T-723-16
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 478 de fecha 13 de septiembre de 2017,
el cual se anexa en la parte final, se declara la nulidad de la presente
providencia por violar el debido proceso de un tercero con interés legítimo en
la decisión, como consecuencia de haberle impartido órdenes sin que previamente
se hubiese vinculado al trámite de tutela
NOTA DE RELATORIA: Mediante Auto 263 de fecha 7 de junio de 2017, el cual se
anexa en la parte final de esta providencia,   se dispone aclarar el
numeral tercero de su parte resolutiva, específicamente en lo relacionado con
la orden de reintegro de la accionante y el reconocimiento del salario y las
prestaciones correspondientes
Sentencia T-723/16
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Persona
con discapacidad o con alguna enfermedad grave
DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD O EN CONDICIONES DE DEBILIDAD
MANIFIESTA-Protección constitucional especial
En el caso de las personas
con discapacidad, “es el
derecho que garantiza la permanencia en el empleo, luego de haber adquirido la
respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección
especial y de conformidad con su capacidad laboral.” Adicionalmente, la protección especial de
quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta
se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su
situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus
labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una
calificación previa que acredita una discapacidad. En este contexto, la estabilidad
laboral reforzada hace ineficaz el despido o desvinculación cuando la razón del
mismo es la condición especial que caracteriza al trabajador.
DERECHOS CONSTITUCIONALES
LABORALES-Protección constitucional/DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO-Protección
constitucional
PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA
REALIDAD SOBRE FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR SUJETOS DE RELACIONES LABORALES
La teoría de la primacía
de la realidad sobre las formas se aplica en aquellos casos en los cuales el
Estado encubre relaciones laborales en contratos de prestación de servicios,
actuación que implica “desconocer
por un lado, los principios que rigen el funcionamiento de la función pública,
y por otro lado, las prestaciones sociales que son propias a la actividad
laboral”.
CONTRATO REALIDAD Y PRINCIPIO
DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS EN MATERIA LABORAL-Reiteración
de jurisprudencia
CONTRATO REALIDAD-Jurisprudencia
del Consejo de Estado
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD O DISMINUCION FISICA EN CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS-Reiteración de jurisprudencia
La
vinculación contractual laboral no es determinante para conceder la protección
constitucional, sin que ello impida declarar la existencia de un contrato
laboral si en la realidad se ha configurado, por considerar que es la que se
ajusta al espíritu de protección de las garantías laborales de la Carta
Política.
DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Vulneración por
entidad distrital al terminar contrato de trabajo sin contar con autorización
previa del Ministerio del Trabajo
DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Orden a Alcaldía
reintegrar a la accionante al cargo que venía desempeñando y pagarle la
indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario
Referencia:
Expediente T-5.692.280
Acción de Tutela instaurada por
María Eugenia Leyton Cortés contra la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá,
dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los magistrados Aquiles Arrieta Gómez–quien la preside–, Alberto Rojas Ríos y
Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9°
de la Constitución Política, profiere la siguiente,
SENTENCIA
En el
trámite de revisión del fallo de tutela proferido en única instancia el
veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Ochenta y
Seis Civil Municipal de Bogotá.  Conforme a lo consagrado en los artículos 86
de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección
Número Ocho de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, el
asunto de la referencia.[1]
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
I.
ANTECEDENTES
María
Eugenia Leyton Cortés solicita mediante acción de tutela la protección de sus
derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital, a una vida digna, al
trabajo, a la igualdad, presuntamente vulnerados por la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C, al terminar unilateralmente su contrato de trabajo sin tener en cuenta su
condición personal. Basa su solicitud en los siguientes hechos y argumentos.
1.  Hechos, argumentos y solicitud
1.1.
Sostiene la accionante que sufre de “Polineuropatía diabética
funcional para la marcha- trastorno depresivo entre otras”, razón por la
cual debe estar en permanente tratamiento médico. Dice que se mantiene con
dolores fuertes en el cuerpo, lo que afecta su anatomía funcional y su
movilidad. Tal condición le generó una pérdida de capacidad laboral del 62.30%.[2] Además, expresa
que es una persona de escasos recursos, “sin redes de apoyo, a pesar de mi
discapacidad debo suministrarme mi propia subsistencia”.
1.2.
Indica que el 23 de junio de 2015, después de superar las etapas de
selección establecidas por el Secretario de Gobierno de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, fue seleccionada para iniciar a laborar con dicha entidad mediante “contrato
de vinculación  para trabajadores con discapacidad desempeñando la labor de
operador de recepción en la línea de emergencias 1, 2, 3”. El cargo lo
desempeñó hasta el 23 de abril de 2016, cuando la nueva administración decidió
unilateralmente terminar su contrato de trabajo.[3]
Al respecto precisó lo siguiente: “sin consideración para con la situación de
salud que atravesaba en ese momento y que a la fecha se ha venido agravando
notoriamente, y sin que MI EXPATRONO, entre otras obligaciones se dignara a
indemnizarme siquiera por ese concepto, la cual corresponde a ciento ochenta
(180) días, y además de no cancelarme los salarios desde la fecha del despido,
como las prestaciones sociales, dado que existió en el desarrollo del contrato
la subordinación, cumpliendo órdenes, horarios de trabajo, turnos etc, es
decir, se reunían todas las condiciones de un CONTRATO DE TRABAJO”.
1.3.
La señora Leyton Cortés precisó que la remuneración mensual básica que
recibía ascendía a la suma de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000).  Al
dar por terminado su contrato de trabajo, obviamente volvió a estar en una
grave situación.
1.4.
Alega que la entidad accionada a pesar de las múltiples solicitudes
verbales que ha realizado debido a su situación de debilidad manifiesta le
responde que no tiene obligaciones con ella y no la pueden vincular a
nómina porque percibe una pensión de invalidez. Aclara que en la actualidad solo
recibe trecientos veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro pesos
($323.954) mensuales de su pensión por discapacidad y con ese dinero debe
proporcionarse vivienda, alimento, vestido y transporte. As u juicio, esto
demuestra que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, en
especial si se tiene en cuenta que vive con su esposo de 76 años, “enferma
en un apartamento donde las personas de buen corazón me han acogido. Me es
imposible subsistir con este dinero, dado que yo carezco de redes de apoyo que
me puedan ayudar al menos compartiendo un cuarto y una agua de panela, máxime
que la enfermedad que padezco me exige una buena alimentación y no estoy en
condiciones de proporcionármela.”
1.5.
La accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales a la
salud, al mínimo vital, a una vida digna y al trabajo, en tanto es una persona
en situación de discapacidad. Alega que todavía puede ejercer la labor de
operador del 1, 2, 3. Al suspender su asignación mensual se afectó de manera
grave su situación económica[4],
por lo que pide insistentemente su reintegro laboral.
2.       Traslado
y contestación de la demanda[5]
2.1.
La Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, actuando a
través de apoderado se manifiesta acerca de los hechos de la tutela. Al
respecto, indica:
“Respecto de los
hechos de la tutela, resulta oportuno realizar las siguientes precisiones: No
es cierto como lo afirma la accionante, respecto de su participación en un
proceso de selección en la Secretaría Distrital de Gobierno, producto del cual
fue vinculada con mi representada. Así mismo, según información recibida de la
dirección de gestión humana, la hoy accionante no hace, ni
ha hecho parte de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Gobierno
y sus dependencias. La vinculación laboral referida por la accionante en el
escrito de tutela corresponde a un contrato de prestación de servicios
celebrado entre la contratista y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y
no con mi representada, la Secretaría de Gobierno (…)
Ahora bien como el contenido de la acción de tutela versa sobre
la relación laboral que tenía la accionante con el Fondo de Vigilancia y
Seguridad de Bogotá, siendo esta entidad quien debe precisamente pronunciarse
respecto de los hechos y pretensiones referidos por la misma, puesto que mi
representada, la Secretaría Distrital de Gobierno no interviene en ninguna
parte dentro de los procesos de contratación adelantados por el Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá, siendo esta una entidad con autonomía administrativa
y presupuestal (…)”
2.2.
El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá,[6] a través de apoderado
judicial, insiste en que la actora tiene otras vías judiciales para controvertir
sus pretensiones, como es el caso de la acción contractual ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. Igualmente, precisa que es la misma tutelante
la que pone de presente que la situación de discapacidad que padece fue uno de
los aspectos a tener en cuenta para suscribir con ella el contrato de
prestación de servicios. En esta medida, alega que nunca se ha desconocido la
patología que presenta, lo cual consta también en el examen ocupacional que se
le practicó. Finalmente, resalta que los antecedentes y el objeto contractual
son claros en manifestar que no existía vinculación de tipo laboral, tal como
se advierte en la cláusula decima quinta del contrato 0642 de 2015.[7] En
consecuencia, no existe obligación de cancelar indemnización alguna. En este caso,
dice, el contrato de prestación de servicios se terminó por vencimiento del
plazo pactado y no por su condición de invalidez. Además, no hay perjuicio ya
que la propia accionante confiesa gozar de pensión de invalidez.
3.   Decisión única de
Instancia
Mediante
providencia del veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016), el
Juzgado Ochenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, resuelve negar la protección
de los derechos fundamentales invocados por la actora y desvincular de la
presente acción a la Secretaría Distrital de Bogotá. Consideró que conforme a “las
pruebas allegadas y lo expresado por las partes, en efecto la ciudadana María
Eugenia Leyton Cortés mantuvo un vínculo contractual con el Fondo de Vigilancia
y Seguridad de Bogotá, el cual terminó por vencimiento del término pactado en
el contrato de prestación de servicios”. Además, señaló que “las partes
convergen en determinar que se tenía conocimiento de la discapacidad presentada
por la contratista desde antes del inicio del contrato y que la misma es beneficiaria
de pensión de invalidez teniendo cobertura en el sistema de seguridad social en
salud a través de la Nueva EPS, lo que permite inferir que a pesar de sus
limitaciones la misma no padecía serios deterioros que le impidieran desempeñar
la labor encomendada en el contrato suscrito”. Precisa que la actora
conocía plenamente las cláusulas del contrato y la fecha de terminación del
mismo y “[a]l terminarse el vínculo no estaba cobijada por ningún fuero
legal que obligara a la entidad a mantener una nueva vinculación, y mucho menos
que pudiera ampararse bajo el principio de estabilidad laboral reforzada, pues
se itera aunque  en sus manifestaciones la misma indique que no cuenta con
apoyo de ninguna índole, las pruebas demuestran lo contrario, que percibe una
mesada pensional con la cual puede procurarse su subsistencia”. Por último,
resalta que si la actora lo considera puede acudir “a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo de forma tal que el juez de la causa, con el pleno de
las garantías del debido proceso, pueda desplegar todas sus facultadas para
indagar, si en efecto, ha existido un despido injusto o un vínculo laboral que
genere el pago de las indemnizaciones y prestaciones que reclama y por ende hay
lugar al reintegro pedido. Más, tampoco se advierte la existencia de un
perjuicio irremediable, supuesto que en caso particular, no se encuentra
acreditado, pues ni siquiera se  precisaron las circunstancias que lo
aparejaban”.
4. Actuación en
Sede de Revisión
Mediante auto del
28 de octubre de 2016 el Magistrado ponente ofició a la accionante para que
informara si “1. De conformidad con su situación de salud, durante la
vigencia y ejecución del contrato de prestación de servicios tuvo que
ausentarse para acudir al médico para el tratamiento de su enfermedad.
Especifique las fechas y de ser posible, adjuntar la historia clínica.|| 2. Si
durante la ejecución del contrato de prestación de servicios fue incapacitada
por motivo de su enfermedad. En caso afirmativo, señalar las fechas y adjuntar
documentos de soporte. Además, indicar si alguna persona dentro de la entidad
accionada recibió las incapacidades y cuál fue el trámite impartido. || 3. En
virtud de las respuestas anteriores, si dentro de la entidad accionada una
persona debía autorizar sus permisos o inasistencias. || 4. Manifieste si usted
cumplía horario. En caso afirmativo, cuál era ese horario laboral. Además,
indicar si en caso de incumplimiento, había alguna consecuencia.|| 5. Si
existió subordinación o dependencia respecto del empleador que facultara a éste
para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo. De ser afirmativa la respuesta, señalar en
qué consistía dicha subordinación.”  Adicionalmente, requirió al Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá para que indicara “1. Si la accionante
cumplía un horario. || 2.  Si existió continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador, que facultara a éste para exigirle el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo.|| 3. Si en la actualidad alguien ejerce las funciones que
desarrollaba la accionante en vigencia de su contrato.”
4.1. Mediante
escrito del 4 de noviembre de 2016[8]
la liquidadora del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en Liquidación,
dio respuesta de la siguiente manera:
“1. La accionante no cumplía horarios, desempeñaba las
obligaciones contractuales de un contrato de prestación de servicios en
diferentes turnos para atender la línea de emergencias 123, de conformidad con
las necesidades de prestación del referido servicio.
2. Nunca existió subordinación o dependencia de la prestadora del
servicio con el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ hoy en liquidación.
Por lo anterior, nunca se le exigió cumplimiento de órdenes, en cuanto al modo
tiempo o cantidad de los servicios contratados, tal como se argumentó en la
respuesta a la acción de tutela interpuesta.
3. Me permito informar que el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE
BOGOTÁ se suprimió por acuerdo Distrital 637 de 2016 y se ordenó su liquidación
mediante Decreto N. 409 de 30 de septiembre de 2016, de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, copias de los mismos que anexo al presente escrito. Igualmente anexo
copias de mi nombramiento y posesión como liquidadora. Por lo anterior en la
actualidad el FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ en Liquidación no
realiza contratación para las obligaciones que cumplía la accionante.”
4.2. De otra parte, se advierte
constancia secretarial relacionada con la imposibilidad de notificar
personalmente a la demandante,[9]
motivo por el cual se envió copia del auto al correo electrónico suministrado.[10] El 25 de
noviembre de 2016, la accionante dio respuesta al requerimiento manifestando en
primer lugar que “no recuerda las fechas exactas de las incapacidades. Los
reportes de las incapacidades se le entregaban a la supervisora y jefe de
sección la señora Luz Dary Cuervo. A ella se le pedían los permisos para las
citas con especialistas, porque las citas con médico general había que pedirlas
en horas que no tuviéramos turno”.[11]
Señaló al respecto, los nombres de las personas que tenían a cargo la
supervisión de las funciones.  Adicionalmente, indicó que “nosotros sí
cumplíamos horarios de entrada que se marcaban con el carnet del NUSE con el
código de barras. Nosotros como población discapacitada no teníamos trato
especial, igualdad de condiciones, su SEÑORÍA con todo respeto fui discriminada
por mi condición médica.” Finalmente, reiteró su solicitud de protección de
sus derechos fundamentales teniendo en cuenta su condición de discapacidad.
II.
CONSIDERACIONES DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia y
procedibilidad
1.1. La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas
en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para
revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia. Además,
procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala
correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
1.2. En este caso, considera la Sala de Revisión que aunque
la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial que en
condiciones normales le permitiría ventilar las pretensiones planteadas por vía
de tutela en un proceso ordinario, es evidente la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra la señora Leyton Cortés como consecuencia de
su estado de salud.[12]  Por lo tanto, someterla a
esperar que la justicia ordinaria resuelva de fondo sus pretensiones, haría
nugatoria la protección efectiva de sus derechos constitucionales.[13]
Adicionalmente, se cumple con el presupuesto de inmediatez en la medida que la
terminación del contrato de prestación de servicios ocurrió el 23 de abril de
2016 y la presentación de la acción de tutela data del 15 de junio de 2016.
2.
Problema jurídico
2.1. Teniendo en cuenta la situación
expuesta, corresponde a la Corte Constitucional determinar el siguiente
problema jurídico: ¿una entidad pública vulnera los derechos fundamentales a la
salud, al mínimo vital en dignidad, al trabajo y a la igualdad de una persona
en situación de discapacidad, al terminar unilateralmente su contrato de
prestación de servicios sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, aun
cuando el plazo convenido se había vencido?
2.2. Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre (i) la protección
constitucional a personas en condición de debilidad manifiesta; (ii) la
estabilidad reforzada de las personas con discapacidad o en condición de
debilidad manifiesta en contratos de prestación de servicios y (iii) la protección
constitucional de las garantías laborales constitucionales. Finalmente, se
resolverá el caso concreto.
3.
La protección constitucional a personas en condición de discapacidad o en
debilidad manifiesta. Reiteración de jurisprudencia
3.1. De conformidad con el artículo 13 de la Constitución le
corresponde al Estado propiciar las condiciones para lograr que el mandato de
igualdad sea real y efectivo, especialmente para que las personas que de
acuerdo a su condición económica, física o mental se encuentren en estado de
debilidad manifiesta, tengan una especial protección.[14]
Así mismo, el artículo 53 de la Carta Política establece una protección
general de la estabilidad laboral de los trabajadores, reforzada cuando el
trabajador es una persona que, por sus condiciones particulares, puede llegar a
sufrir un grave detrimento a raíz de una desvinculación abusiva.[15]
En ese sentido, la Corte desarrolló el concepto de igualdad en las relaciones
laborales de la siguiente manera:
“(…) el llamado expreso de la norma superior a que las relaciones
entre las personas se desarrollen bajo el principio de la solidaridad, debe
extenderse a aquellas de carácter laboral. En ese sentido, las relaciones
laborales deben respetar principios constitucionales que, como el de
solidaridad, permiten a las partes reconocerse entre sí, como sujetos de
derechos constitucionales fundamentales, que quieren desarrollar su plan de
vida en condiciones mínimas de dignidad, y que para hacerlo, requieren apoyo
del Estado y de los demás particulares, especialmente, en aquellas situaciones
en las que las desigualdad material, la debilidad física o mental, o la falta
de oportunidades, les imponen obstáculos mayores en la consecución de sus
metas.” [16]
3.2. Esta figura de “estabilidad laboral reforzada” tiene
por titulares a: (i) mujeres embarazadas;[17]
(ii) personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por
motivos de salud;[18] (iii) aforados sindicales;[19]
y (iv) madres cabeza de familia.[20] En el caso de las personas con
discapacidad, “es el derecho que garantiza la permanencia en el empleo,
luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o
sicológica, como medida de protección especial y de conformidad con su
capacidad laboral.”[21] Adicionalmente, la
protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia
de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las
cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente
el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que
exista una calificación previa que acredita una discapacidad.[22]
En este contexto, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o
desvinculación cuando la razón del mismo es la condición especial que
caracteriza al trabajador. El sustento normativo de esta
protección especial se encuentra en los principios de Estado Social de Derecho,[23]
la igualdad material[24]
y la solidaridad social, consagrados en la Constitución Política. Estos
mandatos de optimización resaltan la obligación constitucional del Estado de
adoptar medidas de protección y garantía en favor de grupos vulnerables y
personas en condición de debilidad manifiesta.  Por su parte, la Ley 361
de 1997, expedida con fundamento en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la
Constitución, persigue proteger los derechos fundamentales, económicos,
sociales y culturales de las “personas con limitación”[25] y procurar su
completa realización personal y total integración a la sociedad.
3.3. Así las cosas, existe desconocimiento de los fundamentos
constitucionales y, especialmente, de los principios de igualdad y solidaridad
cuando se evidencia un trato diferente o discriminatorio a las personas en
condición de debilidad manifiesta por motivos de salud y a las calificadas como
personas en situación de discapacidad.[26]
4.
Protección constitucional de los derechos constitucionales laborales, Reiteración
de jurisprudencia
4.1. En varias oportunidades, esta Corporación también ha
protegido relaciones jurídicas que involucran derechos constitucionales
laborales, ya sea en relaciones formales o informales. Ha tutelado derechos en
contratos laborales formalmente reconocidos, en “contratos realidad” o en
contratos que involucren derechos laborales constitucionales así no se trate de
contratos llamados laborales por la legislación, como ocurre en ciertas
circunstancias en los contratos de prestación de servicios y las órdenes de
servicio, entre otros. En efecto, se ha reconocido la textura abierta y la especial naturaleza del trabajo y su
protección constitucional,[27]
la cual no implica exclusivamente la defensa de los derechos de los
trabajadores dependientes sino también la efectividad de su ejercicio autónomo.[28]
4.2. Así, por ejemplo, al entender la jurisprudencia el
trabajo “como un instrumento para obtener los recursos necesarios para
lograr una vida digna y como un mecanismo de realización personal y
profesional, es lógico concluir que son objeto de garantía superior tanto el
empleo como todas las modalidades de trabajo lícito.”[29] Desde
sus inicios, este Tribunal al resolver los conflictos presentados cuando el
Estado ha tratado de cumplir su deber de recuperar y proteger el espacio
público principalmente con el derecho fundamental al trabajo, ha sostenido que
“la prevalencia de la obligación del Estado de recuperar el espacio público
sobre intereses particulares, no lo exonera del deber de diseñar políticas
tendientes a proteger el trabajo de quienes resulten afectados con tales
decisiones.”[30]
Igualmente, al analizar otras situaciones en las que se han generado relaciones
laborales no formales, la Corte protegió los derechos laborales
constitucionales consagrados en el artículo 53. Por ejemplo, en sentencia T-629
de 2010 este Tribunal protegió los derechos fundamentales, entre ellos el
derecho al trabajo, de una trabajadora sexual y reconoció que “la
prostitución en los contornos delimitados por el Derecho, constituye una
actividad económica que hace parte de los mercados de servicios existentes,
sometido a sus propias reglas de oferta y demanda y en el que un cierto número
de actores procuran alcanzar un beneficio económico, para subsistir, proveerse
el mínimo vital, ganarse la vida o desarrollarse económicamente.” [31]   A su vez,
en la Sentencia T-442 de 2013 la Sala Séptima aunque declaró improcedente la
tutela, se pronunció sobre el bicitaxismo como una forma de economía informal.[32] Consideró
que durante los 10 años de ejercicio lícito de la actividad, la ausencia de
regulación y su consolidación como medio de transporte para muchas personas en
la ciudad, otorgó una confianza legítima a los trabajadores informales, que
esperaban continuar con el ejercicio del bicitaxismo. De forma que exhortó al
Ministerio de Transporte a expedir una regulación sobre la materia y a la
Alcaldía de Bogotá para que “cualquier medida que tome en relación con la
permisión o proscripción del bicitaxismo, la haga teniendo en cuenta que la
actividad no puede ser eliminada súbitamente, sino que, en caso de que ello
suceda de esta forma, debe otorgarse un plazo o diseñarse un plan que les
permita ejercer otra actividad con la cual puedan garantizar su derecho al
trabajo, observando siempre el principio de confianza legítima y las
condiciones para una adecuada implementación de la política pública en la
materia, conforme la jurisprudencia atrás citada”.  En la Sentencia T-204
de 2014 la Corte Constitucional consideró que aun cuando la actividad
desempeñada por el actor era ilegal, ésta se había mantenido en el tiempo y por
una decisión legítima de la administración se había producido un cambio intempestivo
en sus condiciones.[33]
Por esa razón, se protegieron los derechos laborales constitucionales del
tutelante y se ordenó su inscripción en un programa social que le posibilitara
el sustento de forma transitoria.[34]
Finalmente, a manera de ejemplo, en la Sentencia T-481 de 2014 esta
Corporación protegió el principio de confianza legítima y los derechos al
trabajo y al mínimo vital de un vendedor de minutos de celular y de aguacates
en Pereira, que se encontraba en situación de discapacidad y llevaba 16 años
ejerciendo el comercio informal en el mismo lugar.[35]
4.3. Si bien las decisiones citadas coinciden en aplicar el
principio de confianza legítima en relación con los derechos al trabajo y al
mínimo vital, en todos los casos, sin desconocer las circunstancias
particulares de cada uno, se protegieron los derechos laborales
constitucionales ínsitos en sus condiciones de vida y subsistencia. Igualmente
en estos casos se advierte el deber de la administración de proveer a las
personas afectadas por sus decisiones las soluciones de continuidad para que
les sea posible el ejercicio del trabajo en el futuro en condiciones dignas,
inclusive en aquellos casos en los que su actividad no se encuentra regulada o
devino en ilegal.
4.4. De otra parte, es un hecho
constatado por la jurisprudencia que los poderes públicos han utilizado de
forma abierta y amplia la figura del contrato de prestación de servicios para
enmascarar relaciones laborales y evadir consistentemente el pago de
prestaciones sociales, desconociendo así las garantías especiales de la
relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado además, la
excepcionalidad de este tipo de contratación.  En ese contexto, las garantías
de los trabajadores deben ser protegidas por los órganos competentes, con
independencia de las prácticas y artilugios estratégicos a los que acudan los
distintos empleadores para evitar vinculaciones de tipo laboral y burlar los
derechos laborales constitucionales de los trabajadores al servicio del Estado,
sobre todo cuando es éste el principal encargado, a través de sus entidades, de
garantizar el cumplimiento de la Carta Política. El uso indiscriminado de
contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la
Constitución, razón por la que la jurisprudencia ha establecido los casos en
los que se configura una relación laboral, con independencia del nombre que le
asignen las partes al contrato y ha sido enfática en sostener que, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 53 Superior, el principio de primacía de la
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales debe aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en
las celebradas por el Estado. Al respecto la Corte señaló que
“[a]sí las cosas,
independientemente del nombre que las partes asignen o denominen al contrato
porque lo realmente relevante es el contenido de la relación de trabajo,
existirá una relación laboral cuando: i) se presten servicios personales, ii)
se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o
condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una
contraprestación económica por el servicio u oficio prestado. Por el contrario,
existirá una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993 cuando: i) se
acuerde la prestación de servicios relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad pública, ii) no se pacte subordinación porque el
contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, iii) se
acuerde un valor por honorarios prestados y, iv) la labor contratada no pueda
realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados.
Dicho en otros términos, esta última condición para suscribir contratos de
prestación de servicios hace referencia a aquellos casos en los que la entidad
pública contratante requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias o
que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se
desdibujaría la relación contractual cuando se contratan por prestación de
servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que,
de manera permanente, se asignan a los empleados públicos.”[36]
Finalmente, conviene agregar que esta protección del
contrato realidad que no es ajena a las relaciones civiles –en el ámbito
público o privado–, tiene por finalidad reflejar la materialidad del acuerdo y
no solo en su forma, por cuanto, como quedó establecido, las dimensiones
propias del contrato de trabajo se pueden aplicar a otro tipo de situaciones
que subrepticiamente envuelvan relaciones laborales.
4.5. Esta Corporación en varias oportunidades ha protegido
los derechos transgredidos como consecuencia de prácticas evidentes y
frecuentes de configuración de contrato realidad. En la sentencia T-335 de 2004
la Sala de Revisión, luego de analizar las pruebas recaudadas, consideró que en
el caso concreto se presumía la existencia de un contrato realidad en la medida
que se configuraba el elemento de subordinación con cumplimiento de horario,
así como la prestación personal y la remuneración.[37] Por su parte, en la
sentencia T-903 de 2010 la Corte Constitucional concluyó que en el caso
analizado se configuraron los presupuestos jurídicos de un contrato realidad y
que el comportamiento de la administración reñía “de manera meridiana con
los postulados constitucionales que rigen el derecho al trabajo” tales como
el artículo 1, 13, 25 y 48 de la Carta Política.[38] Finalmente, en sentencia
T-480 de 2016, la Corte declaró la existencia de contrato de trabajo realidad
entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y cada una de las
ciento seis (106) accionantes en los expedientes analizados, por considerar que
en el desempeño de la labor de madre comunitaria, las demandantes “sí se
encontraban bajo la continuada subordinación o dependencia del ICBF, por cuanto
este último, como director, coordinador y ejecutor principal del Programa
Hogares Comunitarios de Bienestar, siempre tuvo el poder de dirección para
condicionar el servicio personal prestado por ellas y contó con diversas
facultades para imponer medidas o sanciones de naturaleza disciplinaria, ante
el incumplimiento de las directrices o lineamientos específicos que esa
misma entidad estableció para el funcionamiento y desarrollo del mencionado
programa.”[39]
Por su parte, el Consejo de Estado también ha reconocido la
existencia de contratos realidad en vinculaciones con la Administración
Pública. Por ejemplo, en sentencia proferida el 6 de marzo de 2008 por la Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección "A" se
constató la existencia de los tres elementos que configuran la relación laboral
en el caso estudiado, como son prestación personal del servicio, continua
subordinación y la remuneración correlativa y se indicó que la finalidad de los
contratos de prestación de servicios era negar la existencia de la relación
laboral y el pago de las prestaciones sociales que le son inherentes. [40] En la
sentencia del 15 de junio de 2011 proferida por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado la Sala manifestó “que el contrato de prestación de
servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos
laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral
sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir a los principios
constitucionales del artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las
normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de
condiciones a quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores
públicos”.[41]
4.6. Así mismo, en distintas oportunidades la Corte
Constitucional ha protegido derechos laborales constitucionales en casos de
vinculación a través de contratos de prestación de servicios u órdenes de
servicios. Por ejemplo, en la Sentencia T-490 de 2010 la Sala de Revisión
consideró que la actuación del Hospital demandado desconocía los derechos
fundamentales a la dignidad humana y a la estabilidad laboral reforzada de una
persona que se encontraba en una situación de debilidad manifiesta por no
renovar la orden de prestación de servicios, cuando la accionante se encontraba
incapacitada por el médico tratante como consecuencia de la lesión que padece.[42] En la Sentencia
T-886 de 2011, la Corte Constitucional, partiendo de la base de que la mujer
embarazada o en periodo de lactancia cuenta con una protección reforzada,
independientemente del tipo de contrato de trabajo que haya suscrito con su
empleador, concedió el amparo de los derechos solicitados por la accionante,
quién había suscrito tres contratos de prestación de servicios con el Instituto
Municipal del Deporte y la Recreación accionado para llevar a  cabo actividades
de fisioterapia, cuyo último contrato no fue renovado a pesar de contar con 6
meses de embarazo.[43]
En la Sentencia T-350 de 2016, este Tribunal consideró reprochable la actuación
de la Universidad demandada al dar por terminado
el contrato de prestación de servicios de la accionante con fundamento en el
cumplimiento del término pactado sin antes contar con la autorización de la
autoridad de trabajo correspondiente, la cual era necesaria por estar la
accionante embarazada y debido a que el objeto del contrato continuaría
desarrollándose.[44]
4.7. De la jurisprudencia descrita tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado se puede concluir que la teoría de la
primacía de la realidad sobre las formas se aplica en aquellos casos en los
cuales el Estado encubre relaciones laborales en contratos de prestación de
servicios, actuación que implica “desconocer por un lado, los principios que
rigen el funcionamiento de la función pública, y por otro lado, las
prestaciones sociales que son propias a la actividad laboral”.[45] En estos
eventos, para que proceda la declaración de existencia del contrato realidad el
juez constitucional deberá verificar el cumplimiento de los requisitos
dispuestos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. De manera que,
aun cuando se trata de relaciones laborales con el Estado, declarar la
existencia del contrato no significa que el trabajador adquiera la condición de
empleado público, pues como se indicó, sus características de vinculación a la
administración son diferentes. Así las cosas, procede la Sala a analizar la
posición de esta Corporación frente a la estabilidad reforzada de las personas
con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta en contratos de
prestación de servicios.
5.
La estabilidad reforzada de las personas con discapacidad o en condición de
debilidad manifiesta en contratos de prestación de servicios. Reiteración de
jurisprudencia
5.1. El derecho al trabajo, protegido por la Constitución
Política en varios de sus artículos,[46] contiene el principio de
estabilidad en el empleo, del cual, la jurisprudencia en apoyo de otros
mandatos constitucionales,[47] ha identificado el derecho a la
estabilidad reforzada para personas en situación de debilidad manifiesta por
razones de salud.  Por su parte, el legislador, en desarrollo de estos mandatos
constitucionales expidió la Ley 361 de 1997, a través de la cual adoptó medidas
para la integración social de la población con discapacidad.[48] Con esta ley, además de
disponer acciones positivas para propiciar la contratación de personas con
discapacidad,[49] se prohibió el despido
discriminatorio de personas con discapacidad,[50]
y se creó una restricción constitucionalmente legítima a la libertad
contractual del empleador, quien solo está facultado para terminar el vínculo
después de solicitar una autorización a la Oficina del Trabajo, para que ésta
determine si existe una justa causa para la terminación del vínculo.[51]
5.2. En cuanto a la jurisprudencia constitucional
relacionada con la estabilidad reforzada, desde sus inicios[52]
la Corte ha fijado las reglas para que proceda la protección laboral reforzada.
La Sentencia T-077 de 2014[53] recogió estos parámetros
señalando que:
“(i) La tutela no puede llegar al extremo de ser considerada el
instrumento para garantizar el reintegro de todas las personas retiradas de un
cargo, en la medida en que no existe un derecho fundamental general a la
estabilidad laboral. Sin embargo, en los casos en que la persona se encuentra
en una situación de debilidad manifiesta, la tutela puede llegar a ser
procedente como mecanismo de protección[54],
atendiendo las circunstancias particulares del caso.
(ii) El concepto de “estabilidad laboral reforzada” se ha
aplicado en situaciones en las que personas que gozan de ella, han sido
despedidas o sus contratos no han sido renovados, en claro desconocimiento de
las obligaciones constitucionales y de ley, para con las mujeres embarazadas,
trabajadores aforados, personas discapacitadas u otras personas en estado
debilidad manifiesta.
(iii) Con todo, no es suficiente la simple presencia de una
enfermedad o de una discapacidad en la persona, para que por vía de tutela se
conceda la protección constitucional descrita. Para que la defensa por vía de
tutela prospere, debe estar probado que la desvinculación fue consecuencia de
esa particular condición de debilidad, es decir, con ocasión de embarazo, de la
discapacidad, de la enfermedad, etc. En otras palabras, debe existir un nexo
causal entre la condición que consolida la debilidad manifiesta y la
desvinculación laboral[55].”[56]
Ahora, aunque en principio los casos analizados se
circunscribían a eventos en los cuales mediaba un contrato de trabajo,[57]
la jurisprudencia de esta Corporación ha aplicado esta protección a todas las
relaciones que tienen derechos laborales constitucionales inmersos, entre
ellas, el contrato de prestación de servicios. Sin embargo, esta aplicación no
ha sido uniforme, toda vez que en algunas providencias las Salas de Revisión
consideraron declarar la existencia de un contrato realidad antes de otorgar la
protección constitucional y en otras, este análisis no fue necesario para
conceder el amparo.
5.3. En la Sentencia T-1210 de 2008, la Corte Constitucional
se pronunció sobre el caso de una ciudadana a quien, a pesar de su enfermedad,
la alcaldía accionada no le prorrogó su contrato de prestación de servicios.[58]
Consideró la Sala, sin desconocer el estado de salud de la accionante, que no
se configuraban los presupuestos para declarar la existencia de un contrato
laboral ni se demostró un nexo causal entre la no renovación del contrato y su
condición de salud, por cuanto la enfermedad padecida no era evidente y el
contrato tenía duración de un mes.[59] Por estas razones, se negó el amparo
solicitado.
5.4. En la Sentencia T-490 de 2010, la Corte conoció de dos
casos de despido. Uno de ellos, trataba sobre una auxiliar de enfermería a
quien no le fue renovado su contrato de prestación de servicios por padecer
algunas “limitaciones físicas” que requerían terapias constantes, como
consecuencia de un accidente de trabajo.[60]
La Sala de Séptima de Revisión, dando aplicación al principio de solidaridad y
sin análisis previo de la existencia o no de un contrato realidad, concedió el
amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral de la accionante
considerando que: “la Corte Constitucional definió que sin
importar el tipo de relación laboral y la naturaleza de la discapacidad, todo
trabajador en esta situación tiene derecho a que se le garantice la estabilidad
laboral reforzada por estar en una condición de debilidad manifiesta. Por
tanto, el empleador podrá únicamente mediante autorización del inspector de
trabajo y por una justa causa objetiva desvincular al trabajador que presente
una disminución física o psíquica en su organismo”.[61]
A juicio de la Corte, en este caso, aunque la accionante estaba
vinculada mediante contrato de prestación de servicios, la no renovación fue
consecuencia de la situación de salud del accionante[62]. Por ende, ordenó a la
entidad la renovación del contrato de prestación de servicios.
5.5. Luego, en la Sentencia T-292 de 2011, la Sala Novena de
Revisión conoció el caso de una persona que consideró vulnerados sus derechos a
la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital, debido a que la alcaldía
accionada no le prorrogó el contrato de prestación de servicios a pesar de
estar incapacitada.[63]
Para resolver el problema jurídico planteado,[64]
la Corte determinó que el contrato de prestación de servicios encubría un
verdadero contrato laboral y en virtud de ello, aplicó la jurisprudencia
respecto de la protección laboral reforzada para personas en situación de
debilidad manifiesta por su condición de salud, encontrando que, en efecto, la
accionante fue despedida estando en incapacidad sin la autorización de la
autoridad competente y, por lo tanto, debía ser reintegrada a su puesto de
trabajo con las condiciones laborales a las que tenía derecho. En esta ocasión,
la Corte precisó la jurisprudencia al considerar necesario determinar primero
la eventual existencia de un verdadero contrato de trabajo, un análisis que
debe ser previo a la aplicación de las reglas sobre estabilidad laboral
reforzada en contratos de prestación de servicios.[65]
5.6. En la Sentencia T-988 de 2012, la Sala Primera de
Revisión resolvió el caso de una persona de 78 años de edad, vinculada a través
de un contrato de prestación de servicios, el cual no fue renovado por su
condición de salud.[66] En el caso concreto, la Sala consideró que no era adecuado analizar
la existencia de un contrato realidad, pues la edad del accionante -78 años-,
ya había superado el umbral de la edad de retiro forzoso, por lo que se podría
inferir que, en efecto, el Hospital no podía vincularlo laboralmente, aunque sí
podían las partes suscribir órdenes esporádicas de prestación de servicios, de
acuerdo con las necesidades del servicio.[67]
En este contexto concluyó que la no declaración de un contrato realidad no
constituía “un obstáculo para que la Sala otorgue la protección
constitucional al derecho a la estabilidad reforzada del actor en su opción
productiva y que, en atención a las circunstancias de vulnerabilidad que
enfrenta, por razones de enfermedad, se dicten las órdenes adecuadas de
protección.” Razón por la cual concedió el amparo solicitado.
5.7. En
la Sentencia T-761A de 2013¸ la Sala Séptima de Revisión de Tutela, analizó el
caso de una persona a quien no le renovaron el contrato de prestación de
servicios pese a que la entidad accionada tenía conocimiento de la discapacidad
del actor.[68]
En esta providencia, la Sala, modificando su posición inicial, argumentó que la
protección laboral reforzada solo amparaba a
personas vinculadas a través de un contrato de trabajo y, por lo tanto, cuando
la protección constitucional se basa en la no renovación de un contrato de
prestación de servicios, es necesario determinar si éste oculta un contrato
realidad.[69]
5.8. Posteriormente, en la
Sentencia T-144 de 2014 la Sala Octava conoció el caso de una mujer que
padecía desde niña una parálisis cerebral que le afectaba su sistema locomotor
a quien la Alcaldía de Córdoba, Nariño, le terminó su relación laboral bajo el
argumento de que se cumplió el término de su contrato de prestación de
servicios y quería darle la oportunidad a otras personas de desempeñar las
funciones que venía llevando a cabo. [70] Para resolver el problema
jurídico planteado,[71] la Sala
de Revisión analizó si se cumplían los requisitos planteados en las
consideraciones generales para reconocer el derecho a la estabilidad laboral
reforzada a favor de la accionante, concluyendo que como su situación era
evidente, la terminación de un contrato de prestación de servicios, no era un
criterio objetivo para despedir a una persona en situación de discapacidad,
toda ver que el vínculo laboral no inaplica la estabilidad laboral reforzada
que dicha persona goza. En esa medida, al no existir autorización de la oficina
de trabajo, concedió la protección invocada.
5.9. Finalmente, en la Sentencia T-040 de 2016[72]
conoció el caso de una persona en situación de discapacidad[73]
vinculada a una entidad pública a través de varios contratos de prestación de
servicios a quien no le renovaron el último de ellos. En este caso, la Sala de
Revisión decidió analizar si en el caso concreto el contrato de prestación de
servicios ocultaba un verdadero contrato laboral, de manera que probada la
discriminación se ordenaría el reintegro y el pago de la indemnización contenida
en la ley. Además, señaló que aún si no se configuraba un contrato de trabajo, se
evaluaría la existencia de discriminación y como consecuencia las órdenes
estarían dirigidas a buscar el cese de la vulneración de derechos
constitucionales de manera inmediata, lo que no implicaría reintegro y pago de
salarios pues esta orden es propia del contrato de trabajo.[74]
La Corte, pese a no contar con los elementos suficientes para declarar la
existencia de un contrato realidad, consideró que, en efecto, la entidad
accionada desconoció el derecho fundamental a la estabilidad reforzada en el
empleo del accionante, al no probar la existencia de una causal objetiva que
justificara la no prórroga del contrato y en consecuencia, ordenó la
suscripción de uno nuevo con el accionante.
5.10. De conformidad con el anterior recuento
jurisprudencial, es evidente que la Corte ha acudido a varias fórmulas para
resolver los casos que envuelven una estabilidad laboral reforzada y que el
tipo de vinculación no ha sido el único argumento para negar dicha protección. En algunos eventos, la Corte ha otorgado el derecho
declarando previamente la existencia de un contrato realidad, en otros,
concedió el derecho aplicando directamente la Constitución ante la
configuración de un perjuicio irremediable por la inacción del juez de tutela,
siempre y cuando estuviera demostrada la calidad de persona de especial
protección y el nexo causal entre el despido y la condición de salud del
contratista.  En esos eventos, como se pudo evidenciar, la Corte ha
establecido cuándo son contratos laborales y cuando no.[75]  Así las cosas, esta
Sala de Revisión acogerá la segunda posición según la cual la vinculación
contractual laboral no es determinante para conceder la protección
constitucional, sin que ello impida declarar la existencia de un contrato
laboral si en la realidad se ha configurado, por considerar que es la que se
ajusta al espíritu de protección de las garantías laborales de la Carta
Política.
6.
A la accionante, persona en discapacidad, se
le violaron sus derechos al mínimo vital en dignidad, al trabajo y a la
igualdad, al terminar su relación laboral sin autorización previa del
Ministerio de Trabajo
6.1. De conformidad con las consideraciones expuestas,
procede la Sala de Revisión a determinar si en el presente caso existe
vulneración de los derechos invocados por la accionante y si, de acuerdo con
las afirmaciones de la tutela, se configura un contrato realidad entre las
partes. Se aclara que ello no es impedimento para aplicar la estabilidad
reforzada a los contratos de prestación de servicios, en la medida que, como se
indicó en precedencia, esta Corte ha protegido relaciones jurídicas que
involucran derechos constitucionales laborales sin distinguir la formalidad de
la misma, es decir, contratos laborales, en contratos realidad o en contratos
que involucran derechos laborales constitucionales aunque no se denominen de
esa manera (como serían algunos contratos de prestación de servicios y las
órdenes de servicio, entre otros).
6.2. Ahora bien, el Fondo de Seguridad y Vigilancia insiste
en que la vinculación de la accionante se dio a través de un contrato de
prestación de servicios, el cual como se indicó previamente, debe responder a
ciertas características para que, en efecto, sea considerado como tal.[76]
Por el contrario, la accionante insiste que se configuró un verdadero contrato
laboral al existir “en el desarrollo del contrato la subordinación,
cumpliendo órdenes, horarios de trabajo, turnos, etc”. Alega que se cumplen
los supuestos establecidos para ello en la ley y la jurisprudencia a saber: (i)
la actividad personal del trabajador, (ii) la continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para
exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo y (iii) un salario como retribución del servicio.[77]
6.3. La señora María Eugenia Leyton se encontraba ejecutando
labores, por sí misma, evidentemente relacionadas con el giro ordinario de las
actividades de la entidad accionada,[78] toda vez que se desempeñaba
como operador de recepción en la línea de emergencias 1, 2, 3, con elementos y
equipos asignados por la entidad, en los turnos asignados por el supervisor del
contrato. En efecto, las actividades mencionadas son claramente acciones que se
deben llevar a cabo día tras día en la entidad y con los implementos físicos y
tecnológicos suministrados y, por tratarse de un cargo de operador de recepción
en la línea de emergencia y seguridad, las mismas no se ejecutaban de manera
independiente y sin encontrarse bajo la subordinación de algún superior.[79]
Por lo cual, en realidad, no se trata de una actividad especial o que deba
realizarse sólo en un periodo determinado sin cumplir órdenes o exigencias
específicas de un empleador.[80]  Adicionalmente, el valor que
recibiría la accionante como pago periódico por sus servicios podría tenerse
como la remuneración propia del contrato laboral (salario). En ese contexto,
teniendo en cuenta que las funciones ejercidas por la señora Leyton pertenecen
al giro ordinario del Sistema Integrado de Seguridad de la administración
local, para las cuales, se repite, la accionante no podía actuar de manera
independiente ni fuera de su horario, y que, en contraprestación recibía un
pago, puede afirmarse que, aunque el contrato hubiese sido denominado “de
prestación de servicios”, en realidad se trata de un contrato de trabajo.
6.4. Así las cosas, la terminación del contrato de la señora
María Eugenia Leyton debió contar con la autorización del Ministerio de Trabajo
por tratarse de una persona en situación de discapacidad, la cual, en realidad,
se encontraba ejecutando un contrato laboral y no uno de prestación de
servicios. En este caso, es evidente que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de
Bogotá (en liquidación) conocía la condición de la accionante pues, como se
indicó en su escrito de contestación, fue esa la razón de la contratación.  Adicionalmente,
la entidad distrital accionada no demostró que la causa de terminación del
contrato de la actora obedeció a una razón objetiva diferente al simple
cumplimiento del plazo pactado, por lo cual, opera la presunción según la cual,
en casos como el presente, si el empleador no demuestra la causa objetiva de
terminación de contrato, se entiende que la decisión fue tomada meramente
debido a la situación especial, en este caso, la condición de discapacidad del
trabajador. En este orden de ideas, la decisión del Fondo de Vigilancia y
Seguridad de Bogotá (en liquidación) de dar por terminado el contrato de María
Eugenia Leyton no cumplió con los requisitos de ley, los cuales ordenan que al
terminar el contrato laboral de una persona en situación de discapacidad, debe
contarse con la previa autorización del Ministerio de Trabajo, situación que
genera la sanción antes mencionada, la cual se encuentra prevista en la Ley 361
de 1997, consagrada específicamente para casos como el analizado, y que implica
para el empleador la obligación de efectuar el pago de la suma equivalente a
ciento ochenta (180) días de salario a favor del empleado.
7.
Conclusión
7.1. Para esta Sala de Revisión es evidente la vulneración
de los derechos fundamentales de la señora María Eugenia Leyton Cortés como
consecuencia de la terminación de su contrato, que en virtud de lo analizado no
era de prestación de servicios sino realmente uno laboral, sin autorización
previa de la oficina de Trabajo, ya que se trata de una persona en situación de
discapacidad para la cual está prevista la figura de la estabilidad laboral reforzada,
situación que no fue tenida en cuenta por la entidad accionada.
7.2. Por consiguiente, para lograr una verdadera protección
de los derechos de la señora María Eugenia Leyton Cortés se declarará la
existencia de un contrato laboral entre ella y el Fondo de Vigilancia y
Seguridad de Bogotá, hoy en liquidación. Adicionalmente, se ordenará a esta
entidad o en su defecto a la que se encargue de realizar sus funciones, que
dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación del
presente fallo, proceda a reintegrar a la accionante María Eugenia Leyton Cortés
al cargo que venía desempeñando o en uno similar y a pagarle el salario y las
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la terminación de su contrato,
así como la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997 (Art. 26), equivalente
a ciento ochenta (180) días de salario.
7.3. En este caso, se advierte a la entidad demandada que no
puede, bajo el argumento de encontrarse en proceso de liquidación, sustraerse
al cumplimiento de esta orden a través de un acto administrativo que declare su
imposibilidad para cumplirla. En caso de no ser posible el reintegro en el
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, la Administración Distrital deberá
reubicarla en la entidad que considere pertinente.
7.4. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la
administración pública recurre de manera sistemática a contrataciones
irregulares, se exhortará a la administración distrital para que en sus relaciones
laborales primen los principios de buena fe y transparencia con el fin de
evitar responsabilidades por las contrataciones indebidas. En ese contexto, se
ordenará a la Contraloría General de la República y a la Agencia Nacional para
la Defensa del Estado para que en ejercicio de sus funciones, tomen las medidas
al respecto y analicen y presenten propuestas de políticas respetuosas de los
derechos de los trabajadores, que garanticen un trabajo decente y así prevenir
las constantes demandas contra el Estado por situaciones similares a la aquí
estudiada. Así mismo, se ordenará a la Procuraduría General de la Nación, para
que en ejercicio de sus funciones, investigue y determine si en el presente
caso, -en el que se contrató a una persona a través de una figura distinta a la
que en realidad envolvía la ejecución del contrato- se configura una
responsabilidad patrimonial y revise las consecuencias de esta práctica
irregular. En caso afirmativo, deberá identificar al funcionario responsable en
la contratación para que la administración distrital pueda repetir contra éste,
en caso de ser condenada por responsabilidad patrimonial.
III.
DECISIÓN
Una entidad pública viola los derechos fundamentales de un
sujeto de especial protección (por ejemplo una persona en situación de
discapacidad), al terminar su contrato de trabajo sin autorización previa del
Ministerio de Trabajo, aún cuando el plazo convenido se hubiera vencido.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la decisión proferida el
veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Ochenta
y Seis Civil Municipal de Bogotá. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital, a una vida digna, al
trabajo, a la igualdad de la señora María Eugenia Leyton Cortés.
SEGUNDO.- DECLARAR la existencia de un contrato
laboral entre María Eugenia Leyton Cortés y el Fondo de Vigilancia y Seguridad
de Bogotá, hoy en liquidación.
TERCERO.- ORDENAR al Fondo de Vigilancia y Seguridad
de Bogotá, hoy en liquidación o en su defecto a la que se encargue de realizar
sus funciones, que dentro del término de 48 horas contadas a partir de la
notificación del presente fallo, proceda a reintegrar a la accionante María
Eugenia Leyton Cortés al cargo que venía desempeñando o en uno similar y a
pagarle el salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la
terminación de su contrato, así como la indemnización prevista en la Ley 361 de
1997 (Art. 26), equivalente a ciento ochenta (180) días de salario. En este
caso, se advierte a la entidad demandada que no puede, bajo el argumento de
encontrarse en proceso de liquidación, sustraerse al cumplimiento de esta orden
a través de un acto administrativo que declare su imposibilidad para cumplirla.
En caso de no ser posible el reintegro en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de
Bogotá, la Administración Distrital deberá reubicarla en la entidad que
considere pertinente.
CUARTO.- EXHORTAR a Administración Distrital para que
en sus relaciones laborales primen los principios de buena fe y transparencia
con el fin de evitar responsabilidades por las contrataciones indebidas.
QUINTO.- ORDENAR a la Contraloría General
de la República y a la Agencia Nacional para la Defensa del Estado para que en
ejercicio de sus funciones, tomen las medidas al respecto y analicen y
presenten propuestas de políticas respetuosas de los derechos de los
trabajadores, que garanticen un trabajo decente y así prevenir las constantes
demandas contra el Estado por situaciones similares a la aquí estudiada.
SEXTO.- ORDENAR a la Procuraduría General de la
Nación, para que en ejercicio de sus funciones, investigue y determine si en el
presente caso, -en el que se contrató a una persona a través de una figura
distinta a la que en realidad envolvía la ejecución del contrato- se configura
una responsabilidad patrimonial. En caso afirmativo, deberá identificar al
funcionario responsable para que la administración distrital pueda repetir
contra éste, en caso de ser condenada por responsabilidad patrimonial.
SÉPTIMO.- LIBRAR las comunicaciones –por la
Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de primera instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(e)
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
No
firma
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
Auto 263/17
Referencia: Solicitud de
aclaración de la sentencia T-723 de 2016.
Acción de Tutela
instaurada por María Eugenia Leyton Cortés contra la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C., siete
(7) de junio de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados
Cristina Pardo Schlesinger, Alberto Rojas Ríos y Diana Fajardo Rivera, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, procede a
decidir sobre la solicitud de aclaración presentada por el apoderado del Fondo
de Vigilancia y Seguridad de Bogotá contra la sentencia T-723 de 2016.
I.      ANTECEDENTES
1. Mediante la sentencia T-723 de 2016, la
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, conformada entonces por
los magistrados Aquiles Arrieta Gómez, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas
Silva, concedió el amparo de los derechos fundamentales a la salud, al
mínimo vital, a una vida digna, al trabajo, a la igualdad de la señora María
Eugenia Leyton Cortés.
2. La Sala de Revisión consideró que existía un contrato de
trabajo y que la terminación del mismo debió contar con la autorización del
Ministerio de Trabajo por tratarse de una persona en situación de discapacidad.
Al respecto se indicó que “en este caso, es evidente que el Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá (en liquidación) conocía la condición de la
accionante pues, como se indicó en su escrito de contestación, fue esa la razón
de la contratación.  Adicionalmente, la entidad distrital accionada no demostró
que la causa de terminación del contrato de la actora obedeció a una razón
objetiva diferente al simple cumplimiento del plazo pactado, por lo cual, opera
la presunción según la cual, en casos como el presente, si el empleador no
demuestra la causa objetiva de terminación de contrato, se entiende que la
decisión fue tomada meramente debido a la situación especial, en este caso, la
condición de discapacidad del trabajador.”
3. En ese orden de ideas, la Sala de Revisión declaró la
existencia de un contrato laboral entre ella y el Fondo de Vigilancia y
Seguridad de Bogotá, hoy en liquidación. Adicionalmente, ordenó a esta entidad
o en su defecto a la que se encargue de realizar sus funciones, que dentro del
término de 48 horas contadas a partir de la notificación de ese fallo,
procediera a reintegrar a la accionante María Eugenia Leyton Cortés al cargo
que venía desempeñando o en uno similar y a pagarle el salario y las
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la terminación de su contrato,
así como la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997 (Art. 26), equivalente
a ciento ochenta (180) días de salario. Advirtió además a la entidad demandada
que no puede, bajo el argumento de encontrarse en proceso de liquidación,
sustraerse al cumplimiento de esta orden a través de un acto administrativo que
declare su imposibilidad para cumplirla. En caso de no ser posible el reintegro
en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, la Administración Distrital
deberá reubicarla en la entidad que considere pertinente.
4. Mediante oficio remisorio del 22 de mayo de
2017, se recibió en el despacho de la Magistrada Sustanciadora, solicitud de
aclaración por parte del apoderado del Fondo de Vigilancia y Seguridad de
Bogotá, en liquidación.
4.1. En un primer aparte, el apoderado de la
entidad accionada solicita:
“1. Se menciona
en el fallo que a la señora María Eugenia Leyton Cortés se le reconoce un
contrato de trabajo, circunstancia esta que determina solicitar nos indique si
la incorporación al Distrito de la accionante se efectuará bajo que modalidad:
a) trabajadora
oficial;
b) empleo
provisional;
c) empleo de
carrera administrativa.
2. De acuerdo con
la modalidad a vincular a la accionante, sobre qué salario se debe efectuar
dicho reconocimiento y por ende liquidarse las prestaciones sociales.”
4.2. Adicionalmente, el apoderado del Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en liquidación, manifiesta que de conformidad
con el artículo 5 del Decreto 409 de 2015, esta entidad tiene capacidad
jurídica “únicamente para expedir los actos, realizar operaciones, convenios
y celebrar los contratos necesarios para efecto de su liquidación. En el mismo
sentido, el artículo 15 ibídem, indica que dentro del término previsto para el
proceso de liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., no
podrá vincular nuevos servidores públicos a la planta de personal, ni se podrá
adelantar ningún tipo de actividad que implique celebración de negociaciones
colectivas.”
En ese entendido, señala no tener claridad
sobre la Entidad Distrital a la cual debe dirigirse para solicitar el reintegro
de la accionante, de manera que “con el objetivo que no se dilate el
cumplimiento del fallo dirigiéndonos a un organismo erróneo, respetuosamente
solicitamos nos señale con puntualidad la Entidad Distrital que debe reintegrar
a la accionante”.
II.
CONSIDERACIONES
1. La Corte
Constitucional, mediante sentencia C-113 de 1993[81] declaró inexequible el
inciso cuarto del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que contemplaba la
posibilidad de solicitar la aclaración de las sentencias dictadas por la Corte
Constitucional. Allí se manifestó:
“La Corte
Constitucional ha expresado de manera reiterada[82] que los
fallos pronunciados en virtud de la facultad dispuesta en el artículo 241,
numeral 9 de la Constitución Política, en principio no son susceptibles de
aclaración, pues las decisiones adoptadas hacen tránsito a cosa juzgada y, por
lo tanto, no hay posibilidad para debatir aspectos considerados en una
sentencia o extender los efectos definidos en ella.
El principio de seguridad
jurídica y el derecho al debido proceso, considerados como pilares de la
actividad judicial, resultarían conculcados si la Corte Constitucional
reabriera el debate sobre asuntos decididos en forma definitiva. Los fallos
pronunciados por las Salas de Revisión deben ser acatados en los términos
expresados por la Corporación.”
2. No obstante lo anterior, de manera
excepcional esta Corporación ha admitido la procedencia de solicitudes de
aclaración de sus sentencias, cuando se dan los supuestos de lo establecido en
el artículo 285 del Código General del Proceso, que establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 285.
ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la
pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte,
cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda,
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan
en ella.
En las mismas circunstancias
procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición
de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.
La providencia que resuelva
sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán
interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.”
3. Sobre la procedencia excepcional de la
solicitud de aclaración de las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional, esta Corporación en el Auto 04 de 2000,[83] manifestó:
“Uno de los
principios fundamentales del Derecho Procesal, es el del agotamiento de la
competencia funcional del juzgador una vez dictada por este la sentencia con la
cual culmina su actividad jurisdiccional, razón esta por la cual, dicha
sentencia, como regla general, no es revocable ni reformable por el juez que la
pronunció. Sin embargo, el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil
autoriza la aclaración de las sentencias, de oficio a solicitud de parte,
respecto de "los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda,
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que
influyan en ella".
Conforme a este
principio, se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es
susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente respecto de
la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva
influye en aquella.  Es decir, mientras esa hipótesis no se encuentre
establecida a plenitud, se mantiene incólume la prohibición al juzgador de pronunciarse
de nuevo sobre la sentencia ya proferida, pues, se repite, ella es intangible
para el juez que la hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o
reformarla, aún a pretexto de aclararla.”
Así, con base en la norma del Código General del Proceso, la
Corte ha sido clara en señalar que deben cumplirse los siguientes requisitos
para que proceda la aclaración:[84]
a. La solicitud de aclaración
de la sentencia es presentada dentro del término de su ejecutoria por una parte
con interés en la decisión.
b. Tiene fundamento en frases o
conceptos que sugieren duda, son ambiguos o confusos para su interpretación.
c. Tales frases o conceptos
deben estar contenidos en la parte resolutiva de la sentencia, o en su cuerpo,
siempre y cuando influya directamente en ella.”
4. Bajo este entendido, la posibilidad de aclarar las
sentencias de la Corte Constitucional, se circunscribe “a aquellas
expresiones contenidas en la providencia, cuya falta de precisión afecta su
verdadero entendimiento, lo anterior, implica que la aclaración del fallo de
ninguna manera puede restringir, limitar o ampliar el alcance de la decisión,
tampoco puede  modificar las razones en las que se sustentó, ya que, de ser
así, se estaría, no ante la aclaración de un fallo, sino, frente a una
transformación del mismo, o efectuando un nuevo pronunciamiento, lo cual va en
contra de los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica.”[85]
5. En esta ocasión, respecto de la solicitud radicada por el
apoderado judicial del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, la Sala
encuentra que la misma fue presentada dentro del término de ejecutoria, ya que
la providencia se notificó el 18 de mayo de 2017 y el escrito se recibió en la
secretaría de esta Corporación el día 19 de mayo de 2017.
6. En cuanto a los apartes o las frases que generan duda o
confusión a la parte interesada, se advierte que lo solicitado se enmarca
dentro de las hipótesis de la norma del Código General del Proceso trascrita,
es decir, se trata de expresiones incluidas en la parte resolutiva de la
providencia que generan confusión al momento de dar cumplimiento a la orden
allí contenida. Por esta razón, la Sala accederá a la solicitud de aclaración
presentada.
Las inquietudes por parte del apoderado del Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá se pueden resumir de la siguiente manera: i)
la modalidad laboral mediante la cual tendrán que reintegrar a la señora Leyton
Cortés; ii) la base salarial con la que deben realizar el pago de la
indemnización y iii) la entidad que debe reintegrar a la señora Leyton Cortés.
6.1. Al respecto, la Sala encuentra que los motivos de duda
están directamente relacionados con la orden impartida en el numeral tercero de
la sentencia que se transcribe a continuación:
“TERCERO.- ORDENAR
al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, hoy en liquidación o en su
defecto a la que se encargue de realizar sus funciones, que dentro del término
de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a
reintegrar a la accionante María Eugenia Leyton Cortés al cargo que venía desempeñando
o en uno similar y a pagarle el salario y las prestaciones sociales dejadas de
percibir desde la terminación de su contrato, así como la indemnización
prevista en la Ley 361 de 1997 (Art. 26), equivalente a ciento ochenta (180)
días de salario. En este caso, se advierte a la entidad demandada que no puede,
bajo el argumento de encontrarse en proceso de liquidación, sustraerse al
cumplimiento de esta orden a través de un acto administrativo que declare su
imposibilidad para cumplirla. En caso de no ser posible el reintegro en el
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, la Administración Distrital deberá
reubicarla en la entidad que considere pertinente.”
Ciertamente, en la parte resolutiva la Sala declaró la
existencia de un “contrato laboral”, no obstante lo cual ordenó
reintegrar a la accionante en un “cargo” similar al que venía
desempeñando. Por lo anterior, la Sala entiende que ella misma generó una
confusión sobre la naturaleza jurídica de la relación laboral que debía darse
nuevamente entre la Administración y la tutelante. Visto lo anterior, la Sala
procede a aclarar su proveído de la siguiente manera:
6.2. En primer lugar, se aclara que la entidad que debe
efectuar el reintegro de la accionante María Eugenia Leyton Cortés es la que en
la actualidad haya asumido las funciones del Fondo de Vigilancia y Seguridad de
Bogotá en Liquidación, especialmente aquellas realizadas por la accionante.[86]
En este caso, será la entidad que de conformidad con los actos administrativos
que regulan la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, se
haya señalado o creado para encargarse de sus obligaciones.
6.3. En segundo lugar, se aclara que el reintegro deberá
efectuarse atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad encargada de
asumir las funciones del Fondo de vigilancia y Seguridad de Bogotá en
Liquidación. Si ésta permite la vinculación a través de un contrato laboral
como lo indicó la sentencia, se realizará a través de esta figura; de lo
contrario, deberá vincularse en un cargo de carrera en provisionalidad. En
ningún caso, el reintegro se hará en un cargo en carrera, toda vez que la
accionante no ha participado en concurso alguno para acceder al mismo.
6.4. Finalmente, se le indica al peticionario que el
reintegro deberá reconocer un salario y sus correspondientes prestaciones, en
un valor equivalente al que la accionante María Eugenia Leyton Cortés venía
percibiendo como operador de recepción en la línea de emergencias 1, 2, 3.
1.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- ACLARAR el numeral tercero de la parte
resolutiva de la Sentencia T-723 de 2016, de conformidad con lo señalado en la
presente providencia, en el entendido de que el reintegro de la accionante
María Eugenia Leyton Cortés deberá efectuarse en la entidad que de acuerdo con
los actos administrativos que regulan la liquidación del Fondo de Vigilancia y
Seguridad de Bogotá, se haya señalado o creado para asumir sus funciones. Este
reintegro deberá realizarse atendiendo a la naturaleza jurídica de la entidad
previamente indicada. Si ésta permite la vinculación a través de un contrato
laboral, como lo indicó la sentencia, se realizará a través de dicha figura; de
lo contrario, deberá vincularse en un cargo de carrera en provisionalidad. En
ningún caso el reintegro se hará en un cargo en carrera, toda vez que la
accionante no ha participado en concurso alguno para acceder al mismo.
Finalmente, el salario y sus correspondientes prestaciones, se deberán
reconocer en un valor equivalente al que la accionante María Eugenia Leyton
Cortés venía percibiendo como operador de recepción en la línea de emergencias
1, 2, 3.
SEGUNDO.- Por intermedio de la Secretaría General de
la Corte Constitucional, COMUNICAR la presente providencia a las partes.
Comuníquese y cúmplase,
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente
en comisión
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e)
AUTO 478/17
Referencia: Solicitud de
nulidad de la sentencia T-723 de 2016.
Solicitantes:
Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá y Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia
Acción de Tutela
instaurada por María Eugenia Leyton Cortés contra la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C., trece
(13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis Guillermo
Guerrero Pérez -quien la preside-, Carlos Bernal Pulido, Alejandro Linares
Cantillo, Antonio José Lizarazo, Gloria Stella Ortiz Delgado,
José Fernando Reyes Cuartas, Cristina Pardo Schlesinger, Alberto Rojas Ríos y
Diana Fajardo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, procede a decidir sobre la solicitud de nulidad presentada por la
Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico de
la Secretaría Jurídica Distrital contra la sentencia T-723 del 12 de diciembre
de 2012, proferida por la Sala Séptima de Revisión.[87]
III.
ANTECEDENTES
1. Antecedentes
del proceso de tutela, que dieron lugar a la expedición de la sentencia T-723
de 2016, que resuelve el expediente T-5.692.280
María Eugenia
Leyton Cortés solicitó mediante acción de tutela la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, al mínimo vital, a una vida digna, al trabajo, a la
igualdad, presuntamente vulnerados por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, al
terminar unilateralmente su contrato de trabajo sin tener en cuenta su
condición personal.
3.1.
Sostuvo la accionante que sufre de “Polineuropatía diabética
funcional para la marcha- trastorno depresivo entre otras”, razón por la
cual debe estar en permanente tratamiento médico. Dice que se mantiene con
dolores fuertes en el cuerpo, lo que afecta su anatomía funcional y su
movilidad. Tal condición le generó una pérdida de capacidad laboral del 62.30%.[88] Además,
expresa que es una persona de escasos recursos, “sin redes de apoyo, a pesar
de mi discapacidad debo suministrarme mi propia subsistencia”.
3.2.
Indicó que el 23 de junio de 2015, después de superar las etapas de
selección establecidas por el Secretario de Gobierno de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, fue seleccionada para iniciar a laborar con dicha entidad mediante “contrato
de vinculación  para trabajadores con discapacidad desempeñando la labor de
operador de recepción en la línea de emergencias 1, 2, 3”. El cargo lo
desempeñó hasta el 23 de abril de 2016, cuando la nueva administración decidió
unilateralmente terminar su contrato de trabajo.[89] Al respecto precisó lo
siguiente: “sin consideración para con la situación de salud que atravesaba
en ese momento y que a la fecha se ha venido agravando notoriamente, y sin que
MI EXPATRONO, entre otras obligaciones se dignara a indemnizarme siquiera por
ese concepto, la cual corresponde a ciento ochenta (180) días, y además de no
cancelarme los salarios desde la fecha del despido, como las prestaciones
sociales, dado que existió en el desarrollo del contrato la subordinación,
cumpliendo órdenes, horarios de trabajo, turnos etc, es decir, se reunían todas
las condiciones de un CONTRATO DE TRABAJO”.
3.3.
La señora Leyton Cortés precisó que la remuneración mensual básica que
recibía ascendía a la suma de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000).  Al
dar por terminado su contrato de trabajo, obviamente volvió a estar en una
grave situación.
3.4.
Alegó que la entidad accionada, a pesar de las múltiples solicitudes
verbales que había realizado debido a su situación de debilidad manifiesta, le
respondió que no tiene obligaciones con ella y no la pueden vincular a
nómina porque percibe una pensión de invalidez. Aclaró que en la actualidad
solo recibe trecientos veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro pesos
($323.954) mensuales de su pensión por discapacidad y con ese dinero debía
proporcionarse vivienda, alimento, vestido y transporte. A su juicio, esto
demostraba que se encontraba en circunstancias de debilidad manifiesta, en
especial si se tiene en cuenta que vive con su esposo de 76 años, “enferma
en un apartamento donde las personas de buen corazón me han acogido. Me es
imposible subsistir con este dinero, dado que yo carezco de redes de apoyo que
me puedan ayudar al menos compartiendo un cuarto y una agua de panela, máxime
que la enfermedad que padezco me exige una buena alimentación y no estoy en
condiciones de proporcionármela.”
1.5. En consecuencia, solicitó
la protección de sus derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital, a una
vida digna y al trabajo, en tanto es una persona en situación de discapacidad.
Alegó que todavía podía ejercer la labor de operador del 1, 2, 3. Al suspender
su asignación mensual se afectó de manera grave su situación económica[90], por lo que
pide insistentemente su reintegro laboral.
2. Actuaciones
procesales previas a la sentencia T-723 de 2016, que incorpora el expediente T-
5.692.280
Para comprender los planteamientos de las
entidades distritales en este incidente de nulidad, a continuación se hará un
breve resumen de la especial situación procesal que se generó en el proceso de
la acción de tutela resuelta en la sentencia que se reprocha en esta
oportunidad.
2.1. Decisión de única instancia.
Mediante providencia del veinticuatro (24) de
junio de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Ochenta y Seis Civil Municipal de
Bogotá, resolvió negar la protección de los derechos fundamentales invocados
por la actora y desvincular de la presente acción a la Secretaría Distrital de
Bogotá. Consideró que conforme a “las pruebas allegadas y lo expresado por
las partes, en efecto la ciudadana María Eugenia Leyton Cortés mantuvo un
vínculo contractual con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, el cual
terminó por vencimiento del término pactado en el contrato de prestación de
servicios”. Además, señaló que “las partes convergen en determinar que
se tenía conocimiento de la discapacidad presentada por la contratista desde
antes del inicio del contrato y que la misma es beneficiaria de pensión de
invalidez teniendo cobertura en el sistema de seguridad social en salud a
través de la Nueva EPS, lo que permite inferir que a pesar de sus limitaciones
la misma no padecía serios deterioros que le impidieran desempeñar la labor
encomendada en el contrato suscrito”.
Precisó que la actora conocía plenamente las
cláusulas del contrato y la fecha de terminación del mismo y “[a]l
terminarse el vínculo no estaba cobijada por ningún fuero legal que obligara a
la entidad a mantener una nueva vinculación, y mucho menos que pudiera
ampararse bajo el principio de estabilidad laboral reforzada, pues se itera
aunque  en sus manifestaciones la misma indique que no cuenta con apoyo de
ninguna índole, las pruebas demuestran lo contrario, que percibe una mesada pensional
con la cual puede procurarse su subsistencia”. Por último, resaltó que si
la actora lo consideraba podía acudir “a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo de forma tal que el juez de la causa, con el pleno de las
garantías del debido proceso, pueda desplegar todas sus facultadas para
indagar, si en efecto, ha existido un despido injusto o un vínculo laboral que
genere el pago de las indemnizaciones y prestaciones que reclama y por ende hay
lugar al reintegro pedido. Más, tampoco se advierte la existencia de un
perjuicio irremediable, supuesto que en caso particular, no se encuentra
acreditado, pues ni siquiera se  precisaron las circunstancias que lo
aparejaban”.
3. Fundamento de la decisión de la
sentencia T-723 de 2016.
Para resolver la cuestión
planteada, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional estudió los
siguientes temas: (i) la protección constitucional a personas en condición de
debilidad manifiesta; (ii) la estabilidad reforzada de las personas con
discapacidad o en condición de debilidad manifiesta en contratos de prestación
de servicios y (iii) la protección constitucional de las garantías laborales
constitucionales y finalmente, resolvió el caso concreto.
3.1. Con relación a la protección constitucional a personas
en condición de discapacidad o en debilidad manifiesta, la Sala de Revisión
hizo especial mención al mandato contenido en los artículos 13 y 53 Superiores,
para destacar el concepto de igualdad en las relaciones laborales desarrollado
por la Corte de la siguiente manera: “(…) el llamado expreso de la norma
superior a que las relaciones entre las personas se desarrollen bajo el
principio de la solidaridad, debe extenderse a aquellas de carácter laboral. En
ese sentido, las relaciones laborales deben respetar principios
constitucionales que, como el de solidaridad, permiten a las partes reconocerse
entre sí, como sujetos de derechos constitucionales fundamentales, que quieren
desarrollar su plan de vida en condiciones mínimas de dignidad, y que para
hacerlo, requieren apoyo del Estado y de los demás particulares, especialmente,
en aquellas situaciones en las que las desigualdad material, la debilidad
física o mental, o la falta de oportunidades, les imponen obstáculos mayores en
la consecución de sus metas.” [91]
Luego de señalar los titulares de la “estabilidad laboral
reforzada” explicó que en el caso de las personas con discapacidad, “es el
derecho que garantiza la permanencia en el empleo, luego de haber adquirido la
respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección
especial y de conformidad con su capacidad laboral.”[92]
Adicionalmente, la protección especial de quienes por su condición física están
en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas
respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o
dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones
regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite una
discapacidad.[93] En este contexto, la
estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o desvinculación cuando
la razón del mismo es la condición especial que caracteriza al trabajador. El sustento normativo de esta protección especial se encuentra en los
principios de Estado Social de Derecho,[94]
la igualdad material[95]
y la solidaridad social, consagrados en la Constitución Política. Estos
mandatos de optimización resaltan la obligación constitucional del Estado de
adoptar medidas de protección y garantía en favor de grupos vulnerables y
personas en condición de debilidad manifiesta.  Por su parte, la Ley 361
de 1997, expedida con fundamento en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la
Constitución, persigue proteger los derechos fundamentales, económicos,
sociales y culturales de las “personas con limitación”[96] y procurar su
completa realización personal y total integración a la sociedad.
Así, concluyó que existe desconocimiento de los fundamentos
constitucionales y, especialmente, de los principios de igualdad y solidaridad
cuando se evidencia un trato diferente o discriminatorio a las personas en
condición de debilidad manifiesta por motivos de salud y a las calificadas como
personas en situación de discapacidad.[97]
3.2. Respecto de la protección constitucional de los
derechos constitucionales laborales, señaló que la Corte ha protegido
relaciones jurídicas que involucran derechos constitucionales laborales, ya sea
en relaciones formales o informales. Ha tutelado derechos en contratos
laborales formalmente reconocidos, en “contratos realidad” o en contratos que
involucren derechos laborales constitucionales así no se trate de contratos
llamados laborales por la legislación, como ocurre en ciertas circunstancias en
los contratos de prestación de servicios y las órdenes de servicio, entre
otros. En efecto, se ha reconocido la
textura abierta y la especial naturaleza del trabajo y su protección
constitucional,[98] la cual no implica exclusivamente
la defensa de los derechos de los trabajadores dependientes sino también la
efectividad de su ejercicio autónomo.[99]
Al respecto, citó varios ejemplos de decisiones en las que
se aplica el principio de confianza legítima en relación con los derechos al
trabajo y al mínimo vital y se protegen los derechos laborales constitucionales
ínsitos en las condiciones de vida y subsistencia de cada caso concreto.
Igualmente en estos casos se advierte el deber de la administración de proveer
a las personas afectadas por sus decisiones las soluciones de continuidad para
que les sea posible el ejercicio del trabajo en el futuro en condiciones
dignas, inclusive en aquellos casos en los que su actividad no se encuentra
regulada o devino en ilegal.
Seguidamente, hizo referencia a
la manera en que los poderes públicos han utilizado de forma abierta y amplia
la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar relaciones
laborales y evadir consistentemente el pago de prestaciones sociales,
desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la
Constitución consagra, dejando de lado además, la excepcionalidad de este tipo
de contratación.  En ese contexto, las garantías de los trabajadores deben ser
protegidas por los órganos competentes, con independencia de las prácticas y
artilugios estratégicos a los que acudan los distintos empleadores para evitar
vinculaciones de tipo laboral y burlar los derechos laborales constitucionales
de los trabajadores al servicio del Estado, sobre todo cuando es éste el
principal encargado, a través de sus entidades, de garantizar el cumplimiento
de la Carta Política. El uso indiscriminado de contratos de prestación de
servicios constituye una violación sistemática de la Constitución, razón por la
que la jurisprudencia ha establecido los casos en los que se configura una
relación laboral, con independencia del nombre que le asignen las partes al
contrato y ha sido enfática en sostener que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 53 Superior, el principio de primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales debe
aplicarse en las relaciones laborales entre particulares y en las celebradas
por el Estado.
Agregó la sentencia que esta protección del contrato
realidad, que no es ajena a las relaciones civiles –en el ámbito público o
privado–, tiene por finalidad reflejar la materialidad del acuerdo y no solo en
su forma, por cuanto, como quedó establecido, las dimensiones propias del
contrato de trabajo se pueden aplicar a otro tipo de situaciones que
subrepticiamente envuelvan relaciones laborales. Para el efecto, citó varios
casos en los que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han protegido
los derechos transgredidos como consecuencia de prácticas evidentes y
frecuentes de configuración de contrato realidad para concluir que la teoría de
la primacía de la realidad sobre las formas se aplica en aquellos casos en los
cuales el Estado encubre relaciones laborales en contratos de prestación de
servicios, actuación que implica “desconocer por un lado, los principios que
rigen el funcionamiento de la función pública, y por otro lado, las
prestaciones sociales que son propias a la actividad laboral”.[100] En
estos eventos, para que proceda la declaración de existencia del contrato
realidad el juez constitucional deberá verificar el cumplimiento de los
requisitos dispuestos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. De
manera que, aun cuando se trata de relaciones laborales con el Estado, declarar
la existencia del contrato no significa que el trabajador adquiera la condición
de empleado público, pues como se indicó, sus características de vinculación a
la administración son diferentes.
3.3.
Finalmente, la sentencia reiteró la jurisprudencia relacionada con la
estabilidad reforzada de las personas con discapacidad o en condición de
debilidad manifiesta en contratos de prestación de servicios. Para ello, hace
referencia a la Ley 361 de 1997, a través de la cual se adoptaron
medidas para la integración social de la población con discapacidad[101] y se
dispusieron acciones positivas para propiciar la contratación de personas con
discapacidad,[102] se prohibió el despido
discriminatorio de personas con discapacidad,[103]
y se creó una restricción constitucionalmente legítima a la libertad contractual
del empleador, quien solo está facultado para terminar el vínculo después de
solicitar una autorización a la Oficina del Trabajo, para que ésta determine si
existe una justa causa para la terminación del vínculo.[104]
En cuanto a la jurisprudencia constitucional relacionada con
la estabilidad reforzada, señaló que “desde sus inicios[105]
la Corte ha fijado las reglas para que proceda la protección laboral reforzada.
La Sentencia T-077 de 2014[106] recogió estos parámetros
señalando que:
“(i) La tutela no
puede llegar al extremo de ser considerada el instrumento para garantizar el
reintegro de todas las personas retiradas de un cargo, en la medida en que no
existe un derecho fundamental general a la estabilidad laboral. Sin embargo, en
los casos en que la persona se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta, la tutela puede llegar a ser procedente como mecanismo de
protección[107],
atendiendo las circunstancias particulares del caso.
(ii) El
concepto de “estabilidad laboral reforzada” se ha aplicado en situaciones en
las que personas que gozan de ella, han sido despedidas o sus contratos no han
sido renovados, en claro desconocimiento de las obligaciones constitucionales y
de ley, para con las mujeres embarazadas, trabajadores aforados, personas
discapacitadas u otras personas en estado debilidad manifiesta.
(iii) Con
todo, no es suficiente la simple presencia de una enfermedad o de una
discapacidad en la persona, para que por vía de tutela se conceda la protección
constitucional descrita. Para que la defensa por vía de tutela prospere, debe
estar probado que la desvinculación fue consecuencia de esa particular
condición de debilidad, es decir, con ocasión de embarazo, de la discapacidad,
de la enfermedad, etc. En otras palabras, debe existir un nexo causal entre la
condición que consolida la debilidad manifiesta y la desvinculación laboral[108].”[109]
Resaltó la sentencia que “aunque en principio los casos
analizados se circunscribían a eventos en los cuales mediaba un contrato de
trabajo,[110] la jurisprudencia de esta
Corporación ha aplicado esta protección a todas las relaciones que tienen
derechos laborales constitucionales inmersos, entre ellas, el contrato de
prestación de servicios. Sin embargo, esta aplicación no ha sido uniforme, toda
vez que en algunas providencias las Salas de Revisión consideraron declarar la
existencia de un contrato realidad antes de otorgar la protección constitucional
y en otras, este análisis no fue necesario para conceder el amparo.”  Luego
de hacer un recuento de varias decisiones, concluyó “que la Corte ha acudido
a varias fórmulas para resolver los casos que envuelven una estabilidad laboral
reforzada y que el tipo de vinculación no ha sido el único argumento para negar
dicha protección. En algunos eventos, la Corte ha
otorgado el derecho declarando previamente la existencia de un contrato
realidad, en otros, concedió el derecho aplicando directamente la Constitución
ante la configuración de un perjuicio irremediable por la inacción del juez de
tutela, siempre y cuando estuviera demostrada la calidad de persona de especial
protección y el nexo causal entre el despido y la condición de salud del
contratista.  En esos eventos, como se pudo evidenciar, la Corte ha
establecido cuándo son contratos laborales y cuando no.[111]”
Así las cosas, la Sala de Revisión acogió “la segunda
posición según la cual la vinculación contractual laboral no es determinante
para conceder la protección constitucional, sin que ello impida declarar la
existencia de un contrato laboral si en la realidad se ha configurado, por
considerar que es la que se ajusta al espíritu de protección de las garantías
laborales de la Carta Política.”
4. Solución de la situación
puesta en conocimiento de la Sala de Revisión en la sentencia T-723 de 2016
Previo a resolver el problema jurídico, la Sala de Revisión
procedió a determinar si, de acuerdo con las afirmaciones de la tutela, se
configuraba un contrato realidad entre las partes, aclarando que en caso de no
existirlo, “ello no es impedimento para aplicar la estabilidad reforzada a
los contratos de prestación de servicios, en la medida que, como se indicó en
precedencia, esta Corte ha protegido relaciones jurídicas que involucran
derechos constitucionales laborales sin distinguir la formalidad de la misma,
es decir, contratos laborales, en contratos realidad o en contratos que
involucran derechos laborales constitucionales aunque no se denominen de esa
manera (como serían algunos contratos de prestación de servicios y las órdenes
de servicio, entre otros).”
Para la Sala de Revisión, la señora María Eugenia Leyton “se
encontraba ejecutando labores, por sí misma, evidentemente relacionadas con el
giro ordinario de las actividades de la entidad accionada,[112]
toda vez que se desempeñaba como operador de recepción en la línea de emergencias
1, 2, 3, con elementos y equipos asignados por la entidad, en los turnos
asignados por el supervisor del contrato. En efecto, las actividades
mencionadas son claramente acciones que se deben llevar a cabo día tras día en
la entidad y con los implementos físicos y tecnológicos suministrados y, por
tratarse de un cargo de operador de recepción en la línea de emergencia y
seguridad, las mismas no se ejecutaban de manera independiente y sin
encontrarse bajo la subordinación de algún superior.[113]
Por lo cual, en realidad, no se trata de una actividad especial o que deba
realizarse sólo en un periodo determinado sin cumplir órdenes o exigencias
específicas de un empleador.[114]  Adicionalmente, el valor
que recibiría la accionante como pago periódico por sus servicios podría
tenerse como la remuneración propia del contrato laboral (salario). En ese
contexto, teniendo en cuenta que las funciones ejercidas por la señora Leyton
pertenecen al giro ordinario del Sistema Integrado de Seguridad de la
administración local, para las cuales, se repite, la accionante no podía actuar
de manera independiente ni fuera de su horario, y que, en contraprestación
recibía un pago, puede afirmarse que, aunque el contrato hubiese sido
denominado “de prestación de servicios”, en realidad se trata de un contrato de
trabajo.”
En ese contexto, la Sala de Revisión consideró que existía
un contrato de trabajo y que la terminación del mismo debió contar con la
autorización del Ministerio de Trabajo por tratarse de una persona en situación
de discapacidad. Al respecto se indicó que “en este caso, es evidente que el
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (en liquidación) conocía la condición
de la accionante pues, como se indicó en su escrito de contestación, fue esa la
razón de la contratación.  Adicionalmente, la entidad distrital accionada no
demostró que la causa de terminación del contrato de la actora obedeció a una
razón objetiva diferente al simple cumplimiento del plazo pactado, por lo cual,
opera la presunción según la cual, en casos como el presente, si el empleador no
demuestra la causa objetiva de terminación de contrato, se entiende que la
decisión fue tomada meramente debido a la situación especial, en este caso, la
condición de discapacidad del trabajador.”
En este orden de ideas, para lograr una verdadera protección
de los derechos de la señora María Eugenia Leyton Cortés la Sala de Revisión
declaró la existencia de un contrato laboral entre ella y el Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá, hoy en liquidación. Adicionalmente, ordenó a
esta entidad o en su defecto a la que se encargara de realizar sus funciones,
que dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación del
fallo, procediera a reintegrar a la accionante María Eugenia Leyton Cortés al
cargo que venía desempeñando o en uno similar y a pagarle el salario y las
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la terminación de su contrato,
así como la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997 (Art. 26), equivalente
a ciento ochenta (180) días de salario. Por último, dispuso que en caso de no
ser posible el reintegro en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, la
Administración Distrital debería reubicarla en la entidad que considerara
pertinente.
5. Argumentos que sustentan
la solicitud de nulidad de la sentencia T-723 de 2016 presentada por la
Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá
La Directora Distrital de Defensa Judicial y
Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría Jurídica Distrital presenta
las siguientes razones de inconformidad con el fallo:
5.1. En primer lugar, alega incongruencia
entre la parte motiva de la sentencia y la parte resolutiva de la misma, que
hace anfibológica o ininteligible la decisión adoptada. Al respecto manifiesta
que la Sala de Revisión concedió el amparo y ordenó la protección de los derechos
fundamentales invocados “partiendo de un problema jurídico que per se
incurre en sendos yerros de interpretación por vía de hecho, toda vez que parte
de un falso juicio de razonamiento, al sostener que para el caso que nos ocupa
se configuran los siguientes presupuestos: ‘¿una entidad pública vulnera los
derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital en dignidad, al trabajo y a
la igualdad de una persona en situación de discapacidad, al terminar
unilateralmente su contrato de prestación de servicios sin autorización previa
del Ministerio de Trabajo, aun cuando el plazo convenido se había vencido?’
Sin embargo, no hubo en ningún momento un análisis de fondo al interior del
fallo objeto de reproche, encaminado a demostrar que efectivamente el contrato
de prestación de servicios celebrado entre el accionante y el Fondo de
Vigilancia y Seguridad era un contrato realidad, como si lo hacen en todas las
sentencias citadas en la parte considerativa, por cuando no hay una correlación
entre el resuelve propiamente dicho, los hechos antecedentes y pruebas y la
parte considerativa en el fallo que nos ocupa contrariando entre los siguientes
precedentes judiciales”.[115]
Estima que el desconocimiento del precedente
se genera en doble vía en este caso, por ser la decisión abiertamente contraria
a pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, “relacionados
con las acciones de tutela que desarrollan la teoría de la primacía de la
realidad sobre las formas de aplicar en aquellos casos en los cuales el estado
encubre relaciones laborales en contratos de prestación de servicios (…) En
atención a lo anterior, para el caso que nos ocupa, no solo no se logra
decantar los requisitos dispuestos en el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, estos son: (i) la actividad personal del trabajador, (ii) la
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y (iii) un salario
como retribución del servicio; y mucho menos el nexo causal entre la debilidad
manifiesta es decir la invalidez de la accionante y la terminación por
vencimiento de plazo y valor del contrato. De acuerdo a lo anterior, se colige
que para la sentencia que nos ocupa, existe una incongruencia entre la parte
motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace
anfibológica o ininteligible la decisión adoptada; igualmente donde la
sentencia no sólo se contradice abiertamente, sino que la contradice las
sentencias con las cuales motiva su decisión, haciéndola carecer por completo
de fundamentación”.
5.2. En segundo lugar, alega que la parte
resolutiva de la sentencia da órdenes a particulares que no fueron vinculados o
informados del proceso.  Al respecto, señala que es claro que “pese a que mi
representada la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, era la primera afectada por la
orden impuesta en la sentencia de tutela nunca fue participe de su devenir ya
que nunca se le notificó de la existencia de la misma, con el fin de que
pudiera ejercer su derecho de defensa. Observado el recuento cronológico del
proceso de tutela de la referencia, se evidencia con suma claridad que, no fue
vinculada por el juez que conoció en única instancia del recurso de amparo,
esto es, no fue jamás vinculado, notificado o requerido en ninguna forma por el
Juzgado Ochenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, y que a través de dicho fallo
la Secretaría Distrital de Gobierno es desvinculada del mismo, quedando como
únicamente vinculada el Fondo de Seguridad en liquidación, luego de lo cual fue
remitido a la Corte Constitucional.”
Señala que la falta de vinculación en primera
instancia y en sede de revisión afecta sus intereses de manera directa y por
ende, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior por
cuanto, a pesar de que la orden se dirige directamente al Fondo de vigilancia y
Seguridad en Liquidación, “contiene un acápite final en la orden tercera del
resuelve donde indica que (…) en caso de no ser posible el reintegro en el
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, la Administración Distrital deberá
reubicarla en la entidad que considere pertinente.” Decisión que afecta los
intereses presupuestales, organizacionales y funcionales de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, sector central, al no haber ejercido su derecho de defensa.
5.3. En tercer lugar, alega elusión arbitrara
de análisis de asuntos de relevancia constitucional, consistente en la omisión
de aspectos de fondo que de haberse estudiado se hubiera llegado a una decisión
diferente. Considera que la Sala de Revisión “omitió el estudio de los
argumentos, pruebas y hechos que rodean la acción de tutela por cuanto esta
omisión derivó en una decisión diferente, sorprendiendo al Fondo de Vigilancia
y Seguridad, sin posibilidad de defenderse, con una decisión distinta a aquella
que debió ser tomada si sus argumentos, pretensiones o pruebas hubieran sido
adecuadamente examinados”. En efecto, señala que la condición de invalidez
de la accionante era anterior a la suscripción del contrato y que la duración
del contrato se estipuló por el término de diez (10) meses, hechos que, a su
juicio, “requerirían para el caso objeto de reproche, aunque sea un
análisis, siquiera sumario de los mismos, esto jamás se efectúa en la parte
considerativa de la sentencia, dándole única y exclusivamente relevancia a los
narrados por la accionante que de entrada tiene varios yerros como es el
aseverar que surtió un concurso previo para suscribir dicho contrato, o que se
le dio terminación por parte de la entidad pública dejando en entre dicho la legalidad
de los actos administrativos proferidos con ocasión a la celebración y
ejecución del contrato”.
Así, concluye, al no valorar siquiera
sumariamente el contrato con todos sus actos preliminares, esto es, la
solicitud del director del NUSE, los estudios previos, el certificado de examen
ocupacional, los informes de pago, las actividades y obligaciones específicas
desarrolladas y avaladas por el supervisor del contrato, el hecho mismo que la
actividad deba adelantarse en un horario establecido por la entidad pública por
la necesidad misma del servicio y no porque se esté en presencia de una
subordinación, la situación de que la accionante tenía la invalidez pre
constituida casi seis años atrás de la celebración del contrato, invalidez que
inclusive le genera un ingreso que es su pensión de acuerdo al procedimiento y
monto legal establecido, el hecho de que la Ley 80 de 1993 y la 115 de 2007,
junto con el Decreto Reglamentario Único 1082 de 2015, permite que las
entidades públicas adelanten este tipo de contratos y prevé que se fije un
término de ejecución del contrato, en atención a la necesidad de la entidad
pública y dicho vencimiento jamás constituye una terminación unilateral, como
mal lo señala la H. Corte en el fallo objeto de reproche y más aun no le impone
carga adicional alguna a las entidades públicas afectas al estatuto de
contratación pública las cuales se encentran decantadas en el artículo 2 de la
ley 80 de 1993, como si lo hace de manera desacertada la corte al imponer que
todo contrato de prestación de servicios, previo a finalizarse por vencimiento
del plazo pactado de manera bilateral y voluntaria, entre una persona con
discapacidad y una entidad pública, deba tener un concepto positivo del
Ministerio de trabajo, finalmente sorprende a la administración pública que la
Corte sostenga que todo contrato que llegue a su fin por vencimiento de
términos con una persona discapacitada como es el caso que nos ocupa, se
presuma que es por su estado mismo de invalidez, cuando la constitución, la ley
y la misma jurisprudencia han sostenido que todo acto administrativo goza de
plena legalidad y se presume la misma y no al contrario como lo indica de
manera arbitraria este fallo judicial.”
6. Argumentos que sustentan
la solicitud de nulidad de la sentencia T-723 de 2016 presentada por la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
La Directora Jurídica y Contractual de la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia[116] presenta las
siguientes razones de inconformidad con el fallo:
6.1. En primer lugar, alega que en virtud del
Acuerdo 637 de 2016 y los Decretos 409 y 413 de 2016 asumió las funciones que
venía ejerciendo el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá hoy en
Liquidación. Que, a pesar de que el numeral tercero de la sentencia T-723 de
2016 le ordena cumplir la orden de reintegro, esta entidad no fue vinculada ni
notificada a la acción de tutela. En ese entendido, estima vulnerados sus
derechos a la defensa y al debido proceso.
6.2. En segundo lugar y de conformidad con lo
anterior, señala como causal de nulidad “(iv) cuando en la parte resolutiva
se profieran órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que
no tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa”.
Manifiesta que el hecho de que el juez de tutela en sede de revisión haya
omitido la vinculación de su representada, “constituye una causal de nulidad
de la sentencia insaneable, en la medida que raya con las garantías del debido
proceso y derecho de defensa que le asiste a las partes implicadas en la acción
de tutela”. En este orden de ideas, reitera que “el hecho de no permitir
ser oído, como ocurrió en el presente asunto, constituye causal de nulidad de
lo actuado en sede de revisión por abierta vulneración del debido proceso, por
lo que se debe declarar la nulidad de la sentencia de revisión proferida el 16
de diciembre de 2016, para que la entidad que represento pueda hacer uso del
derecho de defensa como garantía del debido proceso estatuido por el artículo
29 de la CN.”
Igualmente, expresa que se da cumplimiento a
los requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad reseñados en la
citada providencia, toda vez que la Secretaría distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia asumió las funciones del Fondo de Vigilancia y Seguridad
de Bogotá hoy en liquidación y se le está impartiendo la orden de cumplir la
sentencia T-723 de 2016 a pesar de no haber sido vinculada al trámite en sede
de revisión. Además, considera que la solicitud se presenta de forma oportuna “por
cuanto el fallo fue comunicado a esta Secretaría solo hasta el día 24 de mayo
de los corrientes, mediante oficio No. 2310450 del mismo día, radicado bajo el
no. 1-2017-12567 (…) que se adjunta, por parte de la Dirección de Defensa Judicial
y Prevención del Daño antijurídico de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.”
Luego de hacer referencia al auto 197 de 2005,
indica que en el caso de estudio “el trámite de la acción de tutela ya
referenciado está viciado por una irregularidad in procedendo, que consiste en
la mutación del ejercicio del derecho de contradicción y defensa que le asiste
a esta Secretaría, a ser vinculado en el trámite de revisión que fuera
escuchado en garantía de los mentados derechos fundamentales. (…) Así las
cosas, esa alta Corporación ha enfatizado en la necesidad de notificar a las
personas directamente interesadas o afectadas, la iniciación del trámite que se
origina con motivo de la instauración de la acción de tutela, así como la
decisión que en consecuencia se adopte, lo cual, lejos de ser un acto meramente
formal o procedimental, constituye la garantía procesal que, necesariamente,
asegura la efectividad del derecho de defensa del sujeto pasivo de la acción y
el principio de publicidad en las actuaciones públicas.”
6.3. Finalmente solicita tener en cuenta que
la decisión de la Sala de Revisión fue adoptada con total desconocimiento del
debido proceso que le asiste a esta Secretaría, pues se reitera que “nunca
se le vinculó al presente trámite, para que oportunamente pudiera ejercitar su
derecho de contradicción y defensa por lo que dicha providencia se torna
incongruente frente a la realidad procesal, más aún si se tiene en cuenta que
es la entidad que debe dar cumplimiento a la orden impartida sin ser viable el
mismo, toda vez que dentro de su planta de personal no tiene trabajadores
oficiales, vinculación que debería dársele a la accionante en virtud de la
declaración de la existencia del contrato laboral en la sentencia de revisión y
no sería procedente tampoco vincularla como empleada pública dad al vinculación
legal y reglamentaria que no puede ser objeto de reconocimiento por esta vía,
pues se iría en contravía de lo dispuesto en los artículos 122 y 125 de nuestra
Constitución Política, dado que el acceso a los mismo se da por concurso
público y el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se
hacen previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes, lo que no ocurre con la
accionante”.
IV.
CONSIDERACIONES
La Sala Plena de la Corte Constitucional es
competente para conocer de la solicitud de nulidad formulada en el presente
caso, según lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.
1. Jurisprudencia constitucional sobre la
procedencia de la nulidad de las sentencias proferidas por esta Corporación.
1.1. En principio, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, no procede ningún recurso contra
las sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado que en situaciones excepcionales que supongan una grave
afectación al debido proceso y previo el cumplimiento de una exigente carga
argumentativa por parte de quien alega la existencia de una nulidad, explicando
de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su
incidencia en la decisión adoptada,[117]
se pueda solicitar la nulidad de una sentencia proferida por las
Salas de Revisión de esta Corporación.
1.2. Esta conclusión de la Corte se sustenta
en cuatro argumentos principales: (i) el principio de seguridad jurídica
y el carácter de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, exigen la
defensa de la cosa juzgada constitucional contenida en las sentencias
proferidas por esta Corporación;[118]
(ii) la solicitud de nulidad de una sentencia de tutela no es un recurso contra
ella, pues esta posibilidad está expresamente prohibida por la ley; se trata de
una petición que genera un incidente especial y particular porque no se rige
por las reglas del procedimiento ordinario, ni contencioso administrativo, en
tanto es una figura propia del procedimiento constitucional dirigida a subsanar
irregularidades contenidas en la sentencia proferida por una Sala de Revisión
de la Corte Constitucional y no a reabrir el debate resuelto en la providencia;[119]
(iii) la nulidad resulta procedente cuando en la sentencia proferida por las
Salas de Revisión de la Corte se presentan irregularidades de tal magnitud que
desconocen el derecho fundamental al debido proceso;[120] y (iv) la Corte solo
puede examinar la solicitud de nulidad cuando se da cumplimiento a una exigente
carga argumentativa, en el sentido de explicar clara y expresamente los
preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión tomada.[121]
2. Presupuestos que deben acreditarse para
la procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las
Salas de Revisión de ésta Corporación.
2.1. De acuerdo con la jurisprudencia, hay
tres requisitos formales que toda solicitud de nulidad debe contener, a saber,
oportunidad, legitimación y carga argumentativa.
(i) Oportunidad: implica, por un lado,
que cuando el vicio se configura antes de la expedición de la decisión, debe
ser alegado antes de que ésta sea comunicada.[122] En ese
sentido, resultan inadmisibles los argumentos que buscan probar vicios
procesales o sustanciales en el trámite procesal de la acción de tutela
anterior a la sentencia, en tanto que todos ellos debieron alegarse antes de
que fuera proferida la providencia que resuelve en forma definitiva el asunto.
En caso contrario, cuando la anomalía se materializa en la providencia, debe
ser propuesta dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación;[123]
(ii) legitimación: el incidente de
nulidad debe ser incoado por quien haya sido parte en el trámite de amparo
constitucional o por un tercero que resulte afectado
por las órdenes proferidas en sede de revisión y, [124]
(iii) carga
argumentativa: quien alega la nulidad de una sentencia de revisión debe
explicar de forma clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos
y la incidencia en la decisión proferida, tendientes a demostrar que la propia
sentencia contiene irregularidades que vulneran el debido proceso.[125] Por tanto, no es suficiente el
expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan
al disgusto o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada.[126]
2.2. Ahora bien, materialmente se ha resaltado
la excepcionalidad de la nulidad: la jurisprudencia constitucional ha señalado
que la nulidad de una sentencia de revisión es excepcional, por lo tanto,
adicionalmente a los requisitos formales de
admisibilidad,[127] también se han dispuesto determinadas
condiciones y limitaciones a los argumentos utilizados para sustentar los
cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole
cualificada, pues con los mismos debe demostrarse la afectación a un derecho
constitucional fundamental por parte de la Sala de Revisión, la cual "debe
ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir,
que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus
efectos”.[128] (Subraya la Corte).
2.3.
Con base en estas circunstancias, en Auto 031ª de 2012, la Corte identificó
algunos casos en que la vulneración reúne esas características,[129] así por ejemplo señaló:
“Cuando una Sala de Revisión cambia la
jurisprudencia de la Corte. El artículo 34 del decreto 2591 de 1991 establece
que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena; en
consecuencia, si una de las salas de revisión se apropia de esa función, se
extralimita en el ejercicio de sus competencias con una grave violación al debido
proceso.[130] Sin embargo, no toda
discrepancia implica cambio de jurisprudencia, puesto que ella debe guardar
relación directa con la ratio decidendi de la sentencia de la cual se predica
la modificación;[131] en caso contrario, ‘[L]as situaciones fácticas y
jurídicas analizadas en una sentencia de una Sala de Revisión y que sirven de
fundamento para proferir un fallo son intangibles, porque son connaturales a la
libertad, autonomía e independencia que posee el juez para evaluarlas y
juzgarlas.’[132]
- Cuando una decisión de la Corte es
aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley.[133]
- Cuando existe incongruencia entre la
parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace
anfibológica o ininteligible la decisión adoptada;[134]
igualmente, en aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente,
o cuando la decisión carece por completo de fundamentación.
- Cuando la parte resolutiva de una
sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o
informados del proceso.[135]
- Cuando la sentencia proferida por una
Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello significa
la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.[136]” [137]
2.4. En este
contexto, las causales de procedencia de la solicitud de nulidad de las
sentencias proferidas con ocasión de un trámite de revisión de esta Corte deben
ser entendidas como un trámite basado en el respeto de las garantías reguladas
en el artículo 29 constitucional.[138] Lo anterior por cuanto la
nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos de
procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de
circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el
derecho fundamental aludido.[139] De manera que cualquier
inconformidad relacionada con la interpretación realizada por esta Corporación,
con la valoración probatoria o con los criterios argumentativos que apoyan la
sentencia, no son fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, en la
medida en que no implican la vulneración del debido proceso, sino que
constituyen meras apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo
del solicitante con la decisión”.[140]
3. Estudio
de las solicitudes de nulidad presentadas contra la Sentencia T-723 de 2016
3.1. Análisis
del cumplimiento de los presupuestos de
procedencia.
Para el análisis
del caso concreto, es pertinente verificar previamente el cumplimiento de los
requisitos formales de procedencia de las solicitudes de nulidad presentadas
por la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá y por la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, los cuales son: (i) demostrar la posibilidad
de formular la solicitud de nulidad, (ii) presentarla oportunamente y (iii)
asumir una carga de argumentación suficiente.
3.1.1.
Posibilidad de
presentarla.  Como se
estableció con anterioridad, el incidente de nulidad debe ser propuesto por una
persona que cuente con legitimación activa por haber sido parte en el trámite
del amparo constitucional, o por ser un tercero que resulte afectado por las
órdenes proferidas en sede de revisión.
En el caso de las Secretarías Jurídica Distrital
de Bogotá y Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia este requisito se cumple, pues si bien en
la acción de tutela de la referencia las partes fueron la señora María
Eugenia Leyton Cortés y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en
Liquidación, la decisión que allí se tomó debía ser cumplida de forma
subsidiaria por la Secretaría Distrital de Seguridad y Justicia por ser la
encargada de asumir las funciones del Fondo de Seguridad y Vigilancia Liquidado
y por la Alcaldía Distrital de Bogotá, en el evento en que no fuera posible el
reintegro de la accionante en la planta de personal de la Secretaría
correspondiente, entidades que no fueron vinculadas al proceso en sede de
Revisión y hoy presentan incidente de nulidad.
3.1.2.
Presentar la
solicitud oportunamente.  La jurisprudencia constitucional ha determinado que el incidente de
nulidad debe interponerse dentro de los tres (3) días siguientes contados a
partir de la notificación de la sentencia, pues vencido en silencio el término
de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada. En este
caso se cumple con tal exigencia, pues tal como se advierte en el expediente,
la Alcaldía fue notificada el día 22 de mayo de 2017[141]
y la solicitud se presentó el día 25 de mayo del mismo año.
Por otra parte, es necesario resaltar que la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, al no ser parte de
la acción de tutela ni estar vinculada al proceso, no fue notificada de la
sentencia atacada directamente por el juez de primera instancia. Al respecto
esta entidad manifiesta haber tenido conocimiento de la decisión el día 24 de
mayo de 2015,[142] mediante una comunicación remitida por la
Directora de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico que le
solicitaba dar cumplimiento a la misma. En ese contexto, la Sala Plena
entenderá que la presentación del incidente de nulidad el día 26 de mayo de
2017, se hizo de manera oportuna, pues respecto de esta entidad no puede
aplicarse el término preclusivo antes señalado.
3.1.3.
Carga argumentativa. Quien
alega la existencia de una nulidad debe explicar de forma clara y expresa las
causales de nulidad y su incidencia en la decisión proferida.
En este caso, la Sala considera que
la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá expone los siguientes cargos contra
la Sentencia T-723 de 2016: i) incongruencia entre la
parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace
anfibológica o ininteligible la decisión; ii) órdenes a
particulares que no fueron vinculados o informados del proceso; y iii) elusión
arbitraria de análisis de asuntos de relevancia constitucional, que de haberse
estudiado se hubiera llegado a una decisión diferente. Por su parte, la
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia presenta el siguiente cargo
contra la sentencia T-723 de 2016: en la parte resolutiva se profieren órdenes
a particulares que no fueron vinculadas y que no tuvieron la oportunidad
procesal para intervenir en su defensa.  A
continuación pasará la Sala a analizar los cargos alegados por los solicitantes
para solicitar la nulidad de la sentencia T-723 de 2016.
3.2. Primer
cargo: Cuando se presente una incongruencia entre la parte motiva y la
resolutiva de la sentencia, la cual genere incertidumbre respecto del alcance
de la decisión proferida.
3.2.1. La Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá considera
que la Sala Séptima de Revisión concedió el amparo y ordenó la
protección de los derechos fundamentales invocados “partiendo de un problema
jurídico que per se incurre en sendos yerros de interpretación por vía de
hecho, toda vez que parte de un falso juicio de razonamiento, al sostener que
para el caso que nos ocupa se configuran los siguientes presupuestos: ‘¿una
entidad pública vulnera los derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital
en dignidad, al trabajo y a la igualdad de una persona en situación de
discapacidad, al terminar unilateralmente su contrato de prestación de
servicios sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, aun cuando el
plazo convenido se había vencido?’ Sin embargo, no hubo en ningún momento un
análisis de fondo al interior del fallo objeto de reproche, encaminado a
demostrar que efectivamente el contrato de prestación de servicios celebrado
entre el accionante y el Fondo de Vigilancia y Seguridad era un contrato
realidad, como si lo hacen en todas las sentencias citadas en la parte
considerativa, por cuando no hay una correlación entre el resuelve propiamente
dicho, los hechos antecedentes y pruebas y la parte considerativa en el fallo
que nos ocupa contrariando entre los siguientes precedentes judiciales”.[143]
Estima que el desconocimiento del precedente
se genera en doble vía en este caso, por ser la decisión abiertamente contraria
a pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, “relacionados
con las acciones de tutela que desarrollan la teoría de la primacía de la
realidad sobre las formas de aplicar en aquellos casos en los cuales el estado
encubre relaciones laborales en contratos de prestación de servicios (…) En
atención a lo anterior, para el caso que nos ocupa, no solo no se logra
decantar los requisitos dispuestos en el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, estos son: (i) la actividad personal del trabajador, (ii) la
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y (iii) un salario
como retribución del servicio; y mucho menos el nexo causal entre la debilidad
manifiesta es decir la invalidez de la accionante y la terminación por
vencimiento de plazo y valor del contrato. De acuerdo a lo anterior, se colige
que para la sentencia que nos ocupa, existe una incongruencia entre la parte
motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que hace
anfibológica o ininteligible la decisión adoptada; igualmente donde la
sentencia no sólo se contradice abiertamente, sino que la contradice las
sentencias con las cuales motiva su decisión, haciéndola carecer por completo
de fundamentación”.
3.2.2. Respecto de esta causal
de nulidad de violación del debido proceso por incongruencia
entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, la jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado que “la motivación de las decisiones
judiciales es un derecho —o una posición jurídica iusfundamental— asociado al
debido proceso constitucional, un presupuesto para el control de legalidad de
las decisiones cuando este es procedente, y una condición de legitimidad de las
sentencias cuando ese control no existe, pues exige a los jueces mostrar que
sus razonamientos se enmarcan en el imperio del derecho y no en consideraciones
arbitrarias o caprichosas, mientras permite a la ciudadanía la evaluación
crítica de las providencia”[144].
Bajo ese entendido, esta Corte ha sostenido que “un elemento
esencial de la validez de las providencias judiciales tiene que ver con la
necesaria congruencia que debe existir entre la parte resolutiva y la parte
motiva, así como entre los elementos fácticos obrantes en el expediente y las
consideraciones jurídicas que se elaboran a su alrededor”[145], concluyendo así que “la
ausencia de motivación o la existencia de serias contradicciones entre la parte
motiva y la resolutiva de una sentencia conlleva su invalidez y la posibilidad
de solicitar su nulidad”[146].
3.2.3. En esta
oportunidad, encuentra la Sala Plena que no se presenta incongruencia en el
sentido de la decisión. Al respecto, la Secretaría Jurídica Distrital considera
que el problema jurídico se circunscribió a establecer si la terminación del
contrato de prestación de servicios sin autorización previa del Ministerio de
Trabajo vulneraba los derechos de la accionante. No obstante, señala, se
decidió sin ningún análisis de fondo que entre las partes existió un contrato
realidad, sin que existiera una “correlación entre el resuelve propiamente
dicho, los hechos antecedentes y pruebas y la parte considerativa en el fallo
que nos ocupa” contrariando los precedentes citados en él.
Para dar
respuesta al problema jurídico,[147] la Sala Séptima de Revisión presentó la
siguiente estructura: (i) la protección constitucional a personas en condición
de debilidad manifiesta; (ii) la estabilidad reforzada de las personas con
discapacidad o en condición de debilidad manifiesta en contratos de prestación
de servicios y (iii) la protección constitucional de las garantías laborales
constitucionales, y por último, la aplicación de estos puntos al caso
concreto. Lo que demuestra que el análisis de la Sala abarcó el marco legal y
jurisprudencial que regula la protección de personas en condición de debilidad
manifiesta.
Adicionalmente, en la solución del caso concreto, la Sala de
Revisión consideró que, de acuerdo con las afirmaciones de la tutela, era
necesario establecer si se configuraba un contrato realidad entre las partes,
aclarando que “ello no es impedimento para aplicar la estabilidad reforzada
a los contratos de prestación de servicios, en la medida que, como se indicó en
precedencia, esta Corte ha protegido relaciones jurídicas que involucran
derechos constitucionales laborales sin distinguir la formalidad de la misma,
es decir, contratos laborales, en contratos realidad o en contratos que
involucran derechos laborales constitucionales aunque no se denominen de esa
manera (como serían algunos contratos de prestación de servicios y las órdenes
de servicio, entre otros).” En ese contexto, en el numeral 6.3[148]
la sentencia objeto de discusión aborda el estudio de los elementos del
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo que echa de menos el solicitante,
para concluir que “las funciones ejercidas por la señora Leyton pertenecen
al giro ordinario del Sistema Integrado de Seguridad de la administración
local, para las cuales, se repite, la accionante no podía actuar de manera
independiente ni fuera de su horario, y que, en contraprestación recibía un
pago, puede afirmarse que, aunque el contrato hubiese sido denominado “de
prestación de servicios”, en realidad se trata de un contrato de trabajo.”
En ese orden de
ideas, no se advierte el defecto alegado por la Secretaría Jurídica Distrital
en el análisis del caso concreto ni mucho menos premisas o argumentos
contradictorios en el desarrollo y exposición de las ideas contenidas en la
sentencia que vuelvan el fallo ininteligible, razón que sistemáticamente lleva
a determinar que no es posible asegurar que se ha configurado esta causal de
nulidad.
3.3. Segundo
cargo: “Cuando en la parte resolutiva de la sentencia se profieran órdenes a
particulares que no fueron vinculados al proceso y que no tuvieron la
oportunidad procesal para intervenir en su defensa”.
Esta causal fue
alegada por las dos entidades distritales que solicitan la nulidad de la
sentencia T-723 de 2016. Teniendo en cuenta que se trata de argumentos que
tienen la misma finalidad, se resolverá el cargo de manera conjunta.
3.3.1. La
Secretaría Jurídica Distrital, alega que “pese a que mi
representada la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, era la primera afectada por la
orden impuesta en la sentencia de tutela nunca fue participe de su devenir ya
que nunca se le notificó de la existencia de la misma, con el fin de que
pudiera ejercer su derecho de defensa. Observado el recuento cronológico del
proceso de tutela de la referencia, se evidencia con suma claridad que, no fue
vinculada por el juez que conoció en única instancia del recurso de amparo,
esto es, no fue jamás vinculado, notificado o requerido en ninguna forma por el
Juzgado Ochenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, y que a través de dicho fallo
la Secretaría Distrital de Gobierno es desvinculada del mismo, quedando como
únicamente vinculado el Fondo de Seguridad en liquidación, luego de lo cual fue
remitido a la Corte Constitucional.” Considera que la falta de vinculación
al proceso de tutela afecta los intereses presupuestales, organizacionales y
funcionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá de manera directa ya que la orden
aunque se dirige directamente al Fondo de Vigilancia y Seguridad en
Liquidación, “contiene un acápite final en la orden tercera del resuelve
donde indica que (…) en caso de no ser posible el reintegro en el Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá, la Administración Distrital deberá reubicarla
en la entidad que considere pertinente”, y el no haber ejercido su derecho
de defensa constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.
Por su parte, la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia considera que, al asumir las funciones que
venía ejerciendo el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá hoy en
Liquidación, en virtud del Acuerdo 637 de 2016 y los Decretos 409 y 413 de
2016, el numeral tercero de la sentencia T-723 de 2016 le ordena cumplir la
orden de reintegro, a pesar de no ser notificada o vinculada al proceso de
acción de tutela. En ese entendido, estima vulnerados sus derechos a la defensa
y al debido proceso.
3.3.2. Respecto de esta causal, la Corte Constitucional
se ha pronunciado en varias ocasiones supeditando la anulación a que la orden
se dirija contra “particulares” que no hayan sido vinculados o
integrados al proceso de tutela. Sin embargo, ello no significa que las
entidades públicas no puedan ejercer su derecho a la defensa dentro de los
procesos de tutela. En auto 116 de 2017, la Sala Plena indicó que “en los
procesos en los cuales la acción de tutela señala a un ente oficial como
responsable de una amenaza o vulneración de derechos fundamentales, el juez
constitucional debe integrarlos oportunamente al proceso, a fin de que
presenten una contestación sobre los hechos. La jurisprudencia constitucional
ha procedido en consecuencia a anular procesos de tutela, cuando ha advertido
que un ente de derecho público, con la calidad de parte o de tercero interesado
en el desenlace del proceso, no es vinculado o informado oportunamente sobre su
existencia.[149]”.[150]
Ahora bien, los derechos de contradicción y defensa hacen parte de las
garantías esenciales que componen el debido proceso consagrado en el artículo
29 Superior y en instrumentos internacionales como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la cual, en su artículo 8º[151] establece un mandato
genérico de protección del derecho a ser oído ante un juez competente,
predicado no solo para el caso de imputación de delitos sino de toda actuación
judicial en donde se definan derechos y obligaciones.  Este carácter general de
aplicación del derecho de defensa ha sido reiterado por la jurisprudencia
constitucional[152]
la cual ha entendido que también es predicable dentro del desarrollo de la
acción de tutela. De manera que al estudiar esta acción constitucional, el juez
deberá analizar la existencia de personas distintas al accionado, que puedan
tener interés directo en la decisión o ser potenciales destinatarias de las
órdenes de protección de derechos fundamentales.[153]
De forma reiterada, esta Corporación ha señalado que es deber del juez en
primera instancia integrar el contradictorio y garantizar el pleno ejercicio de
los derechos de defensa y contradicción desde el inicio del proceso. La
integración en sede de revisión es excepcional y “responde a criterios
específicos, que buscan ponderar la satisfacción de los derechos fundamentales
del afectado en el caso concreto y la protección del debido proceso de la parte
vinculada”.[154]
En este entendido, la declaratoria de nulidad de una sentencia de tutela por
indebida integración del contradictorio ha sido objeto de análisis por esta
Corte, en virtud del cual ha desarrollado las siguientes reglas que sirven de
orientación a los jueces:[155]
“La primera regla impone al juez de tutela el deber de integrar el contradictorio
en virtud del principio de oficiosidad. Esto debido a que “si bien la demanda
de tutela debe dirigirse contra el sujeto a quien se puede imputar la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, puede ocurrir que se entable
contra un sujeto distinto y entonces mal podría prosperar la tutela, aunque, si
en el caso concreto el término lo permite, una vez se ha percatado de la
situación, bien puede el juez de oficio, antes de resolver, vincular al proceso
a la persona o entidad contra la cual ha debido obrar el demandante,
otorgándole suficientes elementos de defensa dentro del mismo, con arreglo a la
garantía constitucional. Sólo en ese evento podría otorgarse el amparo contra
ella (Sentencia T-578 del 10 de noviembre de 1997).”
Conforme a la segunda regla, la Corte ha considerado que el deber
judicial de integración del contradictorio se aplica, no solo en el caso en que
el accionante haya omitido vincular a quien esté real o aparentemente
involucrado en los hechos, sino también en el caso que “aparezca demandado otro
ente que, por su actividad, su función o sus actos, ha debido serlo, en otros
términos, cuando no se ha integrado debidamente el contradictorio, el juez de
tutela, según el análisis de los hechos y de la relación entre las funciones
que se cumplen o las actividades que se desarrollan y la invocada vulneración o
amenaza de derechos fundamentales (nexo causal), está en la obligación de
conformar el legítimo contradictorio, en virtud de los principios de
oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela.”
De acuerdo a la tercera regla, la Corte evidencia en su jurisprudencia
que en el derecho común la indebida integración del contradictorio lleva a la
adopción de fallos inhibitorios. Esta conclusión no es posible en el caso de la
acción de tutela, pues el parágrafo único del artículo 29 del Decreto Ley 2591
de 1991 lo prohíbe de manera expresa. En ese sentido, el juez debe ejercer sus
poderes oficiosos con el fin de garantizar que los sujetos afectados por la decisión
o que tengan interés directo en la misma puedan ejercer el derecho “a que se
resuelvan las pretensiones formuladas en la demanda y a que, por la otra parte,
se le admita como legítimo contradictor de tales pretensiones.”
En el precedente analizado, se expresa una cuarta regla, según la cual
si en el trámite de la acción de tutela puede deducirse razonablemente que se
está ante una vulneración de derecho fundamental y, no obstante ello, el juez
de tutela de primera instancia omitió integrar adecuadamente el contradictorio,
dicha integración puede ser adelantada por el juez de segunda instancia o
incluso por la Corte. De manera general, de acuerdo con este precedente, una
decisión de esta naturaleza involucra “revocar la decisión o decisiones
sometidas a su examen y ordenar al juez de primera instancia la integración del
contradictorio para configurar la legitimación en la causa de la parte
demandada. La adopción de esta conducta se adecua y armoniza con el postulado
legal de que en el proceso de tutela no pueden expedirse fallos inhibitorios,
pero cabría señalar que mientras no se vincule debidamente a la parte demandada
no es posible proferir sentencia de mérito, estimatoria o desestimatoria de las
pretensiones de la demanda”.
Conforme a lo expuesto, la indebida integración del contradictorio
configura una causal de nulidad dentro de la acción de tutela, bien sea del
trámite o de las sentencias adoptadas, por tratarse de una grave afectación del
derecho al debido proceso.  No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional la comprobación de esta irregularidad en sede de revisión no
significa que en todos los casos se deba retrotraer la actuación judicial hasta
su inicio, ya que en algunos eventos se podrían afectar desproporcionadamente
los derechos fundamentales del accionante. Al respecto, esta Corte ha señalado
que “existen dos alternativas posibles ante la nulidad derivada de la
indebida integración del contradictorio, verificada en sede de revisión.  La
primera, que se deriva de la regla general antes mencionada, que consiste en
declarar la nulidad de toda la actuación y ordenar que se realice con la
concurrencia de la parte que no fue vinculada.  La segunda, que consiste en
identificar la existencia de la causal de nulidad por violación del derecho de
defensa y contradicción, pero a su vez demostrar que el accionante es un sujeto
de especial protección constitucional o una persona que se encuentra en
circunstancias de debilidad manifiesta.  En estos casos, la Sala de Revisión
correspondiente debe acreditar esta condición y demostrar por qué la orden de
retrotraer la actuación resultaría especialmente lesiva”.[156]
Así las cosas, es posible que durante el trámite de revisión de
tutelas, se produzca la vulneración del debido proceso de un tercero que no fue
debidamente vinculado al proceso, motivo por el cual se podrá solicitar la
nulidad de la sentencia proferida por esta Corporación. El saneamiento de la
nulidad, de acuerdo con la jurisprudencia, se realizará bajo dos alternativas:
una de carácter general, que retrotrae la actuación judicial a su inicio con el
fin de que el trámite ser realice con la concurrencia de la parte que no fue
llamada originalmente, y otra de carácter excepcional, vinculando en sede de
revisión, para que el tercero se pronuncie directamente ante la Corte sobre la
acción de tutela y las decisiones de instancia.
3.3.3. En el caso de la sentencia T-723 de 2016, la Sala Séptima
de Revisión omitió vincular a la Alcaldía Distrital de Bogotá, tercero con
interés legítimo, vulnerando así su debido proceso en la medida que esta
entidad no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y
contradicción.
3.3.3.1. Al respecto, se advierte que la providencia se pronunció
sobre la vulneración de los
derechos fundamentales de la actora originada en la conducta del Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá en liquidación, entidad que una vez cumplido
el plazo pactado dio por terminada la relación laboral surgida entre las
partes, desconociendo su condición de sujeto de especial protección, siendo
esta entidad, que además cuenta con personería jurídica, la declarada como
responsable de la lesión de los derechos de la señora María Eugenia Leyton.
No
obstante, aunque los extremos de la litis fueron claramente identificados en la
sentencia cuestionada, se emitió una orden subsidiaria a la Alcaldía Distrital
de Bogotá, quien en virtud de ella se convirtió en la garante de la reparación
del derecho vulnerado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en
liquidación. Bajo ese entendido, la Alcaldía Distrital de Bogotá tiene un
interés legítimo para ser vinculada en el proceso, pues de conformidad con lo
resuelto sería al final la responsable de la reparación del derecho vulnerado.
En
ese contexto, para esta Corte es evidente que la orden proferida en la
sentencia T-723 de 2016 contra la Alcaldía Distrital, relacionada con la
reubicación de la accionante en caso de que la misma no fuera posible por la
entidad responsable de la vulneración y/o la que hiciera sus veces, afectó los
intereses presupuestales, organizacionales y funcionales de la dicha entidad al
no haber ejercido su derecho de defensa durante el trámite de la acción
presentada por la señora Leyton Cortés, y tener que responder, como ya se
indicó, por el restablecimiento de los derechos de la accionante.
3.3.3.2.
Sin perjuicio de lo anterior y frente a los argumentos expuestos por la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, es pertinente
señalar que las órdenes subsidiarias que se emitieron a esta entidad, que
asumió las funciones del Fondo accionado en liquidación, se produjeron en el
marco de sus competencias constitucionales y legales, y no como consecuencia de
una acusación en su contra por la vulneración de un derecho fundamental.[157]
De
manera que el cumplimiento de la orden por parte de la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, obedece al acatamiento de lo dispuesto en el
Acuerdo 637 de 2016, acto administrativo que determinó el traspaso de los
objetivos, funciones, derechos y obligaciones del Fondo de Vigilancia y
Seguridad a dicha entidad y no como consecuencia de la atribución de una
vulneración de derechos fundamentales de la accionante. Bajo este contexto, entiende
la Sala que en este evento operó de pleno derecho el fenómeno de la sucesión
procesal, contemplada en el artículo 68 del Código General del Proceso[158]
de conformidad con la cual, si en el curso del proceso sobreviene la extinción
de una persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho
debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso,
la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.
Así,
si bien la entidad demandada al momento de dictar sentencia aun no había sido
liquidada, era evidente que pronto dejaría de existir y como tal, le
correspondía al juez constitucional asegurar el cumplimiento del derecho
subjetivo vulnerado, extendiendo la orden a aquella que le sucedería en virtud
de la ley.  De manera que en este caso, no se advierte vulneración de los
derechos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la
cual de conformidad con el Acuerdo 637 de marzo 31 de 2016 fue creada para
asumir las funciones del Fondo de Vigilancia y recibiría no solo los bienes
sino los derechos y obligaciones, y por lo tanto debió actuar con diligencia y
presentarse al proceso para comparecer como el sucesor procesal, tal como lo
dispone la norma, sin que esta omisión pueda interpretarse como un eximente de
los efectos que respecto de ella produjo la sentencia. En ese entendido, su
intervención al dar cumplimiento de la orden impartida por este Tribunal
garantiza el disfrute de los derechos violentados por el Fondo de Vigilancia y
Seguridad.
3.3.4. Por las
razones anteriores, considera la Sala Plena que se está ante una irregularidad
constitutiva de una nulidad por violación del derecho fundamental al debido
proceso de la Alcaldía Distrital de Bogotá.  Por este motivo, se anulará la
sentencia T-723 de 2016 cuestionada y como medida cautelar, mientras se
profiere la sentencia de reemplazo, se ordenará a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, mantener la vinculación de la señora María Eugenia Leyton
Cortés bajo las mismas condiciones que se le concedieron al dar cumplimiento a
la citada providencia T-723 de 2016.
4. CONCLUSIÓN
En
esta oportunidad, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá y la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá solicitaron la nulidad
de la Sentencia T-723 de 2016, proferida por la Sala Séptima de Revisión de
esta Corporación.
Acorde
con lo expuesto, la Sala Plena consideró que en esta oportunidad prospera el
cargo formulado por la Secretaría Jurídica Distrital relacionado con la
existencia de órdenes, en la sentencia cuestionada, a la Alcaldía Distrital,
sin ser vinculada al proceso y sin tener la oportunidad procesal para
intervenir en su defensa. Ello, por cuanto se evidenció la vulneración del
debido proceso de dicha entidad por parte de la Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional al conceder el amparo de los derechos de la señora María
Eugenia Leyton Cortés, toda vez que como consecuencia de la orden impartida, la
cabeza de la Administración Distrital se convirtió en la responsable de la
reparación de los derechos de la accionante sin haber tenido conocimiento y
participación alguna dentro de la acción de tutela.
2.
DECISIÓN
Una sentencia de la Corte Constitucional viola el debido
proceso de un tercero con interés legítimo en la decisión, cuando la parte
resolutiva le imparte órdenes sin que se le haya vinculado previamente al
trámite de la tutela.
En mérito de la expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia
T-723 de 2016, solicitada por Secretaría Jurídica
Distrital de Bogotá.
SEGUNDO.- Como medida cautelar mientras se
profiere la sentencia de reemplazo, ORDENAR a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, mantener la vinculación de la señora María Eugenia Leyton
Cortés bajo las mismas condiciones que se le concedieron al dar cumplimiento a
la citada providencia T-723 de 2016
TERCERO.- Por Secretaría
General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente al
despacho de la magistrada sustanciadora del presente asunto, para que proyecte
la nueva sentencia, que deberá ser adoptada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y archívese el
expediente.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO                     ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Magistrado
Ausente en comisión
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO            GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado                                                           Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS                 CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrado                                                             Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrado
Magistrada
ROCIO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1]
Sala de Selección Número Ocho de 2016, integrada por los Magistrados María
Victoria Calle Correa y Gloria Ortiz Delgado.
[2]
Copia del formulario de dictamen para calificación de la incapacidad laboral y
determinación de la invalidez de la señora María Eugenia Leyton Cortés (Folios
14-16, cuaderno principal del expediente).
[3]
Copia del contrato de prestación de servicios suscrito entre el Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá y María Eugenia Leyton Cortés (Folios 10-13,
cuaderno principal del expediente).
[4]
Afirma que en la entidad accionada se han vinculado a personas que también son
pensionados y con ingresos superiores a los de ella.
[5]
Mediante auto del dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016), el
Juzgado Ochenta y Seis Civil Municipal de Bogotá admitió la acción de tutela de
la referencia y ordenó vincular al Fondo de Vigilancia y Seguridad Social de
Bogotá. Aunado a lo anterior ordenó comunicar dicho auto a las entidades
accionadas para que en el término de un (01) día contado desde la comunicación
del mismo se pronunciaran acerca de los hechos que originaron la acción.
[6]
Ver folios 54 a 60 del cuaderno principal del expediente.
[7]
“CLÁUSULA DÉCIMA- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL-: Los servicios contratados se
ejecutarán de manera autónoma y sin subordinación, razón por lo cual no genera
relación laboral ni prestaciones sociales y ningún tipo de costos distintos al
valor acordado en la cláusula cuarta de este contrato de conformidad con lo
preceptuado en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 concordante
con el CONTRATISTA a cumplir con sus obligaciones.”. Ver contrato a folios
10-13 del cuaderno principal del expediente.
[8]
Ver folios 19-49 del cuaderno 2 del expediente.
[9]
Ver a folio 16 del cuaderno 2 del expediente, informe del citador.
[10]
Ver a folio 18 del cuaderno 2 del expediente, constancia de envío a correo
electrónico.
[11]
Ver folios 51 a 53 del cuaderno 2 del expediente.
[12]
Padece de diabetes mellitus y cuenta con un 62.30% de pérdida de capacidad
laboral, de conformidad con el dictamen visible a folios 14-16 del cuaderno
principal.
[13]
Desde sus inicios, la Corte ha indicado que el examen del principio de
subsidiariedad que condiciona la procedibilidad de la acción de tutela, debe
ser matizada en aquellos eventos en los que el solicitante se encuentra en
circunstancias de debilidad manifiesta y el ordenamiento jurídico le ha conferido
estabilidad laboral reforzada. Ver sentencias T-576 de 1998 (MP Alejandro
Martínez Caballero); T-530 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); T-002 de
2006 (MP Jaime Córdoba Triviño); T-661 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis) T-575
de 2008 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla, AV Clara Inés Vargas); T-125 de 2009
(MP Humberto Sierra Porto); T-775 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza); T-447
de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas); T-521 de 2016 (MP Alejandro Linares, AV
Gabriel Eduardo Mendoza y Gloria Ortiz Delgado) entre otras.
[14]
Protección que no solo ha sido por nuestra Carta Política sino también por
distintos tratados internacionales suscritos por Colombia, como la Declaración
de los derechos del deficiente mental aprobada por la ONU en 1971, la
Declaración de los derechos de las personas con limitación, aprobada por la
Resolución 3447 en 1975 de la ONU, la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de
1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre
la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad”, la Recomendación 168 de la OIT, el Convenio 159
de la OIT, la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de la UNESCO en 1981, la
Declaración de las Naciones Unidas para las personas con limitación de 1983,
entre otras. (Ver sentencia T-198 de 2006 MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[15]
Corte Constitucional. Sentencia T-613 de 2011, MP Mauricio González Cuervo.
[16]
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2014, MP María Victoria Calle Correa.
[17]
Ver entre otras, las sentencias T-141 de 1993, MP Vladimiro Naranjo Mesa; T-568
de 1996, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, T-119 de 1997, MP Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-426 de 1998, MP Alejandro Martínez Caballero; T-961 de 2002, MP Eduardo
Montealegre Lynett; T-291 de 2005, MP Manuel José Cepeda; T-898A de 2006, MP
Marco Gerardo Monroy; T-699 de 2010, MP Gabriel Eduardo Mendoza; T-1097 de
2012, MP Luis Ernesto Vargas Silva (AV. SV. Mauricio González Cuervo);
[18]
Ver entre otras las sentencias T-1040 de 2001, MP Rodrigo Escobar Gil; T-351 de
2003, MP Rodrigo Escobar Gil; T-198 de 2006, MP Marco Gerardo Monroy; T-962 de
2008, MP Jaime Araujo Rentería; T-002 de 2011, MP Mauricio González Cuervo;
T-901 de 2013, MP María Victoria Calle; T-141 de 2016, MP Alejandro Linares
Cantillo.
[19]
Ver entre otras las Sentencias T-029 de 2004, MP Álvaro Tafur Galvis; T-323 de
2005, MP Humberto Sierra Porto; T-249 de 2008, MP Jaime Córdoba Triviño; T-043
de 2010, MP Nilson Pinilla Pinilla (AV. Humberto Sierra Porto); T-220 de 2012, MP
Mauricio González Cuervo, T-123 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas (SV. Luis
Guillermo Guerrero).
[20]
Ver entre otras las sentencias T-792 de 2004, MP Jaime Araújo Rentería; T-182
de 2005, MP Álvaro Tafur Galvis; T-593 de 2006, MP Clara Inés Vargas; T-384 de
2007, MP Manuel José Cepeda; T-992 de 2012, MP María Victoria Calle; T-326 de
2014, MP María Victoria Calle.
[21]
Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2011, MP Mauricio González Cuervo.
[22] Corte
Constitucional. Sentencia T-1040 de 2001, MP Rodrigo
Escobar Gil. En esta oportunidad la Corte indicó que esta protección implica
“(i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la
situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se
requiera y siempre y cuando que no se configura una causal objetiva que conlleve
a la desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral competente
autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la
causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del
trabajador.” Esta posición ha sido reiterada en varias oportunidades, en las
sentencias T-519 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-198 de 2006 (Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-361 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-263 de 2009
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-784 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa),
T-050 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa) T-587 de 2012 (MP Adriana
Guillén).
[23] Constitución Política, artículo 1º: “Colombia
es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general”.
[24] Constitución Política. Artículo 13. (…) “[Inciso 2º]
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. [Inciso 3º] El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
[25]
Hoy en día, a raíz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de Personas con Discapacidad ratificada por Colombia, se propende por la
implementación del modelo social de discapacidad, según el cual las personas
sufren de limitaciones para desarrollarse plenamente como miembros de la
sociedad a raíz de los límites que les impone su entorno, lo que tiene como
consecuencia que dejen de considerarse dichas limitaciones como inherentes a la
persona. Al respecto ver las sentencias C-458 de 2015 MP Gloria Ortiz Delgado
(SV. Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza) y C-659 de 2016 (MP
Aquiles Arrieta Gómez).
[26]
Tal como se reconoció en la Sentencia T-040 de 2016, algunos magistrados han
disentido de esta doctrina reiterada por la mayoría de las Salas de Revisión de
la Corte Constitucional, por considerar que “es diferente la protección
brindada a las personas discapacitadas -que se entienden calificadas-, a la
protección otorgada a las personas en situación de debilidad manifiesta,
quienes si bien no han sido calificadas ven disminuido su estado de salud. De
esta manera, (i) la estabilidad reforzada del primer grupo se otorga en
aplicación de la Ley 361 de 1997 y por tanto, ante el despido de una persona
calificada como discapacitada sin la autorización de la autoridad laboral
competente, procede el pago de la indemnización prevista en la Ley y el
reintegro correspondiente. (ii) Respecto del segundo grupo, su protección no se
desprende de la ley sino directamente de la Constitución, por ello, al
comprobarse el despido de una persona en debilidad manifiesta no es procedente
el pago de una indemnización sino simplemente el reintegro, teniendo en cuenta
que la sanción se genera por la presunción contenida en la ley”. Al respecto se
pueden ver los salvamentos de voto presentados por el Magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo a las siguientes Sentencias: Sala Tercera de Revisión,
Sentencia T-166 de 2011, MP Juan Carlos Henao Pérez (SPV. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-850 de 2011, MP
Mauricio González Cuervo (SPV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
Así mismo, se pueden ver las aclaraciones y salvamentos de voto presentados por
el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez a las siguientes Sentencias: Sala
Segunda de Revisión, Sentencia T-302 de 2013, MP Mauricio González Cuervo (SPV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia T-773 de
2013, MP María Victoria Calle Correa (AV. María Victoria Calle Correa y Luis
Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia T-217 de 2014 MP
María Victoria Calle Correa (SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera
de Revisión, Sentencia T-445 de 2014 MP María Victoria Calle Correa, (AV.
Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez) entre otras.
[27]
En la sentencia C-614 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. María
Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza) la Corte Constitucional señaló que
“el trabajo goza de amplia protección en la Constitución, pues define su
naturaleza jurídica a partir de una triple dimensión. Así, la lectura del
preámbulo y del artículo 1º superior muestra que el trabajo es valor fundante
del Estado Social de Derecho, porque es concebido como una directriz que debe
orientar tanto las políticas públicas de pleno empleo como las medidas
legislativas para impulsar las condiciones dignas y justas en el ejercicio de
la profesión u oficio. En segundo lugar, el trabajo es un principio rector del
ordenamiento jurídico que informa la estructura Social de nuestro Estado y que,
al mismo tiempo, limita la libertad de configuración normativa del legislador
porque impone un conjunto de reglas mínimas laborales que deben ser respetadas
por la ley en todas las circunstancias (artículo 53 superior). Y, en tercer
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, el trabajo es
un derecho y un deber social que goza, de una parte, de un núcleo de protección
subjetiva e inmediata que le otorga carácter de fundamental y, de otra, de
contenidos de desarrollo progresivo como derecho económico y social.” Al
respecto, pueden consultarse las sentencias C-580 de 1996, MP Antonio Barrera
Carbonell; C-019 de 2004, MP Jaime Araújo Rentería; C-038 de 2004, MP Eduardo
Montealegre Lynett; C-100 de 2005, MP Álvaro Tafur Galvis y C-177 de 2005, MP
Manuel José Cepeda (SPV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Jaime
Córdoba Triviño. AV. Humberto Sierra Porto).
[28]
Al respecto, en sentencia C-614 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV.
María Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza) la Corte explicó que “la
protección constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la
actividad productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor
público, no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo o
de exigirle al Estado el mínimo de condiciones materiales que se requieren para
proveer su subsistencia en condiciones dignas, sino que, por el contrario, es
más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en
condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mínimos
que rigen las relaciones laborales y a obtener la contraprestación acorde con
la cantidad y calidad de la labor desempeñada”.
[29]
En la citada sentencia C-614 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV.
María Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza), la Corte explicó que “la
protección constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la
actividad productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor
público, no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo o
de exigirle al Estado el mínimo de condiciones materiales que se requieren para
proveer su subsistencia en condiciones dignas, sino que, por el contrario, es
más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en
condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mínimos
que rigen las relaciones laborales y a obtener la contraprestación acorde con
la cantidad y calidad de la labor desempeñada”.
[30]
Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 1993, (MP Jorge Arango Mejía). En esta
oportunidad, la Corte conoció del caso de unos vendedores ambulantes ubicados
en la Plazuela de San Pedro de Neiva, quienes presentaron acción de tutela a
través de apoderado, contra el decreto 013 del 28 de enero de 1993 expedido por
el alcalde de Neiva quien ordenó la reubicación y el retiro de casetas, puestos
estacionarios, ventas ambulantes de dicho sector por utilidad pública. Ver
también, las sentencias T-438 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-396
de 1997 (MP Antonio Barrera Carbonell), SU-360 de 1999 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-020 de 2000 (MP José Gregorio Hernández) entre otras,
providencias en las cuales se puede establecer que el eje sobre el cual ha
girado el amparo a los vendedores ambulantes es lo que la doctrina considera
como la confianza legítima. Principio que se aplica “como mecanismo para
conciliar el conflicto entre los intereses público y privado, cuando la
administración ha creado expectativas favorables para el administrado y
sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones por lo tanto, la confianza
que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la
administración es digna de protección y debe respetarse” (SU-360 de 1999).
[31]
Sentencia T-629 de 2010 (MP Juan Carlos Henao). Al respecto, la Sala de
Revisión señaló que “también la prostitución como actividad económica puede
representar fuentes de trabajo para otras personas que sin ejercer el oficio y
sin incurrir en delito, participan en diversas actividades que constituyen en
suma la realidad del ‘negocio’, siempre tras el cumplimiento de las exigencias
dispuestas por el Derecho.  En este caso, la Sala encontró acreditado que la
accionante prestó sus servicios personales de manera subordinada y continua a
cambio de una remuneración acordada, en el establecimiento de comercio
accionado y ordenó la protección de los derechos fundamentales al trabajo, la
seguridad social, la igualdad, la dignidad, la protección de la mujer en estado
de embarazo, el derecho del que está por nacer, el fuero materno y el mínimo
vital.”  Posteriormente, en sentencia T-736 de 2015 (MP Gloria Ortiz Delgado),
al analizar el caso de una trabajadora sexual, la Sala de Revisión indicó que
“las autoridades deben tener en cuenta que el trabajo sexual lícito es una
forma de subsistencia que aunque debe estar sujeta a las garantías laborales,
no se desarrolla como cualquier trabajo, por las complejidades que se
desprenden tanto de la actividad en sí misma, como del contexto en el que ésta
se da, que en la mayoría de los casos parte de condiciones de vulnerabilidad
por el estatus socioeconómico de quien la ejerce. Las particularidades
mencionadas ameritan que se dé una especial protección constitucional a favor
de quienes desempeñan la prostitución, que se materializa en la adopción de
acciones afirmativas que contribuyan a combatir el estigma del que son objeto,
y garanticen que este grupo este en igualdad de dignidad y derechos.”
[32]
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
La Corte conoció una acción de tutela interpuesta por agremiaciones y
asociaciones de bicitaxistas de Bogotá por considerar vulnerados sus derechos a
la libre empresa, al trabajo, al mínimo vital, y el principio de confianza
legítima; al no incluirlos dentro del Sistema Integrado de Transporte, y
haberles aplicado sanciones de tránsito, que en su concepto no eran aplicables,
dada la falta de regulación de dicha actividad. Para la Corte, la acción de
tutela no era el mecanismo idóneo, particularmente ya que no existía una
determinación de prohibir el uso de las bicitaxis en Bogotá.
[33]
Corte Constitucional. Sentencia T-204 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos. AV. Luis
Ernesto Vargas). Al analizar la acción interpuesta, la Corte Constitucional
consideró que se había violado el principio de confianza legítima y los
derechos al mínimo vital y al trabajo de un hombre que laboró en una mina
ilegal por más de 10 años, ante su cierre definitivo, por encontrarse en una
reserva forestal.
[34]
Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia T-204 de 2014 (MP Alberto
Rojas Ríos. AV. Luis Ernesto Vargas), ordenó a la Alcaldía “i) implementar
programas de formación que como consecuencia del cierre y la suspensión de la
actividad minera ilegal permitan el desempeño en otras actividades laborales o
ii) diseñe programas con el Gobierno Nacional de reubicación laboral o
cualquier otro tipo que: iii) evite que a través del cierre de las minas, se
intensifique la situación de vulnerabilidad social y económica”
[35]
Corte Constitucional. Sentencia T-481 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
En este caso, los representantes del Municipio le decomisaron al accionante sus
ventas y productos, lo desalojaron de la vía pública y le indicaron que debía
vender en la plaza de mercado. La Corte reiteró que los derechos al trabajo y
al mínimo vital constituyen un límite al deber estatal de proteger el espacio
público e insistió que los vendedores informales son una población vulnerable
por su precaria situación laboral y económica (sobre el particular, la Sala
reiteró la sentencia T-904 de 2012 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y que
cuando se vulnera la confianza legítima “la respectiva autoridad administrativa
tiene la obligación de crear una política de recuperación de las áreas comunes
proporcional y razonable, que además contenga alternativas económicas adecuadas
que se compadezcan con las circunstancias particulares de los afectados”.
Adicionalmente, la Sala de Revisión estableció que la protección era más amplia
por tratarse de una persona con una limitación física, como sujeto de especial
protección constitucional, por lo que el ofrecimiento de alternativa económica
o la reubicación debían ser sensibles a su situación particular.
[36]
Corte Constitucional. Sentencia C-629 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. AV. María Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza). En similar
sentido, en Sentencia C-171 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), esta
Corporación afirmó que un contrato de prestación de servicios no podía usarse
cuando en realidad se está llevando a cabo una relación laboral, y por lo
tanto, ejecutándose un contrato laboral. Al respecto, indicó: “En consideración
a las diferencias esenciales entre el contrato laboral y el contrato de
prestación de servicios, la jurisprudencia de esta Corte ha insistido en el
principio de prevalencia de la realidad sustancial sobre la forma al momento de
determinar el tipo de contrato realmente existente, de conformidad con el
artículo 53 Superior, de manera que si se constatan los elementos materiales
para que exista una relación de trabajo, se debe determinar el vínculo laboral
independientemente del nombre o forma que las partes le hayan otorgado al
contrato. Por tanto, esta Corte ha insistido en la garantía del principio de
prevalencia de la realidad sustancial sobre la forma y la eficacia del contrato
realidad a partir de los criterios fijados tanto por la jurisprudencia
constitucional, como por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Suprema de Justicia, de manera que no puede utilizarse un contrato de
prestación de servicio con el fin de ejecutar realmente una relación laboral, y
cuando se constaten los elementos propios de la misma debe ser reconocida como
tal”.
[37]
Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2004 (MP Clara Inés Vargas). En este
caso la Corte analizó el caso de una trabajadora del Hospital Materno Infantil
ciudadela Metropolitana de Soledad, Atlántico, en el que la accionante
consideró que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales a la
educación, alimentación, buen nombre y mínimo vital al desvincularla de su
cargo, sin cancelarle los meses laborados, correspondiente a los sueldos de
cinco meses y un día y desconocer su condición de madre soltera y cabeza de
hogar. La Sala de Revisión concedió el amparo solicitado y concluyó “que en el
presente caso debe presumirse la existencia de un contrato realidad entre la
accionante y la demandada. En efecto, el demandado señala que la accionante
cumplía una jornada laboral de seis horas, las cuales sumadas a las planillas
de turnos que fueron anexadas, permiten inferir una relación de subordinación,
por lo cual se concluye que los valores que esta última adeuda son de carácter
salarial. ||  Siendo esto así, puede constatarse también que a la demandante se
le adeudan más de dos meses de salario. De igual forma, la demandada no probó
la existencia de otros ingresos o recursos de la actora, con los cuales pudiera
desvirtuarse que su mínimo vital había sido afectado. Y finalmente, de acuerdo
con la jurisprudencia reseñada, los argumentos de carácter económico o
presupuestal para disculpar el no pago de salarios, no son admisibles.”
[38]
Corte Constitucional. Sentencia T-903 de 2010 (MP Juan Carlos Henao). En este
caso, la Corte Constitucional debía establecer si los derechos fundamentales al
trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social del accionante fueron
vulnerados por el Municipio accionado, en razón de la posible existencia de una
relación laboral entre las partes por las funciones que el actor desempeñó. La
Sala de Revisión concedió el amparo de los derechos por considerar que “si se
contrastan estos presupuestos jurídicos con los elementos del caso se deduce
que, el tipo de vinculación del señor Gilmer Sierra con la Institución, no era
acorde a la naturaleza del contrato de prestación de servicios. En efecto, para
realizar las funciones de vigilancia, aseo y mantenimiento que se han
desarrollado a lo largo de la relación no se exigió la experiencia,
capacitación y formación profesional propia del contrato de prestación de
servicios. El señor Sierra no contaba con autonomía ni independencia para el
desarrollo de las funciones porque tenía un horario específico para ejercer la
vigilancia, que era los fines de semana y los días festivos, y de igual forma,
estaba sujeto a las órdenes de los directivos de la institución en relación con
los oficios varios que desempeñaba. Los múltiples contratos de prestación de
servicios suscritos durante cerca de 8 años son la prueba fehaciente de que, en
lugar de tener una relación limitada en el tiempo, era una relación laboral a
término indefinido con obligaciones claramente estipuladas, por esto, es claro
que el requisito de la temporalidad tampoco se cumplió. En fin, la naturaleza
del cargo que desempeñaba el señor Gilmer Sierra dificultaba que su
contratación fuera por medio de un contrato de prestación de servicios. Como se
explicó, esta forma de contratación encubrió una relación de índole laboral,
cuya implicación principal fue que no se reconocieran a favor de Gilmer Sierra
los salarios durante la vigencia real de la relación laboral, las prestaciones
sociales ni la afiliación a la seguridad social”.
[39]
Corte Constitucional. Sentencia T-480 de 2016, (MP Alberto Rojas Ríos. SV María
Victoria Calle). La Corte consideró que en el caso analizado, después de la
verificación del cumplimiento de los tres elementos esenciales vistos en
precedencia, “entre el ICBF y las 106 madres comunitarias sí existió contrato
de trabajo realidad desde el 29 de diciembre de 1988 o desde la fecha en que
con posterioridad se hayan vinculado al Programa Hogares Comunitarios de
Bienestar, hasta el 31 de enero de 2014 o hasta la fecha en que con
anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa. Ello, no es más que
el resultado de la observancia y adecuada aplicación del principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades, como garantía
en la protección efectiva de los derechos laborales que solicitan las
accionantes, ante el desconocimiento sistemático de esos derechos por parte del
ICBF, entidad que, solo se dedicó a implementar estrategias jurídicas
encaminadas a ocultar esa relación laboral y evadir las verdaderas obligaciones
que emanaron de la misma”.
[40]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección "A". 6 de Marzo de 2008.
Radicación Número: 23001-23-31-000-2002-00244-01(2152-06). Este Tribunal estudió
si el demandante tenía derecho al reconocimiento del “contrato realidad” por
los períodos laborados bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios,
mediante los cuales fue incorporado al Municipio de San Andrés de Sotavento
como docente de tiempo completo. Además, manifestó cuáles son los requisitos
que debe reunir un empleado público: “Debe decirse que para admitir que una
persona desempeña un empleo público en su condición de empleado público
-relación legal y reglamentaria propia del derecho administrativo- y se deriven
los derechos que ellos tienen, es necesario la verificación de elementos
propios de esta clase de relación como son: 1) La existencia del empleo en la
planta de personal de la entidad, porque no es posible desempeñar un cargo que
no existe (artículo 122 de la Constitución Política); 2) La determinación de
las funciones propias del cargo (artículo 122 de la Constitución Política); y
3) La previsión de los recursos en el presupuesto para el pago de gastos que
demande el empleo; requisitos éstos sin los cuales no es posible hablar en
términos de empleado público, a quien se le debe reconocer su salario y sus
correspondientes prestaciones sociales.  Además, “en la relación laboral
administrativa el empleado público no está sometido exactamente a la
subordinación que impera en la relación laboral privada; aquí está obligado es
a obedecer y cumplir la Constitución, las Leyes y los reglamentos
administrativos correspondientes, en los cuales se consagran los deberes,
obligaciones, prohibiciones etc. a que están sometidos los servidores
públicos”.
[41]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección "B". 15 de junio de
2011. Radicación número: 25000-23-25-000-2007-00395-01(1129-10). En este caso,
el Tribunal verificó que “las labores adelantadas por el actor no fueron
transitorias ni ocasionales, sino que, por el contrario, como lo evidencian las
fechas de los contratos con sus correspondientes otros sí, las funciones que le
fueron asignadas como Inspector de Aeronavegabilidad II e Inspector Operativo
son de carácter permanente, así como los informes que se le debe brindar al Jefe
inmediato, los cuales como se anotó en el acápite de hechos probados tenían que
tener su visto bueno antes de ser remitidos al PNUD. || Así las cosas, concluye
la Sala que no resulta acertado lo expuesto por el Procurador Delegado al
sostener que el contratista no estaba subordinado ni dependía de la UAEAC, pues
sólo se le estaba supervisando o controlando el cumplimiento del objeto
contractual, ya que las pruebas allegadas demuestran, se reitera, lo contrario
que el actor se encontraba bajo dependencia y subordinación no sólo respecto al
cumplimiento de horario, sino de órdenes y actividades, sin que de ninguna de
las pruebas aportadas se pueda concluir la independencia y autonomía del
contratista en el ejercicio de sus funciones, como lo establece claramente el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993. || Por ello, se advierte que las entidades
estatales no deben recurrir a la práctica de vincular personal bajo la
modalidad de prestación de servicios para cumplir actividades permanentes
propias de la administración y de esta manera evitar el pago de prestaciones
sociales y de aportes parafiscales, entre otros, pues con dicha conducta, como
lo ha reiterado tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, no sólo
vulneran los derechos de los trabajadores sino que además dicha nómina paralela
desvirtúa la razón de ser del numeral 3º de la Ley 80 de 1993, cual es la
independencia y autonomía del contratista en el desarrollo del contrato con
carácter temporal. En consecuencia, a los contratistas de prestación de servicios
que logren demostrar que en realidad se configuraron los tres elementos propios
de la relación laboral, se les debe reconocer y pagar como reparación del daño,
los mismos emolumentos que perciben los servidores públicos de la entidad en la
cual prestaron los servicios bajo la apariencia de un contrato administrativo”.
En este fallo, la Sección Segunda - Subsección "B" de lo Contencioso
Administrativo, consideró oportuno citar como precedente la sentencia del 2 de
septiembre de 2010, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de
derecho. Exp. No. 25000232500020070039401.
[42]
Corte Constitucional. Sentencia T-490 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt).
[43]
Corte Constitucional. Sentencia T-886 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva.
AV. María Victoria Calle. SPV Mauricio González Cuervo).
[44]
Corte Constitucional. Sentencia T-350 de 2016 (MP María Victoria Calle. SV.
Alejandro Linares Cantillo).
[45]
Corte Constitucional. Sentencia T-903 de 2010. (MP Juan Carlos Henao).
[46]
En el artículo 2º, la Constitución establece su condición de principio fundante
de la organización social; en el artículo 25 lo cataloga como derecho
fundamental y en el artículo 53, se determinan los principios mínimos que deben
observarse en el marco de las relaciones laborales.
[47]
En sentencia T-988 de 2012 (MP María Victoria Calle) esta Corporación reconoció
el surgimiento de este derecho como consecuencia de la interpretación conjunta
de diversas cláusulas constitucionales, entre ellas, los artículos 1º, 13, 47,
54 y 95. Al respecto indicó: “Ese derecho surge de la interpretación conjunta
de diversas cláusulas constitucionales, como pasa a explicarse. || 6. El
artículo 13 de la Constitución Política establece el principio y derecho a la
igualdad en el orden jurídico colombiano, mediante una formulación compleja,
que representa diversas facetas o dimensiones, destinadas a garantizar una
igualdad de derechos, consideración y respeto entre todos los ciudadanos. De
una parte, en su inciso primero se consagran la igualdad ante la ley y la
prohibición de discriminación, componentes esenciales de la dimensión formal de
la igualdad. || Acto seguido, en los incisos segundo y tercero, se ordena la
adopción de un tratamiento diferencial, de carácter favorable, frente a
personas en condición de debilidad manifiesta o vulnerabilidad, por medio de
acciones positivas destinadas a superar las desventajas de hecho que se presentan
en la sociedad para alcanzar así una igualdad material, medidas asociadas a la
dimensión material de la igualdad.|| 7. La Constitución Política contiene
además cláusulas concretas de protección destinadas a grupos humanos
vulnerables, atribuyéndoles de esa manera la condición de sujetos de protección
constitucional reforzada; entre esos grupos, se encuentran las personas con
discapacidad, de acuerdo con los artículos 47 y 54 de la Constitución Política,
que ordenan a las autoridades estatales la adopción de medidas adecuadas de
protección, y a la sociedad en su conjunto dirigir esfuerzos concretos para su
integración social. || 8. Esas normas deben ser interpretadas y aplicadas con
plena observancia del principio de solidaridad social, cuya fuente normativa se
encuentra en los artículos 1º y 95 de la Constitución Política. || La
jurisprudencia constitucional ha explicado que el principio de solidaridad, por
regla general, debe ser objeto de desarrollo legislativo para que de éste se
deriven deberes concretos en cabeza de las autoridades. Sin embargo, también ha
señalado que este principio puede generar obligaciones impuestas directamente
por la Constitución frente a grupos vulnerables, precisamente por su relación
con el principio de igualdad material. || El principio en mención constituye,
así mismo, un elemento cardinal del sistema de seguridad social, donde se
define como la ayuda mutua entre las personas, bajo el esquema de la
movilización de esfuerzos (recursos o cargas) desde los más fuertes hacia los
más débiles . Por su importancia, el principio se convierte en una guía para la
adopción de políticas públicas en la materia y un elemento imprescindible para
una adecuada interpretación de las normas de la seguridad social, por parte de
los operadores administrativos y judiciales.”
[48] Ley 361 de 1997. “Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se
dictan otras disposiciones.”
[49]
El Capítulo IV de la Ley 361 de 1997, consagra las medidas a adoptar para
lograr la integración laboral de las personas en situación de discapacidad.
[50] Ley 361 de 1997. Artículo 26. No discriminación a
persona en situación de discapacidad.  En ningún caso la limitación de una persona,
podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie
autorización del Ministerio del Trabajo.|| Sin perjuicio de lo establecido en
el inciso anterior, no se requerirá de autorización por parte del Ministerio
del Trabajo cuando el trabajador limitado incurra en alguna de las causales
establecidas en la ley como justas causas para dar por terminado el contrato.
Siempre se garantizará el derecho al debido proceso. || No obstante, quienes
fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero del presente artículo,
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
[51]
En la sentencia C-531 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis), la Corte Constitucional
declaró la exequibilidad condicionada del artículo 26 de esta Ley, por
considerar que el pago de la sanción no autoriza al empleador a despedir al
discapacitado, un despido de esa naturaleza carece de efectos, siendo
procedente por lo tanto, el reintegro del afectado, sin solución de continuidad
en materia de salarios y prestaciones sociales.
[52]
Ver las sentencias T-427 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-441 de 1993
(MP José Gregorio Hernández Galindo); T-576 de 1998 (MP Alejandro Martínez
Caballero) y T-826 de 1999 (MP José Gregorio Hernández) entre otras.
[53]
Corte Constitucional. Sentencia T-077 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo). En
esta oportunidad, la Sala de Revisión reiteró la Sentencia T-519 de 2003 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra) en la cual se fijó el alcance de esta protección.
[54]
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1998
(MP Alejandro Martínez Caballero).
[55]
Corte Constitucional. Sentencia T-826 de 1999 (MP
José Gregorio Hernández).
[56]
Corte Constitucional. Sentencia T-077 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
[57]
Ver entre otras, las sentencias T-1040 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil); T-519
de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); T-198 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra) y T-1038 de 2007 (MP Humberto Sierra Porto).
[58]
Corte Constitucional. Sentencia T-1210 de 2008 (MP Clara Inés Vargas). En su
escrito, la accionante manifestó tener displasia del desarrollo de las caderas con
luxación bilateral y fenómenos de osteoartritis degenerativa, más evidenciado
en el lado derecho, donde observó el médico tratante importante pinzamiento de
esclerosis subcondral. En esta sentencia, la Corte expuso las
características del contrato de prestación de servicios celebrado con entidades
estatales y su relación con el contrato de trabajo, indicando: “Desde este
panorama, puede concluirse que, aún en el seno del contrato de prestación de
servicios, puede predicarse ciertas garantías de la que gozan las relaciones
laborales, al cobrar importancia los principios de estabilidad laboral a
ciertos sujetos y de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por las partes del contrato laboral, y en los eventos en que se
pueda advertir la desnaturalización del contrato de prestación de servicios”.
Del mismo modo, reiteró la jurisprudencia constitucional relacionada con la
procedencia de la acción de tutela para obtener el reintegro de una persona
despedida por su condición de discapacidad, concluyendo que en caso de
demostrarse el nexo causal entre la desvinculación y el estado de salud del
trabajador, se entiende que existe discriminación y en consecuencia, la acción
de tutela resulta procedente como mecanismo de protección; de lo contrario
dicho asunto debe resolverlo al juez ordinario.
[59]
Al respecto, en la sentencia T-1210 de 2008 (MP Clara Inés Vargas), la Sala
Octava de Revisión consideró: “(…) la Sala no encuentra los elementos
necesarios para considerarse que con el contrato de prestación de servicios se
disfrazó una verdadera relación laboral, caso en el cual se debería reconocerse
las garantías que de ésta última relación se derivan. Aún cuando la demandante
asevera que de manera continuada ha venido prestando sus servicios
profesionales, tampoco existen indicios que apunten a dicha hipótesis, dado que
no existe siquiera algún elemento que sustente sus afirmaciones. || Por tanto,
la demandante podrá acudir a los mecanismos ordinarios de defensa, con el fin
de desplegar en ellos toda su actividad probatoria, en el evento en que deseara
demostrar que dentro del vínculo que mantuvo con el Municipio, se configuraron
los elementos esenciales que se predican de las relaciones laborales, y por
ende las consecuencias que ello acarrearía. || De otra parte, valga advertir
que de la situación fáctica y de las pruebas que obran en el expediente, no se
puede apuntalar a que la terminación del contrato de prestación de servicios
por la llegada del plazo sin que se hubiere realizado otro contrato, tuviere
relación con la enfermedad que padece la demandante.”
[60]
Corte Constitucional. Sentencia T-490 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. SPV. Luis Ernesto Vargas). En esta oportunidad, se reiteró la
estabilidad laboral reforzada de la que gozan las personas en situación de
debilidad manifiesta o indefensión al padecer una afección o alguna enfermedad
que afecta su estado de salud, resaltando la importancia del principio de
solidaridad, así: “En virtud del principio de solidaridad social es obligación
del Estado y de los mismos particulares proteger a quienes están en una
condición de debilidad manifiesta y en caso de incumplirse con esa carga, la
autoridad competente tiene la facultad de intervenir y disuadir el
incumplimiento. Lo anterior por cuanto las normas constitucionales no se
interpreten únicamente de manera descriptiva, sino que son mandatos
prescriptivos de aplicación inmediata (arts. 13, 23, 29, 43, 44, entre otros)
de tal forma que intervienen en las relaciones de los asociados y de estos con
el Estado”.
[61]
Corte Constitucional. Sentencia T-490 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. SPV. Luis Ernesto Vargas).
[62]
El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva salvó parcialmente el voto a la
sentencia T-490 de 2010, entre otras cosas, porque el resuelve “parece conceder una inamovilidad absoluta a ciertos
trabajadores, desconociendo que el sentido de la protección reconocida por la
Corte consiste en que los empleadores tienen la obligación legal y
constitucional de proteger de manera especial a la población discapacitada y de
obtener una autorización de las autoridades correspondientes del trabajo antes
de llevar a cabo su despido, de suerte que se garanticen plenamente los
derechos de los afectados. Esto es así tanto respecto de los contratos
laborales como en los contratos de prestación de servicios en los que las
condiciones de subordinación generan un ‘contrato realidad’” Llama la atención
que en los renglones finales del párrafo, el magistrado sugiere que este tipo
de estabilidad solo es procedente para contratos de prestación de servicios que
encubran una verdadera relación laboral.
[63]
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva.
SPV Mauricio González).
[64]
En la sentencia T-292 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Mauricio
González), la Sala de Revisión planteó el siguiente problema jurídico: ¿la
Alcaldía Municipal de la Dorada – Caldas – vulneró los derechos fundamentales a
la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital de la señora Carmen Rosa
López Pineda, al no permitirle continuar la relación laboral, durante la
vigencia de la incapacidad laboral?
[65]
El magistrado Mauricio González Cuervo salvó parcialmente el voto a la
sentencia T-292 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras circunstancias,
por considerar que no era función del juez de tutela determinar la existencia
de un contrato realidad, pues la protección a la estabilidad reforzada de
personas en condición de debilidad manifiesta procedía sin importar el tipo de
relación contractual: “Siendo esto así, era
suficiente con declarar infringido el derecho a la estabilidad laboral del
trabajador en estado de debilidad manifiesta, tutelarlo y ordenar, por ejemplo,
la renovación de la vinculación a través del contrato de prestación de
servicios y el pago de honorarios, sin necesidad de hacer afirmaciones que
ponen en duda el carácter subsidiario de la tutela y se encaminan a resolver
conflictos de rango legal más que de carácter constitucional. Obrar en el
sentido que se indicó, evitaría invadir la competencia de los jueces
ordinarios, quienes a través de su labor son los llamados a declarar o no la
existencia de una relación laboral.”
[66]
Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[67]
Para la solución del caso, la Corte en la sentencia T-988 de 2012 (MP María
Victoria Calle Correa), reiteró la posición adoptada en las sentencias T-1210
de 2008 y T-490 de 2010 y estableció que: “Finalmente, en lo atinente al ámbito
material de protección, la Corporación ha señalado de manera reiterada y
uniforme que la estabilidad no depende de la denominación del vínculo por el
cual la persona logra ejercer una alternativa productiva. La eficacia directa
de la Constitución Política en lo que hace al principio de no discriminación y
el deber de solidaridad; y la existencia de deberes en cabeza de toda la sociedad
para la integración de la población con discapacidad, proscriben una lectura
que limite la protección al escenario específico del contrato de trabajo, o a
una modalidad determinada de este último. La naturaleza del vínculo, sin
embargo, posee importancia al momento de determinar el alcance del amparo, una
vez constatada la violación al derecho a la estabilidad laboral reforzada pues,
a manera de ilustración, resulta claro que la terminación de un vínculo de
carácter laboral indefinido debe dar lugar al reintegro sin solución de
continuidad y, en caso de hallarse plenamente comprobada la actitud
discriminatoria del empleador, puede dar lugar a la condena al pago de la
indemnización de 180 días de salario. A su turno, cuando la opción productiva
es un contrato o una orden de prestación de servicios, el amparo se concreta en
declarar la ineficacia de la terminación del mismo, y ordenar su renovación por
un período igual al inicialmente pactado. Obviamente, si persiste el estado de
debilidad manifiesta del actor por razones de salud, la terminación del nuevo
contrato estará sometida a la existencia del permiso de la autoridad del
trabajo.”
[68]
Corte Constitucional. Sentencia T-761A de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[69]
En la sentencia T-761A de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) la Sala de
Revisión dijo: “Esta Corporación debe pronunciarse sobre la posible vulneración
de los derechos a la vida digna, estabilidad laboral reforzada, y mínimo vital
del accionante, por parte de Centro Hospital Divino Niño E.S.E., al haberle
terminado su contrato de prestación de servicios, de manera abrupta y sin haber
contado con autorización de la oficina de Trabajo, encontrándose el actor
discapacitado.  Para dicho efecto, y con el fin de determinar si existe
estabilidad laboral reforzada en el caso, la cual se predica de los contratos
laborales, debe analizarse si realmente el contrato del señor Bacca Veira es de
prestación de servicios o si existe una relación laboral con la accionada.  (…)
Así las cosas, efectivamente puede afirmarse que la estabilidad reforzada, sí
se debió respetar en este caso, por cuanto se trata de una persona en situación
de discapacidad, la cual en realidad se encontraba ejecutando un contrato
laboral y no uno de prestación de servicios”.
[70]
Corte Constitucional. Sentencia T-144 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos).
[71]
El problema jurídico de la sentencia T-144 de 2014 fue: ¿vulneró la Alcaldía de
Córdoba, Nariño el derecho fundamental de la señora Elsa Janneth Peña Collazos
a una estabilidad laboral reforzada derivada de su situación de discapacidad,
al no renovar su contrato de prestación de servicios y no solicitar la
autorización de la oficina de trabajo para tal fin?
[72]
Corte Constitucional. Sentencia T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo.
SV Gloria Ortiz)
[73]
Manifestó el actor que a los 9 años de edad fue diagnosticado con fibrosis
quística, enfermedad que según él es “crónica letal y de evolución progresiva
hacia el deterioro, de carácter irreversible, sin posibilidad actual de
rehabilitación, sin cura conocida y de pronóstico reservado.” Ver hecho 2.1. de
la Sentencia T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo. SV Gloria Ortiz).
[74]
Al respecto, en la sentencia T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo. SV
Gloria Ortiz) manifestó la Sala de Revisión que la estabilidad reforzada ha
sido aplicada a contratos de prestación de servicios por varias vías: || “- La
primera, señala que la estabilidad laboral reforzada para personas en situación
de debilidad manifiesta por su estado de salud aplica a todas las  alternativas
productivas, incluyendo al contrato de prestación de servicios. Por lo tanto,
no es necesario declarar un contrato realidad y con solo demostrarse la
discriminación, se debe ordenar reintegro y pago de indemnización.||  - La
segunda, considera necesario declarar la configuración de un contrato realidad
para luego sí aplicar las reglas de protección reforzada. Probada la existencia
del contrato laboral y la discriminación, se debe ordenar reintegro y pago de
indemnización. En estricto sentido no es un caso de contrato de prestación de
servicios. ||  - La tercera, indica que se debe estudiar la configuración de un
contrato realidad, sin embargo, si no existen elementos probatorios que
permitan verificar su configuración, también se debe evaluar la discriminación.||
En este evento, la relevancia del vínculo se circunscribe a las órdenes que el
juez de tutela debe proferir ante la actuación discriminatoria del empleador o
del contratista. De esta manera, si se demuestra que el contrato de prestación
de servicios oculta un verdadero contrato laboral, y probada la discriminación,
las ordenes serán el reintegro y el pago de la indemnización contenida en la
ley (vía 2). Contrario sensu, si no se configura un contrato de trabajo, pero
se prueba la discriminación, la órdenes estarán dirigidas a buscar que cese la
vulneración de derechos constitucionales de manera inmediata, lo que no implica
reintegro y pago de salarios pues esta orden es propia del contrato de trabajo.
|| La Sala acoge la tercera posición por considerar que es la que más se ajusta
al mandato constitucional de protección de las personas en situación de
debilidad manifiesta. Así, primero analizará las pruebas obrantes en el
expediente para determinar si el contrato realidad encubría una verdadera
relación laboral, para luego aplicar las reglas correspondientes.”
[75]
En algunos casos en los que la situación de discapacidad era conocida por el
empleador, la Corte modificó la orden en el sentido de ordenar únicamente el
pago de la indemnización y no el reintegro. Al respecto, ver la sentencia T-281
de 2010 (MP Humberto Sierra Porto, AV Luis Ernesto Vargas).
[76]
De conformidad con la jurisprudencia, para que exista un verdadero contrato de
prestación de servicios en la administración se requiere que: “i) se acuerde la
prestación de servicios relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad pública, ii) no se pacte subordinación porque el contratista es
autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, iii) se acuerde un valor
por honorarios prestados y, iv) la labor contratada no pueda realizarse con
personal de planta o se requieran conocimientos especializados. Dicho en otros
términos, esta última condición para suscribir contratos de prestación de
servicios hace referencia a aquellos casos en los que la entidad pública
contratante requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias o que
temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se
desdibujaría la relación contractual cuando se contratan por prestación de
servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que,
de manera permanente, se asignan a los empleados públicos.” Sentencia C-614 de
2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. María Victoria Calle y Gabriel
Eduardo Mendoza).
[77]
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 23.
[78]
El contrato de prestación de servicios 0642 de 2015 tenía como objeto apoyar el
sistema operativo NUSE (1, 2, 3). De conformidad con la información de la
página web de la entidad, “el NUSE 123 de Bogotá, es el Sistema Integrado que
se encarga de recibir las llamadas de los ciudadanos o las entidades
solicitando ayuda en eventos de Seguridad y Emergencias, como atender y
capturar la información pertinente caracterizando los incidentes y
tramitándolos hacia las agencias adscritas a la línea con el fin de despachar
las unidades de los organismos de Emergencia y Seguridad en forma coordinada,
con el fin de brindar una respuesta eficiente y rápida en cada uno de los
escenarios.” Ver folios 10-13, cuaderno principal del expediente.
[79]
Al respecto, la accionante indicó que “los reportes de las incapacidades se le
entregaban a la supervisora y jefe de sección la señora Luz Dary Cuervo. A ella
se le pedían los permisos para las citas con especialistas, porque las citas
con médico general había que pedirlas en horas que no tuviéramos turno”.
Igualmente, alegó que “nosotros sí cumplíamos horarios de entrada que se
marcaban con el carnet del NUSE con el código de barras.” Ver folio 51 del
cuaderno No. 2 del expediente.
[80]
Aspectos que no fueron demostrados por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de
Bogotá en sus intervenciones. En efecto, no se indicó si las funciones de
recepcionista de la línea de emergencias las podía cumplir en teléfonos propios
del contratista o con equipos auxiliares ajenos a los suministrados por la
entidad o si en ese mismo entendido, podía responder las llamadas desde su
lugar de residencia o cualquier otro lugar en el que contara con señal para
recibir las llamadas de los ciudadanos.
[81]
Corte Constitucional. Sentencia C-113 de 1993 (MP Jorge Arango Mejía).
[82]
“Cfr. Corte Constitucional, Autos 053 de 1997, 019 de 1998 y 135 de 2000.”
[83]
Auto 04 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[84]
Ver entre otros, Autos 342 de 2008 (MP Jaime Araujo Rentería) y 085 de 2011 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[85]
Corte Constitucional. Auto 218 de 2012 (MP Mauricio González Cuervo).
[86]
De conformidad con el artículo 2 del Decreto Ley 254 de 2000, el acto que
ordene la liquidación deberá indicar, tal como lo ordena el parágrafo del
artículo 52 de la Ley 489 de 1998, lo relacionado con la subrogación de las
funciones del ente a liquidar. Al respecto, el Decreto 254 de 2000 dispone: “ARTICULO
2o. INICIACION DEL PROCESO DE LIQUIDACION. El proceso de liquidación se inicia
una vez ordenada la supresión o disolución de una de las entidades a las cuales
se refiere el artículo 1o. del presente decreto. El acto que ordene la
supresión o liquidación dispondrá lo relacionado con las situaciones a que se
refiere el parágrafo primero del artículo 52 de la Ley 489 de 1998. Así mismo,
en dicho acto o posteriormente, podrá disponerse que la liquidación sea
realizada por otra entidad estatal que tenga dicho objeto. Igualmente podrá
establecerse que la liquidación se realice por una entidad fiduciaria
contratada para tal fin o contratarse con una de dichas entidades la
administración y enajenación de los activos.” Por su parte, la Ley 489 de 1998
señala: “ARTICULO 52. DE LA SUPRESION, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE ENTIDADES U
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES. (…) PARAGRAFO 1o. El acto que ordene la
supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de
obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas,
la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales
necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las
normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos”.
[87]
Conformada por los magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e), Alberto Rojas Ríos y
Luis Ernesto Vargas Silva.
[88]
Copia del formulario de dictamen para calificación de la incapacidad laboral y
determinación de la invalidez de la señora María Eugenia Leyton Cortés (Folios
14-16, cuaderno principal del expediente).
[89]
Copia del contrato de prestación de servicios suscrito entre el Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá y María Eugenia Leyton Cortés (Folios 10-13,
cuaderno principal del expediente).
[90]
Afirma que en la entidad accionada se han vinculado a personas que también son
pensionados y con ingresos superiores a los de ella.
[91]
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2014, MP María Victoria Calle Correa.
[92]
Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2011, MP Mauricio González Cuervo.
[93] Corte Constitucional. Sentencia
T-1040 de 2001, MP Rodrigo Escobar Gil. En esta oportunidad la Corte indicó que
esta protección implica “(i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser
despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el
empleo hasta que se requiera y siempre y cuando que no se configura una causal
objetiva que conlleve a la desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad
laboral competente autorice el despido, con la previa verificación de la
estructuración de la causal objetiva, no relacionada con la situación de
vulnerabilidad del trabajador.” Esta posición ha sido reiterada en varias
oportunidades, en las sentencias T-519 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-198 de 2006 (Marco Gerardo Monroy Cabra), T-361 de 2008 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), T-263 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-784 de 2009 (MP María
Victoria Calle Correa), T-050 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa) T-587 de
2012 (MP Adriana Guillén).
[94]
Constitución Política, artículo 1º: “Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
[95]
Constitución Política. Artículo 13. (…) “[Inciso 2º] El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. [Inciso 3º] El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
[96]
Hoy en día, a raíz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de Personas con Discapacidad ratificada por Colombia, se propende por la
implementación del modelo social de discapacidad, según el cual las personas
sufren de limitaciones para desarrollarse plenamente como miembros de la
sociedad a raíz de los límites que les impone su entorno, lo que tiene como
consecuencia que dejen de considerarse dichas limitaciones como inherentes a la
persona. Al respecto ver las sentencias C-458 de 2015 MP Gloria Ortiz Delgado
(SV. Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza) y C-659 de 2016 (MP
Aquiles Arrieta Gómez).
[97]
Tal como se reconoció en la Sentencia T-040 de 2016, algunos magistrados han
disentido de esta doctrina reiterada por la mayoría de las Salas de Revisión de
la Corte Constitucional, por considerar que “es diferente la protección
brindada a las personas discapacitadas -que se entienden calificadas-, a la
protección otorgada a las personas en situación de debilidad manifiesta,
quienes si bien no han sido calificadas ven disminuido su estado de salud. De
esta manera, (i) la estabilidad reforzada del primer grupo se otorga en
aplicación de la Ley 361 de 1997 y por tanto, ante el despido de una persona
calificada como discapacitada sin la autorización de la autoridad laboral
competente, procede el pago de la indemnización prevista en la Ley y el reintegro
correspondiente. (ii) Respecto del segundo grupo, su protección no se desprende
de la ley sino directamente de la Constitución, por ello, al comprobarse el
despido de una persona en debilidad manifiesta no es procedente el pago de una
indemnización sino simplemente el reintegro, teniendo en cuenta que la sanción
se genera por la presunción contenida en la ley”. Al respecto se pueden ver los
salvamentos de voto presentados por el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo a las siguientes Sentencias: Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-166
de 2011, MP Juan Carlos Henao Pérez (SPV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-850 de 2011, MP Mauricio González Cuervo
(SPV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras. Así mismo, se pueden ver
las aclaraciones y salvamentos de voto presentados por el Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez a las siguientes Sentencias: Sala Segunda de Revisión,
Sentencia T-302 de 2013, MP Mauricio González Cuervo (SPV. Luis Guillermo
Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia T-773 de 2013, MP María
Victoria Calle Correa (AV. María Victoria Calle Correa y Luis Guillermo
Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia T-217 de 2014 MP María
Victoria Calle Correa (SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera de
Revisión, Sentencia T-445 de 2014 MP María Victoria Calle Correa, (AV. Mauricio
González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez) entre otras.
[98]
En la sentencia C-614 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. María
Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza) la Corte Constitucional señaló que
“el trabajo goza de amplia protección en la Constitución, pues define su
naturaleza jurídica a partir de una triple dimensión. Así, la lectura del
preámbulo y del artículo 1º superior muestra que el trabajo es valor fundante
del Estado Social de Derecho, porque es concebido como una directriz que debe
orientar tanto las políticas públicas de pleno empleo como las medidas
legislativas para impulsar las condiciones dignas y justas en el ejercicio de
la profesión u oficio. En segundo lugar, el trabajo es un principio rector del
ordenamiento jurídico que informa la estructura Social de nuestro Estado y que,
al mismo tiempo, limita la libertad de configuración normativa del legislador
porque impone un conjunto de reglas mínimas laborales que deben ser respetadas
por la ley en todas las circunstancias (artículo 53 superior). Y, en tercer
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, el trabajo es
un derecho y un deber social que goza, de una parte, de un núcleo de protección
subjetiva e inmediata que le otorga carácter de fundamental y, de otra, de
contenidos de desarrollo progresivo como derecho económico y social.” Al
respecto, pueden consultarse las sentencias C-580 de 1996, MP Antonio Barrera
Carbonell; C-019 de 2004, MP Jaime Araújo Rentería; C-038 de 2004, MP Eduardo
Montealegre Lynett; C-100 de 2005, MP Álvaro Tafur Galvis y C-177 de 2005, MP
Manuel José Cepeda (SPV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Jaime
Córdoba Triviño. AV. Humberto Sierra Porto).
[99]
Al respecto, en sentencia C-614 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV.
María Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza) la Corte explicó que “la
protección constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la
actividad productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor
público, no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo o
de exigirle al Estado el mínimo de condiciones materiales que se requieren para
proveer su subsistencia en condiciones dignas, sino que, por el contrario, es
más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en
condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mínimos
que rigen las relaciones laborales y a obtener la contraprestación acorde con
la cantidad y calidad de la labor desempeñada”.
[100]
Corte Constitucional. Sentencia T-903 de 2010. (MP Juan Carlos Henao).
[101]
Ley 361 de 1997. “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de
las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.”
[102]
El Capítulo IV de la Ley 361 de 1997, consagra las medidas a adoptar para
lograr la integración laboral de las personas en situación de discapacidad.
[103]
Ley 361 de 1997. Artículo 26. No discriminación a persona en situación de
discapacidad.  En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a
desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del
Ministerio del Trabajo.|| Sin perjuicio de lo establecido en el inciso
anterior, no se requerirá de autorización por parte del Ministerio del Trabajo
cuando el trabajador limitado incurra en alguna de las causales establecidas en
la ley como justas causas para dar por terminado el contrato. Siempre se
garantizará el derecho al debido proceso. || No obstante, quienes fueren
despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero del presente artículo,
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
[104]
En la sentencia C-531 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis), la Corte Constitucional
declaró la exequibilidad condicionada del artículo 26 de esta Ley, por
considerar que el pago de la sanción no autoriza al empleador a despedir al
discapacitado, un despido de esa naturaleza carece de efectos, siendo
procedente por lo tanto, el reintegro del afectado, sin solución de continuidad
en materia de salarios y prestaciones sociales.
[105]
Ver las sentencias T-427 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-441 de 1993
(MP José Gregorio Hernández Galindo); T-576 de 1998 (MP Alejandro Martínez
Caballero) y T-826 de 1999 (MP José Gregorio Hernández) entre otras.
[106]
Corte Constitucional. Sentencia T-077 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo). En
esta oportunidad, la Sala de Revisión reiteró la Sentencia T-519 de 2003 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra) en la cual se fijó el alcance de esta protección.
[107]
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1998
(MP Alejandro Martínez Caballero).
[108]
Corte Constitucional. Sentencia T-826 de 1999
(MP José Gregorio Hernández).
[109]
Corte Constitucional. Sentencia T-077 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
[110]
Ver entre otras, las sentencias T-1040 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil); T-519
de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra); T-198 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra) y T-1038 de 2007 (MP Humberto Sierra Porto).
[111]
En algunos casos en los que la situación de discapacidad era conocida por el
empleador, la Corte modificó la orden en el sentido de ordenar únicamente el
pago de la indemnización y no el reintegro. Al respecto, ver la sentencia T-281
de 2010 (MP Humberto Sierra Porto, AV Luis Ernesto Vargas).
[112]
El contrato de prestación de servicios 0642 de 2015 tenía como objeto apoyar el
sistema operativo NUSE (1, 2, 3). De conformidad con la información de la
página web de la entidad, “el NUSE 123 de Bogotá, es el Sistema Integrado que
se encarga de recibir las llamadas de los ciudadanos o las entidades solicitando
ayuda en eventos de Seguridad y Emergencias, como atender y capturar la
información pertinente caracterizando los incidentes y tramitándolos hacia las
agencias adscritas a la línea con el fin de despachar las unidades de los
organismos de Emergencia y Seguridad en forma coordinada, con el fin de brindar
una respuesta eficiente y rápida en cada uno de los escenarios.” Ver folios
10-13, cuaderno principal del expediente.
[113]
Al respecto, la accionante indicó que “los reportes de las incapacidades se le
entregaban a la supervisora y jefe de sección la señora Luz Dary Cuervo. A ella
se le pedían los permisos para las citas con especialistas, porque las citas
con médico general había que pedirlas en horas que no tuviéramos turno”.
Igualmente, alegó que “nosotros sí cumplíamos horarios de entrada que se
marcaban con el carnet del NUSE con el código de barras.” Ver folio 51 del
cuaderno No. 2 del expediente.
[114]
Aspectos que no fueron demostrados por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de
Bogotá en sus intervenciones. En efecto, no se indicó si las funciones de
recepcionista de la línea de emergencias las podía cumplir en teléfonos propios
del contratista o con equipos auxiliares ajenos a los suministrados por la
entidad o si en ese mismo entendido, podía responder las llamadas desde su
lugar de residencia o cualquier otro lugar en el que contara con señal para
recibir las llamadas de los ciudadanos.
[115]
Como precedentes vulnerados se citan las sentencias T-335 de 2004, T-903 de
2010, T-480 de 2016 de la Corte Constitucional. La sentencia del 6 de marzo de
2008 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda- Subsección A. Todas estas providencias fueron citadas en la sentencia
ahora cuestionada.
[116]
Esta entidad, tal como se advierte en el escrito de nulidad, fue creada
mediante acuerdo 637 de 2016 “como un organismo del sector central con
autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto consiste en orientar,
liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia
y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para
mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito
Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución;
(…) la coordinación de la Administración Distrital en relación con la seguridad
ciudadana y su presencia transversal en coordinación con el Distrito Capital,
la coordinación del Sistema Integrado de Seguridad Y Emergencias NUSE 123, la
integración y coordinación de los servicios de emergencia (…)”. Además,
mediante el Decreto 409 de septiembre de 2016, se hizo efectiva la liquidación
del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y se determinó el traspaso de los
objetivos y funciones a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia. Al respecto el artículo 12 del citado decreto dispone: “Artículo
12. Traspaso de bienes, derechos y obligaciones. El traspaso de bienes,
derechos y obligaciones se realizará en dos momentos (…) La Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia subrogará al FVS en la
titularidad de los derechos que a este corresponden y en el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo. (…)”. En este entendido, es la entidad encargada
de cumplir la orden impartida en la sentencia T-723 de 2016.
[117]
Corte Constitucional Auto 063 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
respecto a la solicitud de nulidad de la SU- 1159 de 2003; Auto 068 de 2007 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), en la que se estudió la solicitud de nulidad de
la Sentencia T-905 de 2006; Auto 170 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), solicitud de nulidad de la sentencia T-656 de 2008; y Auto 050 de 2013
(MP Nilson Pinilla Pinilla), en la que se resolvió la nulidad interpuesta
contra la sentencia T-562 de 2011.
[118]
Corte Constitucional, Auto 031A de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), al resolver la solicitud de nulidad de la Sentencia
T-1267 de 2001.
[119]
Corte Constitucional, Auto 033 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo), en
el que se rechazó por improcedente la solicitud de nulidad presentada contra la
Sentencia T-396 de 1993, toda vez que el
peticionario pretendía obtener, mediante una nulidad parcial, la modificación
de la parte resolutiva de la sentencia, sin esbozar argumento alguno que
conduzca siquiera a la posible existencia de una nulidad.
[120] Corte Constitucional, Auto 063 de 2004 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), en el que se denegó la solicitud de nulidad interpuesta
contra la Sentencia SU-1159 de 2003, al concluir la Corte que no se presentó un
irregularidad evidente que determinara la vulneración al
debido proceso del solicitante.
[121]
Corte Constitucional, Autos del 22 de julio de 1995 y del 18 de mayo de 2004.
[122]
En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, “la
nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada
antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación
del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el
proceso”.
[123]Este
límite ha sido considerado por esta Corporación, como necesario para proteger
la seguridad jurídica, la certeza del derecho y la cosa juzgada constitucional,
que surge de la interpretación analógica del artículo 31 del Decreto 2591 de
1991. Ver entre otros Autos 232 de 2001, (MP Jaime Araujo Rentería) 031A de
2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett) y 330 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto).  En relación con la ausencia de norma respecto del término para
solicitar la nulidad de la sentencia y la consecuente necesidad de utilizar la
analogía, puede verse lo expuesto en el auto 163A de 2003, (MP Jaime Araujo
Rentería).
Es preciso indicar que la jurisprudencia
constitucional en reiteradas ocasiones, ha señalado que vencido el término en
precedencia sin que se hubiere promovido el incidente de nulidad por las
personas legitimadas para el efecto, la sentencia queda ejecutoriada y
cualquier eventual irregularidad que se hubiere presentado en ella, queda
automáticamente saneada. Además, mediante Auto 054 de 2006, consideró que el
término de tres días a partir de la notificación de la sentencia no se aplica
para el caso de terceros afectados con la decisión que no fueron vinculados al
proceso de tutela en forma oportuna. Al respecto, ver los autos 030 de 200 (MP
Eduardo Montealegre Lynett) 031A de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), 217
de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y Auto 054 de 2006 (MP Jaime Araujo
Rentería).
[124]Corte
Constitucional Autos 018A de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis) 100 de 2006 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa) y 170 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[125]Corte
Constitucional Autos 15 de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería), 049 de 2006 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), 056 de 2006 (MP Jaime Araujo Rentería), 179 de
2007 (MP Jaime Córdoba Triviño y 175 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
entre otros.
[126]Corte
Constitucional Ver entre otros los autos063 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), 165 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra), 049 de 2006 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa) y 181 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y 009 de 2010
(MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[127]
Corte Constitucional Auto-031A de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), Auto
050 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla), Auto 022 de 2014 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), Auto 153 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Auto
111 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[128]Corte
Constitucional Auto-031A de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett).
[129]Corte
Constitucional Auto-031A de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett).
[130]
Cfr. entre muchos otros, Auto 052 de 1997 MP. Fabio Morón Díaz, Auto 003A de
1998 MP. Alejandro Martínez Caballero, Auto 082 de 2000 MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[131]
“Cfr. Auto 053 de 2001 MP. Rodrigo Escobar Gil”.
[132]
Corte Constitucional, Auto 105A de 2000 MP. Antonio Barrera Carbonell
[133]
“Cfr. Auto 062 de 2000 MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[134]
“Cfr. Auto 091 de 2000 MP. Antonio Barrera Carbonell”.
[135]
“Cfr. Auto 022 de 1999 MP. Alejandro Martínez Caballero”.
[136]
Cfr. Auto 082 de 2000 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz”.
[137]
Corte Constitucional, Auto 031A de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett).
[138]
Corte Constitucional, Auto 217 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto)
[139]
Corte Constitucional, Auto 060 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño)
[140]
Corte Constitucional, Auto 131de 2004 (MP
Rodrigo Escobar Gil).
[141]
Ver folio 41 del expediente.
[142]
Ver folio 47 del expediente.
[143]
Como precedentes vulnerados se citan las sentencias T-335 de 2004, T-903 de
2010, T-480 de 2016 de la Corte Constitucional. La sentencia del 6 de marzo de
2008 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda- Subsección A. Todas estas providencias fueron citadas en la sentencia
ahora cuestionada.
[144]
Auto 157 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[145]
Auto 305 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[146]
Auto 157 de 2015. MP María Victoria Calle Correa.
[147]
¿una entidad pública vulnera los derechos fundamentales a la salud, al mínimo
vital en dignidad, al trabajo y a la igualdad de una persona en situación de
discapacidad, al terminar unilateralmente su contrato de prestación de
servicios sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, aun cuando el
plazo convenido se había vencido?
[148]
En el numeral 6.3. de la sentencia T-723 de 2016 se expresa: “La señora
María Eugenia Leyton se encontraba ejecutando labores, por sí misma,
evidentemente relacionadas con el giro ordinario de las actividades de
la entidad accionada, toda vez que se desempeñaba como operador de recepción en
la línea de emergencias 1, 2, 3, con elementos y equipos asignados por la
entidad, en los turnos asignados por el supervisor del contrato. En efecto, las
actividades mencionadas son claramente acciones que se deben llevar a cabo día
tras día en la entidad y con los implementos físicos y tecnológicos
suministrados y, por tratarse de un cargo de operador de recepción en la línea
de emergencia y seguridad, las mismas no se ejecutaban de manera independiente
y sin encontrarse bajo la subordinación de algún superior.  Por lo cual, en
realidad, no se trata de una actividad especial o que deba realizarse sólo en
un periodo determinado sin cumplir órdenes o exigencias específicas de un
empleador.  Adicionalmente, el valor que recibiría la accionante como pago
periódico por sus servicios podría tenerse como la remuneración propia del
contrato laboral (salario).”
[149] Auto
009 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell). En lo pertinente señaló: “Como se deduce de la situación
examinada, la parte demandada no podía reducirse al Departamento de Risaralda,
sino que debía integrarse con la participación del Municipio de Pereira y del
propio colegio Luis Carlos González, porque en cabeza de dicha entidad
territorial, se había radicado la responsabilidad de atender "...el
personal docente de planta y las locaciones" del referido centro educativo
y necesariamente éste último resultado comprometido con la violación de los
derechos fundamentales alegada por la petente. || El Tribunal Administrativo
del Risaralda no procedió, como era su deber, a integrar el contradictorio. La
integración del contradictorio supone establecer los extremos de la relación
procesal para asegurar que la acción se entabla frente a quienes puede
deducirse la pretensión formulada y por quienes pueden válidamente reclamar la
pretensión en sentencia de mérito, es decir, cuando la participación de quienes
intervienen en el proceso se legitima en virtud de la causa jurídica que las
vincula. Estar legitimado en la causa es tanto como tener derecho, por una de
las partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas en la demanda y a
que, por la otra parte, se le admita como legítimo contradictor de tales
pretensiones”. En un sentido similar, ver el auto 019 de 1997 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa).
[150]
En Auto 082 de 2003(M.P. Jaime Córdoba Triviño) se anuló un proceso porque sólo
fue vinculado el Seguro Social y no la Oficina de Bonos Pensionales del
Ministerio de Hacienda, pese a la existencia de claros elementos de juicio que
así lo imponían. En esa oportunidad señaló la Corte, respecto de la pertinencia
y necesidad de vincular al Ministerio de Hacienda que “En el caso presente, la acción se dirige contra el
Seguro Social, entidad a la que se le imputa el negarse a emitir la cuota parte
del bono pensional correspondiente al actor.  No obstante, esa entidad,
basándose en el régimen del sistema de seguridad social en pensiones, traslada
esa obligación a la Nación, por conducto del Ministerio de Hacienda y en
particular de la Oficina de Bonos Pensionales.  Al efecto cita la
normatividad de la que infiere tal titularidad de la obligación pendiente de
cumplimiento y se ampara en un concepto emitido por la Superintendencia
Bancaria”. En el Auto 099A de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) se
declaró la nulidad de un proceso, por cuanto en instancias no se vinculó al
Instituto de Seguros Sociales, a pesar de que estaba comprometido en la
controversia.
[151]
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 8: “Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
[152]
Corte constitucional. Sentencias C-617 de 1996, T-461 de 2003, C-799 de 2005,
C-401 de 2013
[153]
Corte Constitucional. Auto 536 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María
Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Myriam Ávila Roldán,
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gloria Stella Ortiz Delgado. SPV. Alberto Rojas
Ríos).
[154]
Corte Constitucional. Auto 583 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SV. María
Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Alberto Rojas Ríos; AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[155]
Estas reglas se encuentran recogidas entre otras providencias, en los Autos 055
de 1997 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), 025 de 2002 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández), 536 de 2015 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María
Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Myriam Ávila Roldán,
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gloria Stella Ortiz Delgado. SPV. Alberto Rojas
Ríos) y 583 de 2015 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. SV. María Victoria Calle
Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto
Rojas Ríos; AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[156]
Corte Constitucional. Auto 583 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SV. María
Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Alberto Rojas Ríos; AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[157]
La orden contenida en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
T-723 de 2016 dispone: “TERCERO.- ORDENAR al Fondo de Vigilancia y Seguridad
de Bogotá, hoy en liquidación o en su defecto a la que se encargue de realizar
sus funciones, que dentro del término de 48 horas contadas a partir de la
notificación del presente fallo, proceda a reintegrar a la accionante María
Eugenia Leyton Cortés al cargo que venía desempeñando o en uno similar y a
pagarle el salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la terminación
de su contrato, así como la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997 (Art.
26), equivalente a ciento ochenta (180) días de salario. En este caso, se
advierte a la entidad demandada que no puede, bajo el argumento de encontrarse
en proceso de liquidación, sustraerse al cumplimiento de esta orden a través de
un acto administrativo que declare su imposibilidad para cumplirla. En caso de
no ser posible el reintegro en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, la
Administración Distrital deberá reubicarla en la entidad que considere
pertinente.”
[158]
ARTÍCULO 68. SUCESIÓN PROCESAL. Fallecido un litigante o declarado ausente o en
interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de
bienes, los herederos o el correspondiente curador. || Si en el curso del
proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica
que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer
para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá
efectos respecto de ellos aunque no concurran. || El adquirente a cualquier
título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte
del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la
parte contraria lo acepte expresamente. || Las controversias que se susciten
con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código
Civil se decidirán como incidente.