T-134-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Nota de Relatoría: Mediante
auto 230 de 2013, el cual se anexa en la parte final de esta providencia,  se
corrigen los numerales 3.1 y 4 de los antecedentes en los cuales se hace
referencia al Juzgado 1º Penal del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, para que
en su lugar se lea:  Juzgado 1º. Penal del Circuito de Sogamoso – Boyacá.
Sentencia T-134/13
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCIDENTE DE
TRABAJO-Definición/ACCIDENTE DE TRABAJO-Requisitos para ser
considerado accidente laboral
La muerte por accidente de
trabajo se encuentra cubierta por el SRP, la cual genera en cabeza del
beneficiario el derecho a recibir una serie de prestaciones que buscan
compensar la ausencia del sustento económico que proveía quien fallece. Por su
parte, el accidente debe cumplir tres requisitos para ser considerado como
laboral: (i) ser repentino, (ii) ser por causa o con ocasión del trabajo, y
(iii) generar una consecuencia negativa en la integridad física o mental del
trabajador. Cuando concurran estos elementos, la entidad que atienda al
afiliado deberá calificar el incidente como laboral, de tal forma que, basta
con que (i) el accidente sea profesional y (ii) que el trabajador se encuentre
afiliado al momento de su ocurrencia, para que esté dentro de la cobertura del
sistema y, por tanto, deba ser asumido por la ARP correspondiente.
MUERTE POR
ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES-Prestaciones a
favor de beneficiarios como pensión de sobrevivientes, devolución de saldos a
favor y auxilio funerario
La normativa vigente contempla
la pensión de sobrevivientes, la devolución de saldos a favor y el auxilio
funerario, como las prestaciones originadas en la muerte, las cuales deben ser
reconocidas por la entidad competente en cada caso y bajo el cumplimiento de
los requisitos para ser tenido como beneficiario. Finalmente, la financiación
del sistema se da a partir de una afiliación que debe ser pagada por el
empleador o por la cooperativa de trabajo asociado, según el caso, la cual se
calcula sobre el ingreso salarial y su porcentaje depende del nivel de riesgo
al que esté expuesto el trabajador.
COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO-Prohibición de actuar como empresa de intermediación
laboral y simular vínculo cooperativo
A través de la denominada
intermediación laboral, se crea una ficción en donde las empresas realizan
convenios con las cooperativas para que éstas les provean personal y de esa
forma las primeras evitan el cumplimiento de las obligaciones de todo
empleador, relacionadas con los regímenes de pensiones, salud y riesgos
profesionales. Esta situación pone al empleado en una condición de
vulnerabilidad derivada de que uno es el ente que figura como empleador y otro
el que verdaderamente ejerce subordinación. Así, al momento de hacer exigibles
sus derechos se diluye la responsabilidad.
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Procedencia por
estar afectado el mínimo vital de madre cabeza de familia de 8 hijos menores de
edad
DERECHO AL
MINIMO VITAL, A LA VIDA DIGNA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a ARP Positiva
reconocer y pagar en forma definitiva pensión de sobrevivientes de esposo e
hijo fallecidos en accidente de trabajo como mineros por desprendimiento de
roca
Referencia: expediente T-3.677.985
Acción de
tutela interpuesta por Ana Ilda Gallo Pasachoa en contra de la ARP Positiva
Compañía de Seguros S.A., la Cooperativa Multiactiva de Servicios Varios
COOPSERVAR LTDA y las Minas Palo Blanco y El Uvo.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
trece (13) de marzo de dos mil trece (2013)
La Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados NILSON
PINILLA PINILLA, JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB y quien la preside JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución, y 33 y concordantes del Decreto ley 2591 de 1991, profiere la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por
la Sala Tercera Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa
de Viterbo que declaró la improcedencia de la acción de tutela instaurada por
la ciudadana Ana Ilda Gallo Pasachoa y revocó la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado 1° Penal del Circuito de Sogamoso – Boyacá.
I. Antecedentes
La ciudadana Gallo Pasachoa
interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
y los de sus ocho hijos menores de edad, al mínimo vital, a la vida digna y a
la seguridad social, según los siguientes:
1.
Hechos
1.1.
La accionante es madre cabeza de familia de los menores Luis Alberto
Rodríguez Gallo nacido en 1997,  José Ariel Rodríguez Gallo en 1998, Wilson
Alexi Rodríguez Gallo en 1999, Martha Liliana Rodríguez Gallo en el 2000, Marta
Consuelo Rodríguez Gallo en 2002, Yoban Miguel Rodríguez Gallo en 2004,
Hernando Rodríguez Gallo en 2005 y Yeison Orlando Rodríguez Gallo en 2009,
todos ellos fruto de su matrimonio con el señor Alberto Rodríguez Sepúlveda. De
la misma forma es la madre del señor Juan Alejandro Gallo quien en vida era su
hijo mayor.
1.2.
Los señores Alberto Rodríguez Sepúlveda (cónyuge) y Juan Alejandro Gallo
(hijo mayor) suscribieron respectivamente “Contrato Individual de Trabajo
de  Prestación de Servicios” para el cargo de minero con la Cooperativa
Multiactiva de Servicios Varios COOPSERVAR LTDA (en adelante COOPSERVAR), el
día 7 de marzo de 2011 y el 14 de febrero del mismo año, con un salario de
$535.600 mensuales.
1.3.
En virtud de dicha relación contractual la cooperativa los afilió al
Sistema de Riesgos Profesionales (en adelante SRP) a través de la ARP Positiva
Compañía de Seguros S.A. (en adelante POSITIVA), a partir de la fecha de la
firma del contrato.
1.4.
En virtud de un “Convenio de Prestación de Servicios con Terceros”
suscrito entre COOPSERVAR y la mina Palo Blanco, el 5 de abril de 2011 el señor
Alberto Rodríguez se encontraba laborando como minero en el municipio de Socotá
- Boyacá, cuando se presentó un desprendimiento de roca que le causó la muerte.
1.5.
A su turno, en virtud de otro “Convenio de Prestación de Servicios
con Terceros” suscrito entre COOPSERVAR y la mina El Uvo, el 6 de mayo de
de 2011 el señor Juan Alejandro Gallo se encontraba laborando como minero en el
municipio de Socotá - Boyacá, cuando se presentó un desprendimiento de roca que
le causó la muerte.
1.6.
En virtud de lo anterior, la señora Gallo Pasachoa acudió a la ARP
POSITIVA para solicitar el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes
por el fallecimiento de su esposo e hijo, por los accidentes que respectivamente
les causaron la muerte.
1.7.
El 28 de octubre de 2011 le fueron notificados los oficios 1100 y 11000
del 5 de septiembre de 2011, en los cuales la entidad decidió respectivamente
no reconocer las prestaciones solicitadas, argumentando que al momento de los
hechos los señores Rodríguez y Gallo se encontraban en los campamentos de las
respectivas minas en el municipio de Socotá y no en las oficinas de la
cooperativa ubicadas en Duitama, por lo que era dable entender que estaban
realizando actividades para un tercero (las minas). De esta manera, consideró
que al existir una disparidad entre quien ejercía subordinación sobre ellos al
momento del accidente (las minas) y quien había realizado la afiliación al SRP
(COOPSERVAR), el incidente se encontraba fuera de la cobertura de la ARP.
1.8.
El núcleo familiar de la accionante compuesto por sus ocho hijos menores
de edad y sus difuntos esposo e hijo, dependía económicamente de los ingresos
percibidos por estos últimos. De esta forma, señala que luego de la muerte de
su cónyuge, sus condiciones económicas se vieron seriamente afectadas,
situación que empeoró sustancialmente con la muerte de su hijo. De esta manera,
sumado al sufrimiento emocional que le ha generado la pérdida de dos seres
queridos en tan poco tiempo, en la actualidad se encuentra desempleada, por lo
que depende de la caridad pública de los habitantes de su vereda, quienes le
proporcionan comida a ella y a sus hijos, y le dan permiso de vivir en una
casa.
1.9.
Ante esta situación, el 10 de mayo de 2012 la señora Gallo Pasachoa
instauró acción de tutela en contra de POSITIVA y de COOPSERVAR, con la
pretensión de que se ordene el reconocimiento y pago de las pensiones de
sobrevivientes por la muerte de su esposo e hijo, así como lo correspondiente a
los gastos funerarios.
2.
Pruebas aportadas con la acción de tutela
Entre las pruebas aportadas se
encuentran[1]:
2.1.
Registro civil de matrimonio de la accionante y el señor Alberto
Rodríguez de diciembre de 1996.[2]
2.2.
Registros civiles de nacimiento de los ocho hijos menores de edad, en
donde figuran como padres la accionante y el señor Alberto Rodríguez.[3]
2.3.
Registro de nacimiento del señor Juan Alejandro Gallo, con fecha de
nacimiento 3 de mayo de 1989, en donde figura como madre la señora Ana Ilda
Gallo Pasachoa.[4]
2.4.
Copias de la solicitud de ingreso a la Cooperativa de Alberto Rodríguez
y Juan Alejandro Gallo para el cargo de minero con una asignación salarial de
$535.600. En el documento se señala a POSITIVA como ARP.[5]
2.5.
Copia de los “Contrato[s] Individual[es] de Trabajo de
Prestación de Servicios” suscritos por el representante legal de COOPSERVAR
como “empleador” y los señores Alberto Rodríguez y Juan Alejandro Gallo
como “trabajador” / “cooperado” para el cargo de “minero”,
los cuales tienen como fecha de inicio 7 de marzo de 2011 / 14 de febrero de
2011, “lugar donde desempeña las labores” Socotá – Boyacá y una
remuneración mensual de $535.600.[6]
Entre las cláusulas que los componen se encuentran las siguientes:
“OBJETO. El
EMPLEADOR contrata los servicios personales del trabajador / cooperado y este
se obliga a: a) poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de
trabajo en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las
labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e
instrucciones que le imparta el EMPLEADOR directamente o a través de sus
representantes (…). REMUNERACIÓN. El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR / COOPERADO
por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las
oportunidades también señaladas arriba (…) PARAGRAFO SEGUNDO. Las partes
acuerdan que en este caso de prestación de servicios el salario será de
responsabilidad de la empresa a la que le esta prestando sus servicios, por lo
tanto es su responsabilidad de los (sic) beneficios diferentes al
salario, igualmente los conceptos de alimentación, vivienda, transporte y
vestuario, considerándose tales beneficios como no salariales. (…). Para
desempeñar cualquier labor dentro o fuera de la cooperativa COOPSERVAR el
cooperado deberá estar afiliado a la misma como tal, y podrá laborar en misión
a la empresa que lo requiera cumpliendo con los estatutos, reglamento y demás
requerimientos que se exijan en esta empresa.  JORNADA DE TRABAJO. El TRABAJADOR
se obliga a trabajar la jornada máxima legal cumpliendo con los turnos y
horarios que señale el EMPLEADOR, quien podrá cambiarlos o ajustarlos cuando lo
estime conveniente (…). MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJADO. El
TRABAJADOR / COOPERADO acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones
de sus condiciones laborales determinadas por el EMPLEADOR en el ejercicio de
su poder subordinante, tales como los turnos o jornadas de trabajo, el lugar de
prestación del servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de
remuneración (…)”.
2.6.
Copia de los formularios de vinculación al Sistema General de Pensiones
de Alberto Rodríguez y Juan Alejandro Gallo, a través del ISS, en donde aparece
como empleador COOPSERVAR y como ocupación la de obrero de minas y canteras.[7]
2.7.
Copia de los reportes de afiliación al SRP de Alberto Rodríguez y Juan
Alejandro Gallo a través de POSITIVA de fechas 7 de abril de 2011 y 14 de
febrero del mismo año, en donde aparece como empresa que afilia COOPSERVAR, la
cual reporta la siguiente actividad económica: “actividades de las
cooperativas financieras y fondos de empleados (sic) hace referencia a
empresas dedicadas a la distribución de fondos sin fines de lucro, entre sus asociados
para la compra de bienes y servicios, así como las actividades de los fondos de
emp (sic)”. En el documento se establece como salario la suma de
$535.600, con una tarifa de cotización del 6.96% tipo D. [8]
2.8.
Copia del formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo
de fecha 11 de abril de 2011 diligenciado por POSITIVA para el caso del señor
Alberto Rodríguez, en el cual se aprecia que fue considerado como “accidente
de trabajo mortal”, que registra como empleador COOPSERVAR, que el lugar
del incidente es distinto al de la sede principal de sus oficinas y que el
cargo desempeñado era el de “minero picador”. En cuanto a la información
del accidente se aprecia que este ocurrió realizando sus labores habituales
propias del trabajo en áreas de producción, siendo descrito de la siguiente
manera: “el trabajador se encontraba parando una puerta, al subir el capiz
hubo desprendimiento de roca, fue golpeado por ésta.”[9]
2.9.
Copia del formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo
de fecha 16 de mayo de 2011 diligenciado por POSITIVA para el caso del señor
Juan Alejandro Gallo, en el cual se aprecia que fue considerado como “accidente
de trabajo mortal”, que registra como empleador COOPSERVAR, que el lugar
del incidente es distinto al de la sede principal de sus oficinas y que el
cargo desempeñado era el de “minero picador”. En cuanto a la información
del accidente se aprecia que este ocurrió realizando sus labores habituales propias
del trabajo en áreas de producción, siendo descrito de la siguiente manera: “el
trabajador se encontraba parando una puerta, hubo deslizamiento o
desprendimiento de roca, lo golpea y lo atrapó”. Finalmente, en el campo de
“observaciones del especialista” se lee que “el trabajador estaba
desarrollando labores concernientes al cargo por lo que ha mi criterio se
considera AT”.[10]
2.10.    Informe para
presunto accidente de trabajo del empleador o contratante para el caso del
señor Alberto Rodríguez, diligenciado por el contact center de POSITIVA
el 4 de abril de 2011. En el documento se registra que el accidente ocurrió en
las instalaciones de la empresa en el área de producción y en la jornada normal
de trabajo. También quedó consignada la siguiente descripción del accidente: “el
trabajador se encontraba dentro de la mina realizando su labor habitual cuando
le cae una piedra sobre la espalda generando golpe (…).”[11]
2.11.    Informe para
presunto accidente de trabajo del empleador o contratante para el caso del
señor Juan Alejandro Gallo, diligenciado por el contact center de
POSITIVA el 6 de mayo de 2011. En el documento se registra que el accidente
ocurrió en las instalaciones de la empresa en el área de producción y en la
jornada normal de trabajo. También quedó consignada la siguiente descripción
del accidente: “el trabajador se encontraba haciendo mantenimiento de la
mina, de repente le cae una roca en el pecho generándole un raspón (…).”[12]
2.12.    Formato de
recomendaciones y seguimiento de accidentes graves y mortales diligenciado por
POSITIVA el 13 de julio de 2011 para el caso del señor Alberto Rodríguez. En el
documento se aprecia como fecha de investigación el 11 de abril de 2011,
encontrándose en estudio la calificación del accidente. Adicional a ello, en el
espacio de observaciones se lee: “la cooperativa COOPSERVAR LTDA había
contratado los servicios de afiliación y pago de la seguridad social con el
empleador Aurelio Gómez M empleador donde ocurrió el accidente mortal, a la
fecha esta no tiene actividades de minería por cierre total de la mina según
certificación.”[13]
2.13.    Formato de
concepto técnico de la investigación para el caso del señor Juan Alejandro
Gallo en donde se identifica a COOPSERVAR como empleador y se establece como
causa del accidente factores como “entrenamiento inicial insuficiente y bajo
tiempo de reacción” y “control e inspecciones inadecuadas de las
construcciones y una evaluación deficiente para el comienzo de una operación o
labor”.[14]
2.14.    Certificado de
defunción del señor Alberto Rodríguez de fecha 6 de abril de 2011.[15]
2.15.    Certificado de
defunción del señor Juan Alejandro Gallo de fecha 6 de mayo de 2011.[16]
2.16.    Oficios numero
1100 y 11000 dirigidos a COOPSERVAR el 5 de septiembre de 2011 por parte de
POSITIVA[17],
en  los cuales se lee lo siguiente:
“Allegado
al estudio se encuentra la investigación adelantada por los hechos ocurridos
que señalan la actividad que se encontraba desarrollando el señor Alberto
Rodríguez Sepúlveda / Juan Alejandro Gallo, era en el campamento Mina Palo
Blanco / El Uvo ubicada en el municipio de Socotá, mientras que la ubicación de
la CTA obedece a la carrera 15 No. 14-69-48 Oficina 302 Duitama según lo
reportado en el informe de accidente. Del mismo documento investigativo fue
descrito que efectivamente el sr. Alberto Rodríguez Sepúlveda / Juan Alejandro
Gallo prestaba sus servicios en una mina. (…) Teniendo en cuenta lo anterior,
se tiene que el día del lamentable insuceso acaecido al sr. Alberto Rodríguez /
Juan Alejandro Gallo (QEPD) se encontraba realizando una actividad de trabajo a
favor de un tercero como lo es la empresa Mina Palo Blanco / El Uvo, para quien
realizaba una actividad como minero cuando se presentó el lamentable insuceso.
Cuando la Cooperativa de trabajo Asociado Cooperativa Multiactiva de Servicios
Varios afilió al Sr. Alberto Rodríguez / Juan Alejandro Gallo a esta ARP en
calidad de su trabajador dependiente se desprende legalmente las condiciones de
subordinación establecidas para con el empleado, así como también de la
existencia de un riesgo creado, el cual es completamente desconocido por esta
aseguradora, en las circunstancias que permiten evidenciar que el trabajador
afiliado se encontraba subordinado por una persona diferente al contratante que
lo afilió a esta ARP, realizando así actividades de trabajo para un tercero.
(…) Para el caso en concreto, teniendo en cuenta que el Sr. Rodríguez / Gallo
para la fecha del accidente realizaba actividades contratadas por una persona
diferente a la que lo afilió, no es posible que Positiva Compañía de Seguros
S.A. reconozca prestación alguna derivada del accidente presentado y en consecuencia
debe objetar las prestaciones derivadas del evento reportado.”
3.
Actuaciones en primera instancia
3.1. Mediante auto del 28 de
junio de 2012, el Juzgado 1° Penal del Circuito de Santa Rosa de Viterbo
admitió la solicitud de amparo y procedió a notificar a las entidades
accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos.
3.2. Mediante escrito remitido el
5 de julio del mismo año, POSITIVA rindió informe de contestación. Refiriéndose
a las circunstancias en las que ocurrieron los accidentes de los señores
Alberto Rodríguez y Juan Alejandro Gallo, reiteró que al momento de su
ocurrencia éstos se encontraban trabajando en las minas Palo Blanco y El Uvo,
respectivamente, y no en las oficinas de COOPSERVAR ubicadas en Duitama. En ese
sentido señaló que si bien no controvertía el origen del incidente como un
presunto accidente laboral, lo cierto es que éste no obedeció a causa de la
labor desarrollada con COOPSERVAR, quien fue quien lo afilió como dependiente
al SRP, por lo que se encontraba fuera de la cobertura de la ARP. En virtud  de
ello argumentó que quien debía responder por los hechos ocurridos eran las
respectivas minas, quienes, dadas las circunstancias, eran las que
verdaderamente estaban ejerciendo subordinación.
Hizo también alusión a que los
conflictos relacionados con la seguridad social son competencia de los jueces
laborales, por lo que en este caso la accionante  debe acudir a esas
instancias. Concluyó diciendo que en el presente caso no se cumple el requisito
de inmediatez, en la medida en la que entre la notificación de los oficios que
negaron la pensión (octubre de 2011) y la presentación de la tutela (mayo de
2012), había transcurrido un término que excede lo razonable.
Por los anteriores argumentos,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción en su contra y que en
su lugar se vinculara al proceso a las minas Palo Blanco y El Uvo, por ser
estas quienes son verdaderamente responsables por el reconocimiento de la
prestación.
3.3. Mediante auto del 9 de julio
de 2012, el juez de conocimiento procedió a ordenar la vinculación de las
referidas minas a través de sus representantes, solicitándoles que se
pronunciaran sobre los hechos que le dieron origen a la acción de tutela.
3.4. Mediante informes radicados
ambos el 11 de julio de 2012 las minas Palo Blanco y El Uvo se pronunciaron a
través del mismo apoderado[18].
En los escritos manifestaron que éstas habían suscrito un “Convenio de
Prestación de Servicios con Terceros”[19]
con la Cooperativa, “para que le[s] fuera suministrado el servicio de
empleados para desarrollar las labores de minería dentro de la mina”,
estando a cargo de COOPSERVAR el pago de la seguridad social de los
trabajadores, incluido lo concerniente al SRP. De esta manera, señalan que no
se oponen a las pretensiones de la tutela, en el sentido en el que la ARP debe
reconocer y pagar las respectivas pensiones, toda vez que la afiliación en
ambos casos se encontraba al día al momento de los hechos. En dichos convenios
se estipula además un pago de $250.500 por cada minero, más un 10% por concepto
de pensiones de alto riesgo.
3.5. Vencida la etapa probatoria
la Cooperativa guardó silencio.
4.
Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 12 de
julio de 2012 el Juzgado 1° Penal del Circuito de Santa Rosa de Viterbo
resolvió conceder la protección transitoria de los derechos invocados por la
accionante y ordenó a POSITIVA que iniciara los trámites necesarios para
reconocer y pagar la pensiones de sobreviviente, hasta tanto se definía la
responsabilidad de las empresas implicadas en la justicia laboral. Esto al
considerar que si bien existe un debate jurídico acerca de quién fungía como
verdadero empleador de los señores Rodríguez y Gallo al momento de su muerte,
ello no puede ser un obstáculo para la efectividad de los derechos
fundamentales de la accionante y sus hijos.
5.
Impugnación del fallo de primera instancia
Mediante escrito de fecha 18 de
julio de 2012, el apoderado de las minas Palo Blanco y El Uvo impugnó la
decisión, al considerar que el amparo debió haber sido definitivo y no
transitorio. Al respecto dijo que no cabe duda de que el accidente fue de
origen laboral, por que se encuentra dentro del ámbito de cobertura de la ARP.
La decisión también fue
cuestionada por POSITIVA, quien reiteró los argumentos expuestos en el informe
de contestación, en el sentido de que al momento de los sucesos los señores
Rodríguez y Gallo se encontraban laborando para un tercero distinto de quien los
había afiliado al SRP.
6.
Sentencia de segunda instancia
Mediante fallo del 3 de
septiembre de 2012, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo resolvió revocar el fallo de primera instancia y declaró la
improcedencia de la acción de tutela. El pronunciamiento se basó principalmente
en que la ARP había objetado la calificación del accidente como laboral y, por
tanto, consideró que aun no existía un dictamen definitivo al respecto. Así,
concluyó que “son muchos los cuestionamientos y aspectos que dilucidar en
este caso, lo que convierte la pretensión de la parte actora de reconocimiento
de derechos pensionales en un asunto netamente litigioso, que impiden que el
Juez Constitucional se pronuncie sobre aspectos legales y expresamente
probatorios, pues, en dicho evento, se estaría desbordando el espíritu del
constituyente de 1991, y en su lugar, sería un entrometimiento en la esfera de
otras jurisdicciones, expresamente la laboral.”
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de
revisión de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución, y 31 a 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
2.
Planteamientos de la acción y problema jurídico
De los antecedentes expuestos se
tiene que en el presente caso la accionante es madre cabeza de familia de ocho
menores de edad, cuyo núcleo familiar dependía económicamente de los ingresos
que percibían su esposo e hijo mayor, quienes fallecieron en accidentes
ocurridos mientras ejercían sus funciones de mineros en Socotá – Boyacá. De
esta forma, sumado al sufrimiento emocional por la pérdida de sus seres
queridos, actualmente se encuentra padeciendo serias complicaciones económicas,
al punto de depender de la caridad de los habitantes de su vereda, quienes le
regalan comida y le permiten vivir en una casa junto con sus hijos.
La actividad de minería que
desarrollaban su esposo e hijo se daba en virtud de “Contrato[s]
Individual[es] de Trabajo de  Prestación de Servicios” suscritos con
la cooperativa de trabajo asociado COOPSERVAR, la cual a su vez le suministraba
personal a las minas Palo Blanco y El Uvo a través de un convenio de suministro
de personal. Según lo estipulado en este último, la Cooperativa debía llevar a
cabo la afiliación de sus asociados a la seguridad social, incluyendo riesgos
profesionales, mientras que las minas pagaban una remuneración para cada
trabajador, más un 10% por concepto de pensiones de alto riesgo. En
cumplimiento de ello, los señores Rodríguez y Gallo al momento de su muerte
estaban afiliados al SRP por intermedio de POSITIVA como dependientes de COOPSERVAR,
con una tarifa de cotización del 6.96% tipo D.
Luego de que desprendimientos de
roca en las minas le causaran la muerte al esposo e hijo de la accionante, esta
acudió a POSITIVA para solicitar el reconocimiento de las respectivas pensiones
de sobrevivientes. En respuesta la entidad manifestó que el incidente se había
presentado en un lugar y bajo la subordinación de un ente distinto al que había
hecho la afiliación al SRP, por lo que este se encontraba fuera de la cobertura
de la ARP. Ante dicha negativa la señora Gallo Pasachoa instauró acción de
tutela con la pretensión de que se ordene el reconocimiento y pago de la
mencionada prestación.
Conforme a los anteriores antecedentes, de resultar procedente la acción
de tutela en el caso concreto, le corresponderá a la Corte entrar a resolver el
siguiente problema jurídico general:
¿Configura una violación de los derechos fundamentales al mínimo vital, a
la vida digna y a la seguridad social de una madre cabeza de familia de ocho
menores de edad, el que una ARP se niegue a reconocer una pensión de
sobrevivientes argumentando que el accidente que causó la muerte del trabajador
se presentó en un lugar distinto al de las oficinas de la cooperativa de
trabajo asociado que lo había afiliado al sistema de riesgos profesionales?
De manera consecuencial la Corte determinará si POSITIVA está obligada a
reconocer las respectivas pensiones de sobrevivientes, dada la relación que
existía entre los causantes, la cooperativa de trabajo asociado, y las minas
Palo Blanco y El Uvo.
Para dar respuesta a lo anterior
la Sala abordará los siguientes tópicos: i) la procedencia excepcional de la
acción de tutela para el reconocimiento de derechos económicos como la pensión
de sobrevivientes; ii) la muerte por accidente de trabajo en el Sistema de
Riesgos Profesionales; y iii) la prohibición de intermediación laboral a través
de las cooperativas de trabajo asociado. Por último se abordará el caso
concreto.
3.
La procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de derechos
económicos como la pensión de sobrevivientes
El artículo 86
de la Constitución establece que la acción de tutela por regla general no
procede cuando existan otros medios o mecanismos de defensa judicial. Dice la
norma:
“Toda persona
tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. (…)”
En el mismo sentido, el artículo
6º del Decreto ley 2591 de 1991 dispone:
“Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…)”
Siendo esta la regla general de
procedibilidad de la acción de tutela, en sentencia SU-086 de 1999 este
Tribunal sostuvo que “frente al objetivo prevalente de asegurar el respeto a
los derechos fundamentales por la vía judicial, no es lo mismo cotejar una
determinada situación con preceptos de orden legal que compararla con los
postulados de la Constitución, pues la materia objeto de examen puede no estar
comprendida dentro del ámbito de aquél, ni ofrecer la ley una solución adecuada
o una efectiva protección a la persona en la circunstancia que la mueve a
solicitar el amparo, encajando la hipótesis, en cambio, en una directa y clara
vulneración de disposiciones constitucionales. La Corte recalcó esa diferencia,
respecto de la magnitud del objeto de los procesos, haciendo ver que una es la
dimensión de los ordinarios y otra la específica del juicio de protección
constitucional en situaciones no cobijadas por aquéllos”.
En consecuencia, “‘aunque en principio la existencia de
otros medios de defensa judicial hace improcedente la acción de tutela, la sola
existencia formal de uno de estos mecanismos no implica per se que ella deba ser denegada’[20].
En realidad, para poder determinar cuál es el medio adecuado de protección, se
hace imprescindible que el juez constitucional entre a verificar si, cumplidos
ciertos condicionamientos, ‘las acciones disponibles protegen eficazmente los
derechos de quien interpone la acción o si, por el contrario, los mecanismos
ordinarios carecen de tales características, evento en el cual el juez puede
otorgar el amparo.’[21]”[22]
En atención a lo anterior, a
pesar de que por regla general la acción de tutela no procede cuando existen
otros medios de defensa judiciales, a través de sus pronunciamientos la Corte
ha venido desarrollando subreglas que permiten estudiar la idoneidad y eficacia
que ofrecen los mecanismos disponibles desde el punto de vista constitucional,
dependiendo de la materia de que se trate y de las particularidades de cada
asunto.
En materia de derechos económicos
o prestacionales como la pensión de sobrevivientes, la Corte ha señalado que la
acción de tutela es en principio improcedente “con ocasión a tres
situaciones específicas, a saber: en primer lugar, por su carácter subsidiario
y excepcional[23];
en segundo, porque la efectividad del derecho depende del cumplimiento de
requisitos y condiciones señaladas en la ley; y por último, ante la existencia
de otros medios de defensa judicial para resolver tales controversias.[24]”[25]
Sin embargo, excepcionalmente
este Tribunal ha aceptado su procedencia en consideración a que específicamente
esta prestación “constituye para sus beneficiarios una garantía fundamental,
en la medida en que contribuye a garantizar el mínimo vital de los miembros del
núcleo familiar que se encontraban bajo el cuidado del afiliado o pensionado
que fallece.”[26]
En virtud de
ello, en sus diferentes providencias se han planteado una serie de requisitos
para la procedencia extraordinaria de la solicitud de amparo, los cuales, de
encontrarse cumplidos, se entiende que la cuestión es susceptible de ser
estudiada de fondo a pesar de la existencia de la vía contencioso
administrativa o laboral. Al pronunciarse sobre un caso en donde se pretendía
acceder a ese beneficio, la sentencia T-597 de 2009 señaló:
“Esta
Corporación ha definido que, por regla general, la acción de tutela no es
procedente para el reconocimiento del derecho pensional. Sin embargo,
excepcionalmente la Corte ha admitido su procedencia cuando ‘(i) se
trate de un (…) sujeto [de] especial [sic] protección; (ii) la
falta de pago de la prestación genere un alto grado de afectación de los
derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; (iii) se
haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado
tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iv) aparezcan acreditadas
siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario
es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales
presuntamente afectados[27]’[28].”
De otro lado, en la sentencia
T-755 de 2010 la Corte se refirió a un caso en donde se reclamaban prestaciones
pensionales a través de la solicitud de amparo, las cuales habían sido
desconocidas bajo el argumento de que no se cumplía el requisito de fidelidad.
En cuanto a la procedibilidad de la acción en esa oportunidad se dijo:
“Existe
certeza de que la acción de tutela no funge como sustituta de los
procedimientos ordinarios de los que goza un ciudadano para solicitar el
reconocimiento y pago de las prestaciones a las que tiene derecho. No obstante,
al encontrarse en peligro algunos derechos fundamentales, es injusto exigir que
se surtan todos los trámites requeridos en la jurisdicción correspondiente,
habida cuenta de la extensa duración de los procesos. En efecto, situaciones
como esta conllevan la aceptación del amparo constitucional, para proveer
protección eficaz de los derechos fundamentales menoscabados, como mecanismo
principal o transitorio para evitar que se configure un perjuicio irremediable[29].”
Finalmente, en la sentencia T-316
de 2011 la Corte se pronunció sobre un caso en donde una madre de dos menores
solicitaba la pensión de sobrevivientes por la muerte de su esposo, quien se
encontraba afiliado al sistema de seguridad social. En la providencia se dijo:
“Adicionalmente,
esta Corte, cuando se trata de aceptar la procedencia de la tutela para
reclamar acreencias prestacionales derivadas de la pensión de sobrevivientes,
ha exigido que además de la existencia de un perjuicio irremediable, se debe
cumplir con dos supuestos adicionales: “(i) que la prestación económica que
percibía el trabajador o pensionado fallecido constituye el sustento económico
de su grupo familiar dependiente; y, (ii) los beneficiarios de la pensión
carecen, después de la muerte del trabajador o pensionado, de otros medios para
garantizarse su subsistencia, por lo que quedan expuestos a un perjuicio
irremediable derivado de la afectación de su derecho fundamental al mínimo
vital”[30].
Precisamente, frente a la presunción de afectación al mínimo vital, la Corte ha
indicado que a pesar de la informalidad de la acción de tutela, de todos modos
el accionante debe acompañar la afirmación de su vulneración, con alguna prueba
siquiera sumaria[31]
que permita dilucidar la existencia de la trasgresión alegada.
Basado en los anteriores
pronunciamientos, en la sentencia T-855 de 2012 la Corte hizo un recuento de
los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha considerado como
necesarios para que proceda el estudio de fondo en sede de tutela. Al respecto
señaló:
“En virtud de los anteriores pronunciamientos, se puede concluir que
por regla general la acción de tutela es improcedente para reclamar derechos
económicos o prestacionales tales como acreencias pensionales o laborales. No
obstante, el juez constitucional podrá estudiar de fondo el caso concreto,
cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: i) que la falta de
reconocimiento del derecho devenga en una afectación clara de derechos
fundamentales especialmente del mínimo vital, debido a que la prestación que se
reclama constituye el único sustento económico del accionante y de su grupo
familiar dependiente; ii) que el actor haya adoptado medidas o actuaciones que
resulten idóneas encaminadas a reclamar el derecho a quien considera debe
reconocerlo; iii) que exista suficiente evidencia del cumplimiento de los
requisitos básicos de ley para que se configure el derecho; iv) que aparezcan
probados, aunque sea sumariamente, los hechos y razones por los cuales el medio
judicial ordinario es ineficaz o por los cuales se está ante la causación de un
perjuicio irreparable. En este caso debe recordarse que ‘la Corte
Constitucional ha reconocido que, cuando la acción de tutela es interpuesta por
un sujeto de especial protección constitucional o por personas que se
encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de
procedibilidad debe efectuarse de forma más flexible’[32] y, por
tanto, en el análisis del cumplimiento de estos requisitos deberá tenerse en
consideración las condiciones particulares de la persona en cada caso concreto.
Verificado lo anterior, le corresponderá al juez constitucional estudiar de
fondo la cuestión y determinar si el amparo debe ser concedido.”
Como se desprende de lo anterior, en cada situación particular deberá el
juez constitucional determinar primero si las características de cada caso
satisfacen los requisitos mínimos de procedibilidad planteados por esta
Corporación a lo largo de su jurisprudencia, de tal forma que, de ser el caso,
proceda el juez constitucional a hacer un estudio de fondo del problema
jurídico.
4.
La muerte por accidente de trabajo en el Sistema de Riesgos
Profesionales
Antes de abordar el tema que es
objeto de estudio en este capítulo, resulta pertinente señalar que en virtud de
los artículos 6[33]
de la Ley 1233 de 2008 y 13 numeral 2[34]
de la Ley 1562 de 2012, las disposiciones que regulan el sistema de seguridad
social integral en materia de trabajo dependiente (salud, pensiones y
riesgos profesionales), son también aplicables a las relaciones que surgen
entre las cooperativas de trabajo asociado y sus
afiliados. Así, las explicaciones que se den en
este aparte respecto de “la muerte por accidente de
trabajo en el SRP”, tienen cabida en ambos casos.
Comprendido esto, se tiene que la
muerte es una de las contingencias cubiertas por el Sistema de Seguridad Social
Integral en Colombia, dadas las consecuencias negativas que trae sobre los
allegados de quien fallece. No obstante, el tratamiento legal que recibe es
distinto dependiendo de si el deceso se presenta por causas comunes o por
hechos relacionados con el trabajo. En el primer caso, la contingencia debe ser
asumida por el Sistema General de Pensiones, según los parámetros establecidos
principalmente en la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, y demás normas
concordantes. Por el contrario, cuando ocurre por causa o con ocasión de una
relación laboral, la cobertura se da a través del SRP, bajo los lineamientos dados
en su mayor parte por el Decreto ley 1295 de 1994 “por el cual se determina
la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”,
la Ley 776 de 2002 “por la cual se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”
y la Ley 1562 de 2012 “por la cual se modifica el
Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de
Salud Ocupacional.”[35]
Específicamente, el artículo 1° de la Ley 1562 de 2012 define este sistema de
la siguiente manera:
“Sistema
General de Riesgos Laborales: Es el conjunto
de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de
los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones
vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes
de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento
de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de
Riesgos Laborales.”[36]
Bajo este régimen, cuando una
persona afiliada sufre una contingencia con ocasión o como consecuencia de su trabajo,
se genera el derecho, a favor suyo o de un beneficiario, de recibir una serie
de servicios asistenciales y/o prestacionales, destinados a compensar las
consecuencias negativas ocasionadas. Así lo establece el artículo 1° de la Ley
776 de 2002:
“Artículo
1°. Derecho a las prestaciones. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos
Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto ley
1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide
o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios
asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren
el Decreto ley
1295 de 1994 y la presente ley.”
Del contenido de la norma surge
la necesidad de precisar los siguientes aspectos. En primer lugar, es necesario
saber cuándo se está ante un accidente de trabajo. Segundo, cuáles son las
prestaciones que deben ser reconocidas en caso de que éste ocasione la muerte
del trabajador. Y, por último, quién y cómo se deben reconocer y pagar dichas
prestaciones.
En
cuanto al concepto de accidente de trabajo, se tiene que este fue definido
originalmente por los artículos 9[37] y 10[38] del Decreto ley 1295
de 1994. Sin embargo, en la sentencia C-856 de 2006 la Corte consideró que el
Gobierno había excedido las competencias extraordinarias conferidas por el
legislador “para organizar la administración” del sistema  (Artículo
139, numeral 11 de la Ley 100 de 1993), razón por la cual los declaró inexequibles
y otorgó al Congreso el término de ocho meses (hasta el 20 de julio de 2007)
para expedir una nueva definición[39].
Dicho término fue incumplido. Ante este vacío, el entonces Ministerio de la Protección Social expidió el Boletín de
Prensa número 055 de junio de 2007, en el cual señaló que mientras se expedía
la nueva definición debía aplicarse la contenida
en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad
Andina de Naciones (en adelante CAN)[40],
el cual fue adoptado mediante Decisión 584 de 2004 de dicho órgano.
La
posibilidad de aplicar el contenido del instrumento se derivó de su cláusula
tercera transitoria que establece que “los Países Miembros se
comprometen a adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar aplicación
a las disposiciones del presente Instrumento en sus respectivos ordenamientos
jurídicos internos, en un plazo de doce meses siguientes a su entrada en
vigencia.” Dentro de estas disposiciones se encontraba precisamente la
definición de accidente de trabajo[41],
la cual, para efectos prácticos, resultó ser idéntica a la otrora contenida en
el artículo 9 del Decreto ley 1295
de 1994 declarado inexequible por la Corte.
Fue sólo con la expedición de la
Ley 1562 de 2012 que Colombia volvió a contar con una definición legal del
término. Así quedó consignada:
“Artículo
3. Accidente de
trabajo. Es accidente de
trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es
también accidente de trabajo aquel que se produce
durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de
trabajo.
Igualmente
se considera accidente de trabajo el que se produzca
durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a
los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el
empleador.
También
se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
función sindical aunque el trabajador se encuentre en
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha
función.
De
igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la
ejecución de actividades recreativas, deportivas o
culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de
la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios
temporales que se encuentren en misión.
Como se aprecia, esta definición,
si bien similar a las anteriores, resulta ser más completa y benéfica para el
trabajador, que las consignadas en los instrumentos que la antecedieron. De
esta forma, en virtud del principio de aplicación de la norma más favorable al
empleado contenido en los artículos 53[42]
Superior y 21[43]
del Código Sustantivo del Trabajo, en esta providencia se hará referencia sólo
a esta última.
Se tiene entonces que del texto literal de la definición dada por la Ley
1562 de 2012, todo accidente de trabajo tiene los siguientes elementos:
i)
Es repentino. Esto es que ocurre de pronto, sin que hubiera sido
previsto.
ii)
Es por causa o con ocasión del trabajo. Esta expresión plantea dos
escenarios posibles: a) cuando el accidente ocurre en estricto cumplimiento de
las funciones laborales (por causa); y b) cuando a pesar de no ocurrir en las
condiciones del punto anterior, el incidente se encuentra relacionado con el
trabajo (con ocasión). Esta segunda posibilidad fue puntualizada por el
legislador en los apartes 2, 3, 4 y 5 del artículo 3° de la Ley 1562 de 2012
citado, en los cuales se contemplan diferentes eventos que encuadran en la
definición.
iii)
Debe generar una consecuencia negativa en la integridad física o mental
del trabajador.
Siendo estos los criterios que
indican que un accidente es de carácter profesional, el artículo 12 del Decreto
ley 1295 de 1994 consagró el procedimiento que debe seguirse para que se
produzca formalmente su calificación:
“Origen del accidente, de la enfermedad y la
muerte. Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido
clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de origen
común. La calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad
profesional será calificado, en primera instancia por la institución prestadora
de servicios de salud que atiende al afiliado. El médico o la
comisión laboral de la entidad administradora de riesgos profesionales
determinara el origen, en segunda instancia. Cuando
surjan discrepancias en el origen, estas serán resueltas por una junta
integrada por representantes de las entidades administradoras, de salud y de
riesgos profesionales. De
persistir el desacuerdo, se seguirá el procedimiento previsto para las juntas
de calificación de invalidez definido en los artículos 41 y siguientes de la ley
100 de 1993 y sus
reglamentos.”[44] [45]
De esta forma, cuando en un caso
particular se cumplan los elementos esenciales, la entidad que atienda la
contingencia deberá calificar el accidente como de origen profesional,
siguiendo el procedimiento establecido.
Ahora bien, en virtud del
parágrafo 2° del artículo 1 de la Ley 776 de 2002, basta con que (i) el suceso
sea calificado como laboral y (ii) que el trabajador se encuentre afiliado al
momento de su ocurrencia, para que esté dentro del ámbito de cobertura del SRP
y, por tanto, deba ser asumido por la ARP correspondiente. Incluso la misma
norma contempla que si dicho reconocimiento no se da dentro de los dos meses siguientes
al cumplimiento de los requisitos, deberá pagar un interés moratorio por la
dilación. Lo anterior sin perjuicio de que las administradoras puedan luego
hacer el respectivo recobro por las sumas en que hubieran incurrido a quien
consideren es el verdadero responsable. Dice la norma:
“Parágrafo
2°. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de
trabajo o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la
administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de
ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de
requerir la prestación. (…)
La
Administradora de Riesgos Profesionales en la cual se hubiere presentado un
accidente de trabajo, deberá responder íntegramente por las prestaciones
derivados de este evento, tanto en el momento inicial como frente a sus
secuelas, independientemente de que el trabajador se encuentre o no afiliado a
esa administradora.
Las
acciones de recobro que adelanten las administradoras son independientes a su
obligación de reconocimiento del pago de las prestaciones económicas dentro de
los dos (2) meses siguientes contados desde la fecha en la cual se alleguen o
acrediten los requisitos exigidos para su reconocimiento. Vencido este término,
la administradora de riesgos profesionales deberá reconocer y pagar, en adición
a la prestación económica, un interés moratorio igual al que rige para el
impuesto de renta y complementarios en proporción a la duración de la mora. Lo
anterior, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.”
Esta disposición resulta de vital
importancia en la medida en la que deja claro que las vicisitudes
administrativas que puedan existir en el reconocimiento y pago de las
prestaciones, no pueden ser óbice para que las ARP no cumplan con su obligación
legal, menos cuando ello lleva implícita la garantía de derechos fundamentales.
Así lo sostuvo la Corte en sentencia T-177 de 2008 al referirse a un caso donde
estaba siendo reclamada la pensión de sobrevivientes y existía controversia
acerca de quién debía hacerse cargo de su reconocimiento:
“Lo
anterior es el resultado de la prelación constitucional de los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de las personas que
solicitan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, frente a la
resolución de conflictos, que mediante la utilización de vías o mecanismos
administrativos o judiciales, definirán concretamente a cargo de quién está la
prestación, bien sea en el presente caso, la A.F.P. o la A.R.P.
En particular,
sobre las controversias relacionadas con el reconocimiento de pensiones, la
Corte ha advertido que: ‘(...) el reconocimiento y pago de las pensiones destinadas
a cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte están relacionados con la
protección de distintos derechos fundamentales del trabajador y su núcleo
familiar dependiente, razón por la cual son prestaciones que adquieren
relevancia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48
Superior, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005. En ese sentido, si
concurren los requisitos legales para acceder a la prestación, los conflictos
generados entre las entidades del sistema de seguridad social o entre éstas y
los empleadores responsables de retener y trasladar los aportes, no pueden
enervar la posibilidad de acceder a las mencionadas prestaciones’[46].
En virtud de lo
anterior, esta Corporación reitera que las divergencias entre las entidades
prestadoras de la seguridad social, y entre éstas y el empleador, respecto a la
financiación de la pensión de sobrevivientes, de un beneficiario que cumple con
los requisitos para acceder a la misma, no pueden ser utilizadas para dilatar
el reconocimiento y pago oportuno de la pensión. Lo que debe ocurrir es que,
cumplidos los requisitos y presentada la reclamación, las entidades resuelvan,
por los medios más adecuados, quién es el responsable de la prestación, sin que
las diferencias surgidas entre ellas puedan ser trasladadas al beneficiario de
dicha prestación económica.”
Como puede apreciarse, para la
Corte es claro que la carga que conllevan  los conflictos entre las entidades
involucradas no puede ser trasladada a los beneficiarios, por lo que una vez
cumplidos los requisitos de ley la prestación debe ser reconocida en un plazo
máximo de dos meses, transcurridos los cuales se empezará a generar un interés
moratorio a cargo de la ARP. Aspecto distinto es que, si así lo dispone, pueda
luego repetir contra quien considere es el verdadero responsable.
Por su parte, en aquellos casos
en donde el suceso ocasiona la muerte del empleado, la legislación contempla
las siguientes prestaciones a favor de los beneficiarios:
i)
Pensión de sobrevivientes. Según el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, “si
como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional
sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos
profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas
descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su
reglamentario.” El literal a del artículo 12 de la misma norma
dispone que cuando quien fallece se encontraba afiliado al sistema, el monto de
la pensión será del 75% del salario base de liquidación. En cuanto a la
condición de beneficiario, el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dispone:
“Beneficiarios
de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes:
a) En forma
vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos con anterioridad a su muerte; [Los apartes señalados en
negrilla en este literal fueron declarado exequibles condicionalmente por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-336 de 2008].
b) En forma
temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).
Si respecto
de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión
de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá
entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente
será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea
y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; [El
aparte señalado en negrilla y subrayado fue declarado exequible
condicionalmente por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-1035 de
2008. Los apartes señalados en negrilla en este literal
fueron declarado exequibles condicionalmente por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-336 de 2008].
c) Los
hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de
condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar
cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
[Las expresiones en negrilla  en este literal, fueron declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1094 de
2003].
d) A falta
de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma
total y absoluta de este; [Literal declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-111 de 2006,
salvo la expresión en negrilla que fue declarada inexequible].
e) A falta
de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si
dependían económicamente de éste. [El aparte señalado en negrillas de este
literal fue declarado exequible por los cargos analizados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-896 de 2006.
El aparte subrayado en este literal fue declarado exequible condicionalmente
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-336 de 2008].
Parágrafo.
Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el
hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.”
De esta forma, además de los
requisitos para que el accidente deba ser asumido por el SRP, deberá también
acreditarse la condición de beneficiario, en los términos descritos en cada
caso. La importancia del reconocimiento de esta prestación cuando se cumplen
los requerimientos de ley, deriva de que su finalidad “es suplir la ausencia
repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado a los allegados
dependientes y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio
sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas
beneficiarias de dicha prestación.”[47]
ii)
Devolución de saldos a favor. El artículo 15 de la Ley 776 de 2002  señala
que “cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se
invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una
enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes
que deberá reconocerse de conformidad con la presente ley, se entregará al
afiliado o a los beneficiarios: a) Si se encuentra afiliado al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, la totalidad del saldo de su cuenta
individual de ahorro pensional; b) Si se encuentra afiliado el Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida la indemnización sustitutiva
prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.”
iii)
Auxilio funerario. Finalmente, el artículo 16 de la misma legislación
señala que “la persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro
de un afiliado o de un pensionado por invalidez del Sistema de Riesgos
Profesionales, tendrá derecho a recibir un auxilio funerario igual el
determinado en el artículo 86 de la Ley 100 de 1993.
El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva entidad administradora de
riesgos profesionales. En ningún caso puede haber doble pago de este auxilio.”
Es de anotar que la afiliación al
sistema se encuentra en cabeza del empleador, quien debe elegir una ARP a la
cual vinculará obligatoriamente a sus dependientes (literales c y d del
artículo 4°[48]
del Decreto ley 1295 de 1994). Para el caso específico de las cooperativas de
trabajo asociado, los artículos 6 de la Ley 1233 de 2008 y el numeral 2 del
artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, antes citados, establecen que la obligación
debe ser cumplida por éstas.
Para estos efectos los
respectivos empleadores o cooperativas deben pagar una cotización, que varía
dependiendo del riesgo laboral al que está sometido el empleado. Conforme a la
tabla consignada en el Decreto reglamentario 1772 de 1994, el monto a pagar
será un porcentaje de los ingresos salariales así:
“Artículo
13. Tabla de Cotizaciones Mínimas y Máximas. En desarrollo del artículo 27 del Decreto 1295
de 1994, se adopta la siguiente tabla de cotizaciones
para cada clase de riesgo:
TABLA
DE COTIZACIONES MINIMAS Y MAXIMAS
CLASE DE RIESGO
VALOR MINIMO
VALOR INICIAL
VALOR MAXIMO
I (mínimo)
0.348%
0.522%
0.696%
II (bajo)
0.435%
1.044%
1.653%
III (medio)
0.783%
2.436%
4.089%
IV (alto)[[49]]
1.740%
4.350%
6.960%
V (máximo)[[50]]
3.219%
6.960%
8.700%”
En resumen, las disposiciones
normativas que regulan la seguridad social en materia de trabajo dependiente,
resultan aplicables a las relaciones que surgen entre las cooperativas de
trabajo asociado y sus vinculados. Bajo esa perspectiva, se tiene que la muerte
por accidente de trabajo se encuentra cubierta por el SRP, la cual genera en
cabeza del beneficiario el derecho a recibir una serie de prestaciones que
buscan compensar la ausencia del sustento económico que proveía quien fallece.
Por su parte, el accidente debe cumplir tres requisitos para ser considerado
como laboral: (i) ser repentino, (ii) ser por causa o con ocasión del trabajo,
y (iii) generar una consecuencia negativa en la integridad física o mental del
trabajador. Cuando concurran estos elementos, la entidad que atienda al
afiliado deberá calificar el incidente como laboral, de tal forma que, basta
con que (i) el accidente sea profesional y (ii) que el trabajador se encuentre
afiliado al momento de su ocurrencia, para que esté dentro de la cobertura del
sistema y, por tanto, deba ser asumido por la ARP correspondiente. Esto bajo la
limitante de que en ningún caso las vicisitudes que surjan en la calificación
pueden obstaculizar la garantía de los derechos fundamentales de los
beneficiarios. Por su parte, la normativa vigente contempla la pensión de
sobrevivientes, la devolución de saldos a favor y el auxilio funerario, como
las prestaciones originadas en la muerte, las cuales deben ser reconocidas por
la entidad competente en cada caso y bajo el cumplimiento de los requisitos
para ser tenido como beneficiario. Finalmente, la financiación del sistema se
da a partir de una afiliación que debe ser pagada por el empleador o por la
cooperativa de trabajo asociado, según el caso, la cual se calcula sobre el
ingreso salarial y su porcentaje depende del nivel de riesgo al que esté
expuesto el trabajador.
5.
La prohibición de intermediación laboral a través de las
cooperativas de trabajo asociado
En virtud del artículo 70 de la
Ley 79 de 1988, “las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que
vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes,
ejecución de obras o la prestación de servicios”. Dentro de las
características que la Corte le ha reconocido a esta figura están “la asociación libre y voluntaria, la no existencia de ánimo de
lucro, su desarrollo conforme al principio de igualdad de los asociados, el
basarse en el trabajo de los mismos, la solidaridad en las compensaciones o
retribuciones, el desarrollo de actividades económico sociales, la presencia de
una organización democrática y la existencia de autonomía empresarial”.[51]
De
igual forma, esta Corporación ha señalado que las relaciones existentes entre
la cooperativa y sus asociados, en principio, no se rigen por la normativa
aplicable a las relaciones laborales, en la medida en la que sus miembros son a
la vez dueños de la misma. Así se explicó en la sentencia C-211 de 2000:
“Las cooperativas de trabajo asociado se diferencian de
las demás, en que los asociados son simultáneamente los dueños de la
entidad y los trabajadores de la misma, es decir, que existe identidad entre
asociado y trabajador. Siendo así, no es posible hablar de empleadores por
una parte, y de trabajadores por la otra, como en las relaciones de trabajo
subordinado o dependiente. Esta la razón para que a los socios-trabajadores de
tales cooperativas no se les apliquen las normas del Código Sustantivo del
Trabajo, estatuto que regula solamente el trabajo dependiente, esto es, el que
se presta bajo la continuada dependencia o subordinación de un empleador y por
el cual el trabajador recibe una retribución que se denomina salario. En
las cooperativas de trabajo asociado no existe ninguna relación entre
capital-empleador y trabajador asalariado pues el capital de éstas está formado
principalmente por el trabajo de sus socios, además de que el trabajador es el
mismo asociado y dueño. Así las cosas no es posible derivar de allí la
existencia de un empleador y un trabajador para efectos de su asimilación con
los trabajadores dependientes”
No
obstante, en la misma providencia se señaló que la libertad de asociación que
ostenta la figura no puede derivar en la vulneración de los derechos de los
afiliados. Al respecto se dijo:
“La facultad que tienen los
asociados de tales organizaciones para autorregularse no significa que el
legislador no pueda reglamentar algunos asuntos relacionados con ellas; lo que
ocurre es que no puede injerir en su ámbito estrictamente interno, pues ello
depende de la libre y autónoma decisión de los miembros que las conforman. Pero tal libertad de
regulación no es absoluta pues dichos estatutos o reglamentos, como es apenas
obvio, no pueden limitar o desconocer los derechos de las personas en general y
de los trabajadores en forma especial, como tampoco contrariar los principios y
valores constitucionales, ya que en caso de infracción tanto la cooperativa
como sus miembros deberán responder ante las autoridades correspondientes, tal
como lo ordena el artículo 6 del estatuto superior. En consecuencia, como
algunas de esas regulaciones podrían infringir la Constitución y las leyes,
corresponderá a las autoridades competentes analizar en cada caso particular y
concreto si éstas se ajustan a sus preceptos y, en especial, si respetan o no
los derechos fundamentales del trabajador”.
Una de las formas en las cuales
esta figura se ha prestado para afectar los derechos de los asociados es en lo
referente a la seguridad social. A través de la denominada intermediación
laboral, se crea una ficción en donde las empresas realizan convenios con las
cooperativas para que éstas les provean personal y de esa forma las primeras
evitan el cumplimiento de las obligaciones de todo empleador, relacionadas con
los regímenes de pensiones, salud y riesgos profesionales. Esta situación pone
al empleado en una condición de vulnerabilidad derivada de que uno es el ente que
figura como empleador y otro el que verdaderamente ejerce subordinación. Así,
al momento de hacer exigibles sus derechos se diluye la responsabilidad.
Dados los efectos negativos y la
vulneración de derechos que este tipo de relaciones tiene sobre el asalariado,
el artículo 7 de la Ley 1233 de 2008 “por medio de la cual se precisan los
elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean
las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación
Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones”,
consagró expresamente la prohibición de la intermediación laboral y las
consecuencias que ésta trae para quienes incurran en esa práctica:
“Prohibiciones:
1. Las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni
disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en
misión. En ningún caso, el contratante podrá intervenir directa o
indirectamente en las decisiones internas de la cooperativa y en especial en la selección del trabajador asociado. 2. Las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como asociaciones o
agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores independientes al
Sistema de Seguridad Social ni como asociaciones
mutuales para los mismos efectos. 3. Cuando se comprueben prácticas de
intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios
temporales, el tercero contratante y las cooperativas o las precooperativas de
trabajo asociado, serán solidariamente responsables
por las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado y las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado quedarán incursas en las
causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del
debido proceso, y les será cancelada la personería
jurídica. 4. Tanto la potestad reglamentaria como la disciplinaria sólo será
ejercida por la precooperativa o cooperativa de trabajo asociado. En ningún
caso, tales potestades podrán ser ejercidas por el tercero contratante. Si esto llegare a suceder se configurará de
manera automática un contrato de trabajo realidad y, además, el contratante
deberá soportar los efectos previstos en el numeral anterior, sin perjuicio de
otras consecuencias legales.”
El
cumplimiento de esta disposición fue asignado por la misma Ley 1233 de 2008 a
la Superintendencia de Economía Solidaría (art. 4[52]), a la cual
se le confío la función de control y vigilancia de las cooperativas de trabajo
asociado.
7.
Análisis del caso concreto
7.1.
De los antecedentes expuestos se tiene que en el presente caso la
ciudadana Ana Ilda Gallo Pasachoa en su calidad de madre cabeza de familia de
ocho menores de edad, instauró acción de tutela contra POSITIVA por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales y los de sus hijos, al mínimo vital, a la
vida digna y a la seguridad social, al haberle sido negado el reconocimiento de
las pensiones de sobrevivientes por la muerte de su esposo e hijo mayor,
quienes fallecieron mientras trabajaban como mineros en el municipio de
Socotá-Boyacá. Por su parte, los señores Rodríguez (esposo) y Gallo (hijo mayor),
se encontraban afiliados al SRP a través de la mencionada ARP como dependientes
de COOPSERVAR, quien en virtud de un convenio suscrito con las minas Palo
Blanco y El Uvo, les suministraba personal para las labores propias de la
minería. Así las cosas, la negativa de POSITIVA al reconocimiento de los
derechos pensionales se fundamenta principalmente en que al momento de los
accidentes que respectivamente les causaron la muerte a los familiares de la
accionante, éstos se encontraban en un lugar distinto al de las oficinas
principales de la Cooperativa, por lo que era dable entender que se encontraban
bajo la subordinación de un tercero. De esta forma, al considerar que la
entidad que lo afilió al SRP era distinta de aquella para la que estaban
trabajando, concluyó que el incidente se encontraba fuera de su cobertura.
Finalmente, de los documentos aportados al proceso se pudo establecer que la
afiliación al sistema se dio con una tasa de cotización del 6.69%.
7.2.
Teniendo en cuenta estos hechos, debe la Corte en primer lugar
determinar la procedibilidad de la solicitud de amparo. Según las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la regla
general es que la acción de tutela resulta improcedente para la reclamación de
prestaciones económicas, como lo es la pensión de sobrevivientes. No obstante,
verificado el cumplimiento de ciertos requisitos el juez constitucional puede
entrar a estudiar de fondo el asunto, teniendo en cuenta las condiciones
particulares del accionante.
En el presente asunto existe una
doble necesidad de especial protección desde el punto de vista constitucional,
en la medida en la que están en juego los intereses superiores de ocho niños y
de una madre cabeza de familia. Es clara entonces la necesidad de flexibilizar
el estudio de los requisitos de procedibilidad. Partiendo de esa base, de las
declaraciones de la accionante se tiene que los salarios que percibían su
esposo e hijo eran la única fuente de ingreso del núcleo familiar, por lo que
ante su ausencia su subsistencia y la de sus hijos se encuentra gravemente
comprometida, generando así una amenaza al mínimo vital en ambos casos (i).
Sumado a ello, quedó demostrado que la accionante acudió ante POSITIVA para
reclamar las respectivas pensiones de sobrevivientes, habiendo sido negada su
petición mediante oficio (ii). En tercer lugar, dados los hechos narrados y las
pruebas aportadas, existe suficiente evidencia que indica que se cumplen los
requisitos mínimos de ley para acceder a la prestación que se reclama (iii).
Estos aspectos considerados conllevan a que la relevancia constitucional que
reviste el presente asunto hace que los medios ordinarios de defensa no
ofrezcan la suficiente seguridad y oportunidad para la protección plena de los
derechos fundamentales (iv), haciendo necesario un pronunciamiento de fondo en
el caso concreto.
En cuanto a la falta de
cumplimiento del requisito de inmediatez alegada por la parte accionada, debe
acudirse a lo ya sostenido por esta Corporación en el sentido en el que “la
acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno con el fin
de evitar que se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o
indiferencia de los actores o, peor aún, se convierta en un factor de
inseguridad jurídica”[53].
Sobre este aspecto, en sentencia SU-961 de 1999 se sostuvo que “la
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los
hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado”. Dadas estas
consideraciones, la Sala encuentra que en el presente asunto el tiempo
transcurrido entre la negativa de POSITIVA al reconocimiento de los derechos
pensionales (28 de octubre de 2011) y el momento en el que fue instaurada la
acción de tutela (10 de mayo de 2012) no solo no ha transcurrido un término que
sea desproporcionado o imprudente (siete meses), sino que además la condición
de sujetos de especial protección constitucional de los afectados y la
inminencia de la vulneración de sus derechos fundamentales, hace necesario un
pronunciamiento de fondo. Por estas razones, no es dable considerar que en el
presente asunto no se cumple el requisito de inmediatez.
7.3.
Superada la procedibilidad, lo primero es señalar que tanto en la
respuesta dada a la accionante, como en el informe de contestación de la acción
de tutela, el argumento de fondo de POSITIVA para negar las respectivas pensiones
se basó exclusivamente en que al momento de la muerte, tanto del señor
Rodríguez como del señor Gallo, se encontraban laborando para un tercero
distinto a quien los había afiliado al SRP. Ese aspecto, sumado a la presunción
de buena fue contenida en el artículo 83[54]
Superior, serán elementos determinantes a la hora analizar si se concede el
amparo.
7.4.
Teniendo en cuenta eso, en la parte considerativa quedó explicado que
para determinar si una contingencia debe ser asumida por el SRP, es necesario
primero establecer si se está ante un accidente laboral. Para ello habrá que
analizarse si este fue (i) repentino, (ii) por causa o con ocasión del trabajo,
y (iii) si generó una consecuencia negativa en la integridad física o mental
del trabajador.
En el caso concreto quedó probado
que la muerte tanto del señor Alberto Rodríguez como de Juan Alejandro Gallo se
dio por desprendimiento de roca en las minas[55].
En ese sentido no cabe duda de que este ocurrió de repente (i).
Sumado a ello, si bien en el
presente asunto existe un debate, que será dirimido por la Corte, acerca de
quién debe asumir el cubrimiento de la contingencia, lo cierto es que el hecho
de que el incidente se hubiera dado por causa o con ocasión del trabajo es algo
que no solo se deriva del material probatorio aportado, sino que además no fue
un aspecto controvertido en ninguna de las etapas procesales, como pasa a
explicarse.
En primer lugar, de la definición
de accidente de trabajo dada por la Ley 1562 de 2012 se tiene que una de las
situaciones que se consideran “con ocasión del trabajo” es precisamente
cuando el suceso “se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o
contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del
lugar y horas de trabajo.” Sobre este aspecto, independiente de la discusión planteada por la ARP acerca de
quién estaba ejerciendo subordinación, lo cierto es que los señores Rodríguez y
Gallo se encontraban en las minas por instrucciones de COOPSERVAR y en virtud
del “contrato individual de trabajo
de prestación de servicios” que cada uno suscribió con esta.
Así, sin importar si estaban dentro o fuera de las oficinas principales de la
Cooperativa, es claro que estos se encontraban allí por orden de quien figura
como empleador en el SRP. Segundo, en
el “formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo” (de
fechas 11 de abril de 2011 y 16 de mayo de 2011[56]) y en el “informe
para presunto accidente de trabajo del empleador o contratante” (de fechas
4 de abril de 2011 y 6 de mayo de 2011[57]),
diligenciados por la ARP y allegados a este despacho por la accionante, se
reporta como ocupación de los trabajadores la de “minero picador” y la
descripción de que el accidente ocurrió realizando sus labores habituales
propias del trabajo en áreas de producción. Tercero, del informe de
contestación rendido por la ARP[58]
se extrae que es ella misma quien señala que no controvierte que el incidente
pudiera ser de origen profesional, sino que dadas las circunstancias no es ella
quien debía cubrirlo. Los anteriores aspectos, sumado a que la naturaleza
profesional del accidente no fue expresamente controvertida en el proceso,
permiten concluir que en el presente asunto el incidente estuvo relacionado con
el trabajo de los causantes (con ocasión) (ii).
Respecto del tercer requisito, el
incidente les generó la muerte a ambos mineros[59],
por lo que no hay duda de que le trajo consecuencias  negativas a su integridad
(iii).
En este punto se debe hacer una
precisión acerca del proceso técnico que debe surtirse para la calificación.
Sobre este aspecto, la Corte encuentra que en el caso particular el debate no
radica en una controversia técnica acerca de los hechos que le sirvieron de
causa al fallecimiento. En otros términos, la pregunta no es qué les causó la
muerte, pues está probado que en ambos casos ello ocurrió por un
desprendimiento de roca mientras ejercían sus funciones de minería (laboral).
Por el contrario, la discusión se da en el ámbito de lo jurídico respecto de
quién debe asumir el cubrimiento de la contingencia, dado que el lugar de los
hechos no fue las oficinas de la Cooperativa sino las minas. Este aspecto pasa
a ser dirimido por la Corte.
7.5.
En las consideraciones también se hizo alusión a que basta con que (i)
el accidente sea calificado como laboral y (ii) que el trabajador se encuentre
afiliado al sistema al momento de su ocurrencia, para que esté dentro de la
cobertura del SRP a través de la respectiva ARP. En el presente asunto ya quedó
establecido que los accidentes fueron de naturaleza profesional. En cuanto al
segundo requisito existen tres aspectos que llevan a tenerlo como cumplido: i)
en los informes de contestación las minas señalan expresamente que la
afiliación se encontraba al día al momento de los accidentes[60]; ii) en el expediente
obran reportes de afiliación de ambos trabajadores que permiten considerar que
esta se encontraba vigente[61];
y iii) la vinculación al sistema no fue un hecho controvertido por ninguna de
las partes dentro del proceso de tutela, por lo que en virtud de la presunción
de veracidad debe ser tenido como cierto. Así, teniendo en cuenta que en el
presente asunto se encuentran probados y justificados la calificación
profesional del accidente y la vigencia de la afiliación al momento de los
hechos, la Sala colige que la contingencia debe ser asumida por el SRP a través
de la ARP POSITIVA.
7.6.
En cuanto a la calidad de beneficiario en cada caso, el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993 contempla como legitimados para reclamar la pensión de
sobrevivientes a la cónyuge mayor de treinta años o menor de esa edad que
hubiera tenido hijos con el causante, y a los padres dependientes del hijo que
fallece. Respecto del señor Alberto Rodríguez, quedó probado el vinculo
matrimonial entre este y la accionante[62],
así como que de su unión surgieron ocho hijos[63].
Por esta razón, el requisito se encuentra satisfecho en lo que respecta al
esposo. En cuanto a Juan Alejandro Gallo, la condición de beneficiario requiere
que quien fallece no tenga cónyuge, compañero o compañera permanente, ni hijos
con derecho, y que exista dependencia de quien reclama la prestación. Respecto
a los vínculos señalados, en principio no obra evidencia que indique que existe
un tercero con mejor derecho que el que alega la accionante. Acerca de la
dependencia, al declarar la inexequibilidad de la expresión que exigía que esta
fuera total y absoluta la sentencia C-111 de 2006 señaló:
“En el
asunto bajo examen, si bien la pensión de sobrevivientes representa para quien
ha perdido a aquella persona que le proporcionaba los elementos necesarios para
lograr una vida digna, la posibilidad de salvaguardar su derecho al mínimo
vital, resulta contrario a la Constitución que el criterio de la dependencia
económica, como condición sine qua non para que los padres puedan reclamar el
reconocimiento y pago del citado derecho prestacional a partir de la muerte de
su hijo, se circunscriba a la carencia absoluta y total de ingresos
(indigencia), cuando la existencia de asignaciones mensuales, ingresos
adicionales o cualquier otra prestación de la que son titulares, les resulta
insuficiente para lograr su autosostenimiento.”
En el caso bajo estudio la Sala
aprecia que el ingreso que devengaba su esposo como minero, así como el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por su muerte, no excluye el
hecho de que la accionante y sus ocho hijos también dependan del ingreso que
percibía su hijo mayor. Esto por cuanto el sueldo que recibía cada uno ascendía
a la suma de $535.600 (según los contratos suscritos con COOPSERVAR[64]), lo cual a
todas luces no excede lo necesario para el sostenimiento digno de una familia
compuesta por nueve personas.
En cuanto al hecho de recibir las
dos pensiones simultáneamente, también debe tenerse en cuenta que ambas
prestaciones provienen de causas diferentes, respecto de las cuales la ARP se
encontraba recibiendo cotizaciones independientes. Así, no es dable entender
que el pago simultáneo de las prestaciones implicaría el recibimiento de dos
erogaciones por el mismo concepto, ni razón alguna que le permitiera a la
entidad no cubrir el acaecimiento de un hecho que se encontraba asegurado y por
el cual recibía un lucro mensual a la tasa correspondiente de alto o máximo
riesgo.
7.7.
Determinado el cumplimiento de los requisitos legales para que la ARP
deba reconocer y pagar las pensiones reclamadas a la señora Gallo Pasachoa, la
Corte considera necesario hacer cuatro precisiones acerca de los argumentos
esbozados por POSITIVA, en el sentido de que los causantes se encontraban trabajando
para un tercero al momento de su muerte. Lo primero es recordar que el hecho de
que el accidente se presente fuera de las oficinas de la entidad no implica que
ello no pueda ocurrir con ocasión del trabajo. En segundo lugar, en la parte
considerativa de esta providencia se dejó claro que las vicisitudes
administrativas que puedan existir para el reconocimiento y pago de las
prestaciones no pueden ser óbice para que las ARP cumplan con su obligación
legal de cubrir los accidentes laborales que les ocurran a sus afiliados.
Situación distinta es que puedan repetir contra quien consideran es el
responsable de pagarlas. Tercero, en el expediente quedó probado que la
afiliación y cotización de los causantes realizada por COOPSERVAR al SRP se
estaba haciendo sobre una tarifa del 6.96%, la cual corresponde a actividades
de alto o máximo riesgo. En ese sentido, no cabe el argumento de que las
funciones correspondían a un riesgo desconocido por la entidad. Y cuarto, es
claro que la figura de las cooperativas en ningún
caso puede derivar en la vulneración de derechos fundamentales de sus afiliados
o los beneficiarios de estos, especialmente cuando se presentan casos de
intermediación laboral.
Teniendo en cuenta lo anterior,
para la Corte no es de recibo que a partir de una controversia que en nada
dependió de los causantes ni de la accionante y sus hijos menores de edad,
pretenda POSITIVA evadir el cumplimiento de sus obligaciones legales, mucho más
cuando se encontraba percibiendo la cotización de alto riesgo por parte de
COOPSERVAR y cuando ello conlleva una vulneración de derechos fundamentales de
sujetos de especial protección constitucional.
7.8.
En virtud de lo anterior, la Corte procederá a amparar de manera
definitiva los derechos fundamentales invocados por la señora Ana Ilda Gallo
Pasachoa y, en ese sentido, le ordenará a POSITIVA reconocer y pagar las
pensiones de sobrevivientes a las que tiene derecho por la muerte de su esposo
e hijo, incluyendo las mesadas dejadas de percibir y los intereses de mora a
que hubiera lugar. Al momento del cumplimiento de esta orden deberá verificar
que no exista reclamación en curso de persona que alegue mejor derecho que los
aquí descritos. En caso de que dicha entidad decida repetir contra quien
considere responsable de los anteriores emolumentos, no podrá, en ningún caso,
desconocer los derechos reconocidos a la accionante mediante esta providencia.
En cuanto al auxilio funerario y la devolución de saldos a favor, la Sala
encuentra que estos no fueron objeto de debate en el presente proceso, ni
tampoco fueron allegados elementos probatorios que permitan evidenciar el
cumplimiento de los requisitos para su reconocimiento. De esta forma, si así lo
desea la accionante, deberá iniciar los trámites respectivos para su reclamo. Por
último, ante la posible existencia de una intermediación laboral, se dispondrá
la compulsa de copias a la Superintendencia de Economía Solidaria, para que en
el ámbito de su competencia verifique la legalidad de la relación entre
COOPSERVAR y las referidas minas.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo presentada por la ciudadana Ana Ilda Gallo Pasachoa en
contra de la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A., la Cooperativa Multiactiva
de Servicios Varios COOPSERVAR LTDA y las Minas Palo Blanco y El Uvo. En su
lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al
mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social de la actora y sus ocho
hijos menores de edad, conforme lo expuesto en esta providencia.
Segundo.-
ORDENAR a la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A que, por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha
efectuado, reconozca y empiece a pagar las pensiones de sobreviviente a las que
tiene derecho la señora Ana Ilda Gallo Pasachoa por la muerte de su esposo
Alberto Rodríguez Sepúlveda y su hijo Juan Alejandro Gallo, incluidas las
mesadas dejadas de percibir desde la fecha de fallecimiento de cada uno y los
intereses de mora a que hubiere lugar, conforme al parágrafo 2° del artículo 1
de la Ley 776 de 2002. Para el cumplimiento de esta orden deberá verificar que
no exista reclamación en curso de un tercero que alegue mejor derecho que los
aquí descritos.
Tercero.- COMPULSAR
copias a la Superintendencia de Economía Solidaria para que, de acuerdo con sus
competencias, investigue la relación entre COOPSERVAR y las minas Palo Blanco y
El Uvo, con el  objetivo de determinar  si
se han infringido las normas que regulan la organización y funcionamiento de
las cooperativas de trabajo asociado, en particular, lo relacionado con la
prohibición de intermediación laboral.
Cuarto.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese, comuníquese,
notifíquese, publíquese, insértese y cúmplase.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Auto 230/13
Referencia:
Auto de corrección de la sentencia T-134 de 2013, expediente T-3.677.985,
acción de tutela interpuesta por Ana Ilda Gallo Pasachoa contra ARP Positiva
Compañía de Seguros S.A., Cooperativa Multiactiva de Servicios Varios
COOPSERVAR LTDA y Minas Palo Blanco y El Uvo.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil trece
(2013).
La Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados NILSON
PINILLA PINILLA, JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB y quien la preside JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
CONSIDERANDO:
1.
En los numerales 3.1 y 4 de los antecedentes de la sentencia T-134 de
2013 se incurrió en un error de transcripción al señalar como juez de primera
instancia el “Juzgado 1° Penal del Circuito de Santa Rosa de Viterbo”,
siendo el despacho correcto el “Juzgado 1° Penal del Circuito de Sogamoso –
Boyacá”.
2.
Esta corporación ha señalado que cuando en una providencia se producen
errores de transcripción como el presente, es aplicable el artículo 310 del
Código de Procedimiento Civil[65],
norma en la que se establece que pueden corregirse en cualquier tiempo[66].
En mérito de lo expuesto la
Sala Quinta de Revisión
RESUELVE
Primero.- CORREGIR los
apartes de los numerales 3.1 y 4 de los antecedentes de la sentencia T-134 de
2013 en los cuales se hace referencia al “Juzgado 1° Penal del Circuito de
Santa Rosa de Viterbo”, para que en su lugar se lea: Juzgado 1° Penal del
Circuito de Sogamoso – Boyacá.
Segundo.- ORDENAR a la
Relatoría de esta corporación que adjunte copia del presente auto a la
Sentencia T-134 de 2013, con el fin de que sea publicado junto con ella.
Tercero.- Por
Secretaría COMUNICAR este auto a los jueces de instancia y ORDENAR
al Juzgado 1° Penal del Circuito de Sogamoso – Boyacá que notifique el presente
auto de corrección a las partes interesadas en el asunto de la referencia.
Notifíquese, publíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado Ponente
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La accionante allegó
pruebas de los asuntos de su esposo e hijo por separado. No obstante, el
contenido de los documentos es casi idéntico. De esta forma, por efectos
prácticos, en este numeral se
usará el simbolismo (/) para ilustrar los casos en donde el texto es el mismo y
la diferencia es únicamente lo relacionado con cada uno.
[2] Folio 11.
[3] Folios 12 a 19.
[4] Folio 34.
[5] Folios 20 y 36, respectivamente.
[6] Folios 21 y 37,
respectivamente.
[7] Folios 23 y 40, respectivamente.
[8] Folios 24 y 39,
respectivamente.
[9] Folio 25.
[10] Folio 42.
[11] Folio 27.
[12] Folio 44.
[13] Folio 28.
[14] Folio 45.
[15] Folio 29.
[16] Folio 41.
[17] Folios 30 y 48, respectivamente.
[18] Folios 174 y 191.
[19] Folios 172 y 182
[20] Sentencia T-433 de 2002
[21] Ibídem.
[22] Sentencia T-083 de 2004
[23] Artículo 86.
Constitución Política. “(…) Esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…)”.
[24] Corte
Constitucional, sentencias T-106
de 1993, T-480 de 1993, T-100 de 1994, T-143
de 1998, SU-995 de 1999, T-660 de 1999, T-577 de 1999, T-1338 de 2001, T-812 de
2002, T-454 de 2004, T-425 de 2004, T-050 de 2004, T-859 de 2004, T-138 de
2005,T-043 de 2007, entre otras.
[25] Sentencia T-361 de 2012.
[26] Sentencia T-562 de 2010.
[27] “Estos requisitos
fueron sistematizados por la Corte en la sentencia T-634-02, reiterada, entre
otras, en la              T-050 de 2004 y T-159 de 2005.”
[28] “T-1046-07”.
[29]Al respecto refiere la sentencia T-166 de 2010: “se
puede concluir que el mecanismo de amparo constitucional, procede,
excepcionalmente, para pretender el reconocimiento y pago de una pensión,
cuando quiera que no exista otro medio de defensa judicial para el efecto, o
cuando existiendo, no es eficaz para obtener su protección, eventos en los que
la acción de tutela se configura como el instrumento judicial principal, ante
la imposibilidad material de alcanzar una protección real y concreta por otro
medio. También será procedente, cuando se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable debidamente probado, y
mientras que la autoridad competente decida de fondo y definitivamente el
conflicto suscitado”.
[30] Sentencia T-971 de 2005,
reiterada en las sentencias T-692 de 2006, T-129 de 2007 y T-396 de 2009.
[31] Sentencia T-335 de 2007.
[32] Sentencia T-595 de 2011.
[33] “Afiliación
al Sistema de Seguridad Social. Las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado serán responsables del proceso de afiliación y pago de los aportes de los
trabajadores asociados al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión
y riesgos profesionales). Para
tales efectos, les serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes
sobre la materia para trabajadores dependientes. (…).”
(Negrilla fuera de texto).
[34] “Afiliados. Son afiliados
al Sistema General de Riesgos Laborales: a) En forma obligatoria: (…) 2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado
son responsables conforme a la ley, del proceso de afiliación y pago de los
aportes de los trabajadores asociados. Para tales
efectos le son aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para trabajadores dependientes y de igual
forma le son aplicables las obligaciones en materia de salud ocupacional,
incluyendo la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso).
(…)”. (Negrilla fuera de texto)
[35] La Ley 100 de 1993
también contempló algunos aspectos relacionados con el régimen de riesgos
profesionales (arts. 8 y 249 a 256). Sin embargo, fue la misma ley 100 en el
numeral 11 de su artículo 139 la que revistió al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para “dictar las normas necesarias para
organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales como
un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos,
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de
las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como
consecuencia del trabajo que desarrollan (…).” En uso de tales poderes el
Gobierno Nacional expidió el Decreto
ley 1295 de 1994. Mas adelante, a través de las leyes 776 de 2002 y 1562 de
2012 se introdujeron cambios a dicho régimen. De esta forma, si bien la Ley 100
contempló algunos aspectos relacionados los riesgos profesionales, son las
normas citadas las que principalmente regulan el sistema.
[36] La definición
introducida por esta ley resulta ser muy similar a la que traía el Decreto ley
1295 de 1994. Al respecto decía el artículo 1°: “Definición.
El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes
que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que
desarrollan. El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este
Decreto forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por
la Ley 100 de 1993.
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de
las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este Decreto,
hacen parte integrante del sistema general de riesgos profesionales.”
[37] “Accidente de Trabajo. Es accidente
de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que
se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución
de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
[38] Excepciones. No se
consideran accidentes de trabajo: a) El que se produzca por la ejecución de
actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales como
labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el
artículo 21 de la ley 50 de 1990, así se produzcan durante la
jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación del
empleador. b) El
sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos
remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales.”
[39] Así lo estableció en esa oportunidad
la Corte: “Por
las razones expuestas en ésta providencia la Corte declarará la inexequibilidad
de los artículos 9, 10 y 13 (parcial) del D.L. 1295/94 por vulneración de los
numerales 10º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política. Al proceder el
primer cargo de inconstitucionalidad no es necesario entrar a analizar los
otros propuestos por el demandante. En atención a la importancia que para la
estabilidad del Sistema General de Riesgos Profesionales revisten las normas
impugnadas y con el fin de mitigar los efectos inmediatos de una decisión de
inexequibilidad, la Corte atenderá la solicitud del Procurador General de la
Nación y de algunos de los intervinientes en el sentido de diferir los efectos
de esta decisión por el término de ocho (8) meses, hasta el veinte (20) de
junio de 2007, a fin de que el Congreso expida una Ley que defina los aspectos
declarados inexequibles en el presente proceso.”
[40] Colombia hace parte de la CAN en virtud del Acuerdo
de Integración Subregional Andino -Acuerdo de Cartagena-, aprobado mediante la Ley 8 de 1973 “por la cual se aprueba un convenio
internacional y se determinan las modalidades de su aplicación”.
[41] Así versa el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo: “Artículo
1.- A los fines de esta
Decisión, las expresiones que se indican a conti­nuación tendrán los
significados que para cada una de ellas se señalan: (…) n) Accidente de
trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa
o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica,
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y
horas de trabajo. Las legislaciones de cada país podrán definir lo que se
considere accidente de trabajo respecto al que se produzca durante el traslado
de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa.”
[42] “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de
la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del
trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley,
los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” (Negrilla fuera de texto)
[43] “Normas
más favorables. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas
vigentes de trabajo prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se
adopte debe aplicarse en su integridad.”
[44] Esta norma fue complementada por el Decreto
reglamentario 2463 de 2001 el cual establece: “Artículo 6°. Calificación del
origen del accidente, la enfermedad o la muerte. El origen del accidente o de
la enfermedad, causantes o no de pérdida de la capacidad laboral o de la
muerte, será calificado por la institución prestadora de servicios de salud que
atendió a la persona por motivo de la contingencia en primera instancia y por
la entidad administradora de riesgos profesionales en segunda. Cuando se
presenten discrepancias por el origen, estas serán resueltas por la junta
integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y
riesgos profesionales. Las instituciones prestadoras de servicios de salud y
entidades promotoras de salud, deberán conformar una dependencia técnica o
grupo interdisciplinario que adelante el procedimiento de determinación del
origen y registrarla ante las Secretarías de Salud. Las administradoras de
riesgos profesionales adelantarán el procedimiento por intermedio del grupo
interdisciplinario previsto en el artículo 5° del presente decreto. Cada una de
las citadas entidades, así como la junta integrada por las entidades promotoras
de salud y administradoras de riesgos profesionales, contarán con un plazo
máximo de treinta (30) días calendario para cumplir el procedimiento descrito y
comunicar su decisión sobre el origen de la contingencia al empleador, al
trabajador y a los demás interesados. Parágrafo 1°. Las controversias que
surjan con ocasión de los conceptos o dictámenes emitidos sobre el origen o fecha
de estructuración, serán resueltas por las juntas regionales de calificación de
invalidez. Parágrafo 2°. El costo de los honorarios que se debe sufragar a las
juntas de calificación de invalidez, será asumido por la última entidad
administradora de riesgos profesionales o fondo de pensiones al cual se
encuentre o se encontraba afiliado el trabajador y podrá repetir el costo de
los mismos contra la persona o entidad que resulte responsable del pago de la
prestación correspondiente, de conformidad con el concepto emitido por las
juntas de calificación de invalidez. Parágrafo 3°. Cuando las instituciones
prestadoras de servicios de salud no emitan el concepto sobre determinación de
origen y la persona sujeto de la calificación estima que se trata de un evento
de origen profesional, podrá dirigir su solicitud directamente a la entidad
administradora de riesgos profesionales o a la empresa promotora de salud. Si
dichas entidades no inician el trámite correspondiente podrá acudir
directamente a la junta regional de calificación de invalidez, según el
procedimiento previsto por el presente decreto. Parágrafo 4°. Cuando se haya
determinado en primera instancia el origen de una contingencia, el pago de la
incapacidad temporal deberá ser asumido por la entidad promotora de salud o
administradora de riesgos profesionales respectiva, procediéndose a efectuar
los reembolsos en la forma prevista por la normatividad vigente. El
incumplimiento de la obligación de que trata el presente artículo dará lugar a
imposición de sanciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Decreto ley 1295 de 1994.”
[45] En cuanto al
procedimiento que debe seguirse para la calificación del accidente puede
presentarse una confusión respecto de lo establecido por el artículo 41 de la
Ley 100 de 1993, en el sentido en el que al regular lo concerniente a la
calificación del estado de invalidez en el Sistema General de Pensiones, la
norma también incluyó dentro de su texto la calificación del origen del
accidente que la ocasiona. Dice la norma en lo pertinente: “artículo 41.
Modificado por el Decreto 19 de 2012, artículo 142. Calificación del estado
de Invalidez. (…)
Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de
Pensiones —COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales —
ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y
a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad
la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el
origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de
acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los
diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales
de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días
siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas
decisiones proceden las acciones legales. (…)” (Negrilla fuera de texto) En ese
sentido, podría pensarse que la norma aplicable respecto del procedimiento es
el artículo 41 de la Ley 100 y no el artículo 12 del Decreto ley 1295. No
obstante, en sentencia C-855 de 2005 la Corte, al declarar la exequibilidad del
artículo 12 citado, señaló: “resulta pertinente
destacar para efectos de la presente sentencia  que  el procedimiento de calificación
del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional a que aluden
los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del Decreto 1295 de 1994, no cabe
confundirlo  con i) el procedimiento para  la calificación  de invalidez dentro
del Sistema General de Riesgos Profesionales y concretamente de los porcentajes
de pérdida de la capacidad laboral a que alude el artículo 9 de la Ley 776 de
2002[45]; ni con ii) el procedimiento para la
declaración  de la incapacidad permanente parcial  dentro del sistema de
riesgos profesionales a que aluden los artículos 5 y 6 de la Ley 776 de 2002,
como tampoco con iii) el procedimiento de calificación del estado de
invalidez   aplicable   en materia de pensión de invalidez por riesgo común a
que aluden los artículo 41 a 43 de la Ley 100 de 1993.  Artículos estos
últimos a los que el Legislador  extraordinario remitió  en el inciso quinto
del artículo 12 del Decreto 1295 de 1994 pero sin pretender asimilar  la
calificación de origen en materia de riesgos profesionales con la calificación
de invalidez  por riesgo común a que ellos aluden.”(Negrilla fuera de texto). En ese sentido, si bien el
artículo 41 ha sufrido varias modificaciones desde su promulgación, para esta
Corporación la calificación de invalidez a la que hace referencia trata de una
materia distinta a la de la calificación de la naturaleza del accidente de
trabajo. De esta forma, así como en la citada sentencia de control abstracto,
en esta oportunidad se tiene como norma aplicable a la materia el artículo 12
del Decreto ley 1295 de 1994 y el Decreto 2463 de 2001 en lo que no le
sea contrario.
[46] “Sentencia T-971 de
2005”.
[47] Sentencia T-168 de 2007.
[48] Artículo
4º. Características del Sistema. El Sistema General de Riesgos Profesionales
tiene las siguientes características: (…) c) Todos los empleadores deben
afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales. d) La afiliación de los
trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores.
[49] El Decreto reglamentario 1607 de
2002 “por
el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el
Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones”, contiene un larga tabla
de clasificación en donde se relacionan una serie de actividades y se les
asigna un nivel de riesgo que permite establecer la tarifa de cotización. Entre
las que el artículo 2 de la norma califica como de alto resigo se encuentran: “4133901
extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto níquel, incluye
solamente empresas dedicadas a las plantas de beneficio o tratamiento de minerales
metálicos. 414901 extracción de otros minerales no metálicos NCP, incluye
solamente empresas dedicadas a las plantas de beneficio o tratamiento de
minerales no metálicos”.
[50] Entre las que el
artículo 2 del Decreto
reglamentario 1607 de 2002 clasifica
como de riesgo máximo se encuentran: “5101001extraccion y aglomeración de
hulla (carbón de piedra) incluye solamente a empresas dedicadas a la
explotación de carboneras, gasificación de carbón in situ y producción del carbón
aglomerado. 5102001extraccion y aglomeración de carbón lignifico. 5103001
Extracción y aglomeración de turba.  5120001 Extracciones de minerales de
uranio y de torio incluye solamente a empresas dedicadas a la explotación de
minas no metálicas. 5131001 Extracción del mineral de hierro o hierro
sintetizados incluye solamente a empresas dedicadas a la explotación de minas
metálicas. 5132001 Extracción de metales preciosos incluye solamente a empresas
dedicadas a las actividades de beneficio y empresas dedicadas a actividades
conexas.  5133101 Extracción de minerales de níquel. 5133902 Extracción de
otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto níquel. 5141101 Extracción de
piedra, arena y arcillas comunes incluye solamente empresas dedicadas a la explotación
de areneras, cascajeros, arcilla y demás materiales de construcción,
explotación de canteras pedreras. 5141201 Extracción de yeso y anhidrita.
5141301 Extracción de caolin, arcillas de uso industrial y bentonitas. 5141401
Extracción de arenas y gravas silíceas incluye solamente a empresas dedicadas a
la explotación de minas de arena. 5141501 Extracción de caliza y dolomita.
5142101 Explotación de minerales para la fabricación de abonos y productos
químicos. 5142201 Extracción de halita (sal). 5143101 Extracción de esmeraldas.
5143201 Extracción de otras piedras preciosas y semipreciosas. 5149002
Extracción de otros minerales no metálicos NCP incluye solamente a empresas
dedicadas a minas y canteras de barita, asbesto, talco, yacimientos de asfalto
y betunes naturales, feldespatos, mica, magnesitas.
[51] Sentencia T-513 de 2010.
[52] “Control. El Gobierno Nacional haciendo uso de los recursos que
aporta el sector cooperativo a la Superintendencia de la Economía Solidaria, apropiará las partidas presupuestales
necesarias, teniendo en cuenta las normas legales vigentes, para que esta
Institución lleve a cabo el control y la vigilancia eficaz de las entidades que
están bajo su supervisión.”
[53] Sentencia T-675 de 2006.
[54] Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas.
[55] Esto puede verificarse
en el “formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo” (folios
25 y 42
respectivamente) y el “informe
para presunto accidente de trabajo del empleador o contratante” (folios 27 y 44
respectivamente) diligenciados por POSITIVA para ambos casos.
[56] Folios 25 y 42.
[57] Folios 27 y 44.
[58] Obrante en folio 79.
[59] Según consta en los
certificados de defunción obrantes en los folios 29 y 41 respectivamente.
[60] Folios 174 y 191.
[61] Folios 23 y 40, respectivamente.
[62] Según consta en el registro civil
de matrimonio que obra en el folio 11.
[63] Según consta en los registros de
nacimiento que obran en los folios 12 a 19.
[64] Obrantes en folios 21 y 37
respectivamente.
[65] “Toda providenciaen la que se haya incurrido en un
error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en
cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible
de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y
revisión.// Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto
se notificará en la forma indicada en los numerales 1. Y 2. del artículo 320.
// Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por
omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.” El artículo 310 del
Código de Procedimiento Civil quedará derogado a partir del 1 de enero de 2012,
según lo establecen los artículos 626 literal c y 627 numeral 6°, de la
Ley 1564 de 2012 “por medio de la cual se expide
el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. A partir de ese momento la figura de la corrección de
providencias se regirá por lo establecido en el artículo 286 de dicha ley.
[66]
Ver los siguientes autos: 054 de 2001, 316 de 2006, 085 de 2008, 250 de 2008,
060 de 2010,  084 de 2010 y 039 de 2013.