T-771-10
Sentencia T-771/10
Sentencia T-771/10
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia
REGIMEN PENSIONAL ESPECIAL PARA MAGISTRADOS
DE ALTAS CORTES-Normas y
Jurisprudencia sobre pensiones de congresistas, se aplican a los Magistrados de
las Altas Cortes
DERECHO A LA PENSION EN REGIMEN ESPECIAL DE
MAGISTRADOS DE ALTAS CORTES-Implica
liquidación de mesada pensional de conformidad con el régimen de los
Congresistas, esto es, pensión de jubilación no inferior al 75% del ingreso
mensual promedio del último año
ACCION DE TUTELA-Procede reconocimiento y liquidación de
pensión especial de jubilación en la forma establecida en el régimen de
Congresistas y extendido a Magistrados de las Altas Cortes
Referencia:
expediente  T- 2565525
Accionante: Enrique Gil Botero
Demandado: Instituto de Seguros
Sociales - PENSIONES
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Bogotá, D. C., veintitrés (23)
de septiembre de dos mil diez (2010)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, conformada
por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien la preside,  Humberto
Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la
sentencia de amparo proferida el día 18 de enero de 2010 por el Juzgado 44
Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso de tutela adelantado por Enrique
Gil Botero contra el Instituto de Seguro Social – Pensiones.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional, el día 16 de marzo
seleccionó, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo
34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la
Sentencia correspondiente.
1.1. DECLARACIÓN  DE
IMPEDIMENTO
Inicialmente, el expediente de
la referencia fue repartido al Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, quien
mediante escrito del 30 de abril de 2010 manifestó su impedimento por “tener
interés en la actuación procesal”.
Los Magistrados Humberto
Antonio Sierra Porto y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,  en  auto adiado el 25 de
mayo del presente año, declararon fundada la solicitud y aceptaron el
impedimento, motivo por el cual el expediente pasó al conocimiento de la Sala Séptima
de Revisión.
1.2. SOLICITUD DE TUTELA
El  señor Enrique Gil Botero solicitó
ante el juez de tutela, el
Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad
humana y  a la seguridad social presuntamente vulnerados por el  Instituto del
Seguro Social, al no reconocerle oportunamente, ni liquidarle en forma
adecuada, ni pagarle la pensión especial de jubilación a que tiene derecho como
Magistrado del Consejo de Estado.
1.2.1. Hechos
El accionante  demandó ante el
señalado Juzgado 44 Civil del
Circuito de Bogotá amparo tutelar para sus derechos.
Adujo como sustento fáctico los siguientes hechos:
1.2.1.1. Señaló que el día 16 de enero
de 2009 solicitó al Seguro Social, a través de un derecho de petición como
Magistrado de una Alta Corte, el Consejo de Estado, el reconocimiento y la
liquidación de la pensión especial que como a tal  le corresponde. En su
escrito adujo los argumentos jurídicos y los fundamentos fácticos que según él
respaldan su solicitud.
1.2.1.2. El Seguro Social – Pensiones negó
su solicitud en  Resolución  No- 021054, adiada el 21 de mayo de 2009, entre
otras razones, porque perdió su derecho al régimen de transición por haberse
trasladado  del régimen de prima media al de ahorro individual, especialmente
por no acreditar, a 1º de abril de 1994 15 años de servicio o el número
correspondiente  de semanas cotizadas, requisitos mínimos, exigidos por la
normatividad legal vigente para tener derecho a la pensión.
1.2.1.3. Al interponer oportunamente recurso de
apelación contra la Resolución  No- 021054, el Magistrado del Consejo de Estado
se opuso a la negativa del Seguro Social, alegando que no está solicitando
“pensión de jubilación por aportes”, como parece entenderlo el Seguro, sino el
reconocimiento y el pago de la pensión  especial de jubilación que le
corresponde  como Magistrado de una Alta Corte. Por esta razón le son
aplicables, en lo que le resulte favorable, las normas del régimen de
transición. Para reforzar su posición jurídica anexó la providencia del Consejo
de Estado del 5 de marzo de 2009 que suspendió el artículo 3º del Decreto 3800
de 2003, reglamentario de la aplicación del Régimen de Transición.
1.2.1.4. El Seguro Social en
Resolución No. 005184, datada el 24 de septiembre de 2009 desechó los
argumentos del recurso y confirmó el rechazo de la solicitud pensional de la Resolución  No- 021054, del 21 de mayo de 2009, basándose
en los mismos argumentos esgrimidos en ella: que el afiliado NO es beneficiario
del régimen de transición porque, para el 1º de abril, fecha de entrada
en vigencia de la ley 100, solo acreditó haber cotizado 11 años, 6 meses y 29
días y no los 15 años legalmente requeridos. Volvió a insistir el Seguro, en
que el Magistrado perdió el beneficio del Régimen de Transición al trasladarse
al Régimen de Ahorro Individual y que ahora cuando decide retornar al de Prima
Media, no llena el requisito para hacerlo, de contar con 15 años de servicios
prestados o su equivalente en semanas cotizadas, a la iniciación  de la
vigencia de la Ley 100.
1.2.1.5 Ante la reiterada
negativa del Seguro Social expresada en la Resoluciones aducidas en 1.2.1.3. y
1.2.1.4. el accionante interpuso tutela ante el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil
del Circuito y con base en los hechos expuestos  invocó la protección de sus
derechos constitucionales fundamentales violados, a saber: derecho a la
igualdad, al debido proceso, al trabajo y al reconocimiento oportuno y reajuste
de las pensiones.
1.2.1.6. A través de
apoderado el actor aclaró la tutela en el sentido de solicitar al Juzgado 44
Civil del Circuito de Bogotá tutelar sus derechos fundamentales como mecanismo
definitivo y no provisional,  como inicialmente lo solicitó en el texto de la
tutela.
1.2.2.1.   El actor sustenta su alegato tutelar en la
jurisprudencia constitucional,  especialmente en las Sentencias C-608 de 1999 sobre la
exequibilidad del 75%  para la liquidación de pensiones, propuesto en la Ley
4ª; las Sentencias T-235 de 2002  y  T-631 de 2002 que se refieren, una
y otra, a la consolidación de los regímenes especiales para los parlamentarios
que se hicieron extensivos  a los Magistrados, y en las sentencias T-456 de
1994, SU-1354 de 2000 sobre la posibilidad de tutelar la pensión como
derecho fundamental.
1.2.3.  Pruebas  documentales
En el expediente obran como pruebas, entre
otros, los siguientes documentos:
1.2.3.1.
Copia del derecho de
petición al Seguro Social para el reconocimiento de la pensión. (folio 2,
cuaderno No. 1)
1.2.3.2.
Fotocopia de la
Resolución No.021054 del 21de mayo de 2009 a través de la cual el Seguro Social
negó la solicitud de pensión (folio 11 ibidem)
1.2.3.3.
Copia del recurso de
apelación contra la resolución anterior. (fol. 14 ibidem.))
1.2.3.4.
Copia  de la Resolución
No.041553 del 01 de septiembre de 2009 a través de la cual el Seguro Social
negó el recurso de reposición. (fol. 25 ibidem.)
1.2.3.5.
Copia  de la Resolución
No.00584 del 24 de septiembre de 2009 a través de la cual el Seguro Social negó
la apelación (fol.30 ibidem.).
1.2.3.6.
Certificación del
Concejo de Estado para acreditar la calidad de Magistrado del accionante.
1.2.3.7.
Copia de la sentencia
IJ-008 del 18-1102 sobre el régimen especial de pensiones para Magistrados de
las Altas Cortes.
1.2.3.8.
Providencia del Consejo
de Estado del 5 de marzo de 2009 que suspendió el artículo 3º del Decreto 3800
de 2002 (fol 34 ibidem.).
1.2.3.9.
Certificaciones y
exámenes médicos donde consta su delicado estado de salud actual (fls. 43 -52
ibidem.).
1.2.3.10.    Resolución 003735 del 08 de febrero2010 del
Seguro Social negando la pensión impetrada (fol. 123 ibiden.)
1.2.3.11.    Resolución No. 013789 del 21 de mayo de
2010 que acata lo dispuesto por el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá y
concede la pensión de manera definitiva (folio 31, cuaderno de revisión Corte
Constitucional).
2.       INSTANCIAS JUDICIALES
2.1.
ÚNICA INSTANCIA -
JUZGADO 44 CIVIL DEL CIRCUITO
El Juzgado Cuarenta
y Cuatro Civil del Circuito, mediante providencia del 18 de enero de 20010
amparó de manera definitiva los derechos del accionante, Enrique de Jesús Gil
Botero. En consecuencia, dejó sin efectos las Resoluciones No. 021054 del 21 de
mayo de 2009 y 041553 del 1 de septiembre de 2009 y ordenó la expedición de un
nuevo acto administrativo.
El Juzgado de instancia rechazó el
argumento aducido por el ISS  para sustentar que el doctor Enrique Gil Botero
perdió su derecho a pensionarse dentro del régimen de transición, sin
posibilidad de recuperarlo, por su traslado al Régimen de Ahorro individual,
porque  se basó en una interpretación inadecuada del artículo 36 de la Ley
100-93,  así como de la jurisprudencia vigente para el tema del cambio de
régimen. El ISS no tuvo en cuenta  la sentencia T-818 de 2007, la cual señaló
que para gozar del régimen de transición sólo es necesario contar “con...cuarenta
(40) “o” más años de edad si son hombres “o” quince (15) o más años de
servicios cotizados”. Por ello no resulta necesario que se
cumplan ambos en cabeza del solicitante, por cuanto son requisitos alternativos
“o el uno o el otro”.
Agrega que está probado que el Magistrado
del Consejo de Estado contaba con 40 años de edad, a 1º de abril de 1994, cumple
con una de las exigencias legales.
El Juzgado reprochó al Seguro al no
haber aplicado el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sobre el régimen
pensional, en consonancia con los artículos 3º y 20º del Decreto 1293 de
1994  que ordena extender el régimen pensional de los Congresistas a los
Magistrados de las Altas Cortes, siguiendo los lineamientos del art. 17 de
la Ley 4ª de 1992 y del artículos 5, 6 y 7 del Decreto 1359 de 1993  relativos
a la forma y a los factores de liquidación de estas pensiones. Además, el
Seguro no se ajustó en sus decisiones a los fallos de la Corte Constitucional
en materia del régimen  transicional.
2.2. OTRAS ACTUACIONES
El 11 de febrero de 2010, en
cumplimiento de la orden dada por el Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá,
el Seguro Social profirió la Resolución No. 004239  y reconoció al Magistrado
su pensión especial de jubilación. Sin embargo, señala el accionante la
liquidación se realizó sin respetarse el régimen especial que lo ampara.
El día 25 de febrero de 2010, el señor Magistrado del Consejo de Estado
inconforme con la liquidación realizada por la institución de seguridad social,
le solicitó, a través de su apoderado, volver a liquidarle la pensión
concedida,  pero teniendo en cuenta el 75% del ingreso mensual promedio
más alto devengado en el último año, tal como corresponde a los congresistas
cuyo régimen pensional debe aplicarse a los Magistrados de las Altas cortes.
Finalmente, el 21 de mayo de 2010 a
través de la Resolución No. 013789, el Seguro Social, en cumplimiento de la
orden dada en el incidente de desacato iniciado por el actor por incumplimiento
de la orden dada por el juez de tutela, accedió a la solicitud del apoderado
del doctor Gil Botero y modificó la 004239 del 11 de febrero de 2019, y
reconoció y liquidó la pensión especial de jubilación del Magistrado sobre el
75% solicitado, de acuerdo con la regulación legal prevista para los
Congresistas y los Magistrados de las Altas Cortes. Igualmente resolvió dejar
en suspenso su ingreso a nómina y el pago de sus mesadas pensionales, hasta
tanto acredite su retiro efectivo del servicio público.
Encontrándose el asunto
presente en sede de revisión, el
mismo petente remitió a esta Corte, para que se surtieran los efectos pertinentes,
una comunicación datada el 24 de mayo de 2010 con copia de la
resolución anterior anunciando que el Instituto de Seguros Sociales  le
reconoció, de acuerdo con su solicitud y de manera definitiva su pensión de
jubilación, en razón de la orden proferida por el juez de tutela tanto en la
decisión de instancia como en el incidente de desacato.
3. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1.
COMPETENCIA
Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar y decidir la
presente acción de tutela.
3.2. PROBLEMA
JURÍDICO PLANTEADO
Debe esta Sala determinar si el Instituto de Seguros
Sociales vulneró, los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
al trabajo y al reconocimiento oportuno y reajuste de las pensiones del señor Magistrado del Consejo de Estado, doctor
Enrique de Jesús Gil Botero, al haberle negado su solicitud pensional  y
haber omitido aplicar el régimen legal correspondiente a su situación pensional
y no proceder a la homologación del régimen pensional de los Congresistas con
el de los Magistrados de las Altas Cortes.
A continuación esta Sala recogerá
la jurisprudencia de la Corte sobre las siguientes cuestiones relacionadas con
el caso en estudio: Primero, la procedencia excepcional de la acción de
tutela para obtener el reconocimiento de pensiones, segundo la configuración
de una pensión especial para los Magistrados por la aplicabilidad de la
normatividad y de la jurisprudencia relativas a las pensiones de los Congresistas,
a las de los Magistrados de las Altas Cortes, y tercero, la aplicación al
caso concreto.
En  la exposición  de las cuestiones
enunciadas  esta Sala seguirá la línea trazada en materia de seguridad social
en relación con pensiones por las sentencias T-326 del 2009[1]
, y también  las sentencias SU 062 del 2010[2],
la  T-483-09[3]  y
especialmente la T-390-09[4], en
las cuales se trataron casos análogos.
3.2.1. Procedencia
excepcional de la
tutela como mecanismo definitivo contra actos administrativos.
Al respecto, esta Sala resalta la presencia
de numerosas sentencias proferidas por la Corte Constitucional, en las cuales se
han concedido amparos definitivos para casos semejantes. Tenemos, entre
otras, las siguientes: la T- 534 de 2001[5]; la T-887 de
2001[6];
T- 235 de 2002[7]; T- 470 de 2002[8];
T- 571 de 2002[9]; T- 631 de 2002[10];
SU- 975 de 2003[11]; T- 358 de 2004[12];
T- 101 de 2008[13], la T-019 de 2009[14]
y la T-390 2009[15].
La Corte ha
considerado que no se pueden proteger adecuadamente a través de la tutela, como
mecanismo eficaz, derechos fundamentales vulnerados o amenazados por órdenes
contenidas en actos de la administración, por cuanto, en principio, la
competencia para preservarlos se encuentra radicada en la jurisdicción
contencioso administrativa. Pero, en algunas situaciones de excepción,  la Corte
considera viable el amparo tutelar, como mecanismo definitivo y no transitorio
destinado a amparar los derechos fundamentales, especialmente si se dan las
siguientes condiciones de jurisprudencia constitucional propuestas en la
sentencia T- 921 de 2006[16] : (i)
que el desconocimiento o el no reajuste de la pensión de jubilación o vejez surjan
de actuaciones que desvirtúen la presunción de legalidad predicada de las
actuaciones de la administración pública; (ii) que tal desconocimiento, falta del
reajuste o no pago de la pensión quebranten o amenacen quebrantar un derecho
fundamental y (iii) que la acción de tutela aparezca como necesaria para enervar
la aparición de un perjuicio “iusfundamental” irremediable.
De la citada sentencia T-390 de 2009[17],
se extractan los apartados jurisprudenciales más pertinentes para el caso en
consideración. Esta última sentencia reafirmó la tesis expuesta sobre la
posibilidad de recurrir, en algunos casos, a la tutela como mecanismo
definitivo pero excepcional, si los recursos judiciales no resultan eficaces o
expeditos para proteger derechos fundamentales. Al efecto reprodujo “in
extenso” un apartado de la T- 083 de 2004[18], donde
se consideró que:
No obstante lo dicho, la regla que
restringe la participación de la acción de tutela en la protección de los
derechos prestacionales tampoco es absoluta. Conforme con su propia filosofía, la
Corte ha venido sosteniendo que, excepcionalmente, es posible el reconocimiento
de esta clase de derechos por la vía del amparo constitucional, no solo cuando
se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la
existencia de un perjuicio irremediable, sino también cuando el medio judicial
preferente es ineficaz o no es lo suficientemente expedito para brindar
una protección inmediata, circunstancias que deben ser valorados por el juez
constitucional en cada caso particular. (negrillas y subrayas agregadas).
Este último razonamiento encuentra pleno
respaldo en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción
de tutela, el cual, al referirse a las causales de improcedencia del amparo
constitucional, señala claramente que la existencia de otros medios de defensa
judicial tendrá que ser apreciada “en concreto” por
el juez, teniendo en
cuenta el grado de eficiencia y efectividad del mecanismo judicial frente a las
circunstancias en que se encuentre el solicitante, al momento de invocar la
protección del derecho presuntamente conculcado. Amparada en ese
mandato, la Corte expresó en uno de sus primeros pronunciamientos, lo
siguiente:
...el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe
poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección
inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza,
tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una
burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los
principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con
desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente.” (Sentencia
T-414 de 1992).
Recientemente reiteró la Corte:
...la jurisprudencia de esta Corporación
sostiene que la acción de tutela procede a pesar de existir otro medio de
defensa judicial, cuando: i) se considera que éste es ineficaz debido a que no
resuelve el conflicto de manera integral,[19] o ii)
éste no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia particular de una
protección inmediata... (Sentencia T-076 de 2003).
En  conclusión, la acción de tutela no procede,
en general, como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales amenazados o vulnerados por la expedición de actos
administrativos relativos a temas de seguridad social, por cuanto para su
defensa existen otros mecanismos judiciales. Sin embargo, el amparo tutelar procederá
contra las actuaciones administrativas cuando, por ejemplo, el recurso
administrativo no sea lo suficientemente ágil y expedito para la protección de
los derechos fundamentales conculcados o en vía de serlo,  o cuando tales
actuaciones resulten manifiestamente contrarias a la legalidad o conculquen en
materia grave los derechos fundamentales, de manera que se cause un perjuicio
iusfundamental grave e irremediable. Circunstancias todas que se habrán de
analizar frente al caso concreto del Consejero reclamante.
3.2.2  Las normas
y la jurisprudencia sobre las pensiones de los congresistas, se aplican a las
de los Magistrados de las Altas Cortes y  también configuran para ellos un
régimen especial.
Los artículos 16 y 17 de  La Ley 4ª de 1992 habían señalado las condiciones y el porcentaje
del 75% para liquidar las pensiones de los  congresistas. Este régimen
especial fue reconocido por los artículos 36 y 273 de la Ley 100 de 1993,
que contempló el régimen de transición y conservó los derechos, garantías y
beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas
anteriores
Mediante el artículo 1 del Decreto 691 de
1994, reconoció los regímenes especiales del Congreso de la República, de la
Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la Nación, de
la organización electoral y de la Contraloría General de la República.
En relación con el régimen especial de los
Magistrados de las Altas Cortes, el artículo 28 del Decreto 104 de 1994,
fijó los mismos factores salariales y las mismas condiciones de los
congresistas  para liquidar las pensiones de los Magistrados de las Altas Cortes,
así:
A los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de
la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado se les reconocerán las pensiones teniendo en cuenta los mismos
factores salariales y cuantías de los senadores de la República y
Representantes a la Cámara en los términos establecidos en las normas legales
vigentes. (negrillas agregadas).
De la misma manera, el Decreto 1293 del 22
de junio de 1994, artículos 1, 2 y 3 se estableció el régimen de transición de
los Senadores, Representantes, empleados  del Congreso de la República y del
Fondo de Previsión Social del Congreso a quienes se les aplica el régimen
especial, si al 1 de abril de 1994, hubiesen cumplido alguno de dos requisitos:
contar con 40 años si es hombre, y 35 mujeres o haber cotizado o prestado
servicios durante 15 años o más.
Así mismo, el artículo 28 del Decreto
número 47 de 1995, el 34 de 1996, el 47 de 1997,  y el 65 de 1998 reiteraron
la aplicación para los Magistrados del régimen pensional de los congresistas.
El artículo 28  reiteró la homologación entre congresistas y magistrados, en
los mismos términos de la norma anteriormente transcrita.
Resulta importante referir
el decreto 043 de 1999, en cuyo artículo 25 se disponía lo siguiente:
“Artículo 25. Los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia,
del Consejo de Estado, los Procuradores Delegados ante la Corte Suprema de
Justicia y ante el Consejo de Estado, que a 1º de abril de 1994 desempeñaban
sus cargos en propiedad y cumplían las condiciones previstas por el inciso 2º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podrán pensionarse teniendo en cuenta
los mismos factores y cuantías de los Senadores de la República y
Representantes a la Cámara en los términos establecidos en las normas vigentes.
Los Magistrados señalados en el inciso anterior
podrán también pensionarse cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de
servicio señalados para los Congresistas en el parágrafo del artículo 3º del
Decreto 1293 de 1994.
Sin embargo, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia del 18 de noviembre de 2002, declaró
la nulidad de la expresión “que a 1 de abril desempeñaban sus cargos en
propiedad y cumplían las condiciones previstas por el inciso 2° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, contenida en el primer inciso del artículo 25 del
Decreto 043 de 1999.” Señaló el Consejo de Estado en la providencia
referida, reiterando el derecho de los Magistrados de las Altas Corte de
recibir la pensión en las mismas condiciones que la de los Congresistas. Dada
la pertinencia de esta decisión para la solución del caso que ocupa la atención
de la Sala, se recogen las consideraciones centrales  realizadas por la
sentencia del Consejo de Estado, y citadas también, al folio 18, por la
Sentencia T-483 de 2009[20] en la cual la Sala se
apoya. En lo pertinente  la referida sentencia señala:
“El Decreto 104 del 13 de enero de 1994, por el
cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional para la
Rama Judicial del Ministerio Público y de la Justicia Penal Militar, en su
artículo 28 señaló lo siguiente:
"A los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado se les reconocerán los pensiones teniendo en cuenta los
mismos factores salariales y cuantías de los Senadores de la República y Representantes
a la Cámara en los términos establecidos en las normas legales vigentes ".
Lo anteriormente expuesto, explica las razones por
las cuales a los Magistrados de las Altas Cortes se les ha venido aplicando el
mismo régimen especial de pensiones que a los Senadores y Representantes o la
Cámara.
De otra parte, para la Sala fluye con
claridad que la Ley 100 de 1993 mantuvo vigente el régimen especial de
pensiones para los Senadores y Representantes, aplicable por extensión a los
Magistrados de las Altas Cortes, pues así lo dispuso el artículo 273 trascrito.
A partir de la expedición del Decreto 104
del 13 de enero de 1994 y hasta el año 1998 inclusive, el Gobierno Nacional
expidió sucesivos decretos, reiterando que a los Magistrados de la Altas
corporaciones de Justicia se les reconocerían las pensiones teniendo en cuenta
los mismos factores salariales y cuantías que a los Senadores y Representantes
a la Cámara en los términos establecidos en las normas legales vigentes.
Tales decretos fueron los siguientes: 47 de 1995
artículo 28; 34 de 1996 artículo 28; 47 de 1997 artículo 25; 65 de 1998
artículo 25.
En todos ellos se expresó que los Magistrados
mencionados “Se les reconocerán las pensiones teniendo en cuenta los mismos
factores y cuantías de los Senadores y Representantes a la Cámara en los
términos establecidos en las normas legales vigentes”
Fue solo el Decreto 043 de 1999 en cuyo artículo 25 -
demandado - se condicionó el reconocimiento de la pensión a que tales
funcionarios debían cumplir además las condiciones señaladas en el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 edad, tiempo de servicio o
cotizaciones) y también, estar desempeñando los cargos en propiedad al 1° de
abril de 1994.
(negrillas y subrayados agregados)
Ninguno de tales condicionamientos se
encontraban en las normas superiores vigentes pues el Decreto 104 de 1994 se limitó a disponer que a los
Magistrados de la Altas Cortes se les debían reconocer las pensiones teniendo
en cuanto los mismos factores salariales y cuantía de los Senadores de la
República y Representantes a la Cámara en los términos establecidos en las
normas legales vigentes, vale decir, las contenidas en los artículos 6 y 6 del
Decreto 1359 de 1993. (negrillas y subrayados
agregados).
La norma cuestionada exige que para que tales
Magistrados accedan a la pensión teniendo en cuenta los mismos factores y
cuantías de los Congresistas, debían desempeñar los cargos en propiedad a 1° de
abril de 1994 y cumplir las condiciones previstas en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, al incluir requisitos nuevos no previstos en la Ley para acceder
al beneficio especial acerca de la forma de liquidar las pensiones de
jubilación, incurre en contradicción con el ordenamiento superior, pues
ninguna norma lo dispone y dicho régimen por comprender aspectos de seguridad
social, su regulación es de competencia del legislador, dado que el artículo 48
de la Carta Política dispone que la seguridad social es un servicio público de
carácter obligatorio que se presta con observancia de los principios en ella
señalados, en los términos que establezca lo Ley. (negrillas agregadas).
Ya la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
fijado, los alcances de la expresión “... será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados...” a que se refiere el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 para diferenciar aquel requisito del que le introduce el
decreto acusado “...desempeñaba sus cargos en propiedad el 1° de abril de
1994”.
En efecto, en sentencia de agosto 31 de 2000,
expediente No. 16.717, la Sección Segunda de la corporación al resolver la
acción pública de nulidad dirigida contra el Decreto Reglamentario 813 de 1994,
en uno de sus apartes expreso:
“El “régimen anterior al cual se encuentren
afiliados” exigido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no puede ser
entendido como sinónimo de vínculo laboral vigente, ya que es posible que antes
de la expedición de la Ley 100 de 1993, se tengan quince (15) o más años de
servicios cotizados y por circunstancias, a la entrada en vigencia del régimen,
el interesado no tenga por vínculo laboral. Esta hipótesis no podría entenderse
como un impedimento para acceder al beneficio que establece la Ley, El
“régimen anterior al cual se encuentren afiliados” hace referencia a servicios
prestados o cotizados antes de la entrada en vigencia del régimen establecido
en la Ley 100 de 1993, no al vínculo laboral vigente en ése momento”. (negrillas y subrayados agregados)
Las razones que anteceden permiten concluir que la
disposición acusada, expedida en el año 1999 se ocupe de una materia propia del
legislador, estableciendo nuevos requisitos no consagrados en las normas
superiores para la asimilación de los factores salariales y cuantías que se
deben tener en cuenta para el cálculo de las pensiones de los Senadores y
representantes a las que les corresponda devengar a los Magistrados de las
Altas Cortes.
En consecuencia, se declarará la nulidad del
inciso 1° del artículo 25 del Decreto 043 de 1999 en el segmento que dice “...
que al 1° de abril de 1994 desempeñaban sus cargos en propiedad y cumplían las
condiciones previstas por el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
De la misma manera, la jurisprudencia
constitucional ha reiterado el derecho de los Magistrados de las Altas Cortes a
que les sea aplicado el mismo régimen pensional que el de los Congresistas. En
efecto, la Corte en sentencia T- 214 de 1999[21],
ratificó que los señores Magistrados de las Altas Cortes tienen derecho a un régimen
pensional especial que se desprende del de los congresistas. Conclusión
plenamente aplicable a la situación del Magistrado considerada por esta Sala:
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional comentada
anteriormente relativa a la cuantía mínima de la pensión de todo tipo de ex
congresistas, según la cual todos deben recibir una idéntica mesada
pensional, equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que durante el
último año y por todo concepto perciban los congresistas en ejercicio, debe
ser referida también, como efecto de la homologación legal, a los ex
magistrados de las altas cortes. Una interpretación diferente sería,
evidentemente, discriminatoria.
Aplicando las anteriores conclusiones al caso sometido ahora a la
consideración de la Sala, ésta encuentra que, indudablemente, al actor le
asiste el derecho a percibir una pensión de jubilación que no puede estar por
debajo del límite mencionado. Si al hacer la
liquidación inicial, en el momento del reconocimiento que se le hizo de la pensión
- ocurrido en el año de 1993- no se tuvieron en cuenta las disposiciones
pertinentes del Decreto 1359 de 1993, por la sencilla razón de no haber
sido expedidas para ese momento, resulta obvio que el actor tiene derecho a la
reliquidación que invoca, a fin de quedar en pie de igualdad con los ex
congresistas a quienes se les ha reliquidado su pensión, y a los ex magistrados
que igualmente obtuvieron el reconocimiento en las condiciones de la
normatividad transcrita. Contribuye a llegar a esta conclusión, el hecho de
que el Decreto 1359 de 1993 dispuso que el régimen pensional de los
congresistas, y por homologación de los ex magistrados, - que indica el
reconocimiento de una pensión no inferior al 75% del salario mensual promedio-
se aplicaría a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992.
La Sala estima finalmente, que la homologación entre ex magistrados
y ex-congresistas en lo concerniente a la pensión de jubilación, debe hacerse
efectiva respecto de todos los ex magistrados pensionados en cualquier tiempo,
por las mismas razones que expuso esta Corporación en las sentencias  T-456 de
1994 y T-463 de 1995 anteriormente comentadas y relativas a pensiones de ex
congresistas.
Por lo anterior la negativa de la entidad accionada a llevar a cabo
la reliquidación solicitada, se erige en un desconocimiento de los derechos
prestacionales del actor y además en una violación a su derecho a recibir un
trato igualitario o no discriminatorio en relación con los demás ex magistrados
pensionados, respecto de los cuales se encuentra en idéntica situación legal
En la sentencia T-390 de 2009[22],
la Corte Constitucional cita la sentencia C- 681 de 2003[23],
donde ella misma se refirió a la homologación de las pensiones de los
Magistrados de las Altas Cortes con las de los congresistas:
A los
magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, y de
la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, el Defensor del
Pueblo, el Contralor y el Registrador Nacional del Estado Civil, se les
liquida la pensión de jubilación con los factores salariales de los
congresistas; es decir, asignación básica, gastos de representación, prima
de salud, prima de localización y vivienda, prima de navidad y prima de
servicios en virtud del decreto 1293 de 1994. Esto quiere decir que no se
aplica lo establecido en el artículo 15 respecto de la prima especial de
servicios sin carácter salarial. Esta se reemplaza por los factores salariales
de los congresistas. Los altos funcionarios cotizan sobre sus factores
salariales, es decir asignación básica y gastos de representación. (negrillas agregadas)
En definitiva, de la legislación
y de la jurisprudencia allegada se infiere la existencia de una homologación entre
el régimen pensional de los congresistas y el de los Magistrados de las Altas
Cortes, que permite concluir la existencia de un régimen especial aplicable
a estos últimos.
3.2.3. El respeto al
régimen especial implica la liquidación de la mesada pensional de conformidad
con el régimen especial que los ampara
La Corte Constitucional ha dicho que el
régimen de transición en materia de pensiones, regulado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, entre otros, tiene como prerrogativa el reconocimiento de los
derechos adquiridos, en el tránsito de una legislación de seguridad social a
otra. De la misma manera, ha considerado que en el caso de los beneficiarios
del régimen de transición, ambos (el ingreso base y el monto de la pensión)
deben ser determinados por el régimen especial.
En relación con la forma de liquidar la
pensión de los Congresistas la Corte Constitucional, mediante sentencias T-456
de 1994[24] y T-463
de 1995[25],
definió claramente el derecho que les asiste para recibir su pensión de
jubilación conforme a lo indicado en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, esto
es, para percibir una mesada pensional que no puede ser inferior al 75% del
ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto perciban
los congresistas en ejercicio. En la sentencia T-463 de 1995[26]
se dijo:
Para esta Sala no asiste duda de la interpretación constitucional
que debe aplicarse en este caso, que es la misma que se pronunció en el caso de
sentencia T-456 de 1994, varias veces citada en esta decisión y que consiste en
que, de conformidad con la ley, a partir de 1992 los ex congresistas pensionados
y los que accedan a dichos derechos o los sustituyan, devengarán una mesada que
no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último
año y por todo concepto perciba el congresista, y se aumentarán en el mismo
porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal; pero además, también es
claro que el reajuste de la mesada de los pensionados no puede resultar
inferior para cada año, al mismo 75% y que su liquidación debe hacerse teniendo
en cuenta el último ingreso mensual promedio, que por todo concepto devenguen
los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete el reajuste.[27]
Por su parte, la sentencia citada T-456
de 1994[28] abundó
en la referencia a otras disposiciones distintas del artículo 17 de la Ley 4ª
de 1992, que llevan igualmente a la misma conclusión:
- La Ley 4ª de 1992 principió a regir el 18 de mayo de 1992 y en la
misma se dijo, artículo 10, que:
Todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los
decretos que dicte el gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de
todo efecto y no creará derechos adquiridos".[29]
Significa lo anterior que, para el caso concreto de los
Congresistas, el promedio para la pensión de jubilación será el 75% del ingreso
mensual de Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la
jubilación. Y este mismo parámetro se refiere al reajuste especial. Quedando
prohibido, so pena de carecer de todo efecto, alterar este régimen
prestacional.
Esta prohibición se reitera en el Decreto 1359 de 1993, artículo 6°
que reza:
PORCENTAJE MINIMO DE LIQUIDACION PENSIONAL. La liquidación de las
pensiones, reajustes y sustituciones a que se refiere el artículo
anterior, en ningún caso ni en ningún tiempo podrá ser inferior al 75% del
ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto
devenguen los congresistas en ejercicio, ni estará sujeta al límite de cuantía
a que hace referencia el artículo 2º de la Ley 71 de 1988". (subrayas
propias)
Este porcentaje del 75% es reafirmado en el artículo 7º del Decreto
1359 de 1993 y el artículo 5º del mismo Decreto que estableció:
INGRESO BASICO PARA LA LIQUIDACION
PENSIONAL. Para la liquidación de las pensiones, así como para sus reajustes y
sustituciones, se tendrá en cuenta el ingreso mensual promedio del último año
que por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio, a la fecha en
que se decrete la prestación, dentro del cual serán especialmente incluidos el
sueldo básico, los gastos de representación, la prima de localización y
vivienda, prima de transporte, prima de salud, prima de Navidad y toda otra
asignación de la que gozaren.[30](Subrayas por fuera del
original)
En otro momento, la Corte en sentencia T-
214 de 1999[31], al
reiterar su línea jurisprudencial sobre la liquidación pensional para los
congresistas, expresó:
De la jurisprudencia transcrita, especialmente en la parte
subrayada, que interpreta la normatividad vigente relativa al tema de la
liquidación de pensiones de ex congresistas y reajuste de las mismas (distinto
al aumento anual y automático que se lleva a cabo en el mismo porcentaje en que
se aumente el salario mínimo legal[32]) cabe
concluir válidamente, que en la actualidad los congresistas que lleguen a
pensionarse, así como los ya pensionados, deben de recibir todos una idéntica
mesada pensional, equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que durante
el último año y por todo concepto perciban los congresistas en ejercicio.
La sentencia T- 211 de 2005[33],
al referirse al régimen pensional de los congresistas, agregó:
De lo anterior se colige, que quien ha ejercido el cargo de
Congresista, en vigencia de la Ley 4ª de 1992 –18 de mayo-[34],
tiene derecho a una pensión de jubilación no inferior al 75% del ingreso
mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los
congresistas en ejercicio, al llegar a los 50 o 55 años de edad –mujer o varón
respectivamente- y 20 años de servicios continuos o discontinuos, siempre que
hubiese contribuido con el sostenimiento del Fondo de Previsión Social del
Congreso, tal como lo indica el artículo 1° de la Ley 19 de 1987, ya citada.
Se concluye entonces que la jurisprudencia
ha ordenado el respeto a la integralidad del régimen de los Congresistas,
especialmente ha señalado que aquellos tienen  derecho a una pensión de jubilación no inferior al
75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto
devenguen los congresistas en ejercicio. Por otro lado, teniendo en cuenta que
el legislador ha extendido los beneficios dados a los Congresistas, a los
Magistrados de las Altas Cortes, también gozan de tal derecho en el momento de
la liquidación de la pensión.
3.2.4. Consideración del caso concreto.
De acuerdo con lo expuesto y
analizado en los señalados numerales 3.2.1 y 3.2.2., el doctor Enrique
Gil Botero en su condición de Magistrado del Consejo de Estado, debidamente
acreditada, reviste también en su persona las calidades de los Magistrados de
las Altas Cortes y tiene pleno derecho a que se aplique a su caso el régimen
pensional especial resultante de las previsiones de la Ley y la jurisprudencia
que ordena aplicar a  estos Magistrados las normas y las decisiones
jurisprudenciales previstas para la pensión especial de los Senadores y
Representantes en materia pensional.
A pesar que en virtud de las
órdenes dadas por el juez de tutela, Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del
Circuito- quien concedió el amparo en forma definitiva -, el Seguro Social ya
procedió a reconocer y liquidar la pensión del doctor Enrique de Jesús Gil Botero,
esta Sala reiterará el derecho que asiste al accionante al (i) al
reconocimiento del régimen de transición, específicamente al régimen especial
de los Magistrados de las Altas Cortes y (ii) el derecho que le asiste a que su
pensión sea liquidada de conformidad con este régimen especial que lo ampara.
En primer lugar, cabe señalar
que en el caso concreto se presenta una de las causales establecidas por la
jurisprudencia para que proceda la acción de tutela como mecanismo definitivo
para la obtención del reconocimiento de la pensión. En estos términos,
resultaría lesionados los derechos fundamentales a la seguridad social y los
derechos adquiridos, someter
al accionante a un largo proceso judicial cuando es claro que su pensión fue reconocida
de conformidad con una normatividad manifiestamente inaplicable. En efecto,
como se indicó, ya en anteriores fallos de tutela la Corte ha considerado que
el amparo transitorio no resulta ser un mecanismo adecuado de protección de
derechos fundamentales cuando quiera que el peticionario aporta todos los
elementos de prueba y juicio que evidencian la existencia de una vía de hecho
administrativa, tal y como sucede en el presente asunto.
En efecto, el Decreto 104 de 1994, “por
el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la
rama judicial, del ministerio público, de la justicia penal militar y se dictan
otras disposiciones”, en su artículo 28 dispone:
Artículo
28. A los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se les
reconocerán las pensiones teniendo en cuenta los mismos factores
salariales y cuantías de los Senadores de la República y Representantes a
la Cámara en los términos establecidos en las normas legales vigentes.
Por otro lado, el decreto 1293 de 22 de junio de 1994, “por el cual se establece el régimen de
transición de los senadores representantes, empleados del Congreso de la
República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre
prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”, consagra que para hacerse
acreedor a este beneficio se necesita acreditar una de dos condiciones:
Artículo 2º. Régimen
de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la
República y del Fondo de Previsión Social del Congreso.
Los senadores, los
representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados del
Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán derecho a los beneficios del
régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
siempre que a 1º de abril de 1994 hayan cumplido alguno de los siguientes
requisitos:
a. Haber cumplido
(40) o más años de edad si son hombres, o treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres;
b. Haber cotizado o
prestado servicios durante quince (15) años o más.
(…)
Artículo 3º.
Beneficios del Régimen de transición. Los senadores y representantes que
cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán
derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando cumplan con los
requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas
establecidos en el Decreto 1359 de 1993, así como el monto de la
pensión, forma de liquidación de la misma e ingreso base de liquidación
establecidos en el mismo decreto.
Los empleados del
Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso que
cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán
derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando cumplan con los
requisitos de edad, tiempo de servicio, número de semanas cotizadas y el monto
de la pensión establecidos en el artículo 20 del acuerdo 26 de 1986, del Fondo
de Previsión Social del Congreso, aprobado por el decreto 2837 de 1986.
Parágrafo. El
régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará también
para aquellos senadores y representantes  que durante la legislatura que
termina el 20 de junio de 1994 tuvieren una situación jurídica consolidada al
cumplir antes de dicha fecha, veinte (20) años de servicios continuos o
discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público incluido el
Congreso de la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el
sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier
modalidad.  En cuanto a la edad de jubilación se aplicará lo dispuesto en
el literal b) del artículo 2º del decreto 1723 de 1964, es decir que tales
congresistas, una vez cumplido el tiempo de servicios aquí previsto, podrá
obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación a la edad de cincuenta
(50) años.
Aunado a lo anterior,  es
preciso tener en cuenta que el mencionado decreto opera un reenvío hacia el
decreto 1359 de 1993, en lo que atañe a la forma de liquidar la pensión y
reconoce que la liquidación debe realizarse con base en 75% del ingreso mensual
promedio durante el último año. La disposición señala:
“Artículo 5. INGRESO
BASICO PARA LA LIQUIDACION PENSIONAL. Para la liquidación de las pensiones, así
como para sus reajustes y sustituciones, se tendrá en cuenta el ingreso
mensual promedio del último año que por todo concepto devenguen los
Congresistas en ejercicio, a la fecha en que se decrete la prestación, dentro
del cual serán especialmente incluidos el sueldo básico, los gastos de
representación, la prima de localización y vivienda, prima de transporte, prima
de salud, prima de navidad y toda otra asignación de la que gozaren.
Artículo 6.
PORCENTAJE MINIMO DE LIQUIDACION PENSIONAL. La liquidación de las pensiones,
reajustes y sustituciones a que se refiere el artículo anterior, en ningún
caso ni en ningún tiempo podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio
que durante el último año y por todo concepto devenguen los Congresistas en
ejercicio; ni estará sujeta al límite de cuantía a que hace referencia el
artículo 2 de la Ley 71 de 1988.
Ahora bien, en el caso
concreto, al momento de entrar en vigencia el decreto 1293 de 1994 (24 de junio
de 1994), el peticionario contaba con  más de 40 años de edad. Igualmente,
tenía cumplidos 55 años de edad, por haber nacido el 9 de diciembre de 1953.
Por tal razón, resultaba acreedor al régimen especial establecido para los
Congresistas y extendido por el legislador a los Magistrados de las Altas
Cortes.
Por
todo lo anterior, puede afirmarse que el Seguro Social hizo una incorrecta y
arbitraria interpretación del régimen pensional aplicable al señor Enrique de
Jesús Gil Botero, y por tanto, se confirmará la Sentencia proferida por el
Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá, que mediante providencia del 18 de
enero de 2010, concedió con efectos definitivos el amparo a los derechos
fundamentales del accionante.
4. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: -LEVANTAR la suspensión
de términos para fallar el presente asunto.
SEGUNDO.-
CONFIRMAR  el
amparo tutelar concedido al señor Enrique de Jesús Gil  Botero por el
Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, en fallo de fecha 18 de enero de
2010, mediante el cual dejó sin efectos las resoluciones  No. 021054
del 21 de mayo de 2009,  la No. 041553 del 01- de septiembre de 2009, proferidas
por el Seguro Social, y ordenó el reconocimiento y la liquidación de la pensión
especial de jubilación a favor del accionante en la forma establecida en el
régimen que lo ampara.
TERCERO.- Por secretaría General líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado Ponente
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia T-326 -2009 M.
P. Jorge Pretelt Chaljub
[2] Sentencia SU-062-2010 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto
[3] Sentencia T-483-07-2009
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[4] Sentencia
T-390-08-2009 M P. Humberto Antonio Sierra Porto
[5] M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[6] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett
[7] M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra
[8] M.P.
Alfredo Beltrán Sierra
[9] M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[10] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra
[11] M.P.
Manuel José Cepeda
[12] M.P.
Alfredo Beltrán Sierra
[13] M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[14] M.P.
Rodrigo Escobar Gil
[15] M.P
Humberto Antonio Sierra
[16] Sentencia T-921-2006 M.
P. Jaime Córdoba Triviño
[17] Sentencia
T-390-08-2009 M P. Humberto Antonio Sierra Porto, ya citada.
[18] M.P.
Rodrigo Escobar Gil
[19]
Por ejemplo, sobre la ineficacia de ciertos mecanismos ordinarios de defensa
para la protección de derechos fundamentales, la Corte ha determinado que la
acción electoral y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho carecen
de la eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e integral en los casos
en que no se ha proveído un cargo en la rama judicial al primero en la lista de
elegibles. Al respecto, ver SU-961 de 1999.
[20] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto
[21] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza
[22] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto
[23] M.P.
Ligia Galvis Ortiz
[24] M.P.
Alejandro Martínez Caballero
[25] M.P.
Fabio Moron Díaz
[26] M.P.
Fabio Moron Díaz
[27] Sentencia T-463. 1995 M.
P. Fabio Morón Díaz
[28] M.P.
Alejandro Martínez Caballero
[29]
Se consagra en este artículo el principio de opción, es decir, la
exclusión de la norma     confusa y el respeto a lo favorable. En
virtud de este criterio
aceptado en Colombia, desde cuando existía el Tribunal Supremo del Trabajo
(Tomo IV, páginas 50-5 Gaceta  del Trabajo), se estableció: "El
principio de nuestra legislación y del Derecho del Trabajo según la cual la
disposición más favorable al trabajador es la que se aplica, debe entenderse en
el sentido de que confrontada una norma con otra, bien sea ley, decreto,
reglamento, contrato, convención o fallo arbitral, la una debe EXCLUIR a la
otra según que favorezca al trabajador."
[30]  Sentencia
T-456-1994 M. P. Alejandro Martínez Caballero
[31] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa
[32]
Cfr. Sentencia  idem
[33] M.P.
Álvaro Tafur Galvis
[34]
El artículo 22 de la Ley 4ª de 1992 señala que la norma entrará en vigor a
partir de su promulgación, lo que aconteció el 18 de mayo de 1992, por haber
sido publicada en el Diario Oficial 40.451 de la fecha.