T-213-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-213/12
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
requisitos generales y especiales de procedibilidad
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció de forma unánime un
conjunto sistematizado de requisitos estrictos, de naturaleza sustancial y
procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como
presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales
afectados por una providencia judicial. Ellos se dividen en dos grupos: (i) los
requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de
procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la
eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la
seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y
autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al
interior de la rama jurisdiccional; y, (ii) los requisitos específicos, que se
refieren a la descripción de los defectos en que puede incurrir una decisión
judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.
DEFECTO
ORGANICO-Se configura cuando la autoridad responsable de la providencia
objeto de tutela no era competente para conocer del asunto
DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO
Defecto procedimental, el cual
dependiendo de las garantías procesales que involucre puede ser de dos tipos:
(i) de carácter absoluto, que se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno
al autorizado o porque omite una etapa sustancial de éste, caso en el cual
afecta directamente el derecho al debido proceso, o cuando escoge
arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso concreto; y, (ii)
por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un funcionario utiliza o
concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una denegación de
justicia habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la administración
de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de preferir el tenor
literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez asume una ciega
obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los derechos
sustanciales que le asisten a las partes en contienda.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de
jurisprudencia
La Sala
considera que (i) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se
presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus
actuaciones devienen en una verdadera denegación de justicia; (ii) si bien los
jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la
sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por exceso ritual
probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial. Dicho exceso
se puede dar por incurrir en un rigorismo procedimental en la valoración de la
prueba que lleve incluso a que la misma sea desechada, o por exigir el
cumplimiento de requisitos sacramentales que pueden resultar siendo cargas
excesivas o imposibles de cumplir para las partes; y, (iii) generalmente el
exceso ritual manifiesto tiene relación directa con el defecto fáctico, al
punto que el error en la valoración de la prueba lleva al juez natural a una
errada conclusión que incide directamente en el resultado del proceso
judicial.
DEFECTO FACTICO-Dimensión
negativa y positiva
La Sala
concluye que el defecto fáctico se presenta por dimensión positiva o por
dimensión negativa; cuando se invoca ésta última, la mera inconformidad con la
apreciación de la prueba que haya hecho el juez dentro del ámbito de la
razonabilidad, no constituye un error que habilite el amparo constitucional, ya
que es necesario que se advierta un yerro excepcional y protuberante
relacionado con la actividad probatoria y que además tenga incidencia en la
decisión adoptada.
DEFECTO
SUSTANTIVO O MATERIAL-Casos en que se configura
El defecto
sustantivo se presenta cuando se decide con base en normas inexistentes,
inconstitucionales o que claramente son inaplicables al caso concreto. Frente a
este último caso que se subraya, el defecto sustantivo se configura (i) cuando
la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones
aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática, (ii) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y
por ende inaplicada o (iii) cuando a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se
aplicó.
VALOR PROBATORIO
DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS DENTRO DE PROCESO JUDICIAL-Importancia del poder
oficioso que en materia probatoria tiene el juez civil cuando existen dudas
sobre la autenticidad de la copia
DOCUMENTOS
PRIVADOS DENTRO DE PROCESO JUDICIAL-Forma de allegar los documentos
originales al expediente judicial y las excepciones de aportar copias al
proceso
El artículo 268 del CPC
establece como regla general que las partes deben allegarlos al expediente
judicial en original cuando reposen en su poder, pero a su vez contempla tres
excepciones en las cuales es viable aportarlos en copias al proceso. Estas se
presentan cuando: (i) los documentos que hayan sido protocolizados; (ii) los
documentos originales forman parte de otro proceso del que no pueden ser
desglosados, siempre que la copia sea expedida por orden del juez; y, (iii)
aquellos cuyo original no se encuentre en poder de quien los aporta, caso en el
cual, para que la copia preste mérito probatorio, es necesario que su
autenticidad haya sido certificada por notario, entre otras formas de
certificación que contempla nuestra ley de enjuiciamiento civil.
JUEZ CIVIL-Deber
legal de decretar pruebas de oficio
DEBIDO
PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por Tribunal
al no dar valor probatorio a copia autenticada de una copia autenticada del
original que reposaba en expediente de proceso penal
Referencia: expediente
T-3206395
Acción de tutela instaurada por la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A.
“RYC S.A.” contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo
de dos mil once (2012)
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos
dictados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 19
de mayo de 2011, y la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, el 9
de agosto de 2011, que resolvieron la acción de tutela promovida por la
sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “RYC S.A.” contra la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y acción de tutela
interpuesta
El 4 de mayo de 2011, actuando por medio de
apoderado judicial, el representante legal de la sociedad Recuperadora y
Cobranzas S.A. “RYC S.A.” instauró acción de tutela contra la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, por
considerar que con la sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso
cuestionado, le vulneró los derechos de acceso a la administración de justicia
en conexidad con el de tutela judicial efectiva, de debido proceso y defensa,
de igualdad y de confianza legítima, atendiendo a los siguientes hechos:
1.1. El Instituto de Fomento Industrial IFI, a
través de apoderado judicial, formuló el 17 de julio de 2000, demanda ejecutiva
mixta de mayor cuantía[1]
contra la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, para el cobro de la
acreencia contenida en el pagaré No. 17479 con fecha de creación 31 de octubre
de 1996, el cual tiene dos otrosí de fechas 3 de noviembre de 1998 y 28
de junio de 1999. El capital mutuado fue la suma de $3.028’800.000 y se pactó
que el mismo se cancelaría en un plazo de 10 años así: tres años de periodo de
gracia para la cancelación del capital, en siete cuotas anuales de
$432’685.714, pagadera la primera el 9 de septiembre de 2000, y a partir del 9
de septiembre de 1996 se comprometió a pagar sobre los saldos adeudados y por
semestres vencidos, intereses corrientes a la tasa del 32.06% anual[2]. La ejecutada
incurrió en mora de cancelar las cuotas de intereses desde el 9 de septiembre
de 1999 y, en consecuencia, se aceleró el plazo para recaudar forzosamente la
totalidad de la obligación.
1.2. Para respaldar la obligación mutuada, la
sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, constituyó hipoteca abierta sin
límite de cuantía a favor del Instituto de Fomento Industrial IFI, tal como
consta en la escritura pública No. 1404 del 10 de junio de 1997 corrida en la
Notaría 1° del Circulo Notarial de Cartagena, y registrada en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 060-0108326 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cartagena. El inmueble corresponde a un lote de terreno de 71.886,50 mts2 y
de acuerdo con el avalúo que en el año 2001 hizo la Lonja de Propiedad Raíz de
Cartagena, su valor comercial es de $7.188’650.000[3].
1.3. Por reparto, la demanda correspondió al
Juzgado 2° Civil del Circuito de Cartagena, quien libró mandamiento de pago el
1° de agosto de 2000, el cual se notificó por estado al ejecutante el 9 de
agosto de esa anualidad. En principio, la sociedad Inversiones Navarro Toro y
Cia S en C se tuvo por notificada por conducta concluyente, pero ante la
formulación de un incidente de nulidad por indebida notificación de parte de
ésta, el cual prosperó en auto del 23 de mayo de 2002, se declaró la nulidad de
todo lo actuado excluyendo el auto de apremio, por lo cual la notificación a la
ejecutada se surtió en debida forma el 24 de septiembre de 2003.
1.4. Dentro de la oportunidad procesal, la abogada
de la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C propuso varias excepciones
de mérito, dentro de ellas, la de prescripción de la acción cambiaria, la cual
hizo consistir en que la obligación contenida en el pagaré No. 17479 se tornó
exigible a partir del 9 de septiembre de 1999, y que entre dicha fecha y el día
en que se notificó el mandamiento de pago a la deudora (24 de septiembre de
2003), transcurrieron más de tres años sin que se hubiese dado la interrupción
del término prescriptivo con la presentación de la demanda, tal como lo indica
el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
1.5. En escrito radicado el 13 de julio de 2004, el
apoderado judicial del Instituto de Fomento Industrial IFI, descorrió el
traslado de las excepciones planteando la interrupción natural de la
prescripción de la acción cambiaria, por cuanto la sociedad deudora había
reconocido, directamente por medio de su representante legal o a través de
personas autorizadas por la compañía, la existencia de la deuda. Así, señaló
que después de presentada la demanda en el año 2000, la sociedad Inversiones Navarro
Toro y Cia S en C hizo un abono a la deuda por $2.000’000.000 a través de su
empresa JD Petroleum S.A., luego en diciembre de ese año hizo una dación en
pago de unos locales comerciales en Barranquilla sobre los cuales se hizo
minuta notarial en Bogotá, y finalmente, una propuesta que según el accionante
es la relevante para la tutela, por cuanto el 6 de junio de 2001 la sociedad
ejecutada decidió entregar en dación en pago el inmueble hipotecado ubicado en
Marmoral.
1.6. El Instituto de Fomento Industrial IFI para
demostrar el reconocimiento expreso de la deuda, aportó copia autenticada de la
copia autenticada del documento de fecha 6 de junio de 2001, suscrito por la
representante legal de la sociedad ejecutada, en el cual ésta indica lo
siguiente: “La presente es con el fin de presentar a ustedes una propuesta
real y formal, consistente en presentarles un avalúo corporativo del lote
Marmoral para que ustedes reciban este bien inmueble en dación del pago total
de la deuda. // Por otra parte, les ruego el favor que cuando ustedes reciban
este inmueble, cesen todas las acciones judiciales en nuestra contra con el
respectivo desembargo de nuestras propiedades”[4].
1.7. En forma adicional, la sociedad accionante esgrime
que la deuda también fue reconocida por la representante legal de la sociedad
ejecutada, en dos oportunidades dentro del proceso, así: (i) el 11 de
septiembre de 2002, al absolver el interrogatorio de parte durante el trámite
del incidente de nulidad por indebida notificación, reconoció la existencia de
la obligación que era objeto de ejecución, pues al responder la pregunta cuatro
indicó: “sí fue cierto que me otorgó un préstamo por valor de
$3.028’800.000, sí fue con intereses DTF más 4 puntos, yo firmé un pagaré que
me presentaron en blanco no más estaba el encabezamiento y la suma de $3.028.8000.000,
yo lo firmé como hacen todas las entidades bancarias y yo creyendo en la buena
fe del IFI firmé el pagaré en blanco”; y, (ii) el 5 junio de 2007,
María Margarita Toro Camacho en su condición de representante legal de la
sociedad deudora, al absolver el interrogatorio de parte dentro del proceso
ejecutivo mixto, reconoció nuevamente la existencia de la obligación al
responder en la pregunta dos lo siguiente: “Sí es cierto que le otorgó ese
pagaré, pero yo firmé un pagaré en blanco como lo hacen todas las entidades
bancarias pensando en la buena fe del IFI. Lo que tengo conocimiento del DTF
más cuatro puntos como aparece en la escritura”.
1.8. El día 18 de enero de 2005, el Juzgado 2°
Civil del Circuito de Cartagena aceptó la cesión de los derechos incorporados
en el título base de la ejecución, que efectuó el Instituto de Fomento
Industrial IFI a la sociedad Central de Inversiones S.A., por lo cual tuvo a
ésta como cesionaria del ejecutante. Y, mediante auto del 8 de marzo de 2006,
el Juez 2° Civil del Circuito de Cartagena se declaró impedido para seguir
conocimiento del proceso ejecutivo mixto, por lo que el asunto correspondió al
siguiente juzgado en turno numérico, quien aceptó el impedimento y avocó
conocimiento del caso.
1.9. Cuenta la sociedad accionante que mediante
sentencia del 19 de agosto de 2008, el Juzgado 3° Civil del Circuito de
Cartagena dictó sentencia declarando no probadas las excepciones de mérito
propuestas por la ejecutada y, por consiguiente, ordenó seguir adelante con la
ejecución. Narra que en dicha sentencia se “valoró con los efectos de un
documento original la copia autenticada del documento que a su vez era copia
autenticada del original”, por lo cual se tuvo por probada la interrupción
natural de la prescripción de la acción cambiaria derivada del título base de
la ejecución[5].
1.10. Apelada esa decisión por parte de la sociedad
ejecutada, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, ordenó a la
sociedad ejecutante que aportara el original del documento de fecha 6 de junio
de 2001, y le concedió el término de 5 días para allegarlo[6]. Según informa la
accionante, “ante la manifiesta imposibilidad de aportar el original
solicitado por el Despacho, se aportaron copias autenticadas por la Fiscalía
General de la Nación, Unidad de Delitos contra la Administración Pública y
otros de Cartagena, de los documentos de fechas 6 de junio de 2001 y 20 de
junio de 2002, así como las copias de la constancia procesal suscrita por el
doctor Laureano José Gómez García, Fiscal Coordinador, de fecha 18 de febrero
de 2011, que certifica la existencia en original de los documentos
anteriormente mencionados dentro del expediente penal número 81.666”[7].
1.11. Durante el trámite del recurso de apelación
ante el Tribunal, Central de Inversiones S.A. cedió el crédito ejecutado a la
sociedad Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., y ésta a su vez lo cedió
a la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A., lo cual fue debidamente aceptado
mediante auto del 12 de enero de 2010. Por consiguiente, esta última como
acreedora perjudicada es la que formula la presente acción de tutela.
1.12. Cuenta la sociedad accionante que surtido el
trámite de segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cartagena profirió sentencia el 25 de marzo de 2011, en la que revocó, por
decisión mayoritaria[8],
el fallo ejecutivo dictado por el juez a-quo y, en su lugar, declaró
probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria que propuso la
sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C y, decretó el desembargo de los
bienes de propiedad de ésta, entre otras decisiones.  Para tal fin, el Tribunal
accionado consideró lo siguiente:
(i) Que en principio, la parte ejecutada
debió aportar el documento original de fecha 6 de junio de 2001, y que si el
mismo no estaba en su poder, sólo podía aportar la copia del mismo según indica
el artículo 268 del CPC, siempre y cuando hubiere sido protocolizada, o hubiere
sido expedida por el juez que lleva el proceso donde obra el original del
documento sin posibilidad de desglose, o hubiere sido demostrada su
autenticidad mediante certificación de notario o secretaria de oficina
judicial, o que hubiere sido reconocida expresamente por la parte contraria o
demostrado su valor probatorio mediante cotejo. Así, señaló que la parte
ejecutante “no cumplió con el rigorismo de lo allí dispuesto”, pues se
limitó a allegar el documento en copia autenticada de la copia autenticada, sin
expresar en qué hipótesis se encontraba para que la copia tuviera valor
probatorio.
(ii) Que la parte ejecutante no afirmó que
los documentos presentados en copia hubieren sido firmados o manuscritos por la
parte contraria, para que operara el reconocimiento tácito. Por consiguiente,
al incurrir en irregularidades al introducir al proceso el documento de fecha 6
de junio de 2001, el mismo no tiene ningún valor probatorio.
(iii) Que en el interrogatorio de parte de
fecha 5 de junio de 2007, la representante legal de la sociedad ejecutada,
cuando se le puso de presente la copia del documento de fecha 6 de junio de
2001, indicó que a simple vista veía que esa firma no era la suya y, por ende,
solicitó que se le mostrara el documento original. Según el Tribunal, ante este
desconocimiento expreso del documento por parte de tal representante,
correspondía a la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. demostrar la
autenticidad del documento.
(iv)  Que a pesar de obrar prueba trasladada
de la totalidad del acervo probatorio que reposa en el proceso penal No.
81.666, las copias procedentes de la Fiscalía Seccional 41 de la Unidad de
Delitos contra la Administración Pública no podían ser tenidas en cuenta, por
cuanto son copias simples y no se adjuntó la orden del funcionario judicial que
autorizó su expedición. Y que, a pesar de haberse cumplido esos requisitos
después de que el Tribunal solicitó aportar el documento en original, sólo se
allegó la copia auténtica del documento y no se pidió el desglose del mismo en
original, siendo ello procedente por cuanto el proceso penal estaba archivado.
(v) Que en el interrogatorio de parte de
fecha 11 de septiembre de 2002, tampoco se vislumbra la interrupción natural de
la prescripción, pues la representante legal de la sociedad ejecutada no
reconoció expresamente la obligación dineraria, ni que tuviera una deuda
pendiente con la sociedad ejecutante.
Bajo ese norte, el Tribunal accionado concluyó que
la copia del documento de fecha 6 de junio de 2001 carecía de valor probatorio
y que, por ende, no había operado el fenómeno de la interrupción natural de la
prescripción cambiaria del título base de la ejecución, propuesta por la
sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “RYC S.A.”.
1.12. La sociedad accionante aduce que el Tribunal
acusado, en la sentencia del 25 de marzo de 2011, incurrió en violación al
debido proceso por los siguientes argumentos:
(i) Defecto fáctico por vía negativa, el
cual hizo consistir en tres puntos estructurales, a saber:
* En la arbitraria, irracional, caprichosa e
injustificada omisión en la valoración probatoria del documento de fecha 6 de
junio de 2001, que fue aportado por la parte ejecutante en copia autenticada de
la copia autenticada, como prueba de la interrupción natural de la prescripción
de la acción cambiaria del título base de la ejecución, documento al cual se le
negó el mismo valor probatorio del original conforme lo dispuesto en el artículo
254-2 del CPC, a pesar de ser determinante para el resultado del proceso
judicial. Precisa que durante el trámite del proceso ejecutivo mixto, el
original del documento reposaba en la Fiscalía General de la Nación – Unidad de
Delitos contra la Administración Pública y otros de la ciudad de Cartagena, por
lo cual le era imposible aportarlo al expediente. Así, cuenta que anexó en un
primer momento copia autenticada de una copia auténtica de tal documento, y en
una segunda oportunidad, copia del mismo con la certificación expedida por el
Fiscal Coordinador, quien constató la existencia del documento original dentro
del acervo probatorio del proceso penal radicado bajo el número 81.666.
* En que el Tribunal desestimó el reconocimiento
tácito que hizo la sociedad ejecutada de la copia del documento de fecha 6 de
junio de 2001, habida cuenta que no lo tachó de falso dentro de la oportunidad
que establece el artículo 289 del CPC, sino que se limitó a cuestionar su
autenticidad en el interrogatorio de parte, es decir, por fuera del término
procesal. En este orden de ideas, esgrime que operó el reconocimiento tácito
ante el silencio de la parte demandada, según lo establece el artículo 252-3
del CPC.
* En la omisión de valorar probatoriamente los
interrogatorios de parte que rindió la representante legal de la sociedad Inversiones
Navarro Toro y Cia S en C, en los cuales reconoció la existencia de la
obligación dineraria y que la adeudaba. Señala concretamente que tal
reconocimiento se consigna en las respuestas No. 4 de la diligencia de fecha 11
de septiembre de 2002, y No. 2 del interrogatorio de fecha 5 de junio de 2007,
los cuales en sentir de la accionante, se tornan suficientes para que medie la
interrupción natural de la prescripción cambiaria del pagaré ejecutado.
(ii) Defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, por cuanto el Tribunal no tuvo en cuenta el reconocimiento
tácito que hizo la ejecutada del documento de fecha 6 de junio de 2001,
aportado en copia autenticada de la copia autenticada, ya que exigió al
ejecutado que al momento de allegar tal documento debió afirmar expresamente
que había sido suscrito o firmado por la deudora ejecutada contra quien se
oponía, lo que en sentir del actor, configura una carga adicional al demandante
que en materia probatoria no estatuye la ley procesal civil. Así, señala que
para el Tribunal, esa afirmación es un aspecto esencial para que sea posible
predicar el reconocimiento táctico y que al no haber sido expresada por el
ejecutante, no puede operar dicho reconocimiento.
(iii) Defecto procedimental por inaplicación de
reglas probatorias, el cual hizo consistir en que el Tribunal se limitó a
aplicar únicamente el artículo 268 del CPC, obviando por completo la
interpretación sistemática de los artículos 249, 252-3, 253 y 254-2 de la misma
obra procesal, que regulan los efectos jurídicos de los documentos aportados en
copia y el comportamiento de la parte cuando no tachan de falso el documento
debidamente allegado.
(iv) Defecto sustantivo por inaplicación
consecuencial de las reglas de derecho civil sobre la interrupción natural de
la prescripción extintiva de la acción cambiaria, frente al cual esgrime si
el Tribunal hubiere admitido como lo ordena el artículo 254-2 del CPC, que las
copias tienen el mismo valor probatorio del original cuando sean autenticadas
por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le
presente, habría llegado a la conclusión de que la comunicación de fecha 6 de
junio de 2001 remitida por la parte ejecutada a su acreedor de la época
(Instituto de Fomento Industrial IFI), interrumpió naturalmente la prescripción
extintiva de la acción cambiaria del título valor base del recaudo ejecutivo,
en los términos previstos en el artículo 2539 del Código Civil.
(v) Desconocimiento del precedente judicial, por
cuanto la Honorable Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, en
sentencia de fecha 4 de noviembre de 2009, expediente número 15001311030042001001270,
con ponencia del Magistrado Pedro Octavio Munar Cadena, otorgó valor probatorio
a las copias que provienen del original, cuando se está en presencia de alguna
de las hipótesis que establece el artículo 254 del CPC. Indica que este
precedente fue abiertamente desconocido por el Tribunal accionado.
1.13. Finalmente, la accionante expone que la
sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, a pesar de mediar la cautela de
embargo sobre el bien hipotecado, lo prometió en venta a Bio Max
Biocombustibles S.A., lo que en su sentir configura un “afán defraudatorio”
y evidencian “la planeación de conductas de franca insolvencia en detrimento
de los intereses de la sociedad tutelante”.
1.14.  En este orden de ideas, el accionante
solicita protección constitucional de los derechos de acceso a la
administración de justicia en conexidad con el de tutela judicial efectiva, de
debido proceso y defensa, de igualdad y de confianza legítima y que, en
consecuencia, se deje sin efectos jurídicos la sentencia proferida el 25 de
marzo de 2011 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena – Sala
Civil-Familia, para que en su lugar, se le ordene dictar un nuevo fallo acorde
con la realidad probatoria y procesal.
2. Respuestas del Tribunal
accionado y de la sociedad vinculada
2.1. La Magistrada Betty Fortich
Pérez del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena – Sala
Civil-Familia, en escrito de fecha 10 de mayo de 2011, dio respuesta a la
tutela defendiendo la legalidad de la providencia de fecha 25 de marzo de 2011.
Para tal efecto, señala que el artículo 268 del CPC, por ser norma posterior y
especial frente a lo relacionado con la aportación de documentos privados en
poder de las partes, resulta ser la aplicable al caso por encima del artículo
254 del mismo estatuto procesal. Precisa “que tampoco podía hablarse de
reconocimiento táctico de dicho documento [el de fecha 6 de junio de 2001],
al no expresar la parte demandante, al allegarlo, que había sido suscrito por
la parte contra la cual se adujo; ello, teniendo en cuenta que en el
interrogatorio formulado a la señora María Margarita Toro Camacho,
representante legal de la sociedad demandada (diligencia de fecha 5 de junio de
2007), al ponérsele de presente el referido escrito manifestó: ‘No es cierto y
a simple vista puedo observar que esta no es mi firma, solicito que me muestren
el original’, operando un desconocimiento expreso del mismo”. Así, señala
que no podía dársele valor probatorio al documento de fecha 6 de junio de 2001
por irregularidades en la producción e introducción al proceso por la parte que
lo adujo en su favor.
Agrega que por decisión de la
mayoría de la Sala de Decisión, se decretó como prueba de oficio el que la
parte ejecutante aportara al proceso el original del documento de fecha 6 de
junio de 2001, pero explica que la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. sólo
aportó copia autenticada del mismo por parte de la Fiscalía General de la
Nación, sin que se pidiera su desglose, “observándose que la parte
demandante insistió en aportar el documento en copia autenticada y no su original,
contraviniendo la orden dada de acuerdo a las normas que en materia de pruebas
regulan su aportación y valoración al proceso, encontrándose así, que la
adjunción de la prueba referida al presente asunto no se ciñó igualmente al
ordenamiento legal, pues al encontrarse el original de la documentación
requerida en el proceso penal aludido, y al estar éste archivado, lo conducente
era solicitar su desglose (art. 268 en su numeral 2°) aportándose a esta
actuación en original, tal como fue decretada y solicitada, lo cual se omitió
contrariando lo dispuesto en dicha norma y lo ordenado en el auto que decretó
la prueba”.
Adicionalmente, indica que por
encontrarse el original del documento de fecha 6 de junio de 2001 en la
Fiscalía General de la Nación, al momento de descorrerse el traslado de las
excepciones, la parte ejecutante debió allegar copia auténtica de dicha prueba
documental expedida por orden del funcionario judicial en cuyo despacho se
adelantaba el proceso penal, lo cual incumplió.
Bajo los anteriores argumentos,
solicita negar el amparo constitucional porque en la providencia cuestionada no
se incurrió en los defectos procedimental ni fáctico por indebida valoración de
las pruebas por juicio contraevidente.
2.2. Al trámite de tutela se
vinculó a la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, quien a través de
su representante legal solicitó rechazar el amparo por improcedente, al estimar
que las causales de procedibilidad de la acción de tutela que alega la parte
accionante, son inexistentes porque el Tribunal pidió de oficio que se adosara
el original del documento de fecha 6 de junio de 2001, por cuanto en el
interrogatorio de parte la ejecutada desconoció el contenido y la firma de tal
documento, lo cual fue desatendido por la sociedad Recuperadora y Cobranzas
S.A. “por la sencilla razón de que tal documento no existe”. Precisa que
el documento original debió aportarlo el ejecutante porque estaba en su poder y
porque es el único documento que sirve pHara hacerle la prueba grafológica de
autenticidad ante una posible tacha de falsedad, no pasando lo mismo con una
copia autenticada de una copia autenticada.
Indica que el Tribunal acertó al
no otorgar valor probatorio a la copia autenticada de una copia autenticada del
documento de fecha 6 de junio de 2001, pues no resulta suficiente para
convencer y demostrar que en efecto se interrumpió naturalmente la prescripción
de la acción cambiaria del título que se cobra, ya que no existe certeza sobre
la persona que lo suscribió.
Finaliza diciendo que los 10 años
de vida del proceso no fueron suficientes para que la parte ejecutante aportara
aquel documento en original y que las pruebas que presentó como si fueran de la
Fiscalía General de la Nación, las anexó en copia simple desconociendo los
artículos 185 y 268 del CPC.
3. Sentencias objeto de
revisión
3.1. Primera Instancia
La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 19 de mayo de 2011, concedió el
amparo del derecho fundamental al debido proceso a favor de la sociedad
Recuperadora y Cobranzas S.A., al considerar que el Tribunal accionado incurrió
en defecto fáctico en contra de los intereses de aquella, máxime cuando la
parte motiva de la sentencia cuestionada “es contradictoria, confusa e
insuficiente”.
Puntualmente, señaló que el
Tribunal “no explicó por qué si precisamente el artículo 268 del Código de
Procedimiento Civil, que dijo aplicar a ultranza, permite allegar copia de
aquellos documentos privados ‘cuyo original no se encuentre en poder de quien
los aporta’, caso en el cual ‘para que la copia preste mérito probatorio será
necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario (…)’,
-condición que cumplía la reproducción anexada-, en el caso juzgado tenía que
haberse incorporado al expediente el original de la comunicación de 6 de junio
de 2001, en la que según la parte acreedora la obligada reconoció la obligación
y, en consecuencia, operó la interrupción civil (sic) de la prescripción”. Dijo
que no era clara semejante exigencia cuando el mismo Tribunal había dado por
probado que para la fecha en que el ejecutante descorrió el traslado de las
excepciones de mérito, el original del documento de fecha 6 de junio de 2001,
obraba en el proceso penal, “o sea, a sabiendas de que no podría hacerlo,
pasando por alto que se estructuraba, en principio, la hipótesis genérica del
ordinal tercero de dicha disposición [artículo 268 del CPC], de no tener
en su poder el respectivo escrito”.
Indicó que el Tribunal no explicó
por qué se limitó a impartirle a la sociedad acreedora la orden de aportar el
documento en original, si ya tenía certeza que no estaba en sus manos y siendo
que directamente, en ejercicio de sus facultades instructivas y en aras de
buscar la verdad, podía haberlo pedido a la Fiscalía, disponer el cotejo
necesario o decretar una inspección judicial con exhibición del mismo. Agregó
que nada se dijo sobre la viabilidad de que la parte actora solicitara el
desglose de tal documento.
Identificó la ausencia de estudio
frente a la aplicabilidad del reconocimiento tácito del documento de fecha 6 de
junio de 2001 que no fue tachado de falso por la sociedad ejecutada, en la medida
en que se limitó a las exigencias meramente formales del escrito con el cual se
presentó, contenidas en el numeral 3° del artículo 252 del CPC, más omitió toda
consideración respecto a la aplicación del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 o
incluso de la Ley 1395 de 2010.
Así las cosas, estimó que los
graves defectos ameritaban conceder el amparo constitucional, por cuanto
impidieron que el Tribunal acusado escudriñara si el documento de fecha 6 de
junio de 2001, contenía la aceptación de la obligación del cobro ejecutivo y si
con el mismo se produjo la interrupción natural de la prescripción cambiaria.
Frente a esta sentencia se pidió
aclaración y complementación por parte del Tribunal, las cuales fueron negadas
por improcedentes en auto del 24 de junio de 2011.
3.2. Impugnación presentada
por la sociedad vinculada
Por medio de apoderado judicial,
la representante legal de la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C,
solicitó revocar la decisión tutelar y negar el amparo por improcedente, bajo
los siguientes argumentos:
(i) En primer lugar, adujo
que la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. “RYC S.A.” carece de legitimación
en la causa por activa para ser accionante en la presente tutela, porque si
bien en el proceso ejecutivo mixto existió una cesión del crédito por parte de
la compañía Gerenciamiento de Activos Ltda a favor de aquella, no lo es menos
que la parte ejecutada nunca aceptó tal cesión, requisito procesal que debe
darse para que el crédito pueda ser oponible frente a terceros de acuerdo con
el artículo 1550 del Código Civil.
(ii) En segundo lugar, esgrimió
que la sentencia del Tribunal accionado es clara, lógica, coherente,
sistemática y, por tanto, razonada, de modo que el debate que se presenta es
una divergencia de criterio del juez de tutela frente a lo resuelto por el
accionado, “posición que eventualmente pudiera hacer prevalecer como
instancia superior, pero nunca como juez de amparo excepcional, pues escapa a
sus precisas funciones convertirse en revisor de las decisiones de otros
funcionarios y sobre el prurito de no estar de acuerdo con los planteamientos
que, en virtud de la independencia y autonomía de que están revestidas todas
las autoridades judiciales, aquellos expongan, se pretenda justificar la
imposición de su criterio, por más respetuoso que sea, bajo el sofisma de un
amparo constitucional que, por las demás razones expuestas, insisto, no es
procedente”. Indicó que el Tribunal al concluir que la copia autenticada de
la copia autenticada no fue debidamente introducida al proceso y que no podía
dársele el mismo valor probatorio de un documento original, realizó un estudio
juicioso a nivel doctrinal y jurisprudencial en procura de cimentar su decisión;
es más, decretó una prueba de oficio que no aprovechó la parte ejecutante pues
olvidó allegar el original del documento previo desglose o la copia auténtica
del mismo. Lo anterior, distancia a la providencia atacada de ser constitutiva
de violación al derecho fundamental de debido proceso.
Agregó que la Sala de Casación
Civil del Corte Suprema de Justicia se apartó de sus lineamientos sobre
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya que su
criterio unívoco es que la tutela no es una instancia adicional para proponer o
insistir en la aplicación de una tesis que favorezca a quien propone el amparo,
ni tampoco un nuevo escenario para propiciar debates que desborden el proceso. Adujo
que dicha Corte olvidó que fungía como juez constitucional, no como superior
funcional del Tribunal a quien le pueda imponer un criterio ordinario de
autoridad. Precisó que en caso de colisión de interpretaciones entre el juez
accionado y el juez de tutela, la jurisprudencia constitucional ha sido diáfana
en reconocer la autonomía judicial del funcionario accionado porque la tutela
se restringe a los casos en que el fallo cuestionado carezca de razonabilidad.
(iii)  En tercer lugar,
señaló que la sentencia del Tribunal estudió de forma conducente y pertinente,
siguiendo los principios de la sana crítica en materia probatoria, los temas de
prescripción de la acción cambiaria, de interrupción de la misma y de
autenticidad del documento de fecha 6 de junio de 2001, por lo cual, no
incurrió en defecto fáctico capaz de habilitar la procedencia del amparo
constitucional. Precisamente, frente al tema de la autenticidad del documento
de fecha 6 de junio de 2001, la impugnante adosó informalmente un expercio
grafológico en el cual se concluyó que “la firma que como Margarita Toro de
Navarro aparece en el documento dubitable no procede del puño y letra de dicha
señora, quien ofrece muestras de su signatura habitual en los documentos
indubitables arriba relacionados”; de esta forma, pretendió dar mayor valor
al fallo del Tribunal acusado, en procura de demostrar que el mismo se ajusta a
derecho y a la realidad probatoria.
3.3. Segunda Instancia
La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de agosto de 2011, confirmó la
decisión de conceder el amparo constitucional, al estimar que el Tribunal
accionado incurrió en defecto fáctico “por cuanto no es clara la exigencia
del Tribunal accionado cuando requirió la aportación del documento original,
como bien lo asentó la Sala de Casación Civil, ya que a la luz del numeral 3°
del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo
preceptuado por el artículo 254 numeral 2° del mismo estatuto procesal, es
posible aportar copia de los documentos privados que no se encuentren en poder
de quien los aporta, como ocurre en este caso”. Por consiguiente, estimó
que el accionado al restarle valor probatorio al documento en copia y al omitir
la correspondiente apreciación de la prueba, afectó el derecho fundamental de
debido proceso que le asiste a la sociedad accionante.
Frente a la falta de legitimación
por activa de la sociedad actora, al no haber sido reconocida expresamente la
cesión por la parte ejecutada, el ad-quem planteó que es un tema eminentemente
legal que debió discutirse al interior del proceso natural, porque de las
pruebas documentales que obran en el expediente de tutela se evidencia que
mediante auto del 12 de enero de 2010, se admitió la cesión a favor de
Recuperadora y Cobranzas S.A., lo cual la habilita con interés jurídico para
solicitar la protección constitucional.
Finalizó diciendo que respecto de
la prueba pericial grafológica que se anexó con el escrito de tutela y en la
cual se concluyó que la firma que aparece en el documento no procede de puño y
letra de la señora María Margarita Toro de Navarro, representante legal de la
sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, la misma no es de recibo porque
ese argumento debió plantearse en el proceso ejecutivo mixto mediante la tacha
de falsedad del documento.
II. INSISTENCIA PRESENTADA POR
EL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
El Magistrado Humberto Antonio
Sierra Porto, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 51 del
Acuerdo 05 de 1992, insistió en la selección del expediente de la referencia,
al considerar que el caso “(…) prima facie parece mostrar una situación
recurrente y censurable, según la cual el juez de tutela se convierte en juez
de instancia del proceso ordinario. La valoración del juez de amparo que dio
lugar a la revocatoria de la decisión del juez de ejecución en el proceso de la
referencia, parece representar una interpretación posible relativa al manejo
probatorio de los documentos que en los procesos ejecutivos se alleguen en
copias y no en original. Y, el juez de tutela presenta una posición
hermenéutica alternativa a la del juez ordinario y da la impresión de
utilizarla para revocar su decisión; lo anterior podía entenderse como la actitud
propia de un juez de instancia y no de uno de amparo”.
III. TRÁMITE EN SEDE DE
REVISIÓN
Ante la solicitud que elevó el
día 2 de marzo de 2012, el apoderado judicial de la sociedad Inversiones
Navarro Toro y Cia S en C, mediante la cual pidió que, como medida provisional,
mientras se resuelve definitivamente la acción de tutela de la referencia, se
ordene la suspensión del proceso ejecutivo hipotecario que se cuestiona, “en
atención al grave perjuicio que se cierne sobre el demandado con ocasión de la
proximidad de la decisión de remate de los bienes dados en garantía”, el
Magistrado Sustanciador mediante auto del 15 de marzo de 2012 accedió al
decreto de la medida provisional y dispuso que la misma fuese comunicada por
Secretaria General de esta Corporación, al Tribunal accionado y al Juzgado 3°
Civil del Circuito de Cartagena, para lo de su cargo.
IV. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia
Esta Corte es competente para
revisar las decisiones judiciales antes descritas, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, atendiendo a la selección y el reparto efectuado el 15 de noviembre
de 2011.
2. Problema Jurídico
De
acuerdo con los hechos expuestos, en este caso se plantean los siguientes
problemas jurídicos a resolver: ¿El Tribunal accionado incurrió en los defectos
fáctico y procedimental, capaces de lesionar el derecho fundamental al debido
proceso que le asiste a la sociedad accionante, al restar valor probatorio a la
copia autenticada de una copia autenticada del original de un documento que
reposa en un expediente penal, la cual resulta determinante para establecer si
operó la interrupción natural de la prescripción de la acción cambiaria de un
pagaré, cuyo recaudo forzoso se intenta? ¿En caso de que tal copia no haya sido
tachada de falsedad por la parte contra quien se opone, incurrió el juez
natural en exceso ritual manifiesto al exigir a la ejecutante una afirmación
sacramental sobre quién suscribió o firmó el documento original, para definir
si procedía o no el reconocimiento tácito de aquella copia? ¿El Tribunal
acusado incurre en defecto fáctico por dimensión negativa al omitir el decreto
de pruebas oficiosas cuando tenga serias dudas sobre la existencia y
autenticidad de una prueba documental que se le adosa al expediente judicial?
Para resolver las cuestiones
planteadas, estima la Sala la necesidad de ocuparse de los siguientes temas: (i)
Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Especial profundización en los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico por dimensión negativa.
Reiteración de jurisprudencia; (ii); El valor probatorio de los
documentos privados aportados en copia dentro de un proceso judicial y la
importancia del poder oficioso que en materia probatoria detenta el juez civil cuando
existen dudas sobre la autenticidad de tal copia; y, luego analizará (iii)
el caso concreto.
3. Requisitos
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Especial profundización en el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y en el defecto fáctico por dimensión negativa. Reiteración
de jurisprudencia:
3.1. Esta
Corporación, actuando como guardiana de la integridad y supremacía del texto
constitucional, ha determinado unas reglas claras sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta línea
se basa en la búsqueda de una ponderación adecuada entre dos elementos
fundamentales del orden constitucional: la primacía de los derechos
fundamentales y el respeto por los principios de autonomía e independencia
judicial[9].
Precisamente, en
desarrollo del principio de supremacía de la Constitución, todos los servidores
públicos que ejercen funciones jurisdiccionales, deben garantizar y proteger
los derechos fundamentales de los sujetos procesales que intervienen en los
diferentes procesos ordinarios. Por consiguiente, las normas de la Carta Política
y, en especial, aquellas que prevén tales derechos, constituyen parámetros
ineludibles para la decisión judicial.
La
jurisprudencia de esta Corte ha establecido dos presupuestos básicos para
determinar si una actuación judicial goza de legitimidad desde el punto de
vista constitucional, a saber: (i) que el procedimiento surtido para
adoptar una decisión haya preservado las garantías propias del debido proceso,
de las que son titulares los sujetos procesales; y, (ii) que la decisión
judicial sea compatible con el conjunto de valores, principios y derechos
previstos por la Constitución. Si se acredita con suficiencia que la decisión
judicial cuestionada incumple estos presupuestos de legitimidad, surge la
necesidad de restituir y de preservar la eficacia de los preceptos
constitucionales en el caso concreto, mediante la intervención excepcional del
juez tutelar.
De acuerdo con el estado actual
de la jurisprudencia, la acción de tutela contra sentencias judiciales es un
instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la
decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional,
las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este
sentido, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como
un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del
fallo cuestionado[10],
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado, que dieron origen a la controversia, más aún cuando las partes
cuentan con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios,
para combatir las decisiones que estiman arbitrarias o que son incompatibles
con la Carta Política. Empero, pueden subsistir casos en que agotados dichos
recursos, persiste la arbitrariedad judicial; en esos especiales casos es que
se habilita el amparo constitucional.
3.2. En desarrollo de esas
premisas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005[11], estableció
de forma unánime un conjunto sistematizado de requisitos estrictos, de
naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso
concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos
fundamentales afectados por una providencia judicial.
Ellos se dividen en dos grupos: (i)
los requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de
procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la
eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la
seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y
autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al
interior de la rama jurisdiccional; y, (ii) los requisitos específicos,
que se refieren a la descripción de los defectos en que puede incurrir una
decisión judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.
3.3. Así, los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales son los siguientes, siguiendo lo definido por esta Corte en la
mencionada sentencia C-590 de 2005:
3.3.1 Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para la Corte, el juez
constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones.[12]
3.3.2 Que se hayan agotado todos
los medios  -ordinarios y extraordinarios-,  de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[13].
3.3.3 Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[14].
3.3.4  Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.[15]
3.3.5  Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[16] Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuenta al
fundamento de la afectación de derechos a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
3.3.6  Que no se trate de
sentencias de tutela.[17]
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida.
3.4. Como se dijo anteriormente,
los requisitos específicos que habilitan la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales, aluden a la configuración de
defectos que, por su gravedad, tornan insostenible el fallo cuestionado al ser
incompatible con los preceptos constitucionales. Estos defectos son los
siguientes:
3.4.1. Defecto orgánico,
que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carecía absolutamente de competencia para hacerlo. La estructuración
de esa causal, ha sido considerada por la jurisprudencia como de carácter
calificado “pues no basta con que la competencia del funcionario judicial
sea un asunto sometido a debate, sino que debe estarse en un escenario en el
que, a la luz de las normas jurídicas aplicables, resulte manifiestamente
irrazonable considerar que el juez estaba investido de la potestad de
administrar justicia en el evento objeto de análisis”[18].
En la sentencia T-929 de 2008 (MP
Rodrigo Escobar Gil) se advirtió, con base en reiterada jurisprudencia constitucional,
que la probada incompetencia del funcionario judicial configura un defecto
orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto “el grado de
jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo
de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad
jurídica que “representa un límite para la autoridad pública que administra
justicia, en la medida en que las atribuciones que le son conferidas sólo las
podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen”.
Y agregó “la extralimitación
de la esfera de competencia atribuida a un juez quebranta el debido proceso y,
entre otros supuestos, se produce cuando “los jueces desconocen su competencia
o asumen una que no les corresponde”[19]
y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera
de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas
actuaciones.”[20]
En consecuencia, la actuación
judicial está enmarcada dentro de una competencia funcional y temporal,
determinada, constitucional y legalmente, que de ser desbordada conlleva la
configuración de un defecto orgánico, y por ende, el desconocimiento del
derecho al debido proceso.
3.4.2. Defecto procedimental,
el cual dependiendo de las garantías procesales que involucre puede ser
de dos tipos: (i) de carácter absoluto, que se presenta cuando el
funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea
porque sigue un proceso ajeno al autorizado o porque omite una etapa sustancial
de éste, caso en el cual afecta directamente el derecho al debido proceso[21], o cuando
escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso concreto[22]; y, (ii)
por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un funcionario
utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una denegación de
justicia habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la administración
de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de preferir el tenor
literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez asume una ciega
obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los derechos
sustanciales que le asisten a las partes en contienda[23].
En esta oportunidad, la Sala
encuentra pertinente profundizar en el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, apoyándose para tal efecto en varias sentencias de la línea que se
han referido puntualmente al tema.
En línea de principio, importa
mencionar que según establecen los artículos 228 de la Constitución Política y
4° del Código de Procedimiento Civil, en las actuaciones de la administración
de justicia debe prevalecer la aplicación del derecho sustancial, al punto que
el juez al momento de interpretar la ley procesal, debe tener en cuenta que el
objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en
las normas sustanciales. Quiere ello decir que, las formas no deben convertirse
en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben
propender por su realización.
Pues bien, la providencia
fundadora de la línea sobre exceso ritual manifiesto es la sentencia
T-1306 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra)[24],
en la cual se señaló que si bien los jueces deben regirse por un marco jurídico
preestablecido en el que se solucionen los conflictos de índole material que
presentan las partes, no lo es menos que “si el derecho procesal se torna en
obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente
por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo
nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de
justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad
es ser medio para la efectiva realización del derecho material”. En esa
sentencia, se definió el exceso ritual manifiesto como “aquel que se deriva
de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica
objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia
material”.
Posteriormente, en la sentencia
T-974 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), la Corte amparó los derechos
fundamentales del accionante al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, en armonía con los principios constitucionales de celeridad
procesal y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, al concluir
que el juez (i) al ignorar manifiesta y ostensiblemente una prueba, cuya
valoración tenía la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo y, (ii)
al hacer una interpretación incorrecta y desproporcionada de las normas
aplicables al caso y otorgarle a la oponibilidad mercantil un efecto
sancionatorio no previsto en el ordenamiento procesal, había incurrido en una
vía de hecho “en la interpretación judicial”, en desmedro de los
derechos sustantivos en litigio. En aquel entonces indicó:
“Por
consiguiente, aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material
probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de
desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual
probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P). Por ello, es su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de dicho material
emerge clara y objetivamente su existencia.
38.
Adicionalmente, el sistema de libre apreciación resulta proporcional cuando su
ejercicio no supone el sacrificio de otros principios o derechos
constitucionales más importantes. Por ejemplo, la sujeción a la libre
apreciación no puede conducir a un interpretación formalmente restrictiva de la
prevalencia de los derechos sustantivos en litigio. Así, en Sentencia C-029 de
1995 (M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte sostuvo que: ‘(...) Cuando el artículo
228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de
Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está reconociendo que el fin de
la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos
consagrados en abstracto por el derecho objetivo y, por consiguiente, la
solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la
realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho
procesal, y específicamente el proceso, es un medio’. (…)
46. Como
se dijo anteriormente, se incurre en una vía de hecho en la  interpretación
judicial cuando el juez adopta una decisión en desmedro de los derechos
sustantivos en litigio[25].”
Al año siguiente, en la sentencia
T-973 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería) la Corte analizó una acción de tutela
que cuestionaba el actuar de un juez civil dentro de un proceso de
responsabilidad extracontractual, en el que las partes eran dos sociedades
comerciales y en donde aquél decretó la perención del proceso por la
inasistencia del suplente del representante legal de una de las entidades, a
una audiencia, aunque la afectada probó mediante un acta de la asamblea de
accionistas, que el mencionado suplente había sido removido del cargo dos años
antes de que se programara fecha para la celebración de tal audiencia. Para el
juez accionado en esa oportunidad, la prueba aportada no era idónea porque la
decisión resultaba inoponible hasta su inscripción en el registro mercantil.
La Corte, tras reiterar la ratio
decidendi de la sentencia T-1306 de 2001, señaló que si bien los jueces
gozan de libertad para valorar las pruebas dentro del marco de la sana crítica,
no pueden desconocer la justicia material por exceso ritual probatorio que se
oponga a la prevalencia del derecho sustancial, y que el sistema de libre
apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos constitucionales
más importantes. Por lo tanto, concluyó la Corte que la correcta administración
de justicia supone: “(1º) Que en la aplicación del sistema probatorio de
libre apreciación no se incurra,  (i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii) ni
en una falta de valoración de las pruebas desconociendo la obligación legal y
constitucional de apreciarlas en su conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la
existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por probado un
hecho o circunstancia que del material probatorio emerge clara y objetivamente.
(2º) Que en el desarrollo de la sana crítica el juez se sujete a los
contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, por
ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”.
Más adelante, en la sentencia T- 264
de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)[26],
esta Corporación precisó que puede “producirse un defecto procedimental en
una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las
formas” se aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en
cuenta que los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la
efectividad del derecho y no fines en sí mismos. La Corte al conocer en sede de
revisión la providencia atacada, consideró que el Tribunal había incurrido en
un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”, actuando en “contra
de su papel de director del proceso y del rol protagónico que le asigna el
ordenamiento en la garantía de los derechos materiales, al omitir la práctica
de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos
que le permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente
al derecho material. Por esta vía, la autoridad accionada cerró definitivamente
las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su papel de garante de
los derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho
sustancial, y su compromiso con la búsqueda de la verdad en el proceso como
presupuesto para la adopción de decisiones justas”.
Igualmente, indicó que la jurisprudencia
constitucional se ha referido al defecto por “exceso ritual” en eventos
en los cuales el juez vulnera el principio de prevalencia de derecho sustancial
o el derecho al acceso a la administración de justicia por “(i) dejar de
inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos
formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan
constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas”. En consecuencia, en esa
oportunidad la Corte concedió el amparo constitucional y ordenó dejar sin
efecto el fallo para que la autoridad judicial demandada abriera “un término
probatorio adicional con el fin de ejercer sus deberes para arribar a la verdad
y adoptar un fallo de mérito basado en la determinación de la verdad real”.
Las consideraciones centrales de este fallo fueron reproducidas en las
sentencias T-599 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez)[27].
Ulteriormente, a través de la
sentencia T-268 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio)[28], la Corte recogió la
línea jurisprudencial trazada sobre el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, concluyendo que el mismo se presenta “cuando el funcionario
judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos,
derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del
principio de prevalencia del derecho sustancial”. Así mismo, estableció que
tal defecto tiene una amplia relación con el denominado defecto fáctico, que se
refiere a la existencia de problemas de hecho y de apreciación de pruebas que
llevan a una conclusión errada al juez natural. Eso mismo se dijo en las
sentencias T-386 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla)[29] y T-637 de 2010 (MP Juan
Carlos Henao Pérez)[30],
que estudiaron brevemente la interrelación de estos dos defectos.
Finalmente, importa resaltar que
en múltiples sentencias esta Corporación ha señalado que tanto en el evento en
que se discuta la ocurrencia de un defecto procedimental absoluto, como en
aquellos en que se alega la configuración de un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, la procedencia de la tutela se sujeta a la concurrencia
de los siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la
irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de
la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa
en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales;
(iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del
caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales”.[31]
Entonces, a modo de síntesis, la
Sala considera que (i) el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por
esa vía, sus actuaciones devienen en una verdadera denegación de justicia; (ii)
si bien los jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con
sujeción a la sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por
exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial.
Dicho exceso se puede dar por incurrir en un rigorismo procedimental en la
valoración de la prueba que lleve incluso a que la misma sea desechada, o por
exigir el cumplimiento de requisitos sacramentales que pueden resultar siendo cargas
excesivas o imposibles de cumplir para las partes; y, (iii) generalmente
el exceso ritual manifiesto tiene relación directa con el defecto fáctico, al
punto que el error en la valoración de la prueba lleva al juez natural a una
errada conclusión que incide directamente en el resultado del proceso
judicial.
3.4.3.  Defecto fáctico
surge, según precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia
SU-817 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), “cuando la valoración
probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva o constituye
un ostensible desconocimiento del debido proceso, esto es, cuando el
funcionario judicial (i) deja de valorar una prueba aportada o practicada en
debida forma y que es determinante para la resolución del caso, (ii) excluye
sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia o (iii) valora un
elemento probatorio al margen de los cauces racionales”. En esos casos, corresponde
al juez constitucional evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad
judicial desconoció la realidad probatoria del proceso, lo que se traduce en
que el juez constitucional debe emitir un juicio de evidencia en procura de
determinar si el juez ordinario incurrió en un error indiscutible en el decreto
o en la apreciación de la prueba.
De acuerdo con la consideración
central de la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), el vicio
fáctico debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión
judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia
hubiera adoptado un sentido distinto. Quiero ello decir que, el yerro debe ser
relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso,
sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión
judicial.
Adicionalmente, es pertinente
resaltar que el defecto fáctico se estructura en dos dimensiones, según recogió
reciente la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia SU-447 de 2011 (MP
Mauricio González Cuervo): (i) una negativa, que se presenta “cuando
el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa,
u omite su valoración y sin razón valedera da por probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez”; y, (ii) una
positiva, que se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución”.
Profundizando concretamente en el
defecto fáctico por dimensión negativa, la jurisprudencia constitucional[32] ha
identificado tres escenarios de ocurrencia que se pasan a enunciar: el primero,
por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso; el segundo, por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; y, el tercero, por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez esté legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo.
De esta forma, la Corte ha
reconocido que la omisión en el decreto y la práctica de pruebas, la no
valoración de las pruebas que obran en el expediente, y el desconocimiento de
las reglas de la sana crítica, son los espacios donde el juez de tutela puede
intervenir en procura de garantizar la protección del derecho fundamental de
debido proceso. Salvo los casos mencionados, “no competente al juez
constitucional remplazar al juzgador de instancia en la valoración de las
pruebas desconociendo la autonomía e independencia de éste al igual que el
principio del juez natural, ni realizar un examen del material probatorio que
resulta exhaustivo, en tanto, como lo señaló esta Corporación en sentencia
T-055 de 1997, ‘tratándose del análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia”[33].
Entonces, lo anterior supone que
cuando se observe un error en la valoración probatoria, el mismo sea
ostensible, flagrante, manifiesto y que tenga incidencia directa en la
decisión, habida cuenta que el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación de las pruebas que cumple un
juez ordinario dentro de un asunto sometido a su conocimiento por competencia. Es
más, cuando existen diferencias de valoración en la estimación de una prueba, la
Corte ha reconocido que no constituyen errores fácticos, pues ante
interpretaciones diversas pero razonables, es al juez natural a quien
corresponde establecer cuál se ajusta al caso concreto[34].
En este orden de ideas, la Sala
concluye que el defecto fáctico se presenta por dimensión positiva o por
dimensión negativa; cuando se invoca ésta última, la mera inconformidad con la
apreciación de la prueba que haya hecho el juez dentro del ámbito de la
razonabilidad, no constituye un error que habilite el amparo constitucional, ya
que es necesario que se advierta un yerro excepcional y protuberante
relacionado con la actividad probatoria y que además tenga incidencia en la
decisión adoptada.
3.4.4. Defecto sustantivo o
material, se presenta cuando se decide con base en normas inexistentes,
inconstitucionales o que claramente son inaplicables al caso concreto. Frente a
este último caso que se subraya, el defecto sustantivo se configura (i)
cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática, (ii) cuando la norma aplicable al caso
concreto es desatendida y por ende inaplicada o (iii) cuando a pesar de
que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la
situación fáctica a la cual se aplicó[35].
Es que, la competencia asignada a
las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas,
siguiendo el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún
caso absoluta, pues se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y por el respeto a los derechos fundamentales de las partes en contienda. Por
ello, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “pese a la autonomía
de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto,
para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor,
apartarse de las disposiciones de la Constitución o de la ley”[36], ya
que encuentran su límite en el principio procesal de la congruencia judicial,
así como en los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa
aplicación, tales como la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,
de favorabilidad, pro homine, entre otros.
Adicionalmente, al juez de tutela
le está vedado configurar el defecto sustantivo a partir de la elección
realizada por el operador judicial entre las interpretaciones
constitucionalmente admisibles, ya que los criterios de vía de hecho son
especialmente restrictivos y solo se aplican ante un actuar arbitrario y
abusivo del juez. Quiere ello decir que la mera discrepancia entre los
criterios formales de aplicación de la norma a un caso concreto y las resultas
del ejercicio dialéctico que implican los postulados de la sana crítica en
materia probatoria, no sirven de resorte para enrostrar el operador jurídico un
defecto sustantivo, pues el juez además de gozar de autonomía judicial, puede
hacer raciocinios válidos que le impliquen aplicar determinada ley.
3.4.5. Error inducido,
tradicionalmente conocido como vía de hecho por consecuencia, que se presenta
cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales[37].
3.4.6. Sentencia sin
motivación, se presenta cuando los servidores judiciales incumplen el
deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones,
pues precisamente en esa motivación reposa la legitimación de su órbita
funcional[38].
Ese vicio se presenta cuando existe una ausencia de razonamientos que sustenten
lo decidido.
3.4.7. Desconocimiento del
precedente, se estructura cuando el juez desconoce la ratio
decidendi de un conjunto de sentencias previas al caso que ha de resolver,
que por su pertinencia y aplicación al problema jurídico constitucional, deben
considerarse necesariamente al momento de dictar sentencia[39].
3.4.8. Violación directa de
la Constitución, que se configura cuando el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política[40].
4. El valor probatorio de los
documentos privados aportados en copia dentro de un proceso judicial y la
importancia del poder oficioso que en materia probatoria detenta el juez civil cuando
existen dudas sobre la autenticidad de tal copia.
4.1. De conformidad con lo
previsto en el artículo 251 del CPC, los documentos pueden ser públicos o
privados; los primeros son otorgados por el funcionario público en ejercicio de
su cargo o con su intervención, mientras que los segundos son aquellos que no
reúnen los requisitos para ser considerados documentos públicos. En todo caso,
el artículo 253 del mismo estatuto procesal, autoriza a las partes para que en
cualquier proceso aporten los documentos en originales o en copias, éstas
últimas consistentes en transcripciones o reproducciones mecánicas del
documento original.
Frente al tema de la aportación
de documentos privados, el artículo 268 del CPC establece como regla general
que las partes deben allegarlos al expediente judicial en original cuando
reposen en su poder, pero a su vez contempla tres excepciones en las cuales es
viable aportarlos en copias al proceso. Estas se presentan cuando: (i) los
documentos que hayan sido protocolizados; (ii) los documentos originales
forman parte de otro proceso del que no pueden ser desglosados, siempre que la
copia sea expedida por orden del juez; y, (iii) aquellos cuyo original
no se encuentre en poder de quien los aporta, caso en el cual, para que la
copia preste mérito probatorio, es necesario que su autenticidad haya sido
certificada por notario, entre otras formas de certificación que contempla
nuestra ley de enjuiciamiento civil.
4.2. A su turno, el artículo 252
del CPC, modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003, parte de la
presunción según la cual, el documento público se presume auténtico, mientras
no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad; esta autenticidad
refiere a la certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o
firmado. Respecto del documento privado, la misma norma señala que éste sólo
será auténtico (i) si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si
judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido; (ii) si fue inscrito en
un registro público a petición de quien lo firmó; (iii) si habiéndose
aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la
parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente, o los
sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación
contemplada en el inciso segundo del artículo 289[41]; (iv) si fue
reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276[42] y (v) si se
declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con
audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la
diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274[43].
Precisamente, dentro de las
modificaciones especiales que introdujo la Ley 794 de 2003, se encontraba el
inciso 3° del numeral 5° del artículo 252 del CPC, que a su tenor literal rezaba:
“[e]n todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes
para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se
reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados
de terceros” (Negrillas nuestras). Ciertamente, esta presunción de
autenticidad tuvo su génesis en el artículo 25 del Decreto Ley 2651 de 1991, “por
el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos
judiciales”, el cual dispuso hasta el 10 de julio de 1998, que los “documentos”
presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial,
se reputaban auténticos sin necesidad de presentación personal ni
autenticación, salvo cuando se tratara de poderes otorgados a los
representantes judiciales. Este artículo fue objeto de pronunciamiento por
parte de esta Corporación en sentencia C-023 de 1998 (MP Jorge Arango Mejía),
en la cual se indicó que cuando la ley no distingue entre documentos originales
y una copia, debe entenderse que se trata siempre de documentos originales[44]. Además, tal
presunción también fue recogida en el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, con
algunas modificaciones que adquieren plena validez en el texto rezado del artículo
252 del CPC.
Hasta aquí, no cabe duda que la
mencionada norma cuando se refiere a los “documentos privados”, hace
alusión a aquellos aportados a un proceso judicial originales, caso en el cual
no requerirían de presentación personal ni de autenticación, y no a las copias,
ya que estas para que tengan el mismo valor probatorio que el original, por
expreso mandato del artículo 254 del CPC, (i) deben ser autorizadas por
notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de
oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una
copia autenticada o (ii) autenticadas por notario, previo cotejo con el
original o la copia autenticada que se le presente.
Sin embargo, importa señalar que
el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del inciso 3° del numeral
5° del artículo 252 del CPC, el cual rige actualmente desde el 12 de julio de
esa anualidad, señala que en todos los procesos, los documentos que provengan
de las partes y que fuesen presentados en original o en copia para ser
tenidos en cuenta como prueba dentro del proceso judicial, se presumen
auténticos sin necesidad de presentación personal o autenticación. De esta
forma, la presunción de autenticidad que inicialmente solo operaba frente a
documentos públicos, se ha ido extendiendo a los documentos privados, primero a
los originales, y luego a las copias siempre que provengan de las partes y que
se quieran hacer valer como prueba en el proceso judicial.
Quiero ello decir que, mientras estuvo
vigente la Ley 794 de 2003, las copias de los documentos privados allegados por
las partes no se presumían auténticos y para que tuvieran el mismo valor
probatorio del original, era necesario que se dieran alguno de los casos que
contempla el artículo 254 del CPC, estos son, que haya sido autorizada por
notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de
oficina judicial previa orden del juez donde se encuentre el original o la
copia autenticada; o, que tal copia sea autenticada por notario, previo cotejo
con el original o la copia autenticada que se le presente. Lo anterior
significa que resulta viable otorgar valor probatorio a la copia autenticada de
una copia autenticada de un documento privado original, por cuanto el notario
al dar fe de la originalidad del mismo, deja la respectiva atestación notarial
con la consignación de que tuvo a la vista el documento original o la copia
autenticada del mismo, como bien lo consagra la ley procesal. Solo a partir de
la expedición de la Ley 1395 de 2010, tanto el original como la copia de los
documentos privados que provengan de las partes y que sean allegados al proceso
judicial con fines probatorios, se presumen auténticos, sin que se pueda exigir
constancia o certificación adicional. Así lo reconoció esta Corporación en la ratio
decidendi de la sentencia T-018 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo)[45],
en la cual adujo lo siguiente: “En suma, solo a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 1395 de 2010, las copias de los documentos privados se
presumen auténticas y, en esa medida, adquieren mérito probatorio, siempre que
sean aportadas a un proceso judicial por la persona que los haya manuscrito,
firmado o elaborado y no provengan de un tercero (…)”.
4.3. La Corte Suprema de Justicia
– Sala de Casación Civil, al hacer un estudio sobre el mérito probatorio que
tienen las copias informales[46],
señaló que en materia de prueba documental (i) el artículo 268 del CPC
impone a las partes la obligación de aportar el original de los documentos
privados que estuvieren en su poder, entendiéndose por documento original aquel
que se adosa tal como fue creado por su autor; (ii) sin embargo, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 253 y 254 del mismo código, indicó que “es
factible aportar documentos en copia, caso en el cual éstas solamente tendrán
el mismo mérito que el original, en las hipótesis previstas en la última norma
mencionada”, siempre y cuando sean copias debidamente autenticadas; (iii)
así, concluyó que “las copias que carecen de la atestación de que son
idénticas al original no prestan mérito probatorio, salvo que reúnan las
condiciones del artículo 254 del código de enjuiciamiento o de cualquier otra
norma que así lo señale”, es decir, que las copias simples no prestan
mérito probatorio[47].
De esta forma, esa Alta Corporación precisó que una cosa son las normas que
gobiernan lo relativo a la autenticidad de la prueba documental (art. 252 del
CPC), esto es, lo concerniente con la seguridad de la autoría del mismo, y otra
muy distinta, es la relacionada con la identidad de la copia con el original.
4.4. Entonces, con ese norte, la
Sala de Revisión concluye que (i) la regla general sobre la aportación
de documentos privados, es que las partes los alleguen en original al
expediente cuando reposen en su poder, y solo por vía de excepción pueden
adosarlos en copia autenticada cuando, por ejemplo, no se encuentren bajo su
orbita de disponibilidad para allegarlos al proceso judicial; (ii) antes
de la expedición de la Ley 1395 de 2010, solo los documentos privados
originales aportados por las partes se presumían auténticos, es decir, existía
certeza sobre la persona que los había elaborado, manuscrito o firmado, sin
exigencia adicional; (iii) por consiguiente, en tratándose de las copias
de los mismos, para que tuvieran el mismo valor probatorio que el original, era
necesario que se configurara alguna de las hipótesis que consagra el artículo
254 del CPC, dentro de las cuales se encuentra que se trate de una copia
autenticada por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada
que se le presente; es precisamente esta última parte la que habilita el
otorgar valor probatorio dentro de un proceso judicial, a la copia autenticada
de una copia autenticada exhibida al federatario público; y, (iv) con la
modificación que introdujo la Ley 1395 de 2010 al artículo 252 del CPC, desde
el 12 de julio de aquella anualidad, los documentos que provengan de las partes
y que fuesen presentados en original o en copia para ser tenidos en cuenta como
prueba dentro de un proceso judicial, se presumen auténticos sin necesidad de
presentación personal, esto es, se tiene certeza sobre la parte que obra como
su creador, salvo que dentro de la debida oportunidad procesal el interesado lo
cuestione mediante la tacha de falsedad.
4.5. Ahora bien, puede darse el
caso en el cual, a pesar de que obre en el expediente una copia autenticada de
un documento original determinante para definir la controversia sometida al
juez natural, de parte de éste existan serios indicios de dudas que mengüen el
valor probatorio de la misma -ya sea por informaciones adicionales de la
contraparte o por otros medios de prueba que lo llevan a poner en tela de
juicio la misma-  al punto que considere pertinente hacer uso de la
facultad oficiosa que en materia probatoria lo acompaña, para lograr la
consecución o por lo menos el cotejo real con el documento original en procura
de esclarecer la verdad del caso.
Precisamente, en tratándose de la
relevancia constitucional de las pruebas de oficio en los procesos civiles,
esta Corporación en la sentencia hito T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), presentó dos controversias actuales en el campo de la teoría del
proceso[48],
a saber: (i) la posibilidad -teórica o práctica- de alcanzar la verdad
en el ámbito del proceso judicial; y, (ii) la relevancia o necesidad de
la prueba en el marco de los fines del proceso. Frente a la primera, se dijo
que en el proceso si es posible acceder a una verdad relativa sobre los hechos,
mediante la obtención por parte del juez de la mayor cantidad de información
jurídicamente relevante para la resolución del caso sometido a su estudio, la
cual posteriormente debe evaluar racionalmente y de forma rigurosa en pos de
comprobar la veracidad de hechos pasados. De esa forma, “la verdad así
construida, como se ha expresado, es de tipo relativo, contextual, y limitada
legal y fácticamente, pero cualquier decisión judicial debe partir de las
conclusiones obtenidas en ese proceso de análisis si no se quiere que la
sentencia sea absurda o inicua”. De otra parte, respecto de la segunda
controversia, ésta tiene su cimiente en la ideología con la que se concibe el
proceso civil, es decir, si mantiene su carácter estrictamente dispositivo o,
si dando alcance a las facultades oficiosas del juez, el carácter inquisitivo
es determinante para obtener la verdad de los hechos[49].
Puntualmente, en el contexto
colombiano se ha asumido una ideología mixta, es decir, en parte dispositivo y
en parte inquisitivo, habida cuenta que la iniciativa de acudir a la
jurisdicción reposa en cabeza de las partes, quienes deben cuidar sus asuntos y
brindar al juez todos los elementos que consideren necesarios para la
prosperidad de sus pretensiones o excepciones, pero ello no implica que el juez
sea un espectador en el proceso porque dentro de sus funciones se encuentra la
de tomar las medidas indicadas para lograr el esclarecimiento de los hechos, lo
que de suyo propio lo faculta para decretar las pruebas de oficio que a bien
considere necesarias. Y es que, no se puede perder de vista que una sentencia
justa solo se alcanza si el juez parte de una base de conocimiento que pueda
considerarse, en cierta medida, verdadera, lo que le impone la obligación de
hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda del valor de la verdad y la
efectividad del derecho material, es decir, una armonía entre el principio de
necesidad y la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales
(artículo 228 Superior), ya que la verdad es el supuesto de la vigencia de
dicho derecho material, o en otras palabras, de la justicia de las decisiones.
Por consiguiente, se puede afirmar
que, desde el plano constitucional, arribar a la verdad es algo posible y
necesario; que la jurisdicción tiene como finalidad la solución de conflictos
de manera justa; y que esa solución supone la adopción de las decisiones
judiciales sobre una consideración de los hechos que pueda estimarse verdadera[50]. Una vez
establecida la relación entre verdad y justicia, resulta claro que el decreto
oficioso de pruebas constituye una manifestación del deber del juez de indagar
la verdad de los hechos antes de tomar una decisión determinada, ya que de esta
forma deja de ser un frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley, para
tomar el papel de garante de los derechos materiales.
En este orden de ideas, como bien
lo concluyó la sentencia T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) a la cual
se ha venido haciendo referencia, “el decreto oficioso de pruebas, en
materia civil, no es una atribución o facultad potestativa del juez: es un
verdadero deber legal. En efecto, el funcionario deberá decretar pruebas
oficiosas siempre que, a partir de los hechos narrados por las partes y de los
medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la
necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; cuando la ley le
marque un claro derrotero a seguir; o cuando existan fundadas razones para
considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la
justicia material”. Por consiguiente, si frente a la copia autenticada de
una copia autenticada de un documento original que no reposa en poder de la
parte que lo adosó, surge para el juez serias dudas sobre su autenticidad, es
su deber legal decretar pruebas de oficio en procura de alcanzar la verdad de
los hechos en el ámbito del proceso judicial. Una vez obtenida la mayor
cantidad de información y ojala contando con la intermediación directa del juez
en el recaudo de la prueba oficiosa, puede proceder a valorarlas en conjunto
dentro de los principios de la sana critica y con total autonomía judicial,
para decidir de forma racional lo que estime justo para definir la controversia
sometida a su conocimiento. Y es, que se repite, el fin de la actividad
judicial no es otro que lograr la verdad.
5. Del caso concreto:
A continuación se analizará la
procedencia de la acción de tutela interpuesta por la sociedad Recuperadora y
Cobranzas S.A. “RYC S.A.” estudiando, en primer término, el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción, y en segundo lugar, si en el
caso se estructura alguno o varios de los defectos que habiliten el amparo
desde el punto de vista material.
5.1. Análisis de
procedibilidad formal o del cumplimiento de los requisitos generales expuestos
en la consideración 3.3 de esta providencia:
5.1.1. Relevancia
constitucional: El caso planteado a esta Sala de Revisión es relevante
desde el punto de vista constitucional por cuanto atañe a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, de debido proceso y defensa, y de igualdad, lo que centra el debate
jurídico en la eficacia y el respeto por los artículos 13, 29 y 228 de la
Constitución Política, y pone sobre el escenario la relación entre estos principios
y el papel del juez en el Estado Social de Derecho.
5.1.2. El agotamiento de los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios: De acuerdo con el trámite
procesal reseñado en los antecedentes de este fallo, la sociedad accionante ha
perseguido el recaudo forzoso de la obligación dineraria contenida en el pagaré
No. 17479 suscrito el 31 de octubre de 1996, por la representante legal de la
sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, cuyo plazo se aceleró el 9 de
septiembre de 1999 ante la mora en que incurrió la deudora. Ante la excepción
de prescripción de la acción cambiaria que fue oportunamente descorrida por el
abogado de la sociedad ejecutante, aportando pruebas tendientes a establecer
que dicha prescripción se interrumpió naturalmente por el reconocimiento de la
deuda y el ofrecimiento de una dación en pago que hiciese el 6 de junio de 2001
la empresa deudora, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Cartagena dictó
sentencia declarando no probadas las excepciones de mérito propuesta por la
ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución, lo que motivó que la
sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C formulara el recurso de apelación,
conociendo del mismo la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena, quien revocó, por decisión mayoritaria, el fallo
ejecutivo del juez a-quo y, en su lugar, declaró probada la excepción de
prescripción de la acción cambiaria que propuso la sociedad ejecutada.
Lo anterior significa que el
debate concluyó en segunda instancia, sin que la parte ejecutante -hoy
actora en tutela- tuviera otro medio ordinario de defensa judicial, lo que
habilita la solicitud de amparo constitucional porque se satisfizo el requisito
de subsidiariedad que establece el artículo 86 Superior, ya que, además, el
recurso extraordinario de casación no procede contra sentencias dictadas en
procesos ejecutivos de mayor cuantía según se extrae de la lectura del artículo
366 del CPC.
5.1.3. El principio de
inmediatez: En la presente oportunidad no hace falta un amplio análisis
para dar por acreditado el requisito, pues el fallo del Tribunal fue proferido
el 25 de marzo de 2011 y la acción de tutela fue interpuesta el 4 de mayo de
2011, es decir, menos de dos meses después de dictada la sentencia que se
cuestiona en sede constitucional, lo que corresponde a un término razonable que
no supone una afectación insoportable para la seguridad jurídica.
5.1.4. Que, en caso de
tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales: La acción
objeto de estudio se dirige a cuestionar irregularidades procesales y fácticas
que se habrían producido en el fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Cartagena. Concretamente, en la tutela se afirma que la inadecuada
valoración de las pruebas, la omisión en el decreto de las mismas y el exceso
ritual probatorio del ad-quem para tener en cuenta la copia autenticada
del documento de fecha 6 de junio de 2001, entre otros, fueron las causas de
una decisión desacertada que vulneró los derechos fundamentales de debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. De acuerdo con los
fundamentos de la sentencia atacada por vía de tutela, tal como se registró en
los antecedentes de la decisión, la carencia de valor probatorio de la copia
autenticada de una copia autenticada del documento original de fecha 6 de junio
de 2001, bien porque se aportó sin cumplir con los requisitos que establece la
ley procesal o porque las copias no obran como medio de convicción, la
providencia desembocó en que no existía prueba de la interrupción natural que
alegaba la sociedad ejecutante y, por ende, se abrió paso la excepción de
mérito propuesta por la ejecutada y la consecuente negación del recaudo forzoso;
por consiguiente, en el caso en que los cargos presentados por la sociedad
accionante tengan sustento, evidentemente, el fundamento del Tribunal perdería
su valor porque, de tenerse en cuenta dicha copia o por lo menos intentarse su
confrontación con el original o lograrse la aportación del mismo al proceso
judicial, otra sería la suerte de la decisión ejecutiva de segunda instancia,
por cuanto cabría dibujar una posible interrupción natural de la prescripción
de la acción cambiaria, que dentro de la independencia judicial compete valorar
y establecer al juez natural.
5.1.5.  Que la sociedad
accionante identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación
y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber
sido posible: Sin duda, el actor ha identificado plenamente tales hechos,
como quedó reseñado en los antecedentes de esta providencia. Sin embargo, las
irregularidades que indica se presentaron al momento de proferirse la sentencia
de segunda instancia por la cual se dio por terminado el proceso ejecutivo
mixto, así que no pudieron ser discutidas al interior del mismo. Por lo tanto,
este requisito se encuentra acreditado.
5.1.6. Que el fallo
controvertido no sea una sentencia de tutela: Al respecto, basta señalar
que la sentencia judicial que se considera vulneratoria de los derechos
fundamentales se produjo en un proceso ejecutivo mixto. Quiere ello decir que,
no se controvierte una decisión proferida en sede constitucional.
Así las cosas, acreditados los
requisitos generales o formales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala abordará el estudio de fondo, o de la
procedencia material del amparo mediante el análisis de los defectos
específicos que señala la sociedad accionante.
5.2. Análisis de
procedibilidad material o del cumplimiento de los requisitos específicos
expuestos en la consideración 3.4 de esta providencia:
5.2.1. Previo al estudio de los
defectos que expone la sociedad accionante en su escrito tutelar, la Sala
estima prudente referirse a la supuesta falta de legitimación en la causa por
activa de Recuperadora y Cobranzas S.A. para reclamar la protección del derecho
fundamental de debido proceso ya que, según dijo el apoderado judicial de la
sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, si bien existió una cesión de
crédito por parte de la compañía Gerenciamiento de Activos Ltda. a favor de
aquella, no lo es menos que la ejecutada no reconoció expresamente tal cesión
y, por ende, le resulta inoponible. Al respecto, revisando el punto, esta
Corporación observa que mediante auto de 12 de enero de 2010 dictado por el
Tribunal acusado, Central de Inversiones S.A. cedió el crédito ejecutado a la
sociedad Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., y ésta a vez lo cedió a
la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A., providencia que fue notificada por
estado a la contraparte ejecutada sin que ésta haya manifestado estar en
desacuerdo, es decir, la aceptó quedando enterada de la cesión del crédito para
los efectos de serle oponible. Es más, en aras de discusión, si la notificación
especial no se hubiese llevado a cabo bajo los parámetros que establece el
artículo 1550 del Código Civil, igual es un tema de estirpe legal que debió ser
ventilado dentro del proceso judicial, sin que sea dable proponerlo ante el juez
constitucional. Así las cosas, la Sala considera que la sociedad Recuperadora y
Cobranzas S.A. es perjudicada directa en su condición de acreedora principal
del crédito cuya prescripción de la acción cambiaria declaró probada el
Tribunal, por consiguiente, se encuentra habilitada para interponer la
solicitud de amparo constitucional.
5.2.2. Superado lo anterior,
centraremos nuestra atención en el primer cargo que expone la sociedad actora. Concretamente,
aduce que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico por dimensión
negativa (i) al dejar de asignar el mismo valor probatorio del
original, a la copia autenticada de la copia autenticada del documento de fecha
6 de junio de 2001 y que fue presentada al proceso judicial de esa forma por el
ejecutante, por cuanto para la época en que se descorrió el traslado de las
excepciones de mérito, el original del mismo reposaba en la Fiscalía General de
la Nación – Unidad de Delitos contra la Administración Pública y otros de la
ciudad de Cartagena, lo que tornaba en un imposible su aportación al
expediente; (ii) al omitir valorar la copia auténtica del documento de
fecha 6 de junio de 2001, que fue expedida por el Fiscal Coordinador, quien
certificó la existencia del mismo en el acervo probatorio del proceso penal
radicado bajo el número 81.666; (iii) al desestimar el reconocimiento
tácito que hizo la sociedad ejecutada respecto de la copia del documento de
fecha 6 de junio de 2001, toda vez que no lo tachó de falso dentro de la
oportunidad procesal; y, (iv) al dejar de valorar los interrogatorios de
parte que rindió la representante legal de la sociedad Inversiones Navarro Toro
y Cia S en C, en los cuales reconoció la existencia de la obligación dineraria
y que la adeudaba.
Pues bien, conforme se expuso, el
defecto fáctico por dimensión negativa se configura por ignorar u omitir
valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; por decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en que se sustenta la decisión; y, por no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez esté legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo.
Con ese norte, en primer lugar,
es pertinente señalar que el Tribunal accionado en su providencia no le otorgó
valor probatorio a la copia del documento de fecha 6 de junio de 2001,
presentada por la ejecutante, arguyendo irregularidades en la producción y en
la introducción de aquella al proceso judicial. Al respecto, según se dijo en
la consideración 4 de esta sentencia, si bien el artículo 268 del CPC
establece como regla general que las partes deben allegar al expediente los
documentos originales que se encuentren en su poder, también lo es que por
excepción, cuando dichos originales no los tengan bajo su órbita de dominio y
les sea imposible aportarlos, la copia de los mismos presta valor probatorio
como si se tratase del original, siempre y cuando su autenticidad haya sido
certificada por notario. Esta, es una de las excepciones que puntualmente
establece el artículo 268-3.
En forma adicional, antes de la
modificación que introdujo la Ley 1395 de 2010, es decir, en vigencia de la Ley
794 de 2003, norma vigente para la época de la aportación del escrito de fecha
6 de junio de 2001, sólo los documentos privados originales presentados por las
partes para ser incorporados al proceso con fines probatorios, se presumían auténticos,
lo que significa que, dando aplicación al artículo 254 del estatuto procesal
civil, para que a los documentos en copia se le pueda otorgar el mismo valor demostrativo
de los originales, es necesario que aquellos -los que son copias- sean
autenticados por notario, previo cotejo directo con el original o con la copia
autenticada que se le presente al federatario público. Entonces, mírese como
las mismas normas procesales establecen la posibilidad de conceder valor
probatorio a la copia autenticada de una copia autenticada que tenga la
respectiva atestación notarial de haber sido cotejada con el documento original
que tuvo a la vista el notario público.
Bajo esos términos, la Sala
considera que el Tribunal incurrió en defecto fáctico al negar la introducción
al proceso judicial con fines probatorios, de una copia autenticada de una
copia autenticada del documento de fecha 6 de junio de 2001, habida cuenta que
si bien reconoció que el original del mismo no estaba en poder de la parte
ejecutante por cuanto reposaba en el expediente penal No. 81.666 que cursaba en
la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Delitos contra la Administración
Pública y otros de Cartagena, éste preciso hecho era el que habilitaba su
aportación en copia autenticada, como en efecto lo fue por el Notario Segundo
del Círculo de Barranquilla el día 8 de enero de 2002, quien constató que
correspondía con una copia autenticada que según dio fe pública el Notario
Primero del Círculo de Bogotá, coincidía exactamente con el original que éste
último tuvo a la vista. Es decir, el caso encaja perfectamente en los supuestos
del artículo 254-2 del CPC, toda vez que la copia arrimada al expediente
corresponde a una autenticada con notario, previo cotejo con la copia
autenticada del original. Se repite, al restarle valor probatorio a dicha
copia, el Tribunal vulneró el derecho al debido proceso que le asiste a la
sociedad actora.
Ahora bien, en gracia de
discusión, si se pensara que por encontrase el original del documento de fecha
6 de junio de 2001 en el expediente de un proceso penal, son aplicables los
artículos 268-2 y 254-1 del CPC, igual la parte ejecutante cumplió con la carga
de allegar copia auténtica de dicho original y de la constancia procesal
suscrita por el Fiscal Coordinador, en la cual certificaba la existencia de tal
original dentro del expediente 81.666. Sin embargo, el Tribunal omitió su
valoración integral.
En segundo lugar, la Sala observa
que en efecto el Tribunal accionado omitió analizar si procedía o no el
reconocimiento tácito de la copia del documento de fecha 6 de junio de 2001,
por cuanto la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en C no lo tachó de
falso dentro de la oportunidad procesal que establece el artículo 289 del
estatuto procesal civil.
Además, de la mano con el segundo
y el tercer cargo que expone el accionante en sede de tutela frente a la
posible ocurrencia de los defectos procedimental por exceso ritual
manifiesto probatorio y por inaplicación de reglas probatorias, la Sala
encuentra que los mismos se presentaron porque el Tribunal exigió a la sociedad
Recuperadora y Cobranzas S.A., que al momento de aportar la copia autenticada
de la copia autenticada del documento de fecha 6 de junio de 2001, debió
afirmar expresamente y casi que con un nivel sacramental, que el original del
mismo había sido suscrito o firmado por la representante legal de la sociedad
Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, persona contra quien se oponía tal copia
autenticada, lo que en efecto configura una carga ritual adicional que el
accionante no está obligado a soportar desde el punto de vista procesal, máxime
cuando el artículo 252-3 del CPC señala claramente que un documento privado es
auténtico “si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o
haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de
falso oportunamente…”, es decir, se exige la mera manifestación de que se
indique quién lo suscribió, pero no un ritualismo excesivo en cuanto a la forma
cómo se debe afirmar que la contraparte lo signó. Sobre éste último punto, al
momento de adosar la copia del documento de fecha 6 de junio de 2001, la parte
ejecutante expresó su certeza de que el escrito fue firmado por la
representante de la sociedad ejecutada, al manifestar lo siguiente: “Solicito
se tengan como pruebas…. copia auténtica de la copia auténtica de comunicación
de fecha 6 de junio de 2001 mediante la cual, INVERSIONES NAVARRO TORO Y CIA S
en C,  a través de su representante legal MARGARITA TORO, ofrece en pago de su
obligación con el IFI el lote de Marmoral para el pago total de la deuda”,
de allí que pueda adquirirse lógicamente la certeza y en convencimiento
judicial de que la demandante estaba afirmando que el documento original fue
suscrito o que provenía de su contraparte. Nótese entonces que la regla
probatoria no impone frases sacramentales para que opere la afirmación a la
cual hace referencia el artículo 252-3 ibídem, sino que la manifestación
del actor de que el documento original proviene de la señora Margarita Toro, resultaba
suficiente para pronunciarse sobre si operaba o no el reconocimiento tácito del
documento, lo cual omitió hacer el Tribunal.
En tercer lugar, la Sala
considera que si al Tribunal le asistían serias dudas sobre la autenticidad del
documento de fecha 6 de junio de 2001, bien porque no le fue aportado el
original del mismo o bien porque en el interrogatorio de parte que rindió la
representante legal de sociedad ejecutada, ésta manifestó que desconocía tal
documento porque no correspondía a su firma, debió acudir a su facultad
oficiosa en procura de lograr la verdad de los hechos mediante el mayor recaudo
de información tendiente a esclarecer el panorama.
Así, no desconoce la Sala que si
bien el Tribunal decretó una prueba de oficio en la cual solicitó a la sociedad
ejecutante que allegara el original de tal documento, no puede perderse de
vista que el mismo Tribunal olvidó por completo que dicho original no reposaba
en manos de la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A., sino dentro del
expediente penal; quiere ello decir que lo que solicitaba a la parte demandante
se tornaba en un imposible de adosar. Por consiguiente, dentro del ejercicio
prudente de la facultad oficiosa que establece los artículos 179 y 180 del CPC,
el Tribunal tenía a su disposición diferentes posibilidades probatorias: (i)
solicitar a la Fiscalía General del Nación que la prueba documental practicada
válidamente dentro del proceso penal y que corresponde al original de la
comunicación de fecha 6 de junio de 2001, fuese trasladada en copia auténtica
para ser apreciadas en el proceso ejecutivo mixto, cumpliendo con los
requisitos que establece el artículo 185 del CPC; (ii) decretar una
inspección judicial con exhibición de documentos sobre el expediente penal
81.666, con el fin de verificar la existencia del documento original de fecha 6
de junio de 2001; ello dentro de los parámetros que establecen los artículos
247 y 283 del CPC; (iii) solicitar formalmente a la parte ejecutante que
conforme las reglas del artículo 177 del CPC, procediera a solicitar el
desglose del documento original que militaba en el proceso penal, para que
fuese arrimado al expediente del trámite ejecutivo mixto; y, (iv)
decretar el cotejo pericial de la copia y de su firma con el documento
original.
Finalmente, importa resaltar que
el juez natural no puede olvidar por completo la realidad probatoria y procesal
que se le expone en el caso, ya que su deber legal, en caso de hallar pruebas
relevantes que destruyan la presunción de autenticidad de un documento no
tachado de falsedad en su oportunidad por la contraparte a quien se le opone,
es realizar un ejercicio racional de valoración integral en procura de
desentrañar la verdad misma y con base en ella, dentro de los parámetros de la
autonomía judicial, tome la decisión que estime correcta. Frente a este punto, la
Sala se refiere concretamente a los dictámenes de grafología y a la providencia
que le definió situación jurídica al señor Antonio Francisco Castilla Becerra,
abogado de la sociedad ejecutante, dictada por el Fiscalía General de la Nación
– Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cartagena, por cuanto
tales pruebas arrimadas en sede de revisión no pueden ser valoradas por el juez
de tutela sino por el juez natural, ya que de lo contrario sería tanto como
invadir una órbita de competencia que no es propia de la justicia
constitucional.
5.2.3. En este orden de ideas, a
título de conclusión, la Sala observa que el Tribunal incurrió en diferentes
irregularidades probatorias y procesales que vulneraron el derecho fundamental
de debido proceso a la sociedad accionante, las cuales no pueden ser pasadas
por alto por el juez constitucional toda vez que el valor demostrativo de la
copia autenticada que se controvierte y la valoración en conjunto de las
pruebas respetando las máximas de la sana critica, son pilares fundamentales y
determinantes para asumir una decisión justa dentro del recaudo forzoso, más
aún cuando la prueba obviada se torna determinante para el resultado del
trámite judicial. Y es que, en este caso no se trata de una intromisión
inaceptable por parte del juez de tutela, sino de una explicación sobre las
normas procesales mínimas que debió tener en cuenta el Tribunal al momento de
efectuar sus valoraciones probatorias en procura de obtener la verdad de los
hechos y de tomar una decisión enmarcada en los parámetros de la justicia real.
5.3. En virtud de lo expuesto, la
Corte confirmará las sentencias proferidas por las Salas de Casación Civil y
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que resolvieron la acción de tutela
promovida por la sociedad Recuperadora y Cobranzas S.A. contra la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, las
cuales concedieron el amparo constitucional. Así mismo, levantara la medida provisional
de suspensión del proceso ejecutivo mixto, para que el mismo se reactive.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la
sentencia proferida el 9 de agosto de 2011, por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, la cual a su vez confirmó el fallo de fecha 19 de
mayo de la misma anualidad, dictado por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, que concedió el amparo constitucional del derecho
fundamental de debido proceso, invocado por la sociedad Recuperadora y Cobranzas
S.A. “RYC S.A.” contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena.
Segundo.- REVOCAR la
medida provisional adoptada en auto del 15 de marzo de 2012, por la Sala Novena
de Revisión en el asunto de la referencia, consistente en la suspensión del
trámite del proceso ejecutivo mixto que se cuestiona en sede constitucional. Lo
anterior significa que el mismo, a partir de la fecha de notificación del
presente proveído, se debe reactivar.
Tercero.- Por Secretaría
General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
MARÍA VICTORA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] A folios 104 a 109 del cuaderno 1 de anexos, obra copia de la demanda
ejecutiva mixta.
[2] A folios 111 a 113 del cuaderno 1 de anexos, se observan las
fotocopias del pagaré No. 17479 y de los otro sis.
[3] Cfr. folios 11 a 19 del cuaderno 1 de anexos.
[4] A folio 10 del cuaderno 1 de anexos, se observa que este documento
corresponde a una copia autenticada el 8 de enero de 2002 en la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla, de la copia auténtica que según constató el 20
de diciembre de 2001 el Notario Primero del Circulo de Bogotá, coincide
exactamente con el original que tuvo a la vista.
[5] A folios 82 a 103 del cuaderno 1 de anexos, obra copia de la sentencia
de primera instancia de fecha 19 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado 3°
Civil del Circuito de Cartagena, en la cual se reconoció la interrupción
natural de la prescripción de la acción cambiaria, arguyendo para tal efecto
que, la representante legal de la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en
C, reconoció de forma expresa la existencia de la obligación en el documento de
fecha 6 de junio de 2001. En la sentencia se indicó que la sociedad ejecutante
podía aportar el documento en copia, ya que según el estatuto procesal civil,
la referida copia tiene el mismo valor probatorio del original. Adicionalmente,
se dijo que la parte ejecutada dejó vencer el término para tacharlo por falso o
para pedir su cotejo con el original, ello por cuanto en el interrogatorio de
parte la representante legal de la sociedad Inversiones Navarro Toro y Cia S en
C, desconoció la firma que figura en el documento de fecha 6 de junio de 2001.
Bajo ese norte, precisó que la prescripción de la acción cambiaria se había
ampliado hasta el 6 de junio de 2004 y como la notificación del auto de apremio
se dio el 2 de octubre de 2003 (sic), operó el fenómeno de la interrupción
natural de la prescripción.
[6] A folio 139 del cuaderno 1 de anexos, se observa copia del auto de
fecha 19 de enero de 2011 proferido por el Tribunal accionado, en el cual
ordena a la parte demandante “aportar al proceso el original del documento
de fecha 6 de junio de 2001, dirigido al Instituto de Fomento Industrial IFI,
referencia Crédito de Inversión Navarro Toro, suscrito por María Margarita Toro
de Navarro como Gerente General. Para tal efecto, se le otorga el término de
cinco (5) días”.
[7] A folio 128 del cuaderno 1 de anexos, se observa que el Director de
Negocios Especiales del IFI, remitió el 20 de junio de 2002 al Fiscal 41 de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, el original del documento de fecha 6 de junio de 2001.
Así mismo, a folios 141 y 142 del mismo cuaderno, aparecen la solicitud de
entrega o de copias auténticas del original de tal documento, y la respuesta
que dio el Fiscal Coordinador el 18 de febrero de 2011, en la cual dispuso que
el original del documento de fecha 6 de junio de 2001 fuese buscado en el
expediente penal y que una vez encontrado, se entregara al solicitante
fotocopias auténticas del mismo. De otro lado, a folio 144 del cuaderno 1 de
anexos, se observa la constancia procesal firmada el 18 de febrero de 2011 por
el Fiscal Coordinador de aquella Unidad, en la cual indica que el documento de
fecha 6 de junio de 2001 reposa en el expediente en original; por consiguiente,
le tomaron fotocopias y se volvió a dejar en sobre herméticamente cerrado.
Después señala que la copia del mismo fue autenticada y que el expediente penal
se encuentra bajo especiales recomendaciones de vigilancia y custodia.
[8] A folios 54 a 71 del cuaderno 1 de anexos, obra copia del salvamento
de voto que realizó la Magistrada Claudia Yolanda Rodríguez Rodríguez, el día
29 de marzo de 2011. Consideró que a la copia del documento de fecha 6 de junio
de 2001 debe asignarse el valor probatorio de un documento original y, por
consiguiente, resulta idóneo para interrumpir naturalmente la prescripción de
la acción cambiaria del título valor. Así mismo, expuso que el documento de
fecha 5 de octubre de 2000 y el interrogatorio de parte que rindió la
representante legal de la sociedad ejecutada el 11 de septiembre de 2002,
también son idóneos para interrumpir dicha prescripción.
[9] Al respecto ver sentencia T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño), citada en la sentencia T-757 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
Así mismo, en las sentencias T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y
T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte señaló que “(…) la procedencia de la acción de tutela contra sentencias es un asunto
que comporta un ejercicio de ponderación entre la eficacia e la mencionada
acción [de tutela] –presupuesto del Estado Social y Democrático de
Derecho-, y la vigencia de la autonomía e independencia judicial, el principio
de la cosa juzgada y la seguridad jurídica”.
[10] Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva) indicó: “(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de
validez de la decisión judicial, basado en la supremacía de las normas
constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor de
corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que
dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela se circunscribe a detectar aquellos
casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia judicial resulte
afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales”.
[11] En esta sentencia se declaró la inexequibilidad de la expresión
“ni acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, relacionado con la sentencia de casación penal.
[12] Sentencia T-173 de 1993
(MP José Gregorio Hernández Galindo), cita de la sentencia C-590 de 2005 (MP
Jaime Córdoba Triviño).
[13] Sentencia T-504 de 2000
(MP Antonio Barrera Carbonell), cita de la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño).
[14] Sentencia T-315 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño), cita de la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño).
[15] Sentencia T-008 de 1998
(MP Carlos Gaviria Díaz), citada de la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdova Triviño).
[16] Sentencia T-658 de 1998,
citada de la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[17] Sentencias T-088 de 1999
(MP José Gregorio Hernández Galindo) y SU-1219 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), citadas en  la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[18] Sentencia T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[19] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2007 (MP Clara
Inés Vargas Hernández)
[20] Sentencia T-929 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[21] Sentencias T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-599 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[22] Sentencia T-289 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[23] Esta Corporación en sentencia T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), a la cual se hará referencia más adelante, señaló que “a
partir del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, y de
la obligación de dar prevalencia al derechos sustancial (artículo 228 de la Constitución), la Corte ha encontrado que puede producirse un defecto procedimental en una
sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las formas,
se aparta de sus obligaciones de impartir justicia, buscar que las sentencias
se basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real,
garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y evitar
pronunciamientos inhibitorios que trunquen la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia, y de los derechos materiales, pues los procedimientos judiciales
son medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos”.
[24] En esa ocasión, la Corte estudió una acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien decidió no casar una
sentencia ordinaria que negaba el reconocimiento de una pensión de vejez,
porque no se cumplieron las formalidades propias que exigía la técnica del
recurso extraordinario de casación, a pesar de que el demandante cumplía con
todos los requisitos sustanciales para acceder a tal pensión. En ese caso, se
concedió el amparo tutelar y se encontró configurada una vía de hecho
procedimental por exceso ritual manifiesto.
[25]  La jurisprudencia constitucional tiene
definido que el derecho procesal no puede ser un obstáculo para la efectiva
realización del derecho sustantivo, entre otras, sentencias C-596 de 2000 (MP
Antonio Barrera Carbonell) y T-1306 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[26]  En ese pronunciamiento, la Corte analizó un caso de una acción de
tutela en donde la accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales
por el Tribunal Superior de Bogotá, al proferir el fallo de segunda instancia
dentro de un proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual
iniciado por ella, mediante el cual el Tribunal revocó el fallo de primera
instancia con base en dos consideraciones centrales: (i) la falta de
legitimidad por activa de la peticionaria pues, aparte de las afirmaciones de
la demanda, no se aportó prueba alguna sobre la relación de parentesco; y, (ii)
la falta de legitimidad por pasiva de uno de los demandados, pues el vehículo
de servicio público que se encontraba en el accidente no era de su propiedad.
[27] En esa ocasión estudió la Corte la acción de tutela que presentó una
ciudadana que había demandado a la Nación por los perjuicios morales y
materiales derivados de una toma guerrillera de la cual fue victima indirecta.
El Tribunal accionado negó las pretensiones de la acción de reparación directa,
al estimar que carecía de valor probatorio un documento donde se informaba de
la inminencia de la toma guerrillera. En casos análogos interpuestos por otras
víctimas indirectas de dicha toma, se le había dado valor probatorio a tal
documento y, en ese sentido, se había condenado a la Nación por los perjuicios ocasionados. Luego de un análisis sobre los defectos fácticos,
procedimental y de desconocimiento del precedente horizontal, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso que le asistían a
la actora.
[28] El escenario allí planteado se dio dentro de un proceso de restitución
de inmueble arrendado que instauró Chevor S.A. contra Almacenes Éxito, por un
local ubicado en el centro comercial Unicentro de Bogotá. El Tribunal Superior
de Bogotá revocó la admisibilidad del recurso de apelación que interpuso la
parte demandada, lo que motivó que ésta presentara recurso de súplica contra
esa providencia. Al entregar el memorial de sustentación en la Secretaria del Tribunal, inicialmente Almacenes Éxito no se percató de que adosó la copia del
mismo sin la firma, por lo cual al día siguiente, cuando se dio cuenta del
error, allegó el memorial original donde constaba la hora de recibo. A pesar de
ello, el Tribunal declaró extemporáneo el recurso y ello motivó la
interposición de la tutela. Esta Corporación concedió el amparo tutela al encontrar
configurado un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y ordenó al
Tribunal resolver de fondo el recurso de suplica en mención.
[29] En esa oportunidad  la Corte revisó la acción de tutela que interpuso
una ciudadana contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien dentro
de un proceso de reparación administrativa incurrió en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto toda vez que estimó, al igual que el juzgado a-quo,
que el registro civil de nacimiento de un menor demandante, al haber sido
aportados en copias simples, carecían de valor probatorio y, por ende, no
existía legitimación en la causa para demandar. Esta Corporación tuteló el
derecho al debido proceso y dispuso que se dictara un nuevo fallo haciendo una
adecuada valoración probatoria.
[30] En esa sentencia la Corte revisó la acción de tutela que presentó la
sociedad Cartón de Colombia S.A. contra el Juzgado 1° Civil del Circuito de
Buenaventura, por considerar lesionado su derecho fundamental al debido proceso
dentro de un incidente de regulación de perjuicios en el cual se tuvo en cuenta
un dictamen pericial sin soportes probatorios del perjuicio y se negó el
desembargo de un establecimiento comercial de propiedad de la accionante. Esta
Corporación concedió el amparo y ordenó reiniciar todo el trámite del incidente
de regulación de perjuicios.
[31] Ver, entre muchas otras, las sentencias SU-159 de 2002 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-737 de 2007 (MP
Jaime Córdoba Triviño), T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-599 de
2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-386 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y
T-637 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[32] Sentencias T-737 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-654 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa) y T-386 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), entre
otras.
[33] Sentencia SU-447 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[34] Sentencia T-737 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[35] Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-817 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto).
[36] Sentencia T-757 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[37] Sentencia SU-014 de 2001 (MP María Victoria Sáchica Méndez).
[38] Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[39] Sentencia SU-047 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero).
[40] Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-051 de 2009
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-060 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo),
T-130 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-310 de 2009 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva) y T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), entre
otras.
[41] “ARTÍCULO 289.
PROCEDENCIA DE LA TACHA DE FALSEDAD. La parte contra quien se presente
un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de
la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás casos, dentro de los cinco
días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al
día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia. Los
herederos a quienes no les conste que la firma o manuscrito no firmado proviene
de su causante, podrá expresarlo así en las mismas oportunidades. No se
admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia
en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por
la parte a quien perjudica.”
[42] “ARTÍCULO 276.
RECONOCIMIENTO IMPLICITO. <Artículo  modificado por el artículo
1, numeral 123 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La
parte que aporte al proceso un documento privado, en original o en copia,
reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al
presentarlo alegue su falsedad. // Existe también reconocimiento implícito en
el caso contemplado en el numeral 3. del artículo 252.”
[43] “ARTÍCULO 274.
RENUENCIA DEL CITADO. Si el citado no concurre a la diligencia, o si a
pesar de comparecer se niega a prestar juramento o a declarar, o dar respuestas
evasivas, no obstante la amonestación del juez, se tendrá por surtido el
reconocimiento, y así se declarará en nota puesta al pie del documento.
Dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada
para la diligencia, el citado podrá probar al menos sumariamente que su no
comparecencia se debió a un impedimento serio; si así lo hiciere, el juez
señalará por segunda vez fecha y hora para el reconocimiento por auto que no
requiere notificación personal.”
[44] En esa sentencia la Sala Plena de esta Corte dijo: “El
artículo 25 citado se refiere a los “documentos” y hay que entender que
se trata de documentos originales. En cambio, las normas acusadas versan sobre
las copias, como ya se ha explicado. Sería absurdo, por ejemplo, que alguien
pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir,
sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública,
también carente de autenticidad.
Un principio elemental
que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias,
para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el
principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que
regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.
De otra parte, la
certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en
particular, con copias de documentos, está en relación directa con la
autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la
administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización
de los derechos reconocidos en la ley sustancial.
En tratándose de documentos
originales puede el artículo 25 ser explicable, porque su adulteración
es más difícil, o puede dejar rastros fácilmente.  No así en lo que tiene
que ver con las copias, cuyo mérito probatorio está ligado a la autenticación.
Si el artículo 25
hubiera querido referirse a las copias así lo habría expresado, porque en el
derecho probatorio es elemental la diferencia entre documentos originales
y copias. Pero, no lo hizo, como se comprueba con su lectura”.
(Subrayado fuera del texto original)
[45] En esa oportunidad, la Corte estudió una acción de tutela dirigida
contra providencia judicial del Tribunal Administrativo de Magdalena, el cual
negó las súplicas de una demanda al estimar que los títulos valores que
respaldaban el pago de la cláusula penal pactada en el contrato incumplido y
cuyo valor determinó el monto de la indemnización por concepto de daño
emergente, carecían de valor probatorio, toda vez que fueron allegados en copia
simple y no en copia auténtica, de conformidad con lo previsto en los artículos
253 y 254 del Código de Procedimiento Civil. Allí confirmó la denegatoria de
amparo porque no se configuró en defecto fáctico en la valoración probatoria de
los cheques aportados en copia simple.
[46] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia
del 4 de noviembre de 2009, expediente No. 15001310300420010012701, MP Pedro
Octavio Cadena Munar.
[47] A esta conclusión se llegó cuando estaban en vigencia las
normas de la Ley 794 de 2003 y aún no se concebía la reforma al artículo 252
del CPC que introdujo la Ley 1395 de 2010. Esta conclusión fue reforzada en la
sentencia de casación del 28 de julio de 2010, proferida por la Magistrada Ruth Marina Díaz Rueda, dentro del expediente No. 0500131030052005-00053-01, y
posteriormente en la sentencia de casación del 31 de octubre de 2011, cuya
ponencia estuvo a cargo del Magistrado Fernando Giraldo Gutiérrez, dentro del
expediente No. 1100131100012007-00597-01.
[48] Para ello estudió los siguientes textos: Proceso civil e
ideologías. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos, de Juan
Montero Aroca (2006); Racionalidad e ideología en las pruebas de oficio,
de Jairo Parra Quijano (2004); y, La prueba de los hechos, de Michele
Taruffo (2002).
[49] Sobre esas  ideologías, la sentencia T-264 de 2009 indicó que: “La
primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la
resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición
de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una
instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material. //
La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso,
puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de
términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones
intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un
acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la
verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y
eficiencia del proceso. // Desde el segundo punto de vista, en cambio, se
considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que
pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso,
y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo
mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y
veraz”.
[50] Ver sentencia T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).