T-162-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-162/05
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional por no poder
ejercer otro medio de defensa/RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Presentación
de recibos de pago o consignación de los cánones para ser oído en juicio
La única forma en que el aquí demandante
podría hacer efectivo su derecho de defensa dentro del proceso civil de
restitución sería consignando a órdenes del juzgado los valores en supuesta
mora que el demandante hace figurar a su nombre (más de diez millones de
pesos), carga procesal que, en las circunstancias concretas del presente caso,
resulta excesiva dado el material probatorio allegado al proceso civil, que
pone en grave entredicho la existencia de dicha deuda y del contrato que le
daría origen. Así las cosas, la Sala encuentra que efectivamente el aquí
demandante ha carecido y carece de mecanismos efectivos de defensa judicial
dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, por lo cual la
presente acción resulta procedente como mecanismo alterno de defensa judicial a
su alcance.
RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Carga de la prueba en causal de no pago del
arrendamiento
RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Presentación de demanda no modifica las
obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento
CARGA DE LA PRUEBA EN PROCESO DE
RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Análisis de constitucionalidad sobre exigencia de
pago de servicios, cosas o usos conexos y adicionales
Esta Corporación ha encontrado que no
resulta contrario a la Constitución Política el que la ley procesal imponga una
carga probatoria a los demandados en proceso de restitución de inmueble
arrendado, carga sin cuyo cumplimiento no pueden ser oídos en el juicio, y que
cosiste en acreditar el pago de los canones de arrendamiento, cuando el
demandante alega como causal de restitución la mora en el pago de los mismos, o
de los servicios cosas o usos conexos que haya asumido la obligación de pagar, cuando la causal alegada en la demanda es la falta de pago de
estos conceptos.
RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Excepción a la presentación de recibos de
pago o consignación de los cánones para ser oído en juicio
Cuando el parágrafo 2°, numeral 2°,
del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil dispone que no se oirá al
demandado si no cancela los cánones adeudados, parte de la base de la
existencia de un contrato de arriendo incumplido, cuya prueba ha sido aportada
con la demanda. Pero si, por la razón que fuere, el juez encuentra un motivo
grave para dudar de la validez de la prueba aportada, como sucede en este caso,
mal haría en aplicar automáticamente la disposición. En efecto, la decisión
judicial no consiste en la imposición irreflexiva de las consecuencias
previstas en las normas, sin una evaluación particularizada de la situación de
hecho sujeta a examen, para determinar que ella sea realmente la premisa de
aplicación de la disposición.  La actividad judicial debe estar presidida por la
virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderación y
sensatez a la hora de aplicar la ley, más cuando, como en el caso de autos, la
aplicación automática de las normas puede conducir a una restricción excesiva
de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso,
concretamente en sus garantías de defensa y contradicción.
Referencia:
expediente T-1005826
Peticionario:
Guillermo Castilla Ramírez
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería.
Tema: Derecho de defensa en procesos de restitución
de inmueble arrendado.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D.C.  veinticuatro (24) de
febrero de dos mil cinco (2005)
La Sala Sexta de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Humberto Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y
Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside,  en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la Sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el trece (13) de
septiembre de dos mil cuatro (2004).
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número once de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1. Solicitud
El señor
Guillermo Castilla Ramírez solicita al juez de tutela que proteja sus derechos
fundamentales “al debido proceso, vía de hecho y violación al derecho de
defensa”, presuntamente vulnerados por la Jueza Segunda Municipal de Montería,
durante el trámite de un proceso de menor cuantía instaurado en su contra para
restitución de inmueble. Los hechos que, dice, constituyen el alegado
desconocimiento de derechos son los siguientes:
1. Su medio hermano, Pablo Eugenio Castilla Negrete,
por medio de abogado instauró en su contra demanda de menor cuantía de
restitución de inmueble arrendado.
2. El demandante fundamentó su demanda en un contrato
de arrendamiento inexistente, que probó mediante declaraciones de testigos que
el demandante no conoce, alegando mora en el pago del canon de dieciocho (18)
meses) a razón de seiscientos mil pesos m/cte ($600.000.00) cada mensualidad,
para un total de  diez millones ochocientos mil pesos m/cte. ($ 10´800.000.00).
3. Requerido previamente, negó que fuera arrendatario,
ya que nunca existió el contrato verbal con fundamento en el cual se instauró
la demanda. Explica que ocupa el inmueble en condición de poseedor de buena fe,
desde hace aproximadamente cinco años, con el visto bueno de todos sus
hermanos, mientras se tramita la sucesión de su finado padre, Dr. Raúl Castilla
Ramos.
4. Siendo seis hermanos los  propietarios inscritos,
sólo uno lo demanda, porque no se entiende bien con él. El demandante sólo
tiene una sexta parte (1/6) en común y pro indiviso, como se desprende del
certificado de libertad y tradición. No existe poder de los otros hermanos,
conferido para demandarlo.
5. La señora Jueza no aceptó sus manifestaciones,
admitió la demanda y le exigió, para ser oído, la cancelación inmediata de más
de doce millones de pesos ($12´000.000.00) que él no tiene. Inicialmente ni
siquiera le fue posible contratar los servicios de un abogado que lo
representara judicialmente, por carencia de recursos para ello.
6. Como por falta de los recursos mencionados no podía
ser oído dentro del proceso, el abogado al que inicialmente consultó le
aconsejó que en forma personal solicitara la ilegalidad del auto admisorio de
la demanda, por varias razones: (i) que el poder conferido por el demandante al
abogado que lo representa era insuficiente, porque no identificaba claramente
el inmueble, requisito este último exigido expresamente por las normas
procesales; (ii) que los testimonios rendidos ante notario y presentados como
prueba sumaria para iniciar el juicio no reunían los requisitos exigidos por el
artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, pues no contenían la afirmación
bajo juramento de estar destinados a servir de prueba en el determinado asunto
procesal de que aquí se trata.
7. Presentada la anterior solicitud de nulidad por
ilegalidad del auto admisorio, dentro de la cual se hizo énfasis en que la
Jueza debía decretar de oficio lo solicitado, la funcionaria judicial
rechazó tal solicitud, sin más motivación que el aducir que el peticionario no
era abogado, por lo cual no podía litigar sino a través de apoderado judicial.
El aquí demandante sostiene que la anterior decisión es absurda, y que la jueza
ha debido pronunciarse oficiosamente sobre su solicitud, pues los autos
ilegales no atan al juez a pesar de su ejecutoria, y en cualquier estado del
proceso se puede declarar su nulidad a petición de parte o de manera oficiosa.
Con fundamento en los anteriores hechos y argumentos
de derecho, el demandante solicita al juez constitucional que tutele sus
derechos al debido proceso y de defensa, y ordene a la Jueza Segunda Civil
Municipal que, mediante auto interlocutorio debidamente motivado, se pronuncie
sobre la ilegalidad pedida, “en razón a que es su deber pronunciarse
oficiosamente”.
Posteriormente, en escrito adicional allegado por el
aquí demandante ante el juez de tutela en primera instancia, se anexa al
expediente la copia de un memorial suscrito por uno de los testigos cuya
declaración sirvió de fundamento a la demanda de restitución de inmueble
arrendado, memorial en el cual el declarante pide que no se tenga en cuenta su
testimonio, ya que se retracta del mismo ante el Juzgado y la Fiscalía 14
Seccional de Montería, toda vez que lo que manifestó lo dijo presionado por su
antiguo jefe, doctor Alfonso Navarro Tirado, apoderado judicial del demandante
dentro del proceso de restitución. En dicho memorial, dirigido al Fiscal 14
Seccional de Montería, se lee lo siguiente:
“FRANCISCO LLORENTE VEGA, mayor de edad,
vecino de Montería... por medio del presente escrito, ante usted manifiesto que
la DECLARACIÓN JURAMENTADA EXTRA-PROCESO, presentada ante la Notaría Primera de
Montería de fecha 25 de septiembre de 2002, la cual fue aportada ante la Juez
Segundo Civil Municipal de Montería por parte del Doctor Alfonso Navarro Tirado
en su calidad de abogado demandante, dentro del proceso de Restitución de
Inmueble Arrendado, en contra del señor Guillermo Castilla. R,... para que
sirviera de prueba sumaria, con el fin de probar que entre el demandante, señor
Pablo E. Castilla Negrete y el señor Guillermo Castilla Ramírez, nunca hubo
contrato verbal de arrendamiento por canon de $600.000.00, ni nada por el
estilo, ni mora de 2 o más años ni menos, lo que arrojare sumas millonarias
(sic).
Señor Fiscal, como todo el contenido de esa
declaración es falso por que actué, en ese momento por insistencia de mi
antiguo jefe Dr. Alfonso Navarro Tirado. Y me quiero retractar de ello;
solicito a usted, que se fije fecha lo más pronto posible para ser escuchado en
indagatoria en donde expondré toda la verdad al respecto, pues no quiero por mi
culpa perjudicar en ningún caso a una persona que veo es víctima de esta
patraña. Aclaro que no conozco al demandante, y al demandado tampoco le conocía
por su nombre, pero hoy que lo veo personalmente, sé y afirmo que nunca
existió contrato verbal de arrendamiento entre el demandante y el demandado,
sobre el lote de donde pretenden lanzarlo, motivo de este proceso, copia de
este escrito enviaré a la Juez del Juzgado 2° Civil Municipal para que si lo
considere necesario no tenga en cuanta ese testimonio rendido por mi ante la
Notaría Primera, porque su contenido no es cierto.” (Negrillas y subrayas fuera del original)
También en escrito adicional allegado al
expediente de tutela antes de la contestación de la demanda, se anexa al
plenario copia del memorial en el cual el apoderado judicial del demandando
dentro del proceso de restitución (aquí accionante), pide su suspensión en los
términos del artículo 1° del C. de P.C., en razón de denuncia presentada por su
poderdante contra el demandante y los testigos que rindieron prueba sumaria,
por el delito de FRAUDE PROCESAL Y FALSO TESTIMONIO. Tal suspensión se pide
alegando que necesariamente el fallo que se profiera en el proceso penal
influirá en el fallo que se produzca dentro del proceso de restitución.
2. Traslado de la demanda.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de
Montería corrió traslado de la  anterior demanda de tutela a la demandada
-Jueza Segunda Civil Municipal de la misma ciudad-, y la comunicó a los señores
Pablo Eugenio Castilla Negrete y Alfonso Navarro Tirado, demandante y apoderado
judicial dentro del proceso de restitución de inmueble. Así mismo solicitó al
Despacho accionado la copia auténtica  del proceso objeto de la demanda.
El traslado de la demanda corrió en
silencio.
3.
Pruebas obrantes dentro del expediente
Obran en el plenario, entre otras, las
siguientes pruebas documentales:
a.  Copia auténtica del proceso de
restitución de inmueble arrendado instaurado por Pablo Eugenio Castilla Negrete
en contra de Guillermo Castilla Ramírez, adelantado ante el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Montería, pendiente de dictar sentencia.
b. Copia de la certificación expedida por
la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y de justicia de la
fiscalía seccional Catorce, Delegada ante los jueces penales del Circuito de Córdoba,
relativa a la investigación preliminar que cursa contra los señores Pablo
Eugenio Castilla Negrete, Francisco Llorente Vega y Cesar Zuluaga Lugo, por la
presunta  conducta procesal de fraude procesal y falso testimonio, siendo
denunciante el señor Guillermo Enrique Castilla Ramírez.
c. Petición inicial de ilegalidad
presentada ante el juzgado 2° Civil Municipal, con sello de recibido por parte
del Despacho judicial.
d. Fotocopia de dos autos donde se niega
decidir sobre la ilegalidad solicitada, por no tener el peticionario la calidad
de abogado en ejercicio.
e. Copia de la Sentencia de 8 de noviembre
de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
f. Copia del contrato de compraventa de
cuota parte suscrito el 11 de agosto de 2004, en el cual el señor Luis Fernando
Castilla aparece vendiendo al señor Guillermo Castilla (demandado en el proceso
de restitución y aquí accionante) una sexta parte que posee en común y pro
indiviso sobre el inmueble objeto del proceso de restitución.
II. ACTUACIÓN JUDICIAL
1. Sentencia proferida por el Juzgado
Primero Civil del Circuito  de Montería, Córdoba.
Mediante Sentencia proferida el dos (2) de
agosto de 2004, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería
decidió conceder la tutela impetrada y, en consecuencia, ordenar que en el
término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de la
Sentencia, la Jueza Segunda Civil Municipal de Montería procediera a hacer uso
de las herramientas procesales a su alcance para lograr el reestablecimiento
del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y dispusiera
inaplicar el numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil y decretara la prejudicialidad penal conforme a lo dispuesto
por el artículo 170 del Código de Procedimiento Penal. En sustento de esta
decisión expuso las siguientes consideraciones:
Tras encontrar que efectivamente el
demandante estaba en situación de afectación de su derecho al debido proceso,
por existir una amenaza probada que consistía en el hecho de haber sido
admitida una demanda de restitución de inmueble en su contra,  no haber sido
resuelta su solicitud de ilegalidad del auto admisorio de la misma aduciendo no
haberse presentado por conducto de abogado, encontrarse ad portas de una
sentencia de lanzamiento a pesar de haber negado tener contrato alguno y no
reconocer mora, el Juez de tutela de primera instancia encontró que se daban
los requisitos de procedibilidad de la acción en el caso concreto.
Precisado lo anterior, la Sentencia se
detiene a considerar lo dispuesto por el artículo 424, numeral 2°, del Código
de Procedimiento Civil, conforme al cual si la demanda de restitución de
inmueble arrendado se fundamenta en falta de pago, “el demandando no será
oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del
juzgado el valor total que de acuerdo con la prueba allegada en la demanda
tienen los cánones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los
recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres últimos
períodos, o si fuera el caso los correspondientes de las consignaciones
efectuadas de acuerdo con la ley por los mismos períodos a favor de aquel”.
Al respecto, el fallo repara en que, frente a la anterior disposición, el aquí
demandante se encontraba en “total indefensión”, por lo cual, al no
haber sido escuchado por el Juzgado demandado, decidió incoar la acción de
tutela en contra de tal Despacho, en procura de la efectividad de sus derechos
al debido proceso y de defensa. Menciona entonces que, aunque en principio la
anterior norma impediría oír al aquí demandante dentro del proceso de
restitución de inmueble, existe en nuestro ordenamiento superior la posibilidad
de aplicar la llamada excepción de inconstitucionalidad en defensa de la
primacía de la Constitución Política.
Vierte entonces el juez a quo una
serie de consideraciones a cerca de la excepcional procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, recordando cómo la jurisprudencia ha
sentado que en principio es improcedente, salvo el caso de aquellas que se
erigen en verdaderas vías de hecho, es decir las que desconozcan
ostensiblemente las garantías procesales, que carezcan de un fundamento
objetivo, y obedezcan a un mero capricho del juez.
Expuestas las reflexiones anteriores, el
juez concluye que no se encuentra vulnerado el derecho al debido proceso, pero
sí el derecho de defensa del aquí demandante, por no habérsele oído dentro del
proceso de restitución en que actuaba como demandado, a pesar de haber negado
la existencia del contrato de arriendo y de la mora, y de haber allegado la
certificación de denuncia presentada ante la Fiscalía por los delitos de fraude
procesal y falso testimonio. Ante la duda sobre la existencia del contrato, el
juez ordinario debió haber oído al demandado, amén de haber aplicado la figura
de la prejudicialidad penal  conforme a lo reglado por el artículo 170, numeral
1° del Código de Procedimiento Penal.
Con fundamento en las anteriores
consideraciones, el juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, Córdoba,
decidió ordenar a la funcionaria judicial demandada inaplicar en el caso
específico el numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil, a fin de reestablecer el derecho de defensa del
accionante, previo el uso de los mecanismos procesales dispuestos en la
legislación vigente para los casos de prejudicialidad penal.
2. Impugnación de la Sentencia proferida
por el Juzgado Primero Civil del Circuito  de Montería, Córdoba.
La anterior Sentencia fue oportunamente impugnada por
el apoderado judicial de quien es el demandante dentro del proceso de
restitución de inmueble arrendado.  Sustentó su impugnación alegando que en
dicho proceso no se había vulnerado el derecho al debido proceso, pues la
demanda se había admitido y notificado en legal forma, la causa de la misma era
la mora en el pago del canon, y la parte demandada no podía ser oída mientras
no pagara. En refuerzo de su posición adjuntó copia de la Sentencia de 8 de
noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, en la cual, dentro de un proceso de tutela, dicho Tribunal sostuvo
que cuando la causa de la demanda de restitución de inmueble arrendado fuera la
mora de arrendatario, no era posible oírlo en juicio hasta tanto no pagara los
canones atrasados.
3.  Sentencia proferida por la Sala Civil y de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el trece (13) de septiembre
de 2004.
Mediante Sentencia proferida el trece
(13) de septiembre de 2004, la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería decidió revocar el fallo de agosto 2 de 2004,
proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, y en su lugar
denegar la acción de tutela por improcedente.
En sustento de esa determinación, el Tribunal
consideró que para la inaplicación de una norma por vía de excepción de
inconstitucionalidad era menester que fuera “abiertamente contraria a la
Constitución ó a la ley” (sic) lo que no se daba en el caso sometido a su
consideración, pues el numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código
de Procedimiento Civil había sido objeto de demanda de inconstitucionalidad
ante la Corte Constitucional, resuelta mediante la sentencia C-070 de 1993[1], en la que se declaró
la exequibilidad de la norma en cuestión.
Adicionalmente, consideró que tampoco era aplicable la
figura de la prejudicialidad penal, toda vez que se trataba de “medios de
prueba aducidos en el proceso civil en que las partes tienen la oportunidad de
controvertirlas dentro del mismo, y de no ser así, la suspensión se convertiría
en un medio fácil para dilatar injustificadamente los procesos”.
Finalmente, estimó que no podía considerarse que el
auto admisorio de la demanda fuera ilegal, puesto que para que esto último se
configurara era necesario que la decisión judicial careciera de fundamento
legal, y en el caso de autos dicha decisión encontraba sustento en una demanda
presentada con los documento que obraban como prueba sumaria del contrato,
requisitos que eran los exigidos por el numeral 1° del parágrafo 1° del
artículo 424 del Código de Procedimiento Civil. Por último aclaró que en cuanto
a los poderes que se otorgan para instaurar procesos de restitución de inmueble
arrendado, lo que la ley exige es que se identifique el asunto para el cual se
confieren y no el “bien” objeto del proceso, por lo cual, dice el Tribunal, no
existía la causal de ilegalidad que alegaba el demandante dentro del proceso de
restitución.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.
Competencia
Esta Sala de la Corte Constitucional es competente
para conocer de la revisión de la referencia, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 inciso 2° y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
Además, se procede a la revisión en virtud de la selección practicada por la
Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la decisión de no
oír al demandado, adoptada por el juzgado accionado dentro de un proceso de
restitución de inmueble arrendado, se erige, en las particulares circunstancias
del caso, en una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso,
específicamente de las garantías de defensa y contradicción probatoria, y de
acceso a la Administración de Justicia.
El demandante sostiene que no se encuentra en mora
porque no ostenta la condición de arrendatario del inmueble objeto del litigio,
sino que reside allí en condición de poseedor de buena fe, desde hace
aproximadamente cinco años, con el visto bueno de sus hermanos, mientras se
tramita la sucesión de su finado padre.
Explica que el demandante es uno de sus hermanos, y
que el supuesto contrato verbal de arrendamiento presentado como título
jurídico para iniciar el proceso de restitución es falso. Sostiene que los
testimonios presentados para probar la supuesta existencia de dicho contrato
son igualmente falsos, por lo cual formuló denuncia penal por los presuntos
delitos de fraude procesal y falso testimonio ante la Fiscalía 14 Seccional de
Montería.
Agrega que, durante el trámite del proceso de
restitución, en forma personal solicitó a la jueza que declarara la ilegalidad
del auto admisorio de la demanda, pues, a su parecer, el poder otorgado para
demandar no reunía los requisitos legales, como tampoco los testimonios
mediante los cuales se pretendía probar el contrato de arriendo. Estas
solicitudes fueron desestimadas por la funcionaria, aduciendo simplemente que por
no ser abogado no podía intervenir dentro de la causa.
Así las cosas, corresponde a la Sala decidir si la
presente demanda es procedente, y en caso afirmativo establecer si en el caso
concreto la funcionaria judicial demandada debía tener en cuenta las situación
expuesta por el demandado, darle oportunidad de probarla, y oírlo en juicio
para ello, a pesar de lo prescrito por las normas del Código de Procedimiento
Civil que ordenan no oír al arrendatario en proceso de restitución de inmueble
arrendado, cuando la causal de terminación del contrato es la mora y no se ha
satisfecho la deuda antes de la contestación de la demanda.
3. Presupuestos procesales de la acción de tutela en el
presente caso
Como cuestión previa, según se dijo, debe
la Sala abordar el asunto de la procedencia de la presente acción,
especialmente frente a la posible existencia de otro medio de defensa judicial
al alcance del demandante. Lo anterior, por cuanto el inciso tercero del
artículo 86 superior prescribe que “esta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
En el presente caso, el fallador de la
acción de tutela en segunda instancia, esto es el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, sostuvo que el asunto de la prejudicialidad
penal, que el a quo había estimado debía ser resuelto previamente a la
continuación del trámite del proceso civil de restitución, resultaba
inaplicable porque se trataba de “medios de prueba aducidos en el proceso civil
en que las partes tienen la oportunidad de controvertirlas dentro del mismo, y
de no ser así, la suspensión se convertiría en un medio fácil para dilatar
injustificadamente los procesos”. Es decir, el ad quem estimó que dentro
del proceso civil era posible controvertir la prueba de la existencia del
contrato de arrendamiento, prueba que el arrendatario tachaba de falsa, y que
esta era una de las razones por las cuales no era procedente la acción de
tutela.
La Sala estima que de ser cierto el
razonamiento del h. Tribunal Superior de Montería, ciertamente la presente
acción debería ser despachada como improcedente, ante la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial al alcance del demandante. Empero, aprecia que en
el caso concreto la consideración del Tribunal es insostenible. En efecto, por
razones jurídicas que se derivan directamente de lo dispuesto por el artículo 424
del Código de Procedimiento, el aquí demandante no puede controvertir la prueba
del contrato de arrendamiento dentro del proceso de restitución de inmueble que
se adelanta en su contra, porque sin cancelar los supuestos cánones en mora, no
obtiene el derecho de ser oído en juicio. Es decir, los mecanismos de defensa que
dentro del proceso civil tendría a su alcance para demostrar que no existe el
contrato, y que por lo tanto no debe lo que se le imputa adeudar, resultan
completamente ineficaces, porque tendría que satisfacer -aunque fuera
provisionalmente- la deuda que discute, como requisito previo para demostrar
que ni ella, ni el contrato que la causaría, tienen existencia jurídica.
A esta realidad ya se refirió la Corte
cuando, resolviendo otro caso similar en que la persona que interponía la
acción de tutela negaba ser arrendataria, dijo al respecto lo siguiente:
“No obstante es lo cierto que los
recursos legales con que los demandados cuentan para oponerse a la entrega del
inmueble del que no son arrendatarios, cuando el demandante anexa a
la demanda prueba sumaria de un contrato en el que figuran como arrendatarios,
y además funda su pretensión en la falta de pago de los cánones pactados, no
resultan eficaces, a menos que el arrendatario consigne a órdenes del juzgado
los valores que el demandante hace figurar a su cargo.
Lo dicho, en razón de que en el supuesto
que se considera el demandado no puede ser oído i) sino hasta tanto demuestre
que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la
prueba allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados, ii) en su defecto
presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los
tres últimos períodos, o iii) si fuere el caso, allegue las consignaciones
efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, en favor de aquél[2].” [3]
La anterior realidad jurídica, aunada a la
manifestación del arrendatario de carecer de los recursos económicos que le
permitirían intervenir en el proceso de restitución de inmueble arrendado en
defensa de sus derechos, lleva a la Sala a estimar que no es cierto, como lo
afirma el fallador de segunda instancia, que dentro del proceso civil en curso
sea posible al demandado –aquí accionante- ejercer su derecho de defensa y
contradicción probatoria.
Contribuye a la anterior conclusión el
hecho de que, dentro de las pruebas allegadas al presente expediente, se
encuentra el memorial suscrito por uno de los testigos cuya declaración juramentada
extra proceso, relativa a la existencia de un supuesto contrato verbal de
arrendamiento, sirvió de fundamento a la demanda de restitución de inmueble
arrendado, memorial en el cual el declarante pide que no se tenga en cuenta su
testimonio, por ser falso.  Esta prueba arroja una seria incertidumbre sobre la
existencia real del contrato de arriendo y de la deuda por ese concepto, que no
ha sido valorada por el juez ordinario a pesar de haber sido allegada al
proceso de restitución, y constituye un elemento probatorio que debe ser tenido
en cuenta a la hora de determinar la procedencia de la acción de tutela en
defensa del derecho de defensa y de contradicción.
Percibe también la Sala que el accionante
trató de intervenir dentro del proceso de restitución en defensa de sus
derechos; en efecto, desde su inicio negó la existencia del contrato y de la
deuda, afirmó no conocer a los testigos que declararon sobre la existencia de
los mismos[4],
intervino personalmente[5]
y luego a través de apoderado, y no fue oído por no ser abogado o por no haber
consignado los dineros que se le imputaba deber por concepto de cánones
atrasados. También solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba
que ejerciera vigilancia judicial sobre el proceso de restitución, en garantía
de su derecho de defensa[6].
Así mismo allegó al expediente del proceso de restitución copia de la denuncia
presentada por él ante la Fiscalía por los presuntos delitos de fraude procesal
y de falso testimonio, así como el memorial suscrito por uno de los testigos
cuya declaración juramentada extra proceso servía de fundamento a la demanda de
restitución de inmueble arrendado, memorial en el cual el declarante pide que
no se tenga en cuenta su testimonio, por ser falso.[7]   Es decir, el
demandante hizo uso de todos los recursos judiciales a su alcance, incluso el
acudir ante la Fiscalía para que se abriera la investigación correspondiente
con miras a que la jurisdicción penal establezca la falsedad de las pruebas
aducidas en su contra, sin que tales mecanismos de defensa hayan sido útiles
para suspender el proceso de restitución que se sigue en su contra.
De esta manera, la única forma en que el
aquí demandante podría hacer efectivo su derecho de defensa dentro del proceso
civil de restitución sería consignando a órdenes del juzgado los valores en
supuesta mora que el demandante hace figurar a su nombre (más de diez millones
de pesos), carga procesal que, en las circunstancias concretas del presente
caso, resulta excesiva dado el material probatorio allegado al proceso civil,
que pone en grave entredicho la existencia de dicha deuda y del contrato que le
daría
origen.
Así las cosas, la Sala encuentra que
efectivamente el aquí demandante ha carecido y carece de mecanismos efectivos
de defensa judicial dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado,
por lo cual la presente acción resulta procedente como mecanismo alterno de
defensa judicial a su alcance.
Establecida la procedencia de la
presente acción, pasa la Sala a estudiar si la decisión de no oír al demandado, adoptada por el
juzgado accionado dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado, se
erige, en las particulares circunstancias del caso, en una vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, específicamente de las garantías de
defensa y contradicción probatoria, y de acceso a la Administración de
Justicia.
4. La constitucionalidad de la limitación al derecho
de defensa de los arrendatarios demandados en procesos de restitución de
tenencia por arrendamiento.
Diversas normas legales introducen limitaciones
al derecho de defensa de los arrendatarios demandados en procesos de
restitución de tenencia por arrendamiento, en la medida en que sujetan la
posibilidad de que éstos sean oídos dentro del proceso al cumplimiento de una
carga procesal de tipo probatorio: presentar ante el juez de conocimiento la
prueba de que se han pagado los cánones de arrendamiento, o que han cancelado
el valor de los costos de servicios, cosas o usos conexos y adicionales que
hayan asumido en virtud del contrato. Varias de  estas normas han sido objeto
de estudio por esta Corporación en sede de constitucionalidad, y han sido
objeto de pronunciamientos contenidos en las siguientes sentencias:
4.1 En la sentencia C-070 de 1993[8], al estudiar la
constitucionalidad de la carga procesal impuesta por el parágrafo 2°, numeral 2°,
del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, carga consistente en que el
demandado, para ser oído, debe consignar a órdenes del juzgado el valor total
de los cánones de arrendamiento adeudados, o presentar los correspondientes
recibos de pago o de consignación, la Corte dijo:
“La causal de terminación del contrato de
arrendamiento por falta de pago de los cánones de arrendamiento, cuando ésta es
invocada por el demandante para exigir la restitución del inmueble, coloca al
arrendador ante la imposibilidad de demostrar un hecho indefinido: el no pago.
No es lógico aplicar a este evento el principio general del derecho probatorio
según el cual "incumbe al actor probar los hechos en los que basa su
pretensión". Si ello fuera así, el demandante se vería ante la necesidad
de probar que el arrendatario no le ha pagado en ningún momento, en ningún
lugar y bajo ninguna modalidad, lo cual resultaría imposible dada las infinitas
posibilidades en que pudo verificarse el pago. Precisamente por la calidad indefinida
de la negación -no pago-, es que se opera, por virtud de la ley, la inversión
de la carga de la prueba. Al arrendatario le corresponde entonces desvirtuar la
causal invocada por el demandante, ya que para ello le bastará con la simple
presentación de los recibos o consignaciones correspondientes exigidas como
requisito procesal para rendir sus descargos.
...
El desplazamiento de la carga probatoria
hacia el demandado cuando la causal es la falta de pago del canon de
arrendamiento es razonable atendida la finalidad buscada por el legislador. En
efecto, la norma acusada impone un requisito a una de las partes para darle
celeridad y eficacia al proceso, el cual es de fácil cumplimiento para el
obligado de conformidad con la costumbre y la razón práctica. Según la
costumbre más extendida, el arrendatario al realizar el pago del canon de
arrendamiento exige del arrendador el recibo correspondiente. Esto responde a
la necesidad práctica de contar con pruebas que le permitan demostrar en caso
de duda o conflicto el cumplimiento de sus obligaciones.
...
Para esta Corte es de meridiana claridad
que la exigencia hecha al demandado de presentar una prueba que solamente él
puede aportar con el fin de dar continuidad y eficacia al proceso, en nada
desconoce el núcleo esencial de su derecho al debido proceso, pudiendo éste
fácilmente cumplir con la carga respectiva para de esa forma poder hacer
efectivos sus derechos a ser oído, presentar y controvertir pruebas. La
inversión de la carga de la prueba, cuando se trata de la causal de no pago del
arrendamiento, no implica la negación de los derechos del demandado. Este podrá
ser oído y actuar eficazmente en el proceso, en el momento que cumpla con los
requisitos legales, objetivos y razonables, que permiten conciliar los derechos
subjetivos de las partes con la finalidad última del derecho procesal: permitir
la resolución oportuna, en condiciones de igualdad, de los conflictos que se
presentan en la sociedad.
4.2 Posteriormente, en la Sentencia
C-056 de 1996[9],
al pronunciarse sobre la constitucionalidad del numeral 3° del parágrafo 2° del
artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, en el que se disponía que,
cualquiera que fuere la causal invocada, el arrendatario debía consignar a
órdenes del juzgado los cánones que se causaran durante el proceso so pena de
no ser oído, la Corte vertió similares consideraciones a las anteriores, para
concluir nuevamente que no se desconocía el debido proceso cuando se imponían
cargas procesales adecuadas a la finalidad de cada proceso en particular. Se
dijo entonces:
“... si se
analiza el numeral 3, que establece la obligación de seguir pagando los cánones
que se causen durante el trámite del proceso, so pena de no ser oído, se ve
fácilmente cómo existe una relación lógica entre las dos normas. No tendría
sentido exigir la consignación de los cánones adeudados, según la demanda, o,
en su defecto, la prueba del pago de los correspondientes a los tres últimos
períodos, y permitir que luego el arrendador demandado dejara de pagar mientras
el proceso se tramitara.  La presentación de la demanda no tiene por qué
modificar las obligaciones que el contrato de arrendamiento crea para las
partes: el arrendador sigue obligado a "conceder el goce de una cosa"
y a cumplir concretamente las obligaciones a que se refiere el artículo 1982
del Código Civil, y todo lo que de ellas se deriva; y el arrendatario, "a
pagar por este goce".
4.3 Más recientemente, en la Sentencia C-886 de 2004[10], la Corte tuvo ocasión
de resolver la demanda interpuesta en contra del artículo 37 de la Ley 820 de
2003, "por la cual se expide el Régimen de Arrendamientos de Vivienda”;
norma según la cual, cualquiera que fuera la causal invocada dentro del proceso
de restitución de inmueble arrendado, el demandado, para ser oído, debería
presentar “la prueba de que se encuentra al día en el pago de los servicios
cosas o usos conexos y adicionales, siempre que, en virtud del contrato haya
asumido la obligación de pagarlos”. La anterior disposción fue declarada
exequible, bajo el entendido según el cual esta carga procesal sólo operaría si
la causal invocada para la restitución del inmueble era la establecida en el numeral
2° del artículo 22 de la misma ley, es decir el impago de los servicios
públicos que cause la desconexión o pérdida del servicio. Para sustentar esta
decisión se expusieron, entre otros argumentos, los siguientes:
“En criterio de
la Corte, la única causal que guarda una relación de conexidad razonable con la
carga probatoria acusada, es la que establece el numeral 2 de este artículo, a
saber, la falta de pago de los servicios públicos o expensas comunes que se
causen por el uso del inmueble, cuando la falta de pago cause la desconexión de
dichos servicios en el primer caso, o cuando el pago de las expensas comunes
esté a cargo del arrendatario. Frente a estas situaciones, es razonable que el
Legislador exija al demandado que acredite, como condición para ejercer
efectivamente su defensa, que ha satisfecho las obligaciones cuya falta de pago
se invoca en su contra – así se previene la dilación innecesaria de procesos de
restitución y se hace justicia a la situación del acreedor de buena fe frente a
un arrendatario moroso en el pago de los costos que le corresponde asumir en
virtud del contrato. No sucede lo mismo con las demás causales, que carecen de
relación razonable con dicha carga probatoria – en estos casos, no es razonable
exigirle al arrendatario que acredite hechos que no son objeto de debate dentro
del proceso; como tampoco es razonable que la sanción por el incumplimiento de
esta carga procesal siempre sea la misma –que el demandado no pueda ser oído
dentro del proceso-, sin importar qué es lo que no se paga. En esa medida, se
declarará inexequible la expresión “cualquiera que fuere la causal invocada”, y
se condicionará la constitucionalidad de las expresiones restantes a que se
entienda que la carga procesal en cuestión únicamente opera cuando la causal
invocada para la restitución del inmueble sea la establecida en el artículo 22,
numeral 2, de la Ley 820 de 2003.”
4.4 Así pues, esta Corporación ha
encontrado que no resulta contrario a la Constitución Política el que la ley
procesal imponga una carga probatoria a los demandados en proceso de
restitución de inmueble arrendado, carga sin cuyo cumplimiento no pueden ser
oídos en el juicio, y que cosiste en acreditar el pago de los canones de
arrendamiento, cuando el demandante alega como causal de restitución la mora en
el pago de los mismos, o de los servicios cosas o usos conexos que haya asumido
la obligación de pagar, cuando la causal alegada en la
demanda es la falta de pago de estos conceptos.
Se pregunta entonces la Sala si esta circunstancia
hace en todos los procesos de restitución de inmueble arrendado en los que el
demandante alegue una de estas dos causales debe exigirse irrestrictamente esta
carga procesal al demandado. Al respecto encuentra que la respuesta es
positiva, y que la solución legal consagrada en las normas procesales civiles,
que busca dar proyección normativa al principio de eficiencia que debe presidir
la administración de justicia, no sólo persigue la protección de los
arrendadores, sino que tiene un soporte lógico en claros principios de derecho
probatorio acuñados de vieja data, que fueron explicados en la Sentencia C-070
de 1993[11],
arriba comentada. En efecto, al respecto se dijo en aquella ocasión lo
siguiente:
“Luego de una prolongada evolución, las
reglas de la carga de la prueba en materia civil han decantado hasta el punto
que es posible resumir su doctrina en tres principios jurídicos fundamentales:
"onus probandi incumbit actori", al demandante le corresponde probar
los hechos en que funda su acción; "reus, in excipiendo, fit actor",
el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que
funda su defensa; y, "actore non probante, reus absolvitur", según el
cual el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra
probar los hechos fundamento de su acción.
“...
“Las reglas generales de la carga de la
prueba admiten excepciones si se trata de hechos indefinidos o si el hecho
objeto de prueba está respaldado por presunciones legales o de derecho.
“En el primer evento, se trata de aquellos
hechos que por su carácter fáctico ilimitado hacen imposible su prueba para la
parte que los aduce. Las negaciones o afirmaciones indefinidas no envuelven
proposiciones que puedan ser determinadas por circunstancias de tiempo, modo o
lugar. La imposibilidad lógica de probar un evento o suceso indefinido - bien
sea positivo o negativo - radica en que no habría límites a la materia o tema a
demostrar. Ello no sucede cuando se trata de negaciones que implican una o
varias afirmaciones contrarias, de cuya probanza no está eximida la parte que
las aduce. A este respecto establece el inciso 2 del artículo 177 del C.P.C.:
"Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren
prueba".
“Las excepciones al principio general de
"quien alega, prueba", obedecen corrientemente a circunstancias
prácticas que hacen más fácil para una de las partes demostrar la verdad o
falsedad de ciertos hechos. En estos casos, el traslado o la inversión de la
carga de prueba hace que el adversario de la parte favorecida con la presunción
o que funda su pretensión en hechos indefinidos es quien debe desvirtuarlos. En
uno y otro evento el reparto de las cargas probatorias obedece a factores razonables,
bien por tratarse de una necesidad lógica o por expresa voluntad del
legislador, para agilizar o hacer más efectivo el trámite de los procesos o la
protección de los derechos subjetivos de la persona.
“...
“La exigencia impuesta por el legislador al
arrendatario demandado responde a las reglas generales que regulan la
distribución de la carga de la prueba, se muestra razonable con respecto a los
fines buscados por el legislador y no es contraria a las garantías judiciales
del debido proceso consagradas en la Constitución y los tratados
internacionales que guían la interpretación de los derechos fundamentales.”
4.5 No obstante todo lo anterior, la
Sala estima que, en el caso particular que ahora se somete a su decisión, no procede
aplicar la norma que exige al arrendatario demandado cancelar la totalidad de
los cánones que se imputan en mora, como requisito para ser oído en el juicio.
Empero, esta inaplicación no obedece a la utilización de la figura de la
excepción de inconstitucionalidad, como lo propuso el juez de primera
instancia, pues, por las razones que arriba se dejaron reseñadas, la Corte ha
demostrado que no existe una contradicción objetiva entre dicha regla legal y
la Constitución. La razón que en este caso impone inaplicar la disposición
estriba en que el material probatorio obrante tanto en el proceso de tutela,
como en el civil de restitución, arroja una duda seria respecto de la
existencia real de un contrato de arriendo entre el demandante y el demandado,
es decir, está en entredicho la presencia el supuesto de hecho que regula la
norma que se pretende aplicar.
En otras palabras, cuando el parágrafo
2°, numeral 2°, del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil dispone que
no se oirá al demandado si no cancela los cánones adeudados, parte de la base
de la existencia de un contrato de arriendo incumplido, cuya prueba ha sido
aportada con la demanda. Pero si, por la razón que fuere, el juez encuentra un
motivo grave para dudar de la validez de la prueba aportada, como sucede en
este caso, mal haría en aplicar automáticamente la disposición.
En efecto, la decisión judicial no
consiste en la imposición irreflexiva de las consecuencias previstas en las
normas, sin una evaluación particularizada de la situación de hecho sujeta a
examen, para determinar que ella sea realmente la premisa de aplicación de la
disposición.  La actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la
prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderación y sensatez a la hora
de aplicar la ley, más cuando, como en el caso de autos, la aplicación
automática de las normas puede conducir a una restricción excesiva de derechos
fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso, concretamente en sus
garantías de defensa y contradicción.
Es decir, en el concreto y particular
caso de autos, la inaplicación de la norma que exige que para ser oído en
juicio el demandado debe probar que se han cancelado los cánones que se
denuncian en mora, no obedece a la inconstitucionalidad de la  disposición,
sino a que se ha puesto en manos del juez una prueba relevante que hacer surgir
una duda grave sobre la existencia del contrato de arriendo y de la deuda por
concepto de mensualidades en mora. Así pues la inaplicación de la disposición
obedece a tal grave duda respecto del presupuesto fáctico de aplicación de la
misma.
Ahora bien, podría pensarse que de todas
formas el juez de conocimiento dentro del proceso de restitución en cualquier
caso debe desoír al demandado hasta tanto no consigne a disposición de juzgado
los cánones que se le imputa deber, aun cuando se hayan hecho llegar a su poder
pruebas relevantes que ponen en grave duda la existencia del contrato de
arriendo. La anterior posición podría soportarse aduciendo que el propio Código
de Procedimiento Civil concede la posibilidad para que en esos casos el
demandado solicite al juzgado la retención de los dineros depositados, hasta
tanto termine el proceso y se esclarezca el asunto de la existencia del
contrato. No obstante, la Sala estima que, en el caso concreto que ahora se
examina,  esta interpretación arroja sobre el demandado en el proceso de
restitución una carga desproporcionada, que consiste en la obligación de
consignar a órdenes del juzgado más de diez millones de pesos que se le imputa
deber, como requisito previo para que la prueba relativa a la inexistencia del
contrato sea tenida en cuenta. Es decir, el derecho de acceso a la justicia se
condiciona al pago de una relevante suma de dinero, a pesar de obrar en poder
del juez una prueba grave relativa a la inexistencia de tal deuda y de la causa
jurídica de la misma, esto es el contrato de arriendo.
4.6. En ocasión anterior en la cual
también existía una duda seria relativa a la verdadera existencia de un
contrato de arriendo, la Corte estimó que no era exigible la carga procesal
relativa al pago previo de supuestos cánones en mora, para que el juez entrara
a valorar las pruebas concernientes a la verdadera realidad de la relación
jurídica que subyacía a la demanda. Así se estimó en el caso decidido mediante
la Sentencia T-838 de 2004[12],
en el cual se alegaba la inexistencia de contrato de arrendamiento alguno, y se
explicaba que la tenencia que se detentaba sobre el inmueble correspondía a la
forma en la que el demandante cumplía con una obligación alimentaria para con
su menor hija.[13]
4.7 En el presente caso el supuesto
contrato de arriendo fue probado mediante la declaración juramentada de dos
presuntos testigos, obtenida extra proceso. Sin embargo, obra dentro del
expediente la confesión de uno de tales testigos, en el sentido de haber
incurrido en el delito de falso testimonio, y su solicitud de ser oído en
indagatoria ante la Fiscalía, a fin de formalizar dicha confesión. Obra también
la copia de la denuncia presentada, relativa a la comisión de los delitos de
fraude procesal y falso testimonio. Todos estos elementos probatorios no podían
ser desoídos alegando la automática aplicación del parágrafo 2°, numeral 2°,
del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil,  e imponían la suspensión
del proceso civil de restitución del inmueble, hasta tanto se estableciera por
los funcionarios competentes si efectivamente se habían cometido los delitos
denunciados.
Así las cosas, la Sala revocará la
decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería que decidió
denegar la acción de tutela por improcedente, y en su lugar tutelará el derecho
al debido proceso del demandante, concretamente en lo que se refiere a las
garantías de defensa y contradicción probatoria; para esos efectos, ordenará la
suspensión inmediata del proceso civil de restitución de inmueble arrendado,
hasta tanto se establezca por las autoridades competentes de la jurisdicción
penal si se cometieron o no los delitos de fraude procesal o de falso
testimonio, en relación con la prueba del contrato de arriendo presentada con
la demanda que dio inicio a dicho proceso. En el caso de que dentro del
mencionado proceso ya se haya dictado Sentencia ordenando la restitución del
inmueble, el juez de conocimiento deberá declarar su nulidad, y no reponer la
actuación declarada nula hasta tanto no se decida el asunto penal.
La Sala destaca que la solución adoptada
en el presente caso obedece a las particularidades del mismo, en especial a la
categoría de las pruebas que ponen en entredicho la verdadera existencia del
contrato de arrendamiento.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero: REVOCAR la sentencia proferida el trece
(13) de septiembre de 2004 por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería, y en su lugar conceder la tutela para la
protección de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del señor
Guillermo Castilla Ramírez.
Segundo:
En consecuencia, ORDENAR a la Jueza Segunda Municipal de Montería,
Córdoba,  que decrete la suspensión inmediata del proceso civil
de restitución de inmueble arrendado iniciado por el señor Pablo Eugenio
Castilla Negrete contra el señor Guillermo Castilla Ramírez, hasta tanto se
establezca por las autoridades competentes de la jurisdicción penal si se
cometió el delito de fraude procesal o de falso testimonio, en relación con la
prueba del contrato de arriendo presentada con la demanda que dio inicio a
dicho proceso. En el caso de que dentro del mencionado proceso ya se haya
dictado Sentencia ordenando la restitución del inmueble, la Jueza de
conocimiento deberá declarar su nulidad, así como la de toda la actuación
posterior, y no reponerla hasta tanto no se decida el asunto penal.
Tercero: Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomarán las medidas
conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA T-162 DE 2005
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTO-No impide la inaplicación de una norma
declarada exequible en el caso concreto por vía de excepción. (Aclaración de
voto)
Referencia: expediente T-1005826
Peticionario: Guillermo Castilla Ramírez
Demandado: Juzgado Segundo Civil Municipal
de Montería.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Con el debido respeto por la mayoría de la Sala de
Revisión y por el magistrado ponente, aclaro mi voto respecto de una cuestión
puntual a la que se hace referencia en la sentencia.
En esta decisión se sostiene en el caso particular
debatido el juez civil municipal debió inaplicar el numeral 2º del parágrafo 2º
del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, pero que dicha inaplicación
no obedece a la utilización de la figura de la excepción de
inconstitucionalidad, como lo afirmo el juez de tutela en primera instancia,
sino que las razón que lleva a no aplicar la disposición legislativa en
cuestión estriba “(...) en que el material probatorio obrante tanto en el
proceso de tutela, como en el civil de restitución, arroja una duda seria
respecto de la existencia real de un contrato de arriendo entre el demandante y
el demandado, es decir, está en entredicho la presencia del supuesto de hecho
que regula la norma que se pretende aplicar”.
No comparto la anterior argumentación, pues el hecho
de que la disposición trascrita del Código de Procedimiento Civil haya sido
objeto de un pronunciamiento previo de exequibilidad proferido por esta
Corporación no impide que frente a dicho enunciado normativo se pueda emplear
la figura de la excepción de inconstitucionalidad en un caso particular.
En otras palabras, el control abstracto de
constitucionalidad realizado previamente por esta Corporación no impide que en
determinados casos, en ejercicio del control concreto por vía de excepción -uno
de cuyos mecanismos es precisamente la acción de tutela-, se inaplique un
enunciado normativo que fue encontrado en su oportunidad ajustado a la
Constitución, por resultar violatorio de los derechos fundamentales y, por
consiguiente, en ese caso concreto inconstitucional.
En esta oportunidad es evidente que existía la
prueba sumaria del contrato de arrendamiento exigida por el Código de
Procedimiento Civil, sin embargo, las particulares circunstancias del caso
hacían irrazonable y desproporcionado, además de violatorio del derecho al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que el juez de
conocimiento exigiera al supuesto arrendatario consignar los cánones debidos
para poder ser oído en el proceso de restitución del inmueble arrendado.
Por lo tanto no se trata de una inaplicación de la
disposición debido  a la “grave duda respecto del presupuesto fáctico de
aplicación de la misma”, sino simplemente de una inaplicación del numeral
2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil en
virtud del control concreto por vía de excepción.
Como las distinciones mencionadas no inciden en la
decisión, respetuosamente aclaro mi voto.
Fecha ut
supra,
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1]
M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2]
En la sentencia C-070 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 1°. num. 227 del Decreto 2282 de 1989, el cual
modificó el parágrafo 2° numeral 2° del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil, esta Corte consideró que “la decisión del legislador
extraordinario de condicionar el ejercicio de los derechos del demandado - ser
oído en el proceso, presentar y  controvertir las pruebas que se alleguen en su
contra - a la presentación de documentos que certifiquen el pago, no es
contraria al contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso”; entre
otras razones, en cuanto “[l]a reducción de los medios probatorios a la
prueba documental no elimina las posibilidades de defensa sino que impone la
necesidad de formalizar un aspecto del trámite ordinario de estos negocios en
aras de la modernización de la economía y la simplificación de las
controversias que en un momento dado se susciten”- en igual sentido C-056
de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía, y C-122 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra..
[3]
Sentencia T-838 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Gálvis
[4]
Cf. diligencia de audiencia judicial para constituir en mora al demandado,
llevada a cabo dentro del proceso de restitución; copia del acta de esta
audiencia puede leerse en cuaderno de copias del expediente del proceso de
restitución obrante dentro del proceso de tutela al folio 33.
[5]
Intervino solicitando a la jueza de conocimiento que declarara la ilegalidad
del auto admisorio de la demanda, por insuficiencia del poder conferido al
apoderado judicial del demandante y por insuficiencia de los testimonios con
base en los cuales se pretendía demostrar la existencia del contrato y de la
mora.
[6]
Esta solicitud dio origen a una investigación que culminó señalando que el
proceso no ameritaba “la imposición de correctivos o anotaciones especiales”.
Cf. copia del expediente del proceso de restitución obrante dentro del proceso
de tutela, folio 71.
[7]
Cf. Copia del expediente del proceso de restitución obrante dentro del proceso
de tutela, folios 94 a 96 y 100.
[8]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Salvamento de voto de Ciro Angarita y Alejandro
Martínez Caballero
[9]
M.P Jorge Arango Mejía.
[10]
M.P Manuel José Cepeda Espinosa. Salvamento parcial de voto de Humberto Sierra
Porto.
[11]
M.P Eduardo Cifuentes Muñoz
[12]
M.P. Álvaro Tafur Gálvis
[13]
En este caso la
Corte decidió dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida dentro del
proceso de restitución de inmueble arrendado, y en su lugar ordenar la
vinculación al proceso de la representante legal de la menor, con pleno respeto
de las garantías constitucionales relativas al derecho de defensa y
contradicción.