T-166-20
Sentencia T-166/20
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO Y
PAGO DE PENSION DE VEJEZ-Caso
en que Colpensiones desconoció tiempo de permanencia del accionante en Escuela
de Formación Policial
ACTUACION
TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Inexistencia
para el caso
PENSION DE VEJEZ-Reglas jurisprudenciales para la
procedencia de tutela
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que la acción de amparo constitucional es procedente para obtener el
reconocimiento y pago de derechos pensionales cuando se trata de personas de la
tercera edad y se acreditan el resto de los requisitos señalados en la
jurisprudencia de esta Corporación, referentes a (i) la afectación del mínimo
vital o de otros derechos constitucionales como la salud, la vida digna o la
dignidad humana, (ii) la demostración de cierta actividad administrativa y
judicial desplegada por el interesado tendiente a obtener la protección de sus
derechos, y (iii) a que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las
cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección
inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.
ACCION DE TUTELA
PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia excepcional cuando
se vulneran derechos de las personas de la tercera edad
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSION DE VEJEZ-Concepto, naturaleza y protección
constitucional
ACUMULACION DE
TIEMPO DE PERMANENCIA EN ESCUELAS DE FORMACION MILITAR Y POLICIAL PARA OBTENER EL
RECONOCIMIENTO DE PENSION-Jurisprudencia constitucional
La jurisprudencia de esta Corporación en la actualidad
admite que los tiempos de vinculación a las Escuelas de Cadetes de la Fuerza
Pública se computen para efectos de validar la densidad de semanas requeridas
para acceder al reconocimiento y pago de una pensión de vejez en el régimen
general de pensiones.
DERECHO A LA PENSION DE VEJEZ-Orden a Colpensiones tener en cuenta tiempo
de permanencia en Escuela de Formación Policial para reconocimiento del derecho
Referencia:
Expediente T-7.290.064
Asunto: Acción
de tutela instaurada por el señor Lázaro Betancourt Jiménez contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, ocho (8) de junio de
dos mil veinte (2020).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y
Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y subsiguientes del
Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos de tutela proferidos por el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Medellín el 3 de diciembre de 2018 y por la Sala
de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito de la misma
ciudad el 6 de febrero de 2019, correspondientes al trámite de la acción de
amparo constitucional promovida por el señor Lázaro Betancourt Jiménez contra
la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones).
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos
1.1.1. El señor Lázaro Betancourt
Jiménez tiene 84 años y se encuentra afiliado a Colpensiones en el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida. Sostiene que cuenta con más de 1.000 semanas por
su trabajo en el sector público y privado, entre los años 1956 y 2006.
1.1.2. El 8 de noviembre de 2006,
el accionante le solicitó al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que aducía tener derecho, por
haber cotizado a dicho instituto desde octubre de 1972 hasta mayo de 2006, así
como por haber trabajado en la Rama Judicial, de forma ininterrumpida, desde
mayo de 1959 hasta febrero de 1969. Tal solicitud fue resuelta negativamente en
la Resolución No. 021931 del 19 de septiembre de 2007 y confirmada en las
Resoluciones No. 028898 del 31 de octubre de 2007 y No.014794 del 29 de mayo de
2008[1].
1.1.3. Con ocasión de la anterior
negativa, en el año 2008 el señor Betancourt Jiménez presentó una demanda
ordinaria contra el ISS. El proceso fue conocido en primera instancia por el
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, quien, en sentencia del 11 de
noviembre de 2008, accedió a sus pretensiones y ordenó a la entidad demandada reconocer
y pagar la prestación reclamada. Para el efecto, determinó que el accionante
pertenecía al régimen de transición y que cumplía con las 1.000 semanas de cotizaciones
en cualquier tiempo que exige el Decreto 758 de 1990[2].
1.1.4. Esta decisión fue
impugnada por el ISS y, en segunda instancia, en sentencia del 30 de junio de
2009, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de la misma ciudad
revocó la decisión del a-quo, al considerar que el actor no cumplió con
los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990, ya que en ese régimen no
se permite la sumatoria de semanas cotizadas y tiempo de servicios, para
efectos de acreditar las 1000 semanas exigidas. Contra esta decisión se
interpuso recurso de casación, el cual fue negado por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 17 de mayo de 2011.
1.1.5. Contra las decisiones
proferidas por el Tribunal Superior de Medellín y la Corte Suprema de Justicia,
el señor Lázaro Betancourt Jiménez presentó acción de tutela, la cual fue
negada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en
sentencia del 12 de junio de 2012, por considerar que en las decisiones
recurridas no se configuró defecto alguno que hiciera procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales.
1.1.6. En el año 2013, el actor solicitó
nuevamente el reconocimiento y pago de una pensión de vejez a Colpensiones,
quien, en Resolución No. GNR 210021 del 21 de agosto del mismo año, decidió
negarla, por cuanto no cumplía con los requisitos de ley para el reconocimiento
de la pensión pretendida. En el año 2016, ante un nuevo requerimiento, en
Resolución No. GNR 207266 del 14 de julio del año en cita, Colpensiones volvió
a negar la pensión reclamada.
1.1.7. Con fundamento en los
anteriores hechos, en el año 2017 el señor Betancourt Jiménez interpuso una
nueva acción de tutela, por cuanto, a su juicio, cumplía con las semanas de
cotización exigidas por el Decreto 758 de 1990, esto si se tenían en cuenta
aquellas correspondientes al período en el que estuvo vinculado a la Policía
Nacional en calidad de estudiante de la Escuela de Cadetes General Santander de
la misma institución entre el 1º de febrero de 1956 y el 15 de enero de 1957.
El 27 de noviembre de 2017, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Medellín declaró improcedente el amparo, al estimar que debe
ser el juez ordinario laboral quien determine si el actor cumple con las
semanas exigidas por la ley para acceder a la pensión de vejez.
1.1.8. La decisión fue confirmada
el 7 de febrero de 2018 por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal
Superior de Medellín por las mismas razones. Adicionalmente, en dicha
providencia se advirtió que el actor pretendía hacer valer para efectos del reconocimiento
pensional el período de tiempo en que estuvo vinculado a la Policía Nacional en
calidad de estudiante, no obstante, dicho reclamo no fue puesto en conocimiento
de Colpensiones, quien es la llamada a pronunciarse al respecto.
1.1.9. El 17 de abril de 2018 el
señor Lázaro Betancourt Jiménez nuevamente solicitó a Colpensiones el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez, a la cual aduce tener derecho
por pertenecer al régimen de transición y por tener cotizadas más de 1.000
semanas, incluyendo para este cómputo aquellas correspondientes al período
comprendido entre el 1º de febrero de 1956 y el 15 de enero de 1957, en el cual
fue estudiante en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía
Nacional, así como aquellas derivadas de una corrección en su historia laboral[3].
1.1.10. Colpensiones, en la
Resolución 176564 del 29 de junio de 2018, negó el reconocimiento y pago de la
pensión solicitada por el señor Betancourt Jiménez aduciendo que, a pesar de
ser beneficiario del régimen de transición, este no cumplía con el mínimo de
semanas de cotización que exigen las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 para
el otorgamiento de dicha prestación. Concretamente, señaló que: (i) de
conformidad con la Ley 33 de 1985, el solicitante debe cumplir con 20 años de
servicio, pero sólo acreditó 495 semanas cotizadas al sector público; (ii) la
Ley 71 de 1988 exige 60 años de edad y mínimo 20 años de aportes en cualquier
tiempo, lo cual equivale a 1.029 semanas, sin embargo, el peticionario
únicamente acreditó 966 semanas sufragadas en cualquier tiempo entre el sector
público y privado, y (iii) el Decreto 758 de 1990 exige que el hombre tenga 60
años y que acredite 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad o 1.000 semanas en cualquier tiempo, requisitos que no
cumplió el actor, esto teniendo en cuenta que únicamente acreditó 565 semanas
cotizadas exclusivamente al ISS, sin que estas fueran antes del cumplimiento de
la edad mínima requerida. Contra la anterior decisión, el peticionario presentó
recursos de reposición y, en subsidio, de apelación.
1.1.11. Mediante la Resolución
209134 del 6 de agosto de 2018, Colpensiones mantuvo su negativa de reconocer
la pensión reclamada, con fundamento en las mismas consideraciones, por cuanto,
a pesar de que en un nuevo conteo de semanas se elevó el total a 994, ellas no
eran suficientes para acceder a la pensión de vejez, bajo ninguna de las
normatividades anteriores a la Ley 100 de 1993. Adicionalmente, se advirtió que
dentro de ese cómputo de semanas no se contabilizaron aquellas correspondientes
a su vinculación como cadete de la Policía Nacional, porque el solicitante no
aportó los certificados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
validarlas. En la Resolución 16984 del 18 de septiembre del mismo año, la
decisión fue confirmada por las mismas razones.
1.2. Solicitud de amparo
constitucional
1.2.1. Con fundamento en los
anteriores hechos, el accionante interpone la presente acción de tutela con el
fin de obtener el amparo de sus derechos a la seguridad social y al mínimo
vital, los cuales consideró vulnerados por parte Colpensiones, al negarse a
tener en cuenta el tiempo de permanencia en la Escuela de Cadetes General
Santander de la Policía Nacional entre 1956 y 1957, el cual le permitiría
acceder al reconocimiento y pago de una pensión de vejez, bajo el régimen
pensional contenido en el Decreto 758 de 1990 o en la Ley 71 de 1988.
1.2.2. Para fundamentar su
solicitud, el actor alega que, de conformidad con la jurisprudencia de esta
Corporación y del Consejo de Estado, para efectos del reconocimiento de esa
prestación, hay lugar para tener en cuenta el tiempo de vinculación a las
escuelas de formación militar y policial[4].
1.2.3. Adicionalmente, alega que
es una persona de avanzada edad, con problemas de hipertensión e isquemia
cerebral, que sostiene económicamente a su esposa y colabora con los gastos de
una hermana mayor, todo eso con lo poco que le genera su profesión de abogado,
de manera que exigirle acudir a los jueces ordinarios laborales, teniendo en
cuenta el tiempo que tarda cada una de las instancias, resulta
desproporcionado, lo cual le permite concluir que, para su caso, los otros
mecanismos judiciales no son eficaces ni idóneos.
1.2.4. Por último, reconoce que
presentó una demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, pero que ella no
configura cosa juzgada, por cuanto dicho proceso culminó con la negativa de
reconocimiento pensional, con fundamento en la imposibilidad de sumar tiempos
públicos y privados, ya que para esa fecha no era unificada la posición de la
Corte Constitucional, en cuanto a permitir su acumulación; sin embargo, ese no
es el hecho que actualmente se discute vía tutela. Asimismo, tampoco se
configura, a su juicio, un ejercicio temerario del mecanismo de amparo, ya que,
con posterioridad al fallo del 7 de febrero de 2018, solicitó una corrección de
la historia laboral y, adicionalmente, pidió directamente a Colpensiones el
reconocimiento del tiempo en el que fue cadete en la Escuela de Cadetes General
Santander.
1.3. Contestación de la
entidad accionada
La Administradora Colombiana de
Pensiones, por intermedio de la Directora de Acciones Constitucionales, aseveró
que no ha vulnerado los derechos del señor Lázaro Betancourt Jiménez y solicitó
que se declare la improcedencia de la acción. En primer lugar, advirtió que
desde el año 2007 hasta la fecha, ha resuelto en sede administrativa todas las
solicitudes del actor en relación con el reconocimiento de la pensión de vejez
que reclama. En segundo lugar, sostuvo que la justicia ordinaria laboral ya
había definido que el actor no tenía derecho a la prestación económica
pretendida, por lo que existe cosa juzgada.
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
2.1. Primera instancia
En sentencia del 3 de diciembre
de 2018, el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín resolvió declarar improcedente la acción de amparo
constitucional presentada por el demandante. Para fundamentar su decisión, el
juez advirtió que el accionante no había agotado los medios ordinarios de
defensa para obtener la satisfacción de sus pretensiones y que no logró
acreditar que estos no fueran idóneos o eficaces para resolver la controversia
planteada, por lo que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad de la
acción de tutela.
2.2. Impugnación
El 11 de diciembre de 2018 el
señor Lázaro Betancourt Jiménez presentó impugnación contra la decisión de
primera instancia. Para el actor, su avanzada edad lo hace merecedor de una
especial protección constitucional que, en su caso, se concreta en la no
exigencia de acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para reclamar sus
derechos, ya que el paso del tiempo que exige el agotamiento de estos procesos,
podría frustrar su derecho a disfrutar de la pensión de vejez que reclama.
2.3. Segunda instancia
El 6 de febrero de 2019, la Sala
de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín revocó la decisión adoptada en primera instancia y, en su lugar,
rechazó la demanda de tutela por temeridad. Al respecto, explicó que esa misma
Sala, el 7 de febrero de 2018, resolvió en segunda instancia una tutela presentada
por el señor Betancourt Jiménez contra Colpensiones, por los mismos hechos y
con idénticas pretensiones. Así las cosas, consideró que en esa oportunidad el
actor ya había solicitado que se tuvieran en cuenta las semanas
correspondientes al tiempo de permanencia como estudiante de la Escuela de
Cadetes General Santander, para el reconocimiento de la pensión de vejez y que,
a pesar de que en dicha decisión se le informó al accionante que debía
solicitar a Colpensiones el cómputo de esas semanas, no adelantó ninguna
actuación dirigida a tal fin, pues, como lo mencionó Colpensiones en la
Resolución No. 16984 del 18 de septiembre de 2018, el actor no aportó los
certificados correspondientes a esos tiempos.
Por otra parte, consideró que, el
aumento de semanas como consecuencia de una corrección en su historia laboral
no desvirtuaba la temeridad, pues dichas semanas, aunque se incluyeron en el
último acto administrativo de Colpensiones, fueron insuficientes para el
reconocimiento pensional.
III. PRUEBAS
En el expediente obran las
siguientes pruebas relevantes:
- Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Lázaro Betancourt Jiménez[5].
- Copia de una certificación
expedida por el Área de Archivo General de la Policía Nacional en la consta que
el señor Lázaro Betancourt Jiménez estuvo vinculado como estudiante de la
Escuela de Cadetes General Santander entre el 1º de febrero de 1956 y el 15 de
enero de 1957[6].
- Copia de la Resolución 176564
del 29 de junio de 2018 emitida por Colpensiones, en la cual se negó el
reconocimiento y pago de la pensión solicitada por el señor Betancourt Jiménez,
con fundamento en que este no cumplía con el mínimo de semanas de cotización
que exige la ley para el otorgamiento de dicha prestación[7].
- Copia de la Resolución 209134
del 6 de agosto de 2018, emitida por Colpensiones, en la cual se confirmó la
anterior decisión y se indicó que el actor reunía 994 semanas cotizadas y que
los tiempos correspondientes a la vinculación como cadete de la Policía
Nacional no serían tenidos en cuenta, porque el solicitante no había aportado
los certificados correspondientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para validar tales semanas[8].
- Copia de la Resolución 16984
del 18 de septiembre de 2018, emitida por Colpensiones, en la cual se mantuvo
la negativa al reconocimiento pensional del actor[9].
- Copia del reporte de semanas
cotizadas por el señor Lázaro Betancourt Jiménez para pensión con fecha del 18
de septiembre de 2017[10].
- Copia del fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín el
11 de noviembre de 2008, en el proceso laboral iniciado por el señor Lázaro
Betancourt Jiménez contra el Instituto de Seguros Sociales, en el cual se ordena
reconocer y pagar una pensión de vejez[11].
- Copia de fallo de segunda
instancia proferido por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior
de Medellín el 30 de junio de 2009, en el que se decide revocar la decisión del
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de la misma ciudad y, en su lugar, se
deniegan las pretensiones del demandante[12].
- Copia del fallo proferido por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 17 de mayo de
2011, en el cual se decide no casar la anterior decisión[13].
- Copia de la acción de tutela
interpuesta el 17 de noviembre de 2017 por Lázaro Betancourt Jiménez contra
Colpensiones, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez[14]
- Copia del fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín el 27 de noviembre de 2017, en el proceso de tutela
promovido por el actor contra Colpensiones, en el cual se declara la
improcedencia de la solicitud de amparo constitucional, por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad[15].
- Copia del fallo de segunda
instancia proferido por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín el 7 de febrero de 2018, en el cual
se confirmó la decisión anterior[16].
IV. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
4.1 Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas en la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política. El expediente de la referencia fue seleccionado
mediante Auto del 30 de abril de 2019 por la Sala de Selección de Tutelas
Número Cuatro.
4.2. Actuaciones surtidas en sede de revisión
4.2.1. El 8 de julio de 2019 Colpensiones
remitió a esta Corporación un oficio en el que solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela o la existencia de cosa juzgada y temeridad.
Por una parte, arguyó que la solicitud de amparo no resulta procedente, pues el
actor puede acudir a las vías ordinarias para debatir su pretensión, esto
teniendo en cuenta que no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que hiciera posible el empleo de este mecanismo constitucional para el
reconocimiento de prestaciones económicas.
Por otra parte, argumentó que en
este caso se configuró la existencia de cosa juzgada, ya que en el año 2011 la
justicia ordinaria laboral resolvió que el señor Lázaro Betancourt Jiménez no tenía
derecho a la pensión de vejez. Adicionalmente, acusó al actor de usar de forma
temeraria la acción de tutela, ya que en el año 2017 había presentado una
solicitud de amparo con identidad de partes, causa y objeto.
4.2.2. En
Auto del 25 de julio de 2019 se ofició al señor Betancourt Jiménez para que
informara si había solicitado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
entrega de los certificados Formato No. 1, 2 y 3 (a y b)
correspondientes al período en el que estuvo vinculado a la Policía Nacional
como estudiante de la Escuela de Cadetes General Santander, cuya
contabilización pretende hacer valer a efectos de obtener el reconocimiento de
una pensión de vejez por parte de Colpensiones y, en caso afirmativo, debía
indicar si ya hizo entrega de dichos documentos a la citada administradora para
el estudio de una nueva solicitud de reconocimiento pensional; y (ii) si, con
posterioridad a la expedición del fallo de tutela de segunda instancia dentro
del proceso de la referencia, había interpuesto alguna demanda laboral
ordinaria para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez que reclama y
si lo había hecho debía informar el estado actual de los procesos que hubiere
iniciado.
El señor Lázaro Betancourt
Jiménez envió, vía correo electrónico, un escrito en cual dio respuesta a los requerimientos
de este despacho señalando que no había solicitado recientemente los certificados Formato No. 1, 2 y 3 (a y b) correspondientes al
período en el que estuvo vinculado a la Policía Nacional como estudiante de la
Escuela de Cadetes General Santander. Sin embargo, manifestó que en el año
2015 había solicitado dichos documentos a la Policía Nacional, pero la entidad negó
su entrega con fundamento en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado según el cual, no existía obligación suya de asumir
y certificar esos tiempos para efectos del reconocimiento de una pensión[17].
Adicionalmente, señaló que con
posterioridad al fallo de segunda instancia del proceso de la referencia no ha
interpuesto ninguna demanda ante la jurisdicción ordinaria con el fin de
obtener una pensión de vejez, pues el efectivo reconocimiento de dicha
prestación por esa vía podría tardar muchos años, haciendo nugatorio su derecho
a disfrutar de esa prestación, debido a su avanzada edad.
4.2.3. En Auto
de la misma fecha se ofició a Colpensiones para que informara si había
realizado alguna gestión para contabilizar los tiempos de permanencia del señor
Betancourt Jiménez en la Escuela de Cadetes General Santander para efectos del
reconocimiento de la pensión de vejez que este reclama y que igualmente
aportara una copia de la historia laboral actualizada y del reporte de semanas
cotizadas por el accionante.
El 15 de agosto
de 2019, Colpensiones informó que no había realizado ninguna gestión para
obtener la contabilización del período de vinculación del señor Lázaro
Betancourt Jiménez con la Policía Nacional más allá de verificar que en sus
archivos no reposan documentos que soporten tales tiempos. De igual manera,
manifestó que a partir del 1º de julio de 2019 ya no acepta los certificados 1,
2 y 3 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público porque estos fueron reemplazados
por la documentación que emite el Sistema de Certificación Electrónica de
Tiempos Laborados (CETIL).
Adicionalmente, envió
una copia actualizada del reporte de tiempos de cotización del señor Lázaro
Betancourt, en el cual consta que registra un total de 1002,14 semanas, así:
Empleador
Desde
Hasta
Semanas
Dobles[18]
Rama Judicial
19/05/1959
15/02/1960
39,00
Rama Judicial
03/04/1963
24/01/1965
94,71
Municipio de Barbosa
01/01/1965
30/06/1965
20,29
Rama Judicial
01/08/1965
10/02/1969
184,29
Dpto. de Antioquia
01/12/1976
22/06/1980
185,71
95,86
Colegio Antioqueño de Abogados
20/10/1972
02/10/1978
310,57
Sol Marina López
01/01/1987
31/01/1988
56,67
Guillermo Betancourt
01/05/2002
31/12/2002
31,16
Guillermo Betancourt
01/01/2003
31/12/2003
51,46
Betancourt Jiménez
01/01/2004
31/12/2004
51,46
Betancourt Jiménez
01/01/2005
31/12/2005
51,47
Betancourt Jiménez
01/01/2006
31/05/2006
21,45
TOTAL SEMANAS MENOS TIEMPOS SIMULTANEOS
1.098
-95,86
TOTAL SEMANAS
1.002,14
4.2.4. En el
referido Auto se ofició al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
para ponerlo en conocimiento el proceso de la referencia. Adicionalmente, se le
solicitó que se pronunciara sobre los siguientes aspectos: (i) si había
remitido a Colpensiones y al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico la
documentación que acreditara la vinculación del señor Lázaro Betancourt Jiménez
como estudiante de la Escuela de Cadetes General Santander entre el 1º
de febrero de 1956 y el 15 de enero de 1957; (ii) si está dentro del ámbito de
sus competencias asumir el pago de los aportes en pensión de las personas que
prestaron servicio militar en cualquiera de las instituciones que integran la
Fuerza Pública o que se vincularon en cualquier tiempo a Escuelas de Cadetes y,
por último, (iii) indicara si poseía copia de los certificados
Formato No. 1, 2 y 3 (a y b) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
correspondientes al período en el que el señor Lázaro Betancourt Jiménez estuvo
vinculado a la Policía Nacional como cadete de la Escuela General Santander
Mediante escrito
del 14 de agosto de 2019, el Secretario General de la Policía Nacional
respondió al requerimiento de este despacho. En primer lugar, indicó que la
institución no había vulnerado los derechos del accionante, toda vez que es a
Colpensiones a quien le compete satisfacer la pretensión pensional reclamada.
En segundo lugar, sostuvo que Colpensiones no le ha solicitado en ningún
momento la entrega o remisión de la documentación relacionada con el señor Lázaro
Betancourt Jiménez y que no está dentro del ámbito de sus competencias
certificar el período de vinculación del tutelante con la Escuela de Cadetes
General Santander para fines de obtención de una pensión de vejez en el Régimen
General de Pensiones, ya que el cómputo del mismo solo tiene validez para
obtener una asignación de retiro en el Régimen Especial de Seguridad Social de
la Fuerza Pública.
4.2.5. Por
último, en la misma providencia se ofició al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para ponerlo en conocimiento el proceso de la referencia.
Adicionalmente se le solicitó que se pronunciara en concreto sobre los
siguientes aspectos: (i) cuál es el procedimiento de certificación de los
tiempos de servicio militar y de vinculación a las Escuelas de Cadetes para
efectos de obtener una pensión de vejez mediante la emisión de los certificados
Formato No. 1, 2 y 3 (a y b); (ii) cuál es la entidad responsable de pagar los
aportes o emitir el bono pensional de quienes prestaron el servicio militar y
de quienes se vincularon a la Fuerza Pública como estudiantes de Escuelas de
Cadetes, cuando estos solicitan el reconocimiento y pago de pensión de vejez
con la inclusión y cómputo de tales tiempos de permanencia y, por último, (iii)
indique si posee copia de los certificados Formato No. 1, 2 y 3 (a y b) de
dicha Cartera correspondientes al período en el que el señor Lázaro Betancourt
Jiménez permaneció como cadete de la Escuela General Santander de la Policía
Nacional.
El Director de
la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, envió
un oficio el 31 de julio de 2019 en el cual dio respuesta a los interrogantes
planteados por el Magistrado Sustanciador. En concreto señaló que los
Certificados No 1, 2 y 3 (a y b) debían ser diligenciados por el empleador del
solicitante de la pensión; que no poseía copia de los formatos solicitados, ya
que los mismos habían sido reemplazados por los documentos del CETIL y, además,
que no tenía competencia para certificar los tiempos en los cuales el
accionante estuvo vinculado a la Policía Nacional como estudiante de la Escuela
de Cadetes General Santander. De igual manera, aclaró que la entidad
responsable de pagar los aportes en pensión o el respectivo bono pensional o la
cuota parte de este, por los tiempos de prestación del servicio militar o de permanencia
en una Escuela de Formación de la Fuerza Pública es el Ministerio de Defensa
Nacional, como entidad beneficiaria del servicio prestado.
Por lo
anteriormente expuesto, solicitó el rechazo de las pretensiones del demandante
y que se declarara la improcedencia de la acción de tutela de la referencia en
relación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues la entidad no ha
vulnerado los derechos del señor Lázaro Betancourt Jiménez.
4.2.6. El
Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de la Coordinadora del Grupo
Contencioso Constitucional de la entidad, remitió el 21 de agosto de 2019 un
oficio a esta Corporación en el cual refirió que, de conformidad con la
Circular 374 del 30 de junio 2009[19],
requirió a la Dirección de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional y al
Archivo General de la misma institución para que dieran cumplimiento a lo
ordenado por este despacho y solicitó que se desvinculara del trámite al
Ministro de Defensa Nacional.
4.3. Planteamiento del caso,
problema jurídico y esquema de resolución
4.3.1. A partir de las
circunstancias que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, de las
decisiones adoptadas por los jueces de instancia y de las actuaciones surtidas
en sede de revisión, este Tribunal debe determinar si la Policía Nacional
vulneró los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del señor Lázaro
Betancourt Jiménez, al no certificar los tiempos de permanencia en la Escuela
de Cadetes General Santander, para efectos pensionales en el Régimen General de
Seguridad Social. Igualmente, deberá definir si Colpensiones al expedir las
Resoluciones No. 176564 del 29 de junio, 209134 del 6 de agosto y 16984 del 18
de septiembre de 2018, vulneró los citados derechos, al negarse a computarle
estos tiempos, para validar el número de semanas de cotización para acceder a
una pensión de vejez, con fundamento en la ausencia de los certificados
correspondientes.
4.3.2. Con el
fin de resolver el problema jurídico propuesto, esta Sala (i) realizará el
examen de procedencia de la acción de tutela; (ii) expondrá la jurisprudencia
relevante sobre el cómputo de los tiempos de servicio militar y de permanencia
como estudiante en las Escuelas de Cadetes de la Fuerza Pública para efectos de
obtener el reconocimiento de prestaciones del Régimen General de Pensiones y,
finalmente, con sujeción a lo expuesto, (iii) abordará la solución del caso
concreto.
4.3.3. Antes
de abordar el esquema de resolución expuesto, esta Sala de Revisión considera
necesario determinar si se configuró, o no, cosa juzgada en relación con las
acciones judiciales ordinarias y de tutela empleadas por el señor Betancourt
Jiménez en el pasado, así como un posible uso temerario de esta última. Lo anterior,
por cuanto Colpensiones en el escrito allegado en sede de revisión solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela, por existencia de cosa juzgada y
temeridad.
4.4. Cosa juzgada
y uso temerario de la acción de tutela
4.4.1 De conformidad con lo previsto en el artículo 228 de
la Constitución Política, la Administración de Justicia es una función pública
cuyo objetivo es el de “hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y
libertades consagrados en [la Constitución y las leyes], con el fin de realizar
la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”[20].
En relación con tal finalidad, el Constituyente
estableció expresamente el derecho de toda persona de acceder a la justicia,
incluso sin la necesidad de representación profesional, siempre y cuando se
trate de aquellos casos contemplados en la ley, como ocurre respecto de la
acción de tutela[21].
Como obligación correlativa, pero también como parte del desarrollo de la
citada finalidad, fue consagrado el deber de todo colombiano de colaborar con
el buen funcionamiento de la Administración de Justicia[22] lo que
supone –entre otras– la exigencia de obrar sin temeridad en la búsqueda de la
realización de sus pretensiones[23].
Una de las
consecuencias que prevé el acceso a la Administración de Justicia es la
configuración de la denominada cosa juzgada, bajo la cual las personas,
tanto naturales como jurídicas, tienen derecho a que las controversias que se
ventilen ante las instancias competentes sean resueltas de manera definitiva
por las autoridades investidas de funciones jurisdiccionales.
Lo anterior
implica que, una vez se agoten los recursos y las instancias correspondientes,
y la decisión quede en firme al ser ejecutoriada, las causas judiciales no
podrán reabrirse sino por circunstancias excepcionales, pues de otra manera los
pleitos que se adelantan ante los jueces serían indefinidos y ello generaría
inseguridad jurídica entre los asociados, contrariando de esta manera el
mandato constitucional que asigna al Estado el deber de garantizar la
convivencia pacífica entre los miembros del cuerpo social[24].
En relación
con la cosa juzgada la Corte Constitucional en la Sentencia C-774 de
2001[25]
se pronunció exponiendo que esta es:” (…) una institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en
algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos
consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se
imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del
Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y, en segundo lugar, el
objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable
a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe
a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio”.
4.4.2. Ahora
bien el ordenamiento jurídico también considera importante el concepto de
temeridad en el uso de la acción de tutela, el cual está asociado
íntimamente a la figura de la cosa juzgada, ya que en efecto el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991 estableció la figura con miras a impedir la
afectación en la administración de justicia en lo que se refiere al ejercicio
de la acción de tutela, cuyo funcionamiento se vería perjudicado cuando una
persona, sin una justificación razonable, elevase la misma causa ante jueces de
la República, contra las mismas partes y buscando la satisfacción de idénticas
pretensiones. Al respecto, la norma en cita expresamente señala que:
“Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazará o decidirá desfavorablemente todas las solicitudes. //
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la
tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.”
Como se
infiere de la norma transcrita, para que exista una actuación temeraria es
necesario que concurran tres elementos: identidad de causa, de partes y de
objeto. Precisamente, en la Sentencia T-727 de 2011[26], esta Corporación explicó
que existe (i) una identidad de causa, cuando las acciones se
fundamentan en unos mismos hechos que le sirven de origen[27]; (ii) una identidad
de objeto, cuando las demandas buscan la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental[28]; y (iii) una
identidad de partes, cuando las acciones se dirijan contra el mismo
demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya
sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de manera directa o
por medio de apoderado[29].
Con todo, la
sola concurrencia de tales elementos no conlleva el surgimiento automático de
la temeridad, pues el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 exige que el
accionante carezca de un motivo justificado y razonable para incoar de nuevo la
acción constitucional. De darse los elementos expuestos, dependiendo de la
instancia en que se encuentre el trámite de la acción, se podrán rechazar o
decidir desfavorablemente las demandas de amparo que hayan incurrido en
temeridad[30].
4.4.3. En el
asunto sub-examine debe valorarse si se configuran las instituciones
jurídico procesales de la cosa juzgada respecto del fallo adoptado por la Corte
Suprema de Justicia en el año 2011 y del fallo de tutela proferido por el
Tribunal Superior de Medellín en el año 2018, toda vez que como lo aseveró
Colpensiones en su escrito del 8 de julio del año en curso, el señor Lázaro
Betancourt Jiménez ya había reclamado judicialmente el reconocimiento de la pensión
de vejez.
En relación
con el proceso laboral iniciado en el año 2008, el cual concluyó con un
pronunciamiento judicial el 17 de mayo de 2011 por parte de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se negó el recurso
extraordinario de casación y, en consecuencia, mantuvo la decisión adoptada por
la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín que revocó el reconocimiento prestacional que el Juzgado Noveno
Laboral del Circuito de la misma ciudad había otorgado al señor Betancourt
Jiménez el 11 de noviembre de 2008, esta Sala considera que no se configura el
fenómeno de la cosa juzgada.
Para llegar a
la anterior conclusión basta con recordar que la demanda que dio origen al referido
proceso estaba dirigida contra unas resoluciones del ISS de los años 2007 y
2008 que decidieron negar la prestación reclamada con fundamento en la
imposibilidad de acumular tiempos de servicios al Estado con aquellos cotizados
al ISS, bajo el régimen contenido en el Decreto 758 de 1990 y en las que no hubo
pronunciamiento sobre los tiempos de vinculación a la Escuela de Cadetes
General Santander, por cuanto el accionante no los reclamó en ese momento y,
por ello, no fueron discutidos en tal proceso jurisdiccional.
Así las
cosas, los hechos que dieron origen a la demanda laboral, no guardan similitud
con los que ahora se reclaman vía amparo, y por esa razón no se configura una cosa
juzgada que vincule al juez constitucional en los términos expuestos en la
Sentencia SU-342 de 1995[31],
en la cual el pleno de esta Corporación señalo que en relación con providencias
de la jurisdicción ordinaria: “la cosa
juzgada que ampara dichas decisiones, obviamente no limita o inhibe el
pronunciamiento del juez de tutela que corresponde a la jurisdicción
constitucional y que en su misión aplica e interpreta con autoridad la
Constitución y se pronuncia favorablemente sobre una pretensión que tiene su
causa u origen en el quebrantamiento de los derechos fundamentales. En tal
virtud, al juez de tutela no lo obliga la cosa juzgada que emerge de la
solución de una controversia por la justicia ordinaria laboral, en la que tanto
la pretensión como la decisión ha tenido fundamento o causa en normas legales”.
Respecto de
la acción de tutela interpuesta por el señor Lázaro Betancourt Jiménez en el
año 2017, observa la Corte que no concurren las tres identidades que configuran
la cosa juzgada y, por ende, se descarta también un uso temerario
de la acción de tutela. Ello es así por cuanto, a pesar de la similitud en el
objeto[32]
y en las partes[33],
no se acredita la identidad en la causa, por las razones que se exponen a
continuación.
La tutela
presentada en el año 2017 tenía por objeto el reconocimiento de una pensión de
vejez a cargo de Colpensiones, con la inclusión de los tiempos de permanencia en
la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional. Sin embargo, en
la resolución contra la que se dirigía la demanda[34] no hubo pronunciamiento
respecto de los referidos tiempos, por cuanto el actor no había reclamado su
inclusión a Colpensiones, hecho que, por lo demás, sirvió de argumento del juez
de segunda instancia en dicha tutela para declarar su improcedencia, ya que se
constató que el señor Betancourt Jiménez nunca había mencionado esos tiempos
para efectos de obtener una pensión de vejez en dicha ocasión. Adicionalmente,
como lo señaló el mismo juez, durante ese tiempo se corrigió la historia
laboral del accionante para incluir los tiempos de una antigua empleadora.
Ahora bien,
en la acción de tutela objeto de este fallo ya existe un pronunciamiento de
Colpensiones al respecto y es contra esa determinación en concreto que se
dirige la acción de tutela. En efecto, en las Resoluciones No. 176564 del 29 de
junio, 209134 del 6 de agosto y 16984 del 18 de septiembre, todas del año 2018,
la entidad accionada decidió no contabilizar las semanas correspondientes al
tiempo en que el actor permaneció en la Escuela de Cadetes General Santander,
con fundamento en la ausencia de los certificados requeridos para acreditarlo.
Así las
cosas, se observa que, en efecto, no existe identidad de causa entre los dos
amparos, por lo que se descarta la existencia de cosa juzgada constitucional,
así como de un uso temerario de la misma, comoquiera que en las resoluciones
contra las que se dirige la acción de tutela objeto de revisión Colpensiones
rechazó explícitamente el reconocimiento de los tiempos de vinculación del
accionante a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional a diferencia de los
actos administrativos contra los que se dirigido la acción de tutela
interpuesta en el año 2017, en los cuales no se negó expresamente la inclusión
de los tiempos de cotización referidos al periodo comprendido entre el 1º de
febrero de 1956 y el 15 de enero de 1957.
4.5.
Examen de procedencia de la acción de tutela
4.5.1. En cuanto
a la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política
dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la
protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto
constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el
que se consagra que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento
y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de estos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
En el caso bajo examen, el señor
Lázaro Betancourt Jiménez se encuentra legitimado para interponer la acción de
tutela, porque se trata de una persona natural,
que actúa en nombre propio y quien afirma estar siendo afectado en sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, como consecuencia de la actuación
de las accionadas.
4.5.2. Respecto
de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior
establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de
los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades o por el actuar de los
particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley[35]. En este contexto, según lo señalado de
manera reiterada por la Corte, en lo que respecta a
esta modalidad de legitimación, es necesario acreditar dos requisitos, por una
parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el
amparo; y por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del
derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión[36].
En el asunto sub-judice,
no cabe duda de que Colpensiones es una autoridad
pública, en tanto es una empresa industrial y comercial del Estado
vinculada al Ministerio del Trabajo, encargada de la prestación del servicio
público de la seguridad social, concretamente, en el manejo del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida como parte del Sistema General de Pensiones. A ello se agrega que la decisión de negar el reconocimiento de
la pensión de vejez sin el cómputo del tiempo en la escuela de cadetes a favor
del actor, es la causa que se invoca como generadora de la violación de los
derechos expuestos en la demanda, prestación cuya satisfacción cabe dentro de
las funciones de Colpensiones como administradora del Régimen de Prima Media.
En relación con el Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional se advierte que existe legitimación en la causa, toda vez que es una autoridad
pública contra la que procede la interposición de la acción de tutela,
ya que la Escuela de Cadetes General Santander hace parte de la Policía
Nacional al ser una unidad desconcentrada de la Dirección General de Escuelas[37],
que depende de la Dirección General de la Policía Nacional.
Lo anterior
resulta relevante toda vez que el señor Lázaro Betancourt Jiménez estuvo
vinculado a la precitada escuela de cadetes entre los años 1956 y 1957, y por
ello la omisión en la expedición de los certificados de información laboral y
en la asunción de los aportes de cotización para la Seguridad Social en
Pensiones de tal periodo le son atribuibles, en principio, a la Policía
Nacional.
En lo relativo
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, si bien se advierte que se trata
de una autoridad pública, resulta que la solicitud de amparo constitucional no
es procedente contra la entidad en el caso sub examine, porque dentro de
sus funciones no está ni certificar tiempos de permanencia en las Escuelas de
Formación de la Fuerza Pública para efectos pensionales ni realizar los pagos
correspondientes los aportes en Seguridad Social a los que hubiere lugar por
los mismos, por lo que en la parte resolutiva se dispondrá su desvinculación.
4.5.3. Como
requisito de procedibilidad, la acción de tutela
también exige que su interposición se haga dentro de un plazo razonable,
contabilizado a partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza
de un derecho fundamental, de manera que el amparo responda a la exigencia
constitucional de ser un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente
(CP art. 86), con miras a asegurar la efectividad concreta y actual del derecho
objeto de violación o amenaza[38].
Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte como el principio
de inmediatez[39].
La Sala
considera que este requisito se cumple en el asunto bajo examen, pues entre la
fecha en la cual el accionante recibió la notificación
de última respuesta negativa a su solicitud de reconocimiento pensional[40]
y aquella en la que se interpuso la demanda de tutela[41], no
transcurrió más de un mes y medio, plazo que
se ajusta a las reglas de razonabilidad que explican la procedencia del amparo.
Ahora bien, como lo admite el accionante, las negativas de entrega de un
certificado en el que conste su permanencia como estudiante en la Escuela
General Santander, por parte de la Policía Nacional, datan del año 2015; sin
embargo, esta conducta sólo se concretó en la afectación de sus derechos
fundamentales cuando Colpensiones emitió la última respuesta ya mencionada.
4.5.4. Como
exigencia general de procedencia de la acción de tutela, conforme con el
artículo 86 de la Carta y el Decreto 2591 de 1991, se destaca el carácter
subsidiario del cual está revestida, y que, tal como lo ha expresado la
Corte en varias de sus sentencias, autoriza su uso en alguna de las siguientes
hipótesis: (i) cuando no exista otro medio de defensa judicial que permita
resolver el conflicto relacionado con la supuesta vulneración de un derecho
fundamental; o cuando, aun existiendo, (ii) dicho mecanismo no resulte eficaz e
idóneo para la protección del derecho; o cuando, incluso, (iii) a pesar de
brindar un remedio integral, sea necesaria la intervención transitoria del juez
de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Como supuesto básico en el examen de procedencia, este Tribunal ha objetado la
valoración genérica de los medios ordinarios de defensa judicial, pues ha
considerado que en abstracto cualquier mecanismo puede ser considerado eficaz,
dado que la garantía mínima de todo proceso es el respeto y la protección de
los derechos constitucionales. Por esta razón, la jurisprudencia ha sido
enérgica en afirmar que la eficacia de la acción ordinaria solo puede
prodigarse en atención a las características y exigencias propias del caso
concreto[42].
Como se
expresó en el apartado anterior, una de las características de la acción de
tutela es la subsidiariedad y por lo cual no resulta en principio adecuada para
obtener el otorgamiento de pensiones como la que el actor solicita, porque el
ordenamiento jurídico colombiano prevé la existencia de un medio de defensa
judicial idóneo para resolver el conflicto suscitado entre el accionante y las
entidades demandadas, que se concreta en la posibilidad de activar un proceso
ordinario laboral para obtener la solución de la controversia que se plantea.
Dicho trámite le compete a la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo
previsto en el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, en el que se dispone a cargo de la citada jurisdicción, el
conocimiento de “[l]as controversias relativas a la prestación de los
servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados,
beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o
prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con
contratos.” De ahí que, en principio, la existencia de este medio le
permite al accionante acudir ante una autoridad juridicial especializada y
competente para dar respuesta a la controversia que se expone, con una amplia
posibilidad de aportar elementos probatorios y esbozar argumentos jurídicos que
respalden su pretensión.
No obstante lo
anterior, es posible que, excepcionalmente, el juez de tutela reconozca alguno
de los derechos que emanan del régimen de seguridad social en pensiones, como
por ejemplo el derecho a la pensión de vejez, cuando, como ya se dijo, se
acredita que los medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo
suficientemente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable[43].
En lo que hace
referencia a la falta de idoneidad de los otros medios de defensa judicial,
esta Corporación ha señalado las siguientes circunstancias o requisitos que
permitirían, de manera excepcional, conocer por vía de tutela la cuestión
relativa al reconocimiento y pago de una pensión de vejez, aun a pesar de la
existencia de las acciones correspondientes ante la jurisdicción ordinaria o la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, a saber:
“[La] acción de tutela deviene procedente para el reconocimiento
de pretensiones prestacionales en materia pensional, si su desconocimiento
compromete de forma conexa derechos fundamentales como el mínimo vital y la
vida digna, y el juez constitucional, a la luz de las particularidades fácticas
del caso en revisión, arriba a la conclusión de que el mecanismo judicial de
que dispone el interesado es ineficaz, debido a que no resuelve el conflicto de
manera integral o no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia de
protección inmediata de derechos fundamentales.
(…) Respecto a la procedencia de la acción de tutela para el
reconocimiento de acreencias laborales, particularmente cuando estas
corresponden a pensiones de jubilación, el juez constitucional, de manera
previa deberá verificar que en el caso concreto concurran ciertos requisitos a
saber: (i) que se trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado
sujeto especial de protección; (ii) que la falta de pago de la prestación o su
disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales,
en particular del derecho al mínimo vital, (iii) que se haya
desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado
tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iv) que se acredite
siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario
es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales
presuntamente afectados. De este modo, deberá analizarse en cada caso concreto
si se verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia del
amparo.”[44]
Si concurren
los cuatro requisitos mencionados, al juez de tutela no sólo le será dable
conocer el fondo del asunto, esto es, examinar si se dan o no los requisitos
legales que le permiten al accionante adquirir el derecho a una pensión de
vejez; sino que también podrá otorgarle al amparo constitucional propuesto la
naturaleza de mecanismo principal de protección, por estar comprometidos
los derechos de personas de la tercera edad, cuya condición de sujeto de
especial protección constitucional[45], exige una mayor flexibilidad en el
examen de las condiciones de procedencia de la acción de tutela.
Precisamente,
en la Sentencia T-149 de 2012[46] se concluyó que: “el derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación es un asunto de relevancia
constitucional por estar radicado en personas de la tercera edad; la privación
de este derecho puede afectar el derecho al mínimo vital de este grupo de
ciudadanos, y la procedibilidad para ser reclamado por vía de tutela se da
cuando convergen otras circunstancias que complican la existencia digna del
sujeto, tales como padecimientos de salud, carencia de otros recursos para
subsistir, e indefinición del marco normativo en que se encuentra el afectado”.
En suma, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción de amparo
constitucional es procedente para obtener el reconocimiento y pago de derechos
pensionales cuando se trata de personas de la tercera edad y se acreditan el
resto de los requisitos señalados en la jurisprudencia de esta Corporación,
referentes a (i) la afectación del mínimo vital o de otros derechos
constitucionales como la salud, la vida digna o la dignidad humana, (ii) la demostración
de cierta actividad administrativa y judicial desplegada por el interesado
tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iii) a que se acredite
siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario
es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales
presuntamente afectados.
En
relación con el primer requisito se advierte, prima facie, una
afectación a los derechos del actor al mínimo vital y a la vida digna, pues
como se señala en el escrito de tutela el actor cuenta con algunos ingresos
esporádicos que le genera el ejercicio de la abogacía y con ellos debe sostener
económicamente a su esposa, así como colaborar con los gastos de una hermana
mayor, lo cual conlleva que no resulte claro cómo podrá en el futuro satisfacer
sus necesidades básicas, toda vez que con el paso de los años sus capacidades
laborales disminuirán, dada su avanzada edad.
En
lo atinente al segundo requisito, las múltiples negativas de Colpensiones a
reconocer la pensión reclamada y los procesos judiciales surtidos ante los
jueces laborales ordinarios y constitucionales encaminados al mismo fin, demuestran
que desde el año 2006 el actor ha intentado infructuosamente obtener, tanto
administrativa como judicialmente, la satisfacción de su pretensión de
reconocimiento pensional.
Y,
por último, se considera que se satisface el tercer requisito, en tanto si bien
existe la posibilidad de que el señor Betancourt Jiménez acuda ante la
jurisdicción ordinaria para reclamar el reconocimiento de los tiempos de
cotización correspondientes a la época de permanencia como estudiante de la
Escuela de Cadetes General Santander y, en consecuencia, de la pensión de vejez
a la que afirma tener derecho, tal mecanismo de defensa no es idóneo ni eficaz
para resolver la problemática planteada por el accionante.
Ello es así porque
la Sala observa que el señor Betancourt Jiménez tiene 84 años, de manera que
pertenece al denominado grupo poblacional de personas de la tercera edad, las
cuales han sido consideradas por la jurisprudencia de este Tribunal como
sujetos de especial protección constitucional, en
razón de la situación de vulnerabilidad que enfrentan por el normal y
progresivo deterioro de las capacidades físicas y psicológicas que les genera
la imposibilidad de gozar efectivamente de sus derechos[47], por lo
cual merecen un trato diferenciado por parte de la sociedad y del Estado tal
cual lo reconoce el articulo 46 Superior[48].
En consecuencia, dada la avanzada
edad del actor es probable que éste carezca de las condiciones físicas y
psicológicas necesarias para esperar los resultados de un proceso ordinario[49], esto debido
a los tiempos –en cualquier caso mayores que los de una acción de tutela– que
este demanda para su solución definitiva.
4.5.5. Establecida
entonces la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, se
continuará con el examen de los asuntos de fondo, siguiendo los temas
propuestos en el acápite 4.3.2 de esta providencia.
4.6. La contabilización de
tiempos de prestación de servicio militar y de permanencia como estudiantes en
las escuelas de policías y de cadetes para efectos de obtener reconocimiento de
pensiones de vejez. Reiteración jurisprudencial
4.6.1. La seguridad social se
encuentra consagrada expresamente en el artículo 48 de la Constitución Política,
el cual le reconoce la doble condición de (i) “derecho irrenunciable”,
que se debe garantizar a todos los habitantes del territorio nacional; y
(ii) “servicio público de carácter obligatorio”, que se presta bajo
la dirección, coordinación y control del Estado, por entidades públicas o
privadas, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la ley.
El legislador, en desarrollo del
deber constitucional de diseñar un sistema de seguridad social integral,
orientado en los principios antes mencionados, expidió la Ley 100 de 1993, "Por
la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones". Dicho sistema se encuentra estructurado con el
objetivo de procurar el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de
los ciudadanos, mediante la protección de las principales contingencias que los
afectan[50],
a partir de cuatro componentes básicos: i) el Sistema General de Pensiones; ii)
el Sistema General de Salud; iii), el Sistema General de Riesgos Laborales; y
iv) los servicios sociales complementarios[51].
4.6.2. En lo que respecta al
Sistema General de Pensiones, el artículo 10 de la Ley 100 de 1993 consagra
como su principal objetivo el de “garantizar a la población, el amparo
contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte”,
para que una vez ocurridas dichas contingencias y bajo el cumplimiento de los
requisitos legales, se proceda al reconocimiento de las pensiones de
jubilación, invalidez y sobrevivientes de los afiliados, o de sus beneficiarios
o al otorgamiento de las prestaciones sociales que operan en su reemplazo, como
ocurre con la devolución de saldos o con el pago de indemnización sustitutiva
de pensión de vejez, según se establezca en la ley. Para el
cumplimiento de la mencionada finalidad, en lo que respecta a los riesgos precitados,
como lo es el de la vejez que se invoca por el actor, se estructuraron dos
regímenes solidarios excluyentes, pero que coexisten. Así, por un lado, se
encuentra el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, el cual comprende
un fondo común de naturaleza pública integrado por los aportes realizados por
cada uno de los afiliados al sistema y gestionado por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones y, por otro lado, el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cual es un sistema en el que
las pensiones se financian a través de la cuenta de ahorro individual del
afiliado, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
4.6.3.
Descendiendo a la pensión de vejez, esta busca proteger “a las
personas cuando su vejez produce una esperable disminución de la producción
laboral lo que les dificulta o impide obtener los recursos para disfrutar de
una vida digna”[52].
Para acceder al reconocimiento de esta
prestación el afiliado debe cumplir los requisitos legales establecidos para
ello, de conformidad con el régimen pensional respectivo, el cual, para el caso
del actor, es el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. En este
régimen se exige que el afiliado satisfaga los requisitos previamente definidos
en la ley, esto es, el cumplimiento de una edad determinada (57 años para las
mujeres y 62 para los hombres) y de un número de semanas de cotización mínimas
al tenor de lo enunciado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (en la
actualidad 1.300[53])[54].
Si
bien por regla general las pensiones deben reconocerse y pagarse conforme al
régimen jurídico aplicable al momento de su causación, en tratándose de
la pensión de vejez, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se
creó en la Ley 100 de 1993 un régimen de transición para respetar las
expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a consolidar su
derecho pensional. Tal régimen ha sido entendido por la Corte como “un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un
tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han
adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para
ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar
próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito
legislativo”[55].
En
el caso que ocupa la atención de la Sala, el accionante solicita que su pensión
de vejez sea reconocida bajo el régimen pensional consagrado en la Ley 71 de
1988 o en el Decreto 758 de 1990. En el primero se exige que el peticionario
cumpla 55 años si es mujer o 60 si es hombre y tenga cotizados 20 años de
servicio en cualquier tiempo[56]
y, en el segundo, se exigen los mismos requisitos de edad y 500 semanas de
cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima de
jubilación o que se acrediten 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo[57].
Específicamente,
sobre el segundo régimen pensional, esto es el contenido en el Decreto 758 de
1990, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que es deber de Colpensiones
proceder a la acumulación de tiempos públicos y privados, esto es, con
inclusión no sólo de las semanas cotizadas a Colpensiones, sino también los
tiempos públicos no cotizados[58],
obligación que se deriva de la aplicación del principio de favorabilidad en la
interpretación y aplicación de las normas en materia laboral, concretamente, del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual el régimen de transición se
circunscribe a la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y el monto
de la pensión, sin que dentro de estos estén las reglas para el cómputo de
semanas cotizadas, lo cual permite inferir que deben ser aplicadas las reglas
del sistema general. Adicionalmente, el artículo 12 del referido Decreto no
exige que las cotizaciones se hayan realizado de manera exclusiva al ISS, hoy
Colpensiones.
4.6.4.
Ahora bien, para resolver el problema jurídico propuesto, se debe señalar que
tanto esta Corporación, como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de
Justicia se han pronunciado de forma armónica sobre la posibilidad de acumular
el tiempo de servicio obligatorio con las semanas de cotización en otros
regímenes pensionales. Sin embargo, como se explicará más adelante, no ha
ocurrido lo mismo con el tiempo de permanencia como cadete en las Escuelas de
Formación Militar para los mismos efectos.
En
primer lugar, cabe señalar que desde el año 1945[59] se
estableció un régimen de carácter legal y
reglamentario, en el que se reconoce la obligación de tener en cuenta el tiempo
de prestación del servicio militar obligatorio para el cálculo de varias
prestaciones sociales, entre ellas la pensión de vejez.
Este régimen se
mantuvo con la expedición de la Constitución Política de 1991, en la que se
dispuso el deber del legislador de reconocer prerrogativas a quienes prestan
dicho servicio[60].
En desarrollo de este mandato constitucional se
expidió la Ley 48 de 1993, que regula el servicio de
reclutamiento y movilización y cuyo Título V, artículo 40, sobre los “derechos, prerrogativas y
estímulos” que gozan los colombianos que prestan el servicio militar, señala que todo colombiano que haya cumplido con esta obligación
tiene derecho a que se le compute este tiempo para efectos de pensión de vejez,
prima de antigüedad y cesantías.
Este artículo
fue derogado por la Ley 1861 de 2017, normativa que mantiene el alcance de la
referida prerrogativa pero, además, incluye la pensión de invalidez dentro de
las prestaciones para las cuales deben computarse esos tiempos y dispone que
los fondos privados también están en obligación de contabilizarlos para el
reconocimiento de las mismas prestaciones periódicas[61]. La expedición de la citada ley, posterior a la Ley 100 de 1993,
permite concluir que se trata de un beneficio que puede
concederse sin importar si el requisito pensional exija tiempo de servicios o
cotizaciones efectivamente realizadas.
4.6.5. A
continuación, la Sala Tercera de Revisión hará un breve recuento de algunos
pronunciamientos en los que el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia
y la Corte Constitucional, se han referido a la obligación que tienen las
entidades que reconocen las pensiones de vejez, invalidez o sobrevivientes, de
contabilizar las semanas durante las cuales se prestó el servicio militar
obligatorio.
En
primer lugar, en consulta formulada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público[62],
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 24 de julio de
2002, sostuvo que, para la concreción del derecho a que le sea computado el
tiempo en que un colombiano prestó servicio militar obligatorio para efectos
prestacionales, es necesario que la Nación, por conducto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, efectúe las apropiaciones suficientes por el valor
total de la cotización, esto es, incluyendo los aportes correspondientes al
empleador y al trabajador[63]. En este mismo concepto, en relación con
la forma de computar el tiempo de prestación del servicio militar para efectos
pensionales, la Sala de Consulta y Servicio Civil indicó que la Ley 48 de 1993 “fue
proferida con antelación a la expedición de la Ley 100 del mismo año y que con
anterioridad a la vigencia de ésta, las pensiones de jubilación y de vejez se
reconocían con fundamento en el tiempo de servicio, en tanto que, a la luz de
la nueva normatividad, lo que impera son las cotizaciones o los aportes al
nuevo sistema de seguridad social”. Ante esta realidad y con el fin de
determinar la procedencia de la prerrogativa prevista en el artículo 40 de la
citada Ley 48 de 1993, la Sala planteó que al tratarse de una persona cobijada
por la Ley 100 de 1993 y que haya prestado el servicio militar obligatorio con
posterioridad a su entrada en vigencia “si se afilia bien al régimen de
ahorro individual con solidaridad o al de prima media con prestación definida,
corresponderá al Ministerio de Hacienda hacer los correspondientes aportes
tomando como referencia el salario mínimo legal vigente, según lo expuesto.”
Con
posterioridad, en concepto del 1º de julio de 2004, se dio respuesta a un nuevo
requerimiento realizado por parte del Ministro de Defensa Nacional[64].
En esta oportunidad, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
se pronunció sobre la vigencia del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, con
ocasión de la expedición de la Ley 797 de 2003, que prohíbe la sustitución de
semanas de cotización o de tiempo de servicio con el cumplimiento de otros
requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempos de
servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Sobre
la materia objeto de consulta, la citada autoridad señaló que la expedición de
la Ley 797 de 2003 no afectó la vigencia del artículo 40 de la Ley 48 de 1993,
ya que los beneficios de esta última ley, son desarrollo de un precepto
constitucional que ordena conceder prerrogativas como incentivo, por el
cumplimiento del deber de prestar servicio militar.[65]
Más adelante
este tema fue objeto de un nuevo
pronunciamiento por parte del Consejo de Estado, previo ejercicio de una acción
tutela. Así, la Subsección B, Sección Segunda, en sentencia del 3 de febrero de
2011, declaró sin efecto y valor una sentencia ordinaria proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que se negó el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes conforme al régimen previsto en
la Ley 100 de 1993, frente al deceso de un soldado profesional que había
prestado el servicio militar por un tiempo que, sumado al que tenía acreditado,
le permitía contar con el número mínimo de semanas exigidas en el marco
normativo vigente. Al respecto, se dijo que el
Tribunal Administrativo accionado había desconocido el ordenamiento jurídico en
tanto el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 expresamente señaló que el tiempo de
servicio militar obligatorio debe ser contabilizado para el reconocimiento de
pensiones.
Por su parte,
la postura de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
también ha sido constante en relación con la validez de acumulación del tiempo
de servicio militar obligatorio para pensiones, además de la de vejez, de
invalidez o sobrevivientes. Ejemplo de ello es la sentencia del 3 de agosto de 2016, en la que la
referida Sala conoció, en sede de casación, de un caso en el que un padre y una
madre solicitaban a un fondo privado de pensiones que, para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo, tuvieran en cuenta el
tiempo en que el afiliado prestó el servicio militar[66].
La Sala consideró que el artículo 40 de la Ley 48 de
1993 debía ser interpretado a la luz de los principios fundantes del Sistema de
Seguridad Social. Por una parte, se refirió al principio de universalidad[67],
para destacar que todos los tiempos, incluido el dedicado a la prestación del
servicio militar obligatorio, debía sumar para efectos de proceder al reconocimiento
de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, esto es,
tanto en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, como en el Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad. Y, por la otra, se mencionó el principio
de integralidad[68], con el propósito de destacar que
el sistema debe cobijar todos los riesgos derivados de las contingencias de
vejez, invalidez y muerte.
En lo que respecta a la Corte Constitucional, basta
mencionar algunos pronunciamientos que han reconocido el tiempo de servicio
militar obligatorio para efectos de acceder a las pensiones de vejez, invalidez
y muerte. Inicialmente, en la Sentencia T-275 de 2010[69],
esta Corporación se pronunció sobre la aplicación en el tiempo del artículo 40
de la Ley 48 de 1993. Para tal efecto, analizó el caso de un ciudadano al cual
le fue negada la pensión de vejez con el argumento de que no cumplía con el
número mínimo de semanas de cotización requeridas, pues no se le tuvo en cuenta
el tiempo destinado a la prestación del servicio militar obligatorio en el
Ministerio de Defensa Nacional junto con el tiempo de trabajo que prestó en una
entidad estatal, por cuanto éstas no hicieron los aportes respectivos a la Caja
de Previsión Social.
Para la Corte, en ese entonces, aun cuando podía alegarse que la Ley
48 de 1993 sólo aplicaba a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en
vigencia, se concluyó que el marco normativo previsto en el artículo 40 de la
citada ley, en virtud de la aplicación de los principios de favorabilidad e
igualdad, se extendía a situaciones ocurridas con anterioridad a su
publicación, esto es, incluía en sus efectos a todo colombiano que prestó el
servicio militar, sin importar la fecha en que se llevó a cabo dicha
prestación.
En la Sentencia T-063 de 2013[70],
la Sala Tercera de Revisión protegió los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la dignidad humana, al debido proceso y a la vida digna de un
ciudadano de 73 años a quien el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Colpensiones) no le tuvo en cuenta el tiempo que prestó servicio militar, para
efectos de reconocerle una pensión de vejez, con fundamento en que el Decreto
758 de 1990 no contemplaba la hipótesis de acumular tiempos laborados al
servicio del Estado que no fueron aportados a ninguna caja o fondo.
En este caso,
la Corte explicó que “todo colombiano que haya prestado el servicio
militar obligatorio y sea beneficiario de un régimen pensional que se
fundamenta en los aportes efectivamente realizados al sistema, tiene derecho a
que la entidad encargada de reconocerle la pensión de vejez, le compute el
tiempo durante el cual prestó dicho servicio como semanas efectivamente
cotizadas al sistema” y que ello no afecta la sostenibilidad financiera del
sistema, por cuanto dicha prerrogativa tiene origen en una atribución
reconocida al legislador en el artículo 216 de la Constitución Política.
Respecto de
la pensión de invalidez, en la Sentencia T-510 de 2014[71], este Tribunal ordenó a la
administradora de pensiones, el reconocimiento y pago de esta prestación a una
persona con una pérdida de capacidad laboral del 56,75%, a quien la entidad
demandada no le tenía en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar
para el cálculo de las semanas exigidas para conceder el beneficio pensional.
En aquella oportunidad, la Corte concluyó que:
“En este orden de ideas, no cabe duda de que el fondo, vulneró los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, al debido
proceso y a la vida en condiciones dignas del señor [xx], por negarse a
tener en cuenta las 124.41 semanas en las que prestó el servicio militar
obligatorio, en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993,
para efectos de reconocer su derecho a la pensión de invalidez, conforme al
artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Dicha decisión, como previamente se explicó,
le ha impedido al actor solventar directamente sus necesidades básicas, en
especial en lo referente a los requerimientos que demanda su precaria situación
de salud.”
Por último, dentro de este
recuento está la Sentencia T-532A de 2016[72],
en la que la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional aplicó la
misma regla ya explicada, para amparar los derechos de una persona a quien
Porvenir S.A. le había negado el reconocimiento de una pensión de sobreviviente
causada por su hijo fallecido, esto sin tener en cuenta el tiempo que él había
prestado servicio militar obligatorio.
4.6.6.
El tratamiento del tiempo de permanencia en las Escuelas de Formación Militar y
de Policía con propósitos pensionales, no ha sido el mismo, pues su
incorporación en el ordenamiento jurídico no proviene directamente de la
Constitución ni de la ley, sino que, como se explicará a continuación, parte de
una interpretación jurisprudencial que, por lo demás, no había sido armónica.
En un primer
momento la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado[73], por consulta que le hizo el
Ministerio de Defensa Nacional[74], sostuvo que los tiempos de
vinculación a Escuelas de Formación de la Fuerza Pública no eran homologables a
los de prestación del servicio militar, para efectos del reconocimiento de las
pensiones del Sistema General de Seguridad Social, salvo que el estudiante
continuara con la carrera militar o policial con posterioridad a su egreso del
centro de estudios y causara el derecho a la asignación de retiro.
Al respecto,
explicó que el régimen especial de prestaciones sociales de los miembros de la Fuerza
Pública, es diferente al del Régimen General de Seguridad Social en Salud y
Pensiones. Puntualmente, explicó que el artículo 170 del Decreto Ley
1211 de 1990[75] incluía,
para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones sociales de Oficiales
y Suboficiales, el tiempo de permanencia en las escuelas de formación sin que
este sobrepasara dos años. No obstante, señaló que ese tiempo de servicio únicamente
tiene efectos a favor de los oficiales y suboficiales que consolidaron su
derecho a la asignación de retiro, en la medida que es un derecho para el personal
militar, regulado por el régimen prestacional de la fuerza pública, el cual es
distinto del general, en consideración al servicio prestado.
La anterior tesis fue aplicada por la Corte
Constitucional en la Sentencia
T-200 de 2015[76], en la cual la Sala Octava de Revisión
resolvió negar una acción de tutela formulada por un ciudadano que pretendía
obtener el traslado del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al de
Prima Media con Prestación Definida y a quien se le había negado la
autorización para el cambio de régimen, con fundamento en que no reunía un
mínimo de cotizaciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, esto por cuanto no se le tenía en cuenta el tiempo de permanencia en la
Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.
La Corte en dicha oportunidad acogió los precitados planteamientos
de la Sala de Consulta y Servicio Civil y concluyó que no era posible equiparar
la situación de quienes asistieron a una Escuela de Formación de la Fuerza
Pública con las personas que prestan su servicio militar obligatorio, “en
primera medida, porque los segundos cumplen con un mandato constitucional,
mientras quienes se aproximan a las Escuelas Militares o de Policía, lo hacen
voluntariamente. En segundo lugar, porque las funciones propias de los Cadetes
de la Escuela, tal y como consta en la certificación de la Jefatura de Personal
de esa Institución castrense, se asemejan más a las de Estudiantes
universitarios que a las de alguien que realiza actividades propias del
servicio”.
Ahora bien, con posterioridad, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en pronunciamiento del 9 de abril de 2014[77],
consideró que el tiempo de permanencia del solicitante como estudiante en la
Escuela Naval de Cadetes de Cartagena sí tenía un efecto prestacional en el
régimen general de pensiones[78]. Para llegar a esta conclusión, el
Consejo de Estado advirtió que el Decreto 4433 de 2004[79]
establece que, para efectos de la asignación de retiro o pensión de
sobrevivientes, se debe tener en cuenta el tiempo de permanencia en la
respectiva escuela de formación, sin que pueda sobrepasar dos años, por lo que
si se hace una interpretación favorable del derecho a la pensión en el régimen
general, resulta admisible computar esos mismos tiempos. Siguiendo lo expuesto,
explicó que una de las finalidades de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de los
principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, fue “superar esa
desarticulación entre los distintos regímenes pensionales, que no sólo hacía
más difícil el manejo general de esta prestación sino que se traducía en
inequidades manifiestas para los trabajadores.”, lo cual hace necesario que
se permita la acumulación de tiempos y semanas trabajadas, incluyendo los
períodos de permanencia en las Escuelas de Formación de la Fuerza Pública.
Años después
esta Corte varió la postura asumida en el año 2015 para admitir la contabilización
de los tiempos de permanencia en las Escuelas de Formación de la Fuerza Pública
para efectos pensionales en el régimen general. Así, en la Sentencia T-663 de
2016[80] se resolvió el caso de una mujer de la tercera edad que reclamaba a Colpensiones el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes causada por su fallecido
cónyuge, quien estuvo vinculado como cadete a una Escuela de Formación Militar
y a quien dicha administradora no le había computado tales tiempos al momento
de validar el requisito de semanas de cotización para el reconocimiento de la
prestación reclamada. En esta providencia la Corte decidió que debían contarse los
tiempos de vinculación a las Escuelas de Formación para efectos de obtener el
reconocimiento de diversas prestaciones sociales, toda vez que ello constituía
una aplicación más favorable de la ley, ya que procuraba una mayor garantía de
los derechos fundamentales involucrados.
En concreto,
en primer lugar se explicó que las razones que daban lugar a la postura de no
incluir los tiempos de permanencia en las Escuelas de Formación Militar y de Policía,
eran: (i) el carácter expreso de la prerrogativa que tienen quienes prestan el
servicio militar obligatorio, en contraste con la situación de los estudiantes
de estas escuelas, para quienes ese tiempo solo cuenta para el reconocimiento
de la asignación de retiro; (ii) la obligatoriedad en la prestación del servicio
militar y la voluntariedad en el adelantamiento de estudios al interior de
estas escuelas y (iii) las tareas que se cumplen en desarrollo del servicio
militar, que son inherentes al servicio, lo que se diferencia del carácter de
estudiantes universitarios de los cadetes.
A su vez, se
resaltó que la otra postura se basaba en aplicar una norma especial del sistema
pensional de la fuerza pública, esto es, el artículo 7 del Decreto 4433 de 2004[81], en armonía con los principios de
universalidad, eficiencia, solidaridad y favorabilidad, para así entender que
se deben articular los dos regímenes, el general y el especial, para permitir
la acumulación de semanas o tiempo de trabajo laborados en uno y otro.
Dicho esto, para
resolver cuál debía ser la interpretación aplicable para definir si había lugar
a acumular los tiempos de permanencia en las escuelas de cadetes, la Corte en
la referida sentencia hizo uso el principio pro-homine, que permite que,
entre dos o más posibles interpretaciones, se prefiera la más garantista, es
decir, aquella que permita que se aplique de forma más amplia un derecho
fundamental[82]. En desarrollo de este principio la
Sala consideró que la prerrogativa contenida en el literal 1) del artículo 40
de la Ley 48 de 1993, que permitía el cómputo del tiempo de servicio militar
para efectos pensionales, también era extensiva a los cadetes de las Escuelas
de Formación Militar y de Policía, pero por razones distintas a las invocadas
por el Consejo de Estado en el año 2014.
La primera
razón que llevó a esa conclusión es que tanto la prestación del servicio
militar, como el servicio que prestan los cadetes en su preparación en las
Escuelas de Formación, son una respuesta a la obligación contenida en el
artículo 216 de la Constitución, conforme al cual todo colombiano debe “tomar
las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas”. Esto por cuanto los objetivos que
se persiguen en cumplimiento de la obligación de prestar servicio militar son
armónicos con el objetivo que persiguen los integrantes de la fuerza pública,
concretamente el de los jóvenes que se capacitan como oficiales y suboficiales
en las respectivas escuelas de formación, con el fin de garantizar la vigencia
del orden constitucional, la defensa de la soberanía, la independencia y la
integridad del territorio.
La segunda
razón consistió en que, a juicio de la Corte, para el legislador no existe una
diferencia sustancial en el servicio que prestan quienes se desempeñan como
cadetes en las Escuelas de Formación Militar y de Policía y quienes prestan el
servicio militar obligatorio. Ello se justificó en que la situación militar de
una persona se define cuando se le expide la tarjeta de reservista[83] o, cuando se trata de alumnos de las Escuelas
de Formación Militar o de la Policía Nacional, con el documento de identidad
militar o policial[84], es decir, que la prestación del
servicio y los estudios en dichas escuelas permiten, de igual forma, la
definición de la situación militar de una persona.
Asimismo, la
ley dispone que son reservistas de las fuerzas militares los colombianos desde
que definan su situación militar hasta los 50 años; que los reservistas podrán
ser de primera y segunda clase y de honor y que, dependiendo de su edad, serán
de primera, segunda y tercera línea. La Corte, al realizar un análisis de los
preceptos normativos que contienen estas normas, observó que el trato similar también
se evidencia en que dentro de los reservistas de primera clase se encuentran
tanto los colombianos que prestan el servicio militar obligatorio, como
aquellos alumnos de las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuando hayan permanecido un año
lectivo[85]. Con fundamento en lo anterior explicó
que:
“Conforme a esta breve
revisión normativa, es posible inferir que entre ambos grupos de servidores
existe una equivalencia en las cargas públicas, en el cumplimiento del deber
constitucional de tomar las armas, cuando resulte necesario.”
Finalmente,
señaló que si bien es cierto que la actividad académica de las Escuelas de
Formación Militar y de Policía está sometida a lo dispuesto en la Ley 30 de
1992[86] y a los reglamentos internos de cada
institución, ellas responden a las particularidades propias de las funciones
que le asigna la Constitución a la Fuerza Pública, y su actividad está dirigida
a que los oficiales y suboficiales obtengan una preparación integral para el
cumplimiento de la misión asignada que es la defensa de la soberanía, el
mantenimiento de la seguridad interna y externa y el apoyo al desarrollo del
país.
4.6.7.
En suma, la jurisprudencia de esta Corporación en la actualidad admite que los
tiempos de vinculación a las Escuelas de Cadetes de la Fuerza Pública se
computen para efectos de validar la densidad de semanas requeridas para acceder
al reconocimiento y pago de una pensión de vejez en el régimen general de
pensiones. Ello por cuanto, como se dijo, es la interpretación que permite una
aplicación más amplia del derecho a la seguridad social, sumado a que no se encontró
por parte de esta Corporación una razón que justifique un trato diferente, al
que constitucional, jurisprudencial y legalmente se le ha dado a quienes
prestan el servicio militar obligatorio, en lo que hace referencia a esta
prerrogativa.
4.7. Caso concreto
4.7.1. Según lo expuesto en el
acápite de antecedentes, el señor Lázaro Betancourt Jiménez es una persona de
84 años, afiliado a Colpensiones, que reclama el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez, por cuanto, a su juicio, acredita los requisitos establecidos
en el Decreto 758 de 1990 o en la Ley 71 de 1988. Una vez superado el examen de
procedencia del sub-judice, esta Sala debe definir si la Policía
Nacional vulneró los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del señor
Lázaro Betancourt Jiménez, al no certificar los tiempos de permanencia en la
Escuela de Cadetes General Santander, para efectos pensionales en el Régimen
General de Seguridad Social. Igualmente, deberá definir si Colpensiones al
expedir las Resoluciones No. 176564 del 29 de junio, 209134 del 6 de agosto y
16984 del 18 de septiembre de 2018, vulneró los citados derechos, al negarse a
computarle estos tiempos para validar el número de semanas de cotización para
acceder a una pensión de vejez, con fundamento en la ausencia de los
certificados correspondientes.
4.7.2.
Antes de abordar la resolución del problema jurídico propuesto, debe advertirse
que, conforme a la información aportada por Colpensiones en sede de revisión,
el número de semanas con las que cuenta el actor (sumadas aquellas cotizadas,
más las reportadas por tiempos públicos, menos los tiempos simultáneos) es
1002,14, es decir que hubo un incremento de 8 semanas según el último reporte
de agosto de 2019.
Así
las cosas, se tiene que el señor Betancourt Jiménez tiene 1002,14 semanas reportadas
por Colpensiones y que estuvo vinculado como estudiante en la Escuela de
Cadetes General Santander de la Policía Nacional entre el 1º de febrero de 1956
y el 15 de enero de 1957, es decir, 11 meses y 15 días, lo cual equivale,
aproximadamente, a 48 semanas.
4.7.3.
Como se señaló en las consideraciones de esta sentencia, las personas que hayan
estado vinculadas en cualquier tiempo a los Centros de Formación de la Fuerza Pública,
como lo es la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional,
tienen derecho a que los tiempos de permanencia en las mismas sean tenidos en
cuenta para efectos de verificar el cumplimiento de las semanas de cotización
con miras a obtener las prestaciones económicas que cubre el Sistema General de
Pensiones. En este punto, la Sala hace énfasis en que, en tanto se está
aplicando la misma regla que da esta prerrogativa a quienes prestaron el
servicio militar obligatorio, el tiempo máximo de permanencia en una Escuela de
Formación de la Fuerza Pública que podrá ser contabilizado para efectos
pensionales, no podrá ser mayor del tiempo de duración del servicio militar
obligatorio, esto es, de 12 a 18 meses, según la normativa vigente[87].
Por
lo anterior, es innegable que la Policía Nacional vulneró los derechos del
accionante a la seguridad social y al mínimo vital, al no expedir el
certificado en el que consten las semanas de permanencia en la Escuela de
Cadetes General Santander de esa institución, para efectos de un reconocimiento
pensional en el Régimen General de Seguridad Social, ya que con ello se impidió
que el señor Betancourt Jiménez acreditara los requisitos exigidos por
Colpensiones. Así, en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará a la
Policía Nacional que expida el respectivo certificado[88].
Ahora
bien, dado que el accionante alega tener derecho a que la prestación económica
demandada le sea reconocida de conformidad con los regímenes pensionales del Decreto
758 de 1990 o de la Ley 71 de 1988, es necesario que esta Sala de Revisión
determine si el peticionario cumple con los requisitos de edad y semanas que
exigen las normas en cita, ya que no es objeto de controversia que el
accionante pertenece al régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993[89].
Como
se expuso con anterioridad, el Decreto 758 de 1990, en el caso de los hombres, para efectos del
reconocimiento de la pensión de vejez exige que tengan 60 o más años y 1.000
semanas cotizadas en cualquier tiempo, o 500 semanas en los 20 años anteriores al
cumplimiento del requisito de edad. En este caso se
cumplen estos requisitos, por cuanto el accionante actualmente tiene 84 años y
al sumar el tiempo de semanas cotizadas, las de tiempos públicos no cotizados a
Colpensiones[90] y las
aproximadamente 48 semanas correspondientes al tiempo de permanencia en la
Escuela de Cadetes General Santander entre 1956 y 1957, se concluye que el
actor cuenta con 1.050 semanas. Se recuerda, como se explicó en el considerando
4.6.3. de esta providencia, que, para reconocer
una prestación periódica o de una sola vez bajo el régimen pensional contenido
en este Decreto, Colpensiones debe proceder
a la acumulación de tiempos públicos y privados, esto es, con inclusión no sólo
de las semanas cotizadas a Colpensiones, sino también los tiempos públicos no
cotizados.
Dicho
esto, resulta evidente que el señor Betancourt Jiménez también cumple con los
requisitos establecidos en la Ley 71 de 1988 que exige que el aspirante a la
jubilación tenga 60 años y reúna 20 años de servicio cotizados.
Por
lo demás, esta Sala llama la atención sobre el hecho de que al margen de la
discusión en torno a la validez de la permanencia del actor a la Escuela de
Cadetes General Santander a efectos del reconocimiento pensional, lo cierto es que
aún si no se contabilizara dicha vinculación, el demandante tendría pleno
derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, porque cumple con los requisitos
que la ley contempla para ello, en tanto que acreditó más de 1000 semanas de
cotización y tiene 84 años.
Con todo, esta
Sala advierte que no resulta admisible desde una perspectiva constitucional que
Colpensiones hubiese negado el reconocimiento de una pensión de vejez, con
fundamento en que el actor no aportó los certificados en los formatos
correspondientes, cuando la existencia de dichos tiempos, como en este caso, no
están en discusión y se ha dejado establecido por vía jurisprudencial que deben
ser tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento pensional[91]. Es así que
Colpensiones, acogiendo la jurisprudencia de esta Corporación y del Consejo de
Estado sobre la inclusión de estos tiempos, pudo solicitar la certificación
respectiva a la Policía Nacional.
4.7.4. En vista
de que el accionante reúne tanto la edad como las semanas necesarias para el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos del Decreto 758 de
1990 y de la Ley 71 de 1988, esta Sala procederá a ordenarle a Colpensiones que
reconozca de la referida prestación, conforme a la normativa que le resulte más
favorable al señor Lázaro Betancourt Jiménez.
En concordancia
con lo anterior, se ordenara a Colpensiones que deje sin efectos las
Resoluciones No. 176564 del 29 de junio, 209134 del 6 de agosto y 16984 del 18
de septiembre, todas de 2018, y proceda a expedir un nuevo acto administrativo
reconociendo, liquidando y pagando, en lo no prescrito, la prestación periódica
al aquí accionante, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia de este último
en la Escuela de Cadetes General Santander.
4.7.5. Dicho lo anterior, la Sala procederá a revocar la sentencia
proferida el 6 de febrero de 2019 por la Sala de Decisión Constitucional del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que decidió revocar la
sentencia proferida el 3 de diciembre de 2018 por el Juzgado Veintinueve Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, para rechazarla
por temeridad y, en su lugar conceder el amparo de los derechos al mínimo vital
y a la seguridad social, a través de las órdenes de protección previamente
expuestas.
5. Levantamiento de suspensión
de términos
5.1. En virtud de la emergencia
pública de salud derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Consejo
Superior de la Judicatura ordenó la suspensión de términos judiciales hasta el
30 de junio de 2020, con algunas excepciones[92].
Por su parte, en el Auto 121 de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional
autorizó a las Salas de Revisión a levantar dicha suspensión, atendiendo a los
siguientes criterios: (i) la urgencia en adoptar una decisión de fondo o una
medida provisional dirigida a la protección de los derechos fundamentales; (ii)
la importancia nacional que revista el caso; y (iii) la posibilidad material de
que el asunto pueda ser tramitado y decidido de forma compatible con las
condiciones actuales de aislamiento preventivo obligatorio, sin que ello
implique la imposición de cargas desproporcionadas a las partes o a las
autoridades concernidas.
5.2. Con base en las
consideraciones expuestas, esta Sala de Revisión estima procedente levantar la
suspensión de términos decretada, por cuanto, como se expuso, debido a la
condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario, resulta
imperioso amparar sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital. Además, la Corte considera que las órdenes dispuestas en esta
providencia pueden ser tramitadas y cumplidas por la Policía Nacional y
Colpensiones, ya que, a pesar del aislamiento preventivo obligatorio, las
entidades que integran la rama ejecutiva continúan operando con apoyo en
herramientas tecnológicas.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- De conformidad con el Auto 121 de 2020, LEVANTAR
la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la
Judicatura, en el presente proceso.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia proferida el 6 de febrero de
2019 por
la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, a través de la cual se revocó el fallo adoptado del 3 de diciembre
del año en cita por el Juzgado Veintinueve Penal del
Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, que declaró la
improcedencia de la pretensión invocada dentro del proceso de tutela promovido
por el señor Lázaro Betancourt Jiménez contra la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones). En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos del accionante a la seguridad social y al mínimo vital.
TERCERO.- ORDENAR a la Policía Nacional que, en el término de quince (15) días
siguientes a la notificación de este fallo, remita a Colpensiones el
certificado correspondiente al tiempo de permanencia del señor Lázaro
Betancourt Jiménez en la Escuela de Cadetes General Santander de esa
institución, para efectos del reconocimiento de una pensión de vejez en el
Régimen General de Pensiones.
CUARTO.- ORDENAR a Colpensiones que, en el término de quince días (15) siguientes
a los referidos en la orden precedente, deje sin efectos
las Resoluciones No. 176564 del 29 de junio, 209134 del 6 de agosto y 16984 del
18 de septiembre de 2018 y proceda a expedir un nuevo acto administrativo en el
que reconozca, liquide y pague, en lo no prescrito, la pensión de
vejez a que tiene derecho el señor Lázaro Betancourt Jiménez, conforme al
régimen previsto en el Decreto 758 de 1990 o la Ley 71 de 1988, dependiendo de
cuál de ellos le resulte más favorable.
QUINTO.- DESVINCULAR del presente trámite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEXTO.- Por Secretaría General, LÍBRESE las comunicaciones a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de
voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
En el expediente no obra copia de estos actos administrativos.
[2]
Decreto 758 de 1990. “Artículo 12.
Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán
derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes
requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y
cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas
(500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años
anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número
de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.”
[3]
La corrección correspondía a la inclusión del cálculo actuarial que efectuó una
antigua empleadora.
[4]
Sentencia T-663 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa y Sentencia del 9 de
abril de 2014 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, rad.: 1364-13,
C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
[5]
Folio 32 del cuaderno principal.
[6]
Folio 7 del cuaderno principal.
[7]
Folios 8 a 11 del cuaderno principal.
[8]
Folios 12 a 16 del cuaderno principal.
[9]
Folios 17 a 21 del cuaderno principal.
[10] Folio
26 del cuaderno principal.
[11] Folios
3 a 12 del cuaderno 1 de revisión.
[12] Folios
13 a 25 del cuaderno 1 de revisión.
[13] Folios
26 a 37 del cuaderno de revisión.
[14] Folios
136 a 141 del cuaderno principal.
[15] Folios
59 a 62 del cuaderno 1 de revisión.
[16] Folios
115 a 117 del cuaderno principal.
[17] El
concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con base
en el cual se niega la certificación es el número 1557 del 1º de Julio de 2004,
C.P. Gloria Duque Hernández.
[18] Estas semanas
corresponden al tiempo que se debe descontar para determinar el tiempo real
laborado, debido a que en algunos períodos hay simultaneidad.
[19] Esta
circular regula el trámite interno de las acciones de tutela dirigidas contra
el Ministerio de Defensa y consagra que el cumplimiento de lo ordenado en estos
fallos reside exclusivamente en la dependencia competente para ello (en el
expediente no obra copia del precitado documento).
[20] Ley 270 de 1996,
artículo 1º.
[21] Articulo 229
Constitución Política de Colombia.
[22] Artículo 95 Numeral 7º
Constitución Política de Colombia.
[23] Un ejemplo de tal
exigencia se observa en el numeral 2 del artículo 78 del Código General del
Proceso, en el que se impone como deber de las partes “(…) obrar sin
temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos
procesales”. Con todo, existen muchos otros deberes de las partes en el
proceso, como lo son, por ejemplo, la concurrencia oportuna al despacho cuando
sean citados, la presentación y colaboración para la práctica de pruebas o el
uso de un lenguaje respetuoso y carente de expresiones injuriosas, ya sea en
las exposiciones escritas y orales”.
[24] En concreto el artículo 2º Superior consagra: “Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
[25] M.P.,
Rodrigo Escobar Gil.
[26] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[27] Ibídem.
[28] Sentencia T-1103 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras.
[29] Sentencias
T-1103 de 2005, T-1022 de 2006 y T-1233 de 2008.
[30] Sentencia
T-735 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[31]
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[32] Tanto la tutela presentada ante el Juez Veintinueve Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Medellín, como la formulada ante el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad tienen
por objeto que se ordene a Colpensiones reconocer y pagar una pensión de vejez
al señor Lázaro Betancourt Jiménez.
[33] En
ambos procesos el señor Lázaro Betancourt Jiménez acciona contra Colpensiones.
[34] Resolución GNR 207266
del 14 de julio de 2016.
[35] El artículo 1º del
Decreto 2591 de 1991 consagra la posibilidad de interponer acción de tutela
contra cualquier autoridad pública que vulnere o amenace los derechos
fundamentales de una persona.
[36] Al respecto, en la
Sentencia T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería, se expuso que: “la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante y la
acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual
la tutela se torna improcedente (…)”.
[37] El artículo 5º de la
Resolución No. 03856 del 7 de diciembre de 2009, "Por la cual se define
la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección
Nacional de Escuelas”, dispone que: “Para el cumplimiento de su misión,
la Dirección Nacional de Escuelas, tendrá la siguiente estructura: (…) 1.14
Unidades Desconcentradas 1.14.1 Escuela de Cadetes de Policía "General
Francisco de Paula Santander" (ECSAN) (...)”. De igual manera el artículo
43 de la misma resolución señala que: “Para el cumplimiento de su misión, la
Dirección Nacional de Escuelas, cuenta con Escuelas de Policía como unidades
desconcentradas, encargadas de desarrollar los programas, bajo el
direccionamiento de las Vicerrectorías, Facultades y demás dependencias
encargadas de orientar la política educativa. 1 Escuela de Cadetes de Policía
"General Francisco de Paula Santander" (ECSAN)”
[38] Precisamente, el artículo
86 dispone que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (…)”. Énfasis
por fuera del texto original.
[39] Véanse, entre otras, las Sentencias T-1140 de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-279 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-832 de 2012, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-719 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
T-201 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-153 de 2016, M.P. María
Victoria Calle Correa, T-106 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-138
de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[40] La Resolución 16984 del
18 de septiembre de 2018 en la cual se resolvió el recurso de apelación y se
mantuvo la negativa a reconocer la pensión de vejez reclamada, le fue
notificada al apoderado judicial del señor Lázaro Betancourt Jiménez el 5 de
octubre del mismo año (folio 97 del cuaderno principal).
[41] Noviembre 20 de 2018
(folios 41 a 42 del cuaderno principal).
[42] Sentencia
T-427 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[43] Al respecto se ha dicho que “la regla que restringe la
participación de la acción de tutela en la protección de los derechos
prestacionales tampoco es absoluta. Excepcionalmente, es posible el
reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo constitucional,
no solo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual es
necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, sino también
cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo suficientemente
expedito para brindar una protección inmediata, circunstancias que deben ser
valoradas por el juez constitucional en cada caso particular”. Sentencia
T-083 de 2004, M.P Rodrigo Escobar Gil.
[44] Sentencia T-249 de 2006. En el mismo sentido se pueden consultar, entre
otras, las Sentencias T-055 de 2006 y T-851 de 2006.
[45] Esta posición
ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-489 de 1999, T-1083 de
2001, T-473 de 2006, T-580 de 2006, T-517 de 2006 y T-395 de 2008.Sobre la materia, el artículo 46 de la Constitución
Política dispone que:
“El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la
vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la
seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.
[46] M. P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[47] Entre
otras, se puede consultar al respecto la Sentencia T-252 de 2017, M.P. Iván
Escruceria Mayolo.
[48] La norma en cita dispone
que: “Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán
para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y
promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. || El Estado les
garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio
alimentario en caso de indigencia”.
[49] En este punto resulta
importante recordar que el accionante en el escrito de tutela afirma padecer
hipertensión arterial, así como una isquemia cerebral.
[50] Tales
contingencias son, entre otras, la enfermedad, la invalidez y la muerte.
[51] Sentencia
SU-130 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[52] Sentencia
SU-062 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[53] Esta cifra es producto
de la actualización que debe hacerse año a año con
los sucesivos incrementos que contempla el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
modificado por el artículo 9º de la Ley 790 de 2003.
[54] La
norma en cuestión dispone que: “Para tener el derecho a la Pensión de
Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: //1. Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si
es hombre.// A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a
cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años
para el hombre.//2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier
tiempo.//A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25
cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 (…)”.
[55] Sentencia C-789 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[56] El artículo 7º de la Ley
71 de 1988 dispone: “(…) A partir de la vigencia de la presente Ley, los
empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de
previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental,
municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los
Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que
cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55)
años o más si es mujer”.
[57] El artículo 12 del
Decreto 758 de 1990 enuncia que: “(…) Tendrán
derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes
requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y
cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas
(500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años
anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número
de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.
[58] Este Tribunal, en la
Sentencia SU-057 de 2018, M.P. Alberto Rojas
Ríos, explicó que “la acumulación de
tiempos públicos y privados en el régimen del Acuerdo 049 de 1990 para la Corte
ha fungido como una herramienta al servicio del afiliado con la finalidad que
pueda concretar su situación pensional, debido a que no registra todos sus
aportes en un solo sector (público o privado). En esa medida, este Tribunal ha
autorizado la extensión de la referida norma en el cómputo de cotizaciones de
diferente naturaleza en razón a que con ello se materializan los principios de
favorabilidad, pro homine y progresividad.” La referida providencia reiteró la postura unificada
de esta Corporación desde la Sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio.
[59] Ver artículo 46 de la
Ley 2 de 1945, artículo 24 del Decreto 2400 de 1948, y artículo 101 del Decreto
1950 de 1973.
[60] "Artículo
216. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las
necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las
instituciones políticas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo
eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”.
[61] Ley 1871 de 2017. “Artículo 45. Derechos al
término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano
que haya prestado el servicio militar obligatorio tendrá los siguientes
derechos: a) En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de
servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de
jubilación de vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de
antigüedad en los términos de la ley. //Los fondos privados computarán el
tiempo de servicio militar para efectos de pensión de jubilación de vejez y
pensión de invalidez;”.
[62] El Ministro de Hacienda y Crédito Público formuló la
siguiente consulta: “(…) 5. Dado que durante la época en que se presta el
servicio militar, los interesados no cotizan al Sistema de Seguridad Social,
¿cómo se computa el tiempo de servicio militar para pensión de jubilación de
vejez? 6. ¿La entidad pública debe efectuar los aportes correspondientes al
fondo de pensiones que escoja el funcionario? 7. En caso de ser afirmativa la
respuesta anterior, ¿sobre qué factores debe cotizar?8. En el caso de los
funcionarios que al momento de solicitar la efectividad de los derechos
consagrados en el literal a) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, hayan
laborado con anterioridad en otra entidad estatal, ¿qué entidad debe reconocer
y pagar el derecho? 9. ¿La entidad pública debe repetir ante el Ministerio de
Defensa por las sumas pagadas por concepto de aportes a pensión y cesantías,
correspondiente a los funcionarios que prestaron servicio militar?”.
[63] Consejo de Estado, Sala
de Consulta y Servicio Civil, rad.: 11001-03-06-000-2001-01397-00 (1397), C.P.
Flavio Augusto Rodríguez Arce.
[64] El Ministro de Defensa
consultó “acerca de la vigencia de la disposición contenida en la Ley 48 de
1993, que ordena a las entidades del Estado de cualquier orden computar el tiempo
de servicio militar obligatorio para efecto de pensión de jubilación, (…) para
reconocimiento de derechos pensionales dentro del Régimen General de Pensiones,
teniendo en cuenta que la Ley 797 del 2003 prohíbe sustituir semanas de
cotización o abonar semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento
de otros requisitos distintos a cotizaciones o tiempo efectivamente prestado,
así como otorgar pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos
efectivamente prestados o cotizados”. Sobre la materia se puede consultar
el literal l) del artículo 2° de la Ley 797 de 2003.
[65] Consejo de Estado, Sala
de Consulta y Servicio Civil, rad.: 1557, C.P. Gloria Duque Hernández,
[66] Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 3 de agosto de
2016, exp.: SL11188-2016, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
[67] El artículo 2 de la Ley
100 de 1993 dispone que: “(…) Universalidad. Es la garantía de la
protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las
etapas de la vida.”
[68] Sobre el principio de
integralidad, el artículo en cita señala que: “Es la cobertura de todas las
contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las
condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá
según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias
amparadas por esta ley”.
[69] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[70] M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[71] M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[72] M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[73] Concepto 1557 del 1º de julio
de 2004 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Gloria Duque Hernández.
[74] En esta ocasión la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó en relación con un
requerimiento del Ministerio de Defensa Nacional sobre “la vigencia de la
disposición contenida en la ley 48 de 1.993,
que ordena a las entidades del Estado de cualquier orden computar el tiempo de
servicio militar obligatorio para efecto de pensión de jubilación, y sobre la
viabilidad de acreditar el tiempo de permanencia en las escuelas de formación
de Oficiales y Suboficiales, y tiempos dobles, para reconocimiento de derechos
pensionales dentro del Régimen General de Pensiones, teniendo en cuenta que la ley 797 del 2.003 prohíbe
sustituir semanas de cotización o abonar semanas cotizadas o tiempo de
servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones o
tiempo efectivamente prestado, así como otorgar pensiones del Sistema General
que no correspondan a tiempos efectivamente prestados o cotizados”.
[75] Decreto Ley 1211 de
1990. “Artículo 170. Cómputo de tiempo. Para efectos de asignación de retiro y demás prestaciones
sociales, el Ministerio de Defensa liquidar el tiempo de servicio, así: // a.
Oficiales, el tiempo de permanencia en la respectiva Escuela de Formación de
Oficiales, con un máximo de dos (2) años; // b. Suboficiales, el tiempo de
permanencia como Soldado o Alumno de una Escuela de Formación de
Suboficiales, con un máximo de dos (2) años; // c. El tiempo de servicio
como Oficial o Suboficial.”
[76] M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[77] Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “A”. Radicación número:
88001-23-31-000-2011-00053-01(1364-13). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
[78] En aquella ocasión la
Sección Segunda resolvió el recurso de apelación propuesto por un ciudadano
contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, mediante la cual negó el reconocimiento de una
pensión de vejez, con fundamento en que el demandante no acreditaba el tiempo
de servicio exigido en la Ley 33 de 1985 para el efecto. Por tal razón,
pretendía que se le tuviera en cuenta el tiempo de servicio que prestó a la
Armada Nacional – Escuela Naval de Cadetes de Cartagena, entre el 10 de enero
de 1970 y el 15 de diciembre de 1973. El Tribunal negó las pretensiones de la
demanda por estimar que el tiempo servido en la Escuela Naval de Cadetes de la
Armada Nacional, no podía ser tenido en cuenta para efectos pensionales en
vista de que el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, solo establece tal
prerrogativa para quienes prestan el servicio militar obligatorio.
[79] “Por medio del cual
se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública”.
[80] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[81] Decreto 4433 de 2004. “Artículo 7°. Cómputo
de tiempo de servicio. Para efectos de la asignación de retiro o
pensión de sobrevivientes, el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección
General de la Policía Nacional, liquidarán el tiempo de servicio, así: // 7.1
Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes, el tiempo de permanencia en
la respectiva escuela de formación, sin que pueda sobrepasar de dos (2) años.
(…)”
[82] Sobre este principio y
la seguridad social, se puede consultar la Sentencia T-716 de 2011 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), en la que se resolvió una controversia sobre el
reconocimiento y pago de pensiones de sobrevivientes a favor de parejas del
mismo sexo, cuando el causante había fallecido antes de la expedición de la
Sentencia C-336 de 2005. Para resolver el caso, la Corte señaló que la seguridad
social como derecho constitucional debe interpretarse de manera compatible con
el principio pro-homine, “lo que proscribe entendimientos
incompatibles con la vigencia de los derecho fundamentales o que infrinjan
tratos discriminatorios por motivos sospechoso”, lo que la llevó a concluir
que los efectos de la referida sentencia de constitucionalidad “no son
constitutivos de una prestación económica particular, sino declarativos de una
discriminación injustificada contra las parejas del mismo sexo”.
[83] Ley 48 de
1993. “Artículo 30. Tarjeta de Reservista. tarjeta de reservista es el documento con el que se comprueba haber
definido la situación militar. este documento será expedido con carácter
permanente por las direcciones de reclutamiento y control reservas de las
respectivas fuerzas para las tarjetas de reservista de primera clase. (…)”. Esta ley fue derogada por la Ley 1861 de 2017, el artículo vigente
dispone lo siguiente: “Artículo
35. Tarjeta de reservista militar o policial. es el documento con el cual se comprueba que el
ciudadano definió su situación militar.”
[84] Ley 48 de 1993. “Artículo 35. Cedulas Militares. para los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares en servicio activo, situación de retiro o de reserva, la
cédula militar reemplaza la tarjeta de reservista para todos los actos en que
esta sea requerida. // Parágrafo 1o. para los oficiales y
suboficiales de la policía nacional en servicio activo, la cédula de identidad
policial reemplaza la tarjeta de reservista. // Parágrafo 2o. para
los alumnos de las escuelas de formación de oficiales y suboficiales, soldados,
grumetes, infantes y agentes de policía, durante su permanencia en la
institución, la respectiva tarjeta de identidad militar o policial, reemplaza
la tarjeta de reservista.”
Esta ley fue derogada por la Ley 1861 de 2017, el artículo vigente dispone lo
siguiente: “Artículo
41. Cédula
Militar. para los oficiales, suboficiales, soldados e infantes de
marina profesionales en servicio activo, situación de retiro o de reserva la
cedula militar remplaza la tarjeta de reservista para todos los actos en que
esta sea requerida. // Parágrafo 1°. para los oficiales,
suboficiales, nivel ejecutivo, agente y patrullero de la policía nacional en
servicio activo, situación de retiro o de reserva la cédula de identidad
policial reemplaza la tarjeta de reservista. // para los alumnos de las
escuelas de formación de las fuerzas militares y la policía nacional, durante
su permanencia en la institución, el respectivo documento de identidad militar
o policial reemplaza la tarjeta de reservista.”
[85] Ley 48 de
1993. “Artículo 50. reservistas de primera clase. son reservistas de primera clase: // a. los colombianos que presten
el servicio militar obligatorio. // b. los alumnos de las escuelas de formación
de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, después de un (1) año
lectivo. // c. los colombianos que acrediten haber prestado servicio militar en
estados con los cuales Colombia tenga convenios al respecto. // d. los alumnos
de los colegios o institutos de enseñanza secundaria autorizados por el
ministerio de defensa nacional, que reciban la instrucción militar
correspondiente. // e. quienes hayan permanecido mínimo un (1) año lectivo en
las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de la policía nacional,
hayan prestado el servicio militar obligatorio en esa institución, y a los
agentes que hayan servido como tal por un tiempo superior a dos (2) años. // Parágrafo. cuando
por fuerza mayor o caso fortuito, el servicio militar se preste por un período
mínimo equivalente a la mitad del tiempo establecido legalmente, también se
considera como reservista de primera clase.” Esta
ley fue derogada por la Ley 1861 de 2017, el artículo vigente dispone lo
siguiente: “Artículo 53. Reservistas de Primera Clase. son
reservistas de primera clase: // a) los colombianos que presten el servicio
militar obligatorio; // b) los alumnos de las escuelas de formación de
oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, así como las escuelas de
formación de oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo de la policía nacional
después de un (1) año lectivo; // c) los colombianos que acrediten haber
prestado servicio militar en estados con los cuales Colombia tenga convenios al
respecto; // d) los alumnos de los establecimientos educativos autorizados como
colegios militares o policiales dentro del territorio nacional que reciban y
aprueben las tres fases de instrucción militar o policial, y aprueben el año
escolar.”
[86] Por la cual se organiza
el servicio público de la Educación Superior.
[87] Ley 1861
de 2017. “Artículo 13. Duración Servicio Militar
Obligatorio. el servicio militar
obligatorio tendrá una duración de dieciocho (18) meses y comprenderá las
siguientes etapas: // a) formación militar básica; // b) formación laboral
productiva; // c) aplicación práctica y experiencia de la formación militar
básica; // d) descansos. // Parágrafo 1o. el servicio militar
obligatorio para bachilleres mantendrá el período de doce (12) meses. los
conscriptos bajo esta modalidad de servicio no podrán acceder a la formación
laboral productiva. // Parágrafo 2o. el conscripto accederá a la
formación laboral productiva que será proporcionada por el servicio nacional de
aprendizaje (SENA), previo cumplimiento de requisitos exigidos por esta
institución educativa. // Parágrafo 3o. la organización de
reclutamiento y movilización promoverá a través de convenios que el conscripto
que no haya terminado su educación básica secundaria o educación media, pueda
obtener su título de bachiller al terminar la prestación del servicio militar
obligatorio. // Parágrafo 4o. el conscripto obligado a prestar
servicio militar por doce (12) meses podrá solicitar el cambio a los
contingentes incorporados por un término de servicio militar de dieciocho (18)
meses, obteniendo los beneficios de estos. los ciudadanos incorporados para la
prestación del servicio militar a dieciocho (18) meses no podrán solicitar el
cambio a los contingentes incorporados para un término de servicio militar de
doce (12) meses.”
[88] Comoquiera que no existe
norma que establezca el monto sobre el cuál debe calcularse la cuota parte
correspondiente, ello deberá hacerse con base en el salario mínimo legal
mensual vigente, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, que
dispone que la base de cotización no podrá ser inferior a este.
[89] En efecto, al momento de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el accionante tenía más de 40
años de edad y para el momento de expedición del Acto Legislativo No. 01 de
2005, tenía más de 750 semanas cotizadas.
[90]
Menos los tiempos simultáneos.
[91] Al respecto, la Corte ha
sostenido que “es
inaceptable la prolongación en el tiempo y la dilación injustificada en los
trámites administrativos de un asunto que involucra derechos como la seguridad
social y el mínimo vital, toda vez que desde la perspectiva constitucional es
evidente que quien cumple con los requisitos de Ley para obtener la pensión
tiene derecho a disfrutar de esa prestación independientemente de las
controversias que en torno a la tramitación del bono pensional se susciten
entre las entidades encargadas de expedirlo; las cuales deben dar plena
aplicación a los principios de celeridad y eficacia que consagra el artículo
209 de la Constitución Política en las actuaciones administrativas que
adelanten para tal efecto. Sentencia
T-1036 de 2005. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias T-136 de
2001, T-1154 de 2001, T-272 de 2002, T-602 de 2002, T-841 de 2002, T-1102 de
2002, T-668 de 2009 y T-063 de 2013.
[92] Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518,
PCSJA20-11519, PCSJA20-11521 y PCSJA20- 11526 de marzo de 2020; PCSJA20-11532 y
PCSJA20-11546 de abril de 2020; PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 de mayo de 2020;
y PCSJA20-11567 de junio de 2020.