T-433-18
Sentencia T-433/18
REAJUSTE PENSIONAL DEL 14% EN
RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE DEPENDE ECONOMICAMENTE
DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-Solicitud de
reconocimiento es imprescriptible
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
PRECEDENTE JUDICIAL-Definición
El precedente ha sido entendido, por regla general, como las
razones de derecho con base en las cuales un juez resuelve un caso concreto y
es vinculante por diferentes razones que la  jurisprudencia ha atinado a
señalar
PRECEDENTE JUDICIAL HORIZONTAL Y
VERTICAL-Alcance y carácter vinculante
PRECEDENTE-Elementos
Las partes que integran el precedente son: (i) el decisum, también
denominado parte resolutiva, la cual obliga, por regla general a las partes de
un proceso; (ii) la ratio decidendi que se refiere a los argumentos que guardan
estricto nexo causal con la decisión, es decir la “regla o razón general que
constituyen la base de la decisión judicial especifica. Es, si se quiere, el
fundamento normativo directo de la parte resolutiva y, por último, (iii) los
obiter dicta que son razones que ayudan al juez a tomar la decisión, pero que
no son fundamento de esta última, por lo que no pueden ser usados como
precedente para otros casos.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por vulneración directa de la Constitución, al desconocer el principio in dubio
pro operario y declarar prescrito derecho a incremento pensional del 14% por
persona a cargo
Referencia: Expediente T- 6.117.098
Acción de tutela
instaurada por: Plinio Enrique Castillo Pallares en contra de Colpensiones, el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., veintinueve
(29) de octubre de dos mil diecisiete (2018)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado y los Magistrados Antonio José Lizarazo y Alejandro Linares
Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de
revisión de las sentencias adoptadas en primera y segunda instancia por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla y la Sección B de la Sala
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, respectivamente, en
las que se estudió la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, vida
digna, seguridad social, y mínimo vital por parte del Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Barranquilla, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla y Colpensiones.
I.
ANTECEDENTES
A. LA DEMANDA
DE TUTELA
Plinio Enrique Castillo
Pallares actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Barranquilla, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla y Colpensiones, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida digna, al mínimo vital y a la
seguridad social, en la medida en que decidieron denegar sus pretensiones
relativas al reconocimiento del incremento a la mesada pensional en un 14% por
cónyuge a cargo, contenido en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto
758 de 1990, desconociendo la jurisprudencia de esta Corte sobre el tema.
B. HECHOS RELEVANTES
1. El señor Plinio Enrique Castillo
Pallares, quien en la actualidad tiene 77 años[1],
manifiesta que es acreedor de su pensión de vejez, la cual le fue reconocida,
en los términos del Acuerdo 049 de 1990, por el extinto Instituto de Seguros
Sociales mediante Resolución 003076 del treinta (30) de septiembre de dos mil
uno (2001)[2].
2. Refiere que se encuentra casado
con la señora Elba María Acosta de Castillo desde el dieciocho (18) de
diciembre de mil novecientos sesenta y cinco (1965)[3], tiempo durante el cual ha
existido completa dependencia económica puesto que esta última se ha desempeñado
como ama de casa[4],
no se encuentra pensionada[5]
y actualmente cuenta con 68 años[6].
3. El doce (12) de diciembre de dos
mil trece (2013), interpuso petición ante la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones (entidad que reemplazó al extinto Instituto de Seguros
Sociales), a través de la cual solicitó el incremento de su pensión de vejez en
un 14% de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por
el Decreto 758 de 1990[7].
Sin embargo, mediante oficio BZ2013-9028990, la entidad resolvió negar la
solicitud elevada con fundamento en que la Ley 100 de 1993 derogó todas las
normas pensionales anteriores, incluyendo el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por
el Decreto 758 de 1990[8].
4. Como consecuencia de lo anterior,
el accionante decidió interponer demanda ordinaria laboral, de la cual conoció
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, despacho que decidió
denegar la pretensión de reconocimiento del incremento pensional a través de
sentencia del veintidós (22) de agosto de dos mil catorce (2014)[9], mediante la cual declaró
probada la excepción de prescripción alegada por Colpensiones, en tanto que el
término para la reclamación del citado incremento era de 3 años.
5.  La decisión anterior fue confirmada
por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla mediante providencia del primero (01) de diciembre de dos mil
quince (2015)[10],
autoridad judicial que surtió el grado jurisdiccional de consulta y que
insistió en que el incremento del 14% por cónyuge a cargo se encuentra
prescrito.
6. Nuevamente, a través de petición
interpuesta ante Colpensiones el día cuatro (04) de mayo de dos mil dieciséis
(2016), el accionante solicitó el incremento de su pensión de vejez por cónyuge
a cargo[11],
solicitud a la que no accedió la entidad a través oficio con radicado
BZ2016_4617487-1144285 del seis (06) de mayo de dos mil dieciséis (2016)[12] alegando que
esa pretensión ya había sido resulta de fondo por la justicia ordinaria
laboral.
7. El señor Plinio Enrique Castillo
Pallares refiere que, tanto el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Barranquilla como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
incurrieron en el defecto denominado desconocimiento del precedente
jurisprudencial al proferir sentencias de primera y segunda instancia
respectivamente dentro del proceso ordinario laboral, mediante las cuales
declararon que se había configurado la prescripción respecto de la solicitud de
incremento en un 14% por cónyuge a cargo la mesada pensional, desconociendo las
sentencias T-831 de 2014, T-369 de 2015, entre otras, en las que esta Corte ha
considerado que el mencionado incremento es imprescriptible, en tanto que está
ligado al derecho pensional.
C. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA
8. Mediante Auto del treinta (30) de
octubre de dos mil diecisiete (2017)[13], el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Barranquilla avocó conocimiento de la acción de
tutela interpuesta por el señor Plinio Enrique Castillo Pallares, corrió
traslado a las autoridades judiciales accionadas en el proceso de tutela y a
Colpensiones[14].
Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Barranquilla[15]
9. Debidamente notificado de la
acción de tutela en su contra, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Barranquilla procedió a contestar a través de oficio del primero (01) de noviembre
de dos mil diecisiete (2017) solicitando que se denegara el amparo de los
derechos fundamentales.
En primer lugar, el despacho indicó
que la acción de tutela interpuesta por el señor Plinio Enrique Castillo
Pallares es temeraria, por cuanto pretende constituirse en la tercera instancia
del proceso ordinario laboral que, en efecto, cursó ante ese despacho y que,
resultó desfavorable para las pretensiones del demandante.
Asimismo, la autoridad judicial
accionada insistió en que la decisión de única instancia responde no sólo a la
normatividad vigente, es decir al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 de ese mismo año, sino al precedente jurisprudencial de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, corporación que ha sostenido la
prescriptibilidad de los citados incrementos, en tanto que los mismos no hacen
parte integral del derecho a la pensión.
Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla[16]
10. A través de oficio del primero
(01) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), la Sala Primera de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla solicitó
que se negara el amparo de los derechos fundamentales, en tanto que esa autoridad
judicial no incurrió en defecto alguno al proferir la sentencia mediante la
cual se surtió el grado jurisdiccional de consulta dentro del proceso ordinario
laboral de única instancia adelantado por Plinio Enrique Castillo Pallares en
contra de Colpensiones.
Para fundamentar lo anterior, el
Tribunal manifestó que ese despacho judicial tuvo en cuenta el artículo 69 del
CPTSS, así como los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 de ese mismo año. En ese sentido, insistió en que todo el proceso
se adelantó respetando las reglas del debido proceso, valorando las pruebas
incorporadas oportunamente al plenario, así como el precedente que sobre la
materia ha proferido tanto la Sala Laboral dela Corte Suprema de Justicia, como
distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional.
Por último, la autoridad pone de
presente que para el momento en el que se profirió la sentencia demandada en
sede de tutela, la Corte Constitucional no había proferido la sentencia SU-310
de 2017, por lo que no se desconoció precedente jurisprudencial alguno con la
decisión.
Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones[17]
11. Colpensiones, mediante escrito
del dos (02) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Plinio
Enrique Castillo Pallares con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, esa entidad hizo
referencia a la vigencia del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de
1990. En ese sentido, puso de presente que la Ley 100 de 1993 derogó las normas
citadas, siendo posible su aplicación única y exclusivamente a las personas
beneficiarias del régimen de transición y respecto de los requisitos para
acceder a las pensiones de vejez e invalidez.
En segundo lugar, Colpensiones
comentó que, aún en la hipótesis en la que se aceptara la vigencia de la norma,
el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990 disponía que los incrementos no forman
parte integral de la pensión, lo que necesariamente lleva a concluir que son
pretensiones accesorias y que, por lo mismo, su reconocimiento y extinción está
sometido a unos requisitos establecidos en la ley y a las reglas de
prescriptibilidad ordinarias.
Por último, la accionada hizo énfasis
en el carácter subsidiario de la acción de tutela, alegando que este tipo de
asuntos no hacen parte del resorte de competencias del juez constitucional, en
la medida en que existe en el ordenamiento jurídico un medio de defensa idóneo
y eficaz.
D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Barranquilla[18]
12. El catorce (14) de noviembre de dos
mil diecisiete (2017), el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla
decidió negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor
Plinio Enrique Castillo Pallares.
Como fundamento de lo anterior, el
fallador consideró que había operado el fenómeno de la cosa juzgada, como
quiera dentro del proceso ordinario laboral adelantado se había decidido
respecto de la pretensión de reconocimiento y pago del incremento del 14% por
cónyuge a cargo instaurada por el señor Plinio Enrique Castillo Pallares.
En ese sentido, el a quo manifestó
que, del estudio pormenorizado del expediente ordinario laboral y,
particularmente, de las sentencias expedidas, no se advierte la configuración
de algún defecto, como quiera que los falladores de única instancia y de grado jurisdiccional
de consulta decidieron de conformidad con la normatividad vigente y los
precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y de algunas Salas de Revisión de la Corte Constitucional.
Segunda instancia: Sección B de la
Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico[19]
13. El día veintiuno (21) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), el señor Plinio Enrique Castillo
Pallares impugnó la decisión de primera instancia argumentando que, de
conformidad con el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional
(sentencia T-217 de 2013), los incrementos consignados en el Acuerdo 049 de
1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año hacen parte integral de la
pensión, razón por la cual son imprescriptibles. Adicionalmente, el accionante
puso tiene una deuda por valor de $20.000.000[20] y, en razón de ello,
padece de una depresión severa[21].
14. El ad quem mediante
sentencia del siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) confirmó la
decisión de primera instancia, en el sentido de declarar improcedente la acción
de tutela interpuesta. Sobre el problema jurídico, el fallador de segunda
instancia consideró que el caso no tenía los elementos necesarios para
desconocer una decisión judicial proferida en el marco de un proceso ordinario
laboral. En ese sentido, hizo énfasis en que la acción de tutela contra
providencias judiciales es de carácter excepcional y no puede reemplazar los
medios ordinarios de defensa judicial, pues se afectaría el principio de la
seguridad jurídica.
E. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS
APORTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Auto de pruebas del
veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017)[22]
15. El veintidós (22)
de junio de dos mil diecisiete (2017), el Magistrado sustanciador, en ejercicio
del artículo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional, y con el ánimo de
obtener los elementos de juicio necesarios para adoptar una mejor decisión, resolvió
mediante auto decretar la práctica de pruebas[23]. Para ello, ofició al
(i) señor Plinio Enrique Castillo
Pallares y, (ii) a Colpensiones para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de
la providencia procediera a ampliar la información que suministraron dentro de
la acción de tutela[24]. Particularmente, se les
preguntó acerca de:
“(…)
PRIMERO-. Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE al señor
Plinio Enrique Castillo Pallares, para que dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al recibo de la notificación del presente auto, se sirva informar a
este despacho:
(i)
¿Cuál es su situación económica actual, a
cuánto ascienden sus ingresos y gastos, y si en la actualidad, además de su
cónyuge, tiene alguna persona a su cargo? Para el efecto, se sirva remitir
copia de los documentos de identidad de todos los integrantes del grupo
familiar con el que convive.
(ii)
Explique si usted o su cónyuge cuentan
con un ingreso diferente a la pensión que actualmente devenga. De ser así,
indique cuál es el monto de ese ingreso.
(iii)
Explique a este Despacho si usted o su
cónyuge son propietarios de uno o más bienes inmuebles. De ser así, indique
cuál es la destinación de cada uno de estos, cuál es el valor y la renta que
puede derivar de ellos.
(…)
TERCERO-. Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE a
Colpensiones, para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo
de la notificación del presente auto, se sirva informar a este despacho:
(i)
¿Cuál es el valor por el cual fueron
reconocidas en su momento las pensiones de vejez de los señores Plinio Enrique
Castillo Pallares y Leonel de Jesús Álvarez Velásquez?
(ii)
¿Cuál es el monto actual de las pensiones
devengadas por los accionantes Plinio Enrique Castillo Pallares y Leonel de
Jesús Álvarez Velásquez?”
16. Como
respuesta de lo anterior, el día diez (10) de julio de dos mil diecisiete
(2017), la Secretaría General de la Corte Constitucional puso en conocimiento
del Magistrado sustanciador que, durante el término establecido, se recibieron:
(i) oficio suscrito por Plinio Enrique Castillo Pallares y (iii) oficio
proferido por Colpensiones.
Plinio
Enrique Castillo Pallares[25]
17. Respecto
de la primera pregunta, el señor Plinio Enrique Castillo Pallares infirmó al
Magistrado sustanciador que sus ingresos corresponden a la suma de $1.780.428
pesos[26] y que sus gastos
ascienden a un total de $2.471.882[27]. Adicionalmente y en
respuesta a las preguntas dos y tres realizadas por el Magistrado sustanciador,
el señor Castillo Pallares manifestó que de su pensión sobreviven él y su
familia[28] y que posee un bien
inmueble.
Colpensiones[29]
18. El día seis
(06) de julio de dos mil diecisiete (2017), la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones remitió escrito, a través del cual procedió a dar
contestación al Auto de pruebas proferido por el Magistrado sustanciador. En
ese sentido, remitió a esta corporación las copias de las certificaciones de nómina
de pensionado del señor Plinio Enrique Castillo Pallares a julio de 2017[30],
en la cual se puede observar que en la actualidad el accionante devenga una
mesada de $2.023.724 pesos sin los descuentos de ley.
Auto de
nulidad 385 A del veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017)[31]
19. Mediante
el Auto 385 A de 2017, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional
decidió decretar la nulidad de todo lo actuado en el expediente T-6.117.098 en
atención a que no se había integrado en debida forma el extremo contradictorio
en la acción de tutela. En efecto, los jueces constitucionales de primera y de
segunda instancia únicamente habían vinculado como demandado a Colpensiones,
omitiendo el hecho de que la tutela también estaba dirigida en contra del
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla y de la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Además de lo
anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional decidió desacumular
ese expediente del identificado con radicado T-6.119.970 y ordenar que, una vez
surtido el trámite de las instancias de un proceso de tutela de conformidad con
el Decreto 2591 de 1991, el expediente fuera remitido al despacho del
Magistrado sustanciador para que la competencia de revisión fuera reasumida por
parte de la respectiva Sala.
II.
CONSIDERACIONES
A. COMPETENCIA
20. Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2, y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del Auto del quince (15) de mayo
de dos mil diecisiete (2017), expedido por la Sala Quinta (05) de Selección de
esta corporación, que ordenó la revisión del presente caso y lo acumuló al
expediente T-6.117.098[32].
Mediante Auto
385A del veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017)[33], la Sala Tercera
de Revisión decidió decretar la nulidad de todo lo actuado, desde el auto
admisorio de la demanda en adelante, del expediente T-6.117.098 por indebida
conformación del contradictorio. En esa medida, decidió desacumular el
expediente del identificado con radicado T-6.119.970 que fue decidido por la
Sala Tercera de Revisión mediante la sentencia T-540 de 2017.
Mediante
oficio del doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), la Secretaría
General de la Corte Constitucional remitió al despacho del Magistrado
sustanciador el expediente identificado con radicado T-6.117.098, informando
además que el mismo era remitido desde el Tribunal Administrativo del Atlántico
en cumplimiento del ordinal quinto en el Auto 385 A de 2017 expedido por la
Sala Tercera de Revisión.
En atención
de todo lo anterior, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional
reasume su competencia respecto de la revisión del expediente identificado con
el radicado T-6.117.098 mediante el cual el señor Plinio Enrique Castillo
Pallares interpuso acción de tutela en contra de Colpensiones, el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales.
B. CUESTIONES PREVIAS –PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA INTERPUESTA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
21. De
acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución y en el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela es un medio para la protección de los
derechos fundamentales, que es de naturaleza residual y subsidiaria. Debido a
lo anterior, sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo:
(i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
o (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para
proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en
las circunstancias del caso concreto; así mismo, prosperará como
mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En ese
sentido, al juez constitucional le corresponde verificar, en cada caso, que el
amparo interpuesto acredite los requisitos generales de procedencia
denominados: (i) legitimación en la causa por activa y pasiva, (ii)
subsidiariedad y (iii) inmediatez.
22. Ahora
bien, tratándose de una acción de tutela interpuesta en contra de una
providencia judicial, esta Corte ha
sostenido que, por regla general no es procedente, en tanto que de sostener lo
contrario, se afectarían principios como la cosa juzgada, la autonomía y la
seguridad jurídica[34]. Sin
embargo, la jurisprudencia ha reconocido que existen providencias por medio de
las cuales las autoridades judiciales vulneran los derechos fundamentales de
los usuarios de la administración de justicia y, como consecuencia de ello, ha
creado unos requisitos de procedencia adicionales que permiten el análisis
minucioso respecto de la interposición del amparo. Lo anterior, encuentra su
principal fundamento en los artículos 4 y 86 de la Carta que establecen el principio
de supremacía de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico colombiano[35]
y el mecanismo de protección de derechos fundamentales denominado acción de
tutela[36], amparo que,
en todo caso, puede ser interpuesto “por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”[37]. En esa
medida, dentro del Estado colombiano, una de las tantas autoridades que existen
son los jueces.
23. Por todo lo anterior, las personas deben acreditar
la concurrencia de esas causales de procedencia, en cada caso en particular, en
las acciones de tutela interpuestas en contra de providencias judiciales, con
la finalidad de evitar que a través del amparo se busque revivir debates que ya
fueron zanjados por las autoridades judiciales correspondientes en el marco de
un proceso ordinario y, de esta manera, garantizar que la tutela se convierta
en un instrumento que únicamente permita al juez constitucional verificar la
posible vulneración de uno o de varios derechos fundamentales.
24. Las causales genéricas de procedencia del amparo
de tutela contra providencia judicial fueron sistematizadas por esta corporación
en la sentencia C-590 de 2005.
25. Con la finalidad de determinar si la
acción de tutela interpuesta por el señor Plinio Enrique Castillo Pallares en contra del Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Barranquilla y de la Sala de Decisión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial es procedente, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional explicará de manera breve el contenido de
cada uno de los requisitos antes mencionados y si, en este caso, se superan con
suficiencia[38].
(i)
Que se hayan
agotado todos los mecanismos de defensa, ordinarios y extraordinarios, es decir
que se encuentre acreditado el requisito de subsidiariedad y que el
asunto no haya sido resuelto por algún mecanismo procesal.
26.
La acción de tutela contra providencia judicial es subsidiaria, característica
que implica que el afectado deberá recurrir a todos los mecanismos de defensa
ordinarios y extraordinarios que han sido previstos en el ordenamiento
jurídico, por lo que el amparo no puede convertirse (i) en una vía expedita
para resolver controversias que cuentan, en principio, con medios para su
resolución o, (ii) en el instrumento para reabrir debates que ya fueron
zanjados en las etapas procesales correspondientes, es decir, no puede ser una
instancia adicional[39]. De cualquier manera,
para determinar si se acredita la subsidiariedad, es necesario verificar si
esos medios de defensa resultan eficaces e idóneos para la protección de los
derechos invocados en el caso concreto de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991, pues de lo contrario la tutela
procederá de manera definitiva[40]. De igual forma, la
jurisprudencia constitucional ha aceptado que la acción de tutela contra
providencia judicial también procede como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, es decir, cuando existe el riesgo
de lesionar de manera irreversible un derecho fundamental. En todo caso, ese menoscabo
debe ser grave  e inminente, lo que implica la necesidad de una protección urgente
e impostergable[41].
Al
respecto, esta Sala encuentra que la
acción de tutela de la referencia acredita el requisito de subsidiariedad
exigido por la jurisprudencia constitucional, puesto que el accionante no
contaba con un recurso judicial efectivo para oponerse a la decisión de la Sala
de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, autoridad que conoció del grado jurisdiccional de consulta dentro
del proceso ordinario laboral de única instancia adelantado por el señor Plinio
Enrique Castillo Pallares en contra de Colpensiones, el cual fue fallado por el
Juzgado Primero Laboral del circuito de Barranquilla denegando las pretensiones
y declarando probada la excepción de prescripción contenida en los artículos
488 del CST y 151 del CPT. Asimismo, contra las providencias no procede el
recurso extraordinario de casación, en atención a que no se cumple con la
cuantía requerida por el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo.
(ii)
Que la acción sea
presentada en un término razonable y oportuno, es decir, que se respete
el principio de inmediatez.
27.
La procedencia de la tutela en este caso exige que se acredite el requisito de
inmediatez, el cual hace referencia a la presentación del amparo dentro de un
término razonable y oportuno desde que quedó en firme la providencia judicial
que presuntamente vulnera los derechos fundamentales[42].
En ese sentido, el juez constitucional no puede estudiar de fondo una acción de
tutela, cuando verifique que la misma fue interpuesta de manera tardía, sin que
exista una razón plausible que justifique la demora en acudir a este medio
judicial.
Del expediente se desprende que la sentencia de la
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla (grado de consulta) fue proferida el primero (01) de diciembre de dos mil quince
(2015)[43]
y la acción de tutela que actualmente se
encuentra en sede de revisión fue interpuesta el día veinte (20) de septiembre
de dos mil dieciséis (2016)[44], es decir
que entre la última actuación judicial dentro del proceso ordinario laboral y
la interposición del amparo transcurrieron 9 meses y 20 días, término que esta
Corte ha considerado razonable.
Lo anterior, sumado al hecho de que el día cuatro (04) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), el accionante solicitó el incremento de su pensión de vejez
por cónyuge a cargo ante Colpensiones[45],
solicitud a la que no accedió la entidad a través oficio con radicado
BZ2016_4617487-1144285 del seis (06) de mayo de dos mil dieciséis (2016)[46] alegando que
esa pretensión ya había sido resulta de fondo por la justicia ordinaria
laboral.
(iii)
Que exista legitimación en la causa por activa y por pasiva.
28. Con la finalidad de
realizar un análisis integral respecto de la procedencia de la acción de tutela
en este caso, es necesario verificar si se acredita la legitimación en
la causa por activa y por pasiva, en tanto que se hace imperioso identificar el
titular de los presuntos derechos fundamentales que han sido transgredidos con
la decisión judicial (que no siempre coincide con las partes de la relación
jurídico procesal atacada), así como los supuestos responsables de la situación
bajo consideración del juez constitucional. En ese sentido, el artículo 86 de la Carta Política[47] establece que toda persona que
considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentren
amenazados, podrá interponer acción de tutela directamente o a través de un
representante que actúe en su nombre. De igual forma, el artículo 5 del Decreto 2591 de
1991[48] refiere que el amparo procede
contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o
amenace un derecho fundamental. También contra
acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo III de dicho Decreto, particularmente, las hipótesis se encuentran
plasmadas en el artículo 42[49].
En ese sentido, en el asunto
examinado lo primero que advierte la Sala es que el señor Plinio Enrique
Castillo Pallares, quien es el titular de los derechos, acude a la acción de
tutela en nombre propio. De igual forma, la acción de tutela es interpuesta en
contra del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y Colpensiones,
autoridades públicas que, de conformidad con la Constitución, la ley y la
jurisprudencia, pueden ser accionados mediante tutela, cuando sus decisiones vulneran
derechos fundamentales y son a quienes se les atribuye la presunta vulneración
de los derechos fundamentales.
(iv)      Si se está alegando en la tutela que la
providencia sobrelleva una irregularidad procesal, debe explicar o
argumentar por qué tiene un impacto en el sentido de la decisión por tener un
efecto decisivo o determinante en la providencia.
29. De ahí que,
la acción de tutela solamente será procedente cuando se alegue una vulneración
sustancial al debido proceso, es decir, cuando haya un yerro procesal
trascendente. En el caso bajo estudio, el
accionante no indica que la vulneración de sus derechos tenga fundamento en un
yerro de carácter procesal, razón por la cual este requisito no le es exigible.
(v)
Se requiere
además que la decisión judicial accionada no sea un fallo de tutela
o de control abstracto de constitucionalidad.
30.
En otras palabras, que no se trate de un escenario de tutela contra
tutela, ni de una decisión resultante del control abstracto de
constitucionalidad ejercido por la Corte[50].
Lo anterior, de acuerdo con las sentencias T-282 de 1996 y SU-1219 de 2001, en
las que se establecieron la improcedencia general de este tipo de acciones[51].
En el asunto objeto de
revisión, las providencias judiciales atacadas mediante la acción de tutela son
sentencias proferidas en el marco de un proceso laboral ordinario, por lo que
se acredita este requisito de procedencia.
(vi)      La parte accionante debe identificar
los hechos que generarían el daño, los derechos fundamentales que le fueron
vulnerados, e igualmente debe demostrar que los alegó en sede de instancia de
haberlo podido hacer
31.
El afectado con la decisión judicial deberá identificar de manera clara los
hechos que dieron lugar a la vulneración de uno o varios derechos fundamentales
y, en ese sentido, debe haber alegado su inconformidad en el transcurso del
proceso ordinario, siempre que así lo haya podido hacer. En efecto, se trata de
una carga que tiene el interesado, en tanto que, pese a la informalidad de la
tutela, tendrá que evidenciar la violación de sus garantías y, por supuesto,
enunciar el o los defectos específicos de los cuales puede adolecer la
providencia.
En ese sentido, se advierte
que en el caso concreto, el accionante identificó de manera clara los hechos
que dieron lugar a la vulneración de sus derechos fundamentales, así como el
defecto del cual adolece la providencia. En ese sentido, refirió que las sentencias
y las decisiones administrativas que denegaron sus pretensiones de obtener el
incremento de su mesada pensional por cónyuge a cargo en un 14% y declararon
probada la excepción de prescripción, incurrieron en el defecto denominado
desconocimiento del precedente, como quiera que, a su juicio, los jueces
excluyeron la aplicación del precedente proferido por esta Corte en sede de
revisión y que han considerado que los incrementos a la pensión previstos en el
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año hacen parte
integral de la pensión y, por lo tanto, no están sujetos a prescripción
ordinaria.
(vii)   Que el asunto revista de relevancia
constitucional
32.
La relevancia constitucional de la acción de tutela contra providencia judicial
implica, necesariamente, que los hechos que presuntamente ocasionaron la
vulneración tengan una dimensión constitucional ius fundamental[52].
Se trata de una acción de tutela interpuesta en contra
de sentencias judiciales que, presuntamente, incurrieron en defectos que
desencadenaron la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital. En
ese sentido, es un asunto que ha superado las instancias de los jueces
ordinarios y que ha alcanzado una dimensión constitucional, puesto que existe
discusión respecto del contenido de la mesada pensional, ingreso cuya finalidad
es garantizar la vida digna del trabajador que ha llegado a una edad en la que
le es imposible trabajar, así como la de su núcleo familiar. Por lo tanto, se
trata de un debate acerca de la vulneración de garantías establecidas en la Constitución.
33. En suma, el amparo interpuesto
por el señor Plinio Enrique Castillo Pallares en contra del Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Barranquilla, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y Colpensiones es procedente de
conformidad con las reglas contenidas en el artículo 86 de la Constitución
Política, el Decreto 2591 de 1991 el precedente jurisprudencial relativo a la
procedencia genérica de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA
DECISIÓN
34. En esta oportunidad corresponde a
la Sala responder el siguiente problema jurídico: ¿Vulneran el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Barranquilla, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital del
señor Plinio Enrique Castillo Pallares al proferir sentencias dentro del
proceso ordinario laboral adelantado por este último en contra de Colpensiones
en las que denegaron la pretensión relativa al reconocimiento del incremento en
un 14% de la mesada pensional por cónyuge a cargo, desconociendo el precedente
de esta corporación e incurriendo en una violación directa de la Constitución?
35. Con el fin de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala se referirá a: (i) los requisitos
especiales de procedencia de la acción de tutela interpuesta en contra de
providencia judicial; (ii) la jurisprudencia constitucional respecto de la
imprescriptibilidad del incremento pensional por cónyuge a cargo, (iii) el
alcance del literal b del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990 y, por último, (iv) se analizará si las providencias
judiciales controvertidas incurrieron en el defecto endilgado.
D. LOS REQUISITOS ESPECIALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
INTERPUESTA EN CONTRA DE PROVIDENCIAS JUDICIALES
36. Una vez verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial, corresponde
al juez constitucional determinar si se configura alguno de los defectos que
determinan la procedencia del amparo en estos casos. Los defectos que la
jurisprudencia constitucional ha descrito son los siguientes[53]:
(i)
Defecto Orgánico: Hace referencia a la competencia que tiene el juez
para decidir determinado caso de conformidad con lo establecido en el
ordenamiento jurídico.
(ii)
Defecto material o
sustantivo: Se configura cuando
el funcionario judicial decide con fundamento en normas inexistentes o
inexequibles, o cuando la decisión presenta evidentes contradicciones en sus
partes motiva y resolutiva[54].
(iii)     Desconocimiento del precedente: Acontece, cuando los jueces en sus providencias, desconocen la ratio
decidendi establecida en decisiones anteriores cuando existen similitudes
fácticas y jurídicas. Lo anterior, se fundamenta en los principios de igualdad
de trato,  de seguridad jurídica, de confianza legítima y de buena fe.
(iv)      Violación directa de la Constitución: Este defecto se configura cuando el juez da alcance
a una disposición normativa contraria a la Constitución[55],
o cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad[56].
(v)
Defecto procedimental
absoluto: Ocurre cuando el
operador judicial en su providencia se aparta de las normas procedimentales
aplicables[57] o cuando
existe exceso ritual manifiesto[58].
(vi)      Defecto fáctico: Se conforma cuando el juez toma una decisión sin el oportuno y
suficiente respaldo probatorio. También se puede configurar cuando el
funcionario judicial no valora una prueba o deniega su práctica sin
justificación alguna[59].
(vii)   Error inducido: -Conocido también como vía de hecho por consecuencia-acontece
cuando la autoridad judicial es engañada por parte de terceros, ocasionando con
su decisión, graves vulneraciones a derechos fundamentales[60].
(viii)  Decisión sin motivación: Este defecto se configura
cuando el juez incumple su deber de establecer con claridad y suficiente los
fundamentos facticos y jurídicos que sirvieron de base para tomar la decisión[61].
En la medida en que el
accionante invocó como defecto de las providencias enjuiciadas aquel que se ha
denominado desconocimiento del precedente, esta Sala procederá a referirse de
manera breve en los siguientes párrafos al contenido teórico de este vicio.
Desconocimiento del
precedente constitucional como causal especial de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales
37. Los artículos 228 y 230
de la Constitución establecen que los jueces gozan de autonomía e independencia
para el ejercicio de sus funciones y “en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley”.
38. El precedente ha sido entendido,
por regla general, como las razones de derecho con base en las cuales un juez
resuelve un caso concreto[62] y es vinculante por
diferentes razones que la jurisprudencia ha atinado en señalar[63], empero su finalidad
principal es hacer efectivo el principio de igualdad de trato, en tanto que a
supuestos fácticos idénticos o, jurídicamente equiparables, se les debe brindar
soluciones equivalentes. Lo anterior, además, garantiza que exista una
confianza legítima del usuario frente a la administración de justicia[64].
39. En ese sentido, esta Corte ha
señalado que existen inconvenientes cuando un juez aplica soluciones
diametralmente opuestas, en la medida en que con ésta transgrede los principios
de igualdad, buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima. Debido a ello,
nace el desconocimiento del precedente como una causal autónoma de procedencia
de la acción de tutela en contra de providencia judicial[65].
40. De conformidad con la
jurisprudencia constitucional, las partes que integran el precedente son: (i)
el decisum, también denominado parte resolutiva, la cual obliga, por
regla general, a las partes dentro del proceso; (ii) la ratio decidendi
que se refiere a los argumentos que guardan estricto nexo causal con la
decisión, es decir la “regla o razón general que constituyen la base de la decisión
judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la
parte resolutiva”[66] y, por último, (iii) los obiter
dicta que son razones que ayudan al juez a tomar la decisión, pero que no
son fundamento de ésta última, por lo que no pueden ser usados como precedente
para otros casos.
41.  lo anterior, es posible advertir
que la ratio decidendi de una sentencia se traduce en la regla que el
juez formuló para resolver el problema jurídico planteado, motivo por el cual
se trata de un argumento de extrema solidez que se torna persuasivo y puede ser
proyectado en casos posteriores[67], es decir que actúa como precedente
judicial para casos con situaciones fácticas iguales o similares, en tanto que
tiene fuerza de cosa juzgada implícita[68]
y, por lo mismo, es un límite de la autonomía que, en principio, no puede ser
desconocido por otros jueces[69].
42. En lo que tiene que ver con la
categorización del precedente, la doctrina y la jurisprudencia han acertado en
considerar que existen dos tipos[70]:
(i) el horizontal que hace referencia a que, en principio, un juez (individual
o colegiado) no puede separarse de la ratio decidendi fijada en sus
propias decisiones y (ii) el vertical, que implica que los falladores no pueden
apartarse del precedente establecido por las autoridades judiciales superiores,
particularmente, por las altas cortes[71].
43. Ahora bien, pese a la
vinculatoriedad del precedente[72],
lo cierto es que se hace imperativo armonizarlo con el principio de
independencia judicial que, tradicionalmente ha definido el Estado de Derecho.
Lo anterior, ha dado como resultado que los funcionarios judiciales pueden
apartarse del precedente siempre que identifiquen las reglas que decidirá no
aplicar (carga de transparencia) y justifique de manera suficiente las razones
por las cuales decidió separarse de la jurisprudencia en vigor y, en ese
medida, deberá explicar por qué su interpretación desarrolla en mejor forma las
diferentes prerrogativas discutidas dentro del proceso judicial (carga
argumentativa).
44. En conclusión, los jueces en
desarrollo de los principios de  igualdad de trato, seguridad jurídica y
confianza legítima, están obligados por regla general, a respetar el precedente
judicial al momento de fallar un caso que presente similitudes fácticas y
jurídicas con otros que hayan sido decididos previamente. Sin embargo y, en
desarrollo de la autonomía judicial, éstos pueden apartarse del precedente,
siempre que ejerzan las cargas de transparencia y argumentación. De ocurrir lo
contrario, el funcionario judicial en su providencia habrá incurrido en un
defecto que implica la transgresión de los derechos fundamentales de uno o de
ambas partes del proceso judicial.
E. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELATIVA A LA IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL INCREMENTO DEL 14% POR CÓNYUGE A CARGO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 049 DE
1990, APROBADO POR EL DERECRETO 758 DE ESE MISMO AÑO
45. Respecto del
incremento a la mesada pensional por cónyuge o compañero a cargo, contenido en
el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese
mismo año[73], la
jurisprudencia constitucional ha sostenido tradicionalmente dos posiciones
diametralmente opuestas. En efecto, hay una tesis que ha referido que el citado
incremento es imprescriptible, en contradicción de otra posición que defiende
que esta prerrogativa sí está sometida a la regla general de prescripción
trienal contenida en los artículos 488 del CST y 151 del CPC SS.
46. En atención a la
relevancia que tiene para el caso concreto la exposición de la divergencia
existente en la Corte Constitucional respecto de los incrementos contenidos en
el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo
año, pasa la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional a explicar de
manera breve la jurisprudencia que existe en la materia.
(i)
Posición: El derecho al incremento del 14% de la mesada pensional
es imprescriptible y acorde con el principio constitucional de favorabilidad
las decisiones que así lo determinan deben ser aplicables
47. De acuerdo con
esta posición, los incrementos a la pensión de vejez previstos en el Acuerdo
049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año componen el derecho
pensional y, por ello, no están sometidos a la regla general de prescripción
trienal dispuesta en los artículos 488 del CST y 151 del CPT SS, lo anterior en
armonía con el artículo 53 de la Constitución.
48. Precisamente,
esta posición encuentra su principal fundamento en la sentencia T-217 de 2013,
providencia en las que la Sala Octava de Revisión estudió dos casos en los que
se habían solicitado dentro de un proceso ordinario laboral los incrementos
pensionales y las autoridades judiciales habían considerado que ya estaban
prescritos. En esa oportunidad, esta Corte concedió el amparo de los derechos
fundamentales, “en atención al principio de la imprescriptibilidad de los derechos a la
seguridad social, por cuanto el derecho a la pensión o los incrementos que por
ley se desprendan de éste son imprescriptibles, en esa medida la prescripción
solo es aplicable a  las mesadas no reclamadas con anterioridad a los 3 años de
solicitadas, por lo tanto de acoger la tesis que al reajuste a la pensión de
vejez del 14%, en relación con el cónyuge o compañero o compañera permanente
del beneficiario de dicha pensión, que dependiese económicamente de éste y que
no esté disfrutando de una pensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del
Acuerdo 49 de 1990, se le puede aplicar prescripción, equivale a perder una
fracción de recursos de este derecho o parte del mismo. Por consiguiente la
interpretación hecha por la Sala laboral del Tribunal Superior de Barranquilla
al decidir aplicar la norma citada, dio a los accionantes un trato
diferente e injustificado frente a otras personas en igualdad de circunstancias, incurriendo con sus
decisiones en un
trato discriminatorio, con la consecuente vulneración del derecho fundamental a
la igualdad de los peticionarios, al contrariar lo estipulado en el artículo 48
de la Constitución Política”.
49. En el año 2014 se profirió la
sentencia T-831 de ese año. A través de esa providencia, la Corte reconoció que
no existía unanimidad en las diferentes Salas de Revisión respecto de la
imprescriptibilidad de los incrementos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 de 1990, en tanto que existían dos posiciones. Sin embargo,
en esa oportunidad, la Sala acogió el criterio según el cual los incrementos
hacen parte integral del derecho a la pensión y, por lo mismo, no están
sometidos a la regla de prescripción. Lo anterior, por cuanto se trata de una
tesis más favorable para el pensionado[74].
De manera posterior, la Sala Séptima de Revisión profirió
la sentencia T-369 de 2015[75],
mediante la cual reiteró la posición asumida en las sentencias T-217 de 2013 y
T-831 de 2014, argumentando que si bien existen dos posibles interpretaciones
de la norma en cuestión, la más favorable es aquella que afirma que los
incrementos a la pensión no están sujetos a prescripción, todo lo anterior lo
fundamentó en el principio pro personae.
50. Lo mismo ocurrió en la sentencia
T-395 de 2016 que expidió la Sala Tercera de Revisión, mediante la cual analizó
un caso con premisas fácticas similares a las que actualmente se encuentra bajo
estudio de la Sala Cuarta. En esa oportunidad, la Corte consideró que, en
efecto, ante la existencia de las dos interpretaciones, al funcionario judicial
le corresponde optar por aquella que sea más favorable al pensionado en
aplicación del artículo 53 de la Constitución. En ese sentido, en esa
sentencia, la Sala Tercera al resolver la acción de tutela interpuesta en contra
de providencias judiciales manifestó que el defecto en el que habían incurrido
los jueces del proceso ordinario había sido el de violación directa de la
Constitución.
La posición anterior fue reiterada
por la Sala Sexta de Revisión en la sentencia T-460 de 2016.
(ii)
Posición: El derecho al incremento del 14% de la mesada pensional
es prescriptible y las decisiones que determinan lo contrario no constituyen
precedente constitucional
51. Esta segunda
posición, en contraposición de la anterior, sostiene que los incrementos
establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo
año sí están sometidos a la regla general de prescripción trienal establecida
en los artículos 488 del CST y 151 del CPT SS. En efecto, para sostener esta tesis,
las diferentes Salas de Revisión de esta Corte han argumentado que los
mencionados incrementos no hacen parte integral del derecho pensional, como
quiera que su finalidad no es la de garantizar un mínimo vital o la vida digna
de la persona y su familia de manera vitalicia en la medida en que su
reconocimiento y extinción están sometidos a unos requisitos establecidos en la
ley.
52. Por lo anterior,
las sentencias que han defendido esta posición han optado por considerar que
ante la disparidad de criterios no existe un precedente claro que pueda ser
desconocido por los jueces ordinarios laborales al momento de resolver acerca
del reconocimiento de los incrementos pensionales. Por ese motivo, las
siguientes providencias decidieron apartarse de la ratio decidendi de la
sentencia T-217 de 2013:
53. En
el mismo año, la Sala Tercera de Revisión, profirió la sentencia T- 791 de 2013[76], en la que no accedió al
amparo de los derechos fundamentales invocados, argumentando que el precedente
de esta corte sobre la imprescriptibilidad de la pensión de vejez no era
aplicable al incremento del 14% por cónyuge a cargo, en concordancia con lo
establecido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, órgano de
cierre de la Jurisdicción ordinaria Laboral que ha sostenido que los citados
incrementos no están destinados a asegurar  la subsistencia digna y el mínimo
vital de los sujetos[77].
54. De igual forma,
esa sentencia manifestó que el argumento esgrimido en la sentencia T-217 de
2013 pertenecía a una posición minoritaria y, por lo tanto, no consideró “acertada
la aplicación que en aquella oportunidad se le dio al precedente constitucional
en materia de imprescriptibilidad pensional, toda vez que a la luz de lo
trazado por la jurisprudencia dada al interior de la Jurisdicción Ordinaria,
encargada de definir los conflictos, y el alcance de los derechos de la
seguridad social y de tipo laboral, el incremento pensional objeto de estudio
no reviste las características que hacen aplicable el precedente de la
imprescriptibilidad a una acreencia económica relacionada con la seguridad
social”.
55. Posteriormente,
la Sala Segunda Revisión de esta corporación mediante la sentencia T-748 de
2014 acogió la postura establecida en la providencia T-791 de 2013 y, en
consecuencia, se consideró que la tesis expresada por otras salas de esta Corte
no era un antecedente trascendental para que su desconocimiento desencadenara
la configuración de un defecto en una providencia judicial[78].
56. En efecto, esta posición fue
posteriormente reiterada en sentencias T-123 de 2015, T-541 de 2015 y T-038 de
2016, en las que las Salas Segunda y Tercera de Revisión decidieron apartarse
del primer postulado y, en ese orden de ideas, considerar que los incrementos a
la pensión de vejez contenidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de ese mismo año, están sometidos a las prescripción ordinaria.
Igualmente, consideraron que las providencias proferidas por los jueces
ordinarios laborales que acogieran ese criterio no incurrían en un defecto por
desconocimiento del precedente constitucional, ante la falta de unanimidad
dentro de la Corte.
57. Para decidir el caso en concreto,
la Sala Cuarta de Revisión optará por acoger la primera posición descrita,
según la cual los incrementos establecidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año hacen parte integral del derecho pensional y, por lo tanto, no están
sometidos a la regla general de la prescripción ordinaria. En ese sentido,
aplicará esta interpretación en desarrollo del principio de favorabilidad
establecido en el artículo 53 de la Constitución.
58. Por último, es
menester aclarar que si bien el derecho al incremento del 14% no prescribe, lo
cierto es que esta Corte ha considerado que las mesadas sí lo hacen y que, por
lo tanto, los incrementos causados y no reclamados seguirán las reglas de los
artículos 488 del CST y 151 del CPT.
F. EL ALCANCE DEL LITERAL B DEL ARTÍCULO 21 DEL ACUERDO 049 DE 1990,
APROBADO POR EL DECRETO 758 DE 1990
59. El  literal b de la norma citada, en la que se
establece que las pensiones de vejez e invalidez se incrementaran “en un
catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o
compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no
disfrute de una pensión”.
60. De la lectura de la disposición se advierte que,
para que proceda el reconocimiento del incremento es necesario que (i) exista
una pensión de vejez o invalidez reconocida, (ii) el acreedor de dicha
prestación debe tener cónyuge o compañero (a) permanente que dependa
económicamente del primero y (iii) la prestación reconocida debe corresponder a
una pensión mínima. Lo anterior, en tanto que ese porcentaje adicional que se
reconoce sobre la pensión, tiene la finalidad de compensar los casos en los que
existe riesgo de afectación del mínimo vital y, por consiguiente a la vida digna,
situación que ocurre con aquellas personas que devengan un monto mensual mínimo
y además tienen a su cargo al cónyuge, compañero o compañera.
61.  Sobre el particular, esta Sala en
la sentencia T-055 de 2018 manifestó que “el reconocimiento del beneficio económico del 14% por
cónyuge o compañera a cargo, se trata de una prestación pensional sin respaldo
en cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral[79] y, por
tanto, se debe privilegiar que se reconozca en favor de las personas con
menores ingresos. Esto es, quienes siendo beneficiarios de una pensión mínima
legal, no cuenten con ingresos económicos adicionales que, por lo menos, garanticen
el mínimo vital en conexidad con la vida digna. El “mínimo vital cualificado”
como sustento del pago de una prestación que no se financiar con cotizaciones
al sistema supondría una inequidad que los jueces no deberían privilegiar con
sus interpretaciones”.
G. LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN EN LOS FALLOS QUE NEGARON
LAS PRETENSIONES
62. En el caso bajo consideración, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional considera que el Juzgado Primero  del
Circuito de Barranquilla y la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla con la adopción de sus decisiones no
vulneraron los derechos fundamentales del señor Plinio Enrique Castillo
Pallares por las razones que pasan a exponerse a continuación:
63. De conformidad con lo expresado por el accionante,
las autoridades judiciales accionadas, decidieron negar su pretensión relativa
al reconocimiento y pago del incremento en un 14% a su mesada pensional por
cónyuge a cargo, derecho que se encuentra previsto en los artículos 21 y 22 del
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año. El fundamento
de esas decisiones de única instancia y de consulta respectivamente, fue que la
solicitud del accionante fue presentada a Colpensiones tres (3) años después de
haber sido reconocida la pensión de vejez, por lo que de conformidad con lo
previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPT, prescribió el derecho.
64. Así las cosas, el accionante considera que las
providencias proferidas por la Jurisdicción Ordinaria Laboral vulneran sus
derechos al debido proceso, a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo
vital, por cuanto desconocen el precedente de esta corporación sobre el tema,
puesto que se ha sostenido que esos incrementos hacen parte integral de la
pensión de vejez y, en esa medida, no están sometidos a la prescripción
ordinaria prevista en el ordenamiento jurídico.
65. En sus contestaciones, tanto el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Barranquilla, como la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad respondieron la
acción de tutela de la referencia manifestando que en sus providencias no
incurrieron en defecto alguno, como quiera que no sólo aplicaron las normas
jurídicas que regulan el tema, sino el precedente de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
66. En ese orden de ideas, encuentra la Sala que, en
efecto, las providencias que resolvieron el asunto puesto en conocimiento de
los jueces laborales, no incurren en el defecto de desconocimiento de
precedente, en tanto que para el momento en el que fueron proferidas, no
existía una posición uniforme de esta Corte sobre la materia, por lo que
tampoco había un precedente claro que desconocer. Sin embargo, lo cierto es que
lo anterior no excluye que las autoridades judiciales laborales, en este caso el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, hubieran
aplicado el principio de favorabilidad dispuesto en el artículo
53 de la Constitución, el cual obliga a que ante interpretaciones diversas
respecto de una norma jurídica, el intérprete opte por aquella que sea más
favorable al trabajador.
67. Debido a lo anterior, se evidencia que las
autoridades judiciales accionadas violaron de manera directa la Constitución
ante la omisión de aplicar una disposición constitucional que resultaba
imperativa para resolver este caso y que tenía un efecto sustancial al respecto.
Lo anterior implica que se configura una causal especial de procedencia de la
acción de tutela interpuesta en contra de providencia judicial, que consiste en
la violación directa de la Constitución, motivo por el cual se revocarán las sentencias proferidas
por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla y la Sección B de la Sala de Decisión Oral
del Tribunal Administrativo del Atlántico, en las que se no se accedió al
amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Plinio Enrique
Castillo Pallares y, como consecuencia, se
tutelarán los derechos constitucionales a la seguridad social y al debido
proceso.
68. En efecto, cuando una autoridad
judicial que se enfrenta a dos posibles interpretaciones de una norma jurídica,
deja de aplicar un principio de rango constitucional, incurre en el defecto
dentro de su decisión y, en ese orden de ideas, viola el derecho fundamental de
las partes dentro del proceso, en tanto que éstas acuden a la jurisdicción
esperando que el juez decida de conformidad con todo el ordenamiento jurídico
aplicable. Particularmente, en lo que tiene que ver con el principio de
favorabilidad establecido en el artículo 53, esta Corte ha considerado que “la autonomía
judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser muy relativa: el juez
puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del
trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles
aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el
fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que
beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de
acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el
trabajador resulten desfavorables u odiosos. El juez no puede escoger con
libertad entre las diversas opciones por cuanto ya la Constitución lo ha hecho
por él y de manera imperativa y prevalente”[80].
69. Así las cosas, se dejarán sin
efectos las sentencias judiciales dictadas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma
ciudad y se ordenará a la autoridad judicial de primera instancia que vuelva a
decidir el problema jurídico planteado, de conformidad con las consideraciones
de esta sentencia.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
70. A la Sala le correspondió resolver
acerca de si el Juzgado Primero  del Circuito de Barranquilla y la
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la  vida
digna y al mínimo vital del señor Plinio Enrique Castillo Pallares, al proferir
sentencias dentro del proceso ordinario laboral adelantado por este último en
contra Colpensiones, en las que denegaron las pretensiones relativas al
reconocimiento del incremento en un 14% de la mesada pensional por cónyuge a
cargo, desconociendo el precedente de esta corporación sobre el tema.
Como resultado de las sub-reglas jurisprudenciales
analizadas en la parte motiva de esta providencia, observa la Sala lo siguiente:
71. Se viola directamente la
Constitución, cuando una autoridad judicial deniega las pretensiones relativas
al reconocimiento del incremento a la mesada pensional en un 14%, argumentando
que el derecho prescribió, sin aplicar el principio in dubio pro operario,
previsto en el artículo 53 de la Constitución, frente a la divergencia
interpretativa existente.
72. Debido a lo anterior, en esta
providencia se analizaron las reglas jurisprudenciales relativas a (i) los
requisitos de procedencia genéricos y específicos de la acción de tutela en
contra de providencia judicial (ii) el defecto denominado desconocimiento del
precedente, (iii) el precedente jurisprudencial relativo a la
imprescriptibilidad de los incrementos pensionales establecidos en el Acuerdo
049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año y, por último, (iv) el
alcance del literal b del artículo 21. Como consecuencia de lo anterior, la
Sala concluyó que las sentencias judiciales accionadas incurrieron el defecto
de violación directa de la Constitución, como quiera que ante dos posiciones
interpretativas divergentes, las autoridades judiciales debieron dar aplicación
al principio in dubio pro operario establecido en el artículo 53 de la
Constitución.
73. Sobre la base de lo anterior, la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional concluye que el Juzgado Primero  del Circuito de Barranquilla y la
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla incurrieron en el defecto denominado violación directa de la
Constitución al decidir el proceso ordinario laboral adelantado por el señor
Plinio Enrique Castillo Pallares en contra de Colpensiones y, como consecuencia, revocará las
decisiones del Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla y la Sección
B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico y, en
su lugar, tutelará los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. – REVOCAR las sentencias proferida en primera y segunda instancia
respectivamente por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Branquilla y la
Sección B de la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico
los días treinta (30) de octubre de dos mil  diecisiete (2017) y siete (07) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017), mediante las cuales se negó el amparo de los derechos fundamentales
por las consideraciones de esta providencia. En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del señor
Plinio Enrique Castillo Pallares.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS las
sentencias proferidas por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, de única instancia y
grado de consulta respectivamente, en el proceso ordinario laboral adelantado
por el señor Plinio Enrique Castillo Pallares en contra de Colpensiones.
Tercero.- ORDENAR al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla que, dentro del
mes siguiente a la notificación de esta providencia, dicte nuevamente sentencia
dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor Plinio Enrique
Castillo Pallares en contra de Colpensiones, de conformidad con las
consideraciones de esta providencia.
Cuarto.- LIBRAR las comunicaciones –por la
Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juzgado Segundo Administrativo Oral
de Barranquilla –, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] De acuerdo
con la copia de la cédula de ciudadanía del señor Plinio Enrique Castillo
Pallares visible en el folio 6 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[2] De
conformidad con la copia de la Resolución 003076 de 2001 visible en el folio 7
del cuaderno principal de la acción de tutela.
[3] De acuerdo
con la copia de la partida de matrimonio católico celebrado entre Plinio
Enrique Castillo Pallares y Elba María Acosta Camargo visible en el folio 9 del
cuaderno principal de la acción de tutela. Además, el accionante anexa copia de
declaración de supervivencia de la señora Elba María Acosta de Castillo rendida
ante la Notaría Décima de Barranquilla el día 10 de mayo de 2016 visible en el
folio 13 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[4] Como prueba
de lo anterior, el accionante aporta junto con el escrito de tutela la copia de
la declaración extraprocesal de los señores Atinio Bautista de la Cruz Mercado
y Carlos Arturo Pérez Alvear, rendida ante la Notaria Decima de Barranquilla, quienes
afirman conocer al señor Castillo Pallares y a su núcleo familiar, por lo que
refieren que la señora Elba María Acosta de Castillo depende económicamente de
su esposo (folio10 del cuaderno principal de la tutela). Asimismo, se aporta
copia de la declaración rendida ante ese mismo notario por parte del señor
Plinio Enrique Castillo Pallares y la señora Elba María Acosta de Castillo, en
la que manifiestan que conviven hace más de 50 años de manera ininterrumpida,
que procrearon 3 hijos todos mayores de edad y que la señora Acosta depende
económicamente en todos los aspectos del accionante (folio 11 del cuaderno
principal de la tutela).
[5] De
conformidad con la copia del certificado expedido por la Subsecretaría de
Talento Humano de la Gobernación del Atlántico, en la que se afirma que la
señora Elba María Acosta de Castillo no aparece en la nómina de pensionados de
la Gobernación del Atlántico visible en el folio 12 del cuaderno principal de
la acción de tutela.
[6] De acuerdo
con la copia de la cédula de ciudadanía de la señora Elba María Acosta de
Castillo que obra en el folio 8 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[7] De acuerdo
con la copia de la petición interpuesta ante Colpensiones con fecha de recibido
por parte de la entidad 17/12/2013 visible en el folio 14 del cuaderno
principal de la acción de tutela.
[8]
Copia del oficio BZ2013-9028990 en el folios 15 del cuaderno principal de la
acción de tutela.
[9]
Audio de la audiencia de fallo de primera instancia adjunto al expediente de
tutela.
[10]
Audio de la audiencia de fallo de segunda instancia adjunto al expediente de
tutela.
[11]
Copia del derecho de petición visible en el folio 17 del cuaderno principal de
la acción de tutela.
[12]
Copia de la respuesta de Colpensiones visible en el folio 18 del cuaderno
principal de la acción de tutela.
[13]
El auto de admisión y vinculación se encuentra visible en los
folios 165-167 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[14] Mediante este auto, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Barranquilla dio cumplimiento al Auto 385 A del 27 de julio de 2017, proferido
por la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en el que se
decretó la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de tutela por indebida
integración del contradictorio.
[15] Contestación
visible en los folios 195-198 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[16] Contestación
visible en los folios 189-194 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[17] Ver folios
183-188 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[18]
Fallo de tutela visible en folios 199-219 del cuaderno principal de la acción
de tutela.
[19]
El fallo de segunda instancia se encuentra visible en los folios 258-270 del
cuaderno principal de la acción de tutela.
[20] Ver folio 238 del cuaderno de revisión de la acción de tutela.
[21] Ver folios 234-235 de la acción de tutela.
[22] Ver folios
14 y 15 del cuaderno de revisión de la acción de tutela.
[23]De acuerdo con el Auto del 22 de junio de
2017, proferido por el Magistrado sustanciador visible a folios14 y 15 del
cuaderno de revisión de la acción de tutela T-6.117.098 y; 15 y 16 del cuaderno
de revisión del expediente de tutela T-6.119.970.
[24] Si bien con posterioridad a la práctica de estas pruebas, la Sala
Tercera de Revisión decretó la nulidad de todo lo actuado desde el auto
admisorio de la tutela mediante Auto 385A de 2017, el inciso segundo del
artículo 138 del Código General del Proceso (normal aplicable por no existir
una específica sobre el tema en tutela) establece que “la nulidad solo comprenderá la
actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin
embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y
tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla,
y se mantendrán las medidas cautelares practicadas” (subrayas por fuera del texto). Lo
anterior, en concordancia con el artículo 4 del Decreto 306 de 1992.
[25] Escrito visible
en folios 20-41 del cuaderno de revisión del expediente de tutela.
[26] Como fundamento de ello anexa copia del comprobante de pago de la
pensión correspondiente al mes de enero del año 2017, visible en folios 22 del
cuaderno de revisión del expediente de tutela.
[27] Para probar esto, anexa copia de una certificación de ingresos expedida
por un contador público visible en el folio 23 del cuaderno de revisión del
expediente de tutela.
[28] No especificó los miembros de su familia que sobreviven gracias a ese
ingreso.
[29]Escrito de
Colpensiones visible en los folios 42-47 del cuaderno de revisión del
expediente de tutela.
[30] Copias de
las certificaciones visibles en los folios 45-46 del cuaderno de revisión del
expediente.
[31] Auto 385A de 2017 visible en los folios 90-97 del cuaderno de revisión
de la acción de tutela.
[32]
Auto notificado el 31 de mayo de 2017.
[33]
“PRIMERO.- DESACUMULAR el expediente
T-6.117.098 del expediente T-6.119.970.
SEGUNDO.- ABSTENERSE de efectuar la revisión de fondo
de las sentencias proferidas dentro del proceso de tutela del expediente
identificado con radicado interno T-6.117.098.
TERCERO.- DECRETAR la nulidad de todo lo actuado
desde el
Auto admisorio del veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Barranquilla, en el marco del trámite de la acción de
tutela interpuesta por Plinio Enrique Castillo Pallares contra Colpensiones.
CUARTO.- ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla
que notifique la admisión de la demanda de tutela a las partes y terceros con
interés en la decisión, teniendo en cuenta las consideraciones del presente
auto, y una vez surtidas las notificaciones, continúe con el trámite señalado
en el Decreto 2591 de 1991.
QUINTO.- ORDENAR que, por la Secretaría
General de esta corporación, se devuelva el expediente al Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Barranquilla para que rehaga la actuación procesal conforme a lo expresado en
los numerales anteriores. Surtido el trámite en las instancias judiciales,
remítase el expediente de la referencia a la Corte Constitucional para que
reasuma la competencia de revisión, para lo cual deberá enviar el expediente al
despacho del Magistrado sustanciador para su revisión.
SEXTO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991”.
[34] En la
sentencia C-590/05 la Sala Plena manifestó lo siguiente: “Sin embargo, el
panorama es claro ya que como regla general la acción de tutela no procede
contra decisiones judiciales y esto por varios motivos.  Entre ellos, en primer
lugar, el hecho que las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de
reconocimiento y realización de los derechos fundamentales proferidos por
funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley;
en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las
cuales se resuelven las controversias planteadas ante ellos y la garantía del
principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder
público inherente a un régimen democrático (…)”
[35] Constitución
Política de Colombia de 1991, Artículo 4: “La Constitución es norma de
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicaran las disposiciones constitucionales (…)”
[36] Constitución
Política Colombiana de 1991, Artículo 86: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…)”
[37] Ibídem.
[38] Ver sentencia T-417/17.
[39] Ver sentencias T-192/09, T-211/09, T-673/12, T-113/13, T444/13,
T-497/13, T-711/13, T-760/13, T-808/13, T880/13, T-103/14, T-251/14, T-254/14,
T-291/14, T-396/14, T-574/14, SU-263/15, T-582/15, T-603/15, T-022/16,
T-377/16, T-458/16, T-715/16, T-001/17, T-417/17, entre otras.
[40] La sentencia
T-222/14 estableció que además luego de verificar la existencia de otro medio
de defensa judicial, lo cierto es que deben analizarse la eficacia y la
idoneidad de ese medio.
[41]
Ver, entre otras, las sentencias T-1140/05, T-516/06, T-548/06 y T-497/14.
[42] Esta Corte
ha considerado que “un plazo de
seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente
y en otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable
para ejercer la acción de tutela”. Ver entre otras las
sentencias T-328/10, T-526/05 y T-692/06.
[43]
Audio de la audiencia de fallo de segunda instancia adjunto al expediente de
tutela.
[44] Ver  acta individual de reparto en el folio 70 del cuaderno principal
de la acción de tutela.
[45]
Copia del derecho de petición visible en el folio 17 del cuaderno principal de
la acción de tutela.
[46]
Copia de la respuesta de Colpensiones visible en el folio 18 del cuaderno
principal de la acción de tutela.
[47] Constitución
Política, Artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”.
[48] De conformidad con el Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley”. CP, artículo
86; Decreto 2591 de 1991, artículo 1.
[49] “Articulo 42.-Procedencia. La acción de tutela
procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:
1. Cuando contra quien se
hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público
de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15,
16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.
2. Cuando contra quien se
hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público
de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y
a la autonomía.
3. Cuando aquél contra
quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación de
servicios públicos.
4. Cuando la solicitud fuere
dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo la
acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o
indefensión con tal organización.
5. Cuando contra quien se
hubiere hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada
sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe
o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el
mismo régimen que a las autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea
para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
[50]
En la sentencia T-282 de 1996, esta corporación consideró “que el artículo
6º del Decreto 2591 de 1991, es enfático: no procede la tutela “cuando se trate
de actos de carácter general, impersonal y abstracto”, y, estas características
son propias de la sentencia que define una acción de inconstitucionalidad,
luego también por esta razón es improcedente la tutela en la presente acción”.
[51]
Ver entre otras las sentencias T-133/15, T-373/14, y T-272/14.
[52]
Ver sentencias T-103/14 y T-417/17.
[53] Los defectos
también fueron sistematizados por esta Corte en la sentencia C-590/05.
[54] Ver
sentencias T-079/93, T-522/01 y C-590/05.
[55] Ver
sentencias T-1625/00, SU-1184/01.
[56]
Ver sentencia T-522/01.
[57] Ver
sentencias T-008/98, T-937/01, SU-159/02, T-996/03 y T-196/06.
[58] Ver
sentencias T-591/11 y T-053/12.
[59] Ver sentencias
SU-448/16, T-454/15 y T-459/17, entre otras.
[60] Ver
sentencias SU-846/00, SU-014/01, T-1180701. Recientemente ver sentencia
T-273/17.
[61] Ver
sentencias T-1147/02, T-949/03, C-590/05, entre
otras.
[62] Sentencia
T-292/06.
[63] Ver sentencia C-539 de 2011.
[64] En la sentencia C-836/01, esta Corte estableció que:
“La igualdad, además de ser un principio vinculante para toda la actividad
estatal, está consagrado en el artículo 13 de la carta como derecho fundamental
de las personas.  Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad
ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las
autoridades.  Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo
que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como
consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen
determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el
litigio.  Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad
de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una
igualdad y en la interpretación en la aplicación de la ley” (negrillas en
el texto).
[65]
Ver sentencias Sentencia SU-226/13, T-086/07,
T-166/16, entre otras.
[66] Sentencia
SU-047/99.
[67] Sentencia T-292 de 2006.
[68] Sentencia C-131 de 1993.
[69]
Sentencias T-918/10 y T-166/16.
[70]
Sobre precedente vertical y horizontal, se pueden consultar las sentencias
T-441/10 y T-014/09.
[71]
Sentencia T-918/10 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[72] Esta Corte
en la sentencia SU-047 de 1999 indicó que en realidad son los jueces
posteriores o el mismo juez cuando falla un nuevo caso, quien precisa el
verdadero alcance del precedente, así las cosas: “el juez posterior "distingue" (distinguishing) a fin
de mostrar que el nuevo caso es diferente del anterior, por lo cual el
precedente mantiene su fuerza vinculante, aunque no es aplicable a ciertas
situaciones, similares pero relevantemente distintas, frente a las cuales entra
a operar la nueva jurisprudencia. En otros casos, el tribunal posterior
concluye que si bien en apariencia, la ratio decidendi del caso anterior parece
aplicarse a la nueva situación, en realidad ésta fue formulada de manera muy
amplia en el precedente, por lo cual es necesario concluir que algunos de sus
apartes constituyen una opinión incidental, que no se encontraba directamente
relacionada a la decisión del asunto. El tribunal precisa entonces la fuerza
vinculante del precedente, ya que restringe (narrowing) su alcance. En otras situaciones, la actuación
del juez ulterior es contraria y amplía el alcance de una ratio decidendi que
había sido entendida de manera más restringida. En otras ocasiones, el tribunal
concluye que una misma situación se encuentra gobernada por precedentes
encontrados, por lo cual resulta necesario determinar cuál es la doctrina
vinculante en la materia. O, a veces, puede llegar a concluir que un caso
resuelto anteriormente no puede tener la autoridad de un precedente por cuanto
carece verdaderamente de una ratio decidendi clara.”
[73] “Artículo
21. incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo común y vejez. Las
pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así:
a) En un siete por ciento (7%)
sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16
años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los hijos
inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan económicamente
del beneficiario y,
b) En un catorce por ciento
(14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del
beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.
(subrayas fuera del texto)
Los incrementos mensuales de
las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder
del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal”.
[74]
Sobre el tema, en la sentencia T-831/14 se dijo: “Así, esta Sala
considera que la interpretación que mejor realiza los derechos fundamentales de
los actores es aquella que se aplicó en la sentencia T- 217 de 2013[74],
la cual es aquella que resulta más favorable para los accionantes,
por cuanto en esa oportunidad la Corte consideró que el derecho en mención no
se encuentra sometido a la regla de prescripción de las acreencias laborales de
3 años. En efecto, en ninguna de las normas citadas, en las cuales regula el
incremento bajo estudio, se establece que dicha regla deba ser la aplicada al
incremento en mención, pues al definirse la naturaleza del mismo, sólo se
señala que tal derecho subsiste mientras perduren las causas que le dieron
origen al mismo. De tal forma, lo considerado en dicho fallo respecto de la
imprescriptibilidad del derecho en comento se encuentra en consonancia con el
principio de favorabilidad, razón por la cual concluir que tal derecho se encuentra
afectado por el fenómeno de la prescripción, en perjuicio de los peticionarios,
contraría el principio de favorabilidad, y por lo tanto, implica una violación
directa de la Constitución”.
[75]Mediante la cual se pone en conocimiento del juez
constitucional, una sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá en la cual se revocó la decisión del juez de primera
instancia en el proceso ordinario laboral y se declaró que los incrementos
habían prescrito
[76] En esa
providencia se estudió el caso de un ciudadano a
quien se le reconoció la pensión de vejez en el año 1996 y en el 2011 solicitó
ante el ISS el incremento del 14% a la mesada pensional por cónyuge a cargo. Sin
embargo, debido a que dicha entidad se negó a reconocer el incremento, decidió
iniciar un proceso ordinario laboral, en el que el juez de primera instancia
accedió a las pretensiones pero, en la segunda instancia fue revocada la
sentencia y como consecuencia se declaró probada la excepción de prescripción,
desconociendo según el actor, el precedente jurisprudencial sobre la
imprescriptibilidad del derecho a la pensión.
[77] Al respecto,
esta corporación considero que “Por otro
lado, el incremento pensional del 14% por cónyuge o
compañera(o) permanente a cargo que pretende el señor Sánchez Pineda, tal y
como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia lo ha adoctrinado, no
reviste un carácter fundamental, esencial o vital, toda vez que no va dirigido,
de forma vitalicia y sucesiva, a amparar la subsistencia digna y sufragar el
mínimo vital del actor, quien por una contingencia sufrida (la vejez), vio
menguada de forma permanente su capacidad de sostenimiento. Esto, por cuanto
dicho incremento, es un derecho patrimonial, que no forma parte integrante de
la pensión que recibe el accionante, y que está condicionado al cumplimiento de
unos requisitos subsidiarios y ajenos a la contingencia de vejez, que es la que
se busca amparar a través del derecho fundamental a la seguridad social” (subrayas fuera de texto).
[78] Sobre el defecto
de desconocimiento del precedente refirió “De acuerdo con los postulados
indicados, una decisión en sede de revisión es relevante cuando:
(i) su ratio decidendi
contiene una regla relacionada con el caso posterior. Si bien, la razón de la
decisión en ambos casos se centró en la imprescriptibilidad de los derechos a
la seguridad social, la sentencia ulterior se apartó de la vinculación del
incremento como un derecho principal, definiéndolo como una acreencia meramente
patrimonial, que no forma parte integrante de la pensión.
(ii) Ésa ratio debió servir de
base para resolver un problema jurídico semejante. Aunado a lo anterior, la
Sala Tercera especificó que la tesis adoptada en la T-217 de 2013 pertenecía a
una posición minoritaria.
(iii) Los hechos del caso o
las normas juzgadas son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al
que debe resolverse en el caso posterior.  La situación fáctica -pensionado
bajo la transición del D-758/90 y con sociedad conyugal vigente- y la norma
jurídica juzgada –Art. 21 D-758/90- son idénticas al caso resuelto con
posterioridad en Sentencia T-791 del 12 de noviembre de 2013”.
[79]
Al respecto, es posible consultar la intervención del Ministerio de Hacienda a
la sentencia SU-310/17.
[80] Ver
sentencias T-001/98 y T-658/14, entre otras.