T-117-18
Sentencia T-117/18
COMPETENCIA
A PREVENCION-Cualquier juez competente debe conocer la acción de tutela
independiente de cual haya sido la especialidad del juez escogido por el actor
PRINCIPIO
PERPETUATIO JURISDICTIONIS-No puede alterarse la competencia de
la acción de tutela pues se afectaría la protección inmediata de los derechos
fundamentales
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE
INDEFENSION-Lineamientos constitucionales para establecer si una persona
se encuentra en estado de indefensión
Cuando el solicitante
se halle en estado de indefensión frente al particular hace referencia al
supuesto en el que, debido a las circunstancias fácticas concurrentes, una
persona se encuentra impotente o sometida en relación con otra y, por tanto, se
halla en la imposibilidad de defender sus derechos.
ACCION
DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Procedencia
De conformidad con lo expuesto, si
bien los accionantes cuentan con otros recursos judiciales para solicitar que
se condene a los accionados por la responsabilidad a la que haya lugar, la
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, en razón a la afectación
a los derechos a la honra y al buen nombre que se puede causar con las
publicaciones de información en medios masivos de comunicación, la acción de
tutela resulta o, al menos, puede resultar, en razón de su celeridad, en el
mecanismo idóneo para contener su posible afectación actual.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Solicitud de
rectificación previa como requisito específico de procedibilidad
Esta Corporación ha
establecido como requisito de procedibilidad de la acción de tutela la
solicitud de rectificación previa al particular, el cual resulta exigible
respecto de los medios masivos de comunicación.
DERECHO
A LA INTIMIDAD PERSONAL, A LA HONRA A LA IMAGEN Y AL BUEN NOMBRE-Reiteración
de jurisprudencia
Los derechos
fundamentales a la intimidad, la honra, al buen nombre y la imagen gozan de
amplia protección constitucional.
INFORMACION PERSONAL, INTIMIDAD E IMAGEN EN REDES SOCIALES DIGITALES Y EN
INTERNET-Afectación puede ocurrir no sólo
respecto de la información que los usuarios de facebook ingresan a la misma
sino también de información de personas, usuarias o no, que ha sido publicada y
usada por terceros
LIBERTAD
DE EXPRESION E INFORMACION-Contenido y alcance/LIBERTAD DE
EXPRESION E INFORMACION-Límites
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION, LIBERTAD DE INFORMACION Y OPINION-Reiteración
de jurisprudencia sobre la verdad y la imparcialidad como límites cuando exista
colisión con otros derechos
EXCEPTIO
VERITATIS-Liberadora de responsabilidad en conductas que afectan los
derechos a la honra y al buen nombre
DERECHO
AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y A LA IMAGEN-Orden a
particular rectificar publicación hecha en la red social Facebook
DERECHO
AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y A LA IMAGEN-Orden a
particular de retirar imágenes y mensajes publicados en perfil de Facebook
Debe reiterarse que las afirmaciones públicas sobre la responsabilidad
penal de una persona deben atender a la garantía constitucional de la
presunción de inocencia, por lo que para atribuirle a alguien un delito es un
requisito ineludible contar con una sentencia judicial en firme que dé cuenta
de ello.
Referencia:
Expedientes T-6.155.024 y T- 6.371.066
Acciones de
tutela interpuestas por Gloria Patricia Mayorga Ariza contra Aldemar Solano
Peña y Nasly Johana Huertas, y Jesús Ricardo Sandoval Cote contra Yeudy Fernel
Tello Gómez
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá
D.C., seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018)
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger,
quien la preside, y los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas
Ríos en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de los fallos proferidos por: (i) el Juzgado Penal
del Circuito de Chocontá, Cundinamarca el veinticinco (25) de enero de dos mil
diecisiete (2017), en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Gloria Patricia
Mayorga Ariza contra Aldemar Solano Peña y Nasly Johana Huertas y; (ii)
el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta el cinco (05) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), en el trámite de la acción de tutela presentada por Jesús
Ricardo Sandoval Cote contra Yeudy Fernel Tello Gómez.
De
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y
241-9), el
Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de
Selección Número cinco (5) de la Corte Constitucional escogió, para efectos de
su revisión,[1]
el expediente T-6.155.024.
Posteriormente,
la Sala Séptima de Revisión mediante Auto del diecinueve (19) de octubre de dos
mil diecisiete (2017) decidió acumular, para ser fallado en la misma sentencia,
el expediente T- 6.371.066,[2]
por presentar unidad de materia relacionada con la presunta vulneración de los
derechos fundamentales derivada de la publicación a través de redes sociales de
afirmaciones que resultan injuriosas y/o calumniosas para los accionantes.
Así,
de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
I.    ANTECEDENTES
1.
Expediente T-6.155.024
1.1. Solicitud y
hechos
La
señora Gloria Patricia Mayorga Ariza interpuso acción de tutela el 21 de
noviembre de 2016, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
honra, al buen nombre, a la intimidad y a la buena imagen, por parte: (i)
del señor Aldemar Solano Peña, quien publicó en un blog personal,
compartido en la red social de Facebook, un escrito mediante el cual señala
ciertas denuncias que considera injuriosas y calumniosas, y (ii) de la
señora Nasly Johana Huertas, quien participó en el muro de Facebook de
dicha publicación, utilizando expresiones que estima van en contra de sus
derechos fundamentales.
La
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos:
1.1.1.
Refiere que el señor Aldemar Solano Peña, mediante un escrito del 12 de
noviembre de 2016, afirmó y público “en forma injuriosa, difamatoria, errónea
y calumniosa” a través de su página de red social Facebook y otros medios
como www.bing.com y un
blog denominado “Garabatos”, un escrito titulado “DENUNCIAN ACOSO Y
MATONEO POR PARTE DE LA JUEZ DE SESQUILÉ”.
1.1.2.
Sostiene que a dicha publicación se sumó la señora Nasly Johanna Huertas, abogada
litigante en algunos procesos que cursan en el Juzgado Promiscuo Municipal de
Sesquilé, quien participó en el mencionado muro de Facebook “en
representación del pueblo”, cuestionando la ética, la transparencia y la
eficacia del cargo público desempeñado por la accionante, realizando
comentarios tendientes a causar daño sobre su imagen y buen nombre.
1.1.3.
Afirma que la publicación generó igualmente agravios escritos de otras personas
que la amenazaron y vulneraron sus derechos fundamentales.
1.1.4.
Considera que la intención de la señora Nasly Johanna Huertas es afectar su
buen nombre realizando afirmaciones sobre su comportamiento que, de ser
ciertas, le compete conocer a las autoridades disciplinarias y penales, no
debiendo ser expuestas en redes sociales.
1.1.5.
Indica que instauró denuncia penal por los delitos de injuria, calumnia y otros
contra los accionados. Igualmente, “se compulsarán copias” de la
presente acción de tutela al Consejo Superior de la Judicatura por la actuación
de la abogada Nasly Johanna Huertas.
1.1.6.
Señala que junto a la publicación realizada por el señor Aldemar Solano Peña se
divulgó una foto suya sin que mediara su consentimiento para ello, lo cual
atenta en mayor medida contra sus derechos a la propia imagen y al buen
nombre.
1.1.7.
Asegura que el señor Aldemar Solano utiliza sus redes sociales bajo la presunta
condición de periodista, enjuiciando su comportamiento con afirmaciones y
comentarios sin ningún tipo de soporte probatorio, amparándose en el secreto
profesional, el cual es inaplicable por no tener éste la condición de
periodista.
1.1.8. Informa que algunas de las
afirmaciones expuestas en la cuestionada publicación fueron proferidas por una
ex funcionaria de su despacho, quien interpuso acción de tutela en su contra, la
cual ya fue resuelta a su favor en primera y segunda instancia.
1.1.9.
Relata que hay aseveraciones que describen circunstancias que son parte de su
vida personal y privada, como es el hecho de que ella ejerce como presidente
del Consejo de Administración de un conjunto residencial donde es propietaria
de un inmueble ubicado en el municipio de Sopo, respecto del cual existen
procesos abreviados contra el conjunto por impugnación de actas de la asamblea.
Explica que estos hechos no obedecen a presuntos conflictos personales como “lo
deja entrever de manera maliciosa el accionado”.
1.1.10.
Igualmente, califica de falsa y calumniosa la afirmación de que ella se dedica
a la compra de bienes inmuebles en remate.
1.1.10.
Alega que las afirmaciones realizadas por los accionados se refieren a hechos y
trámites judiciales que no conocen y que divulgan de manera sesgada, pues no
cuentan con los elementos probatorios que sirvan de sustento para demostrar las
conductas delictivas que se le endilgan, tales como prevaricato por acción y
omisión, acoso laboral, falsedad documental y abuso de autoridad.
1.1.10.
Por lo anterior, solicita al juez de tutela ordenar que se impida la
posibilidad del libre acceso a la publicación y se ordene la rectificación de
la información.
1.2.
Escrito publicado en el Blog Garabatos y compartido en el perfil de Facebook
del señor Aldemar Solano
Para mejor comprensión de los hechos se
transcribe la publicación realizada por el señor Aldemar Solano Peña y los
comentarios elevados por la señora Nasly Johana Huertas:
“Denuncian
acoso y matoneo por parte de la Juez de Sesquilé
“Este es un pueblo de indios
hijueputas que esconden el puñal bajo la ruana”, es una de las frases de la
titular de la justicia en el municipio, según aseguran los afectados.
Al inicio todo es color de rosa
para sus escribientes: los invita a cenar para la entrevista, les brinda su
amistad, les advierte que deben ser sus aliados porque la secretaria titular y
el escribiente que va a salir están confabulados en su contra y les ofrece una
habitación en su casa.
En el relevo, los escribientes se
despiden al unísono: “le deseo mucha suerte porque ella como persona es muy
buena pero como jefe es una porquería”.
Los testimonios en contra de la
funcionaria Gloria Patricia Mayorga Ariza incluyen tratos humillantes, burla
constante, acoso laboral, intromisión en la vida íntima, insultos, amenazas y hasta
la pretensión de inducir en error a un Juez con un documento dirigido a la
Defensoría del Pueblo.
Según los afectados, además de su
labor como escribientes del Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé, tuvieron
que cumplir con diligencias personales de la señora Mayorga como conducirle el
vehículo y pasear a su mascota, incluso dedicarle los fines de semana.
Les controló la alimentación, su
vestuario, criticó sus costumbres, su físico, los atemorizó con maltrato
psicológico al punto de que reconocieron uniformemente llanto, depresión y
hasta pesadillas.
A una de ellas, a la que hizo
renunciar en estado de embarazo, aseguró que: “es una señora bastante difícil
para trabajar, nunca está conforme, le gusta meterse mucho en la vida personal
de sus trabajadores. No tienen derecho a hablar con sus familiares, a tener
pareja, a tener familia porque como ella nunca la tuvo para ella no está bien.
No está de acuerdo que tengan hijos”.
A esta mujer le dijo que era una
bruta al meterse con un policía, porque “esa gente no servía para nada, son
brutos” y que “solo serviría para sirvienta”.
A otro le recargó labores y lo
designó como conductor, lo trató de bruto y después de un año le declaró la
insubsistencia cuando se negó a renunciar. Al que lo remplazó le dijo que olía
y respiraba como caballo porque en sus días libres visitaba fincas.
A otra le quitó una toalla rosada
y se la dejó para la mascota porque la etiqueta de su casa exige que sean
blancas. Al final la hizo retirar con policía y, según ella, difamó su honra
entre los habitantes. Argumentan incluso que la juez dice: “al que es placero
se le atiende como tal y solo se atiende bien a la gente bien”.
Son cinco escribientes,
contratados en provisionalidad “para que no se atornillen en el puesto”, según
dicen que afirma la juez, los que padecieron tratos similares y salieron de ese
despacho de la misma forma: con una renuncia presionada o declarados
insubsistentes y temerosos de las represalias que pueda tomar la encargada de
hacer justicia en Sesquilé, porque “podría prefabricar pruebas para un proceso
disciplinario”, afirmó uno de ellos.
Contra la señora Gloria Patricia
Mayorga Ariza reposa una queja disciplinaria ante la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, una queja
de acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y una de las denuncias incluye una
presunta conducta grave y censurable dentro de un proceso judicial con la
adición, en su puño y letra, de unas anotaciones en un documento que sería
allegado a la Defensoría del Pueblo para aparentar que hubo llamados de
atención que jamás hizo, queriendo mostrar que como jefe no violentó el debido
proceso.
Sin
declaraciones
Este medio intentó obtener la
versión de la funcionaria, pero solo envió a su secretaria Gilma Orjuela, a
atendernos.
Señora juez Mayorga Ariza ¿qué
tiene para decir de todo lo anterior?, ¿es verdad que fue trasladada de
Santander por este tipo de quejas?, ¿ha tenido inconvenientes en el conjunto
cerrado Alejandría de Sopó?, ¿es verdad que usted tiene como negocio el remate
de viviendas?, ¿es verdad que muchas personas la quieren demandar?, ¿es verdad
que el personal a su cargo en los despachos donde ha estado arman complots en
su contra?, ¿es verdad que usted considera que Sesquilé es un pueblo de muiscas
hijueputas a los que nos falta sino una pluma en la cabeza?, ¿considera la
ruana como una prenda de baja categoría?, ¿considera usted que ser pueblerino,
indígena o descendiente de los muiscas es inferior a serlo de los guanes de
Santander?, ¿es usted racista o clasista?
Señora Gloria Patricia, ¿es
verdad que usted, como juez en Barbosa, enfrentó un proceso por los delitos de
prevaricato por acción, omisión y abuso de la función pública presuntamente
cometidos con ocasión del trámite del proceso abreviado de restitución de un
inmueble?, ¿es verdad que tardó 19 días en declararse impedida por conflicto
con su prima Claudia Johana Ariza Chinome?, ¿es verdad cuando declaró el
impedimento omitió remitir de inmediato la actuación al juzgado?, ¿es verdad
que admitió el recurso de reposición interpuesto contra esa decisión siendo
improcedente porque el mandato legal no admite recurso?, ¿es verdad que al
resolver la impugnación horizontal, revocó la providencia por cuyo medio
expresó el impedimento y reasumió el conocimiento del asunto, extralimitando
sus funciones?.
Este medio de comunicación le
agradecerá sus respuestas.
Frases
de la funcionaria Gloria Patricia Mayorga Ariza
(plasmadas en la demanda que cursa contra la funcionaria)
·
“No
quiero que se quede los fines de semana en este pueblo, porque después va a
empezar a relacionarse con la gente de acá y este pueblo está lleno de
hijueputas”
·
“Quién
sabe usted qué esconde detrás de esas gafas y ese pelo”
·
“¡Qué
(sic) porquería ese bolso!, ¡está todo roto!, ¿no le da pena?”
·
“Usted
de brillante no tiene nada, no es inteligente, no tiene nada en la cabeza”
·
“Si
a mí, que soy juez, me queda verraco pagar el arriendo de un apartamento, ahora
sí va a sacar apartamento usted que es una simple escribiente”
·
“En
las diligencias no me hable absolutamente con nadie porque si usted no tiene
nada en la cabeza, mejor no opine”
·
“No
vaya a empezar a hacer como un caballo”
·
“Déjeme
ver su nómina. ¡Jaaaa ¿Todo eso se gana usted? ¡Gana más que yo, qué tal!”
·
“Usted
es una niña que viene de una subcultura y yo jamás había tenido que
relacionarme con gente como usted, es que usted tiene unas falencias de
educación que son cosas de su casa”
·
“No
sabe cómo comportarse en la mesa, come comida chatarra y no la vuelvo a llevar
a los almuerzos con los abogados. Para qué opina”
·
“Me
parece increíble que no tenga ni una moneda, eso jamás me ha pasado, ¿pretende
que le supla sus falencias de dinero?”
·
“Le
advierto una cosa: usted es la persona que he llevado a mi apartamento en
Bogotá y si algo me llega a pasar, usted es la responsable porque usted en ese
barrio (Tintal) que vive, qué (sic) pena, le digo, pero es de lo peor”
·
(Al
público) “Estos empleados de hoy en día no sirven para nada…tiene uno que
decirles todo y hasta hacerles todo…yo en Santander no tenía ni que hablar,
solo con la mirada me entendían, pero a esta niña me toca enseñarle todo”.”
1.2.1. Comentarios realizados en
el muro de Facebook del señor Aldemar Solano por parte del usuario “Joha
Huertas”
·
“Y
los tratos groseros d (sic) esta juez al público c[ó]mo se catalogan??? Que no
se le olvide a ella que e[n] su deber constitucional debe atender en derecho
sin alzar la voz, de la mano de la justicia y con RESPETO para evitar que una
comunidad entera nos quejemos!!!”
·
“Con
todo gusto all[á] tengo procesos voy seguido y ante cualquier groser[í]a esta[ré]
ahí haciendo los llamados d[e] atenci[ó]n  si no le gusta a u[s]ted o a ella
que les manifiesten las cosas pues es fácil…. Renunciar al Deber legal como es
ser fun[cionario] público es fácil… pero el control y derecho a la expresión es
un deber fundamental y protegido constitucionalmente al pueblo colombiano!!”
·
“A
prop[ó]sito ante es[t]a denuncia a cuantos funcionarios del juzgado [h]a sacado
la h. juez en estos días??? Ser[á] que trajo nuevos empleados?? Ser[á] qu[e]
los nuevos empleados que trae al ju[z]gado son de la ciudad de or[i]gen de la
h, juez???”
·
“Si
le parece amarill[i]smo a usted imag[í]inese al pueblo sesquileno que le pa[r]ece
la pésima y grosera atención de la h, juez…n[o] cree señor fredyyyyy”
·
“Ojala
por este “pasquín” no haya sacado a las [s]ecretarias actuales ya que la
atención d[e] las mismas si era excelente!!”.
1.3.
Contestación de la demanda[3]
1.3.1. La
señora Nasly Johana Huertas Sarmiento contestó la acción de tutela oponiéndose
a sus pretensiones con fundamento en los siguientes argumentos:
Sostuvo
que no es cierto que las personas que comentaron la publicación de la página
Garabatos amenazaran o calumniaran a la juez accionante, por el contrario, afirmó
que en su condición de ciudadana manifestó su opinión de manera respetuosa en
relación con el trato de la funcionaria respecto de las actuaciones procesales
suyas y de su familia que cursan en el Juzgado de Sesquilé.
Alegó
que la acción de tutela no es el mecanismo pertinente e idóneo para debatir si
las manifestaciones realizadas en un periódico local y por los habitantes del
municipio de Sesquilé son constitutivas de los delitos de injuria y calumnia,
existiendo otros recursos judiciales ante la Fiscalía.
Señaló
que en atención a la jurisprudencia constitucional, el derecho al buen nombre
hace referencia a la reputación o fama que tiene una persona, el cual se
lesiona por informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y
que distorsionen el  concepto público que se tiene de un individuo. Al
respecto, afirmó que en ningún momento ha realizado aseveraciones mentirosas o
que no correspondan a la realidad, por el contrario, lo que expresó en la
publicación es que el comportamiento de la misma, en su condición de juez de la
República, es irrespetuoso y poco decoroso, indicando en particular una demanda
que cursa contra sus padres en el despacho judicial en el que es titular la
actora.
Refirió
que la participación activa de la comunidad de Sesquilé en el periódico
Garabatos está amparada en el derecho a la libre expresión, pues se trató de
expresiones libres, espontaneas y respetuosas, que no contenían amenazas como
lo pretende exponer la accionante.
1.3.2. El
señor Aldemar Solano Peña resaltó que es su deber como periodista escuchar las
denuncias de las personas afectadas con el actuar de la accionante. Precisó que
no revelará los testimonios que sirvieron de fundamento para las denuncias por
él realizadas, por petición de protección de los afectados, salvo que sea
necesario y ante la autoridad encargada de investigar disciplinariamente a la
peticionaria.
Consideró
que no existe vulneración al derecho a la intimidad de la señora Gloria
Patricia Mayorga, pues sus publicaciones tratan de denuncias por el
amedrentamiento de ella hacia sus empleados. De igual forma, tampoco puede
hablarse de vulneración al derecho al buen nombre, pues por lo menos cinco
personas coinciden en el criterio sobre el comportamiento de la accionante. Agregó
que buscó conocer la versión de la accionante, pero ella no aceptó recibirlo
antes de la publicación ni después de la misma.
Indicó
que la fotografía utilizada hace parte del Facebook de la peticionaria, siendo
en consecuencia de dominio público, más aun teniendo en cuenta que es una
persona pública debido al cargo que ocupa.
Finalmente,
advirtió que no se retractará de sus afirmaciones, pues las mismas están
debidamente fundamentadas. Adicionalmente, destacó que la accionante no ha
solicitado la rectificación de la información, requisito que debe agotarse para
la procedencia de la acción de tutela.
1.4.
Pruebas que obran en el expediente
En
el expediente obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
1.4.1.
Copia de la publicación realizada en el blog “Garabatos”, titulada “Denuncian
acoso y matoneo por parte de la Juez de Sesquilé”.
1.4.2.
Copia del muro de Facebook del señor Aldemar Solano Peña, en que se registra
que compartió la publicación de Garabatos el 12 de noviembre de 2015, y en el
que figuran los comentarios realizados por el usuario “Joha Huertas”.
1.4.3.
Copia del oficio No. 501 del 28 de septiembre de 2015, suscrito por Gloria
Patricia Mayorga Ariza en su calidad de Juez Promiscuo Municipal de Sesquilé,
Cundinamarca, dirigido a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca,
como respuesta a la acción de tutela interpuesta por la señora Rosalba
Sarmiento Valdivieso en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé.
1.4.4.
Copia de la decisión del 19 de octubre de 2015, proferida por el Juzgado Penal
Municipal de Chocontá, Cundinamarca, mediante la cual se “niega por
improcedente” la acción de tutela interpuesta por la señora Rosalba
Sarmiento Valdivieso en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé,
1.4.5.
Copia del fallo del 24 de noviembre de 2015, proferida por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Chocontá, Cundinamarca, mediante el cual resuelve la impugnación
de la acción de tutela interpuesta por la señora Rosalba Sarmiento Valdivieso
en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé, en la que se decidió
confirmar la decisión de primera instancia.
1.4.6.
Copia de la providencia del 6 de junio de 2011, de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual declara improcedente un recurso
de apelación interpuesto contra la providencia del 9 de mayo de 2011, proferida
por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, en la que se precluyó la
investigación adelantada contra la señora Gloria Patricia Mayorga Ariza por los
delitos de prevaricato por acción y omisión y abuso de la función pública.
1.4.7.
Copia de la denuncia penal instaurada por la señora Gloria Patricia Mayorga
contra el señor Aldemar Solano Peña y otros, por los presuntos delitos de
injuria y calumnia.
1.5. Decisiones judiciales
1.5.1.
Decisión de primera instancia
El
Juzgado Penal Municipal de Chocontá, Cundinamarca, mediante fallo del cinco
(05) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), declaró improcedente la acción
de tutela, al considerar que no cumple los requisitos de procedencia tratándose
de acciones dirigidas contra particulares, y al no existir vulneración a los
derechos a la honra y al buen nombre de la peticionaria.
Consideró
que la accionante no se encuentra en estado de indefensión, requisito
indispensable para la procedencia de la acción de tutela contra particulares,
pues de los medios probatorios y la respuesta otorgada por el señor Aldemar
Solano Peña se concluye que el accionado trató de consultar la versión de la
afectada para que ejerciera la defensa de sus intereses, sin que se recibiera
respuesta alguna.
Adicionalmente,
la peticionaria tampoco solicitó rectificación de la información inexacta o
errónea, requisito que la jurisprudencia constitucional exige para este tipo de
solicitudes.
Por
último, estimó que de haber sido procedente el amparo de tutela, al estudiar el
fondo de la petición se colige que ni en la publicación cuestionada, ni en los
comentarios realizados por la señora Nasly Johana Huertas, se evidencian palabras
o afirmaciones que constituyan injuria o calumnia, ni se usan términos vulgares,
soeces o groseros que lesionen la dignidad de la funcionaria accionante.
1.5.2.
Impugnación
La
señora Gloria Patricia Mayorga Ariza impugnó la decisión de primera instancia
con fundamento en los siguientes argumentos:
Inicialmente,
alegó que en caso de que el señor Aldemar Solano Peña hubiera acreditado o
demostrado su calidad de periodista, la actuación de tutela debería decretarse
nula, pues la Ley 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000 establecen que  el
juez competente para conocer estos casos es el juez del circuito y no el
municipal.
Argumentó
que no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas al proceso, mediante las
cuales se dejó sin sustento fáctico y jurídico las afirmaciones “sesgadas,
temerarias y mentirosas” efectuadas por el accionado.
Relató
que el día 11 de noviembre, sin precisar el año, recibió la solicitud de un
particular quien solicitó una audiencia privada para tratar un tema de carácter
personal, enviando un número telefónico para dicho efecto. Sin embargo, precisó
que ese día se encontraba en una audiencia de control de garantías, por
solicitud de la Fiscalía Seccional de Chocontá.
Cuestionó
el hecho de que una juez de la República deba acudir a los llamados de los
particulares o periodistas para contestar cuestionamientos sobre su vida
personal o asuntos de tipo laboral que ya han sido puestos en conocimiento de
las respectivas autoridades administrativas y disciplinarias.
Refutó
el uso de la fotografía de su imagen publicada en el blog “Garabatos”, sin
haberse contado con su consentimiento, según lo establecido en la Ley 1581 de
2012, en relación con la protección de datos.
Sostuvo
que su abogado, doctor Castro Victoria, solicitó al “supuesto” periodista
que rectificara la información errónea, sesgada, falsa y temeraria, invitándolo
al despacho judicial que ella preside para que verificara los informes,
investigaciones, tutelas y otros documentos referentes a las denuncias por él
realizadas. Aclaró que la solicitud de rectificación se realizó en la red
social de Facebook de los accionados.
1.5.3.
Decisión de segunda instancia
El
Juzgado Penal del Circuito de Chocontá, Cundinamarca, mediante Sentencia del
veinticinco (25) de enero de 2017, revocó la decisión del a quo y, en su
lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales al buen nombre y a la
honra de la señora Gloria Patricia Mayorga Ariza.
Inicialmente,
estableció que el juez de primera instancia era competente para conocer de la
acción de tutela, pues la calidad de periodista del accionado no fue
mencionada, siendo considerado como un ciudadano manifestando sus opiniones,
por lo cual no puede entenderse la publicación realizada como un trabajo
netamente informativo, propio de la actividad periodística, ya que en el texto
cuestionado el autor da sus opiniones personales al respecto.
En
este sentido, entendiendo que lo manifestado por el accionado en la publicación
cuestionada fue en el ámbito de su libertad de expresión como particular,
precisó que no es exigible el agotamiento del requisito previo de solicitar la
rectificación de la información.
Advirtió
que la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los
derechos fundamentales invocados, pues a pesar de que la peticionaria instauró
la respectiva acción penal, pudiéndose constituir como parte civil dentro de
este proceso, no obtendrá una pronta respuesta, lo que conlleva a que la
presunta difamación en su contra continúe propagándose.
Sostuvo
que en virtud de la reiterada jurisprudencia constitucional, el usar una red
social en internet pone en estado de indefensión a quien crea recibir un
improperio, pues la magnitud de la expansión de la información hace
incontrolable el número de personas que puedan tener acceso a ella, trascendiendo
el ámbito social de donde se pretende tener repercusión. Lo anterior, conlleva
a la procedencia de la acción de tutela instaurada contra particulares.
Frente
a la alegada vulneración de los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre, reseñó que en la publicación realizada por el señor Aldemar Solano se
afirma que la accionante investida de su posición de juez de la República ha
usado palabras soeces e insultantes en contra de ciertas personas en particular
y en contra la de población en general de Sesquilé, Cundinamarca.
Así
mismo, se exponen situaciones que van más allá de la índole laboral de la
peticionaria, referentes a que por fuera del despacho judicial que preside,
amparándose en su cargo, realiza comportamientos que podrían constituir
conductas penales y disciplinarias, tales como la alteración de documentos
públicos y el tráfico de influencias.
Teniendo
en cuenta lo anterior, evaluó que a pesar de que la accionante como funcionaria
pública debe soportar un mayor escrutinio de la sociedad, ello no legitima el
uso de groserías e improperios en su contra, pues no se puede desconocer su
calidad de ser humano y sus derechos constitucionales.
Recordó
que la jurisprudencia constitucional, en relación con el derecho a la libertad
de expresión, ha diferenciado entre las opiniones personales y la transmisión
de información, siendo exigible solo para ésta última los estándares de
veracidad e imparcialidad. Sin embargo, destacó que pese a que se considera que
las manifestaciones realizadas por el accionante hacen parte de su opinión
personal, debe aplicarse los controles de veracidad e imparcialidad, pues se
trata de señalamientos sobre la comisión de conductas disciplinables y punibles.
En
relación con los requisitos de veracidad e imparcialidad, señaló que están
fácilmente demostrados respecto de la accionada Nasly Johana Huertas, quien
sólo se refiere a conductas que en su sentir parecen de maltrato y que
considera no deben ocurrir, sin que indique cuáles son y sin que induzca a
creer que las mismas son constitutivas de delitos o conductas investigables,
siendo solo sus manifestaciones personales.
Por
su parte, respecto a la veracidad de la información publicada por el señor Aldemar
Solano Peña, analizó que una de sus afirmaciones hace referencia a la “alteración
de documento público” por parte de la accionante, la cual va acompañada de
unas fotos en las que se observan unos oficios sin firma de la juez y que
tienen correcciones de palabras y errores ortográficos, siendo esto una función
propia de la labor de quien preside un despacho judicial, al revisar y
verificar los oficios que debe suscribir.
De
esta manera, consideró que el accionado tenía la carga de demostrar que los
documentos publicados fueron usados para algún fin, o que son objeto de
investigación, es decir, corresponde al escritor “al imputar una conducta en
público masivo, demostrar que esta tenga algún tipo de hacedero jurídico, como
puede ser la simple iniciación de investigación disciplinaria o penal por esos
hechos”. Precisó que esta exigencia no afecta el derecho de expresión del
accionado, pues no se le requiere que compruebe la comisión de un delito, ni
que actúe como perito sino que cumpla con un requisito mínimo de veracidad que
compruebe la diligencia en el uso de la información para que no induzca a error
a quien pueda leer sus publicaciones.
Frente
a la imparcialidad, indicó que la Corte Constitucional ha señalado  como
imperativo de este principio que “los periodistas están obligados a adoptar
una cierta distancia crítica respecto de sus fuentes, pues la aceptación
irreflexiva de todas sus afirmaciones puede comprometer su responsabilidad”[4].
En el caso estudiado, señaló que el señor Aldemar Solano “manifiesta sus
opiniones cargadas de fuentes que según dice informan de la conducta que se
está cometiendo”, advirtiendo en su escrito que su intención no es dar una
simple noticia, sino poner en conocimiento de la comunidad lo que sucede en el
juzgado que preside la accionante.
Con
fundamento en lo anterior, advirtió que el señor Aldemar Solano no fue
diligente en el uso de la información que recopiló, pues en su publicación
cuestiona a la accionante por hechos que no solo se encuentran ya fallados a su
favor por la justicia ordinaria sino que además los utiliza para generar frente
a los lectores posturas que van en contravía de la imagen de la funcionaria
judicial.
En
relación con la fotografía utilizada para realizar el artículo del blog, anotó
el ad quem  que al verificar la red social Facebook se puede percatar
que la misma si bien no es una foto actual de su perfil, sí hace parte de las
fotos públicas a las que tiene acceso todas las personas. Sobre este punto,
aclaró que hace parte de las políticas de esta red social tener ciertos
derechos sobre las fotografías allí publicadas, no ocurriendo lo mismo con los
particulares y con los medios periodísticos, quienes deben pedir autorización
para el uso de las mismas. En este sentido, resaltó que aunque se publiquen
fotos en redes sociales, “el rostro asociado a la imagen es un derecho
ligado a la dignidad humana”.
De
conformidad con las anteriores consideraciones, coligió que el señor Aldemar
Solano vulneró el derecho a la honra y al buen nombre de la señora Gloria
Patricia Mayorga, colocándola en una situación de indefensión frente a los
ataques que se pueden realizar por vía de internet y, en consecuencia, ordenó
la rectificación del escrito titulado “denuncian acoso y matoneo por parte
de la Juez de Sesquilé”, la cual debe ser publicada en su perfil en la
página Blogspot, por el mismo medio y compartiéndola en su página de Facebook.
2.
Expediente T-6.371.066
2.1.
Solicitud y hechos
El
señor Jesús Ricardo Sandoval Cote interpuso acción de tutela el 21 de
abril de 2017, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra,
al buen nombre, a la intimidad, a la buena imagen, a la presunción de inocencia
y a la integridad psíquica y psicológica por parte del señor Yeudy Fernel
Tello Gómez, quien publicó en la red social de Facebook, unas fotografías
suyas junto a su familia, afirmando que es el culpable del homicidio de su hermano,
sin que dicha afirmación tenga sustento en una decisión judicial al respecto.
El
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos:
2.1.1.
Indica que ha venido sufriendo amenazas por parte del señor Yeudy Fernel Tello
Gómez, quien ha manifestado su intención de causarle daño tanto a él como a su
familia, pues le atribuye ser el culpable del homicidio de su hermano. Sostiene
que dicha afirmación la realiza sin que exista ninguna decisión judicial de
fondo que así lo establezca, vulnerado con ello su presunción de inocencia.
2.1.2.
Señala que el accionado ha publicado en la red social Facebook fotos suyas
donde aparece junto a su madre y hermana, acompañadas de mensajes denigrantes
en los que utiliza palabras como “rata, desgraciado, miserable, sucio,
traidor”.
2.1.3.
Afirma que debido a los actos realizados por el accionado, él y su familia se
encuentran atemorizados y bajo presión psicológica que afecta su diario vivir,
toda vez que las fotos y mensajes que han circulado en las redes sociales han
dado lugar a que personas inescrupulosas den por ciertas las aseveraciones y
decidan hacer justicia por su cuenta.
2.1.4.
Considera que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de
sus derechos fundamentales, pues aunque reconoce que podría acudir ante la
Fiscalía a interponer una denuncia por calumnia, estima que debido a la
congestión de procesos no obtendrá una resolución pronta y efectiva que evite
la configuración de un perjuicio irremediable.
2.1.5.
Por lo expuesto, solicita al juez de tutela ordenar al señor Yeudy Fernel Tello
Gómez abstenerse de continuar realizando amenazas en contra suya y de su
familia, así como eliminar de la red social Facebook las fotos y mensajes que
atentan contra él y su núcleo familiar. Adicionalmente, solicita se ordene
publicar en la misma red social disculpas por la afectación causada.
2.2.
Mensajes publicados en el muro del perfil del usuario Yeudy Fernel
Tellogomez de la red social Facebook
A
continuación la Sala transcribe las publicaciones realizadas por el señor Yeudy
Fernel Tello Gómez en su muro de Facebook:
“Este
tipo miserable que aparece en esta foto se llama #jesusricardosandovalcote y se
busca por homicidio es el autor intelectual de la muerte de mi hermano Harry
Tello a todos los que vean esta publicación y conocieron a Harry por favor
compartir para que mucha gente la vea y pueda dar información de su paradero se
llama Jesús Ricardo [S]andoval [C]ote y es un desgraciado asesino, traidor”.
“TODOS
A COMPARTIR: #LOQUEREMOSVERPRESO
Est[e]
traidor miserable se llama JES[Ú]S RICARDO SANDOVAL COTE es el autor
intelectual de la muerte de mi hermano HARRY TELLO les pido a los que conocimos
a Harry por favor compartir la publicación para que mucha gente lo vea y poder
dar con el paradero de este miserable que traiciona los amigos (prefirió
mandarle hacer daño antes que pagarle una plata de un carro que le debía el muy
sucio) fue lo saco con mentiras de la casa con excusas falsas para que llegaran
los sicarios contratados por [é]l y le dispararan delante de
nosotros. Gracias a los cuerpos de inteligencia del país todo se supo y todo
est[á] confirmado ahora esa Rata est[á] huyendo y ni siquiera tiene valor para
dar la cara a la justicia. Es una rata traidora miserable que manda a matar a
los propios amigos en vez de pagar sus deudas”.
2.3.
Contestación de la demanda[5]
2.3.1. La
Subdirección Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana contestó la acción de
tutela informando que consultadas las bases de datos de casos llevados por la
Fiscalía “no se halló registro alguno de investigación seguida en contra del
señor Jesús Ricardo Sandoval Cote, o alguna de la que haga parte”.
Sin
embargo, advirtió que se hallaron dos registros de casos adelantados en la
Fiscalía 06 Seccional de la Unidad de Vida, originados en los hechos en que
resultó muerto el señor Harry Stewarth Tello Gómez, en el que uno de ellos se
trata de una compulsa de copias para que se investigue a terceras personas que
pudieran haber participado en la comisión del punible de homicidio y no fueron
vinculadas al caso.
Con
fundamento en lo anterior, indicó que se corrió traslado de la documentación de
la acción de tutela al Fiscal 06 Seccional de Vida para que emita el
correspondiente pronunciamiento.
2.3.2. El
Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta dio respuesta a la acción de
tutela solicitando negar cualquier pretensión en contra de la Policía Nacional
por no existir de parte de la Institución ninguna vulneración a los derechos
fundamentales invocados. Así mismo, solicitó declarar la improcedencia de la
acción por no ser el mecanismo idóneo para denunciar una conducta penal.
Señaló
que una vez se tuvo conocimiento de la presente acción de tutela se procedió a
solicitar a la Seccional de Investigación Criminal –SIJIN- si el señor Jesús
Ricardo Sandoval Cote había instaurado denuncia por las posibles amenazas
referidas en su demanda de tutela, indicándose por parte de esa seccional que
no figura ninguna denuncia al respecto.
No
obstante lo anterior, indicó que ordenó a la Seccional de Protección  y
Servicios Especiales de la MECUC efectuar, de acuerdo a sus competencias,
medidas preventivas de protección a favor del accionante y su núcleo familiar,
y realizar las coordinaciones necesarias con las entidades y autoridades
competentes, con el propósito de realizar el estudio del nivel de riesgo y prevenir
cualquier eventual vulneración a un derecho fundamental.
2.3.3. El
Fiscal 06 de Vida de Cúcuta señaló que efectivamente el señor Jesús Ricardo
Sandoval Cote figura como “indiciado en las presentes diligencias, por el
delito de Homicidio, siendo v[í]ctima HARRY STEWARTH TELLO GOMEZ. //
Consecuentemente está afectado por orden de captura; se está a la espera de su
verificación para el inicio de la acción penal”.
2.4.
Pruebas que obran en el expediente
En
el expediente obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
2.4.1.
Copia del muro de Facebook del usuario Yeudy Fernel Tellogomez,  en el
que aparece una fotografía del accionante y 2 familiares de éste.
2.5.
Decisión judicial
2.5.1.
Decisión única de instancia
El
Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta, Norte de Santander, mediante
sentencia del cinco (05) de mayo de dos mil diecisiete (2017), declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumple los requisitos de
procedencia tratándose de acciones dirigidas contra particulares, y al no
existir vulneración a los derechos a la honra y al buen nombre del peticionario.
Inicialmente,
destacó el carácter residual de la acción de tutela e hizo referencia a jurisprudencia
constitucional relacionada con el derecho a la libertad de expresión y sus
límites, al buen nombre, a la honra y a la intimidad.
Consideró
que en el caso estudiado existe un mecanismo ordinario que contempla las
herramientas inmediatas y eficaces para salvaguardar los derechos invocados,
cual es el proceso penal, por lo que resulta improcedente la intervención del
juez de tutela. Además, que tampoco se probó la existencia o configuración de
un perjuicio irremediable, pues de lo expuesto en el trámite de tutela se
observa que el accionante no ha acudido ni a la Policía ni a la Fiscalía a
solicitar algún tipo de protección para él y su familia, instituciones
contempladas para brindar protección a los ciudadanos, lo cual desvirtúa la
urgencia alegada por el accionante.
3.
Actuaciones en sede de Revisión
3.1.
Mediante
Auto del ocho (08) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el Despacho de
la magistrada sustanciadora ordenó en relación al expediente T-6.155.024 lo
siguiente:
“PRIMERO. OFICIAR a
través de la Secretaria General de esta Corporación al señor Aldemar Solano
Peña a su correo electrónico aldemarsolano@hotmail.com,
pudiéndose confirmar su recepción al teléfono celular 320 737 6520, para
que en el término de dos (2) días hábiles, contados a partir de la recepción
del correo electrónico que contiene el presente Auto, informe a esta
Corporación acerca de lo siguiente:
-  El procedimiento
surtido al momento de elaborar y publicar el escrito que generó la presente
acción de tutela y si el mismo es producto de una denuncia anónima o se trataba
de una denuncia realizada por personas identificables. Lo anterior,
resguardando cualquier información que conduzca a revelar la fuente.
-  Qué
acciones concretas desplegó antes de realizar la referida publicación,
tendientes a: (i) obtener la versión de los hechos por parte de la señora
Gloria Patricia Mayorga Ariza; y (ii) comprobar la veracidad de las denuncias
realizadas por su(s) fuente(s).
SEGUNDO: OFICIAR
a través de la Secretaria General de esta Corporación a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que en el término de dos
(2) días hábiles, contados a partir de la recepción del presente Auto, informe
lo siguiente:
-  Si en
contra de la señora Gloria Patricia Mayorga Ariza ha existido alguna denuncia.
-  Si se
ha adelantado algún proceso en contra de la señora Gloria Patricia Mayorga
Ariza. De ser afirmativa la respuesta, indiciar el estado actual del mismo y/o
su decisión.
TERCERO: OFICIAR
a través de la Secretaria General de esta Corporación al Juzgado Penal
Municipal de Chocontá, Cundinamarca, para que en el término de dos (2) días
hábiles, contados a partir de la recepción del presente auto, remita en calidad
de préstamo el expediente contentivo de la acción de tutela instaurada por la
señora Rosalba Sarmiento Valdivieso contra el Juzgado Promiscuo Municipal de
Sesquilé, Cundinamarca, con número de radicado 0215/2015.
Lo
anterior, teniendo en cuenta que la accionante manifiesta que muchas de las
afirmaciones señaladas en la publicación cuestionada, hacen parte de circunstancias
expuestas en la demanda de tutela referida y solicitada”.
3.2.
Mediante
correo electrónico del dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecisiete (2017),
el señor Aldemar Solano Peña otorgó respuesta a lo solicitando en el citado
auto, informando que el escrito publicado en el blog “Garabatos” se
originó con base en la queja disciplinaria instaurada por la señora Rosalba
Sarmiento, ex subordinada de la juez, sobre maltrato y acoso laboral y
por las expresiones xenofóbicas de la accionante en contra del municipio de
Sesquilé, lo cual fue corroborado por otros dos ex escribientes de esa
funcionaria.
Indicó
que existe una grabación suministrada por una persona que laboró con la
demandante, que da cuenta de su comportamiento y el de su cónyuge, quien
también es abogado, y tratan de censurar cualquier opinión en contra de ellos
bajo el argumento de que son afirmaciones injuriosas y calumniosas.
Afirmó
que antes de realizar la publicación intentó contactarse con la juez, y ante el
rechazo de la misma a atenderlo, dejó su número telefónico con la Secretaria
del Juzgado, señora Gilma Orjuela.
Adjuntó
al escrito presentado un CD contentivo de dos grabaciones realizadas a ex
trabajadores del juzgado presidido por la accionante, que relatan algunas de
las aseveraciones plasmadas en la publicación cuestionada, y copia de la queja
interpuesta por la señora Rosalba Sarmiento en contra de Gloria Patricia
Mayorga por acoso laboral ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura.
3.3. La
Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, mediante oficio del trece (13) de septiembre de dos
mil diecisiete (2017), certificó que en contra de la señora Gloria Patricia
Mayorga Ariza, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Sesquilé cursan los
siguientes procesos:
NÚMERO
DE PROCESO
DEMANDANTE
ASUNTO
ESTADO
ACTUAL
2015-857
ROSALBA
SARMIENTO VALDIVIESO
PRESUNTA
FALTA A LOS DEBERES LEGALES POR IRREGULARIDADES EN LAS DECISIONES ADOPTADAS
EN LA DECLARATORIA DE INSUBSISITENCIA DE LA QUEJOSA Y ACOSO LABORAL CONTRA LA
MISMA
APERTURA
DE INVESTIGACIÓN
2016-220
ANÓNIMO
OFOCIO
651- PROCURADURÍA- PRESUNTA FALTA A LOS DEBERES LEGALES POR INASISTENCIA A SU
LUGAR DE TRABAJO EN DÍAS HÁBILES Y APLAZAMIENTO INJUSTIFICADO DE DILIGENCIAS
JUDICIALES
INHIBITORIO
2016-868
CLAUDIA
PATRICIA BARBOSA CRUZ
FECHA
QUEJA 9-12-2016- PRESUNTA FALTA A LOS DEBERES LEGALES Y FUNCIONALES AL
REALIZAR COMENTARIO Y OFENSAS EN CONTRA DE LA QUEJOSA QUIEN ES EMPLEADA DEL
DESPACHO
INDAGACIÓN
PRELIMINAR
2017-191
NASLY
JOHANA HUERTAS SARMIENTO
PRESUNTA
FALTA A LOS DEBERES LEGALES POR MALOS TRATOS CONTRA LOS USUARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS AJENAS AL
DESPACHO EN FORMA PERMANENTE
RADICACIÓN
Y REPARTO
2017-192
LAURA
NATALIA MOLINA FAJARDO
FECHA
QUEJA 17-04-2017- PRESUNTA FALTA A LOS DEBERES LEGALES POR IRREGULARIDADES EN
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA JUEZ QUE PONEN FIN A LA
VINCULACIÓN DE LA QUEJOSA COMO ESCRIBIENTE
RADICACIÓN
Y REPARTO
3.4.
Mediante oficio del veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017),
el Director de la Unidad Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura señaló que las
bases de datos están distribuidas por especialidad a nivel nacional en cada una
de las Secciones del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que la
información solicitada debía ser solicitada a los despachos pertinentes a nivel
nacional, motivo por el cual, se dio traslado a cada una de las Direcciones
Seccionales de Administración Judicial para que otorguen la respectiva
respuesta.
Sin
embrago, indicó que buscando en la información que se tiene centralizada de
algunos despachos, no todos, no se encontraron registros de procesos en contra
de Gloria Patricia Mayorga Ariza.
3.5. En
atención a lo anterior,  los Juzgados:  Primero Promiscuo Municipal de Imues,
Nariño; Segundo Penal Municipal de Adolescentes de Tumaco, Nariño; Promiscuo
Municipal de Leiva, Nariño; Promiscuo Municipal de Ospina, Nariño; Segundo
Civil Municipal de Túquerres, Nariño; Promiscuo Municipal de Pupiales, Nariño;
Promiscuo Municipal del Contadero, Nariño; Promiscuo Municipal de Santa Bárbara
de Iscaundé, Nariño;; Primero Promiscuo Municipal de Samaniego, Nariño; Promiscuo
Municipal de La Tola, Nariño; Primero Penal del Circuito de Armenia; Segundo
Penal del Circuito de Armenia; Segundo Civil del Circuito de Armenia; Cuarto
Civil Municipal de Armenia; Segundo de Familia del Circuito de Armenia; Segundo
Promiscuo Municipal de Montenegro, Quindío; Promiscuo Municipal de Pijao,
Quindío; Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya, Quindío; Promiscuo Municipal
de Buenavista, Quindío; Tercero Penal Municipal de Cartago, Valle del Cauca;
Promiscuo Municipal de Puerto Concordia, Meta; Quinto Civil del Circuito de Villavicencio;
Primero Civil de Restitución de Tierras de Villavicencio; Primero Laboral del Circuito
de Villavicencio, y; Promiscuo Municipal de Miraflores, Guaviare, indicaron que
en su base de datos no registra ningún proceso o denuncia en contra de la señora
Gloria Patricia Mayorga Ariza.
En
igual sentido se pronunciaron la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, Valle del Cauca; la de Neiva, Huila; la de
Valledupar, Cesar; la de Armenia, Quindío, y; la de Ibagué, Tolima. Así mismo,
informaron la inexistencia de algún proceso el Director del Centro de Servicios
y Oficina de Reparto de Palmira, Valle y el Jefe de la Oficina Judicial de Cali.
Por
su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
Cundinamarca, señaló que se encontró el proceso número 11001400303920130906000,
correspondiente a una acción de tutela interpuesta por la señora Gloria
Patricia Mayorga Ariza contra el Consejo de Administración del Edificio Nicolás.
A
su vez, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Seccional
de Bucaramanga, relacionó los procesos en los que figuró como sujeto procesal
la señora Gloria Patricia Mayorga Ariza, de la siguiente manera:
RADICADO
CLASE
DEMANDANTE
DEMANDADO
VIGENTE
68001110200020060048200
JUECES
DE
OFICIO C.S.J.SDER- SALA DISCIPÑINARIA
JUEZ
2 CIVIL MPAL BARBOSA- GLORIA PATRICIA MAYORGA ARIZA
NO
68001110200020060059000
JUECES
ANTONIO
MANTILLA
JUEZ
3 PROM MPAL BARBOSA- GLORIA PATRICIA MAYORGA ARIZA
NO
68001110200020080104500
JUECES
EDILIA
MATEUS AREVALO
JUEZ
TERCERA PROMISCUA MPAL DE BARBOSA – DRA. GLORIA PATRICIA MAYORGA ARIZA
NO
3.6. La
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), mediante escrito del quince (15)
de octubre de dos mil diecisiete (2017), solicitó al despacho la oportunidad de
intervenir en el proceso de la acción de tutela interpuesta por la señora
Gloria Patricia Mayorga Ariza. Por lo anterior, en auto del cinco (05) de
septiembre de dos mil diecisiete (2017), la magistrada sustanciadora autorizó
la expedición de una copia del expediente al Director Ejecutivo de la Fundación
para la Libertad de Prensa –FLIP-, con el objetivo de obtener su participación
en el proceso.
En
este orden, mediante escrito del dieciocho (18) de octubre de dos mil
diecisiete (2017), la Fundación para la Libertad de Prensa presentó su
intervención, resaltando que el caso estudiado presenta un interesante y
relevante problema jurídico alrededor de la actividad de periodistas que
trabajan a través de medios de comunicación no tradicionales, específicamente a
través de internet, lo que implica que las mismas garantías de las que gozan
los medios convencionales de comunicación debe aplicarse al uso de nuevas
tecnologías en la actividad periodística.
Señaló
que la acción de tutela fue interpuesta sin el cumplimiento del requisito de
procedibilidad que exige solicitar previamente la rectificación por parte del
medio de comunicación. Adicionalmente, advirtió que la acción de tutela debió
ser conocida en primera instancia por un juez del circuito y no por un juez
municipal, en virtud de lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, en tanto la
tutela es interpuesta en contra de un periodista o medio de comunicación.
Por
último, resaltó que la nota publicada por el periodista  Aldemar Solano está
protegida por el derecho fundamental a la libertad de prensa, amparado por el
artículo 20 de la Constitución Política de Colombia.
II.CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados
en el proceso de esta referencia.
2.
Problema jurídico
En
consideración a los antecedentes planteados, respecto al expediente T-6.155.024, corresponde
a la Sala de Revisión responder los siguientes problemas jurídicos: ¿al publicar la
información mencionada en el blog “Garabatos” y compartirla en su perfil
de Facebook, acompañada de una foto de la accionante, el señor Aldemar Solano
Peña se sujetó a los deberes mínimos que en materia de veracidad, imparcialidad
y responsabilidad son exigidos por la Constitución a quienes ejercen la
actividad de informar, teniendo en cuenta que su escrito refiere denuncias
contra la accionante constitutivas de conductas punibles o disciplinables? y
¿si los comentarios realizados por la señora Nasly Johanna Huertas respecto de
la publicación compartida por el señor Aldemar Solano atentan contra los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de la accionante?
Por
otra parte, en relación con el expediente T-6.371.066, corresponde a la
Sala determinar ¿si
el señor Yeudy Fernel Tello Gómez vulneró los derechos fundamentales al buen
nombre, a la intimidad, a la honra y a la imagen del accionante, al publicar en
su perfil de Facebook afirmaciones relacionadas con el homicidio de su hermano,
imputando la responsabilidad de dicho hecho al demandante, y publicando una
fotografía de éste junto con dos de sus familiares?
Para
abordar el estudio de los problemas jurídicos señalados, la Sala analizará lo
expresado por la jurisprudencia constitucional en relación con: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra particulares; (ii) los
derechos a la intimidad, honra, imagen y buen nombre (iii) los
derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de
información, sus alcances y sus límites, (iv)  la exceptio
veritatis liberadora de responsabilidad, en conductas que afectan los
derechos a la honra o al buen nombre, y (v) se resolverán los casos
concretos.
2.1. Asunto
previo. Examen de la competencia del juez de tutela de primera instancia dentro
del expediente T-6.155.024
En relación con
el expediente T-6.155.024, antes de abordar los problemas jurídicos expuestos,
corresponde a la Sala determinar si tal como lo afirmó la accionante en la
impugnación presentada y lo señaló la Fundación para la Libertad de Prensa en
la intervención realizada ante esta Corporación, existe un problema de
competencia de los jueces de tutela que asumieron el conocimiento de la
presente acción.
A
juicio de la peticionaria, si se predica que el accionado se encontraba
amparado por el derecho  a la libertad de prensa, por cuanto éste demostró su
calidad de periodista, el fallo proferido en la primera instancia es nulo,
puesto que el Decreto 2591 de 1991 asigna la competencia de estos
casos a los jueces del circuito y no a los municipales, como ocurrió en el
presente asunto. Esta conclusión es compartida por la Fundación para la
Libertad de Prensa –FLIP-.
Respecto de este reparo, encuentra la Sala oportuno precisar  que  el
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia establece que la acción de
tutela puede ser interpuesta ante cualquier juez de la República. Este mandato
constitucional fue desarrollado por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,[6]
en el que solamente se establecieron dos reglas de competencia, a saber: (i)
son competentes para conocer a prevención, los jueces o tribunales con
jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o la amenaza que motiva la
demanda y; (ii) los jueces del circuito son los competentes para conocer de las
acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación. En
estos términos, tenemos que en la actualidad, en el ordenamiento jurídico
colombiano, las reglas de competencia en materia de tutela están establecidas
solamente en el artículo 86 Superior y en el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991.
En este sentido,
esta Corporación ha establecido que en materia de medios de
comunicación, se debe aplicar la norma especial contenida en el citado artículo
37 del Decreto 2591 de 1991. Al respecto, en el Auto 142 de 2003[7] señaló:
“5.
Así las cosas, la Corte Constitucional considera, que como el Decreto 1382 de
2000 se dictó en desarrollo del artículo 37 del Decreto 2591 y éste
precisamente trae una regulación específica, para el caso de las acciones de
tutela dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, la cual
está vigente porque no ha sido modificada, ni revocada, el asunto sometido a
consideración de la Sala debe someterse a la regla especial allí fijada.”
No obstante lo
anterior, la Corte ha precisado que una vez asumido el conocimiento del amparo por
parte de una autoridad judicial y en virtud de los principios de economía
procesal, perpetuatio jurisdictionis y la garantía rápida y
eficaz de los derechos fundamentales de los afectados, el juez debe tramitar
hasta su culminación el proceso de tutela.
En efecto, en el
Auto 064 de 2007,[8]
la Corte señaló que conforme al principio perpetuatio jurisdictionis,
en el momento mismo que un despacho judicial avoca el conocimiento de una
acción de tutela, la competencia no puede ser alterada ni en la primera ni en
la segunda instancia, puesto que, de lo contrario, se afectaría gravemente la finalidad
de la acción de amparo, cual es la protección inmediata de los derechos
fundamentales.
En el presente
caso, se observa que la demanda de tutela fue presentada y repartida
inicialmente ante el Juzgado Penal Municipal de Chocontá, Cundinamarca, entre
otras cosas, por la creencia de la accionante de que estaba presentando la
demanda en contra de un particular y no de un periodista o medio de
comunicación, circunstancia que ha sido alegada por ella a lo largo de todo el
trámite de tutela. A su vez, el expediente en segunda instancia, fue conocido
por el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá, Cundinamarca.
En este orden,
con base en las consideraciones expuestas, encuentra la Sala que aunque en
principio el juez competente para conocer el proceso, en atención a que la
acción de tutela estaba dirigida contra una persona que ejerce el periodismo, era
el juzgado del circuito y no el municipal, como en efecto sucedió, ninguno de
los juzgados manifestó su incompetencia, y al contrario, dieron tramite a la
solicitud de amparo. De esta manera, en virtud del principio de la perpetuatio
jurisdictionis, puede
concluirse que la eventual nulidad surgida por la incompetencia del juez de
primera instancia fue saneada, al darse prevalencia a la resolución del
conflicto planteado que involucra la vulneración de derechos fundamentales.
2.2.
Procedibilidad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia
2.2.1.
Acción de tutela contra particulares cuando existe una relación de indefensión
Esta
Corporación ha señalado reiteradamente,[9]
con fundamento en el artículo 86 Superior y el artículo 42 del Decreto 2591 de
1991, que la acción de tutela procede contra particulares en alguna de las
siguientes circunstancias: (i) cuando el particular presta un servicio público;
(ii) cuando la conducta del particular afecta grave y directamente el interés
colectivo y, (iii) cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión frente al particular.
La
última situación señalada, hace referencia al supuesto en el que, debido a las
circunstancias fácticas concurrentes, una persona se encuentra impotente o
sometida en relación con otra y, por tanto, se halla en la imposibilidad de
defender sus derechos.[10]
Desde
sus primeros estudios, esta Corporación en la Sentencia T-290 de 1993 indicó
que la situación de indefensión “(…) no tiene su origen en la obligatoriedad
derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones
de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho
carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante
la violación o amenaza de que se trate (...)".[11]
En
este sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la indefensión se
constituye a raíz de  una relación de dependencia de una persona respecto de
otra que surge de situaciones de naturaleza fáctica. En virtud de estas
circunstancias, la persona afectada en su derecho carece de defensa, “entendida
ésta como la posibilidad de respuesta oportuna, inmediata y efectiva ante la
vulneración o amenaza de la que se trate”,[12] o
está expuesta a una “asimetría de poderes tal” que “no está en
condiciones materiales de evitar que sus derechos sucumban ante el poder del
más fuerte”.[13]
De
esta manera, el estado de indefensión se manifiesta cuando la persona afectada
en sus derechos por la acción u omisión del particular carece de medios físicos
o jurídicos de defensa, o los medios y elementos con que cuenta resultan
insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho
fundamental, razón por la cual se encuentra inerme o desamparada.[14] En cada caso
concreto, el juez de tutela debe apreciar los hechos y circunstancias con el
fin de determinar si se está frente a una situación de indefensión, para
establecer si procede la acción de tutela contra particulares.[15]
La
Corte ha identificado enunciativamente varias situaciones que pueden dar lugar
a la condición de indefensión. Así, la Sentencia T-012 de 2012[16] hizo referencia a las
siguientes circunstancias: “(i) cuando la persona está en ausencia de medios
de defensa judiciales eficaces e idóneos que le permitan conjurar la
vulneración de un derecho fundamental por parte de un particular; (ii) quienes
se encuentran en situación de marginación social y económica; (iii) personas de
la tercera edad; (iv) discapacitados; (v) menores de edad; (vi) la
imposibilidad de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma
irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o
pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular; (vii) la existencia
de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución
de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una
de las partes como en la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre
copropietarios, entre socios, etc. y, (viii) el uso de medios o recursos que
buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que
un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro”.
En
este orden, la jurisprudencia constitucional ha reconocido como una expresión de
debilidad manifiesta constitutiva de estado de indefensión, la circunstancia
fáctica de inferioridad que produce la divulgación de información u otras
expresiones comunicativas, por medios que producen un amplio impacto social y
que trasciende del entorno privado en el que se
desenvuelven los involucrados, como los son los medios de comunicación y
las redes sociales.[17]
Específicamente, se ha considerado que “la divulgación de fotografías y
otros objetos comunicativos a través de la red social Facebook configura una
situación fáctica de indefensión por cuanto la parte demandada tiene un poder
amplio de disposición sobre estos objetos, así como el control de los medios de
publicidad en que aparecen los mismos, en cuanto detenta el poder de acceso y
el manejo del sitio en el que se realiza la publicación.”[18]
Así
las cosas, cuando en el caso concreto el juez constitucional logre evidenciar
que quien demanda se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, es decir,
de indefensión frente al accionado, la tutela se torna procedente, aunque este
último sea un particular. Situación que se evidencia cuando se realizan
publicaciones a través de internet o redes sociales sobre las cuales el
demandante o afectado no tiene control.
En
los casos sometidos a examen de la Corte en esta oportunidad, es evidente que
existe una relación de indefensión en que podrían haber sido colocados los
actores en la situación concreta. Lo anterior, pues encuentra la Sala que en
ambos asuntos  los accionados se valieron de diversos medios de comunicación
como el internet y las redes sociales para publicar la información que
consideran los peticionarios atenta contra sus derechos fundamentales.
En
efecto, en el expediente T-6.155.024 las denuncias contra la señora
Gloria Patricia Mayorga Ariza, en su condición de juez de la República, fueron
divulgadas a través de internet, en la plataforma de comunicaciones “Garabatos”,
y posteriormente compartida en la página de Facebook del señor Aldemar Solano
Peña, con el propósito de que las mismas fueran conocidas por la comunidad.
Por
su parte, en el expediente T-6.371.066 se puede afirmar que la parte
demandada goza de un significativo manejo sobre la publicación que realizó,
referente a la presunta participación del accionante en un homicidio, dado que
dicha información fue publicada en el muro de su perfil personal de Facebook,
el cual se presume solo él controla, lo que permite inferir que el accionante
se enmarca dentro de una situación de indefensión.
En
conclusión, en los asuntos objeto de estudio, las modalidades de divulgación
utilizadas colocaron a los demandantes en una situación fáctica de indefensión
frente a los accionados, como quiera que se trata de medios de gran impacto y con
un amplio espectro de difusión, respecto de los cuales los accionantes no
pueden desplegar ninguna acción que permita que dicha información sea retirada.
2.2.2.
Procedencia de la acción de tutela para la protección constitucional de los
derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad personal
La
acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial idóneo y efectivo para la protección de sus derechos
fundamentales o, en caso de existir tal recurso judicial, se ejerza como
mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable.
El carácter subsidiario de esta acción “impone al interesado la
obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios
ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la
protección de sus derechos fundamentales (…) y sólo ante la ausencia de dichas
vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo
constitucional.”[19]
Para la
protección de los derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad personal
el ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos diferentes a la tutela, como
lo es la acción penal. En efecto, cuando se presenta la lesión de los mencionados
derechos fundamentales, los delitos de injuria[20]
y calumnia[21]
permiten preservar la integridad moral de la víctima.
Sin
embargo, esta Corporación ha establecido en reiterados
pronunciamientos[22] que la
simple existencia de una conducta típica que permita salvaguardar los derechos
fundamentales, no es un argumento suficiente para deslegitimar por sí sola la
procedencia de la acción de tutela, toda vez que: (i) aunque la afectación
exista y sea antijurídica, se puede configurar algún presupuesto objetivo o
subjetivo que excluya la responsabilidad penal, lo cual conduciría a la
imposibilidad de brindar cabal protección a los derechos del perjudicado; (ii)
la víctima no pretenda un castigo penal, sino solamente su rectificación; y
(iii) la pronta respuesta de la acción de tutela impediría que los efectos de
una eventual difamación sigan expandiéndose y prologándose en el tiempo como
acontecimientos reales y fidedignos.[23]
En este sentido, en la Sentencia
T-263 de 1998,[24] la Corte determinó la ineficacia del
proceso penal para la salvaguarda de los derechos fundamentales al buen nombre
y la honra, toda vez que “el elemento central del delito de injuria
está constituido por el animus injuriandi, es decir, por el hecho de que la
persona que hace la imputación tenga conocimiento (1) del carácter deshonroso
de sus afirmaciones, (2) que tales afirmaciones tengan la capacidad de dañar o
menoscabar la honra del sujeto contra quien se dirigen y que con
independencia que exista o no animus injuriandi, en materia constitucional, se
puede producir una lesión”. (Resaltado propio).
De esta manera, se ha considerado que
la acción penal y la de amparo constitucional persiguen objetivos diversos,
ofrecen reparaciones distintas y manejan diferentes supuestos de
responsabilidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, en
relación con el expediente T-6.155.024 observa la Sala que la señora
Gloria Patricia Mayorga Ariza instauró una denuncia contra el accionado por los
delitos de injuria y calumnia. No obstante, el amparo constitucional se erige
como mecanismo eficaz, idóneo e inmediato para la protección de los derechos
fundamentales a la honra, a la intimidad y al buen nombre, si se tiene en
cuenta que: (i) de llegarse a establecer la responsabilidad penal del
accionado, ello no repara por sí mismo los derechos fundamentales invocados y (ii) el
juez penal no goza de las mismas facultades que el juez constitucional para
impartir las ordenes pertinentes para lograr que cese la vulneración de los
derechos fundamentales infringidos.
Por su parte, en el expediente T-6.371.066,
aunque el accionante reconoce que podría acudir a la Fiscalía a denunciar los
hechos que estima vulneran sus derechos fundamentales, considera que debido a
la congestión judicial no obtendría una resolución pronta y eficaz. Al
respecto, encuentra la Sala que, tal como lo sostiene el accionante, los
mecanismos ordinarios de defensa no revisten la rapidez y oportunidad que un
caso como el estudiado se demandan, puesto que precisamente, el peticionario
requiere de una intervención actual e inmediata que impida que la situación se
siguiera prolongando en el tiempo de forma indefinida, afectando no sólo sus
derechos sino también poniendo en riesgo los derechos de sus familiares cuya
imagen fue publicada, más aún cuando afirma el accionante que las publicaciones
cuestionadas han dado lugar a recibir por parte de terceras personas amenazas
contra su integridad y vida.
De conformidad con lo expuesto, si
bien los accionantes cuentan con otros recursos judiciales para solicitar que
se condene a los accionados por la responsabilidad a la que haya lugar, la
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, en razón a la afectación
a los derechos a la honra y al buen nombre que se puede causar con las
publicaciones de información en medios masivos de comunicación, la acción de
tutela resulta o, al menos, puede resultar, en razón de su celeridad, en el
mecanismo idóneo para contener su posible afectación actual.
2.2.3. El deber de haber solicitado
previamente la rectificación de la información errónea e inexacta
El artículo 20 de la Constitución Política
establece en su último inciso que “se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad”. La Corte Constitucional ha señalado que el ejercicio de
este derecho necesariamente “conlleva la obligación de quien haya difundido información
inexacta o errónea de corregir la falta con un despliegue equitativo”[25]
y “busca reparar
tanto el derecho individual transgredido como el derecho colectivo a ser
informado de forma veraz e imparcial”.[26]
Esta Corporación ha establecido como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela la solicitud de rectificación
previa al particular, el cual resulta exigible respecto de los medios masivos
de comunicación.[27]
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha desarrollado el contenido y alcance del derecho a la
rectificación en variados casos de acciones de tutela interpuestas contra
medios de comunicación, en las que se presentan tensiones entre la libertad de
información y prensa y los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y
a la intimidad. En este sentido, en la sentencia T-512 de 1992,[28]
la Corte estableció las premisas, que posteriormente serían reglas constantes
de su jurisprudencia sobre el derecho de rectificación, dentro de las cuales se
destaca la solicitud previa de rectificación como requisito de procedibilidad
de la acción de tutela contra el medio de comunicación. De esa forma, en el
evento en que se haya afectado el derecho al buen nombre o a la honra, el
interesado deberá, para acudir a la acción de tutela, previamente solicitar al
medio responsable rectificar la información errónea, falsa o inexacta.[29]
De igual manera, la Corte
Constitucional ha señalado que la solicitud previa de rectificación como
requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela en estos
casos parte de la presunción de buena fe del emisor del mensaje. Esto por
cuanto se presume que los hechos que sustentan sus opiniones o informaciones
son verificables y razonablemente contrastados. Sin embargo, la propia Corte ha
reconocido que no es posible excluir “la posibilidad de que [el
emisor] pueda caer en error”.[30] Por esta
razón, según la jurisprudencia constitucional, el requisito de la solicitud de
rectificación previa “pretende dar al emisor de la información la
oportunidad de contrastar y verificar por sí mismo si las aseveraciones de
quien solicita la rectificación son ciertas o, por el contrario, si se mantiene
en el contenido de la información por él difundida”.[31]
Si bien la solicitud de rectificación
previa como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de
tutela tradicionalmente ha sido exigible a los medios de comunicación
convencionales, dicho requisito es extensible, en los términos de la reciente
jurisprudencia constitucional, a otros canales de divulgación de información.
En la sentencia T-263 de 2010, tras definir el requisito de la rectificación
previa para la interposición de la acción de tutela, la Corte señaló que la
presentación de esta solicitud da lugar a que “el periodista o
el medio de comunicación – u otra persona que informe, debido a la
amplitud tecnológica que hoy se presenta con recursos como el Internet -,
tiene el deber de responder si se mantiene o rectifica en sus
aseveraciones” (subrayas fuera de texto).
Esta premisa es compatible con el
alcance de la libertad de expresión en internet definido por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. Al respecto, en la sentencia T-550
de 2012,[32] con
fundamento en la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en
Internet, la Corte concluyó que “la libertad de expresión se aplica en
Internet del mismo modo que en otros medios de comunicación, concluyéndose que
las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación, el
denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación”.
En tal sentido, la solicitud de
rectificación previa como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la
acción de tutela es extensible, en los términos de la reciente jurisprudencia
constitucional, a otros canales de divulgación de información, como por ejemplo
en internet y las redes sociales, especialmente, cuando por medio de ellos se
ejerce una actividad periodística.
Esta carga, debe cumplirse a la luz
del criterio de razonabilidad. De esta manera, la Sentencia T-593 de 2017[33] indicó que la rectificación puede solicitarse
por medio de un mensaje interno ‘in box’ o un comentario en la
publicación, de conformidad con las características propias de la red social
utilizada para la emisión del mensaje. Además se precisó que “en todo caso,
la exigencia de este requisito no puede dar lugar a limitar injustificadamente el
ejercicio de la acción de tutela en aquellos casos en que no sea posible
contactar o localizar al autor del mensaje, para efectos de solicitar la
rectificación”.
En atención a lo anterior, observa la
Sala respecto al expediente T-6.155.024, que en la impugnación
presentada contra la decisión de tutela de primera instancia, la accionante
manifiesta que su apoderado judicial solicitó al accionado a través de un
comentario en el muro de Facebook donde se encuentra compartida la publicación
cuestionada que rectificara la información errónea y falsa, para lo cual lo
invitó al despacho judicial que preside la accionante con el fin verificar los
informes, investigaciones y documentos referentes  a las denuncias por él
expuestas en el artículo publicado.[34]
Ahora bien, cuando la información que se estima inexacta o errónea
no es difundida por los medios sino por otro particular, la previa solicitud de
rectificación ante el particular responsable de la difusión no es exigida como
presupuesto de procedencia de la acción de tutela. Al respecto, la Sentencia T-110 de 2015[35], reiteró que:
“El numeral 7º del artículo 42 del decreto
2591 de 1991, señala que la tutela procede contra acciones u omisiones de particulares
‘cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas’, pero
el Juzgado de instancia indicó que esta solicitud procede siempre y cuando la
difusión de la información que se considera inexacta o errónea haya sido
difundida por un medio de comunicación social, mas no en otros
supuestos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, efectivamente, ha
circunscrito la exigencia consistente en elevar una previa solicitud de
rectificación a los casos de informaciones difundidas por los medios masivos de
comunicación social. De este modo, cuando la información que se estima inexacta
o errónea no es difundida por los medios, sino por otro particular, no cabe
extender un requisito expresamente previsto en el artículo 20 superior para
otra situación y, por consiguiente, la previa solicitud de rectificación ante
el particular responsable de la difusión no es exigida como requisito de
procedencia de la acción de tutela.”
En este orden, en relación con el expediente T-6.371.066, el amparo
no fue invocado en contra de un medio de comunicación sino en contra de un
particular que tampoco cumplía la función de informar, sino que difundió un
mensaje que el accionante considera lesivo a sus derechos, por lo que la
solicitud de rectificación previa no es requisito de procedencia de la acción.
2.3. Los derechos a
la intimidad, honra, al buen nombre y a la imagen. Reiteración de
jurisprudencia.
Los
derechos fundamentales a la intimidad, la honra, al buen nombre y la imagen
gozan de amplia protección constitucional.
2.3.1.
El
artículo 15 de la Constitución Política reconoce el derecho a la intimidad
personal y familiar, y establece expresamente el derecho de todas las personas
a su buen nombre y el deber del Estado de respetar y hacer respetar esos
derechos.
En
relación con el derecho a la intimidad, la Corte Constitucional ha sostenido
que el objeto de este derecho es “garantizar a las personas una esfera de
privacidad en su vida personal y familiar, al margen de las intervenciones
arbitrarias que provengan del Estado o de terceros” y que “la protección
frente a la divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese
ámbito de privacidad” forma parte de esta garantía.[36]
De
igual manera, esta Corporación  ha señalado que el derecho a la
intimidad  “permite a las personas manejar su propia existencia como a
bien lo tengan con el mínimo de injerencias exteriores” y que la protección
“de esa esfera inmune a la injerencia de los otros –del Estado o de otros
particulares” es un “prerrequisito para la construcción de la autonomía
individual que a su vez  constituye el rasgo esencial del sujeto
democráticamente activo”.[37]
En
ese orden de ideas, el área restringida que constituye la intimidad “solamente
puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando
orden dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de
conformidad con la Constitución y la ley”.[38]
La
jurisprudencia constitucional[39]
ha indicado que el derecho a la intimidad tiene como sustento cinco principios
que garantizan la protección de la esfera privada frente a injerencias externas
injustificadas, a saber: (i) libertad, hace referencia a que sin existir
obligación impuesta por parte del ordenamiento jurídico o sin contar con el
consentimiento o autorización del afectado, los datos de una persona no pueden
ser divulgados, ni registrados, pues de lo contrario, se constituye una
conducta ilícita; (ii) finalidad, en virtud del cual la publicación o
divulgación de los datos personales solo puede ser permitida si con ello se
persigue un interés protegido constitucionalmente como el interés general en
acceder a determinada información; (iii) necesidad, implica que los
datos o información que se va a revelar guarden relación con un soporte
constitucional; (iv) veracidad, por lo que se encuentra prohibida la
publicación de información personal que no se ajuste a la realidad o sea
incorrecta; y (v) la integridad, que indica   que no puede evidenciarse
parcialidad o fragmentación en los datos que se suministran, es decir, que la
información debe ser completa.
La
sujeción a los principios antes señalados va a permitir una legítima
divulgación de la información personal al igual que va a garantizar que el
proceso de publicación y comunicación sea el adecuado.[40]
Por
su parte, esta Corporación ha indicado que el derecho a la intimidad comprende
múltiples y diversos aspectos de la vida de la persona, incluyendo no solo la
proyección de su imagen, sino también la reserva de sus distintos espacios
privados en los cuales solo recae el interés propio. En efecto, la Corte  ha
sostenido que:
“(…)constituyen
aspectos de la órbita privada,  los asuntos circunscritos a las
relaciones  familiares de la persona,  sus costumbres y prácticas
sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los espacios
limitados y legales para la utilización  de datos a nivel informático, las
creencias religiosas, los secretos profesionales y en general  todo
"comportamiento del sujeto  que no es conocido por los extraños
y que de ser conocido originaría críticas  o desmejoraría la
apreciación" que  éstos tienen de aquel.”[41]
Esos
diversos aspectos que comprende el derecho a la intimidad se pueden identificar
en distintos grados, que además del personal y familiar, cobijan también el
social, el cual se traduce en las interacciones e interrelaciones con las demás
personas en sociedad, incluyendo el ámbito laboral y público.
En
relación con los grados que se pueden identificar en el derecho fundamental a
la intimidad, se ha afirmado que:
“Dichos grados
de intimidad se suelen clasificar en cuatro distintos niveles, a saber: la
intimidad personal, familiar, social y gremial (C.P. art. 15). La primera,
alude precisamente a la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de poder
guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su
propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizado aspectos
íntimos de su vida. La segunda, responde al secreto y a la privacidad en el
núcleo familiar, una de cuyas principales manifestaciones es el derecho a la
inmunidad penal, conforme al cual, “nadie podrá ser obligado a declarar contra
sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. La
tercera, involucra las relaciones del individuo en un entorno social
determinado, tales como, las sujeciones atenientes a los vínculos labores o
públicos derivados de la interrelación de las personas con sus congéneres en
ese preciso núcleo social, a pesar de restringirse -en estos casos- el alcance
del derecho a la intimidad, su esfera de protección se mantiene vigente en aras
de preservar otros derechos constitucionales concomitantes, tales como, el
derecho a la dignidad humana. Finalmente, la intimidad gremial se relaciona
estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de
reservarse -conforme a derecho- la explotación de cierta información, siendo,
sin lugar a dudas, uno de sus más importantes exponentes, el derecho a la
propiedad intelectual (C.P. art. 61).”[42]
2.3.2.
Por
su parte, el derecho al buen nombre hace referencia al concepto que se forman
los demás sobre cierta persona. De esta manera, la jurisprudencia de esta Corte
ha definido el derecho al buen nombre como “la reputación, o el concepto que
de una persona tienen los demás” y “la estimación o deferencia con la
que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad que le conocen y le tratan”.[43]
Este
derecho puede ser vulnerado tanto por autoridades públicas como por
particulares, lo cual ocurre cuando se divulga información falsa o errónea, o
se utilizan expresiones ofensivas o injuriosas, lo que conlleva a que la
reputación o el concepto que se tiene de la persona se distorsionen, afectando
también su dignidad humana.[44]
En
este sentido, la Sentencia T-1095 de 2007 indicó: “La vulneración del
derecho al buen nombre puede provenir de una autoridad pública, pero es
incuestionable que algunos comportamientos de particulares llegan también a
afectarlo y habrá de acudirse a lo determinado en el artículo 86 de la
Constitución”.[45]
Al
respecto, la Corte ha sostenido que:
“En
suma, el derecho al buen nombre debe ser objeto de protección constitucional
cuando se divulgan públicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos
sobre una persona, con lo cual se busca socavar su prestigio o desdibujar su
imagen, por consiguiente para constatar una eventual vulneración al buen nombre
es preciso examinar el contenido de la información, y evaluar si es falsa o
parcializada o si adjudica a determinadas personas actividades deshonrosas que
le son ajenas. Para el mismo efecto resulta imprescindible establecer si las
expresiones cuestionadas corresponden al ejercicio de la libertad de
información o se inscriben en el ámbito de la libertad de opinión.”[46]
En
esa medida, al estudiar casos relacionados con la vulneración al buen nombre de
una persona, el juez de tutela debe analizar la situación fáctica que se le
presenta, dado que este derecho guarda una estrecha relación con la dignidad
humana y, por ende, al evidenciar los elementos previamente mencionados, debe
proceder al restablecimiento y protección del derecho.
2.3.3.
En relación con el derecho a la imagen, la Corte Constitucional ha señalado que
este
es “el derecho de toda persona al manejo de su propia imagen” que
comprende “la necesidad de consentimiento para su utilización” y
que constituye “una expresión directa de su individualidad e identidad”.[47] En este
sentido, se ha establecido que la imagen de una persona no
puede ser utilizada o manipulada por terceros de manera libre,[48] lo que
implica que para que otros puedan utilizarla se requiere el consentimiento del
titular del derecho.
En
cuanto a la disposición de la propia imagen por terceros, esta Corporación ha
sostenido:
“Una
consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad impiden que las
características externas que conforman su fisonomía o impronta y que la
identifican más que cualquiera otro signo externo en su concreta
individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación de
terceros”.[49]
Bajo
esa línea, la jurisprudencia constitucional ha señalado que todos los aspectos
referentes con el derecho a la imagen de la persona, incluyendo su disposición,
están relacionados también con la garantía del libre desarrollo de la
personalidad, toda vez que hacen parte de la autodeterminación del sujeto.
Sumado a que, como derecho autónomo, este se encuentra ligado a la dignidad de
la persona y, en esa medida, puede verse afectado cuando se presenta una
vulneración en contra de las garantías al buen nombre, a la intimidad y a la
honra.[50]
En
virtud de lo anterior, se colige que para la utilización de la imagen por parte
de terceros, se requiere el correspondiente consentimiento del titular, por lo
que, de presentarse, entre otras, apropiaciones, publicaciones o reproducciones
injustificadas se estaría atentando contra este derecho. Así, la Corte ha
indicado que:
“En suma, el
derecho a la propia imagen, a partir de los diversos aspectos desarrollados por
la jurisprudencia constitucional, (i) comprende la necesidad de consentimiento
para su utilización, (ii) constituye una garantía para la propia imagen como
expresión directa de la individualidad e identidad de las personas, (iii)
constituye una garantía de protección de raigambre constitucional para que las
características externas que conforman las manifestaciones y expresiones
externas de la individualidad corporal no puedan ser objeto de libre e
injustificada disposición y manipulación de terceros, (iv) es un derecho
autónomo que puede ser lesionado junto con los derechos a la intimidad, a la
honra, al buen nombre de su titular, y cuyo ejercicio está estrechamente
vinculado a la dignidad y libertad de la persona, (v) implica la garantía del
manejo sobre la propia imagen cuyo ejercicio se traduce en una manifestación de
la autodeterminación de las personas, y (vi) exige que las autorizaciones
otorgadas para el uso de la propia imagen en el marco de la libertad en las
relaciones contractuales no sean entendidas como una renuncia al derecho
mismo.”[51]
En
estos términos, se entiende que la imagen como derecho autónomo, es también
personalísimo, estrechamente ligado con la dignidad humana y el desarrollo de
la personalidad. En consecuencia, a menos que se encuentre dentro de los
límites consagrados y legítimos, requiere de autorización por parte del titular
para que quepa su disposición por parte de terceros y su lesión también puede
estar vinculada a la vulneración de los derechos al buen nombre, intimidad y
honra.
Esta
Corporación en la Sentencia T-260 de 2012,[52]
abordó el tema relacionado con los riesgos para los derechos fundamentales como
la protección de datos y la intimidad y por la utilización de la imagen en las
redes sociales. En dicha oportunidad, se indicó que, si bien en estos espacios
deben regir normas similares a los medios no virtuales, acceder a estos implica
un riesgo mayor para las garantías fundamentales pues, la posibilidad de hacer
pública información y datos personales a través de perfiles creados por quienes
las utilizan, implica un mayor de vulnerabilidad de los derechos antes
mencionados.
Lo
anterior, toda vez que la gran capacidad con que cuentan las redes sociales
para comunicar, divulgar, difundir y compartir información, gracias a potentes
herramientas para su intercambio, análisis y procesamiento, alcance del cual
los usuarios no son conscientes al momento de comenzar a utilizarlas, hacen que
la intimidad de la persona se encuentre cada vez más expuesta y, por ende,
exista una mayor vulnerabilidad respecto de los derechos fundamentales
relacionados con la misma.
En
relación con el tema específico de la red social Facebook, la decisión antes
mencionada advirtió que el riesgo de afectación de los derechos fundamentales
puede originarse incluso desde un primer momento, cuando el usuario comienza a
utilizar el servicio a través del registro y no solo durante su permanencia en
la plataforma, sino también una vez decida abstenerse de seguir participando en
ella; conllevando así, que el riesgo se perpetre no solo respecto de los
usuarios que se encuentran activos en dicha red social, pues existe la
posibilidad de que, además de estos últimos, terceros no participantes también
tengan acceso y  utilicen la información que allí se publica.
Así,
la transgresión más clara que se puede presentar a través de Facebook deriva de
la publicación de videos, mensajes, fotos, estados y la posibilidad de realizar
y recibir comentarios de la importante cantidad de usuarios de la plataforma,
lo que trae consigo la eventualidad de que terceros tengan acceso a la propia
información.
En
efecto, en la citada decisión, la Corte señaló que dentro de los posibles
riesgos a los que se está expuesto al ser usuario de las redes sociales, se
encuentra entre otros, el siguiente: “Los datos personales pueden ser
utilizados por terceros usuarios malintencionados de forma ilícita. Existe la
posibilidad de que traten y publiquen en la red información falsa o sin
autorización del usuario, generando situaciones jurídicas proseguibles que
pueden llegar a derivarse de este hecho.”[53]
Por
su parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la protección a la
imagen también se aplica a las redes sociales incluyendo el restablecimiento
del derecho cuando se está haciendo un uso indebido de ella, se publica sin la
debida autorización del titular o simplemente la posibilidad de excluirla de la
plataforma, pues, como se mencionó anteriormente, tanto la imagen como su
disposición se encuentra íntimamente ligada al libre desarrollo de la
personalidad, así como a la dignidad humana como expresión directa de la identidad
de la persona.[54]
De
lo anterior se colige que si bien redes sociales como Facebook implican un
mayor riesgo de vulnerabilidad de derechos fundamentales al buen nombre, a la
intimidad y a la imagen, no quiere decir que el uso de dichas plataformas implique
una cesión de tales garantías y, en consecuencia, la libre y arbitraria
utilización de los datos, ya sea videos, fotos y estados, entre otras, ni
tampoco la publicación de cualquier tipo de mensaje, dado que, como se ha
venido reiterando, la protección y límites de la libertad de expresión por
medios de alto impacto también aplican a medios virtuales.
2.4.
Los derechos
fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de información, sus
alcances y sus límites
El artículo 20 de la
Constitución Política de Colombia contempla el derecho a  la libertad de
expresión en los siguientes términos: “Se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos
de comunicación.// Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura”.
De esta norma
constitucional se desprende el derecho que tiene toda persona de expresar y
difundir sus opiniones, ideas, pensamientos, narrar hechos, noticias, y todo
aquello que considere relevante, y el derecho de todos de recibir información
veraz e imparcial, lo que conlleva la libertad de fundar medios de comunicación
que tengan por objeto comunicar sobre hechos y noticias de interés general. En
otras palabras, mientras que, por un lado, el artículo 20 Superior establece la
libertad de expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones, por el
otro se señala que existe libertad para informar y recibir información veraz e
imparcial. La primera libertad se refiere al derecho de todas las personas de
comunicar sus concepciones e ideas, mientras que la segunda se aplica al
derecho de informar y de ser informado sobre los hechos o sucesos cotidianos.[55]
Lo anterior, se encuentra
en plena concordancia con lo establecido respecto al derecho a la libertad de
expresión en varios Tratados Internacionales de Derechos Humanos, tales como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 19),[56]
la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 13)[57] y la Convención Europea de Derechos
Humanos (artículo 10), en los cuales la protección de este derecho es bastante
amplia y contiene numerosas disposiciones que plantean las condiciones tanto
para su ejercicio como sus límites.
La Corte Constitucional
ha sostenido que la garantía de la libertad de expresión comprende dos aspectos
distintos, a saber: la libertad de información, orientada a
proteger la libre búsqueda, transmisión y recepción de información cierta e
imparcial sobre todo tipo de situaciones o hechos, y la libertad de
opinión, entendida como libertad de expresión en sentido estricto, la cual
implica básicamente la posibilidad de poder difundir o divulgar, a través de
cualquier medio de comunicación, las propias ideas, opiniones y pensamientos.[58]
En todo caso la
jurisprudencia constitucional ha considerado pertinente señalar la diferenciación
entre libertad de opinión y de información, ya que se encuentran destinadas a
proteger distintos objeto. Al respecto ha señalado que:
“Esta diferencia determina que la libertad de opinión tenga por objeto
proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de
la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones
personales sobre determinados hechos, situaciones o personas.  Entretanto,
la libertad de información protege aquellas formas de comunicación en las que
prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido. Por tal
razón, en este último caso se exige que la información transmitida sea veraz e
imparcial, esto es, que las versiones sobre los hechos o acontecimientos sean
verificables y en lo posible exploren las diversas perspectivas o puntos de
vista desde los cuales un mismo hecho puede ser contemplado. Tal exigencia,
está ligada a un aspecto fundamental, y es que en el caso de la libertad de
información no sólo está involucrado el derecho de quien transmite, sino el de
los receptores de la información, los cuales, de acuerdo a lo preceptuado en el
artículo 20 constitucional, tienen derecho a que se proteja la veracidad e
imparcialidad de la información que reciben”.[59]
La libertad de expresión en
sentido estricto protege la transmisión de todo tipo de pensamientos,
opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa, mientras
que la libertad de información protege la comunicación de versiones
sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios,
personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere
de lo que está ocurriendo.[60] La
libertad de información es un derecho fundamental de “doble vía”, que garantiza
tanto el derecho a informar como el derecho a recibir información veraz e
imparcial.[61] Así
mismo, la libertad de información supone la necesidad de contar con una
infraestructura adecuada para difundir lo que se quiere emitir, mientras que
para ejercer la libre expresión son necesarias únicamente las facultades
físicas y mentales de cada persona para exteriorizar su pensamiento y opinión.[62]
Debido a su importancia
frente a la ciudadanía en general, el ejercicio de la libertad de información
exige ciertas cargas y responsabilidades para su titular. Los principales
deberes hacen referencia a la calidad de la información que se emite, en el
sentido en que debe ser veraz e imparcial y respetuosa de los derechos
fundamentales de terceros, particularmente los del buen nombre y la honra.[63]
Cuando se ejerce la
libertad de información a través de los medios de comunicación, la
jurisprudencia ha trazado una distinción entre la transmisión de información
fáctica y la emisión de opiniones o valoraciones de hechos. La información
sobre hechos, en tanto ejercicio de la libertad de información, ha de ser veraz
e imparcial, mientras que la expresión de opiniones sobre dichos hechos,
cubierta por la libertad de expresión stricto senso, no está sujeta
a estos parámetros.[64] En este
sentido, la jurisprudencia ha sostenido que el derecho de rectificación, por
ejemplo, es una garantía de la persona frente a los poderosos medios de
comunicación, pero sólo es predicable de las informaciones, mas no de los
pensamientos y opiniones en sí mismos considerados.[65]
De igual manera, en virtud de lo establecido en el artículo
20 de la Constitución, a los medios de comunicación, para ejercer la libertad
de información y de prensa, se les exige una responsabilidad social, la cual
como ha dicho la Corte Constitucional “se hace extensiva a los periodistas, comunicadores y
particulares que se expresan a través de los medios, en atención a los
riesgos que éstos plantean y su potencial de lesionar derechos de terceros, así
como por su poder social y su importancia para el sistema democrático. La
responsabilidad social de los medios de comunicación tiene distintas
manifestaciones. En relación con la transmisión de informaciones sobre hechos, los medios
están particularmente sujetos a los parámetros de (i) veracidad e
imparcialidad, (ii) distinción entre informaciones y opiniones, y (iii)
garantía del derecho de rectificación”.[66]
Referente
a los principios de veracidad e imparcialidad de la información, debe
precisarse lo siguiente. En cuanto a la veracidad como límite interno, la Corte
Constitucional ha afirmado que la veracidad de una información hace referencia
a hechos o a enunciados de carácter fáctico, que pueden ser verificados, por lo
que no cubre las simples opiniones.[67]
No
obstante, en algunos eventos es difícil en una noticia distinguir entre hechos
y opiniones. Por ello, se ha considerado que vulnera el principio de veracidad
el dato fáctico que es contrario a la realidad, siempre que la información se
hubiere publicado por negligencia o imprudencia del emisor. Igualmente, la
Corte ha establecido que es inexacta, y en consecuencia atenta contra del
principio de veracidad, la información que en realidad corresponde a un juicio
de valor u opinión y se presenta como un hecho cierto y definitivo. Por eso, los
medios de comunicación, acatando su responsabilidad social, deben distinguir
entre una opinión y un hecho o dato fáctico objetivo. La veracidad de la
información, ha afirmado la Corte, no sólo tiene que ver con el hecho de que
sea falsa o errónea, sino también con el hecho de que no sea equívoca, es
decir, que no se sustente en rumores, invenciones o malas intenciones o que
induzca a error o confusión al receptor. Finalmente, resulta vulnerado también
el principio de veracidad, cuando la noticia o titular, pese a ser literalmente
cierto, es presentado de manera tal que induce al lector a conclusiones falsas
o erróneas.[68]
En
cuanto al principio de imparcialidad de la información, la Corte Constitucional
en la sentencia T-080 de 1993[69] estableció
que “envuelve una dimensión interpretativa de los hechos, la cual
incluye elementos valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y la
opinión”, en consecuencia, “una rigurosa teoría general y abstracta
sobre la interpretación haría imposible exigir la presentación imparcial de un
hecho, ya que toda interpretación tendría algo de subjetivo. El Constituyente
no quiso llegar hasta este extremo y optó por vincular la exigencia de
imparcialidad de la información al derecho al público a formarse libremente una
opinión, esto es, a no recibir una versión unilateral, acabada y “pre-valorada”
de los hechos que le impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de
vista contrarios expuestos objetivamente”.
En
otras palabras, la imparcialidad hace referencia y exige al emisor de la
información establecer cierta distancia entre la crítica personal de los hechos
relatados y las fuentes y lo que se quiere emitir como noticia objetiva. En esa
medida, cuando un periodista desea emitir una información debe contrarrestarla
con diferentes fuentes y confirmarla, si es el caso, con expertos en la
materia, y evitar que lo recolectado y confirmado se “contamine” con sus
prejuicios y valoraciones personales o del medio donde trabaja.[70]
2.5. La exceptio veritatis liberadora de responsabilidad, en
conductas que afectan los derechos a la honra o al buen nombre. Reiteración de
jurisprudencia
En
un reciente pronunciamiento, esta Corporación mediante Sentencia T-695 de 2017[71] explicó la
figura de la exceptio veritatis, la cual es liberadora de
responsabilidad penal cuando se pruebe  la veracidad de las informaciones. En
esa oportunidad, la Corte estableció que dicha figura no es exclusiva del
proceso penal sino que también debe aplicarse en el ámbito del amparo
constitucional cuando se afecten derechos a la honra o al buen nombre.
En
efecto, el artículo 224 de la Ley 599 de 2000[72]
señala que “[n]o será responsable de las conductas descritas en los
artículos anteriores [injuria y calumnia][73],
quien probare la veracidad de las imputaciones. (…)”.
Por
su parte, el artículo 20 Superior garantiza el derecho de dar y recibir
información veraz e imparcial, lo cual implica que el mensaje, dato,
noticia o comunicación difundido sea contrastado con las fuentes y fundamentado
en hechos reales, pues de lo contrario, al presentar información sustentada en
rumores, invenciones o malas intenciones, se excedería el ámbito de protección
de este derecho y de paso, se atentaría contra los derechos a la honra y al
buen nombre de terceros.
En
consecuencia, consideró la sentencia citada[74]
que  ante la presunta trasgresión del derecho a la honra o al buen nombre, la
prueba de la veracidad de las afirmaciones constituye un medio idóneo para
liberar de responsabilidad, ya sea en el proceso constitucional o en el penal,[75]
pues como se advirtió, quien certeramente imputa una conducta punible a su
efectivo perpetrador no realiza el tipo de calumnia, ni trasgrede el derecho a
la honra o al buen nombre, quien transmite información veraz.
No
obstante, se advirtió que  “mientras que la exceptio veritatis o
excepción de verdad en la esfera penal requiere de una prueba irrefutable de
que la información es cierta, para el caso de la acción de tutela solo es
menester demostrar que se obró con la suficiente diligencia al realizar un
esfuerzo serio para constatar las fuentes consultadas”.
De
esta manera, concluyó que si bien la exceptio veritatis es un medio que
permite exonerarse de responsabilidad frente a la trasgresión de los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre, tanto en el proceso penal por
los delitos de injuria o calumnia como en la acción de tutela, la Corte al
desarrollar el criterio de veracidad, que permite al titular de la libertad de
información ejercer su derecho de manera respetuosa y sin interferir en los
derechos de los demás, no ha exigido que la información sea indudablemente
verdadera, sino que se haya desplegado un esfuerzo diligente por verificar,
constatar y contrastar razonablemente las fuentes, así como un deber de
explorar los diversos puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
observado.
2.6. Casos
concretos
Expediente
T-6.155.024
En el presente asunto, el señor Aldemar Solano Peña publicó
en el blog “Garabatos” un artículo titulado “Denuncian acoso y
matoneo por parte de la Juez de Sesquilé”. Dicha publicación se encuentra
acompañada de una fotografía de la accionante y se indica que fue tomada de su
perfil de Facebook.
En la referida publicación el accionado asevera que según
testimonios de varios ex trabajadores del juzgado del que es titular la señora
Gloria Patricia Mayorga, la jueza tiene graves comportamientos contra sus
empleados, los cuales, según afirma el demandado, “incluyen tratos
humillantes, burla constante, acoso laboral, intromisión en la vida íntima,
insultos, amenazas y hasta la pretensión de inducir en error a un Juez con un
documento dirigido a la Defensoría del Pueblo”.
Continúa el escrito detallando los hechos que son endilgados
a la juez, señalando que los mismos fueron relatados por los presuntos
afectados, citando entre comillas frases y situaciones descritas por sus
informantes. Posteriormente, sostiene el accionado que el medio de comunicación
del cual él es director, esto es, “Garabatos”, intentó obtener la
versión de la funcionaria involucrada pero que ésta sólo envió a su secretaria
a atenderlo.
Sostiene la publicación que contra la señora Gloria Patricia
Mayorga Ariza reposa una queja ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, una queja de acoso laboral
ante el Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y una de las denuncias incluye “una presunta
conducta grave y censurable dentro de un proceso judicial con la adición, en su
puño y letra, de unas anotaciones en un documento que sería allegado a la
Defensoría del Pueblo para aparentar que hubo llamados de atención que jamás
hizo, queriendo mostrar que como jefe no violentó el debido proceso”.
Posteriormente, el señor Aldemar Solano plantea una serie de
interrogantes dirigidos a la Juez Gloria Patricia Mayorga, en los que la
cuestiona sobre lo siguiente: “¿es
verdad que fue trasladada de Santander por este tipo de quejas?, ¿ha tenido
inconvenientes en el conjunto cerrado Alejandría de Sopó?, ¿es verdad que usted
tiene como negocio el remate de viviendas?, ¿es verdad que muchas personas la
quieren demandar?, ¿es verdad que el personal a su cargo en los despachos donde
ha estado arman complots en su contra?, ¿es verdad que usted considera que
Sesquilé es un pueblo de muiscas hijueputas a los que no nos falta sino una
pluma en la cabeza?, ¿considera la ruana como una prenda de baja categoría?,
¿considera usted que ser pueblerino, indígena o descendiente de los muiscas es
inferior a serlo de los guanes de Santander?, ¿es usted racista o clasista?(…),
¿es verdad que usted, como juez en Barbosa, enfrentó un proceso por los delitos
de prevaricato por acción, omisión y abuso de la función pública presuntamente
cometidos con ocasión del trámite del proceso abreviado de restitución de un
inmueble?, ¿es verdad que tardó 19 días en declararse impedida por conflicto
con su prima Claudia Johana Ariza Chinome?, ¿es verdad cuando declaró el
impedimento omitió remitir de inmediato la actuación al juzgado?, ¿es verdad
que admitió el recurso de reposición interpuesto contra esa decisión siendo
improcedente porque el mandato legal no admite recurso?, ¿es verdad que al
resolver la impugnación horizontal, revocó la providencia por cuyo medio
expresó el impedimento y reasumió el conocimiento del asunto, extralimitando
sus funciones?”
Por último, cita unas frases supuestamente proferidas por la
demandante, las cuales asegura se encuentran plasmadas en una demanda que cursa
contra la funcionaria, sin indicar con precisión a qué demanda en particular
hace referencia o algún dato que permita identificar a qué clase de proceso se
refiere.
Considera la accionante que la información suministrada en la
publicación cuestionada da cuenta de hechos y trámites judiciales que el señor
Aldemar Solano desconoce, pero que sin embargo divulga de manera sesgada, lo
cual atenta contras sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.
Por otra parte, indica que no brindó declaraciones al
mencionado blog, pues al despacho judicial que preside se presentó el accionado
solicitando una entrevista privada para tratar un tema de carácter personal, a
lo que ella, en su condición de funcionaria pública, no accedió, pues considera
que un juez de la República no debe acudir al llamado de un particular o de un
periodista para contestar cuestionamientos sobre su vida personal o asuntos de
tipo laboral que ya han sido puestos en conocimiento de las respectivas
autoridades judiciales, administrativas y disciplinarias. Añade que el haberse
publicado una fotografía suya sin haber mediado su consentimiento para ello,
atenta en mayor medida contra sus derechos a la imagen y al buen nombre.
El artículo publicado en el blog “Garabatos” fue
igualmente compartido en el muro de Facebook del señor Aldemar Solano Peña, en
el cual varios ciudadanos dieron su opinión al respecto, entre ellos la
accionada Nasly Johana Huertas, quien manifestó ser abogada y tener varios
procesos en el juzgado de Sesquilé. Dentro de sus aseveraciones sostuvo que
estaría atenta al comportamiento de la jueza. Así mismo, cuestionó la actitud grosera
de la funcionaria descrita en la publicación, y se preguntó, entre otras cosas,
sobre si el artículo habría traído consecuencias para los denunciantes o demás
empleados del despacho judicial.
Por su parte, el accionado afirma que la publicación la
realizó con el interés de informar a la comunidad sobre las denuncias
realizadas por los afectados, cuya identidad no da a conocer, pues señala que
hace parte de la reserva de fuente que fue solicitada por quienes dieron
testimonio, por miedo a las represalias de la jueza. Considera que no puede
alegarse vulneración al derecho al buen nombre, cuando por lo menos cinco
personas coinciden en reprochar los comportamientos de la accionante. Alega que
la foto utilizada fue tomada del perfil de Facebook de la peticionaria, por lo
que al ser publicada en esta red social, la misma hace parte del dominio
público. Indica que no se va a retractar de lo publicado pues cuenta con
soportes que fundamentan sus denuncias.
Con
fundamento en el anterior recuento, inicialmente la Sala observa que las
denuncias divulgadas recaen sobre una funcionaria pública y algunas de ellas
hacen referencia a la conducta desplegada en su condición de jueza de la
República.
Al
respecto, es oportuno reiterar lo establecido en la Sentencia T- 693 de 2016,[76] en relación
con la importancia de la protección de la libertad de expresión en temas en los
cuales se encuentra involucrado un funcionario público y que hacen referencia a
comportamientos reprochables social y jurídicamente, tal como los abordados por
la publicación que se cuestiona en el presente proceso, sobre supuestas conductas
constitutivas de acoso laboral por parte de una funcionaria que administra
justicia, así como situaciones que, de comprobarse, darían lugar a conductas
sancionables penal y/o disciplinariamente. Sobre el particular, señaló la
providencia citada que “la libertad de información es inherente al Estado
constitucional y democrático de derecho, pues cumple un papel protagónico en la
construcción de la opinión pública libre y del pluralismo político. Desempeña
una función de garantía para la conformación, gestión y control del poder
público, pero además permite la deliberación y discusión abierta e incluyente
sobre los asuntos que interesan a todos los ciudadanos, como las políticas
públicas, el gobierno y la transparencia de la administración”.[77]
Teniendo
en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional ha sostenido que los discursos
políticos, relativos a servidores públicos o sobre asuntos de interés público,
ostentan una protección constitucional especial,[78] con el fin
de garantizar
la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan sus derechos civiles y políticos
y, particularmente, que puedan controlar eficazmente las actuaciones públicas
que los afectan.[79]
No
obstante, esta Corporación también ha clarificado que el refuerzo que adquiere
el derecho a la información en las citadas materias y la reducción del nivel de
prioridad de derechos como el buen nombre y la honra no significan que sea
posible emitir información falsa o errónea relacionada con una persona que de
algún modo ha sido involucrada con hechos de interés público.[80] Debe tenerse en cuenta,
tal como se explicó en la parte motiva de esta providencia,  en relación con el
derecho a la información, que la Constitución protege su ejercicio siempre que
se ejerza de forma veraz e imparcial, lo cual se predica también cuando las
publicaciones versan sobre temas de interés público, incluso con mayor razón,
dada la trascendencia de los contenidos mismos.
En
este contexto, para la Sala el artículo cuestionado abarca tres asuntos
diferentes, a saber: (i) el primero, referente a conductas desplegadas por la
accionante en su entorno laboral, constitutivas presuntamente de acoso laboral
en contra de sus funcionarios. Lo anterior, sustentado en lo dicho por las
fuentes del accionado, afirmaciones que cita entre comillas;[81] (ii) el segundo,
relacionado con procesos judiciales adelantados en contra de la señora Gloria
Patricia Mayorga, lo cuales se señalan de manera general, sin dar ningún dato
específico que permita determinar con precisión algunas circunstancia como las
partes, la época de la actuación o el estado actual de las mismas;[82] y (iii)
finalmente, se plantean unos interrogantes en los cuales se cuestiona a la
demandante sobre temas laborales, judiciales, y otros como afirmaciones
expuestas por ella en su vida cotidiana.
Así,
las cosas para la Sala los primeros dos asuntos expuestos en la publicación, en
la medida en que versan sobre comportamientos de una funcionaria judicial,
llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones y que dan cuenta además de la
posible comisión de conductas punibles y sancionadas disciplinariamente, pueden
ser objeto de divulgación y conocimiento de los ciudadanos en general,
advirtiendo a la accionante que debido al cargo que ocupa sus comportamientos
están sujetos a un mayor escrutinio, por lo que debe ser en extremo cuidadosa
con sus actuaciones en general. No obstante lo anterior, de conformidad con lo
dicho en precedencia, dicha divulgación de la información debe estar sometida a
los principios de veracidad e imparcialidad, tal como se explicará mas
adelante.
Precisado
lo anterior, encuentra la Sala de Revisión que en el caso concreto se presenta una discusión en torno a la
calidad en la que el accionado divulgó las afirmaciones cuestionadas, la cual
además tiene transcendencia para efectos de determinar si la publicación la
realizó el demandado en ejercicio de su libertad de opinión o en desarrollo de
la libertad de información.
Por un lado, la accionante cuestiona
el hecho de que el señor Aldemar Solano Peña no es periodista y el blog en el
que realiza sus publicaciones no cuenta con personería jurídica como medio de
comunicación, por lo tanto alega que no puede ampararse en prerrogativas
exclusivas de esta profesión, como es la reserva de fuente. Por su parte, el
accionado se ampara en el ejercicio del periodismo para informar a la comunidad
sobre temas de interés general, siendo uno de ellos el actuar de la funcionaria
encargada de administrar justicia en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca.
Sobre este punto, de conformidad con
las pruebas obrantes en el expediente, la Sala de Revisión encuentra acreditado
que el señor Aldemar Solano Peña ejerce la actividad periodística en el
municipio de Sesquilé, Cundinamarca. Precisamente, el accionado es reconocido
pública y ampliamente como una persona que ejerce este oficio, como se constata
con las publicaciones realizadas en el blog “Garabatos”, el cual
presenta artículos que datan desde septiembre del  año 2006, y que tratan sobre
noticias e información de interés general, pero particularmente concernientes a
temas relacionados con los habitantes de este municipio.[83]
De igual manera, en el perfil de Facebook del señor Aldemar Solano Peña, éste se
presenta e identifica como periodista y director/editor
del periódico “Garabatos”. En este orden, tras verificar sus
publicaciones realizadas en el precitado blog, las cuales de manera frecuente
son divulgadas por el accionado a través de sus redes sociales, como la página
de Facebook, se advierte que su objetivo es transmitir noticias de interés
público sobre temas de actualidad, suscitados, por regla general, en su
municipio de residencia.
Respecto al reparo manifestado por la accionante en cuento a la
calidad de periodista del demandado, se hace necesario traer a colación lo
establecido por esta Corporación en la Sentencia C-087 de 1998,[84] en relación
con que el título profesional de periodista o en el área de comunicaciones no puede ser exigido como una condición para cumplir la actividad de
informar, pues nuestro ordenamiento jurídico consagra la libertad de
información como un derecho fundamental de toda persona. De esta manera, señaló
que quien se desempeña en el área de las comunicaciones, por la
naturaleza de la actividad que cumple, está ligado por deberes específicos,
dentro de los cuales se halla el secreto profesional o la reserva de fuente,
destacando que dichos deberes “no se originan en la posesión de un título o
de una tarjeta profesional, sino en la naturaleza de la actividad que se
cumple”. Del mismo modo, esta providencia resaltó que todo “periodista o
comunicador (o la empresa a la que presta sus servicios) es responsable penal y
civilmente de los daños que con el ejercicio abusivo o torticero de su
actividad ocasione, de acuerdo con las normas del ordenamiento, atinentes a
esas formas de responsabilidad”.
Así las cosas, teniendo claro que la publicación realizada en el
blog “Garabatos” y compartida en el perfil de Facebook del señor Aldemar
Solano Peña fue hecha en el desarrollo de su actividad como periodista, para la
Sala las afirmaciones expuestas deberán ser analizadas desde la perspectiva de
la libertad de información y no de la libertad de opinión o expresión.
En este orden de ideas, se observa que la accionante sostiene que
lo publicado por el señor Aldemar Solano por una parte hace referencia a
asuntos laborales que ya han sido definidos por las autoridades judiciales y que
se presentan de forma sesgada y malintencionada en contravía de sus derechos
fundamentales, y por otra parte, están relacionados con asuntos de su vida
privada que no tienen nada que ver con sus actividades como jueza de la
República.
La señora Gloria Patricia Mayorga Ariza dentro de sus alegatos asegura
que las supuestas denuncias en su contra han sido consecuencia del descontento
por parte de algunos ex funcionarios del despacho judicial que ella preside
debido a situaciones administrativas propias de estos cargos, como la
declaratoria de insubsistencia. En particular, indica que algunas de las
afirmaciones señaladas en la publicación cuestionada fueron proferidas por una
ex empleada que interpuso acción de tutela en contra del juzgado, ya habiendo
sido resuelta a su favor en primera y segunda instancia, de lo cual no da
cuenta el artículo escrito por el accionado.
Igualmente, explica otros hechos relatados por el accionado tales
como que presenta problemas de convivencia en un conjunto residencial o que se
dedica al remate de bienes inmuebles, calificando dichas afirmaciones como
falsas y calumniosas y que nada tienen que ver con sus funciones como
funcionaria pública.
A su vez, el accionado dentro su participación en sede de revisión
precisó a esta Corporación que el sustento del artículo por él publicado se
encuentra en unas grabaciones realizadas a dos ex funcionarios del despacho de
la accionante, las cuales adjuntó al escrito junto con la copia de una queja
disciplinaria instaurada contra la señora Gloria Patricia Mayorga por maltrato
y acoso laboral.
Escuchadas las grabaciones relacionadas por el demandado, constata
la Sala que en efecto en ellas se incluyen algunas de las frases citadas en la
publicación realizada en el blog “Garabatos”, expuestas en la primera
parte de la publicación,  y frente a la queja interpuesta por una exfuncionaria
del Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé por presunto acoso laboral por
parte de la accionante, se evidencia que se trata de la misma persona que
interpuso acción de tutela contra dicho juzgado ante la declaratoria de
insubsistencia de su cargo. En primera y segunda instancia, dicha acción de
tutela fue negada, siendo adjuntados los respectivos fallos por parte de la
peticionaria.
De igual manera, esta Corporación pudo verificar que contra la
señora Gloria Patricia Mayorga Ariza, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de
Sesquilé, cursan ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca cuatro procesos, de los cuales uno
fue instaurado por la ya mencionada ex funcionaria del juzgado, otro fue
interpuesto por la aquí accionada señora Nasly Johanna Huertas y los otros dos
por personas que cuestionan los actos de desvinculación de sus puestos de
trabajo.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, considera la Sala de
Revisión que el aspecto fundamental a ser determinado no es cuál de las dos
partes probó los hechos descritos en el artículo publicado, o cuál de las dos
versiones se ajusta a la realidad. Pues de un lado, se observa que no todo lo
manifestado por el accionado tiene debido sustento en pruebas, y por otro lado,
también se percibe que sí existen quejas instauradas por el comportamiento de
la accionante en el ámbito laboral, aunque no exista aún pronunciamiento de
fondo en alguna de ellas.
En este orden, el elemento decisivo a identificar es si
el artículo “Denuncian acoso y matoneo por parte de la Juez de Sesquile”,
por la forma en que fue escrito y presentado por el accionado, así como las
expresiones de que hizo uso, faltó en alguna medida a los principios de imparcialidad
y veracidad exigidos para el adecuado desarrollo del ejercicio del derecho a la
información.
En relación con el cumplimiento del principio de imparcialidad, constata
la Sala que el señor Aldemar Solano no acudió formalmente ante la accionante
para constatar la información recibida antes de la respectiva publicación. En
este punto, se resalta que aunque el accionado manifiesta haberse acercado al
despacho judicial de la actora y haber recibido una negativa de atenderlo por
parte de ella, comparte la Sala lo aducido por la peticionaria en el sentido de
que en el correcto cumplimiento de sus deberes no debe recibir a personas
particulares en el despacho judicial para atender asuntos indeterminados. En
este orden, el periodista pudo haber desplegado una actividad más diligente
tendiente a obtener la versión de la jueza, como lo hubiese sido la
presentación de un escrito en el que explicara con claridad el motivo por el cual
se solicitaba una entrevista.
Ello, sin duda, supone una vulneración del principio de
imparcialidad. Como ya se ha dicho, en esta materia es deber de los medios
contrastar la información cuando ella puede comprometer los derechos de
terceras personas. En el presente caso, la información publicada claramente establece
una duda sobre el comportamiento de la funcionaria judicial. En estas
circunstancias, lo mínimo que se exige al medio es que no sólo se ciña a lo
manifestado por sus fuentes sino por lo menos verificar el estado actual de las
denuncias interpuestas en contra de la accionante, y describir dichos hallazgos
en su escrito. Lo anterior, hubiera dado lugar a que se informara el hecho de
que algunas denuncias terminaron en fallos inhibitorios y que otras han tenido
origen en circunstancias particulares de desacuerdo en el ámbito laboral, lo
que ha llevado al despliegue de acciones judiciales tendientes a lograr un
reintegro, como es el caso de la ex funcionaria que interpuso una queja
disciplinaria contra la accionante por acoso laboral, pero que previamente
solicitó a través de acción de tutela el reintegro su cargo, la cual no fue
favorable a sus pretensiones. Así mismo, pudo haber indagado con otros
funcionarios del despacho judicial, con el objeto de verificar que no se trate
de percepciones particulares.
Sólo luego de tener esta doble información, el medio puede hacer
realmente una valoración sobre la relevancia y seriedad de la información
original. Adicionalmente, sólo la confrontación de los hechos permite que los lectores
puedan tener una visión completa sobre las situaciones que se denuncian.
Precisa la Sala que ante una denuncia formulada por personas que
solicitan reserva de la fuente, el deber del medio o del periodista se vuelve
más estricto y debe, cuando menos, verificar su razonabilidad o plausibilidad,
y solicitar la versión de la persona implicada y/o de otras personas, y
abstenerse, en todo momento, de inducir a error a los lectores o asumir una
actitud parcializada. La protección de los derechos de terceros y la garantía
del derecho del público a recibir una información imparcial, hace que el medio
no pueda limitarse a publicar la información anónima o de fuente reservada sin
un mínimo deber de diligencia para contrastar la información recibida.[85]
El actuar sin la suficiente diligencia o realizar un esfuerzo
serio para constatar las fuentes consultadas, implica que en este caso no se
cumple con la exceptio veritatis, lo cual implica que en efecto se
presenta una vulneración  los derechos a la honra y al buen nombre de la
accionante.
Por su parte, de cara a comprobar la satisfacción del requisito de
veracidad en la publicación cuestionada, se reitera que según como se indicó en las consideraciones de esta
sentencia, en virtud de dicho presupuesto la información “no solo tiene
que ver con el hecho de que sea falsa o errónea, sino también con el hecho de
que no sea equívoca, es decir, que no se sustente en rumores, invenciones o
malas intenciones o que induzca a error o confusión al receptor”.[86]
Esto implica que la exigencia de la veracidad no se desconoce únicamente cuando
se hacen afirmaciones y señalamientos explícitamente contrarios a la realidad,
sino también en todos aquellos eventos en que se sostienen hipótesis basadas en
rumores o comentarios no verificados que conducen al destinatario a
conclusiones equívocas o falsas.
Como también se explicó, quien informa no está obligado a
verificar a fondo los hechos antes de divulgarlos. Sin embargo, sí debe llevar
a cabo un esfuerzo razonable y previo de comprobación
y una exposición medianamente cuidadosa y adecuada de la información, pues se
falta a la veracidad cuando los datos son contrarios a la realidad por
negligencia o mala intención, pero también en los supuestos en que se induce a
creencias no ciertas o a conclusiones erróneas, máxime cuando la publicación
está relacionada de alguna manera con la comisión de delitos o conductas
sancionables disciplinariamente, como ocurre en el presente caso.
De tal forma, para la Sala de Revisión, a pesar de que existen
ciertas denuncias realizadas por algunas personas que dicen haber trabajado
para la accionante, en torno al trato no tan grato o gentil dado por ella a su
empleados, la publicación “Denuncian acoso y matoneo por parte de la Juez de
Sesquilé” sí incurre en una falta de claridad e inexactitud que induce a
error al receptor de la información provocando la vulneración de sus derechos
fundamentales, por las razones que a continuación se explican:
En primer lugar, el encabezado de la publicación relata que la
accionante, refiriéndose a los habitantes del municipio de Sesquilé,
manifiesta: “Este es un pueblo de indios hijueputas que esconden el puñal
bajo la ruana”. Igualmente, al finalizar el artículo, el accionado retoma
lo dicho y cuestiona a la accionante sobre lo siguiente: “es verdad que
usted considera que Sesquilé es un pueblo de muiscas hijueputas a los que no
nos falta sino una pluma en la cabeza?, ¿considera la ruana como una prenda de
baja categoría?, ¿considera usted que ser pueblerino, indígena o descendiente
de los muiscas es inferior a serlo de los guanes de Santander?, ¿es usted
racista o clasista?”.
En este contexto, encuentra la Sala no sólo que dichas
afirmaciones no hacen parte de ninguna de las pruebas presentadas por el
accionado como sustento de su publicación, sino que además no guardan relación
con el supuesto objetivo del artículo, cual es, poner de presente las denuncias
sobre el comportamientos de la jueza en su entorno laboral, constitutivos de acoso
y matoneo hacia sus funcionarios. Por el contrario, dichas aseveraciones hacen
que los receptores de la información, quienes en su mayoría son habitantes del
municipio de Sesquilé, inicien la lectura parcializados e inclinados hacía a
una determinada posición, pues pueden considerarse objeto directo de las
supuestas expresiones de la accionante, es decir, la publicación más allá de
querer denunciar situaciones concretas, coloca a la peticionaria en un
escenario en el cual ella ataca de manera generalizada a todos los sesquileños,
y deja sobre ella una sombra de duda sobre si es racista o clasista que
desvaloriza a sus conciudadanos.
Por otra parte, se observa que el escrito hace alusión a
circunstancias que efectivamente hacen parte de la esfera privada de la
accionante y que no guardan relación con el contexto de la publicación. En
efecto, cuestionar a la peticionaria sobre si ha tenido problemas en un
conjunto residencial, o si se dedica a determinada actividad lícita, o si
considera una prenda de vestir como de baja categoría, no son planteamientos
que lleven a determinar si en realidad la accionante observa o no un buen comportamiento
con sus empleados, pero que por la forma en la que están planteados, llevan al
lector a crearse una imagen nociva de la accionante.
De igual manera, la publicación afirma que una de las denuncias
instauradas en contra de la funcionaria versa sobre la alteración de un
documento público, y presenta fotografías de unos escritos en apariencia para
ser suscritos por ella como titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé,
con anotaciones que, afirma el accionado, son del puño y letra de la jueza,
pero que tienen la intención de hacer inducir a error a la Defensoría del
Pueblo, entidad a quien se encuentra dirigido. Para la Sala, tal como se ve en
la publicación, este hecho no es constitutivo de ningún comportamiento ilegal,
como así lo hace ver el accionado. Se trata del desarrollo normal de las
actividades de un funcionario judicial que corrige un escrito que
posteriormente va a suscribir. Sin embargo, la lectura del artículo permite
concluir que el objetivo de esta narración es endilgar una actuación por fuera
de la ley a la accionante, cual es, en sus palabras la “alteración de un
documento público”. Circunstancia que, por lo demás, debe ser estudiada y
decidida por parte de las autoridades judiciales competentes para determinar si
se incurrió en la comisión de un delito o no.
En este punto, reitera la Sala que tratándose de la información de
medios de comunicación que refieran hechos delictivos por parte de ciudadanos
mencionados en ella, la Corte ha señalado que los periodistas tienen derecho de
denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan
conocimiento en virtud de su función, por lo que no están obligados a esperar a
que se produzca un fallo para informar de la ocurrencia de un hecho delictivo.
Sin embargo, deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de la
información que incrimine, pues no pueden inducir al receptor en un error o
confusión sobre situaciones que aún no han sido corroboradas integralmente por
las autoridades competentes. En palabras de esta Corporación:
“(…) cuando se trata
de hechos que están sometidos a investigación judicial, la
jurisprudencia de esta Corte ha considerado que estos hechos pueden y deben ser
dados a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, en
razón del interés general que entrañan. Sin embargo,  el manejo de
esta información es muy delicado y merece especial cuidado por parte del emisor. En
estas materias los medios de comunicación deben limitarse a hacer la exposición
objetiva y escueta de lo acaecido, absteniéndose de hacer análisis infundados y
de inclinar, sin evidencias, las opiniones de quienes reciben la información.
Hacer que el receptor de la
información considere verdadero algo que aún no ha sido establecido, merced al
uso sesgado de titulares, comentarios, interrogantes, o inferencias
periodísticas puede conducir a defraudar a la comunidad, en cuanto se le
trasmite información errónea o falsa. Ha
indicado además, que la tarea fiscalizadora que cumplen  los medios en un
sistema democrático, no puede desarrollarse adecuadamente si ellos se conforman
con las informaciones que le suministren los interesados en un litigio. Su
misión exige que indaguen siempre más allá.”[87] (Resaltado original)
Por lo anterior, los interrogantes planteados en la publicación
ahora cuestionada, tienen como consecuencia sugerir al
lector que la accionante es una persona que incurre en conductas reprochables
disciplinaria y penalmente, sin que las autoridades competentes se hayan
pronunciado al respecto, pues las pruebas obrantes en el expediente, aunque dan
cuenta de la existencia de algunos procesos en contra de la accionante, en
ninguno de ellos se ha proferido una decisión de fondo que corrobore lo
expresado por el accionado.
Por esas razones, para la Sala es de suma importancia que, en
cumplimiento del principio de veracidad, los medios de comunicación al
referirse a hechos delictivos, tengan un especial cuidado al presentar la
relación de los hechos ilícitos que informan, con las personas que nombran como
presuntamente responsables de ellos.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la información
presentada sin la suficiente exactitud que permita verificar la verdad de los
hechos y evitar a la confusión del lector, desconoce el principio de veracidad
y, por tanto, vulnera el derecho al buen nombre de la accionante. Este derecho,
como se indicó, consiste en la favorable opinión e imagen que la sociedad tiene
de una persona en relación con los demás, a partir de sus méritos, de sus
conductas y virtudes y, como prerrogativa exigible, implica para el Estado la
obligación de proteger ese buen concepto frente a informaciones falsas,
equívocas o erróneas que la distorsionen.
Los derechos al buen nombre y a la honra también sufren deterioro
cuando la persona es puesta en tela de juicio de manera injustificada,
inconsulta y arbitraria y, en especial, en aquellos eventos en que, por la
forma de divulgación de los contextos informativos, se induce al destinatario a
dar por ciertas informaciones que no corresponde a la realidad,[88] tal como
ocurre en el presente asunto.
Por su parte, observa la Sala que en la publicación cuestionada se
utilizó una fotografía de la accionante, sin que ella autorizara su
divulgación. Sobre el particular, el accionado manifiesta que es una foto
subida por ella a la red social Facebook y que por lo tanto es de dominio
público. Al respecto, recuerda la Sala lo dicho en precedencia en relación con
el uso de imágenes y videos en las redes sociales, en el sentido de que se requiere
de autorización por parte del titular para que pueda ser utilizada por parte de
terceros.  Es decir, el hecho de que haya sido expuesta en la red social de la
accionante, no implica que pueda ser utilizada por un tercero, menos si este
uso está ligado a comentarios que atentan contra los derechos fundamentales del
titular de la imagen.
Como corolario de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas confirmará la decisión
proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá, Cundinamarca, en
cuanto tuteló los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la
imagen de la señora Gloria Patricia Mayorga Ariza y, en consecuencia, ordenará
al señor Aldemar Solano Peña, que si no lo ha hecho, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de esta providencia, rectifique la
publicación “Denuncian acoso y matoneo por parte de la Juez de Sesquilé”,
presentando la información de manera cuidadosa y
conforme los parámetros jurisprudenciales expuestos. De
esa manera, las afirmaciones que se mantengan deberán estar debidamente
soportadas y corroboradas con el fin de que se cumplan los requisitos de
veracidad e imparcialidad. Así, el primer asunto expuesto en la publicación,
referente al comportamiento de la accionante hacía sus funcionarios judiciales,
deberá estrictamente limitarse a la información obtenida por las fuentes que
aporta como pruebas, y no sólo ceñirse a lo manifestado por ellas sino realizar
un esfuerzo diligente para verificar lo dicho. De igual forma, el segundo
aspecto de la publicación que trata sobre actuaciones judiciales en contra de
la accionante, deberá contar con datos ciertos y verificables de los mismos y
expuestos de manera que no confundan ni parcialicen al lector. Finalmente, el
último aspecto, donde se cuestiona a la accionante sobre diferentes temas,
deberán ser retirados todos aquellos que hagan referencia a aspectos de su vida
privada que no tengan que ver con el objeto de la publicación, como se
estableció en precedencia, y aquellos relacionados con los primeros dos puntos
de la publicación deberán estar acordes con los principios jurisprudenciales
señalados.
En efecto, cuando el medio
corrige o modifica la información irregularmente difundida, favorece el
equilibrio entre el poder de los medios de comunicación y la vulnerabilidad e
indefensión de las personas afectadas por el abuso de estas amplias libertades.
Esta rectificación deberá ser igualmente compartida en su red social Facebook.
En cuanto a la solicitud de amparo deprecada por los comentarios
realizados por la señora Nasly Johana Huertas, coincide la Sala en lo decidido
por el juez de segunda instancia, en el sentido de que sus afirmaciones fueron
realizadas en el ejercicio de la libertad de opinión y que las mismas refieren
puntos de vista personales y responden comentarios de otros usuarios de la red
social Facebook y lectores de la publicación, en las cuales recuerda los
deberes de la funcionaria judicial y sostiene que estará atenta al
comportamiento de la misma, sin que en ninguna medida vulnere con ello los derechos
fundamentales de la accionante.
Al respecto, no se observa que los comentarios sean injuriosos,
calumniosos, mal intencionados, groseros o irrespetuosos. Es más, los mismos
dan muestra del efecto que en la comunidad causó la publicación realizada por
el señor Aldemar Solano Peña, quienes reaccionaron de manera parcializada
frente a lo afirmado por el accionado.
Expediente T-6.371.066
En el presente asunto, según las pruebas que
obran en el expediente, encuentra la Sala que el señor Yeudy Fernel Tello Gómez
utilizó su cuenta personal de la red social Facebook para publicar dos
fotografías del señor Jesús Ricardo Sandoval Cote, encontrándose en una de
ellas acompañado de dos mujeres, las cuales afirma el accionante son su mamá y
hermana. Dichas fotografías están precedidas de algunos comentarios en los que
se le endilga la comisión del delito de homicidio ejercido sobre el hermano del
demandado.
Sostiene el accionante que junto con su familia
ha sido víctima de amenazas contra su vida e integridad física por parte del
señor Yeudy Tello, por lo que viven en una situación de temor de que las personas
que han visto las publicaciones referidas quieran hacer justicia por su propia
cuenta y atentar así contra ellos.
Dentro del trámite de la acción de tutela se
allegó respuesta por parte del Fiscal Sexto de Vida de San José de Cúcuta en el
que informó que efectivamente el señor Jesús Ricardo Sandoval Cote se encuentra
en calidad de indiciado por el delito de homicidio, siendo víctima Harry
Stewarth Tello Gómez, por lo que se encuentra afectado por orden de captura y
se está a la espera de su verificación para el inicio de la acción penal.
Por su parte, la Policía Metropolitana de Cúcuta
afirmó que revisada la base de datos del sistema de denuncias y contravenciones
(SIDENCO), no registra ninguna denuncia instaurada por parte del señor Jesús
Ricardo Sandoval Cote por el delito de amenazas.
La situación descrita pone de
presente una controversia en relación con el ejercicio del derecho a la libre
expresión del señor Jesús Ricardo Sandoval a través de la red social Facebook y
los derechos del señor Yeudy Fernel Tello Gómez al buen nombre y a la imagen,
debiendo prevalecer por regla general, en atención a lo señalado
jurisprudencialmente, el derecho a la libertad de opinión.
No obstante, como se señaló en la
parte motiva de esta sentencia, este tipo de presunción admite ser desvirtuada
cuando se evidencie que en el caso concreto el otro derecho en juego cobra mayor
relevancia. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha
sostenido que la libertad de expresión no es un derecho que carece de límites,
pues las frases injuriosas, que denoten falta de decoro, vejaciones, insultos,
expresiones desproporcionadas y humillantes que evidencien una intención dañina
y ofensiva, no con un fin legítimo, sino por el contrario difamatorio, parcial,
erróneo, entre otros, no son cubiertas por la protección establecida en el
artículo 20 de la Constitución.[89] Presentada esta situación, dicho
conflicto entre derechos resulta inexistente y, en estos términos, se descarta
la necesidad de realizar un test de proporcionalidad, en el cual se utilice la
ponderación para resolver este caso, pues no se presenta pugna legítima entre
el derecho a la libertad de expresión y los derechos alegados por la accionante.
Esta Corporación ha venido
pronunciándose en diferentes oportunidades sobre cómo debe trasladarse la
protección y los límites del derecho de expresión al ámbito de internet, en
especial al uso de redes sociales como Facebook, [90]
recalcando que deben aplicarse las mismas reglas para el correcto ejercicio de
libertad de expresión.
En este orden, frente al caso
concreto, precisa la Sala que aunque de la publicación realizada en Facebook
por parte del accionando se desprende que una de sus finalidades es lograr
información sobre el paradero del accionante para poder hacer efectiva la orden
de captura proferida en su contra, y además se comprende el dolor que como
familiar pueda sentir una persona por la pérdida violenta de un ser querido,
las expresiones utilizadas en la publicación sobrepasan los límites señalados
para ejercer su libertad de expresión o de opinión.
Ciertamente, el accionado tilda de “asesino”
al peticionario, y relata la supuesta forma y móviles que lo llevaron al
homicidio de su hermano, acompañado además de expresiones ofensivas en su
contra. Debe la Sala destacar que si bien, de conformidad con las pruebas
obrantes en el expediente, existe una orden de captura en contra del
accionante, la acción penal no se ha resuelto, es decir, no existe un
pronunciamiento de fondo que determine la responsabilidad del señor Jesús
Ricardo Sandoval en los hechos que se le endilgan, por lo que la publicación
cuestionada no sólo afecta los derechos al buen nombre y a la imagen sino
también va en contravía del derecho a la presunción de inocencia que le asiste
a toda persona.
En este punto, debe entonces
reiterarse que las afirmaciones públicas sobre la responsabilidad penal de una
persona deben atender a la garantía constitucional de la presunción de
inocencia, por lo que para atribuirle a alguien un delito es un requisito
ineludible contar con una sentencia judicial en firme que dé cuenta de ello.
Para la Sala el mensaje difundido en el que se pone de manifiesto que una
persona cometió un homicidio, afecta claramente la reputación y el concepto que
de ella tienen los demás individuos de la sociedad, y de esta manera, dicha
afirmación escapa a cualquier escenario subjetivo
o de opinión y, por el contrario, refiere una acusación de una situación
fáctica concreta relacionada con la comisión de un delito, pero sin que ello se
haya demostrado como cierto.
Por otro lado, se evidencia también que el mensaje puede ser parcializado,
pues es publicado por un familiar muy cercano a la víctima que no ha dado
espera a que las autoridades judiciales competentes resuelvan el asunto. Lo
anterior, además, implica una exposición inadecuada del accionante que permite
demostrar una intención dañina por parte del accionado de afectar la reputación
del accionante.
Sumado a lo anterior, se observa que junto al mensaje divulgado se
publicaron unas fotografías del accionante y de dos de sus familiares sin que
mediara su consentimiento o, a falta de este, existiera una orden de la
autoridad competente para que la misma fuera objeto de disposición por parte de
terceros, lo que, sumado a lo difundido, atenta en mayor medida en contra de su
imagen y su buen nombre.
Por lo antes señalado, la Sala advierte que lo publicado por el demandado
no puede enmarcarse dentro de la protección consagrada en el artículo 20 de la
Constitución, por lo que los derechos alegados a la honra, buen nombre, e
imagen fueron afectados de manera importante. En ese sentido, es necesario
tomar las medidas necesarias para que dichas garantías se restablezcan de
manera adecuada.
Por lo expuesto, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales
al buen nombre y a la imagen del accionante y, en consecuencia, ordenará el retiro de las imágenes y los mensajes publicados en el perfil de
Facebook del señor Yeudy Fernel Tello Gómez.
III. DECISIÓN
III.
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Frente
al expediente T-6.155.024 CONFIRMAR, por las
razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida el veinticinco
(25) de enero de dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado Penal
del Circuito de Chocontá, Cundinamarca, en cuanto  CONCEDIÓ, en
relación con el señor Aldemar Solano Peña, el amparo de los derechos
fundamentales a la honra, buen nombre e imagen de la señora Gloria Patricia
Mayorga Ariza, y NEGÓ la acción de tutela frente a la señora Nasly
Johana Huertas.
SEGUNDO.- ORDENAR al
señor Aldemar Solano Peña  que, si no lo ha hecho, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, rectifique la publicación
expuesta en el Blog “Garabatos” titulada “Denuncian acoso y matoneo
por parte de la Juez de Sesquilé”, presentando la información conforme
los parámetros jurisprudenciales expuestos. De esa manera, las afirmaciones
que se mantengan deberán estar debidamente soportadas y corroboradas con el fin
de que se cumplan los requisitos de veracidad e imparcialidad. Esta
rectificación deberá ser igualmente compartida en su red social Facebook. Por
otra parte debe retirar la fotografía de la accionante utilizada en la
publicación.
TERCERO.- Frente al expediente T-6.371.066
REVOCAR la sentencia proferida el cinco (05) de mayo de dos mil
diecisiete (2017) por el Juzgado
Octavo Civil Municipal de Cúcuta, Norte de Santander, la cual declaró improcedente
la acción de tutela y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos a
la honra, al buen nombre y a la imagen del señor Jesús Ricardo Sandoval Cote.
CUARTO.- ORDENAR al señor Yeudy Fernel Tello
Gómez que en el término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta
providencia, elimine de su perfil de Facebook y de cualquier otra red
social las publicaciones referidas en el presente trámite de tutela, que hacen
relación al señor Jesús Ricardo Sandoval Cote, junto con las imágenes
utilizadas.
QUINTO.- LIBRAR las
comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como
DISPONER las notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de
primera instancia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
A LA
SENTENCIA T-117/18
INFORMACION
PERSONAL, INTIMIDAD E IMAGEN EN REDES SOCIALES DIGITALES Y EN INTERNET-Toda persona que publica imágenes o videos en las redes
sociales, de manera voluntaria abre las puertas a su vida privada (Salvamento
parcial de voto)
INFORMACION PERSONAL, INTIMIDAD E IMAGEN EN REDES SOCIALES
DIGITALES Y EN INTERNET-Se debió
explicar con mayor profundidad cómo una publicación voluntaria puede ser
posteriormente vulneratoria de los derechos a la intimidad y a la imagen
(Salvamento parcial de voto)
INFORMACION
PERSONAL, INTIMIDAD E IMAGEN EN REDES SOCIALES DIGITALES Y EN INTERNET-La expresión de pensamientos, ideas y opiniones y la libertad
de indagar, buscar y recibir información, tienen tratamientos diferenciados
(Salvamento parcial de voto)
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte me permito expresar las razones que me llevan a
apartarme de manera parcial de lo adoptado por la mayoría en la sentencia T-117
del 6 de abril de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
1. En esa
providencia la Corte estudió dos casos acumulados sobre los derechos a la
honra, al buen nombre y a la intimidad personal.
1.1 En el
primero de ellos, la accionante manifestó que el señor Aldemar Solano Peña
publicó a través de su perfil de Facebook y de otros medios como www.bingo.com y un blog llamado “Garabatos”, un artículo
denominado “denuncian acoso y matoneo por parte de la juez de Sesquilé”,
donde se incluyó una foto suya sin que mediara su consentimiento. Según el
artículo, ella denigra de la gente de Sesquilé, maltrata a sus empleados, ha cometido
delitos como prevaricato, y es calificada de racista y clasista, entre otros.
El Juzgado Penal Municipal de Chocontá
declaró improcedente la acción de tutela, al no encontrar acreditada la
condición de indefensión y porque la accionante no solicitó la rectificación de
la información. Esta decisión fue revocada por el Juzgado Penal del Circuito de
Chocontá que, en su lugar, concedió el amparo invocado, ya que si bien las
manifestaciones del accionado hacían parte de su opinión personal, debían aplicarse
los controles de veracidad e imparcialidad, pues se relacionaba con la comisión
de conductas disciplinables y punibles. Por lo anterior, ordenó la
rectificación del artículo.
1.2 En el segundo asunto, el accionante
sostuvo que venía sufriendo amenazas por parte del señor Yeudy Fernel Tello,
quien manifestó su intención de causarles daño tanto a él como a su familia,
pues le atribuyó ser el culpable del homicidio de su hermano. Según expuso, el
señor Tello publicó en Facebook fotos suyas donde aparece junto a su madre y su
hermana, con mensajes como “rata, miserable, sucio, desgraciado, traidor”.
Lo anterior, sin que existiera una decisión judicial que así lo establezca,
vulnerando con ello la presunción de inocencia.
El Juzgado Octavo Civil Municipal de
Cúcuta declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se
acreditaron los requisitos de procedencia de tutelas contra particulares.
Resaltó que el accionante no había acudido a la Policía o a la Fiscalía para
solicitar algún tipo de protección.
2. Mediante la
sentencia T-117 de 2018
la Sala decidió, en el primer asunto, confirmar la decisión del juez de segunda
instancia que concedió el amparo y ordenar al señor Aldemar Solano Peña que
rectificara la publicación presentando la información conforme los parámetros
jurisprudenciales, de manera que las afirmaciones que se mantuvieran en el
artículo fueran debidamente soportadas y corroboradas. Así mismo, dispuso la
eliminación de la fotografía de la accionante utilizada en la publicación.
Llegó a la anterior conclusión luego de
determinar que el debate no era cuál de las dos partes probó los hechos
descritos en el artículo publicado, o cuál de las dos versiones se ajustaba a
la realidad, porque de un lado, no todo lo manifestado por el accionado tenía
sustento en pruebas, y por el otro, sí existían quejas instauradas por el
comportamiento de la accionante en el ámbito laboral, aunque no hubiera aún
pronunciamiento de fondo en alguna de ellas. Bajo ese
entendido, la Sala observó que el elemento decisivo a identificar era si
el artículo, por la forma en que fue escrito y presentado por el accionado, así
como las expresiones de que hizo uso, faltó a los principios de imparcialidad y
veracidad exigidos para el adecuado desarrollo del ejercicio del derecho a la
información.
A juicio de la Corte, si bien quien
informa no está obligado a verificar a fondo los hechos antes de divulgarlos,
sí debe llevar a cabo un esfuerzo razonable y previo de comprobación, y en ese
caso, a pesar de que existían denuncias en contra de la accionante, la
publicación incurrió en una falta de claridad e inexactitud que indujo a error
al receptor de la información y tergiversó los medios probatorios existentes.
Finalmente, sobre la foto, sostuvo que si bien esta fue tomada del Facebook de
la accionante, su publicación requería de la autorización de su divulgación por
parte del titular.
En cuanto al segundo caso, la Sala
dispuso revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, conceder el
amparo invocado, ordenando al accionante eliminar de su perfil de Facebook y de
cualquier otra red social las publicaciones que hacían referencia al señor
Jesús Ricardo Sandoval, junto con las imágenes utilizadas.
Determinó que aunque una de las
finalidades de la publicación era obtener información sobre el paradero del
accionante para poder hacer efectiva la orden de captura en su contra, las
expresiones utilizadas sobrepasaron los límites señalados para ejercer su
libertad de expresión o de opinión. Lo anterior, porque el accionado tildó de “asesino”
al actor y si bien había una orden de captura, la acción penal no se había
resuelto, lo que contrariaba el derecho a la presunción de inocencia. Además,
concluyó que junto
al mensaje divulgado se publicaron unas fotografías del accionante y de dos de
sus familiares sin que mediara su consentimiento o, a falta de este, existiera
una orden de la autoridad competente para que la misma fuera objeto de
disposición por parte de terceros, lo que, sumado a lo difundido, atenta en
mayor medida en contra de su imagen y su buen nombre.
3. Según se consigna en
la sentencia T-117 de 2018, sobre el primer asunto, “en la publicación
cuestionada se utilizó una fotografía de la accionante, sin que ella autorizara
su divulgación. Sobre el particular, el accionado manifiesta que es una foto
subida por ella a la red social Facebook y que por lo tanto es de dominio
público. Al respecto, recuerda la Sala lo dicho en precedencia en relación con
el uso de imágenes y videos en las redes sociales, en el sentido de que se
requiere de autorización por parte del titular para que pueda ser utilizada por
parte de terceros. Es decir, el hecho de que haya sido expuesta en la red
social de la accionante, no implica que pueda ser utilizada por un tercero,
menos si este uso está ligado a comentarios que atentan contra los derechos
fundamentales del titular de la imagen”. Esto se sustentó además en que: “la
protección a la imagen también se aplica a las redes sociales incluyendo el
restablecimiento del derecho cuando se está haciendo un uso indebido de ella,
se publica sin la debida autorización del titular o simplemente la posibilidad
de excluirla de la plataforma, pues, como se mencionó anteriormente, tanto la
imagen como su disposición se encuentra íntimamente ligada al libre desarrollo
de la personalidad, así como a la dignidad humana como expresión directa de la
identidad de la persona”.
Mi desacuerdo sobre el particular radica
en que toda persona que publica imágenes o videos en las redes sociales, de
manera voluntaria abre las puertas, en mayor o en menor medida según sea el
caso, a su vida privada. Bajo ese entendido, era pertinente que esta
Corporación explicara con mayor profundidad cómo una publicación voluntaria
puede ser posteriormente vulneratoria de los derechos a la intimidad y a la imagen.
Esto no significa que las imágenes publicadas en las redes sociales puedan
tener un uso indiscriminado por parte de terceros o, en otras palabras, que una
conducta malintencionada o la utilización tergiversada de las mismas estén
justificadas. Lo que encuentro en dicho análisis es que no existió un
fundamento doctrinal o jurisprudencial suficiente que permitiera llegar a la
conclusión inicialmente citada.
Por ejemplo, en la sentencia C-881
de 2014, la Corte expuso que existen al menos cuatro maneras de vulnerar el
derecho a la intimidad, así: (i) mediante la intromisión material en los
aspectos de la vida que la persona se ha reservado para sí mismo, independiente
de que lo encontrado sea publicado; (ii) con la divulgación de hechos privados,
es decir, de información verídica, pero no susceptible de ser divulgada; y
(iii) a través de la presentación falsa de aparentes hechos íntimos que no
corresponden a la realidad[91].
El derecho a la intimidad no puede ser restringido, a menos que se cuente con
el consentimiento del titular y exista orden emitida por la autoridad
competente conforme con la Constitución y la ley, y únicamente por razones
legítimas sustentadas constitucionalmente[92].
Entonces, el
estudio de la vulneración del derecho a la intimidad no debió limitarse a una
consideración general según la cual el hecho de que una imagen haya sido
expuesta en la red social no implica que pueda ser utilizada por un tercero,
como lo establece la sentencia de la cual me aparto, sino que debe ser
sustentada con mayor rigurosidad y soporte jurídico, de forma que permita
establecer sin lugar a dudas que dicha intromisión afectó ese derecho
fundamental.
4. En segundo lugar, es pertinente
precisar que esta Corporación ha mencionado que la expresión de
pensamientos, ideas y opiniones y la libertad de indagar, buscar y recibir
información, tienen tratamientos diferenciados; ambas prerrogativas
fundamentales, pese a encontrarse agrupadas dentro del derecho a la libertad de
expresión, comportan contenidos y alcances diferenciables. Mientras que el
derecho a la libertad de información se rige por los principios de veracidad e
imparcialidad, la expresión de opiniones o pensamientos, en principio, presenta
menores restricciones[93].
Siendo así, es necesario identificar en la correspondiente publicación qué
parte de ella se encuentra en la esfera del derecho a la información, y qué
aspectos deben ser considerados como pensamientos, ideas u opiniones.
Según se expuso
en la sentencia T-117
de 2018, también
respecto del primer caso, “el primer asunto expuesto en la
publicación, referente al comportamiento de la accionante hacía sus
funcionarios judiciales, deberá estrictamente limitarse a la información
obtenida por las fuentes que aporta como pruebas, y no sólo ceñirse a lo manifestado
por ellas sino realizar un esfuerzo diligente para verificar lo dicho. De igual
forma, el segundo aspecto de la publicación que trata sobre actuaciones
judiciales en contra de la accionante, deberá contar con datos ciertos y
verificables de los mismos y expuestos de manera que no confundan ni
parcialicen al lector. Finalmente, el último aspecto, donde se cuestiona a la
accionante sobre diferentes temas, deberán ser retirados todos aquellos que
hagan referencia a aspectos de su vida privada que no tengan que ver con el
objeto de la publicación, como se estableció en precedencia, y aquellos
relacionados con los primeros dos puntos de la publicación deberán estar
acordes con los principios jurisprudenciales señalados”.
A pesar de que se especificó qué apartes
del artículo se consideraba que atentaban contra los derechos a la honra, al
buen nombre y a la intimidad, la parte resolutiva de la sentencia emitió una
orden general, así: “las afirmaciones que se mantengan deberán estar
debidamente soportadas y corroboradas con el fin de que se cumplan los
requisitos de veracidad e imparcialidad”, sin hacer explícitos los aspectos
que se consideraban más relevantes al momento de la corrección de la
publicación. Bajo ese entendido, la Corte emitió una orden endeble que no se
compadece con lo evidenciado en el expediente y con lo manifestado en la parte
considerativa de la sentencia.
5. Finalmente, de la lectura del
análisis de los casos concretos se observa que el asunto de la señora Gloria
Patricia Mayorga fue objeto de mayor estudio que el del señor Jesús Ricardo
Sandoval. En ambos, se ven involucrados los derechos a la intimidad, a la honra
y al buen nombre por publicaciones en redes sociales y, por esa razón, debieron
ser estudiados por la Sala con la misma rigurosidad, desarrollando en cada uno
de ellos ciertos aspectos, como por ejemplo, la aplicación del principio de la exceptio
veritatis liberadora de responsabilidad y el contenido de la publicación.
En estos
términos, dejo consignado mi salvamento parcial de voto.
Fecha
ut supra,
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
[1] Sala de
Selección Número Cinco, conformada por los Magistrados Iván Escrucería Mayolo y
Luis Guillermo Guerrero Pérez,  mediante Auto proferido
el treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
[2] Escogido
para su revisión mediante Auto del 26 de septiembre de 2017, por la Sala de
Selección No. Nueve, integrada por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas
y Alejandro Linares Cantillo.
[3] El
Juzgado Penal Municipal de Chocontá, Cundinamarca, mediante Auto del veintiuno
(21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), avocó conocimiento de la acción
de tutela y corrió traslado a los señores Aldemar Solano Peña y Nasly Johanna
Huertas a fin de que hicieran las manifestaciones pertinentes en defensa de sus
intereses.
[4] Sentencia
T-298 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[5] El
Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta, Norte de Santander, mediante Auto del
veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017), avocó conocimiento de
la acción de tutela y corrió traslado al accionado a fin de que hicieran las
manifestaciones pertinentes en defensa de sus intereses. Por otra parte,
vinculó a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional con el fin
de remitir los antecedentes que dispongan en relación con el accionante y los
hechos de la acción de tutela. Finalmente, requirió al señor Jesús Ricardo
Sandoval Cote para que informara en qué juzgado o fiscalía se está adelantando
el proceso penal o investigación preliminar del caso en mención.
[6] Decreto 2591 de
1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política”.
[7] Corte
Constitucional, Auto 142 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[8] Corte
Constitucional, Auto 064 de 2007 (MP
Manuel José Cepeda), reiterado entre otros en los Autos 223 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño) y 050 de
2009 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[9] Ver entre otras
decisiones, Corte Constitucional, Sentencias T-1085 de 2004 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-1149 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1196 de 2004 (MP
Jaime Araújo Rentería), T-735 de 2010 (MP  Mauricio González Cuervo),
T-012 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-634 de 20103 (MP María
Victoria Calle Correa), T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV
Gloria Stella Ortíz Delgado), y T-145 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[10] Al respecto ver
Corte Constitucional, Sentencia T-015 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV
María Victoria Calle Correa).
[11] Corte
Constitucional, Sentencia T-290 de 1993 (MP José Gregorio
Hernández Galindo).
[12] Ver Corte
Constitucional, Sentencia T-290 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
En el mismo sentido ver entre otras las Sentencias T-611 de 2001 (MP) Jaime
Córdoba Triviño, T-179 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),  T-160 de
2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-735 de 2010 (MP Mauricio González
Cuervo).
[13] Corte
Constitucional, Sentencia T-798 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[14] Corte
Constitucional, Sentencia T-798 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño) y T-552 de
2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[15] Ver, por
ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias T-288 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), T- 277 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra) y T-714 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa).
[16] Corte
Constitucional, Sentencia T-012 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[17] Ver al
respecto, Corte Constitucional, Sentencias T-921 de 2002, T-787 de 2004 (MP
Rodrigo Escobar Gil), y T-634 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[18] Corte
Constitucional, Sentencia T-643 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa), reiterada en la Sentencia T-015 del 2015 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; AV María Victoria Calle Correa).
[19] Corte
Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009 (MP Rodrigo Escobar Gil; AV Jaime
Araujo Rentería), reiterada en le Sentencia T-593 de 2017 (MP Carlos Bernal
Pulido).
[20] Código Penal,
Ley 599 de 2000, Artículo 220: “INJURIA. El que haga a otra persona imputaciones
deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez
(10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
[21] Código
Penal, Ley 599 de 2000, Artículo 221: “CALUMNIA.  El que
impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis
(16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a
mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
[22] Corte
Constitucional, Sentencias T-110 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-357
de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-277 de 2015 (MP María Victoria
Calle Correa),  T-693 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV María Victoria
Calle Correa) y T-695 de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas), entre otras.
[23] Sentencia
T- 787
de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), reiterada en la Sentencia T-110 de 2015
(MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[24] Corte
Constitucional, Sentencia T-263 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz; SV José
Gregorio Hernández Galindo).
[25] Corte Constitucional, Sentencia
T-263 de 2010
(MP Juan Carlos Henao Pérez).
[26] Corte
Constitucional, Sentencia T-263 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[27] Corte
Constitucional. Sentencias T-921 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-959 de
2006 (MP Rodrigo
Escobar Gil)
y T-110 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[28] Corte
Constitucional, Sentencia T-512 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[29] Esta posición
fue reiterada en las sentencia T-369 de 1993 (Antonio Barrera Carbonell), T-787
de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
AV Alexei Julio Estrada), T-256 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
T-904 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), entre otras.
[30] Corte
Constitucional, Sentencia T-219
de 2009 (MP Mauricio González Cuervo).
[31] Corte
Constitucional,  Sentencia T-263 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez)
[32] Corte
Constitucional, Sentencia T-550 de 2012 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[33] Corte
Constitucional, Sentencia T-593 de 2017 (MP Carlos Bernal Pulido).
[34] Al respecto, en
el expediente se encuentra un comentario realizado por el señor Freddy Castro
Victoria, quien se identifica como representante judicial de la señora Gloria
Patricia Mayorga Ariza y en el que se lee “acudo por este mismo medio que
usted utiliza para publicar sus trabajos periodísticos para requerir de usted y
en el despacho judicial de mi representada a una reunión extrajudicial para que
de su parte pruebe la forma como obtuvo documentos que ya han sido decididos
por instancias judiciales y disciplinarias, instancias que usted omitió de
manera irregular e ilegal consultar, para cumplir con su papel de periodista
(…)”.  Cuaderno de Pruebas No. 1, expediente T-6.155.024, a folios 152 y
153.
[35] Corte
Constitucional, Sentencia T-110 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
reiteró lo dicho en la Sentencia  T-959 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[36] Corte
Constitucional, Sentencia T-787 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), reiterada en
las Sentencias T-634 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa) y T-050 de 2016
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[37] Corte
Constitucional, Sentencia C-640 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo),
reiterada entre otras en las Sentencias T-015 del 2015 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; AV María Victoria Calle Correa) y T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SPV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[38] Corte
Constitucional, Sentencia T-696 de 1996 (MP  Fabio Morón Díaz).
[39] Ver entre
otras, Corte Constitucional, Sentencias T-787 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil),
T-634 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa) y T-050 de 2016 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo;
SPV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[40] Corte
Constitucional, Sentencia T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SPV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[41] Corte
Constitucional, Sentencia SU-089 de 1995 (MP Jorge Arango Mejía).
[42] Corte
Constitucional, Sentencia T-787 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[43] Ver entre
otras, Corte Constitucional, Sentencias T-977 de 1999 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-405 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T- 634 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa), T-050  de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[44] Corte
Constitucional,  Sentencia T-634 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[45] Corte
Constitucional, Sentencia T-1095 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla), reiterada
en las Sentencias T- 634 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), T-050  de
2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[46] Corte
Constitucional, Sentencia T-015 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; AV María Victoria Calle Correa).
[47] Corte
Constitucional, Sentencia T-405 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[48] Corte
Constitucional, Sentencia T-634 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa),
reiterada en la Sentencia T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SPV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[49] Corte
Constitucional, Sentencia T-634 de 2013  (MP María Victoria Calle Correa), la
cual cita la Sentencia T- 090 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual
la Corte estudió el caso en el que imágenes de la demandante durante su parto
fueron difundidas sin requerir su consentimiento en programas diferentes al
producido por la sociedad demandada. La Corte amparó los derechos fundamentales
a la identidad y a la propia imagen de la actora y ordenó a la entidad
demandada cesar toda transmisión, exposición, reproducción, publicación,
emisión y divulgación pública de las imágenes de su parto. Igualmente, la
Sentencia T-471 de 1999 (MP José Gregorio Hernández), en la que la Corte
estudió el caso de una menor cuya imagen apareció impresa en las etiquetas y la
propaganda de los productos de una empresa de aceites sin la autorización
manifiesta de aquélla ni de sus representantes legales porque las fotografías
usadas eran meras pruebas que no eran susceptibles de comercialización
efectiva. La Corte concedió la tutela y ordenó a la empresa demandada retirar
de circulación las etiquetas y avisos en los que aparecía la imagen de la
menor.
[50] Corte
Constitucional, Sentencia T-634 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa),
reiterada en la Sentencia T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SPV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[51] Corte
Constitucional, Sentencia T-634 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa), reiterada en la Sentencia T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; SPV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[52] Corte
Constitucional, Sentencia T-260 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[53] Corte Constitucional,
Sentencia T-260 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[54] Corte
Constitucional, Sentencia T-634 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa) ,
reiterada en la Sentencia T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SPV Gloria Stella Ortiz Delgado))Al respecto ver sentencia T-634 de 2013
[55] Corte
Constitucional, Sentencia T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[56] De acuerdo con el artículo 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones; 2. Toda
persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección; 3. El
ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley
y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas”.
[57] El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972,
dispone: “1. Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección; 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar: a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; 3.
No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en
la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones; 4. Los
espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso
2; 5. Estará prohibida por
la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
[58] Corte Constitucional,
Sentencias T-063A de 2017 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), la cual a su vez
cita lo establecido en las Sentencias T - 015 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; AV María Victoria Calle Correa), T-277 de 2015 (MP María Victoria Calle
Correa) y T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV Gloria Stella
Ortíz Delgado).
[59] Corte
Constitucional, Sentencia T-063A de 2017 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[60] Corte
Constitucional, sentencia SU-056 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[61] Corte
Constitucional, Sentencia T-512 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[62] Corte
Constitucional, Sentencia T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[63] Ver entre
otras, Corte Constitucional, Sentencias T-074 de 1995 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), T-104 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz), SU-056 de 1995 (MP Antonio
Barrera Carbonell), T-391 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y T-496 de
2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[64] Corte
Constitucional, Sentencia T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[65]. Ver entre
otras, Sentencias T-048 de 1993 (MP Fabio Morón Díaz), SU-056 de 1995 (MP
Antonio Barrera Carbonell), T-1682 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-391 de
2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y T-219 de 2009 (MP Mauricio González
Cuervo).
[66] Corte
Constitucional, Sentencia T-391 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[67] Ver entre
otras, Corte Constitucional, Sentencias T-080 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz y T-074 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[68] Corte
Constitucional, Sentencia T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[69] Corte
Constitucional, Sentencia T-080 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[70] Corte
Constitucional, Sentencia T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[71] Corte
Constitucional, Sentencia T-695 de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[72] Ley
599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”
[73] Se refiere a
las conductas punibles comprendidos en el Título V de los delitos contra la
integridad moral. “Artículo 221: El que impute falsamente a otro una
conducta típica, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de
diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Frente a la injuria se dispone en el artículo 220  “El que haga a otra
persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3)
años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Y en cuanto a la injuria y calumnia indirectas el articulo 222
preceptúa: “A las penas previstas en los artículos anteriores quedará
sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada
por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones
se dice, se asegura u otra semejante.”
[74] Corte
Constitucional, Sentencia T-695 de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[75] Salvo que se
trate de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de
familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación
sexuales, tal como lo establece el inciso del artículo 224 de la Ley 599 de
2000.
[76] Corte Constitucional,
Sentencia T-693 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV María Victoria Calle
Correa). En esta providencia la Corte estudió una acción de tutela contra una
columna de opinión publicada en el Periódico el Espectador, en la cual  si bien
no imputó al accionante ninguna conducta punible, sí lo relacionó aunque de
forma presunta, con la contratación en el distrito, que en el contexto de la
publicación estaba asociada a la apropiación ilícita de recursos de la ciudad
de Bogotá.  Se concluyó que las afirmaciones contenidas en la columna, que
estaban fundadas en rumores y suposiciones, inducían decisivamente al lector a
considerar que el peticionario era en efecto contratista de la ciudad y que su
actividad estaba asociada a la comisión de los hechos denunciados.
[77] Corte
Constitucional, Sentencia T-693 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV María
Victoria Calle Correa).
[78]
Corte Constitucional, Sentencia T-135 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[79] Corte
Constitucional, Sentencia T-219 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo).
[80] Corte
Constitucional, Sentencia SU- 1721 de 2000 (MP
Álvaro Tafur Galvis).
[81] “Este
es un pueblo de indios hijueputas que esconden el puñal bajo la ruana”, es una
de las frases de la titular de la justicia en el municipio, según aseguran los
afectados. // Al inicio todo es color de rosa para sus escribientes: los invita
a cenar para la entrevista, les brinda su amistad, les advierte que deben ser
sus aliados porque la secretaria titular y el escribiente que va a salir están
confabulados en su contra y les ofrece una habitación en su casa. //En el
relevo, los escribientes se despiden al unísono: “le deseo mucha suerte porque
ella como persona es muy buena pero como jefe es una porquería”. // Los
testimonios en contra de la funcionaria Gloria Patricia Mayorga Ariza incluyen
tratos humillantes, burla constante, acoso laboral, intromisión en la vida
íntima, insultos, amenazas y hasta la pretensión de inducir en error a un Juez
con un documento dirigido a la Defensoría del Pueblo. // Según los afectados,
además de su labor como escribientes del Juzgado Promiscuo Municipal de
Sesquilé, tuvieron que cumplir con diligencias personales de la señora Mayorga
como conducirle el vehículo y pasear a su mascota, incluso dedicarle los fines
de semana.// Les controló la alimentación, su vestuario, criticó sus
costumbres, su físico, los atemorizó con maltrato psicológico al punto de que
reconocieron uniformemente llanto, depresión y hasta pesadillas. // A una de
ellas, a la que hizo renunciar en estado de embarazo, aseguró que: “es una
señora bastante difícil para trabajar, nunca está conforme, le gusta meterse
mucho en la vida personal de sus trabajadores. No tienen derecho a hablar con
sus familiares, a tener pareja, a tener familia porque como ella nunca la tuvo
para ella no está bien. No está de acuerdo que tengan hijos”.// A esta mujer le
dijo que era una bruta al meterse con un policía, porque “esa gente no servía
para nada, son brutos” y que “solo serviría para sirvienta”. // A otro le
recargó labores y lo designó como conductor, lo trató de bruto y después de un
año le declaró la insubsistencia cuando se negó a renunciar. Al que lo remplazó
le dijo que olía y respiraba como caballo porque en sus días libres visitaba
fincas. // A otra le quitó una toalla rosada y se la dejó para la mascota
porque la etiqueta de su casa exige que sean blancas. Al final la hizo retirar
con policía y, según ella, difamó su honra entre los habitantes. Argumentan
incluso que la juez dice: “al que es placero se le atiende como tal y solo se atiende
bien a la gente bien”. // Son cinco escribientes, contratados en
provisionalidad “para que no se atornillen en el puesto”, según dicen que
afirma la juez, los que padecieron tratos similares y salieron de ese despacho
de la misma forma: con una renuncia presionada o declarados insubsistentes y
temerosos de las represalias que pueda tomar la encargada de hacer justicia en
Sesquilé, porque “podría prefabricar pruebas para un proceso disciplinario”,
afirmó uno de ellos.”
[82] “Contra
la señora Gloria Patricia Mayorga Ariza reposa una queja disciplinaria ante la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, una queja de acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y una de las denuncias
incluye una presunta conducta grave y censurable dentro de un proceso judicial
con la adición, en su puño y letra, de unas anotaciones en un documento que
sería allegado a la Defensoría del Pueblo para aparentar que hubo llamados de
atención que jamás hizo, queriendo mostrar que como jefe no violentó el debido
proceso”.
[83] http://garabatosesquile.blogspot.com.co/
[84] Corte
Constitucional, Sentencia T- C-087 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[85] Corte
Constitucional, Sentencia T-298-09 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[86] Corte
Constitucional, Sentencias T-040 de 2013, T-439 de 2009 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) y T-298 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[87] Corte
Constitucional, Sentencia T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), que
as u vez cita las Sentencias T-066 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-259
de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo),  T-626 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño).
[88] Corte
Constitucional, Sentencia T-693 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV María
Victoria Calle Correa).
[89] Corte
Constitucional, Sentencia 145 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[90] Al
respecto, pueden consultarse las Sentencias T-050 de 20106 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SPV Gloria Stella Ortiz Delgado), T-145 de 2016 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez) y T-063A de 2017 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[91] En esa providencia se reiteraron
las consideraciones de las sentencias T–696 de 1996, T–169 de 2000 y T–1233 de
2001.
[92] Sentencia T-634 de 2013.
[93] Sentencia T-695 de 2017.