C-360-13
Sentencia C-360/13
Sentencia
C-360/13
REFORMAS
INTRODUCIDAS POR LA ASAMBLEA DE LOS GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA-Exequibilidad
La Corte determinó que las
reformas introducidas por la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano
de Integración Económica, del cual hace parte Colombia, se ajustan a la
Constitución Política, especialmente como instrumentos de impulso de la
integración económica entre los países latinoamericanos.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Naturaleza
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241-10 de la
Constitución Política de Colombia, la
Corte Constitucional es competente para revisar los instrumentos
internacionales puestos en su conocimiento y su ley aprobatoria. El control de
constitucionalidad que realiza esta Corporación es completo, automático, y
versa tanto sobre el contenido material de las Resoluciones bajo estudio y de
su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y
las normas constitucionales. En relación con el aspecto formal corresponde a la
Corte examinar dos aspectos: de una parte, la validez de la representación del
Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción
de las Resoluciones, y de otra, la observancia de las reglas del trámite
legislativo que precedieron a la aprobación de la ley objeto de análisis. Al
respecto, esta Corporación tiene en cuenta que la
Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para
la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional. Por este
motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos generales, el mismo
trámite que una ley ordinaria. Desde esta perspectiva se requiere, en razón del
trámite ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el
inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional
correspondiente del Senado de la
República (Art. 154 C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de
las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157
C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a
ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la
iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160
C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los
debates; (vi) la aprobación por votación nominal y pública; y (vii) la sanción
presidencial y la remisión del texto a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (Art.  241-10
C.P). Por último, frente los aspectos de fondo, la labor de la
Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional
sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los preceptos
constitucionales, a fin de  determinar si se ajustan o no a la
Carta Política.
VOTACION ORDINARIA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Excepción a la votación nominal y pública
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA-Jurisprudencia constitucional/BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA-Finalidad
REFORMAS
INTRODUCIDAS POR LA ASAMBLEA DE LOS GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACION ECONOMICA-Trámite legislativo
Referencia: expediente LAT-398
Revisión constitucional de la Ley 1585 de 2012, por medio de la cual
se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución
número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de
2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”.
Magistrado Ponente:
Luis Ernesto Vargas Silva
Bogotá, D.C.,
veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 10 de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos
contemplados en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de la
“Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de
2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”, y de la
Ley 1585 de 2012, por medio de la cual fueron aprobadas.
I.
ANTECEDENTES
1. Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la
Carta Política, mediante oficio radicado en la
Secretaría General de esta Corporación el 2 de noviembre de 2012 (Fl. 1
cuaderno principal), dentro del término constitucional, la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República remitió copia autenticada de la
Ley 1585 de 2012, para efectos de su revisión constitucional.
2. El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 22 de noviembre de
2012 (Fl.  28 cuaderno principal), avocó el conocimiento del proceso y dispuso
la práctica de pruebas. Recibidas éstas, mediante auto de 19 de diciembre de
2012 (Fl. 95 del cuaderno principal) ordenó continuar el trámite del mismo y,
en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin
de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor
Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la
iniciación del proceso al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso de la
República y a los Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de
Comercio, Industria y Turismo y de Transporte.
3. De manera que, luego de surtidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de procesos, esta Corporación se pronuncia
respecto de la constitucionalidad del instrumento internacional bajo examen.
II. TEXTO DE LA NORMA.
La ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el
Diario Oficial 48.600 del 31 de octubre, es la siguiente:
“LEY
1585 DE 2012
(octubre
31)
Diario
Oficial No. 48.600 de 31 de octubre de 2012
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por
medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de
2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el
texto de la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de
2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto de las resoluciones,
que han sido certificadas por el Secretario de la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
la cual consta de diez y nueve (19) folios.
BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
SECRETARÍA
Referencia: Modifica
el artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco.
El
suscrito, Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano
de Integración Económica,
CERTIFICA:
Que la
Asamblea de Gobernadores del Banco, en su Sexagésima Reunión Extraordinaria,
celebrada en la ciudad de Madrid, Reino de España, el ocho de septiembre de dos
mil cinco, adoptó la siguiente:
“RESOLUCIÓN
NÚMERO AG-14/2005
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA,
CONSIDERANDO:
Que
resulta necesario y oportuno revisar el alcance y contenido del artículo 8o del
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica a la
luz de las circunstancias del entorno y con la finalidad de que el Banco, en
cumplimiento de su objeto, pueda atender nuevos esquemas e instrumentos de
financiamiento conforme a las sanas prácticas bancarias.
Que el
Directorio del Banco ha elevado a la consideración de esta Asamblea una
propuesta de modificación del artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco.
Que, de
conformidad con el artículo 35 del Convenio Constitutivo, corresponde a la
Asamblea de Gobernadores aprobar cualquier modificación a dicho Convenio.
RESUELVE:
PRIMERO. Modificar
el artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Económica, el que se leerá de la siguiente manera:
“Artículo 8o.
El Banco financiará exclusivamente programas o proyectos económicamente sanos y
técnicamente viables.
Las
operaciones que realice el Banco deberán basarse exclusivamente en sanas
prácticas bancarias. Estas operaciones se realizarán en el contexto del marco
prudencial que establezca el Directorio al amparo del artículo 15 del Convenio
Constitutivo, siguiendo los parámetros que defina la
Asamblea de Gobernadores”.
SEGUNDO. Las
modificaciones contenidas en la presente resolución entrarán en vigencia tres
meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco
dirigida a todos los socios, sin perjuicio de la reserva formulada por la
República de Costa Rica al inciso d) del artículo 35 del Convenio Constitutivo
vigente. El depósito respectivo de las modificaciones contenidas en la presente
resolución se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del
Convenio Constitutivo”.
Es
conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.
Tegucigalpa,
municipio del Distrito Central, seis de mayo de dos mil nueve.
El
Secretario,
Héctor
Javier Guzmán,
Banco
Centroamericano de Integración Económica.
BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
SECRETARÍA
Referencia: Modificaciones
al Convenio Constitutivo del Banco.
El
suscrito, Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano
de Integración Económica,
CERTIFICA:
Que la
Asamblea de Gobernadores del Banco, en su Sexagésima Primera Reunión
Extraordinaria, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, República de
Honduras, el diecisiete de octubre de dos mil seis, adoptó la siguiente:
“RESOLUCIÓN
NÚMERO AG-13/2006
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA,
CONSIDERANDO:
Que, de
conformidad con el artículo 35 literal b), corresponde a la
Asamblea de Gobernadores aprobar cualquier modificación al Convenio
Constitutivo del Banco.
Que la
Asamblea de Gobernadores ha revisado el Capítulo I, Naturaleza, Objeto y Sede,
que comprende los artículos 1o, 2o y 3o, y el Capítulo IV, Organización y
Administración, que comprende de los artículos 9o al 21 del Convenio
Constitutivo del BCIE.
RESUELVE:
PRIMERO: Modificar
los artículos 1º, 2º, 3º, 10, 11, 12, 13,  15, 16 , 18,  19,  20 y 21 del Convenio
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, que quedarán
redactados en la forma siguiente:
“Artículo
1o. El Banco Centroamericano de Integración Económica es una
institución financiera multilateral de desarrollo de derecho internacional
público, con personalidad jurídica, que se regirá por las disposiciones
contenidas en el presente Convenio Constitutivo y sus reglamentos”.
“Artículo
2o. El Banco tendrá por objeto promover la integración y el desarrollo
económico y social equilibrado de los países fundadores. En cumplimiento de
este objeto, tendrá las siguientes funciones:
a) Apoyar
a los países fundadores en la instrumentación de sus planes y políticas de
desarrollo, con el objetivo de aprovechar al máximo la utilización de sus
recursos, complementar sus economías e incrementar ordenadamente el intercambio
comercial entre ellos y con terceros países;
b)
Identificar y promover las oportunidades de inversión en los países fundadores
a través de los estudios y análisis correspondientes;
c) Apoyar
los proyectos y programas de integración regional y del proceso de
globalización de los países fundadores;
d) Apoyar
los procesos de desarrollo sectorial;
e) Apoyar
los programas y políticas de desarrollo social de los países fundadores;
f) Apoyar
estudios y proyectos de gran significación regional;
g) Apoyar
el desarrollo de la infraestructura de bienes y servicios públicos de propiedad
pública, privada o mixta;
h) Apoyar
sectores económicos de importancia estratégica nacional o regional que
contribuyan a incrementar la producción de bienes, el comercio y los servicios;
i)
Financiar empresas que requieran ampliar o rehabilitar sus operaciones,
modernizar sus procesos o cambiar la estructura de su producción para mejorar
su eficacia y su capacidad competitiva;
j) Apoyar
la conservación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente y
su explotación racional y sostenible;
k)
Promover la captación y movilización de recursos financieros internos y
externos para el financiamiento del desarrollo de la región centroamericana;
l)
Promoción de la inversión de capitales públicos y privados;
m)
Estimular y fortalecer el desarrollo del mercado de capitales en la región;
n) Apoyar
a los países fundadores en los casos de emergencia y reconstrucción originados
por desastres naturales;
o) Apoyar
el desarrollo tecnológico y de los recursos humanos de la región;
p)
Aquellas otras funciones propias de la actividad financiera multilateral de
desarrollo que contribuyan al cumplimiento de su objeto.
El Banco,
teniendo en cuenta su objeto señalado en este artículo, podrá aceptar como
beneficiarios a otros países, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o,
de este Convenio, siempre que los programas, proyectos o esquemas que apoye o
financie en estos países contribuyan a la integración y al desarrollo económico
y social equilibrado de los países fundadores”.
“Artículo
3o. El Banco tendrá su sede y oficinas principales en la ciudad de
Tegucigalpa, República de Honduras, y podrá establecer las sucursales,
agencias, corresponsalías y oficinas o representaciones que fueren necesarias
para el cumplimiento de sus funciones que apruebe la
Asamblea de Gobernadores”.
“Artículo
10. La Asamblea de Gobernadores es la autoridad máxima del Banco. Cada
país fundador tendrá un Gobernador Titular y un Suplente, que serán,
indistintamente, el Ministro de Economía o el Presidente del Banco Central, o
quienes hagan sus veces, o a quienes corresponda tal representación según el
derecho interno del respectivo país. Cada país extrarregional nombrará un
Gobernador Titular y un Suplente. Los suplentes participarán en las reuniones
de la Asamblea, con voz pero sin voto, salvo en ausencia del titular.
La
Asamblea elegirá, entre los Gobernadores titulares, un Presidente,
quien mantendrá su cargo hasta la finalización de la siguiente reunión
ordinaria de la Asamblea”.
“Artículo
11. Son atribuciones indelegables de la
Asamblea de Gobernadores:
a)
Admitir nuevos miembros y determinar las condiciones de su admisión;
b)
Aumentar el capital autorizado del Banco;
c)
Determinar el destino de las utilidades anuales según lo indicado en el
artículo 5o de este Convenio, a propuesta del Directorio;
d) Elegir
al Presidente Ejecutivo, de una terna seleccionada con base en un concurso,
reelegirlo y removerlo, así como fijarle su remuneración. La
Asamblea de Gobernadores emitirá las disposiciones pertinentes para
reglamentar la elección y la remoción del Presidente Ejecutivo;
e) Elegir
al Contralor de una terna, seleccionada con base en un concurso, y removerlo;
asimismo, fijarle su remuneración. La
Asamblea de Gobernadores emitirá las disposiciones pertinentes para
reglamentar la elección y la remoción del Contralor;
f)
Aprobar el presupuesto del Directorio, que incluya la remuneración de los
Directores titulares, de los Directores suplentes y de la estructura de apoyo
del Directorio, incluyendo cualquier costo relacionado con su funcionamiento;
g)
Aprobar y modificar el Reglamento de la
Organización y Administración del Banco, el de la
Asamblea de Gobernadores, los de Elección de Directores y el conjunto de
reglamentos que le corresponden al amparo del presente Convenio;
h) Elegir
a los auditores externos del Banco;
i)
Aprobar, previo dictamen de los auditores externos, los estados financieros
anuales y autorizar su publicación;
j)
Conocer y decidir sobre los planteamientos del Directorio, de un Director, del
Presidente Ejecutivo o del Contralor sobre decisiones que, a juicio de los
mismos, contradigan disposiciones del Convenio Constitutivo o resoluciones de la
Asamblea de Gobernadores;
k)
Conocer y decidir, en apelación, sobre las divergencias en la interpretación y
aplicación del presente Convenio y de las resoluciones de la
Asamblea efectuadas por el Directorio;
l)
Modificar el presente Convenio;
m)
Decidir la distribución de sus activos netos en el evento de una liquidación
del Banco;
n)
Autorizar los requerimientos de pago sobre el capital exigible;
o)
Aprobar los planes estratégicos del Banco;
p)
Disolver el Banco”.
“Artículo
12. Los socios que estén en mora en el pago de sus aportes de capital
no tendrán derecho a voto en la Asamblea de Gobernadores”.
“Artículo
13. Las reuniones de la Asamblea de Gobernadores podrán ser ordinarias
o extraordinarias y las convocará el Presidente de la
Asamblea. La Asamblea de Gobernadores se reunirá ordinariamente una vez al año
y se reunirá con carácter extraordinario cuando ella así lo disponga; o bien a
petición del Directorio; o cuando así lo soliciten tres socios; o lo soliciten
Gobernadores que representen, al menos, el 25% del capital suscrito.
El
Directorio podrá requerir el pronunciamiento de los Gobernadores sin convocar a
una reunión extraordinaria de la Asamblea, de conformidad con el reglamento
respectivo”.
“Artículo
15. El Directorio es el órgano responsable de la dirección del Banco;
tiene como funciones la estrategia y los asuntos de supervisión y control de la
gestión del Banco y para ello ejercerá todas las facultades que le delegue la
Asamblea de Gobernadores y, en particular, las siguientes:
a) Guiar,
revisar y definir la estrategia del Banco y someterla a la aprobación de la
Asamblea de Gobernadores, así como evaluar su ejecución;
b)
Aprobar las políticas y normas operativas generales del Banco y evaluar su
ejecución;
c)
Aprobar las operaciones activas y pasivas del Banco, delegando en la Administración dicha función de acuerdo con el marco jurídico y hasta por los montos que para
tal efecto establezca la Asamblea de Gobernadores;
d)
Aprobar la organización básica del Banco, inclusive el número y las
responsabilidades generales de los cargos gerenciales y de rango equivalente, a
propuesta de la Administración;
e)
Aprobar el presupuesto y el plan operativo anual, así como las modificaciones
que fueren necesarias en el curso de cada ejercicio. Asimismo, le corresponde
aprobar las normas para ejercer la supervisión y el control de la ejecución
presupuestaria y del plan operativo en forma adecuada;
f)
Aprobar los reglamentos de funciones y procedimientos de la
Presidencia Ejecutiva, de la Vicepresidencia Ejecutiva y de gestión de crédito, a propuesta de la Administración; asimismo, aprobar el reglamento de la
Auditoría Interna, a propuesta del comité de Directores respectivo o del
Auditor Interno;
g)
Ejercer el control y evaluación de la gestión de la Administración del Banco y adoptar las disposiciones para asegurar la adecuada marcha de la
Institución, así como la supervisión del desempeño institucional;
h)
Someter a la aprobación de la Asamblea de Gobernadores lo siguiente:
1. Los
Estados Financieros anuales.
2. La
propuesta de distribución de utilidades al tenor de lo dispuesto en el artículo
5o de este Convenio.
3. La
terna para la elección del Presidente Ejecutivo.
4. La
terna para la elección del Contralor.
5. Las
propuestas de admisión de socios extrarregionales.
6. Las
propuestas de aceptación de países beneficiarios.
7. Las
propuestas de reglamentos que sean competencia de la
Asamblea de Gobernadores al amparo del presente Convenio o a requerimiento de
dicha Asamblea.
i)
Aprobar el Reglamento Interno del Directorio y conformar los comités de
Directores que sean necesarios y fijarles sus funciones, pudiendo delegar en
los mismos determinadas facultades;
j)
Elegir, con base en un concurso, o remover al Auditor Interno del Banco y
determinar sus funciones;
k)
Nombrar al Vicepresidente Ejecutivo del Banco con base en un concurso y fijarle
su remuneración y beneficios adicionales;
l) De
acuerdo con el reglamento que apruebe, elegir, en forma rotativa de entre sus
miembros, un Presidente del Directorio, quien presidirá y convocará las
reuniones del mismo;
m) Las
demás que determine el Reglamento de la
Organización y Administración del Banco y las que haya establecido o que en el
futuro establezca la Asamblea de Gobernadores;
n) Para
el ejercicio de sus funciones, los Directores tendrán acceso irrestricto a la
información del Banco.
La
Asamblea de Gobernadores mantendrá plena autoridad sobre todas las
facultades que delegue en el Directorio”.
Artículo
16. El Directorio estará integrado por un número de hasta nueve
miembros. Cinco serán elegidos a propuesta de los respectivos Estados
fundadores, por la mayoría de Gobernadores de dichos Estados, correspondiendo
un Director por cada Estado fundador. Los cuatro Directores restantes serán
elegidos por los Gobernadores de los socios extrarregionales. El procedimiento
para elección de los Directores de los Estados fundadores y de los Directores
extrarregionales será determinado por los correspondientes reglamentos de
elección de Directores que al efecto adopte la
Asamblea de Gobernadores.
Para
cualquier modificación del Reglamento de Elección de los Directores de los
Estados Fundadores se requerirá la mayoría de tres cuartos de la totalidad de
votos de los socios, que incluya los votos favorables de cuatro Gobernadores de
los Estados fundadores. Para modificar el Reglamento de Elección de los
Directores Extrarregionales se requerirá la mayoría de tres cuartos de la
totalidad de votos de los socios, que incluya el voto favorable de dos tercios
de los Gobernadores de los socios extrarregionales.
Los Directores
serán elegidos por períodos de tres años, pudiendo ser reelectos.
Los
Directores podrán ser removidos por los Gobernadores de los países que los
eligieron, de conformidad con el reglamento que establezca la
Asamblea de Gobernadores.
Los
Directores deberán ser nacionales de los Estados miembros, lo cual no es
aplicable en el caso de los Directores que representen a los organismos a que
se refiere el artículo 4o, literal a).
Los
Directores deberán ser personas de reconocida capacidad y amplia experiencia en
asuntos económicos, financieros, bancarios y en políticas de desarrollo.
Los
Directores no podrán ser Gobernadores suplentes ni representantes de los
Gobernadores.
Cada
Director Titular de los socios extrarregionales que represente a dos o más
socios extrarregionales, de acuerdo con el reglamento respectivo, podrá tener
un suplente. El Director Suplente actuará en sustitución del Titular de acuerdo
con el reglamento que se apruebe. Los Directores titulares y sus suplentes no
podrán ser nacionales de un mismo Estado. Los suplentes podrán participar en
las reuniones del Directorio y solo podrán tener derecho a voto cuando actúen
en sustitución del titular.
Los
socios extrarregionales representados en común por un mismo Director Titular
podrán, dentro del correspondiente período de tres años, establecer arreglos
sobre alternabilidad en el ejercicio de dicho cargo, de acuerdo con los
parámetros que autorice la Asamblea de Gobernadores.
Los
Directores podrán participar en las reuniones de la
Asamblea de Gobernadores, de conformidad con el reglamento respectivo”.
“Artículo
18. Los Directores trabajarán para el Banco a tiempo completo y
residirán en el país sede del Banco. El cargo de Director es incompatible con
cualquier otro, excepto los docentes, siempre que estos no interfieran con sus
obligaciones como Director”,
“Artículo
19. El Directorio será de carácter permanente y funcionará en el país
sede del Banco, pudiendo también reunirse excepcionalmente en cualquier país
fundador.
El quórum
para las reuniones del Directorio será la mayoría del total de Directores con
derecho a voto, que incluya, por lo menos, tres Directores de los socios
fundadores y dos Directores de los socios extrarregionales.
Las
decisiones del Directorio se tomarán por mayoría de los votos representados por
los Directores presentes en la reunión, salvo los casos que determine el Reglamento
de la Organización y Administración del Banco en que se requerirá una mayoría
calificada. Los Directores deberán pronunciarse, positiva o negativamente,
sobre los asuntos sometidos a votación, salvo cuando existieren conflictos de
interés de carácter personal, en cuyo caso deberán abstenerse de votar y de
participar en la discusión del asunto respectivo. Cada Director Titular tendrá
tantos votos como acciones con derecho a voto que tenga el socio o socios que
represente. Los Directores suplentes no tendrán derecho a voto pero sí a voz”.
“Artículo
20. De conformidad con las disposiciones señaladas en el artículo 11,
literal d), del presente Convenio, la
Asamblea de Gobernadores elegirá un Presidente Ejecutivo, de una terna
seleccionada con base en un concurso, quien será el funcionario de mayor
jerarquía en la conducción administrativa del Banco y tendrá la representación
legal de la Institución. El Presidente Ejecutivo podrá conferir poderes para
representar al Banco con las facultades que estime necesarias. El Presidente
Ejecutivo durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelecto por una
sola vez. La Asamblea de Gobernadores tendrá la facultad de obviar el
procedimiento de concurso en caso de reelección.
El
Presidente Ejecutivo deberá ser nacional de uno de los Estados fundadores, ser
persona de reconocida capacidad y amplia experiencia en asuntos económicos,
financieros, bancarios y en políticas de desarrollo, y deberá ser de diferente
nacionalidad que el Vicepresidente Ejecutivo y el Contralor. El cargo de
Presidente Ejecutivo es incompatible con cualquier otro, excepto los docentes,
siempre que estos no interfieran con sus obligaciones como Presidente Ejecutivo
del Banco.
El
Presidente Ejecutivo participará en las reuniones de la
Asamblea de Gobernadores con voz, pero sin voto, de acuerdo con el reglamento
correspondiente.
Corresponde
al Presidente Ejecutivo dirigir la gestión ordinaria delegada del Banco,
incluyendo su gestión crediticia, financiera, administrativa y operativa. El
Presidente Ejecutivo asistirá a las reuniones del Directorio con voz, pero sin
voto, y deberá cumplir y hacer cumplir el Convenio Constitutivo, los
reglamentos del Banco y las decisiones de la
Asamblea de Gobernadores y del Directorio.
Asimismo,
podrá elevar al Directorio o a la Asamblea de Gobernadores los asuntos de su
gestión que considere necesarios; proponer al Directorio la estructura de la
administración, de acuerdo con el presupuesto aprobado; nombrar y remover al
personal bajo un régimen único de administración de personal; aprobar los manuales
operativos internos relacionados con la gestión de la Administración y aprobar las operaciones activas y pasivas enmarcadas dentro de las políticas
que establezca el Directorio y la Asamblea de Gobernadores.
El
Presidente Ejecutivo solo podrá ser removido por la
Asamblea de Gobernadores, con base en las disposiciones emitidas por la
Asamblea para reglamentar la elección y remoción del Presidente Ejecutivo,
conforme se señala en el artículo 11, literal d), del presente Convenio.
Si el
cargo de Presidente Ejecutivo quedare vacante, la
Asamblea de Gobernadores procederá a elegir, en un plazo no mayor a 120 días,
a un nuevo Presidente Ejecutivo, de entre una terna seleccionada con base en un
concurso, para un nuevo período”.
“Artículo
21. Habrá un Vicepresidente Ejecutivo que será elegido por el
Directorio, de entre una terna propuesta por el Presidente Ejecutivo con base
en un concurso, quien deberá reunir los mismos requisitos exigidos y
limitaciones establecidas para el Presidente Ejecutivo, excepto en lo referente
a la nacionalidad, y sustituirlo en las ausencias temporales con sus mismas
facultades y atribuciones. El Vicepresidente Ejecutivo deberá ser de distinta
nacionalidad a la del Presidente Ejecutivo y del Contralor.
El
Vicepresidente Ejecutivo durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser
reelecto por una sola vez.
El
Directorio tendrá la facultad de obviar el procedimiento de concurso en el caso
de reelección.
Corresponde
al Directorio, a propuesta del Presidente Ejecutivo, determinar la autoridad y
funciones que desempeñará el Vicepresidente Ejecutivo cuando no actúe en
sustitución del Presidente Ejecutivo.
El
Vicepresidente Ejecutivo tendrá la facultad de participar en las reuniones del
Directorio con voz, pero sin voto.
El
Vicepresidente Ejecutivo solo podrá ser removido por la
Asamblea de Gobernadores del Banco, por iniciativa fundamentada del Directorio
o del Presidente Ejecutivo, con base en las causas que se señalen en el
reglamento respectivo.
Si el
cargo del Vicepresidente Ejecutivo quedare vacante, el Directorio procederá a
elegir, en un plazo no mayor a 120 días, a un nuevo Vicepresidente Ejecutivo
para un nuevo período, de entre una terna seleccionada con base en un concurso,
propuesta por el Presidente Ejecutivo”.
SEGUNDO. Las
modificaciones contenidas en la presente resolución entrarán en vigencia tres
meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco
dirigida a todos los socios, sin perjuicio de la reserva formulada por las
Repúblicas de Costa Rica y por Colombia al artículo 35 del Convenio Constitutivo
vigente. El depósito respectivo de las modificaciones contenidas en la presente
resolución se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 41 del Convenio Constitutivo[1].
Es
conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.
Tegucigalpa,
municipio del Distrito Central, seis de mayo de dos mil nueve.
El
Secretario,
Héctor
Javier Guzmán,
Banco
Centroamericano de Integración Económica.
BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
SECRETARÍA
Referencia: Modifica
el artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco.
El
suscrito, Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano
de Integración Económica,
CERTIFICA:
Que la
Asamblea de Gobernadores del Banco, en su Sexagésima Reunión Extraordinaria,
celebrada en la ciudad de Madrid, Reino de España, el ocho de septiembre de dos
mil cinco, adoptó la siguiente:
“RESOLUCIÓN
NÚMERO AG-14/2005
LA
ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA,
CONSIDERANDO:
Que
resulta necesario y oportuno revisar el alcance y contenido del artículo 8o del
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica a la
luz de las circunstancias del entorno y con la finalidad de que el Banco, en
cumplimiento de su objeto, pueda atender nuevos esquemas e instrumentos de
financiamiento conforme a las sanas prácticas bancarias.
Que el
Directorio del Banco ha elevado a la consideración de esta Asamblea una
propuesta de modificación del artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco.
Que, de
conformidad con el artículo 35 del Convenio Constitutivo, corresponde a la
Asamblea de Gobernadores aprobar cualquier modificación a dicho Convenio.
RESUELVE:
PRIMERO. Modificar
el artículo 8o del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Económica, el que se leerá de la siguiente manera:
“Artículo
8o. El Banco financiará exclusivamente programas o proyectos
económicamente sanos y técnicamente viables.
Las
operaciones que realice el Banco deberán basarse exclusivamente en sanas
prácticas bancarias. Estas operaciones se realizarán en el contexto del marco
prudencial que establezca el Directorio al amparo del artículo 15 del Convenio
Constitutivo, siguiendo los parámetros que defina la
Asamblea de Gobernadores”.
SEGUNDO. Las
modificaciones contenidas en la presente resolución entrarán en vigencia tres
meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco
dirigida a todos los socios, sin perjuicio de la reserva formulada por la
República de Costa Rica al inciso d) del artículo 35 del Convenio Constitutivo
vigente. El depósito respectivo de las modificaciones contenidas en la presente
resolución se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del
Convenio Constitutivo”.
Es
conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.
Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, seis de mayo de dos mil nueve.
El
Secretario,
Héctor
Javier Guzmán,
Banco
Centroamericano de Integración Económica.
BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Referencia: Modifica
el artículo 4o del Convenio Constitutivo del Banco
El
suscrito Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica,
CERTIFICA:
Que la
Asamblea de Gobernadores del Banco, en su Cuadragésimo Séptima Reunión
Ordinaria, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, República de Honduras,
el veintitrés de marzo de dos mil siete, adoptó la siguiente:
“RESOLUCIÓN
NÚMERO AG-10/2007
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA,
CONSIDERANDO:
Que, de
conformidad con el artículo 35, literal b), del Convenio Constitutivo,
corresponde a la Asamblea de Gobernadores aprobar cualquier modificación a
dicho Convenio.
Que ha
revisado el artículo 4o del Convenio Constitutivo, habiendo decidido que
el mismo estará conformado por dos acápites: A. Miembros y B. Capital, Reservas
y Recursos.
Que en la
presente reunión aprobó el contenido del acápite a) y una parte del acápite b)
RESUELVE:
PRIMERO. Modificar
los literales a) y b), del artículo 4o
del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica,
los que quedarán redactados en la forma siguiente:
“CAPÍTULO
II
Miembros,
Capital, Reservas y Recursos
Artículo 4o.
A. Miembros
Son
países fundadores del Banco las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, en adelante llamados “países fundadores”. Cada vez que
en el texto de este Convenio se lea “estado fundador, “estados fundadores”,
“miembro fundador” o “miembros fundadores” debe entenderse referido al término
“países fundadores”.
En
adición, podrán ser aceptados como socios regionales no-fundadores otros países
que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de acuerdo
con el reglamento que establezca la Asamblea de Gobernadores.
Cada vez
que en el texto de este Convenio se lea “estado regional no-fundador”, “países
regionales no-fundadores”, “miembros regionales no-fundadores” o “estados
regionales no-fundadores” debe entenderse referido al término “socios
regionales no-fundadores”.
Podrán
ser aceptados como socios extrarregionales del Banco otros países, así como
organismos públicos con ámbito de acción a nivel internacional que tengan
personalidad jurídica, de acuerdo con el reglamento que establezca la
Asamblea de Gobernadores. Cada vez que en el texto de este Convenio se lea “estado
extrarregional”, “países extrarregionales”, “miembros extrarregionales” o
“estados extrarregionales” debe entenderse referido al término “socios
extrarregionales”.
Los
socios regionales no-fundadores y los socios extrarregionales estarán sujetos
al mismo régimen jurídico.
Cada vez
que en el texto de este Convenio se lea “estados miembros”, “países miembros”,
“país miembro”, “miembro”, “estado”, “estados socios”, “socio”, “socios” o
“estado miembro” se entenderá hecha la referencia a los socios señalados en los
párrafos precedentes.
Los
reglamentos para la admisión de socios regionales no-fundadores y de socios
extrarregionales sólo podrán modificarse mediante acuerdo de la
Asamblea de Gobernadores, por mayoría de tres cuartas partes de la totalidad
de los votos de los socios, que incluya el voto favorable de tres Gobernadores
de los países fundadores.
El Banco,
tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 2o de este Convenio, podrá
aceptar como beneficiarios a otros países, en adelante llamados “beneficiarios”
o “países beneficiarios”, conforme con el reglamento que apruebe la
Asamblea de Gobernadores por mayoría de tres cuartas partes de la totalidad de
votos de los socios, que incluya el voto favorable de cuatro Gobernadores de
los países fundadores.
A los
efectos del ingreso de países beneficiarios, la
Asamblea de Gobernadores, en el reglamento que apruebe, incluirá las
disposiciones referentes a los países beneficiarios, incluyendo, entre otros
aspectos, los requisitos de admisión, monto del aporte, forma de pago,
operaciones, programas y proyectos financiables, requisitos para obtener
préstamos y garantías, interpretación y arbitraje, así como las inmunidades,
exenciones y privilegios que el país beneficiario otorgará al Banco incluyendo
el reconocimiento de su condición de acreedor preferente. Una vez aceptado un
país beneficiario, se suscribirá entre Este y el Banco el correspondiente
convenio de asociación.
También
podrán ser aceptados como países beneficiarios los socios extrarregionales y
los socios regionales no-fundadores de conformidad con el reglamento aprobado
por la Asamblea de Gobernadores para tal efecto;
B. Capital, Reservas
y Recursos
a) La
participación de los socios en el capital del Banco estará representada por
acciones expedidas a favor de los respectivos socios y regulada de la siguiente
manera:
…”.
SEGUNDO. Las
modificaciones contenidas en la presente resolución entrarán en vigencia tres
meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco
dirigida a todos los socios, sin perjuicio de la reserva formulada por las
Repúblicas de Costa Rica y por Colombia al artículo 35 del Convenio Constitutivo
vigente. El depósito respectivo de las modificaciones contenidas en la presente
resolución se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del
Convenio Constitutivo”.
Es
conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.
Tegucigalpa,
municipio del Distrito, Central, seis de mayo de dos mil nueve.
El
Secretario,
Héctor
Javier Guzmán,
Banco
Centroamericano de Integración Económica.
BANCO
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Referencia: Modificaciones
al Convenio Constitutivo del BCIE.
El
suscrito Secretario de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica,
CERTIFICA:
Que
la Asamblea de Gobernadores del Banco, en su Cuadragésimo Novena Reunión
Ordinaria, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, República de Honduras,
el veintinueve de abril de dos mil nueve, adoptó la siguiente:
“RESOLUCIÓN
NÚMERO AG-7/2009
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA,
CONSIDERANDO:
Que, de
conformidad con el artículo 35 literal b), corresponde a la
Asamblea de Gobernadores aprobar cualquier modificación al Convenio
Constitutivo del Banco.
Que, con
la finalidad de fortalecer el patrimonio del Banco para que continúe teniendo
un rol activo como socio estratégico de los países de la región centroamericana
y continúe atendiendo las crecientes necesidades de financiamiento de la
región, la Asamblea de Gobernadores ha revisado el Capítulo II, Miembros,
Capital, Reservas y Recursos, que comprende los artículos 4o, 5o
y 6o del Convenio Constitutivo del BCIE y, por razones de consistencia, ha
revisado el Capítulo VIII que comprende el artículo 5 del
Convenio Constitutivo del BCIE.
RESUELVE:
PRIMERO. Modificar
los artículos 4o, acápite B., literales a), b), c), d), e), f), g) y
h), 5, 6 y 35, literales a) y c), del Convenio Constitutivo
del Banco Centroamericano de Integración Económica, que quedarán redactados en
la forma siguiente:
“Artículo
4o.
…
B. Capital, Reservas
y Recursos
a) La
participación de los socios en el capital del Banco estará representada por
acciones expedidas a favor de los respectivos socios y regulada de la siguiente
manera: El capital con derecho a voto estará compuesto por una serie de
acciones “A” destinada a los países fundadores del Banco y una serie de acciones
'B” destinada a los socios regionales no-fundadores y a los socios
extrarregionales. Cada acción suscrita “A” o 'B” conferirá un voto;
b) El capital
autorizado del Banco será de cinco mil millones de dólares de los Estados
Unidos de América (US$5.000.000.000.00). Del capital autorizado, los países
fundadores suscribirán, por partes iguales, dos mil quinientos cincuenta
millones de dólares (US$2.550.000.000.00) mediante acciones serie “A” y estarán
a disposición de los países extrarregionales y de los socios regionales
no-fundadores dos mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares
(US$2.450.000.000.00) mediante acciones serie “B”. La emisión de acciones se
realizará de acuerdo con los siguientes parámetros:
1. Serie
“A”, integrada hasta por doscientas cincuenta y cinco mil acciones con un valor
nominal de US$10.000.00 cada una. Las acciones que han sido suscritas por los
países fundadores serán sustituidas por acciones de la serie “A”, por los
montos que corresponda.
2. Serie
“B”, integrada hasta por doscientas cuarenta y cinco mil acciones con un valor
nominal de US$10.000.00 cada una. Las acciones serie “B” sustituirán, por los
montos que corresponda, las acciones suscritas por los socios regionales
no-fundadores y los países miembros extrarregionales.
3. Las
acciones serie “A” y serie “B” representarán en todo momento la totalidad del
capital autorizado del Banco;
c)
También existirán los certificados serie “E”, emitidos a favor de los
accionistas “A” y “B”, con un valor facial de US$10.000.00 cada uno, para
reconocer las utilidades retenidas atribuibles a sus aportes de capital al
Banco a lo largo del tiempo. Estos certificados no darán derecho a voto y serán
intransferibles. Asimismo, los certificados serie “E” podrán utilizarse por los
socios titulares de acciones “A” y “B” para cancelar total o parcialmente la
suscripción de nuevas acciones de capital autorizado no suscrito puestas a
disposición por el Banco. Los certificados serie “E” pendientes de ser
utilizados para suscribir nuevas acciones de capital formarán parte de la
Reserva General del Banco. Los certificados serie “E” no generan capital
exigible. Corresponde a la Asamblea de Gobernadores autorizar la suscripción de
nuevas acciones de capital a partir de la utilización de los certificados serie
“E”;
d) Con
excepción del mecanismo previsto en el presente Convenio para la emisión de los
certificados serie “E”, las acciones del Banco no devengarán intereses ni
dividendos y no podrán ser dadas en garantía, ni gravadas, ni en forma alguna
enajenadas y, únicamente, serán transferibles al Banco, salvo lo establecido en
el segundo párrafo del literal h), del acápite B, del presente artículo. Las
acciones de las series “A” y “B” son nominativas y serán distinguidas con el
nombre del respectivo país u organismo internacional que sea su titular. Las
acciones se representarán en títulos numerados correlativamente y se
desprenderán de un libro talonario. Los talones correspondientes contendrán las
principales estipulaciones del título respectivo. Los títulos llevarán en todo
caso el nombre del Banco y su sede, el monto de capital, el precio nominal de
la acción, el nombre del socio, el sello del BCIE y el número y serie a que
pertenezcan. Los títulos podrán representar cualquier número de acciones y
deberán ser firmados por el Presidente Ejecutivo del Banco. Cada acción no
podrá pertenecer más que a un solo socio;
e) El
capital autorizado se dividirá en acciones de capital pagadero en efectivo y en
acciones de capital exigible. El equivalente a mil doscientos cincuenta
millones de dólares (US$1.250.000.000.00) corresponderá a capital pagadero en
efectivo y el equivalente a tres mil setecientos cincuenta millones de dólares
(US$3.750.000.000.00) corresponderá a capital exigible.
f) El
capital autorizado se podrá aumentar en la oportunidad y en la forma en que la
Asamblea de Gobernadores lo considere conveniente y lo acuerde por mayoría de
tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los socios, que incluya los
votos favorables de cuatro Gobernadores de los países fundadores;
g) El
número máximo de acciones de la serie “B” que podrá suscribir cada miembro
extrarregional o cada socio regional no-fundador será determinado por la
Asamblea de Gobernadores;
h) En
caso de aumento de capital, todos los socios tendrán derecho, sujeto a los
términos que establezca la Asamblea de Gobernadores, a una cuota de aumento en
sus acciones, equivalente a la proporción que estas guarden con el capital
total del Banco.
En
cualquier aumento de capital, siempre quedará para los países fundadores,
titulares de las acciones serie “A”, un porcentaje equivalente al cincuenta y
uno por ciento (51%) del aumento. En caso de que alguno de los países
fundadores no suscribiere la parte a que tiene opción, podrá hacerlo otro país
fundador. Sin perjuicio de ello, el estado o estados que no suscribieron esa
porción tendrán opción de comprarla al país o países que la suscribieron. En
todo caso, no entrará en vigencia ningún aumento de capital que tuviere el
efecto de reducir a menos del cincuenta y uno por ciento (51%) la participación
de los países miembros fundadores.
En caso
de nuevos incrementos de capital, tendrán preferencia en la suscripción los
estados fundadores que mantengan un monto menor de capital, con el fin de
mantener entre ellos la misma proporción de capital.
Ningún
socio regional no-fundador o socio extrarregional está obligado a suscribir los
aumentos de capital. En caso de que alguno de ellos no suscribiese la parte a
que tiene opción, podrá hacerlo otro u otros socios regionales no-fundadores o
socios extrarregionales”.
“Artículo
5o. La Reserva General del Banco estará compuesta por
una Reserva de Capital y por los certificados serie “E” pendientes de ser
utilizados por los países miembros del Banco para el pago de nuevas
suscripciones de acciones.
Las
utilidades netas que el Banco obtenga en el ejercicio de sus operaciones serán
destinadas a la Reserva de Capital.
La
responsabilidad de los socios del Banco, como tales, estará limitada al importe
de su suscripción de capital.”.
“Artículo
6o. Además de su propio capital y reservas, formarán parte de los
recursos del Banco el producto de empréstitos y créditos obtenidos en los
mercados de capital y otros recursos recibidos a cualquier título legal.
El Banco
no aceptará de las fuentes de recursos condicionamientos de carácter político o
que contravengan el objeto del Banco.
Sin
perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, existirán dentro del
Banco, pero como patrimonio independiente y separado del patrimonio general de
este, los siguientes fondos:
a) El
Fondo de Prestaciones Sociales, creado con la exclusiva finalidad de otorgar al
personal del Banco los beneficios establecidos en el Estatuto Orgánico y la
reglamentación complementaria que para tal efecto haya emitido o emita el
Banco. El patrimonio del Fondo se mantiene y administra separadamente de los
demás bienes del Banco, con carácter de fondo de jubilaciones, para usarse
únicamente en el pago de los beneficios y gastos derivados de los diferentes
planes de beneficios que otorga dicho Fondo;
b) El
Fondo Especial para la Transformación Social de Centroamérica, cuyo patrimonio
será utilizado únicamente para crear una ventanilla especial para financiar, en
términos concesionales, programas y proyectos que se enmarquen dentro de los
esfuerzos de transformación social de la región centroamericana, destinados a
los países fundadores que desarrollen programas declarados elegibles por el
Banco para este propósito;
c) El
Fondo de Cooperación Técnica, creado como mecanismo destinado a integrar los
procesos de programación, consecución y administración de recursos de
cooperación técnica del BCIE, para fortalecer la capacidad de preparación y
ejecución de proyectos.”.
“Artículo 35.
a) Los
estados y organismos internacionales a que se refiere el artículo 4o, acápite
A, no signatarios del presente Convenio, podrán adherirse a él, siempre que
sean admitidos de conformidad con lo establecido en el presente Convenio;
b) (...);
c) No
obstante lo dispuesto en el literal b) anterior, se requerirá tres cuartas
partes de votos de la totalidad de los socios, que incluya el voto favorable de
los cinco países fundadores, para cualquier modificación que altere lo
siguiente:
1. El Capítulo
I, Naturaleza, Objeto y Sede.
2. Las
mayorías establecidas en los artículos 4o, acápite A, párrafos 6o y 7o, y
acápite B, literal f); 16; 35, literales b) y
c); 36; 37 y 44.
3. El
Capítulo IV, Organización y Administración.
4. El
principio del 51% del capital para los socios fundadores establecido en los
artículos 4o, acápite B, literal h) y 37, párrafo 3o.
Se
requerirá el acuerdo unánime de los socios para modificar las disposiciones
siguientes:
1. Los
requerimientos de pago sobre el capital exigible que señala el punto 2, literal
i), acápite B, del artículo 4o.
2. La
limitación de responsabilidad que prescribe el artículo 5o, último
párrafo.
3. El
derecho de retirarse del Banco que contemplan los
artículos 37 y 39.
d)
(...).”
SEGUNDO. Adicionar
los nuevos literales i) y j) al acápite B, del artículo 4o, del Convenio
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, que quedarán
redactados en la forma siguiente:
“i) El
pago de las acciones de las series “A” y “B” se hará como sigue:
1. La
parte pagadera en efectivo se abonará en dólares de los Estados Unidos de
América hasta en cuatro cuotas anuales, iguales y consecutivas. Conforme con el
mecanismo definido por la Asamblea de Gobernadores, la parte pagadera en
efectivo correspondiente a las acciones de las series “A” y “B” podrá
cancelarse mediante la utilización de certificados serie “E”.
2. La
parte del capital exigible estará sujeta a requerimiento de pago cuando se
necesite para satisfacer obligaciones que el Banco haya adquirido en los
mercados de capital o que correspondan a préstamos obtenidos para formar parte
de los recursos del Banco o que resulten de garantías que comprometan dichos
recursos.
Los
requerimientos de pago sobre el capital exigible serán proporcionalmente
uniformes para todas las acciones;
j) A los
fines del ingreso de países beneficiarios, la
Asamblea de Gobernadores aprobará aportes especiales que serán parte del
patrimonio general del Banco. Dichos aportes se dividirán en aportes pagaderos
en efectivo y en aportes exigibles, sujetos a requerimiento de pago de
conformidad con lo que establezca el reglamento respectivo. Por su aporte
pagado, cada uno de los países beneficiarios recibirá certificados de
aportación. Los aportes especiales no darán derecho a voto pero los países
beneficiarios podrán participar en las reuniones del Directorio y de la
Asamblea de Gobernadores, teniendo derecho a voz”.
TERCERO. Derogar
el artículo transitorio Único del Convenio Constitutivo.
CUARTO. Las
modificaciones contenidas en la presente resolución entrarán en vigencia tres
meses después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco
dirigida a todos los socios, sin perjuicio de la reserva formulada por las
Repúblicas de Costa Rica y por Colombia al artículo 35 del Convenio
Constitutivo vigente. El depósito respectivo de las modificaciones contenidas
en la presente resolución se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 41 del Convenio Constitutivo”.
Es
conforme con su original, con el que fue debidamente cotejado.
Tegucigalpa,
municipio del Distrito Central, seis de mayo de dos mil nueve.
El Secretario,
Héctor
Javier Guzmán,
Banco
Centroamericano de Integración Económica.
LA
SUSCRITA COORDINADORA DEL ÁREA DE TRATADOS DE LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
CERTIFICA:
Que la
reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completa del texto en
castellano de la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de
2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009, certificado por el Secretario de la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
la cual consta de diecinueve (19) folios, documento que reposa en los archivos
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.
Dada en
Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil nueve
(2009).
La Coordinadora Área de Tratados Dirección Asuntos Jurídicos Internacionales,
Margarita
Eliana Manjarrez Herrera.
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D. C., 17 de noviembre de 2009.
Autorizado.
Sométase a consideración del honorable Congreso de la
República para los efectos constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Jaime
Bermúdez Merizalde.
DECRETA:
Artículo
1o. Apruébase la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de
2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.
Artículo
2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano
de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la
“Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009, que por el artículo 1o de esta ley se
aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de las mismas.
Artículo
3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en
Bogotá, D. C., a los…
Presentado
al honorable Congreso de la República por la
Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
María
Ángela Holguín Cuéllar.
El
Ministro de Hacienda y Crédito,
Juan
Carlos Echeverry Garzón.
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D. C., 17 de noviembre de 2009
Autorizado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso de la
República para los efectos constitucionales.
(Fdo.)
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La
Viceministra de Asuntos Multilaterales, encargada de las funciones del
Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Patti
Londoño Jaramillo.
DECRETA:
ARTÍCULO
1o. Apruébase la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005 la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de
2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.
ARTÍCULO
2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada
por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número
AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano
de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la
“Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009, que por el
artículo1o
de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.
ARTÍCULO
3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El
Presidente del honorable Senado de la
República,
ROY
BARRERAS MONTEALEGRE.
El
Secretario General del honorable Senado de la
República,
GREGORIO
ELJACH PACHECO.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
AUGUSTO
POSADA SÁNCHEZ.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JESÚS
ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPÚBLICA
DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese
y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada
en Bogotá, D. C., a los 31 de octubre de 2012.
JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA
ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO
CÁRDENAS SANTA MARÍA.”.
III. INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores:
El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en escrito radicado ante esta Corporación el 28 de enero
de 2013, solicitó declarar la exequibilidad de la
Ley 1585 de 2012, por cuanto la misma cumplió con los requisitos formales
previstos en la Constitución Política para su suscripción y aprobación
legislativa, y porque el contenido de la misma consulta los principios y
postulados que gobiernan el Estado colombiano y su política exterior.
Luego de contextualizar la participación de Colombia en el BCIE,
citando las sentencias C-172 de 1996 y C-1144 de 2004, así como describiendo el
contenido de los instrumentos internacionales objeto de estudio, advirtió que:
“Para el Estado colombiano, la adhesión a las Resoluciones sub examine es de
la particular relevancia considerando que las modificaciones supra propiciarán
un mejor funcionamiento y una estructura más dinámica del BCIE con el fin de
afrontar los desafíos del comercio internacional”.
Por último, señaló que las modificaciones están acorde con la
Constitución Política, haciendo la salvedad en lo concerniente a la
modificación que introdujo la Resolución No. AG 7/2009 al artículo 35 literal
e) del Convenio Constitutivo del BCIE en lo referente al quórum especial que
requiere la Asamblea General para modificar el convenio consultivo, ya que por
razón de la reserva que realizó Colombia, las modificaciones a dicho Convenio
requieren la aprobación por parte del Congreso de la
República y la correspondiente revisión por la
Corte Constitucional.
2. Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
El mandatario judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
solicitó declarar la constitucionalidad de Ley 1585 de
2012, por medio de la cual se aprueba la “Resolución
número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de
2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución
número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”.
Para contextualizar el concepto del Ministerio presenta los
antecedentes sobre la vinculación de Colombia al BCIE, así como la
participación en acciones que tiene el país en el banco equivalente a la 2.9%
sobre el capital autorizado.
Luego se refirió de forma explícita a cada una de las reformas
contenidas en la Ley 1585. Sobre la
Resolución AG-14/2005 manifestó que la modificación responde a permitir la
capacidad del banco de atender operaciones de refinanciamiento, con estricta
sujeción a las mejores prácticas bancarias.  Respecto de la
Resolución AG-13/2006 afirmó que incluye reformas administrativas[1] acerca de las
actividades que debe ejecutar el BCIE en cumplimiento de su objeto; las
competencias indelegables de la Asamblea de Gobernadores; y las funciones y competencias
del Directorio y de la
Presidencia Ejecutiva. En cuanto a la
Resolución AG-10/2007 precisó que permitió la división del artículo 4 en dos
acápites, uno sobre miembros y otro relacionado con capital, reservas y
recursos. Además, introdujo la categoría de socio regional no fundador, que
forman parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), tales como la
República de Panamá y la
República Dominicana.
Por último, en cuanto a la
Resolución AG-7/2009 describió que la
Asamblea de Gobernadores del BCIE aprobó un nuevo esquema de capitalización
incrementándose el capital del banco de US$2000 a US$5000 millones, donde a
Colombia para poder mantener su participación actual del 2.9% del total del
Capital Autorizado, le corresponde aportar US$21.6 millones, de los cuales
US$10.3 millones serían un nuevo aporte de capital fresco en efectivo y US$11.3
millones serían pagados a través de certificados serie E (dividendos). Destacó
que la reforma responde al propósito fundamental de que BCIE pueda mantener y
fortalecer su presencia en Centroamérica con la satisfacción de los
requerimientos de financiamiento que pueda requerir la región en los diferentes
sectores que contribuyan a su crecimiento, integración y desarrollo.
Por lo expuesto, solicitó la exequibilidad de la norma pues materialmente
se encuentra acorde con los mandatos de los artículos 226 y 227 de la
Constitución Política, y formalmente, cumplió con los trámites
constitucionales para su aprobación.
3. Intervención de la
Universidad Externado de Colombia:
El Director del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil de la
Universidad Externado de Colombia, remitió concepto en el que solicitó la
declaratoria de exequibilidad de la Ley 1585 de 2012, en tanto cumple con todos
los requisitos de formación y contenido para ser considerada ley de la
República, al igual que fue presentada en término para su estudio por parte de
la Corte Constitucional.
En primer término, recordó los pronunciamientos de la
Corte Constitucional sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica
correspondientes a las sentencias C-172 de 1996 y C-1144 de 2004. En particular,
destacó lo siguiente: “La
Corte Constitucional estableció que en cuanto al artículo 35 del
Convenio Constitutivo, el Presidente de la
República tenía la obligación de hacer una reserva, según la cual, el Estado
colombiano someterá a aprobación del Congreso de la
República y revisión de la
Corte Constitucional, toda modificación al convenio constitutivo del Banco
Centroamericano de Integración Económica –BCIE que implique obligaciones nuevas
para Colombia, o la modificación de las contraídas.”.
En segundo lugar, se refirió a cada una de las Resoluciones
aprobadas por la Ley 1585. En cuanto a la
Resolución No. AG-14 de 2005, mediante la cual se modifica el Artículo 8 del
BCIE, advirtió que es conforme a la
Constitución Política porque dispone que las operaciones bancarias estén
basadas en sanas prácticas bancarias, lo que contribuye a criterios transparentes
y de buen funcionamiento en la oferta de productos financieros, en condiciones claras
de atención a los consumidores de los productos del Banco y en la
implementación de mecanismos de solución de controversias entre el BCIE y los
consumidores de productos financieros, entre otros.
En relación a la Resolución AG-13 de 2006, mediante la cual la
Asamblea del BCIE modificó los artículos 1º, 2º, 3º, 10, 11, 12, 13,
15, 16 , 18,  19,  20 y 21 del Convenio Constitutivo, señaló: “ Dentro
de los precitados artículos. Se puede destacar que el artículo 1º establece la
naturaleza jurídica del BCIE como una institución financiera multilateral de
desarrollo, lo cual cumple con las características de los sujetos de derechos
internacional público aceptados mundialmente dentro de los ordenamientos
jurídicos, razón por la cual, dicho artículo está dentro de los parámetros
constitucionales consagrados por la
Carta Política. || Por otra parte, el BCIE tiene como objeto principal el
desarrollo económico y social de los países fundadores: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Para el cumplimiento de dicho objetivo, el
Banco canalizará sus esfuerzos en lo correspondiente a la implementación de
programas y políticas públicas encaminadas al desarrollo sostenible y ambiental
de los países fundadores, el apoyo de los sectores privados a través de
mecanismos de financiación y cooperación entre el sector público y el privado,
desarrollo de capital humano. Además, como nuevos criterios, se consagraron
tanto el fortalecimiento del sistema financiero y del mercado de valores como
la promoción de actividades financieras multilaterales. En este punto, no se
debe perder de vista que a dichos objetivos y prerrogativas pueden acceder los
países beneficiarios como es el caso de Colombia, lo cual responde a los
interés (sic) del país y a la integración con los países
latinoamericanos y del Caribe en los precisos términos del artículo 9º de la
Constitución Política de 1991.”.
Respecto de
los demás artículos que se reforman con esta resolución, puntualizó que
responden a disposiciones de organización administrativa del BCIE, por lo que
no encuentra discrepancia con la
Constitución Política. Igualmente, con la modificación se permiten
el establecimiento de sucursales, agencias y demás formas de representación del
banco en otros Estados.
Frente a la Resolución No. AG-10 de 2007, por medio de la cual se
reforma el artículo 4º del Convenio Consultivo se realiza una clasificación de
países entre fundadores, socios regionales no fundadores, países socios
extraregionales y países beneficiarios. Al respecto, enfatizó que la posición
de Colombia como país extraregional que puede tener la calidad de beneficiario y
por ende puede ser favorecido con los programas de financiación de proyectos y
empréstitos ofrecidos por el BCIE, de conformidad con el mandato de integración
económica, social y política prevista por la
Constitución en los artículos 9 y 227.
Por último, en cuanto a la
Resolución No. AG 7 de 2009, a través de la cual se modifican varios de los
artículos del Convenio Constitutivo del BCIE señaló que son disposiciones sobre
reservas y recursos del banco propios de cualquier institución financiera multilateral.
4. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
La Facultad de Jurisprudencia, a través de una de sus
docentes, solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad de los
instrumentos internacionales aprobados mediante la
Ley 1585 de 2012.
En primer lugar, recordó que ya la
Corte mediante sentencia C-172 de 1996 tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre la constitucionalidad del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano
de Integración Económica.
En segundo término, que la Corte declaró exequible una reforma al
Convenio Constitutivo del BCIE, mediante la sentencia C-1144 de 2004, en la
cual reconoció de nuevo la importancia para Colombia de pertenecer a este
organismo en desarrollo de los mandatos constitucionales previstos en los
artículo 9, 226 y 227 del Texto Superior.
En suma, concluye que las reformas presentadas en esta oportunidad mantienen
incólume las condiciones sustanciales en que opera el BCIE, y en esa medida, lo
que corresponde es un pronunciamiento favorable sobre la constitucionalidad de la
Ley 1585. Por tal motivo, destacó que las resoluciones: “contienen reformas
que buscan actualizar los estatutos que rigen el Banco en cuanto a los
criterios y buenas prácticas financieras, a una más clara delimitación de las
funciones de los órganos de dirección, a una definición más precisa y limitada
de la forma de elección de estos órganos y en general a propender por un
crecimiento sólido del Banco. En tal sentido, las modificaciones propuestas
responden a los mismos objetivos y cumplen con similares parámetros a los
establecidos desde la constitución de este organismo, razón por la que
consideramos que no debe haber modificación alguna en la posición de la
Corte con relación a los instrumentos de la referencia.”.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador General de la
Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242-2 y
278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite de la
referencia, en el que solicitó a la Corte declarar inexequible la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de
2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”.
En cuanto al procedimiento legislativo, luego de hacer un recuento
detallado de cada una de las etapas del trámite, el Ministerio Público concluyó
que se cumplieron con las condiciones
constituciones que exige la aprobación de este tipo de leyes, en especial, en
materia de iniciativa, publicaciones, anuncios, quórum decisorio y
deliberatorio, términos mínimos entre debates, discusión en máximo dos
legislaturas y promulgación. Al respecto, deja constancia que no aparece en el
expediente certificación de la votación en la plenaria de la
Cámara de Representantes.
Frente al análisis material del
instrumento internacional, la
Vista Fiscal adujo que  las resoluciones objeto de estudio pretenden modificar
el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Sobre
el particular, destacó los pronunciamientos de constitucionalidad previos que
ha realizado este Tribunal mediante las sentencias C-172 de1996 y C-1144 de
2004.
El Procurador General de la
Nación advierte que Colombia no puede continuar vinculada al Banco
Centroamericano para la
Integración Económica en las condiciones previstas pues una es la situación
para los países que son fundadores, y otra más desventajosa, para los demás
miembros como Colombia. Resalta que con las modificaciones introducidas por la
Resolución AG-13 de 2006, se reafirma la intención de la reforma incorporada
por la Resolución AG-1 de 1998, mediante las cuales se pretende concentrar
todos los beneficios y el control de BCIE en los países fundadores.
Bajo esas premisas, puntualiza lo siguiente: “Lo anteriormente
analizado muestra que las condiciones relativas al objeto del Banco
Centroamericano de Integración Económica están encaminadas a favorecer
únicamente a los cinco países fundadores de dicha entidad, sin que Colombia,
siendo miembro del mismo, pueda aspirar, desde los puntos de vista de la
equidad y la reciprocidad, a recibir un tarto similar de esa membresía, en
materia de reales beneficios, a cambio de sus aportes, lo cual es contrario a
lo establecido en el artículo 226 de la
Constitución Política, en lo que atañe a los principios de derecho
internacional público que rigen las relaciones internacionales de la
República de Colombia, especialmente los de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional. Tan es así que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5 del Convenio Constitutivo y reformado por la
Resolución AG-1 de 1998, las acciones del Banco no devengan intereses ni
dividendos, no pueden ser dadas en garantía, y únicamente son enajenables a
otros países miembros”.
V. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA
DECISIÓN
1.  Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes
aprobatorias de tratados.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241-10 de la
Constitución Política de Colombia, la
Corte Constitucional es competente para revisar los instrumentos internacionales
puestos en su conocimiento y su ley aprobatoria. El control de
constitucionalidad que realiza esta Corporación es completo, automático, y
versa tanto sobre el contenido material de las Resoluciones bajo estudio y de
su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y
las normas constitucionales.
En relación con el aspecto formal corresponde a la
Corte examinar dos aspectos: de una parte, la validez de la representación del
Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción
de las Resoluciones, y de otra, la observancia de las reglas del trámite
legislativo que precedieron a la aprobación de la ley objeto de análisis.
Al respecto, esta Corporación tiene en cuenta que la
Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para
la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional. Por este
motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos generales, el mismo
trámite que una ley ordinaria. Desde esta perspectiva se requiere, en razón del
trámite ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii)
el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente
del Senado de la República (Art. 154 C.P); (iii) la aprobación
reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las
cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie
un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una
de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos
quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la
votación en cada uno de los debates; (vi) la aprobación por votación
nominal y pública[2];
y (vii) la sanción presidencial y la remisión del texto a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (Art.  241-10
C.P).
Por último, frente los aspectos de fondo, la labor de la
Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional
sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los preceptos
constitucionales, a fin de  determinar si se ajustan o no a la
Carta Política.
De acuerdo con este marco de análisis, la
Sala asume a continuación el estudio del tratado.
2. La revisión del aspecto formal.
2.1. Representación del Estado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del once
(11) de diciembre de dos mil doce (2012)[3],
firmada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados, informó a esta
Corporación que las resoluciones objeto de estudio “fueron remitidas en
certificaciones originales al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la
nota ASJUR-0459/2009 de  fecha 7 de mayo de 2009, en la que el Presidente
Ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dr. Nick
Rischbieth Glöe señaló lo siguiente:
“[…]
Conviene apuntar que las mencionadas modificaciones al Convenio
constitutivo del BCIE fueron válidamente adoptadas por el órgano competente
respectivo, cumpliéndose con los demás requisitos formales previstos para tal
efecto en el Artículo 35 del mismo Convenio Constitutivo.
En relación con estas modificaciones, resulta oportuno recordar que,
en virtud de la reserva formulada por la
República de Colombia al artículo 35 del Convenio Constitutivo, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 884 del 4 de julio de 2004, el Estado Colombiano
someterá a aprobación del Congreso Nacional de la
República y a revisión de la
Corte Constitucional, según los trámites establecidos en su Constitución, toda
modificación del Convenio Constitutivo del BCIE que implique nuevas
obligaciones para Colombia, o la modificación de las contraídas”.
En este contexto, la Sala recuerda que mediante sentencia C-1144 de
2004[4] se estableció que el
mecanismo creado por el artículo 35 del Convenio Constitutivo del BCIE[5], para modificar sus
cláusulas podría dar lugar a la violación de la
Constitución Política de Colombia cuando se generaran obligaciones nuevas para
el Estado. Por consiguiente, se señaló lo siguiente:
“(…) el mencionado artículo 35 de la
Resolución N° AG-1/98 que modifica el Convenio Constitutivo del Banco
Centroamericano de Integración Económica-BCIE podría dar paso al
desconocimiento de los artículos 189 numeral 2°, 150 numeral 16 y 241 numeral
10 de la Constitución Política, que regulan el trámite de aprobación interna de
los instrumentos internacionales susceptibles de generar obligaciones para el
Estado Colombiano. Este eventual desconocimiento se produciría si las
modificaciones al Convenio Constitutivo tuvieran el alcance de variar las
obligaciones asumidas por el Estado colombiano en virtud del mismo.
De lo expuesto se desprende que el Presidente de la
República sólo podrá manifestar el consentimiento a la referida Resolución N°
AG-1/98 formulando la correspondiente reserva, según la cual el Estado
colombiano someterá a aprobación interna, según los trámites establecidos en su
Constitución, toda modificación al Convenio Constitutivo del Banco
Centroamericano de Integración Económica-BCIE que implique nuevas obligaciones
para Colombia, o la modificación de las contraídas”
En consecuencia, en atención a la reserva formulada por el Gobierno
de Colombia respecto a las modificaciones del Convenio Constitutivo del BCIE,
aún no se han suscrito las Resoluciones objeto de estudio y el Gobierno solo
podrá manifestar su consentimiento luego de que se haya surtido el trámite
interno para su aprobación. Lo anterior significa que es necesaria la
aprobación por parte del Congreso y la revisión de constitucionalidad para la
adhesión de Colombia a las modificaciones del Convenio Constitutivo del BCIE.
2.2. Examen del trámite de la Ley 1585 de 2012 ante el Congreso de la
República.
Con
fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las
Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la
Corte Constitucional por el Senado de la
República y la Cámara de Representantes, esta Corporación estableció que el
proyecto de ley radicado bajo los números 113 de 2011 Senado y 159 de
2011 Cámara, que finalizó con la expedición de la
Ley 1585 de 2012, por medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de
2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”, surtió el siguiente trámite:
2.2.1. Trámite en el Senado de la
República.
2.2.1.1. El proyecto de ley correspondiente a la aprobación de la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de
2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”,
fue presentado al Congreso de la República el 7 de septiembre de 2011, por los
Ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. El texto
del proyecto de ley y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la
Gaceta del Congreso N° 666 del 7 de septiembre de 2011[6].
2.2.1.2. La ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el senador Carlos
Emiro Barriga Peñaranda y fue publicada en la
Gaceta del Congreso N° 756 del 6 de octubre de 2011[7].
2.2.1.3. El proyecto de ley 113 de 2011 fue anunciado por el
Secretario de la Comisión Segunda del Senado, en dos oportunidades así:
La primera, el 1 de noviembre de 2011, según consta en el Acta No. 09
de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 154 del 17 de abril
de 2012, en los siguientes términos:
“La señora Presidenta Alexandra
Moreno Piraquive, manifiesta:
Señor Secretario anexemos la solitud del Senador Benedetti, por
favor anuncie proyectos, para el martes y miércoles vamos a sesionar, hay 20
proyectos de ley para debatir.
El señor Secretario Diego Alejandro González González:
Procede con el Anuncio de discusión y votación de proyectos
de ley, por instrucciones de la
Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la
República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de
2003).
(…)
9. Proyecto de ley número 113 de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número
AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de
2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número
AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de
2009.
Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
Ponente: Honorable Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda.
Publicaciones:
Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 666
de 2011.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 756
de 2011.
(…)
La señora Presidenta Alexandra Moreno Piraquive:
Se levanta la sesión, se convoca para el martes 10:00 de la
mañana, muchas gracias”.[8]
La segunda, el 9 de noviembre de 2011, según consta en el Acta No. 10 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 153 del 17 de abril de 2011,
en los siguientes términos:
“Le informo Señora Presidenta
respecto del segundo punto del Orden del Día, la
Secretaría deja constancia que considerando que la convocatoria se hizo
con fecha cierta, es decir, para la sesión del día de ayer martes y no se pudo
llevar a cabo, porque la Plenaria fue citada a las 10:00 a. m., se
rompería la cadena de anuncios, en consecuencia debe procederse anunciando los
proyectos de ley nuevamente para que sean votados el día martes próximo.
La señora Presidente,
Senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa:
Anunciamos para la próxima
sesión de la Comisión, posiblemente el martes esperamos evacuar los
proyectos de ley, y para el miércoles ya está confirmado el debate con el señor
Ministro de Comercio. Anunciemos proyectos para la próxima sesión de la
Comisión señor Secretario.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego Alejandro González González, procede con el
anuncio de los proyectos de ley: Por instrucciones de la presidenta de la
Comisión Segunda del Senado de la
República, me permito realizar el anuncio para discusión y votación de
proyectos de ley para la próxima sesión:
(…)
9. Proyecto de ley
número 113 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número
AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de
2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número
AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.
Autores: Ministerio de
Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ponente: honorable
Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda.
Publicaciones: Texto del
Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 666 de 2011.
Ponencia Primer Debate: Gaceta
del Congreso número 756 de 2011.
(…)
Están anunciados los 16
proyectos de ley para ser votados en la próxima sesión de la
Comisión, señora Presidenta.
La señora Presidenta,
Senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa:
Anunciados los proyectos, se
convoca para la próxima sesión de la
Comisión la próxima semana a las 10:00 a. m. se levanta la sesión. Muchas
gracias.”[9].
2.2.1.4. De acuerdo con la certificación suscrita por el Secretario
de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República[10], el proyecto de ley
fue aprobado en primer debate el 16 de noviembre de 2011,  según consta en el
Acta N° 11 de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso N° 155 de 2012[11], con un quórum
deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 senadores que conforman
esa Comisión. En dicha Gaceta, sobre la votación nominal y pública se advierte
lo siguiente:
“La señora Presidenta,
Senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración de los Senadores de
la Comisión, el informe final de la ponencia. Aprueban los honorables
Senadores el informe final de la ponencia y la proposición leída.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego González, informa a la
Presidencia que ha sido aprobada la proposición del informe final de
ponencia del Proyecto de Ley 113 de 2011 Senado.
La señora Presidenta,
Senadora Alexandra Moreno, somete a consideración de los Senadores de la
Comisión, la omisión de la lectura del articulado y el articulado. Lo aprueban
señores Senadores.
El Secretario, doctor Diego
González González, informa que ha sido aprobado por la
Comisión, la omisión de lectura del articulado y el articulado del Proyecto de
Ley 113 de 2011 Senado.
Título del proyecto.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego González González, da lectura al título del proyecto de
ley:
Proyecto de Ley número 113 de
2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la
Resolución número AG-14/2005, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la
Resolución número AG-13/2006, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la
Resolución número AG-10/2007, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la
Resolución número AG-7/2009, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.
Está leído el título del
proyecto.
La señora Presidenta,
Senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración de los Senadores el
título del proyecto leído. ¿Lo aprueban los honorables Senadores?
El Secretario informa a la
Presidencia que sí es aprobado el título del proyecto de ley leído.
La señora Presidenta pregunta
a los Senadores de la Comisión si quieren que este proyecto de ley
sea ley de la República.
El Secretario informa que los
Senadores sí quieren que este proyecto de ley se convierta en ley de la
República.
La Presidente, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, nombra
como ponente para el segundo debate al mismo Senador Carlos Emiro Barriga.”[12].
2.2.1.5. La ponencia para segundo debate fue presentada por el
Senador Carlos Emiro Barriga
Peñaranda, y publicada en la
Gaceta del Congreso N° 886 del 24 de noviembre de 2011[13].
2.2.1.6. Según certificación expedida el 3 de diciembre de 2012 por
el Secretario General del Senado de la República[14], Gregorio Eljach
Pacheco, el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo
debate en la sesión del 30 de noviembre de 2011, según consta en el Acta de
Plenaria N° 24 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso N° 36 del 16 de febrero de 2012. En el texto de la
referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión.
Señor Presidente, el
siguiente punto es el anuncio de proyectos, entonces me voy a permitir leerlos,
anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en la siguiente sesión
Plenaria:
(…)
Proyectos para Segundo Debate
(…)
-
Proyecto de ley
número 113 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la
Resolución número AG-14/2005, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la
Resolución número AG-13/2006, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la
Resolución número AG-10/2007, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y Resolución número
AG-7/2009, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de
2009, hecha en París el 23 de marzo de 2007.
(…)
El Presidente de la
Corporación, honorable Senador Juan Manuel corzo Román, interviene para lo
siguiente:
(…)
Siendo las 7:02 p. m., la
Presidencia levanta la sesión y convoca para el día lunes 5 de diciembre
de 2011, a las 4:00 p. m.”[15]
2.2.1.7.  Según la certificación referida en el numeral anterior, el
Proyecto de Ley fue considerado en segundo debate el 5 de diciembre de 2011 con
“el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios,
mediante votación ordinaria”, como consta en el Acta N° 25 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 37 del 156 de febrero de 2012[16]. Sobre la aprobación
es pertinente citar el momento de la votación:
“La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe de
ponencia.
Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que
termina el informe de ponencia.
La Presidencia somete a
consideración de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión, esta
le imparte su aprobación.
SE ABRE SEGUNDO DEBATE.
Por solicitud el honorable Senador José Iván Clavijo
Contreras, la Presidencia pregunta a la plenaria si acepta omitir la
lectura del articulado del proyecto y, cerrada su discusión, esta responde
afirmativamente.
La Presidencia somete a
consideración de la plenaria el articulado del proyecto en bloque y, cerrada su
discusión, pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta
responde afirmativamente.
La Presidencia indica
a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del
Proyecto de ley número 113 de 011 Senado.
por medio de la cual se aprueba la ¿Resolución
número AG-14/2005, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Madrid el 8 de septiembre de 2005; la
Resolución número AG-13/2006, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la
Resolución número AG-10/2007, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa el 23 de marzo de 2007; y Resolución número
AG-7/2009, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa el 29 de abril de
2009, hecha en París el 23 de marzo de 2007.
Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de
la plenaria y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y
reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores
presentes que el proyecto de ley aprobado surta su tránsito en la honorable
Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.
La Presidencia indica a la
Secretaría continuar con el siguiente proyecto del Orden del Día.”
2.2.1.8. De acuerdo con la certificación expedida el 3 de diciembre
de 2012 por el Secretario General del Senado de la República[17], el texto definitivo
del proyecto de ley 113 de 2011 Senado, aprobado en la plenaria del 5 de
diciembre de 2011, fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 946 del 7 de diciembre de 2011.
2.2.2 Trámite en la Cámara de Representantes.
2.2.2.1. Radicado el proyecto de ley en la
Cámara de Representantes con el número 159 de 2011, se le repartió a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designado como ponente
coordinador el Representante a la Cámara, Albeiro Vanegas Osorio. El informe de
ponencia fue publicado en la
Gaceta del Congreso N° 363 de 13 de junio de 2012[18].
2.2.2.2. De acuerdo con la certificación allegada a esta
Corporación, el 10 de diciembre de 2012[19],
por la Secretaría de la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes el proyecto fue anunciado en sesión del 25 de julio
de 2012, según el Acta No. 2 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso N° 583 del 4 de septiembre de 2012[20], en
cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. Según el
texto de la referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Han sido aprobadas las
proposiciones leídas: las del día de ayer, las del día de hoy señor Presidente,
y si usted me lo permite hacer la aclaración frente al a nuncio que se realizó
porque por un error mecanográfico, la última parte del orden del día en la
parte de los anuncios el punto cuarto; no sé qué pasó, se pasaron cuatro
renglones que no correspondían a ese proyecto, entonces el anuncio
correctamente para la próxima sesión, en donde haya debate y votación de
proyectos es el siguiente señor Presidente, para dar cumplimiento al artículo
8º del Acto legislativo número 03.
1. Proyecto de ley
número 159 de 2011 Cámara, 113 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Resolución número
AG-14/2005”, adoptada
por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución
AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de
2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número
AG-7/2009", adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.
Autor: Ministra de Relaciones
Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar, Ministro de
Hacienda y Crédito Público, doctor Juan Carlos Echeverry.
Ponente: honorable
Representante Albeiro Vanegas Osorio.
Las publicaciones son las
mismas anunciadas anteriormente que son:
Publicaciones:
Texto del proyecto: Gaceta
del Congreso número 666 de 2011.
Ponencia Primer Debate
Senado: Gaceta del Congreso número 756 de 2011.
Ponencia Segundo Debate
Senado: Gaceta del Congreso número 886 de 2011.
Ponencia Primer Debate
Cámara: Gaceta del Congreso número 363 de 2012.
Este es el proyecto que se
anuncia señor Presidente, realizadas las aclaraciones mecanográficas
del caso
(…)
Hace uso de la palabra el
señor Presidente (e), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:
Se cita
para el miércoles a las 10 de la mañana.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Así se hará señor Presidente,
el próximo miércoles quedan citados honorables Representantes a
sesión de Comisión, no sin antes darles las gracias por su asistencia.
Se
levanta la sesión a las 11:10 a. m.”[21]
2.2.2.3. El 1º de agosto de 2012, se llevó a cabo la siguiente
sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, según Acta N° 03
de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 596 del 6 de septiembre
de 2012[22].
En efecto, en la misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral
anterior, la Secretaria de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes hizo constar que, de acuerdo con el Acta N° 03 del 1º
de agosto de 2012, el proyecto de ley bajo estudio “se sometió a
consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria, con la
presencia de 15 Honorables Representantes”[23],
así:
“Hace uso de la palabra el señor
Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:
(…).
En consideración el informe de ponencia, anuncio su discusión, se
abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la
Comisión?
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado con el quórum reglamentario.
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Óscar de Jesús Marín:
Articulado Señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Señor Presidente le informo que son tres artículos debidamente
publicados en la gaceta correspondiente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Óscar de Jesús Marín:
Si el articulado no tiene proposiciones, entonces vamos a someter
el articulado, se abre la discusión del articulado, anuncio que va a cerrarse,
queda cerrado, ¿aprueban el articulado?
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el articulado leído señor
Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Óscar de Jesús Marín:
Título Señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
por medio de la cual se aprueba la
Resolución número AG-14 de 2005, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica en Madrid, el 8 de septiembre de 2005, la
Resolución número AG13 de 2006, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006. La
Resolución AG número 10 de 2007, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica
en Tegucigalpa el 23 de marzo de 2007 y la
Resolución número AG-7 de 2009, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica en Tegucigalpa el 29 de abril de 2009.
Leído el título del proyecto Señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Óscar de Jesús Marín:
Pongo en consideración ante la
Comisión Segunda el título del proyecto y así mismo les pregunto si
quieren que este proyecto pase a segundo debate, se abre su discusión, anuncio
que va a cerrarse, queda cerrada, aprobado el título del proyecto leído señor
Presidente y los honorables Representantes quieren que pase a segundo
debate? Se designa como ponente al doctor Albeiro Vanegas para
segundo debate. Tiene la palabra el doctor Telésforo Pedraza para una moción de
orden.”[24]
2.2.2.4. Para segundo debate la ponencia fue presentada por el
representante Albeiro Vanegas Osorio, y fue publicada en la
Gaceta del Congreso N° 628 del 21 de septiembre de 2012[25].
2.2.2.5. El anuncio del proyecto de ley 159 de 2011 Cámara, se
realizó en la sesión del 25 de septiembre de 2012, según consta en el Acta N° 155
de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 14 de 6 de febrero de 2013[26], en los siguientes
términos:
“Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa:
Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión
a Plenaria del día miércoles 26 de septiembre del 2012 o para la siguiente
sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de Ley o Actos Legislativos de
acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 en su artículo 8º.
(…)
Proyecto de ley número 159 de 2011 Cámara, 113
de 2011 Senado, por medio de la cual
se aprueba la Resolución número AG-14 de 2005, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Madrid el 8 de septiembre de 2005; la Resolución número
AG-13 de 2006, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la
Resolución número AG-10 de 2007, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la
Resolución número AG-7 de 2009, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.
Señor Presidente han sido anunciados los proyectos
de ley para el día de mañana miércoles 26 de septiembre del 2012.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Agotando el orden del día se levanta la sesión y se
cita para el día de mañana miércoles las dos de la tarde, muchas gracias.
Se levanta la sesión plenaria siendo las 7:33 p. m.”[27].
2.2.2.6. Según certificación expedida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue considerado y aprobado por
unanimidad el 26 de septiembre de 2012 con asistencia de 150 representantes[28], como lo acredita el
Acta de Plenaria N° 156 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso N° 15 del 6 de febrero de 2013[29] en los siguientes
términos:
“Dirección de la
Sesión por la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el informe de ponencia, anuncio que va a
cerrarse, queda cerrado ¿lo aprueba la
Plenaria?
La Secretaría General informa,
doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí, señor Presidente ha sido aprobado el informe.
Dirección de la Sesión por la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Articulado.
La Secretaría General informa,
doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Tres artículos sin proposición señor Presidente.
Dirección de la Sesión por la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el articulado que ha sido publicado, anuncio que
va a cerrarse, queda cerrado ¿Lo aprueba la
Plenaria?
La Secretaría General informa,
doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Presidente ha sido aprobado.
Dirección de la Sesión por la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Título y pregunta.
La Secretaría General informa,
doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Por medio de la cual se aprueba la
Resolución número AG-14 de 2005, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la
Resolución número AG-13 de2006, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la
Resolución número AG-10 de 2007, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la
Resolución número AG-7 de 2009, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009.
Ha sido leído el título señor Presidente.
Dirección de la Sesión por la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el título y la pregunta, anuncio que va a
cerrarse, queda cerrado ¿Aprueba la
Plenaria?
La Secretaría General informa,
doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Aprobado señor Presidente y así lo quiere la
Plenaria.
Dirección de la Sesión por la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Próximo proyecto.”[30]
2.2.3 Cumplimiento de los límites temporales para tramitar el
proyecto de ley.
La Corte ha precisado que la expresión del artículo
162 de la Constitución según la cual “Ningún proyecto podrá ser considerado
en más de dos legislaturas”, debe entenderse en el sentido de que el
Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones ordinarias para llevar a cabo
los debates requeridos para la formación de la ley[31].
En este caso se observa que se surtió el primer debate en la
Comisión Segunda del Senado el 16 noviembre de 2011, y el último debate en
plenaria de Cámara se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2012. Esto, permite
afirmar que el proyecto inició y finalizó su trámite sin exceder dos
legislaturas, comprendidas entre el 20 de julio de 2011 y el 20 de junio de 2012,
y el 20 de julio de 2012 y el 20 de junio de 2013.
2.2.4 Cumplimiento de los requisitos derivados del artículo 160 de la
Constitución.
De acuerdo
con el primer inciso del artículo 160 de la
Constitución, entre el primer y segundo debate deben transcurrir por lo menos
ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y
la iniciación del debate en la otra, debe mediar un término no inferior a 15 días.
En el presente caso se tiene que el primer debate en el Senado tuvo
lugar el 16 de noviembre de 2011 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el
5 de diciembre de 2011, es decir, que transcurrieron más de 15 días entre los
debates realizados por el Senado de la
República. Igualmente, entre el tercer y cuarto debate en la
Cámara de Representantes mediaron más de ocho días, puesto que el primero de
ellos se celebró el 1º de agosto de 2012, y la plenaria se llevó a cabo el 26
de septiembre de 2012.  Además, entre la aprobación del Proyecto en el Senado,
realizada el 5 de diciembre de 2011, y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes, efectuada el 1º de agosto de 2012, corrió un lapso
superior a quince días.
En cuanto al inciso final del artículo 160 de la
C.P., es preciso revisar la cadena de anuncios con el propósito de verificar
que el proyecto de ley haya sido anunciado en una sesión distinta a aquella en
la cual se votó. Para tal efecto, se sintetiza en el siguiente cuadro todo el
procedimiento legislativo[32]:
(i) El Proyecto de Ley inició su
trámite en el Senado de la República
Ver supra 2.2.1.1.
(ii) El Proyecto de Ley fue publicado
previamente al inicio del proceso legislativo
Ver supra 2.2.1.1.
(iii) El Proyecto de Ley fue aprobado
en primero y segundo debate en cada una de las cámaras legislativas, conforme
con las mayorías exigidas por la
Constitución Política y el Reglamento del Congreso y sin que pueda
verificarse una votación nominal y pública.
En Senado:
Primer debate: Ver supra
2.2.1.4.
Segundo debate: Ver supra 2.2.1.7.
En Cámara
Primer debate: Ver supra 2.2.2.3.
Segundo debate: Ver supra
2.2.2.6.
(iv) Las ponencias tanto en comisiones
como en plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los debates;
En Senado:
Primer debate: Ver supra
2.2.1.2
Segundo debate: Ver supra 2.2.1.5
En Cámara
Primer debate: Ver supra 2.2.2.1.
Segundo debate: Ver supra 2.2.2.4.
(v) Entre el primer y segundo debate
en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en una de las
cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurrieron los términos
señalados en el inciso primero del artículo 160 Superior: ocho y quince días
respectivamente; Ver supra 2.2.4.
En Senado
La aprobación en primer debate en el Senado tuvo lugar el 16 de noviembre
de 2011 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2011;
Ver supra 2.2.1.4 y 2.2.1.7.
En Cámara
El primer debate en Cámara tuvo lugar el 1 de agosto de 2012 y la
aprobación en plenaria se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2012; Ver
supra 2.2.2.3 y 2.2.2.6.
Entre la aprobación del Proyecto en el Senado (5 de diciembre de
2012) y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes (1º de agosto de 2012) transcurrió un lapso no
inferior a quince días.
(vi) Fue cumplido en cada una de las
etapas del trámite legislativo el requisito del anuncio previo exigido por el
artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160
C.P.
En Senado
El anuncio para el Primer debate se produjo en dos
oportunidades el 1º de noviembre y el 9 de noviembre de 2011  y la aprobación
se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2011; Ver supra 2.2.1.3.
El anuncio para el Segundo debate se produjo el 30
de noviembre de 2011 y la aprobación se llevó a cabo el 5 de diciembre de
2011;  Ver supra 2.2.1.6.
En Cámara
El anuncio para el  Primer debate se produjo el 25
de julio de 2012 y la aprobación se llevó a cabo el 1º de agosto de 2012; Ver
supra 2.2.2.2.
El anuncio para el Segundo debate se produjo el 25
de septiembre de 2012 y la aprobación se llevó a cabo el 26 de septiembre de
2012;  Ver supra 2.2.2.5
2.3. Sanción presidencial y remisión a la
Corte Constitucional.
El 31 de octubre de 2012, el Presidente de la
República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de
examen, convirtiéndose en la Ley 1585 de 2012. Esta Ley fue remitida para su
estudio a la Corte Constitucional el 1º de noviembre de 2012,
a través de oficio suscrito por la
Secretaria Jurídica de la Presidencia[33].
Esto es, dentro del término de seis días dispuesto por el artículo 241-10 de la
Constitución.
2.4 A partir de la información antes
reseñada, la Sala encuentra que el proceso legislativo aplicado a la aprobación
del proyecto de ley 113 de 2011 Senado y 159 de 2011 Cámara, cumplió con
los requisitos constitucionales.
Sin embargo, la Sala considera necesario hacer una precisión
particular en lo que respecta al cumplimiento del requisito de la votación
nominal y pública, prescrita en el artículo 133
C.P[34].
Al respecto, es preciso recordar que una de las excepciones que dan lugar a que
se realice una votación diferente a la nominal y pública, es la existencia de
unanimidad[35],
como al parecer ocurrió en el trámite del proyecto de ley objeto de estudio.
Sobre la excepcionalidad de las votaciones ordinarias,
la Sala Plena de esta Corporación mediante Auto 032 de 2012[36], precisó: “Como se observa, el legislador orgánico ha previsto un listado
taxativo de modalidades de votación ordinaria, lo cual es apenas resultado del
carácter exceptivo a los tipos de votación diferentes a la nominal y pública,
impuesto por el artículo 133 C.P.  En tal sentido, aquellas actuaciones del
Congreso que no se hallen descritas en dicho listado, se comprenden subsumidas
en la regla general que prevé la mencionada norma superior.  Esto salvo que se
trate de votaciones secretas, también expresamente identificadas por la
legislación orgánica.[37]
A partir de los criterios normativos expuestos, la
Sala encuentra que la votación del informe de objeciones presidenciales debió
llevarse de forma nominal y pública, en tanto (i) es la regla general para las
votaciones del Congreso, según lo señala el artículo 133
C.P. y el artículo 130 R.C.; y (ii) no se encuentra dentro de las excepciones
previstas en el artículo 129 R.C. antes transcrito.”[38]
Ahora bien, sobre la excepción por unanimidad en
el Auto 086 de 2012[39],
este Tribunal puntualizó: “De otra parte, si bien es
preciso reconocer que la aprobación por unanimidad de una determinada decisión
permite a la ciudadanía conocer el sentido del voto de cada participante, pues
en todos los casos es el mismo, no es menos cierto que la sola posibilidad de
emitir un voto unánime implícitamente le resta trascendencia y solemnidad a la
diligencia de que se trata, al tiempo que desestimula o dificulta el eventual
planteamiento de posturas disidentes. Así, se entiende que frente a asuntos de
puro trámite o sustanciación, como sería más fácilmente la decisión de adoptar
o desechar uno o más artículos previamente debatidos, se permita la votación
por unanimidad, pues las circunstancias en que ella se produciría no afectan en
forma significativa la seriedad que debe caracterizar la respectiva diligencia,
y por el contrario, permiten alcanzar mayor agilidad y eficiencia”
2.5 De lo anterior, se puede concluir: i) que de
conformidad con el mandato constitucional del artículo 133 de la
C.P los integrantes de los cuerpos colegiados de elección popular deberán
votar de forma nominal y pública salvo las excepciones legales; ii) que la
votación nominal y pública debe ser la regla en la aprobación de los proyectos
de ley sometidos a consideración en cada una de las comisiones y plenarias del
Congreso de la República; iii) que las excepciones están contempladas de forma
taxativa por la ley; y iv) que dentro de las excepciones legales se encuentra
la votación por unanimidad respecto al articulado del proyecto.
Comoquiera que el articulado del proyecto fue
aprobado en cada una de las sesiones tanto de las comisiones como de las plenarias
por unanimidad su votación queda comprendida en la excepción prevista en el
numeral 16 del artículo 129 del Reglamento del Congreso. Lo anterior significa
que es posible avalar la votación ordinaria llevada a cabo en el presente
trámite legislativo, como una excepción a la votación nominal y pública, teniendo
en cuenta que en la verificación de la aprobación del proyecto de ley permite
constatar que fue realizada por unanimidad.
Ahora bien, debe resaltarse que en el caso
analizado existen suficientes pruebas dentro del trámite acerca de la
unanimidad en la votación.  Nótese que en varias de las etapas del trámite se
prescindió de la lectura del articulado y que, además, no existió ninguna
oposición a la manera cómo se aprobaba la iniciativa.
De otro lado, es importante aclarar que las
leyes aprobatorias de tratados, como lo ha señalado la jurisprudencia, están
sometidas a los requisitos propios de las leyes ordinarias, por lo que pueden
ser aprobadas con mayoría simple.  Esta comprobación es importante, pues basta
que se compruebe que el proyecto de ley cuenta con el apoyo unánime de la
célula legislativa correspondiente, para que se evidencie su aprobación.  Este
escenario difiere de aquellos proyectos de ley o acto legislativo en que, por
mandato constitucional, se exige una mayoría calificada, caso en el cual debe
existir evidencia acerca del número de votos requeridos.  En esos eventos, las
cámaras están en la obligación de adoptar la regla de votación nominal o
pública y, en el evento que consideren que al existir unanimidad hay lugar a
aplicar la excepción antes explicada, esto no exime de la necesidad de contar
con contar con evidencia acerca que la iniciativa contó con las mayorías
cualificadas exigidas por la Constitución.
Lo anterior no quiere decir, en modo alguno, que
el requisito constitucional de votación nominal y pública solo sea exigible en
aquellos casos en que concurre el requisito de mayoría calificada.  En
contrario, esa modalidad de votación es la regla general para la aprobación de
los proyectos de ley y acto legislativo, solo que opera coetáneamente con el
mayor grado de escrutinio que se impone para el control judicial del
procedimiento legislativo cuando la
Carta Política exige mayoría calificada.  En ese último evento, es claro que
la validez de la excepción derivada de la votación unánime dependerá de la
posibilidad de comprobar que se contó con las mayorías requeridas.
Llevada esta regla al caso analizado, se tiene
que hay evidencia de la unanimidad y de la existencia de quórum decisorio en
cada uno de los debates, lo que permite, en el contexto propio de cada sesión,
acreditar la votación por la mayoría simple exigible en el presente evento.
2.6 En suma, la Sala
concluye que para el asunto bajo examen resultan acreditados todos los
requisitos propios del trámite de las Leyes ordinarias; y que por tanto,
no se evidencia defecto constitucional alguno en cuanto al análisis formal de la Ley 1585 de 2012, por medio de la cual se aprueba la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número AG-13/2006”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución
número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de
2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”
3. Análisis Material
Para efectos de este análisis, la
Corte estudiará de forma separada el contenido de cada una de las resoluciones
aprobadas mediante la Ley 1585 con el propósito de definir si su contenido se
encuentra en armonía con la
Constitución Política. Previamente, se resumirán las sentencias C-172 de 1996[40] y C-1144
de 2004[41],
en las que este Tribunal tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el Banco
Centroamericano de Integración Económica.
3.1 Pronunciamientos previos de la
Corte Constitucional sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica.
3.1.1 La sentencia C-172 de 1996 avaló la
exequibilidad del Convenio Constitutivo del BCIE y del Protocolo de Reformas al mismo, lo que significa que se declaró constitucional el ingreso
de Colombia en el BCIE. Para este Tribunal la participación de Colombia en el
BCIE responde a los mandatos constitucionales de integración económica prevista
en los artículos 226 y 227 de la C.P.[42].
En concreto, la Corte advirtió que: “(…) el
Banco Centroamericano de Integración Económica es una entidad de derecho
internacional de carácter financiero cuyo objeto principal consiste en apoyar
la integración y desarrollo económico de los países de Centroamérica, abierto
desde 1989 al ingreso de países extraregionales, lo cual no modifica el
objetivo expuesto perseguido por el Banco.
En desarrollo de su objetivo, el BCIE ha sido la principal entidad
financiera de la región centroamericana, apoyando innumerables proyectos en el
sector productivo y social de los países de esta zona. Posteriormente a la
aprobación del protocolo de reformas han adherido al Convenio en calidad de
miembros extraregionales, México y China, y se espera la pronta incorporación
de Venezuela, Argentina, la
Comunidad Económica Europea, Corea del Sur y Japón.
El articulado del Convenio y su Protocolo de reformas contiene las
normas usuales que regulan la organización y funcionamiento de los organismos
internacionales de carácter financiero y corporativo, señalando como es de
rigor, el objeto de la institución, la conformación de su capital, sus
operaciones, los órganos de administración y las normas de su operancia, las
causas de disolución y la forma de liquidación.
(…)
El fin previsto para ser alcanzado por la institución, esto es la
integración y desarrollo económico de los países centroamericanos, a cuya
consecución se orientan todas las demás normas del convenio y del protocolo, se
encuadra perfectamente dentro de los objetivos de los artículos de la
Constitución Política.”
3.1.2 Por su parte, la sentencia C-1144 de 2004
declaró la constitucionalidad de la Ley 884 de 2004, norma
aprobatoria de la Resolución N° AG-1/98[43],
mediante la cual se modifica el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano
de Integración Económica[44].
En esta oportunidad, la Corte reiteró que la participación de Colombia en el
BCIE responde a preceptos constitucionales sobre la internacionalización de las
relaciones internacionales (Art. 226 de la
C.P.), y en especial, la integración económica latinoamericana (Art. 227 de la
C.P.). Del mismo modo, encontró la resolución modificatoria ajustada a la
Constitución en tanto: “(…) no contradicen el artículo 9° superior, toda
vez que respetan los principios de reciprocidad, equidad y conveniencia
nacional[45].
En efecto, los dos primeros principios anteriores son respetados, por cuanto
Colombia no adquiere obligaciones distintas a las que vinculan a los demás
miembros extra regionales del Convenio, obtiene las mismas ventajas a que todos
ellos son acreedores, y viene a ser sujeto de beneficios en la medida de su
compromiso con los intereses de integración que promueve el Banco”
3.1.3 En suma, las sentencias precedentes
permiten concluir que la Corte ha declarado constitucional la pertenencia de
Colombia al BCIE por encontrarla conforme a los artículos 9, 226, 227 y 189.2
de la Constitución Política. En tal sentido, esta Corporación ha encontrado que
la vinculación de Colombia al BCIE hace parte de las facultades otorgadas al
Presidente de la República para dirigir  las relaciones internacionales, y en
virtud, de ese mandato puede suscribir acuerdos internacionales para que en
desarrollo de los principios de soberanía, equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional pueda comprometer internacionalmente al Estado mediante obligaciones
orientadas a fortalecer la internacionalización de las relaciones políticas y
económicas, entre otras, y promover la integración latinoamericana.
En el mismo sentido, se puede reseñar la
intervención del ponente para primer debate el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, durante el trámite legislativo:
“Cuál
es la importancia de este Banco Centroamericano de Integración Económica?:
primero porque busca la generación de oportunidades y riqueza a través de la
creación de empleo para las clases menos favorecidas; generación de capacidades
a través del apoyo de programas de entrenamiento técnico, apoyo al compromiso
de los países en el cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio;
contribuir en el mejoramiento del clima de negocios de la región, para promover
la inversión extranjera, directa y local. Convertir al banco en un centro de
apoyo para la competitividad regional; fomentar alianzas estratégicas con
actores claves para incrementar el impacto del banco, en el tema de apoyo de la
inserción internacional en la región.
Desempeñar un papel clave en los procesos de
negociación, ratificación, implementación y sostenibilidad de los acuerdos de
apertura económica; impulsar el proceso de integración física, económica,
comercial y financiera de la región; fortalecer el mercado financiero regional;
propiciar la armonización de marcos regulatorios y la adopción de mejores
prácticas en sectores estratégicos; desarrollar programas regionales de
protección ambiental al cambio climático.
Me parece que la aprobación de estas 4
resoluciones, le permite no solo a todos los países miembros, sino a Colombia
tener mayores posibilidades para mejorar en el tema social, educativo, de
salud, porque desde allí vienen recursos a través de Convenios para Colciencias
y para el Sena, para muchas instituciones que tienen que ver con el agro. Esto
nos permite a través de esos recursos que tiene el banco, poder avanzar y poder
ser más competitivos en razón a todos los Tratados de Libre Comercio que ha
venido firmando Colombia con diferentes países del mundo.”[46]
Igualmente, las intervenciones del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante
el debate en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes, coinciden en reafirmar la importancia de la
participación de Colombia en el BCIE:
“Hace uso de la palabra la doctora María Fernanda Suárez, Directora de Crédito
Público:
Muy buenos días a todos, señor Presidente,
señora Secretaria y Señores honorables Representantes de la
Comisión Segunda. Es un propósito del Gobierno Nacional someter a
consideración del Congreso la aprobación que busca las modificaciones al
convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Para
hacerlo de manera muy sucinta, este banco está constituido desde 1960, Colombia
participa en este Banco desde 1997 y como se han enunciado desde el 2005 se han
hecho diferentes modificaciones a este convenio constitutivo, que vamos a
someter a su consideración.
La importancia para la
República de Colombia de participar y de continuar nuestra activa
participación en el Banco Central Americano se basa en la importancia
estratégica que tiene para nosotros como Nación continuar promoviendo las
relaciones y los instrumentos de financiación tanto de la
República de Colombia como las entidades territoriales y el sector
privado en asuntos que tengan que ver con la integración con Centroamérica.
Como bien hemos visto recientemente se han adelantado muchos proyectos de
integración con esta región y por eso consideramos que es conveniente para
Colombia continuar en este proceso.
(…)
Hace uso de la palabra el doctor Álvaro
Sandoval:
Buenos días señor Presidente, honorables
Representantes, la señora Secretaria. En primer término en nombre del
Ministerio de Relaciones Exteriores expresar las excusas o reiterar las de la
señora Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín, quien
de forma expresa cursó dichas excusas mediante nota de fecha 30 de julio del
año en curso, considerando que debe acompañar al Presidente de la
República en la jornada de rendición de cuentas, que el señor Presidente
de la República está presentando en la ciudad de Pasto en la fecha.
De manera muy sucinta, como lo ha solicitado
el honorable Representante, simplemente queremos señalar que desde el punto de
vista de la juridicidad de las resoluciones adoptadas por el Banco
Centroamericano de integración económica, sujeto de derecho internacional, como
quiera que está dotado de personería jurídica y por ende habilitado para actuar
en el ámbito del derecho internacional, quisiéramos señalar que la fuente o
sustento de dichas resoluciones emana del convenio constitutivo, el Banco
Centroamericano de Integración Económica, suscrito en el año 1960 y el
protocolo de reformas al convenio constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Económica, suscrito en el año 1989, instrumentos que fueron
aprobados mediante la Ley 213 de 1995, lo cual cimenta las
fuentes jurídicas con base en las cuales fueron expedidas o emanadas dichas
resoluciones, lo que demuestra su juridicidad. A su turno y desde la perspectiva
constitucional este proyecto de ley se sustenta, a su turno en el artículo 9° y
en el artículo 227 de la
Constitución Política que instan a que la política exterior de la
República de Colombia se oriente hacia la integración económica y social
con América Latina y el Caribe, con base en esos presupuestos y en aras de la
brevedad y en procura de una ilustración, ya digámoslo consolidado por parte de
esta ilustre Comisión, señor Presidente solicitamos muy comedidamente que se
considere la aprobación del proyecto de ley. Muchas gracias.”[47]
Del mismo modo, la intervención de la
Viceministra de Relaciones Exteriores en la
Plenaria de la Cámara de Representantes enfatizó:
“Palabras de la señora Viceministra de Relaciones
Exteriores, doctora Mónica Lanzetta Mutis:
Muchas gracias señor Presidente, honorables
Representantes, me complace estar aquí para analizar y para considerar el
proyecto sobre las modificaciones al Banco Centroamericano de Desarrollo que
como es de conocimiento de ustedes es una entidad de carácter internacional, fue
creado en 1960 y tiene por objeto promover la integración y el desarrollo de
los países fundadores (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica) y el banco tiene su sede en Honduras, es la institución financiera más
sólida de la región. Mediante Ley 213 de 1995 Colombia aprobó el convenio
constitutivo del banco y el protocolo modificatorio del mismo y Colombia es
entonces socio extrarregional del banco y hace presencia permanente en la
institución y tiene representación en el directorio y en la asamblea de
gobernadores.
(…)
Concluyo con esto señor Presidente y quisiera
señalar cómo todos los proyectos de profundización de la integración de
Colombia con la región centroamericana tiene una gran prioridad y toda vez que
esta es la entidad más sólida de la región la entidad financiera más importante
y de mayor impacto en la región, Colombia y nosotros desde el Ministerio
consideramos que la reforma que se propone y que ha sido recomendada por la
Junta de Gobernadores del banco, reviste la mayor importancia para su
fortalecimiento.”[48]
El anterior marco contextual se muestra
necesario para descartar las argumentaciones presentadas por el Procurador
General de la Nación sobre la pertinencia de la participación de Colombia en el
BCIE. De un parte, para la Sala existe cosa juzgada sobre este aspecto en los
términos planteados en las sentencias C-172 de 1996 y C-1144 de 2004, y de
otra, es preciso reiterar que la participación de Colombia en el BCIE está en
armonía con los artículos 9 (principios que orientan las relaciones
internacionales, en especial la integración con Latinoamérica y el Caribe), 226
(principios de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas,
sociales y ecológicas), 227 (promoción de la integración económica, social y
política, en especial, con Latinoamérica) y 189.2 (dirección de las relaciones
internacionales por parte del Presidente de la
República) de la Constitución Política.
3.2 La constitucionalidad de las resoluciones
aprobadas mediante la Ley 1585 de 2012.
3.2.1 El examen de constitucionalidad de las resoluciones contenidas
en la Ley 1585 de 2012 se hará de forma separada, identificando en qué
consisten los cambios introducidos por cada una de ellas[49].
3.2.2 Descripción del contenido de la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Madrid, el 8 de septiembre de 2005. Esta Resolución tiene dos artículos,
el primero, modifica el Artículo 8 del Convenio Constitutivo del BCIE, y el
segundo, determina que dicha modificación entrará en vigencia tres meses
después de la fecha de su comunicación oficial por parte del Banco dirigida a
todos los socios.
En cuanto a la modificación del artículo 8, la
Sala presenta la versión anterior del artículo para contrastarla con la
modificada:
Artículo 8, modificado por el
artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la
Ley 213 de 1995[50]
Artículo 8, una vez modificado por
la Resolución AG-14/2005
El
Banco financiará exclusivamente programas o proyectos económicamente sanos y
técnicamente viables y se abstendrá de hacer préstamos o de adquirir
responsabilidad alguna por el pago o refinanciamiento de obligaciones
anteriores.
Las
operaciones del Banco deberán basarse exclusivamente en criterios técnicos,
financieros y económicos; consecuentemente, no deberán influir en los mismos
criterios de carácter político relacionados con cualquier Estado miembro.
El Banco financiará exclusivamente programas o proyectos
económicamente sanos y técnicamente viables.
Las operaciones que realice el Banco deberán basarse
exclusivamente en sanas prácticas bancarias. Estas operaciones se realizarán
en el contexto del marco prudencial que establezca el Directorio al amparo
del artículo 15 del Convenio Constitutivo, siguiendo los parámetros que defina
la Asamblea de Gobernadores
Como se observa, las reformas introducidas en la
disposición eliminan la posibilidad de refinanciar préstamos u obligaciones
anteriores y definen de forma genérica el marco de actuación de la institución
financiera al momento de realizar sus operaciones. De hecho, estructuralmente
el artículo reformado se encuentra en el Capítulo III del Convenio Constitutivo
denominado Operaciones.
Al respecto, advierte la
Corte, en concordancia con las intervenciones del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Universidad Externado de Colombia, que las modificaciones del
artículo 8 del Convenio Constitutivo se refieren a los lineamientos del BCIE en
la realización de sus actividades financieras, y en esa medida, no se evidencia
contradicción con las disposiciones constitucionales pertinentes.
Igualmente, destaca la
Sala que de acuerdo con uno de los considerandos de la
Resolución AG-14/2005, la modificación del artículo 8 responde a: “Que
resulta necesario y oportuno revisar el alcance y contenido del artículo 8o del
Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica a la
luz de las circunstancias del entorno y con la finalidad de que el Banco, en
cumplimiento de su objeto, pueda atender nuevos esquemas e instrumentos de
financiamiento conforme a las sanas prácticas bancarias.”
En conclusión, para el Pleno del Tribunal la
Resolución AG-14/2005 no contiene preceptos que desconozcan la
Constitución Política. En cuanto al artículo 1° se define el marco de acción para
la realización de operaciones financieras, y en lo relacionado con el artículo
segundo, la entrada en vigencia de las modificaciones al Convenio Constitutivo
está sujeta al trámite interno de conformidad con la reserva hecha respecto al
artículo 35 (Ver supra.2.1).
3.2.3 En cuanto al contenido  de  la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006, la Corte encuentra lo siguiente: Esta Resolución tiene
dos artículos, el primero, modifica los artículos 1, 2, 3. 10, 11, 12, 13, 15,
16, 18, 19, 20 y 21 del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Económica, y el segundo, determina que dichas modificaciones
entrarán en vigencia tres meses después de la fecha de su comunicación oficial
por parte del Banco dirigida a todos los socios. Sobre este último aspecto se
reitera que las modificaciones al Convenio Constitutivo del BCIE que generan
nuevas obligaciones para Colombia dependen del trámite interno, de conformidad
con la reserva hecha oportunamente (Ver supra.2.1)..
Ahora bien, respecto de cada uno de los
artículos modificados se utilizará la misma metodología que con la
Resolución analizada previamente, es decir, contrastar el artículo anterior
con el modificado para determinar los cambios efectuados. No obstante, el
estudio de constitucionalidad se hará teniendo en cuenta al capítulo al que
pertenecen los artículos reformados estructuralmente. En este caso la reforma
de los artículos 1, 2 y 3 se encuentra en el Capítulo I sobre la naturaleza,
objeto y sede del BCIE y los artículos 10, 11, 12, 13, 15,  16, 18, 19, 20 y 21
en el Capítulo IV relacionado con la organización y administración del BCIE:
Capítulo I.  Naturaleza, Objeto y Sede
Artículo 1, modificado por el
artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la
Ley 213 de 1995[51]
Artículo 1, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
El Banco Centroamericano de Integración Económica, es una
persona jurídica, de carácter internacional, que ejercerá sus funciones
conforme al presente Convenio Constitutivo y sus Reglamentos.
El Banco Centroamericano de Integración Económica es una
institución financiera multilateral de desarrollo de derecho internacional público,
con personalidad jurídica, que se regirá por las disposiciones contenidas en
el presente Convenio Constitutivo y sus reglamentos.
En este artículo se establece la naturaleza
jurídica del BCIE, puntualizando que se trata ya no de una persona jurídica de
carácter internacional sino de una institución financiera multilateral de
desarrollo de derecho internacional público. Igualmente, precisa que el banco
se regirá por el Convenio Constitutivo y sus reglamentos.
Artículo 2, modificado por el artículo 1 del
Protocolo de Reformas aprobado en la Ley 213 de 1995[52]
y adicionado por la Ley 884 de 2004[53]:
Artículo 2, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
El
Banco tendrá por objeto promover la integración económica y el desarrollo
económico y social equilibrado de los países Centroamericanos, en
cumplimiento de este objetivo atenderá programas o proyectos de:
a)
Infraestructura que completen los sistemas regionales existentes o que
compensen disparidades en sectores básicos que dificulten el desarrollo
equilibrado de Centroamérica;
b)
Inversión a largo plazo en industrias de carácter regional o de interés para
el mercado Centroamericano, que contribuyan a incrementar los bienes
disponibles para intercambio centroamericano o para éste y el sector
exportador;
c)
Inversión en el sector agropecuario que tengan por objeto el mejoramiento, la
ampliación o la sustitución de las explotaciones;
d)
Financiamiento de empresas que requieran ampliar o rehabilitar sus
operaciones, modernizar sus procesos o cambiar la estructura de su producción
para mejorar su eficacia y su capacidad competitiva;
e)
Financiamiento de servicios que requiera el desarrollo de la región;
f)
Complementación económica entre los países centroamericanos o que tiendan a
aumentar el intercambio centroamericano y con terceros países;
g)
Desarrollo social de los países centroamericanos;
h)
Conservación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente; e
i)
Financiamiento de estudios relacionados con los aspectos mencionados en este
artículo y de aquellos otros programas o proyectos que autorice la
Asamblea de Gobernadores.
j)
Gran significación regional a los cuales dará atención preferente.
El
Banco, teniendo en cuenta su objeto señalado en este artículo, podrá aceptar
como beneficiarios a otros países, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 4, literal a) de este Convenio.
El
Banco tendrá por objeto promover la integración y el desarrollo económico y
social equilibrado de los países fundadores. En cumplimiento de este objeto,
tendrá las siguientes funciones:
a)
Apoyar a los países fundadores en la instrumentación de sus planes y
políticas de desarrollo, con el objetivo de aprovechar al máximo la
utilización de sus recursos, complementar sus economías e incrementar
ordenadamente el intercambio comercial entre ellos y con terceros países;
b)
Identificar y promover las oportunidades de inversión en los países
fundadores a través de los estudios y análisis correspondientes;
c)
Apoyar los proyectos y programas de integración regional y del proceso de
globalización de los países fundadores;
d)
Apoyar los procesos de desarrollo sectorial;
e)
Apoyar los programas y políticas de desarrollo social de los países
fundadores;
f)
Apoyar estudios y proyectos de gran significación regional;
g)
Apoyar el desarrollo de la infraestructura de bienes y servicios públicos de
propiedad pública, privada o mixta;
h)
Apoyar sectores económicos de importancia estratégica nacional o regional que
contribuyan a incrementar la producción de bienes, el comercio y los
servicios;
i)
Financiar empresas que requieran ampliar o rehabilitar sus operaciones,
modernizar sus procesos o cambiar la estructura de su producción para mejorar
su eficacia y su capacidad competitiva;
j)
Apoyar la conservación y protección de los recursos naturales y del medio
ambiente y su explotación racional y sostenible;
k)
Promover la captación y movilización de recursos financieros internos y
externos para el financiamiento del desarrollo de la región centroamericana;
l)
Promoción de la inversión de capitales públicos y privados;
m)
Estimular y fortalecer el desarrollo del mercado de capitales en la región;
n)
Apoyar a los países fundadores en los casos de emergencia y reconstrucción
originados por desastres naturales;
o)
Apoyar el desarrollo tecnológico y de los recursos humanos de la región;
p)
Aquellas otras funciones propias de la actividad financiera multilateral de
desarrollo que contribuyan al cumplimiento de su objeto.
El
Banco, teniendo en cuenta su objeto señalado en este artículo, podrá aceptar
como beneficiarios a otros países, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4o, de este Convenio, siempre que los programas, proyectos o
esquemas que apoye o financie en estos países contribuyan a la integración y
al desarrollo económico y social equilibrado de los países fundadores.
En este artículo se define el
objeto del BCIE, en primer término, se especifica que su finalidad es promover
el desarrollo económico y social, así como la integración de los países
fundadores, es decir, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica. Luego, se hace una enunciación de las diferentes áreas, programas o
proyectos de apoyo que el Banco podrá financiar. Y finalmente, dispone que los
países beneficiarios entre los que se encuentra Colombia, podrá acceder al
apoyo o financiación de programas o proyectos siempre
que estos contribuyan a la integración y al desarrollo económico y social de
los países fundadores.
Artículo 3, aprobado en la
Ley 213 de 1995[54]
Artículo 3, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
El Banco tendrá su sede y oficina principal en la ciudad
de Tegucigalpa, República de Honduras, y podrá establecer sucursales,
agencias y corresponsalías.
El Banco tendrá su sede y oficinas principales en la ciudad
de Tegucigalpa, República de Honduras, y podrá establecer las sucursales,
agencias, corresponsalías y oficinas o representaciones que fueren necesarias
para el cumplimiento de sus funciones que apruebe la
Asamblea de Gobernadores.
En este artículo se determina la sede del BCIE
en la ciudad de Tegucigalpa sin perjuicio de que se puedan establecer oficinas
alternas en otros lugares para el cumplimiento de las funciones del BCIE,
aprobadas por la Asamblea de Gobernadores.
Respecto de las tres modificaciones expuestas, la
Sala advierte que se trata de disposiciones operativas para el funcionamiento
de la institución financiera que no representan incompatibilidad con los
mandatos constitucionales. Esto, por cuanto se establece la sede del Banco, su
naturaleza como entidad financiera y su objeto. En la definición del objeto se
destaca la viabilidad de que países beneficiarios como Colombia accedan a la
financiación de proyectos o programas que beneficien a los países fundadores,
lo cual se encuentra en armonía con los artículos 9 y 227 de la
Constitución Política sobre el fortalecimiento de la integración con
Latinoamérica y el Caribe.
Capítulo IV. Organización y Administración
Artículo 10, modificado por el
artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la
Ley 213 de 1995[55]
Artículo 10, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
La Asamblea de Gobernadores es la
autoridad máxima del Banco. Cada país fundador tendrá un Gobernador titular y
un suplente, que serán, indistintamente, el Ministro de Economía o el
Presidente del Banco Central, o quienes hagan sus veces, o a quienes
corresponda tal representación según el derecho interno del respectivo país.
Cada país extrarregional nombrará un gobernador titular y un suplente. Los
suplentes participarán en las reuniones de la
Asamblea, con voz pero sin voto, salvo en ausencia del titular.
La
Asamblea elegirá, entre los gobernadores titulares, un Presidente, quien
mantendrá su cargo hasta la siguiente reunión ordinaria de la Asamblea.
La Asamblea de Gobernadores es la
autoridad máxima del Banco. Cada país fundador tendrá un Gobernador Titular y
un Suplente, que serán, indistintamente, el Ministro de Economía o el
Presidente del Banco Central, o quienes hagan sus veces, o a quienes
corresponda tal representación según el derecho interno del respectivo país.
Cada país extrarregional nombrará un Gobernador Titular y un Suplente. Los
suplentes participarán en las reuniones de la
Asamblea, con voz pero sin voto, salvo en ausencia del titular.
La Asamblea elegirá, entre los
Gobernadores titulares, un Presidente, quien mantendrá su cargo hasta la
finalización de la siguiente reunión ordinaria de la Asamblea.
El artículo reformado reitera que es la
Asamblea de Gobernadores la autoridad máxima del Banco, en la que estarán
representados tanto los países fundadores como los extraregionales mediante un
gobernador, quien será el Ministro de Economía o el Presidente del Banco
Central de cada país. Y que corresponde a la
Asamblea elegir al Presidente del Banco.
Artículo 11, modificado por el
artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la
Ley 213 de 1995[56][57]
y adicionado por la Ley 884 de 2004[58]:
Artículo 11, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
Todas
las facultades del Banco residen en la
Asamblea de Gobernadores, quien podrá delegarlas en el Directorio, con
excepción de las siguientes:
a)
Admitir nuevos Miembros y determinar las condiciones de su admisión;
b)
Aumentar el capital autorizado;
c)
Determinar las reservas de capital, a propuesta del Directorio;
d)
Elegir al Presidente Ejecutivo, de entre una terna seleccionada con base a
concurso, y removerlo, así como fijarle su remuneración. La
Asamblea de Gobernadores emitirá las disposiciones pertinentes para
reglamentar la elección y la remoción del Presidente Ejecutivo;
e)
Nombrar al Contralor de entre una terna, seleccionada con base a concurso, y
removerlo; asimismo, fijarle su remuneración. La
Asamblea de Gobernadores emitirá las disposiciones pertinentes para
reglamentar la elección y la remoción del Contralor;
f)
Fijar la remuneración de los Directores y Directores suplentes;
g)
Aprobar y modificar el Reglamento de la
Organización y Administración del Banco, el de la
Asamblea de Gobernadores y el de Elección de Directores;
h)
Designar los auditores externos del Banco para dictaminar los estados
financieros anuales que serán presentados a la
Asamblea de Gobernadores;
i)
Aprobar, previo dictamen de los auditores externos, los estados financieros
anuales y autorizar su publicación;
j)
Conocer y decidir los planteamientos del Directorio, de un Director, del
Presidente Ejecutivo o del Contralor sobre decisiones que, a juicio de los
mismos, contradigan disposiciones del Convenio Constitutivo o resoluciones de
la Asamblea de Gobernadores;
k)
Conocer y decidir, en apelación, de las divergencias en la interpretación y
aplicación del presente Convenio y de las Resoluciones de la
Asamblea efectuadas por el Directorio;
l)
Proponer modificaciones al presente Convenio; y
m)
Decidir la distribución de sus activos netos si se terminaran las operaciones
del Banco.
Son
atribuciones indelegables de la Asamblea de Gobernadores:
a)
Admitir nuevos miembros y determinar las condiciones de su admisión;
b)
Aumentar el capital autorizado del Banco;
c)
Determinar el destino de las utilidades anuales según lo indicado en el
artículo 5o de este Convenio, a propuesta del Directorio;
d)
Elegir al Presidente Ejecutivo, de una terna seleccionada con base en un
concurso, reelegirlo y removerlo, así como fijarle su remuneración. La
Asamblea de Gobernadores emitirá las disposiciones pertinentes para
reglamentar la elección y la remoción del Presidente Ejecutivo;
e)
Elegir al Contralor de una terna, seleccionada con base en un concurso, y
removerlo; asimismo, fijarle su remuneración. La
Asamblea de Gobernadores emitirá las disposiciones pertinentes para
reglamentar la elección y la remoción del Contralor;
f)
Aprobar el presupuesto del Directorio, que incluya la remuneración de los
Directores titulares, de los Directores suplentes y de la estructura de apoyo
del Directorio, incluyendo cualquier costo relacionado con su funcionamiento;
g)
Aprobar y modificar el Reglamento de la
Organización y Administración del Banco, el de la
Asamblea de Gobernadores, los de Elección de Directores y el conjunto de
reglamentos que le corresponden al amparo del presente Convenio;
h)
Elegir a los auditores externos del Banco;
i)
Aprobar, previo dictamen de los auditores externos, los estados financieros
anuales y autorizar su publicación;
j)
Conocer y decidir sobre los planteamientos del Directorio, de un Director,
del Presidente Ejecutivo o del Contralor sobre decisiones que, a juicio de
los mismos, contradigan disposiciones del Convenio Constitutivo o
resoluciones de la Asamblea de Gobernadores;
k)
Conocer y decidir, en apelación, sobre las divergencias en la interpretación
y aplicación del presente Convenio y de las resoluciones de la
Asamblea efectuadas por el Directorio;
l)
Modificar el presente Convenio;
m)
Decidir la distribución de sus activos netos en el evento de una liquidación
del Banco;
n)
Autorizar los requerimientos de pago sobre el capital exigible;
o)
Aprobar los planes estratégicos del Banco;
p)
Disolver el Banco.
El artículo 11 consagra las funciones
indelegables de la Asamblea de Gobernadores. En concreto, se modifican las establecidas
en los siguientes literales: c) sobre el destino de las utilidades anuales según lo
indicado en el artículo 5 del Convenio; d) que ahora permite la relección del
Presidente; f) sobre la aprobación general del presupuesto del Directorio, lo
que incluye la remuneración de los Directores titulares y suplentes, así como
de la estructura de apoyo del Directorio; y g) en lo relacionado con la
aprobación de reglamentos que se expidan al amparo del Convenio Constitutivo. Y
se agregan las de los siguientes literales: n) autorizar los requerimientos de
pago sobre el capital exigible; o) aprobar los planes estratégicos del Banco; y
p) disolver el Banco.
Artículo 12, modificado por el
artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la
Ley 213 de 1995[59]
Artículo 12, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
La Asamblea de
Gobernadores mantendrá plena autoridad sobre todas las facultades que delegue
en el Directorio.
Los socios que estén en mora en el pago de sus aportes de
capital no tendrán derecho a voto en la
Asamblea de Gobernadores.
El contenido del artículo 12 cambia completamente
pues pasa de referirse a la facultad de la
Asamblea de Gobernadores para ejercer las funciones que le delegue el
Directorio a plantear que los socios en mora en el pago de sus aportes no
tendrán derecho a votar en la Asamblea de Gobernadores.
Artículo 13, modificado por el
artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la
Ley 213 de 1995[60]
Artículo 13, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
La Asamblea de Gobernadores se
reunirá ordinariamente una vez al año. Además, podrá reunirse, con carácter
extraordinario cuando ella así lo disponga o la convoque el Directorio. El
Directorio deberá convocar a la Asamblea cuando así lo soliciten, por lo
menos, dos Estados Miembros.
El
Directorio podrá requerir el pronunciamiento de los gobernadores, si convocar
a una reunión extraordinaria de la
Asamblea, de conformidad con el reglamento respectivo.
Las
reuniones de la Asamblea de Gobernadores podrán ser ordinarias o
extraordinarias y las convocará el Presidente de la
Asamblea. La Asamblea de Gobernadores se reunirá ordinariamente una vez al
año y se reunirá con carácter extraordinario cuando ella así lo disponga; o
bien a petición del Directorio; o cuando así lo soliciten tres socios; o lo
soliciten Gobernadores que representen, al menos, el 25% del capital
suscrito.
El
Directorio podrá requerir el pronunciamiento de los Gobernadores sin convocar
a una reunión extraordinaria de la
Asamblea, de conformidad con el reglamento respectivo.
El artículo 13 hace referencia a las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la Asamblea de Gobernadores. Mientras las
primeras tendrán lugar por lo menos una vez al año, las segundas podrán convocarse
a solicitud de la Asamblea de Gobernadores, el Directorio, tres socios o
Gobernadores que representen el 25% del capital suscrito.
Artículo 15, modificado por el
artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la
Ley 213 de 1995[61]
Artículo 15, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
El
Directorio es el órgano responsable de la dirección del Banco. Para ello
ejercerá todas las facultades que le delegue la
Asamblea de Gobernadores y las siguientes:
Definir
las políticas operativas y administrativas del Banco; aprobar el presupuesto,
así como los planes de corto, mediano y largo plazo y las operaciones activas
y pasivas. Además, el Directorio determinará la organización básica del
banco, inclusive el número y las responsabilidades generales de los cargos
gerenciales y de rango equivalente; ejercerá el control de la gestión de la Administración
; propondrá a la Asamblea de Gobernadores la constitución de reservas de
capital y ejercerá las demás atribuciones establecidas en este Convenio o en
los reglamentos aprobados por la Asamblea de Gobernadores.
El
Directorio es el órgano responsable de la dirección del Banco; tiene como
funciones la estrategia y los asuntos de supervisión y control de la gestión
del Banco y para ello ejercerá todas las facultades que le delegue la
Asamblea de Gobernadores y, en particular, las siguientes:
a)
Guiar, revisar y definir la estrategia del Banco y someterla a la aprobación
de la Asamblea de Gobernadores, así como evaluar su ejecución;
b)
Aprobar las políticas y normas operativas generales del Banco y evaluar su
ejecución;
c)
Aprobar las operaciones activas y pasivas del Banco, delegando en la Administración
dicha función de acuerdo con el marco jurídico y hasta por los montos que
para tal efecto establezca la Asamblea de Gobernadores;
d)
Aprobar la organización básica del Banco, inclusive el número y las
responsabilidades generales de los cargos gerenciales y de rango equivalente,
a propuesta de la Administración;
e)
Aprobar el presupuesto y el plan operativo anual, así como las modificaciones
que fueren necesarias en el curso de cada ejercicio. Asimismo, le corresponde
aprobar las normas para ejercer la supervisión y el control de la ejecución
presupuestaria y del plan operativo en forma adecuada;
f)
Aprobar los reglamentos de funciones y procedimientos de la
Presidencia Ejecutiva, de la Vicepresidencia Ejecutiva y de gestión de crédito, a propuesta de la Administración
; asimismo, aprobar el reglamento de la
Auditoría Interna, a propuesta del comité de Directores respectivo o del
Auditor Interno;
g)
Ejercer el control y evaluación de la gestión de la Administración
del Banco y adoptar las disposiciones para asegurar la adecuada marcha de la
Institución, así como la supervisión del desempeño institucional;
h)
Someter a la aprobación de la Asamblea de Gobernadores lo siguiente:
1.
Los Estados Financieros anuales.
2. La
propuesta de distribución de utilidades al tenor de lo dispuesto en el
artículo 5o de este Convenio.
3. La
terna para la elección del Presidente Ejecutivo.
4. La
terna para la elección del Contralor.
5.
Las propuestas de admisión de socios extrarregionales.
6.
Las propuestas de aceptación de países beneficiarios.
7.
Las propuestas de reglamentos que sean competencia de la
Asamblea de Gobernadores al amparo del presente Convenio o a requerimiento
de dicha Asamblea.
i)
Aprobar el Reglamento Interno del Directorio y conformar los comités de
Directores que sean necesarios y fijarles sus funciones, pudiendo delegar en
los mismos determinadas facultades;
j)
Elegir, con base en un concurso, o remover al Auditor Interno del Banco y
determinar sus funciones;
k)
Nombrar al Vicepresidente Ejecutivo del Banco con base en un concurso y
fijarle su remuneración y beneficios adicionales;
l) De
acuerdo con el reglamento que apruebe, elegir, en forma rotativa de entre sus
miembros, un Presidente del Directorio, quien presidirá y convocará las
reuniones del mismo;
m)
Las demás que determine el Reglamento de la
Organización y Administración del Banco y las que haya establecido o que en
el futuro establezca la Asamblea de Gobernadores;
n)
Para el ejercicio de sus funciones, los Directores tendrán acceso irrestricto
a la información del Banco.
La Asamblea de Gobernadores mantendrá
plena autoridad sobre todas las facultades que delegue en el Directorio.
El artículo 15 establece que el Directorio es el órgano de
dirección del Banco y tiene como funciones la estrategia y los asuntos de
supervisión y control de la gestión de la entidad financiera. En desarrollo de
esas funciones le asigna una serie de nuevas competencias sobre el Banco
relacionadas con las políticas, operaciones, estrategias, organización,
presupuesto, reglamentos, control y evaluación de la gestión, elección de
funcionarios, presentación de informes, entre otros.
Artículo 16, modificado por el
artículo 1 de la Resolución AG-1/1998, aprobada por la
Ley 884 de 2004[62]
Artículo 16, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
El
Directorio estará integrado por un número de hasta nueve miembros. Cinco serán
elegidos a propuesta de los respectivos estados fundadores, por la mayoría de
Gobernadores de dichos estados, correspondiendo un Director por cada estado
fundador. Los cuatro Directores restantes serán elegidos por los Gobernadores
de los socios extrarregionales. El procedimiento para elección de los Directores
de los estados fundadores y de los Directores extrarregionales, será
determinado por los correspondientes reglamentos de elección de Directores
que al efecto adopte la Asamblea de Gobernadores.
Para
cualquier modificación del Reglamento de Elección de los Directores de los
Estados Fundadores, se requerirá la mayoría de tres cuartos de la totalidad
de votos de los socios, que incluya los votos favorables de cuatro Gobernadores
de los estados fundadores. Para modificar el Reglamento de Elección de los
Directores Extrarregionales, se requerirá la mayoría de tres cuartos de la
totalidad de votos de los socios, que incluya el voto favorable de dos
tercios de los Gobernadores de los socios extrarregionales.
Los
Directores serán elegidos por períodos de tres años, pudiendo ser relectos.
Los
Directores podrán ser removidos por los Gobernadores de los países que los
eligieron, de conformidad al reglamento que establezca la
Asamblea de Gobernadores.
Los
Directores deberán ser nacionales de los estados miembros, lo cual no es
aplicable en el caso de los Directores que representen a los organismos a que
se refiere el artículo 4, literal a).
Los
Directores deberán ser personas de reconocida capacidad y amplia experiencia
en asuntos económicos, financieros o bancarios.
Los
Directores no podrán ser Gobernadores suplentes ni representantes de los
Gobernadores.
Cada
Director titular de los socios extrarregionales tendrá un suplente, quien
actuará en su lugar cuando aquel no esté presente. El Director Suplente será
elegido de conformidad con lo establecido por el reglamento respectivo. Los
Directores titulares y sus suplentes no podrán ser nacionales de un mismo
estado. Los suplentes podrán participar en las reuniones del Directorio y
solo podrán tener derecho a voto cuando actúen en sustitución del titular.
Los
Directores podrán participar en las reuniones de la
Asamblea de Gobernadores, de conformidad con el reglamento respectivo.
El
Directorio estará integrado por un número de hasta nueve miembros. Cinco
serán elegidos a propuesta de los respectivos Estados fundadores, por la
mayoría de Gobernadores de dichos Estados, correspondiendo un Director por
cada Estado fundador. Los cuatro Directores restantes serán elegidos por los
Gobernadores de los socios extrarregionales. El procedimiento para elección
de los Directores de los Estados fundadores y de los Directores
extrarregionales será determinado por los correspondientes reglamentos de
elección de Directores que al efecto adopte la
Asamblea de Gobernadores.
Para
cualquier modificación del Reglamento de Elección de los Directores de los
Estados Fundadores se requerirá la mayoría de tres cuartos de la totalidad de
votos de los socios, que incluya los votos favorables de cuatro Gobernadores
de los Estados fundadores. Para modificar el Reglamento de Elección de los
Directores Extrarregionales se requerirá la mayoría de tres cuartos de la
totalidad de votos de los socios, que incluya el voto favorable de dos
tercios de los Gobernadores de los socios extrarregionales.
Los
Directores serán elegidos por períodos de tres años, pudiendo ser relectos.
Los
Directores podrán ser removidos por los Gobernadores de los países que los
eligieron, de conformidad con el reglamento que establezca la
Asamblea de Gobernadores.
Los
Directores deberán ser nacionales de los Estados miembros, lo cual no es
aplicable en el caso de los Directores que representen a los organismos a que
se refiere el artículo 4o, literal a).
Los
Directores deberán ser personas de reconocida capacidad y amplia experiencia
en asuntos económicos, financieros, bancarios y en políticas de desarrollo.
Los
Directores no podrán ser Gobernadores suplentes ni representantes de los
Gobernadores.
Cada
Director Titular de los socios extrarregionales que represente a dos o más
socios extrarregionales, de acuerdo con el reglamento respectivo, podrá tener
un suplente. El Director Suplente actuará en sustitución del Titular de
acuerdo con el reglamento que se apruebe. Los Directores titulares y sus
suplentes no podrán ser nacionales de un mismo Estado. Los suplentes podrán
participar en las reuniones del Directorio y solo podrán tener derecho a voto
cuando actúen en sustitución del titular.
Los
socios extrarregionales representados en común por un mismo Director Titular
podrán, dentro del correspondiente período de tres años, establecer arreglos
sobre alternabilidad en el ejercicio de dicho cargo, de acuerdo con los
parámetros que autorice la Asamblea de Gobernadores.
Los
Directores podrán participar en las reuniones de la
Asamblea de Gobernadores, de conformidad con el reglamento respectivo.
El artículo 16 formula la conformación del
Directorio, los requisitos para ser director, así como las condiciones para la
elección de los mismos. En cuanto a las modificaciones se destacan como
cualidad personal la experiencia en políticas de desarrollo, la representación común
de los socios extraregionales por un mismo director titular y la participación
de los directores en la Asamblea de Gobernadores.
Artículo 18, modificado por el
artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la
Ley 213 de 1995[63]
Artículo 18, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
Los directores trabajarán para el Banco a tiempo
completo. El cargo de director es incompatible con cualquier otro, excepto
los docentes, siempre que éstos no interfieran con sus obligaciones como
director.
Los Directores trabajarán para el Banco a tiempo completo
y residirán en el país sede del Banco. El cargo de Director es incompatible
con cualquier otro, excepto los docentes, siempre que estos no interfieran
con sus obligaciones como Director.
El artículo 18 reitera las incompatibilidades de
quienes ejercen el cargo de directores y agrega que deberán residir en la
ciudad de Tegucigalpa, pues es la sede del Banco.
Artículo 19, modificado por el
artículo 1 de la Resolución AG-1/1998, aprobada por la
Ley 884 de 2004[64]
Artículo 19, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
El
Directorio será de carácter permanente y funcionará, normalmente, en la sede
del Banco, pudiendo también reunirse en cualquier país centroamericano.
Asimismo, el Directorio podrá celebrar sesiones en cualquier otro lugar,
aprovechando las reuniones de la Asamblea de Gobernadores.
El
quórum para las reuniones del Directorio será la mayoría del total de
Directores con derecho a voto, que incluya, por lo menos, tres Directores de
los estados fundadores.
Las
decisiones del Directorio se tomarán por mayoría de los votos representados
por los Directores presentes en la reunión, salvo los casos que determine el
Reglamento de la Organización y Administración del Banco, en que se requerirá
una mayoría calificada. Los Directores deberán pronunciarse, positiva o
negativamente, sobre los asuntos sometidos a votación.
El
Directorio será de carácter permanente y funcionará en el país sede del
Banco, pudiendo también reunirse excepcionalmente en cualquier país fundador.
El
quórum para las reuniones del Directorio será la mayoría del total de
Directores con derecho a voto, que incluya, por lo menos, tres Directores de
los socios fundadores y dos Directores de los socios extrarregionales.
Las
decisiones del Directorio se tomarán por mayoría de los votos representados
por los Directores presentes en la reunión, salvo los casos que determine el
Reglamento de la Organización y Administración del Banco en que se requerirá
una mayoría calificada. Los Directores deberán pronunciarse, positiva o
negativamente, sobre los asuntos sometidos a votación, salvo cuando
existieren conflictos de interés de carácter personal, en cuyo caso deberán
abstenerse de votar y de participar en la discusión del asunto respectivo.
Cada Director Titular tendrá tantos votos como acciones con derecho a voto
que tenga el socio o socios que represente. Los Directores suplentes no
tendrán derecho a voto pero sí a voz.
El artículo 19 establece la sede de las sesiones
del Directorio así como las reglas sobre quórum deliberatorio y decisorio que
regirán las reuniones del mismo.
Artículo 20 modificado por el
artículo 1 de la Resolución AG-1/1998, aprobada por la
Ley 884 de 2004[65]
Artículo 20, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
De
conformidad con las disposiciones señaladas en el artículo 11, literal d),
del presente convenio, la Asamblea de Gobernadores elegirá un Presidente
Ejecutivo, de entre una terna seleccionada con base a concurso, quien será el
funcionario de mayor jerarquía en la conducción administrativa del Banco y
tendrá la representación legal de la
Institución. El Presidente Ejecutivo durará en sus funciones cinco años,
pudiendo ser relecto por una sola vez. La
Asamblea de Gobernadores tendrá la facultad de obviar el procedimiento de
concurso en caso de relección.
El
Presidente Ejecutivo deberá ser nacional de uno de los estados fundadores,
ser persona de reconocida capacidad y amplia experiencia en asuntos económicos,
financieros o bancarios. El cargo de Presidente Ejecutivo es incompatible con
cualquier otro, excepto los docentes, siempre que estos no interfieran con
sus obligaciones como Presidente Ejecutivo del Banco.
El
Presidente Ejecutivo participará en las reuniones de la
Asamblea de Gobernadores, con voz, pero sin voto, de acuerdo con el
reglamento correspondiente.
Bajo
la dirección del Directorio, corresponde al Presidente Ejecutivo conducir la
administración del Banco. También le corresponde presidir las reuniones del
Directorio con voz, pero sin voto, así como cumplir y hacer cumplir el
Convenio Constitutivo, los reglamentos del Banco y las decisiones de la
Asamblea de Gobernadores y del Directorio. Además decidirá lo que no esté
expresamente reservado a la Asamblea de Gobernadores o al Directorio, en el
presente Convenio o en los reglamentos pertinentes.
El
Presidente Ejecutivo sólo podrá ser removido por la
Asamblea de Gobernadores, con base en las disposiciones emitidas por la
Asamblea para reglamentar la elección y remoción del Presidente Ejecutivo,
conforme se señala en el artículo 11, literal d), del presente convenio.
Si el
cargo de Presidente Ejecutivo quedare vacante, la
Asamblea de Gobernadores procederá a elegir, en un plazo no mayor de 120
días, a un nuevo Presidente Ejecutivo, de entre una terna seleccionada con
base a concurso, para un nuevo período.
De
conformidad con las disposiciones señaladas en el artículo 11, literal d),
del presente Convenio, la Asamblea de Gobernadores elegirá un Presidente
Ejecutivo, de una terna seleccionada con base en un concurso, quien será el
funcionario de mayor jerarquía en la conducción administrativa del Banco y
tendrá la representación legal de la
Institución. El Presidente Ejecutivo podrá conferir poderes para representar
al Banco con las facultades que estime necesarias. El Presidente Ejecutivo
durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser relecto por una sola vez. La
Asamblea de Gobernadores tendrá la facultad de obviar el procedimiento de
concurso en caso de relección.
El
Presidente Ejecutivo deberá ser nacional de uno de los Estados fundadores,
ser persona de reconocida capacidad y amplia experiencia en asuntos
económicos, financieros, bancarios y en políticas de desarrollo, y deberá ser
de diferente nacionalidad que el Vicepresidente Ejecutivo y el Contralor. El
cargo de Presidente Ejecutivo es incompatible con cualquier otro, excepto los
docentes, siempre que estos no interfieran con sus obligaciones como
Presidente Ejecutivo del Banco.
El
Presidente Ejecutivo participará en las reuniones de la
Asamblea de Gobernadores con voz, pero sin voto, de acuerdo con el
reglamento correspondiente.
Corresponde
al Presidente Ejecutivo dirigir la gestión ordinaria delegada del Banco,
incluyendo su gestión crediticia, financiera, administrativa y operativa. El
Presidente Ejecutivo asistirá a las reuniones del Directorio con voz, pero
sin voto, y deberá cumplir y hacer cumplir el Convenio Constitutivo, los
reglamentos del Banco y las decisiones de la
Asamblea de Gobernadores y del Directorio.
Asimismo,
podrá elevar al Directorio o a la Asamblea de Gobernadores los asuntos de su
gestión que considere necesarios; proponer al Directorio la estructura de la
administración, de acuerdo con el presupuesto aprobado; nombrar y remover al
personal bajo un régimen único de administración de personal; aprobar los
manuales operativos internos relacionados con la gestión de la Administración
y aprobar las operaciones activas y pasivas enmarcadas dentro de las
políticas que establezca el Directorio y la
Asamblea de Gobernadores.
El
Presidente Ejecutivo solo podrá ser removido por la
Asamblea de Gobernadores, con base en las disposiciones emitidas por la
Asamblea para reglamentar la elección y remoción del Presidente Ejecutivo,
conforme se señala en el artículo 11, literal d), del presente Convenio.
Si el
cargo de Presidente Ejecutivo quedare vacante, la
Asamblea de Gobernadores procederá a elegir, en un plazo no mayor a 120
días, a un nuevo Presidente Ejecutivo, de entre una terna seleccionada con
base en un concurso, para un nuevo período.
El artículo 20 define las reglas sobre el
nombramiento del Presidente Ejecutivo del Banco, su periodo, introduce la
posibilidad de relección, las calidades y requisitos que debe tener, así como la
descripción de algunas de sus funciones.
Artículo 21, modificado por el
artículo 1 de la Resolución AG-1/1998, aprobada por la
Ley 884 de 2004[66]
Artículo 21, una vez modificado por
la Resolución AG-13/2006
Habrá
un Vicepresidente Ejecutivo que será elegido por el Directorio, de entre una
terna propuesta por el Presidente Ejecutivo con base a concurso quien deberá
reunir los mismos requisitos exigidos para el Presidente Ejecutivo, excepto
en lo referente a la nacionalidad, y sustituirlo en las ausencias temporales
con sus mismas facultades y atribuciones.
El
Vicepresidente Ejecutivo durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser relecto
por una sola vez. El Directorio tendrá la facultad de obviar el procedimiento
de concurso en el caso de relección.
Corresponde
al Directorio, a propuesta del Presidente Ejecutivo, determinar la autoridad
y funciones que desempeñará el Vicepresidente Ejecutivo cuando no actúe en
sustitución del Presidente Ejecutivo.
El
Vicepresidente Ejecutivo deberá tener distinta nacionalidad que el Presidente
Ejecutivo del Banco, y tendrá la facultad de participar en las reuniones del
Directorio con voz, pero sin voto.
El
Vicepresidente Ejecutivo sólo podrá ser removido por el Directorio del Banco,
por iniciativa de este o a propuesta razonada del Presidente Ejecutivo, con
base en las causas que se señalen en el reglamento respectivo.
Si el
cargo del Vicepresidente Ejecutivo quedare vacante, el Directorio procederá a
elegir, en un plazo no mayor de 120 días, a un nuevo Vicepresidente
Ejecutivo, de entre una terna seleccionada con base a concurso, para un nuevo
período.
Habrá
un Vicepresidente Ejecutivo que será elegido por el Directorio, de entre una
terna propuesta por el Presidente Ejecutivo con base en un concurso, quien deberá
reunir los mismos requisitos exigidos y limitaciones establecidas para el
Presidente Ejecutivo, excepto en lo referente a la nacionalidad, y
sustituirlo en las ausencias temporales con sus mismas facultades y
atribuciones.
El
Vicepresidente Ejecutivo deberá ser de distinta nacionalidad a la del
Presidente Ejecutivo y del Contralor.
El
Vicepresidente Ejecutivo durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser relecto
por una sola vez.
El
Directorio tendrá la facultad de obviar el procedimiento de concurso en el
caso de relección.
Corresponde
al Directorio, a propuesta del Presidente Ejecutivo, determinar la autoridad
y funciones que desempeñará el Vicepresidente Ejecutivo cuando no actúe en
sustitución del Presidente Ejecutivo.
El
Vicepresidente Ejecutivo tendrá la facultad de participar en las reuniones
del Directorio con voz, pero sin voto.
El
Vicepresidente Ejecutivo solo podrá ser removido por la
Asamblea de Gobernadores del Banco, por iniciativa fundamentada del
Directorio o del Presidente Ejecutivo, con base en las causas que se señalen
en el reglamento respectivo.
Si el
cargo del Vicepresidente Ejecutivo quedare vacante, el Directorio procederá a
elegir, en un plazo no mayor a 120 días, a un nuevo Vicepresidente Ejecutivo
para un nuevo período, de entre una terna seleccionada con base en un
concurso, propuesta por el Presidente Ejecutivo.
Igualmente, el artículo 21 determina las reglas
sobre el nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo del Banco, su periodo,
introduce la posibilidad de relección, las calidades y requisitos que debe
tener, así como la descripción de algunas de sus funciones.
El análisis se constitucionalidad de los
artículos precedentes requiere citar el artículo 9º del Convenio Constitutivo
para comprender la organización del BCIE, según el cual: “El Banco tendrá
una Asamblea de Gobernadores, un Directorio, un Presidente Ejecutivo, un
Vicepresidente Ejecutivo y los demás funcionarios y empleados que se considere
necesario.”
En efecto, como lo advierten las intervenciones
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Universidad Externado de Colombia y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, los artículos reformados tienden a delimitar la forma de elección de
los órganos de dirección del Banco así como sus funciones.
En consecuencia, se trata de disposiciones
administrativas y organizacionales que si bien modifican la forma de
representación de Colombia en BCIE no ofrecen reparo desde la
Constitución Política.
3.2.4 Descripción del contenido de la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007. Esta Resolución tiene dos artículos, el primero,
modifica los literales a) y b) del artículo 4º del Convenio Constitutivo
del Banco Centroamericano de Integración Económica, y el segundo, determina que
dichas modificaciones entrarán en vigencia tres meses después de la fecha de su
comunicación oficial por parte del Banco dirigida a todos los socios. Sobre
este último aspecto se reitera que las modificaciones al Convenio Constitutivo
del BCIE que generan nuevas obligaciones para Colombia dependen del trámite
interno de conformidad con la reserva hecha oportunamente (Ver supra.2.1).
Ahora bien, respecto a los literales reformados
se utilizará la misma metodología previamente, es decir, contrastar el artículo
anterior con el modificado para determinar los cambios efectuados. No obstante,
precisa la Corte que solo se referirá a la reforma del literal a), por cuanto
el literal b) fue nuevamente modificado por la
Resolución AG-7/2009 que se estudiará más adelante. Por tanto el literal a)
del artículo 4º presenta los siguientes cambios:
Artículo 4 modificado por el
artículo 1 de la Resolución AG-1/1998, aprobada por la
Ley 884 de 2004[67]
Artículo 4, una vez modificado por
la Resolución AG-10/2007
A. Miembros
Son
países fundadores del Banco las Repúblicas de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en adelante llamados 'países fundadores'.
Cada vez que en el texto de este Convenio se lea 'estado fundador', 'estados
fundadores', 'miembro fundador' o 'miembros fundadores' debe entenderse
referido al término 'países fundadores'.
Podrán
ser aceptados como socios extrarregionales del Banco otros países, así como
organismos públicos con ámbito de acción a nivel internacional que tengan
personalidad jurídica, de acuerdo con el reglamento que establezca la
Asamblea de Gobernadores. Cada vez que en el texto de este Convenio se lea
'estado extrarregional', 'países extrarregionales', 'miembros
extrarregionales' o 'estados extrarre-gionales' debe entenderse referido al
término 'socios extrarregionales'.
Cada
vez que en el texto de este Convenio se lea 'estados miembros', 'países
miembros', 'país miembro', 'miembro', 'estado', 'estados socios' o 'estado
miembro' se entenderá hecha la referencia a los socios señalados en los
párrafos precedentes.
El
reglamento para la admisión de socios extrarregionales sólo podrá modificarse
mediante acuerdo de la Asamblea de Gobernadores, por mayoría de tres cuartas
partes de la totalidad de los votos de los socios, que incluya el voto
favorable de tres Gobernadores de los países fundadores.
El
Banco, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de este Convenio,
podrá aceptar como beneficiarios a otros países, en adelante llamados
'beneficiarios' o 'países beneficiarios', conforme al reglamento que apruebe la
Asamblea de Gobernadores por mayoría de tres cuartas partes de la totalidad
de votos de los socios, que incluya el voto favorable de cuatro Gobernadores
de los países fundadores.
A
los efectos del ingreso de países beneficiarios, la
Asamblea de Gobernadores aprobará aportes especiales que serán parte del
patrimonio general del Banco. Dichos aportes se dividirán en aportes
pagaderos en efectivo y en aportes exigibles, sujetos a requerimiento de pago
de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo. Por su aporte
pagado, cada uno de los países beneficiarios recibirá certificados de aportación.
Los aportes especiales no darán derecho a voto, pero los aportantes podrán
participar en las reuniones del Directorio y de la
Asamblea de Gobernadores, teniendo derecho a voz.
La Asamblea de Gobernadores, en el
reglamento que apruebe, incluirá las disposiciones referentes a los países
beneficiarios, incluyendo, entre otros aspectos, los requisitos de admisión,
monto del aporte, forma de pago, operaciones y proyectos financiables,
requisitos para obtener préstamos y garantías, interpretación y arbitraje,
así como las inmunidades, exenciones y privilegios que el país beneficiario
otorgará al Banco. Una vez aceptado un país beneficiario, se suscribirá entre
este y el Banco el correspondiente convenio de asociación.
A. Miembros
Son
países fundadores del Banco las Repúblicas de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en adelante llamados “países fundadores”.
Cada vez que en el texto de este Convenio se lea “estado fundador, “estados
fundadores”, “miembro fundador” o “miembros fundadores” debe entenderse
referido al término “países fundadores”.
En
adición, podrán ser aceptados como socios regionales no-fundadores otros
países que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de
acuerdo con el reglamento que establezca la
Asamblea de Gobernadores. Cada vez que en el texto de este Convenio se lea
“estado regional no-fundador”, “países regionales no-fundadores”, “miembros
regionales no-fundadores” o “estados regionales no-fundadores” debe
entenderse referido al término “socios regionales no-fundadores”.
Podrán
ser aceptados como socios extrarregionales del Banco otros países, así como
organismos públicos con ámbito de acción a nivel internacional que tengan
personalidad jurídica, de acuerdo con el reglamento que establezca la
Asamblea de Gobernadores. Cada vez que en el texto de este Convenio se lea
“estado extrarregional”, “países extrarregionales”, “miembros
extrarregionales” o “estados extrarregionales” debe entenderse referido al
término “socios extrarregionales”.
Los
socios regionales no-fundadores y los socios extrarregionales estarán sujetos
al mismo régimen jurídico.
Cada
vez que en el texto de este Convenio se lea “estados miembros”, “países
miembros”, “país miembro”, “miembro”, “estado”, “estados socios”, “socio”,
“socios” o “estado miembro” se entenderá hecha la referencia a los socios
señalados en los párrafos precedentes.
Los
reglamentos para la admisión de socios regionales no-fundadores y de socios
extrarregionales sólo podrán modificarse mediante acuerdo de la
Asamblea de Gobernadores, por mayoría de tres cuartas partes de la totalidad
de los votos de los socios, que incluya el voto favorable de tres
Gobernadores de los países fundadores.
El
Banco, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 2o de este Convenio,
podrá aceptar como beneficiarios a otros países, en adelante llamados
“beneficiarios” o “países beneficiarios”, conforme con el reglamento que
apruebe la Asamblea de Gobernadores por mayoría de tres cuartas partes de la
totalidad de votos de los socios, que incluya el voto favorable de cuatro
Gobernadores de los países fundadores.
A los
efectos del ingreso de países beneficiarios, la
Asamblea de Gobernadores, en el reglamento que apruebe, incluirá las
disposiciones referentes a los países beneficiarios, incluyendo, entre otros
aspectos, los requisitos de admisión, monto del aporte, forma de pago,
operaciones, programas y proyectos financiables, requisitos para obtener
préstamos y garantías, interpretación y arbitraje, así como las inmunidades,
exenciones y privilegios que el país beneficiario otorgará al Banco
incluyendo el reconocimiento de su condición de acreedor preferente. Una vez
aceptado un país beneficiario, se suscribirá entre Este y el Banco el
correspondiente convenio de asociación.
También
podrán ser aceptados como países beneficiarios los socios extrarregionales y
los socios regionales no-fundadores de conformidad con el reglamento aprobado
por la Asamblea de Gobernadores para tal efecto;
El artículo modificado se encuentra en el Capítulo
II del Convenio Constitutivo del BCIE, denominado Miembros, Capital, Reservas y
Recursos. En esta oportunidad se reformó únicamente lo relacionado con los
miembros al establecer una nueva categoría de socios regionales no fundadores que
pertenezcan al SICA (Sistema de Integración
Centroamericana). Por lo demás, se
reiteraron las categorías que permitirán a otros países u organismos públicos
internacionales hacer parte del BCIE.
La decisión de incluir nuevos miembros regionales
no fundadores en el BCIE se ha traducido en la participación de la
República de Panamá y República Dominicana, lo cual en términos
constitucionales encuentra respaldo en los mencionados artículos 9 y 227 cuyo
objeto es privilegiar la integración con América Latina y el Caribe en la
política exterior colombiana.
3.2.5 Descripción del contenido de la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”. Esta Resolución tiene cuatro artículos, el
primero, modifica los artículos 4º, acápite B, literales a), b), c), d),
e), f), g) y h), 5, 6 y 35, literales a) y c) del Convenio
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica; el segundo, adiciona
los nuevos literales i) y j) al acápite B, del artículo 4o, del Convenio
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica; el tercero,
deroga el artículo transitorio Único del Convenio Constitutivo; y el cuarto, determina
que dichas modificaciones entrarán en vigencia tres meses después de la fecha
de su comunicación oficial por parte del Banco dirigida a todos los socios.
Sobre este último aspecto se reitera que las modificaciones al Convenio
Constitutivo del BCIE que generan nuevas obligaciones para Colombia dependen
del trámite interno de conformidad con la reserva hecha oportunamente (Ver supra.2.1).
Ahora bien, respecto a los literales reformados
se utilizará la misma metodología previamente, es decir, contrastar el artículo
anterior con el modificado para determinar los cambios efectuados. Aunque se
encuentran en dos artículos separados de la
Resolución, la Sala examinará, en primer término, las modificaciones al
artículo 4º, y luego las reformas introducidas a los artículos
5, 6 y 35, literales a) y c) del Convenio Constitutivo:
Artículo 4, modificado por el
artículo 1 de la Resolución AG-1/1998, aprobada por la
Ley 884 de 2004[68] y por la
Resolución AG-10/2007
Artículo 4, una vez modificado por
la Resolución AG-7/2009
(…)
B. Capital, Reservas y Recursos
a) La
participación de los socios en el capital del Banco estará representada por
acciones expedidas a favor de los respectivos socios y regulada de la
siguiente manera:
b) La
participación de los Estados Miembros en el capital del Banco estará
representada por acciones expedidas a favor de los respectivos Estados. Cada
acción suscrita conferirá un voto;
c) El
capital autorizado del Banco será de dos mil millones de dólares de los
Estados Unidos de América, (US $2.000.000.000.00) dividido en doscientas mil
(200.000) acciones con valor nominal de diez mil dólares (US $10.000.00) cada
una. De dicho capital los países fundadores suscribirán, por partes iguales,
mil veinte millones de dólares (US $1.020.000.000.00) y estarán a disposición
de los países extrarregionales novecientos ochenta millones de dólares (US
$980.000.000.00);
d) El
capital autorizado se dividirá en acciones de capital pagadero en efectivo y
en acciones de capital exigible. El equivalente a quinientos millones de
dólares (US$500.000.000.00) corresponderá a capital pagadero en efectivo, y
el equivalente a un mil quinientos millones de dólares (US$1.500.000.000.00)
corresponderá a capital exigible;
e) El
capital autorizado se podrá aumentar en la oportunidad y en la forma en que la
Asamblea de Gobernadores lo considere conveniente y lo acuerde por mayoría
de tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los socios, que
incluya los votos favorables de cuatro Gobernadores de los países fundadores;
f) El
número de acciones que podrá suscribir cada país extrarregional será
determinado por la Asamblea de Gobernadores;
g) En
caso de aumento de capital, todos los socios tendrán derecho, sujeto a los
términos que establezca la Asamblea de Gobernadores, a una cuota de aumento
en sus acciones, equivalente a la proporción que estas guarden con el capital
total del Banco.
En
cualquier aumento de capital, siempre quedará para los países fundadores un
porcentaje equivalente al cincuenta y uno por ciento (51%) del aumento. En el
caso de que alguno de los países fundadores no suscribiere la parte a que
tiene opción, podrá hacerlo otro país fundador. Sin perjuicio de ello, el
estado o estados que no suscribieron esa porción tendrán opción de comprarla
al país o países que la suscribieron. En todo caso, no entrará en vigencia
ningún aumento de capital que tuviere el efecto de reducir a menos del
cincuenta y uno por ciento (51%) la participación de los países miembros
fundadores.
En
caso de un nuevo incremento de capital, tendrán preferencia en la suscripción
los estados fundadores que mantengan un monto menor de capital, con el fin de
mantener entre ellos la misma proporción de capital.
Ningún
socio extrarregional está obligado a suscribir los aumentos de capital. En
caso de que alguno de ellos no suscribiese la parte a que tiene opción, podrá
hacerlo otro u otros socios extrarregionales.
h) El
pago de las acciones de capital, a que se refiere el literal c) de este
artículo, se hará como sigue:
i) La
parte pagadera en efectivo se abonará en dólares de los Estados Unidos de
América hasta en cuatro cuotas anuales, iguales y consecutivas.
ii)
La parte del capital exigible estará sujeta a requerimiento de pago, cuando
se necesite para satisfacer obligaciones que el Banco haya adquirido en los
mercados de capital o que correspondan a préstamos obtenidos para formar
parte de los recursos del Banco, o que resulten de garantías que comprometan
dichos recursos.
Los
requerimientos de pago sobre el capital exigible, serán proporcionalmente
uniformes para todas las acciones.
(…)
B. Capital, Reservas y Recursos
a) La
participación de los socios en el capital del Banco estará representada por
acciones expedidas a favor de los respectivos socios y regulada de la
siguiente manera: El capital con derecho a voto estará compuesto por una serie
de acciones “A” destinada a los países fundadores del Banco y una serie de
acciones 'B” destinada a los socios regionales no-fundadores y a los socios
extrarregionales. Cada acción suscrita “A” o 'B” conferirá un voto;
b) El
capital autorizado del Banco será de cinco mil millones de dólares de los
Estados Unidos de América (US$5.000.000.000.00). Del capital autorizado, los
países fundadores suscribirán, por partes iguales, dos mil quinientos
cincuenta millones de dólares (US$2.550.000.000.00) mediante acciones serie
“A” y estarán a disposición de los países extrarregionales y de los socios
regionales no-fundadores dos mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares
(US$2.450.000.000.00) mediante acciones serie “B”. La emisión de acciones se
realizará de acuerdo con los siguientes parámetros:
1.
Serie “A”, integrada hasta por doscientas cincuenta y cinco mil acciones con
un valor nominal de US$10.000.00 cada una. Las acciones que han sido
suscritas por los países fundadores serán sustituidas por acciones de la
serie “A”, por los montos que corresponda.
2.
Serie “B”, integrada hasta por doscientas cuarenta y cinco mil acciones con
un valor nominal de US$10.000.00 cada una. Las acciones serie “B”
sustituirán, por los montos que corresponda, las acciones suscritas por los
socios regionales no-fundadores y los países miembros extrarregionales.
3.
Las acciones serie “A” y serie “B” representarán en todo momento la totalidad
del capital autorizado del Banco;
c)
También existirán los certificados serie “E”, emitidos a favor de los
accionistas “A” y “B”, con un valor facial de US$10.000.00 cada uno, para
reconocer las utilidades retenidas atribuibles a sus aportes de capital al
Banco a lo largo del tiempo. Estos certificados no darán derecho a voto y
serán intransferibles. Asimismo, los certificados serie “E” podrán utilizarse
por los socios titulares de acciones “A” y “B” para cancelar total o
parcialmente la suscripción de nuevas acciones de capital autorizado no
suscrito puestas a disposición por el Banco. Los certificados serie “E”
pendientes de ser utilizados para suscribir nuevas acciones de capital
formarán parte de la Reserva General del Banco. Los certificados serie “E” no
generan capital exigible. Corresponde a la
Asamblea de Gobernadores autorizar la suscripción de nuevas acciones de
capital a partir de la utilización de los certificados serie “E”;
d)
Con excepción del mecanismo previsto en el presente Convenio para la emisión
de los certificados serie “E”, las acciones del Banco no devengarán intereses
ni dividendos y no podrán ser dadas en garantía, ni gravadas, ni en forma
alguna enajenadas y, únicamente, serán transferibles al Banco, salvo lo
establecido en el segundo párrafo del literal h), del acápite B, del presente
artículo. Las acciones de las series “A” y “B” son nominativas y serán
distinguidas con el nombre del respectivo país u organismo internacional que
sea su titular. Las acciones se representarán en títulos numerados correlativamente
y se desprenderán de un libro talonario. Los talones correspondientes
contendrán las principales estipulaciones del título respectivo. Los títulos
llevarán en todo caso el nombre del Banco y su sede, el monto de capital, el
precio nominal de la acción, el nombre del socio, el sello del BCIE y el
número y serie a que pertenezcan. Los títulos podrán representar cualquier
número de acciones y deberán ser firmados por el Presidente Ejecutivo del
Banco. Cada acción no podrá pertenecer más que a un solo socio;
e) El
capital autorizado se dividirá en acciones de capital pagadero en efectivo y
en acciones de capital exigible. El equivalente a mil doscientos cincuenta
millones de dólares (US$1.250.000.000.00) corresponderá a capital pagadero en
efectivo y el equivalente a tres mil setecientos cincuenta millones de
dólares (US$3.750.000.000.00) corresponderá a capital exigible.
f) El
capital autorizado se podrá aumentar en la oportunidad y en la forma en que la
Asamblea de Gobernadores lo considere conveniente y lo acuerde por mayoría
de tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los socios, que
incluya los votos favorables de cuatro Gobernadores de los países fundadores;
g) El
número máximo de acciones de la serie “B” que podrá suscribir cada miembro
extrarregional o cada socio regional no-fundador será determinado por la
Asamblea de Gobernadores;
h) En
caso de aumento de capital, todos los socios tendrán derecho, sujeto a los
términos que establezca la Asamblea de Gobernadores, a una cuota de aumento
en sus acciones, equivalente a la proporción que estas guarden con el capital
total del Banco.
En
cualquier aumento de capital, siempre quedará para los países fundadores,
titulares de las acciones serie “A”, un porcentaje equivalente al cincuenta y
uno por ciento (51%) del aumento. En caso de que alguno de los países
fundadores no suscribiere la parte a que tiene opción, podrá hacerlo otro
país fundador. Sin perjuicio de ello, el estado o estados que no suscribieron
esa porción tendrán opción de comprarla al país o países que la suscribieron.
En todo caso, no entrará en vigencia ningún aumento de capital que tuviere el
efecto de reducir a menos del cincuenta y uno por ciento (51%) la
participación de los países miembros fundadores.
En
caso de nuevos incrementos de capital, tendrán preferencia en la suscripción
los estados fundadores que mantengan un monto menor de capital, con el fin de
mantener entre ellos la misma proporción de capital.
Ningún
socio regional no-fundador o socio extrarregional está obligado a suscribir
los aumentos de capital. En caso de que alguno de ellos no suscribiese la
parte a que tiene opción, podrá hacerlo otro u otros socios regionales
no-fundadores o socios extrarregionales.
i) El
pago de las acciones de las series “A” y “B” se hará como sigue:
1. La
parte pagadera en efectivo se abonará en dólares de los Estados Unidos de
América hasta en cuatro cuotas anuales, iguales y consecutivas. Conforme con
el mecanismo definido por la Asamblea de Gobernadores, la parte pagadera en
efectivo correspondiente a las acciones de las series “A” y “B” podrá
cancelarse mediante la utilización de certificados serie “E”.
2. La
parte del capital exigible estará sujeta a requerimiento de pago cuando se
necesite para satisfacer obligaciones que el Banco haya adquirido en los
mercados de capital o que correspondan a préstamos obtenidos para formar
parte de los recursos del Banco o que resulten de garantías que comprometan
dichos recursos.
Los
requerimientos de pago sobre el capital exigible serán proporcionalmente
uniformes para todas las acciones;
j) A
los fines del ingreso de países beneficiarios, la
Asamblea de Gobernadores aprobará aportes especiales que serán parte del
patrimonio general del Banco. Dichos aportes se dividirán en aportes
pagaderos en efectivo y en aportes exigibles, sujetos a requerimiento de pago
de conformidad con lo que establezca el reglamento respectivo. Por su aporte
pagado, cada uno de los países beneficiarios recibirá certificados de
aportación. Los aportes especiales no darán derecho a voto pero los países
beneficiarios podrán participar en las reuniones del Directorio y de la
Asamblea de Gobernadores, teniendo derecho a voz.
Las modificaciones de este artículo categorizan el capital
del Banco en una serie de acciones “A”
destinadas a los países fundadores del Banco y una serie de acciones 'B”
destinadas a los socios regionales no-fundadores y a los socios
extraregionales. Asimismo, crea los certificados serie “E”, emitidos a favor de
los accionistas “A” y “B”, para reconocer las utilidades retenidas atribuibles
a sus aportes de capital al Banco a lo largo del tiempo.
Artículo 5, modificado por el
artículo 1 de la Resolución AG-1/1998, aprobada por la
Ley 884 de 2004[69]
Artículo 5, una vez modificado por
la Resolución AG-7/2009
Las
acciones del Banco no devengarán intereses ni dividendos y no podrán ser
dadas en garantía, ni gravadas, ni en forma alguna enajenadas y, únicamente,
serán transferibles al Banco, salvo lo establecido en el literal g) del
artículo 4º.
Las
utilidades netas que el Banco obtenga en el ejercicio de sus operaciones se
llevarán a una reserva de capital.
La
responsabilidad de los socios del Banco, como tales, estará limitada al
importe de su suscripción de capital.
La Reserva General del Banco estará
compuesta por una Reserva de Capital y por los certificados serie “E”
pendientes de ser utilizados por los países miembros del Banco para el pago
de nuevas suscripciones de acciones.
Las
utilidades netas que el Banco obtenga en el ejercicio de sus operaciones
serán destinadas a la Reserva de Capital.
La
responsabilidad de los socios del Banco, como tales, estará limitada al
importe de su suscripción de capital.
La modificación introducida por este artículo se
refiere a que la reserva general del BCIE estará compuesta por una reserva de capital y por los certificados serie “E”
pendientes de ser utilizados por los países miembros del Banco para el pago de
nuevas suscripciones de acciones.
Artículo 6, modificado por el
artículo 1 del Protocolo de Reformas aprobado en la
Ley 213 de 1995[70]
Artículo 6, una vez modificado por
la Resolución AG-7/2009
Además
de su propio capital y reservas, formarán parte de los recursos del Banco el
producto de empréstitos y créditos obtenidos en los mercados de capital y
otros recursos recibidos a cualquier título legal.
El
Banco no aceptará de las fuentes de recursos condicionamientos de carácter
político o que contravengan el objeto del Banco.
Además
de su propio capital y reservas, formarán parte de los recursos del Banco el
producto de empréstitos y créditos obtenidos en los mercados de capital y
otros recursos recibidos a cualquier título legal.
El
Banco no aceptará de las fuentes de recursos condicionamientos de carácter
político o que contravengan el objeto del Banco.
Sin
perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, existirán dentro del
Banco, pero como patrimonio independiente y separado del patrimonio general
de este, los siguientes fondos:
a) El
Fondo de Prestaciones Sociales, creado con la exclusiva finalidad de otorgar
al personal del Banco los beneficios establecidos en el Estatuto Orgánico y
la reglamentación complementaria que para tal efecto haya emitido o emita el
Banco. El patrimonio del Fondo se mantiene y administra separadamente de los
demás bienes del Banco, con carácter de fondo de jubilaciones, para usarse
únicamente en el pago de los beneficios y gastos derivados de los diferentes
planes de beneficios que otorga dicho Fondo;
b) El
Fondo Especial para la
Transformación Social de Centroamérica, cuyo patrimonio será utilizado
únicamente para crear una ventanilla especial para financiar, en términos
concesionales, programas y proyectos que se enmarquen dentro de los esfuerzos
de transformación social de la región centroamericana, destinados a los
países fundadores que desarrollen programas declarados elegibles por el Banco
para este propósito;
c) El
Fondo de Cooperación Técnica, creado como mecanismo destinado a integrar los
procesos de programación, consecución y administración de recursos de
cooperación técnica del BCIE, para fortalecer la capacidad de preparación y
ejecución de proyectos.
El artículo se 6º crea tres nuevos Fondos, a
saber: i) el Fondo de Prestaciones Sociales,
ii) el Fondo Especial para la
Transformación Social de Centroamérica y iii) el Fondo de Cooperación Técnica.
Artículo 35, modificado por el
artículo 1 de la Resolución AG-1/1998, aprobada por la
Ley 884 de 2004[71]
Artículo 35, una vez modificado por
la Resolución AG-7/2009
a) Los estados y organismos internacionales a que se
refiere el Artículo 4, literal a), no signatarios del presente Convenio,
podrán adherirse a él, siempre que sean admitidos de conformidad con lo
establecido en el presente Convenio;
(…)
c) No
obstante lo dispuesto en el literal b) anterior, se requerirá tres cuartas
partes de votos de la totalidad de los socios, que incluya el voto favorable
de los cinco países fundadores, para cualquier modificación que altere lo
siguiente:
1.
El capítulo I, Naturaleza, Objeto y Sede.
2.
Las mayorías establecidas en los artículos 4 literales a) y e), 16, 35
literales b) y c), 36, 37 y 44.
3. El
capítulo IV, Organización y Administración.
4.
El principio del 51% del capital para los socios fundadores establecido en
los artículos 4o, literal g), y 37, párrafo tercero.
Se
requerirá el acuerdo unánime de los socios para modificar las disposiciones
siguientes:
1.
Los requerimientos de pago sobre el capital exigible que señala el acápite
ii) del literal h) del artículo 4o.
2.
La limitación de responsabilidad que prescribe el artículo 5o, párrafo
tercero.
3.
El derecho de retirarse del Banco que contemplan los artículos 37 y 39.
a) Los estados y organismos internacionales a que se
refiere el artículo 4º, acápite A, no signatarios del presente Convenio,
podrán adherirse a él, siempre que sean admitidos de conformidad con lo
establecido en el presente Convenio;
(…)
c) No obstante lo
dispuesto en el literal b) anterior, se requerirá tres cuartas partes de
votos de la totalidad de los socios, que incluya el voto favorable de los
cinco países fundadores, para cualquier modificación que altere lo siguiente:
1. El
Capítulo I, Naturaleza, Objeto y Sede.
2.
Las mayorías establecidas en los artículos 4º  acápite A, párrafos 6º y
7º, y acápite B, literal f); 16; 35, literales b) y
c); 36; 37 y 44.
3. El
Capítulo IV, Organización y Administración.
4. El
principio del 51% del capital para los socios fundadores establecido en los
artículos 4o, acápite B, literal h) y 37, párrafo 3o.
Se
requerirá el acuerdo unánime de los socios para modificar las disposiciones
siguientes:
1.
Los requerimientos de pago sobre el capital exigible que señala el punto 2,
literal i), acápite B, del artículo 4o.
2. La
limitación de responsabilidad que prescribe el artículo 5o, último
párrafo.
3. El
derecho de retirarse del Banco que contemplan los
artículos 37 y 39.
En general, tanto el literal a) como el c) del
artículo 35 se modifican para actualizar las referencias en la codificación del
tratado, en particular, a la nueva versión del artículo 4º que lo divide en
acápites y no en literales.
Para dar alcance a las disposiciones mencionadas
la Sala recuerda la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
en la que se señaló que mediante la
Resolución AG-7/2009 se aprobó un nuevo esquema de
capitalización incrementándose el capital del banco de US$2000 a US$5000
millones, donde a Colombia para poder mantener su participación actual del 2.9%
del total del Capital Autorizado, le corresponde aportar US$21.6 millones, de
los cuales US$10.3 millones serían un nuevo aporte de capital fresco en
efectivo y US$11.3 millones serían pagados a través de certificados serie E
(dividendos). Destacó que la reforma responde al propósito fundamental de que
BCIE pueda mantener y fortalecer su presencia en Centroamérica con la
satisfacción de los requerimientos de financiamiento que pueda requerir la
región en los diferentes sectores que contribuyan a su crecimiento, integración
y desarrollo.
En similar sentido, se había pronunciado la
representante de ese Ministerio durante el trámite legislativo en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes:
“Hace uso de la palabra la doctora María Fernanda Suárez, Directora de Crédito
Público:
(…)
Las modificaciones se
basan en cuatro aspectos principales (…) la cuarta [modificación] es respecto a una solicitud de
capitalización; actualmente Colombia participa con el 2.88% del capital
suscrito del Banco, tenemos de capital suscrito 57 millones de dólares, que
vamos a incrementar hasta 114 millones de dólares de capital suscrito y de capital
pagado vamos a hacer un incremento de capital o estamos sometiendo un
incremento de capital de aproximadamente 21 millones de dólares, pero de estos
21 millones de dólares hay 11 millones de dólares que proceden de las
utilidades que se han generado en el Banco y que lo que haríamos es capitalizar
esas utilidades, por lo tanto el desembolso de recursos que tendría que hacer
Colombia para continuar con esta capitalización es de 10 millones de dólares,
10 millones de dólares que se tendrían que desembolsar a partir de 2013 en un
plazo de cinco años. Esos son los aspectos principales de esta modificación.”
En términos concretos, los cambios al capital
incorporados por el artículo 4º, así como las condiciones de las reservas y la
creación de los fondos mencionados responden a condiciones estructurales de
funcionamiento del Banco. Dichos cambios tienen impacto en la financiación de
la participación de Colombia en el BCIE, pero el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público avala y explica la forma en que se sufragarán esos recursos.
Por consiguiente, las modificaciones del Convenio Constitutivo del BCIE en lo
relacionado con el aumento de capital, la forma en que está representado en
diversas clases de acciones, las reservas, los recursos no interfieren con preceptos
constitucionales relacionados con la orientación y dirección de las relaciones
internacionales.
4. Conclusión
Una vez agotado el examen de la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada
por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número
AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano
de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la
“Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”, aprobadas por la
Ley 1585 de 2012, tanto en su aspecto formal como material, considera la
Corte que tanto la ley aprobatoria como las Resoluciones se ajustan a los
preceptos constitucionales de la
Carta Política, por cuanto (i) se han cumplido los requisitos procedimentales
exigidos por la Constitución y la Ley para que integre el ordenamiento jurídico
interno, y (ii) el contenido de cada una de las Resoluciones sometidas a
control constitucional responde a la necesidad operativa de reformar
estructuralmente el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de
Integración Regional, razón por la cual se evidenciaron modificaciones en la
naturaleza, objeto, sede, operaciones, miembros, capital, reservas y recursos
de la entidad financiera.
En tal sentido, la
Sala concluye que la participación de Colombia en las resoluciones que
modifican el Convenio Constitutivo del BCIE se encuentra en armonía con las
disposiciones constitucionales que disponen privilegiar la integración
latinoamericana en las relaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas como
parte de la política exterior colombiana (Artículos 9º, 226 y 227 de la
C.P.).
VI. DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la
Ley 1585 del 31 de octubre de 2012, por medio de la cual se aprueba la “Resolución
número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de
2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución
número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”
SEGUNDO.-
Declarar EXEQUIBLE la “Resolución
número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de
2005; la “Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la
Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica,
en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la “Resolución número AG-10/2007”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución
número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
A
LA SENTENCIA C-360/13
TRAMITE LEGISLATIVO-Mecanismo
excepcional de votación ordinaria en lugar de la regla general de votación
nominal y pública (Aclaración de voto)
VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Es
necesario que la Corte Constitucional unifique y haga explícitos los criterios
que han de emplearse para verificar el cumplimiento de las condiciones que
permiten excepcionar la regla general de votación contenida en el
artículo 133 de la Carta Política (Aclaración de voto)
VOTACION ORDINARIA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Excepción a la regla general de votación nominal y pública
(Aclaración de voto)
VOTACION ORDINARIA-Supuestos deben ser
interpretados de manera restrictiva (Aclaración de voto)
VOTACION NOMINAL Y PUBLICA-Interpretación
restrictiva de la excepción a la regla en los casos en que existe unanimidad
(Aclaración de voto)
VOTACION NOMINAL Y PUBLICA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Exigencias (Aclaración de voto)
VOTACION ORDINARIA-Medios de prueba a
través de los cuales se acreditan las circunstancias de unanimidad (Aclaración
de voto)
REQUISITO DE PUBLICIDAD DE TRAMITE LEGISLATIVO-Consignación en el acta de sesiones toda la información relevante
para facilitar el escrutinio público sobre la manera en que se desenvuelven las
votaciones (Aclaración de voto)/ACTAS DE SESION SOBRE QUORUM Y MAYORIAS-Importancia
cuando los proyectos de ley son aprobados por votación ordinaria (Aclaración de
voto)
Referencia: Expediente LAT-398
Revisión constitucional de la Ley 1585 de 2012, por
medio de la cual se aprueba la “Resolución número
AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano
de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución
número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de
2006; la “Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de
Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en
Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”,
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de Sala Plena, me permito formular
aclaración de voto en lo relativo al criterio empleado para dar por cumplido el
requisito de unanimidad, para efectos de que proceda el mecanismo excepcional
de votación ordinaria, en lugar de la regla general que obliga a efectuar la
votación nominal y pública.
Si bien coincido
con el Pleno en afirmar que en el presente caso existían elementos que
permitían inferir la existencia de unanimidad, por cuanto en los debates se
aprobó omitir la lectura del articulado y no se advirtió en el curso de los
debates manifestaciones disidentes de los miembros de las respectivas células
legislativas, aclaro el voto por cuanto considero necesario que la Corte
unifique y haga explícitos los criterios que han de emplearse para verificar el
cumplimiento de las condiciones que permiten excepcionar la regla general de
votación prevista en el artículo 133 de la Carta Política y, ligado a ello, del
cumplimiento de las mayorías requeridas para la aprobación de un proyecto de
ley. En tal sentido, formulo las siguientes consideraciones.
1. El artículo
133 de la Constitución, tras la modificación surtida por el Acto Legislativo 01
de 2009, establece que el voto de los miembros de cuerpos colegiados de
elección directa será nominal y público, excepto en los casos que
determine la ley.
Al examinar los
antecedentes de dicha reforma se encuentra que al constitucionalizar esta regla
de votación, el constituyente derivado pretendía fortalecer los mecanismos de
transparencia de la gestión de las corporaciones públicas y, con ello, las
posibilidades de control ciudadano sobre las actuaciones de sus
representantes.
Tal propósito se
reafirmó de manera explícita durante el trámite surtido para su aprobación,
debido a que en los dos debates realizados en la Comisión Primera y en la
Plenaria del Senado en primera vuelta se acordó retirar la exigencia de
votación nominal, consagrada en el proyecto inicial, para establecer únicamente
como regla el carácter público del voto.[72]
Dicha modificación quedó recogida en el texto conciliado publicado al finalizar
la aprobación en primera vuelta del proyecto de Acto Legislativo.[73] Sin embargo, al
iniciar el trámite en segunda vuelta en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes, se introdujo de nuevo la exigencia de votación nominal y
pública, por solicitud de quienes actuaron como ponentes de esta
iniciativa. Así, los Representantes Germán Olano Becerra, Guillermo Abel Rivera Flórez, Jorge Homero
Giraldo, Jaime Durán Barrera, en su informe de ponencia solicitan introducir
de nuevo el requisito de la votación nominal:
“Se introduce en la reforma al artículo 133 Constitucional
como regla general el voto público de los miembros de los cuerpos colegiados.
Con esta medida se afianza en la responsabilidad y seriedad en la toma de
decisiones por parte de los elegidos, aunque el ideal con la reforma era
establecer un voto no solo público sino nominal como sistema de evaluación que
permitiera a los ciudadanos verificar el cumplimiento, en la toma de
decisiones, de los objetivos de igualdad social, política y económica, propios
de un Estado Social de Derecho, se solicita a esta Comisión incluir el voto
nominal en la redacción del texto, el cual quedaría de la siguiente manera: ‘Los miembros
de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán
actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será
nominal y público, excepto en los casos que determine la ley. […]’”[74]. (Subrayas añadidas).
En el mismo sentido, el representante David
Luna propuso:
“[…] modificar el artículo
con el fin de incluir que el voto sea también nominal. // Lo anterior dado
que el voto nominal y público permite un mayor control por parte de los
electores sobre las decisiones tomadas por sus elegidos. Este es un principio
básico de la democracia participativa que debe regir en un Estado como el
colombiano, que ha adoptado esta forma de gobierno en su Constitución.”[75]
(Subrayas añadidas).
De igual manera, en el texto aprobado por la
Comisión Primera del Senado en segunda vuelta se incorporó de nuevo la
exigencia de votación nominal[76],
que también fue aprobado por las Plenarias de ambas Corporaciones y,
finalmente, quedó plasmado en el artículo 5º del texto definitivo del Acto
Legislativo 01 de 2009.
Artículo 5º. El artículo
133 de la Constitución Política quedará así: Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien
común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en
los casos que determine la Ley.
El elegido es responsable
políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las
obligaciones propias de su investidura.
El anterior
recuento permite apreciar que la incorporación del voto no sólo público sino
también nominal como regla general en el artículo 133 Superior expresa los
resultados de la ponderación que llevó a cabo el propio Congreso, actuando como
constituyente derivado, a través de la cual acordó dar prevalencia al
imperativo constitucional de fortalecer la transparencia de las decisiones y
las herramientas de control ciudadano sobre la gestión de sus representantes en
los cuerpos colegiados, ratificando la regla de votación nominal, sobre el
propósito, sin duda plausible pero puramente instrumental, de agilizar las
sesiones parlamentarias, que esgrimían los partidarios de eliminar dicha
exigencia.
2. El mismo
balance de razones se expresa en la regulación legal de la votación nominal,
contenida en el artículo 130 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992),
modificado por el artículo 2º de la Ley 1431 de 2011[77], donde se dispone que
habrán de implementarse procedimientos electrónicos que acrediten el sentido
del voto de cada congresista y el resultado de la votación; a falta de dichos
mecanismos, la votación nominal se surtirá a través del llamado a lista en el
cual cada congresista anuncia de manera verbal el sentido de su voto.  De igual
manera, este artículo establece la obligación de publicar en la Gaceta del
Congreso toda la información relacionada con el trámite legislativo, lo que
comprende de manera primordial el resultado de las votaciones y el sentido del
voto de cada congresista; ello en aras de hacer efectivo el mandato de
transparencia decisoria que animó la constitucionalización de la regla de
votación nominal. En ese orden de ideas, sólo cabe entender satisfecha esta
exigencia cuando se da la debida publicidad tanto a los resultados de la
votación como al sentido del voto de cada congresista.
3.
Adicionalmente, el respeto a la regla de votación nominal constituye un medio
para acreditar  de manera fidedigna la existencia de quórum decisorio (art. 145
CP) y el cumplimiento de las mayorías simples, absolutas o cualificadas que en
cada caso exige la Constitución para la aprobación de proyectos de ley (arts.
146, 151, 153, 376, 378 CP) o de actos legislativos (art. 375 CP), por cuanto
esta modalidad de votación implica verificar la presencia de los integrantes de
la respectiva célula legislativa al momento de expresar el sentido de su voto.[78]
4. La excepción
a la regla de votación nominal es la votación ordinaria, a través de la cual se
satisface el principio de celeridad de los procedimientos, ya que esta se surte
a través del expedito mecanismo de dar un golpe sobre el pupitre en señal de
aprobación. El artículo 129 del Reglamento del Congreso, modificado por el
artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, enuncia de manera taxativa los supuestos en
los que procede esta modalidad excepcional de votación. Uno de ellos, previsto
en el numeral 16 de dicha disposición, tiene lugar “cuando en el trámite de
un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o
plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto”.
Pero aún en estos casos, prevalece la exigencia de votación nominal cuando ésta
sea solicitada por alguno de los integrantes de la respectiva célula
legislativa e igualmente se impone adoptar mecanismos de verificación de la
votación ordinaria que permitan dar a conocer el resultado de la votación y el
sentido del voto de cada congresista.
5. La Corte ha
entendido que los supuestos en los que se admite la votación ordinaria deben
ser interpretados de manera restrictiva, a fin de evitar que tal mecanismo se
torne en la regla y, en aras de la celeridad del procedimiento, termine por
relegar la votación nominal al lugar de la excepción. En tal sentido, por
ejemplo, en reiteradas ocasiones ha rechazado que la aprobación del informe de
objeciones presidenciales pueda surtirse a través de votación ordinaria, por
cuanto no se trata de uno de los supuestos contemplados en el artículo 1º de la
Ley 1431 de 2011.[79]
Ha sustentado esta posición en dos argumentos: (i) la vigencia del principio de
supremacía constitucional y (ii) la interpretación de las normas que establecen
excepciones a reglas previstas en la Constitución, al señalar que:
“El artículo 129 R.C. ofrece un listado preciso y minucioso
de excepciones, entre las cuales no se encuentra la aprobación del informe de
objeciones gubernamentales.  Resultaría a todas luces contrario al
principio de supremacía constitucional que se hiciera una interpretación
flexible de estos tipos exceptivos, pues ello llevaría a contradecir el mandato
constitucional consistente en que la regla general es la votación nominal y
pública, a fin de cumplir los propósitos de la enmienda de 2009, antes
explicados.  Además, carecería de sentido que mientras el legislador
orgánico, en cumplimiento del mandato constitucional mencionado, describe las
excepciones a dicha regla general de forma detallada, la Corte realice una
interpretación extensiva que tiende a desconocer la prescripción
superior.  De otro lado, dicha hermenéutica flexible llevaría a que cada
vez que en el procedimiento legislativo se esté ante decisiones unánimes, lo cual
no es poco frecuente, se haga uso de la votación ordinaria, desnaturalizándose
con ello lo previsto en el artículo 133 de la Constitución”.[80]
Este mismo criterio ha inspirado la
interpretación restrictiva de la excepción a la regla de votación nominal y
pública en los casos en que existe unanimidad, insistiendo en que esta última
no puede presumirse sino que debe en todo caso probarse o inferirse de manera
razonable de las circunstancias en las que se desarrolló el debate
parlamentario. Al respecto, en el Auto 118 de 2013[81] la Corte sostuvo que existió un vicio de procedimiento en
el trámite de un proyecto de ley estatutaria que fue aprobado en la plenaria
del Senado por votación ordinaria, sin que existiera ningún elemento del que
razonablemente pudiera inferirse ni el cumplimiento de la regla de mayoría
absoluta prevista en el artículo 153 de la Carta para este tipo de iniciativas,
ni la existencia de una voluntad unánime de aprobarlo. En tal sentido, este
Tribunal afirmó que:
“Las reglas de excepción son de uso
restrictivo y siempre deben apuntar a la realización de los fines de
transparencia y publicidad en el proceso democrático. Una lectura en otro
sentido implicaría flexibilizar las exigencias constitucionales, en desmedro de
los principios anotados, dificultando los procesos de control social y político
hacia los congresistas –accountability- y desnaturalizando, en últimas, el sentido de la
reforma al proceso de formación de la ley. Tampoco se podría verificar si un
congresista se sujetó a la disciplina propia de su bancada.
En este orden de ideas, la utilización de alguna
de las excepciones a la regla general de votación nominal y pública no puede
ser interpretada como una vía para eludir el cumplimiento de los requisitos que
la Constitución impone. Por ejemplo, la aprobación unánime de un proyecto de
ley estatutaria, cuando no se hace uso de la votación nominal y pública, exige
acreditar que el mismo ha contado con la mayoría absoluta de los miembros de
una y otra cámara. Es por ello que es importante que tanto los parlamentarios
como la ciudadanía en general tengan la absoluta claridad acerca del
procedimiento decisional surtido, lo cual debe ser oportunamente registrado en
las actas y grabaciones que dan cuenta del proceso de formación de la voluntad
legislativa.
La unanimidad como causal de excepción al mandato general de
votación nominal y pública sólo puede ser de recibo cuando, en virtud del
principio de transparencia, haya claridad en torno a ella en la aprobación de
un proyecto, en lo posible procurando que se pueda identificar qué congresistas
se ausentaron, quiénes se abstuvieron, quienes votaron, y cuál fue el sentido
de los que así lo hicieron.
La excepción a la votación nominal y pública, cuando la corporación
respectiva tiene una posición unánime, es una excepción en sentido técnico; es
decir, que confirma la regla. Si la Corporación vota unánimemente un proyecto
de ley, la votación nominal y pública resulta entonces innecesaria respecto del
resultado de la votación. Es razonable, por lo mismo, que el legislador haya
exceptuado ese requisito porque en tal caso se garantiza de modo óptimo la
transparencia y se permite el debido control ciudadano.
Ahora bien, cuando se excepciona la votación nominal y pública sobre
la base de la unanimidad, pero esta no es debidamente registrada por la
corporación legislativa, se presenta un vicio de inconstitucionalidad. Esto
ocurre en aquellos eventos en los cuales se constata que hubo una decisión
aprobatoria pero no es posible determinar si esta fue o no unánime, o cuando no
se conoce el resultado concreto de la votación. En esos casos, por razones de
transparencia y publicidad, que son condiciones indispensables para asegurar el
derecho al control político (CP arts. 40 y 133), no resulta aplicable la
excepción. Si se decide no llevar a cabo una votación nominal y pública, porque
aquel tipo de votación no se requiere para individualizar la posición de los
congresistas en vista de que hay unanimidad, pero luego no es posible definir
con arreglo al procedimiento efectivo si hubo o no una aprobación unánime,
porque ello no se registra por la Mesa Directiva ni se puede comprobar por
cualquier medio idóneo, se ha desconocido un requisito esencial de validez en
el trámite de la ley.”
6. ¿Cuándo entender que existe unanimidad a
efectos de dar aplicación a la excepción que autoriza la votación ordinaria? Al
igual que la votación no puede “presumirse ni suprimirse”, tampoco hay
lugar a presumir la voluntad unánime de quienes concurrieron con su voto a
adoptar la decisión mayoritaria expresada en la ley. Si bien la práctica
parlamentaria evidencia que con frecuencia existe unanimidad en muchas de las
cuestiones que de manera cotidiana se someten a la votación de los cuerpos
colegiados, de ello no se sigue que el órgano encargado del control de
constitucionalidad pueda darla por sentada sin una evidencia razonable que así
lo indique. Además de desconocer el carácter deliberativo del órgano
legislativo, donde se espera tengan voz y voto las distintas concepciones de lo
mejor y lo justo que conviven en una sociedad plural y diversa, asumir una
suerte de presunción de unanimidad como punto de partida para el control que
compete efectuar a este Tribunal conduciría, en la práctica, a dejar sin
efectos la exigencia de votación nominal que, tras la reforma introducida por
el Acto Legislativo 01 de 2009, fue elevada a rango constitucional por el
propio Congreso de la República.
En ese orden de ideas, la Corte ha entendido
que cabe inferir la existencia de unanimidad entre los integrantes de una
célula legislativa cuando al declarar el resultado de la votación se deja
constancia expresa e inequívoca de la aprobación unánime, ya sea en el acta de
sesión o en alguno de los demás medios probatorios que registra lo ocurrido
durante la votación[82]; cuando en el curso de los debates se dan manifestaciones
indicativas de unanimidad, lo que ocurre, por ejemplo, cuando los informes de
ponencia hayan sido favorables, se aprueba omitir la lectura del articulado[83], ninguno de los integrantes de la plenaria o comisión
solicita la votación nominal y pública[84]
y, en general, cuando no se registran posiciones contrarias a la aprobación del
proyecto.  Entretanto, ha señalado que los anteriores indicadores de
unanimidad se desvirtúan cuando, existen manifestaciones expresas de oposición
al proyecto, peticiones de que la votación se efectúe de manera nominal o
constancias de voto negativo por parte de alguno de los congresistas.[85]
7. Una cuestión distinta, aunque ligada a la
anterior, se refiere a los medios de prueba a través de los cuales se acreditan
las circunstancias indicativas de unanimidad. En decisiones recientes la Corte
se ha pronunciado sobre este asunto, coincidiendo en señalar que para tal
efecto se debe tener en cuenta y valorar de manera conjunta, conforme a los
preceptos de la sana crítica: (i) la información consignada en el acta de la
respectiva sesión que se publica en la Gaceta del Congreso, como también los
demás documentos que dan cuenta del trámite de aprobación de la ley, tales como
(ii) las certificaciones expedidas por los Secretarios de cada comisión o
plenaria y (iii) los registros de audio o video que documentan el desarrollo de
las sesiones parlamentarias.[86]
Aunque acompañamos la decisión adoptada por la
mayoría en esta ocasión, por considerar que, apreciados en su conjunto, los
medios probatorios disponibles permitían concluir que en los debates en los que
el proyecto se aprobó mediante votación ordinaria cabía inferirse de manera
razonable la existencia de unanimidad, aclaramos nuestro voto para precisar que
la valoración conjunta de los medios de prueba no debe llevar a desconocer la
prevalencia que ostenta la información oficial de las actas de sesiones y demás
documentos publicados en la Gaceta del Congreso, conforme a lo previsto en los
artículos 35, 36 de la Ley 5º de 1992. Sobre este punto, reiteramos lo dicho
por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto 118 de 2013[87], en
el sentido que “la utilización de los
diferentes medios de prueba está unívocamente dirigida a acreditar asuntos
confusos o ambivalentes de la información contenida en el acta, más a no
permitir su irregular complementación o adición”.
La necesidad de consignar en el acta de
sesiones toda la información relevante para facilitar el escrutinio público
sobre la manera en que se desenvuelven las votaciones es además objeto de
mandato legal, en tanto el legislador orgánico en el artículo 130 del
Reglamento del Congreso, modificado por el artículo 2º de la Ley 1431 de 2011
dispuso de manera expresa que “(l)as actas de las sesiones plenarias,
comisiones, los proyectos de acto legislativo, los proyectos de ley, las
ponencias y demás información que tenga que ver con el trámite legislativo
deberán ser publicados en la Gaceta del Congreso”, para efectos de dar por
cumplido el requisito de publicidad. Se trata de un imperativo, dictado por el
propio órgano legislativo, para que los secretarios de comisiones y plenarias
cumplan la obligación de consignar de manera clara y fidedigna toda la
información relevante para que los ciudadanos y esta Corte puedan verificar que
la aprobación de una ley o de un acto legislativo se realizó con apego a las
reglas constitucionales que definen las condiciones de legitimidad de los
procedimientos de formación de la voluntad democrática. Un llamado que este
Tribunal ha efectuado al legislador en anteriores oportunidades, al constatar
la manera imprecisa e insuficiente con la que en ocasiones se consigna la
información del trámite legislativo en los documentos oficiales publicados en
la Gaceta del Congreso, y que en esta ocasión es pertinente reiterar.[88]
8. Y no cabe considerar que este mandato legal
contiene una exigencia accesoria, que no afecta la validez constitucional del
trámite legislativo. Como lo señala la doctrina autorizada en temas de
procedimiento parlamentario: “Son de obligatorio cumplimiento las
disposiciones constitucionales o reglamentarias respecto al modo de hacer
constar la votación cuando la constitución exija la constancia del voto de cada
miembro tratándose de la aprobación de proyectos de ley. El proyecto de ley no
se considerará debidamente aprobado a menos que se haya dejado constancia de la
votación según los requisitos al respecto”.[89]
Tampoco es posible sostener que la omisión o
inexactitud de la información sobre la manera en que se llevó a cabo la votación
y los resultados de la misma puede enmendarse con la aplicación del principio
de instrumentalidad de las formas, ya que precisamente en virtud del mismo ha
de entenderse que los requisitos constitucionales y legales que regulan
el proceso de formación de las leyes no tienen como finalidad obstruir o
dificultar tal proceso, sino que deben interpretarse al servicio del fin
sustantivo que cumplen. El mandato constitucional que impone la votación
nominal como regla y el mandato legal que, sólo de manera excepcional, autoriza
la votación ordinaria, han de ser interpretados como instrumentos al servicio
de fines sustantivos de primer orden, como son facilitar la transparencia y el
control ciudadano sobre las decisiones de sus representantes. En este orden de
ideas, las  normas de la Ley 5ª de 1992 que ordenan consignar de manera precisa
y publicar en la Gaceta del Congreso toda la información relevante sobre la
manera en que tienen lugar las votaciones, sólo admiten ser interpretadas y
aplicadas en el sentido de que a través de dichas publicaciones efectivamente
se incrementen los niveles de transparencia y control ciudadano sobre las
decisiones del órgano legislativo.
9. Pero aún en los supuestos en los que existe
una evidencia razonable de unanimidad que permite aplicar de manera excepcional
el mecanismo de votación ordinaria, debe quedar a salvo la posibilidad de
establecer de manera inequívoca que al momento de la votación se dio
cumplimiento a los requisitos de quórum y mayorías.  La necesidad de que en las
actas de sesión se consigne de manera precisa el quórum y las mayorías con las
que fue aprobado cada proyecto de ley cobra especial importancia precisamente
cuando los proyectos son aprobados por votación ordinaria, pues en estos casos,
a diferencia de lo que ocurre con la votación nominal, la dinámica misma de la
votación no arroja la información sobre el número de parlamentarios que estaban
presentes al momento de abrir la votación y el número de votos con el que fue
aprobada una iniciativa.
Como lo señaló recientemente esta Corporación
en el Auto 118 de 2013, para dar por cumplidos los requisitos de quórum y
mayorías no basta con remitirse al número de parlamentarios que estaban
presentes en el momento inicial de la sesión, cuando se produce el registro y
la verificación del quórum, pues algunos de los integrantes que se registraron
al comienzo de la sesión pudieron haberse ausentado del recinto para el momento
en el que se produjo la votación del proyecto objeto de control, con lo cual, a
menos que se produzca la verificación del quórum y se dé cuenta de manera
expresa del número de votos con el que fue aprobado el proyecto allí donde se
excepciona la regla de votación nominal y pública, resulta difícil establecer
con certeza que efectivamente se cumplieron estos requisitos de validez formal
de la ley finalmente aprobada.
Aunque la Corte ha enfatizado la importancia
de este requisito para el caso de proyectos que exigen mayoría absoluta para su
aprobación, como ocurre con las leyes estatutarias, en los demás casos también
es necesario verificar que al momento de consentir que un proyecto se convierta
en ley estaban presentes en el recinto al menos la mitad más uno de los
integrantes de la respectiva célula legislativa y que de estos, al menos la
mitad más uno manifestó su aprobación. Tal es un contenido mínimo que se
inserta en el núcleo de certeza de cualquier significado que quiera asociarse
al concepto de democracia.
De ahí la necesidad de que, también en este
punto, las mesas directivas de las comisiones y plenarias de Cámara y Senado
procuren mayor celo en el cumplimiento de las reglas que el propio órgano
legislativo estableció en aras de facilitar la transparencia y, con ella, el
control de sus decisiones. Tanto el control político que ejercen los ciudadanos
sobre la gestión de sus representantes, como el control constitucional que
compete efectuar a este Tribunal.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1]
Naturaleza, objeto, sede, organización y administración del Convenio
constitutivo del BCIE.
[2]
Ley 1431 de 2011.
[3]
Cfr. Folio 93 y ss. del cuaderno principal.
[4]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5]
Artículo 35 del Convenio Constitutivo del BCIE: “a) Los estados y organismos
internacionales a que se refiere el artículo 4o, acápite A, no signatarios del
presente Convenio, podrán adherirse a él, siempre que sean admitidos de
conformidad con lo establecido en el presente Convenio;
b)
El presente Convenio solo podrá ser modificado por acuerdo de la
Asamblea de Gobernadores, por mayoría de tres cuartas partes de la totalidad
de los votos de los socios, que incluya cuatro Gobernadores de los estados
fundadores;
c)
No obstante lo dispuesto en el literal b) anterior, se requerirá tres cuartas
partes de votos de la totalidad de los socios, que incluya el voto favorable de
los cinco países fundadores, para cualquier modificación que altere lo
siguiente:
1.
El Capítulo I, Naturaleza, Objeto y Sede.
2.
Las mayorías establecidas en los artículos 4o, acápite A, párrafos 6o y
7o, y acápite B, literal f); 16; 35, literales b) y
c); 36; 37 y 44.
3.
El Capítulo IV, Organización y Administración.
4.
El principio del 51% del capital para los socios fundadores establecido en los
artículos 4o, acápite B, literal h) y 37, párrafo 3o.
Se
requerirá el acuerdo unánime de los socios para modificar las disposiciones
siguientes:
1.
Los requerimientos de pago sobre el capital exigible que señala el punto 2,
literal i), acápite B, del artículo 4o.
2.
La limitación de responsabilidad que prescribe el artículo 5o, último
párrafo.
3.
El derecho de retirarse del Banco que contemplan los
artículos 37 y 39.
d)
Toda propuesta de modificación de este Convenio, ya sea que emane de un socio o
del Directorio, será comunicada al Presidente de la
Asamblea de Gobernadores, quien la someterá a la consideración de dicha
Asamblea. Cuando Una modificación haya sido Aprobada, el Banco lo hará constar
en comunicación oficial dirigida a todos los socios. Las modificaciones
entrarán en vigencia, para todos los socios, tres meses después de la fecha de
la comunicación oficial, salvo que la
Asamblea de Gobernadores hubiere fijado un plazo diferente.”
[6]
Cfr. Folios 58 a 68 del cuaderno de pruebas 1.
[7]
Cfr. Folios 78 a 102 del cuaderno de pruebas 1.
[8]
Cfr. Gaceta del Congreso N° 154 de 2012.
[9]
Cfr. Páginas 53 y ss. de la
Gaceta del Congreso No. 153 del 17 de abril de 2011.
[10]
Cfr. Folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas 2.
[11]
Cfr. Folios 4 a 30 del cuaderno de pruebas 2.
[12]
Páginas 8 a 10 de la Gaceta del Congreso No.155 del 17 de
abril de 2011.
[13]
Cfr. Gaceta del Congreso No. 886 de 24 de noviembre de 2011.
[14] Cfr. Folios 1 y 2 del cuaderno de
pruebas 1.
[15]
Gaceta del Congreso No. 36 del 16 de febrero de 2012.
[16]
Cfr. Folios 480 y ss. del cuaderno de pruebas 1.
[17] Cfr. Folios 1
a 2 del cuaderno de pruebas 1.
[18]
Cfr. Folios 36 a 39 del cuaderno principal.
[19]
Cfr. Folios 34 y 35  del cuaderno principal.
[20]
Cfr. Folios 48 y ss. del cuaderno principal.
[21]
Cfr. Folio 51 y ss. del cuaderno principal.
[22]
Cfr. Folio 76 y ss. del cuaderno principal.
[23]
Cfr. Folio 34 del cuaderno principal.
[24]
Cfr. Folio 76 y ss. del cuaderno principal.
[25]
Cfr. Folio 82 y ss, del cuaderno principal.
[26]
Cfr. Folios 76 y ss. del cuaderno de pruebas 2.
[27]
Páginas 37 y 38 de la Gaceta del Congreso No. 14 del 6 de febrero de 2013.
[28]
Cfr. Folio 61 del cuaderno de pruebas 2.
[29]
Cfr. Folios 99 y ss. del cuaderno de pruebas 2.
[30]
Cfr. Folio 99 y ss. del cuaderno de pruebas 2.
[31]
Cfr. entre otras, C-086 de 2004.
[32]
Este cuadro ha sido utilizado con anterioridad, por ejemplo en las sentencias
C-248 de 2009, C-011 de 2010 y C-788 de 2011.
[33]
Cfr. Folio 1 del cuaderno
principal.
[34]
El artículo 133 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 1 de
2009, establece que: “Los miembros de los cuerpos colegiados de elección
directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el
bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto los casos
que determine la ley.”
[35]
La Ley 1431 de 2011, dispuso en su artículo 1º: “Teniendo
en cuenta el principio de celeridad de los procedimientos, de que trata el
artículo 3° de este reglamento, se establecen las siguientes excepciones al
voto nominal y público de los congresistas, según facultad otorgada en el
artículo 133 de la Constitución Política, tal como fue modificado por el
artículo 5° del Acto Legislativo 1 de 2009 y cuyas decisiones se podrán adoptar
por el modo de votación ordinaria antes descrito:
(…)
16. Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en el
trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva
comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un
proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus
miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a
votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos
respecto de los cuales existan discrepancias.”
[36]
M.P: Luis Ernesto Vargas Silva-
[37]
El artículo 3º de la Ley 1431/11 modificó el Reglamento del
Congreso en materia de votaciones secretas, del modo siguiente:
“Artículo 131. Modificado por la
Ley 1431 de 2011, artículo 3º. Votación secreta. No permite identificar
la forma como vota el Congresista. Las rectificaciones solo serán procedentes
cuando el número de votos recogidos no sean igual al de los votantes.
Esta votación solo se presentará en los siguientes eventos:
a) Cuando se deba hacer elección;
b) Para decidir sobre proposiciones de amnistías o indultos.
Aprobado la votación secreta, el Presidente dispondrá repartir papeletas que
tengan impresas, en una de sus caras, la leyenda “Sí” o “No”, y espacios para
marcar. El Secretario llamará a cada Congresista, según el orden alfabético de
su apellido, para que deposite la papeleta en la urna dispuesta para el efecto.
Previamente el Presidente designará una comisión escrutadora.”
[38]
Sobre la inexistencia de excepción para votar de forma nominal y pública las
objeciones gubernamentales pueden consultarse: Auto 31 de 2012,
M.P. María Victoria Calle Correa; Auto 086 de 2012,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez; Auto 089 de 2012,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla; y Auto 242 de 2012,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[39]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[40]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[41]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[42]
Igualmente, destacó que no se desconoce el principio de
soberanía (Art. 9 de la C.P)  ni la facultad presidencial de dirigir las
relaciones internacionales (Art. 189.2 de la
C.P)
[43]
La resolución modificó el artículo 2o, adicionándole un
literal j) y un párrafo final; el título del Capítulo II; el artículo 4o,
literales a), e), g) y h), acápite i), y eliminar del mismo artículo los
literales i), j) y k); el artículo 5; el artículo 7, adicionándole un párrafo
final; el artículo 11, literales d) y e), y los artículos 14, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 34, 35 y 41.
[44]
Según se explicó con la reserva sobre el artículo 35,
relacionada con el mecanismo para la modificación del Convenio Constitutivo (Ver
supra.2.1).
[45]
Constitución Política Artículo 9°: “Las relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de
los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional
aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se
orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.”
[46]
Gaceta del Congreso No. 155 de 2012.
[47]
Gaceta del Congreso No. 596 de 2012.
[48]
Gaceta del Congreso No. 15 de 2013.
[49]
Al respecto, se debe aclarar que la Ley 1585 reprodujo en dos oportunidades el
contenido de la Resolución AG-14/2005, al inicio de la
Ley y después de la resolución AG-13/2006.
[50]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[51]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[52]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[53]
Declarado exequible mediante la sentencia C-1144 de 2004.
[54]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[55]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[56]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[57]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[58]
Declarado exequible mediante la sentencia C-1144 de 2004.
[59]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[60]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[61]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[62]
Declarado exequible mediante la sentencia C-1144 de 2004.
[63]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[64]
Declarado exequible mediante la sentencia C-1144 de 2004.
[65]
Declarado exequible mediante la sentencia C-1144 de 2004.
[66]
Declarado exequible mediante la sentencia C-1144 de 2004.
[67]
Declarado exequible mediante la sentencia C-1144 de 2004.
[68]
Declarado exequible mediante la sentencia C-1144 de 2004.
[69]
Declarado exequible mediante la sentencia C-1144 de 2004.
[70]
Declarado exequible mediante la sentencia C-172 de 1996.
[71]
Declarado exequible mediante la sentencia C-1144 de 2004.
[72]
Durante el debate en primera vuelta surtido en la Plenaria del Senado, el Senador
José Darío Salazar Cruz defendió la supresión del carácter nominal de la
votación con el siguiente argumento: “Yo solicito que se vote público, porque nominal es volver
interminables las sesiones, hay cosas en las que se están de acuerdo y se puede
votar públicamente sin votar nominal”. Acta de Plenaria No. 36 del 15
de diciembre de 2008 (Gaceta del Congreso 223 del 21 de abril de 2009).
[73] “Artículo 6º. El artículo 133 de la
Constitución Política quedará así:
Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan
al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El
voto de sus miembros será público, excepto en los casos que
determine la ley […]”
(subrayas añadidas).
[74]
Gaceta del Congreso 227 del 22 de abril de 2009.
[75]
Gaceta del Congreso 227 del 22 de abril de 2009.
[76]
Acta No. 42 del 28 de mayo de 2009, publicada en la
Gaceta del Congreso 427 de 4 de
junio de 2009.
[77] “Por la
cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la
Constitución Política”
[78]
Sobre la relación entre votación nominal y la verificación del cumplimiento de
las reglas de quórum y mayorías ver Auto 118 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla, SV.
Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[79]
Así lo estableció el Pleno de esta Corporación, entre otros, en los Autos 031
de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa), 032 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva, SV. Humberto Sierra Porto), 086 de 2012 (MP. Juan Carlos Henao Pérez,
SV. Mauricio González Cuervo), Auto 089 de 2012 (MP. Nilson Pinilla Pinilla,
SV. Mauricio González Cuervo), 242 de 2012 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), en
todos los cuales ordenó devolver al Congreso proyectos de ley cuyo informe de
objeciones no había surtido el trámite de la votación nominal y pública.
Asimismo, en la sentencia C-328 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio, SV.
Alberto Rojas Ríos), donde se declaró inexequible un proyecto de ley que
previamente había sido devuelto al Congreso porque el informe de objeciones no
cumplió con la regla de votación nominal establecida en el artículo 133
Superior, sin que el vicio fuera corregido dentro del término previsto en el
artículo 202 del Reglamento del Congreso.
[80]
Auto 032 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SV. Humberto Sierra Porto).
[81]
MP. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson
Pinilla Pinilla, SV. Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[82] Así ocurrió en la sentencia C-295 de 2012
(MP Juan Carlos Henao Pérez), donde se verificó que en el acta de una de las
sesiones en las que el proyecto se aprobó por votación ordinaria quedó
registrada de manera expresa la unanimidad. Asimismo, en la aprobación del proyecto de ley estatutaria de
acceso a la información pública nacional, cuyo trámite fue revisado por la
Corte en la sentencia C-274 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa, SV. Luis
Ernesto Vargas Silva, SPV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio
Palacio, Luis Ernesto Vargas, SPV. Nilson Pinilla Pinilla, SPV. Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV. María Victoria Calle
Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio).  La
Corte concluyó que se cabía inferir la existencia de unanimidad, pues en el
video de la sesión correspondiente “el
Secretario del Senado señaló expresamente que dicha aprobación se hacía por
unanimidad, y manifestó oralmente la totalidad de votos emitidos.”
[83]
Sentencia C-750 de 2013 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, SPV. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. Alberto Rojas Ríos, SPV.
y AV. María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva). En esa ocasión
la Corte consideró que se había acreditado la exigencia de unanimidad necesaria
para que procediera la votación ordinaria, entre otros factores, debido a que
en todos los debates del proyecto se aprobó la omisión de lectura del
articulado. Sin embargo, como dejé consignado en la aclaración de voto a esta
sentencia, tal situación sólo se acreditó en el primer debate, surtido ante la
Comisión Segunda del Senado, sin que existiera constancia en los debates
siguientes respecto de la aprobación de omitir la lectura del articulado.  La
sentencia debió analizar de manera expresa si en los restantes debates existían
pruebas que acreditaran que, en efecto, se aprobó prescindir de la lectura del
articulado.
[84]
Sentencia C-221 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). En ese caso, la
aprobación del proyecto en uno de los debates se surtió mediante votación
ordinaria. La Corte valoró entonces la certificación secretarial en conjunto
con otros elementos, y dentro de ellos el hecho de que no hubiese existido
solicitud de votación nominal: “el artículo 1º de
la Ley 1431 de 2011, que modificó el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 en lo
relativo a la votación nominal y pública, dispuso en su numeral 16 que una de
las excepciones a esta clase de votación se presenta, justamente, cuando existe
unanimidad en la votación, como en efecto ocurrió. De esta manera, como
ninguno de los Senadores solicitó votación nominal ni verificación de quórum,
ni se registraron votos negativos o impedimentos, este requisito se encuentra
debidamente satisfecho”.
[85]
Así ocurrió en el caso resuelto en la sentencia C-134 de 2014 (MP. María
Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez), donde se revisó la
constitucionalidad de una ley aprobatoria de tratado (Ley 1634 de 2013), en
cuyo trámite fue aprobada por votación ordinaria en la Plenaria del Senado,
pese a existir constancia expresa de voto negativo por parte de tres Senadores.
La Corte sostuvo que tales constancias desvirtuaban la existencia de unanimidad
y, por tanto, resultaba de forzosa aplicación la regla de votación nominal y
pública. En consecuencia, tras verificar el carácter insubsanable de este vicio
de procedimiento, se declaró la inexequibilidad de la ley aprobatoria.
[86]
La cuestión de los medios de prueba del trámite legislativo para efectos de verificar
la procedencia de efectuar votación ordinaria ha sido tratada en el Auto 118 de
2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. María Victoria Calle Correa, AV.
Nilson Pinilla Pinilla, SV. Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[87]
MP. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. María Victoria Calle Correa, AV. Nilson
Pinilla Pinilla, SV. Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[88]
En la sentencia C-393 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo. SV Eduardo
Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis), al revisar un
proyecto de ley estatutaria respecto del cual la información consignada en los
medios oficiales arrojaba incertidumbre sobre el cumplimiento de las reglas de
quórum y mayorías, se dijo: “debe
la Corte llamar la atención de los secretarios de comisiones y plenarias, y de
quienes elaboran las actas que se consignan en la "Gaceta del
Congreso", en el sentido de que tienen la obligación constitucional de
dejar en ellas y en las certificaciones que expidan, expresa, clara y concreta
información acerca del transcurso de las sesiones y en torno al quórum y a las
votaciones”.
[89]
Manual de Mason sobre Procedimiento Legislativo, trad. E. Bernal
Labrada, edit. M. Correa Saavedra, Washington, The National Conference of State
Legislatures – Centro para la Democracia, USAID, 1989, Sec. 526, p. 278.