T-261-00
Sentencia T-261/00
Sentencia T-261/00
DERECHO AL
TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Fundamental/DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES
DIGNAS Y JUSTAS-Pago oportuno y completo de salarios
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL TRABAJADOR-Pago
oportuno de salarios/PROCESO DE LIQUIDACION OBLIGATORIA-Pago oportuno y
completo de salarios, prestaciones sociales y seguridad social
PROCESO DE
LIQUIDACION OBLIGATORIA-Pago
preferente de salarios
Referencia:
expediente T-259562
Acción de tutela
incoada por Luis Albeiro Ocampo Vanegas y otros contra "Fivres Ltda".
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Santa Fe de Bogotá, D.C., seis (6) de marzo
de dos mil (2000).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión del fallo dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado 2
Penal Municipal de Caldas (Antioquia).
I. ANTECEDENTES
Luis Albeiro Ocampo Vanegas, José Didier
González Ceballos, Luis Alderes Hidalgo Martínez, Juan Carlos Tamayo Moreno y
Ober de Jesús de Ossa Calle instauraron acción de tutela, como mecanismo
transitorio, contra “Fivres Ltda.”, por estimar violados los derechos mínimos
de los trabajadores.
Los actores laboran para la empresa
demandada y se quejaron de que ésta les adeudaba el aguinaldo del mes de
diciembre, una parte de lo correspondiente al sueldo y prestaciones de la
última semana de mayo de 1999, así como la totalidad de los salarios del
período de junio a agosto y la prima de servicios del primer semestre de ese
mismo año, y las vacaciones, cesantías e intereses de éstas y demás
prestaciones.
Según afirmaron los demandantes, lo
anterior ha ocasionado el atraso en sus obligaciones crediticias, con los
consiguientes intereses de mora y los gastos que generan los trámites
jurídicos. Además, han perdido toda referencia crediticia.
Los peticionarios son padres de familia, y
manifestaron que no han tenido con qué sufragar los gastos de alimentación, vestuario,
recreación, educación, etc, y que por ello sus relaciones familiares se han
deteriorado.
El juez de instancia oyó en declaración a
los accionantes, quienes se ratificaron en lo dicho en el escrito de demanda, y
cada uno de ellos describió su situación personal y familiar e informó sobre
las deudas contraídas.
Mediante oficio del 10 de septiembre de
1999, la Intendente Regional de la Superintedencia de Sociedades informó al
juez que la demandada se encuentra en trámite de liquidación obligatoria como
consecuencia del incumplimiento del acuerdo concordatario (fls. 33 y 36 a 39).
Por su parte, el Gerente de la sociedad en
liquidación, mediante escrito del 13 de septiembre de 1999, manifestó que,
debido a la crisis económica, se retrasó en el pago de todas sus deudas, lo que
originó la iniciación de un concordato preventivo, y que el 2 de diciembre de
1998 se firmó un acuerdo concordatario, el cual finalmente no se pudo cumplir
por falta de liquidez. Aclaró que en la misma situación de los peticionarios se
encontraban cerca de doscientos trabajadores de la empresa, y que a todos sin
excepción se les estaba pagando sólo un porcentaje del sueldo. Expresó que los
recursos que se recibían se destinaban al pago de salarios y de los servicios,
por ser prioritarios para el funcionamiento y rodaje de la unidad productiva.
En declaración rendida ante el juez de
instancia, el Gerente dijo que después de iniciado el trámite liquidatorio, no
podía hacer pagos de deudas anteriores, y que desde ese momento en adelante se
irían cancelando las deudas laborales en la medida en que se dispusiera de
recursos para ello, tal como se ha venido haciendo (fl. 55).
II. DECISION  JUDICIAL OBJETO DE REVISION
El Juzgado 2 Penal Municipal de Caldas, mediante fallo del 20 de
septiembre de  1999, negó la protección solicitada, por cuanto a partir del 25
de agosto de 1999 la sociedad demandada se encuentra en trámite de liquidación
obligatoria, motivo por el cual para hacer efectivos los créditos laborales de
los demandantes, debe darse aplicación a lo dispuesto en los artículos 158 y
siguientes de la Ley 222 de 1995. Resaltó ese Despacho que, según los artículos
161 y 197 de la citada Ley, los gastos de administración causados en el trámite
concordatario –dentro de los cuales se incluyen los créditos laborales- que no
hubieren sido cancelados durante esa etapa, deberán graduarse y calificarse
para que sean pagados de manera privilegiada y preferencial en relación con
cualquier otro crédito presentado en la liquidación, una vez ejecutoriada la
providencia de calificación y graduación de créditos.
En consecuencia, dijo el juez, los
accionantes debían hacer valer sus derechos dentro del trámite de liquidación
obligatoria de la sociedad. Y agregó:
“De todas maneras y como en forma clara se
observa la preocupación de los actores por lograr la efectividad de sus
créditos laborales, se compulsarán copias de este fallo para ante la
Superintedencia de Sociedades y el Ministerio del Trabajo con el fin de que se
ejecuten todas las acciones a su alcance, con miras a salvaguardar los derechos
fundamentales de los precitados, dado que la amenaza que se cierne sobre los
mismos es aún mayor ante el trámite de liquidación obligatoria que se
adelanta”.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
El derecho al
pago completo y oportuno de los salarios y prestaciones sociales cuando la
sociedad demandada se encuentra en proceso de liquidación obligatoria
En primer lugar, debe la Sala resaltar el
indiscutible carácter fundamental que tiene el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas (artículo 25 C.P.), y repetir que uno de los
supuestos del respeto a la dignidad humana en las relaciones laborales consiste
en que el trabajador reciba la justa y oportuna retribución a su esfuerzo
(artículo 53 ibídem).
En el presente caso, ha sido probada la desesperada situación que
los trabajadores de la sociedad demandada actualmente en liquidación, deben
padecer por la falta de cancelación completa y oportuna de sus salarios. Y debe
reiterar la Corte que cabe la tutela para obtener el pago cuando ésta afectado
-como aquí acontece- el mínimo vital de los peticionarios y sus familias. Ahora
bien, ante la iniciación de un proceso liquidatorio, trámite que busca
precisamente proteger a los acreedores, deben ser cumplidas las reglas
establecidas por la ley, la cual, a propósito de las deudas laborales,
establece la prelación de éstas sobre otro tipo de deudas.
Como bien lo señaló el juez de instancia,
la Ley 222 de 1995 (artículos 161 y 197), los gastos de administración causados
en el trámite concordatario pendientes de cancelación, deben graduarse y
calificarse con el fin de que se paguen en forma privilegiada y preferencial en
relación con cualquier otro crédito presentado en la liquidación.
La Corte ha sostenido en fallos de
unificación y de revisión que situaciones semejantes no constituyen excusa que
haga legítimo el no pago de los salarios y prestaciones a que tienen derecho
los trabajadores, aunque, desde luego, haya de tener lugar dentro del trámite
concordatario.
Ante la falta de
liquidez de la sociedad para pagar a los trabajadores en forma completa y
oportuna, y teniendo en cuenta que ya se inició el trámite de liquidación
obligatoria a cargo de la Superintendencia de Sociedades, la decisión de esta
Corte, como ya ha ocurrido en casos similares, llevará a que dicho organismo,
en el ejercicio de sus funciones, verifique el estricto cumplimiento de los
términos procesales, con el fin de que el trámite no se dilate innecesariamente
en perjuicio de los trabajadores, y que tome todas las medidas, en el ámbito de
su competencia, para proteger los derechos e intereses de los empleados no sólo
en materia de salarios y prestaciones sino en lo relativo a la seguridad
social, y para que se respete la prelación de tales créditos. La
Superintedencia deberá dar instrucciones precisas al liquidador acerca de la
forma y oportunidad en que éste cancele los actuales gastos de funcionamiento,
a fin de que no se vulneren los derechos de los empleados y se respete su
dignidad humana.
También se considera
pertinente remitir copia de este fallo a la Defensoría del Pueblo, para lo de
sus competencias.
Se revocará el fallo
materia de revisión y se concederá la tutela.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
el fallo proferido por el Juzgado 2 Penal Municipal de Caldas, mediante
fallo del 20 de septiembre de  1999, mediante el cual se negó la protección
solicitada.
Segundo.- SE
CONCEDE la tutela de los derechos fundamentales vulnerados y SE ORDENA
al liquidador de la sociedad demandada que, bajo la vigilancia de la
Superintendencia de Sociedades y con arreglo a las disposiciones legales
pertinentes, proceda a pagar la totalidad de los salarios y prestaciones
adeudados a los trabajadores y a ponerse al día en el pago de las cotizaciones
por seguridad social.
Tercero.-
REMITANSE copias de esta Sentencia al Superintendente de Sociedades y al
Defensor del Pueblo.
Cuarto.- ORDENASE
que, en el curso del proceso liquidatorio, la Superintendencia de
Sociedades verifique el cumplimiento estricto de los términos procesales y
adopte las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses
prevalentes de los trabajadores y vele por la prelación de créditos laborales.
La Superintedencia deberá dar instrucciones precisas al liquidador acerca de la
forma y oportunidad en que éste deberá pagar los actuales gastos de
funcionamiento, a fin de que no se vulneren los derechos de los empleados y se
respete su dignidad humana.
Quinto.- DESE
cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General