T-671-06
II
Sentencia T-671/06
DERECHO A LA EDUCACION DEL NIÑO-Fundamental
DERECHO A LA EDUCACION-No se otorgó cupo a los menores en instituciones de preescolar por
no cumplir con el requisito de la edad
DERECHO A LA EDUCACION-Criterios del
artículo 67 de la CP deben ser interpretados como inclusivos y no como
exclusivos
DERECHO A LA EDUCACION-Secretaría de
Educación Municipal suspendió financiación de preescolar a menores de 5 años
DERECHO A LA EDUCACION DEL NIÑO-Ponderación de los hechos y circunstancias de cada caso en
particular
SERVICIO DE EDUCACION PREESCOLAR-Competencia
para ampliación progresiva a los 3 niveles previstos por el Decreto 2247/97
EDUCACION PREESCOLAR-Prestación del
servicio
DERECHO A LA EDUCACION DEL MENOR DE 5 AÑOS-Orden de Ingreso al preescolar solo como
asistentes puesto que ya ha transcurrido el primer semestre lectivo
Referencia: expedientes T-1330797, T­1333265,
T-1333266, T-1337766 y T- 1337767 acumulados.
Acciones de tutela de Carlos Orlando Acosta, Dich Jhonny Ladino Leal
y Edgardo Enrique Viecco, en contra de la Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento del Vichada y Luz Mariela Vanegas Penagos y Jorge William Gaviria
Jiménez, en contra de la Institución Educativa Orlando Velásquez Arango de
Bolombolo de Venecia, Antioquia.
Procedencia: Juzgado Promiscuo del
Circuito de Puerto Carreño, Vichada y Juzgado Promiscuo Municipal de Venecia,
Antioquia.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA.
Bogotá,
diecisiete (17) de agosto de dos mil seis (2006).
La Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson
Pinilla Pinilla, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos
dictados por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, Vichada y
Promiscuo Municipal de Venecia, Antioquia.
Los expedientes llegaron a la Corte
Constitucional por remisión que hicieron las secretarías de los despachos
judiciales mencionados, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
La Sala de Selección Número Cinco de la Corte, por auto del 11 de
mayo de 2006, seleccionó los casos de la referencia, y dispuso la acumulación
de los expedientes T-1330797, T-1333265, T-1333266, T-1337766 y T-1337767 por
presentar unidad de materia, para ser decididos en una sola sentencia, si así
lo consideraba pertinente la Sala de Revisión.
I.
ANTECEDENTES.
1.-
Acción de tutela instaurada por Carlos Orlando Acosta (T-1330797), Dich Jhonny
Ladino Leal (T-1333265) y Edgardo Enrique Viecco (T-1333266) en contra de la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Vichada.
1.1.  El señor Carlos Orlando Acosta (T-1330797) actuando en
representación de su hija Linda Esmeralda Acosta Richards, quien nació el 13 de
noviembre de 2001; el señor Dich Jhonny Ladino Leal (T-1333265) actuando
en representación de su hija Tania Catalina Ladino Bincos, nacida el 2 de marzo
de 2002; y el señor Edgardo Enrique Viecco (T-1333266) actuando en
representación de su hijo Gregorio Alberto Viecco Pérez de 3 años de edad,
manifiestan en sus escritos de tutela, que desde el año 1974 en el preescolar
del Colegio Normal Superior Federico Lleras Acosta, se recibían prematrículas
para los menores de 4 años, para cursar el nivel A de preescolar, pero la
Secretaría de Educación y Cultura del Vichada no les permitió matricular a los
menores para el año escolar 2006, con fundamento en la Resolución 1515 de julio
3 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, invocando el artículo 3°
literal c, que estableció como edad mínima para ingresar al grado de
transición, 5 años cumplidos a la fecha de inicio del calendario escolar.
Explican que el
preescolar del Colegio Federico Lleras, es el único en el Departamento del
Vichada que cuenta con una infraestructura adecuada para atender a esta
población estudiantil en edades de 3 a 4 años, y que tampoco han podido ser
atendidos por el ICBF de Puerto Carreño, porque no cuenta con la
infraestructura y el personal calificado para prestar tal servicio educativo,
además manifiestan ser familias sin recursos económicos necesarios para ofrecer
una educación a sus hijos en colegios privados, debido a los altos costos en
matrículas y pensiones.
De esta manera, consideran que la
educación es un derecho fundamental, y que no es posible que los menores deban
permanecer al margen del sistema educativo, por una disposición del Ministerio
de Educación Nacional (Resolución 1515 de 2003).
El Gobernador
(e) del Vichada Máximo Rodríguez Merchán y el Secretario de Educación
Departamental Daniel González Rojas, responden a las acciones de tutela,
afirmando que argumentos de carácter legal, motivan a la entidad estatal a
través de la Secretaría de Educación, a adoptar la posición de no autorizar la
matrícula del personal infantil en edad de 4 años.
Agregan que no
dar cumplimiento a tales normas equivale a la violación de la Constitución y
otros preceptos y esto generaría una posible irregularidad de tipo
administrativo, que terminaría muy seguramente en procesos disciplinarios y
hasta penales en contra de las personas que se encuentran al frente de la
entidad.
Por otro lado,
el rector del Colegio Rubén Darío Valencia Román, en respuesta a la acción,
informó que el preescolar se venía prestando en el Colegio Federico Lleras
desde 1974 hasta 2004, pero por directrices del Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación, se les prohibió aceptar estudiantes
menores de 5 años, y por lo tanto sólo los recibirán si la Secretaría de
Educación les autoriza matricularlos, ya que en este momento el Colegio cuenta
con aulas suficientes y faltaría solo nombrar los docentes.
1.2.
Sentencias objeto de revisión.
En providencias
todas con fecha 24 de febrero de 2006, el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Puerto Carreño, Vichada denegó las tutelas pedidas, mediante consideraciones
que se resumen así :
Considera ese
despacho que el marco constitucional del derecho a la educación es el artículo
67 de la Carta Política, que señala en el inciso 3°: “El Estado, la sociedad
y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los
cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica.” Se puede concluir, según el a quo,
que este derecho es en particular para menores de edad, específicamente mayores
de 5 y menores de 15 años, siendo obligatorio tanto para el Estado, la sociedad
y la familia, velar porque tenga pleno desarrollo y que la población de niños
educandos tenga respaldo cabal para el ejercicio de tan fundamental derecho.
Estima que no se
desconocen las diferentes necesidades de carácter económico que puedan apremiar
los hogares de los tutelantes, pero las políticas del Estado tienen su razón de
ser, y si se estableció una edad mínima para garantizar el servicio público de
educación, debió ser por un estudio que realizó el constituyente con el fin de
lograr que los infantes se eduquen y compartan con sus familias.
En cuanto a la
decisión de la Secretaría de Educación, al impartir esa instrucción de no
autorizar la matrícula de menores de 5 años en instituciones educativas, no
implica desconocimiento de derecho fundamental alguno, porque según el inciso
6° del artículo 67 ibídem, las entidades territoriales participarán en la
dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales,
en los términos que señalen la Constitución y la Ley.
De otro lado,
según la Ley 115 de 1994, “general de educación”, reglamentada
por el Decreto 1860 de 1994, al referirse a la calidad y al cubrimiento de la
educación, es responsabilidad de la nación y de las entidades territoriales,
garantizar la misma y corresponde a la respectiva Secretaría de Educación
Departamental la organización del servicio educativo, en cumplimiento de los
Planes de Desarrollo de Educación vigentes, realizando por lo tanto, la
correspondiente programación académica y demás aspectos organizativos, para
lograr una optimización de los recursos económicos con que cuenta para atender
la población, determinando entonces, qué cursos se abren, edades de ingreso,
número de cupos, entre otros aspectos, todo esto para dar cumplimiento al
precepto constitucional según el cual, los niños son objeto de especial
protección en materia de educación, de tal forma, que no abrir cursos para
menores de 5 años no vulnera los derechos a la educación e igualdad de los
niños.
2.-
Acción de tutela instaurada por Luz Mariela Vanegas Penagos (T-1337766) y Jorge
William Gaviria Jiménez (T-1337767) en contra de la Institución Educativa
Orlando Velásquez Arango de Bolombolo de Venecia, Antioquia.
2.1. La señora Luz Mariela Vanegas Penagos (T-1337766) actuando en
representación de su hija Emily Martínez Vanegas, nacida el 30 de julio de
2001, y el señor Jorge William Gaviria Jiménez (T-1337767) actuando en
representación de su nieta María Camila Ramírez Gaviria, quien nació el 22 de
abril de 2001, manifiestan que las menores vienen asistiendo a clases en el
preescolar desde el mes de enero de 2006, hasta que en el mes de marzo, al
momento de formalizar la matrícula se les informó que para el ingreso a
preescolar los alumnos debían tener 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2006,
según la Resolución N° 13688 de octubre 12 de 2005, emitida por la Secretaría
de Educación Departamental de Antioquia.
Agregan que las menores Emily
Martínez y María Camila Ramírez, aunque no hayan cumplido aún los 5 años de
edad, están en capacidad intelectual y sociológica para continuar con su
proceso de enseñanza, según certificación expedida por la profesora de
preescolar Gloria Eugenia Hernández.
Consideran que
la institución educativa les vulnera los derechos fundamentales a las menores,
al impedir el acceso a la educación con base en una resolución que impone unos
límites a la edad mínima para ingresar al preescolar, aunque a las niñas les
falten unos meses para cumplir los 5 años y exista además cupo en la
institución para recibirlas.
Con fundamento
en lo anterior, solicitan amparo a los derechos fundamentales de las menores y
en tal medida se ordene a la accionada que se les conceda el cupo para el
preescolar, sin consideración a la edad mínima requerida.
Por su parte, el
señor Alberto Javier Bolívar Gutiérrez rector del Instituto demandado, contesta
por escrito las acciones de tutela T-13337766 y T-13337767, afirmando que las
menores fueron admitidas a las clases como asistentes mientras se solucionaba
su situación de matrícula, pero ni la Secretaría de Educación Departamental, ni
el Jefe de Núcleo, emitieron una autorización escrita para recibirlas al
preescolar, sin los requisitos que exige la Resolución 13688 de octubre 12 de
2005.
Agrega que, en
convenio con las profesoras del plantel se decidió atender 35 estudiantes en
preescolar y todavía hay cupos para el personal que reúna los requisitos, ya
que nunca ha estado en contra de la educación de los niños, sino que, como
Rector de la Institución Orlando Velásquez Arango, es su deber cumplir y hacer
cumplir las normas emanadas de la Secretaría de Educación, como la que impone
la edad mínima de 5 años cumplidos para el ingreso al preescolar.
2.2.  Sentencias objeto de
revisión.
En providencias
de 23 y 27 de marzo de 2006, el Juzgado Promiscuo Municipal de Venecia,
Antioquia, denegó las tutelas pedidas, mediante consideraciones que se resumen
así:
Ese despacho
considera, que tal como lo expresa el Rector en respuesta a la acción de
tutela, es el representante legal de la Institución y debe ceñirse en el
ejercicio de su cargo a unas directrices que le dan el Jefe de Núcleo, la
Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia y el Ministerio de
Educación Nacional, concretamente la Resolución N° 13688 de 2005 artículo 4°
literal c que indica lo siguiente: “Asegurar que la edad mínima para
ingresar al grado de transición sea cinco años (5) cumplidos al 31 de marzo del
2006.”
Concluye
finalmente, que no es caprichosa la determinación adoptada por el Rector de la
Institución Educativa, ya que está amparado en normas legales vigentes como la
Resolución mencionada, situación que obvia la presunta afectación de los
derechos fundamentales de las menores. Observa también, que el funcionario se
limita a dar pleno cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia,
porque de lo contrario, tendría que asumir las sanciones derivadas de tal
determinación.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.
Competencia.
La Corte es competente para conocer esta
demanda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política y en los artículos 33 a 35 del decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo
que se debate.
Corresponde a esta Sala decidir si
en los casos sometidos a revisión la acción de tutela es procedente, teniendo
en cuenta que los actores consideran vulnerados los derechos fundamentales a la
igualdad y a la educación de los niños, por parte de las instituciones
demandadas, al negar la matrícula de los menores para estudiar en preescolar,
por cuanto no cumplen aún la edad mínima requerida de 5 años.
Tercera. Derecho a la educación, prevalente respecto de los niños.
Dentro de la Constitución Política,
el artículo 67 instituye la educación como un derecho de la persona y un
servicio público que cumple una función social, con la cual se busca el acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de
la cultura. Además por su gran importancia, la responsabilidad de que este
derecho se realice está a cargo del Estado, la sociedad y la familia, siendo
obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y comprendiendo como mínimo, un
año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación es un elemento indispensable para el desarrollo humano,
ya que ofrece al individuo bases que le permitirán
desempeñarse en el medio cultural que habita, al igual que recibir y
racionalizar la información que existe a su alrededor y ampliar sus
conocimientos. Es el factor de integración por excelencia, razón por la
cual resulta imperativo su reconocimiento como derecho fundamental. Para el
caso de los niños, el artículo 44 de la Carta Política, establece una especial
protección a favor de sus derechos fundamentales y consagra entre éstos el derecho
a la educación de los menores.
En la
jurisprudencia de esta corporación, además, se ha hecho énfasis en la educación
como un derecho personalísimo. Así mismo se considera importante, que de su
núcleo esencial haga parte la permanencia en el sistema educativo y que como
principal prestador del servicio público de educación, el Estado es quien debe
desarrollar y adelantar políticas y gestiones necesarias para que el acceso se
facilite y su cubrimiento permita asegurar una adecuada prestación, todo esto,
con el fin de cumplir con los postulados de un Estado social de derecho.
El derecho fundamental a la educación
tiene dos grandes componentes: (i) el acceso a tal servicio público, que
implica imponer al Estado en forma obligatoria y gratuita, sin perjuicio del
cobro de derechos para quienes tienen capacidad de asumirlos, posibilitar la
educación, particularmente para los que no tienen los recursos económicos para
sufragarla, dentro de las condiciones señaladas en la misma Constitución, entre
las cuales está que el derecho a la educación de los niños es prioritario y
goza de especial protección del  Estado, y (ii)  la permanencia  y
continuidad en el mismo, entendiendo que
quien inicia su proceso de formación
intelectual en un establecimiento educativo, tiene el derecho a permanecer en
el mismo y a aprovechar el servicio público que se le presta, para lograr el
libre desarrollo de su personalidad, mientras corresponda continuar allí y no
incurra en faltas graves que ameriten su exclusión.
Cuarta. Los casos sometidos a
revisión.
Los accionantes, buscan que sean
amparados los derechos fundamentales de los niños a la educación y a la
igualdad, que estiman vulnerados por los entes demandados, al no haberles
otorgado cupo en las instituciones educativas para preescolar, por no tener
cumplidos los 5 años de edad al momento de la matrícula.
Los Juzgados de conocimiento, resolvieron
no tutelar los derechos fundamentales invocados por los actores, al estimar que
de acuerdo al artículo 67 de la Constitución Política, la educación solo es
obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, además que los entes demandados
obraron dentro de la normatividad que rige los parámetros establecidos para la
distribución de cupos, y que como los menores no cumplían con el requisito de
edad mínima para acceder a la educación en una institución oficial, no se les
pudo admitir.
La Ley General de Educación (Ley 115 de
1994), en su artículo 17, dispone:
"&$""
GRADO OBLIGATORIO. El nivel de educación preescolar comprende, como mínimo,
un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para
niños menores de seis (6) años de edad.
En los municipios donde la cobertura del nivel de educación
preescolar no sea total, se generalizará el grado de preescolar en todas las
instituciones educativas estatales que tengan primer grado de básica, en un
plazo de cinco (5) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley,
sin perjuicio de los grados existentes en las instituciones educativas que
ofrezcan más de un grado de preescolar."
De otro lado, la Ley 715 de 2001, en su
artículo 9°, señala lo siguiente:
Artículo 9°. Instituciones educativas. Institución educativa es un
conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por
particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y
nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la
totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán
asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación
básica completa a los estudiantes.
Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de
carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes
pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.
(...)”
La Resolución 1515 de julio 3 de 2003 de la Secretaría de Educación
Nacional, “por la cual se establecen directrices, criterios, procedimientos y
cronograma para la organización del proceso de asignación de cupos y matrículas
para los jóvenes de preescolar, básica y media de las Instituciones de
Educación formal de carácter oficial en las entidades territoriales”, señala lo
siguiente:
“CONSIDERANDO: Que la educación es un derecho fundamental
consagrado en la Constitución Política de Colombia y un servicio público que
cumple una función social, a cargo del Estado, la sociedad y la familia, la
cual es obligatoria entre los cinco (5) y quince (15) años de edad y comprende,
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.”
“Artículo 3° numeral c: Asegurar que la edad mínima para
ingresar al grado de transición sea cinco (5) años cumplidos a la fecha del
calendario escolar.”
De otro lado, en el artículo 18 de la Ley 115 de 1994 se
consagra el deber de ampliar el nivel de educación preescolar, así:
&$"AMPLIACIÓN
DE LA ATENCIÓN. El nivel de educación preescolar de tres grados se
generalizará en instituciones educativas del Estado o en las instituciones que
establezcan programas para la prestación de este servicio, de acuerdo con la
programación que determinen las entidades territoriales en sus respectivos
planes de desarrollo.
Para tal efecto se tendrá en cuenta que la
ampliación de la educación preescolar debe ser gradual a partir del cubrimiento
del ochenta por ciento (80%) del grado obligatorio de preescolar establecido
por la Constitución y al menos del ochenta por ciento (80%) de la educación básica
para la población entre seis (6) y quince (15) años"
A su turno, el Decreto 2247 de 1997 “por
el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo
del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones”, señala:
“Artículo 2º. La prestación del
servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá a los educandos de
tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, así:
1. Pre-jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad.
2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad.
3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que
corresponde al grado obligatorio constitucional.
(...)”
Estas normas transcritas, son
algunas a las que acuden los entes demandados para sustentar el rechazo de la
matrícula de los menores afectados, que no han cumplido los 5 años de edad,
para ingresar al grado de preescolar en cada una de las instituciones, pero
para la Sala, el problema presentado radica en la interpretación que se hace de
las normas mencionadas y a los artículos 44 y 67 de la Constitución.
Esta corporación
ha sostenido, como en Sentencia T-323 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
que los criterios fijados en el artículo 67 de la Constitución, la edad del
niño y grados de escolaridad, no pueden ser tomados en un sentido que
perjudique el derecho a la educación de los menores. Ello sucedería si se
convierten en criterios para restringir o excluir a ciertos niños de la
educación, impidiendo su pleno goce. Por lo tanto, los criterios del artículo
67 deben ser interpretados no como exclusivos sino como inclusivos, por
ser esta  la interpretación más favora­ble para los niños.
En efecto, el
artículo 67 numeral 3° de la Constitución, señala que la obligatoriedad de la
educación contempla como mínimo un año de preescolar y nueve de
educación básica, lo cual traduce que la misma Constitución prevé que en
algunas circunstancias se extienda dicha obligatoriedad, como en los casos
ahora analizados por la Sala.
De igual manera, la Corte ha
reconocido que conforme a la Carta Política y los Tratados Internacionales de
protección a la infancia, los niños como sujetos constitucionales privilegiados
de la sociedad, tienen especial protección que se traduce en la regla de
interpretación “pro infans”, según la cual, es deber de las autoridades
del Estado amparar a los menores de cualquier abuso, abandono o conducta lesiva
que afecte su desarrollo armónico e integral, como manifestación del carácter
corrector del Estado Social de Derecho. [1]
A juicio de esta corporación, el Estado a través de sus entidades de
protección a la niñez, tiene una obligación directa en la defensa de los
derechos constitucionales de los niños, cuya fuente se encuentra en los cánones
normativos del Estado social de derecho, siendo razonable
que las instituciones educativas puedan establecer algunos parámetros mínimos
para que el cuerpo de alumnos matriculados tengan características básicas equiparables
y configure un elemento que requiere la propia institución para poder cumplir
con las metas educativas y formativas propuestas.
Como lo manifestaron los entes demandados,
existen los cupos para el ingreso de los menores afectados, pero aducen la
normatividad educativa que rige los parámetros establecidos para la
distribución de cupos, que no autoriza matricularlos en preescolar antes de
haber cumplido la edad de 5 años, sin embargo ordenar la matrícula o el ingreso
como asistentes sin consideración a su edad, no causaría en estas instituciones
la vulneración del derecho a la educación o el desplazamiento de algún menor
que sí tenga la edad requerida (5 años) para su ingreso, y tampoco causaría
detrimento en la calidad de la educación de los demás niños, habida cuenta de
que existen cupos disponibles.
En ese orden de ideas, y tomando en
consideración criterios expuestos por la jurisprudencia de esta corporación,
para poder adoptar una decisión definitiva al respecto, se debe realizar una
ponderación de los hechos y circunstancias que rodean cada caso en particular,
además teniendo en cuenta una serie de factores, como:
La proximidad con el cumplimiento de los requisitos de edad
establecidos por la correspondiente entidad territorial, que resultan en los
casos estudiados por esta Sala, ser unos pocos meses y ahora en algunos ya
cumplida la edad de 5 años.
Expediente
Niño
Fecha de nacimiento
Edad a julio de 2006
T-1330797
Linda Esmeralda Acosta Richards
Noviembre 13 de 2001
4 años 8 meses
T-1333265
Tania Catalina Ladino Bincos
Marzo 2 de 2002
4 años 5 meses
T-1337766
Emily Martínez Vanegas
Julio 30 de 2001
5 años de edad
T-1337767
María Camila Ramírez Gaviria
Abril 22 de 2001
5 años 3 meses.
T-1333266
Gregorio Alberto Viecco Pérez
3 años
-
La existencia de cupos para preescolar dentro de las instituciones,
que al ordenarse el ingreso como asistentes o la matrícula a través de tutela,
no ocasiona perjuicio a otros menores que tengan condiciones más favorables
(edad requerida) que los tutelantes.
Los representantes de los menores son personas sin los recursos
económicos necesarios para ofrecer una educación privada a sus hijos.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, las conclusiones
que se obtienen son las siguientes:
Como del año escolar
correspondiente a 2006 ya ha transcurrido el primer semestre, no sería
consecuente ordenar ahora que los menores sean matriculados para preescolar,
porque ellos normalmente no estarían en condiciones académicas de recuperar en
4 meses lo que se debe aprender en un año, pero su asistencia y la programación
especial que a favor de ellos se desarrolle, les permitirá un proceso de
integración gradual, que facilitará su consecuente incorporación en el nivel
siguiente.
Para lograr un resultado adecuado y
en beneficio de los menores, se dispondrá que se les permita ingresar por lo
que resta del período, como “asistentes” al preescolar, con los mismos derechos
y deberes de los demás niños que hacen parte de dicho curso y estará a cargo
del colegio y los docentes, procurar una labor adecuada para que los niños
puedan compensar, con actividades académicas propias y de ser necesario
extracurriculares, los logros y exigencias para el ingreso al curso superior en
2007.
Lo anterior, sin perjuicio que
previo análisis entre docentes, directivas y los respectivos padres de familia,
se determine, al finalizar el año escolar, si los menores pudieron reunir los
logros y exigencias para ingresar al curso superior o por el contrario es
mejor, siempre pensando en lo que a ellos convenga, repetir el preescolar.
Se advierte que corresponde a los directivos y demás autoridades
educacionales, aplicar las normas de acuerdo al principio de interpretación “pro
infans” consagrado en el artículo 44 de la Constitución y normas
concordantes, para que en futuras eventualidades no se tomen medidas que
sin el debido estudio previo de cada caso en particular, excluyan a los menores
de la educación preescolar, con el argumento errado de que ésta no es
obligatoria.
En consecuencia, se tutelarán los derechos a la educación y a la
igualdad de los menores en las siguientes acciones de tutela: T-1330797,
T-1333265, T-1337766 y T-1337767, ordenando a las entidades
demandadas, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, que procedan a autorizar el ingreso de los menores como
asistentes al preescolar.
En cuanto al Expediente
T-1333266, se confirma la sentencia que denegó el amparo, por
encontrar que el menor Gregorio Alberto Viecco Pérez, tiene 3 años, lo que
considera la Sala, como una edad prematura para el ingreso al preescolar, ya
que el menor necesita asimilar algunos requerimientos básicos en su hogar y al
lado de sus padres, con el propósito de asegurar el desarrollo físico,
intelectual, social y afectivo de sus etapas posteriores, por lo tanto, si no se dan estas condiciones en el menor, éste
no va estar capacitado para integrarse sin traumatismos a una actividad
escolar, que exige un desarrollo previo que le posibilita adaptarse a la etapa
estudiantil, que iniciará en el preescolar a la edad de 5 años.
III.-
DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por  mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:
REVOCAR las sentencias proferidas el 24 de febrero
de 2006 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, Vichada, en
las acciones de tutela de Carlos Orlando Acosta (T-1330797) y Dich Jhonny
Ladino Leal (T-1333265) y en su lugar, se concederá el amparo
constitucional, en contra de la Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento del Vichada.
ORDENAR a esa entidad demandada, que en el término de 48 horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, proceda a autorizar el ingreso
de los menores como asistentes y la subsiguiente vinculación en el año 2007, de
acuerdo a las consideraciones expuestas.
Segundo:
REVOCAR las sentencias proferidas el 23 y el 27 de
marzo de 2006 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Venecia, Antioquia, en las
acciones de tutela de Luz Mariela Vanegas Penagos (T-1337766) y Jorge
William Gaviria Jiménez (T-1337767) y en su lugar, se concederá el amparo
constitucional, en contra de la Institución Educativa Orlando Velásquez Arango
de Bolombolo de Venecia, Antioquia.
ORDENAR a esa entidad demandada, que en el término de 48 horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, proceda a autorizar el ingreso
de las menores como asistentes y la subsiguiente vinculación en el año 2007, de
acuerdo a las consideraciones expuestas.
Tercero:
CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de febrero
de 2006 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, Vichada, que
denegó el amparo solicitado en la acción de tutela de Edgardo Enrique Viecco
(T-1333266), en contra de la Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento del Vichada, por las consideraciones expuestas.
Cuarto: Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se
refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia C-041
de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.