T-606-16
Sentencia T-606/16
PRINCIPIO DE
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD A ADULTOS MAYORES-Suspensión del programa “sonrisa otoñal”, que tenía
por objeto la rehabilitación oral de adultos mayores
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS
DE ADULTO MAYOR-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO A LA IMAGEN-Derecho autónomo que puede ser lesionado con los derechos a la
intimidad, a la honra y al buen nombre de su titular
DERECHO A LA IMAGEN-Naturaleza
El derecho a la imagen se trata de un derecho personalísimo, que surge
de una interpretación sistemática de algunas disposiciones contempladas en el
Texto Superior, como expresión directa de la individualidad, identidad y autodeterminación
de la persona y como manifestación de la dignidad de cada ser en la búsqueda de
su propia esencia.
ANCIANOS, ANCIANIDAD, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD-Sujetos de especial
protección constitucional
Los
adultos mayores son sujetos de especial protección constitucional, que no
pueden ser discriminados por su edad, pues además de ser personas valiosas y
productivas para la sociedad, se encuentran protegidos por la normativa
nacional e internacional.
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia
Las
autoridades públicas y privadas que presten el servicio de salud no pueden
evadir la prestación de los servicios de salud que supongan la interrupción de
los tratamientos por conflictos contractuales o administrativos, e impidan el
acceso de sus afiliados a la finalización óptima de los tratamientos a los que
ya han tenido acceso. Lo anterior obedece al principio de la buena fe y a la
obligación de garantía del Estado, consistente en evitar situaciones que pongan
en peligro los derechos fundamentales de los usuarios.
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS
DE ADULTO MAYOR-Orden a Alcaldía Municipal otorgar prótesis dentales y hacer
todo el procedimiento de rehabilitación oral a los adultos mayores que hicieron
parte del programa “sonrisa otoñal”
Referencia:
Expediente T-5.623.725
Acción de
tutela instaurada por Eyder Oliveros Suescún, como apoderado judicial de
Serafina Rosa Mejía Cantillo y otros, en contra de la Secretaría de Desarrollo
de Salud del Departamento del Magdalena y otros.
Procedencia:
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
Asunto: Derecho
a la vida en condiciones dignas de personas de la tercera edad.
Magistrada
Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., dos (2) de noviembre
de dos mil dieciséis (2016).
La Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Aquiles Arrieta Gómez, Jorge Iván Palacio Palacio y la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
En la
revisión de la providencia de segunda instancia, dictada el 9 de febrero de
2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta, y en primera instancia el 23 de noviembre de 2015 por
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena), dentro de la acción de tutela
promovida por Eyder Oliveros Suescún, como apoderado judicial de
Serafina Rosa Mejía Cantillo y otros, en contra de la Secretaría de Desarrollo
de Salud del Departamento del Magdalena y otros.
El asunto
llegó a la Corte Constitucional, en virtud de lo ordenado por los artículos 86
(inciso 2°) de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991. Mediante auto de
14 de julio de 2016, la Sala Número Siete de Selección de Tutelas de esta Corporación lo escogió para su revisión y lo
asignó a la Magistrada ponente para su sustanciación.
I.
ANTECEDENTES
Eyder Oliveros Suescún, como apoderado
judicial de 74 adultos mayores que residen en el municipio de Pueblo Viejo
(Magdalena), presentó acción de tutela en contra de Secretaría de Desarrollo de
Salud del Departamento del Magdalena y otras entidades, al considerar que la
suspensión del contrato No. 343 de 2007 que tenía por objeto ejecutar el
programa “sonrisa otoñal”, vulnera los derechos fundamentales de sus apoderados
a la vida digna, a la salud, a la igualdad y a la administración de justicia,
toda vez que no se finalizó a sus poderdantes el tratamiento de rehabilitación
oral e instalación de las prótesis dentales, al cual tenían acceso como
beneficiarios del mencionado programa.
Hechos y
pretensiones en tutela
El accionante manifestó que
el 20 de enero de 2006, el representante legal del Departamento del Magdalena,
el Secretario de Desarrollo de la Salud del mismo Departamento, los Alcaldes de
los 29 municipios del Magdalena y los Gerentes de los Hospitales de nivel I y
II del Departamento del Magdalena, suscribieron el “convenio
interadministrativo de cooperación y cofinanciación del proyecto ‘sonrisa
otoñal’”, con el objetivo de adelantar “(…) Programas de Atención
Integral para rehabilitación oral al Adulto Mayor en número de 120 pacientes
por municipio cada año de vigencia del convenio, pertenecientes a la tercera
edad, escogidos por EL MUNICIPIO de la lista del Sisben estratos I y II,
quienes recibirán prótesis orales totales o parciales (en acrílico
termo-curado) en tres fases, durante la vigencia 2006 en los términos
establecido en el Proyecto No. 0561 de octubre de 2006 (…)”[1].
Resaltó que dentro de dicho
documento, se establece que: (i) el Gobierno del Magdalena debe aportar
$100.000.000 para ejecutar el proyecto de “sonrisa otoñal”; (ii) los
Hospitales departamentales de niveles I y II, deben asignar un odontólogo de
planta o rural para que ejecute la fase de rehabilitación oral; y (iii) cada
uno de los municipios debe aportar $2.717.424 para completar el valor total del
Convenio mencionado, el cual equivale a $178.805.300.
Indicó que el 29 de noviembre
de 2006, el Departamento del Magdalena realizó la convocatoria pública, con la
finalidad de “(…) contratar el proceso de emuflado, acrilado, terminado y
pulido de 6.960 prótesis orales totales o parciales en acrílico termocurado
(…)”[2].
Así pues, sostuvo que una vez se surtió dicho procedimiento, se profirió la
Resolución No. 016 de 2007, por medio de la cual se adjudicó el contrato a
Arivden´t Laboratorio Dental. En consecuencia, el 18 de octubre de 2007, se
suscribió el contrato de prestación de servicios No. 343 de 2007, con el
objetivo de ejecutar la obligación mencionada[3].
No obstante, anotó que el 14
de marzo de 2008, se reunieron el Secretario de Salud Departamental, el
Interventor del Proyecto Sonrisa Otoñal y el contratista, para declarar la
suspensión del contrato No. 343 de 2007, bajo el argumento de que los
municipios de Pedraza, Retén, Sabanas de San Ángel, Sitio Nuevo, Tenerife y
Zapayán, incumplieron el pago de los $2.717.424, acordados en el Convenio
Interadministrativo.
Afirmó que como consecuencia
de la suspensión del contrato, los beneficiarios de dicho programa, que residen
en el municipio de Pueblo Viejo quedaron sin dientes y no pueden realizar el
proceso de digestión correctamente, ya que no pueden masticar ni triturar los
alimentos. En consecuencia, han adquirido enfermedades como gastritis,
desnutrición y fallas respiratorias[4].
Enfatizó en que sus
poderdantes “han sido puestos en burla pública a nivel nacional e
internacional, ya que dos libretistas: Miguel Ángel Baquero y Eloisa Infante
escribieron y publicaron una novela llamada chepe fortuna, la cual fue
televisada por el canal RCN; también fue sacada en noticias uno, la Red
independiente del canal uno, además de los diarios de amplia circulación como
el Tiempo, el Heraldo, el Pulso¸ entre otros”[5]
(negrilla en el texto original).
Por otra parte, el señor
Oliveros Suescún declaró que el 6 de marzo de 2014, el Tribunal Administrativo
de Magdalena profirió sentencia de segunda instancia, con ocasión de una
demanda de reparación directa presentada por los mismos hechos que se describen
pero por personas diferentes a las que interponen el presente amparo
constitucional. Al respecto, sostuvo que dicha sentencia fue insuficiente, pues
en ella solo se reconoce el daño moral que sufrieron los demandantes, pero en
ningún momento se pronunció en relación con los daños fisiológicos que se
causaron a los mismos[6].
Por último, sostuvo que el 16
de enero de 2015, adelantó el trámite de conciliación extrajudicial con la
finalidad de iniciar un proceso de reparación directa que le permitiera obtener
el reconocimiento de los daños y perjuicios causados a sus poderdantes. No
obstante, manifestó que no fue posible llevar a cabo dicha diligencia, ya que
la Procuradora 43 Judicial II para asuntos administrativos declaró que el
presente caso no era susceptible de conciliación, ya que la acción había
caducado[7].
En este orden de ideas,
solicitó que se tutelaran los derechos de sus poderdantes a la vida en
condiciones dignas, a la salud, a la igualdad, a la integridad personal y a la
seguridad social, y en consecuencia, se le ordenara a las entidades accionadas a:
(i) entregar las prótesis dentales en acrílico termocurado de conformidad con
el programa “Sonrisa Otoñal”; y (ii) reconocer a sus poderdantes el pago de los
daños fisiológicos y morales por valor de 100 salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
II.
ACTUACIONES PROCESALES
El Juzgado 1° Penal
del Circuito de Ciénaga de Magdalena, mediante auto del 9 de noviembre
de 2015, admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado al Ministerio de
Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Departamento del
Magdalena, la Secretaría Seccional de Salud de Magdalena, el Municipio de
Pueblo Viejo y el E.S.E Hospital de San José del Municipio de Pueblo Viejo, para
que se pronunciaran en relación con los hechos y pretensiones de la acción de
tutela.
2.1.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Secretaria Seccional de Salud de
Magdalena
El 18 de
noviembre de 2015, el Secretario Seccional de Salud del Magdalena indicó que
algunos de los municipios del Magdalena, incumplieron con las obligaciones
establecidas en el Convenio Interadministrativo, de manera que la suspensión
del proyecto “sonrisa otoñal” se generó por motivos que no son atribuibles a la
entidad que representa.
Asimismo,
sostuvo que tanto el municipio de Pueblo Viejo como la E.S.E Hospital Local de
Pueblo Viejo tenían a su cargo la supervisión de la ejecución del contrato, de
modo que “(…) al percatarse de un incumplimiento, debían haber adoptado
medidas que garantizaran el cumplimiento de las obligaciones para con la
población de la tercera edad”[8].
En consecuencia, solicitó que se desvinculara a la entidad que representa.
Superintendencia
Nacional de Salud
El 20 de
noviembre de 2015, el Asesor del Despacho del Superintendente Nacional de Salud
solicitó que se desvinculara a la entidad que representa, toda vez que es “un
organismo de control y vigilancia, encargado de velar por que se cumplan las
normas legales y reglamentarias que regulan el servicio público esencial de
salud, asignadas en la ley y demás normas reglamentarias”[9].  En este
sentido, insistió en que la violación de los derechos que se alegan como
conculcados, no deviene de una acción u omisión atribuible a la
Superintendencia Nacional de Salud, razón por la cual se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Municipio
de Pueblo Viejo
De manera
extemporánea, el alcalde del municipio de Pueblo Viejo dio respuesta a la
acción de tutela impetrada, y afirmó que a causa de la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Santa Marta, el municipio de Pueblo Viejo debe
pagar una suma de dinero que no tiene. Es por ello que, con la colaboración del
Comité de Conciliación del Municipio, resolvió adicionar el rubro de
conciliaciones y sentencias judiciales a fin de cancelar las sumas que se
adeudan por la demanda de reparación directa que se impetró en su contra.
En este
sentido, sostuvo que “(…) la presente tutela es improcedente, considerando
que existen otros medios idóneos judiciales para que el actor reclame el
cumplimiento del fallo judicial dictado dentro de la jurisdicción contencioso
administrativa (…)”[10].
Ministerio de Protección
Social, Departamento del Magdalena y E.S.E Hospital de San José del Municipio
de Pueblo Viejo
En el
expediente no reposa contestación presentada por las entidades mencionadas.
2.2.
SENTENCIA EN SEDE DE TUTELA
Sentencia de primera instancia
El Juzgado 1° Penal del Circuito de Ciénaga
(Magdalena), mediante sentencia del 23 de noviembre de 2015, decidió declarar
improcedente la acción de tutela, con fundamento en que el accionante puede
acudir a un proceso ejecutivo administrativo para obtener el pago de las
pretensiones reconocidas en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santa Marta. Asimismo, sostuvo que no se cumplía con el
requisito de subsidiariedad, ya que el accionante no agotó los recursos ordinarios
para controvertir la decisión adoptada por la Procuradora 47 de Asuntos
Administrativos, que declaró no susceptible de conciliación la demanda de
reparación directa presentada.
Por otra parte, manifestó que la acción de tutela no
era procedente para el reconocimiento y pago de los daños morales y
fisiológicos alegados por el accionante, pues el accionante cuenta con la
posibilidad de acudir ante la respectiva jurisdicción para el reconocimiento de
las mismas.
Finalmente, señaló que no se cumplía con el
requisito de inmediatez, ya que han transcurrido más de 7 años desde que
ocurrieron los hechos hasta que se presentó la acción de tutela, esto es, el 14
de septiembre de 2015. En este sentido, argumentó que “(…) el haberse
retirado los dientes a las personas de la tercera edad y adultos mayores,
quienes han vivido en esas condiciones de salud, denota que la afectación no ha
sido tan inminente atendiendo al lapso transcurrido para la reclamación de la
continuidad del convenio interadministrativo denominado sonrisa otoñal”[11].
Impugnación
El apoderado judicial impugnó la decisión de primera
instancia, con base en que el a quo: (i) no tuvo en cuenta las
pruebas aportadas que demuestran la existencia de un perjuicio irremediable de
los 74 adultos mayores que no tienen los dientes, y que por tanto, no pueden
realizar de manera adecuada el proceso de digestión; (ii) desconoce que con la presente
acción de tutela no se pretende conseguir el cumplimiento del fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Santa Marta, sino pretende que se garantice
la protección de los derechos fundamentales de sus poderdantes; y (iii) no
consideró que los hechos generan consecuencias de tracto sucesivo, puesto que
la vulneración de los derechos fundamentales continúa y se mantiene en el
tiempo.
Sentencia de segunda instancia
La Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, mediante sentencia
del 9 de febrero de 2015, confirmó la sentencia de primera instancia, al
considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que el
accionante puede acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, a
través de una acción de controversias contractuales para obtener el
reconocimiento de sus pretensiones. Asimismo, insistió en que no se evidencia
la configuración de un perjuicio irremediable, de manera que la tutela tampoco
procede como mecanismo transitorio.
Por último,
sostuvo que “(…) si bien es cierto se trata de la atención integral para
rehabilitación oral al adulto mayor, no es menos cierto que estas personas se
encuentran afiliadas a un sistema de salud ya sea subsidiado o contributivo,
siendo así, es preciso mencionar que son las entidades de salud las encargadas
de brindar los servicios médicos, entre esos manejar la salud oral de sus
pacientes”[12].
2.3.
ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
La  Magistrada Ponente en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las
señaladas por el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y los artículos 57 y 58
del Reglamento Interno de esta Corporación, a fin de allegar material
probatorio suficiente que permitiera resolver la acción de tutela, profirió un
auto el 7 de septiembre de 2016, mediante el cual: (i) vinculó a Armando
Alfonso Vives Palmezano, representante legal de Arviden´t
Laboratorio Dental; (ii) ofició a la Gobernación del Magdalena para enviara el acta
de suspensión del contrato Nº 343 de 2007, suscrito con Arviden´t Laboratorio
Dental; y (iii) ofició a Eyder Oliveros Suescún para que informara cuál es
entidad que actualmente presta el servicio de salud a sus poderdantes, y si ha
realizado algún tipo de gestión ante la gobernación departamental, local o
cualquier autoridad, con el objetivo de que se entreguen las prótesis dentales
a sus poderdantes.
Igualmente, el 29 de septiembre de 2016, profirió un
auto por medio del cual: vinculó a la Cooperativa de Salud Comunitaria-Empresa
Solidaria de Salud Comparta-, la EPSS Caja De Compensación Familiar CAJACOPI
Atlántico ARS, la EPSS ARS Caja de Compensación Familiar de Córdoba-COMFACOR-,
Salud Total S.A EPS, Coomeva EPS y la Fiduciaria la Previsora (Fiduprevisora)
como agente liquidador de Caprecom EPS; (ii) ofició a Eyder Oliveros Suescún
para que demostrara cuáles eran las condiciones actuales de salud de cada uno
de sus poderdantes, probara que actualmente cada uno de sus representados se
encuentra sin las prótesis dentales, allegara los poderes de Guillermina Isabel Camacho de
Serrano, Margarita
Rodríguez de Cahuana, Griselda Fernández de Ariza y Octavio Camacho Pérez, informara a que EPS y en qué estado
se encuentran: Juana
Gamero Mejía, Elvira Ariza de Barcelo, Carolina Ortiz de Gómez, Griselda
Escorcia de Manga, Guillermina Isabel Camacho de Serrano, Enriqueta Montenegro
Rada, Margarita Rodríguez de Cahuana, Alba Cahuana de Niebles, Robinson Ayala
Satana, Aurelio Carbonó Caballero, Griselda Fernández de Ariza, Gladis Gómez,
Octavio Camacho Pérez y Noris Obispo Obispo, y certificara que cada uno
de sus poderdantes es beneficiario del programa “sonrisa otoñal”; (iii) ofició
a la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo para que enviara la lista de los adultos mayores que fueron seleccionados como
beneficiarios del programa “sonrisa otoñal”; y (iv) mientras llegaban las
pruebas suspendió los términos para fallar por 15 días hábiles.
Arviden´t
Laboratorio Dental
El 21 de
septiembre de 2016, Arnaldo Alfonso Vives Palmezano, representante legal de
Arviden´t, indicó que el contrato de prestación de servicios 343 celebrado con
la Gobernación de Magdalena se suspendió el 14 de marzo de 2007, debido a que
los municipios de Pedraza, Sabanas de San Angél, Sitionuevo, Tenerefie y
Zapayán no cumplieron una parte del convenio interadministrativo.
Manifestó
que demandó al Departamento del Magdalena a través de una acción contractual
ante la jurisdicción contencioso administrativa por haberle “(…) ocasionado
un detrimento de mi patrimonio económico pues mi obligación como contratista
consistía solamente en hacer las prótesis orales parciales o totales en
acrílico termo curado, el cual la gobernación me entraría las impresiones por
parte de la Secretaría de Desarrollo de la Salud del Departamento. Nunca se
hizo entrega por parte de la Gobernación de dichas impresiones a ARVIDEN´T
LABORATORIO DENTAL”[13].
Gobernación del Magdalena
El 19 de septiembre de 2016, Hispano Oliveros Conrado, envió el
acta de suspensión del contrato de prestación de servicios Nº 343 de 2007
celebrado entre el departamento del Magdalena y Arviden´t Laboratorio Dental.
Dentro del precitado documento, la cláusula quinta afirma que “debido al
incumplimiento de los Alcaldes de los Municipios de Pedraza, Reten, Sabanas de
San Angél, Sitio Nuevo, Tenerife y Zapayan en el Convenio Interadministrativo
de cooperación y cofinanciación del proyecto “SONRISA OTOÑAL” suscrito entre el
Departamento, los 29 municipios y los Hospitales de primer nivel firmado el 20
de Enero de 2006. No se pudo realizar la fase Uno (1) del programa (toma de
impresiones, dimensión vertical y enfilado de Dientes) por lo tanto el
Laboratorio Dental ARVIDENT no ha realizado la Fase Dos (2) del programa el
cual es Acrilado y pulido final de las prótesis. Que el contratista efectuó
entregas parciales de lo estipulado en el Objeto del Contrato, en los restantes
Municipios”[14].
Eyder Oliveros Suescún
El 21 de
septiembre de 2016, el señor Oliveros Suescún, indicó que no ha hecho
requerimiento alguno ante las autoridades locales, municipales y
departamentales, con el fin de obtener la instalación de las prótesis dentales
de sus poderdantes. Insistió en que aunque el presente caso es de público
conocimiento, las autoridades demandadas han hecho caso omiso a éste.
Por otro lado,
manifestó que la vulneración de los derechos fundamentales de sus poderdantes
aún permanece en el tiempo, pues éstos siguen a la espera de que les entreguen
las prótesis dentales.
El 13 de
octubre de 2016, el demandante adjuntó los siguientes documentos: (i) petición
presentada ante el Hospital de Zapayan, la ESE San Cristóbal de Ciénaga y la
Alcaldía de Ciénaga; (ii) oficio de la Gobernación del Magdalena; (iii)
respuesta de la Alcaldía de Pueblo Viejo y del ESE Hospital de Pueblo Viejo;
(iv) cuenta de cobro N° 0022; (v) pago por concepto de rehabilitación oral
correspondiente a las prótesis orales de los beneficiarios del municipio de
Pueblo Viejo; (vi) listado de pacientes ordenado por el Tribunal Administrativo
del Magdalena;  y (vii) copia de la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado 2° Administrativo de Descongestión del Circuito de Santa Marta.
El 19 de
octubre del presente año, el accionante aportó los poderes de Guillermina
Isabel Camacho de Serrano, Margarita Rodríguez Cahuana y Octavio Camacho.
Asimismo, señaló que no adjuntó el poder de la señora Griselda Fernández Ariza,
ya que falleció. Por último, allegó la lista elaborada por el Hospital “San
José de Pueblo Viejo” de los beneficiarios del programa “sonrisa otoñal”.
Fiduprevisora
El 13 de
octubre de 2016, la Directora de Liquidaciones, informó que el auto de
vinculación fue remitido a CAPRECOM EICE en liquidación, por cuanto la
información que se requiere, reposa físicamente en las oficinas de dicha
entidad.
Caja de
Previsión Social de Comunicaciones-CAPRECOM EICE en Liquidación-
El 14 de
octubre de este año, la apoderada judicial de CAPRECOM EICE, luego de hacer un
recuento de las obligaciones jurídicas que tiene a su cargo dicha entidad,
manifestó que ésta no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, toda vez
que no es competente para reactivar el convenio interadministrativo, prestar el
servicio de salud o solicitar el cumplimiento del contrato N° 343 de 2007. En
este orden de ideas, solicitó que fuera desvinculada de la presente acción de
tutela.
Cooperativa de Salud
Comunitaria-Empresa Solidaria de Salud Comparta-, la EPSS Caja De Compensación
Familiar CAJACOPI Atlántico ARS, la EPSS ARS Caja de Compensación Familiar de
Córdoba-COMFACOR-, Salud Total S.A EPS, Coomeva EPS, Alcaldía Municipal de
Pueblo Viejo
Las entidades de salud no se
pronunciaron en relación con los hechos de la presente acción de tutela y la Alcaldía
Municipal no envió la lista de los beneficios del programa “sonrisa otoñal”,
que le fue solicitado mediante auto del 29 de septiembre del presente año[15].
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
Corresponde a la Corte Constitucional
analizar, en Sala de Revisión, la sentencias proferidas dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y problema jurídico
2.
El apoderado judicial de 74 adultos mayores que residen en el municipio
de Pueblo Viejo, Magdalena, presentó acción de tutela en contra de la Secretaría
de Salud del Departamento del Magdalena y otras entidades, al considerar que la
suspensión del contrato No. 343 de 2007 que tenía por objeto ejecutar el
programa “sonrisa otoñal”, vulnera los derechos fundamentales de sus poderdantes
a la vida digna, a la salud, a la igualdad y a la administración de justicia.
Al respecto, el accionante
indicó que el programa “sonrisa otoñal” tenía por objeto la
rehabilitación oral de algunos adultos mayores del municipio de Pueblo Viejo
que pertenecen a los niveles I y II del Sisben, dentro de los cuales se
encuentran sus poderdantes. En este sentido, manifestó que la interrupción de
dicho programa, generó que dichos sujetos no obtuvieran las prótesis orales en
acrílico termo-curado, y quedaran sin dientes. Igualmente, enfatizó en que las
condiciones actuales de sus poderdantes son muy graves, pues la falta de
dientes les impide realizar de manera adecuada el proceso de digestión y causa
un daño fisionómico, ya que deforma sus rostros.
Por otro lado, las entidades
accionadas señalaron de manera general que, la acción de tutela no cumplía con
el requisito de subsidiariedad, ya que las pretensiones estaban encaminadas a
obtener el cumplimiento de las pretensiones económicas reconocidas en las
sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa.
3.
La situación fáctica, exige resolver en primer lugar, si la acción de
tutela es el mecanismo procedente para obtener las prótesis orales en acrílico
termo-curado de los 74 adultos mayores que se encuentran sin dientes y pertenecen
a los niveles I y II del Sisben.
Examen
de procedencia de la acción de tutela
Legitimación
en la causa por activa
4.
El inciso
primero del artículo 86 de la Constitución establece que “toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública” (negrilla fuera del texto original).
En concordancia con la anterior disposición, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, sostiene que se encuentran legitimados en
la causa por activa: (i) la persona directamente afectada; (ii) el
representante legal; (iii) el apoderado judicial; (iv) el agente oficioso; (v)
el defensor del pueblo; o (vi) los personeros municipales[16].  Así pues, la acción de tutela
permite que exista una mayor flexibilidad en su interposición, pues contempla
la posibilidad de que sea presentada por diferentes actores.
5.
En el presente
caso, Eyder Oliveros Suescún presentó la acción de tutela como apoderado
judicial de 74 adultos mayores que pertenecen al municipio de Pueblo Viejo y
que fueron presuntamente afectados por la decisión de
suspender la ejecución del programa “sonrisa otoñal”[17]. De las
pruebas allegadas por el apoderado judicial, las cuales no fueron
controvertidas por la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo (entidad que guardó
silencio), se desprende que dichos sujetos se encuentran legitimados en la
causa por activa para que sus derechos sean representados por el señor Oliveros
Suescún, toda vez que hicieron parte del mencionado programa y aparentemente no
se le finalizó el tratamiento de rehabilitación oral que les fue prometido.
Legitimación en la causa por pasiva
6.
La legitimación por
pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona
contra la que se dirige la acción de tutela y quien está llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte
demostrada[18]. Según el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela procede contra cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, contra
particulares.
En el caso sub
judice, la acción de tutela se presentó en contra de diferentes autoridades
de naturaleza pública que pertenecen al orden nacional (Ministerio de
Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud), departamental
(Gobernación del Magdalena y Secretaria de Salud de Magdalena) y municipal (Alcaldía de Pueblo Viejo y E.S.E Hospital de San José de
Pueblo Viejo).
Requisito de Inmediatez
7.
La
acción de tutela ha sido instituida como un instrumento judicial,
preferente y sumario, para reclamar “la
protección inmediata” de los
derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que resulten amenazados o
vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas, y
excepcionalmente de los particulares.
En virtud de ello,
tanto la jurisprudencia constitucional como el decreto que regula el trámite de
acción de tutela, han señalado que una de las características esenciales de
este mecanismo es la inmediatez, entendida ésta como la protección actual,
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales que se encuentren amenazados
o conculcados.
8.
Ha sido señalado por esta Corporación que aunque la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro
del cual deba ser ejercida, la misma no puede solicitarse en cualquier momento
sin atender la época en la que ocurrió la acción u omisión que originó la
violación o amenaza de los derechos fundamentales[19], de tal suerte que el mecanismo de
amparo debe ser interpuesto dentro un plazo razonable, oportuno y justo[20], el
cual debe ser analizado por el juez constitucional a la luz de los hechos del
caso en particular.
Como consecuencia de lo anterior, se ha exigido
que la acción constitucional se promueva oportunamente,
esto es, en un término razonable, después de la ocurrencia de los hechos que
dieron paso al agravio de los derechos, puesto que de otra forma se desvirtuaría el
propósito mismo de la acción de tutela, el cual es permitir una protección
urgente e inmediata a los derechos fundamentales[21].
Este elemento temporal, pretende
combatir la negligencia, el descuido o la incuria de quien la ha presentado, pues es deber del accionante evitar que pase un tiempo excesivo,
irrazonable o injustificado desde que se presentó la actuación u omisión que
causa la amenaza o vulneración de las garantías constitucionales hasta la
presentación del recurso de amparo[22].
9.
Por otro lado, en reiterada jurisprudencia constitucional[23],
se ha afirmado que para establecer la razonabilidad del tiempo transcurrido
entre el desconocimiento de la atribución fundamental y el reclamo ante el juez
constitucional, se deben dar algunas de las siguientes situaciones:
(i)   Que existan razones válidas para justificar la inactividad de los
accionantes. Pueden ser situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y en general
la incapacidad del accionante para ejercer la acción en un tiempo razonable.[24]
(ii) Que la amenaza o la vulneración permanezca en el tiempo, a pesar
de que el hecho que la originó sea antiguo.[25]
(iii)
Que la carga de la interposición de la acción
de tutela en un plazo razonable, no resulte desproporcionada por una situación
de debilidad manifiesta del accionante, por ejemplo, en casos de interdicción,
minoría de edad, abandono, o incapacidad física[26].
A partir de lo
anterior, el juez de tutela puede determinar la proporcionalidad entre el medio
judicial utilizado por el accionante y el fin perseguido, para de esta manera
establecer la procedencia de la acción de tutela como mecanismo idóneo para la
protección del derecho fundamental reclamado.
10.
Así las cosas,
para declarar la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de inmediatez, no basta con comprobar que ha transcurrido un periodo
considerable desde la ocurrencia de los hechos que motivaron su presentación
hasta la interposición del recurso, sino además, es determinante valorar si la
demora en el ejercicio de la acción tuvo su origen en una justa causa que
explique la inactividad del accionante, de tal manera que, de llegar a existir,
el amparo constitucional sería procedente.
11.
En el presente caso, la Sala encuentra que la interposición de la
acción de tutela, se hizo 8 años después de la suspensión del contrato que
buscaba ejecutar el programa “sonrisa otoñal”, situación que incide y afecta prima
facie el principio de inmediatez que gobierna éste mecanismo judicial.
El
transcurso de los 8 años supondría en principio un término
excesivo y desproporcionado desde que se presentó la actuación que causó la
vulneración de los derechos constitucionales hasta la presentación del recurso
de amparo, lo que desvirtuaría la necesidad de una inmediata protección
constitucional.
12.
No obstante, como se expuso
previamente, existen situaciones en las cuales el juez constitucional debe
establecer la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el desconocimiento de
la atribución fundamental y el reclamo presentado.
Dentro de estas situaciones, se encuentra entre otras, que la amenaza o la vulneración permanezca en el tiempo, a pesar de
que el hecho que la originó sea antiguo, y que la carga de la interposición de
la acción de tutela en un plazo razonable, no resulte desproporcionada por una
situación de debilidad manifiesta del accionante.
13.
De conformidad con
lo anterior, la Sala nota que la situación jurídica de los accionantes, puede
ser enmarcada en los anteriores supuestos, pues se evidencia que los adultos
mayores que fueron beneficiados con el programa “sonrisa otoñal”, todavía
permanecen con la expectativa de que le sean instalados sus prótesis dentales y
les sea finalizado el tratamiento de rehabilitación oral, al cual habían
accedido en el año 2006, cuando el municipio de Pueblo Viejo envió un listado
con la información de la población seleccionada[27].
En refuerzo de lo anterior, la Sala encuentra que los efectos por
la falta de instalación de las prótesis dentales, son de tracto sucesivo, es
decir, se mantienen en el tiempo, pues los adultos mayores siguen sin poder
realizar un proceso de digestión adecuado, en tanto que el proceso de
trituración de los alimentos, debe ser asumido por otros órganos a los que no les
corresponde dicha función. En palabras del apodearado, “(…) las personas al
momento de ingerir los alimentos para poder ser deglutidos, requieren
aproximadamente 40 ciclos de masticación, lo cual, mis poderdantes en su
condición de edentulos no pueden realizarlo, por lo que se altera el normal
proceso de digestión, por no cumplir con la primera fase (masticación) de la
misma, correspondiéndole asumir esta función a otros órganos que no son idóneos
para realizarla, pues el estómago no puede cumplir con ella, en principio esta
función no le corresponde, ya que el estómago lo que hace es mezclar, no
triturar, por lo que asumir esta, se le generan daños como gastritis (…)”[28].
14.
Asimismo, la Sala se percata que la
interposición de la tutela en un tiempo razonable resulta desproporcionada,
teniendo en cuenta que los presuntamente afectados son adultos mayores (sujetos
de especial protección constitucional) que pertenecen a los niveles I y II del
Sisben, tienen un nivel bajo de escolaridad y algunos de ellos se encuentran en
condiciones de discapacidad[29].
En este sentido, no se puede desconocer la situación de vulnerabilidad
manifiesta en la cual se encuentran y negarles el derecho fundamental al acceso
a la administración de justicia.
15.
En síntesis, la Sala concluye que aunque si
bien ha transcurrido un largo periodo desde que se decretó la suspensión del
contrato hasta la interposición de la tutela, esto no es motivo suficiente para
declarar que el mecanismo es extemporáneo, puesto que los presuntos afectados
son sujetos de especial protección constitucional que se encuentran en un
estado de vulnerabilidad manifiesta por su avanzada edad, sus condiciones de
salud y su nivel socio económico. Además, los efectos de la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales se mantiene en el tiempo, ya que
siguen sin obtener las prótesis dentales que les fueron prometidas desde el año
2006. Así pues, el argumento presentado por el Juzgado 1° Penal del Circuito de
Ciénaga, en relación con la falta de inmediatez de la acción de tutela, no se
ajusta a los parámetros jurisprudenciales y a los supuestos facticos reseñados.
Requisito de subsidiariedad
16.
El artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, determina que la acción de tutela no es procedente “cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”. Así pues, la tutela sólo
procederá cuando: (i) el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial; (ii) de existir otros medios judiciales éstos no sean eficaces o
idóneos para la protección de los derechos fundamentales; o (iii) se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
17.
En el caso que se estudia, la Sala encuentra que es
necesario determinar si tal y como lo afirmaron los jueces de instancia : (i)
se discute el cumplimiento de la sentencia proferida el 8 de agosto de 2013 por
el Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Santa Marta, confirmada mediante
sentencia del 6 de marzo de 2014, del Tribunal Administrativo de Magdalena, por
medio de la cual, se declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de
las mismas entidades accionadas; o (ii) se busca declarar la responsabilidad
por el incumplimiento contractual de las entidades demandadas, frente al contrato
No. 343 de 2007 que tenía por objeto ejecutar el programa “sonrisa otoñal”.
18.
Uno de los argumentos esbozados por el Juzgado 1°
Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena, para declarar improcedente la acción
de tutela, fue que el accionante “(…) cuenta con  otros medios de defensa
judicial más idóneos para la obtención y protección de sus derechos
fundamentales, como lo sería un proceso ejecutivo administrativo, en donde bien
pueden solicitar las medidas cautelares que consideren a fin de lograr el pago
reconocido en sentencia de fecha 8 de agosto de 2013, emitido por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta y confirmado por el Tribunal
Administrativo del Magdalena adiado 6 de marzo de 2014”[30].
Al respecto, la Sala observa que el apoderado no pretende discutir a
través de la presente acción el cumplimiento de las sentencias proferidas por
la jurisdicción contencioso administrativa, sino la probable afectación a los
derechos fundamentales de los adultos mayores que no cuentan con el tratamiento
de rehabilitación oral y las prótesis orales que les
fueron prometidas desde el año 2006 a través del plan “sonrisa otoñal”.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala resalta que no entrará a
pronunciarse frente a la pretensión incoada por el accionante, en lo que se
refiere a la posible indemnización que deben recibir sus poderdantes por los
supuestos daños fisiológicos y morales causados, pues tal y como lo ha dicho de
manera reiterada y uniforme la jurisprudencia de esta Corporación, las
obligaciones de tipo económico, no son susceptibles de ser reconocidas y
pagadas a través del mecanismo de amparo, pues para ello existe la jurisdicción
ordinaria[31].
En refuerzo de lo anterior, la Sala precisa que tampoco sería procedente
realizar dicho reconocimiento, pues la acción ordinaria prevista para ello ha
caducado y la tutela no tiene vocación de revivir los términos de la misma.
19.
Por otra parte, el juez de segunda instancia, la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, afirmó
que el presente asunto giraba en torno a una controversia contractual, de modo
que la acción constitucional no cumplía con el requisito de subsidiariedad,
pues los accionantes cuentan con la posibilidad de acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa para resolver dicho inconveniente[32].
Si bien la
jurisprudencia de esta Corporación ha dicho de manera retirada que excepcionalmente
se puede discutir a través de la acción de tutela, temas atinentes a las
controversias que se susciten en torno a un contrato determinado[33], la Sala encuentra que
el presente asunto no gira en torno al incumplimiento del contrato No.
343 de 2007. Contrario a lo anterior, el caso que se analiza, está referido a
la falta de continuidad en la prestación de un servicio de salud que requieren
sujetos de especial protección constitucional, a quienes por la falta de
instalación de las prótesis dentales, se encuentran sin dientes y no pueden
procesar de manera adecuada los alimentos.
En otras palabras, la
Sala no entrará a analizar el incumplimiento que se debate frente al contrato
No. 343 de 2007, pues el presente caso, no tiene el objetivo de responsabilizar
ni reparar a alguna de las partes por no haber cumplido con alguna de las
obligaciones pactadas dentro del mencionado contrato. Para esta Sala, el caso sub
judice, redunda en la discontinuidad en la prestación del servicio de salud
que desembocó en la falta de instalación de las prótesis dentales de los 74
adultos mayores.
20.
En síntesis, el presente caso no pretende discutir
el cumplimiento de las sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa
como tampoco busca debatir el incumplimiento del contrato No. 343 de 2006. El
asunto que se revisa, se circunscribe a revisar la presunta discontinuidad en
la prestación del servicio de salud que condujo a la falta de ejecución del
programa de rehabilitación oral y de instalación de las prótesis dentales de los
74 adultos mayores, pretensión para la cual la acción de tutela es el mecanismo
judicial procedente. En este orden de ideas, la Sala concluye que se cumple el
requisito de subsidiariedad, ya que sobre quienes recae la presunta afectación
de los derechos fundamentales, son sujetos de especial protección
constitucional que se encuentran en una condición de vulnerabilidad manifiesta
por su edad, sus condiciones socioeconómicas y sus discapacidades físicas. En
este sentido, la acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo y efectivo
para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los mismos[34].
Planteamiento del problema jurídico y esquema de resolución
21.
De conformidad con lo expuesto, la Sala deberá
resolver si se vulneran los derechos fundamentales a la salud y a la vida en
condiciones dignas de los 74 adultos mayores, beneficiarios del programa
“sonrisa otoñal”, a quienes por la suspensión del contrato No. 343 de 2006, no
les fue terminada la rehabilitación oral e instalación de las prótesis dentales
en acrílico-termocurado, que las autoridades accionadas se comprometieron a
hacer.
Para resolver el anterior problema jurídico, es necesario analizar los
siguientes temas: (i) el derecho a la vida en condiciones dignas y a la imagen
de los adultos mayores; (ii) la protección especial a los adultos mayores;
(iii) el principio de continuidad en la prestación del servicio de salud; y (iv)
análisis del caso concreto.
El derecho a la vida en
condiciones dignas y a la imagen de los adultos mayores. Reiteración de
jurisprudencia
22.
El preámbulo
y el artículo 11 de la Constitución Política establecen el derecho fundamental
a la vida, el cual debe interpretarse en consonancia con el artículo 1° de la
Constitución  que se refiere al  derecho fundamental a la dignidad humana. Este
derecho “(…) equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda
persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, a la facultad que tiene
toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición
humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental, de
eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político
del Estado colombiano”[35].
23.
De igual manera,
la jurisprudencia de esta Corporación ha afirmado que la dignidad humana tiene
una triple connotación, pues además de ser un derecho fundamental, es un
principio y valor que se encuentra latente a lo largo de toda la Constitución y
le imprime un elemento adicional a los derechos fundamentales reconocidos
dentro de la misma. Así las cosas, al desarrollar este concepto como derecho
fundamental, se ha dicho que existe una “correlatividad entre la facultad de
exigir su realización en los ámbitos a los que atañe y el deber de
propiciarlos; como principio puede entenderse como una de los fundamentos que
dieron origen a la aparición del Estado colombiano de hoy, así como un mandato
de optimización, cuya realización se debe propender en la mayor medida posible;
finalmente, como valor, la dignidad representa un ideal de corrección al que
tiende el Estado y que le corresponde preservar”[36].
Asimismo, este
derecho como elemento estructural y fundante del Estado Social de Derecho, puede comprender tres
objetos concretos de protección: (i) la autonomía
o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus
características (vivir como se quiera); (ii) la presencia de ciertas
condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien) y (iii) la
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones)[37].
24.
En efecto,
esta Corporación ha afirmado que el derecho a la vida no consiste en la simple
existencia biológica, sino que implica, la posibilidad de que el individuo
lleve a cabo una vida en condiciones dignas para que pueda realizar su proyecto
de vida a nivel individual y social de conformidad con la dogmática del Estado
Social de Derecho. Así pues, la importancia y la realización de la dignidad
humana en el Estado colombiano deben ser superlativas, en tanto constituye una
de las bases y presupuestos ontológicos para su existencia, siendo un elemento
transversal para el desarrollo del contenido de otros derechos y deberes dispuestos
en la Carta.
25.
Entonces, el derecho a la dignidad
humana, al ser estructural en la Constitución que dota de contenido a otros
derechos fundamentales de la misma, puede verse reflejado en el derecho a la
imagen, bajo el entendido de que el ser humano no solamente restringe su
existencia al hecho natural y biológico de vivir, sino también busca
identificarse a través de unos rasgos físicos que lo distingan de las otras personas, es decir, la dignidad del ser
humano lleva inmerso el derecho a la imagen que éste quiera brindar para sí
mismo y para la sociedad[38].
La autenticidad que como ser social se
ha forjado una persona en el devenir de su vida, es lo que constituye el
derecho a la imagen, el cual, como fundamental y autónomo “puede ser lesionado en forma
independiente o concurrente con los derechos a la intimidad, a la honra y al
buen nombre de su titular”[39]. Se
trata de una una
garantía para la propia imagen como expresión directa de la individualidad e
identidad de las personas que está vinculado directamente con la
dignidad humana.
En otras palabras, el derecho a la
imagen se trata de un derecho personalísimo, que surge de una interpretación
sistemática de algunas disposiciones contempladas en el Texto Superior, como
expresión directa de la individualidad, identidad y autodeterminación de la
persona y como manifestación de la dignidad de cada ser en la búsqueda de su
propia esencia.
26.
Así las cosas, esta Corporación ha reconocido que éste emana, entre otros,
del contenido de dos prerrogativas constitucionales fundamentales: (i) el libre
desarrollo de la personalidad y (ii) el reconocimiento de la personalidad
jurídica.
El
primero de ellos consagra “la cláusula general de libertad”, la cual permite
que toda persona pueda autodeterminarse como sujeto y alcanzar la búsqueda de
una identidad propia. Así pues, el libre desarrollo de la personalidad habilita
la formación autónoma de una imagen física, sin más limitaciones que las que
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. La expresión autónoma de
dicha libertad apunta a construir una imagen social que refleje una forma de
vida y que sustente el camino que se ha decidido recorrer por un sujeto.
En refuerzo de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
explicado que la autonomía de la persona para determinar su imagen, como quiere
verse y como quiere ser percibido por los demás, implica “(…) la posibilidad
del individuo de distinguirse físicamente y de romper con la homogeneidad que
de otro modo imperaría en el colectivo (…) Esta faceta, estrechamente vinculada
con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, puede ser comprendida
como el aspecto estético o somático del derecho o la dimensión de
autodefinición del ser, al tener en cuenta para definir la individualidad de la
persona su imagen física, su nombre o su voz”[40].
El
segundo de ellos, se refiere al derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica, lo cual implica la protección de los atributos de la persona, entre
ellos, la identidad manifestada en la imagen de un sujeto único y diferenciable
frente al resto de personas.
27.
En este orden de ideas, el derecho a
la imagen hace parte del concepto de dignidad humana, en tanto la persona busca
que a través de sus rasgos físicos se identifique de las demás personas de la
sociedad y sea reconocido como un ser autónomo y diferente. Asimismo, este
derecho permite realzar que la imagen es un reflejo armónico de las
características físicas de la persona, y de la manera en que está se quiere
demostrar ante sí misma y ante la sociedad, de manera que una limitación a este
derecho, por motivos diferentes a los ya expuestos, afecta su derecho a la
imagen y a la dignidad humana.
28.
Ahora bien, “[e]l Estado
social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene
como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las
desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles
asistencia y protección”. En este sentido, al hacer  una lectura armónica de los
artículos 11 y 13 del texto constitucional, se desprende el derecho a la vida
como inviolable y la obligación para el Estado de protegerlo, de manera
reforzada para aquellas personas que por su “condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”.
En esta
categoría, ingresan los adultos mayores, quienes por sus condiciones de
vulnerabilidad manifiesta requieren de una protección reforzada. Aquellos que
llegan a esta etapa de la vida, lo hacen con disminuciones físicas y con un
cambio en su apariencia, pues no en vano, el transcurso de los años ha permeado
en sus cuerpos y ha moldeado algunos de sus rasgos físicos.  No obstante, ello
no implica que deban ser vistas por la sociedad como seres enfermos. Todo lo
contrario, son personas dotadas de conocimiento que reflejan sabiduría, y que
son de gran utilidad para la sociedad.
29.
Así pues,
es indiscutible que tanto el Estado como la sociedad deban privilegiar y
propender por garantizar que dichos sujetos logren la protección de sus
derechos fundamentales, en especial el de la dignidad humana. En esa medida,
tanto el Estado como la sociedad deben esforzarse por construir y crear condiciones
indispensables para asegurar que  todos los habitantes del país, y en especial,
aquellos que se encuentran en una condición de indefensión, logren obtener una
calidad de vida acorde con los postulados descritos en el Texto Superior.
30.
En síntesis,
el derecho fundamental a
la vida digna es un elemento estructural y fundante del Estado Social de
Derecho que surge de la interpretación armónica de los artículos 1º y 11 de la
Constitución. Este derecho, no solamente se limita a garantizar la existencia
biológica del ser humano, sino también propende porque las personas satisfagan
sus necesidades básicas y vivan en unas condiciones dignas. Asimismo, la imagen
es un reflejo de la dignidad humana, pues a través de éste se protege que las
personas puedan identificarse y autoderminarse por medio de unos rasgos físicos
que los diferencian de los demás miembros de la sociedad. Finalmente, la dignidad
humana debe ser garantizada por el Estado y la sociedad en una mayor medida en
los adultos mayores, ya que al ser sujetos que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad manifiesta, requieren de acciones que permitan la salvaguarda de
sus derechos fundamentales.
La protección especial a los
adultos mayores. Reiteración de jurisprudencia
31.
El artículo 13 Superior, establece entre otras
cosas, que “[e]l
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
Asimismo, preceptúa que “[e]l Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”
32.
En línea con el precepto señalado, la
jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que debido a las condiciones
físicas, psicológicas, familiares, sociales o económicas de ciertos grupos, se
deben implementar acciones afirmativas tendientes a atenuar los efectos propios
de su situación, de manera que se garantice la igualdad real y efectiva[41].
Con
base en lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte desarrolló la tesis de
los “sujetos de
especial protección constitucional”, como un grupo de individuos que
requieren un grado de especial protección por las condiciones de debilidad en
las que se encuentran. Ello implica que las autoridades deben obrar
frente a estos sujetos “(…) de manera especialmente diligente, interpretando
el alcance de sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo,
que refleje la intención del Constituyente y busque preservar, ante todo, el
goce de sus derechos fundamentales”[42].
33.
Asimismo,  en
virtud de los principios de solidaridad y de dignidad humana,  consagrados en
el artículo 1º del Texto Superior, el Estado y la sociedad deben encaminar sus
esfuerzos para “garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a todas
las personas, y para ello debe prestar asistencia y protección a quienes se
encuentren en circunstancias de inferioridad, bien de manera indirecta, a
través de la inversión en el gasto social, o bien de manera directa, adoptando
medidas en favor de aquellas personas que por razones económicas, físicas o
mentales, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”[43].
34.
Ahora bien,
en diversas
oportunidades la jurisprudencia constitucional ha dicho que dentro de este
grupo de sujetos de especial protección constitucional, se encuentran los
adultos mayores[44], quienes con el paso del tiempo, no
solo han acumulado sabiduría y experiencia, sino también han visto mermado sus
capacidades físicas, de manera que los convierte en  personas en condiciones de
vulnerabilidad[45]. Igualmente, las necesidades vitales
del sujeto cambian en esta etapa de la vida, por tanto, requieren de un amparo
especial que les permita y garantice desarrollar su proyecto de vida en
condiciones dignas, tal y como lo reconoce el artículo 1° de la Constitución.
Sin embargo, no puede perderse
de vista que muchas de estas personas, se enfrentan con el pasar del tiempo a
circunstancias de debilidad por causa del deterioro de su salud y de sus
condiciones físicas, motivo por el cual, merecen una protección especial por
parte del Estado, de la sociedad y de la familia, según lo establece el
artículo 46 de la Constitución[46].
35.
En otras palabras, los adultos mayores se enfrentan al deterioro
irreversible y progresivo de su salud por el desgaste natural del organismo y
consecuente con ello al advenimiento de diversas enfermedades propias de la
vejez. En esa medida, es necesario que el Estado intervenga para protegerlos en
relación con las acciones u omisiones que amenacen o vulneren sus derechos
fundamentales[47].
En este sentido, se debe
propender por evitar que dichas personas sean excluidas del tejido social o
sean víctimas de discriminaciones injustificadas por motivo de su edad, por el
contrario, se debe buscar integrarlas a la vida social para que puedan
compartir con la sociedad sus conocimientos y experiencias que han acumulado
con el paso de los años. Disiente con las finalidades de un
Estado Social de Derecho y con los principios de equidad, justicia y
solidaridad contenidas en la Constitución así como con lo dispuesto en los
artículos 46, 47 y 13 del mismo texto, que los adultos mayores sean
discriminados o marginados por su edad. La discriminación o marginación de
estas personas por motivos de su edad, no sólo significa desconocer la dignidad
y los derechos de los cuales son titulares, sino también priva a la sociedad de
poderse enriquecer con la experiencia de quienes han vivido un periodo más
largo de tiempo.
36.
Por otro
lado, la normativa nacional también ha hecho referencia a la importancia en la
protección y defensa de los derechos de los adultos mayores. Es por ello, que
en el año 2008, se profirió la Ley 1251, “por medio de la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección,
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores”. Dicho cuerpo normativo, establece entre otras cosas que, “todas
las personas tienen derecho a una vida digna y segura; los adultos mayores se
constituyen en el objetivo fundamental de las acciones emprendidas en
cumplimiento del Estado Social de Derecho a través de la eliminación de
cualquier forma de explotación, maltrato o abuso de los adultos mayores”. Adicionalmente,
el artículo 6° consagra una obligación tripartita entre el Estado, la sociedad
y la familia, de modo que a través de un trabajo armónico y mancomunado, se
debe buscar que los adultos mayores puedan conseguir la protección de sus derechos
fundamentales.
37.
Estos
preceptos normativos que permiten la especial protección de los adultos
mayores, también ha recalado en el campo internacional a través de diferentes
instrumentos. Por ejemplo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”, establece en el artículo 17 que los Estados deben
adoptar en forma progresiva medidas tendientes a realzar los derechos de las
personas adultas mayores en la práctica. Exige a los Estados, entre otras cosas
a: “proporcionar las instalaciones adecuadas así como alimentación y
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de
ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; (b)
ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a [las personas
adultas mayores] la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a
sus capacidades respetando su vocación o deseos; (c) estimular la formación de
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas
adultas mayores”.
De igual manera, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, realizó una
interpretación del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y al respecto sostuvo que “las
personas mayores deberían lograr satisfacer sus necesidades básicas de
alimentación, ingresos, cuidados y autosuficiencia, entre otras. También deben
desarrollarse políticas que favorezcan la permanencia en sus hogares por medio
del mejoramiento y la adaptación de sus viviendas”[48].
38.
En conclusión,
los adultos mayores son sujetos de especial protección constitucional, que no
pueden ser discriminados por su edad, pues además de ser personas valiosas y
productivas para la sociedad, se encuentran protegidos por la normativa
nacional e internacional.
Principio de continuidad en la prestación del
servicio de salud. Reiteración de jurisprudencia
39.
La
Constitución Política en su artículo
48 consagra el derecho irrenunciable a la seguridad social, el cual se presta a
todos los habitantes bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad,
en los términos que establece la ley. Del mismo modo, el artículo 49 Superior
establece que se “garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.
40.
En
armonía con lo indicado, la
jurisprudencia de esta Corte ha señalado que uno de los principios que gobierna
la prestación de los servicios públicos como el de salud, es el principio
de continuidad, el cual se encuentra inmerso dentro del principio de eficiencia.
En efecto, la sentencia SU-562 de 1999[49],
señaló que: “uno de los principios característicos del servicio público
es el de la eficiencia. Dentro de la eficiencia está la continuidad en el
servicio, porque debe prestarse sin interrupción”.
En este sentido, el principio
de continuidad, según el numeral 3.21 del artículo 3° de la Ley 1438 de 2011[50],
consiste en que “[t]oda persona que habiendo ingresado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y no debe, en
principio, ser separado del mismo cuando esté en peligro su calidad de vida e
integridad”. En igual sentido, el artículo 6º de la Ley 1751 de 2015[51]
estableció como principio del derecho fundamental a la salud, que: “[l]as
personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua.
Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser
interrumpido por razones administrativas o económicas”.
Entonces, dicho
principio hace parte de las responsabilidades a cargo del Estado y de los
particulares comprometidos con la prestación del servicio de salud, quienes se
encuentran compelidos a facilitar su acceso con los servicios de promoción,
protección y recuperación, de conformidad con los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad que se encuentran consagrados en el artículo 49 de
la Constitución[52].
41.
Al respecto, la Corte ha reiterado de
manera uniforme y pacífica los criterios que deben tener en cuenta las Entidades
Promotoras de Salud  (EPS), para garantizar que servicio público de salud se
brinde sobre el principio de continuidad. En este sentido, ha dicho que: “(i)
las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de
manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen a
su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar
actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción
injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o
administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la
empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a
la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados”[53].
42.
Asimismo, ha
sostenido que el principio de continuidad en la prestación de servicios de
salud responde no solo a la necesidad de los usuarios de recibir tales
servicios, sino también a los postulados del principio de buena fe y de
confianza legítima contemplados en el artículo 83 en el texto Superior: “[l]as
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas”. Estos fundamentos garantizan y permiten que
los usuarios tengan certeza de que su tratamiento no va ser suspendido luego de
haberse iniciado. En ese orden, el tratamiento médico debe ser terminado hasta
la recuperación o estabilización del paciente, esto es, sin interrupciones que
pongan en peligro sus derechos fundamentales a la salud, a la integridad
personal o a la dignidad[54].
43.
Conforme a
lo antedicho, la Corte ha identificado una serie eventos en los que las EPS no
pueden justificarse para abstenerse de continuar con la prestación de los
tratamientos médicos iniciados, estos son: “i) porque la persona encargada
de hacer los aportes dejó de pagarlos; (ii) porque el paciente ya no está
inscrito en la EPS correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar
de trabajo;  (iii) porque la persona perdió la calidad que lo hacía
beneficiario; (iv) porque la EPS considera que la persona nunca reunió los
requisitos para haber sido inscrita, a pesar de ya haberla afiliado;  (v)
porque el afiliado se acaba de trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho
aún aportes a la nueva entidad; o (vi) porque se trata de un servicio específico
que no se había prestado antes al paciente, pero que hace parte integral de un
tratamiento que se le viene prestando”[55]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-124-16.htm
- _ftn25.
44.
No
obstante, la jurisprudencia ha
señalado que dichas entidades únicamente pueden sustraerse de la aludida
obligación cuando: (i) el servicio médico que se viene suministrando haya sido
asumido y prestado de manera efectiva por una nueva entidad o; (ii) la persona
recupere el estado de salud respecto de la enfermedad por la cual se le venía
tratando[56]. En efecto, la sentencia
C-800 de 2003[57], la Corte Constitucional
declaró exequible el artículo 43 de la Ley 789 de 2002, pero “en el
entendido de que, en ningún caso se podrá interrumpir el servicio de salud
específico que se venía prestando, cuando de él depende la vida o la integridad
de la persona, hasta tanto la amenaza cese u otra entidad asuma el servicio
(…)”[58].
45.
En síntesis,
el Estado y los particulares comprometidos con la prestación de servicios de
salud deben facilitar su acceso conforme a los principios que consagra la
constitución y la ley. A la luz de los postulados jurisprudenciales de la
Corte, la prestación del servicio de salud implica que se debe brindar bajo los
principios de eficacia, regularidad, calidad y continuidad, entendido éste último
como la obligación del Estado y de las EPS de proveer de manera ininterrumpida todas aquellas atenciones médicas necesarias
que contribuyan a la preservación de la vida en condiciones dignas y a la salud
del usuario.
46.
En consecuencia,
las autoridades públicas y privadas que presten el servicio de salud no pueden evadir
la prestación de los servicios de salud que supongan la interrupción de los
tratamientos por conflictos contractuales o administrativos, e impidan el
acceso de sus afiliados a la finalización óptima de los tratamientos a los que
ya han tenido acceso. Lo anterior obedece al principio de la buena fe y a la
obligación de garantía del Estado, consistente en evitar situaciones que pongan
en peligro los derechos fundamentales de los usuarios.
Caso Concreto
47.
El 20 de enero de 2016, el representante legal del Departamento del
Magdalena, el Secretario de Desarrollo de la Salud del mismo Departamento, los
Alcaldes de los 29 municipios del Magdalena y los Gerentes de los Hospitales de
nivel I y II del Departamento del Magdalena, suscribieron el “convenio interadministrativo
de cooperación y cofinanciación del proyecto ‘sonrisa otoñal’”, con el
objetivo de adelantar “(…) Programas de Atención Integral para
rehabilitación oral al Adulto Mayor en número de 120 pacientes por municipio
cada año de vigencia del convenio, pertenecientes a la tercera edad, escogidos
por EL MUNICIPIO de la lista del Sisben estratos I y II, quienes recibirán
prótesis orales totales o parciales (en acrílico termo-curado) en tres fases,
durante la vigencia 2006 en los términos establecido en el Proyecto No. 0561 de
octubre de 2006 (…)”[59].
En virtud de dicho Convenio,
el Departamento del Magdalena realizó la convocatoria pública para contratar el
proceso de emuflado, acrilado, terminado y pulido de 6.960 prótesis orales
totales o parciales en acrílico termocurado. En consecuencia, dicha autoridad
suscribió el 18 de octubre de 2007, el contrato de prestación de servicios
Nº343 con Arviden´t Laboratorio Dental.
Dicha entidad, tenía la
obligación de realizar las “(…) prótesis orales totales o parciales (en
acrílico termo-curado) en tres fases, durante la vigencia del año 2006 en los
términos establecidos en el Proyecto No. 0561 de Octubre de 2005 (…)”[60].
Sin embargo, esto no fue posible ya que el contrato fue suspendido porque
los alcaldes de los municipios de Pedraza, Reten, Sabas de San Ángel, Sitio
Nuevo, Tenerife y Zapayan no cumplieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación
y Cofinanciación del proyecto “Sonrisa Otoña”. En consecuencia, “no se pudo
realizar la fase Uno (1) del programa (toma de impresiones, dimensión vertical
y enfilado de dientes) por lo tanto el Laboratorio Dental ARVIDENT no ha
realizado la Fase Dos (2) del programa el cual es acrilado y pulido final de
las prótesis. Que el contratista efectuó entrega parciales de lo estipulado
en el objeto del contrato, en los restantes municipios”[61]
(negrilla fuera del texto original).
48.
Estas entregas parciales, ocasionaron que algunos de los beneficiarios
del mencionado programa se quedaran sin dientes y todavía se encuentren a la
espera de que les sea finalizado el servicio de rehabilitación oral que les fue
iniciado en el año 2006[62].
Para la Sala, es evidente la discontinuidad en la prestación del servicio de
salud, pues las autoridades municipales y departamentales, comenzaron un
proceso de rehabilitación oral de 6.960 adultos mayores en todo el Departamento
del Magdalena, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y salud. Sin
embargo, por temas administrativos y contractuales[63],
estas entidades suspendieron la ejecución del proyecto y con esto afectaron los
derechos fundamentales a la imagen, a la salud y a la vida digna de los adultos
mayores que hicieron parte del mencionado programa.
En otras palabras, esta
discontinuidad generó diferentes consecuencias jurídicas. La primera de ellas, la
afectación a los principios de buena fe y confianza legítima que los adultos
mayores depositaron en las entidades que tenían a su cargo el proceso de
rehabilitación oral. Estas personas, se sometieron al procedimiento señalado, bajo
la convicción y certeza de que obtendrían las prótesis dentales que les fueron
prometidas a través del convenio interadministrativo. El prolongado paso del
tiempo, ha hecho que la interrupción en el servicio sea indefinida, pues con el
incremento del mismo, ha hecho que los adultos mayores vean más lejana la
posibilidad de que se finalice su tratamiento y obtengan las prótesis dentales.
En este sentido, la Sala
resalta que la continuidad en la prestación del servicio de salud implica que todas
las personas, reciban de manera ininterrumpida y eficaz el servicio de salud
que les fue iniciado, sin que se les pueda ser suspendido por motivos administrativos
o contractuales.
49.
La segunda de las consecuencias, se refiere a la vulneración al derecho
a salud de los adultos mayores, beneficiarios del programa “sonrisa otoñal”. Lo
anterior, como quiera que la falta de dientes implica un proceso ineficaz de
digestión. Entonces, los sujetos edentulos o sin dientes, no puede deglutir los
alimentos, “(…) no se ejerce plenamente la acción de las enzimas
digestivas en el tracto gastrointestinal, además, las partículas se retienen
por más tiempo en el estómago, generando meteorismo o dispepsias fermentivas,
circunstancia que se suma a la disminución de la movilidad intestinal que se
presente en este grupo etáreo, pudiendo establecerse una relación significativa
entre la edad del individuo, masticación deficiente, tiempo de edentulismo, con
la presencia de trastornos digestivos”[64].
Asimismo, la falta de dientes genera una pérdida de la función masticadora,
“(…) dando preferencia a una dieta blanda y en ocasiones pobre nutrientes,
lo que puede provocar deficiencias nutricionales que comprometen el
funcionamiento de los demás órganos”[65].
En síntesis, se les vulnera
el derecho fundamental a la salud a los adultos mayores que no tienen dientes
por la suspensión del programa “sonrisa otoñal”, toda vez que: (i) el proceso
de digestión es ineficaz; (ii)  no pueden masticar los alimentos, y por ello,
dicha función la debe realizar otro órgano del sistema digestivo, lo que puede
desembocar en gastritis y trastornos digestivos; (iii) se genera una baja
movilidad intestinal; y (iv) no puede absorber los nutrientes de la comida.
50.
El tercer efecto de la discontinuidad en el servicio de salud es la
vulneración al derecho a la vida en condiciones dignas de los adultos mayores,
y más específicamente, el derecho a la imagen. Para la Sala, la falta de instalación
de las prótesis dentales, ha causado que la fisionomía de los rostros de estos
sujetos cambie, pues causa “disminución en la altura de cuerpos de maxilar y
mandíbula, que puede verse reflejada en la disminución del tercio facial
inferior, con la consecuente formación de pliegues cutáneos (…)”[66].En
otros términos, los dientes tienen un papel fundamental en la estructura y
composición facial, pues impiden que se formen pliegues cutáneos y  de esta
manera produce la deformación del maxilar y la mandíbula.
Entonces,
estos adultos mayores han visto impedida la posibilidad de crear una imagen
digna, que evidencie el paso de los años y les permita envejecer dignamente.
Esta restricción imposibilita una autodeterminación en la imagen de cada uno de
ellos, así como en la creación de una imagen que se acompase con la sabiduría y
conocimiento que traen los años.
51.
Así las cosas, la Sala observa que la suspensión del programa “sonrisa
otoñal”, conllevó a que los adultos mayores, beneficiarios de dicho programa,
sufrieran una afectación a sus derechos fundamentales a la imagen, a la salud y
a la vida en condiciones dignas, pues la falta de instalación de las prótesis
dentales en acrílico-termocurado, causaron alteraciones en sus sistemas
digestivos y en la fisionomía de sus rostros. Además, la Sala resalta que dicha
vulneración recae en sujetos de especial protección constitucional, que por su
estado de indefensión, requieren de una mayor salvaguarda de sus derechos
fundamentales por parte de todas las autoridades públicas y privadas.
52.
En consecuencia, es necesario que el servicio de salud sea restablecido
lo más pronto posible para que evitar que se continúe con la perpetuación de
los derechos fundamentales de los adultos mayores y puedan recibir las prótesis
dentales en acrílico-termocurado. En este sentido, la Sala encuentra que dicha
prestación debe ser realizada por la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, como autoridad
que tiene a su cargo la prestación del servicio de salud en el régimen
subsidiado, de acuerdo con los artículos 44.1.1[67],
44.1.4[68],
44.2.1[69]
y 44.3.2[70]
de la Ley 715 de 2001 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros”.
53.
Debido a que la información suministrada por el accionante no fue
controvertida por la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, la Sala aplicará la
presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991,
y dará por cierto que los 74 poderdantes son beneficiarios del programa
“sonrisa otoñal” y requieren las prótesis dentales. Lo anterior, sin perjuicio
de que la Alcaldía Municipal logre desvirtuar a través de un medio probatorio
que alguno de los accionantes no cumple con las condiciones señaladas.
No obstante, las pruebas
allegadas en sede de revisión demostraron que las señoras Griselda Fernández
Ariza y Delfida Suarez, fallecieron. En consecuencia, la Sala encuentra que se
configura el fenómeno de carencia actual de objeto por daño consumado, ya que “(…)
los supuestos de
hecho que dieron origen a la interposición de la tutela desaparecieron porque
la vulneración del derecho condujo a un daño (…)”[71].
Esta Corporación ha determinado que la carencia actual de objeto
por daño consumado se origina, entre otras circunstancias, “(…) por el
fallecimiento del actor o de la persona a favor de quien se invocó el amparo,
puesto que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales ha
tenido lugar, lo que hace inocuo emitir ordenes ante la ineficacia de las
mismas”[72].En este orden de ideas, la Sala no emitirá ordenes que
vayan encaminadas a la protección de los derechos fundamentales de las personas
mencionadas.
54.
Por las razones mencionadas, la Sala procederá a revocar la sentencia de segunda
instancia, proferida el 9 de febrero de 2016 por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que confirmó la sentencia de primera instancia, del 23 de noviembre de 2015, emitida por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena). En su lugar, concederá la protección
a los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de: Serafina Mejía Cantillo,
Etilvia Rosa Rodríguez Mendoza, Silvia Rosa de Alba Rodríguez, Renaldo Manuel
Manjarres Morales, Pragedes María Camacho Mejía, Carmen Elena Fernández Mejía,
María Concepción de La Cruz Pérez, Carlos Emiro Herrera Palacio, Josefa María
Borja de Suarez, Justo Bravo Manjarres, Dionisio Cervantes Cervantes, Ana Lucía
Gutiérrez Manjarres, Luisa Antonia Hernández de Ayala, Cleotilde Gutiérrez de
Melendez, Lira Mercedes Robles Ahumada, Augusto Bernardo Caballero Pérez, Juana
Gamero Mejía, Ana Cleotilde Manjarres Samper, Margarita Castillo de Guerrero,
Nicolasa Hernández Acosta, Raquelina Ayala de Pérez, Elvira Ariza de Barcelo,
Inés Aminta Arala de Ojeda, Isolina María Ariza Castro, Juana Carbonó Castro,
Trinidad Echeverria Barranco, Carolina Ortiz de Gómez, Olivia Esther Canchano
de Vásquez, Jesús María Rodríguez de Ariza, Dimas Cueto Cahuana, Elsa Ojeda de
Meléndez, Sigiberto Rodríguez Hernández, Griselda Escorcia de Manga, Eloisa Nuñez
de Garizabal, Abigail Manjarres de Ricaurte, Angélica Serrano de Rada,
Gumercindo Cahuana Garrido,  Fidia Rada Suarez, Guillermina Isabel Camacho de
Serrano, Emma Ester Pabon, Olivia Sofía Meléndez de Acosta, Amalia Melendez de
Rodríguez, Enriqueta Montenegro Rada, Lidubina Meléndez Salcedo, Margarita
Rodríguez de Cahuana, Cleotilde Isabel Gutiérrez Moreno, Doris Balcinilla
Linero, Alva Cahuana de Niebles, Pedro Manuel Obispo Marriaga, Isabel María
Lara Pertuz, Hemerlinda Nuñez, Robinson Ayala Satana, Ana Ibarra Montaño,
Aurelio Carbonó Caballero, Marina Leal Francia, Francisca López Maldonado,
Pedro Samuel Gutiérrez Ortiz, Dalida Fernández Camacho, Fasuto Marcelino Ayala,
Sobeida Carbonó Castro, Isabel Ariza de Caballero, Teresa de Jesús Palacio Guerrero,
Encarnación Bustamante Meléndez, Gladis Carbonó Castro, Livia Rosa López Nuñez,
Gladis Gómez, Octavio Camacho Pérez, Gloria Maldonado Ibarra, Manuel Vicente
López Maldonado, Nuris Fernández, Noris Obispo Obispo, Tomás Borja Navarro.
En consecuencia, debido a que ha pasado un tiempo prolongado sin
que los accionantes reciban las prótesis dentales y que son sujetos de especial
protección constitucional, se ordenará a la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo,
que en un término no mayor a un (1) mes contado desde la notificación de la
presente sentencia, inicie todas las labores administrativas necesarias para
que le sean otorgadas las prótesis dentales en acrílico-termocurado y se les
haga todo el procedimiento de rehabilitación oral a los adultos mayores que
hicieron parte del programa “sonrisa otoñal” que viven en el municipio de
Pueblo Viejo.
Por otro lado, la Sala considera que se deben compulsar copias de
la presente sentencia a la Superintendencia Nacional de Salud, para que
adelante las diligencias correspondientes, relacionados con la posible falta en
la que pudo haber incurrido la Cooperativa de Salud Comunitaria-Empresa
Solidaria de Salud Comparta-, la EPSS Caja De Compensación Familiar CAJACOPI
Atlántico ARS, la EPSS ARS Caja de Compensación Familiar de Córdoba-COMFACOR-,
Salud Total S.A EPS, Coomeva EPS, por la omisión en el suministro de la información requerida en los autos
de pruebas del 7 y 29 de septiembre de 2016, proferidos por la Sala Quinta de
Revisión.
De igual manera, se compulsaran copias
de la presente sentencia
a la Procuraduría General de la Nación, para que adelante las diligencias
correspondientes, relacionados con la posible falta en la que pudo haber
incurrido, la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, por la omisión en el suministro de la
información requerida en los autos de pruebas del 7 y 29 de septiembre de 2016,
proferidos por la Sala Quinta de Revisión.
Conclusión
La Sala Quinta de Revisión de
Tutelas, concluye que:
i.     La
acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez, ya que aunque hubiere transcurrido un largo periodo desde que se decretó la
suspensión del contrato hasta la interposición de la tutela, esto no es motivo
suficiente para declarar que el mecanismo es extemporáneo, toda vez que los
presuntos afectados son sujetos de especial protección constitucional que se
encuentran en un estado de vulnerabilidad manifiesta por su avanzada edad, sus
condiciones de salud y su nivel socio económico. Además, los efectos de la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales se mantiene en el tiempo, ya
que siguen sin obtener las prótesis dentales que les fueron prometidas desde el
año 2006.
ii.     El
asunto objeto de revisión recayó en la discontinuidad en la
prestación del servicio de salud que desembocó en la falta de ejecución del
programa de rehabilitación oral y de instalación de las prótesis dentales de
los 74 adultos mayores. De esta manera, la Sala concluyó que el mecanismo
constitucional cumplía con el requisito de subsidiariedad, toda vez que los
accionantes son sujetos de especial protección constitucional que se encuentran
en una condición de vulnerabilidad manifiesta por su edad, sus condiciones
socioeconómicas y sus discapacidades físicas, de suerte que la acción de tutela
se erige como el mecanismo idóneo y efectivo para garantizar la protección de
los derechos fundamentales de los mismos.
iii.
La Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo vulneró los
derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de los 74
adultos mayores que representa el señor Eyder Oliveros Suescún. Lo anterior,
toda vez en el año 2006 inició un proceso de rehabilitación oral de 120 adultos
mayores pertenecientes a dicho municipio, pero por motivos contractuales y
administrativos, se suspendió dicho servicio y causó en los accionantes alteraciones
en su sistema digestivo y en la fisionomía de sus rostros. Además, dicha
vulneración recae en sujetos de especial protección constitucional, que por su
estado de indefensión, requieren de una mayor salvaguarda de sus derechos
fundamentales por parte de todas las autoridades públicas y privadas.
iv.
De conformidad con los artículos 44.1.1, 44.1.1,
44.2.1 y 44.3.2. de la Ley 715 de 2001, la Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo
tiene a su cargo la obligación de prestar el servicio de salud requerido por
los accionantes, y más específicamente, de garantizar que se reactive el mismo
y éstos puedan obtener las prótesis dentales.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
la sentencia de segunda instancia, proferida el 9 de febrero de 2016 por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que confirmó la sentencia de primera instancia, del 23 de noviembre de 2015, del Juzgado Primero Penal del
Circuito de Ciénaga (Magdalena). En su lugar, CONCEDER la protección a
los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas de: Serafina Mejía Cantillo,
Etilvia Rosa Rodríguez Mendoza, Silvia Rosa de Alba Rodríguez, Renaldo Manuel
Manjarres Morales, Pragedes María Camacho Mejía, Carmen Elena Fernández Mejía,
María Concepción de La Cruz Pérez, Carlos Emiro Herrera Palacio, Josefa María
Borja de Suarez, Justo Bravo Manjarres, Dionisio Cervantes Cervantes, Ana Lucía
Gutiérrez Manjarres, Luisa Antonia Hernández de Ayala, Cleotilde Gutiérrez de
Melendez, Lira Mercedes Robles Ahumada, Augusto Bernardo Caballero Pérez, Juana
Gamero Mejía, Ana Cleotilde Manjarres Samper, Margarita Castillo de Guerrero, Nicolasa
Hernández Acosta, Raquelina Ayala de Pérez, Elvira Ariza de Barcelo, Inés
Aminta Arala de Ojeda, Isolina María Ariza Castro, Juana Carbonó Castro,
Trinidad Echeverria Barranco, Carolina Ortiz de Gómez, Olivia Esther Canchano
de Vásquez, Jesús María Rodríguez de Ariza, Dimas Cueto Cahuana, Elsa Ojeda de
Meléndez, Sigiberto Rodríguez Hernández, Griselda Escorcia de Manga, Eloisa
Nuñez de Garizabal, Abigail Manjarres de Ricaurte, Angélica Serrano de Rada,
Gumercindo Cahuana Garrido, Fidia Rada Suarez, Guillermina Isabel Camacho de
Serrano, Emma Ester Pabon, Olivia Sofía Meléndez de Acosta, Amalia Melendez de
Rodríguez, Enriqueta Montenegro Rada, Lidubina Meléndez Salcedo, Margarita
Rodríguez de Cahuana, Cleotilde Isabel Gutiérrez Moreno, Doris Balcinilla
Linero, Alva Cahuana de Niebles, Pedro Manuel Obispo Marriaga, Isabel María
Lara Pertuz, Hemerlinda Nuñez, Robinson Ayala Satana, Ana Ibarra Montaño,
Aurelio Carbonó Caballero, Marina Leal Francia, Francisca López Maldonado,
Pedro Samuel Gutiérrez Ortiz, Dalida Fernández Camacho, Fasuto Marcelino Ayala,
Sobeida Carbonó Castro, Isabel Ariza de Caballero, Teresa de Jesús Palacio
Guerrero, Encarnación Bustamante Meléndez, Gladis Carbonó Castro, Livia Rosa
López Nuñez, Gladis Gómez, Octavio Camacho Pérez, Gloria Maldonado Ibarra,
Manuel Vicente López Maldonado, Nuris Fernández, Noris Obispo Obispo, Tomás
Borja Navarro.
Segundo.- En consecuencia, debido a que ha pasado un tiempo prolongado sin
que los accionantes reciban las prótesis dentales y que son sujetos de especial
protección constitucional,  ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Pueblo
Viejo, que en un término no mayor a un (1) mes contado desde la notificación de
la presente sentencia, inicie todas las labores administrativas necesarias para
que le sean otorgadas las prótesis dentales en acrílico-termocurado y se les
haga todo el procedimiento de rehabilitación oral a los adultos mayores que
hicieron parte del programa “sonrisa otoñal” que viven en el municipio de
Pueblo Viejo.
Tercero.- ORDENAR,
por medio de
la Secretaría General de esta Corporación, que se compulsen copias de la
presente sentencia a la Superintendencia Nacional de Salud, para que adelante
las diligencias correspondientes, relacionados con la posible falta en la que
pudo haber incurrido la Cooperativa de Salud Comunitaria-Empresa Solidaria
de Salud Comparta-, la EPSS Caja De Compensación Familiar CAJACOPI Atlántico
ARS, la EPSS ARS Caja de Compensación Familiar de Córdoba-COMFACOR-, Salud
Total S.A EPS, Coomeva EPS, por la omisión en el suministro de la información requerida en los autos
de pruebas del 7 y 29 de septiembre de 2016, proferidos por la Sala Quinta de
Revisión.
Cuarto.- ORDENAR, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, que se
compulsen copias de la presente sentencia a la Procuraduría General de la
Nación, para que adelante las diligencias correspondientes, relacionados con la
posible falta en la que pudo haber incurrido, la Alcaldía Municipal de
Pueblo Viejo, por la omisión
en el suministro de la información requerida en los autos de pruebas del 7 y 29
de septiembre de 2016, proferidos por la Sala Quinta de Revisión.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno 1.
Folio 107. Convenio Interadministrativo de Cooperación y Cofinanciación del
Proyecto Sonrisa Otoñal, suscrito el 20 de enero de 2006.
[2] Cuaderno 1.
Folio 2. Acción de tutela.
[3] Cuaderno 1.
Folio 103. Contrato de prestación de servicio No 343 del 19 de octubre de 2007,
celebrado entre el Departamento del Magdalena y Arviden´t Laboratorio Dental.
[4] Cuaderno 1.
Folio 112 a 114. Oficio enviado el 12 de agosto de 2015 por Ricardo Parra
Giraldo, profesional especializado forense, odontólogo del Grupo Nacional de
Clínica y Odontología Forense
[5] Cuaderno 1.
Folio 5. Acción de tutela. Las pruebas de las publicaciones hechos en los
diferentes medios de comunicación, se encuentran en el Cuaderno 1, folios 129 y
130.
[6] Cuaderno 1.
Folio 85-81. Sentencia de reparación directa, proferida el 6 de marzo de 2014
por el Tribunal Administrativo de Magdalena.
[7] Cuaderno 1.
Folio 115-119. Acta de conciliación, proferida el 16 de enero de 2015 por la
Procuraduría 43 Judicial II Para Asuntos Administrativos.
[8] Cuaderno 1.
Folio 178. Contestación de la acción de tutela por parte de Manuel Francisco
Navarro Rada, Secretario Seccional de Salud del Magdalena.
[9] Cuaderno 1.
Folio 182. Contestación de la acción de tutela por parte de Andrés Orlando
Ortegón Ocampo, Asesor del Despacho del Superintendente Nacional de Salud.
[10] Cuaderno 1.
Folio 220. Contestación de la acción de tutela, por parte de Francisco
Gutiérrez Blanco, alcalde del Municipio de Pueblo Viejo (Magdalena).
[11] Cuaderno 1.
Folio 200. Fallo de primera instancia.
[12] Cuaderno 2.
Folio 12. Fallo de segunda instancia.
[13] Cuaderno 2.
Folio 24. Respuesta enviada por Arnaldo Alfonso Vives Palmezano el 21 de
septiembre de 2016.
[14] Cuaderno 2.
Folio 28. Acta de suspensión del contrato de prestación de servicios Nº 343 de
2007.
[15] La Secretaría
General de la Corte Constitucional, mediante oficio del 19 de octubre de 2016,
informó que no recibió respuesta de los Oficios OPT-A-1879/2016, 1880, 1882,
1883 y 1886.
[16] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.
[17] Cuaderno 1.
Folio 15 a 84. Los sujetos que le otorgaron el poder al señor Eyder Oliveros Suescún, son: Serafina Mejía Cantillo, Etilvia Rosa
Rodríguez Mendoza, Silvia Rosa de Alba Rodríguez, Renaldo Manuel Manjarres
Morales, Pragedes María Camacho Mejía, Carmen Elena Fernández Mejía, María
Concepción de La Cruz Pérez, Carlos Emiro Herrera Palacio, Josefa María Borja
de Suarez, Justo Bravo Manjarres, Dionisio Cervantes Cervantes, Ana Lucía
Gutiérrez Manjarres, Luisa Antonia Hernández de Ayala, Cleotilde Gutiérrez de
Melendez, Lira Mercedes Robles Ahumada, Augusto Bernardo Caballero Pérez, Juana
Gamero Mejía, Ana Cleotilde Manjarres Samper, Margarita Castillo de Guerrero, Nicolasa
Hernández Acosta, Raquelina Ayala de Pérez, Elvira Ariza de Barcelo, Inés
Aminta Arala de Ojeda, Isolina María Ariza Castro, Juana Carbonó Castro,
Trinidad Echeverria Barranco, Carolina Ortiz de Gómez, Olivia Esther Canchano
de Vásquez, Jesús María Rodríguez de Ariza, Dimas Cueto Cahuana, Elsa Ojeda de
Meléndez, Sigiberto Rodríguez Hernández, Griselda Escorcia de Manga, Eloisa
Nuñez de Garizabal, Abigail Manjarres de Ricaurte, Angélica Serrano de Rada,
Gumercindo Cahuana Garrido, Delfida Suarez de Salcedo, Fidia Rada Suarez,
Guillermina Isabel Camacho de Serrano, Emma Ester Pabon, Olivia Sofía Meléndez
de Acosta, Amalia Melendez de Rodríguez, Enriqueta Montenegro Rada, Lidubina
Meléndez Salcedo, Margarita Rodríguez de Cahuana, Cleotilde Isabel Gutiérrez
Moreno, Doris Balcinilla Linero, Alva Cahuana de Niebles, Pedro Manuel Obispo
Marriaga, Isabel María Lara Pertuz, Hemerlinda Nuñez, Robinson Ayala Satana,
Ana Ibarra Montaño, Aurelio Carbonó Caballero, Marina Leal Francia, Francisca
López Maldonado, Pedro Samuel Gutiérrez Ortiz, Griselda Fernández de Ariza,
Dalida Fernández Camacho, Fasuto Marcelino Ayala, Sobeida Carbonó Castro,
Isabel Ariza de Caballero, Teresa de Jesús Palacio Guerrero, Encarnación
Bustamante Meléndez, Gladis Carbonó Castro, Livia Rosa López Nuñez, Gladis
Gómez, Octavio Camacho Pérez, Gloria Maldonado Ibarra, Manuel Vicente López
Maldonado, Nuris Fernández, Noris Obispo Obispo, Tomás Borja Navarro.
[18] Sentencia. T-373 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[19] Sentencia T-548
de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[20] Sentencia T-575
de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[21] Sentencia T-883
de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[22] Sentencia T-172
de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[23] Sentencias: T 575 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-526 de 2005 M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-890 de 2006 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-243 de 2008 .M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-691 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
T-100 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-047 de 2014 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y T-899 de 2014  M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[24] Sentencia T-299
de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo
[25] Sentencia T-788
de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[26] T-410 de 2013,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[27] La cláusula
quinta del convenio interadministrativo, establece que una de las obligaciones
del municipio es: “remitir al DEPARTAMENTO Oficina Política Social y a la
E.S.E la lista de los adultos mayores Sisbenizados estratos 1 y 2
quienes serán pre-seleccionados a través de la valoración clínica que hará el
Odontologo designado en sus hospitales de I y II Nivel”. (Subrayado fuera
del texto original).
[28] Cuaderno 1.
Folio 4. Acción de tutela.
[29] Cuaderno 1.
Folio 3. Acción de tutela.
[30] Cuaderno 1. Folio
195. Fallo de primera instancia.
[31] Ver entre otras,
las sentencias: T-104 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-015 de 2003,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-304 de 2008 Mauricio González Cuervo.
[32] Cuaderno 2.
Folio 12. Fallo de segunda instancia.
[33] Algunas de las
sentencias que se han referido a la procedencia de la acción de tutela para
desatar controversias contractuales, son: T-549 de 2011, M.P. Humberto Sierra
Porto, T-086 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, T-241 de 2013, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, T-150 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[34] En reiteradas
oportunidades, esta Corporación ha dicho que la acción de tutela es el
mecanismo idóneo y efectivo para proteger los derechos de las personas de la
tercera edad. En este sentido, ha dicho que “por la disminución de sus capacidades físicas, la
reducción de las expectativas de vida y la mayor afectación en sus condiciones
de salud, estas personas constituyen uno de los grupos de especial protección
constitucional  y, por este
motivo, resulta para ellos desproporcionado ser sometidos a esperar que en un
proceso ordinario se resuelvan sus pretensiones”. Ver entre
otras, las siguientes sentencias: T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimmy Yepes,
T-310 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa y T-207 de 2013, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
[35] Sentencia
SU-062 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[36] Sentencia T-381
de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[37] Sentencia.
T-881 de 2012. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[38] Sentencia T-634 de 2013. M.P. María Victoria Calle
Correa.
[39] Sentencia T-405
de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[40] Sentencia.
T-379 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[41] Sentencia.
T-799 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[42] Sentencia T-719 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
[43] Sentencia T-707 de
2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero
[44] Ver entre
otras, las siguientes sentencias: T-970 de 2008, M.P. Margo Gerardo Monroy
Cabra, T-134 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-522 de 2012, M.P.
María Victoria Calle.
[45] Sentencia.
T-1039 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[46] ARTICULO  46. El
Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia
de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa
y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral
y el subsidio alimentario en caso de indigencia.
[47] Sentencia.
T-361 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[48] “Los derechos
económicos, sociales y culturales de las personas de edad”, Observación general
N° 6 (E/C.12/1995/16/Rev.1), Ginebra, Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 1995.
[49] M.P. Alejandro
Martínez Caballero
[50] "Por medio de la cual se reforma
el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones".
[51] Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones
[52] ARTÍCULO   49.
La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios
de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las
políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y
ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la
Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los
aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por
niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para
todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud
y la de su comunidad.
[53] Sentencia.
T-124 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[54] Sentencia.
T-214 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[55] Sentencia.
T-577 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[56] Sentencia T-505
de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[57] M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[58] Sentencia.
T-842 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[59] Cuaderno 1.
Folio 107. Convenio Interadministrativo de Cooperación y Cofinanciación del
Proyecto Sonrisa Otoñal, suscrito el 20 de enero de 2006.
[60]
Cuaderno
1. Folio 107. Convenio Interadministrativo de Cooperación y Cofinanciación del
Proyecto Sonrisa Otoñal, suscrito el 20 de enero de 2006.
[61] Cuaderno 2.
Folio 52. Acta de suspensión del contrato de prestación de servicio Nº 343
celebrado entre el Departamento del Magdalena y Arvident Laboratorio Dental.
[62] Cuaderno 1.
Folio 108. La cláusula quinta del Convenio Interadministrativo de Cooperación y
Cofinanciación del Proyecto Sonrisa Otoñal, suscrito el 20 de enero de 2006,
sostiene que una de las obligaciones del municipio es enviar la lista de los
adultos mayores pertenecientes al Sisben I y II que son beneficiarios del
programa “sonrisa otoñal”. En este sentido, la Sala encuentra que los
poderdantes del señor Oliveros Suescún, obtuvieron el derecho a ser
beneficiarios del mencionado programa desde el año 2006, fecha en la que se
envió la lista a la gobernación del Magdalena, al ESE Hospital de Pueblo Viejo
y a la Oficina de Política Social.
[63] Como quedó
expuesto en el fundamento jurídico 47 de la sentencia, no es posible que una
autoridad prestadora del servicio de salud, suspenda sus servicios por motivos
contractuales y/o administrativos.
[64] Cuaderno 1.
Folio 114. Informe elaborado el 12 de agosto de 2015 por Ricardo Parra Giraldo,
Profesional Especializado Forense, Odontólogo del Grupo Nacional de Clínica y
Odontología Forense.
[65] Ibídem.
[66] Cuaderno 1.
Folio 113. Informe elaborado el 12 de agosto de 2015 por Ricardo Parra Giraldo,
Profesional Especializado Forense, Odontólogo del Grupo Nacional de Clínica y
Odontología Forense.
[67] Formular,
ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las
políticas y disposiciones del orden nacional y departamental.
[68] Impulsar
mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los
deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social
en salud.
[69] Financiar y
cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y
vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin.
[70] Establecer la
situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento de las
condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, promoverá la
coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes sectores
para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud
pública en su ámbito territorial.
[71] Sentencia T-612
de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[72] Sentencia.
T-142 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.