T-725-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-725/08
POBLACION DESPLAZADA-Derecho a la vivienda digna
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Es un derecho fundamental cuando se trata
de personas desplazadas por la violencia
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia de la acción de tutela para
proteger derecho a vivienda digna de personas desplazadas
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Derecho a una vivienda digna es un derecho
fundamental cuando se trata de personas desplazadas por la violencia
ACCION DE TUTELA-Procedencia para proteger derecho a
vivienda digna de personas desplazadas
El enfoque de análisis del caso adquiere otra
dimensión en cuanto el
predio está ocupado por
personas desplazadas por la violencia. La Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a una vivienda
digna es un derecho fundamental cuando se trata de personas desplazadas por la
violencia, y en esos casos específicos es susceptible de ser protegido mediante
la acción de tutela. En consecuencia, la Corte ha indicado que es un deber del
Estado, en el marco de procesos de desalojo de zonas de alto riesgo, garantizar
el derecho a la vivienda digna a la población desplazada víctima del(os)
conflicto(s) armado(s) interno(s).
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Personas desplazadas por la violencia son
sujetos de especial protección constitucional
POBLACION DESPLAZADA-Se advierte el posible desconocimiento de
sus derechos fundamentales y se ordena su identificación plena y satisfactoria
Los criterios diferenciadores que justifican la
adopción de acciones positivas a favor de este grupo especial –y no de la
población en general- están definidos por el hecho de la violenta expulsión de
su territorio, como resultado del incumplimiento sistemático del Estado de sus
obligaciones de seguridad y protección. Situación que se traduce en una masiva
y continua transgresión de derechos fundamentales que hace que estas personas
se encuentren en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y
marginalidad. Son estas características las que convierten a la población
desplazada en sujetos de especial protección constitucional, en desarrollo del
mandato de atención prevalente y especial que se desprende del inciso 3º del
artículo 13 de la Constitución. Así las cosas, en relación al caso concreto,
dado que se advierte el posible desconocimiento de derechos fundamentales de
población que puede ser considerada desplazada por la violencia, la Corte
revocará los fallos objeto de revisión con el fin de lograr la identificación
plena y satisfactoria de aquellas personas que deban ser consideradas como desplazados a consecuencia del conflicto
armado colombiano
POBLACION DESPLAZADA-Procedencia del  amparo constitucional al
derecho fundamental a una vivienda digna
Una vez se haya efectuado la identificación descrita
en el numeral anterior, el
amparo constitucional de los derechos fundamentales procederá en relación con
aquellas personas y familias, respecto de quienes se haya reconocido o se
acredite, con base en ese censo, su estado de desplazamiento como consecuencia
del conflicto armado colombiano.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Compatible con la dignidad de todo ser
humano
AYUDA HUMANITARIA-Programas de salud, educación, vivienda y
créditos productivos
Respecto de cada una de las personas que, en
cumplimiento de este fallo, se haya reconocido o se acredite su condición de
desplazados por la violencia, se les deberá suministrar -en un plazo no
superior a treinta días (30) días contados a partir de la realización del censo,
por parte de las autoridades de que tratan la Ley 387 de 1997 y las
disposiciones que la reglamentan- un albergue provisional compatible con la
dignidad de todo ser humano y la ayuda humanitaria correspondiente. También
serán vinculados a los programas de salud, educación, vivienda y créditos
productivos concebidos para tal población.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONAS EN
SITUACION DE POBREZA-Obligación
de tener una política y comunicar los procedimientos y requisitos que deben
cumplirse
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONAS EN
SITUACION DE POBREZA-Políticas
públicas municipales, departamentales y/o nacionales
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONAS EN
SITUACION DE POBREZA-Acceso
a una unidad de vivienda de interés social
La Corte no ignora que pueden existir razones
distintas al desplazamiento interno, que llevaron a algunas familias a
asentarse en el predio del que se ha hablado en esta providencia.  No obstante,
respecto de ellas no se cumplen los presupuestos planteados para la viabilidad
del amparo de los derechos fundamentales invocados. Sin embargo, el juez
constitucional no puede ser indiferente a las condiciones de pobreza en que
viven las personas que no reúnen los presupuestos para ser considerados
desplazados por la violencia. Por este motivo, teniendo en cuenta los
postulados programáticos del artículo 51 de la Constitución Política, se
ordenará a la Alcaldía Municipal de Neiva que en un plazo no mayor a treinta
(30) días contados a partir de la notificación de este fallo, informe por
escrito, de manera clara y detallada, a cada una de las personas de las que
trata este numeral, cuáles son las políticas públicas -municipales,
departamentales y/o nacionales-, destinadas a garantizar el acceso a una unidad
de vivienda de interés social y los procedimientos y requisitos que deben
cumplir para ser incluidos en éstos programas.
Referencia: expediente T-1.862.871
Acción de tutela instaurada por Mayerly
Cardozo Torres y otros en contra de la Alcaldía de Neiva (Huila)
Magistrado
Ponente:
Dr.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, DC., veintidós (22) de julio de dos mil ocho
(2008)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del trámite de revisión de los fallos dictados por
el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva y el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Neiva, en el asunto de la referencia.
I.  ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda.
1.     Mayerly Cardozo Torres, junto con otras
personas[1], interpuso acción de
tutela en contra de la Alcaldía de Neiva por considerar que esta autoridad
vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso, a la igualdad, a la
vida y a la vivienda en condiciones de dignidad, con base en los siguientes
hechos y consideraciones:
1.1.
En la demanda se
sostiene que un grupo de familias, entre ellas algunas desplazadas por la
violencia, han ocupado durante un lapso de dos meses un terreno perteneciente a
la Alcaldía de Neiva. Así, por medio de “cambuches (sic) o
habitaciones provisionales”, han buscado la forma de asegurarse un lugar
para vivir.
1.2.
Se afirma que como
resultado de un operativo ordenado por la Alcaldía municipal de Neiva y
coordinado por miembros de la Policía, un grupo de aproximadamente treinta (30)
uniformados llegó al terreno ocupado por los accionantes y “procedieron a
destruir [sus] viviendas improvisadas”.
1.3.
Manifiestan que en el operativo no se hizo
presente ningún representante de la Alcaldía de Neiva. Señalan que tampoco fueron
avisados previamente del operativo para que tuvieran la oportunidad de realizar
un desalojo voluntario del predio irregularmente ocupado. Por este motivo, indican
que a pesar de la realización del operativo, aún se encuentran habitando el
terreno del cual la Alcaldía pretende desalojarlos en espera de una solución a
su problemática.
1.4.
En la demanda se señala
que la mayoría de grupos familiares que ocupan el terreno, están conformados
por madres cabeza de familia con hijos menores de edad. Por este motivo, y en
concreto por sus condiciones especiales de pobreza, reclaman de las autoridades
estatales una atención asistencial que les permita gozar del derecho a la
vivienda. Básicamente, el argumento de la demanda está fundado en la premisa
según la cual, si unas personas son desalojadas del sitio que están habitando, el
Estado está en la obligación de garantizarles el acceso a otro lugar que les permita
disfrutar de una vivienda en condiciones de dignidad.
2.     La solicitud de tutela fue admitida el doce
(12) de septiembre de dos mil siete (2007), por el Juzgado Tercero Civil Municipal
de Neiva.
Actuaciones procesales efectuadas en
el Juzgado de primera instancia, previas a los fallos proferidos.
3. El Juzgado Tercero Civil Municipal de
Neiva, con el fin de establecer la necesidad de decretar alguna medida
provisional, el veintiuno (21) de septiembre de dos mil siete (2007), llevó a
cabo una diligencia de inspección judicial. Durante la diligencia el Juzgado
constató “la existencia de doce (12) cambuches levantados rústicamente
en palos de iguá (sic) y guadua, cubiertos de plástico negro, cartón,
yaripa, dentro de los cuales se hallan camas y colchones únicamente. (…) Cada
una de estas [viviendas] se halla a muy poca distancia la una de la otra
(sic) y el piso es totalmente en tierra, ubicadas en una zona
completamente árida, rodeada de laderas con altos índices de erosión,
colindantes por la parte oriental con la quebrada La Perdíz”[2]
(Subraya fuera de texto).
Con base en estas apreciaciones y luego
de hacer una descripción detallada de las condiciones en que viven los
habitantes del terreno objeto de la inspección, el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Neiva concluyó que “el lugar no es apto para habitar debido a
las condiciones geográficas y topográficas, entre otros factores, porque es una
zona de protección de un afluente hídrico de gran amenaza por inundación”,  adicionalmente,
porque la zona “hace parte de un corredor de interés ecológico (…) y [ante]
la ausencia de suministro de los servicios públicos esenciales o básicos con
los que debe vivir una persona (…)[3]”.
4. El veintiuno (21) de septiembre del
dos mil siete (2007), el Juzgado recibió el testimonio de la accionante. La
accionante relató lo siguiente:
“[A] mediados
de junio se empezó (sic) la ocupación, haciendo labores de limpieza del
lote debido a que era un basurero, y se construyeron los cambuches, al otro día
de instalarnos acudió la policía diciéndonos que no podíamos habitar el lote
porque eso era un delito, [a pesar de eso] nosotros seguimos ahí (…). [A]
finales de julio desbarataron los cambuches y nosotros volvimos a armarlos y
luego los volvieron a destruir”[4].
La accionante informó que nuevamente
están habitando este terreno y que sus ocupantes son personas de escasos
recursos: Dijo “Hay mamás que trabajan en casas de familia y hay unos papás
que trabajan al día, y los vecinos del asentamiento nos llevan mercados, y ya
con todo eso nos defendemos”. Puntualizó lo siguiente: “(…) todos
tenemos derecho a una vivienda digna, a que nuestros hijos tengan una casa (…)
No queremos que nos regalen el terreno, queremos es que (sic) si nos
lo cobran financien el valor en cómodas cuotas”[5].
Intervención
de la parte demandada.
5. El Departamento Administrativo de
Planeación Municipal de la Alcaldía de Neiva informó al despacho de primera
instancia que el predio ocupado por los accionantes se encuentra ubicado en la
parte baja de la urbanización el Vergel y presenta las siguientes
características:
“Catalogado como área residencial de
consolidación ARC-3a según plano FU-09, Uso y tratamiento (…) Ubicado en área de
ronda de protección de la quebrada El Curibano según plano FU 02 ambiental”
6. La Alcaldía informó que, siguiendo los
lineamientos fijados en el Acuerdo Municipal 0016 de 2000, elaboró un estudio
denominado “Evaluación de amenaza, vulnerabilidad, y riesgo de Microcuencas El
Venado, Avichente, La Toma, Zanja Honda, La Torcaza, Río del Oro y Ribera del
Río Magdalena”. En este estudio se estableció, en relación con la zona
ocupada por los accionantes, lo siguiente:
“Riesgo: El asentamiento se cataloga como
riesgo alto no mitigable”.
“Zona ambiental: El sector se cataloga como
Área de Exclusión, las cuales presenta las (sic) siguientes características:
“Son aquellas que ofrecen una sensibilidad
ambiental o social elevada o impidiendo el desarrollo de ciertas actividades en
su interior (…)”
“Estas áreas están constituidas por
elementos que revisten gran importancia a nivel social y ambiental
caracterizados por su alta sensibilidad y vulnerabilidad. Los procesos que se
realicen presentan alta restricción no sólo desde el punto de vista técnico;
sino de igual forma, desde el punto de vista social y ambiental en relación a
la importancia del ecosistema. Estas áreas deben estar sujetas a protección
especial y control permanente.
“Las áreas de exclusión para el presente
estudio están definidas a las zonas de domino de drenajes (zonas inundables) y
sus rondas de protección, zonas de protección de manantiales (permanentes e
intermitentes) y zonas de laderas con pendientes >45º y/o con intenso
desarrollo de procesos morfodinámicos (erosión y remoción en masa)”[6]
De
los fallos de tutela
7. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva,
en providencia del veintiséis (26) de septiembre de dos mil siete (2007), negó
el amparo solicitado por la accionante. Este despacho, teniendo en cuenta la
respuesta de la Alcaldía de Neiva y la información obtenida con la diligencia
de inspección judicial, argumentó que la Alcaldía al dar la orden de desalojo
del terreno en cuestión, no está vulnerando los derechos fundamentales de los
accionantes. Por el contrario, está cumpliendo con sus obligaciones al “prever
y evitar la ocurrencia de catástrofes naturales que puedan afectar los derechos
a la vida y la integridad personal de los allí asentados, es decir, al estar
catalogada esa zona como de alto riesgo por ser proclive a inundaciones,
deslizamientos y caída de rocas, sería más bien reprochable al ente accionado
el hecho de que omitiera desplegar las actuaciones necesarias encaminadas a
corregir dicha situación”.
8. Adicionalmente, argumentó el fallador de
primera instancia que la Alcaldía con su obrar está resguardando dos intereses
generales de la comunidad: la protección de los afluentes hídricos del
municipio y el cuidado de las zonas de especial interés ambiental.
9. En relación a la situación de las
personas que se encuentran ocupando el terreno, sostuvo el despacho de primera
instancia que los accionantes que alegaron encontrarse en condición de
desplazados por la violencia, no acreditaron dicha situación dentro del
proceso, para que pudieran hacerse acreedores de las políticas estatales
destinadas a garantizar los derechos de las personas sujetos de especial
protección.
10. A pesar de lo anterior, concluyó que es
necesario que la administración municipal de Neiva “propenda (sic) por
su deber de estudiar las condiciones en que se hallan los habitantes del sector
ubicados en la zona baja del Barrio el Vergel (…) con el fin de estudiar las
alternativas que tiene el propio Estado a través de sus entidades” para
garantizar los derechos de las personas irregularmente asentadas en estas
tierras.
11. La accionante impugnó la sentencia de
primera instancia. Como razones de su inconformidad indicó que el Juzgado de
primera instancia omitió pronunciarse sobre los eventuales abusos y violaciones
al debido proceso en que pudieron incurrir los agentes de la policía al momento
de llevar a cabo el desalojo. Señaló además, que si bien es cierto que la zona
ocupada por ellos es de alto riesgo, constituye una obligación del Estado
asegurarles la prestación asistencial de la vivienda. En esa dirección, precisa
que si bien entiende las razones que motivan el desalojo, es una obligación del
estado asumir su reubicación y la de los demás accionantes.
12. De la impugnación conoció el Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Neiva.  Mediante providencia del ocho (8) de noviembre de
dos mil siete (2007), este despacho confirmó la decisión ratificando los
argumentos del fallador de primera instancia. No obstante, el juez de tutela de
segunda instancia requirió a la Alcaldía de Neiva “para que en el término de
tres meses calendario, y una vez estudiadas las condiciones en que viven los
habitantes de esta zona afectada, encuentre alternativas o soluciones de
vivienda en lugares apropiados dentro de  las posibilidades, analizando las
alternativas que tiene el Estado para proveerlas”. Ordenó también, que [d]e
igual forma, [el Estado] por medio del mismo ente busque y facilite
programas de atención e inicie planes de desarrollo para estas personas de escasos
recursos en situaciones difíciles en calidad de invasores y se les asesore con
el fin de buscar alternativas o planes de desarrollo que tiene el Estado para
protegerlos”.[7]
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Problema jurídico
En el presente asunto, la Sala debe examinar si una
administración municipal vulnera los derechos constitucionales al debido
proceso, a la igualdad, a la vida y a la vivienda en condiciones de dignidad,
al decretar una orden de desalojo de un predio catalogado como zona de alto
riesgo, ocupado irregularmente por varias familias, entre las cuales
aparentemente se encuentra población desplazada por la violencia. En esa
dirección, se debe analizar si en las circunstancias mencionadas surge, de
algún derecho constitucional fundamental, un deber de las autoridades de
brindarle protección especial a los afectados con la medida y en qué
consistiría dicha protección.
Consideraciones y caso concreto. Reiteración de
jurisprudencia.
1. La jurisprudencia constitucional ha definido, de
manera clara y reiterada, la regla según la cual las órdenes de desalojo dadas a
los ocupantes de un predio no constituyen, en principio, una vulneración a los
derechos fundamentales de éstos cuando: (i) no han acreditado tener
algún derecho de propiedad, posesión o tenencia sobre el predio en cuestión y (ii)
la orden de desalojo tiene como motivo garantizar la protección de los
ocupantes en razón a que el predio habitado ha sido declarado zona de alto
riesgo[8].
2. En el caso sub examine, a partir del
material probatorio recaudado durante el proceso, se determinó que el terreno ubicado en la parte baja de la urbanización
el Vergel de Neiva está catalogado como zona de alto riesgo no mitigable, en
razón a las características específicas del predio: Se trata de una zona
inundable dada su ubicación en relación con varias fuentes de recursos hídricos
del municipio. Además, que se trata de una zona de laderas con pendientes en
las cuales se presentan intensos procesos morfodinámicos de erosión y remoción
en masa, que en su conjunto, hacen que el lugar no sea habitable.
3. En ese orden de ideas, en
el presente asunto, como lo advirtieron los jueces de tutela, encuentra la
Sala que la orden de desalojo del predio, propiedad de la Alcaldía Municipal de
Neiva, ocupado irregularmente por los accionantes, en principio, no vulnera los
derechos fundamentales de éstos, por lo cual dicha orden no será suspendida.
4. Sin embargo, revisado el expediente, la Sala
advirtió que con esta decisión, eventualmente, se pueden desconocer derechos fundamentales
de personas en condición de desplazamiento forzado. En la demanda se indica que
algunas de las familias que ocupan el predio ubicado en la parte baja de la urbanización el Vergel
de Neiva están compuestas por personas desplazadas por la violencia. A pesar de
la existencia de esta afirmación, ni la Alcaldía de Neiva, ni los jueces de
instancia realizaron actividad alguna para determinar la veracidad de esta información,
desconociendo las obligaciones institucionales que recaen sobre las autoridades
en los asuntos que tengan de por medio, la cuestión del desplazamiento forzado.
5. Esta situación, necesariamente, hace que el enfoque
de análisis del caso adquiera otra dimensión. Así, esta Corporación ha sostenido que el derecho a una vivienda digna es un
derecho fundamental cuando se trata de personas desplazadas por la violencia, y
en esos casos específicos es susceptible de ser protegido mediante la acción de
tutela[9]. En consecuencia, la Corte
ha indicado que es un deber del Estado, en el marco de procesos de desalojo de
zonas de alto riesgo, garantizar el derecho a la vivienda digna a la población
desplazada víctima del(os) conflicto(s) armado(s) interno(s)[10].
5.1. En
ese sentido, la Corte ha sostenido que son obligaciones del Estado:
“(i) [R]eubicar a las personas desplazadas que, debido
al desplazamiento, se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto
riesgo; (ii) brindar a estas personas  soluciones de vivienda de carácter
temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter
permanente. En este sentido, la Corporación ha precisado que no basta con
ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a
los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar
asesoría a las personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir
para acceder a los programas; (iv) en el diseño de los planes y programas de
vivienda, tomar en consideración las especiales necesidades de la población
desplazada y de los subgrupos que existen al interior de ésta –personas de la
tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc.-;
y (v) eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a
los programas de asistencia social del Estado, (…)”[11]
5.2 Los criterios diferenciadores que justifican la
adopción de acciones positivas a favor de este grupo especial –y no de la
población en general- están definidos por el hecho de la violenta expulsión de su territorio, como
resultado del incumplimiento sistemático del Estado de sus obligaciones de
seguridad y protección. Situación que se traduce en una masiva y continua transgresión
de derechos fundamentales que hace que estas personas se encuentren en una
especial condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad. Son estas características
las que convierten a la población desplazada en sujetos de especial protección
constitucional, en desarrollo del mandato de atención prevalente y especial que
se desprende del inciso 3º del artículo 13 de la Constitución.
6. Así las cosas, en relación al caso concreto, dado
que se advierte el posible desconocimiento de derechos fundamentales de
población que puede ser considerada desplazada por la violencia, la Corte revocará
los fallos objeto de revisión con el fin de lograr la identificación plena y
satisfactoria de aquellas personas que deban ser consideradas como tales en el
presente asunto, con el fin de garantizar sus derechos.
6.1. Para lograr este objetivo, se ordenará a la
Alcaldía Municipal de Neiva gestionar, si aún no lo ha hecho, en un plazo no
superior a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de
esta decisión, ante la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social, la realización del censo de las familias asentadas en la franja de
terreno localizada en la parte
baja de la urbanización el Vergel de Neiva de que trata este proceso, con el
fin de identificar quiénes ostentan la condición de desplazados como
consecuencia del conflicto armado colombiano, de acuerdo a los parámetros
establecidos por la jurisprudencia constitucional. Para ello, se deberán tener
en cuenta, especialmente, los lineamientos sistematizados en la sentencia T-328
de 2007[12].
6.2. Una vez se haya efectuado la identificación
descrita en el numeral anterior, el amparo constitucional de los derechos fundamentales procederá en
relación con aquellas personas y familias, respecto de quienes se haya
reconocido o se acredite, con base en ese censo, su estado de desplazamiento
como consecuencia del conflicto armado colombiano.
6.3.  Por tanto, respecto de cada una de las personas
que, en cumplimiento de este fallo, se haya reconocido o se acredite su
condición de desplazados por la violencia, se les deberá suministrar -en un
plazo no superior a treinta días (30) días contados a partir de la realización
del censo (supra 6.1), por parte de las autoridades de que tratan la Ley 387 de
1997 y las disposiciones que la reglamentan- un albergue provisional compatible
con la dignidad de todo ser humano y la ayuda humanitaria correspondiente.
También serán vinculados a los programas de salud, educación, vivienda y
créditos productivos concebidos para tal población.
6.4. De otra parte, la Corte no ignora que pueden
existir razones distintas al desplazamiento interno, que llevaron a algunas
familias a asentarse en el predio del que se ha hablado en esta providencia.
No obstante, respecto de ellas no se cumplen los presupuestos planteados para
la viabilidad del amparo de los derechos fundamentales invocados[13].
Sin embargo, el juez constitucional no puede ser indiferente a las condiciones
de pobreza en que viven las personas que no reúnen los presupuestos para ser
considerados desplazados por la violencia. Por este motivo, teniendo en cuenta
los postulados programáticos del artículo 51 de la Constitución Política, se
ordenará a la Alcaldía Municipal de Neiva que en un plazo no mayor a treinta (30)
días contados a partir de la notificación de este fallo, informe por escrito,
de manera clara y detallada, a cada una de las personas de las que trata este
numeral, cuáles son las políticas públicas -municipales, departamentales y/o
nacionales-, destinadas a garantizar el acceso a una unidad de vivienda de
interés social y los procedimientos y requisitos que deben cumplir para ser
incluidos en éstos programas.
7. Por último, se solicitará al Procurador General de la Nación y al Defensor del
Pueblo que, conforme a sus competencias, hagan seguimiento al cumplimiento de
las órdenes que se desprenden de esta decisión.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.  REVOCAR parcialmente la sentencia del Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Neiva, proferida el ocho (8) de noviembre de dos mil siete (2007),
que confirmó la decisión del Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva,
proferida el veintiséis (26) de septiembre de dos mil siete (2007), que denegó
la protección solicitada por los accionantes en el asunto de la referencia, en
el sentido de conceder el amparo constitucional de los derechos fundamentales
de aquellos actores, y sus familias, respecto de quienes se haya reconocido o
se acredite, su condición de desplazados por la violencia. Para ello se
dispone;
Segundo. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Neiva gestionar, si aún no
lo ha hecho, ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social, la realización del censo de las
familias asentadas en la franja de terreno localizada en la parte baja de la urbanización el Vergel
de Neiva de que trata este proceso, con el fin de identificar a quiénes reúnen
la condición de desplazados como consecuencia del conflicto armado colombiano
de acuerdo a los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional. El cumplimiento de esta orden deberá
producirse en un plazo no superior a quince (15) días hábiles contados a partir
de la notificación de esta decisión.
Tercero. De acuerdo a la información obtenida en cumplimiento de la orden
descrita en el numeral anterior, ORDENAR a las autoridades de que trata la
Ley 387 de 1997 y las disposiciones que la reglamentan, que en un término no
mayor a treinta (30) días hábiles contados a partir de la realización del
censo, brinden un (i) albergue provisional compatible con la dignidad de
todo ser humano y (ii) la ayuda humanitaria correspondiente, a las
personas respecto de las cuales, en cumplimiento de este fallo, se acreditó su
condición de desplazado. También deberán ser vinculados a los programas de
salud, educación, vivienda y créditos productivos concebidos para tal
población.
Cuarto. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Neiva que, en un plazo no
mayor a treinta (30) días contados a partir de la notificación de este fallo,
informe por escrito, de manera clara y detallada, a cada una de las personas de
las que trata el numeral 6.4 de esta providencia, cuáles son las políticas
públicas -municipales, departamentales y/o nacionales-, destinadas a garantizar
el acceso a una unidad de vivienda de interés social y los procedimientos y
requisitos que deben cumplir para ser incluidos en éstos programas.
Quinto. ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional el
envío de una copia de la presente decisión al Procurador General de la Nación y
al Defensor del Pueblo para que, conforme a sus competencias, hagan seguimiento
al cumplimiento de esta decisión.
Sexto.  Por Secretaría, LÍBRESE la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] La demanda de
tutela es firmada por dieciocho (18) personas mayores de edad, de las cuales
sólo una, además de la accionante, firmó la presentación personal ante el
Juzgado. Al respecto es importante precisar, como se sostuvo en la sentencia
T-050 de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), que “[l]a acción de
tutela puede ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por
memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito;
lo cual indica con claridad que basta la firma que identifique al peticionario
para considerar legítimamente interpuesta la acción, sin que constituya
requisito sine qua non para su procedibilidad, la realización formal de la
diligencia de presentación personal”.
[2] Cfr.
Fl. 26
[3]
Ibíd.
[4]
Fl. 28
[5]
Ibíd.
[6]
Cfr. Fl 20 y 21. Para mayor ilustración la Alcaldía de Neiva adjunta planos.
Ver Fls. 22-24.
[7]
Cfr. Fl. 18 y 19, C2.
[8] Este criterio
fue consolidado en la Sentencia de Unificación 1150 de 2000 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz). Ha reiterado en las sentencias T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo
Escobar Gil) y T-078 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández)
[9]Ver Sentencia
T-585 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)
[10] Ibíd. Ver también
la sentencia T-770 de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño)
[11] Op.
Cit., supra nota 9.
[12] MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[13] En igual sentido
ver la sentencia T-770 de 2004. (MP. Jaime Córdoba Triviño)