C-574-92
Sentencia No
Sentencia
No. C-574/92
TRATADO
INTERNACIONAL-Control de constitucionalidad/TRANSITO
CONSTITUCIONAL/PACTA SUNT SERVANDA/SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION
Pese
al trámite sui generis y de carácter excepcional que sufrieron por razón
del tránsito constitucional, estos constituyen verdaderos tratados en vías de
formación, pues con respecto a ellos aún no se ha producido su
perfeccionamiento, toda vez que con anterioridad a su revisión por  la Corte el
ejecutivo no había manifestado el consentimiento en obligarse por ellos en el
ámbito internacional.  Como tales están sometidos al control de
constitucionalidad previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta. El
control previo, automático e integral garantiza por un lado el cumpli­miento de
los compromisos internacionales que es corolario de  ineludible observancia por
haber adherido Colombia a las normas de convi­vencia entre las naciones
civilizadas una de las cuales  precisamente es la conocida como Pacta Sunt
Servanda. Por otro, asegura el respeto y la observancia del Estatuto
Fundamental por sus autoridades inclusive cuando desarrollan funciones en el
plano internacional, pues no se remite a duda que la suprema­cía de la
Constitución que se consagra en el Artículo 4 de la misma no admite sino las
excepciones que la propia Carta establece.
DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO/IUS COGENS/CONVENIO DE GINEBRA
Los
principios del derecho internacional humanitario plasmados en los Convenios de
Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un catálogo ético
mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional,
ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del ius cogens
o derecho consuetudinario de los pueblos. La Carta de 1991 confirma y refuerza
tanto la obligatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos como
la del derecho internacional humanitario. En consecuencia, se acogió la fórmula
de la incorporación automática del derecho internacional humanitario al
ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el
carácter imperativo que caracteriza a los principios axiológicos que hacen que
este cuerpo normativo integre el  ius cogens. Los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales I y II de 1977 constituyen pura y
simplemente, la  expresión formal y por escrito, esto es, la codificación de
los principios ya existentes en el derecho internacional consuetudinario. Por tanto,
la ratificación produce la importante consecuencia de zanjar definitivamente
toda controversia que pudiera existir, en torno a la obligatoriedad del derecho
internacional humanitario.
SOBERANIA
NACIONAL
La
idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y
precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica. La
interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya
solución sólo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una
axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer
practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido
necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que
corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la
autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de
principios de aceptación universal. Sólo de esta manera puede lograrse el
respeto de una moral internacional mínima que mejore la convivencia y el
entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e
interdependiente de la humanidad.  La paz mundial y la subsistencia planetaria
están en juego.
PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES
Los
principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible
por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados
de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto
fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para
determinar la solución necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de
ser normas dotadas de valor normativo, siguen teniendo un carácter general y
por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia
directa de los mismos. En estos casos se trata de un problema relativo a la
eficacia más o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con
su falta de fuerza normativa. En síntesis, un principio constitucional jamás puede
ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro
principio no expresamente señalado en la constitución, pero puede, en ciertos
casos necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la
decisión judicial. La diferencia entre principios y reglas o normas
constitucionales no proviene de su obligatoriedad jurídica sino de su forma de
aplicación: mientras los primeros requieren de una mediatización fáctica o
normativa para su aplicación, las segundas son aplicables directamente. Más
aún, el establecimiento de principios obedece, en el Estado social de derecho,
a la voluntad constituyente de otorgar una mayor protección a los valores
constitucionales. Esta mayor protección tiene lugar por el hecho de que el
principio se irradia a toda la organización político‑jurídica y, en
consecuencia, está garantizado en la aplicación de todas las reglas de
aplicación directa. Los valores y principios incluidos en el texto
constitucional cumplen la función de asegurar la permanencia y obligatoriedad
del contenido material de la Constitución. Aquí se refleja la voluntad
constituyente de hacer obligatorio el respeto de principios considerados como
universales e inherentes a la persona, cuya obligatoriedad va más allá de las
contingencias propias del ordenamiento jurídico nacional.
CONSTITUCION
POLITICA/DERECHO INTERNACIONAL-Obligatoriedad
La
Carta reconoce plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios -debidamente
ratificados- concernientes a los derechos humanos. Esto indica que los
constituyentes no ignoraron la existencia de esa amplia y promisoria rama que
es el derecho internacional de los derechos humanos, algunas de cuyas
características tuvimos ya ocasión de señalar. Ella reconoce también plenos
efectos jurídicos a las reglas del derecho internacional humanitario,
particularmente durante la vigencia de los denominados Estados de Excepción.
Es claro, pues, que las facultades del gobierno durante tales estados
encuentran límites efectivos que operan aún antes de la vigencia de la ley
estatutaria a que alude la misma disposición constitucional. Lo cual significa,
ni mas ni menos, que las reglas del derecho internacional humanitario son hoy,
-por voluntad expresa del Constituyente-, normas obligatorias per se
sin ratificación alguna previa o sin expedición de norma reglamentaria.  Y
lo son "en todo caso" como lo señala significativamente la propia
Carta. Por virtud del texto expreso del artículo 94, bien pueden
considerarse incorporados a los derechos y garantías reconocidos por la Carta
todos aquellos que sean inherentes a la persona humana.
RADICACION
AC - TI - 06
Revisión
oficiosa del Protocolo Adicional a los Convenios  de Ginebra del 12  de Agosto
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales  (Protocolo I)
MAGISTRADO
PONENTE:
Dr.
CIRO ANGARITA BARON
Sentencia
aprobada mediante Acta No.  en Santafé de Bogotá, D. C., a los veintiocho (28)
días del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992).
I.
ANTECEDENTES
El
Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a esta Corte copia certificada del
texto correspondiente al Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra del 12
de Agosto de 1949  relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales (Protocolo I)1 ,  así como copia del texto que de este
instrumento no improbó la Comisión Especial Legislativa el 4 de Septiembre de
1991, certificada por quien fuera su Secretario General[1]  y acompañada de
constancia  expedida el 26 de Noviembre de 1991 por el Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado de la República sobre su aprobación en primero y
segundo debates por la Honorable Cámara de Representantes[2].
Con
base en el estudio que el suscrito Magistrado efectuó  por encargo de la Sala
Plena sobre la naturaleza, contenido y alcance del control de
constitucionalidad de los tratados públicos y de sus leyes aprobatorias en las
Constituciones de 1886  y 1991, la Corte Constitucional en sesión de abril 2 de
1992 definió el alcance del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política,
al considerar aplicable el control previo y oficioso que en el se prevé a los
siete instrumentos enviados por el Ministerio de Relaciones Exteriores por
estimar que el "trámite sui generis y de carácter excepcional que
sufrieron por razón del tránsito constitucional"  no desvirtúa en nada su
naturaleza  de "verdaderos tratados en vías de formación".
En
tal virtud, y previa aplicación del artículo 39 del Reglamento Interno, la Sala
Plena de la Corte Constitucional en sesión efectuada el pasado 2 de abril,
resolvió darles prelación. Los citados instrumentos fueron incluidos en el
Programa de Trabajo y Reparto que esta aprobó para el mes de abril,
correspondiendo al suscrito el que es materia de revisión en el presente
proceso.
Con
el fin de observar lo dispuesto en el artículo 44 del decreto 2067 de 1991 que
sujeta la tramitación de las revisiones oficiosas de tratados internacionales
al procedimiento ordinario previsto para las leyes estatutarias, el suscrito
Magistrado Ponente, mediante providencia de abril 24 del cursante año, ordenó
la fijación en lista  del negocio en la Secretaría General por el término de
diez (10) días para asegurar la intervención ciudadana que consagran los
artículos 242-1 C. N. y 7o. inciso 2o. del decreto antes citado.
Así
también dispuso que se surtieran  las comunicaciones  de rigor al  señor
presidente de la República, al señor presidente del Congreso y a la señora
Ministra de Relaciones Exteriores, así como el traslado al señor Procurador
General de la Nación para los efectos del concepto de su competencia.
Cumplidos
como están los trámites y requisitos constitucionales y legales, procede la
Corte Constitucional a resolver.
II.
TEXTO
El
texto del instrumento internacional objeto de revisión, se adjunta a
continuación y corresponde a la copia certificada que remitió el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
PROTOCOLO
ADICIONAL  A LOS  CONVENIOS DE  GINEBRA DEL  12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA
PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO
I)
PREAMBULO
Las
Altas Partes contratantes,
Proclamando
su  deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos,
Recordando
que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todo  Estado tiene el
deber de abstenerse en  sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza
o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra  forma
incompatible con los propósitos de las  Naciones Unidas,
Considerando
que es necesario, sin embargo, reafirmar y desarrollar las disposiciones que
protegen a las víctimas de los conflictos armados, así como completar las
medidas para reforzar la aplicación de tales disposiciones,
Expresando
su convicción de que ninguna disposición del presente Protocolo ni de los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 puede interpretarse en el sentido
de que legitime o autorice cualquier acto de agresión u otro uso de la fuerza
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas,
Reafirmando,
además, que las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 y del presente Protocolo deben aplicarse plenamente en toda circunstancia
a todas las personas protegidas por esos instrumentos, sin  distinción alguna
de carácter desfavorable basada en la naturaleza o el origen del conflicto
armado o en las causas invocadas por las Partes en conflicto o atribuidas a
ellas,
Convienen
en lo siguiente:
TITULO
I
DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo
1 - Principios generales y ámbito de aplicación
1.
Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el
presente Protocolo en toda circunstancia.
2.
En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos  internacionales,
las  personas civiles y los combatientes quedan  bajo la  protección y el
imperio de los  principios del derecho de gentes derivados de los usos
establecidos, de los principios de humanidad y de  los dictados de la
conciencia pública.
3.
El presente Protocolo, que completa los Convenios de   Ginebra del  12 de
agosto de 1949 para la protección de las víctimas de  la guerra, se puede
aplicar en las situaciones previstas en el artículo 2 común a dichos Convenios.
4.
Las  situaciones a  que se  refiere el párrafo precedente comprenden los
conflictos armados en que los pueblos luchan contra la  dominación colonial  y
la  ocupación extranjera y contra los regímenes racistas,  en el ejercicio del
derecho  de los  pueblos a  la libre  determinación, consagrado en la Carta de
las Naciones  Unidas y en la Declaración sobre los principios  de derecho
internacional   referentes  a  las relaciones de  amistad y  a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo
2 - Definiciones
Para
los efectos del presente Protocolo:
a)
se  entiende por  "I Convenio  ¯, "II  Convenio  ¯,  "III
Convenio y  "IV Convenio,  respectivamente, el Convenio de Ginebra para
aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas  armadas en
campaña, del l 2 de agosto de 1949;el Convenio  de Ginebra  para aliviar la
suerte  de  los heridos, enfermos  y  náufragos  de las fuerzas armadas en
el  mar, del  12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato  a
los  prisioneros de  guerra, del 12 de agosto de 1949; y  el Convenio  de
Ginebra  sobre  la  protección  de   personas civiles  en tiempo  de guerra,
del 12 de agosto de  1949; se  entiende por  "los Convenios los cuatro
Convenios  de Ginebra  del 12  de agosto  de 1949 para la protección de  las
víctimas de la guerra; b)se   entiende  por   "normas  de  derecho
internacional  aplicables en  los conflictos armados las contenidas en los
acuerdos internacionales  de los que son Parte las Partes en conflicto, así
como los  principios y  normas  generalmente reconocidos  de  derecho
internacional  aplicables  en  los  conflictos armados; c) se entiende por
potencia protectora un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en el
conflicto y que, habiendo sido designado  por una Parte en el conflicto y
aceptado por la Parte  adversa, esté‚ dispuesto a desempeñar las funciones
asignadas a  la Potencia  protectora por los Convenios y por  el presente
Protocolo; d)  se   entiende  por   sustituto  una  organización  que reemplaza
a  la Potencia  protectora de  conformidad con  lo  dispuesto en el artículo 5.
Artículo
3 - Principio y fin de la aplicación
Sin
perjuicio  de  las  disposiciones  aplicables  en  todo  momento: a) los
Convenios y el presente Protocolo se aplicarán desde el comienzo  de
cualquiera  de  las  situaciones  a  que  se  refiere el artículo 1 del
presente Protocolo; b) la  aplicación de  los Convenios y del presente
Protocolo  cesar , en  el territorio  de las  Partes en  conflicto,  al
término general  de las  operaciones militares y, en el caso  de  territorios
ocupados,  al término  de  la  ocupación, excepto, en  ambas circunstancias,
para las  personas cuya liberación definitiva,  repatriación o  reasentamiento
tenga lugar    posteriormente.    Tales    personas  continuarán
beneficiándose  de  las  disposiciones  pertinentes  de  los Convenios y  del
presente  Protocolo  hasta  su  liberación definitiva, repatriación o
reasentamiento.
Artículo
4 - Estatuto jurídico de las Partes en conflicto
La
aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, así como la  celebración
de  los acuerdos  previstos  en  estos  instrumentos, no afectarán al estatuto
jurídico de las Partes en conflicto.  La ocupación de un territorio y la
aplicación  de los  Convenios y  del presente  Protocolo no afectarán al
estatuto jurídico del mismo.
Artículo
5  - Designación  de las Potencias protectoras y de su sustituto
1.
Es deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de ‚éste,  asegurar
la  supervisión  y  la  ejecución  de  los  Convenios y  del presente
Protocolo mediante  la aplicación   del sistema  de Potencias  protectoras,
que  incluye,  entre  otras  cosas,   la  designación  y  la  aceptación de
esas Potencias,  conforme   a  lo   dispuesto  en   los  párrafos siguientes.
Las  Potencias protectoras estarán  encargadas de  salvaguardar los intereses
de las Partes en conflicto.
2.
Desde  el comienzo  de una  de las  situaciones a  que se  refiere el  artículo
1,  cada una de las Partes en conflicto designar   sin   demora  una
Potencia  protectora  con  la finalidad de  aplicar los Convenios y el presente
Protocolo,   y autorizar ,  también sin  demora y con la misma
finalidad,la actividad  de una  Potencia protectora que, designada por   la
Parte adversa, haya sido aceptada como tal por ella.
3.
Si  no ha  habido designación  o aceptación  de  Potencia protectora desde el
comienzo de una de las situaciones a que se refiere el artículo 1, el Comité
Internacional de la Cruz   Roja,  sin   perjuicio  del   derecho  de
cualquier   otra organización humanitaria  imparcial  a  hacerlo  igualmente,
ofrecer  sus  buenos oficios  a las  Partes en conflicto con miras a la
designación sin demora de una Potencia protectora  que tenga el consentimiento
de las Partes en conflicto. Para ello, el Comité podrá , inter alia, pedir
a cada Parte que le remita una lista de por lo menos cinco Estados que esa
Parte considere aceptables  para actuar en su nombre como Potencia protectora
ante una Parte adversa, y pedir a cada una de las Partes adversas  que le
remita una  lista de  por lo  menos cinco Estados  que esté  dispuesta a
aceptar para desempeñar la función  de Potencia  protectora de  la otra Parte;
tales listas serán  remitidas al    Comité dentro de las dos semanas siguientes
al  recibo de la petición; el Comité las cotejar  y solicitar  el
asentimiento de cualquier Estado cuyo nombre figure en las dos listas.
4.
Si,  a pesar  de lo  que  precede,  no  hubiere  Potencia protectora, las
Partes en conflicto aceptarán sin demora el ofrecimiento que  pueda hacer  el
Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier  otra organización que
presente todas las garantías  de  imparcialidad  y  eficacia, previas  las
debidas consultas con dichas Partes y teniendo en cuenta los resultados de
esas consultas,  para actuar  en  calidad  de sustituto. El  ejercicio de  sus funciones
por tal sustituto estar   subordinado  al  consentimiento  de  las
Partes  en conflicto; las Partes en conflicto pondrán n todo su empeño en
facilitar la  labor del  sustituto en  el cumplimiento de su misión conforme a
los Convenios y al presente Protocolo.
5.
De  conformidad con  el artículo  4, la  designación y la aceptación de
Potencias protectoras  con  la  finalidad  de aplicar los  Convenios y  el
presente Protocolo no afectarán al estatuto  jurídico de  las Partes  en
conflicto  ni al de          ningún territorio, incluido un territorio ocupado.
6.
El  mantenimiento de  relaciones diplomáticas  entre  las Partes en conflicto o
el hecho de confiar a un tercer Estado  la protección  de los  intereses de
una Parte  y los de sus   nacionales conforme  a las  normas de  derecho
internacional   relativas a  las relaciones  diplomáticas, no ser
obstáculo   para  la   designación  de   Potencias  protectoras  con  la
finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo.
7.
Toda  mención que  en adelante  se haga  en  el  presente Protocolo de una
Potencia protectora designar  igualmente al
sustituto.
Artículo
6 - Personal calificado
1.
Las Altas Partes contratantes procurarán, ya en tiempo de  paz, con  la
asistencia  de las  Sociedades nacionales de la Cruz Roja  (Media Luna  Roja,
León  y  Sol  Rojos),  formar personal calificado  para facilitar  la
aplicación  de  los Convenios y  del presente  Protocolo  y,  en  especial,
las actividades de las Potencias protectoras.
2.
El  reclutamiento y la formación de dicho personal son de la competencia
nacional.
El
Comité  Internacional  de  la  Cruz  Roja  tendrá  a  disposición de  las
Altas  Partes contratantes las listas de las personas  así formadas que las
Altas Partes contratantes  hubieren preparado y le hubieren comunicado al
efecto.
4. Las  condiciones para  la utilización de los servicios de ese personal
fuera del  territorio nacional  serán, en cada caso,  objeto   de  acuerdos
especiales  entre  las  Partes
interesadas.
Artículo
7 - Reuniones
El
depositario  del presente  Protocolo, a petición de una o varias Altas  Partes
contratantes  y con la aprobación de la  mayoría de  ellas, convocar  une
reunión de las Altas Partes contrantes para estudiar los problemas generales
relativos a la aplicación de los Convenios y del Protocolo.
TITULO
II
HERIDOS,
ENFERMOS Y NAUFRAGOS
SECCION
I - PROTECCION GENERAL
Artículo
8 - Terminología
Para
los efectos del presente Protocolo:
a)
se entiende por heridos y enfermos las personas, sean militares o  civiles,
que  debido  a  un  traumatismo,  una enfermedad u  otros  trastornos  o
incapacidades  de  orden   físico o  mental, tengan  necesidad de asistencia o
cuidados    médicos y  que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos
términos son  también aplicables  a las  parturientas, a los recién,  nacidos
y  a   otras  personas  que  puedan  estar  necesitadas de  asistencia o
cuidados médicos inmediatos, como  los  inválidos  y  las  mujeres
encintas,  y  que  se  abstengan de todo acto de hostilidad; b) se entiende por
náufragos¯ las personas. sean militares  o civiles,  que se  encuentren en
situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio
que las afecte  o   que  afecte  a  la  nave  o  aeronave que las transportaba,
y que se abstengan de todo acto de hostilidad.
Estas
personas  siempre que sigan absteniéndose de todo acto de hostilidad,
continuarán considerándose náufragos durante su salvamento, hasta que
adquieran  otro  estatuto  de conformidad con los Convenios o con el presente
Protocolo; c)  se   entiende  por " personal  sanitario"  las
personas  destinadas por  una Parte  en conflicto exclusivamente a los fines
sanitarios  enumerados en  el  apartado  e),  o  a  la administración   de
las   unidades sanitarias   o   al funcionamiento o  administración de los
medios de transporte sanitarios.  El   destino  a  tales  servicios
podrá   tener carácter permanente o temporal. La expresión
comprende:
i)
el  personal sanitario, sea militar o civil, de una Parte en conflicto,
incluido el  mencionado en  los Convenios I y II, así como el de los organismos
de protección civil; ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales de
la Cruz Roja  (Media Luna  Roja, León  y  Sol  Rojos)  y  otras sociedades
nacionales  voluntarias  de  socorro  debidamente reconocidas y autorizadas por
una Parte en conflicto; iii) el  personal sanitario  de las unidades o los
medios de transporte sanitarios  mencionados  en  el  párrafo  2  del artículo
9; d) se  entiende por  "personal religioso" las personas, sean
militares o  civiles, tales  como los  capellanes, dedicadas exclusivamente al
ejercicio de su ministerio y adscritas:
i)
a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, ii) a  las unidades
sanitarias o  los medios de transporte sanitarios de una Parte en conflicto,
iii) a  las  unidades  o  medios  de  transporte  sanitarios mencionados en el
párrafo 2 del artículo 9, o iv) a  los organismos  de protección  civil de  una
Parte en conflicto.
La
adscripción  del personal  religioso puede tener  carácter permanente o
temporal, y  son aplicables a ese personal las disposiciones pertinentes del
apartado k) :  e)   se    entiende   por    "unidades
sanitarias"   los  establecimientos y  otras formaciones  militares o
civiles,  organizados con  fines sanitarios,  a  saber:  la  búsqueda,  recogida,
transporte,  diagnóstico o  tratamiento (incluidos    los primeros auxilios) de
los heridos, enfermos y  náufragos,    así como  la prevención  de las
enfermedades. La  expresión   comprende, entre  otros, los  hospitales  y
otras  unidades   similares, los centros de transfusión de sangre, los
centros    e institutos  de medicina  preventiva  y  los  depósitos  de
material sanitario,  así  como  los  almacenes  de  material   sanitario y de
productos farmacéuticos de esas unidades. Las  unidades sanitarias  pueden ser
fijas o móviles, permanentes  o
temporales;
f) se  entiende por "transporte sanitario" el transporte por
tierra, por  agua o  por aire  de los  heridos,  enfermos  y   náufragos, del
personal sanitario o religioso o del equipo y   material sanitarios  protegidos
por  los Convenios  y por el   presente Protocolo;
g) se  entiende por " medio de  transporte  sanitario" todo    medio
de transporte, militar o civil, permanente o temporal,     destinado
exclusivamente  al transporte  sanitario, bajo  la   dirección de  una
autoridad  competente  de  una  Parte  en   conflicto;   h) se  entiende  por
"vehículo  sanitario " todo  medio  de   transporte sanitario por
tierra;    i) se  entiende por "buque y  embarcación sanitarios"
todo   medio de transporte sanitario por agua;  j) se  entiende  por  "aeronave
sanitaria"¯  todo  medio  de transporte sanitario por aire;   k) son
"permanentes" el  personal sanitario,  las  unidadades  sanitarias y
los medios  de transporte  sanitarios  que  se   destinan exclusivamente  a
fines  sanitarios por  un período   indeterminado. Son "temporales"
el  personal sanitario, las   unidades sanitarias  y los  medios de  transporte
sanitarios  que  se   dedican  exclusivamente  a  fines  sanitarios  por
períodos  limitados   y  durante   la  totalidad  de  dichos   períodos.
Mientras   no  se   especifique  otra  cosa,  las   expresiones
"personal   sanitario",  "unidad  sanitaria"  y    "
medio  de  transporte  sanitario"abarcan el personal,las unidades y los
mediso de transporte sanaitarios  tanto  permanentes como temporales;    l) se
entiende por "signo distintivo" la cruz roja, la media   luna roja  o
el  león y sol rojos sobre fondo blanco, cuando  se utilicen  para la
protección de  unidades  y  medios  de    transporte sanitarios  y del personal
sanitario y religioso, su equipo y material;   m)  se   entiende  por
"señal  distintiva"  todo  medio  de    señalización especificado en
el Capítulo III del Anexo I del   presente  Protocolo   y  destinado
exclusivamente   a   la    identificación de las unidades y de los medios de
transporte  sanitarios.
Artículo
9 - Ambito de aplicación     1. El  presente Título,  cuyas disposiciones
tienen como fin mejorar la condición de los heridos, enfermos y náufragos, se
aplicará a todos los afectados por una situación prevista en el artículo 1, sin
ninguna  distinción  de  carácter desfavorable por  motivos  de  raza,  color,
sexo,  idioma,   religión o  creencia, opiniones  políticas o de otra índole,
origen  nacional   o  social,  fortuna,  nacimiento  u  otra   condición o
cualquier otro criterio análogo .
2.
Las  disposiciones pertinentes  de los  artículos 27 y 32  del I  Convenio se
aplicarán a  las unidades sanitarias y a   los medios  de transporte
sanitarios permanentes (salvo los  buques hospitales, a los que se aplica el
artículo 25 del II  Convenio), así  como al  personal de esas unidades o de
esos   medios de  transporte, puestos a disposición de una Parte en conflicto
con fines humanitarios:
a)
por  un Estado  neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto; b)
por  una sociedad  de socorro  reconocida y autorizada de tal Estado; c) por
una organización internacional humanitaria imparcial.
Artículo
10 - Protección y asistencia
1.
Todos  los heridos,  enfermos y náufragos, cualquiera que sea  la   Parte  a
que pertenezcan,  serán  respetados  y     protegidos.
2.
En  toda  circunstancia  serán  tratados  humanamente  y recibirán, en toda la
medida de lo posible y en el plazo más   breve, los  cuidados  médicos que
exija su estado. No se hará  entre  ellos  ninguna  distinción  que  no  esté
basada  en  criterios médicos.
Artículo
11 - Protección de la persona
1.
No  se pondrán  en peligro,  mediante  ninguna  acción  u  omisión
injustificada  la salud  ni la integridad física  o   mental de  las personas
en poder  de la Parte adversa o que sean internadas,  detenidas  o  privadas
de  libertad  en cualquier otra forma a causa de una situación prevista en el
artículo 1.  Por consiguiente,  se  prohíbe  someter  a  las   personas a  que
se  refiere el presente artículo a cualquier acto médico  que no  esté
indicado  por su estado de salud y  que no  esté de  acuerdo con las normas
médicas generalmente  reconocidas que  se aplicarían  en  análogas
circunstancias  médicas a los nacionales no privados de libertad de la Parte
que realiza el acto.
2.
Se prohíben en particular, aunque medie el consentimiento de las referidas
personas:
a)
las mutilaciones físicas; b) los experimentos médicos o científicos; c) las
extracciones de tejidos u órganos para trasplantes, salvo si  estos actos
están justificados en las condiciones previstas en el párrafo
1.
3.
Sólo   podrán  exceptuarse   de  la   aplicación  de  la prohibición prevista
en el  apartado c)  del párrafo  2 las donaciones de  sangre para
transfusiones  o  de  piel  para injertos, a condición de que se hagan
voluntariamente y sin coacción  o   presión  alguna,   y  únicamente   para
fines terapeuticos en  condiciones que  correspondan a las normas médicas
generalmente reconocidas  y   a   los   controles  realizados en beneficio
tanto del donante como del receptor.
4.
Constituirá  infracción grave del presente Protocolo toda acción u  omisión
deliberada que ponga gravemente en peligro la salud  o la integridad física o
mental de toda persona en   poder de  una Parte  distinta de  aquella de la que
depende, sea que  viole cualquiera  de las prohibiciones señaladas en  los
párrafos  1 y  2,  sea  que  no  cumpla  las  exigencias prescritas en el
párrafo 3.
5.
Las personas a que se refiere el  párrafo 1 tienen derecho  a rechazar
cualquier intervención quirúrgica. En caso de que  sea rechazada,  el personal
sanitario procurará  obtener una declaración escrita en tal sentido,
firmada o reconocida por el paciente.
6.
Toda Parte en conflicto llevará  un registro médico de las donaciones de
sangre para  transfusiones  o  de  piel  para injertos, hechas  por las
personas  a  que  se  refiere  el   párrafo  1,   si  dichas  donaciones  se
efectúan  bajo  la  responsabilidad de  aquella Parte.  Además, toda  Parte
en   conflicto procurará   llevar un  registro de todo acto médico
realizado respecto  a personas  internadas, detenidas  o  en  cualquier otra
forma privadas  de libertad  a causa  de una   situación prevista  en el
artículo 1. Los citados registros  estarán  en  todo  momento  a  disposición
de  la  Potencia   protectora para su inspección.
Artículo 12 - Protección de las unidades sanitarias
1. Las  unidades sanitarias serán respetadas y protegidas en  todo momento y no
serán objeto de ataque.
2. El  párrafo 1 se aplica a las unidades sanitarias civiles siempre que
cumplan una de las condiciones siguientes:
a)
pertenecer a una de las Partes en conflicto; b)  estar   reconocidas  y
autorizadas  por  la  autoridad competente de una de las Partes en conflicto;
c) estar  autorizadas de  conformidad con  el párrafo  2 del artículo 9  del
presente  Protocolo o  el artículo 27 del I
Convenio.
3.
Las   Partes  en   conflicto  pueden  notificarse el emplazamiento de  sus
unidades sanitarias fijas. La ausencia de tal  notificación no  eximirá
a  ninguna de las Partes de observar lo dispuesto en el párrafo
1.
4.
Las  unidades sanitarias  no serán   utilizadas en ninguna  circunstancia
para  tratar de  poner objetivos  militares  a cubierto de los ataques. Siempre
que sea posible, las Partes en conflicto se asegurarán de que las unidades
sanitarias no estén situadas  de manera  que los  ataques contra objetivos
militares las pongan en peligro.
Artículo
13  - Cesación  de la  protección de  las  unidades sanitarias
civiles
1.
La  protección debida  a las  unidades sanitarias civiles solamente podrá
cesar cuando se haga uso de ellas, al margen  de sus  fines humanitarios,  con
objeto  de  realizar  actos  perjudiciales para  el enemigo.  Sin embargo,  la
protección cesar á únicamente después de  una intimación que, habiendo
fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.
2.
No se consideran  actos perjudiciales para el enemigo:
a)
el  hecho de que el personal de la unidad esté dotado con armas ligeras
individuales para  su defensa  propia o la de los heridos y enfermos a su
cargo; b) la custodia de la unidad por un piquete, por centinelas o por una
escolta; c) el  hecho  de  que  en  la  unidad  se  encuentren armas
portátiles y  municiones recogidas a los heridos y enfermos, aún no
entregadas al servicio competente; d) la  presencia en  tal unidad,  por
razones médicas,  de miembros de las fuerzas armadas u otros
combatientes.
Artículo
14   -  Limitaciones  a  la  requisa  de  unidades sanitarias civiles
1.
La  Potencia ocupante tiene la obligación de asegurar que  las  necesidades
médicas  de  la  población  civil  en  el territorio ocupado sigan siendo
satisfechas.
2.
La  Potencia ocupante  no podrá ,  por tanto, requisar las unidades
sanitarias  civiles, su equipo, su  material y los servicios de  su personal,
en tanto que estos recursos sean  necesarios para prestar los servicios médicos
requeridos por la población  civil y para continuar la asistencia médica de los
heridos o enfermos que ya estén bajo tratamiento.
3.
La  Potencia  ocupante  podrá  requisar  los  mencionados recursos siempre  que
continúe  observando la  regla general prevista en el párrafo 2 y bajo las
condiciones particulares siguientes:
a)
que  los recursos  sean necesarios  para  el  tratamiento médico inmediato  y
apropiado  de los  heridos y enfermos de las fuerzas  armadas  de  la
Potencia  ocupante  o  de  los prisioneros de guerra; b) que  la requisa  se
mantenga  únicamente mientras  exista dicha necesidad; y  c) que  se adopten
disposiciones  inmediatas  para  que  se continúe atendiendo  las necesidades
médicas de la población  civil,  así   como  las  de  los  heridos  y
enfermos  bajo tratamiento, afectados por la
requisa.
Artículo
15  - Protección del personal sanitario y religioso civil
1.
El personal sanitario civil ser  respetado y protegido.
2.
En  caso necesario se proporcionará al personal sanitario civil toda la ayuda
posible en aquellas zonas en las que los servicios sanitarios civiles se
encuentren  desorganizados por razón de la actividad bélica.
3.
En   los  territorios  ocupados,  la  Potencia  ocupante proporcionará
al  personal sanitario  civil  toda  clase  de ayuda para  que pueda desempeñar
su misión humanitaria de la mejor manera.  La Potencia  ocupante no podrá
exigir que, en  el cumplimiento de su misión, dicho personal dé prioridad al
tratamiento de cualquier persona, salvo por razones de orden  médico. No  se
le  obligará a  realizar tareas  que no  sean compatibles con su misión
humanitaria.
4.
El  personal sanitario  civil  podrá   trasladarse  a  los lugares
donde   sus  servicios sean  indispensables,  sin perjuicio de las medidas de
control y seguridad que la Parte en conflicto interesada juzgue necesarias.
5.
El  personal religioso civil será  respetado y protegido.Son aplicables  a
estas  personas las disposiciones de  los Convenios y del presente Protocolo
relativas a la protección  y a la identificación del personal
sanitario.
Artículo
16 - Protección general de la misión médica
1.
No  se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme  con
la deontología, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios
de dicha actividad.
2.
No  se podrá obligar a  las  personas  que  ejerzan  una  actividad médica  a
realizar  actos ni  a efectuar  trabajos  contrarios  a   la  deontología   u
otras   normas  médicas   destinadas a  proteger a  los heridos  y a los
enfermos, o a   las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo,
ni a abstenerse de realizar actos exigidos por dichas normas   o disposiciones.
3.
Ninguna persona que ejerza una actividad médica podrá ser obligada a dar a
nadie que pertenezca a una Parte adversa, o a su  propia Parte,  salvo lo  que
disponga  la ley  de esta última Parte,  información alguna  sobre los  heridos
y  los enfermos que  estén o hayan estado asistidos por esa persona cuando,
en   su  opinión,  dicha  información  pudiera  ser perjudicial para  los
interesados  o para sus familiares. No obstante,  deberán respetarse las
prescripciones sobre declaración obligatoria de enfermedades transmisibles.
Artículo
17  - Cometido  de la  población  civil  y  de  las sociedades de socorro
1.
La  población civil  respetará  a  los heridos, enfermos y  náufragos,
aunque  pertenezcan a  la  Parte  adversa,  y  no   ejercerá   ningún
acto  de   violencia  contra   ellos.  Se  autorizará  a  la población
civil  y  a  las  sociedades  de socorro, tales  como las  Sociedades
nacionales  de la  Cruz Roja (Media  Luna Roja,  León  y  Sol  Rojos), incluso
por iniciativa propia,  a recogerlos y prestarles cuidados, aun en las regiones
invadidas  u  ocupadas.  No  se  molestar á, procesará , condenará ni
castigará a nadie por tales actos humanitarios.
2.
Las  Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la población civil o a
las sociedades de socorro mencionadas en el párrafo  1 para recoger y prestar
cuidados a los heridos,  enfermos y náufragos y para buscar a los muertos y
comunicar dónde se  encuentran; dichas Partes concederán la protección  y las
facilidades necesarias a aquellos que respondan a tal llamamiento. Si  la
Parte  adversa adquiere  o  recupera  el control de la región seguirá
otorgando esta protección y las  facilidades mencionadas mientras sean
necesarias.
Artículo
18 - Identificación
1.
Cada  Parte en  conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario  y
religioso  como  las  unidades  y  los medios de transporte sanitarios puedan
ser identificados.
2.
Cada  Parte en  conflicto  procurar   también  adoptar  y aplicar métodos
y procedimientos que permitan identificar las unidades y los  medios  de
transporte  sanitarios  que utilicen el signo distintivo y señales
distintivas.
3.
En   territorio  ocupado  y  en  zonas  en  las  que  se  desarrollan o  es
probable  que se  desarrollen combates, el personal sanitario  civil y
personal  religioso civil se   darán a  conocer, por  regla general,  por
medio  del  signo distintivo y  de una  tarjeta de identidad que certifique su
condición.
4.
Las  unidades y los medios de transporte sanitarios serán  señalados, con el
consentimiento de la autoridad competente, mediante el  signo distintivo.  Los
buques y embarcaciones a que se  refiere el  artículo 22 del presente Protocolo
serán señalados de acuerdo con las disposiciones del II Convenio.
5.
Además del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en el  Capítulo III
del Anexo I del presente Protocolo, una Parte  en  conflicto  podrá
autorizar  el  uso  de  señales distintivas para  identificar las  unidades y
los medios de transporte sanitarios.  A título  excepcional, en  los casos
particulares previstos  en el  Capítulo III  del Anexo,  los medios de  transporte
sanitarios podrán utilizar las señales distintivas sin exhibir el signo
distintivo.
6.
La  ejecución de  las disposiciones de los párrafos 1 a 5 se regirá por los
Capítulos I a III del Anexo I del presente Protocolo. Las  señales destinadas,
conforme al Capítulo III de dicho Anexo, para  el uso exclusivo de las unidades
y de los medios de transporte  sanitarios, sólo  se  utilizarán salvo lo
previsto en ese Capítulo, para la identificación de las unidades  y de  los
medios de transporte sanitarios allí
especificados.
7.
Este  artículo no  autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de  paz, un
uso más  amplio que  el estipulado en el artículo 44 del I
Convenio.
8.
Las  disposiciones  de  los  Convenios  y  del  presente Protocolo relativas
al control del uso del signo distintivo y a  la  prevención  y  represión  de
su  uso  abusivo  son aplicables a las señales
distintivas.
Artículo
19  - Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto:
Los
Estados  neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto  observarán
las  disposiciones pertinentes  del presente Protocolo  respecto de  las
personas protegidas por este Título  que pudieran  ser recibidas o internadas
en sus territorios, así  como de  los  muertos de las Partes en conflicto que
recogieren.
Artículo
20 - Prohibición de las represalias: se prohíben las represalias contra las
personas y los bienes protegidos por el presente Título.
SECCION
II - TRANSPORTES SANITARIOS
Artículo
21 - Vehículos sanitarios:
Los
vehículos  sanitarios serán  respetados y protegidos del modo previsto  en los
Convenios y el presente Protocolo para las unidades sanitarias móviles.
Artículo
22  - Buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento
1.
Las disposiciones de los Convenios
relativas:
a)
a  los buques  descritos en los artículos 22, 24, 25 y 27 del II Convenio, b) a
sus lanchas de salvamento y pequeñas embarcaciones, c) a su personal y sus
tripulaciones, y  d) a  los heridos, enfermos y náufragos que se encuentren a
bordo,  se aplicaron también en  los  casos  en  que  esos  buques, lanchas o
embarcaciones  transporten  heridos,  enfermos  y náufragos civiles  que  no
pertenezcan  a  ninguna  de  las categorías mencionadas  en el  artículo 13
del II Convenio.
Esas
personas civiles, sin embargo, no podrán ser entregadas a una Parte en
conflicto que no sea la propia, ni capturadas en el mar. Si se hallaren en
poder de una Parte en conflicto que no sea la propia, les serán aplicables las
disposiciones del IV Convenio y del presente Protocolo.
2.
La  protección prevista  en los Convenios para los buques descritos en  el
artículo 25 del II Convenio se extenderá  a los buques-hospitales puestos
a disposición de una Parte en conflicto con fines
humanitarios:
a)
por  un Estado  neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto; o b)
por una organización internacional humanitaria imparcial; siempre que se
cumplan en  ambos  casos  los  requisitos establecidos en el citado
artículo.
3.
Las embarcaciones descritas en el  artículo 27 del II Convenio serán
protegidas aunque no se haga la notificación prevista en el mismo. No obstante,
se invita a las Partes en conflicto a que se comuniquen mutuamente  toda
información que facilite identificación y el reconocimiento de tales
embarcaciones.
Artículo
23 - Otros buques y embarcaciones sanitarios :
1.
Los  buques y  embarcaciones sanitarios  distintos de los mencionados en el
artículo 22 del presente Protocolo y en el artículo 38 del II Convenio, ya se
encuentren en el mar o en otras aguas, serán respetados y protegidos del modo
previsto en los  Convenios  y  en  el  presente Protocolo  para  las unidades
sanitarias  móviles. Como esa protección sólo puede ser eficaz si es posible
identificarlos y reconocerlos como buques y  embarcaciones sanitarios,  tales
buques  deberían llevar el  signo distintivo  y, en  la medida de lo posible,
dar cumplimiento a lo dispuesto en  el segundo párrafo del artículo 43 del II
Convenio.
2.
Los  buques y embarcaciones a que se refiere el párrafo 1 permanecerán sujetos
a las leyes de la guerra. Todo buque de guerra  que   navegue  en   la
superficie  y  que  esté  en condiciones de  hacer cumplir inmediatamente su
orden, podrá ordenarles que  se detengan,  que se  alejen o que tomen una
determinada ruta,  y toda  orden de  esta índole  deberá ser obedecida.  Esos
buques  y  embarcaciones  no  podrán  ser desviados  de  ningún  otro  modo
de  su  misión  sanitaria mientras  sean  necesarios para  los  heridos,
enfermos  y  náufragos que se encuentren a bordo.
3.
La  protección que otorga el párrafo 1 sólo cesará  en las  condiciones
establecidas  en los  artículos 34  y 35  del II Convenio. Toda negativa inequívoca
a obedecer una orden dada  con arreglo a lo  dispuesto en  el párrafo 2
constituirá un acto perjudicial  para el enemigo a los efectos del artículo 34
del II Convenio.
4.Toda
Parte en conflicto podrá  notificar a cualquier Parte adversa, con  la
mayor anticipación posible antes del viaje,   el nombre,  la descripción,  la
hora  prevista de salida, la ruta  y  la velocidad  estimada  del  buque  o
embarcación sanitarios, en  particular en  el caso  de buques  de mas de 2.000
toneladas  brutas, y podrá suministrar cualquier otra información que facilite
su identificación y reconocimiento.La Parte adversa acusará recibo de tal información.
5.
Las disposiciones del artículo 37 de II convenio serán aplicadbles a los
heridos, enfermos y náufragos pertenecientes a las categorías a que se refiere
el artículo 13 del II Convenio y el artículo 44 del presente Protocolo, que se
encuentren a  bordo de  esos buques  y embarcaciones sanitarios. Los heridos,
enfermos y náufragos civiles que no  pertenezcan a  las categorías  mencionadas
en el artículo 13 del II  Convenio, no  podrán ser entregados, si se hallan en
el mar,  a una  Parte que  no sea  la propia  ni obligados a  abandonar tales
buques o embarcaciones; si, no obstante, se hallan en  poder de  una Parte  en
conflicto  que no  sea la  propia, estarán amparados por  el IV Convenio y el
presente  Protocolo.
Artículo
24 - Protección de las aeronaves sanitarias: Las aeronaves  sanitarias serán
respetadas y  protegidas de conformidad con las disposiciones del presente
Título.
Artículo
25 - Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la Parte adversa: En las
zonas terrestres  dominadas  de  hecho  por  fuerzas amigas o  en las
marítimas no  dominadas de  hecho por  una Parte adversa, así como en su
espacio aéreo, el respeto y la  protección de  las aeronaves sanitarias  de
una  Parte  en conflicto no  dependerán de  acuerdo  alguno  con  la  Parte
adversa. No  obstante, para  mayor seguridad,  la  Parte  en conflicto que
utilice sus  aeronaves  sanitarias  en  tales zonas podrá  dar a  cualquier
Parte  adversa la notificación prevista  en  el  artículo 29,  especialmente
cuando  esas  aeronaves efectúen vuelos que  las pongan al alcance de los
sistemas de armas superficie-aire de la Parte adversa.
Artículo
26  - Aeronaves  sanitarias en  zonas de contacto o similares:
1.
En  las partes de la zona de contacto que estén dominadas de hecho  por
fuerzas  amigas y  en las zonas cuyo dominio de hecho no esté claramente
establecido‚ así como en su esoaceio aéreo, la  protección de las aeronaves
sanitarias sólo podrá ser plenamente  eficaz si  media un acuerdo previo entre
las autoridades militares competentes de las Partes en conflicto conforme a  lo
previsto  en el  artículo 29.  Las  aeronaves sanitarias que, a falta de tal
acuerdo, operen por su cuenta  y riesgo,  deberán no  obstante ser  respetadas
cuando hayan sido reconocidas como tales.
2.
Se  entiende  por  "zona  de  contacto"  cualquier  zona terrestre
en  que los  elementos avanzados  de  las  fuerzas opuestas estén en contacto
unos con  otros, en  particular cuando estén expuestos a tiro directo desde
tierra.
Artículo
27 - Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por la Parte adversa:
1.
Las  aeronaves  sanitarias  de  una  Parte  en  conflicto continuarán
protegidas  mientras sobrevuelen zonas marítimas o terrestres dominadas de
hecho por  una Parte  adversa, a condición  de  que  para  tales  vuelos  se
haya  obtenido previamente el  acuerdo de  la autoridad competente de dicha
Parte adversa.
2.
La aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada de  hecho por  la Parte
adversa sin el acuerdo  previsto en el párrafo 1, o apartándose de lo
convenido, debido a un error de navegación o a una situación de emergencia que
comprometa la seguridad  del vuelo, deberá  hacer  todo lo posible para
identificarse e  informar a  la Parte  adversa acerca de las  circunstancias en
que se encuentra. Tan pronto como la Parte adversa haya reconocido tal aeronave
sanitaria, hará  todo lo razonablemente posible  para dar  la orden  de
aterrizar  o amarar a  que se refiere el párrafo 1 del artículo 30 o para
adoptar otras  disposiciones con  objeto de salvaguardar los intereses de esa
Parte y, en ambos casos, antes de recurrir a un ataque contra la aeronave,
darle tiempo de obedecer.
Artículo
28   -  Restricciones  relativas  al  uso  de  las aeronaves
sanitarias:
1.
Se  prohibe  a  las  Partes  en  conflicto  utilizar  sus aeronaves sanitarias
para tratar  de  obtener  una  ventaja militar sobre  una Parte  adversa. La
presencia de aeronaves sanitarias  no   podrá   utilizarse   para  tratar
de  poner objetivos militares a cubierto de un ataque.
2.
Las aeronaves sanitarias no se utilizarán para recoger ni transmitir
información  militar y  no  transportarán  equipo alguno destinado  a esos
fines. Se  les prohibe transportar personas o  cargamento  no  comprendidos
en  la  definición contenida  en   el  apartado  f)  del  artículo  8.  No  se
considerará  prohibido  el transporte  a bordo de los efectos personales
de   los ocupantes o del equipo destinado exclusivamente a facilitar la
navegación, las comunicaciones  o la
identificación.
3.
Las  aeronaves  sanitarias  no  transportarán  armamento alguno salvo las armas
portátiles y las municiones que hayan sido recogidas  a los  heridos,
enfermos  y náufragos que se hallen a  bordo y  que  aún  no  hayan  sido
entregadas  al servicio competente,  y las  armas ligeras  individuales que
sean necesarias  para que el personal sanitario que se halle a bordo  pueda
defenderse y defender a los heridos, enfermos y náufragos que tenga a su
cargo.
4.
Salvo  acuerdo previo con la Parte adversa, las aeronaves sanitarias no  podrán
utilizarse,  al efectuar  los Vuelos a que se  refieren los artículos 26 y 27,
para buscar heridos, enfermos y
náufragos.
Artículo
29  - Notificaciones  y acuerdos  relativos  a  las aeronaves
sanitarias:
1.
Las  notificaciones a que se refiere el artículo 25 y las solicitudes de
acuerdo previo  mencionadas en los artículos  26, 27,  28, párrafo  4, y
31, deberán  indicar  el  número previsto de  aeronaves sanitarias,  sus
planes  de  vuelo  y medios de identificación; tales notificaciones y
solicitudes se interpreterán en    el  sentido  de  que  los  vuelos  se
efectuarán conforme a las disposiciones del artículo 28.
2.
La  Parte que reciba una notificación hecha en virtud del artículo 25
acusará  recibo de ella sin demora.
3.
La Parte que reciba una solicitud de acuerdo previo hecha en virtud  de lo
previsto en  los artículos  26,  27,  28, párrafo 4, o 31,
notificará  tan rápidamente como sea posible a la Parte que haya hecho tal
solicitud:
a)
la aceptación de la solicitud; b) la denegación de la solicitud; o c) una
propuesta alternativa razonable a la solicitud. Podrá  también proponer
una prohibición  o  restricción  de  otros vuelos en  la zona  de  que  se
trate  durante  el  período considerado. Si  la Parte  que ha  presentado  la
solicitud acepta esas  contrapropuestas, notificar  su aceptación a la
otra Parte.
4.
Las Partes tomarán las medidas necesarias para que puedan hacerse  esas
notificaciones  y  acuerdos  sin  pérdida  de
tiempo.
5.
Las  Partes tomarán  también  las  medidas necesarias para que lo  esencial
de  tales  notificaciones  y  acuerdos  se difunda   rápidamente  entre las
unidades   militares  interesadas, las  que serán  informadas sobre  los medios
de identificación que  utilizarán las  aeronaves sanitarias  de que se
trate.
Artículo
30   -  Aterrizaje   e  inspección   de  aeronaves
sanitarias:
1.
Las  aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de hecho  por la
Parte adversa o zonas cuyo dominio no este claramente establecido  podrán ser
intimadas a aterrizar o, en su caso, a  amarar,  a  fin  de  que  se  proceda
a  la inspección  prevista   en  los  párrafos siguientes. Las aeronaves
sanitarias obedecerán tal intimación.
2.
Si una de tales aeronaves aterriza o amarra, obedeciendo a una intimación  o
por  cualquier otra  circunstancia,  sólo podrá  ser objeto de inspección
para comprobar los extremos a que hacen referencia los párrafos 3 y 4 de este artículo.
La inspección  será  iniciada sin demora y efectuada rápidamente.
La Parte  que proceda  a la  inspección no  exigirá  que sean
desembarcados de la aeronave los heridos y enfermos, a menos que ello  sea
indispensable para la inspección. En todo caso esa Parte cuidará  de que
esa inspección o ese desembarque no agrave el estado de los heridos y
enfermos.
3.
Si la inspección revela que la aeronave:
a)
es  una aeronave  sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8, b)
no  contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, y c) no  ha
efectuado  el  vuelo  sin  acuerdo  previo  o en violación del mismo cuando tal
acuerdo se requiera. La aeronave  y los  ocupantes de  la misma que pertenezcan
a una Parte  adversa o a un Estado neutral o a otro Estado que no sea Parte en
el conflicto serán autorizados a proseguir el vuelo sin demora.
4.
Si la inspección revela que la aeronave:
a)
no  es una  aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8, b)
contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, o c) ha  efectuado
el  vuelo sin acuerdo previo o en violación de un acuerdo previo cuando tal
acuerdo se requiera, la aeronave podrá  ser apresada. Sus ocupantes serán
tratados conforme a  las disposiciones pertinentes de los Convenios y del
presente  Protocolo. Toda  aeronave  apresada  que  haya estado destinada  a
servir  de aeronave sanitaria permanente sólo podrá  ser  utilizada  en  lo
sucesivo  como  aeronave
sanitaria.
Artículo
31  - Estados neutrales u otros Estados que no sean partes en
conflicto:
1.
Las   aeronaves  sanitarias   no  podrán  sobrevolar  el territorio de  un
Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, ni aterrizar
o amarar en él, salvo en virtud de acuerdo previo.  Sin  embargo,  de  mediar
tal acuerdo, esas aeronaves serán respetadas mientras dure el vuelo y durante
las eventuales escalas en tal territorio. No obstante, deberán obedecer toda
intimación de aterrizar o, en su caso,
amarar.
2.
La   aeronave  sanitaria   que,  sin  acuerdo  previo  o apartándose de  lo
estipulado  en un acuerdo, sobrevuele el territorio de  un Estado neutral o de
otro Estado que no sea Parte en conflicto, por error de navegación o a causa de
una situación de emergencia que afecte a la seguridad del vuelo, hará
todo  lo posible  para notificar  su  vuelo  y  hacerse identificar. Tan pronto
como  dicho Estado  haya reconocido tal aeronave  sanitaria, hará todo
lo razonablemente posible por dar  la orden  de aterrizar o amarar a que
se refiere el  párrafo 1 del artículo 30 o para adoptar otras disposiciones con
objeto de salvaguardar los intereses de ese Estado y, en ambos casos,  dar a
la aeronave tiempo para obedecer, antes de recurrir a un
ataque.
3.
Si  una aeronave  sanitaria, con  acuerdo previo o en las circunstancias
mencionadas en el párrafo 2, aterriza o amara en el  territorio de  un Estado
neutral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, obedeciendo a una
intimación o por  cualquier   otra  circunstancia,   quedará  sujeta a
inspección para  determinar si  se  trata  de  una  aeronave sanitaria.  La
inspección  será    iniciada  sin  demora  y efectuada rápidamente.  La
Parte que proceda a la inspección no exigirá  que sean desembarcados de la
aeronave los heridos y enfermos  que dependen de la Parte que utilice la
aeronave a menos  que ello  sea indispensable  para la inspección. En todo
caso,  esa  Parte  cuidará   de  que  tal  inspección  o desembarque no
agrave el  estado de los heridos y enfermos. Si la inspección revela que la
aeronave es efectivamente una aeronave sanitaria, esa aeronave  con sus
ocupantes, salvo los que deban ser retenidos de conformidad con las normas de
derecho internacional  aplicables en los conflictos armados, será
autorizada  a  proseguir  su  vuelo,  y  recibir   las facilidades
apropiadas para ello.  Si la  inspección revela   que esa  aeronave no  es una
aeronave sanitaria, la aeronave ser  apresada  y sus  ocupantes serán
tratados conforme a lo dispuesto en el párrafo
4.
4.
Con   excepción   de   los   que   sean   desembarcados temporalmente,   los    heridos,
enfermos    y   náufragos desembarcados de  una aeronave sanitaria con el
asentimiento de la autoridad local en el territorio de un Estado neutral o de
otro Estado  que no  sea Parte  en conflicto  deberán, salvo que  este Estado
y las  Partes en  conflicto acuerden otra cosa, quedar bajo la custodia de
dicha autoridad cuando las  normas  de  derecho  internacional  aplicables  en
los conflictos armados  así lo  exijan, de  forma que  no puedan volver a
participar en  las  hostilidades.  Los  gastos  de  hospitalización y  de
internamiento  correrán  a  cargo  del Estado a que pertenezcan tales
personas.
5. Los  Estados neutrales u Otros Estados que no sean Partes en conflicto
aplicarán por  igual a  todas  las  Partes  en conflicto  las   condiciones
y   restricciones   eventuales respecto  al  sobrevuelo  de  su  territorio
por  aeronaves  sanitarias o al aterrizaje de ellas en el
mismo.
SECCION
III - PERSONAS DESAPARECIDAS Y FALLECIDAS
Artículo
32 - Principio general:
En
la  aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas  Partes
contratantes, de las Partes en conflicto y de   las    organizaciones
humanitarias    internacionales  mencionadas en  los Convenios  y en  el
presente  Protocolo deberán estar  motivadas ante todo por el derecho que
asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros.
Artículo
33 - Desaparecidos:
1.
Tan  pronto como  las circunstancias  lo permitan, y a más tardar desde  el fin
de las hostilidades activas, cada Parte en conflicto  buscará  las
personas cuya  desaparición  haya señalado una Parte adversa. A fin de
facilitar tal búsqueda, esa  Parte   adversa  comunicará    todas  las
informaciones pertinentes sobre las personas de que se
trate.
2.
Con  objeto de  facilitar la  obtención de información de conformidad con  lo
dispuesto  en el  párrafo anterior, cada Parte en  conflicto deberá ,  con
respecto a las personas que no se  beneficien de condiciones más favorables en
virtud de los Convenios o del presente Protocolo:
a)
registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 del IV Convenio  la
información  sobre   tales  personas,  cuando hubieran  sido   detenidas,
encarceladas  o  mantenidas  en cualquier otra  forma  de  cautiverio  durante
más  de  dos semanas como  consecuencia  de  las  hostilidades  o  de  la
ocupación  o   hubieran  fallecido  durante  un  período  de detención; b) en
toda la  medida de  lo posible,  facilitar  y,  de ser necesario,  efectuar
la  búsqueda  y  el  registro  de  la información relativa  a tales personas si
hubieran fallecido  en   otras   circunstancias   como   consecuencia   de
las  hostilidades o de la ocupación.
3.
La  información sobre  las personas  cuya desaparición se haya señalado,  de
conformidad con  el  párrafo  1,  y  las solicitudes  de   dicha
información   serán transmitidas  directamente o por conducto de la Potencia
protectora, de la Agencia Central  de Búsqueda  del Comité Internacional de la
Cruz Roja,  o de  las Sociedades  nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja,
León  y Sol Rojos). Cuando la información no sea  transmitida por conducto del
Comité Internacional de la Cruz Roja y de su Agencia Central de Búsqueda, cada
Parte en conflicto  velará  por  que tal  información  sea  también
facilitada a esa Agencia.
4.
Las  Partes en  conflicto se  esforzarán por  ponerse  de acuerdo  sobre
disposiciones  que permitan  que  grupos constituidos al efecto busquen,
identifiquen y recuperen los muertos  en las  zonas   del  campo   de   batalla;
esas disposiciones  podrán  prever,  cuando  proceda, que  tales grupos vayan
acompañados de  personal de  la Parte  adversa mientras lleven  a cabo  esas
misiones  en zonas controladas por ella. El personal de tales grupos deberá ser
respetado y protegido  mientras  se  dedique   exclusivamente  a  tales
misiones.
Artículo
34 - Restos de las personas fallecidas
1.
Los  restos de  las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación  o
mientras  se hallaban detenidas por causa de  la ocupación  o de  las
hostilidades,  y los de las personas que no  fueren nacionales  del país en que
hayan fallecido a consecuencia de las hostilidades, deben ser respetados y las
sepulturas  de   todas  esas   personas  serán   respetadas, conservadas y
marcadas según lo previsto en el artículo 130 del IV  Convenio, en  tanto que
tales restos y sepulturas no se beneficien de condiciones más favorables en
virtud de los Convenios y del presente
Protocolo.
2.
Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las  Partes
adversas  lo   permitan,  las   Altas   Partes contratantes en  cuyos
territorios  se encuentren las tumbas y, en su caso,  otros lugares donde se
hallen los restos de las   personas   fallecidas   como   consecuencia   de
las hostilidades, durante  la ocupación  o mientras  se hallaban detenidas,
celebrarán acuerdos a fin de:
a)
facilitar   a  los  miembros  de  las  familias  de  los fallecidos y a los
representantes de los servicios oficiales de  registro  de  tumbas  el  acceso
a  las  sepulturas,  y determinar las  disposiciones de  orden  práctico  para
tal acceso; b) asegurar  la protección y el mantenimiento permanentes de tales
sepulturas;    c) facilitar  la repatriación  de los restos de las personas
fallecidas y la devolución de los efectos personales al país de origen,  a
solicitud de ese país o, salvo que el mismo se opusiera a ello, a solicitud de
los parientes más próximos.
3.
A  falta de  los acuerdos previstos en los apartados b) o c) del  párrafo 2  y
si  el país  de origen de esas personas fallecidas  no   está  dispuesto   a  sufragar
los  gastos correspondientes al  mantenimiento de  tales sepulturas,  la Alta
Parte  contratante en  cuyo  territorio  se  encuentren tales  sepulturas
podrá   ofrecer   facilidades   para   la devolución  de   los  restos
al  país  de  origen.  Si  tal ofrecimiento no  fuera aceptado,  la Alta Parte
contratante, transcurridos cinco  años desde  la fecha del ofrecimiento y
previa la  debida notificación  al  país  de  origen,  podrá  aplicar las
disposiciones previstas  en su  legislación  en    materia de cementerios y
sepulturas.
4.
La   Alta  Parte   contratante  en  cuyo  territorio  se encuentren las
sepulturas a  que  se  refiere  el  presente artículo sólo podrá  exhumar
los restos:
a)
en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo  2 y en el párrafo
3, o b) cuando la exhumación  constituya una necesidad imperiosa de
interés   público,  incluidos  los  casos de necesidad sanitaria o  de
investigación  administrativa o judicial, en cuyo caso  la Alta  Parte
contratante deberá guardar en todo momento el  debido respeto  a los restos y
comunicar al país de  origen   su  intención  de  exhumarlos,  transmitiéndole
detalles sobre  el lugar  en que  se  propone  darles  nueva
sepultura.
TITULO
III
MODOS
Y  MEDIOS DE  GUERRA -  ESTATUTO DE  COMBATIENTE Y  DE PRISIONERO DE
GUERRA
SECCION
I - METODOS Y MEDIOS DE GUERRA
Artículo
35 - Normas fundamentales
1.
En  todo conflicto  armado, el  derecho de  las Partes en conflicto a  elegir
los  métodos o medios de hacer la guerra no es
ilimitado.
2.
Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos  de hacer
la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos
innecesarios.
3.
Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que  hayan
sido  concebidos para causar, o de los que quepa prever  que causen, daños
extensos, duraderos y graves al medio ambiente
natural.
Artículo
36 - Armas nuevas
Cuando
una  Alta  Parte  contratante  estudie,  desarrolle, adquiera o  adopte una
nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra,  tendrá  la obligación de
determinar si su empleo. en  ciertas  condiciones  o  en  todas  las
circunstancias, estaría prohibido  por el presente Protocolo o por cualquier
otra norma  de derecho  internacional aplicable  a esa  Alta Parte contratante.
Artículo
37 - Prohibición de la perfidia:
1.
Queda  prohibido matar,  herir o capturar a un adversario valiéndose de  medios
pérfidos.  Constituirán  perfidia  los actos que,  apelando a  la buena  fe de
un  adversario  con intención de  traicionarla, den  a entender a éste que
tiene derecho a  protección, o  que está  obligado a concederla, de
conformidad  con   las  normas   de  derecho   internacional aplicables  en
los  conflictos  armados.  Son  ejemplos  de perfidia los actos
siguientes:
a)
simular   la  intención  de  negociar  bajo  bandera  de parlamento o de
rendición; b) simular una incapacitación por heridas o enfermedad; c) simular
el estatuto de persona civil, no combatiente; d) simular  que se posee un
estatuto de protección, mediante el uso  de signos,  emblemas o  uniformes  de
las  Naciones Unidas o de Estados neutrales o de otros Estados que no sean
Partes en el conflicto.
2.
No  están prohibidas  las estratagemas.  Son estratagemas los actos  que
tienen  por  objeto  inducir  a  error  a  un adversario o  hacerle  cometer
imprudencias,  pero  que  no infringen ninguna  norma de  derecho internacional
aplicable en los  conflictos armados, ni son pérfidos ya que no apelan a la
buena fe de un adversario con respecto a la protección prevista en  ese
derecho.  Son ejemplos  de estrategias  los actos  siguientes:   el
camuflaje,   las   añagazas,   las operaciones simuladas y las informaciones
falsas.
Artículo
38 - Emblemas
reconocidos:
1.
Queda  prohibido hacer  uso indebido del signo distintivo de la  cruz roja,  de
la  media luna  roja o  del león y sol rojos o  de otros emblemas, signos o
señales establecidos en los Convenios  o en  el presente  Protocolo. Queda
prohibido también abusar  deliberadamente, en  un conflicto armado, de otros
emblemas,     signos    o    señales    protectores internacionalmente
reconocidos,  incluidos  la  bandera  de parlamento y el emblema protector de
los bienes culturales.
2.
Queda  prohibido hacer  uso del emblema distintivo de las Naciones Unidas,
salvo en los casos en que esa Organización lo
autorice.
Artículo
39 - Signos de nacionalidad :
1.
Queda  prohibido hacer  uso en un conflicto armado de las banderas o  de los
emblemas, insignias o uniformes militares de Estados  neutrales o  de otros
Estados que no sean Partes en el conflicto.
2.
Queda  prohibido hacer  uso de  las  banderas  o  de  los emblemas, insignias o
uniformes militares de Partes adversas durante los  ataques, o  para cubrir,
favorecer, proteger u  obstaculizar operaciones
militares.
3.
Ninguna  de las disposiciones del presente artículo o del artículo 37, párrafo
1, d), afectará  a las normas existentes de derecho  internacional
generalmente  reconocidas que sean aplicables al  espionaje o  al  uso  de  la
bandera  en  el desarrollo de los conflictos armados en el
mar.
Artículo
40 - Cuartel:
Queda
prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello  al
adversario  o  conducir  las  hostilidades  en función de tal
decisión.
Artículo
41 - Salvaguardia del enemigo fuera de combate:
1.
Ninguna  persona podrá   ser objeto  de ataque  cuando  se reconozca o,
atendidas las circunstancias, deba reconocerse que esté  fuera de
combate.
2.
Está  fuera de combate toda persona; a) que esté en poder de una Parte
adversa: b) que exprese claramente su intención de rendirse; o c) que  esté‚
inconsciente  o incapacitada  en cualquier otra forma a  causa  de  heridas  o
de  enfermedad  y  sea,  por consiguiente, incapaz de defenderse; y siempre
que, en  cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto hostil y no trate
de evadirse.
3.
Cuando las personas que tengan derecho a la protección de que gozan  los
prisioneros de guerra hayan caído en poder de una Parte adversa en condiciones
de combate inhabituales que impidan su  evacuación en  la forma prevista en la
Sección I del Título  III del  III Convenio, serán liberadas, debiendo
adoptarse todas las precauciones posibles para garantizar su
seguridad.
Artículo
42 - Ocupantes de aeronaves:
1.
Ninguna  persona  que  se  lance  en  paracaídas  de  una aeronave en peligro
será  atacada durante su descenso.
2.
Al llegar a tierra en territorio controlado por una Parte adversa, la persona
que se haya lanzado en paracaídas de una aeronave en  peligro deberá
tener oportunidad  de  rendirse antes de  ser atacada, a menos  que sea
manifiesto que está  realizando un acto hostil.
3.
Las  tropas aerotransportadas  no quedarán protegidas por este
artículo.
SECCION
II  - ESTATUTO  DE COMBATIENTE  Y DE  PRISIONERO  DE
GUERRA
Artículo
43 - Fuerzas armadas:
1.
Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de  todas   las
fuerzas, grupos  y   unidades  armados  y organizados, colocados  bajo  un
mando  responsable  de  la conducta de sus subordinados ante esa Parte, aun
cuando ésta esté representada  por un  gobierno o  por una  autoridad no
reconocidos por  una Parte  adversa. Tales  fuerzas  armadas deberán estar
sometidas a  un régimen de disciplina interna que  haga   cumplir,  inter
alia,  las  normas  de  derecho internacional aplicables en los conflictos
armados.
2.
Los  miembros de  las fuerzas  armadas de  una  Parte  en conflicto (salvo
aquellos que  formen  parte  del  personal sanitario y  religioso a  que se
refiere el artículo 33 del III Convenio)  son combatientes,  es decir, tienen
derecho a participar directamente en las hostilidades.
3.
Siempre  que una  Parte  en  conflicto  incorpore  a  sus fuerzas armadas  un
organismo  paramilitar  o  un  servicio armado encargado  de velar  por  el
orden  público,  deberá   notificarlo a las otras Partes en
conflicto.
Artículo
44 - Combatientes y prisioneros de
guerra:
1.
Todo  combatiente, tal como queda definido en el artículo 43, que  caiga en
poder de una Parte adversa será  prisionero de guerra.
2.
Aunque  todos los combatientes están obligados a observar    las  normas  de
derecho  internacional  aplicables  en  los   conflictos armados,  la violación
de tales normas no privará  a un combatiente de su derecho a ser
considerado como tal o, si cae  en poder  de una  Parte adversa, de su derecho
a ser considerado prisionero  de guerra, salvo lo dispuesto en los   párrafos 3
y 4.
3.
Con  objeto de  promover la  protección de  la  población civil  contra   los
efectos   de  las   hostilidades,   los combatientes están  obligados a
distinguirse de la población civil en  el curso  de un  ataque o de una
operación militar    preparatoria de  un ataque.  Sin embargo,  dado que  en
los conflictos armados  hay situaciones  en las que, debido a la índole de  las
hostilidades,  un combatiente armado no puede distinguirse  de   la  población
civil,  dicho  combatiente conservará   su   estatuto  de   tal  siempre
que,  en  esas  circunstancias, lleve sus armas
abiertamente:
a)
durante todo enfrentamiento militar; y b) durante  el tiempo  en que  sea
visible  para el  enemigo mientras está  tomando parte en un despliegue militar
previo al lanzamiento de un ataque en el que va a participar.
No
se  considerarán como  actos pérfidos,  en el sentido del apartado c)  del
párrafo 1 del artículo 37, los actos en que concurran las condiciones enunciadas
en el presente párrafo.
4.
El  combatiente que caiga en poder de una Parte adversa y no reúna  las
condiciones enunciadas en la segunda frase del párrafo  3,  perderá   el  derecho
a  ser  considerado  como prisionero  de  guerra,  pero,  no  obstante,
recibirá   las protecciones equivalentes,  en todos  los  sentidos,  a
las otorgadas a  los prisioneros de guerra por el III Convenio y el  presente
Protocolo.  Esta   protección  comprende  las protecciones equivalentes  a las
otorgadas a los prisioneros de guerra  por el III Convenio en el caso de que
tal persona sea juzgada  y sancionada  por cualquier infracción que haya
cometido.
5.
El  combatiente que  caiga en  poder de una Parte adversa mientras no
participa en  un ataque  ni  en  una  operación militar  preparatoria   de
un   ataque,   no   perderá ,   a consecuencia de sus actividades
anteriores, el derecho a ser considerado como combatiente y prisionero de
guerra.
6.
El presente artículo no privará  a una persona del derecho a ser
considerada como  prisionero de  guerra  conforme  al artículo 4 del III
Convenio.
7.
El  propósito del  presente artículo  no es  modificar la práctica
generalmente  aceptada por  los Estados  en lo  que respecta al  uniforme que
han de  llevar  los combatientes pertenecientes  a   las   unidades   armadas
regulares   y    uniformadas de una Parte en conflicto.
8.
Además  de las  categorías de  personas mencionadas en el artículo 13  de los
Convenios I y II, todos los miembros de las fuerzas  armadas de  una Parte en
un conflicto, tal como se definen en el artículo 43 del presente Protocolo,
tendrán derecho  a   la  protección  concedida  en  virtud  de  esos Convenios
si  están heridos  o enfermos o, en el caso del II Convenio, si son náufragos
en el mar o en otras aguas.
Artículo
45 - Protección de personas que han tomado parte en las
hostilidades:
1.
La  persona que  participe en las hostilidades y caiga en poder de una Parte
adversa se presumirá  prisionero de guerra y, por  consiguiente,
estará   protegida por  el III Convenio cuando reivindique  el estatuto
de  prisionero  de  guerra, cuando parezca  tener derecho al mismo, o cuando la
parte de que dependa  reivindique ese  estatuto en  su favor mediante una
notificación  a la  Potencia detenedora  o a la Potencia protectora. Si
hubiere alguna duda respecto a su derecho al estatuto de  prisionero de
guerra, tal  persona  continua  beneficiándose de  este estatuto y, en
consecuencia, seguirá  gozando de  la protección  del III  Convenio y  del
presente Protocolo hasta  que un tribunal competente haya decidido al
respecto.
2.
La  persona que,  habiendo caído  en poder  de una  Parte adversa, no esté‚
detenida como prisionero de guerra y vaya a ser juzgada  por esa  Parte con
motivo de una infracción que guarde relación  con las  hostilidades
podrá   hacer valer su derecho al estatuto de prisionero de guerra ante un
tribunal   judicial y a que se decida esta cuestión. Siempre que no sea
contrario  al   procedimiento  aplicable,  esa  cuestión  se decidirá
antes  de que  el tribunal  se pronuncie  sobre  la infracción. Los
representantes de  la  Potencia  protectora tendrán derecho  a asistir  a las
actuaciones en  que  deba dirimirse la  cuestión, a  menos que,
excepcionalmente y en interés de  la seguridad  del Estado,  tales actuaciones
se celebren a puerta cerrada. En este caso, la Potencia en cuyo poder se
encuentre la  persona informará   al respecto  a la Potencia protectora.
3.
La persona que haya tomado parte en las hostilidades y no tenga  derecho  al
estatuto  de  prisionero  de  guerra  ni disfrute de  un trato más favorable
de conformidad  con lo dispuesto en  el IV Convenio, tendrá  derecho en
todo momento a la  protección del artículo 75 del presente Protocolo. Tal
persona, cuando se encuentre en territorio ocupado y siempre que no se halle
detenida como espía, disfrutará  también, no obstante lo establecido en el
artículo 5 del IV Convenio, de los derechos de comunicación previstos en ese
Convenio.
Artículo
46 - Espías:
1.
No obstante cualquier otra disposición de los Convenios o del presente
Protocolo, el miembro de las fuerzas armadas de una Parte  en conflicto  que
caiga  en poder  de  una  Parte adversa mientras  realice actividades de
espionaje no tendrá  derecho al  estatuto de  prisionero de  guerra y
podrá   ser tratado como
espía.
2.
No se considerará  que realiza actividades de espionaje el miembro de  las
fuerzas  armadas de  una Parte  en conflicto que, en  favor  de  esa  Parte,
recoja  o  intente  recoger información dentro de un territorio controlado por
una Parte adversa siempre  que, al  hacerlo, vista  el uniforme de las fuerzas
armadas a que pertenezca.
3.
No se considerará  que realiza actividades de espionaje el miembro de las
fuerzas armadas de una Parte en conflicto que sea residente  en territorio
ocupado por una Parte adversa y que, en  favor de  la Parte de que depende,
recoja o intente recoger  información   de  interés  militar  dentro  de  ese
territorio, salvo  que lo  haga mediante  pretextos falsos o proceda de  modo deliberadamente
clandestino.  Además,  ese residente no perderá  su derecho al estatuto de
prisionero de guerra y  no podrá   ser tratado  como espía  a menos que
sea capturado mientras realice actividades de espionaje.
4.
El  miembro de  las  fuerzas  armadas  de  una  Parte  en conflicto que no sea
residente en territorio ocupado por una Parte adversa  y que haya realizado
actividades de espionaje en ese  territorio, no  perderá  su  derecho al
estatuto  de prisionero de  guerra y  no podrá   ser tratado  como espía
a  menos que  sea capturado antes de reintegrarse a las fuerzas armadas a que
pertenezca.
Artículo
47 - Mercenarios :
1.
Los  mercenarios  no  tendrán derecho  al  estatuto  de combatiente o de
prisionero de guerra.
2.
Se entiende por mercenario toda persona:
a)
que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, a fin de
combatir en un conflicto armado; b) que, de hecho, tome parte directa en las
hostilidades; c) que  tome parte en las hostilidades animada esencialmente por
el  deseo de  obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente  la
promesa, por una Parte en conflicto o en   nombre   de   ella,   de   una
retribución   material considerablemente superior  a la  prometida o  abonada a
los combatientes de  grado y  funciones similares en las fuerzas armadas de esa
Parte; d) que  no  sea  nacional  de  una  Parte  en  conflicto  ni residente
en un territorio  controlado  por  una  Parte  en conflicto; e) que no sea
miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y f) que  no haya
sido enviada en misión oficial como miembro de sus  fuerzas armadas  por un
Estado que  no es  Parte en
conflicto.
TITULO
IV
POBLACION
CIVIL
SECCION
I  - PROTECCION  GENERAL CONTRA  LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES
CAPITULO
I - NORMA FUNDAMENTAL Y AMBITO DE APLICACION
Artículo
48 - Norma fundamental
A
fin  de garantizar  el  respeto  y  la  protección  de  la población civil   de
los bienes de carácter civil las Partes en  conflicto   harán  distinción   en
todo  momento  entre población civil  y combatientes,  y entre bienes de
carácter  civil y  objetivos militares  y, en  consecuencia, dirigirán sus
operaciones únicamente contra objetivos militares.
Artículo
49 - Definición de ataques  y  ámbito de
aplicación
1.
Se  entiende por  "ataques" los actos de violencia contra el
adversario, sean ofensivos o defensivos.
2.
Las  disposiciones del  presente Protocolo respecto a los ataques serán
aplicables a  todos los  ataques en cualquier territorio donde  se realicen,
inclusive en  el  territorio nacional que  pertenezca a  una Parte en
conflicto, pero que   se halle bajo el control de una Parte
adversa.
3.
Las  disposiciones de  la presente Sección se aplicarán a cualquier operación
de guerra  terrestre, naval o aérea que pueda afectar en tierra a la población
civil, a las personas civiles y  a los  bienes de  carácter  civil.  Se
aplicarán también a  todos los  ataques desde  el mar  o desde el aire contra
objetivos en tierra, pero no afectarán de otro modo a las  normas  de  derecho
internacional  aplicables  en  los conflictos armados en el mar o en el
aire.
4.
Las  disposiciones de  la presente  Sección completan las normas relativas  a
la  protección humanitaria contenidas en el IV  Convenio, particularmente  en
su  Título II, y en los demás  acuerdos  internacionales que  obliguen  a
las  Altas Partes contratantes,  así como  las otras  normas de derecho
internacional  que  se  refieren  a  la  protección  de  las personas civiles
y de  los bienes  de carácter civil contra los efectos de las hostilidades en
tierra, en el mar o en el
aire.
CAPITULO
II - PERSONAS CIVILES Y POBLACION CIVIL
Artículo
50  - Definición de personas civiles y de población civil :
1.
Es  persona civil  cualquiera que  no pertenezca a una de las categorías  de
personas a que se refieren el artículo 4, A. 1),  2), 3), y 6), del III
Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo.  En caso  de duda acerca de
la condición
de
una persona, se la considerará  como civil.
2.
La  población  civil  comprende  a  todas  las  personas
civiles.
3.
La  presencia entre  la población  civil de personas cuya condición no
responda a  la definición  de persona civil no priva a esa población de su
calidad de civil.
Artículo
51 - Protección de la población civil:
1.
La  población civil  y las  personas civiles  gozarán  de protección  general
contra  los  peligros  procedentes  de operaciones militares.  Para hacer
efectiva esta protección, además  de   las  otras   normas   aplicables   de
derecho internacional, se observarán en todas las circunstancias las normas
siguientes.
2.
No  serán  objeto de ataque la población civil como tal ni las personas
civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia  cuya finalidad
principal sea aterrorizar a la población
civil.
3.
Las  personas  civiles  gozarán  de  la  protección  que confiere esta
Sección, salvo  si participan directamente en las hostilidades y mientras dure
tal participación.
4.
Se  prohiben los  ataques  indiscriminados.  Son  ataques
indiscriminados:
a)
los  que no  estén dirigidos  contra un  objetivo militar concreto; b) los que
emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo
militar concreto; o c) los que emplean‚todos o medios de combate cuyos efectos
no sea posible limitar conforme a lo exigido por el presente Protocolo; y que,  en
consecuencia en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar indistintamente  a
objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter
civil.
5.
Se  consideraran  indiscriminados,   entre  otros, los siguientes tipos de
ataque:
a)
los  ataques por  bombardeo, cualesquiera  que  sean  los métodos  o  medios
utilizados,  que  traten  como  objetivo militar  único   varios  objetivos
militares  precisos   y claramente separados  situados en una ciudad, un
pueblo, una aldea u  otra zona  en que  haya  concentración  análoga  de
personas civiles o bienes de carácter civil; b)  los ataques,  cuando sea  de
prever  que  causarán incidentalmente muertos  y heridos entre la población
civil,  o daños  a bienes  de carácter  civil, o  ambas  cosas,  que serían
excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa
prevista.
6.
Se prohiben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o
las personas civiles.
7.
La  presencia de la población civil o de personas civiles o sus  movimientos
no  podrán  ser  utilizados  para  poner ciertos puntos  o zonas a cubierto de
operaciones militares, en especial  para tratar  de poner a cubierto de ataques
los objetivos   militares, ni   para cubrir, favorecer u obstaculizar
operaciones  militares. Las Partes en conflicto no podrán dirigir los
movimientos de la población civil o de personas civiles  para tratar de poner
objetivos militares a cubierto de ataques, o para cubrir operaciones
militares.
8.
Ninguna violación de estas prohibiciones dispensará  a las Partes  en
conflicto  de  sus  obligaciones  jurídicas  con respecto a  la  población
civil  y  las  personas  civiles, incluida la  obligación de adoptar las
medidas de precaución previstas en el artículo
57.
CAPITULO
III - BIENES DE CARACTER CIVIL
Artículo
52  - Protección  general de los bienes de carácter civil :
1.
Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias.  Son
bienes  de  carácter  civil  todos  los bienes que  no son  objetivos
militares  en el  sentido  del párrafo.2.
2.
Los  ataques se  limitarán estrictamente  a los objetivos militares. En  lo
que  respecta a  los bienes, los objetivos militares  se   limitan  a   aquellos
objetos  que  por  su naturaleza, ubicación,  finalidad o  utilización
contribuyan eficazmente a  la acción  militar o cuya destrucción total o
parcial,   captura   o   neutralización   ofrezca   en   las circunstancias del
caso una ventaja militar definida.
3.
En  caso de  duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines
civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra  vivienda o  una escuela,
se utiliza para contribuir eficazmente a  la acción  militar, se
presumirá  que  no  se utiliza con tal
fin.
Artículo
53  - Protección  de los bienes culturales y de los   lugares de culto:
Sin
perjuicio  de las  disposiciones de  la Convención de La Haya del 14 de mayo de
1954 para la Protección de los Bienes Culturales  en   caso  de Conflicto
Armado  y de otros instrumentos internacionales aplicables, queda prohibido:
a)
cometer   actos  de   hostilidad  dirigidos  contra  los monumentos
históricos,  obras de arte o lugares de culto que constituyen el  patrimonio
cultural  o  espiritual  de  los pueblos; b) utilizar tales bienes en apoyo del
esfuerzo militar; c) hacer objeto de represalias a tales bienes.
Artículo
54  - Protección  de los bienes indispensables para la supervivencia de la
población civil:
1.
Queda  prohibido, como  método de  guerra, hacer  padecer hambre a las personas
civiles.
2.
Se  prohibe atacar,  destruir, sustraer  o inutilizar los bienes
indispensables  para la supervivencia de la población civil, tales  como los
artículos alimenticios  y las  zonas agrícolas que  los producen,  las
cosechas,  el ganado,  las instalaciones y  reservas de  agua potable  y las
obras  de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su
valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil  o a  la
Parte  adversa, sea  cual fuere  el   motivo, ya  sea para  hacer padecer  hambre
a  las  personas civiles, para  provocar su  desplazamiento, o  con cualquier
otro propósito.
3.
Las  prohibiciones establecidas  en el  párrafo 2  no  se aplicarán a  los
bienes  en él mencionados cuando una Parte adversa:
a)
utilice   tales  bienes  exclusivamente  como  medio  de subsistencia para los
miembros de sus fuerzas armadas; o b) los  utilice en  apoyo directo  de una
acción militar, a condición, no  obstante, de  que en  ningún  caso  se  tomen
contra tales  bienes medidas  cuyo resultado  previsible sea dejar tan
desprovista de  víveres o  de agua a la población civil que ésta se vea
reducida a padecer hambre u obligada a desplazarse.
4.
Estos bienes no serán objeto de represalias.
5.
Habida  cuenta de  las exigencias  vitales que  para toda Parte en  conflicto
supone  la  defensa  de  su  territorio nacional contra  la invasión,  una
Parte  en conflicto podrá  dejar de  observar las prohibiciones señaladas
en el párrafo   2 dentro  de ese territorio que se encuentre bajo su control
cuando lo exija una necesidad militar imperiosa.
Artículo
55 - Protección del medio ambiente natural:
1.
En  la  realización  de  la  guerra  se  velará   por  la protección del
medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y  graves. Esta
protección incluye la prohibición de emplear  métodos o  medios de  hacer la
guerra que hayan sido concebidos  para causar  o de  los que quepa prever que
causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la
supervivencia de la población.
2.
Quedan  prohibidos los  ataques contra  el medio ambiente natural como
represalias.
Artículo
56  - Protección  de las  obras e instalaciones que contienen fuerzas
peligrosas :
1.
Las   obras  o   instalaciones  que   contienen  fuerzas peligrosas, a  saber,
las presas, los diques y las centrales nucleares de  energía eléctrica, no
serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques
puedan producir la  liberación de  aquellas fuerzas  y  causar,  en
consecuencia, pérdidas importantes en  la población  civil. Los otros
objetivos militares  ubicados  en  esas  obras  o instalaciones, o  en sus
proximidades, no  serán objeto de ataques cuando  tales ataques  puedan
producir la liberación de fuerzas  peligrosas y  causar, en  consecuencia,
pérdidas  importantes en la población civil.
2.
La  protección especial contra todo ataque prevista en el párrafo
cesará::
a)
para  las presas  o diques, solamente si se utilizan para funciones distintas
de aquellas  a  que  normalmente  están  destinados y  en apoyo  regular,
importante  y  directo  de operaciones militares, y si tales ataques son el
único medio factible de poner fin a tal apoyo;  b)  para  las  centrales
nucleares  de  energía  eléctrica, solamente si tales centrales suministran
corriente eléctrica en  apoyo  regular,  importante  y  directo de  operaciones
militares, y si tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal
apoyo; c) para los otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalaciones,
o en  sus proximidades, solamente  si  se utilizan  en   apoyo  regular,
importante  y   directo  de operaciones militares, y si tales ataques son el
único medio    factible de poner fin a tal
apoyo.
3.
En  todos los  casos, la  población civil  y las personas civiles mantendrán
su derecho  a toda la protección que les confiere el  derecho internacional,
incluidas las medidas de precaución  previstas   en  el   artículo  57.  Si
cesa  la protección  y   se  ataca   a  cualquiera de  las  obras  e
instalaciones o  a cualquiera  de  los  objetivos  militares mencionados  en
el  párrafo  1,  se  adoptarán  todas  las precauciones posibles  en la  práctica
a  fin de  evitar  la liberación de las fuerzas
peligrosas.
4.
Se  prohíbe hacer  objeto de  represalias a cualquiera de las obras  e
instalaciones  o  de los  objetivos  militares mencionados en el párrafo
1.
5.
Las  Partes en  conflicto se  esforzarán por no  ubicar objetivos  militares
en  la  proximidad  de  las  obras  o instalaciones mencionadas  en el
párrafo1. No obstante, se  autorizan las  instalaciones construidas con el
único objeto de defender  contra los  ataques las obras o  instalaciones
protegidas, y tales instalaciones no serán objeto o condición de que no se
utilicen en las hostilidades, salvo en las  acciones defensivas  necesarias
para responder a los ataques contra  las obras  o instalaciones  protegidas, y
de que su  armamento se  limite a  armas que sólo puedan servir para  repeler
acciones  hostiles   contra  las   obras   o instalaciones protegidas.
6.
Se  insta a  las Altas Partes contratantes y a las Partes en conflicto  a que
concierten entre  sí otros acuerdos que brinden protección complementaria a los
bienes que contengan fuerzas
peligrosas.
7.
Para facilitar la identificación de los bienes protegidos por el  presente
artículo,  las partes  en conflicto  podrán marcarlos con  un signo  especial
consistente en un grupo de tres círculos  de color  naranja vivo a lo largo de
un mismo eje, como  se indica  en el  artículo 16  del  Anexo  I  del presente
Protocolo.  La  ausencia  de  tal  señalización  no dispensará  en  modo
alguno  a las Partes en conflicto de las obligaciones dimanantes del presente
artículo.
CAPITULO
IV - MEDIDAS DE PRECAUCION
Artículo
57 - Precauciones en el ataque:
1.
Las  operaciones militares  se realizarán  con un cuidado constante de
preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de
carácter civil.
2.
Respecto  a  los  ataques,  se  tomarán  las  siguientes precauciones:
a)
quienes preparen o decidan un ataque deberán:
i)
hacer  todo lo  que sea  factible para  verificar que los objetivos que  se
proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de  carácter civil,  ni gozan
de protección especial, sino que  se trata  de objetivos militares en el
sentido del párrafo 2  del artículo  52  y  que  las disposiciones  del
presente Protocolo no prohíben atacarlos; ii) tomar todas las precauciones
factibles en la elección de los medios  y métodos  de ataque  para evitar  o,
al  menos, reducir todo  lo posible  el número  de muertos y de heridos que
pudieran  causar  incidentalmente  entre  la  población  civil, así como los
daños a los bienes de carácter civil; iii) abstenerse  de decidir  un ataque
cuando sea de prever que  causará  incidentalmente  muertos o  heridos  en
la población civil, daños a  bienes de carácter civil, o ambas cosas, que
serían excesivos  en  relación  con  la  ventaja militar concreta y directa
prevista;
b)
un ataque será  suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no  es
militar o que goza de protección especial, o que es  de prever  que  el
ataque  causará   incidentalmente muertos o  heridos entre  la población
civil, daños a bienes de carácter  civil, o  ambas cosas, que serían
excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; c)
se  dará  aviso  con la  debida antelación  y  por  medios eficaces  de
cualquier  ataque  que  pueda  afectar  a  la población civil, salvo que las
circunstancias lo impidan.
3.
Cuando  se pueda  elegir entre varios objetivos militares para obtener  una
ventaja militar equivalente, se optará  por el objetivo cuyo ataque, según
sea de prever, presente menos peligro para  las personas  civiles y los bienes
de carácter civil.
4.
En las operaciones militares en el mar o en el aire, cada Parte en  conflicto
deber   adoptar, de  conformidad con los derechos y  deberes que  le
corresponden  en virtud  de  las normas de derecho internacional aplicables en
los conflictos armados,  todas  las  precauciones  razonables  para  evitar
perdidas de  vidas en la población civil y daños a bienes de carácter
civil.
5.
Ninguna  de las  disposiciones  de  este  artículo  podrá  interpretarse
en  el  sentido  de  autorizar  ataque  alguno contra la población civil, las
personas civiles o los bienes de carácter
civil.
Artículo
58 - Precauciones contra los efectos de los ataques Hasta donde sea factible,
las Partes en conflicto:
a)
se  esforzarán, sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el artículo 49  del IV
Convenio, por alejar de la proximidad de objetivos militares  a  la  población
civil,  las  personas civiles y  los bienes  de carácter  civil que  se
encuentren bajo su control; b) evitarán  situar objetivos  militares en el
interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas; c) tomarán  las
demás  precauciones necesarias para proteger contra los  peligros resultantes
de operaciones militares a la población  civil, las  personas civiles  y los
bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control.
CAPITULO
V - LOCALIDADES Y ZONAS BAJO PROTECCION ESPECIAL
Artículo
59 - Localidades no defendidas
1.
Queda  prohibido a  las Partes  en conflicto  atacar, por cualquier medio que
sea, localidades no defendidas.
2.
Las  autoridades competentes  de una  Parte en  conflicto pueden  declarar
localidad  no  defendida  cualquier  lugar habitado que  se encuentre en la
proximidad o en el interior de una  zona donde  las fuerzas  armadas estén en
contacto y que esté  abierto a  la ocupación por una Parte adversa. Tal
localidad habrá  de reunir las condiciones siguientes:
a)
deberán  haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y el
material militar móviles; b) no  se  hará   uso  hostil  de  las
instalaciones  o  los establecimientos militares fijos; c) ni  las autoridades
ni la  población cometerán  actos de hostilidad; d) no se emprenderá actividad
alguna en apoyo de operaciones militares.
3.
La  presencia en  esa localidad de personas especialmente protegidas por  los
Convenios  y por  el presente Protocolo, así como  la de  fuerzas de  policía
retenidas  con la única finalidad de  mantener el  orden público,  no se opone
a las condiciones señaladas en el párrafo 2.
4.
La  declaración que  se haga en virtud del párrafo 2 será  dirigida a  la
Parte  adversa y  definirá e indicará , con la  mayor precisión  posible,
los  límites de  la  localidad  no defendida. La  Parte en  conflicto que
reciba la declaración acusar  recibo  de ella  y  tratará   a  esa
localidad  como localidad  no   defendida   a   menos   que   no   concurran
efectivamente las  condiciones señaladas en el párrafo 2, en cuyo caso  lo
comunicará   inmediatamente a la Parte que haya hecho la  declaración.
Aunque  no concurran  las condiciones señaladas en  el párrafo  2, la localidad
continuará  gozando de la  protección prevista  en las  demás
disposiciones  del presente  Protocolo   y  las   otras   normas   de   derecho
internacional aplicables en los conflictos armados.
5.
Las Partes en conflicto podrán ponerse de acuerdo para el establecimiento de
localidades no  defendidas,  incluso  si tales localidades  no reúnen las
condiciones señaladas en el párrafo 2.  El acuerdo  debería definir  e
indicar,  con  la mayor precisión  posible, los  límites de  la localidad  no
defendida; si  fuere necesario,  podrá fijar las modalidades de supervisión.
6.
La  Parte en cuyo poder se encuentre una localidad objeto de tal  acuerdo la
señalizará , en  la medida de lo posible, con los  signos que  convenga
con  la otra Parte, los cuales serán colocados  en lugares  donde sean
claramente visibles, especialmente en  el  perímetro  y  en  los  límites  de
la localidad y en las carreteras.
7.
Una  localidad  perderá   su  estatuto  de  localidad  no defendida cuando
deje de reunir las condiciones señaladas en el párrafo  2 o en el acuerdo
mencionado en el párrafo 5. En tal caso,  la localidad  continuará gozando de
la protección prevista en las demás disposiciones del presente Protocolo y las otras
normas de derecho internacional aplicables en los conflictos
armados.
Artículo
60 - Zonas desmilitarizadas
1.
Queda  prohibido a  las Partes  en conflicto  extender sus operaciones
militares a las zonas a las que hayan conferido, mediante acuerdo,  el
estatuto  de zona  desmilitarizada, si tal extensión es contraria a lo
estipulado en ese acuerdo.
2.
El  acuerdo será  expreso, podrá  concertarse verbalmente o por
escrito,  bien  directamente  o  por  conducto  de  una Potencia  protectora   o
de  una  organización  humanitaria imparcial, y  podrá  consistir  en
declaraciones recíprocas y concordantes. El acuerdo podrá  concertarse en
tiempo de paz, o una  vez rotas  las  hostilidades,  y  debiera  definir  e
indicar, con  la mayor  precisión posible, los límites de la zona
desmilitarizada  y, si fuere necesario, podrá  fijar las modalidades de
supervisión.
3.
Normalmente,  será  objeto  de tal  acuerdo una  zona  que reúna las
condiciones siguientes:
a)
deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y el
material militar móviles; b) no  se  hará   uso  hostil  de  las
instalaciones  o  los establecimientos militares fijos; c) ni  las autoridades
ni la  población cometerán  actos de hostilidad d) deberá   haber cesado
toda actividad  relacionada con  el esfuerzo militar.
Las
Partes  en conflicto  se pondrán  de  acuerdo  sobre  la interpretación que
proceda dar a la condición señalada en el apartado d) y sobre las personas que,
aparte las mencionadas en  el párrafo  4,   puedan  ser   admitidas  en  la
zona desmilitarizada.
4.
La  presencia  en  esa  zona  de  personas  especialmente protegidas por  los
Convenios  y por  el presente Protocolo, así como  la de  fuerzas de  policía
retenidas  con la única finalidad de  mantener el  orden público,  no se opone
a las   condiciones señaladas en el párrafo 3.
5.
La  Parte  en  cuyo  poder  se  encuentre  tal  zona  la señalizará , en
la medida  de lo posible, con los signos que convenga con  la otra  Parte, los
cuales serán colocados en lugares donde  sean claramente visibles,
especialmente en el   perímetro y  en  los  límites  de  la  localidad  y  en
las carreteras.
6.
Si  los combates se aproximan a una zona desmilitarizada, y si  las Partes  en
conflicto así lo han convenido, ninguna de ellas  podrá  utilizar la zona
para fines relacionados con la realización  de  operaciones  militares,  ni
revocar  de     manera unilateral su
estatuto.
7.
La  violación grave por una de las Partes en conflicto de las disposiciones  de
los  párrafos 3 ó 6 liberará  a la otra Parte de  las obligaciones
dimanantes del acuerdo por el que se confiere  a la  zona el estatuto de zona
desmilitarizada. En tal  caso, la  zona perderá   su estatuto  pero
continuará  gozando de la protección prevista en las demás disposiciones
del presente  Protocolo y  en las  otras normas  de  derecho internacional
aplicables en los conflictos armados.
CAPITULO
VI - SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL
Artículo
61 - Definiciones y  ámbito de aplicación Para los efectos del presente
Protocolo:
a)
se  entiende por  protección civil el cumplimiento  de algunas o  de todas las
tareas humanitarias que se mencionan a continuación,  destinadas a  proteger a
la población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes
y a  ayudarla a  recuperarse de  sus efectos inmediatos, así como  a facilitar
las   condiciones  necesarias  para  su supervivencia. Estas tareas son las
siguientes:
i)
servicio de alarma; ii) evacuación; iii) habilitación y organización de
refugios; iv) aplicación de medidas de oscurecimiento; v) salvamento; vi)
servicios   sanitarios,  incluidos los de primeros auxilios, y asistencia
religiosa; ii) lucha contra incendios; viii) detección y señalamiento de zonas
peligrosas; ix) descontaminación y medidas similares de protección; x)
provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; xi) ayuda  en caso de
urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en las zonas
damnificadas; xii) medidas  de urgencia  para el  restablecimiento de  los
servicios públicos indispensables;   xiii) servicios funerarios de urgencia;
xiv)  asistencia   para  la   preservación  de   los  bienes esenciales para la
supervivencia; xv) actividades complementarias necesarias para el desempeño de
una  cualquiera de  las  tareas  mencionadas,  incluyendo entre otras cosas la
planificación y la organización; b) se  entiende por  "organismos de
protección  civil"  los establecimientos y  otras unidades creados o
autorizados por la autoridad  competente de  una  Parte  en  conflicto  para
realizar cualquiera de las tareas mencionadas en el apartado a) y  destinados
y  dedicados exclusivamente al desempeño de esas tareas; c) se  entiende por
"personal" de  organismos de protección civil las  personas
asignadas  por una  Parte  en  conflicto   exclusivamente al  desempeño de las
tareas mencionadas en el apartado a),  incluido el personal asignado
exclusivamente a la  administración  de  esos  organismos  por  la  autoridad
competente de dicha Parte; d) se  entiende por  "material" de
organismos de protección civil el  equipo, los suministros y los medios de
transporte utilizados por esos organismos en el desempeño de las tareas
mencionadas en el apartado a).
Artículo
62 - Protección general
1.
Los  organismos civiles de protección civil y su personal serán  respetados  y
protegidos,  de  conformidad  con  las disposiciones del  presente Protocolo  y
en particular de la presente Sección.  Dichos organismos  y su  personal
tendrán derecho a  desempeñar sus  tareas de protección civil, salvo en casos
de imperiosa necesidad militar.
2.
Las  disposiciones del  párrafo 1 se aplicarán asimismo a las personas  civiles
que,  sin pertenecer  a los organismos civiles de protección civil, respondan
al llamamiento de las  autoridades competentes  y lleven  a cabo  bajo  su
control tareas de protección civil.
3.
Los  edificios y  el material  utilizados  con  fines  de protección civil,
así como  los refugios  destinados  a  la población civil,  se regirán por lo
dispuesto en el artículo 52. Los  bienes utilizados  con fines de protección
civil no podrán ser destruidos ni usados con otros fines salvo por la Parte a
que pertenezcan.
Artículo
63 - Protección civil en los territorios ocupados
1.
En  los territorios  ocupados, los  organismos civiles de protección civil
recibirán de  las  autoridades  todas  las facilidades necesarias  para el
cumplimiento de sus tareas. En ninguna  circunstancia se obligará  a su
personal a llevar a cabo  actividades que  dificulten el cabal cumplimiento de
sus tareas.  La Potencia  ocupante no podrá introducir en la estructura ni  en
el  personal  de  esos  organismos  ningún cambio que  pueda perjudicar  el
cumplimiento  eficaz de  su misión. No  se obligará  a dichos organismos a
que actúen con prioridad en  favor de  los nacionales o de los intereses de la
Potencia ocupante.
2.
La  Potencia ocupante no obligará , coaccionará  o incitará  a
los  organismos civiles  de protección  civil a desempeñar sus tareas  de modo
alguno que  sea  perjudicial  para  los intereses de la población civil.
3.
La  Potencia ocupante  podrá, por  razones de  seguridad, desarmar al personal
de protección civil
4.
La  Potencia ocupante  no destinará  a fines distintos de los que  les  son
propios  los  edificios  ni  el  material pertenecientes  a  los  organismos
de  protección  civil  o utilizados por  ellos ni  proceder   a  su
requisa,  si  el destino a  otros  fines  o  la  requisa  perjudicaran  a  la población
civil.
5.
La  Potencia ocupante  podrá requisar  o destinar a otros fines  los
mencionados  recursos   siempre  que   continúe observando la  regla general
prevista en el párrafo 4, bajo  las condiciones particulares siguientes:
a)
que  los edificios  o el  material sean  necesarios  para satisfacer otras
necesidades de la población civil; y b) que  la requisa o el destino a otros
fines continúen sólo mientras exista tal necesidad.
6.
La  Potencia ocupante  no  destinará   a  otros  fines  ni requisar
los refugios previstos para el uso de la población civil o necesarios para
‚ésta.
Artículo
64  - Organismos civiles de protección civil de los Estados neutrales  u otros
Estados que  no sean  Partes  en conflicto y organismos internacionales de
protección civil 1. Los  artículos 62,  63, 65  y 66  se aplicarán también al
personal  y   al  material  de  los  organismos  civiles  de protección civil
de los  Estados neutrales  u otros Estados que no  sean Partes  en conflicto  y
que  lleven a  cabo las tareas de  protección mencionadas  en el  artículo 61
en el  territorio de  una Parte en conflicto, con el consentimiento y bajo  el
control  de  esa  Parte.  Esta  asistencia  ser  notificada a cada Parte
adversa interesada lo antes posible.
En
ninguna  circunstancia se considerar  esta actividad como una
injerencia   en  el  conflicto.  Sin  embargo,  debería realizarse tomando
debidamente en  cuenta los  intereses en materia de seguridad de las Partes en
conflicto afectadas.
2.
Las  Partes  en  conflicto  que  reciban  la  asistencia  mencionada en  el
párrafo  1 y las Altas Partes contratantes que  la   concedan  deberían
facilitar,  si   procede,  la coordinación   internacional   de   tales
actividades   de protección  civil.   En  ese  caso,  las  disposiciones  del
presente   Capítulo    se   aplicarán   a   los   organismos internacionales
competentes.
3.
En  los territorios  ocupados, la  Potencia ocupante sólo podrá  excluir o
restringir las actividades de los organismos civiles de  protección civil  de
Estados  neutrales u  otros Estados que  no sean  Partes en  conflicto y  de
organismos internacionales de  coordinación si  está  en  condiciones de
asegurar  el   cumplimiento  adecuado   de  las   tareas  de  protección civil
por medio de sus propios recursos o de los recursos del territorio ocupado.
Artículo
65 - Cesación de la protección civil
1.
La  protección a  la cual  tienen derecho  los organismos civiles  de
protección  civil,   su  personal,  edificios, refugios y material, únicamente
podrá cesar si cometen o son utilizados para  cometer, al margen de sus
legítimas tareas,  actos  perjudiciales   para  el  enemigo.  Sin  embargo,  la
protección cesar   únicamente después de una intimación que, habiendo
fijado  cuando proceda un plazo razonable, no surta
efectos.
2. No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo:
a)
el  hecho de  que  las  tareas  de  protección  civil  se realicen bajo  la
dirección  o el control de las autoridades
militares;
b)
el  hecho de  que el  personal civil  de los servicios de protección civil
coopere con  el  personal  militar  en  el cumplimiento de  sus tareas  o de
que se  agreguen  algunos  militares a los organismos civiles de protección
civil; c) el  hecho de  que se  realicen tareas de protección civil que puedan
beneficiar incidentalmente a víctimas militares, en particular las que se
encuentren fuera de combate.
3.
No  se considerará   acto perjudicial  para el  enemigo el hecho  de
que  el  personal  civil  de  los  servicios  de protección civil  lleve armas
ligeras individuales para los fines de  mantenimiento del  orden o para su
propia defensa. Sin embargo,  en las  zonas  donde  se desarrolle  o  pueda
desarrollarse un  combate terrestre, las partes en conflicto adoptarán las
medidas apropiadas  para que  esas armas sean  sólo armas  de mano, tales como
pistolas o revólveres, a fin de  facilitar   la  distinción  entre  el
personal  de  los  servicios de  protección civil  y los  combatientes.  Aunque
lleve otras  armas ligeras  individuales en  esas zonas,  el personal de  los
servicios  de  protección  civil  ser   no obstante  respetado   y
protegido   tan  pronto   como  sea reconocida su calidad de
tal.
4.
Tampoco  privar  a  los organismos  civiles de protección  civil de  la protección
que les  confiere este Capítulo, el hecho de  que estén organizados según un
modelo militar o de que su personal sea objeto de reclutamiento obligatorio.
Artículo
66 - Identificación
1.
Cada  Parte en conflicto procurar  asegurar que tanto los Organismos de
protección civil, como su personal, edificios y  material,  mientras  estén
asignados  exclusivamente  al cumplimiento de  tareas  de  protección  civil,
puedan  ser identificados. Los  refugios destinados a la población civil
deberían ser identificables de la misma manera.
2.
Cada  una de  las Partes  en conflicto  procurará  también adoptar y
aplicar métodos  y  procedimientos  que  permitan identificar los  refugios
civiles,  así  como  el  personal,  edificios y  material de  protección civil
que utilizan  el signo distintivo internacional de la protección civil.
3.
En   territorio  ocupado  y  en  zonas  en  las  que  se desarrollan o  es
probable  que se  desarrollen combates, el personal se dará a conocer, por
regla general, por medio del signo  distintivo   y  por  una  tarjeta  de
identidad  que  certifique su condición.
4.
El  signo distintivo  internacional de  protección  civil consiste en  un
triángulo  equilátero azul sobre fondo color naranja,  cuando  se  utilice
para  la  protección  de  los  organismos  de   protección  civil, de  su
personal,  sus edificios y su material o para la protección de los refugios
civiles.
5.
Además  del signo  distintivo, las  Partes  en  conflicto podrán  ponerse   de
acuerdo   sobre  el   uso  de  señales distintivas  a   fin  de  identificar
a  los  servicios  de protección civil.
6.
La  aplicación de  las  disposiciones  previstas  en  los párrafos 1  a 4  se
regir  por el Capítulo V del Anexo I del presente
Protocolo.
7.
En tiempo de paz, el signo descrito en el párrafo 4 podrá  utilizarse,
con   el  consentimiento de  las  autoridades  nacionales competentes,  para
identificar a los servicios de protección civil.
8.
Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto tomarán las  medidas
necesarias  para controlar  el uso  del signo distintivo internacional de
protección civil, así como para prevenir y reprimir el uso indebido del mismo.
9.
La  identificación del personal sanitario y religioso, de las unidades
sanitarias  y  de  los  medios  de  transporte sanitarios de  la protección
civil se regir  asimismo por el artículo 18.
Artículo
67  - Miembros  de las  fuerzas armadas  y unidades militares asignados a
organismos de protección civil
1.
Los  miembros de  las  fuerzas  armadas  y  las  unidades militares que  se
asignen  a organismos  de protección civil serán respetados y protegidos a
condición de:
a)
que  ese personal y esas unidades están asignados de modo permanente  y
dedicados  exclusivamente  al  desempeño  de cualesquiera de las tareas
mencionadas en el artículo 61; b) que  el personal  así asignado  no desempeñe
ninguna otra función militar durante el conflicto; c) que  ese personal  se
pueda  distinguir claramente de los  otros   miembros   de   las   fuerzas
armadas   exhibiendo ostensiblemente el  signo  distintivo  internacional  de
la protección  civil  en  dimensiones  adecuadas,  y  lleve  la tarjeta de
identidad mencionada en el Capítulo V del Anexo I al presente Protocolo que
acredite su condición; d) que  ese personal  y esas  unidades estén dotados
sólo de armas individuales  ligeras con  el propósito de mantener el orden o
para  su  propia  defensa.  Las  disposiciones  del párrafo 3 del artículo 65
se aplicarán también en este caso; e)  que  ese  personal  no  participe
directamente  en  las hostilidades, y que no cometa ni sea utilizado para
cometer, al  margen   de  sus   tareas  de  protección  civil,  actos perjudiciales
para la Parte adversa; f) que ese personal y esas unidades desempeñen sus
tareas de protección civil  sólo dentro  del territorio nacional de su Parte.
Queda  prohibida   la  inobservancia   de  las   condiciones establecidas en
el  apartado  e)  por  parte  de  cualquier miembro de  las fuerzas  armadas
que  cumpla los  requisitos  establecidos en los apartados a) y b).2. Si  el
personal militar que preste servicio en organismos   de protección  civil cae
en poder de una Parte adversa, ser  considerado prisionero  de guerra.  En
territorio ocupado se le podrá   emplear, siempre que sea exclusivamente
en interés de la  población civil  de ese  territorio, para  tareas  de
protección civil  en la  medida  en  que  sea  necesario,  a condición,  no
obstante,  de   que,  si  esas  tareas  son peligrosas, se ofrezca voluntario
para ellas.
3.
Los edificios y los principales elementos del equipo y de los medios de
transporte de las unidades militares asignadas a organismos de protección civil
estarán claramente marcados con el  signo  distintivo  internacional  de  la
protección civil. Este  signo  distintivo  será   tan  grande  como  sea
necesario.
4.
El  material y  los edificios  de las  unidades militares asignadas
permanentemente a organismos de protección civil y exclusivamente destinados
al desempeño  de las tareas de la protección civil  seguirán estando sujetos a
las leyes de la guerra si  caen en poder de una Parte adversa. Salvo en caso de
imperiosa  necesidad militar,  no podrán  ser destinados, sin embargo,  a
fines  distintos  de  la  protección  civil mientras sean  necesarios para  el
desempeño  de  tareas  de protección civil, a no ser que se hayan adoptado
previamente las disposiciones  adecuadas para atender las necesidades de la
población civil.
SECCION
II - SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACION CIVIL
Artículo
68 - Ambito de aplicación
Las
disposiciones  de esta Sección se aplican a la población civil,  entendida
en  el  sentido  de  este  Protocolo,  y completan los  artículos 23,  55, 59,
60, 61  y 62  y demás disposiciones pertinentes del IV Convenio.
Artículo
69 - Necesidades esenciales en territorios ocupados
1.
Además de las  obligaciones que,  en  relación  con  los víveres y  productos
médicos le impone el artículo 55 del IV Convenio, la  Potencia ocupante
asegurar   también,  en  la medida de  sus recursos y sin ninguna
distinción de carácter desfavorable, la  provisión de  ropa de  vestir y  de
cama, alojamientos  de  urgencia  y  otros  suministros  que  sean esenciales
para  la supervivencia  de la  población civil en territorio ocupado,  así como
de los objetos necesarios para el culto.
2.
La acciones de socorro en beneficio de la población civil de los  territorios
ocupados  se rigen por los artículos 59, 60, 61,  62, 108,  109, 110  y 111 del
IV Convenio, así como por lo  dispuesto en  el artículo  71 de  este
Protocolo,  y serán llevadas a cabo sin retraso.
Artículo
70 - Acciones de socorro
1.
Cuando  la población  civil de  cualquier territorio que, sin ser  territorio
ocupado, se halle bajo el control de una Parte en  conflicto esté‚  insuficientemente
dotada  de  los suministros mencionados  en el  artículo 69,  se llevarán  a
cabo, con  sujeción al  acuerdo de  las Partes  interesadas, acciones  de
socorro  que  tengan  carácter  humanitario  e imparcial  y  sean  realizadas
sin  ninguna  distinción  de carácter desfavorable.  El ofrecimiento de tales
socorros no ser  considerado  como injerencia  en el  conflicto ni  como
acto hostil.  En la distribución de los envíos de socorro se dar
prioridad  a aquellas personas que, como los niños, las  mujeres encintas,  las
parturientas  y las madres lactantes, gozan de  trato privilegiado  o de
especial  protección  de acuerdo con el IV Convenio o con el presente
Protocolo.
2.
Las  Partes en  conflicto y las Altas Partes contratantes permitirán y
facilitarán el  paso rápido  y sin  trabas  de todos  los   envíos,
materiales   y  personal   de  socorro suministrados de  acuerdo con  lo
dispuesto en esta Sección, incluso en el caso de que tal asistencia esté
destinada a la población civil de la Parte adversa.
3.
Las  Partes en  conflicto y las Altas Partes contratantes que permitan el paso
de los envíos, materiales y personal de socorro de acuerdo con el párrafo
2:
a)
tendrán   derecho  a  fijar  las  condiciones  técnicas, incluida la  investigación,
bajo  las que se permitir  dicho paso; b) podrán  supeditar  la
concesión  de  ese  permiso  a  la condición de  que la  distribución de  la
asistencia se haga bajo la supervisión local de una Potencia protectora; c) no
podrán, en  manera  alguna,  desviar  los  envíos  de socorro de  la
afectación  que les hubiere sido asignada, ni demorar  su  tránsito,  salvo
en  los  casos  de  necesidad urgente, en interés de la población civil
afectada.
4.
Las  Partes en conflicto protegerán los envíos de socorro y facilitarán su
rápida distribución.
5.
Las  Partes en  conflicto y las Altas Partes contratantes interesadas
promoverán  y  facilitarán   la   coordinación internacional efectiva  de las
acciones de socorro a que se refiere el párrafo
1.
Artículo
71  - Personal  que participa  en las  acciones  de socorro
1.
Cuando sea necesario, podrá  formar parte de la asistencia prestada en
cualquier acción de socorro personal de socorro, en especial para el transporte
y distribución de los envíos; la participación  de tal  personal  quedar
sometida  a  la aprobación de  la Parte  en cuyo  territorio haya de prestar
sus servicios.
2.
Dicho personal será  respetado y protegido.
3.
La  Parte que  reciba los  envíos de socorro asistirá, en toda la  medida de
lo posible, al personal de socorro a que se refiere  el párrafo  1 en  el
desempeño de su misión. Las actividades  del   personal  de   socorro  sólo
podrán  ser limitadas y  sus movimientos  temporalmente restringidos, en caso
de imperiosa necesidad militar.
4.
El   personal  de   socorro   no   podrá,   en   ninguna circunstancia,
exceder  los límites  de su misión de acuerdo con lo  dispuesto en  este
Protocolo.  Tendrá  en  cuenta, en especial, las  exigencias de  seguridad
de  la Parte en cuyo territorio presta  sus servicios.  Podrá darse por
terminada la misión  de todo  miembro del  personal de  socorro que no respete
estas condiciones.
SECCION
III  - TRATO A LAS PERSONAS EN PODER DE UNA PARTE EN CONFLICTO
CAPITULO
I  - AMBITO  DE  APLICACION  Y  PROTECCION  DE  LAS PERSONAS Y DE LOS BIENES
Artículo
72 - Ambito de aplicación
Las
disposiciones  de  esta  Sección  completan  las  normas relativas  a  la
protección  humanitaria  de  las  personas civiles y  de los  bienes de
carácter civil en poder de una Parte  en   conflicto  enunciadas  en  el  IV
Convenio,  en particular en sus Títulos I y III, así como las demás normas
aplicables  de   derecho  internacional   referentes  a   la protección de los
derechos humanos fundamentales durante los conflictos armados de carácter
internacional.
Artículo
73 - Refugiados y ap tridas
Las
personas  que, antes  del comienzo  de las hostilidades, fueren  consideradas
como  ap tridas  o  refugiadas  en  el sentido  de  los  instrumentos
internacionales  pertinentes aceptados por  las Partes  interesadas o  de la
legislación nacional del  Estado que  las  haya acogido  o  en  el  que
residan, lo serán, en todas las circunstancias y sin ninguna distinción de
índole desfavorable, como personas protegidas en el sentido de los Títulos I y
III del IV Convenio.
Artículo
74 - Reunión de familias dispersas
Las
Altas  Partes contratantes  y las  Partes  en  conflicto facilitarán en  toda
la  medida de  lo posible la reunión de las  familias   que  están   dispersas
a   consecuencia  de conflictos armados y alentarán en particular la labor de
las organizaciones humanitarias  que se  dediquen a  esta  tarea conforme a las
disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y  de conformidad  con
sus  respectivas normas  de
seguridad.
Artículo
75 - Garantías fundamentales
1.
Cuando se encuentren en una de las situaciones a que hace referencia  el
artículo  1  del  presente  Protocolo,  las personas que  están en poder de una
Parte en conflicto y que no disfruten  de un  trato más  favorable en  virtud
de  los Convenios o  del presente  Protocolo serán  tratadas en toda
circunstancia con  humanidad y se beneficiarán, como mínimo, de la  protección
prevista  en  el  presente  artículo,  sin distinción alguna  de carácter
desfavorable  basada  en  la raza, el  color, el  sexo, el  idioma,  la
religión  o  las creencias, las  opiniones políticas  o de  otro  género,  el
origen nacional  o social,  la fortuna, el nacimiento u otra condición o
cualesquiera  otros  criterios  análogos logos.  Cada Parte
respetar   la persona, el honor, las convicciones y la prácticas
religiosas de todas esas personas.
2.
Están  y quedaron  prohibidos en  todo tiempo y lugar los actos siguientes,  ya
sean  realizados por agentes civiles o
militares:
a)
los  atentados contra  la vida,  la salud y la integridad física o mental de
las personas, en particular: i) el homicidio; ii) la tortura de cualquier
clase, tanto física como mental; iii) las penas corporales; y iv) las
mutilaciones; b) los  atentados contra  la dignidad  personal, en especial los
tratos   humillantes  y  degradantes,  la  prostitución forzada y cualquier
forma de atentado al pudor; c) la toma de rehenes; d) las penas colectivas; y
e) las amenazas de realizar los actos mencionados.
3.
Toda  persona  detenida,  presa  o  internada  por  actos relacionados con  el
conflicto  armado  ser   informada  sin demora, en  un idioma  que
comprenda, de las razones que han motivado esas  medidas. Salvo  en los  casos
de  detención o prisión por  una infracción penal, esa persona ser
liberada lo antes  posible y  en todo caso en cuanto desaparezcan las
circunstancias  que   hayan  justificado  la  detención,  la prisión o el internamiento.
4.
No  se impondrá   condena  ni  se  ejecutar   pena  alguna respecto
de una persona declarada culpable de una infracción penal relacionada con el
conflicto armado, sino en virtud de sentencia de  un tribunal imparcial,
constituido con arreglo a  la   ley  y   que  respete  los  principios
generalmente reconocidos para  el procedimiento  judicial ordinario, y en
particular los siguientes:
a)
el  procedimiento dispondrá   que el acusado sea informado sin demora  de
los  detalles de  la  infracción  que  se  le atribuya y  garantizar  al
acusado, en  las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de ‚éste,
todos los derechos y medios de defensa necesarios; b) nadie  podrá  ser
condenado por  una infracción  si no es sobre la base de su responsabilidad
penal individual; c) nadie  ser  acusado o condenado por actos u omisiones
que no  fueran   delictivos  según   el   derecho   nacional   o internacional
que  le  fuera  aplicable  en  el  momento  de cometerse.  Tampoco  se
impondrá   pena  más  grave  que  la aplicable en  el momento de cometerse
la infracción. Si, con posterioridad  a   esa  infracción,  la  ley
dispusiera  la aplicación de una pena más leve, el infractor se
beneficiar  de la disposición; d) toda  persona acusada  de  una
infracción  se  presumir  inocente mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley; e) toda  persona acusada  de una infracción tendrá
derecho a hallarse presente al ser juzgada; f) nadie  podrá ser obligado a
declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable; g) toda  persona acusada  de
una infracción tendrá  derecho a   interrogar o  hacer interrogar  a los
testigos de  cargo, a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a
que ‚éstos sean  interrogados en  las mismas  condiciones que los testigos de
cargo; h) nadie  podrá  ser juzgado ni condenado por la misma Parte, de
conformidad  con la  misma legislación  y  con  el  mismo procedimiento
judicial,  por un  delito respecto  al cual se haya  dictado   ya  una
sentencia  firme,  condenatoria  o absolutoria; i) toda  persona juzgada por
una infracción tendrá derecho a que la sentencia sea pronunciada públicamente;
y  j) toda  persona condenada  ser  informada, en el momento de su
condena,  de sus derechos a interponer recurso judicial y de todo  tipo, así
como de  los plazos  para  ejercer  esos  derechos.
5.
Las mujeres privadas de libertad por razones relacionadas con  el   conflicto
armado  serán  custodiadas  en  locales separados de  los ocupados  por los
hombres. Su  vigilancia inmediata estar   a  cargo  de  mujeres.  No
obstante,  las familias detenidas  o internadas serán alojadas, siempre que sea
posible, en un mismo lugar, como unidad familiar.
6.
Las  personas detenidas,  presas o internadas por razones relacionadas con  el
conflicto  armado  disfrutarán  de  la protección  otorgada   por  el
presente  artículo,  incluso después de  la terminación  del conflicto  armado,
hasta  el momento  de   su  liberación   definitiva,  repatriación   o
reasentamiento.
7.
A  fin de  evitar toda  duda en cuanto al procesamiento y juicio  de  personas
acusadas  por  crímenes  de  guerra  o crímenes contra  la humanidad,  se
aplicarán  los siguientes
principios:
a)
las  personas acusadas  de  tales  crímenes  deberán  ser sometidas a
procedimiento y juzgadas de conformidad con las normas aplicables del derecho
internacional; y  b) cualquiera  de esas  personas que no disfrute de un trato
más favorable  en virtud  de los  Convenios o  del  presente Protocolo,
recibir    el  trato  previsto  en  el  presente artículo,
independientemente  de que  los crímenes de que se la  acuse  constituyan  o
no  infracciones  graves  de  los Convenios o del presente Protocolo.
8.
Ninguna  de las disposiciones del presente artículo podrá  interpretarse
de  manera  que pueda  limitar  o  infringir cualquier otra disposición más
favorable y que ofrezca a las personas comprendidas en el párrafo 1 una mayor
protección en  virtud   de  otras   normas   aplicables del   derecho
internacional.
CAPITULO
II - MEDIDAS EN FAVOR DE LAS MUJERES Y DE LOS NIÑOS
Artículo
76 - Protección de las mujeres
1.
Las  mujeres  serán  objeto  de  un  respeto  especial  y protegidas   en
particular   contra   la   violación,   la prostitución forzada  y cualquier
otra forma de atentado al pudor.
2.
Serán  atendidos con  prioridad  absoluta  los  casos  de mujeres encintas  y
de  madres con  niños de corta edad a su cargo, que  sean  arrestadas,
detenidas  o  internadas  por   razones relacionadas con el conflicto armado.
3.
En  toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evitar  la
imposición  de la pena de muerte a las mujeres encintas o a las madres con niños
de corta edad a su cargo por  delitos relacionados  con el conflicto armado. No
se ejecutar  la pena  de muerte  impuesta a esas mujeres por tales
delitos.
Artículo
77 - Protección de los niños
1.
Los  niños serán  objeto de  un respeto especial y se les proteger
contra  cualquier forma  de atentado al pudor. Las Partes en  conflicto les
proporcionarán los  cuidados y  la ayuda que necesiten, por su edad o por
cualquier otra razón.
2.
Las  Partes  en  conflicto  tomarán todas  las  medidas posibles para  que los
niños  menores  de  quince  años  no participen directamente  en las
hostilidades, especialmente absteniéndose de  reclutarlos para  sus fuerzas
armadas. Al reclutar personas  de m s  de quince  años pero  menores  de
dieciocho años,  las Partes  en conflicto procurarán alistar en primer lugar a
los de más edad.
3.
Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2,
participarán directamente en las hostilidades niños menores  de quince años y
cayeran en poder de la Parte adversa,  seguirán   gozando  de   la
protección   especial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros
de guerra.
4.
Si  fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas  con
el  conflicto  armado,  los  niños  serán mantenidos en  lugares distintos  de
los  destinados  a  los adultos, excepto  en  los  casos  de  familias
alojadas  en unidades familiares en la forma prevista en el párrafo 5 del
artículo 75.
5.
No  se ejecutará   la pena  de  muerte  impuesta  por  una infracción
cometida  en relación  con el  conflicto armado a personas que, en el momento
de la infracción, fuesen menores de dieciocho años.
Artículo
78 - Evacuación de los niños
1.
Ninguna  Parte en  conflicto dispondrá la evacuación a un país extranjero de
niños que no sean nacionales suyos, salvo   en caso  de evacuación  temporal
cuando  así  lo  requieran  razones imperiosas  relacionadas con  la salud  del
niño, su tratamiento médico  o, excepto  en  territorio  ocupado,  si
seguridad. Cuando  pueda encontrarse a los padres o tutores, se requerir
el consentimiento  escrito de  ‚éstos  para  la evacuación. Si  no se los puede
encontrar, se requerir  para esa evacuación el consentimiento escrito de
las personas que conforme a  la ley  o a  la costumbre  sean los  principales
responsables de  la guarda  de los niños. Toda evacuación de esta naturaleza
ser  controlada  por la Potencia protectora de acuerdo  con las  Partes
interesadas,  es decir, la Parte que organice la evacuación, la Parte que acoja
a los niños y las Partes  cuyos nacionales  sean evacuados.  En todos  los
casos, todas  las Partes en el conflicto tomarán las máximas precauciones
posibles   para  no   poner  en   peligro   la evacuación.
2.
Cuando  se realice  una evacuación  de conformidad con el párrafo 1,  la
educación  del niño,  incluida  la  educación religiosa y  moral que  sus
padres deseen, se proseguir  con la mayor continuidad posible mientras se
halle en el país a donde haya sido evacuado.
3.
Con  el fin de facilitar el regreso al seno de su familia y a  su país  de los
niños evacuados de conformidad con este artículo, las  autoridades  de  la  Parte
que  disponga  la evacuación y, si procediere,  las autoridades  del país que
los  haya  acogido  harán  para  cada  niño  una  ficha  que enviarán,
acompañada de fotografías, a la Agencia Central de Búsqueda del Comité
Internacional de la Cruz Roja. Esa ficha contendrá , siempre  que sea
posible y que no entrañe ningún riesgo de perjuicio para el niño, los datos
siguientes:
a)
apellido(s) del niño; b) nombre(s) del niño: c) sexo del niño; d) lugar  y
fecha  de nacimiento (o, si no se sabe la fecha, edad aproximada); e) nombre(s)
y apellido(s) del padre; f) nombre(s)  y apellido(s)  de la  madre y
eventualmente su apellido de soltera; g) parientes más próximos del niño h)
nacionalidad del niño i) lengua vernácula y cualesquiera otras lenguas del
niño; j) dirección de la familia del niño; k) cualquier número que permita la
identificación del niño; l) estado de salud del niño; m) grupo sanguíneo del
niño; n) señales particulares; o) fecha y lugar en que fue encontrado el niño:
p) fecha y lugar de salida del niño de su país; q) religión del niño, si la
tiene; r) dirección actual del niño en el país que lo haya acogido; s) si el
niño falleciera antes de su regreso, fecha, lugar y circunstancias  del
fallecimiento  y   lugar  donde esté
enterrado.
CAPITULO
III - PERIODISTAS
Artículo
79 - Medidas de protección de periodistas
1.
Los  periodistas  que  realicen  misiones  profesionales peligrosas  en   la
zonas   de conflicto   armado   serán considerados personas  civiles en  el
sentido  del párrafo 1 del artículo
50.
2.
Serán  protegidos  como  tales  de  conformidad  con  los Convenios y  el
presente  Protocolo, a  condición de  que se abstengan de  todo acto  que
afecte a su estatuto de persona civil  y   sin  perjuicio  del  derecho  que
asiste  a  los corresponsales  de   guerra  acreditados  ante  las  fuerzas
armadas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo 4,  A. 4) del III
Convenio.
3.
Podrán  obtener una  tarjeta de identidad según el modelo del Anexo  II del
presente Protocolo. Esa tarjeta, que ser  expedida por  el gobierno del
Estado del que sean nacionales o en  cuyo territorio  residan, o  en que  se
encuentre  la agencia de  prensa  u  órgano  informativo  que  emplee  sus
servicios, acreditar   la  condición  de  periodista  de  su titular.
TITULO
V
EJECUCION
DE LOS CONVENIOS Y DEL PRESENTE PROTOCOLO
SECCION
I - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo
80 - Medidas de ejecución
1.
Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto adoptarán sin
demora  todas  las  medidas  necesarias  para cumplir las  obligaciones que
les incumben en virtud de los Convenios y del presente Protocolo.
2.
Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto  darán las  órdenes e
instrucciones oportunas para garantizar el respeto  de los  Convenios y  del
presente  Protocolo  y velarán por su
aplicación.
Artículo
81  - Actividades  de  la  Cruz  Roja  y  de  otras organizaciones humanitarias
1.
Las  Partes en conflicto darán al Comité Internacional de a Cruz  Roja todas
las facilidades  que esté  en su  poder otorgar para  que pueda  desempeñar
las  tareas humanitarias que se  le atribuyen  en los  Convenios  y  en  el
presente Protocolo a  fin de  proporcionar protección  y asistencia a las
víctimas  de los  conflictos; el Comité‚ Internacional de la Cruz  Roja
podrá  ejercer también cualquier otra actividad humanitaria en favor de
esas víctimas, con el consentimiento previo de las Partes en conflicto
interesadas.
2.
Las   Partes  en   conflicto  darán  a  sus  respectivas organizaciones de  la
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) las  facilidades necesarias  para
el ejercicio de sus actividades  humanitarias  en  favor  de  las  víctimas
del conflicto, con  arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente
Protocolo y a los principios fundamentales de la Cruz  Roja formulados en las
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.
3.
Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto facilitarán, en  toda
la medida de lo posible, la asistencia que las  organizaciones de  la Cruz
Roja (Media  Luna Roja, León y  Sol Rojos)  y la  Liga de Sociedades de la Cruz
Roja presten a  las víctimas  de los conflictos con arreglo a las disposiciones
de  los Convenios y del presente Protocolo y a los principios  fundamentales
de  la Cruz Roja formulados en las Conferencias Internacionales de la Cruz
Roja.
4.
Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto darán, en  la medida
de lo  posible, facilidades análogas a las  mencionadas   en  los
párrafos  2  y  3  a  las  demás organizaciones humanitarias  a que se refieren
los Convenios y  el   presente  Protocolo,   que  se   hallen debidamente
autorizadas por  las respectivas  Partes en  conflicto y que ejerzan sus
actividades  humanitarias  con  arreglo  a  las disposiciones de los Convenios y
del presente Protocolo.
Artículo
82 - Asesores jurídicos en las fuerzas armadas
Las
Altas  Partes contratantes  en todo tiempo, y las Partes en conflicto en tiempo
de conflicto armado, cuidarán de que, cuando  proceda,  se  disponga  de
asesores  jurídicos  que asesoren a  los comandantes  militares, al  nivel
apropiado, acerca de  la aplicación  de los  Convenios y  del  presente
Protocolo y de la enseñanza que deba darse al respecto a las fuerzas
armadas.
Artículo
83 - Difusión
1.
Las  Altas Partes  contratantes se comprometen a difundir lo más  ampliamente
posible,  tanto en tiempo de paz como en tiempo de  conflicto armado,  los
Convenios  y  el  presente  Protocolo en  sus países  respectivos  y,
especialmente,  a incorporar  su  estudio  en  los  programas  de  instrucción militar
y  a fomentar  su estudio  por parte de la población civil, de  forma que  esos
instrumentos puedan ser conocidos por las fuerzas armadas y la población
civil.
2.
Las  autoridades militares  o civiles  que, en  tiempo de conflicto armado,
asuman responsabilidades  en cuanto  a la aplicación de los Convenios y del
presente Protocolo deberán estar plenamente al corriente de su texto.
Artículo
84 - Leyes de aplicación
Las
Altas  Partes contratantes se comunicarán, lo más pronto posible, por
mediación del  depositario y,  en su caso, por mediación de  las Potencias
protectoras,  sus  traducciones oficiales del  presente Protocolo,  así  como
las  leyes  y reglamentos que adopten para garantizar su aplicación.
SECCION
II  - REPRESION DE LAS INFRACCIONES DE LOS CONVENIOS O DEL PRESENTE PROTOCOLO
Artículo
85 - Represión de las infracciones del Presente Protocolo
1.
Las  disposiciones  de  los  Convenios  relativas  a  la represión de  las
infracciones y de las infracciones graves, completadas por  la presente
Sección, son  aplicables a  la represión de  las infracciones  y de las
infracciones graves del presente Protocolo.
2.
Se   entiende  por   infracciones  graves  del  presente Protocolo los  actos
descritos  como infracciones  graves en los Convenios  si se cometen contra
personas en poder de una Parte adversa  protegidas por  los artículos 44, 45 y
73 del Presente Protocolo,  o contra  heridos, enfermos o náufragos de la
Parte adversa protegidos por el presente Protocolo, o contra el  personal
sanitario  o  religioso,  las  unidades sanitarias o  los medios  de
transporte  sanitarios  que  se hallen  bajo   el  control  de  la  Parte
adversa  y  están protegidos por el presente Protocolo.
3.
Además  de  las  infracciones  graves  definidas  en  el artículo  11,   se
considerarán  infracciones  graves  del presente Protocolo  los actos
siguientes, cuando se cometan intencionalmente,  en   violación   de   las
disposiciones pertinentes del  presente Protocolo,  y causen  la muerte  o
atenten gravemente a la integridad física o a la salud; a) hacer  objeto de
ataque a la población civil o a personas civiles; b) lanzar un ataque indiscriminado
que afecte a la población civil o  a bienes  de carácter  civil a sabiendas de
que tal ataque causar   muertos o heridos entre la población civil o daños
a  bienes de  carácter civil, que sean excesivos en el sentido del artículo 57,
párrafo 2, a) iii; c)  lanzar  un  ataque  contra  obras  o  instalaciones  que
contengan fuerzas  peligrosas a  sabiendas de que ese ataque causar
muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de  carácter
civil,  que sean excesivos en el sentido del artículo 57, párrafo 2, a) iii; d)
hacer  objeto de  ataque a  localidades no  defendidas  y zonas
desmilitarizadas; e) hacer  objeto de  ataque a una persona a sabiendas de que
esté fuera de combate; f) hacer uso pérfido, en violación de artículo 37, del
signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol  rojos
o  de otros  signos protectores reconocidos por los Convenios o el presente
Protocolo.
4.
Además de  las  infracciones  graves  definidas  en  los párrafos
precedentes  y en  los Convenios,  se  considerarán infracciones  graves   del
presente   Protocolo  los  actos  siguientes cuando se cometan intencionalmente
y en violación de los Convenios o del Protocolo:
a)
el  traslado por  la Potencia  Ocupante de  partes de  su propia  población
civil  al  territorio  que  ocupa,  o  la deportación o  el  traslado  en  el
interior  o  fuera  del territorio ocupado  de la  totalidad o parte de la
población de ese  territorio, en  violación del  artículo  49  del  IV
Convenio; b)  la   demora  injustificable   en  la   repatriación   de
prisioneros de guerra o de personas civiles; c) las prácticas del apartheid y
demás prácticas inhumanas y degradantes,  basadas   en  la  discriminación
racial,  que entrañen un ultraje contra la dignidad Personal; d) el  hecho de
dirigir un  ataque a monumentos históricos, obras de  arte o lugares de culto
claramente reconocidos que constituyen el  patrimonio  cultural  o  espiritual
de  los pueblos y a los que se haya conferido protección especial en   virtud
de  acuerdos  especiales  celebrados,  por  ejemplo, dentro  del   marco  de
una   organización   internacional competente,    causando     como
consecuencia    extensas destrucciones de  los mismos,  cuando  no  haya
pruebas  de violación por  la Parte adversa del apartado b) del artículo 53 y
cuando tales monumentos históricos, lugares de culto u obras de  arte no  están
situados en la inmediata proximidad de objetivos militares; e) el  hecho de
privar a  una  persona  protegida  por  los Convenios o aludida en el párrafo 2
del presente artículo de su derecho a ser juzgada normal e imparcialmente.
5.
Sin  perjuicio de  la aplicación  de los  Convenios y del presente
Protocolo,   las  infracciones  graves  de  dichos instrumentos se considerarán
como crímenes de guerra.
Artículo
86 - Omisiones
1.
Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto deberán reprimir
las  infracciones  graves  y  adoptar  las medidas necesarias  para hacer  que
cesen  todas  las  demás   infracciones de  los Convenios  o del presente
Protocolo que resulten del incumplimiento de un deber de actuar.
2.
El  hecho de  que la  infracción de  los Convenios  o del presente Protocolo
haya sido cometida por un subordinado no exime de  responsabilidad penal  o
disciplinaria,  según  el caso,  a   sus  superiores,   si  éstos   sabían  o
poseían información   que    les   permitiera   concluir,   en   las
circunstancias  del  momento,  que  ese  subordinado  estaba cometiendo o  iba
a  cometer tal  infracción y si no tomaron todas las medidas factibles que
estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa
infracción.
Artículo
87 - Deberes de los jefes
1.
Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto exigirán que los
jefes militares, en cuanto se refiere a los miembros de  las fuerzas armadas
que estén a sus órdenes y a las demás  personas que  se encuentren  bajo
su  autoridad, impidan las  infracciones de  los Convenios  y del  presente
Protocolo y,  en caso  necesario, las repriman y denuncien a las autoridades
competentes.
2.
Con  el fin  de impedir  y reprimir las infracciones, las Altas Partes
contratantes y las Partes en conflicto exigirán que los  jefes, según  su
grado  de  responsabilidad,  tomen medidas para  que los  miembros de  las
fuerzas armadas bajo sus órdenes  tengan conocimiento de las obligaciones que
les incumben en  virtud de lo dispuesto en los Convenios y en el presente
Protocolo.
3.
Las  Altas Partes  contratantes y las Partes en conflicto obligarán a  todo
jefe  que tenga  conocimiento de  que  sus subordinados u  otras  personas
bajo  su  autoridad  van  a cometer o han cometido una infracción de los
Convenios o del presente Protocolo  a que  tome las  medidas necesarias para
impedir tales  violaciones de  los Convenios  o del presente Protocolo  y,
en  caso   necesario,  promueva  una  acción disciplinaria o penal contra los
autores de las violaciones.
Artículo
88 - Asistencia mutua judicial en materia penal
1.Las
Altas Partes  contratantes  se  prestarán  la  mayor asistencia posible  en lo
que respecta a todo proceso penal relativo a  las infracciones  graves de  los
Convenios o del presente
Protocolo.
2.
A reserva de los derechos y obligaciones establecidos por los Convenios  y por
el  párrafo  1  del  artículo  85  del presente Protocolo, y cuando las
circunstancias lo permitan, las Altas  Partes  contratantes  cooperarán  en
materia  de extradición.  Tomarán   debidamente  en   consideración   la
solicitud del  Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción
alegada.
3.
En  todos los  casos, será   aplicable la  ley de  la Alta Parte
contratante  requerida. No obstante, las disposiciones de los  párrafos
precedentes no afectarán a las obligaciones que emanen de las disposiciones
contenidas en cualquier otro tratado de carácter bilateral o multilateral que
rija o haya de  regir,   total  o  parcialmente,  en  el  ámbito  de  la
asistencia mutua judicial en materia penal.
Artículo
89 - Cooperación
En
situaciones  de violaciones graves de los Convenios o del presente
Protocolo,   las  Altas   Partes  contratantes  se comprometen  a   actuar,
conjunta   o   separadamente, en  cooperación con  las Naciones Unidas y en
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo
90 - Comisión internacional de Encuesta
1.
a) Se constituirá una Comisión Internacional de Encuesta, en adelante  llamada
la  Comisión,  integrada  por  quince miembros  de   alta  reputación   moral
y   de   reconocida imparcialidad. b) En el momento en que veinte Altas Partes
contratantes por lo menos  hayan convenido  en aceptar  la competencia  de la
Comisión de  conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, y ulteriormente a
intervalos de  cinco años,  el  depositario convocar  una reunión de
representantes de esas Altas Partes contratantes, con  el fin  de elegir  a
los  miembros de  la Comisión. En  dicha reunión,  los representantes  elegirán
a los miembros  de la  Comisión por  vocación secreta,  de una lista de
personas para la cual cada una de esas Altas Partes contratantes podrá proponer
un nombre. c) Los  miembros de la Comisión actuarán a título personal y
ejercerán su mandato hasta la elección de nuevos miembros en la reunión
siguiente. d) Al  proceder a la elección, las Altas Partes contratantes se
asegurarán de que cada candidato posea las calificaciones necesarias y de que,
en su conjunto, la Comisión ofrezca una representación geográfica equitativa.
e) Si  se produjera  una vacante, la propia Comisión elegir  un  nuevo
miembro  tomando   debidamente  en   cuenta  las disposiciones de los apartados
precedentes. f) El  depositario proporcionar  a la Comisión los servicios
administrativos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus funciones.
2.
a)  En el  momento de  firmar, ratificar  o adherirse  al Protocolo, o
ulteriormente en  cualquier otro  momento, las Altas Partes contratantes podrán
declarar que reconocen ipso facto y  sin acuerdo especial, con relación a
cualquier otra Alta Parte  contratante que  acepte la  misma obligación, la
competencia de la Comisión para proceder a una investigación  acerca de  las
denuncias  formuladas por esa otra Parte, tal como lo autoriza el presente
artículo. b) Las  declaraciones antes mencionadas serán presentadas al
depositario, que  enviar  copias  de las  mismas a las Altas Partes
contratantes. c) La Comisión tendrá  competencia para: i) proceder  a una
investigación sobre  cualquier hecho que haya sido  alegado como  infracción
grave tal como se define en los Convenios o en el presente Protocolo o como cualquier
otra  violación  grave  de  los  Convenios  o  del  presente Protocolo;
actitud  de   respeto  de   los  Convenios  y  del  presente Protocolo. d) En
otros casos, la Comisión proceder  a una investigación a petición  de una
Parte en  conflicto  únicamente  con  el consentimiento de la otra o las otras
Partes interesadas. e) A  reserva  de  las  precedentes  disposiciones  de
este párrafo,  las  disposiciones  de  los  artículos  52  del  I Convenio, 53
del II Convenio, 132 del III Convenio y 149 del IV Convenio  seguirán
aplicándose  a toda supuesta violación de los  Convenios y  se extenderán a
toda supuesta violación del presente Protocolo.
3.
a)  A menos  que las Partes interesadas convengan en otra cosa, todas  las
investigaciones  serán efectuadas  por  una Sala integrada  por siete  miembros
designados  de la manera siguiente:
i)
cinco  miembros de la Comisión, que no sean nacionales de las Partes  en
conflicto,  nombrados por el Presidente de la Comisión sobre  la base  de una
representación equitativa de las regiones  geográficas, previa consulta con las
Partes en conflicto; ii) dos miembros ad hoc que no sean nacionales de las
Partes en conflicto,  nombrados cada  uno respectivamente  por cada una de
ellas. b) Al  recibir una  petición  para  que  se  proceda  a  una
investigación, el  Presidente de la Comisión fijar  un plazo apropiado
para la constitución de una Sala. Si uno o los dos miembros ad  hoc no hubieren
sido nombrados dentro del plazo señalado, el  Presidente designará inmediatamente
los  que sean necesarios para completar la composición de la Sala.
4.
a)  La Sala,  constituida conforme  a lo  dispuesto en el párrafo 3  para
proceder a una investigación, invitar  a las Partes en  conflicto a
comparecer y a presentar pruebas. La Sala procurará  además obtener  las demás
pruebas que estime convenientes y  efectuar una  investigación in  loco  de  la
situación. b) Todas  las pruebas  se darán a conocer íntegramente a las Partes
interesadas,  las  cuales  tendrán  derecho  a  hacer observaciones al respecto
a la Comisión. c) Cada  Parte interesada  tendrá derecho  a impugnar dichas
pruebas.
5.
a)  La Comisión  presentará a  las Partes  interesadas un informe acerca  de
las  conclusiones a  que haya  llegado la Sala sobre los hechos, acompañado de
las recomendaciones que considere oportunas. b) Si  la Sala  se viera  en  la
imposibilidad  de  obtener pruebas suficientes  para llegar  a conclusiones
objetivas e imparciales, la  Comisión dará  a conocer las razones de tal
imposibilidad. c) La  Comisión no  hará  públicas  sus conclusiones, a
menos que así se lo pidan todas las Partes en conflicto.
6.
La  Comisión establecer   su propio Reglamento, incluidas las normas
relativas a las presidencias de la Comisión y de la Sala.  Esas normas
garantizarán  que  las  funciones  de  Presidente de  la Comisión  sean
ejercidas en todo momento y que, en caso de investigación, se ejerzan por
persona que no  sea nacional de las Partes en
conflicto.
7.
Los   gastos  administrativos   de  la   Comisión  serán sufragados  mediante
contribuciones  de  las  Altas  Partes contratantes que  hayan hecho
declaraciones de  conformidad con el  párrafo 2, y mediante contribuciones
voluntarias. La Parte o  las Partes  en conflicto que pidan que se proceda a
una investigación  anticiparán los  fondos  necesarios  para cubrir  los
gastos  ocasionados   por  una  Sala  y  serán reembolsadas por la Parte o las
Partes que hayan sido objeto de las  denuncias hasta  el cincuenta  por ciento
de  tales gastos. En  caso de  presentarse denuncias  recíprocas a  la Sala,
cada una de las dos Partes anticipará el cincuenta por ciento de los fondos
necesarios.
Artículo
91 - Responsabilidad
La
Parte  en conflicto  que violare las disposiciones de los Convenios  o   del
presente  Protocolo  estará  obligada  a indemnizar si  hubiere lugar  a ello.
Será  responsable  de todos los  actos cometidos por las personas que formen
parte de sus fuerzas armadas.
TITULO
VI
DISPOSICIONES
FINALES
Artículo
92 - Firma
El
presente  Protocolo quedará   abierto a  la firma  de  las Partes en  los
Convenios  seis meses después de la firma del Acta Final  y seguir
abierto durante  un período  de  doce meses.
Artículo
93 - Ratificación
El
presente  Protocolo ser  ratificado lo antes posible. Los instrumentos de
ratificación serán depositados en poder del Consejo Federal Suizo, depositario
de los Convenios..
Artículo
94 - Adhesión
El
presente  Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en  los
Convenios no signataria de este Protocolo. Los instrumentos  de   adhesión  se
depositarán  en  poder  del
depositario.
Artículo
95 - Entrada en vigor
1.
El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que  se hayan
depositado dos instrumentos de ratificación o de adhesión.
2.
Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se  adhiera
ulteriormente,  el presente Protocolo entrará  en  vigor  seis  meses
después  de  que  dicha  Parte  haya depositado su instrumento de ratificación
o de adhesión.
Artículo
96  - Relaciones  convencionales  a  partir  de  la entrada en vigor del
presente Protocolo
1.
Cuando las Partes en los Convenios sean también Partes en el presente
Protocolo, los  Convenios se aplicarán tal como quedan completados por
éste.
2.
Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Protocolo,
las Partes  en  el  presente  Protocolo seguirán, no  obstante, obligadas  por
él  en sus relaciones recíprocas.  También  quedarán  obligadas  por  el
presente Protocolo en sus relaciones con dicha Parte si ésta acepta y aplica
sus disposiciones.
3.
La  autoridad que  represente a un pueblo empeñado contra una Alta  Parte
contratante  en un conflicto armado del tipo mencionado  en   el  párrafo   4
del   artículo   1   podrá comprometerse  a   aplicar  los   Convenios  y  el
presente Protocolo en  relación con  ese conflicto  por medio  de una
declaración  unilateral   dirigida  al   depositario.   Esta declaración,
cuando  haya sido  recibida por el depositario, surtir   en   relación
con   tal  conflicto   los   efectos
siguientes:
a)
los  Convenios y  el presente Protocolo entraron en vigor respecto de la
mencionada autoridad como Parte en conflicto, con efecto inmediato; b) la
mencionada autoridad  ejercer  los  mismos derechos y asumir   las
mismas  obligaciones  que  las  Altas  Partes contratantes en los Convenios y
en el presente Protocolo; y c) los Convenios y el presente Protocolo obligarán
por igual a todas las Partes en conflicto.
Artículo
97 - Enmiendas
1.
Toda  Alta Parte  contratante podrá proponer una o varias enmiendas al
presente  Protocolo.  El  texto  de  cualquier enmienda propuesta  se
comunicará  al depositario,  el cual, tras  celebrar   consultas  con   todas
las   Altas  Partes contratantes y  con el Comité Internacional de la Cruz
Roja, decidir  si  conviene convocar una conferencia para examinar la
enmienda propuesta.
2.
El  depositario invitará  a esa  conferencia a  las Altas Partes contratantes
y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente
Protocolo.
Artículo
98 - Revisión del Anexo I
1.
En el plazo máximo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor  del
presente  Protocolo  y,  en  lo  sucesivo,  a intervalos  de   cuatro  años
por  lo   menos,  el  Comité Internacional de  la Cruz Roja consultar  a
las Altas Partes contratantes con  respecto al Anexo I del presente Protocolo
y, si  lo estima necesario, podrá  proponer la celebración de una reunión
de expertos técnicos para que revisen el Anexo I y  propongan   las
enmiendas   al   mismo   que   parezcan convenientes.  A   menos  que,  dentro
de  los  seis  meses siguientes a la comunicación a las Altas Partes
contratantes de una propuesta para celebrar tal reunión, se oponga a ésta un
tercio  de ellas, el Comité Internacional de la Cruz Roja convocará  la
reunión,  e   invitará  también   a  ella  a observadores   de    las
organizaciones    internacionales  pertinentes.  El   Comité  Internacional
de  la  Cruz  Roja convocará   también   tal  reunión  en  cualquier
momento  a petición de un tercio de las Altas Partes contratantes.
2.
El  depositario convocará  una conferencia  de las  Altas Partes contratantes
y de  las Partes  en los Convenios para examinar las enmiendas propuestas por
la reunión de expertos técnicos, si  después de  dicha reunión  así lo
solicitan el Comité Internacional  de la  Cruz Roja  o un  tercio de  las Altas
Partes contratantes.
3.
En  tal conferencia podrán adoptarse enmiendas al Anexo l por mayoría  de dos
tercios de las Altas Partes contratantes presentes y
votantes.
4.
El depositario comunicará  a las Altas Partes contratantes y a  las Partes
en los Convenios toda enmienda así adoptada. Transcurrido un  período de un año
después de haber sido así comunicada, la enmienda se considerará  aceptada
a menos que, dentro de  ese período,  un tercio por lo menos de las Altas
Partes  contratantes   haya  enviado   al  depositario   una   declaración de
no aceptación de la enmienda.
5.
Toda  enmienda que  se considere  aceptada de conformidad con el  párrafo 4
entrará en vigor tres meses después de su aceptación para  todas las  Altas
Partes  contratantes,  con excepción de  las que  hayan  hecho  la
declaración  de  no aceptación de  conformidad con  ese párrafo. Cualquier
Parte que haya  hecho tal  declaración  podrá   retirarla  en  todo
momento, en  cuyo caso  la enmienda  entrará en  vigor  para dicha Parte tres
meses después de retirada la declaración.
6.
El depositario notificará  a las Altas Partes contratantes y a  las Partes
en los Convenios la entrada en vigor de toda enmienda, las  Partes por  ella
obligadas,  la fecha  de  su entrada  en   vigor  para   cada  una  de  las
Partes,  las declaraciones de no aceptación hechas con arreglo al párrafo 4,
así como los retiros de tales declaraciones.
Artículo
99 - Denuncia
1.
En  el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo,
la denuncia  sólo surtir  efecto un año después de  haberse recibido  el
instrumento de denuncia. No obstante, si  al expirar  ese año  la Parte
denunciante  se halla en  una de las situaciones previstas en el artículo 1,
los efectos  de la  denuncia quedarán  en suspenso  hasta el final del
conflicto armado  o de  la ocupación  y, en  todo caso, mientras  no terminen
las operaciones de  liberación definitiva, repatriación  o reasentamiento  de
las  personas protegidas por los Convenios o por el presente
Protocolo.
2.
La  denuncia se  notificará por  escrito al  depositario. Este  último   la
comunicará    a  todas  las  Altas  Partes
contratantes.
3.
La  denuncia sólo  surtirá efecto  respecto de  la  Parte denunciante.
4.
Ninguna denuncia presentada de conformidad con el párrafo 1  afectará   a
las   obligaciones   ya   contraídas   como consecuencia del  conflicto armado
en virtud  del  presente Protocolo  por   tal  Parte  denunciante,  en
relación  con cualquier acto  cometido antes de que dicha denuncia resulte
efectiva.
Artículo
100 - Notificaciones
El
depositario informará  a las Altas Partes contratantes y a las Partes  en
los  Convenios, sean  o  no  signatarias  del presente Protocolo, sobre:
a)
depósito de  los instrumentos  de ratificación y de adhesión de conformidad con
los artículos 93 y 94; b) la  fecha en que el presente Protocolo entre en
vigor, de conformidad con el artículo 95; c)  las   comunicaciones  y
declaraciones  recibidas,   de conformidad con los artículos 84, 90 y 97; d)
las declaraciones recibidas de conformidad con el párrafo 3  del   artículo
96,   que  serán   comunicadas   por   el procedimiento más rápido posible; e)
las  denuncias notificadas de conformidad con el artículo 99.
Artículo
101 - Registro
1.
Una  vez haya  entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo
transmitir  a  la Secretaría de las Naciones Unidas con  objeto  de  que
se  proceda  a  su  registro  y publicación, de  conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas.
2.
El  depositario informará   igualmente a  la Secretaría de las Naciones
Unidas de todas las ratificaciones, adhesiones y  denuncias   que  reciba   en
relación  con  el  presente
Protocolo.
Artículo
102 - Textos auténticos
El
original  del presente  Protocolo,  cuyos  textos  árabe, chino,  español,
francés,  inglés  y  ruso  son  igualmente auténticos, se  depositará  en
poder del depositario, el cual enviará  copias  certificadas conformes a
todas las Partes en los Convenios
ANEXO
I
REGLAMENTO
RELATIVO A LA IDENTIFICACION
CAPITULO
I - TARJETAS DE IDENTIDAD
Artículo
1  - Tarjeta  de identidad del personal sanitario y religioso, civil y
permanente
1.
La   tarjeta  de  identidad  del  personal  sanitario  y religioso civil  y
permanente, a que se refiere el párrafo 3 del artículo 18 del Protocolo
debería:
a)
tener el signo distintivo y unas dimensiones que permitan llevarla en un
bolsillo; b) ser de un material tan duradero como sea posible; c) estar
redactada en el idioma nacional u oficial (podrían también añadirse otros
idiomas); d) mencionar  el nombre,  la fecha de nacimiento del titular (o, a
falta de ella, su edad en la fecha de expedición) y el número de identidad, si
lo tiene; e) indicar  en qué‚  calidad tiene  derecho el  titular a  la
protección de los Convenios y del Protocolo; f) llevar  la fotografía del
titular, así como su firma o la huella dactilar del pulgar, o ambas; g) estar
sellada y firmada por la autoridad competente; h) indicar  las fechas  de
expedición  y de expiración de la
tarjeta.
2.
La  tarjeta  de  identidad  será   uniforme  en  todo  el territorio de
cada una  de las Altas Partes contratantes y, en cuanto  fuere posible,  del
mismo  tipo  para  todas  las Partes  en   conflicto.  Las   Partes  en
conflicto  pueden inspirarse en  el modelo  que, en un solo idioma, aparece en
la figura  1. Al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto se
comunicarán  un  ejemplar  de  la  tarjeta  de identidad que utilicen, si tal
tarjeta difiere del modelo de la figura  1. La tarjeta de identidad se
extender , si fuese posible,  por   duplicado,  debiendo   quedar  uno
de  los ejemplares en  poder de  la autoridad que la expida, la cual debería
mantener un control de las tarjetas expedidas.
3.
En ninguna circunstancia se podrá privar de la tarjeta de identidad  al
personal  sanitario   y  religioso  civil  y permanente. En  caso de  pérdida
de  una tarjeta, el titular tendrá  derecho a obtener un duplicado.
Artículo
2  - Tarjeta  de identidad del personal sanitario y religioso, civil y
temporal
1.
La  tarjeta de  identidad para  el personal  sanitario  y religioso civil  y
temporal  debería  ser,  en  lo  posible, similar  a  la  prevista  en  el
artículo  1  del  presente Reglamento. Las  Partes en conflicto pueden
inspirarse en el modelo de la figura
1.
2.
Cuando  las circunstancias  impidan expedir  al  personal sanitario  y
religioso  civil   y  temporal,  tarjetas  de identidad similares  a la
descrita en  el  artículo  1  del presente Reglamento,  podrá  proveerse
a ese  personal de un certificado firmado  por la  autoridad competente, en el
que conste que  la persona a la que se expide está adscrita a un servicio en
calidad de  personal temporal, indicando, si es posible, el  tiempo que
estar  adscrita  al servicio  y  el derecho del  titular a  ostentar el
signo  distintivo.  Ese certificado debe  indicar el nombre y la fecha de
nacimiento del titular  (o a falta de esa fecha, su edad en la fecha de
expedición del  certificado), la  función del  titular y  el número de
identidad, si  lo tiene.  Llevar   la  firma  del interesado o la huella
dactilar del pulgar, o ambas.
CAPITULO
II - SIGNO DISTINTIVO
Artículo
3 - Forma y naturaleza
1.
El  signo distintivo  (rojo sobre  fondo blanco) ser  tan grande como  las
circunstancias  lo justifiquen.  Las  Altas Partes contratantes  pueden
inspirarse  para la  forma de la cruz, la  media luna  y el  león y  sol en
los modelos  que aparecen en la figura 2.
2.
De  noche o  cuando la  visibilidad sea  escasa, el signo distintivo podrá
estar alumbrado  o iluminado;  podrá estar hecho también  con materiales que
permitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de detección.
Artículo
4 - Uso
1.
El   signo  distintivo  se  colocar ,  siempre  que  sea factible, sobre
una superficie  plana  o  en  banderas  que resulten visibles  desde todas  las
direcciones  posibles  y desde la mayor distancia
posible.
2.
Sin  perjuicio  de  las  instrucciones  de  la  autoridad competente, el
personal sanitario y religioso que desempeñe sus funciones  en el  campo de
batalla, ir  provisto, en la medida de  lo posible,  del signo  distintivo
en el tocado y vestimenta.
CAPITULO
III - SEÑALES DISTINTIVAS
Artículo
5 - Uso facultativo
1.
A  reserva de  lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento, las
señales previstas  en el  presente Capítulo para el  uso exclusivo  de las
unidades  y  los  medios  de transporte sanitarios  no se emplearán para ningún
otro fin. El empleo  de todas las señales a que se refiere el presente Capítulo
es facultativo.
2.
Las  aeronaves sanitarias  temporales que, bien por falta de tiempo  o por
razón de sus características, no puedan ser marcadas con  el signo  distintivo,
podrán  usar las señales  distintivas autorizadas  por este  Capítulo.  El
método  de señalización más  eficaz de  una aeronave  sanitaria para su
identificación y  reconocimiento es,  sin embargo, el uso de una señal
visual,  sea  el  signo  distintivo  o  la  señal luminosa descrita  en el
artículo 6, o ambos, complementados por las  demás señales a que se refieren
los artículos 7 y 8 del presente Reglamento.
Artículo
6 - Señal luminosa
1.
Se  establece como  señal  distintiva  de  las  aeronaves sanitarias la  señal
luminosa consistente en un luz azul con destellos. Ninguna  otra aeronave
utilizar  esta  señal. El color  azul   que  se   recomienda  se
representa  con  la utilización de las siguiente coordenadas
tricromáticas:límite de los verdes. y = 0.065 - 0.805 x; límite de los blancos.
y = 0.400 - x;   límite de los púrpura. x = 0.113 - 0.600 y. La frecuencia  de
destellos  que se  recomienda para  la luz azul es de 60 a 100 destellos por
minuto.
2.
Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias
para que  las señales resulten visibles en todas las direcciones
posibles.
3.
A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve  el uso
de la  luz azul  con destellos  para la identificación de  los  vehículos,
buques  y  embarcaciones sanitarios, no  estar  prohibida  su utilización
por  otros vehículos o embarcaciones.
Artículo
7 - Señal de radio
1.
La   señal   de   radio   consistirá   en   un   mensaje radiotelefónico o
radiotelegráfico precedido  de una  señal distintiva  de   prioridad
designada  y  aprobada  por  una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esa señal
ser  transmitida tres  veces antes  del distintivo de llamada del
transporte sanitario  de que  se  trate.  Dicho  mensaje  se transmitirá
en  inglés, a  intervalos apropiados  y  en  una frecuencia o  unas
frecuencias  determinadas de  conformidad con lo  dispuesto en  el párrafo 3
del presente artículo. El empleo  de  la  señal  de  prioridad  estar
exclusivamente reservado para  las unidades  y  los  medios  de  transporte
sanitarios.
2.
El  mensaje de  radio precedido de la señal distintiva de prioridad que  se
menciona  en el  párrafo  1  incluir   los elementos
siguientes:
a)
distintivo de llamada del medio de transporte sanitario; b) posición del medio
de transporte sanitario; c) número y tipo de los medios de transporte
sanitarios;d) itinerario previsto; e) duración  del viaje  y  horas  de
salida  y  de  llegada previstas, según los casos; f) otros datos, tales como altitud
de vuelo, radiofrecuencia de escucha,  lenguajes convencionales, y modos y
códigos del sistema de radar secundario de vigilancia.
3.
A fin de facilitar las comunicaciones que se Mencionan en los párrafos  1 y  2,
así  como las  comunicaciones a que se refieren los  artículos 22,  23, 25, 26,
27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo,  las Altas Partes contratantes, las Partes
en conflicto o  una de estas, de común acuerdo o separadamente, pueden
designar  y publicar  las frecuencias nacionales que, de conformidad  con el
cuadro de  distribución de bandas de frecuencia    que     figura    en
el    Reglamento    de Radiocomunicaciones,  anexo  al  Convenio  Internacional
de Telecomunicaciones decidan  usar para  tales comunicaciones. Esas
frecuencias  se notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de
conformidad con  el procedimiento que apruebe   una    Conferencia
Administrativa   Mundial   de Radiocomunicaciones.
Artículo
8 - Identificación por medios electrónicos
1.
Para  identificar y  seguir el  curso  de  las  aeronaves sanitarias
podrá   utilizarse el  sistema de radar secundario de vigilancia  (SSR),
tal  como se especifica en el Anexo 10 del Convenio  de Chicago sobre Aviación
Civil Internacional, del  7   de  diciembre   de  1944,  con  sus
modificaciones posteriores. El modo y código de SSR que hayan de reservarse
para  uso   exclusivo  de  las  aeronaves  sanitarias  serán establecidos por
las Altas  Partes  contratantes,  por  las Partes en conflicto o por una de las
Partes en conflicto, de común  acuerdo  o  separadamente,  en  consonancia
con  los procedimientos que  sean recomendados por la Organización de Aviación
Civil Internacional.
2.
Las  Partes en  conflicto, por  acuerdo especial,  podrán establecer para  uso
entre  ellas,  un  sistema  electrónico  similar para  la identificación de
vehículos sanitarios y de  buques y embarcaciones sanitarios.
CAPITULO
IV - COMUNICACIONES
Artículo
9 - Radiocomunicaciones
La
señal de prioridad prevista en el artículo 7 del presente Reglamento
podrá     precederá  a    las   correspondientes radiocomunicaciones de
las unidades  sanitarias  y  de  los medios de  transporte sanitarios  para la
aplicación de los procedimientos que  se pongan en práctica de conformidad con
los artículos  22, 23,  25, 26,  27, 28,  29, 30  y  31  del
Protocolo.
Artículo
10 - Uso de códigos internacionales
Las
unidades   sanitarias  y   los  medios   de  transporte sanitarios  podrán
usar  también  los  códigos  y  señales establecidos    por     la    Unión
Internacional     de Telecomunicaciones,  la   Organización  de   Aviación
Civil Internacional  y   la   Organización   Consultiva   Marítima
Intergubernamental. Esos  códigos y  señales serán usados de conformidad  con
la  normas,  prácticas  y  procedimientos establecidos por dichas
Organizaciones.
Artículo
11 - Otros medios de comunicación
Cuando
no  sea posible establecer una comunicación bilateral por radio,  podrán
utilizarse  las señales  previstas en  el Código Internacional de Señales adoptado
por la Organización  Consultiva  Marítima   Intergubernamental  o   en  el
Anexo correspondiente del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil
Internacional,  del   7  de   diciembre  de  1944,  con  las modificaciones que
se introduzcan posteriormente.
Artículo
12 - Planes de vuelo
*
NOTA: FAVOR HACER CUADROS Y GRAFICAS CONTENIDOS EN LAS PAGS. 53 A 60
Los
acuerdos  y notificaciones  relativos a  los  planes  de vuelo a  que se
refiere el  artículo 29  del  Protocolo  se formularán, en  todo lo  posible,
de  conformidad  con  los procedimientos establecidos  por la Organización de
Aviación Civil Internacional.
Artículo
13   -   Señales   y   procedimientos   para   la interceptación de aeronaves
sanitarias Si se  utilizase una  aeronave interceptadora para comprobar la
identidad  de una  aeronave sanitaria  en  vuelo  o  para ordenar  a   ésta
el  aterrizaje  de  conformidad  con  los artículos 30 y 31 del Protocolo,
tanto la aeronave sanitaria como la  interceptadora  deberían  usar  los
procedimientos normalizados de interceptación visual y por radio prescritos en
el  Anexo 2  del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional,  del
7  de   diciembre  de  1944,  con  sus modificaciones
posteriores.
CAPITULO
V - PROTECCION CIVIL
Artículo
14 - Tarjeta de identidad
1.
La  tarjeta de identidad del personal de los servicios de protección civil
prevista en  el párrafo  3 del artículo 66 del  Protocolo  se  rige  por  las
normas  pertinentes  del artículo 1 de este
Reglamento.
2.
La  tarjeta de identidad del personal de protección civil puede ajustarse al
modelo que se indica en la figura 3.
3.
Si  el personal  de protección  civil está  autorizado  a llevar armas  ligeras
individuales, se debería hacer mención de ello en la tarjeta de
identidad.
Artículo
15 - Signo distintivo internacional
1.
El  signo distintivo  internacional de  protección  civil previsto en  el
párrafo 4 del artículo 66 del Protocolo ser  un triángulo  equilátero
azul  sobre fondo  naranja.  En  la figura 4, a continuación, aparece un
modelo.
2.
Se recomienda:
a)
que  si el  triángulo azul  se utiliza  en  una  bandera, brazalete o dorsal,
éstos constituyan su fondo naranja; b) que uno de los ángulos del triángulo
apunte hacia arriba, verticalmente; c) que  ninguno de  los tres   ángulos
tenga  contacto con el borde del fondo
naranja.
3.
El  signo distintivo  internacional ser   tan grande como las
circunstancias  lo justifiquen. Siempre que sea posible, el signo  deber
colocarse  sobre una  superficie plana o en banderas visibles  desde todas  las
direcciones  posibles  y desde la  mayor distancia  posible.  Sin  perjuicio
de  las instrucciones de  la autoridad  competente, el  personal  de protección
civil  deber  estar  provisto en  la medida de lo posible, del  signo
distintivo en el tocado y vestimenta. De noche o  cuando la  visibilidad sea
escasa, el  signo podrá  estar alumbrado  o iluminado;  puede también
estará hecho con materiales que  permitan su  reconocimiento gracias a medios
técnicos de detección.
CAPITULO
VI  - OBRAS  E INSTALACIONES  QUE CONTIENEN FUERZAS
PELIGROSAS
Artículo
16 - Signo internacional especial
1.
El signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen
fuerzas peligrosas, previsto  en el   párrafo  7  del   artículo  56  del   Protocolo,
consistir   en  un  grupo  de  tres círculos del  mismo tamaño  de color
naranja vivo a lo largo de un  mismo  eje,  debiendo  ser  la  distancia
entre  los círculos equivalente a su radio, según indica la figura 5.
2.
El  signo será   tan grande  como  las  circunstancias  lo justifiquen.
Cuando se coloque sobre una superficie extensa,  el signo  podrá repetirse
tantas veces  como  sea  oportuno según  las  circunstancias.  Siempre  que
sea  posible,  se colocar  sobre  una superficie  plana o  sobre  anderas
de  manera que  resulte  visible  desde  todas  las  direcciones posibles y
desde la mayor distancia posible.
3.
Cuando el signo figure en una bandera, la distancia entre los límites
exteriores del signo y los lados contiguos de la bandera ser   equivalente
al radio de un círculo. La bandera ser  rectangular y su fondo
blanco.
4.
De  noche o  cuando la  visibilidad sea  escasa, el signo podrá  estar
alumbrado o iluminado. Puede estar hecho también‚n con materiales  que
permitan  su  reconocimiento  gracias  a medios técnicos de
detección.
ANEXO
II
TARJETA
DE IDENTIDAD DE PERIODISTA EN MISION PELIGROSA
EL
SUSCRITO  SECRETARIO GENERAL  DE  LA  COMISION  ESPECIAL, CERTIFICA que  el anterior
texto corresponde al no improbado por la Comisión Especial, el  día 4 de
Septiembre de 1991.
_____________________________
MARIO RAMIREZ ARBELAEZ
Secretario General
III.
INTERVENCIONES
En
respuesta a las comunicaciones que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo
11 del decreto 2067 de 1991 se surtieron, el Ministerio de Relaciones
Exteriores[3]
por conducto de apoderada, el Congreso de la República[4] por intermedio de su
ex-presidente  y el Defensor del Pueblo[5]
concurrieron al proceso para defender la exequibilidad del instrumento que se
revisa.
La
apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores fundamenta la
constitucionalidad del Protocolo I en cuestión en la armonía que su contenido
normativo guarda con los cánones de nuestra  Constitución.  Hace ver que ambos
Estatutos consagran los mismos deberes y derechos fundamentales de los  Estados
como son los relativos a la soberanía, independencia e igualdad jurídica de los
mismos.
Señala
esa misma coincidencia en materia de la regulación que trae el Protocolo I para
la protección de los derechos humanos, del medio ambiente y de los bienes
civiles, así como en lo concerniente a la preservación de la riqueza cultural
en caso de conflictos armados. Tal concordancia con las disposiciones de nuestra
Carta Fundamental, a su juicio, determina la constitucionalidad del Protocolo
en examen.
Por
su parte el Defensor del Pueblo, Doctor Jaime Córdoba Triviño, no entra a
cuestionar  ni a definir la competencia de esta Corte para asumir el control de
constitucionalidad del Protocolo I. A  propósito de la constitucionalidad de
este instrumento, hace las siguientes reflexiones:
"....El
Protocolo I que viene a permitir la aplicación de los Convenios de Ginebra,
sólo contempla la protección de las víctimas de la guerra a nivel internacional
lo que no contraría disposición alguna de la Carta Suprema.
"Por
el contrario se aviene al espíritu que orientó la  adopción de un amplio
catálogo de derechos, cual es el de proteger los derechos fundamentales del ser
humano sin que sea posible restricción alguna.
"El
derecho a la vida, a la dignidad humana, a la autonomía personal, a la
integridad entre otros se encuentran amparados en el Protocolo I que si es
ratificado por Colombia vendría a constituirse en un mecanismo más de defensa
al que se podría acudir para proteger  a la población civil, a los heridos,
enfermos (militares o civiles), náufragos y prisioneros de guerra que se vean
indefensos ante una operación militar y ocupación del territorio.
"Es
tal la importancia que revisten los tratados y convenios internacionales que
reconocen los derechos humanos, que el artículo 93 constitucional establece su
prevalencia en el orden interno e incorpora el derecho internacional con el fin
de que los derechos humanos puedan interpretarse según su normativa.
"Las
disposiciones del Protocolo I están orientadas hacia la humanización de la
guerra para que a través de sus preceptivas los países se vean en la obligación
de restringir la violencia y proteger a las personas no combatientes".[6]
El
ex-presidente del Congreso de la República, Doctor Carlos Espinosa Facio-Lince,
es categórico en afirmar que los tratados que hubiesen sido aprobados, al menos
por una de las Cámaras del Congreso y cuya ratificación autorizó el artículo 58
transitorio de la Constitución  previamente "deben ser sometidos a la
revisión de la Corte" pues, pese a que la citada disposición transitoria
no lo diga, en su sentir el único efecto que esta produce es el de "tener
por aprobados por el Congreso" los instrumentos que se encontraren en
dicha situación. De otra parte, opina que:
"
..... La decisión del Gobierno de someter el Protocolo al estudio de la
Comisión Especial y la decisión de ésta de no improbarlo, resultan contrarias a
lo dispuesto en los artículos transitorios 6o., literal a), y 58
constitucionales".[7]
En
su sentir,  el Protocolo I  "se ajusta  íntegramente  a los preceptos
constitucionales" pues sus disposiciones se fundan en principios
humanitarios aceptados por Colombia que en manera  alguna pugnan con el
ordenamiento constitucional como quiera que:
"
....ellas tratan de  la protección debida a los heridos, enfermos y náufragos,
a las personas en poder de la parte adversaria o internadas, detenidas o privadas
de su libertad, a las unidades sanitarias, a los medios de transporte sanitario
y al personal sanitario y religioso; del derecho de las familias a conocer la
suerte de sus miembros y de la obligación de las partes en conflicto de buscar
las personas desaparecidas, permitir su búsqueda y sepultar, respetar y
conservar  los restos de las personas fallecidas y facilitar su repatriación;
de la prohibición de emplear armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la
guerra de tal índole que causan males superfluos o sufrimientos innecesarios y
del empleo de métodos o medios que puedan causar daños  extensos, duraderos y
graves al medio ambiente; de la prohibición de emplear medios pérfidos; de la
prohibición de hacer uso indebido de emblemas reconocidos, tales como los de la
Cruz Roja, la Media Luna o el León y Sol Rojos y del emblema distintivo de las
Naciones Unidas; de la prohibición de hacer uso de las banderas o de los
emblemas, insignias o uniformes militares de Estados neutrales o que no sean
parte en el conflicto, y de los del adversario  durante los ataques para
cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar  operaciones militares; de la
prohibición de ordenar que no haya sobrevivientes, amenazar con ello al
adversario o conducir las hostilidades en función de tal decisión; de la
salvaguardia del enemigo fuera de combate;  del respeto y la protección de la
población civil y de los bienes de carácter civil; de las garantías
fundamentales de las personas que estén en poder de una parte en conflicto, y
entre éstas la del debido proceso; de las medidas especiales para la protección
de las mujeres, y de los niños, y de las medidas de protección de
periodistas."[8]
IV.
EL MINISTERIO PUBLICO
El
señor Procurador  General de la Nación,  Doctor CARLOS GUSTAVO ARRIETA PADILLA[9], mediante oficio No.
032 de junio 10 de 1992, rindió en tiempo el concepto fiscal de su
competencia.  En él reitera que  la Corte Constitucional carece de competencia
para conocer  por la vía automática de la constitucionalidad de los tratados
cuyo procedimiento de adopción interna fue regulado por el mecanismo "sui
generis" consagrado en el artículo 58 de la Carta Política. Por ello
solicita a esta Corte proferir fallo inhibitorio.
A
esos efectos reproduce los argumentos con fundamento en los cuales ese Despacho
esbozó  la referida tesis en los conceptos A.C.-T.I.-002 y A. C.- T.I.-003  con
ocasión de la revisión de la enmienda de la O.I.T.  y del  Acuerdo Básico de
Cooperación Técnica entre la República de Colombia y la República Oriental del
Uruguay.  Son ellos, los siguientes:
"....El
Gobierno Nacional para proceder a desarrollar la autorización (no la facultad
extraordinaria) excepcional que le confiere el artículo 58 transitorio, debía verificar
que el Proyecto de Ley por medio del cual se incorporaba al ordenamiento
jurídico interno un tratado o convenio internacional, se encontraba en la
situación jurídica siguiente:
"a)
Aprobado por una de las Cámaras del Congreso de la República, lo cual exigía
que se surtieran los dos debates reglamentarios en la Comisión Constitucional
Permanente y en la Cámara respectiva, y por ende, se había tomado la decisión
correspondiente para que continuara su trámite, debate y aprobación en la otra
Cámara;
b)
Por tanto, el proyecto de la ley debía hallarse en tránsito de debate y
aprobación en la otra Cámara del Congreso;
c)
Que el proyecto  de ley aprobatorio del tratado, no hubiere sido aprobado en
todos sus debates reglamentarios, pues en caso contrario, solo le faltaría la
sanción presidencial;
d)
Verificado lo anterior, el Gobierno Nacional debía proceder a ratificarlo, sin
que mediara actuación distinta, o sea sin sancionarlo ni someterlo para su
validez a trámites no previstos, puesto que se trataba de un simple proyecto de
ley, que en virtud de la disposición transitoria no se convertiría  en ley de
la República".
"Inequívocamente,
la competencia de la Corte para ejercer su potestad de control previo de
revisión, debe cumplir los presupuestos que se relacionan a continuación:
"5.1.
Que el tratado internacional sea remitido por el Gobierno Nacional dentro de
los seis días siguientes a la sanción de la ley;
"5.2.
Que el asunto sometido a conocimiento de la Corte, sea una ley aprobatoria de
un tratado internacional, debidamente sancionada por el presidente de la
república.
"Estos
son dos requisitos esenciales para que la Corte pueda avocar el conocimiento
por vía de revisión previa, lo cual supone además que el tratado internacional
no se encuentre perfeccionado, esto es que el Estado por intermedio del
Gobierno no haya  manifestado su consentimiento en obligarse internacionalmente
por el convenio en cuestión.
"Estos
requisitos exigidos por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución
Política vigente, no se reúnen en el presente asunto, pues no existe ley
aprobatoria de un tratado internacional,  simple y llanamente se encontraba en
tránsito de ser ley de la República".
"Las
consideraciones hechas en esa ocasión, son las mismas para el caso bajo examen,
toda vez que, según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda
del Senado de la República que obra a folio 55 de las  copias del expediente
remitidas a este Despacho, el proyecto de ley denominado "PROTOCOLO
ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA
PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO
I) ADOPTADO EN GINEBRA EL 8 DE JUNIO DE 1977"  fue aprobado en primer y segundo
debate en la Cámara de Representantes, y como tal nunca se perfeccionó  como
Ley de la República aprobatoria del tratado, ya que la Asamblea Nacional
Constituyente suspendió su procedimiento de incorporación ordinario, para que
el Gobierno lo ratificara en este estado, y en consecuencia éste no estaba
habilitado, facultado o autorizado para enviar  el tratado a la Corte
Constitucional para que se efectuara el control previo automático del mismo,
pues la única alternativa que tenía era la de ratificar el tratado o no
hacerlo."[10]
V.
LA OPINION DE LOS EXPERTOS
El
Magistrado Ponente, en uso de sus competencias legales invitó al Doctor
HERNANDO VALENCIA VILLA,  en su calidad de experto en las materias relacionadas
con el tema del proceso, a presentar concepto sobre las relaciones entre el
derecho interno y el derecho internacional público en la nueva Constitución con
particular referencia al derecho internacional humanitario y  sobre otros
aspectos relevantes  para la decisión.
El
Doctor Valencia Villa considera que el artículo 93 Constitucional:
"resuelve
de un plumazo la vieja disputa escolástica entre monismo y dualismo en las
relaciones derecho internacional -derecho nacional". [11]
Según
este precepto  -que califica de revolucionario-
"...
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos adquieren rango
constitucional en Colombia, lo cual significa que prevalecen contra la ley en
todos los casos e incluso contra la propia norma fundamental si ella se opone
de manera ostensible e injustificada al ius qentium.  En otras palabras,
la disposición crea una  nueva categoría de leyes, que no podemos calificar más
que como leyes constitucionales: las leyes aprobatorias de tratados públicos de
derechos humanos, comprendidos los de derecho humanitario como los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales  de 1977, que
sobrepujan a cualquier otra ley en la materia humanitaria, por ministerio del
constituyente de 1991."[12]
A su juicio, la perspectiva humanista e internacionalista
del constituyente de 1991 es puesta de presente por el mismo artículo 93 y por
la aplicación absoluta del derecho internacional humanitario durante los
estados de excepción conforme lo señalan los artículos 212 a 215 de la Carta.
En estos casos -continúa-
"... resulta
evidente que el constituyente ha decidido que la vigencia efectiva de las
libertades fundamentales sólo se consigue mediante la limitación de la
soberanía del Estado y la ampliación correlativa de la autonomía del individuo.
La única restricción de la soberanía nacional que no sólo puede aceptarse sino
que incluso debe promoverse es la que se sigue de la plena aplicación de la
legislación internacional de derechos humanos. Más aún,  la actual  coyuntura
nacional exige la utilización del derecho internacional de los derechos
humanos, que es una normatividad general para democracias funcionales en
tiempos de paz, y también y sobre todo del derecho internacional humanitario,
que es una normatividad especial para democracias disfuncionales en tiempos de
guerra.  No existe, pues, excusa alguna para seguir eludiendo la invocación y
aplicación del Derecho de Ginebra al conflicto armado interno, por cuanto el
estatuto superior lo impone como legislación civilizadora y humanizadora del
nuevo régimen de excepción, bajo el cual, conviene añadir  tampoco "podrán
suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales",  según
dispone el mismo artículo 214 constitucional."[13]
Por
lo demás considera.
"...la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos en el
orden interno se refiere a todos los instrumentos, es decir, tanto a los ya
ratificados e incorporados cuanto a los que en el futuro se ratifiquen  e incorporen.
Dos argumentos sustentan esta tesis: puesto que el derecho internacional de los
derechos humanos constituye un corpus   normativo en avanzado estado de
codificación, como que está integrado en lo planetario por la Declaración
Universal de 1948 y los Pactos internacionales de 1966, y en lo continental por
la Declaración Americana de 1948 y la Convención Americana de 1968, parece
incuestionable que la intención del constituyente del 91 en el artículo 93 no
fue otra que la de incorporar el estado del arte en materia de protección
jurídica internacional de la persona humana a nuestro código supremo, de suerte
que el derecho constitucional  estuviese reforzado por el discurso
internacional en cuanto concierne a la defensa de la ciudadanía y de sus garantías
fundamentales. Por otra parte, si bien la nueva constitución es norma
reformatoria y derogatoria, la precedente legislación nacional en todos los
ramos sigue vigente hasta tanto no sea derogada por el Congreso o declarada
inexequible por la Corte, mucho más en tratándose  de una preceptiva como la
que nos ocupa, que tiene un status de tanta  jerarquía en el
ordenamiento jurídico reconstituido por la Carta del 91. Una interpretación
distinta del artículo 93 haría nugatorio el mandato del constituyente."[14]
Por
otra parte,  en su criterio "no existe oposición alguna entre el Protocolo
I y la Constitución vigente"  comoquiera que este último:
"...constituye
el más reciente y avanzado ejercicio de codificación  del jus cogens o
derecho consuetudinario de los pueblos sobre el tratamiento debido, por razones
de humanidad, a las víctimas y a la población civil no combatiente en las
guerras convencionales o interestatales."[15]
"...recoge
los principios cardinales del derecho de la guerra y los convierte en normas de
derecho humanitario... De esta suerte, mal puede una Constitución moderna y
democrática como la colombiana de 1991, cuya racionalidad teleológica resulta
claramente garantista o libertaria, estar en contradicción con un instrumento
internacional como el Protocolo I, que no es otra cosa que la codificación del
núcleo inderogable de normas mínimas de humanidad que rigen en los conflictos
armados.  Y la prueba de que el derecho humanitario es hoy la ley fundamental
de la humanidad, a la cual no podría oponerse lícitamente Constitución nacional
alguna que se pretenda fundadora y reguladora de un Estado social de derecho de
carácter democrático, es la universal aceptación de los Convenios de Ginebra de
1949 y sus Protocolos adicionales de 1977."[16]
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A.
Competencia.
Esta
Corporación no comparte la tesis expuesta por el señor Procurador General de la
Nación. Estima, por el contrario, que es competente para revisar oficiosamente
los tratados en vía de formación a que se refirió el artículo 58 transitorio de
la Carta y, por ende, para  pronunciarse de mérito y con carácter definitivo
sobre la exequibilidad del instrumento internacional sometido a examen , con
base en  las consideraciones siguientes:
1-      La
tesis de la incompetencia se sustenta en una interpretación   formalista,
asistemática, exegética y literal del artículo 58 de la           Carta.
Ese
entendimiento es a todas luces contrario a la Carta  comoquiera que comporta un
palmario desconocimiento de la naturaleza de la jurisdicción que se asigna en
el artículo 241 a la Corte Constitucional  cuando se le confía la guarda de la integridad
y supremacía de la Constitución y, en tal virtud, se le atribuye en el numeral
10 la función de "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los
tratados internacionales y de las leyes que los aprueben."
Cuando
el Constituyente instituyó en dicho numeral el control previo y oficioso de los
instrumentos internacionales en vías de perfeccionamiento en modo alguno
excluyó a aquellos respecto de los cuales contempló el trámite excepcional de
que trata su artículo 58 transitorio.
Por
tanto, esta Corte reitera los argumentos que expuso en la  sentencia  con la
cual culminó la revisión constitucional del Acuerdo Básico de Cooperación
Técnica y Científica entre la República  de Colombia y la República Oriental
del Uruguay de que da cuenta el Expediente AC-TI-03 (Magistrado Ponente Doctor
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO):
"....Cuando
el artículo 58 transitorio autorizó al Gobierno para ratificar los tratados o
convenios celebrados que hubiesen sido aprobados al menos por una de las
cámaras, consagró norma excepcional en cuanto a la culminación del trámite en
el Congreso habida cuenta del receso dispuesto para ese cuerpo legislativo
(Capítulo  1o. de las disposiciones transitorias),  pero nada indica que esa
autorización incluyera, además, la excepción al control previo de constitucionalidad
plasmado genéricamente en el artículo 241, numeral 10 de la Carta.  Aceptarlo
así equivaldría a concluír que los tratados o convenios cobijados por la norma
transitoria fueron inexplicablemente sustraídos del control previo. En estos
términos, la falta de control político del Congreso no necesariamente implicaba
la del control jurídico.
"Semejante
consecuencia no se deriva del nuevo sistema constitucional  y, muy por el
contrario, riñe abiertamente con el objetivo de certeza buscado por el Constituyente
al regular esta materia.
"....
La Corte considera que el artículo transitorio 58 de la Constitución no excluye
y, por el contrario, supone el control previo de constitucionalidad, ya que no
puede interpretárselo de manera aislada sino en armonía con las demás
disposiciones de la Carta, en especial  con su artículo 241, numeral 10.
"En
efecto, uno de los fines primordiales de los sistemas de control constitucional
reside en la adquisición de certeza sobre el ajuste de un determinado acto a la
normativa superior, deducida en el curso de un proceso que culmine con el
pronunciamiento definitivo del órgano al cual esa tarea ha sido confiada, en el
caso colombiano la Corte Constitucional.
"Desde
el momento en que una cierta clase o categoría de actos queda sometido por la
propia Constitución a ese procedimiento de control, todos los que a aquella
pertenecen, si respecto de cada uno se dan los supuestos previstos por el
ordenamiento jurídico, deben pasar, sin lugar a excepciones, por el correspondiente
trámite que asegure su examen.
"A
partir de la vigencia  de la Constitución de 1991, habida cuenta de la
previsión consagrada en el numeral 10 de su artículo 241, no cabe duda sobre el
necesario sometimiento al control previo de constitucionalidad a cargo de esta
Corte de los tratados internacionales y las leyes que los aprueben.
"La
medida de esta función de la Corte está dada no solamente por el claro sentido
del texto, el cual extiende el control -haya o no ley aprobatoria-  al tratado
mismo, sino por una razón sistemática:  la de que el ordenamiento
constitucional está orientado a la revisión de los tratados cuyo canje de notas
aún no se ha producido, a fin de asegurar, antes de que entre en vigencia, la
sujeción de sus cláusulas a las previsiones constitucionales, conciliando así
la prevalencia de las normas fundamentales con el principio de derecho
internacional sobre cumplimiento de los tratados en vigor". [17]
2-
En estudio sobre el tema de la competencia de esta Corte para proferir fallo de
fondo en cuanto a este y seis tratados más remitidos  por el Ministerio de
Relaciones Exteriores que el suscrito ponente realizó  por encargo de la Sala
Plena y que ésta acogió, según consta en Acta No. 52 correspondiente a la
sesión celebrada el pasado 6 de abril se concluyó:
"....
pese al trámite sui generis y de carácter excepcional que sufrieron por
razón del tránsito constitucional, estos constituyen verdaderos tratados en
vías de formación, pues con respecto a ellos aún no se ha producido su
perfeccionamiento, toda vez que con anterioridad a su revisión por  la Corte el
ejecutivo no había manifestado el consentimiento en obligarse por ellos en el
ámbito internacional.  Como tales están sometidos al control de
constitucionalidad previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la
Carta".[18]
Conviene
en esta ocasión recordar las razones de tipo histórico, sistemático y
teleológico que permitieron arribar a esa conclusión.
a-
El tenor literal del texto positivo
Ciertamente,
de una lectura superficial podrían surgir dudas acerca del sentido en que, en
el numeral 10 del arti­culo 241, el Constituyente utilizó el termino
"tratados internacionales" al indicar que su control de constituciona­lidad
competería a la Corte Constitucional.
Empero,
el propio conjunto normativo a que pertenece la citada expresión la dota de una
significación unívoca al indicar que en este caso fue empleada como connotativa
del instrumento internacional que está cumpliendo un proceso de celebración y
perfeccionamiento y respecto del cual ya se han realizado las fases de
negociación, adopción, y autenticación del texto, de sometimiento al Congreso
para aprobación y de aprobación por éste.  Pero cuyo perfeccionamiento está pen­diente,
por no haberse aún producido el acto del Ejecutivo que perfecciona en el ámbito
internacional la manifestación de voluntad del Estado en obligarse por el
Tratado.[19]
En
efecto, las etapas posteriores a la sanción presidencial de la ley
aprobatoria del tratado internacional, al tenor de la norma solo pueden
cumplirse según sean los resultados del control. De hecho, la disposición
preceptúa que "...si la Corte los declara constitucionales el Gobierno
podrá efectuar el canje de notas" y que "en caso contrario no serán
ratificados".
Quiere
ello decir que los actos con­cernientes a la manifestación del consentimiento
en obligarse en el ámbito internacional son ulteriores al control, como quiera
que solo pueden tener lugar después de que éste se ha verificado, toda vez que
sus resultados condicionan la posibilidad de que aquéllos se produzcan.
Ello
indica que al momento en que se surte el control de constitucionalidad, el
acuerdo no es un instrumento perfecto sino un "proyecto de tratado",
y que por lo mismo, el instituido es un control previo que opera después de que
el presidente ha  sancionado la ley aprobatoria del tratado y  antes de que
éste se perfeccione mediante la ratificación presidencial, el canje o depósito
de los instrumentos de ratificación o de adhesión, o en la forma que en el
tratado se haya convenido.
Nótese
por demás a  éste respecto, que la propia redacción de la norma en comento
evidencia que el control del tratado se produce antes de que éste tenga
existencia como acto jurídico en el ámbito internacional.
Más
aún: la propia Carta da cuenta de otros casos en los que, a diferencia del
analizado, el Constituyente usó la palabra "tratados internacionales"
como indicativa de acuerdo inter­nacional perfeccionado, y en los que, como en
éste, su sen­tido unívoco resulta del propio texto del artículo al cual
pertenece. A modo ilustrativo, se citan los siguientes:
ARTICULO
53.
"...
Los
convenios internacionales del trabajo, de­bidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna.
"..."
ART.
101:
"...
Los
límites señalados en la forma prevista por ésta Constitución, solo podrán
modificarse en virtud de tratados aprobados por el congreso, debidamente
ratificados por el presidente de la república."
"..."
Asimismo,
hay en la Constitución Política otros casos análo­gos al analizado, en los que
el Constituyente usó la expresión "tratados internacionales" como
indicativa de acuerdo inter­nacional no perfeccionado, y en los que, como en
éste, su sentido unívoco también resulta del propio texto del artículo al cual
pertenece. De éste tipo son los siguientes:
"...
ARTICULO
150. Corresponde al congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes atribuciones:
"...
16.
Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con
enti­dades de derecho internacional.
"..."
"ARTICULO
164.  El congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley
aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean someti­dos a su
consideración por el gobierno.
"..."
"ARTICULO
224. Los tratados, para su validez, debe­rán ser aprobados por el congreso...
"..."
"ARTICULO
189. Corresponde al presidente de la república como jefe de Estado, jefe del
gobierno y suprema autoridad administrativa:
"...
"6.
Proveer a la seguridad exterior de la República...declarar la guerra... y
convenir y ratificar los tratados de paz.
"..."
b-      Los
antecedentes históricos de la norma  y el
pensamiento
del Constituyente
Los
antecedentes históricos del numeral 10 del Artículo 241 vigente corroboran la
tesis que se viene soste­niendo/  En efecto, a lo largo del proceso de
formación de eta norma, hubo uniformidad y continuidad en los lineamientos
trazados por el Constituyente, lo cual  confiere fuerza y validez en este caso
al argumento histórico como criterio hermeneútico.  Tiénense al respecto los
siguientes datos relevantes:
Los
ponentes María Teresa Garcés Lloreda y José María Velasco Guerrero[20], en el informe que
rindieron a la Comisión Cuarta  sobre  el tema de "El control de
constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado"
observaron:
"...
En todos los proyectos presentados se conservan las funciones sobre el control
de constitucionalidad que tenía la  Corte Suprema de Justicia, incluyendole
nuevas atribuciones:
"...
"2.
Decidir sobre la constitucionalidad de los tratados y de las leyes que los
aprueben..."
Los
citados autores ponen de presente que las diferencias de criterio que a este
propósito  se presentaron,  se relacionaron  únicamente:
"...
con el momento en que debe reali­zarse el control, pues algunos constituyentes
afirman que dicho control debe efectuarse una vez el tratado o convenio haya
sido aprobado por la ley, antes del canje de notas; y otros que tal control
debe realizarse antes de haber sido sometido a aprobación por ley del
congreso."[21]
A
su juicio:
"...
el control debe tener lugar tanto sobre el contenido del tratado como sobre
la ley aprobatoria del mismo, una vez que esta haya sido sancionada,
trámite que de una parte permite un control total sobre el fondo y la forma,
pero que a su vez evita duplicidad en la función de este control, y por tanto
dilaciones en la obtención de una seguridad jurídica. La declaratoria de
inconstitucionalidad, ya sea del tratado  o de la ley aprobatoria, por parte de
la Corte, impediría la ratificación o el canje de notas."[22] (Subrayas fuera de
texto)
A
lo dicho, los ponentes añaden:
"...
todos los miembros de la subcomisión estuvieron de acuerdo en la conveniencia
de establecer el control de constitucionalidad sobre los trata­dos públicos y
sus leyes aprobatorias, de manera expresa, antes de que se proceda a
ratificarlos, presentándose discre­pancias en la etapa del proceso interno en
que dicho control debe ser ejercido y en cuanto a si éste debe ser automático,
o si puede ser puesto en marcha por cualquier ciudadano, mediante el empleo de
la acción de inexequibilidad."[23]
El
Constituyente José María Velasco Guerrero[24]
a lo anterior agrega que:
"las
diferencias se presentan en lo relativo al tema del control de las leyes
aprobatorias de tratados internacionales, pues unos les otorgan carácter de
leyes especiales, de jerarquía prevalente, que no pueden ser objeto de
acción de inexequibi­lidad; Sin embargo, la mayoría considera plausible el
control previo por la Corte del texto de los tratados. con miras a asegurar
la compatibilidad de los tratados internacionales con el derecho interno."[25]
En
el informe de ponencia sobre "las relaciones internaciona­les"[26], los constituyentes
Arturo Mejía Borda, Miguel Santamaría Dávila, Guillermo Plazas Alcid, Alfredo
Vásquez Carri­zosa, y Fabio de Jesús Villa, hacen alusión a lo expresado en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados (Mayo 23 de 1969, aprobada
por la ley 32 del 29 de Enero de 1985) al disponer que:
"Se
entiende por tratado un acuerdo interna­cional celebrado por escrito entre
estados, y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su deno­minación
particular."
En
el informe de ponencia para sesión plenaria sobre "la Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, proposiciones
divergentes" la ponente María Teresa Garcés Lloreda dió a conocer el
siguiente artículo:
"...
"Artículo
8:
Atribuciones de la Corte Constitucio­nal.
A
la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de
la Constitu­ción, y en consecuencia tendrá las siguientes atribu­ciones:
"...
"7.
Decidir definitivamente sobre la constitucio­nalidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben; con tal finalidad el gobierno
los remitirá a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes al de la
sanción de la ley. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá
efectuar el canje de notas; en caso contrario no se­rán ratificados.
"..."
Afirma
la ponente que dicho artículo se fundamenta en  que a la Corte Constitucional
le corres­ponde la guarda de la integridad y la supremacía de la Cons­titución
y entre sus atribuciones está la de decidir directa­mente sobre la
constitucionalidad de los tratados internacio­nales y las leyes que los aprueben,
con anterioridad al canje de notas.
Al
respecto explica:
"Se
trata de dar una mayor seguridad jurídica a la comunidad con relación a la
conformi­dad de los tratados con las normas de la Carta; garantizán­dose de
esta forma el control político por parte del congreso y el control
jurisdiccional por la Corte Constitucional, con anterioridad a la adquisición
de compromisos internacionales por el gobierno Nacional. Si bien es cierto que
en algunos proyectos se propuso que el control se ejerciera con anterio­ridad
al trámite de la ley por el congreso, la Comisión IV consideró la conveniencia
de que se efectúe en forma automá­tica una vez aprobada la ley para que el
mismo pueda versar tanto sobre el contenido del tratado, como sobre los
aspectos formales de la ley aprobatoria."[27]
El
artículo aprobado en primer debate fue del siguiente tenor:
"...
"ARTICULO
68:   Son funciones de la  Corte Constitucional (Corte Suprema de Justicia):
Decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben; con tal fín el gobierno los remitirá a la Corte, dentro
de los 6 días siguientes al de la san­ción de la ley. Cualquier ciudadano podrá
intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los
declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso
contrario, no se­rán ratificados.
"Cuando una o varias normas
de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Consti­tucional
(Corte Suprema de Justicia), el presidente de la república solo podrá
manifestar el consenti­miento en obligarse formulando la correspondiente re­serva."[28]
Conforme
lo acredita la respectiva acta, en la sesión plena­ria de Mayo 24 de 1991[29] hubo acuerdo en que
los tratados deben ser celebrados por el ejecutivo, aprobados por el congreso,
y tener un control de constitucionalidad antes de que sean ratificados por el
ejecutivo.
En
la Gaceta Constitucional No. 113, de Julio 5 de 1991 se publicó el articulado
de la Constitución de Colombia, que fue codificado por la Comisión respectiva y
propuesto a la Asamblea Constituyente para segundo debate.  La norma correspon­diente
al tema que se analiza  dice:
"...
"ARTICULO
250.  A la Corte Constitucional se le con­fía la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de éste
artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
"...
10.
Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales
y de las leyes que los aprueben. Con tal fín el gobierno los remi­tirá a la
Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier
ciudadano podrá interve­nir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si
la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de
notas; en caso contrario, no serán ratificados.
"Cuando
una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por
la Corte Constitu­cional (Corte Suprema de Justicia) el presidente de la
república solo podrá manifestar el consentimiento en obligarse formulando la
correspondiente reserva."[30]
Para
finalizar, se observa que  en la Gaceta Constitucional No. 114 de Julio 7 de
1991 en la cual tuvo lugar  la promulgación de la Constitución Política de la
República de Colombia[31]
quedó contemplado el texto anteriormente  mencionado en el que hoy es el
Artículo 241 del Capítulo 4, alusivo a la "Jurisdicción
Constitucional" que pertenece al Título VIII de  la Carta, titulado
"De la Rama Judicial."
Tal
es entonces la evolución que el artículo sobre control constitucional de los
tratados tuvo en la Asamblea Nacional Constituyente. El seguimiento histórico
de su proceso de gestación demuestra que la intención inequívoca del
Constituyente fue la de establecer en el actual numeral 10 del artículo 241 de
la Carta Política  un control previo, automático e integral.
c-
La interpretación teleológica:
Los
tratados como instrumentos de internacionalización de las relaciones
económicas,  socia­les y culturales y el logro
de
la meta de integración.
El
argumento teleológico es  quizás el más concluyente de entre los que se pueden
esbozar para sustentar la tesis según la cual el control constitucional de los
tratados internacionales que se contempla en el artículo 241-10 de la Carta
Política es previo, automático e integral.
La
internacionalización de las relaciones socia­les, económicas, políticas e
incluso ecológicas de la nación colombiana fue preocupación central del
Constituyente de 1991, quien por ello, la concibió como esencial propósito de
la actividad estatal.
Varias
razones permiten hacer la anterior afirmación. Por un lado, el tema de la
internacionalización fue consignado en el preámbulo de la Carta, como
inherente al propósito de integración que en éste se consagra. Por otro,  el
Cons­tituyente se ocupó de él en el  artículo 9o. de la Constitución, al
señalar los principios fundamentales que han de guiar la política exterior
colombiana.
El
tema de la internacionalización, además de haber sido consa­grado en el
preámbulo, y como un principio fundamental de la Carta, fue materia de un
capítulo especial de la misma dedicado -por primera vez en la historia del
constituciona­lismo colombiano-, exclusivamente a ese tema. El capítulo,
insertado dentro del título que trata de la rama ejecutiva, contempla los
propósitos y organismos relativos a las relaciones inter­nacionales de
Colombia.   En ese capítulo, la Carta consagra la obligación del Estado colombiano
de promover la internacionalización de las relaciones económicas, políticas,
sociales y ecológicas dentro de ciertos principios.
Así,
pues, el problema de la internacionalización del país fue un tema
fundamental dentro de las preocupaciones del Consti­tuyente del 91. Ello queda
claro en la ponencia que la Comi­sión Tercera de la Asamblea Constitucional
presentó para primer debate a la plenaria. La Comisión propuso el artí­culo
sobre internacionalización, como consta en la Gaceta Constitucional No. 53, del
18 de Abril de 1991, y éste fue aprobado por 62 votos a favor, ningún
voto negativo, y una abstención.[32]
La
ponencia aludida, cuyo texto completo figura publicado  en la Gaceta
Constitucional No. 94, del 11 de Junio de 1991, entre otras, enfatizaba las
siguientes ideas:
"La
integración es expresión de una trascendental ten­dencia del derecho
internacional contemporáneo a partir del reconocimiento de las limitaciones del
Estado Nacional... La internacionalización es un imperativo
contemporáneo".[33]
En
el debate relativo a éste artículo de la internacio­nalización, efectuado en
la  sesión plenaria del 16 de Mayo de 1991[34],
los señores Constituyentes se pro­nunciaron de manera vehemente en favor de la
idea, como consta en las transcripciones que de los debates hizo la Presidencia
de la República.
En
tales debates, se hicieron, entre otros, los siguientes planteamientos:
"...En
el mundo que nos movemos cada vez es más clara una interrelación entre los
paises...Es totalmente imposible hoy moverse en el mundo aisladamente..."
"...Acoger
y consagrar el tema de la internacionali­zación implicaría una de las mas
importantes de­cisiones que tomaría la asamblea nacional consti­tuyente...es un
objetivo de largo aliento del país...En la internacionalización está la base
del verdadero desarrollo del país..."
"...Esta
Constituyente tiene por supuesto muchas me­tas políticas; la democratización de
este país, un nuevo consenso social y político que nos permita un nuevo
ordenamiento, unas nuevas reglas de juego den­tro de las cuales podamos
convivir de manera civili­zada, pero también está ahí anotada la consigna de la
internacionalización de la modernización de este país en cuanto pueda ajustar
su ordenamiento jurídico, ajustar su propia mentalidad a las nuevas realidades
del mundo..."
"...La
misión de esta Constituyente fracasará si no contemplamos también la necesidad
de establecer meca­nismos que desarrollen el proceso de internacionali­zación..."
"...La
internacionalización de las relaciones es una realidad incontrovertible que no
podemos modificar y que debemos
aprobar..."[35]
Al
final, el artículo fue votado afirmativamente, casi por completa unanimidad,
como ha quedado arriba establecido.[36]
Los
Constituyentes, consecuentes con el principio de la internacionalización,
discutieron en la sesión plenaria del 24 de mayo de 1991[37], el tema del control
constitucional de los tratados internacionales.
En
la ponencia respectiva, presentada por la Comisión Cuarta a la Plenaria, se
propuso el control jurisdiccional automático en forma directa por la
Corte Constitucional de todos los tratados internacionales. La
ponencia afirmaba:
"
Todos los compromisos internacionales del país deben tener un control, control
político por parte del congreso, el cual se traduce en la expedición de una ley
y el presidente, una vez que sancione esta ley debe enviar a la Corte
Constitucio­nal dentro del término de 6 días la ley, para que la Corte, en una
forma muy rápida dictamine sobre la constitucionalidad tanto del contenido del
tratado como del procedimiento de la ley. De lo que se trataría con este control
automático es de que ABSOLUTAMENTE TODOS LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL
PAÍS GOCEN DE ABSOLUTA SEGURIDAD JURIDICA...para no dejar al vaivén de
posibles demandas posteriores a la ley...si se cumplen de manera
automática esos controles participarían las tres ramas del poder
público...Habría un compromiso de las tres ramas del poder público con ese
tratado."[38]
Conclúyese
de lo que hasta ahora se ha expuesto que para el Constituyente era claro que la
meta de la internacionalización que tenía en mente solo sería realizable si a
través del control previo, automático e integral de los tratados, tal y como
quedó consagrado en la norma 241-10 del articulado final, se aseguraba la
compatibilidad del ordenamiento internacional con el derecho nacional.
El
debate correspondiente a este tema fue particularmente ilustrativo sobre la
conveniencia de instituir éste tipo de control.  En efecto, sobre este punto se
dijo:
"...
es conveniente prevenirse en salud hacia el fu­turo, para que los tratados que
sean ratificados por el presidente y respecto de los cuales se haga el
respectivo canje de notas, no tengan que ser impugnados por ninguna razón. Es
de­cir, que después de aprobado por el congreso, pasaría a cumplir con el
control de constitucionalidad que implica el control de su contenido y el
control de su forma, entrando el presidente a firmar el tratado... no se le
entrega con esto la facultad discrecional a la Corte Constitucional... que es
en últimas la que maneja los negocios correspondientes a los tratados
internacionales, porque al igual, si fuera solo un control de contenido de los
tratados, de hecho también la Corte podría declararlos inexe­quibles y por
tanto, decirle al presidente que no puede firmar uno u otro tratado... la
diferencia ra­dica en que el congreso de la República tendría que ceñirse a
todas las normas necesarias para poder aprobar el tratado, y si no se ciñe a
ellas, entonces el tratado podría ser declarado inexequible por no haber
cumplido con los requerimientos necesarios para su aprobación en el congreso,
caso en el cual debe volver al congreso, y de esta manera volver a desa­rrollarse
este control de constitucionalidad, para que luego de que se cumpliera con
todos los requisi­tos de contenido constitucional, y de forma en su trámite,
eso sí pudiera ser firmado por el presidente definitivamente... o ratificado
por el Presidente y luego hacer el respectivo canje de notas, después de lo
cual no habría ningún recurso contra ese tratado que pasaría a ser parte de
nuestra institucionalidad.."
"...Estamos
acogiendo el control previo constitucio­nal de los tratados públicos antes de
la ratifica­ción, porque después de la ratificación ya no puede hacerse control,
porque pertenecen justamente a la órbita internacional que supera y excede la
órbita de la Nación..."
"...Ello
(el control previo y automático) eliminaría la posibilidad de ejercer
posteriormente la acción pública de inconstitucionalidad..."
"...El
tema del control automático de los tratados resuelve la mayor parte de las
inquietudes que se ha­bían venido suscitando en la doctrina nacional..."[39]
En
síntesis:
El
proceso que culminó con el rediseño de nuestro Estatuto fundamental estuvo, por
éste aspecto, determinado por la necesidad de dimensionar el quehacer estatal y
de proyectarlo a planos y escenarios que rebasan la matriz espacial tradi­cional
del Estado, como reconocimiento de que las necesidades y urgencias que plantean
el desarrollo y el progreso nacionales requieren, para poder ser satisfechas,
de la cooperación y de otras formas de intercambio que permitan maximizar
ventajas comparativas y aprovechar posibilidades de complementariedad con otros
sujetos.
Como
consecuencia de la creciente internacionalización de las relaciones e
intercambios de toda índole que tienen lugar entre actores estatales y no
estatales y, en virtud de la tendencia cada vez mayor al reforzamiento y a la
acentuación de los vínculos e interacciones que en ese ámbito se cumplen por el
hecho de tornarse el mundo cada vez más interdependiente, el Constituyente
debió también dotar a los instrumentos respectivos de cualidades que, -sin
desco­nocer los requerimientos propios del ordenamiento nacional-, permitieran
su adecuación a las exigencias propias de dicho proceso.
Ahora
bien, si los tratados internacionales son, en esencia, el mecanismo fundamental
de realización del propósito de internacionalización y de la meta de integración
según la propia Constitución, y si regla de oro de su interpretación es la de
que el intérprete ha de privilegiar siempre aquella en cuya virtud se logre la
armonización de las disposiciones constitucionales que aparentemente se hallan
en pugna, fuerza es concluir que el tipo de control de constitucionalidad
instituído por el Constituyente en la regla 10 del artículo 241 de la Carta es
el que ha sido caracterizado como previo, automático e integral.  Este tipo de
control garantiza por un lado el cumpli­miento de los compromisos
internacionales que es corolario de  ineludible observancia por haber adherido
Colombia a las normas de convi­vencia entre las naciones civilizadas una de las
cuales  precisamente es la conocida como Pacta Sunt Servanda  -como lo
proclama el Artículo 9 de la Carta-. Por otro, asegura el respeto y la
observancia del Estatuto Fundamental por sus autoridades inclusive cuando
desarrollan funciones en el plano internacional, pues no se remite a duda que
la suprema­cía de la Constitución que se consagra en el Artículo 4 de la misma
no admite sino las excepciones que la propia Carta establece.
Si
a lo dicho se agrega que el juez constitucional al interpretar la Carta debe
también tener en cuenta que el cambio constitucional busca corregir defectos y
deficiencias que la experiencia ha puesto de presente, así como responder a las
necesidades institucionales del ser nacional, (por ejemplo, instituir un
control que permitiera conciliar los extremos de que se ha dado cuenta,) no
cabe la menor duda de que el analizado, por ser previo, automático e integral
tiene la virtud de dotar de seguri­dad jurídica al Estado tanto en el plano
interno como en el internacional.
d-
La interpretación sistemática
Para
los efectos de este análisis debe también tenerse en cuenta  el artículo 9o. de
la Constitución Política por cuanto que en dicha disposición el Constituyente
consagró los fundamentos rectores de las relaciones exteriores del Estado, uno
de los cuales es "... el reconocimiento de los principios del derecho
internacional aceptados por Colombia."
El
pilar esencial del Derecho de los tratados está re­presentado por el inmemorial
principio conocido como PACTA SUNT SERVANDA el cual obliga a Colombia no
solo en cuanto norma de derecho internacional consuetudinario sino en cuanto
norma de derecho internacional convencional, consagrada en la Convención de
Viena, aprobada mediante la Ley 32 de l985.
En
efecto, el artículo 26 de la citada Convención, pertene­ciente a la Sección 1a.
sobre OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS, de la Parte III preceptúa que:
"Todo
Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de
buena fe."
A
propósito de este principio comenta el tratadista NIETO NAVIA[40]:
"...
que la norma PACTA SUNT SERVANDA constituya uso establecido por los Estados y
su aceptación por los países civilizados y en la conciencia jurídica de los pueblos
la constituya en principio general de derecho internacional típico no es sino
demostración del va­lor de la norma aludida.
"La
norma PACTA SUNT SERVANDA llamada por Taube el axioma, postulado e imperativo
categórico de la ciencia del derecho internacional", constituye la re­gla
más antigua y el más antiguo también problema de interés común para todos los
Estados."
"Es
evidente que la norma según la cual los tratados deben ser cumplidos,
trasladada del derecho romano al derecho natural de la Edad Media y convertida
en norma consuetudinaria de derecho internacional, cons­tituye, si no la norma
fundamental de todo el derecho internacional, sí la del Derecho de los
tratados".
e-
Características principales del control previsto en el
artí­culo
241, numeral l0 C.N.
De
lo dicho, se infiere que ésta forma de control presenta las siguientes
características:
l.
Es un control previo por cuanto se produce antes del
perfeccionamiento del tratado, una vez que el congreso lo ha aprobado mediante
ley y el presidente la ha sancionado , o a más tardar dentro de los seis días
siguientes.
cuanto se produce antes del perfecciona­miento del tratado;
2.
Es un control automático en la medida en que su operancia no se
supedita a la existencia de acción ciudadana debidamente formulada; por el
contrario, la función de control se pone en marcha tan pronto como el gobierno
sancione la ley aproba­toria, o a más tardar, dentro de los seis días
siguientes.
3.
Es un control integral puesto que versa sobre el contenido
material normativo del tratado así como sobre el de la ley aprobatoria, tanto
por razones de forma como de fondo. El tenor literal del artículo 241-10 C.N.
no deja duda de que el control comprende los dos elemen­tos del acto complejo
cuando dispone: "Decidir definitiva­mente sobre la exequibilidad de los
tratados internacionales y de las leyes que los aprueban.  Con tal fin, los
remi­tirá..." (Subrayas fuera del texto)
Esta
explícita redacción pone término a eventuales diferen­cias de interpretación
acerca de si el contenido del proyecto de tratado en sí mismo considerado es o
no susceptible de control constitucional, con lo cual evita los pronunciamien­tos
inhibitorios por parte del órgano de control. Recuérdese a éste respecto que la
Corte Suprema de Justicia -aun cuando admitió la posibilidad de controlar el
tratado antes de su perfeccionamiento según los postulados de la tesis de la
competencia temporal[41]-
se abstuvo de pronunciarse de mérito respecto de cargos atinentes al contenido
mismo del tratado cuando estos se formulaban después de que éste se hubiera
perfeccionado.
4.
Dado el efecto general inmediato de la Constitución Política, el control
susodicho opera respecto de los tratados que a partir del 1o. de diciembre de
l991, fecha de instala­ción del congreso elegido el 27 de octubre pasado, hayan
sido aprobados por éste y cuya ley aprobatoria sea sancionada por el presidente
de la república.
Asimismo
opera respecto de los tratados que habiendo sido sometidos por el gobierno a la
consideración de la Comisión Especial Legislativa, durante el período de sus
sesiones, no fueron improbados por ésta en ejercicio de la atribuciones que le
fueron conferidas por el numeral a) del artículo transitorio 6o. de la
Constitución Política.
De
otra parte, exigir como lo pretende la Vista Fiscal, que existiera una ley
aprobatoria como condición previa e indispensable para que los tratados en vías
de formación a que se refirió el artículo 58 Constitucional transitorio
pudieran ser objeto de control constitucional,  equivale a desconocer que del
mismo tránsito constitucional  que dió lugar al cierre del congreso emanó la
imposibilidad de agotar dicho trámite legislativo.  Esa fue precisamente  la
circunstancia que motivó al Constituyente de 1991 a darlo por cumplido respecto
de tales instrumentos con la aprobación, a lo menos, de una de las Cámaras.
No se olvide por lo demás que la propia Constitución manda la prevalencia de lo
sustancial  sobre lo formal en las actuaciones de los órganos que, como esta
Corte, ejercen función jurisdiccional.
Por
todo ello, no puede esta Corporación darle validez al argumento según el cual
los instrumentos de que trata el artículo 58 transitorio no son susceptibles de
control constitucional so pretexto de que solo en presencia de una ley
aprobatoria y previa su remisión  por el gobierno dentro de los seis días
siguientes puede esta Corte ejercer el control previo de constitucionalidad de
los tratados públicos en vías de formación.
Por
lo expuesto, avocará el mérito del asunto materia del presente proceso, a lo
cual seguidamente se procederá.
B.      EL
PROTOCOLO I:  SUS TEMAS ESENCIALES
La
revisión del Protocolo I obliga a  esta Corte a ocuparse de los temas de la
naturaleza "per se", fuerza vinculante y especificidad del derecho
internacional humanitario, de su regulación en las Constituciones de 1886 y de
1991 y del significado y alcance de su expresión convencional.  Ello permitirá
hacer unas consideraciones sobre la correlación existente entre
valores-principios y normas para precisar la razón de ser del control
constitucional respecto de las normas que integran el "corpus" del
derecho internacional humanitario.
1.
El derecho internacional humanitario: naturaleza, especificidad y           fuerza
vinculante
a)
La guerra y el derecho internacional de
los
conflictos armados
La
aceptación de la guerra como un mecanismo esencial e inevitable de la solución
de disputas internacionales ha llevado consigo la necesidad de limitar sus
efectos nefastos mediante la observancia de un mínimo de normas de conducta,
recogidas en los principios humanitarios. Como consecuencia de tal
reconocimiento, y con el propósito imponer el respeto a unas reglas de juego
mínimas en circunstancias extremas, se ha hecho imperiosa la regulación
jurídica de la guerra, a través de normas encaminadas a reducir la utilización
innecesaria de la violencia contra las personas y los bienes.
Así,
pues, desde tiempos remotos se ha considerado que la guerra como  hecho real no
implica la ausencia total del derecho.   De hecho, los primeros acuerdos
internacionales que introdujeron principios de limitación a los medios bélicos
tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Entre ellos se encuentran la
Declaración de Derecho Marítimo de París de 1864, sobre prisioneros y heridos
de guerra, ampliada luego en 1906, 1929 y 1949, la Declaración de San
Petesburgo de 1868 sobre prohibición de ciertas armas y las Convenciones y
Declaraciones de la Haya de 1889, ampliadas  en 1907.
El
tratamiento jurídico de la guerra no se limita entonces a la regulación del
derecho de la guerra (jus ad bellum) bajo una perspectiva estatal, sino
que comprende aspectos globales del conflicto (jus in bello) que
incluyen una perspectiva civil y humanitaria.
De
esta manera, pueden diferenciarse dos tradiciones complementarias: en primer
lugar el derecho de la guerra, de más antigua tradición y que se encuentra
comprendido, en lo fundamental, en los Convenios de la Haya de 1899 y 1907; en
segundo lugar, el derecho internacional humanitario plasmado hoy en los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949[42],
y en sus dos Protocolos adicionales de 1977[43].
El primero de tales Procotolos es, precisamente, el objeto central del presente
fallo.
b-
Naturaleza y especificidad
Por
cuanto respecta a su contenido específico, se ha destacado justamente que:
"El
derecho internacional humanitario esta compuesto por un conjunto de normas, que
limitan, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto de
escoger libremente los métodos  y los medios utilizados  en la guerra o que
protegen a las personas y a los bienes afectados o que puedan ser afectados
como consecuencia del conflicto." [44]
Este
derecho está comprendido en los cuatro Convenios de Ginebra, los dos protocolos
adicionales de 1977, los Convenios de la Haya de 1899 y 1907 y el derecho
internacional consuetudinario de los conflictos armados.
El
derecho internacional humanitario es aplicable en situaciones de conflicto
armado en las que sea necesario un grado de protección  mayor que el que brinda
el derecho internacional de los derechos humanos, como agudamente lo señala
Goldman[45],
en los siguientes términos:
"
Aunque estas dos ramas del derecho internacional comparten el mismo
propósito de proteger a la persona humana y tienen un núcleo común de derechos
inderogables, las detalladas disposiciones del derecho humanitario  ofrecen a
las víctimas de la violencia armada un grado de protección y auxilio bastante
más alto que las garantías generales de derechos humanos; quizá el área de
mayor convergencia de estas dos ramas del derecho internacional se da en
situaciones de conflictos armados de carácter exclusivamente interno."
Es
por eso que el derecho internacional humanitario, según lo observa Christopher
Swinarski del CICR[46]
:
"...es
un derecho de excepción, de emergencia que tiene que intervenir en caso de
ruptura del orden internacional y también interno en el caso de un conflicto
no-internacional."
Estas
características confieren mayor especificidad a los tratados del derecho
internacional humanitario dentro del conjunto del derecho internacional:
En
efecto, la doctrina destaca que los tratados de corte tradicional se crean para
establecer un intercambio recíproco de derechos, o derechos recíprocos y
subjetivos entre las partes contratantes o para concederse obligaciones también
recíprocas en defensa de sus intereses nacionales.
Por
su misma naturaleza, es claro que tales tratados son inaplicables a terceros
Estados, tal como se desprende la Convención de Viena de 1969 y como lo ha
reconocido expresa y reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia
internacionales.
Los
tratados en los que se plasma el derecho internacional humanitario son, por el
contrario, una buena muestra de que en ellos los Estados contratantes no
aparecen en condición de reales o potenciales beneficiarios sino únicamente
como obligados.  Además, la fuerza vinculante de ellos no depende ya de la
voluntad de un Estado en particular sino, primordialmente,  del hecho de que la
costumbre entre a formar parte del corpus  del derecho internacional.
Por lo demás, en estos tratados no opera el tradicional principio de la
reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente la Corte Internacional de
Justicia en el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua-, son
susceptibles de reserva.
De
otra parte, tradicionalmente se ha diferenciado también en el ámbito del
derecho internacional de los conflictos armados entre derecho de la guerra y
derecho humanitario, tal como lo señala el Profesor Hernando Valencia Villa en
opinión solicitada por esta Corte:
"Los
expertos han distinguido entre el derecho humanitario o derecho de Ginebra y el
derecho de la guerra o derecho de la Haya, como las dos ramas que forman el
derecho internacional de los conflictos. Mientras el primero  asiste y protege
a las personas afectadas por la lucha armada, el segundo limita la libertad de
las partes contendientes para escoger y utilizar los diferentes medios y
métodos de combate. Empero, la distinción tiende a desdibujarse y a perder su
razón de ser a causa de la creciente convergencia entre las dos legislaciones,
o mejor aún, de la evidente absorción del derecho de la Haya por el derecho de
Ginebra. Así aparece con claridad meridiana en el Protocolo I, que recoge los
principios cardinales del derecho de la guerra y los convierte en normas de
derecho humanitario. Tales principios son: la cláusula Martens, originaria del
Reglamento de la Haya sobre la guerra terrestre de 1907 y relativa a la
aplicación de reglas éticas en subsidio o complemento de las reglas jurídicas
de civilización de la lucha armada (...); las tres regla fundamentales de la
guerra civilizada (prohibición de hostilidades contra objetivos no militares,
de armas de destrucción masiva o indiscriminada y de procedimientos pérfidos o
deshonrosos) (...) y la llamada cláusula finlandesa del artículo 75 del
Protocolo I, que acoge los preceptos básicos del derecho internacional de los
Derechos Humanos en el corazón de la legislación humanitaria."[47]
En
resumen, el derecho internacional humanitario contiene normas que limitan el
derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los medios y métodos
utilizados en combate, así como disposiciones encaminadas a proteger a las
víctimas y a los bienes susceptibles de verse afectados por un conflicto
armado.
c)
El derecho internacional humanitario y el ius cogens:
fuerza  vinculante.
El
derecho internacional público está compuesto no sólo por normas de carácter
dispositivo, como los son todos los acuerdos interestatales que se apartan del
derecho internacional común, siempre y cuando no afecten los derechos de los
terceros Estados, sino también por normas obligatorias. Incluso antes de la
entrada en vigencia de la Carta de la O.N.U. -dice Alfred Verdross-  eran nulos
los tratados que se opusieran  a las buenas costumbres (contra bonos mores).
Luego
de la entrada en vigencia de la Carta de Naciones Unidas, son obligatorias
todas las normas relativas a la protección de los derechos humanos
fundamentales y a la prohibición del uso de la fuerza (Art. 2-4).
Esta
idea ha sido recogida por el artículo 23 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los tratados del 23 de mayo de 1969, según el cual es nulo todo
tratado que esté en oposición con una norma imperativa del derecho
internacional general, entendiendo por ello, "una norma aceptada y
reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma
que no admite acuerdo en contrario."
Con
base en estos supuestos Eduardo Suárez[48]
-representante mexicano en la Convención de Viena-  define el ius cogens
como:
"aquellos
principios que la conciencia jurídica de la humanidad, revelada por sus
manifestaciones objetivas, considera como absolutamente indispensable para la
coexistencia y la solidaridad de la comunidad internacional en un momento
determinado de su desarrollo orgánico".
En
opinión del doctor José Joaquín Caicedo Perdomo[49], hacen parte del ius
cogens las siguientes normas imperativas:
"1)
Normas relativas a los derechos soberanos de los Estados y de los pueblos
(igualdad, integridad territorial, libre determinación etc.);
2)
Normas relativas al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales;
3)
Normas sobre la libertad de la voluntad contractual y la inviolabilidad de los
tratados;
4)
Normas sobre protección de los derechos del Hombre y
5)
Normas relativas al uso del espacio terrestre y ultraterrestre perteneciente a
la comunidad de Estados en su conjunto. "
En
relación con la protección de los derechos humanos es necesario hacer algunas
precisiones. En primer lugar, se trata de un derecho ampliamente codificado: en
lo planetario en La Declaración Universal de 1948 y los Pactos internacionales
de 1966 y en lo continental en la Declaración Americana de  1948 y en la
Convención Americana de 1968.
En
segundo lugar, el derecho internacional humanitario constituye la aplicación
esencial, mínima e inderogable de los principios consagrados en los textos
jurídicos sobre derechos humanos en las situaciones extremas de los conflictos
armados. De ahí su carácter de legislación civilizadora y humanizadora,
aplicable en los conflictos armados tanto nacionales como internacionales.
De
otra parte, existe una estrecha conexión entre el derecho internacional
humanitario y el ius cogens. Así lo reconoció la Corte Internacional de
Justicia en el fallo sobre el Estrecho de Corfú y de manera más precisa aún en
el fallo del 27 de junio de 1986 relativo al caso de las actividades militares
y paramilitares emprendidas por los Estados Unidos contra Nicaragua. En este
último caso, la Corte se refirió al ius cogens en vista de la reserva
presentada por el gobierno de los Estados Unidos en relación con los tratados
multilaterales. Teniendo presente esta reserva, la Corte[50] fundó su
decisión en el derecho consuetudinario y no en los convenios pertinentes.
"El
hecho de que los principios de derecho consuetudinario -dice el tribunal
internacional- estén codificados o incorporados en convenios multilaterales no
significa que dejen de existir y de aplicarse como principios de derecho
consuetudinario." (Enfasis fuera de texto)
Los
actos denunciados, según la Corte, se encontraban condenados por los principios
generales del derecho humanitario, entendidos como consideraciones elementales
de humanidad, como un mínimo aplicable en todas las circunstancias
independientemente de las normas convencionales existentes.
Las
ideas anteriores se encuentran reforzadas por la universal aceptación del
derecho internacional humanitario en el ámbito internacional. En efecto, la
fuerza moral y jurídica  de los protocolos I y II, -los cuales representan, en
opinión del profesor Hernando Valencia Villa, la última versión de la noble y
antigua tradición de las leyes y costumbres de la guerra-, se deriva del hecho
de su aceptación.
Según
el último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja[51] hasta el 31 de
diciembre de 1991, 168 Estados eran parte de los Convenios de Ginebra, 108 del
Protocolo I y 98 del Protocolo II.   De ahí que el citado autor[52]  afirme que:
"Estas
cifras ponen de manifiesto la amplia acogida que en la comunidad de los Estados
han tenido los instrumentos humanitarios y en especial los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949, que constituyen el conjunto con mayor número de Estados partes
en toda la historia del derecho de gentes, al punto que superan a la propia
Carta de Naciones Unidas.  La idea de que el conflicto puede ser librado de
manera humanitaria es, entonces, el valor ético y jurídico que más consenso ha
conseguido concitar entre los miembros del sistema internacional."
En
síntesis, los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los
Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un
catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o
internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte
del ius cogens o derecho consuetudinario de los pueblos.  En consecuencia, su
fuerza vinculante proviene de la universal aceptación y reconocimiento que la
comunidad internacional de Estados en su conjunto  le ha dado al adherir a esa
axiología y al considerar que no admite norma o práctica en contrario. No de su
eventual codificación como normas de derecho internacional, como se analizará
con algún detalle mas adelante. De ahí que su respeto sea independiente de la
ratificación o adhesión que hayan prestado o dejado de prestar los Estados a
los instrumentos internacionales que recogen dichos principios.
El
derecho internacional humanitario es, ante todo, un catálogo axiológico cuya
validez absoluta y universal no depende de su consagración en el ordenamiento
positivo.
2.
El derecho internacional humanitario en la Constitución.
a)
Constitución de 1886
No
hubo en la Constitución de 1886, ni en las anteriores, disposición alguna que
definiera la posición del ordenamiento interno colombiano respecto del derecho
internacional general o del derecho internacional convencional.
En
efecto, dicha Carta no reconoció la validez general y superior del derecho
internacional general en el ámbito interno. Tampoco hubo en ella algún precepto
que indicare si los principios generales del derecho internacional  formaban o
no parte del ordenamiento estatal.
En
cambio, la validez general y supraestatal del derecho comunitario o de
integración económica fue reconocida en el artículo 76-18, por virtud de
cláusula especial.
En
materia del derecho internacional convencional la Carta del 86 no hizo un
reconocimiento positivo de su valor jerárquico como quiera  que no existió en
ella norma que expresamente confiriera a los tratados internacionales un grado
determinado dentro de la jerarquía normativa del orden jurídico colombiano.
La
única referencia que hizo al respecto fue la que se consignó en el artículo 121
a propósito de las facultades de que quedaba investido el presidente de la
república en virtud de la declaratoria de estado de sitio, de acuerdo al cual:
"En
caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el Presidente, con la
firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de
sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración el gobierno
tendrá, además de las facultades legales, las que la Constitución autoriza para
tiempos de guerra o de perturbación del orden público y las que, conforme a las
reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre las
naciones."
Luego
de una rigurosa indagación acerca del significado del término "derecho de
gentes" en el referido precepto, Alejandro Valencia Villa[53] concluye que:
"La
fórmula, tal como está redactada es bastante compleja y vaga[54].
Revisemos lo que dice nuestra doctrina constitucional sobre la materia. Es
común encontrar las siguientes frases en los libros tradicionales de derecho
constitucional cuando se refieren al derecho de gentes: "Estas facultades
no han sido definidas claramente..."[55],
"...esas facultades resultan muy amplias por ser imprecisas..."[56] y
otros señalan que Caro decía que es "un derecho que nadie conoce, una ley
que no está escrita en parte alguna, y que poco a poco o nada se diferencia de
la arbitrariedad"[57] .
Los mismos autores se limitan a decir que "ellas se encuentran en los
códigos o disposiciones militares [o] son las establecidas por las costumbres
internacionales en relación con las guerras entre naciones"[58], o
no saben a ciencia cierta si el término derecho de gentes se interpreta como
sinónimo de derecho internacional o de derecho internacional humanitario[59]. Por
lo demás, unos dicen que sólo son aplicables en caso de guerra exterior[60] y
otros lo amplían también a las circunstancias de conmoción interior.
Para
otros tratadistas, sea o no sea vaga la fórmula, lo que busca el derecho de
gentes es moderar los efectos atroces y las inevitables crueldades de la
guerra.  "Este confiere al gobierno las facultades reguladas en los
estatutos de la guerra, y al mismo tiempo, limitaciones tendientes a
humanizarla". Resulta importante, pues, desentrañar de una vez por todas
el verdadero sentido del derecho de gentes en el artículo 121
constitucional..."
La
historia de esta norma  permite atribuir a la referencia que en ella se hace a
las reglas aceptadas por el "derecho de gentes", el  significado de
derecho internacional humanitario.
En
síntesis, conforme al artículo 121 de la Constitución del 86 durante la guerra
exterior o la conmoción interior el Presidente debía respetar los parámetros y
restricciones a la conducción de hostilidades que tanto el derecho de la Haya
como el derecho de Ginebra imponen en aras de la protección de la persona, de
la población civil, de los no combatientes y de las víctimas de los conflictos
armados.
Esta
protección especial fue reforzada por la aprobación de los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 mediante la ley 5 de 1960 y la posterior ratificación de los
mismos. Por lo tanto, la aplicación obligatoria del derecho internacional
humanitario y por ende, del articulo tercero común[61] a los cuatro
Convenios, tiene una historia de por lo menos treinta años en Colombia. Tan
clara es esta afirmación que las disposiciones relacionadas con el cumplimiento
de los Convenios se encuentran consagradas en los artículos 14 y 169 del Código
Penal Militar (Decreto. 2550 de 1989). Incluso el Manual de Campaña del
Ejercito Nacional cita el artículo tercero común de los Convenios.
b)
El derecho internacional humanitario en la Asamblea Constituyente: Antecedentes
de los artículos 93 y 214 de la Carta
Una
minuciosa revisión de los documentos de la Asamblea permite señalar que los
Constituyentes tuvieron clara conciencia de la especificidad e importancia
concreta tanto del derecho internacional de los derechos humanos, como del
derecho internacional de los conflictos; por tanto, sus opiniones al respecto
constituyen valiosos elementos para la interpretación y aplicación de los
artículos 93 y 214 de la Carta vigente.
Así
por ejemplo, el Constituyente Diego Uribe Vargas señaló con toda claridad que:
"Hay
necesidad de reconocer la superioridad de esos convenios (sobre derechos
humanos) celebrados en el campo internacional dentro de nuestra futura Carta
Constitucional;  es decir, ...en materia de derechos humanos, yo diría que todo
el orden jurídico debe merecer la supremacía de las normas internacionales...
Yo creo que la primera cosa es consagrar explícitamente la supremacía de las
normas y convertirlas en normas vigentes en el ordenamiento interno y no solo
alusiones teóricas a un orden internacional del cual formamos parte, pero que
no cumplimos..."[62]
El
Constituyente Alfredo Vásquez Carrizosa[63]
manifestó su acuerdo con la propuesta del constituyente Uribe Vargas en el
sentido de que:
"es
preciso enmarcar los derechos dentro del primado del derecho internacional,
porque Colombia no está inventando el derecho internacional. Colombia es un
Estado miembro de las instituciones internacionales y tiene el deber o de
salirse de esas instituciones o de respetar lo que allí se dice con el voto de
Colombia..."
"...Qué
pasa con el derecho internacional humanitario que no rige en Colombia? ... no
rige dizque porque no hemos ratificado el Protocolo II; pero en los cuatro
convenios de Ginebra de 1949 ratificados por la República de Colombia y llevada
la ratificación a la Confederación Helvética está el artículo tercero que
acuerda la protección especial a las poblaciones civiles que no están mezcladas
ni en la guerra exterior ni en los conflictos internos y esos convenios no se
aplican porque aquí tenemos bombardeos aéreos... pero no se aplica estando
ratificado porque no se puede hacer la guerra interior sino violando el
artículo tercero común a los cuatro convenios... Yo estoy de acuerdo con el
Señor constituyente Uribe Vargas en consagrar el marco del derecho
internacional, yo tengo aquí un artículo que he presentado: el derecho
internacional tiene prelación sobre el derecho interno en materia de derechos
humanos. Me parece que el derecho internacional nos evita cambiar la
constitución cada vez que cambia el derecho internacional, si aprobamos en
gracia de discusión la Constitución Gaviria, hay que cambiar la constitución
cada vez que cambia el derecho internacional."
Sobre
el mismo tema el delegatario Augusto Ramírez Ocampo[64] observó que:
"...estamos
proponiendo la supremacía del derecho internacional sobre el derecho nacional,
me parece que esa es la base fundamental del ordenamiento jurídico
internacional y no solamente en el tema de los derechos humanos, porque yo si
preveo señor Presidente,... que el mundo avanza... para bien a una
internacionalización progresiva y a una especie de condominio universal de
ciertos principios de convivencia inalterables que no pueden ser suplantados.
Por ello, señor Presidente, siendo  canciller de la República de Colombia
adherí a una serie de mecanismos, establecidos, por ejemplo, en el sistema
interamericano contra la censura;  llevamos a la ratificación el que coloca a
Colombia bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos, y como ello me parece que todo esfuerzo de internacionalización
conlleva implacablemente una pérdida de soberanía y yo creo que vamos a tener
que estar preparados para ella y debemos aceptarla para modernizar las
instituciones y no podemos volver a dar el espectáculo un poco bochornoso que
tuvo Colombia en épocas del Canciller Vásquez Carrizosa y del Presidente
Pastrana cuando algunas normas adoptadas dentro del sistema andino fueron
echadas abajo por la Corte Suprema de Justicia;  necesitamos establecer con
claridad que la norma internacional rige por encima de la nacional, porque hace
parte de nuestro derecho. Yo estoy de acuerdo en que debemos hacer la consulta,
lo que se ha llamado el examen previo de constitucionalidad de los tratados
pero que una vez adoptados, ello son nuestra norma real y suprema y debe ser
aceptada por todos..."
Es
digno de señalar que las anteriores opiniones pertenecen a voceros prominentes
de diversos grupos políticos y fueron expresadas en momentos en que culminaban
las labores de la Asamblea, lo cual permite suponer que representan en buena
medida la opinión dominante que tuvo en cuenta la Comisión codificadora para la
redacción final de los artículos 93 y 214 de la Carta vigente.  En particular,
dichas opiniones expresan un acuerdo fundamental acerca de la incidencia de los
diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y derecho
de los conflictos en nuestro ordenamiento.
c)
La Constitución de 1991
La
Carta de 1991 confirma y refuerza tanto la obligatoriedad del derecho
internacional de los derechos humanos como la del derecho internacional
humanitario.
Así,
en materia de derechos humanos la Constitución colombiana recoge toda la
tradición del constitucionalismo occidental, incluyendo sus más modernos
postulados, en materia de derechos humanos y mecanismos de protección. El
amplio desarrollo que en el texto constitucional encuentran las llamadas tres generaciones
de derechos humanos, es una prueba evidente de la voluntad del constituyente de
hacer de esta materia la piedra angular del ordenamiento jurídico-político.
Pero
la Asamblea Nacional Constituyente no se contentó con señalar una amplia y
generosa lista de derechos respaldados por variados mecanismos de protección,
sino que hizo referencia a la necesidad de respetar en toda circunstancia
valores y principios fundamentales de la persona humana y del régimen político
con independencia de su consagración expresa.  Así  se deduce de los
artículos 93 y 94 de la Constitución Política actualmente en vigor.
En
el primero de ellos, el Constituyente consagró la primacía del derecho
internacional convencional relativo a los derechos humanos, al establecer la
prevalencia de los tratados y convenios ratificados por Colombia y la
obligación de interpretar la Carta de derechos de conformidad con dichos
convenios y tratados.
En
el artículo 94 estableció la posibilidad de aplicar derechos no consagrados en
el texto constitucional o incluso en los convenios y tratados ratificados por
Colombia, cuando se trate de derechos inherentes a la persona humana. De
acuerdo con este texto constitucional, el valor inherente o fundamental no
depende de la consagración expresa: es, pues,  un valor normativo independiente
de toda consagración en el ordenamiento positivo,  tal como lo entendía el
clásico derecho natural racionalista.
Por
otra parte, en el artículo 214, numeral 2o. de la Carta se consagró el valor
supraconstitucional del derecho internacional humanitario cuando, al regular
los parámetros a que se sujetan las atribuciones presidenciales durante los
estados de excepción, dispuso que:
"En
todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional                       humanitario".
No
se exige, en tales condiciones, ratificación o adhesión al convenio o al
tratado.  En otros términos, con la incorporación de este principio los
constituyentes quisieron ante todo proteger los valores humanitarios
reconocidos universalmente por la comunidad internacional, abstracción hecha
del derecho que los consagra.
En
consecuencia, se acogió la fórmula de la incorporación automática del derecho
internacional humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo
demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado,
caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo
integre el  ius cogens.
C.
VALORES, SUPRACONSTITUCIONALIDAD Y         CONSTITUCIÓN.
La
Constitución colombiana limita expresamente la competencia de las instancias
creadoras y aplicadoras del derecho, en beneficio de la obligatoriedad plena de
los principios del derecho internacional humanitario. Los expertos en derecho
constitucional  -defensores por lo general de la teoría dualista en materia de
relaciones entre derecho interno y derecho internacional- suelen presentar
objeciones a esta idea de limitación del derecho nacional,  en vista de que la
obligatoriedad de estas normas supraconstitucionales, cuya contingencia escapa
a los poderes públicos nacionales, violaría el postulado de la soberanía
nacional. Frente a semejante temor es preciso hacer algunas aclaraciones:
En
primer lugar, la idea de soberanía nacional no puede ser entendida hoy bajo los
estrictos y precisos límites concebidos por la teoría constitucional clásica.
La interconexión económica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales
cuya solución sólo es posible en el ámbito planetario y la consolidación de una
axiología internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer
practicable la idea decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido
necesario adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que
corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la
autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de
principios de aceptación universal. Sólo de esta manera puede lograrse el
respeto de una moral internacional mínima que mejore la convivencia y el
entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente común e
interdependiente de la humanidad.  La paz mundial y la subsistencia planetaria
están en juego.
En
segundo lugar, es necesario desvirtuar la idea según la cual los compromisos
constitucionales con los valores y los principios, son declaraciones
programáticas que sólo poseen obligatoriedad jurídica en la medida en que tenga
lugar su desarrollo en reglas de aplicación directa e inmediata. De acuerdo con
esto, la referencia constitucional  a los principios del derecho internacional
humanitario tendría este carácter de obligatoriedad en sentido débil.  Se
trataría de una tímida recomendación, no de una norma jurídica. Frente a este
tema, y en contra de la opinión descrita, la Sala primera de revisión de tutela[65] dijo lo siguiente:
"Los
principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible
por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados
de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto
fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para
determinar la solución necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de
ser normas dotadas de valor normativo, siguen teniendo un carácter general y
por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia
directa de los mismos. En estos casos se trata de un problema relativo a la
eficacia más o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con
su falta de fuerza normativa. En síntesis, un principio constitucional jamás
puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de
otro principio no expresamente señalado en la constitución, pero puede, en
ciertos casos necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar
la decisión judicial."
Según
esto, la diferencia entre principios y reglas o normas constitucionales no
proviene de su obligatoriedad jurídica sino de su forma de aplicación: mientras
los primeros requieren de una mediatización fáctica o normativa para su
aplicación, las segundas son aplicables directamente. Más aún, el
establecimiento de principios obedece, en el Estado social de derecho, a la
voluntad constituyente de otorgar una mayor protección a los valores
constitucionales. Esta mayor protección tiene lugar por el hecho de que el
principio se irradia a toda la organización político‑jurídica y, en
consecuencia, está garantizado en la aplicación de todas las reglas de
aplicación directa.
D.
LA EXPRESION CONVENCIONAL DEL DERECHO        INTERNACIONAL HUMANITARIO: SU
SIGNIFICADO Y         ALCANCE
Como
es bien sabido, a la adopción de convenios generales en conferencias de
codificación se les atribuye importantes efectos en relación con la
consolidación del derecho internacional consuetudinario.
La
codificación que se cumple a través del derecho internacional convencional.
puede dar lugar a la declaración, cristalización o generación de una norma de
derecho internacional consuetudinario. Esto procesos han sido bien descritos
por JIMENEZ DE ARECHAGA:[66]
"1)
Una primera posibilidad es que la norma convencional sea nada más que la
declaración, la expresión formal y por escrito, de una norma de Derecho
consuetudinario ya existente.  En este supuesto, la disposición del tratado es
pura y simplemente la codificación o enunciación de una norma consuetudinaria
en vigor.
"2)
Una segunda posibilidad es que la disposición del tratado constituya la primera
formulación en un texto de una costumbre que no había alcanzado su madurez
plena, pero que se hallaba, como ha  dicho la Corte, en vías de formación, una
norma in statu nascendi.  Como consecuencia de su incorporación a un
tratado adoptado en una conferencia  que tenga el carácter ya mencionado, dicha
norma in statu nascendi,o dicha norma en vías de formación, cristaliza
en una norma de carácter consuetudinario.
"3)
Una tercera posibilidad, es que la disposición de un tratado, en el momento de
su adopción sea claramente una propuesta  de lege ferenda  y no una
norma ya existente o incluso in statu nascendi; que suponga, no la
codificación del Derecho existente, sino un desarrollo progresivo potencial de
ese derecho... Dicha disposición... puede constituir el punto de partida de una
práctica posterior uniforme de los Estados conforme con dicha disposición en
tal medida que la disposición en cuestión, siguiendo los  cauces adecuados, se
transforma en una regla de Derecho consuetudinario."
Los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales I y II de 1977
constituyen pura y simplemente, la  expresión formal y por escrito, esto
es, la codificación de los principios ya existentes en el derecho internacional
consuetudinario.
Por
tanto, la ratificación produce la importante consecuencia de zanjar
definitivamente toda controversia que pudiera existir, en torno a la
obligatoriedad del derecho internacional humanitario.
E.
EL CONTENIDO NORMATIVO DEL PROTOCOLO I
El
Protocolo I (relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales), objeto de estudio por la Corte en esta ocasión, desarrolla
los 4 Convenios de Ginebra de 1949, los cuales buscan proteger a los heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en campaña, aliviar la suerte de los heridos,
enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, regular el trato a los
prisioneros de guerra y proteger a las personas civiles en tiempo de guerra.
Esos
4 convenios, ya adoptados formalmente por Colombia,  se fundamentan todos en la
dignidad, la igualdad y el respeto debido a la persona humana.  De ahí que el
contenido normativo del Protocolo I, el cual se nutre de esos mismos valores y
principios, coincida con el contenido axiológico y normativo de la Constitución
colombiana.
En
efecto, el preámbulo del Protocolo I proclama el deseo "ardiente" de
que la paz reine entre los pueblos y recuerda el deber de los Estados de abstenerse
en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la
fuerza. Esos postulados se plasman también en el Preámbulo de la Constitución
Política de Colombia y armonizan con lo preceptuado por el artículo 9o. que
proclama, con fundamento en la soberanía nacional, el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y a los principios del derecho internacional.
Asimismo,
sus disposiciones aseguran el respeto de  la soberanía del Estado colombiano
toda vez que explícitamente en su artículo 4o. se puntualiza que:
"la
aplicación de los convenios y del presente Protocolo, así como la celebración
de los acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectará el estatuto
jurídico de las Partes en conflicto".[67]
Por
lo demás, la figura de las "potencias protectoras"[68] tampoco vulnera la
soberanía nacional, en razón a que su finalidad única es la de aplicar los
convenios, sin que su designación y aceptación afecte el estatuto jurídico de
las Partes en conflicto.  (Artículo 5 del Protocolo).
De
otra parte, el Titulo II, relativo a la protección general de los heridos,
enfermos y náufragos, tiene, como objetivo general, mejorar la condición de los
mismos cuando ésta ha sido afectada por una situación de conflicto armado
internacional. Ello concuerda con los más elementales principios de solidaridad
y dignidad humana que informan toda nuestra Constitución. Más aún si se considera
que, en los perentorios términos de su artículo 9o., debe aplicarse sin:
"ninguna
distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole origen nacional o
social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio
análogo". [69]
Así,
pues, el Protocolo I realiza a plenitud, y de manera amplia, el principio de
igualdad que consagra nuestra Constitución en su artículo 13.
La
persona humana, sus derechos fundamentales, y en particular el sagrado derecho
a la vida, buscan ser protegidos en el Protocolo. Muchas de sus normas así lo
indican, pero en particular, el Artículo 11que dice:
"no
se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omisión injustificada la salud
ni la integridad física o mental de las personas en poder de la Parte adversa o
que sean internadas, detenidas o privadas de libertad". [70]
Esos
mismos valores se salvaguardan  en la medida en que se respetan y protegen las
unidades sanitarias y los vehículos sanitarios los cuales "no serán objeto
de ataque"[71]
siempre y cuando contraigan su actividad exclusivamente a las labores
inherentes a sus fines humanitarios.
El
Protocolo I obliga igualmente a la potencia ocupante a satisfacer las
necesidades médicas de la población civil y a respetar y proteger el personal
sanitario civil.  A ello se agrega que, según el Artículo 16, no se castigará a
nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología,
cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha
actividad. Incluso, la misma población civil deberá respetar a los heridos,
enfermos y náufragos, aunque pertenezcan a la parte adversa.
Para
instrumentalizar todas estas garantías, el mismo Protocolo establece unos
mecanismos que facilitan esa labor de protección: verbigracia, la obligación de
las partes en conflicto de asegurar que tanto el personal sanitario y religioso
como las unidades y los medios de transporte sanitarios puedan ser
identificados. Es tal el alcance de estas normas, que incluso los Estados
neutrales y otros Estados que no sean partes en conflicto, quedan obligados a
aplicarlas cuando las personas protegidas sean recibidas o internadas en sus
territorios.
No
cabe duda que todas estas previsiones de carácter humanitario buscan realizar
valores que también constituyen principios fundantes y derechos fundamentales
de nuestra Constitución. Ciertamente la vida, la dignidad humana, la
solidaridad, el interés general, encuentran plena garantía tutelar en las
normas del instrumento internacional que se estudia.
El
protocolo dedica varios artículos a regular lo relativo al transporte sanitario
(vehículos sanitarios; buques hospitales y embarcaciones costeras de
salvamento; buques y embarcaciones sanitarias; aeronaves sanitarias en zonas no
dominadas por la parte adversa, en zonas de contacto o en zonas dominadas por
la parte adversa, con sus respectivas restricciones); todo, con el fin de
respetarlos y protegerlos, aunque sea mediante acuerdo previo con la parte
adversa.
Por
supuesto, esa protección se supedita a que los citados elementos no sean usados
para obtener una ventaja militar en contra de la parte adversa. Para ese
propósito, se permite que las partes hagan, por ejemplo, inspecciones a las
aeronaves. Por eso mismo, se prohibe, que sobrevuelen el territorio neutral o
el de un Estado que no sea parte en el conflicto, salvo que medie acuerdo
previo.
Todo
ello conduce a garantizar los más elementales principios humanitarios -que
nuestra Constitución también consagra- sin que se comprometa la soberanía
nacional, que es, igualmente, principio fundante de las relaciones
internacionales del Estado colombiano.
De
otra parte, la familia, que conforme al artículo 5o. de nuestra Carta es la
institución básica  de la sociedad, se encuentra  ampliamente protegida en el
Protocolo.  En efecto, de acuerdo a su artículo 32, en lo relativo a personas
desaparecidas y fallecidas:
"
... las actividades de las Altas Partes Contratantes, de las partes en
conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales... deberán estar
motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la
suerte de sus miembros."[72]
Para
ello, obliga a las partes en conflicto a buscar las personas cuya desaparición
haya sido señalada por otra Parte. Siguiendo el mismo principio, se consagra
el respeto a las personas fallecidas y a sus respectivas sepulturas.
El
Protocolo desarrolla en los artículos 35 y subsiguientes, el principio
fundamental del derecho de los conflictos armados según el cual,  el derecho de
las partes contendientes a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es
ilimitado.  Así, pues, las obliga, por ejemplo, a determinar si un arma nueva
viola el derecho internacional humanitario y les prohibe matar, herir o
capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos.
Todo
ello se acompasa con los principios generales de la Carta, y en particular con
lo dispuesto en su  artículo 12 que prohibe el trato inhumano, degradante o
cruel, en cualquier forma.
De
otro lado, con miras a hacer efectivas las mencionadas prohibiciones y
obligaciones, se establecen en el Protocolo unos mecanismos de tipo
instrumental.  Tales como: limitaciones y restricciones tendientes a impedir el
uso indebido del signo distintivo de la Cruz Roja o similares y de las banderas
o emblemas de los Estados neutrales; la prohibición de ordenar que no haya
supervivientes, o de amenazar con ello al adversario o de conducir las
hostilidades en función de tal decisión; la prohibición de atacar a una persona
fuera de combate o que esté descendiendo en paracaidas.
Otro
principio fundamental del derecho internacional humanitario es la distinción
entre combatientes y no combatientes.  Establece así los criterios para
determinar quienes componen las Fuerzas Armadas, por ende, quienes entran en la
categoría de combatientes y consecuentemente, en la de prisioneros de guerra
cuando caen en poder del adversario.
Este
último status se presume incluso de cualquier otra persona que haya
participado en las hostilidades, salvo que se compruebe su carácter de espía o
de mercenario. Quien lo posee, goza de las prerrogativas inherentes a esa
condición que se han originado en el más antiguo derecho internacional
humanitario, inicialmente referido al derecho de la guerra, según ya fue
analizado.
Otro
postulado esencial  del derecho internacional humanitario (que, como se ha
reiterado, se encuentra ya incorporado en nuestro ordenamiento aun sin
ratificación de sus instrumentos convencionales de normación positiva) es el
que ordena distinguir entre población civil y combatientes, y entre bienes de
carácter civil y objetivos militares, para dirigir las operaciones únicamente
contra estos últimos.
El
Titulo IV del Protocolo I, relativo a la población civil lo desarrolla in
extenso. Se entiende por tal toda persona que no haga parte de las fuerzas
militares o que no haya participado en las hostilidades.  La misma  goza de
protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares,
con lo cual se protegen derechos tales como la vida, la dignidad humana  y la
integridad personal.
De
la misma protección gozan, en las normas del Protocolo que se estudia, los
bienes de carácter civil, esto es, todos los bienes que no son objetivos
militares. Así se protege la propiedad privada. Igualmente se protegen los
monumentos históricos, las obras de arte o lugares de culto que constituyen el
patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, pues contra ese tipo de bienes
se prohibe cometer actos de hostilidad.
Estas
prescripciones concuerdan con uno de los pilares fundamentales de la Carta,
cual es el de proteger el patrimonio y la riqueza cultural de la Nación (Art.
9) .
Una
y otra vez, a lo largo de su cuerpo normativo, el protocolo resalta la
importancia de la dignidad humana y del principio de solidaridad (valores
fundantes del Estado social de derecho colombiano), cuando prohibe, por
ejemplo, como método de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles.
Otro
derecho fundamental de la Constitución colombiana que se hace valer en el
Protocolo es el de la protección al medio ambiente.  En el se  establece, por
ejemplo, que "en la realización de la guerra se velará por la protección
del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves."
Siguiendo
esta misma línea axiológica, concordante con nuestra Constitución, el Protocolo
establece que las obras o instalaciones que sean susceptibles de liberar
fuerzas peligrosas, tales como presas, diques, etc., que pueden constituir
objetivos militares, no podrán ser atacadas si se ocasiona con ello  daños en
la población civil.
Todo,
en desarrollo del principio de acuerdo al cual las operaciones militares
deberán preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes
de carácter civil, alejándolos, en lo posible, de los objetivos militares.
Se
prohibe, igualmente, atacar, por cualquier medio que sea, localidades no
defendidas  o zonas que hayan sido declaradas como  desmilitarizadas.
Adicionalmente,
el Protocolo se ocupa de regular lo relativo a los servicios de protección
civil que comprenden todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la
población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y
a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las
condiciones necesarias para su supervivencia. Entre ellos están los servicios
de alarma, evacuación, habilitación y organización de refugios, salvamento,
lucha contra incendios etc. Los organismos civiles que se dediquen a dichas tareas
(organismos de protección civil) serán respetados y protegidos, de acuerdo a
las prescripciones del Protocolo, lo cual es desarrollo de elementales
principios humanitarios. Se ordena que así sea en los territorios ocupados, e
incluso en los Estados neutrales y en otros Estados que no sean parte en el
conflicto.
La
protección antedicha desaparece cuando esos organismos actúan para perjudicar
al enemigo, lo cual evita que la aplicación del Protocolo se traduzca en
tratamientos inequitativos. Para garantizar la efectividad de las referidas
normas, se establecen mecanismos de instrumentalización tales como reglas de
identificación y colaboración de las fuerzas armadas en el desempeño de sus
labores humanitarias. Reglas análogas se aplican para las actividades de
socorro de la población civil.
El
Protocolo I también se ocupa del trato a las personas en poder de una parte en
conflicto, incluyendo refugiados y apátridas. En particular, ordena a las
partes en conflicto facilitar la reunión de familias dispersas.  Asimismo
establece unas garantías fundamentales, como por ejemplo, la prohibición de
cualquier tipo de discriminación en la aplicación de ese tipo de normas.
El
Protocolo hace especial énfasis en la protección de las mujeres, los niños y
los periodistas,  en lo cual concuerda con la Carta colombiana, en sus
artículos  43, 44, y 73.
En
su Titulo V, el Protocolo se ocupa de la ejecución de sus disposiciones, para
lo cual ordena que se adopten todas las medidas que sean necesarias para
cumplir las obligaciones que de él surjan, entre otras, facilitar la actividad
de la Cruz Roja y a otras organizaciones humanitarias; disponer de asesores
jurídicos para las fuerzas armadas; difundir y traducir el contenido del
Protocolo y de los demás convenios que hacen parte del Derecho Internacional
Humanitario.
Finalmente,
se ocupa de la represión de las infracciones a los Convenios o al Protocolo,
con mecanismos ajustados todos a los principios generales del derecho
internacional.  Para ello tipifica las conductas que se consideran
infracciones, regula lo relativo a la identificación (tarjetas de identidad,
signos distintivos, señales distintivas, comunicaciones, organismos de
protección civil, obras que contienen fuerzas peligrosas). Todo, con el fin de
facilitar el cumplimiento de las disposiciones humanitarias contenidas en el
cuerpo normativo del Protocolo y de los convenios que lo preceden.
F.
CONCLUSIONES.
Primera.     La
Carta reconoce plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios -debidamente
ratificados- concernientes a los derechos humanos (art. 93). Esto indica que
los constituyentes no ignoraron la existencia de esa amplia y promisoria rama
que es el derecho internacional de los derechos humanos, algunas de cuyas
características tuvimos ya ocasión de señalar.
Segunda.
Asimismo,
ella reconoce también plenos efectos jurídicos a las reglas del derecho
internacional humanitario, particularmente durante la vigencia de los
denominados Estados de Excepción (Art. 214-2).  Es claro, pues, que las
facultades del gobierno durante tales estados encuentran límites efectivos que
operan aún antes de la vigencia de la ley estatutaria a que alude la misma
disposición constitucional.
Lo
cual significa, ni mas ni menos, que las reglas del derecho internacional
humanitario son hoy, -por voluntad expresa del Constituyente-, normas
obligatorias per se  sin ratificación alguna previa o sin
expedición de norma reglamentaria.  Y lo son "en todo caso" como lo
señala significativamente la propia Carta.
En
estas condiciones, no hay duda que el derecho internacional humanitario
constituye uno de los más eficaces instrumentos de protección del núcleo común
que comparte con los derechos humanos, tal como lo ha señalado la mas
autorizada doctrina.
Tercera.
Por
virtud del texto expreso del artículo 94, bien pueden considerarse incorporados
a los derechos y garantías reconocidos por la Carta todos aquellos que sean
inherentes a la persona humana.  Así se reconoce su identidad universal, la
cual constituye el fundamento ontológico del derecho internacional humanitario
en la Constitución vigente.
Cuarta.
En
diversos pronunciamientos de esta Corte se ha reconocido el alcance que tiene
el principio fundamental del respeto de la dignidad humana consagrado en el
artículo 1o de la Constitución Nacional de 1991.
No
cabe duda que uno de los desarrollos más positivos de este principio lo
constituye precisamente -por su naturaleza y fines- el derecho internacional
humanitario.
Quinta.
El
Constituyente de 1991 fue plenamente consciente de la         importancia de
incorporar el derecho internacional humanitario al acervo jurídico nacional
como instrumento de protección de la dignidad humana y reconocimiento de la
identidad universal  de la persona.
Sexta.
Los
valores y principios incluidos en el texto constitucional cumplen la función de
asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material de la
Constitución. Aquí se refleja la voluntad constituyente de hacer obligatorio el
respeto de principios considerados como universales e inherentes a la persona,
cuya obligatoriedad va más allá de las contingencias propias del ordenamiento
jurídico nacional.
La
referencia a valores y principios constitucionales y supraconstitucionales, se
explica  como una pretensión enérgica de los constituyentes acerca de la
validez material de la  Constitución que en opinión de Bachof[73]:
"implica
un orden de valores que ha sido considerado por la Constitución como anterior a
ella misma (...)" .
Séptima:     El
texto del protocolo I coincide totalmente con la Constitución como quiera que
esta orientado a proteger la integridad de la población civil en las
circunstancias de una guerra internacional.
De
otra parte, en su incorporación se han cumplido los procedimientos previstos en
los artículos 189 -2, 150-16 y 93 de la Constitución Política para la adopción
de tratados.
VII.
DECISION
En
consideración a lo expuesto,  la Sala Plena de la Corte Constitucional, oido el
señor Procurador General de la Nación,
EN
NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR
MANDATO DE LA CONSTITUCION
RESUELVE:
Por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, declarase  EXEQUIBLE
el Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra relativo a la protección de
las víctimas de los conflictos armados internacionales.
Cópiese,
publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
SIMON
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente
CIRO
ANGARITA BARON         EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Ponente                                                    Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO
MORON DIAZ                        JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado                                Magistrado
MARTHA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
1 Fls. 56 a 114.
[1]
Fls. 1 a 54.
[2]
Fl. 55.
[3]
Fls. 126 a 143.
[4]
Fls. 148 a 154.
[5]
Fls. 144 a 147.
[6]
Fls. 146-147.
[7]
Fl. 152.
[8]
Fls. 152 -153.
[9]
Fls. 156 a 162.
[10]  Fls. 158, 160-161.
[11]  Fl. 167.
[12]  Fls. 167-168.
[13]  Fls. 168-169.
[14]  Fls. 169-170.
[15]  Fl. 170.
[16]  Fls. 170-171.
[17]  Corte Constitucional, Sala Plena.   Sentencia No.        de
1992, Fls. 13 a 15.
[18]  Corte Constitucional, Despacho del H. Magistrado Ciro Angarita
Barón.  "El control de constitucio-nalidad de los tratados públicos
y de sus leyes aprobatorias en las Constituciones de 1886
y 1991. Naturaleza, contenido
y alcance."
Santa Fe de Bogotá, Marzo 26 de 1992, s/p., pp. 93, 96-97.
[19] Al respecto, el Artículo 11 de la Convención de Viena, atinente a
las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado
dispone: "El consentimiento de un Estado en obligarse por un Tratado podrá
manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un
Tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en
cualquier otra forma que se hubiere convenido."
[20] Gaceta Constitucional No. 36, abril 4 de 1991, pp.15
[21]
Ibidem.
[22]
Ibidem.
[23]
Ibidem.
[24] Gaceta Constitucional No. 36, abril 4 de 1991, p. 19.
[25]
Ibidem.
[26] Gaceta Constitucional No. 68, mayo 6 de 1991, pp 2 y ss.
[27]
Gaceta Constitucional No. 85, mayo 29 de 1991, pp. 13 ss.
[28] Gaceta Constitucional No. 109, junio 27 de 1991, p. 31
[29] Gaceta Constitucional No. 112, julio 3 de 1991, p. 23.
[30] Gaceta Constitucional No. 113, julio 5 de 1991, pp.17
[31] Gaceta Constitucional No. 114, julio 7 de 1991.
[32] Gaceta Constitucional No. 53 de 18 de Abril de 1991, p. 11.
Gaceta Constitucional No. 62 de 29 de Abril de l991, p. 7 . Gaceta
Constitucional No. 87 de 31 de Mayo de 1991, p. 6.
[33] Gaceta Constitucional No. 94 de Junio 11 de l991, p. 10
[34] Ibidem.  No se identifica a los Constituyentes por sus nombres ya
que desafortunadamente la transcripción no los discrimina, no siendo posible
tampoco acudir a la      Gaceta Constitucional para obtener éste dato ya que
hasta la fecha dicho órgano no ha publicado la relación de debates.
[35]
Ibidem.
[36]
Ibidem.
[37] Gaceta Constitucional No. 112 de Julio 3 de l991, p. 13.
[38]  Ibidem.
[39]
Ibidem.
[40]  NIETO NAVIA, Rafael.  "De la Nulidad de los Tratados por
violación del Derecho Interno de los Estados en la  Convención de Viena de
l969", en Revista Universitas, No. 93, pp. 147-176.
[41]
Corte Constitucional, Despacho del H. Magistrado Ciro Angarita Barón.  "El
control de constitucio-nalidad de los tratados públicos y de sus leyes
aprobatorias en las Constituciones de 1886
y 1991. Naturaleza, contenido y
alcance."
Santa Fe de Bogotá, Marzo 26 de 1992, s/p. Cfr. Capítulo Primero, Sección
Segunda, pp. 19-24.
[42]
Mediante la ley 5a. de 1960 se aprobaron el Acta Final y los Convenios
suscritos por la Conferencia Diplomática reunida en Ginebra el 12 de agosto de
1949, mas comúnmente conocidos como los cuatro Convenios de Ginebra. Ellos son,
en su orden :
I.-     Convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos
de las fuerzas armadas en campaña;
II.-   Convenio para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y
naúfragos de las fuerzas armadas en el mar;
III.- Convenio  relativo al trato de los prisioneros de guerra;
IV.-  Convenio relativo a la protección de las personas civiles en
tiempos de guerra.
La citada ley fué declarada exequible mediante sentencia No.  99
de noviembre 9 de 1989  por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con
ponencia del Magistrado Hernando Gómez Otálora, en lo atinente a  los vicios
imputados a su procedimiento de formación.
[43] El Protocolo I  protege a las víctimas de los conflictos armados
internacionales ; el Protocolo II a las de los conflictos armados sin carácter
internacional.
Colombia estuvo
representada en la Conferencia diplomática para la reafirmación y el desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario en la que se adoptó el texto de los
Protocolos I y II  por Héctor Charry Samper, quien a la par actuo como
Presidente de la Comisión ad-hoc sobre armas convencionales y vocero del grupo
latinoamericano.  La representación colombiana  formuló en 1977 algunas
reservas sobre la conveniencia de la ratificación al Protocolo II.  Por esa
razón, no  fué signataria de ellos.
[44]  Ch. Swinarski.  "Introducao ao direito internacional
humanitario." IIDH, Escopo, Brasilia, 1988, p. 18.
[45]  GOLDMAN. K,  Robert.  "Algunas reflexiones sobre  el
Derecho Internacional Humanitario y conflictos armados internos." Ponencia
presentada en el Segundo Seminario de la Comisión Andina de Juristas, Seccional
Colombiana sobre la eficacia de los instrumentos internacionales de derechos
humanos y derecho humanitario en Colombia, Bogotá, Octubre 22-25 de 1990, pp.
3-4.  El autor es Profesor de Derecho,  Louis C. James Scholar, y Co-director
del Centro para derechos humanos y derecho internacional humanitario de la
Facultad de Derecho de American University, Washington D.C., EE. UU.
[46] C. Swinarski. "Principales  Nociones e Instituciones
del Derecho Internacional Humanitario como Sistema Internacional de Protección
de la Persona Humana", IIDH, 1990, p 87.
[47]  Fls. 170-171.
[48]   Eduardo Suarez, Convención de Viena sobre el Derecho de los
tratados. Sesión 52. A/CONF 49/11
p. 325.
[49]
José Joaquin Caicedo Perdomo. "La teoría del Ius Cogens en el
derecho internacional a la luz de la Convencion de Viena sobre el derecho de
los tratados." En Revista de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia. Enero-Junio 1975, pp. 261-274.
[50]
International Court of Justice.  "Case concerning military and
paramilitary activities in and against Nicaragua." Judgement of
June 27, 1987.
[51]
Citado por Hernando Valencia Villa, Cfr. Opinión, Cfr. Fls. 171-172
[52]   Fls. 171-172.
[53] Alejandro Valencia Villa, "La humanización de la
guerra: derecho internacional humanitario y conflicto armado en Colombia"
Ed. Tercer Mundo, Bogotá, 1992, pp. 94-95.
[54]Gustavón
Gallón Giraldo, " Quince años de Estados de Sitio en
Colombia: 1958-1978"Librería y Editorial América Latina, Bogotá,
1979, p.17.
[55]Jacobo
Pérez Escobar, "Derecho Constitucional Colombiano."Editorial
Horizonte, Bogotá, 1974, p.455.
[56]
Alfredo Posada Viana y José Iván Matallana Eslava,  "Estados de
Sitio y legalidad marcial en Colombia."Universidad Javeriana,
tesis de grado, s/e, Bogotá, 1987, p.33.
[57]
Citado sin fuente por Carlos Pelaéz, " Estado de derecho y
Estado de Sitio "Editorial Temis, Bogotá, 1955, p. 163. La
anterior frase pertenece a un extenso debate del Consejo Nacional de
Dele-gatarios sobre el estado de sitio.
[58]
Jacobo Pérez Escobar, Op.cit., p.455.
[59] Pedro Pablo Camargo,  "Crítica a la Constitución
Colombiana de 1886 " Editorial Temis, Bogotá, 1987, pp.167 y 168.
[60]
Carlos Pelaéz, citado por Luis Carlos Sáchica, " Constitucionalismo
Colombiano"Editorial Temis, Bogotá, 1968.
[61]  Esta disposición estipula lo siguiente:
"En caso de
conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una
de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá
la obligación de aplicar, por lo menos, las disposiciones siguientes:
1. Las personas que no
participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado
fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa,
serán en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de
carácter desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o las
creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio
análogo.
A tal efecto, están y
quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar, respecto a las personas arriba
mencionadas:
a) los atentados a la
vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios;
b) la toma de rehenes
c) los atentados a la
dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas
y las ejecuciones efectuadas sin juicio previo emitido por un tribunal
regularmente constituido, provisto de las garantías judiciales reconocidas como
indispensables por los pueblos civilizados.
2. Los heridos y
enfermos serán recogidos y cuidados.
Un organismo humanitario
imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus
servicios a las Partes contendientes.
Las Partes contendientes
se esforzarán, por otra parte, en poner en vigor por vía de acuerdos especiales
la totalidad o parte de las demás disposiciones del presente Convenio.
La aplicación de las
disposiciones precedentes no tendrá efecto sobre el estatuto jurídico de las
Partes contendientes."
El artículo citado
establece un mínimo de trato humanitario en conflictos armados no
internacionales. Este código de conducta de principios humanitarios es de obligatoria
aplicación para las partes contendientes. Su observancia opera ipso jure,
sin depender de ninguna declaración, porque los derechos humanos básicos son
inderogables, incluso en circunstancias de conflicto armado.
Su aplicación no obliga
al gobierno a conceder a sus oponentes armados el status de prisioneros de
guerra, por cuanto los insurgentes no tienen el privilegio del combatiente, el
cual, y en conformidad con los Convenios y el derecho consuetudinario,
solamente es aplicable a los conflictos internacionales; así, la condición del
prisionero de guerra se deriva directamente del privilegio del combatiente.
Por lo demás, la
aplicación de las garantías humanitarias contenidas en el artículo 3o. por
parte del gobierno no equivale al reconocimiento legal de la beligerancia de
los insurgentes, como quiera que en el se establece inequívocamente que
"la aplicación de sus disposiciones no tendrá efecto sobre el estatuto
legal de las partes en conflicto..."
[62]  Cfr. Actas de la Comisión I.  Acta No. 4. Gaceta
Constitucional No. 104, Junio 21 de 1991, p. 7 ss.
[63]  Cfr. Actas de la Comisión I.   Acta No. 4. Gaceta
Constitucional No. 104, junio 21 de 1991, pp. 7 ss.
[64]  Cfr. Actas de la Comisión I. Acta No. 4. Gaceta
Constitucional No. 104, Junio 21 de 1991,p. 7 ss.
[65]   Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión de Tutelas,
Sentencia T-406 de junio 5 de 1992, p. 11.
[66]
JIMENEZ DE ARECHAGA,  Eduardo.   "El Derecho Internacional
Contemporáneo" Editorial Tecnos, Madrid, 1980, p. 20.
[67]     Cfr. Anexo 1, Fl. 3.
[68]     El articulo 2o. del  Protocolo  las define como:
"Un Estado
neutral u otro estado que no sea parte en el conflicto y que, habiendo sido
designado por una parte en el conflicto y aceptado por la parte adversa, este
dispuesto a desempeñar las funciones asignadas a la potencia protectora por los
convenios y por el presente protocolo."  Cfr. Anexo 1,Fl. 3
[69]     Cfr. Anexo, p. 7.
[70]    Cfr. Anexo 1, Fl. 7.
[71]    Arts, 12 y 21 del Protoclo I. Cfr. Anexo 1, p.
[72]Cfr. Anexo 1. P. 16
[73]  "Jueces y Constitución",  Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, p. 40.