T-163-11
Sentencia T-163/11
Sentencia
T-163/11
PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional de la acción de tutela para
obtener el reconocimiento y pago
PENSION DE INVALIDEZ-Dificultad en
contabilizar las semanas de cotización por el carácter progresivo y
degenerativo de la enfermedad
ACCION DE TUTELA CONTRA EL FONDO DE PENSIONES
PORVENIR-Procedencia para el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez de persona con insuficiencia renal
Referencia: expediente
T-2837739
Acción de tutela presentada por Nelcy Jannette Sánchez
Carreño contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A.
Magistrada Ponente:
María Victoria Calle Correa
Bogotá,
D.C., once (11) de marzo de dos mil once (2011)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos
Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el
Juzgado Veintidós Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga, el nueve (09) de julio de dos mil diez (2010), y en segunda
instancia, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Bucaramanga, el veintiséis (26) de agosto de dos mil diez (2010), dentro del
proceso de tutela de Nelcy Jannette Sánchez Carreño contra la Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
El
proceso de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de
Selección Número Diez, mediante Auto proferido el veintisiete (27) de octubre
de dos mil diez (2010).
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
Nelcy
Jannette Sánchez, mediante apoderado, presentó acción de tutela contra Porvenir
S.A., por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida
digna, la salud y al mínimo vital. La peticionaria padece de diabetes
mellitus e insuficiencia renal crónica terminal. Por esta última
enfermedad recibe tratamiento de terapia de reemplazo renal con hemodiálisis,
cuatro horas al día, tres veces por semana.
El
grupo Interdisciplinario de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y
Origen de Seguros de Vida Alfa S.A., mediante dictamen del 30 de diciembre de
2009, calificó a la accionante con pérdida de capacidad laboral del 71.91%, de
origen común y fecha de estructuración el 22 de noviembre de 2008. Con
fundamento en tal dictamen, solicitó a la entidad demandada el reconocimiento
de la pensión de invalidez; la petición fue rechazada[1] porque a juicio de la
entidad, la actora no acreditó 50 semanas en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez.[2]
La
peticionaria adujo que interrumpió las cotizaciones al Sistema desde el año
2001 hasta el 2007, pero que entre los años 2007 y 2010, ha cotizado al Sistema aproximadamente 104 semanas, de las cuales, 78, fueron cotizadas antes
de hacer la solicitud de su pensión a la entidad (19 de enero de 2010). Además,
señaló que resulta absurdo que la entidad accionada “se exima de reconocer y
pagar la pensión de invalidez, argumentando que la estructuración de la
incapacidad se haya establecido tal día, sin que se detenga a observar y
analizar que la incapacidad ha continuado hasta la fecha, que posiblemente haya
aumentado en el porcentaje por ser una enfermedad degenerativa e irreversible.”[3] Finalmente,
pidió que se ordene a Porvenir S.A. realizar el reconocimiento de su pensión de
invalidez, y el pago de las mesadas periódicas dejadas de percibir, a partir
del momento en que presentó su solicitud.
2.
Respuesta de la entidad accionada
2.1.
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
Porvenir
S.A. solicitó declarar la improcedencia de la acción. Señaló que, conforme lo
establece el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, la peticionaria debía cotizar 50
semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
de su invalidez, es decir, en el periodo comprendido entre el 22 de noviembre
de 2005 y el 22 de noviembre de 2008, fecha de estructuración de la invalidez.
Pero que en ese tiempo, argumentó la entidad, la accionante sólo cotizó 28.26
semanas, y por lo tanto, no se hace acreedora al reconocimiento de la pensión
de invalidez.
2.2.
Cafesalud EPS y SaludCoop EPS
El
juez de primera instancia vinculó al proceso a Cafesalud EPS y SaludCoop EPS.
CafeSalud señalo (i) que la peticionaria se encuentra afiliada a la entidad en
calidad de cotizante dependiente; (ii) que ha pagado a la accionante
todas las incapacidades que se han generado por su enfermedad, hasta el día
180; (iii) que las incapacidades por enfermedad de origen común que se generen
después del día 180, le corresponde asumirlas al fondo de pensiones; y (iv) que
la acción de tutela resulta improcedente para solicitar el pago de prestaciones
económicas. Finalmente, solicitó ser desvinculada del proceso de tutela.
Por
su parte, Saludcoop EPS precisó (i) que la peticionaria nunca ha estado afilada
al Sistema de Seguridad Social en Salud a través de la entidad y (ii) que su
vinculación al proceso de tutela carece de falta de legitimación por pasiva,
porque en la actualidad la peticionaria se encuentra cotizando al Sistema a
través de Cafesalud EPS. Solicitó ser desvinculada del proceso.
3.
Sentencias objeto de revisión
3.1.
En primera instancia el Juzgado Veintidós Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bucaramanga, mediante sentencia del 9 de julio de 2010,
tuteló los derechos fundamentales de la peticionaria y ordenó a Porvenir
iniciar el trámite de reconocimiento de la pensión de invalidez. Las razones de
la decisión fueron las siguientes: (i) si bien la invalidez de la peticionaria
se estructuró en vigencia de la Ley 860 de 2003, resulta regresivo exigir más
semanas de las exigidas por la Ley 100 de 1993, (ii) se puede aplicar a la
peticionaria el régimen de pensión de invalidez de la Ley 100 de 1993 porque
resulta más favorable, y (iii) en el régimen de la Ley 100 de 21993 se exigen
26 semanas de cotización, y la peticionaria cotizó 28.77.
3.2.
En segunda instancia el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bucaramanga, en sentencia del 26 de agosto de 2010, revocó el
fallo de primera instancia. Señaló (i) que en la sentencia C-428 de 2009, esta
Corporación declaró la exequibilidad del requisito contenido en el artículo 1
de la Ley 860 de 2003, que exige, para acceder a la pensión de invalidez, haber
cotizado 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez. En el caso concreto, como la invalidez de la
peticionaria se estructuró bajo la vigencia de dicha Ley, el 22 de noviembre de
2008, se le debe aplicar el número de semanas mínimas allí exigidas; y (ii) el
juez de primera instancia no tuvo en cuenta que la norma vigente en materia de
pensiones es la Ley 860 de 2003, y por tanto, no podía aplicar el artículo 39
-original- de la Ley 100 de 1993.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y problema jurídico
La
señora Nelcy Jannette Sánchez Carreño, quien padece de diabetes mellitus e
insuficiencia renal crónica terminal, fue calificada con pérdida de
capacidad laboral del 71.91%, y fecha de estructuración el 22 de noviembre de
2008 (dictamen del 30 de diciembre de 2009). La peticionaria presentó acción de
tutela contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. para que se protejan sus derechos fundamentales y se ordene a la
entidad reconocer su derecho a la pensión de invalidez. Por su parte, Porvenir
S.A. señaló que para reconocer la pensión de invalidez, el artículo 1 de la Ley
860 de 2003 dispone que es necesario haber cotizado 50 semanas en los 3 años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, y en
ese tiempo, la peticionaria sólo cotizó 28.26 semanas.
Así las cosas, para determinar si Porvenir S.A.
vulneró los derechos fundamentales de la peticionaria al negarle el
reconocimiento de su pensión de invalidez, la Sala procederá a resolver el
siguiente problema jurídico: ¿Vulnera una entidad encargada de reconocer y
pagar la pensión de invalidez (Provenir S.A.) los derechos fundamentales (vida
digna, salud y mínimo vital) de un usuario (Nelcy Jannette Sánchez Carreño) al
negarle el reconocimiento de dicha prestación, porque el afiliado no cotizó 50
semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de
su invalidez, pese a (i) que la persona padece una enfermedad degenerativa,
(ii) que a pesar de los síntomas de su enfermedad, conservó su capacidad
laboral y continuó aportando al Sistema hasta la fecha del dictamen de
calificación de pérdida de la capacidad laboral, y (iii) que la fecha de
estructuración de la invalidez se fijó en forma retroactiva?
Para dar respuesta a este interrogante, la Sala deberá
reiterar la jurisprudencia constitucional sobre (i) la procedencia excepcional
de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento de derechos pensionales
y (ii) los requisitos para acceder a la pensión de invalidez de acuerdo al
artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en casos de personas que sufren de una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita, donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina. Después se analizará la situación concreta de la
peticionaria.
3. Procedencia excepcional de la tutela para solicitar
el reconocimiento de derechos pensionales
3.1.
En reiteradas oportunidades la Corte Constitucional
ha señalado que por regla general la acción de tutela no procede para ordenar
el reconocimiento y pago de acreencias pensiónales[4], salvo que
(i) existiendo otro mecanismo de defensa judicial, éste no resulte eficaz[5],
(ii) se acuda a la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable y (iii) que el accionante sea sujeto de especial
protección constitucional.
3.2. Al respecto, y en el caso concreto, la Sala
encuentra que la señora Nelcy Jannette acude a la acción de tutela como quiera
que (i) si bien la vía ordinaria laboral es el mecanismo idóneo para solicitar
la pensión de invalidez, dado que la peticionaria padece una enfermedad terminal,
la tutela se configura como el medio judicial más eficaz y expedito para
proteger sus derechos fundamentales; (ii) CafeSalud EPS pagó a la accionante
las incapacidades laborales hasta el día 180[6],
pero desde el día 181 en adelante, no se le ha reconocido prestación económica
alguna, y este hecho permite presumir que su mínimo vital está afectado; y
(iii) dada su delicada condición de salud, la peticionaria demanda una medida
de protección urgente para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Por estas razones, y sin más extensión, la Sala pasa a estudiar  de fondo el
tema constitucional.
4.
Las reglas constitucionales para garantizar el derecho a la pensión de
invalidez cuando se trata de invalidez generada por enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas, donde
la pérdida de capacidad laboral es paulatina.
4.1.
El régimen legal para acceder a la pensión de invalidez se encuentra prescrito
en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley
100 de 1993. La norma dispone que tendrá derecho a la pensión de invalidez la
persona que sea declarada inválida, por enfermedad o por accidente, y que “haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.”[7]
Como lo señala esta disposición, los 3 años anteriores para completar las 50
semanas requeridas, se cuentan a partir de la fecha de estructuración de la
invalidez, es decir, el momento a partir del cual la persona ha perdido la
capacidad de laborar en tal grado, que le es imposible seguir cotizando al
Sistema. La determinación de cuándo se tiene una pérdida de capacidad relevante
para efectos pensionales, se establece a través del dictamen médico que
realizan las Juntas Calificadoras de Invalidez. Este tema, aparentemente
técnico, no es irrelevante desde el punto de vista constitucional.
4.2.
Cuando se trata de accidentes o de situaciones de salud que generan la pérdida
de capacidad de manera inmediata, la fecha de estructuración de la invalidez
coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho; sin embargo, existen casos en
los que la fecha en que efectivamente una persona está en incapacidad para
trabajar, es diferente a la fecha que indica el dictamen de calificación de
pérdida de capacidad laboral. Lo anterior se presenta, generalmente, cuando se
padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en donde la pérdida
de capacidad laboral es paulatina. Frente a este tipo de situaciones, la Corte
ha evidenciado que las  Juntas de Calificación de Invalidez establecen como
fecha de estructuración de la invalidez aquella en que aparece el primer
síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la historia clínica como el
momento en que se diagnosticó la enfermedad, a pesar de que en ese momento, no se
haya presentado una pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva -Decreto 917 de 1999-.[8]
Esta situación genera una desprotección constitucional y legal de las personas
con invalidez.
En
estos eventos, por tratarse de enfermedades cuyas manifestaciones empeoran con
el tiempo, la persona puede continuar su vida laboral con relativa normalidad,
hasta el momento en que por su condición de salud le es imposible continuar
cotizando al Sistema. Así, aunque legalmente una persona adquiere el derecho a
la pensión de invalidez cuando pierde la capacidad para continuar trabajando,
las Juntas de Calificación de Invalidez crean la ficción de situar el momento a
partir del cual se considera que una persona no podrá seguir trabajando, en una
etapa de la enfermedad en la que la persona sigue siendo un trabajador
productivo y funcional, y puede aportar al sistema.
Al
respecto, en la sentencia T-699A de 2007,[9]
a propósito de una persona enferma de VIH-SIDA, la Sala Cuarta de Revisión señaló
que:
“ (…) es
posible que, en razón del carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad,
pueden darse casos, como el presente, en los que, no obstante que de manera
retroactiva se fije una determinada fecha de estructuración de la invalidez, la
persona haya conservado capacidades funcionales, y, de hecho, haya continuado
con su vinculación laboral y realizado los correspondientes aportes al sistema
de seguridad social hasta el momento en el que se le practicó el examen de
calificación de la invalidez. Así pues, el hecho de
que la estructuración sea fijada en una fecha anterior al momento en que se
pudo verificar la condición de inválido por medio de la calificación de la
junta, puede conllevar a que el solicitante de la pensión acumule cotizaciones
durante un periodo posterior a la fecha en la que, según los dictámenes
médicos, se había estructurado la invalidez, y durante el cual se contaba con
las capacidades físicas para continuar trabajando y no existía un dictamen en
el que constara la condición de invalidez.
En consecuencia, se presenta una dificultad en la
contabilización de las semanas de cotización necesarias para acceder a la
pensión, toda vez que, si bien la ley señala que tal requisito debe verificarse
a la fecha de estructuración, en atención a las condiciones especiales de esta
enfermedad, puede ocurrir que, no obstante que haya algunas manifestaciones
clínicas, el portador esté en la capacidad de continuar trabajando, y de hecho
siga realizando los aportes al sistema por un largo periodo, y, solo tiempo
después, ante el progreso de la enfermedad y la gravedad del estado de salud,
se vea en la necesidad de solicitar la pensión de invalidez, por lo que al
someterse a la calificación de la junta se certifica el estado de invalidez y
se fija una fecha de estructuración hacia atrás. Así las cosas, no resulta
consecuente que el sistema se beneficie de los aportes hechos con posterioridad
a la estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de
la pensión.”
En la sentencia T-710 de
2009,[10]
la Sala Primera de Revisión sostuvo que
“(…) a pesar del carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad que
padece el señor (…), se advierte que éste pudo conservar sus capacidades
funcionales y continuó trabajando y aportando al sistema de seguridad social
por dos años y cuatro meses después de la fecha señalada como de estructuración
de la invalidez, bajo la vigencia de la Ley 860 de 2003. Lo anterior demuestra
que a pesar de las manifestaciones clínicas del actor, éste se mantuvo activo
laboralmente, cotizando a la seguridad social y solo ante el progreso de la
enfermedad, se vio en la necesidad de solicitar la pensión de invalidez y de
someterse a la calificación de su pérdida de capacidad laboral. Y fue en este
momento, 11 de octubre de 2006, cuando el fondo de pensiones fija una fecha de
estructuración anterior, de la que desprende el no reconocimiento de pensión de
invalidez solicitada.”[11]
Con
base en los precedentes de esta Corte, es viable concluir que, cuando una
entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de
una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, a
quien se le ha determinado una fecha de estructuración de invalidez en forma
retroactiva, deberá tener en cuenta los aportes realizados al Sistema, durante
el tiempo comprendido entre dicha fecha, y el momento en que la persona pierde
su capacidad laboral de forma permanente y definitiva.
5.
Porvenir S.A. vulneró los derecho fundamentales de la señora Nelcy Jannette
Sánchez Carreño al no reconocerle el derecho a la pensión de invalidez, pese a
que cotizó las semanas mínimas requeridas, entre la fecha señalada como de
estructuración de la invalidez, y la fecha de calificación de su pérdida de
capacidad laboral.
5.1.
La peticionaria padece insuficiencia renal crónica terminal.[12] En dictamen
del 30 de diciembre de 2009, realizado por el Grupo Interdisciplinario de
Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Origen de Seguros de Vida
Alfa, fue calificada con pérdida de capacidad laboral del 71.91%, de origen
común, y con fecha de estructuración de la invalidez el 22 de noviembre de
2008.[13]
Pero esta fecha, a pesar de lo que señala el dictamen, no representa el momento
en que la accionante perdió su capacidad laboral en
forma permanente y definitiva, como exige el Decreto 917 de 1999. Por el
contrario, es la fecha de la calificación de la invalidez, como se señaló en
las consideraciones precedentes, la que se debe tener en cuenta, dadas las
especiales condiciones de salud de la peticionaria, y el hecho de que ella
continúo cotizando al Sistema, a pesar de los síntomas de su enfermad.
En consecuencia, los tres años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez, tiempo en el cual la peticionaria
debió cotizar 50 semanas al Sistema según lo dispone el artículo 1 de la Ley
860 de 2003,[14]
deben ser contados entre el 30 de diciembre de 2009 (fecha real de su pérdida
de capacidad laboral de forma permanente y definitiva), y el 30 de diciembre
2006. En este período, la Sala encontró probado que la accionante cotizó al
Sistema más de 80 semanas,[15]
es decir, superó las semanas mínimas para acceder a la pensión.
5.2. Por lo tanto, la Sala concluye que la entidad accionada
vulneró los derecho fundamentales de la señora Nelcy Jannette Sánchez Carreño al negar el reconocimiento de su derecho
a la pensión de invalidez, y por consiguiente, revocará la sentencia de segunda instancia del Juzgado Cuarto Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga, y confirmará
la sentencia de primera instancia del Juzgado Veintidós Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, que tuteló los derechos
fundamentales de la accionante, pero por la razones expuestas en esta
providencia, y en aplicación de los requisitos para acceder a la pensión de
invalidez dispuestos por la Ley 860 de 2003.
III.
DECISIÓN
En
merito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida en
segunda instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bucaramanga, el veintiséis (26) de agosto de dos mil diez
(2010), dentro del proceso de tutela de la señora Nelcy Jannette Sánchez
Carreño contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. y en su lugar CONFIRMAR la sentencia de primera instancia
del Juzgado Veintidós Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga, del nueve (09) de julio de dos mil diez (2010), que tuteló los
derechos fundamentales de la accionante, pero por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo.-
ORDENAR a la Sociedad Administradora
de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia,
tome como fecha de estructuración de invalidez de la señora Nelcy Jannette
Sánchez Carreño el 30 de diciembre de 2009 y reconozca y pague a la
peticionaria la pensión de invalidez, conforme las consideraciones señaladas en
esta sentencia.
Tercero.-
Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
Cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Mediante comunicación de 9 de
abril de 2010, expediente, cuaderno principal, folio 11 (en adelante cuando se
haga referencia a un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal,
salvo que se diga expresamente otra cosa).
[2] Artículo 38 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.
[3] Folio 4.
[4] Ver las sentencias T-777 de 2002
(M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-707 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-043
de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-066 de 2009 (M.P. Jaime Araujo
Rentaría), T-296 de 2009 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), T-474 de 2009 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio) y T-821 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), entre otras.
[5] Numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991.
[6] Folios 40 a 51.
[7] En la sentencia C-428 de 2009
(M.P. Mauricio González Cuervo, con Salvamento Parcial de Voto Parcial de los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis
Ernesto Vargas Silva) la Corte declaró la inexequibilidad del aparte de la
norma que exigía fidelidad
de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, por ser un requisito
regresivo que imponía condiciones
más gravosas para acceder a la pensión de invalidez, en comparación a los
requisitos establecidos en el artículo 39 -original- de la Ley 100 de 1993.
[8] (i) En
los casos que se enmarcan dentro del presupuesto señalado, la fecha de
estructuración no responde a este criterio; por el contrario, se establece en
un momento en que los síntomas de la enfermedad -crónica, degenerativa o
congénita- se hacen notorios, pero no son definitivos. (ii) El artículo 3 del Decreto 917 de 1999 (Por el cual se modifica
el Decreto 692 de 1995 -por el cual se adopta el Manual Único para la Calificación de la Invalidez.-) define la fecha
de estructuración de la invalidez como “la fecha
en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma
permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe
documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En
todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no
habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”.
[9] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[11] El caso
concreto se trató de una persona con VIH-SIDA, con pérdida de capacidad
laboral de 65.75% y fecha de estructuración de la invalidez del 23 de junio de
2002. Solicitó la pensión de invalidez, pero el fondo de pensiones se la negó
bajo el argumento de no reunir las semanas de cotización requeridas a la fecha
de estructuración de su invalidez. En las consideraciones de la sentencia, la Sala estimó que a pesar de su enfermedad, el actor pudo seguir cotizando al Sistema hasta
completar las semanas mínimas de cotización requeridas, exigidas por la Ley 860 de 2003. Se ordenó, entonces, el reconocimiento de la pensión teniendo en cuenta
todas la semana cotizadas por el accionante, hasta el momento en hizo su
solicitud de la pensión.
[12] Folios 1 y 87.
[13] Folio 13.
[14] El texto vigente de esta norma, después del análisis
de constitucionalidad realizado en la sentencia C-428 de 2009, es el siguiente:
“ARTÍCULO 1o. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así: Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión
de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por enfermedad: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para
con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la
primera calificación del estado de invalidez. 2.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por accidente: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización
para con el sistema sea al menos del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
PARÁGRAFO
1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán
acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. PARÁGRAFO
2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75%
de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.” (M.P.
Mauricio González Cuervo, con Salvamento Parcial de Voto Parcial de los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis
Ernesto Vargas Silva).
[15] Relación histórica de movimientos, folios 128 a 130.