T-463-18
Sentencia T-463/18
DEBIDO PROCESO PENAL Y DERECHO DE
DEFENSA-Caso en el que el actor considera vulnerados sus derechos por falta
de notificación y falta de defensa técnica dentro de un proceso penal
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
En
uniforme jurisprudencia la Corte ha establecido que el defecto procedimental ocurre,
cuando el juez de instancia actúa completamente al margen del
procedimiento establecido, es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de
cumplir con las “formas propias de cada juicio”, con la consiguiente
vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de las partes. En estas
circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse a la
decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Eventos de improcedencia para controvertir las decisiones
adoptadas por falta de notificación de una decisión
Pueden
presentarse algunos eventos en los cuales la acción de tutela no es procedente
para controvertir las decisiones judiciales adoptadas cuando se ha dejado de
notificar una decisión. Esto ocurre cuando: (i)  la falta de
notificación no tiene efectos procesales relevantes o de importancia; (ii)
cuando este se deriva “de un error del afectado, o si la misma no produjo
verdaderamente un efecto real – por ejemplo porque el afectado tuvo oportunidad
de conocer el acto por otros medios –, no procederá la tutela.
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Situaciones
adicionales que lo configuran
También
puede estarse en presencia de uno de los requisitos especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto procesal
cuando: (i)  Existe una demora injustificada por parte del funcionario,
tanto en la adopción de la decisión como en el cumplimiento; (ii)  Ante la
omisión del juez de recibir y valorar pruebas que hayan sido previamente
ordenadas; (iii) Se presenta ausencia de defensa técnica, la cual deriva en una
sentencia condenatoria en materia penal, situación que le
sea “absolutamente imputable al Estado”
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE-Lineamientos
constitucionales
JUZGAMIENTO EN AUSENCIA-Constituye
una limitación al debido proceso y a la defensa técnica
La
vinculación como persona ausente al proceso penal restringe el ejercicio del
derecho al debido proceso, en especial la defensa técnica.
PROCESO PENAL-Línea
jurisprudencial sobre juicios en ausencia
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE-Debe
estar precedida del despliegue de actividades de las autoridades judiciales
tendientes a notificar la existencia del proceso al sindicado
DECLARACION DE PERSONA AUSENTE-Obligación
para la autoridad judicial de intentar vincular al procesado durante todo el
curso del proceso
VINCULACION DE PERSONA AUSENTE AL
PROCESO PENAL Y SUS IMPLICACIONES EN LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA
DEFENSA TECNICA-Contenido doble
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR
DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Configuración por errores
protuberantes
La Corte
ha reiterado que solo se configura un defecto procedimental por desconocimiento
del derecho a la defensa técnica ante errores protuberantes y que tengan las
siguientes características: (i) Debe ser evidente que el defensor cumplió un
papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia
procesal o jurídica. (ii) Las mencionadas deficiencias no deben ser
imputables al procesado o haber resultado de su propósito de evadir la
justicia. (iii) La falta de defensa material o técnica debe ser trascendente y
determinante en los resultados de la decisión judicial.
DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Obligación
de las autoridades administrativas y judiciales
Su
obligación es satisfecha si garantizan la presencia del abogado y el
cumplimiento de las condiciones necesarias para que éste pueda cumplir a
cabalidad con su función, las aptitudes para conducir una defensa dependen del
profesional individualmente considerado, y sus fallas son, en principio de su
exclusiva responsabilidad. De tal forma, la acción de tutela no es un escenario
para la corrección de los errores de litigio
DERECHO A LA DEFENSA TECNICA DE
PERSONA AUSENTE EN PROCESO PENAL-Alcance
Ser
procesado como persona ausente no es el único requisito para que proceda la
acción por violación del derecho a la defensa técnica, pues si el defensor de
oficio ejerce su cargo de forma diligente, aunque con las limitaciones propias
de la ausencia del acusado, y se enfrenta a la dificultad para solicitar la
práctica de pruebas conducentes y pertinentes para lograr la absolución del
procesado, no se configura un defecto por falta de defensa técnica
DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Diferencias
entre el procesado que puede conocer el proceso y el procesado en ausencia
DEBIDO PROCESO PENAL Y DERECHO DE
DEFENSA-Vulneración por negligencia en la notificación del proceso penal y
falta de defensa técnica determinante
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por defecto procedimental al no agotar todos los
mecanismos para lograr la comparecencia personal del accionante
Referencia: Expediente
T-6.844.929
Demandante:
Juan Carlos Rodríguez León
Demandado: Fiscalías
114 Local y 114 Seccional de Yumbo (Valle) y Juzgados Primero Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Yumbo (Valle) y Veintiuno Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle).
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., tres (3) de
diciembre dos mil dieciocho (2018).
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo, quien la preside, Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo
Schlesinger, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo
proferido por la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Sala de
Decisión de Tutelas No. 2, el 7 de junio de 2018, que confirmó el emitido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Sala de Decisión Penal, el 8
de mayo de 2018, a través de la cual negó por improcedente la acción de tutela presentada
por el señor Juan Carlos Rodríguez León contra las Fiscalías 114 Local y 114 Seccional
de Yumbo (Valle) y los Juzgados Primero Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Yumbo (Valle) y Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali (Valle).
I.
ANTECEDENTES
1.
La
solicitud
El 17 de abril de 2018, el señor Juan
Carlos Rodríguez León presentó acción de tutela contra las Fiscalías 114 Local
y 114 Seccional de Yumbo y los Juzgados Primero Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Yumbo y Veintiuno Penal del Circuito Con Funciones
de Conocimiento de Cali, con el fin de que fueran protegidos sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa. Lo anterior, teniendo en cuenta
que fue vinculado a un proceso penal por el delito de Omisión de Agente Retenedor
o Recaudador (art. 402 C.P)[1],
en calidad de persona ausente, y condenado a 48 meses de prisión y multa de $1.928.000
pesos, además de las penas accesorias de interdicción de derechos y funciones
públicas por un periodo igual al de la pena principal impuesta.[2]
Habiéndose expedido, en consecuencia, orden de captura en su contra. Todo esto,
sin que las autoridades correspondientes le hubieran notificado del inicio,
desarrollo y culminación del mencionado proceso, pese a que su dirección reposa
en la base de datos de la DIAN, desde el 5 de septiembre de 2016; y que los
defensores públicos que le fueron asignados no cumplieron con sus obligaciones,
en garantía de sus derechos.
2. Hechos relevantes
2.1 La DIAN presentó denuncia por
el delito de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador en contra del accionante
en calidad de representante legal de la sociedad Bares y Espectáculos con Nit.
805.030.989, quien para la época de los hechos, era sobre quien recaía la
obligación de consignar las sumas recaudadas por concepto del impuesto a las
ventas del año gravable 2006.
2.2 El accionante indicó que el 6
de abril de 2018 hizo una consulta en línea de sus antecedentes penales en la
página de la Policía Nacional, pero al no poder generar el certificado
respectivo procedió a revisar la página de la Rama Judicial, encontrando que se
había llevado a cabo un proceso penal en su contra, en calidad de persona
ausente, por el delito de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador, radicado
con el No. 76892-60-00-190-2009-00083-00, dentro del cual, a través de sentencia
del 11 de noviembre de 2017, fue condenado a 48 meses de prisión y multa de $1.928.000
pesos, además de las penas accesorias de interdicción de derechos y funciones
públicas por un periodo igual al de la pena principal impuesta; y se había expedido
la orden de captura No. 083, del 23 de febrero de 2018.
2.3 El señor Rodríguez León
afirmó que haber sido declarado persona ausente en el mencionado proceso penal
no excluía a los funcionarios que conocieron del mismo de agotar todos los
medios idóneos y necesarios para vincularlo; es decir, notificarlo de forma
personal, máxime que los hechos constitutivos del punible tuvieron lugar once
años atrás.
2.4 Lo anterior, teniendo en
cuenta que en el acta de audiencia preliminar llevada a cabo en el Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Yumbo, del 23
de mayo de 2017, en la que se lo declaró persona ausente, aparece la dirección “carrera
47 A No. 22-74 Apto. 403 BOGOTA DC, celular 2693869”, información que se
reitera en el escrito de acusación del 29 de mayo de 2018.  Sin embargo,
el accionante precisó que, de acuerdo con el Formulario de Registro Único
Tributario No. 14387986122, desde el 5 de septiembre de 2016, la dirección
reportada a la DIAN es “Cl 145 No. 13-48 Ap 301 en la ciudad de BOGOTA DC” y
en el mismo documento se establece con claridad su correo electrónico “director@juancarlosrodriguezabogados.com”
y su número de celular “3144336271.”
2.5  Además, el actor manifestó
que, desde el 9 de julio de 2015, tiene inscrita su cédula de ciudadanía en el
puesto de votación Los Cedritos, ubicado en la  AV 9 No. 146-40, de la
localidad de Usaquén, en Bogotá, por lo cual, en su criterio, resultaba obvio
que ya no vivía en la carrera 47 A No. 22-74, Apt. 403 de Bogotá, para cuando
fue vinculado como persona ausente al referido proceso penal.
2.6 También dijo que las
autoridades demandadas tampoco oficiaron al Centro Facilitador de Servicios
Migratorios de Migración Colombia, a donde reportó la dirección Calle 145 No.
13-48, apartamento 301 y su teléfono móvil 3144336271, desde el 9 de septiembre
de 2014; al Consejo Superior de la Judicatura, pues para 2016 se encontraba en
la lista de aspirantes a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; a la
Cámara de Comercio de Cali o al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para
indagar por la empresa en la cual trabajaba. Incluso cuestionó que no se haya
oficiado a la DIJIN o a la Policía Nacional para asegurar su comparecencia al
proceso.
2.7 Se destacó en la demanda que
las entidades bancarias con las que tiene relación el actor (Falabella y
Colpatria) también reportan la dirección calle 145 No. 13-48, Apt. 301, como
aquella donde puede ser ubicado, en los diferentes extractos.
2.8 Refirió el señor Rodríguez
León que además se le vulneró su derecho a la defensa, pues el Defensor Público
que lo representó en el proceso penal cumplió un papel meramente formal. Dicha
afirmación la sustentó, entre otras actuaciones, en que el abogado solicitó
como prueba el testimonio de la misma persona que fue requerida para tal efecto
por el acusador, es decir, la Fiscalía, a quien podía contrainterrogar; no
solicitó otros medios de prueba y tampoco impugnó las decisiones que le fueron
adversas. Lo expuesto, según el accionante es indicativo de la carencia de
defensa técnica.
2.9 Finalmente, alegó el actor que
no haber sido notificado de todos y cada uno de los actos desarrollados en el
referido proceso penal le ha causado un perjuicio irremediable a él y a su
familia.
3. Pretensiones
El accionante solicitó la suspensión de la
orden de captura en su contra, con el fin de evitar un perjuicio irremediable.
Además, a través de la acción de tutela
pretende que se le tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa. Y, en consecuencia, se declare la nulidad de todas las actuaciones
surtidas en el proceso penal adelantado en su contra, a partir de la
declaratoria de persona ausente proferida por el Juzgado Primero Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Yumbo, el 23 de mayo de
2017, por violación del artículo 29 de la Constitución Política y se ordene que
se surta un nuevo proceso penal, sometido a las garantías constitucionales y
legales.
4. Pruebas
En el expediente obran las
siguientes pruebas relevantes:
(i) Copia de la sentencia
ordinaria No. 090, emitida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali, el 11 de noviembre de 2017, dentro del
expediente radicado con el No. 76892-60-00-190-2009-00083-00, cuyo imputado es
el señor Juan Carlos Rodríguez León, figura como víctima la DIAN y el delito es
la Omisión de Agente Retenedor o Recaudador. (Folios 17 y 18, cuaderno
principal)
(ii) Copia de formulario de
“proceso de gestión documental-subproceso registro de sanciones y causa de
inhabilidad-registro de sanciones penales”, del 20 de marzo de 2018, a nombre
del señor Juan Carlos Rodríguez León. (Folio 26, cuaderno principal)
(iii) Copia de formulario de
radicación del proceso No. 76892-60-00-190-2009-00083-00 en los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, cuyo condenado es el señor
Juan Carlos Rodríguez León. (Folios 31, 32 y 33, cuaderno principal)
(iv) Copia de Acta de Audiencia
Preliminar de declaratoria de persona ausente y formulación de imputación al
señor Juan Carlos Rodríguez León, por parte del Juzgado Primero Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Yumbo, con fecha del 23 de mayo de
2017. (Folio 35, cuaderno principal)
(v) Copia de escrito de acusación
formulado por el Fiscal Seccional 114 de Yumbo contra el señor Juan Carlos
Rodríguez León, del 29 de mayo de 2017. (Folios 36 a 39, cuaderno principal)
(vi) Copia de Acta de Audiencia
de Formulación de Acusación No. 295, contra el señor Juan Carlos Rodríguez
León, efectuada por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali, del 17 de agosto de 2017. (Folio 44, cuaderno principal)
(vii) Copia de Acta de Audiencia
Preparatoria No. 389, del 20 de octubre de 2017, realizada por el Juzgado
Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, dentro del
proceso No. 76892-60-00-190-2009-00083-00, seguido en contra del señor Juan
Carlos Rodríguez León. (Folio 45, cuaderno principal)
(viii) Copia de Acta de Audiencia
de Juicio Oral No. 420, del 11 de noviembre de 2017, realizada por el Juzgado
Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, dentro del
proceso No. 76892-60-00-190-2009-00083-00, seguido en contra del señor Juan
Carlos Rodríguez León. (Folio 46, cuaderno principal)
(ix) Copia del Formulario Único Tributario
de la DIAN, correspondiente al señor Juan Carlos Rodríguez León. (Folio 48,
cuaderno principal)
(x) Copia de pantallazo de página
web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, informando el lugar de
votación del ciudadano identificado con la cédula de ciudadanía No. 79507062, que
corresponde a la del señor Juan Carlos Rodríguez León, del 7 de abril de 2018.
(Folio 49, cuaderno principal)
(xi) Copia de algunos de los
estados de cuenta y extractos de tarjetas de crédito del señor Juan Carlos
Rodríguez León en los Bancos Falabella y Colpatria, de los años 2015 a 2017. (Folios
55 a 69, cuaderno principal)
(xii) Copia de formato de mecanismo
digital para servicios electrónicos de la DIAN a nombre del señor Juan Carlos
Rodríguez León, con fecha de transacción 5 de septiembre de 2016. (Folio 70,
cuaderno principal)
(xiii) Copia de constancia
expedida por el Director de Censo Electoral, de la Registaduría Nacional del
Estado Civil, el 24 de abril de 2018, respecto a que “JUAN CARLOS
RODRIGUEZ LEON, identificado con la cédula de ciudadanía Número
79.507.062, aportó el 9 de julio de 2015 como dirección de residencia la Calle
145 No. 13-48 Apto 301.” (Folio 87, cuaderno principal)
5. Actuación procesal
La
acción de tutela fue presentada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá; sin embargo, la Sala Penal de éste, a través de auto del 17 de abril
de 2018, decidió que la competencia para el conocimiento de la solicitud de
amparo recaía sobre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, en atención a que cumple la doble condición de superior del Juzgado Veintiuno
Penal del Circuito de Conocimiento accionado, además de ser superior de las
autoridades judiciales ante las cuales interviene la Fiscalía Seccional 114 de
Yumbo, municipio que hace parte del mismo distrito judicial, con base en
pronunciamientos de esta corporación en los que se ha señalado que las únicas disposiciones
que consagran factores de competencia en materia de acción de tutela se
encuentran en los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de
1991, ya que a la luz de estos preceptos existe un factor de competencia
territorial, en virtud del cual deben pronunciarse sobre la causa los jueces y
tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la amenaza o trasgresión
del derecho, o donde se surten sus efectos. En consecuencia, dispuso la
remisión del expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali.
El
24 de abril de 2018 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali-Sala de
Decisión Penal avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y ordenó
vincular al Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Cali, a la Dirección
Seccional de Fiscalías de Cali, al Defensor Público que se le asignó al actor
dentro del proceso penal No. 76892-60-00-190-2009-00083-00 y, como terceros con interés, ordenó vincular a las
víctimas reconocidas dentro del mencionado proceso.
Posteriormente,
en auto del 27 de abril de 2018, dispuso vincular, en calidad de accionado, al
Ministerio Público delegado para el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de
Cali y al delegado para el Juzgado Primero Penal Municipal de Yumbo, así como
al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.
En
escrito recibido el 25 de abril de 2018 el actor solicitó una medida
provisional, con el fin de evitar un perjuicio irremediable, a través de la
cual pidió suspender la orden de captura en su contra de forma inmediata y todas
y cada una de los decisiones proferidas por los despachos accionados y los
efectos jurídicos derivados de ellas. No obstante, a través de auto del 25 de
abril de 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali-Sala de
Decisión Penal estimó que no se advertía la concurrencia de los presupuestos
legales necesarios para que proceda la medida solicitada, tales como la
necesidad y urgencia, “pues no se allegado (sic) elementos de juicio suficientes
para determinar un perjuicio irremediable y entrar en consideraciones en dicho
sentido, sería fallar de manera anticipada la acción”, por lo cual la misma
no se decretó.[3]
6. Respuesta de las entidades
accionadas
6.1 Juez Veintiuno Penal del
Circuito de Cali
Nazario Guzmán Hernández, el
26 de abril de 2018 informó que conoció del proceso adelantado en contra del
actor el 11 de noviembre de 2017 y mediante sentencia No. 090, resolvió condenarlo
a la pena principal de 48 meses de prisión y multa de $1.918.000 pesos, al
encontrarlo responsable del delito de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador.
Señaló que el 12 de febrero de
2018 remitió la carpeta correspondiente al proceso penal del accionante al
Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Cali, para los fines pertinentes
y que al consultar la página oficial de la Rama Judicial se encuentra que la
actuación fue enviada, desde el 20 de marzo de 2018, a los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.
Consideró que la tutela
interpuesta por el señor Rodríguez León es improcedente, toda vez que dentro
del proceso penal se hicieron todos los requerimientos legales
correspondientes.
Anexó formato de radicación del
proceso penal No. 76892-60-00-190-2009-00083-00, en los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, el 5 de abril de 2018.
6.2 Fiscal Seccional 114 de
Yumbo
Diego Armando Delgado, el
26 de abril de 2018 informó que su despacho adelantó la investigación en contra
del señor Rodríguez León por el delito de Omisión de Agente Retenedor o
Recaudador. Explicó también que el 23 de mayo de 2017 se celebró audiencia
preliminar ante el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Yumbo, siguiendo los lineamientos del artículo 127 del Código de
Procedimiento Penal, para declarar persona ausente al ahora accionante.
6.3 Juez Primero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Yumbo
Alfonso Eliver Tabares Marín,
el 26 de abril de 2018 manifestó que en cumplimiento de las funciones propias
de su cargo y aplicando el artículo 127 de la Ley 906 de 2004, después de
verificar que la Fiscalía hubiese agotado los medios para tratar de ubicar al
señor Rodríguez León, ordenó los emplazamientos y publicaciones pertinentes,
por radio y prensa, antes de declararlo persona ausente.
Además, precisó que la acción de
tutela es improcedente contra sentencias judiciales, salvo cuando en ellas se
haya desconocido ritualidades que, por constituir una garantía al derecho de
defensa, conviertan la decisión adoptada en una vía de hecho y que en el
presente caso no se cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, para tal efecto. Por lo expuesto, solicitó ser
desvinculado del presente trámite tutelar.
Anexó: (i) Copia del acta de
audiencia preliminar llevada a cabo el 29 de marzo de 2017, dentro del proceso
penal No. 76892-60-00-190-2009-00083-00; (ii) copia del edicto emplazatorio
dirigido al señor Rodríguez León, del 31 de marzo de 2017; (iii) copia de
oficio No. 438, del 31 de marzo de 2017, dirigido al Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali,
remitiendo el edicto emplazatorio ya referido, para su publicación; (iv) copia
de la página del medio escrito en el que se publicó el edicto emplazatorio, el
25 de abril de 2017, en la sección de asuntos legales; (v) copia de constancia
emitida por la Radio Huellas de Cali, del 25 de abril de 2017, respeto de la
lectura del edicto emplazatorio y (vi) copia del acta de audiencia preliminar
desarrollada el 23 de mayo de 2017, dentro del proceso penal No.
76892-60-00-190-2009-00083-00.
6.4 Defensores Públicos de
Yumbo
6.4.1 Gildardo Ortiz
Caicedo, el 26 de abril de 2018 afirmó que asistió a la declaratoria de
persona ausente y formulación de imputación ante el Juzgado Primero Penal
Municipal de Yumbo, el 23 de mayo de 2017, y que actuó solo en dicha diligencia
en remplazo de su compañero José Yair Rodríguez Gutiérrez.
También, precisó que en el
transcurso de la audiencia el señor Fiscal le corrió traslado de los elementos
de prueba recaudados con el fin de dar trámite a la declaratoria de persona
ausente, encontrando todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 127 del
C.P.P.
6.4.2 José Yair Rodríguez
Gutiérrez, el 26 de abril de 2018, manifestó que fungió como Defensor
Público dentro del proceso radicado con el No. 76892-60-00-190-2009-00083-00,
representando al ahora actor a partir de la audiencia de formulación de
acusación, celebrada el 17 de agosto de 2017, ante el Juzgado Penal del
Circuito de Cali, a la cual el procesado no asistió, por haber sido declarado
persona ausente.
Igualmente, manifestó que el 20
de octubre de 2017 se realizó audiencia preparatoria; el 11 de noviembre del
mismo año se llevó a cabo la audiencia de inicio de juicio oral, en la cual se
practicó la prueba solicitada por la Fiscalía y él solicitó que se escuche al
procesado, pero desistió al no lograr la ubicación del mismo y, además, pidió la
concesión de la prisión domiciliaria para su representado.
6.5 Personería Municipal de
Yumbo
Yors Wilman Mena Ibarra,
Profesional Universitario para Asuntos Judiciales (E), el 2 de mayo de 2018 advirtió
que el Ministerio Público, como interviniente dentro del proceso penal, actúa de
manera excepcional y para la defensa de los derechos fundamentales, situación
que no ocurre en el asunto que se estudia.  Pues en la audiencia en la que se
declaró persona ausente al señor Rodríguez León y en aquella en la que se
formuló la imputación, se encontraban los sujetos procesales con los cuales se
podía garantizar en debida forma los derechos fundamentales del ahora
accionante.
Particularmente, sobre la
audiencia donde se declaró persona ausente al señor Rodríguez León, dijo que se
desarrolló con fundamento en los elementos aportados por el Fiscal de la causa,
los que fueron valorados por el Juez Primero Penal Municipal de Yumbo. Además,
precisó que se encontraba presente el Defensor Público.
No obstante, consideró que la
búsqueda del actor era necesario continuarla durante el desarrollo del proceso,
con el fin de brindarle la oportunidad de conocer las actuaciones seguidas en
su contra.
Anexó algunos documentos en torno
a las diferentes actuaciones en materia judicial que han sido atendidas por él,
pero que no guardan relación con el asunto que ahora se estudia.
6.6 Jueza Segunda de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Cali
Olga Gómez Mariño, el 2 de
mayo de 2018 informó que le correspondió vigilar y ejecutar la pena impuesta al
señor Rodríguez León y, en ese sentido, el 13 de abril de 2018 avocó el
conocimiento de las diligencias y ordenó librar la orden de captura para el
cumplimiento de la pena impuesta.
7. Intervención de tercero con
interés
7.1 DIAN-Dirección Seccional
Cali
Sandra Nathaly Cerón Escobar,
en calidad de apoderada, el 26 de abril de 2018 informó que esa entidad
presentó denuncia penal en contra del accionante por el delito de Omisión de
Agente Retenedor o Recaudador, quien en su calidad de representante legal de la
Sociedad Bares y Espectáculos S.A. se hallaba, para la época de los hechos, en
la obligación de consignar las sumas recaudadas por concepto del impuesto a las
ventas del año gravable 2006.
Así mismo, hizo referencia a que
en la denuncia penal se indicaron como direcciones de notificación del
accionante las señaladas en el Registro Único Tributario, es decir, la Calle 10
No. 36ª-160 Yumbo (Valle) y la Carrera 47ª No. 22-74, Apto. 403 en Bogotá, pues
de acuerdo con el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, el RUT constituye el
mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades
que tengan la calidad de agentes retenedores. Entonces, afirmó que el único
mecanismo al que debe acudir la DIAN para verificar las direcciones de notificación
es el RUT. Lo anterior, sin perjuicio de que la Fiscalía lo ubique por otros
medios.
De igual forma, precisó que “en
repetidas oportunidades, en las certificaciones de deuda expedidas por el
funcionario del G.I.T de Persuasiva I de la División de Cobranzas, de la
Dirección Seccional de Impuestos de Cali, se indicó que la última dirección
reportada del accionante corresponde a la Calle 145 No. 13-48 Apto 301 en la
ciudad de Bogotá, dirección que se obtuvo del Registro Único Tributario, el
cual fue actualizado de Oficio el 5 de septiembre de 2016.”
Anexó: (i) Copia del formulario
del registro único tributario del señor Rodríguez León, en donde consta la
información de la que se dio cuenta en el escrito ya reseñado, especialmente de
la dirección; (ii) copia de comunicación enviada por un funcionario de la
Unidad Penal de la DIAN en Cali, dirigida a la División de Gestión de Cobranzas
de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, del 15 de mayo de 2017,
remitiendo algunos datos y solicitando certificar la última dirección del
mencionado señor Rodríguez León, a efectos de asistir a la diligencia judicial
de imputación en Yumbo, dentro del proceso penal No.
76892-60-00-190-2009-00083-00; (iii) copia de oficio enviado por el abogado de
representación externa del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad Penal-División
de Gestión Jurídica de la DIAN,  dirigido al Fiscal Seccional 114 de Yumbo, del
23 de mayo de 2017, a través del cual se remite original del certificado de
estado de cuenta de la sociedad contribuyente Bares y Espectáculos de Colombia
S.A., con Nit. 805.030.989, con fecha de corte 22 de mayo de 2017. En la parte
final cada una de las tres certificaciones que se allegaron con el oficio
señalado, del 22 de mayo, 16 de agosto y 2 de noviembre de 2017, se indica “la
última dirección reportada del representante Legal corresponde Cl 145 # 13 – 48
AP 301 en la ciudad de Bogotá y el teléfono que se tiene en el Rut corresponde
al número 314 433 6271 al cual se llamó en varias ocasiones y no se obtuvo
respuesta a las múltiples llamadas realizadas;”(iv) memorial poder otorgado
a la abogada Cerón Escobar y demás documentos relacionados con el mismo.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE
SE REVISAN
1. Primera instancia
El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali-Sala de Decisión Penal, el 8 de mayo de 2018, negó por
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos Rodríguez
León, teniendo en cuenta que fue justamente el actor, en su criterio, el que
con su negligencia se desligó de sus obligaciones tributarias. Así entonces, desvinculó
del proceso al Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Cali, a la
Dirección Seccional de Fiscalías de Cali, al Defensor Público designado dentro
del asunto, a la DIAN-Dirección Seccional Cali y a la Personería Municipal de Yumbo.
La decisión se basó en que:
(i) La DIAN- Dirección Seccional
Cali antes de interponer la denuncia le había notificado al accionante de sus
deudas tributarias, por medio de aviso penalizable;
(ii) El actor, para la fecha de
los hechos constitutivos de delito, fungía como comerciante, por tanto se tuvo
en cuenta su domicilio comercial, que en el Registro Único Tributario-RUT, tal
como lo establece el artículo 55-2 del Estatuto Tributario, para entonces
reportaba la Carrera 47ª No. 22-74, Apto. 403 en Bogotá, a donde fueron
dirigidas las citaciones de la Fiscalía;
(iii) La Policía Judicial acudió
al establecimiento comercial que representaba el ahora actor, percatándose que
la Compañía Bares y Espectáculos de Colombia S.A. ya no se ubicaba en la
dirección registrada en el Certificado de Existencia y Representación, Calle 10
No. 36ª -160 en Yumbo;
(iv) Se ofició a varias entidades
del Estado con el fin de ubicar al señor Rodríguez León;
(v) Antes de declarar ausente al
actor se ordenó efectuar la publicación por edicto emplazatorio, una
publicación radial y en la prensa escrita, trámites que efectivamente se
cumplieron;
(vi) Se verificaron los
requisitos que impone el artículo 127 del C.P.P para declarar ausente al actor;
(vii) Se le asignó un Defensor
Público;
(viii) En la audiencia llevada a
cabo para declarar persona ausente al accionante, se le pusieron de presente
los elementos de prueba al Defensor Público, sin que éste presentara oposición
alguna;
(ix) Por tanto, no se advierte
violación a los derechos al debido proceso y defensa del señor Rodríguez León.
2. Impugnación
El 10 de mayo de 2018 el señor
Juan Carlos Rodríguez León impugnó el fallo emitido en primera instancia. Y, mediante
auto del 11 de mayo de 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
concedió la apelación, en el efecto devolutivo, ante la Corte Suprema de
Justicia-Sala de Casación Penal.
Las razones de la inconformidad
del actor las expuso en escrito presentado el 15 de mayo de 2018 y se pueden
resumir así:
(i) Los hechos objeto del proceso
penal tuvieron lugar hace doce años y once años y nunca fue notificado
personalmente tanto del proceso administrativo, por parte de la DIAN, como del
proceso penal;
(ii) No se tuvieron en cuenta las
pruebas aportadas, en donde se establece que su dirección es la Calle 145
No.13-48, Apartamento 301, en Bogotá;
(iii) La declaratoria de persona
ausente procede cuando el juez verifica, de manera real y material y no formal,
que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiere para vincularlo
al proceso y se siga el trámite legalmente establecido para tal efecto;
(iv) Las diligencias para ubicar
al procesado deben continuar, por parte de la Fiscalía, con posterioridad a la
declaratoria de persona ausente;
(v) El papel de la Defensoría
Pública debe encaminarse hacia la garantía de los derechos del procesado;
(vi) La defensa no estructuró
ninguna estrategia, teniendo en cuenta que no solicitó pruebas y tampoco
impugnó las decisiones emitidas en su contra;
(vii) Por mandato de los
artículos 441 y 442 del Código de Comercio, tanto el gerente principal como sus
suplentes son los representantes de la sociedad para todos los efectos legales,
lo que podría conllevar a que la responsabilidad derivada del delito de Omisión
de Agente Retenedor o Recaudador, pudiera estar en cabeza de cualquiera de los
representantes legales y, en este caso, él no podía representar a la sociedad
en la ciudad de Cali, debido a las faltas absolutas o temporales, desde el 31
de diciembre de 2005, por tanto, ésta debía ser ejercida por el subgerente,
señor Carlos David López Vivas.
3.  Segunda instancia
A través de providencia del 7 de
junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Sala de Decisión
de Tutelas No. 2, confirmó la sentencia del a quo. Teniendo en cuenta, en
primer lugar, que la acción de tutela resultaba improcedente al no cumplir con
los requisitos generales señalados por la Corte Constitucional, cuando se ataca
una providencia judicial, para el caso la sentencia condenatoria, pues no se
interpuso la acción extraordinaria de revisión.
Sin embargo, luego se refirió al
fondo del asunto y se pronunció, respecto de la presunta vulneración del
derecho al debido proceso, afirmando que la declaratoria de persona ausente
estuvo precedida de un adecuado procedimiento, por parte del Juez de Control de
Garantías, autoridad que agotó las gestiones a su alcance para lograr la
comparecencia del sindicado.
Respecto del derecho a la defensa,
precisó que al ahora actor se le designó un abogado adscrito al Sistema de Defensoría
Pública para que lo representara y que respecto de su actuación no se acreditó desidia,
negligencia o despreocupación.  Por demás, que la estrategia defensiva se
cumplió dentro de las posibilidades que la situación de ausencia del implicado
permitía.
III. TRÁMITE EN SEDE DE REVISIÓN DE TUTELA
Una vez seleccionado el proceso de la referencia y puesto a disposición
de esta Sala de Revisión, el suscrito Magistrado Sustanciador, mediante Auto
del 5 de septiembre de 2018, en procura de aclarar los elementos fácticos que
motivaron la tutela y lograr un mejor proveer, solicitó diferentes elementos
probatorios, a saber:
(i) Al Juzgado Primero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías  de Yumbo (Valle), ubicado en la calle 7 No.
3-62, se le solicitó que en el término de tres (3) días, remita las diligencias
que reposaran en ese despacho, en relación con la declaratoria de persona
ausente del señor Juan Carlos Rodríguez León, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.507.062, expediente radicado con el número
768926000190-2009-00083
(ii) Al  Fiscal Local 114 de Yumbo
(Valle), ubicado en la calle 8 No. 6-25, piso 3, oficina 302, correo
electrónico jeffrey.agredo@fiscalia.gov.co, que en el término de tres (3) días,
remita las diligencias que reposaran en ese despacho, en relación con la
declaratoria de persona ausente del señor Juan Carlos Rodríguez León,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.507.062, expediente radicado con
el número 768926000190-2009-00083.
En atención a dichos requerimientos se recibieron documentos
contentivos de la siguiente información:
3.1 La Fiscalía Seccional 114 de Yumbo
El 12 de septiembre de 2018, remitió copia de los siguientes documentos:
(i) Denuncia por el punible de Omisión de Agente Retenedor o
Recaudador, presentada por la DIAN en contra de Juan Carlos Rodríguez León,
ante la Oficina Seccional de Asignaciones de la Fiscalía General de la
Nación-Cali, sin fecha;
(ii) En el formato único de noticia criminal, del 22 de enero de 2009,
se indicó que la dirección de la residencia del indiciado era desconocida, al
igual que la de su oficina. Sin embargo, se suministró la del establecimiento
de comercio Bares y Espectáculos de Colombia S.A., ubicado en la Calle
10 No. 36ª-160 de Yumbo;
(iii) La división de Gestión de Cobranzas de la DIAN-Seccional Cali,
expidió certificación el 6 de abril de 2011, respecto de que el contribuyente
Bares y Espectáculos de Colombia S.A., con NIT 805.030.989, no había cancelado
las obligaciones determinadas en el oficio persuasivo penalizable No. 5056-0530
(023507), del 27 de junio de 2008, por concepto de ventas del 2006-1, en
cuantía de $959.000. Y, que efectuada llamada telefónica al número telefónico 6914450,
registrado en el RUT, no hubo respuesta alguna;
(iv) El oficio No. 0912 del 23 de noviembre de 2011, se dirigió al
señor Juan Carlos Rodríguez León, a la Calle 10 No. 36ª-160 de Yumbo,
solicitándole comparecer el 20 de diciembre de 2011, para adelantar diligencia
de interrogatorio, dentro de una investigación por el delito de Omisión de
Agente Retenedor, que se adelantaba en la Fiscalía Seccional 114 de Yumbo,
dentro del proceso radicado con el No. 76892-60-00-190-2009-00083-00;
(v) La división de Gestión de Cobranzas de la DIAN-Seccional Cali,
expidió certificación el 19 de enero de 2012, respecto de que el contribuyente
Bares y Espectáculos de Colombia S.A., con NIT 805.030.989, no había cancelado
las obligaciones determinadas en el oficio persuasivo penalizable No. 5056-0530
(023507), del 27 de junio de 2008, por concepto de ventas del 2006-1, en
cuantía de $959.000. Y, que efectuada llamada telefónica al número telefónico
6914450, registrado en el RUT, no hubo respuesta alguna;
(vi) El Oficio No. 00994 del 28 de octubre de 2013, se dirigió al señor
Rodríguez León, también a la Calle 10 No. 36ª -160 de Yumbo, solicitándole su
comparecencia inmediata para adelantar una diligencia penal, dentro de una
investigación por el delito de Omisión de Agente Retenedor que se adelantaba en
la Fiscalía Seccional 114 de Yumbo, dentro del proceso radicado con el No.
76892-60-00-190-2009-00083-00;
(vii) El oficio No. 43000-2250 del 21 de noviembre de 2014, enviado por
un investigador criminalístico al señor Fiscal Seccional 114 de Yumbo, da
cuenta de las consultas efectuadas a las bases de datos de ANI, FOSYGA, RUNT,
CIFIN, IGAC, RUE, sin resultados frente a la dirección del indiciado;
(viii) Oficio No. 0200, del 9 de septiembre de 2015, enviado por la
División de Gestión Jurídica de la DIAN al Fiscal Seccional 114 de Yumbo,
informándole “verificando la información del Sr. Juan Carlos Rodríguez, en
la Registraduría Nacional del Estado Civil, se puede verificar que dicha
persona aparece inscrita para votar el día 09/07/2015, en el puesto LOS
CEDRITOS, AV. 9 # 146-40 de BOGOTÁ D.C.”;
(ix) A través de oficio No. 1463 del 17 de agosto de 2016, dirigido al
CTI-Oficina de Peritos Contables de Cali, el Fiscal Seccional 114 de Yumbo
remitió orden a la Policía Judicial, a fin de que sea asignado un perito
contable para su ejecución, dentro del proceso penal No.
76892-60-00-190-2009-00083-00;
(x) Órdenes emitidas por la Fiscalía Seccional 114 de Yumbo a la
Policía Judicial, del 22 de diciembre de 2016, solicitando tarjeta alfabética y
antecedentes del ahora accionante;
(xi) El Oficio No. 02429 del 23 de diciembre de 2017 (que por la fecha
de la diligencia a la que se cita, se advierte de 2016), se dirigió al Señor
Rodríguez León a la Carrera 47 A No. 22-74, apartamento 403 en Bogotá,
solicitándole comparecer para adelantar una diligencia penal, el 10 de febrero
de 2017, dentro de una investigación por el delito de Omisión de Agente
Retenedor que se adelantaba en la Fiscalía Seccional 114 de Yumbo, dentro del
proceso radicado con el No. 76892-60-00-190-2009-00083-00;
(xii) Oficios sin número, del 23 de diciembre de 2016, a través de los
cuales la Fiscalía Seccional 114 de Yumbo solicitó a la Superintendencia
Bancaria-Cali, INPEC-Bogotá, Superintendencia de Salud-Cali, Oficina de Instrumentos
Públicos y Privados-Cali, DIAN-Cali e Instituto de Medicina Legal-Cali,
información que permitiera ubicar al señor Juan Carlos Rodríguez León;
(xiii) La división de Gestión de Cobranzas de la DIAN-Seccional Cali,
expidió certificación el 2 de marzo de 2017, respecto de que el contribuyente
Bares y Espectáculos de Colombia S.A., con NIT 805.030.989, no había cancelado
las obligaciones determinadas en el oficio persuasivo penalizable No. 5056-0530
(023507), del 27 de junio de 2008, por concepto de ventas del 2006-1, en
cuantía de $959.000. Y, que efectuadas llamadas telefónicas a los números
telefónicos 4402455 y 3127229421, registrado en el RUT, no hubo respuesta
frente a la ubicación del ahora accionante;
(xiv) Formato a través del cual se hace la solicitud de audiencia
preliminar para declaratoria de persona ausente y formulación de imputación
respecto del señor Rodríguez León, del 8 de marzo de 2017, dentro del proceso
penal No. 76892-60-00-190-2009-00083-00;
(xv) Copia de oficio No. 031 620, del 15 de marzo de 2017, suscrito por
el Jefe de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Yumbo-UBIC, dirigido
al Jefe del Laboratorio Regional No. 4 de Cali, con el fin de que se remita
copia de foto cédula del señor Rodríguez León;
(xvi) Informe de la Policía Judicial, del 22 de marzo de 2017, dirigido
al Fiscal Seccional 114 de Yumbo, a través del cual se aporta la tarjeta
alfabética del indiciado, Juna Carlos Rodríguez León. Se indicó que se
anexaron: Oficio No. 031560 de solicitud de foto cédula; foto cédula del señor
Juan Carlos Rodríguez León y otro y oficio No. 0024 de solicitud de
antecedentes y anotaciones judiciales;
(xvii) Oficio No. 0054, del 22 de marzo de 2017, suscrito por el
Abogado de Representación Externa, del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad
Penal, de la División de Gestión Jurídica de la DIAN, dirigido al Fiscal
Seccional 114 de Yumbo;
(xviii) Acta de audiencia preliminar, llevada a cabo por el Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Yumbo, el 29
de marzo de 2017. En esta audiencia se solicitó se declarara persona ausente al
señor Juan Carlos Rodríguez León;
(xix) Edicto emplazatorio para el señor Juan Carlos Rodríguez León,
fijado el 31 de marzo de 2017, en el cual se registró como la última dirección
de aquel la Carrera 47 A No. 22-74, apartamento 403, en Bogotá;
(xx) Página del periódico La República, del 25 de abril de 2017,
sección asuntos legales, donde aparece publicado el edicto emplazatorio, ya
referido;
(xxi) Constancia del 25 de abril de 2017, expedida por la Radio
Huellas, de la lectura del edicto emplazatorio, entre la 1:00 y las 5:00 pm.
Sin firma;
(xxii) Acta de audiencia preliminar, llevada a cabo por el Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Yumbo, el 23
de mayo de 2017;
(xxiii) Escrito de acusación, del 29 de mayo de 2017; y
(xxiv) Memorial poder otorgado por la DIAN a los abogados Juan Aldemar
Valencia y María Graciela Varela, como apoderados principal y suplente,
respectivamente.
3.2 Otras intervenciones
En esta etapa procesal se recibieron las siguientes intervenciones:
3.2.1 Accionante
Juan Carlos Rodríguez León, en escrito del 21
de septiembre de 2018, enfatizó en que faltó diligencia al Fiscal para
notificarlo y al Juez para corroborar el cumplimiento de los requisitos antes
de declararlo persona ausente, pues no basta con efectuar una búsqueda general
en las bases de datos de las diferentes entidades, sino que se hace necesario
oficiarlas para que se suministren datos precisos, que no aparecen a la vista
de otra manera.
De otra parte, afirmó que la búsqueda de su dirección para notificarle
del proceso penal debió seguirse aun cuando ya se lo había declarado persona
ausente, con mayor razón si habían transcurrido aproximadamente once años desde
que tuvo lugar el presunto ilícito.
Finalmente, reprodujo en su escrito los argumentos usados en la demanda
de tutela, para respaldar la aludida violación de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa.
3.2.2 Personería Municipal de Yumbo
Yors Wilmar Mena Ibarra, en calidad de
Profesional Universitario para Asuntos Judiciales (E), en escrito del 2 de
octubre de 2018, precisó frente a su anterior intervención que “si bien es
cierto, hubo preliminarmente unas valoraciones de elementos aportados por la
Fiscalía que condujeron a declarar como persona ausente al señor JUAN CARLOS
RODRIGUEZ LEON, por parte del señor Juez de Control de Garantías de Yumbo,
estas pudieron haber cambiado posteriormente en el desarrollo de las audiencias
de Conocimiento, debiéndose haber agotado la mas (sic) mínima posibilidad por
ínfima que fuese, en la búsqueda en diferentes bases de datos, algún tipo de
actualización de los datos personales del señor JUAN CARLOS RODRÍGUEZ LEON, por
cuanto no se debe escatimar esfuerzos, cuando de derechos fundamentales se
trate (…)”.
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE
LA DECISIÓN
1. Competencia
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas
dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 56 del Acuerdo
02 de 2015, “por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la
Corte Constitucional”.
2. Problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes
relacionados, corresponde a esta Sala de Revisión establecer si
la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad formales cuando
el mecanismo constitucional se promueve contra una providencia judicial.
Una vez acreditado
el cumplimiento de esos requisitos la Corte deberá definir si se configura
alguno de los defectos establecidos por la jurisprudencia constitucional en las
actuaciones judiciales adelantadas por las Fiscalías 114 Local y 114
Seccional de Yumbo (Valle) y los Juzgados Primero Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Yumbo (Valle) y Veintiuno Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali (Valle), dentro del proceso penal radicado
con el No. 76892-60-00-190-2009-00083-00, por el delito de Omisión de Agente
Retenedor o Recaudador, seguido en contra del accionante, dentro del cual fue
condenado a  48 meses de prisión y multa de $1.928.000 pesos, además de las penas
accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo
igual al de la pena principal impuesta. En particular, si se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, teniendo en cuenta que,
de acuerdo con la acción de tutela, se lo vinculó en calidad de persona
ausente, sin que se haya demostrado eficazmente que se insistió en ubicarlo de
forma previa a tal declaratoria, ni tampoco posteriormente a ella; y pese a
habérsele asignado un fefensor público para que lo representara, éste no trazó
una estrategia enfocada en la defensa de sus derechos.
Para abordar el estudio del problema descrito,
la Sala (i) resumirá la jurisprudencia de esta Corporación en relación con la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Si
el anterior análisis se supera con satisfacción, la Sala (ii) se
referirá brevemente a la causal genérica denominada defecto procedimental;
(iii) recordará la posición jurisprudencial relacionada con la vinculación de
la persona ausente al proceso penal y sus implicaciones en el derecho al debido
proceso; (iv) también hará alusión a la vulneración del debido proceso
por falta de defensa técnica en el proceso penal. Finalmente,
(iv) estudiará el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
Según lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de
defensa judicial, preferente y sumario, al que puede acudir cualquier persona
cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión en que incurra cualquier autoridad pública o un particular, en
los casos específicamente previstos por el Legislador y no exista otro mecanismo
de defensa judicial que permita su protección idónea y efectiva.
Por regla general, la tutela no
procede contra providencias judiciales en virtud de los principios de autonomía
judicial y seguridad jurídica. Sin embargo, esta Corporación ha determinado, a
través de su jurisprudencia, delimitados criterios en los cuales
excepcionalmente resulta procedente, los cuales fueron sistematizados en la
Sentencia C-590 de 2005, fallo en el cual se especificaron requisitos generales
y especiales de procedencia.
Los primeros habilitan el estudio
constitucional y deben cumplirse en su totalidad; los segundos implican la
procedencia del amparo, ya no de la tutela, y solo debe cumplirse uno de ellos.
Es decir, solamente cuando se ha constatado el cumplimiento de los requisitos
generales, puede el juez constitucional entrar a determinar la existencia de
alguno de los vicios específicos que ha establecido la Corte como requisitos
especiales de procedencia de la acción a partir de los cuales se estudia, como
tal, la eventual vulneración de derechos fundamentales.
Así entonces, en procura del
respeto de las garantías constitucionales al debido proceso, a la seguridad
jurídica y a la cosa juzgada, en principio, la acción de tutela no procede
contra providencias judiciales, sin embargo, excepcionalmente, puede resultar
procedente cuando, primero, se cumplen los requisitos generales de procedencia,
segundo, se verifica cumplido al menos un requisito específico y, tercero,
resulta necesaria la intervención del juez constitucional.
3.1. Requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.1.1. Relevancia
constitucional de la cuestión estudiada: Este requisito exige que el
asunto bajo estudio involucre garantías superiores y no sea de competencia
exclusiva del juez ordinario. En consecuencia, el accionante debe justificar
clara y expresamente el fundamento por el cual el asunto objeto de examen es “una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes”[4].
3.1.2. Agotar todos los
medios de defensa judicial posibles: Este presupuesto se
relaciona con el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela,
acorde con el cual la parte activa debe desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios que el sistema jurídico le otorga para
la defensa de sus derechos[5].
En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración
de un perjuicio irremediable[6].
3.1.3. Inmediatez:
En virtud de este requisito la acción de amparo debe presentarse en
un término proporcional y razonable a partir del hecho que originó la supuesta
vulneración. Presupuesto exigido en procura del respeto de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues de no
exigirse, las decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual
evaluación constitucional.
3.1.4. Injerencia de la
irregularidad procesal en la providencia atacada: Con fundamento en
esta premisa, se exige que únicamente las irregularidades procesales
violatorias de garantías fundamentales estas tengan la entidad suficiente para
ser alegadas por vía de tutela. Aunado a ello, se excluyen las irregularidades
no alegadas en el proceso o subsanadas a pesar de que pudo haberse hecho[7].
3.1.5. Identificación
razonable de los hechos que generaron la vulneración de los derechos
fundamentales: En acatamiento de este requisito, en la acción de tutela se
debe identificar clara y razonablemente las actuaciones u omisiones que
comportan la vulneración alegada. Y, aunado a ello, estos argumentos se deben haber planteado al interior del
proceso judicial, de haber sido posible[8].
3.1.6. Que no se trate de
sentencias de tutela: A través de esta exigencia se busca evitar que
los procesos judiciales estén indefinidamente expuestos a un control posterior.
Con mayor razón si se tiene en cuenta que todas las
sentencias de tutela son objeto de estudio para su eventual selección y
revisión en esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas[9].
Verificado
el cumplimiento de todos los anteriores requisitos, se habilita el estudio
constitucional de los requisitos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
4.
El defecto procedimental como causal específica de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales. Reiteración de jurisprudencia
En uniforme jurisprudencia la Corte ha establecido que el defecto
procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente al
margen del procedimiento establecido, es decir, se desvía ostensiblemente de su
deber de cumplir con las “formas propias de cada juicio”, con la
consiguiente vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de las partes.
En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe
extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al
afectado.
Ahora bien, a partir de la definición de defecto procedimental, esta
Corporación ha especificado diferentes conductas u omisiones que pueden
conllevar amenazas o violaciones de derechos fundamentales, las cuales permiten
la intervención de los jueces constitucionales, a saber: el funcionario
judicial pretermite una etapa propia del juicio, da un cauce que no corresponde
al asunto sometido a su competencia, ignora completamente el procedimiento establecido,
escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables al caso concreto,
incumple términos procesales, por ejemplo cuando la autoridad judicial
restringe el término conferido por la ley a las partes para pronunciarse en
ejercicio de su derecho de defensa o desconoce el derecho de defensa de un
sindicado en materia penal, omite cumplir los principios mínimos del debido
proceso señalados en la Constitución, principalmente, en los artículos 29 y
228.
En este sentido, la Sentencia SU-159 de 2002 destacó, a manera de
ejemplo de cuando se incurre en defecto procedimental, que “está viciado
todo proceso en el que se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para
asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos
procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan ejercer el derecho a una
defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un
abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de
contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes
para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso
y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas.”
En la misma línea argumentativa, la Sentencia T-1246 de 2008, frente a
este defecto reiteró que se presenta cuando existe una decisión judicial que
desconoce abiertamente supuestos legales en materia procesal. Sin embargo,
destacó que para que este defecto se configure es necesario que (i) el error
sea trascendente, es decir, “que afecte de manera grave el derecho al debido
proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y,
b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado. Así por ejemplo, se
configura un defecto procedimental cuando se deja de notificar una decisión
judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de
controvertir dicha decisión.”
No obstante lo anterior, en materia de notificación, la misma sentencia
aclara que pueden presentarse algunos eventos en los cuales la acción de tutela
no es procedente para controvertir las decisiones judiciales adoptadas cuando
se ha dejado de notificar una decisión.[10]
Esto ocurre cuando:
(i)  la falta de notificación no tiene efectos procesales
relevantes o de importancia;
(ii)  cuando este se deriva “de un error del afectado, o si la
misma no produjo verdaderamente un efecto real – por ejemplo porque el afectado
tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios –, no procederá la tutela.
Adicionalmente, la sentencia destaca que también puede estarse en
presencia de uno de los requisitos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales por defecto procesal cuando:
(i)  Existe una demora injustificada por parte del funcionario,
tanto en la adopción de la decisión como en el cumplimiento;
(ii)  Ante la omisión del juez de recibir y valorar pruebas que hayan
sido previamente ordenadas;
(iii) Se presenta ausencia de defensa técnica, la cual deriva en una
sentencia condenatoria en materia penal, situación que le sea “absolutamente
imputable al Estado”.
5. La vinculación de la persona ausente al proceso penal y sus
implicaciones en los derechos al debido proceso. Reiteración de jurisprudencia
En la sentencia T-737 de 2007 se resumieron los lineamientos
constitucionales de la declaratoria de persona ausente (Art. 29 y 31 de la
C.P.), considerando para ello las garantías del debido proceso incorporadas a
través del bloque de constitucionalidad contenidas en los artículos 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. En ese marco, se reiteró que si bien la
vinculación como persona ausente al proceso penal restringe el ejerció del
derecho al debido proceso, en especial la defensa técnica, su uso es
constitucional siempre que se garanticen ciertas condiciones formales y
procedimentales, a saber:
“a. La declaratoria de ausencia constituye el último recurso, en
cuanto a las formas legales para vincular a una persona a un proceso penal. Al
respecto, ha señalado la Corte: “La declaración de persona ausente no puede ser
la decisión subsiguiente al primer fracaso en encontrar al procesado, pues tal
como lo consagra el mismo artículo 356, acusado, sólo es posible vincular
penalmente a una persona ausente "cuando no hubiere sido posible hacer
comparecer a la persona que debe rendir indagatoria (...) Actuar de manera
distinta comporta la nulidad de las actuaciones por violación del derecho de
defensa” b. El estado tiene (i) el deber de ubicar al imputado; (ii) esta
obligación
consiste en utilizar todos los medios que razonablemente
estén a su alcance, de acuerdo con los elementos específicos del caso concreto,
para lograr la comparecencia del imputado; (iii) esta obligación no cesa en un
momento determinado, sino que persiste a lo largo de todo el proceso;
concretamente, la declaratoria de persona ausente, no extingue la obligación.
Por último, (iv) el funcionario judicial, sin perder su imparcialidad, por la
efectividad del derecho a la defensa, tiene la potestad de sustituir al
defensor que no cumpla adecuadamente con sus deberes profesionales. c. Puesto
que uno de los fundamentos constitucionales de la declaratoria en ausencia, es
que de esta forma se garantiza el ejercicio de la defensa técnica, es esencial
que el defensor de oficio sea nombrado al momento de producirse la declaratoria
de persona ausente. d. Son requisitos formales de la declaratoria, el intento
por vincular al investigado mediante indagatoria, la emisión previa de una
orden de captura, el emplazamiento mediante edicto, y la vinculación mediante
resolución motivada, que indique las diligencias realizadas para lograr la
comparecencia del imputado, así como el resultado de las mismas. e. Los
requisitos sustanciales, se concretan en la identificación e individualización
plena del procesado, y la evidencia de su renuncia a comparecer en el proceso,
medidas que no sólo buscan garantizar los derechos fundamentales del imputado,
sino de terceros que pudieran verse involucrados en el hecho, por homonimia.”
Del mismo modo, en la sentencia T-835 de 2007, la Corte encontró
acreditada la estructuración de un defecto procedimental porque se vulneró el
derecho al debido proceso de una persona que fue vinculada como persona ausente
en un proceso penal, cuando las autoridades judiciales tenían en el expediente
una dirección para ubicar a la accionante: “Esta Sala de Revisión considera
que las autoridades judiciales demandadas sí vulneraron el derecho a la defensa
de la actora y, por lo tanto, su derecho al debido proceso, pues no la
notificaron del proceso penal que seguían en su contra, a pesar de que lo
podrían haber hecho, dadas las circunstancias específicas del caso.
Ciertamente, los documentos que reposaban en el expediente permitían deducir
con claridad que la tutelante residía en Bogotá, e incluso aparecían dos
direcciones en esta ciudad en las que podrían haber intentado notificarla.// Lo
primero que debe anotarse al respecto es que, como se puede percibir al leer la
reseñas de los expedientes remitidos al proceso, contenidas en el acápite sobre
las pruebas recopiladas, en todos los documentos referidos a la actora y al
vehículo aparecía con claridad que ella estaba domiciliada en Bogotá. De esta forma,
las distintas citaciones que se le hicieron a través de la radio no podían
tener éxito. Por eso, tal como se deduce de las sentencias reseñadas, desde una
perspectiva del respeto al debido proceso era obligación del Fiscal 24
Seccional y del Juez 5° Penal del Circuito de Santa Marta tratar de vincular a
la actora al proceso, notificándola sobre el mismo a las direcciones que
aparecían en los documentos arrimados al legajo”.
En contraste, en la sentencia T-962 de 2007 se descartó la
configuración de un defecto procedimental en la vinculación como persona
ausente del procesado, en los siguientes términos: “A pesar de haber enviado
tres de las cinco citaciones de manera correcta, es decir a la Calle 60 No.
4B-48, el accionante no se hizo presente a fin de ejercer su derecho de defensa
a través de la respectiva diligencia de indagatoria, lo que obligó a la
Fiscalía, en el mes de septiembre de 2003, a proferir orden de captura en
contra del implicado a fin de lograr su comparecencia dentro del proceso, la cual
no produjo ningún efecto. Hecho éste que forzó al ente fiscal a emitir la
respectiva resolución de declaración de persona ausente, el 15 de abril de
2004, con el objetivo de vincular al procesado y de esta manera continuar con
el trámite procesal respectivo, cumpliendo de esta manera con la correcta,
pronta y eficiente prestación del servicio público esencial de administrar
justicia. // De lo expuesto, se extrae que la Fiscalía como demandado dentro de
la acción de tutela, actuó de manera diligente en procura de lograr la
vinculación del actor dentro del proceso, haciendo las respectivas citaciones,
en las que si bien cometió un error en un par de ocasiones, el mismo no se
presentó en el primer telegrama enviado al actor, al día siguiente de la
resolución de apertura de instrucción y fue corregido con posterioridad,
enviando las respectivas citaciones al lugar que figuraba como domicilio de
notificaciones para Importaciones González Ltda., persona jurídica representada
por el hoy demandante.” (Se omiten las notas al pie).
Por su parte, en la sentencia T-517 de 2009 la Corte reiteró los
parámetros establecidos en la sentencia T-737 de 2007, al decidir que no se
vulneró el derecho al debido proceso de un sindicado que había sido vinculado
como persona ausente, pues tanto la Fiscalía como el Juzgado que conocieron el
caso habían desplegado actividades tendientes a ubicarlo para que se presentara
al proceso, así como para notificar las decisiones correspondientes en su
domicilio. Por consiguiente, concluyó que no hubo defecto procedimental por las
autoridades judiciales accionadas, así: “Lo anterior evidencia que contrario
a las afirmaciones del señor Borrero Caviedes, los demandados enviaron a San
Luis las respectivas ordenes de captura y citaciones, para garantizar su
comparecencia al proceso con el objeto de notificarle la existencia de la causa
en su contra y garantizarle la defensa de sus derechos de manera oportuna. //La
Sala observa que en la etapa procesal de declaración de persona ausente se
cumplieron todos los requisitos formales y sustanciales, en la medida que se
emitió la orden de captura, se hizo el emplazamiento, para posteriormente
expedir la resolución con las actuaciones hechas con el fin de lograr la
comparecencia del imputado”.
Por el contrario en la sentencia T-508 de 2011, la Corte encontró
acreditada la configuración de un defecto procedimental cuando las autoridades
judiciales demandadas a pesar de conocer direcciones en donde era factible
ubicar al peticionario pues aquellas obraban en el expediente no realizaron
suficientes actividades para que se notificara del proceso penal en su contra
sino que procedieron a vincularlo como persona ausente: “(...) teniendo en
cuenta que durante el trámite del proceso adelantado por el señor Nieto Roa no
se realizaron todas las acciones tendientes a su notificación, aun contando con
los medios para este fin, lo cual derivó en una sentencia condenatoria después
de que fueron transgredidos derechos fundamentales del demandante, la Sala
considera que la presente acción es procedente contra la sentencia proferida el
4 de febrero de 2008 por el Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá.”
En el mismo sentido, en la sentencia T-779A de 2011, se reiteró el
deber de los operadores judiciales de desplegar todas las actividades
necesarias para notificar al sindicado de un proceso penal en su contra: “Tal
como se desprende de la jurisprudencia citada, el requisito de un procedimiento
previo a la declaratoria de persona ausente, pasa por la ineludible exigencia
del funcionario judicial de agotar todos los medios para hacer comparecer al
imputado al proceso. El cumplimiento de la carga de la ubicación física del
acusado por parte de la autoridad, la ha considerado la Corte como un requisito
previo, e incluso verificable, para la validez del proceso en ausencia del
procesado.”
En suma, si bien se reconoce la constitucionalidad de vincular a la
persona ausente al proceso penal, pese a las implicaciones que conlleva en el
derecho de defensa, esta medida debe estar precedida del despliegue de
actividades por parte de las autoridades judiciales tendientes a notificar de
la existencia del proceso al sindicado. Y cuando se vincula como persona
ausente a un proceso penal, sin haber agotado todos los mecanismos para que
comparezca de forma personal, se configura un defecto procedimental que hace
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.[11]
6. Vulneración del debido
proceso por falta de defensa técnica en el proceso penal. Reiteración de
jurispruedencia
Ahora bien, tratándose del
defecto procedimental por desconocimiento del derecho a la defensa técnica, la Corte ha enfatizado que el procesado penal tiene derecho a ser
asistido por un defensor idóneo durante todas las etapas del proceso que puede
ser escogido por el propio procesado y, de no ser ello posible, debe ser
asignado de oficio por el Estado.
El derecho a la defensa
técnica tiene un contenido doble: el defensor debe estar presente para hacer
valer todas las garantías formales dentro del trámite judicial y,
adicionalmente, debe actuar para representar los derechos sustanciales de su
prohijado. Puede pedir y aportar pruebas, controvertir las que han sido
allegadas al proceso e impugnar las decisiones que se adopten en el mismo[12].
No se trata simplemente de una presencia formal, el derecho a la defensa exige
que el Estado y las autoridades judiciales garanticen que, tanto los defensores
de confianza como los de oficio, cuenten con todas las condiciones materiales y
formales para desplegar una actividad procesal dirigida a hacer valer ante el
juez los derechos e intereses jurídicos del imputado, de modo que pueda
predicarse del proceso una verdadera igualdad de armas.
La sentencia T-1049
de 2012 retomó los criterios de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en la materia en los siguientes términos: “la garantía
judicial consistente en la defensa técnica[13]
requiere (i) que en la medida de lo posible el procesado pueda elegir a su
abogado defensor; (ii) que el defensor elegido o designado sea nombrado desde
el principio de las diligencias penales, y no solo en la etapa del juicio;
(iii) que el defensor pueda comunicarse libre y confidencialmente con su
prohijado; (iv) que el abogado pueda tener conocimiento oportuno y completo de
los cargos y del contenido del expediente; (v) que ni las autoridades
judiciales ni las administrativas interpongan cualquier tipo de obstáculos que
impidan al defensor aportar pruebas, controvertir las que han sido allegadas al
proceso e impugnar las decisiones[14].”
Según el estándar descrito,
no toda falla o deficiencia en el ejercicio profesional de la defensa penal
constituye una vulneración que haga procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales. La Corte ha reiterado que solo se configura un defecto
procedimental por desconocimiento del derecho a la defensa técnica ante errores
protuberantes y que tengan las siguientes características:
(i)
Debe ser evidente que el defensor cumplió un papel
meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal o
jurídica.
(ii)
Las mencionadas deficiencias no deben ser
imputables al procesado o haber resultado de su propósito de evadir la justicia[15].
(iii)     La falta de defensa material o técnica debe ser trascendente y
determinante en los resultados de la decisión judicial[16].
En síntesis, el derecho a
contar con una defensa técnica no puede ser interpretado como la obligación de
las autoridades administrativas y judiciales de garantizar que los abogados
defensores adopten una estrategia determinada que lleve a la defensa exitosa
del caso. Por el contrario, su obligación es satisfecha si garantizan la
presencia del abogado y el cumplimiento de las condiciones necesarias para que
éste pueda cumplir a cabalidad con su función,  las aptitudes para conducir una
defensa dependen del profesional individualmente considerado, y sus fallas son,
en principio de su exclusiva responsabilidad. De tal forma, la acción de tutela
no es un escenario para la corrección de los errores de litigio[17].
Una de las causas de la
violación del derecho a la defensa técnica puede ocurrir cuando a pesar de
contar con un abogado, se dejaron de practicar pruebas, controvertir las
decretadas y presentar los recursos pertinentes, de forma negligente, siempre
que no le haya sido posible jurídica y fácticamente intervenir al inculpado
para modificar esta situación.
Un ejemplo claro se
presenta en el caso de condenados como personas ausentes, cuyos derechos han
sido protegidos en diversas decisiones de esta Corporación[18] por el
contrario, en otros casos en los que hubo desaciertos de los defensores de
confianza, pero los procesados conocieron del trámite y tuvieron las
oportunidades suficientes para intervenir en él la Corte ha considerado que los
errores no podían ser imputados a las autoridades jurisdiccionales o al Estado
a título de ausencia de condiciones para el ejercicio de la defensa técnica.[19]
Con todo, ser procesado
como persona ausente no es el único requisito para que proceda la acción por
violación del derecho a la defensa técnica[20],
pues si el defensor de oficio ejerce su cargo de forma diligente, aunque con
las limitaciones propias de la ausencia del acusado, y se enfrenta a la
dificultad para solicitar la práctica de pruebas conducentes y pertinentes para
lograr la absolución del procesado, no se configura un defecto por falta de
defensa técnica.
De este modo, en algunos
casos es necesario exigir mayor idoneidad al defensor de quien no pudo conocer
del proceso, que usualmente es representado por un abogado de oficio, que al
abogado de confianza de quien tuvo todo el tiempo acceso al trámite. Con todo,
la Corte entiende que en algunas ocasiones la labor del defensor de oficio de
un procesado en ausencia se ve entorpecida por la falta de la versión del
procesado[21],
criterio que debe ser analizado en el estudio de cada caso concreto.
La obligación de las
autoridades jurisdiccionales y administrativas de garantizar que el defensor de
confianza lleve a cabo su labor con diligencia  también disminuye en grado,
siempre que el procesado haya podido conocer del proceso e intervenir
efectivamente en él, y que las autoridades judiciales no hayan interpuesto
obstáculos para el buen ejercicio de la defensa. La Corte asume que, en
principio, quien pudo contratar un abogado de confianza tiene conocimiento de
que cursa un proceso en su contra y, por tanto, en caso de que observe fallas
en su defensa podrá cambiar de abogado o al menos presentar sus dudas ante el
ente investigador.
Estas circunstancias deben
ser analizadas en cada caso concreto con base en criterios de razonabilidad
pues, sería absurdo pedirle al inculpado la pericia  jurídica procesal de un
experto o que fuera infalible frente a los abusos propios de la posición de
poder en que se encuentra el abogado dentro del proceso. En suma, el defecto
procedimental por ausencia de defensa técnica exige que las
deficiencias en la estrategia defensiva no sean imputables al procesado, asunto
que debe resolverse atendiendo a las características de cada caso en
particular.
Por supuesto, esto no
significa que quienes son defendidos por abogados de confianza cuentan con una
garantía menos efectiva que la otorgada a los procesados que acceden a un
defensor de oficio[22],
sólo se establece un estándar especial para quienes deben acudir a la defensa
pública dadas las limitaciones que las circunstancias imponen al procesado en
ausencia. En efecto, en estos casos el defendido no cuenta con ciertas
potestades que sí tiene el procesado que se encuentra al tanto de la causa
penal y por eso es un sujeto que se encuentra en un estado de debilidad, por
ejemplo, está imposibilitado para buscar un abogado distinto o para acudir a la
fiscalía en caso de dudas sobre la calidad de su defensa y estas restricciones
pueden incidir de manera decisiva en las resultas del proceso.
7. Caso concreto
El accionante considera que las
actuaciones adelantadas por las Fiscalías 114 Local y 114 Seccional de Yumbo y
los Juzgados Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Yumbo y Veintiuno Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de Cali, que
concluyeron con una sentencia condenatoria, tras ser hallado penalmente
responsable por el delito de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador, a
48 meses de prisión y multa de $1.928.000 pesos, además de las penas accesorias
de interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la
pena principal impuesta, vulneraron sus derechos al debido proceso y a la
defensa. Lo anterior, puesto que la investigación y juicio se tramitaron sin
que las autoridades correspondientes lo hubieran notificado oportunamente, pese
a que su dirección reposa en la base de datos de la DIAN, desde el 5 de
septiembre de 2016; y, de otra parte, los defensores públicos que le fueron
asignados no cumplieron con sus obligaciones, en garantía de sus derechos.
Al respecto, observa la Sala que
si bien el peticionario no propuso un defecto distinto a la vulneración directa
de la Constitución por desconocimiento del debido proceso, lo cierto es que,
tal como se expuso en las consideraciones la presunta irregularidad alegada,
ésta ha sido enmarcada por la jurisprudencia  constitucional como un defecto
procedimental y así lo estudiará la Sala.
Por lo tanto, la Corte
verificará, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales en el presente caso,
de acuerdo con lo expuesto en el fundamento 3.1 de esta decisión.
7.1 Análisis de procedibilidad
7.1.1 Relevancia Constitucional
El asunto planteado
a esta Sala de Revisión tiene relevancia constitucional porque hace referencia
a la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa
del accionante.  En particular porque la investigación y el juicio
dentro de un proceso penal por el delito de Omisión de Agente Retenedor o
Recadador, que terminó con una sentencia condenatoria en su contra, se
tramitaron sin que las autoridades correspondientes lo hubieran notificado
oportunamente, pese a que su dirección reposa en la base de datos de la DIAN,
desde el 5 de septiembre de 2016; y, de otra parte, los defensores públicos que
le fueron asignados no cumplieron con sus obligaciones. Esta
consideración es suficiente para dar por cumplido el requisito.
7.1.2 Agotamiento de los medios de defensa judicial posibles
Los hechos por los cuales fue interpuesta la acción de tutela que actualmente
estudia la Sala Quinta tienen origen en un proceso penal, el cual terminó el 11
de noviembre de 2017 con sentencia condenatoria en contra de Juan Carlos
Rodríguez León, por el delito de Omisión de Agente Retenedor y Recaudador. Esta
providencia no fue impugnada por el defensor de oficio del ahora actor, lo cual
hace parte de los reproches constitucionales frente a la labor de defensa
técnica.
En este contexto, recuerda la Sala que el actor solo tuvo conocimiento
de la sentencia condenatoria el 6 de abril de 2018, según él lo manifestó en la
demanda de tutela, al momento de realizar una consulta de sus antecedentes
penales en la página web de la Rama Judicial.
De otra parte, las causales que se relacionan en el artículo 192 del
C.P.P (Ley 906 de 2004)[23],
para que proceda la acción de revisión, no se ajustan al presente caso.
En esa medida, no se hace exigible el agotamiento de los recursos
procedentes en este caso, por las circunstancias que mantuvieron al margen del
proceso al señor Rodríguez León y que serán analizadas en el amparo
material.
7.1.3 Principio de inmediatez
El análisis de este requisito merece especial consideración en atención
a las circunstancias del caso. En efecto, el accionante conoció de la condena
en su contra el 6 de abril de 2018, al hacer una consulta de sus antecedentes
penales en la página web de la Rama Judicial. Por lo tanto, si bien la
sentencia definitiva en el proceso penal es del 11 de noviembre de 2017, esa
fecha no puede tenerse en cuenta a efectos de determinar la inmediatez en la
actuación del accionante.
En este caso, la oportunidad en la actuación se valora considerando que
el actor interpuso la acción de tutela el 17 de abril de 2018, es decir, transcurridos
11 días desde que se enteró de la sentencia condenatoria dictada en su contra, por
lo que la Sala considera que se cumple con el requisito de inmediatez.
7.1.4
Injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada
El requisito se encuentra acreditado, en tanto las presuntas irregularidades
procesales, en este caso sobre la notificación del proceso penal y la falta de
defensa técnica, tienen incidencia directa en los derechos fundamentales del
actor al debido proceso y a la defensa.
7.1.5 Identificación razonable
de los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales
En la acción de tutela se identificaron clara y
razonablemente las actuaciones que comportan la vulneración alegada,
consistente en la presunta configuración de un defecto procedimental,
teniendo en cuenta que (i) la investigación y el juicio se tramitaron
sin que las autoridades correspondientes hubieran notificado oportunamente al
actor y, de otra parte, (ii) los defensores públicos, que le fueron asignados,
no cumplieron con sus obligaciones, en garantía de sus derechos.
7.1.6 Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela
Al respecto, basta señalar que la providencia que se considera
violatoria de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa se
produjo en el curso de un proceso penal.
Acreditados todos los requisitos formales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la Sala estudiará la procedencia
material del amparo.
7.2 De la procedencia material del amparo
La configuración del defecto procedimental por vinculación del
sindicado al proceso penal como persona ausente requiere un análisis exhaustivo
de las actuaciones adelantadas por las Fiscalías 114 Local y 114 Seccional de
Yumbo, para ubicar al sindicado y de los Juzgados Primero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Yumbo y Veintiuno Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali, al momento de verificar que se cumplían los
requisitos para declarar al actor como persona ausente y de forma posterior a
tal declaratoria; así como para garantizarle su derecho de defensa.
7.2.1 En este contexto, es preciso recordar
que si bien esta corporación reconoce la constitucionalidad de vincular a la
persona ausente al proceso penal, pese a las implicaciones que conlleva en el
derecho de defensa, esta medida debe estar precedida del despliegue de
actividades por parte de las autoridades judiciales, tendientes a notificar de
la existencia del proceso al sindicado.
El actor circunscribió la solicitud de amparo, en primer lugar, a la
falta de notificación del proceso penal que se adelantó en su contra, sin que
las autoridades judiciales que conocieron su caso observaran que obraba en el
expediente, como la dirección donde era posible ubicarlo, la Calle 145 No.
13-48, apartamento 403 en Bogotá, su correo electrónico director@juancarlosrodriguezabogados.com y número de teléfono móvil 3144336271, datos aportados el 5 de septiembre
de 2016, al actualizar el Registro Único Tributario-RUT que lleva la Dirección
de Impuestos Nacionales-DIAN.
7.2.1.1 Al respecto, es necesario señalar, en
orden cronológico, las diferentes actuaciones desplegadas por las autoridades
correspondientes antes de la declaratoria de persona ausente del señor
Rodríguez León, en el proceso penal radicado con el No. 76892-60-00-190-2009-00083-00:
(i) Denuncia por el punible de Omisión de Agente Retenedor o
Recaudador, presentada por la DIAN en contra de Juan Carlos Rodríguez León,
ante la Oficina Seccional de Asignaciones de la Fiscalía General de la
Nación-Cali, sin fecha.
(ii) En el formato único de noticia criminal, del 22 de enero de 2009,
se indicó que la dirección de la residencia del indiciado era desconocida, al
igual que la de su oficina. Sin embargo, se suministró la del establecimiento
de comercio Bares y Espectáculos de Colombia S.A., ubicado en la Calle
10 No. 36ª-160 de Yumbo (Valle).
(iii) La división de Gestión de Cobranzas de la DIAN-Seccional Cali,
expidió certificación el 6 de abril de 2011, respecto de que el contribuyente
Bares y Espectáculos de Colombia S.A., con NIT 805.030.989, no había cancelado
las obligaciones determinadas en el oficio persuasivo penalizable No. 5056-0530
(023507), del 27 de junio de 2008, por concepto de ventas del 2006-1, en
cuantía de $959.000. Y, que efectuada llamada telefónica al número 6914450,
registrado en el RUT, no hubo respuesta alguna.
(iv) El oficio No. 0912 del 23 de noviembre de 2011, se dirigió al
señor Juan Carlos Rodríguez León, a la Calle 10 No. 36ª-160 de Yumbo (Valle),
solicitándole comparecer el 20 de diciembre de 2011, para adelantar diligencia
de interrogatorio, dentro de una investigación por el delito de Omisión de
Agente Retenedor o Recaudador, que se adelantaba en la Fiscalía Seccional 114 de
Yumbo.
(v) La división de Gestión de Cobranzas de la DIAN-Seccional Cali,
expidió certificación el 19 de enero de 2012, respecto de que el contribuyente
Bares y Espectáculos de Colombia S.A., con NIT 805.030.989, no había cancelado
las obligaciones determinadas en el oficio persuasivo penalizable No. 5056-0530
(023507), del 27 de junio de 2008, por concepto de ventas del 2006-1, en
cuantía de $959.000. Y, que efectuada llamada telefónica al número 6914450,
registrado en el RUT, no hubo respuesta alguna.
(vi) El Oficio No. 00994 del 28 de octubre de 2013, se dirigió al señor
Rodríguez León, también a la Calle 10 No. 36ª -160 de Yumbo (Valle),
solicitándole su comparecencia inmediata para adelantar una diligencia penal, dentro
de una investigación por el delito de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador que
se adelantaba en la Fiscalía Seccional 114 de Yumbo.
(vii) El oficio No. 43000-2250 del 21 de noviembre de 2014, enviado por
un investigador criminalístico al señor Fiscal Seccional 114 de Yumbo, da
cuenta de las consultas efectuadas a las bases de datos de ANI, FOSYGA, RUNT,
CIFIN, IGAC, RUE, sin resultados frente a la dirección del indiciado.
(viii) Oficio No. 0200, del 9 de septiembre de 2015, enviado por la
División de Gestión Jurídica de la DIAN al Fiscal Seccional 114 de Yumbo,
informándole “verificando la información del Sr. Juan Carlos Rodríguez, en
la Registraduría Nacional del Estado Civil, se puede verificar que dicha
persona aparece inscrita para votar el día 09/07/2015, en el puesto LOS
CEDRITOS, AV. 9 # 146-40 de BOGOTÁ D.C.”
(ix) A través de oficio No. 1463 del 17 de agosto de 2016, dirigido al
CTI-Oficina de Peritos Contables de Cali, el Fiscal Seccional 114 de Yumbo
remitió orden a la Policía Judicial, a fin de que sea asignado un perito
contable para su ejecución.
(x) Órdenes emitidas por la Fiscalía Seccional 114 de Yumbo a la
Policía Judicial, del 22 de diciembre de 2016, solicitando tarjeta alfabética y
antecedentes del ahora accionante.
(xi) El Oficio No. 02429 del 23 de diciembre de 2017 (que por la fecha
de la diligencia a la que se cita, se advierte de 2016), se dirigió al Señor
Rodríguez León a la Carrera 47 A No. 22-74, apartamento 403 en Bogotá,
solicitándole comparecer para adelantar una diligencia penal, el 10 de febrero
de 2017, dentro de una investigación por el delito de Omisión de Agente
Retenedor o Recaudador que se adelantaba en la Fiscalía Seccional 114 de Yumbo.
(xii) Oficios sin número, del 23 de diciembre de 2016, a través de los
cuales la Fiscalía Seccional 114 de Yumbo solicitó a la Superintendencia
Bancaria-Cali, INPEC-Bogotá, Superintendencia de Salud-Cali, Oficina de
Instrumentos Públicos y Privados-Cali, DIAN-Cali e Instituto de Medicina
Legal-Cali, información que permitiera ubicar al señor Juan Carlos Rodríguez
León.
(xiii) La división de Gestión de Cobranzas de la DIAN-Seccional Cali,
expidió certificación el 2 de marzo de 2017, respecto de que el contribuyente
Bares y Espectáculos de Colombia S.A., con NIT 805.030.989, no había cancelado
las obligaciones determinadas en el oficio persuasivo penalizable No. 5056-0530
(023507), del 27 de junio de 2008, por concepto de ventas del 2006-1, en
cuantía de $959.000. Y, que efectuadas llamadas telefónicas a los números
4402455 y 3127229421, registrados en el RUT, no hubo respuesta frente a la
ubicación del ahora accionante.
(xiv) Formato a través del cual se hace la solicitud de audiencia
preliminar para declaratoria de persona ausente y formulación de imputación
respecto del señor Rodríguez León, del 8 de marzo de 2017. El lugar de
ubicación allí reportado fue la Carrera 47 A No. 22-74, apartamento
403, en Bogotá y el número telefónico 2693869.
(xv) Oficio No. 031 620, del 15 de marzo de 2017, suscrito por el Jefe
de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Yumbo-UBIC, dirigido al Jefe
del Laboratorio Regional No. 4 de Cali, con el fin de que se remita copia de
foto cédula del señor Rodríguez León.
(xvi) Informe de la Policía Judicial, del 22 de marzo de 2017, dirigido
al Fiscal Seccional 114 de Yumbo, a través del cual se aporta la tarjeta
alfabética del indiciado, Juan Carlos Rodríguez León. Se indicó que se
anexaron: Oficio No. 031560 de solicitud de foto cédula; foto cédula del señor
Juan Carlos Rodríguez León y otro y oficio No. 0024 de solicitud de
antecedentes y anotaciones judiciales.
(xvii) Oficio No. 0054, del 22 de marzo de 2017, suscrito por el
Abogado de Representación Externa, del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad
Penal, de la División de Gestión Jurídica de la DIAN, dirigido al Fiscal
Seccional 114 de Yumbo, en el que se advierte “hemos aportado información y
seguiremos allegando la que se requiera en busca del éxito de la tarea
encomendada, entre otras, las direcciones y ubicación o arraigo del indiciado
(…)”.
(xviii) Acta de audiencia preliminar, llevada a cabo por el Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Yumbo, el 29
de marzo de 2017, donde se indica que el defensor José Yair Rodríguez no asistió
a la diligencia. En esta audiencia se solicitó se declarara persona ausente al
señor Juan Carlos Rodríguez León, pues el Fiscal señaló que se había realizado
lo pertinente para ubicar al investigado, sin que eso hubiera sido posible.
Por su parte el Juez ordenó, que de conformidad con el artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal, antes de la declaratoria de persona ausente, se
agote la publicación por edicto emplazatorio, a través de la Secretaría del
despacho, durante 5 días y, posteriormente, se envíe éste a la administración
judicial, para que se haga la publicación correspondiente en prensa y radio.
(xix) Edicto emplazatorio para el señor Juan Carlos Rodríguez León,
fijado por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Yumbo, el 31 de marzo de 2017, en el cual se registró como la última
dirección de aquel la Carrera 47 A No. 22-74, apartamento 403, en Bogotá.
(xx) Oficio No. 438, del 31 de marzo de 2017, dirigido al
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, remitiendo el edicto emplazatorio ya referido,
para su publicación
(xxi) Página del periódico La República, del 25 de abril de 2017,
sección asuntos legales, donde aparece publicado el edicto emplazatorio, ya
referido.
(xxii) Constancia del 25 de abril de 2017, expedida por la Radio
Huellas, de la lectura del edicto emplazatorio, entre la 1:00 y las 5:00 pm.
Sin firma.
(xxiii) Oficio
No. 109 enviado por el abogado de representación externa del Grupo Interno de
Trabajo de la Unidad Penal-División de Gestión Jurídica de la DIAN,  dirigido
al Fiscal Seccional 114 de Yumbo, del 23 de mayo de 2017, a través del cual se
remitió original del certificado de estado de cuenta de la sociedad
contribuyente Bares y Espectáculos de Colombia S.A., con Nit 805.030.989, con
fecha de corte 22 de mayo de 2017.
En la parte
final de la certificación allegada con el oficio señalado se indicó “la
última dirección reportada del representante Legal corresponde Cl 145 # 13 –
48 AP 301 en la ciudad de Bogotá y el teléfono que se tiene en el Rut
corresponde al número 314 433 6271 al cual se llamó en varias ocasiones y
no se obtuvo respuesta a las múltiples llamadas realizadas.” (Énfasis
agregado)
7.2.1.2 A continuación se hará un breve
recuento de las actuaciones desarrolladas a partir de la declaratoria de
persona ausente:
(i) Acta de audiencia preliminar, llevada a cabo por el Juzgado Primero
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Yumbo, el 23 de mayo de
2017. En esta audiencia se solicitó se declarara persona ausente al señor Juan
Carlos Rodríguez León, petición a la que accedió el Juez, “porque se
cumplieron todos los requisitos del artículo 127 del C.P.P.” y se le asignó
como defensor a Gildardo Ortíz Caicedo, presente en la diligencia. Decisión
frente a la cual no se interpusieron recursos.
En la misma audiencia se formuló la imputación en contra del señor
Rodríguez León y el Juez la encontró ajustada a derecho.
Se advirtió al imputado sobre la prohibición de enajenar bienes sujetos
a registro, en consecuencia, se oficio a la Oficina de Instrumentos Públicos y
Secretaría de Transito de Yumbo. Y también se indicó que la formulación de
imputación interrumpe los términos de prescripción, según lo dispuesto por el
Art. 292 del C.P.P
(ii) Escrito de acusación, del 29 de mayo de 2017, dentro del cual se
reportó como dirección  de residencia del señor Rodríguez León la Carrera 47
A No. 22-74, apartamento 403, en Bogotá y número telefónico 2693869; y
también se indicó que su domicilio principal era la Calle 10 No. 36ª-160
Acopi Yumbo. Además se hizo referencia a la certificación emitida por la
DIAN el 22 de mayo de 2017.
Así entonces, se formuló la acusación contra el señor Juan Carlos
Rodríguez León, como autor del delito de Omisión de Agente Retenedor o
Recaudador.
Se señaló, entre otras cosas, que el defensor del acusado era José Yair
Rodríguez Gutiérrez y sus datos de notificación.
(iii)
Certificación expedida por abogado de representación externa del Grupo Interno
de Trabajo de la Unidad Penal-División de Gestión Jurídica de la DIAN,  del 16
de agosto de 2017, sobre el estado de cuenta de la sociedad contribuyente Bares
y Espectáculos de Colombia S.A., con Nit 805.030.989, con fecha de corte 22 de
mayo de 2017. En cuya parte final se indicó “la última dirección reportada
del representante Legal corresponde Cl 145 # 13 – 48 AP 301 en la ciudad de
Bogotá y el teléfono que se tiene en el Rut corresponde al número 314 433 6271 al
cual se llamó en varias ocasiones y no se obtuvo respuesta a las múltiples
llamadas realizadas.” (Énfasis agregado) Recibida el 17 de agosto de 2017.
(iv) Acta de Audiencia de
Formulación de Acusación No. 295, contra el señor Juan Carlos Rodríguez León,
efectuada por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali, del 17 de agosto de 2017. Figura como defensor José Yair
Rodríguez Gutiérrez.
En las observaciones se señaló,
entre otras cosas, que “La defensa sostiene que no tiene observaciones
frente al escrito de acusación (…) la fiscalía indica que la defensa ya conoce
el escrito de acusación de manera integral, La defensa, da por descubierto el
escrito de acusación. La Defensa, solicita se le haga entrega de las copias de
las pruebas en que se soporta el punible, dentro de los tres siguientes días
hábiles a partir de la presente diligencia, indica que no tiene nada para
descubrir hasta el momento que si lo tuviere lo hará en la audiencia
preparatoria.”
Se fijó el 20 de octubre de 2017
para llevar a cabo la audiencia preparatoria correspondiente.
(v) Acta de Audiencia
Preparatoria No. 389, contra el señor Juan Carlos Rodríguez León, realizada por
el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, del
20 de octubre de 2017. Figura como defensor José Yair Gutiérrez.
Se evidencia en la audiencia que
la defensa solicitó como prueba testimonial la de Alejandro Botero Cifuentes, Jefe
de Gestión de Cobranzas de la DIAN Cali, por ser conocedor de la gestión
adelantada frente a la ubicación y cobros a su representado. Sin embargo, no se
accedió a decretarla, teniendo en cuenta que al haber sido pedida también por
la Fiscalía, el defensor tenía la posibilidad de contrainterrogar. Contra la
decisión no se interpuso ningún recurso.
Se fijó el 10 de noviembre de
2017 para la audiencia de inicio de juicio oral.
(vi) Certificación expedida por abogado de representación
externa del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad Penal-División de Gestión
Jurídica de la DIAN,  del 2 de noviembre de 2017, sobre el estado de cuenta de
la sociedad contribuyente Bares y Espectáculos de Colombia S.A., con Nit
805.030.989, con fecha de corte 22 de mayo de 2017. En cuya parte final se
indicó “la última dirección reportada del representante Legal corresponde Cl
145 # 13 – 48 AP 301 en la ciudad de Bogotá y el teléfono que se tiene en el
Rut corresponde al número 314 433 6271 al cual se llamó en varias ocasiones
y no se obtuvo respuesta a las múltiples llamadas realizadas.” (Énfasis
agregado) Recibida el 10 de noviembre de 2017.
(vii) Acta de Audiencia de Juicio
Oral No. 420, contra el señor Juan Carlos Rodríguez León, realizada por el
Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, del
11 de noviembre de 2017. Aparece como defensor José Yair Gutiérrez.
Dentro de la diligencia el
defensor tuvo la posibilidad de contrainterrogar al testigo Alejandro Botero
Cifuentes y presentó alegatos de conclusión.
Al ser revelado el sentido
condenatorio del fallo, el defensor solicitó se le conceda a su representado la
prisión domiciliaria, pues los hechos se generaron antes de la vigencia de la
Ley 1709 de 2014.
(viii)
Sentencia ordinaria No. 090, emitida por el Juzgado Veintiuno Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, el 11 de noviembre de 2017, a
través de la cual se condenó al señor Juan Carlos Rodríguez León a 48 meses de
prisión y multa de $1.918.000 y a la pena accesoria de inhabilitación en el
ejercicio de sus derechos y funciones públicas por un periodo igual al de prisión
impuesta, al encontrarlo responsable del delito de Omisión de Agente Retenedor
o Recaudador. No le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria, por lo que ordenó se expida
la orden de captura correspondiente.
En el aparte de la
individualización e identificación del procesado se precisó “JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ LEÓN, residente para la época de los hechos en la carrera 47ª No.
22-74 Apartamento 403 de Bogotá, Teléfono 2693869.”(Énfasis agregado)
7.2.1.3
De lo anterior se desprende claramente que hasta el 21 de
noviembre de 2014 la búsqueda de una dirección donde ubicar al señor Rodríguez
León, distinta de la Calle 10 No. 36ª-160 de Yumbo, donde estuvo ubicado el
establecimiento de comercio, había sido infructuosa, pues las consultas
efectuadas en las bases de datos de ANI, FOSYGA, RUNT, CIFIN, IGAC y RUE no
habían arrojado resultados a esos efectos.
Posteriormente, el 9 de septiembre de 2015, la División de Gestión
Jurídica de la DIAN informó al Fiscal Seccional 114 de Yumbo, que “verificando
la información del Sr. Juan Carlos Rodríguez, en la Registraduría Nacional del
Estado Civil, se puede verificar que dicha persona aparece inscrita para votar
el día 09/07/2015, en el puesto LOS CEDRITOS, AV. 9 # 146-40 de BOGOTÁ D.C.”,
lo que podía indicar que su residencia se ubicaba en un lugar cercano al
referido puesto de votación, en ésta ciudad. Al efecto, reposa en el expediente
oficio No. 02429 del 23 de diciembre de 2016, dirigido al ahora accionante, a
la Carrera 47ª No. 22-74, apartamento 403, en Bogotá. A partir de este momento
se utiliza esta dirección cuando se hace referencia al señor Rodríguez León,
pese  que tampoco pudo ser ubicado allí.
No obstante, la búsqueda efectuada, se tiene que el 23 de mayo de 2017,
un abogado de representación externa del Grupo Interno de Trabajo de la
Unidad Penal-División de Gestión Jurídica de la DIAN,  remitió al Fiscal
Seccional 114 de Yumbo certificado de estado de cuenta de la sociedad
contribuyente Bares y Espectáculos de Colombia S.A., con Nit 805.030.989, con
fecha de corte 22 de mayo de 2017, y a dicho escrito adjuntó certificación del
22 de mayo de 2017, en la cual se precisó que “la última dirección reportada
del representante Legal corresponde Cl 145 # 13 – 48 AP 301 en la ciudad de
Bogotá y el teléfono que se tiene en el Rut corresponde al número 314 433 6271 al
cual se llamó en varias ocasiones y no se obtuvo respuesta a las múltiples
llamadas realizadas.” (Énfasis agregado)
Entonces, el
mismo día en que tuvo lugar la  audiencia preliminar, esto es 23
de mayo de 2017, llevada a cabo por el Juzgado Primero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Yumbo, dentro de la cual se declaró
persona ausente al señor Juan Carlos Rodríguez León, por encontrarse cumplidos
los requisitos señalados en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal
(Ley 906 de 2004),[24]se le informó al Fiscal Seccional 114 de Yumbo respecto de la dirección
aportada por el señor Rodríguez León en el RUT, cual es la Calle 145 No. 13-48,
apartamento 301 de Bogotá, la misma a la que alega el ahora actor debieron
dirigirse las notificaciones dentro del proceso penal adelantado en su contra, al
menos desde el  5 de septiembre de 2016, pues en esa fecha actualizó dicho registro.[25]
Sin embargo, tal información pasó inadvertida para el señor Fiscal
Seccional 114 de Yumbo en la fecha señalada y también posteriormente, pues en
las diligencias que se adelantaron en lo sucesivo no se advierte despliegue de
actividad alguna, de parte del Fiscal de la causa, con el fin de ubicar al
señor Rodríguez León en la última dirección registrada. No obstante, haber
citado en el escrito de acusación del 29 de mayo de 2018, la certificación del
22 de mayo de 2018, allegada a su despacho al día siguiente, dentro de la cual
se le informó de la dirección dada por el señor Rodríguez León y que obran en
el expediente certificaciones del 16 de agosto (recibida el 16 de agosto de
2017)[26] y 2 de noviembre de 2017 (recibida el 10 de noviembre de 2017)[27], expedidas por la DIAN, en donde se ratifica que la última dirección
del señor Rodríguez León es la Calle 145 No. 13-48, apartamento 301, en Bogotá.
Por su parte, el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Yumbo, consideró que los mecanismos de búsqueda y citaciones,
antes reseñadas en el aparte 6.2.1.1, eran suficientes y razonables, para dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 127 del C.P.P., es decir, proceder a
fijar edicto emplazatorio y a que el mismo sea publicado en un medio radial y
de prensa de cobertura local, como en efecto se hizo, y procedió a declarar
persona ausente al señor Rodríguez León y, en consecuencia, a designarle un
Defensor Público, para que lo representara. No hay prueba en el expediente de
que el funcionario haya tenido conocimiento de la certificación enviada al
Fiscal Seccional 114 de Yumbo, en la diligencia del 23 de mayo.
No obstante, la publicación del edicto emplazatorio en Radio Huellas
(1470 AM) de cobertura en la ciudad de Cali, no cumplió con su propósito, dar a
conocer al señor Rodríguez León el proceso que cursaba en su contra, como
quiera que para el 23 de abril de 2017, fecha de la lectura del edicto en dicho
medio de comunicación, ya se tenía indicios de que el ahora actor se encontraba
domiciliado en Bogotá, pues las comunicaciones se libran a esa dirección y, es
más, en las actas de las audiencias adelantadas en su contra también aparece
registrada como tal.
Ahora bien, el Juez Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Cali, tampoco verificó en las audiencias de formulación de acusación, con
acta No.295 (17 de agosto de 2017); preparatoria, con acta No. 389 (20 de
octubre de 2017) y de juicio oral, con acta No. 420 (11 de noviembre de 2017), si
el órgano de investigación había continuado empleando mecanismos de búsqueda y
citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del
procesado, so pena de decretar la nulidad de lo actuado.[28]
En ese orden de ideas, la Sala reitera que la
obligación de las autoridades judiciales para que el sindicado comparezca al
proceso no cesa con la vinculación como persona ausente, sino que debe
intentarse durante todas las etapas procesales. En contraste, pese a que el
Fiscal Seccional 114 de Yumbo tuvo conocimiento, el 23 de mayo de 2017, de la
dirección reportada como la última por la DIAN, pues el ahora actor la había
actualizado el 5 de septiembre de 2016, no intentó localizarlo para su
vinculación al proceso penal seguido en su contra.
De otra parte, El Juez de Garantías tuvo por cumplidos los requisitos
del artículo 127 del C.P.P. para declarar persona ausente al señor Rodríguez
León, pero no advirtió que el edicto emplazatorio había sido publicado en un
medio de radio de cobertura en la ciudad de Cali, cuando la última dirección
que se tenía del procesado se ubicaba en Bogotá, es decir la Carrera 47ª No.
22-74, apartamento 403. Y, el Juez de Conocimiento tampoco realizó el control
requerido a efectos de que la labor de búsqueda del acusado no hubiera cesado, en
perjuicio de sus derechos al debido proceso y a la defensa.
Lo anterior configura un defecto procedimental, teniendo en
consideración que los funcionarios judiciales asumieron una conducta negligente
en torno a la ubicación del señor Rodríguez León y la consecuente notificación
del proceso penal que se adelantaba en su contra.
Además, (i) no hay otra posibilidad de corregir la irregularidad
presentada en el proceso penal, pues las causales que se relacionan en el
artículo 192 del C.P.P (Ley 906 de 2004), para que proceda la acción de
revisión, no se ajustan al presente caso, como se anotó en el aparte 7.1.2; (ii)
el defecto procedimental es manifiesto y tiene incidencia directa en el fallo, ya
que de haber sido notificado el actor en la dirección actualizada en el RUT,
pudo haber allegado pruebas con el fin de controvertir la responsabilidad penal
que se le endilga; (iii) es claro que, por las particularidades del caso que se
estudia, la irregularidad no se pudo alegar al interior del proceso penal; (iv)
la situación anómala no puede ser atribuida al actor, como quiera que, por un
lado, no hay prueba en el expediente de que el aviso penalizable remitido por
la DIAN se le haya notificado en alguna de las dos direcciones que aparecían en
el RUT[29]
y, por otro, sus diferentes actuaciones ante Migración Colombia, los Bancos
Falabella y Colpatria, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la misma
DIAN[30],
entre otras, impiden concluir que su objetivo era ocultarse de las autoridades,
para no responder por los hechos que dieron lugar a su condena; y, (v) como
consecuencia, de lo anterior se presentó la vulneración de sus derechos al
debido proceso y a la defensa.
7.2.2 Y, en segundo lugar, en razón del incumplimiento
de los deberes de los Defensores Públicos que actuaron en su representación, el
señor Rodríguez León alegó una forma adicional de vulneración de su derecho de
defensa.
Al respecto cabe precisar que (i) en la audiencia preliminar, llevada a
cabo por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Yumbo, el 23 de mayo de 2017, en la cual se declaró persona
ausente al señor Rodríguez León y se formuló imputación en su contra, por el
delito de Omisión de Agente Retenedor o Recaudador, se le asignó como defensor
público al abogado Gildardo Ortíz Caicedo, quien no interpuso recursos contra
tales decisiones.
Sin embargo, el abogado defensor no hizo referencia a las
irregularidades presentadas al momento de publicar el edicto emplazatorio, a
través de un medio de comunicación radial (Radio Huellas-1470 AM), como ya se
explicó, de cobertura en la ciudad de Cali, siendo que para el 23 de abril de
2017, fecha de la lectura del edicto en dicho medio, la última dirección que se
tenía del señor Rodríguez León se ubicaba en Bogotá, es decir la Carrera 47ª
No. 22-74, apartamento 403.
(ii) Ahora bien, en la diligencia
de formulación de acusación, llevada a cabo por el Juez Veintiuno Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, del 17 de agosto de 2017, donde
fungió como defensor público el abogado José Yair Rodríguez Gutiérrez, se
evidenciaron las siguientes actuaciones: “La defensa sostiene que no tiene
observaciones frente al escrito de acusación (…) la fiscalía indica que la
defensa ya conoce el escrito de acusación de manera integral, La defensa, da
por descubierto el escrito de acusación. La Defensa, solicita se le haga
entrega de las copias de las pruebas en que se soporta el punible, dentro
de los tres siguientes días hábiles a partir de la presente diligencia, indica
que no tiene nada para descubrir hasta el momento que si lo tuviere lo hará en
la audiencia preparatoria.”
Es claro también que, en el
escrito de acusación se hizo referencia a las pruebas documentales en contra
del actor, en cuyo numeral 12 se relaciona “Reporte anual de obligaciones
por tipo de saldo, al 23 de mayo de 2017”, testigo de acreditación “Dr. José
Aldemar Valencia Flóres, apoderado principal DIAN Cali”, escrito al que se
anexó la certificación del 22 de mayo de 2017, que contiene la dirección actualizada
del señor Rodríguez León.
Una vez el defensor tuvo
conocimiento de las pruebas relacionadas en el escrito de acusación debió
llamar la atención del Fiscal del caso y del Juez de Conocimiento, para que se
procediera a notificar al ahora accionante del proceso penal seguido en su
contra, pero fue un hecho que pasó por alto. Y aunque era deber de las
autoridades judiciales continuar con la búsqueda del implicado, el defensor
debió advertir la omisión y reclamar los derechos de su representado, pero no
lo hizo así.
(iii) En la audiencia
preparatoria, llevada a cabo por el Juez Veintiuno Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali, del 20 octubre de 2017, dentro de la cual se
solicitaron pruebas, se evidencia que el abogado defensor José Yair Rodríguez Gutiérrez
solicitó el testimonio de Alejandro Botero Cifuentes, Jefe de Gestión de
Cobranzas de la DIAN-Cali, por ser conocedor de la gestión adelantada frente a
la ubicación y cobros a su representado. Aunque ésta no se decretó, por la
posibilidad de realizar un contrainterrogatorio, ya que el acusador también la
había pedido. Decisión que el defensor público no impugnó. En esta etapa
procesal no se evidencia actuación alguna en procura de la notificación al
señor Rodríguez León, en la dirección actualizada que aportó la DIAN.
(iv) Finalmente, en la audiencia
de juicio oral, realizada por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali, del 11 de noviembre de 2017, el abogado
defensor José Yair Rodríguez Gutiérrez, tuvo la posibilidad de contrainterrogar
al testigo Alejandro Botero Cifuentes y presentó alegatos de conclusión. Y, al
ser revelado el sentido condenatorio del fallo, solicitó le sea concedida la
prisión domiciliaria a su representado, teniendo en cuenta que los hechos se
generaron antes de la vigencia de la Ley 1709 de 2014, pero ésta fue descartada
por el Juez. Tampoco se observa diligencia dirigida a notificar al señor
Rodríguez León, en la última dirección informada por la DIAN.
Entonces, en criterio de la Sala,
los defensores públicos cometieron errores protuberantes, al no haber efectuado
una revisión exhaustiva de (i) los documentos allegados el 23 de mayo de 2017,
necesarios para proceder a declarar ausente a su defendido y no interponer los
recursos del caso; y (ii) de las pruebas allegadas con el escrito de acusación,
pues caso contrario, habría podido solicitar se notifique a su defendido en la
última dirección que éste aportó y ello pudo haber cambiado el curso de la
actuación; ya que en su ausencia era difícil solicitar pruebas que permitieran
controvertir el hecho punible a aquel endilgado.
Así las cosas, la negligencia de
los abogados defensores deja ver que (i) cumplieron un papel meramente formal
dentro del proceso; (ii) las deficiencias en la defensa no son imputables al
procesado, como ya se señaló en el aparte 7.2.1.3 y (iii) la falta de defensa
técnica fue trascendente y determinante en el resultado de la decisión judicial.
En esos términos, la Sala también
encuentra configurado un defecto procedimental por falta de defensa técnica.
7.2.3 En virtud de lo expuesto, se revocará la sentencia proferida por la
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Sala de Decisión de Tutelas
No. 2, el 7 de junio de 2018, que confirmó a su vez la sentencia emitida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Sala de Decisión Penal, el 8
de mayo de 2018, a través de la cual negó por improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Juan Carlos Rodríguez León contra las Fiscalías 114
Local y 114 Seccional de Yumbo (Valle) y los Juzgados Primero Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Yumbo (Valle) y Veintiuno Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali (Valle), y en su
lugar tutelará los derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa del accionante.
En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia emitida por
el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali
el 11 de noviembre de 2017, dentro del proceso penal No. 76892-60-00-190-2009-00083-00,
seguido en contra de Juan Carlos Rodríguez León, por el delito de
Omisión de Agente Retenedor o Recaudador y, por consiguiente, se ordenará rehacer
el proceso a partir de la declaratoria de persona ausente efectuada en
audiencia preliminar por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Yumbo, el 23 de mayo de 2017.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida por la Corte
Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal-Sala de Decisión de Tutelas No. 2,
el 7 de junio de 2018, que confirmó a su vez la sentencia emitida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali- Sala de Decisión Penal, el 8 de mayo de
2018, a través de la cual negó por improcedente la acción de tutela presentada
por el señor Juan Carlos Rodríguez León contra las Fiscalías 114 Local y 114
Seccional de Yumbo (Valle) y los Juzgados Primero Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Yumbo (Valle) y Veintiuno Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali (Valle), y en su lugar TUTELAR
los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del accionante.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
emitida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali el 11 de noviembre de 2017, dentro del
proceso penal No. 76892-60-00-190-2009-00083-00, seguido
en contra de Juan Carlos Rodríguez León, por el delito de Omisión de Agente
Retenedor o Recaudador y, en consecuencia, ORDENAR rehacer el proceso a
partir de la declaratoria de persona ausente efectuada en audiencia preliminar
por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Yumbo, el 23 de mayo de 2017.
Tercero.- Por Secretaría General líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] “El agente
retenedor o autorretendor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas
por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a
la fecha fijada por el Gobierno nacional para la presentación y pago de la
respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado de recaudar
tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal,
incurrirá en prisión de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses y multa
equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a
1.020.000 UVT.//En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre
las ventas o el impuesto nacional al consumo que, teniendo la obligación legal
de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los
dos (2) meses siguiente a la fecha fijada por el Gobierno nacional para la
presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las
ventas.//
El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el
impuesto nacional al consumo que omita la obligación de cobrar y recaudar estos
impuestos, estando obligado a ello, incurrirá en la misma penal prevista en
este artículo.//
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas
sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de
dichas obligaciones.”
[2] Acta No.
420, Sala 21, piso 4, Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento, Audiencia de Juicio Oral-Lectura de Sentencia, 11 de noviembre de
2017 (fl. 46 cuaderno principal).
[3] En esta
decisión no participó el Magistrado Leoxmar Benjamín Muñoz Alvear, quien se
declaró impedido y cuyo impedimento le fue aceptado a través de providencia del
26 de abril de 2018.
[4] Sentencia C-590
de 2005.
[5] Sentencia C-590
de 2005.
[6] Sentencia T-924 de
2014.
[7] Sentencia C-590 de
2005, ver también T-926 de 2014.
[8] Sentencia C-590
de 2005, ver también T-926 de 2014.
[9] Sentencia C-590 de
2005, ver también T-926 de 2014.
[10] Sentencia T-025
de 2018.
[11] Sentencia
T-719 de 2012.
[12] Este postulado
fue anunciado desde la sentencia C-592/93 M.P Fabio Morón Díaz.
[13] El artículo 8
sobre Garantías Judiciales de la Convención Americana de Derechos Humanos
prescribe: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter. //  2. Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser
asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no
habla el idioma del juzgado o tribunal; // b) comunicación previa y detallada
al inculpado de la acusación formulada; // c) concesión al inculpado del
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; // d)
derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
// e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado
por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no
se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido
por la ley; // f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes
en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; //  g) derecho a no ser
obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y // h)
derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. // 3. La
confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna
naturaleza. // 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. // 5. El proceso penal debe ser
público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la
justicia” (subrayas fuera del texto).
[14] Ver principalmente Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo.
Sentencia del 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, y Corte IDH. Caso Castillo
Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de
mayo de 1999. Serie C. No. 52.
[15] La expresión es
tomada literalmente de la sentencia T-1049 de 2012 que, retoma las
consideraciones de las sentencias T-450/11 M.P Humberto Sierra Porto y T-831/08
M.P Mauricio González.
[16] Sobre este
tema ver las sentencias T-450/11 M.P Humberto Sierra Porto, T-395/10 M.P Jorge
Ignacio Pretelt; T-831/08 M.P Mauricio González, T-962/07 M.P Clara Inés Vargas
Hernández, T-068/05
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-028/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-784/00
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y T-654/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Citadas por la
sentencia T-1049 de 2012.
[17] Ver sentencias
T-962/07 M.P Clara Inés Vargas Hernández y T-068 de 2005 M.P
Rodrigo Escobar Gil. Citadas por la sentencia T-1049 de 2012.
[18] Sentencias
T-395 de 2010 (M.P Jorge Ignacio Pretelt) y T-654 de 1998 (M.P Eduardo
Cifuentes Muñoz). Citadas por la sentencia T-1049 de 2012.
[19] Sentencias
T-450 de 2011 (M.P Humberto Sierra Porto), T-831 de 2008 (M.P Mauricio
González) y T-068 de 2005 (M.P Rodrigo Escobar Gil). Citadas por la
sentencia T-1049 de 2012
[20] Sentencia
T-962 de 2007 (M.P Clara Inés Vargas Hernández) Citada por la
sentencia T-1049 de 2012
[21] Ver sentencia T-068/05
M.P. Rodrigo Escobar Gil. Citada por la sentencia T-1049 de 2012
[22] Ver op. cit
32.
Citada por la sentencia T-1049 de 2012
ARTÍCULO 192. PROCEDENCIA. La acción de revisión procede contra sentencias
ejecutoriadas, en los siguientes casos://1. Cuando se haya condenado a dos (2)
o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por
una o por un número menor de las sentenciadas.//2. Cuando se hubiere dictado
sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por
prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente
formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.//3.
Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan
pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del
condenado, o su inimputabilidad.//4. Cuando después del fallo absolutorio en
procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho
internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual
el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento
protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e
imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar
existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates.//5.
Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en
firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.//6.
Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó,
en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones.//7. Cuando
mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el
criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto
respecto de la responsabilidad como de la punibilidad.//PARÁGRAFO. Lo
dispuesto en los numerales 5 y 6 se aplicará también en los casos de preclusión
y sentencia absolutoria.
[24] ARTÍCULO 127. AUSENCIA DEL IMPUTADO. Cuando
al fiscal no le haya sido posible localizar a quien requiera para formularle
imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará
ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente adjuntando
los elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El
imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar visible de la
secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un medio
radial y de prensa de cobertura local.//Cumplido lo anterior el juez lo
declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así
como la identidad del abogado designado por el sistema nacional de defensoría
pública que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se
surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para
toda la actuación.//El juez verificará que se hayan agotado mecanismos de
búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia
del procesado.
[25] Tal como consta en la copia de formato de mecanismo
digital para servicios electrónicos de la DIAN a nombre del señor Juan Carlos
Rodríguez León, con fecha de transacción 5 de septiembre de 2016, obrante a
folio 70 del cuaderno principal. Claro está que, según el Decreto 2460 de 2013,
el registro debe actualizarse cuando varían los datos personales, como la
identificación o ubicación, aunque en el presente caso no se tiene certeza
desde cuando el actor reside en la Calle 145 No.13-48, apartamento 301, en esta
ciudad.
[26] La firma
de recibido es igual a la que aparece en el oficio No. 0109, enviado por la
DIAN el 23 de mayo de 2017, al Fiscal Seccional 114 de Yumbo.
[27] Ibídem.
[28] Al efecto,
se puede ver la sentencia C-591 de 2005, en la que se precisa que “De igual manera,
en materia de investigaciones y juicios en ausencia el nuevo sistema
procesal penal colombiano presenta determinadas particularidades. En efecto,
por regla general, no se puede adelantar proceso penal alguno contra una
persona ausente; tan sólo en los casos excepcionales de ( i ) declaratoria de
persona ausente, siempre y cuando el Estado, por medio de la Fiscalía General de
la Nación, haya agotado todos los recursos efectivos disponibles a su alcance y
no haya sido posible dar con el paradero del sindicado, el juez de control de
garantías procederá a realizar tal declaración, procediéndose a nombrar un
abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, lo cual no
obsta para que durante la etapa de juicio oral el juez de conocimiento
verifique si el órgano de investigación ha continuado empleando mecanismos de
búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia
del procesado, so pena de decretar la nulidad de lo actuado;(…).” (Subrayas
agregadas)
[29] Es decir,
calle 10 No. 36ª-160, en Yumbo (Valle) y la carrera 47ª No. 22-74, apartamento
403, en Bogotá.
[30]Ver folios 49, 55
a 69, 70 y 87 del cuaderno principal, entre otros.