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y frente a
particulares.
Inmediatez
8. Este principio indica que, a pesar de que el amparo
puede formularse en cualquier tiempo[95],
la interposición de la acción de tutela debe hacerse dentro un plazo razonable,
oportuno y justo[96]
debido a que su finalidad es la protección inmediata y urgente de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados.
No obstante, existen eventos en los que prima facie
puede considerarse que la acción de tutela carece de inmediatez y en
consecuencia es improcedente, pues ha transcurrido demasiado tiempo entre la
vulneración de los derechos fundamentales y la presentación de la solicitud de
amparo. En estos casos, el análisis de procedibilidad excepcional de la
petición de protección constitucional se torna más estricto y está condicionado
a la verificación de los siguientes presupuestos[97]: i) que
existan razones válidas y justificadas de la inactividad procesal, como podrían
ser la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad
o imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en un término
razonable y la ocurrencia de un hecho nuevo[98],
entre otros; ii) que la vulneración de los derechos fundamentales sea continua
y actual; y, iii) que la carga de la interposición de la solicitud de amparo en
un determinado plazo resulte, de una parte, desproporcionada debido a la
situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante y, de
otra, contraria a la obligación de trato preferente conforme al artículo 13 superior.
Subsidiariedad
9. El inciso 4º del artículo 86 superior consagra el
principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de
tutela y establece que “[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.
Del mismo modo, el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, prevé que el amparo constitucional será improcedente,
cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para resolver la
situación particular en la que se encuentre el solicitante.
La procedibilidad de la acción de tutela se sujeta a
las siguientes reglas: (i) procede como mecanismo transitorio, cuando a
pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa, este no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del
peticionario[99];
(ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio
ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz,
conforme a las circunstancias del caso que se estudia[100]. Además,
(iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren
especial protección constitucional, como los niños y niñas, las mujeres cabeza
de familia, las víctimas del conflicto armado, las personas en condición de
discapacidad, las personas de la tercera edad, entre otros, el examen de
procedencia de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de
análisis más amplios, pero no menos rigurosos[101].
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales[102]
10. El artículo 86 de la Constitución Política prevé
que cualquier persona puede acudir a la acción de tutela cuando sus derechos
fundamentales resulten vulnerados o amenazados y no exista otro mecanismo de
defensa judicial que permita su protección efectiva. Así mismo, señala que la
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de cualquier autoridad
pública. Por ello, los jueces, como autoridades públicas, deben ajustar sus
actuaciones a la Constitución y a la ley, y garantizar los principios, deberes
y derechos fundamentales reconocidos en la Carta Política.
De acuerdo con esas obligaciones, esta
Corporación ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales que vulneren los derechos fundamentales de las partes y
que se aparten de los preceptos superiores. Sin embargo, se trata de una
procedencia excepcional, en atención a la naturaleza subsidiaria de la acción
de tutela y a la necesidad de salvaguardar la cosa juzgada, la autonomía e
independencia de la función judicial, y la seguridad jurídica. En este sentido,
la Corte Constitucional señaló:
“(…) [C]omo regla general la acción de tutela
no procede contra decisiones judiciales y esto por varios motivos.  Entre
ellos, en primer lugar, el hecho que las sentencias judiciales constituyen
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de
las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas
ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer
lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la
estructura del poder público inherente a un régimen democrático”[103].
Es precisamente por estas razones que la
tutela contra sentencias sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad, lo que indica que el examen de procedencia es más
estricto en estos casos. Bajo este entendido, la Sentencia C-590 de 2005[104]
identificó los siguientes requisitos generales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales:
(i)     La relevancia constitucional de la cuestión
discutida, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de los
derechos fundamentales de las partes;
(ii)
El cumplimiento del
presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, es decir, que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable;
(iii)      La observancia del requisito de inmediatez,
esto es, que la acción se interponga en un término razonable y proporcionado[105] a partir del hecho
que originó la vulneración;
(iv)
Cuando se trate de una
irregularidad procesal, que tenga un efecto decisivo en la sentencia
cuestionada;
(v)
La identificación
razonable tanto de los hechos que generaron la vulneración, como de los
derechos vulnerados; y
(vi)      Que no se trate de sentencias de tutela.
A continuación, la Sala entrará a resolver
de forma separada los problemas de procedencia de cada caso.
Análisis de procedencia en los casos que se analizan
Expediente T-6.931.099
11. En este caso, la apoderada de Jorge
Eliécer Álvarez Benítez cuestionó las providencias judiciales de los jueces de
instancia que improbaron el preacuerdo realizado con la Fiscalía 33 Seccional
de Dosquebradas. Por esta razón, la Sala deberá determinar si la presente
acción de tutela es procedente para cuestionar dichas decisiones judiciales,
para lo cual examinará los requisitos generales de tutela contra providencias
judiciales.
Legitimación en la causa por activa y por pasiva
12. En el presente caso, la Sala encuentra cumplido el
requisito de la legitimación por activa por cuanto la demanda se
presentó por el señor Jorge Eliécer Álvarez Benítez, a través de su apoderada,
quien alega directamente la violación de sus derechos fundamentales. Para ello,
obra en el expediente poder especial otorgado para la presentación de la acción
de tutela[106].
13. Así mismo, se cumple la legitimación
por pasiva por cuanto la demanda se presentó contra el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Dosquebradas y contra la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pereira, que son las autoridades judiciales que
realizaron el control material del preacuerdo y, como resultado del mismo,
decidieron improbarlo; providencias a las que el actor atribuye la afectación
de sus derechos fundamentales.
La Sala establecerá, a continuación, si
concurren los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en relación con los autos interlocutorios proferidos el 13 de febrero de 2018 por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Dosquebradas, y el 20 de abril de 2018 por la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a los cuales se les atribuye la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia del accionante.
Relevancia
constitucional
14. En primer lugar, la cuestión objeto de
debate es de evidente relevancia constitucional ya que, desde una dimensión
subjetiva, se discute si la decisión de los jueces penales de improbar el
preacuerdo al realizar el control material afectó los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Jorge
Eliecer Álvarez Benítez, contra quien se adelantaba el proceso penal por el
delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios,
partes o municiones en concurso con disparo de arma de fuego contra vehículo
(Rad. 661706000066201700449).
De otra parte, la dimensión objetiva del
caso plantea una tensión de principios constitucionales: la autonomía de la
Fiscalía General de la Nación en el ejercicio de la labor de investigación y
acusación, y la independencia y autonomía de los jueces penales para realizar
el control material de la acusación o de los preacuerdos celebrados por el
fiscal a fin de proteger los derechos fudamentales de las partes en el proceso
penal y los principios constitucionales en los que se fundamenta el sistema
procesal penal colombiano, como el principio de legalidad.
Subsidiariedad
15. En segundo lugar, la tutela cumple con
el requisito de subsidiariedad porque, al momento de la interposición de
la tutela, el demandante no contaba con otro medio de defensa idóneo y eficaz
para procurar la garantía de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
La Sala advirtió que, dentro del proceso penal, el actor agotó los recursos que
tuvo a su alcance para defender la legalidad del preacuerdo celebrado con la
Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas y cuestionar la decisión del juez de
conocimiento de improbarlo. En efecto, se observa que en la audiencia del 13 de
febrero de 2018 en la que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas
(Risaralda) profirió auto interlocutorio para improbar el preacuerdo, la
defensa del acusado interpuso el recurso de apelación en contra del mismo y
manifestó su inconformidad con la decisión[107].
De otra parte, es preciso aclarar que para
el momento de la interposición de la acción de tutela aún no se profería
sentencia condenatoria, pues la misma fue dictada con posterioridad como
consecuencia del cumplimiento de la orden de tutela proferida por la Corte
Suprema de Justicia como juez de primera instancia, mediante fallo del 28 de
junio de 2018[108].
Por esta razón, no existían otros mecanismos idóneos para cuestionar la
decisión de los jueces.
Así mismo, exigirle al demandante esperar
hasta que existiera sentencia penal ejecutoriada para poder interponer la
acción de tutela, le impondría una carga desproporcionada y resultaría no ser
un medio idóneo y eficaz para procurar la urgente defensa de su derecho al
debido proceso, ello principalmente por tres razones: la primera, porque el
actor ha actuado con diligencia durante el proceso penal, en tanto que agotó
los recursos que tuvo a su alcance para defender la legalidad del preacuerdo
celebrado con la Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas y cuestionar la decisión
del juez de conocimiento de improbarlo. La segunda, porque conforme al
principio de congruencia, el preacuerdo ya define cómo será la condena, pues
equivale al escenario de acusación y, de acuerdo con el artículo 448 del
C.P.P., “el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no
consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado
condena”; por lo que esperar hasta que se profiera la sentencia implicaría
prolongar la afectación del derecho fundamental. En tercer lugar, porque podría
acarrear la privación injusta de su libertad, pues en caso de que sus derechos
fundamentales hubiesen sido efectivamente vulnerados, tendría que soportar una
sentencia condenatoria más gravosa que la que resultaría del preacuerdo
celebrado con la fiscalía.
Inmediatez
16. En tercer lugar, la acción de tutela fue
interpuesta en un término razonable, de acuerdo a la jurisprudencia de esta
Corporación. En efecto, la sentencia de la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira, que confirmó en segunda instancia la
improbación del preacuerdo del Juzgado Primero Penal del Circuito de
Dosquebradas, fue proferida el 20 de abril de 2018. Por su parte, la tutela fue
presentada el 15 de junio de 2018, es decir, tan solo 2 meses después de la
decisión con la que presuntamente se desconocieron los derechos fundamentales
del demandante.
Identificación
razonable de los hechos y su alegación en el proceso
17. En cuarto lugar, el señor Jorge Eliécer Álvarez
Benítez, por medio de su apoderada, identificó los hechos y actuaciones que
generaron la vulneración de sus derechos fundamentales. Respaldó tal
vulneración en la decisión de los jueces penales de improbar el preacuerdo
celebrado con la Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas. Para ello, en el
escrito de tutela identificó los autos interlocutorios que consideró
transgresores de sus derechos fundamentales.
Asimismo, respecto de los autos en mención, precisó
que las mismas incurrieron en un defecto sustantivo por no aplicar la
normativa vigente en materia de preacuerdos; en un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, pues a su juicio sí existían elementos
suficientes para tener como probada la condición de marginalidad y en desconocimiento
del precedente, por no acatar la línea jurisprudencial de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el estándar probatorio de
las circunstancia de atenuación punitiva en etapa de preacuerdos y sobre la
obligación del juez de conocimiento de aceptar los preacuerdos presentados por
la Fiscalía.
La
providencia cuestionada no es una sentencia de tutela
18. En quinto lugar, la acción de tutela no se dirigió
contra un fallo de tutela. El demandante formuló la acción constitucional en
contra de (i) el auto interlocutorio de primera instancia proferido por el 13
de febrero de 2018 mediante el cual el Juzgado 1º Penal del Circuito de
Dosquebradas improbó el preacuerdo celebrado entre la fiscalía y el demandante
y (ii) el auto interlocutorio de segunda instancia proferido el 20 de abril de
2018 mediante el cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira decidió confirmar la anterior decisión; autos
respecto los cuales el actor alega la vulneración de su derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia en el proceso penal que se adelanta
en su contra.
Expediente T-7.256.420
19. La Sala encuentra que el problema de
procedencia para este caso es distinto al anterior dado que el Ministerio
Público, además de atacar las providencias judiciales mediante las cuales los
jueces aprobaron el preacuerdo, también cuestiona ciertas actuaciones
procesales que se llevaron a cabo antes de que se profirieran dichas
providencias, como la celebración misma del preacuerdo por la Fiscalía Tercera,
seccional CAIVAS de Fusagasugá con el acusado.
Por esta razón, la Sala analizará cada uno
de los requisitos generales de tutela contra providencias judiciales. En los
componentes que resulte relevante realizar algún estudio adicional relacionado
con el preacuerdo y las actuaciones procesales demandadas por la procuradora
judicial, la Sala lo realizará allí mismo haciendo las aclaraciones que
corresponda.
Legitimación en la causa por activa y por pasiva
20. A fin de determinar la legitimación
en la causa por activa en el presente caso, es preciso hacer referencia a
las potestades de la Procuraduría General de la Nación como parte del
Ministerio Público, contempladas en el artículo 277 superior, entre las cuales
se encuentra su facultad de intervención ante las autoridades judiciales. Esta
disposición expresa que “(…) para el cumplimiento de sus funciones la
Procuraduría (…) podrá interponer las acciones que considere necesarias”. Este
Tribunal ha sostenido que esta prerrogativa del Procurador se desarrolla a
través de dos esferas complementarias: la subjetiva y la objetiva[109].
De una parte, la esfera subjetiva incluye
la intervención del ente de control en los conflictos individuales o
particulares. Su fundamento se encuentra en el numeral 1º del artículo 277
constitucional que dispuso que la Procuraduría General de la Nación tiene la
función de “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las
decisiones judiciales y los actos administrativos (…)”; en el numeral 2º de
la misma disposición que le asigna competencia para“proteger los derechos
humanos y asegurar su efectividad”; lo cual puede lograrse mediante la
interposición de las acciones judiciales pertinentes; y en el numeral 7º que
establece que deberá intervenir en los procesos judiciales, “(…) cuando sea
necesario en defensa (…) de los derechos y garantías fundamentales”.
La esfera objetiva, por otra parte,
comprende la guarda del interés público. Su fundamento reside en el numeral 1º de
artículo 277 de la Constitucion, y en el numeral 7º del mismo artículo que
contempla el deber de esta entidad de intervenir en los procesos ante las
autoridades judiciales “(…) cuando sea necesario en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público (…)”. Por lo tanto, además de su
intervención en asuntos subjetivos particulares para la defensa de los derechos
fundamentales, “(…) tiene el deber de velar por el cumplimiento de uno de
los intereses colectivos más fundamentales: el respeto al ordenamiento
jurídico, que comprende la legalidad de las decisiones jurisdiccionales”[110].
El último inciso del artículo 277 de la
Constitución expresa que “(…) para el cumplimiento de sus funciones la
Procuraduría (…) podrá interponer las acciones que considere necesarias”. A
partir de esta norma, se ha entendido que la Procuraduría puede no solo
adelantar acciones judiciales como la acción de tutela sino también otros
recursos ante la jurisdicción constitucional como los incidentes de desacato.
Esta facultad de intervención subjetiva y
objetiva también encuentra sustento legal en el Decreto Ley 262 de 2000[111]. El
artículo 7º de este Decreto contempla las funciones del Procurador General de
la Nación, dentro de las cuales, específicamente en el numeral 12, consagra la
facultad de “solicitar ante la Corte Constitucional la revisión de fallos de
tutela, cuando lo considere necesario en defensa del orden jurídico, el
patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales”. Así mismo,
el numeral 17 del mismo artículo establece la competencia del Procurador para “intervenir
ante las autoridades judiciales (…) cuando la importancia o
trascendencia del asunto requieran su atención personal”. La Corte ha
interpretado, a partir de esta disposición, que el ejercicio de esta facultad
es eminentemente discrecional y no se reduce a un momento procesal específico o
a una causal determinada[112].
Finalmente, estas funciones del artículo
277 superior pueden ser desarrolladas directamente por el Procurador General de
la Nación o por quien éste delegue, posibilidad que la Corte Constitucional
encontró exequible mediante Sentencia C-429 de 2001[113],
cuando analizó la constitucionalidad del artículo 7º del decreto.
Específicamente, el artículo 23 del mismo
Decreto desarrolla las funciones de las procuradurías delegadas, entre ellas la
de “(…) protección y defensa de los derechos humanos y de intervención ante
las autoridades administrativas y judiciales, de conformidad con la
Constitución Política (…)”. En este orden de ideas, el parágrafo del
artículo 28 consagra la potestad de éstos “para intervenir en el trámite especial
de tutela ante cualquier autoridad, cuando sea necesario en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales,
sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente (…)”.
De igual forma, los artículos siguientes
del Decreto enuncian algunas acciones que pueden ejercer los procuradores
delegados para llevar a acabo tales intervenciones y señalan que también podrán
realizar “(…) las demás que les asigne o delegue el Procurador
General”. En particular, el artículo 26 contempla las funciones de
protección y defensa de los derechos humanos que cumplen las procuradurías
delegadas, entre las cuales se encuentra la de “(…) interponer las acciones
populares, de tutela, de cumplimiento y las demás que resulten conducentes para
asegurar la defensa del orden jurídico, en especial las garantías y los
derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del
ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas”[114].
Como se observa, el Procurador y, por
ende, los procuradores delegados, tienen amplias facultades para defender el
orden jurídico, el patrimonio público o los derechos fundamentales, haciendo
uso de las acciones y recursos existentes en el ordenamiento jurídico, como la
acción de tutela.
Por esta razón, si bien es cierto que las
autoridades públicas solo pueden actuar con fundamento en una norma jurídica
que les de competencia para ello, esta Corte ya ha sostenido que no es
contrario al principio de legalidad que los procuradores delegados puedan
interponer acciones de tutela o incidentes de desacato y que, justamente, “las
causales indicadas que sustentan ambas esferas reseñadas y entre las que se
encuentra la guarda del orden jurídico y el amparo de los derechos
fundamentales, buscan evitar el uso abusivo de la facultad de intervención”[115].
En estos casos, la Procuraduría deberá sustentar sus actuaciones indicando
claramente si interviene en defensa del orden jurídico, del patrimonio público
o en defensa de los derechos fundamentales, evitando así que abuse de dicha
potestad para guardar otro tipo de intereses.
En este sentido, la Sentencia T-421 de 1998[116] consideró que el Ministerio Público
se encuentra constitucionalmente facultado para intervenir en los procesos y
ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en
defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y
garantías fundamentales y, para cumplir con tales funciones, “puede
interponer las acciones que considere necesarias, de acuerdo con el artículo
277 de la Constitución Política”.
A partir de lo anterior, la Sala advierte
que tanto la esfera subjetiva
como la objetiva soportan la legitimidad de la Procuradora 181 Judicial II
Penal de Bogotá para promover
el presente amparo en nombre y representación de Heidy Carolina Reyes López,
sujeto de especial protección constitucional por su condición de mujer en
situación de discapacidad mental y víctima de violencia sexual dentro del
proceso penal respecto del cual se discuten las decisiones judiciales
proferidas por los jueces de conocimiento, y las actuaciones procesales y el
preacuerdo celebrado por el fiscal delegado.
En efecto, en primer lugar, la
procuradora judicial actuó en nombre de la víctima como interviniente especial
para reclamar la protección de sus derechos fundamentales. Adujo que las providencias acusadas y las
actuaciones procesales transgredieron múltiples derechos constitucionales, como
el derecho de participación de las víctimas en el proceso penal; la protección
especial de quienes, por su condición de salud física o mental, se encuentran
en circunstancias de debilidad manifiesta; y los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 13, 229 y 250 numeral 7
de la Constitución Política). En
el expediente no se precisan las razones por las cuales otros sujetos
eventualmente legitimados, como la madre de Heidy Reyes que, como su
representante legal, no acudieron a la acción de tutela. Sin embargo, la Sala
observa que las difíciles condiciones de Heidy Carolina, la gravedad del daño
que presuntamente le ocasiona la celebración de dicho preacuerdo y su escasa
participación como ‘interviniente especial’ dentro del proceso penal habilitaba
al Ministerio Público para interponer el presente amparo[117].
En segundo lugar, la procuradora judicial sostuvo que las decisiones demandadas
desconocieron los fines de los preacuerdos (artículo 348 de la Ley 906 de 2004)
como lo son la humanización de la actuación procesal, el propiciar la
reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y el
aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. Por eso,
la Sala verificó que, en el
presente caso, la interposición del amparo trasciende la garantía de los
derechos fundamentales de la víctima y se justifica, además, para defender el orden jurídico y procurar la
eficacia del ejercicio de la justicia.
Así mismo, no se advierte indicio de que pudiera
existir algún tipo de oposición a la acción de tutela por parte de la víctima[118]. Por el contrario, el Fiscal 3º Seccional CAIVAS de Fusagasugá relató que
la señora Ana Ofelia López Franco, madre y curadora legítima de la víctima, “presentó
manifestaciones de objeción [al preacuerdo] a través del apoderado de
las víctimas”[119]
en la audiencia de presentación del preacuerdo.
En conclusión, la Sala considera que la
actora está legitimada para presentar la acción de tutela, dado que: i) como
agente del Ministerio Público, está facultada para ello por los numerales 2º y
7º del artículo 277 constitucional y por el Decreto Ley 262 del 2000; ii)
defiende los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección
constitucional en su calidad de persona en situación de discapacidad mental y
mujer presuntamente víctima de violencia sexual, en el marco de un proceso
penal; iii) procura la defensa del ordenamiento jurídico, incluida la legalidad
de las decisiones judiciales, lo cual trasciende los intereses individuales de
la víctima; y iv) sus pretensiones coinciden con la conducta de la madre de la
víctima en el proceso penal quien objetó el preacuerdo por medio del apoderado
de las víctimas. Todo ello permite a esta Sala tener por acreditado el
requisito de la legitimación por activa.
22. De otra parte,
en relación con la legitimación en la causa por pasiva, la Sala
determina que se cumple este requisito pues, en primer lugar, la demanda se
presentó en contra de las actuaciones procesales llevadas a cabo por la
Fiscalía Tercera, seccional CAIVAS de Fusagasugá; autoridad pública con la cual
el señor José Siervo Morera Garzón adelantó todo el proceso de negociación y
celebró el preacuerdo objeto de discusión. En segundo lugar, la tutela se
presentó en contra de las providencias judiciales del Juzgado Penal del
Circuito de Fusagasugá y de la Sala Penal del Tribunal Superior Judicial de Cundinamarca;
autoridades públicas que realizaron el control del preacuerdo que celebró la
fiscalía con el acusado y que profirieron los autos a los que el Ministerio
Público atribuyó la afectación de los derechos fundamentales.
23. La Sala establecerá, a continuación, si
concurren los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en relación con los autos proferidos el 5 de abril de 2018 por el Juzgado Penal
del Circuito de Fusagasugá y el 22 de mayo de 2018 por la Sala Penal del
Tribunal Superior Judicial de Cundinamarca los cuales se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia del accionante. Como fue aclarado anteriormente, dentro los
componentes en los que corresponda, la Sala realizará un análisis adicional
relacionado con el preacuerdo y las actuaciones procesales demandadas por la
procuradora judicial.
Relevancia
constitucional
24. En primer lugar, la cuestión objeto de
debate es de evidente relevancia constitucional desde el punto de vista subjetivo,
ya que se discute la eventual afectación de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la agenciada;
sujeto de especial protección constitucional en atención a su condición de
persona en situación de discapacidad mental y mujer víctima de violencia
sexual. Además, porque es preciso en este caso determinar si la sentencia
anticipada repercutió en los derechos a la justicia y a la reparación de la
víctima.
De otra parte, se advierte la relevancia
constitucional desde el punto de vista objetivo, porque la cuestión
discutida plantea una confrontación de los principios constitucionales de
autonomía de la Fiscalía General de la Nación en el ejercicio de la labor de
investigación y acusación, y la independencia y autonomía de los jueces penales
para realizar el control material de la acusación o los preacuerdos celebrados
por el fiscal a fin de proteger los derechos fudamentales de las partes en el
proceso penal y los principios constitucionales en los que se fundamenta el
sistema procesal penal colombiano, como el principio de legalidad.
Subsidiariedad
25. En segundo lugar[120], la Sala observa que el
juez de segunda instancia confirmó la sentencia del a quo y sostuvo que
el amparo carecía de subsidiariedad debido a que el proceso penal se encontraba
en curso para el momento de la interposición de la acción de tutela pues aún no
se realizaba la audiencia de lectura de fallo por preacuerdo.
La Sala no comparte este argumento expuesto
por el ad quem debido a que, si bien el proceso penal se encontraba en
curso, desde el momento en el que la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca decidió confirmar la aprobación del
preacuerdo, el Ministerio Público ya conocía en su integridad el contenido
material que tendría la sentencia condenatoria, pues la misma se dictaría
justamente con base en los términos que fueron acordados en el preacuerdo. Lo
anterior encuentra sustento en el principio de congruencia (artículo 448 del
C.P.P.) entre la acusación y la sentencia que, con fundamento en el inciso 1º
del artículo 350[121]
del C.P.P., también es predicable de los preacuerdos. En efecto, la sentencia
no podrá incorporar hechos nuevos que no estén contenidos en el preacuerdo;
este último ya define cómo será la condena, por lo que esperar hasta que se
profiera la sentencia implicaría prolongar la afectación del derecho
fundamental de la víctima. En otras palabras, no sería razonable exigirle al
ente de control esperar a obtener una sentencia condenatoria para cuestionar
por esta vía los términos en que fue celebrado un preacuerdo y los actos
procesales que lo precedieron, si anticipadamente ya se conoce el sentido de la
decisión del juez penal.
26. Más específicamente, en relación con
las providencias judiciales atacadas, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que el examen que se realiza para tener por acreditado este requisito debe
ser más estricto. Por ello, ha establecido que el amparo será improcedente por
falta de subsidiariedad cuando el asunto aun esté en trámite o no se hayan
agotado los demás medios de defensa judicial. Así mismo, la Sentencia T-103
de 2014[122]
adujo que la tutela es improcedente cuando “se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”.
En este caso, se advierte que la tutela cumple con
este requisito porque la víctima no cuenta con otros medios de defensa
idóneos y eficaces para la defensa de sus derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, dado que la sentencia del 6 de septiembre de 2018 del Juzgado Penal
del Circuito de Fusagasugá que condenó al señor Morera Garzón, se encuentra
debidamente ejecutoriada.
De otra parte, se observa que pese a que en la
audiencia de presentación del preacuerdo la madre de la víctima había realizado
“manifestaciones de objeción a través del apoderado de las víctimas”[123] y a que éste
interpuso la apelación en contra del auto del 5 de abril de 2018 proferido por
el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá mediante el cual se aprobó el
preacuerdo, el apoderado no interpuso el recurso de apelación en contra del
fallo condenatorio que se dictó con base en el preacuerdo[124], razón por la cual la
sentencia quedó en firme.
La Sala observa que, por regla general, cuando un
proceso se encuentra en curso, es dentro del mismo donde se deben agotar los
recursos judiciales previstos para velar por las garantías fundamentales. No
obstante, en el presente caso se observa que debido a las especiales
condiciones económicas y mentales de la víctima se demandaba una valoración
especial y flexible de este requisito por parte de los jueces de tutela.
Además, que ante la inconformidad de la víctima con el preacuerdo, le
correspondía a su representante defender sus intereses y presentar también la
apelación en contra de la sentencia que lo aprobó (sentencia condenatoria).
Como lo ha manifestado esta Corporación en su jurisprudencia, las consecuencias
derivadas de una indebida defensa técnica al interior de un proceso penal son
un perjuicio que no en todos los casos la víctima debe soportar, razón por la
cual la Sala considera que éste no puede ser un criterio para declarar
improcedente el amparo por falta de subsidiariedad[125].
Por esta razón, la Sala considera que se
cumple con el requisito de subsidiariedad dado que (i) ya no existía al
interior del proceso penal otro mecanismo de defensa que le permitiera al
Ministerio Público cuestionar los actos procesales, el preacuerdo o las
providencias judiciales; y (ii) se trata de un caso en el que están en juego
los derechos fundamentales de una mujer en situación de discapacidad que fue
víctima de violencia sexual, lo cual amerita una especial protección constitucional.
Inmediatez
27. En tercer lugar, la Sala advierte que la
celebración del preacuerdo que presuntamente desconoció los derechos
fundamentales de Heidy Carolina Reyes López se realizó el 6 de diciembre de
2017 y la tutela fue presentada el 28 de mayo de 2018, es decir, 5 meses
después. No obstante, este término resulta razonable para el caso concreto
porque, en estos casos, se considera prudente esperar a que se surta el control
judicial del preacuerdo a fin de definir si es o no aprobado. Además porque,
para este caso particular, la misma procuradora sostuvo que solo tuvo
conocimiento de la actuación hasta ser convocada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca a la audiencia de lectura de auto celebrada
el 22 de mayo de 2018. En esta diligencia se confirmó la aprobación del
preacuerdo que había realizado el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá en
primera instancia, y tan solo seis días después el Ministerio Público interpuso
la acción de tutela.
28. Así mismo, en relación con las providencias
demandadas, la acción de tutela fue interpuesta en un término razonable. En
efecto, la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, con la cual se confirmó la aprobación del preacuerdo,
fue proferida el 22 de mayo de 2018. Por su parte, la tutela fue presentada el
28 de mayo del mismo año, es decir, 6 días después de emitido el auto
interlocutorio con el que presuntamente se desconocieron los derechos
fundamentales de Heidy Carolina Reyes López.
Identificación
razonable de los hechos y su alegación en el proceso
29. En cuarto lugar, la accionante identificó los
hechos y actuaciones que generaron la vulneración de los derechos de la
víctima. La procuradora judicial señaló claramente las circunstancias
fácticas y sustentó la vulneración de los derechos fundamentales en la
celebración y aprobación del preacuerdo por parte de las autoridades
demandadas. Para ello, en el escrito de tutela identificó las providencias
judiciales que considera transgresoras de los derechos fundamentales de la
víctima y del orden jurídico, en general. Así mismo, respecto de las sentencias
en mención, precisó que las mismas incurrieron en un defecto que ella denomina indebida
e insuficiente motivación jurídica pues decidieron solamente con base en la
línea de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia según la cual la
titularidad de la acción penal y la potestad de calificar jurídicamente los
hechos es de la Fiscalía General de la Nación.
La
providencia cuestionada no es una sentencia de tutela
30. En quinto lugar, la acción de tutela no se dirigió
contra un fallo de tutela. Como se aclaró al inicio de este acápite, la Sala
interpreta que la demandante formuló la acción constitucional en contra de (i)
el auto interlocutorio del Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá proferido
el 5 de abril de 2018; y (ii) el auto interlocutorio de segunda instancia
proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca el 22 de mayo de 2018, las cuales presuntamente vulneraron el
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
víctima.
En conclusión,  superada por la Sala la verificación
de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, le
corresponde ahora proceder a analizar los requisitos específicos de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales de acuerdo con los defectos
alegados en cada caso concreto.
Los requisitos específicos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales
31. Los requisitos específicos aluden a la
concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en razón de su gravedad,
hacen que éste sea incompatible con los preceptos constitucionales y vulnere
los derechos fundamentales de las partes. En este acápite se hará una breve
referencia a las condiciones de procedibilidad que ha desarrollado la jurisprudencia
constitucional, y se enfatizará en los defectos que fueron alegados por los
accionantes en los procesos de tutela que son objeto de estudio. No obstante,
la configuración de dichos requisitos será estudiada en un momento posterior de
esta providencia, cuando se realice el análisis sustancial de los casos
concretos. La Corte ha identificado[126]
que una providencia judicial puede incurrir en los siguientes defectos:
·
Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que
profirió la sentencia impugnada carece en forma absoluta de competencia.
·
Defecto
procedimental absoluto: se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
·
Defecto fáctico: se presenta en los eventos en los que el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión, o la valoración de la prueba fue
absolutamente equivocada.
·
Defecto material o
sustantivo: se configura
en los casos en los que la autoridad judicial juzga el asunto con base en
normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso
concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
·
Error inducido: sucede cuando el Juez o Tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esa circunstancia lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
·
Decisión sin
motivación: implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales del deber de exponer los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones.
·
Desconocimiento del
precedente: se configura
cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el
funcionario judicial desconoce la regla jurisprudencial establecida.
·
Violación directa de
la Constitución: se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que transgrede, de
forma específica, postulados de la Carta Política.
El defecto fáctico[127]
32. Desde sus inicios esta Corte estableció
que los jueces de conocimiento tienen amplias facultades discrecionales para
efectuar el análisis del material probatorio en cada caso concreto[128]. Por ello, determinó
que cuando se alega un error de carácter probatorio, la evaluación de la
providencia judicial por parte de un juez de tutela debe privilegiar los principios
de autonomía e independencia judicial[129].
No obstante, tal poder discrecional debe
estar inspirado en los principios de la sana crítica, atender necesariamente
criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y
respetar la Constitución y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad sería
entendida como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la
causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la providencia
atacada[130].
La jurisprudencia constitucional ha
establecido que el defecto fáctico se configura cuando: (i) existe una omisión
en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) se da una
valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; (iii) no se
valora en su integridad el material probatorio, y/o (iv) las pruebas carecen de
aptitud o de legalidad, por su inconducencia, o porque fueron recaudadas de
forma inapropiada, “caso último en el que deben ser consideradas como
pruebas nulas de pleno derecho”[131].
Así mismo, esta Corte puntualizó que este
defecto tiene dos dimensiones, una positiva[132]
y otra negativa[133].
La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por completo
equivocada, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello; y la
segunda, cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna.
Con todo, esta Corporación ha sido enfática
en señalar que para que la tutela resulte procedente ante un defecto fáctico, “[e]l
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[134].
Sobre el particular también se ha
establecido que, debido a la autonomía judicial para la valoración probatoria,
en una acción de tutela contra providencia judicial, la parte actora es quien
tiene la carga de la prueba, salvo algunas excepciones, pues se trata de
cuestionar “una decisión de un juez que ha estado sometida a todas las
garantías constitucionales y legales existentes”[135]. En otras
palabras, le corresponde al accionante demostrarle al juez de tutela la forma
en la que se produjo el yerro en cualquiera de las modalidades referidas y cómo
éste tiene una incidencia directa en la decisión.
Defecto material o sustantivo[136]
33. El defecto sustantivo parte de
considerar que la función de las autoridades judiciales de interpretar y
aplicar las normas jurídicas, con fundamento en el principio de autonomía y de
independencia judicial, no es absoluta[137].
En concordancia con esa premisa, la jurisprudencia ha precisado que la
configuración del mencionado yerro se presenta cuando la decisión que adopta el
juez desconoce la Constitución y la Ley, porque se basa en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la disposición
adecuada, o interpreta y aplica las normas de tal manera que contraría la
razonabilidad jurídica[138].
Este Tribunal ha desarrollado las hipótesis
en las que se presenta el defecto sustantivo. En particular, en la Sentencia
SU-159 de 2002[139],
la Corte estableció que se configura cuando el juez se apoya en una norma que
es evidentemente inaplicable a un caso concreto, por ejemplo, cuando: (i) ha
sido derogada y en consecuencia, no produce efectos en el ordenamiento
jurídico; (ii) ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional; (iii)
es inconstitucional para el caso concreto y no se aplicó la excepción de
inconstitucionalidad; y (iv) la norma no está vigente o a pesar de estarlo y
ser constitucional no se adecua a las circunstancias fácticas del caso.
Posteriormente, en la Sentencia T-686 de
2007[140],
esta Corporación afirmó que, además de las circunstancias referidas, el defecto
material como requisito de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se genera cuando: (i) la aplicación de una norma es
irracional y desproporcionada en contra de los intereses de una de las partes
del proceso; (ii) el juez desconoce lo resuelto en una sentencia con efectos erga
omnes, de la jurisdicción constitucional, en relación con la interpretación
de una disposición o (iii) cuando la norma aplicable al caso no es tenida en
cuenta por el fallador.
En el mismo sentido, en la Sentencia
SU-918 de 2013[141],
la Corte concluyó que una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
“(i) cuando la norma aplicable
al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador,
(ii) cuando a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente,
(iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva.”
Sobre el particular, la Sentencia T-1036
de 2002[142],
en la que se estudió la supuesta indebida interpretación y aplicación por parte
de la Superintendencia de Sociedades de las normas que regían el proceso
liquidatorio, precisó que:
“(…) el juez de tutela no
puede controvertir la interpretación que de las situaciones de hecho o de
derecho realice el juez de la causa en el respectivo proceso, salvo que esta
hermenéutica sea arbitraria e irrazonable y, por ende, vulnere los derechos
fundamentales de la persona que acude a la acción de tutela”.
Pues bien, la competencia del juez de
tutela en el análisis del defecto sustantivo es restringida, ya que su
conocimiento del asunto no se basa en un escrutinio del alcance legal de la
disposición inaplicada o indebidamente interpretada, o de las razones adoptadas
por el funcionario judicial al momento de proferir la decisión, sino que, su
estudio siempre debe concentrarse en verificar la observancia de los principios
y los valores superiores, y en la eventual vulneración de derechos
fundamentales[143].
De esta manera, la garantía del principio
de legalidad que sustenta el defecto sustantivo, debe ser verificada por el
juez de tutela en consideración al valor normativo intrínseco de la
Constitución (art. 4 superior), por lo que el yerro judicial invocado con ocasión
a la labor de interpretación y de aplicación de las normas legales sólo podrá
sustentarse en el apartamiento de los cauces de la Carta y la afectación de los
derechos fundamentales[144].
Por esta razón, la carga argumentativa que debe asumir el actor para acreditar
la configuración del defecto sustantivo es mucho más estricta, pues para
habilitar la competencia del juez constitucional relacionada con el estudio del
mencionado vicio, el asunto debe plantearse en “clave constitucional”[145].
El juez de tutela debe analizar el defecto
orientado por la “especificidad de la interpretación”[146]
de la Constitución y de los derechos fundamentales, lo que implica que la
demostración de la equivocación no se centra en acreditar que el juez ordinario
simplemente desconoció la ley, sino que aquella se dirige a establecer que
dicha actuación violó las garantías superiores. Por lo tanto, la competencia
del juez de amparo en el examen del defecto sustantivo se restringe a examinar
la vulneración o el riesgo de afectación de los derechos fundamentales.
Decisión sin motivación[147]
34. La necesidad de que las decisiones de
los jueces estén plenamente sustentadas en el marco jurídico aplicable y en los
supuestos fácticos objeto de estudio, condujo a que la ausencia de motivación
de la decisión judicial se convirtiera en una causal independiente de
procedibilidad de la tutela contra sentencias, tras ser valorada, en varias
ocasiones, como una hipótesis de defecto sustantivo o material.
La Sentencia C-590 de 2005[148]
dio un paso en esa dirección al reiterar que la decisión sin motivación es uno
de los vicios que hacen procedente la tutela contra sentencias y relacionarlo
con el “incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.
Posteriormente, la Sentencia T-233 de
2007[149]
precisó las pautas a las que se supedita el examen de la configuración del
referido defecto. El fallo advirtió que la ausencia de motivación no se
estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento del juez, sino,
únicamente, cuando su argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente
insuficiente o inexistente. En efecto, el respeto del principio de autonomía
judicial impide que el juez de tutela se inmiscuya en meras controversias
interpretativas. Su competencia, ha dicho la Corte, “se activa únicamente en
los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la
providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad”[150].
Esta causal de procedencia propende por la
salvaguarda del derecho de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la
administración de justicia, cuestión que, adicionalmente, les permite ejercer
su derecho de contradicción. Al examinar un cargo por ausencia de motivación de
una decisión judicial, el juez de tutela deberá tener presente que la
obligación de presentar las razones fácticas y jurídicas que sustentan un fallo
es un principio de la función judicial que, de transgredirse, supone una clara
vulneración del debido proceso.
Por otra parte, la jurisprudencia ha
determinado que no corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión
debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar que la providencia
atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal[151].
La falta de aplicación de un enfoque de
derechos en los procesos ordinarios en los que se advierta su relevancia y
necesidad configura un defecto por falta de motivación
35. Como lo ha sostenido esta Corporación, la
consecuencia más evidente de la cláusula del Estado Social de Derecho
consagrada en la Constitución colombiana “es el carácter normativo que esta
reconoce a los derechos fundamentales, como principios jurídicamente
vinculantes para todas las esferas del Estado. Estos, por efecto de ese mismo
postulado, irradian todo el ordenamiento jurídico, y se erigen en la medida y
derrotero de las normas que lo componen en todos sus niveles”[152].
La Corte Constitucional ha establecido que cuando la
aplicación de una perspectiva de análisis de los principios constitucionales y
derechos fundamentales es relevante y necesaria en un proceso ordinario, pero
se advierte que no está presente en la valoración jurídico-probatoria que hizo
el juez, se puede afirmar que dicha providencia judicial incurrió en un defecto
por falta de motivación.
Esa subregla fue planteada por la Sentencia T-269
de 2018[153]
y respaldada en amplia jurisprudencia de esta Corte, encuentra sustento en el
proceso de constitucionalización que ha tenido el derecho ordinario. La
aplicación de la Constitución al derecho penal, por ejemplo, ha significado que
el rol del juez penal en un Estado Social y democrático de Derecho se transforme
al momento de interpretar las normas y principios que son de su competencia; le
ha significado la obligación de leer las controversias que se le presentan en
el proceso penal, en clave iusfundamental[154].
“(…) el juez ordinario (en
cualquiera de sus especialidades: civil, de familia, penal, laboral o
contencioso administrativo) es el juez de los derechos fundamentales en el
derecho ordinario, y que el trámite judicial cuyo impulso y definición la
ley le ha encomendado, es el primer lugar en el que aquellos, de manera
directa, deben observarse, aplicarse y hacerse efectivos. El juez ordinario es
también, entonces, dentro de su propio marco de funciones, juez constitucional”
(Negrita fuera del
original).
Es decir, como lo manifestó este precedente, “el
primer llamado a proteger los derechos constitucionales no es el juez de
tutela, sino el ordinario”[155]
dado que la tutela es un mecanismo residual para la protección de los derechos
fundamentales. Por esta razón, si debiendo aproximarse a una controversia desde
un enfoque de derechos, el juez ordinario omite hacerlo, “el fallo se
encuentra motivado solo en apariencia y es, por ello mismo, lesivo de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia”[156].
Por último, es preciso recordar que si bien los jueces
ordinarios, al momento de resolver las controversias que se les plantean, deben
comportarse como jueces constitucionales, la Corte Constitucional está en la
obligación de observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad al momento
de estudiar acciones de tutela contra providencias judiciales de la
jurisdicción ordinaria. Sobre esta base ha sostenido que, “cuanto más
intensa se presente la posible afectación de un derecho fundamental en el proceso
ordinario, y más evidente sea la importancia de solucionarla, más intenso
deberá ser el control constitucional que deba practicarse sobre la decisión
ordinaria que se impugna”[157].
Desconocimiento del precedente[158]
36. El precedente se ha definido como la
sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por su
pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo[159]. Dicha obligatoriedad
responde a motivos de diversa índole que se complementan.
La primera razón corresponde a la
protección del derecho a la igualdad de las personas que acuden a la
administración de justicia y de los principios de confianza legítima y de
seguridad jurídica. En efecto, el desconocimiento de las providencias previas
que estudiaron casos equiparables al analizado, en principio, comportaría una
grave amenaza a los derechos y principios mencionados.
El segundo argumento responde al carácter
vinculante del precedente, en especial si es fijado por órganos cuya función es
unificar jurisprudencia. Tal y como lo ha explicado esta Corte el
reconocimiento de esa obligatoriedad se funda en una postura teórica que señala
que “el Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas
previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de
inicios del siglo XIX (…), sino una práctica argumentativa racional”[160]. Esta consideración
le otorga al precedente la categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto.
La jurisprudencia constitucional ha
diferenciado dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, esta
distinción está fundada en la autoridad que profiere el fallo que se tiene como
referente. En efecto, el horizontal hace referencia al respeto que un juez debe
tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces de igual
jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de las sentencias
emitidas por las instancias superiores en cada jurisdicción, encargadas de
unificar la jurisprudencia.
El precedente que emana de los altos
tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de
Justicia y Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que
busca realizar los principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza
legítima y debido proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como
técnica judicial para mantener la coherencia del sistema jurídico[161].
En la práctica jurídica actual, las
instancias de unificación de jurisprudencia son ineludibles, debido a que el
Derecho es dado a los operadores jurídicos a través del lenguaje, herramienta
que no tiene contenidos semánticos únicos. Por lo tanto, es altamente
susceptible de traer consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar diversas
interpretaciones o significados. Esa posibilidad genera la necesidad de que, en
primer lugar, sea el juez el que fije el alcance de este en cada caso concreto
y, en segundo lugar, existan órganos que permitan disciplinar esa práctica
jurídica en pro de la igualdad.
El carácter vinculante, obligatorio y de
fuente de derecho de la jurisprudencia emanada de los órganos de cierre en sus
respectivas jurisdicciones y de la Corte Constitucional en todo el ordenamiento
jurídico cuando involucra su interpretación constitucional, está ampliamente
reconocido. La Sentencia C-816 de 2011[162] explicó que
“la fuerza vinculante de las
decisiones de las denominadas altas cortes surge de su definición
constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre, condición que les
impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas
jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial, únicamente dirigido
a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una orden específica del
Constituyente para brindar cierta uniformidad a la interpretación y aplicación
judicial del derecho en desarrollo del deber de igualdad de trato debido a las
personas, mediante la fuerza vinculante de sus decisiones judiciales
superiores”.
Como consecuencia de la obligatoriedad del
precedente, la jurisprudencia constitucional estableció parámetros que permiten
determinar si en un caso resulta aplicable. La Sentencia T-292 de 2006[163] fijó los siguientes
criterios: (i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se
encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que esta
regla resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y
(iii) que los hechos sean equiparables a los resueltos anteriormente.
La falta de acreditación de estos tres
elementos impide establecer que un conjunto de sentencias anteriores constituya
precedente vinculante para el caso concreto y, por ende, al juez no le es
exigible dar aplicación al mismo.
Ahora bien, cuando los funcionarios
judiciales encuentren cumplidos los tres criterios mencionados, tienen la
posibilidad de apartarse del precedente, siempre y cuando (i) lo identifiquen
de manera expresa y (ii) ofrezcan una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, que dé cuenta de las razones por las qué se apartan
de la regla jurisprudencial previa[164].
Así se protege el carácter dinámico del derecho y la autonomía e independencia
de que gozan los jueces.
De manera que sólo cuando un juez desconoce
una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a determinada
situación, sin cumplir con la carga de transparencia y argumentación descrita, incurre
en la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en
consecuencia, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso de las personas que acudieron a la administración de justicia.
El preacuerdo como una forma constitucional de justicia negociada
para la terminación abreviada del proceso penal
37. La Corte Constitucional ha reiterado en
su jurisprudencia que el sistema procesal penal que se adoptó mediante el Acto
Legislativo 03 de 2002 incorporó un modelo de tendencia acusatoria que
es “propio, singular, específico”[165]
y que, como lo ha sostenido la doctrina, recogió elementos tanto del
modelo anglosajón como del continental-europeo[166].
Este sistema
acusatorio, introducido por el constituyente derivado y desarrollado
normativamente a partir de la Ley 906 de 2004, se ha caracterizado
principalmente por la delimitación del proceso en fases de investigación y
juzgamiento conferidas a órganos diferentes; la preponderancia  del juicio
penal de la fase de juzgamiento regido por “la oralidad, la publicidad, la
inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración”[167] y, en general, por su sujeción al
principio de legalidad y a otros principios de actuación que
tienen el propósito de “asegurar las mejores condiciones para que la
decisión que se adopte sea a la vez respetuosa de los derechos fundamentales
del inculpado o acusado y de los derechos de las víctimas, así como garante del
deber constitucional de perseguir y punir el delito”[168].
Lo anterior permite advertir que la reforma
constitucional introdujo un sistema acusatorio que contempló controles a la
discrecionalidad excesiva del órgano encargado del ejercicio de la acción penal,
mediante el sometimiento al principio de legalidad. No obstante lo anterior, se
trata de un modelo que “tiene matices donde se abren márgenes para la negociación”[169] y, por lo tanto, para
la modulación del principio de legalidad que permite la aplicación de mecanismos
de justicia consensuada. Por
eso, como un desarrollo de lo anterior, el C.P.P. contempla que, en algunos
casos y como producto de una negociación entre la Fiscalía General de la Nación
y el imputado o acusado, el proceso penal pueda terminar de manera anticipada mediante
la celebración de un preacuerdo sin que se surtan todas las etapas previstas
por la misma ley.
Bajo este entendido, esta Corte ha diferenciado
claramente entre las actuaciones discrecionales de las autoridades públicas y
las arbitrarias, y ha establecido que la Constitución admite la
discrecionalidad administrativa pero excluye la arbitrariedad en el ejercicio
de la función pública. Al realizar esta distinción, la Sentencia
C-318 de 1995[170]
aclaró que, pese a no estar consagrado expresamente en la Carta Política, en
Colombia rige el principio de la proscripción de la arbitrariedad de las
autoridades públicas, y señaló que:
“la potestad discrecional es una
herramienta jurídica necesaria e indispensable, en ciertos casos, para una
buena administración pública, pues se le brinda al gestor público la
posibilidad de decidir, bajo un buen juicio, sin la camisa de fuerza de una reglamentación
detallada que no corresponda a la situación que se quiera superar o enfrentar.
En cambio, la arbitrariedad está excluida del ordenamiento jurídico colombiano.
En efecto, si bien la Constitución colombiana no consagra expresamente "la
interdicción de la  arbitrariedad de los poderes públicos", como lo hace
el artículo 9º-3º de la Constitución Española, este principio deriva de normas
específicas de nuestra Carta”.
Como la Sala lo evidenciará en estas consideraciones,
en la práctica, la arbitrariedad de las autoridades judiciales al interpretar y
aplicar la normativa de preacuerdos ha implicado que, dentro del proceso penal,
se otorguen tratos diferentes a supuestos de hecho similares, lo cual desconoce
el principio de igualdad. También ha llevado a que, en reiteradas
oportunidades, los fiscales delegados y jueces penales hagan uso de la justicia
consensuada sin valorar las diferencias y particularidades de cada caso, dando
un trato igual a situaciones que evidentemente merecían la aplicación de un
enfoque diferencial por los derechos fundamentales que se encontraban en juego,
lo cual ha resultado en negociaciones contrarias a los postulados
constitucionales.
Por esta razón, la facultad discrecional que la
Constitución y la ley confieren a la FGN para aplicar mecanismos de justicia
consensuada como los preacuerdos, no implica per se la concesión de
poderes arbitrarios e ilimitados para negociar. Estas autoridades públicas
están obligadas a ejercer esas potestades de acuerdo a los fines de la
normativa de preacuerdos, de forma razonable y proporcionada, y en respeto de
los derechos fundamentales.
Las autoridades judiciales, como todas en un Estado
democrático, se hallan regidas por el principio de legalidad y, si bien la
justicia consensual rodea al Fiscal de una serie de competencias
discrecionales, con el fin de terminar anticipadamente los procesos, en pro de
una justicia célere y eficiente, ello no puede llegar al extremo de entender
que un acuerdo para una sentencia anticipada puede lograrse “a cualquier costo”
o de “cualquier manera”, esto es, de manera arbitraria (no
discrecional-reglada) y con el solo fin de llegar a cualquier resultado que
finiquite la actuación, sobrepasando los claros fines del instituto procesal de
los preacuerdos –entre ellos aprestigiar la justicia. De suerte que “aprestigiar
la justicia” no es apenas un desiderátum[171] del
Fiscal en el caso concreto sino una auténtica regla jurídica imperativa
aplicable en todos los eventos. De este modo, si las autoridades no atienden
los límites previstos para el uso de este mecanismo, no sólo sus actos pueden perder
sus efectos sino que, además, pueden comprometer su responsabilidad penal y
disciplinaria.
Por todo lo anterior, la Sala considera que la
arbitrariedad está excluida del ordenamiento jurídico colombiano y que, por lo
tanto, la Fiscalía General de la Nación tiene una potestad discrecional sujeta
a controles judiciales. En esta virtud, debe fundamentar sus actuaciones– en
este caso, la negociación que haga con los imputados y acusados – en criterios
objetivos y verificables (los hechos del caso y sus fundamentos jurídicos) y en
las reglas legales que han sido definidas en democracia (la adecuación típica,
los fines de los preacuerdos, el respeto de las garantías fundamentales).
Además, la labor interpretativa que realice respecto
de conceptos jurídicos de la normativa de preacuerdos que puedan parecer
indeterminados, no puede ser arbitraria “sino que debe estar basada en la
doble obligación de mostrarse razonable, así como compatible con la vigencia de
los principios y valores constitucionales”[172].
Esa razonabilidad debe reflejarse en una lógica y racional congruencia entre
los hechos imputados, la evidencia o elementos materiales que los pretenden
demostrar,  la descripción típica concreta y la relación de esta con la
adecuación típica con la cual se consensua, o con el tipo atenuado que se
propone (ira e intenso dolor, marginalidad social, etc). Esta sin duda es la
forma más eficaz de que, al interior del proceso penal, se articulen la
supremacía constitucional, la protección de los derechos fundamentales y los
principios que gobiernan la justicia consensuada para de esa forma evitar la
proscrita arbitrariedad de las autoridades[173].
Pues bien, además de los preacuerdos, la ley penal también
previó otras formas de terminación anticipada del proceso como la preclusión,
la aplicación del principio de oportunidad, y el archivo de las diligencias. Sin
embargo, en esta oportunidad, la Sala analizará únicamante los preacuerdos como
una forma constitucional de justicia negociada.
Definición de preacuerdos
38. Los preacuerdos son mecanismos judiciales para la
terminación anticipada del proceso penal que constituyen verdaderas formas de
negociación entre el fiscal y el procesado, respecto de los cargos y sus
consecuencias punitivas[174].
Son una vía judicial encaminada a la simplificación de los procesos mediante la
supresión parcial o total del debate probatorio y argumentativo como producto
del consenso entre las partes del proceso[175].
Estas negociaciones no implican una renuncia al poder punitivo del Estado, pues
justamente “el propósito de resolver de manera más expedita el conflicto
penal mediante la aceptación, por parte del imputado o acusado de hechos que
tengan relevancia frente a la ley penal (…) a cambio de un tratamiento jurídico
y punitivo menos severo por parte del órgano jurisdiccional”[176].
El artículo 330 del C.P.P. estipula que la Fiscalía y
el imputado, a través de su defensor, podrán llegar a un preacuerdo sobre los
términos de la imputación en el cual “el imputado se declarará culpable del
delito imputado, o de uno relacionado de pena menor”. Según la jurisprudencia
constitucional, esta posibilidad de que el imputado o procesado renuncie a ser
vencido en la etapa del juicio, y se acoja a una sentencia anticipada
condenatoria se da “siempre y cuando tal renuncia se exprese de manera
libre, consciente, voluntaria y debidamente informada, es decir bajo el
conocimiento y aceptación voluntaria de todas las consecuencias que ello
implica”[177].
Pues bien, como lo señaló en su intervención el
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la justicia negociada también es una
forma constitucional de garantizar el derecho a la justicia[178] porque el derecho a
renunciar a un juicio bajo esta modalidad “no viola las garantías del debido
proceso consagradas en el artículo 29 de la Constitución, ni implican la
renuncia al derecho de defensa”[179].
En efecto, se trata de una figura legal cuya aplicación por parte
de los fiscales delegados está debidamente reglada y, además, se encuentra
sometida a control judicial a fin de que no se violen ‘garantías fundamentales’
ni se desconozcan las ‘finalidades’ de este mecanismo.
Fines de los preacuerdos
39. La celebración de los
preacuerdos ha estado justificada en que los mismos se realizan con el objeto
de satisfacer unas finalidades específicas que ha dispuesto el legislador (art.
348 del C.P.P.), las cuales han sido reconocidas por esta Corporación como la
razón por la cual esta vía judicial es constitucionalmente admisible. En este
sentido, la Corte aclaró:
“La jurisprudencia
constitucional ha considerado constitucionalmente admisible la celebración de
preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o el acusado,
orientados a que se dicte anticipadamente sentencia condenatoria, sobre la base
de que tales institutos estén asistidas por finalidades específicas, como son
las de humanizar la actuación procesal y la pena; garantizar la eficacia
del sistema reflejada en la obtención  de una pronta y cumplida justicia;
propugnar por la solución de los conflictos sociales que genera el delito;
propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto;
y promover la participación del imputado en la definición de su caso”[180].
Estas finalidades de la
justicia negociada, fundada en los preacuerdos, están en armonía con principios constitucionales, con
fines más amplios del nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria y,
en general, con los fines de la administración de justicia y el Estado. De este
modo, advierte la Sala que deben ser consideradas como un límite al poder
discrecional de los fiscales delegados que decidan emplear este mecanismo y,
por lo tanto, son un parámetro de control para los jueces de conocimiento[181].
Así lo explicaron algunos intervinientes a
este proceso al afirmar que las finalidades por las que deben propender los
preacuerdos y negociaciones no solo son un límite a la discrecionalidad de los
fiscales sino que “condicionan su legitimidad y han de ser valoradas por el
juez penal de conocimiento encargado de impartir control de legalidad a la
negociación. En otras palabras, no se trata de meras aspiraciones político
criminales carentes de vinculatoriedad, sino de un mandato teleológico que, de
no cumplirse, autoriza al juez penal a rechazar la aprobación de un preacuerdo”[182].
De otra parte, los fines de los preacuerdos
no solo deben vincular a los fiscales delegados que preacuerdan, también deben
orientar la acción de las demás autoridades públicas que intervienen en el
proceso penal. Estos fines deben “orientar la labor de investigadores,
fiscales, defensores, jueces de audiencias preliminares, jueces de
conocimiento, víctimas y procuradores”[183]
dentro del marco de sus competencias.
La doctrina y la jurisprudencia constitucional y penal
han realizado un esfuerzo por definir el contenido y alcance de estas
finalidades, con el propósito de disminuir las interpretaciones subjetivas que
los operadores judiciales puedan hacer de las mismas.
40. De un lado, la humanización de la actuación
procesal y de la pena se ha traducido en la disminución del rigor de la
pena que se impone a través del preacuerdo como resultado de la renuncia al
juicio oral por parte del imputado o acusado y de su colaboración con la
justicia[184].
Igualmente, significa que el preacuerdo tiene el fin de otorgar un tratamiento
más benévolo a las partes, el cual se materializa en que se obtiene justicia y
se resuelven los conflictos sociales generados por el delito de forma más
rápida, sin que el procesado y la víctima deban afrontar las cargas de un
proceso penal.
41. Los preacuerdos también deben garantizar la activación
de la solución de los conflictos sociales que genera el delito, lo que
significa que les corresponde asegurar la imposición de una pena como
consecuencia de la condena al delincuente; de esta manera “la sociedad
recobra la confianza en el Derecho, el Estado economiza costos humanos y
patrimoniales, al ofendido se le colma su interés de justicia y reparación y,
por su parte, el condenado asegura una rebaja en el monto de la pena”[185].
42. Esta vía judicial también debe propiciar la
reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto, lo cual
no solo está en armonía con el artículo 250 constitucional que consagra el
deber del Fiscal General de la Nación de tomar las medidas necesarias para
hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los
perjuicios ocasionados por el delito, sino también con el artículo 349 del
C.P.P. que condiciona la celebración de los preacuerdos a la restitución del
incremento patrimonial obtenido con el delito, como se indicó con
anterioridad.
43. Por último, el preacuerdo tiene el fin
de lograr la participación del imputado en la definición de su caso, es
decir, de que el procesado haga parte de la construcción de la verdad procesal
y que, como resultado de su colaboración, obtenga un tratamiento más favorable.
44. Estas finalidades solo pueden cumplirse cuando
existen criterios objetivos para su delitimación, los cuales pueden encontrarse
en los derechos fundamentales a la verdad y a la justicia de las partes. De
este modo, como fue señalado por la Universidad del Rosario en su intervención
en relación con el derecho a la verdad, un preacuerdo que apunta a “reconocer
situaciones alejadas de la realidad que alteran la forma como sucedieron los
hechos, vulnera sustancialmente el derecho a la verdad, no solo de las víctimas
sino de la sociedad”[186].
En este sentido, la verdad se satisface con la expresión clara y coherente de
los hechos jurídicamente relevantes, apoyada en evidencia o elementos
materiales probatorios que permitan inferir que la conducta punible se cometió
en determinadas circunstancias de tiempo, modo y lugar[187].
Estos fines también están íntimamente relacionados con
el derecho a la justicia no solo desde la perspectiva del acusado sino
también de la víctima. Por esta razón, un preacuerdo en el que se pactó una
circunstancia que le resulta favorable al procesado, puede no acompasarse con
el deber de debida diligencia que impone el derecho internacional en relación,
por ejemplo, con la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos contra
la integridad sexual y el derecho de la víctima de violencia sexual a la
obtención de justicia. Por lo tanto, una negociación que no satisfaga los fines
de los preacuerdos podría correr el riesgo de desprestigiar la administración
de justicia y vulnerar el derecho a la justicia de la víctima.
Sobre el particular es preciso señalar, como lo hizo
la Universidad Externado de Colombia, que el derecho a la obtención de justicia
no supone que la víctima esté legitimada para exigir que la tipificación de los
hechos responda estrictamente al relato fáctico objeto de la imputación o de la
acusación[188].
No obstante, sí exige que exista una relación lógica entre la adecuación típica
y los hechos. La Universidad Externado señaló:
“No consideramos que el derecho a la
obtención de justicia del que son titulares las víctimas suponga que, a modo de
ejemplo, el perjudicado con un delito de extorsión pueda oponerse a que por vía
de preacuerdo los hechos se califiquen como un constreñimiento ilegal. Cosa
distinta sucede cuando la tipificación preacordada carece de cualquier relación
lógica con los hechos expuestos, como parece ser el caso de las condenas objeto
de las acciones de tutela objeto de revisión”[189].
Oportunidad para obtener los
preacuerdos
45. Respecto a la oportunidad procesal en la cual
puede surtirse esta negociación, el C.P.P. señala que los preacuerdos podrán
celebrarse en tres momentos distintos: (i) desde antes de la audiencia de
formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de
acusación; (ii) una vez presentada la acusación y hasta el momento en que sea
interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su
responsabilidad; y (iii) instalado el juicio oral, una vez el acusado es
interrogado sobre la aceptación de su responsabilidad.
Los artículos 350 y 351 del C.P.P. que desarrollan la
posibilidad de que se celebren los preacuerdos (i) desde la audiencia
de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de
acusación, contemplan que, una vez se realice, deberá presentarse
ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. Esta norma contempla igualmente
que, si el imputado se declara culpable del delito imputado esto podrá comportar:
“[i] una rebaja hasta de la mitad de la pena
imponible [por ese delito]; o de uno relacionado de pena menor, a
cambio de que el fiscal elimine de la acusación alguna causal de agravación
punitiva, o algún cargo específico; o, tipifique la conducta, dentro de su
alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena[190]; [ii]
también podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos
imputados y sus consecuencias, y si hubiere un cambio favorable para el
imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única
rebaja compensatoria por el acuerdo[191].
[iii] Además, en el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos
elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a
los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben
referirse a esta nueva y posible imputación[192]”[193] (Subrayas fuera del
original).
El Legislador también contempló que la celebración de
preacuerdos es procedente (ii) una vez presentada la acusación y hasta el
momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la
aceptación de su responsabilidad, caso en el cual la pena imponible se
reducirá en una tercera parte[194].
Aprobados los preacuerdos por el juez, éste procederá a convocar la audiencia
para dictar la sentencia correspondiente[195].
También existe la posibilidad de que, (iii) aún
habiéndose instalado el juicio oral, luego de ser interrogado sobre la aceptación
de su responsabilidad, el acusado manifieste que se declara culpable con lo
cual tendrá derecho a una rebaja de una sexta parte de la pena imponible
respecto de los cargos aceptados[196].
En esta hipótesis, el juez le preguntará al acusado si su aceptación de los
cargos corresponde a un acuerdo celebrado con la fiscalía[197] y “de advertir el
juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fundamentales,
rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento como si
hubiese habido una alegación de no culpabilidad”[198].
Control
de legalidad y otros límites de los preacuerdos
46. El inciso 4 del
artículo 351 del C.P.P. señala que “[l]os preacuerdos
celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos
desconozcan o quebranten las garantías fundamentales”. En otras palabras, los preacuerdos deben
surtir el control de legalidad del juez de conocimiento que los deberá aprobar o
improbar luego de que verifique si vulneran o no garantías fundamentales. No
obstante, sobre el alcance de este control judicial, en particular, sobre si
debe ser formal o material, la Sala advirtió que no hay una doctrina dominante
en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, asunto que se abordará
con detalle en el acápite siguiente.
Además de las
garantías fundamentales, la ley también ha establecido que el juez debe
verificar otros asuntos al momento de realizar el control, como verificar si el
preacuerdo fue resultado de una decisión libre, consciente, voluntaria,
debidamente informada, asesorada por la defensa[199], del imputado o
procesado[200];
y si respetó las finalidades de este mecanismo judicial consagradas en el
artículo 348 del C.P.P.
47. En efecto, las
facultades del ente acusador para realizar este tipo de negociaciones no son
omnímodas. En respeto de la autonomía del fiscal para adoptar criterios
jurídicos en el análisis y direccionamiento del caso (art. 251.3 Constitución Nacional, en adelante
C.N.), el legislador y la jurisprudencia han previsto algunos límites que
determinan el alcance de su facultad de celebrar preacuerdos; los cuales a su
vez constituyen criterios que deben ser
valorados y analizados por los jueces de conocimiento al momento de realizar el
control sobre los preacuerdos que celebra la FGN. Dentro de los límites que la
ley y la jurisprudencia han desarrollado se encuentran:
·
El principio de legalidad y
sometimiento al núcleo fáctico de la imputación
48. El presupuesto de todo
preacuerdo consiste en no soslayar el núcleo fáctico de la imputación que
determina una correcta adecuación típica, lo que incluye obviamente todas las
circunstancias específicas, de mayor y menor punibilidad, que fundamentan la
imputación jurídica. Por esta razón, el juez de conocimiento debe confrontar
que la adecuación típica plasmada en el escrito se corresponda jurídicamente
con los hechos a partir de los cuales las partes alcanzan su acuerdo.
Lo anterior encuentra sustento
en la jurisprudencia constitucional[201]
y en algunas sentencias de la Sala de Casación Penal[202] y de la Sala Penal[203] de la Corte Suprema
de Justicia, en las cuales se ha sostenido que, al celebrar preacuerdos, el
fiscal no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta,
pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que
resultan del caso.
·
Prohibiciones legales para el
preacuerdo
49. La normativa sobre
preacuerdos ha previsto que, respecto de algunos casos puntuales, los fiscales
delegados no podrán preacordar con los imputados o acusados. Algunas de estas
prohibiciones son los casos en los que el sujeto activo obtuvo incremento
patrimonial fruto del delito, y no ha reintegrado al menos el 50% de dicho
incremento ni ha asegurado el recaudo del remanente[204]; en delitos de homicidio o lesiones personales bajo
modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales,
o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes[205]; y en delitos de terrorismo, financiación de
terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos[206]. Recientemente, también se incorporó esta prohibición
cuando se trate del delito de feminicidio[207].
Adicionalmente, la Directiva 01 de 2018
también señaló que “cuando se trate de imputaciones que versen sobre
conductas que afecten los bienes jurídicos de administración pública,
administración de justicia, seguridad pública o salud pública, el Fiscal
Delegado no podrá preacordar ninguna circunstancia de menor punibilidad”.
·
Las Directivas del Fiscal General
de la Nación también limitan la decisión de conceder preacuerdos
50. Con fundamento en los principios de unidad
de gestión y de jerarquía, y en ejercicio de la función constitucional de “determinar
el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la
autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por
la ley”[208],
el Fiscal General de la Nación tiene la facultad de proferir
directivas.
Las directivas
son aquellos lineamientos por medio de los cuales el Fiscal ejerce la dirección
y el control de la institución para cumplir con las funciones constitucionales
y legales que le han sido asignadas. De acuerdo con el sentido del término directriz,
la Corte Constitucional, en Sentencia C-1260 de 2005, determinó lo
siguiente:
“[L]a Corte ha
mantenido una clara línea jurisprudencial que armoniza los principios de
autonomía e independencia de la Fiscalía con los de unidad de gestión y
jerarquía. Si se tiene en cuenta el significado de la palabra “directriz”, que
se define como un conjunto de instrucciones o normas generales para la
instrucción de algo, como “directiva o norma” que a su vez significa norma o
línea de conducta, instrucción o norma, o que “Se aplica a aquellas normas
flexibles que están destinadas a orientar a los sujetos de derecho o a guiar al
intérprete en su búsqueda de un fin determinado, sin condicionar su aplicación
con prescripciones de detalle. V. Estandarización, Norma, Normativo,
Regulador.”, puede afirmar la Corte, que las directrices que corresponde
expedir al Fiscal General de la Nación pueden enmarcarse dentro de los
principios constitucionales que rigen la actuación de la Fiscalía General de la
Nación, relativos a la unidad de gestión y jerarquía previstos en el numeral 3
del artículo 251 de la Carta, así como a su autonomía administrativa y
presupuestal”.
Según la jurisprudencia
de esta Corte, la facultad del
Fiscal es una competencia preferente que implica “el ejercicio de
valoraciones internas de dirección y control para la toma de decisiones y el
establecimiento de directrices” [209]
y en virtud de la cual “el Fiscal General de la Nación puede determinar el
criterio y la posición que la entidad debe asumir, sin perjuicio de la
autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados en la
ley. Este principio radica en el Fiscal poderes de dirección y orientación que,
con criterio general, promuevan la responsabilidad institucional y la unidad de
actuación en las fases de investigación y acusación[210]”.
Las directrices del Fiscal General son vinculantes,
deben ser respetadas y acatadas por los fiscales delegados y deben ser
adoptadas con estricta sujeción a la Constitución, la ley y la jurisprudencia
sobre preacuerdos. Por esta razón, ante cualquier modificación legal o jurisprudencial,
la directiva correspondiente deberá ajustarse a los cambios que surjan en el ordenamiento[211].
En concreto, sobre
su vinculatoriedad, el artículo 348 del C.P.P. dispone que (i) las directivas
de la FGN y (ii) las pautas trazadas como política criminal deben ser observadas por los fiscales delegados al momento de
celebrar preacuerdos, con el
fin de “aprestigiar
la administración de justicia y evitar su cuestionamiento”.
Como se observa, en
esta disposición el legislador no solo establece que lo dispuesto en las
directivas del jefe del ente acusador son un límite a las actuaciones de los
fiscales delegados al ejercer esta facultad sino que, además, tal limitación tiene
el objeto de que los preacuerdos cumplan unos fines específicos (adicionales a
los del art. 348 del C.P.P.), los cuales también constituyen límites a las
facultades discrecionales de los fiscales. Sobre el particular, el Departamento
de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado sostuvo lo
siguiente:
“En otras
palabras, lo que conforme al texto transcrito, aprestigia la justicia y evita
que se le cuestione, es que los fiscales delegados se sujeten a las pautas
trazadas por la Fiscalía y, en general, a las directrices político criminales
fijadas por el Consejo Superior de Política Criminal. Este acatamiento de las
directrices generales, garantiza la igualdad ante la ley, que podría verse
menoscabada por el ejercicio de discrecionalidad que supone el uso de
mecanismos de justicia transaccional o consensuada”[212].
La Sala advierte
que si bien esta finalidad del aprestigiamiento de la justicia se presenta como
“el resultado que se ambiciona mediante el deber de acatamiento de las
directrices del Fiscal General y de las pautas político criminales”[213], la misma está
fundada en el respeto del principio de igualdad como uno de los elementos más
relevantes del Estado Constitucional de Derecho. En este sentido, esta Corporación ha señalado que:
“La uniformidad de las decisiones adoptadas por
los jueces permite, entonces, que los ciudadanos tengan certeza sobre el
ejercicio de sus derechos y la efectividad de los mecanismos para su
protección, con lo cual se concreta la seguridad jurídica y la igualdad en las
actuaciones judiciales”[214].
Dicho de otro modo, el sometimiento de los fiscales delegados a
las Directrices del Fiscal y, en general, a la normativa y jurisprudencia
vigente en materia de preacuerdos, permite que, en respeto del principio de
igualdad (art. 13 C.N), se de un igual trato judicial igual a quienes se
encuentran en la misma situación fáctica y jurídica y un trato diferente a
quienes se hallan en distintas condiciones de hecho.
En esta virtud, el
Fiscal General de la Nación ha proferido tres directivas que deben ser
observadas por los operadores judiciales que tienen a su cargo la celebración y
el control de los preacuerdos.
51. En primer
lugar, la FGN profirió la Directiva 1º
del 28 de septiembre de 2006 en virtud de sus deberes constitucionales de (i)
determinar la posición de la fiscalía (numeral 3 del artículo 251 de la C.N.);
y de (ii) velar por la protección de las víctimas y solicitar ante el juez las
medidas necesarias para su asistencia, reparación y restablecimiento del
derecho (numerales 6 y 7 del artículo 250 de la C.N.). Además, con fundamento
en los derechos de las víctimas a que se les reparen los daños sufridos y a que
se consideren sus intereses cuando se adopte una decisión discrecional sobre el
ejercicio de la persecución del delito.
En esta resaltó que
uno de los deberes de la FGN es proceder con objetividad y respetar las
directrices del Fiscal General de la Nación (numeral 1º del artículo 142 del
C.P.P.). Por eso, agregó, para lograr los fines del artículo 348 del C.P.P., la
Fiscalía y los imputados podrán llegar a preacuerdos “siempre que se
observen las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas
trazadas como politica criminal”.
Como factores
relevantes para la celebración de los preacuerdos, dispuso en la segunda
directriz que la Fiscalía deberá evaluar
con anterioridad a la oferta o concreción de un preacuerdo o negociación
“la naturaleza de los
cargos, el grado de culpabilidad y el daño causado o la amenaza de los derechos
constitucionales fundamentales, los intereses jurídicos protegidos, la
ocurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes, las personales del
imputado o acusado y su historial delictual, los derechos e intereses de las
víctimas, el grado de afectación y la relación que tuviera con el imputado o
acusado. (…) la actitud demostrada por el imputado o acusado de asumir responsabilidad
por su conducta, el arrepentimiento y el esfuerzo en compensar a la víctima, o
cooperar en la investigación o en la persecución de otros delitos”[215].
En su tercera directriz sobre
el objeto del preacuerdo, explicó que los preacuerdos deberán recaer sobre a)
los términos de la imputación y b) la pena por imponer[216]. En la directriz cuarta, fijó los límites
de los preacuerdos y negociaciones entre los cuales contempló que, por ejemplo,
cuando se trate de un concurso de conductas punibles el fiscal no podrá
preacordar la eliminación del cargo por el delito de mayor trascendencia
atendiendo el bien jurídico y la pena establecida para el mismo[217].
Sobre la garantía
de los derechos de las víctimas, la directriz quinta estipuló que además
de los derechos contemplados en los artículos 135 y 136 de la Ley 906 de 2004,
la víctima tiene derecho a que la fiscalía le informe por un medio idóneo las
consecuencias que se derivan de este procedimiento y de las reparaciones efectivas
ofrecidas, con la advertencia de que “su oposición al acuerdo no es un
obstáculo para que éste se celebre y ella pueda acudir a las vías judiciales”[218].
52. En segundo
lugar, la Directiva 10 de 11 de julio de
2016[219]
impartió directrices sobre la forma en que los fiscales deben entablar el diálogo con la víctima
en el Sistema Penal Acusatorio. Precisó cuáles son los derechos procesales de
las víctimas en cada una de las etapas previstas en la Ley 906 de 2004 y
señaló, concretamente, que en los acuerdos que adelante el procesado con la
Fiscalía, las víctimas tienen derecho a ser informadas y escuchadas tanto por
el fiscal como por el juez de conocimiento acerca de la celebración y la
aprobación de los preacuerdos o acuerdos “sin que su intervención constituya
un veto para su aprobación”[220].
53. Recientemente,
el ente acusador profirió la Directiva 01
del 23 de julio de 2018 por medio de la cual adoptó lineamientos generales para
imputar o preacordar las circunstancias de menor punibilidad del artículo 56
del Código Penal.
Esta directiva aclaró que el
fiscal delegado deberá determinar con precisión cuál o cuáles de las tres
circunstancias se configuran en el caso concreto (marginalidad, ignorancia o
pobreza extrema) dado que “se trata de tres supuestos jurídicos distintos
que requieren diferentes ingredientes fácticos y probatorios para su estructuración”
por lo que no podrán invocarse estas circunstancias como un género. Además,
aclaró que dichos conceptos constituyen situaciones extremas y objetivas que
afectan la capacidad del sujeto activo para comportarse conforme a derecho,
debido a su incapacidad para satisfacer necesidades básicas o para comprender
el alcance de la prohibición.
De igual manera, sostuvo que, para la celebración de preacuerdos, el
fiscal delegado debe: (i) presentar
argumentos fácticos y jurídicos que configuran la circunstancia, los cuales no
se podrán limitar a la indicación de la ocupación, el grado de escolaridad o el
domicilio y (ii) explicar cómo la circunstancia influyó en la ejecución de la
conducta punible. De igual modo, (iii) indicar elementos materiales probatorios,
evidencia física o información legalmente obtenida en los que soporta la
imputación de la circunstancia alegada. En suma, señala expresamente que “en
ningún caso se imputarán circunstancias de menor punibilidad que no estén
debidamente acreditadas fáctica y jurídicamente”.
Ahora bien, es importante
advertir que si bien por disposición de la Ley 906 de 2004 las directrices de
la FGN vinculan a los fiscales delegados, dado que las mismas limitan los
preacuerdos, constituyen también un parámetro para su control judicial por
parte de los jueces penales de conocimiento. Lo anterior, también en razón a
que allí se plasman criterios de política criminal, definida por esta Corte
como “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para
hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio
social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del
Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su
jurisdicción”[221].
Por último, es
preciso advertir que si bien en este
acápite se describieron los límites generales a los que están sometidos los
fiscales y jueces involucrados en la suscripción y aprobación de preacuerdos,
por ser de especial interés para los casos que nos ocupan, la Sala profundizará
más adelante sobre otros límites específicos que resultan exigibles (i) cuando
en el preacuerdo se reconoce alguna de las circunstancias atenuantes de
responsabilidad generales contenidas en el artículo 56 del Código Penal, o (ii)
cuando se trata de delitos graves o estén involucradas víctimas que hayan sido
reconocidas por esta Corporación como sujetos de especial protección
constitucional.
La materia sobre la cual
recae el preacuerdo
54. Los preacuerdos pueden
recaer sobre “(i) Los hechos imputados, o alguno relacionado; (ii) la
adecuación típica incluyendo las causales de agravación y atenuación punitiva;
(iii) las consecuencias del delito (art. 351, inciso 2°) las cuales son de
orden penal y civil”[222].
Con respecto al objeto, la
tercera directriz de la Directiva 01 del 28 de septiembre de 2006 de la
Fiscalía General de la Nación explicó con detalle que los preacuerdos deberán
recaer sobre a) los términos de la imputación y b) la pena por imponer. Respecto
de los preacuerdos sobre los términos de la imputación estipuló que, por
ejemplo, se puede acordar la tipificación en una forma que traiga como
consecuencia la disminución de la pena, y que “la nueva adecuación típica
deberá hacerse de tal forma que no modifique la esencia de la conducta, el
objeto material ni los sujetos activo y pasivo”. También se puede convenir
la eliminación de agravantes específicas, siempre que se conserven las figuras
básicas o las especiales; y el reconocimiento de circunstancias atenuantes
específicas de cada tipo o las generales que modifican los límites punitivos,
como la ira, intenso dolor, marginalidad, ignorancia o pobreza extrema.
Igualmente, se pueden acordar formas más benignas de intervención en la
conducta punible, siempre y cuando no se varíe la denominación del delito en el
que se participa. Así mismo
sostuvo que se puede acordar la pena por imponer y los mecanismos sustitutivos
de la misma (suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión
domiciliaria), “siempre que fuere resultado de un allanamiento o aceptación
de cargos”.
En conclusión, el preacuerdo es un mecanismo judicial
reglado que ha sido reconocido por esta Corte como una forma de justicia
consensuada, la cual debe ser aplicada por los operadores judiciales (fiscales
delegados y jueces de conocimiento) en respeto de la normativa constitucional y
legal que determinan su definición y alcance, su oportunidad, sus límites, y su
objeto.
Reglas jurisprudenciales sobre el alcance y límites de las facultades
de la Fiscalía General de la Nación para celebrar preacuerdos y del juez de
conocimiento para ejercer su control
55. El artículo 250 superior, modificado por el
artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002, estipula que la Fiscalía General
de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar
la investigación de los hechos que revistan las características de un delito
que lleguen a su conocimiento. Por eso, en ejercicio de sus funciones, deberá “presentar
escrito de acusación ante el juez de conocimiento” con el fin de dar inicio
a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio,
concentrado y con todas las garantías, junto con el cual deberá suministrar “todos
los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los
que le sean favorables al procesado”.
La anterior
disposición permite advertir, como se explicó precedentemente, que el sistema
procesal con tendencia acusatoria introducido por el constituyente delimitó el
proceso penal en fases de investigación y juzgamiento, y encargó la acusación a
un órgano distinto al juez con el fin de garantizar que el funcionario judicial,
a quien le corresponde dictar sentencia, fuera completamente imparcial.
La función de acusación que, en virtud de esta norma,
tienen los fiscales ha sido entendida por la jurisprudencia como “un
ejercicio de imputación fáctico-jurídica, donde el Estado fija los contornos de
la pretensión punitiva y delimita los referentes en torno de los cuales se
adelantará la discusión sobre la responsabilidad penal del procesado”[223]. La Corte Suprema de
Justicia ha dicho que ese
deber de acusar de la fiscalía también se expresa en la facultad de celebrar
con el imputado o acusado preacuerdos y negociaciones orientados a que se
anticipe la sentencia condenatoria, “labor en la que el fiscal debe
necesariamente gozar de un margen racional de maniobra, con el fin de que pueda
adelantar su tarea de forma efectiva, en el entendido, además, que se trata de
una forma de composición del conflicto”[224].
Lo anterior
encuentra respaldo en el inciso 1º del artículo 350 del C.P.P. el cual aclara
que, en los eventos en los cuales la Fiscalía y el imputado lleguen a un
acuerdo sobre los términos de la imputación, “el fiscal lo presentará ante
el juez de conocimiento como escrito de acusación”. Como se observa, para
el legislador el preacuerdo equivale al escrito de acusación, razón por la cual
se ha entendido que las premisas que se formulan respecto de la acusación son
aplicables a esta forma de terminación anticipada del proceso.
De otra
parte, el inciso 4º del artículo 351 del Código contempla que los preacuerdos
que se celebren entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, “salvo
que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales”.
Pues bien, la
estructura acusatoria del sistema procesal penal colombiano está determinada
por las facultades de los fiscales delegados para acusar o preacordar y de los
jueces de conocimiento para ejercer su control. No obstante, observa la Sala
que, pese a que el alcance y límites de estas funciones están definidos en la
normativa de preacuerdos, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha realizado
diversas interpretaciones de la misma. Además, ha valorado de distintas formas algunas
categorías legislativas que fueron introducidas por la Ley 906 de 2004 al
reglamentar esta figura, como aquellas relacionadas con los fines de los
preacuerdos o las ‘garantías fundamentales’ que deben respetarse al
momento de su celebración y control.
56. En la Corte Constitucional, las principales decisiones sobre las
funciones de los jueces y fiscales en materia de preacuerdos, tanto en sede de
control de constitucionalidad abstracto como en control concreto, han tenido
lugar con posterioridad a la expedición del referido artículo 2 del Acto
Legislativo 03 de 2002.
Así los principales fallos sobre esta
materia han estado encaminados, por una parte, a fijar límites a la facultad
que tiene el fiscal de tipificar la conducta con miras a disminuir la pena
cuando celebra un preacuerdo con los imputados o acusados en los términos del
artículo 350 del C.P.P. y, por otra, a consolidar subreglas claras respecto del
derecho de las víctimas a participar en la celebración y aprobación de los preacuerdos.
También ha habido un desarrollo por esta Corte sobre el deber que tienen todos
los jueces penales de ser jueces constitucionales y de velar por el
esclarecimiento de la verdad al interior del proceso, pese a que esta línea jurisprudencial
no se haya decantado en el marco del ejercicio de la función judicial en la
justicia consensuada.
57. Cosa diferente ocurre con la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual se ha enfocado
principalmente en determinar si el control de los preacuerdos que realizan los
jueces de conocimiento es un control meramente formal o si en algunos casos
puede ser material y, por lo tanto, si implica una intromisión más profunda del
juez en el contenido del preacuerdo. Dicha Corporación también se ha
pronunciado sobre los eventos en los cuales los fiscales reconocen
circunstancias atenuantes de responsabilidad como la marginalidad, ignorancia o
pobreza extrema (artículo 56 del C.P.), y sobre la necesidad de que tales situaciones
sean probadas dentro del preacuerdo.
De este
modo, como se evidenciará a continuación, si bien esta Corporación ha marcado
unos derroteros fundamentales para la definición de estas competencias, no
existe una posición unificada y pacífica en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia sobre los alcances de la facultad con la que cuenta la
Fiscalía para modificar la calificación jurídica dada a los hechos imputados en
desarrollo de un preacuerdo, ni sobre los alcances de la función del juez de
conocimiento de ejercer un control sobre los preacuerdos que celebra el ente
acusador con los imputados o acusados.
58. Por esta
razón, con el propósito de decantar las reglas jurisprudenciales referentes al
alcance de estas facultades para interpretar derechos fundamentales en
condiciones de igualdad, en primer lugar, se hará referencia a las sentencias
de esta Corte más relevantes sobre el tema, a excepción de las referidas al
derecho a la participación de las víctimas pues serán analizadas, de forma
independiente, en el último acápite de las consideraciones. Posteriormente, se
explicarán brevemente las distintas posturas jurisprudenciales que sobre este
asunto ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia, para luego evidenciar las
problemáticas que ha ocasionado y que pueden llegar a generar en la práctica las
diversas interpretaciones judiciales de la normativa de preacuerdos.
Finalmente, se hará una síntesis de los principales lineamientos
constitucionales que permiten definir el alcance y los límites de estas
facultades de los fiscales delegados y de los jueces de conocimiento, de manera
que el ejercicio de sus funciones conlleve a una aplicación de este mecanismo
de la justicia consensuada que respete la Constitución Política colombiana y,
en particular, los derechos fundamentales de las partes que intervienen en el
proceso penal.
Jurisprudencia de la Corte Constitucional
59. Esta Corporación ha examinado las facultades con
que cuenta el fiscal al momento de celebrar un preacuerdo con la defensa, más
exactamente, la posibilidad de que “[t]ipifique la conducta, dentro de su
alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena”[225]. En la Sentencia
C-1260 de 2005, la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad en
contra del inciso 2º del artículo 350 de la Ley 906 de 2004 que contempló esta atribución.
En esta sentencia, para analizar la norma en cuestión,
la Corte recordó la Sentencia C-420 de 2002[226] en la cual se había
reiterado que el legislador es el titular de la potestad de configuración
normativa en materia de política criminal y, por ende, le corresponde realizar la
tipificación de conductas punibles.
También refirió el precedente de la Sentencia C-205
de 2003[227],
en el cual la Corte aludió al principio de legalidad y a la reserva de ley en
la creación de tipos penales. En esta providencia, al referirse a una sentencia
anterior, indicó:
“La finalidad de esta representación
popular en la elaboración de las leyes penales deriva no sólo del respeto de la
separación de poderes, y de los controles que ésta supone para la protección de
la libertad individual, sino que también debe permitir un proceso público de
debate y aprendizaje en la concepción y ejecución de las políticas criminales,
es decir una elaboración más democrática de la ley penal. Esta discusión
pública debe permitir que la respuesta penal no sea un recurso contingente que
el poder político utiliza a discreción, sin debate, para hacer frente a las
dificultades del momento (…)”[228].
Posteriormente, explicó que
el principio de legalidad penal ha sido
entendido por la jurisprudencia constitucional como “una salvaguarda
de la seguridad jurídica de los ciudadanos ya que les permite conocer
previamente cuándo y por qué ‘motivos pueden ser objeto de penas ya sea
privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma toda clase de
arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales
respectivas’”[229]. Agregó que una de las dimensiones de este principio de legalidad
penal es la reserva legal, conforme a la cual “la definición de las
conductas punibles corresponde al Legislador, y no a los jueces ni a la
administración”. La reserva legal pretende que la imposición de penas obedezca
a criterios generales establecidos democráticamente, y a criterios definidos por
los jueces o el poder ejecutivo[230].
Por último, a fin de establecer cómo operan los
principios de legalidad y tipicidad respecto de la labor que realizan los
jueces, indicó que no puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o
vaguedad que pueda tener el texto que describe el tipo, la posibilidad de
remplazar la expresión del legislador, pues “ello pondría en tela de juicio
el  principio de separación de  las ramas del poder público, postulado esencial
del Estado de Derecho (artículo 113 C.P.)”[231].
A partir de las anteriores claridades, la Sentencia
C-1260 de 2005 concluyó que la norma demandada se ajusta a la Constitución
de manera condicional por las siguientes razones:
“Es claro, entonces, que [la norma] (…) no se refiere a la facultad del fiscal de crear
nuevos tipos penales, pues tratándose de una norma relativa a la
posibilidad de celebrar preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado, la
facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal está referida a una
labor de adecuación típica, según la cual, se otorga al fiscal un cierto margen
de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a lograr un
acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer una
imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta negociación
el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente sino
que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso.
En efecto, en relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre
el fiscal y el imputado, aquel no tiene plena libertad para hacer la
adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las
circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aun
mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación
conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según los
hechos que correspondan a la descripción que previamente ha realizado el
legislador en el Código penal” (Negrita fuera del original).
De este modo, declaró la
exequibilidad del numeral 2º del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido de que el fiscal no puede, en ejercicio de esta facultad, crear tipos
penales y que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva
no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la
ley penal preexistente.
Esta línea ha sido reiterada
por esta Corte en Sentencias C-516 de 2007[232] y
en la C-059 de 2010[233],
en las cuales, se fijaron subreglas precisas sobre la materia:
“(…) la Corte Constitucional ha considerado en materia
de acuerdos y preacuerdos lo siguiente (i) la existencia de estas figuras no
vulnera, per se, el derecho fundamental al debido proceso; (ii) el fiscal no
cuenta con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible;
(iii) a los hechos invocados en su alegación conclusiva, el fiscal no les puede
dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal
preexistente; (…) (vii) en la valoración del acuerdo, el juez velará porque el
mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales del imputado y de la
víctima; y (viii) en determinados casos, el legislador puede restringir o
incluso prohibir la celebración de acuerdos o preacuerdos”.
60. También ha sido aplicada por la misma Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, al referirse al alcance de los controles que debe efectuar el juez de
conocimiento al verificar la legalidad del preacuerdo:
“[…] Respecto de los controles que en particular
debe efectuar el funcionario de conocimiento dentro de la verificación de la
legalidad del preacuerdo (además de la concurrencia de evidencia mínima
suficiente para llegar al convencimiento, más allá de toda duda razonable,
acerca de la participación y responsabilidad del procesado en los hechos
materia de imputación, según lo establecen el inciso final del artículo 327 y
el inciso 1º del artículo 381 de la ley 906 de 2004), tanto la jurisprudencia
constitucional como la de la Sala se han referido a la debida consonancia que
debe haber entre la situación fáctica atribuida por la Fiscalía y la
calificación jurídica que de la misma este organismo plasme en el escrito
correspondiente.
En esta sentencia, la Sala Penal, en
aplicación de lo dispuesto en la Sentencia C-1260 de 2005 de esta Corporación,
sostuvo que al celebrar preacuerdos, el fiscal ‘no tiene plena libertad para
hacer la adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las
circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aun mediando una negociación
entre el fiscal y el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la
adecuación típica de la conducta según los hechos que correspondan a la
descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código penal’[234]”[235] (Negrita fuera del original).
61. Incluso algunos magistrados, en salvamentos de
voto a providencias de la Sala de Casación Penal de dicha Corporación, han
manifestado que el Fiscal no tiene la potestad en el proceso penal de “tipificar”
la conducta por tratarse de una competencia exclusiva del legislador. No
obstante, si puede puede adecuar los hechos que fueron demostrados a los tipos
penales previstos en el Código Penal, es decir, puede realizar la labor de
adecuación típica:
“El deber [de adecuación típica] a que se alude en el párrafo
anterior es labor fiscal, que debe realizar y acatar en todas las modalidades
de preacuerdos, de ahí que ante la identidad de tarea a cumplir por aquél en
los pactos con fines de terminación anticipada del proceso por esa vía, resulte
una ratio decidendi lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia
C-1260 de 2005.
En la sentencia C-1260 de 2005 se
precisaron los límites y la competencia del Fiscal en los preacuerdos al
verificar la descripción típica en la ley penal con la adecuación del
comportamiento sub judice (…)”[236].
En suma, de acuerdo con los precedentes
constitucionales referidos y particularmente a la Sentencia C-1260 de 2005 que
hace tránsito a cosa juzgada, la labor del fiscal es de adecuación típica por
lo que, si bien tiene cierto margen de apreciación para hacer una imputación
menos gravosa, deberá obrar con base en los hechos del proceso. En otras
palabras, al celebrar un preacuerdo el fiscal no puede seleccionar libremente
el tipo penal correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los
fundamentos fácticos y probatorios que resultan del caso.
62. Esta subregla también ha sido consagrada como
directriz para los fiscales delegados en la Directiva 01 de 2006 del Fiscal
General de la Nación cuando señala que la nueva adecuación típica deberá
hacerse de tal forma que no modifique la esencia de la conducta, el objeto
material, ni los sujetos activo y pasivo.
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
63. Como
bien lo han advertido distintos jueces de la República, una de las
instituciones del sistema acusatorio colombiano que más dificultades ha
presentado y que aún esta en proceso de sistematización y de concreción
jurisprudencial es la de los preacuerdos. Es por esto que los alcances
de las facultades de los operadores judiciales que intervienen en la
celebración y control de los preacuerdos no ha sido un asunto pacífico en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
En relación
con las posturas existentes sobre este asunto, los desarrollos
jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal de esta Corporación permiten
identificar tres tendencias:
(i) la que niega cualquier posibilidad de control material de la
acusación y de los acuerdos, (ii) la que permite un control material más o
menos amplio con injerencia en temas como la tipicidad, la legalidad y el
debido proceso, y (iii) la que acepta un control material restringido o
excepcional, limitado solo a situaciones manifiestas de violación de garantías
fundamentales.
Sobre el
particular, la Sentencia del 10 de octubre de 2016[237]
refirió y explicó cuales son dichas posturas:
“La [primera] postura que rechaza cualquier posibilidad de
control material se funda en la consideración de que la acusación es un acto de
parte, que repele esta clase de controles, y que una injerencia de esta índole
es además incompatible con el papel imparcial que debe cumplir el juez en el
sistema acusatorio. Dentro de esta línea de pensamiento se matriculan, entre
otras decisiones, las siguientes: CSJ AP, 15 de julio de 2008, definición de
competencias 29994; CSJ SP, 21 de marzo de 2012, casación 38256; CSJ SP, 19 de
junio de 2013, casación 37951; CSJ AP, 14 de agosto de 2013, segunda instancia
41375 y CSJ AP, 16 de octubre de 2013, segunda instancia 39886 […].
La segunda postura, que propende por
un control material más o menos amplio de la acusación y los acuerdos en temas
como tipicidad, legalidad y el debido proceso, se apoya en la sentencia de la
Corte Constitucional C-1260 de 2005, que declaró la exequibilidad condicionada
del numeral 2° del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, “en
el entendido que el fiscal no puede en ejercicio de esta facultad crear tipos
penales; y que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva
no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la
ley penal preexistente”.
Esta tendencia se caracteriza porque admite
la posibilidad de control material y permite un grado de intromisión profundo
en el contenido jurídico de la acusación y los acuerdos, a aras de la
realización de los fines de la justicia, las garantías de los sujetos procesales
y la protección de la legalidad mínima. Dentro de esta línea interpretativa se
ubican, entre otras decisiones, la sentencia CSJ SP, 12 de septiembre de 2007,
casación 27759 y la sentencia CSJ SP, 8 de julio de 2009, casación 31280[…].
La tercera postura, que acepta un
control material restringido de la acusación y los acuerdos, se sustenta en una
interpretación sistemática de los artículos 350 inciso segundo numeral segundo,
351 inciso cuarto, 443 inciso primero y 448 del estatuto procesal penal, frente
a los contenidos y alcances de los fallos de Constitucionalidad 1260 de 2005 y
C-059 de 2010, y los principios que rigen el sistema acusatorio.
Esta postura, que es la que acoge
actualmente la línea jurisprudencial de la Sala, reconoce, como regla, que el
juez no puede hacer control material de la acusación ni de los acuerdos en los
procesos tramitados al amparo de la Ley 906 de 2004, y que solo está autorizado
para hacerlo, por vía de excepción, cuando objetivamente resulte manifiesto que
el acto quebranta o compromete de manera grosera garantías fundamentales. De
esta línea son, entre otros, los pronunciamientos CSJ SP, 6 de febrero de 2013,
casación 39892; CSJ SP9853-2014, 16 de julio de 2014, casación 40871; CSJ
AP6049-2014, primero de octubre de 2014, segunda instancia 42452; CSJ,
SP13939-2014, 15 de octubre de 2014, casación 42184; y CSJ SP14842-2015, 28 de
octubre de 2015, casación 43436 […]”[238].
Como lo
advirtió la Universidad Externado de Colombia en su intervención, esto se
traduce en que, por su puesto, tampoco existe una posición pacífica en la
jurisdicción ordinaria acerca de los alcances de la facultad con que cuenta la
Fiscalía (artículo 350 C.P.P.) para modificar la calificación jurídica dada a
los hechos imputados en desarrollo de un preacuerdo[239].
64. En la primera postura, la CSJ
sostiene que el legislador no
previó la posibilidad de que el juez efectúe un control material sobre la
acusación. Concretamente, señala que en un esquema adversarial, donde la
Fiscalía ostenta la calidad de parte que presenta una hipótesis incriminatoria,
al juez le está vedado examinar tanto los fundamentos probatorios que
sustentan la acusación o los preacuerdos, como la corrección sustancial de la
imputación jurídica (adecuación típica). Señala en particular que “de
permitirse una tal supervisión judicial, la estructura acusatoria se vería
quebrantada, en la medida en que el juez asumiría el rol de parte, al promover
una particular “teoría del caso” (CSJ SP 16 jul. 2014, rad. 40.871). De igual
modo resultaría afectada la imparcialidad exigible a quien únicamente tiene que
juzgar el asunto, según los planteamientos del acusador. Solo a la Fiscalía
compete la determinación del nomen iuris de la imputación (CSJ SP 6 feb. 2013,
rad. 39.892)”[240].
Esta postura, también sostiene que, en un esquema
adversarial, donde la Fiscalía ostenta la calidad de parte que presenta una
hipótesis incriminatoria, “al juez le está vedado examinar tanto los
fundamentos probatorios que sustentan la acusación como la corrección
sustancial de la imputación jurídica (adecuación típica)”[241]. Lo anterior en el
entendido de que lo dispuesto respecto de la acusación es aplicable a las
formas de terminación pre-acordada del proceso.
65. Por su parte, la segunda y tercera
postura admiten un control material del preacuerdo por parte del juez,
siendo más restrictiva esta última conforme a la cual el mismo es excepcional y
será procedente solo cuando resulte objetivamente manifiesto que el acto
quebranta o compromete de manera grosera garantías fundamentales.
66. Encuentra la Corte que la segunda
postura es la que acoge el criterio establecido por esta Corporación en
su jurisprudencia y la que, además, respeta el tenor de los postulados legales
que han definido los límites y alcances de las facultades de los fiscales y
jueces penales. Conforme a esta línea, la CSJ indicó que, de acuerdo a la Sentencia
C-1260 de 2005, los preacuerdos deben realizarse sobre los términos de la
imputación y deben respetar los principios constitucionales y los derechos
fundamentales de las partes. Por esta razón, los jueces de conocimiento sí
deben realizar un control material de los preacuerdos que celebra la FGN.
Esta tesis ha propugnado porque todo
acuerdo entre la Fiscalía y el imputado o acusado “debe ser sometido a un
tamiz crítico que impone la constatación de que tales acuerdos no desconozcan
los fines constitucionales del proceso como garantía de una tutela judicial efectiva
de los derechos y la prevalencia de la justicia material (art. 351 inciso 4 Ley
906)”[242].
Bajo esta lógica, ha establecido que la eficiencia como fin de la justicia consensuada
no puede sacrificar, al interior de un proceso penal, los postulados constitucionales.
En otras palabras, ha defendido que es preciso que “el avance hacia una justicia más ágil y
eficaz, no comporte el sacrificio de derechos y garantías fundamentales, pues
el eficientismo no puede conllevar a una mayor injusticia social”[243].
La Sentencia del 3 de febrero de 2016[244],
en reconocimiento de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, dispuso
que, dado que los jueces de conocimiento son por antonomasia jueces
constitucionales, su control de los preacuerdos no puede limitarse a la
verificación de aspectos formales, sino que se extiende a verificar que con el
mismo no se haya desconocido la Constitución Política:
“[L]a jurisprudencia de la Corte ha entendido que la
intervención del juez no se limita a la verificación de aspectos formales con
miras al proferimiento de un fallo de condena, sino que su función también
implica la posibilidad de improbar aquellas manifestaciones de culpabilidad que
conlleven o sean resultado de la transgresión de derechos y garantías
fundamentales del procesado (…)
Cuando el juez del conocimiento (individual
o colectivo), que por antonomasia es juez de garantías, es juez constitucional,
juez del proceso, advierta que el preacuerdo en su integridad o en algunas de
las conductas o circunstancias objeto de la negociación desconoce la
Constitución o la Ley, así debe declararlo (…) lo procedente es -y sigue siéndolo- que
impruebe el acuerdo, que decrete la nulidad -total o parcial- del fallo y que
ordene rehacer el trámite desde el momento en que se presentó el error in
procedendo” (Negrita
fuera del original).
En desarrollo de esta tesis, la Corte Suprema de
Justicia ha dejado que, en el
Estado Social de Derecho el juez tiene funciones que van más allá de ser un
simple árbitro o notario, por eso ha reiterado que:
“[E]l acto de aprobación del preacuerdo es
el mecanismo a través del cual se garantiza que la emisión del fallo (al que se
acoge el procesado en busca de los beneficios que le otorga la justicia
premial), no sea consecuencia de vicios de garantía, de juicio o de estructura.
// (…) el examen de los términos del preacuerdo no se limita a la revisión de
los requisitos meramente formales, sino que incluye el control de legalidad
de lo acordado; es decir, que su función es la de constatar si lo pactado entre
el acusador y el imputado o procesado no desconoce garantías fundamentales o
bien si aquello sobre lo que recae es en verdad susceptible de consenso”[245] (Negrita fuera del priginal).
En virtud de lo anterior, la CSJ ha establecido que le
corresponde al juez penal constatar si existía alguna prohibición – de índole
constitucional o legal – que impidiera celebrar el preacuerdo y de ser así,
deberá proceder con su improbación, pues “la libertad dada, frente a esta
clase de actuaciones, no puede obviar las disposiciones constitucionales y
legales del caso”[246].
Dicha Corporación también ha señalado en desarrollo de
esta postura que “[las facultades del funcionario judicial] no se refieren
únicamente a la cantidad de pena imponible, sino a los hechos imputados y sus
consecuencias, acuerdos que obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos
desconozcan o quebranten garantías fundamentales”[247].
Esta postura también ha sido sustento de salvamentos
de voto al interior de dicha Corporación, en los que se ha procurado rescatar
que el alcance de las facultades para celebrar y aprobar cualquier modalidad de
preacuerdo, además de estar determinado por el respeto de las ‘garantías
fundamentales’ (inciso 4 del artículo 351 y artículo 368 del C.P.P) y de
los fundamentos fácticos y probatorios señalados en la imputación (Sentencia
C-1260 de 2005), también está definido por los fines de los preacuerdos
(artículo 348 del C.P.P.) que contempló el legislador para proteger los
derechos fundamentales de todas las partes al interior del proceso penal. En
estos términos, se ha manifestado:
“Todas las modalidades de preacuerdos,
cinco en total, que operan en el ordenamiento jurídico interno, buscan
humanizar la actuación procesal y obtener una pronta y cumplida justicia; (…) tales
instrumentos deben ser el resultado de la fusión integral de los principios y
valores que orientan la política criminal para todas las partes e
intervinientes en el sistema establecido en la Ley 906 de 2004 (…)
La fijación de los
alcances de los preacuerdos no pueden marginarse de los fines, ni siquiera
parcialmente, de no
ser así se corre el riesgo de desnaturalizar la institución y sacrificar
garantías y derechos fundamentales de las partes e intervinientes (…)
Tampoco los fines señalados o las reglas que regulan los preacuerdos toleran la
posibilidad de renunciar a la verdad de los hechos ni a desconocer lo
demostrado con los elementos de prueba aportados al proceso. Al establecer
el artículo 351 del C de P.P. que se puede “llegar a un preacuerdo sobre los
hechos imputados y sus consecuencias” no puede tenerse como una autorización
para ignorar los hechos y las pruebas, precisamente por los condicionamientos
que en esa materia hizo la sentencia C-1260 de 2005»”[248] (Negrita fuera del original).
Bajo esta lógica, la CSJ ha concluido que si el juez
no tiene facultades para intervenir en la calificación jurídica de la conducta
punible ni en el aspecto probatorio de los preacuerdos porque la Fiscalía es la
dueña de tales ámbitos de la investigación “no tendría ningún sentido la
labor de control asignada al juzgador por el inciso 5º del artículo 351 del
Código de Procedimiento Penal”[249].
El debate acerca de los límites a los que se someten
los preacuerdos ha sido tan profuso que ha ido más allá del proceso penal
mismo, y ha trascendido hasta la tutela de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados con estos mecanismos de justicia negociada. No
obstante, la jurisprudencia de tutela de la CSJ tampoco ha sido uniforme. En
algunas ocasiones ha protegido los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia en casos donde los jueces penales han improbado
preacuerdos celebrados por la Fiscalía con los acusado, y han señalado que “el
juez no tiene competencia para cuestionar la imputación efectuada por el
fiscal, como que ese acto es propio del titular de la acción penal”[250]. No obstante,
en muchos otros ha negado el amparo al reconocer que el control que el juez
penal realiza de los preacuerdos que se le presentan no puede ser meramente formal.
En suma, en sede de tutela esta postura tampoco ha sido pacífica en la CSJ pues
las diferentes Salas de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal no han
dado respuestas uniformes al estudiar casos similares[251].
De este modo, la Sala advirtió que esta segunda
postura también ha encontrado un fuerte respaldo en diversas decisiones de
tutela que han evidenciado que celebración de algunos preacuerdos desconoce
principios, garantías o derechos fundamentales. Por ejemplo, este supuesto se
presentó en la Sentencia del 6 de junio de 2018[252] de la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia, en la cual  conoció de un caso en el que la Fiscalía,
tras haber imputado el delito de homicidio agravado, preacordó el
reconocimiento de las circunstancias de marginalidad del artículo 56 del Código
Penal y la concesión de prisión domiciliaria.
También se dio en la Sentencia del 16 de julio de
2019[253]
de la misma Sala, en la cual en la cual la Fiscalía, tras haber imputado un
delito de homicidio con dolo eventual de un menor de edad, preacordó un
homicidio culposo agravado. En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia
ha incluso condenado por el delito de prevaricato por acción a los fiscales que
han promovido preacuerdos manifiestamente ilegales. Tal es el caso de la Sentencia
del 25 de noviembre de 2015[254]
de la Sala Penal de la CSJ, la cual sostuvo que los fiscales no pueden disponer
de la acción penal a su antojo y que los preacuerdos son una institución que
opera en el contexto de un Estado Social de Derecho, lo que implica que están
sometidos al principio de legalidad.
67. Esta
segunda postura también ha encontrado un fuerte respaldo en la doctrina
nacional  que ha observado que todo preacuerdo debe basarse en el factum
señalado en la imputación, de modo que lo que es objeto de preacuerdo no son
los hechos, sino su valoración jurídica o tipificación.
En
este sentido, la Universidad Externado de Colombia[255] señaló en su
intervención que algunos doctrinantes han establecido que la eliminación de
cargos y la tipificacion concertada producto de un preacuerdo está limitada al
mantenimiento del factum primigenio objeto de la imputación. Es decir,
la calificación jurídica preacordada no puede desbordar el marco fáctico
señalado en la imputación[256].
Por eso, condicionan la validez de un preacuerdo a que la tipificación
concertada se muestre razonable a partir del relato de los hechos:
“Si se sostiene la tesis del mantenimiento del factum
primigenio que fundamenta la negociación, debe entenderse que el fiscal puede
conceder la supresión de agravantes teniendo en cuenta las circunstancias de
comisión de la conducta y lo que hasta ese momento se ha probado”[257].
“(…) el factum de la acusación primaria no es
alterable por cuenta del fiscal, lo que si puede ser materia de acusación en
este contexto es la calificación legal que pueda dársele y que resulte en un
delito menos grave, tentado o en grado de participación diversa, siempre en
favor del sometido”[258].
Y es
que el tenor del 4 del artículo 351 del C.P.P. claramente señala que los
preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado no obligan al juez de
conocimiento cuando ellos desconozcan o quebranten las “garantías
fundamentales”, lo cual indica que el juez no es un convidado de
piedra cuando se le asigna la labor de ejercer el control de una negociación.
Con
fundamento en esta disposición, de un lado, por ejemplo, el juez tiene la
obligación constitucional de verificar que existen elementos materiales
probatorios suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia[259] y para acreditar que
el acusado dio su consentimiento libre, consciente, voluntario e informado para
la celebración del preacuerdo. De otro lado, en relación con la víctima, el
juez debe verificar si el preacuerdo garantiza sus derechos a la verdad,
justicia, reparación y no repetición. Además, de acuerdo a los fundamentos
fácticos y jurídicos del caso, y a las calidades especiales de la víctima,
deberá determinar si no se vulneraron otros derechos fundamentales de la misma,
como su derecho a participar en la celebración y aprobación del preacuerdo, o
si se desconocieron principios constitucionales relevantes, como el de
legalidad. La Sala considera que, al evaluar si se desconocieron en el
preacuerdo garantías fundamentales, el juez también deberá analizar el tamaño
de la afectación al interés protegido de cada una de las partes y lo relevante
que fue para la sociedad tal violación del derecho o principio constitucional
protegido[260].
En este sentido, el
Director del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario señaló en su
intervención que la constatación de las garantías fundamentales no debe ser únicamente
frente a los derechos que le asisten al procesado sino también a las víctimas
del injusto. Lo anterior, agrega, debe hacerse precisamente a través de un
control más amplio que permita valorar las finalidades de los preacuerdos y si
estos efectivamente realzan el prestigio de la administración de justicia:
“Es claro que la
discución sobre los criterios y formas de análisis de este particular serán
suceptibles de profunda discusión en tanto dificilmente pueden ser objetivados.
Por ello mismo, se considera que un paso inicial para la discusión que se
adelantará en el caso subjudice se encontraría en el cumplimiento de las
obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, particularmente en
cuanto a los sujetos de especial protección constitucional”[261] (Negrita fuera del original).
68. Lo anterior permite a la Sala inferir que la
postura que más se ajusta a la Constitución es la segunda, según la cual los
fiscales delegados son los primeros llamados a acatar los límites impuestos
para la celebración de preacuerdos[262]
por lo que su discrecionalidad para negociar es reglada[263] pues el empleo de
este mecanismo judicial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y la
Ley 906 de 2004.
Por ejemplo, observa que los fiscales delegados, en
aplicación de la normativa de preacuerdos y las subreglas planteadas en la
Sentencia C-1260 de 2005, deberán considerar que la calificación jurídica
resultante de un preacuerdo debe atender, de forma estricta, los hechos
jurídicamente relevantes expuestos en la imputación. De modo que, si bien los
fiscales tienen cierto margen de apreciación para hacer una imputación menos
gravosa, dado que su labor es de adecuación típica, deberán obrar de acuerdo con
los hechos del proceso.
Por esta razón, al verificar el cumplimiento y respeto
de los límites sustantivos que existen en la ley, la jurisprudencia y la
Constitución Política para la celebración de preacuerdos, el juez penal de
conocimiento realiza un control de legalidad que no es meramente formal. El
control del juez se extiende a la verificación de que no se transgredan
principios constitucionales y derechos fundamentales, dado que la misma Ley 906
de 2004 dejó en claro que los preacuerdos debían respetar las garantías
fundamentales, entendidas como el principio de legalidad y demás principios
constitucionales; los derechos fundamentales de las partes intervinientes; y
los fines del artículo 348 del estatuto procesal penal. Este deber del juez
de verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte del fiscal
encuentra respaldo, incluso, en la primera postura que, pese a rechazar
cualquier posibilidad de control material, sostiene que “al juez si (sic) le
corresponde, en desarrollo de los actos propios de dirección de la audiencia,
constatar que las actuaciones de la Fiscalía cumplen los requisitos
establecidos en la ley”[264].
69. Todo lo
anterior le permite a esta Sala concluir que, si bien no hay doctrina pacífica
en la CSJ sobre el alcance de estas facultades, sí puede sostenerse que (i) la
facultad discrecional de los fiscales delegados para preacordar es reglada y se
encuentra limitada, y que (ii) los jueces de conocimiento no
están obligados a aceptar el preacuerdo sin importar los términos en que fue
pactado el mismo; por el contrario, están llamados a constatar que tales
límites hayan sido respetados por el ente acusador al momento de negociar. No
obstante, es preciso aclarar que el tipo de análisis que le compete realizar a
los jueces penales de conocimiento es un control de límites constitucionales y
legales de los preacuerdos, no un control pleno e ilimitado que, sin duda,
desnaturalizaría esta institución de la justicia negociada y amenazaría la
imparcialidad judicial propia del sistema penal acusatorio colombiano.
Por
último, este control que realizan los jueces de conocimiento de los
preacuerdos, a diferencia de lo dispuesto por algunas sentencias de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[265], no se advierte
incompatible con el papel imparcial que ha de fungir el juez en un modelo
acusatorio. La posibilidad de que el juez penal realice control material
obedece, principalmente, a su calidad de juez constitucional. Además, lo
anterior no impide que tanto la activación como el impulso de la pretensión
punitiva estatal continúen, exclusivamente, en cabeza de la Fiscalía General de
la Nación en quien, según la Constitución y la ley, recae el deber de acusar o
presentar preacuerdos ante los jueces de conocimiento (artículos 250.4 de la
C.N. y 336 y 339 inciso 2º del C.P.P.).
Reglas jurisprudenciales sobre preacuerdos que reconocen las circunstancias
de menor punibilidad del artículo 56 de la Ley 599
de 2000
70. El artículo 56 del Código Penal reza que “[e]l
que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad,
ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en la
ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir
la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor
de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición”.
De una interpretación exegética de la norma se
advierte que el reconocimiento de alguna de estas circunstancias se realizará
en los eventos en que: (i) el procesado se encontraba en ‘profundas’ situaciones
de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (ii) estas situaciones influyeron
directamente en la ejecución del delito; y (ii) las mismas no tenían la entidad
suficiente para excluir la responsabilidad. Esto último indica que se trata de
circunstancias que “si bien tienen incidencia en la capacidad de agencia del
condenado o en la necesidad de la pena, resultan insuficientes para excluir su
responsabilidad penal”[266].
Las circunstancias que se describen en esta
disposición tienen incidencia directa en los extremos punitivos y se traducen
en disminuciones punitivas cuantitativamente mayores a las previstas para otras
situaciones que trae el Código Penal e inciden en la graduación del injusto
penal, como la complicidad o la tentativa[267].
Según la Universidad Externado de Colombia,
este tratamiento punitivo benigno para quien ha enfrentado contextos de extrema
pobreza y marginalidad, tiene justificación en razón a que “quien padece las
referidas circunstancias de marginalidad goza de un ámbito de libertad menor al
de la generalidad de los individuos o de una menor capacidad para comprender la
ilicitud de su comportamiento”.
En este sentido, Lorca Ferrecio (2012), al
referirse a la justificación del tratamiento punitivo benigno en casos de
pobreza extrema, señaló lo siguiente:
“Parte de la literatura ha
sugerido que un ambiente de extrema pobreza y exclusión social, lo que Richard
Delgado ha denominado como rotten social background (ambiente social
deteriorado) puede afectar o suprimir las capacidades volitivas y cognitivas de
una persona al punto que ya no puede ser tratada como un agente responsable.
Los orígenes de esta excusa
se atribuyen, principalmente, a la opinión del juez estadounidense David L.
Bazalon en United States v. Alexander (…) En Alexander, un joven
afroamericano extremadamente pobre dio muerte a un militar que lo insultó
racialmente; Bazalon sostuvo que la historia de socialización altamente
violenta y discriminatoria del acusado, hizo gatillar su reacción agresiva con
la misma fuerza de una enfermedad mental, de modo que la falta de control y
racionalidad implícita en esta causal se encontraba presente caso”[268].
Las anteriores reflexiones permiten
advertir que disposiciones como el artículo 56 del C.P. tienen la finalidad de
aminorar el rigor de la respuesta penal frente a los sectores que han sufrido
la mayor marginación, como una forma de reducir el déficit democrático del
régimen punitivo[269].
Además, en respaldo de la postura de la Universidad Externado, se observa que
la legitimidad de la aplicación de estas circunstancias esta ligada a que se
aplique en casos en los que efectivamente las mismas sean comprobadas, por lo
que reconocerla a quien no la ha padecido resultaría materialmente injusto y
desacreditaría el espíritu y los propósitos de la institución de los
preacuerdos.
Sobre el deber de los fiscales delegados de acreditar
la configuración de estas circunstancias al momento de celebrar un preacuerdo,
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado dos
lineamientos distintos.
71. Conforme a la primera línea
jurisprudencial de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (que se apoya
en la primera postura del acápite anterior) el reconocimiento de una
circunstancia de menor punibilidad no demanda ningún tipo de acreditación, pues
de hallarse probado el atenuante, lo correcto sería que se reconociera desde la
imputación y no por vía de un preacuerdo. Por esta razón, nada sería óbice para
tipificar los hechos por fuera del marco fáctico señalado en la acusación[270].
Con base en esta postura ha dicho el Tribunal que no
existe norma jurídica que obligue a los fiscales a demostrar la causal de
atenuación punitiva que reconocieron en el preacuerdo y que, por ello, los
jueces de conocimiento están obligados a aceptar los preacuerdos presentados
por la fiscalía, salvo que éstos desconozcan o quebranten las garantías
fundamentales de alguna de las partes. En este sentido, la Sentencia del 20
de noviembre de 2013[271]
señaló:
“Dentro de este
panorama, la tesis planteada por el demandante en casación aparece
insustancial, cuando no carente de soporte jurídico, pues, ningún imperativo
constitucional o legal obliga a que el Fiscal encuentre demostrada la causal de
atenuación punitiva otorgada al acusado en contraprestación a su aceptación de
responsabilidad penal en el delito.
Por lo demás,
esta sería una exigencia contraria a la lógica misma del instituto, en tanto,
si de verdad apareciese plenamente probada la circunstancia que obliga aminorar
la sanción, lo pertinente no es otorgarla en el preacuerdo como único
beneficio, sino reconocerla al interior del espectro de tipicidad propio de la
acusación y el fallo”.
Aparentemente, esta postura
fue respaldada por la Universidad Santo Tomás al manifestar que, si
efectivamente el procesado se encuentra en esta circunstancia de marginalidad y
ello se pacta en el preacuerdo, “el juez de conocimiento no podría avalar el
preacuerdo, por vulneración al principio de legalidad, pues dicha circunstancia
de rebaja de pena no debe ser a través de un preacuerdo sino por aplicación
directa del principio de legalidad, pudiéndose pactar otra clase de rebaja en
el preacuerdo”[272].
72. De
otra parte, existe al interior de la CSJ una segunda línea (que
se apoya en la segunda postura del acápite anterior) conforme a la cual la
calificación jurídica resultante de un preacuerdo debe atender, de forma
estricta, los hechos jurídicamente relevantes expuestos en la imputación. Por
esta razón, las partes que
negocian deben aportar los elementos materiales probatorios que permitan que se
configure la circunstancia que alegan para la celebración del preacuerdo.
Además, explicar cómo dicha circunstancia influyó en la ejecución de la
conducta punible.
En este sentido, la Sala de Casación Penal de la CSJ
ha señalado que las circunstancias del artículo 56 del Código Penal solo son
admisibles en un preacuerdo “en cuanto hayan influido directamente en la
ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir
la responsabilidad”[273].
En efecto, se observa que la circunstancia que se invoca debió haber
influido en la realización del delito, lo que indica que la misma sí debe
quedar acreditada al interior del preacuerdo. No obstante, ha aclarado que la renuncia al juicio entraña el
desistimiento de la actividad y contradicción probatorias, lo que significa que
“la decisión no se funda en pruebas en el sentido que prevé la ley 906 de
2004, sino en elementos materiales probatorios, evidencia física e
información recopilados por la fiscalía”[274].
Del mismo modo, en Sentencia del 14 de
junio de 2018, la Sala de Casación Civil de la CSJ conoció un caso de
una acción de tutela interpuesta por el procesado en contra de la providencia
de segunda instancia mediante la cual se improbó el preacuerdo que habia
celebrado con la fiscalía. En el mismo, ante la comisión de un homicidio
doloso, agravado por motivo abyecto o fútil (no haber accedido la víctima a
armar con su victimario un ‘cacho’ de marihuana) el fiscal del caso había
reconocido la circunstancia de menor punibilidad de marginalidad del artículo
56 del Código Penal. En esta ocasión, la Corte negó el amparo del procesado y
sostuvo:
“(…) reconocer una atenuante
punitiva que en nada se relaciona con la situación fáctica imputada y aceptada,
implica vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de los afectados con
tan lamentable suceso, en tanto proceder de esta manera desnaturaliza la
conducta cometida, las circunstancias que la rodearon, a más de desconocer los
precisos lineamientos que en materia de preacuerdos, impartió para la Fiscalía
General de la Nación, la Corte Constitucional en Sentencia C-1260 de 2005”[275].
En respaldo de esta posición, la Directiva
01 de 2018 de la FGN fijó un estándar probatorio especial al que deben
sujetarse los fiscales delegados que pretendan reconocer esta causal de
atenuación. Señaló que, para
la celebración de preacuerdos, el fiscal delegado debe: (i) presentar
argumentos fácticos y jurídicos que configuran la circunstancia, los cuales no
se podrán limitar a la indicación de la ocupación, el grado de escolaridad o el
lugar de domicilio y (ii) explicar cómo la circunstancia influyó en la
ejecución de la conducta punible. Además, (iii) indicar elementos materiales
probatorios, es decir, evidencia física en la que soporta la imputación de la
circunstancia de menor punibilidad alegada. Señala expresamente que “en
ningún caso se imputarán circunstancias de menor punibilidad que no estén
debidamente acreditadas fáctica y jurídicamente”.
Esta exigencia que pesa sobre los fiscales
delegados de acreditar las circunstancias de menor punibilidad que reconocen
puede extraerse también de la Directiva 01 de 2006 de la FGN según la
cual “la nueva adecuación típica deberá hacerse de tal forma que no
modifique la esencia de la conducta, el objeto material ni los sujetos activo y
pasivo”.
Sobre
esta postura asumida por el ente acusador, la Universidad Externado manifestó
en su intervención lo siguiente:
“[S]upondría una lesión grave al prestigio de
la administración de justicia que estas circunstancias de atenuación punitiva
se reconozcan cuando no medie un mínimo probatorio que indique su efectiva
concurrencia, más grave aun, que se concedieran en eventos que, por su naturaleza,
escapan al ámbito de estas causales de atenuación punitiva”[276].
73. En
particular, refiriéndose a los casos que son objeto de estudio en esta ocasión
y en cita de un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, la Universidad Libre
consideró que aprobar estos preacuerdos en los que no se configuró la
circunstancia que se reconoció por los fiscales implica abrir la puerta para
que, en cualquier delito, sin que importe el monto de la defraudación o la
calidad de los imputados, se conceda este tipo de ventajas:
“Si se deja al capricho de la FGN suscribir
preacuerdos en los que se pacten causales como la marginalidad, la pobreza, ira
o intenso dolor, se permitiría que la igualdad no opere en esta forma
anticipada de terminación del proceso porque ningún criterio objetivo
orientaría su otorgamiento o negación”[277].
El argumentar desde esta posición, permite
plantearse el interrogante sobre si el estándar probatorio debe ser el mismo
cuando se alega la circunstancia en mención dentro de un preacuerdo como atenuante
punitivo, y cuando se alega como causal de ausencia de responsabilidad. Y en
esta medida, el principio de legalidad aplica de forma irrestricta y con el
mismo rigor en ambos supuestos.
Sobre el particular, el Instituto
Colombiano de Derecho Procesal – en adelante ICDP – en su intervención señala
que sobre esta postura, en caso de estar demostrada la circunstancia de menor
punibilidad del art. 56, “no podría incorporarse su reconocimiento como
beneficio del resultado de una negociación, debido a que se trata de una
circunstancia que por principio de legalidad tiene que ser reconocida a quien
la padece pues, de lo contrario, se afectarían derechos fundamentales del
procesado”[278].
Específicamente, el ICDP señala que para
que se configure la causal de menor punibilidad del artículo 56 C.P. “debe
tratarse de circunstancias que (…) no tengan la entidad suficiente para ser la
base de una causal de exclusión de tipicidad, antijuricidad o culpabilidad
porque, en este último evento, lo que se configuraría jurídicamente sería una
causal de ausencia de responsabilidad y no un atenuante punitiva”. Para
ilustrar este asunto, el ICDP presentó algunos ejemplos:
“La ignorancia
es un presupuesto fáctico que podría dar lugar a la configuración de un error
de tipo o de un error de prohibición, causales de exclusión de la
responsabilidad contempladas en el artículo 32 del C.P., y también puede ser la
base de la atenuante punitiva establecida en el artículo 56 del C.P. De igual
forma, la pobreza o la marginalidad podrían constituir la base de un estado de
necesidad, causal de exclusión de responsabilidad enlistada en el artículo 32
del C.P., y también puede ser atenuante punitiva conforme lo dispuesto en el
artículo 56 del C.P.
En cualquiera de
los dos ejemplos propuestos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las
que se haya presentado la ignorancia, la pobreza o la marginalidad serán
determinantes para establecer si estamos en presencia de un caso de ausencia de
responsabilidad o en un caso de responsabilidad penal con atenuación punitiva”[279].
74. Lo anterior quiere decir que, efectivamente, el
estándar probatorio no debe ser el mismo en los dos supuestos. De este modo,
cuando se invoca la causal como atenuante punitivo en los casos de aceptación
temprana de la responsabilidad y celebración de preacuerdo, la carga del Estado
de acreditar la existencia de la causal se flexibiliza, lo que no quiere decir
que no exista un deber del ente acusador de aportar un mínimo de evidencia de
la circunstancia que alega. En
esta etapa procesal, el aporte de elementos matriales probatorios no obede a un
aporte de “pruebas” en el sentido estricto y técnico del C.P.P., sino que hace
referencia a cualquier evidencia que prima facie indique una relación de
coherencia con la causal de atenuación punitiva que se pretende reconocer, la
cual se tiene como evidencia suficiente para su reconocimiento.
Lo anterior puede
inferirse de lo dispuesto en la Sentencia del 15 de noviembre de 2018:
“En los casos de aceptación temprana de la
responsabilidad, si bien, como lo prevé el artículo 327, ibídem, no podrá
comprometerse la presunción de inocencia del procesado, la carga probatoria del
Estado se morigera, precisamente a fin de no obstaculizar esas formas de
terminación anticipada de la actuación, por la voluntad libre, conciente y
suficientemente informada del procesado, al señalarse que solo procederán “si
hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría y participación en la
conducta y su tipicidad”. Luego, se reitera, es completamente equivocada la
pretensión del demandante acerca de la necesidad de un debate o contradicción
en juicio relacionado con la suficiencia de los elementos materiales
probatorios, evidencia física o información legalmente recolectada, en los que
soporta la Fiscalía la imputación o la acusación”[280].
A partir de lo anterior, considera la Sala que, así
como se requiere un mínimo de evidencia que permita inferir la autoría de la
conducta por parte del imputado o acusado para que no se comprometa la
presunción de inocencia del procesado y se pueda realizar el preacuerdo,
también se requieren elementos materiales probatorios o evidencias físicas al
menos sumarias que acrediten las circunstancias de menor punibilidad que se
alega influyeron en la perpetración del delito.
De nuevo, advierte la Sala que esta línea
interpretativa de la Corte Suprema de Justicia que exige un mínimo de prueba de
las circunstancias de menor punibilidad resulta ser la que se ajusta a la ratio
decidendi de la Sentencia C-1260 de 2005 de esta Corporación.
Conforme a esta sentencia que constituye cosa juzgada constitucional, el Fiscal
no podrá seleccionar libremente o modificar el tipo penal correspondiente, sino
que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso. Lo anterior indica, sin
duda alguna, que para el reconocimiento de las circunstancias del artículo 56
del C.P. al celebrarse
preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aquel tampoco tiene plena libertad
para hacer la adecuación típica de la conducta, “pues se encuentra limitado
por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso”[281]. Por esta razón, puede concluir la
Sala que un preacuerdo en el que el fiscal reconoce circunstancias
atenuantes de responsabilidad como la marginalidad, la ignorancia o la pobreza
extrema (artículo 56 del C.P.), las cuales no encuentran respaldo en los hechos
del proceso, implica en sí mismo una modificación del tipo penal, conducta que
contraría la cosa juzgada contenida en la Sentencia C-1260 de 2005.
A partir de lo anterior, la Corte advierte
que este deber de los fiscales delegados de someter los términos del preacuerdo
estrictamente a los fundamentos jurídicos y fácticos contenidos en la
imputación (Sentencia C-1260 de 2005) no solamente garantiza que el imputado o
procesado no se va a beneficiar eventualmente de circunstancias que no fueron
respaldadas por ninguna evidencia al interior del proceso. También asegura que,
de estar completamente probada determinada circunstancia, el juez no profiera
una sentencia condenatoria pese a la alegación de culpabilidad del procesado.
“(…) el juez de conocimiento
no está obligado a proferir una sentencia de condena, cuando a pesar de existir
una alegación de culpabilidad, determina que la prueba aducida al trámite es
demostrativa de que el agente actuó, por ejemplo, en un claro error de
prohibición invencible o en una insuperable coacción ajena”[282].
75. En conclusión, la posición asumida por
algunas universidades en sus intervenciones[283]
indica que, en virtud del derecho a la justicia y al derecho a la obtención de
la verdad procesal que tienen las víctimas, (i) la tipificación preacordada no
puede carecer de relación lógica con los fundamentos fácticos y jurídicos que
fueron objeto de la imputación, y (ii) el preacuerdo debe exponer de forma
clara y coherente los hechos jurídicamente relevantes, los cuales deben estar
respaldados por los elementos de prueba y las evidencias que hasta el momento
haya recaudado el fiscal delegado, incluidas las referentes a las
circunstancias de menor punibilidad que se reconozcan.
El alcance del derecho a la participación de la víctima como
interviniente especial en la celebración de preacuerdos respecto de delitos
graves
76. El numeral 7° del artículo 250 de la Constitución
establece como obligación de la Fiscalía General de la Nación velar por la
protección de las víctimas. Concretamente, en el proceso penal acusatorio, esta
obligación se traduce en el deber de la Fiscalía de garantizar la vigencia de
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mismas a lo largo
del proceso. Esto implica que corresponde al legislador, de manera general, y a
los jueces constitucionales, en casa caso, definir cuál es el contenido y
alcance de los derechos de las víctimas durante cada etapa del proceso penal
ordinario y cuáles son los deberes que se derivan de los mismos para el ente
acusador.
En este sentido, el artículo 11 del C.P.P. que
tiene el carácter de principio rector del ordenamiento procesal penal precisa
que, como un desarrollo del deber del Estado de garantizar el acceso a las
víctimas a la administración de justicia, las víctimas tendrán derecho “f) A
que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el
ejercicio de la persecución del injusto”. De otra parte, el inciso 4º del
artículo 351 del C.P.P. señala que “los preacuerdos celebrados entre
Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan
o quebranten las garantías fundamentales”.
Una interpretación sistemática de estas disposiciones
permite advertir que tanto fiscales delegados como jueces de conocimiento están
llamados a velar porque las garantías fundamentales de las víctimas, entre ellas la verdad, la justicia y la
reparación, sean respetadas al interior de un proceso penal.
Como se puede inferir de las subreglas planteadas en los
acápites anteriores, la celebración y aprobación de preacuerdos en
desconocimiento de los límites legales y constitucionales puede causar un
enorme impacto sobre los derechos de las víctimas. Por esta razón, la
jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado ampliamente el alcance del
derecho que tienen las víctimas a participar en cada una de las etapas del
proceso penal.
Como bien lo recordó el Fiscal General en su Directiva
10 de 2016 –que realiza un
examen detallado de los derechos procesales de las víctimas en el proceso penal
ordinario – los artículos 348,
350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004 establecían anteriormente que la Fiscalía
y el acusado o imputado podían realizar preacuerdos y acuerdos, sin que las
víctimas del injusto pudieran pronunciarse negativa o positivamente sobre los
mismos.
77. La Corte Constitucional, en ejercicio del control
abstracto y concreto de constitucionalidad de estas disposiciones, ha concluido
que esta normativa no contempla un mecanismo de participación de las víctimas
en estas instancias procesales, ni siquiera un papel pasivo o una intervención
mediada por el fiscal, y que esta falta de participación implica una
vulneración de sus derechos fundamentales[284].
La Sentencia
C-516 de 2007 estudió la constitucionalidad de los artículos 348 y 350
(parciales) del C.P.P. que establecen que la fiscalía y el imputado o acusado
podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso. En esta
oportunidad, los demandantes señalaron que las normas planteaban una omisión
legislativa relativa al permitir que los preacuerdos se realizaran sin la
participación efectiva de las víctimas pese a que estos implican decisiones
importantes sobre la terminación del proceso penal. En esta oportunidad, la
Corte concluyó:
“Teniendo en
cuenta que no existe necesaria coincidencia de intereses entre la fiscalía y la
víctima, en la etapa de la negociación de un acuerdo, los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral pueden resultar
desprotegidos en esta fase crucial y definitoria del proceso. La
intervención de la víctima en esta etapa resulta de particular trascendencia
para controlar el ejercicio de una facultad que envuelve un amplio poder
discrecional para el fiscal, sin que con ello se afecte su autonomía ni el
ejercicio de las funciones que le son propias. Resulta manifiesto que la
omisión del legislador pone en riesgo la efectividad de los derechos de la
víctima y significa un incumplimiento de los deberes constitucionales que tiene
el legislador en la protección de los derechos de la víctima, y por ello se
toma inconstitucional” (Negrita
fuera del original).
Indicó que el objetivo de permitir la participación de
la víctima en esta etapa del proceso es “lograr una mejor aproximación a los
hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita
incorporar en el acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la
víctima”[285].
Además, la Corte sostuvo que, una vez celebrado el
acuerdo la víctima debe ser informada a fin de que pueda estructurar una
intervención ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a
su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras a su aprobación, el
juez velará porque no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del
imputado o acusado, como de la víctima (inciso 4 del Artículo 351 del C.P.P.).
De otra parte, la misma sentencia aclaró que la
víctima también tiene la potestad de aceptar las reparaciones efectivas que
puedan resultar de los preacuerdos entre el fiscal e imputado o acusado, o
rehusarlas y acudir a otras vías judiciales (inciso 6º del artículo 351 del C.P.P.).
A su vez, conserva la potestad de impugnar la sentencia proferida de manera
anticipada (artículos 20 y 176 del C.P.P.), y promover el incidente de
reparación integral (artículo 102 del C.P.P.) en la oportunidad correspondiente[286].
Con fundamento en lo anterior, esta
Corporación declaró esta disposición condicionalmente exequible en el entendido
que “la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y
preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser
oída e informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar
el acuerdo”. Por último, estableció que propiciar la participación no
afecta la autonomía del Fiscal para acusar, ni lo desplaza en el ejercicio de
facultades que le son propias:
“(…) propiciar la fijación
de una posición por parte de la víctima frente a los preacuerdos y las
negociaciones no afecta la autonomía del Fiscal para investigar y acusar, ni lo
desplaza en el ejercicio de las facultades que le son propias. Por el contrario,
la intervención de la víctima provee a la justicia de información valiosa para
determinar si la pena propuesta es aceptable o no en el mejor interés de la
sociedad y de la administración de justicia. La inclusión del punto de vista de
la víctima resulta también valiosa para rectificar información aportada por la
defensa y por la fiscalía que puede conducir a  evitar una sentencia injusta
que no se  adecue a la verdad de los hechos y su gravedad”[287].
78. Posteriormente, la Sentencia C-059
de 2010[288]
estudió la constitucionalidad de los artículos 348,
350, 351 y 352 del C.P.P. En esta sentencia, la Corte reiteró algunas de las subreglas que fueron planteadas en
anterior providencia y señaló que “(iv) la intervención de las víctimas en
los acuerdos y preacuerdos debe ser compatible con los rasgos esenciales del
sistema penal de tendencia acusatoria; (v) no existe una necesaria coincidencia
de intereses entre la víctima y la Fiscalía, situación que debe ser tenida en
cuenta en materia de preacuerdos; (vi) si bien la víctima no cuenta con un
poder de veto de los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa, tiene
derecho a ser oída e informada acerca de su celebración”.
79. Estas subreglas fueron reiteradas recientemente en
la Sentencia C-372 de 2016[289],
en la cual esta Corporación señaló que, en todos los mecanismos de negociación
anticipada, los derechos de las víctimas deben ser garantizados, de manera que “el
proceso de negociación de los acuerdos y preacuerdos no puede ser ajeno
a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación, lo cual significa que el juez que los apruebe deberá
escucharlas, tener en cuenta su participación y tomar en consideración sus
intereses” (Negrita fuera del original).
Adicionalmente, sostuvo que excluir a las víctimas de
los procesos de negociación que concluyen en acuerdos y preacuerdos, afecta
sustancialmente sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, e
implica un incumplimiento de los deberes constitucionales que tiene el
legislador en relación con las finalidades del preacuerdo (artículo 348 del
C.P.P.).
80. De otra parte, esta Corte también ha tenido la
oportunidad de estudiar algunos casos particulares en los cuales los fiscales
delegados han desconocido los límites legales y constitucionales para la celebración
de preacuerdos respecto de delitos graves cometidos contra niños, niñas y
adolescentes – en adelante NNA. Por ello, en aplicación de los anteriores
precedentes, ha denunciado los impactos significativos que tiene para los
derechos fundamentales de la víctima el desconocimiento de los límites de los
preacuerdos cuando se negocia sobre delitos graves, como los delitos contra la
integridad sexual, especialmente cuando la víctima es un sujeto de especial protección.
81. La Sentencia T-794 de 2007[290]
conoció el caso de un preacuerdo celebrado por la Fiscalía 23 de Manizales con
el sindicado de un delito de abuso sexual de menores, pese a la proscripción que existe para celebrar preacuerdos como
presupuesto de rebaja de pena en los delitos de abuso sexual en menores
(numeral 7º del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia).
En esta ocasión, la Corte señaló que, en un Estado Social
de Derecho, la administración de justicia penal tiene como finalidad última la
protección de los derechos fundamentales, y de otros bienes constitucionalmente
garantizados mediante “la investigación y sanción de los atentados graves
que se ocasionen contra el disfrute pleno de éstos; y asimismo, el
resarcimiento pleno e integral a las víctimas de los perjuicios causados por el
delito”.
Expuso que antes de la expedición de la Ley 1098 de 2006, “delitos tan
execrables como el acceso carnal abusivo con menores de 14 años, gracias a los
acuerdos entre fiscalía y defensa, (…) producían condenas irrisorias que
fácilmente alcanzaban a poner en entredicho los beneficios de la justicia
reparativa y generaban desconfianza respecto del sistema de justicia”. Mencionó
que, según informe de la Defensoría del Pueblo presentado en el marco de la
discusión legislativa de la Ley de Infancia y Adolescencia, “en el primer
año de implementación del sistema acusatorio, en Bogotá y el Eje Cafetero se
adelantaron 13.000 investigaciones por estos delitos, de las cuales llama la
atención fueron conciliadas 7000, precluidas 2000, vinculados 48 casos y sólo 4
sentencias fueron condenatorias”.
En este caso, la Corte sostuvo que la decisión
de la Fiscal configuró un defecto sustancial, porque “(a) a pesar
del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación del preacuerdo fue inaceptable por ser
evidentemente contrario al ordenamiento jurídico; (b) la ausencia
de consideración y aplicación del principio de primacía de la prevalencia del
interés superior de las menores víctimas del delito contra su integridad
sexual”. Por esta razón, se declaró nulo el preacuerdo referido
para que el proceso se inicie nuevamente con base en los términos señalados en
la nueva Ley de Infancia y la Adolescencia, para los delitos cometidos contra
menores de edad.
Así mismo, en relación con las actuaciones procesales de la
fiscalía durante el proceso de negociación señaló que el nuevo proceso que se
lleve a cabo en cumplimiento de este fallo, deberá tener en cuenta ciertos parámetros
de protección de la dignidad e intimidad de las víctimas de delitos sexuales
dentro del proceso penal:
“1) El derecho a que se garantice su acceso a un recurso legal
efectivo, de tal manera que se asegure la efectividad de sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación;
2) El derecho a expresar sus opiniones y preocupaciones y a ser
escuchadas, y a que se les comuniquen todas las decisiones que puedan afectar
sus derechos;
3) El derecho a ser tratadas con respeto y consideración durante
todo el proceso judicial y a que se adopten medidas para evitar que el proceso
penal conduzca a una segunda victimización, por ejemplo, reduciendo las
molestias que puedan causarle las diligencias que se adelanten en el proceso,
tales como contactos directos con el agresor, repetición innecesaria de
exámenes o pruebas, etc.;
4) El derecho a ser protegidas contra toda forma de coerción,
violencia o intimidación;
5) El derecho a que se valore el contexto en que ocurrieron los
hechos objeto de investigación sin prejuicios contra la víctima;
6) El derecho a que se adopten medidas para evitar injerencias
innecesarias en la vida íntima de la víctima;
7) El derecho a solicitar a las autoridades judiciales que se
abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que
conlleven una intromisión innecesaria, o desproporcionada de su derecho a la
intimidad;
8) El derecho a que se entienda que no existe consentimiento real
y libre de presiones, por la simple ausencia de rechazo físico o de expresiones
que lo exterioricen;
9) El derecho a que la investigación penal se adelante con
seriedad y objetividad y esté orientada al esclarecimiento de la verdad y al
logro de la justicia.
10) El derecho a que se garantice su acceso a un recurso legal
efectivo, de tal manera que se asegure la efectividad de sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación”.
82. De otra parte, en la Sentencia T-484 de 2018[291],
la Sala Quinta de Revisión conoció el caso un preacuerdo celebrado por la
Fiscalía 17 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Puerto Rico
(Caquetá) con el sindicado de un delito de acto sexual con menor de 14 años. En
este preacuerdo, se cambió el delito imputado por el de ‘acoso sexual agravado’
y, al igual que en el caso anterior, se celebró pese a la proscripción que existe para celebrar preacuerdos como
presupuesto de rebaja de pena en los delitos de abuso sexual en menores
(numeral 7º del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia).
En esta oportunidad, la Corte dejó
sin efectos la sentencia del juez de conocimiento y el preacuerdo que había
aprobado la misma, y aplicó la misma regla de decisión de la sentencia T-794 de
2007, para lo que dispuso que, en el nuevo proceso que se lleve a cabo en
cumplimiento de esta decisión, se tengan en cuenta los mismos parametros
mencionados por esa sentencia. Además, agregó:
“(…) la connotación de
género de este caso tiene una protección reforzada, en consideración a que la
violencia sexual contra las mujeres, cuando es cometida aprovechando la
vulnerabilidad que se predica erróneamente de su sexo en ciertos contextos
sociales, constituye una violación del derecho a la igualdad y evidencia la
discriminación contra la misma[292]. En este caso, se debieron
garantizar medidas de prevención e investigación y, ante las pruebas allegadas,
no se adelantó el debido proceso en procura de garantizar su reparación” (Negrita fuera del original).
Como se observa, la Corte ha
reconocido que respecto de delitos graves, como los delitos contra la
integridad sexual, existen parámetros especiales que deben ser tenidos en
cuenta por los fiscales al momento de celebrar preacuerdos, a fin de proteger los
derechos a la dignidad y  a la intimidad de las víctimas; entre ellos, el derecho a
que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos sin prejuicios contra la
víctima; y el derecho a
que la investigación se adelante con seriedad y objetividad y esté orientada al
esclarecimiento de la verdad y al logro de la justicia. De igual modo, se ha
establecido que los casos de violencia sexual contra la mujer requieren
atención especial por parte del ente acusador, debido a la protección reforzada
de la que es merecedora la víctima.
Además, si se tiene en cuenta que en
muchos de estos casos los patrones de discriminación ya existentes contra la mujer
se combinan con otras categorías identitarias (edad, clase, etnicidad,
situación de discapacidad, ruralidad, entre otros) que crean nuevas estructuras
de discriminación y desempoderamiento[293]. Estos supuestos, sin duda,
demandan una consideración mayor por parte de los fiscales delegados, quienes
son los primeros llamados a respetar las ‘garantías fundamentales’
(entre ellas el derecho a la participación de la víctima) al momento de
celebrar los preacuerdos en un proceso penal.
83. En este mismo sentido, el Comité de
la CEDAW[294]
en el Caso S.V.P. v Bulgaria[295],
concluyó que cualquier acto de violencia sexual o de contenido sexual cometido
en perjuicio de las mujeres y, en particular, de las niñas, debería ser
sancionado como delito grave por los Estados parte, imponiéndose penas graves
correlativas a este delito a los agresores.
En este caso, la señora S.V.P, madre de V.P.P,
presentó una comunicación ante el Comité, en razón de los daños sufridos por su
hija después del acto de violencia sexual del que fue víctima. A la edad de 7
años, V.P.P, fue atacada por B.G., vecino de su localidad, quien abusó
sexualmente de ella. Este acto le causó una discapacidad mental y varios
trastornos emocionales correlativos. En el caso, debido a que el delito no era
considerado como grave por el Estado de Bulgaria, el Tribunal del Distrito de
la causa autorizó una transacción penal entre el Fiscal y el acusado
acordando una condena a prisión de tres años con remisión condicional de la
pena (posibilidad de suspender la pena).
En esta oportunidad, el Comité de la CEDAW encontró responsable al Estado de
Bulgaria por la falta de protección, en la legislación y en las políticas del
Estado. Señaló la
obligación de los Estados de eliminar la discriminación de las mujeres de todas
las edades. En razón del artículo 1º y la Recomendación General N. 19, la discriminación
contra la mujer incluye la violencia basada en el género, para ello señala
que los Estados deben adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir los
actos públicos o privados de violencia basada en el género. También indica que los
Estados pueden ser responsables de actos privados en virtud del artículo 2 e)
de la CEDAW si no adoptan medidas para impedir la violación de los derechos o
para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas[296].
Luego de analizar el caso, el Comité manifestó
su preocupación por el delito y la sanción recibida por el agresor:
“El Comité considera que los hechos ocurridos en el caso revelan las
agresiones sexuales y un intento de violación, en virtud de lo cual manifiesta
su preocupación por el juzgamiento del acto como abuso sexual y no como
violación o intento de violación. En consecuencia de esta decisión manifiesta
su inconformidad con la transacción penal realizada en el caso y la pena
recibida, siendo esta considerablemente inferior a la pena máxima prevista en
la legislación. Por estas razones el Comité considera que el Estado de Bulgaria
incumplió el artículo 2 a), b), f), g) de la Convención ya que no adoptó
medidas positivas adecuadas para castigar con eficacia la violación y violencia
sexual, así como medidas legislativas que pudiesen entrañar un apoyo y
protección para la víctima”[297].
En esta oportunidad, el Comité recomendó al Estado de
Bulgaria, entre otras cosas, derogar el artículo 158 del Código Penal y
garantizar que todos los actos de violencia sexual contra las mujeres y las
niñas, especialmente la violación, se tipifiquen de conformidad con las normas
internacionales y se investiguen debidamente, y que los agresores sean
procesados y condenados en consonancia con la gravedad de sus delitos.
84. Lo dicho hasta aquí permite
advertir que existen algunos eventos en los cuales, debido a la gravedad de los
delitos que se investigan (homicidio, violencia sexual) y a la situación de
especial vulnerabilidad de las víctimas (niños y niñas, adultos mayores,
mujeres en situación de discapacidad), se demanda de las autoridades judiciales
en un proceso penal una mayor consideración para que se atienda a los intereses
de las víctimas y se respete el derecho de la víctima a participar.
De este modo, la Corte considera que en
los procesos penales que se adelanten respecto de delitos graves y donde
intervengan sujetos de especial protección constitucional en calidad de
víctimas, el derecho a la participación de estas últimas demanda de las
autoridades (fiscales delegados y jueces de conocimiento) una protección
constitucional reforzada. Lo anterior implica no solo que los fiscales y
los jueces penales deberán adoptar medidas diferenciales para lograr su
participación efectiva dentro del proceso penal, sino que además deberán
prestar mayor atención a que su participación no caiga en el vacío, sino que
con ella se cumplan efectivamente los objetivos que tiene su intervención en el
proceso penal, tal y como lo manifestó esta Corte en la Sentencia C-516 de
2006.
85. Por último, llama la atención de
esta Corte el hecho de que, históricamente, la violencia
de género ha sido descrita como una problemática entre la mujer y su agresor.
Sin embargo, como recientemente lo advirtió la Sentencia T-735 de 2017[298] de esta Corte al desarrollar
el concepto de la violencia de género institucional, el mismo Estado
también puede ser responsable de diversas formas de violencia de género
institucionalizada, no solo por su acción u omisión, sino por desplegar actos
que obstaculicen el ejercicio y goce de derechos como el acceso a la justicia.
En esta sentencia, este Tribunal indicó que, tal y
como se ha entendido en el sistema interamericano, “la ineficacia judicial
en casos de violencia contra las mujeres ‘propicia un ambiente de impunidad que
facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía
un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y
aceptada como parte del diario vivir’[299].
Para la Comisión la tolerancia estatal es una pauta sistemática en relación con
la violencia contra las mujeres, que ‘perpetua[ba] las raíces y factores
psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia
contra la mujer’”[300].
86. En esta medida, la Corte considera que un desconocimiento
de la especial relevancia que guarda la voz de la víctima de violencia sexual
en un proceso penal y, más específicamente, en la celebración de un preacuerdo
que tiene el potencial de afectar mayormente sus derechos por terminar
anticipadamente el proceso, puede convertirse en un escenario de violencia de
género institucionalizada en la que el Estado revictimize a la mujer al no
garantizar efectivamente su derecho de acceso a la justicia.
Solución a los casos concretos
Solución al caso
T-6.931.099: Las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente o defecto fáctico al improbar un
preacuerdo basado en marginalidad no demostrada
87. En el presente caso, el accionante pretende el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia al considerar que le fueron vulnerados por los
jueces de conocimiento, al improbar el preacuerdo que celebró con la Fiscalía
33 Seccional de Dosquebradas dentro del proceso penal que se adelantaba en su
contra, el cual reconoció la circunstancia de marginalidad del artículo 56 del
C.P. sin que fuera mínimamente demostrada. Por
ello, pretende que se declare que los autos interlocutorios que decidieron
sobre el preacuerdo incurrieron en los  defectos sustantivo, fáctico y en
desconocimiento del precedente, que se dejen sin efectos, y que se
ordene proferir una nueva providencia que tenga en cuenta que la independencia
que le asiste al ente acusador faculta a los fiscales a reconocer la
marginalidad como atenuante, siempre y cuando no se quebranten garantías
procesales de los intervinientes.
Revisadas las pruebas
allegadas, la Sala constató lo siguiente:
88. En la audiencia de formulación de acusación[301] del 30 de mayo de
2017, el fiscal formuló acusación en contra del señor Jorge Eliécer Álvarez
Benítez como presunto autor del delito de porte de armas de fuego (artículo 365
del C.P.), en concurso heterogéneo con disparo de arma de fuego contra vehículo
(artículo 356 del C.P.), acusación ante la cual el ciudadano no aceptó cargos y
le fue impuesta medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
Posteriormente, en la audiencia preparatoria del 29 de agosto de 2017,
la defensa manifestó que había aceptado las conductas imputadas y había llegado
a un preacuerdo con el fiscal, a cambio de que le reconociera la condición de marginalidad
del artículo 56 del C.P. Como
resultado, la pena se tasó en 18 meses de prisión los cuales, debido al
concurso de conductas punibles, se incrementaron en 12 meses más por el delito
del artículo 356 C.P., para un total de treinta (30) meses de prisión.
89. Posteriormente, en audiencia del 13 de febrero de 2018[302], el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) improbó el preacuerdo en primera
instancia al considerar que no
evidenció una retribución justa y rompió el principio de legalidad en lo
pactado pues, pese a que el señor Álvarez Benítez fue capturado en flagrancia[303], la pena se degradó
ostensiblemente al otorgársele una rebaja del 83%. Agregó que la facultad de
celebrar preacuerdos debe ser ejercida dentro de ciertos límites, por eso el
fiscal debió brindarle al juez los elementos probatorios necesarios que le
indicaran que la marginalidad reconocida sí era predicable respecto del
acusado. Sostuvo que, desde la imputación, la fiscalía le reconoció un
beneficio al procesado al no adecuar típicamente los hechos en una tentativa de
homicidio o lesiones personales, por lo que no podía otorgarse un beneficio
adicional. También indicó que la negociación no cumplió los fines del artículo
348 del C.P.P. porque condenar casos similares con penas tan distintas
desprestigiaba la administración de justicia y, a su paso, violaba el principio
de igualdad.
90. En segunda
instancia, mediante auto interlocutorio del 20 de abril de 2018[304], la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pereira confirmó la
decisión, luego de considerar
que en el expediente no se encontró ningún ‘medio probatorio’ ni
sustento fáctico que permitiera enmarcar la situación del señor Álvarez Benítez
en el supuesto de marginalidad y pobreza, pese a que la jurisprudencia de la
CSJ y la legislación procesal vigente señalan que el juez, al verificar la
legalidad del preacuerdo, debe velar porque exista un mínimo probatorio que
permita inferir, sin necesidad de certeza, la probable existencia de ese evento[305]. Por el
contrario, la tenencia de un arma de fuego y de un vehículo automotor denotaba
que el procesado no se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica.
Además, el fugarse al estrellar el otro automóvil, disparar ante los reclamos,
y negarse a dar su información personal a la fiscalía, permitía inferir que el
procesado comprendía la ilicitud de sus actos[306].
91. Luego de analizar las pruebas aportadas al
presente proceso, la Sala concluye que las providencias judiciales acusadas en
vía de tutela no incurrieron en ninguno de los defectos mencionados. Para
realizar el análisis de cada uno de los defectos, primero, presentará lo
aducido por la parte accionante respecto estos en el escrito de tutela.
Posteriormente, retomará brevemente los argumentos desarrollados por los jueces
de instancia que decidieron sobre el presente amparo. Por último, la Sala razonará
sobre la argumentación de la demandante y la de los jueces de tutela a fin de analizar
si hubo o no la configuración de los defectos que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, constituyen requisitos específicos de
procedibilidad de la acción de tutela.
Defecto sustantivo
92. El demandante alegó que las
providencias incurrieron en un defecto sustantivo porque no tuvieron en cuenta
la normativa sobre preacuerdos que desarrolla la independencia que le asiste al
ente acusador para preacordar, siempre que no se quebranten garantías procesales
de los intervinientes en el proceso penal.
93. Los jueces de instancia en sede de
tutela concedieron el amparo y le dieron la razón a la peticionaria al
considerar que la calificación jurídica adoptada por la Fiscalía solo puede ser
cuestionada por el juez en el evento en que aparezca acreditada la lesión a
derechos fundamentales.
94. La Sala concluyó que las providencias judiciales
acusadas no incurrieron en un defecto sustantivo porque (i) los jueces penales
sí tuvieron en cuenta la normativa de preacuerdos y la interpretaron y
aplicaron conforme a los postulados constitucionales y, en consecuencia, (ii)
observaron que la normativa de preacuerdos establece límites a la independencia
que le asiste al ente acusador para preacordar.
(i) Los jueces penales sí tuvieron en
cuenta la normativa de preacuerdos y la interpretaron y aplicaron conforme a
los postulados constitucionales
La Sala observa que la Sentencia C-1260 de 2005 dejó
en claro que la calificación
jurídica resultante de un preacuerdo debe atender, de forma estricta,  los
hechos jurídicamente relevantes expuestos en la imputación. Esta sentencia
estableció que las partes que
negocian en un preacuerdo deben aportar los elementos materiales probatorios
que ilustren la configuración de la circunstancia que alegan.
El artículo 56 del C.P. señala de forma literal que el reconocimiento de la marginalidad como
atenuante de responsabilidad se configura solamente en los eventos en
que: (i) el procesado se encuentre en ‘profunda’ situación de
marginalidad, (ii) esta situación influya directamente en la ejecución del
delito; y (iii) la misma no tenga la entidad suficiente para excluir la
responsabilidad.
A partir de lo anterior, la Corte observa que la
lectura del artículo 56 de la Ley 599 del 2000 realizada por los operadores
judiciales debe partir de la interpretación que la Corte Constitucional le ha
dado al numeral 2º del artículo 350 del C.P.P., en tanto que es la lectura
conforme a la Carta definida por el órgano de cierre en la interpretación de
las garantías superiores. En este sentido, la Sentencia C-1260 de 2005 sostuvo
que:
“la facultad del
fiscal en el nuevo esquema procesal penal está referida a una labor de
adecuación típica, según la cual, se otorga al fiscal un cierto margen de
apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a lograr un acuerdo se le
permite definir si puede imputar una conducta o hacer una imputación que
resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta negociación el Fiscal no
podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente sino que deberá obrar
de acuerdo con los hechos del proceso”[307].
Bajo esta lógica, es evidente que tanto la normativa
como la jurisprudencia han dejado en claro que las circunstancias que se alegan
en los preacuerdos deben encontrar respaldo en la imputación. A partir de esta
interpretación, un amplio sector de la Corte Suprema de Justicia[308] ha sostenido que los
fiscales delegados que reconozcan algunas de las circunstancias del artículo 56
(marginalidad, ignorancia o pobreza extremas) deben adjuntar los elementos
materiales probatorios, información recopilada o evidencia física en la que
soporten la imputación de la circunstancia de menor punibilidad alegada. En
este mismo sentido, la Fiscalía General de la Nación[309] en sus directivas del
2006 y del 2018 ha respaldado la postura de la CSJ en relación con el caracter
objetivo que debe tener el reconocimiento de las circunstancias de menor
punibilidad.
A diferencia de lo sostenido por la parte
accionante y por los jueces de instancia en el presente amparo, la Sala observa
que los jueces penales que decidieron sobre el preacuerdo sí tuvieron en cuenta
la normativa  y los precedentes con efectos erga omnes de esta
Corporación. Justamente, lo que hicieron los funcionarios judiciales en sus
providencias fue realizar una interpretación conforme a la Constitución
Política (artículo 4) de la normativa, e interpretar el artículo 56 del Código
Penal a partir de lo dispuesto en la Sentencia C-1260 de 2005. Esto les
permitió concluir que la independencia y autonomía del ente acusador no lo
facultaba para preacordar en desconocimiento de los límites que le imponía la
Constitución y la ley y, por lo tanto, no lo autorizaba a reconocer la
circunstancia de marginalidad (artículo 56 C.P.) sin que la misma encontrara
respaldo en los hechos de la imputación; es decir, sin que existiera un mínimo
de evidencia o elementos probatorios para acreditarla.
(ii) Los jueces advirtieron que la
normativa de preacuerdos establece límites a la independencia que le asiste al
ente acusador para preacordar, los cuales no fueron respetados por el fiscal
del caso.
Como se concluyó en los fundamentos jurídicos precedentes
de esta providencia, los fiscales delegados son los primeros llamados a acatar
los límites impuestos para la celebración de preacuerdos[310]; y por lo tanto, su
discrecionalidad para negociar es reglada[311]
pues el empleo de este mecanismo judicial se encuentra sometido al cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Constitución Política, la jurisprudencia
constitucional y la Ley 906 de 2004.
De una parte, la Sala observa que la
aplicación de la marginalidad, en este caso, degradó ostensiblemente la pena,
pues no se evidenció una retribución justa y no se respetó el principio de
legalidad que tiene respaldo constitucional. Por esta razón, la Sala observa
que los términos de esta negociación no respetaron las finalidades de
los preacuerdos (no humanizaron la actuación procesal y la pena); si bien esta
figura tenía la finalidad de otorgar un tratamiento más benévolo al imputado,
en este caso la aplicación de la marginalidad a una captura en flagrancia de un
concurso de conductas punibles derivó en una rebaja de la pena a 30 meses de
prisión con suspensión condicional (numeral 1º del artículo 63 del Código Penal) la cual no respetó criterios de justicia
ni los principios de igualdad y legalidad.
La Sala insiste en que estas finalidades del inciso 1º del artículo 348
del C.P.P. por las que deben propender los preacuerdos no solo son un límite a
la discrecionalidad de los fiscales sino que son justamente un criterio que
debe ser valorado por los jueces penales encargados de realizar el control
del preacuerdo. Por eso, al advertir que el preacuerdo desconocía sus
finalidades, los jueces estaban facultados para improbarlo[312].
De otra parte, también comparte la Sala que
la decisión del fiscal no observó las directivas del Fiscal General
sobre la materia (inciso 2º del artículo 348 del C.P.P). Esto llevó a que
efectivamente, como lo manifestó la juez penal de primera instancia, se pactara
una pena muy distinta a la que normalmente se acuerda en casos similares a
capturados en flagrancia, lo cual sin duda desprestigió la administración de
justicia y, a su paso, violó el principio de igualdad.
Esta decisión no aprestigió la
administración de justicia pues, es probable que el ente acusador haya tomado
decisiones diferentes respecto de casos que presentan circunstancias relevantes
iguales. Por ejemplo, respecto de las rebajas permitidas en los casos de
flagrancia, el artículo 301 del C.P.P. permite a esta Corte inferir que el
acusado, al haber sido capturado en flagrancia, “sólo tendr(ía) ¼ del
beneficio de que trata el artículo 351[313]
de la Ley 906 de 2004”, disposición que contempla los beneficios que pueden
otorgarse en un escrito de acusación o un preacuerdo cuando hay aceptación de
cargos. Esta disposición evidencia que el legislador consideró que la
flagrancia no puede ser premiada, y, por eso se, trata de una circunstancia que
debe condicionar el proceso de negociación, ya que tiene una incidencia directa
en la tasación de la pena que haga el fiscal.
Como lo menciona la juez de primera instancia,
el analizar su situación frente a otros procesados a quienes, por haber sido
capturados en flagrancia, posiblemente se les ha aplicado estrictamente la
norma anterior (no habrán rebajas de pena mayores al 12.5% cuando haya
flagrancia y se celebre un preacuerdo[314])
permite advertir que, en este caso, la amplia discrecionalidad del ente
acusador al emplear estos mecanismos de justicia consensuada puede llegar a
poner en riesgo la igualdad ante la ley y, con ella, el prestigio de la
administración de justicia[315].
95. El defecto sustantivo ha sido entendido
como aquel que se configura cuando el juez desconoce la Constitución y la Ley
porque interpreta y aplica las normas de tal manera que contraría la
razonabilidad jurídica y viola las garantías superiores, como el principio de
legalidad. La Sala evidenció que los jueces penales, al improbar los
preacuerdos, aplicaron lo dispuesto en la Sentencia C-1260 de 2005 pues
sostuvieron que, en este caso, correspondía al fiscal brindarle al juez
elementos objetivos que le indicaran que, aquello que se reconocía
(marginalidad), sí existía en el caso concreto.
Por esta razón, la Sala concluye que las
autoridades demandadas no incurrieron en un defecto sustantivo, pues el control
del preacuerdo que realizaron estuvo orientado a determinar si el mismo
observaba la normativa vigente en relación con los fines de los preacuerdos
(artículo 348 del C.P.P.); los principios y valores superiores como el
principio de legalidad; los principios en los que se fundamental el sistema
procesal penal colombiano (autonomía de los fiscales en el ejercicio de la
acción penal e independencia y autonomia de la labor judicial), y si no
transgredía derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, y los
derechos a la justicia, verdad y reparación de las víctimas en el proceso
penal. Por el contrario, el haber desconocido lo resuelto en la Sentencia
C-1260 de 2005 en relación con la interpretación del numeral 2º del artículo
350 del C.P.P., sí habría implicado la configuración de un defecto sustantivo
por parte de los funcionarios demandados.
Defecto fáctico por indebida valoración
probatoria
96. La parte accionante adujo que las
providencias cuestionadas incurrieron en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria pues sí existían elementos materiales probatorios que
permitían establecer la marginalidad que le fue reconocida al procesado
como circunstancia de menor punibilidad en el preacuerdo[316]. En efecto, indica
que se encuentra acreditado que el señor Jorge Eliecer Álvarez Benítez, para el momento de la comisión del
ilícito, se encontraba bajo los efectos del alcohol y que fue esto lo que lo
llevó “a comportarse de una forma marginal, desconociendo en su totalidad
las reglas propias de un debido comportamiento”[317].
97. En este mismo
sentido, los jueces de
instancia en el presente amparo señalaron que el fiscal no se encontraba
obligado a acreditar la circunstancia que invocó ni siquiera con una “carga
probatoria mínima”. En otras palabras, plantearon que la accionante no
debía alegar defecto fáctico, porque los fiscales no tenían la obligación de
realizar valoración probatoria alguna encaminada a determinar sí existió la
circunstancia o no.
98. La Sala concluyó que las providencias judiciales
acusadas no incurrieron en un defecto fáctico porque efectivamente, tal y como lo advirtieron los jueces
penales, los elementos materiales probatorios que obraban en el proceso no
permitían inferir que se hubiera configurado una circunstancia de marginalidad
en el caso concreto ni que esta hubiera influido en la realización de la
conducta punible.
Para efectos de analizar el presente
defecto, primero es preciso recordar que, conforme a la normativa y
jurisprudencia desarrollada en esta providencia, el fiscal delegado sí tenía el
deber de aportar elementos materiales probatorios mínimos que permitieran
inferir que se configuraba la marginalidad en el caso, pero que no tuvieran “la entidad suficiente para excluir la
responsabilidad”[318].
En otras palabras, la circunstancia que se
alegó en el preacuerdo debía
encontrar respaldo en la
imputación.
Por esta razón, la Fiscalía 33 Seccional de
Dosquebradas sí estaba obligada a aportar evidencia mínima que permitieran
inferir que el señor Jorge Eliécer Álvarez Benítez, no solo se encontraba en
esa situación de profunda marginalidad, sino que la misma había sido
determinante para cometer el ilícito. No obstante lo anterior, la Sala advierte
que el fiscal del caso no aportó ningún elementos materiales probatorios
adicionales con el fin de acreditar la circunstancia que reconocía.
De otra parte, a diferencia de lo sostenido
por la actora, de los hechos que obraran en el proceso tampoco podía inferirse
la situación de marginalidad del procesado. Por el contrario, estos indicaban
que el procesado era una persona que comprendía la ilicitud de sus acciones y
no se encontraba en ninguna situación de vulnerabilidad social o económica.
La Sala recuerda que esta circunstancia es
una causal de atenuación punitiva contemplada en el artículo 56 del C.P. que se
presenta en aquellas personas que se encuentran completamente apartadas o
alejadas de la sociedad, lo que las lleva a no sentirse integradas en la misma,
e impide, incide o limita su comprensión o asimilación del injusto penal[319].
Pues bien, no comparte la Sala
el argumento de la accionante expresado en el escrito de tutela conforme al
cual, dado que existe evidencia al interior del proceso penal del estado de
alicoramiento del procesado, los jueces debieron entender que la marginalidad
fue demostrada mínimamente. La Sala advierte que la apoderada del señor Álvarez
Benítez realizó una interpretación equivocada de la marginalidad al
querer hacer ver a una persona en estado de alicoramiento como una persona
marginal.
En el escrito de tutela, la demandante
adujo que el señor Jorge Eliecer Álvarez Benítez se encontraba bajo los efectos
del alcohol y que esto lo llevó “a comportarse de una forma marginal,
desconociendo en su totalidad las reglas propias de un debido comportamiento”[320], situación que
permitía el reconocimiento de la situación de marginalidad en su caso.
Posteriormente, al pronunciarse
sobre el traslado de las pruebas del auto del 20 de abril de 2018, en sede de
revisión, manifestó:
“(…)
considero que esta situación mínimamente da la inferencia que, por el grado de
consumo en el que al parecer se encontraba, chocó con otro vehículo, emprendió
la huida y disparó un arma, comportamiento reprochable y por demás sancionable
penalmente dada la multiplicidad de bienes jurídicos puestos en peligro con el
actuar desplegado. Es así que infiero que el alcohol tuvo gran incidencia en su
comportamiento porque ¿Cómo saber si en sano juicio el señor Jorge Eliécer se
hubiera comportado anti normativamente?”[321].
La Sala insiste que el estado de embriaguez
en el cual el procesado se puso voluntariamente no es un supuesto de la
marginalidad y, por lo tanto, tal circunstancia de menor punibilidad no podía
reconocerse en este caso[322].
Ahora bien, contrario a lo señalado por la
parte accionante, la Sala comparte la apreciación del juez penal en segunda
instancia (Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira)
cuando señala que tales acciones como emprender la huida, disparar ante el
reclamo de la víctima, y negarse a dar los generales de ley a las autoridades son
una evidencia de que el sujeto comprendía la ilicitud de su comportamiento, y
por lo tanto no era una persona en condición de marginalidad. Además, el hecho
de que en el proceso se hubiera acreditado que, al momento del ilícito, el
procesado conducía una camioneta Mitsubishi y portaba un revolver permite
entender que el señor Álvarez Benítez no se encontraba en una situación de
vulnerabilidad económica, y por lo tanto, la perpetración del ilícito no estuvo
influenciada por ninguna circunstancia que amerite una menor punibilidad.
Sobre este asunto, la Universidad Externado
de Colombia manifestó que “resultan inadmisibles interpretaciones extensivas
como las del apoderado (sic) del señor Jorge Eliécer Álvarez Benítez, quien
acude a una acepción poco utilizada del concepto de marginalidad para concluir
que toda persona que entra en conflicto con el orden jurídico penal es un
marginado pues ‘actúa por fuera de las normas sociales comúnmente admitidas’”[323]. Efectivamente,
admitir una interpretación de este tipo implicaría que dicha circunstancia
podría ser reconocida a todas las personas que infringieran el ordenamiento
penal en estado de alicoramiento.
99. El defecto fáctico ha sido definido
como el supuesto en el cual el juez realiza una valoración caprichosa,
arbitraria o equivocada del material probatorio que obra en el proceso. En este
asunto, los jueces penales, al advertir que no existía una mínima evidencia de
que la circunstancia de marginalidad hubiera existido en el caso concreto
decidieron improbar el preacuerdo sobre la base de que la normativa y la
jurisprudencia constitucional han determinado que la adecuación típica que
realiza el fiscal debe encontrar sustento en los hechos del caso.
La Sala evidencia que, contrario a lo
dispuesto por los jueces de instancia en el presente amparo, sí existía una
obligación del fiscal de acreditar mínimamente la circunstancia de marginalidad
reconocida y, por esta razón, los jueces penales demandados no incurrieron en
un defecto fáctico. Lo que los jueces penales realizaron fue una debida
valoración de los elementos probatorios que obraban en el proceso a la luz de
las reglas de la sana crítica, que les permitió concluir que no existía
fundamento fáctico alguno del que se pudiera inferir que el procesado era una
persona en situación de marginalidad y que cometió el ilícito influenciado por
dicha circunstancia.
Desconocimiento del precedente
100. Por último, el accionante alega que
las providencias atacadas no tuvieron en cuenta la jurisprudencia de la Sala de
Casación Penal de la CSJ de acuerdo con la cual (i) el juez de conocimiento está obligado a aceptar el
acuerdo presentado por la Fiscalía, salvo que desconozca o quebrante garantías
fundamentales. Tampoco valoró la línea de dicho Tribunal en la que
sostiene que (ii) para el reconocimiento de una circunstancia de atenuación
punitiva, como la marginalidad, no es necesario que se demuestre dentro del
proceso penal.
101. Los jueces de instancia concedieron el
amparo e indicaron que el accionado se apartó del precedente fijado por la Sala
de Casación Penal de la CSJ sin razón alguna, particularmente, en lo
relacionado con la autonomía que tiene la fiscalía para realizar la
calificación jurídica y la imposibilidad de exigir una ‘carga probatoria
mínima’ para que la
circunstancia de marginalidad pactada en el preacuerdo tuviera vocación de
prosperidad.
102. La Sala concluye que las providencias judiciales
acusadas no incurrieron en un defecto por desconocimiento del precedente
porque, como fue aclarado en los fundamentos 36 a 57 de esta providencia, (i) no existe un precedente vinculante en la
Corte Suprema de Justicia sobre ninguno de los dos asuntos, por lo que el
funcionario judicial no desconoció ninguna regla jurisprudencial obligatoria sobre
la materia. Además, porque observó que (ii) los jueces penales acataron la cosa
juzgada constitucional contenida en la Sentencia C-1260 de 2005 que fijó el
alcance de la facultad de los fiscales de realizar la adecuación típica con
miras a preacordar, dentro de un proceso penal.
(i) No existe un precedente uniforme de la Corte Suprema
de Justicia que sea vinculante y que los jueces penales hayan ignorado
La Sala pudo advertir en el recuento de
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que efectuó en esta providencia
que, a diferencia de lo manifestado por la accionante y por los jueces de
tutela, no existe precedente uniforme obligatorio en la CSJ sobre ninguno de
los dos asuntos (alcance de la facultad de los jueces para realizar el control
de preacuerdos y deber de los fiscales de acreditar las circunstancias de menor
punibilidad que reconocen al preacordar), por lo que no podría hablarse de una
violación al debido proceso por desconocimiento del precedente en este caso.
En esta providencia, luego de analizar el
desarrollo jurisprudencial que estos asuntos han tenido en las distintas salas
de la CSJ, la Corte concluyó que  si bien no hay doctrina pacifica en dicho
Tribunal sobre el alcance de las facultades de los fiscales y jueces en la
celebración y control de los preacuerdos, sí puede concluirse que (i) la
facultad discrecional de los fiscales delegados para preacordar es reglada y se
encuentra limitada, y que (ii) los jueces de conocimiento no
están obligados a aceptar el preacuerdo sin importar los términos en que fue
pactado el mismo; por el contrario, están llamados a constatar que tales
límites hayan sido respetados por el ente acusador al momento de negociar
(fundamento jurídico 50).
Además, en el fundamento jurídico No. 56,
esta Corte concluyó que la postura de la CSJ que exige un mínimo de prueba de
las circunstancias de menor punibilidad resulta ser la que se ajusta a la ratio
decidendi de la Sentencia C-1260 de 2005 de esta Corporación, en la
que se estableció que el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal
correspondiente, sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso.
En otras palabras, que para el reconocimiento de las circunstancias del
artículo 56 del C.P., el fiscal no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta,
“pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que
resultan del caso”[324].
(ii) Los jueces penales acataron la
Sentencia C-1260 de 2005 que hace tránsito a cosa juzgada constitucional
Ahora bien, la Sala observa que pese a lo
anterior, sí existía una regla jurisprudencial de la Corte Constitucional que
era vinculante y plenamente aplicable a la celebración del preacuerdo y al
control que realizaron las autoridades judiciales demandadas de este.
Como ha sido reconocido por la misma CSJ, la Sentencia
C-1260 de 2005 dejó en claro que la labor del fiscal durante la negociación es
meramente de adecuación típica, por lo que si bien tiene un cierto margen de
apreciación para realizar una imputación menos gravosa con miras a llegar a un
preacuerdo, no puede seleccionar libremente el tipo penal correspondiente, sino
que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso. Esta sentencia con
efectos erga omnes que vincula a todos los jueces penales, fue a su vez
incorporada en la Directiva 01 de 2006 la cual, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 348 del C.P.P., debía ser observada por el fiscal al celebrar el
preacuerdo, “a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su
cuestionamiento”.
Esto indica que, conforme a la jurisprudencia
constitucional, el fiscal delegado se encontraba sometido a las circunstancias
fácticas y jurídicas que resultaban del caso, y que era este su primer límite
en el proceso de negociación. La Sala advierte que en la audiencia del 30 de mayo de 2017, en la
cual el Fiscal 33 Seccional formuló acusación en contra del señor Jorge Eliécer
Álvarez Benítez, el relato de las circunstancias fácticas y jurídicas de los
hechos se limitó a la configuración del delito de porte de armas de fuego en
concurso heterogéneo con disparo de arma de fuego contra vehículo. No se
aportaron elementos materiales probatorios, evidencia o información que
permitiera a los jueces razonar sobre la posible configuración de la
marginalidad como atenuante punitivo en el caso concreto. Por esta razón, al
realizar el control del preacuerdo conforme a lo dispuesto en la Sentencia
C-1260 de 2005 y verificar si el fiscal respetó los hechos del caso como primer
límite, los jueces de conocimiento no incurrieron en ningún defecto.
Lo que se advierte de parte de los jueces
demandados es que, al realizar la interpretación de la normativa aplicable al
caso en perspectiva constitucional,  acataron la cosa juzgada constitucional e
impusieron límites razonables al preacuerdo. Lo anterior dado que, al advertir
que no existía en el expediente ningún medio probatorio ni sustento fáctico que
permitiera enmarcar la situación del señor Álvarez Benítez dentro de una de las
hipótesis del artículo 56 del Código Penal, decidieron improbar el preacuerdo
por no haberse celebrado de acuerdo a los hechos del proceso.
103.
El defecto por desconocimiento del precedente ocurre cuando por vía judicial se
ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario judicial desconoce
la regla jurisprudencial establecida. En el presente caso, los jueces penales,
al decidir sobre la legalidad del preacuerdo, decidieron improbarlo por
encontrar que la adecuación típica realizada por el fiscal desconocía lo
dispuesto en la Sentencia C-1260 de 2005. La Sala advierte que las decisiones
atacadas no incurrieron en ninguno de los defectos alegados; tal y como lo
advirtieron los jueces penales, dado que conforme a la cosa juzgada constitucional
de la sentencia del 2005, el preacuerdo celebrado en este caso resultaba
inadmisible. Lo anterior, en razón a que en la descripción de los hechos
jurídicamente relevantes no se hizo referencia alguna a circunstancias que
puedan corresponder a situaciones de marginalidad. Por el contrario, como se
dejó claro, los hechos sí permitían descartar que la comisión de la conducta
punible hubiese estado influenciada por un contexto de ese tipo.
104.
Por último, llama la atención de la Corte que pese a que (i) en la audiencia de
verificación del preacuerdo del 26 de enero de 2018[325] el Procurador 150
Judicial II Penal señaló que la rebaja de pena concedida le parecía exagerada
debido a la “profunda gravedad” y el “alto peligro” de los actos
desplegados por el acusado contra la integridad personal de la víctima; y a que
(ii) en la audiencia del 13 de
febrero de 2018[326]
que decidió sobre el preacuerdo también manifestó expresamente que la rebaja de la pena fue exagerada y que no se
respetaron los fines del artículo 348 de la Ley 906 de 2004, este haya decidido finalmente no oponerse
al mismo y considerarlo ajustado a la legalidad.
Considera
la Sala fundamental reiterar que, así como a los fiscales y a los jueces les
corresponde actuar conforme a los postulados constitucionales, los procuradores
judiciales que intervienen en el proceso penal, también tienen la función de “vigilar
el cumplimiento de la Constitución,  las leyes, las decisiones judiciales y los
actos administrativos”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 277.1
constitucional, por lo que al funcionario le correspondía, en este caso, actuar
de forma coherente a lo advertido en el preacuerdo.
Por
esta razón, se deberá advertir
al Procurador 150 Judicial II
Penal que dentro de sus funciones se encuentra la de vigilar el cumplimiento de
la Constitución y las leyes y, en consecuencia, la de oponerse a preacuerdos
que advierta contrarios a los límites constitucionales y legales existentes
para su celebración.
105. Por todo lo anterior, la Sala negará
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración del actor y confirmará las decisiones judiciales por medio de
las cuales se improbó el preacuerdo. En consecuencia, dejará sin efectos el
preacuerdo referido para que el proceso se retome nuevamente con base en las consideraciones
hechas en esta providencia sobre los límites para la celebración de
preacuerdos, en especial, la relacionada a la correspondencia que el mismo debe
tener con las circunstancias
fácticas y jurídicas del caso.
Solución al caso T-7.256.420: Las
autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de la víctima al aprobar un
preacuerdo basado en marginalidad no demostrada y al no garantizar una
protección reforzada de su derecho a participar en el proceso penal
106. En el presente caso, la
accionante pretende el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y participación en el proceso penal de
la víctima, al considerar que le fueron vulnerados (i) por los jueces de
conocimiento al aprobar el preacuerdo que la Fiscalía 3º Seccional Caivas de
Fusagasugá celebró con José Siervo Morera Garzón dentro del proceso penal que
se adelantaba en su contra; y (ii) por la misma fiscalía al celebrar un
preacuerdo basado en marginalidad no demostrada y, presuntamente, impedir la
debida participación de la víctima como interviniente especial en el proceso
penal. Por ello, pretende que se declare que el ente acusador vulneró los
derechos fundamentales de la víctima y que las providencias judiciales que
decidieron sobre el preacuerdo incurrieron en una decisión sin motivación,
por lo que las mismas deben dejarse sin efectos.
107. A continuación, la Sala determinará,
por un lado, (a) si la fiscalía vulneró los derechos fundamentales de la
víctima al celebrar el preacuerdo en mención y limitar su participación en el
proceso de negociación del mismo; y por el otro (b) si los jueces penales de
conocimiento incurrieron en un defecto por decisión sin motivación al aprobar
el preacuerdo. Para ello, realizará un recuento de las actuaciones procesales
que precedieron la celebración del preacuerdo; una síntesis del contenido del
preacuerdo; y de las providencias judiciales que la Procuradora 181 Judicial
Penal de Bogotá indicó que vulneraban los derechos de su agenciada. Luego
estudiará si dichas actuaciones vulneraron el derecho al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la víctima y si los jueces penales de
conocimiento incurrieron en un defecto por decisión sin motivación al aprobar
el preacuerdo.
(i) Actuaciones procesales y
contenido del preacuerdo
108. Revisadas las pruebas
allegadas en sede de revisión, la Sala constató que, en la audiencia preliminar de
captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento[327] del
20 de septiembre de 2017, el fiscal le imputó cargos al señor Morera Garzón
como presunto autor a título de dolo por el delito de acceso carnal con persona
incapaz de resistir (artículo 210 C.P.) y le informó que comporta una pena de
12 a 20 años. La jueza legalizó la imputación y el imputado no aceptó los
cargos.
Posteriormente, el 30 de noviembre de 2017
se celebró preacuerdo entre la defensa del imputado y el Fiscal 3º
Seccional Caivas de Fusagasugá, en el cual se hizo un relato de los hechos más
detallado con la aclaración de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En
el acta consta que el imputado manifestó aceptar el cargo en los términos de la
imputación, a cambio de que se reconociera en su favor la circunstancia de marginalidad
contemplada en el artículo 56 del C.P. También se determinó que la
sanción a imponer sería de tres (3) años de prisión, lo cual el ente acusador
consideró “se conserva dentro del ámbito legal y bajo el factor de que en
los preacuerdos no obra la aplicación de los cuartos punitivos”[328].
La Fiscalía mencionó que, para la suscripción del preacuerdo, se apoyó:
1.
En el artículo 350.2
del C.P.P. que permite que en sede de preacuerdo se tipifique la conducta de
una forma específica que conlleve a disminuir la pena;
2.
En providencias de la
Corte Suprema de Justicia que respaldan esta facultad de la fiscalía y señalan
que el juez no puede realizar un control material sobre el preacuerdo y que,
por eso, le está vedado cuestionar la adecuación típica realizada por la
fiscalía; además, aquella que admite que los hechos imputados y sus
consecuencias también sean objeto de negociación por parte del fiscal.
109. De otra parte, al estudiar
las actuaciones procesales que
se llevaron a cabo durante la negociación[329],
la Sala advirtió que, en lo
relativo a la participación de la víctima, en el acta del preacuerdo consta que
el 24 de noviembre del 2017 el fiscal anotó que sostuvo conversación personal
con la madre de la víctima, “a quién se le indicó de las circunstancias,
condiciones y consecuencias del presente acuerdo, y de la posibilidad de
oponerse ante el juez de conocimiento, manifestando no tener objeción al mismo”[330].
110. La Sala también observa que en la
denuncia de los hechos presentada por la madre de la víctima el 4 de marzo de
2016[331],
ésta realizó una ampliación de los hechos en la que también señaló que,
anteriormente, ya había sido acosada sexualmente por el señor Morera Garzón
razón por la cual había querido irse de la casa[332]. Además, le solicitó
expresamente al fiscal que “se haga justicia para con el delito y el daño
que le causó este señor José Siervo a mi hija, aprovechándose de su
discapacidad mental”[333].
111. Además, la víctima había sido llamada
a entrevista el día 17 de mayo de 2016 en la cual realizó una descripción más
detallada de la gravedad de los hechos y declaró “yo lo único que quiero es
que se haga justicia, no importa cuanto tiempo pase, pero que ese señor le
castiguen por hacerme eso, porque yo le siento miedo, quiero que lo metan a la
cárcel y que no salga nunca más de allá por malo”[334].
La Sala observa que, pese a que la víctima
y su madre manifestaron expresamente su intención de que se hiciera justicia en
el caso y que los hechos perpetrados por el señor José Siervo Morera Garzón no
quedarán impunes, no se advierte que la fiscalía delegada haya tenido en cuenta
los intereses de las víctimas al momento de decidir preacordar en aplicación de
una una circunstancia de menor punibilidad, que sabían le otorgaría al
procesado el máximo de rebaja de pena posible. La decisión de la fiscalía
ignoró completamente lo manifestado por la víctima en los escenarios que tuvo
para participar en el proceso penal, y que fueron anteriores a la celebración
del preacuerdo.
(ii) Providencias judiciales demandadas
112. Ahora bien, en el auto
interlocutorio proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá el 5
de abril de 2018[335]
el juez decidió aprobar dicho preacuerdo con base en los siguientes
fundamentos:
1.
Porque el artículo 250
superior le otorgó el ejercicio de la acción penal a la FGN;
2.
Porque el artículo 348
del C.P.P. lo autorizó a celebrar preacuerdos si se cumplen ciertos fines,
algunos de los cuales se satisfacen: humanización de la actuación procesal,
obtención de pronta y cumplida justicia; y lograr la participación del imputado
en la definición de su caso;
3.
Porque este no era un
caso en el que se tuviera que cumplir con el requisito de restitución del
incremento patrimonial obtenido;
4.
Porque el único límite
a la celebración de preacuerdos que impone el C.P.P. es que se conceda un (1)
único beneficio, y aquí se concedió solamente la rebaja contemplada en el
artículo 56 del C.P. (marginalidad). Sobre el particular indicó
que “si bien es cierto es un beneficio que otorga un descuento alto, esto no
está prohibido (…) no puede el despacho simplemente por un factor subjetivo,
considerar que como la rebaja es alta, en este caso no pueda aprobar el
preacuerdo”[336].
Además de lo anterior, aseguró que los elementos materiales probatorios que
obran en el proceso “permiten determinar esta circunstancia”. No
obstante, posteriormente señaló: “la figura de los preacuerdos no implica
una demostración, ni si quiera una fundamentación fáctica o jurídica de que
exista esa causal (…) lo que determina es la posibilidad de una rebaja
cualquiera, bajo cualquier circunstancia y cualquier modalidad, ya lo contempla
el artículo 351” [337].
5.
Porque se permitió la
participación de la víctima. Sobre este asunto sostuvo que “no es que la víctima
pueda simplemente oponerse al preacuerdo (…) para oponerse debe plantear
argumentos relacionados en la misma Ley, conforme al artículo 351 y es que
incumpla alguno de los requisitos mencionados o se trate de una afectación de
garantías fundamentales”.
113. Posteriormente, mediante auto
interlocutorio proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca el 22 de mayo de 2018, confirmó integralmente la decisión anterior y aprobó
el preacuerdo. Adujo que, conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de
Justicia, el juez de conocimiento tiene vedado hacer un control material de la
adecuación típica y su fundamento probatorio. Agregó que según la CSJ,
la función de formular la acusación y tipificar la conducta punible es de la
FGN. Indicó que “cuando se reconoce un atenuante como compensación
por la aceptación de culpabilidad pre acordada, no resulta viable exigir la
demostración de la misma, pues de esta configurarse, se tendría derecho a la
rebaja punitiva correspondiente, conforme el momento de la negociación”[338].
Sostuvo que no se desconoció el principio
de legalidad de las penas dado que la norma que se aplicó prevé que si el
delito se cometiera en dicha circunstancia “incurrirá en pena no mayor del
máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva
disposición”; el que el delito de acceso carnal con incapaz de resistir
maneja un rango punitivo de 144 a 240 meses de prisión: ofrece como resultado
un ámbito de movilidad de 24 meses a 120 meses de prisión, límites que no
fueron desconocidos por la FGN en el preacuerdo.
114. Decisión sin motivación. La
procuradora judicial señaló que las decisiones demandadas desconocieron
múltiples principios y derechos constitucionales, como el deber del Estado de
proteger especialmente a las personas que, por su condición de salud física o
mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (artículo 4 de
la Ley 906 de 2004) y, en general, el deber de la FGN de velar por la
protección de las víctimas al adelantar el ejercicio de la acción penal. Agregó
que los jueces desconocieron los fines que consagra la ley para la realización
de los preacuerdos y la Directiva 001 de 2006 de la FGN. Indicó que este era un
caso particular pues versaba sobre “un hecho de alto impacto y conmoción,
por las especiales condiciones de la víctima que era sujeto de indiscutible
especial protección”. Por último, solicita que “no se imparta aprobación
al preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y su victimario y
se redefina aquél, en términos de la ‘humanización de la actuación penal’ y del
‘prestigio a la administración de justicia’ y de ‘eficacia de los derechos de
‘verdad’ y ‘justicia’ a (sic) la víctima”[339].
115. Pues bien, una vez
analizada la motivación de los jueces para aprobar el preacuerdo celebrado por
la fiscalía, advierte esta Sala que las providencias demandadas incurrieron en
un defecto de decisión sin motivación porque (i) realizaron una interpretación
de la normativa de preacuerdos contraria a los postulados constitucionales, los
fines de los preacuerdos y las garantías fundamentales de la víctima; y (ii) no
aplicaron un enfoque diferencial al realizar la valoración jurídico-probatoria
de los términos del preacuerdo, que tuviera en cuenta las particularidades de
la víctima como mujer en situación de discapacidad, víctima de violencia
sexual.
(i) Los jueces realizaron
una interpretación de la normativa de preacuerdos contraria a los postulados
constitucionales y a las finalidades del artículo 348 del C.P.P.
116. En primer lugar, si bien
los jueces invocaron la normativa de preacuerdos para fundamentar su decisión
aprobatoria, la interpretación que esgrimieron no es respetuosa de la cosa
juzgada constitucional, de los precedentes de esta Corporación, de los fines de
los preacuerdos y de las garantías fundamentales de la víctima. Como lo desarrolló
in extenso esta providencia, y contrario a lo expresado por el juez de
conocimiento de primera instancia, existen límites constitucionales y legales
para el empleo de estos mecanismos de la justicia negociada, los cuales no
fueron respetados con la celebración y aprobación del mismo. Como se dejó claro
en líneas anteriores, la labor de los fiscales es de adecuación típica y su
postestad de celebrar preacuerdos esta limitada por las circunstancias fácticas
y jurídicas que resultan del caso (Sentencia C-1260 de 2005), razones por las
cuales la circunstancia de marginalidad no podía reconocerse si no fue
acreditada al menos sumariamente dentro de la imputación.
En el presente caso, la Sala
pudo verificar que la perpetración del ilícito penal por parte del señor Jose
Siervo Morera Garzón no obedeció a una situación de marginalidad. Por el
contrario, según la evidencia que obra en el expediente, el procesado es un
adulto que vivía en sociedad con su familia; detentaba la posesión de un
inmueble que era propiedad de su compañera permanente; mantenía relaciones
comerciales activas derivadas del mercado que funcionaba en el primer piso del
inmueble y, además, era un adulto consciente de la situación de indefensión de su
víctima que, pese a tener 38 años de edad, tenía una edad mental de 6 años y
una discapacidad motora que le impedía defenderse de una agresión de este tipo.
De otra parte, comprendía claramente la ilicitud de los hechos que realizaba
pues pensó y maquinó el delito y lo realizó cuando la mujer se encontraba sola
porque su mamá había salido al mercado. Además de todo lo anterior, conocía de
las limitaciones que tendría la mujer para denunciar ante las autoridades la
agresión sexual debido a su situación de discapacidad mental.
(ii) Los jueces no aplicaron
un enfoque diferencial al realizar la valoración jurídico-probatoria de los
términos del preacuerdo
117. En segundo lugar, se
advierte que en la etapa del control del preacuerdo, la víctima manifestó, por
medio de su apoderado, su desacuerdo. En efecto, interpuso recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia que lo aprobó. En la audiencia
de aprobación del preacuerdo celebrada el 5 de abril de 2018 señaló lo
siguiente:
“(…) señores magistrados
tengan en cuenta que este es un caso especial, estamos ante una persona incapaz
que tiene 38 años y se encuentra con una evolución mental de 6 años (…) esto
que se está otorgando acá raya con la legalidad (…) aquí se trajo un hecho
jurídicamente nuevo (…) es una pena irrisoria frente a la gravedad del delito
(…) hay que humanizar la pena para ambos lados, para que: a conducta dañina,
retribución justa. (…) la situación fáctica no se puede modificar en aras de
supuestamente buscar una justicia pronta, ágil”[340].
118. Esta Corporación, en Sentencia C-516
de 2017, estableció que la intervención de la víctima en un proceso penal
provee a la justicia de información valiosa para determinar si la pena
propuesta es aceptable o no en el mejor interés de la sociedad y de la
administración de justicia. Además, recordó que la inclusión del punto de vista
de la víctima era valioso para evitar una sentencia injusta que no se adecue a
la verdad de los hechos y a su gravedad.
Pues bien, pese a que también en esta etapa
la víctima se opuso al preacuerdo por medio de su apoderado, no se advierte que
los jueces de conocimiento hayan tenido en cuenta sus intereses y su punto de
vista para realizar el control del preacuerdo. Por el contrario, esta Corte
observa que la argumentación de los jueces fue completamente ajena a su deber
de satisfacer los derechos de la víctima a la verdad, la justicia y la
reparación, e ignoró completamente la voz de la mujer al plantear los términos
de la negociación.
119. Del anterior relato de las pruebas que
obran en el proceso, no se observa que el ente acusador haya empleado un
enfoque de género y un enfoque de discapacidad para realizar la valoración del
caso. Por ejemplo, no realizó ninguna consideración sobre el modo en que se
perpetró el ilícito; y del hecho de que el agresor se hubiera aprovechado de la
condición de discapacidad cognoscitiva y motora de la víctima, y hubiera mostrado
conductas de acoso sexual de la víctima posteriores a la comisión del delito.
Tampoco valoró que hubiese existido un aprovechamiento de la condición de
discapacidad de la víctima, ni el hecho de que las mujeres jóvenes y niñas con
discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de ser sometidas a
violencia sexual, por lo que se encuentran en un mayor riesgo. Además, que
históricamente las mujeres en situación de discapacidad han estado sometidas a
más barreras para acceder a la justicia en casos de violencia sexual[341].
120. Lo anterior permite
concluir que, pese a ser relevante y necesario en este caso, los jueces no
aplicaron un enfoque diferencial a la valoración jurídico-probatoria de los
términos del preacuerdo; las providencias judiciales incurrieron en un defecto
por falta de motivación en los términos expuestos en los fundamentos de esta
providencia.
121. Esta Corte advierte que las decisiones
de las autoridades judiciales en este caso no cumplieron con la finalidad de
los preacuerdos de aprestigiar la administración de justicia, no solo porque el
reconocimiento de la causal de marginalidad no respondió a los hechos
del caso ni a la verdad del proceso sino, además, porque es a todas luces
evidente que, la aplicación de dicha circunstancia implicó una rebaja de la
pena que no se compadece con los intereses de la víctima, con sus
circunstancias particulares como mujer con discapacidad, ni con la gravedad del
delito cometido por el procesado.  Lo anterior, pone en entredicho que, en este
caso, el Estado haya cumplido satisfactoriamente su obligación de investigar y castigar los actos de
violencia sexual conforme lo dispone el derecho internacional (literal e del
artículo de la CEDAW), y haya garantizado efectivamente la protección reforzada
a la que tienen derecho las mujeres víctimas de violencia sexual, al interior
de un proceso penal.
122.
El defecto por decisión sin motivación ha sido definido como el incumplimiento
por parte de los servidores judiciales del deber de exponer los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones. Así mismo, como la omisión del deber de
aplicar un enfoque de derechos fundamentales para decidir en los casos que se
le presenten, pese a advertir la necesidad del mismo según las circunstancias
del caso. En este caso, los jueces de instancia aprobaron un preacuerdo que no
solo desconoció los límites para preacordar contenidos en la normativa y en la
jurisprudencia constitucional al reconocer una circunstancia de menor
punibilidad que no se encontraba probada en el proceso, sino que además,
omitieron gravemente la aplicación de un enfoque de género y un enfoque de
discapacidad para la valoración de las circunstancias fácticas y jurídicas del
caso. En consecuencia, los jueces penales no otorgaron protección reforzada al
derecho de la víctima a participar en la celebración del preacuerdo. Por esta
razón, las providencias mencionadas incurrieron en una decisión sin motivación,
dado que a pesar de que el preacuerdo celebrado en este caso resultaba
inadmisible al desconocer los fines de los preacuerdos y los derechos
fundamentales de las víctimas de violencia sexual al interior de un proceso
penal, lo aprobaron sin motivar sus decisiones de forma razonable.
Por
esta razón, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la víctima, y revocará
las decisiones que decidieron su aprobación. En consecuencia, dejará sin
efectos el preacuerdo referido para que el proceso se inicie nuevamente con
base en las consideraciones hechas en esta providencia sobre los límites para
la celebración de preacuerdos, en especial, la relacionada a la correspondencia
que el mismo debe tener con
las circunstancias fácticas y jurídicas del caso, y la consideración de los
derechos fundamentales de la víctima que se encuentran en juego en el caso que
se estudia.
Todo lo anterior le permitió a la Sala identificar la
necesidad de formación en género y derechos humanos que tienen los fiscales y
jueces penales del país, particularmente, en lo relacionado con el derecho a la
participación efectiva de las mujeres víctimas de violencia sexual en el
proceso penal y la obligación internacional que tiene el Estado de sancionar
este tipo de delitos.
La Corte también constató la importancia de que los
fiscales y jueces penales valoren en los casos sobre violencia sexual que se
les presenten para su conocimiento, las posibles situaciones de discriminación
intersectorial de las mujeres que han sido víctimas de estos delitos.
Esta Corte ha reiterado en su jurisprudencia que las
víctimas de violencia sexual resultan expuestas a un mayor grado de
vulnerabilidad y de afectación de sus garantías constitucionales y legales
cuando se enfrentan a múltiples factores de discriminación simultáneamente[342]. Para describir este
fenómeno mediante el cual concurren diversos supuestos de discriminación en una
misma mujer, se ha acuñado el concepto de interseccionalidad, el cual
permite a las autoridades públicas advertir cuando se encuentran frente a un
caso que demanda una atención especial debido a la discriminación estructural
que padece la mujer en un caso concreto[343].
Sobre el particular, la Declaración sobre Eliminación
de la Violencia contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
advirtió la condición de vulnerabilidad de las mujeres cuando se enfrentan ante
otros factores de discriminación adicionales a su género, como por ejemplo “las
mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las
mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas,
las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las
niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en
situaciones de conflicto armado”.
También la Relatora Especial sobre Violencia contra
las Mujeres señaló en su informe que, en los casos en que el género se
intersecta con otros factores de discriminación como la discapacidad o la
pobreza, la violencia sexual tiene causas especiales, toma distintas formas y
genera consecuencias únicas[344]
en la víctima, situación que debe ser dimensionada por los funcionarios
judiciales que están llamados a ser garantes de los derechos fundamentales de
las partes al interior del proceso penal y que asumen el conocimiento de estos
casos especiales.
Sobre el particular, la Sentencia T-448 de 2018[345] recordó igualmente
que en el “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la
mujer” del Secretario General de las Naciones Unidas se hizo alusión a la
intersección de múltiples formas de discriminación, y se insistió en que la
interseccionalidad opera en muchos niveles en relación con la violencia contra
la mujer y que “la discriminación múltiple moldea las formas de violencia
que experimentan las mujeres”.
En esta sentencia, la Corte desarrolló a fondo el concepto
de la “interseccionalidad” como una herramienta de hermenéutica jurídica para
analizar casos de mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual.
Respecto del mismo manifestó:
“Ante la colisión de diversos componentes
de desigualdad se ha implementado el concepto de interseccionalidad, el cual
permite, por un lado, comprender la complejidad de la situación y, por otro,
adoptar las medidas, adecuadas y necesarias para lograr el respeto, protección
y garantía de sus derechos [75]. Concepto que se ha ido desarrollando en los
casos de violencia cometidos contra la mujer, respecto de las cuales por su
género, per se están expuesta a factores estructurales de desequilibrio en la
sociedad. (…)
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso de González Lluy contra Ecuador, señaló que “ciertos grupos
de mujeres padecen discriminación a lo largo de su vida con base en más de un
factor combinado con su sexo, lo que aumenta su riesgo de sufrir actos de
violencia y otras violaciones de sus derechos humanos”[77]. (…)
Igualmente, la Corte Constitucional ha
reconocido que la convergencia de factores estructurales de vulnerabilidad
repercute en la generación de riesgos adicionales contra la mujer, de tal
manera que la combinación de los mismos crea “una situación de naturaleza
concreta con cargas de discriminación mayores por la confluencia de los
factores” [80]. En consecuencia, ante la “interseccionalidad, los Estados están
obligados a adoptar medidas diferentes para los distintos grupos poblacionales
de mujeres discriminadas.” [81] Se trata, en consecuencia, de mujeres expuestas
a más de un factor de discriminación como, por ejemplo, su edad, en el caso de
las niñas o adultas mayores; su situación financiera, cuando tienen escasos
recursos económicos; su situación de salud física o psicológica, como sucede en
el caso de quienes se encuentran en estado de discapacidad; su orientación
sexual; su condición de víctimas de violencia o del conflicto armado, de
desplazamiento forzado, de refugiadas; de migrantes; de mujeres que habitan en
comunidades rurales o remotas; de quienes se encuentran en condición de
indigencia, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas; las mujeres
indígenas, afro descendientes o miembros de población Rrom; las mujeres en estado
de embarazo, cabeza de familia, víctimas de violencia intrafamiliar, entre
otros.
En consideración a lo anterior, la Sala
advierte que el marco jurídico internacional y nacional ha reconocido que los
factores de exclusión contra las mujeres cuando concurren simultáneamente en un
caso concreto, las expone a un mayor grado de vulnerabilidad y a ser agredidas
por diferentes tipos de violencia, entre estas, la violencia sexual; y, muchas
veces, a una indebida e inoportuna respuesta del Estado. Por consiguiente, es
obligación de las autoridades, incluyendo las judiciales, responder con las
medidas, necesarias y adecuadas, para lograr la protección, respeto y garantía
de los derechos de las mujeres afectadas por dichas fuentes estructurales de
desigualdad, en procura de contrarrestarlas y lograr la efectiva
materialización de sus derechos. En esa medida, las autoridades
administrativas y judiciales deben tener en cuenta para la solución de los
casos concretos, además de los criterios señalados en el acápite anterior, las
condiciones o el contexto al cual se encuentran expuestas las víctimas de
violencia sexual, en procura de adoptar las medidas que respondan efectivamente
a la interseccionalidad de los factores de discriminación” (Negrita fuera
del original).
Por ejemplo, en el caso de las mujeres y niñas en
situación de discapacidad, como el que es objeto de estudio, es una realidad
que éstas experimentan, con una mayor frecuencia que las mujeres sin
discapacidad, la violencia de género; lo cual incluye la violencia física y
sexual. Esto es agravado por el hecho de que las personas con discapacidades
cognitivas tienen limitaciones para expresarse y para comprender y conocer sus
propios derechos, por lo que frecuentemente no exigen su garantía efectiva o,
incluso, no denuncian los crímenes que son cometidos en su contra[346]. Por esta razón, la
valoración que los fiscales y jueces penales hagan sobre la posible afectación
de un derecho fundamental como resultado de una negociación con el acusado o
imputado dentro de un proceso penal, deberá ser mucho más intensa en los casos
en los cuales se combinan los efectos de diversas formas de discriminación,
como los del género y la discapacidad[347].
En conclusión, como lo estableció la misma
providencia, la Sala reitera que la convergencia de factores estructurales de
vulnerabilidad repercute en la generación de riesgos adicionales contra la
mujer que deben ser valorados por las autoridades judiciales al momento de
decidir sobre los términos de una negociación o la aprobación o improbación de
un preacuerdo.
Conclusiones y órdenes a proferir
·
La administración de
justicia penal, en todas sus etapas (investigación y juzgamiento), debe
atenerse a la Constitución y a la ley, y debe dirigirse a garantizar la
efectividad de los principios, deberes y derechos fundamentales consagrados en
la Constitución Política. Por esta razón, al advertir por parte de las
autoridades judiciales una interpretación de la normativa de preacuerdos que
resulta contraria a dichos mandatos superiores, le compete a la Corte
Constitucional la labor de establecer, en última instancia, el contenido
constitucionalmente vinculante de los principios constitucionales y los
derechos fundamentales dentro del proceso penal.
·
La discrecionalidad de
los fiscales delegados para negociar es reglada, pues el empleo de este
mecanismo de la justicia consensuada se encuentra sometido al cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Constitución Política y en los tratados y
convenios ratificados por Colombia, la jurisprudencia constitucional y la ley.
Por esto, son los primeros llamados a acatar los límites impuestos para la
celebración de preacuerdos, siendo uno de ellos el deber de obrar de acuerdo
con los hechos del proceso. Solo el acatamiento de los fiscales a la normativa
vigente sobre preacuerdos permite evitar arbitrariedades en el ejercicio de la
acción penal y una efectiva materalización de los principios de igualdad y
seguridad jurídica en la administración de justicia.
·
Los fiscales no cuentan
con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible (Sentencias
C-516 de 2007 y C-059 de 2010). La labor de los fiscales en el nuevo esquema
procesal penal es de adecuación típica, por lo que si bien tienen un cierto
margen de apreciación para realizar una imputación menos gravosa con miras a
llegar a un preacuerdo, no pueden seleccionar libremente el tipo penal
correspondiente, sino que deberán obrar de acuerdo con los hechos del proceso
(Sentencia C-1260 de 2005, Directiva
01 de 2006 FGN, Directiva 01 de 2018 FGN). En consecuencia, la facultad de celebrar
preacuerdos se encuentra limitada por las circunstancias fácticas y jurídicas
que resultan del caso, límite que aplica para el reconocimiento de las causales
de atenuación punitiva consagradas en el artículo 56 del Código Penal.
·
En desarrollo del
principio de legalidad del proceso penal, el artículo 56 del C.P. debe ser
interpretado de forma exégetica y a la luz de lo dispuesto en la Sentencia
C-1260 de 2005 de esta Corporación, que hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional. En esta virtud, puede concluirse que para el reconocimiento de
las circunstancias de atenuación punitiva del artículo 56 del Código Penal en
un preacuerdo a suscribirse por el fiscal, deben mediar elementos materiales
probatorios, evidencia física o información que permitan inferir mínimamente no
solo que el acusado o imputado se encontraba en una situación de ignorancia,
marginalidad, o pobreza extrema, sino que lo anterior influenció directamente
la perpetración del injusto penal.
Lo anterior, indica que (i) la tipificación
preacordada no puede carecer de relación lógica con los fundamentos fácticos y
jurídicos que fueron objeto de la imputación y, además, (ii) el preacuerdo debe
respaldar los hechos jurídicamente relevantes por los elementos de prueba y las
evidencias que hasta el momento haya recaudado el fiscal delegado, incluidas
las referentes a las circunstancias de menor punibilidad que se reconozcan.
En efecto, un preacuerdo en el que el fiscal reconoce
circunstancias atenuantes de responsabilidad como la marginalidad, la
ignorancia o la pobreza extrema (artículo 56 del C.P.), las cuales no
encuentran respaldo en los hechos del proceso, implica en sí mismo una
modificación del tipo penal, conducta que contraría la cosa juzgada contenida
en la Sentencia C-1260 de 2005.
·
Los jueces penales son
también jueces constitucionales, por lo que están llamados a proteger los
derechos fundamentales y los principios constitucionales al solucionar las
controversias que se les presenten. Por esta razón, su intervención al realizar
el control de un preacuerdo celebrado por la fiscalía no se limita a la
verificación de aspectos formales, sino que se extiende a la verificación de
que el mismo cumple los fines que el legislador previó para el empleo de este
mecanismo (artículo 348 del C.P.P.); respeta las garantías fundamentales (inciso 4 del artículo 351 y artículo 368
del C.P.P) y otros límites
previstos por el legislador y, en general, garantiza los principios
constitucionales y los derechos fundamentales de las partes en el proceso
penal.
Al verificar el cumplimiento de los requisitos legales
de los preacuerdos, lo que el juez penal realiza es un control material, no
solo porque en virtud de su rol de juez constitucional le corresponde verificar
que no se transgredan principios constitucionales y derechos fundamentales,
sino porque la misma Ley 906 de 2004 al regular la figura, dejó claro que los
preacuerdos debían respetar las garantías fundamentales, siendo algunas de
ellas el principio de legalidad; los derechos fundamentales de las partes
intervinientes y los fines del artículo 348 del estatuto procesal penal.
·
El poder discrecional
de la fiscalía para suscribir preacuerdos y la autonomía de los jueces para
ejercer su control encuentran un límite en el derecho que tienen las víctimas a
participar en el proceso penal. En virtud de este derecho, si bien la víctima
no cuenta con un poder de veto de los preacuerdos, sí deberá ser oída e
informada por el fiscal en la celebración del preacuerdo y por el juez
encargado de aprobar el acuerdo (inciso 4 del Artículo 351 del C.P.P. y
Sentencia C-516 de 2007).
El objetivo de permitir la
participación de la víctima en esta etapa del proceso es lograr una mejor
aproximación a los hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio,
que permita incorporar en el acuerdo, en cuanto sea posible, el interés
manifestado por la víctima. Lo anterior, por cuanto su intervención provee a la
justicia de información valiosa para determinar si la pena propuesta es
aceptable o no en el mejor interés de la sociedad y de la administración de
justicia. Además, permite rectificar información aportada por la defensa y por
la fiscalía que puede evitar una sentencia injusta que no se  adecue a la
verdad de los hechos y a su gravedad (Sentencia C-516 de 2007).
·
En los
procesos penales que se adelanten respecto de delitos graves y donde
intervengan sujetos de especial protección constitucional en calidad de
víctimas (violencia sexual de mujeres en situación de discapacidad), el derecho
a la participación de estas últimas demanda de las autoridades (fiscales
delegados y jueces de conocimiento) una protección constitucional reforzada.
·
Cuando en un proceso
ordinario, pese a ser necesaria la aplicación de una perspectiva de análisis de
los principios constitucionales y los derechos fundamentales relevantes (i.e.
enfoques de género y/o discapacidad), se advierte por la Corte Constitucional
que la misma no está presente en la valoración jurídico-probatoria que hizo el
juez de conocimiento, se puede afirmar que dicha providencia judicial incurrió
en un defecto por falta de motivación (Sentencia T-269 de 2018).
·
En el expediente
T-6.931.099, las providencias judiciales acusadas que improbaron el preacuerdo
celebrado por la Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas en el que se reconoció
al procesado la circunstancia de marginalidad del artículo 56 del C.P. sin que
fuera demostrada no incurrieron en un defecto sustantivo porque (i) los
jueces penales sí tuvieron en cuenta la normativa de preacuerdos y la
interpretaron y aplicaron conforme a los postulados constitucionales y a lo
dispuesto en la Sentencia C-1260 de 2005 y, en consecuencia, (ii) observaron
que la normativa de preacuerdos establece límites a la independencia y la
discrecionalidad que le asiste al ente acusador para preacordar, los que les
impedían reconocer una circunstancia de menor punibilidad que no se desmotrara
dentro del proceso y, en consencuencia, degradar ostensiblemente la pena en
desconocimiento del principio de legalidad.
Tampoco configuraron un defecto
fáctico porque, pese a existir una obligación del fiscal de acreditar mínimamente
la circunstancia de marginalidad reconocida, no obraban en el proceso elementos
materiales probatorios que permitieran inferir la configuración de esta
condición.
Finalmente, no incurrieron en
un desconocimiento del precedente en razón a que (i) no existe un
precedente vinculante en la Corte Suprema de Justicia sobre ninguno de los dos
asuntos planteados en la demanda (alcance del control judicial del preacuerdo y
reconocimiento de circunstancias de menor punibilidad), por lo que el
funcionario judicial no desconoció ninguna regla jurisprudencial obligatoria
sobre la materia. Además, porque (ii) los jueces penales acataron el precedente
contenido en la Sentencia C-1260 de 2005 que fijó el alcance de la facultad de
los fiscales de realizar la adecuación típica con miras a preacordar, dentro de
un proceso penal, e hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
Por esta razón, la Sala negará
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de Jorge Eliécer Álvarez Benítez y confirmará las decisiones
judiciales por medio de las cuales se improbó el preacuerdo. En consecuencia,
dejará sin efectos el preacuerdo referido para que el proceso se retome
nuevamente con base en las consideraciones hechas en esta providencia sobre los
límites para la celebración de preacuerdos.
·
En el expediente
T-7.256.420, las providencias judiciales acusadas que aprobaron el preacuerdo
celebrado por la Fiscalía 3º Seccional CAIVAS de Fusagasugá en el que se
reconoció al procesado la circunstancia de marginalidad del artículo 56 del
C.P. sin que fuera demostrada, configuraron una decisión sin motivación
porque (i) los jueces realizaron una interpretación de la normativa de
preacuerdos contraria a los postulados constitucionales y a las finalidades del
artículo 348 del C.P.P. pues reconocieron la condición de marginalidad al
procesado a pesar de que existían elementos materiales probatorios que, de
forma objetiva, permitían inferir que no se encontraba en tal situación. Además,
porque (ii) pese a ser relevante y necesario en este caso, los jueces no
aplicaron un enfoque diferencial a la valoración jurídico-probatoria de los
términos del preacuerdo. De otra parte, la Sala advirtió que tanto la fiscalía
delegada como los jueces de conocimiento no otorgaron una protección reforzada
al derecho de la víctima a participar en la celebración del preacuerdo.
Por esta razón, la Sala concederá el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
Heidy Carolina Reyes López, y revocará los autos interlocutorios que decidieron
aprobar la negociación. En consecuencia, dejará sin efectos el preacuerdo
referido para que el proceso se inicie nuevamente con base en las
consideraciones hechas en esta providencia sobre los límites para la
celebración de preacuerdos, en especial, la relacionada a la correspondencia
que el mismo debe tener con
las circunstancias fácticas y jurídicas del caso, y la consideración de los
derechos fundamentales de la víctima y el enfoque intersectorial que demandaba
el análisis de este proceso penal.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- Dentro del expediente T-6.931.099, REVOCAR la decisión
proferida el 27 de julio de 2018 por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, mediante la cual se concedió el amparo al señor Jorge
Eliécer Álvarez Benítez en segunda instancia, y se confirmó la decisión del a
quo en el mismo sentido. En su lugar, NEGAR el amparo al actor para
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
En consecuencia, DEJAR EN
FIRME el auto interlocutorio proferido el 13 de febrero de 2018 por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas que improbó el preacuerdo y
el 20 de abril de 2018 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira que confirmó dicha improbación. Así mismo, DEJAR
SIN EFECTOS JURÍDICOS el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía 33
Seccional Delegada de Dosquebradas y el señor Jorge Eliécer Álvarez Benítez, y ADVERTIR
a las partes del presente amparo que el proceso penal deberá adelantarse desde
la etapa previa a la realización del preacuerdo, en acatamiento de lo dispuesto
en los fundamentos jurídicos de esta providencia.
SEGUNDO.- Dentro del expediente T-7.256.420,
REVOCAR la decisión proferida el 13 de julio de 2018 por la Sala de
Casación Civil de la misma Corporación, mediante la cual se declaró
improcedente el amparo de Heidy Carolina Reyes López en segunda instancia, y se
confirmó la decisión del a quo en el mismo sentido. En su lugar, CONCEDER
el amparo a la víctima para la garantía del derecho al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y la protección reforzada de su derecho
a participar en el proceso penal como interviniente especial.
En consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS los autos interlocutorios proferidos el 5 de abril de 2018 por el
Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá que aprobó el preacuerdo y el 22 de
mayo de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
que confirmó dicha aprobación. Así mismo, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el
preacuerdo celebrado entre la Fiscalía 3ª Seccional Caivas y el señor José
Siervo Morera Garzón, y ADVERTIR a las partes del presente amparo que el
proceso penal deberá adelantarse desde la etapa previa a la realización del preacuerdo,
en acatamiento de lo dispuesto en los fundamentos jurídicos de esta providencia
y, en consecuencia, en
aplicación de un enfoque de derechos en el que se valoren los principios y
derechos constitucionales que se adviertan como relevantes en el caso concreto.
TERCERO.- Dentro del expediente T-6.931.099, por medio de la Secretaría
General de la esta Corporación, ADVERTIR al Procurador 150 Judicial II Penal que dentro de sus
funciones se encuentra la de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las
leyes y, en consecuencia, la de oponerse a preacuerdos que advierta contrarios
a los límites constitucionales y legales existentes para su celebración.
CUARTO.- Por medio de la Secretaría General de la
esta Corporación, ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en
ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, acompañe y verifique el
cumplimiento de los numerales primero y segundo de la parte resolutiva del
presente fallo. Dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del
término allí previsto, deberá presentar un informe al juez de conocimiento
sobre el cumplimiento integral de las órdenes mencionadas.
QUINTO.- Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA SU479/19
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA
E IMPUTADO O ACUSADO-El control sobre los preacuerdos con una competencia
excepcional y limitada, armoniza el rol del juez como garante del debido
proceso y de los derechos de las víctimas (Aclaración de voto)
Expedientes T-6.931.099 y T-7.256.420.
Acciones de tutela
interpuestas por (i) Jorge Eliécer Álvarez Benítez contra la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Dosquebradas, y (ii) Diana Yolima Niño Avendaño, Procuradora
181 Judicial II Penal de Bogotá, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca y otros.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Pese a compartir la decisión adoptada,
discrepo de algunas
consideraciones expuestas en la parte motiva de la sentencia. En tal sentido,
decidí aclarar el voto con el fin de  matizar algunas consideraciones sobre la
competencia a cargo del juez de conocimiento para controlar los preacuerdos.
Comparto que los preacuerdos que celebra la Fiscalía General de la Nación con
los procesados están sujetos a una serie de límites sustantivos derivados de la
Constitución y que, en esta dirección, el juez tiene competencia para
controlarlos; sin embargo, sus poderes no son absolutos. De esta manera,
discrepo de afirmar que el juez de conocimiento debe realizar un control
integral y pleno sobre los preacuerdos celebrados por la Fiscalía y los
procesados, por las razones que se exponen a continuación.
1. Los preacuerdos, según lo dispuesto en
el artículo 348 de la Ley 906 de 2004, concretan la política criminal y, de
manera indirecta, pueden ser una medida apta para favorecer la celeridad, así
como la eficacia en la persecución de las conductas que revistan las
características de delito. Por tanto, en el marco de la justicia premial,
someter toda decisión de la Fiscalía a un control integral por parte del juez
de conocimiento, desnaturalizaría el sistema penal acusatorio previsto en la
Constitución, a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, y afectaría la
imparcialidad reforzada de los jueces penales en dicho sistema.
2. En realidad, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal “[l]os preacuerdos
celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que
ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales”. De manera que,
la intervención del juez de conocimiento debe ser excepcional. Por tanto, sólo
debe intervenir cuando se quebranten, de manera ostensible, garantías
constitucionales, entre las cuales se deben incluir los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y la realidad del caso que es
sometido a su consideración.
3. Por lo tanto, advierto que la tesis
intermedia que fue expuesta en el proyecto, y que admite el control sobre los
preacuerdos, pero con una competencia excepcional y limitada, armoniza el rol
del juez como garante del debido proceso y de los derechos de las víctimas, con
el sistema penal acusatorio, para evitar que el juez de conocimiento afecte en
un alto grado su papel como tercero imparcial en el curso del proceso penal. En
esta dirección y, a modo de ejemplo, discrepo de considerar que las Directivas
de la Fiscalía General de la Nación, por tratarse de un asunto de política
criminal, en desarrollo de los principios constitucionales de unidad de gestión
y de jerarquía (artículo 251.3 de la CP), puedan considerarse como un parámetro
de control de los preacuerdos celebrados por la Fiscalía porque, de naturaleza
administrativa, las mismas no constituyen parámetros de validez jurídica de los
acuerdos, sino determinantes de la responsabilidad del fiscal por su desconocimiento[348].
En los anteriores términos y con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la mayoría, aclaro mi voto.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
[1] Acuerdo 02 de 2015, Artículo
61. “Revisión por la Sala Plena. Cuando a juicio de la Sala Plena, por
solicitud de cualquier magistrado, un proceso de tutela dé lugar a un fallo de
unificación de jurisprudencia o la transcendencia del tema amerite su estudio
por todos los magistrados, se dispondrá que la sentencia correspondiente sea
proferida por la Sala Plena (…)”.
[2] Folio 35 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[3] Folio 36 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[4] Ibidem.
[5] Folio 36 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[6] Folio 37 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[7] Ibidem.
[8] Folio 39 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[9] Folio 42 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[10] Folio 8 del cuaderno 1, expediente
T-6.931.099.
[11] Folio 11 del cuaderno 1,
expediente T-6.931.099.
[12] Folio 13 del cuaderno 1,
expediente T-6.931.099.
[13] Ibidem.
[14] Folio 9 del cuaderno 1, expediente
T-6.931.099.
[15] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia
del 15 de octubre de 2014. Radicado No. 42184. M.P. Gustavo Enrique Malo
Fernández (Sentencia citada a folio 9 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099).
[16] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencias del 10 de marzo de 2016, Rad. 84761; 9 de febrero de 2017, Rad.
90162; 26 de julio de 2017, Rad. 93162 (Sentencia citada a folio 10 del
cuaderno 1, expediente T-6.931.099).
[17] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencias del 1º de junio de 2016, Rad. 46101; 24 de febrero de 2016, Rad.
45736; 25 de enero de 2017, Rad. 48293 (Sentencia citada a folio 10 del
cuaderno 1, expediente T-6.931.099).
[18] Folio 197 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[19] Ibidem.
[20] Folio 198 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[21] La jueza manifestó que se declaraba impedida para seguir conociendo
del asunto “ya que para adoptar su decisión ella hizo un estudio detallado
de la carpeta de la Fiscalía por lo que ya su imparcialidad se vería viciada”
(Folio 165 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099).
[22] Folio 196 del cuaderno 1,
expediente T-6.931.099.
[23] Folio 210 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[24] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SP16933-2016, Rad.
47.732. (Sentencia citada a folio 211 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099).
[25] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de segunda instancia del 25 de
noviembre de 2015. SP16247-2015. Rad. No. 46688. M.P. José Luis Barceló Camacho
(Sentencia citada a folio 229 del cuaderno 1, expediente T-6931.099).
[26] Folio 232 del cuaderno 1,
expediente T-6931.099.
[27] Ibidem.
[28] Folio 3 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[29] Folio 3 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[30] Folio 4 del cuaderno 2,
expediente T-7.256.420.
[31] Folio 5 del cuaderno 2,
expediente T-7.256.420.
[32] Ibidem.
[33] Folio 53 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[34] Folio 2 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[35] Folio 31 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[36] Folio 29 del cuaderno 2,
expediente T-7.256.420.
[37] Radicado 29.994 (Sentencia citada a folio 29 del cuaderno
2, expediente T-7.256.420).
[38] Ibidem.
[39] Radicado 39.886 (Sentencia citada a folio 30 del cuaderno
2, expediente T-7.256.420).
[40] Folio 29 del cuaderno 29,
expediente T-7.256.420.
[41] Ibidem.
[42] Folio 32 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[43] Folio 10 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[44] Artículo 348 de la Ley 906 de 2004.
[45] Folio 15 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[46] Folio 16 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[47] Folio 17 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[48] Folio 18 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[49] Folio 19 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[50] Folio 23 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[51] Radicado 41570 (Sentencia citada a folio 56 del cuaderno 1, expediente T-7.256.420).
[52] Folio 57 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[53] Ibidem.
[54] Folio 88 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[55] Sentencia C-516 de 2007. M.P. Jaime Cordoba Triviño
(Sentencia citada a folio 14 del cuaderno 2, expediente
T-7.256.420).
[56] Folio 14 del cuaderno 1,
expediente T-7.256.420.
[57] Radicado 76172 (Sentencia citada a folio 14 del cuaderno
2, expediente T-7.256.420).
[58] Audio de la audiencia de verificación del preacuerdo
celebrada el 26 de enero de 2018 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Dosquebradas. CD No. 2 a folio 86 del cuaderno 4, expediente T-6.931.099.
[59] Folio 39 del cuaderno 3,
expediente T-6.931.099.
[60] Ibidem.
[61] Folio 66 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099.
[62] Dentro del expediente T-6.931.099, la
Magistrada sustanciadora formuló las siguientes preguntas a la Fiscalía
Treinta y Tres (33) Seccional de Dos Quebradas: (i) explique las razones
por las cuales consideró que el señor Jorge Eliécer Álvarez Benítez se
encontraba dentro de la circunstancia de marginalidad reconocida en el
preacuerdo y si existe al menos prueba sumaria de tal condición; (ii) criterios
que emplea la fiscalía para determinar la forma de terminación anticipada del
proceso adecuada para el caso, y (iii) medidas que adoptó la fiscalía para
procurar la participación de la víctima en la celebración del preacuerdo.
Dentro del expediente T-6.931.099, la Magistrada
sustanciadora formuló las siguientes preguntas a las entidades; al Juzgado
Penal del Circuito de Fusagasugá: (i) estado actual del proceso penal y
situación jurídica actual del procesado, y (ii) razones por las que se
consideró que el procesado se encontraba dentro de la circunstancia de
marginalidad y si existe prueba sumaria de tal condición; a la Fiscalía
Tercera, seccional CAIVAS de Fusagasugá: (i) razones por las que se
consideró que el procesado se encontraba dentro de la circunstancia de
marginalidad y si existe prueba sumaria de tal condición, (ii) criterios que
ponderó la fiscalía para determinar la forma de terminación anticipada del
proceso que era adecuada para el caso, (iii) medidas que adoptó la fiscalía
para procurar la participación de la víctima en la celebración del preacuerdo,
(iv) acciones afirmativas que adoptó la Fiscalía para garantizar la igualdad
material respecto de víctima que, por su condición mental, se encontraba en
circunstancia de debilidad manifiesta, (v) otros momentos procesal que son
determinantes para la participación de la víctima.
Respecto de ambos casos, la Magistrada sustanciadora
formuló las siguientes preguntas a la Fiscalía General de la Nación (i)
las directivas de la FGN y las pautas de política criminal que, de acuerdo con
el artículo 348 de la Ley 906 de 2004, orientan la labor de los fiscales al
celebrar preacuerdos y reconocer circunstancias de menor punibilidad, (ii) cómo
entienden la “marginalidad, ignorancia o pobreza extrema” y qué
directivas existenten sobre el tema, (iii) estadísticas relacionadas con la
celebración de preacuerdos, (iv) límites para el reconocimiento de la
circunstancia de marginalidad, (v) en qué casos una disminución sustancial de
la pena, como consecuencia de la celebración de un preacuerdo, desprestigia a
la administración de justicia; transgrede garantías constitucionales o
desconoce los derechos de las víctimas?, (vi) medidas que adopta la FGN para
procurar la participación de las víctimas en la celebración de los preacuerdos,
(vii) al celebrar preacuerdos, qué acciones afirmativas adopta la FGN para
garantizar la igualdad material respecto de víctimas que por su condición
física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, (viii)
procedimiento que sigue la FGN cuando la víctima o el Ministerio Público
manifiestan que la celebración del preacuerdo implicaría una renuncia a los
derechos constitucionales de la víctima, (ix) otros mecanismos o momentos
procesales esenciales para la garantía de los derechos de la víctima y por
qué?.
[63] La Magistrada sustanciadora formuló el
siguiente cuestionario a las universidades, al Instituto Colombiano de
Derecho Procesal y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia: (i) ¿cómo ha
entendido la dogmática y la jurisprudencia penal la circunstancia de
“marginalidad, ignorancia o pobreza extremas”, (ii) límites al
reconocimiento de la circunstancia de marginalidad, (iii) ¿cómo debe la
FGN acreditar probatoriamente dicha causal de atenuación punitiva reconocida en
los preacuerdos? ¿cómo debe la FGN acreditarla cuando dicha circunstancia es
reconocida en una etapa más avanzada dentro del proceso penal, y no como parte
de un preacuerdo?, (iv) ¿cómo
valora la FGN si una disminución sustancial de la pena, como consecuencia de la
celebración de un preacuerdo, desprestigia a la administración de justicia,
transgrede garantías constitucionales o, específicamente, desconoce los
derechos de las víctimas?, (v) ¿qué significa que, para la realización de este
tipo de acuerdos, la labor del fiscal esté atada a unas finalidades como la
humanización de la actuación procesal y de la pena?, (vi) ¿cuál es el alcance del principio de autonomía
judicial cuando se realiza control material sobre preacuerdos?, (vii) ¿en virtud de la economía procesal, la celeridad y la oportunidad, un
preacuerdo debe ser aprobado por los jueces penales cuando, a pesar de respetar
el principio de tipicidad penal, amenace con transgredir garantías
constitucionales o desconocer los fines de los preacuerdos?, (viii) ¿cuáles son los derechos de la víctima como “interviniente especial” en la
celebración de preacuerdos entre la FGN y los imputados/acusados?, (ix) ¿cuándo
la disminución de la pena en el marco de un preacuerdo llega a transgredir los
derechos a la justicia y a la reparación de la víctima? ¿En qué otras
actuaciones/momentos procesales pueden garantizarse los derechos de la víctima,
cómo y por qué?.
[64] Este documento ya obraba
en el expediente y fue referenciado anteriormente.
[65] Folio 152 del cuaderno 3,
expediente T-6.931.099.
[66] Folio 248 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099.
[67] Folio 248 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099.
[68] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, AP4925-2004,
Radicación No. 42203 (Citada a folio 164 del cuaderno 3, expediente
T-6.931.099).
[69] Corte Constitucional, Sentencia C-799 de 2005, M.P. Jaime Araujo
Rentería (Citada a folio 164 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099).
[70] JASON ALEXANDER ANDRADE CASTRO, Criterios indispensables en las
negociaciones, en: "Memorias de las XXXVIII Jornadas Internacionales de
Derecho Penal. Justicia negociada: justicia transicional y crimen
organizado", Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018. (Citado en
la intervención del ICDP a folio 174 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099).
[71] El Fiscal General de la Nación delegó la representación judicial en
la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicha entidad. La Directora de Asuntos
Jurídicos, Myriam Stella Ortiz Quintero, fue nombrada mediante Resolución
0-2361 del 29 de junio de 2017.
[72] “Por medio de la cual se fijan directrices para la celebración
de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado”.
[73] “Por medio de la cual se adoptan lineamientos generales para
imputar o preacordar circunstancias de menor punibilidad contenidas en el
articulo56 del Código Penal”.
[74] Entre el 21 de mayo de 2014 y el 21 de
mayo de 2019. La información no discrimina tipo de delitos o beneficios
negociados (citado en la intervención de la Fiscalía General de la Nación a
folio 198 y 199 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099).
[75] Al respecto se indica que esto se realiza  “con el propósito de
determinar la viabilidad de negociar con el procesado y establecer si una
disminución sustancial de la pena como consecuencia de un preacuerdo
eventualmente puede transgredir garantías constitucionales o desconocer los
derechos de las víctimas del injusto penal” (citado
en la intervención de la Fiscalía General de la Nación a folio 201 del cuaderno
3, expediente T-6.931.099).
[76] En consonancia con lo señalado, el ente acusador señaló que de
acuerdo con la Directiva 001 de 2006, “cuando la Fiscalía realice
preacuerdos deberá informar a la víctima por un medio idóneo de las
consecuencias que se derivan de este procedimiento y de las reparaciones
efectivas ofrecidas, con la advertencia que su oposición al acuerdo no es
obstáculo para que este se celebre y ella pueda acudir  a las vías judiciales”
(citado en la intervención de la Fiscalía General de
la Nación a folio 203 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099).
[77] Folio 203 del cuaderno 3, expediente
T-6.931.099.
[78] Folio 294 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099.
[79] Folio 284 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099.
[80] Walsh, D., Why U.S. Criminal Courts Are So Dependent on Plea
Bargaining: side effects include inordinately powerful prosecutors and
infrequent access to jury trials. The Atlantic. Sección The presence of justice.
Mayo 2 de 2017. En: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/olea-bargaining-courts-Drosecutors/524112/
(Citado por la Universidad Libre en su intervención a folior 284 del cuaderno
3, expediente T-6.931.099).
[81] WALSH , Dylan. óp. Cit.
[82] RICHARDS, Alecia & TULSKY, Rick. U.S. Supreme Court is asked:
Can prosecutors withhold evidence of innocence before guilty plea? Revista Injustice Watch. Febrero 11 de 2019. En: https://www.injusticewatch.org/Winteractives/trading-awayjustice/texas.html
(Citado por la Universidad Libre en su intervención a folio 421 del cuaderno 3,
expediente T-6.931.099).
[83] Folio 286 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[84] Folios 336 a 356 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[85] Folio 345 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[86] Corte Suprema de
Justicia AP, Sentencia del 15 de julio de 2008, definición de competencias
29994 (citada en la respuesta
del Ministerio Público al traslado de las pruebas. Folio 345 del cuaderno 3,
expediente T-6.931.099).
[87] Folio 348 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[88] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 14 de diciembre de 2005, Rad.
21347 (citada en la respuesta
del Ministerio Público al traslado de las pruebas. Folio 352 del cuaderno 3,
expediente T-6.931.099).
[89] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia del 12 de septiembre de 2007, Casación 27759.
Sentencia del 8 de julio de 2009, Casación 31280 (citada en la respuesta del Ministerio Público al traslado
de las pruebas. Folio 354 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099).
[90] Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
11001600002020130189601, junio 12 de 2018 y 11001600001520168007701 del 15 de
mayo de 2017. Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira,
660016000000201800097, enero 31 de 2019. Sala Penal del Tribunal Superior de
Antioquia, 050426100082201700104, octubre 1º de 2018, entre otras. (sentencias citadas en la respuesta del
Ministerio Público al traslado de las pruebas. Folio 356 del cuaderno 3,
expediente T-6.931.099).
[91] Folios 354 y 355 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[92]Si bien los
casos objeto de estudio se refieren únicamente al reconocimiento de la
circunstancia de marginalidad del artículo 56 del C.P., el problema
jurídico incluye los otros dos supuestos por tratarse de circunstancias que
siguen la misma suerte que la primera.
[93] Si bien la procuradora judicial denominó el defecto que
alega como ‘indebida e insuficiente motivación jurídica’, la Sala
advierte, según un análisis de los argumentos que presentó, que apuntaba a
argumentar que se trataba de una decisión sin motivación.
[94] Este capítulo ha sido desarrollado por la Sentencia T-083
de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[95] Corte Constitucional, Sentencia T-805 de 2012
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
[96] Corte Constitucional, Sentencia T-834 de 2005
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-887 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[97] Corte Constitucional, Sentencia T-485 de 2011.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[98] Corte Constitucional, Sentencias T-1009 de 2006
M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-299 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[99] Corte Constitucional, Sentencia T–800 de 2012
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T–859 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas.
[100] Corte Constitucional, Sentencia T–800 de 2012
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T–436 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, y T–108
de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[101] Corte Constitucional, Sentencias T–328 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de
2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, y T-789 del 11 de septiembre de 2003 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[102] Este capítulo ha sido desarrollado por la Sentencia T-147
de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[103] Corte Constitucional, Sentencia
C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[104] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[105] La Corte Constitucional ha
señalado que “la exigencia de razonabilidad (…) es más estricta en caso de
que la actuación que se cuestione en sede de tutela sea una providencia
judicial” (Sentencia T-269 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido). De
este modo, la verificación del cumplimiento de este requisito debe ser aún más
estricta que en otros casos “por cuanto la firmeza de las decisiones
judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente” (Sentencia
T-594 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[106] Folio 16 del cuaderno 1,
expediente T-6.931.099.
[107] Acta de audiencia que decidió sobre el preacuerdo del 13
de febrero de 2018. Folio 32 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099.
[108] Como se relató en los antecedentes, en este fallo, la Sala
de Casación Penal amparó el derecho fundamental al debido proceso de Jorge
Eliécer Álvarez Benítez y ordenó dejar sin efectos el auto interlocutorio
proferido el 20 de abril de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Pereira, mediante el cual se confirmó la providencia que improbó el preacuerdo.
Así mismo, ordenó a esta autoridad judicial que evaluara el control de
legalidad del preacuerdo celebrado entre la fiscalía y el señor Álvarez Benítez
de acuerdo con la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de Justicia y con
los argumentos expuestos en la parte motiva de esa sentencia.
[109] Esta facultad de intervención subjetiva y objetiva también
encuentra sustento legal en el Decreto Ley 262 de 2000 por el cual se modifican
la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación.
[110] Corte Constitucional, Auto 038 de 2012, M.P. Humberto
Sierra Porto
[111] “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la
Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio
Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se
dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la
Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de
sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que
se encuentren sujetos”.
[112] Auto 038 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto.
[113] En esta oportunidad, la Corte Constitucional indicó “[s]i el
Procurador General de la Nación no puede delegar en ninguno de sus subalternos
las funciones contenidas en el artículo 278 superior, pero sí las señaladas en
el artículo 277 del mismo ordenamiento y las que el legislador le haya asignado
y lo autorice para hacerlo, el precepto acusado no vulnera la Constitución,
pues haciendo una interpretación armónica de los incisos primero y segundo, se
concluye que las atribuciones que pueden ser objeto de delegación son todas
aquellas descritas en el artículo 277 de la Carta y, por consiguiente, son
éllas las que, posteriormente, el Procurador puede nuevamente asumir; actuación
que no puede ser ejercida por dicho funcionario en forma arbitraria sino
razonada y razonable, en la medida en que prevalezca el interés general, la
justicia, los principios de transparencia, imparcialidad y moralidad y el
debido respeto y garantía de los derechos de los posibles afectados con tal
determinación, que no son otros que los servidores estatales involucrados en
los respectivos procesos disciplinarios”.
[114] Numeral 10 del artículo 26 del Decreto Ley 262 de 2000.
[115] Auto 038 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto.
[116] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[117] La Corte en Sentencia T-267 de 2018 (M.P. Carlos
Bernal Pulido) señaló que aun cuando no se aclaren las razones por las cuales
las personas afectadas no pueden acudir en su propia defensa, es necesario
tener en cuenta “la naturaleza de los derechos invocados y la gravedad del
daño presuntamente ocasionado, en las circunstancias del sublite”.
[118] La Sentencia T-1020 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño) indicó que el requisito del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 sobre
la legitimación por activa sólo se explica y resulta necesario “en aquellos
eventos en los cuales los derechos sometidos a debate interesan únicamente a su
titular y, por tanto, éste es libre para exigir su defensa o abstenerse de
hacerlo. Pero en el caso en que se agencien derechos ajenos que, en forma
adicional, revistan un interés general o colectivo, es forzoso que razonablemente
pueda suponerse que la persona directamente afectada no se opondría y que no
existe manifestación en contrario por parte de ésta” (Negrita
fuera del original).
[119] Folio 248 del cuaderno 3
(Expediente T-6.931.099)
[120] La Corte Constitucional, en Sentencia T-083 de 2018
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), consideró que el estudio del requisito de subsidiariedad
respecto de acciones de tutela interpuestas en contra de providencias
judiciales demanda una mayor carga argumentativa, que el análisis que se hace
cuando la tutela versa solo sobre acciones y omisiones de autoridades
judiciales y de particulares que han afectado el normal desarrollo del proceso
penal.
[121] “ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE
IMPUTACIÓN. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de
ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar
a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el
fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación
(…)”.  Como se observa, para el legislador el preacuerdo equivale al
escrito de acusación, razón por la cual se ha entendido que las premisas que se
formulan respecto de la acusación son aplicables a los preacuerdos.
[122] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[123] Folio 247 del cuaderno 3 (Expediente T-6.931.099).
[124] Folio 161 del expediente
del proceso penal (Rad. 252906108010201680201) recibido en préstamo.
[125] La Sentencia T-448 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo)
estableció que imputar a la víctima la omisión de su apoderado y declarar
improcedente el amparo por esta razón, constituiría un exceso ritual manifiesto
con el que se desconocería su derecho de acceder a la administración de
justicia y procurar la garantía de sus derechos fundamentales por esta vía.
[126] Sentencia T-147 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[127] Este
capítulo ha sido desarrollado por la Sentencia T-202 de 2017, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[128] La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio,
la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[129] Ver, entre otras, las sentencias
T-231 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994, M. P. Antonio
Barrera Carbonell; T-008 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001,
M. P. Eduardo Montealegre Lynett; SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-114 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo,
SU-198 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En ésta última se indicó
expresamente: “la intervención
del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento
es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía judicial
y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo
del material probatorio” (Negrita
fuera del texto original).
[130] Ver sentencia T-442 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional
para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la
sana crítica…, dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa
probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos,
racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación
o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón
valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente”.
[131] Corte Constitucional, Sentencia SU-489 de 2016. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[132] Corte
Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza,
entre otras.
[133] Corte
Constitucional, Sentencias T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell, entre
otras.
[134] Corte
Constitucional, Sentencias SU-198 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, y
T-636 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[135] Corte
Constitucional, Sentencia T-230 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[136] Este
capítulo ha sido desarrollado por la Sentencia SU-282 de 2019, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[137] Corte Constitucional, Sentencia SU-210 de 2017 M.P. José Antonio Cepeda
Amaris.
[138] Corte Constitucional, Sentencias SU-159 de 2002, T-295 de
2005 y T-743 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 2005, T-657 de
2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
T-033 de 2010, y T-792 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y Sentencia
SU-632 de 2017 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[139] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[140] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[141] M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[142] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[143] Corte Constitucional, Sentencia T-1232 de 2003 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[144] Corte Constitucional, Sentencia C-1026 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[145] Sagües, N.P. Del juez legal al juez constitucional. Disponible en:
www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=8&IDN=396&IDA=1376 consultado el diez 10 de abril de 2018
(Citado en SU-282 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
[146] Pozzolo, S. Neoconstitucionalismo y especificidad de la
interpretación constitucional. Doxa 21 – II 1998, disponible en www.cervantesvirtual.com/obra/neoconstitucionalismo-y-especificidad-de-la-interpretacin-0/  Consultado el 10
de abril de 2018 (Citado en SU-282 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[147] Este
capítulo ha sido desarrollado por la Sentencia T-041 de 2018, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[148] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[149] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[150] Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio.
[151] Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[152] Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 2018, M.P. Carlos Bernal
Pulido.
[153] M.P. Carlos Bernal Pulido.
[154] Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 2000, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[155] Corte Constitucional, Sentencia T-041 de 2005, M.P. Álvaro Tafur
Galvis, reiterada en Sentencia T-390 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[156] Corte Constitucional, Sentencia
T-269 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[157] Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 2000, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[158] Este capítulo ha sido desarrollado en las sentencias
SU-053 de 2015, T-667 de 2015, T-534 de 2017, T-202 de 2017, T-606 de 2017,
T-211 de 2018, todas con M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[159] Sobre la definición de precedente, las sentencias T-292 de
2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en
ambas M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[160] Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2011,
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[161] Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa: “En este sentido, la vinculación de los
jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para
la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser
las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada
del Tribunal constituye una exigencia inevitable”.
[162] M.P. Mauricio González Cuervo.
[163] Reiterada en muchas oportunidades: Sentencias
T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-1033 de 2012, M. P. Mauricio
González Cuervo y T-285 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre
otras.
[164] Sentencias T-082 de 2011, M. P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de
2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta última, dicho en otras palabras
se explica: “La Corte también refirió al grado de vinculación para las
autoridades judiciales del precedente jurisprudencial emitido por las altas
cortes. Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que les
reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del
precedente, pero en cualquier caso esa opción argumentativa está sometida a
estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las
cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de
escrutinio judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la
interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los
derechos, principios y valores constitucionales. Esta opción, aceptada por
la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en reconocer que el sistema
jurídico colombiano responde a una tradición de derecho legislado, la cual
matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no
sucede con otros modelos propios del derecho consuetudinario, donde el
precedente es obligatorio, basado en el principio del stare decisis” (Negrita
fuera del original).
[165] Corte Constitucional, Sentencia C-782 de 2012, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva. También se pueden consultar las Sentencias  C-591 de 2005
y C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-454 de 2006, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, C-396 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
[166] Barbosa
Castillo, G. (2005). Estructura del proceso penal. Aproximación al proceso
penal colombiano. En: R. Uprimny Yepes, ed., Reflexiones sobre el nuevo
sistema procesal penal. [online] Consejo Superior de la Judicatura. Escuela
Rodrigo Lara Bonilla, pp.92-97. Disponible en:
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/biblioteca/content/pdf/a16/16.pdf
[Consultado el 14 de agosto de 2019].
[167] Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[168] Corte Constitucional, Sentencia C-144 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[169] Folio 346 del cuaderno 3
del expediente T-6.931.099.
[170] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[171] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación 42184
(15-10-2014).
[172] Corte Constitucional, Sentencia C-538 de 2016, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[173] Corte Constitucional, Sentencia SU-510 de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[174] Corte Constitucional, Sentencias T-091 de 2006, M.P. Jaime
Córdoba Triviño; T-966 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-372 de
2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[175] Corte Constitucional, Sentencia
C-372 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[176] Ibidem.
[177] Corte Constitucional, Sentencia
C-1260 de 2005, Clara Inés Vargas Hernández.
[178] Folio 176 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099.
[179] Corte Constitucional, Sentencia
C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[180] Corte Constitucional, Sentencia
C-372 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[181] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal.
Sentencia del 15 de octubre de 2019, M.P. José Joaquín Urbano Martínez.
[182] Intevención de la Universidad Externado de Colombia. Folio
467 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[183] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Penal. Sentencia del 15 de octubre de 2019, M.P. José Joaquín Urbano Martínez.
[184] Intevención de la Universidad Externado de Colombia. Folio
467 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[185] Ibid.
[186] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 15
de octubre de 2014. Rad. 42184. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernandez. Salvamento
de Voto de la Magistrada María del Rosario González Muñoz. Citado en la Intervención
de la Universidad del Rosario, folio 403 del cuaderno 3, expediente
T-6.931.099.
[187] Intervención de la Universidad Externado. Folio 456 del
cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[188] Intervención de la Universidad Externado. Folio 456 del
cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[189] Ibid.
[190] Ley 906 de 2004, arts. 350 y 351.
[191] Ley 906 de 2004, art. 351.
[192] Ley 906 de 2004, art. 351 inc. 3
[193] Corte Constitucional, Sentencia
C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[194] Artículo 352 del C.P.P.
[195] Inciso 5 del Artículo 351 del C.P.P.
[196] Artículo 367 del C.P.P.
[197] Art. 368 del C.P.P.
[198] Ibid.
[199] Artículo 368 del C.P.P. CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA
MANIFESTACIÓN. “De reconocer el acusado su culpabilidad, el juez deberá
verificar que actúa de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las
consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor. Igualmente,
preguntará al acusado o a su defensor si su aceptación de los cargos
corresponde a un acuerdo celebrado con la Fiscalía.
De advertir el juez algún desconocimiento o
quebrantamiento de garantías fundamentales, rechazará la alegación de
culpabilidad y adelantará el procedimiento como si hubiese habido una alegación
de no culpabilidad”.
[200] Artículo 131 del C.P.P. RENUNCIA. “Si el imputado o
procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de
guardar silencio y al juicio oral, deberá el juez de control de garantías o el
juez de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente,
voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será
imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado”.
[201] Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2005, M.P. Clara
Inéz Vargas Hernández.
[202] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sentencia del 3 de febrero de 2016, SP931-2016, M.P. José
Leonidas Bustos Martinez
[203] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia del 27 de Octubre de 2008, Rad. 29979.
[204] Artículo 349 de la Ley 906 de 2004. IMPROCEDENCIA DE
ACUERDOS O NEGOCIACIONES CON EL IMPUTADO O ACUSADO. “En los delitos en los
cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento
patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía
hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor
equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente”. Artículo
declarado exequible mediante la Sentencia C-059 de 2010, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[205] Artículo 199 de la Ley 1098 de 2006. BENEFICIOS Y
MECANISMOS SUSTITUTIVOS. “Cuando se trate de los delitos de homicidio o
lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad
y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y
adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: (…) 7. No procederán las
rebajas de pena con base en los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía
y el imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de
2004 (…)”
[206] Artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. EXCLUSIÓN DE
BENEFICIOS Y SUBROGADOS. “Cuando se trate de delitos de terrorismo,
financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán
las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán
subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la
libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de
ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria
como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o
subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por
colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta
sea eficaz”.
[207] Artículo 5 de la Ley 1761 de 2015. PREACUERDOS. “La
persona que incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un
medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
Igualmente, no podrá celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus
consecuencias”.
[208] Numeral 3 del Artículo
251 de la Constitución Política.
[209] C-979 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[210] Ibid.
[211] Fiscalía General de la Nación. Directiva 001 de 2015.
Recuperada de: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2015-DIR-0001-NATURALEZA-Y-ALCANCE-DIRECTIVAS-1.pdf
[212] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, folio 471 del
cuaderno 3, expediente T-6.931.099.
[213] Ibidem.
[214] Corte Constitucional, Sentencia
SU-354 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[215] Directiva 1º del 28 de septiembre de 2006 (Folio 216 del cuaderno
3, T-6.931.099).
[216] Folio 217 del cuaderno 3, T-6.931.099.
[217] Folio 218 del cuaderno 3, T-6.931.099.
[218] Folio 219 del cuaderno 3, T-6.931.099.
[219]Fiscalía General de la Nación, Directiva 10 de 11 de julio
de 2016. Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2016-DIR-0010-DERECHOS-PROCESALES-DE-V%C3%8DCTIMAS.pdf [Consultado el 20 de agosto de 2019].
[220] Corte Constitucional, Sentencia C-516 de, 2007, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, reiterada en la Sentencia C-782 de 2012 y C-180 de 2014, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[221] Corte Constitucional, Sentencia C-936 de 2010, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[222] Corte Constitucional, Sentencia
C-516 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[223] Corte Suprema de Justicia, AP4219-2016, 29 de junio de 2016,
Casación 45819.
[224] Corte Suprema de Justicia, AP2370-2014, 7
de mayo de 2014, Segunda Instancia 43.523. Citada en: Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sentencia del 10 de octubre de 2016, SP14191-2016, M.P. José
Francisco Acuña Vizcaya.
[225] Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de
2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[226] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[227] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[228] Sentencia C-599 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[229] Corte Constitucional, Sentencia C-133 de 1999. MP Carlos Gaviria
Díaz.
[230] Ibid.
[231] Corte Constitucional. Sentencia C-173 de 2001. M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[232] M.P. Jaime Córdoba
Triviño. Reiterada en la Sentencia T-794 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[233] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[234] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia del 27 de octubre
de 2008, Rad. 29979.
[235] Citada en: Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 3 de febrero de 2016,
SP931-2016, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.
[236] Salvamento de Voto del Magistrado Eugenio
Fernández Carlier (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia
del 14 de junio de 2017, SP8666-2017, M.P. Patricia Salazar Cuellar).
[237] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 10
de octubre de 2016, SP14191-2016, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.
[238] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia del 10 de octubre de 2016, SP14191-2016, M.P. José Francisco Acuña
Vizcaya.
[239] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, folio 458 del
cuaderno 3 del expediente principal.
[240] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 10
de octubre de 2016, SP14191-2016, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.
[241] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 14 de
junio de 2017, M.P. Patricia Salazar Cuellar, SP8666-2017.
[242] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto
interlocutorio del 18 de abril de 2012 (segunda instancia), M.P. Fernando
Alberto Castro Caballero.
[243] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto
interlocutorio del 18 de abril de 2012 (segunda instancia), M.P. Fernando
Alberto Castro Caballero.
[244] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 3
de febrero de 2016, SP931-2016, M.P. José Leonidas Bustos Martinez. Idéntica
postura en Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 12
de septiembre de 2007, Casación 27759, M.P. Alfredo Gómez Quintero.
[245] Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de abril de 2011. M.P.
José Luis Barceló Camacho, Proceso 34829.
[246] Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de abril de 2011. M.P.
José Luis Barceló Camacho, Proceso 34829.
[247] Corte Suprema de Justicia, auto del 3 de octubre de 2007,
radicación No. 28381.
[248] Salvamento de Voto del Magistrado Eugenio Fernández Carlier
(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 14 de junio
de 2017, SP8666-2017, M.P. Patricia Salazar Cuellar).
[249] Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia,
Sentencia del 14 de junio de 2018, STC7735-2018.
[250] Corte Suprema de Justicia, auto del 6 de mayo de 2009, radicación
31.538. Citado por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Manizales, en sentencia del 19 de marzo de 2014, M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
[251] Tribunal Superior de Bogotá, decisión del 17 de febrero de
2014, M.P. Alberto Poveda Perdomo.
[252] Radicado 11001020400020180047801. Citada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal en la Sentencia del 15 de octubre
de 2019, M.P. José Joaquín Urbano Martínez.
[253] Radicado 11001020400020190053101. Citada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal en la Sentencia del 15 de octubre
de 2019, M.P. José Joaquín Urbano Martínez.
[254] Radicado 46.688. Citada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal en la Sentencia del 15 de octubre de
2019, M.P. José Joaquín Urbano Martínez.
[255] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, folio 460 del
cuaderno 3 del expediente principal.
[256] Ibid.
[257] Citado en la Intervención de la Universidad Externado de
Colombia en folio 459 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099).
[258] Citado en la Intervención de la Universidad Externado de
Colombia en folio 460 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099).
[259] Sentencia T-361 de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[260] Así fue sostenido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Manizales, sentencia del 17 de marzo de 2015, M.P. José Fernando
Reyes Cuartas.
[261] Folio 408 del cuaderno 3 del expediente T.6.931.099.
[262] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 27 de
febrero de 2019, M.P. Patricia Salazar Cuellar, SP594-2019. En idéntico sentido
CSJSP, 8 jul. 2009, Rad. 31280.
[263]“(…) las diversas formas de terminación anticipada de la actuación
penal están sujetas al concepto de “discrecionalidad reglada”, orientado a
lograr un punto de equilibrio entre el margen de maniobrabilidad que debe tener
la Fiscalía y la materialización, entre otros, de los principios de igualdad y
seguridad jurídica, así como la evitación de la arbitrariedad en el ejercicio
de la acción penal”. Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, 27 de febrero de 2019, M.P. Patricia Salazar Cuellar,
SP594-2019. En idéntico sentido CSJSP, 8 jul. 2009, Rad. 31280.
[264] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 13 de
febrero de 2019, M.P. Patricia Salazar Cuellar, SP384-2019.
[265] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 16
de octubre de 2013, Radicado 39.886.
[266] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, folio
455 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[267] Ibidem.
[268] Lorca Ferrecio, R. (2012). “Pobreza y responsabilidad penal”, en
AAVV. El castigo penal en sociedades desiguales, Roberto Gargarella (Coord),
Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila, pp. 173. (Citado por la Universidad
Externado en su intervención en folio 453 del cuaderno 3, expediente
T-6.931.099).
[269] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, folio
458 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[270] Corte Suprema de Justicia, Sentencias del 15 de octubre de 2014,
radicado 42184, M.P. Gustavo Malo, y del 23 de noviembre de 2016, radicado
47732, M.P. Eyder Patiño Cabrera.
[271] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia del 20 de
noviembre de 2013, Radicado No.
41570, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.
[272] Intervención de la Universidad Santo Tomás. Folio 167 del
cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[273] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, AP5185-2015 (46027).
[274] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia del 26 de septiembre de 2018, SP4191-2018, M.P. Luis Antonio
Hernández Barbosa.
[275] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14
de junio de 2018, STC7735-2018, M.P. Ariel Salazar Ramírez.
[276] Intervención de la Universidad Externado de Colombia, folio 462 del
cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[277] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, Sentencia del 15 de mayo
de 2017, 11001600001520168007701.
[278] Folio 173 del cuaderno 3, expediente T-6.931.099.
[279] Folio 174 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[280] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia del 15 de noviembre de 2018, AP4947-2019, M.P. Fernando Alberto
Castro Caballero.
[281] Corte Constitucional, Sentencia
C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[282] Gómez Pavajeau, C., et.
al., op. cit., pp.
[283] Intervención de la
Universidad Externado de Colombia. Folio 470 del cuaderno 3 del expediente T-6.931.099.
[284] Corte Constitucional, Sentencia C-516 de 2007, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[285] Ibid.
[286] Ibid.
[287] Ibid.
[288] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[289] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[290] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[291] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[292] Corte Constitucional, Corte
Constitucional, Sentencia T-843 de
2011.
[293] Crenshaw, Kimberlé (1995) “Mapping the margins: Intersectionality,
identity politics, and violence against women of color”, en Crenshaw et al. (eds.), Critical race theory, New York: New Press, pág. 359. [En
línea] Recuperado el 20 de marzo de 2015 de: www.wcsap.org/Events/Workshop07/mapping-margins.pdf.
(Citado en Protocolo de Investigación de Violencia Sexual: guía de buenas
prácticas y lineamientos para la investigación penal y judicialización de
delitos de violencia sexual, Fiscalía General de la Nación, consultado en:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Protocolo-de-investigacio%CC%81n-de-violencia-sexual-cambios-aceptados-final.pdf)
[294] Colombia es Parte de la Convención sobre Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada mediante Ley 51 de 1981,
ratificada el 19 de enero de 1982. Dicha Convención condena la discriminación
contra la mujer en todas sus formas y obliga a los Estados a adoptar una
política encaminada a eliminar estadiscriminación por todos los medios
apropiados y sin dilaciones. Colombia es parte de la Convención desde el año
1983.
[295] Comité de la CEDAW, caso S.V.P. v Bulgaria (CEDAW/C/53/D/31/2011,
decidido el 12/10/2012. Recuperado de: https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/CEDAW-C-53-D-31-2011_en.pdf
[296] Women’s Link World Wide, Sinopsis del Caso
S.V.P. v Bulgaria, Consultado el 15 de agosto de 2019. Recuperado de: https://www.womenslinkworldwide.org/observatorio/base-de-datos/v-p-p-v-bulgaria
[297] Ibid.
[298]M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[299] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso Campo
Algodonero c. México. Citada en la Sentencia T-735 de 2017.
[300] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso de Maria Da Penha
c. Brasil. Citado por la sentencia T-735 de 2017.
[301] Acta de la audiencia de
formulación de acusación del 30 de mayo de 2017. Folios 28 y 29 del cuaderno 3.
[302] Audio de la audiencia que decide sobre el preacuerdo, en
primera instancia, celebrada el 13 de febrero de 2018 por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Dosquebradas (Risaralda). CD
No. 1, Folio 43 del cuaderno 3 expediente T-6.931.099.
[303] Folio 36 del cuaderno 1, expediente
T-6.931.099.
[304] Folio 35 a 42
del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[305] Folio 39 del cuaderno 1, expediente
T-6.931.099.
[306] Folio 42 del cuaderno 1, expediente
T-6.931.099.
[307] Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2005, M.P. Clara
Inés Vargas.
[308] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia del 26 de septiembre de 2018, SP4191-2018, M.P. Luis Antonio
Hernández Barbosa.
[309] Directiva 01
de 2018 de la FGN.
[310] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 27 de
febrero de 2019, M.P. Patricia Salazar Cuellar, SP594-2019. En idéntico sentido
CSJSP, 8 jul. 2009, Rad. 31280
[311]“(…) las diversas formas de terminación anticipada de la actuación
penal están sujetas al concepto de “discrecionalidad reglada”, orientado a
lograr un punto de equilibrio entre el margen de maniobrabilidad que debe tener
la Fiscalía y la materialización, entre otros, de los principios de igualdad y
seguridad jurídica, así como la evitación de la arbitrariedad en el ejercicio
de la acción penal”. Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, 27 de febrero de 2019, M.P. Patricia Salazar Cuellar,
SP594-2019. En idéntico sentido CSJSP, 8 jul. 2009, Rad. 31280.
[312] Intervención
de la Universidad Externado de Colombia.
[313] ARTÍCULO 351. MODALIDADES. “La aceptación de
los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación,
comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se
consignará en el escrito de acusación. También podrán el fiscal y el imputado
llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si
hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por
imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para
efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso
anterior”.
[314] Si bien no hay doctrina
pacífica sobre este asunto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en Sentencia
del 7 de agosto de 2012 (M.P. Alberto Castro Caballero), al precisar el alcance y contenido del artículo 57 de la llamada Ley
de Seguridad Ciudadana, que modificó el artículo 301 de la Ley 906 del 2004,
indicó que “(…) de acuerdo con la Ley 1453 de 2011 el esquema de rebajas por
razón de dichos institutos, corresponde realizarse teniendo en cuenta la
flagrancia, pero obviamente respetándose las reducciones de pena inicialmente
consagradas para el allanamiento a cargos y preacuerdos y negociaciones entre
la fiscalía y el imputado o acusado, de las cuales el sujeto sólo tendrá
derecho a una cuarta parte de las regladas, interpretación que se ajusta al
mencionado principio de progresividad y consulta el querer del legislador (…) la
disminución del beneficio punitivo en una cuarta parte consagrada en el
artículo 351 de la Ley 906 de 2004, debe extenderse a todos los momentos o
etapas procesales en que se autoriza allanarse a cargos y suscribir acuerdos
entre las partes, respetando desde luego las rebajas de pena inicialmente
previstas para cada momento” (Negrita fuera del original).
[315] Intervención
de la Universidad Externado de Colombia.
[316] En la acción de tutela, la parte accionante indicó que “si
en gracia de discusión estuviera que se debe demostrar la marginalidad para
aceptar el preacuerdo, debo indicar que existen elementos suficientes para
establecer que dicha atenuante de punibilidad sí pudiera estar acreditado”.
Folio 11 del cuaderno 1, expediente T- 6.931.099.
[317] Folio 13 del
cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[318] Artículo 56 del C.P.
[319] Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, Auto interlocutorio
del 20 de abril de 2018, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera.
[320] Ibidem.
[321] Respuesta al
traslado de las pruebas presentada por María Lucía Londoño Palacio, apoderada
de Jorge Eliécer Álcarez Benítez. Folio 485 del cuaderno 3 del expediente
principal.
[322] Sobre este asunto, la Sala evidenció una contradicción en la argumentación presentada por
la accionante debido a que, si bien mediante la alegación de este defecto
pretendía que se tuviera como probada la circunstancia de marginalidad con las
pruebas que obran en el proceso sobre el estado de embriaguez del procesado,
cuando alega el desconocimiento del precedente señala que los jueces
desconocieron la jurisprudencia de la CSJ conforme a la cual “para el
reconocimiento de una circunstancia de atenuación punitiva como la marginalidad
no es necesario que [esta] se demuestre dentro del proceso penal” (Folio
9 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099). Es decir, se alegó indebida
valoración probatoria respecto de un supuesto que, según su parecer, no debía
ser probado.
[323] Folio 458 del cuaderno 3 del expediente
principal.
[324] Corte Constitucional, Sentencia
C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[325] Audio de la audiencia de verificación del preacuerdo,
celebrada el 26 de enero de 2018 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Dosquebradas (Risaralda). CD No. 2 a folio 86 del cuaderno 4, expediente
T-6.931.099.
[326] Ibidem.
[327] Folios 3 a 5 del expediente del proceso penal, radicado No. 252906108010201680201 N.I.
2017-622 (recibido en préstamo).
[328] Folio 14 del expediente
del proceso penal, radicado No. 252906108010201680201 N.I. 2017-622 (recibido
en préstamo).
[329] Presentado el 6 de diciembre de 2017.
[330] Folio 12 del expediente
del proceso penal, radicado No. 252906108010201680201 N.I. 2017-622 (recibido
en préstamo).
[331] Folios 31 y 32 del expediente del proceso penal, radicado No.
252906108010201680201 N.I. 2017-622 (recibido en préstamo).
[332] “Este señor cierto día mientras estábamos
ahí en la terraza y que yo estaba lavando, este señor se me acercó y me dijo
que le diera un beso y que tuviéramos algo, incluso que él me iba a hacer
brujería para que yo nunca me fuera de la casa, yo lo que le respondí fue que
respetara, que él tenía esposa” Folio 31 del expediente del proceso penal, radicado No. 252906108010201680201 N.I.
2017-622 (recibido en préstamo).
[333] Folios 31 del expediente del proceso penal,
radicado No. 252906108010201680201 N.I. 2017-622 (recibido en préstamo).
[334] Folio 25 del
expediente del proceso penal, radicado No. 252906108010201680201 N.I. 2017-622
(recibido en préstamo).
[335] Folio 48 a 50
del expediente del proceso penal, radicado No. 252906108010201680201 N.I.
2017-622 (recibido en préstamo).
[336] Folio 48 a 50
del expediente del proceso penal, radicado No. 252906108010201680201 N.I.
2017-622 (recibido en préstamo).
[337] Folio 48 a 50
del expediente del proceso penal, radicado No. 252906108010201680201 N.I.
2017-622 (recibido en préstamo).
[338] Folio 32 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[339] Folio 23 del cuaderno 1, expediente T-6.931.099.
[340] Audiencia de aprobación del preacuerdo
celebrada el 5 de abril de 2018.
[341] United Nations Population Fund – UNFPA (2018). Jóvenes con discapacidad: Estudio Global sobre cómo poner fin a la
violencia de género y hacer realizad los derechos sexuales y reproductivos. Recuperado de:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_Global_Study_on_Disability_Report_SP.pdf
[342] Sentencia T-735 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[343] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[344] Informe de la Relatora Especial sobre violencia Contra las Mujeres,
Sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, Informe sobre violencia contra
mujeres con discapacidad, A/67/227, 3 agosto 2012. En: Informe Iniciativa “Making
it Work” sobre inclusión en género y discapacidad: Avanzando con la
igualdad de mujeres y niñas con discapacidad. Handicap International y Making
it Work, Octubre de 2015. Consultado el 7 de septiembre de 2019. Recuperado de:
https://www.makingitwork-crpd.org/sites/default/files/2019-05/MIW%20Proyecto%20Genero%20y%20Discapacidad%20%28espanol%29.pdf
[345] Naciones Unidas (2006). Estudio a fondo sobre todas las formas de
violencia contra la mujer. Informe del Secretario General. Consultado el 4 de
septiembre de 2019, Recuperado de: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10742.pdf
[346] Informe Iniciativa “Making it Work” sobre inclusión en
género y discapacidad: Avanzando con la igualdad de mujeres y niñas con
discapacidad. Handicap International y Making it Work, Octubre de 2015. Consultado
el 7 de septiembre de 2019. Recuperado de:
https://www.makingitwork-crpd.org/sites/default/files/2019-05/MIW%20Proyecto%20Genero%20y%20Discapacidad%20%28espanol%29.pdf
[347] En el Informe de la Relatora Especial sobre violencia Contra las
Mujeres (2012) se sostuvo que a pesar de la evolución que han tenido, por un
lado, los marcos normativos sobre los derechos humanos de las mujeres y, por
otro, los de las personas con discapacidad, el impacto de los efectos
combinados de género y discapacidad no han recibido suficiente atención y, por
esta razón, la violencia contra las mujeres con discapacidad sigue sin
abordarse de forma efectiva. Ver Informe de la Relatora Especial sobre
violencia Contra las Mujeres, Sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, Informe
sobre violencia contra mujeres con discapacidad, A/67/227, 3 agosto 2012.
Consultado el 7 de septiembre de 2019. Recuperado de:
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F67%2F227+&Submit=Search&Lang=E
[348] “La priorización es una decisión de política criminal, en la que
no hay reserva de ley, sino función propia de la Fiscalía, en su conjunto, bajo
la dirección del Fiscal General de la Nación. Es en el manejo de la parte de la
política punitiva que le corresponde a la Fiscalía, bajo la dirección del
Fiscal General, que éste adopta directivas, de naturaleza administrativa, no
jurisdiccional, constitucionales, en cuanto a su esencia”: sentencia
C-232/16.