C-506-99
Sentencia C-506/99
Sentencia
C-506/99
CARRERA
ADMINISTRATIVA-Excepciones/EMPLEADOS
DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Naturaleza
Siendo la regla
general la de la pertenencia a la carrera, según los mandatos constitucionales,
las excepciones que la ley consagre solamente encuentran sustento en la medida
en que, por la naturaleza misma de la función que se desempeña, se haga
necesario dar al cargo respectivo un trato en cuya virtud el nominador pueda
disponer libremente de la plaza, nombrando, confirmando o removiendo a su
titular por fuera de las normas propias del sistema de carrera. Estos cargos,
de libre nombramiento y remoción, no pueden ser otros que los creados de manera
específica, según el catálogo de funciones del organismo correspondiente, para
cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación
institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices
fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su
cargo dicho tipo de responsabilidades.
EMPLEOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Nivel
directivo/UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA AERONAUTICA CIVIL-Empleos de nivel
directivo
La nomenclatura
de empleos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, ubica los
citados en el nivel directivo. Por el aspecto de las funciones, el Legislador
dió estricta observancia los postulados de la Carta Política y a los parámetros
jurisprudenciales, cuando en la Ley 443 le otorgó la naturaleza de libre
nombramiento y remoción a estos empleos, pues dicha clasificación se acompasa
en todo con los criterios tantas veces expuestos por la Corte Constitucional,
de acuerdo a los cuales quedan cobijados por la facultad de libre nombramiento
y remoción aquellos empleos que perteneciendo al nivel directivo, implican
funciones de conducción y de orientación institucional y que exigen un grado
máximo de confianza del nominador en quien lo ejerce, por virtud de las
responsabilidades que comporta su ejercicio.
EMPLEOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Capitanes
de Puerto
Los Capitanes de
Puerto de las Capitanías de Primera Categoría. Se trata de cargos con funciones
de dirección y conducción institucional,  cuyo ejercicio, por lo demás,
requiere que sus titulares gocen de la absoluta confianza de sus nominadores,
comoquiera que la seguridad es eje principalísimo de las responsabilidades que
les son confiadas.
EMPLEOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Nivel
directivo
Los empleos que
correspondan a la denominación de jefe de oficinas asesoras de jurídica,
planeación, prensa y de comunicaciones, en las plantas de personal del nivel
directivo de las entidades del nivel central y descentralizado, como del nivel
territorial y, en los órganos de control de este último, sean de libre
nombramiento y remoción. Ciertamente, pertenecen al nivel directivo, puesto que
de suyo, comportan responsabilidades de dirección al más alto nivel.
EMPLEOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Jefe
de oficina asesora de control interno
Se comprende la
estrecha y permanente interacción que debe mantener el máximo directivo de un
organismo o entidad del nivel central o descentralizado, en los ámbitos
nacional y territorial, con el jefe de la  oficina asesora de control interno,
para que puedan asegurar el cumplimiento cabal de la misión de la institución,
así como la efectiva vigencia de los principios constitucionales, en
particular, los atinentes a la buena fé, igualdad, moralidad, celeridad,
economía, eficacia, imparcialidad, eficiencia, participación, publicidad,
responsabilidad y transparencia. La Corporación, estima exequible su
clasificación bajo la categoría de libre nombramiento y remoción.
EMPLEADO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA
La inclusión de
los empleos de Rector, Vicerrector y Decano de los institutos de educación
superior constituidos como establecimientos públicos, dentro de la categoría de
cargos de libre nombramiento y remoción, riñe con el principio constitucional
que consagra para ellos una autonomía administrativa que implica la facultad de
"darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con
la ley". Nada obsta para que, en virtud de la misma autonomía
universitaria, se establezca que los cargos directivos puedan ser de libre
nombramiento y remoción, siempre y cuando dicha determinación emane de la
comunidad universitaria. Esa es la razón por la cual el inciso primero del
artículo 69 superior expresa: "podrán darse sus directivas", como una
facultad, no como una imposición constitucional. Además, en desarrollo de la
misma autonomía universitaria se pueden determinar cuáles cargos son de libre
nombramiento y remoción".
EMPLEOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Personero
delegado
"Para el
Personero Delegado, se advierte que este cargo pertenece claramente al nivel
directivo de las personerías, en cuanto cumplen las funciones propias del
Personero como integrante del Ministerio Público en el correspondiente
municipio en virtud de la delegación de funciones de la cual son destinatarios.
El grado de responsabilidad  y confianza que exige el cumplimiento de estas
funciones delegadas, hace evidente que se trata de empleos que deben ser de
libre nombramiento y remoción".
CONVOCATORIA A
CONCURSO DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Término
Lo que sí
implicaría franca transgresión de los mandatos constitucionales  y flagrante
violación del artículo 125 de la C.P., sería que la ley no previera para las
entidades el deber de convocar dichos empleos a concurso y que no les fijase un
término para el efecto. Ciertamente, ello equivaldría a hacer nugatoria la
carrera para dichos empleos, a causa de la permanencia indefinida en ellos de
personas que fueron designadas libremente por el nominador. En ese evento, de
contera resultaría infringido el artículo 13 de la C.P., pues, al permitirles
su permanencia en ellos, se estaría dando un tratamiento privilegiado, sin
justificación jurídicamente atendible, a las personas que los venían ocupando,
en desmedro del derecho de aquellos a quienes les asiste el derecho legítimo de
aspirar a su vinculación a la carrera, sobre la base del mérito y de concursar
en igualdad de condiciones.
Referecia:
Expedientes D-2279 y D-2281 (Acumulados)
Acción pública de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 5 y 6 -parcial- de la Ley 443
de 1998, “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se
dictan otras disposiciones”.
Actores:
Hugo Alejandro
Jimenez Balcazar
Arturo Besada
Lombana Y  Jose Trino Rangel  Reyes
Temas:
La carrera administrativa
y los empleos de libre nombramiento que  conllevan responsabilidades de
dirección, conducción y orientación institucionales mediante la adopción de
políticas y directrices.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORÓN DÍAZ.
Santafé de Bogotá, D.C.,  julio catorce
(14) de mil novecientos noventa y nueve (1999)
I.  ANTECEDENTES
Los ciudadanos
Arturo Besada Lombana Y Jose Trino Rangel  Reyes, En Forma Conjunta, y Hugo
Alejandro Jiménez Balcazar, de manera independiente, ejercitaron la
acción pública de inconstitucionalidad consagrada en la Constitución Política
de 1991. Los primeros, para solicitar a esta Corte declarar inexequible en
forma parcial el artículo 5º. de la Ley 443 de 1998, “Por la cual se expiden
normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”. El
segundo, para que la Corporación profiera igual declaración en relación con
parte del artículo 6º. de la misma Ley.
Al proveer sobre la
admisión de la demanda, el Magistrado Sustanciador  dispuso que se diera
traslado al despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de
obtener el concepto de su competencia; asimismo, ordenó se comunicara la
iniciación del proceso al Secretario Jurídico de la Presidencia de la
República; al Presidente del Congreso de la República, al Ministro del Interior
y al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Cumplidos, como
están, los trámites propios de esta clase de actuaciones, la Corte
Constitucional procede a adoptar su decisión.
II. EL
TEXTO DE LAS  NORMAS ACUSADAS
A continuación se
transcriben los apartes parcialmente acusados de los artículos 5º. y 6º. de la
Ley 443 de 1998, de acuerdo a su publicación en el Diario Oficial No. 43.329
del 12 de junio de 1998,:
LEY 443
11 de junio de 1998
El Congreso de Colombia
DECRETA:
...
TITULO 1
CARRERA ADMINISTRATIVA
CAPITULO I
CARRERA ADMINISTRATIVA
DEFINICION, PRINCIPIOS Y CAMPO DE
APLICACIÓN
ARTICULO 5º.- DE LA CLASIFICACION DE LOS   EMPLEOS. Los empleos de los organismos y entidades
regulados por la presente Ley son de carrera, con excepción de:
...
2. Los empleos de libre nombramiento y
remoción que correspondan a los siguientes criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación
institucionales, que adelante se indican, cuyo ejercicio implica la adopción de
políticas o directrices, así:
En la
Administración Central del Nivel Nacional
"
... Jefe de
Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones ... Juez
de Instrucción Penal Militar, Auditor de Guerra, Secretario de Tribunal
Superior Militar y Capitán de Puerto.
"En la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil... Administrador
Aeropuerto; Gerente Aeroportuario, Director Aeronáutico de Area y Jefe de
Oficina Aeronáutica”.
En la
Administración Descentralizada del Nivel Nacional
Rector,
Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior, distinta a los Entes
Universitarios Autónomos  ... Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica,
Planeación, Prensa o de Comunicaciones; y Jefe de Control Interno.
"En la
Administración Central y Organos de Control del Nivel Territorial
“...Jefe de
Control Interno; Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de
Prensa o de Comunicaciones;... Corregidor e Inspector de Tránsito y Transportes
o el que haga sus veces, y Personero Delegado en los municipios de categoría
especial y categorías  uno, dos y tres.
En la
Administración Descentralizada del Nivel Territorial
... Rector,
Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior, distinta a los Entes
Universitarios Autónomos; Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación,
de Prensa o Comunicaciones y Jefe de Control Interno".
ARTICULO 6º.   CAMBIO DE NATURALEZA
Cuando un empleo de libre nombramiento y remoción sea
clasificado como de carrera administrativa, deberá ser provisto, mediante
concurso, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que se
opere el cambio de naturaleza"
III.
LOS CARGOS
Los ciudadanos ARTURO
BESADA LOMBANA y JOSE TRINO RANGEL REYES  fundamentan la
inconstitucionalidad de los empleos que del numeral 2º, literal a) del artículo
5º de la Ley 443 de 1998 demandan,  por  considerar que al clasificarlos el
Legislador en la categoría de libre nombramiento y remoción, se desconocen las
prescripciones sobre carrera administrativa que consagra la Carta Política,
pues según su aseveración, no desarrollan actividades que impliquen
"políticas o directrices" que dependan de las decisiones autónomas
del nominador ni de otras instancias superiores o entidades afines.
Argumentan que los
cargos de jefes de oficinas jurídica, planeación, prensa o comunicaciones,
corregidores e inspectores de tránsito y transporte, jueces de instrucción
militar, auditor de guerra, secretario de tribunal superior militar, capitán de
puerto, administrador de aeropuerto, gerente de aeropuerto, director
aeronáutico regional, director aeronáutico de área, jefe de oficina aeronáutica
o jefes de control interno, son cargos exclusivamente técnicos.
En su opinión, un
abogado de la Asesoría Jurídica, un economista de Planeación, un comunicador de
prensa o perito en comunicaciones, un juez penal o auditor de  guerra, un
secretario de tribunal superior militar, un capitán de puerto o cualesquiera de
los administradores, gerentes, director de aeronáutica regional o de área o
jefe de oficina de este tipo, son técnicos en su respectiva área o funciones y
ejercen actividades técnicas.
En cuanto al empleo
de jefe de oficina de control interno, aducen en favor  del cuestionamiento de
constitucionalidad que plantean, que un órgano de control tiene como funciones
exclusivas ejercer el control legal sobre los asuntos cuyo resorte le otorgan
la Constitución o las leyes, vale decir que no traza directrices y que, por
ende, no tiene funciones distintas a las de comprobación, inspección,
fiscalización o intervención.
2. Por su parte, el ciudadano HUGO ALEJANDRO JIMENEZ
BALCAZAR considera que la frase que impugna del artículo 6º. de la Ley 443
de 1998 vulnera el  Preámbulo y los artículos 1º., 4º., 25, 53 de la Carta
Política de 1991.
Sostiene que a causa
de lo preceptuado en la norma que acusa, se produce “... el despido masivo
de empleados públicos, cuando dentro del marco jurídico supremo se consagra el
derecho al trabajo, el cual gozará de especial protección del Estado.”
Su inconformidad con
lo preceptuado en la disposición de la Ley que demanda, se debe a que, según su
entendimiento, esta no fomenta ni promueve el empleo en condiciones justas; por
el contrario, en su parecer, incrementa la inestabilidad de los servidores públicos
a los cuales les cambió la naturaleza de su cargo, quienes -según su criterio-
gozaban de una estabilidad relativa, pues la administración solamente puede
prescindir de ellos por razón del mejoramiento del servicio. Argumenta que con
la expedición de la norma demandada, se elimina su vinculación indefinida y se
le pone término final a la garantía de estabilidad en el empleo.
IV.    INTERVENCIONES DE
AUTORIDAD
El Director del
Departamento Administrativo de la Función Pública representado por la abogada FABIOLA
OBANDO RAMIREZ, intervino en el proceso para defender la constitucionalidad
de las normas acusadas, por estimar que no vulneran ninguno de los preceptos
constitucionales que los actores consideran transgredidos.
En opinión de la
ciudadana  interviniente, los cargos de libre nombramiento y remoción que el
Legislador exceptuó de la carrera administrativa en el artículo 5 de la Ley 443
de 1998, satisfacen los criterios que, de acuerdo a la Constitución y a la
jurisprudencia constitucional determinan su pertenencia al sistema de libre
nombramiento y remoción.
Este aserto lo
demuestra haciendo un detallado análisis de las funciones adscritas a cada uno
de los empleos cuestionados, a cuya luz debe concluirse que sí tienen asignadas
funciones de dirección y de fijación de políticas institucionales, por lo cual,
su ejercicio requiere de un grado de confianza considerable diferente de la
exigida a todo servidor público. Por todo ello, estima que, deben ser de libre
nombramiento y remoción.
A propósito del
cargo formulado en contra de la parte del artículo 6º. de la Ley 443 de 1998
que señala a las entidades públicas un  plazo de cuatro (4) meses contados a
partir de la fecha en que se opere el cambio de naturaleza del empleo, para
convocar los concursos tendientes a la provisión definitiva de los empleos que
en virtud de la misma ley se convirtieron en cargos de carrera administrativa,
la interviniente observa que el propio artículo 125 de la C.P. prescribe que el
ingreso a los empleos de carrera, la permanencia en ellos y el ascenso se
produciría en los términos y en las condiciones que fije la ley.
En tal virtud, la
apoderada del Departamento Administrativo de la Función Pública argumenta que,
desde el punto de vista constitucional, no es de recibo que un empleo que se
convierta en cargo de carrera administrativa, por disposición legal o por
decisión de la Corte Constitucional, continúe ocupado indefinidamente por el
servidor que fue vinculado mediante nombramiento ordinario porque la provisión
definitiva de los empleos de carrera es reglada, conforme lo indique la ley al
tenor de lo ordenado en el artículo 125 Superior.
2.      El Señor
Ministro del Interior también intervino, por conducto de  la abogada ISABEL
CRISTINA GAMBOA LUNA para defender la constitucionalidad de los preceptos
acusados.
En lo concerniente a
las acusaciones que recaen en los empleos cuestionados del artículo 5º de la
Ley 443 de 1998, anota que el legislador, por expresa competencia del artículo
125 Constitucional, puede determinar aquellos que se exceptúan del principio
general de carrera administrativa, por comportar la adopción de directrices
generales de política, que es exactamente lo que acontece con los demandados.
Por otra parte, la
interviniente considera que lo demandado del artículo 6º de la Ley 443 de 1998,
no vulnera precepto constitucional alguno pues, en aras de proteger el derecho
al trabajo y la igualdad de oportunidades, el artículo 8º. ibídem prevé la
posibilidad de que el funcionario que desempeñaba el cargo que cambia de
naturaleza, se mantenga en el mismo mediante encargo o nombramiento
provisional, a lo cual se suma que tiene la opción de participar en el concurso
para proveer dicho cargo.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL
DE LA
NACION
El señor Procurador
General de la Nación rindió en término, el concepto de su competencia, el cual,
únicamente examinó la acusación contra el artículo 6º. de la Ley 443 que
solicita desestimar para, en su lugar declarar CONSTITUCIONAL la frase
acusada.
La Vista Fiscal
guarda silencio sobre las razones por las que se abstuvo de conceptuar en
relación con el artículo 5º. -en lo acusado- de la misma Ley.
El Ministerio
Público, se refiere a los lineamientos de la Carrera Administrativa en la
Constitución de 1991; a las competencias del Legislador en materia de la
distinción entre empleos de carrera y empleos de libre nombramiento y remoción,
su provisión y su cambio de naturaleza.
A propósito del
cargo que se endereza a atacar el artículo 6º. de la Ley 443, el Supremo
Director del Ministerio Público señala que lo impugnado de la norma no
transgrede los artículos 25 y 53 de la Constitución, toda vez que el cambio en
la naturaleza de un empleo, esto es su conversión en cargo de carrera
administrativa, no implica el despido masivo de trabajadores, ni el desamparo
del derecho al trabajo, como sostiene el demandante. Al establecerse el régimen
de carrera administrativa, se proporciona a los empleados la estabilidad
laboral propia de este sistema, quedando su permanencia supeditada al
cumplimiento de las normas que regulan la materia.
Empero, en cuanto al
término de cuatro meses dentro de los cuales deberá ser provisto el empleo,
hace la siguiente salvedad:
“... es
pertinente considerar las diversas contingencias que afectan el proceso de
selección y nombramiento, ya que se trata de un lapso que bien puede resultar
desbordado debido a los incidentes propios del trámite a seguir cuando se trata
de  proveer un empleo de carrera. En consecuencia, deberá entenderse que el período
dispuesto por el legislador es aquel dentro del cual la Administración debe al
menos iniciar los actos idóneos y eficaces, encaminados a seleccionar a la
persona que ocupará el nuevo cargo.”
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera.       La competencia.
En virtud de lo
dispuesto por el artículo 241-4 de la Carta Política, la Corte Constitucional
es competente para decidir definitivamente sobre las demandas de
inconstitucionalidad que dieron lugar al presente proceso, dado que versa sobre
presuntos vicios de fondo contra apartes de los artículos 5º. y 6º. de la Ley
443 de 1998.
Segunda.-
Cosa Juzgada Constitucional
Debe la Corte
Constitucional comenzar por poner de presente que los cargos de “Juez de
Instrucción Penal Militar, Auditor de Guerra y  Secretario de Tribunal Superior
Militar” de la Administración Central del Nivel Nacional y los empleos de “Corregidor
e Inspector de Tránsito y Transportes o el que haga sus veces” de la
Administración Descentralizada,  unos y otros previstos en el acusado numeral
2º., literal a) del artículo 5º. de la Ley 443 de 1998 ya  fueron objeto de
examen constitucional, con ocasión de demandas ciudadanas tramitadas en el
proceso acumulado No. D- 2195, que culminó con la Sentencia C-368 del 27 de
mayo de 1999, de la que fué ponente el H. M. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Así, pues, respecto
de tales empleos ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional,
según lo prescribe el artículo 243 Constitucional, por lo cual corresponderá
ordenar que se esté a lo resuelto por la Corporación en la mencionada sentencia
C-368 de 1999.
Tercera.-  La jurisprudencia constitucional acerca de
los límites a las competencias del Legislador para establecer excepciones a la
Carrera administrativa, en desarrollo del art. 125 CP.
Ha sido abundante la
jurisprudencia[1] de la Corte
Constitucional sobre los fundamentos constitucionales del régimen de Carrera
Administrativa y su desarrollo en la Constitución Política que hoy nos rige.
Así, por ejemplo, en
la  Sentencia  C-195 de 1994, con ponencia del H.M. Vladimiro Naranjo Mesa,
hizo un juicioso estudio que comprendió, entre otros, el estudio de sus
antecedentes legales y constitucionales, así como el de los fines que con ella
se persiguen.
El fallo en comento
también consignó una síntesis de los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha acuñado, para determinar cuándo un cargo debe ser de libre
nombramiento y remoción.
Es, pues, pertinente
traerlos a colación, dado que son relevantes en punto al examen que corresponde
efectuar en el caso presente, que vuelve a plantear la cuestión relativa a la
competencia del legislador para exceptuar de la Carrera Administrativa, algunos
empleos de los órganos y entidades del Estado.
En la ocasión en
cita, la Corte Constitucional expresó:
Teniendo en
cuenta la existencia de cargos de dirección, que por su naturaleza implican un
régimen distinto al de carrera, el Constituyente prescribió en la misma norma
que fija el sistema de carrera como regla general, cuatro excepciones:  a) los
empleos de elección popular; b)  Los de libre nombramiento y remoción;  c) los
trabajadores oficiales, y d)  los demás que determine la ley.
Con respecto a este
último punto, la norma constitucional está indicando que pueden excluirse,
además de los ya exceptuados expresamente por la propia Constitución, aquellos
empleos que el legislador determine. Sobre este particular se ha pronunciado ya
esta Corporación en la Sentencia C-391 del 16 de septiembre de 1993:
"De
acuerdo con el artículo 125 de la Carta, compete a la ley la definición de las
normas que consagren excepciones al principio general de pertenencia a la
carrera ...; las
que determinen el sistema de nombramiento cuando considere que no debe
procederse mediante concurso público; las que fijen los requisitos y
condiciones para establecer los méritos y calidades de los aspirantes; las que
señalen causas de retiro adicionales a las previstas por la Carta".
Así las cosas,
por autorización constitucional el legislador está facultado para determinar lo
relativo a los casos de excepción de la carrera administrativa, ya sea a nivel
territorial o nacional, como son los contemplados en el artículo 1o. de la Ley
61 de 1987  demandado.
Cuando la norma
constitucional se refiere a los empleos de "libre nombramiento y
remoción" comprende, pues, además de los señalados en la Constitución,
aquellos que en virtud de determinación legal adquirieron tal calidad antes de la
Constitución de 1991, o que la ley determine después, por autorización del
artículo 125 superior.
El legislador
está así facultado constitucionalmente para determinar las excepciones a la
carrera administrativa, siempre y cuando no altere  la naturaleza de las cosas,
es decir, mientras no invierta el orden constitucional que establece como regla
general la carrera administrativa, ni afecte tampoco la filosofía que inspira
este sistema.
...
3.2    Criterios
para determinar hasta dónde llega la carrera administrativa
Encuentra la
Corte que a la luz de la Constitución se pueden establecer  unas excepciones al
principio general de la carrera administrativa, pero siempre conservando la
prioridad del sistema de carrera, connatural con los principios no sólo de
eficacia y eficiencia y estabilidad administrativas, sino con la justicia misma
de la función pública, que no es compatible con la improvisación e
inestabilidad de quienes laboran para el Estado, y por el contrario establece
el principio del merecimiento, como determinante del ingreso, permanencia,
promoción y  retiro del cargo.
Por tanto,
como base para determinar cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y
remoción, hay que señalar en primer término que tenga fundamento legal; pero
además, dicha facultad del legislador no puede contradecir la esencia misma del
sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para producir el efecto
de que la regla general se convierta en excepción.  En segundo lugar, debe
haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para
establecer excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad
concedida al nominador  no obedezca a una potestad infundada.  Y, por último,
no hay que olvidar que por su misma naturaleza, los empleos que son de libre
nombramiento y remoción son aquellos que la Constitución establece y aquellos
que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la función misma, en su
desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, o implique una decisión
política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder
a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente
vigilancia y evaluación.
Y más adelante,
agregó:
“...
En otras
palabras, de acuerdo con la clasificación del Decreto 1042 de 1978, que
establece los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico,
administrativo y operativo, hay que señalar que los criterios que deben
tenerse en cuenta para determinar si un empleo es de libre nombramiento y
remoción son los niveles directivos y excepcionalmente los otros, siempre y
cuando impliquen un grado considerable de confianza. Los demás, es decir, la
regla general, son de carrera. En consecuencia, los empleos señalados en la
norma acusada como de libre nombramiento y remoción se juzguen válidos, en el
entendido de que se trate de empleos de dirección y confianza.
...”
Y
concluyó:
“...
la
discrecionalidad en lo relativo a la remoción del empleo "es una atribución
necesaria en cabeza de algunos funcionarios que ejercen una labor eminentemente
política, o que requieren de colaboradores de su más absoluta confianza para el
logro de sus fines".
Dentro de la misma
filosofía, en Sentencia  C-514 de 1994[2], la Corporación
volvió a examinar la atribución constitucional de que goza el Legislador para
determinar, por vía de excepción, los cargos de libre nombramiento y remoción.
En  esta
oportunidad, a este respecto,  señaló:
...
cabe la exclusión de la carrera por vía legal, siempre que existan motivos
fundados para consagrar distinciones entre los servidores del Estado. De lo
contrario, se quebranta el principio de igualdad plasmado en el artículo 13 de
la Carta y, por consiguiente, la norma respectiva deviene necesariamente en
inexequible.
En
consecuencia, para que la función del legislador tenga cabal desarrollo con
estricto apego a la normativa fundamental, es necesario que, al expedirse la
ley, se considere de manera objetiva cuál es el papel que juegan los distintos
cargos dentro de la estructura del Estado y que se evalúe el tipo de funciones
a ellos asignadas, con el fin de deducir cuáles resultan incompatibles con el
sistema de carrera y cuáles, por el contrario, interpretado el telos de
los preceptos constitucionales, encajan dentro de él.
....”
En esta Sentencia,
la Corte retomó los lineamientos jurisprudenciales para determinar cuándo el
Legislador puede categorizar un empleo como de libre nombramiento y remoción .
Con fundamento en
tales criterios de distinción, declaró exequible la categoría de libre
nombramiento y remoción para el cargo de Jefe de Oficina Asesora en la
Contraloría General de la República.
Fueron sus
fundamentos, los siguientes:
...
siendo la regla general la de la pertenencia a la carrera, según los mandatos
constitucionales, las excepciones que la ley consagre solamente encuentran
sustento en la medida en que, por la naturaleza misma de la función que se
desempeña, se haga necesario dar al cargo respectivo un trato en cuya virtud el
nominador pueda disponer libremente de la plaza, nombrando, confirmando o
removiendo a su titular por fuera de las normas propias del sistema de carrera.
Estos cargos, de libre nombramiento y remoción, no pueden ser otros que los
creados de manera específica, según el catálogo de funciones del organismo
correspondiente, para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u
orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices
fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su
cargo dicho tipo de responsabilidades. En este último caso no se habla de la
confianza inherente al cumplimiento de toda función pública, que constituye
precisamente uno de los objetivos de la carrera pues el trabajador que es
nombrado o ascendido por méritos va aquilatando el grado de fe institucional en
su gestión, sino de la confianza inherente al manejo de asuntos pertenecientes
al exclusivo ámbito de la reserva y el cuidado que requieren cierto tipo de
funciones, en especial aquellas en cuya virtud se toman las decisiones de mayor
trascendencia para el ente de que se trata. Piénsese, por ejemplo, en el
Secretario Privado del Presidente de la República o en un Ministro del
Despacho. (Enfasis fuera
de texto)
Desde
luego, quedan excluidas del régimen de libre nombramiento y remoción las puras
funciones administrativas, ejecutivas o subalternas, en las que no se ejerce
una función de dirección política ni resulta ser fundamental el intuito
personae.
...”
Cuarta.-      El  Examen de las Acusaciones:
A)         Artículo 5º. Empleos de libre nombramiento
y remoción
·
Consideraciones
Preliminares: La integración de la proposición jurídica completa.
A los efectos de la
decisión que se adopta en este fallo, importa tener presente que  en el
artículo 5º., numeral 2º, literal a) de la Ley 443 de 1998, el Legislador
delimita en forma expresa  tanto el ámbito material como la naturaleza de las
funciones y responsabilidades inherentes a los empleos que, por la vía de la
excepción legal, clasifica en la categoría de libre nombramiento y remoción.
Por ello, el
correcto entendimiento de la norma contenida en el artículo 5º. de la Ley 443,
impone considerar en forma sistemática todos los elementos que integran la
proposición jurídica, pues, de lo contrario, se distorsionaría su  exacto
sentido y significado.
Es, pues, del caso
articular las frases atinentes a los cargos cuestionados, con el encabezamiento
del numeral 2o. y con el de su literal a). Estos guardan una inescindible
relación de significado con los primeros, puesto que sirven a la función de
hacer explícitos los criterios  atinentes a la naturaleza de las funciones que
les son propias y que tuvo en mente el Legislador al clasificarlos.
Es también necesario
integrar la proposición jurídica con los encabezamientos atinentes a la
determinación del ámbito material y territorial  al que son aplicables las
excepciones a la carrera que establece el Legislador.
Por lo expuesto,  el
pronunciamiento de esta Corte, comprenderá el siguiente texto:
ARTICULO 5º.- DE LA CLASIFICACION DE LOS
EMPLEOS.-        Los
empleos de los organismos y entidades regulados por la presente Ley son de
carrera, con excepción de:
...
2. Los empleos de libre nombramiento y
remoción que correspondan a los siguientes criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación
institucionales, que adelante se indican, cuyo ejercicio implica la adopción de
políticas o directrices, así:
En la
Administración Central del Nivel Nacional
"
... Jefe de
Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones ... Juez
de Instrucción Penal Militar, Auditor de Guerra, Secretario de Tribunal
Superior Militar y Capitán de Puerto.
"En la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil... Administrador
Aeropuerto; Gerente Aeroportuario, Director Aeronáutico de Area y Jefe de
Oficina Aeronáutica.
En la
Administración Descentralizada del Nivel Nacional
Rector,
Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior, distinta a los Entes
Universitarios Autónomos  ... Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica,
Planeación, Prensa o de Comunicaciones; y Jefe de Control Interno.
"En la
Administración Central y Organos de Control del Nivel Territorial
“...Jefe de
Control Interno; Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de
Prensa o de Comunicaciones;... Corregidor e Inspector de Tránsito y Transportes
o el que haga sus veces, y Personero Delegado en los municipios de categoría
especial y categorías  uno, dos y tres.
En la
Administración Descentralizada del Nivel Territorial
... Rector,
Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior, distinta a los Entes
Universitarios Autónomos; Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación,
de Prensa o Comunicaciones y Jefe de Control Interno".
En punto al examen
que aborda la Corte en el caso presente, es también oportuno recordar que la
Ley 489 de 1998, en sus artículos 38 y 39, definió los organismos y entidades
que integran tanto el sector Central como el Descentralizado de la
Administración Pública del Nivel Nacional y del Nivel Territorial, en los
siguientes términos:
CAPITULO DECIMO
Estructura y organización de la Administración
Pública
“Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del
Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el
orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:
1.
Del Sector
Central:
a. La Presidencia de la República
b. La Vicepresidencia de la República
c. Los Consejos Superiores de la administración
d. Los ministerios y departamentos administrativos
e. Las superintendencias y unidades administrativas
especiales sin personería jurídica.
2. Del Sector descentralizado por servicios:
a. Los establecimientos públicos
b. Las empresas industriales y comerciales del Estado.
c. Las superintendencias y unidades administrativas
especiales con personería jurídica.
d. Las empresas sociales del Estado y las empresas
oficiales de servicios públicos domiciliarios.
e. Los institutos científicos y tecnológicos.
f. Las sociedades públicas y las sociedades de
economía mixta.
g. Las demás entidades administrativas nacionales con
personería jurídica que cree, organice o autorice la Ley para que formen parte
de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
...
PARÁGRAFO 2. Además de lo previsto en el literal c)
del numeral 1º del presente artículo, como organismos consultivos o
coordinadores, para toda la administración o parte de ella, funcionarán con
carácter permanente o temporal y con representación de varias entidades
estatales y, si fuere el caso, del sector privado, los que la Ley determine. En
el acto de constitución se indicará el Ministerio o Departamento Administrativo
al cual quedaren adscritos tales organismos.
Artículo 39.- Integración de la Administración Pública.
La Administración Pública se integra por los
organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los
demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente
tiene a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o
la prestación de servicios públicos del Estado Colombiano.
La Presidencia de la República, los ministerios y los
departamentos administrativos en lo nacional, son los organismos principales de
la Administración.
Así mismo, los ministerios, los departamentos
administrativos y las superintendencias constituyen el Sector Central de la
Administración Pública Nacional.
Los organismos y entidades adscritos o vinculados a un
Ministerio o un Departamento Administrativo que gocen de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente conforman
el Sector Descentralizado de la Administración Pública Nacional y cumplen sus
funciones en los términos que señale la Ley.
Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de
despacho y los departamentos administrativos son los organismos principales de
la Administración en el correspondiente nivel territorial.
Los demás les están adscritos o vinculados, cumplen
sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en los términos que
señale la Ley, las ordenanzas o los acuerdos, según el caso.
Las asambleas departamentales y los concejos
distritales y municipales son corporaciones administrativas de elección popular
que cumplen las funciones que señalan la Constitución Política y la Ley.
...”
Con la salvedad
que
más adelante se explica, relativa a los cargos de  Rector, Vicerrector y Decano
de Institución de Educación Superior distinta a los Entes Universitarios
Autónomos, tanto en la administración descentralizada del nivel nacional como
del nivel territorial, cuya constitucionalidad la Corporación examinará por
aparte, a la luz de la autonomía que a las instituciones de educación superior
reconoce el articulo 69 de la Carta,  la Corporación advierte que, al regular
los restantes empleos de libre nombramiento y remoción que han sido acusados,
el Legislador, en principio,  se ha inspirado en la filosofía que informa el
régimen de carrera, de acuerdo a la Constitución Política y a los lineamientos
jurisprudenciales  consignados por esta Corte para darles desarrollo.
En efecto, los ha
caracterizado como excepciones, las cuales, vale la pena resaltar, están
dotadas de la especificidad, concreción y univocidad que la jurisprudencia ha
exigido, lo cual ha hecho al delimitar la naturaleza de las funciones que
cumplen -de dirección y de conducción institucional y de formulación de
políticas-, así como el ámbito material en el que operan -Administración
Central y Descentralizada de los Niveles Nacional y Territorial.
Las precisiones
anteriores permiten a esta Corte concluir que, por este aspecto, la enunciación
de los empleos de libre nombramiento y remoción en la Administración Central y
Descentralizada de los Niveles Nacional y Territorial,  se acompasa con la
Carta Política pues el Legislador  los ha previsto como excepciones puntuales a
la regla general, y los enuncia como tales, al señalar que, además, se trata de
empleos que implican funciones de dirección; de conducción institucional y de
formulación de políticas.
Restaría analizar
su constitucionalidad por el aspecto de las funciones que les son propias.
A ello, seguidamente
se procederá,  previas unas someras anotaciones  sobre los principios
orientadores de la reestructuración del  sector transporte, a cuya luz deben
examinarse las funciones atribuidas a los cargos cuestionados, que pertenecen
a la Unidad Administrativa Especial de Aeronaútica Civil, a saber, los de
Administrador de Aeropuerto; Gerente Aeroportuario, Director Aeronáutico de
Area y jefe de Oficina Aeronautica ; y  a la Dirección General Marítima, a
saber, el de Capitán de Puerto,  puesto que uno y otro organismo pertenecen al
mencionado sector.
·
El cuestionamiento
de las funciones asignadas a los cargos cuestionados de la Aeronáutica Civil y
de la Dirección General Marítima, a la luz de los principios orientadores de la
reestructuración del Sector Transporte, efectuada mediante el Decreto 2172 de
1992, en desarrollo del artículo 20 Transitorio de la Constitución Política y,
posteriormente, por las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996.
En punto al
cuestionamiento que los actores plantean  en relación con algunos cargos de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y de la Dirección General
Marítima, importa señalar que el sector transporte fué axiológicamente
reestructurado mediante  el Decreto 2171 de 1992, dictado por el entonces Presidente
de la República en desarrollo del artículo 20 Transitorio de la Constitución
Política y, posteriormente, por las  Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996.
Las normatividades
en comento se han inspirado en la necesidad de poner el sector transporte a
tono con las exigencias y requerimientos de modernización, tecnificación,
descentralización, seguridad y eficiencia  que resultan indispensables para
promover y afianzar la internacionalización de las relaciones  e  intercambios
nacionales  e internacionales en todos los órdenes.
Es un hecho que el
transporte constituye una infraestructura estratégica de crítica importancia
para el desarrollo del país, en todos los planos y niveles.  Por lo demás, no
puede perderse de vista que, en particular, este sector plantea especialísimos
requerimientos técnicos, científicos, tecnológicos e involucra cuestiones de
seguridad nacional, tanto  en lo que respecta a la  seguridad de los usuarios
-nacionales y extranjeros-, como a la que se relaciona con la intangibilidad
del territorio patrio y de la soberanía nacional, en lo relacionado en
particular,  con el espacio aéreo, el mar territorial, el mar patrimonial, la
plataforma continental y la zona económica exclusiva, en cuanto concierne a los
organismos a que pertenecen los cargos cuya constitucionalidad se cuestiona.
De ahí que, para el
examen de los cargos que se refieren a los dos organismos mencionados, sea
pertinente tener en cuenta, en particular, las siguientes observaciones:
·
El transporte es
elemento básico para la Unidad Nacional y el desarrollo de todo el territorio
colombiano y para la expansión de los intercambios internacionales del país.
·
La seguridad de las
personas constituye una prioridad del sistema y del sector transporte.
·
Se entiende por
infraestructura  del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad
que cumple la función básica de integración de las principales zonas de
producción y de consumo del País, y de  éste con los demás países.
En lo
que hace el transporte marítimo y aéreo, esta          infraestructura está
constituída por:
-        Los ríos,
canales de aguas navegables, su señalización y aquellos puertos  públicos
fluviales de interés nacional.
-        Los
puertos públicos marítimos de propiedad de la Nación y sus canales de acceso.
-        La red de
ayudas, comunicaciones y meteorología del transporte aéreo, básicos para
prestar los servicios de aeronavegación y la infraestructura aeroportuaria.
-        Los faros,
boyas y otros elementos de señalización para el transporte  marítimo.
·
Los principios y reglas
que informan la modificación de las estructuras administrativas del sector
transporte, incluídas  las estructuras definidas por el Decreto 2171 de 1992,
y, por ende, de  la  Unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil y la
Dirección Marítima del Ministerio de  Defensa son los siguientes:
a.      Modernización. Significa que la reestructuración del sector debe
responder a los desarrollos técnicos y administrativos de administración
pública y podrá apoyarse  en los servicios  especializados ofrecidos por
particulares.
b.        Eficiencia.  Se propiciarán esquemas de participación y estímulo
orientados a mejorar la eficiencia administrativa.
c.   Administración gerencial.  Se establecerán los mecanismos de control
gerencial y desconcentración de  funciones.
d.   Colaboración.  Los diferentes organismos del sector transporte deben
velar porque su operación se funde en criterios de coordinación, planeación,
descentralización y participación.
·
El Legislador
dispuso que en el sector aeronáutico, adicionalmente se apliquen los siguientes
principios:
a.
Administración
funcional.  Se
administrará teniendo en cuenta cuatro grandes áreas funcionales:  Planeación y
regulación aeronáutica, los servicios de aeronavegación, la supervisión y la
seguridad aérea, la  supervisión  y los servicios aeroportuarios.
b.
Especialización.  Se responderá a la especialización
técnica que poseen las funciones de la aeronáutica.
c.
Descentralización.  Se tenderá  a la descentralización y a
la participación regional en la administración de los servicios aeroportuarios.
d.      Seguridad.
Se establecerán las funciones de reglamentación       y control de la seguridad
aeronáutica y aeroportuaria, en los más altos niveles de la administración.
·
Los empleos de
Administrador de Aeropuerto, Gerente de Aeropuerto, Director Aeronáutico
Regional, Director Aeronáutico del área y Jefe de Oficina Aeronáutica.
Como quedó dicho, la
Ley 105 de 1993 le dió un vuelco radical al sector transporte buscando su
posicionamiento como motor  principalísimo del desarrollo y de la inserción
eficaz del Estado Colombiano en el contexto internacional en los distintos
órdenes.
De ahí que al
reestructurarlo, entre los principios orientadores, el Legislador señaló los
atinentes a su modernización en función a la  seguridad de los usuarios, y el
mejoramiento de su prestación mediante la tecnificación y la observancia de
criterios de descentralización y regionalización.
El Decreto 2724 de 1993 modifica la
estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y
determina las sus funciones de sus dependencias.
Importa señalar que
dicho Decreto fue expedido por el Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de las facultades que le otorga el numeral 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y en desarrollo de los principios previstos en el
artículo 37 de la ley 105 de 1993, mencionados en el acápite precedente.
Al tenor de su artículo 1º., la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, Aerocivil, es una entidad especializada de carácter técnico
adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independientes.  Esta Unidad  Administrativa
Especial es el resultado de la fusión del departamento administrativo de
Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional,  ordenada por el artículo
67  del Decreto  2171 de 1992.
Conforme al artículo
2º. Ibídem, que delimita su jurisdicción y competencia, la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  es la autoridad en materia
aeronáutica en todo el territorio nacional. En tal virtud,  le compete regular,
administrar, vigilar  y controlar  el uso del espacio aéreo colombiano por
parte  de la aviación civil y coordinar  las relaciones  de ésta con la
aviación de Estado;  formulando y desarrollando  los planes, estrategias,
políticas, normas y procedimientos  sobre la materia.
Le corresponde también la prestación de los servicios
aeronáuticos y, con  carácter exclusivo, desarrollar y operar la
infraestructura requerida para que la navegación en el espacio aéreo colombiano
se efectúe con seguridad.
Así mismo, le
corresponde reglamentar y supervisar la infraestructura aeroportuaria  del
país, y administrar directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad o
los de propiedad de la Nación.  Igualmente autorizó y vigiló  la construcción
de aeródromos, actividad ésta que continuó desarrollando las entidades
territoriales, las asociaciones de éstas o  el sector privado.
Con ello  buscará
garantizar  el desarrollo ordenado de la aviación civil, la utilización segura
y adecuada del espacio aéreo, y contribuir al mantenimiento de la seguridad y
soberanía nacional.
De acuerdo al
artículo 3º. del citado decreto, la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la
aviación civil y de la administración  del espacio aéreo en condiciones de
seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas
gubernamentales  en materia económico-social y de relaciones internacionales.
De conformidad con
lo preceptuado por su artículo 6º., la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil tiene un nivel Regional,  en desarrollo de la política de
descentralización y de participación regional,  integrado por:
·
Las Direcciones Aeronaúticas
Regionales;
·
Los Aeropuertos;
·
Las Direcciones
Aeroportuarias;
·
Las Administraciones de
Aeropuerto.
El Nivel Regional
depende de la Secretaría Técnico-Aeronáutica en cuanto a las funciones  de
operación aérea, telecomunicaciones e informática.
Al tenor de lo preceptuado por los artículos 37 a 41
del citado Decreto, las
Direcciones Regionales Aeronáuticas constituyen una estructura descentralizada
a nivel regional, dependiente de la Secretaría Técnico-Aeronáutica, para
garantizar la coordinación y eficiencia en la prestación y mantenimiento de los
servicios de aeronavegación, así como las funciones de supervisión y seguridad
aérea y las de seguridad aeroportuaria que les sean delegadas.
Existirán Direcciones Regionales Aeronáuticas en los
departamentos del Atlántico, Santafé de Bogotá, D.C., Norte de Santander, Valle
y Meta.
El Director General teniendo en cuenta la situación
geográfica y la conveniencia técnica, definirá y delimitará la jurisdicción de
las direcciones regionales aeronáuticas.
Así pues, al Nivel
Regional le compete asesorar  al Director en la definición de los planes
estratégicos y  de expansión aeroportuaria en el ámbito de su jurisdicción;
adelantar los estudios e investigaciones  específicos, así como  llevar su
representación y ser  agentes del mismo en materia de supervisión y control.
A las Direcciones
Aeronáuticas les corresponde la supervisión, control y prestación de los
servicios de aeronavegación, así como el mantenimiento de su infraestructura.
A los Entes
Aeroportuarios les corresponde la gerencia y administración de los aeropuertos,
en lo que respecta a terminales, pista y plataforma.
A todas ellas les
son comunes las funciones de elaboración de los planes indicativos y
estratégicos y las demás que les asigne y delegue el Director General.
El artículo 38 del citado decreto señala las
funciones específicas que les corresponde ejercer a las Direcciones Regionales
Aeronáuticas, conforme a las instrucciones del Director General y del Secretario
Técnico-aeronáutico. Son ellas:
1?
En coordinación
con la Dirección de Operaciones Areas del Nivel Central, prestar los servicios
de aeronavegación dentro de su jurisdicción.
2?
Supervisar y
controlar el espacio aéreo de su jurisdicción y verificar el cumplimiento de
las normas y reglamentos de aeronavegación con el fin de garantizar la
seguridad aérea.
3?
Proponer y
ejecutar los programas de mantenimiento e instalación de la infraestructura de
telecomunicaciones, informática y ayudas a la navegación aérea a nivel
regional.
4?
Cumplir con los
procedimientos y normas de mantenimiento establecidos por la Secretaría Técnico
Aeronáutica.
5?
Supervisar,
vigilar e inspeccionar la operación de las aeronaves, la licencia expedida por
la autoridad aeronáutica y todo lo relacionado con la seguridad aérea que le
sea delegado por la Oficina de Control y Seguridad Aérea.
6?
Vigilar,
orientar y controlar la Administración de los Centros de Control y Diagnóstico
de la Infraestructura de Aeronavegación y elaborar los informes técnicos de
comportamiento y desempeño.
7?
Supervisar,
vigilar e inspeccionar el buen mantenimiento de las telecomunicaciones,
radioayudas, medios de protección de vuelo en general en coordinación con el
nivel central.
8?
De conformidad
con las delegaciones de la Secretaría Aeroportuaria y sus Direcciones,
supervisar, controlar y garantizar que las pistas de los aeropuertos de su
jurisdicción cumplan con las normas y especificaciones técnicas, así como
adelantar las investigaciones de estudios que le sean asignados.
9?
Las demás que le
sean asignadas o delegadas por el Director General y el Secretario Aeronáutico.
Por su parte, el artículo 39 del multicitado decreto,
asigna las funciones que competen a las Direcciones Aeroportuarias.
Al efecto, contempla que éstas administrarán
gerencialmente los aeropuertos de la Aerocivil, cuando el volumen de las
operaciones aéreas de un Aeropuerto lo justifiquen y se clasifiquen como tales,
por parte del Director General.
A las Direcciones Aeroportuarias  les corresponde
además garantizar la prestación de los servicios aeroportuarios que comprenden
los servicios de pista, plataforma y terminal, y coordinar con el Jefe del Area
Técnica la prestación de los servicios de aeronavegación.
Por su parte, el artículo 40 dispone que el manejo de
los aeropuertos de la Aerocivil, en los cuales no es significativo el volumen
de operaciones aéreas, estará a cargo de las administraciones aeroportuarias,
las cuales actuarán como delegadas de las direcciones aeroportuarias.
Mediante resolución, el Director General señalará qué
tipo de Aeropuertos pertenecen a esta categoría y en la misma determinará sus
divisiones, como formas de organización funcional del trabajo.
Conforme a las políticas e instrucciones del Director
General y del Secretario Aeroportuario, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 41 ib., son funciones de las Direcciones y Administraciones
Aeroportuarias, las siguientes:
1?
Dirigir,
coordinar y controlar todas las actividades del Aeropuerto a su cargo, para
garantizar la eficiencia de los servicios aeroportuarios a cargo de la
Aerocivil.
2?
Administrar los
recursos humanos, financieros y técnicos que se le asignen para su gestión.
3?
Velar por la
seguridad aeroportuaria del Aeropuerto a su cargo.
4?
Garantizar el
adecuado mantenimiento y desarrollo de la infraestructura física y técnica del
aeropuerto y planear su desarrollo futuro.
5?
Ordenar los
pagos, celebrar contratos y demás actuaciones administrativas de acuerdo con las
directrices del nivel central de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, conforme a las delegaciones y a las normas legales.
6?
Elaborar el plan
local de actividades de acuerdo con las políticas señaladas por la Dirección y
el plan estratégico.
7?
De acuerdo con
la política general de la unidad establecer el control interno local.
8?
Asesorarse del
Comité Regional Aeroportuario, presentarle los planes e informes y responder a
sus inquietudes.
9?
Rendir informes de
gestión ante el Secretario Aeroportuario y sus direcciones.
10?
Las demás que le
sean asignadas o delegadas por el Director General o el Secretario
Aeroportuario.
Por lo demás, es del
caso, señalar que en consonancia con la naturaleza de las funciones, el Decreto
1767 del 10 de julio de 1997 que modifica y adiciona la nomenclatura de empleos
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,  ubica los citados
en el nivel directivo.
El análisis tanto de la estructura de
descentralización regional como de las funciones del nivel regional a que
pertenecen los cargos cuestionados, lleva a esta  Corte a considerar que la
clasificación de estos empleos por la Ley 443 de 1998 en la categoría de libre
nombramiento y remoción, observa los criterios jurisprudenciales en la materia
pues las funciones que les son inherentes son eminentemente directivas y
requieren de máxima confianza del superior .
Ciertamente, el
examen anterior, permite a la Corporación concluir que por el aspecto de las
funciones, el Legislador dió estricta observancia los postulados de la Carta
Política y a los parámetros jurisprudenciales, cuando en la Ley 443 le otorgó
la naturaleza de libre nombramiento y remoción a estos empleos, pues dicha
clasificación se acompasa en todo con los criterios tantas veces expuestos por
la Corte Constitucional, de acuerdo a los cuales quedan cobijados por la
facultad de libre nombramiento y remoción aquellos empleos  que perteneciendo
al nivel directivo,  implican funciones de conducción y de orientación institucional
y que exigen un grado máximo de confianza del nominador en quien lo ejerce, por
virtud de las responsabilidades que comporta su ejercicio.
Empero, juzga la
Corporación indispensable enfatizar que la discrecionalidad del nominador en
modo alguno significa ejercicio arbitrario, subjetivo u omnímodo de la facultad
de proveer los cargos del nivel directivo, con prescindencia a cualquier otra
consideración distinta de su preferencia personal por un cierto candidato.
Por el contrario,
las exigencias de coherencia con los valores que postula la administración
pública moderna, hacen imperativo que, al integrar el nivel directivo de una
institución,  con mayor razón su máximo dirigente de ejemplo de ceñirse a los
más altos estándares para la escogencia de sus integrantes, de modo que
seleccione los mejores y más capaces, atendidos los requisitos de formación y
de experiencia que el idóneo ejercicio de las responsabilidades de formulación
de políticas, de orientación y de conducción institucionales en su respectiva
área de responsabilidad exigen en  quienes liderarán el equipo de trabajo.
Si los cargos
directivos de una entidad no los desempeñan personas que gocen del mayor
prestigio profesional en su respectivo área o campo, y cuya honorabilidad y
solvencia ética sean públicamente reconocidos, dificílmente puede existir
legitimidad y credibilidad en las capacidades de conducción y de dirección de
sus dirigentes. De ahí la crítica importancia de que los cuadros del nivel
directivo sean también altamente calificados.
Es el caso de las
funciones atinentes a los  cargos del nivel directivo regional que en la Unidad
Administrativa Especial de  Aeronáutica Civil se han examinado, las que,
ciertamente ameritan  un eficaz desempeño para cumplir responsabilidades tan
delicadas como las que conciernen a la seguridad de los pasajeros, la cual,
como es obvio, tiene repercusiones internacionales, por lo cual debe responder
a estándares de esa misma índole.  No se olvide la época en que la IATA
calificó con estrellas negras la mayoría de los aeropuertos del país
precisamente por las pésimas condiciones en que se encontraban  los sistemas de
aeronavegación y por las deficientes condiciones de seguridad que estos
ofrecían.
Con estas
precisiones y bajo este entendido, la Corporación los declarará exequibles.
·
El empleo de Capitán
de Puerto.
Las Capitanías de
Puerto pertenecen a la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa y
están adscritas al Comando de la Armada Nacional.
Por su parte, la
Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR) es una dependencia del
Ministerio de Defensa, agregada al Comando de la Armada Nacional (art. 1º. del
Decreto 2324 de 1984).
A este respecto, la
Corte estima pertinente enfatizar que en consideración a las  implicaciones
que, en particular, tienen las funciones atinentes a la jurisdicción marítima
en la soberanía nacional, el artículo 1º., parágrafo del Decreto 2172 de 1992,
en concordancia con los artículos 116 a 118 ibídem, señalaron que la Dirección
General Marítima continuaría funcionando como una dependencia del Ministerio de
Defensa Nacional, en su calidad de autoridad marítima nacional, si bien
formaría parte del sector transporte, por lo que en tal virtud, estaría sujeta
a una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte, en particular
en lo relativo a la preparación y presentación del anteproyecto del plan modal
de transporte marítimo.
Cabe anotar que la
Ley 105 de 1993, que como ya quedó examinado, reestructuró el sector
transporte, mantuvo su estructura como dependencia del Ministerio de Defensa
agregada a la Armada Nacional, así como su relación de coordinación con el
Ministerio de Transporte en lo que hace a la formulación del plan  modal de
transporte marítimo.
La Ley 336 de 1996
que adoptó el  Estatuto Nacional del Transporte y unificó los principios y
criterios que sirven de fundamento para la regulación y reglamentación -entre
otros- del transporte aéreo público, marítimo y fluvial y su operación  en el
territorio nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993 reiteró en su
artículo 2º. que “la seguridad, especialmente la relacionada con la
protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del
sector y del Sistema de Transporte”.
El artículo 71 de la
citada ley, adicionó la estructura orgánica de la Dirección General Marítima
prevista en el artículo  8º.  del Decreto-ley 2324 de 1984, creando la División
de Capitanías de Puerto.
Los Capitanes de
Puertos Marítimos (Categoría I) y Fluviales (Categoría II) que, por su
pertenencia a la Armada Nacional deben ser oficiales en servicio activo, con
gran conocimiento y experiencia en oceanografía, son la máxima autoridad
marítima en su jurisdicción.
Cabe señalar, que la
Dirección General Marítima ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de
la zona económica exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores
marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; y de todos
aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona
económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas suprayacentes, litorales,
incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su
jurisdicción; islas, islotes y cayos; y sobre los ríos que a continuación se
relacionan, en las áreas indicadas:
1?   Río Magdalena: Desde la desembocadura en
Bocas de Ceniza hasta 27 kilómetros aguas arriba.
2?   Río Guainía o Río Negro: Desde el raudal
Venado en el Alto Guainía hasta la Piedra del Cocuy en el Río Negro.
3?   Río Amazonas: Desde la Boca Quebrada San
Antonio hasta la Boca Atacuari.
4?   Río Orinoco.
5?   Río Meta.
6?   Río Arauca.
7?   Río Putumayo: Desde los límites con Brasil
hasta Puerto Asís, siguiendo el límite con Perú y Ecuador.
8?   Río Vaupés: Desde Mitú hasta los límites
con el Brasil
9?   Río Sinú, Atrato, Patía y Mira.
10?Canal del Dique.
La Dirección General
Marítima además ejerce jurisdicción sobre los buques y artefactos navales, más
allá del límite exterior de la zona económica exclusiva.
La Dirección General Marítima cuenta con dependencias
regionales  y/o seccionales denominadas Capitanías de Puerto en los puertos
marítimos y fluviales de su jurisdicción, las cuales ejercerán las funciones de
la Dirección en el área asignada, de acuerdo con la ley y los reglamentos.  La
Dirección General Marítima y Portuaria con la aprobación del  Gobierno podrá
crear nuevas capitanías de Puerto.
El artículo 20 del
Decreto 2324 de 1984, en particular señala las siguientes funciones a las
Capitanías de Puerto:
1?      Ejercer la autoridad marítima y portuaria
en su jurisdicción.
2?      Hacer cumplir las leyes y disposiciones
relacionadas con las actividades marítimas y portuarias.
3?      Conceptuar y tramitar ante la Dirección
General Marítima y Portuaria, las  solicitudes  de licencias, matrículas  y
patentes de navegación.
4?      Verificar los exámenes  para expedir
licencias
5?      Expedir licencias de navegación para el
personal de mar
6?      Dirigir  y supervisar el servicio de
practicaje
7?      Autorizar el arribo y zarpe de naves e
inspeccionar el  funcionamiento de las mismas.
8?      Investigar, aún de oficio, los siniestros y
accidentes marítimos, las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos que
regulan las  actividades marítimas y la marina mercante colombiana y, dictar
fallos de primer grado e imponer las  sanciones respectivas.
La Dirección General
Marítima tiene, entre otras, las siguientes funciones, que cumple por  conducto
de las Capitanías de Puerto:
·
Asesorar al gobierno en
la adopción de políticas y programas relacionados con las actividades marítimas
y ejecutarlas dentro de los límites de su jurisdicción.
·
Dirigir, regular,
controlar y promover el desarrollo de la Marina Mercante, la investigación
científica marina y el aprovechamiento de los recursos del mar.
·
Coordinar con la Armada
nacional el control del tráfico marítimo.
·
Regular, dirigir y
controlar las actividades del transporte marítimo internacional y de cabotaje,
público o privado; asignar, modificar o cancelar rutas y servicios y establecer
las condiciones para la prestación de los mismos.
·
Regular, autorizar y
controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas
y demás bienes de uso público de las Areas de su jurisdicción.
·
Regular, autorizar y controlar
la construcción y el uso de islas y estructuras artificiales en las Areas de su
jurisdicción.
·
Regular, autorizar y
controlar la construcción de puertos y muelles públicos y privados y la
operación de los mismos de conformidad con las normas vigentes
·
Autorizar y controlar
los trabajos de dragado, relleno y demás obras de ingeniería oceánica en los
terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su
jurisdicción.
·
Adelantar y fallar las
investigaciones por violación a las normas de Marina Mercante, por siniestros
marítimos, por violación a las normas de reserva de carga, por contaminación
del medio marino y fluvial de su jurisdicción, por construcciones indebidas o
no autorizadas en los bienes de uso público y terrenos sometidos a la
jurisdicción de la Dirección General Marítima y Portuaria, por violación a
otras normas que regulan las actividades marítimas e imponer las sanciones
correspondientes.
En tal virtud, le
corresponden, entre otras, las siguientes funciones, que cumple a través de las
Capitanías de Puerto:
1?   La señalización marítima.
2?   El control del tráfico marítimo.
3?   Las naves nacionales y extranjeras y los
artefactos navales.
4?   La navegación marítima por naves y
artefactos navales.
5?   La Marina Mercante y el transporte
marítimo.
6?   Las comunicaciones marítimas.
7?   La construcción, operación y administración
de instalaciones portuarias.
8?   La utilización, protección y preservación
de los litorales.
9?   La investigación científica marina en todas
sus disciplinas.
10?Los sistemas de exploración, explotación y
prospección de los recursos naturales del medio marino.
11. Los rellenos,
dragados y obras de ingeniería oceánica.
12. La
administración y desarrollo de la zona costera.
13. Los astilleros y
la construcción naval.
14. Otros usos y/o
aprovechamientos del medio marino.
En conclusión:  el
examen de las funciones y  responsabilidades de este empleo, previstas en el
artículo 20 y ss del Decreto Ley 2324 de 1984, que reorganiza la Dirección
General Marítima y Portuaria, arroja a las claras que quien lo ejerce es la
máxima autoridad marítima y portuaria en la respectiva jurisdicción.
En tal calidad
investigan y fallan, en primera instancia, los procesos que deben adelantarse
por accidente o siniestros marítimos.
Por lo demás, las
Capitanías de Puerto de primera categoría, adicionalmente cumplen las funciones
establecidas en el artículo 110 del decreto 2150 de 1995, cuyo ejercicio
implica altos niveles de confianza de sus superiores.
Sus funciones tocan
no sólo con la seguridad de los usuarios y de las embarcaciones, sino aún con
la defensa de la soberanía nacional y del territorio patrio en  el área de su
jurisdicción.
Por delegación del
Director General Marítimo, además ejercen de acuerdo a las Resoluciones No. 500
de diciembre 11 de 1995 y  No. 0103 de febrero 18 de 1998, entre otras,
las siguientes:
1. Verificar el
cumplimiento de los convenios o acuerdos binacionales o multinacionales  que en
materia fluvial haya suscrito Colombia.
2. Controlar la
navegación de las embarcaciones marítimas o fluviales de bandera extranjera que
naveguen en aguas fluviales colombianas y a las de bandera colombiana que
tengan como destino puerto extranjero.
3. Conceptuar y
tramitar ante la Dirección General Marítima las solicitudes de rutas y/o
servicios que deseen prestar los armadores de naves colombianas en puertos extranjeros.
4. Autorizar el
arribo de naves marítimas y fluviales colombianas o extranjeras de servicio
internacional a puertos fluviales colombianos, en la correspondiente
jurisdicción, y previa inspección concederles libre práctica.
5. Autorizar el zarpe
de naves colombianas y  extranjeras desde puertos fluviales colombianos
ubicados dentro de la jurisdicción de DIMAR, con destino a puertos extranjeros.
6. Practicar
Inspección a las naves nacionales y extranjeras a su arribo y zarpe verificando
su documentación, lista de tripulación, condiciones de navegabilidad,
mantenimiento, equipos de navegación, equipos de salvamento, equipos de
contraincendio y en general las condiciones que permitan garantizar la
seguridad de la navegación y la preservación de la vida humana.
7. Investigar a
petición de parte o bien de oficio, los siniestros o accidentes que ocurran en
los sectores fluviales de su respectiva jurisdicción cuando en ellos estén
involucradas embarcaciones marítimas o fluviales nacionales o  extranjeras,
plataformas, estructuras dedicadas a actividades marítimas o fluviales,
conforme al procedimiento establecido en el Decreto Ley 2324/84 Título IV
artículos 25º y siguientes, e imponer las sanciones a que haya lugar conforme
lo dispuesto en los artículo 80º, 81 y 82º del mismo Decreto.
8. Conceptuar y
tramitar ante la Dirección General Marítima las solicitudes de fletamiento y
operación de embarcaciones marítimas o fluviales de bandera extranjera que se
proyecten destinar a servicio de transporte, trabajos de ingeniería fluvial,
labores de investigación o exploración en los sectores de los ríos de
jurisdicción de DIMAR.
9. Vigilar la
preservación del medio ambiente en los sectores fluviales de la jurisdicción de
DIMAR y adelantar las investigaciones correspondientes cuando la causa del
deterioro ambiental o la contaminación, involucre naves o artefactos de
navegación marítima o fluvial, de lo cual deberá notificarse a la autoridad
Ambiental Regional y a la Procuraduría Provincial solicitando que se efectúe la
evaluación del daño ambiental.
10. Presentar para
estudio y aprobación del Director General Marítimo, las recomendaciones que
propendan por el mejoramiento en el control de las actividades en las áreas de
su jurisdicción.
11. Efectuar en
forma permanente mantenimiento a las instalaciones y equipos asignados a la
Capitanía.
12.    Programar y
convocar con regularidad a reuniones de Instrucción y capacitación a las
tripulaciones de las naves fluviales, a fin de dar a conocer las funciones de
la Capitanía de Puerto, e igualmente las obligaciones que la ley consagra
frente a ella y las demás autoridades de la jurisdicción.
13.    Otorgar por
medio de resolución motivada, permisos para uso y goce de los terrenos que
quedan descubiertos durante las épocas del año en que el cause de los ríos
disminuya, y que puedan ser explotados en forma temporal por los habitantes de
la región.
Los Capitanes de
Puerto de las Capitanías de Primera Categoría, por lo demás, están facultados
para estudiar y autorizar el transporte de carga y de pasajeros entre
localidades situadas dentro de la jurisdicción de la misma capitanía.
El examen anterior,
permite, concluir que el criterio de los demandantes riñe con la realidad y
contradice abiertamente las funciones intrínsecas a los empleos cuya naturaleza
se cuestiona. La Corporación, ciertamente encuentra que se trata de cargos con
funciones de dirección y conducción institucional,  cuyo ejercicio, por lo
demás, requiere que sus titulares gocen de la absoluta confianza de sus
nominadores, comoquiera que la seguridad es eje principalísimo de las
responsabilidades que les son confiadas.
·
Los empleos de jefe
de oficinas asesoras de jurídica, planeación, prensa y de comunicaciones.
Juzga la Corte
consonante con la Carta Política y acorde con los lineamientos
jurisprudenciales que sobre esta temática ha dado la Corporación, el que el
cuestionado artículo 5º. de la Ley 443 preceptúe que los empleos que
correspondan a esta denominación,  en las plantas de personal del nivel
directivo de las entidades del nivel central y descentralizado, como del nivel
territorial y, en los órganos de control de este último, sean  de libre
nombramiento y remoción. Ciertamente, pertenecen al nivel directivo,
puesto que de suyo, comportan responsabilidades de dirección al más alto nivel.
No es ajeno a esta
Corte que el máximo líder de una institución junto con  los  colaboradores que
componen  su equipo y que, por ello, integran el nivel directivo de la
institución, es responsable del  gobierno de la misma, y de la realización de
su misión institucional.
De ahí que esta
Corte, en decisión anterior, hubiera enfatizado la importancia de diferenciar
las funciones de gobierno de las funciones de administración en punto al
correcto deslinde del ámbito que es consustancial a la carrera administrativa,
y de distinguirlo  de aquel que debe regentarse por la discrecionalidad del
nominador.
Ciertamente,  en
Sentencia  C-195 de 1994, con ponencia del H.M. Vladimiro Naranjo, a este
respecto, la Corporación expresó:
“...
2.1       Distinción
entre Gobierno y Administración
Es conveniente
hacer una distinción entre gobierno y administración, ya que el sistema de
carrera no tiene una función política, sino administrativa. En efecto, el
gobierno es, ante todo, una estructura política, es decir, conlleva  un manejo
del poder político encaminado hacia los efectos sociales de nivel general. El
Gobierno, pues, supone la sistematización de un  programa político, así como la
ejecución de los principios doctrinarios, mediante el uso del poder.
El gobierno obra
sobre toda la comunidad, directa o indirectamente. Ahora bien, su labor general
ha de ser la conformación del orden social, es decir, la comunidad ordenada de
acuerdo con la inclinación social del ser humano. En otras palabras, gobierno
es orden político.
En cambio,
administración significa la ordenación técnica sobre los recursos existentes,
con el fin de conformar un orden, que ya no es general, sino adecuado a las
circunstancias concretas. Los criterios administrativos se subordinan a los
criterios políticos, así como la parte se ordena al todo.
La administración
desarrolla algunos programas políticos, pero de modo concreto y no general, con
criterios de manejo técnico, amparada por el poder político, pero no manejando
dicho poder de manera inmediata.
...”
Tales
responsabilidades se han dado en conocer como de “orientación y conducción
institucional” pues, ciertamente comportan competencias de formulación,
ejecución,  monitoreo y evaluación de las políticas institucionales en el área
o sector del cual es responsable el respectivo jefe de oficina asesora de
jurídica, planeación, prensa  o comunicaciones.
Las oficinas que se
mencionan,  tienen como competencia general la de asesorar a la alta dirección
y, por su conducto a toda la organización, en la conducción institucional y en
la orientación de los programas de las diferentes dependencias internas.
Sus
responsabilidades entrañan la definición de las prioridades estratégicas de la
gestión, a partir de  la  visión y de la misión de la institución, todo lo cual
se plasma en el plan de acción, el cual, por tanto, refleja una particular
visión de la función que, sin duda, está determinada por su código valorativo,
axiológico e ideológico.
No puede además,
perderse de vista que por la vía de la delegación o de la desconcentración, los
jefes de las oficinas asesoras de jurídica, planeación, prensa o comunicaciones
son además, responsables de la formulación,  ejecución y evaluación del plan de
acción del  área que está bajo su responsabilidad.
Por todo ello,
estima la Corte que a nivel de la escogencia de  quienes serán  los
responsables de formular, implementar y evaluar la política pública, debe
reconocerse en favor del nominador, como criterio constitucionalmente válido y
de rango equivalente a los que la jurisprudencia ha comprendido, en el de la
máxima confianza personal en sus condiciones éticas y  morales, el de la
compatibilidad y afinidad entre visiones y paradigmas organizacionales, sus
modelos de toma de decisión, en fín, sus aptitudes y habilidades para conformar
un equipo sincrónico que sea apto para  responder en forma conjunta por los
resultados y por la institución.
Ciertamente, las
funciones de articulación, coordinación y la responsabilidad conjunta por los
resultados, hacen necesario que su líder pueda asegurar que entre sus
integrantes existe sincronía.
Se comprende
entonces que el máximo directivo al momento de seleccionar los candidatos que
conformarán su equipo de dirección, no pueda limitarse tan sólo a ponderar las
condiciones de idoneidad que la calificación profesional y la experiencia
confieran al candidato y que el desempeño de las funciones exigen. Debe,
igualmente, valorar los elementos de sincronicidad de su equipo.
Todo ello está
insito en el elemento confianza que corresponde al criterio que, en forma
reiterada, la Corte Constitucional ha considerado que el Legislador debe tener
en cuenta, al ejercer su competencia de excluir cargos  de la carrera
administrativa.
De otra parte,
constata la Corporación que las funciones de estos empleos comportan el
ejercicio de funciones de carácter consultivo y asesor a la alta dirección de
las entidades nacionales y territoriales, en los procesos de toma de decisiones
institucionales, así como participación activa e injerencia significativa en la
formulación de la política institucional.
Por todo ello, la
Corporación juzga avenido a la Carta  que tengan la vocación de ser libre
nombramiento y remoción.
En estos términos,
esta Corte reitera las directrices jurisprudenciales que en la ya citada
Sentencia C-514 de 1994, la condujeron a considerar que, en la Contraloría
General de la República, el cargo de Jefe de Oficina -de Jurídica, Prensa o
Comunicaciones, Planeación, Control Interno, Sistemas e Informática, Relaciones
Interinstitucionales y de Capacitación Fiscal, y de Administración de Carrera
Administrativa-  corresponde a la categoría de empleos cobijada por la facultad
de libre nombramiento y remoción.
En la ocasión en
cita, la Corte arribó  esa conclusión, luego de efectuar  el siguiente
análisis:
“Será
declarado exequible el precepto en cuanto corresponde al cargo de Jefe de
Oficina, cuya función propia, de manejo y confianza, cae dentro de la órbita
del libre nombramiento y remoción... pues tiene, dentro de la estructura de la
Contraloría, unas responsabilidades y atribuciones que ubican a quien desempeña
dicho cargo en un nivel indudablemente directivo, de confianza y manejo.
El
de Jefe de Oficina corresponde, según las directrices jurisprudenciales que
anteceden, a la categoría de empleos cobijada por la facultad de libre
nombramiento y remoción...
...
La
Ley 106 de 1993 distingue en su artículo 102 varios niveles, a saber:
Directivo-asesor, ejecutivo, profesional, administrativo y operativo. El empleo
de Jefe de Oficina aparece catalogado dentro del nivel Directivo-asesor que,
conforme al artículo citado, "comprende los empleos a los cuales
corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas y
adopción de planes y programas para su ejecución y desarrollan tareas
consistentes en asistir y asesorar directamente a los funcionarios que
encabezan las dependencias principales de la organización de la
Contraloría".
La
estructura de la Contraloría (Artículo 30 Ley 106/93) muestra la existencia de
seis oficinas, así: Jurídica, de Planeación, de Control Interno, de Sistemas e
Informática, de Relaciones Interinstitucionales y de Capacitación Fiscal, y de
Administración de Carrera Administrativa. A estas oficinas el artículo 12 de la
Ley 106 de 1993 les atribuye como objetivo principal asesorar, conceptuar y
apoyar sobre los asuntos relacionados con su actividad, elaborar o revisar
proyectos de normas, resoluciones o circulares relacionadas con su objeto y
asesorar, en colaboración con otras dependencias, las políticas, planes y
programas del ramo.
Un
análisis de las funciones que la misma Ley 106 confiere a las distintas
oficinas (artículos 48, 50, 53, 55, 57 y 60) corrobora los lineamientos
trazados en las normas antecitadas, por cuanto, haciendo abstracción de
particularidades derivadas de las tareas que cada oficina cumple en concreto,
desde una perspectiva general se destacan en todos los casos labores de
asistencia al Despacho del Contralor y, por conducto de éste, a la
administración central y regional de la entidad; de asesoría directa al
Despacho del Contralor y a las dependencias internas de la Contraloría; de
preparación y revisión de proyectos en las diversas áreas de que se ocupan; de
recomendación y desarrollo de métodos y procedimientos; de orientación en
variadas materias; de realización de estudios e investigaciones y también de
evaluaciones y análisis así como de llevar a cabo ciertos controles.
El
tipo de funciones que cumplen las oficinas de la Contraloría, que son
básicamente de asesoría directa al Despacho del Contralor, muestra el grado de
influencia que tales dependencias -en particular sus jefes- tienen, según la
normatividad vigente, sobre la política general de la institución y en la
adopción de las decisiones de mayor importancia.
...”
·
El empleo de Jefe de
la oficina asesora de control interno.
Especial
consideración merece este empleo, dada la importancia que al sistema de control
interno da la Constitución de 1991, al  caracterizarlo como principalísimo
instrumento gerencial, instituido, junto con el control de segundo grado a
cargo de las Contralorías, para asegurar el cabal cumplimiento de la misión de
las distintas entidades del Estado.
En la visión del
Constituyente de 1991, el  eficaz y efectivo funcionamiento del control
interno, también denominado de primer grado, se articula estrechamente con el
que, en forma posterior y selectiva, ejercen las Contralorías en el ámbito de
su competencia. De ahí que la eficacia de este último, como control de segundo
grado que es, esté condicionada por el grado de eficacia con que se ejerza el
control de primer grado al interior de las entidades del Estado por los
componentes del Sistema de control interno.
Es del caso destacar
que en el artículo 269 C.P., el Constituyente de 1991 fué enfático al disponer
en términos categóricos, que al interior de todas las entidades públicas debe
existir un control de primer grado, que es el interno.
Este control es
principalmente axiológico y finalista, pues propende por asegurar que la
gestión institucional de todos los órganos del Estado, se oriente hacia la
realización de los fines que constituyen su objetivo y, que esta se realice con
estricta sujeción a los principios constitucionales que guían el ejercicio de
la función pública.
Efectivamente, en la
citada norma constitucional, el Constituyente de 1991, consagró el siguiente
mandato imperativo:
“Artículo 269.-
En las entidades públicas, las autoridades correspondientes
están
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la
ley...”
Ahora bien, en
desarrollo del citado mandato constitucional, el artículo 9º. de la Ley 87 de
1993, definió la naturaleza de la Oficina de Control Interno, para todas
las entidades y organismos de las ramas del poder público, en sus diferentes
niveles (art. 5º), así:
"es uno de
los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo,
encargada de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles
y de  asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo,
la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los  correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos..."
El artículo 10 de la
misma Ley 87 preceptúa que:
"para
la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las
entidades estatales designarán como Asesor, Coordinador, Auditor Interno o
cargo similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico
superior y designado en los términos de la presente ley".
Este empleado,
según lo establece el artículo 11 de la misma Ley 87, es designado por el
representante legal o máximo directivo del organismo respectivo.
Es, pues,
preponderante el rol que tanto la Constitución Política y la Ley asignan a la
oficina asesora de control interno, dada la importancia sin precedentes que en
la nueva visión del control que plasmó el Constituyente de 1991, juega el
control interno para la modernización de la administración pública y el
mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, todo lo cual,
connota un énfasis particular en el control estratégico de gestión, y un serio
compromiso con el monitoreo de los resultados  de la acción institucional,
para  el cabal cumplimiento de sus fines y objetivos, de acuerdo a los
principios constitucionales rectores del ejercicio de la función pública.
En la hora presente,
el efectivo ejercicio del control interno en las organizaciones, constituye
instrumento irremplazable para la consecución de mayores niveles de eficiencia
en todos los órganos y entidades del Estado  Colombiano, toda vez que las
herramientas gerenciales que lo componen, se orientan a   monitorear de manera
permamente la gestión pública y el desempeño, tanto individual como
institucional.
Esta Corte no puede
desconocer que en la realidad de las circunstancias actuales, los resultados de
la función pública en la mayoría de las entidades del Estado, dista de  haber
alcanzado niveles de rendimiento satisfactorio y de expresar los principios que
tuvo en  mente el Constituyente como principios orientadores de su ejercicio.
Unos y otros, con
seguridad se irán alcanzando a medida que se hagan avances significativos en la
modernización y profesionalización del servicio, mediante la implementacion de
indicadores, métodos, estrategias, y sistemas de evaluación cualitativa y cuantitativa
del desempeño y de los resultados de la gestión; así como de sistemas de
seguimiento y de monitoreo permanente al desempeño de los servidores y de las
instituciones.
En suma,  los
avances en la implementación de efectivos sistemas de control interno, serán
los que permitan hacer realidad la cultura del mérito y de la excelencia en la
función pública.
Inspirado en esa
realidad, el Legislador, en la Ley 489 de 1998,  busca profundizar este
enfoque,  para lo cual crea el Sistema Nacional de Control Interno, (art.
28) con el objeto de integrar en forma armónica, dinámica, efectiva,
flexible y suficiente, el funcionamiento del control interno de las
instituciones públicas, para que, mediante la aplicación de instrumentos
idóneos de gerencia, fortalezcan el cumplimiento cabal y oportuno de las
funciones del Estado.
De acuerdo al
artículo 29 ibídem, el Sistema Nacional de Control Interno, de conformidad con
la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, será
dirigido por el Presidente de la República como máxima autoridad administrativa
y será apoyado y coordinado por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
materia de control interno de las entidades del orden nacional, el cual será
presidido por el Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Se comprende
entonces la estrecha y permanente interacción que debe mantener el máximo
directivo de un organismo o entidad del nivel central o descentralizado, en los
ámbitos nacional y territorial, con el jefe de la  oficina asesora de control
interno, para que puedan asegurar el cumplimiento cabal de la misión de la
institución, así como la efectiva vigencia de los principios constitucionales,
en particular, los atinentes a la buena fé, igualdad, moralidad, celeridad,
economía, eficacia, imparcialidad, eficiencia, participación, publicidad,
responsabilidad y transparencia.
Por lo expuesto, la
Corporación, estima exequible su clasificación bajo la categoría de libre
nombramiento y remoción.
·
Los empleos de
Rector, Vicerrector y Decano de Institución de Educación Superior distinta a
los Entes Universitarios Autónomos, en la administración descentralizada del
nivel nacional; y en la administración descentralizada del nivel territorial.
Conforme al artículo
16 de la Ley 30 de 1992,  son Instituciones de Educación Superior:  las
Instituciones Técnicas Profesionales (i);  las Instituciones Universitarias o
Escuelas Tecnológicas (ii) y las Universidades.
En ejercicio de su
atribución de declarar la inexequibilidad de otras disposiciones que junto con
la demandada conforman unidad normativa, previa integración de la proposición
jurídica completa, la  Corporación declarará igualmente inexequible el
parágrafo del artículo 66 de la Ley 30 de 1992 que constituye unidad
inescindible  con el precepto sub-examine en cuanto contempla  que “la
designación del Rector de las instituciones estatales u oficiales que no tienen
el carácter de Universidades de conformidad con la presente Ley, se efectuará
por parte del Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, según el
caso, de ternas presentadas por el Consejo Directivo.”
Constata la Corte,
que auncuando la norma acusada para delimitar su campo de aplicación, excluye
en forma expresa,  a los entes universitarios autónomos, no por ello deja de
ser inconstitucional pues, la categoría que constituye el supuesto fáctico  del
precepto es constitucionalmente inaceptable.
Efectivamente, la
existencia  teórica o fáctica de instituciones de educación superior que no
sean autónomas, a más de constituir una flagrante violación de la autonomía
universitaria que proclama el artículo 69 de la Carta Política, comportaría
abierto desconocimiento de categórica jurisprudencia de esta Corte, acerca de
su significado y alcance.
Por ello, en sentir
de esta Corporación,  la regulación normativa en comento, riñe con las
directrices jurisprudenciales que sobre esta temática la Corporación  trazó en
las Sentencias C-195 de 1994[3] y C-475 de 1999[4]
en las que, tratándose de entes universitarios autónomos había considerado que
la inclusión del Rector, Vicerrector y Decano como empleados de libre
nombramiento y remoción, contradice de manera manifiesta la autonomía
universitaria  consagrada en el artículo 69 Superior, sobre la base de los
siguientes razonamientos:
“... las
entidades de educación superior, dedicadas a la formación universal, tanto
docente como  investigativa, gozan de la prerrogativa constitucional de
"darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con
la ley". La comunidad científica que conforma el estamento
universitario,  es autónoma en la dirección de sus destinos, aunque tal
autonomía no es absoluta y no excluye la intervención adecuada del Estado en la
educación, pues éste tiene el deber de "regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los  educandos". (Art. 67 inciso 5o. , C. P.), lo cual se
entiende mejor cuando la Carta impone al Estado el deber de fortalecer la
investigación científica en las universidades oficiales y privadas, ofreciendo las
condiciones especiales para su desarrollo (Cfr. Art. 69, inciso 3o.).
La esencia misma
de la universidad  exige pues que se le reconozca el derecho a su autonomía;
pero lo anterior no equivale a desconocer la presencia necesaria del Estado,
que debe garantizar la calidad de los estudios e investigaciones, así como las
labores de extensión, que se imparten en las diversas entidades universitarias.
Igualmente, nada
obsta para que, en virtud de la misma autonomía universitaria, se establezca
que los cargos directivos puedan ser de libre nombramiento y remoción, siempre
y cuando -se repite- dicha determinación emane de la comunidad universitaria.
Esa es la razón por la cual el inciso primero del artículo 69 superior expresa:
"podrán darse sus directivas", como una facultad, no como una
imposición constitucional. Además, en desarrollo de la misma autonomía
universitaria se pueden determinar cuáles cargos son de libre nombramiento y
remoción.
Igualmente, es
inexequible la última parte del literal b) de la norma acusada, por cuanto los
estatutos orgánicos de las entidades referidas -los establecimientos públicos-,
no pueden ejercer una facultad exclusivamente legal, por mandato de la
Constitución, y el legislador no está autorizado por la Carta para delegar tal
atribución. Conviene, pues, distinguir entre el estatuto básico de las
entidades y los estatutos internos, que son los aludidos por la norma
sub-examine. En efecto, el estatuto básico lo expide el Congreso mediante ley.
Se entiende por tal, acogiendo la definición dada por la Corte Suprema de
Justicia, el conjunto de reglas que determina su denominación, su sede, las
actividades que ha de desarrollar, el patrimonio inicial y demás haberes
presentes y futuros, los órganos por medio de los cuales tiene que actuar, la
manera de constituirlos y sus atribuciones respecto de terceros, los
representantes legales, manera de designarlos, los poderes que pueden ejercer,
las formalidades y requisitos a que esté sometida la validez de sus actos.
Los estatutos
básicos son, en definitiva, el complemento necesario del acto de creación
propio del Congreso, mediante el cual surge la entidad pública.
Los tratadistas
señalan como necesidad básica, la distinción entre dichos estatutos básicos, y
los llamados estatutos internos, los cuales no pueden ser considerados, en el
sentido estricto de la palabra como estatutos, como lo señaló la Corte Suprema
de Justicia en Sentencia del 15 de septiembre de 1973. "Mejor sería
-señala esta Corporación- llamar a esos documentos reglamentos internos o, como
concesión al uso referido, estatutos internos o de organización interna, los
cuales pueden adoptarse por la junta directiva u otros órganos o funcionarios,
con arreglo a la ley o a los estatutos básicos cuando estos no los
consigne".
Se puede observar
entonces que el artículo 125 superior exceptúa de la carrera a los empleos de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Como los estatutos internos u
orgánicos son adoptados por las juntas o consejos directivos de los
establecimientos públicos, según el literal b) del artículo 26 del Decreto 1050
de 1968, por tanto, la norma en comento atribuye una potestad que es exclusiva
del Congreso, a las juntas y consejos directivos de los establecimientos
públicos, por lo cual  la Corte ha de declarar inexequible tal disposición.
...”
Cabe a este
respecto, además,  anotar que en  la Sentencia C-475 de julio 7 de 1999, con
ponencia de la H. M. Martha Sáchica, que constituye su último pronunciamiento
sobre cargos de libre nombramiento y remoción a la luz de la autonomía
universitaria que consagra el  artículo 69 de la Carta, la Corporación señaló:
“...
“De conformidad
con ese mandato constitucional y según la interpretación que del mismo se ha
hecho por la jurisprudencia ya sentada por esta Corporación, se tiene que la
inclusión de los empleos de Rector, Vicerrector y Decano de los institutos de
educación superior constituidos como establecimientos públicos, dentro de la
categoría de cargos de libre nombramiento y remoción, riñe con el principio
constitucional que consagra para ellos una autonomía administrativa que implica
la facultad de “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de
acuerdo con la ley.”.
“La esencia
misma de la universidad  exige pues que se le reconozca el derecho a su
autonomía; pero lo anterior no equivale a desconocer la presencia necesaria del
Estado, que debe garantizar la calidad de los estudios e investigaciones, así
como las labores de extensión, que se imparten en las diversas entidades
universitarias.
“Igualmente,
nada obsta para que, en virtud de la misma autonomía universitaria, se
establezca que los cargos directivos puedan ser de libre nombramiento y
remoción, siempre y cuando -se repite- dicha determinación emane de la
comunidad universitaria.  Esa es la razón por la cual el inciso primero del artículo 69 superior
expresa: "podrán darse sus directivas", como una facultad, no como
una imposición constitucional. Además, en desarrollo de la misma autonomía
universitaria se pueden determinar cuáles cargos son de libre nombramiento y
remoción.”.(Subraya la Sala).
“Estos mismos
argumentos son aplicables al caso sub examine, de suerte que la clasificación
como del nivel directivo de los empleos de Decano de Escuela Tecnológica,
Decano de Institución Universitaria, Decano de Universidad, Director de
Escuela, o de Instituto, o de Centro de Universidad, Rector de Institución
Universitaria o Escuela Tecnológica, Rector de Universidad, Vicerrector de
Institución Universitaria y Vicerrector de Universidad, que el legislador
extraordinario efectuó en la norma demandada, ignora la prerrogativa especial
de estas entidades para definir, a través de las directivas de estos institutos
de educación superior, sobre la categorización de los empleos de sus
respectivas funciones.
“De este modo, el
principio constitucional que aboga por la autonomía universitaria, actúa como
límite en la actuación de los poderes públicos, a fin de evitar cualquier forma
de injerencia indebida en la libertad de acción y autodeterminación de estos
institutos de educación superior en la consecución de sus fines, la cual debe
de todas formas darse dentro de los parámetros constitucionalmente
establecidos.
“Cabe reiterar la
importancia de la vigencia y respeto a esa autonomía universitaria en el
desarrollo de la cultura de las sociedades actuales[5]
y por los fines que a continuación se destacan:
"...el
artículo 69 de la Constitución garantiza la autonomía universitaria, la cual
encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica
de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del
poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación
ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo.
"En
ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad para determinar
cuáles habrán de ser sus estatutos; definir su régimen interno; estatuir los
mecanismos referentes a la elección, designación y períodos de sus directivos y
administradores; señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores;
establecer los programas de su propio desarrollo; aprobar y manejar su
presupuesto; fijar sobre la base de las exigencias mínimas previstas en la ley,
los planes de estudio que regirán su actividad académica, pudiendo incluir
asignaturas básicas y materias afines con cada plan para que las mismas sean
elegidas por el alumno, a efectos de moldear el perfil pretendido por cada
institución universitaria para sus egresados.
"En
síntesis, el concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una
regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos
superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar
previstas en la ley, según lo establece con claridad el artículo citado.
"El papel
del legislador en la materia es bien importante, ya que es en las normas
legales en donde se encuentran los límites de la señalada autonomía, a efectos
de que las universidades no se constituyan en islas dentro del sistema jurídico
y, por el contrario, cumplan la función social que corresponde a la educación
(artículo 67 C.N.) y a la tarea común de promover el desarrollo armónico de la
persona..." (Sentencia T-492 de 1.992, M. P., Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).
Por lo expuesto, los
cargos aquí examinados serán declarados inexequibles.
·
Los empleos de
Personero Delegado en los municipios de categoría especial y categorías 1, 2 y3
Le
ley 53 de 1990, en su artículo 4º que modificó el artículo 150 del Decreto 1333
de 1986, previó la creación en las cabeceras de Distrito y Circuito Judicial de
cargos de Personeros Delegados, especialmente en lo penal, con el carácter de
libre nombramiento y remoción.
Posteriormente la
ley 136 de 1994, en su artículo 180 estableció que “Los  Concejos a
iniciativa de los personeros y previo concepto favorable de la Procuraduría
Delegada para Personeros podrían crear Personerías delegadas de acuerdo con las
necesidades del  municipio.”
Los
personeros, por delegación, cumplen las funciones que la Constitución y las
leyes asignan a los Personeros.  En otros términos ejercen las funciones de
Ministerio Público junto con el Procurador General de la Nación, el Defensor
del Pueblo, los Procuradores Delegados y los Agentes del Ministerio Publico.
Ahora bien, toda vez
que los Personeros Delegados, como su nombre lo connota, en virtud de
delegación cumplen las mismas funciones que la Constitución asigna a los
Personeros (artículo 313, numeral 8 de la C.P.), es lo  acorde con la
Constitución, que la ley los cobije dentro de los cargos de libre nombramiento
y remoción, cuando ejerzan sus funciones en los  municipios de categoría
especial, uno, dos y tres.
Así lo consideró la
Corte en la sentencia C-475 de 1999, cuando señaló:
“Al analizar las
funciones que de manera similar se han establecido en los municipios para el Personero
Delegado (en el caso del Distrito Capital, el ya citado Acuerdo 34 de 1994
y la Resolución No. 153 de 1992[6]),
se advierte que este cargo pertenece claramente al nivel directivo de las
personerías, en cuanto cumplen las funciones propias del Personero como
integrante del Ministerio Público en el correspondiente municipio(C.P., arts.
118) en virtud de la delegación de funciones de la cual son destinatarios. El
grado de responsabilidad  y confianza que exige el cumplimiento de estas
funciones delegadas, hace evidente que se trata de empleos que deben ser de
libre nombramiento y remoción.”
·
Artículo 6º. -
Término para efectuar la Convocatoria a concurso de empleos que pasan a ser de
Carrera Administrativa
Juzga la Corte que
lo que sí implicaría franca transgresión de los  mandatos constitucionales  y
flagrante violación del artículo 125 de la C.P., sería que la ley no previera
para las entidades el deber de convocar dichos empleos a concurso y que no les
fijase un término para el efecto. Ciertamente, ello equivaldría a hacer
nugatoria la carrera para dichos empleos, a causa de la permanencia indefinida
en ellos de personas que fueron designadas libremente por el nominador.
En ese evento, de
contera resultaría infringido el artículo 13 de la C.P., pues, al permitirles
su permanencia en ellos, se estaría dando un tratamiento privilegiado, sin
justificación jurídicamente atendible, a las personas que los venían ocupando,
en desmedro del derecho de aquellos a quienes les asiste el derecho legítimo de
aspirar a su vinculación a la carrera, sobre la base del mérito y de concursar
en igualdad de condiciones.
No se olvide, que
como reiteradamente lo ha dicho la Corte, la estabilidad que, entre otros
fines, persigue la carrera, no equivale a inamovilidad.
Por lo demás, esta
Corte encuentra que la protección del derecho al trabajo y a la igualdad de
oportunidades,  se hacen efectivas mediante la previsión que consigna la misma
Ley 443 de 1998 en orden a que el funcionario que desempeñaba el cargo que
cambia de naturaleza se mantenga en el mismo mediante nombramiento provisional mientras
se provee al concurso (art. 8º.); y, la que le asegura el derecho de participar
en el concurso para proveer dicho cargo. (art. 16)
En ese orden de
ideas, esta Corte concluye que el aparte impugnado del artículo 6º de la Ley
443 de 1998, no resulta contrario a  precepto constitucional alguno.
Por el contrario,
esta Corte considera que al expedir lo acusado del artículo 6º. de la Ley 443
de 1998, el Legislador se ciñó a los preceptos constitucionales que regulan la
carrera administrativa.
Así se decidirá.
VII. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- ESTESE
A LO RESUELTO en Sentencia C-368 de 1999 en relación con el literal a) del
artículo 5º. de la Ley 443 de 1998, en lo concerniente a los cargos de “Juez
de Instrucción Penal Militar, Auditor de guerra y  Secretario de Tribunal
Superior Militar” de la Administración Central del Nivel Nacional y  los de
“Corregidor e Inspector de Tránsito y Transportes o el que haga sus veces“
de la Administración Descentralizada.
Segundo.- Del
artículo 5º. , literal a) de la Ley 443 de 1998, declarar EXEQUIBLES, en los
términos y bajo los condicionamientos consignados en la parte motiva de esta
sentencia,  las siguientes frases:
“Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente
Ley son de carrera, con excepción de:
...
2. Los empleos de libre nombramiento y remoción
que correspondan a los siguientes criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación
institucionales, que adelante se indican, cuyo ejercicio implica la adopción de
políticas o directrices, así:
En la
Administración Central del Nivel Nacional
... Jefe de Oficinas
Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones ... y Capitán de
Puerto
"En la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil... Administrador
Aeropuerto; Gerente Aeroportuario, Director Aeronáutico de Area y Jefe de
Oficina Aeronáutica.
En la
Administración Central y Organos de Control del Nivel Territorial
“...Jefe de Control
Interno; Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de
Comunicaciones... y Personero Delegado en los municipios de categoría especial
y categorías uno, dos y tres”.
En la
Administración Descentralizada del Nivel Territorial
... Jefe de Oficinas
Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o Comunicaciones y Jefe de
Control Interno".
Tercero.- Del
artículo 5º. , literal a) de la Ley 443 de 1998, declarar INEXEQUIBLES las
siguientes frases:
En la Administración Descentralizada del
Nivel Nacional
Rector, Vicerrector
y Decano de Institución de Educación Superior, distinta a los Entes
Universitarios Autónomos.
En la
Administración Descentralizada del Nivel Territorial
Rector, Vicerrector
y Decano de Institución de Educación Superior, distinta a los Entes
Universitarios Autónomos.
Cuarto.- Declarar
INEXEQUIBLE del parágrafo del artículo 66 de la Ley 30 de 1992, la frase
que dice:
“... por parte del
Presidente de la República, el Gobernador, o el
Alcalde, según el
caso...”
Quinto.- Del
artículo 6º. de la Ley 443 de 1998, declarar EXEQUIBLE  la frase dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que se opere el cambio de
naturaleza"
Cópiese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Magistrada (E)
PABLO
ENRIQUE LEAL RUÍZ
Secretario
General (E)
[1]
Ver, entre
otras, las Sentencias; C-391/93 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo;
C-479/92 M.P. Dres. José Gregorio Hernández Galindo / Alejandro Martínez
Caballero; C-129/93 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa; C-514/94 M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo; C-041/95 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-108/95
M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa; C-306/95 M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara;
C-096 y C-387/96 M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara; C-036/97 M.P. Dr.
Alejandro Martínez Caballero; C-063/97 M.P. Dr.  Alejandro Martínez Caballero;
C-570/97 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz; C-112/97 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz:
C-368 de 1999, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. C-369 de 199, M.P. Dr. José
Gregorio Hernánez Galindo y C-370 de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
[2]   M.P. Dr. José Gregorio
Hernández Galindo
[3]
M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
[4] M.P. Dra.  Martha
Victoria  Sáchica Méndez.
[5] Ver la Sentencia C-220/97,
M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
[6] Por la cual se adoptó el
Manual Específico de Funciones y Requisitos de la Personería de Santafé de
Bogotá.