T-461-18
Expediente T-6.455.218
Sentencia
T-461/18
DERECHO A LA EDUCACION DE MENOR CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA-Caso en que a menor se le presta un servicio
de educación distinto al recomendado por el médico tratante en su proceso de
rehabilitación
DERECHO A LA EDUCACION-Naturaleza
DERECHO A LA EDUCACION-Servicio
público con función social
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Instrumentos internacionales
DERECHO A LA EDUCACION-Dimensiones
de contenido prestacional
La
educación comprende cuatro dimensiones de contenido prestacional: i) asequibilidad, ii)
adaptabilidad, iii) aceptabilidad y iv) accesibilidad.
Estas dimensiones fueron desarrolladas por el Comité Intérprete del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), en la
Observación General Número 13, y han sido acogidas como vinculantes por esta
Corte, con fundamento en el bloque de constitucionalidad
DERECHO A LA EDUCACION DE MENOR CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA-Instrumentos nacionales e internacionales para su
protección
DERECHO A LA EDUCACION DEL MENOR
DISCAPACITADO-Enfoque de educación excluyente e inclusiva
EDUCACION ESPECIAL DEL MENOR
DISCAPACITADO-Carácter excepcional
EDUCACION ESPECIAL DEL MENOR
DISCAPACITADO-Subreglas
DERECHO AL DIAGNOSTICO MEDICO Y A LA
VALORACION FAMILIAR-importancia para definir el tipo de educación
pertinente para la discapacidad del menor
DERECHO A LA EDUCACION DEL MENOR
DISCAPACITADO-Participación del menor en la elección del modelo educativo
ASIGNACION DE CUPOS Y TRASLADOS PARA
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL-Reglamentación
ASIGNACION DE CUPOS PARA ESTUDIANTES
CON DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS-Etapas del
proceso
ASIGNACION DE CUPOS PARA ESTUDIANTES
CON DISCAPACIDAD EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS-Actores dentro
del proceso
La
Resolución 07797 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional dispone que la
gestión de la cobertura educativa en las ETC se adelanta por medio de las
etapas de i) planeación, ii) capacidad institucional y
proyección de cupos, iii) solicitud y asignación de cupos
educativos, iv) matrícula y v) auditoría de la ETC. Son
actores, dentro de este proceso, las ETC, los rectores o directores del
establecimiento educativo estatal, el personal administrativo de la ETC o del
establecimiento educativo y los padres de familia o acudientes. Cada uno de
estos actores tiene responsabilidades en las distintas etapas del proceso
ASIGNACION DE CUPOS Y TRASLADOS PARA
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD-Procedimiento
PONDERACION ENTRE LOS NIVELES
RAZONABLES DE SATISFACCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-Naturaleza
La
Constitución prevé un amplio catálogo de derechos, cuya estructura normativa
constituye un mandato de optimización, que exige que la satisfacción del
derecho tenga el nivel más alto posible, en relación con los recursos
disponibles, según las previsiones desarrolladas por el legislador y la
administración. El contenido prestacional de los derechos se caracteriza por su
carácter abierto, en la medida que no está definido cómo o en qué términos se
debe garantizar su prestación. Es más, la Constitución, como regla general, no
determina cuál debe ser el nivel –ya sea mínimo, máximo o
intermedio– de satisfacción de la dimensión prestacional de los derechos.
Tampoco determina qué políticas públicas, programas o acciones concretas deben
implementarse para tal efecto. Esta indeterminación resulta latente al evaluar
cuál debe ser la acción del obligado, a fin de satisfacer el contenido
razonable de la faceta prestacional del derecho, y, en consecuencia, poder
concluir si existe o no una vulneración de un derecho fundamental. Así las
cosas, es pertinente que el juez constitucional utilice una metodología para
resolver casos relacionados con la faceta prestacional de los derechos
fundamentales, que le permita identificar si los niveles de satisfacción
involucrados (el provisto y el pretendido) no resultan
contrarios al nivel de satisfacción que el ordenamiento jurídico ya ha
garantizado para tal derecho
PONDERACION-Concepto y finalidad
PONDERACION A LA FACETA PRESTACIONAL
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-Finalidad
Determinar
cuál debe ser el nivel razonable de satisfacción del derecho, el cual
corresponde al contenido razonable atribuible al mismo. Este puede coincidir, o
no, con i) el nivel de satisfacción pretendido, ii) el nivel de
satisfacción provisto por el obligado, o, de ser el caso, iii) un
nivel de satisfacción distinto. La conclusión a la que se llegue dependerá de
las circunstancias del caso concreto
NIVEL RAZONABLE DE SATISFACCION DE LA
FACETA PRESTACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-Carácter indeterminado
JUICIO DE PONDERACION DE LA FACETA
PRESTACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-Pasos
i)
un análisis interpretativo acerca del contenido de la faceta prestacional del
derecho, y, en consecuencia, del nivel de satisfacción razonable del mismo
–análisis de razonabilidad– y ii) un análisis empírico acerca del modo de
satisfacción –análisis de proporcionalidad–
DERECHO A LA EDUCACION DE MENOR CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA-Orden a la Secretaria de Educación disponer el
traslado de la menor a un colegio donde se imparta educación para niños con
audición normal
Referencia: Expediente T-6839584
Acción de tutela presentada por Adriana Yuleny Carrillo Luque, en
representación de su hija menor de edad Luisa Fernanda Parra Carrillo, en contra
de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.
Magistrado Ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Luis Guillermo
Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, en especial de la prevista por los artículos 241.9 de la Constitución
Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de la sentencia adoptada el 29 de mayo
de 2018 por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, en el marco de
la acción de tutela promovida por Adriana Yuleny Carrillo Luque, en
representación de su hija menor de edad Luisa Fernanda Parra Carrillo, en
contra de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
1. El 9 de abril de 2018, Adriana
Yuleny Carrillo Luque presentó acción de tutela en contra de la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá. Según la accionante, esa entidad vulneró los
derechos fundamentales a la educación y a la vida digna de su hija, Luisa
Fernanda Parra Carrillo, al no autorizar su traslado de la institución
educativa distrital (IED) colegio República Dominicana (colegio especializado
en lenguaje de señas) al Liceo Arkadia Colombia (colegio de niños con audición
normal –normoyentes–[1]).
1.     Hechos
2. Luisa Fernanda Parra Carrillo,
de doce años de edad, padece hipoacusia neurosensorial profunda congénita. Esta
patología consiste en una «alteración estructural del oído interno que
[afecta] los estímulos eléctricos para estimular la corteza auditiva y generar
audición»[2].
En el año 2012, a la menor se le realizó un implante coclear, «el cual es un
dispositivo que es insertado en el oído interno para convertir los estímulos
auditivos en impulsos eléctricos y así generar audición»[3].
3. Actualmente, Luisa Fernanda Parra
Carrillo cursa el grado quinto de primaria, en la IED colegio República
Dominicana, donde recibe educación por medio de lenguaje de señas[4].
Este colegio es un establecimiento público de naturaleza oficial del orden
distrital que presta el servicio educativo de forma directa[5], y
atiende a estudiantes de los niveles de educación preescolar, básica y media[6]. La
institución ofrece «educación bilingüe para estudiantes que les permite
alcanzar el reconocimiento, uso y manejo de la lengua. Así mismo, cuenta con
aula regular con estudiantes con y sin discapacidad auditiva»[7] y
cuenta con siete intérpretes, cuatro docentes de apoyo y una auxiliar de
enfermería[8].
4. El 12 de diciembre de 2017, la
accionante radicó un derecho de petición ante la Secretaría de Educación Distrital
de Bogotá, en el que solicitó que su hija fuera trasladada al Liceo Arkadia
Colombia, el cual funcionaba bajo el convenio 830083000-7 suscrito con esa
entidad. Según explicó, en ese colegio su hija podría acceder al tipo de
enseñanza que requiere para continuar su proceso de rehabilitación, pues interactuaría
con personas sin discapacidad auditiva, lo que le permitiría mejorar su
desarrollo auditivo y verbal. En su petición la accionante señaló que «los
terapistas han insistido en el cambio de plantel educativo y de acuerdo a la
recomendación de sus médicos tratantes el más adecuado es el que estoy
solicitando»[9].
También mencionó que prefiere que su hija reciba el servicio educativo en
el Liceo Arkadia Colombia, porque «ofrece jornada continua que
favorece la educación de la menor»[10].
5. La Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá contestó el derecho de petición, el 20 de
diciembre de 2017. En su respuesta, indicó que no era posible acceder a la
solicitud, pues el Liceo Arkadia Colombia es «de carácter privado y el
servicio educativo a cargo del Estado debe prestarse a través del sistema
educativo oficial, según se prevé entre otras en las leyes 115 de 1994
(artículo 3) y 715 de 2001 (artículo 27 adicionado por el artículo 30 de la Ley
1776 y modificado por el artículo 1 de la Ley 1204 de 2009)»[11].
Explicó, además, que la IED colegio República Dominicana cuenta con los
recursos humanos para garantizar la atención adecuada de Luisa Fernanda Parra
Carrillo. Por lo tanto, sugirió que la menor continuara allí su proceso
educativo, «[a]unado que la(s) discapacidad(es) que presenta (…) se
encuentran identificadas en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) como
déficit cognitivo»[12]
y «los docentes de apoyo a la inclusión de la institución (…) podrán
acompañar los procesos pedagógicos que permitan identificar las necesidades de
apoyo que requiera su hija»[13].
6. El 17 de enero de 2018, la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá suscribió el contrato de prestación
de servicio educativo No. 1028 con el Liceo Arkadia Colombia[14],
cuyo objeto es la prestación de dicho servicio en establecimientos no oficiales
del proyecto de inversión 1049 - Cobertura con Equidad[15].
En este contrato, se acordó que la prestación del servicio educativo se
realizaría en la localidad de Suba, UPZ Tibabuyes, «a través del
establecimiento educativo no oficial Liceo Arkadia Colombia, autorizado en tres
sedes»[16].
7. En concepto del 1 de marzo de
2018, el Dr. José Alberto Prieto Rivera, médico tratante de Luisa Fernanda
Parra Carrillo, indicó que debía recibir estimulación del lenguaje, como parte
de su proceso de rehabilitación. En consecuencia, recomendó que la niña ingresara
a un colegio para estudiantes con audición normal. Según el dictamen médico, se
trata de una «paciente con implante coclear en el momento en terapias de
lenguaje con buena adquisición de lenguaje se dan órdenes de programación y
terapia de rehabilitación. Se indica **paciente debe estar en colegio de
normoyentes*** debido a que su lenguaje debe continuar siendo estimulado»[17].
2.     Pretensiones y fundamentos de la solicitud de tutela[18]
8. La accionante solicita que se le
ordene a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá autorizar el traslado
de su hija, Luisa Fernanda Parra Carrillo, de la IED colegio República
Dominicana al colegio Liceo Arkadia Colombia (sede C), pues la niña requiere
estimulación auditiva como parte de su proceso de rehabilitación, tras el
implante coclear que se le realizó. Además, que como medida preventiva, la
menor sea matriculada en el colegio Liceo Arkadia Colombia (sede C), para
evitar su retraso escolar «y que no se siga vulnerando el derecho fundamental
de educación, e igualdad»[19].
3.     Respuesta de la entidad accionada[20]
9. En escrito presentado el 11 de
abril de 2018, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá solicitó negar el
amparo invocado. Según la accionada, Luisa Fernanda Parra Carrillo cuenta con
su cupo en el sistema educativo oficial, en la IED colegio República Dominicana[21].
En su criterio, si la menor se encontrara desescolarizada, por no existir un
colegio apto para su atención, sí se estaría vulnerando su derecho fundamental
a la educación; sin embargo, agregó, eso no es lo que sucede en este caso. En
ese sentido, explicó la entidad, «es claro que la tutela promovida por la
actora resultaría improcedente en relación con el derecho fundamental del
acceso a la educación, pues insistimos que a la menor se le está garantizando
cupo escolar que, resulta necesario reiterar, es apto para su atención dadas
las condiciones médicas aducidas por la actora»[22].
10. La Secretaría indicó que de
acuerdo con la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, el colegio
en el cual está matriculada Luisa Fernanda Parra Carrillo «cuenta con los
servicios necesarios y adecuados para la atención de la estudiante»[23],
es decir, intérpretes, docentes de apoyo y una auxiliar de enfermería. Estos
profesionales, explicó, atienden a los estudiantes con discapacidad cuando les sea
requerido, según el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) y el Plan de
Mejoramiento Institucional (PMI)[24].
11. En relación con el convenio suscrito
entre la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y el Liceo Arkadia
Colombia, explicó que si bien este existe, «no trae la obligación de la
atención a la población que cuente con la discapacidad de la menor»[25],
razón por la cual no es posible trasladarla de institución educativa. En cambio,
insistió, la IED colegio República Dominicana «cuenta con los servicios
necesarios y adecuados (…) para el apoyo a la estudiante en sus procesos pedagógicos»[26].
12. Finalmente, adujo que las
actuaciones realizadas por esa Secretaría en el marco de sus funciones «tienen
una regulación jurídica previa que no puede omitirse»[27].
Por lo tanto, concluyó que «existen trámites administrativos especiales,
cuyo procedimiento no puede obviarse a través de la interposición de un derecho
de petición o una acción de tutela, como lo pretende la accionante»[28].
4.     Decisiones objeto de revisión[29]
4.1. Sentencia de primera instancia
13. En sentencia de 18 de abril
de 2018, el Juzgado Sesenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá decidió negar el
amparo solicitado. En su criterio, la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá no vulneró el derecho a la educación de Luisa Fernanda Parra Carrillo,
pues la IED colegio República Dominicana, en la cual está matriculada, «cuenta
con los servicios necesarios y adecuados para un adecuado apoyo a la estudiante
en sus procesos pedagógicos, garantizando de esta manera su derecho a la
educación en todo momento, es decir, que a la menor se le está garantizando
cupo escolar apto para su atención»[30].
14. El juez de instancia
citó como precedente la sentencia T-170 de 2003, para sustentar que los
traslados escolares no pueden realizarse de forma mecánica, sino «con
sujeción a criterios que permitan el acceso a la educación en las mejores
condiciones posibles atendidas las circunstancias»[31].
En esa medida, concluyó que la situación de discapacidad auditiva y las
condiciones personales de la menor eran factores que debían ser considerados y
que no justificaban el traslado.
4.2. Impugnación
15. La decisión de primera
instancia fue impugnada por la accionante, el 25 de abril de 2018. En su escrito,
solicitó que el fallo cuestionado fuera remitido al superior jerárquico y que
se protegiera su derecho fundamental de petición «y los demás que considere
que están siendo vulnerados por las acciones y omisiones de la entidad
demandada»[32].
4.3. Sentencia de segunda instancia
16. La decisión de primera
instancia fue confirmada por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de
Bogotá, mediante sentencia del 29 de mayo de 2018. En esta instancia, el juez
concluyó que «la Secretaría de Educación no le está vulnerando el derecho a
la educación a la menor, puesto que le dio un cupo en el colegio República
Dominicana donde se encuentra matriculada, el cual presta el servicio adecuado
de conformidad con la discapacidad que presenta»[33].
17. Así mismo, explicó que en
tanto la educación tiene una doble faceta, como derecho y como servicio
público, corresponde al Estado «regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación de los educandos»[34].
Por lo tanto, consideró que ordenar el traslado de Luisa Fernanda Parra Carrillo
al Liceo Arkadia Colombia implicaría desmejorar sus condiciones, pues este no
cumple con sus requerimientos educativos como estudiante con discapacidad[35].
5.     Actuaciones en sede de revisión
18. El expediente de la
referencia fue escogido para revisión de la Corte Constitucional, mediante Auto
del 13 de julio de 2018, proferido por la Sala de Selección Número Siete[36].
5.1. Pruebas decretadas en sede de revisión
19. Mediante Auto del 14 de
agosto de 2018, el Magistrado Ponente dispuso que, por medio de la Secretaría
General, se recaudaran las siguientes pruebas:
19.1. Al Hospital Universitario
Clínica San Rafael le solicitó: i) explicar, por intermedio del Dr. José
Alberto Prieto Rivera, o el médico que esté tratando a Luisa Fernanda Parra
Carrillo, en qué consiste la condición de hipoacusia neurosensorial y las
implicaciones que tiene el implante coclear en la paciente; ii) detallar
las razones por las cuales, en concepto del médico tratante, la menor debería estudiar
en un colegio de normoyentes y iii) allegar copia de la historia clínica
de la menor, en lo relacionado con las recomendaciones previas al 1 de marzo de
2018 realizadas por el médico tratante dentro del proceso de rehabilitación del
implante coclear.
19.2. A la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá le solicitó: i) enviar copia de la
respuesta al derecho de petición radicado con el número E-2017-217909,
presentado por Adriana Yuleny Carrillo Luque; ii) informar si existe un convenio
entre la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y el Liceo Arkadia
Colombia (sede C), precisando en qué consiste, qué tipo de servicios educativos
se prestan, en qué grados y si allí la menor podría recibir educación para
personas normoyentes; iii) informar en qué consiste el convenio  que
tiene con el colegio República Dominicana, qué tipo de servicios educativos se
prestan, en qué grados y si allí la menor podría recibir educación para personas
normoyentes; finalmente, iv) informar si hay otras instituciones
educativas con las que tenga convenio en la localidad en la cual vive la menor,
y en las que esta pueda recibir educación para personas normoyentes.
19.3. A la accionante, Adriana
Yuleny Carrillo Luque, le solicitó: i) informar las razones por las
cuales, en su concepto, Luisa Fernanda Parra Carrillo debe ser transferida
específicamente al Liceo Arkadia de Colombia (sede C) y ii) allegar
copia de los exámenes y conceptos en los cuales los médicos y terapistas
tratantes hacen recomendaciones para la rehabilitación de la menor, tras el
implante coclear que se le realizó.
5.2. Respuestas y pruebas aportadas en sede de revisión
5.2.1.
Hospital
Universitario Clínica San Rafael
20. El 22 de agosto de 2018, la Secretaría General de
la Corte Constitucional recibió respuesta al oficio OPT-A-2455/2018. En esta
comunicación, el Hospital Universitario Clínica San Rafael resolvió, por medio
de su representante legal, Miguel Ángel Murcia Rodríguez, las preguntas
formuladas por el Magistrado Sustanciador.
20.1. El Dr. José Alberto Prieto, gestor de
Otorrinolaringología del hospital, respondió las preguntas referidas a la
condición de hipoacusia neurosensorial y a las implicaciones del implante
coclear de la menor. Según explicó, esa patología implica «la alteración
estructural del oído interno que alteran los estímulos eléctricos para estimular
la corteza auditiva y generar audición, por lo tanto, estos pacientes son
llevados a rehabilitación auditiva con implante coclear, el cual es un
dispositivo que es insertado en el oído interno para convertir los estímulos
auditivos en impulsos eléctricos y así generar audición»[37]. Además, indicó
que Luisa Fernanda Parra Carrillo «se encuentra con adecuada rehabilitación,
por lo que se debe contar con estimulación constante de la audición para lograr
mejoría del desarrollo audio verbal en colegio de normooyentes (sic)»[38].
20.2. El Hospital también allegó copia de la historia
clínica de Luisa Fernanda Parra Carrillo, en la que consta que tuvo un
reimplante coclear en el año 2012, «por extrusión del primer implante»[39]. Además, que
el 12 de octubre de 2017, el médico tratante describió a la menor como una «paciente
en rehabilitación con implante coclear izquierdo actualmente sin ganancia»[40]. Finalmente,
se encuentra la recomendación del 1 de marzo de 2018, descrita en el párr.7,
en la que el médico tratante señala que la menor debe «estar en colegio de
normoyentes»[41]
y que la paciente se encuentra «en terapias de lenguaje con buena
adquisición del lenguaje»[42].
5.2.2.
Secretaría
de Educación Distrital de Bogotá
21. El 23 de agosto de 2018, la Secretaría General de
la Corte Constitucional recibió respuesta al oficio OPT-A-2456/2018. En esta
comunicación, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá resolvió, por
medio de la subsecretaria de Acceso y Permanencia, Adriana María González
Maxcyclak, las preguntas formuladas por el Magistrado Sustanciador.
21.1.
La funcionaria informó que «a raíz de la insuficiencia que se presenta en el
sector educativo oficial»[43],
las entidades territoriales certificadas pueden «contratar la prestación del
servicio público educativo»[44]
con «personas jurídicas propietarias de establecimientos educativos no
oficiales que cuenten con una reconocida trayectoria e idoneidad en la
prestación del servicio de educación formal»[45].
En consecuencia, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá suscribió
el contrato de prestación de servicios educativos No. 1028 del 17 de enero de
2018 con el Liceo Arkadia Colombia, cuya copia fue aportada al expediente.
21.2. En ese documento consta que
el Liceo Arkadia Colombia presta sus servicios a un grupo de estudiantes ya
definido, pero es posible incorporar estudiantes nuevos, con la autorización
expresa de la Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá[46].
En relación con los estudiantes con discapacidad, consta que «la Secretaría
de Educación del Distrito realizará la asignación de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Nacional 1421 de 2017, la Resolución Distrital 1525 de 2017 y el
esquema técnico de valoraciones pedagógicas establecido por la SED»[47].
Respecto de la cobertura, el contratista atiende «población regular (…)
desde grado 4 a 11 y para población con discapacidad, capacidades y talentos
excepcionales desde grado transición a 11 y aula exclusiva»[48].
Sobre esta última población, agregó que ese plantel atiende a estudiantes
con discapacidad intelectual (DI-Cognitivo) y trastorno del espectro autista (TEA)[49].
21.3. En cuanto a la IED colegio
República Dominicana, expuso que «es un establecimiento educativo de
naturaleza oficial (…) que no tiene convenio alguno para su funcionamiento»[50].
Además, explicó que ese colegio «presta su servicio educativo a los
niños, niñas y jóvenes en el marco de la educación inclusiva para los niveles
de preescolar, básica y media»[51].
21.4. Respecto del tipo de
educación que la menor puede recibir en cada una de estas instituciones
educativas, contestó que «tanto el establecimiento educativo no oficial
Liceo Arkadia de Colombia como la institución educativa oficial República
Dominicana, pueden responder al proceso pedagógico de la niña en sus condiciones
actuales, teniendo en cuenta que son establecimientos educativos que acogen la
política de educación inclusiva en el marco de lo dispuesto en el Decreto
Nacional 1421 de 2017 y la Directiva Ministerial No. 04 del 31 de julio de
2018, en especial lo concerniente a los Planes Individuales de Apoyos y Ajustes
Razonables (PIAR)»[52].
21.5. A pesar de lo anterior, la Dirección
de Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá recomendó que la
menor adelantara su proceso educativo en la IED colegio República Dominicana, «teniendo
en cuenta que es un establecimiento educativo que acoge la política de
educación inclusiva»[53]
y que desarrolla la educación bilingüe en las condiciones descritas en el
párr. 3.
21.6. La subsecretaria también informó
que el contrato de prestación de servicios educativos entre la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá y el Liceo Arkadia Colombia finaliza el 7 de
diciembre de 2018. Según indicó, «la vigencia del banco de oferentes es de
tres años, esto implica que el Distrito deba adelantar un nuevo proceso en la
presente vigencia», por lo que «la continuidad del contratista [Liceo
Arkadia Colombia] depende de los resultados que obtenga »[54].
21.7.
Así mismo, allegó copia simple de la comunicación S-2017208614, a través de la
cual se dio respuesta al derecho de petición presentado por Adriana Yuleny
Luque Carrillo[55],
en los términos descritos en el párr. 5.
21.8.
En la comunicación enviada a esta Corte por la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá, no se informó si en la localidad en la cual reside Luisa
Fernanda Parra Carrillo existen otras instituciones que puedan prestarle el
tipo de educación requerido por ella según la recomendación de su médico
tratante.
5.2.3.
Adriana
Yuleny Carrillo Luque
22.
La Secretaría General de esta Corte no recibió respuesta a las solicitudes
realizadas a la accionante, según consta en informe secretarial de fecha 3 de
septiembre de 2018[56].
Por tanto, la accionante no ofreció ninguna justificación acerca de por qué
preferiría que su hija fuera transferida al Liceo Arkadia Colombia.
II. CONSIDERACIONES
1.     Competencia
23.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de
conformidad con lo previsto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política, por los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en virtud del
auto del 13 de julio de 2018 expedido
por la Sala de Selección Número Siete, que decidió seleccionar el presente
asunto para su revisión.
2.     Problema jurídico
24. De conformidad con los antecedentes, la Sala Primera de
Revisión encuentra que el caso sub examine versa sobre la dimensión de
adaptabilidad del derecho a la educación de Luisa Fernanda Parra Carrillo,
quien es una menor de edad en condición de discapacidad auditiva. En efecto, el
caso plantea una discusión acerca del tipo de educación que la menor debe
recibir. Esto bajo el entendido de que, según prescripción médica, la menor debería
estar estudiando en un colegio para niños con audición normal, y no en una institución
en la que reciba educación mediante lenguaje de señas. En consecuencia, la
accionante pretende un nivel de satisfacción del derecho diferente al que la
entidad accionada le ofrece actualmente.
25. Así las cosas, la Sala debe determinar cuál es el nivel
razonable de satisfacción de los derechos fundamentales cuyo amparo
solicita la accionante, por parte de la entidad demandada. Por lo tanto, le
corresponde pronunciarse sobre el siguiente problema jurídico:
26. ¿En el caso sub examine, la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá amenaza o vulnera el derecho fundamental a la educación de Luisa
Fernanda Parra Carrillo, en su componente de adaptabilidad, al prestarle un
tipo de educación distinto al recomendado por su médico tratante como parte de
su proceso de rehabilitación?
27. Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala utilizará
la siguiente metodología: i) examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela y los aplicará al caso concreto,
ii) se pronunciará sobre el derecho a la educación de los menores con
discapacidad auditiva, iii) se referirá a la metodología de la
ponderación en relación con los niveles de satisfacción de los derechos
fundamentales y iv) resolverá el caso concreto.
3.     Procedibilidad de la tutela
28. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política,
toda persona puede ejercer la acción de tutela «mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre», para
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de particulares. La acción de tutela resulta procedente
cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y
eficaz para la protección de sus derechos, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable.
29. En esta medida, antes de pronunciarse de fondo sobre el caso
concreto, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, a saber: i) legitimación
en la causa por activa y por pasiva, ii) inmediatez y iii) subsidiariedad.
3.1.  Legitimación en la causa
30. El artículo 86 de la Constitución prevé que
toda persona puede ejercer la acción de tutela a fin de lograr la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. En este sentido, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991[57]
dispone que la acción de tutela puede ser ejercida «por cualquier persona
vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales», quien
podrá actuar por sí misma, mediante representante o apoderado judicial, agente
oficioso, el Defensor del Pueblo o los personeros municipales. Este requisito
de procedencia tiene por finalidad garantizar que quien interponga la acción
tenga un «interés
directo y particular»[58]
respecto de las pretensiones incoadas, de manera que el juez constitucional
pueda verificar que «lo reclamado es la protección de un derecho fundamental del propio
demandante y no de otro»[59]. A su vez, esta
acción debe ser ejercida en contra del sujeto responsable de la presunta
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, sea este una autoridad
pública o un particular.
31. La Corte Constitucional ha señalado que el artículo 44
superior habilita a cualquier persona para exigir a las autoridades la
asistencia y protección de los niños, pues una interpretación contraria «limitaría
los medios jurídicos instituidos para la defensa de sus derechos, en detrimento
de su necesidad de recibir una protección especial»[60]. Así mismo, en la
Sentencia SU-696 de 2015, indicó que «en el caso de los menores de edad, que
claramente no están en condiciones
de promover su propia defensa, (…) no se requiere darle aplicación al rigorismo
procesal que se le exige a un tercero para que pueda interponer la tutela como
agente oficioso de otra persona». Concretamente,
dicha sentencia precisó que «[e]n aras de proteger los derechos fundamentales de
los niños, niñas o adolescentes, sus familiares, en especial sus padres, pueden
interponer acciones de tutela para asegurar el respeto de los mismos frente a
las acciones de las autoridades».
32. En el presente caso, Adriana Yuleny Carrillo Luque presentó la
acción de tutela en nombre de su hija menor de edad Luisa Fernanda Parra
Carrillo, quien no tiene la capacidad para representar sus propios intereses. En
esa medida, esta Sala considera satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por activa.
33. En cuanto a la legitimación
en la causa por pasiva, la Corte ha expuesto que
esta «hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser
efectivamente la llamada a responder por la afectación del derecho fundamental»[61]. El artículo 5º del
Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela procede contra toda acción
u omisión de una autoridad pública que vulnere o amenace vulnerar derechos
fundamentales.
34. En este caso, la acción se
dirige en contra de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, que, como
máxima autoridad en materia de educación del distrito capital, tiene a su cargo
la administración del servicio educativo. Esa entidad, mediante comunicación
del 20 de diciembre de 2017, negó el traslado de Luisa Fernanda Parra Carrillo
al Liceo Arkadia Colombia. La accionante considera que esa respuesta negativa vulneró
los derechos a la vida digna y a la educación de su hija. En ese orden de
ideas, esta Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva.
3.2. Inmediatez
35. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de
tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del
hecho que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. El
requisito de la inmediatez tiene por finalidad preservar la naturaleza de la
acción de tutela, concebida como «un remedio de aplicación urgente que
demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados»[62].
36. En el caso de referencia, la
accionante interpuso la tutela el 9 de abril de 2018, esto es, aproximadamente cuatro
meses después de recibir la respuesta negativa al traslado de colegio de su
hija por parte de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Si bien dicho
término se considera razonable, cabe resaltar que la supuesta amenaza a los
derechos fundamentales de la menor es actual, dado que Luisa Fernanda Parra
Carrillo continúa acudiendo a la IED colegio República Dominicana, donde recibe
educación en lenguaje de señas. En consecuencia, esta Sala encuentra verificada
la inmediatez en el ejercicio de la acción de tutela.
3.3.  Subsidiariedad
37. La acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo para la protección de sus
derechos fundamentales o cuando, en caso de que exista, la tutela se ejerza
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[63].
El carácter subsidiario de esta acción «impone al
interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha
los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para
la protección de sus derechos fundamentales (…) y sólo ante
la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la
acción de amparo constitucional»[64].
38. No obstante, la Corte ha advertido que el estudio de la
subsidiariedad de la acción de tutela no consiste en una mera verificación
formal de la existencia de otros mecanismos judiciales o administrativos[65].
Por el contrario, le corresponde al juez constitucional analizar la situación
particular y concreta del accionante, a fin de comprobar si aquellos resultan
eficaces y adecuados para la protección de sus derechos fundamentales[66].
Así, cuando el afectado por la presunta violación es un niño, niña o adolescente,
«el análisis del cumplimiento
del requisito de subsidiariedad es menos riguroso, debido al interés superior
de los menores de edad, garantizado por el artículo 44 de la Constitución»[67].
39. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que se cumple
el requisito de subsidiariedad, por cinco razones que se explican a
continuación.
39.1. Primero, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando «quien exige la
prestación del derecho a la educación es una persona con limitación física,
protegido especialmente por la Constitución producto de una lectura sistemática
de los artículos 13 y 68»[68].
En el caso sub examine, Luisa Fernanda Parra Carrillo i) padece
de hipoacusia neurosensorial profunda congénita, que le impide escuchar con normalidad, y ii) la acción de
tutela se presentó para solicitar la protección de su derecho a la educación.
39.2. Segundo, la jurisprudencia de esta Corte también ha reconocido
la procedencia de la acción de tutela cuando a las personas en situación de
discapacidad se les «niega un trato especial que les permita acceder a
bienes, servicios o beneficios, y ese trato especial es posible mediante
adaptaciones razonables»[69]. En este sentido,
la accionante solicita que su hija sea trasladada a un colegio para niños con
audición normal, con el fin de avanzar en su proceso de rehabilitación
auditiva.
39.3. Tercero, esta pretensión no se dirige a exigir el cumplimiento
de normas de carácter general y abstracto, ni a cuestionar su legalidad. De
hecho, está relacionada con el deber del Estado de «desarrollar políticas
específicas en materia educativa (…) que permitan [la] rehabilitación e
integración social»[70]
de las personas en situación de discapacidad. En este sentido, la accionante cuestiona
la idoneidad del servicio educativo que actualmente se le presta a su hija, pues,
debido al implante coclear que se le realizó, la atención que requiere la menor
para su proceso de rehabilitación cambió.
39.4. Cuarto, esta pretensión, en particular, tiene una clara
incidencia en los derechos fundamentales de la menor, esto es, se trata de una
pretensión de amparo de carácter personal. En efecto, la accionante solicita que
se consideren las necesidades y requerimientos individuales de su hija, para la
protección de su derecho fundamental a la educación.
39.5. Quinto, no existe otro mecanismo judicial distinto a la tutela
que proteja el derecho fundamental a la educación de la menor.
40. Con base en las razones
expuestas en los párrafos precedentes, la Sala observa que en el presente caso están
acreditados los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela.
4.     La protección del derecho a la educación de los menores
con discapacidad auditiva
41. El asunto sub examine versa sobre la protección de las personas en
situación de discapacidad, y en particular sobre la idoneidad de la oferta
educativa para los menores de edad en proceso de rehabilitación auditiva. Por
esta razón, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: i) la naturaleza
y el contenido del derecho fundamental a la educación, ii) el derecho a
la educación de los menores de edad en situación de discapacidad auditiva y iii)
la asignación de cupos para estas personas en el sistema educativo oficial.
4.1.  Naturaleza y contenido del derecho a la educación
42. El artículo 67 de la
Constitución Política prevé que la educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social. También dispone que el Estado
tiene ciertas responsabilidades en lo relacionado con la protección de este
derecho, como regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación, para asegurar su calidad y el cumplimiento de sus fines. Otra
responsabilidad en cabeza del Estado es asegurarles a los menores de edad las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo, en armonía con
el artículo 44 superior, pues «la educación es un derecho fundamental para
todos los menores de 18 años»[71].
43. En la medida en que la
educación es un derecho y un servicio público, la Corte Constitucional en sus
pronunciamientos se ha referido a esa doble faceta. Así, ha dicho que, como
servicio público, la educación «exige del Estado unas actuaciones concretas,
relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los
habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de
universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población
económicamente vulnerable»[72].
44. En línea con lo anterior, las
entidades públicas de los órdenes nacional y territorial deben garantizar «el
cubrimiento adecuado de los servicios de educación y asegurar a los niños y
niñas las condiciones de acceso»[73].
En consecuencia, los departamentos, distritos y municipios, como entidades del
orden territorial, están obligados a dirigir, planificar y prestar el servicio
educativo en los niveles de educación preescolar, básica y media, con
eficiencia y calidad[74].
45. Ahora bien, como derecho, se
entiende que la educación es uno de los fines esenciales más importantes del
Estado colombiano. Lo anterior bajo la premisa de que con la educación se
promueve el crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
así como la convivencia en sociedad[75].
Incluso, la Corte Constitucional ha indicado que es un derecho fundamental «no sólo de
los niños y las niñas, sino de todas las personas»[76], a
pesar de que no se encuentra expresamente previsto como tal en la Constitución
Política.
46. Por otra parte, la educación
comprende cuatro dimensiones de contenido prestacional: i) asequibilidad,
ii) adaptabilidad, iii) aceptabilidad y iv) accesibilidad.
Estas dimensiones fueron desarrolladas por el Comité Intérprete del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), en la
Observación General Número 13[77],
y han sido acogidas como vinculantes por esta Corte, con fundamento en el
bloque de constitucionalidad[78].
47. La asequibilidad o
disponibilidad del servicio hace referencia «a la obligación del Estado de
crear y financiar suficientes instituciones educativas para ponerlas a
disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema»[79].
La aceptabilidad hace alusión «a la calidad de la educación que debe impartirse»[80],
lo que supone que la forma y el fondo del sistema de educación sean
pertinentes, adecuados en términos culturales y de buena calidad. La
accesibilidad, por su parte, «implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos
en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de
discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el
punto de vista geográfico y económico»[81].
48. El componente de
adaptabilidad, de especial interés en el asunto sub examine, implica que
la educación debe ajustarse a «las necesidades de los alumnos en contextos
culturales y sociales variados y garantizar la continuidad en la prestación del
servicio[82]».
Esto significa que no son los estudiantes los llamados a adaptarse a las
características del servicio educativo, sino este último, a las necesidades de
los estudiantes. Es decir que las instituciones deben «generar estrategias,
métodos y acciones necesarias hacia la garantía de la permanencia y la no
deserción en la escuela»[83].
Por ejemplo, se deben considerar los requerimientos específicos para las personas
con discapacidad[84],
los grupos étnicos[85],
las mujeres en estado de embarazo[86]
y los estudiantes en zonas rurales, entre otros.
49. La Corte Constitucional también
ha encontrado que «en atención al contenido de adaptabilidad (…) todas las
escuelas privadas o estatales e instituciones que presten el servicio público [de
educación] deben tener en cuenta el principio del interés
superior de los niños y garantizar que la pedagogía impartida sea compatible
con su dignidad. Lo anterior, con el fin de satisfacer las necesidades de las
sociedades y comunidades particulares (rurales o urbanas) teniendo en cuenta
sus circunstancias culturales, sociales y económicas»[87].
4.2.  El derecho a la educación de los menores de edad en
condición de discapacidad auditiva
50. Según el artículo 47 de la
Constitución, el Estado tiene la obligación de adelantar políticas de
previsión, rehabilitación e integración para las personas en condición de
discapacidad. Estas políticas, en virtud del artículo 13 de la Constitución, deben
traducirse en acciones afirmativas, esto es, en
medidas «que se dirigen a lograr una igualdad real dentro de un contexto
donde una persona o comunidad vulnerable no puede ejercer un derecho
fundamental en las mismas condiciones de las demás personas»[88].
Tales medidas tienen una relevancia mayor, cuando los que solicitan la
protección son menores de edad, pues sus derechos son prevalentes, según el
artículo 44 superior.
51. Ahora bien, para que el
derecho a la educación se satisfaga en condiciones de igualdad, es necesario
que todos los actores del sistema, es decir, padres de familia o acudientes,
prestadores del servicio educativo, comunidad educativa, docentes y sociedad en
general (art. 67 y 68 C.P.), concurran en su protección. En ese sentido, existe
una «obligación de protección correlativa
entre, las autoridades estatales encargadas de dirigir y ejecutar políticas
educativas, los padres y la comunidad»[89].
52. El derecho a la educación de
las personas con discapacidad ha sido reconocido por el ordenamiento jurídico
colombiano, por medio de instrumentos de derecho nacional e internacional,
entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)[90];
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC)[91];
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)[92];
la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra Personas con Discapacidad (CIADDIS)[93]
y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)[94].
53. Estos instrumentos coinciden
en que los Estados son responsables de tomar las medidas necesarias para lograr
la inclusión educativa de los menores con discapacidad. Por ejemplo, según el
artículo 24 de la DUDH, los Estados partes asegurarán que «[l]as personas
con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden
excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza
secundaria».
54.
Por su parte, la CDPD dispone, en su artículo
7, que los Estados deben tomar las medidas «necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con
discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas». Esta convención también fija
un patrón interpretativo importante según el cual «[e]n todas las
actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una
consideración primordial será la protección del interés superior del niño».
55. En el ordenamiento jurídico
nacional, la Ley 115 de 1994[95]
(Ley General de Educación) indica, en el artículo 69, que la educación de las
personas con discapacidad «es parte integrante del servicio educativo» y
que «comprende la educación formal, no formal e informal y requiere métodos
didácticos, contenidos y procesos pedagógicos acordes con la situación de los
educandos».
56. En lo relacionado con la
población con discapacidades auditivas[96],
el Decreto 2369 de 1997 regula de forma específica este tipo de atención. Según
el artículo 2 de esta norma[97],
existen tres principios que deben fundamentar la atención educativa para las
personas con discapacidad auditiva. El primero es el de igualdad de
participación, según el cual «se reconocen los derechos, necesidades y
posibilidades de participación en la vida social, política, económica (…)».
El segundo es el de autonomía lingüística, según el cual «las personas con
limitaciones auditivas desarrollan habilidades comunicativas mediante
tecnologías apropiadas y el uso del lenguaje de señas como lengua natural».
En tercer lugar, está el principio de desarrollo integral, a partir del cual «se
hace pleno reconocimiento de las posibilidades para desarrollar sus capacidades,
habilidades e intereses». En consecuencia, se reconoce la plena facultad de
la población con discapacidad auditiva para diseñar un proyecto de vida
independiente, y se constituyen sus libertades y posibilidades como los ejes
orientadores de la acción pública dirigida a esta población.
57. Por otra parte, la Ley 361 de
1997, que prevé mecanismos de integración social para las personas en situación
de discapacidad, prescribe que el Estado garantizará que la formación educativa
para las personas con discapacidad sea integral, y que se realice «dentro del ambiente más
apropiado a sus necesidades especiales»[98].
58. Así mismo, el artículo 2 del Decreto 366 de 2009 del Ministerio
de Educación Nacional indica que la pertinencia en la prestación del servicio
educativo «radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera
para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen
plenamente»[99].
Además, se refiere a la obligación que tienen las secretarías de educación de «determinar, con la instancia o
institución que la entidad territorial defina, la condición de discapacidad o
capacidad o talento excepcional del estudiante que lo requiera, mediante una
evaluación psicopedagógica y una caracterización interdisciplinaria»[100].
59. De igual manera, la Ley 1618 de 2013, que contiene las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, advierte que la atención educativa de la población
con discapacidad debe fomentar el acceso y la permanencia educativa con calidad,
«bajo un enfoque basado en la inclusión».
60. Por su parte, el Decreto 1421
de 2017, que reglamentó la Ley 1618 de 2013 en relación con la oferta educativa
para las personas con discapacidad, dispone que «la entidad territorial[101]
asesorará a las familias y a estos estudiantes para optar por la oferta general
(…) o ii) por una modalidad bilingüe bicultural[102]»[103].
En la oferta general, el estudiante ingresa a un aula regular, con la
posibilidad de contar con apoyos determinados, excepto el intérprete de lengua
de señas o el modelo lingüístico. En la oferta bilingüe-bicultural, la
educación se ofrece en aulas paralelas que fortalezcan la consolidación de la
lengua y de la comunidad.
61. En conclusión, el derecho a la educación no se satisface
plenamente, a menos que se tengan en cuenta las condiciones particulares del
menor. Además, las discapacidades cubren un espectro amplio de limitaciones,
por lo que el derecho positivo ha diseñado ajustes específicos y pertinentes
para ciertas discapacidades, como las auditivas, que buscan asegurar el interés
superior del menor de edad sobre los demás factores que inciden en la
prestación del servicio educativo.
4.2.1.
La
educación especial para menores de edad con discapacidad debe ser la excepción
62. La educación para menores de
edad con discapacidad ha seguido dos tendencias: la excluyente y la inclusiva[104].
La excluyente sugiere que el derecho a la educación se haga efectivo mediante
la vinculación de los menores a centros donde puedan recibir una educación
especial, de acuerdo con su situación de discapacidad. Por su parte, la
inclusiva busca que «concurran en el aula estudiantes con capacidades
diferentes para aprender y acceder al conocimiento. [Esta tendencia] [p]arte de
la idea de que los educandos no pueden ser apartados de los demás en razón de
sus características personales, muchas de las cuales tradicionalmente han sido
catalogadas y percibidas como limitaciones individuales»[105].
63. En
esa medida, ha advertido que el Estado debe hacer «ajustes razonables[106]
para que cada persona, desde su individualidad diversa, esté en condiciones de
igualdad real y efectiva frente a sus compañeros»[107].
La jurisprudencia constitucional ha dicho que estos ajustes «se deben estructurar a partir de la estimación
profesional de las necesidades individuales de aprendizaje e interacción
social, de forma que se garanticen apoyos personalizados o en grupos, como sea
necesario para el proceso de formación»[108].
64.
El enfoque de educación inclusiva también se relaciona con la concepción que la
Constitución Política tiene respecto de la discapacidad, pues la entiende como
una barrera social, y no como un problema del individuo. Esto significa que
corresponde al Estado «establecer medidas de adecuación razonable»[109],
sin embargo, estas no pueden ser genéricas, sino particulares, efectivas y
pertinentes para que las personas «puedan lograr y mantener la máxima
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y
participación plena en todos los aspectos de la vida»[110].
65. La adopción de la tendencia educativa inclusiva conlleva
favorecer la educación en aulas regulares sobre la educación en aulas
especiales. En este sentido, la Corte Constitucional ha consolidado una línea
jurisprudencial,[111]
desde la Sentencia T-429 de1992, que ha precisado el alcance de la
educación especial. En esa sentencia, concluyó que la educación especial debe ser un «recurso extremo para aquellas
situaciones que, previa evaluación científica en la cual intervendrán no sólo
los expertos sino miembros de la institución educativa y familiares del niño
con necesidades especiales, se concluya que es la única posibilidad de hacer
efectivo su derecho a la educación».
66. La jurisprudencia constitucional también ha dispuesto que las
medidas de integración deben darse de manera pacífica y coordinada entre toda
la comunidad educativa, para no perturbar el proceso del sujeto de especial
protección[112].
En ese sentido, indicó que «los lineamientos bajo los cuales debe desarrollarse la adaptación de las
personas con alguna discapacidad o talento especial, debe hacerse en
coordinación con toda la comunidad educativa, a fin de evitar que estas
situaciones en vez de generar una adaptación adecuada, conlleven a una
discriminación o perturbación en el proceso de aprendizaje tanto para el sujeto
especial como para los demás miembros de la comunidad, brindando un adecuado
acompañamiento en la totalidad del proceso de adaptación»[113].
4.2.2.
El
derecho al diagnóstico médico y a la valoración familiar para definir el tipo
de educación más pertinente
67. Como se indicó en los párrafos precedentes, esta
Corte ha favorecido desde sus primeros pronunciamientos la educación regular
sobre la especial. De esta manera, ha desarrollado subreglas para orientar al
juez de tutela respecto de la procedencia de la educación especial en un caso
concreto.
68. En la Sentencia T-620 de
1999, se estudió el caso de un menor con discapacidad al que se le negó el
ingreso a un colegio oficial por no tener la edad mental requerida. En esa
ocasión, la Corte encontró que el menor tenía una discapacidad certificada por
una valoración sicológica y que, por lo tanto, requería educación
especializada. Con base en este caso y la jurisprudencia precedente, se
consolidaron las siguientes subreglas, para orientar la decisión del juez de
tutela:
«a) La acción de tutela es un mecanismo
judicial idóneo para la protección del derecho a la educación de los menores
discapacitados.
b) La educación especial se concibe como un
recurso extremo, esto es, se ordenará a través de la acción de tutela sólo
cuando valoraciones médicas, psicológicas y familiares la consideren como la
mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación del menor.
c) Si está probada la necesidad de una
educación especial, esta no puede ser la excusa para negar el acceso al
servicio público educativo.
d) En caso de que existan centros educativos
especializados y que el menor requiera ese tipo de instrucción, ésta no sólo se
preferirá sino que se ordenará.
e) Ante la imposibilidad de brindar una
educación especializada, se ordenará la prestación del servicio público
convencional, hasta tanto la familia, la sociedad y el Estado puedan brindar
una mejor opción educativa al menor discapacitado».
69. Así mismo, la Corte ha señalado que «una regla básica en
materia de la ejecución concreta de las políticas de integración (…) es la de
la necesidad de un diagnóstico científico sobre la dimensión de las
limitaciones, y sobre la aconsejabilidad de la integración»[114]. Con ello, se
busca evitar que personas que puedan recibir educación en aulas regulares sean
incorporadas a aulas especiales, o que les nieguen los servicios especiales cuando
los requieren. Por lo tanto, «el derecho a un diagnóstico apropiado de las
personas con limitaciones, previo a la vinculación formal al sistema ordinario
de educación, constituye no sólo uno de los elementos integrantes del derecho
fundamental a la educación de dichas personas sino, además, un aspecto que debe
ser tomado en cuenta en la orden que será impartida, con el fin de que el
remedio judicial sea adecuado»[115].
70. Algunos casos en los cuales la Corte ha aplicado las subreglas
precedentes dan cuenta de que no existen fórmulas generales para decidir el
modelo de educación más pertinente para cada individuo. Por ejemplo, en la sentencia
T-440 de 2004, que evaluó la integración de aproximadamente 350 estudiantes con
discapacidad en Cali, recordó que esta acción debe estar mediada por un estudio
individual de caso. En esta sentencia ordenó que «en todos los casos, la integración a las instituciones
educativas regulares deberá contemplar una evaluación psicopedagógica y un
diagnóstico interdisciplinario, en los términos del parágrafo del artículo 3º
de la Resolución 2565 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, que define
los parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la
población con necesidades educativas especiales».
71. Otro precedente relevante es el de la Sentencia T-694 de 2011,
en el cual una menor diagnosticada con hipoacusia neurosensorial congénita
profunda bilateral, sin desarrollo del lenguaje y sin posibilidades actuales de
restauración auditiva, estaba matriculada en una institución para menores con síndrome
de Down, a pesar de requerir un profesor de «lengua de señas y lectura labio
facial». La Corte resolvió que la entidad accionada vulneró los derechos de
la menor, pues la educación especial que recibía (para menores con síndrome de
Down) no era pertinente para la discapacidad que esta presentaba (auditiva).
72. Es importante resaltar que, como se mencionó en el párr. 66,
la comunidad educativa y la familia deben trabajar de forma coordinada para
encontrar la mejor alternativa para el menor. Esto significa que el dictamen
médico deberá ser contrastado y complementado con las valoraciones familiares[116],
de tal manera que se logre una visión integral del mejor remedio judicial para
el menor con discapacidad.
73. En conclusión, la jurisprudencia y la normativa nacional e
internacional coinciden en que la integración en aulas regulares debe ser la
regla general en materia de educación para los menores con discapacidad, con la
posibilidad de adoptar ajustes razonables. Sin embargo, se insiste, no se deben
promover las decisiones en abstracto, sino considerar las particularidades de
cada sujeto. Ciertamente, la decisión sobre el mejor modelo educativo debe
basarse en información técnica y actual sobre las limitaciones y las posibilidades
del menor con discapacidad.
4.2.3.
La
participación del menor de edad en condición de discapacidad en la elección del
modelo educativo
74. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la
educación es un presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos, como la
libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad
y la igualdad. A su vez, ha indicado que el derecho a la educación es
fundamental, en tanto resulta «necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida
concreto y la posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel
activo en ella»[117].
75. La Corte también ha dicho que
el derecho a la educación se relaciona con la dignidad humana. Esta, por su
parte, está vinculada con tres ámbitos de la persona natural: la autonomía
individual (vivir como quiera), las condiciones de vida cualificadas (vivir bien)
y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (vivir sin humillaciones). La
autonomía individual se materializa «en la posibilidad de elegir un proyecto
de vida y de determinarse según esa elección»[118].
76. Respecto a la autonomía de los individuos con discapacidad, la
jurisprudencia ha señalado que cada ser humano tiene características
diferenciales que no lo condicionan de forma definitiva. Por esa razón, «el
papel del Estado es generar la protección adecuada y suficiente de [los] derechos,
con el enfoque diferencial requerido, para que todos puedan tener la
posibilidad de desarrollar su proyecto de vida, porque el funcionamiento de los
órganos no es lo que define a un ser humano»[119].
Así, para que los menores con discapacidad, como titulares de intereses
constitucionales prevalentes, ejerzan sus derechos con autonomía «es
determinante el hecho que las elecciones relativas a la adscripción dentro de
un modelo de integración o de atención especializada [analicen] suficientemente
las condiciones de cada persona en particular»[120].
Este análisis debe incluir, naturalmente, al titular del derecho, es decir, al menor con
discapacidad.
77. Si bien el menor tiene limitada su capacidad de actuar, por no
haber cumplido la mayoría de edad, la Corte Constitucional ha señalado que «a mayores capacidades intelecto-volitivas, menor será
la legitimidad de las medidas de intervención sobre las decisiones adoptadas
con base en aquéllas»[121]. Además, su opinión deberá ser tenida en cuenta «en el marco de
cualquier acción judicial o administrativa»[122] y « en
función de su edad y de su grado de madurez, esta última (…) asociada al
entorno familiar, social y cultural en que el niño se desenvuelve»[123]. Estos procesos de consulta y
participación se deben evacuar en el marco de las disposiciones normativas
referidas con anterioridad, particularmente de los decretos 366 de 2009 y 1421 de 2017.
4.3. La asignación de cupos y el traslado de estudiantes con
discapacidad auditiva en el sistema educativo oficial
78. De conformidad con la Ley 715
de 2001, las entidades territoriales certificadas[124]
(ETC) dirigen, planifican y prestan el servicio educativo en los niveles de educación
preescolar, básica y media, en sus distintas modalidades. En línea con esta
competencia, el artículo 3 de la Resolución 2565 de 2003 del Ministerio de
Educación Nacional dispone que «cada entidad territorial organizará su
oferta educativa para las poblaciones con necesidades educativas especiales por
su condición de discapacidad». Además, «para ello, tendrá en cuenta la
demanda, las condiciones particulares de la población, las características de
la entidad y el interés de los establecimientos educativos de prestar el
servicio».
79. En el mismo sentido, según el
Decreto 366 de 2009, cada ETC, por medio de su secretaría de educación,
«organizará la oferta para la población con discapacidad o con talentos
excepcionales»[125].
Esta actividad se realiza de conformidad con la Resolución 07797 de 2015 del
Ministerio de Educación, y con base en los análisis de oferta, demanda,
suficiencia e insuficiencia para la prestación del servicio educativo oficial
definidos en el Decreto 1075 de 2015.
80. La Resolución 07797 de 2015
también dispone, en su artículo 4, que las ETC, en concurrencia con los demás
actores del sistema educativo, planean, proyectan y asignan los cupos. La
resolución incorpora criterios de priorización para esa asignación, de manera
que se garantice «el derecho a la educación de la población en edad escolar,
en condiciones de equidad, eficiencia y calidad». Por ejemplo, según el
artículo 10, uno de los criterios para priorizar la asignación de cupos a
estudiantes nuevos es la existencia de discapacidades o de talentos
excepcionales.
81. Finalmente, el Decreto 1421
de 2017, que reglamentó la Ley 1618 de 2013, indica que, para garantizar la
pertinencia y calidad del servicio, las ETC organizarán «la oferta educativa
que responda a las características de las personas con discapacidad
identificadas en su territorio». Al respecto, el decreto dispone que son
las secretarías de educación, o la entidad que haga sus veces a nivel
territorial, las que gestionan y ejecutan la política de educación inclusiva.
En consecuencia, a estas entidades les corresponde «definir la estrategia de
atención educativa territorial para estudiantes con discapacidad y su plan
progresivo de implementación (…) así como la distribución de recursos asignados
por matrícula de estudiantes con discapacidad (…)»[126].
4.3.1.
El
proceso de asignación de cupos y traslados educativos en las ETC
82. La Resolución 07797 de 2015
del Ministerio de Educación Nacional dispone que la gestión de la cobertura
educativa en las ETC se adelanta por medio de las etapas de i)
planeación, ii) capacidad institucional y proyección de cupos, iii)
solicitud y asignación de cupos educativos, iv) matrícula y v)
auditoría de la ETC[127].
Son actores, dentro de este proceso, las ETC, los rectores o directores del
establecimiento educativo estatal, el personal administrativo de la ETC o del
establecimiento educativo y los padres de familia o acudientes[128].
Cada uno de estos actores tiene responsabilidades en las distintas etapas del
proceso.
83. La etapa de planeación tiene
como objetivo «el análisis de los requerimientos e instrumentos de
recolección de la información y la definición de la metodología necesaria para
desarrollar el proceso de gestión de cobertura en cada establecimiento
educativo estatal»[129].
El producto de esta etapa es un acto administrativo donde la ETC «define
las directrices, criterios, procedimientos y cronograma, para la organización y
gestión de cobertura del servicio educativo estatal»[130].
84. La etapa de capacidad
institucional y proyección de cupos busca, entre otros objetivos, «[p]royectar
el número de cupos disponibles en cada establecimiento educativo estatal de la
jurisdicción de cada ETC, garantizando la continuidad de estudiantes activos y
la atención e inclusión de la población por atender»[131].
Durante esta etapa, se define la capacidad en infraestructura, personal
docente y administrativo y en recursos pedagógicos, para la cobertura educativa[132].
85. Por su parte, la etapa
de solicitud y asignación de cupos educativos consiste en asignar «los cupos
oficiales a estudiantes activos»[133]
y «los cupos disponibles a estudiantes nuevos inscritos»[134].Además,
durante esta etapa, se debe «[e]stablecer la demanda real de los alumnos
nuevos que desean acceder al sistema educativo estatal, conforme a la solicitud
que realizan los padres de familia o acudientes durante el período que defina
la ETC»[135].
Cabe señalar que es responsabilidad de los padres de familia o acudientes
realizar los procedimientos de inscripción para solicitud de cupo y traslado de
los estudiantes, en las fechas dispuestas por la ETC[136].
86. Finalmente, la etapa de
matrícula tiene como objetivo formalizar la renovación de inscripción de los
alumnos activos, incorporar a los alumnos nuevos y determinar la población
matriculada. El proceso de gestión de la cobertura educativa concluye con una
evaluación de la ejecución del proceso por parte de las ETC[137].
·
El proceso de
asignación de cupos y traslados educativos en Bogotá D.C.
87. La Resolución 1525 de 2017 de
la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá reguló el proceso de asignación
de cupos y traslados educativos en el distrito capital, para el periodo
2017-2018. Según esta norma, «la asignación de cupo se realizará (…) atendiendo
las opciones de establecimientos educativos oficiales solicitadas por los
padres de familia o acudientes; en caso de no contar con disponibilidad en las
opciones señaladas en el formulario de inscripción, la asignación se hará al
establecimiento educativo oficial más cercano al lugar de residencia»[138].
Esto implica que los padres o acudientes tienen la posibilidad de manifestar cuál
es el colegio, o los colegios, de su preferencia. Sin embargo, esta selección
es apenas indicativa, pues, como se explicó en los párr. 83 a 86, la
asignación la realiza la ETC, según el análisis de disponibilidad de cupos y la
proyección de capacidades de los establecimientos educativos.
88. La resolución también dispone
que la asignación de cupos en establecimientos educativos no oficiales, como
los que funcionan por contrato de prestación de servicios educativos, «se
realizará únicamente para garantizar la continuidad de los estudiantes
beneficiarios de esta estrategia en 2017 y solamente en las UPZ que sigan
siendo deficitarias en oferta oficial»[139],
salvo «los casos de la población con discapacidad, capacidades o
talentos excepcionales que no pueda ser atendida en la oferta oficial»[140].
89. En el caso de los estudiantes
con discapacidad, a la solicitud se debe adjuntar el «diagnóstico,
certificación o concepto médico sobre la discapacidad emitido por el sector
salud y con el PIAR o el Informe pedagógico, si viene de una modalidad de
educación inicial, que permita identificar el tipo de discapacidad del niño,
niña o joven»[141].
Con base en esa información, se realiza la valoración pedagógica, para
responder a las necesidades específicas del menor, en el marco de la educación
inclusiva, y se asigna el cupo con la asistencia de las distintas direcciones
de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Finalmente, el establecimiento
educativo asignado elabora el PIAR, con base en los resultados de las
valoraciones realizadas[142].
90. En relación con la solicitud
de traslado[143],
el artículo 23 de la Resolución 1525 de 2017 indica que se puede solicitar por i)
unificación de hermanos, ii) cambio de localidad de residencia o iii)
fuerza mayor justificada y soportada documentalmente. En adición, la resolución
dispone que la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá «asignará
los cupos de traslado teniendo en cuenta la opción solicitada»[144]
en el formulario por el padre o acudiente. Sin embargo, esta selección dependerá
de la «disponibilidad de cupo»[145]
de la institución de destino, bien sea que el traslado se solicite
para el mismo año escolar o para el siguiente, en la misma institución educativa
o en otra.
5.     Ponderación entre los niveles razonables de
satisfacción de la dimensión prestacional de los derechos
91. La Constitución prevé un amplio catálogo de derechos, cuya
estructura normativa constituye un mandato de optimización, que exige que la
satisfacción del derecho tenga el nivel más alto posible, en relación con los
recursos disponibles, según las previsiones desarrolladas por el legislador y
la administración. El contenido prestacional de los derechos se caracteriza por
su carácter abierto, en la medida que no está definido cómo o en qué términos se
debe garantizar su prestación. Es más, la Constitución, como regla general, no
determina cuál debe ser el nivel –ya sea mínimo, máximo o intermedio–
de satisfacción de la dimensión prestacional de los derechos. Tampoco
determina qué políticas públicas, programas o acciones concretas deben
implementarse para tal efecto. Esta indeterminación resulta latente al evaluar
cuál debe ser la acción del obligado, a fin de satisfacer el contenido
razonable de la faceta prestacional del derecho, y, en consecuencia, poder
concluir si existe o no una vulneración de un derecho fundamental. Así las
cosas, es pertinente que el juez constitucional utilice una metodología para
resolver casos relacionados con la faceta prestacional de los derechos
fundamentales, que le permita identificar si los niveles de satisfacción
involucrados (el provisto y el pretendido) no resultan contrarios
al nivel de satisfacción que el ordenamiento jurídico ya ha garantizado para
tal derecho.
92. Tradicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha aplicado
la ponderación para solucionar colisiones entre derechos y principios fundamentales.
En ese sentido, la ponderación es un criterio metodológico racional que permite
analizar la relación entre las libertades fundamentales y sus posibles
limitaciones, así como el nivel de satisfacción que debe alcanzar la faceta
prestacional de los derechos.
93. Analizar esa faceta prestacional, por lo general, implica la
existencia de una posición jurídica, en la que el titular del derecho exige que
el obligado realice una acción, a efectos de alcanzar un determinado nivel de
satisfacción del derecho (nivel de satisfacción pretendido). En estos
términos, la ponderación no se puede estudiar, simplemente, como una colisión
de derechos, sino que implica que el juez constitucional pondere entre
distintos niveles razonables de satisfacción de la faceta prestacional
los derechos fundamentales.
94. Ahora bien, al ponderar esa faceta prestacional, el juez debe
realizar una interpretación de la Constitución de manera sistemática y
armónica, la cual debe atender a las características propias del Estado Social
de Derecho. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que
las autoridades tienen el deber de «esforzarse en la construcción de las
condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una
vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance»[146]. Asimismo, ha
reconocido que «primariamente, el Congreso tiene la tarea de adoptar las
medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y
social justo»[147].
95. En tales términos, la finalidad que persigue la aplicación de
la ponderación a la faceta prestacional de los derechos fundamentales es
determinar cuál debe ser el nivel razonable de satisfacción del derecho,
el cual corresponde al contenido razonable atribuible al mismo. Este puede
coincidir, o no, con i) el nivel de satisfacción pretendido, ii) el nivel
de satisfacción provisto por el obligado, o, de ser el caso, iii) un
nivel de satisfacción distinto. La conclusión a la que se llegue dependerá
de las circunstancias del caso concreto.
96. Por consiguiente, tal como se señaló en los párrafos
anteriores, con la aplicación de esta metodología se persigue determinar cuál
debe ser el nivel razonable de satisfacción de la faceta prestacional de
los derechos fundamentales. Este nivel razonable de satisfacción, a su
vez, es indeterminado. Sin embargo, esta indeterminación se puede superar, al
aplicar la ponderación en dos pasos: i) un análisis interpretativo
acerca del contenido de la faceta prestacional del derecho, y, en consecuencia,
del nivel de satisfacción razonable del mismo –análisis de razonabilidad– y ii)
un análisis empírico acerca del modo de satisfacción –análisis de
proporcionalidad–.
i) El análisis de
razonabilidad
97. El contenido de la faceta prestacional de los derechos es
generalmente dispuesto por el legislador o por la administración. Esto, habida
consideración de que en cabeza de ellos se encuentra la obligación de
desarrollar la normativa y las políticas públicas relacionadas con dicha faceta,
dados sus conocimientos técnicos y sus competencias dentro del diseño político
e institucional planteado por la Constitución.
98. Luego, el juez debe analizar la pretensión concreta (nivel
de satisfacción pretendido) y comprobar si, prima facie, esta puede
adscribirse al contenido normativo de la faceta prestacional del derecho, en
atención al desarrollo realizado por el legislador o por la administración. La
interpretación de la norma debe hacerse de manera amplia, pero razonable.
Justamente, en el marco del análisis de razonabilidad, el juez puede encontrar
cuatro posibles supuestos.
99.1. Primer supuesto. Cuando el nivel de satisfacción
pretendido por el titular: i) ya ha sido satisfecho por el sujeto
obligado; ii) se identifique con el contenido prestacional del derecho o
pueda considerarse adscrito, prima facie, a él, o iii) tanto el
nivel de satisfacción pretendido, como el nivel de satisfacción provisto
por el obligado están adscritos, prima facie, al contenido
prestacional del derecho y, por lo tanto, ambos son razonables. En el primer
caso, el juez debe proceder a verificar si la pretensión ya fue satisfecha y,
por tanto, no hay vulneración. En el segundo caso, el juez debe constatar si
existe una razón constitucionalmente legítima que justifique que el
obligado garantice un nivel de satisfacción inferior al pretendido. En
este escenario, el juez debe proceder a evaluar la proporcionalidad del nivel
de satisfacción del derecho en relación con la razón constitucionalmente
legítima. En caso de que no exista dicha razón, el juez debe concluir, sin
más, que debe garantizarse el nivel de satisfacción pretendido por el
titular. En el último caso, si ambos niveles de satisfacción son
razonables, el juez debe proceder a estudiar la proporcionalidad entre ambos.
Una vez superado el análisis de proporcionalidad, el juez debe determinar
cuál debe ser el remedio judicial más apropiado que permita lograr la eficacia
de los derechos fundamentales, en consideración a las circunstancias del caso
concreto.
99.2. Segundo supuesto. Cuando el juez encuentre que
el nivel de satisfacción pretendido no se encuentra adscrito, prima
facie, al contenido prestacional del derecho, pero evidencie que existe una
amenaza o vulneración al derecho fundamental del accionante que amerita la
intervención inmediata del juez constitucional. En este caso, el juez tiene el
deber de adoptar medidas que garanticen la eficacia de los derechos
fundamentales, habida consideración de las amplias facultades con las que fue
investido, entre ellas, la posibilidad de interpretar la solicitud de tutela y
la búsqueda de otros elementos normativos que permitan dar una solución
razonable y adecuada al caso concreto. Así, el juez debe estudiar si existen otras
alternativas razonables de satisfacción del derecho, distintas a la
pretendida, pero, en todo caso, debe considerar la oferta institucional
diseñada por el legislador y la administración.
99.3. Estas alternativas deben plantearse de conformidad con las
premisas fácticas del caso concreto y los fundamentos jurídicos previstos por
el legislador y la administración. En efecto, como ha señalado la
jurisprudencia constitucional, «en tales eventos el juez debe tomar
decisiones que consulten no solo la gravedad de la violación del derecho
fundamental a la luz de los textos constitucionales, sino también las
posibilidades económicas de solución del problema dentro de una lógica de lo
razonable, que tenga en cuenta, por un lado, las condiciones de escasez de
recursos y por el otro, los propósitos de igualdad y justicia social que señala
la Constitución»[148].
Así, una vez se determinen las otras alternativas razonables de satisfacción
del derecho, el juez deberá proceder a estudiar la proporcionalidad de cada una
de ellas. Cuando se supere el análisis de proporcionalidad, el juez debe
determinar cuál debe ser el remedio judicial más apropiado que permita lograr
la eficacia de los derechos fundamentales, en consideración a las
circunstancias del caso concreto.
99.4 Tercer supuesto. Excepcionalmente, el juez
constitucional puede advertir que el contenido prestacional del derecho previsto
el legislador y la administración (párr. 97), aplicado al caso concreto,
resulta insuficiente o inadecuado y, por lo tanto, inconstitucional. Esto, bien
porque desconoce la Constitución o excluye irrazonable y desproporcionadamente
a ciertos grupos, entre otras razones. En este caso, el juez deberá adoptar el
remedio judicial más apropiado que permita lograr la eficacia de los derechos
fundamentales, en consideración a las circunstancias del caso concreto.
ii) El análisis de
proporcionalidad
100. El análisis de proporcionalidad debe aplicarse en atención al
supuesto de razonabilidad que determine el juez para cada caso
concreto. Esto debe analizarse a la luz de los subprincipios de a) idoneidad,
b) necesidad y c) proporcionalidad en sentido estricto.
101. En relación con la idoneidad, el juez debe verificar que el nivel
de satisfacción razonable pretendido (la pretensión del accionante) o las otras
alternativas razonables de satisfacción sean adecuados para garantizar el nivel
razonable de satisfacción del derecho, de acuerdo con el contenido prestacional
exigible, previamente analizado.
102. La necesidad, por su parte, supone que el juez determine si,
de todos los medios posibles que permiten satisfacer el nivel razonable y
exigible de la faceta prestacional del derecho, en el caso concreto, el nivel
de satisfacción razonable pretendido o alguna de las otras alternativas
razonables de satisfacción son menos lesivas de la razón constitucionalmente
legítima que justifica que el obligado no proporcione dicho nivel de
satisfacción, sino uno distinto. Sobre este punto, es necesario advertir que,
en razón de las competencias de las autoridades para definir el contenido de
las políticas públicas (párr. 97), la interpretación constitucional debe
ser respetuosa del desarrollo normativo realizado por el legislador y por la
administración.
103. Finalmente, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto
se debe realizar en atención a la escala tríadica del juicio de ponderación
empleado por la jurisprudencia constitucional (leve, medio e intenso). En este
sentido, el juez constitucional debe ponderar entre el grado de satisfacción
del derecho –ya sea el nivel de satisfacción pretendido u otro distinto–,
respecto de la afectación que se le causaría al obligado a satisfacer el
derecho en ese nivel determinado.
104. Así las cosas, el nivel razonable de satisfacción del
derecho –y, por lo tanto, exigible judicialmente– debe ser: i) razonable,
en la medida en que dicho nivel puede adscribirse al contenido prestacional del
derecho en cuestión; y ii) proporcional, esto es, justificado en que la
satisfacción del titular del derecho al recibir el nivel razonable de
satisfacción es mayor a la afectación que se le ocasionaría al obligado al
exigírsele garantizar dicho nivel razonable de satisfacción.
105. Este modelo de adjudicación de la faceta prestacional de los
derechos fundamentales, fundado en los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, puede ser resumido de la siguiente manera:
Razonabilidad y proporcionalidad de los derechos fundamentales
Presupuesto sustancial
Análisis de razonabilidad
Análisis de proporcionalidad
Remedio judicial
Que exista una amenaza o
vulneración a un derecho fundamental
1.
(a) es razonable*.
El juez debe verificar la existencia de (R).
No existe (R).
El juez debe ordenar que se dé cumplimiento al contenido del
derecho.
Sí existe (R). El juez debe
estudiar la proporcionalidad** entre (a) y (R).
El juez deberá adoptar el remedio judicial más apropiado, en
consideración a las circunstancias del caso concreto y la oferta
institucional diseñada por el legislador y la administración.
(b) también es razonable. El
juez debe estudiar la proporcionalidad** entre (a) y (b).
2.
(a) no es razonable.
Sin embargo, existen otras alternativas razonables de
satisfacción del derecho.
El juez debe analizar la
proporcionalidad de las otras alternativas razonables de satisfacción
del derecho.
3.
El contenido prestacional del derecho es insuficiente o
inadecuado y, por lo tanto, inconstitucional.
Convenciones
(a) – La pretensión del
titular del derecho (nivel de satisfacción pretendido)
(b) – La política pública,
programa o medida acusada (nivel de satisfacción provisto)
(R) – Razón
constitucionalmente legítima para no conceder (a)
* La razonabilidad está
determinada por la adscripción, prima facie, de (a), (b) o las
otras alternativas razonables de satisfacción al contenido prestacional del
derecho.
** La proporcionalidad se
determina a partir de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido
estricto.
6.     Caso concreto
106. En el asunto sub examine,
se debe validar una pretensión de satisfacción de la faceta prestacional de un
derecho fundamental, que tiene un contenido limitado en el ordenamiento, por lo
que es pertinente definir cuál es el nivel razonable de satisfacción de ese
derecho. En ese orden de ideas, se utilizará la metodología de ponderación
descrita en la sección 5, según los supuestos desarrollados en los párr.
99.3 y 99.4.
107. La señora Adriana Yuleny
Carrillo Luque interpuso acción de tutela, en representación de su hija menor
de edad Luisa Fernanda Parra Carrillo, en contra de la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá. La accionante considera que esa entidad vulneró los
derechos fundamentales a la vida digna y a la educación de su hija, por no
autorizar su traslado al Liceo Arkadia Colombia, donde podría recibir educación
para niños con audición normal. En consecuencia, solicita que se le ordene a la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá autorizar el traslado de su hija de
la IED colegio República Dominicana, donde recibe educación en lenguaje de
señas, al colegio Liceo Arkadia Colombia (sede C).
108. La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá manifestó que no ha
vulnerado los derechos a la educación y a la vida digna de la niña Luisa
Fernanda Parra Carrillo, pues esta cuenta con un cupo en la IED colegio
República Dominicana. Según la entidad «la tutela promovida por la actora
resultaría improcedente en relación con el derecho fundamental del acceso a la
educación, pues (…) a la menor se le está garantizando cupo escolar que,
resulta necesario reiterar, es apto para su atención dadas las condiciones
médicas aducidas por la actora»[149].
109. La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional observa que el caso sub examine versa sobre el nivel de
satisfacción de la faceta prestacional del derecho a la educación que se le debe
garantizar a una estudiante con discapacidad auditiva. En efecto, lo que se
discute en el presente asunto es el tipo de educación que debe recibir Luisa
Fernanda Parra Carrillo, toda vez que su médico tratante recomendó que estudie
en un colegio para niños con audición normal, como parte de su proceso de
rehabilitación. En consecuencia, la Sala
procederá a aplicar la metodología de la ponderación a los niveles de
satisfacción del derecho fundamental a la educación de la menor (ver sección 5),
para determinar cuál es el nivel razonable de satisfacción judicialmente exigible.
110. Con ese fin, analizará, en primer
lugar, el contenido del derecho a la educación de los menores con discapacidad
auditiva, en lo que guarda relación con la pretensión concreta de la
accionante. Luego, determinará si dicha pretensión i) se adscribe al contenido prestacional del derecho y,
por lo tanto, hace parte de su nivel razonable de satisfacción. En caso afirmativo, ii) analizará la
proporcionalidad de la pretensión de la accionante, a la luz de los criterios
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En caso
negativo, verificará si existen otras alternativas razonables de satisfacción
del derecho y analizará su proporcionalidad. Finalmente, una vez superados los
análisis de razonabilidad y proporcionalidad, iii) determinará el remedio judicial idóneo.
6.1.  La razonabilidad y proporcionalidad de la oferta
educativa de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá para Luisa Fernanda
Parra Carrillo
111. Como se señaló en la sección
5, para determinar
cuál debe ser el nivel razonable de satisfacción de un derecho, la Corte
debe realizar un juicio de ponderación respecto de la pretensión de la
accionante (nivel de satisfacción pretendido). En el caso de referencia,
se formulará el análisis respecto de la pretensión de ordenar el
traslado de Luisa Fernanda Parra Carrillo, de la IED colegio República
Dominicana al Liceo Arkadia Colombia (sede C), dada la necesidad que esta tiene
de recibir estimulación auditiva en su proceso de rehabilitación.
112. Así las cosas, la Sala procederá a realizar el juicio de ponderación
respecto de esta pretensión, a fin de determinar: i) si es razonable,
esto es, si, prima
facie, puede adscribirse al contenido normativo de la faceta
prestacional del derecho a la educación de los menores en situación de
discapacidad auditiva, previsto por el legislador y la administración (ver sección 4) y,
en consecuencia, si su satisfacción puede ser exigida, también prima facie, a la
entidad accionada. Si la pretensión es exigible a la entidad, se verificará si
está constitucionalmente justificado que la accionada garantice un nivel de satisfacción
inferior. Solo si se supera el análisis de razonabilidad, se determinará ii) si la pretensión es proporcional, es decir, si
permite alcanzar el máximo nivel razonable de satisfacción de los derechos de la
niña y la menor afectación posible a la autonomía administrativa de la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá para organizar la oferta educativa.
Si la pretensión no es exigible, se verificará
la existencia de otras alternativas razonables de satisfacción del derecho de
la menor, y se examinará su proporcionalidad.
6.1.1.
Análisis de razonabilidad de la pretensión.
113.
Adriana Yuleny Carrillo Luque solicita que se ampare el derecho a la
educación de su hija menor de edad con discapacidad auditiva, en su dimensión
de adaptabilidad, lo que resulta razonable. En su concepto, el amparo debe
consistir en que la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá autorice el
traslado escolar de la menor, de la IED colegio República Dominicana, al Liceo
Arkadia Colombia (sede C).
114. Esta Sala encuentra que la pretensión de la accionante, en los términos en los
que la formula, no se adscribe al contenido normativo de la faceta prestacional
del derecho a la educación de los menores con discapacidad auditiva, pues i)
se desconocería la autonomía que tiene la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá para asignar los cupos escolares según las capacidades, recursos y
cronogramas de cada institución educativa; ii) el traslado de
estudiantes está supeditado a la disponibilidad de cupos que tiene cada
establecimiento educativo y iii) las preferencias de los padres de
familia o acudientes en cuanto al establecimiento educativo en el que deben
estudiar los menores son orientadoras, mas no obligatorias para la Secretaría
de Educación Distrital de Bogotá.
115.
Según la Ley 715 de 2001, las ETC dirigen, planifican y prestan el servicio
educativo oficial dentro de su ámbito territorial. En el caso sub examine,
la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá es la entidad que organiza y
lidera el proceso de gestión de la cobertura educativa y, por lo tanto, proyecta
y prioriza la oferta, de tal manera que se asegure «el derecho a la
educación de la población en edad escolar, en condiciones de equidad,
eficiencia y calidad»[150].
En ese sentido, ordenar la asignación de un cupo escolar en una institución
educativa específica, como lo solicita la accionante, desconocería que es la
Secretaría de Educación Distrital la que cuenta con la información necesaria para
realizar la asignación más idónea, de acuerdo con los criterios de priorización
previamente fijados.
116.
Ahora, si bien los padres de familia o acudientes, como actores dentro del
proceso de asignación de cupos, pueden manifestar en cuál institución educativa
desean que estudien sus hijos, dicha asignación está sujeta a la
disponibilidad de cupos de la institución, como se explicó en el párr. 90.
En consecuencia, garantizarles a los padres de familia o acudientes que el
estudiante contará con un cupo en la institución educativa de su preferencia no
forma parte del contenido normativo de la faceta
prestacional del derecho a la educación de
los menores de edad con discapacidad auditiva.
117.
Por las razones expuestas, la Sala no accederá a la referida pretensión
en los términos formulados por la accionante.
118.
No obstante, como se indicó en el párr. 113, la solicitud de protección del
derecho a la educación de la menor en su dimensión de adaptabilidad sí es razonable. En efecto, el Estado, por medio de
sus entidades territoriales, debe asegurar «el cubrimiento adecuado
de los servicios de educación y asegurar a los niños y niñas las condiciones de
acceso»[151]. De manera
específica, con el fin de garantizar la dimensión de adaptabilidad de ese
derecho fundamental, tiene la obligación de ajustar el servicio educativo a «las necesidades de los alumnos en
contextos culturales y sociales variados y garantizar la continuidad en la
prestación del servicio»[152].
119. La pretensión de proteger el
derecho a la educación en su dimensión de adaptabilidad también es razonable, porque
la atención educativa para las personas con discapacidad auditiva debe reconocer
la posibilidad de que estas desarrollen habilidades comunicativas (párr.
56). Además, en el caso de la referencia, existe un concepto médico que
recomienda la integración de la estudiante a un aula para estudiantes con
audición normal. Ese concepto científico, como se indicó en el  párr. 69,
es uno de los elementos integrantes del derecho a la educación de las personas
con discapacidad y un aspecto que debe ser tomado en cuenta para impartir el
remedio judicial más adecuado.
120. En línea con lo anterior, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá,
al ordenar la oferta educativa, debe responder de forma progresiva «a
las características de las personas con discapacidad identificadas en su
territorio», tal como lo dispone la
Resolución 1525 de 2017[153].
En ese sentido, según el proceso de gestión de la cobertura educativa definido
en la Resolución 07797 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional, esa
entidad puede gestionar, dentro de su oferta
educativa, otras posibilidades de traslado para Luisa Fernanda Parra Carrillo,
que se ajusten al desarrollo normativo que el legislador y la administración le
han dado a la faceta prestacional del derecho a la educación de los menores de
edad con discapacidad auditiva.
121.
Por lo tanto, tal como se explicó en los párr. 99.3 y 99.4, es
procedente evaluar la existencia de otras alternativas de satisfacción del
derecho a la educación de la menor en niveles adecuados de adaptabilidad.
Además, se debe determinar si estas alternativas logran garantizar de
manera efectiva ese derecho fundamental y, en caso tal, cuál de ellas
constituye el remedio judicial más idóneo para la protección de los derechos fundamentales
invocados.
122.
En consecuencia, la Sala debe determinar la proporcionalidad del nivel de
satisfacción del derecho a la educación, en su dimensión de
adaptabilidad, por medio de las alternativas
razonables, de cara a la autonomía administrativa de la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá para ordenar la oferta educativa en el distrito capital. Concretamente,
se debe constatar que la satisfacción del derecho a la educación alcanzada por
medio de esas alternativas justifique la eventual afectación de la autonomía administrativa
de la secretaría. Por lo tanto, se procederá a definir i) las
alternativas razonables de satisfacción del derecho y ii) el nivel de
satisfacción que se alcanzaría con ellas.
123.
La Sala observa que, para satisfacer el derecho a la educación de Luisa
Fernanda Parra Carrillo, la menor puede ser trasladada a un colegio en el que se
imparta educación para niños con audición normal, según las normas que definen
la gestión de la cobertura educativa oficial en Bogotá D.C.
6.1.2.
Análisis de proporcionalidad
124.
Que Luisa Fernanda Parra Carrillo sea trasladada a un colegio en el que se
imparta educación para niños con audición normal es una alternativa idónea, en
tanto asegura que reciba el tipo de educación que requiere para continuar con
su proceso de rehabilitación auditiva. Aun cuando, según la Resolución
1525 de 2017, solo hay tres supuestos para solicitar el traslado educativo (párr.
90), y el caso sub examine no versa sobre ninguno de ellos, esta medida
es idónea, pues privilegia la educación regular sobre la especial, lo que
corresponde con el contenido constitucionalmente exigible del derecho a la
educación para personas con discapacidad (párr. 67).
125. Así mismo, esta medida i)
garantiza la dimensión de adaptabilidad del derecho, ii) privilegia la
integración en aulas regulares y iii) considera el diagnóstico médico
como un aspecto que debe ser tomado en cuenta para encontrar el remedio
judicial más adecuado. Ahora bien, el traslado
de la menor a un colegio para niños con audición normal supone que la
institución educativa a la que ingrese satisfaga, además del componente de adaptabilidad,
las dimensiones de asequibilidad, accesibilidad y aceptabilidad del derecho a
la educación. Concretamente, en relación con la accesibilidad, es
necesario tener en cuenta que «la asignación se hará al establecimiento
educativo oficial más cercano al lugar de residencia»[154].
126.
Además, que la menor sea trasladada a un colegio en donde se imparta educación
para niños con audición normal, según las normas que definen la gestión de la
cobertura educativa oficial en Bogotá D.C., es una alternativa necesaria. En
efecto, esta opción es la única que permite garantizar el nivel razonable y
exigible del derecho a la educación de la menor, sin desconocer la autonomía
con la que cuenta la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá para organizar
la oferta educativa.
127.
Como se explicó en los párr. 114 a 117, ordenar el traslado de Luisa
Fernanda Parra Carrillo al Liceo Arkadia Colombia (sede C) es irrazonable, pues
desconoce la autonomía de la secretaría de educación. De otro lado, la opción
de que la menor continúe su proceso educativo en la IED colegio República
Dominicana, como lo sugiere la secretaría de educación, es insuficiente e
inadecuada, pues no garantizaría la dimensión de adaptabilidad de su derecho
fundamental a la educación.
128.
De acuerdo con la información allegada en sede de revisión por la Secretaría de
Educación de Bogotá, la IED colegio República Dominicana se acoge a las
directrices de educación inclusiva[155]. Además, la entidad
afirma que esa institución cuenta con aulas regulares[156].
Sin embargo, no es claro que en dichas aulas la menor reciba educación para
niños con audición normal. Por el contrario, la información allegada advierte
que «el PEI de esta IED desarrolla la
educación bilingüe»[157], y que las
condiciones para prestarle el servicio educativo a la menor incluyen «siete (7) intérpretes, cuatro (4) docentes de apoyo y
una (1) auxiliar de enfermería»[158]. Es decir
que a pesar de estar en un aula regular, la menor seguiría recibiendo educación
en lenguaje de señas, lo cual no contribuye a que su rehabilitación sea plena y
a que, de esa manera, pueda superar su situación de discapacidad. Así las
cosas, no se evidencia que la IED colegio República Dominicana garantice el
componente de adaptabilidad del derecho a la educación que Luisa Fernanda Parra
Carillo requiere actualmente.
129.
Ahora bien, el traslado de Luisa Fernanda Parra Carrillo a un colegio en donde
se imparta educación para niños con audición normal, de conformidad con el
proceso para organizar la cobertura educativa distrital, también es
proporcional en sentido estricto. Con esta alternativa, la satisfacción del
derecho a la educación de la menor con discapacidad auditiva es alta, por
cuanto esta i) permanece en el sistema educativo y ii) lo hace
en condiciones que se adaptan a sus necesidades y favorecen su
rehabilitación plena. En cambio, la eventual afectación a la autonomía de la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá para ordenar la oferta educativa es
leve, por cuanto i) no se le impone una obligación que esté por fuera de
sus competencias y, en esa medida, ii) mantiene su facultad de determinar
la institución educativa a la que ingresará la menor, teniendo en cuenta la
disponibilidad de cupos, la cercanía con el lugar de residencia y la premisa de
que se debe favorecer la educación regular sobre la especial. Así las cosas, es
claro que la satisfacción del derecho de la menor supera de forma significativa
la eventual afectación a la autonomía de la entidad accionada.
130.
En consecuencia, la Sala encuentra acreditada la razonabilidad y
proporcionalidad de que Luisa Fernanda Parra Carrillo sea trasladada a un colegio
en donde se imparta educación para niños con audición normal, según las normas
que definen la gestión de la cobertura educativa oficial en Bogotá D. C. Por
tanto, amparará el derecho a la educación de la menor y ordenará que la
Secretaría de Educación de Bogotá autorice su trasladado a una institución
educativa de tales características. Con todo, la Sala advierte que esta orden
se deberá hacer efectiva para el año escolar 2019, pues a la fecha en la que se
emite esta sentencia, el calendario académico 2018[159]
está por concluir. Si bien, como se explicó en los párr. 3 y 7, la
educación que Luisa Fernanda Parra Carrillo recibe actualmente en la IED
colegio República Dominicana desconoce el componente de adaptabilidad de su
derecho a la educación, hacer efectivo su traslado a otra institución educativa
a pocas semanas de concluir el año escolar i) afectaría la continuidad
su proceso educativo y ii) no garantizaría su adecuada adaptación al
tipo de educación que se imparte a niños con audición normal.
131. Como se mencionó en el párr. 66, los procesos de
adaptación de estudiantes con discapacidad se deben realizar de tal forma que
no se perturbe ni al estudiante, ni a la comunidad educativa. Por lo tanto, es
esencial que la familia de Luisa Fernanda Parra Carrillo y la IED colegio República Dominicana actúen de forma coordinada, durante las semanas que restan
del año escolar 2018, con el fin de que la menor reciba estimulación auditiva durante
sus actividades cotidianas, como preparación para su inclusión al aula para
estudiantes con audición normal en el año escolar 2019.
132. Así mismo, se ordenará a la Secretaría de Educación Distrital
de Bogotá asesorar y acompañar a la menor y a su familia en el proceso
de inclusión al aula para estudiantes con audición normal, tanto en la IED colegio
República Dominicana, por lo que resta del año académico 2018, como en la
institución educativa a la cual sea trasladada en el año 2019. Esta obligación
se debe ejecutar de conformidad con los principios previstos en el Decreto 366
de 2009[160],
la asesoría dispuesta en el Decreto 1421 de 2017 (artículo
2.3.3.5.2.3.1, literal b, numeral 4)[161]
y lo explicado en el párr. 60 de esta sentencia. En este proceso,
se deberá contar con la participación activa de la menor, según lo indicado en
los párr. 76 y 77. Además, de manera previa al traslado, se deberá
efectuar el diagnóstico psicopedagógico al que se refieren el Decreto 366 de
2009 (artículo 3,
numeral 1)[162],
la Resolución 1525 de 2017 (artículo 17)[163]
y las subreglas jurisprudenciales a las que se hizo referencia en los párr.
69 y 70.
7.     Síntesis de la decisión
133. Adriana Yuleny Carrillo
Luque interpuso acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá, en representación de su hija Luisa Fernanda Parra Carrillo,
quien tiene una discapacidad auditiva. En su concepto, esa entidad vulneró los
derechos a la educación y a la vida digna de la menor, por no autorizar su
traslado de la IED colegio República Dominicana al Liceo Arkadia Colombia. El
cambio de establecimiento educativo fue recomendado por el médico tratante de
la menor, dado que esta se encuentra en proceso de rehabilitación auditiva y,
en su criterio, debe estar en un colegio para niños con audición normal.
134. La Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá afirmó que no ha vulnerado el derecho a la educación de la
menor, pues esta tiene garantizado su cupo educativo en la IED colegio
República Dominicana, «que acoge la política de educación inclusiva»[164].
135. La Sala encontró que el caso sub examine versa
sobre la dimensión de adaptabilidad del derecho a la educación, en relación con
la oferta educativa para menores de edad con discapacidad auditiva. Así, tras
verificar la procedencia de la acción de tutela, estudió la razonabilidad de la
pretensión de la accionante. Al respecto, concluyó que disponer el traslado de
la menor a un colegio específico desconoce la autonomía de la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá para ordenar la asignación de cupos en el sistema
educativo oficial.
136. Sin embargo, la Sala consideró que la pretensión de amparar
el derecho a la educación de la menor con discapacidad, en su dimensión de
adaptabilidad, es razonable. En consecuencia, se identificaron las posibles
alternativas razonables de satisfacción del derecho, y se concluyó que Luisa
Fernanda Parra Carrillo puede ser trasladada a una institución para niños con
audición normal, según las normas que
definen la gestión de la cobertura educativa oficial en Bogotá D.C.
III. DECISIÓN
Con base en
las consideraciones expuestas, la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida el 29 de
mayo de 2018 por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá. En su lugar, CONCEDER
el amparo del derecho fundamental a la educación de la niña Luisa Fernanda
Parra Carrillo, cuyos intereses fueron representados por su señora madre,
Adriana Yuleny Carrillo Luque.
Segundo.- ORDENAR a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que disponga
el traslado de Luisa Fernanda Parra Carrillo a un colegio en el que se imparta
educación para niños con audición normal, para el año académico 2019. Para la
asignación de cupo se deberán considerar las preferencias que manifieste la
señora madre de Luisa Fernanda Parra Carrillo, Adriana Yuleny Carrillo Luque,
de conformidad con las consideraciones de esta sentencia.
Tercero.- ORDENAR a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que asesore
a la menor, a su familia y al colegio República Dominicana en el proceso
de inclusión al aula para estudiantes con audición normal, de conformidad con los
decretos 366 de 2009 y 1421 de 2017, y con las consideraciones de esta
sentencia.
Cuarto.- LIBRAR, por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Comuníquese y
cúmplase.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-461/18
DERECHO A LA EDUCACION DE MENOR CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA-La metodología propuesta limita la faceta
prestacional de los derechos fundamentales a lo dispuesto por el Legislador o
la Administración restándole fuerza normativa a la Constitución
(Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD-Impone al
Estado el deber de avanzar constantemente en la garantía de las facetas
prestacionales de los derechos fundamentales (Salvamento parcial de voto)
ANALISIS DE RAZONABILIDAD-La
razonabilidad deja de ser un medio de control al poder para proponerse como un
primer requisito que debe satisfacer el demandante a quien se le impone una
nueva carga (Salvamento parcial de voto)
M.P. CARLOS BERNAL PULIDO
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de la Corte, salvo parcialmente el voto en el
asunto de la referencia, pues aunque acompaño la decisión de la Sala de
conceder el amparo de los derechos fundamentales de Luis Fernanda Parra
Carrillo, estoy en desacuerdo con la metodología propuesta para resolver el
caso. A continuación presentaré brevemente el caso estudiado, y, enseguida,
expondré los argumentos que me llevan a apartarme de la forma en que se estudió
el mismo.
1. Luisa
Fernanda Parra Carrillo es estudiante de la Institución Educativa Distrital
Colegio República Dominicana de Bogotá, en donde recibe educación por medio de
lenguaje de señas, toda vez que fue diagnosticada con hipoacusia neurosensorial
profunda congénita. Como parte de su proceso de rehabilitación, en el año 2012
recibió un implante coclear, y, para el momento de interposición de la acción
de tutela, su médico tratante le recomendó ingresar a un colegio para
estudiantes con audición normal. Por lo tanto, su mamá le solicitó a la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que la trasladarla a un colegio con
el que tenía convenio -Liceo Arkadia Colombia- que además cumplía con las
condiciones recomendadas para su condición actual. La Secretaría no accedió a
esa petición, y por lo tanto, acudió a la acción de tutela para procurar la
protección de sus derechos fundamentales a la educación y a la vida digna.
2. La Sala
Primera de Revisión calificó la pretensión de la accionante como irrazonable porque (i) desconocería la autonomía de la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá para la asignación de cupos escolares; (ii) el traslado de
estudiantes está supeditado a la disponibilidad de cupos de los
establecimientos educativos; y (iii) las preferencias de los padres de familia
son orientadoras y no obligatorias[165]. Sin embargo, concedió el amparo tras estimar que existía una
vulneración del derecho a la educación de la menor en su dimensión de
adaptabilidad, y le ordenó a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que
disponga el traslado de Luisa Fernanda a un colegio que imparta educación para
niños con audición normal.
3. Esta
contradicción -constatar una violación o amenaza de los derechos invocados,
pero estimar como irrazonable la pretensión de la actora-, es una consecuencia
de la metodología empleada en el caso, que ya he tenido oportunidad de
controvertir en otras ocasiones[166].
Se trata de una propuesta de ponderación “a la faceta prestacional de los
derechos fundamentales” para determinar cuál debe ser el “nivel
razonable de satisfacción del derecho”.
4. Así pues, aunque
acompaño plenamente la decisión de conceder el amparo de los derechos
fundamentales de Luisa Fernanda, y las órdenes impartidas, me veo obligada a
salvar parcialmente mi voto, pues considero que, al aplicar la metodología
señalada la Sala varió la definición de dos conceptos claves del constitucionalismo
-razonabilidad y proporcionalidad-; y con ello, (i) redujo la fuerza normativa
de la Carta Política, y (ii) creó una barrera de acceso a la acción de tutela.
5. La metodología propuesta parte
de limitar la faceta prestacional de los derechos fundamentales exigible
judicialmente, únicamente a lo dispuesto por el Legislador o la Administración[167].
Con ello, no sólo le resta fuerza normativa a la Constitución, sino que además,
niega su carácter vinculante. En este punto conviene recordar que el contenido
protegido de los derechos se encuentra en el texto Constitucional y los
Tratados de derechos humanos incorporados al bloque de constitucionalidad; en
la jurisprudencia de esta Corte, de los tribunales de derechos humanos, y de
los órganos autorizados para la interpretación de los pactos y convenios de
derechos humanos; de la ley, el reglamento, “e incluso de las
relaciones privadas, siempre que sean compatibles con las normas superiores,
siempre que supongan avances en la eficacia de los derechos. (T-227 de 2003,
T-760 de 2008, T-235 de 2011, C-288 de 2012, entre muchas otras).”[168]
De ahí que resulte problemático sostener que el contenido de un derecho
fundamental sólo se encuentra en la ley y los reglamentos, no sólo por
inexacto, sino porque además, esta afirmación desconoce el principio de
progresividad que le impone el deber al Estado de avanzar constantemente en la
garantía de las facetas prestacionales de las garantías fundamentales.
6. Por otra parte,
la Sentencia utiliza la razonabilidad como un método para valorar las
pretensiones de los accionantes, y no como un medio para estudiar la validez de
las intervenciones del Legislador o la Administración en los derechos
fundamentales. En otras palabras, la razonabilidad deja de ser un medio
de control al poder, en los términos en los que ha sido definido por la
jurisprudencia constitucional, para proponerse como un primer requisito que
debe satisfacer el demandante a quien se le impone una nueva carga: plantear
pretensiones “razonables”.
7. Al crear esta barrera de
acceso a la acción de tutela, la Sentencia deja de lado el principio
pro homine y la vocación protectora de la acción, que deben guiar al
juez constitucional. También parece olvidar que el artículo 86 Superior
consagró la acción de tutela como un instrumento informal con el objetivo de
hacerla accesible a todas las personas, y que es precisamente ésta la razón por
la que se ha convertido, para muchos, en la única forma de acceder a la
administración de justicia.[169]
En estos términos dejo
planteadas las razones por las que salvo parcialmente mi
voto.
Fecha ut supra,
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1]
Se entiende que la audición es normal cuando la persona puede escuchar
hasta 20 decibeles. Información disponible en: “Hearing loss
and deafness: normal hearing and impaired hearing” URL https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0089568/
[2]
Cno. 3, fl. 25 vto.
[3]
Cno. 3, fl. 25 vto.
[4]
El día 30 de agosto de 2018, se confirmó con la accionante, por vía telefónica,
que la menor Luisa Fernanda Parra Carrillo estudia actualmente en la IED
colegio República Dominicana, donde recibe clases en lengua de señas.
[5]
Cno. 3, fl. 37.
[6]
Ibíd.
[7]
Cno. 3, fl. 36.
[8]
Ibíd.
[9]
Cno. Principal, fl. 12.
[10]
Ibíd.
[11]
Cno. 3, fl. 38.
[12]
Ibíd.
[13]
Ibíd.
[14]
Cno. 3, fl. 33.
[15]
Según la página web de la Secretaría de Educación Distrital de
Bogotá «en el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para
Todos" se definió el programa Inclusión Educativa para la Equidad, del
cual hace parte el proyecto de inversión Cobertura con Equidad. Mediante este
proyecto se ejecutarán estrategias y acciones orientadas a reducir las brechas
de desigualdad que afectan las condiciones de acceso y permanencia escolar de
la población vulnerable del Distrito Capital, en las distintas localidades de
la ciudad. Lo anterior, con enfoque de educación inclusiva, permitirá al
Distrito vincular al Sistema Educativo Oficial a poblaciones que requieren
modalidades de atención diferenciales». Disponible en: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1049_112_secretaria_de_educacion_del_distrito.pdf
[16]
Ibíd.
[17]
Cno. 3, fl. 29.
[18]
Cno. principal, fls. 1 al 7.
[19]
Cno. principal, fl. 6.
[20]
Cno. principal, fls. 31 al 36.
[21]
La IED colegio República Dominicana fue vinculada al proceso de tutela por el
juez de primera instancia, como consta al folio 25 del cuaderno 1 del expediente.
Sin embargo, no realizó pronunciamiento alguno acerca del asunto debatido.
[22]
Cno. principal, fl. 34 vto.
[23]
Cno. principal, fl. 31 vto.
[24]
Ibíd.
[25]
Cno. principal, fl. 32 vto.
[26]
Cno. principal, fl. 31 vto.
[27]
Cno. principal, fl. 35 vto.
[28]
Ibíd.
[29]
Cno. principal, fls. 37 al 40 y cno. 2, fls. 3 al 7.
[30]
Cno. principal, fl. 39.
[31]
Cno. principal, fls. 39 y 40.
[32]
Cno. principal, fl. 45.
[33]
Cno. 2, fl. 6.
[34]
Cno. 2, fl. 5.
[35]
De conformidad con las sentencias C-458 de 2015 y C-147 de 2017, a lo
largo de esta sentencia se utilizarán las expresiones “con discapacidad”, “en
situación de discapacidad” y “en condición de discapacidad”, las cuales se
ajustan a lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional.
[36]
Integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Alberto Rojas
Ríos.
[37]
Cno. 3, fl. 25 vto.
[38]
Ibíd.
[39]
Cno. 3, fl. 28 vto.
[40]
Ibíd.
[41]
Cno. 3, fl. 27 vto.
[42]
Ibíd.
[43]
Cno. 3, fl. 34.
[44]
Ibíd.
[45]
Cno. 3, fl. 33.
[46]
Cno. 3, fls. 40 a 45 vto.
[47]
Cno. 3, fls. 40 a 41.
[48]
Cno. 3, fl 35.
[49]
Cno. 3, fl 44.
[50]
Cno. 3, fl. 37.
[51]Ibíd.
[52]
Cno. 3, fl. 36.
[53]
Ibíd.
[54]
Cno. 3, fl. 34.
[55]
Cno. 3, fl. 38.
[56]
Cno. 3, fl. 50.
[57]
Decreto 2591 de 1991, artículo 10.
Legitimidad e interés: «La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. //
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
[58]
Corte Constitucional, Sentencias T-678 de 2016 y
T-176 de 2011.
[59]
Ibíd.
[60]
Corte Constitucional, Sentencia T-462 de 1993.
[61]
Sentencia T-683 de 2017.
[62]
Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
[63]
Constitución Política, artículo 86.
[64]
Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de
2009.
[65]
Corte Constitucional, Sentencia T-721 de 2012.
[66]
Corte Constitucional, Sentencias T-043 de
2014, T-402 de 2012 y T-235 de 2010.
[67]
Corte Constitucional, Sentencia T-091 de 2018.
[68]
Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2011.
[69]
Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2011.
[70]
Corte Constitucional, Sentencia
C-128 de 2002.
[71]
Corte Constitucional, Sentencia C-376 de 2010.
[72]
Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2013.
[73]
Corte Constitucional, Sentencia T-537 de 2017.
[74]
Corte Constitucional, Sentencia T-545 de 2016.
[75]
Corte Constitucional, Sentencia T-105 de 2017.
[76]
Corte Constitucional, Sentencia T-306 de 2011.
[77]
Disponible en: http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educaci%C3%B3n_es.pdf
[78]
Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2010.
[79]
Corte Constitucional, Sentencia T-1030 de 2006.
[80]
Corte Constitucional, Sentencia C-376 de 2010.
[81]
Ibíd.
[82]
Corte Constitucional, Auto 251 de 2008.
[83]
Corte Constitucional, Sentencia T-207 de 2018.
[84]
Corte Constitucional, Sentencia
T-139 de 2013.
[85]
Corte Constitucional, Sentencia T-659 de 2010.
[86]
Corte Constitucional, Sentencia T-145 de 1996.
[87]
Corte Constitucional, Sentencia T-008 de 2016.
[88]
Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2017. Ver también
Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2014.
[89]
Corte Constitucional, Sentencia T-862 de 2011.
[90]El
artículo 26 dispone que «toda persona tiene derecho a la educación. La
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental». También prescribe que «la educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
[91]
El artículo 13 dispone que «la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales».
[92]
El artículo 23 dispone que «Los Estados Partes reconocen que el niño
mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en
condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo
y faciliten la participación activa del niño en la comunidad».
[93] El artículo III, numeral 1, dispone
que los Estados parte se comprometen a «adoptar las medidas de carácter
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad».
[94]
El artículo 24 dispone que «los Estados Partes asegurarán un sistema
de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida». Con miras a lograr este objetivo, los Estados deberán asegurar
que «c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades
individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad,
en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación
efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en
entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de
conformidad con el objetivo de la plena inclusión». El artículo 12 también
dispone que los Estados «garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos
los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones
del niño, en función de la edad y madurez del niño».
[95]
Esta ley fue reglamentada por el Decreto 2082 de 1996, que desarrolla la
atención educativa para las personas con limitaciones o con capacidades o
talentos excepcionales. Según el artículo 3 del decreto, la prestación del
servicio de educación se fundamenta, entre otros, en los principios de
integración social y educativa, desarrollo humano y soporte específico. De
acuerdo con esto, la población en condición de discapacidad debe ser
incorporada a la prestación del servicio educativo, «para recibir la
atención que requiere, dentro de los servicios que regularmente se ofrecen». Además,
debe «recibir atención específica (…) según la naturaleza de la limitación o
de la excepcionalidad y las propias condiciones de accesibilidad, para efectos
de la permanencia en el mismo y de su promoción personal, cultural y social» (norma
compilada en el Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.3.5.1.1.3.
Principios generales).
[96]
El artículo 1 del Decreto 2369 de 1997 incluye como discapacidades auditivas
las de las personas i) sordas, ii) hipoacúsicas y iii) con
limitaciones auditivas. De ahí que, es sorda la persona que presenta «una
pérdida auditiva mayor de noventa decibeles y cuya capacidad auditiva funcional
no le permite adquirir y utilizar la lengua oral en forma adecuada, como medio
eficaz de comunicación». La persona hipoacúsica es la que presenta «una
disminución de la audición, posee capacidad auditiva funcional y que mediante
ayudas pedagógicas y tecnológicas puede desarrollar la lengua oral».
Finalmente, se entiende que tiene limitaciones auditivas la persona que «posee
una pérdida auditiva cualquiera, de naturaleza e intensidad diversa», lo
que incluye a las personas sordas e hipoacúsicas.
[97]
En el Decreto 1075 de 2015, que compiló las normas reglamentarias del
sector educativo, este artículo corresponde al 2.3.3.5.2.1.2.
Principios.
[98]
Ibíd.
[99]
En el Decreto 1075 de 2015, que compiló las normas reglamentarias del
sector educativo, este artículo corresponde al artículo
2.3.3.5.1.1.3. Principios generales.
[100]
En el Decreto 1075 de 2015, que compiló las normas reglamentarias del sector
educativo, este artículo corresponde al 2.3.3.5.1.1.4.
Responsabilidades de las entidades territoriales certificadas.
[101]
Ley 715 de 2001, artículo 20.
[102]
El Decreto 1421 de 2017 define, en el artículo 2.3.3.5.2.3.2, la modalidad
Bilingüe - Bicultural como «aquella cuyo proceso de enseñanza - aprendizaje
será en la Lengua de Señas Colombiana - Español como segunda lengua y consiste
en la destinación de establecimientos educativos regulares, en los que se
contarán con aulas paralelas y docentes bilingües que impartan la formación en
lengua de señas, y otros apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos
requeridos, entre los que están los intérpretes de Lengua de Señas Colombiana y
modelos lingüísticos. Para tal efecto, las entidades podrán centralizar esta
oferta educativa en uno o varios establecimientos educativos y garantizar el
transporte para aquellos a quienes les implique desplazarse lejos de su lugar
de residencia».
[103]
En el Decreto 1075 de 2015, que compiló las normas reglamentarias del sector
educativo, este artículo corresponde al 2.3.3.5.2.3.2.
Oferta educativa pertinente para personas con discapacidad.
[104]
Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2004.
[105]
Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2017. Ver también la
Sentencia T-523 de 2016.
[106]
Según el Decreto 1075 de 2015, que compiló las normas reglamentarias del
sector educación, los ajustes razonables «son las acciones, adaptaciones,
estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del
sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de
cada estudiante (…) y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de
las características del estudiante con discapacidad».
[107]
Ibíd.
[108]
Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2017.
[109]
Corte Constitucional, Sentencia C-147 de 2017.
[110]
Corte Constitucional, Sentencia T-318 de 2014.
[111]
Esta jurisprudencia ha
sido reiterada en múltiples sentencias, como la T-329 de 1997, la T-513 de 1999
y la T-1015 de 2005. Esta última reafirmó que «la educación ordinaria se
ofrece a todos los niños sin reparar en sus eventuales limitaciones o
necesidades especiales y supone el acceso y permanencia en la cotidiana
normalidad».
[112]
Corte Constitucional, Sentencia T-473 de 2009.
[113]
Ibíd.
[114]Corte
Constitucional. Sentencia T-826 de 2004.
[115]
Corte Constitucional, Sentencia T-826 de 2004.
[116]
La Corte Constitucional ha manifestado que, «la perpetuación de las
diferencias no proviene de una intención de discriminar sino de cuidar, por
ejemplo, como en el caso concreto, las familias, en ocasiones, prefieren que
sus hijos con determinados diagnósticos clínicos deban ser atendidos en centros
educativos especializados. Lo anterior representa grandes retos para construir
entre toda la sociedad un escenario en el que se den a conocer los beneficios
del modelo de educación inclusiva, se explique en qué consisten los ajustes
razonables en cada caso y cuáles serían los apoyos pedagógicos que se proveen en
el aula inclusiva». Sentencia T-523 de 2016.
[117]
Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2003.
[118]
Corte Constitucional, Sentencia T-881 de 2002.
[119]
Ibíd.
[120]
Corte Constitucional, Sentencia T-826 de 2004.
[121]
Corte Constitucional, Sentencia T-303 de 2016.
[122]
Corte Constitucional, Sentencia T- 202 de 2018. Ver también la
Sentencia T-955 de 2013.
[123]
Ibíd.
[124]
Según el artículo 20 de la Ley 715 de 2001, en materia de
educación «son entidades territoriales certificadas en virtud
de la presente ley, los departamentos y los distritos. La Nación certificará a
los municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año 2002.
Para efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE
basadas en el último censo. Todos aquellos municipios con menos de 100 mil
habitantes que cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia de
capacidad técnica, administrativa y financiera podrán certificarse».
[125]
En el Decreto 1075 de 2015, que compiló las normas reglamentarias del
sector educativo, este artículo corresponde al 2.3.3.5.1.1.4.
Responsabilidades de las entidades territoriales certificadas.
[126]
Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.3.5.2.3.1., literal b, numeral 1.
[127]
Ministerio de Educación Nacional, Resolución 07797 de 2015,
artículo 12.
[128]
Ibíd., artículo 4.
[129]
Ibíd., artículo 13.
[130]
Ibíd.
[131]
Ibíd., artículo 14, numeral 2.
[132]
Ibíd., artículo 14, numeral 1.
[133]
Ibíd., artículo 17, numeral 2.
[134]
Ibíd., artículo 17, numeral 4.
[135]
Ibíd., artículo 17, numeral 3.
[136]
Ibíd., artículo 20, numeral 1.
[137]
Ibíd., artículo 26.
[138]
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Resolución 1525 de 2017,
artículo 20, literal e.
[139]
Ibíd., artículo 20, literal i.
[140]
Ibíd., artículo 20, literal i.
[141]
Ibíd., artículo 26, literal a.
[142]
Ibíd., artículo 26, literales b, c, d y e.
[143]
Es el «proceso mediante el cual se reasigna cupo a un estudiante antiguo
para otro colegio del sistema educativo oficial, por continuidad o por
solicitud expresa de los padres de familia o acudientes» Disponible en: https://www.educacionbogota.edu.co/es/servicios/traslado-estudiantes-antiguos
[144]
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Resolución 1525 de 2017,
artículo 23, parágrafo 2.
[145]
La disponibilidad de cupo es una condición en las distintas modalidades de
traslado. Ver Resolución 1525 de 2017, artículo 23, literal a (numeral 3),
literal b (numeral 3), literal c, literal d.
[146]Corte
Constitucional, Sentencias T-716 de 2017 y T-426 de 1992.
[147]Corte
Constitucional, Sentencia T-426 de 1992.
[148]
Corte Constitucional, Sentencia T-406 de
1992.
[149]
Cno. principal, fl. 39 vto.
[150]
Ministerio de Educación Nacional, Resolución 07797 de 2017,
artículo 9.
[151]
Corte Constitucional, Sentencia T-537 de 2017.
[152]
Corte Constitucional, Auto 251 de 2008.
[153]
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Resolución 1525 de 2017,
artículo 17.
[154]
Ibíd., artículo 20, literal e.
[155]
Cno. 3, fl. 36.
[156]
Ibíd.
[157]
Ibíd.
[158]
Ibíd.
[159]
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Resolución 2048 de
2017, artículo 2. De acuerdo con esta disposición, el calendario académico para
el año 2018 concluye el 23 de noviembre.
[160]
Principios generales. “En el marco de los derechos fundamentales, la
población que presenta barreras para el aprendizaje y la participación por su
condición de discapacidad y la que posee capacidad o talento excepcional tiene
derecho a recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación.
La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera
para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen
plenamente”.
[161]
Responsabilidades de las secretarías de educación o la entidad
que haga sus veces en las entidades territoriales certificadas (…) “4. Asesorar
a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sobre la
oferta educativa disponible en el territorio y sus implicaciones frente a los
apoyos, así como a las .familias de estudiantes con discapacidad auditiva sobre
la elección entre la oferta general y la modalidad bilingüe bicultural”.
[162]
Responsabilidades de las entidades territoriales
certificadas. “1. Determinar, con la instancia o institución
que la entidad territorial defina, la condición de discapacidad o capacidad o
talento excepcional del estudiante que lo requiera, mediante una evaluación
psicopedagógica y una caracterización interdisciplinaria. La instancia o
institución competente que la entidad territorial designe para determinar la
condición de discapacidad o capacidad o talento excepcional entregará a la
secretaría de educación, antes de la iniciación de las actividades del
correspondiente año lectivo, la información de la población que requiere apoyo
pedagógico.”
[163]
Consideraciones a la oferta educativa para la población con
discapacidad. “Acorde con el artículo 2.3.3.5.2.3.2 del
Decreto Nacional 1421 de 2017, para garantizar una educación pertinente y de
calidad, las entidades territoriales certificadas organizarán la oferta
educativa que responda a las características de las personas con discapacidad identificadas
en su territorio, de manera progresiva según el artículo 2.3.3.5.2.3.13. de
dicho Decreto”.
[164]
Cno. 3, fl. 36.
[165]
Ver consideración jurídica No. 114 de la sentencia.
[166]
Ver salvamentos de voto de la Magistrada Diana Fajardo Rivera a las sentencias
T-027 y T-091 de 2018, ambas con ponencia del Magistrado Carlos Bernal Pulido.
[167]
Párrafo 98.
[168]
Salvamento de Voto de la Magistrada Diana Fajardo Rivera a
la Sentencia T-091 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[169]
Salvamento de Voto de la Magistrada Diana Fajardo Rivera a
la Sentencia T-027 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido