T-068-12
Sentencia T-068/12
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto de fecha 3 de octubre de 2019, suscrito por la
Magistrada Cristina Pardo Schlesinger, se accedió a la solicitud de reserva de
nombre formulada por la accionante y, en consecuencia, se ordenó reemplazar la
presente providencia por aquella que resulte de cambiar el nombre de la
peticionaria por las letras AB.
Sentencia T-068/12
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
EDUCACION-Reiteración de jurisprudencia
La normativa interna y la jurisprudencia
constitucional, en completa armonía con las normas
internacionales sobre derechos humanos, le han otorgado a la educación el
carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata e inherente al ser
humano, que le permite a los individuos acceder a un
proceso de formación personal, social y cultural de carácter permanente, que
como tal, tratándose de educación superior, se convierte en una obligación
progresiva que debe ser garantizado y promovido  por el Estado, la sociedad y
la familia, sin que resulte admisible aceptar ningún tipo de restricción o
desconocimiento que impida su ejercicio
DERECHO
A LA EDUCACION SUPERIOR-Fundamental y progresivo
Este
derecho es fundamental y goza de un carácter progresivo. En efecto, su
fundamentalidad está dada  por su estrecha relación con la dignidad humana, en
su connotación de autonomía individual, ya que su práctica conlleva a la
elección de un proyecto de vida y la materialización de otros principios y
valores propios del ser humano; y su progresividad la determina: i) la
obligación del Estado de adoptar  medidas, en un plazo razonable, para lograr
una mayor realización del derecho, de manera que la simple actitud pasiva de
éste se opone al principio en mención (aquí encontramos la obligación del
Estado de procurar el acceso progresivo de las personas a las
Universidades, mediante la adopción de ciertas estrategias, dentro de las
cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso
de las personas a la educación superior, así como la garantía  de que
progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio se
vayan ampliando); (ii) la obligación de no imponer
barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables y (iii) la
prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho
concernido.
DERECHO
A LA EDUCACION SUPERIOR-Garantía
del goce efectivo
La Corte ha
sostenido que la naturaleza de derecho fundamental del derecho a la educación
superior, contiene dentro de su núcleo esencial la garantía de que su goce
efectivo está a cargo del Estado, lo que significa que si bien éste último no
tiene una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las
personas a la educación superior, sí significa que no queda eximido de su
responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema
educativo
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Contenido y límites
El
principio de autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la
Carta Política, que consiste en la facultad de la que gozan las universidades para
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley,
ha sido concebido por esta Corporación “como un principio de autodeterminación
derivado de la Constitución, que propende por la garantía para los centros
educativos de desarrollar su misión, filosofía y objetivos, en un entorno
adaptado a su ideología y los fines académicos que se plantea.  La
Corte
ha precisado que a pesar de la naturaleza constitucional del principio de
autonomía universitaria y de su importancia en el Estado Social de Derecho, no
es dable sostener que sea absoluto y, por tanto, que no encuentre límites de
ninguna especie. Por el contrario, ha concluido que en su ejercicio, las
instituciones educativas deben respetar los valores y principios consagrados en
la Constitución, así como respetar y garantizar los derechos fundamentales,
entre otros, de sus estudiantes
DERECHO A LA
EDUCACION Y PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Reiteración de jurisprudencia
Reiteradamente
esta Corporación se ha pronunciado sobre el derecho a la educación y a la
autonomía universitaria, garantías que frecuentemente entran en conflicto. Así,
ha sostenido que aunque es posible que las instituciones educativas creen sus
propios reglamentos, tal regulación no puede desconocer  u obstaculizar la
materialización del núcleo esencial del derecho a la educación, el cual
consiste en el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA Y LA
BUENA FE EN MATERIA DE EDUCACION
En materia de educación, el principio de
la confianza legítima se ha aplicado cuando al administrado se le ha generado
una expectativa seria y fundada de que las actuaciones
posteriores de la administración, y en casos excepcionales de los particulares,
serán consecuentes con sus actos precedentes, lo cual generan una convicción de
estabilidad en sus acciones  La
Corte
ha revisado casos en los que se ha vulnerado el principio de buena fe y
confianza legítima en materia de educación superior. En éstos, prima la
particularidad de que una vez se genere la confianza legítima en los
particulares, ésta no puede ser defraudada, so pena de vulnerar el principio de
la buena fe que debe guiar las actuaciones de todas las personas
DERECHO
A LA EDUCACION SUPERIOR-Vulneración
por universidad que no permite hacer efectivo un requisito de grado debido a la
suspensión de desembolsos por parte del ICETEX
DERECHO A LA
EDUCACION SUPERIOR-Se ordena a la universidad autorizar inscripción en curso y suscribir acuerdo de pago
con la estudiante/DERECHO A LA
EDUCACION SUPERIOR-Orden al ICETEX reanudar año de gracia a la estudiante
por crédito concedido
Referencia: expediente
T-3221870
Acción de Tutela
instaurada por German Humberto Rincón Perfetti y Giomar Angélica Aguilar
González, en representación de  AB, contra el ICETEX y la Universidad Jorge
Tadeo Lozano.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., catorce
(14) de febrero de dos mil doce (2012).
La Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis
Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente.
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de la Sentencia dictada el veinticuatro (24) de agosto de 2011 por la
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que
revocó la Sentencia del tres (03) de agosto de 2011, proferida por el Juzgado Treinta
y Dos Civil del Circuito-Piloto de Oralidad, que resolvió tutelar el derecho
fundamental a la educación invocado por AB contra el ICETEX y la Universidad
Jorge Tadeo Lozano.
1.     ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Diez de la
Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela
de la referencia.
De
conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
AB  solicita al
juez de tutela que le ampare sus derechos fundamentales a la educación, al
trabajo, al buen nombre, a la dignidad y a la igualdad. En consecuencia, pide
que se le ordene a la Universidad Jorge Tadeo Lozano que i) le autorice
inmediatamente la inscripción en el curso del CPG, con el fin de cumplir con
los requisitos de grado para obtener su título de profesional de Diseño Industrial,
ii) que efectúe el cobro que corresponde a los periodos académicos 2005-1 y
2005-2 ante el ICETEX, iii) se abstenga de realizarle cualquier cobro y iv)
efectúe ante el ICETEX el procedimiento de trámite de pago extemporáneo de los
periodos académicos 2005-1 y 2005-2.
Frente al ICETEX
solicita que se ordene i) realizar los giros a la
Universidad, ii) reanudar el año de gracia, en el entendido de que no le
cobren intereses, iii) reanudar el subsidio otorgado a la accionante, en el
entendido que le subsidie el 25% de la matrícula y  iv) que termine todo cobro
prejudicial y judicial que haya iniciado en contra de la accionante con ocasión
del crédito.
1.1.1.
Hechos
1.1.1.1.
Manifiesta
la accionante que en el segundo semestre académico del 2004 ingresó al programa
profesional de Diseño Industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de
Bogotá.
1.1.1.2.
Expresa
que empezó a estudiar por medio de la modalidad de crédito “ACCES ICETEX”,
consistente en que la entidad financia el 75% del valor de la matrícula y la
Universidad el 25% restante durante los siguientes periodos académicos: 2004-2,
2006-1, 2006-2, 2007-1, 2007-2, 2008-1.
1.1.1.3.
Indica
que el ICETEX le otorgó
un subsidio correspondiente al 25% del valor total del semestre, y que a partir
de la aprobación del crédito, por el convenio que tiene la Universidad con la
institución, ésta realizó,  sin ningún inconveniente, los desembolsos
correspondientes al segundo semestre del 2004.
1.1.1.4.
Dice
que su obligación como estudiante consistía en realizar cada semestre el pago de
un seguro, y llevar la constancia a la oficina de financiación de la
Universidad. Por su parte, el ente educativo, a través del Departamento de Financiación,
debía realizar la gestión de verificación y actualización de datos ante el
ICETEX.
1.1.1.5.
Arguye
que en el primer y segundo semestre del 2005 se presentó un incumplimiento por
parte de la oficina de financiación de la
Universidad, pues el funcionario encargado de recibir, verificar y digitalizar
la información de la actualización de datos y pagos de seguro para matrícula,
no cumplió con su deber.
1.1.1.6.
Relata
que esta omisión trajo como consecuencia que no apareciera como estudiante
activa en la base de datos del ICETEX, por lo que ellos no giraron el dinero
correspondiente a los semestres 1 y 2 del 2005, pese a que ella siguió
estudiando sin problema alguno.
1.1.1.7.
Indica
que debido a la omisión antes mencionada, perdió el año de gracia que le había
otorgado el ICETEX para el pago del crédito, el cual consistía en que un año
después de la terminación de materias la estudiante debía empezar a cancelar la
deuda que había adquirido, por lo que actualmente tiene una “deuda altísima
con ellos”.
1.1.1.8.
Dice
que la universidad no le ha permitido realizar el curso “CPG”, el cual
necesita para graduarse, hasta que “cancele una suma que no debe”, por
lo que a la fecha, y después de más de 2 años de haber terminado materias, no
se ha podido graduar.
1.1.1.9.
Por
lo relatado anteriormente, la accionante presentó derecho de petición ante la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, a fin de que oficiara al ICETEX aclarando la
situación, la cual fue resuelta mediante escrito del siete (07) de febrero de
2011, pero según la accionante no atendió el fondo del asunto. En razón de lo
anterior, interpone acción de tutela ante el Juzgado Veintinueve Civil Municipal
de Bogotá, quien en Sentencia del primero (01) de marzo de 2011 negó la acción
de tutela, debido a que la petición elevada sí había sido resuelta de fondo.
1.1.1.10.
Expresa
que actualmente tiene cobros por parte de la
Universidad y del ICETEX por montos superiores a 38 millones de pesos, para lo
cual las entidades ya han iniciado los cobros prejurídicos respectivos, y que
no cuenta con el dinero para pagar, pues es una persona de escasos recursos.
1.1.1.11.   Manifiesta
encontrarse en una situación de indefensión frente a estas dos grandes
instituciones, que no aceptan sus errores y omisiones y se niegan a
enmendarlas, por lo que ha tenido que dejar de lado su proyecto de vida y
varias opciones laborales.
1.1.2.  Argumentos
jurídicos de la tutela
1.1.2.1. Expresa la
accionante que la Universidad no puede negarse a la realización del grado por
temas económicos, pues así lo dijo la Corte en  la
Sentencia T-330 de 2008, en la que se determina que “una vez culminado sus
estudios y presentadas las valoraciones y pruebas reglamentarias, la acción que
se revisa es procedente; porque el reconocimiento de la idoneidad de un
profesional de parte del establecimiento que impartió la formación
correspondiente, en cuanto no pierde actualidad, puede darse en cualquier
momento”.
1.1.2.2.Arguye que se encontraba
amparada por el principio de confianza legítima del buen actuar de las
accionadas, para lo cual hace referencia a la
Sentencia T-538 de 1994.
1.1.2.3.En cuanto al
derecho a la educación, hizo alusión a la
Sentencia T- 494 de 2004, en la que la
Corte dijo que “el derecho a la educación se ubica en la categoría de
fundamental, y su titular dispone de instrumentos como la tutela para hacerlo
exigible”.
1.1.2.4.Con respecto al
tema de la autonomía universitaria, hizo alusión a la
Sentencia T-267 de 2008, que dice que “la autonomía universitaria encuentra
límites claramente definidos por la propia Constitución, a saber: (…) c) el
respecto por los derechos fundamentales también limita la autonomía
universitaria (…)”.
1.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida
la solicitud de tutela, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito- Piloto de
Oralidad de Bogotá la admitió el veintidós (22) de julio del 2011, y ordenó
oficiar a las entidades accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos y
pretensiones en ella contenidos.
Notificadas
las partes en debida forma de la admisión de la acción de tutela, y
transcurrido el término legal, Carlos Urbano Sánchez Gaitán, apoderado de la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  manifestó que la acción
versa sobre los mismos hechos respecto de los cuales se ocupó el Juzgado
Veintinueve Civil Municipal del Distrito Judicial de Bogotá, proceso que
culminó con sentencia del primero (01) de marzo de 2011, en el que se indicó
que no hubo vulneración al derecho de petición de la accionante.
Expresó
que en el expediente se demostró que la Universidad sí dio respuesta de fondo a
la petición elevada por la accionante, así mismo se demostró que AB tiene
pendiente obligaciones dinerarias con la Universidad, las cuales deben ser
saldadas para normalizar su situación.
En
relación a los hechos mencionados en el escrito de tutela, manifestó que:
1).
AB ingresó al programa de Diseño Industrial en la Universidad Jorge Tadeo
Lozano para el tercer periodo académico de 2004, culminando el plan de estudios
en el primer periodo académico del 2008.
2).
AB  financió la matrícula con el ICETEX, modalidad ACCES, consistente en que la
entidad financia el 75% del valor de la matrícula y la Universidad financia el
25% restante, en los siguientes periodos académicos: 2004-2, 2006-1, 2006-2,
2007-1, 2007-2, 2008-1, de los cuales los periodos 2005-1 y 2005-2 aparecen
aplazados por motivos especiales.
3).
Los estudiantes tienen el deber de realizar la actualización de datos o
solicitud de servicios ante el ICETEX, a través de un aplicativo que está
disponible en la página web de tal institución, dentro de un plazo razonable y
con la suficiente anterioridad al inicio del periodo académico. Si esa tarea no
se desarrolla, no se puede adelantar el proceso de renovación del crédito. En
este caso, es evidente que AB realizó tardíamente las labores de actualización
de datos ante el ICETEX, pues sólo hasta el trece (13) de mayo de 2005
actualizó los datos para adelantar los estudios en el primero semestre del
mismo año.
4).
Estaba demostrado que para el segundo semestre de 2005 el sistema del ICETEX
indicó que el siete (07) de abril de 2006 hubo un aplazamiento por motivos
personales, el cual fue efectuado directamente por la accionante.
5).
Al no haber desembolso por parte del ICETEX, la
Universidad asumió la financiación  de los dos periodos académicos del 2005.
6).
Desde la culminación de los estudios en el 2008, AB tiene una deuda con la Universidad,
la cual corresponde al 75% del periodo académico 2005-1 y el 100% del periodo
académico 2005-2, más los intereses correspondientes.
7).
En relación con el pagaré, la universidad resaltó que esta garantía se
constituye con el fin de tutelar los intereses patrimoniales de la institución,
siendo un mecanismo ordinario que se utiliza en el otorgamiento de esta clase
de créditos. Además, el título valor se suscribió con la correspondiente carta
de instrucciones.
8).
El hecho de que el ICETEX no haya hecho desembolso en los periodos académicos
2005-1 y 2005-2, no exonera a la accionante de la deuda con la Universidad, ya
que ésta prestó efectivamente el servicio de educación superior, y le permitió
a la señora AB continuar con sus estudios.
9).
El diecisiete (17) de enero de 2011 AB  presentó un derecho de petición ante la
Universidad, el cual fue respondido el siete (07) de febrero de 2011. El
diecisiete (17) de febrero siguiente se le dio traslado a la universidad de una
acción de tutela que la accionante había interpuesto en su contra, la cual fue
resuelta negativamente el primero (01) de marzo de 2011, ya que la petición
elevada había sido resuelta. Posteriormente, el cinco (05) de mayo de 2011 AB volvió
a presentar derecho de petición ante la universidad, quien el veinticinco (25)
de mayo de la misma anualidad, al encontrar que se trataba de los mismos hechos
reiteró lo expresado en la respuesta emitida el diecisiete (17) de febrero de
2011.
10).
Precisó que en todas las ocasiones la Universidad ha sido clara al suministrar
la información del caso, que ha invitado a la estudiante a realizar un acuerdo
de pago por las sumas pendientes, que la Universidad no ha reportado a la
señora AB a ninguna central de riesgo, y que la institución desconoce si otra
entidad la ha reportado a alguna central de riesgo.
11).
Concluyó el representante de la accionada con una invitación a la accionante
para que se dirija al Departamento de Facturación y Cartera de la
Universidad, para que adelante un acuerdo de pago que le permita ponerse al
día con la deuda adquirida.
En
consecuencia, solicitó que se desestimaran las pretensiones expuestas por la
accionante.
Por
su parte, Jesús Elías Andrade Relsen, Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del ICETEX manifestó con respecto a los hechos
referidos lo siguiente:
1).
A la accionante se le aprobó un crédito educativo por la línea ACCES, para
cursar el programa de Diseño Industrial en la
Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.  Para esta línea de
crédito el ICETEX concede un periodo de gracia hasta de un año, siempre y
cuando el estudiante haya cursado el programa completo; pero para el caso que
se estudia, la accionante no cumplió con todo el programa e incurrió en mora en
el pago de las cuotas pactadas, por lo que el crédito pasó a etapa de
amortización.
2).
Entre las obligaciones que adquirió la estudiante al momento de ser aprobado su
crédito, era estar pendiente de los giros y los pagos de las cuotas pactadas.
3).
Según se evidencia en el sistema, la estudiante no efectuó el proceso de
renovación de crédito para los periodos 2005-1, 2005-2 y 2008-2, incurriendo
así en la suspensión de los desembolsos por parte del ICETEX, tal como lo
contempla el reglamento de crédito educativo en su artículo 34, en donde se
regula todo el proceso de renovación del crédito.
4).
El ICETEX no ha incurrido en ningún error, pues lo que hace es dar estricto
cumplimiento al reglamento de crédito educativo aprobado por la
Junta Directiva en el año 2007, el cual no puede ser modificado a través de la
acción de tutela, motivo por el cual, como quiera que fue la accionante la que
incurrió en faltas al no realizar las renovaciones correspondientes, “no es
dable ahora, pasados tantos años venir a culpar al Instituto de la difícil
situación que actualmente se le presenta”.
5).
La Universidad no ha asumido su presunta responsabilidad frente al ICETEX, por
tanto, mientras no exista por parte del ente educativo una comunicación en
donde certifique su omisión y solicite la renovación extemporánea, el ICETEX no
puede realizar acciones ni gestiones diferentes a lo contemplado en el
reglamento de crédito educativo.
6).
En cuanto a que la accionante no conocía la situación del no reporte y no giro
de los dineros, el ICETEX hace alusión a la obligación que tienen los
estudiantes de acceder a la página web de la institución, ya que a través de la
cual se llevan a cabo los procesos de actualización y renovación de crédito, y
allí se evidencian los giros, los pagos y el estado del préstamo, “por
tanto, no puede ahora el apoderado de la accionante decir que se enteró de esta
circunstancia 6 años después”.
7).
La accionante no indicó de qué forma el ICETEX vulnera o amenaza  su derecho
fundamental al debido proceso, ni precisa de qué manera la entidad ha procedido
por fuera de los parámetros legales y del reglamento de crédito educativo, por
lo que resulta oportuno anotar que con su proceder, el ICETEX propende por
garantizar a los colombianos no sólo el acceso a créditos educativos, sino las
condiciones que les permitan a los beneficiarios mantenerse en la educación
superior.
8).
El ICETEX no ha vulnerado el derecho a la igualdad, pues no ha instaurado una
excepción o privilegio que exceptúe al accionante y que a su vez haya concedido
a otros en idénticas circunstancias.
9).
El ICETEX no violó el derecho a la educación de la accionante, toda vez que el
apoyo solicitado no es para educación básica ni primaria, sino para educación
superior, apartándose así de la condición de minoría de edad que exige la
jurisprudencia como condición esencial para que se tome como vulnerado el
derecho.
10).
Consideró el ICETEX que no es factible por parte de la accionante, acudir a
esta vía para pedir que se proceda al giro de unos dineros correspondientes al
periodo 2005-1 y 2005-2, después de haber pasado más de 6 años, y con esto,
manifestar en sus pretensiones que se le están violando derechos fundamentales
porque le están realizando el cobro de un saldo que no ha cancelado y que en
estricto derecho debe.
11).
La accionante pretende abordar asuntos patrimoniales derivados de un contrato
de mutuo, sin tomar en cuenta que no es de resorte del juez de tutela la
decisión de las controversias de carácter económico o patrimonial, dado que
para ello existe la jurisdicción ordinaria por la vía civil, e incluso en algunos
casos, la contencioso administrativa.
12).
“Por parte del ICETEX no ha habido vulneración ni intensión (SIC) positiva
de vulnerar derechos fundamentales al tutelante, toda vez que la entidad ha
actuado de conformidad con lo establecido en el reglamento de crédito educativo
(…)”.
Por
lo esbozado anteriormente, el ICETEX solicita que se niegue el amparo
deprecado, al no existir ni amenaza ni vulneración a derecho fundamental alguno
por parte de la institución.
1.3.
DECISIONES
JUDICIALES
1.3.1.  Decisión de primera
instancia
Mediante
Sentencia proferida
el tres (03) de agosto de 2011, el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito
Piloto de la Oralidad de Bogotá concede el amparo en forma parcial del derecho
a la educación  a favor de AB, ordenando a la Universidad Jorge Tadeo Lozano
permitirle realizar el curso que requiere, y una vez cumplidos los requisitos
legales, le otorgue el posterior grado.
El juez de
primera instancia arguye que los procedimientos administrativos iniciados por
los entes accionados (pérdida del subsidio concedido y el cobro prejudicial),
se ocasionaron porque la estudiante no cumplió con sus obligaciones
contractuales, por ende, no puede este despacho amparar tales situaciones,
máxime, si como lo establece el manual del crédito que tomó, era obligación de
ella estar pendiente de todo lo relativo al préstamo educacional; además, estas
son circunstancias de carácter legal, específicamente monetario, y por lo mismo
excluidas del ámbito de competencia del juez constitucional.
De la misma manera,
advierte que la decisión tomada por el ICETEX y por la
Universidad no son arbitrarias, ya que: i) el cobro se encuentra justificado
por la normatividad legal, ii) la accionante no realizó las diligencias que le
correspondían, y a las cuales se comprometió al firmar el crédito, y iii) no
existió en el momento oportuno la debida preocupación de parte de la accionante,
máxime si se advierte que la Universidad la ha invitado a un acuerdo de pago al
que ella ha hecho caso omiso.
Por otra parte,
expresa que no se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio
irremediable, en la medida en que, los efectos puestos de presente ante la
decisión de las accionadas, no generan un daño grave constitutivo de dicha
noción, por lo que la señora AB puede acudir ante la jurisdicción ordinaria
para controvertir este tema.
Sin embargo,
como la accionante afirmó que en razón a su deuda no ha podido graduarse, ya
que la Universidad no le ha permitido realizar el curso que requiere para ello
hasta que cancele dicha deuda, y como el ente accionado no refirió nada frente
a este punto, el juez tuvo por cierto los hechos, conforme lo establece el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, razón por la cual amparó el derecho
fundamental a la educación de la accionante.
1.3.2.  Impugnación
Dentro de la
oportunidad legal prevista, el apoderado judicial de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano impugnó la sentencia de primera instancia
conforme a los siguientes argumentos:
1.3.2.1.Inicialmente la Universidad
destaca que en el fallo de primera instancia se concluyó que AB tiene pendiente
obligaciones dinerarias con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, las cuales deben
ser saldadas para normalizar su situación, y que es su deber (el de la
accionante), estar pendiente de su situación financiera. Es decir, la carga y
construcción argumentativa y probatoria del fallo, coincide con la intervención
de la Universidad en el informe presentado ante el a quo; no obstante, le
desconcierta lo expresado en el folio 9 de la sentencia, cuando indica que “sin
embargo, como la accionante afirmó que en razón a su deuda no ha podido
graduarse, ya que la universidad no le ha permitido realizar el curso que
requiere para ello hasta que cancele dicha deuda, y como el ente accionado no
refirió nada frente a este punto, el juez tuvo por cierto los hechos, conforme
lo establece el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991(…)”. En efecto, la
institución se refirió a todos y cada uno de los hechos de este caso, toda vez
que se realizó un historial completo de los antecedentes de AB en la
Universidad, pues basta con leer atentamente el memorial presentado por la
institución educativa el 28 de julio de 2011 para encontrar que no es cierto
que haya dejado de pronunciarse en todos los elementos de hecho en este caso.
1.3.2.2.Expresa que aun
siendo cierto lo manifestado por el juzgado de primera instancia, la
interpretación citada riñe con toda la argumentación sostenida en el fallo,
pues inicialmente reconoce la existencia de unas obligaciones pendientes a
cargo de la accionante, pero a la vez, ordena a la universidad permitirle el
desarrollo de ciertas actividades, lo cual sólo es posible ejecutar cuando AB se
ponga al día con sus obligaciones.
1.3.2.3.Así mismo
manifiesta que a la accionante no se le está impidiendo su grado, toda vez que
no ha cumplido con los requisitos para tal propósito, pues debe adelantar un
trabajo de grado, el cual debe ser aprobado, y esta situación no puede ser
sustituida por una sentencia.
1.3.2.4.Indica que la
Sentencia SU-624 de 1999 no resulta aplicable en este caso, ya que esta trata
el tema del año preescolar y los primeros nueve años lectivos, pues son éstos
los que la Carta Fundamental señala como objetivo constitucional.
1.3.2.5.Manifiesta que
el hecho de que la universidad proteja sus intereses, no implica per se, la
violación al derecho a la educación, pues la accionante se debe sujetar a las
reglas establecidas por la universidad, y honrar los compromisos asumidos con
la institución.
1.3.2.6.Arguye que el
derecho a la educación comporta deberes y obligaciones de parte de los
estudiantes, pues tal como lo ha expresado la
Corte Constitucional, “es obligación de los estudiantes acatar las normas
reglamentarias, en virtud del carácter de derecho-deber de la educación, y ha
declarado que la tutela no procede para eludir el cumplimiento de las
previsiones del reglamento estudiantil, o para perseguir la acreditación de
requisitos de acceso y permanencia en la institución, que no han sido
acreditados en el ámbito académico-reglamentario de cada institución”.
1.3.2.7.Menciona que la
Universidad está en todo su derecho de proteger sus intereses económicos, tal
como lo ha reconocido la jurisprudencia al señalar que “(…) no excluye que
la entidad aspire a obtener una legítima ganancia, y por ello la
Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural de las cargas
financieras del sistema de la educación privada (…). Surge para los
establecimientos educativos el derecho a obtener los pagos provenientes de la
ejecución del contrato educativo-matriculas (SIC), pensiones y otros
emolumentos- y para los educandos la obligación correlativa a realizarlos”.
1.3.2.8.En este orden de
ideas, la Universidad recalca que en todos los escenarios se ha invitado a la
accionante para que se dirija al Departamento de Facturación y cartera de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano para que adelante un acuerdo de pago que le
permita ponerse al día con la deuda, invitación que ésta no ha aceptado, pues
su propósito es evadir sus obligaciones.
En concordancia
con lo anteriormente expuesto, la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, solicita denegar el amparo
deprecado.
1.3.3.  Decisión de
segunda instancia
Mediante
sentencia proferida
el veinticuatro (24) de agosto de 2011, la
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó
el fallo impugnado, y en su lugar, negó el amparo invocado. Los argumentos del
juez de segunda instancia son los siguientes:
i)    La educación, no
obstante su carácter de pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho,
produce obligaciones recíprocas entre las partes, las cuales deben cumplirse para
obtener un fin primordial. En tanto, desde el punto de vista administrativo
también se generan obligaciones, que para el caso sub examine se
concreta en que las accionadas realicen internamente las gestiones tendientes a
obtener el cobro, pagos y montos, en aras precisamente de permitir el grado
como profesional.
ii)  Aplicando la
doctrina constitucional a este caso, es palpable que no se puede hacer uso de
la figura de la presunción de veracidad, pues la accionada no tuvo una actitud
silente frente a lo solicitado por el juzgador de primera instancia, pues en su
escrito afirma que se “trata de elementos de juicio de carácter subjetivo
por parte de la apoderada de la accionante (…)”.
iii)    Tampoco se
aprecia que esta acción tenga vocación de prosperidad, pues frente a la
situación planteada, en la que es incuestionable que aunque el ICETEX no
efectuó los desembolsos para los periodos 2005-1 y 2005-2 y dicha financiación
la asumió la Universidad Jorge Tadeo Lozano a partir de ese año y hasta la
terminación de los estudios, es lógico que si no se ha cubierto el valor
adeudado, la entidad accionada está en todo su derecho de exigir la suma de que
se trata.
iv)    Respecto a los
otros derechos invocados y que se pudieron haber desprendido de la vulneración
del derecho  a la educación, no se encuentra actuación que denote tal
quebrantamiento.
1.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES OBRANTES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Obran
en el expediente, entre otras,
las siguientes:
1.4.1.  Poder otorgado
por la señora AB a German Humberto Rincón Pefetti y Giomar Angélica Aguilar
González.
1.4.2.  Copia del
derecho de petición elevado por AB ante el Consejo Académico de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, adiado a diecisiete (17) de enero de 2011.
1.4.3.   Copia del
derecho de petición elevado por AB ante el ICETEX (no se identifica fecha).
1.4.4.  Copia de la
información de la obligación de la señora AB a favor del ICETEX, expedida éste
el veinticuatro (24) de febrero de 2011.
1.4.5.  Copia de la
información enviada por el jefe de la oficina de apoyo financiero de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano a la
Coordinadora General de la misma Institución, donde consta que no hay registro
de giros en el 2005.
1.4.6.  Copia del
derecho de petición elevado por AB ante la Universidad Jorge Tadeo Lozano de
Bogotá, adiado a cinco (05) de mayo de 2011.
1.4.7.  Respuesta al
derecho de petición elevado (según consta en el escrito el 10 de mayo de 2011)
por AB ante la Universidad Jorge Tadeo Lozano, adiado a veinticinco (25) de
mayo del 2011.
1.4.8.  Estado de cuenta
emitido por la Universidad Jorge Tadeo Lozano el día veinticinco (25) de mayo
de 2011, donde consta la deuda que AB tiene con la universidad.
1.4.9.  Acta de
declaración juramentada realizada por Tatiana Galicia González, donde consta
que a AB le ha tocado aceptar cargos como estudiante por no haberse graduado.
1.4.10. Acta de
declaración juramentada realizada por Juan Pablo Velasco Moreno, donde consta
que a AB se le ha obstaculizado su proyecto de vida por impedírsele graduar.
1.4.11. Copia de la
respuesta al derecho de petición elevado (según consta en el escrito, el 17 de
enero de 2011) por AB ante la Universidad Jorge Tadeo Lozano, adiado a diez
(10) de febrero de 2011.
1.4.12. Copia y original
de la escritura pública N°. 3365 del trece (13) de julio de 2006, en la que el
señor José Fernando Isaza Delgado, rector y representante legal de la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, confirió poder general a
Carlos Urbano Sánchez Gaitán.
1.4.13. Copia de la
Sentencia proferida el primero (01) de marzo de 2011 por el Juzgado Veintinueve
Civil Municipal de Bogotá, que resolvió negar la tutela instaurada por AB en
contra de la Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
1.4.14. Constancia
expedida por  la Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, donde
consta que AB cursó y aprobó ciento cincuenta y dos (152) créditos académicos
del programa Diseño Industrial.
1.4.15. Estado actual de
la solicitud, consultado en la página del ICETEX el veintisiete (27) de julio
de 2011.
1.4.16.   Estado de
cuenta emitido por la Universidad Jorge Tadeo Lozano el día veintisiete (27) de
julio de 2011, donde consta la deuda que AB tiene con la Universidad.
1.4.17. Copia del pagaré
y de la carta de instrucciones firmado por AB a favor de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano.
1.4.18. Copia del
informe rendido por el rector y representante legal de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano al Juez Veintinueve Civil Municipal de Bogotá,
adiado a veintiuno (21) de febrero de 2011.
1.4.19. Copia de la
certificación expedida por el ICETEX, donde anexa los registros sistematizados
de los desembolsos del crédito a favor de la señora AB.
1.4.20. Copia del Acuerdo
029 del veinte (20) de junio de 2007, por  el cual se adopta el reglamento de
crédito del ICETEX.
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades
conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de
la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en
la forma establecida por el reglamento de la
Corporación.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
De
los supuestos fácticos planteados anteriormente, se le atribuye al ICETEX y a
la Universidad Jorge Tadeo Lozano la vulneración de los derechos fundamentales
a la educación,
al trabajo, al buen nombre, a la dignidad y a la igualdad de AB, a quien se le
ha impedido la realización del curso “CPG”, requisito necesario para
graduarse como profesional de Diseño Industrial, y a quien el ICETEX ha
revocado el año de gracia para el pago del crédito ACCES que le fue otorgado.
Así
las cosas, el problema jurídico que esta Sala debe resolver, consiste en
establecer si a AB, por impedírsele realizar el curso “CPG”, requisito
necesario para graduarse como profesional en diseño industrial, al no girársele
el dinero correspondiente a los semestres 1 y 2 del año 2005, por parte del
ICETEX, al revocársele el año de gracia para el pago de su deuda con esta
institución, y al iniciársele cobro coactivo de los periodos adeudados, se le
vulneran sus derechos fundamentales a la educación, al trabajo, al buen nombre,
a la dignidad y a la igualdad.
Para
tal fin, la Sala reiterará la jurisprudencia con respecto a: i) el contenido
del derecho fundamental a la educación, ii) el alcance de la autonomía universitaria;
iii) la buena fe y la confianza legítima en las actuaciones de los
particulares; y iv)  análisis del caso concreto.
2.3.
PARTE
GENERAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA
EDUCACIÓN.  REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
La Constitución de 1991
contempla en su artículo 67 que “la educación es un derecho de la persona y
un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura (…)”.
Del artículo citado se evidencia que la
educación tiene doble connotación.  Como derecho, la educación
se constituye en la garantía que propende por la formación de los individuos
en todas sus potencialidades, pues a través de ésta el ser humano puede
desarrollar y fortalecer sus habilidades cognitivas, físicas, morales,
culturales entre otras, y como servicio público, la educación se convierte en
una obligación del Estado inherente a su finalidad social.
Pero no sólo la
Carta Política reconoce expresamente el derecho a la educación, pues
éste ha sido acreditado a nivel internacional por diversos tratados ratificados
por Colombia y que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, al tenor del
artículo 93 de la Constitución de 1991.
La
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que en el artículo 26 regula que “1. Toda
persona tiene derecho a la educación. (…) La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de
las Na
El Pacto
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 13 consagra
que: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de
las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz (…).2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que,
con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: (…) c) La enseñanza
superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita (…)”.
El
Protocolo adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), que en el artículo 13
consagra el mismo contenido normativo del Pacto  de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
El
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo que interpreta
y vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que en su Observación General No. 13 sobre el derecho a
la educación, afirmó que éste “es el principal medio que permite a adultos y
menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar
plenamente en sus comunidades”[1].
Por
otra parte, en cuanto a las normas nacionales adoptadas en cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, la
Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”, en
su artículo 1° establece que  “La educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes”.
Así mismo, en su
artículo 5° esta ley expresa que: “la educación se desarrollará atendiendo a
los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad (…). 2. La
formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad
y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  3. La
formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan (…). 4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley
(…). 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos
(…). 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la
diversidad étnica y cultural del país (…). 7. El acceso al conocimiento, la
ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la
investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes
manifestaciones.  8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía
nacional (…). 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica
(…).  10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de
los recursos naturales (…). 11. La formación en la práctica del trabajo (…).  12.
La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene (…). y
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo
del país y le permita al educando ingresar al sector productivo[2]”.
En
esta perspectiva son necesarias dos conclusiones: i) que el acceso al conocimiento
y a la formación académica constituyen los fundamentos esenciales para el
desarrollo de conocimientos científicos, históricos, morales, sociales,
culturales, geográficos, tecnológicos, entre otros, que propenden por la
consecución de niveles óptimos del desarrollo personal de los individuos, en
aras, a que éstos a la vez puedan aportar a la sociedad el respeto y protección
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y ii) que el contenido
del derecho a la educación va mucho más allá de ser un servicio público y un
derecho fundamental, pues esta garantía constitucional guarda estrecha relación
con el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a escoger profesión y
oficio, pues representa la posibilidad de todas las personas de elegir y
acceder a cierto tipo de conocimiento según sus propias expectativas de vida.
Ahora
bien, sentado lo anterior, conviene recordar que en varios pronunciamientos se
ha ocupado esta Corporación del derecho a la educación superior garantizado en la
Constitución.
Entonces,
la Corte ha considerado que este derecho es fundamental y goza de un carácter
progresivo. En efecto, su fundamentalidad está dada  por su estrecha relación
con la dignidad humana, en su connotación de autonomía individual, ya que su
práctica conlleva a la elección de un proyecto de vida y la materialización de
otros principios y valores propios del ser humano; y su progresividad la
determina: i) la
obligación del Estado de adoptar  medidas, en un plazo razonable, para
lograr una mayor realización del derecho, de manera que la simple actitud
pasiva de éste se opone al principio en mención (aquí encontramos la obligación
del Estado de
procurar el acceso progresivo de las personas a las Universidades, mediante la
adopción de ciertas estrategias, dentro de las cuales encontramos facilitar
mecanismos financieros que hagan posible el acceso de las personas a la
educación superior, así como la garantía  de que progresivamente el nivel de
cupos disponibles para el acceso al servicio se vayan ampliando); (ii)
la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos
vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la
eficacia del derecho concernido.
Así
mismo, la Corte ha sostenido que la naturaleza de derecho fundamental del
derecho a la educación superior, contiene dentro de su núcleo esencial la
garantía de que su goce efectivo está a cargo del Estado, lo que significa que
si bien éste último no tiene una obligación directa de procurar el acceso
inmediato de todas las personas a la educación superior, sí significa que no
queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las
personas al sistema educativo.
Así
las cosas, a continuación se traerán a colación algunos fallos del Alto
Tribunal en los que  ha estudiado el tema del derecho a la educación superior, especialmente,
del reconocimiento de dicho derecho como presupuesto necesario para la
efectividad de otras garantías constitucionales, que implica para el educando
tanto deberes como derechos.
Dentro
de sus fallos encontramos la Sentencia T- 933 de 2005[3],
en la que se estudió el caso de un joven que pese a haber cumplido con los
requisitos académicos para obtener su título como abogado, la
Universidad en la que adelantó sus estudios se lo impidió por no encontrarse a
paz y salvo con el pago de un semestre académico. Aquí la
Corte sostuvo:
“la Carta
Política dota a la educación de un contenido específico que
se materializa a través de  distintos artículos de la
Carta, a saber: (i) en el artículo 26, que consagra la libertad de escoger
profesión y oficio, (ii) en el artículo 27, que consagra la libertad de
enseñanza, (iii) en el artículo 67, que define la educación como un derecho
deber y un servicio público que cumple una función social, (iv) en el artículo
68, que autoriza a los particulares a fundar centros educativos en concordancia
con el derecho de autonomía privada y de libertad de empresa, (v) en el
artículo 69, que consagra el principio de autonomía universitaria, (vi) en el
artículo 70, que le impone al Estado el deber de garantizar el acceso y
promoción de la cultura y, en fin, en todas las demás disposiciones superiores
que hacen parte de la llamada “Constitución Cultural”.
Adicionalmente,
ha precisado la Corte que la educación, en el contexto del orden jurídico,
político y social imperante, se constituye igualmente en un presupuesto básico
de efectividad de otros derechos, principios y valores constitucionales, tales
como el trabajo y el mínimo vital, ya que una vez la persona ha completado su
formación superior en el área del conocimiento y de la ciencia escogida,
adquiere las condiciones necesarias para acceder al campo laboral y para
brindarse a sí misma y a su núcleo familiar unas condiciones dignas de
subsistencia.
Así
entendido, se reitera, la jurisprudencia constitucional, en completa sintonía
con las normas internacionales sobre derechos humanos, le ha otorgado a la
educación el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, inherente
al ser humano, que como tal debe ser garantizado, promovido y respetado sin que
resulte admisible proponer, respecto de su dimensión más íntima o ámbito irreductible
de protección, ningún tipo de restricción o desconocimiento que impida su
ejercicio (…)”.
Siguiendo
con nuestra línea argumentativa, la Sala encuentra necesario hacer alusión a la
Sentencia T- 544 de 2006[4],
en la que se estudió el caso de una estudiante que fue excluida de la
Universidad donde estudiaba por no cumplir sus obligaciones dinerarias. Aquí
el Alto Tribunal manifestó que:
“la educación conlleva deberes correlativos para sus diversos
actores. En el caso de los estudiantes,  el acceso y permanencia en el
sistema educativo no otorga solamente facultades, sino que implica el
cumplimiento de obligaciones académicas y administrativas, de las cuales puede
depender la posibilidad de exigir los compromisos que recaen en la institución
educativa y en los demás responsables del proceso formativo.
En
virtud de su función social, la educación se configura entonces como
derecho-deber, pues si bien supone “reconocer a todo ser humano la posibilidad
de recibir una formación acorde con sus habilidades, cultura y tradiciones,
también implica para sus titulares el compromiso de cumplir con las
obligaciones académicas y disciplinarias que correspondan”.
Por tanto, el acceso y permanencia en el sistema educativo
-elementos básicos del núcleo esencial del derecho a la educación, no
constituyen potestades absolutas y autónomas, sino que se integran en cada caso
concreto al sistema de facultades y deberes del estudiante y de los diversos
agentes que interactúan en su educación”.
En
cuanto a la fundamentalidad del derecho a la educación, la
Sentencia T- 321 de 2007[5],
que trató el caso de una persona que por haber obtenido el título de mejor
bachiller, accedió a un crédito educativo con el ICETEX, institución que no
desembolsó el dinero correspondiente por “falta de fondos”, vulnerando así lo
derechos fundamentales a la educación y al libre desarrollo de la personalidad
del accionante. La Corte analizó sí el hecho de ser fundamental el derecho a la
educación lo convertía en una garantía de obligatorio cumplimiento de parte del
Estado cuando se trata de educación superior. Al respecto el Alto Tribunal
expresó:
“No
obstante que el Estado no tiene obligación directa en la garantía del ejercicio
del derecho de educación en niveles de estudios superiores ni frente a personas
mayores de quince años, la Constitución lo hace responsable de la educación,
conjuntamente con la familia y la sociedad, por lo que tiene el deber de
procurar el acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de
escolaridad, mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se
destaca, por expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar
mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas
a la educación superior.
El
cumplimiento de este deber radicado constitucionalmente en cabeza del Estado,
ha sido encomendado al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (ICETEX), cuya importancia ha
sido reconocida por esta Corporación, como quiera que su objetivo de fomentar y
promover el desarrollo educativo de la nación, se dirige de manera directa a la
realización del individuo, de tal suerte que éste pueda integrarse de manera
efectiva a la sociedad.
De
acuerdo con el artículo segundo de la Ley 1002 de 2005, el ICETEX “tendrá por
objeto el fomento social de la educación superior, priorizando la población de
bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos
a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia
de las personas a la educación superior, la canalización y administración de
recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con
recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto con criterios de cobertura,
calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial.
Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación
superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.
De
la misma manera,  la Sentencia T-845 de 2010[6], revisó el
asunto de un joven que solicitó un crédito educativo al ICETEX, el cual fue
negado porque esta institución no tenía convenio con la
Institución de Educación Superior (IES) en la que se encontraba matriculado.
En dicha oportunidad el Alto Tribunal consideró que se le vulneraron los derechos
a la libertad de escoger profesión u oficio y el derecho al acceso a la educación
al accionante, por lo que incorporó en su decisión los principios de
razonabilidad y proporcionalidad con los de idoneidad y necesidad, destinados a
evaluar que los derechos fundamentales, entre ellos el de educación, alcancen
la mayor efectividad posible. En palabras de la
Corte:
“Esta
Corte, además, ha precisado las esferas positivas del derecho, con base
en  la dogmática del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
de la ONU. En tal sentido, expresó la
Corporación en sentencia T-1030 de 2006:
“Como
derecho y como servicio público, la jurisprudencia constitucional y la doctrina
nacional e internacional han entendido que la educación comprende cuatro
dimensiones de contenido prestacional, a saber: (i) la asequibilidad o
disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de
crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos
aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a
los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura
para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que
implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en
condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de
discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el
punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a
la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los
educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv)
la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe
impartirse.
En
ese marco, la Corte ha expresado que el derecho a la educación es “(i) es un
bien objeto de especial protección del Estado, y un derecho fundamental
susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela; (ii) un presupuesto
básico del ejercicio y goce de otros derechos fundamentales; (iii) un servicio
público cuya prestación es un fin esencial del Estado, y cuyo núcleo esencial
(iv) comprende el acceso a un sistema educativo que permita una
formación adecuada, y la permanencia en el mismo; y (v) un deber
que genera obligaciones entre los distintos actores del proceso educativo” (Subrayado
en el texto).
Se concluye entonces, que
la normativa interna y la jurisprudencia constitucional, en completa armonía con las normas
internacionales sobre derechos humanos, le han otorgado a la educación el
carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata e inherente al ser
humano, que le permite a los individuos acceder a un proceso de formación personal, social y
cultural de carácter permanente, que como tal, tratándose de educación superior, se convierte en una
obligación progresiva[7]
que debe ser garantizado y promovido  por el Estado, la sociedad y la familia,
sin que resulte admisible aceptar ningún tipo de restricción o desconocimiento
que impida su ejercicio.
2.4.
EL ALCANCE DE LA
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. REINTERACIÓN JURISPRUDENCIAL
El principio de autonomía
universitaria, consagrado en el artículo 69 de la
Carta Política, que consiste en la facultad de la que gozan las universidades para
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley,
ha sido concebido por esta Corporación “como un principio de
autodeterminación derivado de la
Constitución, que propende por la garantía para los centros educativos de
desarrollar su misión, filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su
ideología y los fines académicos que se plantea”[8].
Reiteradamente
esta Corporación se ha pronunciado sobre el derecho a la educación y a la
autonomía universitaria, garantías que frecuentemente entran en conflicto. Así,
ha sostenido que aunque es posible que las instituciones educativas creen sus
propios reglamentos, tal regulación no puede desconocer  u obstaculizar la
materialización del núcleo esencial del derecho a la educación, el cual
consiste en el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo.
La
Corte
en varias oportunidades se ha referido a lo anteriormente planteado. Dentro de
sus pronunciamientos encontramos la
Sentencia T- 002 de 1992[9],
en la que se decidió el caso de una estudiante universitaria que debido a haber
reprobado tres veces una misma materia, fue excluida de la
Universidad, debido a que dicha sanción estaba contemplada en el reglamento de
la institución. Aquí la Corte sostuvo que la educación puede ser reglamentada
autónomamente por las instituciones educativas, más no puede ser ni limitada ni
negada en su núcleo esencial. En palabras del Alto Tribunal:
“La
organización y funcionamiento del Estado persigue los fines esenciales que
traza el artículo 2o., cuando dice: "Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución".
Por
lo tanto el principio de la autonomía universitaria, consagrado en el artículo
69 de la Constitución, debe ser leído en el marco del artículo 2o., por ser la
primera una norma orgánica, mientras que este último es un principio material
que irradia toda la Constitución.
En
otras palabras, la educación puede ser encauzada y reglada autónomamente pero
no negada en su núcleo esencial. Siguiendo a Peter Häberle, se denomina
"contenido esencial" al ámbito necesario e irreductible de conducta
que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el
derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho
fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la
dinámica de coyunturas o ideas políticas”.
En
reiteración de esta posición, también se pronunció la
Sentencia T- 515 de 1995[10],
que revisó el caso de una estudiante de música, a la que la universidad en la
que adelantaba sus estudios le recomendó el retiro
definitivo o retiro temporal para efectos de que cuando hubiese un mejor
maestro que dirigiera una de las materias que cursaba, pidiera el reintegro a la
Universidad y así continuara con su trabajo en orden a la consecución del
grado. Aquí el Alto Tribunal sostuvo que:
“La
autonomía universitaria de manera alguna implica el elemento de lo absoluto.
Dentro de un sentido general, la autonomía universitaria se admite de
acuerdo  a determinados parámetros que la
Constitución establece, constituyéndose, entonces, en una relación
derecho-deber, lo cual implica una ambivalente reciprocidad por cuanto su
reconocimiento y su limitación están en la misma Constitución. El límite a la
autonomía universitaria lo establece el contenido Constitucional, que garantiza
su protección pero sin desmedro de los derechos igualmente protegidos por la
normatividad constitucional”.
Siguiendo
esta línea argumentativa, la Corte en la ya citada Sentencia T- 544 de 2006
manifestó que:
“En el caso de las Universidades, la
Corte Constitucional ha sido clara al señalar además que su autonomía no
implica la ausencia de límites y la imposibilidad de regulación legislativa, y
que las garantías constitucionales operan como barreras infranqueables a la
actividad de la institución, en tanto que la autonomía
universitaria es legítima siempre y cuando no transgreda derechos fundamentales”.
Ahora
bien, en cuanto al contenido y alcance del derecho a la autonomía
universitaria, la Corte ha indicado que en virtud de éste, lo que se garantiza
es que las universidades puedan autorregularse administrativa y académicamente.
En particular, esta Corporación en la
Sentencia T- 703 de 2008[11],
en la que estudió el caso de un miembro de una comunidad indígena que aplicó
para ingresar a la universidad a cursar sus estudios superiores, la cual negó
su ingreso por no encontrarse reconocida su calidad de indígena, pese a que las
autoridades mayores del cabildo lo certificaban como miembro de la comunidad, la
Corte expresó que la autonomía universitaria consiste en la posibilidad para
los centros educativos de:
“(i) darse y modificar sus estatutos; (ii)
establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de
sus directivos y administradores; (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus
programas académicos, formativos, docentes, científicos y culturales;
(iii)  seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; (iv) asumir
la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (v) administrar sus propios
bienes y recursos.
De la misma manera, la
Corte ha precisado que a pesar de la naturaleza constitucional del principio
de autonomía universitaria y de su importancia en el Estado Social de Derecho,
no es dable sostener que sea absoluto y, por tanto, que no encuentre límites de
ninguna especie. Por el contrario, ha concluido que en su ejercicio, las
instituciones educativas deben respetar los valores y principios consagrados en
la Constitución, así como respetar y garantizar los derechos fundamentales,
entre otros, de sus estudiantes”.
En el mismo sentido se pronunció la
Sentencia T- 142 de 2009[12],
donde se revisó el caso de un desplazado que presentó examen para ingresar a la
facultad de medicina de una Universidad, pero que fue excluido del cupo
estudiantil porque éste fue otorgado a otra persona que supuestamente era
desplazada pero no lo acreditaba. En este fallo la
Corte precisó que:
“Sin embargo, tal autonomía no es
absoluta y se encuentra limitada por la potestad configurativa del legislador,
la facultad reglamentaria del ejecutivo y el deber de propiciar el goce
efectivo del derecho fundamental a la educación. Por ello es admisible la
intervención del juez de tutela, siempre que sea imperioso proteger derechos
fundamentales contra  Universidad”.
Entonces,
es claro para la Sala que, si bien en materia de educación superior
las universidades materializan su derecho a la autonomía universitaria a través
de la creación de los reglamentos estudiantiles y estatutos que rigen las
relaciones académicas y contractuales entre los estudiantes, los docentes y las
directivas, dichas normas no predominan sobre el contenido esencial de los
derechos fundamentales, entre ellos el de la educación, de forma que no pueden
utilizarse como fundamento o motivación para su desconocimiento.
2.5.
LA
BUENA FE Y LA
CONFIANZA LEGÍTIMA EN LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL
El
principio de la buena fe se encuentra indudablemente ligado al objetivo
fundamental de erradicar las actuaciones arbitrarias de parte de las
autoridades públicas y de los particulares, pues lo que se busca es que las
hechos de éstos se aparten de subjetividades e impulsos que generen
arbitrariedad, y se ciñan a niveles aceptables de certeza y previsibilidad.
En
este sentido, el principio de la buena fe ha sido entendido por la
Corte como “una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y
credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante
éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema
jurídico (…),  de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el
ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser
entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y
honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma (…). La buena fe
incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y
confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus
efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido
en casos análogos”[13].
También
ha dicho esta Corporación que “el principio de la confianza legítima
constituye una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre
las autoridades y los particulares y permite conciliar, en ocasiones, el
interés general y los derechos de las personas. Esa confianza legítima se
fundamenta en los principios de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la
Constitución Política, en la seguridad jurídica estipulada en los artículos 1º
y 4 del Ordenamiento Superior y en el respeto al acto propio y adquiere una
identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la
relación entre administración y administrado”. [14]
Por
tanto, le queda vedada a la Administración cambiar “situaciones jurídicas
originadas en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y
en ese sentido legítimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que -se
presume- informa las actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del
principio de buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que
caracteriza al estado constitucional de derecho”[15].
En
materia de educación, el principio de la confianza legítima se ha aplicado
cuando al administrado se le ha generado una expectativa seria
y fundada de que las actuaciones posteriores de la administración, y en casos
excepcionales de los particulares, serán consecuentes con sus actos
precedentes, lo cual generan una convicción de estabilidad en sus acciones.
La Corte ha
revisado casos en los que se ha vulnerado el principio de buena fe y confianza
legítima en materia de educación superior. En éstos, prima la particularidad de
que una vez se genere la confianza legítima en los particulares, ésta no puede
ser defraudada, so pena de vulnerar el principio de la buena fe que debe guiar
las actuaciones de todas las personas.
A
continuación se hará mención de alguno de ellos, en los que sí bien es el
ICETEX el transgresor de estas garantías (lo cual no sucede en el caso sub
examine, tal como se mostrará más adelante), nos sirven para ilustrar el
tratamiento dado por esta Corporación al tema que se trata.
Para
empezar, se debe mencionar el asunto revisado por este Tribunal en la
Sentencia T- 689 de 2005[16],
en la que se estudió el caso de un estudiante al que el ICETEX le aprobó un
crédito educativo para estudiar en una determinada Universidad, pero que
después de tres semestres de haber desembolsado el dinero, revocó el préstamo
porque dicha institución no se encontraba acreditada según los requisitos
exigidos por la ley, la Corte precisó que:
“no
existe un derecho adquirido por el actor frente al ICETEX en lo que se refiere
al otorgamiento del crédito educativo. Esto se explica porque la concesión de
un crédito de cualquier clase exige el cumplimiento de unos requisitos. En materia
educativa, se debe cumplir con requerimientos académicos y administrativos, de
conformidad con el reglamento de crédito educativo. Adicionalmente, el crédito
está sometido a un plazo que corresponde a un período académico determinado
(normalmente un semestre académico).
Ahora
bien, el hecho de que no se creen derechos adquiridos frente al otorgamiento de
un crédito educativo, no conlleva necesariamente a afirmar que no pueda
existir una violación de derechos de carácter fundamental cuando los particulares
se han creado expectativas legítimas frente a la actuación de la administración.
En este caso, la expectativa del actor era que la renovación de su crédito
educativo se produjera para continuar realizando sus estudios (…)”. (Subrayado
fuera del texto).
Por
su parte, la ya citada Sentencia T- 321 de 2007[17]
dijo frente al tema en cuestión que:
“Así
las cosas, la Sala considera que en el momento en que el Municipio aprobó el
crédito al accionante para cursar una carrera completa, generó la confianza
legítima de que ello ocurriría, por lo que ésta no puede ser defraudada, toda
vez que un comportamiento en tal sentido, no sólo vulneraría el principio de
buena fe que debe irradiar las actuaciones de la administración, sino que
cercenaría las oportunidades reales del accionante, quien no obstante ser
una persona de escasos recursos y carecer de empleo, se trasladó de su
municipio de origen a Bogotá, para realizar sus estudios superiores y
realizarse personal y profesionalmente”. (Subrayado fuera
del texto).
En
la Sentencia T-845 de 2010[18],
en la que se trató el asunto de una joven que elevó solicitud
de crédito estudiantil ante el ICETEX a través del portal de internet de la
institución, el cual fue negado por no cumplir con un requisito que no aparecía
publicado en la página web, el Alto Tribunal consideró que:
“(…)
toda la información y el acompañamiento dado por el Icetex a la petición de la
accionante, si bien no le daban el derecho a acceder a un crédito educativo, sí
le generaron la expectativa legítima de que su petición sería estudiada con
base en parámetros objetivos previamente establecidos y conocidos por los
asociados (…)”.  (Subrayado fuera del texto).
Por
lo expuesto, resulta lógico entender que el principio de la confianza legítima
como proyección de la buena fe, en la medida en que el particular, a pesar de
encontrarse ante una mera expectativa, confía en que una determinada situación
se mantendrá, constituye una garantía para los ciudadanos, según la cual, las
actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares, conservarán las
condiciones fácticas y jurídicas que precedentemente se hayan adoptado.
2.6.
ANÁLISIS
DEL CASO CONCRETO
2.6.1.
Examen
de inmediatez
Con
respecto a lo alegado por el ICETEX, en cuanto a que no existe perjuicio irremediable
ni se encuentra probado el requisito de la inmediatez que haga procedente la
tutela, pues la peticionaria hizo uso de la acción seis años después de los
hechos que originaron la supuesta vulneración, encuentra la Sala que en el
presente caso está justificada la actuación de la señora AB, debido a que si
bien es cierto que lo pretendido por ella es el pago de una suma de dinero
correspondiente a los periodos 1 y 2 de 2005, también lo es que sólo hasta que
pretendió graduarse se le informó de la deuda que tiene con la Universidad, lo
que hace procedente la acción de tutela ante la afectación actual del derecho a
la educación.
2.6.2.
Examen
de la presunta vulneración del derecho fundamental a la educación de la
tutelante
2.6.2.1.
Resumen
de los hechos
AB
ingresó al programa de Diseño Industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
para lo cual financió la matrícula con el ICETEX en la modalidad ACCES,
consistente en que la entidad financiaba el 75% del valor de la matrícula y la
universidad el 25% restante.
En
los periodos 2005-1 y 2005-2 el ICETEX no hizo los desembolsos
correspondientes, debido a que en su portal de internet aparece que  la
estudiante no realizó el proceso de renovación del crédito, lo que dio origen,
según el artículo 34 del reglamento de crédito educativo (Acuerdo 29 de 2007),
a la suspensión  de los desembolsos correspondientes. A pesar que existía mora,
la Universidad continuó prestando los servicios, y sólo cuando la accionante
pretendió el grado se le informó de la deuda que tiene con la Universidad. Por
tanto, AB tiene una obligación con el ente educativo que corresponde al 75% del
periodo académico 2005-1 y el 100% del 2005-2, monto que debe ser cancelado
para que se le permita graduar.
Para
resolver el caso concreto, la sala pasará a estudiar si la
Universidad al no permitir la realización del curso “CPG” a la
estudiante, y si el ICETEX al no realizar los desembolsos del dinero, están
limitando su derecho a la educación, así mismo, en caso de acreditarse dicha
limitación, si ésta es legítima o no.
2.6.3.
Relación
Universidad-estudiante
AB
ingresó al programa de Diseño Industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano a
través de un crédito educativo del ICETEX. En los periodos 2005-1 y 2005-2, el
ICETEX no hizo los desembolsos correspondientes, debido a que la estudiante no
realizó la renovación del crédito, por lo que la
Universidad asumió la financiación.
Ante
la solicitud de la estudiante para realizar el curso “CPG”, requisito
indispensable para graduarse, la Universidad le comunica que tiene una deuda
con ella, correspondiente a los periodos académicos en que el ICETEX no hizo
los desembolsos correspondientes, es decir, del 75% del periodo 2005-1 y el
100% del 2005-2, monto que debe ser cancelado para que se le permita graduar.
Dada
la situación económica de la estudiante, pues no cuenta con los recursos para
pagar la deuda que tiene con la Universidad, y dado que no se le permite
graduar, interpone una acción de tutela para que se le proteja su derecho a la
educación.
Así
las cosas, de los supuestos fácticos planteados anteriormente, la
Sala encuentra que si bien, sí está justificada la actuación de la
Universidad, su conducta generó en la estudiante la confianza de que los pagos
se venían haciendo con normalidad. Esto se materializa en el hecho de
permitirle seguir cursando las materias del programa académico de Diseño
Industrial, pese a que el ICETEX no le estaba desembolsando el dinero
correspondiente a los dos periodos académicos del 2005. En efecto, la
estudiante se creó la expectativa legítima de que ante un incumplimiento en el
pago de los semestres que cursaba, la
Universidad no prestaría sus servicios, pues ésta es la forma en que
habitualmente proceden las Instituciones Educativas.
Cabe
recordar que en otras oportunidades, esta Corporación ha aplicado el principio
de la confianza legítima en la relación entre los particulares. En este
sentido, por ejemplo, en la figura del allanamiento a la mora, a pesar de que
una de las partes incumple una obligación, el silencio de la otra genera una
expectativa que bajo ciertas condiciones deben ser amparadas.
Por
otra parte, la Sala tiene en cuenta que en el presente asunto se ha configurado
una vulneración al derecho a la educación de la accionante, debido a que si
bien a ella se le permitió continuar con sus estudios pese a que el ICETEX no
realizó los pagos correspondientes a dos semestres académicos, no se le ha
permitido graduar por la deuda que actualmente tiene con la Universidad. En
consecuencia, y en aras de garantizar tanto el derecho a la educación de la
accionante como el derecho de la Institución de recobrar el dinero adeudado,
esta Sala ordenará a la Universidad suscribir un acuerdo de pago con la señora AB.
Por
tanto, la decisión que aquí se adoptará será la de ordenar que la Universidad
Jorge Tadeo Lozano de Bogotá permita que la señora AB realice el curso “CPG”,
el cual es requisito indispensable para graduarse como diseñadora
industrial; además, que se llegue a un acuerdo de pago por las sumas pendientes
entre la universidad y la estudiante, con el fin de que la señora AB pueda
pagar en módicas sumas de dinero su obligación, y así se respeten los derechos
del ente educativo.
2.6.4.  Relación
ICETEX-estudiante
El ICETEX
aprobó a la accionante un crédito educativo por la línea ACCES, para cursar el
programa de Diseño Industrial en la
Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Entre las obligaciones
que adquirió la estudiante se encontraba la de estar pendiente de los giros y
pagos de las cuotas pactadas de parte del ICETEX, así como de la realización
del proceso de renovación de crédito, el cual se lleva a cabo mediante la
actualización de datos o solicitud de servicios ante esta institución a través
de su página web, so pena de que la institución no desembolse el dinero
correspondiente.
Ante
la negligencia de la accionante, el ICETEX actuó conforme a lo establece el
reglamento del crédito educativo, artículo 34 del Acuerdo 29 de 2007, el cual
establece que: “la renovación del crédito es la manifestación del beneficiario
de continuar con el crédito para la financiación de sus estudios en cada
periodo académico y su autorización de parte del ICETEX, previo el cumplimiento
de los requisitos y procedimientos establecidos. Para el proceso de renovación,
el beneficiario del crédito deberá: a. actualizar la información personal y del
(de los) deudor (es) solidario (s) en cada periodo académico en los medios
dispuestos por el ICETEX (…)”. Por ende, no se puede afirmar que esta
institución haya actuado contrario a derecho, y mucho menos, vulnerado el
derecho fundamental a la educación de la señora AB, pues precisamente no
desembolsó el dinero en los periodos 1 y 2 del 2005, porque la estudiante no
actualizó la información requerida.
Sin
embargo, la Sala considera que si bien el ICETEX actuó conforme a derecho, es
dable en el presente caso ordenarle respetar el periodo de gracia otorgado en
principio a la peticionaria, ya que una decisión contraria sería
desproporcionada. En efecto, podría poner en riesgo el mínimo vital de la
peticionaria el pago inmediato de los treinta y ocho (38) millones de pesos que
adeuda, más el acuerdo referido en el numeral anterior, con más razón si se
tiene en cuenta que  la accionante  no cuenta con el dinero para cancelarla,
pues es una persona de escasos recursos que en la actualidad se encuentra
desempleada.
En
cuanto a la reanudación del subsidio del 25% del valor total del semestre
otorgado por el ICETEX a la señora AB, encuentra la Sala que esto no es
procedente, debido a que el ICETEX en su actuación no incurrió en ningún error
que haga procedente una decisión en este sentido, pues la institución sólo se
dedicó a aplicar el reglamento que rige al crédito de que se trata, además,
porque el ICETEX no puede hacer desembolsos retroactivos según el Acuerdo 29 de
2007.
3.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo, y por
mandato de la Constitución Nacional.
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la
Sentencia
del veinticuatro (24) de agosto de 2011, proferida por la
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
quien revocó el fallo de primera instancia, para negar el amparo invocado.
En su lugar CONCEDER el amparo requerido.
Segundo.-
ORDENAR a la
Fundación
Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, autorizar en el término de 48 horas
siguientes a la notificación de este fallo, la inscripción de AB en el curso “CPG”.
Tercero.- ORDENAR a la
Fundación
Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, que en el término de 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, realice un acuerdo de pago de
las sumas adeudadas con la señora AB.
Cuarto.-
ORDENAR al ICETEX que en el término
de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a
reanudar el año de gracia que en principio le había concedido a AB.
Quinto.- Librar, por la
Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Observación
General No. 13 “El derecho a la Educación”; Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (DESC).
[2]
Véase el artículo 5° de la
Ley 115 de 1994.
[3]
M.P. Rodrigo Escobar Gil
[4]
M.P. Álvaro Tafur Galvis
[5]
M.P. Rodrigo Escobar Gil
[6]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[7]
En la medida en que el derecho es exigible no de manera
inmediata, sino mediante la adopción de medidas eficaces, tendientes a lograr
gradual y paulatinamente el objetivo de que se trata.
[8]
Sentencia T-703 de 2008.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[9]
M.P. Alejandro Martínez Caballero
[10]
M.P. Alejandro Martínez Caballero
[11]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[12]
M.P. Mauricio González Cuervo
[13]
Sentencia C- 131 de 2004.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[14]
Sentencia T- 850 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[15]
Sentencia T-180 A de 2010.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[16]
M.P. Rodrigo Escobar Gil
[17]
M.P. Rodrigo Escobar Gil
[18]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva