T-061-17
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-061/17
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS
COLECTIVOS-Improcedencia general
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado
que, en principio, la acción de tutela no es procedente para debatir derechos
colectivos, a menos que los derechos fundamentales del demandante estén siendo
vulnerados o amenazados por la afectación del derecho colectivo.
ACCION POPULAR-Protección
de derechos colectivos
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS
COLECTIVOS-Improcedencia por cuanto
no se demostró la afectación de derechos fundamentales y los accionantes
cuentan con la acción popular para salvaguardar
el derecho al agua
Referencia: Expediente T-5815463
Demandante: Acción de tutela instaurada
por Cristóbal Guiza Vargas y otros contra Ecopetrol S. A., Alcaldía Municipal
de Acacías (Meta) y otras entidades públicas.
Magistrado ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D. C., tres (3) de febrero de dos
mil diecisiete (2017)
La Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia
En el proceso de revisión de los fallos de
tutela proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta) y en segunda instancia por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.
Este expediente fue escogido
para revisión por la Sala de Selección Número Diez, por medio de auto de 28 de
octubre de 2016.
I. ANTECEDENTES
1.
Solicitud de la
acción de tutela[1]
1.1. El 10 de diciembre de 2015, los
demandantes presentaron acción de tutela contra Ecopetrol S. A., y la Alcaldía
Municipal de Acacías (Meta) con el propósito de obtener el amparo de los
derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a una vida digna,
presuntamente vulnerados por dichas entidades.
2. Fundamentos fácticos de la acción: los
accionantes manifestaron lo siguiente:
2.1. En la vereda La Esmeralda, ubicada en
el municipio de Acacías (Meta), las entidades demandadas han venido
sustrayéndoles el suministro del servicio básico de agua potable, como
consecuencia de la contaminación petrolera en las fuentes hídricas
subterráneas, en los arroyos y los jagüeyes, generada por las maniobras de
exploración y explotación de la empresa Ecopetrol S. A.
2.2. El 30 de noviembre de 2015, Ecopetrol
dejó de proveer agua potable a la comunidad por medio de carrotanques, sin
darle otra alternativa que garantizara la continuidad del servicio de la misma.
2.3. En algunas familias se  redujo la
cantidad de agua suministrada, sin verificar las necesidades de sus miembros
mediante un estudio detallado.
2.4. Las zonas rurales no tienen agua
porque no cuentan con el servicio de acueducto.
2.5. Las entidades accionadas han pasado
por alto a la población más vulnerable: niños recién nacidos, discapacitados y
ancianos y las consecuencias que conlleva la negación de dicho líquido vital
para estos.
2.6. La Empresa de Servicios Públicos de
Acacías (ESPA) en coordinación con Ecopetrol S. A. no ha dado ninguna solución
de fondo a esta problemática.
2.7. El 1° de diciembre de 2015, el
gerente de operaciones de desarrollo y producción del campo Chichimene, de
Ecopetrol S. A., remitió un oficio a los veedores de la vereda La Esmeralda de
Acacías, en el que le da respuesta a un escrito de petición, indicándoles que
quien debe responder por los asuntos del agua es la alcaldía del municipio de
Acacías y esta última le traslada la responsabilidad al fenómeno de El Niño,
excluyendo de toda culpa  a  Ecopetrol.
2.8. Cuando se han hecho los análisis
pertinentes del agua, los informes de los laboratorios colombianos solo
advierten  la presencia de bacterias naturales, pH, turbiedad y coliformes; por
lo que se considera que estas entidades están favoreciendo al “gigante
petrolero”, pues no incluyen en el análisis la existencia de metales pesados y
contaminantes artificiales como el nafta y sus derivados u homogéneos. Para
lograr unos resultados fiables se requiere de un laboratorio imparcial y ético
y que este se encuentre fuera del país, acción que se retrasa, ya que el costo
de dicho estudio es bastante elevado.
2.9. La Gobernación del Meta a través de
su Secretaría de Salud y del Laboratorio de Salud Pública, realizó dos estudios
(físico-químico y bacteriológico) del agua para el consumo humano; el primero
(N° 20130054) se llevó a cabo el 6 de marzo de 2013, firmado por Flaminio Rueda
Camberos en calidad de UP Coordinador de Vigilancia del Agua de la Gobernación
del Meta  y, el segundo, (N° 20140055), se efectuó el 26 de marzo de 2013,
refrendado por Silvio Eduardo Calderón y Nixon Fredy Pérez Montero, este último
como secretario de Fomento y de lo Productivo. El documento señala en uno de
sus apartes: “(…) y se ha conceptuado que el agua no es apta para la salud de
los 27 usuarios y animales, ya que la población servida, especialmente la
población infantil está expuesta a contraer enfermedades relacionadas
con el agua”.
2.10. Finalmente, agregan, que toda acción
u omisión que atenta contra la vida, es una negación al socorro e incluso
podría llegar a ser homicidio culposo.
3. Pretensiones
3.1. Solicitan los querellantes que se les
amparen los derechos al agua, a la salud y a la vida digna, con fundamentos en
la integralidad, oportunidad, solidaridad, universalidad y continuidad;
violados por parte de Ecopetrol S. A. y las demás entidades accionadas y que,
en virtud de la protección constitucional que invocan, a estas, se les ordene
que procedan a proporcionar y garantizar el servicio obligatorio e incesante de
agua potable a toda la comunidad de la vereda La Esmeralda, en especial, a
aquellas personas que requieren de una mayor atención sanitaria, y que,
adicionalmente, se les censure por la actitud omisiva que han observado
tendiente a priorizar intereses institucionales, pasando por alto el urgente y
supremo derecho a la vida digna.
4. Trámite
4.1. La acción de tutela fue asignada al
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Acacías (Meta)[2], despacho
judicial que, a través de auto de 7 de diciembre de 2015[3], se declaró
incompetente para tramitar el caso, teniendo en cuenta que la demandada
Ecopetrol S. A. es una entidad del sector descentralizado por servicios del
orden nacional, por lo que remitió el expediente al Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de la localidad, para que
fuera repartido entre los jueces del Circuito.
4.2. El proceso fue asignado al Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta), quien,
mediante auto[4]
del 10 de diciembre de 2015[5],
admitió la acción de tutela y concedió la solicitud de medidas cautelares[6],
ordenando a ESPA y a Ecopetrol S. A., que procedieran a suministrar el servicio
de agua potable a los interesados mientras se decide sobre la vulneración de
sus derechos fundamentales.
4.2.1. El aquo vinculó al trámite a la
Gobernación del Meta, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Fiscalía General de la Nación,
Dirección Seccional de Fiscalías −Unidad de Delitos Ambientales−,
Procuraduría Sexta Ambiental y Agraria de Villavicencio, Secretaría de Fomento
y Desarrollo Departamental, Coordinador de Vigilancia y Calidad del Agua de la
Gobernación del Meta, Secretaría del Medio Ambiente Departamental, Secretaría
de Salud Departamental, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial de la Macarena (Cormacarena), ESPA, Secretaría de Salud
Municipal, Secretaría del Medio Ambiente de Acacías y Secretaría de Fomento y
Desarrollo de Acacías.
4.2.2. Como pruebas decretó citar para
declaración a los señores Nohora Edith León Ramírez, Cristóbal Guiza Vargas y
Gladys Miriam Rey; y oficiar a  ESPA para que informe si tiene cobertura en la
vereda La Esmeralda y de dónde sustrae el agua.
4.2.3. Ofició dirigido a Ecopetrol S. A. en
el que se le solicita que informe, si tiene convenio o contrato de suministro
de agua y, en caso afirmativo, en qué condiciones y periodicidad del servicio.
4.3. El 11 de diciembre de 2015[7]
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías
(Meta) decidió acumular la acción de tutela identificada con el número
2015-00529, promovida por Angélica María Peña Celis, teniendo en cuenta que en
el mismo despacho cursaba el radicado 2015-0499, presentado por los
accionantes: 1) Cristóbal Guiza Vargas, 2) Rodolfo Guzmán, 3) Silvia Rosa
Vargas, 4) Yuli Andrea Luna Segura, 5) Ramiro Antolinez Cruz, 6) Luis Aguirre
Sánchez, 7) Ciro Alfonso Guiza Vargas, 8) Nohora Edith León Ramírez, 9) Leidy
Marcela Aparicio Rey, 10) Víctor Julio Martínez Gallego, 11) Blanca Flor
Castañeda Segura, 12) Gil Roberto Guiza Moreno, 13) Álvaro Camacho Maura, 14)
Flor Vargas de Guiza, 15) Pedro Claver Vargas Guiza, 16) Jesús Calderón
Cárdenas, 17) Sandra Johana Segura Murcia, 18) Gladys Miriam Rey, 19) Henry
Robayo Barrera, 20) Ismael Guiza Vargas, 21) Wilson Peña Torres, 22) Flor Alba
Castillo Gómez, 23) Pascual Suárez López, 24) Jessica Peña Celis, 25) Jhon
García, 26) Luis Guiza Vargas, 27) Fabio Alvarado Pulido, 28) María Clemencia
Díaz Ramírez y 29) Luz Mery Segura Murcia, quienes también habían interpuesto
acción de tutela con los mismos fundamentos fácticos y pretensiones contra
Ecopetrol S. A. y la alcaldía de Acacías (Meta).
4.4. El 15 de diciembre de 2015[8]
fueron recepcionadas las declaraciones de Nohora Edith León Ramírez y Gladys
Miriam Rey[9].
Y con fundamento en el informe de esas diligencias, ordenó:
4.4.1. Vincular a la empresa Global,
Dirección Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la
Unidad Nacional contra los Delitos Ambientales y Medio Ambiente de la Fiscalía
de Bogotá.
4.4.2. Realizar inspección judicial a los
predios afectados y que por medio del centro de servicios se oficie a la
Personería Municipal para que haga el acompañamiento y, sea garante de la
diligencia, al comandante de la SIJIN de Acacías, para que disponga del
personal necesario para hacer el respectivo acompañamiento y un registro
fotográfico de los dominios a registrar[10].
4.4.3. El 17 de diciembre de 2015 el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad realizó inspección
judicial a nueve predios de la vereda La Esmeralda y dejó a cargo de los
funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Acacías el
registro fotográfico para que sea anexado al expediente[11].
4.4.4. El 18 de diciembre del mismo año el
despacho judicial profirió auto de acumulación de demanda de tutela radicado
2015-00531 promovida por Guillermo Valencia Chavarro y la 2015-00532 promovida
por Leidy Maritza Narváez Rodríguez, con la más antigua que cursa en el mismo
juzgado con el radicado 2015-0499[12].
4.4.5. El 28 de diciembre de 2015 el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad profirió fallo de
primera instancia, denegando el amparo solicitado, por improcedente[13].
4.4.6. Se presentó recurso de apelación por
los tutelantes y por el accionado Ecopetrol S. A.[14] contra la
sentencia de primera instancia pronunciada por el Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de fecha 28 de diciembre de 2015[15].
4.4.7. Ecopetrol S. A. solicitó al Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad aclaración de la sentencia[16],
y este, mediante auto de 28 de enero de 2016, consideró que no había lugar a la
misma[17].
4.4.8. El 28 de enero de 2016 se concedió
el recurso de alzada interpuesto por la entidad accionada[18].
4.4.9. La Sala Penal del Tribunal Superior
de Villavicencio dispuso devolver el expediente para que el juzgado de origen resolviera
el recurso de impugnación interpuesto por los accionantes, el cual fue
concedido mediante auto de 28 de marzo de 2016[19].
4.4.10. El 13 de mayo de 2016 la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio desató los
recursos de apelación, confirmando la sentencia de primera instancia y
adicionando el numeral segundo en el sentido de exhortar el Municipio de
Acacías y a la Gobernación del Meta para que adopten medidas tendientes a
satisfacer el derecho al agua de los demandantes[20].
5. Oposición a la demanda de tutela
5.1. Accionados
5.1.1. Ecopetrol S. A.[21]
5.1.1.1. Ecopetrol S. A. contestó la
demanda, incluyendo, a manera de introducción, un glosario de palabras
utilizadas para un mejor entendimiento del asunto[22].
5.1.1.2. Afirma que el suministro de agua
que esa empresa proporciona, no provino de una orden judicial, sino de un
acuerdo que voluntariamente se celebró con varias familias de la vereda La
Esmeralda, previo un censo poblacional. Aporta un informe señalando que
inicialmente eran 11 familias con un total de 48 personas; para el 30 de
noviembre de 2015 ya eran 72 hogares.
5.1.1.3. Actualmente, la provisión de agua
se continúa realizando a las familias con quienes se suscribió el acuerdo.
5.1.1.4. Ecopetrol S. A. no hace
responsable al municipio, por el contrario, como políticas de responsabilidad
social, ha suscrito con el municipio de Acacías el convenio de colaboración Nº
5218541, que tiene por objeto aunar esfuerzos para la construcción del ramal 1,
de la red de acueducto, a partir de la planta de tratamiento de aguas blancas
para beneficiar a todas las veredas, incluida La Esmeralda. Sin embargo, la
obligación de abastecimiento de agua es responsabilidad del Estado en cabeza de
los entes territoriales y no de Ecopetrol S. A., que es una empresa que se
dedica a actividades comerciales o industriales relacionadas con el petróleo.
En tal sentido cita varias sentencias de la Corte Constitucional sobre el
derecho al agua como obligación estatal.
5.1.1.5. Respecto a los resultados de las
pruebas de laboratorio −aportados por los accionantes− según los
cuales el agua no es apta para el consumo humano, advierten que, en ningún caso
esta condición de la calidad del agua reportada es atribuible a Ecopetrol S.
A., por cuanto se trata de agua natural, subterránea, “cruda”, sin tratamiento
físico-químico que le permita eliminar patógenos u otras condiciones que la hagan
potable.
5.1.1.6. Indica que este asunto ya había sido
objeto de estudio, mediante la sentencia T-584/2012, en  sede de revisión, la
cual confirmó el fallo de primera instancia que ordenó: “para que, dando
cumplimiento al compromiso adquirido con la comunidad, continúe
proporcionándoles agua potable, para lo cual deberá establecer con ellos la
periodicidad de su suministro, hasta tanto sea resuelto de fondo el proceso de
investigación de la posible contaminación ambiental adelantado por la
Cormacarena”. Además aportaron los informes de los monitoreos de los
aljibes. A la fecha Cormacarena no ha resuelto con eficiencia el proceso de
investigación sobre la posible contaminación alegada y no existe sanción alguna
contra Ecopetrol S. A.
5.1.1.7. En cuanto a los análisis
físico-químicos y microbiológicos de las aguas de los aljibes denominados “Pozo
5” (informe de laboratorio Nº 51482 del Laboratorio Daphnia Ltda.), “Villa
Gladis” (informe de laboratorio Nº 3148 del Laboratorio Daphnia Ltda.) y Finca
El Paraíso (análisis Nº 20130055 de la Secretaría Seccional de Salud del Meta),
denuncian que solo fueron reportados estos tres, cuando la vereda La Esmeralda
cuenta con 116, los cuales son monitoreados por Ecopetrol S. A.
5.1.1.8. La Resolución 2115/2007 que
señala las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de
control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano, en su
artículo 1º establece: “Tratamiento o potabilización: es el conjunto de
operaciones y procesos que se realizan sobre el agua cruda, con el fin de
modificar sus características físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla
apta para el consumo humano”. Sobre este punto, indican que la
comparación de los resultados de los análisis con esta normativa no es
procedente, ya que la misma fue establecida para aguas que han pasado por un
sistema de tratamientos, operaciones o procesos para dejarla potable, lo que no
sucede con  el agua de los aljibes de la vereda La Esmeralda, ésta aún es
considerada agua cruda.
5.1.1.9. La normativa aplicable para el
agua cruda está en el artículo 2.2.3.3.3.2 del Decreto 1076/2015, pero hasta la
fecha el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no ha definido los
criterios de calidad de agua para los distintos usos y actualmente se da
cumplimiento a lo que estipulan los artículos 38 y 39 del Decreto 1594/1984.
5.1.1.10. Finalmente, se apoya en los
informes de los laboratorios, haciendo una comparación con los artículos 38 y
39 del Decreto 1594/1984, afirmando que los parámetros pH y coliformes totales
de los aljibes estudiados son condiciones propias del suelo, es decir, no son
imputables a las actividades de Ecopetrol S. A. Y, según los resultados de
grasas y metales de la muestra, no se encontró afectación por residuos
industriales o petroleros. Por consiguiente, no existe una prueba técnica que
determine la responsabilidad de Ecopetrol S. A. en las características
físico-químicas de los aljibes de la vereda La Esmeralda.
5.1.1.11. Ecopetrol S. A., considera que no
está obligada a atender el suministro de agua de los habitantes de la vereda La
Esmeralda, y que no es responsable de la pésima calidad de la misma, por cuanto,
esa carga no está dentro de su objeto social.
5.1.2. Alcaldía Municipal de Acacías  y Secretaría
de Fomento y Desarrollo Sostenible[23]
5.1.2.1. Asevera que Ecopetrol S. A.,
empezó a suministrar agua en virtud de una orden impartida por la sentencia
T-584/2012, la cual también le exige a Cormacarena se pronuncie sobre la
responsabilidad que tiene Ecopetrol S. A. en la contaminación del agua de la
vereda La Esmeralda.
5.1.2.2. Asegura que ESPA es autónoma
administrativa y financieramente, cuenta con una junta directiva y, de acuerdo
con sus estatutos, tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.
5.1.2.3. Sostiene que los señores Gerardo
Londoño, Pedro Pablo Ruiz y Jesús María Quevedo Díaz interpusieron una acción
popular contra el municipio de Acacías, Ecopetrol S. A. y la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, la cual se encuentra en curso en el Tribunal Administrativo
del Meta, con número de radicación 23-33-000-2013-00348-00, y que, por
consiguiente, los actores tienen otros medios judiciales a los que pueden
recurrir.
5.1.2.4. Existe un fallo de tutela
T-584/2012 mediante el cual la honorable Corte Constitucional exhortó a
Ecopetrol S. A. a que cumpliera el compromiso que adquirió con la comunidad de
suministrar agua hasta tanto sea resuelto, de fondo, el proceso de
investigación de la posible contaminación ambiental, tramitado por Cormacarena.
5.1.2.5. El municipio de Acacías celebró
un contrato de consultoría Nº DOAC 197/2013 para el estudio, diseño y
ampliación de la cobertura del sistema de acueducto urbano a las zonas rurales,
del que se obtuvo lo requerido a fin de garantizar el suministro de agua en la
zona urbana y rural de 26 de veredas.
5.2. Entidades vinculadas
5.2.1. Secretaría de Salud del Meta[24]
5.2.1.1. Afirma que la presente acción de
tutela no corresponde al área de la salud, teniendo en cuenta que los
demandantes están solicitando el suministro de agua potable permanente, por lo
que sugiere que se traslade la reclamación al área de servicios públicos
domiciliarios de Acacías, ESPA, y que se le  desvincule del asunto.
5.2.2. Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Minero Energéticos[25]
5.2.2.1. Manifiesta que en atención al
contenido del Decreto 2041/2014, en su artículo segundo, las autoridades
competentes para otorgar o negar licencias ambientales son la ANLA, las
corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible. Advierte que
en la actualidad la Gobernación del Meta no cuenta con ninguna delegación por
parte de estas autoridades para ejercer dicha función, por lo tanto, es a las
mencionadas entidades a quienes les corresponde el otorgamiento de estos
permisos,  igualmente de las fichas del Plan de Manejo Ambiental, fichas de
monitoreo y demás aspectos concernientes.
5.2.2.2. Es la ANLA (o Cormacarena) la
encargada de realizar la respectiva investigación ambiental, referente a la
presunta “contaminación petrolera contra fuentes hídricas subterráneas
compuestas por fluidos subterráneos, arroyos y jagüeyes en la vereda La
Esmeralda del municipio de Acacías (…)”; por otro lado, en la
gobernación no reposa información relacionada con los avances en los procesos
investigativos ambientales por parte de Cormacarena, ni sobre los resultados de
monitoreos multitemporales y diagnóstico de calidad de agua en el sitio objeto
de la acción popular.
5.2.2.3. La Gobernación del Meta, en
atención a las peticiones de la comunidad de la vereda La Esmeralda en el año
2013, por medio de la Secretaría de Salud Departamental, específicamente del
área de Vigilancia de la Calidad del Agua, ejecutó un análisis de la calidad
del recurso hídrico subterráneo en las fincas Clavel y El Paraíso, el cual fue
anexado junto con el escrito de tutela; por otra parte, en los archivos y bases
de datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Minero Energéticos no
existe información asociada con los compromisos internos fijados entre la
comunidad de la vereda La Esmeralda y Ecopetrol S. A. de con los acuerdos con
otros particulares, cuyas copias, en pocas ocasiones, remiten a la Gobernación.
5.2.3. Fiscalía General de la Nación
5.2.3.1. El Grupo Jurídico Subdirección
Seccional perteneciente a la Fiscalía General de la Nación (FGN), Meta, dio
respuesta a la acción de tutela, indicando que el asunto fue transferido a la
Coordinación de Fiscalías de Acacías; Fiscalía 28 Seccional, a fin de que
consultara si existía investigación penal referente a los hechos relacionados,
pero no se encontró nada ligado con el asunto en cuestión, aunque, por ser
pertinente y basándose en los anexos de la tutela, se requiere de la
cooperación de las personas accionantes con el propósito de  presentar la
denuncia correspondiente. Que la Subdirección tomó atenta nota de la situación
y convocará al Comité Técnico Jurídico junto con los despachos fiscales de
Acacías (Meta), con el objetivo de verificar los hechos que plasman los
accionantes en su petición de tutela, tan pronto la Subdirección obtenga la
respuesta solicitada en torno a los mismos[26].
5.2.4. Empresa de Servicios Públicos de
Acacías[27]
5.2.4.1. Afirma que no está llamada a
responder por la presunta vulneración de los derechos invocados, ya que nunca
ha prestado el servicio de acueducto en la vereda por falta de infraestructura
en esta zona rural, además, los estatutos de la entidad solo le permiten
asistir a los sectores  urbanos. De otra parte, atendiendo el principio de
suficiencia financiera, desarrollado en el artículo 87.4 de la Ley 142/1994,
señala que no es posible prestar el servicio en ninguna zona rural, salvo en
situaciones particulares y que si el municipio o la Gobernación del Meta
hubiesen invertido recursos para poder llegar hasta allí, se habría hecho la
labor, pero deja claro que no está legalmente obligada, puesto que
financieramente no es viable.
5.2.4.2. Advierte que en la zona rural le
corresponde a cada uno de los dueños o tenedores de las fincas el suministro
del agua y el tratamiento de los residuos sólidos. Por la bonanza petrolera en
algunas veredas del municipio, las fincas fueron fraccionadas en lotes muy
pequeños que no permiten la separación de las aguas de los aljibes, con las
aguas de los pozos sépticos, lo que indica que por el espacio estas se mezclan,
ocasionando la contaminación con coliformes fecales, tal y como lo demuestran
los análisis de laboratorios.
5.2.4.3. Considera que no existe violación
de derechos porque las pruebas muestran que la causa de la contaminación es la
presencia de bacterias coliformes fecales y bacterias mesófilas lo que no es
responsabilidad de Ecopetrol S. A. ni del municipio de Acacías y mucho menos de
la Empresa de Servicios Públicos.
5.2.5. Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales[28]
5.2.5.1. Puntualiza que la entidad, en
efecto, es la encargada de conceder las licencias que constituyen una
autorización otorgada por parte del Estado, para que se ejecuten obras,
proyectos o actividades que con su intervención eviten un menoscabo grave al
medioambiente, a los recursos naturales o que efectivamente se presente una
alteración que sea significativa al entorno o área de incidencia directa en sus
aspectos paisajísticos, según lo establecido en la Ley 99/1993. Sin la licencia
los proyectos no se podrían iniciar y una vez en curso se someten a un continuo
control y seguimiento, para asegurarse que se cumpla a cabalidad con todas las
obligaciones ambientales.
5.2.5.1.1. Las afectaciones que se puedan
originar de determinado proyecto, forman parte de la evaluación efectuada en el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y a partir de esta, se definen las medidas
de prevención, mitigación o compensación requeridas para su desarrollo.
5.2.5.1.2. A partir de los seguimientos,
la autoridad ambiental puede entrar a establecer si es necesario imponer
obligaciones ambientales adicionales a las asignadas en la licencia, de acuerdo
con el comportamiento del entorno afectado por el proyecto. De evidenciarse
incumplimientos, se pueden formular requerimientos o emprender investigaciones
administrativas conminadoras, que pueden terminar en sanciones de carácter
ambiental.
5.2.5.2. En cuanto a los hechos expuestos
en la acción de tutela, de conformidad con lo informado por la Coordinación
Técnica del Grupo de Hidrocarburos de la ANLA, el artículo tercero de la Resolución
728 de 6 de septiembre de 2012 modificó la Resolución 1310 de 3 de noviembre de
1995, en el sentido de establecer para el proyecto Campos Castilla y
Chichimene, la zonificación de manejo ambiental, dentro de la cual se fijaron
como áreas de no intervención (exclusión), los nacimientos, manantiales,
aljibes y pozos de agua subterránea con un radio de protección de cien metros.
5.2.5.3. En el seguimiento ambiental
efectuado, mediante auto 511 del 12 de febrero de 2015, se estableció que se
dio cumplimiento a la disposición anterior, respetándose el radio de protección
de cien metros y se dieron por cumplidas las fichas de manejo de aguas
subterráneas (Programa de Manejo del Recurso Hídrico y Programa de Seguimiento
y Monitoreo).
5.2.5.4. En el concepto técnico 12520 del
26 de noviembre de 2014, acogido mediante el auto 511 de 12 de febrero de 2015,
se destaca que: “Durante el desarrollo de la visita de seguimiento se
evidenció, que en distintas áreas del proyecto, han sido instalados piezómetros
para el monitoreo de aguas subterráneas. (…) Durante el desarrollo de la
Audiencia Pública de Seguimiento, la comunidad expresó que los aljibes
localizados en la vereda La Esmeralda, se encuentran contaminados por las actividades
de la empresa. Al respecto, mediante radicado 4120-E1-2034 del 21 de enero de
2014, Cormacarena remite copia de los conceptos técnicos emitidos por
dicha Autoridad relacionados con la atención de quejas por presunta
contaminación de aguas subterráneas en la vereda La Esmeralda, municipio de
Acacías y en el cual se indica que las muestras tomadas al agua subterránea de
diferentes aljibes no reportan grasas, aceites, ni hidrocarburos y que por el
contrario se encuentran afectadas por coliformes y presentan altos valores
de hierro. (…) En los ICA se indica que periódicamente se realizan monitoreos
de aljibes, manantiales, pozos y piezómetros que se localizan en el área del
proyecto y del agua que es reinyectada, por laboratorios acreditados por el
Ideam. Así mismo, se anexan copias de los resultados de dichos monitoreos y de
las acreditaciones de los laboratorios contratados para el desarrollo de
los mismos”.
5.2.5.5. Sostiene que, en ejercicio de sus
labores de seguimiento y control ambiental efectuó en el acto administrativo
antes citado, los siguientes requerimientos orientados a la protección del
recurso hídrico:
(…) Artículo primero. Reiterar a la
empresa Ecopetrol S. A., para que de manera inmediata una vez ejecutoriado el
presente acto administrativo, realice las siguientes actividades de acuerdo a
lo expuesto en la parte motiva de este proveído, y presente los soportes de
cumplimiento ambiental en el término de tres (3) meses (…).
(…) 7. Presentar los resultados del
monitoreo de aguas y de sedimentos que permitan verificar el grado de
afectación que sufrió el caño Alfije, como resultado del vertimiento de aguas
industriales, sucedida el 12 de mayo de 2010; de conformidad a lo establecido
en el numeral 8 del artículo tercero del Auto 1586 de 2011.
(…) Artículo segundo. Requerir a la
empresa Ecopetrol S. A., para que en el término de [treinta] (30) días,
contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, presente los
siguientes soportes que evidencien la efectividad de las medidas implementadas
y las acciones tomadas en relación con los hechos a que hacen referencia las
quejas de la comunidad, atendidas durante la visita técnica de seguimiento ambiental,
realizadas entre los días 10 al 15 de marzo de 2013, de acuerdo a lo expuesto
en la parte motiva de este acto administrativo. (…) 3. Monitoreos de calidad
del agua de descole de la Estación Acacías descargada a quebradas menores
(asumida como agua lluvia), aun cuando se observa también en verano, así como
medidas de control de estas descargas ante un posible derrame de hidrocarburos.
8. Contaminación de aljibes por descoles,
vertimientos y disposición en tierra de palmas con un producto biodegradable,
en la vereda La Esmeralda. Además medidas de control para el vertimiento al río
Acacías, dado que se observó que las piedras se van impregnando de un
particulado aceite que es arrastrado por el agua vertida en el lugar y aguas
debajo del vertimiento, el agua aun presenta olor característico a fenoles y se
ha alterado la temperatura del cuerpo hídrico[29].
9. Ubicación y distancias mínimas del
Clúster 10 del campo Chichimene a los nacederos de los cuales se abastecen
varias veredas, entre otras Patio Bonito y Montelíbano (…).
5.2.5.6. Asevera que ha realizado un
seguimiento periódico al proyecto verificando el cumplimiento de la normativa
ambiental, así como de las obligaciones fijadas en los actos administrativos
proferidos. De esta forma se ha emitido una serie de requerimientos orientados
a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos generados o que se
podrían generar al ambiente y a la comunidad como resultado de la ejecución del
proyecto, incluyendo aquellos requerimientos relacionados con el recurso
hídrico.
5.2.5.7. Por otra lado, advierte que el
Plan de Manejo Ambiental instituido mediante Resolución 1310 de 3 de noviembre
de 1995, debido a las disposiciones de la normativa ambiental vigente al
momento de expedición de dicho acto administrativo, no incluyó permisos para el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, estos debieron ser
solicitados ante la autoridad ambiental de la jurisdicción. El uso y
aprovechamiento de los recursos naturales asociados al proyecto fueron autorizados
por Cormacarena, motivo por el cual, aunque en los seguimientos efectuados al
proyecto se describen los recursos autorizados y se mencionan los actos
administrativos correspondientes, no se verifica su cumplimiento, por cuanto no
son competencia de esta autoridad.
5.2.5.8. Enlista las concesiones de aguas
otorgadas por Cormacarena para el proyecto en cuestión: Resolución PM-GA
2.6.09-1311 de 2009, Caño Los Chonchos, para desarrollo de proyectos, vigencia
2014; Resolución P.M.G.J 1.2.6.10-1185 de 2 de agosto de 2010, Río Orotoy para
desarrollo de proyectos y prevención contra incendio, vigencia 2015; y Resolución
PM-GJ 1.2.6.11.0618 del 9 de abril de 2011, para desarrollo de proyectos y
prevención contra incendio, vigencia 2016.
5.2.5.9. Agrega que los acuerdos entre
Ecopetrol S. A. y la vereda La Esmeralda han sido de carácter voluntario, sin
vincularla a ella y no se encuentran relacionados con el instrumento de manejo
y control ambiental.
5.2.6. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible[30]
5.2.6.1. Considera que la petición de los
accionantes va dirigida al suministro de agua potable a toda la comunidad de la
vereda La Esmeralda, principalmente, en donde habiten sujetos de especial
protección del Estado. Que la presunta omisión por parte de las autoridades
nacionales, locales y empresas privadas de la prestación de ese servicio
público, viola los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud,
integralidad, oportunidad, solidaridad, universalidad y continuidad, y que tal
petición está fuera de su ámbito de competencias funcionales y legales, como
son el suministro de agua potable y la prestación de servicios públicos
domiciliarios. Respecto a los hechos, señala que no le consta, pues estos
aluden concretamente a actuaciones que deben ser adelantadas por otras
instancias.
5.2.7. Procuraduría Sexta Judicial II
Agraria y Ambiental del Meta, Vaupés y Vichada[31]
5.2.7.1. Referente a los hechos, afirma
que la comunidad de la vereda La Esmeralda histórica y culturalmente ha
obtenido el suministro de agua de los aljibes o pozos que cada familia ha
construido para garantizar su derecho al agua, y si bien manifiesta que estos
han sido contaminados por las actividades industriales relacionadas con la
exploración y explotación de hidrocarburos, las pruebas de laboratorio
realizadas a los aljibes determinan que la contaminación no se debe a dicha
actividad, pues las sustancias halladas corresponden a coliformes y bacterias,
por lo que concluye que tal inoculación es bacteriana y no química, pero que,
de todas formas, el agua no es apta para el consumo humano.
5.2.7.2. Sin embargo, Ecopetrol S. A. y la
comunidad acordaron el abasto temporal del agua a través de carrotanques, lo
cual reiteró la Corte Constitucional en la sentencia T-584/2012, en la que se
exhorta a Ecopetrol S. A. a cumplir con el compromiso hasta tanto se resuelva
de fondo el proceso de investigación −adelantado por Cormacarena−
de la posible contaminación ambiental.
5.2.7.3. Confirma que Cormacarena expidió
el respectivo acto administrativo y exoneró a Ecopetrol S. A. de toda
responsabilidad respecto a la contaminación de los aljibes de la vereda La
Esmeralda y ante ello, según lo que informan los actores en la tutela, la
entidad dejó de suministrar el agua desde el 30 de noviembre de 2015.
5.2.8. Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena)[32]
5.2.8.1. Puntualiza que Cormacarena es la
entidad encargada por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción,
el medioambiente y los recursos naturales renovables; propender a su desarrollo
sostenible, promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y del medioambiente del Área de Manejo Especial La Macarena
(Amen), dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para
mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio y
propiciar con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la
generación de tecnología apropiada para la utilización y conservación de los
recursos y del entorno del Amen, de conformidad con las disposiciones legales y
la políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su
jurisdicción actualmente abarca todo el departamento del Meta. Sobre las
pretensiones de la demanda sostiene que la presunta vulneración es inexistente
y que se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
5.2.8.2. En cuanto a la situación
particular de la comunidad asentada en la vereda La Esmeralda, respecto al
recurso hídrico, esta alega que el suministro de agua le fue suspendido. Sin
embargo, debe observarse que en el seguimiento que ha realizado la corporación
a las actividades de Ecopetrol S. A. en dicho sector, con base en los análisis
físico-químicos y los monitoreos realizados por Ecopetrol S. A., en junio de
2012 y presentados a Cormacarena, se encontró la particularidad de que el agua
contenida en los aljibes no es adecuada para el consumo humano o doméstico por
la presencia de coliformes fecales y acidez mineral aportada por los suelos y
rocas que la contienen.
5.2.8.2.1. Solo en tres predios
específicos (fincas Mirolindo, Mi Terruño y Los Naranjitos) se encontraron
concentraciones de coliformes que sobrepasaron los límites establecidos en la
norma (artículos 38 y 40 del Decreto 1594/1984), lo que evidencia que dicha
agua no era apta para el consumo humano.
5.2.8.2.2. Incluso en el análisis
físico-químico posterior (febrero de 2013) efectuado en la vereda La Esmeralda
y aportado por Ecopetrol S. A., se halló nuevamente que “el potencial de
hidrogeniones en todos los puntos de los cuales se tomaron
muestras, mostraron un comportamiento ácido. Por lo tanto cabe resaltar que el
agua procedente de estas fuentes subterráneas no son para consumo humano y
doméstico, pero sí para uso agrícola”. Respecto a los coliformes totales
y fecales, esta vez reportaron un comportamiento similar en el área del Clúster
19, pero sin superar los límites establecidos, presentando mayor registro los
fecales.
5.2.8.2.3. La particularidad de este
análisis se dio en relación con los predios La Bendición y Villa Guadalupe,
donde los valores de coliformes excedieron los niveles establecidos, lo que
pudo deberse a algún tipo de zona con afectación que genera el aumento de
bacterias diferentes a las de tipo fecal, por lo que se sugirió el tratamiento
previo de las aguas utilizadas para uso humano o doméstico.
5.2.8.2.4. En lo que atañe a los
compuestos de origen orgánico, como los hidrocarburos totales, grasas y
aceites, ambos estudios arrojaron que las muestras están por debajo del límite
de detección, lo cual es indicativo de su poca o nula presencia en las aguas
subterráneas analizadas y además se descarta cualquier posibilidad de
contaminación por esta causa.
5.2.8.2.5. Por lo que considera que las
muestras de las aguas subterráneas de la vereda La Esmeralda no evidenciaron
inoculación alguna por la actividad exploratoria adelantada por Ecopetrol S.
A., por el contrario, indica que las condiciones del agua obedecen a los
factores detectados.
5.2.8.3. Finalmente, afirma que no hay
pruebas de la vulneración alegada, sino un asunto de derecho colectivo que está
a cargo de la administración municipal y que esta no sería la vía idónea para
su solicitud.
5.2.9. Personería Municipal de Acacías
(Meta)[33]
5.2.9.1. Afirma que la situación descrita
en la acción de tutela tiene sus orígenes desde hace varios años atrás, en los
que paralelamente la empresa Ecopetrol S. A. desarrolla los proyectos de
exploración y explotación del petróleo, uno denominado Bloque Cubarral y el
otro Bloque CPO-09. Con relación al primero, la comunidad se ha quejado de los
impactos ambientales y señala que tal actividad es la responsable de la
contaminación de las fuentes hídricas, como caños, nacederos, jagüeyes y
aljibes. Y que la problemática se genera porque tradicionalmente los pobladores
se han surtido del vital líquido de dichas fuentes y al estar contaminadas, no
son idóneas para el consumo humano y pecuario.
5.2.9.2. En materia de cobertura de
servicio público de acueducto, algunas zonas rurales son abastecidas por el
municipio, pero la vereda La Esmeralda no tiene ese servicio porque la empresa
encargada solo presta el suministro de agua en la zona urbana. Desde el año
2011 existe un convenio entre Ecopetrol S. A. y el municipio de Acacías que
tiene por objeto la construcción del acueducto para varias veredas incluyendo
La Esmeralda, aunque a la fecha no se ha ejecutado. Como solución temporal, el
suministro de agua lo asumió Ecopetrol S. A. mediante carrotanques a solicitud
de la comunidad en la que medió una acción constitucional, la cual debería
mantenerse en cabeza de Ecopetrol S. A. como inversión social por
contraprestación a los impactos ambientales.
5.2.9.3. Ratifica que la personería ha
intervenido como mediadora en diversas ocasiones, participando en escenarios de
concertación y que por su actividad preventiva, concluye que sí existe
vulneración de los derechos fundamentales.
5.2.10. Secretaría de Medio Ambiente de la
Gobernación del Meta[34]
5.2.10.1. Asevera que actualmente la
gobernación no cuenta con ninguna delegación por parte de  la ANLA, las
corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible, las cuales
son las competentes para otorgar o negar las licencias, seguimientos de las
fichas del Plan de Manejo Ambiental y fichas de monitoreo.
5.2.10.2. En la Gobernación del Meta no
reposa información relacionada con los avances en los procesos investigativos
ambientales por parte de la autoridad ambiental Cormacarena, quien está en el
deber de pronunciarse al respecto.
5.2.10.3. A través de la Secretaría de
Salud Departamental, Área de Vigilancia de Calidad del Agua, a solicitud de la
comunidad, se ejecutó un análisis de calidad del recurso hídrico subterráneo en
las fincas Clavel y El Paraíso de la vereda La Esmeralda, el cual fue enlazado
al expediente de la acción de tutela.
5.2.10.4. Agrega que en la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Minero Energéticos no existe información vinculada
con los compromisos internos fijados entre la comunidad de la vereda La
Esmeralda y Ecopetrol S. A., ya que son acuerdos entre particulares y en pocas
ocasiones remiten copia a la Gobernación.
5.2.11. Coordinación de Fiscalía –Grupo de
Minería Ilegal– Satélite Bogotá[35]
5.2.11.1. Informa que en esa dependencia
de la Fiscalía no cursa investigación alguna en contra de Ecopetrol S. A. por
delitos contra el medioambiente y los recursos naturales, por lo que ignora los
hechos expuestos en la acción de tutela. Pero conoce que en las fiscalías 76 y
77 especializadas vienen adelantándose indagaciones, por hechos asociados con
la explotación de hidrocarburos, en esa zona del país.
5.2.12. Secretaría de Salud del Meta[36]
5.2.12.1. Señala que los hechos narrados
en la demanda no corresponden al área de salud y que a la entidad territorial
le corresponde brindar los servicios sanitarios a la población más vulnerable
que se encuentre incluida en las bases de datos del Sisbén y que resida en el
departamento del Meta.
5.2.13. Fiscalía 77 Especializada –Eje de
Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente– Satélite
Villavicencio[37]
5.2.13.1. Informa que tiene en curso dos
procesos contra Ecopetrol S. A., uno de ellos con el radicado
1100160099034201300566 donde se investigan presuntos hechos atentatorios contra
los recursos naturales y el medioambiente, puestos en conocimiento por el
procurador 6 judicial ambiental agrario del Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y
Vichada y algunos medios de comunicación. En el trámite del proceso en mención,
fue elaborado un programa metodológico conjugando varias hipótesis con miras a
determinar si nos encontramos ante una conducta delictiva; establecer la
materialidad de los hechos denunciados y precisar quién o quiénes son los
autores o partícipes del presunto delito que resulte de la investigación.
5.2.13.2. Es de advertir que, frente a la
complejidad de la investigación, se ha librado una serie de órdenes de policía
judicial, para adelantar labores de verificación en campo, labores de
vecindario, de inspección al lugar de los hechos, de toma de muestras para
análisis químicos, entre otras, encontrándose las diligencias en su fase de
indagación, a la espera de la recepción de los resultados investigativos, que
involucran desde luego, conceptos y dictámenes de expertos para determinar si
las circunstancias denunciadas se apoyan en pruebas periciales que confirmen o
desvirtúen los hechos soportados en la denuncia.
5.2.13.3. Está en curso el proceso
identificado con el número de radicado 110016099034201400038 por hechos
aislados ocurridos el 31 de diciembre de 2013 y que se relacionan con un
derrame de hidrocarburos en el Clúster 1 del CP09; denunciado por la señora
Clemencia Díaz en contra de Ecopetrol S. A., Petrotiger y otros, y dentro del
cual se solicitó audiencia de formulación de imputación e imposición de medida
de aseguramiento, pero aún no se han programado.
5.2.13.4. En las investigaciones en curso
no se han proferido aún medidas cautelares relacionadas con el suministro de
agua, por lo que recolectadas las pruebas que evidencien la comisión de un
delito, acudirá ante los jueces de la República a formular imputación y
solicitar las medidas cautelares o accesorias que le permitan entrar a regular
las consecuencias de la conducta delictiva que resulte, o adoptará las
determinaciones que en derecho correspondan.
5.2.14. Fiscalía Especializada 76
–Protección a los Recursos Naturales y al Medio Ambiente–[38]
5.2.14.1. Informa que viene realizando una
indagación sobre los hechos denunciados por la comunidad y la Secretaría de
Fomento y Desarrollo Productivo del municipio de Acacías, según los cuales
desde el año 2008 se han visto afectadas las fuentes hídricas de nueve veredas
(Santa Teresita, Montelíbano Bajo, Montelíbano, Las Margaritas, La Loma, San
Cayetano, Caño Hondo, El Resguardo y La Esmeralda) como consecuencia de la exploración
y explotación de hidrocarburos en la zona.
5.2.14.2. Relaciona los eventos a los que
le ha hecho seguimiento así: 1) en el año 2008 la perforación del pozo
Chichimene 26, cuando se interceptó un acuífero profundo aportando al pozo un
volumen de agua promedio de 500 bls/h; 2) Clúster 14 donde se hicieron
perforaciones y las lagunas de oxidación quedaron expuestas a la inclemencia
del clima; en el año 2011, en el Clúster 15 de la empresa Weatherford del
Bloque Cubarral, al parecer durante el proceso de perforación derrumbaron el
piso y al romperse la formación se profundizaron entre 60 y 70 toneladas de
lodo afectando los acuíferos del sector; 3) en junio de 2011, para adecuar la
locación del Clúster 19 al parecer derribaron 720 palmas de más de cinco años
de vida vegetativa, las enterraron y les aplicaron químicos, lo que, según las
afirmaciones de la comunidad, pudo haber originado líquidos que lesionaron los
acuíferos; 4) la construcción de zonas de humedales del Clúster 3 en las
veredas Loma de Tigre y Montebello; 5) una excavación del 25 de septiembre de
2014 realizada por el Consorcio Unión Temporal de Facilidades de Superficie del
Bloque Cubarral, finca El Caramelo de la vereda San Isidro de Chichime, que
posiblemente dañó la capa Hard Pand o capa impermeable del lecho del
caño, infiltrándose el agua al subsuelo y ocasionando el agotamiento de la
superficie; y 6) derrame de crudo ocurrido los días 22 de mayo y 15 de julio de
2015 en las fincas El Recuerdo y La Nohora de la vereda Montelíbano Bajo y en
la finca Cincerros de la vereda La Esmeralda.
5.2.14.3. Afirma que existen anomalías en
los procesos de socialización de cada proyecto.
5.2.14.4. Señala que desconoce los
compromisos adquiridos por las empresas del sector petrolero para el suministro
de agua potable a las comunidades.
5.2.14.5. Agrega que la Fiscalía ha
cumplido con el deber de indagación, cuyo acopio de evidencia se encuentra en
seis cuadernos y sus resultados dependen, en gran medida, de la prueba técnica
que se analizará cuando sea allegada.
6. Pruebas que obran en el expediente
Durante el trámite surtido en la primera
instancia de la acción de tutela, las partes allegaron los siguientes
documentos:
6.1. Copia de la publicación en el
periódico Tierra Mágica en el que informan que el 14 de febrero de 2001
los habitantes de Acacías marcharon por el derecho al agua y a la vida[39].
6.2. Copia del acta de reunión entre
Ecopetrol S. A. y los habitantes de la vereda La Esmeralda en la que se
comprometieron a proporcionar agua mediante carrotanques[40].
6.3. Copia de la solicitud de visita
técnica a la vereda La Esmeralda, de fecha 24 de noviembre de 2012, la cual
está firmada por todos los propietarios del área de influencia directa del
Bloque CPO9 −en donde se llevaría a cabo la perforación exploratoria de
un pozo−, dirigida a la ANLA, la encargada de Asuntos Ambientales de la
Unidad de Delitos contra los Recursos Naturales, el procurador sexto judicial
II ambiental y agrario, el personero municipal de Acacías (Meta) y la directora
general de Cormacarena y en la que se informa a todas las autoridades
ambientales que la comunidad no se opone a la actividad petrolera siempre y
cuando se haga una visita técnica al punto específico antes de iniciar
cualquier labor; que son conscientes de los objetivos que debe cumplir
Ecopetrol S. A. para lograr las metas de barriles de producción de petróleo por
día, pero que se acogen a la Constitución Ecológica y a todos los principios y
derechos en ella contenidos, porque consideran que la empresa está ocasionando,
desde hace más de tres años, daños ambientales y que la solución planteada fue
la instalación de un tanque con suministro de mil litros de agua, llenado
mediante carrotanque. Indican como afectados el aljibe de la finca de don
Leoviceldo, vereda Montelíbano Bajo, Clúster 26, en la finca de la señora Lili
León, vereda Montelíbano Bajo, y contaminación de los nacederos de la finca
Cencerros de la señora Martha Chitiva de la vereda La Esmeralda[41].
6.4. Copia del oficio de 6 de marzo de
2013 remitido por el UP Coordinador de Vigilancia Calidad del Agua de la
Secretaría de Salud del Meta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Minero Energéticos de la Gobernación del Meta, mediante el cual envió copia de
los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos de agua para
el consumo humano de muestras de agua cruda tomadas de dos aljibes de las fincas
El Clavel y El Paraíso de la vereda La Esmeralda del municipio de Acacías;
informes según el nivel de riesgo de acuerdo con el Decreto 1575/2007 y su Resolución
reglamentaria 2115/2007. En los informes 20130054 y 20130055 se reportan
resultados con cloro residual libre, coliformes totales, coliformes fecales y
bacterias mesófilas y se ha conceptuado que el agua no es apta para el consumo
humano en un nivel alto, lo que tiene graves implicaciones para la población,
especialmente la población infantil, por estar expuesta a contraer enfermedades
relacionadas con el agua.
De estos informes se puede observar que
ninguno de los dos indica presencia de hidrocarburos o derivados del petróleo[42].
6.5. Copia del oficio de fecha 26 de marzo
de 2013 enviado por el secretario de Fomento y Desarrollo Productivo al señor
Gil Roberto Guiza, en el que remite el informe de análisis de agua Nº 20130054[43].
6.6. Copia del oficio de 3 de mayo de
2013, mediante el cual la Vicepresidencia de Explotación de Ecopetrol S. A., a
través del Líder del Proyecto Meta, da respuesta a la solicitud de copias
realizada por Gladys Miriam Rey, de los resultados de monitoreos y mediciones
adicionales ejecutados en el aljibe de su predio La Candelaria. También le informan
que con el apoyo de la Universidad de los Llanos realizó, el día 17 de enero de
2012, el monitoreo físico-químico a seis aljibes ubicados en la vereda La
Esmeralda y que por solicitud del presidente de la JAC de la vereda harán un
inventario y monitoreo de la calidad del agua a cincuenta aljibes[44].
6.7. Copia de oficio de fecha 26 de marzo
de 2013, por el cual notifican a la Sra. Gladys Miriam Rey que la Secretaría
Seccional de Salud del Meta, mediante el “Laboratorio de Salud Pública”,
efectuó un análisis con una muestra del agua para consumo humano tomada el 22
de febrero de 2013 en la vereda La Esmeralda, que arrojó como resultado que la
misma no cumple con los parámetros establecidos en la Resolución 2115/2007, por
presentar cloro residual libre, coliformes totales, coliformes fecales y
bacterias mesófilas, por lo que tiene un alto riesgo para la salud de los 27
usuarios, animales y especialmente para la población infantil. De este resultado,
se resalta que el mismo no evidenció que exista algún tipo de contaminación por
hidrocarburos y/o derivados del petróleo[45].
6.8. Copia de la constancia de la
solicitud y trámite para la realización de una audiencia de conciliación, la
cual finalmente se declaró fallida el 9 de junio de 2014 y que registra como
convocante a Gladys Miriam Rey con la pretensión de obtener reparación directa
y, como convocado, a Ecopetrol S. A.[46].
6.9. Copia del concepto por contaminación
industrial realizado por el ingeniero Daniel Mejía, presentado a la Sra. Gladys
Miriam Rey, propietaria del predio La Candelaria, ubicado en la vereda La
Esmeralda. En el informe se señala que los estudios hechos por la Universidad
de los Llanos arrojaron como resultado que el agua supera el límite de turbidez
para consumo humano, pero que no analizó esta institución si hay presencia de
metales pesados o hidrocarburos. Por lo que se relaciona una investigación de
Chemical Laboratory en la que se dice que la muestra reporta presencia de
hidrocarburo, por lo que se indica que “existe la posibilidad de filtraciones
de hidrocarburos al agua, generando un posible riesgo de toxicidad”[47].
6.10. Copia del auto 511, de 12 de febrero
de 2015, expedido por la ANLA, el cual condensa todo el proceso de
seguimiento y control ambiental que tiene por objeto[48] conocer la
situación actual del proyecto Explotación Petrolera Campos Castilla y
Chichimene, priorizando quejas presentadas durante los últimos dos años, las
cuales se verificaron en campo en el periodo 2010-2014.
6.10.1. Registra entre varios asuntos, la
visita a la infraestructura existente en los campos Castilla y Chichimene
(detalla el estado de avance del proyecto).
6.10.2. Destaca respecto a la vereda La
Esmeralda que “el propietario del predio Las Brisas, vereda La Esmeralda del
municipio de Acacías, manifestó que en época de lluvia su predio se inunda
afectando su actividad de cría de cerdos; durante la visita se observaron en el
canal de aguas lluvias, correspondiente al antiguo sistema de evacuación de las
aguas residuales de la estación Castilla 1, pequeñas manchas de grasa en el
agua y en algunas plantas, la Empresa manifiesta que esto no es su
responsabilidad. El canal finalmente descarga en caño Grande”.
6.10.3. En cuanto a los monitoreos del
Sistema de Tratamiento Estación Castilla 2 – Estación Acacías y el río Acacías,
manifiesta que realizaron monitoreos trimestrales que evidenciaron que las
concentraciones de elementos contaminantes son inferiores al límite de
detección, es decir, bajas concentraciones.
6.10.4. De este seguimiento la autoridad
ambiental concluyó que era procedente requerir a la empresa Ecopetrol S. A.
para la realización de acciones que se indican en la parte resolutiva del acto
administrativo, con el fin de evitar que se generen afectaciones ambientales
como resultado de la ejecución del proyecto; conforme las obligaciones
consignadas en la licencia ambiental otorgada, reiteró a la empresa Ecopetrol
S. A. que, de manera inmediata, una vez ejecutoriado el acto administrativo,
adelantara una serie de actividades conectadas con la franja de protección,
inversión, señalización y obras de mantenimiento; y presentara los resultados
de monitoreos de aguas y de sedimentos, los soportes que evidencien la
efectividad de las medidas implementadas en relación con las quejas de la
comunidad atendidas durante la visita técnica de seguimiento ambiental
efectuadas entre los días 10 y 15 de marzo de 2013; los soportes de
cumplimiento de actividades vinculadas con el material de excavación,
materiales de construcción, obras de mantenimiento y limpieza, manejo de
residuos sólidos especiales, manejo de fuentes de emisión y ruido,
capacitaciones impartidas en materia de manejo de ecosistemas, áreas sensibles,
áreas naturales protegidas, compensación de fauna y flora, socialización de
proyectos con estrategias de difusión, capacitación a los trabajadores
calificados y no calificados y respuesta oportuna a la comunidad respecto a las
quejas o reclamos.
6.10.5. Que en el próximo informe de
cumplimiento ambiental presentara los soportes que demostraran la ejecución de
los programas de socialización e implementación de las obligaciones
establecidas mediante el Auto 1586/2011, la Resolución 728 de 6 septiembre de
2012 y la Resolución 1137/2012, sobre el plan de contingencias para cada
planta, la causa de reboses en las plantas, entrega y recibido de los residuos
generados en las actividades de mantenimiento de tanques y permiso de inyección
expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Así mismo, requirieron a
Ecopetrol S. A., para que en el próximo informe de cumplimiento ambiental ICA,
entregue los soportes que demuestren la realización de las actividades respecto
a las contingencias presentadas en el periodo objeto de seguimiento que han
deteriorado los recursos naturales, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva del acto administrativo y advirtieron que el incumplimiento de las
obligaciones establecidas o requeridas en el mismo y en la normativa ambiental
vigente, dará lugar a la imposición y ejecución de las medidas preventivas y
sanciones que sean aplicables según el caso, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1333/2009, o cuando quiera que las condiciones y exigencias fijadas
en la licencia ambiental no se estén cumpliendo según los términos definidos en
el acto de su expedición, se dará aplicación al artículo 62 de la Ley 99/1993[49].
6.11. Copia de la petición de fecha 10 de
agosto de 2015 que presentaron los veedores de la vereda La Esmeralda a
Ecopetrol S. A., en la que solicitan información sobre indemnizaciones como
reparación por daño y sobre las gestiones para la construcción del acueducto de
Acacías[50].
6.12. Copia del informe de laboratorio Nº
31482 de fecha 13 de agosto de 2015, realizado por Daphnia Ltda. a una muestra
de agua subterránea del pozo Nº 6 de Acacías (Meta), para el proyecto piloto de
potabilización del agua[51].
6.13. Copia del oficio de 1 de septiembre
de 2015, en el cual Ecopetrol S. A. da respuesta a los veedores de la vereda La
Esmeralda por la petición de 10 de agosto de 2015; informa que no existe un
procedimiento sancionatorio por parte de Cormacarena que hubiese declarado que
la entidad sea responsable de la contaminación de aljibes, por lo que no es
procedente ningún tipo de compensación económica. Respecto al acueducto, firmó
un convenio de colaboración Nº 5218541 que tiene como objeto aunar esfuerzos
para la construcción del ramal 1 de la red de acueducto a partir de la planta de
tratamiento de agua potable. Afirma que ha cumplido con el acuerdo que
celebraron como política de buen vecino suministrando agua, que se debe revisar
la periodicidad del suministro. Y además las órdenes judiciales sobre este
asunto verificaron que no había afectación de derechos fundamentales[52].
6.14. Copia del escrito de fecha 14
septiembre de 2015, en el que los veedores de la vereda La Esmeralda le
solicitan acompañamiento a la Personería Municipal de Acacías[53].
6.15. El 15 de diciembre de 2015 recibió
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías
(Meta) la declaración de Nohora Edith León Ramírez, en la cual manifestó que
vive con su esposo, dos adultos y dos menores de edad de cinco y dos años, en
la vereda La Esmeralda, finca Villa Julia, la cual no tiene acueducto municipal
ni alcantarillado, por lo que obtienen el agua de un aljibe, extraído mediante
una electrobomba y cuando se seca el aljibe les toca transportar el agua del
caño más cercano que se llama La Esmeralda, pero que desde el año 2012, después
de 15-20 días de iniciadas las explotaciones por Ecopetrol S. A. se secaron los
aljibes porque se profundizó el agua.
6.15.1. Esa situación le fue informada a
la señora en cita por medio de petición escrita con copia a la personería municipal
por lo que, luego de realizar una serie de reuniones, la junta directiva
informó que ellos no tenían responsabilidad en esa situación, ni investigación
al respecto, y se comprometió a suministrarle agua a los residentes de la
vereda mediante carrotanques; el agua proporcionada era de mil litros diarios,
pero que el 30 de noviembre de 2015 se suspendió el servicio. Indicó que conoce
que los resultados de los análisis del agua que se ejecutaron informan que no
es apta para el consumo humano, por la presencia de bacterias y coliformes, y
considera que ello se produjo por la actividad sísmica que realiza Ecopetrol S.
A., pero que antes de que llegara esta entidad a la zona no había hecho ningún
tipo de examen al agua[54].
6.16. El 15 de diciembre de 2015 recibió
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías
(Meta) la declaración de Gladys Miriam Rey, quien señaló que vive en la vereda
La Esmeralda con su esposo de 62 años, su hija, yerno y sus tres nietas de 11,
9 y 7 años. Tiene servicio de agua por medio de carrotanques de los Bomberos y
la Policía, recibe diariamente mil litros del líquido, que son de uso
doméstico, y que ello se debe a una demanda que interpuso contra Ecopetrol S.
A. hace tres años; aclaró que interpuso esta acción de tutela por recomendación
de su abogada, quien indicó que no se sabía si de un momento a otro les
suspenderían el servicio. Consideró que la sísmica que fue realizada por la
empresa Global fue lo que ocasionó la contaminación de los aljibes, porque en
la vereda hay dos bloques: el Cubarral, en el que hicieron el Clúster 19 y el
CPO9, y después de eso los aljibes de don Gil, Fanny Romero y el de ella. Igualmente
afirmó que antes de que llegara la entidad había hecho unos exámenes al agua
pero que no tiene cómo obtener los resultados[55].
6.17. Certificado de fecha 16 de diciembre
de 2016, en el que el subgerente del Acueducto y Alcantarillado de ESPA, da
constancia de que no prestan los servicios de acueducto y alcantarillado en la
vereda La Esmeralda, toda vez que es un área que no cuenta con las condiciones
técnicas y de infraestructura para la prestación de estos servicios[56].
6.18. El 17 de diciembre de 2015, el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad practicó una
inspección judicial a los nueve predios de la vereda La Esmeralda afectados
según la solicitud de tutela, los cuales fueron: 1) finca La Bohemia, de propiedad
de María Clemencia Díaz Ramírez; 2) finca La Candelaria, de propiedad de Gladys
Miriam Rey; 3) finca Villa Julia de propiedad de Cristóbal Guiza Vargas; 4)
predio de propiedad de Nohora Edith León Ramírez; 5) finca Villa Paola, de
propiedad de Flor Vargas de Guiza; 6) finca Villa Lorena, de propiedad de
Ismael Guiza; 7) finca El Progreso, de propiedad de Silvia Rosa Vargas Vargas;
8) finca El Jazmín, de propiedad de Blanca Flor Castañeda Segura −de este
aljibe se destacó que está cerca de aguas estancadas en mal estado y del pozo
séptico− y 9) finca La Esperanza 2. Como resultado de la inspección
judicial, en que la mayoría de los aljibes está cubierto con placas de cemento,
coinciden todos los propietarios en que Ecopetrol S. A. les proporciona agua,
tanques y estructuras para almacenamiento de la misma, la cual es de uso
doméstico[57].
6.19. Copia del registro fotográfico de
fecha 17 de diciembre de 2015, en el que se muestran 36 fotos como material
probatorio y evidencia física de la inspección judicial que adelantó el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta)[58].
6.20. Listado de las personas beneficiadas
con la prestación del servicio de agua en la vereda La Esmeralda, con el debido
registro de recibido de los tanques de agua, también firma como testigo el
presidente de la junta[59].
6.21. Copia de la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de fecha 28 de diciembre de 2015, que denegó el amparo solicitado por
improcedente[60].
6.22. Recurso de apelación presentado por
los tutelantes contra la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de fecha 28 de
diciembre de 2015[61].
II. DECISIONES JUDICIALES DE INSTANCIA
1. Primera instancia
1.1. El 28 de diciembre de
2015, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Acacías (Meta) declaró improcedente el amparo solicitado en la acción de
tutela. En esa oportunidad, el juzgador resaltó que no se demostró un perjuicio
irremediable y que los accionantes cuentan con otros medios de defensa. Sin
embargo, el juzgado de primer grado, exhortó a Ecopetrol S.A. para que
continúen con la actividad de suministro de agua a la comunidad, de conformidad
con el acuerdo privado que fue suscrito entre esta y los habitantes de la
vereda.
2. Segunda instancia[62]
2.1. El 13 de mayo de 2016,
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Villavicencio, confirmó la
sentencia de primera instancia, por cuanto no halló demostrado la afectación de
derechos fundamentales; y por considerar que el derecho cuyo amparo se solicita
tiene carácter colectivo, razón por la cual los accionantes cuentan con la
acción popular. De otra parte adicionó el numeral segundo en el sentido de también
exhortar al Municipio de Acacías y a la Gobernación del Meta, para que adopten
las medidas necesarias para salvaguardar el derecho al agua.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. La Competencia de la Sala Cuarta para
proferir sentencia de revisión
La Sala Cuarta de Revisión la de Corte
Constitucional es competente para proferir sentencia de revisión en este caso,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
2.1. De acuerdo con los
antecedentes planteados, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si las
entidades accionadas han
vulnerado los
derechos fundamentales de los actores, a la vida digna, salud y al agua potable, en especial a las
personas sujetos de especial protección y a toda la población de la vereda La
Esmeralda, ubicada en el municipio de Acacías – Meta, por (i) la omisión en el
suministro del servicio básico de agua potable por medio de carro tanques y
(ii) la contaminación que se está presentando en las fuentes hídricas, al
parecer producto de las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos realizadas por Ecopetrol S.A.
2.2. Para resolver el
anterior problema jurídico estima la Sala preciso reiterar la jurisprudencia de
esta Corporación en relación con: (i) la  subsidiariedad como requisito general de procedencia de la
acción de tutela; (ii) las
acciones populares y los criterios de procedibilidad de la acción de tutela
para la protección de derechos colectivos.
Con fundamento en lo
anterior, (iii)
la Sala procederá al análisis de los casos concretos para determinar si se debe
conceder o no la protección invocada.
3. El principio de
subsidiariedad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia
3.1. El principio de
subsidiariedad de la tutela aparece claramente expresado en el artículo 86 de
la Constitución, al precisarse en él que:
“Esta acción solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.
3.2. Respecto de dicho mandato
esta Corporación ha expresado, en innumerables pronunciamientos, que aun cuando
la acción de tutela ha sido prevista como un instrumento de defensa judicial
para la protección inmediata de los derechos fundamentales, la propia Carta
Política le reconoce a la misma un carácter subsidiario y residual, lo cual
significa que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan
otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos,
se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.3. Tal regla general se
explica por cuanto el ordenamiento jurídico interno, cuenta con un sistema judicial
de protección de los derechos constitucionales, incluyendo, por supuesto, los
que tienen la connotación de fundamentales, de manera que la procedencia
excepcional de la tutela se justifica en razón a la necesidad de preservar el
orden regular de competencias asignadas por la ley a las distintas autoridades
jurisdiccionales, buscando con ello no solo impedir su paulatina
desarticulación sino, también, garantizar el principio de seguridad jurídica.
3.4. Ha destacado la
jurisprudencia que la protección de los derechos constitucionales no es un
asunto que haya sido reservado exclusivamente a la acción de tutela. En la
medida en que la Constitución de 1991 le impone a las autoridades de la
República la obligación de proteger a todas las personas en sus derechos y
libertades (C.P. art. 2°), se debe entender que los diversos mecanismos
judiciales de defensa previstos en la ley han sido estatuidos para garantizar
la vigencia de los derechos constitucionales, incluidos los de carácter
fundamental. De ahí que la propia Carta le haya reconocido a la tutela un
carácter subsidiario frente a los demás medios de defensa judicial, los cuales
se constituyen entonces en los instrumentos preferentes a los que deben acudir
las personas para lograr la protección de sus derechos.
3.4.1. Sobre el punto, ha
dicho la Corte:
“[L]a acción de tutela como
mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento
jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no
exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el
que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta
positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos
señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se hace en
concreto, tomando en consideración las circunstancias del caso y la situación
de la persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede existir
concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria;
de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario,
pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al afectado en
sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”.[63]
3.5. Conforme con su diseño
constitucional, la tutela fue concebida como una institución procesal dirigida
a garantizar “una protección efectiva y actual, pero supletoria, de los
derechos constitucionales fundamentales”[64], razón por la cual no puede ser
utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los
establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella
no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún,
desconocer los mecanismos dispuestos dentro de estos procesos para controvertir
las decisiones que se adopten.
3.6. El carácter subsidiario
de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su
actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos
dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos
fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a
la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en los
procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada
de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del
mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 Superior.
3.7. No obstante lo anterior,
la jurisprudencia constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) la primera está consignada en
el propio artículo 86 Constitucional al indicar que aun cuando existan otros
medios de defensa judicial, la tutela es procedente si con ella se pretende
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. (ii) La segunda,
prevista en el artículo 6 el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción
de tutela, señala que también procede la acción de tutela cuando el mecanismo
ordinario de defensa no es idóneo, ni eficaz para la protección inmediata y
plena de los derechos fundamentales en juego, caso en el cual opera como
mecanismo definitivo de protección. De este modo, en las dos situaciones
descritas, se ha considerado que la tutela es el mecanismo procedente para
proteger, de manera transitoria o definitiva, los derechos fundamentales, según
lo determine el juez de acuerdo con las circunstancias que rodean el caso
concreto.
3.7.1. En cuanto a la primera
excepción, es decir, la relativa a evitar un perjuicio irremediable, parte de
la consideración de que la persona cuenta con un medio idóneo y eficaz para la
defensa de sus derechos fundamentales, pero que, con miras a evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, la tutela se convierte en un mecanismo
procedente para brindarle la protección transitoria a sus derechos
fundamentales, mientras el juez natural resuelve el caso.
3.7.1.1. Al respecto, la
jurisprudencia ha precisado que: “únicamente se considerará que un perjuicio
es irremediable cuando, de conformidad con las circunstancias del caso
particular, sea: (a) cierto e inminente –esto es, que no se deba a meras
conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos
ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que
lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c)
de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su
prevención o mitigación para evitar que se consuma un daño antijurídico en
forma irreparable.”[65]
3.7.1.2. Siguiendo estos
criterios, la Corte ha conceptualizado el perjuicio irremediable en los
siguientes términos:
“(…) De acuerdo con la
doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable se configura
cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud
que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por
tanto de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las características
jurídicas del perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo
siguiente:
En primer lugar, el
perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable
grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para
superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de
protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable”. [66]
3.7.1.3. Adicionalmente, es
importante indicar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
considerado como condición necesaria para establecer la procedencia de la
acción de tutela, que el perjuicio irremediable se encuentre acreditado en el
expediente, así sea en forma sumaria. No obstante, la Corporación ha aclarado
que el accionante puede cumplir con esta carga, mencionando al menos los hechos
que le permitan al juez deducir la existencia de un perjuicio irremediable, en
consideración a la jerarquía de los derechos cuyo amparo se solicita mediante
la acción de tutela y a la naturaleza informal de este mecanismo de defensa
judicial. Específicamente ha dicho la Corte:
“No obstante, aunque la
prueba del perjuicio irremediable es requisito de la procedencia de la tutela,
la Corte ha sostenido que la misma no está sometida a rigurosas formalidades.
Atendiendo a la naturaleza informal y pública de la acción de tutela, así como
a la jerarquía de los derechos cuya protección se solicita, la prueba del
perjuicio irremediable puede ser inferida de las piezas procesales. Así pues,
al afectado no le basta con afirmar que su derecho fundamental se enfrenta a un
perjuicio irremediable, es indispensable que, atendiendo a sus condiciones
personales, explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones
que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan
al juez de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión”.[67]
3.8. En cuanto a la segunda
excepción, es decir, la relativa a que el medio de defensa ordinario no sea
eficaz ni idóneo para la protección de derechos fundamentales, ha dicho la
Corporación que, al evaluar el mecanismo alternativo del ordenamiento jurídico,
éste: “(…) tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca
el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que
existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la
efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para
lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando
consagra ese derecho”.[68]
Así las cosas, si el medio
judicial concreto no cumple con dichas características, y por el contrario, el
derecho fundamental en juego no puede ser restablecido, procede la solicitud de
amparo constitucional como medio definitivo de protección al bien jurídico.
3.9. En síntesis, la tutela no
puede utilizarse para desplazar al juez ordinario de la resolución de los
procesos que por ley le corresponde tramitar, y que solo subsidiariamente, en
casos de inminente perjuicio para los derechos fundamentales, aquella puede
invocarse para pedir una protección transitoria, o una protección definitiva,
en eventos excepcionales definidos por la jurisprudencia. Cuando se invoca el
perjuicio irremediable, el actor debe acreditarlo o aportar mínimos elementos
de juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia de este
elemento.
4. De la improcedencia de
la acción de tutela para la protección de derechos colectivos. Reiteración de
jurisprudencia
4.1. La jurisprudencia de esta
Corporación, ha enfatizado en el ámbito diferenciado de protección que la
Constitución adscribe a la acción de tutela, y a las acciones populares. En
este sentido, ha señalado que el artículo 86 de la Constitución prevé la
facultad de toda persona de impetrar acción de tutela, con el fin de lograr la
protección de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, o por particulares en los casos que prevea la ley.
4.1.1. Por su parte, la Ley
472 de 1998, que tiene por objeto regular las acciones populares y las acciones de grupo
de qué trata el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Estas
acciones están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos
e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de
personal, como el mecanismo
idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos.
4.1.2. De manera enunciativa,
la mencionada disposición (Art. 4° Ley 472/98), relaciona los derechos e
intereses colectivos susceptibles de ser protegidos mediante las acciones
populares, entre los que se encuentran los atinentes a la existencia del
equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el derecho a
la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente, así como la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos.
4.2. La Sala Plena de la Corte
ha precisado la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos
colectivos, definiendo el derecho colectivo como:
“El interés que se
encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones
meramente subjetivas o particulares”.[69] En el mismo sentido indicó, que “los
derechos colectivos se caracterizan porque son derechos de solidaridad, no son
excluyentes, pertenecen a todos y cada uno de los individuos y no pueden
existir sin la cooperación entre la sociedad civil, el Estado y la comunidad
internacional. En este sentido los derechos colectivos generan en su
ejercicio una doble titularidad, individual y colectiva, que trasciende el
ámbito interno”[70].
Y, agregó que el interés colectivo “pertenece a todos y cada uno de los
miembros de una colectividad determinada, el cual se concreta a través de su
participación activa ante la administración de justicia, en demanda de su
protección”[71].
Por otra parte, afirmó que:
“Un derecho fundamental
puede ser protegido por vía de tutela cuando se demuestre la afectación
subjetiva o individual del demandante y, será colectivo, protegido mediante la
acción popular, cuando afecte a una comunidad general que impida dividirlo o
materializarlo en una situación particular[72]”.
4.2.1. De manera consistente
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que, en principio,
la acción de tutela no es procedente para debatir derechos colectivos, a menos
que los derechos fundamentales del demandante estén siendo vulnerados o
amenazados por la afectación del derecho colectivo. Sobre el particular esta
Corporación afirmó:
“…[L]a protección de un
derecho fundamental cuya causa de afectación es generalizada o común para
muchas personas afectadas, que pueda reconocerse como un derecho colectivo,
sólo es posible cuando se demuestra la afectación individual o subjetiva del
derecho. Dicho de otro modo, la existencia de un derecho colectivo que pueda
protegerse por vía de acción popular no excluye la procedencia de la acción de
tutela cuando se prueba, de manera concreta y cierta, la afectación de un
derecho subjetivo, puesto que ‘en el proceso de tutela debe probarse la
existencia de un daño o amenaza concreta de derechos fundamentales, la acción u
omisión de una autoridad pública o de un particular, que afecta tanto los
derechos colectivos como los fundamentales de una persona o grupo de personas,
y un nexo causal o vínculo, cierta e indudablemente establecido, entre uno y
otro elemento, pues de lo contrario no procede la acción de tutela”.[73]
4.3. La doctrina
constitucional ha expuesto reiteradamente que cuando se pretenda solicitar el
amparo de derechos fundamentales que deriven de la violación de un derecho que,
en principio, puede ser concebido como colectivo, el juez constitucional debe
ser especialmente cuidadoso al momento de determinar si la acción procedente es
la acción popular o la acción de tutela. Así, el hecho de que se pretenda la
protección de un derecho colectivo no implica, per se, la improcedencia
de la acción de tutela, toda vez que pueden existir circunstancias que hacen
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
4.3.1. En este orden de ideas,
la jurisprudencia de la Corte ha fijado los criterios que permiten establecer
la procedencia de la acción de tutela en tales eventos, así:
(i)
Que exista
conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la violación o amenaza
de un derecho fundamental, de tal forma que el daño o amenaza del mencionado
derecho sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho
colectivo.
(ii)
El demandante debe
ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la
acción de tutela es de carácter subjetivo.
(iii)
La vulneración o
la amenaza del derecho fundamental debe estar plenamente acreditada.
(iv)
La orden judicial
que se imparta en estos casos debe orientarse al restablecimiento del derecho
de carácter fundamental y “no del derecho colectivo en sí mismo considerado,
pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza”.[74]
4.4. Adicionalmente, es
necesaria la comprobación de la falta de idoneidad de la acción popular en el
caso concreto. En este sentido ha dicho esta Corporación:
“Esta breve referencia
muestra que en principio la Ley 472 de 1998 es un instrumento idóneo y eficaz
para enfrentar las vulneraciones o amenazas a los derechos colectivos.(…) En
tales circunstancias, la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz
sobre acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados
(…) para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo,
es además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de
la tutela (CP art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción
popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho
fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque
sea necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario. En
efecto, en determinados casos puede suceder que la acción popular resulta
adecuada para enfrentar la afectación del derecho colectivo vulnerado, pero
ella no es suficiente para amparar el derecho fundamental que ha sido afectado
en conexidad con el interés colectivo. En tal evento, la tutela es procedente
de manera directa, por cuanto la acción popular no resulta idónea para proteger
el derecho fundamental. Pero si no existen razones para suponer que la
acción popular sea inadecuada, entonces la tutela no es procedente, salvo que
el actor recurra a ella como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción
competente resuelve la acción popular en curso y cuando ello resulte
indispensable para la protección de un derecho fundamental”.[75]
4.5. En conclusión, el orden
constitucional establece, de manera diferenciada, mecanismos específicos para
la protección de derechos fundamentales (la acción de tutela), y de derechos e
intereses colectivos (las acciones populares) frente a su vulneración o
amenaza. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado
unos criterios para determinar si la acción de tutela resulta procedente, para
la protección de derechos fundamentales vulnerados en contextos de afectación
colectiva. Para el efecto, el juez constitucional debe analizar si se acredita,
de manera cierta y fehaciente, que la afectación actual o inminente del derecho
colectivo también amenaza o vulnera un derecho fundamental que ha sido
individualizado en la persona que interpone la acción de tutela o a nombre de
quien se encuentra impedida para defender, en forma directa, sus propios
intereses, cuya protección no resulta efectiva mediante la acción popular sino
que requiere la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
4.6. De ahí que la regla general de
procedencia de la acción de tutela, debe partir de la comprobación efectiva de
la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes. Tal situación
implica que los medios ordinarios y convencionales de defensa, a la luz de la
situación del caso concreto, no sean medios idóneos ni eficaces para
salvaguardar, de manera efectiva, los derechos amenazados, y, por otra parte,
que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la
interposición de la acción de tutela como un mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales. Tal perjuicio irremediable debe ser
inminente, grave y que, por tanto, requiera medidas urgentes e impostergables
para su solución.
4.7. Con fundamento en las
consideraciones expuestas, la Sala de Revisión pasa al análisis del caso
concreto.
5. Conclusiones y solución de los casos concretos
5.1. De conformidad con lo señalado en la parte que corresponde a
los antecedentes de esta providencia, los actores interpusieron la acción de
tutela con el fin de que se ordene a las entidades demandadas que les
proporcionen el servicio de agua potable a toda la comunidad de la vereda La
Esmeralda y para que, además, que se les censure por no priorizar la prestación
de este servicio relacionado con  el derecho a la vida digna.
5.2. El fallo de primera instancia denegó el amparo solicitado y
exhortó a Ecopetrol a fin de que continuara suministrando el servicio de agua mediante
carrotanques. Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio desató la segunda instancia confirmando lo decidido
por el aquo con el argumento de que en el expediente no se evidenció afectación
de los derechos fundamentales, y que las pretensiones aducidas pueden ser
satisfechas mediante otras vías judiciales.
5.3. Al respecto, el juez de segunda instancia puntualizó que “es
cierto que situaciones como la aquí estudiada pueden eventualmente afectar
derechos fundamentales, también lo es que la contaminación del agua utilizada
por la comunidad a falta de un sistema adecuado de acueducto, genera una
situación de orden colectivo que afecta la salubridad pública, es decir es un
problema de interés general”.
5.4. A continuación el ad quem concluyó que “al no demostrarse
afectación directa y real de un derecho fundamental” la acción de tutela se
torna improcedente, “en la medida que los accionantes cuentan con una vía
judicial alterna igualmente efectiva para lograr la satisfacción de sus
derechos, esto es, la acción popular”. Finalmente, adicionó el numeral segundo de la
sentencia impugnada en el sentido exhortar al Municipio de Acacías y a la
Gobernación del Meta, para que adopten las medidas necesarias para salvaguardar
el derecho al agua.
5.5. Examinadas las pretensiones de los demandantes, y los hechos
alegados y demostrados en el curso de la actuación adelantada, esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional, en armonía con lo decidido por el juez de
segunda instancia, considera lo siguiente:
5.6. La jurisprudencia constitucional ha
determinado, en forma lineal, que no es una elección del actor acudir a los diversos mecanismos judiciales de defensa
previstos en el
ordenamiento jurídico o interponer la acción de tutela, si así lo prefiere,
pues, de ser así, la acción de tutela respondería a un carácter opcional y no
al carácter subsidiario y
residual que la identifica, lo cual significa que solo es procedente supletoriamente,
es decir, (i) cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda
acudir, o (ii) cuando existiendo éstos, no son idóneos, ni eficaces para la
protección inmediata y plena de los derechos fundamentales, caso en cual dicha acción
puede promoverse para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
5.7. De manera que, para establecer la procedencia de la acción de
tutela, es necesario que el perjuicio irremediable se encuentre acreditado en
el expediente, así sea en forma sumaria.
5.8. En efecto, teniendo en cuenta los criterios constitucionales
para constatar la configuración de un prejuicio irremediable, un repaso de los
antecedentes permite establecer que:
5.8.1. Los actores aseveran que desde que se inició el proyecto de
exploración y explotación de hidrocarburos en la zona por parte de Ecopetrol
S.A., empezaron a manifestarse cambios en el medio ambiente, específicamente, que
se secaron algunas fuentes de agua y que se contaminaron otras en la vereda La
Esmeralda, situación que atribuyen a dicha empresa y que consideran ha puesto
en peligro la forma tradicional de abastecimiento de agua de la comunidad.
5.8.2. Ecopetrol, señala que si bien no tiene la obligación legal
de suministrar agua a la vereda La Esmeralda, dicha actividad la realiza en
virtud de un acuerdo privado al que llegó con la comunidad, el cual ha venido
cumpliendo no obstante que ha aumentado el número de familias a quienes le
surten del vital líquido, y que, así mismo, suscribieron un contrato de
colaboración con la Alcaldía Municipal de Acacías, a fin de impulsar y
desarrollar la ampliación del sistema de acueducto y, de esa manera, este pueda
extenderse inclusive a las zonas rurales.
5.8.3. Por su parte, la Alcaldía Municipal de Acacías, corrobora
la suscripción del contrato de consultoría Nº DOAC 197/2013 para estudio,
diseño y ampliación de la cobertura del sistema de acueducto urbano a las zonas
rurales, del que informa, lograron obtener la información que necesitan a fin
de proceder a la ejecución en obras que garanticen el suministro de agua en la
zona urbana y rural de 26 veredas. Y en cuanto a la actividad de suministro de
agua que realiza Ecopetrol S.A., aducen que la misma fue ordenada por la
sentencia T-584 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, en la que
también se dispuso que Cormacarena se pronuncie sobre la responsabilidad que
tiene Ecopetrol en la contaminación del agua de la vereda La Esmeralda.
5.8.4. En el curso de esta actuación también se demostró que se
han venido llevando a cabo investigaciones y seguimientos sobre la presunta
responsabilidad de Ecopetrol por hechos atentatorios de los recursos naturales
y el medio ambiente, por parte de la Fiscalía[76],  las cuales, a la fecha, no han arrojado
aún un resultado concreto, ante la complejidad del asunto.
5.8.5. Cormacarena, como entidad encargada
de administrar el Área de Manejo Especial de La Macarena, el medioambiente y
los recursos naturales renovables; propender a su desarrollo sostenible,
promover la conservación y dirigir el proceso de planificación regional de uso
del suelo para mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada del
territorio, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó un informe sobre los
hechos relacionados con esta acción de tutela, y  asevera que en las muestras
de las aguas subterráneas de la vereda La Esmeralda no se evidenció
contaminación alguna por la actividad exploratoria adelantada por Ecopetrol S.
A., por el contrario, indica que las condiciones del agua obedecen a factores
naturales del suelo y que así, lo demuestran los análisis físico- químicos,
monitores y seguimientos realizados por Ecopetrol  en los años 2012 y 2013, los
cuales han sido presentados en el trámite que ha adelantado esta entidad. Por
lo que  sostienen que no hay pruebas de la vulneración alegada, sino más bien
un asunto de derecho colectivo que está a cargo de la administración municipal
y que, por lo tanto, esta no sería la vía idónea para su solicitud.
5.8.6. Lo expuesto por la autoridad ambiental Cormacarena, se
verifica igualmente en las comunicaciones realizadas en el mes de marzo de
2013, por el UP Coordinador de Vigilancia Calidad del Agua de la Secretaría de
Salud del Meta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Minero Energéticos
de la Gobernación del Meta, y de la Secretaría de Fomento y Desarrollo
Productivo a una de las actoras, en las que se le informa que en los resultados
de los análisis físico-químicos y bacteriológicos de agua para el consumo
humano de muestras de agua cruda tomadas de dos aljibes de las fincas El Clavel
y El Paraíso de la vereda La Esmeralda del municipio de Acacías, identificados
con los números 20130054 y 20130055 se reportó la presencia de cloro residual
libre, coliformes totales, coliformes fecales y bacterias mesófilas. El
concepto señala que el agua no es apta para el consumo humano, en un nivel
alto. De estos informes, ninguno indica presencia de hidrocarburos o derivados
del petróleo[77].
5.8.7. Ese mismo resultado, lo arrojaron los análisis realizados
en la vereda La Esmeralda por la Universidad de los Llanos el día 17 de enero
de 2012 y por el “Laboratorio de Salud Pública”, del 22 de febrero de 2013, los
cuales  concluyeron que el agua no cumple con los parámetros establecidos en la
Resolución 2115/2007, por presentar cloro residual libre, coliformes totales,
coliformes fecales y bacterias mesófilas, por lo que tiene un alto riesgo para
la salud de los 27 usuarios, animales y, especialmente, para la población
infantil. Sin embargo estos resultados, tampoco evidencian que exista algún
tipo de contaminación por hidrocarburos y/o derivados del petróleo[78].
5.8.8. Además, obra en el expediente de tutela, un concepto
proferido por un ingeniero particular quien lo presentó a la Sra. Gladys Miriam
Rey, propietaria del predio La Candelaria, ubicado en la vereda La Esmeralda,
el cual contradice los análisis atrás reseñados, en cuanto señala que los
estudios hechos por la Universidad de los Llanos arrojaron que el agua supera
el límite de turbidez para consumo humano, pero que esa institución no analizó
si hay presencia de metales pesados o hidrocarburos. Por lo que relaciona una
investigación de Chemical Laboratory en la que afirman que la muestra reporta presencia
de hidrocarburo, por lo que indica que “existe la posibilidad de filtraciones
de hidrocarburos al agua, generando un posible riesgo de toxicidad”.
5.8.9. Dentro de los medios probatorios aportados está el examen
de laboratorio más reciente, el cual fue el  análisis Nº 31482 de fecha 13 de
agosto de 2015, elaborado por Daphnia Ltda., que fue realizado a una muestra de
agua subterránea del pozo Nº 6 de Acacías (Meta), para el proyecto piloto de
potabilización del agua, cuyo resultado coincide con el arrojado por los
estudios referenciados con los números 20130054 y 20130055.
5.9. En cuanto al suministro de agua por parte de Ecopetrol,
corresponde en principio al acuerdo privado suscrito por la entidad en un acta
de reunión con los habitantes de la vereda La Esmeralda en la que se
comprometieron a proporcionar agua mediante carrotanques[79].
5.9.1. Al respecto, los actores en el libelo de las tutelas
acumuladas, afirman que desde el mes de noviembre de 2015, les fue suspendido
el mismo, sin embargo, de acuerdo con las declaraciones recepcionadas y la
inspección judicial a los aljibes ubicados en los diferentes predios
enlistados, practicada por el Juez de primera instancia, se informó que los
residentes de la vereda reciben aproximadamente 1000 litros de agua diarios e
inclusive algunos residentes mostraron los recibos como constancia de entrega;
lo cual desvirtúa la posible existencia de un daño o amenaza concreta de los
derechos fundamentales invocados, por el no suministro del líquido.
5.9.2. En la sentencia de tutela T-584 de 2012, en la que la Corte
Constitucional dirimió un asunto similar al que hoy se aborda, inclusive se
refirió a la misma zona de exploración y explotación de hidrocarburos, es
decir, a la vereda La Esmeralda del Municipio de Acacias, (Meta), se exhorto a
Ecopetrol a que continuara proporcionando mediante carrotanques el líquido
vital. La providencia resaltó la importancia de los resultados del proceso de
investigación que estaban llevando a cabo las Autoridades Ambientales en ese
momento.
5.9.3. Hoy como uno de los resultados de las investigaciones
realizadas se valora el contenido del Auto 511 de 12 de febrero de 2015
expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el cual
condensa todo el proceso de seguimiento y control ambiental que tiene por objeto
conocer la situación actual del proyecto Explotación Petrolera Campos Castilla
y Chichimene, priorizando quejas presentadas durante los últimos dos años, las
cuales se verificaron en campo en el periodo 2010-2014.
5.9.3.1. El auto muestra las conclusiones al seguimiento realizado
por la Autoridad, en el cual verifican que se cumplan las obligaciones asumidas
y ordenadas en los actos administrativos y concesiones de licencias. Durante el
proceso realizaron una “serie de requerimientos orientados a prevenir, mitigar,
corregir y compensar los impactos generados o que se podrían generar al
ambiente y a la comunidad como resultado de la ejecución del proyecto”.
5.10. De ese trámite administrativo ambiental se puede concluir:
(i) Que la Autoridades Ambientales ANLA y Cormacarena sí han
realizado procesos de investigación y seguimiento sobre las implicaciones
ambientales que puede tener el proceso de exploración y explotación de
hidrocarburos.
(ii) En el acto administrativo 511 de 2015, ordenan a Ecopetrol la
realización de varias medidas correctivas y preventivas para la protección del
medio ambiente.
(iii) Y por último, si bien se han realizado seguimientos y
control a los proyectos que desarrolla Ecopetrol, a la fecha, no existe un acto
administrativo que hubiese sancionado o en su defecto eximido de
responsabilidad de dicha entidad.
5.11. Luego, resulta necesario reiterar que un derecho fundamental
puede ser protegido por vía de tutela cuando se demuestre la afectación
subjetiva o individual del demandante y, será colectivo, protegido mediante la
acción popular, cuando afecte a una comunidad general que impida dividirlo o
materializarlo en una situación particular[80].
5.11.1. De conformidad con lo expuesto, la Sala no halla un grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que demuestren afectación a derechos fundamentales de forma
individual, o la configuración de un perjuicio irremediable, tomando en cuenta,
además, la causa del daño, puesto que de acuerdo con los informes,
investigaciones y seguimientos realizados por las Autoridades Ambientales
vinculadas al trámite de la acción de tutela, y a  los exámenes
físicos-químicos, practicados por las mismas, no se evidencia que la causa de
contaminación de los aljibes, manantiales, pozos y demás fuentes hídricas que
se localizan en el área del proyecto, sea responsabilidad de Ecopetrol S.A.
5.11.2. Sin embargo, los diversos hallazgos encontrados durante el
transcurso de los años de seguimiento, denotan que los riesgos de contaminación
son propios del desarrollo de este tipo de proyecto, de los que se derivan una
serie de obligaciones de adopción de medidas de corrección, mitigación,
prevención y compensación por daño ambiental, establecidas en la ley[81], y de su incumplimiento se genera la
responsabilidad ambiental de la empresa; lo cual está directamente relacionado,
entre otros, con las políticas de responsabilidad social que debe cumplir
Ecopetrol, a fin de evitar afectación al medio ambiente.
5.11.2. De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, para
el caso, no se encuentra configurado un perjuicio irremediable, puesto que
teniendo en cuenta que:
(i) El suministro de agua por carrotanques se ha venido cumpliendo
como parte de las políticas de responsabilidad social de Ecopetrol.
(ii) El Municipio de Acacías igualmente ha ejecutado los estudios
requeridos para la ampliación del acueducto a las zonas rurales; no se cierne
peligro real sobre los derechos fundamentales individuales.
5.11.3. Lo que se evidencia es que la protección de los derechos
que se debaten es común para toda la comunidad, de manera que al no demostrarse
la afectación individual o subjetiva del derecho, este se alcanza a reconocerse
como un derecho colectivo, que puede solicitarse por la vía del mecanismo de
control para la protección de los derechos e intereses colectivos[82].
5.11.4. Fuera de lo anterior, conforme a lo informado por la
Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible, algunos habitantes de la vereda
han hecho uso de otros medios judiciales de defensa[83] y las decisiones ya adoptadas o las que
lleguen a adoptarse en los respectivos procedimientos constituyen, para las
partes involucradas y para los terceros interesados, importantes referentes que
no pueden ser desconocidos, sin grave riesgo para la seguridad jurídica,
mediante órdenes impartidas a propósito de una acción de tutela concurrente.
5.11.5. Por consiguiente, la situación del caso concreto, implica
que los medios ordinarios y convencionales de defensa, son idóneos y eficaces
para salvaguardar de manera efectiva los derechos en
discusión.
5.12. Bajo las
consideraciones presentadas, la Sala concluye que la acción de tutela
interpuesta contra Ecopetrol S. A., Alcaldía Municipal de Acacías (Meta) y
otras entidades públicas es improcedente, porque:
(i) Los actores persigue
exclusivamente la protección de derechos colectivos, sin demostrar alguna
relación concreta con un derecho fundamental.
(ii) Para proteger
derechos colectivos puede acudir a otras acciones judiciales.
(iii) No buscan impedir un
perjuicio irremediable.
5.13. Por
otra parte, en el expediente no fue allegado acto administrativo que determine
de forma directa la responsabilidad de Ecopetrol por la situación de cambios
ambientales en las fuentes hídricas de la vereda La Esmeralda que ha
manifestado la comunidad y que también fue expuesta en el Auto 115 de 2015 de
la ANLA, pero tampoco ha sido proferido acto administrativo por parte de las
Autoridades Ambientales en el que se exima de responsabilidad a la misma. En
cambio, en los procesos de seguimiento ambiental sí han advertido una serie de
eventualidades que por la naturaleza misma de los proyectos de exploración y
explotación de hidrocarburos ponen en riesgo el medio ambiente, lo que requiere
de una vigilancia y control constante en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la normativa ambiental.
5.14. Por
consiguiente, es innegable que el otorgamiento por parte del Estado de
autorizaciones para que se ejecuten obras, proyectos y actividades que alteren,
afecten o menoscaben el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje,
genera para la entidad beneficiaria, responsabilidad ambiental y unos deberes de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección[84].
5.14.1. Así mismo, le
corresponde a la empresa beneficiaria asumir una responsabilidad
social, lo cual implica una serie de restricciones y responsabilidades
que contribuyen a que sea no solo deseable sino necesaria la adopción e
implementación de medidas de responsabilidad social empresarial, así como el
cumplimiento de los compromisos que voluntariamente se han adquirido en el
marco de tales iniciativas.
5.1.4.2. Por
consiguiente, empresas como Ecopetrol S.A., deben asumir prácticas relacionadas
con el ejercicio de la responsabilidad ambiental, social y ética que coadyuven
con el respeto de los derechos humanos, como una expresión de transparencia y
solidaridad en armonía, con los principios fundantes de nuestro Estado Social
de Derecho. Se concluye entonces que, por estar puesta en razón, se confirmará la sentencia de segunda
instancia.
IV DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de mayo de 2016 por, la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito de Villavicencio que a
su vez confirmó y adicionó la emitida el 28 de diciembre de 2015 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Acacías (Meta).
Segundo.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de
voto
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-061/17
MEDIO AMBIENTE SANO-Derecho deber (Aclaración de voto)
La
Constitución Política de 1991 reconoce que el ambiente sano tiene el carácter
de interés superior. Así, por medio de múltiples disposiciones, el
constituyente primario incluyó un bloque de normas que configuran lo que se ha
denominado “Constitución ecológica” o “Constitución verde”, en las que se
consagran una serie de principios, derechos y deberes enfocados a la protección
del ambiente y dirigidos a garantizar un modelo de desarrollo sostenible. En
esa medida, por una parte, el ambiente sano se erige como un derecho de todo
ciudadano y, por otra, se impone como un deber del Estado.
DAÑO AMBIENTAL-Diferencia entre la
responsabilidad ambiental y la noción de responsabilidad social de la empresa
(Aclaración de voto)
La
sentencia incurre en un yerro al confundir la responsabilidad ambiental con la
social-empresarial, pues el incumplimiento de las normas ambientales genera
consecuencias sancionatorias e incluso penales, lo cual difiere completamente
de la noción de responsabilidad social de la empresa, pues esta es una
herramienta de gestión que se adopta motu proprio con el fin de
generar un impacto en la sociedad, distinto al beneficio o utilidad económica
que pueda representar para la empresa
Referencia: Expediente T-5.815.463
Acción de tutela presentada por Cristóbal Guiza Vargas y otros contra Ecopetrol S.A. y
otros.
Asunto: Improcedencia de la acción de tutela para
proteger derechos colectivos.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, a continuación presento las razones por las que aclaro
el voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Cuarta de
Decisión de Tutelas, en sesión del 3 de febrero de 2017.
En esta ocasión, la Sala se pronunció sobre una acción
de tutela dirigida a obtener la protección de los derechos fundamentales de
acceso al agua, a la salud y a la vida digna presuntamente vulnerados por las
entidades accionadas por no garantizar el suministro de agua potable a los
accionantes. Se interpuso el amparo porque la población de la zona sufre de
escasez en el suministro de agua por tres motivos: (i) la falta de un acueducto
en la vereda; (ii) la contaminación en acuíferos, arroyos y jagüeyes causada
presuntamente por las actividades petroleras que desarrolla Ecopetrol en la
zona, y (iii) la suspensión en el suministro de agua potable que se hacía por
medio de carrotanques.
Al analizar el caso concreto, la Corte confirmó la
sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio,
que a su vez confirmó el fallo proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, en virtud de la cual se declaró
improcedente la acción de tutela, debido a que el ordenamiento jurídico prevé
otro tipo de medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para la protección
de derechos colectivos, que no habían sido ejercidos por los demandantes.
Estoy de acuerdo con la decisión de la Sala en la
medida en que no se evidenció la existencia de suficientes elementos fácticos
que demostraran la afectación de los derechos fundamentales de manera
individual. En este orden de ideas, la acción de tutela resultaba improcedente
en razón a que los derechos que se debatían en este caso eran de carácter
colectivo.
Sin embargo, en la sentencia se indica que el
desarrollo de obras, proyectos y actividades que alteren, afecten o menoscaben
el ambiente generan una responsabilidad social y de ética empresarial para
Ecopetrol, afirmación que requiere mayor precisión.
La Constitución Política de 1991 reconoce
que el ambiente sano tiene el carácter de interés superior. Así, por medio de
múltiples disposiciones, el constituyente primario incluyó un bloque de normas
que configuran lo que se ha denominado “Constitución ecológica” o “Constitución
verde”, en las que se consagran una serie de principios, derechos y deberes
enfocados a la protección del ambiente y dirigidos a garantizar un modelo de
desarrollo sostenible[85]. En esa medida, por una
parte el ambiente sano se erige como un derecho de todo ciudadano y, por otra,
se impone como un deber del Estado.
Para garantizar la protección de este
interés superior se han desarrollado distintos dispositivos normativos, entre ellos las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009, y el
Decreto 1076 de 2015. Estas normas establecen que la responsabilidad derivada
de los actos administrativos por medio de los cuales el Estado concede
licencias, permisos y autorizaciones ambientales para el uso y explotación de los
recursos naturales genera obligaciones en cabeza del solicitante, cuyo
cumplimiento es mandatorio. Ello encuentra su fundamento en que cualquier
actividad que implique el uso de los recursos naturales causa un deterioro al
ambiente, y mediante estos instrumentos del control, el Estado busca que se
prevengan, o al menos, mitiguen los daños que se causen sobre dichos recursos.
Así, las medidas de corrección, mitigación, prevención
y compensación por daño al ambiente no se derivan de la adopción de políticas
voluntarias de responsabilidad social, sino de obligaciones establecidas en la
ley y en los actos administrativos que expiden las autoridades ambientales para
el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
En este orden de ideas, si bien estoy de acuerdo con
la decisión de declarar improcedente la acción de tutela, considero que la
sentencia incurre en un yerro al confundir la responsabilidad ambiental con la
social-empresarial, pues el incumplimiento de las normas ambientales genera
consecuencias sancionatorias e incluso penales, lo cual difiere completamente
de la noción de responsabilidad social de la empresa, pues esta es una
herramienta de gestión que se adopta motu proprio con el fin de generar
un impacto en la sociedad, distinto al beneficio o utilidad económica que pueda
representar para la empresa.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Este
expediente está compuesto por 37 cuadernos de 13, 312, 301, 310, 300, 88, 63,
32, 35, 36, 37, 20, 21, 22, 23, 26, 23, 22, 21, 59, 21, 20, 23, 20, 32, 37, 34,
42, 21, 19, 21, 32, 23, 21, 20, 32 y 37 folios, correspondientes a las acciones
de tutelas acumuladas entre sí por el Juez de Primera instancia para ser
falladas conjuntamente.
[2] Folio 31 del cuaderno 1 de tutela. Hoja de
reparto del Centro de Servicios Judiciales para Juzgados Municipales de Acacías
(Meta).
[3] Folio 33 del cuaderno 1 de tutela.
[4] Folio 43 del cuaderno principal de tutela. Auto
admisorio de la tutela de primera instancia.
[5] Folios 43-44 del cuaderno 1 de tutela.
[6] Folios 63-74 del cuaderno 2 de tutela.
[7] Folios 118-119 del cuaderno 1 de tutela.
[8] Folio 177 del cuaderno 1 de tutela.
[9]
Folios 150-156 del cuaderno 1 de tutela. Declaraciones.
[10] Folio 177 del cuaderno 1 de tutela.
[11] Folios 91-93 del cuaderno 2 de tutela.
[12] Folios 94-95 del cuaderno 2 de tutela.
[13] Folios 153-174 del cuaderno 3 de tutela y 1-300
del cuaderno 4 de tutela.
[14] Folios 63-68 del cuaderno 5 de tutela.
[15] Folios 178-310
del cuaderno 3 de tutela; 1-300 del cuaderno 4 de tutela.
[16] Folios 40-60 del cuaderno 5 de tutela.
[17] Folios 61-62 del cuaderno 5 de tutela.
[18] Folio 70 del cuaderno 5 de tutela.
[19] Folio 71 del cuaderno 5 de tutela.
[20] Folios 14-26 del cuaderno de segunda instancia.
[21] Folios 179-312 del cuaderno 1 de tutela y 99-134
del cuaderno 3 de tutela.
[22] De los términos citados se transcriben los más relevantes.
Acuífero: Rocas que almacenan agua y que a su vez
permiten su movimiento, bajo la acción de las fuerzas de gravedad, de tal
manera que puede explotarse en cantidades apreciables. Agua subterránea:
Es agua que se filtra a través de grietas y poros de las rocas y sedimentos que
yacen debajo de la superficie de la tierra, acumulándose en las capas arenosas
o rocas porosas del subsuelo. El agua se almacena y mueve en las formaciones
geológicas que tienen poros o vacíos. Aljibes: Son la principal forma de
captación de agua subterránea presente en el área, con profundidades entre 2 y
15 metros y emplean como principal método de extracción electrobombas y
motobombas por un tiempo aproximado de 1 a 4 horas diarias. Clúster:
Agrupación de varios pozos petroleros en una misma localización, estos pueden
ser ya en etapa de operación. Extracción de agua subterránea: Se da por
condiciones dadas por la naturaleza como manantiales o descargas subterráneas a
un río o al mar. Captación: Es la instalación artificial para poner a
disposición del usuario el agua, pueden ser, pozos hechos por perforación
mecánica revestidos de tuberías. Jagüey: Pozo o zanja superficial
que retiene agua lluvia y sirve para abrevar el ganado o el riego.
[23] Folios 66-90 del cuaderno 3 de tutela. Folios
101-103 del cuaderno 2 de tutela.
[24] Folio 22 del cuaderno 2 de tutela.
[25] Folios 24-25 del cuaderno 2 de tutela y 95-96
del cuaderno 3 de tutela.
[26] Folios 78-79 y 85-86 del cuaderno 2 de tutela.
[27] Folios 126-134 del cuaderno 2 de tutela y
134-142 del cuaderno 3 de tutela.
[28] Folios 135-182 y 250-263 del cuaderno 2 de
tutela.
[29] Se constató igualmente el contenido del auto 511
de 12 de febrero de 2015. Folios 154 y 160 del cuaderno 2 de tutela.
[30] Folios 185-197 del cuaderno 2 de tutela y
143-151 del cuaderno 3 de tutela.
[31] Folios 201-206 del cuaderno 2 de tutela.
[32] Folios 270-287 del cuaderno 2 de tutela y 47-57
del cuaderno 3 de tutela.
[33] Folios 288-290 del cuaderno 2 de tutela y 92-94
del cuaderno 3 de tutela.
[34] Folios 34-37 del cuaderno 3 de tutela.
[35] Folio 92 del cuaderno 3 de tutela.
[36] Folios 95-96 del cuaderno 3 de tutela.
[37] Folios 58-59 del cuaderno 3 de tutela.
[38] Folios 61-63 del cuaderno 3 de tutela.
[39] Folios 249-250 del cuaderno 1 de tutela.
[40] Folios 54-62 del cuaderno 2 de tutela.
[41] Folios 251-256 del cuaderno 1 de tutela.
[42] Folios 13, 15-18 del cuaderno 1 de tutela.
[43] Folio 14 del cuaderno 1 de tutela.
[44] Folios 258-260 del cuaderno 1 de tutela.
[45] Folio 257 del cuaderno 1 de tutela.
[46] Folios 228-248
y 265-312 del cuaderno 1 de tutela.
[47] Folios 2-21 del cuaderno 2 de tutela.
[48] Folio 146 del cuaderno 2 de tutela.
[49] Folios 143-182 y 208-248 del cuaderno 2 de
tutela.
[50] Folios 45-48 de cuaderno 2 de tutela.
[51] Folios 19-20 del cuaderno 1 de tutela.
[52] Folios 49-50 del cuaderno 2 de tutela.
[53] Folio 53 del cuaderno 2 de tutela.
[54] Folios 154-156 del cuaderno 1 de tutela.
[55] Folio 154-156 del cuaderno 1 de tutela.
[56] Folio 134 del cuaderno 2 de tutela.
[57] Folio 93 del cuaderno 2 de tutela.
[58] Folios 96-99 del cuaderno 2 de tutela.
[59] Folios 222-225 del cuaderno 1 de tutela.
[60] Folio 153-174 del cuaderno 3 de tutela.
[61] Folios 178-310
del cuaderno 3 de tutela; 1-300 del cuaderno 4 de tutela; 1-38 del cuaderno de
tutela.
[62] Folios 14-26
del cuaderno de segunda instancia del trámite de la acción de tutela.
[63] T-451 de 2010.
[64] T-608 de 2008.
[65] T-494 de 2010.
[66] T-451 de 2010.
[67] T-590 de 2013.
[68] T-003 de 1992.
[69] C-215 de 1999.
[70] C-377 de 2002.
[71] T-659 de 2007.
[72] Ibídem.
[73] T-517 de 2011.
[74] Ibídem.
[75] T-661 de 2012.
[76] Fiscalía Especializada 76 –Protección a los Recursos
Naturales y al Medio Ambiente y la Fiscalía 77 Especializada –Eje de Protección
de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente– Satélite Villavicencio.
[77] Folios 13, 15-18 del cuaderno 1 de tutela.
[78] Folio 257 del cuaderno 1 de tutela.
[79] Folios 54-62 del cuaderno 2 de tutela.
[80] Ibídem.
[81]
Ver Ley 99/93; Ley 1333/2009 y Decreto 2041 de 2014, entre
otras.
[82] Anteriormente denominado acción popular.
[83] Pedro Pablo Ruíz y Jesús María Quevedo Díaz interpusieron
una acción popular contra el municipio de Acacías, Ecopetrol S. A. y la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, la cual se encuentra en curso en el Tribunal
Administrativo del Meta, con el número de radicación
50-001-23-33-000-2013-00348-00. Así mismo una de las actoras en la presente
acción de tutela aportó la constancia de la solicitud y trámite para la
realización de una audiencia de conciliación, la cual finalmente se declaró
fallida el 9 de junio de 2014 y que registra como convocante a Gladys Miriam
Rey con la pretensión de obtener reparación directa y, como convocado, a
Ecopetrol S. A
[84]
Sobre responsabilidad ambiental, véase la sentencia C-632 de
2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En la cual esta Corporación,
declaró la exequibilidad de los artículos 31 y 40 (parcial) de la Ley
1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones”.
[85]
En la sentencia T-411 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la Corte
realizó una exposición en la que se sintetizaron las principales normas
constitucionales sobre la materia, así: “Preámbulo (vida), 2º (fines
esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a
la vida), 44 (derechos fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y
del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66
(créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la educación para la
protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de
bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las
decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales), 81 (prohibición de armas químicas, biológicas y
nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del
país), 215 (emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226
(internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los
recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente como función
del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares como
mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de cooperación e
integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2
(Asambleas Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión administrativa y
fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias
ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de
preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y
patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización para
conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los
territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331
(Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332
(dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables),
333 (limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334
(intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de un
ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340
(representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de
Planeación), 366 (solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua
potable como finalidad del Estado)”.