C-128-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-128/02
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Alcance
de la competencia para establecer sentido genuino de disposiciones legales/JUEZ
CONSTITUCIONAL EN LA NORMA LEGAL-Alcance de la competencia para establecer
sentido genuino de disposiciones legales/INTERPRETACION DE LA LEY-Debates
NORMA LEGAL-Competente para interpretarla/INTERPRETACION
DE LA LEY EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia general
Por regla general, no es labor de la
Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones legales, pues
ello es propio de los jueces ordinarios. Por tanto, no es procedente el control
constitucional, si la única pretensión es interpretar y determinar el alcance
de una norma legal. Las interpretaciones de las disposiciones demandadas no
pueden ser, en principio, objeto del control de constitucionalidad, pues éste
es un juicio abstracto que confronta las normas con la Constitución para
derivar de allí su conformidad o disconformidad.
INTERPRETACION DE LA LEY EN CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Procedencia
En ocasiones, a fin de procurar la
guarda de la Constitución, la Corte debe intervenir en debates hermenéuticos
sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control. La razón es simple:
el control de constitucionalidad es un juicio relacional de confrontación de
las normas con la Constitución, lo cual hace inevitable que el juez
constitucional deba comprender y analizar el contenido y alcance de las
disposiciones legales bajo examen. En ese orden de ideas, el análisis requiere
una debida interpretación tanto de la Constitución como de las normas que con
ella se confrontan.
AUTONOMIA FUNCIONAL EN INTERPRETACION DE LA
LEY Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Reglas para resolución de tensión/AUTONOMIA
FUNCIONAL EN INTERPRETACION DE LA LEY-Límites/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Exclusión de interpretaciones legales irrazonables/NORMA
LEGAL-Admisión de varias interpretaciones/SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Preservación de la Constitución y libertad
de configuración del legislador/PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Finalidad
La Corte ha
formulado ciertas reglas para resolver la anterior tensión. En primer lugar, el
respeto a la autonomía de las interpretaciones legales tiene como límite la
razonabilidad de las mismas. Por tanto, el juez constitucional puede excluir
las interpretaciones que sean manifiestamente irrazonables. En segundo término,
si la norma admite varias interpretaciones y todas son constitucionales, la
Corte no debe entrar a determinar con autoridad el sentido legal, pues esa
labor corresponde a los jueces ordinarios. Si la situación es la contraria,
esto es, que todas las interpretaciones posibles son inconstitucionales, la
Corte debe retirar del ordenamiento el precepto acusado. En tercer lugar, si la
norma admite varias interpretaciones, unas acordes con la Constitución y otras
que no lo son, la Corte mantendrá la disposición en el ordenamiento pero
excluirá del mismo, a través de una sentencia condicionada, los entendimientos
de la misma que contraríen los principios y valores constitucionales. Sólo así,
y en desarrollo del principio de conservación del derecho, puede la Corte
preservar la integridad y supremacía de la Carta, sin desconocer la libertad de
configuración del legislador.
NORMA LEGAL-Interpretaciones posibles
LEY DE LA
POBLACION SORDA-Protección
y ayuda
NORMA LEGAL-Entendimiento en formas distintas
POBLACION SORDA-Reconocimiento de lengua de señas sin
exclusión de opción por oralidad
LIMITADOS
AUDITIVOS-Alcance de la
protección constitucional
DISCAPACITADO-Protección constitucional reforzada
DISCAPACIDAD-Cláusulas constitucionales y desarrollos
internacionales
DISCAPACIDAD-Acceso a la información y comunicación
DISCAPACIDAD
FISICA O MENTAL-Atención
especial
LIMITACION
AUDITIVA-Compromisos
especiales del Estado
El Estado ha asumido compromisos
especiales con las personas con limitaciones auditivas, pues no sólo debe evitar
las eventuales discriminaciones contra esa población, sino que además debe
desarrollar políticas específicas, en materia educativa y laboral, que permitan
su rehabilitación e integración social, de tal manera que puedan disfrutar de
la vida en sociedad, y en especial puedan gozar de todos los derechos
constitucionales. Obviamente, la adopción de este tipo de medidas no puede
desconocer otras causas de marginalidad que pueden acompañar una u otra
limitación.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA ACUSADA-Finalidad perseguida y medios empleados
POBLACIÓN SORDA-Enseñanza de la lengua manual colombiana y
formación de intérpretes
NORMA ACUSADA-Desarrollo de valores y principios
constitucionales
POBLACION SORDA-Lenguaje de señas y oralidad
IGUALDAD Y PLURALISMO
JURIDICO EN DISCAPACIDAD-Defensa
y subvención preferente de estrategia pedagógica ante metodologías con éxitos
similares
JUEZ Y
FUNCIONARIOS DEL ESTADO-Respeto
por la autonomía e independencia del debate científico/JUEZ Y FUNCIONARIOS
DEL ESTADO-Discusiones científicas y en la evolución de la técnica
El respeto que no
sólo los jueces sino todos los funcionarios estatales deben tener por la
autonomía e independencia del debate científico no excluye que en determinadas
ocasiones sea necesario, para resolver un caso, que el funcionario judicial
analice el estado del arte sobre una determinada discusión técnica.
CORTE CONSTITUCIONAL-Evidencias aportadas por expertos
LIMITACION AUDITIVA-Inexistencia de consenso que privilegie la oralidad o
lenguaje manual en rehabilitación y educación
POBLACION SORDA-Argumentos a favor de la oralidad
POBLACION SORDA-Argumentos a favor de la lengua manual
POBLACION SORDA-Posición intermedia en argumentos a favor de la
oralidad o lengua manual
CORTE CONSTITUCIONAL-No define superioridad técnica de método en
controversia científica
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Privilegio de método ante
debate científico
TEST DE IGUALDAD-Privilegio de método ante debate científico
DERECHO A LA IGUALDAD-Alcance frente a personas y grupos desaventajados
La
Corte ha establecido que el derecho a la igualdad fija límites y horizontes
para la actuación de los poderes públicos y además es un derecho subjetivo de
orden relacional y genérico que se traduce en el otorgamiento de un trato igual
compatible con las diversas condiciones del sujeto. La igualdad sustancial
tiene entonces un carácter remedial, compensador, emancipador, corrector y
defensivo de personas y grupos desaventajados al interior de la sociedad.
NORMA LEGAL-Privilegio de método ante debate
científico resulta cuestionable
DERECHOS DE LOS
PADRES A ESCOGER LA EDUCACION DE HIJO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA-Afectación por preferencia del idioma de
señas
DERECHO A LA
IGUALDAD-Lengua no puede
ser factor para restricción o limitación o establecer tratos distintos
DERECHO A LA
IGUALDAD-Regulación que
diferencie a las personas por la lengua
POBLACION SORDA-Interpretación de apoyo privilegiado al
idioma de señas es inconstitucional
IDIOMAS OFICIALES-Importancia del reconocimiento de una
lengua
IDIOMAS
OFICIALES-No lo constituye
la lengua de señas
El apoyo a la población sorda que se
expresa en lenguaje manual no puede vulnerar la regulación constitucional de
los idiomas oficiales en Colombia, ni traducirse en una discriminación contra
aquellos limitados auditivos que hayan optado por la oralidad.
SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA
UNIDAD NORMATIVA-Otros artículos que reproducen contenido
normativo retirado del ordenamiento
UNIDAD NORMATIVA-Causales de procedencia
Conforme
a reiterada jurisprudencia, la unidad normativa es de carácter excepcional y
procede para (i) para evitar que el fallo sea inocuo; (ii) o cuando es
necesaria para completar la proposición jurídica demandada; (iii) o cuando la
disposición no acusada se encuentra estrechamente vinculada a la norma
demandada y es constitucionalmente sospechosa.
Referencia:
expediente D-3662
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996, “por
la cual se crean algunas normas a favor de la Población Sorda”.
Demandante: María
Soledad Castrillón Amaya
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de
dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, la ciudadana María Soledad Castrillón Amaya presentó
demanda contra los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996, “por la cual se
crean algunas normas a favor de la Población Sorda".
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la
demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la
norma acusada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No.
42.899 del 16 de octubre de 1996.
"LEY 324 DE 1996
(octubre 11)
por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda.
Artículo 2°. El estado colombiano reconoce la Lengua Manual Colombiana, como
idioma propio de la Comunidad Sorda del País.
Artículo 7°. El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos
para que sea éste un medio a través del cual las personas sordas puedan acceder
a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la
Constitución. Para ello el Estado organizará a través de Entes Oficiales o por
Convenios con Asociaciones de Sordos, la presencia de intérpretes para el
acceso a los servicios mencionados.
El Estado igualmente
promoverá la creación de escuelas de formación de intérpretes para
sordos."
III. LA DEMANDA
En criterio de la demandante, la
disposición acusada viola los artículos 2, 5, 10, 13, 15, 16, 25, 26, 27, 28,
38, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 67, 68, y 93 de la Carta Política.
Explica la actora, en primer lugar, que el
lenguaje de señas no es el propio de los sordos, sino de quienes no pueden
acceder al lenguaje oral por diferentes factores, es decir, mudos. Siendo así,
los sordos tienen derecho a hablar y entender el lenguaje de sus padres y
familia cercana a través de la oralidad. De otro lado, la lengua Manual
Colombiana no puede ser reconocida por el Estado como idioma oficial propio de
la comunidad sorda de Colombia, porque esta comunidad no está determinada como
grupo étnico con territorio propio, la lengua oficial propia de los sordos es
el castellano. Para sustentar tal afirmación la demandante hace un estudio
sobre lo que significa étnico, para concluir que los sordos no reúnen esas
características y por tanto no puede decirse que la lengua Manual Colombiana
sea oficial o propia.
Continua su argumentación afirmando que las
normas acusadas violan el artículo 2 de la Constitución que consagra como fines
del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar
los derechos constitucionales y facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan. Indica que durante el trámite de la ley sólo hubo
consultas con los interesados en que la misma culminara su trámite, no se
consultó a personas y entidades especializadas en la rehabilitación de sordos.
Posteriormente la demandante alega que los
artículos acusados violan también el artículo 13 de la Constitución, ya que
estas normas han restringido la posibilidad de adquirir el lenguaje oral para
los sordos, lo cual fomenta su aislamiento y marginamiento de la sociedad y de
su propia familia, pues la ley en estudio anula la opción oral, haciendo
obligatorio el aprendizaje de señas. Además porque no todas las personas tienen
la capacidad económica para pagar la rehabilitación en un centro privado, pues “como
consecuencia de una aplicación sesgada de la ley, las entidades públicas están
dejando de lado a las entidades educativas que propenden la enseñanza dentro
del oralismo (...) porque es obligatorio darle prioridad al lenguaje de señas”.
Así, las disposiciones violan también el derecho de los padres a escoger la
educación de sus hijos sordos, pues eliminan la opción de acudir a una rehabilitación
oral dejando en pie sólo la posibilidad del lenguaje de señas.
Respecto al artículo 15, referente al
derecho a la intimidad personal, la actora considera que la imposición de un
intérprete para las personas sordas es una violación de este derecho, pues
además de aislar e impedir la comunicación directa del individuo sordo con sus
congéneres, genera la dependencia del sordo, lo que limita su libre desarrollo
y lo inhibe en la cotidianidad. Para la demandante es más viable que el interlocutor
de turno vocalice y hable pausadamente para facilitar la lectura de los labios
durante una conversación directa con el individuo sordo, que imponer la lengua
de señas.
Considera la actora que las normas acusadas
violan el derecho libre al desarrollo de la personalidad, pues con éstas los
sordos no pueden optar entre el lenguaje de señas y la posibilidad de una
rehabilitación oral. De esta manera, restringen también el derecho a la
educación mínima pues, para la demandante, el sistema de señas no permite que
los sordos interactuen con los miembros de su ambiente familiar, escolar y
social.
La actora además critica el lenguaje de
señas, por considerarlo pobre y limitador del conocimiento y arguye que los
sordos que se educan dentro del oralismo, pueden llegar a niveles superiores de
educación, en contraste con las personas sordas que sólo reciben instrucción en
el lenguaje de señas.
En cuanto al supuesto cargo por violación
del artículo 25, considera la actora que los artículos demandados llevan a que
se reduzca notablemente la posibilidad de conseguir empleo para una persona
sorda que sólo sepa el lenguaje de señas, pues es evidente que los empleadores
preferirían a una persona que se comunique a través de la oralidad. En ese
sentido debe existir la opción, pues de lo contrario las personas sordas que
sólo manejan el lenguaje señas, aunque estén bien preparadas, sólo conseguirán
trabajos inferiores a sus talentos y con ello se viola su dignidad. De otro
lado, considera que con estas normas, disciplinas como la fonoaudiología y la
terapia del lenguaje pierden terreno, pues ellas se ocupan de rehabilitar
oralmente a personas sordas. Agrega también que existe violación del derecho a
la libre asociación, ya que las normas acusadas obligan a estos profesionales a
asociarse al grupo de quienes se comuniquen a través del lenguaje de señas, que
son los que necesitan intérpretes. Reitera además la violación al derecho de
los sordos a escoger libremente su profesión u oficio, por las razones ya
explicadas.
Respecto al artículo 27, el Estado
garantiza la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y en
el artículo 67 garantiza el derecho a la educación, y por tanto, considera la
actora que al contener ésta una gran componente lingüístico debe darse
oportunidad de impartir una rehabilitación oral para los sordos, pues con la
imposición del lenguaje de señas se vulnera la libertad de aprendizaje y
enseñanza. Enfatiza que con los avances tecnológicos actuales para mejorar la
audición y las pedagogías para sordos, es irracional que a través de la ley 324
éstas sean limitadas por la carencia de recursos económicos.
De otro lado, los artículos demandados
violan el artículo 67 de la Constitución ya que no se presenta una educación
integral, pues está demostrado que las personas sordas que sólo aprenden el
lenguaje de señas tienen problemas de lectura y escritura. La lengua manual
impide el progreso intelectual limitando a los sordos y disminuyendo la calidad
de su educación y la oportunidad de alcanzar un nivel elevado, ya que “no
hay modo de tener intérprete para cada sordo todo el tiempo”.
También considera la actora que los
artículos demandados son contrarios al artículo 44 de la Constitución pues no
puede existir derecho a la familia si se impide a los sordos la posibilidad de
comunicarse con ella a través de su lenguaje natural, generando su aislamiento
e impidiendo su desarrollo armónico e integral, ya sea como infantes o
adolescentes.
Para la demandante, el artículo 47 de
nuestra Constitución Política establece la posibilidad de que los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos reciban atención especializada y las normas
demandadas niegan la posibilidad de una rehabilitación oral ignorando las
tecnologías de ayudas auditivas, amplificadores e implantes, que son
desplazados por el lenguaje de señas. La actora encuentra además que estas
normas violan el artículo 54 de la Constitución ya que a través de la lengua
Manual no se brinda real capacitación laboral para los sordos.
La señora Castrillón ataca a la Federación
Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL), al Instituto Nacional para Sordos
(INSOR) y otras organizaciones de sordos a quienes considera las  únicas
beneficiarias de esta ley, pues le dan privilegio al lenguaje de señas sobre la
rehabilitación oral y por tanto reciben los recursos que ya no son otorgados a
las entidades que se encargaban de enseñar a los sordos a hablar, y argumenta
que tienen poca seriedad académica y que por tanto no son una ayuda para las
personas sordas. En ese sentido encuentra que existe una violación al artículo
68 de la Constitución porque las normas demandadas desplazan a las
instituciones educativas que tienen el sistema del oralismo como método
pedagógico, a través de una malintencionada interpretación de la ley, para
darle prevalencia a una asociación sobre entidades educativas de comprobada
eficiencia, con lo cual aumenta el analfabetismo en las personas sordas, o por
lo menos su bajo nivel educativo.
Finaliza la actora con su defensa de las
metodologias del lenguaje oralista para sordos, por considerar que éstas abren
espacios nuevos para el desarrollo de estas personas, lo que no ocurre con el
lenguaje de señas que a través de estas normas se está imponiendo. Así,
considera que los padres tienen derecho a escoger la educación que darán a sus
hijos sordos: el lenguaje de señas, o la oralidad, y reitera que con esta
demanda no pretende que se elimine el lenguaje de señas, sólo que se deje
abierta la posibilidad que tienen los sordos para aprender a hablar y entender
el lenguaje de las personas que los rodean.
Por lo anteriormente expuesto, la ciudadana
solicita que se declare la inconstitucionalidad de las normas acusadas o, si
ello no ocurre, se declare la constitucionalidad condicionada porque en la práctica
las normas lesionan gravemente los postulados constitucionales que se
analizaron. Además solicita la práctica de pruebas con los profesionales que se
dedican a la rehabilitación de los sordos, instituciones educativas, sordos
rehabilitados en ambas corrientes, padres de familia con hijos sordos y
colegios regulares que hayan integrado alumnos sordos.
IV. INTERVENCIONES OFICIALES
1. Intervención del Ministerio de Salud
Bernardo Alfonso Ortega Campo, obrando como
representante del Ministerio de Salud, interviene con el fin de solicitar que
se declaren exequibles las disposiciones demandadas. Considera el interviniente
que las normas buscan mejorar la situación de la población sorda y por ello no
pueden considerarse contrarias a la Constitución. Además la demandante no
precisa con absoluta claridad los motivos que respaldan su solicitud de
inconstitucionalidad y por ello, de acuerdo con reiterada jurisprudencia esta
Corporación, cuando la demanda no cumple con las exigencias dispuestas en el
artículo 2 del decreto 2067 de 1991 la acción no puede prosperar.
2. Intervención de la Secretaría de Salud
de Bogotá
Adriana Jiménez Báez, Jefe de la Oficina
Jurídica de la Secretaría de Salud de Bogotá, interviene con el fin de traer a
colación algunas normas sobre interpretación de la ley del Código Civil para
manifestar que no existen lagunas en el Derecho ni, obviamente, en esta ley. De
otro lado, aclara las funciones de la Secretaría de Salud, circunscritas a
fomentar el acceso al servicio público de salud, bajo ese entendido fue creado
el Consejo Distrital para el Discapacitado, del cual hace parte esta
institución. Finalmente aclara (i) que la norma acusada se refiere a competencias
propias del Ministerio de Educación y de la Secretaría Distrital de Educación,
(ii) que la Secretaría de Salud no participó en la elaboración o expedición de
la norma y, (iii) que las disposiciones acusadas se enmarcan dentro del aspecto
cultural o educativo y no de la salud, campo que le compete a la entidad
interviniente.
3. Intervención del Instituto Nacional para
Sordos INSOR
Luz Mary Plaza Cortés, actuando como
representante del Instituto Nacional para Sordos INSOR, interviene en el
proceso de la referencia con el fin de defender la constitucionalidad de las
normas acusadas.  En primer lugar, la ciudadana precisa algunos términos que
según ella se encuentran mal utilizados en la demanda que ocupa a esta Corte,
con el fin de despejar posibles dudas y evitar una mala interpretación, como de
hecho considera que ocurrió con la demandante. Posteriormente, procede a anotar
que los artículos 2 y 7, al consagrar la lengua manual como propia de la
comunidad sorda en Colombia, no hace de ella su lengua oficial. Además, según
su entender, el Estado simplemente está reconociendo un hecho que ya existía,
sin que obligue a sordos o familiares a aprenderla. Luego se ocupa de reseñar
otros artículos de la ley parcialmente demandada, para demostrar que una interpretación
que los tome en cuenta, no puede llevar a las erradas conclusiones que expone
la actora en su demanda.
En su parecer, la ley no impide ni prohibe,
ningún tipo de educación para los sordos, pues los padres pueden escoger
libremente la opción que consideren más adecuada. Respondiendo a este
principio, el Estado, por medio del INSOR, ha identificado opciones de atención
para la población con limitaciones auditivas, para que se reconozcan sus
necesidades específicas, y se brinden las condiciones necesarias para
posibilitar a los niños sordos el acceso a la educación en las mejores
condiciones.
Discrepa también de la demandante, de los
reparos expresados en la demanda frente a los intérpretes de lengua manual,
pues ellos son una ayuda para la población sorda. Así, el reconocimiento hecho
a través de los artículos demandados, posibilita que la comunidad sorda salga
del marginamiento, para acceder a condiciones de igualdad. Además, como lo
demuestran las experiencias de otros países, donde se ha educado a la población
sorda en lengua de señas, los sordos han alcanzado altos niveles educativos
(por ejemplo en Suecia, Finlandia y Estados Unidos). Incluso en Colombia, anota
la interviniente, se han obtenido resultados satisfactorios con personas sordas
que han estudiado su bachillerato en colegios de oyentes y otros que se
encuentran adelantando estudios superiores.
Considera además infundados todos los demás
cargos, luego de exponer la seriedad de la instrucción impartida a los
intérpretes, el rigor de los programas educativos para sordos y el gran espacio
laboral que tienen disciplinas como la fonoaudiología.
También aclara la interviniente que el
INSOR, se dedica a investigar alternativas educativas y de integración social
para los limitados auditivos, lo que le sirve de base para prestar asesoría y
asistencia técnica a las entidades territoriales competentes para prestar la
atención directa que el INSOR prestaba anteriormente. Posteriormente, la
ciudadana hace algunas consideraciones sobre los principios constitucionales y
su alcance de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional,
para relacionarlos con los propósitos de las normas demandadas y concluir, con
base en ellos y en algunos instrumentos internacionales (ver folio 32), que las
normas acusadas deben mantenerse dentro del ordenamiento.
4. Intervención del Representante a la
Cámara Colin Crawford
El ciudadano Colin Crawford, en su calidad
de Representante a la Cámara y autor de la iniciativa en la época de la
aprobación de la ley, interviene en el proceso de la referencia con el fin de
solicitar la declaratoria de exequibilidad de los artículos demandados ya que,
a su juicio, la interpretación armónica muestra que su fin es favorecer a la
población sorda de Colombia, no descalificar la posibilidad de una
rehabilitación oral.
En primer lugar destaca que la norma
cumplió todo el trámite previsto por la Constitución para las leyes de su tipo,
y dentro del mismo se presentó alta participación de la comunidad sorda y de la
comunidad científica dedicada al tema. Anota que el lenguaje de señas sólo es
el propio de aquellos limitados auditivos que no pueden acceder a lenguaje oral
u otras formas de comunicación por diferentes factores, y la consagración del
idioma manual como propio de la comunidad sorda no vulnera el derecho que
tienen los sordos a hablar. Menciona las experiencias de  otras naciones como
España, Alemania, Suecia, donde también se ha elevado a rango legal el sistema
viso - gestual como respuesta a declaraciones internacionales, como la de
Salamanca, que establecen normas y prácticas comunes de carácter universal
sobre el asunto y conminan a países como Colombia, para adoptar normas
educativas y legales al respecto.
En ese sentido el lenguaje oral y el de
señas no son incompatibles ni excluyentes sino complementarios y por tanto las
normas acusadas no vulneran los derechos de la población sorda. Tan claro es lo
anterior que el decreto reglamentario 2369 de 1997 “por el cual se desarrolla
parcialmente la ley 324 de 1996” dispone que las instituciones
educativas que primordialmente “atienden niños hipoacúsicos, basadas en
estrategias y metodologías para la promoción y el desarrollo de la lengua oral,
podrán continuar prestando servicio educativo”.
Pero de cualquier modo, es clara la
obligación de los establecimientos que prestan el servicio educativo a las
personas sordas, de impartir enseñanza en lengua señas colombiana, pues se
trata de la reivindicación de los derechos de una población oprimida
históricamente, sin que ello sea incompatible con otros lenguajes o sistemas de
comunicación. Considera el interviniente que las normas demandadas se refieren
a una acción afirmativa del legislador para integrar social y culturalmente a
la población sorda desarrollando varios principios constitucionales, incluso
los mencionados por la actora en su demanda. Así, esta acción de
inconstitucionalidad no está llamada prosperar, pues las normas acusadas no
elevaron a rango oficial el lenguaje de señas, y su consagración como lenguaje
propio de la comunidad sorda de Colombia sólo intenta que los limitados
auditivos accedan a todos los espacios sin discriminación alguna.
Agrega el interviniente que la demandante
pretende hacer incurrir en error a la Corte Constitucional al interpretar las
normas acusadas sobre la base de casos concretos de carácter subjetivo “desconociendo
las reglas básicas de interpretación constitucional, pues el juicio
constitucionalidad (…) es un proceso interpretativo de cotejo abstracto entre
la norma constitucional y una norma jurídica de categoría inferior”. Por
tanto desconoce lo dispuesto en el artículo 241 constitucional, pues no es
función de la Corte Constitucional prevenir errores de interpretación en la
aplicación práctica de la ley “salvo cuando la corporación utiliza la
facultad de fijar los alcances de sus fallos mediante sentencias condicionadas
o interpretativas en ejercicio de su marco constitucional previsto en el
artículo 243 y 244 de la Constitución y en la ley 270 de 1994”.
El interviniente cita jurisprudencia de
esta Corte sobre el concepto de una lengua oficial (C-530 de 1993, C-530 de
1999, C-086 de 1994) para diferenciarlo de una lengua propia y también acude a
sentencias en las que la Corte Constitucional ha protegido a los derechos de
los sordos y el derecho a la igualdad. Así concluye que no existe trato
discriminatorio, desproporcionado o carente de justificación razonable en las
normas demandadas, pues lo que éstas intentan es alcanzar igualdad real y
efectiva entre las personas sordas y las oyentes, permitiendo que accedan al
conocimiento y a una formación integral, pues el lenguaje de señas puede ser
una modalidad del derecho fundamental a la educación, sobre el cual el
ciudadano cita abundante jurisprudencia.
Considera el interviniente que las normas
acusadas no violan el derecho a la intimidad de las personas sordas ya que la
Corte Constitucional ha sistematizado el alcance de este derecho en reiterada
jurisprudencia, y en este caso no se configura ninguno de los supuestos para
que exista tal violación, pues la misma ley establece en los artículos 8 a 10
los criterios para la formación de intérpretes y los requisitos para su grado y
ejercicio. De igual manera realiza un estudio para desvirtuar la supuesta
violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del derecho al
trabajo, a la libre escogencia de profesión u oficio y el derecho a tener una
familia.
De otro lado, arguye que la lengua de señas
no es pobre lingüísticamente, y que las declaraciones y críticas desarrolladas
en la demanda en cuanto a la ausencia políticas claras por parte el Instituto
Nacional para Sordos INSOR en la aplicación práctica de la ley, no son del
resorte del juez constitucional y escapan de la órbita propia de su control.
Después de su extensa intervención concluye que estas normas no intentan
desplazar a las entidades educativas que ofrecen el sistema oral como método
pedagógico de rehabilitación de la población sorda pues lo que buscó el
Congreso de la República cuando se aprobaron los artículos demandados, fue
desarrollar el mandato constitucional, previsto en el artículo 68, sobre la
erradicación del analfabetismo y posibilitar la educación de personas con
limitaciones físicas o mentales conforme lo permite el modelo de estado social
de derecho.
En ese sentido las normas acusadas no son
inconstitucionales, todo lo contrario, se dirigen al desarrollo cabal del orden
constitucional colombiano para permitir el acceso una vida con igualdad de
oportunidades y responsabilidades, para que las familias de esta población que
no contaban antes de la ley con protección para sus hijos limitados auditivos,
tengan un aliciente para perfilar el futuro con optimismo, autonomía,
independencia, participación democrática, y fe. Solicita entonces que la Corte
declare la constitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la ley 324 de 1996.
V. INTERVENCIONES CIUDADANAS
En este punto la Corte debe resaltar que
recibió un gran número de intervenciones y conceptos científicos. Teniendo en
cuenta las similitudes entre ellos, esta Corporación no presentará el contenido
de cada uno, sino que efectuará una síntesis de los aspectos más relevantes de
acuerdo con la naturaleza de cada intervención: científica, testimonial o
pedagógica. Cabe anotar que la Corte tendrá en cuenta algunos de estos
conceptos al momento de fallar, habida cuenta de la intensidad y complejidad
del debate.
A. CONCEPTOS CIENTÍFICOS
Dentro de los conceptos científicos
recibidos, la Corte observa que algunos apoyan la demanda de la referencia y
otros consideran infundados los cargos. Entre las intervenciones que consideran
que a la actora le asiste razón, obran conceptos en los que se destacan las
bondades de la oralidad entre los sordos y la facilidad de su aprendizaje, por
ejemplo, uno de los intervinientes, formador de maestros para sordos, anota que
en su experiencia, cerca de un 40% de los estudiantes sordos, incluso
profundos, logran desarrollar habilidades de comunicación oral con apoyo de
terapias del lenguaje. Pero ello a la vez implica que deben respetarse todos
los enfoques con el fin de no perjudicar el desarrollo y las alternativas del
sordo. Lo que debe defenderse entonces es la libre decisión de la persona
sorda.[1]
Al respecto también obra el concepto de Helena Manrique y otras dos
fonoaudiólogas quienes anotan además que un sordo oralizado puede aprender el
lenguaje de señas en cualquier etapa de su vida, mientras que si un sordo no
adquiere el lenguaje oral en su primera infancia, después es casi imposible que
logre hacerlo.
Adriana Rivas, coordinadora del programa de
implante coclear en la clínica José A. Rivas y veinticuatro personas más,
intervienen en este proceso con el fin de relatar su experiencia en el trabajo
con niños sordos que con la ayuda de los adelantos científicos han logrado
adquirir la lengua oral, desempeñarse de forma competente al asistir a colegios
de educación regular y participar activamente en la sociedad.[2] Así, puede demostrarse
científicamente que tanto las personas sordas de nacimiento o ensordecidas
necesitan recibir todas las formas de rehabilitación posibles para aprovechar
al máximo sus posibilidades.
De otro lado, docentes de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (Clemencia Cuervo y Rita
Flórez) consideran que la lengua de señas es una lengua que han desarrollado
naturalmente las personas sordas en el seno de sus comunidades[3], para satisfacer las
necesidades de la comunicación cotidiana y por tanto debe ser respetada y
protegida como en otros países. Ello facilita el acceso de las personas sordas
a los beneficios de la sociedad. Con ese fin fue expedida la Ley 361 de 1997
por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con
limitaciones que en sus artículos 66, 67 y 68 se refiere la posibilidad de usar
este tipo de lenguas y, de la misma manera las normas uniformes para la
equiparación de oportunidades de las personas con discapacidades de las
Naciones Unidas (1993) que en sus reglas 5 a 7 establece el uso de la lengua de
señas y de intérpretes para el acceso a la información, a la educación y al
empleo. Con todo la lengua de señas colombiana y la lengua hablada como medio
socialización educación de los niños sordos o con limitación auditiva son
opciones a las que tienen derecho las personas sordas y sus familias. Es
indispensable entonces que se les suministre a las personas información
correcta y científica basada sobre las implicaciones de una u otra forma
comunicación.
Gladys Stella López y Lionel Antonio Tovar
relatan la historia de opresión que han vivido los sordos y la lengua de señas,
y consideran que ésta se encuentra en situación de desventaja frente al
español. En ese sentido consideran que los sordos han sido vistos
históricamente como personas discapacitadas a quienes normalizar mediante
cuidados clínicos. Pero cuando la deserción escolar y el marginamiento de los
sordos mostró el fracaso de esas tendencias comenzó a cobrar importancia la
Lengua Manual Colombiana, que de ninguna manera es primitiva ni pobre
lingüísticamente. Los intervinientes citan variados autores para apoyar sus
argumentos e incluso mencionan que el instituto Caro y Cuervo está empeñado en
la realización del primer diccionario de la Lengua Manual Colombiana.[4]
Agregan que la ley no prohibe en ninguno de
sus artículos que los sordos, si sus padres así lo desean, sean oralizados. Los
intervinientes anotan que los estudios psicolingüísticos y de educación de
minorías lingüísticas demuestran “que lo más conveniente para una minoría
tan marginada como la sorda (de hecho, la literatura a nivel mundial la reconoce
como una minoría de minorías) es una educación bilingüe que le de importancia
primordial a su lengua natural”.
Así, como lingüistas y especialistas en la
enseñanza de lenguas, los intervinientes están convencidos de que los miembros
de una comunidad minoritaria deben disponer de su lengua natural desde la más
temprana edad y, sobre todo, al inicio de su educación. Esto concuerda con la
Declaración de derechos humanos, con los resultados de la reunión de expertos
de las Naciones Unidas sobre el uso de lenguas vernáculas en la educación
(UNESCO 1953), con la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre
necesidades educativas especiales (1994) de la cual Colombia es signatario.
Consideran entonces que la oralización es una opción de los padres, pero a la
vez es un recurso clínico terapéutico y no puede formar parte de la escuela.
Para finalizar, los intervinientes no desconocen que existe un número
minoritario de sordos que han logrado acceso al castellano oral a través de
terapias de este tipo, pero, para ellos, la gran mayoría de sordos colombianos
deben ser beneficiarios de la lengua de señas para eliminar la situación de
marginamiento y bajo status social, económico y educativo de la mayoría de los
sordos víctimas del fracaso de terapias orales del pasado.
B. CONCEPTOS DE ENTIDADES DEDICADAS A LA
EDUCACIÓN DE SORDOS
Miryam Zuluaga Uribe, actuando como
representante legal de la Fundación Pro débiles Auditivos, entidad dedicada a
la rehabilitación oral de niñas y niños sordos, con una experiencia 35 años en
este trabajo, interviene en este proceso para adjuntar documentación con el fin
de respaldar la demanda de la referencia. La ciudadana anota que esta
institución se ha visto lesionada “debido a la interpretación sesgada de la
ley 324, por la Federación Nacional de Sordos de Colombia, la cual la influido
en las decisiones que han tomado funcionarios públicos de la región en
beneficio de la educación Manual de los sordos y en contra de la alternativa
oralista”. Agrega la interviniente que intenta ilustrar la Corte
Constitucional, sobre la importancia de respetar el oralismo como una excelente
alternativa educativa para la población sorda, cuyas demostraciones de eficacia
han sido sensibles[5].
Así, muestra un listado de 39 personas egresadas de la institución que
representa, y que han cursado o están cursando estudios superiores, así como
documentos técnicos sobre la filosofía de su institución y de la rehabilitación
oral para sordos.
Adjunta además oficio que esta Fundación
dirigió a la Jefe del Departamento de Asistencia y Rehabilitación de la
Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín, en el cual manifiesta
su preocupación por lo expresado por la entidad municipal. Ésta afirmó que a
pesar de reconocer la importancia lenguaje oral para los sordos, que no le era
posible contratar con la Fundación, porque incrementar el oralismo en sus
alumnos, desconocería el mandato de la ley 324 de 1996 y entraría en
ilegalidad. En el oficio precitado, la interviniente manifestó que la Secretaría
de Bienestar Social del Municipio de Medellín había tenido una visita de un
funcionario de INSOR, en la que éste les advertía sobre la obligatoriedad de la
Lengua Manual en el proceso de rehabilitación de los niños sordos de cero a
cuatro años. Frente a ello, la ciudadana expresó que ningún funcionario estaba
autorizado para hacer interpretaciones sesgadas de la ley, y menos a presionar
con amenazas de legalidad a los funcionarios del Estado para que tomen
decisiones a su favor de acuerdo con una interpretación de las normas. En ese
sentido la ley debe ocuparse de amparar a toda las personas sordas y no sólo a
quienes pretendan favorecer uno de los medios de rehabilitación, cualquiera que
sea. Por tanto, considera acertados los cargos de la demanda.
Las directivas del Instituto Nuestra Señora
de la Sabiduría, con más de 77 años de servicio a sordos con el método oral,
intervienen dentro de este proceso para declarar que, de acuerdo con las
orientaciones de INSOR y FENASCOL, modificaron la forma comunicación que se
llevaba en el instituto del oralismo a la lengua de señas colombiana. Durante
ocho meses se ha llevado a cabo este proceso y han podido constatar que los
alumnos que se expresaban oralmente han perdido esta facultad, que se
encuentran inconformes y piden la utilización del lenguaje oral, que las
empresas que solicitan jóvenes para trabajar exigen que éstos puedan comunicar
algo oralmente para que las relaciones sean favorables.
De otro lado, con el lenguaje de señas las
familias tienen dificultad para comunicarse con sus hijos, pues también desean
que ellos aprendan hablar. En ese sentido la experiencia refleja que es
necesario que las personas sordas puedan aprender el castellano en forma oral,
escrita y la lengua de señas con el fin de interactuar tanto con personas
sordas como con oyentes. Al respecto han recibido varias sugerencias de los ex
alumnos sobre la importancia de reflexionar acerca de la conveniencia de
adoptar la comunicación oral que tenían anteriormente. Por lo anterior, están
de acuerdo con la demanda de la referencia, pues consideran perjudicial para la
comunidad sorda el privarla de las posibilidades de aprender el idioma oral.
Blanca Samper de Samper y Paola di
Colloredo-Mels, quienes laboran en la fundación CINDA (Centro de Investigación
e información en deficiencias auditivas) que desde hace ocho años se dedica a
la rehabilitación del lenguaje oral en los niños con deficiencia auditiva,
intervienen en el presente proceso para expresar que la Ley 324 de 1996
parcializó “las políticas estatales cerrando la puerta los niños sordos con
lengua y oral y ocasionando así la ausencia total de apoyo por parte del Estado
para este grupo de niños a nivel escolar, de rehabilitación y
amplificación". Agregan que la tecnología actual ha posibilitado que
cada vez más niños sordos tengan acceso al desarrollo del lenguaje oral y por
lo tanto a la educación que el país debe ofrecerles dándoles oportunidades para
ser miembros activos de la sociedad[6].
Diana Marcela Noguera Santamaría, Directora
(E) del Colegio Filadelfia para Sordos, interviene en el presente proceso con
el fin de defender la constitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la ley 324
de 1996.  Según la actora, la experiencia de esta institución (quince años)
muestra que el aprendizaje tardío de una lengua trae consecuencias graves en
cuanto al acceso al conocimiento y a su relación con sus pares. Así, con la
Lengua Manual, las personas sordas “pueden adelantar procesos comunicativos
de carácter interindividual e intraindividual y, por lo tanto establecer
procesos interaccionales que les permiten acceder al conocimiento, la ciencia,
la técnica y demás bienes y valores de la cultura, como también entregar a la
sociedad su pensamiento, su productividad, su acción”.[7]
Otras intervenciones aseguran que la
demanda no debe prosperar, por ejemplo Patricia Ferreira, actuando como
representante legal de la Fundación para el Niño Sordo ICAL, considera que el
método oralista no es el más apropiado para todas las personas sordas, no sólo
por los rasgos de su disminución auditiva, sino por otros factores (anímicos,
sociales, económicos) y por el contrario, la posibilidad de acudir al lenguaje
de señas ha demostrado grandes éxitos, a través de la integración escolar de
niños sordos a colegios de niños oyentes. Así, resalta las bondades de la
lengua de señas dentro de los procesos pedagógicos que ha desarrollado la institución.
Myriam Corredor y diez profesionales más
que laboran en el Instituto Integral de Audición y Lenguaje SENTIR, intervienen
con el fin de defender la constitucionalidad de las normas acusadas pues en su
opinión, éstas no excluyen el oralismo. Incluso el artículo 15 de la misma Ley
establece que las instituciones educativas que atienden niños hipoacúsicos
pueden seguir prestando sus servicios a través de la lengua oral, así, existe
plena libertad para optar por lo que cada cual necesite. Relatan además su
experiencia con la lengua de señas, pues en su institución no se usa el
oralismo y ello no ha impedido que sus estudiantes se integren con éxito al
bachillerato con la ayuda de intérpretes, lo cual no los hace desconocer que,
excepcionalmente, algunos sordos utilizan el oralismo.
Consideran entonces que declarar
inconstitucionales las normas demandadas significaría imponerle la oralidad a
los sordos, lo cual coartaría su derecho al libre desarrollo de la
personalidad, en especial, sabiendo de antemano que la experiencia demuestra
las facilidades del lenguaje de señas. En cambio, mantener la norma no genera
trauma alguno para quienes simpaticen con el oralismo.
C. TESTIMONIOS
Dentro de las numerosas experiencias de
sordos, sus educadores, amigos y familiares, la Corte hará una síntesis a fin
de mostrar las diversas posiciones.
Doris García de Botero, directora general
del Instituto para niños ciegos y sordos de Cali, y ciento cincuenta personas
más, intervienen para manifestar que son muchas las personas sordas que se
pueden comunicar a través de la oralidad e integrarse completamente a la
sociedad, y este número tiende a aumentar con los avances científicos actuales.
Así, la lengua manual no es el lenguaje natural del sordo, pues su lengua natural,
como la de cualquier niño, es la de sus padres o la que ellos escojan para su
educación. Por tanto, en aras del respeto a la Constitución, los sordos tienen
igualdad de oportunidades de aprender castellano hablado como cualquiera de sus
compatriotas colombianos[8].
En el mismo sentido interviene Helena
Triana de Uprimny, Fonoaudióloga y coordinadora de preescolar del Gimnasio
Femenino, quien respaldada por 100 personas más, presenta escrito con el fin de
relatar la experiencia de integración de niñas con discapacidades auditivas en
diferentes cursos de la institución. Afirma que con el programa las estudiantes
sordas han avanzado significativamente en la competencia lingüística ya que
están inmersas en un ambiente lenguaje oral estimulante y exigente. En ese
sentido ha sido satisfactorio para el Colegio haber beneficiado 21 alumnas, de
las cuales 8 se han graduado de bachilleres “con prueba de estado y con
educación superior en el país y en el exterior”. Finalmente anota que
actualmente están matriculadas cinco alumnas sordas en la institución[9].
María Cristina Samper y otras 40 personas
sordas, intervienen con el fin de solicitar que la Corte declare la
inconstitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la ley 324 de 1996 por
considerarlos lesivos de los derechos de la población sorda, ya que ellos
impiden su libre desarrollo, rehabilitación personal, profesional y laboral.
Para los intervinientes su lenguaje es el castellano oral y escrito que han
venido utilizando para comunicarse ya que se han rehabilitado a través de una
comunicación oralista, pues los sordos no necesariamente son mudos y pueden
comunicarse de esta manera a través de la vocalización con lectura de labios.
En ese sentido consideran errado que los infantes discapacitados sean obligados
a renunciar a la riqueza del idioma castellano, pues el lenguaje de señas los
aísla y los condena a estar solos frente al 99% de la población oralista.
Además consideran que no deben obligarlos a depender de un intérprete por
múltiples razones, incluso por los costos que implica.
Con una posición similar interviene Víctor
Manuel Moncayo, en su doble condición de rector de Universidad Nacional de
Colombia y padre de una persona sorda, quien anota que parte del derecho de
intimidad es la escogencia de una forma de expresión, lo cual es desconocido
totalmente por las normas demandadas. El mismo argumento aplica para sustentar
la violación del derecho al libre desarrollo la personalidad. Las disposiciones
también atentan contra el derecho a la educación ya que limitan a la población
sorda para que se exprese solamente a través del lenguaje manual y, en ese
sentido, el Estado no asume en forma debida su responsabilidad en la educación
de las personas sordas. De otro lado, niegan el acceso a la cultura de la
población sorda que ordena el artículo 70 de la Constitución e impiden la
búsqueda del libre conocimiento y de la expresión artística consagrados en
artículo 71 de la Carta[10].
Agrega el interviniente que las normas violan el derecho al trabajo, ya que con
el lenguaje de señas se cierran las posibilidades de los sordos para insertarse
en la organización social y productiva, por tanto vulneran la libertad de
elección de profesión u oficio[11].
Considera el ciudadano que el Estado no está cumpliendo con una política de
previsión, rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos y
sensoriales, garantizada en el artículo 47 de la Constitución, pues esta ley
establece los límites ya anotados.
Agrega el interviniente, que conoce de
manera directa y personal la condición de los sordos, ya que su hija, sorda
nacimiento, fue rehabilitada oralmente, y logró adquirir un nivel superior de
educación, y aunque no desconoce que el lenguaje manual le ha sido útil para la
comunicación con quienes tienen su misma discapacidad, considera que la
integración a la sociedad no hubiera sido posible sin el lenguaje oral, que no
solamente le ha permitido expresarse en español sino en otros idiomas. Así, las
normas acusadas no pueden desconocer las innovaciones científicas y técnicas
para ampliar las posibilidades sensoriales de los deficientes auditivos.
Finalmente, el rector de la Universidad
Nacional de Colombia, considera que la limitación establecida por las normas
demandadas es un obstáculo insuperable para que los sordos puedan beneficiarse
del sistema educativo, pues la educación superior es más factible cuando existe
comunicación oral. Considera entonces que la demanda está llamada prosperar.
En relación con los beneficios educativos
de la oralidad, Genoveva Keyeux interviene para dar su testimonio sobre los
logros de una persona sorda nacimiento que podía comunicarse oralmente con los
demás y que trabajó con ella en la Universidad del Valle para hacer su tesis
doctoral. La ciudadana explica que dirigió su tesis de genética molecular y a
pesar de ser un estudiante sordo, su desempeño fue excelente dentro del trabajo
que llevó a cabo, un trabajo científico en el cual realizaron experimentos de
laboratorio, discusiones sobre los resultados, y seminarios grupales con
personas oyentes. Incluso este estudiante pudo leer con detenimiento un texto
científico en francés que era la guía para los alumnos que integraban el grupo.
Lo único diferente al interactuar con él era la necesidad de hablar claro y
mirándolo de frente, pero fue fácil para el grupo adaptarse a su ritmo de
comprensión del lenguaje verbal.
Luego de cursar sus estudios
universitarios, este joven se desempeña en una empresa, tiene autonomía
económica, convive en el mundo de los oyentes como cualquier otra persona y no
se encuentra marginado por su limitación. Para la interviniente, si el joven
sólo hubiese conocido el lenguaje de la señas, tanto para ella como para los
demás maestros de la Universidad del Valle, habría sido imposible transmitirle
los conocimientos necesarios y él siempre hubiera dependido de un intérprete.
Por tanto, considera que el Estado debe proporcionar a los sordos las
herramientas necesarias para desarrollarse, incluyendo la posibilidad de
aprendizaje de la comunicación oral[12].
Clara Inés Sánchez Mendoza, directora
General de la Fundación Padres del Sordo Colombiano DESCUBRIENDO, interviene
para dar a conocer la experiencia de trece años de trabajo con sus hijos e
hijas sordos y ensordecidos. Durante ese tiempo han podido concluir que la
opción ideal es la complementación del método oralista con la lengua de señas.
Con todo, en el país se han polarizado las opciones en desmedro de la población
sorda y sus familias. Destaca que el método oralista es de un alto costo y no
puede ser aplicado a todas las personas, pues existen algunos requisitos para
tal fin. De otro lado, esta fundación trabajó en la ley demandada y en su
proceso reglamentario y afirma que éste aún no ha terminado y por ello su
interpretación y aplicación es difícil, pero ello no significa que viole los
derechos fundamentales.
Así, las dudas más fuertes que han surgido
se relacionan con la aplicación de la ley, pues pareciera que el término
“propia” se estuviese entendiendo como oficial y por ende obligatoria. Afirma
que existe desinformación, o por lo menos información insuficiente a
disposición de los padres de niños sordos. Además, la propuesta oralista no
cuenta con apoyo del Estado, pues sus recursos educativos se ejecutan en la
lengua de señas. Así, aunque las normas acusadas no nieguen la opción de la
oralidad, no ofrecen el apoyo necesario para ello. Agrega que también el apoyo
en materia de lengua de señas es insuficiente, pues el servicio de intérpretes
es “inalcanzable” a nivel individual y se ha convertido en un negocio. La interviniente
alberga serias dudas acerca de la eficiencia de la lengua de señas en el aula
escolar, dada la limitación del vocabulario que ésta muestra. En el mismo
sentido, observa que a través de la lengua de señas se aleja la posibilidad de
lecto-escritura, mientras que con el oralismo se consiguen mayores logros.
Considera que de acuerdo con el artículo 15
del Decreto 2369 de 1997 la educación de personas hipoacúsicas seguirá dándose
de acuerdo con el Decreto 2082 de 1996. Pero la fundación a la que pertenece ha
encontrado que para los hiupoacúsicos no hay dinero suficiente ni disposición
de parte de los servidores públicos a cargo. Así, la ciudadana concluye que la
ley no es inconstitucional, pero sus interpretaciones sesgadas generan
discriminaciones.
De otro lado, la ciudadana Consuelo
Bohórquez, Rectora del Colegio Distrital Jorge Eliécer Gaitán, interviene con
el fin de relatar su experiencia dentro del proyecto de integración de niños
sordos que se comunican mediante el leguaje de señas en un colegio de niños
oyentes[13].
Destaca entonces su participación dentro de la enseñanza bilingüe (lengua de
señas como primera lengua y castellano escrito como segunda lengua), pues la
idea es que las personas sordas puedan acceder a todo tipo de información y
puedan también comunicarse y entender a plenitud a través de la Lengua Manual.
Relata también que varios de sus egresados se encuentran adelantando estudios
superiores y adjunta opiniones de varios estudiantes sordos que manifiestan su
satisfacción con la lengua de señas y los resultados que han obtenido gracias a
ella, así como la opinión de docentes que resaltan sus beneficios[14].
Las directivas de la Corporación John F.
Kennedy, encabezadas por el Director General de la sede Kennedy, Jorge Alberto
Alvarez Naranjo, intervienen dentro de este proceso para defender la
constitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996. Relatan su
experiencia dentro del programa de capacitación en tecnologías de punta que
dicta la institución integrando a personas sordas, para afirmar que el papel
del lenguaje de señas ha sido de vital importancia para el éxito del programa,
así como la participación de intérpretes como elemento de integración en la
comunidad estudiantil. Considera entonces que “cada núcleo familiar en el
cual se encuentran personas sordas, cada institución necesariamente tiene que
tener el derecho libre y autónomo de emprender la búsqueda de la comunicación
(…) a través de formas, metodologías y procedimientos que satisfagan sus
necesidades emocionales, personales e incluso patrimoniales (…)”.[15]
Por su parte, Jorge Mario López y otros,
actuando en representación de la Asociación de sordos de Caldas, adjuntan la
firma de respaldo de 70 personas más, e intervienen en este proceso para
resaltar las bondades de las normas demandadas y oponerse a la solicitud de la
declaratoria de inconstitucionalidad de las mismas, pues consideran que con la
ley 324 de 1996 se ha permitido la integración y mejor acceso a la información,
comunicación y mejores condiciones de vida de la población sorda colombiana. En
el mismo sentido, obran en el expediente varios pronunciamientos similares de
diversas asociaciones de sordos de Santander (ver anexo 2 fl. 80), Valle (anexo
No. 2 fl. 93), Dosquebradas (anexo 2 fl. 113), Bolívar (anexo 2 fl. 119),
Antioquia (anexo 2 fl. 125), Caquetá (anexo 2 fl. 137), Tolima (anexo 2 fl.
297), Bogotá (anexo 2 fl. 303), de la misma manera las asociación de Sordos de
Risaralda aportó numerosas firmas respaldando la constitucionalidad de la Ley
324 (anexo 2 fl. 202).[16]
Martha Lucía Osorno, Presidenta del Consejo
Directivo de la Federación Nacional de Sordos de Colombia interviene dentro del
presente proceso para defender la constitucionalidad de las normas acusadas,
ya que con la consagración del idioma manual colombiano como propio de la
comunidad sorda, se obtienen grandes avances en la protección de esta población
(especialmente la integración educativa), lo cual no discrimina a las personas
sordas que no acepten la lengua de señas, por diferentes causas.
En ese sentido no se pretende desconocer la
lengua oral, como erradamente lo considera la demandante. Además, debe tenerse
en cuenta que instrumentos internacionales como por ejemplo las normas
uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
de las Naciones Unidas, estipulan la importancia del lenguaje de señas dentro
de la educación de niños sordos. De otro lado, no pueden ser ignorados todos
los beneficios que ha demostrado este lenguaje y no se puede pretender oralizar
a todos los sordos, cuando en muchas ocasiones ha fracasado este método.
Además, los costos de la rehabilitación oral son considerables y no es dable
imponer a todas las personas sordas ese método si no lo consideran adecuado o
conveniente. En cuanto a la supuesta violación del derecho al trabajo de los
profesionales que menciona la demandante, es evidente que ellos tienen un campo
de acción que no termina con la posibilidad de enseñar el lenguaje de señas.
De otro lado, critica los términos
ofensivos usados por la demandante para sustentar supuestos argumentos que ni
siquiera son de orden constitucional, pues los logros obtenidos por personas
sordas a través del leguaje de señas y del apoyo de sus intérpretes, dejan sin
piso sus fuertes afirmaciones. Solicita entonces que la Corte declare la
constitucionalidad de las normas de la referencia ya que ellas “lejos de ir
en contra de la Constitución, lo que hace(n) es garantizar y desarrollar los
derechos de las personas sordas, que no logramos el desarrollo de la lengua
oral, en condiciones que hacen que la igualdad sea real y efectiva”.
También recibió esta Corte la intervención
de más de 70 padres de familia del Colegio Filadelfia para sordos encaminada a
defender la constitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la ley 324 de 1996.
Argumentan los intervinientes que de acuerdo con su experiencia es muy difícil
que los niños aprendan a comunicarse oralmente pues a pesar del esfuerzo y de
costosos tratamientos fonoaudiológicos los resultados para ellos han sido muy
pobres y siempre son ayudados por señas. Consideran que en el ámbito escolar
los logros también son limitados y por tanto, piensan que lo más indicado es
que los niños sordos adquieran la Lengua Manual Colombiana como primer idioma y
el castellano escrito como segundo idioma, a fin de lograr una mejor y mayor
libertad comunicación[17].
VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El señor Procurador General de la Nación,
en concepto No. 2675, recibido el 27 de septiembre de 2001, intervino en este
proceso para solicitar que la Corte Constitucional declare la exequibilidad de
los artículos 2 y 7 de la ley 324 de 1996. Considera la Vista Fiscal que el
problema planteado consiste en establecer si el reconocimiento legal de la
Lengua Manual Colombiana como lengua propia de la comunidad sorda del país
implica vulneración de derechos constitucionales. Según el Ministerio Público
ésta ley fue expedida con el fin de favorecer a la población sorda y para
interpretar las normas demandadas debe acudirse a otras disposiciones de la
misma ley con el fin de ver el propósito de la misma. En ese sentido, todas las
definiciones que se encuentran en el artículo 1º de la ley demandada llevan a
pensar que el lenguaje de señas no es el medio comunicación que la ley atribuye
a todas las personas con limitaciones auditivas, sino que es considerado como
propio, sólo para aquellas personas que no pueden acceder al lenguaje oral, por
diferentes factores.
En cuanto a la participación democrática y
la aprobación de la ley 324 de 1996, el Procurador General encuentra que el
cargo es infundado, ya que la demandante no demuestra que haya sido omitido
algún trámite de aquellos que conciernen a la publicidad propia de los
proyectos de ley que cursen en el Congreso de la República. Además, la Vista
Fiscal hace algunas consideraciones acerca del derecho político fundamental de
la participación democrática para concluir que en el caso que ocupa la atención
de la Corte, la participación se presentó, de acuerdo con el estudio los
antecedentes legislativos de las normas acusadas, “en los que puede
observarse que los congresistas a lo largo del debate, consultaron entidades
como la Federación Nacional de Sordos o el Instituto Nacional de Sordos, en
relación con aspectos centrales del contenido de las normas acusadas. ( V.
Gaceta el Congreso No. 270. Año V, 25 de junio de 1996 y los informes
contenidos en los escritos anexos al expediente)”.
La Vista Fiscal considera que no existe
vulneración de ningún derecho constitucional cuando se consagra como propio de
los sordos el lenguaje de señas, pues es indudable que éste es necesario para
el desarrollo de los procesos de rehabilitación de los miembros de esa
comunidad, y de acuerdo con una interpretación sistemática de los preceptos de
esta ley, se puede encontrar que el legislador desarrolla un criterio de
complementariedad “de acuerdo con el cual la enseñanza de la Lengua Manual
Colombiana, (...) debe serle proporcionada a la comunidad sorda del país junto
con el aprendizaje y enseñanza de la lengua oral, para efectos de lograr la
mejor rehabilitación posible de los limitados auditivos”.
De otro lado, el Ministerio Público
manifiesta que, según su interpretación, las normas acusadas realizan
plenamente el principio de igualdad material consagrado en la Constitución,
pues las normas demandadas establecen elementos conceptuales y de procedimiento
para que el sector de la población sorda no sea discriminada en razón de su
lengua, consolidada históricamente como propia. Así, las normas bajo examen
facilitan a los integrantes de la población sorda ser comprendidos en su idioma
y entender la lengua oral con el fin de facilitar su integración en la sociedad
y superar la discriminación de que habían sido objeto. Así se intenta “que
(los sordos) puedan acceder a todos los servicios que como ciudadanos
colombianos les confiere la Constitución” (artículo 7 de la ley 324 de
1996).
El reconocimiento de una lengua como propia
de la población sorda establece la base legal para que ésta adopte medidas
encaminadas a eliminar los obstáculos de la incomprensión en actividades
sociales como la educación, la enseñanza, el aprendizaje, la actividad
profesional y el trabajo. Con todo, antes de continuar con en análisis, el
Ministerio Público considera que ninguna de las acusaciones formuladas, por una
supuesta vulneración del derecho de igualdad, tiene relación con el texto de
los artículos o con el marco conceptual de la ley a la que pertenecen.
Así, la ley 324 de 1996 no impone, ni
impide, ni menos aún prohibe un tipo de educación para la población sorda el
país. Según el Procurador, la diversidad de alternativas educativas está
también prevista en la ley pues el artículo 6 ordena al Estado la creación de
“diferentes instancias de estudio, acción y seguimiento que ofrezcan apoyo
técnico- pedagógico, para esta población, con el fin de asegurar la atención
especializada para la integración de estos alumnos en igualdad de condiciones.”.
Por su parte, el artículo 9 prevé subsidios “a las personas sordas con el
propósito de facilitarles la adquisición de dispositivos de apoyo, auxiliares
electroacústicos y toda clase de elementos equipos necesarios para el
mejoramiento de su calidad de vida”.
Además, el decreto reglamentario de la ley
324 de 1996, que es el Decreto 2639 de 1997, dispuso en el artículo 15 que: “las
instituciones educativas que primordialmente atienden niños hipoacústicos,
basadas en estrategias y metodologías para la promoción y desarrollo de la
lengua oral podrán continuar prestando servicio educativo, de acuerdo con los
respectivos proyectos personalizados”. En este sentido se realiza el
derecho igualdad al evitar situaciones discriminatorias contra la población
sorda del país a través de acciones afirmativas, y con normas especiales en
favor de esa población.
La Vista Fiscal considera infundado el
cargo de vulneración de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la
personalidad pues las normas acusadas no excluyen la lengua oral como forma
lingüística a utilizar en los procesos de rehabilitación, ya que los
intérpretes son sólo uno de los medios con que podrán contar los discapacitados
auditivos para desarrollar su comunicación con otros miembros de la comunidad.
El Ministerio Público reitera la importancia de tener en cuenta todo el
contexto normativo de la ley, y considera esclarecedores los argumentos
expuestos por el instituto nacional de sordos -INSOR-. (V. expediente, anexo
del instituto nacional para sordos,
INSOR, pág. 5), además, el Decreto 2369 de 1997, por el cual se reglamentó
parcialmente la ley mencionada, dice en su artículo 14: “las instituciones
educativas que ofrezcan educación formal de acuerdo con lo establecido en la
ley 115 de 1994, dirigida primordialmente a personas sordas, adoptarán como
parte de su proyecto educativo institucional, la enseñanza bilingüe, lengua
Manual colombiana y lengua castellana(...)". Todas estas
consideraciones pueden hacerse extensivas a las acusaciones formuladas referidas
a la protección de la libertad para escoger profesión oficio, el derecho al
trabajo y la libertad de investigación aprendizaje, pues tales acusaciones
tienen fundamento en las anteriores
Con relación al cargo sobre una aplicación
sesgada de la ley, el Ministerio Público retoma el criterio jurisprudencial
referente a que la indebida aplicación de la ley, de  ser cierta, no puede
invocarse como argumento de inconstitucionalidad de la misma. En conclusión, el
Procurador considera que los cargos son infundados.
VII.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1- La Corte
Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del
artículo 241-4 de la Carta, ya que las disposiciones acusadas hacen parte de
una ley de la República.
El asunto bajo
revisión
2- La demanda
plantea que las normas acusadas vulneran la Constitución, al declarar la Lengua
Manual Colombiana como idioma propio de la comunidad sorda y al darle
privilegios a esta lengua como metodología de enseñanza y aprendizaje para la
comunidad con limitaciones auditivas.
Para la actora,
existen otras alternativas pedagógicas válidas, como la oralidad, y por ello es
discriminatorio que la ley imponga una metodología única para todos los sordos.
Según su parecer, las disposiciones acusadas han tenido como consecuencia que
el apoyo estatal para la promoción y desarrollo de la otra alternativa viable
para los sordos - la oralidad- tiende a desaparecer, en virtud de la errada
preferencia que consagra la ley, y de las interpretaciones que de ella han
hecho algunos funcionarios. Por lo anterior, la actora concluye que las normas
demandadas violan los derechos a la igualdad, el libre desarrollo de la
personalidad y la libre escogencia de profesión u oficio, entre muchos otros,
pues impiden a los limitados auditivos y a sus familias optar por diferentes
métodos educativos.
Algunos de los
intervinientes encuentran acertada la demanda, pues de acuerdo con su
experiencia como docentes, investigadores, científicos o como discapacitados
auditivos, los preceptos establecen una discriminación odiosa que margina de
las posibilidades de rehabilitación oral a muchos sordos. Por el contrario,
otro grupo de intervinientes considera que la solicitud de inexequibilidad se
basa en la interpretación particular y equivocada que la actora hace de las
disposiciones ya que, según su parecer, éstas no discriminan la oralidad como
metodología de rehabilitación. Además, esas intervenciones consideran que los
preceptos acusados se ajustan a la Constitución, pues la consagración de una
lengua propia para la comunidad sorda implica un reconocimiento de los derechos
de una comunidad históricamente discriminada.
Por su parte, el
Ministerio Público considera que las normas demandadas se ajustan a la
Constitución, pues son un desarrollo de la protección especial que el Estado
debe brindar a las personas discapacitadas. Según su parecer, en caso de que
exista una aplicación sesgada de la Ley 324 de 1996 –como lo alega la actora -,
la Corte debe retomar su reiterado criterio, según el cual la indebida
aplicación de la ley, de ser cierta, no puede invocarse como argumento de
inconstitucionalidad de la misma.
3- Conforme a lo
anterior, el problema que esta demanda plantea a la Corte consiste en
determinar si los artículos 2° y 7° de la Ley 324 de 1996, al consagrar como
propia de la comunidad sorda la Lengua Manual Colombiana y enfatizar el apoyo
estatal a sus intérpretes, viola la Carta en cuatro puntos principales, que
resumen los cargos de la actora: el derecho a la igualdad, el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, las garantías que el Estado debe otorgar a los
disminuidos físicos, y el derecho que tienen los padres a escoger la educación
para sus hijos. Sin embargo, antes de examinar esos cargos, la Corte constata
que existe una discrepancia interpretativa entre muchos de los intervinientes
sobre el alcance de las normas demandadas. Así, algunos –entre ellos la actora-
juzgan que esas disposiciones afectan y discriminan los programas de
rehabilitación y enseñanza orales para los limitados auditivos, pues implican
una eliminación, o al menos una fuerte reducción, de los apoyos estatales a
esas estrategias pedagógicas. Otros intervinientes –entre ellos el Procurador-
consideran que esa hermenéutica es equivocada, y que el reconocimiento del
lenguaje de señas como lengua propia de la comunidad sorda no tiene esas
implicaciones.
Teniendo en cuenta
esas diferencias interpretativas, debe la Corte comenzar por precisar el
sentido de las disposiciones acusadas, para lo cual, esta Corporación
recordará, muy brevemente, los alcances de la competencia del juez
constitucional para establecer el sentido genuino de disposiciones legales
sometidas a su control.
Control
constitucional y debates sobre interpretación legal[18]
4- De acuerdo con lo
establecido en la Constitución, la jurisdicción constitucional y las demás se
encuentran separadas, los jueces gozan de autonomía funcional y sólo están
sometidos al imperio de la ley. Lo anterior implica que, por regla general, no
es labor de la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones
legales, pues ello es propio de los jueces ordinarios. Por tanto, no es
procedente el control constitucional, si la única pretensión es interpretar y
determinar el alcance de una norma legal[19].
Las interpretaciones
de las disposiciones demandadas no pueden ser, en principio, objeto del control
de constitucionalidad, pues éste es un juicio abstracto que confronta las
normas con la Constitución para derivar de allí su conformidad o
disconformidad. Con todo, esta regla no es absoluta, pues en ocasiones, a fin
de procurar la guarda de la Constitución (CP art. 241), la Corte debe
intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones
sometidas a control. La razón es simple: el control de constitucionalidad es un
juicio relacional de confrontación de las normas con la Constitución, lo cual
hace inevitable que el juez constitucional deba comprender y analizar el
contenido y alcance de las disposiciones legales bajo examen. En ese orden de
ideas, el análisis requiere una debida interpretación tanto de la Constitución
como de las normas que con ella se confrontan[20].
Evidentemente la pregunta que se sigue es cómo armonizar el respeto a la
autonomía funcional de los jueces con la necesidad de determinar el sentido de
las disposiciones acusadas en los juicios constitucionales.
5- La Corte ha
formulado ciertas reglas para resolver la anterior tensión[21]. En primer lugar, el
respeto a la autonomía de las interpretaciones legales tiene como límite la razonabilidad
de las mismas[22].
Por tanto, el juez constitucional puede excluir las interpretaciones que sean
manifiestamente irrazonables. En segundo término, si la norma admite varias
interpretaciones y todas son constitucionales, la Corte no debe entrar a
determinar con autoridad el sentido legal, pues esa labor corresponde a los
jueces ordinarios. Si la situación es la contraria, esto es, que todas las
interpretaciones posibles son inconstitucionales, la Corte debe retirar del
ordenamiento el precepto acusado. En tercer lugar, si la norma admite varias
interpretaciones, unas acordes con la Constitución y otras que no lo son, la
Corte mantendrá la disposición en el ordenamiento pero excluirá del mismo, a
través de una sentencia condicionada, los entendimientos de la misma que
contraríen los principios y valores constitucionales. Sólo así, y en desarrollo
del principio de conservación del derecho, puede la Corte preservar la
integridad y supremacía de la Carta, sin desconocer la libertad de
configuración del legislador[23].
Entra pues la
Corte a establecer cuál es el alcance de las disposiciones acusadas para poder
estudiar luego los cargos formulados contra ellas.
Sentido y alcance
de las disposiciones acusadas
6- Las normas
demandadas establecen literalmente lo siguiente:
“Artículo 2°. El estado
colombiano reconoce la Lengua Manual Colombiana, como idioma propio de la
Comunidad Sorda del País.
Artículo 7°. El Estado garantizará y proveerá la ayuda de intérpretes idóneos
para que sea éste un medio a través del cual las personas sordas puedan acceder
a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la
Constitución. Para ello el Estado organizará a través de Entes Oficiales o por
Convenios con Asociaciones de Sordos, la presencia de intérpretes para el
acceso a los servicios mencionados.
El Estado igualmente
promoverá la creación de escuelas de formación de intérpretes para
sordos."
Una primera lectura
de estos dos artículos permite establecer que ellos consagran básicamente tres
mandatos diferenciados. De un lado, señalan que la Lengua Manual Colombiana,
eso es, la lengua de señas, es reconocida por el Estado Colombiano “como
idioma propio de la Comunidad Sorda”. De otro lado, conforme a ellas, el
Estado debe proveer la ayuda de intérpretes de este lenguaje de señas, para que
las personas sordas puedan acceder a todos los servicios que, como ciudadanos
colombianos, les confiere la Constitución. Y, finalmente, las disposiciones
ordenan al Estado promover la creación de escuelas de formación de intérpretes
para sordos.
7- Los defensores de
estas disposiciones argumentan que con ellas el Estado simplemente quiso
favorecer a la población sorda que utiliza la Lengua de Señas como medio de
comunicación. Tal consagración fue hecha partiendo del supuesto de que el
idioma de señas es el característico de la población sorda en Colombia, y por
eso la ley previó los mecanismos necesarios para apoyar el desarrollo y
utilización de esta lengua. Según su parecer, esa regulación no implica, en
manera alguna, que el Estado deba suprimir su apoyo a las pedagogías fundadas
en la oralidad, pues las disposiciones acusadas no ordenan que las autoridades
deban disminuir las contribuciones a las escuelas fundadas en esa metodología
de aprendizaje.
8- Sin embargo, como
lo anotan tanto la actora como varios de los intervinientes, existe otra
interpretación posible de esas disposiciones, según la cual ellas no
establecieron una protección adecuada para los sordos que quieran rehabilitarse
o recibir su educación a través de la oralidad. Según esa perspectiva
hermenéutica, si bien la ley no quiso expresamente discriminar a los limitados
auditivos y  aquellas familias que optaran por la oralidad, sin embargo el
resultado práctico de las disposiciones acusadas es el drenaje de los recursos
financieros estatales casi exclusivamente hacia las instituciones educativas
dedicadas a la formación en el lenguaje de señas, por cuanto ésta es definida
como el idioma propio de la comunidad sorda colombiana, y es por medio de ese
lenguaje que el Estado busca que los limitados auditivos accedan a los
servicios a que tienen derecho como colombianos. Es en ese marco donde se
inscriben los numerosos cargos de la demandante, pues los artículos acusados no
confieren, según su criterio, una protección estatal adecuada para los sordos
que quieran acudir a la rehabilitación y educación orales.
9- Un estudio de los
antecedentes de la ley (fls. 49 y 50 anexo 1), de su título y de todas las
discusiones que se suscitaron en torno a ella, muestra que su intención es
proteger y ayudar a la población sorda para que su proceso de integración con
el resto de la sociedad sea más llevadero. La Corte no ha encontrado que
hubiera habido la menor intención discriminatoria en contra de aquellos
limitados auditivos que desean acudir  a la oralidad.  Sin embargo, un análisis
del texto de la ley, y el propio debate hermenéutico en el presente proceso
constitucional, indican que no es una interpretación irrazonable concluir que
la ley ha querido privilegiar la formación en el lenguaje de señas, y en esa
medida ha limitado, o incluso eliminado, los recursos y apoyos estatales
destinados a la población sorda, que por diferentes motivos, no quiera o no
pueda acudir al lenguaje de señas, ya que ese idioma es considerado el propio
de la comunidad sorda.
10- Las
disposiciones demandadas pueden entonces entenderse de dos formas distintas con
consecuencias igualmente diversas. En primer lugar, como el reconocimiento que
hace el Estado a la lengua de señas, con el fin de favorecer la integración
social de los sordos que usen ese idioma, pero sin que esa opción excluya el
apoyo estatal a los limitados auditivos que quieran optar por la oralidad, lo
cual tiene como consecuencia que el Estado continuará apoyando, sin distinción
alguna, a las personas y entidades que utilicen cualquiera de los dos métodos
pedagógicos: lenguaje de señas u oralidad. En segundo lugar, las normas
acusadas pueden ser entendidas como la decisión que adopta el Estado de apoyar
solamente, o al menos de manera preferente, a las personas y entidades que se
dediquen a la enseñanza y promoción de la lengua manual colombiana, por
considerar que ésta es el medio idóneo para la educación de las personas con
discapacidad auditiva, en la medida en que constituye el lenguaje propio de esa
comunidad.
Estas dos
interpretaciones encuentran un sustento plausible tanto en el tenor literal de
las normas, como en la aplicación práctica de las mismas. Prueba de ello es el
debate presentado en las intervenciones hechas a lo largo del proceso, que
lejos de ser absurdas, se basan en argumentos y experiencias de quienes han
visto la aplicación de la ley. Así, las divergencias interpretativas se han
hecho visibles (ver folios 3 y 122), pues ciertos funcionarios estatales han
anulado la ayuda estatal a las instituciones que utilizan la oralidad para
rehabilitar y educar a personas sordas, partiendo de una interpretación según
la cual sólo es dable promocionar la lengua propia de los sordos, pues de lo
contrario incurrirían en ilegalidad. Por el contrario, otros intervinientes han
enfatizado que el reconocimiento del lenguaje de señas como idioma propio de la
comunidad sorda no implica que la ley haya ordenado reducir o eliminar los
apoyos a las entidades dedicadas a la oralidad.
Una vez mostrado que
las dos interpretaciones mencionadas son plausibles y generan controversias
constitucionales, pasa entonces la Corte a estudiar el alcance de la protección
constitucional a los limitados auditivos, con el fin de evaluar la exequibilidad
de las disposiciones acusadas, conforme a las dos hermenéuticas que han sido
presentadas.
La protección
constitucional reforzada de los discapacitados
11- La Constitución
establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de
la dignidad de todas las personas, por lo que debe entenderse que las personas
discapacitadas gozan, sin discriminación, de los mismos derechos y garantías
que el resto de colombianos (CP arts 1º, 5º y 13). La Carta también ha
reconocido los derechos de los limitados físicos a través de la promoción de
condiciones de igualdad real y efectiva en favor de grupos que - como éste- han
sido discriminados o marginados, y por ello ha previsto una protección especial
para esas poblaciones (CP art. 13). El Estado se ha comprometido además a
suministrar servicios de rehabilitación e integración social para los
disminuidos auditivos, a quienes deberá prestarse la “atención especializada
que requieran” (CP art. 47). Además, la Carta define la educación de
personas con esas limitaciones físicas como una de las “obligaciones
especiales del Estado”, quien debe también propiciar que logren un trabajo
adecuado (CP arts 54 y 68).
12- Estos mandatos
constitucionales armonizan además con los desarrollos que sobre el tema ha
habido en el campo internacional.  Así, las “Normas Uniformes sobre la
Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad” aprobadas por
la Asamblea de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de
sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993, en su
artículo 5, literal b. hace referencia al acceso a la información y
comunicación para personas con discapacidades, e igualmente en su artículo 6
trata el tema de la educación. En el mismo sentido cabe citar, entre otras, las
declaraciones sobre el Progreso y Desarrollo en lo social[24] y de los impedidos[25], al igual que la que
adopta el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad[26].
En el ámbito
regional también pueden encontrarse instrumentos que buscan erradicar la
marginalidad de las personas con limitaciones físicas o síquicas. Así, en 1988
fue suscrito el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos
humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador”, el cual fue ratificado por Colombia a través de la Ley
319 de 1996, según el cual toda persona afectada por una discapacidad física o
mental tiene derecho a recibir atención especial con el fin de alcanzar el
máximo desarrollo de su personalidad. En el mismo sentido existen otros
instrumentos dirigidos a fomentar la prevención, rehabilitación y atención
social de los discapacitados[27].
13- Las anteriores
cláusulas constitucionales y los desarrollos internacionales muestran que el
Estado ha asumido compromisos especiales con las personas con limitaciones
auditivas, pues no sólo debe evitar las eventuales discriminaciones contra esa
población, sino que además debe desarrollar políticas específicas, en materia
educativa y laboral, que permitan su rehabilitación e integración social, de
tal manera que puedan disfrutar de la vida en sociedad, y en especial puedan
gozar de todos los derechos constitucionales. Obviamente, la adopción de este
tipo de medidas no puede desconocer otras causas de marginalidad que pueden
acompañar una u otra limitación.
La pregunta que
surge entonces es si el reconocimiento del lenguaje de señas, como idioma
propio de la comunidad sorda, responde o no a esas obligaciones
constitucionales del Estado colombiano frente a la población con limitaciones
auditivas. Entra pues la Corte a resolver ese interrogante.
Estudio de la
constitucionalidad de la finalidad perseguida y de los medios empleados por las
normas acusadas
14- Los
debates en el Congreso, las intervenciones en el proceso y el tenor mismo de
las normas acusadas indican que el propósito del Legislador, al expedir las
normas demandadas, fue superar ciertas limitaciones que impiden a los sordos
integrarse a la sociedad. Por ello, esas disposiciones apoyan la enseñanza de
la Lengua Manual Colombiana y la formación de intérpretes en este campo, para
facilitar la comunicación de las personas con limitaciones auditivas. Esas
normas desarrollan entonces principios y valores constitucionales, pues buscan
brindar a las personas con limitaciones auditivas la atención especializada que
requieren (CP art. 47). Nadie duda pues de las finalidades legítimas de esas
disposiciones. Sin embargo, el interrogante que surge es si el medio empleado
es adecuado y válido, lo cual remite al debate interpretativo sobre el alcance
de esas disposiciones, que esta sentencia abordó anteriormente. En efecto, debe
recordarse que previamente fue admitida la existencia de dos interpretaciones
razonables de las disposiciones demandadas: de un lado, algunos argumentan que
las normas acusadas reconocen la Lengua de Señas, por ser característica de la
población sorda, pero mantienen un apoyo igualitario a las poblaciones e instituciones
que prefieren la oralidad; y, de otro lado, otros intervinientes consideran que
las disposiciones privilegian claramente el lenguaje de señas, y por ello
justifican la eliminación, o al menos fuerte disminución, de la ayuda estatal
para programas de rehabilitación y educación de sordos a través de la oralidad.
Entra pues la Corte examinar la constitucionalidad de esas dos alternativas
hermenéuticas.
15- Comienza pues la
Corte por examinar si es o no constitucional que la ley consagre una preferencia
especial por algún método –como el lenguaje de señas- para la educación y
rehabilitación de personas con limitaciones auditivas. Ahora bien, ese
interrogante normativo remite a su vez a una pregunta de naturaleza más
empírica y científica: ¿existen evidencias claras de que el método de educación
y rehabilitación fundado en el lenguaje de señas sea superior a las estrategias
basadas en la oralidad? Esta segunda pregunta es inevitable, pues si existe un
consenso en la comunidad científica sobre la clara superioridad de una
determinada estrategia de rehabilitación de los sordos, entonces un apoyo
estatal preferente a esa estrategia podría ser un mecanismo adecuado y
proporcionado para brindar a las personas con limitaciones auditivas la
atención especializada que requieren (CP art. 47). Por el contrario, si las
actuales discusiones muestran que tanto el lenguaje de señas como la oralidad
tienen resultados exitosos en la rehabilitación de sordos, el apoyo estatal
preferente a una sola de esas metodologías aparece constitucionalmente
problemático. En efecto, la Carta no sólo fomenta la igualdad (CP arts 13) sino
que además promueve el pluralismo cultural (CP arts 8º y 70) y reconoce a los
padres el derecho de escoger la educación de sus hijos (CP art. 68). Por ello,
aparece discriminatorio que el Estado defienda y subvencione preferentemente
una estrategia pedagógica para las personas con limitaciones físicas, si otras
metodologías muestran éxitos similares. En tales circunstancias, es inevitable
que la Corte analice brevemente si existen o no elementos empíricos que
demuestren una superioridad clara de la estrategias de formación de sordos
basadas en el lenguaje de señas.
16- La Corte precisa
que con ese análisis, esta Corporación no pretende resolver esa controversia
científica, no sólo porque los jueces carecen de competencias técnicas para
dirimir esas polémicas, sino además porque, como
ya lo había señalado esta misma Corte, “en principio deben evitarse al
máximo las interferencias jurídicas y estatales en las discusiones científicas
y en la evolución de la técnica, las cuales deben ser lo más libres posible, no
sólo para amparar la libertad de pensamiento sino también para potenciar la
propia eficacia de las investigaciones científicas y estimular así el progreso
del conocimiento (CP arts 20, 70 y 71)”[28]. Sin embargo, el respeto
que no sólo los jueces sino todos los funcionarios estatales deben tener por la
autonomía e independencia del debate científico no excluye que en determinadas
ocasiones sea necesario, para resolver un caso, que el funcionario judicial
analice el estado del arte sobre una determinada discusión técnica. Y eso
sucede en el presente caso, pues mal podría esta Corte determinar si el apoyo
preferente a la formación de los sordos en el lenguaje de señas es o no
discriminatorio, si esta Corporación no toma en cuenta las evidencias aportadas
por los expertos en la materia sobre los éxitos y limitaciones de las distintas
estrategias de rehabilitación.
17- El material
probatorio que obra en el expediente muestra que no existe consenso científico
que permita privilegiar la oralidad o el lenguaje manual para la
rehabilitación y educación de los limitados auditivos. Las opiniones en la
materia se encuentran claramente divididas.
Así, para algunos
sectores es imperativo implementar la oralidad desde la infancia, o de lo
contrario la posibilidad de desarrollar el habla, disminuiría notoriamente, lo
cual obligaría a los sordos a aislarse en la lengua manual[29]. En cambio, otros
expertos opinan que la oralidad es un método difícil, que no funciona en todos
los casos y por tanto, debe preferirse la lengua de señas para evitar el
marginamiento total de esta población[30].
En ese sentido, las numerosas intervenciones y pruebas analizadas a lo largo de
este proceso, y que se encuentran resumidas en el acápite de intervenciones
oficiales y ciudadanas de esta sentencia, llevan a la Corte a concluir que
existen argumentos en favor de la oralidad y del lenguaje manual que son
valiosos desde cada perspectiva.
Por ejemplo, en
favor de la oralidad, varios intervinientes afirman que es una excelente
alternativa para acceder a educación superior[31]
pues la lengua manual tiene limitaciones para comunicar muchos conceptos en las
aulas[32].
De otro lado, esa estrategia educativa brinda independencia total al sordo y le
permite su integración al mundo oyente[33]
pues no requiere de los servicios de un intérprete, que suelen representar un
costo importante que no todas las personas pueden asumir[34]. Lo anterior
necesariamente amplía las oportunidades de trabajo para las personas con
limitaciones auditivas y fortalece la comunicación con sus familias[35]. Además, los adelantos
de la tecnología actual, como el implante coclear, deben aprovecharse para
beneficiar a la población sorda[36].
Por otro lado, en
favor de la lengua manual, algunos intervinientes afirman que ésta es ideal
para mejorar la condición de la población sorda, pues le asegura el acceso a
todos los beneficios de la sociedad. La promoción de la lengua manual implica
su uso en espacios diversos, incluso en el ámbito educativo, pues posibilita a
los sordos acceder al conocimiento con el apoyo de un intérprete[37]. Esto además
contribuye a la integración social a partir de una lengua desarrollada
naturalmente al interior de este grupo[38].
Por ello, según estas intervenciones, el método oralista no puede ser el
exclusivo, porque depende de factores anímicos, sociales y económicos. Así,
algunos argumentan que las estrategias fundadas en la oralidad no sólo pueden
ser muy costosas sino que además tienen una alta probabilidad de fracasar en
muchos casos, en contraposición con la lengua de señas que tiene, según esas
perspectivas, más probabilidades de éxito.[39]
También existe una
posición intermedia, que no descalifica ninguno de los métodos y propone la
integración de los dos, a fin de proteger el derecho que los padres tienen de
escoger la educación que darán a sus hijos.[40]
18- Frente a
la complejidad de un debate no resuelto, la Corte no definirá la superioridad
técnica de un método u otro, pues no compete a los jueces resolver esas
controversias científicas. El asunto que ocupa a esta Corporación es determinar
si, dada la actual situación del debate científico, es constitucionalmente
legítimo que el Estado privilegie la lengua de señas. Y eso remite
esencialmente a un problema de igualdad, porque en el fondo debe esta Corte
analizar si es o no discriminatorio que el Estado brinde un apoyo privilegiado
a una estrategia pedagógica (idioma de señas) frente a otra (oralidad), cuando
no existen evidencias científicas claras de que la metodología privilegiada por
el Estado sea superior a la otra.
19- En diferentes ocasiones[41], esta Corte ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre este derecho, y ha establecido un mecanismo con el fin de
determinar si existe o no una violación a este derecho, el llamado “test de
igualdad” para dilucidar si el trato diferenciado es objetivo y razonable. La
Corte ha establecido que el derecho a la igualdad fija límites y horizontes
para la actuación de los poderes públicos y además es un derecho subjetivo de
orden relacional y genérico que se traduce en el otorgamiento de un trato igual
compatible con las diversas condiciones del sujeto. La igualdad sustancial
tiene entonces un carácter remedial, compensador, emancipador, corrector y
defensivo de personas y grupos desaventajados al interior de la sociedad[42]. En ese sentido su importancia es indiscutible, especialmente en este
caso, en el que se trata de eliminar la discriminación que ha agobiado a los
limitados auditivos.
20- La Corte
considera que el reconocimiento de la lengua de señas como idioma de la
comunidad sorda y el apoyo estatal a la formación en esta metodología persigue
propósitos constitucionales relevantes pues pretende favorecer la plena
integración social, educativa y laboral de los sordos. Sin embargo, la
interpretación de las disposiciones acusadas, según la cual esas normas
privilegian el idioma de señas, y por ende excluyen, o reducen
injustificadamente, el apoyo a la oralidad para la rehabilitación de sordos, no
representa un medio adecuado y proporcionado para alcanzar esa finalidad
constitucional, por las razones que a continuación la Corte explica.
21- De un lado, el legislador se habría inclinado
por uno de los polos que caracterizan el debate científico ya reseñado sobre
las alternativas de rehabilitación para las personas con limitaciones
auditivas, y habría decidido optar por el idioma de señas, a pesar de que el
tema no es pacífico en los círculos científicos y educativos. Bajo esta
perspectiva, el Congreso desconoce que la discusión en torno al oralismo y la
lengua manual no ha terminado, y decide privilegiar a ésta última sin mostrar
un argumento contundente. Esa opción es cuestionable, por cuanto el Estado no
estaría promoviendo el pluralismo educativo, a pesar de que tiene la obligación
de hacerlo (CP arts 8, 68, 70), y estaría incluso desincentivando el desarrollo
de la educación, la ciencia y la cultura, a pesar de que una de sus
obligaciones constitucionales es fomentar la expansión de esos
campos (CP arts 69, 70, 71). En efecto, esa interpretación de las normas
acusadas implica que el Estado protege únicamente a la población sorda que se
comunica mediante la Lengua Manual, con lo cual, termina excluida, o
fuertemente discriminada, la opción por la oralidad pues, como consecuencia de
esa hermenéutica, se habría presentado la supresión de la ayuda estatal para
programas de rehabilitación y educación de sordos a través de la oralidad. Esa
exclusión no sólo es inadecuada sino además desproporcionada, pues existen evidencias
de que la formación en la oralidad tiene éxito en muchos casos, y que muchas
familias y limitados auditivos prefieren ese tipo de rehabilitación.
22- De otro lado, y directamente ligado a lo
anterior, esa preferencia por el idioma de señas tiene como consecuencia una
afectación injustificada del derecho de los padres de escasos recursos
económicos a escoger la educación de sus hijos. Así, es cierto que el Estado no
estaría prohibiendo que existieran instituciones privadas dedicadas a la
oralidad. Sin embargo, la ausencia de recursos y apoyos estatales a las
entidades que opten por la oralidad tiene como consecuencia que las familias pobres no podrían acceder a ese
tipo de formación, incluso si lo desearan, por cuanto es razonable suponer que
esas instituciones, al carecer de apoyos estatales, no serían muy numerosas o
tendrían que recurrir a pagos de matrículas costosas. Los padres de las menores
con limitaciones auditivas verían entonces gravemente restringido su derecho a
escoger para sus hijos con limitaciones auditivas una formación basada en la
oralidad.
23- Finalmente, y directamente ligado
a lo anterior, la limitación a los padres a que sus hijos accedan a una educación en
una lengua en donde puedan expresarse más adecuadamente es una forma de
discriminación, que ha sido reconocida expresamente por la Carta
y por la
jurisprudencia internacional de derechos humanos. Así, el
artículo 13 superior expresamente establece que en principio la lengua no puede
ser un factor para restringir o limitar el goce de los derechos, o establecer
tratos distintos, por lo cual, una regulación que diferencie a las personas por
su lengua es potencialmente discriminatoria. Por su parte, y en uno de sus
casos más conocidos e importantes, la Corte Europea de Derechos Humanos
concluyó
que el Estado belga había violado el derecho a la igualdad al impedir, sin
ninguna justificación objetiva y proporcionada, a ciertos niños francófonos de
los suburbios de Bruselas acceder a una educación en lengua francesa[43].
24- Por todo lo anterior, la Corte concluye que la
interpretación de las disposiciones acusadas, según la cual éstas implican un
apoyo privilegiado y casi exclusivo al idioma de señas es inconstitucional, y
deberá ser retirada del ordenamiento. La pregunta que naturalmente surge es entonces
si la anterior
conclusión implica que esta Corporación  debe declarar la inexequibilidad de
las disposiciones acusadas, o si, por el contrario, lo procedente es recurrir a
una sentencia de constitucionalidad condicionada, en desarrollo del principio
de conservación del derecho. Para responder a ese
interrogante, la Corte procederá a examinar si la otra interpretación posible
de las disposiciones acusadas se ajusta o no a la Carta.
La
inconstitucionalidad del reconocimiento de la lengua manual por vulneración del
mandato constitucional sobre lenguas oficiales
25- Conforme a la segunda hermenéutica,  el
reconocimiento de la Lengua manual Colombiana como idioma de la comunidad sorda
y el
apoyo de intérpretes en esta metodología no supone un abandono del apoyo
igualitario a las otras metodologías de rehabilitación y educación para
personas sordas. Esta hermenéutica parece entonces superar  los
vicios de inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, pues dicha
interpretación elimina la discriminación en contra de las familias de personas con
limitaciones auditivas, que decidieran optar por la oralidad. Sin embargo, la
Corte considera que un condicionamiento del artículo      2° de la Ley 324 de
1996 no es suficiente para salvar la constitucionalidad de esa disposición, por
la sencilla razón de que esa norma vulnera otro mandato constitucional, como se
verá a continuación.
26- El artículo 10 superior establece que
el idioma
oficial de Colombia es el castellano, y que tendrán tal carácter también las
lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus respectivos territorios. Sobre
la importancia del reconocimiento de una lengua como idioma oficial, ha dicho
esta Corte:
“La calificación
de una lengua como oficial en un territorio determinado, genera importantes
consecuencias para la vida social y política de los residentes en la zona.  En
las sentencias mencionadas se ha puesto de presente que es admisible establecer
varias limitaciones, en razón del conocimiento de la lengua oficial.  Sin
embargo, la Corte considera que el principal efecto del reconocimiento que se
comenta, es la posibilidad de exigir que la enseñanza se imparta en dicha
lengua.
(...)
En las regiones
del país que cuentan con una identidad lingüística propia, reconocida como
oficial, se desarrollan los fines del Estado - proteger la riqueza cultural -
cuando se exige al maestro que no ignore el uso de la lengua local. Ello no le
impide establecer autónomamente los contenidos de su cátedra. Por el contrario,
garantiza que su misión educadora sea eficaz y cumpla su propósito.
La
caracterización de Colombia como una comunidad multicultural impone al sistema
educativo el deber de garantizar la continuidad y la identidad de las
manifestaciones culturales propias. Nada más lejano a este objetivo que excusar
al educador de comprender el lenguaje propio de la comunidad.
Por otra parte,
la negativa del Estado de fomentar, en el medio educativo, el uso de la lengua
nativa oficial, supondría una violación a la igualdad, al discriminar, sin
razón admisible, entre expresiones lingüísticas legítimas. El Castellano, en su
condición de lengua mayoritaria, tiene la función de cohesionar a los
colombianos.  Es decir, es símbolo de unidad nacional, no de su homogeneidad.[44]”
Ahora bien, el artículo 2° de la Ley 324 de
1996, al reconocer que el idioma propio de la comunidad sorda es la lengua de
señas, y al hacer derivar de ese reconocimiento unas obligaciones a las
autoridades de comunicación en ese lenguaje, en el fondo está estableciendo un
idioma oficial, que es distinto a los previstos en la Carta, a saber, el
castellano y las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus territorios.
27- Conforme a lo anterior, el artículo 2°
de la Ley 324 de 1996 deberá ser retirado del ordenamiento, por vulnerar el mandato constitucional sobre reconocimiento de
idiomas oficiales. Sin embargo, la  Corte precisa que esa declaración de
inexequibilidad no implica, en manera alguna, que el Estado no pueda fomentar o
apoyar el uso de la lengua manual a favor de los limitados auditivos, pues ese
estímulo cumple propósitos constitucionales evidentes, como se señaló anteriormente
en esta sentencia, y tal y como lo había reconocido esta Corte en anteriores
oportunidades[45].
La inconstitucionalidad deriva exclusivamente de que el apoyo a la población
sorda que se expresa en lenguaje manual no puede vulnerar la regulación
constitucional de los idiomas oficiales en Colombia, ni traducirse en una
discriminación contra aquellos limitados auditivos que hayan optado por la
oralidad.
La constitucionalidad condicionada del
artículo 7 de la Ley 324 de 1999
28- El análisis del
artículo 7 de la Ley 324 de 1996, también acusado, conduce a otra conclusión.
Así, frente a esa disposición, el vicio de inconstitucionalidad deriva de que
ella sea entendida  como la consagración de una discriminación contra la
formación de los sordos en la oralidad. Por el contrario, la Corte encuentra
que no vulnera la Carta sino que la desarrolla que exista un apoyo
estatal a la formación en lengua manual y a la
presencia de intérpretes para que los limitados auditivos que recurren a este
idioma, puedan acceder a los servicios que el Estado confiere a todos los
colombianos. En efecto, de esa manera, el Estado contribuye a la formación
adecuada de esas personas y a que ellas gocen igualitariamente de los derechos
de todos los colombianos. El problema surge cuando ese reconocimiento es
entendido como un apoyo preferente y casi exclusivo en favor del idioma de
señas, y en detrimento de la formación basada en la oralidad.
Sin embargo,
conviene recordar que la Constitución no ha establecido que la Corte esté atrapada
en el dilema de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento o
retirarla en su integridad, puesto que el artículo 241-4 de la Constitución ha
determinado que compete a la Corte “decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes”, y ésta
puede adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda
de la integridad y supremacía de la constitución[46]. Esta
Corporación cuenta entonces con la posibilidad de modular el efecto de sus
fallos para evitar los equívocos o efectos paradójicos que se pueden presentar
por declarar inexequible una disposición que puede admitir una interpretación
constitucional[47]
En tales circunstancias, la
Corte recuerda que el problema
constitucional de esta disposición surge del
hecho de que algunos operadores jurídicos han considerado que el apoyo estatal
a la formación de intérpretes de lengua manual implica un apoyo
privilegiado y exclusivo al lenguaje de señas. Por ello, la Corte, con el fin
de excluir la interpretación inconstitucional del artículo
7 de la Ley  324
de 1996,
declarará su exequibilidad condicionada, indicando que el
apoyo a los intérpretes de la lengua manual no excluye el apoyo a las
otras opciones de educación y rehabilitación de la población con limitaciones
auditivas, como la oralidad. Además, en virtud del análisis
realizado en los fundamentos anteriores de esta sentencia sobre el
reconocimiento de idiomas oficiales, es también claro que ese apoyo estatal a
la formación de intérpretes en la lengua manual colombiana no debe ser
entendido como el reconocimiento de esa técnica de comunicación  como un idioma
oficial.
La necesidad de unidad normativa
29- Conforme al
artículo 6º del decreto 2067 de 1991, la Corte puede efectuar la unidad
normativa en las decisiones de inexequibilidad, cuando ella es necesaria para
evitar que el fallo sea inocuo. Ahora bien, en la presente ocasión, esta
Corporación ha concluido que es forzoso declarar la inexequibilidad del artículo 2° de la Ley 324
de 1996 y condicionar el alcance del artículo 7 de ese mismo cuerpo normativo,
expulsando del ordenamiento un entendimiento discriminatorio de esa última
norma. Ahora bien, la Corte no puede ignorar que esas dos disposiciones hacen
parte de una ley, que está dedicada integralmente a establecer normas a favor
de la población sorda, por lo cual es posible que otros artículos de esa ley
puedan reproducir los contenidos normativos retirados del ordenamiento, con lo
cual, el presente fallo se tornaría inocuo. Entra pues esta Corporación a
analizar si es necesario realizar la unidad normativa con otras disposiciones
de esa misma Ley 324 de 1996.
30- La Corte constata que el aparte final del artículo
1º de la Ley 324 de 1996
define a los intérpretes para sordos como aquellas “personas con amplios
conocimientos de la Lengua Manual Colombiana que puede realizar interpretación
simultánea del español hablado en la Lengua Manual y viceversa”. Esta
definición  plantea problemas constitucionales, pues podría ser entendida como
una discriminación contra otras formas de comunicación de la población sorda,
puesto que restringe los intérpretes a aquellos que traducen del castellano a
la lengua de señas, y viceversa, dejando de lado la posibilidad de que se desarrollen
intérpretes del castellano a otras formas de comunicación de la población
sorda.  La Corte realizará la unidad normativa y condicionará entonces el
alcance de esa definición.
31-
El artículo 3° de ese mismo cuerpo normativo establece que “el Estado
auspiciará la investigación, la enseñanza y la difusión de la Lengua Manual
Colombiana”. Esa disposición podría también ser interpretada como un apoyo
privilegiado y exclusivo al lenguaje de señas, y en detrimento de la formación
en la oralidad de las personas con limitación auditiva, por lo cual resulta
necesario realizar la unidad normativa, a fin de condicionar su
constitucionalidad. Ese artículo  será entonces declarado exequible, bajo el
entendido de que ese apoyo estatal no excluye el fomento estatal de la
investigación, la enseñanza y la difusión de otras formas de comunicación de la
población sorda, como la oralidad.
32-
Por su parte, el artículo 4° de esa misma ley señala que el Estado debe incluir
la traducción a la lengua manual de por lo menos un programa informativo de
audiencia nacional, así como de aquellos programas que sean de interés general,
cultural, recreativo, político, educativo y social. Esta disposición podría
suscitar algunas dudas constitucionales, pero no procede su examen constitucional,
por cuanto ella fue subrogada por los artículos 66 y 67 de la  Ley 361 de 1997.
33-
Por último, la Corte considera que no procede la realización de la unidad
normativa en relación con las otras disposiciones de la Ley 324 de 1996, pues
éstas no reproducen los contenidos declarados inexequibles en esta sentencia,
ni son de una constitucionalidad prima facie discutible, ni su análisis
era necesario para examinar los artículos acusados. En efecto, debe recordarse
que, conforme a reiterada jurisprudencia[48],
la unidad normativa es de carácter excepcional y procede para (i) para evitar
que el fallo sea inocuo; (ii) o cuando es necesaria para completar la
proposición jurídica demandada; (iii) o cuando la disposición no acusada se
encuentra estrechamente vinculada a la norma demandada y es constitucionalmente
sospechosa.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 324
de 1996.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el aparte
final del artículo
1° de la Ley 324 de 1996, que literalmente dice: “Intérprete para Sordos.
Personas con amplios conocimientos de la Lengua Manual Colombiana que puede
realizar interpretación simultánea del español hablado en la Lengua Manual y
viceversa.”, en el entendido de que también son intérpretes para sordos
aquellas personas que realicen la interpretación simultánea del castellano
hablado a otras formas de comunicación de la población sorda, distintas a la
Lengua Manual, y viceversa.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 3° de la Ley 324 de 1996, en el entendido de que ese auspicio estatal no excluye el apoyo
estatal a la investigación, la enseñanza y la difusión de otras formas de
comunicación de la población sorda, como la oralidad.
Cuarto. Declarar EXEQUIBLE el artículo 7° de la Ley 324 de 1996,
bajo el entendido de que el apoyo estatal a los intérpretes idóneos en la
lengua manual colombiana sólo es legítimo si el Estado no
excluye el apoyo
a las otras opciones de educación y rehabilitación de la población con
limitaciones auditivas, como la oralidad, y que la lengua manual
es una técnica de comunicación, que no constituye idioma oficial en Colombia.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GÁLVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-128/02
IDIOMAS OFICIALES-Inconstitucionalidad de expresión “idioma
propio” en lengua de señas/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Aplicación
sobre el resto de la disposición acusada (Salvamento parcial de voto)
NORMA ACUSADA-Admisión de interpretaciones (Salvamento
parcial de voto)
POBLACION SORDA-Condicionamiento del reconocimiento de la
lengua manual (Salvamento parcial de voto)
POBLACION SORDA-Lengua manual como método de comunicación/POBLACION
SORDA-Lengua manual no implica que apoyo estatal se restrinja a promoverla
(Salvamento parcial de voto)
POBLACION SORDA-Protección especial a través del
reconocimiento de la lengua manual (Salvamento parcial de voto)
DERECHO AL
RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA-Capacidad como atributo (Salvamento parcial de voto)
DISCAPACIDAD
RELATIVA-Efectividad de
garantías constitucionalmente reconocidas (Salvamento parcial de voto)
Referencia: expediente D-3662
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996, “por
la cual se crean algunas normas a favor de la Población Sorda”.
Actora: María Soledad Castrillón Amaya
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Con el debido
respeto por las decisiones de la Sala Plena, salvo parcialmente mi voto en esta
decisión en la siguiente forma:
1. Estoy de
acuerdo en la constitucionalidad condicionada respecto de los artículos 1°, 3°
y 7° de la Ley 324 de 1996.
2. No estoy de
acuerdo con la inexequibilidad del artículo 2° declarada por la Corte
Constitucional. Considero que este artículo hubiera podido declararse
inconstitucional en cuanto a la expresión “idioma propio” y constitucional en
forma condicionada respecto del resto de su contenido. En efecto, a juicio del
suscrito, la expresión “idioma propio” contenida en el artículo 2° de la
Ley 324 de 1996 acusado en la presente oportunidad, vulneraba ostensiblemente
el artículo 10° de la Constitución Política conforme al cual “El castellano
es el idioma oficial de Colombia.” En efecto, ante la claridad de esta
norma superior que sólo señala como excepción la de los “dialectos de los
grupos étnicos”, los cuales son también “oficiales en sus territorios”, no
es posible al legislador señalar que un grupo de colombianos que no configura
un grupo étnico tenga un idioma propio distinto del castellano.
3. Sin
embargo, con la salvedad de la inconstitucionalidad anotada, el resto de la
disposición retirada del ordenamiento por la Corte admitía una interpretación
conforme a la Constitución, por lo cual no ha debido ser declarado inexequible.
En efecto, el resto del artículo 2° de la
Ley 324 de 1996, que reconocía la Lengua Manual Colombiana, hubiera podido
declararse ajustada a la Constitución con dos condicionamientos: en primer
lugar, bajo el entendimiento de que la Lengua Manual Colombiana no constituía
un idioma oficial propio de la comunidad sorda del país, sino un método de
comunicación entre los varios conocidos o por conocer a los cuales pueden
acudir las personas con limitaciones auditivas o de comunicación oral, para
hacerse comprender. Y en segundo lugar, entendiéndose también que el
reconocimiento de la Lengua Manual Colombiana como un método de comunicación de
la comunidad sorda o muda del país, no implicaba que el apoyo estatal brindado
a las personas que padecen de estas discapacidades físicas se restringiera a
promover este particular método.
Es sabido cómo la jurisprudencia ha
recurrido en innumerable ocasiones a una forma de modulación de sus decisiones,
en la cual expulsa del ordenamiento no la normas demandadas en sí, sino
aquellas interpretaciones de las misma que no resultan conformes con el orden
superior. Y es sabido como el soporte de este proceder se encuentra en el
respeto al principio democrático que encarna privilegiadamente el órgano
legislativo, principio del cual se deriva a su vez el de conservación del
derecho. La Corte, al ejercer el control de constitucionalidad de leyes debe
hacer efectivos estos principios, lo que le impone respetar hasta donde sea
posible el trabajo hecho por el legislador. Por ello debe mantener dentro del
ordenamiento las regulaciones legales que admitan aunque sea una interpretación
conforme con la Carta.
4. En el caso presente, razones que tocan
con la especial protección que merecen las personas sordas o con dificultades
de cualquier índole para comunicarse mediante lenguaje oral, aconsejaban no
retirar del ordenamiento el reconocimiento de la Lengua Manual Colombiana previsto
en el artículo 2° de la Ley demandada, ya que su fin inequívoco era concederle
a la comunidad sorda esa protección especial. Recuérdese que de la posibilidad
de darse a entender oralmente o por escrito, o por cualquier otro medio de
comunicación, depende el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de
conformidad con lo prescrito por el artículo 1504 del Código Civil. En efecto
esta norma dice lo siguiente:
“Artículo
1504. Son
absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no pueden
darse a entender por escrito. Sus actos no producen ni aun obligaciones
naturales y no admiten caución.”
Ciertamente, la capacidad como atributo de
la personalidad, se vincula al derecho fundamental al reconocimiento de la
personalidad jurídica. Así, no sólo por cuanto el artículo 13 superior ordena
al Estado proteger especialmente a aquellas personas que por su condición
física se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta, obligación
estatal reforzada por lo mandado por el artículo 47 de la Carta[49], sino porque el
efectivo otorgamiento de esta protección especial a quienes no pueden darse a
entender compromete su capacidad y su derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica, ha debido mantenerse, bajo la forma de
constitucionalidad condicionada, el resto del contenido normativo del artículo
2° distinto de la expresión “idioma propio”.
5. Resulta
obvio, por lo demás, que el legislador al expedir el artículo 2° no tuvo como
finalidad desconocer la protección especial que el Estado debe brindar a las
personas con limitaciones físicas o  sensoriales sino, todo lo contrario,
conceder tal amparo  particular. En efecto, al revisar los antecedentes
legislativos de la Ley 324 de 1996 en el Congreso, se evidencia que el ánimo
que movió al legislador era lograr la efectividad de las garantías
constitucionalmente reconocidas a  las personas con discapacidades relativas a
la comunicación oral: Se lee en dichos antecedentes lo siguiente:
“El proyecto de ley “por la cual se
crean normas a favor de la población sorda”, que someto a vuestra ilustrada
consideración, tiene el propósito de contribuir a resolver las más sentidas
necesidades de colombianos con limitaciones auditivas.
“...
“El propósito de
la presente ley es responder a las demandas de los organismos responsables de
la normatización de los asuntos sociales en busca de la equiparación de
oportunidades para las personas con limitaciones auditivas.”[50]
Por estas razones, no comparto la
inexequibilidad total del artículo 2° de la Ley 324 declarada mayoritariamente
por la Corte. Por el contrario, considero que la inexequibilidad parcial del
dicho artículo en cuanto a la “expresión idioma propio”y la constitucionalidad
condicionada del resto de la disposición era más compatible con las
constitucionalidades condicionadas de los artículos 1°, 3°, y 7° de la Ley 324.
En estos términos dejo sustentado el
salvamento de voto parcial que formulé respecto de lo decidido por la Corte.
Fecha ut supra
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-128/02
IDIOMAS OFICIALES-Objetivo (Salvamento parcial de voto)
IDIOMAS OFICIALES-No prohibición del reconocimiento de otras
lenguas (Salvamento parcial de voto)
POBLACION SORDA-Aceptación de lengua manual no vulnera la
Constitución/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Aplicación/POBLACION
SORDA-Reconocimiento de lengua manual no excluye otras formas de enseñanza
como la oralidad (Salvamento parcial de voto)
Del contenido del
artículo 10 de la Constitución se deriva que el reconocimiento de un idioma
como “propio” de una comunidad no puede equipararse con su consagración como
“oficial”. Ese carácter oficial significa que todas las relaciones del Estado
con los ciudadanos deben darse en ese idioma, inclusive a través de los medios
de comunicación utilizados por los órganos estatales. Más aún, cuando un idioma
es oficial las relaciones jurídicas y todos los actos que de ellas se derivan,
y por supuesto aquellos donde participe el Estado, deben adelantarse en ese
idioma. La lengua manual se constituye entonces en un apoyo para las personas
sordas que por diversos motivos no acceden a la oralidad, sin que pueda
afirmarse que se desplaza el carácter oficial del castellano.
IDIOMAS OFICIALES-Reconocimiento de idioma propio no equiparable como
oficial/IDIOMAS OFICIALES-Significado/POBLACION SORDA-Reconocimiento
de lengua manual (Salvamento parcial de voto)
POBLACION SORDA-Validez del reconocimiento de la lengua de señas/POBLACION
SORDA-Apoyo igualitario a otras opciones como la oralidad (Salvamento
parcial de voto)
El reconocimiento de
la lengua de señas como un mecanismo importante e idóneo para favorecer a
aquella parte de la comunidad sorda formada en esa metodología, excluyendo una
interpretación inconstitucional. El problema surgió del hecho de que algunos
operadores jurídicos consideraron que el reconocimiento de la lengua manual
como propia de la comunidad sorda implicaba que esas personas se expresan
exclusiva o esencialmente en ese lenguaje (es como si la ley hubiera asumido
que la Lengua Manual Colombiana tiene tal difusión e importancia que distingue
a esta población con limitaciones auditivas, a pesar de que un gran número de
sordos se expresa a través del español hablado). No obstante, los suscritos
magistrados consideramos que el reconocimiento de la lengua de señas es
constitucionalmente válido, pero la definición de ese lenguaje como idioma
"propio" de dicho grupo social debía ser excluida del ordenamiento,
indicando en todo caso que el Estado debe mantener un apoyo igualitario a las
otras opciones de educación y rehabilitación de la población con limitaciones
auditivas, como la oralidad. Es una lengua que los caracteriza y los hace un
grupo con identidad propia frente a una mayoría oyente que los margina.
POBLACION SORDA-Políticas de apoyo a través de la lengua manual
(Salvamento parcial de voto)
Referencia:
expediente D-3662
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 7 de la Ley 324 de 1996, “por
la cual se crean algunas normas a favor de la Población Sorda”.
Demandante:
María Soledad Castrillón Amaya
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Con el acostumbrado
respeto por la decisión de la mayoría, los suscritos magistrados procedemos a
sustentar el salvamento parcial de voto a la Sentencia C-128 de 2002, según lo
manifestado en la Sala Plena del 26 de febrero del mismo año.
El artículo 2º de  la
ley 324 de 1996 establecía que “El Estado colombiano reconoce la Lengua Manual
Colombiana como propia de la Comunidad Sorda del País”. El fundamento para la
declaratoria de inexequibilidad consistió en el desconocimiento del artículo 10
de la Constitución, según el cual el idioma oficial de Colombia es el
castellano. Para la mayoría, cuando el artículo 2º reconoce que el idioma
propio de la comunidad sorda es la lengua de señas, se derivan de ese
reconocimiento ciertas obligaciones para las autoridades en el ámbito de la
comunicación y establece un idioma oficial distinto no previsto en la Carta.
Sin embargo, nuestra
interpretación del artículo 10 de la Constitución es divergente a la de la
mayoría, porque siguiendo los pronunciamientos de la Corte, los asuntos
relativos al idioma han sido relacionados estrechamente con cuestiones étnicas[51].
El objetivo de ese artículo fue esencialmente proteger la diversidad cultural
de la nación, pero nada tiene que ver con la protección que el Estado pretende
asegurar a las personas sordas mediante el acceso a la educación bilingüe
(castellano escrito, lengua manual) y la integración de aquellos a la sociedad.
Un idioma oficial, además, tiene un elemento territorial indispensable para su
aplicación, como lo establece el artículo 10 cuando señala que el idioma
oficial de Colombia es el castellano, y que las lenguas y dialectos de grupos
étnicos lo son también, pero sólo en sus territorios.
En nuestra opinión,
el artículo 10 de la Carta no prohibe el reconocimiento de otras lenguas.  Su
texto se refiere sólo a la lengua oficial pero no excluye el reconocimiento de
otras. Precisamente por ello, consideramos que ha debido declararse la
inexequibilidad parcial del artículo citado, retirando del ordenamiento
únicamente la expresión “como propia de la Comunidad Sorda del País”, pues la
sola aceptación de la lengua manual en nada viola la Constitución. En consecuencia,
retirada esa expresión ha debido condicionarse la norma en el sentido que su
reconocimiento no excluía otras formas de enseñanza como la oralidad.
Por lo demás, del
contenido del artículo 10 de la Constitución se deriva que el reconocimiento de
un idioma como “propio” de una comunidad no puede equipararse con su
consagración como “oficial”. En efecto, ese carácter oficial significa que
todas las relaciones del Estado con los ciudadanos deben darse en ese idioma,
inclusive a través de los medios de comunicación utilizados por los órganos
estatales. Más aún, cuando un idioma es oficial las relaciones jurídicas y
todos los actos que de ellas se derivan, y por supuesto aquellos donde
participe el Estado, deben adelantarse en ese idioma.
Sin embargo, la
lengua manual y su reconocimiento no tenían ese alcance porque los sordos que
no opten por la oralidad acceden a una educación bilingüe (lengua manual -
castellano escrito), pero en todo caso el idioma castellano continúa siendo
aquel en el que se desarrollen las relaciones del Estado con los ciudadanos y
en todo lo referido al tráfico jurídico. La lengua manual se constituye
entonces en un apoyo para las personas sordas que por diversos motivos no
acceden a la oralidad, sin que pueda afirmarse que se desplaza el carácter
oficial del castellano.
Hechas estas
aclaraciones, consideramos que la mejor forma de asegurar el principio
democrático y la voluntad del legislador, era entonces destacar el
reconocimiento de la lengua de señas como un mecanismo importante e idóneo para
favorecer a aquella parte de la comunidad sorda formada en esa metodología,
excluyendo una interpretación inconstitucional. El problema surgió del hecho de
que algunos operadores jurídicos consideraron que el reconocimiento de la lengua
manual como propia de la comunidad sorda implicaba que esas personas se
expresan exclusiva o esencialmente en ese lenguaje (es como si la ley hubiera
asumido que la Lengua Manual Colombiana tiene tal difusión e importancia que
distingue a esta población con limitaciones auditivas, a pesar de que un gran
número de sordos se expresa a través del español hablado). No obstante, los
suscritos magistrados consideramos que el reconocimiento de la lengua de señas
es constitucionalmente válido, pero la definición de ese lenguaje como idioma
"propio" de dicho grupo social debía ser excluida del ordenamiento,
indicando en todo caso que el Estado debe mantener un apoyo igualitario a las
otras opciones de educación y rehabilitación de la población con limitaciones auditivas,
como la oralidad.
De esta manera, no
era razonable eliminar normas del ordenamiento que se ubican en el marco del
cumplimiento de las funciones del Estado como  una  protección especial para
los discapacitados, materializada a través de una acción afirmativa que no
significa un privilegio, sino simplemente evitar una exclusión irrazonable.
Así, la consagración
de la lengua manual colombiana no implicaba el reconocimiento de un idioma
oficial distinto al castellano. Tampoco podía desconocerse que esta
consagración fue el resultado de la lucha de esta minoría por alcanzar el
reconocimiento de su diferencia; es una lengua que los caracteriza y los hace
un grupo con identidad propia frente a una mayoría oyente que los margina.
Por último, no sobra
señalar que múltiples normas parten de ese reconocimiento para implementar
políticas de apoyo a la población sorda a través de la lengua manual, como el
artículo 7 de la ley 324 que fue declarado exequible unánimemente por esta
Corporación, e impone una obligación al Estado en la promoción de la formación
para intérpretes.
En consecuencia, no
existían razones que justificaran la exclusión de la totalidad del artículo 2
de la ley, pues la norma se ajustaba a la Carta simplemente con excluir la
expresión antes mencionada. En estos términos queda expuesto nuestro
disentimiento.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
[1] En el mismo sentido un grupo conformado
por nueve fonoaudiólogas del Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría hace un
llamado a no radicalizar las posiciones y las metodologías específicas de
enseñanza para las personas sordas, pues considera que la lengua de señas y la
comunicación oral se complementan, fls. 202 a 203.
[2]Acerca de los beneficios científicos y su
apoyo para el desarrollo del lenguaje oral en los sordos, pueden consultarse
las intervenciones de Jorge García Gómez, especialista en otorrinolaringología,
presidente de la sociedad Panamericana de dicha especialidad, miembro de la
Academia Nacional de Medicina y Juan Mendoza-Vega, especialista en
neurocirugía, ex presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de
Neurocirugía FLANC, vicepresidente de la Academia Nacional de medicina y Jorge
Ramírez, presidente de la Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología y cirugía
de cabeza y cuello, fls. 428 a 431. Anexo 2.
[3] Ver las intervenciones de Gladys Stella
López y Lionel Antonio Tovar, en su calidad de directora de la escuela de
ciencias del lenguaje e investigador del grupo de estudios en bilingüismo,
respectivamente, quienes consideran que las personas sordas se comunican de
manera espontánea y adquieren la capacidad de lenguaje de una manera natural en
una lengua de señas, mas no en las lenguas orales, cuya adquisición les es
imposible sin ayuda de procedimientos terapéuticos, fls, 174 a 181. En el mismo
sentido Gladys Helena Santos, directora del programa de Fonoaudiología de la
Corporación Universitaria Iberoamericana, fls 182 a 185, docentes del programa
de educación con énfasis en educación especial de la Universidad Pedagógica
Nacional, fls. 149 a 152 anexo 2, quienes además consideran que si la Corte
declara la inexequibilidad de las normas perjudicaría gravemente a la comunidad
sorda y a las comunidades educativas que trabajan con ella. Igualmente Inés
Ramírez Parra, en su condición de fonoaudióloga recuerda que no pueden
desconocerse los avances que se han obtenido a nivel educativo, con la
utilización y difusión de la lengua de señas, la cual no diezma derecho alguno
por la necesidad de contar con intérpretes, pues ello no implica total
dependencia, fls. 313 a 314 anexo 2. Con ello concuerdan varios docentes y
estudiantes de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Santander,
fls. 315 a 317, anexo 2.
[4] Edilberto Cruz Espejo, subdirector
académico del Instituto Caro y Cuervo, intervino con el fin de manifestar que
la consagración de la lengua de señas como propia de la comunidad sorda es un
logro muy importante que no hace daño a ninguna persona, pues no impide la
rehabilitación oral de los sordos que puedan hacerlo. El ciudadano anexa un
artículo de su autoría en el que hace un acercamiento a la problemática de la
población sorda y la importancia del apoyo a la difusión de la lengua de señas,
fls. 401 a 424 anexo 2.
[5] Ver intervención de Rosa Elena Mejía
Díez, quien anexa una encuesta realizada por el cuerpo docente de la Fundación
de Rehabilitación Integral para Sordos FRINE, en la cual muestra que la mayoría
de los sordos encuestados se inclinan por el oralismo, fls. 66 a 70. En el
mismo sentido el concepto de Adriana Torres, licenciada en educación especial,
representante administrativa del Instituto Médico Pedagógico de Audición y
Lenguaje IMPAL, resaltando la independencia que la oralidad da a las personas
sordas, fl. 126.
[6] Adjuntan más de 32 testimonios de padres
de niños sordos que manifiestan los beneficios de la rehabilitación oral (ver
folios 240 a 272) así como seis folios donde los niños sordos escriben sobre la
alegría que sienten de poder hablar (ver folios 273 a 278).
[7] En el mismo sentido ver la intervención
de Clara Elena Pérez, directora del Instituto de Educación Avanzada para Sordos
IDEAS, y cuatro docentes del Instituto, quienes manifiestan las potencialidades
y ventajas de la lengua de señas para los sordos, de acuerdo con la experiencia
de la institución en el desarrollo de habilidades lingüísticas, fls. 357 a 361,
anexo 2.
[8] Ver la intervención de Patricia Sánchez
y treinta personas más quienes, como personas sordas, consideran que un número
importante de personas con esta limitación pueden comunicarse con el lenguaje
oral e integrarse completamente la educación que el país ofrece, y este número
es cada vez mayor por los adelantos científicos en electroacústica como el
implante coclear u oído biónico. Afirman que existen muchos colegios que
colaboran con la enseñanza de estos niños y por lo tanto consideran que la lengua
manual no es la lengua natural de las personas sordas, fls. 63 a 65.
[9] En el mismo sentido ver la intervención
de Oscar Orlando Rodríguez Gómez y 11 personas más, quienes intervienen para
relatar su experiencia como familiares y amigos de Diana Lorena Rodríguez
Dávila, quien es sorda. De acuerdo con lo que han vivido, consideran que a las
personas sordas se les debe brindar diferentes opciones de integración con el
mundo y, es así como han visto que la rehabilitación oralista apoyada con
audífonos e implante coclear facilitó la integración de la niña en un colegio
de oyentes, fls. 281 a 282. Igualmente la intervención de varios familiares de
personas sordas quienes apoyan la demanda de la referencia pues aunque no
niegan la ayuda que les ha prestado la lengua de señas, no pueden desconocer
tampoco los beneficios de la oralidad. Además la posibilidad de pagar un
intérprete no está garantizada y por tanto en cualquier momento los sordos que
sólo saben lengua de señas pueden quedar desamparados y sin posibilidades de
comunicarse por no haber aprendido el oralismo, fls. 357 a 362.
[10]  Sobre el acceso a la cultura, resulta
interesante la intervención de Dora Triviño, quien pertenece al grupo de
formación de la dirección de infancia y juventud del Ministerio de Cultura.
Ella adjunta oficio donde destaca el taller de artes plásticas que alberga
niños, niñas y jóvenes con discapacidades, cuya orientación se encuentra a
cargo de María Cristina Samper, artista plástica con discapacidad auditiva.
Destaca que la maestra María Cristina se comunica verbalmente con los
participantes y funcionarios, sin dificultades de relación, pues al comprender
los códigos que ella maneja y el ritmo de su hablar es posible entender y
sostener con ella una conversación fluida. Al escrito se adjuntan firmas de
varias personas respaldando lo expresado anteriormente, fls. 204 a 205.
[11] En ese sentido intervienen Augusto
Velásquez y 66 personas más como jefes y compañeros de trabajo de Walter
Londoño, una persona sorda, para apoyar la demanda de la referencia. Para
ellos, las normas acusadas son un alarmante retraso en la rehabilitación de la
población sorda, pues prohiben la comunicación oralista. Lo anterior limita a
familiares, amigos y otras personas de la comunidad oyente para
interrelacionarse con las personas sordas, pues casi ningún oyente aprende la
lengua de señas, fls. 362 a 366.
[12] En el mismo sentido se pronuncian varios
intervinientes que consideran que a partir de la vigencia de esta ley, se le ha
negado a muchos sordos la posibilidad de acceder a una educación y rehabilitación
integral, pues el lenguaje de señas jamás podría servir como instrumento
educativo rehabilitador y de comunicación con los oyentes. Agregan que ninguna
persona que haya sido educada dentro del sistema de señas ha llegado a cursar y
culminar estudios universitarios, pues sólo los sordos oralizados tienen una
buena comprensión de lectura. Concluyen su intervención reiterando que el
lenguaje de señas debe enseñarse sólo a quienes no tienen otra oportunidad para
acceder al conocimiento. En definitiva piensan que la ley demandada debe
declararse inconstitucional para que el INSOR imparta enseñanza oralizada, pues
es allí donde están las personas de menos recursos económicos, quienes también
tienen derecho a la rehabilitación oral. Los intervinientes adjuntan el listado
de 66 personas que han sido integradas a instituciones educativas de oyentes,
las firmas de quienes intervienen y los nombres de los colegios que han
participado este programa de integración de sordos.
[13] Según la interviniente, el desempeño
académico de los niños es normal. Incluso, en dos de los grados, los niños con
mejor rendimiento académico son sordos. Anota además que entre sus estudiantes
sordos, se encuentran niños que presentan esta discapacidad en todas sus
variedades (sordera profunda o leve, pre y post locutiva, de nacimiento o
adquirida, con  sistemas de amplificación o sin ellos, con habilidades de
producción oral y lectura labio-facial o sin ellas). Anexa además las firmas de
más de noventa personas que interactuan con los niños sordos en el plantel,
estudiantes, trabajadores y docentes que respaldan la constitucionalidad de las
normas demandadas.
[14] Experiencias similares son relatadas por
Martha Belén Prieto Cuintaco, docente del Centro Educativo Distrital Betania,
quien cuenta con 26 años de experiencia como maestra de sordos, respaldada por
más de quince docentes, se opone a los planteamientos formulados por la actora,
, fls. 71 a 73. Para los docentes, directivos y grupo de apoyo participantes en
la experiencia de integración de sordos y oyentes en Colegio Distrital Diurno
República de Panamá, la lengua de señas ha permitido alcanzar un grado de
socialización bastante aceptable tanto con personas que tienen la misma
discapacidad como con oyentes. De otro lado, debe tenerse presente que las
familias de escasos recursos no pueden acceder a los adelantos científicos que
sirven como apoyo a la rehabilitación oral, además que no todos los casos de
sordera permiten este tipo de soluciones. Los intervinientes concluyen que
tanto las personas que opten por la oralización como por el lenguaje de señas,
requieren protección de la legislación colombiana, fls. 283 a 288 anexo 2.
Opiniones similares son expresadas por varios docentes, padres de familia y
estudiantes, del Centro Educativo Distrital San Carlos, fls. 325 a 331, anexo
2.
[15] En el mismo sentido, obra en el
expediente la intervención de cinco instructores oyentes de esa institución.
(anexo No. 2 fls. 110-112).
[16] El documento elaborado por personas
sordas de la localidad octava (Kennedy), que reciben actualmente capacitación
en tecnologías de punta en la Corporación John F. Kennedy, contiene opiniones
similares, fls. 107 a 109 anexo 2. Experiencias similares son relatadas por más
de cincuenta estudiantes sordos del colegio Distrital República de Panamá, pues
con la lengua manual pueden acceder a la educación superior sin necesidad de
invertir una gran suma de dinero en un implante coclear, pues sus familias no
cuentan con esos recursos, fls. 293 a 296, anexo 2. Por su parte, Oscar Javier
Torres Ospina, en su condición de sordo, manifiesta que la oralidad es un
método difícil de acuerdo con su experiencia personal, pues a pesar de intentar
por siete años, nunca logró integrarse al mundo oyente. Destaca entonces las
ventajas y beneficios que recibió de la Lengua de Señas, por medio de la cual
logró integrarse con sus compañeros sordos y asimilar mejor la información que
le transmitían en el colegio, incluso al llegar al bachillerato logró
participar activamente con la ayuda de un intérprete, fls 332 y 333, anexo 2.
Opinión similar fue presentada por Esteban Pava y nueve personas más, alumnos
del Instituto Integral de Audición y Lenguaje SENTIR, quienes intervienen para
destacar que los sordos de nacimiento presentan dificultades con esta
metodología, fls. 334 a 339, anexo 2.
[17] En el mismo sentido obran las
intervenciones de Roselina González de González y dos ciudadanos más, padres de
jóvenes sordos, intervienen para solicitar a la Corte que declare la
constitucionalidad de las normas acusadas. Así, se deben tener en cuenta las
clases de discapacidades auditivas que cada persona tenga, con el fin de
determinar el modelo educativo que más le convenga. Ya que las normas
demandadas no lo impiden deben ser declaradas exequibles, fls. 25 a 31, anexo
2; Varios padres de familia y familiares de los estudiantes sordos del Centro
Educativo Distrital Betania, intervienen también con el fin de relatar a esta
Corte su experiencia en cuanto a la educación de niños sordos. Manifiestan que
la Lengua Manual Colombiana ha facilitado la comunicación entre ellos y sus
hijos y sus progresos a nivel educativo son notables gracias a ella. Por tanto
consideran que ésta es el mejor idioma para sus niños, pues con la lectura
labio facial, pierden el 70% de la comunicación. Adjuntan más de cien firmas a
su escrito, fls. 32 a 37 anexo 2. Idéntica opinión expresan Quince padres de
familia de niños sordos que estudian en el Colegio Distrital República de
Panamá, fls. 289 a 292, anexo 2, así como la Iglesia Cruzada Cristiana que
afirma que de no ser por este lenguaje no podrían tener acceso a la
comunicación, pues para ellos la oralidad es bastante complicada debido a su
limitación. Para esta iglesia, es evidente que la oralidad se dificulta debido
a la distancia entre el sordo y orador ya que éste en ocasiones se mueve
continuamente impidiendo así la lectura de los labios así, sólo el lenguaje de
señas puede transmitir de manera completa y formal lo hablado por el
interlocutor. De otro lado las terapias de lenguaje tienen un costo elevado y
no todas las personas sordas y sus familias cuentan con recursos suficientes
para sufragar esos gastos, así que debe darse la opción de aprender el lenguaje
de señas. Anexa un listado de firmas de sordos, familiares y amigos de la
comunidad religiosa, fls. 206 a 217.
[18] Sobre esta doctrina ver, entre otras,
las sentencias C-496 de 1994, C-488 de 2000, C-557 de 2001 y C-1255 de 2001.
[19] Sentencia C-109 de 1995. MP Alejandro
Martínez, fundamento 13.
[20] Sentencia C-371 de 1994 MP José Gregorio
Hernández. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias C-135 de 1994,
C-496 de 1994, C-389 de 1996 y C-4888 de 2000.
[21] Sobre el desarrollo de estas reglas,
ver, entre otras, las sentencias C-496 de 1994, C-109 de 1995, C-488 de 2000 y
C-557 de 2001.
[22] Ver sentencias C-301 de 1993, C-011 de
1994 y C-496 de 1994.
[23] Sobre este principio ver, entre otras,
las sentencias C-273 de 1999 y C-995 de 2001.
[24] “Parte III, Medios y Métodos, artículo
18 literal a) La adopción de medidas pertinentes, legislativos administrativas
o de otra índole, que garanticen a todos no solo los derechos políticos y
civiles, sino también la plena realización de los derechos económicos, sociales
y culturales, sin discriminación alguna (..), Artículo 19 literal d) La
institución de medidas apropiadas para la rehabilitación de personas mental o
físicamente impedidas, especialmente los niños y los jóvenes, a permitirles en
la mayor medida posibles ser miembros útiles a la sociedad –entre éstas medidas
deben figurar la provisión de tratamiento y prótesis y otros aparatos técnicos,
los servicios de educación, orientación profesional y social, formación y
colocación selectiva y la demás ayuda necesaria– y la creación de condiciones
sociales en las que los impedidos sean objeto de discriminación debida a sus
incapacidades.”. Asamblea General, 11 de diciembre de 1969, resolución 2542,
XXIV-
[25] “Teniendo presente la necesidad
de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar a los impedidos a
desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de
fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida social normal,
(..) Proclama la presente Declaración de los Derechos de los Impedidos y
pide que se adopten medidas en los planos nacional e internacional (..) 1. El
término “impedido” designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí
misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o
social normal a consecuencia de una deficiencia congénita o no. De sus
facultades físicas o mentales. 5. El impedido tiene derecho a las medidas
destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible. 8. El impedido tiene
derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en todas las
etapas de la planificación económica y social. 9.El impedido tiene derecho a
vivir en el seno de su familia o de un hogar que lo substituya y a participar
en todas las actividades sociales, creadoras y recreativas. (..) 10. El
impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo
trato discriminatorio, abusivo o degradante. (..) -9 de diciembre de 1975,
Resolución 3447/XXX-.
[26] Asamblea General de las Naciones Unidas,
Resolución 3752, 3 de diciembre de 1982, implementado por la Resolución 38/28
del 22 de noviembre de 1983.
[27] Recomendaciones de la Conferencia
Intergubernamental Iberoamericana, reunida en Cartagena entre el 27 y el 30 de
octubre de 1992, “Convención Interamericana para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad”.
[28] Sentencia
SU-337 de 1999, MP Alejandro Martínez Caballero, fundamento 9
[29] Ver la intervención de Helena Manrique y
otras fonoaudiólogas, fls. 425 y 426 del anexo 2.
[30] Ver la intervención de Gladys López,
fls. 174-181.
[31] Ver intervención de Myriam Zuluaga
Uribe, directora ejecutiva de la Fundación Pro débiles auditivos, fls. 71-125-
En el mismo sentido la intervención de Victor Manuel Moncayo, rector de la
universidad Nacional de Colombia, fls. 127 a 129.
[32] Ver intervención de Gloria Inés Suárez
Mendoza, de la dirección general de la Fundación padres del sordo colombiano
DESCUBRIENDO, fls. 346 a 356, anexo 2.
[33] Ver intervención de Adriana Torres,
representante administrativa del Instituto Médico-Pedagógico de audición y
lenguaje IMPAL, fl. 126.
[34] Ver intervención de María Cristina
Samper y otros discapacitados auditivos, fls, 222 a 227.
[35] Ver intervención de las directivas del
Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, fls. 199 a 201.
[36] Ver intervención de Blanca Samper de
Samper, de la Fundación Centro de Investigación e información en deficiencias
auditivas CINDA, fls 238 a 287.
[37] Ver intervención de Myriam Corredor,
Gerente educativa y directora del >Instituto Integral de Audición y Lenguaje
SENTIR, fls. 342 s 345, anexo 2.
[38] Ver intervención de Clemencia Cuervo y
Rita Flórez, docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia, fls. 195-198. En el mismo sentido, las intervenciones de Diana
Marcela Noguera, Directora (e) del Colegio Filadelfia para sordos, fls 17-24,
anexo 2, y de Luz Mary Plaza Cortés, directora General del Instituto Nacional
para Sordos INSOR, anexo 1.
[39] Ver intervención de Patricia Ferreira,
representante legal de la Fundación para el niño sordo ICAL, fls. 318 a 324,
anexo 2.
[40] Ver la intervención del equipo de
fonoaudiólogas del Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, fls. 202 a 203.
[41] Ver, entre muchas otras, las sentencias C-530 de
1993, C-410 de 1994, SU-342 de 1995, SU-995 de 1999, C-371 de 2000, C-093 de
2001.
[42] Ver sentencia C-371 de 2000.
[43]Ver la sentencia de la Corte Europea de
Derechos Humanos del 23 de julio de 1968, en el llamado “caso relativo a
ciertos aspectos del régimen lingüístico de la educación en Bélgica”
[44] Sentencia C-053 de 1999. MP Eduardo
Cifuentes Muñoz, fundamentos 5 y 6. Ver también las sentencias T-384 de 1994
[45] Ver al respecto la sentencia T-638 de
1999.
[46] Ver sentencia C-109 de 1995
[47] Ver intervenciones del Representante a la Cámara y autor de la
iniciativa Colin Crawford, fls. 131 a 173
[48] Sobre la procedencia de la unidad
normativa, ver, entre otras, las sentencias C-221 de 1997 y C-391 de 2000.
[49] CONTITUCIÓN POLÍTICA  ARTICULO 47. “El Estado
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran.”
[50] Colin Crawford C. Exposición de motivos al proyecto de ley N° 034
de 1995, Cámara. Gaceta del Congreso N° 229 del martes 8 de agosto de 1995.
[51] Como ocurrió en la C-053 de 1999, donde la Corte estudió la
diversidad lingüística de la comunidad raizal de las Islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, y en la sentencia T-384 de 1994, donde se refirió
a un asunto similar en materia indígena.