T-219-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-219/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reglas de procedencia y procedibilidad conforme a la
sentencia C-590/05
En la Sentencia C-590 de
2005, la Corte distinguió entre requisitos generales y causales específicas de
procedibilidad. En cuanto a los primeros, también denominados requisitos
formales, debe decirse que son aquellos presupuestos cuyo cumplimiento
habilitan al juez de tutela para que pueda entrar a evaluar, en el caso
concreto, si se ha presentado alguna causa específica de procedibilidad del
amparo constitucional contra una decisión judicial. Dicho de otro modo, son
condiciones que deben ser
verificadas por el juez antes de pasar a examinar las causales materiales que
darían lugar a que prosperara el amparo solicitado.
DEFECTO SUSTANTIVO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Mediante una consolidada recopilación jurisprudencial
realizada en la SU-448 de 2011 de aquellos casos en los que se ha configurado
un defecto sustantivo, la Corte precisó su ámbito de aplicación. Al respecto
señaló que se presenta, entre otras hipótesis: (i) cuando la decisión judicial
tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es
pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se adecúa a la
situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador”; (ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro
del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma jurídica de
manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”; (iii) cuando no toma en
cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes, (iv) la
disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución; (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se
utiliza “para un fin no previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se
funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis
de otras disposiciones aplicables al caso; (vii) cuando se desconoce la norma
del ordenamiento jurídico constitucional o infraconstitucional aplicable al
caso concreto. Se considera también que existe un defecto sustantivo en
providencias judiciales: (viii) cuando la actuación no está justificada en
forma suficiente de manera que se vulneran derechos fundamentales; (ix) cuando
sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial o (x)
“cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
violación manifiesta de la Constitución”.
SENTENCIA
JUDICIAL-Consecuencias de su incumplimiento/CUMPLIMIENTO
DE SENTENCIAS JUDICIALES-Es un imperativo del Estado Social de Derecho
Por las profundas
implicaciones negativas que tiene la falta de cumplimiento de las órdenes
judiciales para el Estado Social de Derecho, esta omisión puede derivar, para
los funcionarios públicos, en la comisión de delitos y/o faltas disciplinarias.
El Código Penal (artículo 414) tipifica, por ejemplo, el prevaricato por
omisión, conducta que comete el servidor público que omita, retarde, rehúse o
deniegue un acto propio de sus funciones. Adicionalmente penaliza el
fraude a resolución judicial (artículo 454) cuando una persona por cualquier
medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en la misma. De esta manera, lo que se busca con el cumplimiento de
los fallos judiciales es preservar el ordenamiento jurídico y evitar que el
fallo judicial se convierta en una manifestación formal y eminentemente
declarativa, por el contrario asegurar que la providencia que pone fin al
proceso produzca todos los efectos a que está destinada; sin este elemento, las
garantías procesales perderían toda su significación sustancial, ya que serían
el desarrollo de actuaciones sin ninguna consecuencia en el aseguramiento de la
protección y eficacia de otros derechos, convirtiéndose en una simple
mise-en-scène desprovista de significado material dentro del ordenamiento
jurídico.
DEFECTO SUSTANTIVO-Juez hizo interpretación errónea del artículo 90 del CPC e interpretada
por la sentencia T-148/10 al decidir sobre la prescripción y caducidad de la
acción ejecutiva
El Juzgado demandado, al negar la nulidad de todo lo
actuado e insistir en la negativa del reconocimiento de la personería del
apoderado de Syngenta S.A., lo que realmente hizo fue una interpretación
contraria al ordenamiento jurídico del artículo 90 del Código de Procedimiento
Civil, cuya interpretación se encontraba delimitada por la sentencia T-148 de
2010. Como se explicó con antelación, la sentencia de tutela fue clara al
decidir respecto de la prescripción y caducidad de la acción ejecutiva
contemplada en la norma citada del Código de Procedimiento Civil, y precisó que
la declaratoria de nulidad no implicaba, la alteración de los términos de prescripción
y caducidad de la acción ejecutiva que operaban conforme a la presentación
oportuna de la demanda. No obstante, sin tener esto en cuenta, el Juzgado
accionado simplemente negó dicha interpretación y al negar la nulidad reconoció
que sí era posible darle un alcance distinto a la norma procedimental, y
desconocer con ello, el contenido de la sentencia de tutela.
DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA-Vulneración por Juez quien desconoció alcance dado en
la sentencia T-148/10 al artículo 90 del CPC
Hace hincapié la Sala en que el Juzgado accionado al
negar la nulidad reconoció que sí era posible darle un alcance distinto
a la norma procedimental y desconocer con ello, el contenido de la sentencia de
tutela, por lo que en este caso, la decisión judicial se ve avocada a una
acción de tutela contra providencia judicial por defecto sustantivo, toda vez
que se apartó del contenido de la sentencia T-148 de 2010 y “de las pautas de
obligatorio cumplimiento fijadas por esta Corporación como su intérprete
autorizado.” La Corte ha establecido que, como intérprete de la Constitución,
sus decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva como en la ratio
decidendi del fallo, esto es, las fracciones de la parte motiva que estuvieran
en íntima relación con la parte resolutiva de la providencia. Por esta razón,
si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales vinculantes se “(…)
genera en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia
y de conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en
contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la
unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se
perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la
medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades
judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza
constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual
organización jurídica.”
Referencia: expediente T-3728979.
Acción de tutela instaurada por Syngenta S.A. contra los
Juzgados Primero, Tercero y Cuarto Civiles del Circuito de Montería y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial, Sala Civil-Familia-Laboral, de la misma ciudad.
Magistrado Ponente:
ALEXEI JULIO ESTRADA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos
mil trece (2013)
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Luís Ernesto Vargas Silva, María
Victoria Calle Correa y Alexei Julio Estrada, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos
por la Corte Suprema de Justicia, Salas de Casación Civil y Laboral en la
acción de tutela interpuesta por Syngenta S.A. contra los Juzgados Primero,
Tercero y Cuarto Civiles del Circuito de Montería y Tribunal Superior del
Distrito Judicial, Sala Civil-Familia-Laboral, de la misma ciudad.
I.
ANTECEDENTES
El pasado 17 de agosto de 2012, la sociedad comercial
Syngenta S.A., mediante apoderado judicial, solicitó el amparo a los derechos al
debido proceso y de defensa, los cuales fueron presuntamente vulnerados por los
Juzgados Primero, Tercero y Cuarto Civiles del Circuito de Montería y la Sala
Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma
ciudad, al proferir providencias que declararon la prescripción de la acción
ejecutiva y negaron el reconocimiento a la personería jurídica del apoderado de
Syngenta S.A., dentro del proceso ejecutivo singular promovido por la
accionante en contra de la Arrocera de Montería Ltda. y el señor Alejandro E.
Lyons De La Espriella.
De acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas
obrantes en el expediente, el accionante sustenta su pretensión en los
siguientes:
1.1 Hechos
1.1.1.
Sostuvo la parte accionante
que entre la sociedad Novartis de Colombia S.A. y la Arrocera de Montería Ltda.
se celebró un contrato de suministro de semillas, por lo que suscribieron
solidariamente con el señor Alejandro E. Lyons De La Espriella un pagaré[1] por
trescientos diez millones de pesos ($310.000.000) a favor de Novartis de
Colombia S.A.
1.1.2.
Afirmó el apoderado de la
sociedad accionante que Novartis de Colombia S.A. no obtuvo el pago de las
obligaciones adeudadas, por lo que el 7 de abril de 2000 interpuso demanda
ejecutiva singular en contra de la Arrocera de Montería Ltda. y Alejandro E.
Lyons De La Espriella por la obligación contenida en el pagaré suscrito entre
las partes. Por consiguiente, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Montería, libró mandamiento de pago el 14 de abril de 2000 a favor de Novartis de Colombia S.A.
1.1.3.
El 13 de julio de 2000,
mediante escritura pública número 1684[2],
la Sociedad Novartis de Colombia S.A, a través de una escisión se desdobló
corporativamente dando lugar al nacimiento de Novartis Agro Latinoamerica Norte
S.A. Posteriormente, por escritura pública número 1864 del 29 de noviembre de
2000[3], Novartis
Agro Latinoamerica Norte S.A. modificó la denominación social de la compañía y
adoptó la de Syngenta S.A.
1.1.4.
El Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Montería, mediante providencia proferida el 12 de noviembre de 2004
ordenó la ejecución del crédito a favor de Novartis Agro Latinoamerica Norte
S.A., (Syngenta S.A.) sentencia que fue confirmada el 30 de septiembre de 2005,
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil-Familia-Laboral de la
misma ciudad.
1.1.5.
Posteriormente, agregó el
apoderado de la sociedad actora que el 12 de octubre de 2006, el abogado de la
Arrocera de Montería Ltda., presentó incidente de nulidad contra todo lo
actuado en el proceso ejecutivo, alegando que a la fecha en la que se expidió
el título ejecutivo, no constaba en aquel el proceso de escisión entre Novartis
de Colombia S.A. y Novartis Agro Latinoamerica Norte S.A., lo que daba como
resultado una indebida notificación del título ejecutivo a la luz del numeral 8°
del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
1.1.6.
El 8 de mayo de 2008, el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería declaró próspera la nulidad
alegada por la parte ejecutada-Arrocera de Montería Ltda, al considerar que
debió notificarse en el proceso ejecutivo la cesión de derechos litigiosos
realizada entre Novartis S.A. y Novartis Agro Latinoamerica Norte S.A. (Syngenta
S.A.)
1.1.7.
El 5 de febrero de 2009, la
Sala Civil- Familia -Laboral del Tribunal Superior de Montería decidió revocar
la providencia proferida el 8 de mayo de 2008 por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Montería, que resolvió decretar la nulidad de todo lo actuado y, en
su lugar, negar la nulidad que solicitó la parte ejecutada, bajo el argumento según
el cual, la parte demanda sí conoció por los diferentes memoriales y
actuaciones del proceso de escisión.[4]
1.1.8.
Por consiguiente, sostuvo el
apoderado de la sociedad accionante, la Arrocera de Montería Ltda. y Alejandro
Lyons De La Espriella interpusieron acción de tutela contra la decisión
proferida por el Tribunal Superior de Montería, al considerar que la sentencia
vulneraba sus derechos al debido proceso, defensa e igualdad. La Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante sentencia del 28 de mayo de 2009,
negó el amparo solicitado, fallo que fue confirmado el 14 de julio de 2009 por la
Sala de Casación Laboral de la misma Corporación.
1.1.9.
Por auto del 5 de noviembre de
2009, la Corte Constitucional seleccionó para revisión la acción de tutela y,
mediante sentencia T-148 de 2010, la Sala Sexta de Revisión concedió el amparo
y ordenó surtir nuevamente la notificación del mandamiento de pago, junto con
la notificación de la escisión de la empresa Novartis de Colombia S.A. De igual
manera, en la tutela, la Corte se pronunció sobre los efectos de la
prescripción y caducidad de la acción. Al respecto, la Sala señaló que: “La
decisión que será adoptada en esta sentencia y como consecuencia de la cual
quedará en firme el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Montería en el que se declaró la nulidad de todo lo actuado desde la
notificación del mandamiento de pago, no altera la interrupción de la caducidad
de la acción ejecutiva que se produjo con la presentación oportuna de la
demanda ejecutiva.”. [5]
1.1.10.
Seguidamente, la Arrocera de
Montería Ltda. y Alejandro Lyons De La Espriella se notificaron del mandamiento
de pago y de la escisión, y propusieron excepciones de mérito en contra del
mandamiento de pago, fundadas en la prescripción y caducidad de la acción
cambiaria, toda vez que desde la fecha de la presentación de la demanda (7 de
abril de 2000) y la nueva notificación del mandamiento de pago (27 de enero de
2011), transcurrieron más de 10 años. Al respecto, mencionó el demandado sobre
el vencimiento del pagaré: “habíamos indicado que este se produjo el día de
su aceleración con la presentación de la demanda que da origen al presente
proceso, por lo que, sin lugar a duda alguna puede afirmarse que durante los 10
años transcurridos sin que se notificara el mandamiento de pago, con creces se
cumplieron todos los términos prescriptivos de cualquier obligación.”[6]
1.1.11.
Agregó el apoderado de
Syngenta S.A. que el 8 de marzo de 2011, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Montería encontró procedente la excepción de prescripción, al reabrirse el
término para la prescripción como consecuencia de la notificación del
mandamiento de pago y condenó en costas y perjuicios a la sociedad accionante. En
consecuencia, el apoderado de Syngenta S.A. interpuso recurso de apelación
contra la providencia que declaró procedente la excepción de prescripción.
1.1.12.
Sin embargo, afirmó la parte
accionante, que el apoderado de la Arrocera de Montería Ltda solicitó no darle
trámite al recurso de apelación interpuesto por Syngenta S.A. y tener como
ejecutoriada la providencia proferida el 8 de marzo de 2011 por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Montería, pues la nulidad decretada por la
sentencia T-148 de 2010 había dejado sin efectos la representación y el
reconocimiento de la personería extendida a favor del apoderado de Syngenta
S.A. y, por el contrario, había revivido la representación del apoderado de
Novartis S.A.
1.1.13.
Por consiguiente, el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Montería, mediante auto del 1 de abril de 2011,
determinó rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la anterior
providencia, toda vez que el auto del 6 de agosto de 2004 por medio del cual
había reconocido personería jurídica al abogado de Syngenta S.A. para actuar en
el proceso, había perdido firmeza, con ocasión de la nulidad decretada por la
sentencia de tutela de la Corte Constitucional. Posteriormente, mediante
providencia del 25 de mayo de 2011, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Montería determinó rechazar de plano el recurso de reposición interpuesto
contra la anterior providencia en el siguiente sentido: “Recuérdese que en
el caso sub examine el acto que motivó la nulidad es la escisión de la sociedad
demandante, acto jurídico que cobró efectividad el día 13 de julio de 2000 en
virtud de la suscripción de la Escritura Pública Nº. 1684 otorgada en la
Notaría 45 de Bogotá y que el doctor Pompilio Díaz Ricardo es reconocido como
apoderado por medio de auto del día 06 de agosto de 2004 es decir cuatro años
después del hecho que produjo la nulidad” [7]
1.1.14.
Informó el apoderado de la
parte actora que la anterior providencia fue confirmada por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Montería[8].
1.1.15.
Posteriormente, y en
cumplimiento de la orden proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Montería, el 16 de diciembre de 2011, el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Montería libró mandamiento de pago a favor de Alejandro Lyons De La Espriella y
la Arrocera de Montería Ltda. en contra de Syngenta S.A. a título de costas,
más los respectivos intereses.
1.1.16.
Finalmente, el apoderado de
Syngenta S.A. interpuso incidente de nulidad sobre todo lo actuado; empero, éste
fue resuelto negativamente mediante providencia del 15 de mayo de 2012 proferida
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería. Agregó el apoderado de
la sociedad comercial que la anterior sentencia constituye una vía de hecho en
la medida que incurrió en defecto sustantivo pues no estudió los defectos en
que incurrió el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería. Además de lo
anterior, reiteró la falta de personería jurídica del apoderado de Syngenta
S.A.
1.2.
Solicitud de tutela
Con fundamento en los hechos narrados anteriormente,
el apoderado de Syngenta S.A. requirió el amparo de tutela para proteger los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales considera
fueron vulnerados por los Juzgados Primero, Tercero y Cuarto Civiles del
Circuito de Montería y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería,
Sala Civil Familia-Laboral, al proferir providencias que infringieron los
derechos de la parte actora y solicitó:
1)
Se decrete que los juzgados
PRIMERO, TERCERO Y CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL han incurrido en violaciones al debido proceso,
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y derecho a la igualdad de
la parte demandante, actualmente SYNGENTA.
2)
Como consecuencia de lo
anterior, se decrete la nulidad de lo actuado desde la notificación compleja
ordenada por la Corte Constitucional, la que se omitió efectuar a SYNGENTA,
incluyendo los actos y omisiones a partir de las cuales el a quo y el ad quem
desconocieron su representación dentro del proceso.
En el igual sentido, requirió se dicten todas las
medidas necesarias para amparar los derechos constitucionales fundamentales de
la parte demandante dentro del proceso ejecutivo y se reparen las vías de hecho
originadas en la providencia que negó la nulidad de todo lo actuado desde la
sentencia proferida el 8 de marzo de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Montería, por cuanto la misma desconoció el derecho de postulación
del apoderado de Syngenta S.A. y,  con ello, incurrió en defecto sustantivo.
1.3.
Respuesta de las autoridades judiciales demandadas
Asumido el conocimiento de la acción de tutela por
parte de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, se ordenó
mediante oficio del 28 de agosto de 2012, la notificación de las partes
accionadas, Juzgados Primero, Tercero, Cuarto Civiles del Circuito y la Sala
Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, todos de
Montería.
El Tribunal Superior, Sala Civil-Familia-Laboral del
distrito judicial de Montería indicó que conoció en una primera oportunidad del
expediente cuando revocó la decisión del Juez Cuarto Civil del Circuito de
Montería que decretó la nulidad de todo lo actuado, y ordenó nuevamente la
notificación del auto de mandamiento de pago. Posteriormente, conoció de nuevo
del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Syngenta S.A. contra
la sentencia del 8 de marzo de 2011 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Montería que declaró probada la excepción de prescripción y dio por
terminado el proceso. En esta oportunidad, afirmó el Tribunal accionado que
negó el recurso interpuesto al considerar que el apoderado de Syngenta carecía
de poder para actuar dentro del proceso, y que al fundamentó su decisión en la
ley y la jurisprudencia. En este orden de ideas, resaltó “que las decisiones
proferidas dentro del trámite de este proceso han estado enmarcadas dentro de
la legalidad y no es dable otorgar el amparo constitucional máxime si se tiene
en cuenta que ha transcurrido un largo período de tiempo desde que se tomaron
las decisiones que hoy se cuestionan.”
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, hizo
un recuento de las actuaciones del despacho desde que le fue asignado el
conocimiento del expediente por parte de la Oficina de Apoyo Judicial, sin
pronunciarse acerca del problema jurídico debatido en la acción de tutela.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, por
su parte afirmó que mediante providencia proferida el 8 de marzo de 2011
declaró probada la excepción de prescripción propuesta por los apoderados y ordenó
terminar el proceso, al considerar que como “el mandamiento de pago fue
librado en Abril 14 de 2000 solo hasta el 27 de enero del presente año, se notifican
por conducta concluyente. Indica lo anterior, que al haber transcurrido 10 años
desde la presentación de la demanda, no se interrumpió la prescripción ni se
impidió la caducidad de la acción.”
Asimismo, informó que negó el recurso de apelación interpuesto
contra la anterior providencia, debido a que el representante judicial de
Syngenta S.A. carecía del derecho de postulación, pues el fallo de tutela proferido
por la Corte Constitucional que declaró la nulidad de todo lo actuado a partir
de la notificación del mandamiento de pago también comprendía el reconocimiento
de personería jurídica para actuar, que para la fecha en la que el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Montería (4 de agosto de 2004) la reconoció a Syngenta
S.A. ésta aún no era parte en el proceso. De esta manera, el Juzgado accionado
explicó que sus actuaciones siempre se enmarcaron en la legalidad y afirmó que
la acción de tutela “no debe prosperar, porque la parte accionante tuvo
todas las oportunidades para impugnar las decisiones y no lo hizo, pretendiendo
revivir este asunto, por medio de la acción constitucional presentada.”
Finalmente, la Juez Tercero Civil del Circuito de
Montería informó que el proceso ejecutivo fue remitido al Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de la misma ciudad a consecuencia del impedimento por parte de la
Juez y decretado mediante auto del 31 de julio de 2007.
1.4. Pruebas relevantes que obran dentro de este
expediente
Del material probatorio que obra en el expediente la
Sala destaca lo siguiente:
·    Fotocopia del Certificado de Existencia y Representación
Legal de Syngenta S.A. en el que consta que por Escritura Pública nº 1684 de la
Notaría 45 de Bogotá del 13 de julio de 2000, se realizó la escisión de
Novartis de Colombia S.A. y la constitución de la sociedad comercial denominada
Novartis Agro Latinoamerica Norte S.A. y posteriormente por Escritura Pública
nº 1864 de la Notaría 16 de Bogotá del 4 de diciembre de 2000, cambio su
denominación social por la de Syngenta S.A. (fl. 153-156)
·     Fotocopia del pagaré nº 9682058 en el que la
Arrocera de Montería y Alejandro Lyons de la Espriella se comprometen a pagar
incondicionalmente a favor de Novartis S.A. la suma de trecientos diez millones
de pesos ($310.000.000). (fl. 157)
·     Fotocopia de la demanda ejecutiva presentada por
Novartis de Colombia S.A. (fl. 165-169)
·     Fotocopia del mandamiento de pago por la vía
ejecutiva a favor de Novartis de Colombia S.A. proferido el 14 de abril de
2000. (fl. 170)
·    Fotocopia del acta de audiencia de conciliación
realizada entre acreedor y deudor en la que consta que el apoderado de la parte
demandante aporta a la diligencia el Certificado de Existencia y Representación
Legal de Novartis S.A.(fl. 203-204)
·     Fotocopia del poder otorgado ante el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Montería por el primer suplente del Representante Legal
de Syngenta S.A. en la que confiere poder especial amplio y suficiente al
doctor Pompilio Díaz para que actúe en defensa de los intereses de Syngenta
S.A. (fl. 214)
·     Fotocopia del documento presentado ante el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Montería en el que se solicita el reconocimiento
de la personería jurídica al apoderado de Syngenta S.A. y la revocatoria del
poder conferido al apoderado de Novartis S.A.(fl.215)
·     Fotocopia del oficio proferido por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Montería en el que se tiene por revocado el poder
al apoderado de Novartis de Colombia S.A. y se reconoce la personería jurídica
al apoderado de Syngenta S.A.(fl. 216)
·     Fotocopia de la solicitud de incidente de regulación
de honorarios del antiguo apoderado de Novartis S.A. en la que se evidencia a
través de los escritos presentados el proceso de escisión y el cambio de razón
social de Novartis de Colombia S.A. a Syngenta S.A.(fl.219-262)
·     Fotocopia de la providencia proferida el 12 de
noviembre de 2004 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería en la
que se niega la excepción propuesta por el demandado y se ordena continuar con
la ejecución por la suma adeudada. (fl. 263-266)
·     Fotocopia de la providencia proferida el 30 de
septiembre de 2005 por la Sala Civil-Familia-Labora del Tribunal Superior de
Montería que confirma la proferida el 12 de noviembre de 2004 por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Montería. Se reseña el encabezado de la
providencia en el siguiente sentido: “Procedente del Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Montería ha llegado el presente proceso Ejecutivo Singular
instaurado por NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. hoy SYNGENTA S.A.” (fl. 287-293)
·     Fotocopia del incidente de nulidad propuesto el 12
de octubre de 2006 por el apoderado de la Arrocera de Montería Ltda en el que
sostiene que no se informó en el curso del proceso de la escisión (cesión del
crédito) y el cambio de denominación social a la sociedad demandada. (fl. 294-300)
·     Fotocopia de la providencia proferida el 8 de
noviembre de 2006 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería en la
que se rechaza de plano la nulidad alegada por la parte demandada.(fl.302-303)
·     Fotocopia de la providencia proferida el 8 de mayo
de 2008 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería en la que declara
próspera la nulidad propuesta por la parte demandada.(fl. 319-327)
·    Fotocopia de la providencia proferida el 5 de febrero
de 2009 por el Tribunal Superior de Montería Sala Civil-Familia-Laboral en la
que revocó la sentencia que decretó la nulidad de todo lo actuado desde el
mandamiento de pago.(fl. 328-335)
·    Fotocopia de la sentencia T-148 de 2010 proferida por
la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en la que deja en firme
la providencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería que
declaró la nulidad de todo lo actuado desde el mandamiento de pago. En la
sentencia se advirtió que dicha declaratoria de nulidad: “no altera la
interrupción de la caducidad de la acción ejecutiva que se produjo con la presentación
oportuna de la demanda ejecutiva.” (negrilla por fuera del texto) (fl.
359-383)
·     Fotocopia
del recurso de reposición contra el mandamiento de pago del 14 de abril de 2000
interpuesto por el apoderado de la Arrocera de Montería Ltda., en el que
solicita la prescripción extintiva del título valor base del proceso ejecutivo,
por haber transcurrido 10 años desde que se profirió el mandamiento de pago y
su notificación. (fl. 398-401)
·    Fotocopia de
la providencia proferida el 8 de marzo de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Montería en la que decide declarar probada la excepción de
prescripción extintiva y condenar en costas y perjuicios al demandante. (fl.
443-450)
·    Fotocopia del
escrito presentado por el apoderado de Syngenta S.A. en el que solicita se revoque
la providencia que declaró la prescripción extintiva del proceso. (fl. 451)
·     Fotocopia del escrito formulado por el apoderado de
la parte demandada en la que solicita al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Montería no darle trámite al recurso interpuesto por el apoderado de Syngenta
S.A. bajo el argumento que la nulidad decretada por la sentencia T-148 de 2010
le restó eficacia al auto del 6 de agosto de 2004 que reconoció la personería
jurídica al abogado de Syngenta S.A. (fl.453-457)
·    Fotocopia de la providencia proferida el 1 de abril
de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería en la que decide
rechazar el recurso de apelación, bajo el siguiente argumento: “Descendiendo
al caso en estudio, se advierte que efectivamente, mediante auto adiado Agosto
06 de 2004, se le reconoció personería jurídica al doctor POMPILIO DÍAZ
RICARDO, decisión que con ocasión a la declaratoria de nulidad la cual fue
refrendada por la H. Corte Constitucional en providencia 05 de marzo de 2010,
perdió toda seguridad jurídica, razón por la cual era inminente el ejercicio
del derecho de postulación por parte de la entidad ejecutante, al no observarse
tal ejercicio, dicho profesional del derecho, mal puede ejercer actos en
representación de aquella (empresa ejecutante), cuando no hay verificación del
ius postulandi.” (fl.458-462)
·     Fotocopia de la providencia proferida el 25 de mayo
de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, en la que decide
rechazar de plano el recurso de reposición propuesto por el apoderado de
Syngenta contra la providencia del 1 de abril de 2011 del Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Montería, mediante la cual rechazó el recurso de apelación por
falta de ius postulandi. (fl.468-471)
·    Fotocopia de la providencia proferida el 18 de julio
de 2011 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Montería en
la que niega el recurso de queja interpuesto por el apoderado de Syngenta S.A.
en contra del auto del 1 de abril de 2011 dictado por el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Montería que negó la personería jurídica del abogado de
Syngenta S.A.(fl. 480-487)
·    Fotocopia de la providencia proferida el 16 de
diciembre de 2011 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería en la
que se libra mandamiento de pago a favor de Alejandro Lyons de la Espriella y la
Arrocera de Montería S.A.(fl.499-500)
·    Fotocopia de la providencia proferida el 15 de mayo
de 2012 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería en la que niega
la nulidad de todo lo actuado solicitado por el apoderado de Syngenta S.A.(fl.
579-582)
·     Fotocopia de la providencia proferida el 19 de junio
de 2012 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería en la que niega
el recurso de apelación en contra de la providencia proferida el 15 de marzo de
2012 por ese mismo despacho. (fl.583-585)
1.5.
Decisiones judiciales objeto de revisión.
1.5.1. Sentencia de primera instancia.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia proferida el 6 de septiembre de 2012, decidió
conceder la acción instaurada.
Determinó que en este caso en particular no puede
entenderse que dentro de las consecuencias propias de la declaratoria de nulidad
de actos procesales, queden afectados o puedan quedar comprendidos actos de
postulación, pues el derecho de postulación es totalmente ajeno al trámite de
la nulidad decretada. En virtud de lo anterior, mencionó la Corte que es claro
que el Juzgado demandado (primero) vulneró el derecho de defensa y el debido
proceso de la sociedad accionante, por cuanto “al resolverse el memorando
recurso de queja omitió tener en cuenta que en el caso sometido a su
consideración las secuelas o los resultados de la memorada nulidad procesal, no
podían tener la repercusión que en materia de representación judicial – asunto
sobre el cual efectivamente nada tiene que ver la cuestión que suscitó la
nulidad.”  Por consiguiente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia consideró que la providencia del juez de primera instancia del 8 de
marzo de 2011, donde se declaró probada la excepción de prescripción extintiva
propuesta por la parte demandada es apelable y por ello concedió la acción de
tutela.
1.5.2. Sentencia de segunda instancia.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia proferida el 23 de octubre de 2012 decidió
confirmar la decisión de primera instancia.
Esta Corporación reiteró que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad
declarada sólo comprende la actuación posterior al motivo que la produjo; y,
así las cosas, no debía entenderse también como anulada la representación
judicial del apoderado “máxime cuando las partes e intervinientes en el
proceso conocían tal acto de apoderamiento.”
De esta manera, confirmó la providencia dictada el 6
de septiembre de 2012, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, en la que se decidió conceder la acción instaurada y ordenó adoptar
todos los correctivos pertinentes para amparar los derechos fundamentales de la
sociedad accionante.
II. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN.
Mediante auto del primero (01) de abril de dos mil
trece (2013), con base en lo dispuesto en el artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992
y los artículos 179 y 180 del CPC, se ordenó la práctica de las siguientes
pruebas:
“PRIMERO. ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se
ponga en conocimiento la sociedad comercial Syngenta S.A.[9] en la presente acción
de tutela el contenido del expediente T-3728979, para que dentro de los dos (2)
días siguientes a la notificación del presente auto informe de manera
detallada y justificada:
(i)
Si al momento de se
realizarse el proceso de escisión se dio cumplimiento al requisito de
publicidad dispuesto en el artículo 5 de la ley 222 de 1995,
(ii)
En caso de ser afirmativo,
se aporte a este despacho las publicaciones de que trata la norma anterior, así
como las comunicaciones remitidas a los acreedores sociales”.
En cumplimiento de lo anterior, el cuatro (04) de
abril de dos mil doce (2012), Syngenta S.A mediante su representante legal para
asuntos judiciales, dio respuesta a los interrogantes planteados por la Sala de
Revisión, en los siguientes términos:
“Me permito informar que al momento de realizarse el
proceso de escisión de la sociedad NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. para la creación
de la sociedad NOVARTIS AGRO LATINOAMERICA NORTE S.A. (hoy Syngenta S.A.) SÍ
se cumplió de manera rigurosa con el requisito de publicidad dispuesto en
el artículo 5° de la Ley 222 de 1995. (Negrilla
y subrayado del texto).
Como prueba de lo anterior, me permito aportar los
siguientes documentos:
1. Original de la certificación expedida por el
Representante legal del Diario la República en la cual consta que el día 6 de
abril de 2000, en la sección Económica, en la página 5ª de dicho diario, se
publicó el aviso de Escisión de la sociedad Novartis de Colombia S.A. para la
creación de la sociedad Novartis Agro Latinoamérica Norte S.A. (1 folio).
2. Copias certificadas por el Diario la República de
la página 5ª, de la emisión del 6 de abril de 200, donde aparece publicado el
aviso de Escisión de la sociedad Novartis de Colombia S.A. para la creación de
la sociedad Novartis Agro Latinoamérica S.A. (2 folio).”
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
3.1. Competencia.
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Problema jurídico y planteamiento del caso.
El apoderado de Syngenta S.A. interpuso demanda
ejecutiva singular en contra de la Arrocera de Montería Ltda. y Alejandro E.
Lyons de la Espriella para lograr el pago de un pagaré por trescientos diez millones
de pesos ($310.000.000) a favor de Novartis de Colombia S.A., por lo que el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería libró mandamiento de pago el 14
de abril de 2000 a favor de Novartis de Colombia S.A. Posteriormente, la sociedad
accionante, a través de una escisión se desdobló corporativamente dando lugar
al nacimiento de Novartis Agro Latinoamerica Norte S.A. Seguidamente, por
escritura pública número 1864 del 29 de noviembre de 2000[10], Novartis S.A. modificó
la denominación social de la compañía y adoptó la de Syngenta S.A. Seguidamente,
el apoderado de la sociedad condenada (Arrocera de Montería Ltda.) luego de que
se ordenará la ejecución del crédito a favor de la sociedad accionante,
presentó incidente de nulidad contra todo lo actuado en el proceso ejecutivo
alegando que a la fecha en la que se expidió el título ejecutivo no constaba en
aquel el proceso de escisión entre Novartis de Colombia S.A. y Novartis Agro Latinoamerica
Norte S.A.
Por consiguiente, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Montería declaró próspera la nulidad alegada por la parte ejecutada-Arrocera
de Montería Ltda, al considerar que debió notificarse en el proceso ejecutivo
la cesión de derechos litigiosos. Esta providencia fue revocada
por la Sala Civil- Familia y Laboral del Tribunal Superior de
Montería bajo el argumento que la parte demandada sí conoció por los
diferentes memoriales y actuaciones del proceso de escisión.
En este contexto, la Arrocera de Montería Ltda. y
Alejandro Lyons De La Espriella interpusieron acción de tutela contra la decisión
proferida por el Tribunal Superior de Montería. La Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil, negó el amparo que fue confirmado por la Sala de
Casación Laboral de la misma Corporación.
La Corte Constitucional, mediante sentencia T-148 de
2010, concedió el amparo y ordenó surtir nuevamente la notificación del
mandamiento de pago, junto con la notificación de la escisión de la empresa
Novartis de Colombia S.A. De igual manera, la sentencia aclaró que la decisión
adoptada, no alteraba la interrupción de la caducidad de la acción ejecutiva
que se produjo con la presentación oportuna de la demanda ejecutiva.
Seguidamente, la parte demandada propuso excepciones
de mérito en contra del mandamiento de pago, fundadas en la prescripción y
caducidad de la acción cambiaria, toda vez que desde la fecha de la
presentación de la demanda (7 de abril de 2000) y la nueva notificación del
mandamiento de pago (27 de enero de 2011), transcurrieron más de 10 años. El
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería mediante providencia proferida el
8 de marzo de 2011 encontró procedente la excepción de prescripción.
Con posterioridad, el apoderado de Syngenta S.A. interpuso
recurso de apelación contra la providencia que declaró procedente la excepción
de prescripción y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería atendiendo
al memorial interpuesto por la parte demandada, consideró que el apoderado de
Syngenta S.A. no tenía personería jurídica, pues la nulidad decretada
por la sentencia T-148 de 2010 había dejado sin efectos la
representación y había revivido la representación del apoderado de Novartis
S.A.
Posteriormente, y en cumplimiento de la orden
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, el 16 de
diciembre de 2011, el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad libró
mandamiento de pago a favor de Alejandro Lyons de la Espriella y la Arrocera de
Montería Ltda. y en contra de Syngenta S.A. a título de costas, más los
respectivos intereses.
Finalmente, el apoderado de Syngenta S.A. interpuso
incidente de nulidad sobre todo lo actuado; empero, éste fue resuelto
negativamente, mediante providencia del 15 de mayo de 2012, proferida por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería.
En atención a lo expuesto, la Corte deberá responder
si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, al negar la nulidad sobre
todo lo actuado, solicitada por el apoderado de Syngenta S.A., a partir de la
sentencia proferida el 8 de marzo de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de la misma ciudad en la que se reconoció la prescripción de la acción
cambiaria, incurrió en un defecto sustantivo por indebida interpretación,
aplicación e integración del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil que
regula la interrupción de la prescripción y la caducidad de la acción ejecutiva
y de la sentencia T-148 de 2010 proferida por esta Corporación.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala:
(i)
Reiterará la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
(ii) Se
pronunciará sobre el defecto sustantivo en la jurisprudencia constitucional y,
en tal sentido, subrayará cuándo la interpretación inadecuada de una norma
legal configura un defecto que vulnera derechos fundamentales, en particular,
el debido proceso.
(iii) Se
referirá al cumplimiento de providencias judiciales y las consecuencias de su
incumplimiento.
(iv) Examinará
el caso concreto y, en  este orden de ideas,
-. Se
ocupará de cada una de las causales generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales frente al
caso en concreto con el propósito de dictaminar la procedencia de este
mecanismo excepcional.
-. Expondrá
el contenido de la sentencia T-148 de 2010, a fin de determinar las decisiones que en ella se tomaron para restablecer los derechos vulnerados y el alcance
definido en cuanto a la prescripción y caducidad de la acción ejecutiva,
regulada en el artículo 90 del C.P.C. con la oportuna presentación de la
demanda.
- Con el propósito
de ilustrar un contexto general a fin de determinar de dónde provienen los
defectos en que se incurrió en la sentencia del 15 de mayo de 2012, dictada por
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, la Sala analizará el alcance
que dio a la sentencia T-148 de 2010, el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería.
- Estudiará
el defecto sustantivo o material
por indebida interpretación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil que
regula la prescripción de la acción ejecutiva en armonía con lo dispuesto en la
sentencia de tutela T-148 de 2010 proferida por esta Corporación.
3.3. Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
La procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales tiene un carácter excepcional[11] y
está supeditada, entre otras cosas, a que los efectos de una decisión judicial
vulneren o amenacen derechos fundamentales y a que no exista otro mecanismo
judicial idóneo para proteger el derecho comprometido. Esta Corporación ha
sentado una abundante jurisprudencia en torno a lo que en los primeros años fue
llamado vía de hecho y que más recientemente ha experimentado una
evolución terminológica hacia el concepto de causales genéricas  de
procedibilidad de la acción de tutela, en cuanto a la procedencia de esta
acción constitucional para controvertir providencias judiciales (sentencias y
autos).
“Inicialmente
el concepto de vía de hecho –el cual tuvo origen en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia y, en definitiva, debe su denominación a la figura
propia del derecho administrativo- fue empleado por la Corte Constitucional
para referirse a errores groseros y burdos presentes en las providencias
judiciales, los cuales en alguna medida suponían un actuar arbitrario y caprichoso
del funcionario judicial, proceder que a su vez daba lugar a la protección
constitucional de los ciudadanos afectados por la decisión judicial.
Ahora
bien, la expresión vía de hecho, si bien resultaba ilustrativa de algunos de
los eventos que pretende describir, tales como errores burdos o arbitrariedades
en las decisiones judiciales, no abarca todos los supuestos de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por una parte, y
adicionalmente puede entenderse que tiene una connotación de deslegitimación o
sindicación peyorativa del juez que profiere la sentencia objeto de una tutela,
razón por la cual la jurisprudencia constitucional desde hace algunos años ha
sugerido el abandono de la anterior terminología y su sustitución por la
expresión causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales[12]”.
Así las cosas, producto
de una labor de sistematización sobre la materia, en la Sentencia C-590 de
2005, la Corte distinguió entre requisitos generales y causales específicas de
procedibilidad. En cuanto a los primeros, también denominados requisitos
formales, debe decirse que son aquellos presupuestos cuyo cumplimiento
habilitan al juez de tutela para que pueda entrar a evaluar, en el caso
concreto, si se ha presentado alguna causa específica de procedibilidad del
amparo constitucional contra una decisión judicial. Dicho de otro modo, son
condiciones que deben ser verificadas por
el juez antes de pasar a examinar las causales materiales que darían lugar a
que prosperara el amparo solicitado, los siguientes:
·
Que el asunto objeto de debate sea
de evidente relevancia constitucional.
·
Que se haya hecho uso de todos los
mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- a disposición del
afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental
irremediable.
·
Que se cumpla el requisito de la
inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un término razonable
y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la vulneración del derecho
fundamental.
·
Cuando se trate de una
irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto decisivo en la sentencia
objeto de controversia y afecte los derechos fundamentales de la parte actora.
·
En la solicitud del amparo tutelar
se deben identificar los hechos que generaron la vulneración y los derechos
afectados y que se hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial,
siempre que ello hubiere sido posible.
·
Que no se trate de sentencias de
tutela, por cuanto los debates sobre derechos fundamentales no pueden
prolongarse indefinidamente.
Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el
ajuste descrito trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer
lugar, se establece como fundamento esencial de las causales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, la violación de la
Constitución por parte de la decisión examinada. Esta vulneración sustancial
del derecho al debido proceso se materializa en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional a lo largo de estos años,
entre los que se cuentan:
1.
Defecto orgánico, que tiene lugar
cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de competencia para ello.
2.
Defecto procedimental absoluto,
que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
3.
Defecto material o sustantivo, que
se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
4.
Defecto fáctico por no haberse
decretado, practicado o valorado pruebas debidamente solicitadas o recaudadas
en el curso del proceso, o por haberse valorado pruebas nulas o vulneradoras de
derechos fundamentales.
5.
Error inducido, que se presenta
cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese
engaño lo lleva a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
6.
Decisión sin motivación, que tiene
lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la
legitimidad de sus providencias.
7.
Desconocimiento del precedente,
que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el
alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado, también cuando
se aparta del precedente sentado por los órganos de cierre de su respectiva
jurisdicción o de su propio precedente.
8.
Violación directa de la
Constitución, tiene lugar, entre
otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la
decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados amparados por la Carta Política.
Serán estos los requisitos que se tengan en cuenta al
momento de valorar la procedibilidad de una acción de tutela contra
providencias judiciales.
De conformidad con lo
dicho, la Sala verificará si los hechos que se alegan en la presente causa, se
enmarcan en el test de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales y hacen factible, por consiguiente, la adopción de
medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.
3.4. El defecto sustantivo en la jurisprudencia
constitucional.
Esta
Corporación ha desarrollado una consolidada jurisprudencia en torno al defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial. Al respecto ha
determinado la jurisprudencia que este se configura cuando la decisión judicial
que toma el juez desborda el marco de interpretación determinado por la
Constitución, la ley e inclusive los antecedentes jurisprudenciales, y por
ende, la interpretación hecha por el juez resulta inaceptable e inaplicable al
caso concreto. En este sentido, es necesario demostrar que los argumentos del
juez “carece(n) de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una
interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica
aplicable”[13].
Mediante una consolidada recopilación jurisprudencial realizada
en la SU-448 de 2011 de aquellos casos en los que se ha configurado un defecto
sustantivo, la Corte precisó su ámbito de aplicación[14]. Al respecto señaló que
se presenta, entre otras hipótesis: (i) cuando la decisión judicial
tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[15], b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada[16],
c) es inexistente[17]
d) ha sido declarada contraria a la Constitución[18], e) a pesar de que la
norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se adecúa a la
situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo,
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador”[19];
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación
de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del
margen de interpretación razonable[20]
o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”[21] o cuando
en una decisión judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial”[22]; (iii) cuando no
toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes[23], (iv)
la disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva[24] o contraria
a la Constitución[25];
(v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza “para
un fin no previsto en la disposición”[26];
(vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de
la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso[27]; (vii)
cuando se desconoce la norma del ordenamiento jurídico constitucional o
infraconstitucional aplicable al caso concreto[28].
Se considera también que existe un defecto
sustantivo en providencias judiciales: (viii) cuando la actuación no
está justificada en forma suficiente[29]
de manera que se vulneran derechos fundamentales[30]; (ix)
cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial[31] o (x)
“cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
violación manifiesta de la Constitución[32]”.
Ahora bien, la competencia asignada a las autoridades
judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el
principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta
y en aquellos casos en que su discrecionalidad interpretativa desborda en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados, la tutela resulta precedente.
Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.[33]
Sin
embargo, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que no
cualquier interpretación diversa tiene la entidad de convertirse en un defecto
sustantivo. En realidad, para que sea procedente el defecto sustantivo es
necesario demostrar que la interpretación del juez es irrazonable y contraria
al ordenamiento jurídico. Al respecto, en la sentencia T-1001 de 2001 la
Corte explicó:
“En materia de interpretación judicial, los criterios
para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos,
circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y
flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos procesales,
los particulares y las distintas autoridades judiciales no coincidan con la
interpretación acogida por operador jurídico a quien la ley asigna la
competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en ningún caso
invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una vía de derecho
distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la
autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la adecuada
valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho.”
Con lo anterior, se tiene que las interpretaciones que
realicen los jueces naturales de las normas, pese a su autonomía para elegir las disposiciones jurídicas eficaces al
caso en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la
manera integrar el ordenamiento jurídico, también pueden desembocar en un
defecto sustantivo, lo cual merece un análisis exhaustivo en el estudio del
caso pues por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se puede
quebrantar o amenazar derechos constitucionales fundamentales.
En conclusión, corresponde al juez de tutela
identificar si la acción satisface los requisitos generales de procedibilidad
previstos por esta Corporación, así como determinar si de los supuestos
fácticos y jurídicos del caso se puede concluir que la decisión judicial
vulneró o amenazó un derecho fundamental.
3.5. El cumplimiento de providencias judiciales y las
consecuencias de su incumplimiento.
La Corte Constitucional[34],
en reiterada jurisprudencia, ha señalado que “el
cumplimiento de las decisiones judiciales es una de las más importantes
garantías de la existencia y funcionamiento del Estado Social y Democrático de
Derecho (CP art. 1º) que se traduce en la sujeción de los ciudadanos y los
poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía
constituye grave atentado al Estado de Derecho, ya que conllevaría restarle
toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo las decisiones
judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos, en formas
insustanciales, carentes de contenido (..)[35]. Así, “no es posible hablar de Estado de Derecho
cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme o cuando se les
atribuye un carácter meramente dispositivo”[36].
Adicionalmente, el
incumplimiento de las decisiones judiciales es un “atentando
contra (…)  los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada porque le
resta efectividad a la orden dada por la autoridad competente”[37].
Cuando la orden judicial está
dirigida a un funcionario judicial la Corte ha sido particularmente enfática en
indicar que “todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta
el más humilde (…)  tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin
entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han
sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para
que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la
obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados
con el imperio de las garantías constitucionales”[38].
Por las profundas
implicaciones negativas que tiene la falta de cumplimiento de las órdenes
judiciales para el Estado Social de Derecho, esta omisión puede derivar, para
los funcionarios públicos, en la comisión de delitos y/o faltas
disciplinarias.
El Código
Penal (artículo 414) tipifica, por ejemplo, el prevaricato por omisión,
conducta que comete el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue
un acto propio de sus funciones. Adicionalmente penaliza el fraude a resolución judicial (artículo
454) cuando una persona por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de
obligación impuesta en la misma.
De esta manera, lo que se busca con el cumplimiento de
los fallos judiciales es preservar el ordenamiento jurídico y evitar que el
fallo judicial se convierta en una manifestación formal y eminentemente
declarativa, por el contrario asegurar que la providencia que pone fin al
proceso produzca todos los efectos a que está destinada; sin este elemento, las
garantías procesales perderían toda su significación sustancial, ya que serían
el desarrollo de actuaciones sin ninguna consecuencia en el aseguramiento de la
protección y eficacia de otros derechos, convirtiéndose en una simple mise-en-scène[39]
desprovista de significado material dentro del ordenamiento jurídico.
IV.
Caso concreto
Syngenta S.A. inició acción de tutela y solicitó el
amparo a los derechos al debido proceso y defensa, los cuales fueron
presuntamente vulnerados por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería,
al proferir la providencia del 15 de mayo de 2012 que al negar la nulidad de
todo lo actuado, y el reconocimiento a la personería jurídica del apoderado de
Syngenta S.A.; incurrió con ello en defecto sustantivo por indebida
interpretación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en armonía con
lo dispuesto en la sentencia T-148 de 2010.
Por su parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Montería, hizo un recuento de las actuaciones del despacho desde que le fue
asignado el conocimiento del expediente por parte de la Oficina de Apoyo
Judicial, sin pronunciarse acerca del problema jurídico debatido en la acción
de tutela.
Finalmente, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Montería, afirmó que mediante providencia proferida el 8 de marzo de 2011
declaró probada la excepción de prescripción propuesta por los apoderados de la
demandada y ordenó terminar el proceso, al considerar que como el mandamiento
de pago fue librado el 14 de abril de 2000 y solo hasta el 27 de enero del 2011,
se notificó el demandado por conducta concluyente, transcurrieron 10 años desde
la presentación de la demanda, lo que claramente hace viable la prescripción de
la acción.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, decidió conceder la acción instaurada y determinó que en este caso en
particular no puede entenderse que dentro de las consecuencias propias de la
declaratoria de nulidad ordenado por la sentencia T-148 de 2010 puedan
quedar comprendidos actos de postulación pues este derecho es totalmente ajeno
al trámite de la nulidad decretada.
De otro lado, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, decidió confirmar la acción instaurada con fundamento en los mismos razonamientos.
A continuación, la Sala estudiará el caso concreto a
fin de resolver el problema jurídico planteado, iniciando con las causales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Seguidamente
el contenido de la sentencia T-148 de 2010, su alcance e impacto en el proceso
ejecutivo. Y, finalmente, el defecto
sustantivo o material por indebida interpretación del artículo 90 del Código de
Procedimiento Civil que regula la prescripción de la acción ejecutiva en
armonía con lo dispuesto en la sentencia de tutela T-148 de 2010 proferida por
esta Corporación.
4.1. Causales
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.1.1. En primer lugar, se requiere que la cuestión
objeto de estudio tenga relevancia constitucional.
En el caso debatido, la cuestión hace referencia a los
errores en que incurrió el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería en la
providencia del 15 de mayo de 2012 que negó la nulidad de todo lo actuado desde
la providencia  proferida el 8 de marzo de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Montería. El Juzgado, al negar la nulidad de lo actuado, no estudió
los errores comprendidos en la indebida interpretación del artículo 90 del
Código de Procedimiento Civil que debía aplicarse en armonía con lo dispuesto
en la sentencia T-148 de 2010.
Por el contrario, la autoridad judicial se limitó a
negar además la personería jurídica del apoderado de Syngenta S.A. y con ello
evitó que la sociedad comercial pudiera actuar en el proceso ejecutivo.
En este contexto, el problema jurídico es de evidente
relevancia constitucional, al desconocerse los derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa de la parte actora, presuntamente vulnerados por la
actuación del  juez ordinario dentro del proceso ejecutivo.
4.1.2. La inexistencia de otros medios ordinarios o
extraordinarios de defensa judicial que permitan debatir las cuestiones objeto
de análisis en la tutela.
El apoderado de Syngenta S.A. interpuso todos los
recursos disponibles contra las actuaciones y omisiones del  Juzgado Primero
Civil del Circuito de Montería. Por último, acudió a solicitar la nulidad de
todo lo actuado desde la providencia dictada el 8 de marzo de 2011, sin éxito,
no obstante, dado que el Juzgado accionado la negó bajo el argumento que el
apoderado, como había considerado el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la
misma ciudad, no tenía personería para actuar.
No puede perderse de  vista, que en consideración a lo
establecido en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil[40], las
providencias dictadas en los procesos ejecutivos resultan improcedente contra
el recurso extraordinario de casación.
En consecuencia, la demandante, Syngenta S.A., no
dispone de otros mecanismos judiciales de defensa de sus derechos
fundamentales, más idóneos y eficaces que la acción de tutela para controvertir
la decisión adoptada por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Montería,
pues agotó todos aquellos de los cuales disponía.
4.1.3. Que se compruebe la relación de inmediatez entre la
solicitud del amparo y el hecho vulnerador.
La Sala observa que la acción de tutela fue
interpuesta dentro de un término razonable, pues la decisión del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Montería fue proferida el 15 de mayo de 2012 y
la acción de tutela fue presentada el 17 de agosto de 2012, esto es, tres meses
después.
Ahora bien, no puede perderse de vista que el
apoderado de la sociedad comercial accionante interpone acción de tutela con el
propósito de que se revoquen las providencias antes mencionadas. Sin embargo,
todo ello va dirigido a dejar sin efectos la providencia dictada el 8 de marzo
de 2011 en la que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería determinó la
prescripción de la acción ejecutiva, por lo que podría estar comprometido el
requisito de inmediatez al haber transcurrido más de doce meses. Empero lo
anterior, es evidente de conformidad con las pruebas aportadas en el proceso la
sociedad accionante ha acudido a lo largo del proceso a todas la vías procesales
a fin de lograr el restablecimiento de sus derechos al debido proceso y a la defensa,
sin que, pueda predicarse inactividad procesal alguna parte de la accionante.
4.1.4. Cuando la irregularidad procesal tenga un
efecto decisivo o determinante en la sentencia.
En este caso la decisión del Juzgado Primero Civil del
Circuito de Montería de negar la nulidad de todo lo actuado y dejar sin
apoderado a la sociedad accionante, claramente tuvo un efecto decisivo y
determinante que para la sociedad actora ha vulnerado sus derechos a la defensa
y al debido proceso, pues al negarse la representación del apoderado impactó en
los derechos fundamentales de la parte actora, pues como consecuencia de la
declaratoria de prescripción y caducidad de la acción reconocida por el fallo
del 8 de marzo de 2011, terminó fue condenada la parte accionante.
En este contexto, la irregularidad procesal cometida
por el Juzgado demandado tuvo un gran impacto pues acogió los argumentos
presentados por la parte demandada y desconoció las pruebas y los fundamentos
de derecho alegados por la compañía actora.
4.1.5. Que
la parte actora identifique los hechos que generaron la vulneración y que
hubieren sido alegados en el proceso judicial.
La defensa de la compañía accionante ha alegado a lo
largo del proceso las violaciones a los derechos de defensa y al debido proceso
de las cuales considera ha sido víctima. Así, en el proceso ejecutivo singular
argumentó mediante los diferentes
recursos  procesales los errores que desconocieron sus derechos. Lo hizo,
mediante la interposición de (i) solicitud de nulidad de todo lo actuado
desde la sentencia del 8 de marzo de 2011; (ii) recurso de reposición y
en subsidio apelación contra la providencia que negó la nulidad; y, (iii) por
último acción de tutela contra la decisión proferida por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Montería que negó la nulidad.
4.1.6. Que no se trate de sentencias de tutela.
La presente acción de tutela se dirige contra una
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, dentro
de un proceso ordinario ejecutivo singular y no contra un fallo de tutela.
Superado los requisitos generales de procedencia de
tutela, la Corte a fin de resolver el problema jurídico continúa con el
análisis de las actuaciones de las partes y sus consecuencias dentro del
proceso.
4.2. La sentencia T-148 de 2010.
El cinco (5) de marzo de  dos mil diez (2010), la
Corte Constitucional profirió la sentencia T-148 de 2010. Esta Corporación decidió
conceder la tutela interpuesta por la Arrocera de
Montería Ltda. y Alejandro Lyons De La Espriella
contra la decisión judicial del 5 de febrero de 2009 de la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior
de Montería, providencia mediante la cual se revocó el auto proferido
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería y en el que se declaró la
nulidad de lo actuado desde la notificación del mandamiento de pago en el marco
del proceso ejecutivo de mayor cuantía iniciado por Novartis de Colombia S.A.,
hoy Sygenta S.A., contra la Arrocera de Montería S.A. y Alejandro Lyons De La
Espriella, por considerar que el fallo vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad de los actores,
toda vez que la parte demandante no realizó la pertinente comunicación de la
cesión de los derechos litigioso de Novartis S.A. a Novartis Agro Latinoamerica
S.A.
En consecuencia, la tutela protegió el derecho
fundamental al debido proceso de la sociedad Arrocera de Montería Ltda. y
Alejandro Lyons De La Espriella y dejó sin efectos todas las actuaciones
surtidas a partir de la providencia del 5 de febrero de 2009 del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil, Familia y Laboral. Es
decir, declaró la nulidad de todo lo actuado desde la notificación del
mandamiento de pago y ordenó que se notificara el proceso de escisión
societaria.
Ahora bien, la sentencia se pronunció en cuanto al
término de prescripción y caducidad de la acción ejecutiva, en el siguiente
sentido: “La decisión que será adoptada en esta sentencia y como
consecuencia de la cual quedará en firme el auto proferido por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Montería en el que se declaró la nulidad de todo
lo actuado desde la notificación del mandamiento de pago, no altera la
interrupción de la caducidad de la acción ejecutiva que se produjo con la
presentación oportuna de la demanda ejecutiva.”  (Negrilla y
subrayado por fuera del texto).
En este sentido, la sentencia ordenó que aún
por efecto del fallo de tutela que establece la nueva notificación del
mandamiento de pago y del proceso de escisión, no implica por ello, que se
alteren los términos de caducidad ni de prescripción de la acción ejecutiva,
dispuestos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. En otras
palabras, la sentencia de esta Corporación interpretó el alcance y el sentido constitucional
de la mencionada norma, en aras de no afectar el debido proceso de la parte
demandante, toda vez que por el hecho de ordenarse la nueva notificación del
mandamiento de pago y que hubieran transcurrido 10 años, ello no comprendía que
se afectara los términos de prescripción y caducidad pues la demanda original
fue presentada en tiempo.
4.3. El alcance de la sentencia T-148 de 2010 conferido
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería.
Empero lo anterior, y en atención a la solicitud del
apoderado de la arrocera[41],
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería determinó, mediante
providencia del 8 de marzo de 2011 que sí era posible decretar la
prescripción y la caducidad de la acción, pues en términos del Juzgado “el
mandamiento de pago fue librado en Abril 14 de 2000 y solo hasta el 27 de enero
del presente año, se notifican por conducta concluyente”, así las cosas
habían transcurrido diez años y, por consiguiente, a favor de la parte ejecutante
(Syngenta S.A.) no se cumplía con los presupuestos consagrados en el artículo
90 del Código de Procedimiento Civil. En otras palabras, la presentación de la
demanda que se hizo en el año 2000, no tuvo la virtualidad de interrumpir la
prescripción, de hacer inoperante la caducidad y de constituir en mora al
ejecutado (Arrocera de Montería y Alejandro Lyons De La Espriella).
En este contexto, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Montería entendió que al haberse ordenado la nulidad de todo lo actuado y
ordenarse la nueva notificación del mandamiento de pago y la escisión por la sentencia
T-148 de 2010, ello conllevaba que se reviviera los términos de prescripción y
caducidad de la acción.
Ahora bien, el Juzgado no sólo determinó los efectos
de la nulidad ordenada por la sentencia de tutela en cuanto a la prescripción y
caducidad de la acción, sino que también aseguró que la nulidad decretada por
la sentencia T-148 de 2010 había dejado sin efectos la representación y el
reconocimiento de la personería extendida a favor del apoderado de Syngenta
S.A., que había revivido la representación del apoderado de Novartis S.A.
4.4. El defecto sustantivo en la sentencia del 15 de
mayo de 2012 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería.
Mediante memorial dirigido al Juzgado Primero Civil
del Circuito de Montería, el apoderado de Syngenta S.A. solicitó la nulidad de
todo lo actuado desde la sentencia proferida el 8 de marzo de 2011 por el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, en la que se reconoció la
prescripción y caducidad de la acción ejecutiva, por considerar que fue
expedida contraviniendo lo dispuesto en la sentencia T-148 de 2010.
Empero lo anterior, el Juzgado accionado negó la
nulidad y reiteró que el apoderado de la parte actora no tenía personería
jurídica para actuar dentro del proceso, dejando de lado la posibilidad de que
la parte accionante atacara la providencia del 8 de marzo de 2011,  infractora
de sus derechos constitucionales.
En este contexto, el Juzgado demandado, al negar la
nulidad de todo lo actuado e insistir en la negativa del reconocimiento de la
personería del apoderado de Syngenta S.A., lo que realmente hizo fue una
interpretación contraria al ordenamiento jurídico del artículo 90 del Código de
Procedimiento Civil, cuya interpretación se encontraba delimitada por la sentencia
T-148 de 2010. Como se explicó con antelación, la sentencia de tutela fue clara
al decidir respecto de la prescripción y caducidad de la acción ejecutiva
contemplada en la norma citada del Código de Procedimiento Civil, y precisó que
la declaratoria de nulidad no implicaba, la alteración de los términos de
prescripción y caducidad de la acción ejecutiva que operaban conforme a la presentación
oportuna de la demanda. No obstante, sin tener esto en cuenta, el Juzgado
accionado simplemente negó dicha interpretación y al negar la nulidad reconoció
que sí era posible darle un alcance distinto a la norma procedimental, y
desconocer con ello, el contenido de la sentencia de tutela.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería se
encontraba en la obligación de analizar la providencia del 8 de marzo de 2011
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, identificar el
error y, en consecuencia, decretar la nulidad de todo lo actuado. Sin embargo,
al no hacerlo la sentencia judicial atacada de nulidad (15 de mayo de 2012) incurrió
en un defecto, pues la decisión judicial que tomó el juez desbordó el marco de
interpretación determinado por la sentencia T-148 de 2010 y, por ende, la
interpretación hecha por el juez resulta inaceptable e inaplicable al caso
concreto. Por el contrario, el Juez accionado se limitó a reiterar que el
apoderado de Syngenta S.A. carecía de representación judicial incurriendo
nuevamente en errores, pues tal decisión significó que la parte accionante no
pudiera directamente atacar la providencial del 8 de marzo de 2011.
No tiene explicación alguna ni justificación posible
que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería sostenga que no era
procedente la solicitud de nulidad cuando era evidente que debía analizar e
interpretar el artículo 90 del C.P.C a la luz de la sentencia de tutela. Lo
anterior, no puede admitirse porque, como consta en el expediente, las partes
alegaron la nulidad, expusieron el contenido de la parte resolutiva de la
tutela T-148 de 2010 y, ello no obstante, el Juzgado accionado limitó su
estudio de la nulidad al apoderamiento del abogado de Syngenta S.A. que según,
su parecer, carecía de representación. Con esta determinación, incurrió la
providencia atacada en un defecto sustantivo vulneratorio del derecho al debido
proceso de la sociedad accionante.
Hace hincapié la Sala en que el Juzgado accionado al
negar la nulidad reconoció que sí era posible darle un alcance distinto
a la norma procedimental y desconocer con ello, el contenido de la sentencia de
tutela, por lo que en este caso, la decisión judicial se ve avocada a una
acción de tutela contra providencia judicial por defecto sustantivo, toda vez
que se apartó del contenido de la sentencia T-148 de 2010 y “de las pautas
de obligatorio cumplimiento fijadas por esta Corporación como su intérprete
autorizado.”[42]
La Corte ha establecido que, como intérprete de la
Constitución, sus decisiones son obligatorias  tanto en su parte resolutiva
como en la ratio decidendi del fallo, esto es, las fracciones de la
parte motiva que estuvieran en íntima relación con la parte resolutiva de la
providencia.[43]
Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales
vinculantes se “(…) genera en el ordenamiento jurídico colombiano una
evidente falta de coherencia  y de conexión concreta con la Constitución,
que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la
Carta,  que  dificultan  la unidad intrínseca del sistema, y
afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y
eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”[44]
De lo anterior se desprende que el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Montería, en la providencia del 15 de mayo de 2012, no
garantizó el cumplimiento del fallo de tutela proferido por esta Corporación el
cinco (5) de marzo de  dos mil diez (2010), y con ello impidió que la sentencia
produjera todos los efectos a que está destinada, quedando desprovista de
significado material dentro del ordenamiento jurídico.
Por todo lo anterior, considera la Sala que, en el
caso concreto, el problema jurídico planteado en párrafos anteriores puede
responderse de manera afirmativa, en la medida en que la providencia del 15 de
mayo de 2012, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, sí
vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa, alegados en la
presente tutela por Syngenta S.A. Lo anterior por cuanto, incurrió
en un defecto sustantivo por indebida interpretación, aplicación e integración
del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil que regula la interrupción de
la prescripción y la caducidad de la acción ejecutiva con la sentencia T-148 de
2010 proferida por esta Corporación.
Aquí vale la pena recordar, que la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, al estudiar la acción de tutela, determinó
que en este caso en particular no puede entenderse que dentro de las
consecuencias propias de la declaratoria de nulidad de actos procesales queden
afectados o puedan quedar comprendidos actos de postulación, pues el derecho de
postulación es totalmente ajeno al trámite de la nulidad decretada. En virtud
de lo anterior, señaló la Corte que es claro que el Juzgado demandado vulneró
el derecho de defensa y el debido proceso de la sociedad accionante. Sin
embargo, la sentencia de esta Corporación no se pronunció sobre el defecto
sustantivo contenido en la sentencia del Juzgado accionado y aunque la Sala
comparte la ratio decidendi de la providencia de primera instancia considera
igualmente que era procedente preservar el contenido de la sentencia T-148 de
2010 y analizar el defecto en que incurrió la providencia objeto de la acción
de tutela.
Así las cosas, y en
concordancia con lo expuesto en los antecedentes y consideraciones de la
presente sentencia, resuelve la Sala revocar el fallo proferido el veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012) por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual confirmó la sentencia
dictada el seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012) por la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia que decidió conceder la acción instaurada. En su
lugar, la Sala tutelará el derecho fundamental al debido proceso y defensa de
Syngenta S.A.
En merito de lo anteriormente expuesto
esta Sala concluye que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería en la
sentencia del quince (15) de mayo de 2012, en la que negó la nulidad de todo lo
actuado incurrió en defecto sustantivo que desencadenó en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de la sociedad comercial
Syngenta S.A. En este orden de ideas,
resultaba contrario a las garantías constitucionales que rigen los procesos
judiciales que el Juzgado accionado al negar la nulidad de todo lo actuado, no
estudiara, determinara y garantizara el real alcance del artículo 90 del Código
de Procedimiento Civil claramente descrito en el fallo de tutela T-148 de 2010.
Por esto, se dejará sin efectos la
providencia del ocho (08) de marzo de 2011 proferida
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería en la que se reconoció la
prescripción y caducidad de la acción ejecutiva; así como todas las
actuaciones surtidas con posterioridad a la misma sentencia.
La decisión que será adoptada en esta sentencia y como
consecuencia de la cual quedará en firme las ordenes dispuestas en la sentencia
de tutela T-148 de 2010 en el estricto sentido de la parte motiva y el
resuelve, particularmente en lo referente a la inalterabilidad de los términos
de prescripción y caducidad de la acción ejecutiva, en los términos expuestos en
este fallo.
Finalmente, en tanto la Sala observa a partir de la
lectura del expediente que los Juzgados Primero y Cuarto Civiles del Circuito de
Montería han incurrido en reiteradas violaciones a los derechos fundamentales
de la parte actora, la Sala ordenará compulsar
copias de esta sentencia y del expediente al Consejo Superior de la Judicatura,
para que, si lo considera del caso, adelante las investigaciones disciplinarias
a que haya lugar contra de los Juzgados
Primero y Cuarto Civiles del Circuito de Montería, que intervinieron en el proceso ejecutivo singular que dio origen a
esta acción de tutela.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo por
mandato de la Constitución Política.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012) por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se confirmó
la sentencia dictada el seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012) por la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que decidió conceder la acción
instaurada.
SEGUNDO.- En
su lugar, CONCEDER la tutela por el derecho fundamental al debido
proceso y derecho de defensa de la sociedad Syngenta S.A., por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO la providencia del ocho
(08) de marzo de 2011 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Montería en la que se reconoció la prescripción y caducidad de la acción
ejecutiva; así como todas las actuaciones surtidas con posterioridad a
la misma sentencia.
CUARTO.- Como
consecuencia de lo anterior, quedará en firme las ordenes dispuestas en la sentencia de tutela T-148
de 2010 en el estricto sentido de la parte motiva y el resuelve,
particularmente en lo referente a la inalterabilidad de los términos de
prescripción y caducidad de la acción ejecutiva.
QUINTO.-
Compulsar copias de esta sentencia y del expediente al Consejo Superior de la
Judicatura, para que, si lo consideran del caso, adelante las investigaciones
disciplinarias a que haya lugar contra de los Juzgados Primero y Cuarto Civiles del Circuito de Montería, que intervinieron en el proceso ejecutivo singular
que dio origen a esta acción de tutela.
SEXTO.- Por Secretaría General líbrense las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Pagaré número 9682058 fl. 157.
[2] Fl. 172-190.
[3] Fl.206-207.
[4] (i) Fotocopia de la audiencia de conciliación
realizada entre acreedor y deudor en la que consta que el apoderado de la parte
demandante aporta a la diligencia el Certificado de Existencia y Representación
Legal de Novartis S.A.(fl. 203-204); (ii) fotocopia del poder
otorgado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito del Montería por el primer
suplente del Representante Legal de Syngenta S.A. en la que confiere poder
especial amplio y suficiente al doctor Pompilio Díaz para actúe en defensa de
los intereses de Syngenta S.A. (fl. 214); (iii) fotocopia del documento
presentado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería en el que se
solicita el reconocimiento de la personería jurídica al apoderado de Syngenta
S.A. y la revocatoria del poder conferido al apoderado de Novartis
S.A.(fl.215); (iv) fotocopia del oficio proferido por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Montería en el que se tiene por revocado el poder al
apoderado de Novartis de Colombia S.A. y se reconoce la personería jurídica al
apoderado de Syngenta S.A.(fl. 216); (v) fotocopia solicitud de
incidente de regulación de honorarios del antiguo apoderado de Novartis S.A. en
la que se evidencia a través de los escritos presentados el proceso de escisión
y el cambio de razón social de Novartis de Colombia S.A. a Syngenta S.A.(fl.219-262)
y (vi) fotocopia de la providencia proferida el 30 de septiembre de 2005
por la Sala Civil-Familia-Labora del Tribunal Superior de Montería que confirma
la proferida el 12 de noviembre de 2004 por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Montería. Se reseña el encabezado de la providencia en el siguiente
sentido: “Procedente del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería ha
llegado el presente proceso Ejecutivo Singular instaurado por NOVATIS DE
COLOMBIA S.A. hoy SYNGENTA S.A.” (fl. 287-293)
[5] Sentencia T-148 de 2010.
[6] Fl. 398-401. Sustentación del recurso de reposición interpuesto
por el apoderado de la Arrocera de Montería Ltda. contra el mandamiento de pago
del 14 de abril de 2000.
[7] Fl. 468-470 Auto del 25 de mayo de 2011.
[8] Fl. 480-487 Sentencia del 18 de julio de 2011.
[9] Carrera 7 número 113-43 oficina 1002 de Bogotá.
[10] Fl.206-207.
[11] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992.
[12] Así, en fecha reciente, sostuvo esta
Corporación: “[e]n los últimos años se ha venido presentando una evolución
de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable
la acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado
a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción
de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos
defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una «violación
flagrante y grosera de la Constitución», es  más adecuado utilizar el concepto de «causales genéricas de procedibilidad de la acción»  que el de «vía de
hecho»”, sentencia T-774 de 2004.
[13] Sentencia SU-962/99.
[14] Ver al respecto, entre otras, sentencias
T-573 de 1997, T-567 de 1998. T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000,
T-852 de 2002, T-453 de 2005,  T-061 de 2007, T-079 de 1993, T-231 de 1994,
T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159
de 2002, T-462 de 2003, T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004,
T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005,  T-800 de 2006, T-061 de 2007,
T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009.
[15] Sentencia T-189 de 2005. En esta oportunidad concluyó la Corte que “En efecto, en su fallo el Tribunal omitió aplicar la norma que se ajustaba al
caso y, en su lugar, empleó otra que no era pertinente.”
[16] Ver sentencia T-205 de 2004. Aquí la Corte concluyó la existencia de un defecto sustantivo “por cuanto el juez se basó en una
norma legal que había perdido su vigencia”.
[17] Sentencia T-800 de 2006. En es a oportunidad dijo la Corte “Todo lo anterior lleva a concluir a la Corte Constitucional que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en su sentencia del 18 de noviembre de 2004, confirmada en el auto por medio del
cual resolvió el recurso del reposición el 11 de mayo de 2005, aplicó, en la
sanción que impuso a los demandantes, una norma que no existía, consistente en
un impedimento por haber cumplido con el deber propio de los jueces. Es decir,
que verdaderamente crearon una norma, pues dictar providencia dentro de un
proceso no puede constituir, como se vio, causal de prejuzgamiento. Por ello
incurrieron en un defecto sustantivo constitutivo de vía de hecho, violatoria
del derecho fundamental al debido proceso de los actores”.
[18] Al respecto, consultar sentencia T-522 de 2001. En esta providencia se
dijo que “incurre en una vía de hecho por razones
sustanciales el funcionario judicial que tome una decisión con base en una
disposición: (1) cuyo contenido
normativo es evidentemente contra­rio a la Consti­tu­ción, porque la Corte Constitucional previamente así lo declaró con efectos erga omnes, (2) cuyo sentido
y aplicación claramente compromete derechos fundamentales, y (3) cuya incompatibilidad ha sido
alegada por el interesado, invocando el respeto a una sentencia de
constitucionalidad de la Corte Consti­tucional que excluyó del ordenamiento
jurídico el sentido normativo único e ínsito en la norma legal aplicada en el
curso del proceso y de la cual depende la decisión”.
[19] Sentencia SU-159 de 2002.
[20] T-051 de 2009. Ver sentencias T-1101 de 2005.
Dijo la Corte:” Sobre el
tema relacionado con las vías de hecho ocasionadas por interpretaciones
judiciales contrarias a la Constitución y la procedencia de la tutela para conjurarlas, la Corte tuvo oportunidad de precisar que debe aparecer probado que
la aplicación de la norma se hizo (i) contraviniendo o haciendo caso omiso de los postulados, principios
y valores constitucionales[20], (ii)
imponiendo criterios irracionales o desproporcionados[20],
(iii) sin respetar el principio de igualdad[20],
y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio[20]”
y T-1222 de 2005. Dijo
la Corte en esta ocasión: “para que una interpretación judicial se
considere constitutiva de vía de hecho, es indispensable que la misma defienda
una lectura de las normas realmente contraria a su sentido lógico,
manifiestamente opuesta a los principios de derecho y salida del cauce de la
juridicidad”
[21] Sentencia T-462 de 2003.
[22] Sentencias T-066 de 2009 y T-079 de 1993.
[23] Sentencia T-814 de 1999. Dijo la Corte en esta oportunidad que “Considera la Sala que las razones que se aducen en las providencias cuestionadas
contradicen de manera ostensible tanto la cosa juzgada, como la doctrina
constitucional contenida en la sentencia C-157/98, pues  la Corte al declarar inexequible el inciso segundo del art. 2  de la ley 393/97, según el cual
la interpretación por el juez del no cumplimiento de la norma por la autoridad
debía ser restrictiva y aparecer evidente el incumplimiento consideró, por el
contrario, que éste debía ser deducido razonablemente por el juez con base en
el análisis de la norma y de las pruebas incorporadas al proceso.//Igualmente,
dichas Corporaciones desconocieron el valor de la doctrina constitucional de la Corte en cuanto al sentido y alcance interpretativo de la referida norma constitucional. //
Es mas, con dicha conducta el Tribunal y el Consejo contrariando la decisión
del intérprete autorizado de la Constitución introdujeron al texto del art. 87 una regla que no fue diseñada por el Constituyente, restringiendo de este modo la
posibilidad que tienen las personas de acceder a la justicia a través de la
acción de cumplimiento”.
[24] Sentencia T-018 de 2008.
[25] Sentencia T-086 de 2007.
[26] T-231 de 1994. Dijo la Corte: “La vía de hecho predicable de una determinada acción u omisión de un juez, no
obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es una suerte de vicio más
radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del
imperio de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente atribución de poder a
los diferentes jueces, se hace con miras a la aplicación del derecho a las
situaciones concretas y a través de los cauces que la ley determina, una
modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra ostensiblemente al margen
de la ley, de los hechos que resulten probados o con abierta preterición de los
trámites y procedimientos establecidos, no podrá imputarse al órgano ni sus
resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta de la "malversación"
de la competencia y de la manifiesta actuación ultra o extra vires de su
titular. // Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del
postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido
al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto
sustantivo)…”
[27] Consultar Sentencia T-807 de 2004. Dijo allí la Corte que “un examen atento del contenido de la referida providencia judicial evidencia
que la falladora incurrió en una vía de hecho por cuanto la decisión se apoya
en una interpretación asistemática del ordenamiento jurídico ( defecto
sustantivo )…” por cuanto “no se tuvo en cuenta la naturaleza jurídica
del contrato de cuenta corriente bancaria ni la modalidad del mismo que había
sido suscrito por el accionante con la entidad crediticia, es decir, la
demandada no adelantó una necesaria interpretación sistemática entre las normas
del Código Penal, que tipifican el delito de estafa, y las disposiciones
legales de carácter comercial que regulan esta clase de contratos comerciales”.
[28] Sentencia T-056 de 2005. Aquí la Corte encontró que “el mismo despacho judicial provocó un defecto sustantivo en el mismo auto al desconocer
abiertamente el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil”.
[29] Sentencias T-114 de 2002 y T- 1285 de 2005.
[30] Sentencia T-086 de 2007.
[31] Sentencia T-086 de 2007. Ver  Sentencia T-1285 de 2005. Además, en la
sentencia T-193 de 1995, esta Corporación señaló: "Es razonable exigir,
en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y
funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que
justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario,
estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los
recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse
este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse  la sentencia T-949 de 2003.
[31] Sentencias T-086 de 2007, T-292 de 2006, SU-640 de 1998 y  T-462 de
2003.
[32] Sobre el tema pueden consultarse además, las
sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000; T-522 de 2001,  T-047 de 2005.
[33] Sentencia T-064 de 2010.
[34] Ver al respecto, sentencias T-554 de 1992, T-487 de 1996, T-777 de 1998,
T-779 de 1998, T-1686 de 2000, T-1222 de 2003 y T-735 de 2006, T-937 de 2007.
[35]  Sentencia T-832 de
2008.
[36] Sentencia T-1082 de 2006.
[37] Sentencia T-832 de 2008.
[38] Ibídem.
[39] Sentencia T-431 de 2012.
[40] ART. 366.—Modificado. L. 592/2000, art. 1º. Procedencia. El recurso de casación
procede contra las siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los
tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al
recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos
legales mensuales vigentes así: 1.  Las dictadas en los procesos
ordinarios o que asuman ese carácter. 2.  Las que aprueban la
partición en los procesos divisorios de los bienes comunes, de sucesión y de
liquidación de cualesquiera sociedades civiles o comerciales y de sociedades
conyugales. 3.  Las dictadas en procesos sobre nulidad de sociedades
civiles o comerciales. 4.  Las sentencias de segundo grado dictadas
por los tribunales superiores en procesos ordinarios que versen sobre el estado
civil, y contra las que profieran en única instancia en procesos sobre responsabilidad
civil de los jueces que trata el artículo 40.
[41] Fl. 398-401 Memorial remitido por el apoderado de la Arrocera de Montería al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería en el que solicita:
“12. Si bien la Honorable Corte Constitucional en la parte motiva de su
sentencia adelantó que ella no alteraba la interrupción de la caducidad de la Acción Ejecutiva, se propone la Reposición a través de este mecanismo que hoy está establecido como excepción previa en razón a que tal manifestación no se produjo en la parte resolutiva de la providencia que decidió la Acción de Tutela.” (negrilla fuera del texto)
[42] Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-468 de 2003.
[43] Sentencia SU-168 de 1999.
[44] Sentencia T-292 de 2006.