T-733-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-733/11
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL-Reiteración de jurisprudencia/ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconocimiento del precedente judicial
DEFECTO FACTICO-Reiteración de
jurisprudencia/DEFECTO
FACTICO-Dimensión  negativa y positiva/DEFECTO
FACTICO-Fundamento de la intervención del juez de tutela/DEFECTO FACTICO-Modalidades
DEFECTO FACTICO-Por
omisión en el decreto y práctica de pruebas
DEFECTO FACTICO-No valoración
del acervo probatorio
DEFECTO FACTICO-Valoración
defectuosa del material probatorio
PROCEDENCIA DE LA ACCION DE
TUTELA-Defecto fáctico
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL Y
FUERO SINDICAL-Derecho fundamental
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL Y
FUERO SINDICAL-Protección reforzada de las directivas de organizaciones de
trabajadores
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL Y
FUERO SINDICAL-Bloque de constitucionalidad
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL Y
FUERO SINDICAL-Restricción para miembros de la fuerza pública
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL Y
FUERO SINDICAL-Empleador debe someter a calificación judicial la decisión
de desmejora o despido de miembros aforados
SINDICATO Y FUERO SINDICAL-Inscripción
efectiva en el registro sindical como presupuesto de existencia
SINDICATO Y FUERO SINDICAL-Reconocimiento
automático de la personería jurídica
FUERO SINDICAL-Rige desde el
momento de la constitución del sindicato
INSCRIPCION EN REGISTRO SINDICAL-Garantía,
finalidad y requisitos
REGISTRO SINDICAL-Sindicato solo
podrá actuar válidamente frente a terceros a partir de la inscripción
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y ASOCIACION
SINDICAL-Improcedencia por desvinculación después de la ejecutoria de la
decisión que negó inscripción del sindicato en registro sindical
Referencia:
expedientes acumulados T-2.220.837 y T-2.226.741
Accionantes: Tarsicio de Jesús
Santana Buitrago y Rafael Reyes Aranda.
Demandados: Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá y
Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C.,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil once (2011)
La Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso
de revisión de los fallos de tutela, proferidos en primera y segunda instancia,
por las Salas de Casación Laboral y de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
dentro de los expedientes T-2.220.837 y T-2.226.741.
I.    ACUMULACIÓN
DE EXPEDIENTES
La Sala de
Selección Número Cinco de la Corte Constitucional, mediante auto del 14 de mayo
de 2009, comunicado el 29 del mismo mes y año, decidió seleccionar para
revisión los fallos de tutela correspondientes a los expedientes T-2.220.837 y
T-2.226.741. De igual forma, en el mismo auto, la Sala decidió acumular entre
sí los citados expedientes, por presentar unidad de materia, para que fueran
fallados en una misma providencia.
II.
ANTECEDENTES
1. La
Solicitud
Los
demandantes, mediante escritos separados que coinciden en sus aspectos esenciales,
acuden a la acción de tutela en procura de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la asociación sindical, que, según afirman, han sido vulnerados
por las autoridades judiciales accionadas, al proferir fallos desestimatorios
de sus pretensiones, dentro de los procesos especiales de fuero sindical –
acción de reintegro –, que en forma separada promovieron contra Alpina
Productos Alimenticios S.A..
2. Reseña
fáctica
2.1.
Expediente T- 2.220.837
El señor
Tarsicio de Jesús Santana Buitrago, manifestó que se vinculó a la  empresa
Alpina Productos Alimenticios S.A. mediante contrato de trabajo a término
indefinido, desempeñando el cargo de ayudante de agencia.
El 29 de octubre
de 2006, trabajadores de la empresa Bimbo de Colombia S.A. y Alpina Productos
Alimenticios S.A., fundaron la organización sindical denominada “Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria o Comercialización  de Productos
Alimenticios – SINTRALICO”–, novedad que fue comunicada a los
representantes legales de las empresas el 30 de octubre del mismo año.
El 2 de
noviembre de 2006, el Presidente de SINTRALICO solicitó al Ministerio de la
Protección Social la inscripción en el registro sindical de la organización
antes referida.
Mediante
Resolución No. 003594, del 17 de noviembre de 2006, el Ministerio de la
Protección Social negó la inscripción en el registro sindical de SINTRALICO,
por considerar, entre otras razones, que sus estatutos eran contrarios a la
Constitución y a la Ley. Contra la anterior decisión, el sindicato interpuso
los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos
desfavorablemente mediante las Resoluciones Nos. 001 y 00259 de 2 y 29 de enero
de 2007, respectivamente, quedando en firme la Resolución No. 003594.
Sin perjuicio
de lo anterior, el accionante se adhirió a la asociación sindical SINTRALICO el
12 de diciembre de 2006 y ese mismo día informó sobre dicha situación a la
empresa Alpina Productos Alimenticios S.A..
El 16 de
febrero de 2007, Alpina Productos Alimenticios S.A., le comunicó al señor
Tarsicio de Jesús Santana Buitrago, la decisión de dar por terminado su
contrato de trabajo, de forma unilateral y sin justa causa.
Contra tal
decisión, el actor promovió proceso especial de fuero sindical, con el fin de
lograr el reintegro al cargo que venía desempeñando, pues, a su juicio, para el
momento del despido se encontraba amparado por fuero sindical en su calidad de
adherente, de manera que su retiro solo era posible si mediaba la autorización
previa del juez laboral.
Dicho proceso
fue tramitado en primera instancia por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito
de Bogotá y en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá.
Mediante
sentencia del 25 de abril de 2008, el juez de primera instancia decidió
absolver a la demandada, Alpina Productos Alimenticios S.A., por considerar que
en la medida en que la decisión del Ministerio de la Protección Social sobre la
inscripción de SINTRALICO en el registro sindical fue negativa, la organización
nunca existió y, por ende, no era posible predicar de sus miembros “fuero
sindical de adherentes”. Sobre el particular, se dijo en el mencionado
fallo:
“De lo
demostrado en el proceso se observa que al sindicato no se le reconoció
personería jurídica por cuanto los estatutos presentados eran contrarios a la
Constitución y la ley, así mismo por parte de los sindicalistas se presentaron
los recursos de REPOSICIÓN Y APELACIÓN frente a la negativa de la inscripción de
la personería jurídica.
Para la
fecha en que el demandante solicita sea adherido al sindicato, ya estaba
resuelta la negativa del reconocimiento de la personería jurídica, motivo que
tendrá en cuenta el juzgado pues no existiendo sindicato para la fecha en que
el demandante solicita su adhesión, no hay calidad de fuero.
(…)
Es entonces
imposible predicar de la existencia de fueron sindical para el demandante si el
sindicato mismo no existe, pues las causas observadas por parte del MINISTERIO
DE PROTECCIÓN SOCIAL para negar el registro de dicha personería persistieron de
conformidad con lo sustentado en las resoluciones mediante las cuales se
resolvieron los recursos de REPOSICIÓN Y APELACIÓN.”
El fallo
citado fue apelado por el actor, argumentando que el registro sindical no
definía la existencia del fuero sindical, ya que cuando se niega la inscripción
de un sindicato en el registro sindical, el fuero de los fundadores y
adherentes  se extiende hasta 6 meses, conforme lo prescribe el artículo 57 de la
Ley 50 de 1990, modificado por el artículo 12 de la ley 584 de 2000.
Al resolver la
apelación, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, confirmó la decisión
de primera instancia, aduciendo que en el caso del actor el despido se produjo
después de la ejecutoria de la decisión que negó la inscripción en el registro
sindical, por lo que aquél no gozaba de fuero sindical. Al respecto, precisó el
Tribunal:
“Por lo
anterior, para la fecha de despido del demandante – 16 de febrero de 2007 – era
conocida por el empleador la no inscripción del sindicato, y por ende, aquél no
tenía la garantía de fuero sindical.
Nótese que
la resolución No. 259 de enero 29 de 2007 es el acto administrativo definitivo
mediante el cual culminó el procedimiento gubernativo relacionado con la
inscripción de la nueva organización sindical; como contra esa decisión no
procedía ningún recurso de vía gubernativa, con ella se definió la no
inscripción de la asociación sindical de manera definitiva y concluyó la
garantía foral.
Para la
Sala resulta claro, que con el fin de garantizar el derecho de asociación
sindical en relación con el nacimiento y subsistencia de nuevas organizaciones,
el literal a) del artículo 406 del CST dispuso que los fundadores o adherentes
de un sindicato gozan de fuero desde el día de la fundación hasta dos meses
después de la decisión administrativa favorable a su inscripción en el registro
sindical, sin exceder de 6 meses; pero si la decisión es desfavorable a la
inscripción -como ocurre en el presente asunto-, una vez la situación
administrativa negativa se ha consolidado cesa el amparo, pues se reitera, el
fuero sindical no se le puede entender como la garantía de estabilidad en el
empleo de algunos trabajadores, sino esencial y fundamentalmente como una
garantía de formación y subsistencia de las asociaciones sindicales; en
consecuencia, no tendría razón de ser como garantía del derecho de asociación
sindical, el amparo otorgado a un trabajador que es ‘adherente’ o ‘fundador’ de
un sindicato cuya inexistencia se encuentra plenamente definida.”
2.2.
Expediente T- 2.226.741
El señor
Rafael Reyes Aranda, manifestó que el día 15 de septiembre de 1998, se vinculó
a la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A., mediante contrato de trabajo a
término indefinido, desempeñando el cargo de ayudante de agencia.
El 29 de
octubre de 2006, trabajadores de la empresa Bimbo de Colombia S.A. y Alpina
Productos Alimenticios S.A., fundaron la organización sindical denominada “Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria o Comercialización  de Productos
Alimenticios – SINTRALICO”–, novedad que fue comunicada a los
representantes legales de las empresas el 30 de octubre del mismo año.
El 2 de
noviembre de 2006, el Presidente de SINTRALICO solicitó al Ministerio de la
Protección Social la inscripción en el registro sindical de la organización
antes referida.
Mediante
Resolución No. 003594 del 17 de noviembre de 2006, el Ministerio de la
Protección Social negó la inscripción de SINTRALICO en el registro, por
considerar, entre otras razones, que sus estatutos eran contrarios a la
Constitución y a la Ley. Contra la anterior resolución, el sindicato interpuso
los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos
desfavorablemente, mediante las Resoluciones Nos. 001 y 00259 del 2 y 29 de
enero de 2007, respectivamente, quedando en firme la Resolución No. 003594.
Afirmó el
accionante, que el 2 de enero de 2007 se adhirió a la asociación sindical
SINTRALICO y que ese mismo día informó sobre dicha situación a la empresa
Alpina Productos Alimenticios S.A..
El 12 de
febrero de 2007, Alpina Productos Alimenticios S.A., le comunicó al actor la
decisión de dar por terminado su contrato de trabajo, de forma unilateral y con
fundamento en una justa causa.
Como
consecuencia de dicha decisión, el actor promovió proceso especial de fuero
sindical con el fin de lograr el reintegro al cargo que venía desempeñando,
pues, a su juicio, para el momento del despido se encontraba amparado por fuero
sindical en su calidad de adherente, de manera que su retiro sólo era posible
si mediaba la autorización previa del juez laboral.
Dicho proceso
fue tramitado en primera instancia por el Juzgado Diecisiete Laboral del
Circuito de Bogotá y en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá.
Mediante
sentencia del 5 de febrero de 2008, el juzgado de conocimiento decidió absolver
a la demandada, Alpina Productos Alimenticios S.A., de los cargos en su contra,
por considerar que el actor, para la fecha del despido, no estaba amparado por
la garantía foral, como quiera que la vocación y expectativa de dicha garantía
quedó extinta, ante el rechazo de la inscripción de SINTRALICO en el registro
sindical. Sobre el punto, se explicó en el fallo:
“Al
respecto, conviene precisar además que no existe organización sindical frente a
la cual la demandante pueda detentar el fuero sindical alegado en la demanda,
por cuanto la organización SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA O
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS –SINTRALICO- nunca nació a la vida
jurídica por habérsele negado la inscripción en el registro sindical y, como
consecuencia de ello, no es factible que el actor goce de la protección foral
de fundador que alega.
(…) no debe
perderse de vista, que la protección del fuero sindical según se determinó
desde el mismo Convenio 087 de 1948 de la O.I.T. y así lo ratificó el art. 39
de la Constitución Política de 1991, como también la abundante jurisprudencia,
es de carácter instrumental para ejercitar y desarrollar las funciones propias
del derecho de asociación sindical, más no puede tomarse como un derecho
personal del fundador o directivo sindical.
Por tal
razón no existiendo formalmente el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA O COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – SINTRALICO – del cual
pudo derivar el fuero reclamado como consecuencia de haberse negado la
inscripción en el registro sindical, no existe razón para que prospere el
reintegro deprecado y en consecuencia el fallo será absolutorio”.
La citada
sentencia fue apelada por el actor, argumentando que el registro sindical no
definía la existencia del fuero sindical, ya que cuando se niega la inscripción
de un sindicato en el registro sindical, el fuero de los fundadores y
adherentes se extiende hasta 6 meses, conforme lo prescribe el artículo 57 de la
Ley 50 de 1990, modificado por el artículo 12 de la Ley 584 de 2000.
Por su parte,
en sentencia del 22 de mayo de 2008, al pronunciarse sobre la apelación, la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, decidió confirmar la decisión de
primera instancia. Sostuvo al respecto, que el despido se produjo después de la
ejecutoria de la decisión que negó la inscripción en el registro sindical, por
lo que el accionante no gozaba de fuero sindical y podía ser despedido, sin que
mediara autorización judicial previa. Dijo el Tribunal al respecto:
“(…) al ser
negada por el Ministerio la inscripción del sindicato, operó una restricción en
el ejercicio de las funciones inherentes a esta organización, funciones que
deben desarrollarse sólo conforme a la ley y a sus estatutos, una vez se haya
inscrito el Acta de Fundación respectiva, ante el Ministerio de la Protección
Social, evento que no ocurrió en el sub lite.
Es
evidente, entonces, a la luz de la normatividad transcrita, que uno de los
requisitos imprescindibles para que se configure el fuero de adherentes es que
el trabajador ingrese al sindicato antes de la inscripción del mismo en el
registro sindical, circunstancia ésta que no se dio en el presente caso, porque
cuando el demandante adhirió al sindicato, ya el Ministerio había negado su
inscripción, y ya se había confirmado tal negativa mediante el recurso de
reposición, quedando, entonces, en firme dicha decisión, días antes de la
mencionada terminación del contrato del actor, de manera que el trabajador no
estuvo amparado en ningún momento por la garantía foral, que alega.
Respecto
del argumento del actor de que la negativa de la inscripción en nada afectó el
fuero que adquirió con el acta de constitución del sindicato, precisa la Sala
que dicho presupuesto podría eventualmente ser materia de discusión si se
tratara de un fuero de fundadores, que son los únicos trabajadores amparados
por el fuero desde el mismo momento en que se constituye la organización, pero
esta hipótesis no aplica en este caso tratándose de un fuero de adherentes
cuyos requisitos ya se analizaron”.
3.
Fundamento de las demandas
Por tratarse
de situaciones análogas, los actores en los expedientes T-2.220.837 y T-
2.226.741, utilizan los mismos argumentos para sustentar las solicitudes de
protección constitucional.
Haciendo
referencia a algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, señalan en
sus respectivas demandas, que las organizaciones sindicales adquieren
personería jurídica por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha
en que se celebra la asamblea de constitución, por lo que la exigencia prevista
en el artículo 365 del Código Sustantivo de Trabajo, de tramitar ante el
Ministerio de la Protección Social el registro sindical, es sólo para los
efectos de publicidad, seguridad y prueba de su existencia.
De esta
manera, afirman que cuando el aludido ministerio niega la inscripción de un
sindicato de trabajadores en el registro sindical, ello no afecta el fuero de
los fundadores o adherentes a dicha organización, como quiera que esta garantía
se extiende por seis (6) meses, contados a partir de la constitución de la
correspondiente organización sindical.
En ese
contexto, cuestionan las decisiones que en su contra fueron adoptadas por los
operadores jurídicos en los respectivos procesos de fuero sindical, por estar
basadas en una premisa falsa, contraria a la ley y a la jurisprudencia, cual es
la de sostener, que el “fuero de los fundadores o adherentes a una
organización sindical depende de la decisión que adopte el Ministerio de la
Protección Social, sobre el registro sindical, y que por ser desfavorable la
inscripción por parte de la cartera ministerial el fuero llegó hasta el momento
en que se pronunció sobre la inscripción de SINTRALICO”.
Afirman que una
interpretación del artículo 365 del Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo
con los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, lleva
obligatoriamente a concluir que, independientemente del hecho de no haber
terminado el proceso de registro del sindicato SINTRALICO, el fuero sindical
existe durante los seis meses siguientes a la fundación del sindicato, razón
por la cual no era posible que los despidos se realizaran en las fechas
indicadas en las demandas.
Conforme con
ello, aducen que los falladores de instancia, dentro de los procesos ordinarios
laborales, incurrieron en vías de hecho: por defecto fáctico, al no
efectuar una correcta valoración del material probatorio obrante en el
expediente; por defecto sustantivo, al desconocer el precedente fijado
por la Corte Constitucional respecto de la materia debatida; y por defecto
procedimental, al apartarse de las normas sustanciales que predican el
reintegro de los trabajadores amparados por la garantía foral.
4.
Pretensiones de los demandantes
A través de
las presentes acciones de tutela, los accionantes solicitan que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la asociación sindical y, en consecuencia, que se dejen sin
efectos las providencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas,
para que, en su lugar, se reconozca el fuero sindical que consideran les
asiste, y se ordene su reintegro a la empresa Alpina Productos Alimenticios
S.A., en la labor que venían realizando.
5.
Oposición a las demandas de tutela
Las acciones de tutela objeto de
pronunciamiento, fueron tramitadas, en primera instancia, por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en el respectivo auto
admisorio, dispuso correr traslado de las mismas a las autoridades judiciales
demandadas y a quienes fueron parte en cada uno de los procesos laborales y
tuvieron interés en los mismos.
En el caso del expediente
T-2220837, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
mediante auto del 18 de noviembre de 2008, admitió la demanda de tutela y
ordenó correr traslado de la misma a la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá, al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, a la empresa Alpina
Productos Alimenticios S.A. y al representante legal del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria o Comercialización de Productos Alimenticios
-SINTRALICO-, para que se pronunciaran acerca de los hechos que motivaron la
solicitud de amparo.
De otro lado, en el expediente
T-2226741, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
auto del 1° de diciembre de 2008, admitió la demanda de tutela y ordenó correr
traslado de la misma a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al
Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, a la empresa Alpina
Productos Alimenticios S.A. y al representante legal del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria o Comercialización de Productos Alimenticios
-SINTRALICO-, para que se pronunciaran acerca de los hechos que motivaron la
solicitud de amparo.
Vencido el término otorgado, en
ninguno de los dos procesos de tutela se presentaron escritos de intervención.
6. Pruebas
allegadas al proceso
6.1.
Expediente T-2.220.837
·
Copia del acta de fundación del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria o Comercialización de Productos Alimenticios
SINTRALICO (Folios 12 a 34).
·
Copia del escrito dirigido al representante legal de Alpina
Productos Alimenticios S.A., del 30 de octubre de 2006, en el que se le
comunica acerca de la fundación de la organización sindical  SINTRALICO (Folio
35).
·
Copia de la carta de despido enviada al señor Tarsicio de Jesús
Santana Buitrago el 16 de febrero de 2007 (Folio 36).
·
Copia del escrito mediante el cual se le comunica al
representante legal de Alpina Productos Alimenticios S.A., la adhesión del
señor Tarsicio de Jesús Santana Buitrago a la organización sindical SINTRALICO
(Folio 37).
·
Copia de la Resolución No. 003504 del 17 de noviembre de 2006
expedida por el Ministerio de la Protección Social, mediante la cual se niega
la inscripción en el registro sindical a SINTRALICO (Folios 39 a 43).
·
Copia de la Resolución No. 001 del 02 de enero de 2007, expedida
por el Ministerio de la Protección Social, en la cual se resuelve un recurso de
reposición (Folios 49 a 53).
·
Copia de la Resolución No. 000259 del 29 de enero de 2007,
expedida por el Ministerio de la Protección Social, en la cual se resuelve un
recurso de apelación (Folios 54 a 57).
·
Copia del fallo de primera instancia proferido por el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso especial de fuero
sindical, promovido por el señor Tarsicio de Jesús Santana Buitrago contra
Alpina Productos Alimenticios S.A. (Folios 64 a 68).
·
Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, dentro del proceso especial de fuero
sindical (Folios 71 a 75).
6.2.
Expediente T-2.226.741
·
Copia del contrato de trabajo a término indefinido suscrito entre
Alpina Productos Alimenticios S.A. y el señor Rafael Reyes Aranda (Folios 12 a 13).
·
Copia del acta de fundación del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria o Comercialización de Productos Alimenticios
SINTRALICO (Folios 14 a 36).
·
Copia del escrito dirigido al representante legal de Alpina
Productos Alimenticios S.A., del 30 de octubre de 2006, en el que se le
comunica acerca de la fundación de la organización sindical  SINTRALICO (Folio
37).
·
Copia de la solicitud de inscripción en el registro sindical de
la organización sindical SINTRALICO (Folio 39).
·
Copia de la Resolución No. 003504, del 17 de noviembre de 2006,
expedida por el Ministerio de la Protección Social, mediante la cual se niega
la inscripción en el registro sindical a SINTRALICO (Folios 40 a 44).
·
Copia de la Resolución No. 001 del 02 de enero de 2007, expedida
por el Ministerio de la Protección Social, en la cual se resuelve un recurso de
reposición (Folios 49 a 53).
·
Copia de la Resolución No. 000259, del 29 de enero de 2007,
expedida por el Ministerio de la Protección Social, en la cual se resuelve un
recurso de apelación (Folios 54 a 57).
·
Copia del escrito mediante el cual se le comunica al
representante legal de Alpina Productos Alimenticios S.A. la adhesión del señor
Rafael Reyes Aranda a la organización sindical SINTRALICO (Folio 58).
·
Copia de la carta de despido enviada al señor Rafael Reyes
Aranda, el 12 de febrero de 2007 (Folios 59 a 61).
·
Copia del fallo de primera instancia proferido por el Juzgado
Diecisiete  Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso especial de
fuero sindical promovido por el señor Rafael Reyes Aranda contra Alpina
Productos Alimenticios S.A. (Folios 68 a 74).
·
Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, dentro del proceso especial de fuero
sindical (Folios 75 a 81).
III.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1.
Expediente T-2.220.837
1.1.
Primera instancia
La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2008, negó
el amparo invocado al considerar que los fallos dictados por los jueces
accionados no comportan vulneración alguna de sus derechos fundamentales, como
quiera que fueron el resultado del análisis fáctico y la labor interpretativa
propia de cada operador jurídico, por lo que concluyó que actuaron dentro del
ámbito de su autonomía y competencia, otorgado por la Constitución y la ley.
Posteriormente, el 28 de
noviembre de 2008, el accionante impugnó la anterior decisión, sin efectuar
pronunciamiento alguno, diferente a lo expuesto en la demanda inicial.
1.2.
Segunda instancia
En sentencia del 3 de marzo de
2009, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió
confirmar el fallo de primera instancia reiterando que la acción de amparo
constitucional resulta improcedente frente a decisiones judiciales, cuando a
través de ésta se busca cuestionar o rebatir criterios de interpretación no
compartidos por las partes, que se ajustan a las normas que rigen la materia.
2. Expediente T- 2.226.741
2.1. Primera instancia
La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 16 de diciembre de 2008, negó el
amparo de los derechos invocados por el actor al determinar que los fallos dictados
por los jueces accionados se fundamentaron en los medios probatorios allegados
al plenario, a partir de los cuales se concluyó que el accionante no probó
contar con la garantía foral, al no haber demostrado en legal forma la
existencia de la organización sindical frente a la cual pudiera detentar el
fuero.
Acto seguido, el 13 de enero de
2009, el accionante impugnó la anterior decisión, mediante escrito en el cual
sostuvo que si el Ministerio de la Protección Social niega la inscripción de un
sindicato de trabajadores en el registro sindical, esto no impide que sus
afiliados, en calidad de fundadores y adherentes, gocen de la garantía foral,
pues una situación es la constitución del sindicato, por medio de la cual se
adquiere la personería jurídica, y otra, es el registro sindical, que le
permite al sindicato actuar ante terceros y cumplir con los principios de
publicidad y contradicción.
2.2. Segunda instancia
En sentencia del 9 de marzo de
2009, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el
fallo de primera instancia. Señaló que el accionante no gozaba de la protección
que otorga el fuero sindical al momento del despido, como quiera que su
adherencia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria o
Comercialización de Productos Alimenticios, SINTRALICO, fue posterior a la
negativa de inscripción de dicha organización, en el registro sindical.
Así mismo, puntualizó el
fallador, que en el caso del señor Rafael Reyes Aranda no era necesario que el
empleador solicitara autorización judicial para su despido, como quiera que,
para tomar dicha decisión, se amparó en una justa causa, como fue violar las
normas de seguridad establecidas por la empresa.
IV. ACTUACIÓN DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN
Con el fin de acopiar mayores
elementos de juicio para decidir acerca de la revisión de las providencias
arriba citadas, esta Sala de Revisión, por auto del 28 de agosto de 2009, le
solicitó a los Juzgados Quinto y Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá,
remitir con destino a esta Corporación, copia auténtica de los expedientes
correspondientes a los procesos de fuero sindical promovidos por los actores
contra la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A..
Mediante oficio del 8 de
septiembre de 2009, la Secretaría General de esta Corporación remitió al
despacho del Magistrado Ponente, los oficios Nos. 1929 y JQL-1762 del 7 de
septiembre de 2009, en los cuales los Juzgados Quinto y Diecisiete Laboral del
Circuito de Bogotá, dieron cumplimiento a lo ordenado en el Auto del 28 de
agosto de 2009.
V. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
A través de esta Sala de
Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia
proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
De acuerdo con la situación
fáctica anteriormente descrita, en esta oportunidad le corresponde a la Sala
establecer si la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a la asociación sindical de los
accionantes, al considerar que éstos no gozaban de fuero sindical al momento de
ser despedidos de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A., toda vez que
la desvinculación se produjo después de la ejecutoria de la decisión que negó
la inscripción del sindicato, al que se habían adherido los actores, en el
registro sindical.
Para el efecto y por tratarse de
una tutela contra una sentencia judicial, la Sala iniciará (i) por
reiterar la doctrina de la Corte Constitucional en torno a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Acto seguido, (ii)
recordará la posición jurisprudencial relacionada con el derecho de asociación
sindical y fuero sindical, haciendo una distinción entre el momento en que se
constituye el sindicato y nace la garantía foral y la inscripción en el
registro respectivo.  Por último (iii) analizará el caso concreto, item
en el que se establecerá si efectivamente, los actores, al negarse la
inscripción del sindicato al que pertenecían, gozaban del fuero sindical
alegado.
3. Procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
Esta Corporación ha sido enfática
al sostener que cuando a través de esta acción constitucional se intenta
controvertir una decisión judicial, la misma sólo procede de manera excepcional
y restrictiva, teniendo en cuenta “en primer lugar, el hecho de que las
sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales proferidos por funcionarios
profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; en segundo
lugar, el valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se
resuelven las controversias planteadas ante ellos y la garantía del principio
de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e independencia que
caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un
régimen democrático[1]”.
Bajo este entendido, la acción de
tutela procederá contra decisiones judiciales, sólo cuando éstas desconozcan
los preceptos constitucionales y legales a los cuales están sujetas y, por esa
vía, violen los derechos fundamentales de las partes o de terceros, en
especial, los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia[2].  Lo anterior, para
garantizar el equilibrio que debe existir entre el respeto a los principios
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, por un lado, y la
prevalencia y eficacia de los derechos fundamentales, por el otro, para
disponer sobre su protección, cuando éstos han resultado ilegítimamente
afectados con una decisión judicial.
Así, partiendo del carácter
excepcional y restrictivo de la acción de tutela contra providencias
judiciales, esta Corporación ha fijado unos presupuestos que deben ser
satisfechos para que sea posible su procedencia.  Dentro de un ejercicio de
sistematización sobre la materia, en la sentencia C-590 de 2005 la Corte
Constitucional distinguió entre requisitos generales y causales específicas de
procedencia, que debían cumplirse en eventos en los cuales la tutela se
utilizara para atacar providencias judiciales. Los primeros, también
denominados requisitos formales, hacen referencia a presupuestos cuyo
cumplimiento es condición necesaria para que el juez pueda entrar a evaluar de
fondo la controversia planteada. Los segundos, conocidos como requisitos
materiales, se refieren concretamente a los defectos o vicios en que debe
incurrir una decisión judicial, para que se entienda contraria al orden
jurídico y violatoria de los derechos fundamentales.
De manera que en estos eventos,
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está
condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, unos de carácter formal y
otros de contenido material, exigencias que encuentran justificación en las
siguientes razones: (i) evitar que el juez constitucional se inmiscuya en la
regulación de cuestiones que no le corresponden, e invada con ello la esfera de
la autonomía judicial; (ii) no alterar o sustituir de manera dolosa los
mecanismos de defensa diseñados por el legislador, característica que armoniza
con la naturaleza subsidiaria y residual de la tutela; y (iii) lograr que los
interesados obren con diligencia en la gestión de sus intereses ante la
administración de justicia, asegurando con ello que la tutela no se utilice
para enmendar errores o descuidos, recuperar oportunidades vencidas o revivir
términos fenecidos durante un proceso[3].
En consecuencia, de acuerdo con
la sentencia C-590 de 2005, las condiciones generales de procedencia se
clasificaron de la siguiente forma:
“a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[4].
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[5].
d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[6].
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[7].
f. Que no
se trate de sentencias de tutela[8]”.
En la misma providencia, se
determinó que una vez superados los anteriores requisitos generales de
procedencia, se debía analizar igualmente la ocurrencia de al menos una de las
causales especiales de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir la
autoridad judicial al proferir la decisión atacada. Estas condiciones de
procedibilidad son las siguientes:
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales[9] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
f. Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[10].
h.
Violación directa de la Constitución.”
Así las cosas, la tutela contra
providencias judiciales se constituye en un instrumento jurídico de protección
de los derechos fundamentales, que encuentra fundamento y entidad propia,
directamente en la Constitución Política. Por supuesto que la misma tiene un
carácter verdaderamente excepcional y restrictivo, y las condiciones para su
procedencia han sido objeto de un cuidadoso proceso de elaboración
jurisprudencial. Siguiendo dicho proceso, al que se ha hecho expresa
referencia, ha de concluirse que para que proceda la acción de tutela contra
providencias judiciales, resulta imprescindible: (i) no sólo que se cumplan los
requisitos generales de procedibilidad, (ii) sino también, que la decisión
cuestionada por vía de tutela, haya incurrido en uno o varios de los defectos o
vicios específicos, y, finalmente, (iii) que el defecto sea de tal magnitud que
implique una lesión o afectación a derechos fundamentales.
4.1. Desconocimiento
del precedente judicial. Reiteración de jurisprudencia.
La actividad
judicial supone la interpretación permanente de las disposiciones jurídicas,
aspecto que implica que el funcionario determine en cada proceso la norma que
se aplicará al caso concreto.[11] Sin embargo, la manera
en que se encuentra estructurada la rama judicial del poder público[12]
denota la existencia de límites a las facultades interpretativas de los
jueces.  En efecto, el juez de primera instancia está sometido a la revisión
que de sus decisiones haga el ad quem y debe acatar lo decidido en las
instancias superiores o lo dispuesto por los órganos de cierre de cada
jurisdicción, aún cuando impongan la variación de las providencias con base en
argumentos que no correspondan a las interpretaciones plasmadas en las
decisiones revocadas o modificadas.[13]
Bajo este
entendido, la Corte Constitucional ha concluido que “la doctrina probable
impone el respeto a la jurisprudencia fijada por un órgano superior[14] y
que el precedente restringe la autonomía del juez en aras de asegurar la
coherencia y la unidad del ordenamiento jurídico y de otorgarles garantías a
los asociados, quienes, en cuanto destinatarios de las decisiones judiciales,
tienen derecho a un grado de certeza, de seguridad jurídica y de previsión de
las interpretaciones que hayan de seguir los jueces, así como a tener
expectativas legítimas fundadas en los principios de buena fe y confianza
legítima, cuya consideración por parte de los administradores de justicia debe
conducir a que haya consistencia en las decisiones.[15]”[16]
Ahora bien,
por la figura del precedente la Corte ha entendido lo siguiente:
“… el
precedente, es aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que
se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema
jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada,
al momento de dictar sentencia.
La
pertinencia de un precedente, se predica de una sentencia previa, cuando: “(i)
la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una
regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente[17]; (ii) se trata
de un  problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y
(iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes
o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”.[18]
Así pues,
para que pueda predicarse la aplicación del precedente, éste debe ser anterior
a la decisión donde se pretende su aplicación y debe existir una semejanza de
problemas jurídicos, cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas
juzgadas o puntos de derecho.
Por otra
parte, la jurisprudencia ha distinguido entre precedente horizontal, que
es aquél que debe observarse por el mismo juez o corporación que lo generó o
por otro(a) de igual jerarquía funcional, y precedente vertical, que es
el que proviene de un funcionario o corporación de superior jerarquía,
particularmente de aquellas que en cada uno de los distintos ámbitos de la
jurisdicción se desempeñan como órganos límite.[19]
Así, con el
fin de garantizar un mínimo de seguridad jurídica a los ciudadanos, los
funcionarios judiciales se encuentran vinculados en sus decisiones, por la
norma jurisprudencial que, para el caso concreto, ha dictado el órgano
unificador.[20]
En la
jurisdicción ordinaria, cuando el caso es susceptible de casación, este órgano
es la Corte Suprema de Justicia; en los asuntos que no son susceptibles de dicho
recurso extraordinario, quienes se encargan de dictar la pauta hermenéutica en
materia judicial son los Tribunales Superiores de Distrito.
En el primero
de los eventos, es decir, cuando el asunto es susceptible de casación y el
órgano que ocupa el punto más alto en la jurisdicción ordinaria se ha
pronunciado sobre el mismo, el juez debe aplicar la subregla sentada
jurisprudencialmente, restringiendo su autonomía judicial. Por lo tanto, el
operador jurídico, acatando el principio stare deciris, sólo podrá
apartarse del precedente si demuestra que los supuestos de hecho son
radicalmente diferentes a los que regula la regla jurisprudencial.[21]
Cuando el
proceso no tiene casación, en principio, carecería de una instancia que
unifique los criterios, de conformidad con los cuales debe interpretarse la
normatividad. En estos casos, son los Tribunales Superiores la cúspide de los
diversos distritos judiciales y los que, en consecuencia, cumplen la función de
unificación jurisprudencial. Bajo ese entendido, serían entonces los encargados
de desatar los diversos dilemas interpretativos, fijando para ello criterios
ciertos y precisos.
En materia de
acciones de tutela, esta Corporación constituye el órgano de cierre y de
unificación jurisprudencial y bien podría revisar las sentencias de los jueces
de instancia, cuando sean emitidas: “(i) aplicando disposiciones legales que
han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii)
aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado
contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de
sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los
derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela[22]”.
En
consecuencia, cualquier decisión judicial que omita toda referencia al
precedente vigente y que, por lo tanto, contiene una respuesta contraria a la
que surgiría del precedente aplicable, es una decisión que, en principio, se
muestra irrazonable e incurre en arbitrariedad, porque “carece de la debida
justificación o comporta el desconocimiento de normas de mayor jerarquía,
dentro de las cuales se encuentran los postulados constitucionales y las
sentencias con efectos erga omnes de la Corte Constitucional, así como la
doctrina probable adoptada por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de
Estado en su labor de unificación de la jurisprudencia constitucional”.[23]
Así las
cosas, prima facie, los funcionarios judiciales están obligados a
aplicar el precedente sentado por los órganos encargados de unificar
jurisprudencia en la jurisdicción ordinaria o en la constitucional. Si
pretenden inaplicar el precedente, en ejercicio de la autonomía judicial, pesa
sobre ellos una carga de argumentación más estricta, pues deben demostrar de
manera adecuada y suficiente, las razones por las cuales se apartan, de lo
contrario, se presenta un defecto que hace procedente la acción de tutela.
5. Defecto
fáctico. Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico tiene lugar “cuando
resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar
una determinada norma es absolutamente inadecuado”.[24]
En esos casos,
la acción de tutela únicamente procede si la valoración probatoria hecha por el
juez en su providencia es manifiestamente irrazonable. Al respecto, esta
corporación ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia (...)”[25].
La Corte
Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que se pueden presentar
los defectos fácticos:
(i) Una negativa
que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria,
irracional y caprichosa[26] u omite su valoración[27]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente[28]. Esta dimensión,
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar
la veracidad de los hechos analizados por el juez[29].
(ii) Una positiva,
que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la
Constitución[30].
Por otra
parte, con relación al fundamento y al marco de intervención que compete al
juez de tutela en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico,
este Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“2.3.1. El
fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias facultades
discrecionales que posee el juez natural para el análisis del material
probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica,
es decir, con base en criterios objetivos y racionales. Así, en la sentencia
T-442 de 1994, la Corte señaló:
‘(…) si
bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(…), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente’[31].
2.3.2. A
pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente
reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y
el principio del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio; así, la Corte Constitucional, en sentencia
T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material
probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
En segundo
lugar, cuando se trata de pruebas testimoniales, el campo de acción del juez de
tutela es aún más restringido, pues el principio de inmediación indica que
quien está en mejor posición para determinar el alcance de este medio
probatorio, es el juez natural. Así, ha señalado la Corte que: ‘En estas
situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla
general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez
del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los
declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en
que responde al cuestionario judicial, etc’.[32]”[33]
Igualmente, la
Corporación ha identificado las distintas modalidades que puede asumir el
defecto fáctico, a saber: (a) defecto fáctico por la omisión en el
decreto y la práctica de pruebas; (b) defecto fáctico por la no
valoración del acervo probatorio y, (c) defecto fáctico por
desconocimiento de las reglas de la sana crítica.[34]
Dichas categorías, fueron estudiadas ampliamente en la sentencia T-902 de 2005[35]
y se resumirán a continuación.
a.
Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de
pruebas
Este defecto
se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de
pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido.
La Corte
Constitucional ha precisado el alcance de esta modalidad en diversos
pronunciamientos. Así en la sentencia SU-132 de 2002, la Sala Plena sostuvo:
“La negativa
a la práctica o valoración de un medio probatorio por un juez dentro del
proceso que dirige, puede estar sustentada en la ineficacia de ese medio para
cumplir con la finalidad de demostrar los hechos en que se soporta una
determinada pretensión, toda vez que constituye un derecho para todas las
personas presentar pruebas y controvertir las que se presenten en su contra. La
Corte se pronunció en este sentido en la Sentencia T-393 de 1994 y manifestó
que “...la negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la
circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos
materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o
versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere
manifiestamente superfluas (Arts. 178 C. P. C. y 250 C. P. P.); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y extralimitación en la
petición de la prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y
ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una prueba que
legalmente sea conducente constituye una violación del derecho de defensa y del
debido proceso”.
En sentencia
T-488 de 1999[36], la Corte consideró que
la omisión en la práctica de la prueba antropoheredobiológica en un proceso de
filiación, por la especial importancia de este medio probatorio, constituía un
típico defecto fáctico con capacidad de afectar los derechos fundamentales de
las partes. Afirmó la Corte:
“El presente análisis tiene como
punto de partida la circunstancia de que ambos jueces dejaron de practicar, no
obstante haber sido decretada, lo que impidió la valoración y apreciación de
una prueba conducente y determinante para la decisión final del proceso de
filiación natural instaurado a nombre del menor Jorge Eduardo González Guillén,
como era el experticio científico mencionado, por motivos ajenos a la parte
demandante y atribuibles a la falta de coordinación para su realización entre
el ente estatal encargado de practicarla y la respectiva autoridad judicial que
conocía del asunto.
Así las cosas, se considera
necesario reiterar, que la práctica de pruebas constituye una de las
principales actuaciones dentro de la conducción del proceso, en la medida en
que su importancia radica en la participación de la misma en la conformación
del convencimiento del fallador sobre los hechos materia de decisión.
(...)
Debe la Sala
reiterar a propósito de lo antes expresado en las consideraciones generales,
que la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva,
a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma
específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una
vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que
desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha
solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para
el trámite del mismo.”
Por su parte, en la sentencia
T-526 de 2001[37] la Sala Segunda de
Revisión consideró que la omisión de los funcionarios judiciales, había
impedido la correcta identificación del autor material de un hecho punible en
perjuicio de un tercero que fue procesado como reo ausente y posteriormente
privado de su libertad. En esa oportunidad, el defecto fáctico se configuró por
la no recepción de los testimonios de las personas que podían identificar
plenamente al autor material de la conducta punible, la no apreciación de
ciertos hechos, como la diferencia de edad entre el responsable del hecho (22
años) y el erróneamente sindicado (35 años), la diferencia del lugar de la
residencia del supuesto autor del hecho punible (norte de Bogotá), con el lugar
en que se capturó al responsable el día de los hechos (sur de Bogotá) y la no
apreciación de la prueba documental que acreditaba la buena conducta del
erróneamente sindicado.
b.
Defecto
fáctico por la no valoración del acervo probatorio
Se presenta cuando el funcionario
judicial omite considerar elementos probatorios que constan en el proceso, no
los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar
su decisión y, en el caso de que se trató, resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
habría variado sustancialmente.
Al respecto, en la sentencia
T-814 de 1999[38], se resolvió un caso en
el cual los jueces de lo contencioso administrativo no advirtieron ni
valoraron, para efectos de resolver una acción de cumplimiento, impetrada
contra la Alcaldía de Cali, el material probatorio debidamente allegado al
proceso, la Sala de Revisión consideró que tal actuación constituyó una vía de
hecho por defecto fáctico y sostuvo:
“Ni en el
fallo del Tribunal ni en el fallo del Consejo de Estado se hace una valoración
de la prueba mencionada, que les permitiera a estas Corporaciones deducir la
obligación para el alcalde de dicha ciudad de promover la consulta popular,
previa a la realización del proyecto del metro ligero de Cali, pues para ellas
el aspecto probatorio en estos procesos no es relevante. En efecto, el Tribunal
dijo que las pruebas arrimadas al proceso de la acción de cumplimiento “no tienen
influencia alguna en esta decisión” y el Consejo de Estado por su parte, si
bien mencionó el aludido testimonio en los antecedentes no hizo ninguna
valoración del mismo.
La
razón por la cual tanto el Tribunal como el Consejo ignoraron las mencionadas pruebas
indudablemente estriba en la interpretación que estas Corporaciones tienen en
cuanto a la procedencia de la acción de cumplimiento, porque en diferentes
apartes de sus sentencias se afirma rotundamente que el deber incumplido debe
emerger directamente de la norma. Es decir, que de ésta debe desprenderse una
especie de título ejecutivo, configurado por una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, descartándose por consiguiente toda posibilidad de
interpretación sobre el incumplimiento de la norma por la autoridad demandada,
con arreglo a los métodos tradicionalmente admitidos, y con sustento a las
pruebas que oportuna y regularmente aporten las partes o las que oficiosamente
está en la obligación de decretar y practicar el juez de conocimiento.
Considera la
Sala, en consecuencia, que se estructura la vía de hecho por defecto fáctico,
porque ni el Tribunal ni el Consejo al decidir sobre las pretensiones  de la
acción de cumplimiento, valoraron la prueba antes referenciada, y omitieron
decretar y practicar las pruebas conducentes y tendientes a establecer la
existencia o no del incumplimiento de la autoridad demandada.”
Igualmente, en la sentencia T-902
de 2005[39], con ocasión de la
revisión de una acción de tutela incoada contra la sentencia proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativa del
Consejo de Estado, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional
encontró que se configuraba un defecto fáctico por ausencia de valoración
probatoria, debido a que no se habían valorado en segunda instancia pruebas
documentales decisivas para resolver las pretensiones de la demandante. Al
respecto se sostuvo:
“Las pruebas
anteriores, no fueron valoradas por la sentencia de segunda instancia y a
juicio de esta Sala son determinantes para concluir, precisamente en lo que
debía, a juicio de la sentencia cuestionada, probarse en el proceso de nulidad
para poder demostrar la motivación oculta del acto administrativo que declaró
la insubsistencia del cargo de la accionante.
Visto lo
anterior, es posible afirmar que el fallo atacado, negó la valoración de una
prueba relevante para identificar la veracidad de los hechos puestos a su
conocimiento. Si en la lógica del fallo demandado, la prueba no existía en el
expediente, si estaba contenida en un anexo, o no aparecía físicamente,  pero
sí estaba mencionada, referida y valorada tanto por la demanda, como por la
providencia de primera instancia, al punto de ser un documento axial del fallo
del a quo, no cumplió la sentencia acusada con agotar los medios necesarios
para recoger, siquiera sumariamente, prueba de los supuestos fácticos que le
habían presentado a su consideración los interesados en el proceso de nulidad y
restablecimiento. Se insiste entonces, en que se incurrió en defecto fáctico en
su dimensión omisiva, vulnerando de la misma manera el debido proceso de la
accionante.
- Los defectos
del análisis probatorio, no menos que la falta de relación entre lo probado y
lo decidido, vulneran de manera ostensible el debido proceso y constituyen
irregularidades de tal magnitud que representan vías de hecho, como ya se
indicó. Es el caso de la sentencia cuestionada, que se apartó por alguna
circunstancia del material probatorio, no lo evaluó en su integridad, lo ignoró
y plasmó en su sentencia un supuesto diferente al que le ofrecía el bloque de
pruebas. Por los hechos relatados, se comprobó que el acervo probatorio fue
analizado de manera que de ser tenida en cuenta la prueba en comento, cambiaría
el sentido del fallo atacado.
- Es claro
entonces, que el juicio valorativo de la prueba que la sentencia no analizó es
de tal entidad que cambia el sentido del fallo: (i) porque es una prueba
concluyente en la demostración de la posible desviación de poder que se alegaba
en el proceso de nulidad y (ii) amén de lo anterior, es la prueba que la
sentencia atacada construye como hipótesis para demostrar el desvío de poder,
por ello, no existe duda de que era un documento determinante en las resultas
del proceso de nulidad y restablecimiento que se discutía en segunda instancia
en el Consejo de Estado. En consecuencia, al pie de la  jurisprudencia de esta
Corporación, se configuró una vía de hecho en tanto la falta de consideración
de un medio probatorio conlleva una vía de hecho siempre y cuando ésta
determine un cambio en el sentido del fallo.”
De manera que,
si se observa que la valoración probatoria realizada por el funcionario
judicial en la correspondiente sentencia, es manifiestamente equivocada o
arbitraria, es posible acudir a la acción constitucional. Lo anterior, sin
perder de vista que el error en el juicio valorativo de la prueba, se reitera, “debe
ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia”.[40]
c.
Defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio
Este defecto se advierte cuando
el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se abstiene
de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.
Sobre el particular, en la
sentencia T-450 de 2001[41], que analizó un caso en
el que un juez de familia en un proceso de aumento de cuota alimentaria, en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió
aumentarle la cuota alimentaria al demandado, la Corte indicó:
“En el expediente no existen
pruebas o indicios que avalen la posibilidad de aumentar la cuota alimentaria
de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su determinación
existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña,
reprochando a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del
proceso, estas no son razones suficientes para justificar la decisión, pues
aquí también está en juego el respeto al debido proceso que se predica de toda
actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le
correspondió conocer de la tutela, cuando afirma que: “a pesar de que se adopte
la tesis que el juez en algunas materias de familia puede fallar más allá de lo
pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer es más allá o por
fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio
arbitrio, contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la
providencia, lo cual vulnera ostensiblemente el debido proceso”.  Por estas
razones el fallo de instancia será confirmado."
En
esta modalidad, también tienen cabida los eventos en los cuales el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte dentro del
proceso. Un caso de esta naturaleza fue examinado por la Sala Séptima de
Revisión en la sentencia T-1065 de 2006[42] en la cual se
cuestionaba, por vía de tutela, la providencia proferida por un Tribunal de
Distrito, mediante la cual denegaba el reconocimiento de una pensión de
invalidez al actor, debido a que se había acreditado dentro del proceso el pago
de la indemnización sustitutiva. A juicio de la Sala de Revisión, esta
providencia adolecía de un defecto fáctico porque:
“Considera la
Sala que en el presente asunto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de la
ciudad de Cúcuta se abstuvo de tener en cuenta la certificación emitida por el
Banco Agrario o para decirlo en otras palabras: el Tribunal dio por probado un
hecho sin estarlo. Al hacerlo, no sólo cometió un error ostensible, flagrante y
manifiesto en la valoración de la prueba sino que esa omisión incidió de manera
directa en la decisión final pues por ese motivo el Tribunal resolvió negar el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Resulta, pues, evidente que
al dar por probado el juzgador un hecho sin estarlo, cambió por entero el
sentido del fallo y vulneró la garantía del derecho al debido proceso del
peticionario. En este caso se trataba de una prueba concluyente orientada a
establecer que el pago de la pensión sustitutiva no había tenido lugar. Esta
prueba habría conducido al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta a
ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitados por el
actor – tal como se deriva de la argumentación utilizada por el Tribunal en la
sentencia y como se desprende de la jurisprudencia citada por esa Corporación
en apoyo de la misma”.
En
la sentencia T-458 de 2007[43], la Sala Octava de
Revisión examinó la acción interpuesta contra una decisión proferida por una
jueza de menores mediante la cual decidía la cesación del procedimiento en una
investigación que se adelantaba por un supuesto delito de acceso carnal en
persona puesta en incapacidad de resistir, cuya presunta víctima era una menor
de edad. Estimó la Sala de Revisión que la providencia atacada en sede de
tutela adolecía del defecto fáctico de indebida valoración probatoria porque
desconocía el alcance de un dictamen pericial rendido dentro del proceso.
Textualmente se afirma:
“En sentir de la
Corte en este caso se produjo una vía de hecho por parte de la juez de menores
al momento de evaluar precisamente la prueba pericial, pues claramente la
conclusión judicial adoptada con base en ella es contraevidente, es decir, el
juez dedujo de ella hechos que, aplicando las reglas de la lógica, la sana
crítica y las normas legales pertinentes, no podrían darse por acreditados,
como es que la menor sí tenía capacidad para discernir y consentir la relación
sexual llevada a cabo en las circunstancias reseñadas por Medicina Legal. Es
una valoración defectuosa de una prueba que terminó separando el fallo de lo
que realmente aparecía como probado[44].
La Sala precisa que si bien el
respeto a la autonomía judicial hace que se permita que los jueces valoren
libremente el acervo probatorio dentro de las normas de la sana crítica, el
valor normativo de la Constitución conlleva de manera ineludible que la
valoración probatoria que se aparta de las reglas de la sana crítica, cuando la
prueba tiene “la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo”[45],
haga procedente la acción de tutela contra la providencia judicial respectiva.
Así, advierte la
Corte, que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
evaluación probatoria del juez de conocimiento y es evidente que no todo vicio
en la valoración probatoria[46] culmina en una
vía de hecho. Así, sólo es factible fundar la prosperidad de una acción de
tutela de manera excepcional, cuando se observa que existe un error ostensible
y manifiesto[47] en el juicio
valorativo de la prueba que además, tiene una incidencia directa en la
decisión.
Es evidente en
el caso objeto de revisión, que la existencia de capacidad para discernir
acerca de la aceptación o rechazo de la implicación sexual llevada a cabo, no
es un derivado del examen de medicina legal y por consiguiente mal podía
concluirlo la juez del proceso. Escindir el dictamen forense, para afirmar que
estaban afectadas las funciones de memoria y fijación de la niña, más no las de
discernimiento y las motoras, es un arbitrio de la juez que tiene incidencias
en la valoración congruente de la prueba pericial, y que en este caso, generó
una violación a los intereses superiores de la menor, protegidos
constitucionalmente.”
Así, de acuerdo con lo expuesto,
la acción de tutela resulta procedente, frente a una vía de hecho por defecto
fáctico, cuando el juez constitucional advierta que la valoración probatoria
hecha por el funcionario accionado en la correspondiente providencia, sea
manifiestamente equivocada o arbitraria, toda vez que las diferencias en la
apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos.  Lo anterior, por
cuanto el juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se
presumen de buena fe[48].
En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
6. Derecho de asociación sindical y fuero sindical
La Constitución de 1991, introdujo un cambio
importante en el tema del derecho de asociación sindical al reconocer, en el
artículo 39, el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir
sindicatos o asociaciones sin la intervención del Estado[49].
Igualmente, reconoció a los representantes sindicales el fuero y las demás
garantías necesarias para su gestión.
Por su parte,
el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo[50],
definió el fuero sindical, como “la garantía de que gozan algunos
trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de
trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un
municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el Juez del
Trabajo”.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional
ha señalado que la protección reforzada de las directivas de las organizaciones
de trabajadores es un derecho fundamental, en defensa de la institución
sindical, toda vez que estos trabajadores son los encargados de gestionar y
plantear conflictos laborales con el empleador, situación que los hace objeto
de eventuales discriminaciones y despidos. La garantía foral “pretende,
entonces, que los directivos sindicales puedan adelantar libremente las
funciones asignadas legal y constitucionalmente, sin que ello implique la
exposición a represalias por parte de la directiva patronal”[51].
Al respecto, ha señalado la Corte:
“(L)a
institución del fuero sindical es una consecuencia de la protección especial
que el Estado otorga a los sindicatos para que puedan cumplir libremente la
función que a dichos organismos compete, cual es la defensa de los intereses de
sus afiliados. Con dicho fuero, la Carta y la ley, procuran el desarrollo
normal de las actividades sindicales, vale decir, que no sea ilusorio el
derecho de asociación que el artículo 39 superior garantiza; por lo que esta
garantía mira a los trabajadores y especialmente a los directivos sindicales,
para que estos puedan ejercer libremente sus funciones, sin estar sujetos a las
represalias de los empleadores. En consecuencia, la garantía foral busca
impedir que, mediante el despido, el traslado o el desmejoramiento de las
condiciones de trabajo, se perturbe indebidamente la acción que el legislador
le asigna a los sindicatos.”[52]
Por otro
lado, vale la pena recordar que si bien esta figura fue consagrada legalmente
en Colombia desde la década de los 40[53], sólo hasta la
expedición de la Constitución de 1991, se elevó a rango superior y se amplió su
margen de amparo. La Carta además, mediante la figura del bloque de
constitucionalidad prevista en el artículo 93 superior, incorporó las garantías
que sobre la materia contemplan los convenios internacionales:
“Para definir el contenido y alcance de la protección
constitucional que se deriva del artículo 39 de la Carta procede recordar que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el
Protocolo de San Salvador, estipulan i) que toda persona tiene derecho a
asociarse libremente y a constituir sindicatos en defensa de sus intereses, ii)
que, para el efecto, los trabajadores deben gozar de total libertad de
elección, iii) que los requisitos para fundar e ingresar a un sindicato solo
pueden ser establecidos por la propia organización, iv) que la ley puede
establecer restricciones al derecho de asociación sindical en interés de la
seguridad nacional y en defensa del orden público, y iv) que los Estados
Partes, que a su vez son miembros del Convenio de la Organización Internacional
del Trabajo, no pueden adoptar medidas legislativas que menoscaben la libertad
sindical y el derecho a la sindicalización (La Declaración Universal de
Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, los Pactos Internacionales de
Derechos Civiles y Políticos, Económicos Sociales y Culturales fueron abiertos
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, mediante resolución 2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, la
Convención Americana de los Derechos Humanos fue adoptada por la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos reunida en San José el 22
de noviembre de 1969, -Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972 respectivamente.) [54]
Igualmente,
advierte la Corte que la ampliación de la figura del fuero sindical, no
repercutió únicamente en la estabilidad laboral de los beneficiados con el
mismo, sino también en la categoría de trabajadores que tienen la posibilidad
de asociarse en sindicatos. El artículo 39 Superior, de acuerdo con su
redacción, no restringe la posibilidad de que cualquier trabajador sea
susceptible de sindicalización, con excepción de los miembros de la fuerza
pública.
De dicha
norma, se desprende también la carga de todos los empleadores de someter a
calificación judicial[55], la decisión de
desmejorar las condiciones laborales o despedir a los miembros aforados del
sindicato, por ser una de las características definitorias de la figura del
fuero sindical[56]. En ese sentido,
corresponde al operador jurídico determinar si se configuró o no la justa causa
del despido, traslado o desmejora en el caso concreto[57].
Cualquier decisión de las anteriormente mencionadas que adopte el patrono, sin
que medie para ello autorización del juez del trabajo, constituye vulneración
de los derechos a la asociación sindical y al debido proceso, entre otros. Esta
infracción de las garantías básicas puede, si se configuran las causales de
procedibilidad, ser planteada al juez constitucional mediante la acción de
tutela.
6.1. La
inscripción efectiva del sindicato en el registro sindical como presupuesto de
existencia de la organización y del fuero sindical
En este
punto, es necesario aclarar que con relación a la organización sindical y la
consecuente garantía foral para sus integrantes, existen dos momentos
distintos: (i) uno, cuando nace el sindicato y adquiere personería
jurídica, y (ii) cuando se realiza la inscripción ante las autoridades
correspondientes, por la otra. Estos asuntos son distintos y generan
consecuencias diferentes, como se procede a explicar.
6.1.1.
Nacimiento del sindicato y del fuero sindical
El artículo
39 de la Carta y el Convenio 87 de la O.I.T., establecen la garantía de la personería
jurídica automática para las organizaciones sindicales, excluyendo para su
formación cualquier clase de intervención del Estado.
Al respecto, la
Corte Constitucional en sentencia C-567 de 2000 expuso lo siguiente:
“El
reconocimiento automático de la personería jurídica fue el propósito del
legislador al expedir la Ley 50 de 1990, y, en este camino, resultan ajustadas
a la Constitución los preceptos de la misma ley que así lo garanticen, y,
obviamente, contrarios a la Constitución disposiciones que lo obstaculicen.
Vale la
pena recordar lo que en la exposición de motivos del proyecto de ley, que a la
postre se convirtió en la Ley 50 de 1990, se dijo sobre este asunto:
‘En cuanto
a la parte del derecho colectivo del trabajo, el proyecto se propone adecuar
las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo a los convenios de la
O.I.T., ya que en forma reiterada, la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de dicho organismo, ha venido formulando observaciones
en el sentido de que la legislación nacional no está acorde con los postulados
de los precitados convenios.
‘(...)
‘4. En
cuanto a la personería jurídica de las organizaciones sindicales, se proponen
modificaciones sustanciales, tanto a nivel conceptual como procedimental,
eliminando trámites o requisitos innecesarios que entorpecen la constitución de
sindicatos.
‘Así, se
establece que las organizaciones sindicales, desde el momento de su
formación, gozan de personería jurídica, y por ende, son sujetos de derecho sin
autorización o ministerio de autoridad alguna, señalándose que para su
ejercicio se requiere de la inscripción en el registro sindical que para tales
efectos llevará el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
‘Dicha
inscripción no supone de manera alguna que las organizaciones sindicales estén
sujetas para su constitución, a autorización previa por parte del Estado. Por
el contrario, las mismas existirán como personas jurídicas desde el momento en
que se constituyan como tales, pero para poder actuar válidamente ante las
autoridades y terceros, como toda persona jurídica, se requerirá de un mínimo
de requisitos que deben observarse, que para este caso, es lo que supone la
inscripción.
‘(...)(se
subraya).”
De manera que, de conformidad con
el artículo 44 de la Ley 50 de 1990[58], la organización
sindical, por el solo hecho de su fundación, y a partir de la asamblea
constitutiva, adquiere personería y nace a la vida jurídica. Disposición que se
ajusta a los presupuestos señalados en el artículo 39 superior, que dispone que
el sindicato se constituye únicamente por parte de los trabajadores, o en su
defecto empleadores, sin intervención del Estado, y adquiere personería
jurídica con el solo hecho de su fundación, en la respectiva asamblea
constitutiva, de la que naturalmente quedará el acta de constitución.
De otra
parte, como ya se mencionó en el acápite anterior, el fuero sindical es
aquella “garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni
desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros
establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa
causa, previamente calificada por el Juez del Trabajo”[59].
Dicha
garantía, está consagrada en el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo
para los siguientes trabajadores:
“a) Los
fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses
después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6)
meses;
b) Los
trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical,
ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para
los fundadores;
(…)”
De acuerdo
con la norma transcrita, el fuero de los fundadores y de los adherentes[60],
empieza a regir desde el momento mismo de la constitución del sindicato.
Sin embargo, su oponibilidad frente al empleador rige desde que se le notifique
debidamente.
Sobre el
particular, esta Corporación ha sostenido:
“3.1.1
Desde cuándo y bajo qué condiciones opera el fuero sindical de los fundadores
de un sindicato.
Ahora bien,
la jurisprudencia ha admitido que los fundadores de un sindicato gozan de fuero
sindical a partir de la fecha de la asamblea constitutiva del mismo y por el
solo hecho de su fundación. En este sentido la Corte ha expresado:
‘En efecto,
el artículo 406 del C.S.T., modificado por el 57 de la Ley 50 del 90, señala
que el fuero sindical de los trabajadores que ingresaren al sindicato con
anterioridad al registro del mismo, corre a partir del día en que se constituye
la organización laboral, hasta dos meses después de la inscripción,
sin exceder los seis meses’.[61]
(subrayas fuera del original)
Es decir,
la operancia del fuero sindical es incondicional y automática desde el momento
de la asamblea constitutiva. Ello obedece a que, según la Constitución, la ley
y los tratados internacionales, la misma organización sindical nace a la vida
jurídica desde el momento de su fundación y desde entonces obtiene
automáticamente personería jurídica. Ciertamente, como se explico en la
Sentencia T-784 de 2001[62],
las organizaciones sindicales nacen desde el momento de su fundación, pues así
se deduce del artículo 39 de la Constitución Política y del Convenio 87 de la
O.I.T., suscrito el 9 de julio de 1948, y aprobado por Colombia, mediante la
Ley 27 de 1987. Como consecuencia de lo anterior, el artículo 44 de la ley 50
de 1990, establece en los siguientes términos lo que se ha denominado la “personería
jurídica automática”:
‘Artículo
44. Toda organización sindical de trabajadores, por el sólo hecho de su
fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de
personería jurídica’.
Así pues,
si la organización sindical nace a la vida jurídica desde el momento de su
constitución, y si el fuero sindical es una garantía que se reconoce en
beneficio del sindicato mismo para asegurar su existencia, entonces debe operar
también en cabeza del trabajador desde el mismo momento en que se funda el
sindicato.”[63]
Bajo ese
entendido, el nacimiento de esta protección para los fundadores y
adherentes de un sindicato, no está sujeto a condición alguna, distinta de
la constitución del mismo y la prueba de la existencia de dicho fuero, se
materializa con la comunicación al empleador relacionada con la creación de la
organización.
6.1.2.
Inscripción en el registro sindical
Sin perjuicio
de lo anterior, tanto el artículo 39 constitucional como el artículo 365 del
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 45 de la Ley 50 de
1990, consagran que toda organización sindical deberá inscribirse en el
registro que para tales efectos lleve el Ministerio de la Protección Social.
La finalidad
de este registro sindical, tal como lo señala el artículo 372 del C.S.T., es
permitir que el sindicato pueda actuar como tal, ejercer las funciones que la
ley y sus respectivos estatutos le señalen y ejercitar los derechos que le
correspondan frente a terceros[64].
Aspecto que permite afirmar que el citado registro, cumple con tres propósitos
fundamentales que son la publicidad, la seguridad y la prueba de la
organización sindical.
Ahora, la
manera como debe tramitarse este registro sindical está prevista en el artículo
366 del Código Sustantivo del Trabajo[65], norma que indica, que
una vez recibida la solicitud de inscripción, el Ministerio de la Protección
Social dispone de un término de quince (15) días hábiles para admitir, formular
objeciones o negar la precitada inscripción.
La admisión
de una organización sindical, no merece mayores reparos para esta Sala. Es
claro, que reunidos los requisitos de ley, el Ministerio procederá a realizar
el registro dentro de los términos establecidos.
En el evento
en que la solicitud de inscripción no contenga los requisitos exigidos por el
artículo 365 del C.S.T.[66],
el Ministerio formulará por escrito a los interesados las objeciones
pertinentes, para que sean corregidas. Recibidas las correcciones, el
Ministerio de la Protección Social cuenta con el término de diez (10) días
hábiles para pronunciarse sobre ellas.
Si el
Ministerio de Protección Social guarda silencio, es decir, no se pronuncia
sobre las correcciones en el término otorgado por la ley, el sindicato quedará
inscrito automáticamente en el registro correspondiente.
Específicamente,
en lo que hace referencia a la negación de la inscripción, el citado
artículo 366 consagra las causales por las cuales el Ministerio puede negar el
registro sindical, a saber:
i)
Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la
Constitución y a la Ley.
ii)
Cuando la organización sindical se constituya con un número de
miembros inferior al exigido por la Ley.
De manera
que, en el evento en que una organización sindical se encuentre dentro de las
anteriores causales, el Ministerio de la Protección Social negará su
inscripción y se entenderá que el sindicato no pudo haber existido y por ende,
tener personería jurídica.  Lo anterior, teniendo en cuenta que el derecho de
asociación sindical no es absoluto[67] y, que tal como lo
señala la Carta Política, está sujeto a que la estructura interna de los
sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se ajuste al orden legal y a
los principios democráticos[68].
Así, los
sindicatos que lleguen a constituirse, etapa en la que no interviene el Estado,
para garantizar su existencia deben cumplir unos requisitos mínimos,
determinados por el legislador en desarrollo del artículo 39 de la
Constitución. Y es en observancia de esos presupuestos que la Administración,
representada por el Ministerio de la Protección Social, cuenta con un término
máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
fecha de su presentación, para admitir, formular objeciones o negar la
inscripción en el registro sindical.
Para
concluir, es claro que la fundación de una organización sindical implica la
existencia de ésta, lo que traduce que tanto sus miembros fundadores como
su junta directiva, de acuerdo con la ley, gocen del beneficio del fuero
sindical, no pudiendo ser despedidos, trasladados o desmejorados sin el
permiso previo que otorga el juez del trabajo.
Sin embargo,
el sindicato sólo podrá actuar válidamente frente a terceros y ejercer las
funciones contempladas en los artículos 373 y 374 del Código Sustantivo del
Trabajo, a partir de su inscripción en el registro sindical ante el
Ministerio de la Protección Social. Lo anterior, por cuanto el precitado
registro sindical, se reitera, cumple con las funciones de publicidad y prueba
de la organización sindical.
Aún así, en el
evento de negarse la inscripción de la asociación sindical por no cumplir con
los requisitos señalados en la norma correspondiente, dicho sindicato, a partir
de ese momento se entenderá sin personería jurídica y en consecuencia,
desaparecerá la protección foral de sus afiliados. Lo anterior teniendo en
cuenta que la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y
gremiales deben ajustarse al orden constitucional y legal.
7.
Análisis del caso concreto
7.1.
Observaciones comunes a los expedientes T- 2.220.837 y T- 2.226.741
En los casos
objeto de estudio, de acuerdo con los documentos y pruebas obrantes en el
expediente, se encuentra establecido lo siguiente:
El 29 de
octubre de 2006, trabajadores de la empresa Bimbo de Colombia S.A. y Alpina
Productos Alimenticios S.A., fundaron la organización sindical denominada “Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria o Comercialización  de Productos
Alimenticios – SINTRALICO”–, novedad que se comunicó a los representantes
legales de las empresas, el 30 de octubre del mismo año.
El 2 de
noviembre de 2006, el presidente de SINTRALICO solicitó al Ministerio de la
Protección Social la inscripción en el Registro Sindical de la organización
antes referida.
Mediante
Resolución No. 003594, del 17 de noviembre de 2006, el Ministerio de la
Protección Social negó la inscripción de SINTRALICO en el Registro Sindical,
por considerar, entre otras razones, que sus estatutos eran contrarios a la
Constitución y a la Ley. Contra la anterior decisión, el sindicato interpuso
los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos
desfavorablemente, mediante las Resoluciones Nos. 001 y 00259 de 2 y 29 de
enero de 2007, respectivamente, quedando en firme la Resolución No. 003594.
7.2.
Observaciones del expediente T-2.220.837
El accionante,
Tarsicio de Jesús Santana Buitrago estuvo vinculado a la empresa Alpina
Productos Alimenticios S.A., desempeñando el cargo de ayudante de agencia. El
12 de diciembre de 2006, se adhirió a la asociación sindical SINTRALICO e
informó sobre dicha situación al empleador.
El 16 de
febrero de 2007, Alpina Productos Alimenticios S.A., dio por terminado el
contrato de trabajo celebrado con el señor Santana Buitrago, de forma
unilateral y, a juicio del accionante, sin justa causa.
Contra tal
decisión, el actor promovió proceso especial de fuero sindical, con el fin de
lograr el reintegro al cargo que venía desempeñando, pues, a su juicio, para el
momento del despido se encontraba amparado por fuero sindical, en su calidad de
adherente, de manera que su retiro solo era posible si mediaba la autorización
previa del juez laboral.
En sentencia
de primera instancia, dictada el 25 de abril de 2008, el Juzgado Quinto Laboral
del Circuito de Bogotá absolvió a la empresa demandada, por considerar que en
la medida en que la decisión del Ministerio de la Protección Social sobre la
inscripción de SINTRALICO en el registro sindical fue negativa, la organización
nunca existió y, por ende, no era posible predicar de sus miembros “fuero
sindical de adherentes”.
Por su parte,
el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, al resolver sobre la apelación
confirmó la decisión de primera instancia, aduciendo que, en el caso del actor,
el despido se produjo después de la ejecutoria de la decisión que negó la
inscripción en el registro sindical, por lo que aquél no gozaba de fuero
sindical.
7.3.
Observaciones del expediente T- 2.226.741
El señor
Rafael Reyes Aranda se vinculó a la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A.,
mediante contrato de trabajo a término indefinido, desempeñando el cargo de
ayudante de agencia, el día 15 de septiembre de 1998. El 2 de enero de 2007, se
adhirió a la asociación sindical SINTRALICO e informó sobre dicha situación al
empleador.
El 12 de
febrero de 2007, Alpina Productos Alimenticios S.A. dio por terminado su
contrato de trabajo, de forma unilateral y fundado en una justa causa.
Contra tal
decisión, el actor promovió proceso especial de fuero sindical, con el fin de
lograr el reintegro al cargo que venía desempeñando, ya que, en su criterio,
para el momento del despido se encontraba amparado por fuero sindical, en su
calidad de adherente, de manera que su retiro solo era posible si mediaba la
autorización previa del juez laboral.
Mediante
sentencia del 5 de febrero de 2008, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito
de Bogotá decidió absolver a la demandada, Alpina Productos Alimenticios S.A.,
de los cargos en su contra, por considerar que el actor, para la fecha del
despido, no estaba amparado por la garantía foral, como quiera que la vocación
y expectativa de dicha garantía quedó extinta, ante el rechazo de la
inscripción de SINTRALICO en el registro sindical.
La Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 22 de mayo de 2008,
confirmó la decisión de primera instancia. Sostuvo al respecto, que el despido
se produjo después de la ejecutoria de la decisión que negó la inscripción en
el registro sindical, por lo que el accionante no gozaba de fuero sindical y
podía ser despedido, sin que mediara autorización judicial previa.
7.4.
Inexistencia de la protección foral en los casos objeto de estudio
De
conformidad con lo expuesto en los antecedentes y en la parte considerativa de
la presente providencia, para esta Sala de Revisión los accionantes, al momento
de su despido, no estaban amparados por el fuero sindical de adherentes.
Al respecto,
se observa que el Ministerio de la Protección Social, en uso de sus facultades
legales[69], mediante Resolución No.
003594, del 17 de noviembre de 2006, negó la inscripción de SINTRALICO[70],
en el Registro Sindical, por considerar, entre otras razones, que sus estatutos
eran contrarios a la Constitución y a la Ley. Decisión que fue confirmada en
las Resoluciones Nos. 001 y 00259 de 2 y 29 de enero de 2007, respectivamente.
Así, al
negarse la inscripción de la asociación sindical a la que se adhirieron los
actores por configurarse una de las causales señaladas por la norma,
consistente en ser los estatutos contrarios a la Constitución y la ley, dicho
sindicato, a partir de ese momento – 29 de enero de 2007[71]
–, se entiende sin personería jurídica.
Lo anterior teniendo en cuenta
que la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y
gremiales deben ajustarse al orden constitucional y legal.
En tal
virtud, no es de recibo la acusación formulada en las demandas, según la cual
Alpina Productos Alimenticios S.A. habría despedido a los accionantes mientras
gozaban de fuero sindical, afirmación apoyada en una interpretación que los
actores hacen del artículo 406 del C.S.T., el cual señala, en lo pertinente, lo
siguiente:
“Artículo
406. Trabajadores amparados por el fuero sindical. Están amparados por el fuero
sindical:
a)    Los
fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses
después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis
(6) meses;
b)    Los
trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical,
ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para
los fundadores;
(…)”.
De la norma
transcrita, se advierte que el término de dos meses allí contemplado, está
condicionado a que efectivamente se inscriba el sindicato en el respectivo
registro. Así mismo, los seis meses que señala el artículo hacen referencia al
tiempo que puede extenderse la protección frente a una eventual demora en que
pueda incurrir la autoridad competente para realizar la inscripción.
Por
consiguiente, no es acertada la interpretación que de la norma hicieron los
demandantes. En el presente caso, los miembros del sindicato, incluidos los
actores, gozaron del fuero sindical, nacido con la constitución de SINTRALICO,
hasta el momento en que quedó en firme la decisión de negar la inscripción de
dicha asociación, es decir, hasta el 29 de enero de 2007, ya que a partir de
esa fecha, el citado sindicato quedó sin personería jurídica y por ende, sin
existencia.
De acuerdo
con lo expuesto, la empresa no necesitaba permiso previo de la respectiva
autoridad laboral, toda vez que los señores Tarcisio Santana Buitrago y Rafael
Reyes Aranda al momento de ser notificados de su desvinculación, 16 y 12 de
febrero de 2007 respectivamente, no se encontraban amparados por el fuero
sindical de adherentes.
Bajo ese entendido, la Sala no
encuentra que en el presente caso se esté en presencia de una vulneración de
los derechos al debido proceso, al trabajo o de asociación sindical de los
demandantes.  En este evento, de acuerdo con lo decidido por la autoridad
administrativa competente, los estatutos de la organización sindical
SINTRALICO, no se ajustaron a los lineamientos constitucionales y legales,
situación que originó que no se inscribiera el sindicato en el respectivo
registro. Por lo tanto, al ser el fuero sindical un mecanismo de protección
establecido primariamente en favor del Sindicato, y sólo secundariamente para
proteger la estabilidad laboral de los representantes de los trabajadores[72],
y estando establecida la falta de legalidad en la conformación del sindicato,
carece de fundamento jurídico el fuero sindical que sus adherentes pretenden
reclamar, pues se trata de un derecho que, en sus aspectos subjetivos, depende,
de lleno, de la legalidad de la organización que se busca proteger.
De manera que
los anteriores elementos de juicio permiten concluir que, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá y los juzgados laborales accionados no incurrieron
en un comportamiento constitutivo de una vía de hecho, ya que al no existir el
sindicato al momento del despido, como consecuencia de la no inscripción
en el registro sindical, los accionantes no gozaban del fuero alegado en sus
escritos de tutela como adherentes de SINTRALICO.
En consecuencia y de acuerdo con
los argumentos expuestos, la Sala procederá a confirmar la sentencia proferida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dictada dentro de
las acciones de tutela de la referencia.
VI.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos
procesales decretada mediante auto de fecha 28 de agosto de 2009.
Segundo.- CONFIRMAR
la decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, dentro de las acciones de tutela de la referencia.
Tercero.-
Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación a la que alude el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
Con aclaración de
voto
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-733/11
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desacuerdo con las causales especiales de procedibilidad
referidas en sentencia C-590/05
Referencia:
expedientes acumulados T-2220837 y 2226741
Acción de
tutela de Jesús Santana Buitrago y Rafael Reyes Aranda contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá
y el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá
Magistrado
ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado ponente, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de las resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
no existían razones que justificaran invalidar la interpretación que dentro de
un asunto de su competencia efectuó la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá y los juzgados accionados, debo aclarar mi voto pues siempre he
disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y
en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la
decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[73],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo
refiriendo se pone de presente en la cita que se efectúa (páginas 13 a 15) de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas
consideraciones discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con dicha sentencia,
que el actual fallo invoca como parte de la fundamentación, radica en el hecho
de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan
todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común
contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima
que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de
la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o
más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto
desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo
mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto
en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito
de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al
constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien
esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce
sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las
consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello
no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[74],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la
C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa
providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional
(art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada, que la tutela contra
decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra otros
importantes valores constitucionales, como el “principio democrático de la
autonomía funcional del juez”, “la independencia y desconcentración que
caracterizan a la administración de justicia” y “la función
garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia se
declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590
de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión
adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas consideraciones con
alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto en el caso de la
referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1]
Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño.
[2]
Sentencia T-191 del 25 de marzo de 1999, MP. Fabio Morón Díaz; T-1223 del 22 de
noviembre de 2001, MP. Álvaro Tafur Galvis; T-907 del 3 de noviembre de 2006,
MP. Rodrigo Escobar Gil; entre otras.
[3] Sentencia T-1217 de 2003,
MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[4] “Sentencia
T-504 de mayo 8 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell”.
[5] “Sentencia
T-315 del 1 de abril de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño”.
[6] “Sentencias
T-008 del 22 de enero de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.
[7] “Sentencia
T-658 del 11 de noviembre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz”.
[8] “Sentencias
T-088 del 17 de febrero de 1999. M.P. José Gregorio Hernández y SU-1219 del 21
de noviembre de 2001. M.P. Manuel José Cepeda”.
[9] “Sentencia
T-522 del 18 de mayo de 2001. M.P. Manuel José Cepeda”.
[10] “Sentencias
T-1625 de noviembre 23 de 2000. M.P. Martha Victoria Sáchica; T-1031 de
septiembre 27 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre y T-462 de junio 5 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre”
[11]
Sentencia T-330 de abril 4 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.
[12]
Organización jerárquica y previsión de grados de consulta o
de recursos ordinarios y extraordinarios en las distintas jurisdicciones.
[13] Sentencia
T-698 de 2004. M. P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[14] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-836 de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[15] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-1130 de 2003.
[16] Sentencia T-934 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[17] “En la sentencia T-1317 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.”
[18]
Sentencia T-292 de abril 6 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda.
[19]
Sentencia T-014 de enero 22 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[20]
Al respecto puede consultarse la sentencia C-836 de agosto 9 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[21]
Ver sentencia T-1625 de noviembre 23 de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica.
[22]
Sentencia T-1092 de diciembre 14 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto.
[23] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-731 de 2006. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[24] Ver
sentencia T-567 de 1998.
[25] Sentencia Ibídem.
[26] Ibídem.
[27]Cfr. sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su
decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía
de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de
tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del
equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta
indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en
cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales
para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora,
fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[28] Ver sentencia T-576 de 1993.
[29] Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[30] Ver Sentencia T-538 de 1994. Recientemente en
sentencia T-086 de 2007 se explicó de la siguiente manera: “(ii) Se produce
un defecto fáctico en una providencia, cuando de la actividad probatoria
ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió
la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce
“la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba  que
se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,
o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente”. En una dimensión positiva, el
defecto fáctico tiene lugar, cuando “la valoración de pruebas, igualmente
esenciales que el juzgador no se puede apreciar, sin desconocer la Constitución”. Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.).  En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una
acción de tutela  por vía de hecho cuando se “observa que de una manera
manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
“debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia”.
[31]
Sentencia T-442 de 1994.
[32]
Ver sentencias T-055 de 1997 y T-008 de 1998.
[33] Sentencia T-590 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[34] Sentencias T-902 de 2005 y T- 458 de 2007.
[35] MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[36] M.P. Martha Sáchica de
Moncaleano.
[37] M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[38] M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[39] MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[40] Cfr. sentencia T-442 de 1994 MP. Antonio
Barrera Carbonell.
[41] M.P. Manuel Cepeda
Espinosa.
[42] M.P. Humberto Sierra
Porto.
[43] M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[44] El defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio
aparece ampliamente explicado en la sentencia T- 450 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, en un caso en donde el juez  falló en contra de la evidencia
probatoria.
[45] Ver sentencia T-025 de 2001.
[46] Como se ha sostenido en las sentencias T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[47] “Este defecto entonces, puede concretarse cuando: a) hay falta de
práctica y/o decreto de pruebas conducentes para el caso debatido, valga decir,
insuficiencia probatoria; b) la errada o defectuosa interpretación de
las pruebas allegadas al proceso o interpretación errónea; c) la
valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho, o sea la ineptitud e
ilegalidad de la prueba.” Sentencia T-840 de 2006.M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[48]
“En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe”
Sentencia T-336 de 1995, reiterada por la T-008 de 1998.
[49] La norma superior
excluye de este derecho a los miembros de la Fuerza Pública.
[50] Subrogado
por el artículo 1° del decreto 204 de 1957.
[51] Cfr. Sentencia T-326 de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz.
[52] Sentencia C-593 de 1993.
[53] Al respecto pueden consultarse el artículo 18
del Decreto Ley 2350 de 1944, y el artículo 40 de la ley 6ª de 1945.
[54] Cfr. Sentencia 330 de
2005. MP. Humberto Sierra Porto.
[55] La calificación judicial del despido,
traslado o desmejora de los trabajadores aforados está a cargo de la justicia
laboral ordinaria. Es decir la competencia para desatar los problemas
suscitados con ocasión del fuero sindical, sin importar si se trata de
empleados públicos, corresponde a la jurisdicción laboral. El artículo 2º de la
ley 362 de 1997 señala que: “(... )La jurisdicción del trabajo está
instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o
indirectamente del contrato de trabajo. También conocerá de la ejecución de las
obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fuero
sindical de los trabajadores particulares y oficiales y del que corresponda a
los empleados públicos”.
[56] Ver artículo 405 del
Código Sustantivo del Trabajo.
[57]
Al respecto puede consultarse la sentencia C-710 de 1996.
[58]
Mediante el cual se modificó el artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo.
“Artículo 44. El artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: Artículo
364. Personería Jurídica. Toda organización sindical de trabajadores por el
solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva,
goza de personería jurídica.”
[59] Artículo 405 del C.S.T.
[60] Siempre y cuando
ingresen al sindicato con anterioridad a la inscripción de éste en el registro
sindical.
[61] Sentencia T- 322 de
1999.
[62]
“M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  En esta sentencia la Corte afirmó que las organizaciones sindicales nacen desde el momento de su fundación,  pues
así  se deduce del artículo 39 de la Constitución Política y Convenio 87 de la O.I.T., suscrito el 9 de julio de 1948, y aprobado
por Colombia, mediante la Ley 27 de 1987. Como consecuencia de lo anterior, el
artículo 44 de la ley 50 de 1990, estableció lo que se ha denominado la
personería jurídica automática. Dice el precepto : “Artículo 44. Toda
organización sindical de trabajadores, por el sólo hecho de su fundación, y a
partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica.”
Siempre y cuando cumpla con el número mínimo de afiliados, 25, según el
artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo.
En el mismo sentido, en la
sentencia C-567 de 2000 (M.P Alfredo Beltrán Sierra),  la Corte  estudio el tema de los efectos de la inscripción del sindicato naciente ante el
Ministerio,  frente al momento de su creación, explicando cómo la organización
sindical nace en forma independiente de tal inscripción. En dicho
pronunciamiento se hizo ver que son dos etapas que hay que diferenciar: una,
cuando nace el sindicato y adquiere personería jurídica, y, otra, el momento de
la inscripción ante las autoridades administrativas correspondientes, para
efectos de publicidad, seguridad y prueba. Como consecuencia de lo anterior, se
dijo en esa sentencia que “El reconocimiento automático de la personería
jurídica fue el propósito del legislador al expedir la Ley 50 de 1990, y, en este camino, resultan ajustadas a la Constitución los preceptos de la misma ley que así lo garanticen, y, obviamente, contrarios a
la Constitución disposiciones que lo obstaculicen.”
[63] Ver Sentencia T-873 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[64]
De acuerdo con el artículo 373, son funciones y facultades de los sindicatos:
1. Estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios,
prestaciones, honorarios, sistema de protección o de prevención de accidentes y
demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su
mejoramiento y su defensa.  2. Propulsar el acercamiento de patronos y
trabajadores sobre las bases de justicia, de mutuo respeto y de subordinación a
la ley y colaborar en el perfeccionamiento de los métodos peculiares de la
respectiva actividad y en el incremento de la economía general.  3. Celebrar
convenciones colectivas y contratos sindicales, garantizar su cumplimiento por
parte de sus afiliados  y ejercer los derechos y acciones que de ellos nazcan.
4. Asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos emanados de un
contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente, y representarlos
ante las autoridades administrativas, ante los patronos y ante terceros. 5
Representar en juicio o ante cualesquiera autoridades u organismos los
intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión
respectiva, y representar esos mismos intereses ante los patronos y terceros en
caso de conflictos que no hayan podido resolverse por arreglo directo,
procurando la conciliación.  6. Promover la educación técnica y general de sus
miembros.  7. Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación,
enfermedad, invalidez o calamidad.  8. Promover la creación y fomentar el
desarrollo de cooperativas, cajas de ahorro, préstamos y auxilios mutuos,
escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional,
oficinas de colaboración, hospitales, campos de experimentación o de deportes y
demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de
solidaridad y previsión contemplados en los estatutos.  9. Servir de
intermediarios para la adquisición y distribución entre sus afiliados de
artículos de consumo, materias primas y elementos de trabajo a precio de
costo.  10. Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles
que requieran para el ejercicio de sus actividades.
Así mismo, el artículo 374
Ibídem consagra otras funciones así: 1. Designar (de entre sus propios
afiliados) las comisiones de reclamos permanentes o transitorias, y los
delegados del sindicato en las comisiones disciplinarias que se acuerden.  2.
Presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo o a las
diferencias con los patronos, cualquiera que sea su origen y que no estén
sometidas por la ley o la convención a un procedimiento distinto, o que no
hayan podido ser resueltas por otros medios.  3. Adelantar la tramitación legal
de los pliegos de peticiones, designar y autorizar a los (afiliados) que deban
negociarlos y nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar.  4.
Declarar la huelga, de acuerdo con los preceptos de la ley.  Los textos en paréntesis
de los numerales 1 y 3, fueron declarados inexequibles por la Corte  Constitucional mediante la sentencia C – 797 de 2000.
[65] Subrogado
por el artículo 46 de la Ley 50 de 1990.
[66]
El artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 45
de la Ley 50 de 1990, establece que dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato presentará ante
el Ministerio de la Protección Social, solicitud escrita de inscripción en el
registro sindical, acompañándola de los siguientes documentos: a). Copia del
acta de fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su documento
de identidad.  b). Copia del acta de elección de la junta directiva, con los
mismos requisitos del ordinal anterior. c). Copia del acta de la asamblea, en
que fueron aprobados los estatutos. d). Un (1) ejemplar de los estatutos del
sindicato, autenticados por el secretario de la junta directiva. e). Modificado
por el artículo 4º de la Ley 584 de 2000.  Nómina de la junta directiva
y documento de identidad; f). Modificado por el artículo 4º de la Ley 584 de 2000.  Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente
documento de identidad.
[67] Cfr. Sentencia C-734 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo.
[68] Artículo 39 de la Constitución Nacional.
[69] Artículo 366 del Código
Sustantivo del Trabajo.
[70] Creado
el 29 de octubre de 2006.
[71] Fecha de la última
decisión.
[72] Sentencia
C-215 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[73]
Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las
sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007;
T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256
de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las
sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925,
T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364,
T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103, T-119 T-148, T-653, T-707, T-769,
SU- 817, T-954, T-1054 de 2010; T-388, T-464, 510, T-512, T-513, T-520, T-568,
T-593 y T-661 de 2011, entre otras.
[74] C-590 de 2005.