T-325-15
Sentencia T-325/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE RESUELVEN LAS
SOLICITUDES DE DESACATO Y DE CUMPLIMIENTO DE LOS FALLOS DE TUTELA-Procedencia excepcional
Sólo de manera excepcional, la acción de amparo
procede para atacar tal tipo de decisiones, siempre que tengan ocurrencia los
requisitos de procedencia y procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales y por tanto, se constate una vulneración o una amenaza
a los derechos fundamentales del sancionado. Únicamente, en ese escenario, se
contempla el concurso del juez constitucional en procura del restablecimiento
de los derechos fundamentales quebrantados mediante la decisión de sanción por
desacato. En todo caso, es criterio de esta Corporación que, en virtud de los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, las decisiones que se tomen en
el trámite del incidente de desacato o de una solicitud de cumplimiento, no
podrán versar sobre los juicios y valoraciones en los que se basó la sentencia
de tutela que sirve como parámetro para decidir dicho incidente o dicha
solicitud. La procedencia de la acción de tutela contra providencias que resuelven
sobre solicitudes de desacato y de cumplimiento, se extiende también a aquellas
en las cuales el juez se abstiene de tramitarlos.
INCIDENTE DE DESACATO Y CUMPLIMIENTO DE FALLOS DE TUTELA-Fines
La persona cuyos derechos
fundamentales han sido objeto de protección por una decisión de tutela, cuenta
con la posibilidad de hacer cumplir las órdenes impartidas en el respectivo
fallo cuando éstas no hayan sido acatadas por la autoridad pública o el
particular a quienes se dirijan. No obstante, cuando tal cumplimiento no tenga
ocurrencia de forma directa por el destinatario de la orden, el mismo puede
lograse a través de la solicitud de cumplimiento, del incidente de desacato, o
de ambos.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia de defecto fáctico y procedimental,
por cuanto las providencias se
adoptaron con fundamento en el hecho de que el tema relacionado con el
cumplimiento de la tutela había sido resuelto en incidente de desacato
Referencia:
Expediente T- 4.731.195
Acción de tutela instaurada por
Aracelly Ahumada y otros contra el Juzgado Séptimo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Barranquilla
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de Mayo de
dos mil quince (2015)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de las
providencias dictadas el 13 de agosto del año 2014 por el Juzgado Séptimo Penal
del Circuito de Barranquilla y, el 25 de septiembre de 2014 por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
I.  ANTECEDENTES
El
señor Luis Armando Mola Insignares, actuando como apoderado judicial de la
señora Aracelly Ahumada Lozano y otros, presentó acción de tutela contra las
providencias dictadas por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Barranquilla los días 12 de marzo y 29 de
mayo de 2014; mediante las cuales, respectivamente, se abstuvo de dar trámite a
incidentes de desacato y a solicitudes de cumplimiento de un fallo de tutela
proferido por ese mismo despacho judicial el 13 de abril de 2007. La acción se
fundamenta en los siguientes
1. Hechos
1.1.
Por
medio del Acuerdo 010 del 12 de marzo de 1993, el Consejo Municipal de
Barranquilla autorizó al alcalde de turno para oficializar el servicio
educativo en ciertos planteles de la ciudad. Los artículos primero y tercero de
dicho acuerdo son del siguiente tenor:
“Artículo Primero: Facúltase al
señor Alcalde Mayor de Barranquilla para oficializar el servicio educativo de
las siguientes instituciones docentes:
- Colegio JORGE ROBLEDO ORTIZ
(Barrio 7 de abril).
- Escuela PABLO NERUDA (Barrio
Conidec).
- Escuela Comunitaria (Villa del
Cármen).
- Escuela Salesiana NIÑOS DE JESÚS
(Barrio Rebolo).
- Colegio Cooperativo de JUAN MINA.
- Colegio Comunal del SANTUARIO.
- Escuela 12 de Octubre de BELLA
ARENA.
- Instituto LAS MERCEDES (Barrio La
Paz).
Artículo Segundo: (…)
Artículo Tercero: Para el cabal
cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Alcalde Mayor de
Barranquilla celebrará los convenios y/o acuerdos con las entidades interesadas
en el proceso de oficialización del servicio educativo, en los cuales se
estipulen los criterios sobre manejo y dirección de estas instituciones (…)”[1].
1.2.
En
desarrollo de dicho acuerdo, aparecen convenios firmados por Bernardo Hoyos
Montoya -alcalde mayor de Barranquilla de la época-, con varios representantes
de las Juntas de Acción Comunal del Barrio Los Laureles, del Comité
Prodesarrollo del Barrio Villa del Carmen y de la Junta de Acción comunal del
Barrio Bellarena, todos de la ciudad de Barranquilla[2].
El objeto de tales convenios, fue el de organizar en los barrios marginados de
dicha ciudad diferentes escuelas auspiciadas por la comunidad.
1.3.
Como
resultado de lo anterior, y dado que el Distrito aparentemente incumplió con el
pago de las obligaciones en favor de quienes se vincularon a dichos
establecimientos educativos, el 16 de marzo de 2007, el abogado Ever Fernando
Altamar Gómez, como apoderado judicial de la señora Aracelly Ahumada Lozano y
otros[3],
presentó una acción de tutela contra el Alcalde Distrital de Barranquilla, en
virtud de la cual puso de presente como antecedentes:
“1. Que en los barrios subnormales
de esta ciudad, o de los barrios marginados, mucho antes de elevarse el
municipio de Barranquilla a la categoría de Distrito, las comunidades de los
diferentes sectores, organizaron diferentes escuelas auspiciadas por la misma
comunidad, es decir, crearon las escuelas comunitarias, con el fin de suplir
esta necesidad para sus hijos en materia de Educación, ya que el municipio en
ese entonces no tenía los recursos suficientes para ampliar la cobertura
educativa tanto en la parte locativa como en la parte académica, y algunos
miembros de la misma comunidad, prestaban sus servicios algunos en calidad de
docentes, celadores, porteros, aseadoras, secretarias, oficios varios, entre
otros.
2º.
Que estos colegios comunitarios, se sostenían por los aportes que hacían en
primer lugar los padres de familia, organizados en Asociaciones de Padres de
familia o Junta[s] de Padre[s], en segundo lugar las organizaciones de base,
tales como Juntas de Acción Comunal, Comités Cívicos, etc…
3º.
Que estos Colegios entraron en crisis, por allá en los 90, teniendo en
cuenta que para la comunidad le (sic) era imposible la sostenibilidad de estas
escuelas, por lo tanto se empezó a explorar la posibilidad de que la
Administración a través de la Secretaría de Educación de ese entonces el
Municipio, acogiera en su seno estas instituciones, para poderle dar
continuidad al proyecto educativo y poder seguir prestando el servicio a los
menores, para que no quedaran a mitad de camino, fue así que se empezaron a
hacer los contactos más o menos en el año 92, con algunos funcionarios de la
Administración, lo cual fue de bien recibo.
4º.
Que acogido el proyecto por parte de la Administración, [é]sta de inmediato
preparó el proyecto de Acuerdo solicitándole a el (sic) Consejo de
Barranquilla, para (sic) que le concediera facultades para asumir estas
instituciones comunitarias, es decir, oficializara el servicio, en consecuencia
el Consejo mediante Acuerdo No. 010 de fecha 12 de marzo de 1993 “Por la cual
se autoriza al Alcalde Mayor de Barranquilla para oficializar el servicio
educativo de unas Instituciones Docentes sin ánimo de lucro” (sic), es decir, que
el referido Acuerdo, facultó al Alcalde para que procediera a asumir estas
escuelas e implementara todo lo necesario para materializar estas facultades.
5º
Que el señor Alcalde en ese entonces Bernardo Hoyos Montoya, mediante Decreto
No. 417. De 1994, oficializó el servicio educativo, que se prestaba en estas
instituciones, contratando a los docentes y los rectores en calidad de
encargados, a cada escuela según sus necesidades. El personal de servicios
generales, y administrativo como el caso de secretarias, seguía siendo de la
comunidad, hasta tanto la Alcaldía apropiara los recursos necesarios para
asumir este personal, valga la oportunidad de señalar que este personal,
cumplía y actualmente cumple horario de trabajo y ordenes de los Rectores
mencionados.
6º.
Que posteriormente a través de la insistencia de la comunidad la Administración
contrata un celador para cada Institución, algunos residentes en las mismas
escuelas y otros externos, y en los otros cargos la comunidad continuaba
prestando los servicios.
7º
Que ante el crecimiento de estas Instituciones ya Oficiales, se fueron
presentando mayores necesidades, por lo tanto la comunidad exigía a la
Administración la contratación del personal que ya venía laborando en ellas en
los diferentes cargos, sin embargo la Administración insistía en que no tenía
los recursos suficientes para contratar todo este personal, pero lo dejaba
laborando.
8º
Que debido a la perseverancia de la comunidad unas organizadas y otras
representadas por líderes, en el sentido de exigir la contratación del personal
que se encontraba laborando allí ya que se había convertido en una necesidad
preponderante e inclusive por exigencia de los mismos Rectores, la Secretaría
de Educación autorizada por la Alcaldía Distrital contrató una parte de este
personal para cubrir los cargos de Secretarias, Aseadoras y Celadores, quedando
mis poderdantes vinculados de hecho.
9º.
Que hasta la fecha un gran número de mis poderdantes empezaron laborando en
estas instituciones (sic), continúan sin resolverse (sic) su situación laboral,
tal como lo demostraremos con certificaciones expedidas por los mismos Rectores
de las diferentes instituciones, pero además también demostraremos con
certificaciones que algunos han sido vinculados mediante órdenes de prestación
de servicio (OPS) y otros mediante nombramientos provisionales o en propiedad,
por lo tanto se observa una violación al Derecho de Igualdad.
10º.
También queremos señalar que a los docentes y rectores que iniciaron en estas
escuelas en calidad de encargados, se les ha venido resolviendo su situación
laboral nombrándolos en propiedad, cosa que no sucede con una gran parte del
personal administrativo, cuando es tan necesario el uno como el otro y más
cuando en algunas instituciones una misma persona cumple las funciones de
Secretaria, Aseadora, Mensajera, Portero y algunas de estas personas se valen
de sus menores hijos para poder cumplir con todas estas funciones.
[…]”[4].
1.4.
Con
base en los anteriores hechos, en la acción de tutela interpuesta el 16 de
marzo de 2007, el apoderado judicial de los demandantes solicitó el pago de los
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por sus poderdantes en los
años 2004, 2005 y 2006; así también, que se decretara la vinculación laboral de
cada uno de ellos a la planta de personal del Distrito de Barranquilla[5].
1.5.
La
acción de tutela le correspondió al Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla,
el que, estando a cargo de Rosa María Muñoz Rodríguez, mediante fallo del 13 de
abril de 2007, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Conceder, como en
efecto se hace, la acción de tutela promovida por los señores […], a través de
apoderado judicial, contra el Alcalde Distrital de Barranquilla, conforme a
(sic) las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta fallo.
SEGUNDO:
Ordenar, como en efecto se hace, al señor Alcalde Distrital de Barranquilla,
para que un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación
de este fallo, proceda si aún no lo ha hecho, a adelantar las acciones
pertinentes y eficaces para la legalización de la situación laboral de los
accionantes, procediendo a la gestión y consecución de los recursos, acudiendo
ante el Ministerio del Ramo si es menester, y a realizar las apropiaciones
presupuestales correspondientes, para cumplir con las obligaciones que le
asisten en cuanto al restablecimiento de los derechos laborales que tienen los
accionantes, relacionados con sus salarios y demás prestaciones sociales y el
cubrimiento integral de la seguridad social, de conformidad a (sic) lo
establecido en la parte motiva de esta providencia judicial.
TERCERO: Prevenir
a la autoridad accionada, para que se apreste a cumplir lo aquí resuelto, so
pena de incurrir en desacato.
[…]”[6].
1.6.
El
anterior fallo no fue impugnado por el Distrito Especial Industrial y Portuario
de Barranquilla, tal y como da fe la constancia secretarial expedida por el
Juzgado Séptimo Penal Municipal de dicha ciudad, el siete de junio de 2007[7].
De igual forma, el mismo, según constancia secretarial de la Corte
Constitucional del 28 de febrero de 2008, fue excluido de revisión.
1.7.
Así,
encontrándose ejecutoriado el fallo del 13 de abril de 2007, mediante escrito
del 3 de diciembre del año 2007, los accionantes presentaron ante el Juzgado Séptimo
Penal Municipal de Barranquilla incidente de desacato. Una vez se le corrió
traslado del mismo a la Alcaldía Distrital, ésta, a través de su apoderado,
respondió que estaba realizando las acciones necesarias para acatar la mencionada
sentencia.
1.8.
No
obstante lo anterior, el mismo Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla,
mediante oficio No. 628 del 7 de abril de 2008, resolvió vincular al trámite
del incidente de desacato al señor Alcalde de la época, Alejandro Char Chaljub,
para que rindiera las explicaciones del caso sobre el cumplimiento del fallo de
tutela del 13 de abril de 2007.
1.8.1. En acatamiento del oficio No. 628
del siete de abril de 2008, el Alcalde del Distrito Barranquilla el 14 de abril
de 2008, le “solicitó a la señora Secretaria de Educación que con carácter
urgente procediera a abrir una actuación administrativa con el objeto de
recaudar los documentos y las pruebas necesarias para el cumplimiento del
referido fallo por parte de la Administración Distrital, orden que de inmediato
fue cumplida por parte de la Secretaria de Educación Distrital con la
expedición de la Resolución No. 00903 de Abril 15 de 2008”[8],
mediante la cual dio inicio a la actuación administrativa.
1.8.2. Paralelo al inicio de la actuación
administrativa, la abogada Yadira Quiroz Butron, en calidad de apoderada del
Distrito, acatando también el oficio No. 628 del siete de abril de 2008, rindió
sus descargos ante el juez de conocimiento.
1.8.3. Por su parte, la Secretaría de
Gestión de Talento Humano de Barranquilla, en desarrollo de la actuación
administrativa y dando respuesta al oficio No. 00861 del 15 de abril de 2008
remitido por la Secretaría de Educación del Distrito, manifestó que revisada la
base de datos del personal que laboraba con la administración distrital, solo
uno de todos los tutelantes había tenido vínculo laboral con esta[9].
1.8.4. De igual forma, la Secretaría de
Educación Municipal, mediante oficio No. 0191 del 15 de mayo de 2008, le
solicitó a la Secretaría de Hacienda Distrital “información relacionada con
la existencia de disponibilidad presupuestal en el sector educación para asumir
el pago de salarios a personal administrativo, ordenado mediante fallo de
tutela”[10].
A dicho escrito, el Jefe de la Oficina de Presupuesto de la secretaría
receptora, contestó el 21 de mayo de 2008 “que los accionantes al no estar
incorporados a la planta de cargos viabilizada por el Ministerio de Educación
Nacional, no contaban con respaldo financiero para que se pudieran asumir
compromisos salariales de personal administrativo adscrito las instituciones
educativas, para las vigencias fiscales 2007 y 2008”[11].
1.8.5. Paralelo a anterior, la Secretaría
de Educación Distrital de Barranquilla, mediante oficio No. 01092, les comunicó
a los accionantes y a su apoderado sobre el inicio de la actuación
administrativa, con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso y para que se sirvieran allegar a ésta todos los documentos necesarios
para el cumplimiento de la orden de tutela del 13 de abril de 2007, incluidas
las hojas de vida y las certificaciones laborales con el tiempo de servicios.
En efecto, los accionantes aportaron 83 carpetas con sus respectivas hojas de
vida.
1.8.6. La misma Secretaría de Educación
Distrital, el 19 de mayo de 2008, le envió un oficio a la Ministra de Educación
Nacional mediante el cual le solicitó la asignación de una partida presupuestal
adicional para cumplir con el fallo de tutela, sin embrago, dicha solicitud fue
respondida el 29 de mayo de 2008 en los siguientes términos:
“De acuerdo a (sic) lo anterior, la
Nación no puede reconocer la legalización de derechos laborales de las 85
personas que han prestado sus servicios como “Voluntarios”, dado que en varias
ocasiones el [M]inisterio le ha indicado a la Secretaría de Educación Distrital
que el tipo de vinculación “voluntarios administrativos” no se encuentra
relacionada en los criterios y procedimientos establecidos por el Decreto 3020
de 2002, para organizar las plantas de personal docente y administrativo del
servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales, ni en
ninguna norma adicional y bajo ninguna circunstancia la Nación asignará
recursos para financiar vinculaciones que la entidad estableció por fuera de
las normas vigentes”[12].
1.8.7. Con oficio No. 01093 del 19 de mayo
de 2008, dirigido a la Directora de Descentralización del Ministerio de
Educación, se le pidió que certificara si los accionantes fueron reportados en
su momento al “Distrito de Barranquilla para la incorporación a la planta de
cargos de Docente, Directivo Docente y Administrativos de la Secretaría de
Educación Distrital, también se le pidió que indicara desde qué tiempo fue
certificado el Ente Territorial Distrito de Barranquilla y si desde ese
entonces ha sido ampliada la planta de personal y si dentro de esa posible
ampliación han sido incorporados los accionantes. En respuesta a esa solicitud,
la Directora de Descentralización del Ministerio de Educación mediante oficio
2008BEE24752, manifiesta que es competencia de los entes territoriales
certificados incorporar el personal en las plantas de cargo, y que por lo tanto
es este quien después de revisar los respectivos archivos debe determinar si
estas personas fueron incorporadas o no”[13].
1.8.8. A pesar de haber recibido los
anteriores informes, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla,
mediante auto del 14 de junio de 2008, en cabeza de Oswaldo Guerrero Ospino,
ordenó la práctica de una inspección judicial en las oficinas de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla. En el desarrollo de dicha diligencia, la apoderada
de la administración reiteró la imposibilidad material y legal en la que se
encontraban para dar cumplimento al fallo del 13 de abril de 2007.
1.8.9. Finalmente, mediante Resolución No.
04814 del 26 de noviembre de 2008, la actuación administrativa adelantada por
el Distrito se cerró, y en dicho acto se determinó “que no se podía asumir
el pago de salarios a los accionantes ARACELL[Y] AHUMADA Y OTROS, por no
cumplir con los requisitos y disposiciones previstas en la Ley 715 de 2001,
Decreto 111 de 1996. En el referido acto administrativo de cierre de la
Actuación Administrativa se concedió el recurso de reposición, del cual no
hicieron uso los accionantes, por lo que se produjo su ejecutoria”[14].
De tal resolución fue enterado el titular del Juzgado Séptimo Penal Municipal
de Barranquilla.
1.9.   Así
las cosas, el trámite incidental adelantado por el Juzgado Séptimo Penal
Municipal de Barranquilla, en cabeza de Oswaldo Guerrero Ospino, concluyó con
la providencia del 28 de diciembre de 2008, en la cual resolvió sancionar al
Alcalde Distrital de Barranquilla Alejandro Char Chaljub, con 3 días de arresto
y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dicha providencia reza lo
siguiente:
“PRIMERO. Sancionar, como
en efecto se hace, al señor Alcalde Distrital de Barranquilla, ALEJANDRO
CHAR CHALJUB con tres (3) días de arresto los cuales deberá cumplir en las
dependencias del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional
Atlántico, y el pago de una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, los cuales deberán ser cancelados dentro del
término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de este fallo. No
obstante la sanción impuesta no exime el cumplimiento del fallo”[15].
(Negrita original).
1.10.
Consultada la sanción por desacato en los términos del inciso 2º del artículo
52 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Barranquilla en cabeza de Greis María Villamil Martínez, mediante providencia
del 6 de marzo de 2009, la revocó bajo los siguientes argumentos:
“Dentro de la presente actuación
incidental, observamos que el fallo orden[ó] al ente accionado para (sic) que
adelantara todas las acciones pertinentes en aras de legalizar la situación de
los accionantes y gestionara la consecución de los recursos ante el ministerio
del ramo, y a realizar las apropiaciones presupuestales para cumplir con las
obligaciones que le asisten a los accionantes. Pero una vez adelantada la
actuación ordenada por el juez de tutela, la administración Distrital a través
de su actual alcalde ALEJANDRO CHAR CHALJUB, se encontró después de haber
adelantado todas las actuaciones ordenadas por el fallo de tutela, que era
imposible cumplir con el mismo, porque, como claramente se dejó sentado en ese
fallo, debía acudir ante el Ministerio del ramo, es decir, ante el Ministerio
de Educación, el cual dictamin[ó] que no era posible reconocer derechos
laborales de los voluntarios (accionante) (sic) por
cuanto estos no se encuentran relacionados en el criterio y procedimientos
establecidos en el [D]ecreto 3020 del 2002 y que bajo ninguna circunstancia la
nación asignar[á] recursos para financiar vinculaciones establecidas fuera de
las normas vigentes”[16].
1.11.
Inconformes con la decisión que revocó la sanción de desacato, la señora
Aracelly Ahumada y otros, representados por el abogado Camilo Torres Becerra,
presentaron una acción de tutela contra el Juzgado Primero Penal del Circuito,
el Juzgado Séptimo Penal Municipal y la Alcaldía de Barranquilla. Dicha tutela
le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
dicha ciudad, la que mediante fallo del 4 de mayo de 2009[17],
por unanimidad, avaló la providencia del 6 de marzo de 2009 proferida por Greis
María Villamil Martínez, Juez Primera Penal del Circuito de Barranquilla.
1.11.1.
Dicho cuerpo colegiado expuso que la Juez Primera Penal del Circuito de
Barranquilla había considerado razonable el hecho de que la Alcaldía Distrital,
luego de adelantar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al fallo del
13 de abril de 2007, hubiera decidido que el mismo era de imposible
acatamiento, por cuanto a la luz de las normas vigentes no se pudo legalizar la
situación de los accionantes, pues no se habían vinculado al Distrito dentro de
los términos establecidos por las normas vigentes. El fallo de tutela reza lo
siguiente:
“En el
caso subexamine, se analizará si la accionada dio cabal cumplimiento a las
órdenes dictadas por el juez constitucional, dentro de la acción de tutela
instaurada por los accionantes contra la Alcaldía Distrital. Sin embargo, antes
de entrar al fondo de la discusión planteada por los intervinientes, respecto
del cumplimiento de la orden emitida por el juez penal municipal, dentro del
[término] otorgado. Al respecto, el apoderado de los accionantes, señala que la
orden judicial dictada dentro del proceso de tutela mencionado, “no fue acatada
por la Alcaldía”.
Por su
parte, la Juez Primera Penal del Circuito de esta ciudad, Dra. Greis Villamil
Martínez, hace un estudio minucioso del incidente de desacato en el auto
calendado marzo seis (6) de la presente anualidad llegando a la conclusión que
no se demostró la responsabilidad subjetiva de la Alcaldía, pues no se encontró
negligencia, temeridad e intención dolosa de incumplir la orden impartida.
Razón por la cual ordenó revocar la decisión de sanción en virtud de estar el
señor Alcalde en una imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento del
fallo de tutela.
Observa
la juez que los trámites para dar cumplimiento al fallo de tutela se iniciaron
por parte de la Secretaría de Educación Distrital, solicitando los Decretos que
establecen los salarios para el personal administrativo adscrito a la alcaldía
y proceder a la liquidación de sueldos y prestaciones de los accionantes,
manifestó además la parte accionada, que se encuentra realizando el trámite de
investigación ante la oficina de control CTI y del Ministerio de [E]ducación
Nacional en todas las hojas de vida de los accionantes y están a la espera del
concepto de dichos organismos.
Pero además
en la administración del Dr. Hoenisbergh, se procedió a ordenar la liquidación
de los últimos tres años, de cada accionante en cumplimiento del fallo, y en la
presente administración se manifestó que esta en (sic) la espera de decisiones
de la Secretaría de Educación la cual solo tuvo conocimiento de la acción en
abril del 2008 cuando se comunicaba la admisión del incidente de desacato, no
obstante la Alcaldía requirió a esa Secretaría para establecer la existencia
del compromiso de la Administración Distrital con los accionantes para evitar
sanciones penales por el pago de contratos sin el lleno de los requisitos. Pues
al remitir la relación de pago no se hallaron en el expediente varios
requisitos. No obstante manifiesta que la Alcaldía ordenó dar cumplimiento al
fallo”[18].
1.11.2.
Seguidamente, el Tribunal resaltó que se debió tener en cuenta, como en efecto
se hizo por la Juez Primera Penal del Circuito de Barranquilla, la actuación
del gobierno Distrital de Barranquilla para acatar el fallo del 13 de abril de
2007:
“Considera
la Sala que se debió tener en cuenta las gestiones de la Alcaldía Distrital al
procurar el cumplimiento del fallo emitido como a bien lo manifestó la juez accionada,
pues su actuar [h]a sido cauteloso y busca legalizar en todo momento la
situación de los accionantes además de estar gestionando los recursos y
apropiaciones presupuestales para dar cumplimiento a las obligaciones.
Por las
actuaciones minuciosas y acuciosas que la Juez Primero Penal del Circuito,
desplego [sic] al estudiar la consulta del incidente de desacato esta Sala no
puede señalar la existencia de una vía de hecho en el procedimiento y en la
decisión, así las cosas se procederá a denegar las pretensiones de los
accionantes por improcedentes.
Adicionalmente
la Sala no puede perder la perspectiva, de que en el asunto que nos ocupa lo
que se pretende amparar es una supuesta violación al debido proceso en una
decisión judicial esta decisión judicial es del seis de marzo de 2009 y la
misma fue presentada en copia por la juez accionada, en este sentido finalmente
lo que corresponde es analizar si con esa decisión en realidad de verdad se
trasgredieron derechos fundamentales de los accionantes, pero además si la
única salida judicial es la acción de tutela, por lo que deberá como viene
explicado demostrarse a toda costa que no existe otra posibilidad judicial que
permita resolver el entuerto si lo hubiere.
En este
sentido debe darse por sentado, que por el hecho que no se comparta la decisión
de un juez en un momento dado, puede tildarse de “vía de hecho”, lo cual
implicaría también que el juez prevarico (sic) pues la vía de hecho
generalmente constituye una decisión arbitraria injusta y contraria a derecho.
Por otro
lado y como se sabe las decisiones judiciales siempre tiene dos extremos
posibles, o se conceden las pretensiones de quien la demanda y se condena al
demandado en términos generales, o se niegan las mismas y en este caso se
absuelve al demandado.
Insistiremos
entonces en que tal y como lo plantea el representante de los accionantes,
ahora, parecería que se pretendiera que el juzgado Primero Penal del Circuito
solo tenía una posibilidad, la cual era confirmar la sanción por desacato,
supuestamente porque la tutela fallada por el Séptimo Penal Municipal, no
habría sido cumplida, no obstante esa forma de apreciar el tema resulta
apriorística, y como que si la labor del Juez de Instancia en este caso fuese
puramente objetiva ante el presunto incumplimiento, a contrario sensu, se nota
en la providencia del 6 de marzo de 2009, y en el incidente de desacato se hace
un análisis ponderado de la situación, con importante estudio de lo subjetivo y
de lo objetivo, llegándose a la conclusión que la Alcaldía Distrital de
Barranquilla, no había incurrido en incumplimiento con la intensión subjetiva
de defraudar el fallo judicial de marras, pero que tampoco había existido dolo
en el incumplimiento, ni temeridad ni negligencia, y en ese sentido se hacen
todos los análisis del caso para concluir entre otras reflexiones que nadie
está obligado a lo imposible, como reiteradamente lo ha decantado la Corte
Constitucional, ese solo hecho pone de presente un pesado argumento para
sustentar la improcedencia de la acción que ahora nos ocupa […]”[19].
1.11.3.
Finalmente, en un aparte de la providencia, la Sala Penal del Tribunal dejó ver
su preocupación por el contenido del fallo del 13 de abril de 2007, señalando
que no era la acción de tutela la vía ordinaria para reconocer derechos
laborales y prestaciones sociales a más de 72 personas, así:
“Acorde
con lo anterior podría deducirse también que la vía juridicial propia o medio
de defensa idóneo sería precisamente el trámite de desacato hasta que se diese
cumplimiento.
Pero no
puede pasar por alto la Sala, que tanto en las actuaciones de origen como en la
que nos ocupa por consecuencia, se pretendieron tutelar derechos de más de 72
personas, de carácter laboral, o relativos a la seguridad social tales como son
(sic) derecho al trabajo, mínimo vital, igualdad, pago oportuno de salarios,
derecho de vinculación etc., dentro de los cuales es posible que pueda
advertirse la necesidad de verificar, si en realidad la persona existe, si se
encuentra con vida, si en efecto otorgó el poder que se predica de ella, si no
se trasladó como docente o asalariado con el Distrito en otro ámbito de la
Administración, o del Magisterio, si su categoría equivale en efecto a la pretensión
que se alude en su favor, si su vínculo se dio por contrato o por empleo
público, si tom[ó] posesión efectiva del cargo, si su desvinculación obedeció a
una salida masiva de empleados, por retiro o por insubsistencia, o aún
finiquit[ó] por liquidación de los contratos, o si en efecto las personas
prestaron los servicios que de ella se demanda, en fin toda suerte de
comprobaciones que permitiesen establecer, que no nos encontramos ante una
defraudación en contra del Distrito o de la administración de justicia, lo cual
representaría también la incursión en un grave delito por parte de los
particulares y de los funcionarios y empleados que actuare ligeramente. Por
lo que llama la atención de la Sala que en menos de diez (10) días se hubiere
tramitado una tutela, a favor de 72 accionantes, comprobándose plenamente sus
derechos en cada uno de los casos, y aunque no es este el estanco propicio para
cuestionar esas decisiones ni esas actuaciones, es justo entender que se
hubiere acudido a la intervención del CTI y otros organismos para establecer la
veracidad de tales derechos y tales documentos, como bien lo entendió y lo
interpretó el juzgado accionado, pues de otra manera lo que se ofrecería la
compulsa de copias por los presuntos delitos de fraude procesal, falsedad en
documento, peculado o tentativa de peculado, estafa agravada, abuso de
autoridad por extralimitación de funciones, y hasta un presunto prevaricato.
Es por
ello que precisamente la acción de tutela como lo ha señalado la Corte en
reiteradas veces y lo demarcan el art. 86 de la Constitución y el artículo 1º
del Decreto 2591 es una acción especial esencialmente de carácter individual, y
personal […]
En cambio
que las acciones colectivas y populares están previstas a partir del artículo 88
de la Constitución Nacional para la protección de los derechos colectivos
relacionados con el patrimonio, espacio, la seguridad, salubridad pública, la
moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de
similar naturaleza que se definen en ella, adicionalmente señala esta misma
norma que mediante este tipo de acción se regulan las acciones originadas en
los daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de las
correspondientes acciones populares, y aunque no se trata de cuestionar las
decisiones anteriores o subyacente[s] que dieron lugar a esta acción queda
claro que la disposición del legislador tanto en lo Constitucional como en lo
legal la de limitar la tutela a acciones de carácter individual y particular y en
ningún caso popular o colectivo, como es la que ahora se nos viene presentando.
El
Decreto 306 de 1992 decanta cuando no son procedentes las acciones de tutelas,
entre otras cuando se trata de [ó]rdenes de reintegro o promociones de empleo
cargo rango o condición, igualmente no es posible la prensión de restituciones
o devoluciones de sumas de dinero pagadas por razón de una multa, tributo,
tasa, regalía o cualquier otro título o revisión o modificaciones sobre
determinaciones administrativas sobre obligaciones de pagar sumas de dinero
etc., es decir esta acción está limitada para todo tipo de pretensiones de
carácter colectivo y esencialmente para aquellas relacionadas con pretensiones
de dinero y otras simples.
No se
trata debe insistirse de cuestionar los fallos anteriores o por los que se
concediera o denegara las pretensiones, sino de acotar las razones por las
cuales la Sala entiende que no existió vía de hecho en la decisión del Juzgado,
la cual aparece suficientemente motivada, pero que además aún en el evento de
que no se llegase a compartir la decisión que ahora pretende cuestionarse por
esta vía, se haría acreedora de una decisión adversa a la misma amparando el
pretendido derecho pues en el universo de probabilidades las acciones judiciales
pueden concederse o negarse sin que lo que equivoco de fallo signifique
necesariamente una vía de hecho, merecedora de tutela e incursora en
prevaricato, nada más alejado de la realizad, pues en ese caso habría que
entender que si los jueces no fallan a favor de las pretensiones de los
accionantes o demandantes, los fallos judiciales todos serían incursores en vía
de hecho.
El Juez
es fundamentalmente un ser humano, y en ese sentido su actuación está investida
también de las presunciones de acierto y de legalidad, y al amparo del universo
jurídico tiene múltiples posibilidades para tomar una decisión dentro de un
extremo u otro, basta que se sustente en el derecho vigente, y motive con
suficientes razones de hecho y de derecho sustentadas en las pruebas lo que
permite concluir que se mantuvo dentro de los márgenes permisibles de error y
acierto, que el régimen legal y Constitucional establece o ampare, y máxime si
se trata de este último orden, y para que la decisión deba ser objeto del
respeto de los conciudadanos a los cuales los afecta, que para tal caso cuentan
con los recursos de ley dentro de sus límites para oponerse cuando no le
resulten favorables.
[…]”[20].
(Subraya fuera del texto original).
1.12. A
pesar de lo anterior, por auto del 28 de abril de 2009, mediante el cual se
resolvió una petición de medida cautelar radicada el 13 de abril de 2009 por el
abogado de los tutelantes; Tarcisio Manuel Benavides Acosta, titular(e) del
Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, “ordenó el embargo y
secuestro preventivo de los dineros de la Alcaldía Distrital de Barranquilla,
limitando la medida hasta cubrir la suma de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS ($5.762.844.009)”[21],
para garantizar el cumplimiento del fallo proferido por dicho despacho judicial
el 13 de abril de 2007. Esta decisión le valió que el 14 de octubre de 2011, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla lo condenara por el
delito de prevaricato por acción a la pena de 60 meses de prisión, multa de 96
S.M.L.M.V., e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
por el término de 88 meses. Apelada la anterior sentencia, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 15 de febrero de
2012, la confirmó íntegramente y censuró el actuar del condenado en los
siguientes términos:
“5.4.5. Bajo el supuesto anterior,
es necesario concluir que la Alcaldía Distrital de Barranquilla acató el fallo
de tutela tal y como lo exigió la parte resolutiva del mismo, esto es, se
realizaron las actuaciones administrativas correspondientes para la
legalización de la situación laboral de los accionantes, se gestionaron los
recursos ante la secretaría distrital de hacienda y finalmente se acudió ante
el Ministerio de Educación Nacional para que éste aprobara un rubro adicional,
actuaciones dirigidas a cumplir la tutela a pesar de encontrarse con
irregularidades manifiestas que debían tenerse en cuenta por el procesado
TARCISIO MANUEL BENAVIDES al momento de ordenar el embargo de las rentas.
5.4.6. Este criterio orientador fue
el mismo esgrimido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla,
que en providencia del 6 de marzo de 2009, revocó la sanción por desacato
impuesta contra el Alcalde Distrital de Barranquilla. En consecuencia, era
deber del procesado como juez encargado, revisar y atender las indicaciones de
su superior jerárquico tanto en la parte motiva como en la parte resolutiva
del proveído, aún más cuando había sido proferida con tan solo 45 días de
antelación.
[…]
5.4.8. De acuerdo con lo anterior,
TARCISIO MANUEL BENAVIDES en calidad de juez encargado debía revisar y acatar
las decisiones de su superior jerárquico, quien en la decisión antes citada,
sostuvo que la alcaldía había adelantado las gestiones necesarias pero que
existía imposibilidad jurídica y material para cumplir la sentencia de tutela”[22].
1.13. Concluido en los
anteriores términos el primero de los desacatos presentados en contra del fallo
de tutela del 13 de abril de 2007, proferido por el Juzgado Séptimo Penal
Municipal ya con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, el 2 de
agosto de 2013 la abogada Rebolledo Ortega presentó un segundo incidente de
desacato por el incumplimiento de dicha providencia, ahora en contra de la
Alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera[23].
1.14. Posteriormente,
la misma apoderada judicial, esto es, Luvis Rebolledo Ortega, el 15 de octubre
de 2013 presentó un nuevo escrito solicitando el cumplimiento del fallo de
tutela del 13 de abril de 2007, proferido por el Juzgado Séptimo Penal
Municipal de Barranquilla[24].
1.15. Para darle
trámite a los anteriores escritos, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, mediante auto del 22 de
noviembre de 2013 requirió al Distrito para que informara el cumplimiento que
le había dado al susodicho fallo de amparo. La respuesta a este particular fue
recibida el 26 de noviembre de 2013, a través de la cual se informó que el
cumplimiento material de dicha sentencia era imposible y se anexó la sentencia
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual
se confirmaba íntegramente la condena que por prevaricato le impuso la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla al juez
Tarcisio Manuel Benavides.
1.16. Con posterioridad
a los anteriores escritos, el 3 de diciembre de 2013, el actor Olider Ramos
Sotelo, presentó un tercer incidente de desacato respecto del fallo del 13 de
abril de 2007 del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla.
1.17. De manera que,
para fallar de fondo las 3 nuevas peticiones, esto es, los incidentes de
desacatos presentados el 2 de agosto y el 3 de diciembre de 2013 y la solicitud
de cumplimiento del 15 de octubre de 2013, el Juez Séptimo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías, Maxlinder Antonio Pichón Montaño, profirió
una única providencia tras considerar que las peticiones bajo su consideración
contenían identidad de hechos y pretensiones.
1.18. Fue así como,
mediante auto del 12 de marzo de 2014 Maxlinder Antonio Pichón
Montaño, Juez Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Barranquilla, por considerar que el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Barranquilla bajo la titularidad de Greis María Villamil Martínez, mediante
providencia del 6 de marzo de 2009 había resuelto de fondo el desacato en
contra del fallo del 13 de abril de 2007 y, teniendo en cuenta la sentencia
condenatoria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en
contra del Juez Tarcisio Manuel Benavides; resolvió:
“1º ABSTENERSE de dar trámite a los
nuevos incidentes de desacatos y sanción al Alcalde Distrital de Barranquilla,
como a los cumplimiento (sic) de fallos solicitados por los accionantes ARACELY
(sic) AHUMADA LOZANO Y OTROS a través de apoderado judicial y OLIDER RAMOS
SOTELO en nombre propio ya especificados, de conformidad a (sic) lo expuesto en
la parte motiva del presente proveído.
2º Como consecuencia de lo anterior
archívese la presente acción de tutela e incidentes de desacatos y
cumplimientos de fallo, ante la imposibilidad material y legal de dársele
cumplimiento al susodicho fallo por parte de la accionada, de conformidad a
(sic) las consideraciones argumentadas en la presente providencia.
3º Contra esta decisión que
resuelve los incidentes de desacato, sanción al Alcalde Distrital de
Barranquilla, cumplimientos del fallo y el archivo de todo el expediente, no
obra ningún recurso de ley.
[…]”[25].
1.19. Posteriormente,
mediante escrito del 27 de mayo de 2014, el abogado Luis Armando Mola
Insignares, sustituto de la abogada Luvis Rebolledo Ortega, solicitó nuevamente
se le diera cumplimiento al fallo de tutela del 13 de abril de 2007, proferido
por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla.
1.20. La anterior
solicitud fue atendida mediante providencia del 29 de mayo de 2014
con ponencia de Maxlinder Antonio Pichón Montaño, Juez Séptimo Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, quien reiteró el
contenido de la providencia del 12 de marzo de 2014, se estuvo a lo resuelto
por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla en providencia del 6
de marzo de 2009 y consideró que al estar archivada toda actuación relacionada
con el cumplimiento de la tutela referida, la solicitud impetrada era
improcedente. Así, resolvió:
“1.- Abstenerse de darle trámite a
lo peticionado por el apoderado judicial de la parte accionante, de conformidad
a (sic) lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
[…]”[26]
1.21. Así pues, el
abogado Luis Armando Mola Insignares, presenta la acción de tutela de la
referencia contra las providencias dictadas por el Juez Séptimo Penal Municipal
de Barranquilla, Maxlinder Antonio Pichón Montaño, el 12 de marzo de 2014
y el 29 de mayo de 2014. Para el demandante, las providencias
atacadas contrarían la Constitución y adolecen de los defectos fáctico y
procedimental, al negarse a iniciar los trámites necesarios para que la
Alcaldía Distrital de Barranquilla acate el fallo del 13 de diciembre de 2007,
proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de dicho Distrito.
Según
argumenta, el primero de los defectos se configura porque el juez demandado al
proferir las providencias acusadas, actuó en contra de la evidencia probatoria
y resolvió a su arbitrio. En criterio del actor, el juez demandado ha debido
tener en cuenta que el fallo del 13 de abril de 2007 se encuentra ejecutoriado
y a pesar de ello, sigue siendo incumplido. Rechaza el hecho de que la
autoridad demandada haya considerado acatado el mismo luego de tramitado el
incidente de desacato que terminó con la providencia del 6 de marzo de 2009 del
Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla, que en el trámite de
consulta revocó la del 28 de diciembre de 2008 proferida por ese mismo despacho
judicial. A este respecto, rebate que en esta nueva oportunidad el juez
accionado se haya abstenido de dar trámite a los escritos
presentados por sus poderdantes el 2 de agosto, el 15 de octubre y el 3 de
diciembre de 2013, bajo el argumento de que la Alcaldía Distrital ya había
adelantado una actuación administrativa que culminó con la Resolución No. 04814
del 26 de noviembre de 2008, con la cual se había acatado el fallo referido.
También reprocha que el juez accionado pretenda dejar sin efectos el fallo del
13 de abril de 2007, por cuenta de la condena penal al exjuez Tarcisio Manuel
Benavides, pues esto último no puede afectar el reconocimiento de los derechos
que en vía constitucional tienen sus representados.
De
otra parte, según expuso, el segundo de los defectos se configura por el hecho
de que a pesar de estar ejecutoriado el fallo de tutela del 13 de abril de
2007, el juez demandado no quiso tramitar las solicitudes de cumplimiento y de
desacato para que el mismo fuera efectivamente acatado por la Alcaldía
Distrital de Barquilla. Por lo tanto, manifiesta que se están trasgrediendo los
artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se establece el
procedimiento para hacer efectivas las ordenes proferidas en una acción de
amparo. El referido defecto lo argumenta así:
“El
Juez 7º Penal Municipal incurre en vía de hecho por defecto procedimental
absoluto, al proferir las decisiones de fecha 12 de marzo y 29 de mayo del
presente, porque desconoce las formas propias del juicio constitucional y,
apartándose del camino que debe obligatoriamente seguir, hace un esguince, y se
enruta por el camino equivocado por la negativa de tramitar el incidente de
cumplimiento y el incidente de desacato de la orden de tutela, sumado al grave
hecho de atreverse a ordenar el archivo del expediente.
De
igual forma, ante la errada interpretación de IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y LEGAL
para exigir el cumplimiento del fallo, incurre como dice la Corte
Constitucional en la tutela T-781 de 2011, en defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto […]”[27].
II.
Pretensiones
Con fundamento en
los hechos anteriormente narrados, el accionante solita lo siguiente:
2.1.   Revocar
las providencias del 12 de marzo y del 29 de mayo de 2014, proferidas por el
Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Barranquilla.
2.2.   Ordenarle
al Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla,
que inicie el trámite de cumplimiento y le exija a la accionada Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla/Alcaldía Distrital, acatar el
fallo del 13 de abril de 2007 de dicha oficina judicial, so pena de incurrir en
desacato.
2.3.   Ordenarle
al Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla
que le exija al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, en
cumplimiento de la orden de amparo constitucional, que disponga de los recursos
necesarios para legalizar la situación laboral de los accionantes, dentro del
término señalado en la parte resolutiva de la sentencia del 13 de abril de
2007.
III. Trámite de la acción de amparo
3.1.   La acción de
tutela de la referencia fue admitida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
de Barranquilla, mediante providencia del 13 de junio de 2014. En la misma, se
ordenó notificar al juzgado accionado para que ejerciera su derecho de defensa
y contradicción.
3.1.1.
Respuesta del Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla
El accionado en cabeza de Maxlinder Antonio
Pichón Montaño, solicitó que la acción de tutela de la referencia
fuera declarada improcedente.
Manifestó que las providencias judiciales atacadas no
podían verse aisladamente sino como un conjunto dentro del cual también hacen
parte, entre otros, el incidente de desacato presentado el 3 de diciembre de
2007 por la abogada de los tutelantes Luvis Rebolledo Ortega, el cual en
primera instancia fue resuelto con la providencia del 28 de diciembre de 2008,
del Juez Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, Oswaldo Guerreo Ospino, que
resolvió sancionar al Alcalde de dicha ciudad por desacato, providencia que fue
revocada por la de la Juez Primero Penal del Circuito de Barranquilla, Greis
María Villamil Martínez, quien consideró, al contrario del a-quo, que el
fallo del 13 de abril de 2007 sí se había acatado.
Resaltó que, debe tenerse en cuenta que por haber
decretado una media cautelar el 28 de abril de 2009, en la que se ordenó el
embargo y secuestro de dineros del Distrito de Barranquilla para supuestamente
cumplir el fallo del 13 de abril de 2007, el Juez Séptimo Penal Municipal de la
época Tarcisio Manuel Benavides, fue condenado por prevaricato por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, condena que
fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y
que, además, hay otros 2 jueces que están siendo investigados penalmente por el
mismo delito.
Por lo anterior, anotó que valoradas en conjunto todas
estas circunstancias, el Despacho a su cargo no tuvo otra opción que obedecer y
cumplir lo resuelto por el superior, “que en este caso son las tres
instancias judiciales que concordaron en la imposibilidad material de que la
accionada le diera cumplimiento al fallo de tutela […]”[28].
Finalizó manifestando que no han habido hechos nuevos
que motiven los incidentes de desacato y las solicitudes de cumplimiento que se
han presentado con posterioridad al incidente de desacato iniciado el 3 de
diciembre de 2007, por lo que considera que es incompetente para pronunciarse
sobre más peticiones de desacato que se fundamentan en lo mismo.
3.1.2.
Luego de lo anterior, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Barranquilla, profirió fallo el primero de julio de 2014, mediante el cual negó
la acción de amparo interpuesta, aduciendo que las providencias judiciales
atacadas no adolecían de ninguno de los defectos que se les endilgaba[29].
3.2.   En
contra de la anterior sentencia, el apoderado judicial de los accionantes, Luis
Armando Mola Insignares, presentó impugnación[30].
3.3.   Al avocar
conocimiento de la alzada, mediante providencia del 24 de julio de 2014, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, declaró
la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de tutela desde el auto
admisorio de la misma, con el fin de que se vinculara al trámite a la Alcaldía
de Barranquilla Distrito Especial Industrial y Portuario. Sin embargo, en el
mismo auto, convalidó las contestaciones recibidas[31].
3.4.   Dando
cumplimiento a lo ordenado por el Superior, el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito de Barranquilla mediante providencia del 29 de julio de 2014,
vinculó al trámite tutelar a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de
su representante legal, Elsa Noguera[32].
3.4.1.
Respuesta de la Alcaldía de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y
Portuario
La oficina jurídica de la
Alcaldía Distrital, a través de su apoderado,  descorrió el traslado
oportunamente, solicitando declarar improcedente o negar la acción de amparo
impetrada.
Luego
de hacer un recuento de los antecedentes que dieron lugar al fallo del 13 de
abril de 2007, proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Barranquilla, puso de presente que el mismo en
efecto se había cumplido.
Expuso que la orden
impartida en el fallo del 13 de abril de 2007, se contrajo a que se debían “a)
Adelantar las acciones pertinentes y eficaces para la
legalización de la situación laboral de los accionantes, procediendo a la
gestión y consecución de los recursos, acudiendo ante el Ministerio del ramo
(Educación) si es menester, y b) Realizar las apropiaciones
presupuestales correspondientes para cumplir con las obligaciones que le
asisten en cuanto al restablecimiento de los derechos laborales que tienen los
accionantes, relacionados con sus salarios y demás prestaciones sociales y el
cubrimiento integral de la seguridad social”[33].
(Negrita y subraya original).
Así, aclaró que, en cuanto
a la primera de las órdenes de “Adelantar las acciones
pertinentes, estas (sic) se vieron reflejadas en la orden dada a la
Secretaria de Educación en el oficio de fecha 14 de abril de 2008 y recibido en
fecha 15 del mismo mes y año con el número radicado 23417 en la secretaría de
educación en el cual solicitó con carácter urgente procedieran a abrir una
actuación administrativa con el objeto de recaudar los documentos y las pruebas
para el cumplimiento del referido fallo por parte de la Administración
Distrital, motivo suficiente para considerar cumplida la orden judicial del
juez. La segunda obligación impuesta en el fallo de tutela, en el sentido de Realizar
las apropiaciones presupuestales correspondientes, a pesar de haberse iniciado
a través del funcionario competente para el caso oficio (sic) Secretaría
de Educación dentro de la actuación administrativa con su oficio remisorio a la
Secretaría de Hacienda del Distrito y esta a su vez se lo solicita al jefe de
la oficina de presupuesto del Distrito de Barranquilla, Doctor GERMAN MANOTAS
ORTEGA, quien informó que “las personas a las cuales hace referencia
la sentencia de Tutela No 00173-07, no se encuentran dentro de la planta de
cargos viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional y no cuentan con
respaldo financiero para asumir dichos costos” razón suficiente para tener
cumplida su orden en el sentido expresado en dicho fallo judicial”[34].
(Subraya y negrita fuera de texto).
De tal forma, señaló que,
en efecto, las anteriores órdenes se cumplieron por la administración distrital
de turno, pues el Alcalde del Distrito de Barranquilla le ordenó a la
secretaría de educación de la cuidad abrir una actuación administrativa con el
objeto de recaudar los documentos y pruebas necesarias para el cumplimiento del
referido fallo. Sin embargo, practicadas todas las pruebas decretadas en la
actuación administrativa, la misma se cerró mediante Resolución No. 04814 del
26 de noviembre de 2008, la cual resolvió “que no se podía asumir el pago de
salarios a los accionantes ARACEL[LY] AHUMADA Y OTROS, por no cumplir con los
requisitos y disposiciones previstas en la Ley 715 de 2001, Decreto 111 de
1996.”[35].
En
esos términos, anotó que la administración Distrital no puede asumir las
obligaciones que no estén presupuestadas y citó para el caso lo dispuesto por
el artículo 107[36]
de la Ley 115 de 1994 “Por la cual
se expide la Ley General de Educación”, que dispone
que es ilegal el nombramiento del personal docente que no esté aprobado por las
entidades territoriales o que se realice sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley.
De tal forma, señaló que hay “imposibilidad
material y jurídica para el cumplimiento del fallo de tutela de forma distinta
a la que adoptó la administración y que sust[entaron] las decisiones del Juez
Primero Penal del Circuito de Barranquilla al revocar la sanción de arresto en
su momento”[37].  Para sustentar esto,
agregó que:
“Como quiera que el cumplimiento del fallo de
tutela perseguía como fin último la “legalización de la situación laboral de
los accionantes, procediendo a la gestión y consecución de los recursos,
acudiendo ante el Ministerio del ramo si es menester, y a realizar las apropiaciones
presupuestales correspondientes, para cumplir con las obligaciones que le
asisten en cuanto al restablecimiento de los derechos laborales que tiene (sic) los accionantes, relacionados con sus salarios y
demás prestaciones sociales y el cubrimiento integral de la seguridad social”
y al no encontrarse los accionantes dentro de la planta de cargos
viabilizada por el Ministerio de Educación y no contar con respaldo financiero
para asumir esos costos, se hizo imposible que la administración distrital pudiera
cumplir con los efectos del fallo de tutela; razón suficiente para determinar
por parte del juez primero penal del circuito que el fallo solo se podía
cumplir adelantando las gestiones que se adelantaron (sic) en su momento, y que
solo eso se podía hacer en acatamiento de la referida orden judicial”[38]. (Subraya original).
Para concluir, el apoderado judicial de la
Alcaldía solicitó “decretar la improcedencia y negar el amparo deprecado por
el accionante, pues, lo ha dicho la jurisprudencia, que en efecto la acción de
tutela procede de manera excepcional “siempre y cuando en el trámite de éste
último [incidente de desacato] se advierta y demuestre que tal decisión
judicial se constituye en una causal de procedibilidad de la acción de tutela, en
tanto afecta derechos constitucionalmente protegidos”, sobra decir que para
los accionantes dentro del trámite de la acción de tutela como en el incidente
de desacato el A-quo ha sido demasiado generoso al momento de garantizar los
derechos constitucionales protegidos, al punto de haber mantenido en vilo al
Distrito con los sendos requerimientos y las sanciones que han pesado sobre la
primera autoridad Distrital, lo que ha incluido medidas cautelares de embargo y
secuestro de sumas de dinero, que dicho sea de paso generaron sentencias
penales condenatorias en contra de un juez encargado de decretar dicha medida”[39]. (Subraya original).
Con base en lo expuesto, reiteró que las
providencias acusadas no constituyen vías de hecho, señaló, por el contrario,
que al haberse abstenido el juez Maxlinder Antonio Pichón Montaño de dar
trámite a los nuevos incidentes de desacato y de cumplimiento del fallo del 13
de abril de 2007, garantizó los derechos fundamentales del Distrito de
Barranquilla, los que sí están siendo vulnerados por los actores, quienes han
abusado del mecanismo constitucional dispuesto en el artículo 86 de la Carta y
de las normas que lo reglamentan.
IV. Actuaciones judiciales sujetas a revisión
4.1.   Juzgado Séptimo Penal del Circuito
de Barranquilla
4.1.1.
En una nueva sentencia del 13 de agosto de 2014, el a-quo negó el amparo
solicitado.
Expuso
que las providencias judiciales del 12 de marzo y del 29 de mayo de 2014 no
constituyen una vía de hecho, y que, por el contrario, “[d]ebe señalarse que
la decisión del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, de no apertura
(sic) de trámite incidental porque no observa incumplimiento de la orden
de tutela prevista en la sentencia del 13 de abril de 2007 expedida por el
mismo despacho judicial, no encaja dentro de las premisas que determinan la
existencia de una [v]ía de [h]echo, pues su actuación no es el resultado de una
conducta arbitraria o que esté opuesta a la ley sustancial y, por el contrario,
se evidencia que (sic) encuentra ajustada al ordenamiento jurídico
existente”[40].
De
igual forma, consideró que dichas providencias se ajustan a derecho, al señalar
que “el despacho judicial accionado le dio trámite legal a las peticiones de
los accionantes profiriéndose los autos respectivos del 12 de marzo y 29 de
abril (sic) de 2014, donde se explica[n] detenidamente las razones
concretas por las cuales se niegan las pretensiones de los accionantes con
fundamentos serios y específicos que demuestran la ausencia de responsabilidad
subjetiva de la [entidad] accionada y la imposibilidad jurídica y material de
cumplir el fallo del 27 de abril de 2007”[41].
Finalizó
señalando que la acción de tutela no puede utilizarse como un mecanismo para
revivir lo ya decidido de manera definitiva en una providencia que concluyó en
el grado de consulta, con un incidente de desacato interpuesto en el año 2007,
en el cual se resolvió de fondo el asunto que vuelve a traerse a consideración
por parte de los actores en los nuevos incidentes de desacato promovidos.
4.2.
Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de       Barranquilla
4.2.1.
El actor impugnó el fallo de primera instancia. Insistió en que el fallo de
tutela del 13 de abril de 2007, proferido por el Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla sigue siendo
desacatado a pesar de haber hecho tránsito a cosa juzgada. De igual manera,
rechazó el argumento según el cual la orden de tutela se cumplió por el simple
hecho de que la accionada realizó una serie de gestiones formales que en manera
alguna satisficieron las pretensiones de los actores[42].
4.2.2. El traslado de dicho recurso fue
descorrido por el abogado de la oficina jurídica de la alcaldía de
Barranquilla, quien luego de hacer un recuento de los antecedentes que llevaron
al fallo del 13 de abril de 2007, del Juzgado Séptimo Penal Municipal de tal
ciudad, solicitó se declarara la improcedencia del amparo o en su defecto se
confirmara el fallo apelado.
Para sustentar su petición, expuso que en
el presente asunto se presenta el fenómeno de la cosa juzgada, pues si bien en
contra del fallo del 13 de abril de 2007 se interpuso un incidente de desacato
que en primera instancia fue concedido, el mismo fue revocado en el grado de
consulta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla, en
providencia del 6 de marzo de 2009 proferida por la juez Greis María Villamil
Martínez, contra la cual los accionantes ya habían presentado una acción de
tutela que le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
de Barranquilla, la que mediante fallo del 4 de mayo de 2009 por unanimidad,
confirmó el auto del Juzgado Primero Penal del Circuito de dicha ciudad. Con
fundamento en ello, señala que en la presente oportunidad hay temeridad.
De otro lado, reiteró que hay
imposibilidad jurídica de cumplir con el fallo del 13 de abril de 2007 y que
los accionantes han tenido el tiempo suficiente para acudir a la jurisdicción
respectiva para solicitar la protección de sus derechos, lo cual no ha sucedido
y por el contrario sí han abusado de la acción constitucional consagrada en el
artículo 86 de la Carta y de los decretos que la reglamentan.
4.2.3.
La alzada fue resuelta mediante sentencia del 25 de septiembre de 2014,
revocando el fallo de primera instancia con base en los siguientes argumentos:
Expuso
que el hecho de que haya habido un incidente de desacato anterior no impide que
se pueda presentar uno nuevo cuando hay un fallo de tutela que está siendo
incumplido.
Manifestó
que los alcaldes no han tenido ningún interés político en cumplir el fallo del
13 de abril de 2007 del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla y que
el mismo tiene que ser acatado, sin que pueda pensarse que la actuación
administrativa adelantada por la alcaldía Distrital en el año 2008 satisfizo
las pretensiones de los actores.
De
otro lado, señaló que “no constituye ningún obstáculo jurídico que el juez
encargado, Tarcisio Manuel Benavides, hubiese sido condenado por prevaricato,
al embargar los dineros de la Alcaldía Distrital, en virtud que éste (sic)
funcionario judicial desbordó lo expresamente dispuesto en el fallo de tutela,
al disponer que primero era (sic) la legalización de los accionantes y
segundo el pago de sus salarios y prestaciones laborales […]”[43]
A
partir de las anteriores consideraciones, hizo un análisis de los requisitos
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, para decir que los primeros se cumplen a cabalidad y
que, en cuanto a los segundos: “la Colegiatura observa que el juez accionado
incurrió en una vía de hecho, por las siguientes razones: (i) defecto
sustantivo, porque no existe norma que señale que el incidente de desacato se
deba iniciar una sola vez, a contrario sensu la jurisprudencia constitucional
ha indicado que éste (sic) se puede invocar cuantas veces sea necesario
siempre que el incumplimiento del accionado este (sic) presente, es
decir, que persista la violación de los derechos fundamentales tutelados; (ii)
defecto procedimental, pues actuó ajeno al procedimiento establecido y se
desvió de su deber de cumplir con las formas propias del trámite en el
incidente de desacato, habida cuenta que se apartó de la obligación que se
encuentra en cabeza del Juez de tutela, que es precisamente lograr el
cumplimiento de los fallos de las acciones de amparo, y que pese a la
exposición que hicieron los actores al manifestar que aún están siendo
vulneradas las garantías fundamentales que fueron amparadas por el Juez (sic)
se negó a abrir el incidente”[44].
Concluyó
con los siguientes argumentos:
“Por
lo anterior, la Sala mayoritaria observa que el juez accionado en la
providencia atacada, quiso modificar la orden impartida por el Juez
constitucional, y a su vez, se apartó del deber que le asiste de velar por el
cumplimiento de los fallos de tutela, olvidándose que el amparo mencionado hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que se extralimitó en el
cumplimiento de sus funciones, al desconocer olímpicamente la orden judicial
dada por un Juez de la República y la reiterada jurisprudencia constitucional,
proceder que es inexcusable, dada su condición de Juez de Primera Instancia.
Amén
de lo anterior, la Sala Mayoritaria revocará íntegramente el fallo impugnado y
en su lugar se concederá el amparo a los derechos fundamentales invocados por la
ciudadana Aracel[l]y Ahumada Lozano y otros, por vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo y mínimo vital, en consecuencia se
decretará la nulidad de los autos de fecha 12 de marzo y 29 de mayo de 2014,
proferidos por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, para que en
su lugar le dé cumplimiento a lo aquí dispuesto, en armonía con todo (sic)
la motivación constitucional puesta de presente up supra, previniendo a todas
las instancias inferiores para tal efecto”[45].
Finalmente,
luego de las anteriores precisiones, resolvió:
“Primero.-
Revocar íntegramente el fallo impugnado, en consecuencia, amparar los derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo y mínimo vital, acceso a la administración
de justicia, y cosa juzgada constitucional, de los accionantes Aracel[l]y
Ahumada Lozano y otros, según lo expuesto en la parte motiva.
Segundo.-
Declarar la nulidad de los autos del 12 de marzo y 29 de mayo de 2014,
proferidos por el Juez Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, dentro del
incidente de desacato referenciado por constituir vía de hecho acorde con lo
expuesto. En consecuencia se le ordena que dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación, inicie el trámite de desacato contra la Alcaldesa Distrital de
Barranquilla, doctora Elsa Noguera y haga cumplir la sentencia de tutela de la
fecha 13 de abril de 2007, de acuerdo a (sic) los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia, so pena de
desacato y de infringir la ley.
[…]”[46].
V. Actuaciones
surtidas en sede de revisión
5.1.   En
la Secretaría General de esta Corporación el 30 de abril de 2015, fue recibido
un cuaderno con 108 folios remitido por el abogado de los tutelantes Luis Armando
Mola Insignares, mediante el cual puso en conocimiento que la orden de tutela
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla,
el 25 de septiembre de 2014, fue incumplida por el Juez Séptimo Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de la misma ciudad, Maxlinder Antonio
Pichón Montaño.
Anotó que si bien, mediante providencia
del 16 de octubre de 2014[47]
el susodicho Juez Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Barranquilla, acatando el fallo de tutela antes referenciado, tramitó
nuevamente las solicitudes de incidente de desacato del 2 de agosto y del 3 de
diciembre de 2013 y de cumplimiento del 15 de octubre de 2013 y del 27 de mayo
de 2014; el fallo de tutela proferido el 13 de abril de 2007 por el Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Barranquilla seguía siendo desacatado.
Fundamentó su juicio en que el juez
accionado en la providencia del 16 de octubre de 2014, luego de hacer un
recuento de los antecedentes que dieron origen al fallo del 13 de abril de 2007,
consideró, nuevamente, que el cumplimiento del mismo ya había sido definido en
la providencia del 28 de diciembre del 2008, del Juzgado Séptimo Penal
Municipal de Barranquilla, que fue revocada en el grado de consulta por la del 6
de marzo de 2009 del Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad,
providencia que fue avalada en la vía constitucional, puesto que resolviendo
una acción de amparo que se interpuso en contra de ella por parte de la señora
Aracelly Ahumada y otros, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, en sentencia del 4 de mayo de 2009, resolvió
denegarla.
De igual
manera, informó que el juez accionado puso de presente que en desarrollo de ese
nuevo trámite incidental, la Alcaldía Distrital había aportado como prueba el
auto del 17 de octubre de 2014[48],
proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, mediante el cual se resolvió la solicitud de adición de la
sentencia del 29 de septiembre de 2014, proferida por esa misma Colegiatura, en
la que se condenó por prevaricato por acción a Rosa María Muñoz Rodríguez y a
Oswaldo Guerrero Ospino, antiguos Jueces Séptimos Penales Municipales de
Barranquilla; la primera de las cuales profirió la sentencia de tutela del 13
de abril de 2007 y el segundo de los cuales expidió el auto del 28 de diciembre
de 2008, que sancionó por desacato del fallo del 13 de abril de 2007 al alcalde
Distrital de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub.
Finalmente,
relaciona que, luego de que el juez tutelado explicara que la Alcaldía
Distrital adelantó todas las diligencias pertinentes para tratar de cumplir el
fallo y que éste resultó de imposible cumplimiento, expuso que de ninguna
manera puede dar una orden distinta a la proferida por el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Barranquilla el 6 de marzo de 2009, por cuanto quedaría
expuesto de manera directa a ser condenado por prevaricato tal y como le
sucedió a sus antecesores Rosa María Muñoz Rodríguez, Oswaldo Guerrero Ospino y
Tarcisio Benavides.
Con base
en lo anterior, anotó que en la providencia referida, Maxlinder Antonio Pichón
Montaño, en su calidad de Juez Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Barranquilla, resolvió lo siguiente:
“1º
ABSTENERSE de sancionar a la Alcaldesa Distrital de Barranquilla, ELSA NOGUERA,
dentro del presente Incidente de Desacato por cumplimiento de fallo solicitados
(sic) por los accionantes a través de apoderados judiciales reconocidos en el
expediente de conformidad a (sic) lo expuesto en la parte motiva del presente
proveído.
2º Como
consecuencia de lo anterior archívese la presente acción de tutela e incidentes
de desacatos y cumplimientos de fallo, ante la imposibilidad material y legal
de dársele cumplimiento al susodicho fallo por parte de la accionada, de
conformidad a (sic) las consideraciones argumentadas en la presente
providencia.
3º Contra
esta decisión que resuelve los incidentes de desacato, sanción al Alcalde
Distrital de Barranquilla, cumplimientos de fallo y el archivo de todo el
expediente de tutela, no obra ningún recurso de ley.
4º
Notifíquese a las partes por el medio más expedito”[49].
5.2.   Insatisfecho
con la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Barranquilla mediante providencia del 16 de octubre
del 2014, el apoderado judicial de los accionantes Luis Armando Mola
Insignares, el 24 de octubre de 2014[50],
presentó un nuevo incidente de desacato del fallo del 13 de abril de 2007,
ahora, ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla.
Sin
embargo, dicho despacho judicial, mediante providencia del 28 de noviembre de
2014, resolvió no dar apertura al mismo. Consideró que el Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla había acatado
el fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla el 25 de septiembre de 2014. Por lo tanto,
ordenó el archivo de la actuación y dispuso que contra lo resuelto en dicho
auto no procedía recurso alguno. Así, expuso lo siguiente:
“Ante
esta variedad de posibilidades, le corresponde al operador judicial en sede
incidental determinar con el acervo probatorio aportado, a cual escenario se
enfrenta. Lo antes expuesto fue evaluado por el Juzgado Séptimo Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, el cual mediante auto de
fecha 16 de octubre de 2014, resolvió abstenerse de sancionar a la Alcaldía
Distrital de Barranquilla y ordena (sic) el archivo de la actuación, por cuanto
en amplias consideraciones argumenta que en el presente caso nos encontramos
ante la imposibilidad jurídica de cumplimiento por parte del accionado.
No se
encuentra facultado este estrado judicial para actuar en sede de segunda
instancia, sobre el fondo de la decisión tomada por el juzgado en mención, lo
expresado como consecuencia de que en este estadio, existe la limitación de
observar que se efectuara actuación enmarcada en las posibilidades dadas dentro
del incidente de desacato, que por medio de tutela ordenara el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, lo cual ocurrió.
Por lo
que considera el Despacho que la entidad judicial accionada ha dado
cumplimiento a lo ordenado en el fallo de [t]utela calendado 25 de septiembre
de 2014 proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de[l] Distrito
Judicial de Barranquilla, esto es, que ha tramitado el incidente de desacato
promovido por ARACELLY AHUMADA Y OTROS contra la ALCALDIA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA, teniendo en cuenta que se profirió decisión de fondo dentro del
asunto, la cual está contenida en las posibilidades de resolución planteadas
por la jurisprudencia para un desacato. En este sentido, no existe mérito para
iniciar el incidente de desacato.
En este
orden de ideas, al no evidenciarse incumplimiento por parte de la entidad
accionada, se agota el objeto del presente incidente, por lo cual es procedente
su archivo.
Ahora
bien, por tratarse de un procedimiento constitucional especial para la
protección de los derechos fundamentales, que no se encuentra sometido para su
desarrollo a las normas adjetivas que rigen para los demás procesos judiciales,
en el trámite de la acción de tutela no tienen cabida los recursos que no se
encuentran expresamente consagrados en el Decreto 2591 de 1991, por tanto
contra la presente decisión no procede recurso alguno”[51].
En
mérito de las consideraciones expuestas, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
de Barranquilla, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO.
NO DAR APERTURA al incidente de desacato presentado por los señores ARACELLY
AHUMADA Y OTROS, contra el JUZGADO SEPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTIAS, conforme a (sic) lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO.
Notifíquese a los accionantes esta providencia, así como también a la entidad
accionada JUZGADO SEPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTIAS.
TECERO.
Contra la presente decisión no proceden recursos, de conformidad a (sic) lo
expuesto en esta providencia.
CUARTO:
DISPONER el archivo de la presente actuación” [52].
VI. Pruebas relevantes que obran en el
expediente
6.1.   Copia
del Acuerdo 010 del 12 de marzo de 1993, del Consejo Municipal de Barranquilla[53].
6.2.   Copia
de la acción de tutela presentada el 16 de marzo de 2007[54],
por el abogado Ever Fernando Altamar Gómez, como apoderado judicial de la
señora Aracelly Ahumada Lozano y otros.
6.3.   Copia
del fallo del 13 de abril de 2007, del Juzgado Séptimo Penal Municipal de
Barranquilla, a cargo de Rosa María Muñoz Rodríguez[55].
6.4.   Copia
de la providencia del 28 de diciembre de 2008, mediante la cual Oswaldo
Guerrero Ospino, en su calidad de Juez Séptimo Penal Municipal de Barranquilla,
resolvió que el Alcalde Distrital de Barranquilla de la época, Alejandro Char
Chaljub, había desacatado la orden de amparo dada por ese mismo despacho
judicial el 13 de abril de 2007[56].
6.5.   Copia
de la providencia del 6 de marzo de 2009, del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Barranquilla[57],
bajo la titularidad de Greis María Villamil Martínez, la cual en el grado de
consulta revocó  la providencia del 28 de diciembre de 2008, mediante la cual
Oswaldo Guerrero Ospino en su calidad de Juez Séptimo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, había resuelto que el
Alcalde Distrital de Barranquilla de la época, Alejandro Char Chaljub, había
desacatado la orden de amparo dada por ese mismo despacho judicial el 13 de
abril de 2007.
6.6.   Copia del
incidente de desacato contra el fallo de tutela del 13 de abril de 2007,
presentado por la abogada Luvis Rebolledo Ortega, el 2 de agosto de 2013[58].
6.7.   Copia
de una solicitud de
cumplimiento del fallo de tutela del 13 de abril de 2007, presentado por la
abogada Luvis Rebolledo Ortega, el 15 de octubre de 2013[59].
6.8.   Copia
de la providencia del 12
de marzo de 2014, proferida por el Juez Séptimo Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Barranquilla, Maxlinder Antonio Pichón Montaño,
mediante la cual se abstuvo de darle trámite a las solicitudes presentadas el 2
de agosto de 2013 (incidente de desacato) y el 15 de octubre de 2013 (solicitud
de cumplimiento) por la abogada Luvis Rebolledo, y a la del 3 de diciembre de 2013
(incidente de desacato), presentada por el actor Olider Ramos Sotelo[60].
6.9.   Copia
del
escrito del 27 de mayo de 2014[61],
a través del cual el abogado Luis Armando Mola Insignares, presentó una
solicitud de cumplimiento del fallo de tutela del 13 de abril de 2007.
6.10. Providencia del 29
de mayo de 2014[62],
con ponencia de Maxlinder Antonio Pichón Montaño, Juez Séptimo Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, mediante la cual se
abstuvo de darle trámite a la solicitud de cumplimiento del fallo de tutela del
13 de abril de 2007, presentada el del 27 de mayo de 2014.
6.11. Providencia
del 16 de octubre de 2014[63],
del Juez Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Barranquilla, Maxlinder Antonio Pichón Montaño, mediante la cual acató el fallo
de tutela del 25 de septiembre de 2014, proferido por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
6.12.
Copia
del auto del 17 de octubre de 2014[64],
proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, mediante el cual se resolvió la solicitud de adición de la
sentencia del 29 de septiembre de 2014, proferida por esa misma Colegiatura, en
la que se condenó por prevaricato por acción a Rosa María Muñoz Rodríguez y a
Oswaldo Guerrero Ospino, antiguos Jueces Séptimos Penales Municipales de
Barranquilla.
6.13.
Providencia
del 28 de noviembre de 2014, del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Barranquilla[65],
mediante la cual resolvió no darle apertura a un nuevo incidente de desacato
presentado por el accionante para que se cumpliera el fallo de tutela del 13 de
abril 2007, del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla.
VII.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
7.1.   Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de
tutela de la referencia, que fue escogida para revisión por medio de Auto del
21 de febrero de 2015, proferido por la Sala de Selección Número Dos, con
fundamento en lo prescrito por el inciso 2º del artículo 86, y el numeral 9º
del artículo 241, ambos de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
7.2.   Problema
jurídico
De acuerdo con lo descrito en el acápite
de antecedentes, corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, incurrió en
los defectos fáctico y procedimental al proferir las providencias del 12 de
marzo y del 29 de mayo de 2014, mediante las cuales se abstuvo de tramitar los
incidentes de desacato y las solicitudes de cumplimiento promovidas contra el
fallo de tutela dictado por ese mismo despacho judicial el 13 de abril de 2007.
Para efectos de dar solución a este
asunto, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional relacionada con (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales que
resuelven las solicitudes de desacato y de cumplimiento de los fallos de
tutela, (ii) el cumplimiento de las sentencias de amparo y, (iii)
la cosa juzgada. Luego de las anteriores consideraciones, procederá a resolver
el caso concreto.
7.3.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra las providencias
judiciales por medio de las cuales se resuelven las solicitudes de desacato y
de cumplimiento de los fallos de tutela. Reiteración de jurisprudencia
7.3.1.
De acuerdo con el artículo 86[66]
de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y
sumario cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales de las
personas.
Bajo
la premisa expuesta en el inciso primero del artículo 86 de la Carta, la
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido reiteradamente que la acción
de tutela procede también frente a actuaciones u omisiones de los jueces en las que se vulneren derechos fundamentales,[67]
en razón de que ellos tienen la condición de autoridad pública. Sin embargo,
dicha procedencia, como también lo ha indicado la propia Corte, es excepcional,
de manera que no en todos los casos podrá acudirse al mecanismo de amparo constitucional.
Esta consideración encuentra fundamento en el propio texto de la Constitución
Política, cuyo artículo 86 citado establece que a la acción de tutela solo
podrá acudirse “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que […] se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable […]”.
Lo
antes dicho tiene sentido, en tanto todos los procesos son, en sí mismos,
medios de defensa de los derechos de las personas y, por esa circunstancia,
cuentan con mecanismos para controvertir las actuaciones de la autoridad
judicial respectiva. Además, porque se debe garantizar el respeto por los
principios de la cosa juzgada de las decisiones judiciales, la seguridad
jurídica y la autonomía e independencia de la que gozan dichas autoridades[68].
En
este escenario, es claro que el juez constitucional no puede terminar
suplantando o desplazando al juez ordinario en el estudio de los asuntos que
por su naturaleza le competen, ni tampoco, anulando decisiones que no comparte
o, imponiendo su personal interpretación de las normas aplicables en un caso
concreto[69].
Con
fundamento en lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido
que la acción de tutela contra providencias judiciales procede si se cumplen
ciertos y rigurosos requisitos, unos de carácter general, que habilitan la
viabilidad procesal del amparo, y otros, de carácter específico, que determinan
su prosperidad.
Así,
en la Sentencia C-590 de 2005 atrás citada, se determinaron como requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales los siguientes: (i) que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional[70],
(ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[71],
(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[72],
(iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[73],
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[74]
y (vi) que no se trate de sentencias de tutela[75].
De
encontrarse en el caso concreto cumplidos los requisitos genéricos antes
mencionados, será necesario acreditar, además, que se haya configurado alguna
de las denominadas causales específicas de procedibilidad, que constituyen
defectos o vicios en los que puede incurrir la autoridad judicial al momento de
proferir sus decisiones. Ellos se conocen como: (i) defecto
orgánico[76],
(ii) defecto procedimental absoluto[77], (iii) defecto
fáctico[78],
(iv) defecto material o sustantivo[79], (v)
error inducido[80],
(vi) decisión sin motivación[81],
(vii) desconocimiento del precedente[82] y, (viii)
violación directa de la Constitución.
7.3.2. Para el asunto que le interesa a esta
Corporación, debe decirse que este Tribunal también se ha ocupado de estudiar
la procedencia de la acción de tutela contra las providencias por medio de las
cuales se resuelve un incidente de desacato o una solicitud de cumplimiento.
Así, ha expuesto que, en principio, la acción de tutela no procede para atacar las
decisiones proferidas durante dicho trámite incidental. Sin
embargo, ha dejado en claro que sólo de manera excepcional, la acción de amparo
procede para atacar tal tipo de decisiones, siempre que tengan ocurrencia los
requisitos de procedencia y procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales ya señalados, y por tanto, se constate una vulneración
o una amenaza a los derechos fundamentales del sancionado. Únicamente, en ese
escenario, se contempla el concurso del juez constitucional en procura del
restablecimiento de los derechos fundamentales quebrantados mediante la
decisión de sanción por desacato.
En todo caso, es criterio de esta
Corporación que, en virtud de los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, las decisiones que se tomen en el trámite del incidente de desacato o
de una solicitud de cumplimiento, no podrán versar sobre los juicios y
valoraciones en los que se basó la sentencia de tutela que sirve como parámetro
para decidir dicho incidente o dicha solicitud[83].
7.3.3. Cabe agregar que la procedencia de
la acción de tutela contra providencias que resuelven sobre solicitudes de
desacato y de cumplimiento, se extiende también a aquellas en las cuales el
juez se abstiene de tramitarlos. Sobre este particular la jurisprudencia ha
dicho lo siguiente:
“No
cabe duda entonces que la acción de tutela se dirige en este caso contra una
providencia judicial, específicamente contra la proferida por el Consejo
Seccional de la Judicatura el 27 de enero de 2009, la cual decidió dar por
cumplido el fallo de tutela y se abstuvo de iniciar el incidente de desacato en
contra de las entidades demandadas. Siendo así las cosas, corresponde a
esta Sala de Revisión determinar, con fundamento en la jurisprudencia
constitucional previamente analizada y en los elementos probatorios que
contiene la actuación, si la colegiatura accionada, con la providencia
mencionada, ha vulnerado realmente a la accionante los derechos fundamentales
que reclama.
Para
ello se tendrá en cuenta que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales que deciden un incidente de desacato es excepcional y
que procede siempre y cuando: (i) la decisión proferida en el trámite
del desacato se encuentre ejecutoriada; (ii) concurran todas las
causales genéricas de procedibilidad; y (iii) se configure por lo menos
una de las causales específicas o defectos graves que hacen procedente la
acción de tutela contra una providencia judicial, respetando en todo caso el
alcance y las órdenes de la sentencia de tutela presuntamente incumplida”[84]. (Subraya fuera
de texto).
7.3.4.
Concluyendo, se tiene que según la jurisprudencia de este Tribunal, la acción de
tutela contra providencias judiciales es procedente de manera excepcional,
siempre que se cumplan los requisitos generales para su  procedibilidad y
se configure alguna de las causales específicas definidas por esta Corporación.
Asimismo, que la
acción de tutela no procede para atacar las decisiones que
se pronuncian sobre las solicitudes de desacato o de cumplimiento de un fallo
de tutela, ni aquellas providencias judiciales que se abstienen de tramitarlos,
salvo que las mismas incurran en uno o en varios de los defectos
previstos por la jurisprudencia constitucional en materia de tutela contra
providencias judiciales. En todo caso, el juez de tutela que decida sobre la
procedencia y prosperidad de la acción contra decisiones
proferidas durante el trámite del incidente de desacato o de la solicitud de
cumplimiento de un fallo de tutela, no podrá reabrir el debate
constitucional dado con ocasión de la acción de tutela cuyo desacato o
cumplimiento se solicita, por cuanto su análisis se encuentra limitado a la
presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante como
consecuencia de las decisiones proferidas durante el trámite de cumplimiento o
de desacato en comento.
7.4.   Del cumplimiento
de los fallos de tutela
7.4.1.
La persona cuyos derechos fundamentales han sido objeto de protección por una
decisión de tutela, cuenta con la posibilidad de hacer cumplir las órdenes
impartidas en el respectivo fallo cuando éstas no hayan sido acatadas por la
autoridad pública o el particular a quienes se dirijan.
Tal
y como lo ha puesto de presente esta Corporación “[e]l cumplimiento
inmediato de un fallo de tutela es un deber constitucional explícito,
establecido por el artículo 86 de la Constitución y por los artículos 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 2.1. del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales”[85].
No obstante, cuando tal cumplimiento no tenga ocurrencia de forma directa por
el destinatario de la orden, el mismo puede lograse a través de la solicitud de
cumplimiento, del incidente de desacato, o de ambos.
A
este respecto, los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 “Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”, le reconocen a la persona beneficiaria de un fallo de
tutela la facultad para acudir ante la autoridad judicial competente[86]
y pedir el cumplimiento de la orden emitida por medio del denominado trámite
de cumplimiento, y/o para solicitar que sea sancionada la autoridad o el
particular incumplido a través del incidente de desacato.
En
relación con lo primero, el
artículo 23 del ya citado decreto, dispone
que el juez que dicte el fallo de amparo debe propender porque el mismo se
cumpla. Por su parte, el artículo 27 de la misma normatividad regula el
procedimiento según el cual se pone en conocimiento del juez de primera
instancia el incumplimiento de un fallo de tutela, para que éste adelante todas
las gestiones necesarias a efectos de poner fin a la vulneración o amenaza del
derecho fundamental del peticionario amparado[87].
El
referido artículo 23 del decreto reglamentario citado establece lo siguiente:
“Artículo
23. Protección del derecho tutelado. Cuando la solicitud se dirija contra una
acción de la autoridad el fallo que conceda la tutela tendrá por objeto
garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado
anterior a la violación, cuando fuere posible.
Cuando
lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, el fallo
ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se otorgará
un plazo prudencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto
administrativo de alcance particular y lo remite al juez en el término de 48
horas, éste podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente
ejercido sin más requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o
actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así
como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción. En todo
caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto”.
Por
su parte, el artículo 27 dispone que:
“Artículo 27. Cumplimiento del
fallo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del
agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del
responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas,
ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a
lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y
al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la
responsabilidad del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá
los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia
hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de
la amenaza”.
De
otro lado, el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, regula la
figura del desacato como un mecanismo a través del cual el juez de
primera instancia constitucional, mediante un trámite incidental y en ejercicio
de sus potestades disciplinarias, sanciona con arresto o multa a quien con
responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes proferidas en una sentencia de
tutela[88]. La norma en cita
es del siguiente tenor:
“Desacato. La persona que
incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto
incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta
de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este
Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el
mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico[89] quien
decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.”
Conforme con lo dicho, se tiene que la posibilidad de
exigir el cumplimiento del fallo de tutela se encuentra prevista en el artículo
27 del Decreto 2591 de 1991 y la de interponer un incidente de desacato, en el
artículo 52 de la misma normatividad. Las diferencias entre una y otra figura
fueron expuestas por esta Corporación[90]
en los siguientes términos:
“Paralelamente al cumplimiento de
la orden se puede iniciar el trámite incidental del desacato. Pero el desacato
no puede desplazar la principal obligación del juez constitucional que consiste
en hacer cumplir la orden de tutela.
Además, el trámite del cumplimiento
no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite del desacato es la vía
para el cumplimiento. Son dos cosas distintas el cumplimiento y el desacato.
Puede ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el cumplimiento,
pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el
incidente de desacato.
4.
Las diferencias entre el  desacato y el cumplimiento son las  siguientes:
i)
El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional;  el
desacato es incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación
legal.
ii)
La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el
desacato es subjetiva.
iii)
La competencia y las circunstancias  para el cumplimiento de la sentencia se
basan en los artículos 27 y 23 del [D]ecreto 2591 de 1991. La base legal del
desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es decir que en
cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia.
iv)
El desacato es a petición de parte interesada; el cumplimiento es de oficio,
aunque
v)
puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público’”.
A
pesar de las diferencias existentes, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que, aun cuando el incidente de desacato tiene un carácter
sancionatorio, su objetivo es el cumplimiento del fallo. Al respecto, ha
sostenido que:
“(vii)
[E]l objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el de lograr la
eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva
protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, por lo
cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser impuestas”[91].
Conforme
con lo anterior, este Tribunal también ha precisado que “[s]i se trata de
hacer cumplir un fallo de tutela el instrumento principal es el del
cumplimiento, que se funda en una situación objetiva y brinda medios adecuados
al juez para hacer efectiva su decisión. El desacato es un instrumento accesorio
para este propósito, que si bien puede propiciar que el fallo de tutela se
cumpla, no garantiza de manera necesaria que ello ocurra y que, además, se
funda en una responsabilidad subjetiva, pues para imponer la sanción se debe
probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona que debe cumplir la
sentencia”[92].
Así,
bajo la consideración de que la solicitud de cumplimiento y el incidente de
desacato son los medios adecuados e idóneos para hacer cumplir los fallos de
tutela, la jurisprudencia también ha sostenido[93] que no cabe promover una
nueva acción de tutela para hacer cumplir las decisiones que en ese mismo
escenario del amparo constitucional se hayan proferido previamente.
Ahora
bien, según la jurisprudencia, el trámite de cumplimiento puede ser iniciado por el
juez competente cuando haya lugar a ello, aunque también puede ser promovido
por el interesado o por el Ministerio Público[94]; en cambio, el incidente
de desacato requiere petición de parte para ser adelantado. Sin embargo, por
regla general, el competente para conocer tanto del trámite de cumplimiento de
un fallo de tutela como del incidente de desacato es el juez de primera instancia[95].
De la misma forma, las disposiciones del
decreto reglamentario de la acción de amparo antes trascritas, llevan a
concluir que contra las decisiones tomadas en el trámite del incidente de
desacato o de la solicitud de cumplimiento de un fallo de amparo, no procede
recurso alguno, salvo que el juez de primera instancia sancione con desacato a
quien ha incumplido el fallo de tutela, en cuyo caso dicha decisión será
consultada ante el Superior[96].
Asimismo, tal y como lo ha reconocido este Tribunal, “las decisiones que se
tomen en el trámite del incidente de desacato, no deben ser remitidas a la
Corte Constitucional para su eventual Revisión”[97].
Las
anteriores consideraciones permiten concluir que incumplir las órdenes dadas en
un fallo de tutela puede conllevar graves consecuencias por cuanto se
vería comprometida la responsabilidad de la autoridad pública o del particular
incumplido en diversos ámbitos, en tanto, como lo dispone el Decreto 2591 de
1991, las órdenes dadas en la sentencia de tutela son de inmediato
cumplimiento, a pesar incluso, de que la misma pueda ser impugnada[98].
7.4.2.
Aun cuando el
cumplimiento inmediato del fallo de tutela es la regla general, esta Corporación
ha admitido que, excepcionalmente, puede darse la circunstancia de que la
decisión de tutela sea de imposible cumplimiento. En ese caso el destinatario
de la orden está obligado a demostrar tal circunstancia en forma inmediata,
eficiente, clara y definitiva. Así, ha dicho la jurisprudencia que “[a]nte
la orden impartida en un fallo de tutela su destinatario tiene dos opciones:
una, que es la regla, cumplirla de manera inmediata y adecuada (art. 86 CP) y,
dos, que es la excepción, probar de manera inmediata, eficiente, clara y
definitiva la imposibilidad de cumplirla”[99] .
En
esta misma línea, este Tribunal ha dispuesto de vieja data que en el trámite
del incidente de desacato, el juez de conocimiento debe garantizar los derechos
fundamentales de la autoridad pública o del particular incumplido,
comunicándole la iniciación del mismo y dándole la oportunidad de que
manifieste por qué no ha acatado la orden proferida por dicho despacho. Así, ha
establecido que el responsable puede, además de manifestar que cumplió o que el
cumplimiento está en trámite, alegar que la orden es de imposible cumplimiento[100]:
“Por
otro lado, sin desconocer que el trámite incidental de desacato debe
tramitarse, al igual que la tutela, de manera expedita, es obligación del juez
garantizar los derechos al debido proceso y de defensa de la persona contra
quien se ejerce, en virtud de lo cual deberá: “(1) comunicar al incumplido
sobre la iniciación del mismo y darle la oportunidad para que informe la razón
por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus argumentos de
defensa. Es preciso decir que el responsable podrá alegar dificultad grave para
cumplir la orden, pero sólo en el evento en que ella sea absolutamente de imposible
cumplimiento[101],
lo cual debe demostrar por cualquier medio probatorio; así mismo, debe (2)
practicar las pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes son
indispensables para adoptar la decisión; (3) notificar la decisión; y, en caso
de que haya lugar a ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el
superior”[102] .
De
lo expuesto se concluye que, esta Corporación ha reconocido la existencia de
eventos en los cuales hay imposibilidad física y/o jurídica por parte del
particular o la autoridad accionada para dar cumplimiento a las órdenes dadas
en los fallos de tutela, por lo que incluso es procedente acudir a otros medios
que permitan equiparar la protección del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia o que mitiguen los daños causados a la persona
afectada. Lo anterior se permite siempre y cuando se haya probado, de forma
clara y precisa, la existencia de la imposibilidad aludida.
7.5.   De la cosa juzgada
La
cosa juzgada es una institución del derecho que tiene una regulación unitaria y
uniforme en todos sus campos[103].
Sobre ella, la Corte ha dicho que “es una institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en
algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica”[104].
Dicha
institución tiene 2 funciones, una negativa y otra positiva. Conforme con la
primera, a los funcionarios judiciales les está vedado conocer, tramitar y
fallar sobre lo que ya se ha resuelto bien sea por ellos mismos o por otros
operadores judiciales. La segunda de sus funciones, permite dotar de seguridad
a las decisiones jurídicas y al ordenamiento, confiriéndoles un valor
definitivo e inmutable a las providencias decididas en un litigio anterior.
Los
efectos de la cosa juzgada son inter partes, es decir, se circunscriben
únicamente a los sujetos procesales (partes o intervinientes) entre quienes se
encontraba trabada la litis. No obstante, el ordenamiento jurídico
excepcionalmente le impone a ciertas decisiones un efecto erga omnes o
sea sobre todas las personas, cuando aquellas versan sobre asuntos en “materia
penal y constitucional (Artículo 243 de la Constitución Política)”[105]
.
Así
las cosas, para que un operador judicial pueda resolver que sobre el asunto
bajo su estudio opera la cosa juzgada, debe haber identidad de objeto, de causa
petendi y de partes entre la decisión judicial que se conoce en ese
momento por él, con una decidida en anterioridad bien sea por él mismo o por
otra autoridad judicial distinta. Dichos elementos han sido definidos por este
Tribunal así:
“Identidad
de objeto,
es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o
inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o
varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad
sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
Identidad de causa petendi (eadem causa
petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo transito a cosa juzgada
deben tener  los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de
los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite
el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los
fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.
Identidad de partes, es decir, al
proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada”[106].
De
manera que, cuando un funcionario judicial se percata de la existencia de la
cosa juzgada porque concurre tanto la identidad de objeto, de causa petendi y
de partes en el asunto que conoce en una segunda oportunidad -pues ya debió
haber sido estudiado en una anterior por otra autoridad judicial o por él
mismo-, debe rechazar la demanda, decretar probada la excepción previa o de
fondo que se proponga, o, en último caso, proferir una sentencia inhibitoria.
VIII.
Caso concreto
8.1.   Síntesis
El
señor Luis Armando Mola Insignares, actuando como apoderado judicial de la
señora Aracelly Ahumada Lozano y otros, presenta acción de tutela el 10 de
junio de 2014, contra las providencias dictadas por el Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla los días 12 de
marzo y 29 de mayo del 2014, las que, según argumenta, incurren en los defectos
fáctico y procedimental al abstenerse de dar trámite a los escritos presentados
por los accionantes el 2 de agosto, el 15 de octubre y el 3 de diciembre de
2013 y, a una última solicitud presentada el 27 de mayo de 2014,
respectivamente.
Así
las cosas, y de acuerdo con lo que se indicó en el acápite de consideraciones
de la presente providencia, le compete ahora a la Sala determinar, en primer
lugar, si se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, para luego, de ser el caso,
verificar si en este asunto se presentó alguno de los defectos alegados.
8.2.   Análisis sobre el cumplimiento de
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales
a.     Relevancia
constitucional
Encuentra
la Sala que el caso bajo examen resulta de relevancia constitucional. Los
accionantes claman por la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de defensa, de acceso a la administración de justicia y de cosa
juzgada, los que consideran vulnerados por existir en su favor un fallo que les
reconoce derechos laborales desde el año 2004, el cual, según exponen, a la
fecha no ha sido acatado.
Por
lo anterior, puede decirse que el caso tiene la entidad constitucional
suficiente para que el juez de tutela pueda proceder con su estudio.
b.
Que se hayan agotado todos los mecanismos judiciales idóneos y adecuados,
ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la acción de tutela
Los
actores censuran por la vía del amparo constitucional las providencias
proferidas por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Barranquilla los días 12 de marzo y 29 de mayo de 2014, las cuales
se abstuvieron de dar trámite a las solicitudes presentadas por ellos mismos el
2 de agosto, el 15 de octubre y el 3 de diciembre de 2013 y, a la impetrada el
27 de mayo de 2014.
Como
se vio, los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991, regulan lo pertinente
sobre el cumplimiento de los fallos de tutela y el artículo 52 de la misma
normativa la figura del incidente de desacato. Aquellas disposiciones, no
establecen que contra dichas providencias proceda recurso alguno, salvo el
trámite de consulta respecto de aquella que sanciona con desacato a la
autoridad o al particular incumplido.
Por
lo tanto, en contra de las providencias que se censuran por esta vía, no
procedía ningún recurso judicial ordinario ni extraordinario, salvo la acción
de tutela, siempre que se cumplan los requisitos generales y especiales
consagrados en la Sentencia C-590 de 2005.
Con
base en lo expuesto, se tiene que el requisito estudiado se encuentra
satisfecho.
c. Requisito
de inmediatez
Ya
esta Corporación ha tenido oportunidad de explicar que establecer un término
perentorio para el ejercicio de la acción de tutela es inconstitucional, pues
las acciones para la defensa de los derechos fundamentales no caducan. Sin
embargo, también ha señalado que el amparo debe interponerse dentro de un plazo
razonable,[107]
estimado a partir del momento en el cual tiene ocurrencia la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales reclamada.
En
este caso, mediante una acción de tutela promovida el 10 de junio de 2014, se
atacan las providencias del 12 de marzo y del 29 de mayo del mismo año, del
Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Barraquilla. Lo anterior significa que la acción de amparo de la referencia fue
interpuesta luego de que hubiese transcurrido menos de un mes desde que fue
proferida la primera de las providencias acusadas y 11 días después de proferida
la segunda. Tal periodo se considera razonable y satisface el requisito de
inmediatez estudiado en este acápite.
d.
Si lo que se alega es la existencia de una irregularidad procesal, debe ser
evidente que la misma tiene a) un efecto decisivo en la sentencia que se
impugna y b) afecta los derechos fundamentales del accionante, salvo cuando se
trate de una prueba ilícita obtenida con violación de esos derechos
En
el caso bajo estudio, se alega como irregularidad procesal el hecho de que el
Juez Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Barranquilla, Maxlinder Antonio Pichón Montaño, no haya tramitado las
solicitudes que tienen como efecto, según los actores, el cumplimiento definitivo
de una sentencia de tutela del 13 de abril del año 2007 proferida por dicha
oficina judicial.
Así,
de resultar que las providencias acusadas adolecen de los defectos que se les
endilgan y que el fallo del 13 de abril de 2007 debe hacerse cumplir en los
términos solicitados por los accionantes, los efectos de dicho reconocimiento
serían decisivos en relación con lo pretendido por los actores, quienes
aseguran tener derecho al pago de salarios y prestaciones sociales por más de 3
años de servicios prestados al Distrito de Barranquilla.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible
En
la acción de tutela de la referencia los accionantes exponen con claridad que
la misma tiene lugar al negarse la autoridad demandada a darle trámite a las
solicitudes de cumplimiento y de desacato interpuestas respecto del fallo del
13 de abril de 2007, proferido por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de
Barranquilla, mediante el cual se les reconoció derechos laborales desde el año
2004. Con base en ello, los actores claman por la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa, de acceso a la administración de
justicia y de cosa juzgada constitucional.
Por
lo anterior, el requisito estudiado se encuentra acreditado, con la salvedad de
que para hacer cumplir el fallo de marras, además de los trámites previstos en
los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, no se ha iniciado ningún
proceso judicial, ya que los hechos expuestos en la acción de tutela no tienen
cómo ventilarse en otras instancias.
f. Que el fallo controvertido no
sea una sentencia de tutela
Como
ya se ha puesto de presente, el actor presenta la acción de tutela de la
referencia contra
las providencias proferidas por el Juez Séptimo Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Barranquilla, los días 12 de marzo y 29 de mayo de
2014, que no son fallos de tutela.
8.3.     Una
vez acreditados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala analizará el contenido de los autos
acusados y los vicios que se les imputan, para establecer si, definitivamente,
los mismos contrarían la Constitución.
8.3.1.
Como ya fue señalado, mediante
auto del 12 de marzo de 2014 el juez demandado se
abstuvo de dar trámite a los
incidentes de desacato del 2 de agosto y del 3 de diciembre de 2013, y a la
solicitud de cumplimiento presentada el 15 de octubre de ese mismo año, todas
respecto del fallo del 13 de abril del 2007 del Juzgado Séptimo Penal Municipal
de Barranquilla, por considerar que el Juzgado Primero Penal del Circuito de dicha
ciudad mediante providencia del 6 de marzo de 2009 había resuelto de fondo
sobre su acatamiento. Además, en la misma providencia del 12 de marzo de 2014,
ordenó el archivo de la acción de tutela, de los incidentes de
desacato y de las solicitudes de cumplimiento promovidos “ante la
imposibilidad material y legal de dársele cumplimiento al susodicho fallo por
parte de la accionada”[108]
y, finalizó exponiendo que contra dicha providencia no procedía ningún recurso
de ley.
Posteriormente,
mediante
auto del 29 de mayo de 2014 el juez demandado se abstuvo de
resolver una nueva solicitud de cumplimiento del fallo del 13 abril de 2007,
presentada el 27 de mayo de 2014. En la misma, reiteró el contenido de la
providencia del 12 de marzo de 2014, considerando en esta ocasión que la
solicitud era improcedente por cuanto su deber legal era estarse a lo resuelto
por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla en la providencia del
6 de marzo de 2009, dado que es “improcedente toda actuación que pretenda
revivir términos e instancias procesales en dicho proceso, ya que obra el
fenómeno de la preclusión conforme lo reglan los Artículo[s] 118 y 184 del
C.P.C., amén de que contra el fallo que resuelva el incidente de desacato no obra
recurso alguno […]”[109].
8.3.2.
Para los actores, las providencias antes transcritas adolecen de los defectos
fáctico y procedimental. Según argumentan, el primero de éstos se configuró
porque el juez demandado al proferir los autos acusados actuó en contra de la
evidencia probatoria y resolvió a su arbitrio, pues no tuvo en cuenta que el
fallo del 13 de abril de 2007 del Juzgado Séptimo Penal Municipal de
Barranquilla sigue siendo desacatado. El segundo de los defectos, según
expusieron, se configuró por el hecho de que a pesar de estar ejecutoriado el
fallo de tutela del 13 de abril de 2007, el juez demandado no quiso tramitar
las solicitudes de cumplimiento y de desacato para que el mismo fuera
efectivamente obedecido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, por lo que
se trasgreden los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales
se establece el procedimiento para hacer efectivas las ordenes proferidas en
una acción de amparo.
8.3.3.
Expuestos en los anteriores términos el contenido de las providencias
censuradas y los defectos que se les endilgan, procede la Sala a analizar las
circunstancias fácticas tenidas en cuenta por el Juez Séptimo Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, a partir de las cuales
decidió abstenerse de tramitar los nuevos incidentes de desacato y las
solicitudes de cumplimiento interpuestos respecto del fallo del 13 de abril de
2007:
8.3.1.1.
Sobre el particular, es importante recordar que el asunto que en esta
oportunidad se somete a conocimiento de la Corte, inicia con la sentencia del
13 de abril de 2007 proferida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de
Barranquilla, en la cual se puso fin a una acción de tutela promovida contra la
Alcaldía de dicho Distrito por un grupo de personas que sostenían haber estado
vinculadas con la administración, a través de la Secretaría de Educación, desempeñando
labores administrativas bajo la modalidad de “voluntarios administrativos”
en los años 2004, 2005 y 2006, y quienes alegaban no haber recibido el pago de
las prestaciones laborales. La referida acción de tutela fue decidida en la
sentencia de la fecha ya señalada, y en ella se concedió el amparo de los
derechos fundamentales reclamados por los actores en los siguientes términos:
““PRIMERO: Conceder, como en
efecto se hace, la acción de tutela promovida por los señores […], a través de
apoderado judicial, contra el Alcalde Distrital de Barranquilla, conforme a
(sic) las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta fallo.
SEGUNDO:
Ordenar, como en efecto se hace, al señor Alcalde Distrital de Barranquilla,
para que un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación
de este fallo, proceda si aún no lo ha hecho, a adelantar las acciones
pertinentes y eficaces para la legalización de la situación laboral de los
accionantes, procediendo a la gestión y consecución de los recursos, acudiendo
ante el Ministerio del Ramo si es menester, y a realizar las apropiaciones
presupuestales correspondientes, para cumplir con las obligaciones que le
asisten en cuanto al restablecimiento de los derechos laborales que tienen los
accionantes, relacionados con sus salarios y demás prestaciones sociales y el
cubrimiento integral de la seguridad social, de conformidad a (sic) lo
establecido en la parte motiva de esta providencia judicial.
TERCERO: Prevenir
a la autoridad accionada, para que se apreste a cumplir lo aquí resuelto, so
pena de incurrir en desacato.
[…]”[110].
Los
accionantes amparados con tal decisión, el 3 de diciembre
de 2007, promovieron
incidente
de desacato para exigirle al Alcalde Distrital de Barranquilla el cumplimiento
de la misma. Habiéndose corrido traslado del incidente a dicha autoridad, la
misma inició una actuación administrativa que se materializó con la expedición de
la Resolución No. 00903 de Abril 15 de 2008 dirigida a “recaudar los
documentos y las pruebas necesarias para el cumplimiento del referido fallo”[111].
Practicadas las pruebas decretadas en la referida actuación ésta concluyó con
la Resolución No. 04814 del 26 de noviembre de 2008, en la que se determinó por
parte del Distrito accionado “que no se podía asumir el pago de salarios a
los accionantes por no cumplir con los requisitos y disposiciones previstas en
la Ley 715 de 2001, Decreto 111 de 1996”[112].
A dicha determinación se arribó luego de que la Secretaría de Educación de
Barranquilla y el Ministerio de Educación Nacional, le manifestaran a la administración
Distrital que la vinculación de los accionantes bajo la modalidad de “voluntarios
administrativos” no se ajustaba a las disposiciones normativas que regulan
la contratación de los docentes (Ley 715 de 2001 y Decreto 3020 del 2002), razón
por la cual no era posible asumir obligaciones fiscales con personal no
vinculado legalmente a la Administración Distrital.
8.3.1.2. Conforme con la actuación
administrativa adelantada por la Alcaldía Distrital, mediante providencia del
28 de diciembre de 2008, el juzgado de conocimiento resolvió que el alcalde
de Barranquilla había desacatado el fallo, sancionándolo con 3 días de arresto
y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tal sanción, al
surtir el grado de consulta, fue revocada por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de dicha ciudad en providencia del 6 de marzo de 2009, tras considerar
que no se demostró la responsabilidad subjetiva del alcalde, en razón a que
éste adelantó la actuación correspondiente dirigida al acatamiento del fallo,
concluyendo que el mismo era de imposible cumplimiento, toda vez que no podía legalizarse
la situación de los accionantes por cuanto no presentaban ningún tipo de vinculación
laboral con la administración distrital, de acuerdo con las normas vigentes[113].
De esta forma el despacho dispuso revocar la sanción impuesta al alcalde
distrital “por la imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento del
fallo de tutela”[114].
Cabe
agregar que contra la providencia que resolvió la consulta del incidente de
desacato, los demandantes interpusieron acción de tutela que conoció en primera
instancia la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de tal
ciudad, quien, mediante fallo del 4 de mayo de 2009[115],
resolvió no acceder a la protección constitucional solicitada porque, en efecto,
el fallo del 13 de abril de 2007 era de imposible cumplimiento, en tanto a la
luz de las normas vigentes no se pudo legalizar la situación de los accionantes
ya que no se habían vinculado al Distrito en los términos establecidos en la
ley.
Finalmente,
en relación con los hechos que son materia de la presente acción de tutela, la
alcaldía del Distrito anexó al expediente algunas providencias en las que
constan las condenas impuestas por el delito de prevaricato por acción al juez
que profirió el fallo de tutela del 13 de abril de 2007, al que sancionó por
desacato en primera instancia al alcalde Distrital mediante providencia del 28
de diciembre de 2008 y, al que, mediante auto del 28 de abril de 2009 decretó
el embargo de las cuentas del Distrito.
8.3.4. Atendiendo a las
circunstancias fácticas antes expuestas, encuentra la Sala que las providencias
acusadas no adolecen de los defectos fáctico y procedimental que se les imputa.
Ello, a partir de considerar que las mismas se adoptaron con fundamento en el
hecho de que el tema relacionado con el cumplimiento de la sentencia de tutela
del 13 de abril de 2007 ya había sido resuelto en forma definitiva en el
trámite del incidente de desacato promovido por los accionantes el 3de
diciembre de 2007, el cual concluyó, en el grado de consulta, revocando la
sanción impuesta en primera instancia al alcalde distrital; decisión ésta que,
a su vez, fue avalada mediante fallo de tutela proferido el 4 de mayo de 2009
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.
En efecto, en las providencias
que se enjuician en la instancia constitucional, el juez demandado precisó que
ya el 3 de diciembre del año 2007 se había interpuesto incidente de desacato
contra el fallo mencionado, el que fue decidido en primera instancia el 28 de
diciembre de 2008 por el despacho que lo profirió sancionando al Alcalde del
Distrito por desacato; sanción que en el grado de consulta fue revocada
mediante providencia del 6 de marzo de 2009 del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Barranquilla, en la que se determinó que el fallo de marras era de
imposible cumplimiento.
A lo anterior se suma, el hecho
de que tal y como quedó demostrado en esta sede, la providencia del 6 de marzo
de 2009 fue examinada en vía de tutela por la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de dicha ciudad el 4 de mayo de 2009, órgano que
consideró explícitamente que aquella no incurría en ninguna causal específica
de procedibilidad y reafirmó lo expuesto por la juez accionada de la época,
sobre la imposibilidad de cumplir el fallo del 13 de abril de 2007. Dicho fallo
de tutela no fue seleccionado para revisión por parte de la Corte
Constitucional, quedando éste ejecutoriado formal y materialmente por lo que se
torna inmutable y definitivo[116].
Puestas
así las cosas, la Sala no encuentra razonable la postura adoptada por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el 25 de septiembre de 2014[117],
puesto que se contradice con la proferida por ella misma el 4 de mayo de 2009[118],
máxime cuando la situación que se analizó en ambas fechas era idéntica: el
acatamiento por parte de la Alcaldía de Barranquilla del fallo del 13 de abril
de 2007 del Juzgado Séptimo Penal Municipal de dicha ciudad.
8.3.5. Bajo los anteriores
supuestos, considera la Sala que las decisiones adoptadas por el Juez Séptimo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, de
abstenerse de dar trámite a las nuevas solicitudes de cumplimiento y de
desacato, resultan, entonces, razonables en tanto sobre dicho asunto operó el
fenómeno de la cosa juzgada.
En efecto, como ya fue explicado,
el juez que resolvió en grado de consulta el incidente de desacato, adoptó una
decisión definitiva en torno al mismo, tras considerar que “por la
imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento del fallo de tutela”[119]
no había lugar a imponer sanción alguna al alcalde Distrital de Barranquilla,
ni a exigir el cumplimiento de la orden dada en ella, si ésta se interpretaba en
el sentido de imponerle al funcionario la obligación de regularizar la
situación laboral de los actores. Ello, una vez se pudo acreditar que los
accionantes beneficiados con el amparo no presentaban ningún tipo de
vinculación laboral ni legal con la administración y que su relación con ésta
se limitaba a una colaboración informal bajo la denominación de “voluntarios
administrativos”, por lo que no era posible la consecución de recursos para
el pago de las prestaciones reclamadas ni tampoco su vinculación formal a la
planta de personal administrativo en el sistema educativo distrital.
Dicho
razonamiento, en principio, encuentra fundamento en la propia jurisprudencia
constitucional, la cual ha sostenido que, aun cuando el cumplimiento
inmediato del fallo de tutela es la regla general, excepcionalmente puede darse
la circunstancia de que aquél sea de imposible cumplimiento, evento que a su
vez debe ser acreditado por el destinatario de la orden en forma inmediata,
eficiente, clara y definitiva. Esta situación excepcional, fue la que encontró probada
el juez que puso fin al desacato en el presente caso, a partir de la valoración
de la actuación administrativa adelantada por el Distrito con la participación
del Ministerio de Educación Nacional, y que concluyó, se reitera, con la
manifestación de que era imposible legalizar la situación de
los accionantes en tanto, de conformidad con las normas que rigen la materia,
no presentaban ningún tipo de vinculación laboral con la administración
distrital.
Acorde
con lo anterior, también la Corte ha señalado que la solicitud de cumplimiento
y el incidente de desacato son los medios adecuados e idóneos para verificar el
cumplimiento de los fallos de tutela[120], con lo cual, una vez
resueltos éstos de manera definitiva, tal como ocurrió en el presente caso, no
cabe promover una nueva acción de tutela para hacer cumplir las decisiones que
en ese mismo escenario del amparo constitucional se hayan proferido
previamente, pues en ese evento se entiende que ha operado la cosa juzgada.
Sobre
la cosa juzgada, ya se había señalado que se trata de una institución jurídico
procesal que le otorga a las decisiones plasmadas en una providencia el carácter
de inmutables, por cuanto a los funcionarios judiciales les está prohibido
conocer asuntos sobre los que ya se ha resuelto. Se entiende que opera el
fenómeno de la cosa juzgada cuando se identifica que sobre un asunto sometido a
consideración del juez, ya previamente existía un pronunciamiento, siempre que
entre aquél y el posterior concurran los siguientes requisitos: identidad de
objeto, de causa petendi y de partes. Entonces, en el presente caso,
según ha sido expuesto, operó el fenómeno de la cosa juzgada.
Ciertamente, entre las
solicitudes de desacato presentadas el 2 de agosto y del 3 de diciembre de
2013 y las de cumplimiento presentadas el 15 de octubre de 2013 y el 29 de mayo
de 2014,
(resueltas en las providencias del 12 de marzo y 29 de mayo de 2014 -acusadas-)
y; el incidente de desacato presentado el 3 de diciembre de 2007, (resuelto en
primera y en segunda instancia en providencias del 28 de diciembre de 2008 y del
6 de marzo de 2009, respectivamente); hay identidad de objeto, de causa petendi
y de partes.
Así,
la identidad de objeto se encuentra acredita por cuanto los incidentes
de desacato presentados por los accionantes el 2 de agosto y del 3 de diciembre de
2013 y las solicitudes de cumplimiento presentadas el 15 de octubre de 2013 y
el 29 de mayo de 2014, “versan sobre la misma pretensión material”[121]
contenida en el incidente de desacato presentado el 3 de diciembre de 2007.
En todas esas solicitudes, lo que pretendían los actores era que se diera cabal
cumplimiento a lo resuelto en el fallo del 13 de abril de 2007 del Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, en el sentido de ordenarle al Alcalde
Distrital que
en el término de 30 días procediera a adelantar las acciones pertinentes y
eficaces para la legalización de la situación laboral de los accionantes,
“procediendo a la gestión y consecución de los recursos, acudiendo ante el
Ministerio del Ramo si es menester, y a realizar las apropiaciones
presupuestales correspondientes, para cumplir con las obligaciones que le
asisten en cuanto al restablecimiento de los derechos laborales que tienen los
accionantes, relacionados con sus salarios y demás prestaciones sociales y el
cubrimiento integral de la seguridad social, de conformidad a (sic) lo
establecido en la parte motiva de esta providencia judicial[122].
En
relación con el requisito de la identidad de causa petendi (eadem causa
petendi), el
mismo también se encuentra acreditado por cuanto los incidentes de desacato
presentados el
2 de agosto y el 3 de diciembre de 2013 y las solicitudes de cumplimiento
presentadas el 15 de octubre de 2013 y el 27 de mayo de 2014, se fundamentan
en los mismos hechos en los cuales se basó la solicitud de desacato impetrada
por los accionantes el 3 de diciembre de 2007. Para arribar a esta conclusión,
basta leer los hechos en los que funda sus bases el incidente de desacato del 2
de agosto de 2013[123],
las solicitudes de cumplimiento del 15 de octubre de 2013[124] y del 27
de mayo de 2014[125]
y compararlos con los relatados en el incidente de desacato del 3 de diciembre
de 2007[126].
Para
terminar, y respecto del requisito de la identidad de partes, se señala que
las solicitudes del 2
de agosto y del 15 de octubre de 2013 y la del 27 de mayo de 2014, están
presentadas por las mismas partes, salvo la del 3 de diciembre de 2013, que fue
promovida directamente por el actor Olider Ramos Sotelo, según se afirma por la
Alcaldía Distrital en sus escritos y por el actual Juez Séptimo Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla. Para dar claridad al
asunto, señala la Sala que tanto las solicitudes del 2 de agosto[127]
como la del 15 de octubre 2013[128]
fueron presentadas por la abogada Luvis Rebolledo Ortega, apoderada judicial de
los accionantes. Por su parte, la solicitud del 27 de mayo de 2014 fue
presentada por el abogado Luis Armando Mola Insignares[129], apoderado
sustituto de la abogada Rebolledo Ortega.
En
común tienen todas las peticiones anteriores ser promovidas por quienes
actuaron como accionantes en la tutela interpuesta en el año 2007, y, además,
estar dirigidas contra de la Alcaldía de Barranquilla, tal y como estaba
dirigido el incidente de desacato presentado el 3 de diciembre de 2007, ese sí
signado por cada uno de los accionantes directamente[130].
8.3.6
Luego de las consideraciones expuestas, la Sala reitera que los incidentes de
desacato presentados por los accionantes el 2 de agosto y del 3 de diciembre de
2013 y las solicitudes de cumplimiento presentadas el 15 de octubre de 2013 y
el 29 de mayo de 2014, eran idénticas en cuanto a su objeto, causa petendi
y partes; respecto del incidente de desato presentado por los accionantes directamente
el 3 de diciembre de 2007, por lo que en el caso bajo estudio había cosa
juzgada en relación con el cumplimiento del fallo del 13 de abril de 2007 del
Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, por cuanto como ya se ha dicho
en múltiples ocasiones, dicho asunto fue ampliamente decidido, con observancia
del debido proceso, en las providencias del 28 de diciembre de 2008 y del 6 de
marzo de 2009, la primera del mismo juzgado accionado y la segunda del Juzgado
Primero Penal del Circuito de Barranquilla.
Las
citadas decisiones, a su vez, fueron avaladas por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien, mediante sentencia de
tutela del 4 de mayo de 2009 consideró que la resolución del incidente de desacato
por parte del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla y por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, se ajustó a la orden de tutela
proferida por el primero de los despachos judiciales el 13 de abril de 2007, se
respetó el debido proceso de las personas involucradas en el incidente, y no
hubo mérito para mantener la sanción de desacato que en primera instancia se le
había impuesto al Alcalde Distrital de la época Alejandro Char Chaljub[131].
De esta
forma, encuentra la Sala que no es admisible como lo pretenden los actores y
sus apoderados, presentar nuevas e innumerables solicitudes de cumplimiento y
de desacato respecto del fallo de tutela del 13 de abril de 2007 del Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Barranquilla, así como tampoco promover más acciones
de tutela que persigan el mismo fin.
Sobre
este particular, como ya ha quedado referenciado, vale la pena recordar que en
relación con el fallo de tutela del 13 de abril de 2007, del Juzgado Séptimo
Penal Municipal de Barranquilla, se adelantaron las siguientes actuaciones:
Por
parte de los accionantes, se presentaron el 3 de diciembre de 2007 y el 3 de
diciembre de 2013, dos incidentes de desacato. En relación con la decisión que
le puso fin al desacato iniciado el 3 de diciembre de 2007, el apoderado
judicial de los accionantes, Camilo Torres Becerra, en el año 2009 presentó una
acción de tutela. Luego de lo anterior, la abogada Luvis Rebolledo Ortega, nueva
apoderada principal de los accionantes, presentó el incidente de desacato del 2
de agosto de 2013 y la solicitud de cumplimento del 15 de octubre de 2013. A
continuación, dicha abogada, le sustituyó el poder al abogado Luis Armando Mola
Insignares, quien a su vez, contra el mismo fallo, presentó una nueva solicitud
de cumplimiento el 27 de mayo de 2014, un nuevo incidente de desacato el 24 de
octubre de 2014, y, además, la presente acción de tutela.
De esta
forma, advierte la Sala un ejercicio desproporcionado de la acción de tutela y
de los mecanismos diseñados para el cumplimiento y acatamiento de sus fallos, por
parte de los accionantes y sus representantes judiciales, razón por la cual, en
relación con estos últimos, se ordenará remitir copia de todo lo actuado dentro
de las presentes diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, para lo de su cargo.
8.3.7. En
mérito de lo expuesto, la Sala considera que la providencia del 12 de marzo
de 2014, en la cual el Juez Séptimo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Barranquilla se abstiene de darles trámite y ordena el
archivo de las solicitudes del 2 de agosto, del 15 de octubre y del 3 de
diciembre de 2013; así como la del 29 de mayo de 2014, en la cual el
mismo funcionario judicial resuelve abstenerse de darle trámite a una nueva
solicitud del 27 de mayo de 2014; no son contrarias a derecho, ni adolecen de
los defectos que se les endilgó.
Los análisis precedentes permiten concluir
que la decisión de tutela del 25 de septiembre de 2014, de la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, debe ser revocada,
para en su lugar confirmar la del 13 de agosto del 2014, del Juzgado Séptimo
Penal del Circuito de la misma ciudad.
IX.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia proferida el 25 de septiembre
de 2014 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, para en su lugar CONFIRMAR la del 13 de agosto del 2014
del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad; con
base en las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO.-
ORDENAR remitir
copia
de todo lo actuado dentro del expediente de la referencia a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de
su cargo, según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO.- LÍBRESE la comunicación de que trata el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 161,
cuaderno 2.
[2] Folios 170 a 180, cuaderno 2.
[3] Todos están
relacionados en los folios 141 y 142, cuaderno 2. Los poderes otorgados reposan
a folios 151 y 160.
[4] Folios 143 y 144, cuaderno 2.
[5] Folios 146 y 149, cuaderno 2.
[6] Folios 36 y 37, cuaderno 1.
[7] Folio 38, cuaderno 1.
[8] Folios 140 y 141, cuaderno 1.
[9] Folio 141, cuaderno 1.
[10] Ibídem.
[11] Ibídem.
[12] Folio 20, cuaderno 1 y folio 59 cuaderno 4.
[13] Folio 142, cuaderno 1.
[14] Ibídem.
[15] Folio 109, cuaderno 2.
[16] Folio 21, cuaderno 1.
[17] Folios 124 a 136, cuaderno 2.
[18] Folios 131 a 132, cuaderno 2.
[19] Folios 132 a 133, cuaderno 2.
[20] Folios 133 a 135, cuaderno 2.
[21] Folio 71, cuaderno 1.
[22] Folios 78 y 79, cuaderno 1.
[23] Folios 91 a 96, cuaderno 1.
[24] Folios 97 a 100, cuaderno 1.
[25] Folios 19 a 27, cuaderno 1.
[26] Folios 28 y 29, cuaderno 1.
[27] Folio 16, cuaderno 1.
[28] Folio 56, cuaderno 1.
[29] Folios 118 a 126, cuaderno 1.
[30] Folios 129 y 130, cuaderno 1.
[31] Folios 7 a 10, cuaderno 3.
[32] Folio 136, cuaderno 1.
[33] Folio 143, cuaderno 1.
[34] Ibídem.
[35] Folio 141, cuaderno 1.
[36] “Artículo 107º.- Nombramientos ilegales en el servicio
educativo estatal. Es ilegal el nombramiento o vinculación de personal
docente o administrativo que se haga por fuera de la planta aprobada por las
entidades territoriales o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el artículo 105 de la presente Ley. Los nombramientos ilegales no producen
efecto alguno y el nominador que así lo hiciere, incurrirá en causal de mala
conducta sancionable con la destitución del cargo. Los costos ilegales que se
ocasionen por tal proceder generarán responsabilidad económica personal
imputable al funcionario o funcionarios que ordene y ejecute dicho
nombramiento”.
[37] Folio 144, cuaderno 1.
[38] Ibídem.
[39] Folios 154 y 155, cuaderno 1.
[40] Folio 180, cuaderno 1.
[41] Ibídem.
[42] Folios 3 a 23, cuaderno 2.
[43] Folio 195, cuaderno 2.
[44] Folio 202, cuaderno 2.
[45] Folio 204, cuaderno 2.
[46] Folios 204 y 205, cuaderno 2.
[47] Folios 71 a 93, cuaderno 4.
[48] Folios 94 a 98, cuaderno 4.
[49] Folio 39, cuaderno 4.
[50] Folio 99, cuaderno 5.
[51] Folio 107, cuaderno 4.
[52] Folios 107 y 108, cuaderno 4.
[53] Folios 161 a 169,
cuaderno 2.
[54] Folios 141 a 160, cuaderno 2.
[55] Folios 30 a 37, cuaderno 1.
[56] Folios 104 a 110, cuaderno 2.
[57] Folios 63 a 69, cuaderno 1.
[58] Folios 91 a 96, cuaderno 1.
[59] Folios 97 a 100, cuaderno 1.
[60] Folios 107 a 115, cuaderno 1.
[61] Folios 101 a 106, cuaderno 1.
[62] Folios 28 y 29, cuaderno 1.
[63] Folios 55 a 39, cuaderno 4.
[64] Folios 94 a 98, cuaderno 4.
[65] Folios 95 a 108, cuaderno 4.
[66] “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquél
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El
fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La
ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede Contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
[67] Consultarse la Sentencia T-933 de 2012.
[68]  “[…] [E]l panorama es claro ya que como regla general la acción
de tutela no procede contra decisiones judiciales y esto por varios
motivos.  Entre ellos, en primer lugar, el hecho que las sentencias
judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de
los derechos fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente
formados para aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de
cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se resuelven las
controversias planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad
jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la
jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un régimen
democrático.” Sentencia C-590 de 2005.
[69] “[S]e trata de una garantía excepcional, subsidiaria y autónoma
para asegurar, cuando todos los recursos anteriores han fallado, que a las
personas sometidas a un proceso judicial no les violen sus derechos
constitucionales fundamentales. No se trata entonces de garantizar la adecuada
aplicación del resto de las normas que integran el sistema jurídico o de los
derechos que tienen origen en la ley”. Sentencia C-590 de 2005.
[70] “Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones
(Sentencia T-173 de 1993). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes”. Sentencia
C-590 de 2005.
[71] Sentencia T-504 de 2000.
[72] Ver entre otras la sentencia T-315 de 2005.
[73] Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000.
[74] Sentencia T-658 de 1998.
[75] Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[76] “[S]e presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello”.
Sentencia C-590 de 2005.
[77] “[S]e origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido”. Sentencia C-590 de 2005.
[78] “[S]urge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.
Sentencia C-590 de 2005.
[79] “[C]omo son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales (Sentencia T-522
de 2001) o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión”.
Sentencia C-590 de 2005.
[80] “[S]e presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales”. Sentencia C-590 de 2005.
[81] “[I]mplica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional”. Sentencia C-590 de 2005.
[82] “[H]ipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”.
Sentencia C-590 de 2005.
[83] En este punto, la Corte sostuvo en la Sentencia T-944 de 2005, que
el juez de tutela que decida sobre la procedencia y prosperidad de la acción
contra decisiones proferidas durante el trámite
incidental de desacato “no podrá reabrir el debate
constitucional dado con ocasión de la acción de tutela anterior, pues su
análisis se encuentra limitado por las decisiones proferidas durante el trámite
de desacato en cuestión, esto, con relación a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del accionante”.
Sobre
el mismo asunto, la Sentencia T-088 de 1999, precisó: “El incidente
respectivo, al que se ha referido esta Corporación en varios fallos, tiene
lugar precisamente sobre la base de que alguien alegue ante el juez competente
que lo ordenado por la autoridad judicial con miras al amparo de los derechos
fundamentales no se ha ejecutado, o se ha ejecutado de manera incompleta o
tergiversando la decisión del fallador.
Ese
es cabalmente el punto objeto de controversia dentro del aludido procedimiento
incidental, razón suficiente para considerar que no cabe al respecto una vía
judicial distinta, menos aún la de una nueva acción de tutela, que por
definición no procedería en cuanto se tendría al alcance del interesado otro
medio  -y muy eficaz- de defensa judicial.
Pero además,
admitir la posibilidad de que en un nuevo juicio de amparo volvieran a ser
verificados aquellos hechos que constituyeron en su momento el motivo de
decisión plasmado en un fallo de tutela precedente, conduciría ni más ni menos
a reabrir un debate ya concluido, con claro desconocimiento del principio de la
cosa juzgada. No es posible, entonces, volver a plantear los fundamentos de
hecho y de derecho que se examinaron en la primera tutela ni convertir el
incidente de desacato en un pretexto para ello.
No se descarta,
por supuesto, que en la actuación judicial que termina accediendo o no a
imponer las sanciones por desacato hayan incurrido los jueces en vías de hecho
susceptibles, en cuanto tales, de la acción de tutela. Pero esa
eventualidad resulta ser extraordinaria y requiere, como lo ha sostenido
reiteradísima jurisprudencia de esta Corporación, la prueba incontrovertible de
un comportamiento judicial a todas luces contrario al ordenamiento jurídico, y
la certidumbre de que al respecto no existe otro medio eficaz de defensa
judicial.
No admite la Corte
como plausible la posibilidad de la "cascada de tutelas", menos en
relación con asuntos claramente definidos por las instancias competentes, pues ello
comportaría innecesario y peligroso factor de perturbación en la actividad
judicial y en la misma función de defensa de los derechos fundamentales”. Esta posición fue
reiterada en las sentencias T-533 de 2003 y T-406 de 2006.
[84] Sentencia T-010 de 2012.
[85] Sentencia C-367 de 2014.
[86]
Cabe recordar que la autoridad judicial encargada de hacer cumplir la sentencia
de tutela es el juez de primera instancia, aun cuando el amparo haya sido
concedido por el juez de segunda instancia o incluso por la Corte
Constitucional en sede de revisión.
[87] Sentencia T-632 de 2006.
[88] Sentencia T-171 de 2009.
[89] Al respecto, en la Sentencia T-421 de 2003, esta Corporación
precisó: “La consulta es un grado de jurisdicción que procede sin necesidad
de solicitud por ninguna de las partes comprometidas en el proceso y, en ese
sentido, es un mecanismo automático que lleva al juez de nivel superior a
establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente
con base en motivos de interés público o con el objeto de proteger a la parte
más débil en la relación jurídica de que se trata.” En el caso de la consulta
del incidente de desacato, la situación de debilidad radica en cabeza de la
persona a quien se le impone la sanción de multa o privación de la libertad por
el incumplimiento de la orden de tutela. Al tener como finalidad el establecer
la legalidad del  auto consultado, su estudio se debe limitar a esta
providencia. Por tanto, en el caso de la consulta del incidente no se extiende
al estudio de la legalidad de la providencia de tutela en la cual se dio la
orden que se alega como incumplida”.
[90] En sentencia SU-1158 de 2003, esta Corporación citando las
sentencias T-458-03 y T-744-03, manifestó las diferencias existentes entre el
trámite de cumplimiento y el incidente de desacato.
[91] Sentencias C-243 de 1996 y C-092 de 1997.
[92] Sentencia C-367 de 2014.
[93] Cfr. Sentencias T-606 de 2011 y C-367 de 2014.
[94] Sentencia T-482 de 2013.
[95] A-178-08. Al
respecto, esta Corporación en auto A-136A de 2002 determinó que la competencia
para hacer cumplir un fallo de tutela se edifica de la siguiente manera: “a).
En primer lugar, el artículo 27 señalado se encuentra ubicado dentro del
conjunto de los artículos del Decreto 2591 de 1991 que regulan el trámite de la
acción de tutela en la primera instancia (artículos 15 al 30).  En este
artículo fueron establecidos los llamados poderes disciplinarios del juez de
tutela, en razón del deber constitucional que le asiste al funcionario de
primera instancia de garantizar el cumplimiento de los fallos de tutela.
(…)
Igualmente en el
artículo 27, se autoriza al juez para sancionar por desacato tanto al demandado
declarado responsable que haya incumplido la orden de tutela, como a su
superior. Este poder disciplinario se prolonga hasta que se efectúe el
cumplimiento de la sentencia.
De otra parte, el
inciso cuarto del mismo artículo[95],
dice: "En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para
el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.
b). En segundo
lugar, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 ordena a la Corte Constitucional
que, después de surtir el trámite de revisión, remita los expedientes y las
sentencias proferidas a los jueces competentes de primera instancia, a fin de
que estos realicen la notificación de la sentencia y la adopción de las medidas
necesarias para adecuar el fallo a lo decidido por aquella.
En este orden de
ideas, según el artículo 36, será siempre el juez de tutela de primera
instancia el encargado de adecuar el fallo de revisión proferido por la Corte
Constitucional, aún cuando en la oportunidad de instancia aquel no haya
concedido la tutela.
7. En Conclusión,
la Sala encuentra que el juez de primera instancia (singular o plural), que
haya conocido el trámite de tutela, es en todo caso el competente para conocer
del trámite incidencial por desacato. Esta interpretación tiene fundamento en
los siguientes aspectos: (i) Obedece a una interpretación sistemática del
decreto 2591 de 1991,  (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica,
al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales, (iii)
esta en armonía con el principio de inmediación del trámite de  tutela y, (iv)
protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el grado
jurisdiccional de consulta”.
[96] Al respecto, en la Sentencia T-766 de 1998, esta Corporación
sostuvo: “La decisión de imponer la sanción por desacato no es susceptible
de apelación, ya que el mecanismo contemplado para que el tema suba al
conocimiento del superior jerárquico es la consulta, cuyos alcances son
diferentes. Si tramitada la consulta no hay objeción del superior, la sanción
queda en firme y contra las correspondientes providencias no procede recurso
alguno. Y, obviamente, no dar trámite a una apelación, que no cabe en el
procedimiento por no estar contemplada, no constituye vulneración al debido
proceso y menos vía de hecho”.
[97] Sentencia T-583 de 2009.
[98] “Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los
tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el
Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante
del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al
día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión”.
[99] Sentencia C-367 de 2014.
[100] Sentencia T-086 de 2003.
[101] Sentencia T-511 de 2012.
[102] Corte Constitucional, Sentencia T-459 de 2003.
[103] Sentencia C-522 de 2009.
[104]  Sentencia C-774 de 2001.
[105] Ibídem.
[106] Sentencia C-774 de 2001.
[107] “La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los
hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se
vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de
tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el
juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de
manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de
alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice
la acción”. Sentencia SU-961 de 1999.
[108] Folios 19 a 27, cuaderno 1.
[109] Folio 117, cuaderno 1.
[110] Folios 36 y 37, cuaderno 1.
[111] Folios 140 y 141, cuaderno 1.
[112] Folio 142, cuaderno 1. Información suministrada por la Alcaldía
Distrital en el escrito mediante el cual descorre el traslado de la tutela de
la referencia.
[113] Folio 21, cuaderno 1.
[114] Folio 121, cuaderno 2.
[115] El ponente de dicha fallo fue el Magistrado Luis Felipe Colmenares
Russo y la providencia está suscrita por los otros 2 magistrados de la Sala
Penal, Jorge Eliecer Mola Capera y Julio Ojito Palma,
[116] En la Sentencia SU-1219 de 2001 se consideró lo
siguiente: “[L]a decisión de la Corte Constitucional consistente en no
seleccionar para revisión una sentencia de tutela tiene como efecto principal
la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno
de la cosa juzgada constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de
dicha sentencia por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con
la ley, la decisión de excluir la sentencia de tutela de la revisión se traduce
en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma
se resguarda el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter
de la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico.
Cosa juzgada
constitucional y cosa juzgada ordinaria.
5.1 Admitir que
los fallos de tutela definitivamente decididos o excluidos para revisión sean
luego objeto de una nueva acción de tutela, sería como instituir un recurso
adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un
proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art. 86
C.P.), a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a las normas
reglamentarias en la materia (arts. 49
a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional). Las Salas de
Selección de la Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y
reglamentarias, no tienen la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido
de selección para revisión ni una acción de tutela contra uno de sus fallos de
tutela. Esto por una poderosa razón. Decidido un caso por la Corte
Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el
lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para
revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49
a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional[116]),
opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1
C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por
decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate
sobre lo decidido.
5.2.
A este respecto, es importante distinguir entre el fenómeno de la cosa juzgada
en materia ordinaria y el mismo fenómeno en materia constitucional. Mientras
que en el primer caso es generalmente admitida la procedencia de la acción de
tutela por vías de hecho, en el segundo caso, tratándose de un proceso judicial
constitucional, donde se persigue en forma explícita y específica la protección
de los derechos fundamentales y la observancia plena del orden constitucional,
la oportunidad para alegar la existencia de vías de hecho en los fallos de
tutela es hasta la finalización del término de insistencia de los magistrados y
del Defensor del Pueblo respecto de las sentencias no seleccionadas. Una vez
terminados definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la
sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1
C.P.), y se torna, entonces, inmutable y definitivamente vinculante”.
[117] El ponente de dicho fallo fue el Magistrado Jorge Eliecer Mola
Capera y el mismo fue suscrito por el Magistrado Julio Ojito Palma.
[118] Como se dijo, el Magistrado Ponente del fallo del 4 de mayo de
2009, fue Luis Felipe Colmenares Russo y el mismo fue suscrito por los
Magistrados Jorge Eliecer Mola Capera y Julio Ojito Palma, sin salvar o aclarar
el voto.
[119] Folio 121, cuaderno 2.
[120] Cfr. Sentencias T-606 de 2011 y C-367 de 2014.
[121] Ibídem.
[122] Folios 36 y 37, cuaderno 1.
[123] Folio 91 a 96, cuaderno 1.
[124] Folio 41, cuaderno 1.
[125] Folios 45 a 47, cuaderno 1.
[126] Folio 84, cuaderno 1.
[127] Folio 91, cuaderno 1.
[128] Folio 41, cuaderno 1.
[129] Folio 45, cuaderno 1.
[130] Folio 84, cuaderno 1.
[131] Sentencia T-1113 de 2005.