T-166-01
Sentencia T-166/01
Sentencia
T-166/01
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de
salarios y prestaciones sociales
Referencia:
expediente T-371163
Acción de tutela
incoada por Isabel Cecilia Gutiérrez de Granados contra el Hospital San
Cristóbal de Ciénaga.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Bogotá, D.C., doce
(12) de febrero de dos mil uno (2001).
La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86
y  241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Ciénaga (Magdalena).
I. ANTECEDENTES
Isabel Cecilia
Gutiérrez de Granados, quien desde hace 37 años presta sus servicios al
Hospital San Cristóbal de Ciénaga como auxiliar de enfermería, instauró acción
de tutela contra esa entidad por el no pago de sus salarios de los meses de
septiembre a diciembre de 1999 y de enero a marzo de 2000, así como en relación
con las sumas, tampoco recibidas, por concepto de primas y bonificación.
Expresó la
peticionaria que la omisión en el pago de sus salarios le ha traído perjuicios
irremediables y ha puesto en grave peligro su vida y la de su familia por la
carencia del sustento requerido. Ellos -según manifestó- han venido siendo
víctimas de creciente acoso por la presión de las deudas en servicios públicos,
arriendo y otros gastos de primera necesidad en todos los órdenes de la vida
familiar.
II. DECISION
JUDICIAL OBJETO DE REVISION
El Juzgado Segundo
Civil Municipal de Ciénaga (Magdalena), en fallo del 10 de julio de 2000,
declaró improcedente la tutela por considerar que no se probó ninguno de los
hechos. Afirmó el juzgado en su providencia:
“En este orden de
ideas, siendo viable la acción de tutela, tratándose de acreencias laborales,
para la protección de mínimo vital, se impone que se encuentre debidamente
acreditado.
Por otro lado, en
caso que no se esté afectando el mínimo vital, la petente cuenta con la
respectiva acción laboral ante ésa jurisdicción especializada. En consecuencia,
la acción de tutela es improcedente”.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
1. La acción de
tutela y el pago de acreencias laborales
Esta Corporación ha
sido clara en señalar que la acción de tutela no procede, en principio, para el
pago de acreencias laborales. Pero también ha entendido que es necesario
proteger la subsistencia de los trabajadores o pensionados a quienes no se les
cancela oportunamente su salario o mesada, toda vez que, como resulta de los
artículos 25 y 53 de la Carta Política, el salario oportunamente pagado se
constituye en elemento insustituible para que el trabajo se reconozca y
remunere en condiciones de justicia y dignidad, especialmente cuando el mínimo
vital se encuentra comprometido
La Sala reitera que
el pago oportuno del salario se muestra como elemento esencial en el curso de
la relación laboral para permitir que el trabajador conserve su digna
subsistencia y la de su familia. Cuando se presenta mora, en especial si es
prolongada se desequilibra el presupuesto familiar, toda vez que por regla
general los ingresos de trabajo de los padres -casi siempre uno de ellos- se
constituyen en los únicos del hogar.
Por tanto, el
sostenimiento del mínimo vital, en condiciones como las de la accionante, se ve
afectado.
Es pertinente
transcribir algunos apartes de la Sentencia SU-995 de 1999, en la cual se dejaron
claramente expuestos estos puntos:
“De acuerdo con las
anteriores consideraciones y conforme a la doctrina constitucional, las
conclusiones son las siguientes:
a.
El derecho de todos los trabajadores al pago oportuno de su remuneración
salarial, es una garantía que no se agota en la simple enunciación de un deber
surgido de la relación laboral, sino que se trata de un verdadero derecho
fundamental.
b.
La figura de la retribución salarial está directamente relacionada con la
satisfacción del derecho fundamental de las personas a la subsistencia,
reconocido por la Corte Constitucional como emanación de las garantías a la
vida (Art. 11 C.P.), a la salud (Art. 49 C.P.), al trabajo (Art. 25 C.P.), y a
la seguridad social (Art. 48 C.P.); pero no se agota en la satisfacción de las
necesidades de mera subsistencia biológica del individuo, pues debe permitir el
ejercicio y realización de los valores y propósitos de vida individual, y su
falta compromete el logro de las aspiraciones legítimas del grupo familiar que
depende económicamente del trabajador.
c.
No corresponde a una efectiva protección de los derechos a la igualdad y al
trabajo, la idea de limitar la protección judicial del salario por vía de
tutela, a la cuantía que define el legislador como salario mínimo, pues
éste es, según la ley, la contraprestación menor aceptable en las labores que
no requieren calificación alguna. Si el juez de amparo escoge el criterio
cuantitativo más deficiente para limitar la procedencia de la tutela, no sólo
desconoce las necesidades de un vasto sector de la población para el que el
salario, si bien superior al mínimo, también es la única fuente para
satisfacer las necesidades personales y familiares.
d.
Para los efectos de establecer cuándo cabe y cuándo no la instauración de una
acción de tutela, el juez está obligado a examinar los hechos que ante él se
exponen, así como las pretensiones del actor, para verificar sí, por sus
características, el caso materia de estudio puede ser resuelto en relación con los
derechos fundamentales posiblemente afectados o amenazados, por los
procedimientos judiciales ordinarios, o sí, a la inversa, la falta de respuesta
eficiente de los medios respectivos, hace de la tutela la única posibilidad de
alcanzar en el caso concreto los objetivos constitucionales.
e.
La informalidad de la acción de tutela, y el hecho de que la persona no tenga
que probar que es titular de los derechos fundamentales reconocidos por la
Carta Política a todos, o a los que se encuentran en determinados supuestos
normativos, no exoneran al actor de probar los hechos en los que basa sus
pretensiones; sin embargo, en esta clase de procesos preferentes y sumarios, el
régimen probatorio está orientado por las facultades excepcionales que confiere
el Decreto 2591 de 1991 al juez de amparo, especialmente en los artículos 18,
20, 21 y 22. Además, en la aplicación de las reglas de la sana crítica, debe
partir el fallador del principio de la buena fe, constitucionalizado en el
artículo 83 de la Carta de 1991.
f.
Con el propósito de lograr la eficaz y completa protección de los derechos
fundamentales comprometidos con la falta de pago, es menester que la orden de
reconocimiento que imparte el juez de tutela se extienda a la totalidad de las
sumas adeudadas al momento de presentar la demanda, tratándose, como en los
casos que se analizan, de personas cuyo mínimo vital depende de su salario, y
que se garantice la oportuna cancelación de las contraprestaciones futuras que
correspondan al mínimo vital.
g.
El retardo en el que incurre el empleador -privado o público-, que se verifica
por el lapso transcurrido entre la fecha en que se causan los salarios y
aquélla en que el pago se hace efectivo -máxime si dicho pago se produce en
virtud de una orden judicial-, causa un grave perjuicio económico a los
actores. Quienes están obligados a pagar salarios, prestaciones o pensiones,
deben cubrir oportunamente todas las sumas adeudadas y actualizarlas.
h.
Es necesario precisar que la falta de presupuesto de la administración, o la
insolvencia del empleador particular, como motivo para no pagar oportunamente
los salarios, no constituye razón suficiente para justificar el desconocimiento
de derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas y el bienestar del
trabajador y sus familiares.
Todo
lo anterior justifica la tutela, siempre que concurran las condiciones de
procedibilidad de la misma”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia
SU-995 del 9 de diciembre de 1999. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Entra
la Sala a analizar las circunstancias particulares de la actora, con el fin de
determinar la procedibilidad del amparo solicitado.
2. El caso concreto
Obran
en el expediente certificaciones expedidas por el Hospital San Cristóbal de
Ciénaga, según las cuales se deja constancia de que Isabel Cecilia Gutiérrez de
Granados presta sus servicios en esa institución desde el 1 de marzo de 1963,
desempeñándose en la actualidad como Auxiliar de Enfermería. También existe
constancia del mes de abril de 2000, según la cual a la peticionaria, hasta la
fecha, se le adeudan los sueldos del período comprendido entre los meses de
septiembre de 1999 hasta marzo de 2000, para un total de $5.744.470.
La
anterior información es suficiente para que la Sala conceda la protección de la
tutela pues se entiende fácilmente que, para una persona como la peticionaria,
de muy escasos recursos y con esa única fuente de ingresos, la prolongada
demora en el pago del salario afecta necesariamente su mínimo vital. Se
revocará el fallo de instancia para, en su lugar, conceder la tutela y proteger
así los derechos a la subsistencia y la dignidad de la accionante y su familia.
DECISION
Con base en las
expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Ciénaga (Magdalena) el 10 de julio de 2000,
al resolver sobre la acción de tutela incoada por Isabel Cecilia Gutiérrez de
Granados contra el Hospital San Cristóbal de Ciénaga (Magdalena).
Segundo.- ORDENAR
Director del Hospital San
Cristóbal de Ciénaga que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación del presente fallo, proceda a la cancelación de todos los
salarios que adeuda a Isabel Cecilia Gutiérrez de Granados.
Tercero.- Por Secretaría, LÍBRESE la comunicación
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General