T-242-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-242/13
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL
AGUA-Procedencia excepcional
La Corte Constitucional se ha
ocupado en varias ocasiones del estudio de la procedencia de la acción de
tutela para proteger el derecho al agua, teniendo en cuenta que tiene una doble
naturaleza, de derecho fundamental y al mismo tiempo colectivo, dependiendo del
uso que se haga del mismo. Así pues, cuando se verifica que el amparo
solicitado está encaminado a proteger el derecho al agua en su faceta de
fundamental, la acción de tutela puede ser el mecanismo procedente para el
efecto, de lo contrario, se debe acudir a la acción popular que fue consagrada
en la ley 472 de 1998, para la protección de los derechos colectivos.
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA TUTELA DEL GOCE
EFECTIVO DEL DERECHO AL AGUA-Límites
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Contenido y normatividad
El estudio del derecho
fundamental al agua debe hacerse a la luz de lo preceptuado en nuestro
ordenamiento jurídico, los lineamientos establecidos por la jurisprudencia
constitucional, en conjunto con las garantías contenidas en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como las
interpretaciones y recomendaciones que de éste realiza el Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, que están encaminadas a lograr que todas las
personas y en especial aquellos sujetos que han sido tradicionalmente excluidos
tales como las mujeres, los ancianos, los niños, las personas con
discapacidades físicas o mentales entre otros, gocen de un mínimo de agua apta
para el consumo, con el cual puedan satisfacer sus necesidades básicas
domiciliarias, y además  se prevengan problemas de salud y en general
sanitarios.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones del Estado para garantizar disponibilidad,
accesibilidad y calidad del servicio de agua/DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección
internacional
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Suspensión del servicio por mora en el pago de dos facturas
sucesivas, siempre y cuando no vulneren el debido proceso
La
suspensión de los servicios públicos domiciliarios es un deber y un derecho de
las empresas prestadoras, el cual deben efectuar cuando pasados dos periodos
sucesivos de facturación el usuario no realice el pago correspondiente; no
obstante, esto no podrá tener lugar si (i) se violan las garantías al debido
proceso; (ii) aún cuando se respete el debido proceso pero se desconozcan
derechos constitucionales de sujetos que merecen una especial protección
constitucional, se impida el funcionamiento de hospitales u otros
establecimientos igualmente protegidos o se afecten gravemente las condiciones
de vida de toda una comunidad.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Condiciones para que no se puedan suspender los servicios
públicos en viviendas de sujetos de especial protección constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE ACUEDUCTO-Casos en que se suspendió prestación del servicio de agua
potable por incumplimiento de pago de las facturas en viviendas donde habitan
sujetos de especial protección
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-En caso de incumplimiento en el pago del servicio de agua,
deben elaborar acuerdos de pago, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los
usuarios
DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden
al Acueducto para que reconecte el servicio de agua donde residen sujetos de
especial protección constitucional y garantice el suministro diario por lo
menos de 50 litros de agua potable por persona
DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden
al Acueducto garantice suministro por lo menor de 50 litros de agua potable donde reside menor de edad, y se advierte a la accionante para no incurrir
nuevamente en reconexión fraudulenta que afectó derechos de terceros
Referencia: Expedientes T- 3.718.557 y T-3.723.692
Acciones de
tutela instauradas por María del Carmen Mejía Landinez, contra el Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga S.A. y, Tulia Londoño Holguín contra Empresas
Públicas de Medellín.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., diecinueve  (19) de
abril de dos mil trece (2013)
La Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se surte el
trámite de revisión de los expedientes relacionados en el asunto de la
referencia.
Expediente
Fallos de tutela
T-3.718.557
Primera Instancia:
sentencia emitida el 1º de agosto de 2012 por el Juzgado Segundo Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga.
Segunda instancia: sentencia
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con
Función de Conocimiento de Bucaramanga, el 5 de septiembre de 2012.
T-3.723.692
Sentencia de única instancia
proferida por el Juzgado Once Civil Municipal de Medellín el 5 de
octubre de 2012.
I.
ANTECEDENTES
Acumulación
de procesos
La Sala de Selección de Tutelas
Número Doce, mediante auto del 7 de diciembre de 2012, escogió para su revisión
y acumuló entre sí los expedientes T-3.718.557 y T-3.723.692 para que fuesen
fallados en una sola sentencia, tras considerar que presentan unidad de
materia.
1.
Expediente T-3.718.557
1.1  Hechos
y demanda de tutela
El 13 de julio de 2012, la señora
María del Carmen Mejia Landinez interpuso acción de tutela contra el Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. porque consideró que le estaba
vulnerando sus derechos a la salud  a la vida digna, y a recibir la prestación
del servicio público de agua potable, de acuerdo con los siguientes hechos:
1.1.1 Manifestó que vive en la
Urbanización Villa Rosa del Municipio de Bucaramanga, padece de diabetes y es
insulinodependiente razón por la cual se encuentra incapacitada para laborar
desde hace 5 años. Dicha enfermedad le causó una úlcera crónica en una de sus
piernas que se “sobre-infectó” y por lo tanto fue necesario que le hicieran un
injerto que no fue del todo exitoso; en consecuencia, tiene dificultad para caminar,
y para asistir a los controles y tratamientos que le son programados.
1.1.2 Ante la falta de ingresos
económicos, empezó a atrasarse en el pago de las facturas del servicio de agua,
hasta el punto en que actualmente tiene una deuda con la entidad demandada que
asciende a $4’364.585. En septiembre de 2010 realizó una financiación de la
misma, pero las cuotas fueron demasiado altas y no las pudo cumplir.
1.1.3 Por otra parte, informó que
vive con su hijo de 37 años de edad, quien  trabaja como auxiliar de obra y
gana un salario mínimo legal al mes, del cual $200.000  corresponden a la cuota
alimentaria de sus menores hijos.
1.1.4 Relató que el 10 de julio
de 2012, la empresa demandada le suspendió por completo el suministro del
servicio de agua a su inmueble, lo cual le causa graves perjuicios porque en
razón a su enfermedad debe realizarse baños en las piernas permanentemente y
mantener una asepsia e higiene total en su casa para evitar que su herida se le
vuelva a infectar. Para poder satisfacer sus necesidades principales, optó por
comprar bolsas de agua para hacer la comida pero asegura que su economía pronto
no podrá sufragar más ese costo, y que, la cantidad de líquido que alcanza a conseguir
por ese medio no es suficiente para mantener una higiene adecuada en su hogar.
1.1.5 Afirmó que se ha dirigido
varias veces a la empresa demandada para que le acepten una nueva financiación
que tenga en cuenta sus especiales condiciones, pero le han respondido que esto
no es posible porque ya incumplió con el primer acuerdo que hizo, también dijo
que se percató de que se han hecho mediciones incorrectas de su consumo de agua
y esto ha generado sobre costos en su deuda.
1.1.6 Por otra parte, mencionó
que anteriormente habían intentado suspenderle el servicio pero ella hablaba
con los funcionarios y les explicaba y demostraba su condición de
vulnerabilidad ante lo que desistían de realizar la diligencia. Sin embargo, el
10 de julio de 2012 tuvo que ausentarse de su hogar y cuando regresó el
servicio ya no estaba funcionando, agregó que el trabajo quedó mal hecho y
ahora el agua se derrama dentro de la cajilla y el medidor está suelto,
situación que ya puso en conocimiento de la entidad demandada.
1.1.7 Finalmente, manifestó que
podría costear cuotas mensuales de $20.000 o $30.000 pero que le es imposible
pagar de contado $1’762.278 tal como se lo propuso la empresa. Solicitó
entonces que sean amparados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en
condiciones dignas y al agua potable y, en consecuencia se ordene a la empresa
demandada no suspender por completo el servicio y realizar un acuerdo de pago
de conformidad con su capacidad económica, teniendo en cuenta que es una
persona que está próxima a la tercera edad, enferma y que necesita el líquido
para sobrevivir.
1.2. Intervención
de la parte demandada
Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga S.A. E.S.P.
La apoderada del Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga[1]
solicitó que fuera negado el amparo pedido por la actora, toda vez que a su
juicio la entidad a la que representa no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados.
Informó que en efecto la actora
tiene una deuda con el Acueducto de Bucaramanga por la suma de $4’459.759 y que
el 11 de julio de 2012 se procedió a realizar la suspensión del servicio con
fundamento en los artículos 140 y 141 de la ley 142 de 1994. Así mismo, afirmó que
el 2 de septiembre de 2010 la señora Mejía realizó una financiación de la deuda
que tenía hasta esa fecha, y suscribió un acuerdo de pago a 60 cuotas de las
cuales solo canceló 5, por lo que a su juicio no demostró voluntad de pago.
Sin embargo, manifestó que la
empresa está dispuesta a colaborar con la accionante y ofreció la siguiente
alternativa de financiación:
Deuda factura:
$2’407.070
Deuda financiación realizada en
2010:
$2’049.956
Descuento 100% intereses por
mora:
$100.162
Valor a financiar:
$4’356.864
Cuota inicial del 10%:
$435.686
60 cuotas mensuales de:
$75.807 + consumo mensual
Finalmente manifestó que la
actora ha realizado reconexiones ilegales y que, el 18 de julio de 2012 le efectuó
una visita técnica para verificar los daños que denunció y, encontró que se
trata de un deterioro interno que debe ser reparado por ella misma (art. 135 de
la ley 142 de 1994).
1.3.
Pruebas relevantes aportadas al proceso
1.3.1 Copia de la cédula de
ciudadanía de la señora María del Carmen Mejía Landínez, en la que consta que
nació el 5 de abril de 1954, es decir que actualmente tiene 59 años de edad.
(Folio 6, cuaderno principal).
1.3.2 Copia de la hoja de
evolución y órdenes médicas del Hospital Universitario de Santander, en la que
consta que la actora padece de diabetes y que tiene una “ulcera crónica
sobreinfectada con pseudomono aerogunoso multiresistente en tratamiento
completo con imipenem, con injerto de piel viable sin signos de infección ni
SIRS, con control metabólico adecuado con Insulina NPM, acetaminofem, cita
control por medicina Interna y curaciones interdiarias en centro de salud con
fitostimoline.” (Folio 6, cuaderno principal).
1.3.3 Copia del requerimiento de
pago por cobro prejurídico enviado a la accionante por parte del Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga el 26 de abril de 2012, en el que se estableció
que debía pagar un total de $2’023.780, siendo el valor mínimo a cancelar
$1’.762.278, so pena de remitir el caso para cobro judicial. (Folio 7, cuaderno
principal).
1.4
Sentencias objeto de revisión
1.4.1 Sentencia de
primera instancia
El 1° de agosto de 2012,  el
Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con función de Control de
Garantías de Bucaramanga, profirió el fallo de primera instancia en el que
resolvió negar el amparo solicitado por la actora.
Lo anterior con base en que a su
juicio el AMB estaba habilitado para suspender el servicio de agua en el
inmueble de la accionante, “ante el incumplimiento del pago en las
condiciones establecidas por la ley” adicionalmente, expuso que de
conformidad con el precedente trazado en la sentencia T-717 de 2010 de la Corte
Constitucional, “las Empresas responsables de la Prestación de Servicios
Públicos tienen el derecho y el deber de suspender el servicio de agua ante la
no cancelación de las obligaciones facturadas, en virtud de la Ley 142 de 1994,
porque de esto depende el alcanzar tres objetivos constitucionales: (i)
Asegurar la prestación de este servicio público a los demás usuarios; (ii)
Materializar el deber de solidaridad; y (iii) Prevenir que los propietarios no
usuarios de los bienes sufran los perjuicios derivados del incumplimiento de
las obligaciones de los arrendatarios o tenedores.”
Así las cosas, concluyó que la
entidad demandada no vulneró los derechos fundamentales de la actora.
1.4.2 Impugnación
La accionante impugnó el fallo
del juez de primera instancia, y expuso que no es cierto que se haya
reconectado ilegalmente al servicio pues no existe prueba de ello toda vez que
hasta el mes de julio de 2012 jamás se lo habían suspendido porque ella lo
impedía al demostrar su estado de vulnerabilidad. También reiteró que no está
conforme con la facturación que está efectuando la empresa pues considera que
se están cobrando consumos que no corresponden a la realidad.
Finamente, recordó que por su
enfermedad debe mantener una higiene y asepsia  constantes en su hogar, pues de
lo contrario la herida que tiene en la pierna puede empeorar, afectando su
derecho a la salud y a una vida en condiciones dignas. Bajo estas
consideraciones, solicitó que fuese revocada la sentencia de primera instancia
y se concediera el amparo a sus derechos fundamentales.
1.4.3 Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Segundo Penal del
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bucaramanga, dictó
sentencia el 5  de septiembre de 2012 y resolvió confirmar el fallo de primera
instancia.
Fundamentó su decisión principalmente
en la sentencia T-752 de 2011, en la que la Corte señaló que las personas deben
probar e informar sobre su estado de vulnerabilidad a la empresa que presta el
servicio, consideró que en este caso si bien la actora “se declara persona
de especial protección, para tal situación debe cumplir con 2 cargas: INFORMAR
Y PROBAR que requiere protección especial y que la suspensión del servicio
apareje el desconocimiento de derechos constitucionales de ese sujeto y que el
incumplimiento de las obligaciones facturadas sean por razones involuntarias,
insuperables e incontrolables. (…) En caso concreto la condición de sujeto de
protección especial NO se ha probado, situación necesaria para la aplicación de
lo dispuesto en la sentencia T-752 de 2001, [sic] cual no es posible
considerarla como tal, llegando a solicitar que se declare improcedente la
Acción de Tutela.”
2.
Expediente T-3.469.991
2.1  Hechos
y demanda de tutela
El 24 de septiembre de 2012, la
ciudadana Tulia Londoño Holguín interpuso acción de tutela contra Empresas Públicas
de Medellín, porque considera que están siendo vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital de agua, el derecho a la salud, y los derechos de
los niños de conformidad con los siguientes hechos:
2.1.1
La accionante manifestó que es una persona de la tercera edad,
actualmente cuenta con 73 años de edad y vive con una hija que no puede
trabajar debido a problemas siquiátricos y su nieta. Aseguró que se sostienen a
diario de la caridad de sus vecinos.
2.1.2
Aseguró que hace aproximadamente 6 años le suspendieron el servicio
público de agua por falta de pago, y que la deuda que tiene con la empresa
demandada supera su capacidad económica. Dijo que sus necesidades y gastos de
sobrevivencia son mayores a los pocos ingresos que logra obtener de la caridad
de sus vecinos, no recibe ningún subsidio del gobierno y por lo tanto, no ha
podido cancelar los $460.000 que debe.
2.1.3
Con base en lo anterior, le solicitó al juez de tutela que ampare
sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al agua potable y a
la salud y, en consecuencia ordene a Empresas Públicas de Medellín que
reconecte el servicio de acueducto a su hogar, ubicado en la Calle 81 A Carrera 87-37 del municipio de Medellín.
2.2  Intervención
de las partes demandadas
2.2.1    Empresas
Públicas de Medellín
Mediante apoderada especial,
Empresas Públicas de Medellín[2]
dio respuesta a la acción de tutela y solicitó denegar el amparo. En primer
lugar, informó que el 5 de marzo de 2012 la hija de la aquí tutelante Martha
Isabel Londoño también interpuso una acción de tutela en la que manifestó vivir
con su madre y su hija, y solicitó que se amparara su derecho a la vida digna y
al agua pues el mismo había sido suspendido por la falta de pago. En dicha
oportunidad el Juzgado Quince Penal Municipal con Funciones de Garantías de
Medellín mediante sentencia del 20 de marzo de 2012 negó la acción de tutela
radicada bajo el No. 201200035.
En cuanto a la suspensión del
servicio, afirmó que dejó de prestarse desde el 2008, en virtud de la
facultad-deber consagrada en  la ley 142 de 1994, sin que su actuar pueda ser
considerado arbitrario. También dijo que  no encontró en el sistema que la
tutelante o en general cualquier persona –relacionada con el inmueble en el que
habita la actora-,  se hubiese acercado a EPM para solicitar una financiación
de la deuda, sin embargo, existe registro de que se ha reconectado ilegalmente
al servicio múltiples veces, ocasionando perjuicios a sus vecinos, quienes se
han quejado vía telefónica de su actitud pues aseguran que disminuye la presión
del líquido que llega a sus hogares y en otros casos produce filtraciones en
las viviendas aledañas. A raíz de estas denuncias, la empresa realizó una
visita al inmueble el 29 de febrero de 2012 y “taponó la acometida desde el
tubo madre porque encontró fraude en la instalación y desperdicio del líquido,
además que causó con la reconexión un perjuicio a sus vecinos…”
Finalmente, dijo que como
alternativa para que la accionante pueda tener de nuevo el servicio de
acueducto, puede acercarse a solicitar la financiación en Intercobros teniendo
en cuenta que en ella se atienden todos los clientes que se encuentran en cobro
jurídico.
2.2.2    Municipio
de Medellín
Una vez fue vinculado al trámite
de la acción de tutela[3],
el Municipio de Medellín dio respuesta a la demanda, en la cual manifestó que
no le asiste ningún tipo de responsabilidad en los hechos que  la sustentan,
toda vez que la entidad prestadora de los servicios públicos domiciliarios en
Medellín es precisamente EPM, empresa ésta que cuenta con estatutos propios, lo
que indica que el Municipio es ajeno a las decisiones que dicha entidad tome en
cuanto a la suspensión de la prestación de los servicios públicos por falta de
pago.
No obstante lo anterior,
manifestó que “al Municipio de Medellín le caben ciertas responsabilidades y
competencias de rango constitucional y legal, que propenden por el bienestar
social y una mejor calidad de vida de los habitantes, pues tal como lo indica
el artículo 367 de la Constitución, los servicios públicos deben atender, entre
otros, a los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos, e
igualmente, el artículo 368 ibídem, faculta a los municipios a otorgar los
subsidios que tienen como finalidad garantizar el acceso de las personas de escasos
recursos a los servicios públicos básicos…”. En este orden de ideas, hizo
un recuento de todos los acuerdos municipales en los que se dictan normas para
el otorgamiento de subsidios en las tarifas de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Medellín.
Así mismo explicó en qué consiste
el programa mínimo vital de agua potable, el cual busca garantizar 2.5 metros cúbicos por persona al mes de forma gratuita, informó que para ser beneficiario del mismo
se deben cumplir ciertos requisitos, que le permiten al Municipio focalizar la
ayuda otorgada, los cuales son: (i) estar inscrito en el programa Medellín
Solidaria, (ii) que se trate de hogares que tienen el suministro de agua potable
por red de alcantarillado y saneamiento básico legal, (iii) estar al día con el
pago de las facturas de acueducto y alcantarillado y, (iv) estar clasificados
en el Sisbén versión 3 con puntaje igual o inferior a 47,99 puntos, o como
población en situación de desplazamiento, debidamente registrados en el RUPD.
Finalmente, mencionó que la accionante no se encuentra inscrita en el programa
Medellín Solidaria y por lo tanto no puede acceder al plan del mínimo vital de
agua, pues no ha realizado gestión alguna para pertenecer al mismo.
2.3  Pruebas
relevantes aportadas al proceso
2.3.1
Copia de la factura del servicio de acueducto, del mes de agosto de
2012, en la que se evidencia que el valor a pagar era de $452.332 por el
consumo del mes y las cuentas vencidas. En esta se advirtió que tiene 4 cuentas
pendientes por pagar, de manera que con 2 cuentas adicionales no pagadas, “perdería
definitivamente el derecho al servicio, ocasionando el corte definitivo”.
Negrita dentro del texto. (Folio 5, cuaderno principal).
2.3.2
Copia de la cédula de ciudadanía de la actora, en la que consta que
nació el 9 de marzo de 1941, es decir que actualmente tiene 73 años de edad.
(Folio 6, cuaderno principal).
2.3.3
Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Quince Penal
Municipal con Función de Control de Garantías el 20 de marzo de 2012, dentro
del proceso de acción de tutela instaurada por la señora Martha Isabel Londoño
contra Empresas Públicas de Medellín, en el que pidió que se ampararan sus
derechos fundamentales al agua potable , a la salud y la vida, y en
consecuencia se ordenara reconectar el servicio de acueducto en su vivienda,
ubicada en la Calle 81 A Carrera 87-37 del Municipio de Medellín.
En ésta, luego de realizar un
recuento sobre los pronunciamientos de la Corte Constitucional en torno al
derecho al agua potable, el Juez de instancia concluyó que, en ese caso la
entidad demandada EPM había vulnerado los derechos fundamentales de la actora y
su núcleo familiar compuesto por su menor hija y su madre, pues se encontraban
en un estado precario por lo que no podían asumir la deuda. Sin embargo, no
concedió el amparo puesto que se probó que la actora se había reconectado de
forma ilegal varias veces y que esto incluso estaba perjudicando a sus vecinos.
Afirmó: “Éste despacho, mal haría con respaldar un hecho fraudulento, a
pesar de entender el desespero inicial que tenía ésta familia al verse sin el
servicio, pero advierte que ni las condiciones de pobreza, ni la debilidad
manifiesta facultan a las personas para acudir a una vía de hecho, pues es
menester la observancia de las normas legales, a fin de lograr una convivencia
pacífica y de preservar el orden.” (Folios 40 a 52, cuaderno principal).
2.4  Sentencia
que se revisa
El Juzgado Once Civil Municipal
de Medellín, profirió sentencia de única instancia el 5 de octubre de 2012,
mediante la que denegó el amparo solicitado por la señora Tulia Londoño Holguín
de sus derechos a la vida en condiciones dignas, a la salud y al agua potable.
Su decisión se fundamentó en que
la actora cuenta con otros mecanismos administrativos para obtener la reconexión
del servicio de agua, así mismo que no encontró probada la ocurrencia de un
perjuicio irremediable porque la señora Londoño se ha reconectado
fraudulentamente numerosas veces de manera que ha contado con el líquido.
Finalmente, sostuvo que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
teniendo en cuenta que la suspensión del servició tuvo lugar en el 2008 y solo
6 años después acudió a la acción de tutela para la protección de sus derechos.
2.5  Trámite
surtido en sede de revisión
Mediante auto del 27 de febrero
de 2013, esta Corporación le solicitó a la señora Tulia Londoño Holguín, que
informara bajo la gravedad del juramento lo siguiente:
a)     Cuántas
personas componen su núcleo familiar, sus edades y oficios. Así mismo, indique
si alguno de los integrantes de su núcleo familiar desempeña labores de las
cuales deriven su sustento diario. En caso afirmativo señale qué función ejerce
y el monto de la remuneración otorgada por dicha labor. En caso negativo,
determine la razón por la cual no se encuentran trabajando. Así mismo, informe
el estado de salud de las mismas, para lo cual puede adjuntar las pruebas que
considere pertinente.
b)    Informe
si actualmente se encuentra recibiendo el servicio público de acueducto, de lo
contrario, manifieste de qué fuente obtiene el agua necesaria para la
subsistencia suya y de su familia.
c) Exponga cualquier información adicional que considere relevante
para la       definición del asunto de la referencia.
Así mismo, se comisionó al juez
Once Civil Municipal de Medellín -primera instancia en el presente proceso de
tutela- para que practicara una inspección en la vivienda en la cual habita la
señora Tulia Londoño Holguín con el objetivo de que:
a.     Verifique
las condiciones sanitarias actuales del lugar, específicamente, identifique si
el predio recibe el servicio de agua potable.
b.     Si
la respuesta al anterior literal es negativa, constate de qué lugar obtienen el
líquido necesario para sus necesidades básicas, en caso de que éste sea
almacenado, identifique qué tipo de envase se utiliza para el efecto (aljibes,
baldes, hoyas, otros), en qué estado se encuentran los recipientes y el agua en
ellos almacenada.
c.
Cuántas personas viven en el lugar, tenga en cuenta la presencia de
sujetos de especial protección constitucional (niños, adultos mayores, personas
enfermas, mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, entre
otros) y establezca de ser posible, el estado de salud mental y física de los
mismos.
d.     Indague,
cuál es el promedio de ingresos y egresos de la familia que habita allí y, en
segundo lugar, si la salud de alguno de ellos se ha visto afectada después de
la suspensión del servicio de agua.
Este mismo cuestionario le fue
remitido a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de
Medellín.
Finalmente se pidió al representante legal de Empresas Públicas de Medellín
S.A. o a quien haga sus veces, que informara si se ha realizado algún
seguimiento a las quejas presentadas por los vecinos de la accionante.
También se le ofició a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Medellín con el fin de que indicara, si la señora Tulia
Londoño Holguín, cuenta con alguna propiedad a su nombre.
La Sala hará alusión a las respuestas obtenidas, en el desarrollo del
análisis del caso en concreto.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar la presente decisión de tutela, de
conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2. Planteamiento del problema jurídico
En esta oportunidad son dos los
problemas jurídicos que deben ser resueltos por la Sala:
En primer lugar, le corresponde estudiar
si el AMB vulneró los derechos fundamentales al agua, la salud y la vida en
condiciones dignas de la señora María del Carmen Mejía Landinez, al suspender
el suministro de agua por mora en el pago de las facturas, sin tener en cuenta
el estado de salud de la actora, quien padece de diabetes y vive de la ayuda
económica que le presta su hijo.
En segundo lugar, deberá analizar
si EPM vulneró los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y al
agua potable de la señora Tulia Londoño Holguín que actualmente cuenta con 73
años de edad, por suspender el suministro de agua potable ante la ausencia del
pago de facturas, teniendo en cuenta que ésta se reconectó ilegalmente al
servicio en varias ocasiones afectando así derechos de terceras personas.
Para dar solución a los
cuestionamientos planteados, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional
sobre (i) la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho
al agua, (ii) el contenido del derecho fundamental al agua y la normatividad
sobre la materia y, (iii) la suspensión de los servicios públicos
domiciliarios, en los casos de mora en el pago de dos facturas sucesivas.
Finalmente, (vi) analizará cada caso en concreto.
Procedencia de la acción de
tutela para la protección del derecho al agua. Reiteración de jurisprudencia.[4]
1.
La Corte Constitucional se ha ocupado en varias ocasiones del estudio de
la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho al agua,
teniendo en cuenta que tiene una doble naturaleza, de derecho fundamental y al
mismo tiempo colectivo, dependiendo del uso que se haga del mismo. Así pues,
cuando se verifica que el amparo solicitado está encaminado a proteger el
derecho al agua en su faceta de fundamental, la acción de tutela puede ser el
mecanismo procedente para el efecto, de lo contrario, se debe acudir a la
acción popular que fue consagrada en la ley 472 de 1998, para la protección de los
derechos colectivos.
2. En Colombia, existen varias
categorías jurídicas en las que se ha enmarcado el agua, por ejemplo en el
artículo 79 de la Constitución Política se estableció que hace parte del
derecho a un ambiente sano y por lo tanto se le atribuyó la naturaleza de un
derecho colectivo; así mismo, en el artículo 366 ibídem se encuentra consagrado
como  un servicio público cuya prestación está a cargo del Estado.
Paralelamente, desde su primera
jurisprudencia, la Corte Constitucional sostuvo que el agua es un derecho
fundamental si la misma está destinada al consumo humano. Así fue instituido en
la sentencia T-578 de 1992[5]
en la que se afirmó:
“En principio,
el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta directamente
con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio
público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida
de las personas (CP art.11), la salubridad pública (CP arts. 365 y 366), o la
salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental”.
3. Esta posición ha sido
reiterada en múltiples providencias[6]
por este Tribunal, en las que ha dicho que el agua que utilizan las personas
diariamente es imprescindible para garantizar la vida misma y la dignidad
humana, entendida esta como la posibilidad de gozar de condiciones materiales
de existencia que le permitan a las personas desarrollar un papel activo en la
sociedad[7].
Así mismo, el agua es un presupuesto esencial para garantizar el derecho a la
salud[8],
así como del derecho a una alimentación sana entre muchos otros, de manera que,
cuando se encuentra identificado el derecho individual y fundamental al agua la
acción de tutela resulta procedente para su salvaguarda.
4. Sobre el particular se
pronunció recientemente esta Corte en la sentencia C-220 de 2011[9], en donde al analizar la
constitucionalidad de los apartes demandados de la Ley 99 de 1993, reiteró la
naturaleza jurídica fundamental del derecho al agua potable, y estudió la
faceta tanto subjetiva como objetiva del mismo:
“Como derecho
fundamental, el derecho al agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo.
Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante
las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del
Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se trata de agua
para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado
lugar, por ejemplo, al desarrollo de una línea jurisprudencia amplia de
protección por medio de la acción de tutela. La titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo
está en cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello la
jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de derecho
individual y colectivo. El derecho al agua es un derecho colectivo, por
ejemplo, respecto de la obligación de protección y conservación de las fuentes
hídricas para las generaciones futuras. Estas obligaciones serán, en
consecuencia, reclamables por medio de acciones judiciales como las acciones
populares. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales hace referencia
a su poder vinculante frente a todos los poderes públicos. En efecto, los
derechos fundamentales constituyen un sistema de valores positivizado por la
Constitución que guía las decisiones de todas las autoridades, incluido el
Legislador. Dada esta doble dimensión de los derechos, la Corte ha reconocido
que su realización depende tanto de la actividad judicial, como de la
existencia de leyes, normas administrativas y, en general, de políticas
públicas que desarrollen sus contenidos y prevean mecanismos de seguimiento y
vigilancia de la realización de los derechos.”
5. Visto lo anterior, es
necesario recordar que este alto Tribunal ha establecido como regla general de
improcedencia para la acción de tutela, la existencia de otro medio o recurso
judicial de defensa excepto cuando éste no es eficaz e idóneo, o cuando la
tutela se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Ahora bien, aplicando dicha regla
a los asuntos en los que se solicita la protección del derecho al agua, la
Corte ha señalado que es importante estudiar las particularidades de cada caso
en concreto, con el fin de determinar si una falla en la prestación del
servicio de agua potable (que puede activar otros mecanismos judiciales),
incide directamente en una vulneración del derecho fundamental individual al
agua. Así, una vez se han analizado los hechos y el contexto de cada petición,
puede ser la acción de tutela el instrumento más idóneo y eficaz para poner fin
a la violación o amenaza del derecho en comento.
6. Cabe aclarar que la acción de
tutela es procedente aún bajo la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial, ya sea por la complejidad material o jurídica del caso, o porque no
se trata del derecho al agua en su carácter de fundamental, cuando es evidente
la posible consumación de un perjuicio irremediable[10] en cabeza del actor.
7. Adicionalmente, debe señalarse que dada la complejidad del tema y,
teniendo en cuenta que el derecho fundamental al agua no es un derecho
absoluto, éste puede estar restringido por ciertas condiciones específicas y
razonables, pues son muchas las hipótesis que se pueden presentar ante el juez
de tutela en los casos en donde se pretende el amparo del derecho fundamental al
agua. Atendiendo a estas consideraciones, en la sentencia T-418 de 2010[11]
se realizó un listado de los límites trazados por la jurisprudencia de la Corte
a la tutela del goce efectivo de este derecho:
“3.6.10.2.
La jurisprudencia constitucional también ha fijado un límite a la posibilidad
de exigir mediante acción de tutela la protección del derecho al agua:
(i) cuando la entidad encargada de prestar el servicio adopta la
decisión de suspender el servicio de agua, dentro de las reglas establecidas y
con el respeto debido a los derechos fundamentales de la persona y en especial
a su mínimo vital,[12]
pues en tal caso no viola un derecho sino que cumple un deber;[13]
(ii) cuando el riesgo de las obras pendientes, inconclusas o
deterioradas constituyen una amenaza que no representa un riesgo real para los
derechos fundamentales de las personas;[14]
(iii) cuando se pretenda reclamaciones de carácter puramente
económico, que pueden ser reclamadas por otros medios de defensa judicial, y no
impliquen la afectación de derechos fundamentales;[15]
(iv) cuando no se constata que la calidad del agua a la que se accede
no es adecuada para el consumo humano;[16]
(v) cuando una persona está disfrutando el servicio de agua, por
medios ilícitos, reconectándose a la fuerza, y se encuentra disfrutando del
goce efectivo de su derecho al agua, por ejemplo, pierde la posibilidad de
reclamar su protección mediante la acción de tutela.[17] En este caso la persona
no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad de legitimar a posteriori
sus actos de hecho mediante el procedimiento constitucional de la tutela.[18]
(vi) cuando una persona pretende acceder por sus propios medios al
agua disponible, pero de una forma irregular, desconociendo los procedimientos
y afectando el acceso de las demás personas de la comunidad que dependen de la
misma fuente de agua.[19]
(vii) cuando la afectación a la salubridad pública, como obstrucción a
tuberías de alcantarillado, no afecta el mínimo vital en dignidad de las
personas; en tal caso, se trata de una afectación que puede ser reclamada
judicialmente, pero que no es objeto de acción de tutela.[20] ”
8.  En suma, una vez verificados
los presupuestos de procedencia formal de la acción de tutela para la
protección del derecho al agua, al estudiar el fondo del asunto deben
observarse cuidadosamente los límites que se acaban de señalar, pues no “todos
los ámbitos del derecho constitucional al agua, [son] objeto de protección mediante
acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.”[21]
Contenido del derecho
fundamental al agua y normatividad sobre la materia
9. Tal como se señaló
previamente, el derecho al agua es un presupuesto fundamental de otros
derechos, como por ejemplo el derecho a la salud entendido como “un estado
de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones y enfermedades”[22],
el derecho a la educación, puesto que para que un plantel educativo entre en
funcionamiento como mínimo debe contar con los servicios de acueducto y
electricidad; así mismo, hace parte del derecho a un ambiente sano[23], y de los
derechos a la protección de la diversidad étnica y cultural[24], teniendo en cuenta que
algunas comunidades indígenas y afrocolombianas tienen especiales vínculos con
la naturaleza[25].
En virtud de lo anterior, esta
Corte ha protegido el derecho al agua en su carácter fundamental, de acuerdo
con las garantías mínimas de disponibilidad, accesibilidad, calidad y no
discriminación en la distribución.
(i)
Disponibilidad.
10. El aspecto
de la disponibilidad ha sido tutelado en varias ocasiones por la Corte, por
ejemplo, en la sentencia T-616 de 2010[26],
se estudió un caso en el que el accionante interpuso acción de tutela en razón
a que el inmueble en el que habitaba junto con su familia no tenía acceso al
servicio de agua potable, porque la entidad demandada (Empresas Públicas de
Medellín – EPM), se negó a realizar la conexión del mismo argumentando que en
la vivienda del actor no se encontraban instaladas las redes locales de
acueducto y alcantarillado; en consecuencia, el peticionario obtenía el líquido
vital de una tubería instalada por él mismo conectada a la llave de agua de la
casa contigua. La Corte consideró que la forma en que el peticionario se
procuraba el agua para satisfacer sus necesidades básicas, no aseguraba los
niveles mínimos de disponibilidad del líquido a su hogar[27] y, en esta medida el
amparo fue concedido; se ordenó a EPM que, conectara
el inmueble en que residía el accionante  al servicio público domiciliario de
acueducto.
Frente a este aspecto, también ha
dicho que existen circunstancias especiales en las que pese al incumplimiento
en el pago de los servicios públicos, no se puede efectuar la suspensión del
mismo por cuanto no se garantizaría la disponibilidad del derecho al agua, esto
tiene lugar en los casos en los que “los efectos de la suspensión se
concretan en un desconocimiento desproporcionado a los derechos
constitucionales de sujetos o establecimientos especialmente protegidos o en
una grave afectación en las condiciones de vida de una comunidad”[28].
Así pues, la Corte Constitucional
ordenó la reconexión del servicio a una madre cabeza de familia, que tenía a su
cargo 8 hijos, 5 de los cuales eran menores de edad quien no había cancelado
oportunamente una serie de facturas[29].
En esta ocasión, se dijo que no resultaba constitucionalmente admisible ignorar
que con la falta de agua potable se afectaban gravemente las condiciones de
vida de nueve personas, entre las cuales se encontraban varios menores de edad
que por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, deben recibir una
especial protección constitucional.[30]
(ii)
Accesibilidad.
11. Esta Corte ha sostenido que
se vulnera el derecho al agua, cuando se impide el acceso a las instalaciones
necesarias y adecuadas para la prestación del servicio de acueducto. Así ha
ocurrido en casos en los que por ejemplo, las entidades prestadoras se niegan a
instalar las acometidas correspondientes, o cuando imponen unos costos
desproporcionados como condición para suministrar la infraestructura de las
redes locales o las acometidas domiciliarias,  y esto se traduce en una
afectación de la estabilidad financiera y el mínimo vital de la familia del
accionante. Ante esa situación, ha ordenado a las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios la conexión de los usuarios al mismo,
autorizando el cobro de la instalación a los particulares pero sin que se les
pueda exigir que cubran los gastos correspondientes a los estudios técnicos,
planos, licencias o cualquier otro procedimiento necesario para el efecto, ya
que eso solo lo puede llevar a cabo la empresa.
De acuerdo con lo anterior, en la
sentencia T- 279 de 2011[31]
se estudió un caso en el que el accionante compró un lote de terreno que hacía
parte de otro de mayor extensión y en él construyó una vivienda para habitarla
en compañía de su menor hijo, al solicitar la instalación del servicio de agua
con medidor independiente para su inmueble la empresa de servicios públicos
negó la petición porque el contrato del cual pretendía la independencia, tenía
una deuda correspondiente a 70 facturas. En esta ocasión se resolvió amparar
los derechos del actor y de su menor hijo a la vida digna, a la salud y al agua
y, se ordenó a la demandada realizar las obras necesarias para instalar el
medidor independiente en el inmueble del accionante, sin que para el efecto le
pudiera cobrar más que los costos de la instalación del servicio y las dos
primeras facturas que se adeudaban del contrato anterior, del cual se ordenó su
completa independencia.[32]
(iii)
Calidad.
12. De igual forma, a través de
la acción de tutela se ha protegido el derecho a recibir el agua en condiciones
químicas y físicas aceptables. En la sentencia T-410 de 2003[33], se revisó un caso en el
que la Empresa de Servicios Públicos de Versalles – Valle del Cauca, no trataba
el agua que destinaba para el consumo de la población y tampoco realizaba
labores de mantenimiento y limpieza en los tanques de almacenamiento, y por lo
tanto el agua que se distribuía no era potable. Para la Corporación, “el
comprobado suministro de agua contaminada y no apta para el consumo humano por
parte de las autoridades accionadas, constituye un factor de riesgo y de
vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la
salud y el ambiente sano”[34].
Por esta razón, en aras de
garantizar el abastecimiento de agua en condiciones de potabilidad a
municipios, veredas y barrios, la Corte ha requerido a las autoridades para que
adelanten los estudios técnicos necesarios, o en general para que se tomen las
medidas pertinentes en un término decisivo para superar el estado de riesgo de
los derechos fundamentales de los habitantes.[35]
(iv)
No discriminación en la distribución.
13. Así mismo, la salvaguarda del
derecho fundamental al agua se ha concedido en casos en los que es necesario
garantizar que no exista ningún tipo de discriminación en la distribución, de
manera que todas las personas puedan acceder a cantidades suficientes del
líquido. Esta fue la posición adoptada por la Corte al establecer que ninguna
fuente de agua puede ser utilizada de manera que el líquido logre abastecer
solo a algunas personas, y se deje sin provisión a otros.
Lo anterior se dijo en un caso en
el que unos particulares habían construido un embalse que recibía en la
práctica un porcentaje de agua más alto que el aprobado por las autoridades;
esto generó una reducción significativa del agua disponible para el resto de la
comunidad y aún existiendo un acto administrativo que ordenaba la destrucción
de la represa, sus propietarios se negaban a acatarlo. Por ello, esta Corte
ordenó la adecuación del sistema de surtido del embalse y, la construcción de
un acueducto con el cual se permitiera el acceso equitativo al servicio de agua
potable de toda la población, mientras se adelantaban los trámites judiciales
para obtener el cumplimiento coactivo del acto administrativo[36].
- Parámetros
internacionales.
14. Ahora bien, todo lo que hasta
aquí se ha expuesto, debe ser analizado e interpretado de conformidad con el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales pues,
específicamente en sus artículos 11 y 12 consagró la obligación de los estados
partes de garantizar los mejores niveles posibles de condiciones de vida, así
como el desarrollo sano de todas las personas y en especial de los niños[37]. Por su
parte, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la
Organización de Naciones Unidas, mediante la Observación general No.15
estableció que de las garantías de un nivel de vida adecuado y el disfrute del
más alto nivel posible de la salud física y mental, se deriva que el agua es un
derecho humano que debe ser respetado y garantizado por los Estados.
De esta manera, en el aparte
destinado al fundamento jurídico del derecho al agua, la mencionada Observación
general No. 15 establece:
“2. El derecho
humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un
abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por
deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el
agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de
higiene personal y doméstica.”
También dispuso que los elementos
del derecho al agua deben ser adecuados para la salud, la dignidad y la vida,
sin embargo, afirmó que los niveles de satisfacción pueden variar de acuerdo
con diferentes factores que siempre deben estar presentes en el suministro del
líquido[38].
15. Adicionalmente, y de acuerdo
con los lineamientos expuestos por dicho Comité, cuando se trata de personas
que deben recibir una especial protección, como las mujeres en estado de
embarazo o lactancia, los niños, los ancianos, los discapacitados, los
enfermos, entre otros, el derecho el agua también tiene el carácter de fundamental,
toda vez que, la protección reforzada que deben recibir estos grupos
poblacionales incluye la garantía de una efectiva satisfacción del mismo, con
el fin de que puedan llevar a cabo sus respectivos proyectos de vida.
16. Estos son pues los contenidos
mínimos que deben ser garantizados por los Estados respecto del derecho al
agua, sin embargo, la observación del Comité de DESC que se viene citando[39], también
contempla la existencia de otras obligaciones a cargo del Estado que van más
allá de estos componentes, las cuales exigen acciones como apropiación de
presupuesto, procesos legislativos, planeación económica y, estrategias
políticas con el fin de fijar metas y unir esfuerzos para lograr la mayor
cobertura posible del derecho al agua frente a toda la población. [40]
17. En suma, el estudio del
derecho fundamental al agua debe hacerse a la luz de lo preceptuado en nuestro
ordenamiento jurídico, los lineamientos establecidos por la jurisprudencia
constitucional, en conjunto con las garantías contenidas en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como las
interpretaciones y recomendaciones que de éste realiza el Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, que están encaminadas a lograr que todas las
personas y en especial aquellos sujetos que han sido tradicionalmente excluidos
tales como las mujeres, los ancianos, los niños, las personas con
discapacidades físicas o mentales entre otros, gocen de un mínimo de agua apta
para el consumo, con el cual puedan satisfacer sus necesidades básicas
domiciliarias, y además  se prevengan problemas de salud y en general
sanitarios.
La suspensión de los servicios públicos domiciliarios, en los casos de
mora en el pago de dos facturas sucesivas. Reiteración de jurisprudencia.[41]
18. La Ley 142 de 1994, “por
la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones.”, regula el contrato de prestación de servicios
públicos domiciliarios y en su artículo 128 lo define como un acuerdo de
voluntades “en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta
a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que
han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados”.
19. De la anterior definición, se
extrae con claridad que el contrato de  prestación de servicios públicos
domiciliarios es oneroso y por lo tanto, en virtud de dicha característica, la
ley facultó expresamente a las empresas de servicios públicos para cobrar un
precio a la parte suscriptora o al usuario como contraprestación por el
servicio que le suministra.[42]
Así mismo, les otorgó la facultad y el compromiso de suspender el servicio
público “[s]i el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar
oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el
contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de facturación”[43].[44]
20. Por lo tanto, resulta
constitucional, por lo menos en principio, que se suspenda un servicio público
cuando no se ha cancelado el monto correspondiente, pues la ley que regula la
materia facultó a las empresas de servicios públicos para detener la prestación
de estos, en determinadas hipótesis de incumplimiento en el pago de las
obligaciones facturadas.
21. En concordancia con lo
anterior, al analizar la suspensión de los servicios públicos domiciliarios,
como un derecho y deber de las empresas prestadoras de estos frente al acreedor
– usuario que ha incurrido en mora en el pago del servicio, esta Corte ha
encontrado que persigue tres metas constitucionales: “(i) la de garantizar
la prestación del servicio público a los demás usuarios; (ii) la de concretar
el deber de solidaridad, que es un  principio fundamental del Estado; y (iii)
la de evitar que los propietarios no usuarios de los bienes, sean asaltados en
su buena fe por arrendatarios o tenedores incumplidos en sus obligaciones
contractuales.” [45]
22. Entonces,
con base en la relación existente entre los dos primeros objetivos señalados,
es necesario un mecanismo para prevenir a los usuarios al pago efectivo de los
servicios públicos domiciliarios. Así pues, la suspensión del servicio ha sido
considerada como el medio por el cual se advierte a los ciudadanos usuarios de
los servicios la importancia de evitar el incumplimiento en el pago de los
mismos.[46]
23. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todo el
ordenamiento jurídico colombiano debe ser observado y aplicado de acuerdo con la
Constitución Política, por lo tanto, ese derecho-deber no es absoluto y, cuando
su ejercicio conlleva una grave afectación a derechos fundamentales, la
facultad no puede aplicarse sin consideración alguna al caso específico, pues
no resulta admisible constitucionalmente, observar únicamente los beneficios de
la ejecución de la suspensión, y dejar de lado las razones que justifican el
uso condicionado de esta facultad, pues tal como lo ha dicho la Corte
anteriormente, “los usuarios de los servicios públicos son personas, no un
recurso del cual se puede periódicamente extraer una suma de dinero”.[47]
24. Precisamente bajo esta premisa, en la sentencia C-150 de 2003[48], esta
Corporación sostuvo  que en algunas situaciones especiales, la afectación de
las condiciones de vida de los usuarios es tal, que no resulta admisible
realizar la suspensión del servicio, toda vez que comprometería seriamente sus
derechos fundamentales y terminaría siendo una afectación desproporcionada a
los mismos si se compara con los beneficios que supone la suspensión del mismo,
en consecuencia, resolvió condicionar la exequibilidad de la norma siguiente
manera:
“las normas
acusadas serán declaradas exequibles, en el entendido de que se respetarán los
derechos de los usuarios de los servicios públicos cuando se vaya a tomar la
decisión de cortar el servicio. Tales derechos, como el respeto a la dignidad
del usuario (art. 1° de la C.P.) son, entre otros: (i) el debido proceso
y el derecho de defensa, que permite a los usuarios o suscriptores contradecir
efectivamente tanto las facturas a su cargo[49]
como el acto mediante el cual se suspende el servicio[50] y también obligan a las
empresas prestadoras de servicios públicos a observar estrictamente el
procedimiento que les permite suspender el servicio.[51] El derecho al debido
proceso incorpora también el derecho a que se preserve la confianza legítima
del usuario de buena fe en la continuidad de la prestación del servicio si éste
ha cumplido con sus deberes;[52]
y (ii) el derecho a que las empresas prestadoras de servicios públicos
se abstengan de suspender el servicio cuando dicha interrupción tenga como
consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos
especialmente protegidos o, impida el funcionamiento de hospitales y otros
establecimientos también especialmente protegidos en razón a sus usuarios,[53] o afecte
gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad.[54]”.
24.1 En suma,
la suspensión de los servicios públicos domiciliarios es un deber y un derecho
de las empresas prestadoras, que debe ser usado cuando pasados dos periodos
sucesivos de facturación el usuario no realice el pago correspondiente; no
obstante, esto no podrá tener lugar si (i) se violan las garantías al debido
proceso; (ii) aún cuando se respete el debido proceso pero se desconozcan
derechos constitucionales de sujetos que merecen una especial protección
constitucional, se impida el funcionamiento de hospitales u otros
establecimientos igualmente protegidos o se afecten gravemente las condiciones
de vida de toda una comunidad.
25.
Adicionalmente, en cuanto a la condición de la afectación de derechos
fundamentales de personas especialmente protegidas, en la Sentencia T-717 de
2010[55],
se estipuló que el cumplimiento de las obligaciones debe ser involuntario, “debido
a circunstancias insuperables e incontrolables por el sujeto especialmente
protegido o por quienes cuidan de él.”
Esto  no
significa que cada vez que una empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios vaya a ejercer su derecho y deber, tenga que entrar a estudiar
específicamente las condiciones de cada vivienda, por el contrario, los
usuarios tienen la mínima carga de informar las condiciones de vida y
subsistencia, que consideren relevantes para poder evitar una ausencia del
líquido.
25.1. Al
respecto, en la citada sentencia T-717 de 2010, se dijo que “(…) es necesario
que el usuario cumpla al menos con la carga de informar a la empresa de
servicios públicos la concurrencia de esas tres condiciones: 1) que la
suspensión recaería sobre un sujeto de especial protección constitucional, 2)
que de esa suspensión podría sobrevenir un desconocimiento de sus derechos
fundamentales, y 3) que el incumplimiento se produjo por circunstancias
involuntarias, insuperables e incontrolables. (…)” (Cursiva dentro del texto).
26. Con todo, al observarse que están cumplidos los requisitos que ha
sentado la jurisprudencia constitucional frente a la imposibilidad de suspender
el servicio existiendo mora en el pago, lo que puede hacer la empresa es “cambiar
[la forma] en que se suministra el servicio y ofrecerle al destinatario
final unas cantidades mínimas básicas e indispensables, en este caso, de agua
potable”[56].
En razón a esto, la Corte ha ordenado que se instale un reductor de flujo que garantice
por lo menos 50 litros de agua por persona al día,  siguiendo lo estipulado por
la Organización Mundial para la Salud (OMS), en el
informe sobre la cantidad de agua domiciliaria, el nivel del
servicio y la salud y el 1er Informe de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: Agua para
todos, agua para la vida de las Naciones Unidas/Programa Mundial de
Evaluación de los Recursos Hídricos.
27. De lo
hasta aquí expuesto, se puede concluir que (i) el cobro de los servicios
públicos domiciliarios persigue unos fines constitucionalmente válidos y se
encuentra amparado por la ley; (ii) es un derecho y un deber de las empresas
prestadoras de los servicios suspender el suministro del mismo, cuando han
transcurrido dos periodos de facturación sucesivos en los que el usuario no
haya efectuado el pago de lo debido; (iii) no resulta constitucionalmente
aceptable realizar la suspensión del servicio si con esto, se afectan otros
derechos fundamentales de sujetos en estado de vulnerabilidad, que merecen una
especial protección constitucional aún si el usuario se encuentra en mora con
la empresa prestadora; (iv) los usuarios del servicio tienen el deber de
informar a la empresa por lo menos el hecho de que con la suspensión del
servicio se afectarían derechos fundamentales de personas especialmente
protegidas y, que la falta del pago del mismo se debió a razones involuntarias
o incontrolables y, (v) verificada la anterior situación, las empresas no
pueden suspender el servicio, pero si cambiar la forma en que se realiza, para
garantizar una cantidad mínima de agua.
Habiendo
señalado los fundamentos necesarios para abordar los problemas jurídicos que
fueron planteados, a continuación la Sala estudiará cada caso en concreto.
3. Análisis de los casos en concreto
1.
Expediente T-3.718.557
-
Presentación del caso.
28. La señora María del Carmen Mejía Landinez vive en la Urbanización
Villa Rosa del Municipio de Bucaramanga, actualmente tiene 59 años de edad y
padece de diabetes. Esta enfermedad le causó una úlcera crónica en una de sus
piernas que se “sobre- infectó” y fue necesario que le realizaran un injerto en
la misma, el cual no arrojó los resultados esperados y por lo tanto tiene
dificultades para caminar, y para acudir a los controles y tratamientos que le
son programados por su médico.
A causa de lo anterior, lleva varios años sin poder trabajar, y sin
poder pagar oportunamente las facturas del servicio de acueducto, hasta el
punto en que ahora tiene una deuda con el AMB que asciende a $4’.364.585. En
septiembre de 2010 se dispuso a hacer una financiación de la misma, pero solo
pudo asumir el valor de las primeras 5 cuotas, por exceder su capacidad de
pago. Como consecuencia de lo anterior, el 10 de julio de 2012 el AMB le
suspendió por completo el suministro de agua, causándole un grave perjuicio
porque en razón a su enfermedad debe realizarse baños en las piernas permanentemente
y mantener una completa asepsia e higiene en sus alrededores para evitar que la
herida se vuelva a infectar.
Afirmó que en varias ocasiones la entidad demandada envió funcionarios
a su inmueble para efectuar la suspensión del servicio, pero que ella les
informó y demostró su estado de vulnerabilidad y ante esto detenían la
diligencia, sin embargo, el día en el que finalmente le fue suspendido el
servicio no se encontraba en el inmueble en el cual vive con su hijo de 37
años, que trabaja como asistente de obra y gana un salario mínimo legal vigente
al mes, del cual $200.000 están destinados a la cuota de alimentos de sus
menores hijos. Para satisfacer sus necesidades básicas, empezaron a comprar
bolsas de agua, siendo éste un método de abastecimiento que pronto no podrán
seguir sufragando y que además, les brinda una cantidad del líquido
insuficiente para subsistir.
Así las cosas, interpuso acción de tutela con el objetivo de que le
sean protegidos sus derechos fundamentales al agua, a la salud y a la vida en
condiciones dignas, que a su juicio están siendo vulnerados por el AMB empresa
que, pese a su estado decidió suspenderle por completo el servicio. Informó que
está interesada en que su deuda sea nuevamente financiada, pidió que se tenga
en cuenta que dadas sus precarias condiciones económicas,  podría sufragar
cuotas entre $20.000 y $30.000 pero no podría pagar de contado la cantidad de
dinero que le exige el AMB.
En su defensa, el AMB afirmó que la suspensión del servicio en el lugar
de habitación de la actora la efectuó con fundamento en los artículos 140 y 141
de la ley 142 de 1994 y que por lo tanto simplemente cumplió el deber legal que
le asiste ante el incumplimiento del pago de las facturas. Sobre la
financiación que solicitó la actora, propuso una cuota inicial de $435.686 y 60
cuotas mensuales de $75.807 más el consumo mensual. Finalmente, sostuvo que la
actora ha efectuado reconexiones ilegales al servicio pero no aportó ninguna
prueba al respecto.
-
Estudio sobre la procedencia formal de la acción de tutela.
29. De acuerdo con los numerales 1 a 6 de la parte considerativa de la presente sentencia, la acción de tutela procede en ocasiones excepcionales para
la provisión del derecho al agua, si se trata del derecho fundamental y no el
derecho colectivo al líquido.
Pues bien, en el presente caso la Sala encuentra que el agua que
reclama la accionante está estrictamente destinada para consumo humano y lo que
persigue es la protección del derecho fundamental al agua, pues la señora Mejía
Landinez utiliza el agua para satisfacer sus necesidades básicas y las de su
hijo, tales como el aseo personal y la preparación de alimentos.
30. Adicionalmente, para la Sala es claro que la accionante se
encuentra en estado de vulnerabilidad y por lo tanto merece que se le brinde
una especial protección constitucional, teniendo en cuenta que padece de
diabetes, enfermedad que no solo le genera varios gastos en medicinas y
controles médicos, sino que además le exige mantener una máxima higiene puesto
que a raíz de la misma sufrió una úlcera en una de sus piernas que al estar
sobre infectada tuvo que ser tratada con un injerto de piel.
Entonces, resulta evidente que en este caso se encuentra en riesgo no
solo el derecho al agua potable de la accionante, sino también su derecho
fundamental a la salud y a la dignidad humana, pues  la ausencia del líquido la
mantiene viviendo en unas condiciones que no son aptas para el manejo de la
enfermedad que padece, causándole graves perjuicios pues corre el riesgo de que
la herida que persiste en su pierna vuelva a infectarse.
31. Por lo tanto, la Sala considera que la acción de tutela es
procedente por lo menos formalmente, toda vez que (i) la actora no cuenta con
otro medio judicial que resulte ser idóneo para la protección de sus derechos,
(ii) se trata de la protección de sus derechos fundamentales al agua, a la
salud y a la vida en condiciones dignas, (iii) dadas sus especiales condiciones
de vulnerabilidad, merece una especial protección constitucional en tanto está
por cumplir 60 años de edad y tiene un delicado estado de salud.
- Sobre
el fondo del asunto.
32. Ahora bien, vimos previamente[57]
que según lo preceptuado por la ley 142 de 1994, las empresas de servicios
públicos domiciliarios tienen no solo el derecho sino también el deber de
suspender la prestación del servicio cuando verifican que han transcurrido dos
periodos de facturación sin que el usuario sufrague los mismos, pues de lo
contrario, no pueden hacer uso de la regla de solidaridad que se predica en
estos casos[58].
33. Pero también es claro que esta regla tiene
límites, según lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-150 de
2003[59],
pues consideró que  “el pago de los precios acordados en los contratos de
prestación de servicios públicos es una condición indispensable para garantizar
la prestación eficiente, continua e ininterrumpida de los mismos a los demás
usuarios, de lo que se deduce que debe
haber un medio apremiante para desincentivar la falta de pago. Ese medio puede
ser la suspensión”
Así mismo, dijo que dicha facultad tiene
límites[60]
en tanto no pueden cortar el suministro de agua potable, a establecimientos que
albergan personas que merecen una especial protección tales como cárceles e
instituciones educativas u hospitales, así mismo es importante que dicho procedimiento
siempre se lleve a cabo respetando las garantías del debido proceso y, en todo
caso tampoco podrá suspenderse cuando las personas afectadas se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad y, por lo tanto deban recibir una especial
protección constitucional, pues ante la afectación de sus derechos
fundamentales, “tanto el interés económico como el principio de solidaridad,
deben ceder en términos de oportunidad que no de negación (…)”[61]
Así pues, le corresponde a quienes se verán directamente afectados dar
a conocer a la empresa prestadora del servicio sus condiciones pues
evidentemente no podría exigírseles a las empresas verificar las condiciones de
todos sus usuarios.
34. En el caso de la señora María del Carmen Mejía Landinez, la Sala
encuentra plenamente demostrado que debe recibir una especial protección
teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad generada por la enfermedad
que padece, la cual puso en conocimiento de los operarios del AMB cada vez que
se acercaron a su inmueble a efectuar la suspensión del suministro del servicio
de acueducto. Estas afirmaciones indefinidas, no
fueron desvirtuadas en momento alguno por la entidad demandada.
Sobre este punto, la Sala recuerda que en
desarrollo de la presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991 y del principio constitucional de la buena fe, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa al afirmar que las
negaciones indefinidas efectuadas por los accionantes, que no son desvirtuadas
por las entidades demandadas, se presumen  ciertas, dado que la carga
probatoria para esto se invierte a favor del peticionario[62].
35. Antes bien, la actora manifestó que nunca se ha reconectado
ilegalmente al servicio y que existe un daño en la acometida del mismo, por su
parte, el AMB afirmó lo contrario, sostuvo que la accionante sí se ha
reconectado ilegalmente al servicio pero no presentó ninguna prueba que así lo
demostrara y se limitó a afirmar que en algunos periodos de facturación estando
suspendido el servicio se evidenció mayor consumo.
36. Por otra parte, también debe observarse que la accionante ha
demostrado que tiene la voluntad de ponerse al día en sus obligaciones y pagar
el consumo real que haga del líquido, pues en una ocasión anterior solicitó la
financiación de la deuda que tiene con el AMB pero en razón a que no puede
trabajar y cuenta con escasos recursos económicos no pudo cumplir con las
cuotas que habían sido pactadas.
37. Sobre los acuerdos de pago que se realicen con los usuarios de
servicios públicos domiciliarios, la Sala recuerda al Acueducto Metropolitano
de Bucaramanga que deben hacerse teniendo en cuenta las condiciones de cada
caso y ofrecer cuotas que sean asequibles según la capacidad de pago de los
mismos, pues no es proporcional que en aras de saldar una deuda con la entidad
termine afectado el mínimo vital de las personas.
38. De acuerdo con lo anterior, para la Sala, el acuerdo de pago
propuesto por el AMB en sede de tutela[63],
desconoce los anteriores lineamientos pues incluye una cuota inicial de $435.686
la cual evidentemente es imposible de asumir en
un hogar en el que se subsiste con un salario mínimo mensual, así pues, de
aceptarse tal y como fue planteado el mínimo vital de la actora y su hijo se
vería gravemente afectado.
39. Pues bien, para la Sala las
consideraciones que fueron expuestas son suficientes para concluir que en este
caso los derechos fundamentales al agua, a la vida en condiciones dignas y a la
salud de la Señora María del Carmen Mejía Landinez están siendo vulnerados por
el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, toda vez que se constató que (i) se
trata de la vulneración del derecho fundamental al agua, el líquido es
reclamado exclusivamente para satisfacer las necesidades básicas de la actora y
su hijo, (ii) en razón a su estado de salud, la accionante se encuentra en
situación de vulnerabilidad y por lo tanto debe recibir una especial protección
constitucional, adicionalmente necesita mantener unas condiciones de higiene
optimas para cuidar el injerto de piel que se le realizó, que no son posibles
si no recibe agua diariamente en el inmueble en el que habita, (iii) el
incumplimiento en el pago de las facturas adeudadas fue involuntario, pues se
debió a las precarias condiciones económicas de la actora, ya que se sostiene
con la ayuda de su hijo, quien devenga un salario mínimo mensual legal vigente
y a su vez tiene obligaciones con sus menores hijos, y (vi) la actora no se ha
reconectado ilegalmente al servicio ante la suspensión del mismo y, ha mostrado
su interés por saldar la deuda siempre y cuando las cuotas que se pacten no
excedan su capacidad de pago.
40. En consecuencia, como
está demostrado que en este caso la suspensión del servicio implica el desconocimiento
de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos, la medida
resulta abiertamente desproporcionada, pues aunque es constitucionalmente
admisible, en tanto su objetivo es la garantía de la prestación eficiente,
continua e ininterrumpida de los servicios a todos los usuarios, los beneficios
obtenidos con su aplicación son menores que el perjuicio que con esta se le
causa a la accionante.
-
Decisión que se adopta.
41. Por lo tanto, esta Corporación ordenará al Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga, que reconecte el servicio público domiciliario de
acueducto en el inmueble en el que reside la accionante, ubicado en la calle 12 A N # 18-42, interior 2 manzana 29 de la Urbanización Villa Rosa del Municipio de Bucaramanga.
42. Así mismo, observando el principio de solidaridad y en
aras de garantizar el sostenimiento financiero de la empresa demandada, en
el término de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, el AMB
deberá adelantar los trámites necesarios para llegar a un acuerdo de pago con
la actora, con el fin de que ésta pueda responder por su obligación
contractual. En dicho acuerdo se estipularán plazos que dependerán de la
situación económica de la actora, para que no se afecte su mínimo vital ni el
de su núcleo familiar.
43. Ahora bien, en caso de que la accionante manifieste y
pruebe que no cuenta con los recursos económicos para sufragar la deuda,
el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga deberá proceder a instalar un
reductor de flujo que garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día, en el inmueble que habita, asumiendo el costo de la
instalación. El valor de ésta cantidad de líquido deberá ser sufragado por la
actora y, en todo caso para el cobro del servicio se deberá tener en cuenta su
capacidad de pago, para así brindarle a la señora Mejía Landinez la posibilidad
de pagar en cuotas flexibles u otras alternativas, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las cuentas de facturación.
Sin embargo, se advierte al Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga, que bajo ninguna circunstancia, incluyendo el incumplimiento de
este último pago, podrá suspender completamente el suministro de agua potable a
la accionante, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente
sentencia.
2.
Expediente T-3.723.692
-
Presentación del caso.
44. La señora Tulia Londoño
Holguín actualmente tiene 73 años de edad, y vive con una de sus hijas y su
nieta que tiene 12 años de edad. Señaló que hace aproximadamente 6 años, EPM
suspendió el servicio de agua en su vivienda porque incumplió con el pago del
mismo, y esto generó una gran deuda con EPM, que no puede sufragar, dadas sus
precarias condiciones económicas. Así mismo, dijo que actualmente vive de la
caridad de sus vecinos y que ha solicitado que se le preste el servicio de
agua, pero EPM siempre le respondió negativamente.
Por su parte, EPM afirmó que el
servicio de agua dejó de prestársele a la actora desde el 2008, y que en su
sistema no existe registro alguno de solicitud de reconexión del mismo o un
acuerdo de pago; por el contrario, encontró constancia de que en múltiples
ocasiones la accionante se ha reconectado ilegalmente, causándole así
perjuicios a sus vecinos, los cuales han interpuesto  varias quejas con base en
dicha conducta.
Adicionalmente informó que el 5
de marzo de 2012 la hija de la accionante, Martha Isabel Londoño interpuso una
acción de tutela en la que manifestó vivir con su madre y su hija, con
idénticas pretensiones a la que ahora se debate, la cual fue fallada por el
Juzgado Quince Penal Municipal con Funciones de Garantía de Medellín, en el
sentido de negar el amparo solicitado en cuanto a la reconexión del servicio de
acueducto en el inmueble ubicado en la Calle 81ª carrera 87-37 de Medellín.
Esta acción de tutela no fue seleccionada para revisión por la Corte
Constitucional según consta en el auto del 12 de diciembre de 2012, proferido
por la Sala doce de selección.
A su turno, el Municipio de
Medellín manifestó que no tiene ningún tipo de responsabilidad en los hechos
que sustentan la demanda, toda vez que la entidad prestadora de los servicios
públicos domiciliarios en Medellín es precisamente EPM, empresa ésta que cuenta
con estatutos propios, lo cual significa que el Municipio es ajeno a las
decisiones que dicha entidad tome en cuanto a la suspensión de la prestación de
los servicios públicos por falta de pago.
-
Análisis de la procedencia formal del amparo.
45. Tal como se ha venido sosteniendo durante la parte considerativa de
esta sentencia, este alto Tribunal ha establecido ciertas reglas para determinar
la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al agua.
Así pues, el primer requisito es que el líquido esté destinado al consumo
humano, pues esto es lo que define su carácter de fundamental.
En este caso, el agua que reclama la actora es para atender las
necesidades básicas de todo ser humano, como bañarse, preparar alimentos,
mantener aseado el lugar en el que habita, entre otras, así que está
identificado e individualizado el derecho fundamental señalado.
46. Por otra parte, en el inmueble que se solicitó fuera reconectado al
servicio de acueducto habitan sujetos que deben recibir una especial protección
constitucional, como lo son la señora Tulia Londoño Holguín, quien actualmente
tiene 73 años de edad y, su nieta que afirmó tiene 12 años de edad[64]. Así mismo,
en razón a la precaria situación económica en la que vive la peticionaria[65], es posible
deducir que el incumplimiento en el pago de las facturas se debió a causas
involuntarias.
47. Lo anterior con base en las pruebas que fueron recaudadas en sede
de revisión, de las cuales es importante reseñar el informe rendido por la Oficina de derechos humanos de la Personería
de Medellín recibido el 21 de marzo de 2013[66],
que relata la visita que le realizaron a la accionante.
En éste señaló que: “EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
hace aproximadamente siete [sic] (8)
meses realizaron trabajos donde retiraron el contador y las tuberías que
llevaban el suministro del agua del tubo madre,  (…) dejando el inmueble y sus
ocupantes sin la posibilidad de acceder al servicio del agua. Se comprueba que
hay precarias situaciones al interior del inmueble dado el no suministro de
agua potable, donde los ocupantes del inmueble tienen dificultades para poder
realizar las labores diarias de aseo personal y del hogar. (…)
En cuanto a la obtención del líquido, se constató que “este
servicio vital es suministrado una vez a la semana por la nieta JULIANA
LONDOÑO[67],
quien reside en la calle 81ª  # 87-39, mediante una manguera y el agua es
almacenada en canecas plásticas como se constata en las fotografías que se
anexan; estas personas se ven afectadas por este suministro cuando la señora JULIANA
LONDOÑO, tiene que trabajar y no les puede dejar las llaves de su
apartamento (…).
Finalmente, durante la visita reseñada la nieta de la accionante afirmó
que “ninguna de las personas de este grupo familiar tiene ingresos
fijos, que ella se hace a cargo de la abuela dándole la comida, y que su tía MARTHA
ISABEL LONDOÑO DURANGO se rebusca la comida para ella y su hija menor ELSA
MARINA CAMARGO LONDOÑO con los vecinos haciendo mandados y realizando
oficios varios.” Mayúsculas y negrita dentro
del texto
48.
Ahora bien, el juez de instancia consideró que en este caso no se cumple el requisito
de inmediatez, porque el servicio le fue suspendido a la usuaria en el 2008,
sin embargo, la Sala recuerda que existen algunas situaciones específicas en
las que la Corte Constitucional ha establecido que no obstante haber
transcurrido un extenso lapso entre la vulneración de los derechos y la
interposición de la acción de tutela, la misma es procedente. Una de estas
excepciones[68]
se configura cuando se constata que la vulneración de
los derechos fundamentales del actor en tutela es continua. Para la Corte “esto
significa que no es procedente alegar inmediatez cuando el desconocimiento de
un derecho constitucional se ha prolongado en el tiempo y no se ha dado el
cumplimiento de tal derecho”[69].
Así pues, en el caso bajo estudio es claro que la
vulneración de los derechos fundamentales de la señora Tulia Londoño Holguín
tuvo sus primeras manifestaciones en el 2008, cuando le suspendieron por
primera vez el servicio, pero al día de hoy continúa, es decir que se ha
prolongado en el tiempo. Por lo tanto, la acción de tutela  que se revisa
cumple con el requisito de inmediatez y, es pertinente continuar con su
análisis pues aún no se ha consumado un daño irreparable frente a los derechos
fundamentales de la accionante y su familia.
49. Así pues, la Sala considera que la presente acción de tutela es
procedente por lo menos formalmente, porque (i) lo que se reclama es la
protección del derecho fundamental al agua, ya que el líquido está destinado al
consumo humano, (ii) con la suspensión del servicio de acueducto se afectan los
derechos fundamentales de personas que se encuentran en condición de
vulnerabilidad y, (iii) no existe otro medio judicial que resulte idóneo para
la protección de los derechos que se encuentran en riesgo.
-
Sobre el fondo del asunto.
50. Ahora bien, para analizar si EPM vulneró los derechos fundamentales
de la señora Tulia Londoño Holguín, es necesario tener en cuenta que de acuerdo
con la información suministrada en la contestación de la demanda de tutela, la
accionante se reconectó varias veces de manera ilegal al servicio. Obran en el
expediente los reportes que se trascriben a continuación:
“Informe de Suspensión:
Orden
Causa
Fecha Orden
Fecha Atención
Lectura
13067277
Suspender por falta de pago
2008/04/30 02:57
2008/05/06 11:23
1576
El día 30 de mayo de 2008 con la orden 1367277 se suspendió el servicio
de agua por falta de pago –dos cuentas con saldo vencidas-, la lectura del
medidor en dicha fecha fue 1576 m3.
Informe de Suspensión:
Orden
Causa
Fecha Orden
Fecha Atención
Lectura
Obs
13149519
Revisar Suspensión
2008/05/30 21:00
2008/06/03 10:16
1597
Se instaló dispositivo
El 30 de junio de 2008 con la orden 13149519 se visita la instalación
para revisar suspensión del servicio por encontrarse el registro de la lectura
avanzado –lectura 1597 m3- lo que indica que el cliente se había reconectado sin
haber eliminado la causa de la suspensión.
Orden
Causa
Fecha Orden
Fecha Atención
Observación
Lectura
Obs
13330378
Revisar Suspensión
2008/08/01 23:44
2008/08/04 11:58
Dispositivo con fuga. Se DSP I 1
1601
Se instaló dispositivo
El 04 de agosto 2008 en la orden 13330378 se visita nuevamente la
instalación para revisar suspensión del servicio por encontrarse el registro de
la lectura avanzado –lectura 1601 m3- lo que indica que el cliente nuevamente
se había reconectado sin haber eliminado la causa de la suspensión, se instala
dispositivo especial.
Orden
Causa
Fecha Orden
Fecha Atención
Observación
Lectura
Obs
13447004
Revisar Suspensión
2008/09/19 23:22
2008/09/23 15:35
DIP I 1 RXU D.E Violado anillo
1602
Se instaló dispositivo
El 23 de septiembre 2008 con la orden 13447004 se visita nuevamente la
instalación para revisar suspensión del servicio por encontrarse el registro de
la lectura avanzado –lectura 1602m3-, lo que indica que el cliente nuevamente
se había reconectado sin haber eliminado la causa de la suspensión, había
retirado el dispositivo especial y violado el anillo, se instala de nuevo.
Informe de retiro del Servicio:
Orden
Causa
Fecha Orden
Fecha Atención
Observación
Lectura
Obs
13479664
Retiro por falta de pago
2008/10/02 21:48
2008/10/01 11:00
Cortado con dispositivo
1602
Instalación sola.
El 07 de octubre de 2008 en la orden 13479664 se ordena corte [sic] definitivamente
el servicio. La instalación se encontró con dispositivo y con lectura 1602 m3.
El 07 de diciembre de 2010 con la orden 13479664 se ordena corte [sic] definitivamente
el servicio. La instalación se encontró con dispositivo y con lectura 1602 m3.
El día 10 de febrero de 2012 a través de la línea de atención al
cliente se reportó un fraude en la dirección de la accionante el cual fue
registrado con el pedido 17652059 y que tiene la siguiente información:
“Cliente reporta fraude en esta dirección, él dice que no sabe de
donde está conectada, sin embargo informa que no tiene medidor porque EPM lo
retiró. Indicia que la señora desperdicia el agua de una forma impresionante,
el vecino Isidro dice que se le están generando humedades incluso filtración de
agua desde que hicieron el fraude”
En atención al anterior reporte, se visitó el inmueble el 29 de febrero
de 2012 y se taponó la acometida en toma –desde el tubo madre-.”[70] (Negrita en
el texto).
51. Pues bien, en algunas oportunidades, la Corte Constitucional ha
podido estudiar asuntos en los que la persona que interpuso la acción de tutela
para la protección de su derecho al agua, se había reconectado ilegalmente al
servicio.
Así sucedió en la sentencia T-546 de 2009[71], en la cual se revisó un
caso en el que con la suspensión del servicio de acueducto se veían afectados
los derechos fundamentales de dos menores de edad. Sin embargo, en dicha
ocasión se comprobó que la accionante se había reconectado de manera ilegal al
servicio y en consecuencia su lugar de habitación contaba con el suministro de
agua, por lo que dispuso que no era posible conceder el amparo. Al respecto
sostuvo la Sala segunda de revisión:
“De modo que la tutelante ha hecho uso de una vía
ilegal para obtener el suministro de agua potable. La Corte, si bien comprende
la apremiante necesidad que debió haber sentido, al verse privada del líquido
vital y posiblemente sin dinero para satisfacer las deudas que había contraído
con la empresa, no entiende la razón por la cual interpuso concomitantemente
una acción de tutela. Ambas vías –la de hecho y la judicial- no pueden
ejercerse concomitantemente, porque la prosperidad de la tutela depende en
esencia de que la persona esté legitimada para reclamar por la violación o la
amenaza a sus derechos fundamentales. Pero una persona que por vías ilegales
pretende apropiarse de servicios públicos, no está legitimada para recibir la
protección del juez constitucional.
(…)
Por lo tanto, si los
derechos fundamentales de la tutelante y su familia ha preferido protegerlos
por medios ilícitos, la posibilidad de protegerlos por medios lícitos
desaparece. Máxime cuando, desde el punto de vista constitucional, al haber
actuado de tal suerte buscó sustraerse al cumplimiento del deber financiar los
gastos del Estado (art. 95.9, C.P.). En consecuencia, debido a que el hecho que
motivó la presentación del amparo está deslegitimado a causa de una conducta
contraria a la ley y a la Constitución, la Corte denegará la protección de los
derechos invocados por la peticionaria.”
52. Posteriormente, en la sentencia T-717 de 2010[72], la Corte adviritó que “es
preciso que los jueces de la República y las empresas de servicios públicos le
presten la suficiente consideración a lo siguiente: en la sentencia T-546 de
2009 las circunstancias relevantes del caso indicaban, entre otros aspectos,
que la vivienda de la tutelante estaba disfrutando efectivamente de todos los
servicios públicos. Lo que se dijo en ese caso, acerca de los limitantes
jurídicos para obtener la conexión mediante tutela, no puede extenderse
injustificada y automáticamente a todos los otros casos en los cuales ha habido
una reconexión irregular (por fuera del procedimiento institucional). Por
ejemplo, no puede extenderse a los eventos en los cuales (i) la vivienda tenga
menores de edad, (ii) la negativa de la tutela tenga como consecuencia directa
el “desconocimiento de [sus] derechos constitucionales”, (iii) la desconexión
se haya dado a causa de un incumplimiento de las obligaciones que pueda
considerarse como involuntario, debido a circunstancias insuperables e
incontrolables por los menores o por quienes cuidan de ellos y (iv) si los
menores no cuentan con la posibilidad efectiva de disfrutar siquiera de
cantidades mínimas de agua potable.
53. Así las cosas, en otros casos, ante la inminente vulneración de los
derechos fundamentales de menores de edad la Corte ha amparado su derecho al
agua potable y en consecuencia ha ordenado la reconexión del servicio aún
cuando los accionantes se habían reconectado ilegalmente al mismo. Por ejemplo,
en la sentencia T-928 de 2011[73]
dijo:
“Esta Corte ha
manifestado en algunas ocasiones que la acción de tutela no procede cuando las
personas han reconectado por medios ilegales los servicios públicos, éste fue
el caso de la sentencia T-432 de 1992, que posteriormente fue reiterada en la
sentencia T-546 de  2009, en la que esta Corporación negó el amparo solicitado
por la madre de dos niños, puesto que si bien se demostró que la desconexión
del servicio había tenido efectos adversos sobre derechos fundamentales de
sujetos de especial protección constitucional (menores de edad) y, que la
situación se había debido a circunstancias involuntarias e insuperables, la
accionante en ese caso optó por obtener el agua potable por medio de una
reconexión ilegal (…)
31. Sin
embargo, lo planteado por la Corte en la Sentencia T-546 de  2009 no puede
interpretarse como una regla absoluta, por el contrario, teniendo en cuenta que
la situación fáctica analizada en dicha oportunidad difiere en aspectos
relevantes del caso que aquí se analiza[74],
esta Sala se apartará de dicha posición, ya que en esa oportunidad la falta de
agua potable había sido superada, de manera que para el momento en que se
profirió la sentencia, los menores de edad que estaban viendo afectados sus
derechos fundamentales, ya no necesitaban el amparo que había sido solicitado
por su madre.
Por el
contrario, en el caso que actualmente ocupa a la Corte, la vulneración de los
derechos de los hijos menores de edad de la accionante continúa puesto que si
bien la señora Sandra Mildrey se reconectó de manera ilegal al servicio de
acueducto, Empresas Públicas de Medellín decidió cortar el suministro de agua
desde el tubo madre.”
54. Ahora bien, en esta oportunidad la situación fáctica difiere de los
dos casos antes señalados, que son con sus particularidades una muestra de la situación
que por lo general ocurre cuando las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliaros ejercen su deber de desconectar a los usuarios del servicio, pues
tal como se vio previamente, la señora Tulia Londoño Holguín se ha reconectado
fraudulentamente no una sino múltiples veces al servicio de acueducto, faltando
así a sus deberes como ciudadana colombiana.
Esto con base en lo establecido por el artículo 95 constitucional,
según el cual el ejercicio de los derechos y libertades que pertenecen a cada
uno de los colombianos implica también responsabilidades y, en este sentido es
un deber de todas las personas “respetar los derechos ajenos y no abusar
de los propios”[75].
La Sala considera que la accionante abusó del derecho que tiene a
recibir agua potable en el inmueble que habita y además, ha afectado con su
conducta los derechos de terceras personas que viven cerca su vivienda quienes
denunciaron ante EPM filtraciones y disminución en la presión del líquido; de igual
forma, su conducta termina afectando de manera general a todos los usuarios del
servicio ya que con ello se omiten los objetivos que persigue el principio de
solidaridad, pues “[c]uando un usuario no paga por el servicio recibido,
está obrando como si los demás usuarios tuvieran que correr con su carga
individual y financiar transitoria o permanentemente su deuda. Ello atenta
claramente contra el principio de solidaridad que, entre otros, exige que cada
usuario asuma las cargas razonables que le son propias en virtud de la
Constitución, la ley y el contrato respectivo”.
55. En consecuencia, no es posible acoger las pretensiones propuestas por
la señora Tulia Londoño Holguín en el sentido de ordenar inmediatamente la
conexión total del servicio, toda vez que desde el año 2008 se reconectó varias
veces de forma ilegal a las redes de EPM ocasionándole perjuicios a terceros y
desperdiciando el líquido, en lugar de haberse acercado a la entidad demandada
para proponer un acuerdo de pago que le permitiera ponerse al día con las
facturas adeudadas. Solo 5 años después, cuando la empresa tuvo que tomar la
determinación de taponar por completo y desde el tubo madre la acometida de
acueducto mediante la cual se suministraba el líquido a su casa, decidió acudir
a la acción de tutela para intentar ahora sí mediante una vía legal que se
ordenara el suministro del líquido.
56. Al margen de lo anterior, así como no puede avalarse la conducta
que realizó la actora, tampoco puede la Sala pasar por alto el hecho de que
tanto la señora Tulia Londoño Holguín como su nieta de 12 años se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad y deben recibir una especial protección
constitucional, pues la jurisprudencia constitucional, ha señalado que cuando
se encuentran de por medio los derechos fundamentales de menores de edad, el
juez constitucional debe ser especialmente cuidadoso y garantista de los mismos[76].
56.1 Es preciso recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño[77] señala como
deber de los Estados, suministrarles agua potable a los menores de edad, con el
fin de combatir eficazmente la malnutrición y las enfermedades de los mismos.
Sobre este punto, en la sentencia T-717 de 2010, la Corte estableció que “no sacrificar por completo la dignidad de los
menores, es  tomar decisiones que tengan en cuenta el imperativo humano
de proteger sus derechos fundamentales a “la
vida”, “la salud” y la “alimentación equilibrada”.[78] De ese
conjunto de derechos se deduce el derecho fundamental específico a una
alimentación sana. Para alimentarse sanamente, todo niño requiere que sus
alimentos hayan sido preparados en condiciones sanitarias aceptables, y para
ello es indiscutible que se requieren cantidades mínimas de agua potable.”
56.2 Así las cosas, es claro que uno de los principales intereses de
todo Estado Social de Derecho es la salvaguarda de los derechos fundamentales
de los niños, quienes por su corta edad están en posición de debilidad frente
al resto de la sociedad y por lo tanto, exigen del juez constitucional
especiales consideraciones que les permitan desarrollarse y crecer de forma
digna. Esto lleva a concluir que un desprovisionamiento total de agua potable
en un inmueble en el que habitan menores de edad no es admisible, máxime si se
tiene en cuenta que por lo general, la decisión y la acción misma de
reconectarse de manera fraudulenta a un servicio público no es tomada ni
ejecutada por ellos y, por supuesto tampoco está en sus manos el pago de las
facturas que se causan por el consumo del mismo, por ende, no deben ser los niños
quienes sufran las consecuencias de las acciones que realizan los adultos que
se encargan del hogar.
- Decisión que se adopta.
57. En consecuencia, en este caso debe tomarse una decisión que resulte
equilibrada para las dos partes del proceso, pues por un lado EPM actuó de
forma diligente al suspender el servicio de agua potable, debido a que en este
caso se demostró que la accionante estaba realizando un mal uso del líquido,
desperdiciándolo y reconectándose múltiples veces de manera fraudulenta al mismo,
causando así daños en las viviendas de sus vecinos; pero por otro lado, ante la
ausencia de una cantidad de agua mínima para satisfacer las necesidades básicas
de cualquier niña, se encuentran en grave peligro los derechos fundamentales de
la nieta de la accionante que ahora tiene 12 años de edad, a la salud, a la
alimentación y a la vida en condiciones dignas. Además, debe recordarse que en
razón a su edad (73 años) la accionante es una adulta mayor y por esto debe
recibir una especial protección constitucional.
58. Con base en lo anterior, no puede la Sala permitir que se suspenda
totalmente el servicio de agua potable en la vivienda de la accionante, pues en
casos como el presente, el bien que se protege con estas medidas y, en
específico el contexto en el que se desarrolla, constituyen razones o factores
de tan alta importancia constitucional, como para que la consecuencia de un
desabastecimiento de agua potable no sea aceptable[79].
Pero tampoco es posible pretender, que se reconecte el mismo sin ningún
tipo de consideración a la conducta desplegada por la accionante desde el 2008;
por lo tanto, la Sala ordenará a EPM que le proporcione un mínimo de agua para
satisfacer las necesidades básicas de bebida, alimentación o preparación de
alimentos, la limpieza y el saneamiento de las personas, para el efecto deberá
instalar y asumir el costo de un reductor de flujo que permita garantizar a la
accionante por lo menos “50 litros por persona al día[80]”[81].
Sin embargo, el valor del líquido suministrado deberá ser asumido por la actora
y, en todo caso para el cobro del mismo se deberá tener en cuenta su capacidad
de pago, dándole la posibilidad de pagar en cuotas flexibles u otras
alternativas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las cuentas de
facturación.
Para ponerse al día en sus facturas, la accionante deberá adelantar los
trámites necesarios ante Intercobros o EPM, para llegar a un acuerdo de pago o
a un sistema de financiación, que no afecte su mínimo vital.
59. Ahora bien, se le solicitará a la Defensoría del Pueblo, a través
del Defensor Regional de Medellín que
asesore a la actora en el proceso de búsqueda de la solución más adecuada, para
sufragar la deuda que tiene con EPM, teniendo en cuenta que si llega a un
acuerdo de pago con dicha empresa o con Intercobros, el mismo debe contar con
plazos amplios y cuotas flexibles, considerando la verdadera capacidad de pago
de la usuaria que es una persona de escasos recursos económicos, perteneciente
a los estratos bajos de la población, para que se logren satisfacer las
obligaciones de una y otra parte. De igual forma, deberá prestarle orientación
para que eventualmente acceda al programa de mínimo vital de agua ofrecido por
el Municipio de Medellín, si así lo desea.
En este punto, es necesario
mencionar que una vez se llegue a un acuerdo de pago con la accionante, y si el
mismo no es incumplido, EPM podrá reconectar el servicio a la vivienda de la
misma si ésta se compromete a hacer un uso razonable del líquido y a no
desperdiciarlo. De igual forma, se le recuerda a la accionante que no debe utilizar
vías de hecho para la obtención del líquido vital, máxime cuando con esto
afecta los derechos de terceros de buena fe como lo son sus vecinos.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
sentencia denegatoria de tutela proferida por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bucaramanga en
segunda instancia, que confirmó la providencia emitida por el Juzgado Segundo
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga en primera instancia y, en su lugar, CONCEDER  el amparo pedido
por María del Carmen Mejía Landinez, para proteger sus derechos fundamentales
al agua potable, a la vida, la salud, a la integridad física y a una vida en
condiciones dignas.
Segundo.-
ORDENAR al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que en el perentorio
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, reconecte el servicio público domiciliario de acueducto en el
inmueble en el que reside la accionante, ubicado en
la calle 12 A N # 18-42, interior 2 manzana 29 de la Urbanización Villa Rosa
del Municipio de Bucaramanga.
Tercero.-
ORDENAR al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que en el término de los
5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, adelante los trámites
necesarios para llegar a un acuerdo de pago con la actora, a fin de que ésta
pueda responder por su obligación contractual. En dicho acuerdo se estipularán
plazos acordes con la situación económica de la misma, de manera que no se
afecte su mínimo vital ni el de su núcleo familiar y se tenga en cuenta su capacidad
de pago actual.
En caso de
que la señora María del Carmen Mejía Landinez manifieste y pruebe  que no
cuenta con los recursos económicos para sufragar la deuda, el Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga deberá proceder a instalar un reductor de flujo
que garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día, en el inmueble
que habita la misma y asumir el valor del mismo. Sin embargo, el costo de la cantidad
de líquido suministrada deberá ser asumido por la actora y, en todo caso para
su cobro se deberá tener en cuenta la capacidad de pago, de manera que se le
brinde a la señora Bermúdez la posibilidad de pagar en cuotas flexibles o tenga
otras alternativas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las cuentas de
facturación.
No obstante,
se ADVIERTE al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que bajo ninguna
circunstancia, incluyendo el incumplimiento de nuevos periodos de facturación,
podrá suspender completamente el suministro de agua potable a la accionante, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente sentencia.
Cuarto.- REVOCAR la
sentencia denegatoria de tutela proferida por el Juzgado Once Civil Municipal
de Medellín en única instancia y, en su lugar, CONCEDER  el amparo
pedido por Tulia Londoño Holguín, para proteger sus derechos a la vida, a la
integridad física, al agua potable y, los derechos de los niños.
Quinto.-
ORDENAR a Empresas Públicas de Medellín, que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a reconectar
el servicio público de acueducto en la vivienda de la actora ubicada en la
Calle 81ª Carrera 87-37 de la ciudad de Medellín, mediante la instalación de un
reductor de flujo que garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día. El costo de la cantidad de líquido que se le suministre deberá
ser asumido por la actora y, en todo caso para su cobro se deberá tener en
cuenta la capacidad de pago, de manera que se le brinde a la señora Bermúdez la
posibilidad de pagar en cuotas flexibles o tenga otras alternativas, con el fin
de garantizar el cumplimiento de las cuentas de facturación.
Esta orden deberá mantenerse mientras, la accionante adelante los trámites
necesarios ante Intercobros o EPM, para llegar a un acuerdo de pago o a un
sistema de financiación, a partir del cual no se afecte su mínimo vital, pero
logre saldar la deuda que mantiene con la entidad demandada y, durante el
tiempo que sea necesario para que esto efectivamente ocurra.
Sexto.- SOLICITAR a la
Personería Municipal de Medellín y a la Defensoría del Pueblo Regional
Antioquia a través del Defensor Regional de Medellín, que preste asesoría  a
la actora en el proceso de búsqueda de la solución más adecuada, para sufragar
la deuda que tiene con EPM, teniendo en cuenta que si llega a un acuerdo de
pago con dicha empresa o con Intercobros, el mismo debe contar con plazos
amplios y cuotas flexibles, considerando la verdadera capacidad de pago de la
usuaria que es una persona de escasos recursos económicos, perteneciente a los
estratos bajos de la población, de manera que se logren satisfacer las
obligaciones de una y otra parte. De igual forma, deberá prestarle orientación
para que eventualmente acceda al programa de mínimo vital de agua ofrecido por
el Municipio de Medellín, si así lo desea.
Séptimo.- ADVERTIR a
Empresas Públicas de Medellín que una vez se llegue a un acuerdo de pago
con la accionante, y si el mismo no es incumplido, deberá reconectar
inmediatamente el servicio a la vivienda de la misma.
Octavo.- LÍBRENSE por
Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] En adelante, la Sala utilizará las siglas AMB para referirse al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.
[2] En adelante EPM.
[3] Auto del  24 de septiembre de 2012, emitido por el Juzgado Once Civil
Municipal de Medellín.
[4] En esta oportunidad la Sala seguirá lo estipulado en las Sentencias
T-928 de 2011 y T-312 de 2012, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[5] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[6] Sentencias  C- 150 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1150 de
2001 M. P. Alvaro Tafur Galvis, T-1225 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-636 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-490 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-270 de 2007 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-381 de 2009 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-915 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-546 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa,  T-616 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-717 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa, T-418 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa y, C-220 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-055 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-740 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-918 de 2011 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, T-089 de 2012 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-188 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre
muchas otras.
[7] Sentencia T-881/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[8] Art. 49 Constitución Política de Colombia.
[9] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[10] Para que se configure un perjuicio irremediable éste debe ser  cierto
e inminente, grave (que su existencia actual o potencial se infiera
objetivamente a partir de una evaluación razonable de hechos reales, y no de
meras conjeturas o deducciones especulativas T-456 de 2004) y debe requerir
la adopción de medidas urgentes impostergables que corrijan oportuna y
proporcionalmente el trascendental daño que se le puede causar al actor. Cfr. sentencias
T-182 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-037 de 2005 M.P. Alfredo Beltran Sierra, y T-598 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] M.P. María Victoria Calle Correa.
[12] En la sentencia T-796 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla), por
ejemplo, la Corte Constitucional resolvió no tutelar el derecho de una persona
a la que se le había suspendido el servicio de agua reglamentariamente.  La Corte consideró que la situación del accionante había sido debidamente contemplada por la Empresa de Servicios Públicos, en los siguientes términos: “encuentra la Sala que el 5 de enero de 2007, el señor Robles Carrillo celebró “convenio” con Metroagua
S.A. ESP para cancelar el valor adeudado en ese momento, $730.786, de lo cual
abonó $115.786, para quedar con saldo pendiente de $615.000, a pagar en 41
cuotas mensuales por valor fijo de $15.000, más el valor del consumo mensual.” Advirtió que se le podía restablecer el servicio “si éste se
compromete a respetar el convenio y cancela puntualmente el valor
mensual,  con la cuota correspondiente a la deuda pendiente.” En este caso
no se constató afectación al mínimo vital del tutelante ni a otros derechos
fundamentales de él o de terceros. En sentido similar, también puede verse las
sentencias T-306 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara), T-064 de 1994 (MP
Hernando Herrera Vergara), T-237 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz), T-697 de 2002
(MP Jaime Araujo Rentería) y T-701 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[13] En tal sentido ver, por ejemplo, la sentencia T-598 de 2002 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), caso en que la Corte resolvió reiterar su jurisprudencia
en los siguientes términos: ‘las mismas empresas de servicios
públicos, en aras de garantizar la prestación del servicio a los demás usuarios
y de no imponer cargas desmesuradas a los propietarios de inmuebles arrendados
ante el incumplimiento en el pago de los servicios por parte de los
arrendatarios, no solo pueden sino que deben suspender el servicio cuando se ha
incumplido el pago de tres facturas (artículo 140 de la Ley 142 de 1994) y no está pendiente la resolución de una reclamación
por parte del usuario.’
[14] Corte Constitucional, sentencia T-627 de 2009 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo). En este caso se consideró y decidió lo siguiente: “La
directora del Colegio […] solicita que continúen las obras de
mantenimiento  y reparación de la vía […], colindante con la institución
educativa, porque, a su juicio, la suspensión de las mismas  ha ocasionado
una amenaza a los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud y al
ambiente sano. Se solicita en la tutela, que las obras continúen para
evitar que los niños, niñas y adolescentes de la institución sean expuestos a
sufrir enfermedades virales o respiratorias. Simultáneamente, la accionante
plantea que en  varias ocasiones, en ejercicio del derecho de petición, ha
solicitado a las entidades accionadas que concluyan las obras, limpien la zona
y recojan los residuos que ha generado la construcción, pero ninguno de los
organismos respondió.  ||    […]  encuentra esta Corporación que no existe una
amenaza actual e inminente de un derecho colectivo ni menos aún de los derechos
fundamentales invocados. En efecto, del material obrante en el expediente se
deduce que la amenaza a los derechos fundamentales está dada por hipótesis de
eventuales situaciones que podrían presentarse  temporalmente en el  lugar
donde está situado el plantel educativo. En efecto, ninguno de los hechos
alegados aparecen asociados a la eventual afectación de un derecho fundamental
como el derecho a la vida, a la integridad, a la salud de los alumnos del
Colegio.” No obstante la Sala advirtió que “la
negligencia administrativa  puede ocasionar lesiones a derechos
fundamentales”. En este mismo sentido puede verse la sentencia T-182 de
2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[15] Por ejemplo, la Corte Constitucional, en sentencia T-370 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), consideró lo siguiente: “encuentra la Sala que el accionante no afirma ni presenta prueba de haber elevado petición o reclamación
ante Emdupar ESP-S.A o ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de forma previa a la interposición de la presente acción de tutela.  ||
Igualmente, el señor Rafael Cuello tampoco argumenta ni demuestra por qué en su
caso particular los mecanismos ordinarios disponibles como el agotamiento de la
vía gubernativa e interposición de acciones judiciales ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativa, no son eficaces para la protección de sus
derechos fundamentales que considera vulnerados. Tampoco sustenta en qué
consiste el perjuicio irremediable que se podría presentar durante el tiempo
que dure el trámite de los mecanismos de protección disponibles, que amerite la
procedencia de la presente acción de tutela.  ||  Del mismo modo, el accionante
no demostró la posible vulneración de otros derechos fundamentales como los de
acceso a los servicios públicos domiciliarios o petición, pues vale decir que
la falta de los servicios de acueducto y alcantarillado del inmueble que
utiliza para arrendar no puede representar para éste una vulneración de su
dignidad como persona.”
[16] Corte Constitucional, sentencia T-888 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra); en este caso se negó la tutela al agua potable, la vida y la salud de
una persona que venía consumiendo agua del acueducto, porque no quedó
acreditado que –como él alegaba- estuviera en condiciones no aptas para el
consumo. Por el contrario, se contaba con un informe técnico, actual y tomado
por profesional calificado e imparcial, que constatan la calidad del agua que
llega a la casa del accionante.
[17] Por tal razón, por ejemplo, la Corte resolvió negar las solicitudes concretas de los tutelantes en las sentencias T-432 de 1992 (MP Simón
Rodríguez Rodríguez) y T-546 de 2009 (MP María Victoria Calle
Correa), la cual reitera aquella en los siguientes términos: “[…] una persona
que por vías ilegales pretende apropiarse de servicios públicos, no está
legitimada para recibir la protección del juez constitucional. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-432 de 1992, estimó que no podía ordenar la
protección de los derechos a una persona que aspiraba a obtener una instalación
al acueducto oficial, por el hecho de que ya previamente se había conectado a
él ilegalmente. Dijo la Corporación, en aquella oportunidad, que ‘un sujeto al
reclamar legalidad en el obrar de algunos, debe hacerlo sólo sobre la base de
que su conducta es legal (…) como uno no puede mejorar su condición con sus
propios delitos, o lo hecho ilícitamente no impone obligaciones, o a quien mal
usa de su poder, se le priva de él, resulta indudable lo siguiente: No se puede
otorgar el servicio de acueducto transgrediendo los procedimientos
preestablecidos para su obtención. Una acción ilícita como es la de hacer
instalaciones  a la tubería central de agua potable sin autorización, no
obliga a que se consideren las aspiraciones de quién las realiza’.”
[18] Caso distinto es el de una persona que se intentó reconectar a la
fuerza infructuosamente, y no se encuentra disfrutando de su derecho al agua.
En tal situación puede haber lugar a la protección del juez de tutela.
[19] Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2002 (MP Alfredo Beltrán
Sierra). En este caso la Corte confirmó la decisión de negar la acción de
tutela que habían adoptado los jueces de instancia considerando, entre otras
cosas, porque las acciones de las personas para lograr el acceso al agua “[…]
sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las disposiciones
especiales establecidas en el Acuerdo 014 de 1983, vulneraría los derechos de
los usuarios que en forma legal y oportuna accedieron al servicio de agua en la Vereda La Lajita, pues, como lo afirma el Presidente de la Junta Administradora del Acueducto de esa vereda, permitir la extracción de agua del
desairadero, como lo pretenden los accionantes, implica dejar sin agua a todos
los que se benefician de él, es decir, a dieciocho familias y dos escuelas,
debido a la merma en la presión del agua requerida para suministrar el líquido
a todos los usuarios.”
[20] Corte Constitucional, sentencia T-576 de 2005 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto).
[21] Sentencia T- 418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[22] Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York 1946.
[23] Artículo 79, Constitución Política de Colombia.
[24] Art. 7 Constitución Política de Colombia.
[25] En la sentencia T-143 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), por
ejemplo, se decidió que la administración pública (el Municipio de Puerto López
y el Departamento del Meta) amenazó los derechos de los pueblos indígenas
accionantes (Achagua y Piacoco) a la integridad étnica y cultural, y el derecho
al agua potable de sus miembros, porque  (1) no se les garantizó el
abastecimiento del líquido durante un tiempo al menos igual al que de hecho se
requería para llegar a una solución definitiva; y  (2) porque la política
pública concebida para brindarles una solución definitiva no estaba planeada en
condiciones adecuadas, en tanto carecía de un plan de acción concreto para
ponerla en marcha, y no estructuraba la participación de los Pueblos indígenas
en la construcción, ejecución y evaluación de la misma.
[26] M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[27] En dicha ocasión dijo la Corte: “Adicionalmente, la forma en que el señor Galeano se ve obligado a
obtener el agua no asegura los niveles mínimos de disponibilidad que debe
garantizar el Estado, puesto que el suministro procede de una tubería pequeña
construida por el mismo actor, que se alimenta del servicio recibido por otra
vivienda conforme a las estipulaciones de un acuerdo privado. Este acuerdo solo
contempla dos horas diarias de suministro y exige el pago de $40.000 mensuales.
Para la Sala, un abastecimiento en estas condiciones, forzado por la conducta
omisiva de la entidad accionada, es claramente discontinuo y no permite
asegurar una cantidad mínima de agua disponible.
3.6 La
vulneración del derecho al agua, materializada en la falta de acceso y
disponibilidad evidentes en el expediente, son injustificadas y no obedecen al
incumplimiento de los deberes del accionante como usuario. (…)”
[28] T-546 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa, en esta oportunidad, la Corte ordenó la reconexión del servicio a una persona gravemente enferma que no canceló
oportunamente la factura, pero que requería urgentemente del agua para
continuar recibiendo atención médica en su hogar en condiciones dignas, al
tiempo que se decidió que era necesario acordar otra forma de pagar las cuotas
en mora.
[29] Sentencia T-614 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[30] De igual forma, se pronunció la Corte en el caso de un ciudadano que obtuvo un acuerdo de pago cuyas condiciones no fueron
respetadas por la empresa prestadora del servicio en la sentencia T-270 de 2007 M.P. Jaime Araujo Rentería. Ver también la sentencia T-546 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa. Cuando con el corte del servicio de acueducto debido a la mora
en el pago de las facturas no se afecta el mínimo vital, la vida y la dignidad
del accionante, la Corte le ha dado prevalencia al cumplimiento irrestricto de
los deberes de los usuarios del servicio.
[31] M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[32] Al respecto también pueden consultarse las sentencias T-1104 de
2005 M.P. Jaime Araujo Rentaría  y, T-616 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[33] M.P. Jaime Córdoba Triviño-
[34] T-410 de 2003 M.P. Jaime Cordoba Triviño.
[35] Ver sentencias T-381 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-888
de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-410 de 2003 M.P. Jaime Cordoba Triviño, T-092 de 1995 Hernando Herrera Vergara, y T-539 de 1993 Jose
Gregorio Hernández Galindo.
[36] Sentencia T-244 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[37] Artículo 11.     1. Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. (…) (Se subraya)
Artículo
12.         1. Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental. //2.
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a)
La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano
desarrollo de los niños; (…) (Subraya fuera de texto).
a)
[38] “La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser
continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos
comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de
alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible
para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos
necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las
condiciones de trabajo.
b)
La calidad. El agua necesaria para cada uso
personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener
microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una
amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color,
un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.
c)
La accesibilidad. El agua y las instalaciones y
servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna,
dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro
dimensiones superpuestas:
i)
Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y
servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la
población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y
aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus
cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de
calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las
necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad
física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e
instalaciones de agua.
ii)
Accesibilidad económica. El agua y los servicios e
instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos
directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser
asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros
derechos reconocidos en el Pacto.
iii)
No discriminación. El agua y los servicios e
instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho,
incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
iv)
Acceso a la información. La accesibilidad comprende
el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones
del agua”.
[39] El numeral 37 de la Observación general No. 15 del Comité de derechos económicos sociales y culturales, respecto de las obligaciones básicas de los
estados menciona:
a) Garantizar
el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para
el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades; /b) Asegurar el
derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una
base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos
vulnerables o marginados; /c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o
servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua
salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos
tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable
del hogar; /d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando
las personas tengan que acudir a obtener el agua; /e) Velar por una
distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua
disponibles; /f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales
sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán
ser elaborados y periódicamente revisados en base a un proceso participativo y
transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y
niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el
proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así
como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los
grupos vulnerables o marginados; /g) Vigilar el grado de realización, o no
realización, del derecho al agua; /h) Adoptar programas de agua orientados a
fines concretos y de relativo bajo costo para 0proteger a los grupos
vulnerables y marginados; /i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar
las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos
servicios de saneamiento adecuados.
[40] “La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las
medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación
comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente
este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia
mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción
nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho;
velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y
sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas
desfavorecidas.”OG No. 15.
[41] T-928 de 2011, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[42] Sobre las finalidades constitucionales que
persigue el cobro de precios por la prestación de servicios públicos
domiciliarios, la Corte en la sentencia C-389 de 2002 (MP Clara Inés Vargas
Hernández, SV Jaime Araújo Rentería, SVP Álvaro Tafur Galvis y AV Jaime Araújo
Rentería), señaló lo siguiente: "la
relación contractual referida es de carácter oneroso, pues implica que por la
prestación del servicio público domiciliario el usuario debe pagar a la empresa
respectiva una suma de dinero. En efecto, dentro de la concepción del Estado
Social de Derecho debe tenerse en cuenta que los servicios públicos
domiciliarios tienen una función social, lo cual no significa que su prestación
deba ser gratuita pues el componente de solidaridad que involucra implica que
todas las personas contribuyen al financiamiento de los gastos e inversiones
del Estado a través de las empresas prestadoras de servicios públicos, dentro
de conceptos de justicia y equidad (CP art. 95-9 y 368)."
[43] Parágrafo del art. 130, Ley 142 de 1994, modificado por art. 18, Ley
689 de 2001.
[44] Cfr. Sentencia T-717 de 2010.
[45] Sentencia T-717 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[46] Al respecto ver Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en la que se estudió si resultaba o no constitucional la
suspensión del servicio público de energía eléctrica en un establecimiento
carcelario y penitenciario, por incumplimiento en el pago de las facturas de
consumo del mismo, en el cual, si bien fueron tutelados los derechos de los
reclusos, esta Corte, enfatizó en la importancia que reviste el pago de las
obligaciones contractuales de servicios públicos, así mismo, resaltó que además
de ser obligaciones contractuales, tienen una especialísima importancia, pues
de su cumplimiento depende la prestación eficiente de los servicios públicos a
los demás usuarios.
[47] Sentencia C-150 de 2003 C-150 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa,
SV Jaime Araújo Rentería y SVP Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas
Hernández). Citada en la sentencia T-717 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[48] En dicha providencia, la Corte Constitucional se pronunció sobre los artículos 18 y 19 de la ley 689 de 2001, que
modificaban algunos artículos de la ley 142 de 1994, referentes a la suspensión
del servicio público en los casos de incumplimiento sucesivo del pago del mismo
[49] En la sentencia T-485 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño), la Corte analizó el derecho de los usuarios a que sus recursos sean resueltos antes de que se
les corte el servicio. De igual manera los artículos 152 a 158 de la Ley 142 de 1994 versan sobre los derechos de defensa del usuario en sede de la
empresa.
[50] En la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), la Corte sostuvo que "contra el acto de suspensión del servicio que realice la empresa
proceden los recursos de reposición, y de apelación".
[51] Sobre este punto, ver la sentencia T-1108 de 2002 (MP Álvaro Tafur
Galvis), donde se desarrolló ampliamente el tema.
[52] Sobre este punto, ver la sentencia T-730 de 2002 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[53] Sobre este punto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes
providencias: la sentencia T-235 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell),
respecto de cárceles; la sentencia T-380 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara),
respecto de colegios públicos; y la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo
Montealegre Lynett), respecto de hospitales, acueductos y establecimientos
relacionados con la seguridad ciudadana.
[54] Sobre este punto, ver la Sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[55] M.P. María Victoria Calle Correa.
[56] Sentencia T-546 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa.
[57] Ver supra numerales 16 a 26.
[58] Artículo 130: PARTES
DEL CONTRATO.  Son partes del contrato la empresa de servicios públicos,
el suscriptor y/o usuario.
El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los
usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el
contrato de servicios públicos.
Las deudas derivadas de la prestación de los servicios
públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o
bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y
comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos. La factura expedida por
la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad
prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y
Comercial. Lo prescrito en este
inciso se aplica a las facturas del servicio de energía eléctrica con destino
al alumbrado público. El no pago del servicio mencionado acarrea para
los responsables la aplicación del artículo que trata sobre los "deberes
especiales de los usuarios del sector oficial".
PARÁGRAFO. Si el usuario o suscriptor incumple su
obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término
previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de
facturación, la empresa de servicios públicos estará en la obligación de
suspender el servicio. Si la empresa incumple la obligación de la suspensión
del servicio se romperá la solidaridad prevista en esta norma".
[59] M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[60] Ver supra, numeral 22.
[61] Sentencia C-150 de 2003.
[62] Ver por ejemplo, entre otras las sentencias T-68 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett,  T-783 de 2006 y T-270 de 2007 M.P.  Jaime Araújo Rentería.
[63] Deuda factura:
$2’407.070
Deuda financiación realizada en 2010:
$2’049.956
Descuento 100% intereses por mora:
$100.162
Valor a financiar:
$4’356.864
Cuota inicial del 10%:
$435.686
60 cuotas mensuales de:
$75.807 + consumo mensual
[64] Ver informe de la Oficina de derechos humanos de la Personería de Medellín, folios 26 a 29 del cuaderno de la Corte.
[65] En sede de revisión se consultó la base de datos del Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBEN- del
Departamento Nacional de Planeación, y la accionante aparece calificada con un
puntaje de 18.2. Adicionalmente, se consultó el Registro Único de Afiliados a la Protección Social – RUAF y solo aparece activa en el régimen subsidiado de salud, pero no
recibe ninguna pensión no está afiliada a riesgos profesionales, a cajas de
compensación familiar, a cesantías y no está vinculada a programas de
asistencia social. (Folios 8 y 9 del cuaderno de la Corte Constitucional).
[66] Folios 26 a 29 del cuaderno de la Corte Constitucional.
[67] Esto también fue afirmado por la entidad demandada en respuesta al
requerimiento hecho por la Corte, en donde manifestó que “una vez se recibió
esta solicitud de la Corte Constitucional, se procedió a visitar la vivienda
para verificar las condiciones del inmueble y se constató que éste tiene
servicio pero este está siendo surtido por la dirección CL 81 A CR 87-39 (INTERIOR 201) vivienda en la cual habita una sobrina de la accionante.”  Folio 12,
cuaderno de la Corte Constitucional.
[68] Adicionalmente, también se ha realizado un análisis flexible del
requisito de inmediatez por lo menos en tres casos: cuando (i) la persona se
encuentra en un estado de indefensión o de debilidad manifiesta que le impedía
acercarse previamente a la jurisdicción constitucional (sentencias T-468 de 2006 y T-158 de 2006);
(ii) existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado (sentencias
SU-961 de 1999, T-570 de 2005 y T-594 de 2008); (iii) el fundamento de la
acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la
fecha de interposición (sentencias T-1229 de 2000,
T-684 de 2003,  T-1059 de 2007 y T-018 de 2008).
[69] T-1059 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[70] Folios 20, a 23 del cuaderno de primera instancia.
[71] M.P. María Victoria Calle Correa.
[72] M.P María Victoria Calle Correa.
[73] M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
“[74]
Según la jurisprudencia, en el análisis de un caso deben confluir los
siguientes elementos para establecer hasta que punto el precedente es relevante
o no: “(i) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla
relacionada con el caso a resolver posteriormente. (ii) La ratio debió haber
servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una
cuestión constitucional semejante. (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de
derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será
razonable que ‘cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes
no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no
considerar vinculante el precedente’. Estos tres elementos hacen que una
sentencia anterior sea vinculante y, en esa medida, que se constituya en un
precedente aplicable a un caso concreto. De allí que se pueda definir el
precedente aplicable, como aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio
conduce a una regla - prohibición, orden o autorización-  determinante
para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión
de constitucionalidad específica, semejantes.” (Cfr. sentencia T-292 del 6 de
abril de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).”
[75] “ART. 95.- La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de
la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla.
El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución
implica responsabilidades. || Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. || Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios; (…)”.
[76] Sentencia C-150 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[77] Artículo 24 :
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del
niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados
Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al
disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena
aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas
para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la
niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia
médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo
hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición
en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la
aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de
contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y
postnatal apropiada a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la
sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios
básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la
aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria
preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia
de planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales
que sean perjudiciales para la salud de los niños.
4. Los Estados Partes se comprometen a
promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr
progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente
artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de
los países en desarrollo.
[78] El artículo 44 de la Constitución establece el derecho fundamental de todos los niños a “alimentación equilibrada”. Asimismo, les atribuye a la
familia, la sociedad y el Estado la obligación de asistirlos  “para garantizar
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. Finalmente,
la Carta establece que “[l]os derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás”.
[79] Cfr. Sentencias T-717 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa y, T- 928 de 2011, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[80] Organización
Mundial para la Salud (OMS), Informe sobre la cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud y ONU/WWAP (Naciones Unidas/Programa Mundial de
Evaluación de los Recursos Hídricos). 2003. 1er Informe
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el
Mundo: Agua para todos, agua para la vida. París, Nueva York y Oxford.
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y Berghahn Books.
[81] En sentencia T- 740 de 2011.