T-534-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-534/11
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO Y
PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia
excepcional
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características
Ha
sostenido la Corte que el perjuicio irremediable se caracteriza por ser un
perjuicio (i) inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir; (ii) grave, por
dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un
grado relevante; (iii) debe demandar medidas urgentes para conjurarlo; y (iv)
la acción de tutela debe ser impostergable a fin de garantizar el adecuado
restablecimiento del orden social justo en toda su integridad.
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Finalidad
Las
finalidades de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes
son, por un lado, permitir al grupo familiar del afiliado fallecido recuperar
los aportes efectuados al Sistema cuando no se alcancen a cumplir los
requisitos legales para acceder a la pensión de sobrevivientes, y por el otro,
reducir el impacto que causa la muerte de un individuo sobre las personas que
sufren de manera directa y real la ausencia de sus recursos. Ahora bien, la
Corte ha sostenido que especialmente en algunos casos la indemnización
sustitutiva se convierte en la fuente esencial de bienes necesarios para tener
una existencia digna. Así ocurre sobre todo en los casos de personas que han
perdido a seres queridos de los cuales dependían económicamente, y desde eso
han experimentado una situación de desamparo, abandono o pobreza extrema,
porque por ejemplo están en condiciones de debilidad manifiesta que les impiden
o dificultan sustancialmente acceder al mercado laboral, o desarrollar
actividades que les permitan garantizar cabalmente sus necesidades básicas.
Cuando una persona se encuentra en circunstancias de ese género, el derecho a
recibir la indemnización sustitutiva adquiere carácter fundamental, pues de su
recepción real empieza a depender el goce efectivo de una vida en condiciones
dignas y justas.
DERECHO A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Vulneración por cuanto
entidad negó reconocimiento porque el causante sólo cotizó antes de entrar en
vigencia la ley 100 de 1993
DERECHO AL MINIMO VITAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Orden a Gobernación de Atlántico reconocer y pagar
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes
Referencia: expediente
T-3005178
Acción de tutela presentada por Ángela María Sarmiento
Oquendo contra la Gobernación del Atlántico.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil once
(2011).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA[1]
I. ANTECEDENTES
Ángela María Sarmiento Oquendo presentó acción de
tutela contra la Gobernación del Atlántico por considerar que le violó sus
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, al negarse a
reconocerle una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes sólo
bajo el argumento de que esa prestación se consagró en la Ley 100 de 1993, y de
que el causante de la misma (el cónyuge fallecido de la tutelante) sólo cotizo
al Sistema antes de entrar en vigencia esta última Ley.
La accionante expone como sustento de lo pretendido
los siguientes:
1. Hechos
1.1.
La señora Ángela María Sarmiento Oquendo tiene ochenta y cuatro (84) años de
edad,[2]
asegura no tener recursos para procurarse una subsistencia digna[3] y su médico tratante
afirma que padece una crisis convulsiva “asociad[a] a coma”.[4] Bajo estas
condiciones solicitó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión de sobrevivientes, pero la entidad accionada se la negó porque su
difunto esposo sólo cotizó hasta antes de entrar en vigencia la Ley 100 de
1993.
1.2.
La accionante dice que su difunto cónyuge,[5]
el señor Calixto Rafael Salas Cuentas, laboró en la Fábrica de Licores del
Atlántico entre el veintiséis (26) de febrero de mil novecientos sesenta y
cuatro (1964) y el veintidós (22) de junio de mil novecientos sesenta y siete
(1967).[6]
Asimismo, asegura que prestó sus servicios a la Plaza de Ferias de Sabanalarga
en el periodo comprendido entre el diecisiete (17) de enero de mil novecientos
setenta y dos (1972) y el quince (15) de agosto de mil novecientos setenta y
dos (1972),[7]
Todo ese tiempo de servicio lo cotizó a la Caja de Previsión Social
Departamental del Atlántico; de esta afirmación da fe la certificación expedida
por la Gobernación del Atlántico, Subsecretaría de Talento Humano, que aparece
a folio 15 del expediente de tutela.
1.3.
Así las cosas, para la fecha de su muerte, ocurrida el diecinueve (19) de
febrero de dos mil cinco (2005),[8]
Calixto Rafael Salas Cuentas no contaba con las semanas de cotización requeridas
para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, a pesar de que sí había
efectuado aportes cuando estuvo empleado por el Departamento del Atlántico.
1.4.
En consecuencia, y con base en las cotizaciones referenciadas, la accionante
elevó una petición ante la Gobernación del Atlántico el siete (7) de julio de
dos mil diez (2010), en la cual solicitó el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la respectiva pensión de sobrevivientes. No obstante, la
Gobernación del Atlántico resolvió denegar solicitud por medio de la resolución
00266 de 2010,[9]
pues en su criterio fue la Ley 100 de 1993 la que creó esa prestación y por lo
tanto no tienen derecho a ella quienes sólo hicieron aportes hasta antes de la
entrada en vigencia de esta norma, y como ese era justo el caso del difunto
cónyuge de la tutelante resolvió negarle a esta el derecho a recibir la
indemnización sustitutiva. Ahora bien, ante la resolución mencionada la
peticionaria no interpuso el recurso de reposición porque según dice estaba en
inminente peligro de salud y, además, consideraba que la entidad no iba a
cambiar su posición.
2.
Respuesta de la entidad demandada
La
Gobernación del Atlántico, por medio de la Secretaría Jurídica, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela interpuesta en su contra por Ángela
María Sarmiento Oquendo. Por un lado argumentó que el derecho de petición no se
había vulnerado, pues se ofreció una respuesta de fondo en la resolución que
decidía negativamente la solicitud de la accionante; y por otro lado consideró
que la acción de tutela era improcedente para amparar los derechos
fundamentales a la seguridad social y el mínimo vital, toda vez que no se
buscaba evitar un perjuicio irremediable que diera paso a la protección
constitucional.
3.
Decisiones que se revisan
El
primero (1) de diciembre dos mil diez (2010) el Juzgado Promiscuo de Familia de
Sabanalarga (ATL) denegó el amparo de los derechos fundamentales, porque la
accionante contaba con un mecanismo de defensa en la jurisdicción contenciosa administrativa
y no se observaba el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La decisión fue
impugnada, y por medio del fallo de tutela del dieciséis (16) de febrero de dos
mil once (2011), la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla modificó
la decisión de primera instancia, bajo el entendido de que, con base en los
mismos argumentos esgrimidos, no debía haberse denegado el amparo sino que se
tenía que declarar improcedente la acción de tutela.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Sala es competente para revisar los fallos de tutela, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34
del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso y problema jurídico
2.1. Ángela María Sarmiento Oquendo pretende que se
ordene a la Gobernación del Atlántico el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes derivada del deceso de su cónyuge.
La accionada sostiene que la tutelante no tiene derecho a ello porque fue la
Ley 100 de 1993 la que creó esa prestación y por lo tanto sólo tienen derecho a
su reconocimiento quienes hicieron aportes al sistema después de entrar en
vigencia dicha norma. No obstante, el difunto cónyuge de la tutelante sólo
cotizó hasta antes del primero de abril de 1994, fecha en la cual entró en
vigencia la Ley 100 de 1993. Asimismo, la Gobernación del Atlántico considera
que la acción de tutela es improcedente porque la peticionaria cuenta con otro
medio de defensa judicial y no se interpone para evitar un perjuicio
irremediable.
Con
base en lo anterior, corresponde a la Sala Primera de Revisión examinar si:
¿vulnera una entidad los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital de una persona, cuando le niega la indemnización sustitutiva de la
pensión de sobrevivientes sólo bajo el argumento de que el causante de la misma
(su difunto cónyuge) únicamente aportó al Sistema hasta antes de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993?
2.2. La Sala juzga que sí, especialmente cuando de esa
prestación depende que la persona pueda efectivamente satisfacer sus
necesidades básicas. Para mostrar las razones que sustentan esta conclusión, la
Sala Primera de Revisión: (i) primero verificará si la acción de tutela
es procedente en este caso; y (ii) reiterará la jurisprudencia sobre el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes
derivada sólo de aportes efectuados antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993.
3.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de
derechos pensionales. Caso concreto
3.1.
La acción de tutela procede (i) cuando no existan otros medios de
defensa judicial, (ii) cuando existiendo éstos no fueren eficaces
para salvaguardar los derechos fundamentales, o (iii) cuando no lo
fueren para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.).[10] Dado que
para reclamar derechos pensionales se establecieron medios de defensa
judiciales ordinarios, idóneos para tramitar la pretensión de reconocimiento de
la prestación, la procedencia de la acción de tutela se supedita a la eficacia
de éstos para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La eficacia
de esos medios de defensa debe analizarse en concreto, de acuerdo con las
circunstancias del peticionario y los elementos de juicio obrantes en el
expediente.[11]
A
propósito del perjuicio irremediable, se ha sostenido por la Corte que se
caracteriza por ser un perjuicio (i) inminente, es decir, por estar
próximo a ocurrir; (ii) grave, por dañar o menoscabar material o
moralmente el haber jurídico de la persona en un grado relevante; (iii) debe
demandar medidas urgentes para conjurarlo; y (iv) la acción de tutela debe
ser impostergable a fin de garantizar el adecuado restablecimiento del orden
social justo en toda su integridad.[12]
3.2.
Así las cosas, en la situación de la señora Ángela María Sarmiento Oquendo, la
Sala considera procedente la acción de tutela para reclamar la respectiva
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, pues se interpuso
para evitar un perjuicio irremediable. En efecto, persigue evitar un perjuicio
más que inminente; un perjuicio actual. De hecho, a la hora de invocar el amparo
la peticionaria carecía de las aptitudes físicas indispensables y de los medios
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas autónomamente. El perjuicio
es además grave, en cuanto la ausencia de la indemnización sustitutiva
reclamada, en condiciones vitales como las suyas, pone en serio riesgo su
capacidad para conseguir los bienes que hacen posible una existencia digna y justa,
en tanto implica mantenerla privada de los recursos por medio de los cuales
puede alimentarse, asearse, vestirse y proveerse un techo. En efecto, nótese
que se trata de una persona con ochenta y cuatro (84) años de edad, quien
padece crisis convulsivas, asociado a coma,[13] que además tiene pocas
posibilidades de generar nuevas fuentes de dinero debido a su delicado estado
de salud. Finalmente, y en consideración a lo anterior, la actuación del juez
de tutela es urgente, y las órdenes encaminadas a proteger el derecho
impostergables. Las consideraciones anteriores acerca de las circunstancias de
la actora, que a su vez es sujeto de especial protección constitucional por
hacer parte de la tercera edad, torna procedente de manera definitiva la acción
de tutela instaurada contra la Gobernación del Atlántico, pues hacerla tramitar
sus pretensiones por la vía contencioso administrativa.
3.3.
Por otro lado, y en contravía de la decisión del Tribunal de segunda instancia
que declaró improcedente la presente acción de tutela porque la peticionaria no
recurrió el acto administrativo que le negaba la indemnización sustitutiva, esta
Sala estima que es desproporcionado exigirle a la accionante el agotamiento de
la vía gubernativa, toda vez que para la época en la cual debió haberla surtido
se hallaba en grave estado de salud y en un estado de franco abandono y
vulnerabilidad. De esta manera, la Corte asume que el nivel de diligencia
exigido por el juez de tutela para entender procedente el amparo no puede ser
riguroso cuando se trata de personas en circunstancias de debilidad manifiesta.[14] Así las
cosas, la Sala estudiará de fondo el asunto.
4.
Una entidad vulnera los derechos al mínimo vital y a la seguridad social  de una
persona cuando le niega una indemnización sustitutiva de pensión de
sobrevivientes, porque los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
se hicieron hasta el momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993
4.1.
Las finalidades de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes
son, por un lado, permitir al grupo familiar del afiliado fallecido recuperar
los aportes efectuados al Sistema cuando no se alcancen a cumplir los
requisitos legales para acceder a la pensión de sobrevivientes, y por el otro,
reducir el impacto que causa la muerte de un individuo sobre las personas que
sufren de manera directa y real la ausencia de sus recursos. De esta forma, el
artículo 49 de la Ley 100 de 1993[15]
consagró la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes en los
mismos términos en que lo hizo para la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez, con la variante de que los beneficiarios de la primera prestación
serían los miembros del grupo familiar del causante establecidos en la ley.
4.2.
Ahora bien, la Corte ha sostenido que especialmente en algunos casos la
indemnización sustitutiva se convierte en la fuente esencial de bienes
necesarios para tener una existencia digna. Así ocurre sobre todo en los casos
de personas que han perdido a seres queridos de los cuales dependían
económicamente, y desde eso han experimentado una situación de desamparo,
abandono o pobreza extrema, porque por ejemplo están en condiciones de
debilidad manifiesta que les impiden o dificultan sustancialmente acceder al
mercado laboral, o desarrollar actividades que les permitan garantizar
cabalmente sus necesidades básicas. Cuando una persona se encuentra en
circunstancias de ese género, el derecho a recibir la indemnización sustitutiva
adquiere carácter fundamental, pues de su recepción real empieza a depender el
goce efectivo de una vida en condiciones dignas y justas.[16] En ese sentido, sólo
podría negárseles a las personas que se encuentren en estas condiciones su
derecho al mínimo vital si hay razones jurídicas suficientes para ello.[17] La pregunta
es si en este caso la entidad demandada ofreció razones de esa índole.
4.3.
La Sala piensa que no. En efecto, no es cierto que la indemnización sustitutiva
no pueda concedérsele a una persona en las circunstancias de la peticionaria
nada más porque su difunto cónyuge sólo cotizó hasta antes de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993.[18]
Y esto se puede descartar por inválido, si se tienen en cuenta los siguientes
argumentos. Para empezar, la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional
así lo ha resuelto por ejemplo en la sentencia T-957 de 2010.[19] En esa ocasión, y
haciendo énfasis precisamente en la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes, esta Corporación sostuvo que sí se debe otorgar dicha
prestación a las personas que sólo cuentan con aportes previos a la Ley 100 de
1993. De este modo, la tutelante tiene derecho a que su petición sea resuelta
en los términos en que lo dispuso la sentencia T-957 de 2010, que se refiere a
una situación fáctica similar a la que en este asunto se estudia.
4.4.
Pero además, hay otras razones de orden interpretativo que respaldan esa
solución de la Corte Constitucional. Así, primero que todo es importante
resaltar que no existe disposición alguna aceptable que ordene excluir a tales
personas como beneficiarias de la respectiva indemnización sustitutiva.[20] Segundo, es
relevante tener en cuenta que el literal f del artículo 13 de la Ley 100 de
1993[21]
y el artículo 2 del Decreto 1730 de 2001,[22]
reconocen expresamente los períodos cotizados con antelación a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 para efectos de acceder a las prestaciones del Sistema de
Seguridad Social. Aparte de eso, debe dársele alguna eficacia a la prohibición
del enriquecimiento sin causa, y en este caso no se le daría ninguna si se
admitiera que el sistema puede quedarse con los aportes hechos por el difunto
cónyuge de la señora Ángela María Sarmiento Oquendo.
4.5.
En este orden de consideraciones la Corte Constitucional concluye que la
entidad demandada le violó a la peticionaria su derecho al mínimo vital. En
efecto, la Gobernación del Atlántico le negó la indemnización sustitutiva con
base en que su difunto cónyuge, el señor Calixto Rafael Salas Cuentas, aportó
al Sistema sólo hasta antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Y eso lo
hizo en un contexto en el cual la señora Sarmiento Oquendo, viuda de Salas
Cuenta, pasaba por una situación de vulnerabilidad notoria debida no sólo a su
edad (84 años) sino también a su cuadro clínico de crisis convulsivas “asociado
a coma”.[23]
No siendo factible basar su negativa en un argumento que a todas luces resulta
contradictorio a la Constitución, conforme a las consideraciones desarrolladas
por las Salas de Revisión de la Corporación.[24]
4.6.
Ahora bien, como lo certificó la Subsecretaría de Talento Humano de la Gobernación
del Atlántico, las cotizaciones a pensiones del señor Calixto Rafael Salas
Cuentas se hicieron a la Caja de Previsión Social Departamental, entidad
adscrita a la Gobernación, y por lo tanto, será esta última la entidad que
reconozca a la señora Ángela María Sarmiento Oquendo la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho en su calidad
de cónyuge supérstite de Calixto Rafael Salas Cuentas
4.7.
En consecuencia, la Sala Primera de Revisión revocará el fallo del dieciséis
(16) de febrero de dos mil once (2011) proferido por la Sala Civil – Familia
del Tribunal Superior de Barranquilla, por medio del cual se modificó la
sentencia del primero (1) de diciembre de dos mil diez (2010) emitida por el
Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga. En su lugar, concederá la tutela
de los derechos al mínimo vital y la seguridad social de Ángela María Sarmiento
Oquendo, y  ordenará a la Gobernación del Atlántico que dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y
pague la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a favor de
la peticionaria en los términos dispuestos por el artículo 49 de la Ley 100 de
1993.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo del dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011) proferido
por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, por medio
del cual se modificó la sentencia del primero (1) de diciembre de dos mil diez
(2010) emitida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga. En su lugar,
CONCEDER el amparo definitivo de los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social de la señora Ángela María Sarmiento Oquendo.
Segundo.-
DEJAR SIN EFECTO la resolución No. 00266 de dos mil diez (2010) de la
Gobernación del Atlántico, por medio de la cual se niega el reconocimiento de
la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a Ángela María
Sarmiento Oquendo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
Tercero.-
Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Gobernación del
Atlántico que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, reconozca y pague a Ángela María Sarmiento
Oquendo la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a que
tiene derecho en su calidad de cónyuge supérstite de Calixto Rafael Salas
Cuentas.
Cuarto.- ORDENAR a la Gobernación del Atlántico que en término de quince (15) días
contados a partir de la expedición del nuevo acto administrativo, envié copia
del mismo a este Despacho.
Quinto.- Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En el
proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el
Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga el primero (1) de diciembre de dos
mil diez (2010), y en segunda instancia, por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el dieciséis (16) de febrero de
dos mil once (2011), con ocasión del proceso de tutela promovido por Ángela María Sarmiento Oquendo contra la Gobernación del Atlántico. Los fallos en referencia
fueron seleccionados para revisión por la Sala de Selección Número Tres, mediante auto proferido el treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011).
[2] Cédula de Ciudadanía de Ángela María Sarmiento Oquendo. Folio 25 del
cuaderno principal. (Los datos a los que se haga
referencia en esta sentencia constan en el cuaderno principal, a menos que se
exprese lo contrario).
[3] Declaraciones extrajuicio de Ana Martínez y Rafael Estrada Estrada,
mediante las cuales se informa de la precaria situación económica que enfrenta
la accionante. Folio 17.
[4] Constancia médica del Dr. Pedro Pablo Barraza Mercado. Allí se hace
constar que la accionante, desde el mes de mayo de dos mil diez (2010),
presenta un “(…) cuadro clínico de crisis convulsiva, asociado a coma (…) Su
pronóstico es reservado. (…)”. Folio 24.
[5] Registro Civil de Defunción y Registro Civil de Matrimonio.
Folios 12 y 13, respectivamente.
[6] Certificado de tiempo de servicios emitido por la Subsecretaría de Talento Humano de la Secretaría General del Departamento del Atlántico. Folio 39.
[7] Ibíd.
[8] Ob, cit. Registro Civil de Defunción de Calixto
Rafael Salas Cuentas.
[9] La resolución 00266 de 2010 de la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico, fue proferida el veintiuno (21) de
octubre de dos mil diez (2010). Folios 18 al 23.
[10] De hecho, el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 6.1, de
manera expresa dispone que la eficacia de los medios ordinarios de defensa
judiciales será apreciada en el caso concreto, atendiendo a las circunstancias
en que se encuentre el solicitante.
[11] Específicamente, sobre la
procedibilidad de la tutela para solicitar la indemnización sustitutiva se
puede observar la sentencia T-587A de 2010 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), a
través de la cual se reconoció definitivamente la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez a una señora de la tercera edad que tenía condiciones de
salud aceptables; la Corte fundamentó la procedencia en las siguientes
consideraciones: “(…) dadas las condiciones de inestabilidad económica de la
accionante es preciso reiterar que si bien la acción de tutela es improcedente
para reclamar prestaciones sociales, la procedencia en el caso objeto de
estudio es consecuencia de la protección de los derechos al mínimo vital y a la
seguridad social, así como del reconocimiento de la actividad que ha desplegado
la actora para la protección de los mismos. (…)”. De manera similar,
en sentencia T-478 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), la Corte otorgó de manera definitiva la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a un
accionante que se la habían denegado porque sus aportes los había realizado
antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. En lo atinente a la
procedibilidad de la acción se sostuvo lo siguiente: “(…) [l]a Sala encuentra que de cara a las circunstancias del caso concreto la
acción de tutela es el mecanismo idóneo para proteger el derecho fundamental a
la seguridad social del ciudadano Dagoberto Ramírez Suárez, porque su
incapacidad para seguir cotizando y la carencia de trabajo e ingreso evidencian
el quebrantamiento de su mínimo vital. (…)”.
[12] Sobre las características del perjuicio irremediable observar la
sentencia T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, unánime). Allí sostuvo la Corte que: “Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión
de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente: A)
El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente".
Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o
menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto
lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo
probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto
aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque
no necesariamente consumada. (…) B) Las medidas que se requieren para conjurar
el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir,
en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o
remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la
primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la
segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. (…) C) No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico
concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  a
uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las
autoridades públicas. (…) D) La urgencia y la gravedad determinan que la acción
de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad de la acción,
ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en
el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos
antijurídicos. (…)”
[13] Ob, cit. Pág. 2. Constancia médica del Dr. Pedro Pablo Barraza
Mercado.
[14] Véase la sentencia T-972 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En
esa oportunidad, la Corte reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez a un accionante que se la habían denegado porque sus aportes al
Sistema eran previos a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. El demandante, en el escrito de tutela, reconoció no haber interpuesto
recurso alguno contra el acto administrativo que negaba la prestación. La Corte encontró que “(…) dada la avanzada edad del accionante (68 años) y su disminuido
estado de salud, propio de su condición física, no se puede reclamar del mismo
la diligencia que se exige de las demás personas, por lo que no podría
evaluarse con la misma rigurosidad la necesidad de agotamiento de la vía
gubernativa y el ejercicio oportuno de las acciones ante la jurisdicción
contenciosa administrativa.”.
[15] Artículo 49 de la Ley 100 de 1993. “Indemnización sustitutiva
de la pensión de sobrevivientes. Los miembros del grupo familiar del afiliado
que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos exigidos para la
pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una
indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez”.
[16] La Corte Constitucional ha amparado el derecho fundamental al mínimo vital de personas que,
estando en circunstancias de debilidad manifiesta por la edad o la salud,
solicitaron la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Por
ejemplo en la sentencia T-799 de 2010 (MP. Mauricio González Cuervo), esta
Corporación estudió el caso de una persona a la cual se le había denegado la
prestación mencionada bajo el entendido de que no le era aplicable la Ley 100 de 1993 porque sus últimas cotizaciones habían sido realizadas antes de la entrada en
vigencia de la referida Ley. Se entendió que el derecho al mínimo vital del
accionante debía protegerse, porque era una persona de sesenta y dos (62) años
de edad que padecía un trastorno afectivo bipolar depresivo, EPOC, cardiopatía
isquémica y osteoartrosis en las rodillas, por lo cual se enfrentaba a un
estado de deterioro permanente con grave repercusión sobre su vida misma;
además porque denegarle la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes suponía aceptar el enriquecimiento sin causa de la entidad
encargada de pagar su prestación. Asimismo, en diferentes sentencias se ha
amparado el derecho al mínimo vital de personas de la tercera edad que
reclamaban la indemnización sustitutiva, no de la pensión de sobrevivientes,
sino de la de vejez, porque las entidades encargadas de pagarlas consideraban
que no les asistía el derecho. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ambas
prestaciones comparten la finalidad de proveer el sustento básico a las
personas que hacen parte de la tercera edad y no cuentan con otras fuentes de
ingresos o se les hace muy gravoso conseguirlas.
[17] Por ejemplo en la sentencia T-750 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas), la Corte tuteló el derecho al mínimo vital de una persona a la cual se le había denegado la
indemnización sustitutiva sobre la base de que el Consejo de Estado había
suspendido provisionalmente la norma que soportaba su otorgamiento. La Corporación juzgó que esa razón no era suficiente para negarle el reconocimiento de ese
derecho.
[18] Ob, cit. Pág. 6. Sentencia T-972 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar
Gil). La Corte afirmó que, con base en los artículos 11 y 13 de la Ley 100 de 1993, “(…) en materia del derecho a la indemnización sustitutiva, las entidades
encargadas de su reconocimiento se encuentran en la obligación de tener en
cuenta las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.”. En la misma dirección se pueden observar las sentencias
T-1088 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil) y T-099 de 2008 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[19] (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) En esa oportunidad la Corte conoció el caso de una accionante que, luego de haber recurrido a un proceso ordinario
laboral, le denegaron la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes bajo el entendido de que los aportes del causante habían sido
previos a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. La respectiva Sala de
Revisión resolvió amparar los derechos fundamentales al debido proceso, la
seguridad social y el mínimo vital de la demandante y, en consecuencia, ordenó
el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes, previa anulación de la sentencia que había resuelto el litigio
en la jurisdicción ordinaria.
[20] Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
Observación General No 19, sobre el derecho a la Seguridad Social. En referencia a los temas especiales de aplicación amplia se sostuvo lo
siguiente: “No discriminación e
igualdad. (…) Los Estados Partes deben asegurar que la legislación, las
políticas, los programas y los recursos asignados faciliten el acceso a la
seguridad social de todos los miembros de la sociedad (…). También deben
revisarse las restricciones de acceso a los planes de seguridad social para
cerciorarse de que no discriminan de hecho ni de derecho.”
[21] Literal f del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. “Para el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales
o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo
de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas
cotizadas o el tiempo de servicio (…)”.
[22] Artículo 2 (parcial) del Decreto 1730 de
2001, por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. “(…)
Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta
la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993.”
[23] Ob, cit. Pág. 2. Constancia médica del Dr. Pedro Pablo Barraza
Mercado.
[24] En ese momento ya había un precedente consolidado, que se
recogió en la sentencia T-957 de 2010 (MP. Humberto Sierra Porto), precisamente
a propósito de un caso semejante al que está bajo examen, en el que a una
persona se le había negado la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes con fundamento en que sus cotizaciones se realizaron hasta antes
de entrar en vigencia la Ley 100 de 199, la Corte señaló que “(…) así las cosas, el margen de
aplicación de estos derechos prestacionales no se restringe a los supuestos de
hecho que se originen y perfeccionen con posterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993 pues, en sentido contrario, aquel se extiende hasta alcanzar los casos en los
que el período de cotización fue realizado antes de la adopción del texto
legal. Así lo imponen no sólo las razones que pasan a ser objeto de reiteración
de los pronunciamientos judiciales en comento, sino también la prohibición de
discriminación en materia de seguridad social (Vid supra) pues una restricción
tal supondría un tratamiento desigual que, al mismo tiempo que afecta a un
sector de la población particularmente vulnerable –toda vez que si la
cotización fue realizada en ese entonces, se trata de personas
considerablemente mayores a los beneficiarios de la prestación establecida-, no
cuenta con una razón constitucionalmente atendible que lo justifique.” Entre las decisiones que
conformaban el precedente estaban por ejemplo las sentencias T-1088 de 2007
(MP. Rodrigo Escobar Gil), T-099 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y
T-286 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).