T-388-20
Sentencia
T-388/20
Referencia: Expediente T-7.745.031
Acción de tutela presentada por Lucy Caycedo Chala contra el
Hospital Comunal Las Malvinas E.S.E.
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre dos mil veinte (2020)
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado
Luis Guillermo Guerrero Pérez, el magistrado Alejandro Linares Cantillo y la magistrada
Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela dictado dentro del asunto
de la referencia, el cual fue seleccionados para revisión por medio del Auto del
14 de febrero de 2020, proferido por la Sala de Selección Número Dos.[1]
I.
ANTECEDENTES
La señora Lucy Caycedo Chala presentó acción de tutela
en contra del Hospital Comunal Las Malvinas - Empresa
Social del Estado (en adelante E.S.E.). Consideró que
fueron vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso,
dignidad humana, vida, mínimo vital y a la estabilidad reforzada por salud y
por ser madre cabeza de familia. Esto debido a que la parte accionada terminó
su vinculación contractual sin tener en cuenta su condición de salud, la
“verdadera naturaleza de la relación laboral” que se desarrolló con una
antigüedad de 6 años y 29 días, y que es madre cabeza de familia.[2]
1.
Hechos
1.       Hechos
relativos a la vinculación contractual. La
accionante, de cuarenta y cinco años de edad, prestó sus servicios en el
Hospital Comunal Las Malvinas E.S.E. mediante veinte diferentes vinculaciones que
sucedieron con una antigüedad de seis años y veintinueve días, contados desde
el 1 de junio de 2013 y hasta el 30 de junio de 2019, fecha en la cual su
contrato finalizó por el cumplimiento del término pactado.[3]
2.
Las referidas veinte vinculaciones contractuales evidenciaron
que: (i) la mayoría de los contratos se desarrollaron bajo la modalidad de
orden de prestación de servicios, y en un caso en particular fue por medio de
la planta temporal de la E.S.E., además, en cada contrato se pactó la
respectiva contraprestación. (ii) El un término de duración de cada contrato
osciló entre un mes, para el menor término, y once meses y veintiocho días,
para el mayor tiempo de ejecución. (iii) Finalmente, en la mayoría de los
contratos no se presentó interrupción entre el transcurso de estos y, en los
casos en que sí existió interrupción, esta no fue superior a un mes y quince
días. Lo dicho encuentra sustento en la certificación del 8 de julio de 2019 y
en los contratos aportados, tal y como se muestra con mayor detalle a
continuación:[4]
No.
Modalidad y número de vinculación
Valor del contrato
Fecha de inicio
Fecha final
Duración del contrato
Tiempo de interrupción entre contratos
1.
Orden de prestación de servicios No. 157
$2.000.000
01-06-2013
30-06-2013
1 mes
X
2.
Orden de prestación de servicios No. 261
$6.000.000
01-07-2013
30-09-2013
3 meses
0 días
3.
Orden de prestación de servicios No. 390
$6.000.000
01-10-2013
31-12-2013
3 meses
0 día
4.
Orden de prestación de servicios No. 037
$2.000.000
02-01-2014
31-01-2014
1 mes
1 día
5.
Orden de prestación de servicios No. 102
$10.000.000
01-02-2014
30-06-2014
5 meses
0 días
6.
Orden de prestación de servicios No. 175
$6.000.000
01-07-2014
30-09-2014
3 meses
0 días
7.
Orden de prestación de servicios No. 320
$6.000.000
01-10-2014
31-12-2014
3 meses
0 días
8.
Orden de prestación de servicios No. 023
$4.000.000
02-01-2015
28-02-2015
2 mes
1 día
9.
Orden de prestación de servicios No. 118
$3.000.000
01-03-2015
15-04-2015
45 días
0 días
10.
Orden de prestación de servicios No. 241
$11.200.000
01-06-2015
31-12-2015
7 meses
1 mes y 15 días
11.
Orden de prestación de servicios No. 039
$6.240.000
04-01-2016
30-04-2016
1 mes
3 días
12.
Orden de prestación de servicios No. 135
$4.746.000
02-05-2016
31-07-2016
3 meses
1 día
13.
Orden de prestación de servicios No. 253
$8.000.000
01-08-2016
31-12-2016
5 meses
0 días
14.
Orden de prestación de servicios No. 081
$4.160.000
01-02-2017
18-04-2017
2 meses y 17 días
1 mes
15.
Resolución No. 072 –
Planta Temporal de la E.S.E.
X[5]
20-04-2017
19-04-2018
11 meses y 28 días
1 día
16.
Orden de prestación de servicios No. 166.
$3.147.000
02-05-2018
30-06-2018
2 meses
13 días
17.
Orden de prestación de servicios No. 345
$2.773.000
09-08-2018
30-09-2018
2 meses
1 mes y 8 días
18.
Orden de prestación de servicios No. 412
$3.200.000
01-10-2018
30-11-2018
2 meses
0 días
19.
Orden de prestación de servicios No. 102
$4.107.000
14-01-2019
31-03-2019
3 meses
1 mes y 13 días
20.
Orden de prestación de servicios No. 247
$4.780.800
01-04-2019
30-06-2019
3 meses
0 días
3.
En la mencionada certificación laboral del 8 de julio de 2019
y en los contratos aportados se indicó que la actora fue contratada, mediante
las citadas 20 vinculaciones, para desarrollar la actividad de auxiliar de
enfermería.[6]
4.
En la certificación laboral en comento del 8 de julio de 2019
también se señaló que durante el tiempo que la demandante fue vinculada con la
Resolución No. 072 de 2017, estuvo en el Grado 19 de la Planta Temporal de la
E.S.E. y ejerció, entre otras, las siguientes funciones que se destacan: “realizar
acciones propias de auxiliar de enfermería a nivel individual y colectivo, (…)
cumplir con las guías, protocolos, manuales y procedimientos establecidos para
cada servicio, (…) cumplir con los protocolos de bioseguridad, limpieza
desinfección y esterilización de material equipos y elementos a su cargo (…).”[7]
5.
En los contratos de prestación de servicios aportados se estableció
que la tutelante se comprometió, entre muchas más funciones, a efectuar las labores
que seguidamente se resaltan por su relevancia para el caso: “actividades en
los diferentes programas de promoción y prevención, urgencias y hospitalización
(…) prestar apoyo a los diversos programas y servicios implementados (…)
asistir a reuniones de tipo científico, administrativo (…) practicar y promover
las buenas relaciones interpersonales con el equipo de trabajo y demás
funcionarios de la institución a fin de garantizar una labor armónica (…)
mantener el consultorio y/o sitio de trabajo bien organizado, (…) presentar
informe consolidado de las actividades realizadas, (…) tendrá
corresponsabilidad de todos los insumos y equipos que se encuentren asignados
en el arrea en el cual ejecuta sus actividades, (…) revisar diariamente la
relación de pacientes citados a control y verificar su asistencia (…) llevar el
registro diario del ingreso de pacientes al programa, (…) comprobar al comienzo
y al final de cada jornada laboral la temperatura máxima y mínima que marca el
termómetro y registrarlas en el formato diseñado para tal fin, (…) separar los
biológicos que se devuelvan al refrigerados después de una jornada laboral, (…)
participar activamente en el recibo y entrega de turno diario, (…) efectuar el
arreglo diario de la unidad del paciente, realizando tendido de cama, aseo y
desinfecciones (…)”.[8]
6.
En los citados contratos de prestación de servicios también
se indicó que “la gerencia de la E.S.E. Hospital Comunal las Malvinas
realizó estudio técnico en el 2014 que arrojó como conclusiones la creación de
la planta temporal mediante Acuerdo No. 007 del 10 de Diciembre de 2014 según
el estudio técnico sin extender el número de 20 cargos so pena de entrar en
riesgo financiero persistiendo aún la necesidad de personal suficiente para
garantizar la prestación del servicio en la E.S.E.; se requiere contratar al
personal que cumpla con el objeto misional de la E.S.E., de acuerdo con el
término requerido para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales; dicha
necesidad se entenderá de carácter temporal (…)”.[9]
7.
Según los mencionados contratos de prestación de servicios,
el hospital accionado es una Empresa Social del Estado de carácter
descentralizada y municipal, que según el Acuerdo 025 de 1996 tiene el objeto
de “brindar los servicios de salud a cargo del Estado como parte del
servicio público de seguridad social en el primer nivel de atención”.[10]
8.
Hechos relativos a la condición de salud de la actora. En
los informes de Positiva S.A., administradora de riesgos laborales (en adelante
A.R.L.), se reportó que la accionante sufrió dos accidentes, a saber: (i) el 13
de abril de 2013 (antes de su vinculación con el hospital accionado), se
resbaló de una ambulancia y se golpeó “en la parte última de la columna”,
en el ejercicio de sus funciones en favor de la empresa Talento Empresarial EU;
y (ii) el 10 de septiembre de 2015 se cayó de un caballo y se lastimó “el
cuello, espalda parte alta, pierna derecha, el brazo y antebrazo derecho”
en el cumplimiento de sus servicios en el hospital demandado, pues se
encontraba realizando una visita como auxiliar de enfermería en una vereda.[11]
9.
En la historia clínica se evidenció que la actora recibió las
siguientes cuatro incapacidades médicas: (i) tres días, desde el 30 de
noviembre al 2 de diciembre de 2018, para “reposo x 3 días”; (ii) un día,
el 22 de enero de 2019, por concepto de “trastorno de disco lumbar y otros”,
al respecto se ordenó terapia física integral y el medicamento “tramadol”;
(iii) dos días, correspondientes al 12 y 13 de febrero de 2019, con fundamento
en “lumbago no especificado”, por lo cual también se ordenó continuar
con la terapia física; y, finalmente, (iv) dos días adicionales, del 14 al 15
de febrero de 2019, con el mismo diagnostico “lumbago no especificado”.[12]
10.
El 14 de enero de 2019, la IPS Clipsalud emitió concepto
positivo de aptitud laboral de la actora en razón al examen médico ocupacional
de ingreso que le practicó. Señaló “presenta alteración de salud no
interfiere en su normal ejercicio de su labor”.[13]
11.
El 25 de febrero de 2019, la actora consultó con el médico y
refirió “no puedo dormir porque tengo problemas en el trabajo”, por lo
cual solicitó acompañamiento por psicología. Al respecto, el médico consideró
que la actora presentó un “episodio depresivo” por lo cual ordenó “iniciar
ansiolítico y antidepresivo, además cita control con piscología y psiquiatría”.[14]
12.
El 14 de marzo de 2019, se emitió nuevo certificado de
aptitud laboral de ingreso en el cual se manifestó que la actora es “apta
con patología que no impide su capacidad laboral”.[15]
13.
El 4 de abril de 2019, a la accionante se le practicó una
resonancia nuclear magnética de columna lumbar simple con la cual el médico
radiólogo señaló que, en su opinión, la actora evidenció una “espondilosis
lumbar con hipertrofia del núcleo pulposo L5-S1 condicionando hernia discal
paracentral izquierda con radiculopatía compresiva S1” y, finalmente,
señaló “no identifico otros hallazgos que puedan ser considerados
patológicos”.[16]
14.
El 10 de abril de 2019, a las 2:35 p.m., la tutelante fue
atendida por la Corporación Médica del Caquetá, en la cual se registró que la
accionante manifestó que “a raíz del accidente y de las secuelas que este ha
ocasionado en mi salud, el gerente del Hospital se lo pasa diciéndome que
renuncie porque ya no le soy útil a la institución, yo siento que es acoso
laboral, y pues eso me genera angustia, desesperación, pues yo soy madre
soltera de 4 hijos (…) estoy tan afectada que he contemplado la idea de hacerme
daño a mí misma”. Al respecto, el médico tratante le ordenó “psicoterapia
individual por psicología”.[17]
15.
Por lo anterior, el mismo día 10 de abril de 2019, a las 5:40
p.m., la actora asistió al Centro Neuropsiquiátrico Divino Niño, con la
descripción de un “episodio depresivo moderado, otros problemas de tensión
física o mental relacionadas con el trabajo, y radiculopatía”. En el
informe correspondiente, el médico tratante manifestó que el aspecto general de
la tutelante fue “condición normal (…) pensamiento con origen lógico, curso
fluido acorde a la realidad con ideas de progreso y superación, juicio
conservado coherente y real (…) introspección positiva”. En dicha consulta
se indicaron los siguientes procedimientos: “consulta de control o de
seguimiento por especialista en psiquiatría, control en 2 meses, consulta de
primera vez por especialista en neurología, consulta de control o de
seguimiento por psicología, interconsulta por medicina especializada”.[18]
16.
El 9 de julio de 2019, después de finalizada la vinculación,
la actora asistió a consulta de control o de seguimiento por psicología.[19]
17.  Hechos
relativos al contexto familiar y económico de la tutelante. La
accionante presentó declaración extra proceso del 12 de julio de 2019 en la
cual afirmó: “mi estado civil es soltera sin unión marital de hecho y sin
sociedad patrimonial vigente (…) mi ocupación es desempleada (…) soy madre
cabeza de hogar conformado por mis tres hijos Brayan Steven Vaquiro Caycedo (…)
quien estudia biología en la Universidad de la Amazonía en quinto semestre (…),
Camilo Andrés Hurtado Caicedo (…) el cual tiene una lesión permanente por un
accidente de tránsito y quedó con secuelas permanentes las cuales le impiden
trabajar y Alejandro Vaquiro Caycedo (…) quienes vivimos juntos bajo el mismo
techo en forma permanente y dependen económicamente de mis ingresos”. Los
hijos de la accionante tienen, Bryan, 21 años, Camilo, 26 años, y Alejandro, 15
años.[20]
18.
El 9 de julio de 2019, la Universidad de la Amazonia
certificó que el hijo de la accionante “Brayan Steven (…) está matriculado y
cursando el quinto semestre del programa biología jornada diurna (…) en el
periodo académico comprendido entre el 28 de marzo de 2019 hasta el 09 de
agosto de 2019”.[21]
19.
Según la historia clínica de Camilo Andrés, hijo de la
tutelante, sufrió un accidente de tránsito el 7 de marzo de 2010 el cual le
generó un diagnóstico de “traumatismo cerebral difuso”, motivo por el
cual continuó en tratamiento médico por “craneotomía por hematoma epidural,
además de fractura parieto occipital izquierda quien ahora cursa con cuadro de
cefalea global pulsátil asociada a vértigo y malestar general”.[22]
20.
El 16 de julio de 2019, el Instituto Técnico Industrial certificó
que el hijo de la actora “Alejandro (…) se encuentra matriculado para la
vigencia 2019 en la Institución Educativa en el Grado 7 (…) en básica
secundaria.”[23]
21.
La accionante allegó un contrato de arrendamiento de vivienda
urbana que suscribió con un término de duración de 12 meses contados desde el 9
de marzo de 2019 hasta el 9 de marzo de 2020, por el valor de $800.000.[24]
La actora cuenta con un puntaje en el SISBÉN de 36,42.[25]
2.
Solicitud de la acción de tutela[26]
22.
El 23 de julio de 2019, la accionante radicó acción de tutela
en contra del Hospital Comunal Las Malvinas E.S.E. Manifestó que laboró desde
el año 2013 y hasta el 30 de junio de 2019 en favor del hospital accionado,
mediante diferentes ordenes de prestación de servicios en el cargo de auxiliar
de enfermería.
23.
Relató que se encuentra desempleada “por voluntad
unilateral” del hospital accionado, quien al momento de decidir no
continuar contratando sus servicios no tuvo en cuenta las siguientes tres
circunstancias: (i) Las secuelas que presentó después de los accidentes de
trabajo que sufrió el 13 de abril de 2013 y el 10 de septiembre de 2015, esto
es, “espondilosis lumbar con hipertrofia del núcleo pulposo (…) hernia discal
paracentral izquierda (…) discopatía”, según resonancia magnética del 4 de
abril de 2019”. (ii) La “verdadera naturaleza de la relación laboral de
las partes”, pues su cargo consistió en funciones públicas del sector salud
y no de un contrato de prestación de servicios, el cual se desarrolló mediante
la sucesiva suscripción de contratos con una antigüedad desde el 1° de junio de
2013 y hasta el 30 de junio de 2019. (iii) Finalmente, su condición de madre
cabeza de familia, la cual sustentó en que tiene a su cargo la alimentación,
cuidado y manutención de sus tres hijos, a saber, Bryan Steven Vaquiro Caycedo,
quien estudia Biología, Camilo Andrés Hurtado Caycedo, quien presenta
imposibilidad en su capacidad laboral por deficiencias físicas producto de un
accidente de tránsito, y Alejandro Vaquiro Caycedo, quien estudia el
bachillerato. Al respecto, aclaró que es la única persona con la que cuentan
sus hijos para atender sus necesidades. Por lo anterior, solicitó que se ordene
el reintegro laboral, junto con el pago de las asignaciones salariales dejadas
de percibir desde el momento en que quedó desempleada.
3.
Respuesta de la accionada[27]
24.
El hospital demandado se opuso a la tutela de los derechos
fundamentales solicitados. Sostuvo que el motivo de finalización de la
vinculación de la actora fue porque no se necesitó más su contratación por
situaciones administrativas y relacionadas con la oferta y la demanda del
servicio, las cuales son ajenas a las tres circunstancias que ella alegó. Esto
debido a que: (i) no aportó prueba con la que demostrara su disminución o
limitación en su capacidad laboral y, además, en los certificados de aptitud
laboral se indicó que su condición era apta para laborar. (ii) Entre las partes
existió un contrato de prestación de servicios el cual es admisible por su
naturaleza jurídica de Empresa Social del Estado que le permite contratar
personas naturales para cumplir con el objeto misional del hospital. Advirtió
que “entre esta institución y el ministerio del trabajo se encuentra en
trámite un proceso de formalización laboral el cual fue remitido a título de
proyecto a dicho ministerio, sin que ello ofrezca estabilidad laboral alguna a
la accionante”. (iii) Finalmente, no le constan los hechos aducidos sobre
ser madre cabeza de familia y según la jurisprudencia constitucional no cumple
los criterios para tal efecto.
4.
Decisión judicial objeto de revisión
25.
Única instancia.[28] El 5 de agosto
de 2019, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Florencia Caquetá decidió no
amparar los derechos fundamentales invocados por la actora. Esto lo fundamentó
en que las pretensiones de la accionante debían ser analizadas por la
jurisdicción ordinara, pues esta es más oportuna y eficaz para la protección de
los derechos que se reclaman. Con respecto a la mencionada decisión, la
accionante radicó escrito de impugnación, pero esta fue negada por extemporánea,
mediante auto del 21 de agosto de 2019.[29]
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
26.
La Corte Constitucional es competente para conocer del fallo
materia de revisión, de conformidad con los artículos 86 y 241 (numeral 9) de
la Constitución Política, y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por las salas de
Selección de Tutelas y del reparto realizado en la forma que el reglamento de
esta Corporación establece.
2.
La acción de tutela es procedente
27.  La demandante presentó una acción de
tutela que podía interponer contra la demandada (legitimación en la causa por
activa[30] y por pasiva).[31] En primer lugar, la acción de tutela fue presentada de forma
directa por la tutelante en defensa de sus derechos e intereses. En segundo
lugar, la acción de tutela fue dirigida en contra del Hospital Comunal Las
Malvinas E.S.E., entidad pública con la cual la accionante sostuvo una
vinculación contractual, mediante la suscripción de sucesivos contratos de
prestación de servicios, desde el 1 de junio de 2013 y hasta el 30 de junio de
2019 sobre la cual se reclama el amparo de sus derechos fundamentales.[32]
28.  La acción de tutela se presentó en un
término razonable a la luz de las circunstancias del caso (inmediatez).[33] Entre la ocurrencia de la presunta vulneración y la presentación
de la acción de tutela transcurrió un tiempo razonable. En efecto, la
vinculación contractual entre las partes terminó el 30 de junio
de 2019 y la acción de tutela se radicó el 23 de julio de 2019, es decir,
transcurrieron 23 días.
29.
La accionante es un
sujeto en condición de vulnerabilidad (subsidiariedad). La acción de tutela es procedente cuando no existen otros
mecanismos de defensa judicial disponibles, cuando los mecanismos disponibles
no resultan idóneos o eficaces según las circunstancias del caso concreto, o
cuando se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable.[34] Como se
pasará a explicar, la Sala considera procedente la acción de tutela objeto de estudio,
pues la demandante es una persona en condición de vulnerabilidad, y las
situaciones particulares en las que se encuentra ameritan que la controversia
sea resuelta por el juez constitucional.
30.
En efecto, los conflictos, como el aquí planteado,
relacionados con el reintegro y pago de prestaciones sociales y acreencias
laborales, en principio, deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria o en
la de lo contencioso administrativo. Sin embargo, en los casos en que dichas
vías no sean idóneas, se tornen ineficaces, o exista un riesgo inminente de que
se configure un perjuicio irremediable el juez de tutela puede intervenir para
su análisis. En casos similares al de Lucy Caycedo Chala, esta Corte ha
encontrado que las particulares circunstancias de la parte actora permiten
concluir que los medios de defensa existentes no gozan de suficiente eficacia
para garantizar los derechos invocados. Ello con fundamento en factores como los
sujetos que el accionante tiene a su cargo, las condiciones particulares de su
núcleo familiar, y la situación económica en la que se encuentra, entre otros.[35]
31.
En estos términos, se recuerda que el mínimo vital ha sido
considerado por esta Corte como un presupuesto básico para el efectivo goce y
ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales. Así, se ha concluido
que la acción de tutela procede cuando se encuentra de por medio una relación
contractual y el mínimo vital del accionante se ha visto afectado, precisamente
ante situaciones en torno a dicha relación.
32.
Además, esta Corporación ha afirmado que “en el caso específico de las personas próximas a
pensionarse y las madres o padres cabeza de familia, desvinculadas de sus
trabajos, la procedencia de la acción de tutela ha dependido de la existencia
de otros medios de subsistencia, como lo son los bienes inmuebles de su
propiedad, la ayuda económica de sus cónyuges y/o ingresos recibidos por
concepto de cesantías, indemnizaciones, liquidaciones u otros.”[36]
33.
Así las cosas, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos
en esta sentencia, se encuentra que dilatar una decisión de fondo en este
asunto podría generar el desamparo de los derechos fundamentales de la
accionante y de su núcleo familiar. Esto con fundamento en que: (i) la actora
tiene a su cargo tres hijos que dependen económicamente de ella, de los cuales
dos se encuentran estudiando y no laboran, y el otro hijo, a pesar de tener 26
años, no puede trabajar dadas las secuelas de un accidente de tránsito que
sufrió cuando tenía 16 años, por lo cual se evidencia que es una persona
vulnerable a la que se le dificulta ingresar a un empleo y que se encuentra
bajo el cuidado de la demandante.[37] (ii) La
tutelante señaló, y no se probó lo contrario, que es la única persona que vela
por su sostenimiento y el de su núcleo familiar, y que se encuentra
desempleada, por lo cual se ve afectado su mínimo vital al no contar con
recursos adicionales y sí tener la obligación de sufragar gastos como el
arriendo de vivienda, la manutención suya y de su familia, y el estudio de sus
hijos. (iii) Con motivo de la no renovación del contrato de prestación de
servicios, la accionante no recibió ninguna suma de dinero para amortiguar su
tiempo cesante, por ejemplo, por concepto de indemnización o liquidación final.
(iv) Finalmente, a estas circunstancias se suma el hecho de que la actora tiene
el puntaje de 36,42 en el SISBÉN, lo cual constituye un criterio relevante para
corroborar su vulnerabilidad en cuanto a su capacidad económica.[38]
34.
Dado lo anterior, se
encuentran cumplidos los requisitos de procedencia de la acción de tutela y,
por ende, es pertinente plantear el problema jurídico del caso, la estructura
de la decisión y realizar el correspondiente pronunciamiento de fondo.
3.
Presentación del problema jurídico y
estructura de la decisión
35.
De conformidad con los hechos y pruebas del presente caso, la
sala resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Una I.P.S. pública vulnera los
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad reforzada
de una auxiliar de enfermería, al decidir no renovarle su contrato de
prestación de servicios, luego de cumplirse el plazo fijo pactado para éste, a
pesar de su antigüedad (más de 6 años, alcanzada mediante la sucesiva
suscripción de contratos) y sin haber considerado o verificado que era
beneficiaria de estabilidad reforzada por su condición de salud y madre cabeza
de familia?
36.
Teniendo en cuenta que este cuestionamiento ha sido estudiado
en anteriores oportunidades por esta Corporación, a continuación, la Sala: (i) resumirá
los aspectos pertinentes de la jurisprudencia constitucional relativa al
derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada por salud; (ii) precisará
los presupuestos para poderse declarar la existencia de un contrato realidad,
en particular, en los casos en que el contrato de prestación de servicios no
cumple con el parámetro de temporalidad, se presente una suscripción sucesiva
de contratos y se demuestren funciones permanentes de auxiliar de enfermería; (iii)
reiterará el análisis que corresponde efectuar frente a la estabilidad
reforzada de una madre cabeza de familia; y (iv) aplicará las reglas
jurisprudenciales reiteradas para la solución del caso objeto de estudio.
4.
Protección constitucional a la
estabilidad ocupacional reforzada por salud[39]
37.
Con el propósito de verificar si la accionante Lucy Caycedo
Chala es beneficiaria de la estabilidad ocupacional reforzada por salud, o
también denominada estabilidad laboral reforzada, es necesario señalar que el
sustento normativo de esta protección especial se encuentra en los principios
del Estado Social de Derecho, igualdad material, protección al trabajo y
solidaridad social, consagrados en los artículos 1, 13, 47, 53 y 54 de la Constitución
Política. Estos mandatos de optimización resaltan la obligación constitucional
del Estado de adoptar medidas de protección y garantía en favor de grupos
vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta.
38.
En la SU-049 de 2017 esta Corte explicó que
en las relaciones de prestación de servicios independientes no
desaparecen los derechos a la estabilidad y a una
protección especial de quienes se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta, motivo por el cual se indicó que “más que hablar de un principio
de estabilidad laboral reforzada, que remite nominalmente por regla a
las relaciones de trabajo dependiente, debe hablarse del derecho fundamental
a la estabilidad ocupacional reforzada, por ser una denominación más
amplia y comprehensiva.” (subraya fuera de texto)[40]
39.
Así, la referida garantía de la estabilidad ocupacional por
motivos de salud, se predica de todo individuo que presente una afectación en
la misma, situación particular que puede considerarse como una circunstancia
que genera debilidad manifiesta y, en consecuencia, la persona puede verse
discriminada por ese solo hecho.[41] Lo
anterior, con independencia de la vinculación o de la relación laboral que la
preceda.[42] En
efecto, el fuero de salud genera el beneficio de que la persona que presta el
servicio pueda permanecer en el empleo y, de esta manera, obtiene el
correspondiente sustento que requiere.[43]
40.
Por lo anterior, si se pretende desvincular a una persona que
presenta una afectación significativa en el normal desempeño de sus funciones y
su contratante tiene conocimiento de ello, es necesario contar con la
autorización de la Oficina del Trabajo pues, de no ser así, dicho acto jurídico
se torna ineficaz.[44] Con
ello, se prohíbe el despido de sujetos en situación de debilidad por motivos de
salud, creándose así una restricción constitucionalmente legítima a la libertad
del contratante, quien solo está facultado para terminar el vínculo después de
solicitar la autorización ante el funcionario competente que certifique la
concurrencia de una causa justificable para proceder de esta manera.
41.
En todo caso, además de
la autorización de la Oficina del Trabajo, la protección constitucional dependerá de los siguientes
tres presupuestos básicos: (i) que se establezca
que la persona que presta el servicio realmente se encuentra en una condición
de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado
desempeño de sus actividades; (ii) que la condición de debilidad
manifiesta sea conocida por el contratante en un momento previo al despido; y
(iii) que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de
manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación.[45] Sobre cada uno de los
mencionados presupuestos conviene indicar lo siguiente:
42.
(i) Que se
establezca que la persona que presta el servicio realmente se encuentra en una
condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y
adecuado desempeño de sus actividades. Con la Sentencia SU-049 de 2017
se explicó que el deber constitucional de solidaridad se activa con la pérdida de capacidad laboral en un grado considerable, o la
experimentación objetiva de una “dolencia o problema de salud” que
afecte sustancialmente el desempeño en condiciones regulares de las labores de
las cuales se obtiene un sustento.[46]
43.
La jurisprudencia de esta Corte ha estudiado diferentes casos
en los cuales ha evaluado si la condición de salud del accionante efectivamente
impide o no de forma significativa el normal desempeño laboral. En dicho
escenario se ha concluido, de un lado, que esto se puede confirmar teniendo en
cuenta, entre otros factores, que el examen médico de retiro advierta sobre la
enfermedad,[47]
exista incapacidad médica vigente al momento de la finalización del vínculo, [48] se demuestre un
tratamiento médico en particular,[49]
el estrés laboral cause quebrantos de salud física y mental,[50] o se cuente con un
porcentaje de pérdida de capacidad laboral.[51]
De otro lado, se ha considerado que no se logra acreditar una condición de
salud que impida significativamente el normal desempeño laboral, por ejemplo,
cuando no se demuestra la relación entre el despido y las afecciones en salud,
cuando se acredita un 0% de pérdida de capacidad laboral, o cuando no se
registra incapacidad médica durante el último año de labores, o se asiste al
médico pero no por un tratamiento médico como tal.[52]
44.
(ii) Que el empleador
tuviera conocimiento de la condición de debilidad manifiesta del trabajador. En efecto, si un
trabajador desea invocar los beneficios de la estabilidad ocupacional reforzada,
requiere que se demuestre que el empleador, de forma previa a la terminación,
estaba informado sobre la situación de salud. La jurisprudencia constitucional
ha entendido que el conocimiento del contratante sobre la condición de salud de
la persona que presta los servicios se acredita, entre otros casos, cuando la
enfermedad presenta síntomas que la hacen notoria,[53] el empleador tramita incapacidades médicas del funcionario,[54]
o los indicios probatorios evidencian que, durante la ejecución del contrato,
el trabajador tuvo que acudir en bastantes oportunidades al médico.[55] De igual forma, se ha considerado que el presupuesto del
conocimiento del empleador no se evidencia cuando ninguna de las partes prueba
su argumentación,[56] o la enfermedad se presenta en una fecha posterior a la
finalización del vínculo.[57]
45.  (iii) Que no exista una justificación suficiente para la
desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una
discriminación.[58]
En estos supuestos, se ha establecido una presunción (iuris
tantum) en favor de la persona que fue apartada de su oficio. Así, se ha
señalado que si constatada la condición de debilidad especial se logra
establecer que la terminación del vínculo se produjo sin la autorización de la
autoridad laboral, se deberá presumir que la causa fue el estado de
indefensión en el que permanece el sujeto.[59]
Con todo, esta presunción se puede desvirtuar -incluso en el proceso de
tutela-, porque la carga de la prueba se traslada al empleador, a quien le
corresponde demostrar que el despido no se dio con ocasión de esta
circunstancia particular sino que obedeció a una justa causa.[60] En el evento de no desvirtuarse
lo anterior, el juez constitucional deberá declarar la ineficacia de la
terminación o del despido laboral en favor del sujeto protegido y las demás
garantías que considere necesarias para garantizar la satisfacción plena de sus
derechos fundamentales vulnerados.[61]
46.   Sin perjuicio de lo expuesto, se aclara que la estabilidad ocupacional
reforzada no es ni se puede convertir en una petrificación contractual absoluta.
Precisamente, este es el motivo por el cual existe el procedimiento de
autorización de despido ante el Ministerio del Trabajo. Es un equilibrio entre
el uso que pueden hacer los contratantes de su facultad para despedir, y la
garantía que un inspector del trabajo brinda a los derechos de las personas que
prestan sus servicios para evitar que se tomen decisiones arbitrarias
irrazonables o desproporcionadas. La estabilidad ocupacional reforzada no
elimina la facultad de terminar vinculación, sino que obliga a que se use a la
luz de la Constitución.
47.  En
conclusión, existe desconocimiento de los fundamentos constitucionales y,
especialmente, de los principios de igualdad y solidaridad cuando se evidencia
un trato diferente o discriminatorio a las personas en condición de debilidad
manifiesta por la afectación a su salud y sus capacidades, con independencia de
la relación acordada entre las partes.[62]
5.  Parámetros jurisprudenciales respecto al contrato realidad,
especialmente en el caso de contratos sucesivos y auxiliares de enfermería[63]
48.  Una
vez explicado lo relativo al fuero de salud, corresponde considerar que la
actora también manifestó que en su caso el hospital accionado no tuvo en cuenta
“la verdadera naturaleza de la relación laboral”, pues su cargo como
auxiliar de enfermería consistió en funciones públicas del sector salud y no de
un contrato de prestación de servicios. Por tal motivo, es pertinente recordar
lo que esta Corte ha explicado sobre la declaratoria del contrato realidad en
casos de contrato de prestación de servicios.
49.  El
concepto del contrato realidad encuentra fundamento en el artículo 53 de la
Constitución según el cual la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales es un principio mínimo
fundamental de las relaciones de trabajo.
50.  Consiste
en que independientemente del nombre que las partes le asignen o denominen un
contrato, en el ámbito público o privado, lo relevante es el contenido de la
relación de trabajo que se comprueba cuando se cumplen los siguientes tres presupuestos:
(i) prestación personal del servicio, (ii) que se acuerde una contraprestación
económica por el servicio u oficio prestado, y (iii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador.
51.  Al
respecto se ha precisado que la prueba indiciaria es fundamental para
estructurar la existencia de una verdadera relación laboral, y que el operador
jurídico está llamado a prescindir de los elementos formales que envuelven el
contrato con el objetivo de establecer la verdadera definición del vínculo.[64]
52.  Por
lo anterior, es claro que sin el cumplimiento de las mencionadas
características el contrato de prestación de servicios pierde su esencia, como
se observa en los casos en que: (titulo 5.1.) no se cumple con el carácter
temporal de esta clase de contratos, (titulo 5.2.) cuando se han suscrito de
forma sucesiva y por varios años, y (titulo 5.3.) cuando se desarrollan labores
permanentes de auxiliar de enfermería, como se explica a continuación, por ser
pertinente para resolver el presente asunto:
5.1. El contrato realidad en los
casos en que no se cumple con el carácter temporal del contrato de prestación
de servicios
53.  Esta
Corte ha reconocido que los poderes públicos han utilizado de forma abierta y
amplia la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar
relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales. En efecto, el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que un contrato de prestación de
servicios, en el contexto de entidades estatales, es el que se celebra para
desarrollar actividades relacionas con la administración o funcionamiento de la
entidad, y que solo podrá celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. Al respecto, la mencionada norma dispone que
estos contratos se deben efectuar por el término estrictamente indispensable y,
en este mismo sentido, en los artículos 7 del Decreto 1950 de 1973,[65]
1° del Decreto 3074 de 1968,[66]
17 de la Ley 790 de 2002[67]
y 48 de la Ley 734 de 2002,[68]
se prevé que en ningún caso dichos contratos podrán suscribirse para el
desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se deben
crear los empleos correspondientes.[69]
54.  Dado
lo anterior, el contrato de prestación de servicios se desnaturaliza cuando no
se cumple con el objetivo de que tenga un límite temporal definitivo, sino que
se prolonga por varios años, contrariando así las mencionadas normas que
indican que el contrato se debe desarrollar por el término estrictamente
necesario o, en su defecto, crearse los empleos que suplan la necesidad
permanente del cargo.[70]
55.  Ejemplo
de lo expuesto se encuentra, entre otros, en la Sentencia T-345 de 2015 cuyo
caso consistió en la existencia de una relación desarrollada por más de 20 años
mediante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios, ante
lo cual se concluyó que se incumplió con el requisito de temporalidad que se
exige en esta clase de contratos y, por tanto, se dio prevalencia al principio
de realidad sobre las formas. Al respecto, se argumentó que la duración de un
contrato de prestación de servicios debe ser por tiempo limitado y, en el caso
de que las actividades demanden una permanencia mayor e indefinida, la
respectiva entidad debe adoptar las medidas pertinentes para proveer su planta
de personal. Por tanto, es claro que el exceso del carácter excepcional y
temporal de un contrato de prestación de servicios genera que este, en la
realidad, se convierta en un contrato ordinario y permanente.[71]
56.  La
jurisprudencia del Consejo de Estado también ha reconocido que una de las
características principales del contrato de prestación de servicios es la
prohibición del elemento de subordinación continuada del contratista, por lo
cual estos contratos no pueden versar sobre el ejercicio de funciones
permanentes, pues debe consistir en una vinculación excepcional. Así mismo, ha
indicado que el objetivo de esta prohibición es “evitar el abuso de dicha
figura y como medida de protección de la relación laboral, en tanto que, a
través de la misma, se pueden ocultar verdaderas relaciones laborales y la
desnaturalización del contrato estatal”.[72]
57.  Al
respecto, dicha corporación explicó que el contrato de prestación de servicios
debe restringirse “a aquellos casos en los que la entidad pública requiere
adelantar labores ocasionales, extraordinarias, accidentales o que
temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional”. Esto debido a
que, si se contrata por prestación de servicios personas que deben desempeñar
exactamente las mismas funciones que de manera permanente se asignan a los
demás servidores públicos, se desdibuja dicha relación contractual.
58.  Además,
resaltó que “que las diferentes situaciones administrativas y necesidades
del servicio no se pueden convertir en evasivas o excusas para vincular al
personal de manera irregular con el fin de desempeñar funciones públicas en
forma permanente; pues, tal vínculo deviene en precario e ilegal ante el franco
desconocimiento de las formas sustanciales del derecho público, las modalidades
previstas en la Constitución y la ley para el ingreso al servicio público y aún
más”. En otras palabras, ninguna entidad pública está legitimada, bajo
ninguna circunstancia, para evadir el carácter laboral de las relaciones de
trabajo.[73]
59.  Sobre
los casos en que la planta de personal carece de cargos suficientes para el
desarrollo de las actividades necesarias para la efectiva prestación del
servicio, el Consejo de Estado ha explicado que se rompe con el carácter
temporal y eventual del contrato de prestación de servicios cuando el servicio
se presta de forma permanente, y en un término razonable la entidad “no
efectúa los cambios administrativos en la planta de personal para su adecuación
a las necesidades reales del servicio del ente de salud”.[74]
5.2.
El contrato realidad en casos de contratos sucesivos en que se configura
una única relación laboral
60.  Otra
de las situaciones que esta Corte ha identificado como señal de la existencia
de un contrato realidad de trabajo es cuando a una sola relación se le da la
apariencia de varios contratos sucesivos, con el fin de eludir el
reconocimiento de los derechos laborales correspondientes. En este escenario es
cuando opera el principio de la realidad sobre las formas, a partir del cual es
posible desvirtuar la existencia de los supuestos contratos sucesivos y
evidenciar que en realidad se trató de una única relación laboral, sin
interrupciones.[75]
61.  En
los casos en que se ha encontrado acreditada la existencia de una única
relación laboral a término indefinido, y no se ha aceptado el argumento de la
sucesión de diferentes contratos con un plazo fijo, se ha verificado que no hay
un tiempo de interrupción que razonablemente permita inferir que realmente se
terminó el contrato, sino que, por el contrario, se trata de interrupciones
breves y consistentes. Ejemplo de ello se encuentra en la Sentencia T-029 de
2016, pues el caso que allí se analizó consistió en que la relación contractual
se extendió a lo largo del 2008 y hasta el 2014, mediante sucesivos contratos a
término fijo inferiores a un año que presentaron una interrupción no mayor a 4
días. Por tal motivo, se decidió declarar la existencia de una única relación
laboral a término indefinido, pues se consideró que la parte accionada quiso
ocultar la real existencia de una única relación laboral, sin una verdadera
interrupción entre la suscripción de los sucesivos contratos.[76]
5.3. El contrato realidad en
casos de auxiliares de enfermería
62.  En
el caso particular de los contratos de prestación de servicios suscritos por
entidades públicas como una E.S.E. y auxiliares de enfermería, como es el caso
de la aquí accionante, el Consejo de Estado ha dicho en reiterada
jurisprudencia que, por las características de las funciones contratadas, se
presume el presupuesto de subordinación y dependencia, el cual podrá ser
desvirtuado por la parte accionada.
63.  Esto
con fundamento en que no es posible hablar de autonomía cuando una auxiliar de
enfermería, por lo general, “no puede definir en qué lugar presta sus
servicios ni en que horario, es más, su labor de coordinación de las demás
enfermeras y la obligación de suministro de medicación y vigilancia de los
pacientes no puede ser suspendida sino por justa causa, previamente informada,
pues pondría en riesgo la prestación del servicio de salud, o sea, que existe
una relación de subordinación.”[77]
64.  De
igual forma, el Consejo de Estado ha explicado que “dicha presunción existe
en atención a que por regla general se debe tener en cuenta que a los médicos
les corresponde direccionar a las enfermeras y emitir órdenes tendientes a que
estas ejecuten un cuidado particular a cada paciente en los centros de salud”,
en razón a que las dolencias, medicamentos y tratamientos varían en cada caso,
motivo por el cual se entiende que entre médicos y enfermeras hay más que una
coordinación de actividades.
65.  Es
de resaltar que en el caso particular en que se ha demandado a un hospital que
es E.S.E. también se ha señalado que las labores de una auxiliar de enfermería,
a menos que la parte accionada demuestre lo contrario, no pueden ser
consideradas como actividades esporádicas ejercidas en una entidad prestadora
de salud, sino que tiene carácter permanente, pues es una labor “necesaria
para la prestación eficiente del servicio público esencial de salud”.[78]
66.  Aunado
a lo anterior, es evidente que, dada la naturaleza de las funciones de auxiliar
de enfermería, se puede deducir que esta función no puede desempeñarse de forma
autónoma, ya que “quienes ejercen dicha profesión no pueden definir ni el
lugar ni el horario en que prestan sus servicios”. Además, la actividad que
se desarrolla por un auxiliar de enfermería no se puede suspender sin
justificación pues se pone en riesgo la prestación del servicio de salud. En
palabras del Consejo de Estado, lo expuesto “no impide que en determinados
casos éstas puedan actuar de manera independiente puesto que se pueden
presentar excepciones. Sin embargo, la regla general es la de la subordinación,
por lo que ésta se debe presumir”. En consecuencia, le corresponderá a la
entidad demandada desvirtuar dicha presunción”.[79]
67.  Una
vez explicada la protección que genera el fuero de salud y los casos en los que
sería posible declarar la existencia de un contrato realidad, finalmente,
corresponde precisar los alcances de la estabilidad reforzada de una madre
cabeza de familia. Todo ello con el fin de sentar las bases necesarias para
dilucidar la procedencia de la solicitud de amparo de la aquí accionante.
6.
Protección constitucional a la estabilidad
reforzada de una madre cabeza de familia[80]
68.  En
el caso que se examina la tutelante argumentó que el hospital accionado no tuvo
en cuenta su condición de madre cabeza de familia, al momento de decidir no
continuar con la vinculación contractual. Por tal motivo, es relevante señalar que
la estabilidad reforzada de una madre cabeza de familia encuentra sustento en
el principio de igualdad (Artículo 13 de la Constitución), el artículo 43 superior
que establece el deber del Estado de apoyar “de manera especial a la mujer
cabeza de familia”, los instrumentos internacionales de derecho humanos
como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la garantía prevista en el artículo 42 de la Constitución
sobre el derecho de toda persona a recibir protección integral para su grupo
familiar, y en la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes establecida en el artículo 44 del mismo Estatuto.
69.  En
estos términos, esta Corporación ha explicado en diferentes oportunidades que
el apoyo especial a la mujer cabeza de familia es un mandato directo de la
Constitución. Además, se ha indicado que dicha protección tiene la finalidad de
promover la igualdad real, reconocer la pesada carga que recae sobre una mujer
cabeza de familia, crear un deber estatal de apoyo para compensar esa gravosa
carga, y brindar una protección a la familia como núcleo básico de la sociedad.[81]
70.  Aunado
a lo anterior, se aclara que, sin perjuicio del origen supralegal de esta protección,
se encuentra que la Ley 82 de 1993 se expidió para apoyar de forma especial a
la mujer cabeza de familia por lo cual se estableció que el gobierno debe prever
mecanismos eficaces para procurar a su favor “trabajos dignos y estables”.
De igual forma, el Decreto 3905 de 2009, con el cual se reglamentó la Ley 909
de 2004, dispuso que se debía tener en cuenta la protección especial para las
madres cabeza de familia antes de proceder con la desvinculación de un empleo
provisional. Adicionalmente, la Ley 790 de 2002 en su artículo 12 estableció la
medida denominada retén social en el marco del Programa de Renovación de la
Administración Pública, según la cual no podrán ser retirados de dicho programa
las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con
limitación física, mental, visual o auditiva y las personas próximas a
pensionarse.[82]
71.  No
obstante, como ya se dijo, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección
de las madres cabeza de familia, no puede limitarse en su aplicación a las
previsiones de las mencionadas regulaciones pues corresponde a una protección
de orden constitucional.
72.  Así
las cosas, esta Corporación ha señalado que no toda mujer por el hecho de que
esté a cargo de la dirección del hogar ostenta la calidad de cabeza de familia.
Por tanto, se ha considerado que la calidad de madre cabeza de familia se
acredita con los siguientes presupuestos: (i) que se tenga a cargo la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para
trabajar. (ii) Que la responsabilidad sobre los hijos sea de carácter
permanente. (iii) Que se presente una ausencia permanente o abandono del hogar
por parte del padre, y que este se sustraiga del cumplimiento de sus
obligaciones, o bien que no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello
obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física,
sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte. (iv) Por último, que
no exista un apoyo amplio y sustancial de ayuda de los demás miembros de la
familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para
sostener el hogar.[83]
Sobre cada uno de los mencionados presupuestos es importante tener en cuenta lo
siguiente:
73.   Primero. Asumir la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para
trabajar. El concepto de madre cabeza de familia se refiere a quien
brinda un sustento económico, social o afectivo al hogar, por lo cual cumple con
sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención.[84]
Una madre cabeza de familia también puede ser aquella que no ejerce la
maternidad por no tener hijos propios, pero se hace cargo de sus padres o de
personas muy allegadas, siempre y cuando estas conformen su núcleo y soporte
exclusivo del hogar.[85] Además,
una madre cabeza de familia no pierde su condición por el solo hecho de que su
hijo alcance la mayoría de edad, pues existen otras circunstancias con las
cuales se puede verificar la continuidad en la dependencia, por ejemplo, en el
caso de que el hijo se encuentre estudiando y por ese motivo no labore. Sobre
este tema se ha considerado que los hijos mayores de 18 años y menores de 25
años que estén estudiando se encuentran “incapacitados para trabajar por
razón de sus estudios”, y que por este hecho no se pierde la estabilidad
por ser madre cabeza de familia.[86]
74.  Segundo.
Asumir la responsabilidad de carácter permanente. Sobre
este presupuesto se ha dicho que la sola situación de desempleo, vacancia temporal,
ausencia transitoria o prolongada del padre de los hijos de la persona que
invoca la estabilidad no constituye un elemento a partir del cual pueda
predicarse que tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en los términos
necesarios para acceder a la estabilidad reforzada en calidad de madre cabeza
de familia. Por tanto, es necesario que se evidencie que la responsabilidad es
de carácter permanente.[87] Además,
esta Corte ha explicado que el trabajo doméstico es un valioso apoyo para la
familia que se entiende como aporte social, independientemente de quien lo
realice, por lo que la ausencia de ingreso económico fijo para una persona no
puede ser utilizada por su pareja para reclamar la condición de cabeza de
familia.[88]
75.  Tercero.
Relativo al incumplimiento de obligaciones del padre. Este
presupuesto busca establecer una auténtica sustracción de los deberes legales
de manutención por parte del progenitor de los hijos que conforman el grupo
familiar. Se acredita cuando la pareja abandona el hogar, omite el cumplimiento
de sus deberes como progenitor, o cuando no asume la responsabilidad que le
corresponde en razón a un motivo externo a su voluntad como, por ejemplo, su
incapacidad médica o la muerte. En todo caso, para la prueba de este criterio no
existe tarifa legal para probar este hecho y al respecto se ha aclarado que las
“las autoridades no están autorizadas a exigir un medio de convicción
específico que evidencie la sustracción del padre de sus deberes legales.”[89]
76.  Cuarto.
Relativo a que no exista un apoyo amplio y sustancial de ayuda de los demás
miembros de la familia. El operador jurídico tiene
que valorar las condiciones de quien alega ser cabeza de familia para
establecer si recibe un apoyo amplio y sustancial de los demás miembros de la
familia, por lo cual esta Corte ha considerado que para el análisis probatorio
se puede tener en cuenta “las declaraciones
extraprocesales de los solicitantes y personas allegadas, así como sus
manifestaciones dentro del proceso de tutela y los procedimientos
administrativos adelantados por las entidades respectivas”.[90] Sobre este criterio se aclara que la protección del
derecho fundamental de la madre cabeza de familia no pueden verse frustrado si
su familia le brinda un apoyo mínimo, como es lógico, en razón a la solidaridad
familiar.
77.  En efecto, lo que se busca con este presupuesto es establecer
que la accionante requiera la estabilidad reforzada ante situaciones en las que
vea afectado su mínimo vital y el de sus hijos. Así, sería entendible que no se
conceda la protección cuando, por ejemplo, una mujer tenga sus hijos y viva
bajo el mismo techo de sus padres, quienes le brindan un apoyo económico. Por
el contrario, es claro que el solo hecho de que la madre cabeza de familia
reciba algún beneficio o ayuda de su familia no desacredita su afectación al
mínimo vital y que su derecho fundamental a la estabilidad reforzada se debe
proteger en razón a la autonomía a la que tiene derecho toda persona para su
propio sostenimiento.
78.  Aunado
a lo anterior, sobre la protección reforzada a la madre cabeza de familia
también se ha aclarado que: (i) la declaración ante notario, prevista en el
parágrafo del artículo 2° de la Ley 82 de 1993, no es una prueba necesaria para
acreditar la condición de cabeza de familia, pues dicha protección no depende
de esta clase de formalidades, sino de los presupuestos fácticos del caso
concreto. (ii) Dicha estabilidad reforzada no
constituye una protección absoluta ni automática, pues en caso de existir una
justa causa el empleador podrá desvincular al trabajador de su lugar de
trabajo. (iii) En atención al principio de igualdad respecto de los menores
de edad y sus derechos prevalentes, la Corte Constitucional ha extendido a los
padres cabeza de familia varias medidas de protección que el legislador adoptó
para las mujeres cabeza de familia. (iv) Y el contratante tiene la carga
argumentativa de demostrar plenamente que existen razones objetivas del servicio
que justifican la desvinculación.[91]
79.  Finalmente,
importa resaltar que en el caso de la Sentencia SU-691 de 2017 se concedió el
amparo solicitado con fundamento en que la actora era una madre cabeza de
familia. Por tanto, se consideró que, al desempeñar un cargo en una entidad
pública, esta debía prever que los últimos servidores en ser desvinculados
fueran las personas con estabilidad reforzada, como es el caso de las madres
cabeza de hogar. Por tal motivo, se concluyó que la entidad pública accionada
desconoció la especial protección de la madre cabeza de familia y, en
consecuencia, se ordenó que se diera continuidad a la vinculación.[92]
7.  Aplicación de las
referidas reglas jurisprudenciales para la solución del caso en concreto
80.  Teniendo en cuenta los antecedentes
del expediente objeto de estudio y las reglas jurisprudenciales anteriormente
explicadas, la Sala encuentra que es procedente conceder el amparo solicitado,
pero solo con fundamento en la existencia de un contrato realidad y en la
estabilidad reforzada por ser madre cabeza de familia de la actora, y no frente
a la solicitud de estabilidad reforzada por salud, tal y como se explica a
continuación.
81.  La accionante no es beneficiaria de
la estabilidad ocupacional reforzada por salud. Con el escrito de tutela la actora solicitó que se consideraran
las secuelas que presentaba como consecuencia de dos accidentes de trabajo que
sufrió el 13 de abril de 2013 y el 10 de septiembre de 2015. Al respecto, la
Sala encuentra que las pruebas aportadas no evidencian que la condición de
salud de la tutelante le dificultara significativamente su normal desempeño de
actividades, esto es, el primer criterio de los tres necesarios para configurar
la procedencia del amparo por fuero de salud.
82.  En efecto, como se explicó más
detalladamente en el titulo 4 de la presente sentencia, la mencionada
protección se acredita cuando la situación de salud impide significativamente
el normal y adecuado desempeño laboral, cuando la debilidad manifiesta es
conocida por el contratante al momento del despido, y si no existe una
justificación suficiente para la desvinculación. Esto quiere decir que, en el
presente caso, al no cumplirse con el primero de los tres presupuestos para la
estabilidad ocupacional reforzada por salud no es pertinente verificar la
configuración de los otros dos. En estos términos, no se concederá este primer
aspecto de las pretensiones de la actora. Ello encuentra fundamento en que:
83.  Primero. Independientemente que la accionante
haya sido vinculada mediante un contrato de prestación de servicios o en los
términos de un contrato realidad de trabajo, como lo solicita con la tutela, el
análisis de la estabilidad ocupacional reforzada es viable en razón a que
corresponde a una protección que abarca las dos clases de contratos.
84.
Segundo. De las pruebas aportadas no se
desprende que al momento de la terminación de la vinculación la actora hubiera
presentado algún examen médico de retiro que advirtiera sobre la enfermedad,
incapacidad médica, recomendación laboral, tratamiento médico en particular, o
que hubiera sido calificada con algún porcentaje de pérdida de capacidad
laboral.
85.  Tercero. Contrario a lo anterior, al
expediente se aportaron conceptos de salud del 14 de enero y 14 de marzo
de 2019 con los cuales se certificó que la actora era apta para desarrollar las
funciones contratadas y que presentaba una alteración de salud que no
interfería en el normal ejercicio de su labor o capacidad laboral. Esto indica
que, pese a la eventual alteración de la salud de la accionante para el momento
de los mencionados exámenes, su condición no generaba una afectación sustancial
en el adecuado desempeño de sus actividades. En efecto, dichos conceptos
médicos fueron emitido 5 y 4 meses, respectivamente, antes de la finalización
de la relación que tuvo lugar el 30 de junio de 2019. Sin embargo, esta prueba
muestra que desde el inicio del año 2019 el médico conceptuó que la actora
presentaba una patología que no le impedía su capacidad laboral y, al respecto,
no se acreditó alguna circunstancia de agravación.
86.
Cuarto. Aunado a lo dicho, se evidenció que en
el año 2019, último periodo de la vinculación que terminó el 30 de junio de
2019, la tutelante solo presentó un total de 5 días de incapacidad médica, así:
(ii) un día, el 22 de enero de 2019, por concepto de “trastorno
de disco lumbar y otros”, al respecto se ordenó terapia física integral y
el medicamento “tramadol”; y (iii) cuatro días, correspondientes del 12 al
15 de febrero de 2019, con fundamento en “lumbago no especificado”.[93]
Esto quiere decir que las eventuales circunstancias en la salud de la actora no
llegaron a impedir significativamente su normal y adecuado desempeño, pues pudo
prestar sus servicios sin que el médico tuviera que incapacitarla. Además,
desde la fecha de la última incapacidad hasta el día de terminación del
contrato transcurrieron aproximadamente 4 meses, lo cual impide que se pueda
inferir una dificultad significativa para la actora ejercer su labor de
auxiliar de enfermería, pues lo que esto evidencia es que pudo desempeñar
normalmente sus funciones.
87.   Quinto. En
la historia clínica de la actora también se registró que el 25 de febrero y el
10 de abril de 2019 recibió acompañamiento por psicología. Sin embargo, no se
demostró que las dificultades de la accionante en este campo le hayan generado
una afectación significativa para desempeñar sus funciones. Al respecto, se
aclara que el solo hecho de que la tutelante haya decidido acudir al médico
para recibir apoyo en el área psicológica no es evidencia de que haya
experimentado una dolencia o problema que le impidiera laborar como
regularmente lo hacía. En efecto, esta Corporación ha reconocido que hay
circunstancias en las que el estrés laboral o problemas psicológicos pueden generar
quebrantos de salud, física y mental que afecten el normal desempeño, pero ese
no es el caso de la aquí accionante.[94]
88.  Sexto. Con relación a las secuelas que la
actora alegó tener como consecuencia de los accidentes de trabajo que sufrió el
13 de abril de 2013 y el 10 de septiembre de 2015, se aportó resonancia nuclear
del 4 de abril de 2019. En dicho documento se indicó que la actora presentó “espondilosis
lumbar con hipertrofia del núcleo pulposo L5-S1 condicionando hernia discal
paracentral izquierda con radiculopatía compresiva S1”.
No obstante, dicha resonancia magnética no representa una prueba de que la
patología allí descrita limitara sustancialmente el ejercicio de las funciones
de enfermería. Al respecto, se precisa que no cualquier condición médica está
cobijada por el manto de la estabilidad reforzada, debido a que se requiere que
efectivamente exista una dificultad sustancial para el normal desempeño laboral,
lo cual no acontece en el presente caso.
89.  Séptimo. Además de lo anterior, la actora
aportó certificaciones médicas en las cuales se ordenó terapia física integral
y el consumo del medicamento “tramadol”, con fechas del 22 de enero y 13
de febrero de 2019. Sin embargo, no se observa que, por lo anterior, el estado
de salud de la accionante presentara una condición de tal vulnerabilidad que le
impidiera ejercer de forma adecuada y con normalidad su profesión.
90.  Como consecuencia de lo expuesto, la
Sala concluye que, al no acreditarse el primer parámetro para acceder a la protección
en comento, como es la existencia de una dificultad en la salud que
sustancialmente imposibilite el normal y adecuado desarrollo de las funciones,
no es posible inferir que la tutelante sea beneficiaria de la estabilidad
ocupacional reforzada.
91.  En el caso de la accionante se
configuró la existencia de un contrato realidad. En el escrito de tutela, la actora
manifestó que al momento en que finalizó su vinculación con el
hospital, este no tuvo en cuenta “la verdadera
naturaleza de la relación laboral de las partes”,
pues su cargo consistió en funciones públicas del sector salud y no de un
contrato de prestación de servicios. Al respecto, la Sala considera que las
pruebas aportadas permiten evidenciar que en el presente caso es pertinente
aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, pues se
configuró la existencia de un contrato realidad. Lo dicho se sustenta en lo
siguiente.
92.  Como se explicó más detalladamente en
el titulo 5 de la presente sentencia, la declaratoria del contrato realidad depende de que se demuestre
la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. En
este caso, la accionante demostró que prestó de forma personal el servicio de
auxiliar de enfermería como se acredita con los contratos de prestación de
servicios suscritos entre las partes. De igual forma, demostró que por sus
servicios se acordó una contraprestación económica. Finalmente, en este asunto también
es evidente la continuada subordinación o dependencia que se presentó respecto
del hospital, tal y como se explica a continuación:
93.  (i) Los diferentes contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes en un transcurso de 6 años y
29 días, contados desde el 1 de junio de 2013 y hasta el 30 de junio de 2019,
no reflejan el carácter temporal que se exige a esta clase de contratos. En
efecto, la vinculación de las partes se prolongó por un tiempo excesivo que
evidencia que, en realidad, las funciones de la accionante se requerían para cubrir
la necesidad de un cargo permanente, por lo cual se configura la existencia de
un contrato realidad.
94.  Así, se observa que el hospital debió
adoptar las medidas necesarias para proveer su planta de personal, de
conformidad con las necesidades reales del ente de salud, y evitar que la
relación con la actora se prolongara por tantos años.
95.  Sobre este tema, la parte accionada
manifestó en la contestación a la tutela que “entre esta
institución y el ministerio del trabajo se encuentra en trámite un proceso de
formalización laboral el cual fue remitido a título de proyecto a dicho
ministerio, sin que ello ofrezca estabilidad laboral alguna a la accionante”.
Esta afirmación constituye un indicio que, en conjunto con los diferentes
contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, permite concluir
que el hospital sabía que debía formalizar la relación laboral con la
tutelante. Lo cual, en todo caso, es totalmente lógico dado que las normas que
regulan el contrato de prestación de servicios con entidades públicas son
claras en señalar que en ningún caso estas podrán celebrar contratos de
prestación de servicios para suplir funciones permanentes. En consecuencia, es
clara la existencia de un contrato realidad.
96.  Además,
se desataca que en los contratos de prestación de servicios aportados se consignó
que el hospital no podía exceder la planta de temporal establecida mediante
Acuerdo No. 007 de 2014, debido a que entraría en riesgo financiero y que, ante
la necesidad de personal suficiente, se requería efectuar contrataciones de
carácter temporal. Con lo cual se ratifica que el ente accionado tenía pleno
conocimiento sobre el requisito de temporalidad en la ejecución del contrato de
prestación de servicios, lo cual solo es muestra de un reiterado incumplimiento
de entidades públicas como la accionada, el cual también ha sido advertido para
casos similares y en otras oportunidades por esta Corporación.[95]
97.  Así
mismo, es relevante que durante los más de 6 años que la actora estuvo
vinculada al hospital, se presentó un periodo en el cual fue vinculada mediante
Resolución No. 072 a la planta temporal de la E.S.E. accionada, desde el 20 de
abril de 2017 hasta el 17 de abril de 2018, con lo cual se ratifica aún más la
existencia del contrato realidad. Esto debido a que las funciones de la
accionante continuaron siendo las mismas de auxiliar de enfermería, según se
observa en certificación laboral del 8 de julio de 2019.
98.  (ii)
Aunado a lo anterior, este caso evidencia otra particularidad que revela la
existencia de un contrato realidad, esto es, los contratos de prestación de
servicios se suscribieron de forma sucesiva sin una interrupción considerable. En
efecto, las interrupciones entre la suscripción sucesiva de un contrato y otro
no fueron mayores a un mes y quince días, por lo cual se puede afirmar que las
partes desarrollaron una única relación laboral a término indefinido entre el 1
de junio de 2013 y el 30 de junio de 2019, que se quiso ocultar por medio de
los 20 contratos de prestación de servicios suscritos durante ese periodo.
99.  Adicionalmente, la Sala considera que
esta es la oportunidad para advertir el abuso que genera esta clase de
contratación sucesiva por términos inferiores a un año, debido a que el prestador
del servicio tiene que soportar la carga que representa desarrollar su
vinculación por medio continuados contratos a término fijo que en la mayoría de
casos no son superiores a un año y hasta pueden ser solo por un mes. Esta forma
de desarrollar la relación implica que el prestador del servicio tiene
incertidumbre sobre su permanencia en las funciones, y le da la posibilidad al
contratante de asumir mayor dominio en la decisión de finalizar la relación, de
forma abrupta, por cumplimiento del plazo fijo pactado. Lo cual también es
reprochable en razón a que se rompe la relación de manera imprevista y esto
genera afectación en el mínimo vital.
100.
Precisamente, la
mencionada precariedad fue la que sucedió en el caso objeto de análisis, en el
que el hospital suscribió con la actora 20 contratos de prestación de servicios
durante 6 años y 29 días, e hizo uso de la facultad de no renovar la
vinculación sin presentar una justificación válida después de la continuada
permanencia de la actora en un cargo fundamental para el desarrollo de las
funciones propias de su objeto social. Sobre este punto, la entidad accionada
manifestó que el motivo de la finalización fue porque no necesitó más de los
servicios de la actora por situaciones administrativas y relacionadas con la
oferta y la demanda del servicio. Sin embargo, la Sala considera que el
correcto obrar del hospital debió estar encaminado a reconocer la antigüedad de
la accionante en la prestación de los servicios y fundar su decisión de no
continuar la vinculación en criterios objetivos debidamente notificados a la tutelante.
101.
(iii) Finalmente,
como si no fuera suficientemente el hecho de que se incumplió con el requisito
de temporalidad de los contratos de prestación de servicios y que se presentó
una única vinculación durante más de 6 años, en este caso también se consolida
la existencia de un contrato realidad con fundamento en la naturaleza de las
funciones que desempeñó la actora como auxiliar de enfermería. En efecto, la
Sala acoge para este caso la postura de la jurisprudencia del Consejo de Estado
en la que se han analizado diferentes casos de auxiliares de enfermería que han
celebrado contratos de prestación de servicios con entidades de salud del Estado
y ha llegado a la conclusión de que, por regla general, se presume el
cumplimiento del presupuesto de subordinación.[96]
102.
En estos términos,
se precisa que la parte accionada no desvirtuó la mencionada presunción de
subordinación y, por el contrario, la accionante demostró que las funciones
contratadas para su labor de auxiliar de enfermería exigían una coordinación diaria
para el cuidado de los pacientes y estaba supeditada a la dirección de los
médicos. Esto se evidenció en la certificación laboral del 8 de julio de 2019 y
los contratos de prestación de servicios aportados en los que se indicó que la
accionante tenía participación en los programas de promoción, prevención,
urgencias y hospitalización y debía cumplir con funciones diarias como mantener
el sitio de trabajo organizado, revisar la relación de pacientes citados a
control y verificar su asistencia, llevar un registro del ingreso de pacientes,
comprobar al comienzo y al final “de cada jornada laboral” la
temperatura máxima y mínima que marca el termómetro, entre otras.
103.
Aunado a lo
anterior, es importante resaltar que la labor de un auxiliar de enfermería es fundamental
para el normal funcionamiento de un hospital y la prestación de un servicio
público tan importante como el de la salud y que, como esta Corte ya lo ha
reconocido, es una función que no ha sido correctamente valorada por las
entidades públicas en razón a que, pese a la necesidad del servicio, se insiste
en relegar la vinculación a contratos de prestación de servicios con los cuales
se vulneran los derechos laborales y fundamentales de dichos auxiliares de
enfermería. Por ende, esta es la oportunidad para recordar la importancia de
garantizar dichos derechos y reconocer que el sector de las auxiliares de
enfermería ha sido precarizado, inclusive, pese a las disposiciones legales que
exigen una vinculación contractual que sea coherente con la necesidad
permanente del servicio.
104.
Sobre este tema, la
Sala hace un llamado a reconocer la necesidad de invertirse en el trabajo digno
de las auxiliares de enfermería. Precisamente, la Organización Mundial de la
Salud recientemente llamó la atención a la urgencia de fortalecer al personal
de salud a nivel mundial. Al respecto afirmó que “el personal de enfermería
representa más de la mitad del personal de salud que hay en el mundo, y presta
servicios esenciales en el conjunto del sistema sanitario. A lo largo de la
historia el personal de enfermería ha estado en primera línea de la lucha
contra las epidemias y pandemias que amenazan la salud a nivel mundial, igual
que sucede hoy. En todos los lugares del mundo están demostrando su compasión,
valentía y coraje en la respuesta a la pandemia de COVID-19: nunca antes se
había puesto más claramente de relieve su valía. ‘Los profesionales de
enfermería son la columna vertebral de cualquier sistema de salud’”.[97]
105.
Dado lo expuesto, no
hay duda de que entre las partes existió una verdadera relación laboral a
término indefinido, con fundamento en el principio de la realidad sobre las
formas. Por tanto, es procedente conceder el amparo solicitado por la actora
por este motivo. Al respecto, se aclara que al entenderse que la relación
laboral fue a término indefinido, el hospital debió acreditar una justa causa o
motivación objetiva de terminación de dicha relación y no lo hizo. Por tanto,
la decisión de la parte accionada de no continuar renovando la vinculación de la
actora se entiende como una decisión unilateral de despido.
106.
Ahora bien, de forma
adicional, corresponde explicar los motivos por los cuales la accionante
también es beneficiaria de una estabilidad reforzada por ser madre cabeza de
familia, como se indica a continuación.
107.
La accionante es
beneficiaria de la estabilidad reforzada por ser madre cabeza de familia. Con la acción de tutela, la
demandante también reclamó que se reconociera que era beneficiaria de la
estabilidad reforzada por ser madre cabeza de familia. En efecto, siguiendo lo
expuesto en el titulo 6 de la presente sentencia, la Sala encuentra acreditada
tal condición, dado que la actora acreditó los 4 presupuestos que la
identifican como una madre cabeza de familia, como se expone a continuación:
108.
Primero. La demandante tiene a su cargo la
responsabilidad de un hijo menor de edad y de dos hijos incapacitados para
trabajar. De un lado, Alejandro Vaquiro Caycedo es el hijo menor de edad de la
tutelante, tiene 15 años, y está estudiando el bachillerato. De otro lado, uno
de los hijos de la tutelante incapacitados para trabajar es Camilo Andrés
Hurtado Caicedo y la dependencia económica a su madre reside en que, pese a su
edad de 26 años, presenta una lesión permanente por un accidente de tránsito
que le dejó secuelas que le impiden laboral. El otro hijo de la accionante incapacitado
para laborar es Brayan Steven Vaquiro Caycedo, de 21 años, y su dependencia
económica se deriva del hecho de que se encuentra estudiando biología en la
Universidad de la Amazonía y, por tal motivo, se presume que no labora.
109.
Segundo. La accionante tiene la
responsabilidad de carácter permanente sobre sus tres hijos. Esto se acreditó
con la declaración extra proceso del 12 de julio de 2019 aportada, con la cual
la actora afirmó, bajo gravedad de juramento, que es soltera, sin unión marital
de hecho ni sociedad patrimonial vigente, que vive bajo el mismo techo con sus
hijos y que los sostiene económicamente de forma permanente. De igual forma, lo
anterior se corrobora con el contrato de arrendamiento que se aportó pues esta
evidencia que la tutelante tiene bajo su responsabilidad el pago del costo de
vivienda. Así mismo, aportó certificados de estudios de sus hijos con los
cuales se puede confirmar que tiene a su cargo el pago de las matriculas
correspondientes.
110.
Tercero. Tal y como la jurisprudencia de esta
Corte lo ha aceptado, no se debe exigir un medio probatorio en específico para
demostrar la sustracción del padre en sus deberes legales. Así las cosas, en
este caso las pruebas aportadas permiten inferir que los padres de los tres
hijos de la actora no se ocupan de la manutención de sus hijos, y así fue
manifestado por la tutelante, bajo gravedad de juramento, en la declaración extra
proceso del 12 de julio de 2019.
111.
Cuarto. Finalmente, de las pruebas allegadas
se deduce que la demandante no cuenta con un apoyo amplio y sustancial de los
demás miembros de su familia, pues, en efecto, se demostró que ella es quien
tiene la responsabilidad solitaria para sostener el hogar.
112.
Así las cosas, dada
la condición de madre cabeza de familia de la demandante, el hospital accionado
tiene la carga de demostrar que existieron razones objetivas para justificar no
continuar la vinculación con la accionante. Sin embargo, en el presente caso
ello no se acreditó y, por el contrario, tal y como se explicó desde el
parágrafo 84 de la presente sentencia, se evidenció que entre las partes existió
una verdadera relación laboral, frente a la cual no se demostró una razón
objetiva para finalizar los 6 años de permanente prestación de los servicios de
auxiliar de enfermería.
113.
En este orden de
ideas, para esta Sala de Revisión es claro que en el presente caso se demostró
la existencia de un contrato realidad y que la accionante es beneficiaria de la
estabilidad reforzada por ser madre cabeza de familia. Motivo por el cual el Hospital
Comunal Las Malvinas E.S.E. vulneró los derechos fundamentales al trabajo,
mínimo vital y a la estabilidad reforzada por ser madre cabeza de familia de la
señora Lucy Caycedo Chala y, por ende, se concederá el amparo solicitado.
8.
Remedio judicial
114.      Por
lo anterior, se revocará el fallo de única instancia proferido el 5 de agosto
de 2019 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Florencia Caquetá. En
consecuencia: (i) se protegerán de manera definitiva los derechos fundamentales
al trabajo, mínimo vital
y a la estabilidad reforzada por ser madre cabeza de familia de la accionante
Lucy Caycedo Chala; (ii) se ordenará el reintegro de la trabajadora al mismo
cargo que ejercía antes de finalizarse la vinculación, con fundamento en la
declaratoria del contrato realidad y de su condición de madre cabeza de familia;
y (iii) se ordenará el pago de los salarios dejados de percibir desde la
desvinculación y hasta su reintegro efectivo, en razón a la estabilidad
reforzada por ser madre cabeza de hogar. Sin embargo, se aclara que las
prestaciones sociales derivadas de la declaratoria del contrato realidad deben
ser solicitadas ante el juez competente. Esto debido a que con la orden de
reintegro se garantiza el mínimo vital de la accionante y, además, en el
presente proceso no se cuenta con el material probatorio y debate necesario
para establecer las prestaciones sociales a las cuales tiene derecho la
accionante dada su vinculación laboral a la E.S.E accionada.
115.      La
jurisprudencia constitucional ha adoptado esta clase de ordenes de amparo en
casos similares al que aquí se analiza como, por ejemplo, en las sentencias T-835
de 2012[98] y T-104
de 2017.[99]
9.
Síntesis
116.      La
Sala estudió el caso de una mujer, que desempeñó el cargo de auxiliar de
enfermería en un hospital público, que no acreditó que en su caso se configurara
la estabilidad ocupacional reforzada, pero que sí comprobó la existencia de un
contrato realidad y que es beneficiaria de la estabilidad reforzada por ser
madre cabeza de familia.
117.      Lo
anterior, con fundamento en que: (i) Con relación al fuero de salud, la
accionante no demostró el primer parámetro de los tres necesarios para su
declaratoria, esto es, una afectación o limitación sustancial en el normal y
adecuado desarrollo de las funciones[100]. (ii)
Frente a la existencia de un contrato realidad, la demandante probó el
cumplimiento de los tres presupuestos indispensables para la existencia de un
contrato de trabajo, a saber, prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación. En el caso particular de la subordinación, esta se confirmó en
razón a que con la vinculación que tuvo lugar por más de 6 años se incumplió el
requisito de temporalidad del contrato de prestación de servicios, se evidenció
la existencia de una única vinculación laboral y no de sucesivos e
interrumpidos contratos, y se encontró que la naturaleza misma de las funciones
de auxiliar de enfermería así lo presume y no fue desvirtuado. (iii)
Finalmente, en cuanto a la estabilidad reforzada por ser madre cabeza de
familia, la tutelante mostró ostentar tal condición con fundamento en que
cumplió los cuatro criterios exigidos por la jurisprudencia para tal efecto.
Esto es, ser responsable de un hijo menor de edad y dos hijos incapacitados
para trabajar, tener la responsabilidad permanente del sustento de ellos, y ser
la única responsable al no contar con el apoyo de sus padres, ni de
familiares.
118.      Bajo
este panorama, la Sala revocará la sentencia de única instancia, amparará los
derechos fundamentales de la accionante y ordenará el reintegro y pago de
salarios dejados de percibir desde la desvinculación hasta el reintegro, de
conformidad con lo indicado por la jurisprudencia constitucional.
III.
DECISIÓN
Primero, un empleador vulnera el derecho fundamental a la
estabilidad reforzada por salud cuando (i) se evidencia una afectación
sustancial en el normal desarrollo de funciones, (ii) el empleador tenía conocimiento
previo y (iii) la desvinculación tuvo origen en una discriminación. Segundo, un
empleador vulnera el derecho fundamental al trabajo y al mínimo vital de una
trabajadora cuando se comprueba la existencia de un contrato realidad (prestación
personal del servicio, remuneración y subordinación). Tercero, un empleador viola
el derecho fundamental a la estabilidad reforzada de una madre cabeza de
familia cuando esta (a) es responsable de personas menores o incapaces de
proveerse su sustento, (b) de manera permanente, y sin el apoyo significativo de
otra persona, como el padre de sus hijos o sus padres.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de única instancia
proferida el 5 de agosto de 2019, por el Juzgado
Segundo Penal Municipal de Florencia Caquetá, entro de la acción de tutela
presentada por la señora Lucy Caycedo Chala contra el Hospital Comunal Las Malvinas E.S.E., con la
cual se decidió no amparar los derechos fundamentales solicitados. En su lugar,
CONCEDER el amparo definitivo de los derechos fundamentales al trabajo,
mínimo vital y a la estabilidad reforzada de la accionante por ser madre cabeza
de familia, según las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. ORDENAR que el Hospital Comunal Las Malvinas E.S.E.,
en el término de 8 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia:
(i) reintegre a la señora Lucy Caycedo Chala al mismo cargo que venía desempeñando o a uno de mejores
condiciones; y (ii) le pague a la accionante los salarios dejados de percibir
desde el momento de su desvinculación hasta el momento de su reintegro.
TERCERO. LIBRAR las
comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así como
DISPONER las notificaciones a las partes -a través del Juez de tutela de
instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO. DEVOLVER al juzgado de primera instancia el
expediente digitalizado para darle el trámite respectivo. Una vez se retomen
actividades normales, la Secretaría General de la Corte Constitucional deberá REMITIR
el expediente físico.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Integrada por el magistrado Antonio José Lizarazo
Ocampo y la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado. Folio 178 del cuaderno de
revisión.
[2] La
acción de tutela se presentó directamente por la accionante.
[3] La edad de la accionante se acredita con la cédula de
ciudadanía obrante a folio 12 del cuaderno principal. Los datos sobre las
veinte vinculaciones que se presentaron entre las partes se encuentran en la
certificación del 8 de julio de 2019 en el folio 48 del cuaderno principal y en
las ordenes de prestación de servicios aportadas desde el folio 50 al 73 del
cuaderno principal.
[4] Certificación del 8 de julio de 2019 obrante en el
folio 48 del cuaderno principal y ordenes de prestación de servicios aportadas
desde el folio 50 al 73 del cuaderno principal.
[5] En el
expediente no obra prueba sobre el monto pagado en virtud de la vinculación de
la Resolución No. 072.
[6] Certificación del 8 de julio de 2019 obrante en el
folio 48 del cuaderno principal y ordenes de prestación de servicios aportadas
desde el folio 50 al 73 del cuaderno principal.
[7] Folio 48 del cuaderno principal.
[8] Contratos
aportados del folio 50 al 73 del cuaderno principal.
[9] Folio
50 del cuaderno principal.
[10] Folio 50 del cuaderno principal.
[11] Los
informes se encuentran a folio 74 y 75.
[12] Las
incapacidades se encuentran, respectivamente, en los folios 134, 82, 84, 79, 94
y 95.
[13] Folio
138 del cuaderno principal.
[14] Folio
128 del cuaderno principal.
[15] Folio
138 del cuaderno principal.
[16] Folio 76 del cuaderno principal.
[17] Folios
129 y 130 del cuaderno principal.
[18] Folio
126 del cuaderno principal.
[19] Folio
80 del cuaderno principal.
[20] Declaración extra proceso a folio 13 del cuaderno
principal. Cédulas de
ciudadanía aportadas a folios 18, 19 y 21 del cuaderno principal.
[21] Folio 18 del cuaderno principal.
[22] Historia clínica del folio 45 del cuaderno principal.
[23] Folio
20 del cuaderno principal.
[24] Folio
153 del cuaderno principal.
[25] Consulta
realizada por la magistrada ponente en la página web https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/consulta-del-puntaje.aspx que se encuentra a folio 191 del cuaderno de revisión.
[26] Folio 1 del
cuaderno principal.
[27] Folio
171 del cuaderno principal.
[28] Folio 166 del cuaderno principal.
[29] Folio
226 del cuaderno principal.
[30] El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991, prevén que este requisito se satisface cuando la acción de tutela
es ejercida: (i) directamente; (ii) por medio de representantes legales, como
en el caso de los menores de edad, las personas en situación de incapacidad
absoluta, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) mediante apoderado
judicial; (iv) por medio de agente oficioso; o (v) por parte del Defensor del
Pueblo y los personeros municipales.
[31] El artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que
hayan violado o amenacen violar algún derecho fundamental.
[32] Así se
acreditó con la certificación del
8 de julio de 2019 obrante en el folio 48 del cuaderno principal.
[33] La tutela no cuenta con un término preestablecido para
su presentación. Esta Corte ha explicado que la tutela debe presentarse en un
término razonable, a partir del momento en que se presentó la acción u omisión
que amenaza o vulnera los derechos fundamentales. Al respecto, entre otras, las
sentencias T-143 y T-061 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[34] (Artículo 86 de la Constitución
Política y 6 del Decreto 2591 de 1991). Se ha determinado que, tratándose de sujetos de
especial protección o de individuos que se encuentran en posiciones de
debilidad manifiesta (v.gr. por su edad, salud o condición económica), el
análisis de procedibilidad formal se flexibiliza. Lo anterior es un desarrollo
del derecho a la igualdad (Sentencia SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle
Correa. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gloria
Stella Ortiz Delgado). En efecto, ciertos factores pueden llegar a ser
particularmente representativos en la determinación de un estado de debilidad
manifiesta, tales como: (i) la edad del sujeto, (ii) su desocupación laboral,
(iii) la circunstancia de no percibir ingreso alguno que permita su
subsistencia, la de su familia e impida las cotizaciones al régimen de
seguridad social y (iv) la condición médica sufrida por el actor. Al respecto
pueden verse, entre muchas otras, las siguientes sentencias: T-317 de 2017.
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-443 de
2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. AV. Alberto Rojas Ríos; T-589 de
2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. SV. Carlos Bernal Pulido; T-151 de 2017. M.P.
Alejandro Linares Cantillo; y T-305 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
SPV. José Fernando Reyes Cuartas.
[35] A esta misma conclusión se ha llegado en diferentes
casos que versaron sobre circunstancias similares a las del presente asunto,
por ejemplo, en las sentencias T-269 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, A.V. Alejandro Linares Cantillo; T-335 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-389
de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[36] Ver, entre otras, las sentencias T-772 de 2003, T-335 de 2004. M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; T-389 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera; SU-691 de
2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo, SPV. Carlos Bernal Pulido, SV. Alberto
Rojas Ríos; y T-084 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[37] Así lo
aseguró la actora bajo la gravead de juramento consignado en declaración extra
proceso del 12 de julio de 2019 y se evidenció en la historia clínica sobre el
accidente de tránsito que fue aportada (Folios 13 y 45 del cuaderno principal).
[38] La
accionante aportó contrato de arriendo con el cual se acredita que no cuenta
con una vivienda propia y que debe asumir ese costo para ella y su núcleo
familiar (Folio 153 del cuaderno principal). Con relación al puntaje del SISBÉN, se resalta que un análisis similar sobre este asunto se ha
efectuado, entre otras, en las sentencias T-412 de 2018. M.P. Carlos Bernal
Pulido. SV. Diana Fajardo Rivera; y T-389 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[39] Este acápite fue analizado siguiendo de cerca los
fundamentos jurídicos planteados en las siguientes sentencias: T-494 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera, SV. Carlos
Bernal Pulido; y T-284 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera, AV. Alejandro
Linares Cantillo, con las cuales se concedió el amparo pretendido y se ordenó el
reintegro laboral por haberse efectuado el despido de una persona en situación
de debilidad manifiesta derivada de su estado de salud sin previa autorización
del Ministerio del Trabajo, a pesar de conocer la condición de salud.
[40] M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Alejandro
Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Ortiz Delgado.
[41] Tratándose de personas en estado de debilidad
manifiesta por razones de salud, esta Corporación ha precisado que la
protección antes descrita aplica para quienes se encuentren en alguna de las
siguientes categorías: (i) en situación de invalidez; (ii) en condición de
discapacidad, calificados como tal conforme con las normas legales y
reglamentarias; (iii) en situación de disminución física, síquica o sensorial;
o, en general (iv) todos aquellos que tengan una considerable afectación en su
salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores
aun cuando no presenten una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o
profunda, ni cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han
perdido su capacidad productiva. Al respecto, ver, por ejemplo, las siguientes
sentencias: T-443 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, AV. Alberto
Rojas Díaz; T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, SV. Carlos Bernal Pulido; y
SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado.
[42] Conforme se indicó en la Sentencia SU-049 de 2017.
(M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado): En esta providencia,
la Sala Plena unificó jurisprudencia sobre varios temas relacionados e
introdujo el concepto de estabilidad ocupacional reforzada. Sobre el
particular, dijo: “El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional
reforzada es una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una
afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño
de sus labores en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.
[43] Al respecto, se encuentran, entre muchas otras, las
siguientes sentencias con las cuales se verifica que la estabilidad garantiza
la permanencia en el empleo y el consecuente pago de salarios y prestaciones:
Sentencia T-151 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; y Sentencia T-305 de
2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger, SPV. José Fernando Reyes Cuartas.
[44] Ello es así, según lo que
se observa, entre otras, en las siguientes sentencias: C-531 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-040 de 2016.
M.P. Alejandro Linares Cantillo, SPV. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-141 de 2016. M.P. Alejandro Linares
Cantillo; T-188 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-203 de 2017. M.P.
Alejandro Linares Cantillo, SPV. Antonio José Lizarazo Ocampo; y T-589 de 2017.
M.P. Alberto Rojas Ríos, SV. Carlos Bernal Pulido.
[45] Consultar, entre otras, las siguientes sentencias:
T-215 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo; y T-188 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[46] M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Alejandro
Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Ortiz Delgado.
[47] Sentencia
T-703 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SPV. Alejandro Linares
Cantillo. En uno de los casos analizados en esta sentencia (T-5.720.930) se
consideró que el accionante tenía serios problemas de salud al momento de la
terminación del contrato. En
el examen médico de retiro se había indicado que el estado de salud del actor
no era satisfactorio (una hernia y compromiso neurológico), al momento de la
terminación estaba bajo recomendaciones médicas y, además, había estado
incapacitado por dichas complicaciones 10 días antes de su despido.
[48] Sentencia T-589 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera, SV. Carlos
Bernal Pulido. En este caso la Corte consideró que la accionante era un sujeto en situación de debilidad
manifiesta debido a su grave estado de salud (enfermedad catastrófica), pues
dos meses antes de la
terminación de la relación laboral la accionante fue diagnosticada con cáncer e
incapacitada durante 60 días, tiempo durante el cual fue despedida.
[49] Sentencia T-284 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera, AV. Alejandro Linares Cantillo. En este caso la Corte concluyó
que la accionante era una persona en condición de debilidad manifiesta. La
actora fue diagnosticada con cáncer y se le inició tratamiento médico para su
recuperación.
[50] Sentencia T-372 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, SV. Nilson Pinilla Pinilla. En este caso se resolvió que las funciones
laborales de la accionante le generaron serios quebrantos de salud física y
mental. La actora fue diagnosticada con estrés y ansiedad, y se le inició
seguimiento y control médico, psiquiátrico y psicológico. Además, su empleador
decidió ingresarla al programa interno de “Intervención de Crisis”.
[51] Sentencia T-041 de 2019. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas. En este caso se encontró que el actor padecía enfermedades que le
ocasionaron una “disminución física y psíquica”, las cuales limitaron
sustancialmente la posibilidad de ejercer las funciones contratadas. Al momento
de la terminación el actor presentaba una fractura de la “apófisis espinosa”,
dolor del tórax y trastorno mixto de ansiedad y depresión. Estas enfermedades
repercutían en su actividad laboral, ya que debido a los dolores no podía
permanecer de pie. Durante la vigencia de la relación laboral fue incapacitado
en múltiples oportunidades y fue calificado con una PCL del 28%.
[52] Sentencia T-116
de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. En esa oportunidad se concluyó que, si bien
al momento de la terminación el actor “presentaba una mengua en su estado de
salud”, la terminación no tuvo ninguna relación con sus “afecciones”. Después
de un accidente el trabajador presentó 6 días de incapacidad, duró en la
empresa 9 meses más y fue reubicado en un cargo ajustado a su situación. La PCL
fue del 0%. No se demostró que la hernia que se le presentó le “hubiera
impedido o dificultado sustancialmente el desempeño de las funciones”. Sentencia T-703 de 2016. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, SPV. Alejandro Linares Cantillo. En dicha Sentencia,
la Corte concluyó que frente al expediente acumulado No. T-5.711.569 no se probó que al momento de
la terminación el actor enfrentara serios problemas de salud, dado que fue
despedido cuando se encontraba en controles semestrales por un antecedente de
carcinoma de colon, y el médico ya había dado por finalizado un tratamiento de
quimioterapia. Además, la última incapacidad del actor fue un año antes del
despido.
[53] Sentencia T-383 de 2014. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub. En este caso la Corte encontró que la “enfermedad del
accionante es notoria”.
[54] Sentencia T-419 de 2016. M.P. María
Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En este caso se
concluyó que el empleador tenía conocimiento de la situación de salud, debido a
que así lo reconoció en la contestación, pero también en razón al pago de
bastantes incapacidades, y porque “para las citas médicas requería la actora de
permisos del superior inmediato”.
[55] Sentencia T-040
de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo. En este caso se concluyó que “la Sala
considera que existen indicios para determinar que dentro de la entidad sí se
tenía conocimiento de la situación de salud del accionante”. Esto con
fundamento en que en el transcurso de dos años el actor tuvo que acudir a 39
citas médicas, presentó dos incapacidades de 14 y 3 días, y en la tutela se
indicó que el accionante había informado.
[56] Sentencia T-118 de 2019. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger, AV. José Fernando Reyes Cuartas, SPV. Alberto Rojas Ríos. La Corte
encontró que frente al expediente acumulado No. T- 6.975.775 del material
probatorio no era posible establecer con plena claridad que el empleador
tuviera conocimiento de la enfermedad, pero tampoco se podía descartar que sí
lo tuviera. En este caso se encontró probado que la accionante padece de cáncer
de mama, motivo por el cual se ordenó el reintegro transitorio para garantizar
el servicio de salud.
[57] Sentencia T-664 de 2017. M.P. Carlos
Bernal Pulido, AV. Alejandro Linares Cantillo. En esa oportunidad se resolvió
que la terminación ocurrió antes de que el accionante tuviera conocimiento de
la enfermedad y, por ende, el empleador tampoco lo sabía. El actor sufrió una
emergencia y comenzó a recibir un tratamiento de diálisis tres días después de
la terminación del contrato de trabajo.
[58] Consultar, entre otras, las siguientes
sentencias: T-215 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo; y T-188 de 2017. M.P.
María Victoria Calle Correa.
[59] Sobre este aspecto se encuentran, entre otras, las
siguientes sentencias: T-642 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-690 de
2015. M.P. Jorge Iván Palacio; y T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle
Correa, AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[60] Sobre el particular, son pertinentes, entre otras, las
siguientes sentencias: SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, SPV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz
Delgado; y T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, SV Carlos Bernal Pulido.
[61] Ver, por ejemplo, entre otras, las
siguientes sentencias: T-703 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SPV.
Alejandro Linares Cantillo; T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa,
AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-443 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo, AV. Alberto Rojas Díaz; y T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, SV
Carlos Bernal Pulido.
[62] Al respecto, se encuentra, entre otras las sentencias, T- 494 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, SV. Carlos Bernal Pulido;
T-947 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa; T-141 de 2016. M.P. Alejandro
Linares Cantillo; T-703 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SPV.
Alejandro Linares Cantillo; SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa,
SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella
Ortiz Delgado; y T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, AV. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[63] Este acápite fue analizado siguiendo de cerca los
fundamentos jurídicos planteados en las siguientes sentencias: SU-448 de 2016.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV. Alberto Rojas Ríos, SV. Jorge Iván
Palacio Palacio; T-104 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; T-269 de 2017. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV. Alejandro Linares Cantillo; T-389 de 2018.
M.P. Diana Fajardo Rivera.
[64] “Artículo 23. Elementos esenciales. 1. Para que
haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales: a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí
mismo; b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos
del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que
sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y c. Un salario
como retribución del servicio. 2. Una vez reunidos los tres elementos de que
trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de
serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades
que se le agreguen”. Sobre este tema, la Sentencia C-555 de 1994 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz) explicó el alcance del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades. De
igual forma, ver las sentencias T-903 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y
T-501 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-447 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.
[65] “Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes
2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.”
[66] “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto
número 2400 de 1968”.
[67] “Por la cual se expiden disposiciones para
adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan
unas facultades extraordinarias al Presidente de la República”.
[68] “Por la cual se expide el Código Disciplinario
Único.”
[69] Por ejemplo, en las sentencias T-104 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez;
T-501 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; SU-040 de 2018. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger, SV. Carlos Bernal Pulido, SV. Diana Fajardo Rivera, AV.
Antonio José Lizarazo Ocampo, SV. Alberto Rojas Ríos.
[70] Ver,
entre otras, las sentencias C-614 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-1109 de 2005. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; y T-214 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[71] Al
respecto, ver, entre otras, la Sentencia T-392 de 2017. M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[72] Ver,
entre otras, las sentencias Rad. No. 23001-23-33-000-2013-00300-01(2396-16) del
5 de julio de 2018; 13001-23-31-000-2012-00233-01(2820-14) del 21 de abril de
2016.
[73] Al respecto, por ejemplo, la Sentencia Rad. No. 25000
23 25 00 2010 00373 01 (2830 2013) del 21 de julio de 2016.
[74] Entre otras, se encuentra la Sentencia
08001-23-33-000-2014-01649-01(2275-16) del 22 de noviembre de 2018.
[75] Ver,
entre otras, las sentencias T-029 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos, SV. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[76] M.P. Alberto Rojas Ríos, SV. Luis Ernesto Vargas
Silva. Al respecto, ver, entre
otras, la Sentencia T-903 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[77] Por ejemplo, la sentencia Rad. No. 13001-23-31-000-2012-00233-01(2820-14) del 21 de
abril de 2016.
[78] Por ejemplo, la sentencia Rad. No. 23001-23-33-000-2013-00300-01(2396-16) del 5 de
julio de 2018.
[79] Por
ejemplo, las sentencias Rad. No. 13001-23-31-000-2012-00233-01(2820-14) del 21
de abril de 2016; Rad. No. 52001-23-31-000-2002-00991-01(1425-15) del 17 de
mayo de 2018; Rad. No. 68001-23-33-000-2014-00483-01(0265-16) del 17 de octubre
de 2018; Rad. No. 81001-23-33-000-2013-00118-01(0973-16) del 26 de octubre de
2017.
[80] Este acápite fue analizado siguiendo de cerca los
fundamentos jurídicos planteados en las siguientes sentencias: T-084 de 2018.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y SU-691 de 2017. M.P. Alejandro Linares
Cantillo, SPV. Carlos Bernal Pulido, SV. Alberto Rojas Ríos.
[81] Entre otras, ver la Sentencia T-084 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[82] Ver, entre otras, las sentencias C-184 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-964 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis;
C-044 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-768 de 2005. M.P. Jaime Araújo
Rentería; T-587 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-803 de 2013.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Con la Sentencia C-991 de 2004 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra) se declaró la inexequibilidad del límite temporal establecido
para la mencionada protección denominada retén social.
[83] Ver, entre otras, las sentencias SU-388 de
2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, SV. Jaime Araujo Rentería; y SU-377 de
2014 M.P. María Victoria Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[84] Al
respecto, se encuentra, por ejemplo, las sentencias Sentencia T-353 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; y SU-389 de 2005. M.P. Jaime Araújo Rentería.
[85] Así ha
sido confirmado en diferentes sentencias, por ejemplo, en la sentencia T-200 de
2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Por su parte, la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia también ha compartido esta postura en sentencias como
la del 12 de febrero de 2014. Rad. 43.118 M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
[86] Ver,
entre otras, las sentencias T-420 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger;
T-835 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-827 de 2009. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-034 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-283 de 2006.
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[87] Ver, entre otras, las sentencias T-420 de 2017. M.P.
Cristina Pardo Schlesinger; T-835 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-400 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-993 de 2007. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; SU-388 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, SV. Jaime
Araujo Rentería.
[88]  Ver, entre otras, las sentencias T-420 de 2017. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger. SV. Jaime Araujo Rentería; T-400 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-993 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-388 de 2005. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[89] Ver,
entre otras, las sentencias T-316 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos, AV. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-835 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-827 de
2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-206 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-493 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-388 de 2005. M.P. Clara
Inés Vargas Hernández, SV. Jaime Araujo Rentería.
[90] Ver, por ejemplo, las sentencias SU-389 de 2005. M.P.
Jaime Araújo Rentería; T-200 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-206 de
2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-835 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-420 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-034 de 2010. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; y T-084 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[91] Ver,
entre otras, las sentencia T-1211 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; Y SU-691 de 2017. M.P. Alejandro Linares
Cantillo, SPV. Carlos Bernal Pulido, SV. Alberto Rojas Ríos. Sobre este tema,
en la Sentencia T-084 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) se explicó
que: “la Sala considera que los funcionarios vinculados en provisionalidad
por un período de tiempo determinado, previsto de antemano desde su
nombramiento, son titulares de la protección especial derivada del “retén
social” y, en esta medida, son beneficiarios de estabilidad laboral reforzada
en el curso de los procesos de reestructuración administrativa de las
instituciones públicas. No obstante, la entidad respectiva puede desvincular a
estos servidores siempre que satisfaga la carga argumentativa requerida para
tal efecto, es decir, que justifique plenamente la existencia de razones
objetivas del servicio para el retiro de los trabajadores que se encuentran en
esta condición.”
[92] M.P. Alejandro Linares Cantillo, SPV. Carlos Bernal
Pulido, SV. Alberto Rojas Ríos.
[93] Las
incapacidades se encuentran, respectivamente, en los folios 134, 82, 84, 79, 94
y 95.
[94] Ver, entre otras, la Sentencia T-372 de 2012. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, SV. Nilson Pinilla Pinilla. En este caso se
resolvió que las funciones laborales de la accionante le generaron serios
quebrantos de salud física y mental. La actora fue diagnosticada con estrés y
ansiedad, y se le inició seguimiento y control médico, psiquiátrico y
psicológico. Además, su empleador decidió ingresarla al programa interno de
“Intervención de Crisis”.
[95] Por ejemplo, en las sentencias T-104 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez;
T-501 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; SU-040 de 2018. M.P. Cristina
Pardo Schlesinger, SV. Carlos Bernal Pulido, SV. Diana Fajardo Rivera, AV.
Antonio José Lizarazo Ocampo, SV. Alberto Rojas Ríos; y C-614 de 2009. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[96] Para
mayor detalle sobre este asunto, ver el párrafo 59 de la presente sentencia.
[97] Esta información se encuentra en:
https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-investment-in-nurses
[98] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[99] M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
[100] Los
otros dos presupuestos para ser beneficiario del fuero de salud son el
conocimiento del empleador y que no no exista una justificación suficiente para
la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una
discriminación. En el presente caso no fue necesario analizarlos en razón a que
no se acreditó el primer criterio.