T-602-01
Sentencia T-602/01
Sentencia
T-602/01
DERECHO DE
PETICION-Núcleo esencial
DERECHO DE
PETICION-Término para
resolver
DERECHO DE
PETICION FRENTE AL SILENCIO ADMINISTRATIVO-Alcance
Referencia:
expediente T-419983. Acción de tutela formulada por Fidel Antonio Calero
Campuzano contra el Instituto de Seguro Social, Seccional Valle del Cauca.
Magistrada
Ponente:
Dra.
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Bogotá,  D.
C., siete (7) de junio de dos mil uno (2001).
La Sala Novena
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los
Magistrados CLARA INES VARGAS HERNANDEZ, JAIME ARAUJO RENTERIA y ALFREDO
BELTRAN SIERRA dicta la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo adoptado por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali,
Valle, en virtud de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Fidel
Antonio Calero Campuzano contra el Instituto de Seguro Social, Seccional Valle
del Cauca.
I. ANTECEDENTES.
1. En escrito recibido en la sección de
administración de documentos del Instituto de Seguro Social, Seccional Valle,
el 3 de octubre de 2000, dirigido al "Departamento de Historia Laboral y
Nómina de Pensionados", el señor FIDEL ANTONIO CALERO CAMPUZANO, invocando
el derecho de petición, solicitó en forma comedida que se le informara cuántos
años había cotizado y el valor del bono pensional, para lo cual suministró sus
números de afiliación y patronal, indicó las empresas en la que había trabajado
y la dirección a la cual se le podía enviar la respuesta.
2. El día 4 de diciembre de 2000, el señor
CALERO CAMPUZANO interpuso acción de tutela contra el Instituto de Seguro
Social por la vulneración del derecho fundamental de petición, para que se
"conminara" a la entidad a que le diera pronta respuesta a su
solicitud.
II. LA
SENTENCIA OBJETO DE REVISION.
El Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Cali, en fallo de 13 de diciembre de 2000,
resolvió negar la acción de tutela presentada por el señor FIDEL ANTONIO CALERO
CAMPUZANO. Para tal efecto, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional
relacionada con el derecho de petición y particularmente referida a la "razonabilidad
del caso para arribar una pronta resolución se determina compensando los
factores inherentes a la entidad que reciba la solicitud, como el tiempo
exigido para el procesamiento de las peticiones, conjuntamente con otros
criterios de orden externos propios del medio y de las condiciones materiales
del respectivo despacho" (Sentencia T-426 de 19992). Seguidamente, el
juzgado reseñó que el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo dispone
que "Transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la
presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la
resuelva, se entenderá que ésta es negativa"; de manera que, como a la
fecha de presentación de la demanda de tutela ese término no había precluido,
el amparo debía negarse.
III.
CONSIDERACIONES Y DECISION DE LA CORTE.
1.
Competencia.
De conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para
revisar los fallos antes reseñados.
2. Violación
del Derecho Fundamental de Petición. Reiteración de Jurisprudencia.
La Sala Novena de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, frente al argumento que
sustentó la negación del amparo solicitado por parte del Juzgado Séptimo Civil
del Circuito, advierte la necesidad de reiterar la ya constante jurisprudencia
de la Corte Constitucional acerca de la vulneración del derecho fundamental de
petición que se consolida cuando una autoridad pública omite responder
oportunamente una solicitud respetuosa que se le haya formulado, sin que se
justifique o neutralice la violación del derecho por la configuración del
silencio administrativo e, igualmente, sobre el término de que dispone la
administración para responder a una petición respetuosamente formulada.
Así , esta
Corporación ha precisado:
" Abundante
ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional  en relación con la
naturaleza, alcance e importancia de este derecho fundamental,  cuyo núcleo
esencial puede concretarse en dos aspectos: i) en una  pronta respuesta por
parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y, ii) en una
respuesta de fondo a la petición planteada, sin importar que la misma sea
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario.
" Ha de
entenderse, entonces,  que existe vulneración del núcleo esencial de este
derecho, cuando la entidad correspondiente no emite una respuesta en un lapso
que, en los términos de la Constitución, se ajuste a la noción de “pronta
resolución”, o, cuando la supuesta respuesta  se limita a evadir la petición
planteada, al no dar una solución de fondo al asunto sometido a su
consideración.
(...)
" Dentro de
este contexto, ha de entenderse que mientras el legislador no fije un
término distinto al señalado en el artículo 6 del Código Contencioso
Administrativo para dar respuesta a las solicitudes elevadas a la
administración para determinados casos o en forma general, los organismos
estatales y los particulares que presten un servicio público, han de observar
el término de quince (15) días establecido en esta norma. Término que, tal
como se ha indicado en algunos pronunciamientos de esta Corporación, pese a ser
de obligatorio cumplimiento, puede ser ampliado de forma excepcional, cuando la
administración, en razón de la naturaleza misma del asunto planteado, no pueda
dar respuesta en ese lapso, evento en cual así habrá de informárselo  al
peticionario, indicándole, además de las razones que la llevan a no responder
en tiempo, la fecha en que se estará dando una contestación que satisfaga el
segundo aspecto del derecho de petición, cual es la respuesta de fondo. Término
éste que ha de ser igualmente razonable”. [1]
(Negrillas fuera de
texto).
"...la
obligación del funcionario u organismo sobre oportuna resolución de las
peticiones formuladas no se satisface con el silencio administrativo. Este
tiene el objeto de abrir para el interesado la posibilidad de llevar el asunto
a conocimiento del Contencioso Administrativo, lo cual se logra determinando,
por la vía de la presunción, la existencia de un acto demandable. Pero de
ninguna manera puede tomarse esa figura como supletoria de la obligación de
resolver que tiene a su cargo la autoridad, y menos todavía entender que su
ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de petición considerado en
sí mismo. (Negrillas fuera
de texto).
"... no se
debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo
esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener
pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es
decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la
resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la
actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en
tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo
que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto,
proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera
independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de
la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las
normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en
juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya
defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso
Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo
la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.).
" Así las
cosas, no es admisible la tesis según la cual el silencio administrativo
negativo constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga
improcedente la acción de tutela.
" Como se ha
subrayado, se trata de un mecanismo para que la persona pueda accionar
judicialmente. De no ser por la presunción establecida en la ley, ella tendría
que esperar a que se produjera el acto expreso por el cual se negara o
atendiera su petición para que la respectiva acción tuviera objeto. La figura
en comento remueve este obstáculo y facilita la demanda, ya no contra el acto
manifiesto y determinado de la administración -que precisamente no se ha
producido en razón de la omisión mediante la cual se quebranta el derecho del
peticionario-, sino contra el acto que la ley presume. Se impide así que el
interesado quede expósito -en lo que atañe al contenido de la
decisión que busca obtener de la autoridad-, y que deba aguardar
indefinidamente la expedición de un acto susceptible de impugnación.
"La
posibilidad así lograda de ejercer una acción judicial no significa que el
derecho fundamental de petición haya dejado de ser vulnerado, ni que pierda
relevancia jurídica tal vulneración, ni tampoco que se haga inútil o
innecesaria la tutela como garantía constitucional respecto de aquel, sino
precisamente lo contrario: el sistema jurídico, ante la negligencia
administrativa que dio lugar a la violación del derecho de petición, ha tenido
que presumir la respuesta para fines procesales referentes a la materia de lo
pedido.
" En este
orden de ideas, el silencio administrativo es un presupuesto para someter a la
jurisdicción la contienda sobre dicha materia -que es el asunto litigioso
objeto de la acción contenciosa- pero no un medio de defensa judicial del
derecho de petición en los términos del artículo 86 de la Carta.
" En el
campo del asunto que principalmente importa a los fines de este proceso, el
silencio administrativo es la mejor demostración de que se ha conculcado el
derecho de petición y el fundamento más claro para proceder a su tutela" [2].
3.- El caso concreto.
Para la fecha en
que el ciudadano FIDEL ANTONIO CALERO CAMPUZANO interpuso la acción de tutela,
4 de diciembre de 2000, habían transcurrido más de dos meses desde aquélla en
que formuló la petición al "Departamento de Historia Laboral y Nómina de
Pensionados" del Instituto de Seguro Social, Seccional Valle del Cauca.
A tiempo de
admitir la demanda de tutela, el 5 de diciembre de 2000, el a quo ordenó
oficiar a la accionada para que informara qué trámite se le había dado a la
petición formulada por el señor CALERO CAMPUZANO. El oficio respectivo fue
entregado el día 7 siguiente en la Sección de Prestaciones económicas del ISS,
Seccional Valle del Cauca. Mediante oficio de "diciembre de 2000", al
parecer recibido en el juzgado el 19 de diciembre, es decir, 6 días después de
haberse dictado el fallo de rigor, la Jefe de Historia Laboral y Nómina de
Pensionados de la entidad, respondió a la solicitud del juez, explicando que
las razón por la cual no se dio respuesta oportuna a la petición del señor
FIDEL ANTONIO CALERO consistió en que ésta se recepcionó en esa oficina el día
5 de octubre, pero fue remitida al Centro de Atención al Pensionado para su
respectivo trámite ya que correspondía a dicha dependencia, la cual tenía plena
autonomía y recursos suficientes para atender ese tipo de requerimientos.
Agregó la funcionaria que remitiría copia del oficio (del Juzgado) al Centro de
Atención al Pensionado para que esa dependencia aportara las pruebas pertinentes,
puesto que en esa jefatura no reposaban copias del las respuestas dadas a los
asegurados.
Esa tardanza en
la respuesta de la entidad accionada acerca del trámite dado a la petición
presentada por el señor CALERO CAMPUZANO, explica porqué el juez de instancia
acudió a lo dispuesto en el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo,
como argumento casi exclusivo para resolver sobre el amparo solicitado,
disposición legal que contempla la figura del silencio administrativo que, como
lo ha precisado la Corte, no satisface la obligación del funcionario u
organismo sobre la oportuna resolución de las peticiones formuladas.
Habiendo
transcurrido un tiempo más que razonable para que el Instituto de Seguro
Social, Seccional Valle del Cauca, se pronunciara sobre la solicitud del ahora
accionante sin que ello hubiera ocurrido y tampoco se le hubiera informado al
interesado  acerca del trámite dado a su petición, se concluye que se le
vulneró el derecho fundamental de petición contemplado en el artículo 23 de la
Carta, por lo cual el amparo debe prosperar y, en consecuencia, la Sala
revocará el fallo materia de revisión y en su lugar lo concederá para ordenar
al Instituto de Seguro Social, Seccional Valle del Cauca, que dentro del
perentorio término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, si no lo hubiere hecho, responda la
petición formulada por el señor FIDEL ANTONIO CALERO CAMPUZANO en escrito
entregado en esa Seccional el día 3 de octubre de 2000.
IV.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
Primero: REVOCAR el fallo dictado por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito
de Cali, Valle, de 24 de julio de 2000, a través del cual negó la tutela
formulada.  En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental de petición al
accionante FIDEL ANTONIO CALERO CAMPUZANO.
Segundo: ORDENAR, en consecuencia, al
Instituto al Instituto de Seguro Social, Seccional Valle del Cauca, que dentro
del perentorio término de  cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, si no lo hubiere hecho, responda la
petición formulada por el señor FIDEL ANTONIO CALERO CAMPUZANO en escrito
entregado en esa Seccional el día 3 de octubre de 2000.
Tercero: ORDENAR que por
Secretaría General se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
iro Naranjo Mesa
[1]
Sentencia T-329 de 1998 M.P. Fabio
orón
Díaz.
[2]
En este sentido, pue