T-068-21
Sentencia T-068/21
Referencia: Expediente T-7.891.149
Acción de tutela instaurada por María y Juana[1] contra Almacenes Éxito S.A., Centro Comercial Viva y Miro Seguridad
LTDA.
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, y los magistrados
Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados por los
correspondientes jueces de instancia, que resolvieron la acción de tutela
interpuesta por María y Juana
contra Almacenes Éxito S.A., Centro Comercial Viva y Miro Seguridad LTDA.
Aclaración preliminar: En el caso
bajo examen la Sala encuentra pertinente suprimir la identidad de las
accionantes en esta providencia como medida de protección a su derecho a la
intimidad. En consecuencia, la Sala se referirá a ella por los nombres
ficticios: María y Juana.
I.
ANTECEDENTES
1. La acción de
tutela objeto de pronunciamiento fue fallada, en primera instancia, por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla; y, en segunda instancia, por el Juzgado
Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, seleccionada para revisión y repartida a esta Sala.[2] A continuación se
exponen los hechos relevantes y las decisiones de instancia.
1. Hechos y
solicitud
2. María
y Juana afirman que son una pareja de mujeres lesbianas e interpusieron
acción de tutela en contra de Almacenes Éxito S.A., el Centro Comercial Viva y
Miro Seguridad LTDA por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la intimidad, a la
vida privada, a la igualdad y a la prohibición de discriminación, toda vez fueron
recriminadas por personal de seguridad del Centro Comercial Viva de
Barranquilla por realizar manifestaciones públicas de afecto al interior de sus
instalaciones.
3. El 9 de
septiembre de 2019 las accionantes se encontraban departiendo junto con otras
personas en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Viva de Barranquilla.
Durante su estancia en dicho lugar tuvieron manifestaciones públicas de afecto,
por lo que empezaron a percibir la mirada insistente de un vigilante del centro
comercial. Hacía las 6:00 p.m. Juana salió del
centro comercial y regresó a las 8:30 p.m. donde se encontró nuevamente con María.
El mencionado vigilante volvió a concentrar su atención en ellas, lo que
las hizo sentir “incómodas y hostigadas”. A las 9:30 p.m. el vigilante
se dirigió a una compañera del grupo de vigilancia, quien se acercó a María
y Juana para llamarles la atención por sus manifestaciones públicas de
afecto. La vigilante les dijo: “chicas, esto no lo pueden hacer aquí porque
hay niños”, ante lo cual Juana le indicó que “no había presencia
de ningún menor y que dicha observación no tenía procedencia”, a lo que la
vigilante respondió que sólo seguía órdenes. María y Juana, al sentirse
hostigadas y discriminadas por los vigilantes del centro comercial, decidieron
irse del lugar. Indican que “no han vuelto al Centro Comercial Viva ni solas
ni juntas, puesto que no sienten que sea un sitio donde se respete la igualdad,
la prohibición de discriminación, la dignidad humana y el libre desarrollo de
la personalidad.”
4. Por estos
hechos, el 5 de noviembre de 2019 María y Juana interpusieron
acción de tutela a través de apoderado judicial en contra de Almacenes Éxito
S.A., Centro Comercial Viva y Miro Seguridad LTDA, con el fin de que se
garanticen sus derechos fundamentales a la igualdad, a la prohibición de
discriminación, a la dignidad humana, a la intimidad y al libre desarrollo de
la personalidad. Solicitaron se les ordene a las empresas accionadas disculparse
públicamente con las demandantes en un acto solemne y sincero y adoptar las
medidas necesarias para garantizar que dichos actos de discriminación no se
repitan.[3]
2. Respuesta
a la acción de tutela
5. La empresa
Miro Seguridad LTDA, encargada de prestar el servicio de vigilancia del Centro
Comercial Viva de Barranquilla para el momento en que sucedieron los hechos que
originaron la presente acción de tutela, solicitó en su escrito de respuesta
desestimar las pretensiones de las accionantes. Indicó que no tiene información
alguna sobre la situación narrada en la acción de tutela, por lo que las
demandantes deben probar estos hechos. Precisó que “el carácter discriminatorio
que se le atribuye a la actuación de la guarda de seguridad no se configura
porque para ello sería necesario que las acciones de las citadas lesbianas
pudieran compararse con las realizadas por otras parejas en el mismo sitio a la
misma hora” y “no todas las manifestaciones públicas de afecto están
constitucionalmente permitidas, como tan enfáticamente se afirma dentro de un
contexto general y absoluto.”[4]
6. Almacenes
Éxito S.A., propietaria del Centro Comercial Viva de Barranquilla, dio
respuesta a la acción de tutela y solicitó negar las pretensiones de las
demandantes, dado que éstas “realizan una serie de afirmaciones que no
acreditan ni soportan a través de ningún medio probatorio.” Indica que no
le consta los hechos narrados por las accionantes y que la empresa Miro
Seguridad les informó que no recibió ningún reporte del suceso al que aluden
las demandantes, además, que el día 9 de septiembre de 2019 no tenían asignado
en el tercer piso del centro comercial ninguna guarda de seguridad mujer y el
vigilante asignado a la plazoleta de comidas ya no trabaja con ellos.[5]
3. Decisiones
de instancia en el trámite de la acción de tutela e impugnación
3.1. Decisión
de primera instancia
7. El 29 de noviembre
de 2019, el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla profirió sentencia de primera instancia en la que negó el amparo
de los derechos fundamentales de las accionantes por no existir prueba de la
ocurrencia de los hechos señalados en la tutela. Indicó
que “en el expediente no existen pruebas que permitan inferir más allá de
toda duda razonable que ocurrieron los hechos, la parte accionante no aportó
ningún elemento que permitiera inferir la ocurrencia de los mismos, más allá de
su testimonio.”[6]
8. Las
accionantes impugnaron el fallo de primera instancia. Explicaron que la
sentencia de tutela desconoció la jurisprudencia constitucional en la que se
establece que en casos en los que se alega un acto de discriminación la carga
probatoria se invierte y pasa a la parte accionada. Agregan que en el escrito
de tutela se solicitó la práctica de pruebas testimoniales de las accionantes
con el objetivo de declarar bajo la gravedad de juramento sobre los hechos
ocurridos el 9 de septiembre en el Centro Comercial Viva, sin embargo, el juez
de primera instancia no practicó tales pruebas.[7]
3.2. Decisión
de segunda instancia
9. El 6 de febrero
de 2020 el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Barranquilla confirmó la sentencia de primera instancia. Señaló que no era
posible establecer si las accionantes habían sufrido una conducta
discriminatoria, “toda vez que la falta de detalles en el sentido que viene
anotado no permite dar por establecido si era procedente o no el rechazo de la
vigilancia ante el comportamiento de los actores.”[8]
4. Actuaciones surtidas en sede de
revisión
10. Mediante auto
del 26 de octubre de 2020 la Magistrada sustanciadora requirió a las partes
para que se pronunciaran sobre los siguientes puntos:
11. A las
accionantes: (i) ¿en qué lugar del Centro Comercial
Viva de Barranquilla se encontraban el día 9 de septiembre de 2019 en el
momento en que les fue llamada la atención por parte de
una vigilante del centro comercial debido a sus manifestaciones públicas de
afecto? (ii) ¿Pudieron identificar de alguna manera a los vigilantes del centro
comercial implicados en estos hechos? (iii) ¿El centro comercial les dio la
posibilidad de tratar de reconocer los rostros de los vigilantes que estaban de
turno el día que sucedieron los hechos para ver si era posible identificarlos?
(iv) ¿Interpusieron alguna queja o reclamo o pusieron en conocimiento de algún
funcionario de la empresa de vigilancia o del centro comercial los hechos
narrados en la acción de tutela? (v) ¿El centro comercial dio información
precisa respecto a cómo proceder en caso de tener alguna queja, en especial contra
personas del cuerpo de seguridad? (vi) Indicar si la actitud del centro
comercial ha sido de apoyo para poder verificar y esclarecer lo sucedido. En
caso de haber sido diferente, explicar cuál ha sido la actitud del centro
comercial. (vii) En caso de ser posible, aportar cualquier documento o
testimonio que pruebe que el día de los hechos narrados en la acción de tutela
se encontraban en el Centro Comercial Viva.
12. A la
empresa Miro Seguridad LTDA: (i) Indique si a raíz de la interposición de la presente acción de
tutela se ha iniciado alguna investigación tendiente a esclarecer los hechos
allí narrados y determinar la potencial responsabilidad de los implicados. (ii)
Individualice al personal de vigilancia que el día 9 de
septiembre de 2019 prestó sus servicios en el Centro
Comercial Viva entre las 5 p.m. y las 10 p.m. y remita las declaraciones de
cada uno de ellos sobre los hechos narrados en la acción de tutela. (iii) En
caso de tener videos de las cámaras de seguridad del centro comercial del día 9
de septiembre de 2019, remitir copia de las grabaciones de las cámaras de
seguridad ubicadas en la plazoleta de comidas y en el piso donde se encuentra
ubicada dicha plazoleta entre las 5:00 p.m. y las 10:00 p.m. De no tener
registro de las cámaras de seguridad, ¿qué medidas se han tomado para asegurar
que en una próxima oportunidad sí se pueda tener acceso a los videos en un caso
de este estilo? (iv) Explicar a qué se refiere cuando en la contestación de la
acción de tutela se afirma que “no todas las manifestaciones públicas de
afecto están constitucionalmente permitidas.” ¿A qué manifestaciones
públicas de afecto se refiere? (v) ¿Existe algún protocolo o directriz de Miro Seguridad LTDA para
impedir determinado tipo de manifestaciones públicas de afecto en centros
comerciales? ¿Existe algún protocolo o directriz para manejar situaciones en
las que se presenten manifestaciones públicas de afecto entre personas del
mismo sexo? (vi) Indicar de qué manera se instruye a las personas que
desempeñan funciones de seguridad sobre la protección constitucional que tienen
las manifestaciones de afecto, en especial aquellas tradicionalmente
discriminadas por darse entre personas del mismo sexo.
13. A Almacenes
Éxito S.A.: (i) Indique si a raíz de la interposición de la acción de tutela se
ha iniciado alguna investigación tendiente a esclarecer los hechos allí
narrados y determinar la potencial responsabilidad de los implicados. (ii)
Señale si recibió alguna queja o reclamo por parte de alguna persona en razón a
los hechos narrados en la acción de tutela. (iii) ¿Cuál es el procedimiento
previsto por el centro comercial para que sus visitantes puedan interponer
quejas o reclamos por situaciones ocurridas en dicho establecimiento? ¿Cómo
publicitan e informan a los visitantes del centro comercial este procedimiento?
(iv) Se afirma que el registro fílmico de las cámaras de seguridad del centro
comercial se borra después de transcurrido un mes; ¿qué medidas específicas se
han tomado para evitar que esta situación vuelva a ocurrir y se pueda acceder a
estas grabaciones, por lo menos durante un plazo mayor? En caso de que no sea
posible conservar todas las grabaciones por más tiempo, explicar qué otras
medidas se pueden adoptar para tener registro de lo ocurrido al interior del
centro comercial y resolver futuros casos como el presente. (v) ¿Existe algún
protocolo o directriz para la admisión o permanencia de clientes en el centro
comercial? En caso de ser así, ¿estas políticas de admisión o permanencia hacen
alguna referencia a personas con orientación sexual diversa o parejas del mismo
sexo? (vi) ¿Los empleados del centro comercial y los guardas de seguridad
reciben algún tipo de capacitación en materia de derechos fundamentales,
especialmente de la población LGBTI? En caso de ser así, ¿en qué consiste esta
capacitación?[9]
14. Como
contestación al mencionado auto se obtuvieron las siguientes respuestas:
15. Las
accionantes, a través de apoderado, remitieron escrito el 5 de noviembre de
2020[10] mediante el cual informaron:
16. (i) Al
momento en que sucedieron los hechos que originaron la acción de tutela, las
accionantes “se encontraban en el tercer piso del centro comercial, en la
zona donde estaban ubicados un sofá rojo y los locales comerciales de
Salvatore's y Burger me. Se encontraban ahí organizando una reunión para la
celebración de unos eventos.”
17. (ii) Indican que no
identificaron a los vigilantes del centro comercial implicados en los hechos.
Afirman que al sentirse discriminadas “sintieron mucho estrés y ansiedad
porque les daba mucha vergüenza ser la única pareja reprimida por manifestar su
afecto en el lugar. Lo único que deseaban era salir de ahí y no tener que
regresar nunca, pues no se sentían seguras ni bienvenidas.” Esto “les
impidió tomarse el tiempo para solicitar los nombres o apellidos o números de
identificación de los vigilantes (…). Después de los hechos ocurridos, las
accionantes han continuado sintiendo miedo y ansiedad al visitar ciertos
espacios públicos. Temen realizar manifestaciones públicas de afecto, y su
visita a otros centros comerciales [se] ha vuelto dolorosa. Por ello, ni
siquiera han contemplado volver al Centro Comercial.”
18. (iii) Señalan que no
interpusieron ninguna queja o reclamo ante el Centro Comercial Viva porque no
querían volver a dicho lugar, pues “temían exponerse a una revictimización.”
Advierten que “durante una entrevista con una investigadora de la
Corporación Caribe Afirmativo sobre violencia contra mujeres lesbianas, las
accionantes contaron los hechos que habían vivido en el Centro Comercial. Al
escuchar el caso, la investigadora les ofreció acompañamiento jurídico gratuito
por parte de Caribe Afirmativo para tramitar el caso”, por lo que Juana y
María decidieron interponer la presente acción de tutela inmediatamente.
Agregan que “desde la ocurrencia de los hechos y hasta la fecha, las
accionantes no han recibido ningún tipo de información del Centro Comercial
sobre la posibilidad de presentar una queja relacionada con el personal de
seguridad.”
19. (iv) Advierten que no han
recibido ningún apoyo de parte del Centro Comercial Viva para esclarecer los
hechos, por el contrario, han amparado “el comportamiento discriminatorio
del personal de vigilancia y seguridad, como se evidencia en la contestación a
la acción de tutela presentada por el Centro Comercial. En cada uno de sus
argumentos, el Centro Comercial busca desacreditar la configuración de los
hechos y la existencia de los mismos, e intenta trasladar la carga de la prueba
a las accionantes.”
20. (v) Finalmente, aportan los
testimonios de dos personas que estuvieron con las accionantes en el momento en
que sucedieron los hechos que originaron la presente acción.
21. Madeleyne Camargo Movilla
declara que el 9 de septiembre de 2019 se encontraba con las accionantes y
otras personas en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Viva, pues
estaban en una reunión en la que se organizaba un evento. Relata que en cierto
momento se alejó del grupo con una amiga y al dirigirse nuevamente a la
plazoleta de comidas “en el pasillo me crucé con una mujer y un hombre del
personal de seguridad y vigilancia del centro comercial. Al pasar cerca a
estos, pude escuchar claramente una conversación en los que comentaban sobre
una situación que al parecer había sido bastante incómoda. La conversación que
escuché fue algo como: -Vigilante femenina: Es que alguien se lo tenía que
decir. Vigilante masculino: Sí, no se pueden molestar. Vigilante femenina:
Exacto, eso no puede estar haciendo aquí. Estaban bastante ofuscados y para ser
sincera en ese momento pensé que debieron tener algún inconveniente con un
cliente del centro comercial (…). Mi sorpresa fue enorme, al llegar a la mesa
en la que departíamos y encontrar a María llorando desconsoladamente, en medio
de una crisis de ansiedad, todos los rostros de la mesa estaban descompuestos y
la tensión en el ambiente era muy fuerte. Después de tanta tensión, mis amigas
proceden a contarme lo que había ocurrido. Juana y Olga Alfaro me indican que
una mujer vigilante se había acercado a la mesa y les había dicho a María y
Juana que no debían estar haciendo demostraciones de afecto en ese lugar porque
‘había niños’, a lo que yo contesto que esa excusa es incongruente y
discriminatoria. Luego de terminar de conversar, Juana se levanta de la mesa y
observo cuando se acerca respetuosamente a la mujer vigilante, que se
encontraba en uno de los accesos a la plazoleta de comidas y la cual miraba
fijamente hacia nuestra mesa. Escucho cuando ella le dice que era inválida su
petición con respecto a las demostraciones de afecto a lo que la mujer
vigilante con actitud muy poco conciliadora y tajante le contestó que ‘solo
cumplía órdenes’. Nunca supe órdenes de quién.” Finalmente, señala
que esta situación afectó mucho a Juana y María, al punto que no han
vuelto al Centro Comercial Viva y sus demostraciones de afecto en público a
partir de ese momento se volvieron medidas, “siempre mirando alrededor antes
de una caricia, una tomada de mano o un beso y ni hablar de los espacios en que
hay personal de vigilancia, no se sientes seguras en ningún espacio sin antes
mirar.”[11]
22. Olga Lucía Martínez Alfaro
declara que el día 9 de septiembre se encontraba en el Centro Comercial Viva
con las accionantes en una reunión para organizar un evento. Señala que María
y Juana, quienes son pareja, tuvieron manifestaciones de afecto. “En ese
momento en que mis amigas departían, se acerca una vigilante que les habla, y
yo solo logro escuchar la parte en la que dice ‘es que hay niños’. Recuerdo
haber reaccionado con mucha rabia ante esa frase y de inmediato increpé a la
mujer diciéndole que ‘si esa actitud la había asumido con las otras parejas
heterosexuales que estaban en el lugar.’ La vigilante no me responde nada, ella
solo miraba a otro vigilante que estaba ubicado algo retirado de nosotras. Ante
esta situación noté que mi amiga María se veía muy afectada y con los ojos
aguados, me dijo que mejor me calmara. Fue una situación muy incómoda, pero
sobre todo triste, al ver la humillación que sintió mi amiga y la impotencia de
no tener a quien dirigirse porque era de noche. Luego de lo ocurrido
abandonamos el sitio. Mi amiga María se sintió muy deprimida unos días, como
consecuencia mis amigas no han vuelto a ese centro comercial y ya no salen con
tanta frecuencia. Sumado, se les ve muy ansiosas y con miedo de manifestar su
afecto públicamente.”[12]
23. La empresa Miro Seguridad LTDA remitió escrito el 5 de
noviembre de 2020[13] mediante el cual informó:
24. (i) Precisa
que, por los hechos objeto de la acción de tutela, la empresa no “inició
ninguna investigación pues no hubo una queja o requerimiento de los clientes en
ese momento a nuestra empresa; Adicionalmente, no se cuenta con registros ni
fílmicos, ni escritos o prueba testimonial sobre el hecho que tuvo lugar el 09
de septiembre de 2019 que pueda esclarecer lo ocurrido.”
25. (ii) Indica que no
individualizó al personal de vigilancia que prestó sus
servicios en el Centro Comercial Viva en las horas en que sucedieron los hechos
narrados en la acción de tutela y no aporta sus declaraciones porque no se
inició ninguna investigación.
26. (iii) Advierte que no cuentan
con “videos fílmicos, la capacidad de grabación que nos indica el Centro
Comercial es máximo de 30 días” y aclara que “el sistema de CCTV es
totalmente del CC Viva.”
27. (iv) En relación con las
manifestaciones públicas de afecto, señaló que “toda persona debe
comportarse en público de acuerdo con los dictados de la moral y las buenas
costumbres, sin inducir a un mal ejemplo, crear escenas de escándalo ni llamar
la atención con un comportamiento que normalmente se realizan en otros
escenarios. Unas son las manifestaciones públicas de afecto y otras muy
diferentes son las conductas que están matizadas de sexualidad o erotismo, que
al parecer fue lo que pudo dar lugar al procedimiento del guarda de Miro
Seguridad Ltda, sin embargo no está plenamente probado el supuesto requerimiento
del guarda de seguridad.”
28. (v) Indicó que no existe
ningún protocolo para impedir determinado tipo de manifestaciones públicas de
afecto “pues tales comportamientos son siempre bien recibidos y aceptados
por la comunidad en general, lo que no sucede con aquellos actos,
manifestaciones o procederes que van más allá de las simples manifestaciones.”
Agregó que el Centro Comercial Viva “ha sido claro y persistente en
solicitar a Miro Seguridad que sus guardas estén atentos a evitar o poner fin a
aquellas conductas que no guardan proporción con el lugar, sus visitantes ni
con las actividades a las que ellos se dedican, todo dentro del marco del
debido respeto por los derechos humanos, incluyentes y con la aceptación de el
libre desarrollo de la personalidad, sin generar afectaciones.”
29. (vi) Finalmente, dijo que “MIRO Seguridad siempre está
formando y capacitando a su personal en temas como: El servicio como factor
diferencial (valor y satisfacción del cliente), el poder del lenguaje –
comunicación asertiva, Servicio al cliente – manejo de clientes conflictivos,
manejo de crisis emocionales, papel de la comunicación en el servicio al
cliente - inteligencia emocional, inclusión, derechos humanos, protocolos
bioseguridad con amabilidad, crear, fortalecer y mantener relaciones
interpersonales – Empatía, entre otros.”
30. Almacenes
Éxito S.A. remitió escrito el 5 de noviembre de 2020[14] mediante el cual
informó:
31. (i) Advirtió
que tan pronto fueron notificados de la presente acción “nos dimos a la
tarea de investigar de manera exhaustiva lo acontecido y a la fecha aún
seguimos focalizando esfuerzos para esclarecer lo sucedido. Para el efecto: (a)
consultamos con el proveedor de seguridad privada de la época MIRO SEGURIDAD,
(b) revisamos en nuestros registros de atención de PQRS y reclamos y (c)
revisamos los registros de videos de nuestros sistemas cerrados de televisión.
Sin embargo, luego de hacer las revisiones correspondientes, no logramos
obtener información relacionada con el incidente, ya que no tenemos evidencia
de que haya sido reportado o comunicado a la administración, a la empresa de
seguridad o a algún punto de atención al cliente del Centro Comercial Viva
Barranquilla, ni conservamos copia de los videos.”
32. (ii) Aclara
que no recibieron ninguna queja o reclamo de parte de las accionantes.
33. (iii)
Describen los procedimientos que tiene previsto el Centro Comercial Viva para
recibir quejas o reclamos, tanto de manera presencia como no presencial.
34. (iv) En
relación con el registro fílmico de las cámaras de seguridad del Centro
Comercial Viva, indica que “para la época del hecho, el Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV) contaba con una capacidad de almacenamiento limitada a un (1)
mes”, razón por la cual no cuentan con videos del día en que sucedieron los
hechos narrados en la acción de tutela, pues solo se enteraron de éstos después
de transcurrido un mes. Advierte que, en todo caso, “la Compañía viene
revisando desde meses atrás, inclusive, con anterioridad a la fecha de los
hechos, la posibilidad de robustecer el sistema del CCTV a fin aumentar la
capacidad de almacenamiento, sin embargo, es una actividad que venimos
desarrollando y analizando a nivel técnico y económico.”
35. (v) Señala
que el Centro Comercial Viva no tiene ningún protocolo o directriz establecido
para la admisión o permanencia de clientes.
36. (vi) Finalmente, mencionó que
el Centro Comercial Viva capacita a su personal en temas relacionados con
servicio al cliente “y entre estos la inclusión y la preservación de los
derechos humanos.” De otra parte, indica que dentro de los principios de la
empresa se encuentra los de diversidad e inclusión y el respeto y la empatía
hacía todas las personas. “Es así como el mes de octubre se declaró como el
mes de la D&I facilitando escenarios de sensibilización a todo nivel. La
Compañía también ha venido siendo acompañada por la Cámara de Comerciantes LGTB
de Bogotá, en el proceso de adopción de políticas, protocolos e iniciativas en
este tema. Entre otras actividades, permítanos contarle que se realizó una
sesión exclusiva con 75 directivos sobre sensibilización en temas LGTBI con la
participación de Felipe Cárdenas CEO de Cámara de Comerciantes LGTBI. Se realizó
un encuentro con 150 colaboradores a nivel nacional sobre el ABC de la
Diversidad sexual con la participación de Eduardo Cárdenas director de la
Cámara de Comerciantes LGTBI. Finalmente, el día 30 de octubre de 2020, se dio
por concluido el mes de la diversidad, en donde se compartió a todos los
empleados de la compañía un calendario de 365 días de inclusión y el siguiente
mensaje: ‘Ser diversos e incluyentes es más que un sentimiento que, día a día,
está presente en nuestro actuar, en nuestras palabras y en nuestro corazón. Hoy
conmemoramos el cierre del Mes de la Diversidad en nuestra Organización y
queremos invitarte para que continúes entregando tu granito de arena para que
el mundo en el que vivimos sea más equitativo y justo, no solo hoy sino en el
resto de días del año. Es por esto que aquí te compartimos el calendario por
los 365 días de inclusión.”
37. Una vez puestas a disposición
de las partes las pruebas decretadas mediante el auto del 26 de octubre de
2020, se allegaron las siguientes respuestas:
38. Las
accionantes, a través de apoderado, remitieron escrito el 18 de noviembre de
2020[15] mediante el cual se pronunciaron sobre las respuestas brindadas por
Almacenes Éxito S.A. y Miro Seguridad LTDA. En relación con la respuesta de la
empresa Miro Seguridad LTDA sobre las manifestaciones públicas de afecto que
estarían permitidas, indicaron las accionantes que a partir de lo dicho por la
empresa de vigilancia “se evidencia que esta impone restricciones a derechos
fundamentales que no se basan en criterios razonables y objetivos. Por el
contrario, se observa que ni siquiera son claros los criterios para distinguir
las manifestaciones públicas de afecto (permitidas) de las conductas matizadas
de sexualidad o erotismo (no permitidas). Esto permite y facilita que el
control sobre las manifestaciones públicas de afecto en el centro comercial
esté permeado por los prejuicios sobre los roles de género, desde una visión
patriarcal. Así, el límite del ejercicio de los derechos fundamentales de
quienes se encuentran en el centro comercial queda librado al criterio
arbitrario y a los prejuicios de quienes integran el cuerpo de seguridad, que
serán quienes definan qué se ajusta a ‘la moral y las buenas costumbres’, o qué
conductas están ‘matizadas de sexualidad o erotismo’. Precisamente, esto fue lo
que ocurrió en el caso concreto, en el que solo fueron censuradas las
manifestaciones públicas de afecto de las accionantes, una pareja de mujeres
lesbianas; mientras que otras parejas heterosexuales no sufrieron ningún tipo
de censura por manifestar su afecto públicamente de forma similar.
39. Asimismo, vale la pena
señalar que el personal de seguridad, al dirigirse a las accionantes para
pedirles que no manifestaran públicamente su afecto, se refirió a que estaban
cumpliendo órdenes. Esto es importante porque quiere decir que el personal de
seguridad del centro comercial recibe órdenes de evitar las manifestaciones
públicas de afecto que atenten, según su juicio, contra ‘la moral y las buenas
costumbres’, poniendo en riesgo a personas que históricamente han sufrido
discriminación o violencia por prejuicio, o, directamente, recibe órdenes de
evitar manifestaciones públicas de afecto de parejas del mismo sexo.
40. Adicionalmente, la empresa
de seguridad revictimiza a las accionantes en su respuesta, pues señala que al
parecer lo que pudo dar lugar al accionar discriminatorio del personal de
seguridad fue que las accionantes desarrollaron conductas ‘matizadas de
sexualidad o erotismo’. Se observa que esta aseveración conlleva un matiz
justificatorio de los hechos que vivieron las accionantes. Incluso, este tipo
de afirmaciones permite inferir que es probable que el accionar discriminatorio
del personal de seguridad es naturalizado y auspiciado por las políticas y
procedimiento de la entidad.”
41. Precisaron que Almacenes Éxito
S.A. no puede desconocer la responsabilidad que tiene en estos hechos, a pesar
de que el personal de seguridad sea empleado directamente por la empresa Miro
Seguridad LTDA, pues lo cierto es que la conducta que consideran
discriminatoria ocurrió en el Centro Comercial Viva, propiedad de dicha empresa
“y como consecuencia del deber de la empresa Miro de velar por la seguridad
del centro comercial.”
42. Almacenes Éxito S.A. remitió escrito
el 18 de noviembre de 2020[16] mediante el cual se
pronunció sobre la respuesta brindada por las accionantes. Insiste en que,
aunque las demandantes dan más detalles sobre el lugar en el que estaban
ubicadas en el centro comercial cuando sucedieron los hechos, no hay ninguna
prueba de ello. Precisa que “no es cierto que el centro comercial no haya
dado la posibilidad de tratar de reconocer los rostros de los vigilantes que
estaban de turno el día que sucedieron los hechos, ya que, como está probado,
no es el Centro Comercial el empleador de los vigilantes, sino MIRO SEGURIDAD.
Además, ha de recordarse que el Centro Comercial solo tuvo conocimiento de los
hechos hasta el traslado de la acción de tutela, ya que no existe prueba sobre
que aquellas hubieren presentado alguna petición, queja o reclamo anterior.”
43. De otra parte, advierte que no
es cierto que el centro comercial apoye los comportamientos discriminatorios, “pues
dentro de la Compañía no se apoyan los tratos excesivos o malintencionados, por
ello, cuando se reporta al Centro Comercial un incidente de esta índole, el
personal de seguridad solicita respetuosamente a nuestros clientes aclarar la
situación, hecho que no constituye una vulneración de derecho alguno o
generador de algún tipo de perjuicio, pues a través de nuestras políticas,
tratamos de crear canales seguros y amenos en los que podamos esclarecer este
tipo de sucesos, delimitado el procedimiento ejecutado por el personal de
seguridad, con directrices puntuales sobre el respeto y salvaguarda de los
derechos de nuestros clientes y usuarios.”
44. Finalmente, en relación con los
dos testimonios aportados por las accionantes en los que las declarantes
ratifican lo señalado en la acción de tutela, aduce que nunca se informó sobre
su presencia en el lugar de los hechos. Además, sobre el testimonio de
Madeleyne Camargo Movilla, indicó que la declarante no presenció los hechos
directamente, “ya que afirma haber conocido del caso cuando ya había
ocurrido. Sin embargo, no existe prueba adicional a la declaración que acredite
que se encontraba en ese lugar.”
5.
Intervenciones procesales
5.1. Abogados sin fronteras Canadá
45. El Jefe de
la Misión para Colombia de la organización no gubernamental Abogados sin
fronteras Canadá, remitió escrito a esta Corte en el que solicita amparar los
derechos fundamentales de Juana y María al libre desarrollo de la
personalidad, a la dignidad humana, a la intimidad, a la vida privada, a la
igualdad y a la no discriminación. La organización analiza el contexto de
discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género que se
presenta en toda América Latina y la protección constitucional especial que
ostentan las personas LGBTI.
46. De otra
parte, realiza algunas consideraciones sobre el régimen probatorio en sede de
tutela para casos de presunta discriminación. Advierte que la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de carga dinámica de la
prueba, según el cual, “corresponde a la parte más poderosa de la relación
desvirtuar, a través de las pruebas, los señalamientos por actos
discriminatorios en cualquiera de las categorías sospechosas”, sin embargo,
aduce que los jueces de tutela de instancia no tuvieron en cuenta este aspecto,
por lo que atribuyeron la carga probatoria a las accionantes.
47. Finalmente,
se advierte que la conducta de los vigilantes del centro comercial es un patrón
persistente. Al respecto se dice: “reiterada es la conducta de los cuerpos
de seguridad privada que hacen presencia en los centros comerciales, en el
sentido de censurar las prácticas de afecto, exclusivamente, de individuos del
mismo sexo. Situación que a todas luces resulta arbitraria, contraria a los
preceptos constitucionales y lesiva del derecho fundamental al libre desarrollo
de la personalidad. En algunos casos, como en el presente, esa acción de
reproche a las manifestaciones de afecto suele acompañarse de una
«preocupación» por los derechos de los niños, situación que se manifiesta en
frases como: “chicas, esto no lo pueden hacer aquí porque hay niños”. Esto devela
prejuicios de carácter moral que esconden una verdadera intención: que las
personas de la comunidad LGBTI oculten sus muestras de cariño y las reserven al
espacio privado. La restricción que esto genera a los derechos a la intimidad,
desarrollo libre de la personalidad y dignidad de la persona humana resultan
patentes y hacen imprescindible el control constitucional para resarcirlos.”[17]
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1.
Competencia
48. Esta Corte
es competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 a
36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 29 de
septiembre de 2020, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, que escogió el expediente para revisión.
2.
Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela promovida
por María y Juana
49. Antes de examinar el fondo del asunto objeto de
estudio, es preciso que esta Sala analice la procedencia de la acción de tutela
interpuesta por María y Juana contra Almacenes Éxito S.A., Centro Comercial Viva y Miro Seguridad
LTDA.
2.1. La
tutela puede ser interpuesta por Lizeth Paola Charris Díaz en representación de
María y Juana contra Almacenes Éxito S.A. y Miro
Seguridad LTDA
50. Lizeth Paola
Charris Díaz, adscrita a la Corporación Caribe Afirmativo, puede interponer la
acción de tutela objeto de análisis (legitimación por activa), en representación
de María y Juana,
por cuanto sus representadas le otorgaron poder judicial para actuar en su
nombre en la presente acción de tutela, con el fin de que se protegieran sus
derechos fundamentales,[18] poder que se
adjunta en debida forma en la demanda de tutela.[19] Así
mismo, la acción de tutela resulta procedente contra Miro
Seguridad LTDA y Almacenes
Éxito S.A., en calidad de propietaria del Centro Comercial Viva de Barranquilla
(legitimación por pasiva), dado que las accionantes se encuentran en una situación de
indefensión respecto de los accionados,[20] tal como
se explicará a continuación.
51. En
relación con el estado de indefensión, este Tribunal ha precisado que esta
situación se configura cuando la persona afectada en sus derechos por la acción
u omisión del particular carece de medios físicos o jurídicos de defensa, o los
medios y elementos con que cuenta resultan insuficientes para resistir o
repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental, razón por la cual
se encuentra inerme o desamparada.[21]
Así pues, ha indicado que “el estado de
indefensión es un concepto de naturaleza  fáctica que se configura cuando una
persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de
modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es
posible defenderse ante la agresión de sus derechos.”[22] De acuerdo con lo anterior, en cada caso concreto el juez de
tutela debe determinar, de conformidad con los hechos y circunstancias
particulares, si una persona se encuentra frente a una situación de
indefensión, con el fin de establecer la procedencia de la acción de tutela
contra un particular.[23]
52. En
relación con la procedencia de la acción de tutela contra personas jurídicas,
esta Corte ha señalado que es posible analizar la
responsabilidad de los entes jurídicos particulares por hechos que constituyan
una vulneración de derechos fundamentales cometidos por las personas naturales
que tienen la calidad de dependientes. En la Sentencia T-909 de 2011 se dijo al
respecto:
“No cabe duda pues, que la persona jurídica debe responder por los
perjuicios resultantes de los actos cometidos por los subalternos, cualquiera
que sea el vínculo jurídico que cree esta subordinación, siempre y cuando ellos
actúen en ejercicio de las funciones encomendadas por la persona jurídica, o
con motivo de las mismas. Porque allí ‘no se le llama a responder por los actos
de sus dependientes, sino de las consecuencias de sus propios actos’. // En
materia de derechos fundamentales, tal elemento del régimen de responsabilidad
de las personas jurídicas se mantiene, aunque bajo adicionales ingredientes
normativos de cualificación, a saber: i) el imperativo de legalidad
constitucional establecido para los particulares en el art. 6º C.P., ii) el
carácter inalienable de los derechos en el art. 5º C.P., iii) los deberes del
artículo 95 constitucional, en concreto los relacionados con la defensa de los
derechos humanos y generales como el respeto a los derechos ajenos y el no
abuso del derecho (núm. 4º y 1º); finalmente iv) los criterios amplios de
interpretación que admiten las fórmulas previstas en el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991, como atrás se ha dicho.”[24]
53. Ahora
bien, de manera específica la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en
casos como el presente, en los que analiza un posible acto de discriminación cometido
por guardas de seguridad de un centro comercial, se configura un estado de
indefensión de los demandantes respecto de la empresa de vigilancia y el centro
comercial. En Sentencia T-030 de 2017, en la que se estudió una acción de
tutela similar a la presente, se indicó que el centro comercial accionado
estaba legitimado por pasiva porque “los demandantes se encontraban en un
estado de indefensión, pues se hallaban en un espacio público dentro de un
centro comercial, sobre el que la copropiedad ejerce el control de sus
visitantes. Por tal razón, las reconvenciones realizadas por los guardas de
seguridad, generaron en los actores la insuficiencia de medios físicos y
jurídicos para resistir o repeler la presunta agresión, amenaza o vulneración
de sus derechos fundamentales”. Además, “el centro comercial debe
responder por las acciones de los guardas de seguridad que prestan sus
servicios en las instalaciones de la copropiedad, pues aquellos obraron en
beneficio del accionado, con ocasión del servicio contratado por aquel y que
presta la empresa de seguridad para la cual trabajan los vigilantes.”[25]
54. De igual
manera, se dijo en la citada sentencia que la tutela también resultaba
procedente respecto de la empresa de seguridad demandada, “pues los guardas
de seguridad del centro comercial obraron como trabajadores de la accionada,
razón por la cual, aquella debe responder por los actos de sus dependientes.”[26]
55. En
consecuencia, en el asunto que se estudia evidencia esta Sala que se configura
una situación fáctica de indefensión de Juana y María respecto de Miro Seguridad LTDA y Almacenes Éxito S.A., persona jurídica
propietaria del Centro Comercial Viva de Barranquilla, debido a que el acto de discriminación que se denuncia ocurrió en
las instalaciones del referido centro comercial, quien ejerce el control de sus
visitantes, y fue cometido por trabajadores de la mencionada empresa de
vigilancia, la cual presta sus servicios en dicho centro comercial.
2.2. La
tutela cumple el requisito de inmediatez
56. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de
tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo
razonable y oportuno desde el momento en que ocurrió la acción u omisión que
origina la violación o amenaza de los derechos fundamentales que se alega, pues de otra forma se desvirtuaría el
propósito mismo de esta acción, esto es, el de proporcionar una protección
urgente o inmediata a los derechos fundamentales cuando estén siendo vulnerados
o amenazados.[27]
En el presente caso se advierte que la tutela
fue presentada el 5 de noviembre de 2019, esto
es, menos de dos meses después de que sucedieran los hechos por los cuales se
interpone la presente acción. Por
lo tanto, Sala considera que la acción de tutela se presentó en un término
razonable y oportuno.
2.3. La
tutela es procedente también por cuanto no hay un medio de defensa alternativo
idóneo y eficaz
57. La acción de
tutela procede únicamente cuando no existen otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, o cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o
eficacia para proteger de forma adecuada y efectiva los derechos fundamentales
en cada caso concreto. De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha
precisado que cuando la acción de tutela es promovida
por sujetos de especial protección constitucional, el examen de procedencia se
hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no
menos rigurosos.[28]
58. En el presente caso, la Sala considera
procedente, como mecanismo principal, la acción de tutela presentada por Juana y María, pues es el
único medio judicial efectivo que podían utilizar para obtener la protección de sus derechos a la
dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a la
igualdad y a no ser discriminadas. Conviene recordar que las accionantes no buscan
establecer una responsabilidad civil o penal, sino específicamente el
restablecimiento de sus derechos fundamentales que estiman vulnerados por las
empresas accionadas. Por lo tanto, solo la protección que brinda la
Constitución Política a través de la acción de tutela a los mencionados
derechos es completa, puesto que no se limita al establecimiento de
responsabilidades, sino que permite además evitar una vulneración de derechos o
restaurarlos si es del caso. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que
las accionantes son sujetos de
especial protección constitucional, toda vez que pertenecen a un grupo
históricamente discriminado y marginado como la población LGBTI,[29] tal como se analizará más adelante. En
consecuencia, es el juez de tutela quien está llamado a tomar correctivos
urgentes ante la presencia de un presunto acto de discriminación que involucra
a sujetos de especial protección constitucional y en el que se advierten
criterios sospechosos de discriminación.
3. Cuestión previa: En el presente caso no se
configura una carencia actual de objeto por daño consumado debido a la proyección en el tiempo de los efectos vulneratorios de los derechos
fundamentales
59. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, la acción de tutela tiene como finalidad la protección
de los derechos fundamentales cuando estos resulten transgredidos por la acción
u omisión de cualquier autoridad pública y, en algunos casos, de los
particulares. Bajo ese entendido, el juez constitucional debe proferir órdenes
de inmediato cumplimiento que estén encaminadas a evitar, hacer cesar o reparar
la vulneración de tales derechos. En consecuencia, la entidad o el
particular demandado se encuentran en la obligación de realizar una determinada
conducta que variará dependiendo de las consideraciones del juez constitucional.
60. Desde esa óptica, la jurisprudencia constitucional
ha establecido que el recurso de amparo puede perder,
en ocasiones, su esencia, cuando se originan en el transcurso del trámite de la
acción circunstancias que le permiten al juez inferir que la amenaza o
transgresión denunciadas se concretaron o desaparecieron, lo que conlleva a que
el amparo pierda su “razón de ser”[30] como
mecanismo extraordinario de protección judicial y tenga lugar la denominada
carencia actual de objeto. En materia de la solicitud constitucional, esta Corporación ha
establecido pacíficamente que la carencia de objeto corresponde a una figura
jurídica de tipo procesal que fácticamente puede verificarse por parte del juez
de tutela de manera previa a la adopción del fallo correspondiente, cuando se
constata que “fueron satisfechas las pretensiones, ocurrió el daño que se
pretendía evitar o se perdió el interés en su prosperidad”.[31]
Estos tres
eventos que originan una variación sustancial en los hechos de la petición de
tutela, de tal forma que desaparece el objeto jurídico del litigio, han venido
delimitándose por la jurisprudencia, y se conocen comúnmente como el hecho
superado, daño consumado y situación sobreviniente,
respectivamente.[32]
61. En cuanto a la carencia actual de objeto por el daño consumado, la jurisprudencia constitucional ha
precisado que este tiene lugar cuando, entre el momento de incoarse la
acción de tutela y el pronunciamiento respectivo por parte del juez, se ha configurado la afectación que con la solicitud de amparo se
buscaba evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete la lesión, no es factible que el
funcionario de tutela dé una orden para retrotraer la situación acaecida.[33]
Para su ocurrencia es imprescindible tener presente algunos aspectos. De un
lado, el daño causado debe ser irreversible, pues respecto a los
perjuicios o menoscabos que son susceptibles de ser interrumpidos, retrotraídos
o mitigados por virtud de una orden judicial, no es dable decretar la carencia
de objeto.[34] De otra parte, si al
interponer la acción de tutela ya es claro que el daño se generó, el juez debe
declarar improcedente el mecanismo de amparo;[35] al tiempo que
si el daño se consuma durante el trámite judicial, bien sea en primera o en
segunda instancia o en sede de revisión, le corresponde efectuar un
pronunciamiento de fondo sobre el asunto, con el fin de establecer correctivos
y prever futuras violaciones. Es decir, proferir órdenes adicionales tendientes
a proteger la dimensión objetiva del derecho en conflicto, evitar repeticiones,
identificar a los responsables, informarle a la parte accionante sobre las
acciones judiciales existentes para reparar el daño ocasionado o compulsar
copias ante las instancias competentes.[36]
62. En casos similares al presente, en los que se han estudiado
acciones de tutela interpuestas contra establecimientos abiertos al público por
la presunta discriminación a parejas del mismo sexo al interior de estos, la
Corte ha recordado que, “es probable que la vulneración de un derecho fundamental
se proyecte en el tiempo, con fundamento en el principio de retrospectividad,
aun cuando el hecho se produjo con antelación. Por tal razón, la fecha del acto
acusado no constituye el factor determinante para configurar la improcedencia
de la acción de tutela, sino que el juez debe verificar si la violación del
derecho es actual, es decir, persiste al momento de resolver la petición de
amparo, por lo que la decisión judicial puede ser efectiva para restablecer la
vigencia de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.”[37]
63. En consecuencia, la Sala advierte que en esta
oportunidad no se configura la carencia actual de objeto por daño consumado. Si
bien el presunto acto discriminatorio ocurrió el 9 de septiembre de 2019, la
vulneración de los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela
pueden producir efectos con vocación de actualidad, pues las accionantes
afirman que no han vuelto al Centro Comercial Viva por temor a ser
revictimizadas. Además, se requiere proteger la garantía de no repetición. Por tanto,
la presente decisión podría ser efectiva para interrumpir o anular las
supuestas violaciones a los derechos fundamentales y asegurar el ejercicio y la
vigencia de estos.
64. De acuerdo con lo anterior, la Sala pasará a
formular el problema jurídico en el presente asunto y determinar si fueron
vulnerados los derechos fundamentales de las accionantes.
4. Problema jurídico
65. En el caso
bajo estudio las accionantes señalan que una vigilante del Centro Comercial
Viva de Barranquilla les llamó la atención por tener manifestaciones públicas
de afecto. Por tanto, esta Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico:
¿Vulneran
una empresa de seguridad privada y un centro comercial los derechos
fundamentales a la igualdad, a no ser discriminado, a la intimidad, al libre
desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, cuando un vigilante de la
empresa de seguridad recrimina las manifestaciones de afecto que tiene una
pareja del mismo sexo en espacios públicos del centro comercial,
si las personas afectadas por la recriminación no presentan, al momento de los
hechos o previo a la interposición de la tutela, una queja o reclamo ante dichas
empresas?
66. Para resolver este problema jurídico se
analizará: (i) el derecho a no ser discriminado; (ii) la
discriminación por razón de la orientación sexual diversa; (iii) los
comportamientos que afectan la tranquilidad en espacios públicos o semipúblicos
y la función de los servicios de vigilancia y seguridad privada; (iv) la
invisibilizacion de las personas LGBTI en los espacios públicos y semipúblicos;
y (v) el análisis del caso concreto.
5. El derecho a no ser discriminado
5.1 El fundamento normativo del derecho a no
ser discriminado
67. La jurisprudencia
constitucional ha derivado el contenido y alcance del derecho fundamental a no
ser discriminado a partir del artículo 13 de la Constitución Política. Esta
norma establece, por un lado, la dimensión formal de este derecho, al
prescribir que todas las personas deben recibir la
misma protección y trato por parte de las autoridades y “gozan de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.”
68. Por otra
parte, el mencionado artículo 13 constitucional también señala la dimensión
material del derecho a no ser discriminado, al fijar el
deber del Estado de promover “que la igualdad sea real y efectiva” y
adoptar “medidas a favor de grupos discriminados o marginados”, por lo
que, bajo esta dimensión del derecho, deben tenerse en cuenta las
circunstancias y condiciones particulares de las personas y las distintas
comunidades y grupos sociales, de tal manera que se logren evidenciar las
desventajas en las que se encuentran unos y otros respecto del resto de la
sociedad. Lo anterior implica que no todo trato diferenciado es
discriminatorio, ya que el Estado debe adoptar acciones a favor de determinados
colectivos que por sus particularidades se enfrentan a desventajas y barreras
específicas, lo que se ha denominado como “discriminación positiva o inversa”.
Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la
discriminación es una diferenciación arbitraria, pues carece de una
justificación objetiva, razonable y proporcional.[38]
69. El
derecho a no ser discriminado no solo encuentra sustento en artículo 13 de la
Constitución Política. A nivel internacional existen diversos instrumentos
internacionales que consagran tal derecho, tanto en el
sistema universal de protección,[39] como en el Sistema
Interamericano,[40] los
cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, además
de otros instrumentos en diferentes sistemas regionales.[41]
De manera específica, el artículo 1.1. de la
Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia[42] señala que “discriminación
es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier
ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más
derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales
aplicables a los Estados Partes. La discriminación puede estar basada en
motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión
de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de
cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de
educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o
desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud
mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o
cualquier otra.” El artículo 4º del mismo Convenio impone a los Estados el
compromiso de prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y
manifestaciones de discriminación e intolerancia, incluyendo, entre otros, “la
restricción del ingreso a lugares públicos o privados con acceso al público por
las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente Convención.”
70. Asimismo, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el principio de no
discriminación hace parte del ius cogens (o reglas imperativas, de
acuerdo con el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados).[43]
Al respecto ha señalado:
“(…) el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante
la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él
descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional
y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no
se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio
fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna
persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción,
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social,
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o
cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma
parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del
derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación
ha ingresado en el dominio del jus cogens.”[44]
5.2. El acto discriminatorio y los escenarios de discriminación
71. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha definido el acto
discriminatorio como “la conducta, actitud o trato que pretende —consciente o inconscientemente—
anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia
apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como
resultado la violación de sus derechos fundamentales.”[45]
Con base a esta definición, en la Sentencia T-141 de 2017[46] se indicó
que el acto discriminatorio contiene los siguientes elementos:
72. (i) La
intención, la consciencia o la inconsciencia de la conducta no incide en la
configuración del acto discriminatorio. Éste se entiende realizado
independientemente de la voluntad de quien lo realiza.
73. (ii) El acto discriminatorio conlleva una actuación violenta en
contra del sujeto receptor de la conducta, ya sea de tipo simbólica, física,
psicológica, emocional, económica y demás.
74. (iii) El acto discriminatorio se puede identificar a través de
los criterios sospechosos de discriminación,[47] los cuales relaciona el artículo 13
constitucional con el sexo, la orientación sexual, la raza, el origen familiar
o nacional, la religión, la lengua, la opinión política, entre otros.
75. Ahora bien, a partir de la Sentencia T-691 de 2012,[48] la jurisprudencia de esta Corte ha señalado
que, cuando un acto discriminatorio se lleva a cabo frente a un público, esto
es, otras personas son espectadores de lo ocurrido, se concreta un escenario de
discriminación. Por tanto, en estos casos la persona discriminada se ve expuesta a
las miradas de los demás, por lo que “se puede sentir intimidada, reducida o
sometida a sensaciones similares por esta exposición social.”[49] En estos casos el juez constitucional debe
analizar algunos aspectos para valorar el impacto que un determinado escenario
de discriminación puede tener sobre los derechos fundamentales de una persona,
a saber:
76. (i) La relación de poder que existe
entre la persona discriminada y la persona discriminadora. “En caso de que
exista una relación de sujeción y dependencia, el victimario podrá coaccionar y
someter a la persona a una presión y una afectación mayor.”[50]
77. (ii) La relación entre las personas
que participan en el escenario de discriminación, esto es: la persona
discriminada, la que discrimina y aquellas que hacen las veces de público. En
este punto se debe valorar si las relaciones son ocasionales y esporádicas o
continuas y permanentes, ya que cuanto más frecuente sean, habrá una mayor afectación
de los derechos.
78. (iii) El espacio en el que se presenta
el escenario de discriminación. Debe tenerse en cuenta si se trata de un
escenario institucionalizado o especialmente regulado. Si el lugar es privado,
semiprivado, público o semipúblico.
79. (iv) La duración del acto
discriminatorio. “Una mayor duración del evento que supuso la puesta en
escena de un acto discriminatorio conlleva en principio, una mayor afectación
de los derechos de la persona.”[51]
5.3. La presunción de discriminación y la carga dinámica de la
prueba cuando se alegan actos discriminatorios
80. Debido a las complejidades que supone la demostración de un acto
discriminatorio, pues en muchas ocasiones los afectados no cuentan con los medios suficientes
para probar la existencia de éstos, en casos como el presente opera una presunción de discriminación, de tal manera que quien es
señalado de incurrir en esta conducta tiene la carga de presentar de forma efectiva la prueba en contrario respectiva.[52]
A partir de lo anterior, en los casos donde se discuta la existencia de un trato basado en cualquiera de las categorías sospechosas de discriminación, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el concepto de
“carga dinámica de la prueba”, conforme al cual se traslada la obligación de probar la ausencia de discriminación a la parte
accionada, quien, al encontrarse en una situación de superioridad, tiene una
mayor capacidad para aportar los medios probatorios que demuestren que su
proceder no constituyó un acto discriminatorio, por lo que resulta insuficiente
para el juez la simple negación de los hechos por parte de quien se presume que
los ejecuta.[53]
81. Por tanto, en virtud de los principios de libertad probatoria y
sana crítica, se ha indicado que el juez de tutela debe valorar de forma
integral los elementos que constituyen el acervo probatorio del expediente,
teniendo en cuenta “aspectos como los criterios sospechosos, el contexto, el
carácter estructural, los escenarios en los que se desarrolla y la presunción
constitucional en favor de quien alega la situación de discriminación.”
6. La
discriminación en razón de la orientación sexual
diversa
6.1. Las personas LGBTI como grupo históricamente discriminado
82. La Corte Constitucional ha señalado en diversas sentencias que
las personas que hacen parte de la población LGBTI son sujetos de especial
protección constitucional, pues son un grupo históricamente marginado y por
tanto sometido a una discriminación estructural.[54] Al respecto
se ha señalado que, ante “la coincidencia de criterios frente a la situación
generalizada de desigualdad y tratamiento diferenciado arbitrario en contra de
la población LGBTI, no hay duda alguna sobre el carácter estructural de la
discriminación que atraviesan los miembros de la misma, debido a la
preponderancia contextual de patrones sexistas y estándares de normalización
que tienden a invisibilizar la problemática de la desprotección.”[55]
83. En el mismo
sentido, en el ámbito regional, en el informe “Violencia contra personas LGBTI”
del 12 de noviembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
concluyó que “las sociedades en el continente americano están dominadas por
principios de heteronormatividad, cisnormatividad, y los binarios de sexo y
género. Además, existe una amplia y generalizada intolerancia e irrespeto hacia
las personas LGBTI o aquellas percibidas como tales, lo cual se suma al fracaso
de los Estados en adoptar medidas efectivas para investigar y castigar
efectivamente la violencia por prejuicio. (…) La CIDH concluye que el contexto
generalizado de discriminación social e intolerancia respecto de esta
diversidad, aunado a la ausencia de investigaciones efectivas, y la falta de un
abordaje diferenciado para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar
los crímenes cometidos contra personas LGBTI, son elementos que conducen a que
se condone y se tolere esta violencia, lo que resulta en impunidad y repetición.”
84. En
consecuencia, la persistencia de patrones estructurales de discriminación por
motivos de orientación sexual, así como el arraigo de profundos prejuicios
hacia las personas LGBTI, trae como consecuencia
que en muchas ocasiones estas prácticas discriminatorias pasen desapercibidas
en la sociedad y tiendan a normalizarse o a restarles importancia, por lo que
es obligación del juez constitucional asumir el estudio de estos casos con una
especial sensibilidad constitucional y compromiso con la dignidad humana, “aplicando
criterios de enfoque diferencial que obedezcan a la situación generalizada de
vulnerabilidad y que tiendan a una solución jurídica que contribuya a la
superación de la misma.”[56]
6.2. La orientación sexual es un criterio sospechoso de
discriminación
85. La
orientación sexual se relaciona con los deseos,
sentimientos y atracciones sexuales y emocionales que puedan darse entre las
personas.[57] En este ámbito pueden presentarse diversas
manifestaciones, tales como la heterosexualidad, la homosexualidad, la
bisexualidad o la asexualidad, las cuales constituyen expresiones legítimas y
constitucionalmente relevantes del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, sin que sobre ellas pueda presentarse injerencia alguna de
agentes externos como el Estado o los particulares.
86. La
jurisprudencia constitucional ha advertido que, a pesar de la protección
constitucional que tienen todas las manifestaciones de la orientación sexual,
ésta se ha constituido en un criterio de discriminación, por lo que se ha
reconocido como una categoría sospechosa,[58]
lo que implica la prohibición de utilizar este criterio “para consolidar
diferenciaciones que, al estar basadas en estereotipos sexistas, se tornarían
irrazonables desde el punto de vista constitucional.”[59]
6.3. Los
derechos fundamentales que se encuentran comprometidos en un acto
discriminatorio por razón de la orientación sexual diversa
87. La jurisprudencia constitucional ha explicado que los derechos
fundamentales son inalienables, indivisibles, interdependientes
y están interrelacionados. “La protección de cualquier derecho es un paso en
la protección de los demás, así como la desprotección de cualquier derecho
conlleva la desprotección de los demás.”[60] En los
casos en los que se alega la comisión de un acto discriminatorio por razón de
la orientación sexual, además del evidente compromiso de los derechos a la
igualdad y a la no discriminación, también se encuentran en juego otros
derechos fundamentales que están estrechamente relacionados.[61]
88. En primer
lugar, se ha reconocido que en estas situaciones se afecta gravemente la
dignidad humana, que reconoce, entre otros aspectos, la autonomía del ser
humano para autodeterminarse sin afectar los derechos de los demás y vivir sin ser sometido a cualquier forma de
humillación. En segundo lugar, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que la orientación sexual hace parte del libre
desarrollo de la personalidad, ya que es una manifestación de la autonomía de
cada ser humano para desarrollar un plan de vida de acuerdo con sus
subjetividades sin la intromisión de agentes externos como el Estado o los
particulares. En tercer lugar, se ha advertido que el derecho a la intimidad,
el cual garantiza una esfera de privacidad en la vida
personal e implica una abstención por parte del Estado o de terceros de
intervenir injustificada o arbitrariamente en dicho ámbito, también resulta
comprometido cuando la orientación sexual diversa se utiliza como criterio para
establecer una diferenciación arbitraria.
89. En consecuencia, al estar estrechamente vinculados la
dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad
personal, junto con la igualdad y la no discriminación, han sido derechos que,
de manera recurrente, esta Corte ha encontrado transgredidos cuando se constata
un acto discriminatorio fundado en la orientación sexual. Estos derechos “configuran
los elementos básicos para que una persona pueda desenvolverse en sociedad[62], pues constituyen los baluartes
que garantizan el ejercicio de la libertad y la autonomía individual, sin la
intervención de terceros ajenos al fuero íntimo de cada ser humano, siempre que
se respeten los derechos de los demás y el orden jurídico.”[63]
7. Los comportamientos que afectan la
tranquilidad en espacios públicos o semipúblicos y la función de los servicios de vigilancia y seguridad privada
90. Dado que en esta oportunidad se analiza la
posible comisión de un acto discriminatorio por parte de personal de seguridad
de una empresa de vigilancia privada que presta sus servicios en un centro
comercial, y que la propia empresa de seguridad señaló en este proceso que no
todas las manifestaciones públicas de afecto están autorizadas, pues si “están matizadas de sexualidad o erotismo, que al parecer
fue lo que pudo dar lugar al procedimiento del guarda de Miro Seguridad Ltda”, no
podrían permitirse, es preciso que se analice cuáles son los límites de las
actuaciones de las empresas de seguridad privadas en este tipo de situaciones.
7.1. Las
normas de policía
91. El Código de
Policía[64] enlista en su artículo 33.2 los comportamientos
afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas en espacios
públicos, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo
público. Entre éstos incluye en el literal b: “realizar actos sexuales o de
exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”; y en literal e: “limitar
u obstruir las manifestaciones de afecto y cariño que no configuren actos
sexuales o de exhibicionismo en razón a la raza, origen nacional o familiar,
orientación sexual, identidad de género u otra condición similar”. Así
mismo, en el parágrafo 2º aclara que “no constituyen actos sexuales o de
exhibicionismo los besos o caricias que las personas, sin importar su género,
color de piel, orientación sexual o identidad de género, manifiesten como
expresiones de cariño, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la
personalidad.” Es claro entonces que la norma de policía prohíbe
exclusivamente los actos públicos sexuales o de exhibicionismo, sin que dentro
de estas categorías puedan incluirse los besos o las caricias. Además, la norma
hace especial énfasis en que las manifestaciones de afecto deben permitirse sin
importar, entre otros criterios, la orientación sexual.
92. Esta
preocupación del Legislador por proteger las expresiones públicas de cariño de
todas las personas y evitar cualquier tipo de discriminación fundada en la
orientación sexual se evidencia también en otras normas del Código de Policía.
Por ejemplo, en el artículo 40 se indica que uno de los comportamientos que afectan
a los grupos sociales de especial protección es el de “limitar u obstruir
las manifestaciones de afecto público que no configuren actos sexuales, de
exhibicionismo en razón a la raza, orientación sexual, género u otra condición
similar.” En el mismo sentido, el artículo 93 del mismo estatuto incluye
dentro de los comportamientos relacionados con la seguridad y tranquilidad que
afectan la actividad económica, el de “limitar o vetar el acceso a lugares
abiertos al público o eventos públicos a personas en razón de su raza, sexo,
orientación sexual, identidad de género, condición social o económica, en
situación de discapacidad o por otros motivos de discriminación similar.”
7.2. Los
límites a las actuaciones de las empresas de seguridad privada
93. El artículo
73 del Decreto 356 de 1994, “por el cual se expide
el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”, señala que la función de los servicios de vigilancia y seguridad
privada, “es la de disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan
afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de legítimos
derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin
alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia
reservada a las autoridades”, mientras que el artículo 74 del mismo
estatuto indica que uno de los principios que guían esta labor es el de “respetar
los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de
asumir conductas reservadas a la fuerza pública.”
94. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad
encargada de ejercer el control sobre los servicios de vigilancia y seguridad
privada, también se ha ocupado de establecer directrices a las empresas que
prestan servicios de seguridad en materia de garantía de los derechos y
libertades de las personas. En la Circular Externa número 20167000000235 del 3
de octubre de 2016 se establecen lineamientos en materia de derechos humanos y
responsabilidad social. Allí se dispone que los prestadores de servicio de
vigilancia y seguridad privada deben “respetar los Derechos Humanos de todas
las personas”, así como “estar debidamente informados respecto de los
riesgos de Derechos Humanos asociados con sus operaciones” y “hacer
especial hincapié en el respeto de los Derechos Humanos en los cursos de
formación para el personal.” De manera específica, en relación con el
respeto de los derechos de las personas LGBTI, la Circular
Externa número 20157000000195 del 7 de septiembre de 2015 indicó:
“A fin garantizar el respeto a la dignidad humana, los derechos
fundamentales, el derecho a la igualdad y la no discriminación, teniendo en
cuenta los postulados previstos en la Constitución Nacional, la Ley 1482 de
2011 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la materia (…) los
servicios de vigilancia y seguridad privada deberán adoptar las medidas
necesarias para prevenir y atender de forma adecuada los hechos o situaciones
relacionadas con las personas con orientación sexual e identidad de género
diversa (LGBTI), en los sitios y espacios donde se preste el servicio y adoptar
procedimientos internos en tal sentido, o en su defecto aquellos que se
requieran para sancionar actos de discriminación directa o indirecta, que
puedan cometer el personal vinculado a los sujetos sometidos a Inspección,
Vigilancia y Control de la Superintendencia.”
95. En esta
misma línea, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que los derechos
fundamentales de las personas no pueden limitarse arbitrariamente en los espacios
semipúblicos, como los centros comerciales,[65]
por parte de los administradores o equipos de seguridad de dichos lugares. Al
respecto ha señalado: “las reglas de comportamiento en dichos lugares son
mínimas y deben ser razonables. Por lo tanto, no es posible que sus
administradores restrinjan ostensiblemente el libre desarrollo de la
personalidad o discriminen a quienes allí acceden o permanecen[66].
Es decir que sus órganos internos y los agentes privados de la seguridad de
estos lugares, únicamente disponen de facultades para garantizar la seguridad o
el orden interno.”[67]
96. En suma, si bien las empresas de seguridad privada
están facultadas para prevenir o detener actuaciones que perturben la seguridad
de las personas o bienes sobre los cuales ejercen sus funciones, no están
autorizadas para restringir
arbitrariamente los ámbitos de la libertad constitucionalmente protegidos, ni mucho menos incurrir
en actos de discriminación, fundados, por ejemplo, en la orientación sexual de
las personas.
8. La invisibilización de las personas LGBTI en los espacios
públicos y semipúblicos
97. Los hechos que se narran en la acción de tutela que se estudia
en esta oportunidad no son nuevos en nuestro país, por el contrario, responden
a un patrón de discriminación que de manera reiterada se ha venido presentando.
Casos similares al presente han salido a la luz pública en diferentes ocasiones
y la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en algunos
de ellos, como a continuación se muestra.
98. En la
Sentencia T-909 de 2011 se estudió el caso de una pareja de hombres
homosexuales que se encontraban en un centro comercial y, después de tener
manifestaciones de afecto, fueron recriminados por un vigilante del centro
comercial, quien les dijo: “Yo respeto su forma de pensar, pero ustedes
tienen que comportarse o sino tienen que retirarse del Centro Comercial, porque
aquí hay familias y niños.” La Corte amparó los derechos fundamentales de
los accionantes y concluyó que “la conducta desplegada por el guardia de seguridad en representación de la
empresa FORTOX y de los intereses del centro comercial COSMOCENTRO, restringió
ilegítimamente el derecho de Jimmy Moreno y de su pareja, a expresar libremente
sus opciones vitales derivadas de su dignidad, intimidad y del libre desarrollo
de su personalidad. Porque con el hecho de besarse, por las razones que se han
advertido, no pudieron haber puesto en riesgo los derechos de los demás, los
derechos de los niños, ni tampoco en general el ordenamiento jurídico.
Sencillamente los señores Moreno y Pérez efectuaron un acto de la naturaleza
humana, derivado de la atracción y los afectos, que al ser inherentes a la
especie y no contravenir norma alguna, no tiene por qué esconderse u
ocultarse.”[68]
99. Un caso
similar fue analizado en la Sentencia T-291 de 2016, en el que un hombre fue
expulsado de un centro comercial por parte de los guardas de seguridad, luego
de haber sido acusado falsamente de haber realizado actos obscenos con otro
hombre. La Corte protegió los derechos fundamentales del demandante y explicó: “el
Centro Comercial Portal del Prado de la Ciudad de Barranquilla y la empresa
Vigilancia del Caribe Ltda. vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y
a la prohibición de discriminación del señor Héctor Alfonso Barrios Peña,
debido al trato discriminatorio que recibió en razón de su orientación sexual
por parte de algunos integrantes del personal de seguridad del referido
complejo comercial, quienes lo retuvieron, expusieron al público, discriminaron
y finalmente expulsaron de la copropiedad.”[69]
100. En la Sentencia T-030 de 2017 la Corte conoció el caso de una
pareja de hombres homosexuales que se encontraban en un centro comercial y,
luego de besarse, fueron abordados por un guarda de seguridad quien les solicitó abandonar el lugar, so pena de requerir la presencia
de un agente de Policía para que atendiera la situación. La Corte nuevamente
concedió la tutela y señaló: “las manifestaciones de
afecto que los demandantes expresaron con un beso, no configuran supuestos
fácticos sancionados legalmente por las autoridades públicas, pues no
implicaron actos de un alto contenido íntimo, sexual o de naturaleza obscena,
proscritos por el Legislador (…). No existe restricción legal para el ejercicio
de estas libertades individuales en concreto, por lo que el guarda de
seguridad, en el asunto objeto de estudio, no podía imponer algún tipo de
limitación, restricción o llamado atención a los visitantes del establecimiento
que presta sus servicios al público en general, relacionados con el ejercicio
de sus derechos fundamentales, sean estas parejas heterosexuales o con
orientación sexual diversa, pues dicha manifestación no implicó el
desconocimiento de alguna norma de policía, no alteró el orden público, ni
afectó los bienes jurídicos bajo custodia del guarda de seguridad.”[70]
101. Recientemente, en la Sentencia T-355 de 2019, se estudió el
caso de una pareja de mujeres lesbianas que se encontraban en un
establecimiento comercial y fueron reconvenidas por el dueño del lugar por
cogerse de la mano, quien explicó, en declaración rendida ante la Corte, que su
establecimiento es un “local comercial de ambiente
familiar donde generalmente no se aprecian muestras de afecto o cariño
extralimitadas” y “no es
un lugar propiamente de ambiente para parejas del mismo sexo.” En esta oportunidad la Corte amparó los derechos fundamentales de
las accionantes y advirtió que su vulneración “no
solo acaeció por la acción desplegada por el administrador del local comercial,
sino que también se presentó por el lenguaje utilizado por aquel para reprochar
el comportamiento de la peticionaria, el cual tuvo una fuerte carga
discriminatoria, particularmente por su orientación sexual diversa y su
pretensión normalizadora e invisivilizadora de la diferencia, lo cual es
inadmisible en términos constitucionales.”[71]
102. Los anteriores casos evidencian un patrón común de
discriminación que se presenta en espacios abiertos al público y tiene como
objeto a las personas del mismo sexo que tienen manifestaciones públicas de
afecto. En muchas ocasiones estos actos discriminatorios son justificados por
la presunta incomodidad que causan estas demostraciones de cariño en los demás
asistentes del lugar en el que se presentan, o se escudan en la supuesta
preocupación por los niños que observan a una pareja del mismo sexo
acariciándose o besándose.[72]
103. Estas situaciones muestran la forma de discriminación más
esencial: la invisibilización. De esta manera se pretende que estas personas
pasen desapercibidas ante la sociedad y se vean obligadas a ocultar sus sentimientos
y limitarlos exclusivamente a la esfera privada donde no puedan ser vistos,
camuflando en ocasiones el desprecio y los prejuicios bajo la aparente
preocupación por la tranquilidad de las demás personas o la protección de los
niños. Por tanto, la garantía de los derechos de las personas LGBTI parte de
que sean visibilizados por la sociedad, de que puedan relacionarse y sentirse reconocidos,
aceptados y respetados en los espacios públicos o abiertos al público en las
mismas condiciones del resto de personas y no teman exponerse a ser excluidos o
recriminados por demostrar su afecto de manera pública.
9. Los
derechos fundamentales de Juana y María a no ser discriminadas, a la
igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad y al libre desarrollo de la
personalidad, fueron vulnerados al haber sido discriminadas por realizar manifestaciones públicas de afecto que no contrariaban el
ordenamiento legal
104. Antes de dar respuesta al problema jurídico
que se plantea en esta oportunidad, es necesario establecer las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos que originaron la
acción de tutela, ya que las entidades accionadas niegan la ocurrencia de
éstos. En la acción de tutela y en la respuesta al auto de pruebas proferido
por la Magistrada ponente las accionantes narran la forma en que ocurrieron los
hechos. Afirman que el 9 de septiembre de 2019,
mientras se encontraban departiendo junto con otras personas en la plazoleta de
comidas del Centro Comercial Viva de Barranquilla en horas de la noche, una
guarda de seguridad del centro comercial les llamó la atención por realizar
manifestaciones públicas de afecto y les advirtió que no lo podían hacer porque
había niños. Ante la inconformidad que expresaron las accionantes a la
vigilante por la referida recriminación, aquella les dijo que solo seguía
órdenes. Esta descripción de los hechos también es apoyada por otras dos
personas que se encontraban con las accionantes en ese momento, quienes
allegaron a este proceso sendas declaraciones en la que detallan lo sucedido.
105. Almacenes Éxito
S.A., propietaria del Centro Comercial Viva de Barranquilla, señaló que no tuvo
conocimiento de los hechos que se relatan en la acción de tutela y no recibió
ninguna petición o reclamo de las accionantes, sin embargo, expresaron su
compromiso con el respeto por las personas LGBTI. Por su parte, la empresa de
vigilancia Miro Seguridad LTDA niega la ocurrencia de los hechos y advierte que
no se inició ninguna investigación. Indicó que “unas
son las manifestaciones públicas de afecto y otras muy diferentes son las
conductas que están matizadas de sexualidad o erotismo, que al parecer fue lo
que pudo dar lugar al procedimiento del guarda de Miro Seguridad Ltda, sin
embargo no está plenamente probado el supuesto requerimiento del guarda de
seguridad.”
106. Como se analizó en el acápite 4.3. de esta sentencia, cuando se
alega un acto discriminatorio fundado en un criterio sospechoso, como sucede en
este caso, opera una presunción de discriminación y, en virtud de la carga
dinámica de la prueba, la parte accionada es quien
debe aportar los elementos probatorios que demuestren que no tuvo lugar tal
acto discriminatorio, siendo insuficiente la simple negación de los hechos. En
consecuencia, esta Sala tendrá por ciertos los hechos narrados en la acción de
tutela.
107. Lo anterior teniendo en cuenta que (i) las accionantes
presentaron un relato claro y consistente de los hechos tanto en la acción de
tutela como en la respuesta al auto de pruebas del 26
de octubre de 2020. (ii) El relato de las accionantes fue apoyado por el
testimonio de dos personas que estuvieron con ellas cuando sucedieron los
hechos. (iii) A pesar del requerimiento realizado en el mencionado auto de
pruebas, las partes accionadas no aportaron ningún elemento probatorio
tendiente a desvirtuar las afirmaciones de las accionantes y simplemente
negaron la ocurrencia de los hechos. Incluso, la empresa Miro Seguridad LTDA
sugirió que el llamado de atención de la vigilante a las accionantes pudo
ocurrir debido a que realizaron conductas “matizadas de sexualidad o
erotismo”. Esto genera dudas sobre la negación de los hechos que expone la
empresa de seguridad, pues si no tenía conocimiento de la situación narrada en
la acción de tutela, cómo puede afirmarse que posiblemente esto fue lo que
ocurrió. (iv) Si bien las empresas accionadas aducen que para el día en que ocurrieron
los hechos no se había asignado ninguna guarda mujer para prestar el servicio
de vigilancia en el tercer piso del Centro Comercial Viva, esta afirmación no
tiene ningún soporte y es desvirtuada tanto por las accionantes como por los
testimonios de las dos personas que las acompañaban en ese momento, quienes corroboraron
que en el momento en que sucedieron los hechos hacía presencia una vigilante
del centro comercial. Incluso, una de las declarantes, Olga Lucía Martínez,
afirma que increpó a la vigilante para preguntarle “si esa actitud la había
asumido con las otras parejas heterosexuales que estaban en el lugar.” (v)
Aunque Almacenes Éxito S.A. argumenta que no
recibió ninguna petición o reclamo de las accionantes, lo cual es aceptado por
ellas, esta situación obedeció, tal como lo afirman en la respuesta al Auto de
pruebas del 26 de octubre de 2020, a que Juana y
María se vieron muy afectadas por la conducta de la vigilante del centro
comercial y abandonaron el lugar inmediatamente después de que ocurrieron los
hechos y no volvieron por temor a exponerse a una revictimización.[73] En todo caso, no
existe ninguna obligación de las accionantes relacionada con la interposición de
alguna queja o reclamo ante el centro comercial como requisito para interponer
una acción de tutela por estos hechos. Las quejas o
reclamos que se pueden interponer ante una empresa privada no tienen el efecto
de cesar o reparar la vulneración de un derecho fundamental y, en esa
medida, no desplazan a la acción de tutela. Finalmente, (vi) la Corte valora
que los hechos denunciados en la acción de tutela responden a un patrón de
discriminación recurrente hacia las personas del mismo sexo que tienen
manifestaciones públicas de afecto, el cual ha sido objeto de varios
pronunciamientos por parte de esta Corte y de organismos internacionales como
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como se evidenció en el
acápite 7 de esta sentencia. Por tanto, existe además una amenaza sobre los
derechos fundamentales de las personas LGBTI que manifiestan su cariño en
espacios abiertos al público, pues se encuentra latente el riesgo de que puedan
ser objeto de actos discriminatorios por esta circunstancia.
108. Superada entonces la controversia probatoria, esta Sala
advierte que Juana y María, al ser recriminadas por la vigilante que
prestaba sus servicios en el Centro Comercial Viva de Barranquilla debido a que
realizaron manifestaciones públicas de afecto y prohibirles este comportamiento,
sufrieron un acto de discriminación que también supuso un escenario de
discriminación. Esta situación, además de transgredir sus derechos a la
igualdad y a no ser discriminadas, constituyó una injerencia arbitraria en sus
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad. Esto a su vez
implicó el desconocimiento de su dignidad humana, pues no se respetó su autonomía
para autodeterminarse y vivir sin ser sometidas a humillaciones.
109. En efecto, no hay ninguna evidencia que el
comportamiento de las accionantes transgrediera las normas de policía que
prohíben los “actos sexuales o de exhibicionismo” en lugares abiertos al
público que puedan afectar la convivencia pacífica. No existe ninguna queja o testimonio que dé cuenta de
estos comportamientos. Las manifestaciones públicas de afecto de las
accionantes se enmarcan entonces dentro del legítimo ejercicio de las
libertades individuales y hacen parte del derecho al libre desarrollo de la
personalidad.
110. En consecuencia, la vigilante de la empresa Miro
Seguridad LTDA no podía, escudándose en la protección de los niños que asistían
al lugar, reprochar o prohibir las manifestaciones públicas de afecto de Juana
y María en el Centro Comercial Viva, pues no existe ninguna restricción
legal para ello. Con su actuación, la guarda de seguridad se extralimitó en sus
funciones y desconoció los derechos fundamentales de las accionantes y las
normas de policía que no solo permiten este comportamiento, sino que consideran
como una contravención la obstrucción de las manifestaciones afecto y cariño
que no configuren actos sexuales o de exhibicionismo en razón a criterios
sospechosos de discriminación. Lejos de garantizar los derechos de los niños,
cuando un guarda de seguridad incurre en un acto discriminatorio perpetúa comportamientos
que no tienen lugar en una sociedad democrática, como la exclusión, la
discriminación y la violencia. Por tanto, en estos casos no solamente se
desconocen los derechos de las personas que son discriminadas, sino también los
niños que presencian el acto discriminatorio, pues el mensaje que se les
transmite es que la sociedad en la que viven no es igualitaria y no respeta la
dignidad de todas las personas.
111. De igual manera, la empresa Miro Seguridad LTDA
transgredió los lineamientos de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada que hacen especial énfasis en el deber que tiene
estas empresas de respetar los derechos humanos y “adoptar las medidas
necesarias para prevenir y atender de forma adecuada los hechos o situaciones
relacionadas con las personas con orientación sexual e identidad de género
diversa (LGBTI), en los sitios y espacios donde se preste el servicio y adoptar
procedimientos internos en tal sentido, o en su defecto aquellos que se
requieran para sancionar actos de discriminación directa o indirecta, que
puedan cometer el personal vinculado a los sujetos sometidos a Inspección,
Vigilancia y Control de la Superintendencia.”[74] Por tanto, la Sala considera que Miro Seguridad LTDA es responsable de la violación de los
derechos fundamentales de Juana y María. Esto por cuanto la vigilante
que incurrió en el acto discriminatorio obró como empleada de dicha empresa,
razón por la cual ésta debe responder por las actuaciones de sus dependientes.
112. La Sala llama la atención sobre la respuesta brindada
por Miro Seguridad LTDA al Auto de pruebas del 26 de
octubre de 2020, en donde señala que “toda persona debe comportarse en público
de acuerdo con los dictados de la moral y las buenas costumbres, sin inducir a
un mal ejemplo, crear escenas de escándalo ni llamar la atención con un
comportamiento que normalmente se realizan en otros escenarios” y que, en
todo caso, no pueden permitirse “las conductas que están matizadas de
sexualidad o erotismo, que al parecer fue lo que pudo dar lugar al
procedimiento del guarda de Miro Seguridad Ltda.” La Corte recuerda que los
conceptos de “moral” y “buenas costumbres” deben entenderse de acuerdo a los
principios y valores que inspiran la Constitución Política.[75] Por lo tanto, las
empresas de seguridad privada deben asegurarse que sus empleados sean
conscientes de que los actos discriminatorios, como la prohibición a una pareja
del mismo sexo de realizar manifestaciones públicas de afecto, es un comportamiento
contrario a la moral pública y a las costumbres de una sociedad democrática y
pluralista como la nuestra.
113. La Corte también advierte que en la situación que se
analiza se presentó un escenario de discriminación, toda vez que el acto
discriminatorio tuvo lugar frente a un público, esto es, las personas que
acompañaban a Juana y María cuando sucedieron los hechos. De otra parte,
existía una relación de sujeción entre las accionantes y la vigilante del
centro comercial, quien podía coaccionar a aquellas para impedirles manifestar
públicamente su afecto. También advierte esta Sala que el escenario de
discriminación ocurrió en un lugar abierto al público, por lo que el acto
discriminatorio pudo ser presenciado, no solo por los acompañantes de las
demandantes, sino por cualquier persona que en ese momento visitaba el centro
comercial. Finalmente, se debe tener en cuenta que esta situación generó en las
accionantes un temor a realizar manifestaciones de afecto en espacios públicos
o abiertos al público y las llevó a tomar la decisión de no volver al Centro
Comercial Viva, al considerar que podían ser revictimizadas o vivir un acto
discriminatorio similar. Estas particularidades, sin duda, acentúan la
afectación a los derechos fundamentales de las accionantes.
114. Este escenario de discriminación afectó no solamente a
Juana y María, sino también a sus amigos y amigas que en el momento en
que sucedió el acto discriminatorio las acompañaban en el centro comercial. En
efecto, estas personas pudieron evidenciar que se encontraban en un lugar
hostil a la diversidad y en el que no se respetan los derechos fundamentales,
esto es, un espacio en donde se apagan las garantías constitucionales y se
permite la arbitrariedad de las personas encargadas de la seguridad. El mensaje
de exclusión llegó entonces no solo a las accionantes, sino además, a las
personas que estaban con ellas departiendo en el centro comercial.
115. Ahora bien, aunque
es cierto que Almacenes Éxito S.A. informó sobre las actividades que ha
desplegado en el marco de sus políticas de no discriminación y promoción de la
diversidad y el respeto a las personas LGBTI, en este caso particular también
tiene una responsabilidad en los hechos objeto de análisis, ya que éstos
ocurrieron al interior del Comercial Viva de Barranquilla, el cual es de su
propiedad, y la guarda de seguridad implicada en la actuación que se censura
prestaba sus servicios a dicho establecimiento con ocasión de labor contratada.
Almacenes Éxito S.A. escogió a la empresa Miro Seguridad LTDA para cumplir las
labores de vigilancia y seguridad del Centro Comercial Viva, por lo que, si
bien no fue un empleado suyo quien cometió el acto discriminatorio, tiene una
responsabilidad en estos hechos en la medida en que fue una empleda de la
empresa de seguridad, la cual contrataron libremente, quien de manera directa
vulneró los derechos fundamentales de las accionantes.
116. La Corte también encuentra que en esta oportunidad, en
la violación de los derechos fundamentales de Juana y María, incidió su
desconocimiento, y el de la sociedad en general, sobre la política de Almacenes
Éxito S.A. de respeto y garantía de los derechos de las personas LGBTI. Esto
implicó que las accionantes decidieran no volver al Centro Comercial Viva
después de que ocurrió el acto discriminatorio y no interpusieran ninguna queja
por temor a ser revictimizadas, sino que acudieran a Caribe Afirmativo, una
organización que trabaja en favor de la diversidad sexual, en donde les
recomendaron interponer una acción de tutela para denunciar lo sucedido. En
consecuencia, esta Sala considera que, con fundamento en la colaboración que
debe existir entre el sector público y el sector privado y en el deber
constitucional que tienen los particulares de “defender y difundir los
derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”,[76] es
necesario que la posición de Almacenes Éxito S.A. en favor de la diversidad y
el respeto a los derechos de las personas LGBTI sea claramente difundida y
conocida por la la empresa de seguridad y sus empleados, de tal manera que las
personas tengan la certeza de que en sus distintos lugares abiertos al público
las personas, sin distinción alguna, van a ser aceptadas y su dignidad
reconocida, esto es, son espacios seguros en los que no se permiten actos
discriminatorios y, en caso de ocurran, van a ser rápida y adecuadamente
atendidos y solucionados. Por tanto, el remedio judicial que se adopte en esta
oportunidad estará orientado a que la postura en favor de la Constitución de
Almacenes Éxito S.A. sea difundida y conocida por la empresa de seguridad y sus
empleados.
117. En suma, la Corte encuentra acreditada la
discriminación que sufrieron Juana y María por manifestar públicamente
su afecto. La actuación de la guarda de seguridad, quien recriminó y prohibió a
las accionantes las muestras de cariño referidas, estuvo desprovista de
cualquier fundamento constitucional y legal y constituyó una vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, a no ser discriminadas, a la intimidad,
al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana. Esta situación
ha impedido a las accionantes volver al centro comercial en el que fueron
discriminadas por miedo a ser objeto de señalamientos y reproches, además del
temor que ahora tienen de expresar públicamente su afecto en cualquier espacio
público o semipúblico. Por ende, se hace imperioso romper la invisibilización a
las que son sometidas las personas LGBTI en los espacios públicos o abiertos al
público y, de esta manera, superar los prejuicios sociales que aún persisten
sobre esta población. La garantía de sus derechos fundamentales, en una
sociedad democrática y respetuosa de la diversidad, debe partir entonces de su
visibilización.
10. Órdenes
118. Una vez
constatada la vulneración de los derechos fundamentales de Juana y
María, esta Sala debe determinar las órdenes a adoptar. La Corte revocará
las sentencias proferidas el 29 de noviembre de 2019 por el
Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla,
y el 6 de febrero de 2020 por el Juzgado Octavo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, por medio de las
cuales se negó el amparo de los derechos de las accionantes. En
su lugar, se ampararán sus derechos fundamentales a la igualdad, a no ser discriminadas, a la intimidad, al
libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.
119. En consecuencia, se declarará que Juana y María sufrieron un acto de discriminación por parte de la vigilante de la
empresa Miro Seguridad LTDA que prestaba sus servicios al Centro Comercial Viva
de Barranquilla por el hecho de manifestar públicamente su afecto. Así mismo,
se ordenará a las empresas accionadas disponer un espacio apropiado y abierto al público dentro de las instalaciones
del Centro Comercial Viva de Barranquilla, en el cual deberán ofrecer disculpas públicas a Juana y María por
los hechos que dieron origen a la acción de tutela de la referencia y la
vulneración a sus derechos fundamentales. También,
se ordenará a Almacenes Éxito S.A. que comunique su
política institucional en materia de respeto a los derechos de las personas
LGBTI a la empresa Miro Seguridad LTDA.
120. De igual manera,
para evitar la repetición de los hechos que originaron la presente acción de
tutela, se ordenará a la empresa Miro Seguridad LTDA que capacite a sus
empleados en materia de respeto a los derechos de las
personas LGBTI y adopte las
medidas adecuadas y necesarias para evitar que sus empleados vuelvan a cometer
actos de discriminación a causa de la orientación sexual de las personas,
debiendo presentar un informe al juez de primera instancia en el que establezca
cuáles son las medidas concretas que se adoptarán y cómo se van a aplicar. Así
mismo, se ordenará compulsar copias
de todo lo actuado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para
que, con base en la Circular Externa número
20157000000195 del siete (7) de septiembre de 2015 de dicha entidad, y dentro
de sus competencias, si fuera procedente, adelante las investigaciones
correspondientes contra la empresa de seguridad privada accionada por los
hechos que dieron origen a la acción de tutela de la referencia. Finalmente, se
exhortará a los jueces de tutela de instancia que, en adelante, sigan la jurisprudencia de la
Corte Constitucional relacionada con la prohibición de discriminación de las
personas LGBTI.
11. Síntesis de la decisión
121. Juana y María son pareja e interpusieron acción de tutela en
contra de Almacenes Éxito S.A., el Centro Comercial Viva y Miro Seguridad LTDA
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al libre desarrollo
de la personalidad, a la dignidad humana, a la intimidad, a la vida privada, a
la igualdad y a la prohibición de discriminación, toda vez fueron recriminadas
por parte de una guarda de seguridad del Centro Comercial Viva de Barranquilla
por realizar manifestaciones públicas de afecto al interior de sus
instalaciones.
122. La Corte reiteró la jurisprudencia constitucional sobre el
derecho a no ser discriminado, analizó la discriminación en razón de la
orientación sexual diversa, precisó cuáles conductas afectan
la tranquilidad en espacios públicos o semipúblicos y cuáles están permitidas y
respaldadas constitucional y legalmente. Determinó la
función que tienen los servicios de vigilancia y seguridad privada y los
límites de sus facultades, así como el respeto a los derechos humanos que debe
guiar sus actuaciones. Antes de analizar el caso concreto, la Sala constató la invisibilización que sufren las personas LGBTI en los espacios
públicos y semipúblicos, en donde se presenta un patrón de discriminación que
tiene como objeto a las personas del mismo sexo que realizan
manifestaciones públicas de afecto.
123. A partir de las anteriores consideraciones, esta Sala concluyó
que en el presente caso se habían vulnerado los
derechos fundamentales de Juana y María a la igualdad, a no ser discriminadas, a la intimidad, al
libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, debido a que una vigilante de la empresa Miro Seguridad LTDA, que
prestaba sus servicios en las instalaciones del Centro Comercial Viva de
Barranquilla, las recriminó y prohibió expresar públicamente su afecto, sin que
existiera alguna evidencia de que su comportamiento transgredió
las normas que garantizan la convivencia pacífica. Esta
situación configuró un acto discriminatorio que tuvo por efecto invisibilizar a
las accionantes en un espacio abierto al público.
III. Decisión
124. Las empresas de vigilancia
y seguridad privada, así como los establecimientos abiertos al público que
contratan sus servicios, vulneran los derechos fundamentales cuando guardas de
seguridad que trabajan para aquellas, y en ejercicio de sus funciones, limitan
o prohíben las manifestaciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo
que no configuran actos sexuales o de exhibicionismo en los términos señalados
por las normas de Policía.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- Por las razones y en los términos de esta
providencia, REVOCAR las sentencias proferidas el 29 de
noviembre de 2019 por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Barranquilla, y el 6 de febrero de 2020 por el Juzgado Octavo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, por medio de
las cuales se negó la acción de tutela interpuesta por las accionantes. En su lugar, CONCEDER el
amparo a los derechos fundamentales a la igualdad, a no ser
discriminadas, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la
dignidad humana de Juana y María, con
fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo.- DECLARAR que Juana y María sufrieron un acto de discriminación por
parte de una vigilante de la empresa Miro Seguridad LTDA que prestaba sus
servicios al Centro Comercial Viva de Barranquilla por el hecho de manifestar
públicamente su afecto.
Tercero. ORDENAR a Almacenes Éxito S.A.
y Miro Seguridad LTDA que, dentro de los ocho (8) días siguientes a la
notificación de esta providencia, dispongan un espacio apropiado y abierto al público dentro de las
instalaciones del Centro Comercial Viva de
Barranquilla, en el cual deberán ofrecer disculpas
públicas a Juana y María por los hechos que dieron origen a la acción de
tutela de la referencia y la vulneración a sus derechos fundamentales. A dicho acto deberán invitar a participar a
las accionantes.
Cuarto.- ORDENAR
a Almacenes Éxito S.A. que,
dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de esta providencia, comunique su política
institucional en materia de respeto a los derechos de las personas LGBTI a la empresa Miro Seguridad LTDA.
Quinto.- ORDENAR a la empresa
Miro Seguridad LTDA que capacite a sus empleados en materia de respeto a los derechos de las personas LGBTI y adopte las medidas adecuadas y necesarias
para evitar que sus empleados vuelvan a cometer actos de discriminación a causa
de la orientación sexual de las personas. La empresa
Miro Seguridad LTDA deberá presentar un informe al juez
de primera instancia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de
esta providencia, en el que establezca cuáles son las
medidas concretas que se adoptarán y cómo se van a aplicar.
Sexto.- COMPULSAR copias de todo lo actuado a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada para que, con base en la Circular Externa número
20157000000195 del siete (7) de septiembre de 2015 de dicha entidad y dentro de
sus competencias, si fuera procedente, adelante las investigaciones
correspondientes contra la empresa Miro Seguridad LTDA por los hechos que
dieron origen a la acción de tutela de la referencia.
Séptimo.- EXHORTAR al Juzgado Octavo Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla y al Juzgado Octavo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Barranquilla que, en adelante, sigan la jurisprudencia de la Corte Constitucional
relacionada con la prohibición de discriminación de las personas LGBTI.
Octavo.- REMITIR al Juzgado de primera instancia el
expediente digitalizado del proceso de tutela de la referencia. Una vez se
retomen actividades normales, la Secretaria General de la Corte Constitucional
deberá ENVIAR el expediente físico al despacho
correspondiente.
Noveno.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría
General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a
través del Juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Dado que en la acción de tutela se solicita proteger
la identidad de las demandantes, en la versión pública de esta sentencia se
cambiarán sus nombres reales por nombres ficticios.
[2] Mediante Auto del 29 de septiembre de 2020, proferido
por la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, conformada por los
magistrados Alejandro Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos, la Corte
Constitucional seleccionó para revisión el expediente T-7.891.149.
[3] La acción de tutela obra en los folios 1 a 10 del
cuaderno 1.
[4] La respuesta a la acción de tutela de Miro Seguridad
LTDA. obra en los folios 23 a 25 del cuaderno 1.
[5] La respuesta a la acción de tutela de Almacenes Éxito
S.A. obra en los folios 27 a 30 del cuaderno 1.
[6] La sentencia del juez de tutela de primera instancia
obra en los folios 104 a 112 del cuaderno 1.
[7] La impugnación de la sentencia del juez de tutela de
primera instancia obra en los folios 123 a 127 del cuaderno 1.
[8] La sentencia del juez de tutela de segunda instancia
obra en los folios 4 a 7 del cuaderno 2.
[9] Folios 36 a 41 del cuaderno principal.
[10] Folios 50 a 52 del cuaderno principal.
[11] Esta declaración juramentada con fines
extraprocesales fue suscrita ante el Notario Décimo de Barranquilla el 6 de
noviembre de 2020. Folio 53 del cuaderno principal.
[12] En el escrito presentado por las accionantes se
indica que la declaración de Olga Lucía Martínez Alfaro no pudo realizar ante
notario público “por motivo de las restricciones y medidas de autocuidado
adoptadas por la pandemia de la COVID-19, resultó imposible que ella pudiera
acudir a realizar la declaración juramentada antes de la presentación de esta
ampliación.” Folio 54 del cuaderno principal.
[13] Folios 56 del cuaderno principal.
[14] Folios 58 a 60 del cuaderno principal.
[15] Folios 68 y 69 del cuaderno principal.
[16] Folios 71 y 72 del cuaderno principal.
[17] Folios 21 a 26 del cuaderno principal.
[18] El artículo 86 de la Constitución Política y 1° del
Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona tiene la facultad de incoar el
amparo constitucional, por sí misma o por quien actúe en su nombre, con el fin
de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
[19] Folios 13 y 15 del cuaderno 1.
[20] De acuerdo a la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación y al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede
contra particulares en los siguientes casos: (i) cuando el particular presta un
servicio público; (ii) cuando la conducta del particular afecta grave y
directamente el interés colectivo y, (iii) cuando el solicitante se halle en
estado de subordinación o indefensión frente al particular.
[21] Sobre la configuración del estado de
indefensión, ver entre otras, sentencias T-798 de 2007. M.P. Jaime Córdoba
Triviño y T-552 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[22] Sentencia T-405 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
En dicha sentencia también se demandó a un particular por la violación de los
derechos a la intimidad y a la propia imagen.
[23] La Corte Constitucional ha identificado enunciativamente
algunas situaciones que pueden dar lugar a este supuesto. En la Sentencia T-012
de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio), la Corte hizo referencia a las siguientes
circunstancias: “(i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa
judiciales eficaces e idóneos que le permitan conjurar la vulneración de un
derecho fundamental por parte de un particular; (ii) quienes se encuentran en
situación de marginación social y económica; (iii) personas de la tercera edad;
(iv) discapacitados; (v) menores de edad; (vi) la imposibilidad de satisfacer
una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada
como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del
que es titular; (vii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o
contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten
lesivas de derechos fundamentales de una de las partes como en la relación
entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc.
y, (viii) el uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social
que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo
en favor de otro.”
[24] Sentencia T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[25] Sentencia T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[26] Ibídem.
[27] Sobre el requisito de la inmediatez, ver entre muchas
otras las sentencias T-158 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-584
de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-416 de 2013. M.P. Mauricio
González Cuervo; T-038 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.V. Aquiles
Arrieta Gómez (e).
[28] Ver, entre muchas
otras, las Sentencias T-328 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-662
de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-066 de 2014. M.P. María Victoria
Calle Correa; T-577 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo; T-030 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-075 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-314 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[29] Al respecto pueden consultarse, entre
otras, las sentencias T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-314 de
2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-077 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-141 de 2017. M.P.
María Victoria Calle Correa.
[30] Sentencia SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
También pueden consultarse las sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio
Estrada (e) y T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[31] Sentencia
T-344 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[32] En la Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera se señaló: “La doctrina constitucional ha agrupado estos
casos bajo la categoría de “carencia actual de objeto”; y si bien el concepto
central se ha mantenido uniforme, con el devenir de la jurisprudencia se ha
venido ajustando su clasificación y las actuaciones que se desprenden para el
juez de tutela ante estos escenarios.”
[33] Ver, por ejemplo, las sentencias T-970 de 2014. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-021 de
2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-423 de 2017. M.P. (e) Iván
Humberto Escrucería Mayolo.
[34] Sentencia SU-667 de 1998. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo. Para un listado de los escenarios en los que la
jurisprudencia ha aplicado esta categoría ver, por ejemplo, la Sentencia T-448
de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[35] En virtud a lo estipulado en el artículo 6, numeral 4
del Decreto 2591 de 1991 que prevé: “Causales de improcedencia de la tutela.
La acción de tutela no procederá: (…) Cuando sea evidente que la violación del
derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión
violatoria del derecho.” También puede consultarse la Sentencia T-495 de
2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36] Esta
postura fue adoptada en la Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[37] Sentencia
T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Reiterado en la Sentencia
T-335 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[38] Ver, entre otras, las sentencias T-098 de 1994. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-288 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muños; C-022 de
1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-1042 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; SU-1167 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-030 de 2004. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-393 de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-062
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-141 de 2017. M.P. María Victoria Calle
Correa; y T-376 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[39] Artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Artículos 2.2 y 3 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y culturales.
[40] Artículo 3.1 de la Carta de la OEA. Artículos 1.1. y
24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[41] Artículos 2 y 3 de la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” y el artículo 14 del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales.
[42] La Convención
Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia fue adoptada
en La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013. La Convención fue firmada por
Colombia el 8 de septiembre de 2014 y aún no ha sido ratificada.
[43] Artículo 53 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados: “Es nulo todo tratado que, en el momento
de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho
internacional general. Para efectos de la presente Convención, una norma
imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida
por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no
admite acuerdo contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior
de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”
[44] Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, sobre la “Condición
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”. La
Corte Constitucional también ha reconocido que el principio de no
discriminación hace parte del ius cogens. En la Sentencia C-091 de 2017, en
la que se analizó la constitucionalidad del tipo penal de “hostigamiento”, se
dijo: “El caso objeto de estudio se refiere a una dimensión especial de la
igualdad, que se caracteriza por la existencia de una prohibición definitiva y
alcanza el rango de principio ius cogens en el derecho internacional, es decir,
de una norma que no admite pacto en contrario entre las partes contratantes (en
principio, los Estados). Básicamente, una discriminación se presenta cuando las
autoridades adoptan tratos diferenciados entre personas o grupos en situaciones
similares, sin que exista para ello una razón legítima.”
[45] Ver Sentencia T-098 de 1994. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[46] M.P. María Victoria Calle Correa.
[47] La Sentencia T-141 de 2017 (M.P. María
Victoria Calle Correa), explica que los criterios sospechosos de discriminación
son “categorías que “(i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de
las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su
identidad; (ii) esas características han estado sometidas, históricamente, a
patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no
constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una
distribución o reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas
sociales.”
[48] M.P. María Victoria Calle Correa.
[49] Sentencia T-691 de 2012. M.P. María
Victoria Calle Correa.
[50] Ibídem.
[51] Ibídem.
[52] Este criterio ha sido consolidado a partir
de la Sentencia T-098 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se
indicó que: “[l]os actos
discriminatorios suelen ser de difícil prueba. De ahí que sea apropiado que la
carga de probar la inexistencia de discriminación recaiga en cabeza de la
autoridad que expide o aplica una disposición jurídica, no así en quien alega
la violación de su derecho a la igualdad, especialmente cuando la clasificación
que se hace de una persona es sospechosa por tener relación con los elementos
expresamente señalados como discriminatorios a la luz del derecho
constitucional.”
[53] Ver, entre otras, las sentencias T-741 de 2004. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-291
de 2016. M.P. Alberto Rojas Rios; y T-335 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[54] Ver, entre otras, las sentencias T-909 de
2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-314 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-077 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-030 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-141 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
[55] Sentencia T-141 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa.
[56] Ibídem.
[57] Esta concepción de la orientación sexual
ha sido adoptada en distintos pronunciamientos de esta Corte, por ejemplo, en
las sentencias T-804 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-099 de 2015.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; C-071 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-141 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-077 de 2016. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-252 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; y T-363 de
2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[58] Sobre la orientación sexual como categoría
sospechosa de discriminación, ver entre otras las sentencias C-075 de 2007.
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-577 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T- 565 de 2013. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-804 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-141 de 2015.
M.P. María Victoria Calle Correa; T-478 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; y T-376 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger
[59] Sentencia T-141 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa.
[60] Sentencia C-253 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera.
[61] Al respecto pueden consultarse las sentencias T-335
de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-291 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-909 de 2011. M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[62] Sentencia T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[63] Sentencia T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[64] Ley 1801 de 2016.
[65] En la Sentencia C-204 de 2019 (M.P. Alejandro Linares
Cantillo), se indicó: “[l]os espacios semipúblicos, como las oficinas
públicas o de entidades prestadoras de servicios públicos, los bancos, los
centros comerciales, los locales comerciales, los estadios y los cines, no son
lugares públicos, pero se encuentran abiertos a él.”
[66] En la Sentencia T-291 de 2016, la Corte
Constitucional estudió el caso de una persona que fue retenida, expuesta y
expulsada de un centro comercial, por considerar que se encontraba realizando
actos obscenos. Allí se precisó que “La restricción
de besarse en público que se imponga a una pareja homosexual por parte del
personal de vigilancia de un centro comercial o similar, restringe
ilegítimamente el derecho de esa pareja a expresar libremente sus opciones vitales
derivadas de su dignidad, intimidad y del libre desarrollo de su personalidad.”
[67] Sentencia C-204 de 2019. M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
[68] Sentencia T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[69] Sentencia T-291 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[70] Sentencia T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[71] Sentencia T-355 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[72] En el informe “Violencia contra personas LGBTI” de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2015, se indica que este
organismo “ha recibido información de casos de parejas del mismo sexo
atacadas por demostrar su afecto en público, como tomarse de la mano,
acariciarse, abrazarse o besarse. También se ha conocido de guardias de
seguridad privada en centros comerciales que expulsan a parejas del mismo sexo
en respuesta a demostraciones públicas de afecto (…). En Colombia, organizaciones alegan que las
parejas del mismo sexo continúan siendo perseguidas y hostigadas, incluso con
posterioridad a una decisión de la Corte Constitucional que estableció que la
expulsión de una pareja gay de un centro comercial por dos guardias de
seguridad con base en demostraciones de afecto en público constituyó un acto de
discriminación.”
[73] En la Sentencia T-030 de 2017 (M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado), en la que se analizó el caso de una pareja de hombres
homosexuales que fueron discriminados en un centro comercial por realizar
manifestaciones públicas de afecto, los accionantes tampoco interpusieron
ninguna queja por temor a ser revictimizados.
[74] Circular Externa número 20157000000195 del 7 de
septiembre de 2015 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
[75] Al respecto ver, entre otras, las sentencias C-931 de
2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-113 de 2017. M.P. María Victoria
Calle Correa; C-234 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera; y C-382 de 2019. M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[76] Constitución Política. Artículo 95.4.