T-001-97
Sentencia T-001/97
Sentencia
T-001/97
ACCION DE TUTELA-Procedencia por falta de idoneidad del
medio judicial/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Procedencia transitoria de tutela
La falta de
idoneidad del medio judicial ordinario da lugar a la viabilidad de la tutela
para la efectividad de los derechos afectados o en peligro; y,
correlativamente, si dicho medio judicial se muestra apto para el señalado fin,
ha de aplicarse el precepto constitucional a cuyo tenor no es procedente la
tutela, a menos que se establezca la inminencia de un perjuicio irremediable,
en cuyo caso cabe la protección temporal de tales derechos mientras se resuelve
de manera definitiva la controversia por el juez de la causa.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL IDONEO Y EFICAZ-Improcedencia
de tutela/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Protección de derechos
Si para lograr
los fines que se persigue existe un medio judicial idóneo y efectivo que
resguarde sus derechos, la acción de tutela no tiene aplicación, salvo la
hipótesis del daño irreparable que hiciera tardío e inútil el fallo de la
justicia ordinaria. En este último evento, no es desplazada la competencia
definitiva del juez natural para resolver sobre el asunto litigioso -pues en
todo caso, ante él deberá instaurarse acción dentro de los cuatro meses
siguientes al fallo de tutela temporal-, sino que se brinda una protección
urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación
irreversible de los derechos fundamentales materia de proceso.
ACCION DE TUTELA
EN MATERIA LABORAL-Improcedencia
general
En el campo
laboral, aunque está de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y
justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acción de
tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aquél y otros
derechos fundamentales, tiene lugar la regla general, ya que las controversias
originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación mediante contrato o
por nexo legal y reglamentario con entidades públicas, tienen suficientes
mecanismos de control, defensa y resolución en los procesos ordinarios,
ampliamente desarrollados de tiempo atrás en nuestro sistema jurídico.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias
laborales
La jurisprudencia
de la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de
obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si
bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido
excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio
ordinario, en los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera
específica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo
cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los
indicados fines, masiva e indiscriminadamente. La jurisprudencia ha entendido
que se desvirtuaría la Carta Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia
del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de
economía procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se
forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el
caso concreto, cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86
de la Constitución.
DEMANDA DE TUTELA-Acreditación del título para reclamar
prestaciones/JUEZ DE TUTELA-Incompetencia para liquidación de
prestaciones
Aun en los
eventos en que sea posible la prosperidad de la tutela, para que el juez pueda
impartir la orden correspondiente, es requisito indispensable el título que
comprometa a la entidad obligada y que haga patente el derecho concreto
reclamado por el trabajador. De allí se desprende que las tutelas incoadas con
el propósito de obtener, más que pagos de sumas adeudadas por obligaciones
claramente definidas, la liquidación o reliquidación de prestaciones son del
todo improcedentes y, por tanto, mal pueden los jueces concederlas, por cuanto,
al hacerlo, exceden notoriamente el campo de sus propias competencias.
JUEZ DE TUTELA-Devolución dineros pagados sin título a
Foncolpuertos
Resulta
imprescindible distinguir entre quienes ejercieron la acción de tutela sin
presentar título alguno y obtuvieron sentencia favorable y pago, y aquellos que
lograron el pago pero poseían el título correspondiente con arreglo a la ley.
Aunque en una y otra hipótesis ha debido ser negada la tutela por los motivos
que aquí se exponen, quien recibió sin título está obligado a reintegrar a
Foncolpuertos las cantidades que le fueron indebidamente canceladas, pues se
trata del pago de lo no debido, mientras que, por el contrario, los
extrabajadores que tenían un título legal a su favor y recibieron el pago de lo
que en efecto se les debía, no tienen que restituir, en cuanto, aun a pesar de
haber utilizado una vía judicial inadecuada, tenían derecho a lo que
recibieron.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general ejecución de
obligaciones laborales/PROCESO EJECUTIVO LABORAL-Improcedencia de tutela
No es viable la
tutela -salvo los casos excepcionales que la jurisprudencia ha venido
definiendo- para alcanzar la ejecución de obligaciones laborales en cabeza de
entidades públicas o privadas. Para el efecto, el sistema jurídico ha previsto
los procesos ejecutivos laborales, que son ágiles y adecuados a la finalidad
perseguida, cuyas reglas, por supuesto, facilitan el acceso de los trabajadores
a la administración de justicia, desplazando al amparo.
BUENA FE PROCESAL-Particulares demandan servicios a cargo
del Estado/FRAUDE PROCESAL
El principio de
la buena fe, exigible a las autoridades públicas, debe ser atendido por los
particulares que acuden al Estado en demanda de los servicios a su cargo.
Frente a la administración de justicia, no sólo se espera que los jueces
presuman la buena fe y la actuación honrada de quienes comparecen ante sus
estrados, sino que el sistema jurídico demanda de las partes e intervinientes
en los procesos judiciales la exposición de sus pretensiones y el ejercicio de
sus garantías y derechos  con arreglo a una efectiva buena fe procesal,
indispensable para que la normatividad alcance los fines a ella señalados por
la Constitución, que se sintetizan en el logro de un orden justo. El debido
proceso requiere, por otra parte, no solamente el sometimiento de los jueces a
las formas propias de cada juicio y la plenitud de las garantías que la Carta
otorga a todas las personas, sino que se hace menester el concurso de éstas
para realizar los propósitos de la justicia a partir de la observancia estricta
de las reglas de Derecho aplicables, lo que conduce a la consagración de tipos
delictivos como el del fraude procesal, vigente entre nosotros.
ACCION DE TUTELA
TEMERARIA-Consecuencias
Respecto de la
acción de tutela, el legislador ha sido muy estricto en la previsión de las
consecuencias que apareja su utilizació n indebida, en especial teniendo en
cuenta que, por razón de la misma amplitud con la cual el Constituyente quiso
asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, todos los jueces de la
República, a lo largo y ancho del territorio, están habilitados en principio
para recibir y dar trámite a las solicitudes de protección. Si el accionante se
aparta del debido proceso y, animado por las perspectivas que le ofrece la
posibilidad de enfoques y criterios judiciales divergentes, se presenta de
manera simultánea o sucesiva ante varios despachos, planteando en todos ellos
idéntico conflicto, la carencia de una sistematización adecuada hace posible
que, no obstante las precauciones de la ley, se profieran dos o más sentencias
en torno al mismo asunto. Ello, desfigura la acción y hace propicio el sistema
para que personas inescrupulosas asalten la buena fe de los administradores de
justicia. Claro está, no se descarta que en algunas ocasiones las
irregularidades surjan no solamente por la actuación indebida de los
peticionarios sino, además, por el ejercicio ilícito de la profesión de abogado
o por la connivencia de los propios jueces. Como tales conductas pueden
implicar la comisión de delitos o de faltas disciplinarias, no pueden
formularse juicios de valor ni hacerse sindicaciones colectivas e
indiscriminadas, siendo por ello indispensable que la justicia constitucional,
cumplida su función, entregue los elementos de juicio de los que dispone a las
autoridades competentes.
ABUSO DE LA
TUTELA-Reclamación
prestaciones sociales a Foncolpuertos
Se incurrió en un
palmario e inconcebible abuso de la acción de tutela, merced a la temeridad de
los actores o de sus apoderados, razón por la cual, además de la absoluta
negativa de prosperidad de las pretensiones, se deriva la consecuencia de la
condena en costas y de las indispensables investigaciones de carácter penal y
disciplinario que habrán de ser ordenadas. No podían los abogados en los casos
bajo examen atribuirse, sin poder, la facultad de agenciar los derechos de
extrabajadores de Colpuertos, menos todavía si no se configuraba ejercicio de
una agencia oficiosa, que ni tenía lugar, por cuanto faltaba el requisito de la
indefensión de los solicitantes, ni fue puesta de presente en las demandas, ni
tampoco ratificada por los interesados. Mal puede concebirse la utilización de
un original del poder para presentar una demanda y el uso de fotocopias del
mismo documento con el objeto de presentar otras, a no ser que se trate del
ejercicio temerario de la acción, proscrito por la ley.
COSTAS EN TUTELA-Ejercicio temerario de acción
La Corte
manifestó que, en los trámites de amparo judicial de los derechos
fundamentales, la condenación en costas no tiene un carácter disuasivo, en
cuanto al ejercicio mismo de la acción, cuya esencia es la gratuidad, sino que
se justifica en razón del uso doloso o abusivo del instrumento constitucional.
Para la Corte, no se establece en forma paralela las costas y la temeridad,
sino que identifica ésta con aquéllas, de modo que, si no hay temeridad, no
nace la potestad del juez para sancionar al accionante con la imposición del
pago correspondiente.
ACCION DE TUTELA-Resolución
Quien ejerce
acción de tutela tiene derecho a que el juez competente resuelva acerca de la
demanda presentada, con independencia del sentido en que lo haga. Ello es
propio de la actividad confiada por la Carta Política a los jueces y
corresponde al debido proceso y a un concepto material del acceso a la
administración de justicia, máxime si se trata de definir situaciones que
comprometen los derechos fundamentales de los solicitantes.
Referencia:
Expedientes acumulados T-96243, T-101985, T-102187, T.102522, T-102679,
T-102909, T-103081, T-103842, T-103935, T-104221, T-104227, T-104228, T-104294,
T-104405, T-104866, T-105480, T-105541, T-105573, T-105610, T-106090, T-106010,
T-106284, T-106325, T-106561, T-106557, T-106582, T-106633, T-106634, T-106819,
T-106890, T-106948, T-107809, T-107830 y T-108085.
Acción de tutela
instaurada por Abad Romero Mercedes y otros contra el Fondo de Pasivo Social de
la Empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de enero de mil
novecientos noventa y siete (1997).
Se revisan los
fallos proferidos por distintos jueces de la República al resolver sobre
demandas acumuladas de tutela en los procesos de la referencia.
Por razones de
celeridad y economía procesal, la Sala ha resuelto fallar sobre los treinta y
cuatro primeros expedientes del total que ha sido acumulado en torno a la misma
materia. Los demás se irán resolviendo por grupos, mediante posteriores
sentencias, en orden de ingreso al Despacho.
I. INFORMACION PRELIMINAR
Los fallos de los
que ahora se ocupa la Corte tuvieron origen en las acciones de tutela
instauradas contra el Fondo de  Pasivo  Social  de  la  Empresa  Puertos  de
Colombia -FONCOLPUERTOS-, por personas que mantuvieron vínculos laborales con
la entidad cuya liquidación se adelanta.
En este primer grupo
la Corte revisó un total de 34 expedientes, relativos a las acciones de tutela
ejercidas por 470 personas, cuyos nombres se indican a continuación:
Abad Romero Mercedes
Abello Cayón Armando
Enrique
Acosta de Barrios
Josefina
Agudelo Ramírez
Eugenio Alberto
Alaiz Toncel Edgar
Alberto
Alegría Pedro Nel
Alvarado Orozco
Heriberto Antonio
Álvarez de Granados
Ana Leonidas
Anaya Eyes Martín
Angulo Ortiz Luís
Francisco
Aponte Gómez
Fernando Enrique
Apreza Rojas Julio
Alfonso
Araujo Quiroz
Oswaldo
Araujo Wenceslao
Arboleda Antonio
Ricaurte
Arévalo Guerrero Roy
Alberto
Arévalo Hernández
Carlos Arturo
Armenta Saldaña
Roque Ángel
Avendaño Miranda
Rafael Calixto.
Avendaño Polo Felipe
Santiago
Ávila Pacheco
Lorenzo Rafael
Ayola Fontalvo Julio
Cesar
Banguera Quiñonez
Petronilo
Barraza Pardo Germán
Barrios Coronado
David Patricio
Bautista Ávila
Argelia
Benavides Castillo
Gloria Isabel
Bermúdez Areiza
David
Bermúdez Mengual
Sófocles Adolfo
Bermúdez Pardo Julio
Cesar
Blanco Melo Horacio
Bolaño Márquez
Moisés Alberto
Bolaño Romero Carlos
Adaulfo
Bonett Amaya José
Trinidad
Bornachera de Varela
Noemí Ruth
Borre Bustamante
Wilfrido
Bravo Torres Fénix
Marina
Brito Constante
Rafael
Brito Fernández José
Isabel
Brito Gutiérrez Juan
Segundo
Britto Antonio
Joaquín
Britto Castro
Benjamín Segundo
Britto Pérez Luís
Rafael
Britto Pérez Manuel
Antonio
Brochero Vélez
Carlos Arturo
Bruges Zapata
Alberto de Jesús
Bruges García Ramiro
Antonio
Bruges Gracía Álvaro
Bruges Llanes
Osvaldo
Buendía Castro
Alfredo
Caballero Muñoz
Pablo Antonio
Cabarcas Pérez Jaime
Enrique
Cabas Márquez Jaime
Cadaviedes Constante
Carlos Arturo
Caicedo de Viáfara
Leonarda
Caicedo Obregón José
del Carmen
Camacho de la Rosa
Amparo Isabel
Camargo Acosta
Orlando Efraín
Camargo Mercado
Himera
Campo Avilez
Anastasio
Campo González José
María
Campo Maestre José
Taracio
Campo Pardo José
Ignacio
Campo Vives Teresita
Martha
Cantillo Barrios
José Francisco
Cárdenas Chaves
Roberto
Cárdenas Rodríguez
Juan José
Cariaga Guerra Luís
Enrique
Carmona Martínez
Margarita Isabel
Carrillo Gómez Jorge
Eliécer
Carrillo Juan de la
Cruz
Cassiani Ledesma
Marcelino
Castillo Aguilar
Carlos
Castrillón Melo
Hector Enrique
Castro Calle Carmen
Castro García Victor
Manuel
Castro Igirio Victor
Castro López Eudoxio
Castro Pimienta José
Nicolás
Ceballos Bernales
Edgardo
Celedón Molinares
Carlos Aurelio
Colina Fontalvo
Álvaro Alcides
Colorado Lerma
Bonifacio
Contreras Tobías
Julio Manuel
Coronado Eduardo de
la Cruz
Correa Gálvez Manuel
Correa Medina Anibal
Segundo
Correa Núñez
Federico Antonio
Correa Valdovino
Jairo Dionisio
Cortés Correa
Humberto Enrique
Cotes de Noguera
Abello Liscinia del Carmen
Crespo Palma Jairo
Enrique
Cucunuba Ochoa Oscar
Elí
Cuello García Luís
Guillermo
Cuesta Moreno René
Cuisman Murgas
Edinson David
Dávila Arias Marco
Antonio
Daza Zapata Rodulfo
Enrique
Daza Zapata William
De Guzmán Araujo
Rodrigo Domingo
De la Cruz Paula
De la Hoz Barraza
José Santander
De la Hoz Medina
Marcos
De la Hoz Ortega
Hinarco Higinio
De León Pacheco
Amado Santander
De León Pacheco
Carlos Rafael
De León Pacheco
Guillermo Calixto
De León Pacheco
Santiago Rafael
De Lima Arregoces
Julio Cesar
De Lima Ramos
Alfredo Enrique
Delgado Noriega
Delmiro Manuel
Dewdney Torres Jorge
Diaz Bolaño Hugo
Alfonso
Díaz Conde Ramón
Francisco
Diaz Granados Diaz
Ganados Matilde Isabel
Diaz Gutiérrez
Oswaldo
Diaz Herrera
Gilberto Enrique
Díaz Loaiza José
Vicente
Diuza Quiñonez José
Domingo
Domínguez Diaz
Silvio de Jesús
Durán Gamarra Yamile
Durán Rodríguez
Manuel de Jesús
Emiliany Gómez José
Antonio.
Escalante Ebrath
Miguel Angel
Escobar de Andreis
Eva Cecilia
Esmeral Mier Ángel
Manuel
Espitia Ortiz Rafael
Evilla Lobo Orlando
Fawcett Acosta Carlos
Alberto
Fernández Cantillo
Victor Dario
Fernández Gámez
Próspero
Fernández López
Magalis Esther
Ferreira Barros
Jorge Luís
Ferreira Briceño
Alfonso
Ferreira Pedraza
Santiago
Figueroa Jiménez
Abel Enrique
Flórez Pérez Manuel
Salvador
Flórez Urbina Zaida Luz
Fontalvo Rodríguez
Modesto
Francisco Vásquez
Jacobo
Freile Loaiza Hermes
Enrique
Freyle Córdova
Ismael Segundo
Fuentes de Luque
Irma Raquel
Fuentes Lugo José
María
Fuentes Manjarrés
Gustavo M.
Fuentes Rodríguez
Julia del Carmen
Galvis Prieto
Fernando
Gamero González
Gilberto Antonio
Gamero Sánchez
Domingo Antonio
Garay Vásquez
Fernando Emilio
García Armenta
Carlos Alfredo
García de Granados
Edilma Esther
García de la
Victoria Edgar
García González
Desposorio
García Mayorca
Carlos
Garzón Altamar
Miguel
Gerónimo Cervantes
Ubaldina
Goenaga Cotes
Roberto David
Goenaga Núñez
Florentino Segundo
Gómez H. Manuel
Gregorio
Gómez Herrera Jairo
Martín
Gómez Mártinez Olga
Mery
Gómez Murga Carlos
Alfonso
Gómez Sánchez Rito
Rafael
González Alturo José
Antonio
González Campo Luís
María
González José Manuel
González de la Hoz
Oscar Manuel
González González
Julio C.
González Mengual
Gregorio
González Suarez
Alfonso E.
Granados Bermúdez
Manuel Alfonso
Granados Correa José
del Carmen
Granados Martínez
Pedro Valentín
Granados Noriega
Genaro
Granados Ospino
Fredy Enrique
Granados Pabón
Ricardo Enrique
Granados Salazar
Numa P.
Guao Martínez Andrés
Avelino
Guerra Alandette
Orlando Alberto
Guerra Mejía
Dagoberto
Guerra Vega José
Antonio
Guerra Vega Rafael
Antonio
Guerrero Illidge
Manuel
Gutiérrez Caballero
José de los Santos
Gutiérrez Muñoz
Edgar Emilio
Henríquez Creux
Adolfo
Henríquez de García
Judit Emma
Henríquez Munive
Enelda del Socorro
Herazo Cabello Pablo
Hernández García
Jairo
Hernández Gómez
Eraus Enrique
Hernández López
Adolfo
Hernández Pérez
Adalberto
Hernández Rodríguez
Donaldo Enrique
Hernández Rodríguez
Wenceslao
Herrera Toncel
Rafael
Huertas Diaz
Valentín Segundo
Huertas Jiménez José
Antonio
Huertas Montes Luís
Francisco
Ibañez Santiago
Tomás Rodolfo
Iguarán Effer Rafael
Emilio
Iguarán Ramírez
Segundo Virgilio
Imitola Villanueva
Rafael Eduardo
Jiménez Ariza Julio
Cesar
Jolianes Rodríguez
Gilberto
Labarces Fandiño
José Rafael
Labarces Maestre
Armando E.
Laborde Forero José
Lacauture Ospino
Carmen Paulina María
Lacera Navarro
Heriberto S.
Lajuó Escobar Leudis
Leguia Téllez
Eduardo Arturo
Lemus Montaño Raul
Enrique
León Hernández
Orlando Manuel
Linero Bernal Luís
Aurelio
Linero Creus Jorge
Enrique
Lizcano Obispo José
Lizcano Pacheco
William Alberto
LLanes Córdoba
Gustavo
Llanes Lopsam
Dagoberto
Llanes Lopsan Jorge
Calisto
Lobo Mendoza Wilson
Manuel
López Cabana Ángela
López Iguarán Julia
C.
López López Luís
López Mengual
Alfonso
López Mesa Victor
López Sierra Carlos
Alberto
Lovera Suarez José
Trinidad
Lozada Baldovino
Fidel
Lozada de la Cruz
Carlos Adolfo
Lozada Peczzano
Aroldo Enrique
Lozano Pérez
Argénida María
Machado Orozco
Manuel
Maestre Jiménez
Nicolás
Maiguel de Celedón
Zunilda Cecilia
Maiguel Noguera
Martha Beatriz
Mancilla Charris
Santiago Mayor
Manjarrés de Mendoza
Marinelda
Manjarrez Acosta
Manuel Agustín
Manjarres Quiñones
Luís Segundo
Marín Andrade Hector
Manuel
Marín Diaz José
María
Márquez Colina
Etilson Rafael
Marriaga Pérez José
de los Santos
Martínez de Ropain
América
Martínez Diaz Granados
Gabriel
Martínez Escobar
Emiro Nell
Martínez González
Humberto
Martínez Hernández
Jorge Manuel
Martínez Jiménez
Marina
Martínez López
Marina del Socorro
Martínez Martínez
Anibal
Martínez Suarez
Mario Rafael
Martínez Villar
Oscar Francisco
Matos Vásquez José
de las Mercedes
Matos Vásquez Luís
Magin
Matos Vásquez Tomás
Alberto
Mattos Cantillo
Norberto de Jesús
Medina Herrera
Guillermo
Meléndez Manjarrés
Fernando
Meléndez Zafrane
Ramón Adolfo
Méndez Campo Alfonso
Méndez Montufar Luís
Alfonso
Mendivil de
Rodríguez Ena Fabiola
Mendoza Amairo José
Mendoza Armenta Juan
Osvaldo
Mendoza Granados
Rafael
Mendoza Guerra
Carlos Segundo
Mendoza Meza Marta
Beatriz
Mendoza Mora Rodrigo
Enrique
Mendoza Torres
Carlos Manuel
Mendoza Viuda de
López Sierra Dilia
Mercado De Charris
Marta Gilda
Meza de Ávila Ramón
Meza Martínez
Apolinar
Mier Benitez Hugo
Horacio
Mier Bermúdez Fanny
Ester
Mier Osorio Urbano
A.
Miranda Silva Daniel
Apolonio
Molina Díaz Alfredo
Montalvo Agudelo
Nicolás
Montalvo Escorcia
Juan Carlos
Montero Gómez
Justiniano
Montero Hincapié
Epismelio Segundo
Montero Rodríguez
Rafael
Mozo Carlos Alberto
Muñoz Matos Ismael
Guillermo
Muñoz Ospino Cesar
Augusto
Muñoz Sánchez
Francisco
Muñoz Zuñiga Cesar
Augusto
Narvaez Mazanet
Manuel Antonio
Navarro Maiguel
Germán
Navarro Núñez Jorge
Niebles Ayala
Dolores María
Noguera Aguilar
María del Socorro
Noguera Lacouture
Julio Francisco
Noquera Torres Jorge
Eliécer
Noriega Escobar
Hernando
Noriega Escobar Raul
Noriega Moscote
Victor Manuel
Núñez Bustos Roberto
Gustavo
Núñez de Ávila
Roberto Gustavo
Núñez López Pedro
Ochoa Rua Luís
Oduber Fuenmayor
Luís Eustaquio
Oliveros Peña Luís
Orobio de Obregón
Marina
Orozco Carrascal
Armando José
Orozco Yolianes
Oscar Alfonso
Osorio Vásquez
Próspero
Ospino Hernández
Cesar Augusto
Ospino Martínez
Argemiro
Otero Castillo Ana
Agripina
Paba Cañarete Sixto
Alberto
Pabón Miranda
Laureano Manuel
Pacheco de la Hoz
José Antonio
Pacheco Hernández
Luís Alberto
Pacheco Jaramillo
Hugo
Pacheco Morales
Roberto
Palacio Contrera
Edilson Erne
Pallares Buelvas
Pedro Antonio
Pana López Lacides
Panefleck José
Francisco
Pardo B. Juan María
Pardo García Alberto
Emilio
Pardo Jiménez Efraín
Enrique
Pardo Rivas Delio
Rafael
Pardo Rivas Pedro
Pablo
Pardo Rojas
Guillermo Luís
Parejo Martínez
Andrés Emilio
Parra Curvelo Julio
Segundo
Patiño Euclides
Patiño Martínez
Jorge Eliécer
Paz Moreno Edilberto
Pedroza Solano Jaime
Dinisio
Pelaez Miranda
Esteban
Peña Aguirre Luís
Roberto
Peña Melo José
Peña Nelson Ernesto
Peñaranda Alvarado
Jorge Enrique
Peñaranda Salcedo
Tomás Rafael
Peralta Solano Ángel
de Jesús
Perea Castro Orlando
Segundo
Pereira Guzmán Iván
Alberto
Pereira Rodríguez
Federico Antonio
Pérez Candía Hermes
Alfonso
Pérez Gómez Andrés
Pérez Jiménez Vidal
Pérez Martínez
Luciano Hernán
Pérez Mizrahi Efraín
Alberto
Pérez Noriega Elena
Pérez Osias Adolfo
Pérez Polo Sergio
Rafael
Pérez Rovira Nicolás
Alberto
Pérez Vega Jesús
Salvador
Perez Villanueva
David
Pérez viuda de
Hernández Teresa
Pernett Infante
Gildo
Perpiñán Castrellón
Pedro Antonio
Pertuz Maiguel
Alvaro
Pichón Chaves Luís
Eduardo
Pimienta Effer
Francisco
Pinedo Fills Armando
Pinedo Pacheco
Adolfo Enrique
Pinedo Romero
Elizabeth
Pinedo Vidal Mario
Francisco
Pinto Cantillo
Carlos
Polo Bolaño Jaime
Enrique
Polo Robles Alfonso
Nelson
Ponce Gómez Maritza
Ponce Martínez
Enrique Anselmo
Ponce Munive José
Francisco
Prieto García Ramiro
Antonio
Pupo Guerra Victor
Manuel
Quant León Mario
José
Quintero Torres
Dorismel Aurelio
Quinto Gómez Cesar
Augusto
Quinto Gómez Jorge
Ramírez Campo Alvaro
de Jesús
Ramos Gámez
Dagoberto
Rebolledo Viloria
Victor Manuel
Rebollo Ferreira
Rafael
Redondo Caballero
Nelson Rafael
Redondo Carranza
Francisco Indalecio
Redondo Carranza
Julio Francisco
Reinel Oliveros
Heliodoro
Rico Rojano Rafael
Rincón López Carmen
Elena
Rivera de Durán Rosa
Amelia
Robles Camargo
Rafael Ramiro
Robles Lopesierra
Eduardo
Rodríguez Daza
Wilson Rafael
Rodríguez Fontanilla
Roger del Rosario
Rodríguez Pacheco
Urbano Gregorio
Rojas De Andreis
Antonio Basilio
Rojas Herrera
Nicolás
Rojas Solano Alfredo
Antonio
Romero Roys
Justiniano Segundo
Rosales Mejía Manuel
Antonio
Rossenthiel Pabón
Luís Rafael
Rovira Mercado
Antonio Cesar
Rovira Mercado Luís
Carlos
Rovira Mercado
Rafael Alfonso
Rueda Moreno Luis
Eduardo
Ruiz de Romero
Gladys Marina
Ruiz Vega Alfredo
Ruiz Vence Eudes E.
Salas Ibañez José
Miguel
Salas Pinto Rafael
Calixto
Saltaren Rodríguez
Julián Alberto
Saltarén Varela José
Domingo
Sánchez de Borre
Leonor
Sánchez Fernández
Edinson
Santander Morán
Alvaro Marino
Santiago Sierra Alberto
Antonio
Santrich Barrios
Luis Eduardo
Saucedo Yepes
Bárbara
Schiller Mercado
Joaquín Guillermo
Serna Dávila Cecilia
Sierra Bayuelo
Rafael
Sierra Mora Wilfrido
Sierra Munive
Georgina
Silva Pereyra
Antonio María
Simonds Serpa Manuel
Socarrás de T. Melva
Ester
Sosa José del Carmen
Steban Salamanca
Jacob Francisco
Suárez Conde Alvaro
Suárez López Rafael
Suárez Zambrano
Salvador
Teherán Pérez Avilio
Tinoco  José de los
Santos
Tobías Gámez
Diomedes
Toloza Guillén
Bolivar
Torres González
Osvaldo Rafael
Tromp Elías Segundo
Urina Delgado Jorge
Valencia de Caicedo
Doris
Vallejo Ochoa
Santander de Jesús
Vanegas Mejía
Francisco
Varela Bornachera
Rodrigo Rafael
Varela de Padilla
María Trini dad
Varela González
Félix
Vargas Cabana
Dagoberto
Vargas Cabana
Valentín Antonio
Vargas R. Pedro José
Vásquez de la Hoz
Rafael Arturo
Vásquez Matos
Beatriz Elena
Velásquez Linero
Orlando Alfredo
Vieche Zapata Belia
Vilarete Fernández
Eliodoro Jaime
Villalobos Yepes
Antonio
Villamil Cadena
Andrés Alfonso
Villar Meza Jairo
Alberto
Viloria Guerrero
Félix Antonio
Viveros Reyes
Francia Elena
Vives de Henríquez
Ana María
Vives Salas Julia
Inés
Winclar Torres
Gabriel
Yanes Ureche
Gregorio
Yanez Masis
Gumercindo
Yuseff Cortina Jasan
Zableh Buchar
Bichara
Zambrano Benjumea
Juan José
Zapata Bolaño
Orlando
Zapata Rivas Hector
Emilio
Zea Rojas José
Antonio
Zubiría Weber Daniel
Vicente
Algunos de los
accionantes pretendieron que, por la vía del amparo judicial previsto en el
artículo 86 de la Constitución, les fueran pagadas las sumas correspondientes a
prestaciones sociales que, en su sentir, les venía adeudando la Empresa Puertos
de Colombia.  Otros buscaron, además, que los jueces de tutela resolvieran
sobre el reconocimiento, liquidación y reliquidación de dichas cantidades.
Entre las
solicitudes objeto de demanda figuran el reconocimiento y pago de reliquidación
pensional, de indemnizaciones, de reajuste pensional, de indemnizaciones
moratorias por no cancelación oportuna de prestaciones y por omisión en la
práctica del examen médico de retiro, así como la ejecución de condenas
decretadas mediante providencias de la justicia laboral.
Los peticionarios
señalaron como vulnerados sus derechos a la vida, al trabajo, a la integridad
física, a la igualdad y a la seguridad social, y en algunos casos el de
petición. También invocaron el derecho a la dignidad humana y la obligación
estatal de proteger especialmente a las personas de la tercera edad.
II. DECISIONES JUDICIALES
La gran mayoría de
los jueces ante los cuales fueron incoadas las acciones de tutela resolvieron,
en la mayoría de los casos, amparar el derecho de la igualdad. Algunos de ellos
dispusieron que se procediera al reconocimiento y pago inmediato de las
prestaciones sociales. Otros negaron las pretensiones de los petentes por
considerar que existen medios alternativos de defensa judicial para la
protección de los derechos surgidos de la relación laboral que mantuvieron con
la empresa Puertos de Colombia.
El detalle de las decisiones
judiciales adoptadas aparece en el anexo No. 1 a la presente Sentencia.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Según lo disponen
los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, y el Decreto
2591 de 1991, la Corte Constitucional, a través de su Sala Quinta, es
competente para revisar los fallos proferidos al resolver acerca de las
acciones instauradas en el asunto de la referencia. Las providencias materia de
examen fueron debidamente seleccionadas, acumuladas y repartidas a esta Sala.
Atendiendo a la
unidad de materia y puesto que la totalidad de las acciones fueron dirigidas
contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia
-FONCOLPUERTOS-, se decidirá acerca de las solicitudes de tutela mencionadas
mediante un solo fallo.
2. En cuanto el
medio judicial ordinario sea idóneo para la protección efectiva de los derechos
invocados, la única posibilidad de prosperidad de la acción de tutela es el
perjuicio irremediable
La acción de tutela,
como instrumento que hace parte de las instituciones del Estado de Derecho,
debe ser usada de manera exclusiva para la finalidad que le fue asignada en la
Carta Política, que no es otra que la protección efectiva de los derechos
fundamentales, y no en búsqueda de objetivos ajenos a ella, ni por fuera de los
claros límites señalados en la normativa que la rige.
Según el texto de la
Constitución Política (art. 86), "esta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".
La norma, que
delimita el objeto de la tutela en su primer inciso, indica que se trata de un
instrumento subsidiario, como lo destacó la Corte Constitucional desde
su primer fallo de revisión (Cfr. Sentencia T-01 del 3 de abril de 1992), lo
cual no le resta importancia sino que, por el contrario, hace ver que la
ausencia de un mecanismo similar en las instituciones anteriores a la Carta
había propiciado la impune vulneración de los derechos inalienables de las
personas sin darles posibilidades ciertas de amparo.
A la luz de la
Constitución, salvo el caso de un perjuicio irremediable objetivamente previsto
en el marco de las circunstancias específicas del solicitante, evento en el
cual procede la tutela transitoria, la presencia de un medio judicial
alternativo incide en la improcedencia de la tutela.
Pero ese medio que
desplaza la viabilidad del amparo tiene que ser materialmente apto para lograr
que los derechos fundamentales en juego sean eficientemente protegidos.
En consecuencia, no
tienen tal virtualidad los medios judiciales apenas teóricos o formales, pues
según el artículo 228 de la Carta, en la administración de justicia debe
prevalecer el Derecho sustancial.
Así las cosas, para
los efectos de establecer cuándo cabe y cuándo no la instauración de una acción
de tutela, el juez está obligado a examinar los hechos que ante él se exponen
así como las pretensiones del actor, y a verificar si, por sus características,
el caso materia de estudio puede ser resuelto, en relación con los derechos
fundamentales posiblemente afectados o amenazados, y con la efectividad
indispensable para su salvaguarda, por los procedimientos judiciales
ordinarios, o si, a la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios
respectivos, hace de la tutela la única posibilidad de alcanzar en el caso
concreto los objetivos constitucionales.
En la Sentencia T-03
del 11 de mayo de 1992, expresó la Corte:
"Ahora bien,
cuando no existe medio judicial distinto para buscar la eficacia del derecho
atacado o amenazado, surge la acción de tutela como única medida a disposición
del titular de aquél, con el fin de llevar a la práctica la garantía que en
abstracto le ha conferido la Constitución. Allí reside su importancia en el
contexto de las instituciones vigentes: en que otorga una salida a la que no
conducen los mecanismos ordinarios (por eso es subsidiaria) para obtener
certeza en la satisfacción de las aspiraciones fundamentales de la persona.
En estos casos, si
el juez encuentra que se tiene el derecho, que en efecto está siendo violado o
amenazado y que se dan todas las condiciones indispensables para que la acción
prospere en el asunto de cuyo juzgamiento se ocupa, apreciando en concreto las
circunstancias del solicitante, según las prescripciones del artículo 86 de la
Constitución y las normas legales que lo desarrollan, habrá de concederla,
impartiendo las instrucciones orientadas hacia la cabal y completa protección
del derecho afectado.
(...)
Considera esta
Corporación que, cuando el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta Política se
refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial
..."como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe
entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se
restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es
decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa
judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser
idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la
Constitución cuando consagra ese derecho. De no ser así, mal puede hablarse de
medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales
efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción
de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una
utopía".
En Sentencia T-441
del 12 de octubre de 1993, añadió:
"...la acción
de tutela es improcedente cuando para los fines de la protección efectiva del
derecho fundamental amenazado o vulnerado, existe otro medio de defensa
judicial, salvo el caso del perjuicio irremediable.
Obsérvese, sin
embargo, que la existencia del medio judicial alternativo, suficiente para que
no quepa la acción de tutela, debe apreciarse en relación con el derecho
fundamental de que se trata, no respecto de otros.
Esto significa que
un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto
y con suficiente aptitud a la salvaguarda del derecho fundamental invocado. En
consecuencia, si dicho medio protege derechos distintos, es viable la acción de
tutela en lo que concierne al derecho que el señalado medio no protege, pues
para la protección de aquel se entiende que no hay otro procedimiento de
defensa que pueda intentarse ante los jueces.
Desde este punto de
vista, es necesario que el juez de tutela identifique con absoluta precisión en
el caso concreto cuál es el derecho fundamental sujeto a violación o amenaza,
para evitar atribuirle equivocadamente una vía de solución legal que no se
ajusta, como debería ocurrir, al objetivo constitucional de protección cierta y
efectiva (artículos 2, 5 y 86 de la Constitución).
De ahí el mandato
del artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991: "La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentre el solicitante".
Grave error es el de
negar la protección judicial impetrada aludiendo a un medio de defensa judicial
que recae sobre objeto distinto del que dió lugar a la demanda de tutela".
La doctrina
constitucional aludida tiene un doble aspecto: la falta de idoneidad del medio
judicial ordinario da lugar a la viabilidad de la tutela para la efectividad de
los derechos afectados o en peligro; y, correlativamente, si dicho medio
judicial se muestra apto para el señalado fin, ha de aplicarse el precepto
constitucional a cuyo tenor no es procedente la tutela, a menos que se establezca
la inminencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso cabe la protección
temporal de tales derechos mientras se resuelve de manera definitiva la
controversia por el juez de la causa.
En ese orden de
ideas, si para lograr los fines que persigue el accionante existe un medio
judicial idóneo y efectivo que resguarde sus derechos, la acción de tutela no
tiene aplicación, salvo la hipótesis del daño irreparable que hiciera tardío e
inútil el fallo de la justicia ordinaria. En este último evento, no es
desplazada la competencia definitiva del juez natural para resolver sobre el
asunto litigioso -pues en todo caso, ante él deberá instaurarse acción dentro
de los cuatro meses siguientes al fallo de tutela temporal-, sino que se brinda
una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna
la violación irreversible de los derechos fundamentales materia de proceso.
En el campo laboral,
aunque está de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y
existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acción de tutela ser
un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aquél y otros derechos
fundamentales, tiene lugar la regla general expuesta, ya que las controversias
originadas en una relación de trabajo, bien por vinculación mediante contrato o
por nexo legal y reglamentario con entidades públicas, tienen suficientes
mecanismos de control, defensa y resolución en los procesos ordinarios,
ampliamente desarrollados de tiempo atrás en nuestro sistema jurídico.
La jurisprudencia de
la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones
laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto
ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y
primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en
los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera específica y
directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye
de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines,
masiva e indiscriminadamente.
Así, ha encontrado
la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su
salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sentencias T-426 del 24
de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16 de septiembre
de 1996); que es posible intentar la acción de tutela para que se cancelen las
mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en
circunstancias apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr. sentencias T-426
del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de
1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de noviembre de 1996); que
cuando la entidad obligada al pago de la pensión revoca unilateralmente su
reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado
(Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es posible restaurar, por la
vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina
entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelación de
prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se acogen a determinado
régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr.
Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela
para eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos
colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociación sindical
(Sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera
Carbonell).
En todos los casos
mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta
Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el
acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en
detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del
medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto,
cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la
Constitución.
Pero, se repite,
estamos ante situaciones extraordinarias que no pueden convertirse en la regla
general, ya que, de acontecer así, resultaría desnaturalizado el objeto de la
tutela y reemplazado, por fuera del expreso mandato constitucional, el sistema
judicial ordinario.
A lo anterior debe
agregarse que, aun en los eventos en que sea posible la prosperidad de la
tutela según las directrices jurisprudenciales en referencia, para que el juez
pueda impartir la orden correspondiente, es requisito indispensable el título
que comprometa a la entidad obligada y que haga patente el derecho concreto
reclamado por el trabajador.
De allí se desprende
que las tutelas incoadas con el propósito de obtener, más que pagos de sumas
adeudadas por obligaciones claramente definidas, la liquidación o reliquidación
de prestaciones son del todo improcedentes y, por tanto, mal pueden los jueces
concederlas, por cuanto, al hacerlo, exceden notoriamente el campo de sus
propias competencias (ver anexo 5).
Es por ello que en
el presente fallo resulta imprescindible distinguir entre quienes ejercieron la
acción de tutela sin presentar título alguno y obtuvieron sentencia favorable y
pago, y aquellos que lograron el pago pero poseían el título correspondiente
con arreglo a la ley.
Aunque en una y otra
hipótesis ha debido ser negada la tutela por los motivos que aquí se exponen,
quien recibió sin título está obligado a reintegrar a FONCOLPUERTOS las
cantidades que le fueron indebidamente canceladas, pues se trata del pago de lo
no debido, mientras que, por el contrario, los extrabajadores que tenían un
título legal a su favor y recibieron el pago de lo que en efecto se les debía,
no tienen que restituir, en cuanto, aun a pesar de haber utilizado una vía
judicial inadecuada, tenían derecho a lo que recibieron.
FONCOLPUERTOS,
entonces, debe proceder a iniciar los trámites judiciales correspondientes para
recuperar las sumas pagadas sin título, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia, la cual prestará mérito ejecutivo para los
cobros pertinentes.
Ahora bien, tampoco
es viable la tutela -salvo los casos excepcionales que ya la jurisprudencia ha
venido definiendo, según los criterios expuestos- para alcanzar la ejecución
de obligaciones laborales en cabeza de entidades públicas o privadas. Para el
efecto, el sistema jurídico ha previsto los procesos ejecutivos laborales, que
son ágiles y adecuados a la finalidad perseguida, cuyas reglas, por supuesto,
facilitan el acceso de los trabajadores a la administración de justicia,
desplazando al amparo.
En varias de las
sentencias materia de revisión se asegura que la tutela adquiere viabilidad en
el caso de los antiguos trabajadores de COLPUERTOS por cuanto las normas
legales pertinentes han hecho inembargable el patrimonio de dicha entidad, hoy
en liquidación.
La Corte no puede aceptar
este argumento, que ya había desechado+ en providencias anteriores, puesto que
la normatividad en vigor ha sido ajustada con carácter obligatorio, mediante
sentencias de exequibilidad condicionada, que dejan a salvo los derechos de los
trabajadores por cuanto estatuyen un trato excepcional, derivado de la misma
Constitución (art. 25), en cuya virtud el patrimonio público es embargable
cuando están de por medio acreencias de tipo laboral.
Ya desde el 1 de
octubre de 1992 (Sentencia C-546. M.P.: Drs. Ciro Angarita Barón y Alejandro
Martínez Caballero) la Corte destacó:
"...el
legislador posee facultad constitucional de dar, según su criterio, la calidad
de inembargables a ciertos bienes; desde luego, siempre y cuando su ejercicio
no comporte transgresión de otros derechos o principios constitucionales.
(...)
Sin embargo, debe
ésta Corte dejar claramente sentado que este postulado excluye temporalmente,
el caso en que la efectividad del pago de obligaciones dinerarias a cargo del
Estado surgidas de relaciones laborales exige el embargo de bienes y recursos
incorporados al Presupuesto General de la Nación.
Como claramente se
desprende de los considerandos que anteceden, por mandato imperativo de la
Carta, que también es de obligatorio acatamiento para el juez constitucional,
los derechos laborales son materia privilegiada que se traduce, entre otras, en
la especial protección que debe darles el Estado.    De ahí que tales derechos
deban ser objeto de consideración separada...".
(...)
"En este orden
de ideas, el derecho al trabajo, por su especial protección en la Carta y por
su carácter de valor fundante del Estado social de derecho, merece una especial
protección respecto de la inembargabilidad del presupuesto".
El expresado
criterio fue ratificado por la Sala Plena de la Corte (Sentencia C-013 del 21
de enero de 1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), precisamente al tratar
sobre la constitucionalidad de disposiciones legales integrantes del "Estatuto
de Puertos Marítimos" (Ley 01 de 1991) y respecto de los decretos dictados
a su amparo (035, 036 y 037 de 1992).
La Corte declaró
constitucionales los artículos 14 y 16 del Decreto 036 de 1992, a cuyo tenor
los bienes y recursos del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de
Colombia son inembargables, pero "dejando a salvo las situaciones en las
cuales la efectividad del pago de las obligaciones laborales a cargo de la
Nación con ocasión de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia sólo
pueda hacerse mediante el embargo de los bienes y recursos del Fondo de Pasivo
Social, o de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la
Nación a su nombre, en cuyo caso el embargo correspondiente se ajustará a lo
señalado en el artículo 177 del Código Contencioso-Administrativo".
Debe recordarse el
texto de dicha norma:
"Artículo
177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a
la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de
una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia
a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente
a la entidad condenada.
El agente del
ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y
dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de
presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas
que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas
de la ley orgánica del presupuesto.
El Congreso, las
asambleas, los concejos, el Contralor General de la República, los contralores
departamentales, municipales y distritales, el Consejo de Estado y los
tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán
abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido
partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas
que haya relacionado el ministerio público.
Será causal de mala
conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos,
pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el
resto.  Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria
dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
Las cantidades
líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales
durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de
este término".
Lo propio dispuso la
Corte en lo referente a la exequibilidad de los artículos 5 y 6 del Decreto 037
de 1991, que establecen garantías similares a las enunciadas en cuanto al
patrimonio del Fondo.
Por ello, esta misma
Sala de Revisión, ante demandas instauradas por trabajadores de la Empresa
Puertos de Colombia-Terminal Marítimo de Barranquilla, que, por la renuencia de
la entidad a cumplir decisiones judiciales, pretendían el reconocimiento de
sumas correspondientes a prestaciones erróneamente liquidadas, no concedió la
tutela, discurriendo en la siguiente forma:
"...dentro de
las condiciones dichas, cabe la aplicación de las medidas cautelares
solicitadas por los demandantes ya que la norma sobre inembargabilidad así lo
permite, según la interpretación que sobre su alcance hiciera la Corte
Constitucional para hacerla acorde con los principios superiores, en especial
el de protección al trabajo (artículo 25 C.N.) y el de igualdad real y efectiva
(artículo 13 C.N.).
(...)
...no se equivocó la
H. Corte Suprema de Justicia cuando aseveró que para los fines perseguidos por
los petentes ha sido previsto en asuntos como el que se controvierte, otro
medio de defensa judicial, cual es el proceso ejecutivo, según lo establecido
en las pertinentes disposiciones laborales, lo cual hacía improcedente la
acción incoada.
Ello es todavía más
claro si se toma en consideración la aludida Sentencia No. C-013 de esta Corte,
que al clarificar el alcance de las normas sobre inembargabilidad, en
particular por lo atinente a las obligaciones laborales a cargo de Colpuertos,
dió mayor viabilidad al indicado instrumento jurídico -el proceso de ejecución-
que es precisamente el aplicable para las situaciones objeto de este proceso,
excluyéndose la vía de protección prevista en el artículo 86 de la
Constitución, por mandato expreso de la misma norma. "Esta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable".(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de
Revisión. Sentencia T-128 del 30 de marzo de 1993).
La negación de la
tutela tenía entonces sustento -como ahora lo tiene para los casos en que los
accionantes piden el cumplimiento de sentencias laborales- en el hecho
protuberante de que los interesados contaban con un medio apto para la
protección de sus derechos, sin demostrar un perjuicio irremediable.
El análisis anterior
muestra que, en los casos considerados, los actores buscaban dilucidar
conflictos, como los de la liquidación, reliquidación, reajuste y pago de
indemnizaciones y prestaciones sociales, o la ejecución de sentencias
judiciales sobre pretensiones suyas de carácter económico, todo respecto de la
época en la cual laboraron para COLPUERTOS.
Aun en los casos en
los cuales se alegó la circunstancia de pertenecer el peticionario a la tercera
edad, la acción de tutela resultaba inapropiada para la obtención de los
objetivos en referencia, toda vez que no apareció probado que estuviera de por
medio el mínimo vital del pensionado y de su familia. Las solicitudes objeto de
análisis se enderezaban a la reliquidación y al reajuste pensional de quienes
ya gozaban de la prestación, según liquidaciones ya efectuadas y pagos en
curso.
Según puede
apreciarse, el conjunto de las aspiraciones expuestas ante los jueces era
abiertamente ajeno a las finalidades contempladas por el artículo 86 de la
Constitución y se ubicaba en el puro terreno de la controversia laboral.
En realidad, sin
desconocer que, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico aplicable,
los antiguos trabajadores de Colpuertos podían estar buscando el reconocimiento
y efectividad de sus legítimos derechos, lo cierto es que usaron una vía
impropia, no prevista para alcanzar las metas correspondientes, en cuanto los
conflictos propuestos eran susceptibles de ser tramitados por los
procedimientos ordinarios, sin que se apreciara en ninguno de ellos la
posibilidad, aun remota, del perjuicio irremediable. Era, pues, improcedente la
tutela.
De allí que, a
juicio de esta Corporación, los jueces que concedieron el amparo pese a la
reiterada jurisprudencia en sentido contrario, desvirtuaron los alcances del
artículo 86 de la Constitución y extendieron la protección judicial a esferas
extrañas a la competencia en él definida.
Por el contrario,
acertaron los jueces que negaron la protección, dada su improcedencia.
3. Tutela
temeraria. La buena fe procesal. Pago de costas. El juramento y sus
consecuencias
El ejercicio de todo
derecho y la utilización de los procedimientos constitucionales y legales
previstos para su efectividad exige de sus titulares una lealtad mínima hacia
el orden jurídico y el cumplimiento de deberes y cargas correlativos, según
resulta de lo dispuesto en los artículos 2, 4 -inciso 2- y 95 de la
Constitución Política.
De otro lado, el
principio de la buena fe, exigible a las autoridades públicas en los estrictos
términos que consagra el artículo 83 de la Constitución, debe ser atendido por
los particulares que acuden al Estado en demanda de los servicios a su cargo.
La Corte
Constitucional, en Sentencia T-532 del 21 de noviembre de 1995, expresó, con
referencia al artículo 83 de la Constitución Política, que él impone a
gobernantes y gobernados "el compromiso de obrar honesta y
desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal
manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus
disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo".
Frente a la
administración de justicia, no sólo se espera que los jueces presuman la buena
fe y la actuación honrada de quienes comparecen ante sus estrados, sino que
-como comportamiento correlativo- el sistema jurídico demanda de las partes e
intervinientes en los procesos judiciales la exposición de sus pretensiones y
el ejercicio de sus garantías y derechos  con arreglo a una efectiva buena fe
procesal, indispensable para que la normatividad alcance los fines a ella
señalados por la Constitución, que se sintetizan en el logro de un orden justo.
El debido proceso
requiere, por otra parte, no solamente el sometimiento de los jueces a las
formas propias de cada juicio y la plenitud de las garantías que la Carta
otorga a todas las personas, sino que se hace menester el concurso de éstas
para realizar los propósitos de la justicia a partir de la observancia estricta
de las reglas de Derecho aplicables, lo que conduce a la consagración de tipos
delictivos como el del fraude procesal, vigente entre nosotros (Artículo 182
Código Penal).
En Sentencia T-414
del 13 de septiembre de 1995, esta Sala señaló:
"También los
particulares involucrados en un proceso, sea de naturaleza judicial o
administrativa, están obligados a observar y a acatar las reglas que la
legislación haya establecido. Los particulares quedan vinculados por la
normatividad propia de cada juicio o actuación y no pueden, según su voluntad,
admitir aquello que de las formas procesales, trámites y términos les beneficie
y rechazar lo que les sea desfavorable".
Respecto de la
acción de tutela, el legislador ha sido muy estricto en la previsión de las
consecuencias que apareja su utilización indebida, en especial teniendo en
cuenta que, por razón de la misma amplitud con la cual el Constituyente quiso
asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, todos los jueces de la
República, a lo largo y ancho del territorio, están habilitados en principio
para recibir y dar trámite a las solicitudes de protección.
Bien es cierto que el
Decreto 2591 de 1991 fijó las reglas de competencia y la radicó, a prevención,
en cabeza de los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde
ocurriere la violación o la amenaza que den motivo a la presentación de la
demanda.
Pero, desde luego,
la precisión del juez competente no siempre es fácil de lograr desde el primer
momento, en especial cuando la controversia planteada guarda relación con
hechos o circunstancias que inciden en la violación de los derechos
fundamentales y que podrían ubicarse, en el espacio, en sitios diversos, dando
lugar, al menos en principio, a la posibilidad de que varios despachos
judiciales pudieran reclamar la competencia.
Obviamente, el
derecho a hacer uso de la acción de tutela se agota con la presentación verbal o
escrita de la demanda correspondiente por unos determinados hechos y contra
cierta autoridad o persona, de lo cual resulta que, si la operación del
mecanismo constitucional por el individuo afectado es correcta, no hay riesgo
de duplicidad en la apertura de procesos ante jueces distintos. Ya verá el juez
ante quien acude el actor si es o no competente para dar trámite a la petición,
según reglas que en reiterada jurisprudencia ha venido trazando esta Corte.
Pero, en cambio, si
el accionante se aparta del debido proceso y, animado por las perspectivas que
le ofrece la posibilidad de enfoques y criterios judiciales divergentes, se
presenta de manera simultánea o sucesiva ante varios despachos, planteando en
todos ellos idéntico conflicto, la carencia de una sistematización adecuada
hace posible que, no obstante las precauciones de la ley, se profieran dos o
más sentencias en torno al mismo asunto.
Ello, por supuesto,
desfigura la acción y hace propicio el sistema -por razón de falencias
instrumentales- para que personas inescrupulosas asalten la buena fe de los
administradores de justicia.
Claro está, no se
descarta que en algunas ocasiones las irregularidades surjan no solamente por
la actuación indebida de los peticionarios sino, además, por el ejercicio ilícito
de la profesión de abogado o por la connivencia de los propios jueces.
Como tales conductas
pueden implicar la comisión de delitos o de faltas disciplinarias, en procesos
tan complejos como el que ahora se revisa no pueden formularse juicios de valor
ni hacerse sindicaciones colectivas e indiscriminadas, siendo por ello
indispensable que la justicia constitucional, cumplida su función, entregue los
elementos de juicio de los que dispone a las autoridades competentes, como
acontecerá en esta ocasión.
El Decreto 2591 de
1991, procurando evitar distorsiones como las mencionadas, exige a quien ejerza
la tutela la prestación de juramento acerca de no haberla incoado por los
mismos hechos y en relación con los mismos derechos ante juez diferente.
El artículo 37,
inciso 2, de dicho estatuto señala:
"El que
interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del
juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos.
Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del
falso testimonio".
Esta Corte, con
respecto a las consecuencias de la declaración jurada, ha sostenido:
"Considera la
Corte que la obligación impuesta al accionante sobre prestación de juramento en
el señalado sentido se endereza también a impedir la concurrencia de fallos
eventualmente distintos o contradictorios en torno al mismo caso, para lo cual
la propia norma legal ordena que la competencia para conocer de las acciones de
tutela se radique "...a prevención..." (se subraya) en los
jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o
amenaza que motivaron la presentación de la solicitud. Ello significa que,
definido el juez o tribunal al que corresponde decidir, excluye a los demás en la
definición del asunto, sin perjuicio de la segunda instancia, también
predeterminada por el legislador pues debe tramitarse ante el superior
jerárquico correspondiente (artículo 32 eiusdem).
Este requisito no se
opone a la informalidad de la tutela -ya subrayada por la jurisprudencia en
varias ocasiones (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.
Sentencia T-459 del 15 de julio de 1992)-, pues apenas busca prevenir la
utilización abusiva de tal instrumento y hacer consciente al actor, mediante
las expresas advertencias que debe formularle el respectivo despacho judicial,
sobre las consecuencias jurídicas que le acarrearían el perjurio o la actuación
temeraria.
Al contrario de lo
alegado por el Tribunal Superior de Florencia en el fallo que se revisa, la
estricta sujeción a este mandato de la ley, en vez de atentar contra la
economía procesal y la celeridad de los procesos, es valioso elemento para
alcanzar tales fines constitucionales, al paso que su desconocimiento da lugar
a los perniciosos efectos ya indicados". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Quinta de Revisión. Sentencia T-241 del 23 de junio de 1993)
La cautela legal
enunciada, si bien es elemento disuasivo, en cuanto expone al infractor a las
consecuencias penales del juramento en vano, requiere ser complementada, como
en efecto lo ha sido por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, con la
previsión de sanciones específicas que recaen sobre el objeto mismo de las
pretensiones, en cuanto al particular solicitante, y sobre la hoja de vida y el
futuro ejercicio profesional de su apoderado.
Señala esa
disposición:
"ARTICULO
38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes.
El abogado que
promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar".
Esta Corte, en
Sentencia T-10 del 22 de mayo de 1992 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero),
aplicó por primera vez el artículo transcrito y expuso en torno a su alcance:
"...tiene su
fundamento en los artículos 83 y 95 de la Constitución, que establecen, el
primero, que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas
las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas y el segundo a los deberes de
las personas en los numerales primero y séptimo así: "Respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios" (subrayas de la Sala) y
"Colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la
justicia".
Por último, el
artículo 209 de la Constitución dispone que el Estado debe actuar regido por
los principios de economía y eficacia.
Luego la explicación
de ello consiste en el hecho de que el abuso desmedido e irracional del recurso
judicial, para efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir de un
mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un
100% de la capacidad total de la administración de justicia, un incremento en
cualquier porcentaje, derivado de la repetición de casos idénticos
necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en la capacidad
judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad
civil.
Igualmente, el
artículo primero de la Constitución Política corrobora lo anterior al consagrar
la "prevalencia del interés general" como uno de los fundamentos del
Estado Social de Derecho de Colombia. Se concluye sin esfuerzo que la
coexistencia de tutelas idénticas lesiona el interés general".
En los expedientes
materia de análisis se encuentra sin dificultad, según las cifras relacionadas
en este fallo, que en una muy alta proporción se ha violado abiertamente la
prohibición legal, incurriendo los peticionarios en la conducta descrita por el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 -tutela temeraria-, por lo cual, fuera de
lo expuesto, en los casos en que así se obró está configurada una causal
indudable para negar todas las pretensiones de los accionantes.
Desde luego, la ya
considerada improcedencia de la acción de tutela, que dará lugar a la
revocación de la mayoría de los fallos proferidos en instancia, no implica de
suyo la ocurrencia de irregularidades susceptibles de investigación, pero la
Corte ha encontrado, mediante el cruce y análisis de datos en los expedientes
acumulados objeto de examen, que, según lo visto, varios de los accionantes
ejercieron la acción de tutela de manera temeraria y que, además, en el curso
del trámite y decisión en varios de los procesos se dan circunstancias que
ameritan verificación por parte de las autoridades competentes.
De los 34
expedientes analizados resulta:
Ejercieron la acción
de tutela 470 personas. De ellas, 391 presentaron demanda una sola vez -al
menos en cuanto a los expedientes hasta ahora revisados y que son materia de
este fallo-.
Un total de 73
accionantes ejercieron la misma acción en dos oportunidades.
6 de los
peticionarios ejercieron la misma acción tres veces.
A 366 personas les
fue concedido una sola vez el amparo solicitado.
A 69 accionantes se
les concedió la tutela en dos oportunidades.
A 6 peticionarios se
les concedió la protección judicial tres veces (ver anexo 6).
Es evidente,
entonces, que en los procesos últimamente enunciados se incurrió en un palmario
e inconcebible abuso de la acción de tutela, merced a la temeridad de los
actores o de sus apoderados, razón por la cual, además de la absoluta negativa
de prosperidad de las pretensiones, se deriva la consecuencia de la condena en
costas y de las indispensables investigaciones de carácter penal y
disciplinario que habrán de ser ordenadas en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Por otra parte, el
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, declarado exequible mediante Sentencia
C-543 del 1º de octubre de 1992, dispuso que el juez de tutela, si la rechazare
o denegare, debe condenar al solicitante al pago de las costas del proceso
cuando estime fundadamente que incurrió en temeridad.
La Corte
Constitucional consideró al respecto que tal previsión se ajustaba a la Carta,
"pues ello es apenas lógico y equitativo tratándose de procesos
judiciales".
En Sentencia T-443
del 3 de octubre de 1995 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero), la Corte
manifestó que, en los trámites de amparo judicial de los derechos
fundamentales, la condenación en costas no tiene un carácter disuasivo, en
cuanto al ejercicio mismo de la acción, cuya esencia es la gratuidad, sino que
se justifica en razón del uso doloso o abusivo del instrumento constitucional.
Destacó la
providencia que las actuaciones signadas por la temeridad en la acción nos
remiten a los albores del Derecho en lo relativo a la llamada culpa
aquiliana, "siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin
razón alguna instauraba una acción o temerariamente se oponía a ella,
ocasionándose un daño injusto que debía ser reparado".
Para la Corte, el
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 no establece en forma paralela las costas
y la temeridad, sino que identifica ésta con aquéllas, de modo que, si no hay
temeridad, no nace la potestad del juez para sancionar al accionante con la
imposición del pago correspondiente.
Señaló la
Corporación:
" Significa lo
anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse
de costas cuando se incurrió en temeridad; lo que se castiga es la temeridad
como expresión del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón,
de mala fe se instaura la acción. Y quien tasa las "costas" es el
Juez de tutela porque el inciso final del artículo 25 del decreto 2591/95 se
refiere a él (algo muy distinto ocurre en la situación consagrada en el primer
inciso del mismo artículo en el cual lo principal son los perjuicios).
Fuera de la
temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidación de estas
costas y hubiera sido más apropiado emplear la expresión multa por temeridad,
puesto que, en la moderna ciencia procesal las "costas" responden a
factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo.
Dentro de la
trascendencia que se le da al término TEMERIDAD, como elemento calificador y al
mismo tiempo como único elemento cuantificable, se deduce que tal condena sólo
opera en casos excepcionales..."
(...)
"...si se ha
dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente
aceptar que estas "costas" son más multa que cualquier otra cosa y
ante esta interpretación es el aparato judicial el afectado por la temeraria
tutela instaurada porque lo desgasta en todo sentido, luego será la
administración de justicia quien recibirá el monto de las "costas"
que el Juez competente señalará, dentro de los parámetros del artículo 73 del
C. de P.C.: 10 a 20 salarios mínimos mensuales, QUANTUM que fijará el Juez de
Tutela porque la Corte es Juez de Revisión".
Estos criterios han
sido aplicados por la Corte con todo rigor en varias de sus decisiones. Puede
consultarse al respecto la Sentencia T-441 del 2 de octubre de 1995 (M.P.: Dr.
Carlos Gaviria Díaz).
4. Uso y abuso de
los poderes judiciales concedidos a abogados para ejercer la acción de tutela.
Reglas sobre la agencia oficiosa.
Son varias las
irregularidades que se aprecian en el grupo de expedientes acumulados de los
que ha conocido la Corte en esta oportunidad, particularmente en lo que atañe a
la actuación de los apoderados judiciales.
Fuera de la
temeridad ya estudiada -que obligará a la Corte, con arreglo a lo previsto en
el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, a ordenar que se compulsen copias de
lo actuado a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
respecto de los abogados que presentaron varias acciones de tutela por los
mismos hechos y en relación con los mismos derechos-, ha sido notoria en varios
casos la utilización indebida de los poderes conferidos por los peticionarios.
En efecto, al menos
en seis procesos no apareció el documento con base en el cual actuaba el
apoderado, que resulta esencial en tales casos, como lo ha destacado la Corte,
pues, si bien el artículo 86 de la Constitución permite el ejercicio directo de
la acción de tutela a toda persona, aun las menores de edad, cuando ellas
resuelven obrar confiriendo mandato para la actuación judicial correspondiente,
el apoderado tiene la obligación de acreditar la condición en que actúa.
Los poderes se
presumen auténticos, según lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,
pero, obviamente, tal autenticidad no puede predicarse de poderes no presentados,
ya que el juez no está autorizado para presumir que alguien apodera los
intereses de otro, sin que en el respectivo expediente ello aparezca
acreditado.
Ahora bien, cabe en
materia de tutela la agencia oficiosa, pero ella únicamente tiene cabida cuando
el titular de los derechos fundamentales alegados "no esté en condiciones
de promover su propia defensa", circunstancia que, por mandato legal
expreso, deberá manifestarse en la solicitud (Artículo 10, Decreto 2591 de
1991).
La Corte
Constitucional ha resaltado la necesidad de la indefensión del interesado, como
requisito sine qua non de la agencia oficiosa, en los siguientes
términos:
"La agencia
oficiosa, desde luego, no puede encontrar fundamento sino en la imposibilidad
de defensa de la persona a cuyo nombre se actúa. El propósito de la misma
consiste en evitar que, por la sola falta de legitimación para actuar, en
cuanto no se pueda acreditar un interés directo, se sigan perpetrando los actos
violatorios de los derechos fundamentales, prosiga la omisión que los afecta, o
se perfeccione la situación amenazante que pesa sobre ellos.
Se trata una vez más
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos por encima de formalidades
externas, en una manifestación de la prevalencia del Derecho sustancial, de
conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la Carta.
En tal sentido, la
agencia oficiosa -que tiene expresión también en los procesos ordinarios pero
que adquiere mayor valor e importancia en la medida en que contribuye a la
concreción de los derechos fundamentales- se concibe como un instituto de
Derecho Procesal que busca el acceso a la administración de justicia para quien
se halla imposibilitado de hacerlo personalmente por cualquier motivo.
Es, por ello, una
forma de lograr que opere el aparato judicial del Estado, aun sin la actividad
de quien tiene un interés directo.
Se trata de lograr
la atención judicial del caso de quien actualmente no puede hacerse oír. Es en
su interés que se consagra la posibilidad de que el Estado obre a partir de la
solicitud del agente oficioso.
Por ello, la agencia
oficiosa no puede llevar a que se comprometa el nombre de otro para obtener la
actuación del juez sin manifestación alguna de quien figura como sujeto pasivo
de la vulneración o amenaza de los derechos. De allí que la norma legal exija
la ratificación de lo actuado por el agente oficioso como requisito de
legitimación dentro del proceso.
Tampoco sería
admisible el ejercicio de la acción de tutela a nombre de otra persona cuando
en realidad se persigue el propio beneficio o interés.
A juicio de la
Corte, quien alega que la persona a cuyo nombre intenta la acción de tutela no
puede hacer valer derechos de manera directa, carece de facultad para seguir
representándola legítimamente cuando luego se establece, evaluados los hechos
por el juez, que aquélla sí podía, por sí misma, acceder a la administración de
justicia, de donde resulta que en tales casos, a menos que el verdaderamente
interesado ratifique de manera expresa su voluntad de continuar con el proceso
iniciado y reafirme ante el juez la relación de los hechos que dan lugar a la
petición de amparo, la actuación debe culminar con la negación de las
pretensiones de la demanda". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de
Revisión. Sentencia T-044 del 7 de febrero de 1996)
De lo expuesto se
deduce que no podían los abogados en los casos bajo examen atribuirse, sin
poder, la facultad de agenciar los derechos de extrabajadores de Colpuertos,
menos todavía si no se configuraba ejercicio de una agencia oficiosa, que ni
tenía lugar, por cuanto faltaba el requisito de la indefensión de los
solicitantes, ni fue puesta de presente en las respectivas demandas, ni tampoco
ratificada por los interesados.
Adicionalmente,
encontró la Corte que en 78 casos a la demanda fue anexado el poder en
fotocopia, circunstancia que exige investigación, toda vez que, no obstante la
informalidad propia de la tutela y la presunción de autenticidad que el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece a favor de los poderes
presentados, es entendido, por las características de la acción, que todo poder
en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el
fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en
punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o
persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.
En ese orden de
ideas, mal puede concebirse la utilización de un original del poder para
presentar una demanda y el uso de fotocopias del mismo documento con el objeto
de presentar otras, a no ser que se trate del ejercicio temerario de la acción,
proscrito por la ley.
Uno de los abogados
a quienes se confirió poder, Edinson Manuel Zapata Aguilar, con T.P. 58801,
aparece ejerciendo la misma acción de tutela dos veces, a nombre de siete de
los peticionarios. La Corte estima necesario trasladar ese caso al Consejo
Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su
cargo.
Finalmente, la Corte
encontró que en cuatro casos los poderes examinados presentaban enmendaduras en
lo referente a los datos y firma del abogado aceptante de los mismos, lo cual,
si bien no constituye prueba irrefutable de que tales documentos fueron
adulterados, debe dar lugar a la pertinente investigación penal, a cargo de las
autoridades competentes.
5. La resolución
de la tutela
Quien ejerce acción
de tutela tiene derecho, en los términos de los artículos 29, 86, 228 y 229 de
la Constitución, a que el juez competente resuelva acerca de la demanda
presentada, con independencia del sentido en que lo haga.
Ello es propio de la
actividad confiada por la Carta Política a los jueces y corresponde al debido
proceso y a un concepto material del acceso a la administración de justicia,
máxime si se trata de definir situaciones que comprometen los derechos
fundamentales de los solicitantes.
En los procesos
acumulados objeto de verificación, en relación con cinco de los peticionarios,
los jueces a cuyo cargo estaba la sentencia no hicieron pronunciamiento alguno
en la parte resolutiva de la misma, con lo cual, de no ser por la temeridad en
que incurrieron cuatro de tales solicitantes al presentar la misma demanda dos
veces, habría lugar a la devolución de los respectivos expedientes a los
juzgados de origen para que procedieran a fallar, ya que no les habría sido
resuelta su situación, con protuberante desconocimiento del derecho de acceso a
la administración de justicia.
Establecida, sin
embargo, la temeridad, solamente se dispondrá lo dicho en el caso del
accionante Miguel Angel Escalante Ebrath, quien tiene derecho a que se adopte
decisión judicial en cuanto a la tutela impetrada. Para los demás, lo
pertinente es la negación de todas sus pretensiones.
6. Derecho de
petición
En algunas de las
demandas incoadas, junto con otros derechos, se dijo violado por FONCOLPUERTOS
el de petición de los actores, por no haber recibido respuesta de la entidad
estatal dentro de los términos legales.
De conformidad con
lo previsto en el artículo 23 de la Constitución y según jurisprudencia
reiterada de esta Corte, el Fondo está obligado a dar respuesta a las
peticiones correspondientes, sin que ello implique que acceda a la
reliquidación o a los reajustes solicitados por los accionantes.
Se recuerda lo
expuesto en la materia por esta Corte:
"...la
obligación del funcionario u organismo sobre oportuna resolución de las
peticiones formuladas no se satisface con el silencio administrativo. Este
tiene el objeto de abrir para el interesado la posibilidad de llevar el asunto
a conocimiento del Contencioso Administrativo, lo cual se logra determinando,
por la vía de la presunción, la existencia de un acto demandable. Pero de
ninguna manera puede tomarse esa figura como supletoria de la obligación de
resolver que tiene a su cargo la autoridad, y menos todavía entender que su
ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de petición considerado en
sí mismo.
De acuerdo con lo
atrás expuesto, no se debe confundir el derecho de petición -cuyo
núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en
obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide,
es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o
la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la
actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en
tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo
que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto,
proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera
independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de
la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las
normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en
juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya defensa
existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso
Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo
la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.).
Así las cosas, no es
admisible la tesis según la cual el silencio administrativo negativo constituye
un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga improcedente la acción
de tutela.
Como se ha
subrayado, se trata de un mecanismo para que la persona pueda accionar
judicialmente. De no ser por la presunción establecida en la ley, ella tendría
que esperar a que se produjera el acto expreso por el cual se negara o
atendiera su petición para que la respectiva acción tuviera objeto. La figura
en comento remueve este obstáculo y facilita la demanda, ya no contra el acto
manifiesto y determinado de la administración -que precisamente no se ha
producido en razón de la omisión mediante la cual se quebranta el derecho del
peticionario-, sino contra el acto que la ley presume. Se impide así que el interesado
quede expósito -en lo que atañe al contenido de la decisión que
busca obtener de la autoridad-, y que deba aguardar indefinidamente la
expedición de un acto susceptible de impugnación.
La posibilidad así
lograda de ejercer una acción judicial no significa que el derecho fundamental
de petición haya dejado de ser vulnerado, ni que pierda relevancia jurídica tal
vulneración, ni tampoco que se haga inútil o innecesaria la tutela como
garantía constitucional respecto de aquel, sino precisamente lo contrario: el
sistema jurídico, ante la negligencia administrativa que dio lugar a la
violación del derecho de petición, ha tenido que presumir la respuesta para
fines procesales referentes a la materia de lo pedido.
En este orden de
ideas, el silencio administrativo es un presupuesto para someter a la
jurisdicción la contienda sobre dicha materia -que es el asunto litigioso
objeto de la acción contenciosa- pero no un medio de defensa judicial del
derecho de petición en los términos del artículo 86 de la Carta". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-242 del 23 de junio
de 1993).
7. Otros aspectos
de la revisión efectuada
La Corte estableció,
además, los siguientes eventos, que dan lugar a investigación:
-Varios de los
solicitantes que incurrieron en temeridad, lo hicieron merced a la alteración
de sus nombres, apellidos y documentos de identificación. El detalle
correspondiente aparece en los anexos 2 y 3 a la presente sentencia.
-En los expedientes
objeto de examen se aprecia una deficiente y, por lo menos en diez casos,
inexistente defensa judicial de la empresa demandada.
En efecto, se echa
de menos la argumentación jurídica que ha debido ser expuesta por FONCOLPUERTOS
ante los jueces de instancia y la coordinación interna indispensable para
verificar cuáles de los extrabajadores accionantes presentaron doble o triple
demanda de tutela (ver anexo 4).
8. Anexos
Los cuadros anexos
hacen parte integral de esta Sentencia.
DECISION
Con base en las
expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMASE la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de
Santa Marta mediante la cual se negó la tutela impetrada por Mendoza Amairo
José y por Llanes Córdoba Gustavo, y CONFIRMASE PARCIALMENTE el fallo
proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, en cuanto
revocó el amparo  concedido a Mercado de Charris Martha Gilda.
Segundo. REVOCASE
PARCIALMENTE  el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Santa Marta, y REVOCANSE los fallos proferidos por los Juzgados 1
Civil Municipal y 1 Civil del Circuito de Buenaventura; 13 Penal Municipal de
Barranquilla; por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión;
por los juzgados 1, 2, 3, 4 y 5 civiles municipales, 7 Civil del Circuito, 4
Penal Municipal, 2 y 6 penales del Circuito de Santa Marta y por la Corte
Suprema de Justicia, Sala Civil-Agraria, mediante los cuales se concedió el
amparo solicitado por:
Abad Romero Mercedes
Abello Cayón Armando Enrique
Acosta de Barrios Josefina
Agudelo Ramírez Eugenio Alberto
Alaiz Toncel Edgar Alberto
Alegría Pedro Nel
Alvarado Orozco Heriberto Antonio
Álvarez de Granados Ana Leonidas
Anaya Eyes Martín
Angulo Ortiz Luis Francisco
Aponte Gómez Fernando Enrique
Apreza Rojas Julio Alfonso
Araujo Quiroz Oswaldo
Araujo Wenceslao
Arboleda Antonio Ricaurte
Arévalo Guerrero Roy Alberto
Arévalo Hernández Carlos Arturo
Armenta Saldaña Roque Angel
Avendaño Miranda Rafael Calixto.
Avendaño Polo Felipe Santiago
Ávila Pacheco Lorenzo Rafael
Ayola Fontalvo Julio Cesar
Banguera Quiñonez Petronilo
Barraza Pardo Germán
Barrios Coronado David Patricio
Bautista Ávila Argelia
Benavides Castillo Gloria Isabel
Bermúdez Areiza David
Bermúdez Mengual Sófocles Adolfo
Bermúdez Pardo Julio Cesar
Blanco Melo Horacio
Bolaño Márquez Moisés Alberto
Bolaño Romero Carlos Adaulfo
Bonett Amaya José Trinidad
Bornachera de Varela Noemí Ruth
Borre Bustamante Wilfrido
Bravo Torres Fénix Marina
Brito Constante Rafael
Brito Fernández José Isabel
Brito Gutiérrez Juan Segundo
Britto Antonio Joaquín
Britto Castro Benjamín Segundo
Britto Pérez Luís
Britto Pérez Manuel Antonio
Brochero Vélez Carlos Arturo
Bruges Zapata Alberto de Jesús
Bruges García Ramiro Antonio
Bruges Gracía Alvaro
Bruges Llanes Osvaldo
Buendía Castro Alfredo
Caballero Muñoz Pablo Antonio
Cabarcas Pérez Jaime Enrique
Cabas Márquez Jaime
Cadaviedes Constante Carlos Arturo
Caicedo de Viáfara Leonarda
Caicedo Obregón José del Carmen
Camacho de la Rosa Amparo Isabel
Camargo Acosta Orlando Efraín
Camargo Mercado Himera
Campo Avilez Anastasio
Campo González José María
Campo Maestre José Taracio
Campo Pardo José Ignacio
Campo Vives Teresita Martha
Cantillo Barrios José Francisco
Cárdenas Chaves Roberto
Cárdenas Rodríguez Juan José
Cariaga Guerra Luis Enrique
Carmona Martínez Margarita Isabel
Carrillo Gómez Jorge Eliécer
Carrillo Juan de la Cruz
Cassiani Ledesma Marcelino
Castillo Aguilar Carlos
Castrillón Melo Hector Enrique
Castro Calle Carmen
Castro García Victor Manuel
Castro Igirio Victor
Castro López Eudoxio
Castro Pimienta José Nicolás
Ceballos Bernales Edgardo
Celedón Molinares Carlos Aurelio
Colina Fontalvo Alvaro Alcides
Colorado Lerma Bonifacio
Contreras Tobías Julio Manuel
Coronado Eduardo de la Cruz
Correa Gálvez Manuel
Correa Medina Anibal Segundo
Correa Núñez Federico Antonio
Correa Valdovino Jairo Dionisio
Cortés Correa Humberto Enrique
Cotes de Noguera Abello Liscinia del Carmen
Crespo Palma Jairo Enrique
Cucunuba Ochoa Oscar Elí
Cuello García Luis Guillermo
Cuesta Moreno René
Cuisman Murgas Edinson David
Dávila Arias Marco Antonio
Daza Zapata Rodulfo Enrique
Daza Zapata William
De Guzmán Araujo Rodrigo Domingo
De la Cruz Paula
De la Hoz Barraza José Santander
De la Hoz Medina Marcos
De la Hoz Ortega Hinarco Higinio
De León Pacheco Amado Santander
De León Pacheco Carlos Rafael
De León Pacheco Guillermo Calixto
De León Pacheco Santiago Rafael
De Lima Arregoces Julio Cesar
De Lima Ramos Alfredo Enrique
Delgado Noriega Delmiro Manuel
Dewdney Torres Jorge
Díaz Bolaño Hugo Alfonso
Díaz Conde Ramón Francisco
Díaz Granados Diaz Ganados Matilde Isabel
Díaz Gutiérrez Oswaldo
Díaz Herrera Gilberto Enrique
Díaz Loaiza José Vicente
Diuza Quiñonez José Domingo
Domínguez Díaz Silvio de Jesús
Durán Gamarra Yamile
Durán Rodríguez Manuel de Jesús
Emiliany Gómez José Antonio
Escobar de Andreis Eva Cecilia
Esmeral Mier Ángel Manuel
Espitia Ortiz Rafael
Evilla Lobo Orlando
Fawcett Acosta Carlos Alberto
Fernández Cantillo Victor Dario
Fernández Gámez Próspero
Fernández López Magalis Esther
Ferreira Barros Jorge Luis
Ferreira Briceño Alfonso
Ferreira Pedraza Santiago
Figueroa Jiménez Abel Enrique
Flórez Pérez Manuel Salvador
Flórez Urbina Zaida Luz
Fontalvo Rodríguez Modesto
Francisco Vásquez Jacobo
Freile Loaiza Hermes Enrique
Freyle Córdova Ismael Segundo
Fuentes de Luque Irma Raquel
Fuentes Lugo José María
Fuentes Manjarrés Gustavo M.
Fuentes Rodríguez Julia del Carmen
Galvis Prieto Fernando
Gamero González Gilberto Antonio
Gamero Sánchez Domingo Antonio
Garay Vásquez Fernando Emilio
García Armenta Carlos Alfredo
García de Granados Edilma Esther
García de la Victoria Edgar
García González Desposorio
García Mayorca Carlos
Garzón Altamar Miguel
Gerónimo Cervantes Ubaldina
Goenaga Cotes Roberto David
Goenaga Núñez Florentino Segundo
Gómez H. Manuel Gregorio
Gómez Herrera Jairo Martín
Gómez Mártinez Olga Mery
Gómez Murga Carlos Alfonso
Gómez Sánchez Rito Rafael
González Alturo José Antonio
González Campo Luis María
González José Manuel
González de la Hoz Oscar Manuel
González González Julio C.
González Mengual Gregorio
González Suárez Alfonso E.
Granados Bermúdez Manuel Alfonso
Granados Correa José del Carmen
Granados Martínez Pedro Valentín
Granados Noriega Genaro
Granados Ospino Fredy Enrique
Granados Pabón Ricardo Enrique
Granados Salazar Numa P.
Guao Martínez Andrés Avelino
Guerra Alandette Orlando Alberto
Guerra Mejía Dagoberto
Guerra Vega José Antonio
Guerra Vega Rafael Antonio
Guerrero Illidge Manuel
Gutiérrez Caballero José de los Santos
Gutiérrez Muñoz Edgar Emilio
Henríquez Creux Adolfo
Henríquez de García Judit Emma
Henríquez Munive Enelda del Socorro
Herazo Cabello Pablo
Hernández García Jairo
Hernández Gómez Eraus Enrique
Hernández López Adolfo
Hernández Pérez Adalberto
Hernández Rodríguez Donaldo Enrique
Hernández Rodríguez Wenceslao
Herrera Toncel Rafael
Huertas Díaz Valentín Segundo
Huertas Jiménez José Antonio
Huertas Montes Luis Francisco
Ibañez Santiago Tomás Rodolfo
Iguarán Effer Rafael Emilio
Iguarán Ramírez Segundo Virgilio
Imitola Villanueva Rafael Eduardo
Jiménez Ariza Julio Cesar
Jolianes Rodríguez Gilberto
Labarces Fandiño José Rafael
Labarces Maestre Armando E.
Laborde Forero José
Lacauture Ospino Carmen Paulina María
Lacera Navarro Heriberto S.
Lajuó Escobar Leudis
Leguia Téllez Eduardo Arturo
Lemus Montaño Raul Enrique
León Hernández Orlando Manuel
Linero Bernal Luis Aurelio
Linero Creus Jorge Enrique
Lizcano Obispo José
Lizcano Pacheco William Alberto
Llanes Lopsam Dagoberto
Llanes Lopsan Jorge Calisto
Lobo Mendoza Wilson Manuel
López Cabana Ángela
López Iguarán Julia C.
López López Luis
López Mengual Alfonso
López Mesa Victor
López Sierra Carlos Alberto
Lovera Suárez José Trinidad
Lozada Baldovino Fidel
Lozada de la Cruz Carlos Adolfo
Lozada Peczzano Aroldo Enrique
Lozano Pérez Argénida María
Machado Orozco Manuel
Maestre Jiménez Nicolás
Maiguel de Celedón Zunilda Cecilia
Maiguel Noguera Martha Beatriz
Mancilla Charris Santiago Mayor
Manjarrés de Mendoza Marinelda
Manjarrez Acosta Manuel Agustín
Manjarrés Quiñones Luís Segundo
Marín Andrade Hector Manuel
Marín Díaz José María
Márquez Colina Etilson Rafael
Marriaga Pérez José de los Santos
Martínez de Ropain América
Martínez DiazGranados Gabriel
Martínez Escobar Emiro Nell
Martínez González Humberto
Martínez Hernández Jorge Manuel
Martínez Jiménez Marina
Martínez López Marina del Socorro
Martínez Martínez Anibal
Martínez Suárez Mario Rafael
Martínez Villar Oscar Francisco
Matos Vásquez José de las Mercedes
Matos Vásquez Luis Magin
Matos Vásquez Tomás Alberto
Mattos Cantillo Norberto de Jesús
Medina Herrera Guillermo
Meléndez Manjarrés Fernando
Meléndez Zafrane Ramón Adolfo
Méndez Campo Alfonso
Méndez Montufar Luis Alfonso
Mendivil de Rodríguez Ena Fabiola
Mendoza Armenta Juan Osvaldo
Mendoza Granados Rafael
Mendoza Guerra Carlos Segundo
Mendoza Meza Marta Beatriz
Mendoza Mora Rodrigo Enrique
Mendoza Torres Carlos Manuel
Mendoza Viuda de López Sierra Dilia
Meza de Ávila Ramón
Meza Martínez Apolinar
Mier Benitez Hugo Horacio
Mier Bermúdez Fanny Ester
Mier Osorio Urbano A.
Miranda Silva Daniel Apolonio
Molina Díaz Alfredo
Montalvo Agudelo Nicolás
Montalvo Escorcia Juan Carlos
Montero Gómez Justiniano
Montero Hincapié Epismelio
Montero Rodríguez Rafael
Mozo Carlos Alberto
Muñoz Matos Ismael Guillermo
Muñoz Ospino Cesar Augusto
Muñoz Sánchez Francisco
Muñoz Zuñiga Cesar Augusto
Narvaez Mazanet Manuel Antonio
Navarro Maiguel Germán
Navarro Núñez Jorge
Niebles Ayala Dolores María
Noguera Aguilar María del Socorro
Noguera Lacouture Julio Francisco
Noquera Torres Jorge Eliécer
Noriega Escobar Hernando
Noriega Escobar Raúl
Noriega Moscote Victor Manuel
Núñez Bustos Roberto Gustavo
Núñez de Ávila Roberto Gustavo
Núñez López Pedro
Ochoa Rua Luis
Oduber Fuenmayor Luis Eustaquio
Oliveros Peña Luis
Orobio de Obregón Marina
Orozco Carrascal Armando José
Orozco Yolianes Oscar Alfonso
Osorio Vásquez Próspero
Ospino Hernández Cesar Augusto
Ospino Martínez Argemiro
Otero Castillo Ana Agripina
Paba Cañarete Sixto Alberto
Pabón Miranda Laureano Manuel
Pacheco de la Hoz José Antonio
Pacheco Hernández Luis Alberto
Pacheco Jaramillo Hugo
Pacheco Morales Roberto
Palacio Contrera Edilson Erne
Pallares Buelvas Pedro Antonio
Pana López Lacides
Panefleck José Francisco
Pardo B. Juan María
Pardo García Alberto Emilio
Pardo Jiménez Efraín Enrique
Pardo Rivas Delio Rafael
Pardo Rivas Pedro Pablo
Pardo Rojas Guillermo Luis
Parejo Martínez Andrés Emilio
Parra Curvelo Julio Segundo
Patiño Euclides
Patiño Martínez Jorge Eliécer
Paz Moreno Edilberto
Pedroza Solano Jaime Dinisio
Peláez Miranda Esteban
Peña Aguirre Luis Roberto
Peña Melo José
Peña Nelson Ernesto
Peñaranda Alvarado Jorge Enrique
Peñaranda Salcedo Tomás Rafael
Peralta Solano Ángel de Jesús
Perea Castro Orlando Segundo
Pereira Guzmán Iván Alberto
Pereira Rodríguez Federico Antonio
Pérez Candía Hermes Alfonso
Pérez Gómez Andrés
Pérez Jiménez Vidal
Pérez Martínez Luciano Hernán
Pérez Mizrahi Efraín Alberto
Pérez Noriega Elena
Pérez Osias Adolfo
Pérez Polo Sergio Rafael
Pérez Rovira Nicolás Alberto
Pérez Vega Jesús Salvador
Perez Villanueva David
Pérez viuda de Hernández Teresa
Pernett Infante Gildo
Perpiñán Castrellón Pedro Antonio
Pertuz Maiguel Alvaro
Pichón Chaves Luis Eduardo
Pimienta Effer Francisco
Pinedo Fills Armando
Pinedo Pacheco Adolfo Enrique
Pinedo Romero Elizabeth
Pinedo Vidal Mario Francisco
Pinto Cantillo Carlos
Polo Bolaño Jaime Enrique
Polo Robles Alfonso Nelson
Ponce Gómez Maritza
Ponce Martínez Enrique Anselmo
Ponce Munive José Francisco
Prieto García Ramiro Antonio
Pupo Guerra Victor Manuel
Quant León Mario José
Quintero Torres Dorismel
Quinto Gómez Cesar Augusto
Quinto Gómez Jorge
Ramírez Campo Alvaro de Jesús
Ramos Gámez Dagoberto
Rebolledo Viloria Victor Manuel
Rebollo Ferreira Rafael
Redondo Caballero Nelson Rafael
Redondo Carranza Francisco Indalecio
Redondo Carranza Julio Francisco
Reinel Oliveros Heliodoro
Rico Rojano Rafael
Rincón López Carmen Elena
Rivera de Durán Rosa Amelia
Robles Camargo Rafael Ramiro
Robles Lopesierra Eduardo
Rodríguez Daza Wilson Rafael
Rodríguez Fontanilla Roger del Rosario
Rodríguez Pacheco Urbano Gregorio
Rojas De Andreis Antonio Basilio
Rojas Herrera Nicolás
Rojas Solano Alfredo Antonio
Romero Roys Justiniano Segundo
Rosales Mejía Manuel Antonio
Rossenthiel Pabón Luis Rafael
Rovira Mercado Antonio Cesar
Rovira Mercado Luis Carlos
Rovira Mercado Rafael Alfonso
Rueda Moreno Luis Eduardo
Ruíz de Romero Gladys Marina
Ruíz Vega Alfredo
Ruií Vence Eudes E.
Salas Ibañez José Miguel
Salas Pinto Rafael Calixto
Saltaren Rodríguez Julián Alberto
Saltarén Varela José Domingo
Sánchez de Borre Leonor
Sánchez Fernández Edinson
Santander Morán Alvaro Marino
Santiago Sierra Alberto Antonio
Santrich Barrios Luis Eduardo
Saucedo Yepes Bárbara
Schiller Mercado Joaquín Guillermo
Serna Dávila Cecilia
Sierra Bayuelo Rafael
Sierra Mora Wilfrido
Sierra Munive Georgina
Silva Pereyra Antonio María
Simonds Serpa Manuel
Socarrás de T. Melva Ester
Sosa José del Carmen
Steban Salamanca Jacob Francisco
Suárez Conde Alvaro
Suárez López Rafael
Suárez Zambrano Salvador
Teherán Pérez Avilio
Tinoco José de los Santos
Tobías Gámez Diomedes
Toloza Guillén Bolivar
Torres González Osvaldo Rafael
Tromp Elías Segundo
Urina Delgado Jorge
Valencia de Caicedo Doris
Vallejo Ochoa Santander de Jesús
Vanegas Mejía Francisco
Varela Bornachera Rodrigo Rafael
Varela de Padilla María Trinidad
Varela González Félix
Vargas Cabana Dagoberto
Vargas Cabana Valentín Antonio
Vargas R. Pedro José
Vásquez de la Hoz Rafael Arturo
Vásquez Matos Beatriz Elena
Velásquez Linero Orlando Alfredo
Vieche Zapata Belia
Vilarete Fernández Eliodoro Jaime
Villalobos Yepes Antonio
Villamil Cadena Andrés Alfonso
Villar Meza Jairo Alberto
Viloria Guerrero Félix Antonio
Viveros Reyes Francia Elena
Vives de Henríquez Ana María
Vives Salas Julia Inés
Winclar Torres Gabriel
Yanes Ureche Gregorio
Yanez Masis Gumercindo
Yuceff Cortina Jasan
Zableh Buchar Bichara
Zambrano Benjumea Juan José
Zapata Bolaño Orlando
Zapata Rivas Hector Emilio
Zea Rojas José Antonio
Zubiría Weber Daniel
Vicente
Tercero. Por
ejercicio temerario de la acción de tutela, SE CONDENA a los
siguientes peticionarios al pago de las costas causadas por el trámite de los
correspondientes procesos:
Arévalo Hernández Carlos Arturo
Bornachera de Varela Noemí Ruth
Buendía Castro Alfredo
Cabarcas Pérez Jaime Enrique
Campo Avilez Anastasio
Campo González José María
Cariaga Guerra Luis Enrique
Carrillo Gómez Jorge Eliécer
Cassiani Ledesma Marcelino
Castro García Victor Manuel
Correa Gálvez Manuel
Correa Valdovino Jairo Dionisio
Cortés Correa Humberto Enrique
Cotés de Noguera Abello Liscinia del Carmen
Cuesta Moreno René
Daza Zapata Rodulfo Enrique
Daza Zapata William
Durán Rodríguez Manuel de Jesús
Espitia Ortiz Rafael
Fawcett Acosta Carlos Alberto
Fernández López Magalis Esther
Gamero González Gilberto Antonio
Garay Vásquez Fernando Emilio
García de Granados Edilma Esther
Gerónimo Cervantes Ubaldina
Goenaga Núñez Florentino Segundo
Gómez Herrera Jairo Martín
Gómez Murga Carlos Alfonso
Gómez Sánchez Rito Rafael
González Campo Luis María
González José Manuel
Granados Ospino Fredy Enrique
Granados Pabón Ricardo Enrique
Guerra Alandette Orlando Alberto
Henríquez De García Judit Emma
Hernández García Jairo
Huertas Jiménez José Antonio
Iguarán Effer Rafael Emilio
Jiménez Ariza Julio Cesar
Lozano Pérez Argénida María
Maiguel Noguera Martha Beatriz
Manjarrez Quiñones Luis Segundo
Martínez González Humberto
Matos Vásquez Luis Magin
Matos Vásquez Tomás Alberto
Mattos Cantillo Norberto de Jesús
Mendoza Armenta Juan Osvaldo
Mier Benitez Hugo Horacio
Navarro Maiguel Germán
Noguera Torres Jorge Eliécer
Noriega Moscote Victor Manuel
Pacheco de la Hoz José Antonio
Pacheco Jaramillo Hugo
Pardo García Alberto Emilio
Pardo Rivas Delio Rafael
Pardo Rojas Guillermo Luis
Parejo Martínez Andrés Emilio
Pereira Guzmán Iván Alberto
Reinel Oliveros Heliodoro
Robles Camargo Rafael Ramiro
Rodríguez Daza Wilson Rafael
Rodríguez Pacheco Urbano Gregorio
Rossenthiel Pabón Luis Rafael
Rovira Mercado Antonio Cesar
Rovira Mercado Rafael Alfonso
Saltaren Varela José Domingo
Santiago Sierra Alberto Antonio
Santrich Barrios Luis Eduardo
Schiller Mercado Joaquín Guillermo
Serna Dávila Cecilia
Tobías Gámez Diomedes
Tromp Elías Segundo
Varela de Padilla María Trinidad
Vásquez De la Hoz Rafael Arturo
Vives Salas Julia Inés
Yanez Masis Gumercindo
Zambrano Benjumea Juan José
Zapata Bolaño Orlando
Zapata Rivas Hector Emilio
Las costas se
liquidarán de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991 y normas concordantes, por los jueces de instancia.
Cuarto.- REMITANSE
los originales de los expedientes objeto de análisis y copia de la presente
Sentencia al Fiscal General de la Nación, para que se inicien las
investigaciones penales tendientes a establecer responsabilidades por la
posible comisión de delitos en la iniciación, trámite y decisión de los
procesos adelantados.
Quinto.-
REMITANSE copias del presente fallo y de los expedientes analizados al
Procurador General de la Nación para que se adelanten los correspondientes
procesos disciplinarios contra los servidores del Estado que hayan podido
actuar irregularmente en el trámite y decisión de los procesos en referencia y
en el manejo de los recursos e intereses públicos afectados por ellos.
Sexto.- OFICIESE
al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, con
el objeto de que se inicien las investigaciones disciplinarias respectivas
contra los abogados ALFONSO ANTONIO NUÑEZ MACÍAS T.P.25778; DINO ALBERTO GIL
OSORIO T.P.73760; EDGAR SÁNCHEZ VARELA T.P.58958; EDINSON MANUEL ZAPATA AGUILAR
T.P.58801; ENIMELETH QUINTANA LEURO T.P.74796; FRANKLIN MANZANO FERNÁNDEZ
T.P.36910; HUGO RAFAEL MORÓN RANGEL T.P.41301; JAVIER FERNANDO DÍAZ MEEK
T.P.49086; MÓNICA PATRICIA LAVALLE ORTIZ T.P.72765; PEDRO MANUEL CARDOZO GARCÍA
T.P.63928; SAMUEL PUERTAS MONTES T.P.39303
De los expedientes
acumulados por la Corte Constitucional aparece que las personas mencionadas
pudieron incurrir en faltas graves contra el régimen jurídico aplicable al
ejercicio de la abogacía y en violación del artículo 38 del Decreto 2591 de
1991.
Séptimo.- El
Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia-FONCOLPUERTOS- cesará,
a partir de la notificación de esta Sentencia, todo pago ordenado judicialmente
por la vía de tutela, en los expedientes examinados, a los accionantes o a sus
apoderados, sin perjuicio de las respuestas que deba dar a las peticiones
respetuosas que le hubieren sido presentadas, en los términos del artículo 23
de la Constitución Política.
Igualmente, el Fondo
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo,
ejercerá las pertinentes acciones judiciales encaminadas a obtener el reintegro
de las sumas pagadas sin título como consecuencia de los fallos que se revocan,
y las canceladas en exceso por el ejercicio temerario de dos o más acciones por
las mismas personas y en relación con los mismos hechos y derechos.
El presente fallo
presta mérito ejecutivo para efectuar dichos cobros.
Octavo.- OFICIESE
al Contralor General de la República, para que, con base en la presente
Sentencia, cuya copia se le remitirá, ejerza el control fiscal, en el marco de
sus competencias, sobre el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de
Colombia-FONCOLPUERTOS-, en el asunto examinado.
Noveno.- REMITASE
al Juez 1 Civil Municipal de Santa Marta copia del expediente T-105610, en el
cual aparece como accionante el señor Escalante Ebrath Miguel Angel, cuya
solicitud de tutela no fue objeto de fallo, para que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución y con el Decreto 2591 de 1991, se resuelva sobre
ella.
Décimo.- SURTASE
el trámite previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
En razón de la
investigación penal que deberá iniciarse, se remitirán copias de los
expedientes revisados a los juzgados de origen, pues los originales serán
enviados a la Fiscalía General de la Nación.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA              ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado                      Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General