T-737-15
Sentencia T-737/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Conforme la línea jurisprudencial en la materia, el defecto
sustantivo se atribuye a una decisión judicial, cuando ella se edificó a partir
de fundamentos de derecho que se tornan inaplicables al caso concreto, cuando
éste se definió sin los que le rigen o con base en “una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica”.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
PRECEDENTE JUDICIAL Y ANTECEDENTE JUDICIAL-Diferencias
El antecedente se
refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que
puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo
más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos,
interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el
caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter
orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el
juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones
para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad. Entre
tanto, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en
las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
PRECEDENTE HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias
PRECEDENTE
JUDICIAL-Jueces pueden apartarse si exponen razones que
justifiquen su decisión
PENSION DE INVALIDEZ-Evolución
legislativa y régimen aplicable
El desarrollo
legislativo en Colombia sobre la pensión de invalidez en los últimos años se ha
dado, principalmente, en tres cuerpos normativos: el Decreto 758 de 1990, la
Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003”.
REGIMEN DE
TRANSICION EN PENSION DE INVALIDEZ-Inexistencia
El desarrollo legislativo en materia
de pensión de invalidez no tuvo un régimen de transición. En otros casos, como
la regulación de la pensión de vejez, la Ley 100 de 1993 creó un régimen de
transición, al fijar edad y semanas de cotización, con el fin de que algunas
personas se acogieran a la normatividad anterior. Sin embargo, en relación con
la pensión de invalidez, por el carácter imprevisible del acontecimiento de la
discapacidad, determinar esas causas y plazos, resultaba mucho más complejo.
Por lo tanto, no hubo régimen de transición legal en relación con la pensión de
invalidez, en el cual se determinara qué sucedería con aquellas personas que
bajo el ordenamiento jurídico derogado reunían los requisitos para obtener su
prestación, pero según lo exigido por la norma vigente, no podían acceder a
ella.
PRINCIPIOS
DE FAVORAVILIDAD E IN DUBIO PRO OPERARIO
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA AL TRABAJADOR-Aplicación del principio de favorabilidad en
materia laboral
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA EN MATERIA PENSIONAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA-Aplicación a la pensión de invalidez
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden de emitir nuevo fallo aplicando el Acuerdo
049 y el Decreto 758 de 1990, en virtud del principio de condición más
beneficiosa
Referencia:
Expediente T-5.123.620
Acción de tutela instaurada por Bernardo de Jesús
Torres Martínez contra el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín y el
Tribunal Superior de Medellín –Sala Sexta de Decisión Laboral-.
Procedencia:
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal-.
Asunto: Tutela contra sentencia. Inmediatez y
subsidiariedad. Precedente judicial. Condición más beneficiosa en pensiones de
invalidez.
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015).
En
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, proferido el 11 de
agosto de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
que confirmó la decisión que, en primera instancia profirió la Sala de Casación
Laboral de esa misma Corporación, el 10 de junio de 2015, mediante la cual se consideró
improcedente el amparo.
El
asunto llegó a esta Corporación por remisión que hizo la segunda instancia
constitucional, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la
Constitución y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Fue escogido para
revisión por la Sala de Selección N°9, mediante auto del 15 de septiembre de
2015.
I. ANTECEDENTES
Bernardo
de Jesús Torres Martínez promovió acción de tutela contra el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín –Sala Sexta
de Decisión Laboral-, al considerar que vulneraron sus derechos a la seguridad
social, al mínimo vital, a la vida digna, a la salud, al acceso efectivo a la
administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso, en tanto, al
fallar el asunto ordinario que promovió contra COLPENSIONES, las autoridades
judiciales mencionadas dejaron de aplicar el precedente constitucional sobre la
condición más beneficiosa en pensión de invalidez.
A. Hechos y
pretensiones
1. Bernardo
de Jesús Torres Martínez, es
una persona de 60 años de edad[1],
que se afilió al Instituto de Seguros Sociales (ISS) el 7 de julio de 1972, en
calidad de empleado del Bar Las Delicias[2].
Como dependiente de ese y de otros tantos empleadores[3], hizo aportes a pensión
hasta el 15 de noviembre de 1988[4];
para ese momento tenía 544 semanas cotizadas[5],
y desde entonces dejó de hacer aportes por cerca de 22 años[6].
Volvió a cotizar desde el 1° de junio de 2010, esta
vez como independiente de bajos recursos, beneficiado con subsidio al aporte[7].
2. El 20 de junio de 2012, mediante dictamen SNMLN°3745
fue calificado por el ISS con 63,80% de pérdida de capacidad laboral, con fecha
de estructuración del 4 de agosto de 2009[8].
Tal concepto obedeció a la enfermedad arterial oclusiva y a las úlceras
crónicas que presenta en los miembros inferiores, enfermedad de origen común, que le impiden movilizarse con normalidad y proveer,
para él y su esposa, las condiciones mínimas de subsistencia[9].
Fechado el momento de estructuración de su invalidez el 4 de agosto de
2009, conforme lo registra su historia laboral, no cuenta con ninguna semana
cotizada durante los tres años anteriores a ella[10].
3. El 2 de octubre de 2012, una vez conoció el dictamen
anterior, el actor solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez[11].
4. Mediante Resolución N°GNR002061 del 7 de noviembre de
2012, COLPENSIONES le negó la prestación, por cuanto no registraba la densidad
mínima de cotización durante los 3 años anteriores a la fecha de estructuración
de la invalidez, exigida en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003[12].
Esta decisión fue notificada el 3 de enero de 2013[13],
sin que se interpusieran los mecanismos de impugnación correspondientes.
5. El 3 de septiembre de 2013[14], el accionante
presentó demanda laboral contra COLPENSIONES, radicada con el número
05001-31-05-007-2013-01082-00. La causa fue tramitada, conocida y fallada por
el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín. Conforme el texto de la
demanda pretendía el reconocimiento de la
pensión de invalidez a partir de la condición más beneficiosa, como de los
intereses moratorios y/o la indexación correspondientes[15].
6. El 21 de
enero de 2014, el Juzgado
Séptimo Laboral del Circuito de Medellín declaró
probada la excepción de “inexistencia de la obligación por no reunir los
requisitos legales, esto es, no poseer las semanas exigidas por la ley”[16]. Negó las pretensiones, por considerar que el actor
no cumple los requisitos legales, incluso una vez aplicada la condición más
beneficiosa.
Frente a la aplicación de la condición más beneficiosa
anotó que, tal como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia, ésta puede
establecerse frente a la norma inmediatamente anterior a aquella vigente para
la fecha de estructuración de la invalidez, sin que el juez esté autorizado
para dar un salto legislativo más allá de ella.
Bajo tal consigna, examinado el caso concreto a la luz
de la Ley 860 de 2003, y evidenciado que el actor no satisface sus requisitos
para acceder a la pensión de invalidez, procedió a evaluar si el actor contaba
con los requisitos previstos en el texto original de la Ley 100 de 1993. Sin
disponer, el actor, de 26 semanas cotizadas durante los 3 años anteriores al
momento de estructuración de la invalidez, absolvió a COLPENSIONES por
inexistencia de la obligación pensional.
En dicha sentencia se condenó en costas al accionante,
y la juez tasó  mínimamente las agencias en derecho, de acuerdo con la
condición de vulnerabilidad en la que la sentenciadora encontró para entonces
al demandante[17].
7. Apelada la
decisión del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, la causa fue
remitida al Tribunal Superior del mismo Circuito. El 19 de mayo de 2014, la
Sala Sexta de Decisión Laboral de dicha Corporación profirió sentencia de
segunda instancia, y en ella confirmó la decisión de la primera.
Dicha sede judicial descartó la aplicación del Acuerdo 049 de 1990,
pues la condición más beneficiosa no puede implicar una búsqueda histórica de
la norma que más convenga al demandante y, por el contrario, se limita a
aquella regulación inmediatamente anterior a la vigente para la fecha de
estructuración de la invalidez; así, el ad quem encontró incumplidos los
requisitos de ley para acceder a la pensión[18].
8. El accionante
y su esposa, desprovistos de fuente de ingreso alguna, viven de la ayuda que a
ambos les brinda su hija, docente de un colegio del municipio de La Estrella,
Antioquia, cuyo ingreso apenas llega a los dos salarios mínimos; vive en estrato
2.[19]
Es ella, en exclusiva, quien asume los gastos mensuales de los tres,
entre los que se destacan la movilidad de su padre, las citas médicas y
tratamientos que debe seguir, como los de su madre, quien con 59 años tiene
problemas en la tiroides y padece hipertensión. Por esta dependencia económica,
tanto el accionante como su esposa son sus beneficiarios en el sistema de
seguridad social en salud, y en virtud de que la base de cotización exige hacer
copagos de $9.900, los gastos mensuales se tornan excesivos para la situación
económica del actor[20].
9. El 22 de mayo de 2015, a través de apoderada judicial,
el actor interpuso la presente acción de tutela, para solicitar el amparo
constitucional a sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida
digna, a la salud, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la
igualdad y al debido proceso, para lo cual solicitó se dejaran sin efecto los
referidos fallos de la jurisdicción laboral.
Sostuvo el accionante que como quiera que padece
problemas vasculares en sus miembros inferiores, con un volumen
desproporcionado de ellos, padece mucho dolor y dificultad para caminar. No
puede trabajar y no dispone de ningún tipo de ingreso que le permita atender
sus necesidades básicas.
Destacó el hecho de que no puede pagar su afiliación a
una EPS y sobrevive gracias a la ayuda de familiares y amigos, por lo que
además le fue imposible acudir al recurso extraordinario de casación para
controvertir las decisiones ordinarias laborales que ahora cuestiona, pues
hacerlo implicaba gastos con los que no puede correr .[21]
10. De conformidad con la solicitud de tutela, las
sentencias proferidas en el proceso ordinario laboral incurren en (i) defecto
sustantivo, en tanto no le fue aplicado el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto
0758 de 1990; y (ii) desconocimiento de precedente judicial, pues los jueces
ordinarios dejaron de aplicar la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez. El actor
llamó la atención sobre el hecho de que, si bien su pérdida de capacidad
laboral se estructuró en vigencia de la Ley 797 de 2003, para la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, ya había cumplido los requisitos del Acuerdo
049 de 1990, por lo que tenía y tiene una expectativa legítima de recibir la
pensión de invalidez de acuerdo con dicha normatividad.
11. Finalmente adujo que, tal como lo revela su caso, la
disparidad de interpretaciones sobre la condición más beneficiosa en materia
pensional, que refleja la jurisprudencia de las Altas Cortes, afecta gravemente
la seguridad jurídica.
Con fundamento en lo anterior, solicitó al juez
constitucional (i) dejar sin efecto las sentencias proferidas por la
jurisdicción laboral, y en su lugar emitir el fallo de reemplazo o dar la orden
de que el Tribunal accionado la emita, con arreglo al precedente
constitucional; (ii) vincular a COLPENSIONES; y, (iii) vigilar el cumplimiento
del fallo de tutela.
El accionante aportó, en calidad de prueba documental,
copia auténtica del proceso ordinario laboral N°05001-31-05-007-2013-01082-00.
B. Actuaciones de instancia
Repartida la acción de tutela a la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de 1° de junio de 2015, fue
admitida y se corrió traslado a las autoridades judiciales demandadas. En la
misma providencia se ordenó “vincular a la actuación a los intervinientes
dentro del proceso controvertido, por tener interés en la acción”[22]; de este modo se
vinculó a COLPENSIONES, a través de su representante legal y de la Gerente
Nacional de Defensa Judicial[23].
C. Respuesta de las
accionadas y vinculada
1. En escrito aportado extemporáneamente[24], COLPENSIONES
adujo que el accionante no puede hacer uso de la acción de tutela tras haber
agotado las vías ordinarias para reclamar la pensión de invalidez que pretende;
lo contrario equivaldría a asumir que este mecanismo constitucional puede
llegar a reemplazarlas.
Destacó, además, que la acción de tutela no es
procedente para modificar la sentencia de segunda instancia laboral, en la
medida en que no se satisfacen los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra sentencia; la entidad no precisó los fundamentos de tal
aseveración.
2. Las autoridades judiciales accionadas, por su
parte, guardaron silencio en relación con las manifestaciones del tutelante.
D. Sentencia de primera Instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia profirió sentencia el 10 de junio de 2015. En ella negó el amparo, por
cuanto la acción de tutela es improcedente para obtener un derecho pensional,
negado en virtud de una razonable interpretación del sentenciador ordinario, máxime
cuando se interpuso más de 6 meses después de emitida la última decisión
judicial, sin estar justificada tal demora.
Adicionalmente, resaltó que el accionante no agotó el
recurso extraordinario de casación para atacar la decisión de juez ordinario
laboral, por no lo que no acató las imposiciones del principio de subsidiaridad.
E. Impugnación
Notificado el actor sobre la decisión de primera
instancia, impugnó la misma basado en consideraciones sobre la inmediatez, la
subsidiariedad y la materia del debate constitucional.
En lo que atañe a la inmediatez, sostuvo que la Corte
Constitucional ha admitido como procedentes los amparos interpuestos, incluso
al año de la fecha del hecho del que se aduce la vulneración. Sumado a ello
-señaló-, la prestación que se negó es de tracto sucesivo, por lo que la
inmediatez no puede aducirse frente a ella en ningún momento.
En materia de subsidiaridad aludió haber mencionado en
el escrito de tutela que se abstuvo de acudir al recurso extraordinario de
casación, en tanto no tenía recursos para hacerlo. Hizo hincapié en que un
recurso como estos tarda cerca de 5 años en definirse, por lo que no es idóneo
para resolver su situación.
Finalmente, sostuvo que se hizo caso omiso sobre la
materia de debate, que es la inaplicación del precedente constitucional, pues
sobre ella nada se mencionó en el fallo del juez constitucional de primera
instancia.
F. Sentencia de segunda instancia
El 11 de agosto de 2015, la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo del a quo, al considerar
que el actor no interpuso el recurso extraordinario de casación y pretende
acudir a la acción de tutela para enmendar tal omisión, siendo improcedente el
amparo.
G. Actuaciones en
sede de Revisión
El 19 de octubre de 2015, se profirió auto de pruebas
mediante el cual solicitó:
1. La
remisión de la sentencia de primera instancia que profirió el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso laboral ordinario
N°05001-31-05-007-2013-01082-00, promovido por Bernardo de Jesús Torres
Martínez en contra de COLPENSIONES, dictada en audiencia del 21 de enero de
2014, pues no obraba en el expediente.
La
providencia judicial en mención fue remitida electrónicamente a esta
Corporación el 27 de octubre del año en curso[25].
2. Aclaración
sobre las afirmaciones de la parte accionante en el escrito de tutela sobre la
imposibilidad que tenía para afiliarse al Sistema de Seguridad Social en Salud,
pues de la consulta de las bases de datos correspondientes se encontró
información en sentido contrario, que apuntaba a la existencia de una
afiliación en salud y de una posible prestación, a su favor, de los servicios
de un programa de medicina prepagada.
En
comunicación del 3 de noviembre de 2015, el accionante manifestó que no cuenta
con servicio de medicina prepagada a su favor, y que si en los certificados que
emite la EPS se hace alusión a ella, es en virtud de la razón social de la
prestadora de salud. Además, sostuvo que si bien se encuentra afiliado al
Sistema de Seguridad Social en Salud, como beneficiario de su hija, le es
imposible cotizar por sí mismo y actualmente debe hacer un copago de $9.900
siempre que necesita alguna atención.
Remitió
dos declaraciones extraproceso: una en la que manifiesta no tener medicina
prepagada ni posibilidad de ingreso para él y su esposa[26], y otra en la que su
hija afirma ser quien auxilia a sus padres con el sueldo que percibe, como
docente en un colegio de La Estrella, Antioquia[27].
Mediante auto del 6 de noviembre de 2015, en
seguimiento del artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[28], las pruebas
recaudadas fueron puestas a disposición de las partes e intervinientes, para
efecto de que se pronunciaran sobre ellas. Sin embargo, una vez cumplido el
término de traslado correspondiente, no hubo manifestación adicional por parte
de los interesados[29].
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. En virtud
de las disposiciones contenidas en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política de 1991, como en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta
Sala es competente para decidir el presente asunto.
Asunto
objeto de revisión y  problema jurídico
2. Para efectos
de discernir el asunto central que se debate, es importante recordar que el
accionante es una persona de 60 años de edad con una situación económica
precaria, y una pérdida de capacidad laboral del 63,80%, estructurada el 4 de
agosto de 2009. Desde el 7 de julio de 1972 y hasta el 15 de noviembre de 1988
había cotizado 544 semanas[30];
dejó de hacer aportes a la seguridad social desde ese momento y hasta el 1° de
junio de 2010, cuando volvió a cotizar.
Para cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, el actor no se
encontraba cotizando y desde 1988 lo había dejado de hacer, sin embargo,
considerado lo anterior, satisfacía el requisito de cotización de 300 semanas
en cualquier tiempo, necesario para obtener el derecho a la pensión de
invalidez, una vez configurada la misma, conforme lo establecían el Acuerdo 049
y el Decreto 0758 de 1990.
Ante la negativa de COLPENSIONES de reconocerle la pensión de invalidez,
acudió a la jurisdicción ordinaria en búsqueda de la aplicación del principio
de la condición más beneficiosa[31].
En primera y segunda instancia, los jueces laborales consideraron que no era
posible aplicar el  Acuerdo 049 ni el Decreto 0758 de 1990, y sólo era
procedente recurrir a la norma inmediatamente anterior a aquella vigente para
la fecha de estructuración de la invalidez[32],
esto es el texto original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cuyos
requisitos no satisfacía.
El
accionante interpuso acción de tutela un año después de emitida la última
sentencia en el asunto, para denunciar la inaplicación del precedente
constitucional en materia de la condición más beneficiosa[33]
y reclamar el amparo de sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna,
a la salud, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad y
al debido proceso. En primera y segunda
instancia se consideró improcedente el amparo por no satisfacer los requisitos
de inmediatez y subsidiaridad.
3. La Sala
considera que debe resolver los siguientes problemas jurídicos:
Primero, debe establecer si la tutela contra las sentencias proferidas
por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, el 21 de enero de
2014, y por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, el 19
de mayo de 2014, satisface los requisitos generales  de procedencia de la acción
de tutela; en especial la Sala se concentrará, en ese orden, en los principios
de inmediatez y subsidiariedad, en los que se focalizó el debate en las
instancias constitucionales. Luego se orientará a establecer si el amparo
cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Verificado lo anterior, y solo en el caso de encontrar que la solicitud
de amparo satisface los requisitos de procedencia de la acción de tutela y los
requisitos generales de la acción tutela contra decisión judicial, la Sala
deberá analizar si ¿incurren las sentencias judiciales que negaron la pensión
de invalidez al accionante en desconocimiento del precedente y en un defecto
sustantivo, por haberse apartado sin motivación alguna de la jurisprudencia de
la Corte Constitucional que determina que en materia de pensión de invalidez se
debe aplicar la condición más beneficiosa, que en este caso era la aplicación
del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 0758 del mismo año?
4. Establecidos
así los problemas que deberá resolver la Sala, en esta sentencia se analizará:
(i) la procedencia general de la acción de tutela, a través de los principios
de subsidiaridad e inmediatez; (ii) los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) los requisitos
especiales de procedencia; (iv) el defecto sustantivo; (v) el desconocimiento
del precedente; (vi) el marco legal de la pensión de invalidez;  y (vii) la
figura de la condición más beneficiosa, en el marco de la jurisprudencia
constitucional.
Procedencia
de la acción de tutela. Principio de subsidiaridad.
5. El
artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo “preferente y sumario” para la protección de los derechos
fundamentales de las personas en Colombia. No obstante, esta norma
constitucional y el Decreto 2591 de 1991[34], establecen que la tutela
solamente procede cuando “el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”. Entonces, la
procedencia de la acción de tutela se encuentra condicionada por el principio
de subsidiaridad; no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios
de defensa de derechos fundamentales[35],
ni mucho menos a los jueces naturales, únicos competentes para conocer y
determinar, los litigios que surjan en la jurisdicción ordinaria o contencioso
administrativa.
La inobservancia de tal principio se erige como una causal de
improcedencia a la luz del numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991[36],
declarado exequible en la Sentencia C-018 de 1993.
6. El principio
de subsidiaridad implica el resguardo de las competencias jurisdiccionales, de
la organización procesal básica, del debido proceso y de la seguridad jurídica
que entraña la idea propia del Estado Social de Derecho. De este modo, esta
Corporación ha expuesto que:
“(…) la acción de tutela como mecanismo de protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser entendida
como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su
efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que
aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte
idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado (…),
a través de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en
consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona,
eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede existir concurrencia
de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que
se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues su
carácter y esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus
derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico.”[37]
7. Como ha sido reiterado constantemente, el
principio de subsidiariedad (como el de inmediatez, como en adelante se verá),
debe analizarse en cada caso en concreto. En aquellos casos en que existan
otros medios de defensa judicial, la jurisprudencia de esta Corporación ha
determinado que caben dos excepciones que justifican su procedibilidad, siempre
y cuando también se verifique la inmediatez, a saber:
-Que a pesar
de existir otro medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela
procede como mecanismo transitorio; y
-Que si bien
existe otro medio de defensa judicial, éste no es idóneo o eficaz para
proteger los derechos fundamentales invocados, caso en el cual la tutela
procede de manera definitiva.
8. En vista de
lo anterior, según la jurisprudencia de esta Corporación, la tutela contra
decisiones judiciales es procedente en forma excepcional, y solo cuando se han
agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, con los que el Legislador ha
dotado al ciudadano. Para que tal exigencia pueda efectuarse, sin duda, el accionante
debe haber tenido siquiera una oportunidad de concurrir a través de algún otro
mecanismo judicial, para la defensa de sus derechos.
Se impone de tal modo el deber de acudir, previa la interposición de la
acción de tutela, entre otros, al recurso extraordinario de casación, cuando
sea posible hacerlo a la luz de la normativa que rige tal institución jurídica;
esto es cuando, en principio, el motivo de la censura pueda subsumirse en una
de las causales legales para ello y cuando, a primera vista, la cuantía del
asunto responda a las exigencias que habilitan al interesado para la
interposición del recurso.
9. En lo que atañe al caso concreto, respecto del
agotamiento de todos los medios de defensa judicial al alcance del señor
Bernardo de Jesús Torres Martínez, es claro que, en principio, debió haber
acudido a los mecanismos procesales con los que efectivamente contaba para
oponerse a la decisión judicial que acusa por vía de tutela. Los jueces
constitucionales de instancia consideraron que tal exigencia había sido
desconocida, en tanto no acudió al recurso de casación contra la sentencia de
19 de mayo de 2014, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá. Ninguna de
dichas sedes judiciales se pronunció sobre la imposibilidad económica que alegó
el actor para recurrir en casación, aquella última providencia.
Cabe recordar que el recurso extraordinario de
casación laboral opera frente a asuntos que superan los 120 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, conforme el artículo 86 del Código de Procedimiento
Laboral, vigente para cuando se radicó la demanda laboral, esto es para el 3 de
septiembre de 2013.
Debe tenerse en cuenta que el accionante, demandó a
COLPENSIONES con la pretensión de: (i) “que se declare que a mi poderdante
le asiste el derecho a pensión de invalidez de origen común, desde la fecha de
estructuración de la merma de capacidad laboral”[38];
(ii) “se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones ‘COLPENSIONES’
al reconocimiento y pago de la PENSIÓN DE INVALIDEZ con sus correspondientes
mesadas adicionales e incrementos de Ley, desde la fecha en que causó el
derecho”[39];
y, (iii) se condene “a la demandada al pago de los intereses moratorios y/o
la indexación de las sumas de dinero”[40].
Considerado lo anterior se estima que, comoquiera que
las mesadas pretendidas, no superan las 60 (cada una por valor estimado de un
salario mínimo, conforme se desprende de la base de cotización reportada en la
historia laboral), a primera vista, la cuantía del proceso ordinario promovido
por el accionante no alcanzaba siquiera los 90 salarios mínimos, incluidos los
intereses del caso[41].
Así, el asunto definido por la jurisdicción ordinaria no era recurrible y no le
es exigible al actor el recurso extraordinario de casación, por ser
improcedente.
10. No está de más resaltar que, aún si se llegase a
considerar que el recurso habría sido procedente en razón de la cuantía del
mismo, en igual forma el amparo se ajusta al principio de subsidiaridad, en la
medida en que frente a las condiciones socioeconómicas y de salud que atraviesa
el accionante, “no puede perderse de vista que ese trámite tiene una
duración aproximada de 3 a 5 años”[42],
pues ello implicaría una carga desproporcionada para él, en desmedro de su
derecho a la igualdad.
En virtud de lo anterior, conforme las
particularidades del caso concreto, el recurso de casación tampoco era el
mecanismo judicial idóneo para proteger los derechos del accionante.
Procedencia
de la acción de tutela. Principio de Inmediatez
11. El principio
de inmediatez, previsto en la Constitución[43],
es una restricción en el tiempo para la presentación de la acción, no en la
forma de caducidad (inoperante en materia de tutela[44]) sino como exigencia de
razonabilidad temporal en su interposición. Lo anterior en plena concordancia con
la inminencia de la amenaza y la urgencia de la intervención del juez de
tutela, que caracterizan el uso de este mecanismo constitucional.
De
acuerdo con lo previsto en la norma superior en cita, el Decreto 2591 de 1991,
al reglamentar la acción de tutela, estableció en el primer inciso de su
artículo primero que “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces (…) la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales”; fijó la necesidad de que la protección sea
reclamada prontamente.
12. La
naturaleza misma de la acción de tutela –sumaria y preferente- implica una
doble imposición de diligencia. Lleva al sistema de administración de justicia
a actuar ágilmente a través de la fijación de términos procesales perentorios
para su decisión, con las sanciones disciplinarias que acarrea su
desconocimiento, y prioriza este tipo de procesos frente a otros; al mismo
tiempo le impone al afectado diligencia en la invocación de la protección, a
través del principio de inmediatez.
Lo
anterior implica que cualquier acción de tutela deba interponerse en un término
razonable y próximo a la conducta que se señala como causa de la vulneración de
los derechos fundamentales, sobre los que se busca protección. El
desconocimiento injustificado de este deber implica la improcedencia de la
acción, en virtud de la cual el asunto se sustrae al conocimiento del juez
constitucional.
13. Ahora bien,
en asuntos en los que el objeto de debate constitucional es una decisión
judicial en firme, la exigencia en cuanto al principio de inmediatez se hace
mayor, pues no sólo se encuentra en cuestión la urgencia de la protección, sino
además se compromete la seguridad jurídica derivada de la cosa juzgada, por lo
que el análisis sobre la razonabilidad del término de interposición de la
acción constitucional es más exigente. En tal sentido, de tiempo atrás, se ha
afirmado que:
“la tutela contra una decisión judicial debe ser entendida,
no como un recurso último o final, sino como un remedio urgente para evitar la
violación inminente de derechos fundamentales. En esta medida, recae sobre la
parte interesada el deber de interponer, con la mayor diligencia, la acción en
cuestión, pues si no fuera así la firmeza de las decisiones judiciales estaría
siempre a la espera de la controversia constitucional que en cualquier momento,
sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera de las partes. En un escenario
de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuales [sic.] son sus
derechos y cual [sic.] el alcance de éstos, con lo cual se produciría una
violación del derecho de acceso a la administración de justicia –que incluye el
derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales– y un clima de
enorme inestabilidad jurídica. En consecuencia, la tensión que existe entre el
derecho a cuestionar las decisiones judiciales mediante la acción de tutela y
el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica, se ha
resuelto estableciendo, como condición de procedibilidad de la tutela, que la
misma sea interpuesta, en principio, dentro de un plazo razonable y
proporcionado”[45].
Con todo, si bien es cierto que la Corte Constitucional ha admitido que
un término razonable para la interposición de la acción de tutela contra
providencias judiciales puede ser de 6 meses, como lo ha reconocido también la
jurisdicción ordinaria  y la de lo contencioso administrativo, también lo es
que por virtud de la evaluación casuística de la inmediatez, se ha considerado
procedente la acción de tutela formulada en lapsos más amplios.
14. Conforme la
jurisprudencia de esta Corporación, la estimación del plazo razonable para la
formulación de la acción constitucional se debe verificar caso a caso[46].
Este análisis se debe hacer a partir de la valoración de los supuestos fácticos
que sustentan el amparo y las especiales condiciones que rodean la situación
del actor, por lo que su determinación, lejos de ser abstracta y apriorística,
se torna en un ejercicio atado a la interpretación judicial de las
particularidades del caso y del accionante, como de la relación entre éstas.
Para
determinar si el término en el cual el accionante acudió a la jurisdicción
constitucional se encuentra conforme al principio de inmediatez, es necesario
valorar si se presenta alguna de las siguientes tres situaciones:
“(i) Que existan razones válidas para justificar la
inactividad de los accionantes. Pueden ser situaciones de fuerza mayor, caso
fortuito y en general la incapacidad del accionante para ejercer la acción en
un tiempo razonable.
(ii) Que la amenaza o la vulneración permanezca en el
tiempo, a pesar de que el hecho que la originó sea antiguo.
(iii) Que la carga de la interposición de la acción de
tutela en un plazo razonable, resulte desproporcionada por una situación de
debilidad manifiesta del accionante, por ejemplo, en casos de interdicción,
minoría de edad, abandono, o incapacidad física.”[47]
La
ocurrencia de cualquiera de estos eventos se traduce en la satisfacción del
principio de inmediatez, por más alejada que se encuentre la interposición de
la acción de tutela del momento en el que ocurrió la conducta de la que surge la
vulneración de los derechos que se pretende proteger. Ahora, entre más tiempo
transcurrido, mayor deberá ser la carga argumentativa de la parte accionante,
quien deberá mostrar al juez de tutela la imposibilidad en la que se encontraba
para interponer previamente la acción.
15. Según lo anotado, la fijación de un término específico
para un caso concreto puede parecer frente a otros asuntos, desproporcionada o
demasiado laxa. No es posible llegar a establecer y a aplicar un estimado
temporal demasiado rígido, pues cualquier estimación sobre el tiempo razonable
que se aplique en forma abstracta a los casos concretos, sin consideración de
sus particularidades, socavaría los más profundos lineamientos constitucionales
de la inmediatez de la acción de tutela[48].
De tal modo, la
adopción de un lapso de seis meses como plazo razonable para la interposición
de la acción de tutela, no puede constituirse en una regla aplicable para todos
los casos, que releve al juez constitucional de considerar las particularidades
del asunto concreto; tampoco un lapso considerado por esta Corporación permite
extender, en abstracto, un plazo a los casos futuros. Se recuerda que la
oportunidad de la interposición de la acción de tutela es casuística, y un
término como el de los seis meses aparece como una mera orientación para el
juzgador y para el accionante, mas no como regla inamovible.
16. Frente al caso concreto, ha de tenerse en cuenta que
siendo el tutelante un sujeto de especial protección constitucional, en virtud
de su estado de salud, de su condición de invalidez y de su debilidad
socioeconómica, es necesario un análisis más flexible del principio de
inmediatez, pues en sus especiales circunstancias, hacer exigencias
inquebrantables en cuanto a la oportunidad de la acción, deriva en una carga
desproporcionada para él.
Como se desprende de la documentación obrante en el
expediente, el accionante no posee recursos económicos propios con los cuales
suplir sus necesidades, y los recursos con los que su hija le asiste apenas
alcanzan para cubrir las necesidades más básicas. Su invalidez, del 63,80%
genera para él problemas físicos para su movilidad y se encuentra al cuidado de
su hija y su esposa.
Obsérvese además que es beneficiario de su hija en el
sistema de salud[49];
cuenta con un subsidio al aporte a pensiones[50],
reconocible a personas de condiciones económicas precarias que no pueden
cotizar por sí mismas al sistema; vive en estrato 2[51];
no tienen, ni él ni su esposa, un ingreso estable[52];
y el juez ordinario laboral de primera instancia encontró que el accionante
está en tal situación de vulnerabilidad, que fijó una cantidad representativa
de costas en su contra, cuando decidió desfavorablemente la acción que
promoviere[53].
Debiendo medirse la razonabilidad del plazo de
formulación de la acción, a través de consideraciones en torno a la
proporcionalidad de la exigencia de formular la acción enseguida del acto que
se reconoce como la causa directa de la vulneración de los derechos, respecto
de las circunstancias del actor, aparece notorio que cuando éste no tiene los
medios económicos y las capacidades físicas para gestionar sus derechos, el
término de los 6 meses para recurrir a la administración de justicia puede no
serle suficiente para vencer los obstáculos personales, que evidentemente tiene
para ello.
Esta Sala estima que en las condiciones de
vulnerabilidad de la parte accionante, el lapso de 6 meses no puede serle
exigible, en la medida en que no se encuentra en posibilidad, física y
socioeconómica, de movilizarse en forma autónoma para dar el debate judicial
que ha dado, hasta el alcance de sus posibilidades. Adicionalmente, sus
afirmaciones sobre la imposibilidad económica para acudir al recurso de
casación, implican que consideró tal posibilidad y gestionó al respecto, sin
éxito, por lo que no hay desidia de su parte en el lapso de tiempo que
transcurrió entre el 19 de mayo de 2014 y el 22 de mayo de 2015, cuando radicó
la presente acción de tutela. Siendo ello así, el término de un año para la
presentación de la solicitud de amparo aparece razonable conforme los supuestos
fácticos de la acción, siendo ésta procedente.
17. Cabe recordar que, tratándose de acción de tutela
contra providencias judiciales, esta Corporación ha admitido un año, o incluso
más,  como término razonable para interposición de la acción de tutela, a causa
de la calidad de sujeto de especial protección constitucional del actor.
En Sentencia T-273 de 2015[54],
al estudiar una acción promovida contra el Juzgado Segundo de Descongestión del
Circuito de Cali y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, se estimó que
el término de un año para la interposición de la acción era razonable.
Para llegar a dicha conclusión se tuvo en cuenta que
el actor tenía pérdida de capacidad laboral del 52%, y pretendía, en últimas,
una pensión de invalidez, cuya inexistencia “deriva [en] la vulneración de
otros derechos fundamentales del accionante como lo es el mínimo vital”.
Además, se destacó que el resultado del juicio constitucional “no afectará
derechos de terceros ni el principio de seguridad jurídica, dado que la
decisión versa únicamente sobre su situación concreta y particular”.
Por su parte, la Sentencia T-206 de 2014[55]
que analizó, entre otros procesos acumulados, la acción de tutela promovida
contra el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá consideró la procedencia de la misma pese a que se
interpuso cerca de 3 años después de proferida la última decisión judicial
censurable.
Consideró la Corte Constitucional en dicha providencia
que “la carga de inmediatez en la interposición de la acción de tutela es
desproporcionada cuando se trata de una persona de la tercera edad o cuando su
estado de salud la ubica en situación de debilidad manifiesta”.
18. Precisado lo anterior esta Sala encuentra que la
acción de tutela satisface plenamente los requisitos de procedibilidad que debe
observar toda solicitud de amparo. Conviene en adelante dilucidar si en el caso
sometido a estudio se satisfacen los requisitos particulares, previstos para
los amparos formulados contra providencias judiciales.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales
19. La acción de
tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución,  es un mecanismo
excepcional previsto para que toda persona pueda hacer frente a la amenaza o
vulneración de sus derechos fundamentales, con ocasión de la conducta, positiva
u omisiva, de cualquier autoridad pública y, en algunos eventos, de los
particulares.
En
desarrollo de dicho precepto constitucional, los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto 2591 de 1991 previeron la posibilidad de que cuando los jueces
emitieran decisiones que vulneraran garantías fundamentales, las mismas fueran
susceptibles de control por vía de tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-543 de 1992  declaró la inexequibilidad de los
referidos artículos. En ese fallo la Corte precisó que permitir el ejercicio de
la acción de tutela contra providencias judiciales, transgredía la autonomía y
la independencia judicial y contrariaba los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica.
En
una vasta línea jurisprudencial al respecto, desde 2005 se ha reconocido que la
procedencia de la acción de tutela contra providencias, si bien es posible,
está condicionada por varios factores que limitan su interposición a casos
especiales, en los que el juzgador se aparta notoriamente de los designios
impuestos por la Constitución, la ley o la sana crítica, y con ello afecta las
garantías constitucionales de las partes o interesados en un proceso judicial.
Tal
fue el razonamiento que inspiró la teoría de las vías de hecho[56],
y que ahora sustenta la de los diferentes requisitos generales y especiales en
la materia[57],
para que el juez constitucional pueda determinar la vulneración del derecho al
debido proceso por una providencia, sin quebrantar los principios de la
seguridad jurídica, la cosa juzgada, la autonomía y la independencia judicial[58].
Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias
20. La
armonización de los derechos fundamentales y principios como la seguridad
jurídica y la cosa juzgada, implicó el establecimiento de requisitos de
riguroso análisis, que sirvieran como examen preliminar del asunto, y que
aseguraran que el juez constitucional examine una providencia judicial, si y
solo si (i) la materia sometida a debate sea de estirpe constitucional y no
legal; (ii) con el conocimiento del asunto y su tramitación por vía de tutela,
no se desvirtúe la naturaleza residual y urgente del amparo; y (iii) no se deje
permanentemente abierto un debate judicial, fines que inspiran los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
los cuales fueron resumidos en la Sentencia SU-241 de 2015[59],
así:
Que la cuestión sea de relevancia constitucional. Es decir, que el asunto que se somete al
conocimiento del juez de tutela sea explícitamente un asunto que verse sobre
los derechos fundamentales, mas no litigiosos o legales, de las partes que haya
participado del proceso en que se dictó la decisión judicial atacada.
Que se hayan agotado todos los medios de defensa
judicial al alcance del actor, lo que
sugiere que el accionante debió haber recurrido a los mecanismos procesales con
los que efectivamente contaba para oponerse a la decisión judicial que acusa
por vía de tutela.
Que se cumpla el principio de inmediatez, de tal forma que la interposición de la acción de
tutela haya seguido a la emisión de la decisión judicial señalada, sin que el
tiempo que hay entre una y otra pueda aparecer irrazonable frente al caso concreto.
Que la irregularidad procesal, en caso de que ella sea
alegada, sea decisiva en el proceso,
de tal modo que, siguiendo la naturaleza excepcional de este mecanismo, sólo
pueda hacerse uso de él ante irregularidades de tal envergadura, que resulten verdaderamente
lesivas de las garantías que asisten a las partes. Se excluyen situaciones en
las que el yerro procesal no afecte directamente los derechos de las partes,
bien por su irrelevancia o bien porque se hubiere podido subsanar o se subsanó
en el curso del proceso, siéndole imputable al proponente.
Que se identifiquen, de manera razonable, los hechos
que generaron la vulneración de derechos fundamentales, lo cual sugiere la necesidad de que la parte
accionante precise en forma clara y contundente la acusación sobre la decisión
judicial.
Que no se trate de una tutela contra una sentencia que
haya definido, a su vez, una acción de tutela, con lo que se “buscó evitar la prolongación indefinida del debate
constitucional, más aún cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a
un proceso de selección ante esta Corporación; trámite después del cual se
tornan definitivas, salvo las escogidas para revisión”[60].
Mientras
la concurrencia de todos y cada uno de estos requisitos generales implica la
posibilidad de que el juez constitucional prosiga con el análisis, la ausencia
de uno solo de ellos genera la improcedencia de la acción de tutela, sin que el
estudio sobre el asunto pueda llegar a trascender al fondo del debate.
21. A luz de
estos requisitos puede concluirse que la cuestión objeto de estudio presenta
relevancia constitucional, en la medida en que ventila el desconocimiento de la
garantía constitucional a la igualdad y al debido proceso que le asiste al
tutelante, sin que el debate pueda considerarse de orden legal y si del resorte
del juez constitucional.
Como
quedó claro en líneas anteriores, tanto el requisito de subsidiaridad como el
de inmediatez se encuentran plenamente satisfechos, pudiendo concluirse que  el
actor agotó los medios de defensa judicial que están a su alcance, y que
presentó la acción de tutela en un término razonable.
Adicionalmente,
es claro que (i) la irregularidad que se pone de presente resulta decisiva para
la definición del proceso ordinario, y resulta lesiva de las garantías
constitucionales del accionante, conforme sus apreciaciones; (ii) el accionante
identifica razonablemente los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales que alega, construyendo la acusación en forma clara; y, (iii) las
sentencias fueron proferidas en el marco de un proceso ordinario y no de uno de
tutela.
De
tal manera, la acción de tutela objeto de estudio cumple todos los requisitos
generales de procedencia, por lo que el juez constitucional está habilitado
para considerar del fondo el asunto, como pasará a hacerse. Lo anterior no sin
antes advertir que, siendo ello así, en este aspecto, las sentencias de la
primera y la segunda instancia constitucional deberán revocarse, como quiera
que llegaron a otra conclusión sobre el particular.
Requisitos
especiales de la procedencia de la acción de tutela contra sentencia
22. Una vez
establecida la existencia concurrente de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra sentencia, y solo así, el juez
constitucional debe analizar si de los fundamentos expuestos por el accionante,
de los hechos y de las intervenciones se puede llegar a desprender la
existencia de alguno de los requisitos especiales de procedencia.
Los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
coinciden con los defectos en los que, se ha estimado, puede incurrir la
autoridad judicial ordinaria, en desarrollo de sus funciones, frente a las
partes y al proceso del que conoce, siendo ello lesivo del derecho al debido
proceso de las partes, intervinientes y/o terceros interesados.
23. La Corte ha
edificado un sistema de posibles vicios que afectarían los derechos de las
partes en un proceso, a partir de las siguientes categorías, a las que han de
contraerse las acusaciones sobre una decisión judicial:
“·Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario
judicial que profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de
competencia.
·Defecto procedimental absoluto: surge cuando el juez
actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley.
·Defecto fáctico: se presenta cuando la decisión
impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se
sustenta la decisión, o cuando se desconocen pruebas que desconocen el sentido
del fallo.
·Defecto material o sustantivo: tiene lugar cuando la
decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la
decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible en caso o cuando se
otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene.
·El error inducido: acontece cuando la autoridad
judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales.
·Decisión sin motivación: se presenta cuando la
sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor judicial
incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
que la soportan.
·Desconocimiento del precedente: se configura cuando
por vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado tema, y el
funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos
eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho
fundamental a la igualdad.
·Violación directa de la Constitución que se deriva
del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta
Política como un supuesto plenamente vinculante y con fuerza normativa.”[61]
24. Considerados
los fundamentos de la acción de tutela objeto de estudio, conforme las
acusaciones que el accionante hace de las decisiones judiciales que
controvierte, conviene profundizar en la naturaleza del defecto sustantivo y
del desconocimiento del precedente constitucional, como en las relaciones entre
ellos.
Defecto
sustantivo
25. Conforme la
línea jurisprudencial en la materia, el defecto sustantivo se atribuye a una
decisión judicial, cuando ella se edificó a partir de fundamentos de derecho
que se tornan inaplicables al caso concreto, cuando éste se definió sin los que
le rigen o con base en “una interpretación que contraríe los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica”[62].
De tal modo, en términos generales se presenta “cuando, en ejercicio de su
autonomía e independencia, la autoridad judicial desborda con su interpretación
la Constitución o la ley”[63].
Las hipótesis anteriores se configuran en los eventos en los cuales:
“(i) (…) la decisión impugnada se funda en una disposición
indiscutiblemente no aplicable al caso;
(ii) (…) el funcionario realiza una ‘aplicación indebida’ de
la preceptiva concerniente;
(iii) (…) la aplicación o interpretación que se hace de la
norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han
definido su alcance;
(iv) (…) la interpretación de la norma se hace sin tener en
cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática;
(v) (…) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y
por ende inaplicada;
(vi) (…) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y
es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó;
porque la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador.”[64]
26. El defecto
sustantivo, o material como también se le conoce, se erige como una limitación
al poder de administrar justicia, y a la autonomía e independencia judicial que
conlleva, en el marco del Estado Social de Derecho al que sirve, y que ata la
interpretación judicial a los principios y valores constitucionales, como a las
leyes vigentes.
El desconocimiento de los mismos, en la medida en que comprometan
derechos fundamentales, implica la intervención del juez constitucional para su
protección. En consecuencia, si bien:
“el juez de tutela, en principio, no está llamado a definir
la forma correcta de interpretar el Derecho Penal, Civil, Laboral, Comercial,
etc. Sin embargo, en aquellos eventos en los que la interpretación dada por el
juez ordinario carece de razonabilidad, y cuando se cumplen los requisitos
anteriormente mencionados, se hace procedente (…) [su] intervención (…). En este
caso, el juez de tutela tiene la carga de demostrar fehacientemente la
existencia de una vulneración del Derecho Constitucional de los derechos
fundamentales como condición previa para poder ordenar la revocatoria de la
decisión judicial impugnada”[65].
27. Con todo,
cabe anotar que como lo ha sostenido esta Corporación[66]
el defecto sustantivo abarca múltiples posibilidades que generan un yerro en la
aplicación del derecho y, por su trascendencia, el desconocimiento del derecho
al debido proceso de las partes, a causa de la elección de fuentes
impertinentes o de la omisión de normas aplicables, que bien pueden surgir de
las reglas jurisprudenciales que rijan la materia.
Desconocimiento
del precedente judicial
28. El
precedente judicial es la figura jurídica, que sirve como dispositivo de preservación
de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, al conllevar la
previsibilidad de las consecuencias jurídicas de sus actos, que más que en las
disposiciones jurídicas, se encuentra en la interpretación que de ellas se hace[67].
En tal sentido, se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo.”[68]
Sin embargo, el precedente no debe identificarse plenamente con la sentencia,
sino con la regla que de ella se desprende, aquella decisión judicial que se
erige, no como una aplicación del acervo normativo existente, sino como la
consolidación de una regla desprendida de aquel y extensible a casos futuros[69],
con identidad jurídica y fáctica.
Con ocasión de la citada definición, y bajo el entendimiento de que “no
todo lo que dice una sentencia es pertinente para la definición de un caso
posterior, como se ha visto”[70],
esta Corporación ha hecho una distinción entre lo que se denomina antecedente
jurisprudencial y precedente, en sentido estricto. En las Sentencias T-830
de 2012 y T-714 de 2013 se ha precisado al respecto que:
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas
similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que
contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto
de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador,
lo que no significa (a) que
no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que
lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los
principios de transparencia e igualdad. (…)
[Entretanto, el] –precedente-http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-830-12.htm
- _ftn16, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones
fácticos y (ii)
problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una
regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el nuevo caso.”[71]
Puede predicarse la existencia de un precedente, en los eventos en los
cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente
de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del
pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del
caso pasado, constituye la pretensión del caso presente.
(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación”.[72]
Ahora bien, conforme la entidad frente a la que debe conservarse la
univocidad de la decisión, se habla de un precedente horizontal y uno vertical[73].
Este último se considera como aquel que se impone en virtud de las competencias
jerárquicas que se desprenden de la organización del aparato de administración
de justicia, a causa del cual el sentenciador debe acatar los lineamientos
fijados por “las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia
dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la
mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado,
como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en
los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para
los operadores judiciales inferiores”[74].
29. De tal forma
aquel que puede considerarse precedente para un caso posterior, debe consultar
la materia del debate que se ventila y la fuente a la que obedece. Como quiera
que la fuente puede ser constitucional y no situarse en el rango legal, es
posible considerar que la aplicación del precedente de la jurisdicción
ordinaria no resulte suficiente en sede constitucional para integrar todos los
elementos de juicio relevantes para un caso concreto.
Para estos eventos se ha concebido una modalidad particular del
precedente, cual es el precedente constitucional, definido como el conjunto de pautas
de acción que informan un determinado asunto, identificadas por este, el órgano
de cierre de la jurisdicción constitucional, sobre el alcance de las garantías
constitucionales o de la congruencia entre las demás normas que componen el
ordenamiento jurídico, y la Constitución.
Su carácter es vinculante, no solo en forma vertical, sino también para
los órganos de cierre de las demás jurisdicciones, que en aras de la constitucionalización
del derecho, deben procurar por una interpretación sistemática del mismo, que
comprende la interpretación auténtica de la Constitución[75].
En esa medida, tal como se ha establecido previamente:
“las decisiones judiciales que sean contrarias a la
jurisprudencia emitida en Sala de Revisión de la Corte Constitucional, pueden
ser objeto de tutela contra providencia judicial por desconocimiento del
precedente constitucional. Igualmente, ha indicado esta Corporación que una
actuación contraria a la jurisprudencia constitucional es violatoria de la
Carta Política porque atenta contra el desarrollo de un precepto superior
contenido en la sentencia, sea de constitucionalidad o de tutela”.[76]
30. El carácter
vinculante del precedente judicial determina el reconocimiento de que la
actividad propia de la administración de justicia implica:
“identificar la norma aplicable y el precedente
jurisprudencial relevante. No basta con tener en cuenta la literalidad de la
norma y aplicarla según la autonomía interpretativa del operador jurídico.
La independencia y autonomía judicial están válidamente
restringidas por el deber de aplicación del precedente jurisprudencial. Los
jueces tienen la capacidad para interpretar las normas, analizarlas con otras
disposiciones legales y con los artículos de la Constitución, pero ese
ejercicio hermenéutico no carece de límites. El precedente judicial es
considerado como la mejor fórmula adoptada por los jueces, hasta ese momento,
para resolver determinado problema jurídico. Por ello, si un asunto ha sido
discutido y se ha adoptado una solución previamente, los casos similares que se
presenten con posterioridad, deben optar por la respuesta que se ha dado a las
mismas situaciones”[77].
31. La necesidad
de guardar el precedente judicial, como fuente de derecho, está sustentada,
así, básicamente en dos razones. La primera, la protección al derecho a la
igualdad de quien acude a la administración de justicia y de la seguridad
jurídica; la segunda, el carácter vinculante[78]
de las decisiones judiciales “en especial si son adoptadas por órganos cuya
función es unificar jurisprudencia”[79].
Así, el precedente se impone:
“(1) [E]n virtud del principio de igualdad en la aplicación
de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (2) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales deben ser ‘razonablemente previsibles’; (3) en atención a
los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que
demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la
comunidad; y finalmente, (4) por razones de rigor judicial, en la medida en que
es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico (dogmática
jurídica).”[80]
32. No obstante
lo anterior, el deber de aplicación del precedente no es absoluto, por lo que
el funcionario judicial puede apartarse válidamente de él, bajo las garantías
que le otorgan los principios de independencia y autonomía judicial. Para
hacerlo, el juzgador debe (i) hacer referencia al precedente que va a dejar de
aplicar y (ii) ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, que haga manifiestas las razones por las que se aparta de la
regla jurisprudencial previa.
Significa ello que el carácter vinculante del precedente no se erige
como un mandato absoluto, en desmedro de la independencia y la autonomía
judicial. El derecho se ha reconocido como un sistema en movimiento[81],
por lo que si bien es preciso resolver los casos concretos con uniformidad,
ante situaciones de hecho y de derecho similares, aquel no es el único camino
para dilucidar los diferentes casos.
De este modo, aun cuando haya una regla aplicable a un caso concreto
sobreviniente, por cuanto (i) en la ratio decidendi de una sentencia
previa se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver;
(ii) la ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo
caso; y (iii) los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente[82],
el fallador se puede apartar motivadamente de ella.
33. En esa
medida, sólo cuando un juez se aísla de un precedente establecido, sin cumplir
con la carga ya descrita, incurre en la causal especial de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, referente al desconocimiento
del precedente judicial. Debido a que, con ese actuar, vulnera los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas que acudieron a
la administración de justicia.
Con todo, para efectos del caso concreto no debe perderse de vista que
el desconocimiento del precedente, conforme la Sentencia SU-298 de 2015[83],
puede tener una estrecha relación con el defecto sustantivo, en tanto se asume
bajo dos circunstancias posibles: (i) cuando se demuestra un defecto sustantivo,
en la modalidad de desconocimiento del precedente judicial; o (ii) cuando se da
el desconocimiento del precedente en forma autónoma. Según la misma sentencia,
se trata de situaciones que, en ciertos eventos, no presentan límites enteramente
definidos entre sí, interconectándose y sirviendo como complemento, uno del
otro.[84]
Marco legal sobre la pensión de invalidez. Evolución
normativa
34. Ahora
bien, para efectos de establecer el fondo del asunto sometido a estudio y antes
de precisar las características del caso concreto frente a las acusaciones
sobre el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente, conviene hacer
referencia preliminar a la evolución normativa de la pensión de invalidez, para
lo cual es pertinente memorar
que “el desarrollo legislativo en Colombia sobre la pensión de invalidez en
los últimos años se ha dado, principalmente, en tres cuerpos normativos: el
Decreto 758 de 1990, la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003”[85].
Las trasformaciones normativas en la materia se han
concentrado en los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, en lo que a la
densidad de semanas y el periodo de cotización de las mismas, se refiere.
35. El Decreto 0758 de 1990, mediante el cual se aprobó el
Acuerdo 049 del mismo año, proferido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios, concebía la invalidez como una calidad que ostenta “la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente o cuyo motivo no haya sido la violación injustificada de los
Reglamentos de los Seguros Sociales Obligatorios, hubiera perdido su capacidad
laboral”. En su artículo 6° se establecieron los requisitos que debe
cumplir una persona para acceder a la pensión de invalidez, así:
“Tendrán derecho a la pensión de invalidez
de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente total[[86]] o
inválido permanente absoluto[[87]]
o gran inválido[[88]]
y,
b) Haber cotizado para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis
(6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300)
semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.”
Esta norma rigió desde el 11 de abril de
1990, hasta cuando se unificaron los regímenes en materia de pensiones, con la
Ley 100 de 1993.
36. La Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad
social integral, asumió la invalidez como una condición que ostenta quien, “por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”[89]. Adquirían el derecho
a la pensión de invalidez, conforme el tenor original del artículo 39:
“los afiliados que (…) sean declarados
inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando
al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento
de producirse el estado de invalidez.
b. Que habiendo dejado de cotizar al
sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas
del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de
invalidez”.
El artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y de ella todo
lo que atañe a las prestaciones pensionales, conforme su artículo 151[90], estuvo vigente desde
el 1° de abril de 1994, hasta el 26 de diciembre de 2003.
37. Para entonces, la Ley 860 de 2003, cuyo artículo 1° sustituyó
el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, transformó la exigencia de semanas
cotizadas, para establecer que:
“Tendrá derecho a la pensión de invalidez
el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
2. Invalidez causada por accidente: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
PARÁGRAFO 1o. <Condicionalmente
exequible conforme lo previó la Sentencia C-020 de 2015> Los menores de
veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis
(26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su
invalidez o su declaratoria.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya
cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a
la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los
últimos tres (3) años.”
La Ley 860 de 2003 estuvo vigente desde el 26 de
diciembre de 2003, y es la que actualmente rige la materia, tal como se dejó
dicho. Frente a ella y al aumento de la densidad de cotización exigida, se
pronunció esta Corporación en la Sentencia C-428 de 2009, en la que lo avaló
entendiendo que no implicaba el desconocimiento al deber de progresividad, y a
la concurrente prohibición de regresividad, pues si bien se aumentó el número
de semanas, también se amplió  el periodo de cotización, de uno a 3 años, lo
cual favoreció a la población sin empleo estable.
38. Cabe destacar que, en consideración a la literalidad
de estas dos últimas normas referenciadas, como de la realidad de quienes
padecen enfermedades crónicas y degenerativas, cuya aparición puede no
coincidir con la pérdida definitiva de capacidad para trabajar, esta Corte ha
previsto la posibilidad de tener en cuenta las cotizaciones que se hayan hecho
con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.
En tal sentido se extrae de la Sentencia T-013 de
2015, que ello sucederá siempre que:
“(i) Sea calificado con una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 50%, debido al padecimiento de
enfermedades degenerativas, congénitas o crónicas.
(ii) Con posterioridad a la fecha de la
estructuración de la invalidez, conservó una capacidad laboral residual que le
permitió seguir trabajando y cotizando al sistema hasta que en forma definitiva
no le fue posible hacerlo, completando las 50 semanas exigidas por la
normatividad vigente.
(iii) Demuestre, aunque sea de manera
sumaria, que actuó sin ánimo de defraudar al Sistema General de Seguridad
Social al realizar los aportes pensionales correspondientes.”
Proceder en forma contraria implicaría el
desconocimiento de los aportes efectuados, por quien desprovisto de capacidad
para trabajar en condiciones de normalidad, y a pesar de sus condiciones
físicas, sigue nutriendo al sistema de pensiones con sus cotizaciones, y
constituiría un enriquecimiento sin causa para las administradoras de fondos de
pensiones[91].
39. Por último cabe resaltar que la evolución normativa de
la pensión de invalidez, brevemente expuesta, no ha previsto para ninguno de
los tránsitos legislativos un régimen de transición, como garantía “de los
derechos que están en curso de ser adquiridos (…) [estableciendo] las reglas
que los regulan cuando una modificación normativa implica la desmejora de esos
derechos”[92].
La Sentencia T-295 de 2015 dijo al respecto:
“el desarrollo legislativo en materia de pensión de invalidez no
tuvo un régimen de transición. En otros casos, como la regulación de la pensión
de vejez, la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, al fijar edad y
semanas de cotización, con el fin de que algunas personas se acogieran a la
normatividad anterior. Sin embargo, en relación con la pensión de invalidez,
por el carácter imprevisible del acontecimiento de la discapacidad, determinar
esas causas y plazos, resultaba mucho más complejo. Por lo tanto, no hubo
régimen de transición legal en relación con la pensión de invalidez, en el cual
se determinara qué sucedería con aquellas personas que bajo el ordenamiento jurídico
derogado reunían los requisitos para obtener su prestación, pero según lo
exigido por la norma vigente, no podían acceder a ella”[93].
La
pensión de invalidez y la condición más beneficiosa: alcances y diferencias con
otras expresiones del principio protector del derecho laboral
40. El acceso
a la pensión de invalidez protege el derecho a la seguridad social y a la salud
de las personas que se han visto disminuidos en sus capacidades físicas,
respecto de la población general. Esta Corporación ha entendido que:
“el derecho a la seguridad social consagrado en el
artículo 48 de la Constitución, busca ‘garantizar la protección de
cada sujeto frente a necesidades y contingencias, tales como las relacionadas
con la pérdida de la capacidad laboral’http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-509-15.htm
- _ftn15. De esta
norma se
desprende el derecho a acceder a la pensión de invalidez, que tiene como objeto
brindar a los trabajadores una fuente de ingresos cuando han sufrido un
accidente o enfermedad que afectan gravemente su capacidad laboral. Asimismo,
este derecho es fundamental porque se trata de una medida de protección a las
personas en situación de discapacidad, quienes tienen una alta pérdida de
capacidad laboral y, por esta razón, se enfrentan a mayores dificultades para
vincularse a un empleo y proveerse un sustento económico que les permita tener
una vida digna”[94]
41. Entendido
ello, de cara a los principios del Derecho laboral, cabe recordar que éste se
encarga de regular las relaciones entre el trabajador y el empleador, en las
que ellos juegan roles que se caracterizan por la desigualdad material de
oportunidades de decisión y acción, entre sí. La consigna de la regulación es
establecer patrones que beneficien a la parte más débil de la relación, con el
fin de que pueda realizar sus derechos, si no en igualdad, si en equivalencia
de condiciones, al punto en que “[l]a función protectora que tiene el
Derecho laboral frente al trabajador, en consideración de a su posición de
desigualdad o debilidad frente al empleador ha sido (…) su fundamento”[95].
En el marco de dicha conformación de las relaciones laborales, se ha propendido
por la consolidación de un sistema justo en el que el trabajador cuente con
garantías que hagan del laboral un escenario, materialmente, más igualitario. A
tal fin sirve el principio protector que caracteriza la producción y la interpretación
normativa, como “respuesta frente a dicha desigualdad y evidente
subordinación, pretendiendo crear instituciones que equilibren la relación.”[96]
Como derivación del principio protector están los principios de favorabilidad, in
dubio pro operario y el de la condición más beneficiosa, para orientar
tanto al Legislador, como al juez laboral en la consolidación de la ley y de su
aplicación[97].
Los tres se desprenden del artículo 53 superior[98].
42. El principio
de favorabilidad, consiste en la garantía de que, ante la coexistencia de
normas que regulen una misma materia, será aplicable al trabajador aquella que
le sea más favorable. Implica, por tanto, la elección de una norma, entre dos o
más que regulan un mismo caso, y para que pueda hablarse de él es necesario que
ambas disposiciones susceptibles de aplicarse, sean válidas, estén vigentes y
rijan la misma materia[99].
43. Entretanto,
el principio in dubio pro operario implica la existencia de una norma
aplicable al caso, con dos o más sentidos desprendidos de ella, de los cuales
debe aplicarse la interpretación más protectora a los intereses del trabajador.
Está condicionado a la existencia de una duda en la interpretación judicial,
siendo necesario que exista incertidumbre para el juez; no es aplicable cuando
la duda proviene de otras fuentes. [100]
44. Finalmente, frente
a la materia propia del asunto objeto de estudio, el principio de la condición
más beneficiosa se refiere a aquella garantía consagrada en el artículo 53 de
la Constitución de 1991, en tanto puntualizó prescriptivamente que “la ley,
los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
Con dicha disposición el constituyente primario hizo intangibles los
derechos de los trabajadores, tanto para al Legislador como para los demás
agentes que intervengan en la relación laboral, de tal modo que:
“el principio de la condición más beneficiosa adquiere
relevancia en las situaciones en las cuales se presenta un tránsito legislativo
e implica ‘la confrontación del régimen laboral que viene aplicándose a cierto
trabajador, con el régimen que pretende reemplazarlo total o parcialmente, ya
que este solo puede tener eficacia jurídica frente al mismo trabajador en caso
de que resulte beneficiado’” [101].
Concebido en esos términos el principio de la condición más beneficiosa
implica, una “sucesión normativa [frente a la cual se busca](…) mantener
situaciones jurídicas no consolidadas de trabajadores a quienes, si bien no han
adquirido determinados derechos, se les debe garantizar la protección de las
mismas con el objeto de reducir el impacto social del tránsito normativo en
materia laboral” [102].
Tal
y como lo ha aclarado en múltiples oportunidades la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, la condición más beneficiosa:
“entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera
o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el
régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un
derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia habida cuenta que poseen
una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su
integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada. A
ellos, entonces, se les debe aplicar la disposición anterior, es decir, la
vigente para el momento en que las satisfizo. En ese horizonte, ha enseñado
esta Corporación que tratándose de derechos que no se consolidan por un solo
acto sino que suponen una situación que se integra mediante hechos sucesivos, hay
lugar al derecho eventual, que no es definitivo o adquirido mientras no se
cumpla la última condición, pero que sí implica una situación concreta
protegida por la ley, tanto en lo que atañe al acreedor como al deudor, por lo
que supera la mera o simple expectativa.” [103]
Resulta
de lo anterior que la condición más beneficiosa implica el reconocimiento de un
derecho eventual en cabeza del trabajador, al cumplir los requisitos de ley
para hacerse acreedor de la prestación pensional que busca para sí, esto es con
la densidad de semanas cotizadas exigidas. De tal forma lo único que resta para
que tenga un derecho adquirido a la pensión, en este caso de invalidez, es el
acaecimiento de la pérdida de capacidad laboral.
45. Sin embargo,
el criterio asumido por los jueces de primera y segunda instancia se funda en
algunos pronunciamientos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Conforme dicho criterio, la condición más beneficiosa consiste en la aplicación
de la norma inmediatamente anterior a la que, según la fecha de estructuración
de la invalidez, le es aplicable al trabajador que ha visto disminuida su
capacidad laboral.
Bajo este postulado, no puede considerarse habilitante para desarrollar
un ejercicio de búsqueda histórica ilimitada de la norma que satisfaga las
pretensiones del actor, para elegirla como aquella aplicable, pues en su
criterio:
“dicho principio no habilita al juzgador a efectuar una
búsqueda histórica en las legislaciones anteriores, a efectos de determinar
cuál se ajusta al contexto planteado, pues actuar de esa manera supondría
desconocer que las leyes sociales son de aplicación inmediata y en principio
rigen hacia futuro” [104].
Los
motivos esgrimidos para limitar el alcance de la condición más beneficiosa a un
solo tránsito legislativo[105],
radican principalmente, en que la búsqueda y aplicación de cualquier norma
pretérita que haya regulado la situación del trabajador, implica el
resquebrajamiento de la seguridad jurídica[106].
Tal como lo sustentó, sobre todo, la primera instancia ordinaria.
46. No obstante
lo anterior, para esta Sala es claro que la condición más beneficiosa supone la
garantía que tiene el asociado de que, en materia laboral, sus derechos
adquiridos y sus expectativas legítimas, sean protegidas contra los tránsitos
legislativos que puedan sucederlos y afectarlos.
En tal sentido, como se concluye de lo expuesto hasta este punto, su
reconocimiento no implica la elección entre dos normas susceptibles de ser
aplicadas, lo cual caracteriza el principio de favorabilidad; así lo manejaron
los jueces ordinarios laborales en el caso objeto de estudio, pues asumieron
que la determinación de la condición más beneficiosa, refiere un ejercicio de
elección entre la norma vigente para el momento de la estructuración de la
invalidez, y aquella inmediatamente anterior a ésta. Han desviado el principio
de la condición más beneficiosa, que potencia el análisis en abstracto y las reglas
desprendidas del caso concreto, que evitan una mirada particular de las
expectativas legítimas del ciudadano, con lo que, en últimas, se subvierte la
naturaleza de la condición más beneficiosa para darle visos de favorabilidad.
La condición más beneficiosa, entendida como se anotó en líneas
anteriores, demanda un ejercicio analítico sobre la legitimidad de una expectativa
creada con fundamento en una norma ya derogada. No podría configurarse,
entonces, un límite temporal preconcebido y universal para la búsqueda de la
norma aplicable, sino que la identificación de la misma depende de que se haya
configurado, o no, en el caso concreto una expectativa legítima afectada con la
normativa posterior.
47. En ese orden
de ideas, la Corte Constitucional ha sostenido que en los eventos en los cuales
la persona que pretende el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez,
había cumplido los requisitos de densidad de semanas cotizadas, restándole solo
la ocurrencia del siniestro asociado a la disminución de capacidad laboral,
debe respetarse la expectativa legítima de obtener la prestación, en los
términos de la norma que el interesado satisfizo. La Sentencia T-717 de 2014
consideró que:
“Este principio protege las
expectativas legítimas de quienes están próximos a reunir los requisitos de
reconocimiento del derecho a la pensión frente a cambios normativos que
menoscaban sus fundadas aspiraciones. Las expectativas legítimas constituyen
una figura intermedia entre las meras expectativas y los derechos adquiridos
pues se refieren al momento en que una persona logra consolidar una situación
fáctica y jurídica concreta en virtud de la satisfacción de alguno de los
requisitos relevantes para el reconocimiento del derecho subjetivo que
persigue. En este sentido, no tiene un derecho adquirido, pues no satisface
todos los requisitos, pero tampoco tiene una mera expectativa porque ya ha
acreditado algunos”.[107]
En virtud de lo anterior, se ha llegado a admitir que, cuando el
interesado cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos por una norma
anterior, que no siempre será la inmediatamente anterior,  le asiste la condición
más beneficiosa y sus efectos pueden llegar a perdurar, para él, en el tiempo,
al punto de conseguir la pensión de invalidez bajo su régimen; “la Corte ha
verificado [en estos casos] que la persona hubiera cumplido con las condiciones
de las normas derogadas antes de la entrada en vigencia de la norma posterior.
Es decir, que si se iba a aplicar el Acuerdo 049 de 1990, el accionante tenía
que haber cotizado las semanas exigidas antes del primero (1º) de enero –sic.-
de mil novecientos noventa y cuatro (1994), día en que entró a regir la Ley 100
de 1993”[108].
48. De tal modo, se ha considerado admisible la aplicación
de la normativa contenida en el Decreto 0758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo
049 del mismo año, para conceder la pensión de invalidez, siempre que (i) la
persona interesada esté calificada con un porcentaje mayor al 50% de pérdida de
capacidad laboral; (ii) tuviera cotizadas las semanas que le fueron exigidas
por dicha norma (150 6 años antes de la estructuración “o trescientas (300)
semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”,
(iii) para cuando ésta perdió vigencia (1° de abril de 1994) y se dio
efectivamente el tránsito legislativo.
Caso concreto: las decisiones de la jurisdicción
laboral que negaron la pensión de invalidez al actor incurrieron en un defecto
sustantivo al no haber aplicado la norma adecuada, de acuerdo con lo
establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
49. La Sala encuentra que en el caso concreto las
decisiones durante el proceso laboral ordinario que negaron la pensión de
invalidez incurren en un defecto sustantivo, al no haber aplicado el Acuerdo
049 y el Decreto 0758 de 1990, en desconocimiento del precedente constitucional
que indica que se debe aplicar la condición más beneficiosa, a quienes hayan
consolidado una expectativa legítima bajo un régimen ya derogado.
50. El defecto sustantivo, como se advirtió, es un vicio
en la aplicación del derecho, que puede configurarse, entre otras, por la
inaplicación de normas que sirven al caso concreto o por la aplicación
incorrecta de las reglas que lo rigen. Puede estructurarse en relación con el
precedente, que aún cuando fijó una norma para casos análogos, resulta
inaplicado sin la carga argumentativa suficiente para apartarse de él.
51. La sentencia de primera instancia, dictada por el
Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín el 21 de enero de 2014 en el
asunto ordinario laboral que promovió el actor contra COLPENSIONES, consideró
que, conforme lo estableció la Corte Suprema de Justicia en diversos fallos, la
condición más beneficiosa no es una figura jurídica a través de la cual el juez
pueda llegar a hacer un examen histórico de la legislación más útil al
demandante, para lograr la prestación que persigue.
Se concentró  en determinar si el demandante cumplía
los requisitos legales para obtener la pensión de invalidez de la Ley 860 de
2003, aplicable para el 4 de agosto de 2009 cuando se estructuró su
incapacidad, y toda vez que no era así, extendió su análisis a la norma
inmediatamente anterior, la Ley 100 de 1993. Establecido que el actor no cotizó
ninguna semana durante los 3 años anteriores a la estructuración de su
incapacidad, como lo exigen las normas en cita, se negaron las pretensiones.
52. La sentencia de segunda instancia, proferida el 19 de
mayo de 2014, destacó en el mismo sentido que la condición más beneficiosa no
puede habilitar a conceder una prestación, con cualquier normativa anterior,  por
lo que confirmó la decisión de instancia.
53. Ambas providencias aplicaron el principio de la
condición más beneficiosa en el sentido de acudir a la norma más favorable,
entre aquella vigente al momento de la estructuración de la invalidez y la que inmediatamente
le antecede. El precedente establecido por la Corte Constitucional determina
que la aplicación de la condición más beneficiosa como criterio para establecer
la norma aplicable al caso, responde al respeto de la configuración de la
expectativa legitima, y no consiste simplemente en escoger entre dos normas la
que sea más favorable.
54. Para el momento de expedición de las sentencias de la
jurisdicción ordinaria laboral, referidas, esta Corporación había dilucidado
casos semejantes al propuesto por el accionante. La semejanza la otorga (i) la
prestación pretendida: pensión de invalidez; (ii) la norma de la que se
pretende aplicación: Acuerdo 049 de 1990; (iii) la pérdida de capacidad laboral
superior al 50%; (iv) la fecha de estructuración en vigencia de la Ley 860 de
2003; y, (v) la cotización de más de 300 semanas al momento de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993. Constituyen ejemplos de tales casos análogos
las siguientes providencias:
En la Sentencia T-872 de 2013[109]
se analizó el caso de una persona diagnosticada con un 52.7 % de pérdida de
capacidad laboral de origen común, estructurada el 16 de septiembre de 2008, cuyos
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones ascendían a cerca de 600
semanas, 300 cotizadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Se determinó que “en aplicación del principio de la
condición más beneficiosa, previsto en el artículo 53 de la Constitución
política, la Sala procede concluir que las disposiciones que rigen el asunto y
que le dan derecho a la demandante a la pensión de invalidez, son los artículos
5° y 6° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Ello es así, porque la señora Rodríguez acreditó una pérdida de la capacidad
laboral en un porcentaje superior al 50% y cotizó más de 300 semanas antes del
1de abril de 1994, fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993”. De tal
modo “frente a casos fácticamente semejantes al presente, cuando una persona
declarada en situación de invalidez haya cotizado por lo menos 300 semanas
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (abril 1° de 1994), puede
acceder a la pensión bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990.”
En la Sentencia T-595 de 2012[110],
al resolver el caso de una persona con 67.35% de pérdida de capacidad laboral
estructurada el 8 diciembre de 2008, que había cotizado 785 semanas antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se estimó que “ha debido
concluirse que ciertamente tiene derecho a la pensión de invalidez reclamada”
bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990.
En la Sentencia T-299 de 2010[111],
se determinó un asunto en el que a un ciudadano con pérdida de capacidad
laboral del 64,7% desde el 14 de septiembre de 2007, quien había cotizado
474.86 semanas al sistema pensional, 400 antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 se le había negado la prestación. El accionante no había
cotizado en la vigencia del Decreto 0758 de 1990, más sin embargo bajo su
regulación se concluyó que tenía la expectativa pensional, de que con 300
semanas podría acceder a la pensión de invalidez.
Para entonces se consideró que “la decisión
adoptada por el ISS fue una interpretación poco garantista del derecho social a
la seguridad social y frente al caso particular, generó una inequidad que no
fue advertida por el juez de primera instancia, pues resulta paradójico que al
peticionario, cotizando más de 400 semanas bajo el régimen anterior, no le sea
reconocida la prestación económica por ausencia de cotización de 26 semanas en
el último año”.
En consecuencia, en esta sentencia se concedió el
amparo constitucional a los derechos del actor y se dispuso el reconocimiento
de la pensión de invalidez que, el Acuerdo 049 de 1990, le autorizaba, en
consideración a que “había logrado consolidar su derecho al reconocimiento
de la prestación económica en la anterior legislación”.
55. Así, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
precisado que la condición más beneficiosa en materia laboral y para el caso de
la pensión de invalidez consiste en el respeto por los derechos adquiridos y
las expectativas legítimas de los asociados, que resultan intangibles para el Legislador
y para el juez, por virtud del último apartado del artículo 53 de la
Constitución.
La condición más beneficiosa no es una institución
jurídica que permite, sin más, aplicar la norma anterior a la que sería
aplicable a quien pretende la pensión de invalidez, en virtud de la fecha de
estructuración de ésta; por el contrario es la garantía de que, una vez
cumplidos los requisitos de ley (entendidos como los de las semanas cotizadas),
la eventualidad de la muerte o de la invalidez estaría respaldada por el
Sistema de Seguridad Social.
El fundamento sobre el que se estructura dicho
principio es, como ya se precisó, la necesidad de un trato equitativo a quienes
antes del 1° de abril de 1994, habían cumplido con el requisito de cotización
que les imponía el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 0758 del mismo año, bien
fueran 300 o 150 semanas conforme las particularidades del caso concreto, que
cualquier quebranto en su salud que pudiere generar invalidez sería cubierto por el Sistema.
Considerar lo contrario implicaría un trato
diferenciado con fundamento en el azar, en la medida en que cumplido el
requisito de densidad en la cotización, si la pérdida de capacidad laboral se
verificaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, la persona quedaba
amparada, mientras si la misma tenía lugar luego, no. Este último criterio no
parece razonable en la medida en que en uno y otro caso la obligación de
cotización se habría observado con igual diligencia, pero tendrían lugar
consecuencias disímiles, por virtud de la mera contingencia y la desventura
personal.
De este modo surgió la sub-regla conforme la cual es “posible
aplicar el Decreto 758 de 1990 para resolver una petición pensional [fundada en
una condición de pérdida de capacidad laboral], aunque la estructuración de la
invalidez ha[ya] ocurrido en vigencia de la Ley 100 de 1993”[112],
siempre que para el 1° de abril de 1994 se hayan cumplido los requisitos de
ley.
Cabe en este punto precisar que la exigencia de los
requisitos de ley, tal y como se ha reconocido en la jurisprudencia de esta
Corte, no es equiparable a la causación de la pensión de invalidez y la
exigibilidad de la misma. Se trata más bien de la exigencia, conforme el
Decreto 0758 de 1990, de 150 o 300 semanas cotizadas, que habilitaba a la
persona para que ante la pérdida de capacidad laboral, meramente contingente,
pudiera obtener el beneficio pensional de carácter legal.
56. En el caso de la acción de tutela que se analiza, se
tiene que para el momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto
es para el 1° de abril de 1994 el accionante no se encontraba cotizando, por lo
que para entonces le era exigible una densidad de 300 semanas cotizadas en
cualquier tiempo. Para ese mismo periodo, contaba con una cantidad de semanas
cotizadas superior a las 300, toda vez que fueron reconocidas a su favor 544,
por lo que cumple con los requisitos normativos existentes para entonces.
El tránsito legislativo, no puede dejar de lado la
indiscutible posibilidad que tenía el accionante para el 1° de abril de 1994,
de tal modo que en resguardo de la condición más beneficiosa, se impone
considerarla y aplicarle al accionante la norma de la cual satisfizo
íntegramente los requisitos que estaban a su cargo, teniendo un derecho
eventual, que genera una expectativa legítima de ser pensionado por el
siniestro de la invalidez, mediante lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 y
del Decreto 0758 del mismo año.
57. No está demás destacar en este punto, y bajo la
claridad de que el accionante tiene y ha mantenido una expectativa legítima
conforme las normas previstas en el Acuerdo 049 y el Decreto 0758 de 1990, que
aún si la normativa aplicable hubiera sido o bien la Ley 860 de 2003, o bien el
texto original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en aras de no desconocer
los aportes efectuados por el accionante después de la estructuración de
invalidez y de no generar un enriquecimiento sin causa de la administradora de
pensiones, la aplicación correcta de dichas normas imponía el reconocimiento
pensional.
Nótese que la
fecha de estructuración fue el 4 de agosto de 2009. El actor conoció de ella el
20 de junio de 2012, para cuando, luego de haber dejado de cotizar por más de
20 años, volvió a cotizar el 1° de junio de 2010; lo hizo ininterrumpidamente
desde ese momento hasta el 31 de agosto de 2013, última cotización de la que se
conoce[113].
Durante los tres años anteriores a la solicitud de la prestación pensional, el
accionante registra un total de 98,57 semanas cotizadas, y en total, luego de
la estructuración cotizó 115,71 semanas[114].
Debe tenerse en cuenta que en varias providencias,
esta Corporación ha admitido tal posibilidad. En Sentencia T-486 de 2015[115],
esta misma Sala precisó:
“en ocasiones no existe identidad entre la fecha de
estructuración de la invalidez y el retiro efectivo y material del mercado
laboral del trabajador, puesto que se trata de padecimientos que se agravan
paulatinamente en el tiempo debido a su naturaleza crónica y
degenerativa, lo que implica que realizó cotizaciones con posterioridad al
momento en que presuntamente se estructuró su incapacidad laboral. La negativa
de las entidades que administran los fondos de pensiones de reconocer estos
derechos prestacionales en las especiales circunstancias descritas, pueden
implicar un enriquecimiento sin justa causa para los fondos porque pese a la
existencia de aportes suficientes para tener acceso a la pensión se niega el
derecho.
Estas situaciones generan una desprotección constitucional
de los ciudadanos que persiguen el reconocimiento de su prestación pensional,
por tal razón esta Corte ha establecido como regla jurisprudencial especial que
la verdadera fecha de estructuración de la invalidez surge el día en que la
persona pierde de forma definitiva y permanente su capacidad laboral, es decir,
en el momento en que presentó la reclamación de su pensión de invalidez, lo que
implica que las instituciones encargadas del reconocimiento pensional deben
tener en cuenta los aportes a pensiones realizados con posterioridad a la fecha
de estructuración determinada por la Junta de Calificación de Invalidez.”
Para efectos de una protección como ésta, debe
analizarse si puede aplicarse la excepción a la contabilización de semanas
cotizadas desde la fecha de estructuración de la invalidez. Tal posibilidad
depende, como se advirtió, de que: (i) el interesado haya sido calificado con
pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, debido al padecimiento de
enfermedades degenerativas, congénitas o crónicas; (ii) con posterioridad a la
fecha de la estructuración de la invalidez, conservó capacidad laboral residual
en virtud de la cual siguió cotizando al sistema hasta que no le fue posible
hacerlo, y completó las 50 semanas exigidas por la normatividad vigente; (iii)
haya actuado sin ánimo de defraudar al Sistema General de Seguridad Social al
realizar los aportes pensionales correspondientes referidos.
En
el caso concreto, el señor Torres Martínez fue calificado con pérdida de
capacidad laboral del 63,80% por enfermedad
arterial oclusiva y úlceras crónicas que presenta en los miembros
inferiores, conforme el tenor literal del dictamen emitido por el ISS el 20 de
junio de 2012[116].  Además, como se vio, con posterioridad a
la fecha de estructuración completó más de 50 semanas cotizadas.
Según las pruebas aportadas, el accionante desconocía
de su pérdida de capacidad y de la fecha de estructuración de la misma cuando
retomó, en 2010, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, conducta que
no tuvo, por ende relación con aquella, y de la que sería imposible deducir
ánimo de defraudación alguno.
En tal sentido, la aplicación del derecho en las
sentencias acusadas por el accionante, resulta inadecuada también respecto de
la norma que en últimas fue aplicada.
Conclusión
58. Conforme los razonamientos expuestos se concluye que
el accionante cumple los requisitos para que en su caso se aplique la condición
más beneficiosa, en la medida en que para el año 1993 había cotizado el número
de semanas que le era exigible, conforme el Acuerdo 049 y el Decreto 0758 de
1990. La jurisdicción ordinaria consideró que, si bien procedía el beneficio
que conlleva tal principio en el caso del señor Torres, la norma aplicable en
virtud de este  era el texto original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, y
toda vez que contabilizó los años anteriores a la estructuración, sin
considerar la capacidad laboral residual que revelaba la historia laboral, encontró
insatisfechos sus requisitos, y en ambas instancias ordinarias se negó el
derecho pensional.
Lo anterior implica que los jueces ordinarios limitaron
el alcance de la condición más beneficiosa al contraerla al tránsito
legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003; con ello la
redujeron a un ejercicio de elección entre dos normas, que subvierte la
naturaleza de tal principio; todo ello como consecuencia de la inobservancia  del
precedente constitucional que la define, con lo que fueron afectados los
derechos a la igualdad y al debido proceso del accionante.
Por tanto, al haberse abstenido de aplicar la
jurisprudencia constitucional en materia de la condición más beneficiosa en
cuanto a la pensión de invalidez, los jueces ordinarios definieron el asunto
litigioso planteado por el accionante bajo parámetros normativos que no le eran
aplicables, incurriendo en un defecto sustantivo.
Así mismo al aplicar las normas que erradamente aplicó,
lo hizo en desconocimiento de la capacidad laboral residual del actor, y por
ello se dio un manejo errado del derecho, que determinó la decisión judicial.
Ello bajo el entendido de que si se hubiera aplicado correctamente, incluso la
Ley 860 de 2003, se hubiera llegado a inferir correctamente que el accionante
cumple con los requisitos establecidos en su artículo 1°.
59. De tal modo, conforme se estructuró el problema jurídico
abordado, esta Sala encuentra que, de un lado, las sentencias judiciales
proferidas dentro de la causa ordinaria laboral promovida por el accionante
contra COLPENSIONES en 2013, adolecen de defecto sustantivo en la medida en que
no aplicaron el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 0758 del mismo año, como
consecuencia de la desatención a los lineamientos fijados por esta Corporación
frente al alcance del principio de la condición más beneficiosa. Lo anterior
vulnera los derechos reivindicados por el actor, en especial el derecho al
debido proceso y a la igualdad.
Por
ende, la Sala procederá a revocar las sentencias de tutela de primera y segunda
instancia, de la Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema Justicia, para conceder, en su lugar, el amparo de los derechos a
la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad y al
debido proceso del accionante.
En
lo que atañe al proceso ordinario laboral en cuestión, aun cuando la acción se
orientó contra las sentencias de ambas instancias en el proceso laboral
ordinario, como quiera que es la del ad quem la que definió el asunto, y
de la que puede predicarse la vulneración actual de los derechos del actor, ésta
se dejará sin valor ni efecto. Se ordenará al Tribunal Superior de Medellín, a
través de su Sala Sexta de Decisión laboral que, en su lugar, profiera nuevo
fallo en el asunto N°05001-31-05-007-2013-01082-00, promovido por Bernardo de
Jesús Torres Martínez en contra de COLPENSIONES, conforme las particularidades
de la condición más beneficiosa y la vocación del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto
0758 de 1990 para regir el asunto, conforme quedó dilucidado.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.
REVOCAR los fallos de los jueces
constitucionales de instancia, proferidos el 10 de junio y 11 de agosto de
2015, por la Sala de Casación Laboral y la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema Justicia, respectivamente, para CONCEDER, en su lugar, el amparo
a los derechos fundamentales del señor Bernardo de Jesús Torres Martínez.
Segundo.
DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la
sentencia proferida, el 19 de mayo de 2014, por la Sala Sexta de Decisión
Laboral del Tribunal Superior de Medellín en el expediente
N°05001-31-05-007-2013-01082-00, promovido por Bernardo de Jesús Torres
Martínez en contra de COLPENSIONES.
Tercero.
ORDENAR al Tribunal Superior de
Medellín, a través de la Sala Sexta de Decisión Laboral, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
proceda a emitir nuevo fallo en el expediente N°05001-31-05-007-2013-01082-00,
promovido por Bernardo de Jesús Torres Martínez en contra de COLPENSIONES,
aplicando el Acuerdo 049 y el Decreto 0758 de 1990, en virtud del principio de
la condición más beneficiosa, conforme lo expuesto en esta sentencia.
Cuarto. Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que
se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Fl.29 Cd.1. Cédula de ciudadanía del accionante.
[2]
Fl.26 Cd. 1. Reporte de semanas cotizadas.
[3]
Colpollos del 15 de octubre de 1976 al 10 de junio de 1978;
Nutrimentos Delta Ltda. del 28 de diciembre de 1978 al 30 de marzo de 1980;
Promoventas Ltda. del 25 de agosto al 26 de octubre de 1980; Postobon del 3 de
noviembre de 1980 al 23 de abril de 1985; y Distribuidora Estadio y Cia. del 6
de marzo de 1986 al 15 de noviembre de 1988. Fl.26 Cd. 1. Reporte de semanas
cotizadas.
[4]
Fl.26 Cd. 1. Reporte de semanas cotizadas.
[5]
Fls. 24 y 26 Cd. 1. Resolución GNR002061 de 7 de noviembre de
2012 y Reporte de semanas cotizadas.
[6]
Fl.26 Cd. 1. Reporte de semanas cotizadas.
[7]
Fl. 27 Cd.1. Detalle de pagos efectuados a partir de 1995. En él se lee en el
ítem “Observaciones”, “Deuda por no pago del subsidio por el Estado”
o “Pago como régimen subsidiado”.
[8]
Fls. 32 y 33 Cd.1. Dictamen de pérdida de capacidad laboral.
[9]
Fl. 1vto. Cd.1; y fl. 5 Cd.4.
[10]
Fl.26 Cd. 1. Reporte de semanas cotizadas.
[11]
Fl. 24 Cd. 1. Resolución GNR002061 de 7 de noviembre de 2012.
[12]
Fl. 24 Cd. 1. Resolución GNR002061 de 7 de noviembre de 2012.
[13]
Fl. 23 Cd. 1. Notificación de la Resolución GNR002061 de 7 de
noviembre de 2012.
[14]
Fl. 15 y ss Cd. 1. Demanda laboral ordinaria.
[15]
Ídem.
[16]
Fl. 24. Cd.4 Sentencia del Juzgado Séptimo Laboral del
Circuito de Medellín, del 21 de enero de 2014.
[17]
Ídem.
[18]
Fl. 1 Cd.1. Sentencia del 19 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal
Superior de Medellín.
[19]
Fl. 42 Cd.4. Declaración extraproceso suscrita por Juley Lucía Torres
Castañeda, hija del accionante.
[20]
Fls. 37 a 46 Cd.4 Memorial de aclaración de la parte accionante.
[21]
Fl. 5 Cd.1. Escrito de tutela.
[22] Fl.2 Cd.2.
[23] Fls. 8 a 13 Cd.2.
[24]
Fl. 34 Cd.2.
[25]
Fls. 24 a 27 Cd.4.
[26]
Fl. 39 Cd.4. “JULIA ROSA CASTAÑO CANO, quien
igualmente es una persona de avanzada edad, que no trabaja, que no cuenta con
ingresos ni recursos económicos distintos a los suministrados por parientes y
amigos, que igualmente es beneficiaria de su hija JULEY LUCÍA TORRES CASTAÑEDA
en materia de EPS”.
[27]
Fls. 41 y ss Cd.4.
[28]
Acuerdo 02 de 2015. Por medio del
cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional. Artículo 64. Pruebas en
revisión de tutelas. Con miras a la protección inmediata y efectiva del derecho
fundamental vulnerado y para allegar al proceso de revisión de tutela elementos
de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador, si lo considera pertinente,
decretará pruebas. Una vez se hayan recepcionado, se pondrán a disposición de
las partes o terceros con interés por un término no mayor a tres (3) días para
que se pronuncien sobre las mismas, plazo durante el cual el expediente quedará
en la Secretaría General. // En el evento de decretar pruebas, la Sala
respectiva podrá excepcionalmente ordenar que se suspendan los términos del
proceso, cuando ello fuere necesario. En todo caso, la suspensión no se
extenderá más allá de tres (3) meses contados a partir del momento en que se
alleguen las pruebas, salvo que por la complejidad del asunto, el interés
nacional o la trascendencia del caso, sea conveniente un término mayor, que no
podrá exceder de seis (6) meses, el cual deberá ser aprobado por la Sala de Revisión,
previa presentación de un informe por el magistrado ponente.
[29]
Fl. 13 Cd. 4 Informe secretarial.
[30]
Lo anterior en vigencia del artículo 287 del Decreto 2663 de
1950, modificado por el artículo 29 del Decreto 3743 de 1950, incluidos en el
Código Sustantivo del Trabajo por disposición del artículo 46 del Decreto 3743
de 1950, siendo los artículos 277 y 278 de dicha Codificación. Su texto era el
siguiente:
“ARTICULO
278. AUXILIO DE INVALIDEZ.
1. Si
como consecuencia de la enfermedad no profesional o por lesión distinta de
accidente de trabajo o por debilitamiento de las condiciones físicas o
intelectuales, no provocados intencionalmente le sobrevine al trabajador una
invalidez que lo incapacite para procurarse una remuneración mayor de un tercio
de la que estuviere devengado, tendrá derecho, además, a las siguientes
presentaciones en dinero: a). En caso de invalidez permanente parcial, a una
suma de uno (1) a diez (10) meses de salario que graduará el médico al
calificar la invalidez; // b). En caso de invalidez permanente total, tendrá
derecho a una pensión mensual de invalidez equivalente a la mitad del salario
promedio mensual del último año, hasta por treinta meses (30) meses y mientras
la invalidez subsista. // c). En caso de gran invalidez, el trabajador tendrá derecho,
a una pensión mensual de invalidez equivalente a la de jubilación o vejez,
durante treinta (30) meses.
2. Si
el trabajador tuviere más de cincuenta y cinco (55) años de edad o los
cumpliere durante la invalidez y tuviere más de quince (15) años de servicios
continuos o discontinuos en la misma empresa, la pensión de invalidez se
convertirá en pensión de jubilación o vejez.”
[31]
Fls. 16 a 22 Cd.1.
[32]
“Invalidez” en su acepción técnica, conforme la
Sentencia C-458 de 2015.
[33]
Como precedente aplicable el accionante menciona en su escrito
de tutela las sentencias T-832A de 2013; T-566 de 2014, cuyo expediente
acumulado T-4295.465, afirma, guarda relación de similitud con su caso. También
se mencionan las sentencias SU-1185 de 2001; T-1064 de 2006; T-299 de 2010;
T-576 de 2013.
[34]
Artículo 6, numeral 1, Decreto 2591 de 1991.
[35]
Sentencia T-480 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[36]
Artículo 6º. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante.// Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser
reparado en su integridad mediante una indemnización.
[37]
Sentencia T-106 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[38]
Fl.16 vto. Cd.1.
[39]
Ídem.
[40]
Ídem.
[41]
A esta conclusión llegó la Sala al considerar que la pensión
pretendida, en razón del IBC que registra la historia laboral del accionante,
sería de un salario mínimo. Aunado a ello, el actor pretende su reconocimiento
desde el 4 agosto de 2009 (fecha de estructuración de su invalidez) hasta el
momento en el que presentó la demanda (3 de septiembre de 2013). Quiere ello
decir que, en el mejor de los casos, busca el reconocimiento de cerca de 14
mesadas pensionales por año, es decir, de no más de 60 mesadas, cuyos intereses
evidentemente no podrían superar los 120 smlmv.
[42]
Sentencia T-714 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[43]
Artículo 86 de la Constitución de 1991. “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública. // La protección consistirá en una
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se
abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. // Esta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.// En
ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y
su resolución. // La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela
procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público
o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”
[44]
Sentencia T-290 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[45]
Sentencia T-315 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[46]
Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. En ella esta
Corporación concluyó que, en efecto, haciendo un “recuento jurisprudencial,
(…) no existe un término establecido como regla general para interponer la
acción de tutela, ni siquiera cuando se trate de tutelas contra providencias
judiciales. Así, el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la
discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la
solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional”.
[47]
Sentencia T-207 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[48]
Sentencia T-246 de 2015. Op. cit. En ella se afirmó que: “(…)
el establecimiento de un plazo perentorio para interponer la acción de tutela
implicaría el restablecimiento de la caducidad, con efectos contraproducentes
sobre principios que inspiran la filosofía de la Constitución de 1991, tales
como: i) el acceso a la administración de justicia; ii) la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal; iii) la autonomía e independencia judicial;
iv) la primacía de los derechos de la persona y; v) la imprescriptibilidad de
los derechos fundamentales.”
[49] Fls. 43 a 44 Cd.4.
[50] Fl.27 Cd.1.
[51] Fl. 42 Cd.4.
[52] Fl.41 Cd.4.
[53] Fl. 24 Cd. 4.
[54]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[55]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[56]
Inicialmente en la Sentencia C-543 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
declarada la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de
1991, se reconoció la posibilidad de que la autoridad judicial llegara a
desconocer los derechos de los asociados mediante conductas que calificó como
vías de hecho.
[57]
Tales requisitos especiales y generales de procedencia de la acción de tutela
contra sentencia fueron estructurados a partir de la Sentencia C-590 de 2005.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[58]
Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[59]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[60]
Sentencia SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[61]
Sentencia SU-172 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[62]
Sentencia T-073 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[63]
Sentencia T-065 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[64]
Sentencia T-073 de 2015. op. cit. En la misma línea la Sentencia T-065 de 2015
(M.P. María Victoria Calle Correa) consignó que el defecto sustantivo se
presenta cuando: “el juez: (i) fundamenta su decisión en una norma derogada
o declarada inexequible; (ii) basa su decisión en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a
la circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o es
manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión; (v) la interpretación desconoce Sentencias
con efectos erga omnes que han definido su alcance y que constituyen cosa
juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables; (vii) desconoce la normatividad aplicable al caso
concreto; o (viii) a pesar de la autonomía judicial, interpreta o aplica la
norma al caso concreto por fuera del ámbito de interpretación razonable, la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes, o cuando en la decisión judicial se
aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión
judicial”.
[65]
Sentencia T-065 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[66]
Sentencia SU-298 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[67]
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la Seguridad Jurídica.
Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
[68]
Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[69]
ARRÁZOLA JARAMILLO, Fernando. La seguridad jurídica ante la obligatoriedad del
precedente judicial y la constitucionalización del derecho. Universidad de los
Andes. Revista de Derecho Público. 34, 1-28, Enero de 2015. ISSN: 19097778.
[70]
Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[71]
Sentencia T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[72]
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[73]
Sentencias T-360 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y
Sentencia SU-298 de 2015 Op. Cit. “sin duda, el precedente es una
herramienta que cohesiona el sistema judicial porque conecta las decisiones
individuales a través de una misma línea argumentativa para la resolución de
los mismos asuntos. Conecta las decisiones de un mismo nivel jerárquico con las
de los funcionarios superiores. Al respecto se distingue entonces el precedente
horizontal que ‘supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no
puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias’, del vertical
que implica ‘que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por
las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las
altas cortes.’”
[74]
Sentencia T-360 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[75]
Sentencia SU-298 de 2015. Op. cit. “De acuerdo con el mandato del artículo
240 de la Constitución, corresponde a la Corte Constitucional ‘la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución’ y por ello debe resolver demandas
de constitucionalidad, revisar tutelas, y estudiar la coherencia de proyectos
de ley o leyes con la Carta Política. En cumplimiento de tales funciones, esta
Corporación hace un ejercicio hermenéutico que dota de contenido las
disposiciones constitucionales, a través de su jurisprudencia.”
[76]
Ídem.
[77]
Ídem.
[78]
Ídem. “A través del estudio caso a caso, los jueces fijan reglas que
precisan y llenan de contenido las disposiciones legales, por lo tanto, se
convierten en parte de las mismas que deben ser tenidas en cuenta en casos
posteriores. Por consiguiente, esta Corporación ha expuesto que los precedentes
no son sólo orientadores en la labor de administración de justicia, sino
también obligatorios”
[79]
Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[80]
Sentencia T-546 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[81]
Sentencia T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[82]
Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[83]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[84]
Sentencia SU-298 de 2015. op. cit.
[85]
Sentencia T-295 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[86]
Aquella persona “que por enfermedad no profesional o por
lesión distinta de accidente de trabajo, haya perdido el 50% o más de su
capacidad laborativa para desempeñar el oficio o profesión para el cual está
capacitado y que constituye su actividad habitual y permanente. La cuantía
básica de esta pensión será del 45 % del salario mensual de base”. Decreto
0758 de 1990. Artículo 5.
[87]
Aquella persona “que por enfermedad no profesional o por
lesión distinta de accidente de trabajo, haya perdido su capacidad laboral para
realizar cualquier clase de trabajo remunerado.// La cuantía básica de esta
pensión será del 51% del salario mensual de base”. Decreto 0758 de 1990.
Artículo 5.
[88]
Aquella persona “que por enfermedad no profesional o por
lesión distinta de accidente de trabajo, haya perdido su capacidad laboral en
grado tal que necesite de la asistencia constante de otra persona para
movilizarse, conducirse o efectuar los actos esenciales de la existencia.// La
cuantía básica de esta pensión será del 57 % del salario mensual de base”.
Decreto 0758 de 1990. Artículo 5.
[89]
Ley 100 de 1993. Artículo 38.
[90]
Artículo 151. “El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley,
regirá a partir del 1o. de Abril de 1.994. No obstante, el Gobierno podrá
autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y
de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente Ley, a
partir de la vigencia de la misma”.
[91]
Ver entre otras las Sentencias T-013 de 2015; T-943 de 2014; T-886 de y T-143
de 2013.
[92]
BERMÚDEZ, Katherine, et al. Principios de norma más favorable, condición más
beneficiosa e in dubio pro operario. Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
2015. p.73.
[93]
Sentencia T-295 de 2015. op. cit.
[94]
Sentencia T-509 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[95]
VALERO RODRÍGUEZ, Jorge Humberto. Derechos Adquiridos en el Derecho Laboral.
Ediciones del Profesional. Bogotá. 2012. p. 22.
[96]
Ídem.
[97]
BERMÚDEZ, Katherine, op. cit. p.17. A tales principios en el derecho laboral,
se les ha reconocido una triple función: “a) Una función informadora porque
inspiran al legislador o al intérprete, sirviendo como fundamento del
ordenamiento jurídico. // b) Una función normativa porque actúan como fuentes
supletorias en caso de ausencia de ley. Son medios de integrar el Derecho. // c)
Una función interpretadora porque operan como criterio orientados del juez o
del intérprete. Y además, como criterio de inspiración o información de la
norma”.
[98]
“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación
interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores.”
[99]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia de quince (15)
de febrero de dos mil once (2011). Exp.: 40662. M.P. Carlos Ernesto Molina
Monsalve.
[100]
Ídem.
[101]
BERMÚDEZ, Katherine, op. cit. p.63.
[102]
JARAMILLO JASSIR, Iván Daniel. Principios constitucionales y legales del
derecho del trabajo colombiano. Editorial Universidad del Rosario, 2010. p.175.
En cita en: BERMÚDEZ, Katherine, op. cit.
[103]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia
del quince (15) de febrero de dos mil once (2011). Exp.: 40662. M.P. Carlos
Ernesto Molina Monsalve.
[104]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del nueve (9) de
septiembre de dos mil quince (2015). Exp.: 48124. M.P. Gustavo Hernando López
Algarra.
[105]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia
del once (11) de marzo de dos mil quince (2015). Exp.: 53440. M.P. Jorge
Mauricio Burgos Ruiz. “durante mucho tiempo no se aceptó por parte de la
jurisprudencia la aplicación del principio de condición más beneficiosa en el
tránsito legislativo de las Leyes 797 y 860 de 2003, respecto de los artículos
39 y 46 originales de la Ley 100 de 1993, esa postura varió, y la Sala por
mayoría hoy día, admite la aplicación de dicho principio constitucional en
tratándose de pensiones de invalidez y de sobrevivientes, siempre y cuando se
acuda a la norma inmediatamente anterior que contenga requisitos menos gravosos
que los previstos en la nueva disposición legal, y que además, el titular del
derecho o beneficiario haya reunido las exigencias cuando la nueva norma entró
en vigencia. (CSJ SL7942-2014)”.
[106]
Sentencias CSJ SL, 9 dic. 2008 rad. 32642, reiterada en las de 16 feb. 2010
rad. 39804 y 15 mar. 2011 rad, 42021, En cita en: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sala de Casación Laboral. Sentencia de nueve (9) de septiembre de dos mil
quince (2015). Exp.: 48124. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. “no es
admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más
beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento
pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema
de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena
eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del
derecho (…) Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin
de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya
precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al
caso, para darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el
valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha
negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las
sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008
(rad. 32.642).”
[107]
Sentencia T-717 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[108]
Ídem.
[109]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[110]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[111]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[112]
Sentencia T-295 de 2015. op. cit.
[113]
Fl. 41 Cd. 1.
[114]
Ídem.
[115]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[116]
Fls. 32 y 33 Cd.1. Dictamen de pérdida de capacidad laboral.