C-178-95
Sentencia
No
Sentencia  No.
C-178/95
LEY APROBATORIA
DE TRATADO-Naturaleza
preventiva del control
Según lo señalado
en la Carta, en el que se establecen las reglas constitucionales que rigen el
procedimiento de control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de
tratados públicos, se observa que esta vía tiene carácter  preventivo, puesto
que, como se ha dicho, al ser el control de constitucionalidad un procedimiento
judicial previo al perfeccionamiento del instrumento internacional y posterior
a la sanción de la ley que lo aprueba,  debe concluirse que, sin el fallo de
constitucionalidad de la ley proferido por la Corte Constitucional, el Jefe del
Estado no puede adelantar actuaciones enderezadas a perfeccionar el instrumento
por ninguno de los diversos procedimientos previstos para este fin en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en los tratados mismos,
y aquel no tendría valor alguno, no obstante haber sido aprobado por el
Congreso y sancionado por el Presidente de la República como ley.
IUS
REPRAESENTATIONIS
En caso de la
presentación del proyecto de ley aprobatoria del instrumento, con la expresa
convalidación por el Presidente de la República, se entiende subsanada
cualquier deficiencia legal y constitucional antecedente en punto a la
representación en la negociación y en la celebración.
JUEZ
CONSTITUCIONALIDAD-Responsabilidad
La
responsabilidad del juez de constitucionalidad de un Estado en las condiciones
en las que se cumple el procedimiento de control de constitucionalidad, como el
que se verifica en Colombia, y que se adelanta con criterios eminentemente
jurídicos, producto de la interpretación de la Constitución Nacional y de la
tradición jurídica de nuestro sistema, es la de ejercer un magisterio jurídico
prudente y ponderado ante las naturales vicisitudes que habrá de suscitar la
aplicación y la interpretación de aquellas disposiciones en manos de dos o mas
potencias y de más de un operador jurídico habilitado; esa ha sido la conducta
de esta Corporación, y salvo que sea necesaria para la salvaguardia de los
derechos fundamentales, del orden público o para la distribución cabal de las
competencias y de los poderes dentro de nuestro Estado de Derecho, este tipo de
juicios está presidido de una buena dosis de autocontrol de la jurisprudencia
constitucional y del ejercicio de la labor judicial sobre los documentos que integran
el instrumento.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Límites/CONSTITUCION POLITICA-Parte dogmática/SENTENCIA
DE CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Improcedencia en tratados
internacionales
Lo que
corresponde a esta Corporación es la definición de la constitucionalidad de la
ley y del instrumento aprobado, y por ello, en su juicio también milita la
necesidad de la salvaguardia de las competencias judiciales de los restantes
organismos de la jurisdicción nacional e internacional y de la supranacional o
internacional, según sea del caso. Como la parte dogmática de la Constitución
está compuesta, entre otros elementos, por el Preámbulo, por los fines
esenciales del Estado, por los objetivos  y por valores constitucionales,
resulta propicia la materia y la oportunidad para hacer creer, equivocadamente,
que a la Corte Constitucional se le encomiendan labores de control político o
de las razones políticas de este tipo de disposiciones jurídicas, lo cual como
se ha visto, corresponde al ejecutivo o al legislador en su oportunidad. En
ejercicio de esta competencia, no puede pues la Corte, so pena de invadir las
esferas de la competencia constitucional de los restantes órganos y poderes del
Estado, condicionar la constitucionalidad de una norma de la categoría de un
Tratado Internacional por las mencionadas razones, que son las típicas de un
juicio político o administrativo.
EXPROPIACION SIN
INDEMNIZACION-Reserva
En materia de
expropiación sin indemnización, que es el objeto de la Cláusula respecto de la
cual aparece la reserva de Colombia,  es claro que, tal y como lo advertía el
inciso cuarto del artículo 30 de la Carta de 1886,  también en la Carta de 1991
se encuentra la correspondiente institución que permite que ella sea decretada
por el Congreso de la República mediante el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de una y de otra Cámara, siempre que en ella se
establezcan los casos en los que procede y las razones de equidad  que la
motivan; por ello, y atendiendo a las disposiciones que imponen la
interpretación del Tratado dentro de un marco que haga posible la vigencia de
ordenamiento jurídico de cada Parte, nada se opone a este tipo de reserva
expresamente formulada por el Estado colombiano.
REF.: Expediente
No. L.A.T. 041
Revisión previa de
la constitucionalidad de la Ley 172 de 1994 (20 de diciembre), "Por medio
de la cual se aprueba el TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA,
SUSCRITO EN CARTAGENA DE INDIAS EL 13 DE JUNIO DE 1994."
Magistrado
Ponente:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
Santafé de Bogotá,
D.C., abril  veinticinco (25) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
I.   ANTECEDENTES
El once (11) de
enero del presente año, y "en cumplimiento de los establecido en el
artículo 241-10 de la Constitución Política", la Secretaría General de la
Presidencia de la República envió a esta Corporación copia auténtica del texto
de la Ley 172 de 1994 (20 de diciembre), "Por medio de la cual se aprueba
el TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN CARTAGENA DE
INDIAS EL 13 DE JUNIO DE 1994."
El diecisiete (17)
de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Sala Plena de esta
Corporación decidió dar trámite de urgencia al conocimiento de la
constitucionalidad de la ley y del Tratado de la referencia; además, ese mismo
día se verificó el correspondiente reparto del asunto y en la oportunidad
correspondiente, el magistrado sustanciador ordenó que con la advertencia de
que se trata de un asunto de urgencia nacional, se verificara la práctica de
pruebas, consistente en el envío de la copia del expediente legislativo del
trámite del proyecto de ley correspondiente a la Ley 172 de 1994.
En la misma
oportunidad, se ordenó que una vez cumplido lo anterior, se procediera a la
fijación en  lista y a practicar el traslado correspondiente al Despacho del
señor Procurador General de la Nación,  para efectos de recibir el concepto
fiscal.
Previa la
insistencia del despacho del magistrado sustanciador y de las admoniciones que
se hicieron al Secretaría General de Congreso de la República, y una vez
cumplidos todos los trámites indicados para esta clase de actuaciones
procesales de control de constitucionalidad, procede la Corte a pronunciar su
decisión.
II.   EL TEXTO DE LA LEY QUE SE REVISA
"LEY 172 DE 1994
"(Diciembre  20)
"Por medio de la cual se aprueba el
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN CARTAGENA DE
INDIAS EL 13 DE JUNIO DE 1994."
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto
del TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN CARTAGENA DE
INDIAS EL 13 DE JUNIO DE 1994.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS
GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA
DE VENEZUELA, SUSCRITO EN CARTAGENA DE INDIAS EL 13 DE JUNIO DE 1994
................................
En atención a la
gran extensión y al
volumen del texto de la ley y del tratado, y a la necesidad de mantener
plena identificación literal del texto, este aparece como anexo del documento
original de esta sentencia en la versión publicada en el diario oficial del
jueves 5 de enero de 1995, Año CXXX, No. 41671 Bis- Edición de 452 páginas.
Además, para
efectos de su consulta y
para que se tengan como incorporados y  como partes esta providencia, se
ordenará la remisión correspondiente a dicha publicación oficial, que es
suficiente e idónea para los efectos jurídicos que corresponden a la promulgación
y publicación de la ley y del tratado en el orden interno.
..............................
.
RAMA EJECUTIVA
DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
SANTAFE DE
BOGOTÁ, D.C.
APROBADO.
SOMÉTASE A LA CONSIDERACION DEL HONORABLE CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS
CONSTITUCIONALES.
(Fdo.) CESAR
GAVIRIA TRUJILLO
LA MINISTRA DE
RELACIONES EXTERIORES,
(Fdo.) NOEMI
SANIN DE RUBIO
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO:
Apruébase el "TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA,
SUSCRITO EN CARTAGENA DE INDIAS EL 13 DE JUNIO DE 1994.
ARTICULO SEGUNDO:        La presente Ley rige a partir de la fecha de
su publicación.
El
Presidente del Honorable Senado de la República.
JUAN
GUILLERMO ANGEL
El
Secretario del Honorable Senado de la República,
PEDRO
PUMAREJO VEGA
El
Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
ALVARO
BENEDETTI VARGAS
El
Secretario de la Honorable Cámara de Representantes
DIEGO
VIVAS TAFUR
REPUBLICA
DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
COMUNÍQUESE
Y PUBLÍQUESE
Ejecútese
previa revisión de la Corte Constitucional conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada
en Santafé de Bogotá D.C., a los  20  DIC. 1994
(Aparece
la Firma del Presidente de la República)
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
RODRIGO PARDO GARCIA PEÑA
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
GUILLERMO PERRY RUBIO
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
ANTONIO HERNANDEZ GAMARRA
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RODRIGO MARIN BERNAL
EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
DANIEL MAZUERA GOMEZ
III.   INTERVENCION OFICIAL
Dentro del término
correspondiente a la fijación del asunto en lista,  y de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, se
hicieron presentes en la Secretaría General de esta Corporación los Ministros
PARDO GARCIA PEÑA Y MAZUERA GOMEZ de Relaciones Exteriores, y Comercio
Exterior, respectivamente, y el Señor Secretario Jurídico de la presidencia de
la República CARLOS EDUARDO MEDELLIN BECERRA para depositar el documento
correspondiente en el que defienden la constitucionalidad de la Ley 172 de
1994, sometida al procedimiento judicial de revisión que, según lo advierte  el
artículo 241 numeral 10 de la Carta Política, se debe adelantar por la Corte
Constitucional antes del perfeccionamiento del instrumento internacional que se
aprueba en aquella disposición legal.
Por su importancia
para este asunto, se transcribe buena parte del documento de los
intervinientes, en especial aquella en la que se aprecian las consideraciones
de la defensa propuesta; ellas son las siguientes:
"I.    IMPORTANCIA
ECONOMICA Y ESTRATEGICA.
La crisis de la
deuda externa y el agotamiento del modelo de desarrollo proteccionista pueden
considerarse como los dos factores determinantes de los procesos de apertura
económica e internacionalización  que se han llevado a cabo en Latinoamérica
desde finales de la década de los ochenta.
A través de la
liberalización de las economías, se buscaba incrementar la competitividad y
lograr un patrón de especialización que permitiera aprovechar las ventajas
comparativas reales, en contraposición a las que se derivaron de la excesiva
protección frente a la competencia internacional.
Para adecuar las
condiciones del sector productivo a las nuevas condiciones de competencia, se
inició un proceso de transformación productiva que se apoyó en reformas de
carácter institucional.
En el caso de
Colombia, se modificó el régimen cambiario y de flujos de capital, se
introdujeron profundas reformas en materia laboral y en el sector financiero y
se consolidó un nuevo régimen de inversión extranjera. En materia comercial, se
redujeron sustancialmente los aranceles y se eliminaron las restricciones
cuantitativas.
Como complemento a
la estrategia de apertura económica y en particular, a la reducción de los
niveles de protección arancelaria, la mayor parte de los países buscaron
mejorar su inserción en el mercado internacional. En este contexto, surgió la
nueva estrategia de integración regional abierta con un enfoque diferente a la
estrategia de integración planteada en los sesenta. Este nuevo enfoque busca
que los países profundicen sus relaciones comerciales en un contexto de
apertura económica.
A través de este
proceso, no solo se quiere acceder a nuevos mercados, sino desarrollar
economías de escala y fomentar la inversión lo cual, además, permite promover
el cambio técnico y la innovación.
Este nuevo enfoque
para las relaciones económicas entre los países se tradujo en una tendencia
hacia la conformación de bloques comerciales en un intento por profundizar
relaciones ya existentes o por crear nuevas relaciones a través de sistemas de
reglas precisos y operativos.
La consolidación de
la Unión Europea, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y
MERCOSUR, vislumbran un escenario internacional en el que el riesgo al
aislamiento se evidencia cada día y en el que la no pertenencia a un bloque
comercial podría implicar graves consecuencias en materia de desviación de
comercio y de flujos de inversión.
En este escenario el
Acuerdo de Libre Comercio del Grupo de los Tres, para Colombia, además de
contribuir a consolidar el proceso de apertura económica, representa, de una
parte la posibilidad de mejorar el acceso a un mercado para nuestras
exportaciones menores las cuales tienen un alto contenido de valor agregado. El
mercado regional ha demostrado ser el destino por excelencia de las
exportaciones menores. Las cifras de los distintos mercados de exportación
indican que el mercado latinoamericano representa aproximadamente un 27% de las
exportaciones totales de Colombia, cifra que se incrementa al 41% cuando se
toma la participación de este mercado en las exportaciones menores. Por otra
parte, el Tratado proporciona a los productores nacionales una oportunidad para
aprender cómo competir en un mercado medianamente exigente con respecto a los
mercados de Europa y Estados Unidos.
Adicionalmente, para
el país es fundamental formar parte de un bloque comercial de esta naturaleza.
Finalmente, el tratado representa una manera de fortalecer las relaciones comerciales
con el Norte.
El G-3 representa un
mercado de aproximadamente 140 millones de habitantes con un PIB para 1993 de
$478.483 millones de dólares. Las exportaciones de este bloque comercial
ascendieron en 1993 a $73.425 millones de dólares, mientras las importaciones
fueron de $87.368 millones de dólares.
II.
ORIGEN DEL G-3 Y SU RELACION CON LOS ACUERDOS REGIONALES Y MULTILATERALES.
En sus orígenes el
G-3 fue un mecanismo de concertación política que, a partir de 1990, sustituyó
al Grupo de Contadora. En particular, los países del G-3 compartían su posición
frente al problema centroamericano y, adicionalmente, tenían un interés
económico en esa región que estaba supeditado, en buena medida, a la
estabilidad política que alcanzaran los países centroamericanos.
Por otra parte, el
G-3 también se consideró en un momento dado como un eje energético, dada la
capacidad de producción de distintos bienes energéticos que tiene cada uno de
los países que lo conforman. De hecho, el tema de la cooperación con
Centroamérica y el Caribe se enmarcó en buena medida en el campo energético.
Es importante tener
en cuenta que la agenda del G-3 incluye otros temas diferentes al comercial.
Estos temas se han desarrollado a través de Grupos de Alto Nivel (GAN), conformados
por representantes de los tres países. Dentro de estos temas se encuentran el
de ciencia y tecnología, cultura, pesca y acuicultura, transporte, educación,
telecomunicaciones, energía, cooperación con Centroamérica y el Caribe, medio
ambiente, finanzas y turismo.
El Grupo de Alto
Nivel de Comercio es el que mas ha profundizado su trabajo y la expresión de
esto es el Tratado de Libre Comercio suscrito en junio de 1994.
El Tratado de Libre
Comercio del Grupo de los Tres, está enmarcado tanto dentro del Acuerdo General
de Aranceles y Tarifas Aduaneras (GATT) como dentro de la Asociación
Latinoamericana de Integración ALADI creada en 1960 con el nombre de ALALC.
En lo atinente al
GATT, cabe anotar que de acuerdo con el artículo XXIV del Acuerdo General, se
permite a los países profundizar en sus relaciones mediante la constitución de
zonas de libre comercio y de uniones aduaneras. Así mismo el G-3 es un
desarrollo de la Decisión adoptada por las Partes contratantes del GATT en 1978
sobre Tratamiento Diferenciado y más favorable, reciprocidad y participación
entre países en desarrollo denominada Cláusula de Habilitación. Es claro
entonces que el Acuerdo de Libre  Comercio del Grupo de los Tres como Zona de
Libre Comercio entre tres países miembros del GATT, constituye un desarrollo de
las disposiciones a nivel multilateral que obligan a nuestro país.
El Tratado de Libre
Comercio del Grupo de los Tres además de ser un desarrollo del GATT, confirma
en su artículo 1-02 los derechos y obligaciones adquiridas en ejecución de
dicho Acuerdo Multilateral.
Adicionalmente, cabe
precisar que en la mayoría de los capítulos del Tratado de Libre Comercio del
Grupo de los Tres simplemente se replicaron los compromisos adquiridos a nivel
multilateral dentro de la Ronda Uruguay y que hoy hacen parte de las
obligaciones consignadas en el Tratado mediante el cual se creó la Organización
Mundial de Comercio.
A título de ejemplo
se pueden citar los capítulos de normas técnicas, el de medidas fito y
zoosanitarias y el de solución de controversias para verificar la total
identidad de los mismos con los apartes del GATT 1994 que regulan dichas
materias.
Respecto a la
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI cabe anotar que el G3 al
adoptar el carácter de Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica,
utilizó uno de los instrumentos consagrados en dicho Tratado para profundizar
las relaciones entre tres de sus países miembros.
De acuerdo con el
artículo cuarto del Tratado de Montevideo de 1980, los países miembros de la
ALADI establecen un área de preferencias económicas compuesta por una
preferencia arancelaria regional (PAR), por acuerdos de alcance regional y por
acuerdos de alcance parcial.
El artículo noveno
del Tratado de Montevideo establece normas que rigen los Acuerdos de Alcance
Parcial las cuales fueron acatadas en su totalidad en el Tratado de Libre
Comercio del Grupo de los Tres.
En este orden de
ideas queda claramente establecido que el G3 es un Acuerdo compatible con las
obligaciones que a nivel multilateral y regional ha adquirido Colombia en
materia de integración.
El Tratado de Libre
Comercio suscrito entre Colombia, México y Venezuela no solo es compatible con
los compromisos multilaterales y regionales sino que también respeta los
compromisos adquiridos por Colombia a nivel subregional en el marco del Acuerdo
de Cartagena.
De acuerdo con el
artículo 1-03 del Tratado del G3 se dejan a salvo las obligaciones y los
derechos que ostentan cada uno de los miembros del Acuerdo de Cartagena.
Para finalizar este
aparte cabe anotar que el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres al
ser bastante similar a los compromisos adquiridos a nivel multilateral en la
Ronda Uruguay que culminó con la creación de la Organización Mundial de
Comercio, se acerca considerablemente en su estructura y alcance al texto del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA.
III.    EL
G-3 Y LA CONSTITUCION POLITICA.
El Tratado de Libre
Comercio del Grupo de los Tres es totalmente compatible con la Constitución
Política.
La integración
económica no solo se ha identificado por el Gobierno como una estrategia
complementaria al proceso de apertura económica sino que incluso el
Constituyente al referirse a la misma, anotó que es un imperativo del mundo
contemporáneo cuyo desconocimiento implicaría desperdiciar oportunidades de
progreso y bienestar. (Gaceta 53 Informe de Ponencia) Asamblea Nacional
Constituyente.
De otra parte en el
Acta No. 5 de la Constituyente se afirma que Colombia debe salir de su
proverbial aislamiento y provincialismo e insertarse en la realidad universal
de la integración política y de bloques económicos.
Es claro entonces
que la Constitución de 1991 reconoce la necesidad del país de participar en el
reordenamiento mundial a través de procesos de integración.
De acuerdo con el
artículo 9o. de la Carta, la política exterior de Colombia se debe orientar
hacia la integración latinoamericana y del Caribe.
El Tratado de Libre
Comercio del Grupo de los Tres establece en su artículo 23-07 que el mismo se
encuentra abierto a la adhesión de otros países de América Latina y del Caribe.
El mencionado
Tratado constituye un importante aporte al proceso de integración
latinoamericana en la medida que conlleva la reactivación de la ALADI y que se
vislumbra como un polo de atracción para desarrollos posteriores.
De otra parte, el
G-3 también desarrolla los artículos 226 y 227 de la Carta en la medida en que
dicho Tratado promueve la internacionalización de las relaciones políticas y la
integración económica con los países de América Latina.
Entre los
considerandos del Tratado, es pertinentes resaltar en este tema, el que
manifiesta la decisión de los tres países de impulsar el proceso de integración
latinoamericana.
Una vez se ha
concluido que como desarrollo de la política exterior colombiana el Tratado de
Libre Comercio del Grupo de los Tres es compatible con la Constitución
Política, es importante analizar si en dicho Tratado se reconocen los
principios de derecho internacional y los de igualdad, equidad y reciprocidad
los cuales constituyen imperativos constitucionales.
En lo atinente al
principio de igualdad, es importante tener en cuenta los pronunciamientos de la
Corte en esa materia en virtud de los cuales este principio se aplica tratando
iguales a los iguales y de manera diferente a los diferentes. Tal como lo dice
la Constituyente no es viable dar normas iguales a quienes no están en
condiciones iguales.
Es así como teniendo
en cuenta la diferencia de tamaño entre la economía mexicana y la colombiana y
venezolana, el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, establece en
materia del Programa de Desgravación mejores condiciones para el ingreso de los
productos colombianos al mercado mexicano, que las otorgadas a los productos
mexicanos para su ingreso al mercado colombiano.
Este desarrollo del
principio de igualdad consagrado en la Carta, que en materia económica se
denomina asimetría se desarrolló en el Tratado en los siguientes aspectos.
- Preferencia
Arancelaria Regional (PAR)
La PAR, instrumento
propio de ALADI consiste en un descuento arancelario aplicable a la tarifa
arancelaria vigente. Para México la PAR asciende a un 12% mientras que para
Colombia esta preferencia es de 28%.
Por efecto de la
aplicación de la PAR un producto cuyo arancel es del 10% en los dos países,
tendrá a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio del G3
un arancel de 7.2% en México y 8.8% en Colombia.
Por lo tanto,
mientras el importador en México debe cancelar el 7.2% del valor del bien
importado desde Colombia, el importador colombiano de producto originario de
México debe cancelarle un impuesto del 8.8% lo cual se traduce en una mayor
protección para la industria colombiana.
- Arancel de
Partida.
Para calcular el
arancel de partida, es decir, la tasa arancelaria a partir de la cual se
aplicará el Programa de Desgravación se generalizó la aplicación de la PAR con
lo cual se logra una mayor protección para la economía colombiana y mayores
posibilidades de acceso de nuestros productos al mercado mexicano.
- Porcentaje de
comercio en desgravación inmediata.
La asimetría no sólo
se aplicó en la PAR y en el arancel de partida sino también en el porcentaje de
comercio en desgravación inmediata. Mientras que el 50% de la oferta exportable
colombiana se encuentra en desgravación inmediata es decir ingresa a México sin
pagar arancel alguno, tan solo el 9% de la oferta exportable mexicana ingresa
al mercado colombiano en esas condiciones. En cinco años la cifra del 9%
ascenderá a 11%.
Respecto al
principio de equidad, cabe anotar que el Tratado de libre Comercio del Grupo de
los Tres dentro de los objetivos del mismo en su artículo 1-01, establece el
propiciar relaciones equitativas entre las Partes, reconociendo los
tratamientos diferenciales en razón a la categorías de países establecidas en
la ALADI.
En lo atinente a la
Reciprocidad cabe anotar que la totalidad de las obligaciones contenidas en el
Tratado del Grupo de los Tres son recíprocas es decir que se aplican a los tres
países signatarios del Tratado.
Respecto a la Ley
Aprobatoria del Tratado del Grupo de los Tres, cabe anotar que la misma fue
tramitada en el Congreso de la República, previa la presentación del Proyecto
de Ley por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior. El
mencionado Proyecto de Ley recibió Mensaje de Urgencia al igual que una
solicitud para que las sesiones del Senado y la Cámara se realizaran de manera
conjunta.
En este orden de
ideas, las Comisiones Segundas de Cámara y Senado en sesión conjunta aprobaron
el Proyecto de Ley el 16 de noviembre de 1994. La Plenaria de Senado se
pronunció sobre el mismo el 29 de noviembre de 1994 y la Plenaria de la Cámara
el 30 de noviembre del mencionado año.
IV.    CONTENIDO
Y ALCANCE DEL G-3.
El Tratado del Grupo
de los Tres regula el comercio de bienes, de servicios y de capitales.
Ciertamente el mencionado Tratado no sólo establece normas que regulan la
importación y exportación de mercancías sino que además consagra principios
para la prestación de servicios por parte de personas naturales o jurídicas
nacionales de los tres países y también determina el tratamiento de los
capitales provenientes de los tres países, es decir la inversión extranjera.
El G-3 es el acuerdo
más avanzado en materia de integración dentro del ámbito latinoamericano dada
su amplia cobertura. A través del Acuerdo se conforma una zona de libre
comercio entre los tres países.
El TLC-G3 pertenece
a una "nueva generación" de Acuerdos, al igual que el NAFTA, en los
cuales se pretende regular todas las áreas que permiten generar flujos de
comercio para que éstos se den en condiciones equitativas de competencia. La
precisión y profundidad con que se tratan los distintos temas en estos
Acuerdos, permiten crear condiciones claras y estables para la inversión.
Para garantizar
condiciones de competencia sanas, el Tratado desarrolla de manera exhaustiva
materias como normas de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardia y
prácticas desleales de comercio. Así mismo contiene disposiciones en materia de
compras del Estado, propiedad intelectual, normalización técnica y propiedad
intelectual. Adicionalmente, el Tratado contiene un capítulo de solución de
controversias.
Los países buscan a
través del Tratado crear un mercado ampliado para los bienes y servicios
producidos por cada uno. Así mismo, los países quieren garantizar un marco
comercial previsible para la inversión y la planeación de las actividades
productivas por medio del establecimiento de reglas claras y de beneficio mutuo
para el intercambio comercial.
Como complemento a
lo anterior, con el Tratado se busca aumentar las oportunidades de inversión,
reducir las distorsiones al comercio, promover condiciones de competencia
adecuadas y equitativas y crear nuevas oportunidades de empleo que se traduzcan
en una mejora en los niveles de vida en los tres países.
A lo largo del
Tratado se desarrollan estos objetivos a través de tres principios
fundamentales: Trato Nacional, Trato de Nación más Favorecida y Transparencia.
A través del principio de Trato Nacional se garantiza la no discriminación de
los bienes o servicios provenientes de los tres países en virtud de su origen;
a través del principio de Trato de Nación más favorecida se garantiza el mejor
tratamiento para los estándares que cada país otorgue a terceros; finalmente, a
través del principio de Transparencia se garantiza la existencia de reglas
claras sobre las condiciones en que importadores y exportadores pueden acceder
a las autoridades respectivas en cada país con el fin de lograr que actúen
según sea el caso.
A continuación se
hace un breve resumen de los capítulos del Acuerdo de Libre Comercio del Grupo
de los Tres:
CAPITULO I
Disposiciones Iniciales.
En este capítulo se
incluyen los objetivos los cuales constituyen parámetros fundamentales de
aplicación e interpretación del Tratado y las relaciones con otros Acuerdos
Comerciales.
CAPITULO II
Definiciones Generales.
En las definiciones
generales se consagran aquellas expresiones que por su reiteración e
importancia debe otorgárseles un alcance para los exclusivos efectos del
Tratado.
CAPITULO III
Trato Nacional y Acceso de Bienes al
Mercado.
Las disciplinas que
se establecen en este capítulo garantizan un acceso real de los bienes al
mercado de los tres países. En virtud de las mencionadas disciplinas los países
se comprometen a otorgarse Trato Nacional para los bienes producidos por cada
uno de ellos y se establece un programa de desgravación arancelaria. Así mismo,
se prohibe adoptar o mantener restricciones al comercio, se establecen normas
sobre los impuestos a la exportación y se da un plazo de cinco años para
eliminar los derechos aduaneros. Esta medida se aplica a México y Venezuela
pues Colombia no tiene sobretasa a las importaciones.
Los tres países
conservan la facultad de mantener los programas de incentivos
importación-exportación. Es decir, el Plan Vallejo para Colombia, el PITEX para
México y Los Regímenes Aduaneros Especiales para Venezuela. En el NAFTA, los
regímenes como el PITEX o el ALTEX y la maquila tienen un período de transición
después del cual deben desaparecer.
Adicionalmente,
Colombia mantendrá por cinco años la facultad de utilizar precios mínimos
oficiales para efectos de valoración aduanera.
CAPITULO IV
SECTOR AUTOMOTOR
En el sector
automotor también se definió un ámbito de productos que cubre las autopartes y
los vehículos.
El tratamiento que
se acordó para este grupo de bienes está determinado por las diferencias en las
políticas automotrices de los tres países y las condiciones de acceso al
mercado mexicano. En cuanto a esto último, el principal obstáculo se presenta
en el hecho de que solo los productores de vehículos pueden importar estos
bienes con lo cual la decisión de importar es puramente corporativa.
En consecuencia, se
acordó que estos bienes tendrán un período de desgravación de doce años el cual
solo empezará a regir una vez que el Comité Automotor, previsto en el Tratado,
defina tanto las condiciones de acceso al mercado como la norma de origen.
Solamente se
estableció, que entrarán al programa de desgravación los camiones y
tractocamiones de más de 15 toneladas de PBV y los autobuses integrales, a
partir del 1o. de enero de 1997.
CAPITULO V
SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIDAS
FITOSANITARIAS Y ZOOSANITARIAS
En el Tratado se
define un ámbito agropecuario, se determinan los bienes que están exceptuados
del programa de desgravación, se prohiben las restricciones cuantitativas y se
establecen disciplinas en materia de devolución de impuestos de importación, de
medidas de apoyo interno y de subsidios a la exportación.
Dentro de los bienes
exceptuados del programa de desgravación hay tres tipos: los que son
considerados sensibles en cada una de las economías, los que se benefician de
apoyos internos o subsidios y los que son objeto de mecanismos de
estabilización de precios o de restricciones para-arancelarias. En particular,
en este grupo de productos se incluyen los bienes que operan bajo el sistema de
franjas de precios en Colombia y Venezuela y aquellos beneficiados por el
programa PROCAMPO en México.
Por otra parte, se
acordó un mecanismo especial para el comercio de azúcar. Se determinaron unos
bienes, en su mayor parte legumbres, denominados bienes de incorporación
temporal, los cuales entran temporalmente al programa de desgravación sujetos a
lo que se defina durante los primeros seis meses de la entrada en vigencia del
Tratado en materia de acceso al mercado para el azúcar. En razón al tipo de
bienes que componen esta lista se acordó un período de desgravación de 15 años
en el cual los primeros cinco años de desgravación es de un 15%, luego el
arancel permanece constante hasta el año once y a partir de ese año se desgrava
el remanente en su totalidad para llegar a cero por ciento (0%) en el año 2009.
Finalmente, el
capítulo contiene una sección dedicada al tema de las normas fito y
zoosanitarias en el cual se contempla el derecho de adoptar o mantener normas
de este tipo, siempre y cuando estén basadas en criterios científicos, no sean
discriminatorias y no generen obstáculos al comercio.
CAPITULO VI
NORMAS DE ORIGEN
En un Acuerdo de
Libre Comercio las normas de origen son un elemento fundamental para garantizar
que no se están extendiendo las preferencias comerciales a países que están por
fuera del Acuerdo. Es decir, países que no están otorgando ninguna preferencia
de manera recíproca. En razón a esto, las normas de origen deben ser lo
suficientemente específicas y en esa medida, son más exigentes que normas de
tipo general.
En este capítulo se
definen los criterios que permitan considerar un bien como originario, se
define la fórmula de calculo del valor de contenido regional y se precisan
ciertos parámetros necesarios para determinar el valor de los materiales
intermedios, la acumulación de origen y se establecen las disciplinas De
Mínimis, entre otros temas.
En términos
generales puede decirse que el Tratado establece como métodos de calificación
de origen el cambio de clasificación arancelaria y el criterio de contenido
regional. En cuanto a éste último se estableció un nivel general de 50% durante
los primeros cinco años a partir de la entrada en vigencia del Tratado el cual
se incrementa a 55% a partir del año sexto.
En razón a las
dificultades expresadas por algunos sectores de la producción para cumplir con
estos porcentajes de contenido regional se acordó un tratamiento diferencial
para algunos sectores. Este tratamiento consiste en un período de transición
para alcanzar los porcentajes o los requisitos específicos acordados.
En el caso de los
sectores de la química y petroquímica se fijó un porcentaje del 40% durante los
primeros tres años de la operación del tratado. Porcentaje que se incrementa a
45% en el año cuarto y quinto para alcanzar un 50% a partir del sexto año. De
la misma forma, para los bienes del sector siderúrgico y de metalmecánica se
fijó un nivel de contenido regional del 50% a partir de la entrada en vigencia
del Tratado.
Adicionalmente, para
los sectores textil y de confecciones se establecieron unos Niveles de
Flexibilidad Temporal que permiten, durante cinco años, el acceso al mercado de
algunos de estos bienes con normas de origen más flexibles que las establecidas
de manera general.
Finalmente, para un
grupo de productos de los sectores químico, petroquímico, de textiles y
confecciones en los cuales la norma de origen limita la adquisición de materias
primas a los tres países, con un posible riesgo para las condiciones de
competencia de los respectivos sectores, se creó el Comité de Integración
Regional de Insumos (CIRI) el cual tiene la facultad de permitir la importación
de estas materias primas de terceros países, si se demuestra que las
condiciones de abastecimiento no son las mejores en términos de oportunidad,
calidad y precio.
CAPITULO VII
PROCEDIMIENTOS ADUANALES
En materia de procedimientos
aduaneros el Tratado establece las disciplinas que permiten a los países
ejercer el control administrativo de las normas de origen tanto para las
importaciones como las para las exportaciones que se benefician del trato
preferencial. Adicionalmente, se prevén los mecanismos de verificación del
origen para que cada país pueda hacer uso de esta facultad.
CAPITULO VIII
SALVAGUARDIAS
Las medidas de
salvaguardia son instrumentos diseñados para restituir al productor las
condiciones arancelarias previas, cuando el sector en cuestión se ve afectado
como resultado de la aplicación del programa de desgravación.
Un aumento de las
exportaciones mexicanas como consecuencia de la devaluación presentada en ese
país, habilitaría al Gobierno Nacional para hacer uso de este mecanismo.
El régimen de
salvaguardia consignado en el Tratado contiene medidas de carácter bilateral y
global. En términos generales las medidas de salvaguardia pueden aplicarse por
amenaza de daño grave o daño grave a la producción nacional. El Tratado define
como daño grave un menoscabo general y significativo a una producción nacional.
Adicionalmente establece los procedimientos para adoptar la medida de
salvaguardia.
La salvaguardia
bilateral permite restablecer las condiciones de tipo arancelario que compensen
el daño que la producción nacional pueda recibir como resultado del programa de
desgravación. Este mecanismo se puede invocar durante quince años a partir de
la entrada en vigencia del Tratado, es decir tiene una duración de cinco años
adicionales a la culminación del programa de desgravación general. La medida de
salvaguardia bilateral se aplica por un año prorrogable por un período igual.
El país que adopte la medida de salvaguardia debe compensar en el caso en que
ésta se prorrogue o cuando se imponga por amenaza de daño.
La salvaguardia
global es la consignada en el GATT y en caso de adoptarse exige el cumplimiento
de ciertos criterios. En términos generales, las importaciones provenientes de
uno de los países del G-3 deben representar una parte sustancial de las
importaciones totales del bien y deben contribuir de manera importante al daño
o a la amenaza de perjuicio. El término sustanciales se refiere a que el país
que causa el perjuicio está dentro de los cinco proveedores principales del
bien, durante los últimos tres años. Contribuir de manera importante se refiere
a que la tasa de crecimiento de las importaciones durante el período del
incremento que causa el perjuicio, es mayor que la tasa de crecimiento de las importaciones
totales del bien.
CAPITULO IX
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL
En materia de
prácticas desleales de comercio, el Tratado establece la prohibición de otorgar
subsidios a las exportaciones de bienes industriales. Aunque se consignan en el
Tratado las legislaciones nacionales en materia de prácticas desleales de
comercio, se definen unos principios bajo los cuales se garantiza efectividad y
transparencia en las investigaciones por dumping o subsidios y en la aplicación
de derechos compensatorios.
CAPITULO X
PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL COMERCIO DE
SERVICIOS
En este capítulo se
establecen las disciplinas que regirán la liberalización progresiva de los
servicios. Se fija un ámbito de aplicación en el cual no se cubren los servicios
financieros ni las telecomunicaciones en razón a que para estos sectores el
Tratado contiene un capítulo especial.
Se consagran los
principios de Trato Nacional, Nación Más Favorecida y la no obligatoriedad de
presencia local. Adicionalmente, se determinan unos plazos para iniciar
negociaciones con miras a lograr la liberalización mencionada.
Dadas las
diferencias en el grado de apertura del sector de servicios en cada una de las
economías que conforman este Tratado, se estableció para la consolidación de
las medidas vigentes en cada país, que ésta se desarrolle bajo un principio de
reciprocidad que permita llegar a un equilibrio global.
Finalmente, este
capítulo contiene un anexo en materia de servicios profesionales y otro en
materia de transporte. En el primero se establecen las reglas que tendrán en
cuenta los países para reducir gradualmente las barreras a la prestación de
servicios profesionales. En este sentido, se establecen criterios para lograr
el reconocimiento de títulos académicos a través de las Asociaciones de
Profesionales.
En cuanto al
segundo, es importante anotar que las disposiciones allí contenidas no se
aplican a servicios de transporte aéreo. En todo caso, dentro de las reservas
permanentes, los países podrán reservar contratos de compras por un monto
equivalente al 5% de sus compras totales anuales. En materia de transporte
marítimo se libera la reserva de carga y se establece un compromiso para
compatibilizar las normas de transporte multimodal.
CAPITULO XI
TELECOMUNICACIONES
Las disciplinas
previstas en este capítulo se aplican únicamente a los servicios de valor
agregado. Dentro de éstas se destaca, de una parte, el derecho de cada uno de
los países para regular la prestación de servicios de telecomunicaciones en su
territorio. Por otra parte, se garantiza que los países tendrán acceso no
discriminatorio a las redes y servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones y que para la prestación de servicios de valor agregado los
procedimientos serán transparentes y no discriminatorios. Así mismo, se prohibe
a los monopolios abusar de su posición para introducir prácticas que causen
distorsiones a la competencia.
CAPITULO XII
SERVICIOS FINANCIEROS
En materia de
servicios financieros el Tratado le proporciona al país una oportunidad para
obtener beneficios en esta materia como contraprestación a la apertura
unilateral del sector que se dio con la Ley 45 de 1990.
Se establece un
ámbito de aplicación para las medidas contenidas en el capítulo el cual no
cubre los sistemas de seguridad social ni el uso de los recursos financieros de
la Nación para cada una de las Partes. El capítulo contiene los principios de
Trato Nacional y Nación  Más Favorecida. Se reconoce el derecho de
establecimiento a los inversionistas en esta área, se congelan las medidas
vigentes en cada país en materia de servicios transfronterizos, se prevé el
reconocimiento por parte de un país de las medidas prudenciales del otro país,
se preserva para cada país su capacidad reguladora para adoptar medidas prudenciales
y se permite a las instituciones financieras de un país prestar nuevos
servicios financieros en la medida en que estos sean similares a los que
permite prestar a los intermediarios financieros nacionales.
Finalmente, el capítulo
contiene disciplinas para desarrollar un procedimiento de solución de
controversias y un mecanismo de salvaguardia por trastornos en Balanza de
Pagos.
CAPITULO XIII
ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS
En esta materia se
establecen limitaciones a la discrecionalidad que tienen los países para negar
el ingreso a personas de negocios. Lo previsto en este capítulo tiene como
objetivo facilitar las actividades relacionadas con el comercio y la inversión.
En razón a esto, se desarrollan criterios particulares para la entrada de
visitantes de negocios, inversionistas, profesionales y transferencias de
personal dentro de las empresas.
CAPITULO XIV
NORMAS TECNICAS
El objetivo de las
disciplinas contenidas en este capítulo es lograr que los países alcancen
estándares en materia de normalización que limiten la posibilidad de usar las
normas técnicas como barreras al comercio.
CAPITULO XV
COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO
Este tema es de
vital importancia para la conformación de una real zona de libre de comercio
porque al dejarlo por fuera de un Tratado, se está negando el acceso a una
parte muy importante de las importaciones que realiza un país. En este caso, el
capítulo de compras del sector público representa un gran avance para la
relación comercial entre Colombia y Venezuela pues el Grupo Andino carece de
regulación en esta materia.
En este capítulo se
establecen los principios a través de los cuales los países se otorgan Trato
Nacional en las compras que realizan las empresas del estado. En desarrollo de
lo anterior, se fijan los parámetros para adelantar los procedimientos en esta
materia y se establecen los mecanismos de impugnación para los compradores.
En particular, se
establece un ámbito de aplicación de las disciplinas contenidas en el capítulo,
las cuales tienen que ver con valoración de los contratos, reglas de origen,
denegación de beneficios, prohibición de condiciones compensatorias y
especificaciones técnicas.
Lo acordado en esta
materia solo aplica para contratos que igualen o superen unos montos mínimos.
Para el caso de entidades del gobierno central el monto es de US$50.000 y para
empresas gubernamentales es de US$250.000. Así mismo, cada país puede
reservarse un porcentaje decreciente en el tiempo de sus compras estatales,
sobre el cual no está obligado a otorgar Trato Nacional. Este porcentaje
comienza en 50% en 1995, pasa a 45% en 1996, a 40% en 1998, a 35% en el año
2000, a 30% en el año 2002 para llegar a cero (0%) en el año 2004. En todo
caso, dentro de las reservas permanentes, los países podrán reservar contratos
de compras por un monto equivalente al 5% de sus compras totales anuales.
Cabe precisar que
los compromisos en esta materia son compatibles con la reciente reforma
adoptada a Colombia en compras estatales con la expedición de la Ley 80 de
1993.
CAPITULO XVI
POLITICA EN MATERIA DE EMPRESAS DEL ESTADO
En este capítulo se
establece la obligación para las Empresas del Estado de otorgar a los
nacionales de los otros países trato no discriminatorio en la venta de bienes y
la prestación de servicios. Así mismo, estas empresas deberán actuar en la
compra y venta de bienes y servicios bajo parámetros comerciales.
Para esto último se
establecieron reglas que impiden a estas empresas operar a través de prácticas
monopólicas que introduzcan distorsiones a la competencia, tales como los
precios discriminatorios.
La importancia de
este capítulo radica en que constituye una solución a las preocupaciones
expresadas permanentemente por el sector privado en cuanto a las prácticas
desleales realizadas por las empresas del estado en Venezuela y México, a
través del manejo de precios y suministros.
CAPITULO XVII
INVERSION
En materia de
inversión, el Tratado establece el principio de Trato Nacional y el de Nación
Más Favorecida para los inversionistas de los tres países. Se prevén
disposiciones en materia de requisitos de desempeño, se fijan las garantías
para la transferencia de la inversión y de sus utilidades, disciplinas en
materia de expropiación y se establece un mecanismo de solución de
controversias entre una parte y un inversionista.
En materia de
garantías de expropiación, cabe precisar que las obligaciones en este tema se
aplican exclusivamente entre México y Venezuela. Colombia, de acuerdo con lo
establecido en el anexo al artículo 17.08 se reserva la aplicación de dichas
disciplinas.
En este capítulo se
desarrolla el marco regulatorio propicio para promover el flujo de inversión
creciente que se espera, resulte de la entrada en vigencia del Acuerdo.
CAPITULO XVIII
PROPIEDAD INTELECTUAL
En materia de
propiedad intelectual se regulan dos aspectos: derechos de autor y propiedad
industrial. En los dos aspectos, lo establecido en el Tratado no supera lo
previsto en la legislación colombiana para el caso de derechos de autor ni los
compromisos adquiridos a nivel andino en materia de propiedad intelectual.
En cuanto a derechos
de autor, los países se obligan a aplicar ordenamientos multilaterales en esta
materia y se establecen los derechos patrimoniales que debe contener una
adecuada y efectiva protección de los derechos de autor. Dentro de estos
derechos patrimoniales se cuentan: impedir la importación al territorio de
copias elaboradas sin autorización; prohibir o autorizar la primera
distribución pública del original y cada copia; prohibir o autorizar la
comunicación de las obra al público y prohibir o autorizar la reproducción de
la obra. En particular, se establecen derechos para artistas interpretes o
ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. La
protección conferida por estos derechos no podrá tener un término inferior a
cincuenta años.
En cuanto a
propiedad industrial, se establecieron las disciplinas necesarias para fomentar
los flujos comerciales entre los países. En este sentido, se determinaron los
objetos de protección de marcas, se establecieron los derechos conferidos por
las marcas, protección a las marcas notoriamente conocidas y un período de diez
años, prorrogables por otro período igual, para los registro de marcas. Así
mismo, se prevé la protección de denominaciones de origen y secretos
industriales.
Finalmente, en este
capítulo también se establecen obligaciones para los países que garantizan la
observancia de los derechos de propiedad intelectual.
CAPITULO XIX
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En este capítulo se
prevé un mecanismo que permite resolver las controversias derivadas de la
aplicación, interpretación o incumplimiento del Tratado.
El proceso de
solución de controversias tiene una etapa en la que se realizan consultas y se
puede solicitar la intervención de la Comisión Administradora del Tratado. Si
la intervención de la Comisión no produce una solución en un plazo determinado,
se inicia una segunda etapa en la que se conforma un tribunal arbitral.
El Tratado establece
unos requisitos para los árbitros que conforman el panel arbitral y su
escogencia es cruzada. Es decir, cada país presenta una lista de árbitros para
que el otro país contendiente seleccione los que conformarán el panel.
La efectividad del
mecanismo de solución de controversias se garantiza a través de la posibilidad
que se le da a la Parte afectada, de suspender beneficios de efecto equivalente
a la Parte demandada, cuando ésta no cumpla con la obligación que le impuso la
Comisión o el panel arbitral.
Finalmente, el
Tratado cuenta con la figura de anulación y menoscabo. En virtud de ésta, las
Partes pueden recurrir al mecanismo de solución de controversias cuando consideren
que, como resultado de la aplicación de una medida que no contravenga el
Tratado, se anulan o menoscaban los beneficios que razonablemente se pudieron
esperar del mismo.
CAPITULO XX
ADMINISTRACION DEL TRATADO
En materia de
administración, el Tratado prevé la conformación de una Comisión
Administradora, la cual representa un mecanismo flexible y novedoso para estos
efectos.
En este capítulo se
establecen las funciones de la Comisión Administradora la cual está conformada
por los titulares de los órganos nacionales responsables. Dentro de las
funciones de la Comisión está evaluar los resultados de la aplicación de este
Tratado, vigilar su desarrollo y recomendar a las Partes las modificaciones que
estime convenientes. Así mismo, la Comisión debe realizar un seguimiento de las
prácticas y políticas de precios en sectores específicos para detectar posibles
distorsiones al comercio. Esta instancia coordina todos los Comités y Grupos de
Trabajo.
CAPITULO XXI
TRANSPARENCIA
En este capítulo se
desarrolla el principio de Transparencia a través de la obligación que adquiere
cada Parte de designar una oficina como centro de información. Este centro de
información tiene como propósito facilitar la comunicación entre las Partes
sobre cualquier asunto relacionado con el Tratado.
CAPITULO XXII
EXCEPCIONES
En este capítulo se
consagran las excepciones prevista en el GATT entre otras, en materia de salud
y protección del medio ambiente. Así mismo, se establecen las excepciones
relacionadas con la seguridad nacional.
CAPITULO XXII
DISPOSICIONES FINALES
En el capítulo de
disposiciones finales se prevén: la posibilidad de realizar enmiendas al
Tratado, su cláusula de evaluación y el mecanismo de denuncia.
Así mismo, se
establece una cláusula de adhesión para los países de América Latina y el
Caribe.
En conclusión, el
Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres y la Ley Aprobatoria del mismo
constituyen un instrumento fundamental para la internacionalización de la
economía colombiana, son compatibles con la Constitución Política y establecen
disciplinas y normas para el comercio de bienes y servicios y capitales acordes
con los compromisos multilaterales, regionales y subregionales adquiridos por
nuestro país.
Por las razones
expuestas, con todo respeto, nos permitimos solicitar a la Honorable Corte
Constitucional que declare exequible el "Tratado de Libre Comercio entre
los Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la
República de Venezuela", suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de
1994.
....................."
Como puede
observarse, los intervinientes consideran que las disposiciones contenidas en
la normatividad internacional que se aprueba por la ley en revisión, están
circunscritas a los principios de derecho internacional, respetando la
soberanía nacional, la libre autodeterminación, la equidad, la reciprocidad y
la conveniencia nacional, y además, se orientan hacia la  integración
latinoamericana y del Caribe en desarrollo de los artículos 9o., 226 y 227  de
la Carta Política, pues el tratado ésta abierto a la internacionalización de
las relaciones políticas y a la integración económica al permitir adhesión de
otros países de América Latina y del Caribe.
De otra parte, los
intervinientes destacan que en la normatividad que se revisa se respetan los
principios de igualdad, equidad y reciprocidad que son exigidos por la Carta
Política para efectos de permitir la participación del Estado colombiano en los
procesos de integración económica, social y política con las demás naciones y
en especial con  los países de América Latina y del Caribe.
Además, en su
concepto las disposiciones que pertenecen al tratado cuya constitucionalidad se
examina constituyen un indispensable instrumento internacional para el Estado
Colombiano en la realización de los fines señalados en la Constitución
Política, entre los que se destaca la promoción del desarrollo económico, y de
su racionalización y los del mejoramiento de la calidad de la vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios
del desarrollo, junto a la preservación del ambiente y el saneamiento ambiental
como servicio público al servicio del Estado; de igual modo se pone bajo
cautelas suficientes la producción de alimentos que debe gozar de la especial
protección del Estado según lo advierte el artículo 65 de la Constitución.
En este mismo
sentido, se garantiza las facultades constitucionales de la intervención del
Estado para promover la productividad, la competitividad y el desarrollo
armónico de las regiones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 334 de
la misma Codificación Superior.
De acuerdo con lo
anterior,  la ley bajo examen aprueba  un instrumento internacional en el que
se crea una regulación intergubernamental que ofrece las más propicias
condiciones para el desarrollo economico y para la internacionalización de las
relaciones económicas, políticas y ecológicas, lo cual en su opinión se ajusta
en todos sus términos a la Constitución Nacional.
IV.   INTERVENCIÓN CIUDADANA
1.  Dentro del
término de fijación en lista, y en ejercicio del derecho de participación en el
trámite de estas actuaciones de control de constitucionalidad,  se hizo
presente el ciudadano HUGO PALACIOS MEJIA para impugnar la constitucionalidad
de los artículos 1-02 y 105 del tratado que se revisa y contra el artículo  1o.
de la Ley 172 de 1994, "pero sólo en cuanto aprobó el tratado que los
contiene", y pide, además, que se instruya al Presidente de la República con
la advertencia de que sólo podrá manifestar el consentimiento previsto en el
tratado formulando la correspondiente reserva.
2.  Para mayor
ilustración al respecto del objeto de la impugnación, se hace transcripción de
las normas a las que se refieren los cargos que formula el mencionado
ciudadano, así:
"Artículo 1-02:
Relación con otros tratados internacionales.
2-  En caso de
incompatibilidad entre las disposiciones de los tratados y acuerdos a que se
refiere el párrafo 1 y las disposiciones de este Tratado, las de este tratado
prevalecerán en la medida de la incompatibilidad.
....
Artículo 1-05:
Sucesión de Tratados
Toda referencia a
otro tratado o acuerdo internacional se entenderá hecha en los mismos términos
a cualquier tratado o acuerdo sucesor del mismo del cual sean parte todas las
Partes.
Ley 172 de 1994.
Artículo primero:
Apruébase el "Tratado de libre comercio entre los Gobiernos de los Estados
Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela",
suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994."
3.      El escrito
de intervención señala como vulnerados por las normas acusadas los artículos
9, 226 y 241 numeral 10 de la Constitución Nacional, con fundamento en las
siguientes razones de inconstitucionalidad.
a.  Señala que  el
artículo 1-02 del G-3 en su parágrafo primero, desconoce el principio  pacta
sunt servanda ya que  el parágrafo  segundo que se acusa, establece
una norma  complementaria, según la cual "en caso de
incompatibilidad" entre los tratados y acuerdos a que se refiere  el
parágrafo 1 (GATT, Tratado de Montevideo, etc.) y las disposiciones del G-3,
prevalecerán éstas en la medida  de la incompatibilidad. En este sentido
considera que la norma acusada desconoce el derecho que "asiste a todas
las demás partes del GATT y del Tratado de Montevideo (anteriores ambos a la
Convención de Viena), a que las materias regidas por esos tratados, y que den
lugar a relaciones con Colombia, México y Venezuela, o entre éstos tres países,
se rijan por el GATT y el Tratado de Montevideo, o por otros tratados
compatibles con aquellos, y no por un tratado que pueda ser incompatible.
En este sentido,
señala que la norma acusada viola el artículo 9o. de la Constitución Política
porque Colombia ha aceptado el principio de derecho internacional conocido como
pacta sunt servanda, en especial por la Convención de Viena de 1969
aprobada por Colombia a través  de la Ley 32 de 1985, en virtud de la cual,  no
podían las partes acordar la prevalencia del G-3 en forma absoluta, sobre otros
tratados, sin distinguir entre los firmantes de estos. De otra parte, el
ciudadano PALACIOS MEJIA advierte que el artículo 1-02,2, viola el artículo 226
de la Constitución Política, al no ser equitativo frente a la comunidad
internacional, ni frente al grupo de naciones latinoamericanas integradas en la
ALADI, o en el Pacto Andino, por ejemplo, al hacer prevalecer un tratado entre
tres países distintos.
En su opinión, la
falta de equidad implica, que la norma acusada  sea contraria, también a la
conveniencia nacional, pues invita a que los países afectados imiten la
conducta colombiana o hagan a Colombia víctima de retaliaciones, y, por lo
anterior, señala que el artículo 1o. de la ley 17 de 1994, que aprobó el
Tratado, es también inconstitucional en cuanto aprueba el artículo 1-02,2 del
G-3 que es violatorio de la Constitución.
b.   En lo que se
refiere a los cargos formulados contra el artículo 1-05 del  tratado del G-3,
advierte que la disposición acusada que establece la sucesión de tratados, impide
que el tratado del G-3 tenga un texto definitivo y que el fallo de la Corte en
su competencia sea inocuo.
Observa que esta
norma viola el artículo 241 numeral 10 de la Constitución que exige que los
tratados acerca de los cuales se pronuncie la  Corte tengan un texto definitivo
y porque en su opinión no se puede decidir 'definitivamente' sobre un texto que
es variable; además, advierte que la Constitución colombiana no contempla un
procedimiento de revisión sucesiva de tratados, en la medida en que el
significado de los que revisó se modifique por referencia a tratados nuevos.
Por lo anterior,
considera que para que exista certidumbre jurídica acerca del alcance de la
norma y del fallo de la Corte, es indispensable que su texto sea completo y
definitivo; por ello, advierte que no es suficiente que se diga, como dice la
norma que acusa, que tal referencia al Tratado posterior se entenderá hecha
sólo si en éste son parte,  también todas las partes del G-3, lo cual implica,
en el caso colombiano, que el tratado posterior ha de ser conocido por la Corte
para efectos de su control constitucional.  Así las cosas, manifiesta que no es
suficiente con que cada norma, aisladamente sea conocida y juzgada por la
Corte, pues, cuando dos normas entran  en relación se produce una tercera norma
que no puede ser conocida de antemano por la Corte y que, en sí misma, debería
ser objeto de un juicio de constitucionalidad.
Finalmente, advierte
que no puede tomarse el riesgo de que aprovechando el carácter definitivo de
las decisiones de la Corte sobre la norma acusada, se permita la integración de
normas de tratados sucesivos, así éstos sean constitucionales individualmente
considerados, pues, en su concepto, pueden surgir para Colombia obligaciones
inequitativas, o sin reciprocidad o inconvenientes, y por lo tanto contrarias a
su  Constitución.
V.   EL MINISTERIO PUBLICO
El señor Procurador
General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia, y
solicita que se declare que las disposiciones examinadas son exequibles,
previas las consideraciones que se resumen enseguida.
El Señor Procurador
General de la Nación manifiesta en la parte relacionada con la
"celebración del Tratado" que de acuerdo con lo establecido por la
jurisprudencia constitucional, el análisis de la forma de los instrumentos
internacionales debe recaer, en el evento en que el Estado Colombiano haya
participado en las etapas de celebración y negociación del instrumento público
internacional bilateral o multilateral sobre la verificación de la competencia
de las autoridades que actuaron a nombre del Estado colombiano.
Sin embargo, también
advierte que si Colombia no participa en las referidas etapas, o si por las
características propias del acuerdo internacional éste no se encuentra sometido
a una etapa de negociación previa por parte de los países miembros, porque se
trata de un instrumento abierto a la aceptación, ratificación o adhesión de los
estados y al correspondiente depósito o canje de notas, no es necesario
verificar los requisitos constitucionales atinentes a la representación del
Jefe de Estado y de sus agentes.
Además, manifiesta
el Señor Procurador General de la Nación que en el presente asunto es un hecho
notorio y por demás lógico que Colombia participó en la negociación y celebración
del Tratado, como quiera que el mismo es el fruto del estudio del grupo de alto
nivel integrado por los representantes de los países miembros, en  coordinación
con sus ministerios de relaciones exteriores. De igual modo, deja constancia
que el instrumento fue suscrito por el Jefe del Estado Colombiano.
En cuanto hace al
"trámite de la ley aprobatoria del instrumento internacional. (Ley 172 de
1994)", el despacho del Jefe del Ministerio Público manifiesta que el
respectivo proyecto cumplió completamente con los requisitos exigidos por la
Carta Política para este tipo de actuaciones del Congreso, y que no existe
reparo alguno por el aspecto formal en lo que corresponde al mencionado
procedimiento; en este sentido examina de modo detallado las diferentes etapas
surtidas para la aprobación del proyecto y destaca el cabal cumplimiento de las
exigencias establecidas en los artículos 157 y 160 de la Constitución, según lo
acreditan los ejemplares de la Gaceta del Congreso que obran en el expediente.
El Señor Procurador
observa que por el aspecto material y de contenido, todas y cada una de las
disposiciones que hacen parte del acuerdo internacional se ajustan a las
previsiones de la Carta y que sobre ellas no cabe reparo alguno de
constitucionalidad.
A manera de
introducción el ministerio público advierte que la conformación de bloques
económicos y comerciales, el "derrumbamiento" progresivo de aranceles
y otras barreras comerciales al interior de los escenarios económicos que
conforman los respectivos estados parte, constituye una de las tendencias que
marcan la economía contemporánea, de ello son ejemplo el TLC de América del
Norte, el Mercado Común Centroamericano, el G3, el CARIOM, el Pacto Andino y
MERCOSUR, así como otros acuerdos bilaterales. Advierte que los acuerdos
regionales de integración latinoamericana configuran el marco en el que se debe
lograr una nueva "inserción" en la economía mundial para fortalecer
la región  e incrementar su capacidad negociadora global.
Indica que a los
espacios económicos se les atribuye entre otras ventajas, la ampliación de los
mercados internos y el aprovechamiento de las economías de escala -producción
masiva a través de un mercado amplio- la intensificación de la competencia
empresarial en condiciones de igualdad, así como la posibilidad de abordar
obras y actividades que aisladamente serían difíciles de emprender. En un
ambiente de apertura económica, la estrategia de la integración regional
abierta  surge como una respuesta al debilitado modelo proteccionista de
desarrollo.
En su concepto, el
Grupo de los Tres, originalmente concebido como medio de concertación política
para los problemas centroamericanos y ahora con una agenda y un proyecto
político ampliado, sienta las bases para el desarrollo de un programa de
cooperación dirigido a dar impulso a las capacidades productivas y al
fortalecimiento del intercambio entre los estados partes. Además, el Tratado de
Libre Comercio del G3 se enmarca dentro del Acuerdo General de Aranceles y
Tarifas (GATT) ahora la Organización Mundial de Comercio (OMC), en cuanto que
allí se autoriza a los países para incrementar sus relaciones mediante la
constitución de zonas de libre comercio y uniones aduaneras y para aplicar la
cláusula de habilitación
Advierte el
Procurador que en relación con la ALADI y el propósito de profundizar las
relaciones entre los países miembros,  el G3 también cumple con la meta de
lograr un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica.
El Señor Procurador
considera que el instrumento en revisión permite desarrollar normas
constitucionales en materia de derecho de integración, que, no obstante su
reciente aparición en el derecho nacional, también son desarrollo de los
conceptos de soberanía y supranacionalidad, sin abandonar, la noción de estado
soberano, ni de autonomía que les es característica a los estados; en efecto,
en su opinión, en esta materia la Constitución de 1991 es más "rica"
que la de 1886 (arts 76-18), pues, desde el Preámbulo consagra un marco
jurídico "Comprometido a impulsar la integración de la Comunidad
latinoamericana" y porque los mandatos de los artículos 226 y 227 de la
Carta atribuyen al Estado la potestad para celebrar tratados en los que se
promueva la integración económica, social y política con las demás naciones,
con otros estados, para además, configurar una comunidad latinoamericana de
naciones.
En su opinión, de
conformidad con  el artículo 9o. en concordancia con los artículos 226 y 227 de
la Carta Política, el tratado de libre Comercio del Grupo de los Tres establece
un hito en el avance hacia la consolidación de la integración latinoamericana y
del Caribe; advierte que esta posibilidad se encuentra en el artículo 23-07 de
dicho instrumento.  Además, el Tratado acoge los disposiciones en materia de igualdad,
equidad y reciprocidad que son imperativos constitucionales como sucede con las
cláusulas de la preferencia arancelaria, el arancel de partida y el porcentaje
de comercio en desgravación inmediata.
El Ministerio
Público destaca la conveniencia práctica y la buena oportunidad histórica que
se configura para la aprobación del acuerdo internacional, por la existencia de
diversas y muy importantes razones que hacen recomendable  la adopción del
documento internacional como normatividad interna; en este orden de ideas deja
constancia de las razones que en aquel sentido y en su opinión deben incidir en
este juicio de constitucionalidad.
V.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera.  La
Competencia y el Objeto del Control
De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 241 num. 10o. de la Constitución Política, y en
atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de su
competencia, corresponde a esta Corporación el examen de la constitucionalidad
de las leyes aprobatorias de tratados internacionales después de su sanción
presidencial y antes del perfeccionamiento internacional del instrumento, como
es del caso en el asunto de la referencia.
Se observa que el
texto de Ley 172 de 1994 fue remitido a esta Corporación dentro del término de
los seis días siguientes a su sanción como ley, previsto en el citado artículo
241 num. 10 de la Carta Política, si se tiene en cuenta la suspensión de
términos que se producen en esta materia en razón de la vacancia judicial
prevista en la ley; al respecto cabe observar de manera preliminar que esta
forma  de contabilizar los términos para el ejercicio de las competencias en
esta Corporación en la que se tienen en cuenta la suspensión de los términos y
de la atención al público en razón de la  vacancia, como ocurrió en este caso,
no se aplica ni es la empleada para el caso del control automático de los
decretos expedidos con base en las facultades presidenciales en los estados de
excepción, los cuales, sin duda alguna, deben ser enviados a esta Corte al día
siguiente de su expedición,  ni se utiliza para suspender el término de la
revisión de las decisiones judiciales relacionadas con la tutela judicial de
los derechos constitucionales fundamentales, que está fijado por la ley en tres
meses, ya que en esta Corporación no se pueden suspender por el carácter
preferente y sumario de la actuación y porque es la misma Corte la que decide
de modo autónomo atraer la competencia respectiva y definir la situación en el
caso concreto.
Segunda:   El
Examen de forma.
A. De la
"Celebración" del Tratado
1.    Sea lo primero
advertir que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241
de la Carta de 1991, corresponde a esta Corporación el examen de la
constitucionalidad de la Ley 172 de 1994, tanto por el aspecto formal como por
lo que se relaciona con el contenido de la misma y con el texto del instrumento
que se aprueba, y que se ordena incorporar al ordenamiento nacional.
2.   También, cabe
señalar que las competencias de la Corte Constitucional en esta materia recaen
sobre la ley sancionada por el Presidente de la República, y por ello es
posterior a la actividad del Congreso y al procedimiento legislativo; pero
además, este tipo de control de constitucionalidad de las leyes también es previo,
pues se verifica con anterioridad al perfeccionamiento del tratado que se
aprueba por la ley.
Así, según lo
señalado en el mencionado artículo de la Carta, en el que se establecen las
reglas constitucionales que rigen el procedimiento de control de
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados públicos, se observa
que esta vía tiene carácter  preventivo, puesto que, como se ha
dicho, al ser el control de constitucionalidad un procedimiento judicial previo
al perfeccionamiento del instrumento internacional y posterior a la sanción de
la ley que lo aprueba,  debe concluirse que, sin el fallo de constitucionalidad
de la ley proferido por la Corte Constitucional, el Jefe del Estado no puede
adelantar actuaciones enderezadas a perfeccionar el instrumento por ninguno de
los diversos procedimientos previstos para este fin en la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados y en los tratados mismos, y aquel no tendría
valor alguno, no obstante haber sido aprobado por el Congreso y sancionado por
el Presidente de la República como ley.
También debe
advertirse que la Constitución señala que en caso de encontrarse que en un
Tratado de carácter multilateral aprobado por el Congreso de la República y
sometido a este tipo de control preventivo, existan disposiciones contrarias a
la Constitución y así lo declara la Corte en su fallo, el Gobierno puede
perfeccionar el Tratado, siempre que haga las reservas correspondientes
formuladas dentro de las reglas específicas que para dicho fin se prevén en el
derecho internacional de los tratados o en los tratados mismos.
3. En estos casos,
la función de la Corte Constitucional de ser guardiana de la supremacía de la
Constitución, se extiende a la determinación de la plena conformidad entre la
ley y el texto del Tratado mismo con la Constitución Política, lo que
significa, entre otros elementos, que en primer lugar se debe examinar si en el
trámite legislativo del proyecto de ley se cumplió con los requisitos
establecidos por la Carta para la aprobación de las leyes por el Congreso de la
República, y si en el proceso de representación del Estado Colombiano, cuando
ésta haya sido necesaria, se cumplió cabalmente y sin desconocimiento de los
fueros del Jefe del Estado; claro está que, como lo ha advertido esta
Corporación, en caso de la presentación del proyecto de ley aprobatoria del
instrumento, con la expresa convalidación por el Presidente de la República, se
entiende subsanada cualquier deficiencia legal y constitucional antecedente en
punto a la representación en la negociación y en la celebración.
4. En este caso, se
trata de la aprobación de un instrumento internacional que es producto de la
negociación o del acuerdo multilateral previos, en los que participó el Estado
Colombiano con sus agentes  y representantes, y aún el mismo Presidente de la
República en la firma del texto acordado, para efectos de establecer el
contenido del mismo; además, no se trata, de un instrumento internacional que
haya estado abierto al depósito de notas de aceptación, ratificación  o de
adhesión de los Estados, aunque después de su perfeccionamiento inicial, si
puede  ser objeto  de adhesión de otros países de América Latina y del Caribe.
Es una modalidad de vinculación directa y autónoma a unos compromisos
internacionales en la que nuestro Estado, como las Repúblicas de México y de
Venezuela, las dos restantes entidades de derecho internacional que hacen parte
del mismo, participan directamente en la negociación plena del texto y en su
firma simultánea.
5.  Por lo mismo, en
este tipo de asuntos no resultaría extraño a las funciones de la Corte
Constitucional el examen judicial del cumplimiento de los requisitos
constitucionales en materia de representación del Jefe del Estado o de sus
agentes, cuando ésta se ha verificado y se puede verificar por el tipo de
instrumento de que se trata; tampoco resultaría extraña a las mismas
competencias de esta Corporación la afirmación según la cual la presentación
del proyecto de ley aprobatoria del Tratado hecha por el Gobierno, con la previa
aprobación del Presidente de la República, convalidaría cualquier vicio de
representación que pudiera afectar la constitucionalidad de la ley, de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación para el caso de los
tratados que requieren celebración previa o negociación.
Empero, como al
momento de su presentación, por la época, el nuevo Presidente de la República
impartió su aprobación al texto del Tratado y a sus anexos, cualquier otro
vicio posible en aquella etapa queda subsanado y la Corte se abstiene de
cuestionar los hechos correspondientes a dicha etapa.
B. El Trámite en
el Congreso de la República.
Esta Corporación
encuentra que el proyecto de ley que culminó su trámite en el Congreso de la
República y que fue sancionado como la Ley 172 de 1994, cumplió con todos y
cada uno de los requisitos que para dicho fin establece la Carta Política, en
especial con los previstos por los artículos 11 inciso 5o., 157 y 163 de la
misma, y coincide con el señor Procurador General de la Nación, en sostener la
exequibilidad del mismo por este aspecto.
En efecto, tal y
como lo advierte el Jefe del Ministerio Público en el concepto que le
corresponde, por tratarse de un proyecto de ley que se refería a relaciones
internacionales fue presentado al Senado de la República  por el Gobierno
Nacional a través de la señora Ministra de Relaciones Exteriores y por el señor
Ministro de Comercio Exterior el 10 de agosto de 1994; posteriormente, fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 116 de ese año y  distinguido como el
número 35/94 del Senado y 101/94 Cámara.
Además, ante la
solicitud del trámite de urgencia nacional y de la expresa solicitud de la
reunión y  deliberación conjunta de las comisiones segundas del Senado de la
República y de la Cámara de Representantes, hecha por el Presidente de la
República al Congreso de la República, el proyecto fue repartido a las
comisiones segundas constitucionales permanentes de ambas cámaras que, como se
verá,  se reunieron para darle primer debate.
En este sentido es
claro que ante la situación de la solicitud presidencial del trámite de
urgencia de un proyecto de ley, los términos que deben transcurrir entre cada
debate en las comisiones y en las sesiones plenarias de cada Cámara previstos
en el artículo 160, se reducen al lapso de treinta días que es el establecido
como máximo en el artículo 163 de la Constitución Nacional.
Posteriormente,
previa la presentación de la ponencia elaborada por el Senador JULIO CESAR
TURBAY QUINTERO y el Representante LUIS FERNANDO DUQUE, el proyecto de ley fue
aprobado en primer debate por unanimidad en las Comisiones Segundas
Constitucionales Permanentes del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes el 16  de noviembre de 1994, según consta en certificación
suscrita por el Secretario de la Comisión II del Senado de la República, JUAN
ANTONIO BARRERO; además, la correspondiente aprobación en segundo debate se
verificó en la sesión plenaria del Senado de la República el 29 de noviembre,
según certificación firmada por el Presidente de esa Corporación JUAN GUILLERMO
ANGEL y en la Cámara de Representantes en la Sesión Plenaria del 30 de
noviembre del mismo año, según consta en la certificación correspondiente
suscrita por el Secretario General de esa Cámara DIEGO VIVAS TAFUR.
C. El Examen
Material del texto del Tratado.
1. Sea lo primero
advertir que corresponde a esta nueva modalidad de actuación del sistema de
control judicial de la constitucionalidad de las leyes que se surte en
Colombia, en los términos del artículo 241 num. 10o. de la Constitución
Nacional[1],
no sólo el estudio y la definición judicial de la validez formal de la
totalidad del texto de la ley aprobatoria del respectivo instrumento
internacional a que se  deben referir de modo específico aquellas leyes, sino
el examen preventivo y definitivo y ante  la totalidad del texto de la Carta
Política Nacional, con criterios objetivos y generales que comprometen la
responsabilidad de la jurisprudencia nacional en una profunda labor de
contraste en abstracto, de todas  y cada una de las disposiciones jurídicas que
aparecen vertidas en los específicos instrumentos de derecho internacional, que
se originan en actuaciones internacionales de carácter formal e instrumental de
la República y que se  concluyen, o a los que se vincula Colombia como Estado
soberano y como potencia debidamente reconocida, ante el concierto de los
Estados y de los sujetos habilitados en dicho plano, o ante los varios
organismos de derecho internacional público, con los que se vincula o se pone
en disposición de vinculación regular y ordenada.
En efecto, es
evidente la complejidad que supone para el juez de constitucionalidad el
compromiso de adelantar un examen como el que le corresponde a esta Corporación
sobre las leyes aprobatorias de tratados internacionales y de los tratados
mismos, tanto por razones de forma y de procedimiento, como por razones de
fondo, y que en todo caso es de tipo abstracto, objetivo, preventivo y
definitivo de los contenidos de las disposiciones que hacen parte de aquellos
actos jurídicos, puesto que aquellas necesariamente serán objeto constante de
interpretación y aplicación, administrativa, judicial, legislativa, pública y
privada,  lo mismo que de desarrollos, evoluciones, entendimientos, precisiones
y matices y  de eventuales acuerdos o discordias y discrepancias   de aquellas
disposiciones, en varios ámbitos de la vida de los pueblos y de los estados
comprometidos bajo el instrumento.
No se puede
desconocer que, en principio, la mayor parte de los tratados o convenios y
convenciones que se celebran o a los que se pretende adherir o vincular un
Estado, están previstos para disponer las mejores condiciones de arreglo de
asuntos futuros y de actualidad constante entre potencias, y para auspiciar el
entendimiento pacífico, armónico y  provechoso de los asuntos de diversa índole
que resultan entre ellos, y que se hallan regulados de conformidad con un
conjunto común de disposiciones jurídicas que reclaman, en cada caso,
interpretación jurídica,  y que ésta, claro está, no es siempre unívoca ni
unilateral; obsérvese al respecto que, por virtud de las actuaciones
internacionales del Estado de relevancia específica para el desarrollo del
control de constitucionalidad que se surte en esta Corporación, estas
disposiciones son concertadas, acordadas, negociadas, o simplemente producidas
en ámbitos y espacios jurídicos diferentes al nuestro en varios sentidos, como
se verá  más adelante. Es más, la misma Constitución establece como supuestos
de las relaciones internacionales y de la internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas los requisitos de la
equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, lo cual presupone la
incorporación de reglas, disposiciones, normas, y objetivos, lo mismo que
principios específicos de diverso orden y, cuando menos, por razón de los
sujetos y del objeto, relativamente diferentes del ordenamiento común aplicable
en el Estado singularmente considerado, pero en todo caso sometidas a la
Constitución Nacional.
Por ello, la
responsabilidad del juez de constitucionalidad de un Estado en las condiciones
en las que se cumple el procedimiento de control de constitucionalidad, como el
que se verifica en Colombia, y que se adelanta con criterios eminentemente
jurídicos, producto de la interpretación de la Constitución Nacional y de la
tradición jurídica de nuestro sistema, es la de ejercer un magisterio jurídico
prudente y ponderado ante las naturales vicisitudes que habrá de suscitar la
aplicación y la interpretación de aquellas disposiciones en manos de dos o mas
potencias y de más de un operador jurídico habilitado; esa ha sido la conducta
de esta Corporación, y salvo que sea necesaria para la salvaguardia de los
derechos fundamentales, del orden público o para la distribución cabal de las
competencias y de los poderes dentro de nuestro Estado de Derecho, este tipo de
juicios está presidido de una buena dosis de autocontrol de la jurisprudencia
constitucional y del ejercicio de la labor judicial sobre los documentos que
integran el instrumento.
Así, ni se descuida
el vigor de la Constitución, ni la integridad y supremacía de la misma, ni se
elaboran providencias en las que abunden innecesarias reflexiones Obiter
Dicta, ni se proponen consideraciones que se ubiquen más allá del contraste
objetivo del Tratado con la Carta; de igual modo, algunas piezas normativas o
sectores y partes del mismo ordenamiento internacional reclaman
interpretaciones jurídicas presididas por juicios técnicos especializados o por
la aplicación de lenguajes técnicos y científicos que no merecen ser agotados
en esta sede judicial, correspondiendo a otros jueces, nacionales o
internacionales, la definición del contenido de sus términos.
De otra parte, este
tipo de instrumentos jurídicos no merece la suerte de la definición total,
previa y absoluta de todos y cada uno de los términos empleados, y más bien
reclaman ámbitos de relativa flexibilidad y maniobra práctica, radicada en
cabeza del ejecutivo y de sus agentes, de conformidad con la responsabilidad de
la conducción de las relaciones internacionales y de jefe de Estado que se
atribuye al Presidente de la República.
De igual modo, lo
que corresponde a esta Corporación es la definición de la constitucionalidad de
la ley y del instrumento aprobado, y por ello, en su juicio también milita la
necesidad de la salvaguardia de las competencias judiciales de los restantes
organismos de la jurisdicción nacional e internacional y de la supranacional o
internacional, según sea del caso.
Como la parte
dogmática de la Constitución está compuesta, entre otros elementos, por el
Preámbulo, por los fines esenciales del Estado, por los objetivos  y por
valores constitucionales, resulta propicia la materia y la oportunidad para
hacer creer, equivocadamente, que a la Corte Constitucional se le encomiendan
labores de control político o de las razones políticas de este tipo de
disposiciones jurídicas, lo cual como se ha visto, corresponde al ejecutivo o
al legislador en su oportunidad.
Así las cosas, y
como se ha señalado, en ejercicio de esta competencia, no puede pues la Corte,
so pena de invadir las esferas de la competencia constitucional de los
restantes órganos y poderes del Estado, condicionar la constitucionalidad de
una norma de la categoría de un Tratado Internacional por las mencionadas
razones, que son las típicas de un juicio político o administrativo.
2.   En este
sentido, cabe observar que, como corresponde a las atribuciones políticas del
ejecutivo, la argumentación presentada en favor de la exequibilidad de la ley,
elaborada por el Gobierno Nacional manifiesta varias razones de conveniencia,
oportunidad y provecho, que hacen recomendable la adopción del mencionado
instrumento como parte del ordenamiento jurídico nacional y la vinculación del
Estado al organismo internacional y a las actividades del mismo; empero, como
se vio, este tipo de reflexiones, aun cuando, como en este asunto, resulta de
suma importancia dogmática y práctica con fines de ilustrar su interpretación y
ejecución, no hacen parte del juicio de constitucionalidad cuando se adelanta
por la vía del control abstracto de constitucionalidad de las leyes, ni en
general de las atribuciones judiciales de la Corte Constitucional.
Se advierte que en
este tipo de juicios de carácter  preventivo y abstracto que se adelantan en
este estrado judicial,  y en los que se examina en su conjunto la
constitucionalidad de disposiciones jurídicas que tienen la naturaleza de los
tratados internacionales, la Corte no se ocupa de examinar específicas situaciones
de hecho signadas por elementos como los de la utilidad, la efectividad o la
eficiencia de las actuaciones de las autoridades públicas; tampoco se ocupa la
Corte de adelantar evaluaciones de oportunidad práctica ni de conveniencia
política, pues estos elementos extranormativos deben ser  analizados por el
Jefe del Estado y por el Congreso en su oportunidad, según los términos de la
Constitución Nacional. No obstante, en este caso se estima de buen provecho
para el juicioso examen de los sujetos directamente vinculados al tratado y de
quienes se encargarán de su aplicación, la incorporación de las reflexiones
presentadas en la intervención oficial.
3.   a.  En primer
término cabe indicar, en un sentido bastante general, que el Tratado que se
revisa en esta oportunidad se celebró como un Acuerdo de Alcance Parcial de
Complementación Económica, dentro del desarrollo del Tratado de Montevideo de
1980, y se fundamenta en los principios del Trato Nacional, de la Nación Más
Favorecida, de la Transparencia y del Trato Diferencial y, especialmente,
encuentra fundamento en las disposiciones del anterior GATT y ahora en el
Tratado de la OMC.
Examinado el
contenido de Tratado aprobado por la Ley 172 de 1994, se encuentra que en él se
consignan las reglas de organización, funcionamiento, fines y objetivos
programáticos de un acuerdo de carácter internacional que vincula al Estado
Colombiano, dentro del mencionado marco de regulaciones de carácter
multilateral constituido por los tratados de Montevideo y del GATT y ahora de
la OMC, ante dos potencias amigas y vecinas, como quiera que hacen parte de la
comunidad latinoamericana de naciones; además, en lineas bastante generales, y
examinado en su conjunto, el presente instrumento de derecho internacional se
ajusta a las disposiciones de la Carta Política, pues, en todo caso la
coincidencia en las políticas de internacionalización y modernización de la
economía, así como la contribución a la expansión del comercio mundial, el
desarrollo y la profundización de la acción coordinada y las relaciones
económicas entre los países y el impulso de la integración latinoamericana para
fortalecer la amistad, solidaridad y cooperación entre los pueblos, el
desarrollo armónico, la expansión del comercio mundial, y la cooperación  internacional,
crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los
niveles de vida, la salvaguardia del bienestar público, así como asegurar un
marco comercial previsible para la planeación de las actividades productivas y
la inversión, fortalecer la competitividad de las empresas en los mercados
mundiales, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la promoción
del desarrollo sostenible y las expresiones de los principios de trato
nacional, de transparencia y de nación más favorecida, son cometidos que hallan
pleno respaldo en disposiciones de la Constitución, no sólo en la parte de los
valores constitucionales que aparecen en el Preámbulo de la Carta Política,
sino en el de los fines esenciales del Estado y en los derechos económicos y
sociales de las personas, lo mismo que en el del Régimen Económico y de la
Hacienda Pública y en el Título de las Relaciones Internacionales,  y esa misma
condición, si aquellos fines y objetivos se adelantan con la colaboración de
otros Estados, encuentran suficiente fundamento constitucional en varias
disposiciones de la Carta Política, cuya enumeración se hará al final de esta
providencia.
El Tratado que se
revisa también se ocupa específicamente de facilitar a las partes el acceso a
los respectivos mercados nacionales mediante la reducción o eliminación de las
barreras a la importación y a la exportación en el comercio recíproco de
bienes, especialmente del sector  agropecuario y del azúcar, tales como
restricciones a la importación, impuestos a las importaciones y normas técnicas
y de comercialización agropecuaria; de restringir y hasta eliminar, con
expresas reservas, inclusiones y exclusiones de Colombia, en ciertos bienes,
productos y servicios (Anexos 1 y 2 al Artículo 5-03), el uso de restricciones
cuantitativas a la importación, de franjas de precios o mecanismos de
estabilización de precios y aranceles variables para los bienes incorporados al
Programa de Desgravación en su comercio recíproco; de igual manera, este
instrumento se ocupa de establecer un específico régimen de salvaguardias entre
Colombia y Venezuela y uno general para las tres partes.
De otra lado, en
este Tratado se acuerda como objetivo de las Partes, el logro de la eliminación
multilateral de subsidios a la exportación de bienes del sector agropecuario,
no obstante que se reconoce la existencia de medidas de apoyo interno a este
sector, empero, también se reconoce que estas medidas pueden distorsionar  el
comercio y afectar la producción; por ello, bajo este entendimiento, en el
Tratado se advierte que el apoyo a los productores agropecuarios debe hacerse
evitando que se generen efectos de distorsión del comercio y la producción, o
que estos sean mínimos, y que las disposiciones internas de modificación a
dichas medidas se adelanten dentro del marco de regulaciones del GATT , hoy
OMC.
El Tratado también
se ocupa del establecimiento de un régimen detallado y preciso de medidas de
carácter fitosanitario y zoosanitario, para acordar un marco de disciplinas y
de reglas que orienten el desarrollo, la adopción y el cumplimiento de medidas
de dicha naturaleza dentro del marco del instrumento que se revisa,  para, así,
evitar que la adopción directa o indirecta de ellas por cada Parte pueda
afectar el comercio de las partes; desde luego, en el Tratado se deja a salvo
la competencia de los Estados para la adopción de aquellas medidas, siempre y
cuando se actúe por las autoridades públicas o por los organismos no
gubernamentales  de conformidad con las reglas que se adoptan en aquel. Además,
se asegura que cada Parte podrá fijar sus propios niveles de protección para
salvaguardar la vida y la salud humana, animal y la sanidad vegetal en su
territorio, sin incurrir en tratos discriminatorios entre las partes y sin
establecer obstáculos innecesarios.
Bajo la vigencia del
Tratado, todo este esquema debe estar basado en la necesidad de unificar
disposiciones relacionadas con la materia en mención, con base en
recomendaciones técnicas, en la consideración de la existencia de normas internacionales
y de organismos internacionales de normalización, que permiten a las partes en
el Tratado, previa adaptación a las condiciones regionales, y respetando el
cumplimiento de las leyes de cada Estado, la específica definición del interés
público en cada caso, con la garantía de los correspondientes intereses
comerciales, el establecimiento de otros procedimientos de examen de
equivalencia, de cooperación de evaluación de riesgos y de definición de
niveles adecuados de protección, de control, inspección y evaluación; para
estos fines se establecen mecanismos de comunicación, consulta técnica,
publicación e información y un Comité de medidas fitosanitarias y
zoosanitarias.
De otra parte, se
encuentra que en el Tratado aparece un Capitulo dedicado a. la definición de
las reglas de origen, en el que se establecen las normas para clasificar y
determinar los bienes obtenidos o producidos  en el territorio de una o más
partes, bienes originarios, el valor del contenido regional en el bien, el
valor de los materiales no originarios y la de los materiales intermedios,
entre otros varios conceptos y elementos técnicos; de otra parte, se acuerda la
creación de un Grupo de Trabajo de Reglas de Origen y otro denominado Comité de
Integración Regional de Insumos, y en un extenso apartado se establecen las
reglas específicas de origen, segun las diversas clases de bienes, productos y
elementos, así como las reglas especiales aplicables a las relaciones
bilaterales entre las  partes.
También, aparece un
capítulo de reglas especiales que se ocupan de la regulación de los
procedimientos aduanales en el que se respeta la competencia de los Estados
para la dispensa del certificado de origen con estos fines, y, de otra parte,
para establecer y mantener sanciones penales, civiles o administrativas por
infracciones a las leyes y reglamentos relacionados con este tema; también se
garantiza el acceso a un mínimo de instancias administrativas y judiciales
independientes, para efectos de la revisión o impugnación sobre las decisiones
de determinación de origen y de los criterios anticipados al respecto.
De otra parte,
también se encuentra un capítulo sobre prácticas desleales de comercio
internacional en el que entre otras cosas, las partes acuerdan no otorgar
subsidios a las exportaciones de bienes industriales destinados a los mercados
de las partes; además se permite el establecimiento de cuotas compensatorias
cuando se determine la existencia de condiciones de dumping o de bienes que
reciban subsidios para su exportación y que influyan desfavorablemente en las
condiciones del comercio normal; se establecen los procedimientos para
adelantar las investigaciones y los procedimientos correspondientes a nivel
nacional, su contenido y su publicidad, con respeto por la igualdad de derechos
y deberes de las partes interesadas, con el reconocimiento al derecho de acceso
a los expedientes, de la publicidad de las actuaciones y con el reconocimiento
de las instancias administrativas y contenciosas en el desarrollo de los
procedimientos de investigación e imposición de cuotas y contra las
resoluciones definitivas.
De igual modo, se
establece un capítulo dedicado a los principios generales sobre el comercio de
servicios, con base en el reconocimiento de los principios de Tratado como son
los de la Transparencia, el Trato Nacional, el Trato de la Nación Más
Favorecida, de la Reciprocidad y del Equilibrio Global; en este mismo orden de
cosas se establece un capítulo especial dedicado  a la regulación de las
telecomunicaciones con la reserva de todos los Estados para reglamentar, cada
una de ellas, el suministro de servicios en su territorio con el fin de
realizar los objetivos de su política nacional y se incluyen reglas para
regular los ámbitos de aplicación del Tratado, el acceso a redes y servicios
públicos de transporte de telecomunicaciones y su uso, las condiciones para la
prestación de servicios de valor agregado y para la normalización y
homologación. En este sentido se establecen reglas para evitar que los
monopolios existentes utilicen su posición para incurrir en prácticas
contrarias a la competencia en los mercados, y para garantizar la cooperación
técnica, la transparencia y la liberación de  los servicios de valor agregado.
También se regula el
sector de los servicios financieros basado en las reglas del Trato Nacional, de
la Nación Más favorecida, de la Transparencia, del Reconocimiento y
Armonización, con las excepciones suficientes en materia de medidas
prudenciales y razonables para proteger en cada caso la seguridad, solidez,
integridad o responsabilidad financiera de las instituciones financieras o de
prestadores de servicios financieros, la integridad y estabilidad del sistema
financiero de cada parte, y para garantizar la intangibilidad de las
competencias constitucionales y legales para la expedición de disposiciones
para mantener la seguridad, solidez, integridad y la responsabilidad de las
instituciones financieras o de prestadores de servicios financieros
transfronterizos; de igual modo, se garantiza la competencia para el
otorgamiento de derechos de exclusividad que disponga una Parte a una
institución financiera en materia de sistemas de seguridad social y de planes
públicos de retiro. En este sentido se establece también la libertad que tiene
el Estado parte para no divulgar información confidencial  relativa a los
asuntos financieros y cuentas de clientes individuales de instituciones
financieras o de prestadores de servicios financieros transfronterizos o
cualquier información confidencial. También se garantiza la integridad de las
competencias para evitar graves trastornos  económicos y financieros  en el
territorio de una parte, para corregir las amenazas a la balanza de pagos de
una parte y el estado de sus reservas monetarias, con el deber de proceder a
las comunicaciones e informaciones pertinentes entre las partes; de otra lado
también se regula la entrada temporal de personas de negocios con base en el
principio de reciprocidad y transparencia, garantizando la seguridad de las
fronteras, la protección al trabajo de los nacionales y el empleo permanente en
los respectivos territorios.
En especial, el
Tratado dedica un capítulo a establecer las reglas relacionadas con la adopción
de medidas de normalización y metrología que puedan afectar directa o
indirectamente el comercio de bienes o servicios entre las partes, asegurando
que cada Parte actúe de conformidad con sus disposiciones constitucionales en
su territorio, en el ámbito  central o federal, estatal o departamental y
municipal, y respecto de los organismos competentes en cada caso; claro está,
de conformidad con las obligaciones internacionales de cada Estado, en especial
de las disposiciones del GATT y de todos los demás tratados internacionales,
incluídos los tratados sobre el medio ambiente y su conservación de los cuales
las partes sean parte, siempre con el objetivo de que las disposiciones de cada
Estado no restrinjan el comercio más de lo necesario para el logro de un
objetivo legítimo, y para impedir que se establezcan obstáculos innecesarios al
comercio entre las partes.
Como se ha
advertido, en el Tratado y dentro de las reglas del Trato Nacional y no menos
favorable otorgado a bienes similares  y a prestadores de servicios similares
de cualquier otro país, se establece que cada Parte podrá imponer niveles de
protección que consideren apropiados en la obtención de sus objetivos legítimos
en materia de seguridad y protección de la vida y salud humana, animal y
vegetal, y de protección de su medio ambiente y de prevención de prácticas que
puedan inducir a errores a los consumidores, sin que constituyan un obstáculo
al comercio. Para ello, es claro que cada Parte podrá elaborar, aplicar y
mantener las medidas de normalización que permitan garantizar ese nivel
legítimo de protección, así como las medidas que garanticen la aplicación y
cumplimiento de la normalización, incluyendo los procedimientos internos de
aprobación, siempre y cuando éstas no tengan la finalidad o el efecto de crear
obstáculos innecesarios al comercio.
También se regula el
régimen de compras en el sector público con la definición del ámbito de
aplicación, de la cobertura de las obligaciones, de la estimación del valor de
los contratos, el entendimiento en materia de las cláusulas sobre Trato
Nacional y no discriminación y de Trato de la Nación Más Favorecida; al
respecto se observa que ninguna de las cláusulas del Tratado puede entenderse
en el sentido de impedir a una parte adoptar ninguna medida o abstenerse de
revelar información que considere necesaria para proteger sus intereses
esenciales en materia de seguridad, en relación con la compra de armas,
municiones o material de guerra, o cualquiera otra  contratación indispensable
para la seguridad nacional o la defensa nacional, la moral, el orden, la
seguridad públicos, la salud, la vida humana, animal o vegetal, la  protección
de la propiedad intelectual.
En este sentido en
el Tratado se incorporan los listados de las entidades del Gobierno Nacional,
de las empresas gubernamentales, las listas de bienes con sus especificidades,
la de servicios, el sistema común de su clasificación; al respecto es claro que
Colombia establece dos regímenes de reservas en este tema de las compras y
contratos del Estado, así: Uno transitorio en relación con ECOPETROL, CARBOCOL,
TELECOM, INTERCONEXIÓN ELECTRICA, CORELCA, ICEL, CVC, y FERROVIAS, el valor de
los contratos, los contratos celebrados con financiación de instituciones
multilaterales y regionales, los contratos de compra financiados con esos préstamos,
a las compras de medicamentos efectuadas por el Ministerio de salud, el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Caja Nacional de Pevisión Social, y el Ministerio de Defensa;
existe otro régimen permanente de reservas que se refiere a los contratos entre
entidades del país y con los de reventa comercial de entidades gubernamentales,
entre otros los cuales se encuentran el Anexo 7 al artículo 15-02 de reservas.
En este mismo
sentido se encuentra que en el Anexo al artículo 15-09, aparece un régimen
aplicable a Colombia y Venezuela en materia de procedimientos de licitación y
compra, con la obligación de dar a México un trato no menos favorable que el
más favorable concedido a cualquiera otro país que no sea parte del Tratado; en
efecto, Colombia se reserva en esta materia y advierte que aplicará la
legislación nacional en materia de procedimientos para compra, como son las
bases para la licitación, la presentación, recepción y apertura de ofertas y adjudicación
de contratos.
Se incorpora al
Tratado un capítulo dedicado a la Política en materia de Empresas del Estado en
el sentido de establecer, como obligación de las partes, que las empresas del
Estado otorguen a las personas jurídicas o naturales de las otras partes un
trato no discriminatorio en su territorio en lo que respecta a la venta de
bienes y prestación de servicios para operaciones comerciales similares, y a no
utilizar la posición monopolística para llevar a cabo prácticas contrarias a la
competencia, en un mercado no monopolizado, entre otras consideraciones. En
materia de inversiones, también se encuentra un régimen de regulación que
comprende algunas reglas especiales sobre la extensión de las disposiciones en
el caso de la Nación Más Favorecida y del Trato Nacional, lo mismo que en
materia de requisitos de desempeño, de empleo y de dirección empresarial
incluso sobre el respeto del control del inversionista sobre su inversión. En
este caso es preciso señalar que el Tratado advierte que en el término de ocho
meses siguientes a la firma del mismo, las partes deben elaborar un Protocolo
que constará de cuatro listas que contendrán los sectores y subsectores
respecto de los cuales cada Parte puede mantener medidas contrarias en esta
materia a las cláusulas del Trato Nacional, y de Nación Más Favorecida,
requisitos de desempeño, y empleo y dirección empresarial, de conformidad con
las bases que se definen en el artículo 17-06; obsérvese que a la fecha de este
fallo, la Corte  Constitucional no conoce de trámite alguno en relación con el
mencionado Protocolo, que debe estar suscrito a estas alturas del calendario de
1995.
En materia de
transferencias relacionadas con la inversión de un inversionista de otra Parte
en el territorio de las Partes, el Tratado advierte que se deben permitir sin
demora y libremente  todas las transferencias relacionadas con aquella
inversión, en divisas de libre convertibilidad, y a la tasa de cambio vigente
en el mercado en la fecha de la transferencia, como ganancias, dividendos,
intereses, ganancias de capital, pagos por regalías, gastos por administración,
asistencia técnica, ganancias en especie y otros montos derivados de la
inversión, productos derivados de la venta o liquidación total o parcial de
inversiones, toda clase de pagos derivados de contratos, compensaciones por
concepto de expropiación y de solución de controversias.  Al respecto es
necesario advertir que en el Tratado se deja en claro que cada Parte podrá, en
la medida y por el tiempo necesarios, mediante la aplicación de medidas
equitativas y no discriminatorias frente a la ley nacional, impedir la
realización de transferencias en caso de quiebra, insolvencia o protección de
los derechos de los acreedores, emisión, comercio y operaciones de valores, infracciones
penales o administrativas o garantía del cumplimiento de los fallos en un
procedimiento contencioso. En este mismo orden de cosas, las partes dejan
constancia de su derecho a establecer requisitos en materia de reportes de
transferencias de divisas  u otros instrumentos monetarios y, además, cada
Parte tendrá derecho, en circunstancias de dificultades excepcionales o graves
de balanza de pagos, a limitar temporalmente las transferencias, en forma
equitativa y no discriminatoria.
En el Tratado se establece
un régimen en los términos del artículo 17-08,  por el cual se proscribe la
expropiación y la nacionalización directas o indirectas de una inversión o de
un inversionista de otra Parte en el territorio de las partes y se prohibe la
adopción de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización de esas
inversiones, salvo en caso de causa de utilidad pública, sobre bases no
discriminatorias, con apego al principio de legalidad y mediante la
indemnización liquidable y transferible equivalente al valor justo de mercado
que tenga la inversión en el momento de la expropiación, y siempre que no
refleje ningún cambio de valor, incluyendo el valor fiscal declarado de bienes
tangibles, así como de los criterios  que resulten apropiados para determinar el
valor justo en el mercado; a este sistema se le agrega que el pago se hará sin
demora y con el reconocimiento de los intereses a la tasa corriente en el
mercado para la divisa de la referencia.
Al respecto es
preciso advertir que Colombia hace expresa y categórica reserva sobre la
aplicación de esta cláusula; en efecto en el Anexo al  artículo 17-08 se lee
que “1.  Colombia se reserva en su integridad la aplicación del artículo
17-08 de este capítulo. Colombia no establecerá medidas más restrictivas en materia
de nacionalización, expropiación y compensación, que aquellas vigentes a la
entrada en vigor de este Tratado.
2.  México y
Venezuela sólo aplicarán el mencionado artículo respecto de Colombia a partir
del momento en que ésta les comunique el retiro de su reserva.”
Para la Corte
Constitucional esta reserva es suficiente garantía de que se respetan las
disposiciones constitucionales de la República en este tema  ya que las
disposiciones vigentes al momento de la entrada en vigor de este Tratado son
principalmente las constitucionales, frente a las cuales se hace este juicio de
Constitucionalidad, como lo son los artículos 58, 59, 61, 62, 75, 336 y 365,
todos los cuales quedan debidamente asegurados con este tipo de reservas que
hace Colombia en el Tratado.
En materia de
expropiación sin indemnización, que es el objeto de la Cláusula respecto de la
cual aparece la reserva de Colombia,  es claro que, tal y como lo advertía el
inciso cuarto del artículo 30 de la Carta de 1886,  también en la Carta de 1991
se encuentra la correspondiente institución que permite que ella sea decretada
por el Congreso de la República mediante el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de una y de otra Cámara, siempre que en ella se
establezcan los casos en los que procede y las razones de equidad  que la
motivan; por ello, y atendiendo a las disposiciones que imponen la
interpretación del Tratado dentro de un marco que haga posible la vigencia de
ordenamiento jurídico de cada Parte, nada se opone a este tipo de reserva
expresamente formulada por el Estado colombiano. En efecto, se reitera lo
dispuesto por el artículo 1-04 en el que al señalarse las reglas sobre la
observancia del Tratado se deja en claro que ”Cada Parte asegurará, de
conformidad con sus disposiciones constitucionales, el cumplimiento de las
disposiciones de este Tratado en su territorio en el ámbito central o federal,
estatal o departamental, y municipal, salvo que en el Tratado se disponga otra
cosa.”
Lo anterior
significa que Colombia se aparta de lo dispuesto en la cláusula que limita las
competencias  de los Estados en estas materias, y afirma sus competencias
constitucionales y legales en materia de expropiación, inclusive sin
indemnización y por vía administrativa en los términos de las disposiciones
constitucionales que se mencionan.
Ahora bien, en
cuanto a la prohibición de establecer medidas más restrictivas en materia de
nacionalización, expropiación y compensación, contenida en el anexo  al artículo
17-08, debe  entenderse en el sentido de que su transgresión compromete la
responsabilidad del Estado colombiano en relación  con la parte o las partes
afectadas y no, desde luego, en el de condicionar la validez  de eventuales
reformas constitucionales a  la armonía con el tratado vigente.
El principio pacta
sunt servanda,  permanecerá intangible, aún bajo el imperio de normas
constitucionales incompatibles con el contenido del tratado (si llegaren a
darse), pero esa circunstancia dejará   incólume la validez de la nueva
normatividad.
En cuanto a la
protección al medio ambiente, el artículo 17-12 deja a salvo la vigencia de las
disposiciones constitucionales y legales  de Colombia, ya que advierte que
“Ninguna Parte eliminará las medidas internas  aplicables a la salud, seguridad
o relativas al medio ambiente, o se comprometerá a eximir su aplicación a la
inversión de un inversionista de cualquier país, como medio para inducir el
establecimiento, la adquisición, la expansión  o la conservación de la
inversión en su territorio. Si una Parte estima que otra Parte ha alentado la
inversión de tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra Parte.”
El estímulo de la
expansión y diversificación del comercio entre las partes, la eliminación de
las barreras al comercio y a la circulación de bienes y de servicios y la
promoción de condiciones de competencia leal en el comercio entre las partes,
el aumento de las inversiones, la protección y garantía de los derechos de
propiedad intelectual, el reconocimiento de los tratamientos diferenciales en
razón de las categorías de países establecidas en la ALADI, la aplicación del
Tratado y de sus objetivos de conformidad con las normas aplicables del derecho
internacional, la confirmación de los derechos y obligaciones vigentes entre
las partes, conforme al GATT, y ahora a la OMC, al Tratado de Montevideo de
1980 y a los tratados y acuerdos internacionales vigentes, son elementos que
también encuentran pleno fundamento en la Constitución Nacional.
Este Tratado tiene
por objeto conformar, dentro de un mismo sistema institucional, un marco de
derechos y obligaciones sobre temas que afectan el comercio entre las tres
naciones que lo suscriben , disponer de medios organizados e institucionales
para la integración comercial entre los países miembros, y promover
permanentemente vínculos comerciales mutuos para asegurar el mejor
funcionamiento de sus economías y para la profundización de los compromisos. En
lo que corresponde a los instrumentos jurídicos para el manejo de la política
comercial, el uso de salvaguardias, la promoción de la competencia y la
búsqueda de la excelencia en los mercados que pretende generar el sistema del
Tratado de Libre Comercio del G-3 contribuirán en muy buena medida a favorecer
a los consumidores y a hacer más racional el uso de los recursos productivos,
en especial, de aquéllos que acusan una mayor escasez. De otra parte, en lo que
se refiere a la política de apertura económica, cabe anotar que el Estado
colombiano, puede asumir sin mayores costos ni cambios las obligaciones que le
demandará su participación en el Tratado, tanto a nivel de las nuevas
regulaciones sobre comercio de servicios y la propiedad intelectual, y los
compromisos en materia arancelaria.
b. Ahora bien, en
lo que se refiere a la relación directa de este instrumento con la Constitución
Nacional, y a los fundamentos normativos que la dan plena validez  jurídica al
mismo, cabe destacar en primer lugar que la Carta de 1991 advierte que es deber
del Estado colombiano promover la internacionalización de las relaciones
políticas, sociales, ecológicas y económicas con las demás naciones, mediante
la celebración de tratados sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, todo lo cual es respetado en el acuerdo que da lugar el Tratado;  se
trata, precisamente del desarrollo de la voluntad del Constituyente, que viene
desde la Carta de 1886 y especialmente desde la reforma de 1968, para asegurar
que sobre aquellas bases se promueva la vinculación de la economía nacional y
de los factores de la producción y del consumo a los mercados internacionales.
c.  Desde otro
punto de vista, es claro que el Tratado que se revisa en esta oportunidad, se
celebra por las partes con base en la expresa confirmación de la plena vigencia
de los derechos y obligaciones  existentes entre ellas, no sólo de conformidad
con las disposiciones del GATT y ahora  de la OMC, del Tratado de Montevideo de
1980 y a los otros tratados y acuerdos internacionales ratificados entre los
tres; de igual modo, en el Tratado se parte del supuesto de la adopción de la
regla de la incompatibilidad[2]
entre los tratados vigentes que vinculan a las partes, y con ella se entiende
que en caso de incompatibilidad entre las disposiciones de los tratados y
convenios internacionales ratificados por las partes y las disposiciones del
Tratado del G-3, prevalecen las disposiciones de este último en la medida de la
incompatibilidad, lo cual deja a salvo el conjunto de compromisos
internacionales de los tres Estados parte.
Cabe destacar que
bajo este principio, y sin afectar la constitucionalidad del Tratado que se
revisa y sin perjuicio de las obligaciones emanadas de éste, existe un conjunto
específico de relaciones entre las repúblicas de Colombia y Venezuela que se
rige por las disposiciones del ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena,
que como se sabe, se ocupa de una unión subregional y conforma un ámbito de
relaciones jurídicas de carácter supranacional de derecho, regido, en el caso
colombiano, por disposiciones constitucionales que en general permiten la
integración económica, social y política con los países de América Latina y del
Caribe, mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad,
igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para
conformar una comunidad latinoamericana de naciones.
Al respecto, baste recordar
la existencia del Pacto Andino y de los organismos supranacionales que le
corresponden, así como el conjunto de las disposiciones jurídicas específicas
que regulan sus relaciones jurídicas dentro del marco del Acuerdo de Cartagena;
en este sentido, el Tratado que se revisa en este caso, establece una regla
específica de incompatibilidad parcial y bilateral en lo que corresponde al
ámbito de las relaciones bilaterales en el que prevalecen las obligaciones
mutuas surgidas en el acuerdo subregional.
En este sentido, se
observa que en el artículo 1-03 se establece, sin perjuicio de los derechos que
pudieran surgir en favor de México conforme al Tratado, un listado de apartes
del Tratado que no rigen entre Colombia y Venezuela; en efecto, estos son los
que se refieren al Trato Nacional y al acceso de bienes al mercado, al sector
automotor, al sector agropecuario, a las reglas de origen, a las salvaguardias,
a las prácticas desleales de comercio internacional, a las políticas en materia
de empresas del Estado y a la propiedad intelectual, las cuales se regulan de
conformidad con el derecho internacional y supranacional y por las
disposiciones bilaterales existentes.
d.  En materia de
la definición del alcance y de la observancia territorial de las disposiciones
del Tratado, es preciso observar que en el artículo 1-04 del mismo, se deja en
claro que cada parte asegurará el cumplimiento de las disposiciones jurídicas
de cada una de ellas para garantizar el respeto del ámbito ordinario de las
competencias centrales o federales, departamentales y federales y municipales,
salvo que en el Tratado se disponga otra cosa, pero, bajo la advertencia
perentoria de que siempre se actuará de conformidad con las correspondientes
disposiciones constitucionales de cada una de ellas.
En verdad, este es
uno de los elementos básicos del Tratado que se revisa, ya que con la
mencionada regla se sienta una de las base normativas para su interpretación, y
se orienta el comportamiento de los poderes públicos de las partes en cada
caso, en cuanto establece el deber de actuar en favor de la interpretación y
desarrollo de todas sus cláusulas en el sentido que resulte más conforme con la
Constitución de cada Parte y de excluir interpretaciones y actuaciones que
dentro de las cláusulas del Tratado puedan contrariar las disposiciones
constitucionales de cada Estado parte.
También debe
entenderse que las disposiciones del Tratado se inspiran en el respeto de las
normas constitucionales de cada Parte que aseguran los derechos, potestades,
competencias, facultades y atribuciones de las entidades territoriales que
integran la unidad política del respectivo Estado, como ocurre en el caso de la
parte colombiana que manifiesta expresamente su reserva ante la aplicación del
Tratado para garantizar el respeto al monopolio departamental de producción de
licores, y la facultad de los departamentos para establecer impuestos a la
internación de licores provenientes de otros departamentos o países; igual cosa
ocurre desde el lado de las disposiciones aplicables a Colombia con la reserva
que se manifiesta respecto del caso de la explotación o importación de bienes
energéticos "para asegurar el cumplimiento de disposiciones
constitucionales" como lo establecen el Anexo al Artículo 3-03, las
Excepciones al Artículo 3-03 de Medidas adoptadas por Colombia, y el Anexo al
Artículo 3-09, de Excepciones al Artículo 3-09- sección A- Medidas de Colombia,
numerales 2 y 3.
En este último punto
se observa que en el Tratado bajo examen queda en claro que "El artículo
3-09 no se aplicará a medidas adoptadas por Colombia respecto a la exportación
o importación de bienes energéticos cuando sean necesarios para asegurar el
cumplimiento de una disposición constitucional de Colombia".
En este mismo
sentido se encuentra que en el artículo 2-01 de Definiciones de Aplicación
General del Tratado, deja salvo el vigor de las disposiciones constitucionales
y legales de cada una de las partes en punto a la definición legal y al régimen
jurídico de Empresa al advertirse que "Nada en este Tratado se
entenderá en el sentido de obligar a una Parte a otorgar o reconocer
personalidad jurídica a entidades que no la tengan conforme a la legislación de
esa Parte."
e.  Además, estas
apreciaciones también encuentran fundamento constitucional expreso, entre
otros, en el artículo 333 de la Carta Política de 1991, ya que las
disposiciones que conforman el texto del Tratado que se revisa por la Corte se
orientan fundamentalmente al establecimiento de reglas de sana y libre
concurrencia en las actividades económicas para asegurar, con instrumentos
internacionales de cubrimiento específico y de suficiente maduración y
experiencia, las garantías y el respeto a la iniciativa privada y a la
circulación ordenada y racional de mercancías y de riquezas dentro de la
estructura de la economía nacional, para evitar prácticas abusivas de empresas
o personas según su posición dominante en el mercado entre los tres países que
los suscriben.
Desde luego que en
el texto del instrumento que se examina, aparecen otras reglas y procedimientos
de carácter jurídico vinculantes para el Estado colombiano que condicionan
algunas competencias de orden tributario y fiscal, pero ellos están previstos
sobre bases de equidad y de la  salvaguardia de la libre auto determinación del
Estado y con pleno respeto a la soberanía nacional y sobre base de equidad,
igualdad y reciprocidad; las reglas que se establecen en el Tratado se acuerdan
para regular el libre comercio entre los tres estados y aseguran la
competencia económica en materia de comercio y de servicios, como un derecho de
todos que supone responsabilidades y, además, procuran la regulación jurídica
de los eventuales conflictos en dichas actividades.
En este sentido, es
claro que la Carta Política es suficiente fundamento jurídico para asegurar la
validez de esta modalidad de regulación legal, la participación de Colombia en
los mercados internacionales y en las prácticas comerciales correspondientes que
presuponen este tipo de acuerdos y tratados internacionales, dentro de las
economías de proyección global y de expresiones de integración, a las que se
debe vincular, bajo el marco de la Constitución Política, todas las fuerzas
productivas y los diversos sectores de la economía nacional; de igual manera,
este fundamento constitucional también comprende la integración que se puede
hacer entre grupos de países, en especial del área latinoamericana y del
Caribe, como se desprende de la misma redacción del instrumento que se examina,
en el que dicha proyección aparece contraída a un ámbito subjetivo específico,
como es el de los tres estados que suscriben el Tratado y comprenden, dentro
del marco normativo del GATT, ahora OMC, y, respetando la competencia de las
partes para adoptar medidas antidumping y las reservas y precisiones que en
cada caso se han establecido en el Tratado, aspectos como los de la limitación
al establecimiento de medidas no arancelarias de restricciones a la importación
y a la exportación de bienes entre las partes, la prohibición del
establecimiento de precios mínimos de exportación e importación, la imposición
de derechos aduaneros por concepto de servicios de este orden, y en general
regulaciones sectoriales en materia de impuestos a las exportaciones, cuando
estos no se apliquen a todas las partes, y también para cuando el bien esté
destinado al consumo interno, y programas de desgravación, o cuando se trate de
productos de primera necesidad en el listado para Colombia. En este caso último
caso se establece en el correspondiente listado de productos el Anexo 1 al
Artículo 3-11, o cuando se trate de productos agropecuarios de exportación
respecto de los cuales se reconoce, para Colombia, la competencia de establecer
el mecanismo de los fondos de estabilización, y de mantener impuestos o cargos
en el caso de la Panela, el Café, el Carbón, el Petróleo Crudo, el Gas natural
y el Ferroniquel.
Además, en el caso
de Colombia, en el Anexo al artículo 3-05 se establecen, entre otras,
condiciones al respecto de esta materia, como las que señalan, que se podrán
valorar los bienes importados de otra Parte sobre la base de precios mínimos, y
se advierte sobre las competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales en este caso; también, en el Anexo al artículo 3-09 aparecen medidas
especiales para Colombia, en el caso de la posibles restricciones a los bienes
usados.
Cabe destacar la
incorporación de una cláusula en materia de relaciones internacionales de este
carácter como la que aparece en el artículo 5-03 en el que se dispone que una
Parte, antes de adoptar una medida en virtud de un acuerdo intergubernamental
sobre un bien del sector agropecuario que pueda afectar el comercio de un bien
del sector agropecuario entre las Partes, consultará con las otras Partes para
evitar la anulación o el menoscabo de una concesión otorgada por esa Parte en
su Programa de Desgravación. Este tipo de cláusulas es perfectamente válido
para el ordenamiento jurídico colombiano, ya que con ellas se cumple con los
requisitos de la Constitución Política, pues se trata de una ley de la
República la que las incorpora al ordenamiento nacional, el compromiso de no
incrementar, salvo que en el Tratado se disponga otra cosa, ningún tipo de
impuesto de importación existente, ni adoptar ningún impuesto de importación
nuevo sobre bienes originarios, lo cual, de otra parte, no significa que este
sea un compromiso que  se extienda para los vínculos con otros estados no
comprendidos en el Tratado, ni que el Tratado mismo no pueda establecer otra
cosa, o que las respectivas competencias de las distintas autoridades
territoriales previstas en la Constitución resulten desconocidas, pues en todo
caso prevalecen las correspondientes prescripciones en  materia tributaria y
fiscal de las entidades territoriales previstas en la Constitución.
De igual modo, esta
cláusula, es decir, el artículo 3-04 de "La Desgravación de Impuestos de
importación" no puede entenderse, entre otras cosas, como de modo preciso
lo advierte el numeral 3 literal c), que una Parte no pueda crear un nuevo
desglose o desdoblamiento arancelario, siempre y cuando el impuesto de
importación aplicables a los bienes originarios correspondientes no sea mayor
que el aplicable al código arancelario desglosado o desdoblado. En este sentido
queda a salvo la capacidad impositiva de los estados parte en sus distintos
ordenes territoriales y orgánicos, siempre dentro del límite matemático y
global de los programas de desgravación que se adoptan en el tratado  y para
los estados parte; estas mismas consideraciones caben respecto de las
disposiciones relacionadas con los métodos, procedimientos, documentación y
requisitos para la valoración aduanera, la importación temporal de bienes,
importación de muestras sin valor comercial.
Cabe destacar que
las disposiciones del acuerdo también tienen fundamento constitucional en lo
establecido por el inciso cuarto del citado artículo 333 de la Carta Política,
en el que se advierte que  el Estado impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y que debe evitar y controlar cualquier abuso que personas y
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional, lo cual bien
puede adelantarse por virtud de los instrumentos económicos y arancelarios que
se consagran en el tratado, dentro del marco de las relaciones internacionales
que también patrocina la nueva Constitución.
Por último, la
integración económica, en auge en todo el mundo en la última década, en
particular a lo largo de toda la región latinoamericana, tendrá a su favor las
nuevas posibilidades que le brinda el Tratado de libre comercio del G-3, para
promover la convergencia hacia el antiguo anhelo de conformar el mercado común
latinoamericano, todo lo cual encuentra pleno fundamento en el Preámbulo y en
los artículos 1o., 9o. inciso segundo y 227 de la Constitución Política.
Asimismo, la
participación dentro del G-3 le permitirá al país defender sus intereses como
país en desarrollo, en relación con los nuevos temas que comienzan a ventilarse
dentro de las relaciones internacionales, y que podrían ser excusa para la
imposición de prácticas proteccionistas por parte de los países
industrializados; estos temas vinculan a la política comercial con las demás
políticas económicas.
4.
En relación con las impugnaciones formuladas por el ciudadano Hugo Palacios
Mejía sobre dos disposiciones del Tratado, los mismos funcionarios que
presentaron la defensa general de su constitucionalidad  y que se transcribió
más arriba, presentan otro documento en el que consignan las razones
específicas por las que, en su opinión, se deben desestimar los argumentos
presentados por el mencionado ciudadano, y que por ende contribuyen a la
declaratoria de exequibilidad del el Tratado de Libre Comercio entre los
Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la
República de Venezuela, suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994.
Al respecto y en
primer término,  la Corte encuentra que asisten suficientes razones de
constitucionalidad a los defensores del Artículo 1-02 (Relación con
otros tratados internacionales), que es objeto de la primera
impugnación  y que establece que  en caso de incompatibilidad entre las
disposiciones de los tratados y acuerdos a que se refiere el párrafo 1 y las
disposiciones del  tratado, las de este tratado  prevalecerán en la medida de
la incompatibilidad.
Además,
la Corte que adelanta el examen planteado por la impugnación ciudadana, acoge
en los siguientes términos, los argumentos de quienes proponen la declaratoria
de constitucionalidad de la disposición transcrita.
Por
su parte, los defensores oficiales de la disposición impugnada anotan que
precisamente el G3 es un desarrollo del artículo 9o. de la Carta, pues, en su
opinión, con aquel se promueve la integración latinoamericana, mientras que de
aceptar los argumentos del impugnante sería imposible desarrollar acuerdo
regional alguno bajo el simple entendido de que las normas a nivel multilateral
serían suficientes para desarrollar en todos los casos la integración. Al
respecto, anotan que el G3 es una zona de libre comercio que se halla en pleno
acuerdo y armonía jurídica con el GATT y tiene el carácter de “Acuerdo de
Alcance Parcial de Complementación Económica” en consonancia con las normas del
Tratado de Montevideo, y por ello, la disposición en cuestión no es atípica en
el derecho internacional, sino que se ha citado en numerosos acuerdos, entre
otros, está consagrada en el artículo 103  del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
Además, en torno al
alcance real de la disposición, indican que su función es simplemente hacer
posibles obligaciones más estrictas en razón a que la relación que se entabla
entre los países, va más allá de la simple pertenencia a un acuerdo
multilateral de comercio como el GATT o ahora la OMC, o a una zona de
preferencias económicas como es el Tratado de Montevideo, puesto que el GATT
preveía la posibilidad de que los países celebren Acuerdos con el fin de crear
zonas de libre comercio o uniones aduaneras y, por su parte, el Tratado de
Montevideo, a nivel de la integración latinoamericana, consagra como
instrumentos para consolidar la relación comercial entre sus miembros los
Acuerdos de Alcance Parcial.
No
asiste razón al ciudadano que presenta la impugnación puesto que ambos
esquemas, el multilateral y el regional, propician el desarrollo y el
incremento de relaciones comerciales que exigen disciplinas más específicas y
más estrictas, en razón a los mayores compromisos adquiridos y a la exposición
de las economías de cada uno de los participantes a una mayor competencia, como
consecuencia de la paulatina eliminación de aranceles.
En
resumen, el verdadero alcance del parágrafo 2o. del artículo 1-02 del GATT
simplemente se limita a consagrar la prevalencia de la regulación del G3 en
casos en los que, como en el tema de algunas salvaguardias, existe
incompatibilidad; es decir, que entre México, Colombia y Venezuela, países que
adelantan un proceso de desgravación arancelaria se pactan unas disciplinas en
materia de salvaguardias más estrictas que las establecidas en el GATT y
compatibles con el Tratado de Montevideo y consagrar una disciplina más
estricta en materia de salvaguardia es indispensable en una zona de libre comercio
porque al ser la salvaguardia un mecanismo que permite retrotraer las
condiciones al momento existente antes de la desgravación, debe ser excepcional
y con una duración mínima para evitar que se convierta en un instrumento de
proteccionismo.
Ahora bien, en torno
a la afirmación del impugnante sobre la aplicación de las disposiciones del G3
a países no partes en el mismo, pero miembros del Tratado de Montevideo o del
GATT o ahora la OMC, cabe anotar que ello sería imposible desde todo punto de
vista jurídico y práctico, pues de conformidad con el derecho internacional,
los acuerdos sólo producen efectos entre los países signatarios y por lo tanto,
los terceros seguirán rigiéndose por  la OMC o por el Tratado de Montevideo
según el caso; así, las relaciones comerciales de Colombia, por ejemplo con
Argentina y Brasil seguirán desarrollándose a través del  Tratado de Montevideo
1980 y las relaciones de nuestro país con la Unión Europea, Japón y Estados
Unidos seguirán teniendo como marco el GATT 1994 o la OMC.
En
este sentido, la Corte observa  que los artículos 34 a 38 de la Sección Cuarta
de los "Tratados y los Terceros Estados" de la "Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados" de mayo 23 de 1969, suscrita  por
Colombia y adoptada en nuestro Derecho Interno como ley de la República,
establecen que un Tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer
Estado sin su consentimiento, y que según el artículo 36 del mismo establece
que:
"Artículo 36.  Tratados en que se prevén derechos
para terceros Estados.  1.   Una disposición de un tratado dará origen a un
derecho para un tercer Estado si con ella las partes en el tratado tienen la
intención de conferir ese derecho al tercer Estado o a un grupo de Estados al
cual pertenezca, o bien a todos los Estados y si el tercer Estado asiente a
ello.  Su asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario,
salvo que el tratado disponga otra cosa.
"2.  Un Estado
que ejerza un derecho con arreglo al párrafo 1 deberá cumplir las condiciones
que para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se establezcan conforme
a éste."
Además
allí se dispone que:
"Artículo
37.   Revocación o modificación de obligaciones o de derechos de
terceros Estados.  1.  Cuando de conformidad con el artículo 35 se haya
originado una obligación para un tercer Estado, tal obligación no podrá ser
revocada ni modificada sino con el consentimiento de las partes en el tratrado
y del tercer Estado, a menos que conste que habían convenido otra cosa al
respecto.
".......
La Corte examina
este tratado en la parte que se impugna con base en las reglas de esta
convención y dentro de ellas encuentra la debida interpretación que es lo que
procede ante las impugnaciones que  se atienden.  Así las cosas, no asiste razón
al impugnante y la Corte descarta  la argumentación  planteada,  acogiendo la
exequibilidad del artículo 1-02 del Tratado.
En
torno al tema de la inconveniencia planteada por el impugnante, los
intervinientes  precisan  que la compatibilidad del Grupo de los Tres con el
GATT y ahora con la OMC y con el Tratado de Montevideo, será materia de examen
por esos organismos en cumplimiento de lo establecido en el artículo XXIV del
Acuerdo General  y en la Resolución 2 del Consejo de Ministros de ALADI, respectivamente.
y que Colombia, al pertenecer a los mencionados organismos, aprobó que los
desarrollos de los mismos sean examinados de tal forma, sin que pueda
atribuírsele a la Corte Constitucional competencia alguna para pronunciarse
sobre la materia.
Por
último, advierten que conceder la razón al impugnante en el tema planteado
implicaría, además de desconocer las relaciones entre los distintos tipos de
esquemas (Multilaterales, Regionales, Bilaterales), que Colombia no podría
celebrar acuerdo alguno que haga más estrictas las disposiciones multilaterales
pactadas en el GATT o en la OMC o las regionales acordadas en el Tratado de
Montevideo, con lo cual se condenaría al país a permanecer inmóvil en un
momento histórico en el que la configuración de bloques a nivel mundial
incrementa el alto riesgo a permanecer aislado de los flujos de inversión y de
comercio.
En
cuanto al segundo cargo que se dirige a cuestionar la constitucionalidad del
artículo 1-05 de la Sucesión de Tratados y que establece que toda referencia a
otro tratado o acuerdo internacional, se entenderá hecha en los mismos términos
a cualquier tratado o acuerdo sucesor del mismo del cual sean parte todas las
partes, se observa que el impugnante afirma que el mencionado artículo conlleva
a la falta de certidumbre frente a las obligaciones adquiridas con el G3.
En
este sentido, quienes defienden la constitucionalidad afirman que  el
mencionado artículo exige dos condiciones, a saber: a) Que el tratado posterior
sea sucesor del nombrado en el   G3, y b)  Que del mismo sean parte todas las
Partes. En consecuencia, en el escrito de defensa del mismo se advierte que la
supuesta ausencia de certeza jurídica no se produce en verdad, en razón a que,
en todo caso, cualquier Tratado posterior tendrá que ser sometido en Colombia
al cumplimiento de los requisitos internos y en ese sentido deberá ser
considerado por el Congreso y posteriormente por la Corte Constitucional; en
este sentido se advierte que de lo que se trata es de evitar que a medida que
el GATT evolucione como lo hizo recientemente con la creación de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), sea necesario modificar el G3,  lo cual
de manera alguna implica que se realizará una incorporación automática de
normas multilaterales sin agotar los procedimientos internos establecidos en
Colombia, como lo cree el ciudadano que presenta la impugnación.
Pero además, es
claro que la racionalidad de este artículo se explica en la medida en que al
momento de concluirse la negociación del G3,  aún los tres países signatarios
del mismo, no hacían parte de la OMC, tratado aprobado en Colombia mediante la
Ley 170 de 1994 y que ya fue revisado  por la Honorable Corte Constitucional
(Sentencia C-137 de marzo 28 de 1995. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía).  En efecto,
sólo en el evento en que los tres países aprueben la OMC se podrá entender que
en los sitios en que en el G3 se cita el GATT, deba entenderse OMC; desde luego
y sin duda alguna, este efecto se produciría porque una vez aprobada la OMC por
Colombia, México y Venezuela, los acuerdos producto de la Ronda Uruguay,
constituirían el marco regulatorio a nivel multilateral entre los mencionados
países.
5.    Por último y
sobre las medidas de salvaguardia que aparecen en el texto del Tratado, se
observa que ellas tienen como finalidad fundamental la de retrotraer las
condiciones de desgravación al momento anterior a la suscripción de un Tratado;
además, la existencia de este tipo de instrumentos parte del supuesto de que el
cumplimiento de los compromisos arancelarios puede generar daño en la economía
y que por ende, los países pueden contar con un mecanismo que les permita
otorgar a los productores un tiempo de ajuste a la exposición a la competencia
internacional.
En este sentido,
cabe advertir que las medidas de salvaguardia también existen en el Acuerdo por
el cual se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), en el Acuerdo
de Cartagena (GRUPO ANDINO), en el Tratado de Montevideo en el Acuerdo de Libre
Comercio de América del Norte ( NAFTA) y en el Acuerdo del Grupo de los Tres
(G3), entre otros. En el Grupo de los Tres se pactó una salvaguardia que si
bien se denomina bilateral, al establecer como causales para su activación
importaciones en condiciones que amenacen o causen daño, se garantiza que el
país cuenta con un mecanismo directo que le permitirá defenderse de la
devaluación de la otra parte, pero, obviamente si ésta se refleja en
importaciones al mercado colombiano que beneficiándose del Programa de
Desgravación, se produzcan, por ejemplo, a precios tales que causen daño a la
industria colombiana o amenacen causarlo.
De igual modo se
observa que  las medidas de salvaguardia en general exigen cuatro elementos
para su aplicación:
Que se cause un daño
grave o una amenaza de daño grave a la economía de uno de los países
signatarios del Tratado;  2.) que se hayan producido importaciones de otro de
los países signatarios del Tratado; 3.) que las importaciones mencionadas se
hayan realizado en cantidades o en condiciones tales que puedan causar la
mencionada amenaza o el daño, y 4.) que exista una relación de causalidad
directa entre las importaciones y el daño o la amenaza, de manera que éstos no
puedan atribuírse a causas diferentes al ingreso de productos beneficiados por
el Programa de Desgravación. Adicionalmente a estas condiciones, se suele
pactar en los Acuerdos Comerciales un procedimiento para la aplicación de las
medidas que puede limitarse a consultas entre las Partes o que puede
establecer, como en el caso del Grupo Andino, el pronunciamiento de la Junta
del Acuerdo de Cartagena para la aplicación de este tipo de medidas.
Así las cosas, por
lo que corresponde al Acuerdo de Libre Comercio del Grupo de los Tres, en el
capítulo octavo se trata el tema de las salvaguardias y, además, de consagrar
las condiciones ya anotadas para la utilización del mecanismo de salvaguardia,
se establece que las medidas aplicadas como consecuencia de una orden de salvaguardia
sólo pueden   ser arancelarias, es decir, en ningún caso los países podrían
adoptar cupos o licencias de importación; además, la vigencia de las medidas es
de un año prorrogable por un período igual y consecutivo.
De otra parte, en el
tratado  la compensación por la aplicación de la medida de salvaguardia está
consagrada con el fin de preservar el equilibrio en las concesiones otorgadas
inicialmente por  las  Partes  con  el fin  de  evitar  que mediante  la utilización
de este tipo de medidas se disminuya el mercado potencial de  acceso  de los
países signatarios de un Acuerdo Comercial; en este sentido, se tiene que la
compensación se debe otorgar en dos eventos: a) Cuando la aplicación de la
medida tiene como origen la amenaza de daño y b) Cuando se pretenda prorrogar
la medida y la causa de su  utilización haya sido el daño grave.
En el  tema de la
compensación, cabe anotar que la misma cláusula protege los intereses
exportadores colombianos y minimiza el riesgo de que una vez conquistado un
mercado y so pretexto de un daño a la industria de ese país, se limite el
ingreso de nuestros productos; además, para la aplicación de esta medida, debe
haber una investigación previa a la decisión de la aplicación de la medida, de
conformidad con el procedimiento colombiano previsto en los decretos 809 y 2657
de 1994; desde luego,  también es obligatoria la consulta previa entre
las partes.
6.      La Corte
Constitucional en ejercicio de sus competencias de control de constitucionalidad
de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, por el aspecto de la
materia regulada en el texto del instrumento, encuentra que en el caso de que
se ocupa en esta oportunidad, el Preámbulo y los artículos 9o., 38, 58, 61, 65,
79, 80, 100, 150 num. 16, 157, 163, 189 num. 2, 224, 226, 227, 294, 333, 334,
335, 337, 365 y 366  de la Carta son suficiente fundamento para la adopción del
mismo.
En este sentido, la
Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias de control de constitucionalidad
de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, por el aspecto de la
materia regulada en el texto del instrumento, encuentra que el caso de que se
ocupa en esta oportunidad, se enmarca dentro de las orientaciones de la Carta
Política en materia de libertad de empresa y de promoción de la iniciativa
privada, lo mismo que de la integración económica y la promoción del desarrollo
económico.
Por estas razones, y
confrontado en su totalidad el texto del Tratado que se examina, se encuentra
su debida conformidad material con las disposiciones de la Carta, y por tanto
se debe declarar su exequibilidad y la de la Ley que lo aprueba,
RESUELVE:
Primero.  DECLARAR EXEQUIBLES la Ley 172 de 1994 (22
de diciembre), "Por medio de la cual se aprueba el TRATADO DE LIBRE
COMERCIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPUBLICA DE
COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN CARTAGENA DE INDIAS EL 13 DE
JUNIO DE 1994."  y este mismo Tratado de libre Comercio denominado  G-3.,
que aparecen publicados en el diario oficial No. 41.671 Bis del jueves 5 de
enero de 1995, al cual se remite esta decisión para que se tenga como
incorporado a esta providencia, dada su extensión y volumen y en atención a la
necesidad de mantener plena identificación literal del texto.  La exequibilidad
del anexo del artículo 17-08 se declara en los términos consignados en la parte
motiva.
Segundo. Comuníquese esta decisión al Gobierno
Nacional por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia de la República,
y envíesele copia auténtica de la misma para los efectos constitucionales
previstos en el numeral  10 del artículo 241 de la Carta Política.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
LAT-041
Vienen firmas......
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]En lo que concierne al presente
procedimiento,es preciso advertir que este sólo surge de modo expreso y preciso
bajo la Carta Política de 1991 y que bajo el imperio de la anterior
Constitución ahora derogada, las funciones de control judicial de la
Constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias
de los mismos fue objeto de definición jurisprudencial en el seno de la Corte
Suprema de Justicia y de una evolución notable.
[2]A ella también se aludirá más adelante
con ocasión de una de las impugnaciones ciudadanas presentadas en esta sede
judicial