T-010-98
Sentencia T-010/98
Sentencia T-010/98
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias
laborales/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL EFICAZ-Pago de acreencias laborales
La Corte reitera
la doctrina constitucional según la cual la acción de tutela, en virtud de su
carácter subsidiario, no es, en principio, el mecanismo apropiado para obtener
el pago de deudas laborales, pues el sistema jurídico ha establecido las
pertinentes vías ordinarias para tal efecto. No encontrándose probado un
perjuicio irremediable ni habiéndose configurado ninguna de las hipótesis
excepcionales que hacen ineficaz el medio judicial ordinario, los actores
pueden acudir ante la justicia laboral para satisfacer sus pretensiones.
ACCION DE TUTELA-Juez debe contar con elementos de juicio/DERECHO
DE PETICION-Demostración de presentación de la solicitud
La tutela
solamente puede prosperar ante la probada vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, debe contar el juez con la totalidad de los elementos de juicio
que le permitan arribar a la conclusión de si en el caso específico se produjo
o no en realidad el atropello del que se queja el demandante. Los dos extremos
fácticos -que deben ser claramente establecidos-, en los cuales se funda la
tutela del derecho de petición, son, de una parte la solicitud, con fecha
cierta de presentación ante la autoridad a la cual se dirige, y de otra el
transcurso del tiempo señalado en la ley sin que la respuesta se haya
comunicado al solicitante.
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA
PODER EN ASUNTO
DE TUTELA
LICENCIA
PROVISIONAL Y TEMPORAL EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA-Distinción legal
DESISTIMIENTO DE
TUTELA EN SEDE DE REVISION-Improcedencia
DESISTIMIENTO DE
TUTELA-Necesidad de
facultad expresa del apoderado
ACCION DE TUTELA-Determinación correcta de parte demandante
ACCION DE TUTELA
TEMERARIA
NOTA DE
RELATORIA: Dada la extensión de los cuadros anexos de esta sentencia, no se
publican y se pueden consultar en el texto que reposa en la Corte
Constitucional.
Referencia:
Expedientes Acumulados:
Acciones de tutela
instauradas por Alberto Enrique Maiguel Noguera y otros contra  el Fondo  de
Pasivo Social de la Empresa  Puertos  de  Colombia -FONCOLPUERTOS-.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá,
D.C., a los veintisiete (27) días del mes de enero de mil novecientos noventa y
ocho (1998).
Se revisan los fallos proferidos por
distintos jueces de la República, al resolver los procesos de la referencia.
Esta Corte ya ha proferido varios fallos en
el caso FONCOLPUERTOS (ver Sentencias T-01 del 21 de enero, T-126 del 14 de
marzo, T-207 del 23 de abril de 1997 y T-575 del 10 de noviembre de 1997), y
ahora procede a fallar un grupo de 327 procesos acumulados en virtud de la
unidad de materia, y relativos a las acciones de tutela ejercidas por 2800
personas.
I. INFORMACION PRELIMINAR
Los demandantes (cuyos nombres y números de
documentos de identificación se encuentran relacionados en los cuadros anexos a
esta sentencia), algunos actuando a nombre propio y otros como apoderados -o en
ciertos casos afirmando ser agentes oficiosos- de personas que estuvieron
vinculadas laboralmente a la empresa Puertos de Colombia -o que dijeron ser sus
beneficiarios sustitutos-, incoaron acción de tutela contra FONCOLPUERTOS, por
estimar desconocida la dignidad humana y el principio de solidaridad, y
violados los derechos fundamentales a la vida, al libre desarrollo de la
personalidad, a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al pago oportuno y
al reajuste periódico de las pensiones, a la seguridad social, a la salud, a la
información y a la educación. También invocaron los derechos de petición y de
acceso a la administración de justicia, y los derechos de la tercera edad, de
la mujer y de los niños.
El resumen de las pretensiones y de los
fallos judiciales objeto de revisión se encuentra en los mencionados anexos.
La mayoría de las acciones estuvieron
dirigidas a obtener el pago de deudas laborales, y en múltiples procesos se
solicitó la respuesta de FONCOLPUERTOS a las peticiones referentes al
reconocimiento y pago de dichas acreencias, alegando en varias ocasiones un
trato discriminatorio por parte de dicho ente. En ciertos casos se pretendió la
expedición de copias de documentos que reposaban en la oficina de la entidad
demandada y, en sólo algunos pocos eventos, se reclamó la atención médica.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Según lo disponen los artículos 86 y 241,
numeral 9, de la Constitución Política, y el Decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos al resolver
acerca de las acciones instauradas en el asunto de la referencia.
Los fallos fueron seleccionados para
revisión, y acumulados en virtud de la unidad de materia.
2. Reiteración de jurisprudencia sobre la
improcedencia de la acción de tutela para lograr el pago de acreencias
laborales cuando existen otros medios judiciales de defensa con suficiente
eficacia. Aplicación del principio de subsidiariedad. Derecho de petición
En esta nueva oportunidad la Corte reitera
la doctrina constitucional según la cual la acción de tutela, en virtud de su
carácter subsidiario, no es, en principio, el mecanismo apropiado para obtener
el pago de deudas laborales, pues el sistema jurídico ha establecido las
pertinentes vías ordinarias para tal efecto.
Sobre el mencionado punto vale la pena
hacer alusión a algunos apartes de las sentencias que esta Sala ha proferido
(T-01, T-126, T-207 y T-575 de 1997), en las cuales se han precisado claramente
cuáles son los límites de la acción de tutela cuando tal es la pretensión de
los accionantes:
"...si para
lograr los fines que persigue el accionante existe un medio judicial idóneo y
efectivo que resguarde sus derechos, la acción de tutela no tiene aplicación,
salvo la hipótesis del daño irreparable que hiciera tardío e inútil el fallo de
la justicia ordinaria. En este último evento, no es desplazada la competencia
definitiva del juez natural para resolver sobre el asunto litigioso -pues en
todo caso, ante él deberá instaurarse acción dentro de los cuatro meses
siguientes al fallo de tutela temporal-, sino que se brinda una protección
urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación
irreversible de los derechos fundamentales materia de proceso.
En el campo laboral,
aunque está de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y
existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acción de tutela ser
un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aquél y otros derechos
fundamentales, tiene lugar la regla general expuesta, ya que las controversias
originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación mediante contrato o
por nexo legal y reglamentario con entidades públicas, tienen suficientes
mecanismos de control, defensa y resolución en los procesos ordinarios,
ampliamente desarrollados de tiempo atrás en nuestro sistema jurídico.
La jurisprudencia de
la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones
laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto
ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y
primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en
los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera específica y
directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye
de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines,
masiva e indiscriminadamente" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de
Revisión. Sentencia T-01 de 1997).
"...se ha
estimado que los eventos en los cuales podría tener viabilidad la acción de
tutela para el fin mencionado son excepcionales, pues el juez constitucional
hace parte del sistema jurídico, no para duplicar, sustituir ni interferir las
funciones de los jueces ordinarios, sino para realizar el ordenamiento
superior. Por ello, con el propósito de verificar el acatamiento a los principios
y mandatos constitucionales en materia de derechos fundamentales, debe procurar
la coherencia y eficacia de las decisiones que los favorecen, dando libre curso
a la autonomía funcional de las instancias judiciales, en la órbita de sus
respectivas competencias, siempre que los procedimientos previstos, frente al
caso concreto y consideradas las circunstancias del solicitante, sean eficaces
para la real protección de tales derechos.
En este orden de
ideas, habrán de ser negadas las tutelas incoadas con el propósito de obtener
el pago de deudas laborales, sin que se configuren los supuestos
extraordinarios que ha admitido la jurisprudencia, sin perjuicio de la
obligación que tiene FONCOLPUERTOS de responder -afirmativa o negativamente-
las peticiones respetuosas que se elevaron ante él, pues la omisión a dicho
deber genera el desconocimiento del derecho consagrado en el artículo 23 de la
Carta" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-207 de 1997).
"...la misión
que al juez constitucional ha sido encomendada por la propia Carta, que no es
en forma alguna la de sustituir a la justicia ordinaria, sino la de suplir un
vacío en el acceso a la administración de justicia para la defensa material de
derechos fundamentales afectados, cuando no se hallen previstos mecanismos
judiciales aptos para tal fin, o cuando, habiendo sido contempladas por el
ordenamiento jurídico otras vías de defensa, se establece la inminencia de un
perjuicio irremediable, lo que impone una protección transitoria de los
derechos vulnerados o en peligro.
Se recalca que la
justicia constitucional no puede operar como un mecanismo de protección
paralelo y totalmente ajeno a los medios de defensa judiciales de carácter
ordinario, sino que, por el contrario, se debe procurar una coordinación entre
éstos, con el fin de que no ocurran interferencias indebidas e invasiones de
competencia no consentidas por el Constituyente. Es precisamente la adecuada
aplicación del principio de subsidiariedad lo que logra la articulación de los
órganos judiciales en la determinación del espacio jurisdiccional respectivo.
Así, pues, en
armonía con la doctrina constitucional imperante, esta Sala negará el amparo en
los casos en que la acción se dirige a obtener el pago de deudas
laborales" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-515 de 1997)
Las anteriores consideraciones pueden
aplicarse íntegramente a los casos que ahora revisa la Corte, pues se trata
prácticamente de las mismas circunstancias fácticas. Así, pues, se estiman
improcedentes las acciones de tutela que fueron dirigidas a obtener el pago de
acreencias laborales, toda vez que, no encontrándose probado un perjuicio
irremediable ni habiéndose configurado ninguna de las hipótesis excepcionales
que hacen ineficaz el medio judicial ordinario, los actores pueden acudir ante
la justicia laboral para satisfacer sus pretensiones.
Ahora bien, algunos demandantes alegaron
que los otros medios de defensa judicial no eran idóneos, toda vez que, según
ellos, no podría obligarse a FONCOLPUERTOS a cancelar las sumas adeudadas en
virtud del principio de inembargabilidad de los bienes públicos. Al respecto es
necesario anotar que tal apreciación es errónea, pues como lo ha dicho la Sala
Plena de esta Corporación (ver sentencias C-546 del 1 de octubre de 1992.
Ms.Ps.: Drs. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero, C-013 del 21
de enero de 1993. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), cuando están de por medio
los derechos de los trabajadores, quienes merecen la especial protección del
Estado (art. 25 C.P.), el principio general de la inembargabilidad de los
recursos que pertenecen al presupuesto deja de ser absoluto. Sufre restricción,
por aplicación directa de la Carta Política y, entonces, los procesos laborales
que se instaurasen para hacer efectivas las sumas adeudadas a aquéllos es
posible solicitar y obtener que los dineros públicos sean objeto de embargo.
Con lo cual pierde fundamento la supuesta ineptitud del medio judicial
ordinario para la finalidad propuesta.
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación
ineludible a cargo de FONCOLPUERTOS de responder -oportuna y materialmente- las
peticiones respetuosas que ante él se elevaron, ya que, como lo ha repetido
esta Corporación, el silencio administrativo negativo no hace efectivo el
mencionado derecho. Además, no puede aceptarse como excusa válida la
circunstancia de que la entidad esté en mora de responder otras peticiones,
pues la violación del derecho a una determinada persona no puede alegarse como
pretexto para violar el de otra. El desorden administrativo de la entidad no
puede justificar en modo alguno el desconocimiento del derecho fundamental de
petición.
3. La tutela del derecho de petición exige
demostrar al juez que la solicitud se ha formulado
En algunos de los expedientes revisados se
encuentra que, habiendo alegado los accionantes la violación de su derecho
fundamental de petición, no se acompañó copia de la solicitud formulada ante la
administración, ni documento alguno que acreditara que, en efecto, se elevó
aquélla.
Acerca de este punto, la Corte
Constitucional considera necesario resaltar que, en cuanto la tutela solamente
puede prosperar ante la probada vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
debe contar el juez con la totalidad de los elementos de juicio que le permitan
arribar a la conclusión de si en el caso específico se produjo o no en realidad
el atropello del que se queja el demandante.
Los dos extremos fácticos -que deben ser
claramente establecidos-, en los cuales se funda la tutela del derecho de
petición, son, de una parte la solicitud, con fecha cierta de presentación ante
la autoridad a la cual se dirige, y de otra el transcurso del tiempo señalado
en la ley sin que la respuesta se haya comunicado al solicitante.
La carga de la prueba en uno y otro momento
del análisis corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante aportar
prueba en el sentido de que elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo,
y la autoridad, por su parte, debe probar que respondió oportunamente. La
prueba de la petición y de su fecha traslada a la entidad demandada la carga
procesal de demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el
actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y oportunamente.
Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal
puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente
no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la
obligación constitucional de responder.
Se confirmarán los fallos que negaron el
amparo en estos casos.
4. Exacto alcance del requisito legal sobre
fundamento de las peticiones
En el expediente T-79615, relativo a la
demanda de tutela instaurada por JOSE ESPINOSA QUIÑONES por violación de su
derecho de petición, el juez niega el amparo con base en la falta de varios
requisitos de los indicados en el artículo 5 del Código Contencioso
Administrativo, primordialmente el relativo a las razones en que se apoyaba el
solicitante.
La petición elevada ante FONCOLPUERTOS
consistía simplemente en certificar los valores pagados al actor por concepto
de mesada pensional entre la fecha de jubilación y la de la propia solicitud,
indicando los reajustes aplicados.
Como puede observarse, el contenido mismo
de lo pedido, expresado claramente en la solicitud, excluía la necesidad de
exponer ante la administración las razones de la misma.
Es cierto que el artículo 5, numeral 4, del
Código Contencioso Administrativo adoptado por Decreto 01 de 1984 indica, entre
los requisitos que debe reunir toda petición escrita, las razones en que ella
se apoya.
Pero, desde luego, tal norma debe ser
interpretada con arreglo a la Constitución y de ninguna manera en contra de su
preceptiva. Por ello, la aludida exigencia no puede llevarse al extremo,
acogido en este caso por el juez, de desconocer el núcleo esencial del derecho
de petición (art. 23 C.P.).
El alcance razonable, proporcionado y
lógico de la citada disposición legal lleva a requerir la exposición de los
fundamentos, motivos o razones del solicitante para pedir lo que pide cuando en
realidad la administración ha menester de tal elemento de juicio para adoptar
su decisión y responderle. No así cuando tales razones se explican por la
petición misma y su expresión escrita en nada modifica la determinación que la
autoridad o entidad destinataria de la solicitud debe adoptar.
Así, por ejemplo, si en ejercicio del
derecho de petición se solicitan unas copias de determinado documento, un dato
no reservado del cual dispone la administración, o -como en este caso- una
certificación acerca de asuntos que se encuentran a cargo del organismo al cual
aquélla se dirige, se vulnera el derecho de petición en su núcleo básico si la
respuesta se supedita a la explicación sobre las razones en que basa el
peticionario su solicitud o en torno al destino que dará a los documentos
solicitados.
Resulta ostensible que en tales eventos se
vulnera no sólo el derecho de petición sino el de información que asiste a toda
persona (art. 20 C.P.) y, en el caso de los documentos, se quebranta el
artículo 74 de la Carta sobre acceso a los documentos públicos. Este, mientras
no exista reserva legal, es incondicionado y abierto a cualquier solicitante,
de lo cual se desprende que no puede obstaculizarse por la exigencia de
sustentar las razones por las cuales se pretende obtener determinado documento.
También adujo el juez de instancia en el
mencionado proceso -y así resolvieron otros jueces en eventos similares- que la
petición no tenía que ser respondida por cuanto faltaba en ella la dirección
del peticionario.
También entonces se vulneró el núcleo
esencial del derecho de petición, en cuanto la hipótesis descrita no exime a la
autoridad de su deber de resolver sino que traslada al solicitante la carga de
dirigirse a ella para conocer el contenido de lo resuelto. Y, en todo caso, la
Administración tiene entre los instrumentos aptos para comunicar su decisión el
edicto público, al cual se refiere, entre otras normas, el artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo.
El problema enunciado, puramente formal, no
puede tornarse en obstáculo insalvable para que la autoridad cumpla su deber
sustancial: el de resolver las peticiones.
Se revocarán los fallos en los que la
argumentación y la decisión se apartaron de los expresados criterios y, en su
lugar, se concederá la tutela.
5. El titular de los derechos invocados.
Legitimación en la causa para proponer acción de tutela
En algunos de los procesos bajo estudio
(ver expedientes T-112310, T-113280, T-130912, T-133236, T-133099, T-121582,
T-136272, T-141211, T-141358, T-124721, T-117985, T-126182, T-120067, T-120755,
T-120751, T-118194, T-121909, T-125354, T-125401 y T-127641), varios abogados,
al amparo de poderes otorgados por los extrabajadores de Colpuertos para
presentar las correspondientes reclamaciones ante la administración, o para
actuar como apoderados en el curso de procesos ordinarios, presentaron la
demanda de tutela a nombre propio, por estimar que FONCOLPUERTOS les había
violado sus derechos fundamentales, en especial, los de petición e igualdad.
Al resolver sobre los aludidos procesos,
algunos despachos judiciales declararon la improcedencia de las acciones así
formuladas por falta de legitimación en la causa; otros despachos judiciales,
en cambio, concedieron la tutela solicitada.
Sobre el particular, debe ahora reiterarse
el criterio expuesto por esta Sala en Sentencias T-207 y T-575 de 1997, según
el cual los abogados que así promovieron los procesos de tutela no tenían
legitimación en la causa por no ser los verdaderos titulares de los derechos
invocados. En el primero de los  citados fallos, se expresó:
"...el derecho
de petición invocado por los abogados tenía claramente una finalidad
relacionada con intereses particulares, pero debía calificarse, de manera mucho
más específica, como gestión profesional ante FONCOLPUERTOS para la reclamación
de prestaciones sociales, y luego ante los jueces para el ejercicio de la
acción de tutela, en dos fases de la actuación de representación totalmente
diferenciables.
Por lo tanto, los
profesionales que obraban no estaban ejerciendo su propio derecho de petición
sino concretamente el de sus poderdantes, quienes, por conducto de ellos,
deprecaban algo ante la administración. Aplicando las reglas propias de las
actuaciones administrativas contempladas en el Código correspondiente, debían
por ello acreditar la condición en que obraban.
Es necesario
advertir, entonces, que en los casos que se enuncian, los verdaderos titulares
del derecho de petición eran los extrabajadores afectados o interesados en el
fondo de la decisión. Ello es así por cuanto, en virtud de un contrato de
mandato, los abogados actúan en representación de otros. Cuando éstos
acuden ante la administración para formular peticiones o reclamaciones, lo
hacen amparados en un poder previa y debidamente otorgado.
Así, en caso de no
obtener respuesta por parte de la administración, a quien se viola el derecho
consagrado en el artículo 23 de la Constitución, no es al representante,
sino al representado.
Si se admitiera la
tesis expuesta en los casos bajo examen, sobre la radicación del derecho de
petición en la persona del representante, se podría arribar a una de dos
conclusiones, igualmente perversas: la exclusión del derecho de petición en
cabeza de los trabajadores, desconociendo flagrantemente el artículo 23 de la
Carta, o la existencia de dos sujetos titulares del derecho de petición, de
manera simultánea y en cuanto a las mismas pretensiones, y así la
administración estaría obligada a responder no sólo al apoderado sino a cada
uno de los poderdantes.
En la primera
hipótesis no cabría la posibilidad de que los representados pudieran desistir
de obtener una respuesta de la administración, o de que éstos propusieran una
acción de tutela con el fin de obtener una contestación a sus pedimentos. Y en
la segunda se desconocería la naturaleza y concepto del contrato de mandato.
Por otra parte, como
ya lo había establecido esta Corte en Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997,
es necesario tener un poder otorgado en la forma que establece la ley, para
instaurar la acción de tutela a favor de otros, salvo que se den los requisitos
de la agencia oficiosa -que no concurren en los casos estudiados-, según lo
establece el Decreto 2591 de 1991.
Así las cosas, esta
Sala encuentra que no existe legitimidad en la causa para instaurar la acción
de tutela a nombre propio, por parte de los abogados que apoderaron, ante la
administración,  a los antiguos trabajadores de la empresa Puertos de Colombia.
Para la Corte, tales
abogados requerían poder para actuar ante FONCOLPUERTOS en el campo de las
reclamaciones laborales, y también lo necesitaban, no siendo el caso de agencia
oficiosa, para ejercer la acción de tutela, dado que cumplían una gestión
profesional regida por el Decreto 196 de 1971 y disposiciones
concordantes".
De conformidad con lo expuesto, esta Sala
dejará en firme las decisiones judiciales por medio de las cuales se negó el
amparo a los abogados que incoaron la acción a nombre propio con el fin de
obtener la protección de derechos de los que no eran titulares; y revocará los
fallos que concedieron la tutela a pesar de no existir legitimación en la causa
para proponer la acción.
6. Los poderes para actuar en los procesos
de tutela
En el grupo de expedientes que ahora se
revisa, la Corte verificó que en muchos de ellos no se aportaron los poderes
judiciales de los abogados para actuar en nombre de todas o algunas de las
personas que señalaron como demandantes. Tal es el caso  de los expedientes
T-84385, T-113325, T-113970, T-85750, T-103504,  T-71077, T-119631, T-122265,
T-123850, T-123923, T-124134, T-123157, T-123837, T-130908, T-131205, T-124038,
T-125331, T-125156, T-126338, T-126709 y T-129364.
En el proceso T-120761 el abogado Arnulfo
Portocarrero (T.P. 32026) afirmó actuar como apoderado y agente oficioso de
varias personas, pero no se aportó el poder ni se acreditaron los presupuestos
de que habla el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que el firmante
no demostró que los agenciados se encontraran en imposibilidad para promover su
propia defensa, motivo por el cual no se accederá a las pretensiones de la
demanda.
De igual forma, en el expediente T-138738,
el mismo abogado aseveró, en el escrito de demanda, estar actuando como agente
oficioso de Leandro Viáfara Valencia, pero no invocó las circunstancias por las
cuales éste no podía proponer la acción directamente. En vista de ello, se
revocará el fallo que tuteló el derecho de petición.
También se encontraron casos en los cuales
se aportó una simple fotocopia del poder (expedientes T-113970, T-120630 y
T-119833).
En relación con los señalados casos, es
pertinente recordar que si bien el principio de la informalidad rige la acción
de tutela, ello no obsta para  que cuando se actúa a nombre de otro, se deba
aportar un poder debidamente otorgado para tal fin, sin que pueda considerarse
como suficiente una fotocopia del mismo.
Al respecto se reitera:
"Los poderes se
presumen auténticos, según lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,
pero, obviamente, tal autenticidad no puede predicarse de poderes no
presentados, ya que el juez no está autorizado para presumir que alguien
apodera los intereses de otro, sin que en el respectivo expediente ello
aparezca acreditado.
Ahora bien, cabe en
materia de tutela la agencia oficiosa, pero ella únicamente tiene cabida cuando
el titular de los derechos fundamentales alegados "no esté en condiciones
de promover su propia defensa", circunstancia que, por mandato legal
expreso, deberá manifestarse en la solicitud (Artículo 10, Decreto 2591 de
1991).
(...)
De lo expuesto se
deduce que no podían los abogados en los casos bajo examen atribuirse, sin
poder, la facultad de agenciar los derechos de extrabajadores de Colpuertos,
menos todavía si no se configuraba ejercicio de una agencia oficiosa, que ni
tenía lugar, por cuanto faltaba el requisito de la indefensión de los
solicitantes, ni fue puesta de presente en las respectivas demandas, ni tampoco
ratificada por los interesados.
(...)
En ese orden de
ideas, mal puede concebirse la utilización de un original del poder para
presentar una demanda y el uso de fotocopias del mismo documento con el objeto
de presentar otras, a no ser que se trate del ejercicio temerario de la acción,
proscrito por la ley" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión.
Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997).
Al tenor de los criterios precedentes, se
negará el amparo de los derechos invocados por los abogados que no estaban
legitimados para incoar la acción a nombre de otros.
7. Ejercicio de la acción de tutela a
nombre de otro como apoderado judicial. Distinción legal entre las licencias
provisionales y las temporales
En  algunos  de  los  procesos  materia
de  estudio  (expedientes  T-123868,  T-123105, T-123804, T-120299, T-119008,
T-119519, T-123999, T-123547), Giovanni Alfonso Guillot Calderón ejerció la
acción de tutela como apoderado judicial de varias personas, sin que tuviera
tarjeta profesional -o licencia provisional- para ello.
Es verdad que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
ejercida por cualquier persona, sin necesidad de acudir a la representación de
un abogado. Allí es la propia Carta Política la que consagra excepción al
principio plasmado en el artículo 229 Ibídem, en razón de la prevalencia
del derecho sustancial y dada la urgencia de alcanzar protección de los
derechos constitucionales afectados.
Pero, como lo ha señalado esta Corte,
cuando por su propia voluntad la persona, que podría obrar directamente, decide
acudir a los servicios de un apoderado judicial, se somete a los requerimientos
legales previstos para el ejercicio de la aludida profesión.
Sobre el particular reitera la Sala:
"Del expresado
carácter informal de la acción se desprende que quien la ejerza no requiere
ninguna calidad especial ni necesita ser abogado titulado pues se trata de un
procedimiento preferente y sumario que puede iniciarse, como lo dice la
Constitución, por toda persona que estime pertinente reclamar ante los jueces,
"...por sí misma o por quien actúe a su nombre...", la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Estamos ante una
acción con características singulares que, en razón de su objeto, han sido
trazadas por la misma Carta Política, de lo cual resulta que no podrían el
legislador ni el intérprete supeditar su ejercicio a los requisitos exigidos
corrientemente por la ley para otro tipo de acciones.
Asimismo, tampoco
tendría sentido que se exigiera que quien representa a otro para el ejercicio
de la acción de tutela -a título de agente oficioso o en virtud de una
representación legal- fuera abogado o que cumpliese determinados requerimientos
propios del litigio en las distintas ramas del Derecho -por ejemplo, tener la
Tarjeta Profesional- pues con ello se desvirtuaría la informalidad propia de la
tutela y se pondría en peligro la efectividad de la protección judicial a los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Esto implicaría una traba
innecesaria y carente de todo fundamento constitucional.
Caso distinto es el
de quien ejerce la acción de tutela a nombre de otro a título profesional,
en virtud de mandato judicial, pues es evidente que en tal caso actúa dentro
del marco legal y las reglas propias del ejercicio de la profesión de abogado,
razón por la cual debe acreditar que lo es según las normas aplicables (Decreto
196 de 1971).
Ello no solamente
por razón de la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se concreta en
el campo disciplinario, sino por la necesaria defensa de los intereses del
cliente, a quien conviene establecer con certidumbre que quien lo apodera puede
actuar, de acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y que
responderá por su gestión.
Al respecto debe
recordarse que, según el artículo 26 de la Constitución, si bien toda persona
es libre de escoger profesión u oficio, la ley podrá exigir títulos de
idoneidad y las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio
de las profesiones.
El artículo 229 de
la Carta garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración
de justicia pero advierte expresamente que la ley indicará en qué casos podrá
hacerlo sin representación de abogado.
El caso específico
de los procesos de tutela ha sido regulado directamente por la Constitución
(artículo 86) en los ya expresados términos, pero en concreto sobre la
representación judicial no estableció norma alguna, luego en ese aspecto son
aplicables las reglas generales que establecen como principio el de que toda
representación judicial -salvo los casos determinados en la ley- únicamente
tendrá lugar a través de abogado". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta
de Revisión. Sentencia T-550 del 30 de noviembre de 1993).
El Decreto 196 de 1971, que reglamenta el
ejercicio de la abogacía, señala los casos excepcionales en los cuales la
persona que haya terminado y aprobado los estudios de Derecho -y que obtenga la
licencia temporal- puede ejercer la profesión de abogado. Dentro de dichos
casos, que corresponde al legislador definir, de conformidad con el artículo 26
de la Constitución, no se encuentra la posibilidad de ejercer la acción de
tutela, motivo por el cual estima la Corte que Guillot Calderón no tenía esa
facultad. Se negará entonces el amparo solicitado.
Según lo ha recalcado la Corte,
refiriéndose a la licencia provisional contemplada en el Decreto 196 de 1971,
ella, "a diferencia de las temporales, permite el ejercicio de la
profesión sin restricciones ante los jueces y tribunales del país, pues
constituye el documento que acredita el título y la inscripción del abogado
mientras se expide la correspondiente Tarjeta Profesional" (sentencia
citada).
Acerca de las licencias temporales, señalan
los artículos 31 y 32 del Decreto 196 de 1971 -que, en cuanto excepcionales,
deben ser interpretados de manera restrictiva- lo siguiente:
"ARTICULO
31. La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de
derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de
abogado, sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables,
a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los siguientes asuntos:
a) En la instrucción
criminal, y en los procesos penales, civiles y laborales de que conozcan en
primera o única instancia los jueces municipales o laborales, en segunda los de
circuito y, en ambas instancias, en los de competencia de los jueces de
distrito penal aduanero;
b) De oficio, como
apoderado o defensor, en los procesos penales en general, salvo para sustentar
el recurso de casación, y
c) En las actuaciones
y procesos que se surtan ante los funcionarios de policía.
ARTICULO 32. Para poder ejercer la abogacía en las
circunstancias y asuntos contemplados en el artículo anterior, el interesado
deberá obtener la respectiva licencia temporal, en la cual se indicará la fecha
de su caducidad.
Para este efecto,
elevará solicitud al Tribunal Superior de Distrito Judicial de su domicilio,
acompañada de certificación expedida por la correspondiente universidad en que
conste que ha cursado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho".
8. Desistimiento de la acción de tutela
antes de que se profiera sentencia de primera instancia. Improcedencia del
desistimiento en sede de revisión
En los procesos T-115210, T-123837 y
T-120644, una vez ejecutoriadas las providencias que resolvieron favorablemente
las pretensiones invocadas, los demandantes expresaron su voluntad de desistir
de las acciones de tutela propuestas.
Como en múltiples ocasiones lo ha dicho la
jurisprudencia, una vez se han proferido las sentencias que decidieron el
litigio planteado y se han remitido a esta Corte para que sean eventualmente
revisadas, la manifestación de desestimiento -en razón de la naturaleza y
funciones de la revisión, y por la índole pública de los intereses que entonces
entran en juego- deviene en improcedente.
Ha señalado la
Corporación:
"...cuando se
adelante la revisión de un caso seleccionado por la Corte, las personas que han
solicitado la protección judicial de sus derechos no pueden desistir de sus
pretensiones iniciales, pues en ese nivel no están disponiendo ya de su interés
particular, concreto y específico, sino que está comprometido un interés
público. La revisión de la Corte no opera por la voluntad de ninguno de los
intervinientes en el trámite adelantado ante los jueces de instancia, ni por
virtud de recurso alguno, sino por ministerio de la norma constitucional que
dispuso: "El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse
ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión" (artículo 86 C.P.
Destaca la Corte).
Por ello, en los
procesos materia de revisión, se rechazarán los escritos de desistimiento y se
resolverá en todos los casos" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de
Revisión. Sentencia T-260 del 20 de junio de 1995)
Por los anteriores motivos, la Sala
decidirá de fondo en los citados procesos. No ocurre lo mismo en el caso del
expediente T-132398, pues el actor desistió de la acción antes de que se
hubiera proferido el fallo de primera instancia. Se confirmará entonces la
providencia dictada por el Juzgado 33 Penal Municipal de Cali, por medio de la
cual aceptó el desistimiento de Ricardo Tangarife García.
9. Necesidad de facultad expresa cuando es
el apoderado quien desiste de la acción de tutela
En el proceso T-105610, la Juez Primera
Civil Municipal de Santa Marta dio cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala en
Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997, respecto de la demanda incoada por
MIGUEL ESCALANTE EBRATH, a quien en el fallo entonces revisado no se le había
resuelto.
Dijo la Corte en tal oportunidad:
" Quien ejerce
acción de tutela tiene derecho, en los términos de los artículos 29, 86, 228 y
229 de la Constitución, a que el juez competente resuelva acerca de la demanda
presentada, con independencia del sentido en que lo haga.
Ello es propio de la
actividad confiada por la Carta Política a los jueces y corresponde al debido
proceso y a un concepto material del acceso a la administración de justicia,
máxime si se trata de definir situaciones que comprometen los derechos
fundamentales de los solicitantes.
En los procesos
acumulados objeto de verificación, en relación con cinco de los peticionarios,
los jueces a cuyo cargo estaba la sentencia no hicieron pronunciamiento alguno
en la parte resolutiva de la misma, con lo cual, de no ser por la temeridad en
que incurrieron cuatro de tales solicitantes al presentar la misma demanda dos
veces, habría lugar a la devolución de los respectivos expedientes a los
juzgados de origen para que procedieran a fallar, ya que no les habría sido
resuelta su situación, con protuberante desconocimiento del derecho de acceso a
la administración de justicia.
Establecida, sin
embargo, la temeridad, solamente se dispondrá lo dicho en el caso del
accionante Miguel Angel Escalante Ebrath, quien tiene derecho a que se adopte
decisión judicial en cuanto a la tutela impetrada. Para los demás, lo pertinente
es la negación de todas sus pretensiones". (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997).
Remitido el expediente al Despacho de
origen, la Juez resolvió acerca de la tutela, pero insistió en que sólo lo
hacía "atendiendo lo ordenado en la Sentencia T-01 de 1997".
Con el objeto de destacar que dicho Juzgado
había obrado correctamente al abstenerse de resolver en el caso objeto de
análisis, pese a la decisión de esta Corte -que, en consecuencia, quiere hacer
ver como equivocada-, la Juez explica:
"No puede este
Despacho desconocer la situación especial que se plantea en este asunto, ya que
el señor MIGUEL ESCALANTE EBRATH, previa a la admisión de la tutela conocida,
fue excluído expresamente como accionante por el doctor MONTENEGRO PADILLA como
se constata en memorial visible a folios 305 y 306 del expediente, habiendo
acatado el Despacho tal solicitud en el auto admisorio de la demanda que consta
a folios 329 al 331 ibídem, concretamente en el 2 inciso del numeral 3
de la parte resolutiva de dicho auto (fl. 331).
Así mismo en el
fallo de primera instancia, en el aparte "RESULTANDOS Y
CONSIDERANDOS", concretamente en el primer párrafo del folio 431, se dice
textualmente: "y se excluyó de esta acción a los señores RAFAEL ESPITIA
ORTIZ y MIGUEL ESCALANTE EBRATH, incluyéndose al señor ALFREDO MOLINA DIAZ, tal
como lo solicitó al Despacho el mencionado profesional del derecho, en su
memorial presentado a la Secretaría del Juzgado el día once (11) de julio de
1996".
El Juzgado de instancia no reparó, sin
embargo, en las siguientes características de la actuación procesal que la
Corte Constitucional, en cambio, consideró y considera decisivas, con miras a
la eficaz aplicación del artículo 86 de la Carta:
-La decisión judicial de no resolver sobre
el fondo de la acción instaurada se fundó, según destaca el transcrito
proveído, en el desistimiento expreso del apoderado del actor. Este obra a
folios 305 y 306 del expediente, y se refiere no sólo a ESCALANTE EBRATH sino a
otro solicitante que había conferido poder al mismo abogado: RAFAEL ESPITIA
ORTIZ. En ambos casos el apoderado justifica el desistimiento en el hecho de
haber conocido que sus poderdantes acudieron a otros abogados para ejercer la
misma acción.
-La Corte Constitucional encontró, en
efecto, en el mismo grupo de expedientes acumulados, que ESPITIA ORTIZ había
ejercido la acción de tutela ante dos jueces diferentes, con base en los mismos
hechos y con iguales pretensiones y, hasta el momento de proferirse la
Sentencia T-01 de 1997, que cobijaba parte de los expedientes por revisar, no
ocurrió lo mismo con ESCALANTE EBRATH, quien sólo aparecía como demandante en
un proceso.
-Examinados los documentos que obran en el
expediente (Fl. 9), se verificó que el poder conferido por ESCALANTE EBRATH a
su abogado sólo era para promover acción de tutela, con el fin de obtener
"el pago de la suma que se me adeuda por concepto de...". No se
confirió poder para desistir de la demanda y, por tanto, el apoderado no gozaba
de facultades, en ese proceso, para disponer de los intereses procesales de su
cliente ni para pedir al Juzgado que se abstuviera de fallar en su caso. Menos
todavía con el argumento de que, sin haberle sido revocado el poder
expresamente y sin manifestación alguna del accionante, éste había conferido
poder a otros abogados.
En primer lugar, para la Corte es claro que
ninguna persona distinta del interesado en la defensa de sus derechos
fundamentales puede retirar la demanda, ni desistir, sin la expresa
manifestación de aquél. Y el juez de tutela no puede basarse en el dicho de un
tercero -que lo es el apoderado cuando carece de facultad en cuanto al
desistimiento se refiere- para abstenerse de fallar, como es su deber.
Por otra parte, como ni la Juez ni la Corte
podían presumir la mala fe de ESCALANTE EBRATH, tampoco les era posible aceptar
en ese momento, sin confirmar, la aseveración del abogado en el sentido de que
su prohijado acudiría a otra acción de tutela por los mismos hechos, pues ello
habría implicado aceptar de antemano que obró temerariamente, sin prueba alguna
al respecto.
En cambio, en ese instante, la Corte
Constitucional sí tenía evidencia acerca de tal actuación en el caso de ESPITIA
ORTIZ, respecto de quien, por eso y no por el desistimiento, se abstuvo de
ordenar al Juzgado de instancia que resolviera. En aplicación de perentoria
norma legal, el camino en tal evento consistía en negar de plano todas las
pretensiones.
Todo lo dicho deja sin fundamento la
forzada explicación judicial, que sobraba en el caso considerado, pues la
instancia ha debido limitarse a cumplir lo ordenado en sede de revisión.
10. Copia de demanda y suplantación
La Corte encuentra que en los expedientes
T-112694 (actor: Antonio Rojas Sarmiento), T-112912 (demandante: Carmen Zárate
de J.) y T-113993 (actor: José Luis Rodríguez R.) se utilizó como formato una
demanda elaborada por el abogado Bernardo Yepes Lalinde, sin su autorización,
usando también su número de cédula para identificarse. En dichos procesos el
mencionado abogado denunció la aludida circunstancia, motivo por el cual los
juzgados de instancia negaron la tutela por falta  de legitimación para actuar.
No ocurrió lo mismo en relación con el
proceso T-112912, en el cual el juez negó la protección por existir hecho
superado, pues el ente demandado contestó la petición formulada.
Considera la Corte que la conducta de los
demandantes, tal como se expuso en Sentencia T-575 de 1997, "es altamente
reprochable, pues no resulta ético ni se ajusta a la particularidad que en
Derecho ofrece cada caso el comportamiento consistente en apropiarse de la
forma en que otra persona se ha dirigido a la administración de justicia y ha
planteado los hechos peculiares objeto de su interés, trasladándolos gratuitamente
a la propia situación. Ello resta certidumbre y autenticidad a lo que se expone
ante el juez, con el agravante de que, en este caso, se utiliza el número de
identificación de un abogado que no actúa en el proceso".
Teniendo en cuenta lo anterior, se
confirmarán los fallos que negaron el amparo.
11. Correcta determinación de la parte
demandante. Beneficiarias sustitutas
En cuanto se refiere a los expedientes
T-113970, T-123850 y T-125401, considera la Sala pertinente hacer algunas
aclaraciones alusivas a la correcta determinación de las demandantes en esos
procesos.
Así, en el expediente T-113970, en la
demanda aparece como accionante Juan Antonio Ortega Bolaño, y así lo entendió
el juez de instancia, pero debe aclararse que quien otorgó poder e instauró la
acción es Dora Vargas de Bolaño, en condición de beneficiaria sustituta. Es a
ella a quien favorece el fallo que amparó el derecho de petición.
De la misma forma, en el expediente
T-123850, en la demanda se enuncian como demandantes Walter Fabio Cruz Díaz,
Henry Micolta Camacho, Justino Espinosa Arroyo, Senen Ruíz Rodríguez y Luciano
Torres, pero debe entenderse que las accionantes son quienes afirman ser sus
respectivas beneficiarias sustitutas: Cirila Gómez de Cruz, Elodia Díaz de
Micolta, María Liliana Barahona, Carmelita Rodríguez Mosquera y Lucrecia Garcés
Cortés, y es a éstas a quienes cobija el fallo favorable.
Y en el proceso T-125401, debe tenerse como
demandantes no a Angel María Gómez Jaramillo y Henry Micolta Camacho, sino a
quienes dicen ser sus respectivas beneficiarias sustitutas: María Edilma Marín
de Gómez y Virgilia Córdoba.
12. Personas excluidas en los fallos que
decidieron sobre las acciones de tutela. Derecho de acceder a la administración
de justicia
En los procesos T-114229,  T-119572,
T-122122 y T-122604, los despachos judiciales que decidieron sobre las acciones
de tutela incoadas por varias personas omitieron incluir a varios accionantes
en los respectivos fallos.
En vista de lo anterior, se devolverán los
expedientes a los jueces de instancia para que se pronuncien acerca de los
demandantes que no fueron incluidos en los fallos, en aras de salvaguardar el
derecho de acceso a la administración de justicia, el cual se vería truncado si
no se resuelve la situación de quien acude ante los jueces precisamente para
que diluciden el conflicto planteado.
13. La segunda instancia en el proceso de
tutela. Trámite de la impugnación. Recurso presentado en forma extemporánea
En el expediente T-115030 (actor: Julio
Mendoza Padilla), contra el fallo proferido en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, FONCOLPUERTOS interpuso el recurso de
impugnación, motivo por el cual dicho Tribunal ordenó su remisión al Consejo de
Estado para que se surtiera la segunda instancia. No obstante, el expediente
fue erróneamente remitido a esta Corporación para su eventual revisión.
Por lo anterior, se dispondrá el envío del
expediente al Consejo de Estado para que dé trámite a la segunda instancia.
En relación con el proceso T-130908, el
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil- recibió un escrito de
impugnación cuando el término para impugnar había vencido y el expediente ya se
había remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. El Tribunal
decidió enviar el escrito a esta Corporación para que se adoptara alguna
decisión al respecto.
Esta Sala considera que, como el recurso
fue presentado en forma extemporánea, no es procedente enviarlo a la Corte
Suprema para que se surta la segunda instancia, motivo por el cual se revisará
el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá.
14. El juez de tutela debe notificar sus
providencias para asegurar el derecho de defensa
Como en el proceso T-116760 no consta que
el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Laboral- haya notificado el
fallo de tutela al accionante, la Corte remitirá el expediente al Tribunal con
el fin de que se subsane esa irregularidad y se asegure el derecho de defensa.
15. Límites del juez constitucional en el
proceso de tutela. No puede afectar los derechos subjetivos de terceros
En el expediente T-133170 la demandante
María Colombia Cuero Ramos alegó que FONCOLPUERTOS le había vulnerado su derecho
de petición al no responderle una solicitud referente al reconocimiento de la
pensión sustitutiva.
El juez de tutela consideró que
efectivamente la entidad demandada había violado el derecho de petición y, en
consecuencia, ordenó a FONCOLPUERTOS que contestara la mencionada solicitud.
Además, estimó el juez que el reconocimiento de la pensión de sustitución a Luz
Dary Carvajal -quien también había sido compañera permanente del causante-
constituía un acto arbitrario de FONCOLPUERTOS, ya que no se había tenido en
cuenta la documentación aportada por la accionante, ni la que reposaba en la
hoja de vida del extrabajador, en las cuales se encontraba plenamente
demostrado que María Colombia Ramos y dos de sus hijos tenían derecho a la
reclamada prestación. Por lo anterior dispuso "suspender el pago de la
sustitución de la pensión a la señora LUZ DARY CARVAJAL ECHEVERRI, hasta tanto
defina la justicia ordinaria, en proporción del 50% de la sustitución de
pensión del extinto SINFORIANO GUTIERREZ ALOMIA" y estableció que en
relación con dicho porcentaje el Fondo debía -previo el lleno de los requisitos
legales- estudiar la petición formulada por la demandante, en representación de
sus hijos -uno de ellos estudiante y la otra inválida-.
Considera la Corte que la decisión adoptada
por el juez de instancia en cuanto atañe a la protección del derecho de
petición es acertada, pero no sucede lo mismo con la orden de suspensión de
pago del 50% de la mesada pensional pues, en principio, el juez de tutela a
través de sus fallos no puede afectar los derechos subjetivos reconocidos por
la Administración a terceras personas ajenas al proceso de tutela, y de las
cuales debe presumirse la buena fe, sobre todo si no hay prueba alguna que
demuestre lo contrario.
De la misma forma en que la Administración
no puede revocar sus propios actos cuando éstos reconocen derechos subjetivos
-salvo en los casos expresamente consagrados en la ley-, al juez constitucional
también le está vedado hacerlo. En este tipo de eventos, sólo el juez de lo
contencioso administrativo tiene competencia para anular el acto administrativo
que crea una situación jurídica particular y concreta a favor de un tercero.
En mérito de lo expuesto, esta Sala
confirmará parcialmente la providencia proferida por el Juzgado 5 Civil
Municipal de Buenaventura en cuanto tuteló el derecho de petición, y revocará
parcialmente dicha providencia en la medida en que afectó injustificadamente
los derechos de terceros.
16. Temeridad. Abuso en la proposición de
acciones de tutela
La Corte encuentra que en los expedientes
T-133551 y T-134242 (ver cuadros 17, página 25, y 18, página 1), el abogado
Nelson González Valencia (T.P. 70.838) instauró acción de tutela a favor de
Sinforosa Esterilla Mancilla contra FONCOLPUERTOS, con base en idénticos
fundamentos de hecho y de derecho. En el primero de los procesos, el Tribunal
Superior de Pasto -Sala Penal- negó el amparo invocado mientras que en el
segundo, el Juzgado 9 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá decidió
proteger el derecho de petición de la accionante.
Vale la pena resaltar que en el proceso
T-113551, el abogado no aportó el poder para actuar a favor de Sinforosa
Esterilla Mancilla, mientras que en el proceso T-134242 tal poder sí se anexó
al escrito de demanda.
De lo anterior, la Corte deduce que, a la
luz del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, el abogado González Valencia ha
incurrido en temeridad al ejercer las acciones de tutela. Por tal motivo, se
remitirán copias al Consejo Superior de la Judicatura para que inicie
investigación disciplinaria en su contra.
Vale la pena recordar que el inciso 2 del
aludido precepto dispone lo siguiente:
"Artículo
38. (...) El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de
tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar".
Se revocará la decisión judicial que protegió
a Sinforosa Esterilla Mancilla, teniendo en cuenta, además, que en el primero
de los mencionados procesos ya se había negado la protección en cuanto
FONCOLPUERTOS había dado respuesta a la solicitud.
De igual forma, se detectó por la Corte que
Esaú Palacio Berrío incurrió en temeridad en la proposición de acciones de
tutela (ver expedientes T-114163 y T-122747). Por tal razón, se negará la
protección solicitada.
17. Falta de competencia por factor
territorial en los procesos de tutela
Se observa en el expediente T-133798 que el
Juzgado 1 Penal del Circuito de Barranquilla, el cual debía resolver la
impugnación dirigida contra el fallo de primera instancia, consideró que no era
competente para decidir el asunto por carecer de competencia territorial y en
consecuencia decidió devolver el expediente al a-quo.
Al respecto es necesario recordar los
criterios expuestos por la Sala Primera de Revisión en Sentencia T-080 del 28
de febrero de 1995 (M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía):
"...si es el
juez de segunda instancia el que observa la carencia de competencia del de
primera, la situación es diferente, pues se estará ante una de las nulidades
procesales de que trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil,
nulidad que puede ser saneada, excepto cuando se trate de falta de competencia
funcional, asunto que se tratará más adelante.
De acuerdo con el
artículo 145, del Código citado, "En cualquier estado del proceso antes de
dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insanables que
observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la
parte afectada por auto que se notificará como se indica en los numerales
1o. y 2o. del artículo 320. Si dentro de los tres días siguientes al de
notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso
continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará." (se
resalta)
Es decir, este
procedimiento, poner en conocimiento la falta de competencia, es el que debe
seguir el ad quem cuando advierta que está en presencia de una nulidad,
bien sea carencia de competencia, falta de notificación, etc.".
En este orden de ideas, se remitirá el
proceso al Juzgado 1 Penal del Circuito de Barranquilla para que aplique la
aludida regla.
18. Los derechos a la salud, a la vida y a
la seguridad social. La especial protección a los niños, a los inválidos y a
las personas que sufren trastornos mentales
Esta Sala confirmará las decisiones
judiciales que, tomando en consideración las circunstancias y la necesidad de
amparo por parte de sectores débiles o marginados, concedieron la tutela de sus
derechos a la salud, a la vida y a la seguridad social (expedientes T-71236,
T-134577, T-143657 y T-127954).
No se concederá la protección en aquellos
eventos en los cuales, aun invocados tales derechos, no se encuentran
quebrantados o la orden judicial carece de objeto por haber operado la
sustracción de materia.
a) En el proceso T-134577 aparece que la
extinta empresa "Puertos de Colombia" reconoció a Gustavo Adolfo Vega
Anez la pensión de jubilación proporcional y su derecho a la prestación de
servicios médicos por parte de la empresa, de conformidad con lo dispuesto por
la Convención Colectiva de Trabajo.
Afirmó el actor que el 21 de abril de 1994
solicitó por escrito que le prestaran los servicios médicos, pero afirmó que
para la época en que incoó la acción, no había recibido respuesta.
El Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá
-Sala Laboral- concedió el amparo invocado y, en consecuencia, ordenó al
demandado prestar dichos servicios.
Vale la pena destacar que, con ocasión del
proceso de tutela, después de proferido el fallo de instancia, FONCOLPUERTOS
informó que el actor "aparece adscrito en los servicios integrales de
salud de la Clínica General del Norte y que en ningún momento ha sido
excluido".
En relación con la solicitud, alegó que
debido al cúmulo de peticiones había sido imposible responder oportunamente.
Así las cosas, en virtud del certificado
expedido por el ente demandado, la Corte encuentra que la acción de tutela
carece actualmente de objeto, por lo que simplemente se prevendrá a
FONCOLPUERTOS para que en el futuro se abstenga de incurrir en la omisión que
dio origen a la acción instaurada.
b) En el expediente T-143657 se encuentra
que el peticionario es hijo (mayor de edad) de un pensionado de la empresa
Puertos de Colombia. Afirmó en la demanda que, como afiliado adscrito a los
servicios médicos de la empresa, se le venía prestando la atención requerida.
Según el escrito, padece una enfermedad que lo tiene "al borde de la
invalidez, pues tiene casi perdida la tibia y existe desviación de
columna", pero FONCOLPUERTOS, en forma arbitraria, decidió suspenderle los
servicios médicos.
Alegó que, al tenor de la Convención
Colectiva, los hijos inválidos de cualquier edad de los afiliados forzosos
tendrían derecho a la atención médica, y que la omisión del ente demandado
vulneraba sus derechos a la salud y al debido proceso.
El Juzgado 4 Civil Municipal de Santa Marta
tuteló el derecho a la salud, y ordenó a FONCOLPUERTOS que afiliara nuevamente
al peticionario a los servicios médicos de la empresa.
Según el informe médico que solicitó el
juez de tutela al médico laboral de la División de Empleo y Seguridad Social de
la Dirección Regional del Magdalena, el peticionario tiene "una limitación
importante de su cadera izquierda, con acortamiento del mismo lado, necrosis de
la cabeza femoral, atrofia muscular, osteoporosis e hiperteroidismo y esas
patologías lo invalidan en un 51.2% de su capacidad laboral".
Así, pues, estando plenamente demostrado
que el demandante ha perdido más de la mitad de su capacidad laboral, y que por
tanto, puede calificarse de inválido para los efectos del acceso al servicio
médico, de acuerdo con lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo,
esta Sala confirmará el fallo del Juzgado 4 Civil Municipal de Santa Marta, no
sin antes recordar la especial protección que debe brindar el Estado a las
personas que se encuentran en la situación descrita. En efecto, el inciso 3 del
artículo 13 de la Carta Política, desarrollando el principio de igualdad,
dispone que "el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos que contra ellas se cometan".
A su vez, el artículo 47 de la Constitución ordena al Estado adelantar una
política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran.
c) Los mismos criterios se pueden aplicar
al proceso de tutela T-127954, en el cual María Ariza vda. de Castro, en
representación de su hijo (mayor de edad) Antonio Jesús Castro Ariza -quien
padece una enfermedad mental-, incoa la acción contra FONCOLPUERTOS, debido a
la negativa de éste en cuanto a la prestación del servicio médico requerido.
El Juzgado 11 Civil del Circuito de
Barranquilla tuteló el derecho a la seguridad social, pues consideró que
FONCOLPUERTOS había retardado en forma injustificada la autorización para la
atención médica del hijo de la demandante. Así fue, según el análisis efectuado
por la Corte, lo que amerita la confirmación del fallo.
d) La hija menor de un pensionado de la
empresa "Puertos de Colombia" padece de retinitis pigmentosa,
enfermedad que ocasiona la pérdida gradual de la visión (Expediente T-71236).
Afirmó el padre de la niña que, debido a la
recomendación de médicos colombianos, su hija debía ser operada en Cuba, pues
en el país no existían los medios necesarios para llevar a cabo la  cirugía que
se requería. Elevó entonces una petición al director de COMEDI, quien respondió
que dicha compañía, "de acuerdo con el contrato suscrito con
FONCOLPUERTOS, sólo asume las modalidades de tratamiento estipuladas en el
contrato de la referencia y en lugares señalados por la Convención Colectiva de
Trabajo vigente y el reglamento de los servicios médicos de
FONCOLPUERTOS".
Debido a esa respuesta, el padre de la
menor decidió sufragar, con base en préstamos, los costos de la operación en
Cuba. Afirmó que los especialistas que atendieron a su hija en dicho país
recomendaron una nueva operación, pero que ya no está en condiciones económicas
como para cubrir los gastos que ello implica. Por tal motivo, solicitó al juez
de tutela que "el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia
y COMEDI dispongan la remisión de la menor Evy Gissela Portocarrero Torres a
Cuba con un acompañante corriendo con todos los gastos (...) que se produzcan
con motivo de la enfermedad retinitis pigmentosa que sufre la menor (...) para
que se realice la segunda intervención quirúrgica definitiva para salvarle
parcialmente la visión".
La sentencia fue confirmada por el Juzgado
segundo Civil del Circuito de Buenaventura.
Aunque el actor pretendió, además, que
FONCOLPUERTOS le pagara la indemnización por perjuicios materiales y morales,
los jueces de instancia negaron la protección en ese aspecto por estimar que,
con tal fin, contaba aquél con otros medios de defensa judicial.
La Corte confirmará la determinación
judicial adoptada, en los términos en que quedó concebida por el juez de
segundo grado, por cuanto, en las circunstancias descritas y ante la
prevalencia constitucional de los derechos de la menor (art. 44 C.P.), la
negativa de la entidad demandada en lo relativo a la forzosa atención médica de
la niña en país extranjero, dada la especialidad exigida y su grave estado de
salud, implica evidente amenaza para sus derechos fundamentales, en particular
el de la vida.
19. Cuando la orden impartida por el juez
de tutela no se cumple, lo procedente es proponer un incidente de desacato y no
promover un nuevo proceso de tutela para hacer ejecutar esa orden
Esta Sala confirmará la decisión del Juez 2
Penal del Circuito de Barranquilla (expediente T-130105), por medio de la cual
inadmite la demanda para hacer cumplir un fallo de tutela, pues según lo
prescrito en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, es el juez de
primera instancia, que profirió el fallo incumplido, el llamado a hacerlo
ejecutar.
El ordenamiento constitucional consagra el
indicado mecanismo como suficiente para obtener la protección de derechos
fundamentales violados o amenazados, sin que su eficacia quede supeditada a las
decisiones sucesivas de varios jueces. Basta el ejercicio de la acción de
tutela una sola vez para que, si prospera, la orden judicial impartida goce de
la necesaria virtualidad jurídica en lo relativo a la realización y efectividad
de lo mandado, así como para deducir las responsabilidades disciplinarias,
pecuniarias y aun penales de quienes, estando obligados por los términos de la
decisión correspondiente, se niegan o se resisten a darle pleno cumplimiento.
20. Revocación de actos administrativos. Debido
proceso
En el proceso T-121779 la demandante María
Marleni Ramos afirmó que FONCOLPUERTOS le había reconocido su derecho a la
pensión sustitutiva y le venía cancelando las correspondientes mesadas, pero
que dicho ente decidió unilateralmente suspender el pago de la mencionada
prestación.
En el informe que obra a folio 16 del
expediente, FONCOLPUERTOS señaló que debido a la aparición de un nuevo
reclamante de la pensión -un hijo del difunto extrabajador de "Puertos de
Colombia"-, y también en cuanto éste afirmó que para la época en que murió
su padre la demandante no hacía vida marital con él, procedió a suspender los
pagos "porque se presume que la señora MARIA MARLENE RAMOS AVILA, no es
derechosa (sic) a sustituir pensión..."
El Juzgado 3 Penal Municipal de
Buenaventura estimó que FONCOLPUERTOS había actuado arbitrariamente al
desconocer el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 29
de la Carta y que, por contera, se había violado el derecho a la seguridad
social, por lo que el demandado debía cancelar las sumas retenidas y seguir
pagando las mesadas hasta que la jurisdicción contenciosa no dispusiese lo
contrario.
Sobre el particular la Corte reitera lo
siguiente:
"...razones de
seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones
jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona,
como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en
firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos
subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto
administrativo" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión.
Sentencia T-347 del 3 de agosto de 1994. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).
En reciente sentencia afirmó esta Sala:
"...no obstante
la facultad de la administración de revocar sus propios actos, carece ella de
un carácter absoluto, pues en su ejercicio no puede atropellar los derechos de
los particulares.
Por eso, según lo
manda el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, para que tal
revocación pueda efectuarse, en el evento de haberse creado una situación
jurídica particular y concreta o un derecho de la misma naturaleza, debe contar
con la autorización expresa y escrita de su titular.
(...)
Cabe la tutela,
entonces, para dejar sin efectos el acto de revocación y ordenar a la
respectiva autoridad que cumpla, a favor del afectado, el acto inicial por ella
proferido, en el que hubiese reconocido o creado un derecho individual".
(Cfr. Sentencia T-336 del 15 de julio de 1997. Sala Quinta de Revisión)
En este orden de ideas, se confirmará la
providencia del juez de instancia, toda vez que se ha violado a la peticionaria
el debido proceso administrativo.
DECISION
Con base en las expuestas consideraciones,
la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
1.- CONFIRMANSE los fallos proferidos por los siguientes
jueces y tribunales, mediante los cuales negaron el amparo solicitado, o se
limitaron a tutelar solamente el derecho de petición, de conformidad con los
criterios anteriormente expuestos, en los siguientes procesos:
Corte Suprema de Justicia -Sala Civil y
Agraria- (T-113428, T-113433, T-117026, T-126228)
Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-
(T-113621, T-121383)
Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral
(T-139502)
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo- (T-112152, T-133214 y T-123577)
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá
-Sala Civil- (T-112266, T-112307,  T-119734, T-120050, T-120055, T-120397,
T-122300, T-122301, T-125356, T-126702, T-130239, T-130907, T-132243, T-133490)
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá
-Sala Penal- (T-125397, T-125368, T-128659, 128687)
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá
-Sala Laboral-(T-81813, T-114125, T-129308, T-131715, T-135421, T-123884)
Tribunal Superior de Barranquilla -Sala
Civil- Familia- (T-114632 y T-121316)
Tribunal  Superior de Barranquilla -Sala
Laboral- (T-114433, T-129603, T-134788, T-137111, T-142116, T-142117)
Tribunal Superior de Barranquilla -Sala
Penal (T-85423 y T-123622)
Tribunal Superior de Cartagena -Sala
Civil-Familia (T-125546)
Tribunal Superior de Cartagena -Sala Laboral-
(T-122641)
Tribunal  Administrativo de Cundinamarca
(T-115944, T-119901, T-124926, T-135654, T-139053)
Tribunal Administrativo del Atlántico
(T-143302)
Tribunal Administrativo del Valle (T-78483)
Tribunal Administrativo de Bolívar
(T-128202, T-137545)
Juzgado 5 de Familia de Barranquilla
(T-135580)
Juzgado 6 de Familia de Barranquilla
(T-134740)
Juzgado 4 Penal del Circuito de
Barranquilla (84173)
Juzgado 6 Penal del Circuito de
Barranquilla (T-85518)
Juzgado 12 Penal del Circuito de
Barranquilla (T-72710),
Juzgado 4 Civil del Circuito de
Barranquilla (T-117810, T-136579)
Juzgado 9 Civil del Circuito de
Barranquilla (T-125521, T-138576)
Juzgado 10 Civil del Circuito de
Barranquilla (T-75195)
Juzgado 1 Penal del Circuito de
Barranquilla (T-86358)
Juzgado 8 Penal del Circuito de
Barranquilla (T-79326)
Juzgado 2 Laboral del Circuito de
Barranquilla (T-121457, T-131728)
Juzgado 4 Laboral del Circuito de
Barranquilla (T-120176)
Juzgado 1 Penal del Circuito de
Buenaventura (T-114967, T-135104)
Juzgado 3 Penal del Circuito de
Buenaventura (T-131117)
Juzgado 5 Penal del Circuito de
Buenaventura (T-117796)
Juzgado 1 Laboral del Circuito de
Buenaventura (T-112366,  T-112367, T-112368, T-112369, T-114359 y T-114360)
Juzgado 2 Laboral del Circuito de
Buenaventura (T-113538, T-113616, T-113617, T-113624 yT-113625)
Juzgado 3 Civil del Circuito de Santa Fe de
Bogotá (T-124026)
Juzgado 4 Civil del Circuito de Santa Fe de
Bogotá ( T-129974)
Juzgado 5 Civil del Circuito de Santa Fe de
Bogotá (T-130805)
Juzgado 6 Civil del Circuito de Santa Fe de
Bogotá (T-120231)
Juzgado 9 Civil del Circuito de Santa Fe de
Bogotá (T-130140)
Juzgado 13 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-115277)
Juzgado 15 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-130648)
Juzgado 16 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-123803)
Juzgado 17 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-115896)
Juzgado 22 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-127599)
Juzgado 25 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-123192)
Juzgado 27 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-130844)
Juzgado 28 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-124329 y T-128589)
Juzgado 32 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-124964)
Juzgado 1 Laboral del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-112742, T-128145)
Juzgado 5 Laboral del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-113482)
Juzgado 6 Laboral del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-127872)
Juzgado 10 Laboral del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-119607)
Juzgado 2 Penal del Circuito de Santa Fe de
Bogotá (T-127475)
Juzgado 8 Penal del Circuito de Santa Fe de
Bogotá (T-82960)
Juzgado 10 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-128737)
Juzgado 13 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-80637)
Juzgado 14 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-125235)
Juzgado 16 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-117053)
Juzgado 18 Penal de Circuito de Santa Fe de
Bogotá (T-114477)
Juzgado  22 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-124578, T-127457, T-130364)
Juzgado 23 Penal del Circuito de Santa Fe
Bogotá (T-125248)
Juzgado 28 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-138942 y T-123585)
Juzgado 29 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-126642)
Juzgado 33 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-136941)
Juzgado 40 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-127779)
Juzgado 45 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-117156)
Juzgado 48 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-138362)
Juzgado 52 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-119991)
Juzgado 53 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-126211)
Juzgado 58 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-128297)
Juzgado 60 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-126945)
Juzgado 67 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-116620)
Juzgado 69 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-128261)
Juzgado 72 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-115106)
Juzgado 73 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-125876)
Juzgado 2 Civil del Circuito de Cartagena
(T-124636)
Juzgado 3 Civil del Circuito de Cartagena
(T-122220)
Juzgado 4 Civil del Circuito de Cartagena
(T-124487)
Juzgado 1 de Familia de Cartagena
(T-141878)
Juzgado 2 Laboral del Circuito de Cartagena
(T-113609)
Juzgado 5 Laboral del Circuito de Cartagena
(T-112891, T-138269)
Juzgado 6 Laboral del Circuito de Cartagena
(T-119390)
Juzgado 5 Penal del Circuito de Cartagena
(T-119421)
Juzgado 10 Penal del Circuito de Cartagena
(T-122628)
Juzgado 2 Penal del Circuito de Cali
(T-85548)
Juzgado 2 Laboral del Circuito de Popayán
(T-134553)
Juzgado 1 Promiscuo de Familia de Santa
Marta (T-137832 y T-116783)
Juzgado 2 Laboral del Circuito de Santa
Marta (T-139192 y T-135562)
Juzgado 2 Civil del Circuito de Santa Marta
(T-122792)
Juzgado 5 Civil del Circuito de Santa Marta
(T-137304)
Juzgado 6 Penal del Circuito de Santa Marta
(T-121825)
Juzgado 7 Penal del Circuito de Santa Marta
(T-80983)
Juzgado 5 Civil Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-115082, T-122125)
Juzgado 8 Civil Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-125121)
Juzgado 32 Civil Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-142637)
Juzgado 31 Civil Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-131919)
Juzgado 36 Civil Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-120880)
Juzgado 37 Civil Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-122428)
Juzgado 44 Civil Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-120032)
Juzgado 47 Civil Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-119566)
Juzgado 30 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-126018)
Juzgado 31 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-115961)
Juzgado 37 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-139787)
Juzgado 39 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-78428)
Juzgado 40 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-123874)
Juzgado 42 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-115406)
Juzgado 46 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-120154)
Juzgado 49 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-114701)
Juzgado 55 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-123842)
Juzgado 60 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-124717)
Juzgado 66 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-115130)
Juzgado 70 Penal Municipal de Santa Fe
Bogotá (T-127258)
Juzgado 73 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-137192)
Juzgado 74 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-120016)
Juzgado 81 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-120777)
Juzgado 82 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-123838)
Juzgado 83 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-122837)
Juzgado 84 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-121818)
Juzgado 1 Civil Municipal de Santa Marta
(T-105610)
Juzgado 2 Civil Municipal de Santa Marta
(T-82682)
Juzgado 3 Civil Municipal de Santa Marta
(T-121446)
Juzgado 6 Civil Municipal de Santa Marta
(T-135525)
Juzgado 3 Penal Municipal de Santa Marta
(T-125435)
Juzgado 4 Civil Municipal de Santa Marta
(expediente 113139)
Juzgado 1 Laboral del Circuito de
Barranquilla (T-81567, T-83411)
Juzgado 3 Penal Municipal de Barranquilla (
T-124561, T-128509)
Juzgado 6 Penal Municipal de Barranquilla
(T-115246)
Juzgado 13 Penal Municipal de Barranquilla
(T-117469, T-119875)
Juzgado 3 Civil Municipal de Buenaventura
(T-116517)
Juzgado 5 Civil Municipal de Buenaventura
(T-86575 y T-133011)
Juzgado 4 Penal Municipal de Buenaventura
(T-77458)
Juzgado 7 Penal Municipal de Buenaventura
(T-125200)
Juzgado 8 Penal Municipal de Buenaventura
(T- 79390)
Juzgado 9 Penal Municipal de Buenaventura
(T-120071)
Juzgado 13 Civil Municipal de Barranquilla
(T-113967)
Juzgado 17 Civil Municipal de Barranquilla
(T-141623)
2.- REVOCAR las siguientes providencias judiciales, mediante las
cuales se concedió la tutela de los derechos invocados:
Tribunal Administrativo del Atlántico
(T-115027, T-115031, T-122248)
Juzgado 4 Civil del Circuito de Santa Fe de
Bogotá (T-112923)
Juzgado 30 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-128537)
Juzgado 4 Civil del Circuito de
Barranquilla (T-123157)
Juzgado 3 Civil Municipal de Barranquilla
(T-117707)
Juzgado 32 Civil Municipal de Santa Fe de
Bogotá (T-122743)
En su lugar, SE NIEGA el amparo
solicitado por los demandantes en dichos procesos.
3.- CONFIRMAR PARCIALMENTE los fallos proferidos por los siguientes
despachos judiciales, mediante los cuales se protegió el derecho de petición:
Tribunal Superior de Barranquilla -Sala
Laboral- (T-142661)
Tribunal Superior de Buga -Sala Civil-
(T-143561)
Juzgado 1 Penal del Circuito de
Barranquilla (T-115482)
Juzgado 12 Penal del Circuito de
Barranquilla (T-75875)
Juzgado 5 Penal Municipal de Buenaventura
(T-117634)
Juzgado 32 Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá (T-119622)
Juzgado 5 Civil Municipal de Buenaventura
(T-133170)
Juzgado 3 Penal Municipal de Buenaventura
(T-120966).
REVOCAR PARCIALMENTE  dichas providencias en cuanto tutelaron
otros derechos  o  indicaron al ente demandado los criterios a seguir para
responder las peticiones,  ordenaron  el pago de sumas de  dinero -o
dispusieron la suspensión de  pagos  a terceras personas, como es el caso del
proceso T-133170-. En su lugar, NIEGASE la protección solicitada.
4- CONFIRMAR las
providencias judiciales proferidas por los siguientes despachos, por medio de
las cuales se negó el amparo a los abogados que propusieron la acción de tutela
a nombre propio, ya que carecían de legitimación en la causa para incoar la
acción:
Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Primera- (T-127641).
Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda- (T-133236)
Tribunal
Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil- (T-112310, T-136272, T-120067)
Juzgado
24 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-113280)
Juzgado
5 Penal del Circuito de Barranquilla (T-141211)
Juzgado
2 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-120751)
5- CONFIRMAR el
fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia -Sala Civil y Agraria- en el
proceso de tutela T-125401, en cuanto negó el amparo invocado a nombre propio
por el abogado Medina Zamora Manuel Pedro (T.P.: 54739), pues éste carece de
legitimación en la causa. En relación con sus poderdantes, se REVOCA
PARCIALMENTE la sentencia en cuanto negó el amparo del derecho de petición.
En su lugar, se concede la tutela de tal derecho. SE CONFIRMA PARCIALMENTE dicha
providencia, en cuanto negó la protección de los demás derechos invocados. ACLARASE
que se tienen como demandantes en el proceso a María Edilma Marín de Gómez
(quien afirma ser beneficiaria sustituta de Gómez Jaramillo Angel María) y
Virgilia Córdoba (quien dice ser beneficiaria sustituta de Micolta Camacho
Henry).
6- REVOCAR  los
fallos proferidos por los siguientes jueces y tribunales, por medio de los
cuales se protegieron los derechos invocados por algunos abogados que instauraron
la tutela a nombre propio, pues estos carecían de legitimación en la causa para
impetrar el amparo:
Tribunal
Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil- (expediente T-125354)
Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda- (T-126182)
Juzgado
31 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-141358)
Juzgado
15 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-118194)
Juzgado
20 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-133099)
En
su lugar, se NIEGA la tutela.
7.- REVOCAR la
providencia proferida por el Juzgado 6 Penal del Circuito de Barranquilla en el
proceso de tutela T-121582, por medio de la cual se protegieron los derechos
invocados a nombre propio, y en representación de un grupo de extrabajadores,
sin tener poder para ello, por el abogado Guerra de la Hoz José Ramón (T.P.:
44997). En su lugar, se NIEGA el amparo solicitado.
8.- REVOCAR
el fallo del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil- (expediente
T-124721), por el cual se dispuso la protección del derecho de petición a favor
de Villa Arias Ezequiel (T.P.: 30167) y de Polo Pacheco Juan de Dios, pues el
abogado no tenía legitimación en la causa para proponer la acción a nombre
propio y en representación de Polo Pacheco.
En
su lugar, se NIEGA la tutela.
9.- REVOCAR PARCIALMENTE los fallo proferidos por el Tribunal Superior de Santa Fe
de Bogotá -Sala Civil- (expediente T-130912) y por el Juzgado 21 Civil del
Circuito de Santa Fe de Bogotá (expediente T-121909), mediante los cuales se
tuteló el derecho de petición a los abogados Bernardo Yepes Lalinde (T.P. 213)
y Henry Ofernes Amell García (T.P. 76933), respectivamente, pues éstos carecían
de legitimación en la causa para incoar la acción a nombre propio. CONFIRMAR
PARCIALMENTE dichas providencias en cuanto negaron el amparo de los demás
derechos invocados.
10.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 9 Civil del Circuito de Santa Fe de
Bogotá (expediente T-120755), mediante el cual tuteló el derecho de petición a
la abogada Téllez Villalobos María del Socorro, pues carecía de legitimación en
la causa para incoar la acción a nombre propio. En su lugar, NEGAR la
tutela de tal derecho. CONFIRMAR PARCIALMENTE dicho fallo en cuanto negó
el amparo del derecho a la igualdad.
11.- CONFIRMAR
los fallos proferidos por los juzgados 3 Civil del Circuito de Santa Fe de
Bogotá (expediente T-112694), 6 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá
(T-112912) y 1 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-113993), mediante
los cuales se negó el amparo invocado por Rojas Sarmiento Antonio, Zárate de J.
Cármen y Rodríguez R. José Luis, respectivamente.
12.- DECLARAR IMPROCEDENTE la manifestación hecha por el abogado Saumet Díaz
Pedro Pablo (T.P. 58141) en el proceso de tutela T-115210, según la cual desiste
de la acción de tutela propuesta. REVOCAR el fallo del Juzgado 1 Civil
del Circuito del Banco (Magadalena), por medio del cual se concedió el amparo
solicitado. En su lugar, NEGAR la tutela.
13.- DECLARAR IMPROCEDENTE la manifestación hecha por el abogado De La Hoz Romo
Jesús Emel (T.P. 32605) en el proceso de tutela T-123837, según la cual desiste
de la acción de tutela propuesta. REVOCAR el fallo del Juzgado 32 Civil
Municipal de Santa Fe de Bogotá, por medio del cual se concedió el amparo
solicitado, pues no se aportó el poder para actuar a nombre de quienes aparecen
como accionantes. En su lugar, NEGAR la tutela.
14.- DECLARAR IMPROCEDENTE la manifestación hecha por la abogada Charris Ortiz
Raquel (T.P. 64876) en el proceso de tutela T-120644, según la cual desiste de
la acción de tutela propuesta. CONFIRMAR el fallo proferido por el
Juzgado 14 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, por medio del cual se
protegió el derecho de petición.
15.- CONFIRMAR PARCIALMENTE
la providencia del Juzgado 5 Civil Municipal de Buenaventura (Expediente
T-120761) sólo en cuanto atañe a los peticionarios OCAMPO TAMAYO JOSE
SIGIFREDO, PORTOCARRERO TENORIO OLGA INES, ALOMIA VALENCIA CLIMACO, ARANGO
ALVARES OCTAVIO y MUÑOZ ARCOS GONZALO, quienes otorgaron debidamente poder al
abogado para instaurar la acción de tutela. Se REVOCA PARCIALMENTE el
fallo en mención en cuanto tuteló el derecho de petición a las demás personas
(ver cuadro anexo), pues éstas no otorgaron poder, ni se acreditó la
imposibilidad de los interesados para asumir su propia defensa. En su lugar, NEGAR
la protección invocada.
16.- CONFIRMAR la
providencia del Juzgado 33 Penal Municipal de Cali (expediente T-132398), por
la cual aceptó el desistimiento y declaró la cesación de la actuación respecto
de la acción de tutela incoada por Tangarife García Ricardo.
17.- CONFIRMAR la
providencia del Juzgado 2 Laboral de Circuito de Buenaventura (T-113626), por
medio del cual se negó el amparo invocado, por existir otro medio de defensa
judicial idóneo para satisfacer las pretensiones del actor.
18.- CONFIRMAR la
decisión adoptada por el Tribunal Superior de Barranquilla -Sala Penal- en el
proceso T-113325, mediante la cual negó el amparo solicitado, toda vez que no
existe poder para instaurar la acción de tutela.
19.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado 39 Civil Municipal de Santa Fe
de Bogotá (T-113970), en cuanto tuteló el derecho a la igualdad. En su lugar,
se niega el amparo invocado. CONFIRMAR PARCIALMENTE dicha providencia en
cuanto tuteló el derecho de petición de los demandantes -con excepción de los
que más adelante se indican-. REVOCAR dicha decisión en cuanto tuteló
los derechos de Chamorro Herrera Oscar José, Camargo Llanos José M., Morales
Cabrera Manuel Jacob, Tejera Altahona Jadices José, Ospino Manga Agustín
Rafael, Molino Beltrán Miriam, Nardo Fábregas Arturo José, Torres Colpas Jairo
Rafael, Rodríguez Ruiz Rosario, Aguad Sarmiento Jorge, Reales Escorcia Lino
Mercedes, Reales Pérez Néstor Juan, Guerrero Marengo Lucas, Roa Ortega
Patrocinio, Campo Thorne Andrés, Fontalvo Camargo Wilson Montaño, Leviloria
Andión Adolfo, Muñoz Caicedo Miguel Antonio, Gonzáles Viloria José María,
Berdugo Vélez Dagoberto, Lázaro Bustos Hironel, De la Barrera Taylor Leopoldo,
Castro Ramos Ubaldo, Cortina López Marcelo, González Caballero Luis Rafael,
Narváez Díaz Hugo Fernando, Ballestas Bahoque Amaury, Arroyo Altamiranda
Alfonso, Castellón Antonio María, Castellón Francisco, Díaz Ojeda Luis, De Boss
Belalcazar César Alfonso, Pacheco Guillermo, Pérez Mercado Roberto, Robles de
Villegas Olga, Carmona Morales Guillermo, Younes Restrepo Rafael, ya que no se
aportaron los poderes o éstos fueron anexados al expediente en fotocopia
simple. En su lugar, se NIEGA la tutela a estos últimos peticionarios.
Se
ACLARA que la accionante dentro del proceso de tutela T-113970 es Vargas
de Bolaño Dora, quien dice ser beneficiaria sustituta de Juan Alberto Bolaño
Ortega.
20.- REVOCAR la
providencia proferida por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Buenaventura en el
proceso de tutela T-85750, por medio de la cual se concedió el amparo
solicitado. En su lugar, se NIEGA la tutela.
21.- CONFIRMAR el
fallo proferido por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Santa Marta en el
proceso T-103504, mediante el cual se tuteló solamente el derecho de petición. REVOCAR
dicha protección sólo en cuanto atañe a Correa Alvaro, pues no se aportó
poder para instaurar la acción a su favor. En consecuencia, se NIEGA el
amparo invocado a nombre de este peticionario.
22.- CONFIRMAR el
fallo proferido por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Laboral-
en el proceso T-71077, mediante el cual se tuteló solamente el derecho de
petición. REVOCAR dicha protección sólo en cuanto atañe a Díazgranados
Arévalo Bernardo, González Suárez Luis y Gómez Barros Isabel, pues no se
aportaron los respectivos poderes para instaurar la acción a su favor. En
consecuencia, se NIEGA el amparo invocado a nombre de estos
peticionarios.
23.- CONFIRMAR el
fallo proferido por Corte Suprema de Justicia -Sala Civil y Agraria-  en el
proceso de tutela T-123850, mediante el cual se tuteló solamente el derecho de
petición. ACLARAR que deben tenerse como accionantes dentro del proceso
de tutela a Gómez de Cruz Cirila, Díaz de Micolta Cruz Elodia, Barahona Liliana
María, Rodríguez Mosquera Carmelita y Garcés Cortés Lucrecia, quienes afirman
ser las respectivas beneficiarias sustitutas de Cruz Díaz Walter Fabio, Micolta
Camacho Henry, Espinosa Arroyo Justino, Giraldo León Octavio, Ruiz Rodríguez
Senen y Torres Luciano. REVOCAR la protección dispuesta por la Corte
Suprema sólo en cuanto atañe a Giraldo León Octavio y Valdés César Humberto,
pues no se aportaron los respectivos poderes para instaurar la acción de tutela
a su favor. En consecuencia, se NIEGA el amparo invocado a nombre de
estos dos peticionarios.
24.- REVOCAR la
providencia por medio de la cual el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá
-Sala Penal- (expediente T-123923) amparó el derecho de petición, pues la
abogada Barrios Mendoza Doris Cecilia no tenía poder para instaurar la acción
en favor de Jaramillo Samudio Carlos Alberto. En su lugar, se NIEGA la
tutela de los derechos invocados.
25.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de la Corte Suprema -Sala Civil y Agraria- en el proceso
T-124134, mediante el cual negó la protección del derecho de petición, pues la
formulación de la solicitud está plenamente demostrada. En su lugar, CONCEDER
la tutela del derecho de petición. CONFIRMAR PARCIALMENTE dicha
providencia en cuanto negó la protección de los demás derechos invocados. En
relación con Castelbondo (o Gastelbondo) C. Julio C. (C.C. 5.001.567) CONFIRMAR
TOTALMENTE la sentencia en mención, toda vez que los abogados no tenían
poder para actuar en su nombre.
26.- REVOCAR el
fallo proferido por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Barranquilla (T-123157),
mediante el cual se protegió el derecho a la igualdad. En su lugar, se niega
la tutela invocada.
27.- REVOCAR la
decisión del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil- en el proceso
T-130908, mediante el cual se tuteló el derecho de petición, pues el abogado
Villa Arias Ezequiel (T.P. 30167) no tenía poder para actuar, ni estaba
legitimado en la causa para invocar el amparo a nombre propio. En su lugar, se NIEGA
la protección solicitada. No se dispondrá el trámite de la
impugnación formulada por FONCOLPUERTOS, pues el escrito fue presentado en
forma extemporánea.
28.- CONFIRMAR la
providencia del Juzgado 40 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá (proceso T-131205),
por medio de la cual amparó solamente el derecho de petición de los
demandantes. En relación con Mendoza de la Rosa Celso se REVOCA la orden
de protección, pues el abogado Leal Leal Moises Armando (T.P. 62647) no tenía
poder para instaurar la acción a favor de aquél. En lugar, se NIEGA la
tutela a dicho peticionario.
29.- CONFIRMAR el
fallo proferido por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá
(proceso T-124038), mediante el cual tuteló solamente el derecho de petición de
los accionantes y se abstuvo de resolver respecto de Loaiza Buenaventura, Abbad
Mercedes, Torres Rojas Rodolfo y Pabón Medina Hugo ya que no se aportaron los
poderes respectivos.
30.- CONFIRMAR el
fallo del Juzgado 6 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá en el proceso
T-125331, mediante el cual deniega la protección solicitada por falta de
legitimación en la causa, ya que la abogada Ruiz Padilla María del Carmen no
tenía poder para actuar a nombre de un grupo de extrabajadores de
FONCOLPUERTOS.
31.- REVOCAR  el
fallo proferido por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil-
(expediente T-125156), mediante el cual tuteló el derecho de petición, toda vez
que el abogado Bernando Yepes Lalinde (T.P. 213) no tenía poder para actuar a
nombre de Ariza Orozco Jesús María. En su lugar se NIEGA la tutela de
los derechos invocados.
32.- CONFIRMAR la
providencia del Juzgado 5 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá en el
proceso T-126338, mediante la cual negó el amparo invocado por el abogado Sanjuanelo
Carbonell Freddy de Jesús (T.P. 45891) por falta de legitimación en la causa
para incoar la acción.
33.- CONFIRMAR  el
fallo proferido por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil- en
el proceso T-126709, mediante el cual amparó el derecho de petición. En
relación con Vargas Palacio Eduardo José y Vargas Palacio Antonio José se REVOCA
dicha decisión, pues no se aportaron los poderes otorgados por estas dos
personas al abogado Yepes Lalinde (T.P. 213).
34.- REVOCAR la
providencia proferida por el Juzgado 4 Penal del Circuito de Barranquilla
(expediente T-129364), por medio de la cual tuteló los derechos de petición,
igualdad y seguridad social, por cuanto no se aportaron los poderes
respectivos.
35.- REVOCAR la
providencia proferida por el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Santa Fe de
Bogotá  (expediente T-119631), por medio de la cual tuteló el derecho de
petición, pues el abogado Grueso Zúñiga Jorge (T.P. 61927) no tenía poder para
incoar la acción de tutela a nombre Amu Góngora Martín. En su lugar, NEGAR
la protección solicitada.
36.- CONFIRMAR el
fallo proferido por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Laboral-
(expediente T-122265), por medio del cual negó el amparo solicitado, pues el
abogado no aportó los poderes para instaurar la acción de tutela.
37.- REVOCAR el
fallo proferido por el Juzgado 39 Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá
(proceso T-120630), por medio del cual tuteló el derecho de petición a varias
personas a pesar de que el poder fue aportado en fotocopia simple (ver cuadro
anexo). En su lugar, se NIEGA la tutela a tales peticionarios. Dicho
fallo se CONFIRMA sólo en relación con Vives Lacouture Zoila Rosa del
Socorro, Mercado de Charris Marta Gilda, Vives de Enriquez Ana María, Abello de
Socarrás Lucila María y Medina Hernández Lorenzo Rafael.
38.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 39 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá (expediente T-119833), en cuanto tuteló el derecho de petición. En su
lugar, se NIEGA la tutela. CONFIRMAR PARCIALMENTE dicho fallo, en
cuanto denegó la protección de los demás derechos invocados, pues los poderes
para actuar se aportaron en fotocopia.
39.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Consejo de Estado -Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta- (T-114229), por medio del cual
negó el amparo de los derechos a la igualdad, al pago oportuno y al trabajo. REVOCAR
PARCIALMENTE dicho fallo en cuanto negó el amparo del derecho de petición.
En su lugar, se tutela tal derecho. En relación con González Hernández José
Francisco la Corte dispondrá la devolución del expediente con el fin de que el
Tribunal Administrativo del Magdalena se pronuncie respecto de este accionante,
pues fue excluído del fallo.
40.- CONFIRMAR el
fallo del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Laboral- (T-118502) que
negó el amparo invocado.
41.- CONFIRMAR el
fallo proferido por el Juzgado 62 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá
(proceso T-119572), por medio del cual tuteló el derecho petición a Robledo
Orellano Alejandro Ernesto, Polo Sandoval Martín José, Ortiz Acuña Donice,
Klelers Preciado Guillermo J., Espinosa Espinosa Edilberto, Colombo Bertha Aura
del Carmen, Ramírez Navarro Enrique Antonio y González Dagoberto Jerónimo. DEVOLVER
el expediente en referencia para que el Juzgado 86 Penal Municipal de Santa
Fe de Bogotá se pronuncie acerca de la demanda de tutela incoada por Millán
Obregón Juan, Peña Pérez Luis Carlos, Beltrán de Bernal Ana Isabel, Mejía
Puello José, Borrero Hereira Juan Manuel, Espinosa de Espinosa Matilde,
Castillo Martínez Teresa, Fernández Francisco, Meza Blanco Esteban, Miranda de
Castro Matilde, Mendoza de Santiago Valentina Isabel, Meza de Santiago
Mercedes, Meza Blanco Angel María, Barrio de Méndez Sofía, Sánchez de Hernández
Josefina, Herrera Santiago Ana Erlinda, González Charri Josefa, Gómez Fontalvo
Antonio Francisco, Linares Garzón Carlos Miguel, González Sanjuán Luis Germán y
González de González María Damiana, ya que no se incluyeron en el fallo. Una
vez proferida la decisión pertinente, regrese el expediente a esta Corte para
su eventual revisión.
42.- CONFIRMAR PARCIALMENTE  el fallo del Juzgado 9 Civil del Circuito de
Barranquilla (expediente T-122604) en cuanto tuteló el derecho de petición de
las siguientes personas:
Orozco
Cantillo William Rafael
Peinado
Martínez Ascanio Luis
Peinado
Peñaloza Anibal José
Carpio
López Edgardo
Díaz
Rivero Pedro
Palacio
Guerrero Pedro Nel
Dueñas
del Valle Manuel
Buelvas
Morales José Isabel
Matute
Carrillo Guillermo
González
Ruiz Eugenio
Liscano
Vda. de Lenis María Gragoria
De
la Hoz Ruiz Manuel
Fontanilla
López Alfonso
González
Borja Víctor Manuel
Oliveros
Berdugo Arnaldo
Oliveros
Cantillo Nicolás
Barraza
Pacheco Ernesto
Celedón
Sequeda Bernardo
Orozco
Cantillo Marco Tulio
Obregón
Altamar William
Obregón
Dominguez Domingo Manuel
Niebles
Barrios Néstor Gustavo
Sastoque
Alfredo Enrique
De
la Rams De la Hoz Electo José
De
la Hoz Rodríguez Baldomero
Fandiño
Mendoza Rafael
Payares
Mercado Clementina
Contreras
Pulido Pablo
Arias
de Rodríguez María Elvira
Henríquez
Pardo Alfredo
Varela
Mendoza Eladio Antonio
Rivera
Vélez Jairo Enrique
Brito
Gutiérrez Juan Segundo
Bolaño
Ospino Alcides Anibal
Wisman
Pacheco José Tomás
González
de Jiménez Lorenza María
Mozo
Pérez Juan
Suárez
López Rafael Urbano
Montenegro Anchila
Manuel Modesto
Peñaranda Alvarado
Jaime Manuel
Oliveros
Villanueva Eusebio Enrique
Pulido Sabán Marco
Tulio
Garzón Altamar
Miguel
Maiguel Córdoba
Rafael
Barros Carrecedo
Oswaldo Enrique
Barliza Manotas
Jorge
Oñate Abel Enrique
Sierra Mejía Luis
Alberto
REVOCAR PARCIALMENTE dicha providencia  en cuanto tuteló los
demás derechos invocados. En su lugar, NEGAR la protección  de los
derechos a la igualdad y al pago oportuno. REVOCAR el mencionado fallo
en cuanto negó el amparo del derecho de petición a:
Urquijo Anchique Rafael Antonio
Martínez Pino Adriano
Medrano Ortiz Epifanio
En su lugar, tutelar el derecho de petición
de los mencionados accionantes, pues se encuentra probado que elevaron petición
ante FONCOLPUERTOS. DEVOLVER el expediente al Juzgado 9 Civil del
Circuito de Barranquilla con el fin de que falle en segunda instancia acerca de
la acción de tutela ejercida por González Ruiz Euclides. Una vez se profiera la
correspondiente decisión, regrese el asunto a esta Corte para su eventual
revisión.
43.- REVOCAR PARCIALMENTE los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-
(expedientes T-117248, T-120634, T-122942, T-122905, T-123287, T-131080), el
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Civil- (T-120062, T-125885) y la
Sala Laboral del mismo tribunal (T-127536), el Tribunal Superior de Cartagena
-Sala Laboral- (T-120510, T-123910), el Tribunal Superior de Barranquilla -Sala
Laboral- (T-142653, T-T-142657), el Tribunal Administrativo del Atlántico (T-128512)
y por los juzgados 2 Penal del Circuito de Barranquilla (T-80923) 2 Laboral del
Circuito de Buenaventura (T-118423), 1 Laboral del Circuito de Barranquilla
(T-118592), 3 Laboral del Circuito de Barranquilla (T-82826) 8 Laboral del
Circuito de Barranquilla (T-118785), 2 de Familia de Barranquilla (T-125595),
21 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-128976), 16 de Familia de Santa
Fe de Bogotá (T-130823), 25 Civil Municipal de Cali (T-139012), mediante los
cuales negaron el amparo del derecho de petición. En su lugar, se tutela este
derecho. CONFIRMAR PARCIALMENTE las mencionadas providencias en cuanto
no protegieron los demás derechos invocados.
44.- REVOCAR el
fallo proferido por el Juzgado 48 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá
(T-114307), por medio del cual negó el amparo solicitado. En su lugar, se
tutela el derecho de petición de Rodríguez Torres Germán.
45.- REVOCAR PARCIALMENTE la decisión del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá  -Sala
Laboral- (T-124438), mediante la cual negó el amparo del derecho de petición.
En su lugar, conceder la protección del mencionado derecho. CONFIRMAR
PARCIALMENTE tal providencia en cuanto no accedió a amparar los demás
derechos invocados. En relación con Fontalvo Pino Catalina se CONFIRMA
TOTALMENTE el fallo de la Sala Laboral, por cuanto no se aportó copia de la
petición.
46.- REVOCAR los
fallos de los juzgados 9 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-117098),
por el cual negó el amparo del derecho de petición. En su lugar, se tutela tal
derecho.
47.- REVOCAR la
providencias proferidas por  los juzgado 1 Laboral del Circuito de Barranquilla
(expediente T-118593) y 8 Laboral del Circuito de Barranquilla (T-121660) por
los cuales se dispuso la inclusión en nómina de pensionados a Orozco Arzuza Manuel
de Jesús y a Cuadros Carvajas Juan Vicente, respectivamente. En su lugar,
tutelar sólo el derecho de petición.
48.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del Juzgado 4 Penal Municipal de Santa Marta (T-141136) en
cuanto negó el amparo debido a que FONCOLPUERTOS había contestado la solicitud
en transcurso del proceso, pues dicha respuesta fue apenas formal. En su lugar,
se tutela el derecho de petición. En consecuencia, se ordena a FONCOLPUERTOS
que, si ya no lo hubiere hecho, resuelva el asunto planteado. En lo que
referente a la expedición de copias, se confirma el fallo en mención.
49.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado 5 Penal
Municipal de Cartagena en el proceso T-122122, por medio de la cual tuteló el
derecho de petición. REVOCA PARCIALMENTE dicho fallo en cuanto tuteló el
derecho a la igualdad. En su lugar, se niega la protección de este derecho. DEVOLVER
el expediente al Juzgado 5 Penal Municipal de Cartagena para que se
pronuncie acerca de la demanda de tutela instaurada por Nordman Arrieta Carlos
Guillermo, Pérez Tapia Daniel, Marrugo Zambrano Francisco y Tous Moreno José,
pues dicho despacho excluyó de su fallo a los anteriores peticionarios. Una vez
proferida la decisión correspondiente, regrese el asunto a esta Corte para su
eventual revisión.
50.- DEVOLVER el
expediente T-116760 al Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Laboral-
para que se notifique al demandante el fallo de primera instancia, y así
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa. Una vez subsanada dicha
irregularidad y surtido el trámite pertinente, regrese el expediente a esta
Corte para su eventual revisión.
51.- REMITIR el
expediente T-115030 (demandante: Mendoza Padilla Julio) al Consejo de Estado
para que se surta la segunda instancia. Regrese el expediente a esta Corte para
su eventual revisión.
52.- REVOCAR PARCIALMENTE los fallos proferidos por los juzgados  26 Civil del Circuito de Santa
Fe de Bogotá (T-123868), 58 Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá (T-123105), 5
Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-123804), 1 Civil Municipal de Santa
Fe de Bogotá (T-119008) y 4 Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá (T-119519) y
10 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-123547) mediante los cuales se
tuteló el derecho de petición. En su lugar, se NIEGA el amparo de este
derecho. CONFIRMAR PARCIALMENTE dichas providencias en cuanto negaron la
protección constitucional de los demás derechos, ya que el apoderado Guillot
Calderón Giovanni Alfonso no tiene tarjeta profesional.
53.- CONFIRMAR el
fallo proferido el Juzgado 29 Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá (expediente
T-120299), por medio del cual se negó el amparo invocado, por las razones
indicadas anteriormente.
54.- REVOCAR el
fallo del Juzgado 9 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá (T-134242),
mediante el cual concedió la tutela a Sinforosa Esterilla Mancilla (apoderado:
González Valencia Nelson (T.P. 70838), debido a la temeridad de la acción.
55.- CONFIRMAR la
decisión del Tribunal Superior de Pasto -Sala Penal- (proceso T-133551) por
medio de la cual negó la protección solicitada a nombre de Sinforosa Esterilla
Mancilla por el abogado González Valencia Nelson. T.P. 70838. De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, OFICIESE al
Consejo Superior de la Judicatura para que inicie la  respectiva investigación
disciplinaria en contra del aludido abogado, por haber incurrido en  temeridad.
56.- CONFIRMAR los
fallos proferidos por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Laboral-
(proceso T-134577) , el Juzgado 2 Civil del Circuito de Buenaventura
(expediente T-71236), el Juzgado 4 Civil Municipal de Santa Marta (expediente
T-143657) y el Juzgado 11 Civil del Circuito de Barranquilla (proceso
T-127954), por medio de los cuales se tutelaron los derechos a la vida, a la
salud, a la seguridad social, el de petición -y los derechos de los niños en el
segundo de los nombrados procesos-.
En
el caso del expediente T-134577 (Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala
Laboral-) debido a que FONCOLPUERTOS certificó que el demandante sí se
encontraba inscrito como beneficiario del servicio médico, se prevendrá al ente
demandado para que no vuelva a incurrir en la omisión que dio origen a la
proposición de la acción de tutela.
57.- REMITIR el
expediente T-133798 (actor: Osorio M. Milciades Rafael) al Juzgado 1 Penal del
Circuito de Barranquilla para que aplique las reglas de que trata la parte
motiva de esta sentencia. Una vez surtidos los trámites y adoptadas las
decisiones pertinentes, regrese el proceso a esta Corte para su eventual
revisión.
58.- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 33 Civil del Circuito de Santa Fe de
Bogotá al resolver la acción de tutela instaurada por Portocarrero Arnulfo
(T.P. 32026) como agente oficioso Viáfara Valencia Leandro (expediente
T-138738), en cuanto tuteló el derecho de petición de éste, pues no se
acreditaron los requisitos indispensables para que pudiera aceptarse la agencia
oficiosa. CONFIRMAR PARCIALMENTE dicha providencia en cuanto negó el
amparo de los demás derechos invocados
59.- CONFIRMAR la
providencia mediante la cual el Juzgado 2 Penal del Circuito de Barranquilla
(expediente T-130105) inadmitió la demanda de tutela instaurada a nombre propio
por De Alba Padilla Adolfo José.
60.- CONFIRMAR el
fallo proferido por el Juzgado 28 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá
(T-122747), mediante el cual tuteló sólo el derecho de petición de las siguientes
personas:
Pachano
González Alberto Segundo
Herrera
Manuel Segundo
Pacheco
Morales Roberto
Quinto
Gómez César
Sierra
Mora Alfredo Manuel
Machado
Orozco Manuel Guillermo
Narváez
Racidez Carlos Alfonso
Montero
Gómez Justiniano
Julio
Noriega José Antonio
Manjarrés
Hernández Galo Alberto
Martínez
González Humberto
Socarrás
Jaime Segundo
Velásquez
Llanes José del Carmen
Labastidas
Albus Ricardo
Brito
Constante Rafael
Bermúdez
Pardo Julio César
Redondo
Frías Andrés Guillermo
Sánchez
Freile Francisco Javier
Sierra
Rodríguez Julio
Romero
Robles Víctor Ramón
Vásquez
González Julio Enrique
CONFIRMAR dicho
fallo en cuanto negó la protección del derecho de petición por no haberse
probado que se hubiesen radicado las solicitudes
Oviedo
Díaz Tomás
Félix
Daza Luis
Hernández
Pomares Miguel Antonio
Ayala
Muñoz Hernando
Díaztagle
Alarcón Eduardo
Agudelo
Yanez Fernando
REVOCAR PARCIALMENTE
dicho fallo, en cuanto tuteló el derecho a la igualdad de Viloria Carrillo José
Eduardo, Roys Betermín Jesús, Barliza Pardo Julián, Pombo Hernández Donaldo,
Llanes Lopzan Jorge Calixto, Lubo Diago Gilberto Augusto, González Pérez Huges
Antonio y Aquimín Nieto José. En su lugar, DENIEGA la protección a este
derecho.
CONFIRMAR PARCIALMENTE la providencia en mención en cuanto tuteló el derecho de petición a los
demandantes  que se enunciaron en el inciso inmediatamente anterior.
REVOCAR el fallo
del Juzgado 28 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá en el proceso T-122747,
en cuanto tuteló el derecho de petición de Palacio Berrío Esaú (C.C.
2.906.134), pues dicho peticionario incurrió en temeridad (ver expediente
T-114163).
61.- CONFIRMAR el
fallo proferido por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Santa Marta (expediente
T-114163), mediante el cual negó el amparo solicitado por:
Gastelbondo
Gastelbono Julio César
Narvaez
Flórez Víctor Manuel
Loaiza
José de los Santos
Rocha
Bolaño Luis Alberto
Vanegas
Rossette Luis Heriberto
Pelaez
Miranda Esteban Emiro
Cuisman
Murgas Elisaud Enrique
Pallares
Buelvas Pedro Antonio
Padilla
Hernández Enrique Alfonso
Mindiola
Peralta Antonio José
REVOCAR dicha
providencia en cuanto tuteló los derechos a la igualdad y al pago oportuno a
los siguientes demandantes:
Serrano
Ceballos Myriam Luz
González
Medina Orlando
Yañez
Toscano Julio Enrique
Sourdis
Movilla Aristides
Palacio
Berrío Esaú
Guevara
Leotur Jorge Antonio
Utria
Villanueva Antonio José
González
de Jiménez Lorenza María
Serrano
Ceballos Hilda Cecilia
Alvear
Fonseca Fernando José
Hernández
Vives Mayra Beatriz
Suárez
Arregocés Sigifredo
Suárez
de Correa Brígida
En
su lugar, NEGAR  el amparo invocado.
62.- CONFIRMAR la
providencia por la cual el Juzgado 33 Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá
(expediente T-118883) rechazó la demanda de tutela.
63.- REVOCAR el
fallo proferido por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Santa Marta (expediente
T-78898), mediante el cual ordenó reconocer y pagar la indemnización moratoria.
En su lugar, NEGAR la tutela  del derecho a la igualdad y al pago
oportuno. Se tutela solamente el derecho de petición.
64.- CONFIRMAR la
providencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena -Sala
Civil-Familia- (expediente T-70491), mediante la cual cesó el trámite por haber
sido satisfecha la pretensión.
65.- REVOCAR PARCIALMENTE la providencia del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala
Laboral- (expediente T-141574), en cuanto ordenó la inclusión en nómina de
pensionados. CONFIRMAR PARCIALMENTE dicha providencia en cuanto dispuso
la prestación de los servicios médicos.
66.- REVOCAR el
fallo proferido por el Juzgado 8 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá
(expediente T-123999), que concedió el amparo de los derechos de petición e
igualdad. En su lugar, NEGAR la tutela.
67.- CONFIRMAR el
fallo proferido por el Juzgado 3 Penal Municipal de Buenaventura (T-121779),
aclarando que el derecho que se protege es el debido proceso administrativo.
68.- REVOCAR la
providencia del Juez 10 Penal Municipal de Barranquilla (T-79615) por medio de
la cual negó el amparo del derecho de petición a JOSE ANTONIO ESPINOSA QUIÑONES.
En su lugar, tutelar el derecho de petición.
69.- CONFIRMAR el
fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral- (expediente
T-84385), mediante el cual negó el amparo invocado, pues no se aportaron los
poderes.
70.- REVOCAR la
providencia proferida por el Juzgado 10 Penal Municipal de Barranquilla
(Expediente T-79615) por medio de la cual se negó el amparo del derecho de
petición a JOSE ANTONIO ESPINOSA QUIÑONES. En su lugar, tutelar el derecho de
petición del accionante.
71. CONFIRMAR la
providencia de la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal- en el proceso
T-117985.
72.- En relación
con todos aquellos casos en que esta Corte confirmó o dispuso la protección del
derecho de petición, se otorga a FONCOLPUERTOS un plazo de quince (15) días,
contados a partir de la notificación del presente fallo, para que, si ya no lo
hubiere hecho, responda afirmativa o negativamente las solicitudes formuladas
ante sus dependencias, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que a
sus funcionarios se pueda deducir por la vulneración de ese derecho, en la cual
ya incurrieron.
73.- REMITIR una
copia de la presente Sentencia a la Procuraduría General de la Nación para lo
de su cargo.
74. -REMITIR copia
de la presente Sentencia al Consejo Superior de la Judicatura para que, si lo
estima pertinente, investigue las irregularidades que algunos abogados hayan
podido cometer en los procesos sometidos a revisión.
75.- REMITANSE los
originales de los expedientes objeto de análisis y copia de la presente Sentencia
al Fiscal General de la Nación, para que se inicien las investigaciones penales
tendientes a establecer responsabilidades por la posible comisión de delitos en
la iniciación, trámite y decisión de los procesos adelantados.
76.- El Fondo de
Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS- cesará, a partir
de la notificación de esta Sentencia, todo pago ordenado judicialmente por la
vía de tutela, en los expedientes examinados, a los accionantes o a sus
apoderados, sin perjuicio de las respuestas que deba dar a las peticiones
respetuosas que le hubieren sido presentadas, en los términos del artículo 23
de la Constitución Política.
Igualmente,
el Fondo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de
este fallo, ejercerá las pertinentes acciones judiciales encaminadas a obtener
el reintegro de las sumas pagadas sin título como consecuencia de los fallos
que se revocan, y las canceladas en exceso por el ejercicio temerario de dos o
más acciones por las mismas personas y en relación con los mismos hechos y
derechos.
El
presente fallo presta mérito ejecutivo para efectuar dichos cobros.
77.- OFICIESE
al Contralor General de la República, para que, con base en la presente
Sentencia, cuya copia se le remitirá, ejerza el control fiscal, en el marco de
sus competencias, sobre el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de
Colombia -FONCOLPUERTOS-, en el asunto examinado.
78.- SURTASE
el trámite previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
En
razón de la investigación penal que deberá iniciarse, se remitirán copias de
los expedientes revisados a los juzgados de origen, pues los originales serán
enviados a la Fiscalía General de la Nación.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA VERGARA         ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado                  Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General