SU555-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU555/14
DERECHO A PENSION CONVENCIONAL DE
JUBILACION-Caso de
trabajadores que solicitan el reconocimiento de la pensión de jubilación, con
base a lo ordenado en la recomendación de la OIT
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO
DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
A la tutela se le aplica el
principio de la subsidiariedad, lo que quiere decir que ésta no procede cuando
el caso puede ser resuelto de manera idónea por el juez ordinario de la causa a
través de los mecanismos ordinarios establecidos por la ley. Sin embargo, se
han contemplado dos situaciones en las cuales resulta viable acudir a esta
acción constitucional, a saber: (i) cuando se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable y (ii) cuando el medio ordinario de defensa no resulte
idóneo o eficaz para proteger el derecho invocado.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE
TUTELA-Procedencia
excepcional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable
ACTO
LEGISLATIVO 01 DE 2005-Contenido y alcance, particularmente respecto a
las disposiciones sobre pensiones convencionales
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005-Vigencia
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005-Publicación con yerros caligráficos en su
título
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005-Finalidades
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005-Pactos y convenciones colectivas de
trabajo
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
RATIFICADOS POR COLOMBIA-Importancia
y vinculatoriedad
CARACTER VINCULANTE DE LAS RECOMENDACIONES
DEL COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT APROBADAS POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Convenios de la OIT
Los convenios de la OIT aprobados por Colombia hacen
parte de la legislación interna, de conformidad con el inciso 4 del artículo 53
de la CP; algunos de estos convenios integran el bloque de constitucionalidad,
si cumplen con los requisitos consagrados en el artículos 93 Superior, es decir
que se traten de tratados derechos humanos intangible, que han sido aprobados
por el Congreso y de conformidad con el procedimiento constitucional
establecido. Estos instrumentos serán parámetros de control constitucional y
algunos tratados hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato,
y por tanto, sirven como referente para interpretar los derechos de los
trabajadores y darle plena efectividad al principio fundamental de la
protección del trabajador y al derecho al trabajo.
CONVENIOS 87 Y 98 DE LA OIT SOBRE LIBERTAD
SINDICAL Y NEGOCIACION COLECTIVA-Hacen parte del bloque de constitucionalidad
RECOMENDACIONES DE LA OIT-Naturaleza jurídica
Las recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) no integran el bloque de constitucionalidad.
Ello por cuanto, dichas recomendaciones no son convenios ni tratados
ratificados por el Congreso, y por tanto, no surtieron el procedimiento
constitucional establecido, requisito inequívoco consagrado en la Constitución
para que un instrumento internacional haga parte del bloque de
constitucionalidad. Por regla general, las recomendaciones de la OIT
recogen directrices que pueden llegar a orientar la política y las acciones
nacionales, pero no son instrumentos que obliguen a los Estados.
RECOMENDACIONES DEL COMITE DE LIBERTAD
SINDICAL DE LA OIT APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION-Contenido
DERECHO A PENSION CONVENCIONAL DE
JUBILACION-Improcedencia
para el reconocimiento por cuanto los accionantes cumplieron los requisitos
para acceder a la pensión convencional cuando ésta ya no se encontraba vigente
Referencia: expedientes acumulados
T-3.052.705, T-3.082.235, T-3.188.131, T-3.188.267, T-3.186.139, T-3.149.088,
T-3.177.642, T-3.239.357
Acciones de Tutela instauradas por María
Cristina Ochoa Mendigaña y Marceliano
Ramírez Yáñez contra el Banco de la
República.
Acciones de Tutela instauradas por Alberto Rivera Arévalo, Mario Infante Bonilla, John Genoy Murillo, Jorge Omar Nieto Mora y Yolanda Moreno
Rivera contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. –E.T.B.-
Acción de Tutela instaurada por José Fernando Pabón Salcedo contra
ECOPETROL S.A.
Derechos fundamentales invocados: vida
digna, igualdad, trabajo en condiciones dignas y justas, seguridad social,
negociación colectiva y libertad sindical.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de
dos mil catorce (2014).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, conformada
por los magistrados Luís Ernesto Vargas Silva -quien la preside-, María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván
Palacio Palacio y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los
fallos de tutela de la referencia, cuyo conocimiento en aplicación del artículo
54A del Reglamento de la Corporación, fue avocado por la
Sala Plena de la Corte Constitucional en sesión del 14 diciembre de 2011, y
que mediante providencia del 16 de diciembre de 2011 se decidió ordenar la
acumulación de varios expedientes al expediente T-3.082.235 (acumulado).
Los fallos materia de revisión se detallan
a continuación:
a)
Sentencia del 5 de
abril de 2011, adoptada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que confirmó la providencia de 18 de marzo de 2011,
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, dentro la acción
de tutela promovida por la ciudadana María Cristina Ochoa Mendigaña contra
el Banco de la República.
b)
Sentencia del 10 de
mayo de 2011, adoptada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que confirmó la providencia de 13 de abril de 2011,
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, dentro la acción
de tutela promovida por el ciudadano Marceliano Ramírez Yañez contra el Banco
de la República.
c)
Sentencia
del 30 de junio de 2011, adoptada por el Juzgado 6º Civil del Circuito de
Bogotá, que confirmó la providencia de 17 de junio de 2011, proferida por el
Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada
por el ciudadano Jorge Omar Nieto Mora contra la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. –E.T.B.-
d)
Sentencia del 26 de
Julio de 2011, adoptada por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá, que
confirmó la providencia de 20 de junio de 2011, proferida por el Juzgado 22
Civil Municipal de Bogotá, dentro de la acción de tutela presentada por el
ciudadano John Genoy Murillo contra la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá S.A. E.S.P. –E.T.B.-
e)
Sentencia
del 25 de Julio de 2011, adoptada por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito
de Bogotá, que confirmó la providencia de 22 de junio de 2011, proferida por el
Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá, dentro de la acción de tutela
presentada por el ciudadano Mario Eduardo Infante Bonilla contra la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. –E.T.B.-
f)
Sentencia
del 10 de agosto de 2011, adoptada por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito
de Bogotá, que confirmó la providencia de 21 de junio de 2011, proferida por el
Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogotá, dentro de la acción de tutela
presentada por el ciudadano Alberto Rivera Arévalo contra la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. –E.T.B.-
g)
Sentencia
del 18 de agosto de 2011, adoptada por el Juzgado Treinta y seis Civil del
Circuito de Bogotá, que confirmó la providencia de 8 de julio de 2011,
proferida por el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bogotá, dentro de la
acción de tutela presentada por la ciudadana Yolanda Moreno Rivera contra la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá S.A. E.S.P. –E.T.B.-
h)
Sentencia del 21 de
Julio de 2011, adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta,
que revocó parcialmente la providencia de 2 de junio de 2011, proferida por el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro de la acción de tutela
presentada por el ciudadano José Fernando Pabón Salcedo contra
ECOPETROL S.A.
1.
ANTECEDENTES DE
LAS TUTELAS ACUMULADAS
Para efectos de la mejor
comprensión de la presente sentencia, se expondrán de manera individual, los
antecedentes de cada una de las acciones de tutela acumuladas:
1.1.
EXPEDIENTE
T-3.052.705. MARÍA CRISTINA OCHOA MENDIGAÑA CONTRA EL BANCO DE LA
REPÚBLICA
1.1.1. Solicitud
La señora
María Cristina Ochoa Mendigaña, presentó acción de tutela contra el Banco de la
República, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna,
la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la libertad
sindical.
Por tal
razón, solicitó que se ordenara al Banco de la
República el reconocimiento a su favor, de la pensión de jubilación consagrada
en la cláusula 20 de la Recopilación de las Convenciones de Trabajo suscritas
entre la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República y el Banco de la República, en virtud de lo ordenado en la
recomendación de la OIT. Sustentó su solicitud en los siguientes:
1.1.2. Hechos
1.1.2.1.   Afirmó que ingresó a trabajar al Banco de la
República el 1 de octubre de 1985 y que está afiliada a la organización
sindical “Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República”.
1.1.2.2.   Que la organización sindical mencionada y
el Banco de la República suscribieron una convención colectiva de trabajo el 23
de noviembre de 1997, para los períodos 1997
a 1999. Agrega, que al no ser denunciada, la convención se encuentra vigente
en la actualidad, como consecuencia de la prórroga automática.
1.1.2.3.   Indicó que la cláusula 20 de la
recopilación de las convenciones de trabajo celebradas por la organización y la
entidad accionada, establece:
“La trabajadora que se
retire a disfrutar de su pensión de jubilación con veinticinco (25) años de
servicios, sin consideración a la edad, tendrá derecho a que su pensión se
liquide en un 90% del promedio salarial.”
1.1.2.4.   En virtud de lo anterior y por considerar
que cumplía los requisitos convencionales para acceder a la pensión de
jubilación, establecida en la cláusula 20 de la recopilación de las
convenciones colectivas de trabajo, el 19 de octubre de 2010, solicitó
al Banco de la República el reconocimiento de la citada prestación, petición
que fue negada mediante memorando DSGH-0067 del 26 de octubre de 2010.
A juicio del banco, el acto Legislativo 01 de 2005 le impide, a partir del 31
de julio de 2010, el reconocimiento de pensiones de origen convencional.
1.1.2.5.   Resaltó que el 28 de agosto de 2009, la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República coadyuvó ante el Comité de Libertad Sindical y la
Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la
OIT, la queja presentada por otras organizaciones sindicales, contra el Acto
Legislativo 01 de 2005.[1]
1.1.2.6.   Manifestó además, que el Consejo de
Administración de la OIT aprobó mediante informe GB.301/8, una recomendación
del Comité de Libertad Sindical con relación al Acto Legislativo 01 de 2005, en
la cual, dice, se decidió que el gobierno colombiano debía adoptar medidas
correctivas pertinentes para que las convenciones celebradas con anterioridad a
la entrada en vigor de esa legislación, continúen conservando todos sus efectos
hasta su fecha de vencimiento, incluyendo los relativos a las cláusulas sobre
pensiones, aunque éstas sean posteriores al 31 de julio de 2010. Dicha
recomendación, de conformidad con los pronunciamientos de la
Corte Constitucional, son de obligatorio cumplimiento para el Estado
Colombiano.
1.1.2.7.   Posteriormente, el 15 de noviembre de 2010,
la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo Responsable
de la Libertad Sindical, informó a los coadyuvantes que teniendo en cuenta “que
para hacer efectivas las recomendaciones del Comité sería necesario modificar la
Constitución” se reiteraría la recomendación anteriormente citada.
1.1.2.8.   Finalmente, manifestó que para acceder a la
pensión legal, tendría que trabajar durante siete años más y recibiría un
porcentaje inferior al pactado en la convención. Razón por la que considera que
tal situación, afectaría su mínimo vital y su nivel de vida.
1.1.3. Traslado y contestación de la demanda
1.1.3.1.   Contestación del Banco de la
República
El
representante legal del Banco de la
República dio respuesta a la demanda de tutela solicitando que se negaran las
pretensiones de la accionante por considerar que la presente tutela resulta
temeraria, en la medida que la accionante adelantó ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, una acción de la misma naturaleza, por los
mismos hechos y mismas pretensiones. Dicha corporación negó el amparo tutelar y
en segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la decisión impugnada.
Además,
alegó que la tutela resulta improcedente, por existir otros medios de defensa
judicial idóneos, pues la accionante tiene la posibilidad de acudir a la
jurisdicción laboral.
Finalmente,
expuso que no se evidencia la posibilidad de sufrir un perjuicio irremediable,
ya que se trata de una persona que “[…] goza de un empleo estable, bien
remunerado, y con la proyección que la trabajadora esté dispuesta a darse en el
tiempo que le haga falta para alcanzar su derecho pensional a cargo del Sistema
de Seguridad Social Integral al cual se encuentra afiliada desde que inició su
relación laboral con el Banco.” Aunado a lo anterior, estableció que la
accionante está en plena edad productiva y desde esa perspectiva, encontrándose
el actuar de la accionada dentro de los parámetros legales, no vislumbra
vulneración de los derechos fundamentales de la petente.
1.1.4. Decisiones judiciales
1.1.4.1.   Primera instancia
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 18
de marzo de 2011, denegó la protección de los derechos de la señora María
Cristina Ochoa Mendigaña, por considerar que en el presente caso se
configuraron los presupuestos de temeridad, al advertirse identidad fáctica, de
partes y la ausencia de justificación para interponer la nueva acción.
Estimó la
Sala que en el caso objeto de análisis se configura la temeridad, puesto que “[…]
al hacer una comparación de los hechos y pretensión de la tutela conocida por
la jurisdicción contencioso administrativa y la presentada ante esta
Corporación y que es objeto de estudio en este asunto, se evidencia una
identidad fáctica, de demandante y accionado y tampoco se presentó una
justificación del motivo por el cual se instaura una nueva acción de igual
naturaleza por los mismos hechos.”
1.1.4.2.   Impugnación
Dentro
del término legal, la accionante impugnó la anterior decisión, por considerar
que el juez se limitó a verificar la identidad de partes, pero no se detuvo a
analizar si ambas tutelas compartían idénticas solicitudes y razones.
En este
sentido, alegó que resulta evidente que en la primera acción de tutela
presentada no solicitó el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de
Libertad Sindical de la OIT; asunto que constituyó la pretensión principal del
presente amparo.
Además,
señaló que los hechos en ambos casos no son idénticos, ya que al momento de
instaurar la primera acción de tutela, la accionante no cumplía con la
exigencia de 25 años de servicios, situación que sí se cumple en este momento y
que excluye la configuración de temeridad en el presente caso.
1.1.4.3.   Segunda instancia
La Sala
Penal de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia proferida el 5 de abril de 2011,
confirmó el fallo de primera instancia. Argumentó que “la oportunidad para
alegar la ausencia de temeridad en el ejercicio de la acción, radicaba en la
demanda inicial y no en la sustentación de la impugnación, pues tanto la
libelista como su representante, eran conscientes de la existencia de la otra
tutela, al punto que la decisión que la resolvió fue puntualmente descrita en
el recurso interpuesto”.
Asimismo,
consideró que la accionante debió agotar el proceso ante la jurisdicción
ordinaria antes de acudir a la tutela, como mecanismo para proteger sus
derechos constitucionales
1.1.5. Pruebas
Obran en
el expediente las siguientes pruebas relevantes:
1.1.5.1.   Fotocopia del contrato de trabajo suscrito
entre la accionante y el Banco de la
República, el 1 de octubre de 1985
1.1.5.2.   Certificación laboral expedida por el Banco
de la República el 3 de febrero de 2011.
1.1.5.3.   Registro Civil de Nacimiento de la
accionante.
1.1.5.4.   Comunicación elevada por María Cristina
Ochoa Mendigaña al Banco de la
República solicitando el reconocimiento de la pensión convencional, del 8 de
noviembre de 2010.
1.1.5.5.   Contestación del Banco de la
República negando el reconocimiento de la pensión convencional, del 25 de
noviembre de 2010.
1.1.5.6.   Convención Colectiva de Trabajo con nota de
depósito, suscrita entre la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República y el Banco de la
República.
1.1.5.7.   Recopilación de las Convenciones Colectivas
de Trabajo con nota de depósito, suscritas entre la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República y el Banco de la
República.
1.1.5.8.   Certificación expedida por la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República, mediante la cual se acredita que María Cristina Ochoa Mendigaña es
afiliada a dicha organización sindical.
1.1.5.9.   Certificado de representación legal del
señor Eduardo Reina Andrade como director asesor del Departamento Jurídico del
Banco de la República.
1.1.5.10. Declaración extrajuicio rendida ante la
Notaría Primera de Bogotá el 8 de febrero de 2011 mediante la cual se
certifica la calidad de madre cabeza de familia de la accionante.
1.1.5.11. Fotocopia del folio del estado civil de la accionante,
mediante el cual se certifica la cesación de efectos civiles del matrimonio
católico.
1.1.5.12. Registros Civiles de nacimiento de sus 3 hijos,
Nicolás David, Álvaro Andrés y Juan Pablo Mestre Ochoa.
1.1.5.13. Fotocopia del Informe GB 298/7/1 del Consejo de la Administración de la OIT, mediante el cual se adoptan las recomendaciones proferidas por el
Comité de Libertad Sindical.
1.1.5.14. Coadyuvancia elevada por la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República ante la OIT, con relación a la queja elevada contra el Acto
Legislativo No. 01 de 2005.
1.1.5.15. Fotocopia de la comunicación expedida por la
Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, mediante la
cual se adopta la participación de la participación de la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República.
1.1.5.16. Fotocopia del Informe GB 301 de 2008, del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, mediante el cual se adoptan las
recomendaciones proferidas por el Comité de Libertad Sindical.
1.1.5.17. Fotocopia del Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, para el año
2010.
1.1.5.18. Fotocopia de la acción de tutela interpuesta por la
accionante junto con otras personas, contra el Banco de la
República, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1.1.5.19. Fotocopia del escrito de respuesta del Banco de la
República a la acción de tutela antes mencionada.
1.1.5.20. Fotocopia de la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección A, del 12 de Agosto de 2010, por
medio de la cual se deniega la tutela interpuesta por la accionante contra el
Banco de la República.
1.1.5.21. Fotocopia de la sentencia proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, de la
Sala Administrativa del Consejo de Estado, el 7 de Octubre de 2010, por medio
de la cual se confirma el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
1.2.
T-3.082.235. MARCELIANO
RAMÍREZ YAÑEZ CONTRA EL BANCO DE LA
REPÚBLICA
1.2.1. Solicitud
El señor
Marceliano Ramírez Yañez presentó acción de tutela contra el Banco de la
República, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna,
la igualdad, el trabajo en condiciones dignas y justas y a la libertad
sindical.
Por tal
razón, solicitó que se ordene al Banco de la
República que reconozca a su favor la pensión de jubilación consagrada en la
cláusula 18 de la Recopilación de las Convenciones de Trabajo suscritas entre la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República y el Banco de la República, en virtud de lo ordenado en la
recomendación de la OIT.
1.2.2. Hechos
1.2.2.1.   Afirmó que labora en el Banco de la
República desde el 8 de noviembre de 1988 y se encuentra afiliado a la
organización sindical Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República.
1.2.2.2.   Indicó que la organización sindical
mencionada y el Banco de la República suscribieron una convención colectiva de
trabajo el 23 de noviembre de 1997, que hasta la fecha se encuentra
vigente.
1.2.2.3.   La cláusula 18 de la recopilación de
las convenciones de trabajo celebradas por la organización y la entidad
accionada establece:
“Los trabajadores que se
retiren a partir del trece (13) de diciembre de mil novecientos setenta y tres
(1973), a disfrutar de la pensión jubilatoria con los requisitos legales de
tiempo mínimo de servicios de veinte (20) años y edad mínima de cincuenta y
cinco (55) años si son varones, y de cincuenta (50) años si son mujeres,
tendrán derecho a la liquidación, según la siguiente tabla: veintidós (22) años
de tiempo de servicio – 83%.”
1.2.2.4.   Por considerar que cumplía los requisitos para
acceder a la pensión convencional, ya que cumplió cincuenta y cinco años de
edad el 29 de septiembre de 2010, y cuenta con veintidós años de
tiempo de servicio, solicitó el reconocimiento de dicha prestación, el cual
fue negado mediante memorando DSGH-0055 del 1 de febrero de 2011, por
considerar que las reglas pensionales establecidas en pactos o convenciones
colectivas expiraron el 31 de julio de 2010 por virtud de lo establecido en el
Acto Legislativo 01 de 2005.
1.2.2.5.   Expuso que el 28 de agosto de 2009, la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República coadyuvó ante el Comité de Libertad Sindical y la
Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la
OIT, frente a la queja elevada contra el Acto Legislativo 01 de 2005
interpuesta el 15 de junio de 2005 por otras organizaciones sindicales.
1.2.2.6.   Manifestó además, que el Consejo de
Administración de la OIT aprobó, mediante el informe GB.298/7/1, una
recomendación del Comité de Libertad Sindical con relación al Acto Legislativo
01 de 2005, estableciendo que el gobierno colombiano deberá adoptar medidas
correctivas pertinentes para que las convenciones celebradas con anterioridad a
la entrada en vigor de esa legislación, continúen conservando todos sus efectos
hasta su fecha de vencimiento, incluidos los relativos a las cláusulas sobre
pensiones, aunque ésta sea después del 31 de julio de 2010.
1.2.2.7.   Posteriormente el Consejo de la Administración de la OIT, en el informe GB.301/8, reiteró la recomendación del Comité de
Libertad Sindical con relación al Acto Legislativo No. 01 de 2005.
1.2.3. Traslado y contestación de la demanda
1.2.3.1.   Contestación del Banco de la
República
El
representante legal del Banco de la
República respondió la tutela, argumentando que la misma resulta improcedente,
pues existe otro mecanismo de defensa judicial al cual el accionante no acudió.
En este orden de ideas, al ser la jurisdicción ordinaria el medio para
reconocer un beneficio pensional extralegal, no es la acción de tutela el
camino indicado para dirimir la controversia jurídica que está planteando el
accionante.
Por otra
parte, expuso que la actuación del Banco de la
República no ocasiona un perjuicio irremediable al accionante, quien “[…]
goza de un empleo estable, bien remunerado, y con la proyección que el
trabajador esté dispuesto a darse en el tiempo que le haga falta para alcanzar
su derecho pensional a cargo del Sistema de Seguridad Social Integral, al cual
se encuentra afiliado desde que inició su relación laboral con el Banco.”
Por
último, estableció que el banco ha actuado de conformidad con las disposiciones
constitucionales vigentes, pues la negativa a reconocer la pensión del
accionante se sustenta en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Lo
anterior por considerar que “[…] quienes no hayan adquirido el derecho a la
pensión por cumplimiento de los requisitos previstos para el efecto en la
Convención Colectiva antes del 31 de julio de 2010, no pueden válidamente
pretender el reconocimiento de la misma con posterioridad a la expiración del
respetivo régimen, so pretexto de que en virtud de una respetable recomendación
hecha al gobierno nacional por un organismo de control de la
Organización Internacional del Trabajo –OIT-, las normas convencionales
referidas a pensiones continúan vigentes hasta que la organización sindical así
a bien lo tenga, puesto que se reitera, fue la propia Constitución la que
determinó que en todo caso tales normas perdían vigencia el 31 de julio de 2010.”
1.2.4. Decisiones judiciales
1.2.4.1.      Primera instancia
La Sala
Penal del Tribunal Superior
de Bogotá, en sentencia del 13 de abril de 2011, negó la protección de los
derechos del señor Marceliano Ramírez Yañez.
Expuso la
sala que para el caso concreto, no se cumplieron los presupuestos dispuestos
por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela en
materia de reconocimiento de pensiones, pues el actor dispone de un medio de
defensa judicial alterno que es idóneo y eficaz para la defensa de sus
derechos.
Además,
estableció que en este caso no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que justifique acudir a la tutela antes de agotar un proceso
ordinario laboral.
Por
último, afirmó que “ esta Sala no desconoce las recomendaciones emitidas por
el Comité de Libertad Sindical de la OIT, pero sí considera que debe ser la
jurisdicción ordinaria quien examine los casos concretos y determine su
aplicación, máxime cuando livianamente se advierte que las recomendaciones
dadas en el informe 349° del Comité de Libertad Sindical del Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo contradicen lo dispuesto
en el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la
Constitución Política.”
1.2.4.2.   Impugnación
El señor
Ramírez Yañez impugnó la decisión de primera instancia, sosteniendo que la
acción de tutela impetrada debe proceder.
Resaltó
el accionante que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical que han
sido aprobadas por el Consejo de Administración de esta organización
internacional constituyen órdenes de obligatorio cumplimiento para todas las
instituciones del estado colombiano.
En este
sentido, afirmó que mediante sentencia T-603 de 2003 la
Corte Constitucional ha establecido que en lo concerniente al cumplimiento de
las recomendaciones de la OIT, el único mecanismo jurídico existente es la
acción de tutela.
Asimismo,
alegó que hay una clara afectación a su mínimo vital, pues si el trabajador no
es protegido por medio de la acción constitucional, la norma aplicable para el
reconocimiento de su pensión sería la Ley 797 de 2003 y no la convención colectiva,
razón por la cual las condiciones de su pensión se reducirían ostensiblemente.
1.2.4.3.   Segunda instancia
La Sala
Penal de la
Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia. Consideró
que la acción de tutela no puede entrar a resolver conflictos de evidente
complejidad técnica legal, pues el debate debe darse ante la justicia
especializada.
Por esta
razón, expuso la sala que los asuntos relacionados con la aplicación
obligatoria de las recomendaciones de la OIT y los efectos concretos que ello
tendría en la situación pensional del accionante, deben inicialmente proponerse
por la justicia ordinaria y si después de resolverse el conflicto por esa vía,
la parte accionante encuentra que existen situaciones que configuran vicios
constitutivos de una vía hecho judicial, sería procedente acudir a la tutela
para que, respecto de los mismos, se pronuncie el juez constitucional.
Además,
dijo, se estableció que el accionante no acreditó una situación de perjuicio
irremediable que justificara acudir a la tutela sin agotar la jurisdicción
ordinaria, ya que se demostró que el accionante se encuentra trabajando y
devengando un salario que resulta satisfactorio, razón por la cual se descarta la
existencia de una situación en la que la no satisfacción inmediata de sus
pretensiones económicas, cause un estado de extrema debilidad.
1.2.5. Pruebas
Obran en
el expediente las siguientes pruebas relevantes:
1.2.5.1.   Fotocopia del contrato de trabajo suscrito
entre el accionante y el Banco de la
República, el 8 de noviembre de 1988.
1.2.5.2.   Certificación laboral expedida por el Banco
de la República el 18 de enero de 2011.
1.2.5.3.   Registro Civil de Nacimiento del
accionante.
1.2.5.4.   Contestación del Banco de la
República negando el reconocimiento de la pensión convencional, del 1 de febrero
de 2011.
1.2.5.5.   Convención Colectiva de Trabajo con nota de
depósito, suscrita entre la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República y el Banco de la
República.
1.2.5.6.   Recopilación de las Convenciones Colectivas
de Trabajo con nota de depósito, suscritas entre la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República y el Banco de la
República.
1.2.5.7.   Certificación expedida por la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República, mediante la cual se acredita que Marceliano Ramírez Yañez es
afiliado a la organización sindical.
1.2.5.8.   Fotocopia del Informe GB 298/7/1 del
Consejo de la Administración de la OIT, mediante el cual se adoptan las
recomendaciones proferidas por el Comité de Libertad Sindical.
1.2.5.9.   Coadyuvancia elevada por la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República ante la OIT, con relación a la queja elevada contra el Acto Legislativo
No. 01 de 2005.
1.2.5.10. Fotocopia de la comunicación expedida por la
Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, mediante la
cual se adopta la participación de la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República.
1.2.5.11. Fotocopia del Informe GB 301 de 2008, del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, mediante el cual se adoptan las
recomendaciones proferidas por el Comité de Libertad Sindical.
1.2.5.12. Fotocopia del Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, para el año
2010.
1.2.5.13. Fotocopia de la
Circular No. 048 proferida por la
Procuraduría General de la Nación el 6 de octubre de 2010.
1.2.5.14. Recibos que demuestran los gastos mensuales en los que
incurre el accionante.
1.2.5.15. Certificado de representación legal del señor Eduardo
Reina Andrade como director asesor del Departamento Jurídico del Banco de la
República.
1.3.
T-3.149.088. JORGE
OMAR NIETO MORA CONTRA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. –
E.T.B.-
1.3.1. Solicitud
El
accionante, a través de apoderado, solicita la protección constitucional de sus
derechos fundamentales de negociación colectiva, libertad sindical, debido proceso
buena fe y seguridad social y como consecuencia de ello, se ordene a la empresa
accionada el reconocimiento de la pensión de jubilación, de conformidad a la
Convención Colectiva que le rige.
1.3.2. Hechos
1.3.2.1.   Indicó que se vinculó a la empresa
accionada de forma continua e interrumpida desde el 16 de julio de 1985,
inicialmente mediante contrato de aprendizaje[2]
y posteriormente a través de contrato a término fijo a partir del 3 de
noviembre de 1987., siendo su último cargo desempeñado el de Técnico Auxiliar
G.
1.3.2.2.   Que en el año 1992 se firmó una convención
colectiva entre la empresa ETB y la
Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines –ATELCA-,
estableciendo en el artículo 1º dos modalidades de pensión convencional: i)
una, para trabajadores que hayan laborado 15 años sin consideración a la edad o
ii) otra, para trabajadores que hayan laborado 20 años y cumplan 50 años
de edad.
Una vez
cumplidos los requisitos de alguna de las dos modalidades de pensión, la
empresa incluiría al trabajador en nómina de pensionados.
1.3.2.3.   Señaló que mediante la
Convención llevada a cabo el 1 de marzo de 1996, la cláusula No. 25, reiteró
lo ateniente a la pensión convencional y la cláusula No. 46, hizo extensivo ese
beneficio a los técnicos pertenecientes a ATELCA.
1.3.2.4.   Sostuvo que es trabajador sindicalizado y
beneficiario de la Convención citada, teniendo en cuenta que en las
convenciones colectivas posteriores no se modificó lo referente a la pensión
convencional, de manera que esas condiciones se encuentran vigentes.
1.3.2.5.   No obstante, expuso que la empresa
demandada, mediante comunicación del 3 de mayo de 2011, negó el derecho
pensional por él solicitado, al considerar que si bien cumplió los 25 años de
servicio el 3 de noviembre de 2010[3],
la disposición convencional que establecía este requisito perdió toda vigencia
el 31 de julio de 2010 de conformidad a lo estipulado en el Acto Legislativo 1
de 2005, motivo por el cual la entidad se negó a proceder al reconocimiento de
la pensión.
1.3.2.6.   Por lo anteriormente expuesto, considera
que sus derechos fundamentales se encuentran vulnerados.
1.3.3. Traslado y contestación de la demanda
1.3.3.1.   Contestación de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB
El doctor
José Roberto Herrera Vergara, en calidad de apoderado de la empresa accionada,
dio respuesta a la tutela solicitando denegar las pretensiones, apoyándose en
las siguientes razones:
En primer
lugar, indicó que la parte accionante fundamenta los hechos en que la entidad
puso en duda la exigibilidad del derecho a la pensión, cuando en realidad, la
entidad negó categóricamente la exigencia del presunto derecho convencional
reclamado.
En
segundo lugar, manifestó que la presente acción de tutela se torna improcedente
al existir otros mecanismos de defensa, por medio de la cual se pueden dirimir
esta clase de conflictos. Si bien la parte accionante interpuso la acción como
mecanismo transitorio, con el fin de evitar perjuicio irremediable, del estudio
del libelo no se encuentra acreditada la existencia del mismo, teniendo en
cuenta que el actor devenga un salario en promedio mensual de $7.631.748.
En tercer
lugar, advirtió que el actor tenía una mera expectativa de poder disfrutar la
pensión convencional, al cumplir con los 25 años de servicios el 3 de noviembre
de 2010, sin tener en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2005, estableció que
dichas Convenciones perderían su vigencia el 31 de julio de 2010, motivo por el
cual se evidencia la imposibilidad jurídica de prosperidad de la presente
acción de tutela.
En
conclusión, solicitó denegar el amparo constitucional pretendido y en su lugar,
declarar la improcedencia de la presente acción. Adicionalmente, ante el
conocimiento de la existencia de sendas acciones de tutela en contra de esta entidad,
por los mismos hechos, con identidad de argumentos y razones de defensa,
solicitó la acumulación de las mismas.
1.3.4. Decisiones judiciales
1.3.4.1.   Primera instancia
El
Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá D.C., en sentencia del 17 de junio de
2011, negó las pretensiones de la acción de tutela al considerar que del
estudio del expediente se desprende que el accionante se encuentra vinculado a
la empresa ETB, con una asignación mensual que supera los siete millones de
pesos, por lo que no se evidencia la presencia de un perjuicio irremediable que
afecte su derecho al mínimo vital, de manera que debe acudir a la jurisdicción
ordinaria y a o a este mecanismo subsidiario y excepcional.
1.3.4.2.   Impugnación
El
apoderado del accionante impugnó el fallo del A-quo al considerar que el Juez
no tuvo en cuenta la extensa argumentación que obra en la demanda.
Consideró
que el juzgado basa su fallo en la no vulneración al derecho al mínimo vital,
el cual afirma no haber siquiera invocado, ya que si se manifestó que el
accionante actualmente cuenta con un contrato de trabajo, no tiene sentido que
se encuentre afectado este derecho fundamental.
Expuso que
su poderdante “aspira a pasar de activo a pasivo (jubilado), pero sería
insólito que mientras solicita la pensión y se le reconozca el derecho
fundamental tuviera que renunciar al trabajo y agravar su situación.”
Indicó
que lo que se busca con la acción de tutela es que ETB reconozca la pensión a
la cual tiene derecho el accionante de conformidad a las cláusulas
convencionales. Consideró que hubo equivocación en el fallo en cuanto a la
afirmación “La Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que
la acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de derechos
laborales…” teniendo en cuenta que esta Corporación se ha pronunciado en
casos de salarios, estabilidad laboral, protección de la libertad sindical,
negociación colectiva, pronto reconocimiento de la pensión, etc.
1.3.4.3.   Segunda instancia
El
Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá D.C., mediante providencia del 30 de
junio de 2011 confirmó la decisión del juez de instancia. Compartió el criterio
expuesto por el a quo, en el sentido que frente a la existencia de un medio
judicial idóneo y efectivo que resguarden los derechos de la parte accionante,
la acción de tutela no puede proceder.
1.3.5.  Pruebas
Obran en
el expediente las siguientes pruebas relevantes:
1.3.5.1. Copia del derecho de petición de JORGE OMAR NIETO MORA
contra ETB. (F.3 al 19)
1.3.5.2. Copia respuesta derecho de petición (FL 20 y 22)
1.3.5.3. Copia certificado de Asociación Sindical de Técnicos
en Telefonía y Comunicaciones Afines -ATELCA- (FL 24 al 30)
1.3.5.4. Copia Acta Final Arreglo Directo (FL 27 al 30)
1.3.5.5. Copia Convención Colectiva de Trabajo 1992-1993 (FL 33
al 45)
1.3.5.6. Copia Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997 (FL 45
al 52)
1.3.5.7. Copia Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997 (FL 53
al 92)
1.3.5.8. Copia Convención Colectiva 2009-2012 (FL 93 al 106)
1.3.5.9. Copia Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (FL 127 al
142)
1.4.
T-3.186.139. JOHN GENOY MURILLO CONTRA LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.  –E.T.B.-
1.4.1. Solicitud
Por
intermedio de apoderado judicial, el señor John Genoy Murillo y la asociación
sindical ATELCA, presentaron acción de tutela contra la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.T.B., al considerar que la entidad
accionada vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad. Sustentan su solicitud en los
siguientes.
Así,
solicitaron que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá le reconozca la
pensión convencional y se protegieran sus derechos a la seguridad social en
pensiones, libertad sindical, igualdad, debido proceso, acceso a la justicia y
al principio de favorabilidad.
1.4.2. Hechos
1.4.2.1.   Indicó que John Genoy Murillo, se vinculó a
la empresa accionada desde el 16 de julio de 1985, inicialmente mediante
contrato de aprendizaje[4]
y posteriormente a través de contrato a término indefinido a partir del 4 de
noviembre de 1987. Que es trabajador activo y actualmente ocupa el cargo de
Técnico F Jefe, y percibe un sueldo básico, que sumando todos los elementos que
integran el salario, corresponde a $6.568.018
1.4.2.2.   Que el 10 de abril de 1974, mediante
arreglo directo entre la ETB y ATELCA, se pactó que la empresa pensionaría a
todos aquellos trabajadores que hubieren laborado 25 años en la entidad.
Posteriormente, en 1992, se firmó una convención colectiva entre ETB, ATELCA y
SINTRATELEFONOS, que estableció varias modalidades de pensión, entre ellas una,
sin consideración a la edad para quienes laboraran 25 años y otra, para quienes
laboraran 20 años y cumplieran 50 años de edad.
1.4.2.3.   Señaló que el 1 de marzo de 1996, ETB y
ATELCA suscribieron una nueva convención, sin que se denunciara lo
correspondiente a las pensiones, quedando vigente lo pactado anteriormente,
situación que se mantuvo en las convenciones siguientes.
1.4.2.4.   Expresó que en la última convención
celebrada, firmada en el año 2009 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2012,
la empresa siguió con la obligación de reconocer las pensiones convencionales a
aquellos trabajadores que cumplieran 25 años de servicio, sin consideración de
la edad o a aquellos que tuvieran 20 años de servicio y 50 años de edad.
1.4.2.5.   Manifestó que no obstante cumplir los
requisitos el 4 de noviembre de 2010[5],
la empresa le negó el derecho a la pensión solicitada mediante comunicación del
3 de mayo de 2011. A su juicio, ETB no ha negado la existencia de la pensión
convencional, sino que plantea que a partir del 31 de julio de 2010 no es
exigible.
1.4.3. Traslado y contestación de la demanda
1.4.3.1.   Contestación de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
La
Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá, en escrito de fecha 10 de junio de 2011, dio respuesta a la tutela
manifestando que la E.T.B, contrario a lo afirmado por el accionante, sí había
negado la existencia del derecho convencional reclamado por éste.
Adicionalmente
señaló que la tutela es improcedente, ya que a través de ella el actor pretende
desplazar a los jueces ordinarios que son los competentes para dirimir los
conflictos de las cláusulas convencionales.
Igualmente,
indicó que no existe un perjuicio irremediable por cuanto no se observan las
consecuencias de inminencia, urgencia y gravedad que resultarían de la
actuación de la empresa en contra de los derechos del accionante. Por el
contrario, resaltó que el actor devenga en la actualidad un salario en promedio
mensual de $6.568.018.
Finalmente,
reiteró los argumentos expuestos en la respuesta dada al actor el día 3 de mayo
de 2011, señalando que no existe ninguna disposición vigente que estipule
alguna condición diferente a la establecida en las leyes del Sistema General de
Pensiones desde el 31 de julio de 2010, de acuerdo con lo estipulado por el
acto legislativo 1 de 2005, parágrafo 3. Así mismo, indicó que en esa
comunicación, la E.T.B., informa al accionante que la disposición convencional
que invocaba había perdido vigencia el 31 de julio de 2010 y que ésta no le era
aplicable toda vez que el actor había cumplido los 25 años de servicio el 4 de
noviembre de 2010, teniendo en cuenta que dicho acuerdo legislativo regía a
partir de su publicación, el 22 de julio de 2005.
1.4.3.2.
Ministerio de la
Protección Social
El Coordinador
del Grupo de Acciones Constitucionales de la
Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la
Protección Social, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela
contra el Ministerio de la
Protección Social, al considerar que esta entidad no es competente para
resolver la petición del accionante.
Adujo que de
acuerdo a la ley 489 de 1998, articulo 61, literal h, le corresponde al
Ministro de esa cartera ejercer como superior inmediato de los representantes
legales de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al respectivo
ministerio, esto es, del orden Nacional y la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. no corresponde a ese
ministerio en ninguna de las  anteriores modalidades.
1.4.4. Decisiones judiciales
1.4.4.1.   Primera instancia
La acción
de tutela fue conocida por el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá,
despacho que mediante sentencia del 20 de junio de 2011, negó las pretensiones
del actor al considerar que el presente caso no era competencia del juez
constitucional, toda vez que el reconocimiento de la pensión de jubilación era
competencia del juez laboral.  Señaló que la acción de tutela era un mecanismo
de carácter residual y subsidiario, que procede cuando no se cuenta con los
mecanismos legales efectivos o ante la existencia de un perjuicio inminente, el
cual no encontró demostrado en el presente caso.
1.4.4.2.   Impugnación
Inconforme
con la anterior decisión, el actor solicita que la misma sea revocada en la
medida que la protección constitucional invocada sí resulta procedente.
Considera que el tema tiene relevancia constitucional toda vez que el Acto
Legislativo No. 1 de 2005 afecta sus derechos adquiridos con la cláusula
convencional. En consecuencia, no cuenta con un mecanismo judicial que
solucione a profundidad y de manera urgente, como se requiere, el presente caso
ya que de no concederse el amparo, el trabajador no puede retirarse de su
actual trabajo y gozar de su jubilación.
1.4.4.3.   Segunda instancia
El
Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, el 26 de Julio de 2011
confirmó el fallo del a-quo al considerar que la tutela no es útil para obtener
el reconocimiento o pago de prestaciones sociales. Indicó que en el caso en
cuestión, los derechos tienen carácter legal o están en la esfera patrimonial
de la persona por lo que la protección constitucional es improcedente,
resaltando que la pretensión del accionante puede obtenerse ante una
jurisdicción diferente a la constitucional.
1.4.5. Pruebas
Obran en
el expediente las siguientes pruebas relevantes:
1.4.5.1. Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia
Internacional del Trabajo, 99.a reunión, 2010.
1.4.5.2. Comunicación de la
Oficina Internacional del Trabajo de 25 de mayo de 2009, donde se anexa un
ejemplar del 353er informe del Comité, aprobado por el Consejo de
Administración en su  304a reunión.
1.4.5.3. Certificación en la que se señala que el señor JOHN
GENOY MURILLO está afiliado desde 1987
a la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones afines,
ATELCA.
1.4.5.4. Respuesta al Derecho de petición por parte de la
E.T.B. el día 3 de mayo de 2011
1.5.
T-3.188.267.
MARIO EDUARDO INFANTE BONILLA CONTRA LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. –E.T.B.-
1.5.1. Solicitud
Por
intermedio de apoderado judicial, el señor Mario Eduardo Infante Bonilla, en su
condición de trabajador y de presidente y representante legal de la asociación
sindical ATELCA, presentó acción de tutela contra la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.T.B., al considerar que la entidad
accionada vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad.
Solicitó
que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá le reconozca la pensión
convencional y le de protección constitucional a sus derechos a la seguridad
social en pensiones, libertad sindical, igualdad, debido proceso, acceso a la
justicia y al principio de favorabilidad.
1.5.2. Hechos
1.5.2.1.   Indicó que se vinculó a la empresa
accionada desde el 16 de julio de 1985, inicialmente mediante contrato de
aprendizaje[6]
y posteriormente a través de contrato a término indefinido a partir del 19 de
octubre de 1987. Que es trabajador activo y actualmente ocupa el cargo de
Técnico Auxiliar G., con un sueldo básico, que sumando todos los elementos que
integran el salario, corresponde a $7.631.748.
1.5.2.2.   Manifestó que el 10 de abril de 1974,
mediante arreglo directo entre la ETB y ATELCA, se pactó que la empresa
pensionaría a todos aquellos trabajadores que hubieren laborado 25 años en la
entidad. Posteriormente, en 1992, se firmó una convención colectiva entre ETB,
ATELCA y SINTRATELEFONOS, que estableció varias modalidades de pensión, entre
ellas, una, sin consideración a la edad para quienes laboraran 25 años y otra,
para quienes laboraran 20 años y cumplieran 50 años de edad.
1.5.2.3.   Que el 1 de marzo de 1996, ETB y ATELCA
suscribieron una nueva convención, sin que se denunciara lo correspondiente a
las pensiones, quedando vigente lo pactado anteriormente, situación que se
mantuvo en las convenciones siguientes.
1.5.2.4.   Expresó que en la última convención
celebrada, firmada en el año 2009 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2012,
la empresa siguió con la obligación de reconocer las pensiones convencionales a
aquellos trabajadores que cumplieran 25 años de servicio, sin consideración de
la edad o a aquellos que tuvieran 20 años de servicio y 50 años de edad.
1.5.2.5.   Manifestó que no obstante cumplir los
requisitos el 19 de octubre de 2010[7],
la empresa le negó el derecho a la pensión solicitada mediante comunicación del
3 de mayo de 2011. A su juicio, ETB no ha negado la existencia de la pensión
convencional, sino que plantea que a partir del 31 de julio de 2010 no es
exigible.
1.5.3. Traslado y contestación de la demanda
1.5.3.1.   Contestación de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
La
Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá, en escrito de fecha 13 de junio de 2011, dio respuesta a la tutela
manifestando que la E.T.B, contrario a lo afirmado por el accionante, sí había
negado la existencia del derecho convencional reclamado por éste.
Señaló
que la tutela es improcedente, ya que a través de ella el actor pretende desplazar
a los jueces ordinarios que son los competentes para dirimir los conflictos de
las cláusulas convencionales.
Igualmente,
indicó que no existe un perjuicio irremediable por cuanto no se observan las
consecuencias de inminencia, urgencia y gravedad que resultarían de la
actuación de la empresa en contra de los derechos del accionante. Por el
contrario, resalta que el actor devenga en la actualidad un salario en promedio
mensual de $7.631.748.
Finalmente,
reiteró los argumentos expuestos en la respuesta dada al actor el día 3 de mayo
de 2011, señalando que no existe ninguna disposición vigente que estipule
alguna condición diferente a la establecida en las leyes del Sistema General de
Pensiones desde el 31 de julio de 2010, de acuerdo con lo estipulado por el
acto legislativo 1 de 2005, parágrafo 3. Así mismo, indicó que en esa
comunicación, la E.T.B., informa al accionante que la disposición convencional
que invocaba había perdido vigencia el 31 de julio de 2010 y que ésta no le era
aplicable toda vez que el actor había cumplido los 25 años de servicio el 19 de
octubre de 2010, teniendo en cuenta que dicho acuerdo legislativo regía a
partir de su publicación, el 22 de julio de 2005.
1.5.4. Decisiones judiciales
1.5.4.1.   Primera instancia
La acción
de tutela fue conocida por el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá,
despacho que mediante sentencia del 22 de junio de 2011, negó las pretensiones
del actor al considerar que el presente caso no era competencia del juez
constitucional, toda vez que el reconocimiento de la pensión de jubilación era
competencia del juez laboral.  Señaló que la acción de tutela era un mecanismo
de carácter residual y subsidiario, que procede cuando no se cuenta con los
mecanismos legales efectivos o ante la existencia de un perjuicio inminente, el
cual no encontró demostrado en el presente caso.
1.5.4.2.   Impugnación
Inconforme
con la anterior decisión, el actor solicitó que la misma fuera revocada en la
medida que la protección constitucional invocada sí resulta procedente.
Consideró que el tema tiene relevancia constitucional toda vez que el Acto
Legislativo No. 1 de 2005 afecta sus derechos adquiridos con la cláusula
convencional. En consecuencia, no cuenta con un mecanismo judicial que
solucione a profundidad y de manera urgente, como se requiere, el presente caso,
ya que de no concederse el amparo el trabajador no puede retirarse de su actual
trabajo y gozar de su jubilación.
1.5.4.3.   Segunda instancia
El
Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, confirmó la decisión del a quo
mediante sentencia del 25 de Julio de 2011. Consideró que la tutela no es el
único medio judicial con el que cuenta el accionante para hacer valer sus
derechos fundamentales, ya que tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicción
ordinaria. Además, destacó que no existe un perjuicio irremediable, en la
medida que actualmente se encuentra vinculado laboralmente devengando un
salario de $7.631.748.
1.5.5. Pruebas
Obran en
el expediente las siguientes pruebas relevantes:
1.5.5.1.   Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia
Internacional del Trabajo, 99.a reunión, 2010.
1.5.5.2.   Copia del Acta de Acuerdo Convencional
2009-2012 suscrita entre ETB y SINTRATELEFONOS.
1.5.5.3.   Certificación en la que se señala que el
señor Mario Eduardo Infante Bonilla está afiliado desde 1987
a la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones afines,
ATELCA.
1.5.5.4.   Respuesta al Derecho de petición por parte
de la E.T.B. el día 3 de mayo de 2011.
1.6.
T-3.188.131.
ALBERTO RIVERA AREVALO CONTRA LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.  –E.T.B.-
1.6.1. Solicitud
Por
intermedio de apoderado judicial, el señor Alberto Rivera Arevalo, en su
condición de trabajador de la accionada, y la asociación sindical ATELCA,
presentaron acción de tutela contra la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.T.B., al considerar que la entidad
accionada vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad.
Solicitó
que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá le reconozca la pensión
convencional y se le de protección constitucional a sus derechos a la seguridad
social en pensiones, libertad sindical, igualdad, debido proceso, acceso a la
justicia y al principio de favorabilidad. Sustentaron la solicitud en los
siguientes:
1.6.2. Hechos
1.6.2.1.   Indicó que se vinculó a la empresa
accionada desde el 16 de julio de 1985, inicialmente mediante contrato de
aprendizaje[8]
y posteriormente a través de contrato a término indefinido, el 14 de septiembre
de 1987. Que es trabajador activo y actualmente ocupa el cargo de Técnico F.
Jefe, y percibe un sueldo básico, que sumando todos los elementos que integran
el salario, corresponde a $6.544.000.
1.6.2.2.   Manifestó que el 10 de abril de 1974,
mediante arreglo directo entre la ETB y ATELCA, se pactó que la empresa
pensionaría a todos aquellos trabajadores que hubieren laborado 25 años en la
entidad. Posteriormente, en 1992, se firmó una convención colectiva entre ETB,
ATELCA y SINTRATELEFONOS, que estableció varias modalidades de pensión, entre
ellas una, sin consideración a la edad para quienes laboraran 25 años y otra,
para quienes laboraran 20 años y cumplieran 50 años de edad.
1.6.2.3.   Señaló que el 1 de marzo de 1996, ETB y
ATELCA suscribieron una nueva convención, sin denunciar lo correspondiente a
las pensiones, quedando vigente lo pactado anteriormente, situación que se
mantuvo en las convenciones siguientes.
1.6.2.4.   Expresó que en la última convención
celebrada, firmada en el año 2009 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2012,
la empresa siguió con la obligación de reconocer las pensiones convencionales a
aquellos trabajadores que cumplieran 25 años de servicio, sin consideración de
la edad o a aquellos que tuvieran 20 años de servicio y 50 años de edad.
1.6.2.5.   Que no obstante cumplir los requisitos a
partir del 17 de Septiembre de 2010[9],
la empresa le negó el derecho a la pensión solicitada mediante comunicación del
3 de mayo de 2011. A su juicio, ETB no ha negado la existencia de la pensión
convencional, sino que planteó que a partir del 31 de julio de 2010 no es
exigible.
1.6.3. Traslado y contestación de la demanda
1.6.3.1.   Contestación de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
La
Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá, en escrito de fecha 13 de junio de 2011, dio respuesta a la tutela
manifestando que la E.T.B, contrario a lo afirmado por el accionante, sí había
negado la existencia del derecho convencional reclamado por éste.
Señaló
que la tutela es improcedente, ya que a través de ella el actor pretende
desplazar a los jueces ordinarios que son los competentes para dirimir los
conflictos de las cláusulas convencionales.
Igualmente,
indicó que no existe un perjuicio irremediable por cuanto no se observan las
consecuencias de inminencia, urgencia y gravedad que resultarían de la
actuación de la empresa en contra de los derechos del accionante. Por el
contrario, resalta que el actor devenga en la actualidad un salario en promedio
mensual de $6.544.000.
Finalmente,
reiteró los argumentos expuestos en la respuesta dada al actor el día 3 de mayo
de 2011, señalando que no existe ninguna disposición vigente que estipule
alguna condición diferente a la establecida en las leyes del Sistema General de
Pensiones desde el 31 de julio de 2010, de acuerdo con lo estipulado por el
acto legislativo 1 de 2005, parágrafo 3. Así mismo, indicó que en esa
comunicación, la E.T.B., informa al accionante que la disposición convencional
que invocaba había perdido vigencia el 31 de julio de 2010 y que ésta no le era
aplicable toda vez que el actor había cumplido los 25 años de servicio el 17 de
octubre de 2010, teniendo en cuenta que dicho acuerdo legislativo regía a
partir de su publicación, el 22 de julio de 2005.
1.6.4. Decisiones judiciales
1.6.4.1.   Primera instancia
La acción
de tutela fue conocida por el Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogotá,
despacho que mediante sentencia del 21 de junio de 2011, negó las pretensiones
del actor al considerar que el presente caso no era competencia del juez
constitucional, toda vez que el reconocimiento de la pensión de jubilación era
competencia del juez laboral.  Señaló que la acción de tutela era un mecanismo
de carácter residual y subsidiario, que procede cuando no se cuenta con los
mecanismos legales efectivos o ante la existencia de un perjuicio inminente, el
cual no encontró demostrado en el presente caso. No obstante lo anterior,
concedió el amparo del derecho de petición al considerar que la entidad
accionada no dio respuesta de fondo ni mediante un verdadero acto
administrativo a la solicitud del actor.
1.6.4.2.   Impugnación
Inconforme
con la anterior decisión, el actor solicitó que la misma sea revocada en la
medida que la protección constitucional invocada sí resulta procedente.
Consideró que el tema tiene relevancia constitucional toda vez que el Acto
Legislativo No. 1 de 2005 afecta sus derechos adquiridos con la cláusula convencional.
En consecuencia, no cuenta con un mecanismo judicial que solucione a
profundidad y de manera urgente, como se requiere, el presente caso ya que de
no concederse el amparo el trabajador no puede retirarse de su actual trabajo y
gozar de su jubilación.
1.6.4.3.   Segunda instancia
El
Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá, confirmó la decisión del a
quo mediante sentencia del 10 de agosto de 2011. Consideró que el
reconocimiento de la pensión convencional no podía discutirse a través de la
acción constitucional, por tratarse de una controversia de índole laboral,
frente a la cual, debe agotarse el trámite previsto por el legislador. Además, resaltó
que no existe un perjuicio irremediable, en la medida que actualmente se
encuentra vinculado laboralmente devengando un salario de $6.544.000.
1.6.5. Pruebas
Obran en
el expediente las siguientes pruebas relevantes:
1.6.5.1. Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia
Internacional del Trabajo, 99.a reunión, 2010.
1.6.5.2. Copia del Acta de Acuerdo Convencional 2009-2012
suscrita entre ETB y SINTRATELEFONOS.
1.6.5.3. Certificación en la que se señala que el señor Alberto
Rivera Arévalo está afiliado desde 1987
a la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones afines,
ATELCA.
1.6.5.4. Respuesta al derecho de petición por parte de la
E.T.B. el día 3 de mayo de 2011.
1.7.
T-3.239.357.
YOLANDA MORENO RIVERA CONTRA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.
E.S.P.  –E.T.B.-
1.7.1. Solicitud
Por
intermedio de apoderado judicial, la señora Yolanda Moreno Rivera presentó
acción de tutela contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.T.B., por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad.
Solicitó
que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá le reconociera la pensión
convencional y le protegiera sus derechos a la seguridad social en pensiones,
libertad sindical, igualdad, debido proceso, acceso a la justicia y al
principio de favorabilidad. Sustentó su solicitud en los siguientes:
1.7.2. Hechos
1.7.2.1.   Indicó que se vinculó a la empresa accionada
desde el 16 de julio de 1985, inicialmente mediante contrato de aprendizaje[10]
y posteriormente a través de contrato a término indefinido a partir del 19 de
noviembre de 1987. Que es trabajadora activa y actualmente ocupa el cargo de
Profesional 3 y percibe un sueldo básico, que sumando todos los elementos que
integran el salario, corresponde a $6.032.695.
1.7.2.2.   Que el 10 de abril de 1974, mediante
arreglo directo entre la ETB y ATELCA, se pactó que la empresa pensionaría a
todos aquellos trabajadores que hubieren laborado 25 años en la entidad.
Posteriormente, en 1992, se firmó una convención colectiva entre ETB, ATELCA y
SINTRATELEFONOS, que estableció varias modalidades de pensión, entre ellas,
una, sin consideración a la edad para quienes laboraran 25 años y otra, para
quienes laboraran 20 años y cumplieran 50 años de edad.
1.7.2.3.   Señaló que el 1 de marzo de 1996, ETB y
ATELCA suscribieron una nueva convención, sin que se denunciara lo
correspondiente a las pensiones, quedando vigente lo pactado anteriormente,
situación que se mantuvo en las convenciones siguientes.
1.7.2.4.   Que en la última convención celebrada,
firmada en el año 2009 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, la empresa
siguió con la obligación de reconocer las pensiones convencionales a aquellos
trabajadores que cumplieran 25 años de servicio, sin consideración de la edad o
a aquellos que tuvieran 20 años de servicio y 50 años de edad.
1.7.2.5.   Manifestó que cumplió los requisitos convencionales
el 30 de noviembre de 2010. No obstante lo anterior, la empresa le negó el
derecho a la pensión solicitada mediante comunicación del 3 de mayo de 2011.
A su juicio, ETB no ha negado la existencia de la pensión convencional, sino
que planteó que a partir del 31 de julio de 2010 no es exigible.
1.7.3. Traslado y contestación de la demanda
1.7.3.1.   Contestación de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
La
Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá, en escrito de fecha 30 de junio de 2011, dio respuesta a la tutela
manifestando que la E.T.B, contrario a lo afirmado por la accionante, sí había
negado la existencia del derecho convencional reclamado por ésta.
Señaló
que la tutela es improcedente, ya que a través de ella la actora pretende
desplazar a los jueces ordinarios que son los competentes para dirimir los
conflictos de las cláusulas convencionales. Que no existe un perjuicio
irremediable por cuanto no se observan las consecuencias de inminencia,
urgencia y gravedad que resultarían de la actuación de la empresa en contra de
los derechos de la accionante. Por el contrario, resaltó que devenga en la
actualidad un salario en promedio mensual de $6.032.695.
Finalmente,
reiteró los argumentos expuestos en la respuesta dada al actor el día 3 de mayo
de 2011, señalando que no existe ninguna disposición vigente que estipule
alguna condición diferente a la establecida en las leyes del Sistema General de
Pensiones desde el 31 de julio de 2010, de acuerdo con lo estipulado por el
acto legislativo 1 de 2005, parágrafo 3. Así mismo, indicó que en esa
comunicación, la E.T.B., informa a la accionante que la disposición
convencional que invocaba había perdido vigencia el 31 de julio de 2010 y que
ésta no le era aplicable toda vez que el actor había cumplido los 25 años de
servicio el 30 de noviembre de 2010, teniendo en cuenta que dicho acuerdo
legislativo regía a partir de su publicación, el 22 de julio de 2005.
1.7.4. Decisiones judiciales
1.7.4.1.   Primera instancia
La acción
de tutela fue conocida por el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bogotá,
despacho que mediante sentencia del 8 de julio de 2011, negó el amparo
solicitado por la accionante al considerar la acción de tutela era un mecanismo
de carácter residual y subsidiario, que procede cuando no se cuenta con los
mecanismos legales efectivos o ante la existencia de un perjuicio inminente, el
cual no encontró demostrado en el presente caso, ya que se encuentra acreditado
que aún labora para la empresa y que devenga más de tres salarios mínimos.
1.7.4.2.   Impugnación
Inconforme
con la anterior decisión, la accionante solicitó que la misma fuera revocada en
la medida que la protección constitucional invocada sí resulta procedente.
Consideró que el tema tiene relevancia constitucional toda vez que el Acto Legislativo
No. 1 de 2005 afecta sus derechos adquiridos con la cláusula convencional. En
consecuencia, no cuenta con un mecanismo judicial que solucione a profundidad y
de manera urgente, como se requiere, el presente caso ya que de no concederse
el amparo, no puede retirarse de su actual trabajo y gozar de su jubilación.
1.7.4.3.   Segunda instancia
El
Juzgado Treinta y seis Civil del Circuito de Bogotá, confirmó la decisión del a
quo mediante sentencia del 18 de agosto de 2011. Consideró que el
reconocimiento de la pensión convencional le corresponde dilucidarlo al juez
laboral ordinario y no al juez constitucional. Además, señaló que no se
advierte un perjuicio irremediable, en la medida que la accionante no es una
persona de la tercera edad, ni prueba sumariamente que exista alguna
circunstancia de salud o de otro tipo que no le permita adelantar la
controversia que plantea ante la jurisdicción competente.
1.7.5. Pruebas
Obran en
el expediente las siguientes pruebas relevantes:
1.7.5.1. Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia
Internacional del Trabajo, 99.a reunión, 2010.
1.7.5.2. Copia del Acta de Acuerdo Convencional 2009-2012
suscrita entre ETB y SINTRATELEFONOS.
1.7.5.3. Certificación en la que se señala que la señora Yolanda
Moreno Rivera está afiliada desde 1987
a la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones afines,
ATELCA.
1.7.5.4. Respuesta al Derecho de petición por parte de la
E.T.B. el día 3 de mayo de 2011.
1.8.
T-3.177.642.
JOSÉ FERNANDO PABÓN SALCEDO CONTRA ECOPETROL S.A.
1.8.1. Solicitud
Por
intermedio de apoderado judicial, el señor José Fernando Pabón Salcedo presentó
acción de tutela contra la Ecopetrol S.A., al considerar que la entidad
accionada vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido
proceso y a la igualdad, como consecuencia del no reconocimiento de la pensión
de jubilación convencional.
En tal
virtud, solicita que se protejan los derechos fundamentales invocados y se
ordene a Ecopetrol S.A., el reconocimiento de la pensión convencional. Sustentó
su solicitud en los siguientes:
1.8.2. Hechos
1.8.2.1.   Manifestó que es trabajador activo de la
empresa accionada y que actualmente ocupa el cargo de Supervisor II VIT en la
Unidad Organizativa de la
Coordinación Planta Caño Limón.
1.8.2.2.   Señaló que la empresa contempla un sistema
de retiro para acogerse al beneficio de la pensión de jubilación por vejez,
denominado “Plan 70” y consistente en reunir 70 puntos si es hombre y 68 si es
mujer, para lo cual, cada año de servicios y cada año de edad representan un
punto. A su juicio, reunió los requisitos señalados en el artículo 109 de la
Convención Colectiva de Trabajo de Ecopetrol S.A., la cual, dice, aún está
vigente.
1.8.2.3.   Al respecto, indicó que tiene 46 años de
edad y una antigüedad de 25 años, razón por la cual cuenta con un total de 71
puntos, sobrepasando los exigidos por la convención colectiva para acceder al
plan 70.
1.8.2.4.   Expuso que solicitó a la accionada el
reconocimiento de la pensión, petición que fue negada por considerar que el
cumplimiento de dichos requisitos debía acontecer antes del 31 de julio de 2010.
A su juicio, la anterior respuesta es contraria al parágrafo 4 del acto
Legislativo 01 de 2005, según el cual, el “régimen de transición establecido
en la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes que desarrollen dicho
régimen, no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para
los trabajadores que estando en dicho régimen, tengan cotizadas al menos 750
semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
presente acto legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el
año 2014”.
1.8.2.5.   Como consecuencia de lo anterior, alegó que
se está causando un perjuicio irremediable toda vez que está perdiendo la
opción de beneficiarse de la pensión de jubilación de vejez, bajo la figura del
plan 70, desconociendo un derecho adquirido y obligándolo a trabajar hasta la
edad de 62 años, de conformidad con la normatividad vigente.
1.8.3. Traslado y contestación de la demanda
1.8.3.1.   Contestación de Ecopetrol S.A.
La
empresa accionada, en escrito de fecha 1 de junio de 2011, dio respuesta a la
tutela y solicitó que se negara el amparo solicitado. Manifestó que el
accionante pretende amañar las normas vigentes en la materia, para conseguir
beneficios que por ley no le corresponden y que Ecopetrol no puede reconocer.
Señaló
que después de realizar el estudio respectivo, se determinó que el accionante,
al 31 de julio de 2010, plazo máximo para haber causado el derecho pensional
extralegal, no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en la
convención, reuniendo una antigüedad de 24 años, 2 meses y 28 días y 45 años de
edad, es decir, alcanzó 69 de los 70 puntos exigidos. Por lo tanto, en la
actualidad el actor es afiliado al Sistema General de Seguridad Social en pensiones.
Indicó
que en cumplimiento de lo ordenado en el Acto Legislativo 01 de 2005, la
empresa afilió al accionante al Instituto de Seguros Sociales, para garantizar
su retiro.
Expuso
que la Convención Colectiva de Trabajo, firmada en el año 2009 entre Ecopetrol
S.A. y la Unión Sindical Obrera, USO, no extendió la vigencia de la pensión
extralegal denominada “Plan 70” hasta el año 2014, ya que de la lectura del
parágrafo 3 del Acto Legislativo, las disposiciones que establecieran
requisitos distintos a los del Sistema General de Seguridad Social, para
acceder a una prestación pensional, fenecerían a más tardar el 31 de julio de
2010.
Finalmente
manifestó que no existía un perjuicio irremediable, pues el actor no se
encuentra en circunstancias que ameriten la especial protección, ya que tiene
46 años y su salario, con los beneficios y prestaciones legales, asciende a más
de 5 salarios mínimos.
1.8.4. Decisiones judiciales
1.8.4.1.   Primera instancia
La acción
de tutela fue conocida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta,
despacho que mediante sentencia del 2 de junio de 2011, concedió el amparo
solicitado por el accionante. Consideró que Ecopetrol le ha dado un trato
jurídico diferente al tutelante, quien es convencionado, afectando así su
derecho a la igualdad al no reconocer que es beneficiario del plan 70.  Señaló
que resulta inequitativo obligarlo a renunciar a sus prestaciones y garantías
laborales, causándole un perjuicio irremediable, toda vez que ha demostrado
cumplir con los requisitos exigidos por la convención.
En
consecuencia, ordenó el reconocimiento de la pensión de conformidad con la
convención colectiva.
1.8.4.2.   Impugnación
Inconforme
con la anterior decisión, Ecopetrol solicitó que la misma fuera revocada en la
medida que el señor Pabón no cumplió con los requisitos convencionales para
acceder a la pensión de jubilación dentro del plazo señalado por el Acto
Legislativo 01 de 2005.
Señaló
que la perención de los sistemas pensionales especiales y exceptuados fue una
decisión de la autoridad legislativa y no de Ecopetrol, razón por la cual la
empresa está en la obligación de acatar la orden sin ningún tipo de excepción.
1.8.4.3.   Segunda instancia
La Sala
Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta, revocó parcialmente la decisión del a quo mediante sentencia
del 21 de julio de 2011. Consideró que, no obstante estar cobijado por el
régimen de transición del Acto Legislativo 01 de 2005, el actor no cumplía los
requisitos convencionales a 31 de julio de 2010, motivo por el cual tiene hasta
el 31 de diciembre de 2014 para completarlos y de esta forma, acceder a la
pensión del Plan 70.
En
consecuencia, revocó la orden del a quo y en su lugar, ordenó a Ecopetrol a
respetar los términos del parágrafo transitorio 4 del citado Acto Legislativo,
disponiendo lo necesario para que el accionante tuviera la posibilidad de
reunir los requisitos necesarios para acogerse a la pensión convencional.
1.8.5. Pruebas
Obran en
el expediente las siguientes pruebas relevantes:
1.8.5.1. Certificación del Jefe de la
Regional de Servicios al Personal Oriente de Ecopetrol S.A., relacionada con
el tiempo de servicios, de fecha 4 de mayo de 2011.
1.8.5.2. Copia de la respuesta al derecho de petición de
solicitud pensional, por parte de Ecopetrol, de fecha 9 de marzo de 2011.
1.8.5.3. Copia de la convención colectiva de trabajo 2006-2009
suscrita entre Ecopetrol y la
Unión Sindical Obrera, USO.
2.
ACTUACIONES
DURANTE EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA CORTE
2.1.
INTERVENCIÓN DE LA
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS
La Comisión Colombiana de Juristas presentó un memorial en
derecho (amicus curiae), sobre el derecho a la negociación colectiva y el Acto
Legislativo 01 de 2005.
El escrito presentado
responde a dos preguntas fundamentales. A saber:
2.1.1.  En primer lugar, frente a la tensión existente entre el artículo 48
de la Constitución Política tal como fue modificado por el acto legislativo 01
de 2005, y el Convenio 98 de la OIT, se cuestiona cuál de estas disposiciones
debe prevalecer.
Al respecto, exponen los
intervinientes que el Comité de Libertad Sindical, órgano autorizado para
interpretar los convenios de la OIT sobre el derecho a la asociación sindical,
ha concluido que el artículo 48 de la
Constitución Política es contrario al derecho a la negociación colectiva,
reconocido en convenios de la OIT suscritos por Colombia y que hacen parte del
bloque de constitucionalidad.
De esta forma, consideran que
se suscita un conflicto entre dos normas de rango constitucional: una
disposición contenida en la
Constitución Política y otra que integra un tratado internacional que hace
parte del bloque de constitucionalidad. Sobre este punto, la
Corte Constitucional ya se ha pronunciado acerca de la eventual
incompatibilidad de una norma de la
Constitución Política con una obligación internacional del Estado, afirmando
que en estos casos las autoridades competentes deben procurar resolver la
tensión y adecuar ambas disposiciones normativas con el fin de evitar la
situación de que un funcionario judicial se enfrente al dilema de aplicar
disposiciones contradictorias.
Por esta razón, consideran
que el amparo efectivo al derecho vulnerado implica hacer prevalecer la
obligación internacional derivada del Convenio 98 de la
OIT, en aplicación de tres principios hermenéuticos reconocidos en la
Constitución Política y en tratados internacionales sobre derechos humanos, a
saber: el principio pro homine, el principio de favorabilidad en materia
laboral y el principio de in dubio pro operario.  El resultado de
aplicar estos criterios hermenéuticos a las normas contradictorias, consiste en
dar prevalencia al Convenio 98 de la OIT, por ser éste la norma más favorable
para la protección de los derechos humanos en general, y para la protección de
los derechos de los trabajadores, en particular.
De ahí que, darle prevalencia
a la obligación internacional establecida en dicho convenio implique proteger
los derechos fundamentales de María Cristina Ochoa Mendigaña en su calidad de
beneficiaria de la convención colectiva pactada.
2.1.2.  En segundo lugar, se cuestiona si la acción de tutela es el
medio idóneo para reclamar la aplicación a nivel interno de una recomendación
proferida por un órgano de control de la OIT, como lo es el Comité de Libertad
Sindical.
Consideran que para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela en este caso, se debe
acreditar que la misma es el único medio para reclamar la aplicación de una
recomendación del Comité de Libertad Sindical. Al respecto, establecen los
intervinientes que al indagar si existe algún recurso del que puedan valerse
los particulares para exigir el cumplimiento de las mismas, la
Corte Constitucional en sentencia T-603 de 2003 fue clara en establecer que no
existe ningún medio idóneo dentro del ordenamiento jurídico colombiano que
permita reclamar la aplicación de estas recomendaciones a nivel interno, y por
lo tanto la tutela es el medio adecuado para hacerlos valer.
2.2.
INTERVENCIÓN DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante escrito radicado el
7 de diciembre de 2011 en la
Secretaría General de esta Corporación, el Procurador General de la
Nación intervino en el asunto de la referencia.
Comenzó por afirmar que lo
previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, sobre pérdida de vigencia de los
regímenes pensionales establecidos en convenciones colectivas a partir del 31
de julio de 2010, tiene como finalidad eliminar privilegios que desbordan las
finanzas del sistema de seguridad social. Consideró que las condiciones
establecidas por la convención colectiva invocada por la accionante para
acceder a la pensión son bastante dicientes, en cuanto no le exige una edad
mínima y, además, el monto de la mesada pensional es del 90% del promedio
salarial.
Además, manifestó que la
norma de expiración de las convenciones colectivas no tuvo una aplicación
repentina o súbita, sino que, por el contrario, estableció un término
prudencial de cinco años. Así las cosas, “las personas que, para su
desventura, cumplan los requisitos para acceder a su pensión de jubilación con
posterioridad al 31 de julio de 2010, no pueden solicitar que su pensión se
otorgue con fundamento en convenciones colectivas, pues tal solicitud va en
contra de lo previsto en la
Constitución Política”.
Frente a lo dispuesto en la
recomendación del Comité Sindical de la OIT, aprobada por el Consejo de
Administración, afirmó que estas recomendaciones, “pese a su notable valor,
no hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto (…) a
diferencia de los convenios, las recomendaciones no son normas creadoras de
obligaciones internacionales, sino meras directrices, guías o lineamientos que
deben seguir los Estados Partes en busca de condiciones dignas en el ámbito
laboral de sus países”.
Por lo anterior, concluyó que
“en ningún caso es dable sostener que una recomendación de la
OIT permite, a cualquier operador jurídico, aplicar la
Constitución Política de manera contraria a lo que ésta con claridad dispone,
como ocurre en este caso”.
2.3.
INTERVENCIÓN DEL
CIUDADANO GABRIEL BAYONA
El señor Bayona presentó
escrito de intervención en el proceso de la referencia el 25 de junio de 2012.
En dicho escrito manifestó
que el estudio del expediente bajo revisión es la oportunidad que tiene la
Corte Constitucional para sentar jurisprudencia en relación con el carácter
vinculante de las recomendaciones de la
OIT. Esto, debido a que la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia ha sido contraria a ese alcance, en contravía de lo
establecido en la jurisprudencia constitucional.
2.4.
INTERVENCIÓN DEL
MINISTERIO DEL TRABAJO
Mediante escrito radicado en
esta Corporación el 23 de octubre de 2012, el Ministerio intervino dentro del
proceso de la referencia.
En primer lugar, afirmó que a
través de las acciones de tutela que se estudian se pretende cuestionar la
constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2005 “frente al bloque de
constitucionalidad invocando los convenios internacionales de la
OIT”, pretensión que no es procedente por cuanto la
Corte Constitucional carece de competencia para estudiar vicios de fondo de
actos reformatorios de la constitución y, además, si fuere un vicio de trámite,
el término de caducidad ya expiró.
No obstante, presentó
argumentos para demostrar que el Acto Legislativo en mención no vulnera el
bloque de constitucionalidad. En este orden de ideas afirmó que dentro del
marco jurídico y jurisprudencial aplicable, según el cual el objeto de la
negociación colectiva es el mejoramiento de las condiciones laborales, “se
puede entender que cuando el Acto Legislativo 01 de 2005 sustrae el tema
pensional del ámbito de negociación colectiva para preservar la sostenibilidad
financiera del sistema y hacer efectivos los principios de equidad, igualdad
material, seguridad jurídica y coherencia del sistema jurídico, modifica pero
no elimina ni sustituye íntegramente el principio constitucional que garantiza
la negociación colectiva; es que ni el ius cogens, ni el modelo de Estado
Social de Derecho, ni el bloque de constitucionalidad consagran un derecho
específico a negociar colectivamente el tema pensional ni esta materia se
encuentra configurada como elemento sustancial y definitorio del Estado
constitucional de derecho.”
En segundo lugar, señaló que
teniendo en cuenta que la seguridad social constituye un servicio público, cuya
regulación está asignada al legislador, la voluntad de éste o del constituyente
derivado orientada a fijar el marco general que asegure la universalización y
la cobertura integral del sistema, “constituye una respuesta legítima a la
evidente crisis que enfrenta el sistema, por el latente déficit financiero que
lo caracteriza y que pone en riesgo la cobertura de las prestaciones allí
consagradas; además, propende por la igualdad material, en la medida en que
busca que todos los ciudadanos se rijan por un régimen uniforme, sin
inequidades y/o discriminaciones socialmente reprochables”.
Finalmente afirmó que la
potestad del constituyente derivado para reformar la
Carta Política encuentra justificación en la libertad de configuración
normativa y en la prevalencia del interés general. Esto, siempre y cuando no se
desconozcan, por ejemplo en este caso, los derechos adquiridos. Concluyó que “cuando
no se ha alcanzado el cumplimiento de los requisitos consagrados en las normas
legales o extralegales, ya sea porque aún no ha completado el tiempo de
servicio o llegado a la edad prevista no tiene un derecho sino que se halla apenas
ante una simple expectativa de alcanzarlo en el momento de reunir la condición
faltante; y es allí –frente a las expectativas. Que caben las reformas
introducidas para preservar razonable y coherentemente las garantías de los
ciudadanos, sin que se vulnere el sistema jurídico y menos aún, el orden
superior.”
3.
ACTUACIÓN EN
SEDE DE REVISIÓN
3.1.
El 14 de febrero de
2014, el Magistrado sustanciador requirió a las entidades accionadas para que
informaran a la Sala lo siguiente:
1.
Las pensiones
convencionales que han pagado con anterioridad a la entrada en vigencia del
Acto Legislativo 01 de 2005.
2.
Las pensiones
convencionales que han pagado entre el año 2005 y el año 2010.
3.
Si han pagado pensiones
convencionales a beneficiarios de las prórrogas de las convenciones colectivas,
con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.
3.2.
Las entidades accionadas
dieron respuesta al anterior requerimiento de la siguiente manera:
3.2.1.
Banco de la
República
La directora del Departamento de Servicios de Gestión
Humana empezó por contextualizar la situación en la que se encuentra el Banco
respecto de la última convención colectiva vigente.
Manifestó que “con ocasión de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, esta entidad desde 1999 (…) hasta la expedición
del Acto Legislativo No. 1 de 2005, presentó denuncia de las disposiciones
convencionales relativas a pensiones dentro del plazo previsto por la ley, ante
la autoridad administrativa competente, con la finalidad de lograr la
armonización que en materia de regímenes pensionales convencionales contempló
la mencionada ley. Sin embargo, ello no fue posible en razón a que la
organización sindical, desde el año 1999 (…) se abstuvo de presentar al Banco
el correspondiente pliego de peticiones, lo cual ha impedido que se pueda
llegar a una negociación que consulte las nuevas realidades, en esta y otras
materias. Como consecuencia de ello, la convención colectiva de trabajo del
Banco de la República se ha venido prorrogando hasta la fecha, como lo dispone
la ley y, en materia de pensiones, atendiendo lo dispuesto por la norma
constitucional referida, se han reconocido y se reconocerán las pensiones
convencionales a quienes con anterioridad al 31 de julio de 2010, cumplieron
los requisitos previstos en la correspondiente norma convencional para acceder
al beneficio convencional”.
Con relación al primer interrogante, indicó
que en la actualidad se reportaban 1.638 pensiones convencionales
activas, incluyendo sustituciones pensionales contabilizadas como una sola
pensión, las cuales fueron reconocidas antes del 25 de julio de 2005.
Respecto de las pensiones convencionales
pagadas entre el año 2005 y 2010, la entidad las discriminó de la siguiente
manera:
“a. 525 pensiones convencionales
reconocidas y pagadas entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010.
b. 9 pensiones convencionales causadas con
anterioridad al 31 de julio de 2010 y reconocidas y pagadas con posterioridad a
esa fecha.
c. 23 pensiones convencionales causadas con
anterioridad al 31 de julio de 2010 y pendientes por reconocer, como quiera que
sus beneficiarios no se han retirado del servicio del Banco.”
Finalmente, indicó que las pensiones reconocidas
y pagadas a beneficiarios de las respectivas prórrogas corresponden a las
mencionadas en las respuestas anteriores. Igualmente, reitera que las prórrogas
legales de la convención colectivas en pensiones estuvieron vigentes hasta el
31 de julio de 2010, y por tanto, a partir de esa fecha la entidad no ha
reconocido pensiones a quienes no adquirieron el derecho con anterioridad a
dicho límite.
3.2.2.  ECOPETROL
La Directora de Relaciones Laborales de la entidad manifestó, frente al primer
interrogante que el total de pensiones pagadas bajo el régimen convencional
anterior al 25 de julio de 2005 fueron 6.497.
Aclaró que en virtud de lo estipulado en la
Ley 797 de 2003[11],
la entidad sólo mantuvo a su cargo el régimen pensional de aquellos
trabajadores que ingresaron con anterioridad al 29 de enero de 2003 y que
fueran beneficiarios del régimen convencional y cumplieran las condiciones
estipuladas en la convención colectiva de trabajo.
De otra parte, manifiesta que el total de
pensiones reconocidas bajo el régimen convencional entre el 25 de julio de 2005
y el 31 de julio de 2010 asciende a 1.502.
Por último señala que con posterioridad a
la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, “únicamente operó
una prórroga en el mes de diciembre de 2005, por indebida denuncia y hasta el
mes de junio de 2006; a partir de esta última fecha y como resultado de dos
procesos de negociación, se han pactado nuevas convenciones colectivas de
trabajo con vigencia 2006 - 2009 y 2009 – 2014, respectivamente. No obstante,
las cláusulas convencionales que regulaban el tema pensional, no fueron materia
de discusión ni negociación, teniendo en cuenta la prohibición establecida en
el Acto Legislativo 01 de 2005”.
En virtud de lo indicado, precisa que la
entidad cuenta con 141 personas cobijadas por el régimen convencional
que cumplieron de manera concurrente antes del 31 de julio de 2010 las
condiciones allí previstas para acceder al beneficio pensional y que, por lo
tanto, tienen un derecho adquirido.
3.2.3.  Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB-
El apoderado judicial de la empresa dio
respuesta al requerimiento de la Corte indicando que (i) antes del 29 de julio
de 2005 la entidad reporta un total de 2.666 pensionados y (ii) entre
esa fecha y el 31 de julio de 2010, 430 pensionados.
Frente al tercer interrogante, señala que
la empresa, con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, sólo ha efectuado
reconocimiento de pensiones convencionales a las personas que adquirieron el
derecho dentro de los límites temporales fijados en la norma constitucional, de
manera que en la actualidad se aplican las disposiciones del Sistema General de
Pensiones.
3.3.
En auto del 25 de
febrero, el Magistrado ponente requirió a la
ETB la siguiente información relacionada con los accionantes que solicitan de
ella el reconocimiento de sus pensiones convencionales:
1.
Si los contratos
de aprendizaje de los accionantes que se relacionan a continuación, fueron
debidamente liquidados.
4.
Jorge Omar Nieto
Mora, vinculado mediante contrato de aprendizaje del 16 de julio de 1985 al 15
de julio de 1987 y, posteriormente
mediante contrato indefinido el 3 de noviembre de 1987;
5.
John Genoy Murillo, vinculado mediante contrato de aprendizaje
del 16 de julio de 1985 al 15 de julio de 1987 y, posteriormente mediante contrato indefinido el 4 de noviembre
de 1987;
6.
Mario Eduardo Infante
Bonilla, vinculado
mediante contrato de aprendizaje del 16 de julio de 1985 al 15 de julio de 1987 y, posteriormente mediante contrato indefinido
el 19 de octubre de 1987:
7.
Alberto Rivera Arévalo, vinculado mediante contrato de aprendizaje
del 16 de julio de 1985 al 15 de julio de 1987 y, posteriormente mediante contrato indefinido el 14 de
septiembre de 1987;
8.
Yolanda Moreno Rivera, vinculado mediante contrato de aprendizaje
del 16 de julio de 1985 al 15 de julio de 1987 y, posteriormente mediante contrato indefinido el 19 de noviembre
de 1987.
1.
Si, como consecuencia de lo
anterior, existió solución de continuidad en la vinculación de los accionantes
referidos con la empresa una vez finalizó el periodo de aprendizaje.
2.
Las razones por las cuales,
una vez finalizado el contrato de aprendizaje, no se suscribió inmediatamente
el contrato laboral a término indefinido.
3.3.1.  La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB- dio respuesta informando que los contratos
de aprendizaje celebrado con los accionantes fueron liquidados. Para el efecto,
anexa copias de los siguientes documentos:
·
Comunicación de terminación del contrato de
aprendizaje “con ocasión de haber expirado el plazo pactado con la
Empresa en la cláusula segunda del respectivo contrato.
·
Resoluciones mediante
las cuales se reconoce y se ordena el pago de salarios, prestaciones sociales y
cesantías definitivas a los aprendices de la entidad.
·
Liquidación final del
contrato de aprendizaje.
En los mencionados documentos se puede
apreciar que los accionantes fueron liquidados de la siguiente manera:
Jorge Omar Nieto Mora: recibió por concepto de liquidación
definitiva (incluyendo prestaciones sociales, cesantías y descuentos) la suma
de: Doscientos cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y cinco pesos con
sesenta y nueve centavos ($255.265.69).
John Genoy Murillo: recibió por concepto de liquidación definitiva
(incluyendo prestaciones sociales, cesantías y descuentos) la suma de:
Doscientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta y tres pesos con un centavo ($262.753.01).
Mario Eduardo Infante Bonilla: recibió por concepto de liquidación
definitiva (incluyendo prestaciones sociales, cesantías y descuentos) la suma
de: Doscientos cuarenta y un mil quinientos setenta y nueve pesos con cincuenta
centavos ($241.579.50).
Alberto Rivera Arévalo: recibió por concepto de liquidación
definitiva (incluyendo prestaciones sociales, cesantías y descuentos) la suma
de: Doscientos ochenta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con treinta
y un centavos ($281.944.31).
Yolanda Moreno Rivera: recibió por concepto de liquidación
definitiva (incluyendo prestaciones sociales, cesantías y descuentos) la suma
de: Doscientos ochenta mil ochocientos diecinueve pesos con treinta y un
centavos ($280.819.31).
Seguidamente, manifiesta que los
accionantes fueron contratados laboralmente por la empresa en fecha posterior a
la finalización del contrato de aprendizaje, particularmente 2 o 4 meses
después.  Por consiguiente, considera que “no es posible equiparar el lapso
que medió entre la finalización de cada contrato de aprendizaje y la
suscripción de los contratos de trabajo con el concepto de solución de
continuidad laboralmente empleado para reconocer la diferencia temporal entre
un vínculo laboral y otro, e incluso, reconocer la existencia de un solo
vínculo laboral real, toda vez que, en los casos consultados, el vínculo que
finalizó en julio de 1987 con cada uno de los accionantes, era de aprendizaje y
no se trataba de un contrato de trabajo”.
Finalmente, frente a la pregunta
relacionada con las razones por las que no se suscribió inmediatamente contrato
de trabajo con los aprendices indica que la empresa cuenta con plena
discrecionalidad para vincular o no a las personas que han sostenido contrato
de aprendizaje, “discrecionalidad que incluso fue objeto de reconocimiento
expreso por parte de la
Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines ATELCA a
la que pertenecen los trabajadores vinculados en la carrera técnica de ETB, en
la medida en que en el marco de un Comité de carácter convencional se señaló y
quedó constancia del carácter no laboral de los contratos de aprendizaje y, en
consecuencia, la improcedencia de que dichos contratos, así como la probabilidad
de la vinculación laboral de los aprendices, fuese objeto de regulación
convencional”.
Para ilustrar el tema, cita un acta del
Comité de Carrera técnica No. 8 del 13 de marzo de 1981 suscrita por la
ETB y ATELCA, según la cual “le es vedado al ‘Comité de Reestructuración de
Carrera Técnica’ reglamentar lo referente a las condiciones de admisión,
ingreso, estudios, intensidad horaria y demás requisitos que deba reunir
quienes aspiren a formar parte del personal becario que entrena la
Empresa, ya que este personal no tiene vinculación laboral alguna con la
Empresa de Teléfonos de Bogotá, y lo más importante, aún no ha adquirido
la categoría de ‘técnico’ es decir quien ha superado y aprobado la etapa de
‘becario’ y se halle vinculado laboralmente a la
Entidad”.
Igualmente cita el artículo 1 del
reglamento interno del año 1949, vigente para la época de contratación de los
accionantes, que dispone:
“Quien aspire a ingresar al servicio de la
Empresa deberá matricularse en el respectivo registro de la
Oficina de Personal; exhibir la cédula de ciudadanía y la tarjeta de
identidad, según el caso; presentar a solicitud de la
Empresa los comprobantes de edad, idoneidad y certificado de trabajo de sus
patrones anteriores sobre el tiempo durante el cual prestaron sus servicios, la
índole de trabajo desempeñado y salario devengado, y someterse a los
reconocimientos médicos que la Empresa prescriba. Presentar a juicio del
Gerente o de la Junta Directiva, o cuando los reglamentos internos de la
Empresa lo exijan, certificado de personas honorables sobre capacidad, buena
conducta y honorabilidad del trabajador”.
Por último, hace relación a un memorando
No. 044344 del 24 de agosto de 1987 de la
Subgerencia de Operaciones de ETB, por medio del cual se solicitó que todo
proceso de contratación de aprendices “se desarrollara en el orden de los
puestos obtenidos entre 32 aprendices según sus notas y listado, ‘el cual se
hizo teniendo en cuenta los cursos perdidos y con el fin de practicarles examen
de habilitación a los nueve (09) últimos’ aportándose así un listado de 32
personas entre os cuales se encuentran los accionantes”.
En ese sentido, señala que aunque no
existía una disposición que obligara a la empresa la vinculación laboral de los
aprendices, los accionantes fueron contratados en virtud de los puntajes y
notas obtenidos durante su práctica, según la necesidad o requerimiento de cada
área.
3.4.
En auto del 5 de
marzo de 2014 el magistrado ponente ordenó correr traslado de las pruebas
solicitadas en el numeral anterior, con el fin de que, si lo estimaban, se
pronunciaran sobre las mismas.
3.4.1.  El apoderado de los accionantes, descorrió el traslado
manifestando lo siguiente:
En primer lugar, con relación a los contratos de aprendizaje señaló
que para el momento en que se celebró dicho contrato estaba vigente la
Ley 188 de 1959. La duración podía ser hasta de tres años pero para el caso de
ETB se aplicaba el numeral 3 del artículo 7 el cual señalaba que “cumplido
satisfactoriamente el término del aprendizaje, preferirlo en igualdad de
condiciones para llenar las vacantes que ocurran relativas a la profesión u
oficio que hubiere aprendido”. Además, dice, según el artículo 4 de la citada
ley se trataba de un contrato de trabajo y no de uno especial, como hoy en día
se entiende.
Igualmente, considera que, “dentro de la
terminología propia del derecho laboral, no se puede hablar propiamente de
liquidación del contrato de aprendizaje. Salvo que se piense en una de las
formas especiales señaladas en el artículo 10 de la mencionada ley, lo cual no
aconteció en el caso de mis poderdantes. La continuidad entre el contrato de
aprendizaje y el contrato a término indefinido debería ser lo lógico, en una
interpretación teleológica del artículo 1 de la
Ley 188 de 1959. Las razones para que el empleador hubiere roto la continuidad
no son del conocimiento de mis poderdantes y es algo que corresponde explicarlo
al empleador, ya que no fue por culpa de los trabajadores.”
En segundo lugar, hace referencia al caso de los
pensionados de la ETB. Al respecto, señala que el fondo propio que la empresa
tenía para el pago de las pensiones pasó al capital financiero con los peligros
que, dice, ello conlleva.
A su juicio, la
ETB desconoció el artículo 55 de la
Constitución y los Convenios 87 y 98 de la
OIT; no cumplió las recomendaciones y mediante la conmutación pensional, los
pensionados de la empresa, a partir del 1 de septiembre de 2013 fueron ubicados
en el régimen de ahorro individual “por voluntad unilateral del empleador,
con sospechosa complicidad del Ministerio del Trabajo”.
Continúa indicando que las reiteradas
violaciones de la empresa dieron lugar a varias tutelas presentadas por casi
1500 pensionados, de las cuales tres llegaron a esta Corporación sin tener el
éxito de ser seleccionadas.
En tercer lugar, se refiere a la conmutación pensional indicando que la
ETB “en septiembre de 2013 violó, entre varios derechos fundamentales, el
de libertad (el cambio de régimen pensional solo le corresponde al trabajador o
al pensionado, no al empleador), debido proceso, para el cambio de régimen se
requiere autorización por escrito y para la conmutación se debe actuar de
acuerdo con la autorización que el Ministerio de Trabajo indique, el Ministerio
señaló para la conmutación al ISS (hoy Colpensiones) pero la
ETB pasó a los pensionados a POSITIVA (que maneja el régimen de ahorro
individual), de derecho adquirido (al régimen seleccionado) de seguridad social
a un régimen pensional. Se violaron además, los principios de buena fe (respeto
al acto propio) y de favorabilidad.  La ETB hizo uso indebido de su condición
dominante”.
En cuarto lugar, considera que no se pueden eludir las
recomendaciones de la OIT para Colombia. En efecto, señala que ellas son claras
al vincular el derecho a la negociación colectiva con el tema pensional y, por
lo tanto, se resalta la conservación de los efectos de las cláusulas
convencionales sobre pensiones, se piden medidas correctivas, se aboga por la
armonía en las relaciones laborales, con soluciones negociadas aceptables para
las partes interesadas, respetándose, por supuesto, los convenios de la
OIT ratificados por Colombia, siendo pertinentes el de libertad sindical y
protección del derecho de sindicación (No. 87), el de derecho de sindicación y
de negociación colectiva (No. 98), el de relaciones d trabajo en la administración
pública (No. 151) y el de negociación colectiva (No. 154).
Por lo anterior, solicita que se ordene a la
ETB que informe todo lo relacionado con la conmutación pensional y si la misma
se predica de los que están por jubilarse; que se certifique por Secretaría
General de la Corte que los casos por él indicados no fueron seleccionados; que
se indague a Ecopetrol sobre el fondo para pago de pensiones de la empresa y
que, se ordene a la ETB un informe sobre el dinero que tenía para el pago de
pensiones.
4.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
4.1.
COMPETENCIA
Esta Corte es competente para
conocer de los fallos materia de revisión de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en las demás disposiciones pertinentes, así
como por haberse escogido por las respectivas Salas de Selección.
4.2.
METODOLOGÍA DE LA
DECISIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO
4.2.1. Los accionantes consideran que su empleador –Banco de la
República, Empresa de Teléfonos de Bogotá – ETB – o ECOPETROL S.A., según el
caso, vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al
trabajo en condiciones dignas y justas, y a la libertad sindical, al negarles
el reconocimiento de su pensión de jubilación, a la que tenían derecho de
acuerdo con las condiciones establecidas en las convenciones colectivas de
trabajo que les regían. Esto, en cuanto dichas entidades hicieron caso omiso de
la recomendación del Comité Sindical de la
OIT, aprobado por el Consejo de Administración de dicha organización
internacional, según la cual el término de expiración preceptuado por el Acto
Legislativo 01 de 2010 de los regímenes pensionales establecidos en pactos y
convenciones colectivas, no puede afectar la vigencia de aquellos pactos o
convenciones celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha
reforma constitucional, de manera que éstos deberían expirar en la fecha
inicialmente prevista.
4.2.2. Los jueces de instancia consideraron, en la mayoría de
los casos, que las acciones de tutela son improcedentes por existir otros
medios de defensa judicial, esto es, la jurisdicción contencioso administrativa
o la jurisdicción laboral ordinaria. Las entidades accionantes consideran que
además de que las acciones de tutela deben declararse improcedentes por
ausencia de subsidiariedad, la decisión de negar el reconocimiento de la
pensión de jubilación en los casos bajo estudio se debe al estricto
cumplimiento de una norma constitucional, esto es, del artículo 48 Superior tal
como fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005.
4.2.3. La Comisión Colombiana de Juristas intervino dentro del proceso de revisión
de las acciones de tutela para señalar que sí deben entenderse procedentes en
cuanto es el único medio para reclamar la aplicación de una recomendación del
Comité de Libertad Sindical. Y, además, señaló que en este asunto se presenta
un conflicto entre una norma constitucional y una obligación internacional del
Estado derivada de la recomendación que expidiera el Comité de Libertad
Sindical de la OIT, la cual es vinculante internamente. Concluyó que este caso
debe resolverse de acuerdo al principio de favorabilidad  y, en este orden de
ideas, prevalece lo establecido por la OIT, de manera que las tutelas deben ser
concedidas. En similar sentido se expresó el ciudadano Gabriel Bayona para
quien la Corte Constitucional debe sentar jurisprudencia en relación con el
poder vinculante de las recomendaciones de la
OIT.
Por su parte, el Procurador
General de la Nación intervino dentro del proceso de revisión ante la
Corte Constitucional señalando que las acciones de tutela no están llamadas a
prosperar por cuanto la decisión de negar el reconocimiento de las pensiones en
los casos bajo estudio, se basa en un mandato claro y expreso de la
Carta Política. Para el jefe del Ministerio Público, las recomendaciones de la
OIT, sin bien tienen un innegable valor hermenéutico, las mismas no están
llamadas a hacer parte del bloque de constitucionalidad.
El Ministerio del Trabajo,
también afirmó que las acciones de tutela pretenden cuestionar la exequibilidad
del Acto Legislativo 01 de 2005 por supuestamente contrariar normas derivadas
del bloque de constitucionalidad, en este caso, Convenios de la
OIT. Sostuvo que no es este el mecanismo procedente para ese fin y que, de todas
maneras, la oportunidad para cuestionar la constitucionalidad de dicho Acto se encuentra
caducada. Señaló, además, que de todas maneras el Acto Legislativo no es contrario
a los Convenios de la OIT pues éstos no prohíben la limitación de contenido de
las convenciones o pactos colectivos en materia de reglas pensionales, éstas están
únicamente previstas para el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores.
Por último, afirmó que la norma constitucional fue expedida en ejercicio de la
libertad de configuración del constituyente derivado que tiene poder de
reforma.
4.2.4. Para efectos de hacer sencilla la lectura y
comprensión de esta providencia, se propone como metodología de la decisión
comenzar por plantear y resolver los problemas jurídicos generales que conciernen
todos los casos objeto de estudio y, luego, en la etapa de estudio de cada uno
de los expedientes, se resolverán aquellos problemas jurídicos que surjan de
las particularidades del caso concreto.
En cuanto a los problemas
jurídicos de carácter general, corresponde a la
Sala Plena determinar:
4.2.4.1.   En primer lugar, si las acciones de tutela bajo revisión son
procedentes o si, por el contrario, existen otros medios de defensa judicial para
la protección de los derechos fundamentales invocados por los distintos
accionantes.
4.2.4.2.   En segundo lugar, en caso de que el primer
problema jurídico se resuelva positivamente, esta Sala deberá establecer si los
derechos fundamentales fueron en efecto vulnerados por las entidades accionadas
al negar a varios de sus trabajadores el reconocimiento de la pensión de
jubilación pese a lo establecido en las convenciones colectivas a las que se ha
hecho referencia y, además, si estas decisiones están en contravía de lo
manifestado por la recomendación del Comité Sindical de la
OIT.
Ahora bien, sobre el anterior
problema jurídico subyace la necesidad de resolver uno adicional que se traduce
en la cuestión de si la recomendación de la
OIT se aparta de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 y, si ello
fuese así, también habrá que disiparse cuál de las disposiciones prevalece para
la solución de los asuntos bajo estudio y, por tanto, será necesario establecerse
qué tipo de vinculatoriedad tienen estas recomendaciones y qué lugar ocupan en
el ordenamiento jurídico interno.
4.2.4.3.   Finalmente, ya en el estudio de cada uno
de los casos concretos, se aplicarán las reglas que surjan de la resolución
de los problemas jurídicos generales y, además, se resolverán los problemas
jurídicos particulares de cada uno de ellos.
4.3.
PROCEDENCIA DE
LAS ACCIONES DE TUTELA BAJO REVISIÓN
4.3.1.  Como exigencia
general de procedencia de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la
Carta, se tiene que ésta está revestida de un carácter subsidiario, esto es,
tal como lo ha expresado la
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, que puede ser utilizada ante
la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando: i). No exista
otro medio judicial a través del cual se pueda resolver un conflicto
relacionado con la vulneración de un derecho fundamental, ii). Cuando
existiendo otras acciones, éstas no resulten eficaces o idóneas para la
protección del derecho de que se trate, o, iii). Cuando existiendo
acciones ordinarias, resulte necesaria la intervención del juez de tutela para
evitar que ocurra un perjuicio irremediable.
4.3.2.  En este sentido, la subsidiariedad y excepcionalidad
de la acción de tutela permiten reconocer la validez y viabilidad de los medios
y recursos ordinarios de protección judicial como mecanismos legítimos y
prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, a
ellos se debe acudir preferentemente, siempre que sean conducentes para conferir
una eficaz protección constitucional a los derechos fundamentales de los
individuos. De allí que, quien alega la vulneración de sus derechos
fundamentales por esta vía, debió agotar los medios de defensa disponibles por
la legislación para el efecto. Exigencia que pretende asegurar que una acción
tan expedita no sea considerada una instancia adicional en el trámite procesal,
ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador[12].
Al respecto, la
Corte Constitucional en la sentencia T-262 de 1998[13] dijo que:
“En efecto, la acción de tutela no ha
sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa
judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones,
en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que
el juez constitucional tomará el lugar de las otras jurisdicciones (...)[14]”.
(Subrayado fuera del texto).
Entonces,
el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa judicial constituye un
requisito ineludible para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
extraordinario, salvo que por razones excepcionales, el juez constitucional
compruebe que los otros medios judiciales no son idóneos para la protección de
las garantías invocadas.
Al respecto, en la misma sentencia la
Corte manifestó:
“(…) la sola existencia de un medio
alternativo de defensa judicial, no implica automáticamente la improcedencia de
la acción de tutela, porque como se dijo, el medio judicial debe ser idóneo y
eficaz para la defensa de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, si
el juez constitucional constata que el otro medio de defensa no resulta
conducente para la protección efectiva de los derechos invocados, - al no
asegurar, por ejemplo, la eficacia necesaria para su defensa real -, el
fallador puede válidamente garantizar la protección preeminente y efectiva de
los derechos fundamentales, admitiendo la procedencia en estas circunstancias,
de la acción de tutela”[15].
En la sentencia T-161 de 2005[16], una vez más
esta Corporación enfatizó que:
“(…) la tutela no fue creada para sustituir
los mecanismos de defensa ordinarios. Para el Tribunal, la acción del
artículo 86 de la Carta tiene carácter excepcional en la medida en que
únicamente responde a las deficiencias de los medios de defensa judiciales, sin
desplazarlos ni sustituirlos. De allí que la
Corte haya afirmado que dicha acción constituye un instrumento democrático con
que cuentan los ciudadanos para reclamar ante los jueces dicha protección de
sus derechos constitucionales, pero de la cual, en razón a su
excepcionalidad, no puede abusarse ni hacerse uso cuando existan otros medios
judiciales idóneos para la definición del conflicto asignado a los jueces
ordinarios con el propósito reiterado de obtener, entre otras consideraciones,
un pronunciamiento más ágil y expedito”.
4.3.3.
En efecto, la
acción de tutela es improcedente como mecanismo de protección de derechos
fundamentales cuando lo que se quiere es evadir el proceso laboral contemplado
por el ordenamiento jurídico como la herramienta idónea para el conocimiento de
un referido asunto. En esta medida, en la sentencia T-580 de 2006, la
Corte expresó que:
“(…) la tutela no  puede ser percibida
como un  medio para desplazar otros mecanismos jurídicos de protección o
para usurpar competencias ordinarias, sino que resulta ser una acción que puede
fungir como recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en
determinadas circunstancias presenta el orden jurídico en materia de protección
de derechos fundamentales. El juez de tutela, en consecuencia, no entra a
reemplazar a la autoridad competente para resolver aquello que le autoriza la
ley, especialmente si los mecanismos no han sido utilizados ni ejercidos por
las partes, conforme a las atribuciones y competencias legales. Por lo que, en
conclusión, ante otro medio de defensa idóneo y efectivo, la acción de tutela
resulta improcedente”[17].
4.3.4.
De lo dicho en
precedencia se tiene que, a la tutela se le aplica el principio de la subsidiariedad, lo que quiere decir
que ésta no procede cuando el caso puede ser resuelto de manera idónea por el
juez ordinario de la causa a través de los mecanismos ordinarios establecidos
por la ley. Sin embargo, se han contemplado dos situaciones en las cuales
resulta viable acudir a esta acción constitucional, a saber: (i) cuando se
busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y (ii) cuando el medio
ordinario de defensa no resulte idóneo o eficaz para proteger el derecho
invocado.
4.3.5.
De conformidad con la
jurisprudencia constitucional, la tutela se ha admitido como mecanismo
transitorio, cuando se compruebe la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el
cual ha de ser inminente,
urgente y grave. Respecto a ello, en estos términos se pronunció la
Corte en la sentencia T-225 de 1993[18]:
“A).El perjuicio ha de ser inminente:
"que amenaza o está por suceder prontamente".  Con lo anterior
se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas
prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética (…).  Hay inminencias que son incontenibles: cuando es
imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el
adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace
efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa
inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa
perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa
que está produciendo la inminencia.
B). Las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad
de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta
ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la
Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la
respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que
está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la
prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se
ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias
particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la
prontitud señalan la oportunidad de la urgencia.
C). No basta cualquier perjuicio, se
requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad
obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados
bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de
actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no
se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae
sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota
la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so
pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
D). La urgencia y la gravedad determinan
que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad (…). Se trata del
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la
eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre
el perjuicio irremediable, se deduce que hay  ocasiones en que de
continuar las circunstancias de  hecho en que se encuentra una persona, es
inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido,
de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado
ya en forma directa o como mecanismo transitorio”.
Entonces, es en este punto cuando esta Corporación ha
manifestado que la acción de tutela pasa de ser un mecanismo subsidiario de
protección de derechos fundamentales, para convertirse en el mecanismo idóneo
de protección de las garantías constitucionales.
4.3.6.
Por otra parte, este Tribunal
ha sido constante en exaltar que aun existiendo otro medio de defensa judicial para otorgar el amparo, la
tutela puede ser procedente si dicho medio existe teóricamente, pero en la
práctica no es apto para amparar el derecho, bien sea por la tardanza en la
resolución de los conflictos (no permite proteger oportuna y eficientemente las
afectaciones a los derechos fundamentales)[19],
o porque no ofrece el mismo grado de  protección que se lograría a través de la
acción de tutela[20].
Entonces, la idoneidad del medio de defensa significa que “debe ser
materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar
diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”[21].
4.3.7.  Ahora bien, en cuanto a la idoneidad de la
jurisdicción ordinaria laboral para reclamar el cumplimiento de recomendaciones
proferidas por la OIT, la jurisprudencia ha admitido que aunque en principio
dicha jurisdicción es la primera llamada a definir tales asuntos, existen
situaciones en la que los mecanismos no son idóneos, especialmente cuando lo
que se persigue es la protección de derechos desde la óptica del Bloque de
Constitucionalidad.
En este orden de ideas, a pesar
que las sentencias T-568 de 1999 y T-603 de 2003 se refieren a la posibilidad
de acudir a la jurisdicción ordinaria para obtener el cumplimiento de las
referidas recomendaciones, las tutelas se encontraron procedentes porque la
justicia ordinaria no garantizó los derechos fundamentales invocados. Al
respecto, en la sentencia T-261 de 2012 se dijo expresamente que cuando lo que
se persigue es “amparar
los derechos fundamentales colectivos radicados en cabeza del sindicato accionante,
desde la óptica de los convenios y las recomendaciones de un organismo
internacional”, es la
acción de tutela el mecanismo judicial efectivo.
En ese contexto, en la sentencia T-568 de
1999,[22]
la Corte explicó que: “(…) los trabajadores agotaron todas las vías
posibles para reivindicar sus derechos, en los tribunales nacionales. En cada
una de las oportunidades en que se presentaron ante los jueces, invocaron las
normas de derecho constitucional y las de derecho internacional que les
asisten; en todos los casos, sin excepción, los tribunales desdeñaron las
normas internacionales que les reconocen derechos a los demandantes, y citaron
nuevamente las disposiciones de derecho interno (preconstitucional, modificado
de manera importante por la nueva Carta) como fundamento para negar sus
peticiones.”
Lo mismo se verificó en la demanda
estudiada en la Sentencia T-603 de 2003,[23]
caso en el cual, a pesar de la existencia del fuero sindical, los actores
formularon demanda ante la justicia laboral ordinaria para que se adelantara el
proceso especial de fuero sindical, con resultados negativos.
Sin embargo, no ocurrió lo mismo en la
sentencia T-261 de 2012[24],
caso en el que, aunque estaban pendientes de resolución 51 procesos laborales
ordinarios por parte de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia en sede de casación y el recurso de súplica ante la
Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala de Revisión consideró que “el
objeto de esta tutela no está encaminado a controvertir  los fallos proferidos
por la jurisdicción ordinaria, ni por la contenciosa administrativa; tampoco
está orientado a proteger los derechos individuales de cada uno de los
trabajadores. Por el contrario, lo que se busca es amparar los derechos
fundamentales colectivos radicados en cabeza del sindicato accionante, desde la
óptica de los convenios y las recomendaciones de un organismo internacional,
los primeros debidamente ratificados por el Congreso de la
República y que por tratarse de derechos laborales han sido incorporados al
bloque de constitucionalidad; y las segundas por gozar de fuerza vinculante en
el derecho interno según lo ha reconocido de manera reiterada la jurisprudencia
constitucional”.
En esa oportunidad, se concluyó que
aunque no se habían agotado todos los mecanismos judiciales posibles, la acción
de tutela era procedente para proteger el amparo de los derechos fundamentales
del ente colectivo y definir la fuerza vinculante de los convenios y
recomendaciones de los órganos internacionales de control.
4.3.8.  Lo anterior quiere decir que el juez de tutela tiene
competencia para resolver asuntos en que medie la actividad sindical, entre
otras causas: i) cuando los demás medios judiciales no sean idóneos ni
efectivos, bien sea porque los jueces ordinarios, quienes son los primeros
llamados a aplicar los postulados de la
Carta Política, incluido el bloque de constitucionalidad, desconocen sus
mandatos, los inaplican o les dan un alcance equívoco; ii) cuando el contenido
de las normas que desarrollan derechos fundamentales es contrario a los
compromisos adquiridos por el Estado colombiano en los instrumentos
internacionales; iii) cuando se busque amparar los derechos fundamentales colectivos
radicados en cabeza del sindicato accionante, desde la óptica de los convenios
y las recomendaciones de un organismo internacional,[25] o iv) cuando el ordenamiento jurídico no
establece un procedimiento particular y específico para obtener el cumplimiento
de las decisiones de los órganos internacionales.
Cuando se configura alguna de
estas causales, se activa la competencia del juez de tutela para examinar la
posible vulneración de esos derechos fundamentales.
4.3.9.  Con relación al caso objeto de estudio, la pretensión
de los accionantes va dirigida a exigir el cumplimiento de la recomendación del
Consejo de Administración de la OIT con relación al Acto Legislativo 01 de
2005. En tal virtud, la Sala resalta que en el derecho interno de Colombia no
existe medio judicial idóneo que permita exigirle a los órganos integrantes del
Estado el cumplimiento de las recomendaciones proferidas por los órganos de
control de los organismos internacionales, encargados de proteger los derechos
fundamentales, y que han sido creados mediante tratados o convenios
internacionales suscritos o adheridos, y debidamente ratificados, por Colombia.
En esa medida, ante la falta
de idoneidad de un instrumento jurídico interno específico para proteger los
derechos de los accionantes, presuntamente vulnerados por las empresas
demandadas, las acciones de tutela iniciadas por aquellos, resultan procedentes
para definir el carácter vinculante y exigir el cumplimiento de la
recomendación de la OIT.[26]
4.4.
CONTENIDO Y
ALCANCE DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005, PARTICULARMENTE EN CUANTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE PENSIONES CONVENCIONALES.
3.4.1    Cuestión
previa: Vigencia del Acto Legislativo
Este Acto Legislativo se publicó por
primera vez el 25 de julio de 2005 en el Diario Oficial No. 45980 de esa fecha.
Sin embargo, en dicha oportunidad hubo un yerro en el encabezado y en lugar de
decir “ACTO LEGISLATIVO” decía “PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO”; igualmente, en
la publicación decía entre paréntesis “(segunda vuelta)”. Como consecuencia de
lo anterior, se expidió el Decreto 2576 de julio 27 de 2005, que ordenó
corregir el error y publicar nuevamente, orden que fue cumplida en el Diario
Oficial No. 45984 del 29 de julio de 2005.
En virtud de lo expuesto, y
para efectos de determinar la caducidad de la acción pública contra este Acto
Legislativo, en sentencia C-180 de 2007[27]
esta Corte señaló que la fecha de promulgación del mismo sería el 29 de julio
de 2005.
En esta oportunidad, en
consonancia con la anterior posición y en aplicación del principio de
favorabilidad laboral[28],
esta Sala tendrá, para todos los efectos que ello produzca, la segunda
publicación (29 de julio de 2005), ya corregida, como fecha de entrada
en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.
3.4.2    Finalidades del Acto
Legislativo 1 de 2005
3.4.2.1 Como se indicó en la sentencia
C-258 de 2013, para la fecha de promulgación del Acto Legislativo 1 de 2005, “Colombia
tenía el cuarto pasivo pensional más alto del mundo con un 170 % del Producto
Interno Bruto (PIB)  con un nivel de cobertura muy bajo que correspondía al 23%
de las personas mayores de 60 años. Del mismo modo, la reforma legislativa se
justificaba ya que las cifras macroeconómicas indicaban que en Colombia el
número de afiliados era de 11.5 millones de personas, de los cuales solamente
eran cotizantes activos 5,2 millones, frente a una población económicamente
activa de 20,5 millones de personas. Estas cifras daban lugar a que el número
de pensionados en Colombia alcanzara solo a un millón de personas, frente a
cuatro millones de personas en edad de jubilación”.
La
exposición de motivos del proyecto de acto legislativo, explica las razones que
justificaban la necesidad imperiosa de llevar a cabo una reforma constitucional
que sentara unas nuevas reglas en materia del régimen de pensiones. En ella se
puede advertir que el principal objetivo de la reforma de 2005 fue homogeneizar
los requisitos y beneficios pensionales en aras de lograr una mayor equidad y
sostenibilidad en el sistema.  Esta finalidad se buscó de la siguiente manera[29]:
“(i) la eliminación de los regímenes especiales; (ii) la
anticipación de la finalización del régimen de transición reglamentado en la
Ley 100 de 1993 -acortó su finalización del 2014 al 2010, salvo en la
hipótesis de personas que tenían cotizadas al menos 750 semanas a la entrada en
vigencia de la reforma-; eliminación de la mesada 14; y (iii) el
establecimiento de la regla para las personas que no estuvieran cobijadas por
el régimen de transición, de que las semanas cotizadas necesarias para
pensionarse irían en un incremento constante, estableciéndose 1.200 semanas
para el 2011, 1.225 para el 2012, 1.250 para el 2013, 1.275 en 2014 y de 2015
en adelante, 1.300 semanas o lo equivalente a 26 años.”
3.4.2.2 Debe tenerse en consideración
que el principal objetivo de la reforma de 2005 fue homogeneizar los
requisitos y beneficios pensionales en aras de lograr una mayor equidad y
sostenibilidad en el sistema.
De igual manera, se
establecen presupuestos básicos para el funcionamiento del sistema general de
pensiones, entre los que se encuentran: (i) la garantía de sostenibilidad
financiera del sistema de pensiones, es decir, las leyes en materia
pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este
Acto Legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo
establecido en ellas; (ii) cumplimiento de los requisitos legales
para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como
las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las
pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir
el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos
por las leyes del Sistema General de Pensiones; (iii) unificación de
requisitos y beneficios pensionales. Todas las personas, incluidos los de
pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las
leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o
invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido, (iv) imposibilidad
de hacer pactos o convenciones colectivas con beneficios pensionales
superiores. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán
establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto
jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las
leyes del Sistema General de Pensiones, (v) liquidación sobre los factores
efectivamente cotizados. En relación con la liquidación de las pensiones,
el Acto Legislativo dispuso que sólo se tendrán en cuenta para determinar la
base de liquidación, los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones y (vi) Límite en el valor de las pensiones. Ninguna
pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. El artículo
48 también señala, de forma tajante en el parágrafo 10, que a partir del 31 de
julio de 2010 no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza
pública.
Finalmente, es
importante resaltar que la sostenibilidad financiera del Sistema General
de Pensiones fue una preocupación transversal a la reforma. Ella motivó la
unificación de las reglas y la eliminación de beneficios desproporcionados. El
establecimiento expreso de que el Estado debe garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema pensional y de que las leyes futuras deben guiarse por
este criterio, además buscó prevenir la práctica de creación de beneficios
pensionales desproporcionados con cargo a los aportes de las generaciones
venideras.
Ese
criterio –del que ya se venía hablando desde antes de la reforma
constitucional-, en conjunto con principios constitucionales de la seguridad
social como la universalidad y la solidaridad, ha entendido la
Corte, justifica importantes medidas tales como la obligatoriedad de la
afiliación al Sistema General de Pensiones[30], la limitación temporal del régimen de
transición y la posibilidad de variar algunas de las reglas aplicables a sus
beneficiarios[31], y el establecimiento de requisitos
estrictos para el retorno al régimen de prima media en el caso de personas
próximas a reunir los requisitos para pensionarse[32].
3.4.3    Los pactos y convenciones
colectivas de trabajo en el Acto Legislativo 1 de 2005
3.4.3.1 El Acto Legislativo 1 de 2005 dispuso en
materia de pensiones convencionales lo siguiente:
(Inciso 1) "El Estado garantizará los
derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los
derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda
pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia
pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este
acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo
establecido en ellas".
(…)
(Inciso Séptimo) A partir de la vigencia
del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados,
sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la
República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo".
"Parágrafo 2º. A partir de la
vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos,
convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones
pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de
Pensiones".
"Parágrafo transitorio 2o. Sin perjuicio
de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la
Fuerza Pública y al Presidente de la
República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la
vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como
cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del
Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010".
PARÁGRAFO TRANSITORIO
3o.
<Parágrafo adicionado por el artículo 1 del
Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> Las reglas de
carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo
contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos
válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado.
En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este
Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones
pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En
todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.
De otra parte, en el parágrafo transitorio
4º el Acto Legislativo dispone:
“El régimen de transición establecido en
la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá
extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que
estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto
Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.
3.4.3.2 De lo anterior puede observarse que, en
armonía con los propósitos generales de la reforma, el artículo 48 Superior,
tal como fue modificado por el Acto Legislativo en mención, establece, como
regla general, que a partir de su entrada en vigencia no existirán más
regímenes especiales ni exceptuados. Esto “sin perjuicio del aplicable a la
fuerza pública, al Presidente de la
República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo”.
En ese mismo sentido, el parágrafo
transitorio 2° dispone:
"Parágrafo transitorio 2o. Sin
perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los
miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la
República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la
vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como
cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del
Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010".
3.4.3.3.      En cuanto a pensiones convencionales, tema
que ocupa la atención de esta Sala, el parágrafo 2° señala, también como
regla general, lo siguiente:
"Parágrafo 2o. A partir de la vigencia
del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones
colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales
diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de
Pensiones".
3.4.3.4.   Ahora bien, la primera frase del parágrafo
transitorio 3° protege tanto los derechos adquiridos como las expectativas
legítimas de acceso a la pensión de jubilación contenida en los pactos o
convenciones colectivas existentes antes de la entrada en vigencia del Acto
Legislativo, señalando que seguirán rigiendo hasta el término inicialmente
pactado en la respectiva convención o pacto colectivo. Textualmente señala:
"Parágrafo transitorio 3°. Las reglas
de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo
contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos
válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado”.
3.4.3.5.
Por otro lado, la segunda
parte de este parágrafo transitorio crea una norma de transición para las
reglas de carácter pensional contenidas en los pactos o convenciones colectivas
que se suscriban entre el 29 de julio de 2005[33]
hasta el 31 de julio de 2010, señalando que en ellas no podrán consagrarse
reglas pensionales que resulten más favorables a las que se encontraban vigentes
a esa fecha, resaltando, de manera inequívoca, que las mismas perderán su vigor
el 31 de julio de 2010, de manera que, después de esa fecha, sólo regirán
las normas contenidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.
En este punto, es necesario aclarar que
dentro de este período de transición es posible que se presenten prórrogas
automáticas de las convenciones o pactos que se encontraban vigentes al 29 de
julio de 2005, las cuales conservarán los beneficios pensionales que venían
rigiendo con el fin de proteger igualmente, las expectativas y la confianza
legítimas de quienes gozaban de tales prerrogativas. No obstante, dichas
prórrogas no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010,
con independencia de la fecha en la que, sin este imperativo constitucional,
hubieran expirado. Lo anterior, por cuanto el parágrafo consagra de manera
indiscutible que todas las pensiones especiales finalizan el 31 de julio de
2010.
Así, la segunda parte del
parágrafo tercero dispone:
“En los pactos, convenciones o laudos que
se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de
2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que
se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de
julio de 2010”. (Resaltado fuera del texto original).
3.4.4.     Del análisis de los mandatos
constitucionales descritos, es posible concluir que después del 31 de julio de
2010 ya no podrán aplicarse ni disponerse reglas pensionales en los pactos y
convenciones colectivas, salvo que los existentes antes de la entrada
vigencia del Acto Legislativo estipularan como término inicial, una fecha
posterior.
Lo anterior, sin perjuicio de
lo consagrado para el régimen de transición de las pensiones legales, en el
parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo, que dispone:
“El régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen,
no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los
trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia
del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen
hasta el año 2014”.
3.5.
VINCULATORIEDAD
DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OIT
3.5.1.  Jurisprudencia
constitucional sobre la obligatoriedad de los convenios internacionales
3.5.1.1.   La Constitución Política establece en el artículo 53 que “los
Convenios internacionales del trabajo
debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna”;
y en el 93 señaló que “los tratados y convenios internacionales ratificados
por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno…”.
3.5.1.2.   En sus primeros
pronunciamientos, la Corporación al analizar la obligatoriedad de los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados, se refería a los mismos como parte del ordenamiento jurídico
interno, sin hacer necesariamente referencia a su rango jerárquico. En este
orden de ideas, la Sentencia C-221 de 1992[34] que analizó
una norma del Decreto 119 de 1.991, que fijaba las escalas de remuneración en
el SENA, se señaló con respecto al Convenio 111:
"El principio constitucional de
igualdad de los trabajadores está desarrollado por el Convenio Internacional
del Trabajo número 111 -aprobado por Colombia mediante  la
Ley 22 de 1967 y ratificado  en 1969-, relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación. Dicho Convenio es pues en Colombia fuente de
derecho de  aplicación  directa en virtud del artículo 53  de la
Constitución  Política, al decir: "los Convenios Internacionales del
Trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna",
cuyo contenido es norma interpretativa de los derechos constitucionales en
virtud del artículo 93 de la
Carta Fundamental.”
Es sólo
hasta la Sentencia SU-039 de 1997[35], en la que la
Corporación entra a estudiar el rango normativo de los convenios
internacionales del trabajo y específicamente al análisis de si dichos
instrumentos hacían o no, parte del llamado bloque de constitucionalidad. Allí
se dijo que el Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes, integraba el bloque y por tanto, concedió el amparo
impetrado por el Defensor del Pueblo en favor de la comunidad indígena UWA, con
el objeto de garantizar su derechos a la consulta previa en el trámite de una
licencia ambiental que había sido concedida para un proyecto de explotación
petrolera en tierras de su resguardo.
3.5.1.3.
El rango normativo
de bloque de constitucionalidad del Convenio 169 de la
OIT, fue posteriormente reiterado, en las Sentencias T-652 de 1998[36],
C-418 de 2002[37],
y C-891 de 2002[38]
,C-620 de 2003[39],
C-030 de 2008[40],
C-208 de 2007[41],
C-461 de 2008,[42]
C- 864 de 2008[43],
C- 175 de 2009[44],
T-973 de 2009[45],
C-615 de 2009[46],
C-063 de 2010[47],
C-915 de 2010[48],
T- 693 de 2011[49],
C-882 de 2011[50],
T-921 de 2013[51],
entre otras.
3.5.1.4.
Es en la sentencia T-568
de 1999[52],
en donde se planteó por primera vez la inclusión en el bloque de
constitucionalidad de los convenios del trabajo en materias laborales. En dicha
providencia, los miembros del sindicato de las Empresas Varias de Medellín
E.P.S. (EEVVM) interpusieron acción de tutela por el despido del que fueron
objeto, debido a que continuaron participando en un cese de labores, aún cuando
la asamblea permanente que habían convocado, había sido declarada ilegal por el
Ministerio del Trabajo. En tal ocasión, la
Corte indicó:
"En este orden de ideas,
para la revisión de los fallos de instancia proferidos en el trámite de este
proceso, es claro que el bloque de constitucionalidad debe construirse a partir
del Preámbulo de la Carta Política, e incluir los artículos 1, 5, 39, 53, 56 y
93 de ese Estatuto Superior, pues en esas normas están consagrados los derechos
que reclama el Sindicato actor como violados; también procede incluir la
Constitución de la OIT y los Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical
(tratado y convenios debidamente ratificados por el Congreso, que versan sobre
derechos que no pueden ser suspendidos ni aún bajo los estados de excepción);
además, los artículos pertinentes de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la
Convención Americana de Derechos Humanos. Se confrontarán con ellos los
artículos 430 y el 450 del Código Laboral, subrogado por el artículo 65 de la
Ley 50 de 1990 ("casos de ilegalidad y sanciones"), puesto que en
ellos se basaron el despido, los fallos de los jueces ordinarios y, en parte,
las providencias bajo revisión; y, claro está, la recomendación del Comité de
Libertad Sindical de la
Organización Internacional del Trabajo".
Por lo anterior, en tal pronunciamiento se
afirmó que efectivamente los derechos a la sindicalización y a la huelga de los
trabajadores habían sido vulnerados al no haber actuado conforme con lo
establecido en los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, entre otros instrumentos internacionales.
En cuanto a las recomendaciones de la
OIT, en tal sentencia se afirmó que existe una diferencia entre las
Recomendaciones de la OIT y las recomendaciones de sus órganos de control. Con
relación a esto, indicó:
La OIT se manifiesta a través de Convenios y
Recomendaciones, según el artículo 19 de su Constitución.  La
Corte Constitucional ha reiterado, siguiendo los lineamientos de la
Carta de la OIT, que a diferencia de los Convenios, las Recomendaciones no son
normas creadoras de obligaciones internacionales, sino meras directrices, guías
o lineamientos que deben seguir los Estados Partes en busca de condiciones
dignas en el ámbito laboral de sus países. (…) Como se explicó atrás, los órganos de
control también emiten recomendaciones y, en ocasiones son vinculantes. Es
el caso, por ejemplo, de las que profiere la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "La
Comisión es competente, en los términos de las atribuciones que le confieren
los artículos 41 y 42 de la
Convención, para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado
Parte como violatoria de las obligaciones que éste ha asumido al ratificarla o
adherir a ella"
Y añadió:
“Como se enunció anteriormente, el Comité
de Libertad Sindical es un órgano de control de la
OIT; confronta las situaciones de hecho que se le presentan o las normas
internas de los Estados, con las normas internacionales aplicables según los
Tratados ratificados por los Estados involucrados (en este caso, la
Constitución de la OIT y los Convenios sobre libertad sindical); luego,
formula recomendaciones y las somete al Consejo de Administración, ya que éste
es el órgano que puede emitir recomendaciones de carácter vinculante según las
normas que rigen la Organización”
Afirmó entonces, lo siguiente:
Sin embargo, erróneamente, invocando para
este caso el artículo 19 de la
Constitución de la OIT y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional al respecto, las entidades demandadas manifestaron al
fallador a quo que la diferencia anotada entre recomendaciones de la
OIT  y las emitidas por sus órganos de control es intrascendente, puesto
que para ellas ni siquiera las recomendaciones del Consejo de Administración
tienen fuerza vinculante; la posición que todas asumieron puede ejemplificarse
con lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores: "pero más
aún: si en gracia de discusión se aceptara que el informe rendido por el Comité
de Libertad Sindical de la OIT ante la bicentésima septuagésima primera (271°)
reunión del Consejo de Administración realizada en marzo del año en curso en
Ginebra,  pudiera constituir una verdadera 'recomendación', igual
tendríamos que concluir que éstas no tienen fuerza vinculante para el Estado
colombiano..." (folio 141). Si esta fuera la doctrina aplicable,
ninguno de los derechos consagrados en los convenios internacionales del
trabajo debidamente ratificados podrían exigirse a través del mecanismo de la
queja, o de las acciones consagradas en el ordenamiento interno, y nunca alguno
de ellos haría parte de la legislación interna como lo prevé el artículo 53 de la
Carta Política.
Esta Sala encuentra entonces que la
posición asumida por las entidades demandadas es contraria al ordenamiento
jurídico colombiano -en el que se incluyeron los Convenios 87 y 98 de la
OIT-, y a los compromisos asumidos por nuestro Estado en el plano
internacional, por lo que debe insistir en resaltar que las recomendaciones de
los órganos de control y vigilancia de la
OIT, no pueden ser ignoradas: cuando resultan de actuaciones del Estado
contrarias a los tratados internacionales aludidos en el artículo 93 Superior,
aunque no sean vinculantes directamente, generan una triple obligación en
cabeza de los Estados: deben 1) ser acogidas y aplicadas por las autoridades
administrativas; 2) servir de base para la presentación de proyectos
legislativos; y 3) orientar el sentido y alcance de las órdenes que el juez de
tutela debe impartir para restablecer los derechos violados o amenazados en ése
y los casos que sean similares.”
Con lo anterior, se puede afirmar que en
esta sentencia se empezó a hablar del carácter vinculante de las mencionadas
recomendaciones.
3.5.1.5. De otro lado, resulta relevante mencionar la sentencia
SU- 995 de 1999[53],
en la cual los profesores vinculados a la
Secretaría de Educación de un Departamento, presentaron acción de tutela por
cuanto, según afirmaron, la administración municipal no les había cancelado
determinadas sumas de dinero, correspondientes a algunos salarios, y, además,
les adeudaba porcentajes de  las prestaciones sociales.
En este pronunciamiento, la
Corte aseveró que las fuentes positivas
que permiten desarrollar la noción integral del salario, no sólo se encuentran
en los artículos de la Constitución y la legislación interna; sino también en
los instrumentos de derecho internacional que se encargan de desarrollar
materias laborales y que, por virtud del artículo 93 de la
Carta Política, hacen parte de la normatividad iusfundamental vigente
en nuestro país, a través de lo que se ha denominado bloque de
constitucionalidad.
En este orden de
ideas, para definir la noción de salario, explicó que dicho concepto ha de
entenderse en los términos del Convenio 95 de la
Organización Internacional del Trabajo -relativo a la protección del salario-,
ratificado por la Ley 54 de 1992.
Se observa cómo en
tal oportunidad, para la Corte, dicho Convenio efectivamente integra el bloque
de constitucionalidad, pues anota que las razones para adoptar una noción de
salario expresada en los términos del convenio, se encuentran entre otras, la
necesidad de integración de los diferentes órdenes normativos que conforman el
bloque de constitucionalidad.
3.5.1.6.   Años más tarde, mediante sentencia T-1211
de 2000[54],
los trabajadores de Avianca, pertenecientes al Sindicato Sintrava consideraron
vulnerados su derecho de sindicalización toda vez que, según señalaron, Avianca
no les  retuvo las cuotas sindicales de los beneficiados por la convención
colectiva.
En ese caso, al analizar la trascendencia
de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical la
OIT, la Corte manifestó que efectivamente constituye
jurisprudencia de la Corporación la fuerza vinculante de las Recomendaciones
del mencionado Comité. Esto en virtud del llamado bloque de constitucionalidad.
A este respecto, citó lo dicho por esta Corporación en la sentencia ya
referida, T- 568 de 1999, ya mencionado anteriormente[55].
3.5.1.7.   En la sentencia C-567 de 2000[56],
en la cual se demandó la inconstitucionalidad del artículo 26, parcial, del
Decreto Legislativo 2351 de 1965, y los artículos 45, parcial, 46, 47 y 50 de
la ley 50 de 1990, , al considerar el demandante que dichos artículos
violaban la libertad de asociación sindical, la
Corte resaltó que, teniendo en cuenta que tal derecho se encuentra consagrado
tanto en la Constitución (artículo 39), como en la
Convención 87 de la OIT (artículos 2,8,10), el análisis de constitucionalidad
se haría frente a la Carta y también frente al Convenio en mención. A ese
respecto señaló que dicha Convención, “según jurisprudencia de la
Corporación, hace parte del  denominado "bloque de
constitucionalidad"(sentencias T-418 de 1992; C-225 de 1995; y, T-568 de
1999, entre otras).”
Así, la
Corte examinó cada uno de los cargos con lo establecido tanto en el artículo
39 de la Carta, como en los artículos citados del Convenio 87 de la
OIT, y manifestó:
“Al comparar la norma constitucional y las
del mencionado Convenio frente a la limitación establecida en los preceptos
demandados, no se requieren profundos análisis para llegar a la conclusión de
que éstos, en principio, constituyen una limitación al derecho general de los
trabajadores a establecer las organizaciones sindicales que consideren
convenientes.
“(...)
“Entonces, al continuar con la comparación
del artículo 39 de la Constitución, en cuanto que garantiza a todos los
trabajadores el derecho de constituir sindicatos, y de las disposiciones
del Convenio 87 de la O.I.T., especialmente en el artículo 2, que dice que todos
los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen derecho a constituir las
organizaciones que estimen convenientes, se concluye que la prohibición
legal de formar sindicatos de base en una misma empresa, cuando ya exista otro,
resulta injustificada a la luz de la garantía expresa de la
Constitución de 1991.”
Así, se declaró la inconstitucionalidad de
la norma demandada que prohibía la coexistencia de dos o más sindicatos de base
en una misma empresa.
3.5.1.8.   Por otro lado, es relevante hacer
referencia a la sentencia T-1303 de 2001[57], en la cual
los trabajadores pertenecientes al sindicato de la empresa Electrificadora de la
Costa Atlántica S.A. E.S.P. interpusieron acción de tutela en contra de dicha
empresa por considerar vulnerados sus derechos a la libertad de asociación
sindical, al trabajo y a la dignidad entre otros, pues les fueron terminados
sus contratos de trabajo en razón a que se trataba de contratos a término fijo,
aun cuando, según afirmaban los accionantes, se encontraban cobijados por la
Convención Colectiva que establecía que todos los contratos suscritos con
ellos serían celebrados a término indefinido.
En dicha providencia, al referirse, en su
parte considerativa, al bloque de constitucionalidad en materia de derechos de
asociación y sindicalización, afirmó que, entre otros instrumentos
internacionales, de él hacen parte los Convenios de la
OIT 87 y 98. Así, manifestó:
“La opinión de que los
convenios internacionales que tienen que ver con el derecho al trabajo
quedarían por fuera del bloque de constitucionalidad porque  en los Convenios
de la OIT no hay mención expresa de que  queda prohibida su limitación en los
estados de excepción  y porque su prevalencia es en el orden interno (inciso 1°
articulo 93 de la
Constitución Política), es una opinión que se cae de su peso si se considera
que el bloque de constitucional  se fundamenta en los dos incisos del artículo
93, el segundo de los cuales dice: “Los derechos y deberes consagrados en esta
Carta, se interpretarán de conformidad  con los tratados internacionales  sobre
derechos humanos ratificados por Colombia”, lo cual significa que  es en virtud
del inciso 2° del artículo 93 que   los Convenios 87 y 98 de la
OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad.[58]
Además de lo anterior, al
analizar la objeción consistente en que los Convenios de la
OIT no harían parte del bloque de constitucionalidad  porque el artículo 53 de
la C.P. los ubica dentro de la legislación interna, esta Corporación explicó
que dicha afirmación era inconsistente por cuanto “el inciso 4° del artículo
53 de  la C.P. cuando determina que “Los convenios internacionales del trabajo
debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”, lo que hace es
reafirmar aún más el deber de interpretar los derechos humanos (dentro de ellos
los derechos sociales)  de conformidad con los tratados internacionales . No
tendría coherencia que se protegieran todos los derechos humanos menos los que
se refirieran al derecho al trabajo, cuando en la
Constitución de 1991 el trabajo es un derecho fundante (artículo 1° C.P.), una
finalidad de la propia Carta (Preámbulo), un derecho fundamental (artículo 25).
En consecuencia, los Convenios de la OIT integran el bloque de
constitucionalidad en virtud del inciso 2° del artículo 93 de la
C.P. y tal característica se refuerza con lo determinado en el inciso 4° del
artículo 53 ibidem.”
3.5.1.9.   En la sentencia T-603
de 2003[59], providencia en la cual el presidente de la
Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario de Medellín interpuso acción de tutela por considerar que a pesar de
la existencia de fuero sindical varios integrantes de la asociación fueron
desvinculados sin que mediara justa causa.
En la parte considerativa de dicha
sentencia, tuvo oportunidad de analizar la naturaleza y alcances de las
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la
OIT y concluyó que se trataba de verdaderas órdenes vinculantes, cuyo cumplimiento,
en Colombia sólo podía ser solicitado a través de la acción de tutela. A ese
respecto, señaló:
“Por lo anterior, las recomendaciones de
los órganos de control –como las emitidas por el Comité de Libertad Sindical en
el caso objeto de estudio por la
Corte Constitucional en la sentencia citada– no son meras directrices, guías o
lineamientos que debe seguir el Estado colombiano, sino que ellas constituyen
una orden expresa vinculante para el Estado y cada uno de sus órganos.
Esta obligación surge de los compromisos
adquiridos por el Estado colombiano en el ámbito internacional. Así, la
Constitución Política de 1991 establece como un principio fundamental que las
relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia (art. 9°). En ese
sentido Colombia reconoce como un principio del derecho internacional lo
previsto en el artículo 26 de la
Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, aprobada por la
Ley 32 de 1985, en el sentido de que “[t]odo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.
De esa manera Colombia queda sujeta a las
obligaciones que adquiere en virtud de los tratados y convenios que celebra y
que son ratificados por el Congreso de la
República. Los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical y derecho
de sindicalización, aprobados por el Congreso de la
República mediante las Leyes 26 y 27 de 1976, deben ser respetados y cumplidos
por Colombia, y obviamente sujetarse a lo que dispongan los órganos de Control
de la Organización Internacional del Trabajo, a cuyas determinaciones también
se sujetó, al hacer parte del convenio constitutivo de dicha organización.”
3.5.1.10. Posteriormente, la
Corte también se pronunció acerca de la naturaleza de los Convenios de la
OIT, especialmente al referirse al convenio 132 de tal organización, en la
sentencia C-035 de 2005[60]. En tal oportunidad, se demandó parcialmente el artículo 27 de la
Ley 789 de 2002. En este caso, al analizar lo relativo a la constitucionalidad
de la disposición acusada, la Corte reconoció que dada la naturaleza abierta de
las normas constitucionales, el legislador puede acudir a los Convenios de la
Organización Internacional del Trabajo para encontrar en ellos guías que le
permitirán establecer, si la regulación que se pretende realizar se adecua o no
a la finalidad que se persigue.
Asimismo, en la misma providencia, la
Corte anotó:
“Por ello, en varias oportunidades, esta Corporación le ha concedido a
los convenios y tratados internacionales del trabajo, la naturaleza de normas
constitutivas del bloque de constitucionalidad por vía de interpretación, cuyo
propósito consiste precisamente en servir de herramienta para desentrañar la
naturaleza abierta e indeterminada de los conceptos jurídicos previstos en el Texto
Superior. Al respecto, se ha dicho que:
“Ahora bien, y conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corte, para
determinar cuáles son esos principios constitucionales mínimos del trabajo que
deben ser respetados por cualquier reforma laboral, es necesario tomar en
cuenta también los tratados internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad. En particular, en esta materia tienen mucha importancia los
límites y deberes al Estado impuestos por los convenios de la
OIT ratificados por Colombia, por el PIDESC, y por el Protocolo de San
Salvador, todos los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 93 de la
Carta, que establece que los "derechos y deberes consagrados en esta
Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia.”
(…)
“Para desentrañar el límite máximo que tiene el legislador para
proceder a su establecimiento, los Convenios Internacionales de protección al
trabajador se convierten en la herramienta apropiada para precisar el contenido
abierto e indeterminado que en dicha materia reviste la
Constitución Política (C.P. art. 93, inciso 2°)[61]. Luego, y
en virtud de lo previsto en los artículos 5° y 11° del Convenio 132 de la
O.I.T., es indiscutible que cualquier plazo que fije el Congreso de la
República, en ningún caso, puede superar el lapso de seis (6) de prestación de
servicios para tener derecho a vacaciones pagadas de forma proporcional.”
Por lo
explicado, en esta ocasión, la Corte no sólo examinó la constitucionalidad de
la norma acusada de cara al articulado de la
Constitución Política, sino también frente a los  convenios de la
OIT, específicamente, el convenio 132 de la mencionada Organización
Internacional.
3.5.1.11. De la misma manera, vale la pena mencionar
lo establecido por esta Corporación en sentencia C-401 de 2005[62]
en cuanto a la aplicación de los convenios de la
OIT en el ordenamiento jurídico colombiano. En aquella ocasión se demandó la constitucionalidad del artículo 19
(parcial) del Código Sustantivo del Trabajo acerca de las normas de aplicación
supletoria. En esta oportunidad, el problema jurídico a resolver era el
siguiente:
“¿es contrario a la
Constitución - y en especial al preámbulo y a los artículos 1, 2, 5, 9, 25,
53, inciso cuarto, 93, 228 y 230 – que el artículo 19 del Código Sustantivo del
Trabajo establezca que “los convenios” de la
Organización Internacional del Trabajo se aplican de manera supletoria cuando
no haya “norma exactamente aplicable al caso controvertido”?”
Con relación a lo anterior, y refiriéndose
al Convenio 111 de la OIT, la Corte señaló:
"El principio constitucional de
igualdad de los trabajadores está desarrollado por el Convenio Internacional
del Trabajo número 111 -aprobado por Colombia mediante  la
Ley 22 de 1967 y ratificado  en 1969-, relativo a la discriminación en materia
de empleo y ocupación. Dicho Convenio es pues en Colombia fuente de derecho de
aplicación  directa en virtud del artículo 53  de la
Constitución  Política, al decir: "los Convenios Internacionales del
Trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna",
cuyo contenido es norma interpretativa de los derechos constitucionales en
virtud del artículo 93 de la Carta Fundamental.”[63]
En tal pronunciamiento, luego de reiterar
lo dicho en las sentencias aquí citadas, la
Corte  concluye en esta providencia:
De la exposición anterior se puede deducir
que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional acerca de los convenios internacionales del trabajo
ratificados por Colombia ha ido evolucionando gradualmente en la dirección de
considerar que forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, en un primer
momento se enfatizó que todos los convenios internacionales del trabajo hacen
parte de la legislación interna – en armonía con lo establecido en el inciso 4
del artículo 53 de la
Constitución. Luego, varias sentencias empezaron a señalar que varios
convenios de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad y,
posteriormente, se hizo una distinción entre ellos para señalar que algunos
pertenecen al bloque de constitucionalidad en sentido estricto y otros al
bloque de constitucionalidad en sentido lato.
No ofrece ninguna duda que todos los
convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia fueron
integrados a la legislación interna, por disposición expresa del inciso cuarto
del artículo 53 de la
Constitución. Esto significa que, de manera general, todos estos convenios
adquieren el carácter de normas jurídicas obligatorias en el derecho interno
por el solo hecho de su ratificación, sin que sea necesario que se dicten
nuevas leyes para incorporar su contenido específico en el ordenamiento
jurídico del país o para desarrollarlo.
Añade esta Corporación que para establecer qué
tratados internacionales integran el bloque de constitucionalidad se debe
acudir a lo manifestado jurisprudencialmente a ese respecto de manera concreta:
“Hasta el año 2002, Colombia había
ratificado 55 convenios, de los 185 que había aprobado la
OIT hasta 2003. Pues bien, los convenios ratificados por Colombia también se
refieren a una amplia diversidad de temas, que abarcan desde los derechos
humanos fundamentales en el trabajo (como los convenios Nos. 87 y 98, relativos
a la libertad sindical, al derecho de sindicación y a la negociación colectiva;
los  Nos. 29 y 105, relativos a la abolición del trabajo forzoso, etc.) hasta
las estadísticas del trabajo (convenio 160), pasando por los asuntos de la
simplificación de la  inspección de los emigrantes (convenio 21), de la inspección
del trabajo (convenios 81 y 129) y de la preparación de las memorias sobre la
aplicación de convenios por parte del Consejo de Administración de la
OIT (convenio 116).
Ello sugiere que para establecer cuáles
convenios ratificados por Colombia integran el bloque de constitucionalidad es
necesario que la Corte proceda a  decidirlo de manera específica, caso por
caso, tal como lo ha venido haciendo en las sentencias anteriormente citadas.
A la
Corte también le corresponde señalar si un determinado convenio de la
OIT, en razón de su materia y otros criterios objetivos, forma parte del
bloque de constitucionalidad en sentido estricto, puesto que  prohíbe la
limitación de un derecho humano durante un estado de excepción o desarrolla
dicha prohibición contenida en un tratado internacional (C.P., art. 93, inciso
1). Así lo hizo, como ya se vio, en la sentencia C-170 de 2004, en relación con
los convenios 138, sobre la edad mínima, y 182, sobre las peores formas del
trabajo infantil.
En conclusión, es preciso distinguir entre
los convenios de la OIT, puesto que si bien todos los que han sido “debidamente
ratificados” por Colombia, “hacen parte de la legislación interna” (C.P:, art.
53, inciso cuarto) -es decir, son normas jurídicas principales y obligatorias
para todos los habitantes del territorio nacional, sin necesidad de que una ley
posterior los desarrolle en el derecho interno- no todos los convenios forman
parte del bloque de constitucionalidad (C.P., art. 93), en razón a que algunos
no reconocen ni regulan derechos humanos, sino aspectos administrativos,
estadísticos o de otra índole no constitucional. Igualmente, es claro que algunos
convenios deben necesariamente formar parte del bloque de constitucionalidad,
puesto que protegen derechos humanos en el ámbito laboral. Adicionalmente, la
Corte Constitucional puede, como ya lo ha hecho, de acuerdo con criterios
objetivos, indicar de manera específica qué otros convenios forman parte del
bloque de constitucionalidad en sentido lato (C.P. art. 93, inciso 2), en razón
a que son un referente para interpretar los derechos de los trabajadores y darle
plena efectividad al principio fundamental de la protección del trabajador
(C.P., art. 1) y al derecho al trabajo (C.P. arts. 25 y 53). Cuando algún
convenio prohíba la limitación de un derecho humano durante un estado de
excepción o desarrolle tal prohibición, corresponde a la
Corte señalar específicamente su pertenencia al bloque de constitucionalidad
en sentido estricto (C.P., art.93, inciso 1), como también lo ha realizado en
sentencias anteriores.”
Adicionalmente, en la misma sentencia, esta
Corporación enfatiza en que los convenios que integran el bloque de
constitucionalidad deben ser aplicados por todas las autoridades y los
particulares para asegurarse de que las leyes nacionales sean interpretadas de
manera acorde con la Constitución y tales tratados. Por lo tanto, al resolver
“el caso controvertido” – en los términos del artículo 19 del Código Sustantivo
del Trabajo acusado en el presente proceso-, tales convenios son norma
aplicable de manera principal y directa, y han de incidir en la determinación
del alcance de las normas legales que también sean aplicables. Además, los
convenios que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto
han de prevalecer en el orden interno, lo cual ha de ser reconocido y respetado
al resolver “el caso controvertido.”
La Sala
concluye, en tal asunto, que se condicionaría la exequibilidad de la expresión
“convenios” a que (i) no exista convenio aplicable directamente, como fuente
principal o prevalente, al caso controvertido, y (ii) el convenio que se
aplique supletoriamente esté debidamente ratificado por Colombia.
3.5.1.12. En la
Sentencia T-285 de 2006[64],
la Corte revisó la acción de tutela interpuesta por un antiguo trabajador de
Bancafé miembro de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, contra el
Liquidador del Banco, la Presidencia de la
República y otras entidades, a quien después de la liquidación de la entidad
bancaria, le fue terminado el contrato de trabajo. El actor alegaba que la
liquidación de la entidad financiera no era una justa causa de terminación del
contrato de trabajo, y que gozaba de estabilidad reforzada, toda vez que según
la convención colectiva, los trabajadores que atendieran cursos de sindicalismo
–como él- gozaban de estabilidad durante los 6 meses siguientes al respectivo
curso.
Antes de resolver el caso concreto, la
Corporación (i) recordó que el derecho a la libertad de asociación
sindical es fundamental; (ii) reiteró que el Convenio 98 de la
OIT sobre negociación sindical, incorporado mediante la
Ley 27 de 1976, hace parte del bloque de constitucionalidad; (iii) indicó
que los convenios de la OIT que no hacen parte del bloque en sentido estricto
en todo caso tienen rango legal –porque han sido incorporados mediante leyes
aprobatorias- y, por tanto, son vinculantes en Colombia y no simple criterios
supletorios de interpretación; y (iv) explicó que el artículo 39
superior, así como varias disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo,
otorgan cierta estabilidad laboral a los directivos y otros miembros de
organizaciones sindicales, acogiendo así la
Recomendación 143 de la
OIT “sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los
representantes de los trabajadores en la empresa”.
Con fundamento en dichas
consideraciones, la Sala de Revisión declaró procedente la tutela, ya
que como se indicó en la sentencia SU-388 y 389 de 2005, este mecanismo constitucional es el idóneo para hacer cumplir las previsiones
superiores sobre fuero sindical ante la inminente liquidación de Bancafé. A
continuación, la Sala concedió el amparo y ordenó el reintegro del peticionario
sin solución de continuidad, junto con el pago de los salarios, reajustes y
prestaciones sociales dejados de pagar, pues en el proceso se demostró que
efectivamente era miembro del sindicato, asistió a un curso de formación
sindical y por ello gozaba de estabilidad al momento de la terminación del
contrato. Además, se declaró que el despido del actor, en tanto no fue con
justa causa y no fue acompañado de un procedimiento previo en el que
pudiera contradecir, alegar y probar a su favor, constituía una forma de
discriminación sindical reprochable a la luz de la
Recomendación 113 de la OIT. En este orden de ideas se confirmaron
parcialmente los fallos de instancia[65].
Debe resaltarse que la sentencia usa la
Recomendación 113 en el caso concreto para reprochar la conducta del
liquidador, de lo que se colige que le otorga valor jurídico y la emplea como
fuente primaria para resolver el caso; sin embargo, no hay un pronunciamiento
expreso sobre el valor jurídico de las recomendaciones.
3.5.1.13. Posteriormente, en la
Sentencia C-280 de 2007[66],
al examinar una demanda de inconstitucionalidad contra el literal f) del
artículo 2 del Decreto Ley 254 de 2000 que prohíbe a los representantes de
entidades públicas del orden nacional en liquidación realizar cualquier tipo de
actividad que implique la celebración de pactos o convenciones colectivas[67],
la Corte reiteró las consideraciones de la
Sentencia C-401 de 2005 sobre el valor normativo de los convenios de la
OIT y precisó que el Convenio 154 sobre negociación sindical, si bien hace
parte de la normativa interna, no pertenece al bloque de constitucionalidad en
sentido estricto, ya que la negociación colectiva no es de aquellos derechos
humanos que no pueden ser suspendidos en los estados de excepción –requisito
exigido por el artículo 93 superior-. Al respecto se sostuvo:
“Ahora bien, en lo que hace referencia al
Convenio 154 de la OIT no cabe duda que hace parte de la legislación interna,
tanto a la luz del artículo 53 constitucional, como por haber sido aprobado por
medio de la Ley 524 de 1999[68],
sin embargo, hasta la fecha esta Corporación no ha declarado que haga parte
integrante del bloque de constitucionalidad ni en sentido estricto ni en
sentido lato.
(…)
No obstante, a pesar que expresamente no se
ha hecho una manifestación en tal sentido es posible verificar que esta
Corporación en algunas decisiones ha empleado sus estipulaciones para
establecer el alcance del derecho de negociación colectiva[69], tal como
ocurre por ejemplo en las sentencias C-1234 de 2005[70] y SU-1185
de 2001[71].
Esta Corporación entiende que tal utilización se ajusta al carácter del
Convenio 154 de la OIT pues si bien es un tratado internacional sobre un
derecho humano –el derecho de negociación colectiva- no prohíbe su suspensión
bajo los estados de excepción y en consecuencia no hace parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto” (negrilla fuera del texto).
La Sala Plena declaró exequible el literal, entre otras razones, por cuanto
consideró que el precepto (i) si bien es cierto limita el derecho de negociación colectiva, no lo
anula ni priva totalmente de contenido en tanto restringe sólo de manera
específica unas de sus manifestaciones; y (ii) tampoco conlleva una
restricción desproporcionada dado su carácter temporal y su finalidad de
protección de intereses generales como los principios de la función
administrativa.
3.5.1.14.
En la
Sentencia C-063 de 2008[72],
la Corte se ocupó nuevamente de la materia al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad contra el
numeral 2 del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, sobre
representación sindical en el caso de coexistencia de un sindicato de base y
uno gremial en una misma empresa. El demandante alegaba que el precepto restringía la participación democrática
de las organizaciones sindicales en la discusión de las prerrogativas laborales
de la contratación colectiva y menoscababa la participación pluralista de las
organizaciones sindicales de industria cuando eran minoritarias. La
Corporación encontró que efectivamente el impedimento absoluto a los
sindicatos minoritarios de negociar colectivamente, no atendía a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad, y vulneraba los derechos de negociación
colectiva y libertad sindical, razones por las cuales declaró inexequible la
disposición.
En ese fallo la
Corte recordó que el contenido del derecho de negociación colectiva ha sido delimitado por la jurisprudencia
constitucional con base en Convenio 154 y la
Recomendación 153 de la OIT, el primero de los cuales hace parte del bloque en
sentido lato.
3.5.1.15.
Meses después, en la
Sentencia C-465 de 2008[73],
con ocasión de una demanda promovida contra los artículos 370 –que exige que las
modificaciones de los estatutos sindicales se depositen en el Ministerio del
Trabajo- y 371 –sobre la forma de notificación de los cambios de las juntas
directivas de los sindicatos- del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el
argumento de que lesionaba la autonomía sindical, este Tribunal reiteró que el
contenido del derecho de libertad sindical es delimitado tanto por el artículo
39 superior, como por el Convenio 87 de la
OIT, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y
por tanto sirve de parámetro para el control de constitucionalidad de las
leyes. También se recordó que dicho Convenio prohíbe la exigencia de
autorizaciones previas para la constitución de un sindicato, prohibición que,
en consecuencia, es vinculante para el legislador.
En el caso concreto, la
Sala Plena declaró exequibles los preceptos –salvo las expresiones “Validez de
la” y “tiene validez ni” del artículo 370-, ya que consideró que, en el primer
caso, no era cierto que permitiera al Ministerio del Trabajo impedir el
registro de un sindicato, y en el caso del segundo caso, tampoco era cierto que
autorizara a ese Ministerio a abstenerse de registrar a nuevos directivos
sindicales, quienes además deben gozar de fuero sindical desde que al Ministerio o al empleador les haya sido
comunicada la designación.
3.5.1.16.
En la
Sentencia C-466 de 2008[74],
a propósito de una demanda de
inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 391, los artículos 398 y
434, y contra el numeral 4º del artículo 448 del Decreto Ley 3743 de 1950
Código Sustantivo del Trabajo, la Corte reiteró las consideraciones de la
Sentencia C-401 de 2005 sobre el valor normativo de los convenios de la
OIT y acudió a los convenios 87
y 98 de la OIT -que sostuvo hacen parte del bloque de constitucionalidad en
sentido estricto- para definir el contenido protegidos de los derechos de
libertad y asociación sindical, así como al Convenio 154 –que recordó hace
parte del bloque y por tanto constituye “un referente necesario para la
interpretación de los derechos de los trabajadores”[75]- para referirse
al derecho a la negociación colectiva.
En el caso concreto, la
Sala declaró inexequibles las expresiones “en papeleta escrita”, “y
aplicando el sistema de cuociente electoral” contenidas en el numeral
primero del artículo 391, la exequibilidad condicionada del artículo 398[76],
y la inexequibilidad de la expresión “en cuyo caso” contenida en el
numeral 4 del artículo 448, así como la exequibilidad condicionada del resto
del numeral[77],
ya que concluyó que debe ser la organización de trabajadores la que determine
en sus estatutos según su propia autonomía el mecanismo o sistema para
garantizar la representación de las minorías; las papeletas escritas se oponen
a la garantía del voto secreto; y si bien es cierto la facultad de
expulsar miembros de una organización sindical es una expresión y desarrollo de
la libertad sindical, debe hacerse con sujeción al debido proceso; entre otras
razones.
3.5.1.17. En la
Sentencia C-617 de 2008[78],
al analizar varias demandas acumuladas contra el artículo 362 del Código
Sustantivo del Trabajo sobre el contenido de los estatutos sindicales[79],
la Corporación manifestó nuevamente que el Convenio 87 de la
OIT hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y delimita
el contenido del derecho fundamental a la asociación sindical.
La Sala
declaró exequible el numeral, puesto que estimó que la autonomía sindical no es
absoluta y, en este caso, exigir que en los estatutos de las organizaciones
sindicales se contemplen aspectos tales como la denominación del sindicato, su
domicilio, su objeto, las condiciones de admisión, las obligaciones y derechos
de los asociados, la denominación, período y funciones de los miembros de la junta
directiva central y de las seccionales, la organización de las comisiones
reglamentarias o accidentales, la cuantía y la periodicidad de las cuotas
ordinarias, el procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias, las
sanciones disciplinarias y los procedimientos de expulsión, las épocas de
celebración de las asambleas, las reglas para la administración de los bienes o
las normas para la liquidación del sindicato, no resulta desproporcionado o
irrazonable, y tampoco vacían el contenido del derecho reconocido en el
Convenio 87, toda vez que las organizaciones están facultadas para establecer
reglas adicionales.
3.5.1.18. Para terminar el año 2008, en la
Sentencia C-696 de 2008[80],
a propósito de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 444 del
Código Sustantivo del Trabajo –se cuestionaba el término dado por la norma para
resolver sobre la continuidad de la huelga o sobre una solicitud de
arbitramento después de concluida la etapa de acuerdo directo-, este Tribunal
afirmó que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la
OIT deben ser tenidas en cuenta para interpretar el contenido protegido del
derecho fundamental a la huega[81],
y por ello examinó las limitaciones a dicho derecho que el Comité ha encontrado
admisibles.
En el caso concreto, con fundamento en el
examen de esas limitaciones admisibles, la
Sala concluyó que el precepto se ajustaba a la
Carta, toda vez que “(…) el plazo fijado en el artículo demandado no se
orienta a limitar el derecho de huelga o a obstaculizar su ejercicio, sino que,
por el contrario, busca que dentro de las etapas previstas en la ley, los
trabajadores expresen su decisión de acudir a ese medio de promoción de sus
intereses, sin que el término de diez días hábiles fijado por la norma acusada
para ese efecto pueda tenerse como irrazonable o desproporcionado, ni comporte
una restricción que dificulte el ejercicio del derecho por los trabajadores”.
3.5.1.19.
En
la Sentencia C-195 de 2009[82], se realizó el examen previo
de constitucionalidad del instrumento
de Enmienda a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo´, adoptado en la octogésima quinta
(85ª) reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, el diecinueve (19) de
junio de mil novecientos noventa y siete (1997)” y la Ley aprobatoria No. 1197 del 5 de junio de 2008.
El objeto del Convenio, era establecer que por iniciativa del Consejo de
Administración, la Conferencia podrá derogar, por mayoría de dos tercios de los
votos emitidos por los delegados presentes, todo convenio adoptado con arreglo
a las disposiciones del presente artículo si se considera que ha perdido su
objeto o que ya no representa una contribución útil a la consecución de los
objetivos de la Organización.” Allí la
Corporación no estableció la integración de dicho Convenio al bloque y se
limitó en señalar que el acuerdo respondía “adecuadamente a los objetivos
fundamentales de la OIT, para garantía de los derechos constitucionales
laborales (Preámbulo y artículos 1º, 25, 48 y 53, entre otros, de la
Constitución) y de los principios que soportan las relaciones exteriores del
Estado colombiano (art. 9º superior).”
3.5.1.20. En la
Sentencia C-349 de 2009[83], se estudió la
constitucionalidad del numeral
4 del artículo 448
del Código Sustantivo del Trabajo que establecía que si una huelga, en razón de su naturaleza o magnitud,
afecta de manera grave la salud, la seguridad, el orden público o la economía
en todo o en parte de la población, el Presidente de la
República, previo concepto favorable de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, podía ordenar en cualquier
momento la cesación de la huelga y que los diferendos que la provocaron sean
sometidos a fallo arbitral.
Los ciudadanos demandantes
consideraban que el segmento normativo demandado era violatorio de los
Convenios 87, 98 y 154 de la OIT, del Preámbulo y los artículos 1, 4, 53, 55,
56, 188, 189, 234, 235, 159, 160, 161, y 162 de la
Constitución. Lo anterior, por cuanto otorgaba una facultad ilimitada al
Presidente de la República que dejaba la valoración del cese de la huelga a
criterios objetivos. De igual forma, aducen que se desconocía el derecho a la
negociación colectiva.
La providencia hace una síntesis
del rango normativo de los Tratados de la
OIT. En este orden de ideas, reitera y sintetiza las reglas señaladas en la
jurisprudencia.
En primer término, señaló que los convenios
de la OIT hacen parte de la legislación interna, de conformidad con el inciso
4° del artículo 53 de la constitución. En segundo lugar, puntualizó que varios
convenios de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad. En tercer
lugar, ha realizado una distinción entre los convenios de la
OIT, para señalar que “algunos de ellos pertenecen al bloque de
constitucionalidad en sentido estricto (Art. 93 CN inciso 1°) en tanto que
otros los son en sentido lato (Art. 93 CN inciso 2º).  Los convenios que hacen
parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto prevalecen en el
orden interno, en cuanto prohíben la limitación de un derecho humano bajo los
estados de excepción y en consecuencia hacen parte del parámetro de control
constitucional de las normas legales que regulan la materia. Los convenios que
forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato “sirven como
referente para interpretar los derechos de los trabajadores y darle plena
efectividad al principio fundamental de la protección del trabajador (C.P.,
art. 1) y al derecho al trabajo (C.P. arts. 25 y 53)”[84].
En cuarto lugar, ha establecido la jurisprudencia, que
hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que la propia
Corte determine que pertenecen a ese estándar normativo, de conformidad con las
materias de que traten. En este sentido señaló: “(…) La
Corte comparte el concepto expuesto por varios intervinientes acerca de que
algunos convenios internacionales del trabajo forman parte del bloque de
constitucionalidad. Estos Convenios son los que la
Corte ha indicado o señale en el futuro”[85].
Así las
cosas, esta Corporación reiteró nuevamente que  los convenios 87 y 98 de la
OIT, hacen parte del bloque de constitucionalidad[86].
Al hacer un análisis de la disposición acusada consideró
que “la
norma acusada desconoce la reserva legal en materia de huelga, en tanto
confiere al Ejecutivo una facultad abierta para definir campos en los cuales
este derecho constitucional de los trabajadores deja de estar garantizado, pese
a que, conforme a la Constitución y a la jurisprudencia de esta Corporación, se
trata de una competencia exclusiva del Congreso. De esta manera, la atribución
al Gobierno de una competencia propia del Congreso, vulnera además, el
principio de separación de poderes previsto en el artículo 113 de la
Carta Fundamental.”
3.5.1.21. En la
Sentencia T-171 de 2011[87], se analizó el despido de varios
trabajadores de Ecopetrol que fueron despedidos a través de procesos
disciplinarios por participar en una huelga. Los trabajadores interpusieron
queja ante la OIT. Las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical
aprobadas por el Consejo de Administración de la
OIT ordenaron al Estado Colombiano, el reintegro al cargo del cual fueron
destituidos. No obstante, el Ministerio había sido insistente en su negativa de
reintegrar a todos los despedidos, reiterando su posición de considerar la
ausencia de carácter vinculante de las recomendaciones. Dicha providencia es de
suma importancia por cuanto se analizó la fuerza vinculante que tienen las
recomendaciones realizadas por la
Organización Internacional del Trabajo una vez las quejas elevadas por un
sindicato han sido objeto de estudio por el Comité de Libertad Sindical y han
sido sometidas a consideración del Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del trabajo.
En primer lugar, la providencia estudió la composición
de la Organización Internacional del Trabajo:
“La
Organización Internacional del Trabajo OIT creada en 1919 como un organismo
especializado de las Naciones Unidas, tiene como función principal la de
fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales
internacionalmente reconocidos. Cuenta con una estructura tripartita, en tanto
que en sus órganos de administración confluye “la participación, en un plano de
igualdad, de trabajadores, empleadores y gobiernos”[88]. Se
encuentra conformada por tres órganos principales a saber:
- La
Conferencia General encargada de proferir normas internacionales del trabajo,
bien a través de convenios o de recomendaciones, en las que se
fijan condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales y en
los demás asuntos relacionados con el trabajo.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 de la Constitución de la OIT, los convenios son tratados
internacionales que están sujetos a la ratificación de los Estados miembros de
la organización. Las recomendaciones, aunque regularmente versan sobre
las mismas materias de los convenios, recogen directrices que pueden llegar a
orientar la política y las acciones nacionales, pero no son instrumentos
vinculantes para los Estados Miembros. Ambos instrumentos normativos inciden en
las condiciones y en las prácticas de trabajo de todos los países del mundo.
Además, la Constitución de la OIT prevé las Recomendaciones formuladas por los
órganos de control que, en ocasiones son vinculantes como se verá enseguida.
-
La Oficina
Internacional del
Trabajo: es el secretariado permanente de la
Organización. Es el centro de registro y distribución de los documentos sobre
la reglamentación del trabajo y las condiciones laborales en todo el mundo, y
entre sus funciones están las de realizar investigaciones y publicaciones y
absolver consultas.
- El Consejo de Administración: es el
órgano ejecutivo de la
Organización. Fija el orden del día de la
Conferencia, nombra al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo, elabora el programa y presupuesto de la
Organización, y constituye e integra las comisiones y comités que considera
necesarios, entre otras atribuciones y funciones.
6.2. Además de los órganos principales, la
OIT se conforma de tres organismos facultados para conocer de las quejas por
violación de la libertad sindical: a) el propio Consejo de Administración; b) la
Comisión de Investigación y de Conciliación en materia de Libertad Sindical  y
c) el Comité de Libertad Sindical.
De igual manera, reseñó el procedimiento que se
adelanta una vez recibida la queja:
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26 del Convenio Constitutivo de la
OIT y de los Convenios 87 y 98 de la OIT corresponde a esa instancia, examinar
las quejas que se reciben sobre situaciones de hecho que se tomen en los
Estados relacionadas con la violación a la libertad sindical, estudiar la
legislación y buscar junto con el gobierno interesado, las posibilidades de
solucionar las dificultades frente a casos concretos, por vía de acuerdo.
Únicamente los gobiernos y organizaciones de empleadores o de trabajadores
pueden presentarlas, caso en el cual se sigue el siguiente procedimiento:
-  Recibida la queja y una vez verificada
la información y documentación que la sustente y fundamente, se notifica al
gobierno respectivo para que aclare o presente sus comentarios y observaciones
en un plazo determinado.
-   Si el Comité, considera que la información
suministrada por el gobierno es poco clara o es contradictoria con la queja y
no aporta elementos de prueba, el Director General está facultado para obtener
informaciones complementarias, más precisas, sobre los términos de la queja.
-  Cuando el gobierno se demora en el envío de sus
observaciones sobre las quejas que les fueron comunicadas o sobre las
informaciones complementarias que les fueron solicitadas, el Comité menciona el
hecho en un párrafo especial de la introducción de sus informes en el que hace
un llamamiento especial a los gobiernos interesados, y seguidamente se les
envían comunicaciones urgentes del Director General en nombre del Comité.
-  Cuando no se ha recibido respuesta, la
Oficina Regional o de área puede
intervenir ante los gobiernos interesados a fin de obtener las informaciones
solicitadas de estos últimos, ya sea en el curso del examen del caso, ya sea en
lo que concierne al curso dado a las recomendaciones del Comité aprobadas por
el Consejo de Administración.
-  Con base en la información enviada tanto por
los querellantes como por el gobierno, el Comité elabora informes provisionales
o definitivos en los que formula conclusiones y recomendaciones que permitan
restablecer y garantizar el ejercicio de los derechos sindicales, los cuales
presenta al Consejo de Administración para su aprobación. El carácter
vinculante de las recomendaciones contenidas en dichos informes depende de que
el procedimiento ante el Comité haya sido agotado, que se trate de un Estado
parte, y que las recomendaciones hayan sido adoptadas por el Consejo de
Administración. No obstante, aún en el evento de recomendaciones de carácter
vinculante, el gobierno conserva un margen para adoptar las medidas que mejor
cumplan con esas recomendaciones. La amplitud de dicho margen varía según el
grado de especificidad de la recomendación y si ésta prevé alternativas de
acción.
Sobre el tipo de recomendaciones se precisó que las
conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo del Comité
de Libertad Sindical, son adoptadas como tales por el Consejo de
Administración, momento en el cual se hacen obligatorias para los Estados. Dijo
la providencia:
- Así entonces, el Comité puede elaborar 3 tipos
de informes: (i) Provisionales; (ii) Definitivos; y (iii) en los que se
Solicita Mantener Informado al Comité sobre la
Evolución del Asunto. Si se trata de Informes Provisionales, las conclusiones
y recomendaciones también tienen este carácter. Si se trata de Informes
Definitivos o de los Informes en los que se solicita mantener informado al
Comité sobre la evolución del asunto, las conclusiones y recomendaciones del
Comité tienen un carácter definitivo.
-  Una vez elaborados los Informes, el Comité
somete a consideración del Consejo de Administración las conclusiones y
recomendaciones contenidas en ellos, para que una vez adoptadas, sean
transmitidas al gobierno respectivo. El Comité también puede recomendar la
inadmisibilidad de la queja o puede determinar que no existió violación a la
libertad sindical. Si se trata de Informes Provisionales, el asunto sigue a
consideración del Comité de Libertad Sindical, quien continúa solicitando
información y observaciones tanto a los querellantes como al gobierno hasta que
el Comité considere que cuenta con información suficiente para resolver de
fondo y de manera definitiva el asunto objeto de queja.
-  Las conclusiones y recomendaciones contenidas
en el Informe Definitivo del Comité de Libertad Sindical, son adoptadas como
tales por el Consejo de Administración, que se encarga de las informaciones al
gobierno respectivo, para que sean atendidas en un plazo razonable y,
generalmente, solicita mantenerlo informado sobre las medidas adoptadas por el
gobierno.
De igual manera, se explica que si después de
transcurrido un plazo prudencial resulta claro que el gobierno no tiene la
intención de atender de buena fe las recomendaciones del Comité o si el
gobierno rechaza las recomendaciones, el Consejo de Administración puede
solicitar que la Conferencia Internacional del Trabajo tome medidas para lograr
el cumplimiento de las recomendaciones, o incluso someter el caso ante la
Corte Internacional de Justicia para que determine la responsabilidad del
Estado por incumplimiento de sus obligaciones Internacionales.
Se concluye entonces que el Comité de Libertad
Sindical no está facultado para proferir, de manera directa, recomendaciones
vinculantes para los Estados Miembros. Por el contrario, para que éstas sean de
obligatorio cumplimiento para los Estados, se requiere que sus conclusiones y
recomendaciones sean sometidas para adopción por el Consejo de Administración,
quien a su vez es encargado de señalar las anomalías al gobierno en cuestión y
solicitar que tome medidas para corregirlas.
Específicamente, sobre la obligatoriedad para el Estado
colombiano de acatar estas recomendaciones dijo expresamente que “La jurisprudencia de la
Corte Constitucional contenida en las sentencias T-568 de 1999, T-1211 de 2000
y T-603 de 2003, en las que se concedió el amparo solicitado, ha sido uniforme al
considerar que las recomendaciones proferidas por el Comité de Libertad
Sindical de la OIT debidamente aprobadas por el Consejo de Administración,
tienen una orden expresa de carácter vinculante para el Estado colombiano y por
tanto es imperativo el acatamiento de lo allí ordenado. La sustracción de su
cumplimiento implica la violación de derechos fundamentales alegados, además de
desconocer el carácter vinculante de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional que fija los alcances de los derechos fundamentales.”
(Resaltado fuera del texto)
3.5.1.22.
La
Sentencia T-261 de 2012[89], reitera lo señalado
por esta Corporación en la Sentencia T-171 de 2011. En dicha oportunidad, la
Corporación estudia la acción de tutela interpuesta por el presidente del
Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali
–SINTRAEMCALI-contra EMCALI EICE ESP, al considerar que dicha entidad había
vulnerado los derechos fundamentales al trabajo, a la asociación sindical y a
la huelga de dicha colectividad, por cuanto ha sido renuente a cumplir con las
recomendaciones hechas por la
Organización Internacional del Trabajo a través del Consejo de Administración,
previa sugerencia del Comité de Libertad Sindical, en las cuales se solicitaba
al Estado Colombiano que en virtud de la aplicación de los convenios 87 y 98
ratificados por Colombia, procediera a buscar mecanismos que permitiera el
reintegro de los 51 trabajadores despedidos con ocasión del cese de actividades
que se presentó en dicha empresa en el mes de mayo del año 2004. Ello
atendiendo a que no se adelantaron procesos penales ni disciplinarios en contra
de los participantes del paro laboral y a que el Consejo de Estado en el año
2008 decidió declarar la nulidad de la
Resolución 1696 de 2004, mediante la cual el Ministerio de Protección Social
calificó como ilegal la huelga realizada por los miembros de SINTRAEMCALI y por
tanto, procedió a su desvinculación.
Es de resaltar que en dicha oportunidad, la
Corporación consideró que pese a que no se habían agotado los recursos
judiciales, la acción de tutela resultaba el medio idóneo para amparar “los derechos fundamentales
colectivos radicados en cabeza del sindicato accionante, desde la óptica de los
convenios y las recomendaciones de un organismo internacional, los primeros
debidamente ratificados por el Congreso de la
República y que por tratarse de derechos laborales han sido incorporados al
bloque de constitucionalidad; y las segundas por gozar de fuerza vinculante en
el derecho interno según lo ha reconocido de manera reiterada la jurisprudencia
constitucional.” Dijo expresamente:
11.7. En el presente caso,
si bien están pendientes de resolución los 51 procesos laborales ordinarios por
parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación, y
se encuentra sin resolver el recurso de súplica ante la
Sala Plena del Consejo de Estado, se debe precisar que el objeto de esta
tutela no está encaminado a controvertir  los fallos proferidos por la
jurisdicción ordinaria, ni por la contenciosa administrativa; tampoco está
orientado a proteger los derechos individuales de cada uno de los trabajadores.
Por el contrario, lo que se busca es amparar los derechos fundamentales
colectivos radicados en cabeza del sindicato accionante, desde la óptica de los
convenios y las recomendaciones de un organismo internacional, los primeros
debidamente ratificados por el Congreso de la
República y que por tratarse de derechos laborales han sido incorporados al
bloque de constitucionalidad; y las segundas por gozar de fuerza vinculante en
el derecho interno según lo ha reconocido de manera reiterada la jurisprudencia
constitucional.
La Sentencia T-261 de 2012 sintetizó
nuevamente las reglas sobre el valor normativo de los convenios de la
OIT. De igual manera, se dejó nuevamente establecido las recomendaciones emitidas
por el Comité de Libertad Sindical, una vez aprobadas por el Consejo de
Administración de la
Organización Internacional del Trabajo, tienen fuerza vinculante para el
Estado Colombiano y se hacen extensivas a todas las entidades administrativas y
judiciales que deben dar aplicación al derecho internacional contenido en los
convenios debidamente ratificados por el Congreso.
3.5.2 Reglas
jurisprudenciales sobre la incorporación de convenios y tratados al bloque de
constitucionalidad
Del anterior recuento
jurisprudencial pueden deducirse las siguientes conclusiones.
3.5.2.1.
Como se
ha podido demostrar, el tema referente a la posición de los convenios
internacionales de trabajo en el ordenamiento colombiano ha sido objeto de una
evolución jurisprudencial. En sus inicios, la
Corte no analizó la posición jerárquica de los convenios dentro del
ordenamiento, sino que se limitó a reiterar lo establecido en el artículo 53
acerca de su incorporación y de los instrumentos internacionales de trabajo al
ordenamiento interno. Posteriormente, esta Corporación, al hacer un análisis
sobre su jerarquía normativa, empezó a afirmar que tales instrumentos
internacionales pertenecían al llamado bloque de constitucionalidad, sin
embargo, no se especificaba sobre la materia objeto del tratado.
3.5.2.2.
Posteriormente,
la jurisprudencia de la Corte deja claro que hay una distinción, pues
dependiendo de la materia tratada por los convenios en mención, algunos
pertenecen al bloque de constitucionalidad en sentido estricto, otros, al mismo
bloque pero en sentido lato y existen algunos que no harían parte de ninguno de
los dos, sino que en virtud del artículo 53 Superior entran de forma automática
al ordenamiento jurídico interno, sin que sea necesario que se dicten nuevas
leyes para incorporar su contenido específico en el ordenamiento jurídico del
país o para desarrollarlo. Específicamente, se tendrían las siguientes
subreglas:
Primero, los convenios de la
OIT aprobados por Colombia hacen parte de la legislación interna, de
conformidad con el inciso 4 del artículo 53 de la
CP. Algunos de estos convenios integran el bloque de constitucionalidad.
Segundo, harán parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto, los tratados y convenios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que cumplan las condiciones del
artículo 93[90] Superior, esto es: (i) que
dichos Tratados hayan sido ratificados por el Congreso, es decir, que hayan
surtido la totalidad del trámite constitucional establecido para los convenios
internacionales y (ii) que tales tratados se refirieran a materias de
derechos humanos que no pueden ser suspendidos en estados de excepción.
Como consecuencia, dichos convenios y tratados internacionales son
parámetro de
control constitucional de las normas legales que regulan la materia, al
encontrarse en el mismo nivel de la
Constitución.
En este orden de ideas, al
verificar el cumplimiento de estos dos requisitos constitucionales, la
jurisprudencia ha incorporado al bloque de constitucionalidad, en sentido
estricto, el Convenio 87 sobre libertad sindical y el derecho de sindicación[91];
el Convenio 98 sobre aplicación de los principios de derecho de sindicación y
de negociación colectiva; el 138 relativo a la edad mínima de admisión de
empleo[92];
el Convenio 182 relativo a las peores formas de trabajo infantil; y, el
Convenio 169[93] sobre el derecho de participación de
las comunidades indígenas.
De igual manera, tal y como lo
ha reiterado esta Corporación, la inclusión de un determinado convenio
internacional del trabajo dentro del bloque de constitucionalidad debe hacerse
de manera diferenciada y fundamentada. Por tanto, ello sugiere que para
establecer cuáles convenios ratificados por Colombia integran el bloque de
constitucionalidad es necesario que la Corte proceda a  decidirlo de manera
específica, caso por caso, tal como lo han señalado expresamente las sentencias
referidas.
Tercero, aquellos convenios del trabajo ratificados por el Congreso que
no regulan derechos humanos intangibles, servirán entonces de parámetro de
interpretación constitucional, por pertenecer al bloque de constitucionalidad
en sentido lato.
3.5.2.3.   En conclusión: (i)
los convenios de la OIT aprobados por Colombia hacen parte de la legislación
interna, de conformidad con el inciso 4 del artículo 53 de la
CP; (ii) algunos de estos convenios integran el bloque de constitucionalidad,
si cumplen con los requisitos consagrados en el artículos 93 Superior, es decir
que se traten de tratados derechos humanos intangible, que han sido aprobados
por el Congreso y de conformidad con el procedimiento constitucional establecido.
Estos instrumentos serán parámetros de control constitucional y (iii)
algunos tratados hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato,
y por tanto, sirven como referente para interpretar los derechos de los
trabajadores y darle plena efectividad al principio fundamental de la
protección del trabajador y al derecho al trabajo.
3.5.3 Naturaleza jurídica de las
recomendaciones de la OIT
Resulta preciso concluir cuál
es el valor normativo de las recomendaciones de la
OIT, subreglas que también se pueden deducir de las providencias anteriormente
reseñadas.
Primero, debe inicialmente señalarse que al no cumplir con
los requisitos consagrados en el artículo 93 Superior, las recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) no integran el bloque de
constitucionalidad. Ello por cuanto, dichas recomendaciones no son convenios ni
tratados ratificados por el Congreso, y por tanto, no surtieron el
procedimiento constitucional establecido, requisito inequívoco consagrado en la
Constitución para que un instrumento internacional haga parte del bloque de
constitucionalidad.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la
Constitución de la OIT, los convenios son tratados internacionales que
están sujetos a la ratificación de los Estados miembros de la organización,
situación que no ocurre con las recomendaciones.
Segundo, por regla general, las recomendaciones de la
OIT recogen directrices que pueden llegar a orientar la política y las
acciones nacionales, pero no son instrumentos que obliguen a los Estados.
Tercero, la
Corporación ha considerado de forma uniforme que de acuerdo con lo indicado en
sentencias T-568 de 1999[94],
T-1211 de 2000[95],
T-603 de 2003[96],
T-171 de 2011[97]
y T-261 de 2012,[98],
sólo las recomendaciones proferidas por el Comité de Libertad Sindical
de la OIT debidamente aprobadas por el Consejo de Administración son
vinculantes para el Estado colombiano. No obstante, tanto el gobierno como los
jueces conservan un margen de apreciación para analizar su compatibilidad con
nuestro ordenamiento constitucional.
Cabe recordar que el Consejo de
Administración es el órgano ejecutivo de la
Organización Internacional del Trabajo. Fija el orden del día de la
Conferencia, nombra al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo, elabora el programa y presupuesto de la
Organización, y constituye e integra las comisiones y comités que considera
necesarios, entre otras atribuciones y funciones. Además de los órganos
principales, la OIT se conforma de tres organismos facultados para conocer de las
quejas por violación de la libertad sindical: a) el Consejo de Administración;
b) la Comisión de Investigación y de Conciliación en materia de Libertad
Sindical  y c) el Comité de Libertad Sindical.
En otras palabras: (i) las
recomendaciones, por regla general, no son normas creadoras de obligaciones
internacionales, sino meras directrices, guías o lineamientos que deben seguir
los Estados Partes en busca de condiciones dignas en el ámbito laboral de sus
países; y (ii) sólo las emitidas por el Comité de Libertad Sindical, una
vez aprobadas por el Consejo de Administración de la
Organización Internacional del Trabajo son vinculantes, pero las autoridades
nacionales conservan un margen de apreciación para determinar su compatibilidad
con el ordenamiento constitucional, y para la adopción de las medidas concretas
para hacerlas efectivas.
3.6.
CONTENIDO DE LAS
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ SINDICAL DE LA
OIT, APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3.6.2.     Los accionantes basan gran parte de su
argumentación en el contenido de las recomendaciones que expidiera el Comité de
Libertad Sindical, debidamente aprobadas por el Consejo de Administración, como
consecuencia de varias quejas presentadas por distintos sindicatos y
asociaciones de sindicatos de empresas colombianas por las reglas introducidas
en el Acto Legislativo 01 de 2005 en materia de vigencia de las reglas pensionales
contenidas en pactos y convenciones colectivas.
3.6.3.     El 15 de junio de 2005 la
Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones ATELCA, el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Interconexión Eléctrica S.A. SINTRAISA,
el Sindicato Nacional de Trabajadores de CHIVOR, SINTRACHIVOR y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de ISAGEN S.A. ESP SINTRAISAGEN, interpusieron ante el
Comité de Libertad Sindical de la OIT una queja contra el Acto Legislativo 01
de 2005.
El 28 de agosto de 2009, la
Asociación Nacional de Empleados del Banco de la
República ANEBRE coadyuvó ante el Comité Sindical de Libertad Sindical y la
Comisión la Comisión de Expertos en la
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
OIT la queja elevada contra el Acto Legislativo 01 de 2005. El Consejo de
Administración de la OIT aprobó la recomendación mediante el informe GB.301/8 y
desde ese mismo año y en forma consecutiva hasta el 2010 el Comité de Libertad
Sindical ha recomendado al gobierno colombiano que:
(i)
adopte las
medidas necesarias a fin de que los convenios colectivos que contienen
cláusulas sobre pensiones, cuya vigencia va más allá del 31 de julio de 2010,
mantengan sus efectos hasta su vencimiento; y
(ii)
que realice
consultas para encontrar una solución negociada aceptable para todas las partes
interesadas en el tema de las pensiones, asegurando que a través de la
negociación colectiva se pueden mejorar las prestaciones legales sobre
pensiones.
3.6.4.     Lo anterior, fue concluido por el Comité
tras argumentar, en primer lugar, que la negociación colectiva, en cuanto
manifestación de la autonomía de las partes en la negociación, es un aspecto
fundamental dentro de los principios de libertad sindical.
3.6.4.1.
En relación con
la primera recomendación,
aclara que si bien no tiene competencia en materia de seguridad social, la
nueva legislación tiene efectos tanto hacia el pasado como hacia el
futuro ya que establece que si bien son válidos los pactos, convenios o laudos
celebrados con anterioridad al Acto Legislativo que establezcan condiciones
pensionales, los mismos expirarán indefectiblemente el 31 de julio de 2010.
Al respecto afirma que una disposición jurídica que modifica unilateralmente el
contenido de los convenios colectivos firmados, o que exige su renegociación,
es contraria a los principios de la negociación colectiva así como al principio
de los derechos adquiridos por las partes.
Igualmente afirma que debe
tenerse en cuenta la realidad de la negociación colectiva, que implica un
proceso de concesiones mutuas y una certeza razonable de que se mantendrán los
compromisos negociados, al menos mientras dure el convenio, ya
que éste es resultado de compromisos contraídos por ambas partes sobre ciertas
cuestiones, y de la renuncia a determinadas exigencias de negociación con el
fin de obtener otros derechos considerados prioritarios por los sindicatos y
sus miembros. Si estos derechos, a cambio de los cuales se han hecho
concesiones en otros puntos, pueden cancelarse unilateralmente, no podría haber
ninguna expectativa razonable de estabilidad en las relaciones laborales, ni
confianza suficiente en los acuerdos negociados. Además, las partes
negociadoras son las mejor preparadas para evaluar las razones y determinar las
modalidades de las cláusulas relativas a las pensiones.
En estas condiciones, el
Comité concluye que los convenios anteriormente negociados deberían continuar
conservando todos sus efectos, incluidos los relativos a las cláusulas sobre
pensiones, hasta su fecha de vencimiento, aunque ésta sea después del 31
de julio de 2010.
3.6.4.2.
Para llegar a la
segunda recomendación, el
Comité comienza por explicar, en cuanto a los convenios celebrados después de
la entrada en vigor del Acto Legislativo, que un sistema generalizado de
pensiones, no va necesariamente en contra de la negociación colectiva. En
efecto, si bien el sistema general establece un estándar mínimo obligatorio
garantizado a la población en general, nada impediría establecer, por medio de
la negociación colectiva, un sistema complementario que venga a agregarse al
sistema general. El Comité estima que debe diferenciarse entre las empresas
privadas y el sector público. En el primer caso, el empleador negociará con el
sindicato el posible otorgamiento de una pensión complementaria, teniendo en
cuenta sus posibilidades y perspectivas económicas.
En cualquier caso, el Comité
considera que tanto en el sector privado como en el público, cualquier
limitación a la negociación colectiva por parte de las autoridades debería
estar precedida de consultas con las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, intentando buscar el acuerdo de ambas. En ese sentido, el Comité observa
que según los alegatos de los querellantes, la reforma introducida por el acto
legislativo se llevó a cabo a pesar de la oposición de los interlocutores
sociales.
En estas condiciones, pide al
Gobierno realizar de nuevo consultas detalladas con las partes interesadas
acerca de las jubilaciones y las pensiones, a fin de encontrar una solución
negociada aceptable para todas las partes, de conformidad con los convenios
sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados por Colombia.
3.7.
LA PRIMERA RECOMENDACIÓN DE LA
OIT ES COMPATIBLE CON EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005, AMBOS PROCURAN EL RESPETO
POR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LAS EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS.
3.7.2.     La primera recomendación que la
OIT dirige al gobierno colombiano consiste en que se mantengan hasta su
vencimiento los efectos de las convenciones y pactos colectivos cuyo término
haya sido fijado para una fecha posterior al 31 de julio de 2010. Esto es
exactamente lo que establece la primera parte del parágrafo transitorio tercero
cuando indica que " Las reglas de carácter pensional que rigen a la
fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones
colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se
mantendrán por el término inicialmente estipulado”. Lo anterior se
traduce en que el Acto Legislativo no está desconociendo los derechos adquiridos
en materia pensional derivados de pactos y convenciones colectivas. Y está
siguiendo lo establecido en el artículo 58 Superior, así como en la
jurisprudencia constitucional, especialmente lo señalado en la
Sentencia C-314 de 2004.
3.7.3.     De conformidad con la jurisprudencia
constitucional, los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado
definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha
adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de
quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran
plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no
consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la
adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos
sino meras expectativas[99].
En cuanto a su ámbito de
protección, la Corte ha dicho que, por disposición expresa del artículo 58
constitucional, los derechos adquiridos son intangibles, lo cual implica que no
pueden ser desconocidos por leyes posteriores, no obstante lo cual ésta pueda
modificar o, incluso, extinguir los derechos respecto de los cuales los
individuos tienen apenas una simple expectativa[100].
En ese mismo orden de ideas,
ha dicho la Corte:
“se vulneran los derechos adquiridos cuando
una ley afecta situaciones jurídicas consolidadas que dan origen a un derecho
de carácter subjetivo que ha ingresado, definitivamente, al patrimonio de una
persona. Sin embargo, si no se han producido las condiciones indicadas, lo que
existe es una mera expectativa que puede ser modificada o extinguida por el
legislador”[101].
La sentencia C-314 de 2004
establece que los derechos surgidos de pactos o convenciones colectivas
configuran derechos adquiridos. Así, señala:
“Ya que la convención colectiva de trabajo
es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible
afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella
es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que
dicha convención conserva su vigencia.”
3.7.4.     En hilo de lo expuesto, la
Sala observa que cuando la primera frase del parágrafo tercero señala que “se
mantendrán [las reglas de carácter pensional] por el término inicialmente
estipulado”, la Constitución protege dos situaciones: (i) la de
quienes tenían derechos adquiridos provenientes de pactos o convenciones
colectivas suscritas antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01de
2005; y (ii) la situación de quienes tenían una expectativa legítima de
acceder a la pensión, de acuerdo con las condiciones establecidas en pactos o
convenciones vigentes a la entrada en vigor del Acto Legislativo.
3.7.4.1.
Así, frente a la
primera de las situaciones, es preciso señalar que pueden considerarse derechos
adquiridos aquellos surgidos de las convenciones vigentes antes de la entrada
en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y a las que tengan acceso las
personas que cumplían los requisitos por ellas establecidos a la entrada en
vigencia del Acto Legislativo, si éstas continuaban vigentes para ese momento. Es
una situación jurídica consolidada claramente protegida por el parágrafo
tercero del Acto Legislativo pues establece que dichas condiciones se
mantendrán por el término pactado, es decir que quienes ya cumplían requisitos
para ese momento no se les puede negar el reconocimiento pensional si la fuente
del derecho (el pacto o la convención) continuaba rigiendo.
Frente a las anteriores
afirmaciones, es necesario traer a colación la
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, del 3 de abril de
2008[102],
que abordó el asunto de los derechos adquiridos frente a lo regulado en el Acto
Legislativo 01 de 2005[103]:
"El cargo somete a la consideración de
la Corte este problema jurídico: ¿en fuerza de los mandatos del Acto
Legislativo 01 de 2005, los derechos, los beneficios, las prerrogativas o las
condiciones, de estirpe pensional, legítimamente adquiridos al amparo de
convenciones colectivas, se extinguen definitivamente al perder éstas su
vigencia? Su solución demanda un examen ponderado, reflexivo y sensato de ese
acto reformatorio de la Carta.
(…)
Lo que si queda claro es el celo del
constituyente por salvaguardar los derechos adquiridos, esto es, aquellos que
han entrado en el patrimonio de las personas y que no les pueden ser
arrebatados o quebrantados por quien los creó o reconoció legítimamente.
Y ello tenía que ser así, en cuanto traduce
el respeto a la propia carga de principios y valores reflejados en la
Carta; concretamente, el Acto Legislativo puso a buen recaudo el valor de la
seguridad jurídica que permea el artículo 58, en cuanto garantiza la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
"los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores".
(…)
Entonces, la pérdida de vigencia de las
reglas de carácter pensional contenidas en convenciones colectivas de trabajo,
en pactos colectivos de trabajo, en laudos arbitrales y en acuerdos válidamente
celebrados, no comporta la pérdida de los derechos válidamente adquiridos
mientras esas reglas estuvieron en vigor.”
3.7.4.2.
Además, como se
indicó en precedencia, también con el parágrafo transitorio tercero se respeta
incluso la expectativa legítima de aquellos trabajadores que, si bien no
cumplían requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, sí se
encontraban cobijados por pactos o convenciones colectivas celebradas antes del
29 de julio de 2005 y con fecha de vencimiento posterior al año 2005 o,
incluso, al 31 de julio de 2010 fecha límite fijada por el constituyente. Éstos
tenían una legítima expectativa de ser pensionados de acuerdo a las reglas del
pacto o convención colectiva que firmaron mientras continuara vigente, y
así lo reconoce la norma constitucional al establecer que seguirán rigiendo
hasta el término de su vencimiento.
Esto es justamente lo que
está recomendando el Comité Sindical de la
OIT, que las pensiones convencionales que contengan reglas de carácter
pensional mantengan sus efectos hasta la fecha de su vencimiento. En últimas,
que se respeten los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, que es lo
mismo que garantiza el Acto Legislativo 01 de 2005 tanto en el Parágrafo
transitorio segundo como en el tercero, en los que establece una regla para
derechos adquiridos y también una regla de transición para garantizar que se
satisfagan las expectativas legítimas de pensión.
Y todo lo anterior, garantiza
también la protección de la negociación colectiva en cuanto no ignora lo hasta
ese momento negociado y decidido en un contexto de libertad sindical.
3.7.5.     Con relación a la segunda parte de este
parágrafo transitorio: “En los pactos, convenciones o laudos que se
suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010,
no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se
encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio
de 2010” la Constitución también
protege las expectativas de aquellos que cumplieron los requisitos para acceder
a la prestación convencional entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de
2010, como consecuencia de las prórrogas de aquellas convenciones que se
encontraban vigentes antes de la entrada en rigor del Acto Legislativo.
Prórrogas que conservarán los mismos beneficios que venían rigiendo, teniendo
en cuenta la prohibición de pactar condiciones más favorables.
En estos eventos, teniendo en cuenta que por
virtud del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo[104] las
convenciones colectivas podrán prorrogarse automáticamente cada seis meses
cuando sesenta días antes de su vencimiento las partes no manifiestan su
voluntad expresa de terminarlas, existiría la expectativa legítima de
pensionarse incluso cuando los requisitos no se cumplen antes del término
inicialmente pactado sino también después de él por la acostumbrada renovación
sucesiva de los pactos y convenciones.
Sin embargo, teniendo en
cuenta el imperativo que contempla el Acto Legislativo, relacionado con la
expiración de toda regla pensional distinta a las consagradas en el sistema
general de pensiones el 31 de julio de 2010, todas las prórrogas que se
produzcan de manera automática con posterioridad al 29 de julio de 2005,
quedarán sin efectos inexcusablemente en la fecha límite estipulada en el
artículo 48 Superior. Es decir, si una regla pensional se consignó en una
convención con fecha de vencimiento de febrero de 2003, se fue renovando
automáticamente cada seis meses, la última renovación expira el 31 de julio de
2010, con independencia de que al contabilizar los seis meses, éstos finalicen
en una fecha posterior.
Bajo ese entendido, este
parágrafo transitorio sólo protegería los derechos y expectativas de aquellos
que cumplen los requisitos para acceder a las pensiones convencionales
contempladas, entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010. Por el
contrario, no podría constituir una expectativa legítima la de aquel trabajador
que, en virtud de una renovación automática de la convención, que, sin la
citada prohibición vencería con posterioridad al 31 de julio de 2010, adquirió
su derecho después de dicho límite.
Lo anterior, por cuanto una
vez empezó a regir el Acto Legislativo como norma constitucional que es, el
artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo debe ser interpretado conforme a
la Constitución Política, entonces, la sucesiva prórroga automática de los
pactos y convenciones colectivas –específicamente las reglas de carácter
pensional en ellas contenidas – no podía seguir dándose después del 31 de julio
de 2010. Es insostenible dentro de un Estado constitucional que una norma de
rango legal pueda prevalecer frente a una de superior jerarquía.
De manera que, con base en el
principio de supremacía constitucional que conlleva al de interpretación
conforme a la Constitución y al de eficacia de la misma, es posible concluir
que quienes pretendan el reconocimiento de la pensión de jubilación de acuerdo
con una convención colectiva cuyo término inicialmente pactado es anterior a
julio de 2005 pero que se renovó automáticamente durante varios años
consecutivos por seis meses, sólo tendrían derecho a pensionarse si adquieren
su derecho antes del 31 de julio de 2010.
3.7.6.      Ahora bien, no podría pensarse que
configura ni siquiera una mera expectativa ni mucho menos un derecho adquirido,
aquella situación que surja después de la fecha límite señalada en el Acto
Legislativo, pues en ese caso no existen expectativas de pensión especial
cuando a su entrada en vigencia, el mandato constitucional es claro en que después
del 31 de julio de 2010 no existirán reglas diferentes a las de las leyes del
Sistema General de Pensiones.
Lo anterior, sin perjuicio de lo consagrado para el régimen de transición de
las pensiones legales, en el parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo.
Una vez entra en vigencia el
Acto Legislativo 01 de 2005, que es una norma constitucional, quienes ejerzan
la negociación colectiva tienen claro que existe un mandato de rango
constitucional que no permite la inclusión de reglas de carácter pensional
distintas a las de las leyes generales de pensiones.
3.7.7.      De manera que la primera recomendación de la
OIT no cobija: (i) a los trabajadores que soliciten pensiones
consagradas en nuevos pactos o convenciones celebrados después de la
entrada en vigencia del Acto Legislativo; o, (ii) a aquellos que cumplen
los requisitos para acceder a la prestación convencional con
posterioridad al 31 de julio de 2010, pues no pueden alegar que
esperaban recibir pensiones especiales en la medida que para ese momento ya se
encontraban vigentes las nuevas reglas constitucionales, por lo tanto sería
menos que una expectativa.
A continuación, se resolverán
los problemas jurídicos que se presentan en cada uno de los casos concretos
sometidos a consideración de esta Sala Plena.
4.
ANÁLISIS DE LOS
CASOS CONCRETOS
Para el estudio de los casos sometidos a
consideración de esta Corte, es decir, para determinar si los accionantes, en
virtud de la interpretación que realizan de la recomendación de la
OIT respecto del Acto Legislativo 01 de 2005, tienen derechos adquiridos de
conformidad con los pactos o convenciones celebradas por sus empleadores o si
por el contrario, no se evidencia ni siquiera una mera expectativa, se tendrán
en cuenta las reglas fijadas en el punto anterior de esta providencia.
Bajo ese entendido, para esta Sala Plena:
a)
Se considerarán
derechos adquiridos, aquellos surgidos de las convenciones vigentes antes de la
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y, a las que tengan acceso
las personas que cumplían los requisitos para esa misma época.
b)
Se considerarán
expectativas legítimas las de aquellos trabajadores que cumplieron los
requisitos durante las prórrogas automáticas de las convenciones (vigentes, es
decir, cuyos términos iniciales no se vencieron a la entrada en vigencia del
acto legislativo) que se realizaron entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de
julio de 2010.
c)
Finalmente, no se
tendrá, ni siquiera como una mera expectativa, aquella situación que surja
después de la fecha límite señalada en el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es,
el 31 de julio de 2010.
4.1.
EXPEDIENTE
T-3.052.705. MARÍA CRISTINA OCHOA MENDIGAÑA CONTRA EL BANCO DE LA
REPÚBLICA
4.1.1. Teniendo en cuenta que en el año 2010, antes de la
interposición de la acción que ocupa la atención de la
Corte, la peticionaria había presentado otra tutela contra el Banco de la
República, la Corte, previo al estudio del derecho pensional convencional
analizará si existe o no temeridad en el ejercicio de la presente acción.
De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, cuando una persona o su
representante presente una misma acción de tutela ante varios jueces o
tribunales, sin que exista un motivo expresamente justificado, se rechazarán o
resolverán desfavorablemente las solicitudes.
Bajo ese entendido, se
considera temerario el ejercicio de la acción cuando el peticionario acude en
más de una oportunidad ante el aparato judicial del Estado con el fin de
exponer un mismo caso y con iguales pretensiones, y, además, cuando la tutela
se interpone sin motivo expresamente justificado. En esos eventos la
consecuencia es el rechazo o la decisión desfavorable.[105]
Lo anterior encuentra
fundamento en los artículos 83 y 95 de la
Carta Política, que establecen que las actuaciones de los particulares y de
las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe y que,
dentro de los deberes de las personas, está el de respetar los derechos ajenos
y no abusar de los propios. No le es dable a los peticionarios abusar del
ejercicio de la acción, pues -tal como ha señalado la
Corte- “el abuso desmedido e irracional del recurso judicial, para efectos
de obtener múltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un
perjuicio para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total
de la administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje,
derivado de la repetición de casos idénticos necesariamente implica una pérdida
directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender los
requerimientos del resto de la sociedad civil”.[106]
Para establecer si una tutela
es temeraria, es decir, que existe identidad de hechos, partes, y pretensiones,
el juez constitucional debe realizar un examen detallado de los procesos de
tutela correspondientes, de las circunstancias o hechos nuevos que puedan
advertirse e inclusive, analizar el contenido de los fallos judiciales
proferidos dentro de la acción de tutela anterior.
En diferentes
pronunciamientos esta Corporación se ha manifestado acerca de la inexistencia
de temeridad cuando los hechos, las pretensiones o los derechos invocados en la
nueva acción de tutela no son idénticos.
En la sentencia T-1034 de
2005[107],
esta Corte estudió el caso de una persona que instauró acción de tutela en
contra del Banco Granahorrar, por considerar que dicha entidad había vulnerado
su derecho al debido proceso, al reversar unilateralmente la decisión de
reconocimiento del pago total de la obligación de un crédito hipotecario, obligación
que había sido objeto del alivio previsto en la
Ley 546 de 1999.
En aquella oportunidad, al
existir dos acciones de tutela contra la misma entidad por parte de la
accionante, se analizó si existía o no temeridad. En dicho momento concluyó
esta Corporación que la tutelante no había incurrido en temeridad, ya que es
necesario que medie una actuación de mala fe o una intención de burlar la
justicia para que se dé un actuar temerario. Además, la peticionaria puso de
presente en su escrito de amparo la existencia de la anterior acción de tutela
y adujo que si bien se trataba de los mismos hechos, los derechos eran
distintos.  De igual forma indicó:
“[…] es posible que, luego
de presentada una acción de tutela en donde se exponen unos hechos y derechos
concretos, con posterioridad pueda presentarse otra por el mismo solicitante y
con base en similares hechos y derechos, pero con la connotación de que han
surgido elementos nuevos o adicionales que varían sustancialmente la situación
inicial. En esos casos sí es procedente la acción y no podría ser catalogada
como temeraria
Así, la justificación para
la interposición de una nueva demanda puede derivarse de la presencia de nuevas
circunstancias fácticas o jurídicas, o del hecho de que la jurisdicción
constitucional al conocer de la primera acción no se pronunció sobre la real
pretensión del accionante. Es más, un hecho nuevo puede ser, y así lo ha
considerado la Corte, la consagración de una doctrina constitucional que
reconoce la violación de derechos fundamentales en casos similares […]”
Posteriormente, mediante
Sentencias como la T-515[108]
y la T-507 de 2011[109],
la Corte Constitucional con la finalidad de esclarecer las actuaciones
temerarias dentro del ejercicio de la acción de tutela y partiendo de la
presunción de buena fe del accionante, enfatizó en los elementos que configuran
la existencia de temeridad. En dicha ocasión, concluyó que dichos elementos
deben hacerse evidentes en el análisis de cada caso en concreto, toda vez que, “[L]a
conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser
inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando asuntos meramente
formales”[110],
razón por la cual, requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo
de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso.
De igual forma, indicó que no
es suficiente con el cumplimiento formal de los elementos, sino que se hace
necesario, constatar las particularidades del caso y la condición especial del
gestor específico de cada amparo, para determinar si una actuación se erige o
no como temeraria y si es necesaria la imposición de sanciones[111].
En ese contexto, se resalta
el caso resuelto por la Sentencia T-718 de 2011[112], ocasión en
que la Corte fue clara en afirmar que la actuación temeraria solo se predica en
aquellos casos en que exista duplicidad de acciones de tutela con identidad de
sujetos, hechos y pretensiones, y cuando por lo menos una de ellas haya sido
resuelta de fondo por el juez constitucional configurando el fenómeno de la
cosa juzgada.
En síntesis, esta Corte ha
sido reiterativa al indicar que no existe temeridad cuando una misma persona
interpone acción de tutela contra el mismo accionado por: (i) hechos o
pretensiones diferentes a las planteadas en la tutela inicial, o (ii) por
el surgimiento de elementos nuevos o adicionales que varían sustancialmente la
situación inicial. Así mismo, ha señalado que no basta con el cumplimiento de
los elementos que configuran la acción temeraria, sino que se debe estudiar
cada caso en particular, para concluir si existe o no un actuar temerario.
Ahora, en el presente caso se
advierte lo siguiente:
En el año 2010, la accionante
junto a otro grupo de personas, interpuso acción de tutela contra el Banco de la
República con el fin de solicitar el reconocimiento de la pensión
convencional, a la que consideró, tenía derecho, luego de completar 20 años de
servicios y la edad requerida. En dicha oportunidad, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca[113]
negó por improcedente la acción al considerar que no se evidenciaba un
perjuicio irremediable que impidiera que la actora acudiera a la jurisdicción
ordinaria. Esta decisión fue confirmada por la
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado.
En esta ocasión, aunque la
acción se dirige contra la misma entidad financiera, la accionante pretende el
cumplimiento de la recomendación del Consejo de Administración de la
OIT, con relación al Acto Legislativo 01 de 2005.
De conformidad con lo
anterior y después de examinar los fallos emitidos por las autoridades
judiciales en la tutela reseñada, se concluye que la peticionaria no actuó de
mala fe pues a pesar de que los hechos expuestos en ambas tutelas son
similares, la pretensión en la nueva acción es diferente, razón por la que
existe un motivo justificado para su presentación.
Adicionalmente, se observa
que los jueces constitucionales en la primera oportunidad no se pronunciaron
sobre la posibilidad de acudir a este mecanismo para solicitar el cumplimiento
de la recomendación ahora invocada.
En consecuencia, para la
Corte la demandante no incurrió en temeridad en el uso del mecanismo de
protección de los derechos fundamentales, ya que es necesario que medie una
actuación de mala fe o una intención de burlar la justicia para que se dé un
actuar temerario, lo cual se echa de menos en el presente caso.
4.1.2. De otra parte, con relación a la pretensión de la accionante,
la Sala encuentra lo siguiente:
El Banco de la
República y la Asociación Nacional de Empleados de dicha entidad financiera,
celebraron convención colectiva de trabajo el 23 de noviembre de 1997.
Dicha convención, tal como lo
resalta la accionante en su escrito de tutela, no fue denunciada por las partes
y se prorrogó automáticamente de conformidad con el artículo 478 del CST, por
periodos sucesivos de 6 meses. Sin embargo, como se explicó en el acápite
pertinente,[114]
los acuerdos en materia pensional, extralegales, perdieron vigencia con la
expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, que a partir del 31 de
julio de 2010, en este punto en particular, no operaría la mencionada prórroga.
En consecuencia, las reglas
pensionales convencionales estuvieron vigentes hasta el 31 de julio de 2010,[115]
fecha de expiración de la última prórroga automática de la cláusula 20 de la
convención, toda vez que el mandato constitucional es claro al eliminar
cualquier derecho distinto a las contenidos en las leyes generales de
pensiones.
La accionante María Cristina
Ochoa Mendigaña solicitó, el 19 de octubre de 2010, el reconocimiento de
la pensión establecida en el artículo 20 de la citada convención colectiva de
trabajo. El 26 de octubre de 2010, la entidad financiera negó el reconocimiento
por considerar que en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, la convención no
se encontraba vigente.
De acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente, la peticionaria ingresó a trabajar a la entidad
accionada el 1 de octubre de 1985 y cumplió los requisitos para acceder
a la pensión convencional, es decir, los 25 años de servicio, el 30 de
septiembre de 2010. Fecha para la cual ya no se encontraba vigente la
citada convención, en lo que tiene que ver con las reglas de carácter pensional
señaladas en la cláusula 20.[116]
Así las cosas, de conformidad
con lo expuesto en párrafos precedentes y con las reglas planteadas al inicio
de este punto, para esta Sala la señora María Cristina Ochoa Mendigaña no cuenta
con un derecho adquirido ni con una expectativa legítima, en la medida que para
el 31 de julio de 2010 tenía 24 años y nueve meses de servicio y
en la fecha en que reunió los requisitos convencionales (30 de septiembre de
2010), la cláusula relacionada con la prestación social se encontraba sin
vigencia, en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Conforme a lo anterior, se
negará el amparo solicitado y se revocará, por las razones ya indicadas, la
decisión objeto de revisión, proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de fecha 5 de abril de
2011, que confirmó la providencia de 18 de marzo de 2011 del Tribunal Superior
de Bogotá.
4.2.
EXPEDIENTE
T-3.082.235. MARCELIANO RAMÍREZ YAÑEZ CONTRA EL BANCO DE LA
REPÚBLICA
Con relación a la pretensión
del actor, la Sala encuentra lo siguiente:
El Banco de la
República y la Asociación Nacional de Empleados de dicha entidad financiera,
celebraron convención colectiva de trabajo el 23 de noviembre de 1997.
Dicha convención, tal como lo
resalta el actor en su escrito de tutela, no fue denunciada por las partes y se
prorrogó automáticamente de conformidad con el artículo 478 del CST, por
periodos sucesivos de 6 meses. Sin embargo, como se explicó en el acápite
pertinente,[117]
los acuerdos en materia pensional, extralegales, perdieron vigencia con la
expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, que a partir del 31 de
julio de 2010, en este punto en particular, no operaría la mencionada prórroga.
En consecuencia, las reglas
pensionales convencionales estuvieron vigentes hasta el 31 de julio de 2010,[118]
fecha de expiración de la última prórroga automática de la cláusula 18 de la
convención, toda vez que el mandato constitucional es claro al eliminar
cualquier derecho distinto a las contenidos en las leyes generales de
pensiones.
El señor Marceliano Ramírez
Yañez solicitó el reconocimiento de la pensión establecida en el artículo 18[119]
de la convención colectiva de trabajo mencionada. El 1 de febrero de 2011, la
entidad financiera negó el reconocimiento por considerar que en virtud del Acto
Legislativo 01 de 2005, la convención no se encontraba vigente.
De acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente, el petente nació el 29 de septiembre de 1955,
ingresó a trabajar en la entidad accionada el 8 de noviembre de 1988 y
cumplió los requisitos para acceder a la pensión convencional, es decir, los 20
años de servicio y 55 años de edad, el 29 de septiembre de 2010. Fecha
para la cual ya no se encontraba vigente la citada convención, en lo que tiene
que ver con las reglas de carácter pensional señaladas en la cláusula 18.
Así las cosas, de conformidad
con lo expuesto en párrafos precedentes y con las reglas planteadas al inicio
de este punto, para esta Sala el señor Marceliano Ramírez Yañez no cuenta con
un derecho adquirido ni con una expectativa legítima, en la medida que para el 31
de julio de 2010, tenía 21 años y 8 meses de servicio y 54 años y 10
meses de edad y, para la fecha en que reunió los requisitos convencionales
la cláusula relacionada con la prestación social se encontraba sin vigencia, en
virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Conforme a lo anterior, se
negará el amparo solicitado y se revocará, por las razones ya indicadas, la
decisión objeto de revisión, proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de fecha 10 de mayo de 2011,
que confirmó la providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el
13 de abril de 2011.
4.3.
EXPEDIENTE
T-3.149.088. JORGE OMAR NIETO MORA CONTRA LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. – ETB –
En el presente caso, frente a
la pretensión del actor la Sala encuentra lo siguiente:
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB y
ATELCA, suscribieron la recopilación de convenciones colectivas de trabajo el 1
de marzo de 1996.
De acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente, el último acuerdo convencional suscrito por las
partes se suscribió el 20 de mayo de 2009, con vigencia para los años,
2009, 2010 y 2012. En dicho documento, no se denunció la cláusula sobre pensión
de jubilación, por lo que se entendió prorrogada, la regla que venía vigente en
la convención anterior.
El actor Jorge Omar Nieto
Mora solicitó a la ETB, el reconocimiento de la pensión establecida en el
artículo 25[120]
de la recopilación de convenciones colectivas de trabajo referida, por
considerar que cumplía los requisitos allí exigidos. El 3 de mayo de 2011, la
entidad negó el reconocimiento por considerar que en virtud del Acto
Legislativo 01 de 2005, la disposición convencional no se encontraba vigente.
De conformidad con las
pruebas obrantes en el expediente, el peticionario ingresó a trabajar (i) del 16
de julio de 1985 al 15 de julio de 1987 mediante contrato de aprendizaje;
(ii) dicho contrato fue debidamente liquidado y se cancelaron las prestaciones
sociales causadas a su favor, tal como se observa en la
Resolución No. 2074 del 23 de septiembre de 1987; (iii) posteriormente, se
vinculó mediante contrato indefinido el 3 de noviembre de 1987. De
manera que, teniendo en cuenta el tiempo en que su vinculación estuvo
interrumpida, cumplió los requisitos para acceder a la pensión convencional, es
decir, los 25 años de servicio, el 3 de noviembre de 2010.
Bajo ese entendido y de
acuerdo con lo expuesto en el acápite pertinente,[121] para el 3 de
noviembre de 2010, fecha en que el señor Nieto Mora cumplió los requisitos
señalados en el artículo 25, dicha cláusula ya no se encontraba en vigor.
En efecto, cuando se
suscribió el acuerdo el 20 de mayo de 2009, ya estaba vigente el Acto
Legislativo 01 de 2005, el cual, en el parágrafo 2, prohíbe expresamente que se
consagren beneficios distintos a los establecidos en la
Ley General de Pensiones.
No obstante, como el
parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo señala que “en los pactos o
convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo
y el 31 de julio de 2012, no podrán estipularse condiciones pensionales más
favorables que las que se encuentren actualmente vigentes”, las reglas
pensionales convencionales estuvieron vigentes hasta el 31 de julio de 2010,[122]
fecha de expiración de la última prórroga automática de la citada cláusula 25.
Así las cosas, de conformidad
con lo expuesto en párrafos precedentes y con las reglas planteadas al inicio
de este punto, para esta Sala el señor Jorge Omar Nieto Mora no cuenta con un
derecho adquirido ni con una expectativa legítima, en la medida que para el 31
de julio de 2010 tenía 24 años y 8 meses de servicio y para la fecha
en que reunió los requisitos convencionales, se repite, la cláusula relacionada
con la prestación social se encontraba sin vigencia.
Conforme a lo anterior, se
negará el amparo solicitado y se revocará, por las razones ya indicadas, la
decisión objeto de revisión, proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito
de Bogotá de fecha 30 de junio de 2011, que confirmó la providencia dictada por
el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bogotá el 17 de junio de 2011.
4.4.
EXPEDIENTE
T-3.186.139. JOHN GENOY MURILLO CONTRA LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. – ETB –
En el presente caso, frente a
la pretensión del actor la Sala encuentra lo siguiente:
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB y
ATELCA, suscribieron la recopilación de convenciones colectivas de trabajo el 1
de marzo de 1996.
De acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente, el último acuerdo convencional suscrito por la
ETB y ATELCA se suscribió el 20 de mayo de 2009, con vigencia para los años,
2009, 2010 y 2012. En dicho documento, no se denunció la cláusula sobre pensión
de jubilación por lo que se entendió prorrogada, la regla que venía vigente en
la convención anterior.
El actor John Genoy Murillo
solicitó a la ETB, el reconocimiento de la pensión establecida en el artículo
25[123]
de la recopilación de convenciones colectivas de referida, por considerar que
cumplía los requisitos allí exigidos. El 3 de mayo de 2011, la entidad negó el
reconocimiento por considerar que en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, la
disposición convencional no se encontraba vigente.
De conformidad con las
pruebas obrantes en el expediente, el peticionario ingresó a trabajar (i) del 16
de julio de 1985 al 15 de julio de 1987 mediante contrato de aprendizaje;
(ii) dicho contrato fue debidamente liquidado y se cancelaron las prestaciones
sociales causadas a su favor, tal como se observa en la
Resolución No. 20099 del 28 de septiembre de 1987; (iii) posteriormente, se
vinculó mediante contrato indefinido el 4 de noviembre de 1987. De
manera que, teniendo en cuenta el tiempo en que su vinculación estuvo
interrumpida, cumplió los requisitos para acceder a la pensión convencional, es
decir, los 25 años de servicio, el 4 de noviembre de 2010.
Bajo ese entendido y de
acuerdo con lo expuesto en el acápite pertinente,[124] para el 4 de
noviembre de 2010, fecha en que el señor Murillo cumplió los requisitos
señalados en el artículo 25, dicha cláusula ya no se encontraba vigente.
En efecto, cuando se
suscribió el acuerdo el 20 de mayo de 2009, ya estaba vigente el Acto
Legislativo 01 de 2005, el cual, en el parágrafo 2, prohíbe expresamente que se
consagren beneficios distintos a los establecidos en la
Ley General de Pensiones.
No obstante, como el
parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo señala que “en los pactos o
convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto
legislativo y el 31 de julio de 2012, no podrán estipularse condiciones
pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes”,
las reglas pensionales convencionales estuvieron vigentes hasta el 31 de
julio de 2010,[125]
fecha de expiración de la última prórroga automática de la citada cláusula 25.
Así las cosas, de conformidad
con lo expuesto en párrafos precedentes y con las reglas planteadas al inicio
de este punto, para esta Sala el señor John Genoy Murillo no cuenta con un
derecho adquirido ni con una expectativa legítima, en la medida que para el 31
de julio de 2010 tenía 24 años y 8 meses de servicio y para la fecha
en que reunió los requisitos convencionales la cláusula relacionada con la
prestación social se encontraba sin vigencia.
Conforme a lo anterior, se
negará el amparo solicitado y se revocará, por las razones ya indicadas, la
decisión objeto de revisión, proferida por el Juzgado Veintisiete Civil del
Circuito de Bogotá de fecha 26 de julio de 2011, que confirmó la providencia
del 20 de junio de 2011 dictada por el Juzgado Veintidós Civil Municipal de
Bogotá.
4.5.
EXPEDIENTE
T-3.188.267. MARIO EDUARDO INFANTE BONILLA CONTRA LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. – ETB –
Frente a la pretensión del
actor, la Sala encuentra lo siguiente:
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB y
ATELCA, suscribieron la recopilación de convenciones colectivas de trabajo el 1
de marzo de 1996.
De acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente, el último acuerdo convencional suscrito por la
ETB y ATELCA se suscribió el 20 de mayo de 2009, con vigencia para los años,
2009, 2010 y 2012. En dicho documento, no se denunció la cláusula sobre pensión
de jubilación por lo que se entendió prorrogada, la regla que venía vigente en
la convención anterior.
El actor Mario Infante
Bonilla solicitó a la ETB, el reconocimiento de la pensión establecida en el artículo
25[126]
de la recopilación de convenciones colectivas de trabajo referida, por
considerar que cumplía los requisitos allí exigidos. El 3 de mayo de 2011, la
entidad negó el reconocimiento por considerar que en virtud del Acto
Legislativo 01 de 2005, la disposición convencional no se encontraba vigente.
De conformidad con las
pruebas obrantes en el expediente, el peticionario ingresó a trabajar (i) del 16
de julio de 1985 al 15 de julio de 1987 mediante contrato de aprendizaje;
(ii) dicho contrato fue debidamente liquidado y se cancelaron las prestaciones
sociales causadas a su favor, tal como se observa en la
Resolución No. 1985 del 16 de septiembre de 1987; (iii) posteriormente, se
vinculó mediante contrato indefinido el 19 de octubre de 1987. De manera
que, teniendo en cuenta el tiempo en que su vinculación estuvo interrumpida, cumplió
los requisitos para acceder a la pensión convencional, es decir, los 25 años de
servicio, el 16 de octubre de 2010.
Bajo ese entendido y de
acuerdo con lo expuesto en el acápite pertinente,[127] para el 19 de
octubre de 2010, fecha en que el señor Infante Bonilla cumplió los requisitos
señalados en el artículo 25, dicha cláusula ya no se encontraba vigente.
En efecto, cuando se
suscribió el acuerdo el 20 de mayo de 2009, ya estaba vigente el Acto
Legislativo 01 de 2005, el cual, en el parágrafo 2, prohíbe expresamente que se
consagren beneficios distintos a los establecidos en la
Ley General de Pensiones.
No obstante, como el
parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo señala que “en los pactos o
convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto
legislativo y el 31 de julio de 2012, no podrán estipularse condiciones
pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes”,
las reglas pensionales convencionales estuvieron vigentes hasta el 31 de
julio de 2010,[128]
fecha de expiración de la última prórroga automática de la citada cláusula 25.
Así las cosas, de conformidad
con lo expuesto en párrafos precedentes y con las reglas planteadas al inicio
de este punto, para esta Sala el señor Mario Eduardo Infante Bonilla no cuenta
con un derecho adquirido ni con una expectativa legítima, en la medida que para
el 31 de julio de 2010 tenía 24 años y 9 meses de servicio y para
la fecha en que reunió los requisitos convencionales la cláusula relacionada
con la prestación social se encontraba sin vigencia.
Conforme a lo anterior, se
negará el amparo solicitado y se revocará, por las razones ya indicadas, la
decisión objeto de revisión, proferida por el Juzgado Diecinueve Civil del
Circuito de Bogotá de fecha 25 de julio de 2011, que confirmó la providencia
del 22 de junio dictada por el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá.
4.6.
EXPEDIENTE T-3.188.131.
ALBERTO RIVERA ARÉVALO CONTRA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.
E.S.P. – ETB –
Frente a la pretensión del
actor, la Sala encuentra lo siguiente:
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB y
ATELCA, suscribieron la recopilación de convenciones colectivas de trabajo el 1
de marzo de 1996.
De acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente, el último acuerdo convencional suscrito por la
ETB y ATELCA se suscribió el 20 de mayo de 2009, con vigencia para los años,
2009, 2010 y 2012. En dicho documento, no se denunció la cláusula sobre pensión
de jubilación por lo que se entendió prorrogada, la regla que venía vigente en
la convención anterior.
El actor Alberto Rivera
Arévalo solicitó a la ETB, el reconocimiento de la pensión establecida en el
artículo 25[129]
de la recopilación de convenciones colectivas de trabajo referida, por
considerar que cumplía los requisitos allí exigidos. El 3 de mayo de 2011, la
entidad negó el reconocimiento por considerar que en virtud del Acto
Legislativo 01 de 2005, la disposición convencional no se encontraba vigente.
De conformidad con las
pruebas obrantes en el expediente, el peticionario ingresó a trabajar (i) del 16
de julio de 1985 al 15 de julio de 1987 mediante contrato de aprendizaje;
(ii) dicho contrato fue debidamente liquidado y se cancelaron las prestaciones
sociales causadas a su favor, tal como se observa en la
Resolución No. 2081 del 25 de septiembre de 1987; (iii) posteriormente, se
vinculó mediante contrato indefinido el 14 de septiembre de 1987; (iv)
en todo el tiempo de vinculación solicitó 3 días de licencia no
remunerada. De manera que, teniendo en cuenta el tiempo en que su vinculación
estuvo interrumpida, cumplió los requisitos para acceder a la pensión
convencional, es decir, los 25 años de servicio, el 17 de septiembre de
2010.
Bajo ese entendido y de
acuerdo con lo expuesto en el acápite pertinente,[130] para el 17 de
septiembre de 2010, fecha en que el señor Rivera Arévalo cumplió los requisitos
señalados en el artículo 25, dicha cláusula ya no se encontraba vigente.
En efecto, cuando se
suscribió el acuerdo el 20 de mayo de 2009, ya estaba vigente el Acto
Legislativo 01 de 2005, el cual, en el parágrafo 2, prohíbe expresamente que se
consagren beneficios distintos a los establecidos en la
Ley General de Pensiones.
No obstante, como el
parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo señala que “en los pactos o
convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto
legislativo y el 31 de julio de 2012, no podrán estipularse condiciones
pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes”,
las reglas pensionales convencionales estuvieron vigentes hasta el 31 de
julio de 2010,[131]
fecha de expiración de la última prórroga automática de la citada cláusula 25.
Así las cosas, de conformidad
con lo expuesto en párrafos precedentes y con las reglas planteadas al inicio
de este punto, para esta Sala el señor Alberto Rivera Arévalo no cuenta con un
derecho adquirido ni con una expectativa legítima, en la medida que para el 31
de julio de 2010 tenía 24 años y 10 meses de servicio y para la
fecha en que reunió los requisitos convencionales la cláusula relacionada con
la prestación social se encontraba sin vigencia.
Conforme a lo anterior, se
negará el amparo solicitado y se revocará, por las razones ya indicadas, la
decisión objeto de revisión, proferida por el Juzgado Veintiuno Civil del
Circuito de Bogotá, de fecha 10 de agosto de 2011, que confirmó la providencia
dictada el 21 de junio por el Juzgado Treinta Civil Municipal de Bogotá.
4.7.
EXPEDIENTE
T-3.239.357. YOLANDA MORENO RIVERA CONTRA LA
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. – ETB –
Frente a la pretensión de la
accionante, la Sala encuentra lo siguiente:
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB y
ATELCA, suscribieron la recopilación de convenciones colectivas de trabajo el 1
de marzo de 1996.
De acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente, el último acuerdo convencional suscrito por la
ETB y ATELCA se suscribió el 20 de mayo de 2009, con vigencia para los años,
2009, 2010 y 2012. En dicho documento, no se denunció la cláusula sobre pensión
de jubilación por lo que se entendió prorrogada, la regla que venía vigente en
la convención anterior.
La petente Yolanda Moreno
Rivera solicitó a la ETB, el reconocimiento de la pensión establecida en el
artículo 25[132]
de la recopilación de convenciones colectivas de trabajo referida, por
considerar que cumplía los requisitos allí exigidos. El 3 de mayo de 2011, la
entidad negó el reconocimiento por considerar que en virtud del Acto
Legislativo 01 de 2005, la disposición convencional no se encontraba vigente.
De conformidad con las
pruebas obrantes en el expediente, el peticionario ingresó a trabajar (i) del 16
de julio de 1985 al 15 de julio de 1987 mediante contrato de aprendizaje;
(ii) dicho contrato fue debidamente liquidado y se cancelaron las prestaciones
sociales causadas a su favor, tal como se observa en la
Resolución No. 2073 del 23 de septiembre de 1987; (iii) posteriormente, se
vinculó mediante contrato indefinido el 19 de noviembre de 1987; (iv) en
todo el tiempo de vinculación solicitó 11 días de licencia no
remunerada. De manera que, teniendo en cuenta el tiempo en que su vinculación
estuvo interrumpida, cumplió los requisitos para acceder a la pensión
convencional, es decir, los 25 años de servicio, el 30 de noviembre de 2010.
Bajo ese entendido y de
acuerdo con lo expuesto en el acápite pertinente,[133] para el 30 de
noviembre de 2010, fecha en que la señora Moreno Rivera cumplió los requisitos
señalados en el artículo 25, dicha cláusula ya no se encontraba vigente.
En efecto, cuando se
suscribió el acuerdo el 20 de mayo de 2009, ya estaba vigente el Acto
Legislativo 01 de 2005, el cual, en el parágrafo 2, prohíbe expresamente que se
consagren beneficios distintos a los establecidos en la
Ley General de Pensiones.
No obstante, como el
parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo señala que “en los pactos o
convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo
y el 31 de julio de 2012, no podrán estipularse condiciones pensionales más
favorables que las que se encuentren actualmente vigentes”, las reglas
pensionales convencionales estuvieron vigentes hasta el 31 de julio de 2010,[134]
fecha de expiración de la última prórroga automática de la citada cláusula 25.
Así las cosas, de conformidad
con lo expuesto en párrafos precedentes y con las reglas planteadas al inicio
de este punto, para esta Sala la señora Yolanda Moreno Rivera no cuenta con un
derecho adquirido ni con una expectativa legítima, en la medida que para el 31
de julio de 2010 tenía 24 años y 8 meses de servicio y para la fecha
en que reunió los requisitos convencionales la cláusula relacionada con la
prestación social se encontraba sin vigencia.
Conforme a lo anterior, se
negará el amparo solicitado y se revocará, por las razones ya indicadas, la
decisión objeto de revisión, proferida por el Juzgado Treinta y seis Civil del
Circuito de Bogotá de y 18 de agosto de 2011, que confirmó la providencia
dictada por el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bogotá el 8 de julio de
2011.
4.8.
EXPEDIENTE
T-3.177.642. JOSÉ FERNANDO PABÓN SALCEDO CONTRA ECOPETROL S.A.
En el presente caso, la
Sala encuentra lo siguiente:
ECOPETROL S.A. y la
USO suscribieron una convención colectiva de trabajo el 7 de julio de 2006,
con vigencia contada a partir del 9 de junio de 2006 hasta el 9 de junio de
2009. En dicho documento, se estipuló una pensión especial de jubilación en el
artículo 109.[135]
El 7 de marzo de 2011, el
actor José Fernando Pabón Salcedo solicitó a Ecopetrol el reconocimiento de la
pensión jubilación “Plan 70” consagrada en el artículo 109 de la convención
referida, por considerar que cumplía los requisitos allí exigidos. El 9 de
marzo de 2011, la entidad negó el reconocimiento por considerar que, a 31 de
julio de 2010, el actor no cumplía con los requisitos exigidos, fecha en la
cual, expiró la vigencia del citado artículo.
Bajo ese entendido y de
acuerdo con lo expuesto en el acápite pertinente,[136] cuando se
suscribió el acuerdo el 7 de julio de 2006, ya estaba vigente el Acto
Legislativo 01 de 2005, el cual, en el parágrafo 2, prohíbe expresamente que se
consagren beneficios distintos a los establecidos en la
Ley General de Pensiones. Por lo tanto, para esa fecha las partes no
podían pactar condiciones pensionales especiales, ni podían prorrogarse
automáticamente las señaladas en convenciones anteriores, en virtud del
artículo 478 del CST.
Es más, el parágrafo
transitorio 3 del Acto Legislativo, reitera que “en los pactos o
convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto
legislativo y el 31 de julio de 2012, no podrán estipularse condiciones
pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes.
En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”.
Conforme a lo expuesto, la
regla pensional convencional no tendría validez en cuanto desconoce
abiertamente el mandato constitucional del artículo 48.
No obstante y en gracia de
discusión, la Sala destaca que el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo
contempla una prórroga perentoria hasta el 31 de julio de 2010, para
aquellas condiciones pensionales especiales vigentes a la fecha de publicación
del acto. Límite que no se aplica al caso del señor Pabón Salcedo, en la medida
que la convención colectiva tenía vigencia hasta el 9 de junio de 2009,
fecha a partir de la cual, en caso de darse una prórroga automática, la misma
no cobijaba el artículo 109.
De esta manera, para que
pueda hablarse de una expectativa legítima a favor del accionante, era
necesario que éste cumpliera los requisitos exigidos en el artículo 109 del
pacto, antes de la fecha de vencimiento de la convención (9 de junio de 2009) o
a más tardar el 31 de julio de 2010, situación que no se cumple, tal como se
advierte en el expediente.
Al respecto, de conformidad
con los documentos obrantes en el expediente, el señor Pabón Salcedo nació el
27 de septiembre de 1964 e ingresó a trabajar el 17 de julio de 1987.
Por lo tanto, para acceder a la pensión convencional, a 9 de junio de 2009, el
actor debía cumplir los 70 puntos exigidos, situación que no se evidencia por
cuanto para esa fecha, tenía 22 años, es decir, 22 puntos y 44 años de edad o
44 puntos, los cuales sumados arrojan un total de 66 puntos.
Aún así, a 31 de julio de
2010, plazo máximo de vigencia de las pensiones convencionales, el accionante
tampoco reunía los requisitos exigidos en la convención ya que contaba con 23
años de servicio y 45 años de edad para un total de 68 puntos.
Así las cosas, de conformidad
con lo expuesto en párrafos precedentes y con las reglas planteadas al inicio
de este punto, para esta Sala el señor José Fernando Pabón no cuenta con un
derecho adquirido ni con una expectativa legítima, en la medida que para la
fecha en que reunió los requisitos convencionales la cláusula relacionada con
la prestación social se encontraba sin vigencia.
Conforme a lo anterior, se
negará el amparo solicitado y se revocará, por las razones ya indicadas, la
decisión objeto de revisión, proferida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta de fecha 21 de julio de 2011, que
confirmó la providencia dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Cúcuta el 2 de junio de 2011.
5.       CONCLUSIONES
De conformidad con lo analizado, la
Sala concluye que no existe vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes ni desconocimiento de la recomendación que la
OIT dirige al gobierno colombiano, en relación con el Acto Legislativo 01 de
2005.
Como se expuso en líneas precedentes, el artículo 48 Superior,
modificado por el Acto Legislativo en mención, establece, como regla general,
que a partir de su entrada en vigencia (29 de julio de 2005) no
existirán más regímenes especiales ni exceptuados.
De un análisis del mandato constitucional
descrito, es posible concluir que después del 31 de julio de 2010 ya
no podrán aplicarse ni disponerse reglas pensionales en los pactos y
convenciones colectivas, salvo que los existentes antes de la entrada
vigencia del Acto Legislativo estipularan como término una fecha posterior. Y,
los que se prorroguen después de la entrada en vigencia del Acto Legislativo no
podrán establecer condiciones diferentes a las que venían rigiendo pero, de
todas maneras perderán vigencia el 31 de julio de 2010.
Lo anterior, sin perjuicio de lo consagrado para el régimen de
transición de las pensiones legales, en el parágrafo transitorio 4º del Acto
Legislativo.
Ante las quejas elevadas por las diferentes
organizaciones sindicales, el Consejo de Administración de la
OIT recomendó al gobierno colombiano: i) que se mantengan hasta su
vencimiento los efectos de las convenciones y pactos colectivos cuyo término
haya sido fijado para una fecha posterior al 31 de julio de 2010; ii) realizar
de nuevo consultas detalladas con las partes interesadas acerca de las
jubilaciones y las pensiones, a fin de encontrar una solución negociada
aceptable para todas las partes, de conformidad con los convenios sobre
libertad sindical y negociación colectiva ratificados por Colombia.
La primera de las recomendaciones, cuyo
cumplimiento exigen los accionantes, es compatible con el Acto Legislativo,
toda vez que lo allí exhortado es exactamente lo que establece el parágrafo
transitorio tercero cuando indica que “Las reglas de carácter pensional que
rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos,
convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se
mantendrán por el término inicialmente estipulado”.
Bajo ese entendido, el Acto Legislativo no
está desconociendo los derechos adquiridos en materia pensional derivados de
pactos y convenciones colectivas. Y está siguiendo lo establecido en el
artículo 58 Superior, así como en la jurisprudencia constitucional,
especialmente lo señalado en la
Sentencia C-314 de 2004.
De conformidad con lo anterior, en el presente caso, como quedó
explicado, las acciones de tutela resultan procedentes por no existir un
instrumento idóneo en el ordenamiento jurídico interno que  permita garantizar
el cumplimiento de la citada recomendación. No obstante, el análisis de los
casos concretos permite concluir que ninguno de los accionantes cuenta con un
derecho adquirido o con una expectativa legítima para acceder a las pensiones
de jubilación convencionales, en la medida que las mismas, al momento en que
los petentes cumplieron los requisitos, ya no se encontraban vigentes, de
conformidad con las nuevas reglas constitucionales.
Así las cosas, por las razones indicadas en la presente providencia,
la Sala considera que las decisiones objeto de
revisión, deben ser revocadas. En su lugar, se negará el amparo de los derechos
invocados por los accionantes.
6.       DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO: LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el
presente proceso.
SEGUNDO: REVOCAR por las razones ya indicadas, la decisión
objeto de revisión, proferida por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia de fecha 5 de abril de 2011, que confirmó la
providencia de 18 de marzo de 2011 del Tribunal Superior de Bogotá que declaró
improcedente la acción. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por la
señora María Cristina Ochoa Mendigaña.
TERCERO: REVOCAR por las razones ya indicadas, la decisión
objeto de revisión, proferida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de fecha 10 de mayo de 2011,
que confirmó la providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el
13 de abril de 2011 que declaró improcedente la acción. En su lugar, NEGAR
el amparo solicitado por el señor Marceliano Ramírez Yañez.
CUARTO: REVOCAR por
las razones ya indicadas, la decisión objeto de revisión, proferida por el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá de fecha 30 de junio de 2011, que
confirmó la providencia dictada por el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de
Bogotá el 17 de junio de 2011 que declaró improcedente la acción. En su lugar, NEGAR
el amparo solicitado por el señor Jorge Omar Nieto Mora.
QUINTO: REVOCAR por las razones ya indicadas, la decisión objeto de
revisión, proferida por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá de
fecha 26 de julio de 2011, que confirmó la providencia del 20 de junio de 2011
dictada por el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá que declaró
improcedente la acción. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por el
señor John Genoy Murillo.
SEXTO: REVOCAR por
las razones ya indicadas, la decisión objeto de revisión, proferida por el
Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá de fecha 25 de julio de 2011, que
confirmó la providencia del 22 de junio dictada por el Juzgado Veintidós Civil
Municipal de Bogotá que declaró improcedente la acción. En su lugar, NEGAR el
amparo solicitado por el señor Mario Eduardo Infante Bonilla.
SÉPTIMO: REVOCAR por las razones ya indicadas, la decisión objeto de revisión, proferida
por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá, de fecha 10 de agosto de
2011, que confirmó la providencia dictada el 21 de junio por el Juzgado Treinta
Civil Municipal de Bogotá que declaró improcedente la acción. En su lugar, NEGAR
el amparo solicitado por el señor Alberto Rivera Arévalo.
OCTAVO: REVOCAR por las razones ya indicadas, la decisión objeto de
revisión, proferida por el Juzgado Treinta y seis Civil del Circuito de Bogotá
de y 18 de agosto de 2011, que confirmó la providencia dictada por el Juzgado
Veintiséis Civil Municipal de Bogotá el 8 de julio de 2011 que declaró
improcedente la acción. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por la
señora Yolanda Moreno Rivera.
NOVENO: REVOCAR por las razones ya indicadas, la decisión objeto de
revisión, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta de
fecha 21 de julio de 2011, que confirmó la providencia dictada por el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta el 2 de junio de 2011 que declaró
improcedente la acción. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por el
señor José Fernando Pabón Salcedo.
DÉCIMO: LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con salvamento
de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada
Con salvamento de voto
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrada
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA,
JORGE IVAN PALACIO PALACIO Y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA,
A LA SENTENCIA SU555/14
ACTO
LEGISLATIVO 01 DE 2005-Contenido y alcance, particularmente respecto a
las disposiciones sobre pensiones convencionales (Salvamento
de voto)
Se debió realizar una interpretación más amplia del contenido y
alcance del Acto Legislativo 01 de 2005, aplicándolo en armonía con otros
principios y derechos superiores tales como el de favorabilidad, pro homine y
pro operario, respetando  además las máximas de la dignidad humana, los
derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los trabajadores. De esta manera, se pudo haber garantizado el derecho a las
pensiones reclamadas, las cuales fueron acordadas en convenciones colectivas
realizadas mucho antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, y que
nunca fueron denunciadas, operando entonces la prórroga automática  de
seis en seis meses, tal como lo establece el artículo 478 del Código Sustantivo
del Trabajo, y encontrándose vigentes más allá del 31 de julio de 2010, según
lo establece el artículo 479 de la misma normativa
labororal, al no haberse denunciado con el pleno de los requisitos legales.
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005-Pactos y convenciones colectivas de trabajo
(Salvamento de voto)
Las reglas de carácter pensional que
venían rigiendo con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, se deben
mantener por el término estipulado en el pacto o convención, de tal manera que
aquellas que se venían renovando de seis en seis meses, debieron persistir por
una única vez aun después del 31 de julio de 2010; ello si se tiene en cuenta
que la prórroga automática de las mismas se da por mandato expreso de una norma
legal (artículo 478 del C.S. del T.). No puede entenderse que aquellas prestaciones
contenidas en convenciones colectivas anteriores a la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2005, legalmente pactadas, perdieron su vigencia ipso
facto, ello por cuanto tal aseveración vulnera de manera abrupta el derecho de
sindicación y el derecho a la negociación colectiva.
Referencia: expedientes acumulados
T-3.052.705, T-3.082.235, T-3.188.131, T-3.188.267, T-3.186.139, T-3.149.088,
T-3.177.642, T-3.239.357.
Acciones de Tutela instauradas por María
Cristina Ochoa Mendigaña, Marceliano
Ramírez Yáñez, Alberto Rivera
Arévalo, Mario Infante Bonilla,
John Genoy Murillo, Jorge Omar Nieto Mora, Yolanda Moreno
Rivera y José Fernando Pabón Salcedo contra
el Banco de la República, ECOPETROL S.A. y la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá S.A. E.S.P. –E.T.B., respectivamente.
Derechos fundamentales invocados: vida
digna, igualdad, trabajo en condiciones dignas, seguridad social, negociación
colectiva y libertad sindical.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Con el respeto acostumbrado por las decisiones que
adopta esta Corporación, nos permitimos disentir del fallo proferido por la
Sala Plena dentro del expediente de la referencia. Existen argumentos medulares
que emanan de la  Constitución Política y de los tratados internacionales de
derechos humanos laborales que debieron ser tenidos en cuenta al momento de
resolver y fueron obviados en la sentencia.
En primer lugar se debe precisar que los
accionantes consideran que sus empleadores –Banco de la República, Empresa de
Teléfonos de Bogotá – ETB –  ECOPETROL S.A., vulneraron sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas
y justas, y a la libertad sindical, al negarles el reconocimiento de su pensión
de jubilación, a la que tenían derecho de acuerdo con las condiciones
establecidas en las convenciones colectivas de trabajo que les regían. Esto, en
cuanto dichas entidades hicieron caso omiso de la Recomendación realizada por
el Comité Sindical de la OIT en la 99.a reunión de 2010, aprobado por el
Consejo de Administración de dicha organización internacional, según la cual el
término de expiración preceptuado por el Acto Legislativo 01 de 2005 de los
regímenes pensionales establecidos en pactos y convenciones colectivas, no
puede afectar la vigencia de aquellos celebrados con anterioridad a la entrada
en vigencia de dicha reforma constitucional, de manera que éstos deberían
expirar en la fecha inicialmente prevista.
Se considera que se debió realizar una interpretación
más amplia del contenido y alcance del Acto Legislativo 01 de 2005, aplicándolo
en armonía con otros principios y derechos superiores tales como el de
favorabilidad, pro homine y pro operario, respetando  además las máximas de la
dignidad humana, los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los
trabajadores.
De esta manera, se pudo haber garantizado el derecho a
las pensiones reclamadas, las cuales fueron acordadas en convenciones
colectivas realizadas mucho antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de
2005, y que nunca fueron denunciadas, operando entonces la prórroga automática
de seis en seis meses, tal como lo establece el artículo 478 del Código
Sustantivo del Trabajo, y encontrándose vigentes más allá del 31 de julio de
2010, según lo establece el artículo 479 de la misma normativa laboral[137], al no haberse
denunciado con el pleno de los requisitos legales.
En segundo lugar, el Acto Legislativo 01 de 2005 en el
Parágrafo 2º estipuló lo siguiente: “A partir de la vigencia del presente
acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de
trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a
las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones.”
Quiere decir lo anterior que dicha prohibición está
referenciada hacia el futuro, respetando en todo caso las prestaciones y
pactadas en convenciones anteriores.
Adicionalmente en el parágrafo transitorio 3º del acto
legislativo en comento se señaló: “Las reglas de carácter pensional que
rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos,
convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados,
se mantendrán por el término inicialmente estipulado.
Según el anterior texto las reglas de carácter
pensional que venían rigiendo con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005,
se deben mantener por el término estipulado en el pacto o convención, de tal
manera que aquellas que se venían renovando de seis en seis meses, debieron
persistir por una única vez aun después del 31 de julio de 2010; ello si se
tiene en cuenta que la prórroga automática de las mismas se da por mandato
expreso de una norma legal (artículo 478 del C.S. del T.).
Continúa diciendo la norma en comento: En los
pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto
legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones
pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En
todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.”
Las limitaciones impuestas en este parágrafo operan
para aquellas convenciones o pactos que se suscriban entre el 29 de julio de
2005 y el 31 de julio de 2010, más no para aquellas que vienen prorrogándose
automáticamente, toda vez que estas no son siquiera mencionadas en el referido
Acto Legislativo.
En esta medida, no puede entenderse que aquellas
prestaciones contenidas en convenciones colectivas anteriores a la expedición
del Acto Legislativo 01 de 2005, legalmente pactadas, perdieron su vigencia ipso
facto, ello por cuanto tal aseveración vulnera de manera abrupta el derecho
de sindicación y el derecho a la negociación colectiva.
Interpretar la norma de ese modo conlleva a un
retroceso constitucional en el reconocimiento de los derechos de los
trabajadores al acceso efectivo de la pensión convencional, desconociendo de
paso los compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en los convenios
firmados con la OIT, especialmente el 87 (Ley 26/76), 98 (Ley 27/76), y 154
(Ley 524/99), al dar un alcance restrictivo al Acto legislativo en comento.
Hoy cuando el derecho laboral pretende amparar al
débil en la búsqueda de un orden social justo, paradójicamente la Corte
Constitucional de Colombia presenta un ciclo involutivo en la realización
efectiva de las libertades de asociación, de sindicalización, de negociación
colectiva y de acceso a la seguridad social, en mejores condiciones que las
propuestas por el gobierno nacional.
Otros argumentos que nos llevan a apartarnos de lo
decidido por la Sala Plena de esta Corporación son los siguientes:
1.     Como ya
se ha expuesto, la ponencia se fundamentó en el Acto Legislativo 01 de 2005, el
cual en lo que respecta a la vigencia de las convenciones colectivas no es
suficientemente claro, toda vez que admite varias interpretaciones; entre ellas
se podría afirmar que la permanencia en el tiempo de los efectos jurídicos que
surgen de las prórrogas automáticas de las convenciones colectivas pueden
perdurar más allá del 31 de julio de 2010, si las mismas se mantienen por una
única vez en los términos del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y
de la Seguridad Social. En efecto, el Acto Legislativo en mención no hace
referencia expresa a la cesación de las prórrogas automáticas.
2.     Si bien
la Constitución fija un límite en materia de interpretación, la misma debe
realizarse en armonía con los convenios internacionales suscritos por Colombia
y que forman parte del Bloque de Constitucionalidad estrictu sensu. Esta
Corporación venía pacíficamente afirmando que las recomendaciones realizadas
por el Comité Sindical de la OIT son vinculantes para el Estado (T-568/99,
T-1211/00, T-603/03, T-171/11 y T-261/12), cuando existe una relación estrecha
entre el texto de la recomendación y las cláusulas del Convenio que dio origen
a la misma. Para el presente caso, existe una relación inescindible entre la
recomendación y los convenios 87, 98 y 154 de la OIT. No obstante con la
presente decisión se ha borrado de un tajo el precedente constitucional, al
modificar de manera nefasta la jurisprudencia de este Tribunal que se había
vertido al respecto.
3.     Según
lo anterior, las recomendaciones de la OIT ya no obligan, sino que se dejan al
arbitrio de la autoridad nacional (gobierno y jueces) para apreciar su
compatibilidad con la Constitución. Ello implica dar una marcha atrás en los
niveles de realización alcanzados en los derechos laborales por más de veinte
años, desconociendo flagrantemente la prohibición prima facie de
retrocesos constitucionales.
4.     La
ponencia es abiertamente regresiva en materia de derechos humanos  laborales,
al desconocer los derechos adquiridos por los trabajadores en aplicación de la
convención colectiva suscrita voluntariamente por los empleadores y los
trabajadores. En esta medida, los beneficios pensionales alcanzados o que
gozaban de una legítima expectativa, se debieron respetar, ya que toda
limitación a los mismos debieron surtirse hacia futuro, sin entrar a modificar
las situaciones consolidadas en el texto de la Convención.
5.     La
posición de este Tribunal exalta el principio de sostenibilidad fiscal como
rector absoluto en las decisiones de esta Corte en detrimento de los derechos
humanos laborales. Olvida de paso que la función principal de la Corporación
radica en hacer efectivos, dentro de la filosofía que impone al Estado social
de derecho, la garantía de las prerrogativas que los trabajadores (que son la
parte más débil de la relación laboral) han alcanzado después de años de lucha
social, y no como está ocurriendo, venir a limitarlos en el reconocimiento y
goce de los mismos.
En los anteriores términos dejamos sustentado nuestro
salvamento de voto, apartándonos respetuosamente de la decisión plasmada en el
referido fallo.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] La queja fue presentada el 15 de junio de
2005.
[2] Este contrato finalizó el 15 de julio de 1987.
[3] Fecha reconocida por el accionante a folio 5 del cuaderno
principal.
[4] Este contrato finalizó el 15 de julio de 1987.
[5] Afirmación del accionante visible a folio 4 del cuaderno principal.
[6] Contrato que finalizó el 15 de julio de 1987.
[7] Afirmación hecha por el accionante a folio 4 del cuaderno
principal.
[8] Este contrato finalizó el 15 de julio de 1987.
[9] Afirmación del accionante visible a folio 4 del cuaderno principal.
[10] Este contrato finalizó el 15 de julio de 1987.
[11] Artículo 3: También serán afiliados en forma obligatoria al sistema
General de Pensiones credo por la Ley 100 de 1993, y se regirán por todas las
disposiciones contenidas en esta ley para todos los efectos, los servidores
públicos que ingresen a ECOPETROL, a partir de la vigencia de la presente ley”.
[12] Sentencia T- 417 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
[13] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[14] Sentencia T-262 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[15] Ídem.
[16] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[17] Sentencia T- 580 del 26 de julio de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[18] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[19] Sentencia T-342 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[20] Sentencia T-113 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[21] Ibídem.
[22] M.P. Carlos Gaviria Díaz. Se estudió la solicitud de reintegro con
base en la recomendación consignada por el Comité de Libertad Sindical de la
OIT, instaurada por trabajadores sindicalizados de las Empresas Varias de
Medellín que fueron despedidos por participar en el cese de labores cuya
asamblea permanente fue declarada ilegal por el Ministerio del Trabajo.
[23] M.P. Jaime Araujo Rentaría. El Presidente de la
Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (ASEINPEC) y otros, demandaron al INPEC, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al trabajo y a la libertad sindical por el hecho de
haberse sustraído la entidad al cumplimiento de las recomendaciones emitidas
por el Comité de Libertad Sindical de la OIT que ordenaban el reintegro a sus
cargos de los que fueron desvinculados.
[24] M.P. Jorge Iván Palacio.
[25] Sentencia T-261 de 2012. M.P. Jorge Iván palacio Palacio.
[26] Ver sentencia T-435 de 2009.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] M.P. Rodrigo Escobar.
[28] Artículo 53 Superior.
[29] Sentencia C-258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[30] Ver sentencias C-1089 de 2003.
M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-138 de 2010.
M.P. Mauricio González Cuervo. De esta última, se destaca el siguiente aparte:
“Tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el régimen
de ahorro individual con solidaridad, esa irrenunciabilidad de la pensión de
vejez, y más precisamente de las figuras alternas de la indemnización sustitutiva
o la devolución de aportes, tiene otra finalidad relacionada con la
sostenibilidad financiera del sistema, que también es un propósito
constitucional explícito. De permitirse la renuncia a estos derechos en casos
individuales, se empezaría a desmoronar gradualmente el delicado diseño
técnico, financiero y actuarial del sistema, que presupone un tiempo suficiente
de aportes, y unos requisitos de edad mínimos, de tal manera que, en promedio,
sea dable pagar pensiones en forma que no se imponga una carga excesiva sobre
el sistema que pondría en riesgo los derechos pensionales de la gran mayoría de
quienes a él contribuyen. La renuncia voluntaria a la pensión de vejez
implicaría, por ejemplo, la desaparición de la obligación de cotizar al
sistema, con grave riesgo para el fondo común y solidario en que se basa el
sistema de prima media, y también para la satisfacción de las garantías
ofrecidas por el sistema de ahorro individual, el cual, por lo demás, también
tiene un componente solidario que depende de la disciplina en los aportes.”
[31] Ver Sentencia C-242 de 2009.
M.P. Mauricio González Cuervo.
[32] Ver Sentencia T-489 de 2010.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] Entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.
[34] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[35] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[36] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[37] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[38] M.P. Jaime Araujo Rentería
[39] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[40] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[41] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[42] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[43] M.P. Marco Gerado Monroy Cabra
[44] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[45] M.P. Mauricio González Cuervo
[46] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[47] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[48] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[49] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[50] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[51] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[52] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[53] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[54] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[55] M.P.Carlos Gaviria Díaz
[56] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[57] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[58] Ver C-010/2000
[59] M.P. Jaime Araujo Rentería
[60] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[61] Determina la citada norma: “Los derechos
y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
[62] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[63] “El silencio acerca del lugar que
ocupaban los tratados internacionales dentro de la normatividad nacional
también se presentó en relación con los tratados de derechos humanos. Es así
como en la misma sentencia  C-221 de 1992 se hace referencia a disposiciones
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin
determinar cuál es su posición dentro de la jerarquía normativa.”
[64] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[65] También se ordenó informar a la
Procuraduría y a la Fiscalía General de la
Nación sobre las perturbaciones en el ejercicio de los derechos de libertad
sindical y negociación colectiva denunciados por el actor, para que se
adelantaran las investigaciones pertinentes y se adoptaran los correctivos del
caso.
[66] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[67] Entre otros cargos, el demandante alegaba que el literal acusado
restringe de manera desproporcionada, hasta el punto de anularlos, los derechos
constitucionales de negociación colectiva y de asociación sindical consagrados
en distintas disposiciones constitucionales y en el Convenio 154 de la
OIT.
[68] Así se reconoce en la sentencia C-1234 de
2005.
[69] Precisamente la jurisprudencia
constitucional ha entendido que el derecho de negociación colectiva no se agota
en la celebración de convenciones o pactos colectivos en virtud de la
definición amplia del derecho en cuestión contenida en los artículos 2º y 6º
del Convenio, sobre esta aspecto son esclarecedoras las sentencias SU-1185 de
2001 y C-1234 de 2005.
[70] En esta decisión la
Corte se pronuncia in extenso sobre el alcance del Convenio 154 de la
OIT para establecer el alcance del derecho a la negociación sindical con
ocasión del examen de constitucionalidad del artículo 416 del C.S.T.
[71] En esta sentencia se emplea el artículo 2º
del Convenio 154 para definir el derecho de negociación colectiva.
[72] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[73] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[74] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[75] La Corte
sostuvo: “(…) es claro para la
Corte que el Convenio 154 de la OIT hace parte del bloque de
constitucionalidad, esto es, sirve como referente necesario para la
interpretación de los derechos de los trabajadores, en aras de darle plena
efectividad a la libertad sindical, al principio fundamental de protección a
los trabajadores y al derecho al trabajo. Lo anterior, no sólo se demuestra por
la naturaleza misma de este tratado sobre el fomento de la negociación
colectiva como expresión tanto de la libertad sindical como del derecho
fundamental de asociación sindical, sino en la utilización que esta misma
Corporación ha hecho del Convenio en cuestión  en reiteradas decisiones como
patrón normativo para el restablecimiento de los derechos de los trabajadores y
del orden constitucional”
[76] “(…) bajo el entendido de que
la expulsión de miembros de las organizaciones sindicales de que trata esta
disposición deberá efectuarse con plena garantía del derecho al debido proceso,
en los términos expuestos en la presente sentencia”.
[77] “(…) en el entendido de que la
obligación que tienen los trabajadores de reanudar el trabajo dentro del
término allí previsto, se contará a partir de la fecha en que el tribunal de
arbitramento profiera el laudo respectivo.”
[78] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[79] Las demandas también se dirigían contra el artículo 432, numeral 2º, del Código Sustantivo del Trabajo; sin
embargo, el precepto ya había sido declarado inexequible en la
Sentencia C-797 de 2000.
[80] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[81] En el pie de página 7, la
Corporación formuló la siguiente aclaración: “Tal
como de manera reiterada se ha señalado por la
Corte, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la
OIT no tienen carácter vinculante para los estados miembros de esa
organización, pero si sirven como elementos de apoyo para la interpretación de
los Convenios de la OIT que hacen parte del bloque de constitucionalidad.”
[82] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[83] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[84] Ibidem.
[85] Sentencia C- 401 de 2005. En esta
sentencia la Corte puntualizó, que el carácter normativo obligatorio de los
convenios de la OIT, ratificados por Colombia impide que sean considerados como
parámetros supletorios ante vacíos en las leyes, y que deben ser aplicados por
todas las autoridades y los particulares.
[86] Sentencias C-1491 de 2000, C-385 de 2000, C-797 de 2000, C- 567 de
2000, T-441 de 1992, SU-342 de 1995,
[87] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[88] Ver sentencia T-979 de 2004.
[89] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[90] ARTICULO  93. Los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen
los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia.
Adicionado por el Acto
Legislativo 02 de 2001, con el siguiente texto:
El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma
adoptado el 17 de julio de 1998 por la
Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente,
ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta
Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales
por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la
Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia
regulada en él.
[91] Ver sentencias C-567 de 2000, T-418 de 1992, C-225 de 1995, T.568
de 1999.
[92] Ver Sentencia C-325 de 2000
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-170 de 2004
[93] Ver entre otras Sentencias la
C-620 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, SU-039 de 1997, T-652 de 1998,
C-418 de 2002 y C-891 de 2002
[94] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[95] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[96] M.P. Jaime Araujo Rentería
[97] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[98] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[99] Ver Sentencia C-168 de 1995,
M.P. Carlos Gaviria Díaz
[100] Sentencia C-584 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[101] Sentencia C-453 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Gálvis
[102] M. P. Gustavo José Gnecco Mendoza, Radicación 29907.
[103] Mediante esta providencia, la
Sala Laboral de la Corte Suprema resolvió un recurso de casación interpuesto
por la ELECTRIFICADORA DE LA
COSTA ATLÁNTICA S.A. ESP, “ELECTROCOSTA S.A. ESP”, contra la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral, de fecha 29
de marzo de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral promovido en su
contra por ESCOLÁSTICO ROMERO REY, quien inició demanda laboral por el no
reconocimiento de su pensión convencional, negada con base en el Acto
Legislativo 01 de 2005. La Sala no casó la sentencia por cuanto: “aquí se
trata de un pensionado que adquirió el derecho antes de la entrada en vigencia
del Acto Legislativo No. 1 de 2005, cuyo parágrafo transitorio 2 lo protegió,
como también lo hace el artículo 58 de la Constitución Política, lo que no
puede ser de otra manera ni afectar situaciones definidas o consumadas conforme
a leyes anteriores, circunstancias todas éstas que conducen a la improsperidad
del cargo planteado por la recurrente.”
[104] ARTICULO 478. PRÓRROGA AUTOMÁTICA. A menos que se hayan pactado
normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60)
días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una
de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla
por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de
seis en seis meses, que se contarán desde la fecha señalada para su
terminación.
[105] Sobre la acción temeraria pueden consultarse entre muchas otras,
las sentencias T-518 del 9 de octubre de 1996.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-082 del 24 de febrero de 1997.
M.P. Hernando Herrera Vergara; T-707 del 14 de agosto de 2003.
M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-336 del 15 de abril de 2004.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
[106] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-010 del 22 de mayo de
1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[107] MP, Dr. Jaime Córdoba Triviño
[108] MP, Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
[109] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
[110] Sentencia T-515 de 2011.
[111] Sentencia T-507 de 2011.
[112] MP, Dr. Luis Ernesto Vargas Silva
[113] Ver folios 216 al 223 del expediente.
[114] Ver numeral 6 de las consideraciones.
[115] Aunque su vencimiento, contabilizando los últimos 6 meses, fuera el
23 de noviembre de 2010.
[116] “La trabajadora que se retire a disfrutar de su pensión de
jubilación con veinticinco (25) años de servicios, sin consideración a la edad,
tendrá derecho a que su pensión se liquide en un 90% del promedio salarial”.
[117] Ver numeral 6 de las consideraciones.
[118] Aunque su vencimiento, contabilizando los últimos 6 meses, fuera el
23 de noviembre de 2010.
[119] “Los trabajadores que se retiren a partir del trece (13) de
diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973), a disfrutar de la pensión
jubilatoria con los requisitos legales de tiempo mínimo de servicios de veinte
(20) años y de edad mínima de cincuenta y cinco (55) años si son varones, y de
cincuenta (50) años si son mujeres, tendrán derecho a la liquidación, según la
siguiente tabla: veintidós (22) años de tiempo de servicio ochenta y tres por
ciento (83%)”.
[120] “PENSIÓN DE JUBILACIÓN. A partir del 1 de enero de 1974, la
Empresa procederá de inmediato a pensionar a los trabajadores que hayan
laborado veinticinco (25) años continuos o discontinuos al servicio de la
entidad, sin consideración a la edad. La tabla que se relaciona con el derecho
adquirido en materia de porcentaje para los trabajadores que han rebozado los
veinte (20) años de servicio, seguirá vigente para efectos de la liquidación de
la pensión de jubilación”.
[121] Ver numeral 6 de las consideraciones.
[122] Aunque su vencimiento, contabilizando los últimos 6 meses, fuera el
20 de noviembre de 2010
[123] “PENSIÓN DE JUBILACIÓN. A partir del 1 de enero de 1974, la
Empresa procederá de inmediato a pensionar a los trabajadores que hayan
laborado veinticinco (25) años continuos o discontinuos al servicio de la
entidad, sin consideración a la edad. La tabla que se relaciona con el derecho
adquirido en materia de porcentaje para los trabajadores que han rebozado los
veinte (20) años de servicio, seguirá vigente para efectos de la liquidación de
la pensión de jubilación”.
[124] Ver numeral 6 de las consideraciones.
[125] Aunque su vencimiento, contabilizando los últimos 6 meses, fuera el
20 de noviembre de 2010
[126] “PENSIÓN DE JUBILACIÓN. A partir del 1 de enero de 1974, la
Empresa procederá de inmediato a pensionar a los trabajadores que hayan
laborado veinticinco (25) años continuos o discontinuos al servicio de la
entidad, sin consideración a la edad. La tabla que se relaciona con el derecho
adquirido en materia de porcentaje para los trabajadores que han rebozado los
veinte (20) años de servicio, seguirá vigente para efectos de la liquidación de
la pensión de jubilación”.
[127] Ver numeral 6 de las consideraciones.
[128] Aunque su vencimiento, contabilizando los últimos 6 meses, fuera el
20 de noviembre de 2010
[129] “PENSIÓN DE JUBILACIÓN. A partir del 1 de enero de 1974, la
Empresa procederá de inmediato a pensionar a los trabajadores que hayan
laborado veinticinco (25) años continuos o discontinuos al servicio de la
entidad, sin consideración a la edad. La tabla que se relaciona con el derecho
adquirido en materia de porcentaje para los trabajadores que han rebozado los
veinte (20) años de servicio, seguirá vigente para efectos de la liquidación de
la pensión de jubilación”.
[130] Ver numeral 6 de las consideraciones.
[131] Aunque su vencimiento, contabilizando los últimos 6 meses, fuera el
20 de noviembre de 2010
[132] “PENSIÓN DE JUBILACIÓN. A partir del 1 de enero de 1974, la
Empresa procederá de inmediato a pensionar a los trabajadores que hayan
laborado veinticinco (25) años continuos o discontinuos al servicio de la
entidad, sin consideración a la edad. La tabla que se relaciona con el derecho
adquirido en materia de porcentaje para los trabajadores que han rebozado los
veinte (20) años de servicio, seguirá vigente para efectos de la liquidación de
la pensión de jubilación”.
[133] Ver numeral 6 de las consideraciones.
[134] Aunque su vencimiento, contabilizando los últimos 6 meses, fuera el
20 de noviembre de 2010.
[135] “ARTÍCULO 109.- La Empresa continuará reconociendo la pensión
legal vitalicia de jubilación o de vejez, equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicio (…). Con todo, la Empresa reconocerá la pensión plena a quienes
habiendo prestado servicios por más de veinte (20) años, reúnan setenta (70)
puntos en un sistema en el cual cada año de servicio a Ecopetrol S.A. equivale
a un (1) punto y cada año de edad equivale a otro punto. Esta pensión de
jubilación se reconocerá a solicitud del trabajador o por decisión de la
Empresa.”
[136] Ver numeral 6 de las consideraciones.
[137] Código Sustantivo del Trabajo. ARTICULO 478. PRORROGA
AUTOMATICA. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención
colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la
expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren hecho
manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la
convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses,
que se contarán desde la fecha señalada para su terminación.
ARTICULO 479. DENUNCIA. Modificado por el art. 14, Decreto
616 de 1954. El nuevo texto es
el siguiente:
1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por
terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las
partes, o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el
Inspector del Trabajo del lugar, y en su defecto, ante el Alcalde, funcionarios
que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha
y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al
destinatario por dicho funcionario, y las copias serán destinadas para el
Departamento Nacional de Trabajo y para el denunciante de la convención.