C-076-06
Referencia: expediente D-5897
Sentencia C-076/06
MINORIAS DISCRETAS U OCULTAS-Concepto
Uno de estos
colectivos desaventajados que conforman lo que la doctrina y la jurisprudencia
nacional y comparada ha denominado “minorías discretas u ocultas” está
integrado por las personas que tienen una discapacidad o desventaja grave o
profunda en el habla, el oído o la visión. En efecto, como lo ha señalado la
Corte, pese a que las personas que sufren discapacidad física o sensorial grave
constituyen un porcentaje significativo de la población, lo cierto sin embargo,
es que han sido histórica y silenciosamente marginadas. Hasta hace muy poco
estos colectivos eran invisibilizados, sus preocupaciones no ocupaban lugar
alguno en la agenda pública o en las reivindicaciones de las organizaciones
sociales, las autoridades públicas los trataban con desprecio o paternalismo y
el propio derecho los asimilaba a incapaces y les imponía, de manera
arbitraria, múltiples inhabilidades.
DISCAPACITADO EN ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Deberes de las autoridades
DISCRIMINACION POR OMISION DE TRATO ESPECIAL-Alcance
DERECHO A LA NO DISCRIMINACION DE PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DERECHO
COMPARADO
MEDIDAS DE PROTECCION DE PERSONA CON DISCAPACIDAD-Estados Unidos de América
MEDIDAS DE PROTECCION DE PERSONA CON DISCAPACIDAD-Constitución española
MEDIDAS DE PROTECCION DE PERSONA CON DISCAPACIDAD-Constitución portuguesa
MEDIDAS DE PROTECCION DE PERSONA CON DISCAPACIDAD-Alemania
DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LOS IMPEDIDOS DE LAS NACIONES UNIDAS-Objetivo
CONVENIO 159 SOBRE READAPTACION PROFESIONAL Y EL EMPLEO DE PERSONAS
INVALIDAS-Objetivo
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR-Derechos de
las personas con discapacidad
CONVENCION INTERAMERICANA PARA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACION CONTRA PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Acceso
al trabajo
PERSONA CON DISCAPACIDAD-Vinculación
laboral
En ningún
caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable respecto de las funciones esenciales del cargo
que se va a desempeñar. A las personas con discapacidad no se les puede negar,
condicionar o restringir el acceso a un puesto trabajo - público o privado - o
la obtención de una licencia para ejercer cualquier cargo, con fundamento en la
discapacidad respectiva, a menos que se demuestre que la función que se
encuentra afectada o disminuida resulta imprescindible para las labores
esenciales del cargo o empleo respectivo.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN RESTRICCIONES A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD-Imposibilidad de restringir
derechos por el solo hecho de la discapacidad/PERSONA CON DISCAPACIDAD EN EL
AMBITO LABORAL-Presupuestos para desvirtuar la presunción de
inconstitucionalidad de norma que impide el acceso a un puesto de trabajo
De
conformidad con las normas constitucionales vigentes, debe afirmarse que no
entra dentro del ámbito de libertad de configuración del legislador la decisión
de excluir o restringir el goce o el ejercicio de un derecho a una persona, con
base en una discapacidad física, mental o sensorial. Cuando el legislador
expida una ley que limite el ejercicio de un derecho con fundamento en una discapacidad
o desventaja sensorial, física o mental, debe demostrar que con ello persigue
el cumplimiento de una finalidad imperiosa – como la satisfacción de un
servicio o una función pública – y que dicha restricción es idónea y necesaria
para el logro de tal finalidad. Para desvirtuar la presunción de
inconstitucionalidad de una norma que  impida el ingreso a un puesto de trabajo
de las personas con discapacidades, es necesario que quede plenamente
demostrado que la respectiva discapacidad es absolutamente incompatible con las
funciones esenciales – y no accesorias, delegables o accidentales – del cargo o
empleo respectivo. Adicionalmente, es necesario que la incompatibilidad sea
insuperable, esto es que no existan adecuaciones razonables que puedan ser implementadas
y que permitan superarla.
FUNCION NOTARIAL-Concepto
NOTARIO-Funciones
PERSONA SORDA-Definición técnica de la
Organización Mundial de la Salud
PRINCIPIO DE INTERPRETACION CONFORME A LA CONSTITUCION-Aplicación
PERSONA SORDA-Definición
La expresión
“los sordos” de la norma parcialmente demandada será entendida en el sentido
restrictivo que le confiere su significado técnico internacionalmente aceptado.
En efecto, la norma legal que amplia la definición técnica internacional, lo
hace en el contexto de una ley especial que persigue implementar medidas
concretas de protección para la población con discapacidades auditivas severas,
como, por ejemplo, la provisión de intérprete en lengua de señas. No puede en
consecuencia la Corte Constitucional extender su eficacia jurídica para
interpretar una ley preconstitucional que al regular otra materia – el estatuto
notarial - inhabilita a este colectivo para el ejercicio de cargos o funciones
públicas. En consecuencia, por la expresión “los sordos” contenida en la norma
parcialmente demandada, debe entenderse las personas que se encuentran
absolutamente inhabilitadas para percibir y procesar información auditiva por
ser incapaces de percibir sonidos inferiores a 81 decibeles. Lo anterior
significa que quienes no pueden ser calificados como sordos según la definición
técnica mencionada, -incluso si para efectos de la ley 982 de 2005 son personas
sordas -, tienen derecho a que en el concurso de acceso al cargo de notario se
realicen las adecuaciones razonables necesarias para que puedan competir en
igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes.
SORDOSEÑANTES-Concepto
SORDOHABLANTES-Concepto
INHABILIDADES PARA ACCEDER A CARGO DE NOTARIO-Personas sordas/DERECHO A LA IGUALDAD DE PERSONA CON LIMITACION
AUDITIVA-Violación al establecer inhabilidad para acceder al cargo de
notario/DERECHO A ESCOGER PROFESION U OFICIO DE PERSONA CON LIMITACION
AUDITIVA-Violación al establecer inhabilidad para acceder a cargo de
notario/DERECHO DE ACCESO A CARGOS PUBLICOS DE PERSONA CON LIMITACION
AUDITIVA-Violación al establecer inhabilidad para acceder a cargo de
notario
Resulta claro
que la inhabilidad estudiada incluye a personas que no podrían ejercer las
funciones esenciales del cargo de notario. Se trata por ejemplo de personas con
sordera profunda que no pueden comunicarse oralmente, que no saben leer los
labios o que no saben leer ni escribir en castellano. Sin embargo, como quedo
visto, la inhabilidad legal estudiada incluye también a personas que están
plenamente capacitadas para ejercer las funciones esenciales del cargo de
notario. En efecto, gracias a su habilidad para comprender directamente a las
demás personas y para comunicarse directamente, la función auditiva no resulta
imprescindible para las actividades que como notarios están llamados a
desempeñar. En estos casos, a falta de una prueba técnica distinta, la
desconfianza estaría generada en simples prejuicios sociales y en el
desconocimiento de las capacidades reales de las personas con discapacidades
auditivas severas o profundas, argumentos estos que la Corte Constitucional no
puede avalar. En consecuencia, no puede menos que afirmarse que la expresión
“los sordos” demandada, viola el derecho de esas personas a la igualdad y a la
no discriminación a elegir profesión u oficio y a competir en igualdad de
oportunidades para el acceso a un cargo público.
PERSONA SORDA EN CONCURSO DE NOTARIOS-Garantías
Las personas
sordas que directamente o gracias a la implementación de adecuaciones
razonables especiales puedan comunicarse sin intermediarios con los oyentes,
tienen derecho fundamental a competir, en igualdad de oportunidades con el
resto de la población, para acceder al cargo de notario público. En esta
medida, las autoridades, al diseñar el respectivo concurso, en aplicación del
artículo V-1 de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad deben promover la
participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad,
organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o ­si no
existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración,
ejecución y evaluación de medidas y políticas para que en el proceso de diseño
e implementación del concurso de méritos que el Estado debe adelantar, se
adopten adecuaciones razonables que se requieran para permitir la libre e igual
competencia y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad.
NOTARIO CON LIMITACIONES DEL HABLA-Lectura
de documento que debe firmar persona invidente o ciega/NOTARIO CON
LIMITACIONES DEL HABLA-Lectura de testamento cerrado /INHABILIDADES PARA
ACCEDER A CARGO DE NOTARIO-Inconstitucionalidad de la expresión “los mudos”
Resulta claro
que  el notario debe leer de viva voz los respectivos documentos en dos
circunstancias distintas: cuando se trate de la firma de personas con ceguera o
cuando se trate de la apertura de testamentos cerrados. Para mantener las
garantías especiales destinadas a proteger a las personas con ceguera no es
necesario impedir que las personas que no pueden hablar ejerzan el cargo de
notario. En efecto, existen múltiples medidas alternativas que permitirían,
simultáneamente, la protección de los derechos de las personas invidentes y la
defensa del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con
afectaciones del habla. La segunda función que supone la lectura de viva voz de
un documento es aquella que se relaciona con la lectura de testamentos
cerrados. En el caso que se estudia se exige que el notario esté presente
durante la apertura y lectura del documento. De esta manera podrá dar fe sobre
su estado y contenido. Dado que se trata de un documento cerrado, parece
razonable que quien lo abra y lea, para dar más confianza a todos los
interesados, sea el notario. Sin embargo nada obsta para que ante la
imposibilidad de la lectura de viva voz y en presencia del notario, un
funcionario distinto pueda cumplir esa función mecánica. En este sentido existen
múltiples medidas alternativas que pueden ser incorporadas para facilitar lo
esencial: que el notario esté presente y pueda dar fe del estado del documento
y del contenido de lo que se lee. En consecuencia, no existe una justificación
objetiva y razonable para impedir que las personas con limitaciones del habla
puedan ejercer la función notarial.  Por esta razón, la expresión  “los mudos”
demandada será declarada inexequible.
PERSONA CON LIMITACIONES DEL HABLA EN CONCURSO DE NOTARIOS-Garantías
Al momento de
realizar el concurso respectivo se deben implementar las adecuaciones
razonables del caso para permitir que la persona con discapacidad pueda
competir en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes. Por ello la
prueba no podrá exigir la lectura de viva voz de documentos, pues ello violaría
el derecho a la igualdad.
NOTARIO CON LIMITACIONES DEL HABLA-Ejercicio
no puede comprometer la protección especial de personas con limitaciones
visuales
Para
garantizar que las personas invidentes puedan ejercer plenamente sus derechos,
el Estado tiene la obligación de adoptar medidas alternativas que aseguren que
el acceso a una determinada notaría de una persona con limitaciones del habla
no comprometa la protección especial que ha sido conferida a las personas con
limitaciones visuales. Todo esto, naturalmente, apelando a la participación de
los representantes de organizaciones de personas con discapacidad,
organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no
existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, tal y como lo
establecen las normas internas antes citadas, así como la Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad.
CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL-Diferencias
CEGUERA-Definición de la Organización
Mundial de la Salud
INHABILIDADES PARA ACCEDER A CARGO DE NOTARIO-Persona  invidente o ciega/PERSONA INVIDENTE O CIEGA-Inhabilidad
cargo notario
Existen
algunas funciones esenciales, no delegables, del cargo de Notario que no parece
posible que sean adecuadamente ejercidas por las personas con ceguera. Se trata
de funciones que sólo el notario puede ejercer, ya que es en esta persona en
quien se ha depositado la confianza pública de dar fe sobre la existencia de
ciertos hechos o declaraciones. Estas funciones son, especialmente, aquellas
que exigen la confrontación de imágenes, rúbricas, signos, personas o
documentos. Si estas funciones no fueran ejercidas directamente por el  notario
y su cumplimiento fuera delegado a otras personas o, incluso, a procesos
técnicos cuyo resultado fuera imposible de verificar directamente por el
depositario de la confianza pública, su ejercicio no tendría el grado de confiabilidad
que se exige de las funciones notariales. En suma, la persona con ceguera no
puede acceder directamente a cierta información relevante en los documentos
objeto de su conocimiento – como las firmas, rúbricas, fotografías, o el estado
de los documentos, entre otros -. Por ello no puede dar fe de la
correspondencia entre dos firmas, entre dos planos, entre dos imágenes. En
consecuencia, dado que, al menos en las circunstancias actuales, no existen
adecuaciones razonables que permitan que las personas con ceguera puedan
cumplir directamente y con entera confianza, las funciones notariales
mencionadas, la expresión “los ciegos” demandada será declarada exequible.
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL POR NO CONVOCATORIA A CARRERA
NOTARIAL/CONCURSO DE NOTARIOS-Necesidad de la
implementación para garantizar derechos de  personas con afectación del habla y
personas sordas
Lamentablemente,
la Corte constata que continúa el estado de cosas inconstitucional declarado
por la sentencia SU-250 de 1998 en materia notarial, en la medida en que no se
ha llevado a cabo el concurso público para elegir notarios en propiedad. A este
respecto, no sobra recordar que la única manera de garantizar el derecho
fundamental a la no discriminación de las personas con afectación del habla y
sordas que a partir de esta decisión tienen la posibilidad de ejercer la
función fedante, es mediante la convocatoria a un concurso público en los
términos de la ley 982 de 2005.
Referencia: expediente D-5897
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 (parcial) del
artículo 133 del Decreto 960 de 1970.
Demandante:
Nelson Tadeo Cifuentes Casas
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C.,
ocho (8) de febrero de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
S
E N T E N C I A
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Nelson Tadeo Cifuentes
Casas demandó parcialmente el numeral 2 del artículo 133 del decreto 960 de
1970, “por el cual se expide el Estatuto del Notariado”.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda de la referencia.
II. NORMAS
DEMANDADAS
A continuación
se transcribe el texto conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 33118
del 5 de agosto de 1970, subrayando la parte demandada.
“Decreto 960
de 1970
(junio 20)
Por el cual se expide el Estatuto del Notariado
El Presidente de la República, en
ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la ley 8 de 1969, y
atendido el concepto de la Comisión Asesora en ella prevenida,
DECRETA:
Artículo 133. No podrán ser designados como notarios a
cualquier título:
(...)
2. Los sordos, los
mudos, los ciegos y
quienes padezcan cualquier afección física o mental que comprometa la capacidad
necesaria para el debido desempeño del cargo.”
III. LA
DEMANDA
El demandante
considera que la expresión “Los sordos, los mudos, los ciegos” del
numeral 2 del artículo 133 del decreto 960 de 1970 vulnera los artículos 2, 5,
13, 16, 25, 47 y 54 de la Constitución Política.
En su criterio,
la parte acusada vulnera el artículo 2 de la Constitución, en cuanto que
desconoce uno de los deberes primordiales de las autoridades, cual es el de
garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos que consagra la
Carta Política. A su juicio, dichos principios y derechos en cabeza de personas
con discapacidad no resultan protegidos, pues en lugar de promoverse la
integración de personas con limitación sensorial, la disposición demandada
promueve el aislamiento de la mencionada población.
En concepto del
demandante, la circunstancia de que una persona tenga unas ciertas
limitaciones, no la inhabilita para desempeñar el cargo de notario, pues con la
utilización de otros sentidos y de la tecnología existente, puede desarrollar a
cabalidad las correspondientes funciones.
En cuanto al
artículo 5 de la Carta, considera el demandante que éste se ve vulnerado por la
parte acusada del numeral 2 del artículo 133, pues con su consagración
desaparece el deber del Estado de garantizar, sin discriminación alguna, los
derechos inalienables de la persona.
Afirma que al
señalar que los sordos, ciegos y mudos no pueden ocupar el cargo de notario, la
norma censurada vulnera la dignidad, capacidad y oportunidades de las personas
con discapacidad, las que con ayuda de los adelantos tecnológicos pueden
desempeñar sin problema alguno, no sólo el cargo de notario, sino también otros
cargos públicos como en la actualidad lo hacen muchas personas con limitaciones
sensoriales. Para ilustrar su afirmación menciona el hecho de que personas con
las desventajas sensoriales de que trata la norma parcialmente demandada han
dirigido u ocupado importantes cargos en entidades publicas como las alcaldías,
personerías municipales, gobernaciones, departamentos administrativos y
superintendencias.
Alega el
demandante que la norma acusada vulnera el artículo 13 de la Carta, pues al
consagrar que los sordos, mudos y ciegos no pueden ser notarios, está
propugnando un trato desigual y discriminatorio que desconoce el principio
fundamental de la igualdad de oportunidades, en lugar de proporcionar espacios
de competitividad para las personas con discapacidad. Al respecto recuerda que
a través de la sentencia C-401 de 1999, la Corte Constitucional declaró
inexequible la prohibición legal de que las personas sordas, ciegas o  mudas
fueran testigos válidos de un matrimonio civil, por considerar que tal
prohibición daba lugar a una discriminación que violaba el artículo 13 de la
Carta.
Así mismo,
considera que se infringe el artículo 16 de la Constitución, que consagra el
derecho al libre desarrollo de la personalidad. A su juicio el aparte demandado
restringe las posibilidades de las personas ciegas, sordas y mudas sin atender
al hecho de que puede tratarse de personas que se han rehabilitado y capacitado
y que tienen plena capacidad para integrarse al entorno social y ocupar cargos
como aquel de que trata la disposición cuestionada. En consecuencia, al no
permitir que dicha población acceda al cargo de notario, se está coartando su
desarrollo y su realización personal.
De otra parte,
sostiene que la disposición objeto de su demanda vulnera el artículo 25 de la Constitución.
Considera que dicha norma desconoce el derecho de las personas con discapacidad
a acceder a un trabajo digno y justo, por el solo hecho de tener una limitación
sensorial, situación que en su concepto, no incide de manera directa ni
indirecta en el desarrollo de las actividades propias del cargo de notario,
gracias a los adelantos tecnológicos y científicos que existen en la
actualidad.
Según el
demandante, la imposibilidad de que las personas ciegas, sordas y mudas puedan
ser designadas como notarias, contradice el deber del Estado de brindar y
adelantar políticas de rehabilitación, capacitación, integración social y
reinserción laboral de la población con discapacidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 47 de la Carta.
Finalmente,
señala que la disposición demandada viola el artículo 54 superior, pues
mientras esta norma establece que el Estado propiciará la debida ubicación
laboral de las personas con discapacidad, en la norma acusada se restringe la
posibilidad de que una persona con limitación visual, sensorial o auditiva
ocupe el cargo de notario. En su criterio, el legislador no puede disminuir las
ya de por si escasas oportunidades de trabajo de dicha población, ni desconocer
el deber del Estado de garantizar “a los mal llamados por el artículo 54
minusválidos” un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Por todo lo
anterior, solicita sea declarada inconstitucional la primera parte del numeral
2 del artículo 133 del decreto 960 de 1970 que dispone: “Los sordos, los
mudos, los ciegos…”.
IV.
INTERVENCIONES
1. Intervención de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma
El ciudadano
Oscar José Dueñas Ruiz, actuando en su calidad de decano de la facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma, intervino en este proceso con el fin de
sustentar la petición de inconstitucionalidad realizada por el demandante.
En su concepto,
de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia del
derecho a la igualdad, debe determinarse si la disposición acusada establece
una diferenciación razonable y proporcionada, ajustada a derecho o una
discriminación inconstitucional.
En ese sentido,
luego de una exposición de la jurisprudencia de la Corte sobre los alcances del
principio de igualdad, concluye que la prohibición para que los ciegos, los
sordos y los mudos sean notarios, constituye un tratamiento discriminatorio.
Para sustentar su posición cita, entre otras razones, lo dispuesto por la Corte
en la sentencia SU-250 de 1998, mediante la cual la Corporación consideró que
no había explicación razonable para que no se hubiera convocado a concurso con
el objeto de designar notarios en propiedad. Según su argumentación, si una
persona sorda, muda o ciega se presenta al mencionado concurso y lo aprueba,
sería discriminatorio que no pudiere ingresar al cargo.
Termina
afirmando que mientras se lleva a cabo el mencionado concurso para escoger
notarios en propiedad, el Estado no puede restringir el ingreso de personas con
discapacidades a dicho cargo. A su juicio, es el proceso de concurso el llamado
a calificar los méritos para deducir si se cumple o no con las calidades para
el adecuado desempeño de las funciones de notariado y no la ley la que
determine “ab initio” quien no puede acceder al cargo.
2. Intervención de la Superintendencia
de Notariado y Registro
La ciudadana
Gladys Eugenia Vargas Bermúdez, actuando como apoderada de la Superintendencia
de Notariado y Registro, intervino en este proceso en defensa de las
disposiciones acusadas, con base en los siguientes argumentos:
A su juicio, el
aparte demandado no viola ninguna norma constitucional pues uno de los
requisitos para ser notario es que la persona designada tenga las capacidades
físicas y mentales para llevar a cabo las diferentes tareas que exige la
función notarial que además no es delegable.
Según ella, es
constitucional que se exija que un notario no sea sordo, ciego o mudo, pues
dada la función especializada y el servicio público que éste ha de prestar,
quien lo desempeñe debe ser una persona lo suficientemente idónea y físicamente
apta para ello.
En este sentido
cita las funciones contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 13 del
artículo 3º del decreto 960 de 1970, para argumentar que la diferenciación
realizada por la norma acusada tiene por objeto garantizar el cumplimiento
adecuado de dichas funciones y, en consecuencia, no establece discriminación
alguna.
A manera de
ejemplo, evoca la función notarial de recepción de documentos, tales como
testamentos a personas con discapacidades y afirma que “no resultaría lógico
que una persona con las mismas discapacidades pudiera atender a otra en
igualdad de condiciones”.
Alega que lo
mismo ocurriría con la función de apertura de un testamento cerrado, en el cual
el Notario está llamado a dejar constancia del estado físico del mismo, con
expresión de las marcas, sellos y demás circunstancias distintivas como el
abono de firmas de los testigos.
Un ejemplo que
en su concepto demuestra que la ley parcialmente demandada tiene en cuenta los
derechos especiales de las personas con discapacidad, es el de las funciones
consagradas en el artículo 70 del decreto 960 de 1970, que dispone lo
siguiente:
“Si se tratare de personas ciegas, el Notario leerá
de viva voz el documento y si fuere consentido por el declarante, anotará esta
circunstancia. Si entre los comparecientes hubiere sordos, ellos mismos leerán
el documento y expresarán su conformidad, y si no supieren leer manifestarán al
Notario su intención para que se establezca su concordancia con lo escrito y se
cerciore del asentimiento de ellos tanto para obligarse en los términos del
documento como para reconocer su contenido y rogar su firma…”
En relación con
el derecho a la igualdad, afirma que el decreto 960 de 1970 tiene como
finalidad garantizar la igualdad efectiva de las personas discapacitadas en
relación con el acceso al servicio público de notariado, así como asegurar la
efectiva prestación de la función “fedante” delegada por el Estado en
cabeza de estos particulares, razón por la cual no pueden ser personas ciegas,
sordas, ni mudas.
Concluye la
interviniente, que por las razones esbozadas, la disposición acusada no lesiona
el derecho al libre desarrollo de la personalidad ni el derecho al trabajo, así
como tampoco desconoce el mandato constitucional señalado en los artículos 47 y
54 de la Constitución.
En su concepto,
la función notarial, tal y como fue definida por la Corte Constitucional en
sentencia C-1508 de 2000, es de carácter testimonial, Lo anterior exige que el
notario se encuentre en pleno uso de sus capacidades físicas, sin limitaciones
visuales, auditivas o del habla, puesto que es la persona encargada de dar fe
pública, certeza y veracidad de los documentos y actos que se someten a su
consideración.
3.
Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho
El ciudadano
Fernando Gómez Mejía, actuando en su calidad de apoderado del Ministerio de
Justicia y del Derecho, solicita a la Corte declarar exequible el aparte de la
norma demandada. Los argumentos en que se fundamenta para hacer esta petición
se resumen a continuación.
Recuerda en
primer lugar que la fe pública o notarial otorga plena autenticidad a las
declaraciones emitidas ante el notario y a lo que éste exprese respecto de los
hechos percibidos  por él en ejercicio de sus funciones, en los casos y con los
requisitos que la ley establece. En este sentido, resalta los casos en los
cuales sólo el notario puede dar lectura a los documentos para personas ciegas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del decreto 960 de 1970.
Recuerda también las funciones notariales especiales frente a “personas
impedidas”, consagradas en el artículo 70 del mismo decreto.
En relación con
el reconocimiento de firmas, señala que “el Notario podrá dar testimonio escrito
de que la firma puesta en un documento corresponde a la de la persona que haya
registrado ante él, previa confrontación de las dos. También podrá dar
testimonio de que las firmas fueron puestas en su presencia, estableciendo la
identidad de los firmantes.”[1]
Respecto de la
autenticidad por medio de fotografía, recuerda que de conformidad con lo
señalado en el artículo 76 del decreto 960 de 1970: “El Notario dará
testimonio de su (sic) autenticidad de una fotografía de persona si
establece por sus sentidos que corresponde a ella y está agregada a un
escrito en que el interesado asevere ser suya y en que reconozca la firma con
que autorice dicha afirmación”.
Transcribe
también la situación contemplada en el artículo 96 del decreto 960 de 1970
según la cual: “Cuando fuere requerido para presenciar un hecho o situación
perceptible por los sentidos en forma directa, relacionados con el ejercicio de
sus funciones, podrá dar testimonio escrito de lo percibido por él, siempre que
con ello se procure un efecto jurídico. De lo ocurrido se sentará acta que
firmará el Notario y entregará al peticionario.”
Señala que de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional:
“La función
fedante, como se denomina la facultad del notario de dar fe, es una atribución
de interés general propia del Estado, que aquel ejerce en su nombre por
asignación constitucional, en desarrollo de la cooperación que el sector
privado ofrece al sector público en virtud del fenómeno de la descentralización
por colaboración.” [2]
Afirma que la
función del notario consiste en prestar su autoridad a los actos generadores de
efectos jurídicos, tal como se exteriorizan, en cuanto voluntad humana
expresada precisamente para producirlos. Y que no podría ser de otra manera,
pues la voluntad humana sola o en acuerdo con otras voluntades, sólo puede ser
objeto de apreciación jurídica “cuando se manifiesta externamente por medio
de formas perceptibles por los sentidos”.
En su concepto,
después de analizar las normas y las sentencias de la Corte, se desvirtúan los
cargos formulados por el demandante, por cuanto se hace evidente la necesidad
de que el Notario cuente con la plenitud de sus sentidos  para poder garantizar
y el interés general representado en el adecuado cumplimiento de la función
notarial. Por esa razón, las normas son claras al establecer requisitos
tendientes a garantizar que el notario pueda escuchar, leer y ver, personalmente,
aquellas situaciones y circunstancias que está llamado a certificar.
Por lo anterior
concluye que en lo que respecta al amplio campo de la fe pública, el aparte
demandado deja de ser una limitación como lo plantea el demandante, para
convertirse en una necesidad en defensa del interés general sobre el
particular.
4.
Intervención del Instituto Nacional para Ciegos –INCI-.
La ciudadana
Lucía Granados Chaparro, en su condición de Asesora Jurídica del Instituto
Nacional para Ciegos, se pronuncia sobre el impedimento legal que tienen las
personas ciegas para desempeñar el cargo de notarios así:
Comienza por
recordar que la Organización Mundial de la Salud –OMS- define la ceguera como “la
condición en la cual una persona con la mejor corrección óptica convencional o
quirúrgica en el mejor ojo, no supera una agudeza visual de 20/200 hasta la
percepción de luz y un campo visual no mayor a 20 grados”.
Afirma que en
ese sentido y de conformidad con los estudios realizados por el instituto sobre
los perfiles ocupacionales de las personas ciegas, se encuentra que estas se
pueden desempeñar en cualquier actividad, excepto en aquellas en las que se
requiere realizar tareas fundamentalmente visuales.
Señala que
actualmente existen ayudas tecnológicas para intentar equiparar los derechos y
oportunidades de las personas ciegas frente al acceso a la información, la
comunicación y el conocimiento, la educación, la cultura y la participación en
igualdad de condiciones, en relación con los demás sujetos que conforman el
conglomerado social.
Como resultado
de esos avances tecnológicos, informa que actualmente se cuenta con los
siguientes diseños para personas con limitación visual:
“- Lectores de pantalla.
Consistente en un software, que permite escuchar mediante voz electrónica, el
contenido de la pantalla de un computador.
- Sistema
OCR. Es un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, con voz electrónica,
que permite escuchar el contenido de un documento impreso en tinta. Se conocen
con el nombre de maquina de lectura inteligente Reading Edge y el Scanner.
- Sistema de
magnificación. Para personas con baja visión. Permiten ampliar la imagen de un
objeto o elemento enfocado por una cámara, o sistemas de software para ampliar
las imágenes del computador.
- Libro
Hablado. Son sistemas que permiten reproducir con voz grabada o con síntesis de
voz (voz electrónica) el contenido de documentos o libros previamente grabados
en medios digitales.
- Impresoras
Braille. Permiten obtener copias impresas de información de un computador, en
el sistema de lecto – escritura Braille.
- Renglones
Braille. Son aparatos que reflejan electrónicamente el sistema de lecto –
escritura Braille la información de la pantalla de un computador.”
No obstante los
avances tecnológicos reseñados, la interviniente concluye que dadas las
características de la función notarial, aun con el avance logrado por la
tecnología para ayudar a personas con limitación visual, todavía no se cuenta
con los instrumentos apropiados que permitan a una persona ciega, cumplir con
las funciones específicas del notario. Por esas razones de orden tecnológico,
considera que no es inconstitucional mantener en el ordenamiento jurídico el
impedimento legal impugnado por el actor.
5.
Intervención de la Asociación Colombiana de Notarios.
El ciudadano
Ricardo Cubides Terreros, en su calidad de presidente de la Asociación
Colombiana de Notarios, intervino en el presente proceso para defender la
constitucionalidad de la disposición acusada, con base en los siguientes
argumentos:
Considera en
primer lugar, que las personas encargadas de dar fe pública notarial, deben
reunir ciertas condiciones físicas y mentales, que los hagan aptos para
desarrollar dicha labor. En tal sentido, afirma que “Fe, se ha dicho de muchas
formas, es creer en algo que no se conoce, no se ve, no se siente. Y esa
creencia se deriva de la confianza, de la persuasión. Todo ello hace referencia
a la relación que hay entre el hecho y lo dicho, o mejor, entre el hecho y la
narración del mismo. Debe haber una correspondencia total”.
Señala que la
labor del notario consiste, entre otras, en dar fe o atestiguar solemnemente lo
que ha percibido a través de sus sentidos, con el objeto de “imprimirle
certeza legal, imponer la creencia forzosa en su autenticidad, establecer la
prueba plena entre las partes y para la sociedad, demostrar el acto que
contiene a favor o en contra de terceros”[3].
Indica que es necesario distinguir entre el notario, que tiene la misión de
atestiguar en forma permanente y continúa, y aquellas personas que por azar se
convierten, transitoria y esporádicamente, en testigos de un determinado hecho.
Señala que “(e)s
y ha sido doctrina reiterada, dentro del notariado del tipo latino (que nos
cobija), que el notario debe tener el sumo de la capacidad física, estar en
pleno de sus condiciones físicas, a más de las mentales, obviamente. Y
precisamente por ser, como ya lo vimos, un testigo profesional con la función
de Dar fe- acto positivo”.
Para ratificar
lo anterior, recuerda que el artículo 96 del decreto 960 de 1970, establece
como función del notario la de dar fe o testimonio especial, con valor similar
a la inspección ocular que practica el juez. Señala el artículo citado:
“Cuando fuere requerido para presenciar un hecho o situación
perceptible por los sentidos en forma directa, relacionados con el ejercicio de
sus funciones, podrá dar testimonio escrito de lo percibido por él, siempre que
con ello se procure un efecto jurídico. De lo ocurrido se sentará acta que
firmará el Notario y entregará al peticionario.”
Alega que ver y
oír son acciones conexas, ineludibles para llegar al juicio de certeza que
requiere el notario. Indica que la vista es el sentido fundamental para el
notario, pues es ella la que produce la “e – videncia” y que sin
evidencia no hay fe pública. A lo anterior añade que la actividad notarial es
esencialmente escrita por lo que el sentido de la vista resulta crucial para el
correcto desempeño de las funciones del notario.
Señala que en
el artículo 1º del decreto 960 de 1970 se encuentran tácitamente presentes las
labores de ver y oír: “la fe pública o notarial otorga plena autenticidad a
las declaraciones emitidas ante el Notario y a lo que éste exprese respecto de
los hechos percibidos por él en el ejercicio de sus funciones, en los casos y
con los requisitos que la ley establece”.
Concluye
finalmente su intervención afirmando que la función notarial cumple el encargo
de otorgar seguridad jurídica a la ciudadanía y que el bien general de la
seguridad jurídica debe prevalecer sobre el interés particular del
discapacitado que aspira a ocupar dicho cargo.
6. Intervención
de la Asociación colombiana de Fonoaudiología y terapia del lenguaje –ASOFONO-.
La Dra. Rocío
Molina Béjar, en su calidad de miembro de la junta directiva de ASOFONO,
intervino en este proceso para ilustrar a la Corte acerca de las capacidades de
las personas sordas y con limitaciones del habla para desempeñar las funciones
propias del estatuto notarial.
Comienza su
intervención realizando las siguientes precisiones:
“1.Las
personas con limitaciones auditivas y del habla hacen alusión a dos personas
con limitaciones diferentes.
2. Las
limitaciones auditivas tienen diferentes grados que conllevan por tanto
diferentes limitaciones y a su vez diferentes tratamientos.
3. Las
limitaciones auditivas pueden según su grado de pérdida tener ayuda de tipo tecnológico
(adaptación de audífonos) con los que podrá comunicarse de manera oral sin
problemas. En caso extremo de pérdida profunda la persona puede acceder al
aprendizaje de la lengua de señas y con un intérprete que pagará el Estado
según la Ley 324 de 1996 podrá ejercer cualquier actividad y en este caso
específico el de notario público.
4. Para las
personas con limitaciones del habla tendrá que conocerse la clase de limitación
que tiene la persona porque también puede presentarse desde una pequeña limitación
recuperable hasta algo más severo.
5. Si en este
caso se alude a que la persona sorda tiene también problemas del habla volvemos
a revisar el punto 3 en donde su rehabilitación y funcionalidad depende de la
ayuda protésica que utilice. Esto en el caso del sordo que se comunica en forma
verbal.
6. El término
mudo no aplica en la actualidad para las personas con limitación auditiva.”
Respecto a las
capacidades de las personas con limitación auditiva y oral para desempeñar las
funciones propias del notario, considera que “Todas las funciones las puede
realizar una persona con limitación auditiva mientras tenga un nivel de
comprensión del lenguaje adecuado y su lenguaje oral sea funcional. Esto para
las personas con limitación auditiva que hacen uso de prótesis auditivas o
audífonos, o implante coclear. Para las personas que no tienen lenguaje oral
funcional, se comunican en lengua de señas y tienen un nivel de lectura y
escritura promedio, pueden ejercer las funciones enumeradas sin problema. En
aquellos casos en que necesite presentarse en una audiencia o comunicarse con
otros deberá tener un intérprete de lengua de señas.
Cita los
artículos 27 y 35 de la Ley 982 de 2005 “Por la cual se establecen normas
tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y
sordociegas”, para concluir  señalando la imposibilidad de negar el acceso al
trabajo de estas personas en razón a su limitación visual o auditiva.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, en concepto No. 3932 recibido
en esta Corporación el 16 de septiembre de 2005, solicita a la Corte declarar
inexequible la expresión “Los sordos, los mudos, los ciegos” contenida
en el numeral segundo del artículo 133 del decreto 960 de 1970, así como “Instar
al gobierno Nacional para que al dar cumplimiento al artículo 131 de la
Constitución, se tenga en cuenta la participación de las personas sordas, mudas
o ciegas que acrediten los requisitos generales de acceso a dicho cargo”. A
continuación se resumen sus argumentos:
En primer lugar,
considera que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la finalidad
de las inhabilidades e incompatibilidades que rigen las funciones públicas,
consiste en propender por la preservación de la moralidad, la transparencia, la
probidad y la imparcialidad, así como servir de garantía al cumplimiento de los
principios rectores de la función pública, consagrados en el artículo 209 de la
Constitución.
Por otra parte,
señala que la posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos es una manifestación del derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político como derecho fundamental de aplicación
inmediata, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 85 de la
Constitución.
En ese sentido,
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe responder a los
principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben caracterizar el
ejercicio de una competencia discrecional, sin implicar limitaciones
injustificadas o excesivas de los derechos constitucionales.
Agrega que: “Un
régimen de inhabilidades e incompatibilidades no es más que la exigencia
de especiales cualidades y condiciones en el aspirante a un cargo o función con
la finalidad de asegurar la primacía del interés general sobre el interés
particular del aspirante (sentencias C-509 y C-558 de 1994)”.
En su concepto,
el legislador está habilitado para limitar el ejercicio de derechos
fundamentales como los de igualdad, participación en el ejercicio y
conformación del poder político y la función pública, el trabajo y la libertad
de escoger profesión u oficio[4].
Sin embargo, toda limitación debe ser proporcional y razonable, por lo que sólo
aquellas inhabilidades irrazonables y desproporcionadas a los fines
constitucionales, están llamadas a ser declaradas inexequibles.
A su juicio la
inhabilidad consagrada en la norma acusada no puede ser vista como una pena en
contra de las personas ciegas, sordas y mudas, sino como una garantía del
interés general, consistente en asegurar el correcto desempeño de la función
pública.
Por otra parte,
señala el Procurador que en lo que se refiere a la función notarial, “ella
está regida por el principio de igualdad de oportunidades”, pues así se
desprende del inciso 2º del artículo 131 de la Constitución, “según el cual
el nombramiento de los notarios debe realizarse mediante concurso público y
abierto.”
En el mismo
sentido, reitera que según lo dispuesto en la sentencia C-153 de 1999: “para
ingresar a un cargo de carrera administrativa, notarial o judicial, se exige la
superación de un concurso público y abierto, que respete los parámetros
constitucionales destinados a garantizar la plena igualdad de oportunidades”.
Considera que en
el presente caso se demanda una norma que impide que las personas ciegas,
sordas o mudas accedan al cargo de notario, norma que data de una época en la
cual “quienes padecían dichas limitaciones seguramente no podían cumplir a
cabalidad con la función notarial, pues la ciencia médica no contaba con los
adelantos que hoy le permiten a dichas personas desenvolverse integralmente en
el medio”.
Por esa razón,
estima que hoy en día no existe razón alguna para que una persona con las
limitaciones físicas analizadas, no sea seleccionada como notario, máxime si
con ocasión de un concurso, ha demostrado públicamente sus méritos y
capacidades para prestar el servicio notarial.
En su criterio
si una persona sorda, ciega o muda llegase a aprobar el concurso público de que
trata el artículo 131 de la Constitución y no se le permite ejercer la función
notarial con fundamento en la norma acusada, dicho trato resultaría
abiertamente discriminatorio.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. De
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 241 de la
Constitución, corresponde a esta corporación conocer de la presente demanda,
por dirigirse contra un aparte de una disposición que forma parte de un decreto
ley.
Problema
Jurídico
2. Se pregunta
la Corte si resulta ajustada a la Constitución la norma que establece que las
personas sordas, mudas o invidentes no pueden ser designadas notarias. Para
resolver esta cuestión la Corte debe definir si existe una justificación
objetiva y razonable que soporte la decisión del legislador de excluir a estos
tres colectivos – personas ciegas, personas sordas y personas mudas - de la
oportunidad de acceder al cargo de notario público o si, por el contrario, se
trata de una decisión que vulnera el derecho a la no discriminación de las
personas concernidas.
Con el fin de
resolver los problemas planteados, la Corte recordará, en primera instancia, la
doctrina constitucional vigente sobre los derechos de las personas con
discapacidad y, en particular, el alcance y los límites del derecho de acceso a
un puesto de trabajo o a un cargo público. Definida la doctrina aplicable, la Corte
resolverá el caso planteado.
Los deberes
constitucionales del Estado respecto a las personas con discapacidad
3. Una de las
características esenciales del Estado social y democrático de Derecho es su
preocupación por la eficacia del derecho a la igualdad real y efectiva de todos
sus habitantes[5].
Por eso para esta forma de Estado no es irrelevante que una persona se
encuentre dentro de grupos que han sido tradicionalmente discriminados o
marginados o dentro de colectivos desaventajados que no están en la posibilidad
de realizar, en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, sus
derechos fundamentales. En el Estado social las personas que pertenecen a
minorías tradicionalmente discriminadas o marginadas o a sectores que están en
circunstancias de debilidad manifiesta tienen derecho a que el Estado remueva
los obstáculos jurídicos que les impiden acceder en condiciones de igualdad al
goce efectivo de sus derechos; promueva practicas de inclusión social; y adopte
medidas de diferenciación positiva para intentar, dentro de lo posible, la
realización del principio de igualdad material. A este último deber del Estado
se adscribe la obligación de trato especial que la Corte ha reconocido a
quienes se encuentran en las condiciones antes mencionadas[6].
4. Uno de estos
colectivos desaventajados que conforman lo que la doctrina y la jurisprudencia
nacional y comparada ha denominado “minorías discretas u ocultas”[7] está integrado por las
personas que tienen una discapacidad o desventaja grave o profunda en el habla,
el oído o la visión. En efecto, como lo ha señalado la Corte, pese a que las
personas que sufren discapacidad física o sensorial grave constituyen un
porcentaje significativo de la población[8],
lo cierto sin embargo, es que han sido histórica y silenciosamente marginadas.
Hasta hace muy poco estos colectivos eran invisibilizados, sus preocupaciones
no ocupaban lugar alguno en la agenda pública o en las reivindicaciones de las
organizaciones sociales, las autoridades públicas los trataban con desprecio o
paternalismo y el propio derecho los asimilaba a incapaces y les imponía, de
manera arbitraria, múltiples inhabilidades[9].
En este sentido ha dicho la Corte:
“Tal como ha ocurrido con otros grupos
sociales, los discapacitados han sido objeto constante de marginación social a
través de los siglos. La discriminación contra los discapacitados presenta, sin
embargo, características que le son propias y que no se observan en otros
casos. Por un lado, porque el sector de los discapacitados ha sido durante
largos períodos una minoría oculta o invisible, en la medida en que en muchas
ocasiones las personas afectadas por discapacidades fueron internadas en
instituciones o mantenidas por fuera del ámbito de la vida pública. De otra
parte, porque la minoría de los discapacitados es tan heterogénea como
disímiles son las limitaciones que pueden causar las múltiples formas en que se
manifiestan las discapacidades. Y finalmente, porque la discriminación contra
los discapacitados frecuentemente es ajena al alto grado de hostilidad, odio e
irracionalidad que acompaña otras formas de discriminación, tal como la que
causa la segregación racial. En efecto, en muchos casos la discriminación
contra los discapacitados no tiene origen en sentimientos de animadversión, y
recibe una justificación con la limitación física o mental que presenta la
persona afectada - claro está, haciendo caso omiso de las condiciones
especiales de cada discapacidad y de los diferentes grados de limitación que
ellas pueden generar. De esta manera, la marginación de los discapacitados
frecuentemente no está acompañada de hostilidad, sino que es más bien producto
de ignorancia, de prejuicios, de simple negligencia, de lástima, de vergüenza o
de la incomodidad que genera el encuentro con personas diferentes”[10].
5. La
Constitución de 1991 no podía ser ajena a la realidad descrita. Por ello, el
Constituyente no se limitó a consagrar que Colombia quedaba constituida como un
Estado social de Derecho. Adicionalmente y para evitar que esta fórmula quedara
reducida a una declaración meramente retórica, se preocupó por señalar de
manera clara y precisa, entre otras cosas, algunos de los grupos que, como los
desaventajados físicos y sensoriales, debían merecer especial atención del
Estado. En este sentido, en los artículos 13, 47, 54 y 68, la Constitución
Política de Colombia le impone a todas las autoridades públicas, incluido el
Congreso, entre otras cosas, los deberes que pasan a resumirse.
5.1 En primer
lugar, el Estado tiene el deber de remover las normas discriminatorias y
abstenerse de establecer diferenciaciones fundadas en discapacidades físicas o
sensoriales. A juicio de la Corte, una disposición que se funde en este
criterio para restringir los derechos de los grupos desaventajados solo será
constitucional si la misma resulta necesaria e idónea para el cumplimiento de
una finalidad constitucionalmente imperiosa y siempre que, desde una
perspectiva constitucional, el beneficio obtenido sea superior a la restricción
impuesta[11].
En desarrollo
del principio de no discriminación descrito y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 13, 26, 40 y 54 de la Carta, la Corte ha señalado que solo es
admisible una barrera de entrada a un determinado puesto de trabajo, que afecte
a las personas con discapacidad, si la desventaja es absolutamente incompatible
con las funciones esenciales asignadas a dicho cargo[12].  En otras palabras,
si la restricción impuesta es absolutamente necesaria y útil para el
cumplimiento de las tareas esenciales – y no simplemente accesorias o
prescindibles - que la persona seleccionada debe desempeñar. En este sentido,
la carga de la prueba se asigna a quien ha impuesto la barrera de acceso al
trabajo de la persona desaventajada[13].
En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte al estudiar la
constitucionalidad de las barreras de entrada al sistema educativo, impuestas a
las personas física o sensorialmente desaventajadas[14].
5.2. En segundo
término, el Estado debe adoptar medidas de diferenciación positiva que permitan
que las personas que se encuentran en las circunstancias descritas puedan
acceder, en igualdad de condiciones, al goce de sus derechos fundamentales. En
este sentido, la Corte ha señalado que las personas que integran los grupos
sensorial o físicamente desaventajados tienen derecho a una protección
constitucional reforzada para lograr su plena inclusión social. Al respecto, no
sobra señalar que la Corte ha recogido las demandas de estos colectivos al
señalar que la protección especial de que son merecedores no se funda en una
visión paternalista del Estado, sino en el reconocimiento pleno de su
ciudadanía social. En este sentido no sobra recordar que tal y como lo
establece el artículo 2 de la Carta, las personas con discapacidad tienen
derecho a participar, directamente o a través de sus representantes, en el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas destinados a
remover la discriminación en su contra y a garantizar su adecuada inserción en
la sociedad.
El deber estatal
de adoptar medidas de diferenciación positiva a favor de las personas con
discapacidad, se encuentra consagrado, entre otros, en el artículo 13 de la
Carta según el cual es deber del Estado adoptar medidas a favor de las personas
que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta. A su turno, el artículo 47 establece que “El Estado
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran.”  Adicionalmente, el Artículo
54 de la Constitución, consagra como obligación del Estado, entre otras, “garantizar
a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.”
Finalmente, el artículo 68 de la Constitución señala, entre otras cosas, que la
educación de personas con limitaciones físicas o mentales, es una obligación
especial del Estado[15].
5.3. Un deber
adicional que bien puede ser entendido como un desarrollo de alguno de los dos
tipos de obligaciones anteriores pero que por su importancia merece ser
resaltado de manera autónoma, es la obligación de promover prácticas de
inclusión social para asegurar la igualdad real y efectiva de las personas que
integran los colectivos desaventajados (art. 13 C.P.)[16].
6. Todo lo
anterior permite a la Corte reiterar la regla constitucional según la cual  “por lo menos dos tipos de situaciones pueden constituir un
acto discriminatorio contrario al derecho a la igualdad de los discapacitados.
Por un lado, la conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente, dirigido
a anular o restringir sus derechos, libertades y oportunidades, sin
justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio
consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen
derecho los discapacitados, la cual trae como efecto directo su exclusión de un
beneficio, ventaja u oportunidad”[17].
Legislación
comparada, internacional y doméstica destinada a garantizar la no
discriminación y la adecuada inserción social de las personas con discapacidad.
El derecho a la no discriminación en el acceso a un puesto de trabajo
7. El derecho a
la no discriminación y a la protección constitucional reforzada de las personas
sensorial y físicamente desaventajadas, no solo ha sido consagrado en la
Constitución colombiana. En las décadas mas recientes este derecho ha sido
plenamente reconocido por las normas y la jurisprudencia constitucional
comparada, por el derecho público internacional y, finalmente, por el derecho
legislado interno.
7.1 En efecto,
como ya lo ha señalado la Corte, en las últimas décadas, el derecho comparado
ha ido reconociendo los derechos especiales de las personas física y
sensorialmente desaventajadas. En este sentido, ha dicho la Corte:
Es así como en los Estados Unidos de
América se han dictado en las últimas tres décadas distintas leyes destinadas a
favorecer y proteger a los discapacitados. Entre ellas cabe mencionar la Ley
sobre las Barreras Arquitectónicas, de 1968; la Ley para la Rehabilitación, de
1973; la Ley para la Educación de los Individuos con Discapacidades -IDEA,
expedida en 1975 y modificada en 1986, 1991 y 1997; y la Ley sobre los
Americanos con Discapacidades - ADA, expedida en 1990. Igualmente, en ese país
se presenta una discusión constitucional acerca de si la discapacidad debe ser
considerada como un criterio semisospechoso, decisión que implicaría que las
leyes o actuaciones administrativas en las que se practiquen diferenciaciones
con base en el factor de la discapacidad habrían de ser objeto de un examen
intermedio de constitucionalidad - es decir, de un escrutinio más exigente que
el de la simple racionalidad de la norma bajo examen -  por parte de los
tribunales.[18]
Asimismo, la Constitución española de 1978
consagró en su artículo 49 que “los poderes públicos realizarán una política de
prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada
que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos
que este Título [el título I, referido a los derechos y deberes fundamentales]
otorga a todos los ciudadanos”.
De la misma manera, el artículo 71 de la
Constitución portuguesa de 1976, titulado Deficientes, prescribe que:
“1. Los ciudadanos física o mentalmente
deficientes gozarán plenamente de los derechos y estarán sujetos a los deberes
fijados en la Constitución, con la excepción del ejercicio o del cumplimiento
de aquéllos para los cuales se encuentren incapacitados.
“2. El Estado se obliga a realizar una
política nacional de prevención y de tratamiento, rehabilitación e integración
de los deficientes; a desarrollar una pedagogía que sensibilice a la sociedad
en cuanto a los deberes de respeto y solidaridad para con ellos y a asumir el
encargo de realización efectiva de sus derechos, sin perjuicio de los derechos
y deberes de los padres o tutores.
“3. El Estado apoya las asociaciones de
deficientes.
Igualmente, en el año de 1994, se aprobó en
Alemania una adición al artículo 3° de la Constitución, para incluir una garantía
específica para los discapacitados. La adición tuvo lugar en el párrafo tercero
del artículo aludido, que es el que consagra el derecho fundamental de los
ciudadanos a la igualdad, y precisa que “[n]adie podrá ser perjudicado a causa
de un impedimento físico.” [19]
7.2. En cuanto
se refiere al derecho internacional de los derechos humanos, no es irrelevante
que de principios emergentes los derechos de las personas física y
sensorialmente desaventajadas hayan evolucionado hasta convertirse en
verdaderas normas de derecho internacional público.
En este sentido
resulta fundamental advertir que en la actualidad existen importantes
declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, recomendaciones
realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero, sobre
todo, tratados o  convenciones internacionales que reconocen los deberes del
Estado respecto de la población física y sensorialmente discapacidad.
La Declaración
de los derechos de los Impedidos proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante Resolución No. 3447 del 9 de diciembre de 1975,
inaugura el proceso de consolidación de los derechos de las personas con
discapacidades. Esta Declaración, como lo ha señalado la Corte,  tiene como
propósito que las personas que sufren de una discapacidad física o sensorial no
sean discriminadas y sean objeto de una protección reforzada que promueva la
posibilidad de gozar de sus derechos fundamentales y su adecuada inclusión
social. Durante las dos décadas posteriores a la Declaración de 1975, las
distintas organizaciones internacionales proclamaron importantes declaraciones
y recomendaciones destinadas a lograr la igualdad efectiva de las personas
desaventajadas[20].
No obstante lo
anterior, la persistente evidencia de situaciones discriminatorias en contra de
la población física o sensorialmente discapacitada impulsó a la Organización
Internacional del Trabajo a elaborar el Convenio 159 de 1994 sobre readaptación
profesional y el empleo de personas inválidas. Dicho convenio fue
incorporado al derecho interno mediante la Ley 82 de 1988. Esta norma
compromete al Estado a remover la discriminación existente contra las personas
con discapacidad; promover oportunidades de trabajo; garantizar la readaptación
profesional; y adoptar medidas de diferenciación positiva en el campo laboral a
favor de las personas con discapacidad.  La Ley 82 de 1988 fue reglamentada por
el decreto 2177 de 1989 cuyo artículo 3 señala textualmente: “Artículo 3. En
ningún caso la existencia de limitaciones físicas, sensoriales o mentales podrá
ser impedimento para ingresar al servio público o privado, a menos que estas
sean incompatibles con el cargo que se vaya a desempeñar.”
En el ámbito
regional se han producido múltiples declaraciones y recomendaciones[21]. Sin embargo,
resulta importante resaltar dos decisiones fundamentales para la protección de
los derechos de que trata esta providencia. En primer lugar, el Protocolo de
San Salvador[22],
ratificado por Colombia mediante la Ley 319 de 1996. Este Protocolo consagra el
derecho de las personas afectadas por una discapacidad a ser objeto de especial
atención para lograr su adecuada inclusión social. En segundo término resulta
de particular importancia la Convención Interamericana para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad,
ratificada por Colombia mediante la Ley 762 de 2002[23].
La Convención
tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración social[24]. Para ello establece
la obligación internacional del Estado de “Adoptar las medidas de carácter
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad (…)”[25]. Para tales efectos,
señaló: “(e)l término “discriminación contra las personas con discapacidad”
significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad,
antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción
de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de
impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas
con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”[26].
Concretamente,
en materia de acceso a un puesto de trabajo, la Convención establece el
compromiso de los Estados parte de adoptar medidas para eliminar la
discriminación y promover la integración laboral de las personas con
discapacidad, en particular, respecto de la prestación de bienes o servicios
tales como el empleo público o privado[27].
7.3 En
desarrollo de las normas constitucionales citadas en la primera parte de esta
providencia, el Congreso expidió la Ley 324 de 1996 “Por la cual se crean
algunas normas a favor de la población sorda”, la Ley 361 de 1997 “Por la cual
se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y
se dictan otras disposiciones.” y la Ley 982 de 2005 “Por la cual se establecen
normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y
sordociegas y se dictan otras disposiciones”. Como ya se  mencionó, antes de la
expedición de la Carta de 1991 el Congreso había expedido la Ley 82 de 1988,
mediante la cual se incorporó al derecho interno el Convenio 159 de 1994 de la
OIT sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.
De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 361 de 1997, “El Estado
garantizará y velará por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca
discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias
personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales
y sociales.” (Negrilla fuera del texto).
Según el
artículo 22 de la misma ley “El Gobierno dentro de la política nacional de
empleo adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de
las fuentes de trabajo para las personas con limitación, para lo cual utilizará
todos los mecanismos adecuados a través de los Ministerios de Trabajo y
seguridad Social, Salud Pública, Educación Nacional y otras entidades gubernamentales,
organizaciones de personas con limitación que se dediquen a la educación, a la
educación especial, a la capacitación, a la habilitación y a la rehabilitación.”
En virtud del
artículo 26 de esta ley “En ningún caso la limitación de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie
autorización de la oficina de trabajo. (…)” (Negrilla fuera del texto).
Adicionalmente,
en su artículo 27 esta ley establece que “En los concursos que se
organicen para el ingreso al servicio público, serán admitidas en igualdad de
condiciones las personas con limitación, y si llegaré a presentar
(Sic) un empate, se preferirá entre los elegibles a la personas con
limitación, siempre y cuando el tipo o clase de limitación no resulten
en extremo incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de
haberse agotado todos los medios posibles de capacitación.” (Negrilla fuera
del texto).
Por su parte,
el artículo 30 de la Ley 982 de 2005 establece que “Al sordo y sordociego no
se le podrá negar, condicionar o restringir el acceso a un trabajo arguyendo su
falta de audición o visión a menos que se demuestre fehacientemente que
dicha función es imprescindible para la labor que habría de realizar. (…)”(Negrilla
fuera del texto).
De conformidad
con el artículo 31 de la misma ley: “Al sordo o sordociego no se le podrá
negar, condicionar o restringir una licencia para ejercer actividad u oficio
alguno arguyendo su falta de audición o visión, a menos que se demuestre
fehacientemente que dicha función es imprescindible para la actividad que
habría de realizar.” .
Según el
artículo 35 de esta ley “El Gobierno Nacional, dentro de la política de
empleo, reservará para ser cubiertos con sordos y sordociegos, un porcentaje de
cargos de la Administración Pública y Empresas del Estado siempre que no afecte
la eficiencia del servicio y destinándolas a tareas que puedan ser desempeñadas
sin afectar el normal desenvolvimiento de los organismos. (…)”.
Finalmente el
artículo 37 de la mencionada ley establece que “En los concursos que se
organicen para el ingreso al servicio público, serán admitidas en igualdad de
condiciones las personas con limitación auditiva y visual asociada, siempre y
cuando dicha limitación no resulte incompatible o insuperable frente al trabajo
ofrecido, luego de haberse agotado todos los medios posibles de capacitación.”.
Conclusión de
los fundamentos anteriores. En ningún caso la limitación de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación
sea claramente demostrada como incompatible e insuperable respecto de las
funciones esenciales del cargo que se va a desempeñar
8. Los
fundamentos jurídicos 2 a 7 anteriores permiten fácilmente concluir que a las
personas con discapacidad no se les puede negar, condicionar o restringir el
acceso a un puesto trabajo - público o privado - o la obtención de una licencia
para ejercer cualquier cargo, con fundamento en la discapacidad respectiva, a
menos que se demuestre que la función que se encuentra afectada o disminuida
resulta imprescindible para las labores esenciales del cargo o empleo
respectivo.
En consecuencia,
de conformidad con las normas constitucionales vigentes, debe afirmarse que no
entra dentro del ámbito de libertad de configuración del legislador la decisión
de excluir o restringir el goce o el ejercicio de un derecho a una persona, con
base en una discapacidad física, mental o sensorial. Cuando el legislador
expida una ley que limite el ejercicio de un derecho con fundamento en una
discapacidad o desventaja sensorial, física o mental, debe demostrar que con
ello persigue el cumplimiento de una finalidad imperiosa – como la satisfacción
de un servicio o una función pública – y que dicha restricción es idónea y
necesaria para el logro de tal finalidad[28]
Como se ha
mencionado, el análisis de idoneidad y necesidad se realiza a partir de la
comprobación de que la función mental, física o sensorial que se exige para
poder acceder al cargo resulta absolutamente indispensable para cumplir las
tareas esenciales asignadas al respectivo cargo.  En otras palabras, para
desvirtuar la presunción de inconstitucionalidad de una norma que  impida el
ingreso a un puesto de trabajo de las personas con discapacidades, es necesario
que quede plenamente demostrado que la respectiva discapacidad es absolutamente
incompatible con las funciones esenciales – y no accesorias, delegables o accidentales
– del cargo o empleo respectivo. Adicionalmente, es necesario que la
incompatibilidad sea insuperable, esto es que no existan adecuaciones
razonables que puedan ser implementadas y que permitan superarla.
En los términos
anteriores, resultara inconstitucional la norma que impida el acceso al cargo
respectivo de personas (1) cuya incapacidad no aparece demostradamente
incompatible con las funciones esenciales a desempeñar; (2) que tienen
incapacidades incompatibles con las funciones accidentales accesorias o
delegables del cargo pero compatibles con las funciones esenciales; (3) que
podrían desempeñar adecuadamente las funciones del respectivo cargo o empleo si
se adoptaran adecuaciones laborales razonables. Son adecuaciones razonables
aquellas que resultan fáctica y jurídicamente posibles y cuya implementación
ofrece un mayor valor respecto del costo constitucional que su implementación
puede aparejar[29].
9. Las reglas
que acaban de ser mencionadas no se derivan sólo de los derechos a la no
discriminación y a la protección constitucional reforzada de las personas con
limitaciones físicas o sensoriales. Adicionalmente, dichas reglas se fundan en
el derecho a escoger libremente profesión u oficio[30] (C.P. art. 26) y en el
derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos y las
funciones públicas (C.P. art. 40)[31].
En efecto, la
Corte reiteradamente ha señalado que aquellas medidas que limitan o restringen
los derechos de una persona o de un colectivo de personas de acceder a un
puesto de trabajo; escoger profesión u oficio; o competir en igualdad de
condiciones para acceder a un cargo o función pública, deben fundarse en
argumentos objetivos y razonables. En particular, la norma de que se trate debe
perseguir un fin valioso y ser útil, necesaria y estrictamente proporcionada
respecto de dicho fin[32].
Una de las reglas que se derivan de lo anterior es aquella según la cual una
restricción o inhabilidad para el ejercicio de un cargo debe cobijar
exclusivamente a las personas o grupos de personas que efectivamente no pueden
cumplir con las tareas esenciales de dicho cargo. Si el colectivo excluido se
encuentra integrado, adicionalmente, por personas aptas cuya exclusión no tiene
justificación razonable alguna, la norma deberá, en principio, ser declarada
inconstitucional[33].
Por último, como ya se ha reiterado, la jurisprudencia en la materia ha sido
clara al señalar que, en todo caso, “las condiciones – que se impongan -
para ejercer la profesión no pueden favorecer discriminaciones prohibidas por
la Carta”[34].
10. En virtud de
la doctrina anterior y dado que la norma estudiada afecta los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de escoger
profesión u oficio y la igualdad de oportunidades de acceder a una función
pública de las personas con discapacidad, la Corte deberá definir si la
restricción impuesta a las personas sordas, invidentes o mudas, persigue una
finalidad imperiosa y si es idónea y necesaria para alcanzar dicha finalidad.
Como ha sido expuesto, en casos como el presente las últimas dos cuestiones
mencionadas – la idoneidad y necesidad – se resuelven identificando si la
discapacidad respectiva resulta absoluta e insuperablemente incompatible con
las funciones esenciales propias del cargo a desempeñar. Procede la Corte a
realizar el análisis mencionado.
Estudio de
las disposiciones demandadas: la finalidad de la norma estudiada
11. El aparte
demandado del artículo 133 del Decreto 960 de 1970 establece la prohibición de designar
como notario a las personas sordas, invidentes o mudas. Lo primero que al
respecto debe señalar la Corporación es que los notarios en propiedad deben ser
nombrados – y no designados – mediante concurso público. Como lo ha reiterado
la Corte, cualquier otro sistema de selección permanente - de hecho o de
derecho -, vulnera el artículo 131 de la Carta, el derecho de acceso en
condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas y los principios de
moralidad y transparencia de la función pública[35]. En consecuencia, la
pregunta es si el legislador puede excluir a priori del concurso público
de notario o de los nombramientos transitorios en los casos constitucionalmente
admisibles, a las personas invidentes, sordas o mudas en razón de su
discapacidad.
12. La norma
acusada parte de la base de que las personas afectadas por las discapacidades
sensoriales en ella indicadas no tienen la posibilidad de conocer la realidad
de la cual deben dar fe a través de la función notarial. En consecuencia, su
finalidad es la de garantizar la confianza del público en dicha función, así
como su eficaz prestación. En este sentido, como lo señalan algunos de los
intervinientes, la certificación notarial establece una presunción de
veracidad sobre los documentos y los hechos certificados por el notario.
Por esta razón, tales intervinientes consideran que el notario debe tener la
capacidad de percibir directamente a través de sus sentidos los hechos de los
cuales va a dar fe y, en consecuencia, debe estar en pleno uso de sus
capacidades y funciones físicas, mentales y sensoriales.
En virtud de lo
anterior puede sostenerse que la disposición parcialmente demandada busca
evitar que personas que en criterio del legislador no pueden dar fe de ciertas
situaciones, hechos o declaraciones, estén encargados de la función notarial.
En su criterio, esto podría generar desconfianza e ineficiencia en la
prestación de dicho servicio, todo lo cual termina por comprometer las razones
que justifican su existencia. En suma, la norma parcialmente demandada persigue
dar confianza y eficiencia a la prestación de la función fedante.
13. La finalidad
perseguida por el legislador - dar confianza y eficiencia a la función notarial
– resulta de particular importancia para la Constitución. En efecto, la Corte
ya ha tenido oportunidad de señalar la relevancia de la función notarial para
el cumplimiento de los fines del Estado, pues persigue ofrecer mayor seguridad
a las relaciones privadas con el propósito indirecto de brindar una mayor
protección a un amplio abanico de derechos de todo orden. Adicionalmente la
función notarial persigue evitar litigios judiciales prevenibles mediante la
formalización de declaraciones o acuerdos. Sobre la naturaleza e importancia de
la función notarial ha dicho esta Corporación:
“A partir de estos pronunciamientos, la Corporación ha deducido
las notas distintivas de la actividad notarial, que en resumen la caracterizan
como (i) un servicio público, (ii) de carácter testimonial, iii) que apareja
el ejercicio de una función pública, (iv) a cargo normalmente de los
particulares, en desarrollo del principio de descentralización por colaboración
y (v) a los cuales les otorga, la condición de autoridades.
Es por estas connotaciones que la actividad notarial esta sujeta a
un sistema normativo especial, y por las que el notario, como gestor de dicha
función, se le somete a reglas mas exigentes en materia de inhabilidades que a
otros particulares que también ejercen funciones públicas, pero que no tienen
la importancia y trascendencia que conlleva la función fedante. Es claro que la
finalidad de estas previsiones con que se rodea por la ley la actuación
notarial obedece al propósito de garantizar la seriedad, eficacia e
imparcialidad de dicha actividad.”[36] (Negrilla fuera del
texto).
Adicionalmente,
de la lectura del artículo 131 de la Constitución se deduce que la función
notarial es un servicio público destinado a satisfacer, de manera continua, una
necesidad de interés general, sometida a un régimen jurídico especial. Al
respecto ha dicho la Corte:
Esta función de dar fe es además claramente de interés general por
cuanto establece una presunción de veracidad sobre los documentos y los hechos
certificados por el notario, con lo cual permite un mejor desarrollo de la
cooperación social entre las personas, en la medida en que incrementa la
seguridad jurídica en el desenvolvimiento de los contratos y de las distintas
actividades sociales. Algunos sectores de la doctrina consideran incluso que la
función notarial es una suerte de administración de justicia preventiva, ya que
la autenticidad de los documentos y la presunción de veracidad sobre los hechos
evita numerosos litigios que podrían surgir en caso de que hubiese
incertidumbre sobre tales aspectos. El notario ejerce entonces una actividad
complementaria a la del juez, ya que el primero previene los litigios que  el
segundo debería resolver.”[37]
14. En virtud de
los argumentos anteriores es posible sostener que la función fedante en
Colombia persigue una finalidad pública de alta relevancia constitucional. En
consecuencia, dado que la norma demandada tiene como finalidad dar certeza y
eficiencia al cumplimiento de dicha función, es posible sostener que la misma
tiene una finalidad imperiosa. Resta identificar entonces si dicha norma es
realmente útil, necesaria y estrictamente proporcionada  para el logro de la
importante finalidad descrita.
En efecto, como
ya lo ha señalado la Corte, en muchos casos una norma busca una finalidad
legítima pero utiliza para ello una medida que restringe sustancialmente los
derechos fundamentales de personas o grupos tradicionalmente discriminados y
que, sin embargo, resulta inútil, innecesaria o superior en costos a los
beneficios que en realidad obtiene. En estos casos, no estaría
constitucionalmente legitimada la restricción de los derechos, pues como la
Corte lo ha señalado, dado que una de las finalidades del Estado social es
promover la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes, cuando adopta
una medida que restringe o anula los derechos,
libertades y oportunidades de las personas con discapacidad debe ser porque
ello es idóneo y estrictamente necesario y proporcionado al logro de la
finalidad imperiosa que persigue. De otra manera, la medida será
inconstitucional.
En el presente
caso para dar confianza a la función fedante se prohíbe que la ejerzan personas
ciegas, sordas o que no puedan hablar. Se pregunta entonces la Corte si esta
medida es en realidad útil para alcanzar la finalidad perseguida y, en todo
caso, si no existe un medio menos costoso para las personas con discapacidad
que sin embargo alcance la misma finalidad.  Ahora bien, como ya ha sido
mencionado, en los casos en los cuales se afecta el derecho de las personas
sensorialmente desaventajadas de acceder en condiciones de igualdad a un cargo
o empleo público o privado, la definición sobre la idoneidad y necesidad de la
medida se define al resolver si la desventaja sensorial de que trata la norma
resulta claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo
que se va a desempeñar. Pasa la Corte a estudiar este asunto.
Estudio de la
idoneidad y necesidad de la medida adoptada
15. Se pregunta
la Corte si la inhabilidad de que trata la norma demandada es verdaderamente
idónea y necesaria para asegurar el adecuado cumplimiento de la función
fedante. Para ello, como ya se mencionó, será necesario identificar si las
incapacidades consagradas en la norma demandada son absoluta e insuperablemente
incompatibles con las funciones esenciales del notario público.
Ahora bien, la
disposición consagra la inhabilidad para tres tipos de circunstancias
distintas. En efecto, una es la desventaja de quien se encuentra privado de la
vista, otra de quien no tiene la posibilidad de escuchar y otra distinta la de
quien no puede hablar. Estas desventajas, a su turno, presentan distintos tipos
de intensidad y pueden estar o no acompañadas de otras habilidades o de
desarrollos científicos o tecnológicos que tiendan a compensar sus efectos. Por
las razones anteriores resulta fundamental estudiar, por separado, si cada una
de las desventajas mencionadas puede ser tenida como una razón suficiente para
que la persona que la sufre quede excluida de la posibilidad de competir para
acceder al cargo de notario público.
Para adelantar
el estudio mencionado será necesario confrontar las funciones consagradas en el
Estatuto Notarial y las exigencias propias de la prestación de este servicio,
con las desventajas que supone cada una de las hipótesis mencionadas. Solamente
cotejando dichas funciones notariales con las habilidades y capacidades de las
personas que padecen cada una de estas discapacidades se puede establecer si
existe o no otro medio menos lesivo de los derechos fundamentales, para
garantizar la eficiente y adecuada prestación de la función notarial.
Las funciones
esenciales del notario público
16. La
profesión de notario, fue definida como sigue por el Primer Congreso
Internacional del Notariado Latino: El notario es “el profesional del derecho
encargado de la función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma
legal a la voluntaria de las partes redactando los instrumentos adecuados a ese
fin y confiriéndoles autenticidad; conservar los originales de estos y expedir
copias que den fe de su contenido”[38]
La definición
anterior refleja las funciones esenciales del notario público. En efecto, la
función notarial consiste, fundamentalmente, en dar fe pública, sobre las
declaraciones de voluntad que las personas decidan formular. Para ello, tiene
asignada la tarea de recibir las declaraciones que formulen quienes acuden a su
ministerio; asesorar a las personas sobre el instrumento jurídico más adecuado
para lograr los objetivos que persiguen; redactar, conforme a la ley, los
documentos o escrituras respectivas; y abstenerse de recibir, extender o
autorizar los contratos o actos solemnes cuando considere que no se cumplen las
condiciones de ley para ello. Adicionalmente, el  notario debe mantener un
archivo adecuado de las declaraciones jurídicamente relevantes que deba
custodiar y extender las copias autenticadas de los mismos.
Es justamente
por la confianza que se deposita en el notario, que el proceso de selección
debe ser exigente y transparente y que debe ejercer personalmente sus funciones
esenciales. En efecto, es el notario quien está investido para dar fe sobre las
declaraciones recibidas, por lo tanto, tales funciones no son delegables en una
persona en quien el Estado no ha depositado esta confianza.
17. De
conformidad con las características mencionadas, la ley le asignó a los
notarios públicos las siguientes funciones esenciales[39]:
1. Recibir, extender y autorizar las declaraciones que conforme a
las Leyes requieran escritura pública y aquellas a las cuales los interesados
quieran revestir de esta solemnidad.
2. Autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos privados.
3. Dar testimonio de la autenticidad de firmas de funcionarios o
particulares y de otros Notarios que las tengan registradas ante ellos.
4. Dar fe de la correspondencia o identidad que exista entre un
documento que tenga a la vista y su copia mecánica o literal.
5. Acreditar la existencia de las personas naturales y expedir la
correspondiente fe de vida.
6. Recibir y guardar dentro del protocolo los documentos o
actuaciones que la Ley o el Juez ordenen protocolizar o que los interesados
quieran proteger de esta manera.
7. Expedir copias o certificaciones según el caso, de los documentos
que reposen en sus archivos.
8. Dar testimonio escrito con fines jurídico - probatorios de los
hechos percibidos por ellos dentro del ejercicio de sus funciones y de que no
haya quedado dato formal en sus archivos.
9. Intervenir en el otorgamiento, extensión y autorización de los
testamentos solemnes que conforme a la Ley civil deban otorgarse ante ellos.
10. Practicar apertura y publicación de los testamentos cerrados.
11. (Derogado)
12. (Derogado)
13. Llevar el registro del estado civil de las personas en los
casos, por los sistemas y con las formalidades prescritos en la Ley.
17.1 La función
de recibir, extender y autorizar las declaraciones que conforme a las Leyes
requieran escritura pública, es desarrollada posteriormente por los artículos
13 y 14 del Decreto 960 de 1970. Según estas normas, la recepción
consiste en recibir las declaraciones que hacen ante el notario los interesados
con el propósito de identificar los fines prácticos y jurídicos que estos
persiguen. El notario debe revisar tales declaraciones y redactarlas por las
partes o a su nombre para establecer si se acomodan a la finalidad de los
comparecientes y a las normas legales, por lo que podrá sugerir las
correcciones que juzgue necesarias.
La extensión
es la versión escrita de lo declarado. El Decreto 960 de 1970 en su artículo 15
indica la forma como se debe realizar:
“ARTICULO 15. OBJETO DE LA ESCRITURA PÚBLICA. Cuando el Notario
redacte el instrumento, deberá averiguar los fines prácticos y jurídicos que
los otorgantes se proponen alcanzar con sus declaraciones, para que queden
fielmente expresados en el instrumento; indicará el acto o contrato con su
denominación legal si la tuviere, y al extender el instrumento velará porque
contenga los elementos esenciales y naturales propios de aquel, y las
estipulaciones especiales que los interesados acuerden o indique el declarante
único, redactado todo en lenguaje sencillo, jurídico y preciso.”
El otorgamiento
es el asentimiento expreso que el notario presta al instrumento extendido y la autorización
es la fe que imprime el notario al mismo, en vista de que han sido llenados los
requisitos pertinentes y de que las declaraciones han sido realmente emitidas
por los interesados.
Para el otorgamiento
y la autorización de la escritura pública se requiere según los
artículos 35 y 36 del Decreto 960 de 1970 la participación del notario en los
siguientes términos:
“ARTICULO 35. LECTURA DE LA ESCRITURA PÚBLICA. Extendida la
escritura será leída en su totalidad por el Notario, o por los otorgantes, o
por la persona designada por estos, quienes podrán aclarar, modificar o
corregir lo que les pareciere y al estar conformes, expresarán su asentamiento.
De lo ocurrido se dejará testimonio escrito en el propio instrumento y la firma
de los otorgantes demuestra su aprobación.”
A su turno, el
artículo 36 del Decreto citado señala:
“ARTICULO 36. LECTURA PARA DISCAPACITADOS. Si se tratare de
personas sordas, la lectura será hecha por ellas mismas, y sí de ciegas, únicamente
por el Notario.” (Negrilla fuera del texto)
A su turno, el
artículo 70 señala la forma en que debe practicarse la firma de personas con
desventajas visuales, auditivas o del habla, de la siguiente manera:
“ARTICULO 70. FIRMA DE PERSONAS IMPEDIDAS. Si se tratare de
personas ciegas, el Notario leerá de viva voz el documento, y si fuere
consentido por el declarante, anotará esta circunstancia. Si entre los
comparecientes hubiere sordos, ellos mismos leerán el documento y
expresarán su conformidad, y si no supieren leer manifestarán al Notario su
intención para que establezca su concordancia con lo escrito y se cerciore del
asentimiento de ellos tanto para obligarse en los términos del documento
como para reconocer su contenido y rogar su firma. De otra manera el Notario no
practicará la diligencia.”[40]
(Negrilla fuera del texto).
17.2 La segunda
función del notario es la de autorizar el reconocimiento espontáneo de
documentos privados. Con relación a esta función el estatuto notarial consagra
la firma a ruego en su artículo 69, según el cual:
“ARTICULO 69. FIRMA AL RUEGO. Cuando se trate de personas que no
sepan o no puedan firmar, en la diligencia de reconocimiento se leerá de viva
voz el documento, de todo lo cual dejará constancia en el acta, que será
suscrita por un testigo rogado por el compareciente, quien, además imprimirá su
huella dactilar, circunstancia que también se consignará en la diligencia
indicando cuál fue la impresa.”
17.3 El numeral
3º del artículo 3º del Decreto 960 de 1970 anteriormente citado consagra como
función notarial el dar testimonio de la autenticidad de firmas de funcionarios
o particulares y de otros notarios que las tengan registradas ante ellos.
Autenticar es la palabra que el legislador colombiano utiliza para definir esta
función que se refiere al hecho de haber sido realmente otorgado un documento
por determinada persona en la manera en que ésta alega haberlo otorgado. Al
respecto el artículo 73 del estatuto notarial señala:
“ARTICULO 73. RECONOCIMIENTO DE FIRMAS. El Notario podrá dar
testimonio escrito de que la firma puesta en un documento corresponde a la de
la persona que la haya registrado ante él, previa confrontación de las dos.
También podrá dar testimonio de que las firmas fueron puestas en su
presencia, estableciendo la identidad de los firmantes.” (Negrilla
fuera del texto).
17.4 La función
contenida en el numeral 4º del artículo 3º, establece que el notario deberá dar
fe de la correspondencia o identidad que exista entre un documento que tenga a
la vista y su copia mecánica o literal. Esta función hace referencia al
procedimiento seguido para autenticar documentos, a través del cual el notario
debe verificar que la copia mecánica o literal corresponda exactamente al
original que tenga a la vista y que la copia comprenda la integridad del
documento exhibido y lo reproduzca con entera fidelidad.
17.5 La función
consagrada en el numeral 8º según la cual el notario deberá dar testimonio
escrito con fines jurídico – probatorios de los hechos percibidos por sus
sentidos dentro del ejercicio de sus funciones, se encuentra complementada en
el artículo 96 del  estatuto notarial que dispone lo siguiente:
“ARTICULO 96. ACTA PARA TESTIMONIOS ESPECIALES. Cuando fuere
requerido para presenciar un hecho o situación perceptible por los sentidos
en forma directa, relacionados con el ejercicio de sus funciones, podrá
dar testimonio escrito de lo percibido por él, siempre que con ello se
procure un efecto jurídico. De lo ocurrido se sentará acta que firmará el
Notario y entregará al peticionario.” (Negrilla fuera del texto).
17. 6 En cuanto
a la función contenida en el numeral 9º de intervenir en el otorgamiento,
extensión y autorización de los testamentos solemnes que conforma a la ley
civil deban ante el notario otorgarse[41],
el artículo 1076 del Código Civil señala que:
“ARTÍCULO 1076. –El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y
ante notario o funcionario que haga veces de tal. Su testamento será leído en
alta voz dos veces: la primera por el notario o funcionario, y la segunda por
uno de los testigos, elegidos al efecto por el testador. Se hará mención
especial de esta solemnidad en el testamento.”
17.7 La función
descrita en el numeral 10º sobre la práctica, apertura y publicación de los
testamentos cerrados, se encuentra desarrollada por el artículo 63 del mismo
estatuto notarial que dispone:
“ARTICULO 63. PROCEDIMIENTO. Llegados el día y la hora señalados,
se procederá al reconocimiento del sobre y de las firmas puestas en él por el
testador, los testigos y el Notario, teniendo a la vista el sobre y la
escritura original que se haya otorgado en cumplimiento de lo ordenado en la
Ley 36 de 1931. Acto seguido el Notario, en presencia de los testigos e
interesados concurrentes, extraerá el pliego contenido en la cubierta y lo
leerá de viva voz; terminada la lectura, lo firmará con los testigos a
continuación de la firma del testador o en las márgenes y en todas las hojas de
que conste.”
18. Como se
desprende de lo anterior, las funciones notariales recaen principalmente sobre
el ámbito documental y revisten un carácter rogado en tanto que se despliegan a
partir de una solicitud de un tercero. Adicionalmente, dichas funciones son
indelegables y se limitan a recibir, extender y conferir autenticidad a las
manifestaciones de voluntad de quienes acudan a su ministerio. En todo caso
dichas funciones no tienen carácter decisorio o judicial[42].
Procede la
Corte a identificar si las discapacidades sensoriales de que trata la norma
parcialmente demandada son radical e insuperablemente incompatibles con las
funciones notariales descritas.
Estudio de
razonabilidad de la exclusión de las personas sordas para ejercer las funciones
esenciales del  notario público
19. Existe una
gran variedad de personas que pueden sufrir pérdida de capacidad auditiva. Los
dos tipos fundamentales de discapacidad auditiva son la hipoacusia (leve,
mediana y profunda) y la sordera. Sin embargo, al interior de cada una de estas
dos categorías existen niveles distintos de afectación del oído así como habilidades
o aprendizajes diferenciados que pueden compensar de manera más o menos
adecuada dichas afectaciones.
Según la
Organización Mundial de la Salud, la sordera consiste en la perdida completa de
la habilidad para escuchar sonidos por uno o por los dos oídos. Técnicamente,
según la misma organización, la sordera es un deterioro del oído profundo con
una pérdida auditiva mayor a 81 decibeles[43].
Para esta Organización, en consecuencia, es irrelevante la capacidad que la
persona tenga para comunicarse oralmente, por escrito o mediante la lengua de
las señas para efectos de ser calificada dentro de la categoría estudiada.
Ahora bien, el
artículo 1 de la ley 324 de 1996 calificaba a la persona sorda como aquella “que
presenta una pérdida auditiva mayor de 90 decibeles (90) que le impide adquirir
y utilizar el lenguaje oral en forma adecuada”[44]. Posteriormente el
legislador consideró necesario ampliar la definición legal mencionada, con el
propósito de aplicar medidas tendientes a la equiparación de oportunidades a un
colectivo más amplio que el originalmente incluido en la precitada Ley 324. En
este sentido, el artículo 1 de la Ley 982 de 2005, por la cual se establecen
normas tendientes a la equiparación de oportunidades de las personas sordas y
sordociegas, define a la persona sorda como: “Todo aquel que no posee la
audición suficiente y que en algunos casos no puede sostener una comunicación y
socialización natural y fluida en lengua oral alguna, independientemente de
cualquier evaluación audiométrica que se le pueda practicar.”. La misma
ley, señala que dentro de la comunidad de personas con estas dificultades se
encuentran los sordos señantes, los sordos hablantes, los sordos semilingües,
los sordos monolingües y los sordos bilingües.
La primera
pregunta que debe resolver la Corte entonces es a quienes se refiere la ley
demandada cuando señala que las personas “sordas” no pueden ejercer el cargo de
notario.
20. Como puede
advertirse, la definición técnica utilizada por la Organización Mundial de la
Salud, de la expresión “personas sordas”, es más restrictiva que la definición
legal adoptada por la Ley 982. En efecto, dado que para esta última es
irrelevante la medición audiométrica, lo cierto es que puede incluir, además de
las personas que según la OMS serian personas sordas, a las personas
técnicamente hipoacúsicas o con discapacidades auditivas, siempre que “en algunos
casos” tengan dificultades para sostener una comunicación fluida y “normal” en
lengua oral. Dificultades estas que pueden ser fácilmente predicables de todas
las personas sordas o hipoacúsicas, pues “algunos casos” incluyen, por ejemplo,
casos de ruido extremo que impide a la persona con ciertas discapacidades
auditivas identificar adecuadamente los sonidos o intentos de comunicación con
interlocutores que no hablan fuerte, no hablan de frente o no hablan claro,
entre otras muchas circunstancias que ponen en desventaja a las personas con
discapacidad auditiva frente al resto de la comunidad.
21. Al
incorporar la expresión “los sordos” en la norma demandada el legislador de
1970 tenía la intención de que la misma se interpretara de conformidad con el
significado común correspondiente, pues entonces no existía una definición
legal de dicha expresión. En este sentido, era inhábil cualquiera que no
pudiera percibir ni procesar información auditiva con independencia de su
capacidad para comunicarse oralmente o por escrito o para leer los labios.
Más de tres
décadas después, el legislador introdujo una definición legal de la expresión
estudiada, mucho más comprensiva que la definición técnica de la misma, con el
propósito de ofrecer garantías para que la población con afectaciones
auditivas, -y no solo las personas técnicamente sordas-, pudiera competir en
igualdad de condiciones con el resto de la población. Se trata entonces de una
norma especial que amplía el colectivo protegido, con la finalidad de lograr
que las medidas en materia de igualdad de oportunidades que consagra la
respectiva Ley se apliquen a todas las personas que con independencia de la
valoración audiométrica correspondiente - sordas o hipoacúsicas - tengan
desventajas auditivas que, “en algunos casos”, les impidan tener una
comunicación natural y fluida en lengua oral.
En ese sentido,
debe entenderse que la definición legal “ampliada” de la expresión “los sordos”
contenida en la Ley 982, que incluye tanto a las personas sordas como a las
hipoacúsicas, se aplica exclusivamente a la ley especial de la cual hace parte
y a las otras normas que la complementen y modifiquen y cuya finalidad sea
proteger el derecho a la no discriminación de estas personas. Esta definición,
sin embargo, no puede utilizarse para comprender el sentido de la expresión
“los sordos” contenida en el Decreto parcialmente demandado. En efecto, de una
parte se trata de una ley cuya materia es esencialmente distinta y de otro lado
dicha expresión se utiliza con el propósito de limitar el derecho de acceso a
la función notarial de quienes integran ese colectivo. Una interpretación
extensiva que no respete la especialidad de cada una de las leyes en cuestión,
ni la particular – y contraria - función de cada una de sus normas, terminaría
vulnerando el principio de interpretación conforme que debe regir la
actividad de los operadores jurídicos.
Por estas
razones, la expresión “los sordos” de la norma parcialmente demandada será
entendida en el sentido restrictivo que le confiere su significado técnico
internacionalmente aceptado. En efecto, la norma legal que amplia la definición
técnica internacional, lo hace en el contexto de una ley especial que persigue
implementar medidas concretas de protección para la población con
discapacidades auditivas severas, como, por ejemplo, la provisión de intérprete
en lengua de señas. No puede en consecuencia la Corte Constitucional extender
su eficacia jurídica para interpretar una ley preconstitucional que al regular
otra materia – el estatuto notarial - inhabilita a este colectivo para el
ejercicio de cargos o funciones públicas.
En
consecuencia, por la expresión “los sordos” contenida en la norma parcialmente
demandada, debe entenderse las personas que se encuentran absolutamente
inhabilitadas para percibir y procesar información auditiva por ser incapaces
de percibir sonidos inferiores a 81 decibeles. Lo anterior significa que
quienes no pueden ser calificados como sordos según la definición técnica
mencionada, -incluso si para efectos de la ley 982 de 2005 son personas sordas
-, tienen derecho a que en el concurso de acceso al cargo de notario se
realicen las adecuaciones razonables necesarias para que puedan competir en
igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes.
Procede la
Corte a estudiar si existe un argumento objetivo y razonable para excluir a las
personas sordas de la posibilidad de acceder al cargo de notario público.
22. Como lo ha
reconocido la Corte, hay personas que pese a tener una sordera profunda, pueden
comunicarse de manera confiable y satisfactoria con los oyentes. En efecto,
quienes tienen habilidades para leer los labios pueden conocer directamente
aquello que terceras personas quieran expresar siempre y cuando los oyentes les
hablen claramente y mirándolos de frente. Quienes puedan usar el lenguaje oral
pueden comunicar directamente su pensamiento, sin necesidad de intérprete. Las
personas sordas que puedan leer y escribir, pueden también conocer directamente
la voluntad de terceras personas cuando esta ha sido manifestada por escrito –
lo que puede ser hecho de manera sincrónica o diacrónica - y dar a conocer su
pensamiento a quienes puedan leer. En otras palabras, dentro del colectivo de
las personas con sordera existen múltiples diferenciaciones relevantes para la
adopción de la presente decisión.
A este respecto,
es relevante recordar que la propia ley establece una distinción entre las
personas “sordoseñantes” y las personas “sordohablantes”. Los sordoseñantes son
todas aquellas personas sordas que no dominan el lenguaje oral, por lo que
deben comunicarse a través de la lengua colombiana de las señas. Por el
contrario, los sordohablantes son todas aquellas personas sordas que dominan la
lengua oral y por lo tanto pueden comunicarse en castellano sin necesidad de
acudir a la lengua de señas. Adicionalmente, en general los sordohablantes
están en capacidad de aprender a leer los labios y de esta manera comunicarse
en castellano con las demás personas.
En suma, dentro
de la categoría “personas sordas”  existen múltiples y muy diversas
posibilidades. Así por ejemplo, en algunos casos las personas están en
capacidad de comunicarse directamente con los oyentes sin necesidad de
implementos técnicos o de apoyo humano pues pese a no poder oír, pueden hablar
y leer los labios. En otros casos pueden comunicarse con los oyentes
directamente pero con ayuda de implementos o adecuaciones técnicas o
tecnológicas. En otros casos, la comunicación puede darse sólo de manera
indirecta gracias al apoyo de un interprete. Finalmente hay casos de muy
difícil comunicación, como, por ejemplo, cuando la persona no ha aprendido ni
la lengua oral ni la lengua de señas y no sabe leer o escribir. Cada una de
estas circunstancias es completamente distinta y esta diferencia no puede pasar
desapercibida para la Corte.
23. En las
condiciones descritas se pregunta la Corporación si todas las personas sordas
incluidas en la norma parcialmente demandada tienen una incompatibilidad insuperable
con las funciones esenciales del cargo de notario. En efecto, como ya fue
mencionado, las disposiciones que establecen inhabilidades o que limitan el
derecho de personas o grupos a escoger profesión u oficio, deben fundarse en
una justificación objetiva y razonable. Si la disposición en cuestión afecta
colectivos más amplios que aquellos respecto de los cuales puede predicarse la
inhabilidad o la restricción, en principio, la misma será inconstitucional[45]. Pero la
inconstitucionalidad se vuelve incontestable, cuando se trata de excluir, sin
razón suficiente, a personas o grupos de personas que integran minorías ocultas
o discretas tradicionalmente discriminadas o personas con discapacidad física,
mental o sensorial[46].
En efecto, de conformidad con las reglas mencionadas en la primera parte de
esta providencia, para satisfacer el derecho a la no discriminación de las personas
tradicionalmente discriminadas o desaventajadas, al regular un determinado
ámbito laboral o el acceso a un cargo público, el legislador debe ser
particularmente cauteloso y limitarse a excluir exclusivamente a quienes por
sus condiciones presentan una incompatibilidad demostrada e insuperable con las
funciones del cargo que se reglamenta. Si por el contrario incluye categorías
ampliadas o ambiguas, la disposición deberá ser declarada inconstitucional.
En virtud de lo
anterior, se pregunta la Corte si existe una justificación objetiva y razonable
para excluir a todas las personas sordas de la posibilidad de ejercer el cargo
de notario público.
24. Las
funciones esenciales del cargo de notario se encuentran descritas en los
fundamentos 16 y 17 de esta providencia. En primer lugar, el notario debe ser
capaz de comprender la voluntad de quienes acuden a su ministerio. Esto puede
ser adelantado sin dificultad por quien puede leer los labios y comunicarse por
escrito pese a que no pueda oír. Adicionalmente, el notario debe tener la
capacidad de asesorar a las personas sobre el instrumento jurídico más idóneo
para lograr los fines que persiguen. Dado que existen personas sordas que
pueden hablar o escribir, no es posible sostener que todos aquellos que
integran este colectivo se encuentran inhabilitados para ejercer esta función.
Por el contrario, en el mundo del derecho y de otras profesiones liberales,
personas sordas con habilidades comunicacionales como las mencionadas pueden
desempeñarse muy exitosamente sin mayor dificultad o gracias a la
implementación de sencillas adecuaciones técnicas o tecnológicas. La tercera
función esencial del notario es la de extender los documentos que sean del
caso, revisar que las partes conocen lo que firman y dar fe del acto que se
protocoliza o autentica. Una persona sorda que pueda hablar, leer y escribir, o
leer los labios, no tiene dificultad para cumplir estas funciones. Al menos, no
tendría dificultades insuperables si se implementan adecuaciones técnicas razonables
para potenciar sus habilidades comunicacionales. Finalmente, la persona sorda
no tiene ninguna dificultad para dar fe sobre aquellas cuestiones que deba
percibir a través del sentido de la vista, como la confrontación de documentos,
firmas, personas, el estado de documentos, etc.
25. Ahora bien,
las funciones esenciales respecto de las cuales se ha realizado la
confrontación anterior coinciden con aquellas funciones enumeradas en el
artículo 3 de la  Ley parcialmente demandada. Para efectos de mayor claridad en
el análisis, procede la Corte a realizar el correspondiente cotejo entre cada
una de dichas funciones legales y las habilidades de personas incluidas en la
norma parcialmente demandada.
La función de recibir,
extender y autorizar las declaraciones que conforme a las Leyes requieran
escritura pública y aquellas a las cuales los interesados quieran revestir de
esta solemnidad (art.3-1) puede ser perfectamente ejercitada por personas
sordas que tengan la habilidad de comunicarse con los oyentes. Así por ejemplo,
una persona sorda que sepa leer y escribir o que pueda leer los labios o hablar
puede recibir directamente las declaraciones orales y no tendrá dificultad
alguna para recibir las declaraciones escritas. Puede también, directamente o
mediante ayudas técnicas razonables (como pantallas simultáneas de computador
adecuadamente ubicadas, apoyo de intérpretes adecuadamente calificados, entre
otros), asesorar a las partes en la escogencia del instrumento jurídico que se
deba extender y no tendrá ninguna dificultad para redactarlo, confirmar la
voluntad de las partes y dar fe sobre su contenido.  Por las mismas razones,
las personas sordas con las habilidades mencionadas no tienen dificultad alguna
para autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos privados
(art.3-2).
De otra parte,
las personas sordas pueden dar testimonio de la autenticidad de firmas de
funcionarios o particulares y de otros Notarios que las tengan registradas ante
ellos (art.3-3); dar fe de la correspondencia o identidad que exista
entre un documento que tenga a la vista y su copia mecánica o literal
(art.3-4); acreditar la existencia de las personas naturales y expedir la
correspondiente fe de vida ( art. 3-5); recibir y guardar dentro del protocolo
los documentos o actuaciones que la Ley o el Juez ordenen protocolizar o que
los interesados quieran proteger de esta manera (art.3-6); expedir copias o
certificaciones según el caso, de los documentos que reposen en sus archivos
(art. 3-7); y llevar el registro del estado civil de las personas en los casos,
por los sistemas y con las formalidades prescritos en la Ley (art.3-13) pues
para ninguna de las anteriores funciones se requiere tener habilitado el
sentido del oído.
El numeral 8
del artículo 3 establece que es función del notario “dar testimonio escrito
con fines jurídico - probatorios de los hechos percibidos por ellos dentro del
ejercicio de sus funciones y de que no haya quedado dato formal en sus
archivos.”. Para algunos de los intervinientes esta función no puede ser
cumplida por las personas con sordera dado que no estarían en disposición de
dar testimonio de las conversaciones entre las partes. Lo primero que hay que
señalar es que una persona con deficiencias auditivas graves o profundas que
esté en capacidad de leer los labios puede seguir una conversación entre
oyentes. Adicionalmente, lo que se le solicita es que rinda testimonio escrito
sobre aquello que pudo percibir en ejercicio de sus funciones y eso lo puede
hacer sin problema alguno quien puede cumplir las restantes funciones. En
consecuencia, de la evaluación sobre la capacidad de personas con deficiencias
auditivas graves o profundas para cumplir las funciones restantes del notario
público dependerá su capacidad para cumplir satisfactoriamente con esta tarea.
A su turno
según los numerales 9 y 10 del artículo 3 del Decreto 960 de 1970, el notario
debe intervenir en el otorgamiento, extensión y autorización de los
testamentos solemnes que conforme a la Ley civil deban otorgarse ante ellos
y practicar apertura y publicación de los testamentos cerrados. Esta
función supone, en algunos casos, la lectura de viva voz de los respectivos
documentos (arts. 63 Decreto 960 de 1970). Por esta razón algunos de los
intervinientes consideran que las personas sordas no pueden competir para
acceder al cargo de notario. No obstante, contra este argumento existen dos
razones importantes. En primer lugar, como fue explicado, no todas las personas
sordas están incapacitadas para hablar y, en consecuencia, para leer de viva
voz un determinado documento. Adicionalmente, en casos como estos es necesario
preguntarse si las funciones mencionadas son realmente esenciales hasta el
punto en el cual quien no puede ejercerlas directamente debe quedar
completamente excluido de la posibilidad de acceder al cargo de notario
público. Esta cuestión será resuelta en el aparte siguiente de esta providencia
al estudiar las presuntas incompatibilidades de las personas con deficiencia en
el habla para ejercer las funciones esenciales del notario.
26. De todo lo
anterior resulta claro que la inhabilidad estudiada incluye a personas que no
podrían ejercer las funciones esenciales del cargo de notario. Se trata por
ejemplo de personas con sordera profunda que no pueden comunicarse oralmente,
que no saben leer los labios o que no saben leer ni escribir en castellano. Sin
embargo, como quedo visto, la inhabilidad legal estudiada incluye también a
personas que están plenamente capacitadas para ejercer las funciones esenciales
del cargo de notario. En efecto, gracias a su habilidad para comprender
directamente a las demás personas y para comunicarse directamente, la función
auditiva no resulta imprescindible para las actividades que como notarios están
llamados a desempeñar. En estos casos, a falta de una prueba técnica distinta,
la desconfianza estaría generada en simples prejuicios sociales y en el
desconocimiento de las capacidades reales de las personas con discapacidades
auditivas severas o profundas, argumentos estos que la Corte Constitucional no
puede avalar. En consecuencia, no puede menos que afirmarse que la expresión
“los sordos” demandada, viola el derecho de esas personas a la igualdad y a la
no discriminación (C.P. art. 13) a elegir profesión u oficio (C.P. art. 26) y a
competir en igualdad de oportunidades para el acceso a un cargo público (C.P.
art. 40).
En efecto, como
lo ha dicho la Corte, viola los derechos mencionados la norma que incluye,
dentro de la prohibición para acceder a un cargo público o a un puesto de
trabajo, a personas que se encuentran en capacidad de ejercer adecuadamente las
respectivas funciones y cuya exclusión no encuentra una justificación objetiva
y razonable. En estos casos, en principio, procede la declaración de inconstitucionalidad
de la respectiva prohibición.
27. En virtud de
lo anterior, a la Corte le resulta claro que las personas sordas que
directamente o gracias a la implementación de adecuaciones razonables
especiales puedan comunicarse sin intermediarios con los oyentes, tienen
derecho fundamental a competir, en igualdad de oportunidades con el resto de la
población, para acceder al cargo de notario público. En esta medida, las
autoridades, al diseñar el respectivo concurso, en aplicación del artículo V-1
de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad deben promover la
participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad,
organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o ­si no
existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración,
ejecución y evaluación de medidas y políticas para que en el proceso de diseño
e implementación del concurso de méritos que el Estado debe adelantar, se
adopten adecuaciones razonables que se requieran para permitir la libre e igual
competencia y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad.
La razonabilidad de la medida frente a las personas con
limitaciones insuperables del habla
28. Las personas
con limitaciones radicales del habla que dominan el lenguaje del castellano,
pueden ver, oír y saben leer y escribir, pueden cumplir la totalidad de las
funciones asignadas a los notarios públicos con la excepción obvia de aquellas
que suponen la lectura de viva voz de algunos documentos. En efecto, nada obsta
para que las personas con limitaciones del habla reciban declaraciones,
asesoren – directamente mediante implementos o ayudas electrónicas, técnicas o
mediante interpretes – a quienes acudan a su ministerio, den fe sobre la
identidad de personas, firmas o documentos, custodien y administren la
información que deban guardar, en fin, cumplan las funciones esenciales del
notario público. La cuestión que es necesario definir entonces es si la función
de leer de viva voz que es la única que no pueden cumplir, es una función
“esencial” del notario hasta el punto de que justifique establecer una barrera
inquebrantable de entrada al respectivo cargo para las personas con limitaciones
del habla.
29. La función
de leer directamente y “de viva voz” algunos documentos, se debe ejercer en los
siguientes eventos. En primer lugar, se exige al notario leer de viva voz la
escritura pública que deban firmar las personas con ceguera. Al respecto los
artículos 35 y 36 del Estatuto Notarial señalan:
“ARTICULO 35. LECTURA DE LA ESCRITURA PÚBLICA. Extendida la
escritura será leída en su totalidad por el Notario, o por los otorgantes, o
por la persona designada por estos, quienes podrán aclarar, modificar o
corregir lo que les pareciere y al estar conformes, expresarán su asentamiento.
De lo ocurrido se dejará testimonio escrito en el propio instrumento y la firma
de los otorgantes demuestra su aprobación.”
“ARTICULO 36. LECTURA PARA DISCAPACITADOS. Si se tratare de
personas sordas, la lectura será hecha por ellas mismas, y sí de ciegas, únicamente
por el Notario.” (Negrilla fuera del texto)
A su turno, el
artículo 70 señala la forma en que debe practicarse la firma de las personas
con ceguera, de la siguiente manera:
“ARTICULO 70. FIRMA DE PERSONAS IMPEDIDAS. Si se tratare de
personas ciegas, el Notario leerá de viva voz el documento, y si fuere
consentido por el declarante, anotará esta circunstancia. Si entre los
comparecientes hubiere sordos, ellos mismos leerán el documento y expresarán su
conformidad, y si no supieren leer manifestarán al Notario su intención para
que establezca su concordancia con lo escrito y se cerciore del asentimiento de
ellos tanto para obligarse en los términos del documento como para reconocer su
contenido y rogar su firma. De otra manera el Notario no practicará la
diligencia.”[47]
(Negrilla fuera del texto).
En el mismo
sentido, el art. 828 del Código de Comercio (Decreto 410 DE 1971) establece:
"Artículo 828. La firma de los ciegos no les obligará sino
cuando haya sido debidamente autenticada ante juez o ante notario, previa
lectura el respectivo documento de parte del mismo juez o notario".
En cuanto a la
función contenida en el numeral 9º del artículo 3 del Estatuto Notarial,
relativa a la intervención del notario en el otorgamiento, extensión y
autorización de los testamentos solemnes que conforma a la ley civil deban ante
el notario otorgarse[48],
el artículo 1076 del Código Civil señala:
“ARTÍCULO 1076. –El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y
ante notario o funcionario que haga veces de tal. Su testamento será leído en
alta voz dos veces: la primera por el notario o funcionario, y la
segunda por uno de los testigos, elegidos al efecto por el testador. Se hará
mención especial de esta solemnidad en el testamento.” (Negrilla fuera del
texto).
Finalmente, la
función descrita en el numeral 10º del artículo primero antes citado referida a
la práctica, apertura y publicación de los testamentos cerrados, se encuentra
desarrollada por el artículo 63 del mismo estatuto notarial que dispone:
“ARTICULO 63. PROCEDIMIENTO. Llegados el día y la hora señalados,
se procederá al reconocimiento del sobre y de las firmas puestas en él por el
testador, los testigos y el Notario, teniendo a la vista el sobre y la
escritura original que se haya otorgado en cumplimiento de lo ordenado en la
Ley 36 de 1931. Acto seguido el Notario, en presencia de los testigos e
interesados concurrentes, extraerá el pliego contenido en la cubierta y lo
leerá de viva voz; terminada la lectura, lo firmará con los testigos a
continuación de la firma del testador o en las márgenes y en todas las hojas de
que conste.” (Negrilla fuera del texto).
30. De lo
anterior resulta claro que  el notario debe leer de viva voz los
respectivos documentos en dos circunstancias distintas: cuando se trate de la
firma de personas con ceguera o cuando se trate de la apertura de testamentos
cerrados. La Corte estudiará cada una de estas dos funciones a efectos de
establecer si resulta razonable que quien no pueda cumplirlas quede impedido
para acceder al cargo de notario público.
31. La atención
especial para las personas con discapacidad es, como ya se ha mencionado, un
deber constitucional del Estado. Por esta razón la Corte, mediante la Sentencia
C-952 de 2000, declaró exequibles los artículos 828 del Código de Comercio y 70
del Decreto 960 de 1970. Tales normas, como se señaló arriba, exigen la
autenticación ante juez o ante notario, de la firma de las personas ciega o
invidentes, previa lectura por parte de este funcionario de respectivo
documento. En criterio de la Corte, exigir garantías especiales de protección
para quienes pueden encontrarse en circunstancia de debilidad manifiesta no
vulnera la Constitución. En este sentido, no parecería razonable dejar sin
protección especial a las personas invidentes que decidan hacer una determinada
declaración en los términos de las normas antes citadas. Ello podría vulnerar
la obligación de progresividad  que le imponen al Estado colombiano los
tratados de derechos humanos, así como el deber de especial protección de las
personas con discapacidad sensorial.  Por ello, es muy importante mantener las
garantías de que tratan las normas citadas.
Sin embargo, lo
cierto es que para mantener las garantías especiales destinadas a proteger a
las personas con ceguera no es necesario impedir que las personas que no pueden
hablar ejerzan el cargo de notario. En efecto, existen múltiples medidas
alternativas que permitirían, simultáneamente, la protección de los derechos de
las personas invidentes y la defensa del derecho a la igualdad de oportunidades
de las personas con afectaciones del habla. En primer lugar una medida
razonable sería la de garantizar que, en todo caso, existan notarias fácilmente
accesibles por parte de las personas con ceguera  en las cuales el notario
tenga la ventaja de poder leer a viva voz los documentos que se le presenten.
Adicionalmente, en lugares en los que ello es imposible, la ley puede ordenar
el auxilio de otro funcionario o incluso de una persona de confianza de la
persona protegida que, exclusivamente para esos casos y en presencia del
notario, pueda asumir la función de leer de viva voz el respectivo documento.
Finalmente, las notarias respectivas pueden estar dotadas de adecuaciones
especiales que – como las impresoras tipo braille- permiten que las
personas con limitaciones visuales puedan, ellas mismas, conocer el contenido
de los documentos respectivos. En suma, nada obsta para que se adopten medidas
alternativas que sin mayor dificultad puedan resolver la aparente colisión de
derechos que presentan las normas estudiadas, sin necesidad de sacrificar
absolutamente el alcance de uno de tales derechos – en este caso el derecho a
la igualdad de oportunidades de las personas con limitaciones del habla – para
proteger otro derecho – en este caso el derecho de especial protección de las
personas con ceguera.
Cuando quiera
que resulte razonable adoptar medidas alternativas menos lesivas para los
derechos de las personas con discapacidad o que permitan armonizar mejor los
derechos en conflicto, el legislador esta obligado a hacerlo, pues como ya se
mencionó, no entra dentro del ámbito de libre configuración legislativa la
definición de barreras innecesarias de ingreso de las personas con discapacidad
a un puesto de trabajo. Por lo tanto, en el presente caso al existir medidas
alternativas menos costosas para los derechos en tensión, es obligación del
Estado adoptarlas y abandonar el camino fácil de la inhabilidad que, por las
razones mencionadas, resulta desproporcionado.
32. La segunda
función que supone la lectura de viva voz de un documento es aquella que se
relaciona con la lectura de testamentos cerrados. En estos casos la apertura y
lectura del testamento es una tarea que exige la máxima confianza y cuidado por
parte de quien es depositario de la fe pública. Por ello se exige que solo el
notario pueda leer el documento hasta ahora cerrado, pues ello ofrece a los
interesados un grado importante de confianza sobre su contenido.
Resta definir si
es esta una función que necesariamente deba cumplir personalmente el notario.
Como ya fue explicado, solo es legítimo impedir que personas con discapacidad
puedan ejercer un determinado cargo si las funciones que no pueden cumplir son
absolutamente esenciales o sustanciales al cargo de que se trate. De otra forma
seria muy fácil burlar el deber de protección especial y el derecho a la no
discriminación de las personas con discapacidad, asignando al respectivo cargo
funciones accesorias que sin embargo exigen habilidades que solo quienes no
poseen discapacidad alguna pueden ejercer.
En el caso que
se estudia se exige que el notario esté presente durante la apertura y lectura
del documento. De esta manera podrá dar fe sobre su estado y contenido. Dado
que se trata de un documento cerrado, parece razonable que quien lo abra y lea,
para dar más confianza a todos los interesados, sea el notario. Sin embargo
nada obsta para que ante la imposibilidad de la lectura de viva voz y en presencia
del notario, un funcionario distinto pueda cumplir esa función mecánica. En
este sentido existen múltiples medidas alternativas que pueden ser incorporadas
para facilitar lo esencial: que el notario esté presente y pueda dar fe del
estado del documento y del contenido de lo que se lee. Así por ejemplo, si
existen apoyos tecnológicos el documento original puede ser proyectado mientras
se lee o simplemente puede ser leído, simultáneamente, por el notario y por
quien cumple la tarea de leerlo de viva voz.  En suma, señalar que una persona
que tiene desventajas en el habla, pero que puede ver  y escuchar y comunicar
claramente su pensamiento, y que adicionalmente tiene los conocimientos y las
habilidades necesarias para ejercer la función notarial, no pueda competir para
acceder al cargo de notario, porque no puede leer de viva voz un testamento
cerrado, es a todas luces una medida desproporcionada. En efecto para
garantizar que el notario pueda dar fe sobre el estado y contenido de dicho
documento existen múltiples medidas alternativas que tienen un costo menor para
los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y sin embargo
protegen con igual fuerza la confianza que debe existir sobre el acto de
apertura del testamento cerrado.
En consecuencia,
por las razones expuestas no existe una justificación objetiva y razonable para
impedir que las personas con limitaciones del habla puedan ejercer la función
notarial.  Por esta razón, la expresión  “los mudos” demandada será declarada
inexequible.
33. Finalmente,
no sobra mencionar que, para garantizar los derechos fundamentales de este
colectivo, al momento de realizar el concurso respectivo se deben implementar
las adecuaciones razonables del caso para permitir que la persona con
discapacidad pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de los
aspirantes. Por ello la prueba no podrá exigir la lectura de viva voz de
documentos, pues ello violaría el derecho a la igualdad de este grupo de
personas. Adicionalmente, para garantizar que las personas invidentes puedan
ejercer plenamente sus derechos, el Estado tiene la obligación de adoptar
medidas alternativas que aseguren que el acceso a una determinada notaría de
una persona con limitaciones del habla no comprometa la protección especial que
ha sido conferida a las personas con limitaciones visuales. Todo esto,
naturalmente, apelando a la participación de los representantes de
organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales
que trabajan en este campo o, ­si no existieren dichas organizaciones, personas
con discapacidad, tal y como lo establecen las normas internas antes citadas,
así como la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad.
La
razonabilidad de la medida frente a las personas con limitaciones visuales
radicales e insuperables
34. La norma
parcialmente demandada establece que las personas con ceguera no pueden ejercer
el cargo de notario.
La ceguera y la
deficiencia visual grave o severa son condiciones caracterizadas por una
limitación total o muy seria de la función visual. Sin embargo, se trata de
situaciones distintas. En efecto, las personas con ceguera no tienen la
posibilidad de ver nada en absoluto o tienen solamente una leve percepción de
luz que si bien les permite distinguir entre luz y oscuridad, no les permite
percibir las imágenes o la forma de los objetos. Las personas que tienen
deficiencia visual pueden tener percepciones visuales, distinguir objetos e
incluso leer, aunque según el grado o el tipo de la deficiencia pueden requerir
para ello ayudas o soportes especiales.
Ahora bien, la
norma parcialmente demandada se refiere exclusivamente a las personas afectadas
por ceguera, es decir, quienes no pueden distinguir ningún tipo de imagen. En
este sentido, el concepto técnico de la asesora jurídica del Instituto Nacional
para Ciegos comienza por recordar que la Organización Mundial de la Salud –OMS-
define la ceguera como “la condición en la cual una persona con la mejor
corrección óptica convencional o quirúrgica en el mejor ojo, no supera una
agudeza visual de 20/200 hasta la percepción de luz y un campo visual no mayor
a 20 grados”.
Quienes tienen
una limitación visual distinta tienen entonces derecho a que en el concurso
para acceder al cargo de notario se adopten las adecuaciones razonables
necesarias que les permitan competir en igualdad de condiciones para demostrar
sus capacidades y habilidades en el ejercicio de las funciones esenciales de
dicho cargo. Sólo si luego de haber participado en tales condiciones resulta
demostrado que la persona no reúne las capacidades o habilidades para el
desempeño de las funciones esenciales del cargo, podrá ser excluida de la
selección. Por las razones anteriores, la Corte se concentrará exclusivamente
en el estudio de las personas con ceguera.
35. Como lo
indica el demandante, las personas con ceguera pueden desempeñar múltiples
cargos y empleos públicos. En algunos casos para hacerlo, requerirán de
adaptaciones, ayudas y dispositivos de distinta naturaleza, como tiflotécnicas,
informáticas, electrónicas, etc., “que le permitan desempañar el puesto de
trabajo de la forma más cómoda, eficaz y competitiva”[49].
No obstante, aún
existen algunas tareas que no pueden ser desempeñadas por quienes no tienen la
posibilidad de ver imágenes.  La pregunta entonces es si la ceguera constituye
una desventaja insuperable para ejercer el cargo de notario hasta el punto en
el cual resulte constitucional la ley que inhabilita, a priori, a quien
tiene esta característica, para ejercerlo. Pasa la Corte a estudiar esta
cuestión.
36. Existen
algunas tareas esenciales a cargo de notario que las personas ciegas pueden
desempeñar en igualdad de condiciones con el resto de las personas, bien
directamente o gracias a la implementación de algunas adaptaciones o ayudas
tiflotécnicas, informáticas o electrónicas, razonables. En efecto, nada obsta
para que una persona que tenga esta desventaja pueda recibir una declaración de
voluntad y asesorar a quien la emite sobre el mejor instrumento jurídico para
que tal declaración cumpla los efectos que persigue. Tampoco existe un
impedimento insuperable para que personas con ceguera puedan redactar los
textos de las declaraciones, actas o escrituras que las personas deben firmar o
para archivar y administrar los documentos que reposen en la notaría.
Adicionalmente
existen funciones notariales que por no ser esenciales o verdaderamente
indelegables, resulta irrelevante que las personas con ceguera no puedan
cumplir. Por ejemplo, se trata de las funciones que le obligan a leer de viva
voz el testamento cerrado. En estos casos, siempre que tanto el notario como
los interesados puedan estar seguros de que la lectura que se hace es fiel al
documento, no importa que la misma sea realizada por otro funcionario. En
cuanto a la atención especial a personas con deficiencia visual o ceguera, tal
y como se mencionó en un aparte anterior de esta providencia, podría
perfectamente establecerse una excepción en el respectivo círculo notarial de
forma tal que estas personas pudieran acudir a otra notaría que cumpla estas
funciones.  En efecto, dado que este tipo de tareas no son las que de manera
constante y permanente ejecutan los notarios, lo cierto es que en estos casos resulta
razonable, desde una perspectiva constitucional, adoptar medidas alternativas
como, por ejemplo, la de adecuar la notaría con implementos técnicos o
tecnológicos especiales; imponer a las personas invidentes la carga de ir a
otra notaría a la que tengan fácil acceso; o incluso permitir que otros
funcionarios o personas de confianza del usuario acompañen al notario en la
respectiva diligencia.
37. No obstante,
existen algunas funciones esenciales, no delegables, del cargo de Notario que
no parece posible que sean adecuadamente ejercidas por las personas con
ceguera. Se trata de funciones que sólo el notario puede ejercer, ya que es en
esta persona en quien se ha depositado la confianza pública de dar fe sobre la
existencia de ciertos hechos o declaraciones.  Estas funciones son,
especialmente, aquellas que exigen la confrontación de imágenes, rúbricas,
signos, personas o documentos. Así por ejemplo, las personas ciegas, incluso
apoyadas con ayudas especiales, no tendrían la posibilidad de certificar o dar
fe sobre la identidad de dos o mas firmas, documentos o imágenes y, en
consecuencia, para autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos
privados (art.3-2 Decreto 960 de 1970) o para dar testimonio de la
autenticidad de firmas de funcionarios o particulares y de otros Notarios que
las tengan registradas ante ellos (art.3-3 Decreto 960 de 1970); dar
fe de la correspondencia o identidad que exista entre un documento que tenga a
la vista y su copia mecánica o literal (art.3-4 Decreto 960 de 1970); acreditar
la existencia de las personas naturales y expedir la correspondiente fe de vida
( art. 3-5 Decreto 960 de 1970); expedir copias o certificaciones según
el caso, de los documentos que reposen en sus archivos (art. 3-7 Decreto
960 de 1970). Las anteriores, como puede fácilmente constatarse, son
labores básicamente documentales que exigen la posibilidad de conocer
directamente y sin necesidad de intermediarios, la información o las imágenes
que se encuentran plasmadas en un documento. Si estas funciones no fueran
ejercidas directamente por el  notario y su cumplimiento fuera delegado a otras
personas o, incluso, a procesos técnicos cuyo resultado fuera imposible de
verificar directamente por el depositario de la confianza pública, su ejercicio
no tendría el grado de confiabilidad que se exige de las funciones notariales.
Adicionalmente,
según los numerales 9 y 10 del artículo 3 del Decreto 960 de 1970, el notario
debe intervenir en el otorgamiento, extensión y autorización de los testamentos
solemnes que conforme a la Ley civil deban otorgarse ante ellos y practicar
apertura y publicación de los testamentos cerrados. Según el  artículo 63
del Decreto en mención, “llegados el día y la hora señalados, se procederá
al reconocimiento del sobre y de las firmas puestas en él por el testador, los
testigos y el Notario, teniendo a la vista el sobre y la escritura original que
se haya otorgado en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 36 de 1931. Acto
seguido el Notario, en presencia de los testigos e interesados concurrentes,
extraerá el pliego contenido en la cubierta y lo leerá de viva voz; terminada
la lectura, lo firmará con los testigos a continuación de la firma del testador
o en las márgenes y en todas las hojas de que conste.”
Según el
artículo 62 del Estatuto Notarial, presentada la solicitud de apertura de
testamento cerrado y el sobre que contiene el documento, el Notario debe dejar
constancia del estado físico del mismo, con expresión de las marcas, sellos y
demás circunstancias distintivas como el abono de firmas de los testigos. Esta
función no puede ser cumplida por las personas con ceguera.
Adicionalmente,
en relación con el reconocimiento de firmas, el artículo 73 del decreto en
comento señala que “el Notario podrá dar testimonio escrito de que la firma
puesta en un documento corresponde a la de la persona que haya registrado ante
él, previa confrontación de las dos. También podrá dar testimonio de que las
firmas fueron puestas en su presencia, estableciendo la identidad de los
firmantes.”[50].
Se trata de funciones esencialmente visuales que no podrían ser cumplidas
directamente por el notario que sufriera de ceguera. Tampoco podría cumplir
otro tipo de funciones en materia de autenticación o reconocimiento de
documentos privados, como, por ejemplo, la autenticidad por medio de
fotografía. En efecto, de conformidad con lo señalado en el artículo 76 del
decreto 960 de 1970: “El Notario dará testimonio de su (sic)
autenticidad de una fotografía de persona si establece por sus sentidos que
corresponde a ella y está agregada a un escrito en que el interesado asevere
ser suya y en que reconozca la firma con que autorice dicha afirmación”.
En suma, la
persona con ceguera no puede acceder directamente a cierta información
relevante en los documentos objeto de su conocimiento – como las firmas,
rúbricas, fotografías, o el estado de los documentos, entre otros -. Por ello
no puede dar fe de la correspondencia entre dos firmas, entre dos planos, entre
dos imágenes. No puede asegurar que el documento que se lee a las personas es
el mismo que estas firman, ni que la copia que extiende es idéntica al
documento que custodia.  Tampoco puede dar fe sobre el estado de los documentos
que se entreguen para su custodia o de los sobres que los contengan. Finalmente
no puede certificar sobre la autenticidad de una fotografía, ni autenticar
firmas o adelantar el reconocimiento de las mismas. Estas, como ha sido
mencionado, son tareas esencialmente visuales que exigen la confrontación entre
dos imágenes y que en la actualidad no pueden ser desarrolladas directamente y
con total confianza por personas con ceguera.
En este mismo
sentido es importante recordar que el concepto técnico de la asesora jurídica
del Instituto Nacional para Ciegos señala que de conformidad con los estudios
realizados por el Instituto sobre los perfiles ocupacionales de las personas
ciegas, estas se pueden desempeñar en cualquier actividad, excepto en aquellas
en las que se requiere realizar tareas fundamentalmente visuales. En este
sentido, concluye que dadas las características de la función notarial, aun con
el avance logrado por la tecnología para ayudar a personas con limitación
visual, todavía no se cuenta con los instrumentos apropiados que permitan a una
persona ciega, cumplir con las funciones específicas del notario. Por esas
razones de orden tecnológico, considera que no es inconstitucional mantener en
el ordenamiento jurídico el impedimento legal impugnado por el actor.
En consecuencia,
dado que, al menos en las circunstancias actuales, no existen adecuaciones
razonables que permitan que las personas con ceguera puedan cumplir
directamente y con entera confianza, las funciones notariales mencionadas, la
expresión “los ciegos” demandada será declarada exequible.
38. Finalmente,
no sobra reiterar que tal y como lo señala el artículo 131 de la Constitución
“El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso”.
Lamentablemente, la Corte constata que continúa el estado de cosas
inconstitucional declarado por la sentencia SU-250 de 1998 en materia notarial,
en la medida en que no se ha llevado a cabo el concurso público para elegir
notarios en propiedad. A este respecto, no sobra recordar que la única manera
de garantizar el derecho fundamental a la no discriminación de las personas con
afectación del habla y sordas que a partir de esta decisión tienen la
posibilidad de ejercer la función fedante, es mediante la convocatoria a un
concurso público en los términos de la ley 982 de 2005, que en su artículo 37
establece:
“ARTÍCULO 37. En los concursos que se organicen para el ingreso
al servicio público, serán admitidas en igualdad de condiciones las personas
con limitación auditiva y visual asociada, siempre y cuando dicha limitación no
resulte incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse
agotado todos los medios posibles de capacitación.”
Similar mandato
establece el artículo 27 de la Ley 361 de 1997 que dice:
“ARTÍCULO 27. En los concursos que se organicen para el ingreso
al servicio público, serán admitidas en igualdad de condiciones las personas
con limitación, y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los
elegibles a la persona con limitación, siempre y cuando el tipo o clase de
limitación no resulten extremo incompatible o insuperable frente al trabajo
ofrecido, luego de haberse agotado todos los medios posibles de capacitación.”
Finalmente y en
relación con este punto, la Corte juzga oportuno reiterar lo dicho en la
Sentencia C-153 de 1999 sobre la obligación de implementar los concursos en
materia notarial:
"La
Corte Constitucional ha sido enfática en indicar que para ingresar a un cargo
de carrera administrativa, notarial o judicial, se exige la superación de un
concurso público y abierto, que respete los parámetros constitucionales
destinados a garantizar la plena igualdad de oportunidades. En efecto, en
reiteradas oportunidades esta Corporación ha señalado que no cualquier concurso
satisface las condiciones que exige la Constitución para la implementación
adecuada de un verdadero régimen de carrera. Si los concursos no tuvieran que
respetar parámetros básicos de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad,
resultaría en extremo sencillo diseñar un régimen perverso que, bajo la máscara
del concurso, permita un altísimo grado de subjetividad en la selección del
personal de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían,
necesariamente, las más idóneas y, sin embargo, tendrían pleno derecho a la
estabilidad en sus respectivos cargos. Por esta razón, la Corte ha indicado que
viola el derecho a la igualdad de oportunidades para el ingreso a los cargos
públicos, el concurso que no se someta a los criterios de objetividad que exige
la Constitución".
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
oído el concepto del señor Procurador General de Nación, y cumplidos los
trámites previstos por el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos estudiados en
esta providencia, la expresión “los ciegos” contenida en el numeral 2º del artículo 133 del Decreto 960 de
1970.
Segundo. Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “Los
sordos” y “los mudos” contenida en el numeral 2º del artículo 133 del
Decreto 960 de 1970.
Cópiese,
notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Artículo 73 del Decreto 960 de 1970.
[2]
Sentencias C-1508 de 2000.
[3]
Cita el interviniente: LAVADERA, (en su artículo Fe Jurídica, revista de
Derecho Privado 1921, pág. 109), referido por Giménez Arnau.
[4]
Sentencia C-925 de 2001.
[5]
En este sentido, la Corte ha señalado la importancia que la Carta le asigna al
derecho a la igualdad de oportunidades como una de las condiciones esenciales
para el logro del principio de igualdad material. Al respecto ha señalado: “El derecho a la igualdad de oportunidades
trasciende la concepción formal de la igualdad ante la ley. Tiene en cuenta las
diferencias naturales o sociales como factores relevantes para determinar el
trato a que tienen derecho determinadas personas o grupos. En relación con los
discapacitados, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un
medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena
participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación (CP art. 2). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un
derecho fundamental mediante el que se "equipara" a las personas en
inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus
derechos.Los derechos específicos de protección especial para grupos o
personas, a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan
una "diferenciación positiva justificada" en favor de sus titulares.
Esta supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y
para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13). T-288
de 1995.
[6]
Sobre el derecho de especial protección del Estado a quienes se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta pueden consultarse, entre otras, las
sentencias T-288 de 1995; T-207 de 1999; T-823 de 1999; C-128 de 2002; T-150 de
2002 y T-595 de 2002, todas referidas al deber de especial protección
constitucional a las personas con desventajas sensoriales o físicas.
[7]
Sobre los colectivos de personas discapacitadas como minorías discretas u
ocultas ver sentencia T-207 de 1999. Sobre el juicio de igualdad respecto de
normas que afectan a estos colectivos ver C-673 de 2001.
[8] Como se mencionaba por la Corte en la T-288 de 1995,
“Según la Organización Mundial
de la Salud, más de 500 millones de personas, o sea el l0% de la población
total, sufre de algún tipo de discapacidad. En la mayoría de los países un 25%
de la población total se ve afectada por la presencia de incapacidades (Naciones Unidas. Los derechos humanos y las personas
discapacitadas, por Leandro Despouy. Nueva York, 1993). “.
[9]
Baste al respecto citar la sentencia C-983 de 2002 a través de la cual se
declaró inconstitucional la norma del Código Civil que consideraba que los
sordomudos que no pudieran darse a entender por escrito eran incapaces
absolutos. Adicionalmente, se pueden consultar las sentencias C-401 de 1999 y
C-065 de 2003 que declararon inconstitucional, respectivamente, la inhabilidad
legal de las personas sordas, invidentes o mudas para ser testigos de
matrimonio civil o de testamento solemne.
[10]
Sentencia T-207 de 1999.
[11]
Cfr. en este sentido, las sentencias  T-288 de 1995; T- 207 de 1999; C- 673 de
2001; C- 128 de 2002; T- 150 de 2002; T- 983 de 2002, entre otras.
[12] T-1219 de 2005
[13] T-1219 de 2005
[14]
Al respecto puede consultarse la sentencia T-150 de 2002 que ordenó al Servicio
Nacional de Aprendizaje - Sena - admitir a una persona invidente que había sido
rechazada con fundamento en una desventaja sensorial. Luego de un estudio sobre
las condiciones del proceso de aprendizaje y del programa de estudios seleccionado
por el actor, la Corte, en aplicación de un juicio estricto de razonabilidad,
encontró que no existía un fundamento objetivo y razonable para excluirlo del
proceso de formación técnica que este había seleccionado.
[15]
Sobre las obligaciones especiales del Estado respecto de los grupos
desaventajados físicos o sensoriales se pueden consultar, entre otras, las
sentencias T-644 de 1996, T-556 de 1998, T 134 de 2001, T-786 de 2002 sobre
especial atención en materia de Salud. Las sentencias T-065 de 1996; T-700 de
2002; C-531 de 2001; T 117 de 1995; T-473 de 2002 sobre los derechos especiales
del trabajador discapacitado. Sobre derechos a la educación especial T-620 de
1999; T-513 de 1999; T-559 de 2001. En particular sobre medidas de
diferenciación positiva y trato especial al discapacitado se pueden consultar
T-288 de 1995; T-823 de 1999; T-595 de 2002; C- 410 de 2001; T- 1639 de 2000.
[16]
Como se verá mas adelante, una de las obligaciones del Estado destinadas a
promover  prácticas de inclusión social de grupos o sectores discriminados,
marginados o desaventajados se encuentra consagrada en la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación que
establece, entre otras, el deber de adoptar políticas de sensibilización de la
población, a través de campañas educativas dirigidas a eliminar prejuicios,
estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a
ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las
personas con discapacidad. Al respecto Cfr. C-401 de 2003.
[17]
Esta regla se ha reiterado desde la T-288 de 1995.
[18]
Esa es la posición defendida por Tribe, Laurence, en su libro American
Constitutional Law (The Foundation Press, Mineola, Nueva York, 1988, pp.
1594ss.). Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia  rechazó expresamente esta
clasificación, en la sentencia City of Cleburne v. Cleburne Living Center (473
U.S. 432, año de 1985). La sentencia contó con un salvamento parcial de voto de
parte de tres magistrados, que defendían la categorización del criterio de la
discapacidad como semisospechoso.
[19]
Sentencia T-207 de 1999 F.J. 7.
[20] Al
respecto la Corte ha recordado lo siguiente: “Posteriormente, las Naciones
Unidas declararon el año de 1981 como el Año Internacional de los Impedidos. De
esta celebración surgió el Programa de Acción Mundial para los Impedidos,
aprobado por la Asamblea General, en el año de 1982. Luego, para facilitar la
aplicación del Programa de Acción Mundial, se decidió declarar que la década de
1983 a 1992 sería el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. Y
finalmente, de la realización del Año Internacional del Impedido y del Decenio
de las Naciones Unidas para los Impedidos surgió el acuerdo para dictar, en
1993, las “Normas Uniformes sobre la equiparación de oportunidades para las
personas con discapacidad.” Además, las necesidades de los discapacitados son
también consideradas en otros documentos internacionales, tal como ocurrió con
la Declaración y Programa de Acción de Copenhague, resultante de la cumbre
mundial sobre desarrollo social, celebrada en 1995.”. Sentencia T- 207 de 1999.
[21] La Corte ha tenido la oportunidad de referirse en
este sentido a “la Conferencia Intergubernamental Iberoamericana, reunida en
Cartagena entre el 27 y el 30 de octubre de 1992, recomendó a los países del
área adoptar medidas y elaborar programas dirigidos a la prevención,
rehabilitación y atención social de las personas afectadas con discapacidad; la
Resolución sobre Situación de las personas con discapacidad en el continente
americano;  el “Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el
Continente Americano”. C-401 de 2003.
[22]
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en Materia
de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
[23]
La ley 762 de 2002 fue declarada exequible por la sentencia C-401 de 2003 de la
Corte Constitucional. A través de esta providencia, la Corte reitera la obligación
del Estado de no discriminar a las personas discapacitadas y de ofrecerles una
protección constitucional reforzada para asegurar la eficacia real de sus
derechos fundamentales.
[24]
Artículo II.
[25]
Artículo III-1.
[26]
Artículo I-2-a).
[27]
Artículo III-1-a).
[28] En este sentido no sobra recordar que en distintas
decisiones la Corte ha señalado que cuando la medida que se juzga recae
principalmente sobre personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos
marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de
decisiones o minorías insulares o discretas, es necesario que persiga una
finalidad constitucional imperiosa y que resulte necesaria y adecuada para el
logro de dicha finalidad. La misma regla se exige cuando la medida afecta
gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental o cuando se crea un
privilegio particular. En efecto, en estos casos el juez constitucional está
llamado a esclarecer si la distinción establecida por el legislador se encamina
a alcanzar una finalidad constitucional, que además de ser legítima e
importante, sea imperiosa. Adicionalmente, deberá verificar que el medio
empleado no solamente sea adecuado e idóneo, sino además necesario para el
logro de la finalidad buscada. Finalmente, debe demostrarse que dicho medio
resulta estrictamente proporcionado frente al fin perseguido. Sentencia
C-673 de 2001 y C-670 de 2002, entre otras.
[29]
En este sentido la Corte ya ha señalado que el derecho debe ser protegido
incluso cuando las adecuaciones exigen la implementación de planes, programas o
políticas antidiscriminatorias que suponen un costo financiero considerable. En
estos casos, sin embargo, el juez de tutela debe ser, al mismo tiempo,
respetuoso de los procesos administrativos del diseño e implementación de la
política respectiva y guardián de los derechos fundamentales de las personas
afectadas. Por ello debe impulsar y promover los procesos para agilizar la
satisfacción de los derechos comprometidos.
[30]Cfr.
las sentencias C-670 de 2002; C-964 de 1999; C-031 de 1999; C-399 de 1999;
C-660 de 1997; C-606 de 1992.
[31] La Corte ha señalado reiteradamente que si bien el
Congreso tiene un amplio margen de configuración a la hora de definir el
régimen de inhabilidades para el acceso a un cargo público, lo cierto es que el
mismo debe, en todo caso, fundarse en razones objetivas, pues este tipo de
decisiones pueden comprometer el derecho de acceso a un cargo público en
condiciones de igualdad. Al respecto la Corte ha señalado: “Si bien el legislador puede hacer uso de una amplia
potestad de configuración normativa para señalar el régimen de inhabilidades de
los alcaldes, la vigencia de los derechos fundamentales mencionados de los
aspirantes a ese cargo impide que cualquier circunstancia, hecho o conducta
pueda ser señalada como causal de inhabilidad. De manera que, la medida
finalmente adoptada en ese sentido debe ser razonable y objetiva, así como
proporcionada con el fin que persigue y respetuosa de los derechos
fundamentales de las personas, de lo contrario desconoce el ordenamiento
superior.” C-952 de 2001. En el
mismo sentido, en la sentencia C-720 de 2004, dijo la Corte: En efecto, como
señaló la sentencia C-348 de 2004, haciendo a su vez alusión a las
consideraciones expuestas en la sentencia C-311 de 2004, el Legislador si bien
goza de un amplio margen de configuración en materia de establecimiento de
inhabilidades e incompatibilidades, debe respetar, sin embargo, los límites que
en este campo impone la Carta Política, bien porque ella haya fijado de manera
explicita determinados parámetros, bien porque la actuación del Legislador deba
subordinarse a los valores, principios y derechos constitucionalmente
reconocidos y en particular los determinados en los artículos 13, 25, 26 y 40-7
superiores.”
[32] Al respecto la Corte ha señalado: “Este Tribunal se
ha referido en múltiples ocasiones al tema del ejercicio de las profesiones y
las posibilidades que tiene el Estado para su regulación de conformidad con el
artículo 26 superior. Es así como en la sentencia C-606 de 1992 determinó que
el contenido de este derecho se concreta en el respeto a las condiciones de
igualdad para acceder a un puesto de trabajo, si se cumplen los requisitos de
capacitación propios de cada tarea. Pero la fijación de tales criterios
responde a una relación de estricta equivalencia entre el interés protegido y
las limitaciones fijadas, “pues una excesiva, innecesaria o irrazonable
reglamentación violaría el contenido esencial del derecho”. Además, anotó
en aquella ocasión la Corte, le está vedado al poder público, sin justificación
razonable, establecer condiciones desiguales para circunstancias iguales y
viceversa.” Y, mas adelante en la misma sentencia, la Corporación concluyó que
el juicio de igualdad sobre una medida que exigía un título de idoneidad para
el ejercicio de la actividad de revisor fiscal en los conjuntos de uso
comercial o mixto, debía ser sometida a un juicio estricto de igualdad. C-670
de 2002.
[33]
Sobre el alcance del derecho a ejercer profesión u oficio pueden consultarse,
entre otras, las sentencias C-670 de 2002; C- 694 de 1999; C-399 de 1999; C-031
de 1999; C-660 de 1997; C-177 de 1993; C-606 de 1992.
[34]
C-964 de 1999.
[35]
Al respecto Cfr. entre otras, las sentencias
SU-250 de 1998; C-741 de 1998; C- 153 de 1999; y C-155 de 1999. El artículo 31 de la Carta señala: “Artículo 131.
–Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los
notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados
y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con
destino a la administración de justicia. El nombramiento de los notarios en propiedad
se hará mediante concurso. Corresponde al Gobierno la creación, supresión y
fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de
notarios y oficinas de registro.”
[36]
Sentencia C-1508 de 2000. En dicha oportunidad la Corte declaró exequible el aparte
del artículo 10 del Decreto 960 de 1970 que establece: “El ejercicio de la
función notarial es incompatible…con toda intervención en política, distinta
del ejercicio del sufragio…”.
[37]
Ibidem.
[38]
Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, Buenos Aires, Argentina,
1948. Citado por R. Blanquer Uberos, Ed. Civitas, Madrid, 1995. Pag. 4447.
[39] Texto vigente del artículo 3º del Decreto 960 de
1970.
[40]
Artículo declarado exequible mediante sentencia C-952 de 2000.
[41]
En sentencia C-065 de 2003, la Corte declaró inexequibles los numerales 5º, 6º
y 7º del artículo 1068 del Código Civil que prohibían a las personas sordas,
ciegas o mudas actuar como testigos en un testamento solemne.
[42]
Sentencia C-093 de 1998.
[43]
http://www.who.int/pbd/deafness/facts/en/index.html
[44]
En sentencia C-128 de 2002, la Corte consideró que las personas sordas que sin
embargo tenían la habilidad de adquirir y utilizar el lenguaje oral no podían
ser excluidas de la protección legal y que el Estado debía apoyar de la misma
manera a quienes optaban por la lengua de señas y a quien optaba por
desarrollar el lenguaje oral.
[45]
Excepcionalmente, en aplicación del principio de conservación del derecho la
Corte puede declarar la constitucionalidad condicionada de la medida objeto de
estudio, condicionando su aplicación a las personas o colectivos que claramente
no se encuentren en capacidad de cumplir las funciones básicas de la respectiva
profesión u oficio sin generar un riesgo social. Sin embargo en estos casos
deben resultar claramente diferenciadas cada una de las circunstancias que es
necesario diferenciar. No obstante, si pese a la existencia de un criterio
claro de diferenciación el juez constitucional no tiene suficiente certeza para
distinguir claramente cada una de dichas circunstancias, debe declarar la
inconstitucionalidad de la respectiva medida y permitir que el legislador, con
los criterios técnicos adecuados, establezca las diferenciaciones necesarias
para que la norma resulte finalmente ajustada a la Constitución. Al respecto se
puede confrontar, entre otras, la C-964 de 1999.
[46]
Como ya se mencionó la Corte ha señalado que “las condiciones para ejercer
la profesión no pueden favorecer discriminaciones prohibidas por la Carta” Cfr.
C-964 de 1999.
[47]
Artículo declarado exequible mediante sentencia C-952 de 2000.
[48]
En sentencia C-065 de 2003, la Corte declaró inexequibles los numerales 5º, 6º
y 7º del artículo 1068 del Código Civil que prohibían a las personas sordas,
ciegas o mudas actuar como testigos en un testamento solemne.
[49]
Lo anterior en palabras textuales de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles – ONCE – una de las organizaciones mas importantes de defensa de los
derechos de las personas con ceguera o deficiencia visual grave. Cfr.
www.once.es
[50]
Artículo 73 del Decreto 960 de 1970.