T-254-17
Sentencia T-254/17
POBLACION DESPLAZADA-Sujetos de especial protección
constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION DE
POBLACION DESPLAZADA-Alcance y contenido
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-Criterios y requisitos para su
resolución cuando es elevado por la población en situación de desplazamiento
Cuando se trata de sujetos víctimas de desplazamiento
forzado, la obligación de garantizar el derecho de petición cobra mayor
relevancia. De igual manera, esta Corte ha indicado los criterios a los que se
debe ajustar la entidad encargada al responder la solicitud. Bajo ese entendido, el peticionario
debe recibir una respuesta de fondo, la cual se sustente en un estudio juicioso
y apropiado de lo solicitado y que se ajuste a los criterios jurisprudenciales
para atender esta clase de requerimientos, en pro de una solución y comunicación efectiva que merecen los
accionantes.
AYUDA HUMANITARIA COMO DERECHO
FUNDAMENTAL EN CABEZA DE LAS PERSONAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Finalidad
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Carácter inmediato, urgente,
oportuno y temporal
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO-Se hizo entrega de ayuda humanitaria
SUSPENSION DE ENTREGA DE AYUDA
HUMANITARIA-Orden de notificar de manera personal a la actora, el acto
administrativo que resolvió la suspensión de la ayuda humanitaria
Referencia:
Expedientes T-5.902.143,
T-5.914.328, T-5.914.310
Accionante:
Blanca
Inés Díaz Ramírez, Bernarda del Socorro Botero Galvis, Edgar Evelio González
Restrepo, John Ángel Mazo Gutiérrez, Lilia María García Castaño, Luis Antonio
Duque, Fabiola de Jesús Martínez Cuervo, Sandra Milena Galvis Arboleda, Luz
Marina Rivera Calderón, María Luz Elvia Mejía Monsalve, Fidel Antonio Martínez
Quintero, Héctor Eduardo Arias Duque y Jorge Eliecer Muñoz Cleves
Accionado:
Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Magistrado
Ponente:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril
de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo,
Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.) y la magistrada Gloria Stella Ortiz
Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos proferidos
por el Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes, Caquetá, el 14
de octubre de 2016, (T-5.902.143)
y el Juzgado
Penal de El Santuario, Antioquia, el 5 de septiembre de 2016 y 29 de agosto del
mismo año (T-5.914.328
y T-5.914.310) en los trámites de acciones de tutela promovidas por
Blanca Inés Díaz Ramírez, Bernarda del Socorro Botero Galvis, Edgar Evelio
González Restrepo, John Ángel Mazo Gutiérrez, Lilia María García Castaño, Luis
Antonio Duque, Fabiola de Jesús Martínez Cuervo, Sandra Milena Galvis Arboleda,
Luz Marina Rivera Calderón, María Luz Elvia Mejía Monsalve, Fidel Antonio
Martínez Quintero, Héctor Eduardo Arias Duque y Jorge Eliecer Muñoz Cleves contra
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Los
expedientes fueron escogidos para revisión por la Sala de Selección número Doce,
a través de auto del 14 de diciembre de 2016 y repartidos a la Sala Cuarta de
Revisión.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
Blanca Inés Díaz Ramírez (T-5.902.143);
Bernarda del Socorro Botero Galvis, Edgar Evelio González Restrepo, John Ángel
Mazo Gutiérrez, Lilia María García Castaño, Luis Antonio Duque, Fabiola de
Jesús Martínez Cuervo, (T-5.914.328); Sandra Milena Galvis Arboleda, Luz Marina
Rivera Calderón, María Luz Elvia Mejía Monsalve, Fidel Antonio Martínez
Quintero, Héctor Eduardo Arias Duque y Jorge Eliecer Muñoz Cleves (T-5.914.310)
presentaron
acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas -UARIV-, para que les fueran protegidos sus derechos fundamentales de
petición, a la igualdad, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, los
cuales consideran vulnerados por esta entidad al no dar respuesta a sendos
escritos a través de los cuales solicitaron la entrega de la ayuda humanitaria
de emergencia, de la que consideran ser beneficiarios.
2. Expediente T-5.902.143
2.1 Hechos
1. Manifiesta la accionante, que fue
obligada a desplazarse junto con sus 3 hijos de la vereda Cristalina, ubicada
en el municipio de San José de la Fragua, Caquetá, como consecuencia de
amenazas recibidas por parte de grupos al margen de la ley.
2. Sostiene que se asentó en el mismo
municipio, lugar donde rindió la respectiva declaración para ser incluida en el
Registro Único de Población Desplazada y, debido a su condición de
vulnerabilidad, aunado a que es madre cabeza de hogar, solicitó a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que le fuera entregada
la ayuda humanitaria de emergencia a la que considera tener derecho.
3. Afirma que en la actualidad no ha
obtenido respuesta alguna a su requerimiento y tampoco ha recibido la ayuda
humanitaria solicitada, razón por la cual, considera vulnerados sus derechos
fundamentales y acude a la acción de tutela.
2.2. Pretensión
La accionante solicita el amparo de sus
derechos fundamentales de petición, a la igualdad, al mínimo vital y a la vida
en condiciones dignas y, en consecuencia, que se ordene a la entidad demandada
reconocer los auxilios de los que es beneficiaria la población desplazada y
realizar la consignación del dinero correspondiente en el Banco Agrario del
municipio de Albania, Caquetá, requiriendo que dicha actuación se le comunique
por medio telefónico “y/o le informen a nuestra presidenta”[1].
2.3. Pruebas
En el expediente obran las siguientes
pruebas:
-
Copia
de la cédula de ciudadanía de la accionante (folio 4, cuaderno 2).
-
Copia
del formato por medio del cual la actora solicitó la ayuda humanitaria de
emergencia, radicado en la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas el
1º de agosto de 2016 (folio 5, cuaderno 2).
2.4. Respuesta de la entidad demandada
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, a
pesar de haber sido notificada, la Unidad para la
Reparación Integral a las Víctimas no emitió pronunciamiento alguno en relación
con la situación fáctica que origina la presente acción de tutela.
2.5. Decisión judicial que se revisa
El Juzgado Promiscuo de Familia de Belén
de los Andaquíes, Caquetá, en sentencia del 14 de octubre de 2016, resolvió
conceder el amparo deprecado, bajo el argumento de que del escrito de tutela se
desprende que la accionante es víctima de desplazamiento forzado, madre cabeza
de hogar, que tiene a su cargo 3 hijos y no ha recibido ningún tipo de ayuda
por parte de la entidad demandada, a pesar de haberla solicitado, situación que
genera una vulneración de sus derechos fundamentales. En esa medida, dado que lo
señalado por la demandante no fue controvertido, sostiene que se debe dar
aplicación a la presunción de veracidad consagrado en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991.
La sentencia no fue objeto de
impugnación.
3. Expediente T-5.914.328
3.1. Hechos
3.1.1. Señalan los accionantes, Bernarda
del Socorro Botero Galvis, Edgar Evelio González Restrepo, John Ángel Mazo
Gutiérrez, Lilia María García Castaño, Luis Antonio Duque y Fabiola de Jesús
Martínez Cuervo que, por su condición de víctimas del desplazamiento forzado,
presentaron sendos escritos de petición ante la entidad demandada, a través de
los cuales solicitaron el pago de la ayuda humanitaria a la cual consideran
tener derecho. No obstante, al no obtener respuesta, acudieron al juez
constitucional a fin de que se amparen sus derechos fundamentales, de manera
que logren alcanzar una sostenibilidad económica a través de un proyecto
productivo, tengan acceso a una casa propia y se les reconozca la indemnización
que, en su sentir, les corresponde[2].
3.2. Pretensión
Los demandantes solicitan el amparo de
sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, al mínimo vital y a la
vida en condiciones dignas y, en consecuencia, que se ordene a la entidad
demandada informar la fecha de consignación de los correspondientes dineros en
algunos casos y, en otros, la entrega de la ayuda humanitaria de manera
inmediata y sin la asignación de turnos.
3.3. Pruebas
En el expediente obran las siguientes
pruebas:
-
Copias
de los escritos de petición presentados por Bernarda del Socorro Botero Galvis,
Edgar Evelio González Restrepo, John Ángel Mazo Gutiérrez, Lilia María García
Castaño y Fabiola de Jesús Martínez Cuervo (folios 3 a 4, 11 a 12, 20 a 21, 27
y 39, cuaderno 2).
-
Copias
de las cédulas de ciudadanía de los accionantes (folios 5, 13, 22, 28, 35 y 40,
cuaderno 2).
-
Copia
de la respuesta con fecha 29 de marzo de 2014, emitida por la UARIV a un
escrito de petición presentado por Luis Antonio Duque Jiménez, en el que le
informan la asignación de turno (folios 32 a 34, cuaderno 2).
3.4. Respuesta de la entidad demandada
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, a
pesar de haber sido notificada, la Unidad para la
Reparación Integral a las Víctimas no emitió pronunciamiento alguno en relación
con la situación fáctica que origina la presente acción de tutela.
3.5. Decisión judicial que se revisa
El Juzgado Penal de El Santuario,
Antioquia en providencia del 25 de agosto de 2016, resolvió admitir las
acciones de tutela presentadas por los accionantes de manera separada y, al
evidenciar unidad de materia, acumularlas para fallarlas en una misma sentencia.
Así, a través de providencia del 5 de septiembre de 2016, decidió conceder el
amparo solicitado y ordenó a la entidad demandada garantizar la entrega de las
ayudas humanitarias a los accionantes, hasta alcanzar su autosostenibilidad,
señalando que deben otorgar el mencionado auxilio en un término no mayor a dos
meses.
El juez concluyó que es evidente la
vulneración del derecho fundamental de petición, pues la entidad demandada dejó
pasar el término establecido para responder las solicitudes de los accionantes.
De otro lado, sostuvo que, en estos casos, y teniendo en cuenta jurisprudencia
de esta Corte, a pesar de que los demandantes se encuentran debidamente
incluidos en el Registro Único de Víctimas, no se están reconociendo sus
derechos como población desplazada lo que, en su sentir, configura una conculcación
de su derecho fundamental al mínimo vital. Lo anterior, ya que no se ha
procedido a la entrega de la ayuda humanitaria que reclaman, obligación que,
debido al silencio de la UARIV, se entiende por incumplida, situación que da
origen al sin número de demandas de tutela que se presentan por hechos y
pretensiones similares.
La sentencia no fue objeto de
impugnación.
4. Expediente T-5.914.310
4.1. Hechos
4.1.1. Manifiestan los accionantes
Sandra Milena Galvis Arboleda, Luz Marina Rivera Calderón, María Luz Elvia
Mejía Monsalve, Fidel Antonio Martínez Quintero, Héctor Eduardo Arias Duque y
Jorge Eliecer Muñoz Cleves, que son víctimas del desplazamiento forzado desde
el mes de enero del año 2000 y se encuentran debidamente inscritos en el
Registro Único de Población Desplazada.
4.1.2. Sostienen que, debido a la
difícil situación económica en la que se encuentran, aunado a que algunas de
las accionantes son madres cabezas de familia y algunos demandantes son adultos
mayores, solicitaron ante la entidad demandada “la indemnización o
reparación como integral como víctima del desplazamiento forzado, víctima de
lesiones personales y prórroga de la ayuda humanitaria”. No obstante,
afirman que en la actualidad no les han realizado el Procedimiento Formulación
del Plan de Atención, Asistencia y Reparación integral-PAARI, y tampoco cuentan
con una fecha exacta para la entrega del auxilio requerido, ya que ni siquiera
ha sido otorgado por primera vez.
4.2 Pretensión
Los demandantes solicitan el amparo de
sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, al mínimo vital y a la
vida en condiciones dignas y, en consecuencia, que se ordene a la entidad
demandada entregar la indemnización y las ayudas humanitarias en tiempo
oportuno, de manera que les permitan asumir sus necesidades básicas.
4.3 Pruebas
En el expediente obran las siguientes
pruebas:
-
Copias
de las cédulas de ciudadanía de los accionantes (folios 4,11, 19, 27, 36 y 44,
cuaderno 2).
-
Copias
de los escritos de petición presentados por los accionantes en enero y julio de
2016 (folios 5 a 6, 12 a 13, 20 a 21, 29 a 30, 37 a 38, y 45 a 46, cuaderno 2).
A excepción de Sandra Milena Galvis
Arboleda y de Jorge Eliecer Muñoz Galvis, los demás accionantes anexaron sendas
certificaciones emitidas por el personero municipal de San Luis, Antioquia, en
las que hace constar que se encuentran incluidos en el RUV o, en el caso de
Fidel Antonio Martínez Quintero, son víctimas de desplazamiento forzado (folios
14, 22, 31 y 39, cuaderno 2).
4.4 Respuesta de
la entidad demandada
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, a pesar de haber sido notificada, la Unidad
para la Reparación Integral a las Víctimas no emitió pronunciamiento alguno en
relación con la situación fáctica que origina la presente acción de tutela.
4.5. Decisión
judicial que se revisa
El Juzgado Penal
de El Santuario, Antioquia, en providencia del 19 de agosto de 2016, resolvió
admitir las acciones de tutela presentadas por los accionantes de manera
separada y, al evidenciar unidad de materia, acumularlas para fallarlas en una misma
sentencia. Así, a través de decisión del 29 de agosto de 2016, resolvió
conceder el amparo solicitado y ordenó a la entidad demandada (i) responder los
escritos de petición presentados por los accionantes y (ii) garantizar la
entrega de las ayudas humanitarias hasta alcanzar su autosostenibilidad, en un
término no mayor a dos meses.
El juez consideró que, al igual que en
los casos que dieron origen al fallo del 4 de septiembre de 2016, dictado por
ese despacho (expediente T-5.914.328) es evidente la vulneración de su derecho
fundamental de petición, pues la entidad demandada dejó pasar el término
establecido para responder las solicitudes de los accionantes. De otro lado,
sostiene que, a pesar de que los demandantes se encuentran debidamente
incluidos en el Registro Único de Víctimas, no se están reconociendo sus
derechos como población desplazada lo que, en su sentir, configura una
conculcación de su derecho fundamental al mínimo vital. Lo anterior, toda vez
que no se ha procedido a la entrega de la ayuda humanitaria que reclaman,
obligación que, debido al silencio de la UARIV, se entiende por incumplida,
situación que da origen al sin número de demandas de tutela que se presentan
por hechos y pretensiones similares.
La sentencia no fue objeto de
impugnación.
III PRUEBAS
SOLICITADAS EN SEDE DE REVISIÓN:
Mediante auto
del 20 de febrero de 2016, el magistrado
sustanciador                                                         consideró
necesario recaudar algunas pruebas con el fin de verificar los supuestos de
hecho que originan la presente solicitud. En consecuencia, resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO.- ORDENAR, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que en el término de tres (3)
días contados a partir de la notificación del presente Auto:
(i)
Remita
copia
del registro único de víctimas o del registro único de población desplazada de:
Expediente
Accionante
Cédula
T-5.902.143
Blanca
Inés Díaz Ramírez
40.784.453
Bernarda
del Socorro Botero  Galvis
21.664.673
Edgar
Evelio González Restrepo
70.466.189
T-5.914.328
John
Ángel Mazo Gutiérrez
70.077.779
Lilia
María García Castaño
43.449.059
Luis
Antonio Duque Jiménez
10.181.847
Fabiola
de Jesús Martínez Cuervo
43.449.060
Sandra
Milena Galvis Arboleda
21.481.952
Luz
Marina Rivera Calderón
22.011.805
T-5.914.310
María
Luz Elvia Mejía Monsalve
22.068.465
Fidel
Antonio Martínez Quintero
70.350.589
Héctor
Eduardo Arias Duque
70.350.611
Jorge
Eliecer Muñoz Cleves
16.986.111
(ii)
Informe
si los accionantes antes citados, cumplen con los requisitos previstos en
la normatividad legal vigente para ser beneficiarios de los diferentes tipos
de  ayuda humanitaria a que tiene derecho la población en situación de
desplazamiento. En caso afirmativo, ponga en conocimiento de esta Sala  y
remita copia de las actuaciones administrativas que ha realizado para el
reconocimiento y entrega efectiva de la misma, haciendo énfasis, en si se
efectuaron los correspondientes procesos de caracterización.
(iii)
De
igual manera, informe si ya se realizaron los correspondientes estudios de
vulnerabilidad a cada uno de los accionantes y la determinación de las
renovaciones automáticas de las ayudas humanitarias, por tratarse de personas
en especial estado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de conformidad con
la jurisprudencia de esta Corte. En caso afirmativo, envíe copia de los
resultados.
(iv)
Informar
si las entregas de ayuda humanitaria a alguno de los accionantes, fueron
suspendidas y las razones para tal determinación.
(v)
Informar
también, cuál es el plazo estimado de entrega de la ayuda humanitaria por
primera vez, y con qué periodicidad se realizarán las siguientes.
(vi)
En
el caso específico de Luis Antonio Duque Jiménez, a quien se le asignó el turno
3D-127566, según comunicación emitida por la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, el 29 de marzo de 2014[3],
informar si ya se procedió a la entrega efectiva de la ayuda humanitaria. De
ser negativa la respuesta, informar las razones.
Adicionalmente, sírvase remitir a esta
Corporación la documentación que soporta su respuesta al presente
requerimiento.
SEGUNDO.- ORDENAR, por
Secretaría General, a la señora Blanca Inés Díaz Ramírez, quien actúa como
demandante dentro del expediente T-5.902.143, que en el término de tres (3)
días contados a partir de la notificación del presente Auto, informe a la Sala
lo siguiente:
·
¿Si
tiene personas a cargo? indicando quiénes, cuántos y sus respectivas edades.
·
¿Quiénes
integran actualmente su núcleo familiar? ¿de dónde derivan sus ingresos
económicos? y ¿si practican alguna profesión, arte u oficio?
·
¿Si
algún miembro del núcleo familiar padece de alguna condición de salud delicada
o estado de discapacidad? y, en caso afirmativo, indique de qué se trata.
Adicionalmente,
sírvase remitir a esta Corporación la documentación que soporta su respuesta al
presente requerimiento.
TERCERO.- ORDENAR, por
Secretaría General, a Bernarda del Socorro Botero Galvis, Edgar Evelio González
Restrepo, John Ángel Mazo Gutiérrez, Lilia María García Castaño, Luis Antonio
Duque, Fabiola de Jesús Martínez Cuervo, quienes actúan como demandantes dentro
del expediente T-5.914.328, que en el término de tres (3) días contados a
partir de la notificación del presente Auto, cada uno informe a la Sala lo
siguiente:
·
¿Si
tiene personas a cargo? indicando quiénes, cuántos y sus respectivas edades.
·
¿Quiénes
integran actualmente su núcleo familiar? ¿de dónde derivan sus ingresos
económicos? y ¿si practican alguna profesión, arte u oficio?
·
¿Si
algún miembro del núcleo familiar padece de alguna condición de salud delicada
o estado de discapacidad? y, en caso afirmativo, indique de qué se trata.
Adicionalmente,
sírvase remitir a esta Corporación la documentación que soporta su respuesta al
presente requerimiento.
CUARTO.- ORDENAR, por
Secretaría General, a Sandra Milena Galvis Arboleda, Luz Marina Rivera
Calderón, María Luz Elvia Mejía Monsalve, Fidel Antonio Martínez Quintero,
Héctor Eduardo Arias Duque y Jorge Eliecer Muñoz Cleves, quienes actúan como
demandantes dentro del expediente T-5.914.310, que en el término de tres (3)
días contados a partir de la notificación del presente Auto, cada uno informe a
la Sala lo siguiente:
·
¿Si
tiene personas a cargo? indicando quiénes, cuántos y sus respectivas edades?
·
¿Quiénes
integran actualmente su núcleo familiar? ¿de dónde derivan sus ingresos
económicos? y ¿si practican alguna profesión, arte u oficio?
·
¿Si
algún miembro del núcleo familiar padece de alguna condición de salud delicada
o estado de discapacidad? y, en caso afirmativo, indique de qué se trata.
Adicionalmente,
sírvase remitir a esta Corporación la documentación que soporta su respuesta al
presente requerimiento.
QUINTO.- ORDENAR, a
la Secretaría General de la Corporación que, una vez se hayan recepcionado las
pruebas requeridas, le informe a las partes que éstas estarán a disposición en
la Secretaría de la Corporación, para que, en caso de considerarlo necesario,
se pronuncien sobre las mismas, en el término de dos (2) días hábiles, de
acuerdo con el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional.
SEXTO.- ADVERTIR a la
autoridad contra quien se impetran las presentes acciones de tutela “que la
omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad”
de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.”
Vencido el
término otorgado, la Secretaría de esta Corporación, el 23 de marzo de
2017, allegó al Despacho el informe remitido por la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y la declaración extrajuicio realizada por
María Luz Elvia Mejía Monsalve. También, indicó que los oficios dirigidos a
Lilia María García Castaño, Fabiola de Jesús Martínez Cuervo, Sandra Milena
Galvis Arboleda, Luz Marina Rivera Calderón y Héctor Eduardo Arias Duque,
fueron devueltos por la oficina de correos con la anotación “Dirección errada”.
De los restantes accionantes, no se obtuvo respuesta alguna.
Así, la entidad
demandada, luego de referirse a los objetivos de la ayuda humanitaria de
emergencia, sostuvo que la identificación de hogares con carencias en
subsistencia mínima permite focalizar el mencionado auxilio para lograr atender
las necesidades particulares de cada persona y grupo familiar, pues facilita
conocer su situación actual y adecuar la entrega dependiendo de la composición
del hogar, presencia de sujetos de especial protección y el nivel de necesidad,
en relación con el alojamiento temporal y la alimentación.
Conforme con
ello, indicó que el proceso de identificación de carencias busca verificar la
situación actual de cada familia y hogar, por medio de la indagación sobre cómo
está compuesto cada grupo familiar, cuáles son sus fuentes de ingresos, si se
presentan situaciones que puedan derivar en una condición de vulnerabilidad
extrema, valorando a cada integrante de manera individual, pero también en su
conjunto. Lo anterior, sostuvo, permite determinar si en un caso concreto se ha
logrado el autosostenimiento en materia de alojamiento temporal y alimentación
o, por el contrario, aun necesitan del auxilio del Estado y, en consecuencia,
la entrega de la ayuda humanitaria.
Bajo esa línea,
expuso los resultados obtenidos del proceso de identificación de carencias que
se realizó a los hogares de los accionantes:
Expediente
Accionante
Cédula
Resultado
del procedimiento de identificación de carencias
T-5.902.143
Blanca Inés Díaz Ramírez
40784453
En proceso de identificación de
carencias
Bernarda
del Socorro Botero Galvis
21664673
No presenta carencias en la
subsistencia mínima
Edgar Evelio González Restrepo
70466189
Presenta no carencia en el componente
de alojamiento y carencias extremas en el componente de alimentación
John Ángel Mazo Gutiérrez
70077779
No presenta carencias en la
subsistencia mínima
T-914.328
Lilia María García Castaño
43449059
En proceso de identificación de
carencias
Luis Antonio Duque Jiménez
10181847
En proceso de identificación de
carencias
Fabiola de Jesús Martínez Cuervo
43449060
Presenta carencias extremas en la
subsistencia mínima
Sandra Milena Galvis Arboleda
21481952
Presenta carencias extremas en la
subsistencia mínima
Luz
Marina Rivera Calderón
22011805
No presenta carencias en la
subsistencia mínima
María Luz Elvia Mejía González
22068465
Presenta no carencia en el componente
de alojamiento y carencias extremas en el componente de alimentación
T-.914.310
Fidel Antonio Martínez Quintero
70350589
No presenta carencias en la
subsistencia mínima
Héctor Eduardo Arias Duque
70350611
Presenta carencias extremas en la
subsistencia mínima
Jorge Eliecer Muñoz Cleves
16986111
No presenta carencias en la
subsistencia mínima
En esa medida,
adujo que el hecho de que Blanca Inés Díaz Ramírez, Lilia María García Castaño
y Luis Antonio Duque Jiménez aún se encuentren en proceso de identificación
de carencias, obedece a que no se ha obtenido la información suficiente
para su efectiva culminación, como consecuencia de inconsistencias en la
identificación de la persona, incluyendo su fecha de nacimiento; datos
relacionados con la fecha de ocurrencia del hecho victimizante, sobre el cual
se debe tener certeza, pues es indispensable para tener claridad sobre qué
programa aplicar, cómo se deben cubrir los componentes de alojamiento y
alimentación, calcular el monto de la entrega y el número de giros y,
finalmente, información insuficiente en materia de alojamiento y alimentación
que imposibilita conocer las condiciones de habitabilidad y consumo de
alimentos.
Debido a ello,
la entidad afirmó que se contactaría con los respectivos hogares para lograr
obtener la información faltante y finalizar el proceso de identificación de
carencias, resultados que serían comunicados a los sujetos implicados de
conformidad con el procedimiento administrativo establecido para tal fin, dentro
de un lapso que no superaría los 60 días calendario.
A la luz de lo
señalado, se dispuso a relacionar el caso específico de los accionantes que se
encuentran en esta situación:
Blanca Inés Díaz
Ramírez
“Para el hogar
de la señora  Ramírez y después de realizar el proceso de identificación de
carencias a través de los diferentes registros administrativos, no se ha
logrado establecer con certeza las carencias en los componentes  de la
subsistencia mínima, comprendidos  estos como el alojamiento temporal y la
alimentación  básica, es por ello que se realizara la entrevista de
caracterización con el propósito de conocer e identificar la conformación del
hogar, la identificación de necesidades y capacidades al interior del hogar que
permita a la  Unidad para las Víctimas realizar un reconocimiento o no de la
atención humanitaria.
No obstante, y
con el propósito de garantizar la  subsistencia  mínima para este hogar se
realizó una  colocación  por  un  valor  total  de  UN  MILLON  TREINTA  Y
CINCO  MIL  PESOS  M/CTE, $1.035.000, el cual fue cobrado por la Señora Díaz
Ramírez el 9 de noviembre de 2016,  atención humanitaria que tiene como
propósito proteger el mínimo vital del hogar, respecto del alojamiento temporal
y la alimentación  básica”.
Lilia María
García Castaño
“Respecto del
hogar de la señora García por parte de la  Unidad para las Víctimas a través de
la información suministrada  a través de los diferentes registros
administrativos,  para lograr establecer  el proceso de identificación de
carencias   no  se  logró  establecer  las  carencias  o  no  que  le  hogar
pueda  presentar  en  el componente  de alimentación  básica  de la
subsistencia  mínima, es por ello que se  realizara la entrevista de
caracterización  con el propósito de conocer e identificar la  conformación del
hogar, la  identificación de necesidades y capacidades al interior del hogar
que permita a la  Unidad para las Víctimas realizar un reconocimiento  o no de
la atención humanitaria.
Por otro lado, y
con el propósito  de garantizar la atención humanitaria para este hogar se han
realizado las siguientes entregas de atención humanitaria al hogar.
El día 25 de
septiembre de 2012,  se realizó una colocación por un valor de $1.320.000
El día 7 de
septiembre de 2010,  se realizó una colocación por un valor de $1.531.000
El día 11 de
noviembre de 2011,  se realizó una colocación por un valor de $1.320.000
El día 1 de
septiembre de 2014,  se realizó una colocación por un valor de $1.050.000.
Adicionalmente,
se  constató  que  fue  programado  dos  giros  a  nombre  de  Lilia  María
García Castaño, los cuales tuvieron vigencia de 30 días calendario en el banco
agrario donde la señora reside para reclamarlo, no obstante, se evidencia que
los giros fueron reintegrados los días 29 de diciembre de 2014 y el 19 de
octubre de 2016  por el no cobro del mismo”.
Luis Antonio Duque Jiménez
“En relación con
la comunicación remitida de  atención  Humanitaria se constató  que fue
programado  un  giro  a nombre de  Luis Antonio  Duque Jiménez, el cual tuvo
vigencia de 30 días calendario en el banco agrario donde el señor reside  para
reclamarlo,  no  obstante,  se evidencia que el giro fue  reintegrado el 29 de
diciembre de 2014 por un valor de DOSCIENTOS  DIEZ MIL PESOS M/CTE  $210.000,
por el no cobro del mismo.
Ahora bien
respecto al proceso de caracterización e identificación de carencias del hogar
representado  por el señor Jiménez realizado a través de los diferentes
registros del SNARIV,  no se  ha  logrado  establecer  con  certeza  las
carencias  o  no  en  el  alojamiento  temporal  y  la alimentación  básica
comprendidos  estos como los  componentes  de la  subsistencia  mínima, por
ello se realizara  la  entrevista  de caracterización  para conocer e
identificar  la  conformación  del hogar, la identificación de necesidades y
capacidades al interior del hogar que permita a la Unidad para las Víctimas
realizar un reconocimiento o no de la atención humanitaria.
Dado lo
anterior,  y con el objetivo de garantizar los  componentes  de la
subsistencia  mínima se realizó una colocación en el mes de septiembre de
2016,  mientras es constatada la situación  real del  hogar  dentro   del
proceso   de  identificación  de  carencias,   no   obstante,   aunque  estas
colocaciones tienen una vigencia en el banco de 30 días, este giro fue
reintegrado el 18 de octubre de 2016,  por un valor de OCHOCIENTOS  CINCUENTA
Y CINCO MIL PESOS M/CTE $855.000.
Finalmente, en
este momento el señor Luis Antonio  Duque Jiménez cuenta con giro de atención
Humanitaria  disponible  para  cobro  en  el  Banco Agrario  de  El  Santuario
(Antioquia)  lugar de residencia conforme a la última solicitud realizada,
oficina ubicada en la Cra. 50 No.50-35/37  POR CONVENIO  BANCO AGRARIO
GENERAL,  colocación  realizada desde el 31  de enero de 2017, es decir hace 25
días. Es importante informar que El señor Luis Antonio Duque Jiménez que tiene
un plazo máximo de 30 días calendario para realizar el cobro”.
Por su parte, en
los casos de Bernarda del Socorro Botero Galvis, John Ángel Mazo Gutiérrez, Luz
Marina Rivera Calderón, Fidel Antonio Martínez Quintero y Jorge Eliecer Muñoz
Cleves, la entidad afirmó que el proceso arrojó un resultado de “no
presenta carencias en la subsistencia mínima”. Lo anterior, toda vez
que se logró verificar que dichos hogares tenían cobertura en materia de
alimentación y alojamiento, ya sea porque lograron asumirlos por sus propios
medios o, a través de los programas ofrecidos en coordinación con el Sistema
Nacional de Atención para las Víctimas. También, manifestó que se constató que “es
posible determinar que  nos  encontramos  ante  un  hogar  cuyo desplazamiento
ha  ocurrido  con  una anterioridad igual o superior a diez (10) años con
respecto a  la fecha de la solicitud.” Por tal motivo, adujo que se
procedió a suspender de manera definitiva la entrega de ayuda humanitaria, lo
cual, según indicó, fue debidamente motivado a través del correspondiente acto
administrativo.
Relacionó la
información respecto de estos hogares así:
Bernarda del
Socorro Botero Galvis
“Una  vez
realizado  el proceso de identificación de carencias  se logró establecer  que
en el hogar no existen carencias extremas en la subsistencia minina, es de
anotar que se tuvo en cuenta condiciones  particulares de  cada  uno  de  sus
integrantes,  así  como  también   la  conformación  actual  del  hogar,  las
condiciones  particulares de cada uno de sus integrantes,  la  capacidad
productiva  de los mismos para la generación de fuentes de ingresos, así como
las características socio demográficas y económicas  particulares,  frente  a
los componentes  de alojamiento  temporal  y la alimentación básica de la
subsistencia mínima, y como resultado de dicha medición, la Unidad para las
Víctimas no evidenció una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad,
asociada a características socio- demográficas  y  económicas   del  hogar
que  lo  inhabiliten  para  generar   ingresos  o  adquirir capacidades para
hacerlo.
Adicionalmente,
se evidenció  que dentro  del hogar existen  personas  con capacidad
productiva que  permiten   generar  fuentes   de  ingresos  para  cubrir
parcialmente   los  componentes   de alojamiento temporal y alimentación básica
de subsistencia, razón por la cual, la Unidad para las Víctimas procede
suspenderá definitivamente la entrega de la Atención  Humanitaria.
Finalmente, la
anterior información fue debidamente  motivada a través de acto administrativo
No.600120160326402  de 2016,  expedido el 18 de julio de 2016  y notificado
mediante aviso público el 31  de agosto de 2016”.
John Ángel Mazo
Gutiérrez
“Se logró
establecer que este hogar ha sido beneficiado del programa, Sistema Nacional de
Información de la  Educación  Superior - SNIES, sistema de información que ha
sido creado para responder a las necesidades de información de la educación
superior en Colombia, el cual recopila y organiza la  información  relevante
sobre la educación superior y ha establecido  cinco principios que  se
refieren  a  la  calidad  de  la  información,  oportunidad,
comparabilidad,   pertinencia  y accesibilidad,  el cual  permite  hacer
planeación,  monitoreo,  evaluación,  asesoría,  inspección  y vigilancia del
sector.
Por otro parte,
el señor John Jaime Mazo Estrada, integrante del hogar, cursó estudios de
TECNOLOGIA  EN ADMINISTRACION DE  SISTEMAS  DE  INFORMAC/ON,  permitiéndole(s)
a través  de los  mismos.  contar  con capacidades,  formación de capital
humano y estrategias  de afrontamiento frente a su propia situación, para
mejorar su empleabilidad  y acceder a fuentes de generación   de  ingresos
que  le  permitan  proveer  su  autosostenimiento   y  contribuir  total  o parcialmente
a cubrir  los  componentes  de  alojamiento  temporal  y alimentación   básica
de  la subsistencia mínima de su hogar.
Adicionalmente,
el señor John Ángel Mazo Gutiérrez participó del programa Familias en su
Tierra-FEST,  estrategia   liderada  por  el  Departamento   para  la
Prosperidad  Social  - DPS-,   en coordinación  con  la  Unidad  para  las
Víctimas,  orientado  a  implementar  medidas  rápidas  de asistencia  y
acompañamiento  a las víctimas de desplazamiento forzado, y que se encuentran
en proceso de retorno y reubicación mediante la entrega de incentivos
condicionados en los componentes de seguridad alimentaria, reducción de
carencias básicas habitacionales, apoyando ideas productivas, así como la
realización de procesos de fortalecimiento  de la organización social y
actividades colectivas  de reparación simbólica,  logrando el auto
sostenimiento y subsistencia digna coadyuvando a su proceso de estabilización
socio - económica con enfoque reparador.
Como
conclusión,    la   anterior   información   fue   debidamente    motivada   a
través   de   acto administrativo No. 600120160369765 de 2016, expedido el 8 de
septiembre de 2016 y notificado personalmente  el 22 de octubre de 2016, y
validando las diferentes fuentes de información con la que cuenta  la  Unidad,
se logró establecer  que el señor  Mazo  Gutiérrez,  no  interpuso recurso
alguno frente a la decisión adoptada por la entidad”.
Luz Marina Rivera Calderón
“La Unidad para
las Víctimas ha realizado una evaluación de la información consultada a través
de las diferentes fuentes de información con las que contamos, y se logró
establecer qué a través de la información proporcionada en la encuesta de
SISBEN,  el hogar manifestó, ser propietario de vivienda y tener los soportes
que así lo ratifican.  Lo anterior nos permite establecer  que el hogar no
presenta carencias en el componente de alojamiento.
Por otro lado,
se logró establecer que Luz Marina Rivera Calderón, se encuentra como
cotizantes del régimen contributivo,  completando un periodo consecutivo de
cotización y que al momento de la  medición  de  carencias  se  encontraba
como  cotizante  activo.  Situación  que  nos  permite evidenciar que al
interior del hogar ha existido con posterioridad al hecho victimizante de
desplazamiento  forzado  una fuente  de estabilidad  que ha permitido al núcleo
familiar  generar ingresos para cubrir como mínimo la subsistencia mínima,
entendido  como los componentes  de alojamiento  temporal y alimentación
básica, a través de ingresos propios o a través de distintos programas
ofrecidos por el Estado.
Adicionalmente,
la Unidad para las Victimas a través de la información suministrada por el
Servicio Nacional  de  Aprendizaje  -  SENA,  ha  logrado  conocer  que  Luz
Marina  Rivera  Calderón,  ha adelantado hasta su culminación  los siguientes
programas de formación:
837971 TÉCNICO
EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA PEQUEÑAS
COMUNIDADES y que tiene como fecha de certificación el día 25 de noviembre de
2015. 37613 - EN MANIPULACION DE ALIMENTOS y que tiene como fecha de certificación
el día 28 de mayo de 2013.
Finalmente, a través
de acto administrativo No. 600120150077629 debidamente motivado, se expuso la
decisión de la entidad. Resolución expedida el 18 de enero de 2016 y notificado
personalmente  el 9 de marzo de 2016,  y validando  las  diferentes fuentes  de
información  con la que  cuenta la  Unidad,  se logró establecer  que el señor
Mazo  Gutiérrez,  no  interpuso recurso alguno frente a la decisión adoptada
por la entidad”.
Fidel Antonio
Martínez Quintero
“Que una vez
analizado de manera integral la información del hogar, se estableció que a
través de Fidel Antonio Martínez Quintero adquirió un crédito, una tarjeta de
crédito o existió la aperturas de una cuenta corriente, por un monto igual o
superior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes  SMLMV,  el día
21  de diciembre de 2009, es decir con posterioridad  al desplazamiento, lo que
nos permite inferir que a anterior del hogar se refleja una capacidad  de
endeudamiento, concluyendo  así que al percibir ingresos que le permita cumplir
con sus obligaciones financieras, también  puede  cubrir los  componentes  de
la  subsistencia  mínima,  entendidos  estos  como  el alojamiento temporal y
alimentación básica.
Por  otro  lado
se  logró  establecer  que  el  señor  Fidel Antonio  Martínez  Quintero
participó  del programa  Familias  en  su  Tierra  -FEST,  estrategia   liderada
por  el  Departamento   para  la Prosperidad  Social  - DPS-,  en
coordinación   con  la  Unidad  para  las  Víctimas,  orientado  a implementar
medidas rápidas de asistencia y acompañamiento  a las víctimas de
desplazamiento forzado,  y que  se  encuentran  en  proceso  de  retorno  y
reubicación  mediante  la  entrega  de incentivos condicionados  en los
componentes  de seguridad alimentaria, reducción de carencias básicas
habitacionales,  apoyando  ideas  productivas,  así  como  la  realización  de
procesos  de fortalecimiento  de la organización social y actividades
colectivas de reparación simbólica, logrando el auto sostenimiento  y
subsistencia digna coadyuvando  a su proceso de estabilización socio -
económica con enfoque reparador.
Finalmente,
después de la evaluación de la información consultada  a través  de  las
diferentes fuentes de información con las que contamos, y se logró establecer
qué a través de la información proporcionada en la encuesta de SISBEN, el hogar
manifestó,  ser propietario de vivienda y tener los soportes que así lo
ratifican.  Lo anterior nos permite  establecer  que el hogar no  presenta
carencias en el componente de alojamiento.
Como
conclusión,   la   anterior   información   fue   debidamente    motivada   a
través   de   acto administrativo  No. 600120160533788 de 2016, expedido el 7
de septiembre de 2016 y notificado por aviso publico el 27 de octubre de 2016,
y validando  las diferentes fuentes de información con la  que cuenta la
Unidad,  se logró  establecer que el señor Mazo Gutiérrez[4],  no
interpuso  recurso alguno frente a la decisión adoptada por la entidad”.
Jorge Eliecer
Muñoz Cleves
“Por lo anterior
la Unidad  para las Víctimas al no evidenciar en este hogar la presencia de una
situación de extrema urgencia y vulnerabilidad asociada al hecho victimizante
de desplazamiento forzado, y de acuerdo con el numeral  5 del artículo (sic) 2.2.6.5.5.10
del Decreto  1084 del 2015, es posible determinar que nos encontramos ante un
hogar cuyo desplazamiento ha ocurrido con una anterioridad igual o superior a
diez (10) años con respecto  a la fecha  de la solicitud. Además, también  se
encontró que, con posterioridad  a la  medición de carencias realizada por la
Unidad para las Víctimas, este hogar no está en situación de extrema urgencia y
vulnerabilidad,  razón por la cual la Unidad para las Víctimas procedió a
realizar la suspensión definitiva de la entrega de la atención humanitaria.
Adicionalmente,
la Unidad para las Víctimas a través de la información suministrada por el
Servicio Nacional  de  Aprendizaje   -  SENA,  ha  logrado  conocer  que  Luz
Marina  Rivera  Calderón,  ha adelantado  hasta su culminación  los siguientes
programas de formación:
21720018-
Tecnologías  de la  información: Generalidades  y clasificación  y que tiene
como fecha de certificación el día 7 de octubre de 2011.
Por otro lado,
se evidenció que el integrante del hogar cuenta con capacidad  productiva  que
le permite  generar  fuentes  de  ingresos  para  cubrir los  componentes  de
alojamiento  temporal  y alimentación  básica de la subsistencia, razón por la
cual, la Unidad de para las Víctimas procede suspenderá definitivamente la
entrega de la Atención  Humanitaria.
Finalmente, la
anterior información fue debidamente  motivada a través de acto administrativo
No.600120171025765 de 2016, expedido  el 24 de febrero  de 2017 y se encuentra
en proceso de notificación”.
De otro lado,
respecto a Fabiola de Jesús Martínez Cuervo, Sandra Milena Galvis Arboleda y
Héctor Eduardo Arias Duque, la Unidad señaló que se verificó que los hogares no
tienen cubiertos los componentes de alimentación básica y alojamiento temporal
y existe una carencia de extrema urgencia y vulnerabilidad. Lo detalló de
la siguiente manera:
Fabiola de Jesús
Martínez Cuervo
“Para el hogar
representado por la señora Fabiola de Jesús, se le reconocieron  (conforme al
artículo 4 de la resolución 351 derogada  por la resolución  1291  de 2016 a
partir del 13 de enero de 2017)  para el periodo de un año tres giros, por un
valor de DOSCIENTOS  SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($273.000), cada uno. El
término de un año empezará a contar a partir de la colocación del primer giro
el cual fue puesto para su disposición el día el 11  de agosto de 2016, giro
que fue cobrado el día 2 de septiembre del 2016, ahora bien la segunda
colocación se realizó el 17 de febrero de 2017 y aún se encuentra vigente para
su cobro en el banco Agrario de San Luis - Antioquia,  oficina ubicada en la
Carrera Real # 20 - 07, finalmente es importante que tener en cuenta que la
colocación de los giros tienen una vigencia de cuatro (4) meses y solo con
posterioridad a este término y según la disponibilidad  presupuesta se colocara
el tercer giro, por lo que es resulta importante acudir a la   responsabilidad
del cobro oportuno  de estos, toda vez que estos tendrá  una  vigencia  en el
Banco Agrario de 35 días calendario.
Finalmente, la
anterior información fue debidamente  motivada a través de acto administrativo
No. 600120171069109 de 2017, expedido  el 24 de febrero  de 2017 y se encuentra
en proceso de notificación”.
Sandra Milena
Galvis Arboleda
“Para el hogar
representado por  la señora  Sandra  Milena,  se  le  reconocieron  (conforme
al artículo  4 de  la resolución  351 derogada por la resolución 1291  de 2016
a partir del 13 de enero de 2017)  para el periodo de un año  tres  giros,
por  un  valor  de  CUATROCIENTOS   NOVENTA  Y  UN   MIL  PESOS  M/CTE
($491.000).  El término  de un  año empezará  a contar a partir de la
colocación  del primer giro  el cual fue puesto para su disposición el día el
30 de agosto de 2016, giro que fue cobrado por usted el dia (sic) 19 de
septiembre del 2016, ahora bien la segunda colocación se realizó el 17 de
febrero de 2017 y aún se encuentra vigente para su cobro en el banco Agrario de
Medellín -Antioquia, oficina ubicada en la Calle 44 Nº 66  - 50- Torre Makro,
finalmente es importante que tener en cuenta que la colocación de los giros
tienen una vigencia de cuatro (4) meses y solo con posterioridad a este
término  y según la disponibilidad presupuestal se colocara  el tercer giro,
por lo que es resulta importante  acudir a la   responsabilidad  del cobro
oportuno de estos, toda vez que estos tendrá una vigencia en el Banco Agrario
de 35 días calendario.
Finalmente la
anterior información fue debidamente  motivada a través de acto administrativo
No.600120160513325 de 2017, expedido el 24 de febrero de 2017  y notificado
por aviso  publico  el 27 de octubre  de 2016,  y validando  las  diferentes
fuentes de información con la  que cuenta la Unidad, se logró establecer  que
el señor Mazo Gutiérrez, no interpuso recurso alguno frente a la decisión
adoptada por la entidad”[5].
Héctor Eduardo
Arias Duque
“Para el hogar
representado  por la  señora  Fabiola  de Jesús[6],
se le  reconocieron  (conforme  al  artículo  4 de  la  resolución  351
derogada por la  resolución  1291  de 2016 a partir del 13 de enero de 2017)
para el periodo de un año  tres  giros,  por un valor  de  SEISCIENTOS  TRECE
MIL  PESOS  ($613.000)  cada  uno.  El término de un año empezará  a contar a
partir de la  colocación  del primer giro el cual fue puesto para su
disposición el día el 14 de diciembre de 2016, giro que fue reintegrado por el
no cobro, no obstante este fue recolocado el día 20 de abril de 2016 y cobrado
el día 27 del mismo mes, ahora bien la segunda colocación  se realizó el 9 de
septiembre  de 2016 y cobrado  por usted  el 13 del mismo mes, finalmente se
realizó la tercera colocación el 17 de febrero de 2017 y aún se encuentra
vigente para su cobro en el banco Agrario de San Luis - Antioquia,  oficina
ubicada en la Carrera Real# 20 - 07.
Se debe tener en
cuenta que las colocaciones de los giros tienen una vigencia de cuatro (4)
meses y solo  con  posterioridad  a este término  y según  la disponibilidad
presupuesta se colocara  el segundo  y tercer  giro,  por  lo que es resulta
importante acudir  a la  responsabilidad  del cobro oportuno  de los giros,
toda vez que estos tendrá una vigencia en el Banco Agrario de 35 días
calendario.
Finalmente, la
anterior información fue debidamente motivada a través de acto administrativo
No.600120160215571  de 2016, expedido el 29 de marzo de 2016 y notificado por
aviso publico el 29 de julio de 2016,  y validando  las  diferentes fuentes de
información  con la  que cuenta la  Unidad, se logró establecer que el señor
Mazo Gutiérrez[7],
no interpuso recurso alguno frente a la decisión adoptada por la entidad”.
Por último, la
entidad sostuvo que luego de realizar el proceso a Edgar Evelio González y a María
Luz Elvia Mejía Monsalve, se verificó que sus hogares cuentan con el
componente de alojamiento, por lo que esta ayuda se suspendió de manera
definitiva, pero que hay carencias extremas en materia de alimentación. En
consecuencia, se reconoció la ayuda humanitaria en relación con este
componente, lo que detalló así:
Edgar Evelio
González Restrepo
“Una vez
realizado el proceso de identificación de carencias se logró establecer que el
hogar no cuenta con carencias en el componente  de alojamiento temporal, ya que
una vez analizada  la información consultada en las diferentes fuentes de
información con las que contamos,  y se logró establecer qué a través  de la
información  proporcionada en la encuesta de SISBEN,  el hogar manifestó,  ser
propietario  de vivienda y tener los soportes que así lo  ratifican.  Lo
anterior nos permite establecer que el hogar no presenta carencias en el
componente de alojamiento y que este cuenta con las condiciones de dignidad
para ser habitada.
Ahora  bien,  en
el resultado de carencias se estableció  las  carencias  de  extrema urgencia
y vulnerabilidad  del  hogar  frente  al   componente de  alimentación,  por
ello  se  le  reconocieron (conforme al artículo  4 de la  resolución  351
derogada por la  resolución  1291  de 2016 a partir del 13  de  enero de
2017)  para  el periodo  de  un  año  tres  giros,  por  un  valor de
QUINIENTOS DIECISEIS  MIL PESOS M/CTE  ($516.000) cada uno.  El término de un
año empezará  a contar a partir de la  colocación del primer giro el cual fue
puesto para disposición del hogar a nombre del autorizado Maria Lorena Vergara
Gómez el día el 2 de marzo de 2016, giro que fue cobrado el día 17 del mismo
mes,  ahora bien, la segunda colocación  se realizó el 18 de julio de 2016 y
cobrado por la  señora Vergara el día 21  del mismo mes, finalmente  se realizó
la tercera colocación  el 22 de  noviembre  de  2016  y cobrado  el día  25
de  noviembre.  Se debe  tener  en  cuenta  que  la colocación de los giros
tiene una vigencia de cuatro (4) meses.
Finalmente, la
anterior información fue debidamente  motivada a través de acto administrativo
No.600120160417813 de 2016,  expedido el 16 de marzo de 2016 y notificado por
aviso publico el 23 de septiembre de 2016, y validando  las diferentes fuentes
de información con la que cuenta  la Unidad, se logró establecer que el hogar
no interpuso recurso alguno frente a la decisión adoptada por la entidad”.
María Luz Elvia
Mejía Monsalve
“Una vez
realizado el proceso de identificación de carencias  se logró establecer que el
hogar no cuenta con carencias en el componente de alojamiento temporal, ya que
una vez analizada la información consultada en las diferentes fuentes de
información con las que contamos, y se logró establecer qué a través de la
información proporcionada en la encuesta  de SISBEN,  el hogar manifestó,  ser
propietario de vivienda y tener los soportes que así lo ratifican.  Lo anterior
nos permite establecer que el hogar no presenta carencias en el componente  de
alojamiento y que este cuenta con las condiciones de dignidad para ser
habitada.
Ahora  bien,
en  el  resultado  de  carencias  se estableció  las  carencias  de  extrema
urgencia  y vulnerabilidad  del  hogar  frente  al  componente   de
alimentación,   por  ello  se  le  reconocieron (conforme al artículo 4 de la
resolución 351  derogada por la  resolución  1291  de 2016 a partir del 13  de
enero  de  2017)  para  el  periodo  de  un  año  tres  giros,  por  un  valor
de  QUINIENTOS DIECISEIS  MIL PESOS M/CTE ($516.000) cada uno. El término de un
año empezará a contar a partir de la colocación del primer giro el cual fue
puesto para disposición del hogar a nombre del autorizado María Lorena Vergara
Gómez el dia (sic) el 2 de marzo de 2016, giro que fue cobrado el día 17  del
mismo mes, ahora bien la segunda colocación  se realizó el 18 de julio de 2016
y cobrado por la  señora Vergara el día 21 del mismo mes, finalmente se realizó
la tercera colocación  el 22 de  noviembre  de  2016  y  cobrado  el día  25
de  noviembre.  Se debe  tener  en  cuenta  que  la colocación de los giros
tiene una vigencia de cuatro (4) meses.
Finalmente, la
anterior información fue debidamente motivada a través de acto administrativo
No.600120160417813 de 2016, expedido el 16 de marzo de 2016 y notificado por
aviso publico el 23 de septiembre de 2016, y validando las diferentes fuentes
de información con la que cuenta la Unidad, se logró establecer que el hogar no
interpuso recurso alguno frente a la decisión adoptada por la entidad.
Ahora bien,  en
el  resultado de carencias se estableció  las  carencias de  ex1rema  urgencia
y vulnerabilidad  del  hogar frente  al  componente de  alimentación,  por
ello  se  le  reconocieron (conforme al artículo  4 de la  resolución  351
derogada por la  resolución  1291  de 2016 a partir del 13 de  enero  de
2017)  para  el periodo  de  un  año  tres  giros,  por  un  valor  de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($258.000) cada uno. El término de
un año empezará a contar a partir de la colocación del primer giro el cual fue
puesto para disposición del hogar a su nombre el día el 14 de diciembre de
2015,  giro que fue cobrado el día 24 del mismo mes, ahora bien, la  segunda
colocación  se realizó  el 20 de abril  de 2016  y cobrado por usted  el día
21  del mismo mes, finalmente se realizó la tercera colocación el 19 de agosto
de 2016 y cobrado el día 24 de agosto. Se debe tener en cuenta que la
colocación de los giros tiene una vigencia de cuatro (4) meses.
Finalmente, la
anterior información fue debidamente  motivada a través de acto administrativo
No.600120160439967 de 2016, expedido el 26 de agosto de 2016 y notificado por
aviso publico el 28 de noviembre de 2016, y validando  las diferentes fuentes
de información con la que cuenta  la Unidad, se logró establecer que el hogar
no interpuso recurso alguno frente a la decisión adoptada por la entidad.[8]
Por otro lado,
teniendo en cuenta que ya finalizó la vigencia de la atención humanitaria
reconocida, el hogar deberá ser sujeto nuevamente del procedimiento de
identificación de carencias con el fin de conocer su situación actual, así
como, los posibles cambios que pudieron ocasionarse respecto de su
subsistencia  mínima durante el año de atención”.
Por su parte,
María Luz Elvia Mejía, en declaración extrajuicio, sostuvo que su núcleo está
compuesto por ella y un hijo de 18 años que se encuentra a su cargo, y que sus
ingresos se derivan de la ayuda humanitaria que recibe como miembro del
programa adulto mayor, y lo que le aportan sus otros hijos cada vez que pueden,
toda vez que deben responder por sus propias familias. A su vez, que ninguno de
los que integran el grupo practica profesión u oficio.  Finalmente, que sufre
de astigmatismo.
IV. FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de esta
Sala de Revisión la Corte Constitucional es competente, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, para revisar
las sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia.
2. Problema jurídico
Corresponde
a la Sala Cuarta de Revisión determinar si se presentó
la vulneración de los derechos fundamentales de petición, a
la igualdad, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de los
accionantes, por parte de la UARIV, al abstenerse de brindar respuesta a los
escritos de petición presentados, con el fin de que se hiciera entrega de la
ayuda humanitaria a la cual consideran tener derecho como víctimas del
desplazamiento forzado.
Previo a dilucidar la cuestión
planteada, se abordará lo respectivo a (i) la población desplazada como sujetos de especial protección
constitucional,
(ii)
el derecho fundamental
de petición y protección reforzada de
personas en situación de desplazamiento, (iii) el derecho a la ayuda humanitaria, para, finalmente, entrar a
analizar (iv) el caso concreto.
3. Población desplazada, sujetos de
especial protección constitucional. Reiteración de Jurisprudencia.
En reiteradas ocasiones, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que existen sujetos que merecen una
especial protección constitucional, como es el caso de menores de edad,
adultos mayores, grupos étnicos, personas en condición de discapacidad o que
padezcan enfermedades catastróficas y también quienes han sido víctimas de
desplazamiento forzado.
Al respecto, este Tribunal, luego de
estudiar la situación de esta población y evidenciar que no se había podido
implementar una política pública que efectivamente restableciera y garantizara
sus derechos fundamentales, sino que, por el contrario, se advertía una
vulneración sistemática de los mismos, concluyó, a través de la sentencia T-025
de 2004, que era imperioso declarar un estado de cosas inconstitucional, con el
fin de evitar  que la desprotección y afectación de personas que se vieron obligadas
a dejar sus lugares de origen o de residencia como consecuencia del conflicto
armado interno, y que no lograron asentarse en otros sitios, fuera mayor. Por
tal motivo, se ha reconocido a las víctimas del desplazamiento forzado como
sujetos de especial  protección constitucional[9].
En efecto, la Corporación ha
sostenido que:
“(…) debido a la masiva, sistemática y continua vulneración de
derechos fundamentales de la que son objeto, estas personas se encuentran en
una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad(…)Estas
dramáticas características convierten a la población desplazada en sujetos de
especial protección constitucional, lo cual debe manifestarse no sólo en el
diseño de una política pública de carácter especial, sino en la asignación
prioritaria de recursos para su atención, incluso por encima del gasto público
social”[10].
Así, bajo esas circunstancias, el
juez constitucional se encuentra en la obligación de realizar un especial y
juicioso estudio de las demandas planteadas por estas personas, las cuales, en
la mayoría de las ocasiones, se dirigen a obtener la garantía de una atención y
auxilio efectivo por parte  del Estado. En esa medida, este último tiene una
carga adicional cuando se trata de atender este tipo de solicitudes y, debido a
las condiciones de los peticionarios, no pueden exigir trámites no contemplados
en la ley y que se conviertan en obstáculos para la protección de esta
población[11].
También se considera pertinente resaltar que, teniendo en cuenta
lo anterior, cuando la solicitud de amparo gira en torno a la protección de los
derechos fundamentales de la población desplazada, el requisito de
subsidiariedad exigido para la procedencia de la acción de tutela se torna más
flexible, puesto que debido a su condición de vulnerabilidad, es evidente que
exigirle a quien pertenece a este grupo que acuda a los mecanismos ordinarios,
para lograr la defensa de sus derechos fundamentales, además de resultar más
engorroso, pasaría por alto la urgencia con la cual se debe atender su
pretensión. Así lo ha señalado la Corte en sentencias T-211 de 2015, T-655 de
2014, T-950 de 2013, T-356 de 2011 y T-068 de 2010, entre muchas otros[12].
4. Derecho fundamental de petición y
protección reforzada de personas en situación de desplazamiento
El
derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la
Constitución, el cual establece que cualquier persona, ya sea por razones que
involucran el interés general o particular, tiene el derecho a presentar, de
manera respetuosa, peticiones a las autoridades y obtener una respuesta
expedita. El mismo comprende, a su vez, la posibilidad de realizar peticiones a
particulares en los casos que determine la ley[13].
El
derecho de petición, como institución jurídica, encuentra su razón de ser en la
necesidad de regular las relaciones entre las autoridades y los particulares,
con el fin de que estos últimos puedan conocer y estar al tanto de las
actuaciones de cualquier ente estatal. Desde este punto de vista, su núcleo
esencial está en la pronta respuesta que se le brinde a las solicitudes
presentadas.
Por
su parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado la relevancia que cobra
el derecho fundamental de petición, ya que se constituye en un instrumento
clave para el funcionamiento de la democracia participativa, y para el acceso a
derechos como el de información y libertad de expresión, entre otros[14].
En ese orden de ideas, la Corte
ha manifestado, a su vez, que el derecho de petición no solo implica la
posibilidad de presentar solicitudes a las autoridades estatales o a entes
particulares, cuando la ley lo permita, sino, de igual manera, que se dé una
oportuna respuesta con sujeción a los requerimientos establecidos en la ley
para dicha petición. Es decir, independientemente de que lo resuelto por la
entidad sea adverso o no a los intereses del peticionario, la resolución del
asunto debe contar con un estudio minucioso de lo pretendido, argumentos
claros, que sea coherente, dé solución a lo que se plantea de manera precisa,
suficiente, efectiva y sin evasivas de ninguna clase.
Así,
para tener claridad sobre los elementos del derecho de petición, esta
Corporación ha indicado que el mismo se compone de:
“1.
La posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
abstengan de tramitarlas.
2. La
obtención de una  respuesta que tenga las siguientes características:
(i)      Que sea
oportuna;
(ii)    Que resuelva de fondo, en
forma clara y precisa lo solicitado; lo cual supone que la autoridad competente
se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, sin
evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados.
(iii)     Que la respuesta sea puesta en conocimiento
del peticionario.
3.
La respuesta es independiente del hecho de si es favorable o no, pues no
necesariamente dar una respuesta de fondo implica acceder a lo pedido”[15].
Bajo
ese entendido, para que la respuesta a la petición se encuentre ajustada a la
ley y a lo que la jurisprudencia constitucional ha manifestado al respecto, la
misma, además de ser oportuna y de fondo como ya se mencionó, debe ser
comunicada al peticionario.[16]
Ahora bien, cuando se trata de
sujetos víctimas de desplazamiento forzado la obligación de garantizar el
derecho de petición cobra mayor relevancia, máxime si las solicitudes se
dirigen a aquellas entidades encargadas de la atención y reparación de dicha
población, al tratarse de personas que merecen una especial protección
constitucional[17].
En ese sentido, esta Corte ha
sostenido que:
“La protección reforzada en materia de derecho de petición es
claramente exigible, más aún de las autoridades encargadas de la superación
del “estado de cosas inconstitucional” que ha generado dicho
fenómeno, en la medida que se trata de personas que se encuentran en una
situación de violación múltiple, masiva y continua de sus derechos
fundamentales”[18].
A la luz de lo anterior, el Tribunal, en sentencia T-025 de 2004,
estableció los criterios que debe atender la entidad responsable de resolver
las solicitudes que eleven las personas que pertenezcan a la mencionada
población, a saber: i) incorporar la solicitud en la lista de desplazados peticionarios;
ii) informarle a la víctima de desplazamiento forzado dentro del término de
quince (15) días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la
solicitud; iii) informarle dentro del mismo término si la solicitud cumple con
los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo
puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; iv) si la
solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad
presupuestal, tendrá que adelantar los trámites necesarios para obtener los
recursos, determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; v) si la
solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal
suficiente, procederá a informar cuándo se hará realidad el beneficio y el procedimiento
que se seguirá para que sea efectivamente recibido. Indicando, de igual forma,
que la autoridad encargada no se encuentra en la posibilidad de exigir una
orden procedente de un fallo de tutela para garantizar los derechos de estos
sujetos y abstenerse de cumplir sus deberes[19].
En ese orden de ideas, una correcta atención de las solicitudes
presentadas por las víctimas del desplazamiento forzado, es parte de aquel
mínimo de protección que debe recibir quien pertenece a esta población. En esa
medida, las autoridades encargadas de atender este tipo de peticiones deben
tener en cuenta que el manejo de dicha información, lo que incluye su registro
y control, resulta de suma importancia, en pro de una respuesta y comunicación
efectiva con el peticionario, en estos casos, sujeto de especial protección
constitucional[20].
Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior y los requisitos
mencionados previamente, el peticionario debe recibir una respuesta de fondo,
la cual se sustente en un estudio juicioso y apropiado de lo solicitado y se
ajuste a los criterios jurisprudenciales antes mencionados, para atender esta
clase de solicitudes.
5. Derecho a la ayuda humanitaria. Reiteración de jurisprudencia
Como se mencionó en precedencia, en sentencia T-025 de 2004, la
Corte reconoció la crisis humanitaria que se presentaba, y aun subsiste, en
materia de desplazamiento forzado. Lo anterior, toda vez que, entre otras
cosas, se originaba una vulneración y amenaza sistemática de numerosos derechos
fundamentales de estos sujetos, como por ejemplo, la vida digna, libre
desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, de circulación, a la salud,
al trabajo y al mínimo vital, entre otros[21].
En efecto, el Tribunal identificó que una de las mayores
dificultades a las que se tienen que enfrentar las víctimas de desplazamiento
forzado es la imposibilidad de generar los ingresos necesarios para la satisfacción
de sus necesidades básicas. Esto, como consecuencia de que, al verse obligados
a dejar el lugar donde se encontraban asentados, deben reubicarse en ciudades
intermedias o capitales, donde las condiciones de hacinamiento, marginación y
precariedad son de tal magnitud que no es posible conseguir un trabajo u oficio
que les permita obtener los recursos propios para el autosostenimiento[22].
En consecuencia,
nuestro ordenamiento jurídico ha desarrollado una serie de medidas para atender
la situación de la población desplazada y reconocer el derecho que tienen a
recibir la ayuda y asistencia humanitaria necesarios para superar la situación.
Así, principalmente, en las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011, junto con los
decretos 2569 de 2000 y 4800 de 2011 se establecen las normas que determinan la
política a seguir en materia de víctimas del desplazamiento. En efecto, el
artículo 47 de la última ley mencionada dispone que:
“Las víctimas de que trata el
artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las
necesidades que guarden relación con el hecho victimizante, con el objetivo de
socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y
psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio
en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación
de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento
de la misma”[23].
En línea con lo anterior, a
través del Decreto 1377 de 2014[24]
se creó la manera y orden para la atención y el acceso a las medidas de
atención, asistencia, reparación y ayuda humanitaria que se establecen en la
Ley 1448 de 2011. Así, en cumplimiento de lo señalado, la Unidad Administrativa
para la Reparación Integral a las Víctimas ha puesto en marcha diferentes
mecanismos, dentro de los cuales se encuentra el Modelo de Atención, Asistencia
y Reparación Integral a las Víctimas -MAARIV-.
Este  programa fue implementado con el fin de lograr
identificar las condiciones reales de cada hogar o grupo familiar y, de esa
manera, brindar el acompañamiento pertinente y adecuado para que se garanticen
los derechos de las personas y puedan mejorar su situación, a través del acceso
a los diferentes servicios que otorga el Estado para ello[25].
En desarrollo de lo anterior, el Decreto 1377 de 2014 también creó
las herramientas necesarias para materializar la ruta integral de atención a la
población en situación de desplazamiento, con los Planes de Atención,
Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas -PAARI- los que contemplan aquellas
medidas que se deben aplicar en cada caso concreto y qué autoridades serían las
encargadas de materializarlas, con miras a la adecuada y efectiva garantía de
los derechos de las víctimas, a saber: indemnización, rehabilitación y
satisfacción, entre otros[26].
Bajo ese orden, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que el mencionado programa se implementó con el objetivo de realizar la
correspondiente caracterización de los sujetos que pertenecen a la población en
condición de desplazamiento y de sus núcleos familiares, para lograr determinar
las medidas adecuadas que se deben aplicar en cada caso específico.[27]
Por
su parte, en el artículo 20 del Decreto 2569 del 2000, la ayuda humanitaria se
define como: “la
ayuda temporaria e inmediata encaminada a acciones de socorro, asistencia y
apoyo a la población desplazada, a fin de mitigar las necesidades básicas en
alimentación, salud, atención psicológica, alojamiento, transporte de
emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública”.
En esa medida, se ha reconocido que
este auxilio se caracteriza principalmente por ser un derecho fundamental en
cabeza de quienes han sido víctimas del desplazamiento forzado. Conforme con
ello, el Tribunal ha sostenido que el Estado debe asumir la carga prestacional
correspondiente para la protección y garantía de este derecho[28].
Bajo esa línea, es claro que la
entrega de la ayuda humanitaria, además de temporal, debe ser inmediata,
urgente y oportuna, dado que abarca todos aquellos componentes para cubrir las
necesidades básicas de la población desplazada, incluyendo lo indispensable en
materia de salud, alojamiento, alimentación y salubridad, entre otros. Por
tanto, es indudable que la entidad responsable debe ajustarse a las condiciones
antes señaladas para garantizar este derecho pues, de lo contrario, se podrían
imponer las sanciones disciplinarias correspondientes[29].
A la luz de lo señalado, se ha
entendido que en vista de que su objetivo es proveer lo necesario para la
supervivencia de la población en condición de desplazamiento, encaminado a
enmendar las garantías afectadas, se puede afirmar entonces, que la ayuda
humanitaria es una expresión del derecho fundamental al mínimo vital de las
víctimas de este flagelo[30].
Ahora bien, según lo dispuso la Ley
1448 de 2011, la ayuda humanitaria tiene diferentes etapas, las cuales se han
relacionado también en distintas providencias de esta Corte, como por ejemplo, las
sentencias T-707 de 2014, T-062 de 2016 y T-626 de 2016, entre otras.
En efecto, en sentencia T-511 de
2015, el Tribunal señaló que:
“(…) la ayuda humanitaria tiene
diferentes etapas a saber: i) la inmediata o de urgencia; ii) la de
emergencia y; iii) la de transición. La primera, debe otorgarse en el
momento en que ocurre el hecho mismo del desplazamiento forzado; la segunda, se
debe entregar una vez superada la etapa de urgencia y la víctima se encuentre
registrada en el sistema integral de atención a la población desplazada, no
obstante, su actuar debe ser diligente; y, la tercera, es decir, la de
transición, se entrega a la población
desplazada que esté incluida en el Registro Único de Víctimas –RUV– y aún no
cuente con los elementos básicos para su subsistencia, pero cuya situación, a
la luz de la valoración realizada por la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta gravedad ni
urgencia.”
De igual manera, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que no cabe duda respecto a la imposibilidad de
suspender la entrega de los mencionados auxilios cuando la persona y su grupo
familiar aún no han superado su condición y, por tanto, no le es posible asumir
su sustento. Así, en virtud de sentencias como la T-025 de 2004 y la C-287 de
2014, las autoridades encargadas no pueden interrumpir de manera repentina el
otorgamiento de las ayudas[31].
Lo anterior, al considerar que la
entrega periódica y continua de dichas prerrogativas permite seguir
contribuyendo en la labor de brindar una solución a las graves dificultades que
deben enfrentar las víctimas del desplazamiento y que por distintas razones aún
no han logrado superar. No obstante, se ha reconocido que existen también
grados de vulnerabilidad dependiendo de cada caso concreto.
En esa medida, no es de recibo que se
presente una interrupción en la entrega de las ayudas humanitarias, ni que el
beneficio se pierda por el paso de un determinado periodo de tiempo, en
aquellos casos en los que el afectado se encuentre en condición de
vulnerabilidad extrema o urgencia extraordinaria;  aún no se encuentren en la
capacidad de asumir su sostenimiento y; sean identificados como sujetos de
especial protección constitucional reforzada o merezcan una protección con
enfoque diferencial, como es el caso de los menores de edad, personas de la
tercera edad, mujeres cabeza de familia y personas en situación de discapacidad[32].
De conformidad
con lo anterior, se ha precisado que la prórroga de la ayuda en cuestión, debe
ser sometida a evaluación y valoración por parte de la entidad encargada, la
cual debe tener en cuenta las circunstancias previamente señaladas para, como
se observó, determinar el grado de vulnerabilidad en cada caso.
En
relación con lo señalado, la Corte ha indicado que:
“Así pues, para esta Corporación existe una
relación directa entre las prórrogas, las etapas de la ayuda humanitaria y las
presunciones constitucionales que ha establecido la jurisprudencia para su
entrega automática. Al respecto, esta Corte ha hecho una distinción  entre
la prórroga general y la automática. La primera se puede otorgar
para el caso de la ayuda humanitaria de emergencia y la de transición, cuando
perduran condiciones de vulnerabilidad y, por consiguiente, se deba garantizar
el auto sostenimiento de las víctimas. Sin embargo, estas prórrogas están
sujetas a una evaluación y aprobación por parte de la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en cada caso individual,
trámite que debe cumplir con los criterios de eficacia y eficiencia. La
segunda, es decir, la prórroga automática de las ayudas humanitarias de
emergencia o de transición, en lo que respecta a su entrega, está orientada a
garantizar una especial protección derivada del enfoque diferencial, por lo
que, tratándose de sujetos de protección constitucional reforzada, opera la
presunción constitucional de vulnerabilidad y, en consecuencia, no es permitida
la suspensión de la asistencia humanitaria, así como tampoco está sujeta a
trámites adicionales por parte de las entidades responsables”[33].
Así las cosas, se concluye que la
ayuda humanitaria tiene un carácter fundamental, que como expresión del derecho
al mínimo vital, tiene por objeto satisfacer las necesidades básicas de las
víctimas del desplazamiento forzado que aún no han logrado superar las condiciones
de inestabilidad económica, laboral, de salud y vivienda, entre otros. Bajo ese
orden, tales auxilios no deben ser suspendidos o interrumpidos, sin embargo, la
continuidad en su entrega debe ser sujeta a valoración por parte de la
autoridad responsable, con la distinción de que hay cierta parte de la
población en situación de desplazamiento que al no encontrarse en posibilidad
de autosostenerse debe solicitar la respectiva prorroga. A su vez, existe otro
segmento del grupo que, por ser necesaria la aplicación de un enfoque
diferencial, se exime de requerirla y debe recibirla de manera ininterrumpida,
sin que se exija previamente una verificación de la necesidad de la misma pues,
en estos casos, dicha evaluación se realiza con posterioridad a la entrega. No
obstante, de evidenciarse que se ha alcanzado la estabilidad socioeconómica, habría
lugar a la respectiva suspensión.
6. Caso concreto
Con
fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar si,
efectivamente, se presentó la vulneración de los derechos fundamentales de
petición, a la igualdad, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de Blanca
Inés Díaz Ramírez (T-5.902.143),
Bernarda del Socorro Botero Galvis, Edgar Evelio González Restrepo, John Ángel
Mazo Gutiérrez, Lilia María García Castaño, Luis Antonio Duque, Fabiola de
Jesús Martínez Cuervo, (T-5.914.328) Sandra Milena Galvis Arboleda, Luz Marina
Rivera Calderón, María Luz Elvia Mejía Monsalve, Fidel Antonio Martínez
Quintero, Héctor Eduardo Arias Duque y Jorge Eliecer Muñoz Cleves (T-5.914.310)
por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
al no emitir respuesta en relación con las peticiones realizadas por los
accionantes, con miras a obtener la entrega de la ayuda humanitaria a la cual
consideran tener derecho, como víctimas de desplazamiento forzado.
En primer lugar, se debe resaltar que,
según se plasmó en la parte considerativa de esta sentencia, los accionantes
merecen una especial protección constitucional debido a su condición de
víctimas del desplazamiento, motivo por el cual el requisito de subsidiariedad
se torna más flexible y no se les puede exigir que acudan a otros mecanismos
existentes en el ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos, toda
vez que acarrea una carga más gravosa. Por tanto, la tutela en este caso, es
procedente.
Ahora bien, se observa que dentro de las
pretensiones de los actores se encuentra la garantía de su derecho fundamental
de petición, en la medida en que, a excepción de uno de ellos, estos
presentaron las correspondientes solicitudes ante la unidad demandada
requiriendo la entrega de la ayuda humanitaria.
Al respecto, como se señaló en párrafos
anteriores, cuando
se trata de sujetos víctimas de desplazamiento forzado, la obligación de
garantizar el derecho de petición cobra mayor relevancia. De igual manera, esta
Corte ha indicado los criterios a los que se debe ajustar la entidad encargada
al responder la solicitud. Bajo ese entendido, el peticionario debe recibir una respuesta de fondo,
la cual se sustente en un estudio juicioso y apropiado de lo solicitado y que
se ajuste a los criterios jurisprudenciales para atender esta clase de requerimientos,
en pro de una solución y comunicación efectiva que merecen los
accionantes.
Por otra parte, en relación con la entrega de la ayuda humanitaria,
según se dispuso en la parte considerativa de la sentencia, esta tiene un carácter fundamental, cuyo
objeto es satisfacer las necesidades básicas de las víctimas del desplazamiento
forzado que aún no han logrado superar las causas de inestabilidad económica,
laboral, de salud y vivienda, entre otros. Bajo ese orden, tales auxilios no
deben ser suspendidos o interrumpidos; sin embargo, la continuidad de su
entrega debe ser sujeta a valoración por parte de la autoridad responsable. A
su vez, existe otro segmento del grupo que, por ser necesaria la aplicación de
un enfoque diferencial, se exime de requerirla y debe recibirla de manera
ininterrumpida En dichos casos, tal evaluación se realiza con posterioridad a
la entrega. No obstante, de evidenciarse que se ha alcanzado la estabilidad
socioeconómica, cabría la respectiva suspensión.
De conformidad
con lo expuesto, la Sala identificó que en todos los casos evaluados en esta
oportunidad, salvo el de Luis Antonio Duque Jiménez, quien no adjuntó copia del
escrito presentado y tampoco manifestó que hubiere realizado un requerimiento a
la entidad, se vulneró el derecho de petición de los accionantes, puesto que
ninguno de los peticionarios recibió respuesta a las solicitudes presentadas.
Así, a pesar de que en el respectivo
informe la Unidad demandada manifiesta que a cada accionante se le notificó, ya
sea de manera personal o por aviso, la resolución por medio de la cual se
resolvía su situación en relación con la entrega de la ayuda humanitaria, lo
cierto es que las solicitudes presentadas y allegadas a las demandas de tutela,
no obtuvieron respuesta. De igual manera, se quiere advertir que una
notificación por aviso no se ajusta a los criterios señalados por esta Corte
para resolver este tipo de requerimientos, pues se exige que haya una
comunicación efectiva con el peticionario, situación que no se da a través de
la mencionada modalidad de notificación. Por tanto, la entidad está en el deber
de acudir a todas las medidas posibles para notificar de manera personal al
solicitante.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo
afirmado por cada accionante y el informe allegado por la UARIV, en relación
con la entrega y prórroga de la ayuda humanitaria, se analizará cada caso, siguiendo
los grupos establecidos por la Unidad, que corresponden al resultado de los
procesos de identificación de carencias.
En primer lugar, se encuentran aquellos
cuyo proceso de identificación de carencias aún no ha llegado a término,
debido a que no se cuenta con la información suficiente para arribar a un resultado
determinado, por lo cual la entidad indicó que los nuevos procesos culminarían
en un término máximo de 60 días. Así, en dichos casos, se evidenció que:
Blanca Inés Díaz
Ramírez (T-5.902.143)
Manifestó que
fue obligada a desplazarse junto con sus 3 hijos dentro del municipio de San
José de la Fragua, Caquetá, como consecuencia de amenazas recibidas por parte
de grupos al margen de la ley. En razón a ello, fue incluida en el Registro
Único de Población Desplazada.
Sostuvo
que debido a su condición de vulnerabilidad agravada, al ser madre cabeza de
familia, solicitó ante la entidad demandada la entrega de la ayuda humanitaria
de emergencia. No obstante, a la fecha de presentación de la tutela, no había
recibido la respectiva respuesta y tampoco se le había otorgado el auxilio
requerido.
En su informe,
la entidad demandada indicó que era necesario realizarle un nuevo proceso de
caracterización. Sin embargo, se realizó un giro de 1’035.000 pesos, para
proteger su subsistencia y mínimo vital en los componentes de alojamiento y
alimentación, el cual fue reclamado por la demandante el 9 de noviembre de
2016.
En esa medida,
la Sala encuentra que, si bien se consignó un dinero a título de ayuda
humanitaria, a 28 de febrero de 2017, momento en que se radicó el informe de la
UARIV en la Secretaría de esta Corporación, no le habían realizado el nuevo
proceso de caracterización y tampoco le han indicado la fecha cierta en que
este se llevará a cabo.
Bajo ese orden,
en vista de que la pretensión se encaminaba a la entrega de la ayuda
humanitaria, la Corte declarará la carencia actual de objeto en lo que refiere a
este derecho fundamental. Sin embargo, se ordenará a la entidad que, de no
haberse realizado aun, en un término no mayor a 10 días contados a partir de la
notificación de esta sentencia, proceda a realizar el nuevo proceso de identificación
de carencias, el cual debe culminar y ser informado a la peticionaria en el
mismo lapso señalado. En esa medida, de verificarse la necesidad del auxilio,
este debe entregarse dentro de los 30 días siguientes, contados a partir de la
adopción de la decisión de reconocimiento.
Lilia María
García Castaño (T-5.914.328)
La actora cuenta
con 61 años de edad y únicamente se limitó a indicar que, el 13 de julio de
2016, presentó un escrito de petición ante la entidad demandada solicitando la
consignación de la ayuda humanitaria y le informaran si le realizarían el
PAARI.
Según el informe
de la Unidad, en este caso también se realizará un nuevo proceso de caracterización.
Sin embargo, la entidad afirma que se han efectuado giros que oscilan entre $1’050.000
y $1`531.000 para los años 2012 y 2014. De igual manera, se programaron otras
dos entregas, las cuales fueron reintegradas en diciembre de 2014 y el 19 de
octubre de 2016, debido a que no fueron reclamadas.
En esa medida,
dado que el escrito de petición fue radicado el 13 de julio de 2016, con el fin
de que fuera entregada la correspondiente ayuda humanitaria, y esta fue
reintegrada por su no cobro, la Sala, en principio, tendría que declarar una
carencia actual de objeto, pues el auxilio había sido otorgado. No obstante, no
existe certeza de si la realización del giro fue notificada a la actora para
que esta pudiera reclamarlo, dado que la entidad accionada no hace
manifestación al respecto. Así las cosas, la Corte ordenará que los dineros
reintegrados el 19 de octubre de 2016, a título de ayuda humanitaria, sean puestos
a disposición de la accionante nuevamente, dentro de los 5 días siguientes, contados
a partir de la notificación de esta providencia y que tal actuar sea notificado
personalmente a la accionante. Lo anterior, toda vez que, si el giro se realizó,
fue porque se había evidenciado que la peticionaria requería de dicha ayuda,
pero al no haber claridad sobre si hubo una comunicación efectiva con la actora,
estos deben ser entregados nuevamente.
De otro lado, en
vista de que se requiere una nueva evaluación, la Sala ordenará a la entidad
que, de no haberse realizado aun, en un término de 10 días contados a partir de
la notificación  de esta sentencia, proceda a llevar a cabo el nuevo proceso de
identificación de carencias, el cual debe culminar y ser informado a la
peticionaria en el mismo lapso señalado. En esa medida, de verificarse la
necesidad del auxilio, este debe entregarse dentro de los 90 días siguientes
contados a partir de la adopción de la decisión de reconocimiento del auxilio.
Luis Antonio
Duque Jiménez (T-5.914.328)
El demandante de
44 años de edad, señaló que el 29 de marzo de 2014, le informaron que le sería
entregada la ayuda humanitaria y se le asignó el turno 3D-127566. No obstante,
el auxilio no había sido otorgado, motivo por el cual presentó la acción de
tutela.
La Unidad indicó
que, a pesar de no tener certeza de su situación actual, para garantizar los
componentes de subsistencia se le realizó giro en septiembre de 2016 por un
valor de 855.000 pesos. Este fue reintegrado, debido a la expiración de la
vigencia (30 días calendario), el 18 de octubre de 2016. Sin embargo, a 31 de
enero de 2017, contaba con giro disponible en el Banco Agrario de El Santuario,
Antioquia, de conformidad con el lugar de residencia del actor.
En esa medida,
la Sala advierte que, en principio, se configuraría una carencia actual de
objeto, por hecho superado puesto que se realizó el giro de la correspondiente
ayuda. No obstante, este, en teoría, se encuentra vencido, pues si, como lo
manifiesta la unidad estos tienen una vigencia de 30 días calendario, el
primero de marzo debería ser reintegrado, aunado a que no se tiene certeza
sobre si lo anterior fue notificado al actor de manera efectiva. Por tal motivo,
la Corte evidencia la vulneración del derecho fundamental a la ayuda
humanitaria del demandante y, en consecuencia, ordenará a la entidad que, de
haber procedido al reintegro del dinero consignado, este sea girado nuevamente,
actuación que deberá ser notificada personalmente al peticionario.
De igual manera,
en vista de que se requiere una nueva evaluación, la Sala ordenará a la entidad
que, de no haberse realizado aun, en un término de 10 días contados a partir de
la notificación de esta sentencia, proceda a realizar el nuevo proceso de identificación
de carencias, el cual debe culminar y ser informado al peticionario en el mismo
lapso señalado. En esa medida, de verificarse la necesidad del  auxilio, este
debe entregarse dentro de los 90 días[34]
siguientes contados a partir de la adopción de la decisión de reconocimiento
del auxilio.
Por otro lado,
se observa que hubo un grupo de accionantes respecto de los cuales, luego de la
culminación del respectivo proceso, la entidad demandada determinó que no
presentaban carencias en la subsistencia mínima y por tanto, resolvió suspender
de manera definitiva la entrega de las ayudas humanitarias. Lo anterior, pues
una vez verificadas las condiciones particulares de cada miembro del núcleo, en
lo que tiene que ver con su capacidad productiva y la posibilidad de generar
ingresos, así como las características sociodemográficas y económicas, se
evidenció que no se presentaba una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad
que impidiera a los demandantes asumir su propio autosostenimiento.
En cada caso
particular se obtuvo que:
Bernarda del
Socorro Botero Galvis (T-5.914.328)
La demandante de
49 años de edad, indicó que su núcleo familiar está compuesto por ella y sus
cuatro hijos, por lo que es cabeza de hogar. Hace 5 meses no recibe la ayuda
humanitaria correspondiente a 975.000 pesos,[35]y,
por tanto, a través de escrito de petición con fecha 13 de junio de 2016,
solicitó la entrega del auxilio.
La demandada afirmó que, después de la respectiva
valoración, se evidenció que el desplazamiento ocurrió con una anterioridad
igual o superior a 10 años y que el hogar no se encontraba en situación de
extrema urgencia o vulnerabilidad puesto que, dentro del grupo existen personas
con capacidad productiva para generar fuentes de ingresos que permiten cubrir
parcialmente los componentes de alojamiento temporal y alimentación. Se observó
a su vez que, tal y como se anexó al informe, la decisión de suspensión se
adoptó por medio de acto administrativo expedido el 18 de julio de 2016, y
notificado por aviso el 31 de agosto del mismo año.
Bajo ese orden,
si bien se realizó el proceso establecido para adoptar tal decisión y de este
se desprende que es pertinente la suspensión de la ayuda humanitaria, situación
que no fue controvertida por la accionante en esta oportunidad, a pesar de
habérsele brindado el espacio para ello, considera la Sala que tal
determinación no fue comunicada de manera efectiva. En esa medida, se procederá
a revocar la decisión de instancia de otorgar el auxilio deprecado. No obstante
lo anterior, se ordenará a la entidad demandada que adopte todas las medidas
necesarias para notificar de manera personal a la actora sobre la decisión
contenida en el acto administrativo que resolvió la suspensión.
John Ángel Mazo
Gutiérrez (T-5.914.328)
De 60 años de
edad, indicó que es cabeza de familia y su núcleo familiar incluye 5 personas; por
lo cual requirió la entrega de su ayuda humanitaria correspondiente a 1’320.000
pesos, por medio de escrito de petición de fecha 14 de junio de 2016.
En este caso, la
Unidad manifestó que el actor había sido beneficiario del Sistema Nacional de
Información de Educación Superior. De igual manera, cursó estudios en
Tecnología en Administración de Sistemas de Información y participó en el programa
de Familias en su Tierra, por lo que se concluyó que contaba con las
capacidades productivas para generar los ingresos necesarios para cubrir por sí
mismo las carencias en cuestión.
Por otro lado,
se determinó que el lapso desde el desplazamiento, es igual o superior a 10
años y no existe situación de extrema urgencia ni vulnerabilidad, lo que llevó
a suspender definitivamente la entrega de la ayuda humanitaria. Lo anterior,
según los respectivos documentos allegados por la Unidad, fue motivado a través
del acto administrativo correspondiente, expedido el 8 de septiembre de 2016 y
notificado personalmente, el 22 de octubre del mismo año[36],
decisión que no fue objeto de recurso alguno y que tampoco fue controvertida en
sede de tutela, a pesar de brindarse la oportunidad para ello.
En tal virtud,
la Sala advierte que se cumplió el procedimiento correspondiente para este tipo
de solicitudes, el cual arrojó como resultado que para el caso concreto se
debía suspender la entrega de las ayudas humanitarias. Por tal motivo, se
revocará la decisión adoptada por el juez de instancia al respecto y, en
consecuencia, se negará el amparo solicitado, por las razones expuestas.
Luz Marina
Rivera Calderón (T-5.914.310)
Adujo que es
madre cabeza de familia. No obstante, en la certificación expedida por el correspondiente
personero municipal[37]
se observa que hay otro mayor de edad que hace parte de su núcleo familiar,
cuyo apellido coincide con el de los 2 menores también incluidos. De otro lado,
en el escrito de petición con fecha 28 de julio de 2016, indicó que por sus
quebrantos de salud y por su edad[38],
no se encuentra en capacidad de trabajar.
La entidad
sostuvo que, al verificar la situación de la demandante, se constató que el
hogar tiene bajo su propiedad una vivienda, según información obtenida por
encuesta del Sisben. De otro lado, la accionante se encuentra cotizando al
régimen contributivo en salud y al momento de la evaluación, se encontraba
activa. También, según información proporcionada por el SENA, se verificó que
la demandante culminó programas en Manipulación de Alimentos, y Técnico en Operación.
En consecuencia, se procedió a la suspensión de la entrega de la ayuda
humanitaria, a través de acto administrativo del 18 de enero de 2016,
notificado personalmente el 9 de marzo del mismo año[39], sin
que fuera objeto de recursos y lo anterior, fuera controvertido en sede de
revisión, a pesar de haberse otorgado la oportunidad para ello.
En esa medida,
si bien la Sala advierte que la decisión de suspensión obedeció al resultado
que se obtuvo luego de realizar el correspondiente proceso de identificación de
carencias, en el cual se determinó que ambos componentes, alojamiento y alimentación
se encuentran cubiertos. Posterior, a la notificación de dicha decisión, la
actora solicitó nuevamente la ayuda, a saber, el 28 de julio de 2016. En esa
medida, se podría dar a entender que, si bien al momento de interrumpir el
auxilio se encontraba en condiciones de asumir su propio sostenimiento, puede
que más adelante haya perdido tal capacidad y, por tanto, se vio en la
obligación de requerir la ayuda nuevamente. Bajo esa línea, la Corte procederá
a revocar la decisión de instancia de manera parcial, en el sentido de llevar a
cabo un nuevo estudio de carencias de la accionante, que permitan determinar su
situación actual, y la necesidad de la entrega de la ayuda humanitaria.
Fidel Antonio
Martínez Quintero (T-5.914.310)
Sostuvo que es
un adulto mayor[40]
y de la certificación expedida por la personería municipal de San Luis, se
evidencia que él y su esposa son víctimas de desplazamiento.
La entidad
afirmó que de la evaluación realizada al peticionario, se verificó que
posterior al hecho que dio origen a su desplazamiento, este adquirió un crédito
y realizó aperturas de cuenta corriente. De igual manera, participó en el programa
Familias en su Tierra y de la información obtenida de la encuesta Sisben, se
pudo establecer que su grupo familiar es dueño de una vivienda. Por lo anterior,
se procedió a la suspensión definitiva de la ayuda humanitaria el 7 de
septiembre de 2016, notificado por aviso público el 27 de octubre del mismo
año. Lo anterior, permitió concluir que el accionante cuenta con los recursos
necesarios para cubrir los componentes de alojamiento y alimentación. La
decisión no fue objeto de recursos y lo señalado por la entidad no fue
controvertido por el actor, a pesar de haberse brindado la oportunidad para
ello.
Bajo ese orden,
dado que la decisión de suspensión de la entrega de ayuda humanitaria se adoptó
como resultado de la realización del procedimiento correspondiente en relación
con la situación del actor, la Sala revocará la decisión de instancia en lo
relacionado con la entrega del mencionado auxilio.
Sin embargo,
dado que la notificación se produjo por aviso, se ordenará a la entidad
demandada que adopte todas las medidas necesarias para notificar de manera
personal al actor sobre la decisión contenida en el acto administrativo que
resolvió la suspensión.
Jorge Eliecer
Muñoz Cleves (T-5.914.310)
En su escrito de
petición indicó que además de su condición de desplazamiento, también tiene una
“niña con una Enfermedad Atrofia Espinocerebelosa y Epilepsia”[41].
La entidad señaló
que a través de información proporcionada por el SENA, el actor adelantó, hasta
su culminación, el programa de Tecnologías de la Información, con fecha de
certificación el 7 de abril de 2011. De igual manera, se constató que el hogar
cuenta con integrantes capaces de generar sus propios ingresos y, por tanto, el
24 de febrero de 2017, se resolvió suspender de manera definitiva la entrega de
ayuda humanitaria, lo cual se encuentra en proceso de notificación.
Así las cosas,
dado que la decisión de suspensión obedeció al resultado obtenido luego de
realizar el correspondiente proceso, aunado a que el actor se limitó a indicar
que es desplazado, requiere la ayuda y tiene a su cargo una “niña con una
Enfermedad Atrofia Espinocerebelosa y Epilepsia” situación que no se
pudo determinar ya que no hubo certeza sobre si lo señalado hacía parte del
formato por medio del cual se presentó el escrito de petición, o si tal
afirmación se ajustaba a la realidad, la Sala procederá a revocar la decisión
de instancia y, en su lugar, negar la entrega de la ayuda humanitaria.
Sin embargo se
ordenará a la entidad demandada que, si aún no lo ha hecho, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, adopte todas las medidas
necesarias para notificar personalmente al actor sobre la decisión de
suspensión de la ayuda humanitaria.
De otro lado,
respecto a Fabiola de Jesús Martínez Cuervo, Sandra Milena Galvis Arboleda y Héctor
Eduardo Arias Duque, la Unidad señaló que se verificó que los hogares no tienen
cubiertos los componentes de alimentación básica y alojamiento temporal y una
carencia de extrema urgencia y vulnerabilidad.
La Sala advirtió
que cada caso contaba con las siguientes particularidades:
Fabiola de Jesús
Martínez Cuervo (T-5.914.328)
La señora Martínez
Cuervo de 63 años de edad, manifestó que el 6 de julio de 2016, presentó
escrito de petición ante la UARIV solicitando la consignación de la ayuda
humanitaria y la información sobre la realización del PAARI, sin hacer
referencia a situaciones adicionales que permitan señalar que merece una
especial protección reforzada.
Ahora bien, en
su caso, resultaron aprobados 3 giros para un periodo de un año por un valor de
273.000 pesos. La primera colocación fue el 11 de agosto de 2016, cobrada el 2
de septiembre del mismo año y, el segundo, efectuado el 17 de febrero de 2017,
que aún se encuentra vigente. Tal decisión fue motivada a través de acto
administrativo el 24 de febrero de 2017, el cual se encuentra en proceso de
notificación.
En tal virtud,
dado que la solicitud de amparo se encaminaba a la entrega de la ayuda
humanitaria, la Sala advierte que se presenta el fenómeno de carencia actual de
objeto por hecho superado y, por tanto, se procederá a revocar la decisión de
instancia en relación con la entrega de la ayuda humanitaria.
Sin embargo, se
ordenará a la entidad demandada que, si aún no lo ha hecho, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de esta sentencia adopte todas las medidas
necesarias para notificar personalmente el acto administrativo del 24 de
febrero de 2016, en relación con su caso.
De igual manera,
se ordenará que, una vez sea entregado el último giro aprobado, la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realice un nuevo estudio de
carencias, con miras a determinar si la demandante necesita seguir recibiendo
la ayuda humanitaria.
Sandra Milena
Galvis Arboleda (T-5.914.310)
Sostiene ser
madre cabeza de familia y en el escrito de petición radicado ante la UARIV
afirmó que presenta quebrantos de salud[42]
y debido a ello y a que cuenta con 38 años de edad, no puede trabajar.[43] En el
mismo documento advierte que tiene una hija que padece Atrofia Espinocerebelosa
y Epilepsia, situación que, tal como ocurrió en un caso anterior, no se
pudo determinar ya que no hubo certeza sobre si lo señalado hacía parte del
formato por medio del cual se presentó el escrito de petición, o si tal
afirmación se ajustaba a la realidad.
De otro lado, según
el informe de la Unidad, se evidenció que, para un periodo de un año se
aprobaron 3 giros por un valor de 491.000 pesos. El primero, fue realizado el
30 de agosto de 2016, cobrado el 19 de septiembre del mismo año y, el segundo, el
17 de febrero de 2017, que aún se encuentra vigente. La  anterior decisión se
adoptó a través de acto administrativo del 24 de febrero del año en  curso. No
obstante, no hay información sobre su notificación.
Así las cosas,
dado que la solicitud de amparo se encaminaba a la entrega de la ayuda
humanitaria, la Sala advierte que se presenta el fenómeno de carencia actual de
objeto por hecho superado y, por tanto, se procederá a revocar la decisión de
instancia en relación con su entrega.
Sin embargo, se
ordenará a la entidad demandada que, si aún no lo ha hecho, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de esta sentencia adopte todas las medidas
necesarias para notificar personalmente el acto administrativo del 24 de
febrero de 2016, en relación con su caso.
De igual manera,
se ordenará que, una vez sea entregado el último giro aprobado, la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realice un nuevo estudio de
carencias, con miras a determinar si la demandante necesita seguir recibiendo
la ayuda humanitaria.
Héctor Eduardo
Arias Duque (T-5.914.310)
No manifestó
condiciones adicionales a su situación de desplazamiento. Sin embargo, le
fueron aprobados, por periodo de un año, 3 giros por valor de 613.000 pesos, el
primero realizado el 14 de diciembre de 2016, el cual fue reintegrado por no
cobro. Fue nuevamente puesto a disposición el 20 de abril de 2016, cobrado el
27 del mismo mes y año. El segundo fue el 9 de septiembre de 2016, cobrado el
13 de septiembre y, el tercero, el 17 de febrero de 2017, aún vigente.
Señala la
entidad que lo anterior fue motivado a través de acto administrativo del 29
marzo de 2016, notificado por aviso público el 29 de julio de 2016. En esa
medida, dado que la solicitud de amparo se encaminaba a la entrega de la ayuda
humanitaria, la Sala advierte que se presenta el fenómeno de carencia actual de
objeto por hecho superado, pues la ayuda ya ha sido entregada. Por tanto, se
procederá a revocar la decisión de instancia en relación con la entrega de la
ayuda humanitaria.
No obstante, en
este caso, cabe resaltar que la notificación del acto administrativo no se
acompasa con la comunicación efectiva que debe haber entre entidad y
peticionario, según lo visto en la parte considerativa de la sentencia. Bajo
esa línea, se ordenará a la entidad demandada que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo, adopte todas las medidas necesarias
para notificar personalmente a la actora sobre lo resuelto en el mencionado
acto administrativo.
De igual manera,
puesto que es posible que el último giro haya perdido su vigencia, sin que el
actor haya tenido conocimiento del mismo, se ordenará a la Unidad que, de
haberlo reintegrado, ponga a disposición nuevamente el dinero correspondiente,
notificando de manera personal al accionante.
También, en
vista de que los giros fueron aprobados por la verificación de una situación de
carencias extremas, y que ya se ha efectuado el último de ellos, se ordenará
realizar un nuevo estudio de carencias para determinar si el actor necesita
seguir recibiendo la ayuda humanitaria, proceso que debe culminar en un término
no mayor a 60 días calendario.
Finalmente, en
relación con Edgar Evelio González y María Luz Elvia Mejía Monsalve, se
verificó que cuentan con el componente de alojamiento por lo que esta ayuda se
suspendió de manera definitiva, pero que hay carencias extremas en materia de
alimentación, por lo que se reconoció la ayuda humanitaria en relación con este
componente.
La Sala advirtió
que estos casos contaban con las siguientes particularidades:
Edgar Evelio
González Restrepo (T-5.914.328)
El actor, de 39
años de edad, señaló que su núcleo familiar está compuesto por 3 personas
incluidos sus dos hijos (no señala si son menores de edad) y que el 27 de junio
de 2016, solicitó a la entidad la entrega de la ayuda humanitaria que le
corresponde recibir, equivalente a 885.000 pesos.
De otro lado, según
información obtenida de la encuesta Sisben, el accionante cuenta con vivienda
propia. Pero al no estar cubierto el componente de alimentación, se le
aprobaron 3 giros para un año, el último de ellos, efectuado el 22 de noviembre
de 2016 y cobrado el 25 del mismo mes y año. La anterior decisión fue adoptada
el 16 marzo de 2016, y notificada por aviso el 23 de septiembre de 2016, lo
cual no fue objeto de impugnación.
Ahora bien, la Sala
advierte que, en primer lugar, el acto administrativo  no fue notificado de
manera adecuada, pues siguiendo los lineamientos de esta Corte al respecto, no
se puede considerar que una notificación por aviso, en estos casos, cumpla con
el deber de comunicación efectiva. Por otro lado, se advierte que la decisión  adoptada
a través del correspondiente acto administrativo fue cumplida, no obstante, se
debe verificar si la carencia en materia de alimentación ya fue superada.
Así las cosas,
dado que la solicitud de amparo se encaminaba a la entrega de la ayuda
humanitaria, la Sala advierte que se presenta el fenómeno de carencia actual de
objeto, por hecho superado, pues la ayuda ya ha sido entregada y, por tanto, se
procederá a revocar la decisión de instancia en relación con la entrega de la
ayuda humanitaria.
No obstante, se
ordenará a la entidad demandada que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, adopte todas las medidas necesarias para
notificar personalmente al actor sobre lo resuelto en el respectivo acto
administrativo.
De igual manera,
se ordenará realizar un nuevo estudio de carencias para determinar si el actor
necesita seguir recibiendo la ayuda humanitaria, proceso que debe culminar en
un término no mayor a 60 días calendario.
María Luz Elvia
Mejía Monsalve (T-5.914.310)
La accionante
afirmó que es madre cabeza de familia y según la información que consta en la
certificación del personero municipal, tiene a cargo a 2 “hijastros” y un
nieto. De igual manera, sostiene que es persona de la tercera edad al contar
con 65 años de edad. Por tanto, el 28 de julio de 2016, solicitó la entrega de
la ayuda humanitaria[44].
Sin embargo, en la declaración
extrajucio allegada en sede de revisión, indicó que su núcleo familiar lo
conforman ella y un hijo de 18 años que se encuentra a su cargo, y que sus
ingresos se derivan de la ayuda humanitaria que recibe como miembro del
programa adulto mayor, y lo que le aportan sus otros hijos cada vez que les es
posible, toda vez que deben responder por sus propias familias. En igual
sentido, indicó que ninguno de los que integran el grupo practica profesión u
oficio. Finalmente, señaló que sufre de astigmatismo.
Por su parte, la entidad señaló que de
información obtenida de la encuesta de Sisben, se logró determinar que el núcleo
familiar es propietario de una vivienda, pero frente al componente de
alimentación sí existe una carencia extrema, por tanto, para un periodo de un
año, se le aprobaron 3 giros por un valor 258.000 pesos, el último de ellos cobrado
el 24 de agosto de 2016. La anterior decisión fue notificada por aviso el 28 de
noviembre de 2016, la cual no fue objeto de recurso.[45] Así
mismo, sostuvo que debido a que lo señalado en la correspondiente resolución
había culminado, se procedería a realizar un nuevo proceso de identificación de
carencias.
Así las cosas,
dado que la solicitud de amparo se encaminaba a la entrega de la ayuda
humanitaria, y esta fue entregada con posterioridad a la solicitud, la Sala
advierte que se presenta el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado, pues la ayuda ya ha sido entregada. Por tanto, se procederá a revocar
la decisión de instancia en relación con la entrega de la ayuda humanitaria.
No obstante, se
observa que la decisión no fue notificada de manera adecuada, y, conforme con
el precedente de la Corporación, no se puede considerar que una notificación
por aviso, en estos casos, cumpla con el deber de comunicación efectiva. Por
tal motivo, se ordenará a la entidad demandada que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, adopte todas las medidas
necesarias para notificar personalmente a la actora sobre lo resuelto en el
mencionado acto administrativo.
Por otro lado,
debido a que han transcurrido más de 7 meses desde la última entrega, sin que
se hubiere llevado a cabo un nuevo proceso de identificación de carencias, se
ordenará realizar respectivo estudio, para determinar si el actor necesita
seguir recibiendo la ayuda humanitaria, proceso que debe culminar en un término
no mayor a 10 días calendario, cuyo resultado debe ser notificado personalmente
a la actora. Así, en el evento en que se verifique que se debe continuar con la
entrega del auxilio, este debe ser puesto a disposición de la actora en un
término de 30 días calendario, contados a partir de la notificación de esta
providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR parcialmente la
sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de los
Andaquíes, Caquetá, el 14 de octubre de 2016, por medio de la
cual concedió el amparo solicitado, en el trámite del proceso de tutela T-5.902.143,
instaurado
por Blanca Inés Díaz Ramírez contra la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia y, en consecuencia, declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, en relación con la entrega de la ayuda humanitaria solicitada.
SEGUNDO.-
ORDENAR
a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que,
de no haberse realizado aun, en un término de diez (10) días contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a realizar el nuevo proceso de
identificación de carencias a la accionante, el cual debe culminar y ser
notificado a la peticionaria, personalmente, en el mismo lapso señalado. En esa
medida, de verificarse la necesidad del auxilio, este debe entregarse dentro de
los treinta (30) días siguientes contados a partir de la adopción de la
decisión de reconocimiento y entrega de la ayuda humanitaria.
TERCERO.-
en el expediente T-5.914.328 en el caso de Bernarda del
Socorro Botero Galvis REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por el Juzgado Penal de El Santuario, Antioquia, el 5 de septiembre
de 2016, dentro del proceso de tutela instaurado por la accionante contra la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por medio de la cual
resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a la entrega de la
ayuda humanitaria.
CUARTO.- ORDENAR a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, si aún no lo
ha hecho, en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, adopte todas las medidas necesarias para
notificar de manera personal a la actora, el acto administrativo que resolvió
la suspensión de la ayuda humanitaria.
QUINTO.- en el expediente T-5.914.328 en el caso de Edgar Evelio
González Restrepo REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por el Juzgado Penal de El Santuario, Antioquia, el 5 de septiembre
de 2016, dentro del proceso de tutela instaurado por el accionante contra la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por
medio de la cual resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a
la entrega de la ayuda humanitaria, para, en su lugar, declarar la carencia
actual de objeto, según las razones expuestas en esta providencia.
SEXTO.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas que, si aún no lo ha hecho, en las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte
todas las medidas necesarias para notificar de manera personal al actor, el
acto administrativo que resolvió la suspensión de la ayuda humanitaria. De
igual manera, que realice un nuevo estudio de identificación de carencias para
determinar si este necesita seguir recibiendo la ayuda humanitaria, proceso que
debe culminar en un término no mayor a 60 días calendario.
SÉPTIMO.-. en el expediente T-5.914.328 en el caso de John Ángel
Mazo Gutiérrez REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Penal de El Santuario, Antioquia, el 5 de septiembre de 2016, dentro del
proceso instaurado por el accionante contra la UARIV, para en su lugar, NEGAR
el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.
OCTAVO.- en el expediente T-5.914.328 en el caso de Lilia María García
Castaño REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado
Penal de El Santuario, Antioquia, el 5 de septiembre de 2016, dentro del
proceso tutela instaurado por la accionante contra la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, por medio de la
cual resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a la entrega de
la ayuda humanitaria, por las razones expuestas en esta providencia.
NOVENO.- ORDENAR a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, los dineros
reintegrados el 19 de octubre de 2016, a título de ayuda humanitaria, sean
puestos a disposición de la accionante nuevamente, dentro de cinco (5) días
siguientes contados a partir de la notificación de esta providencia y que tal
actuar sea notificado personalmente a la accionante.
De igual manera, ordenar a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas que, de no
haberse realizado aun, en un término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta sentencia, proceda a llevar a cabo un nuevo proceso de identificación
de carencias, el cual debe culminar y ser notificado a la peticionaria, de
manera personal, en el mismo lapso señalado. En esa medida, de verificarse la
necesidad del auxilio, este debe entregarse dentro de los noventa (90) días
siguientes, contados a partir de la adopción de la decisión de prórroga.
DÉCIMO.- en el expediente T-5.914.328 en el caso de Luis
Antonio Duque Jiménez REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida
por el Juzgado Penal de El Santuario, Antioquia, el 5 de septiembre de 2016,
dentro del proceso de tutela instaurado por el accionante contra la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por
medio de la cual resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a
la entrega de la ayuda humanitaria, por las razones expuestas en esta
providencia.
DÉCIMO PRIMERO.-
ORDENAR
a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, de haber
procedido al reintegro del dinero consignado el 31 de enero de 2017, en un
término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta
sentencia, este sea girado nuevamente. Dicha actuación debe ser notificada
personalmente al peticionario.
En igual forma, de
no haberse realizado aun, en un término de diez (10) días contados a partir de
la notificación de esta sentencia, proceda a realizar un nuevo proceso de identificación
de carencias, el cual debe culminar y ser notificado personalmente a la
peticionaria, en el mismo lapso señalado. En esa medida, de verificarse la
necesidad del  auxilio, este debe entregarse dentro de los noventa (90) días
siguientes contados a partir de la adopción de la decisión de prórroga.
DÉCIMO
SEGUNDO.- en el expediente T-5.914.328 en el caso de Fabiola de Jesús
Martínez Cuervo REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por el Juzgado Penal de El Santuario, Antioquia, el 5 de septiembre
de 2016, dentro del proceso de tutela instaurado por la accionante contra la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por
medio de la cual resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a
la entrega de la ayuda humanitaria, para en su lugar declarar la carencia
actual de objeto, por las razones expuestas en esta providencia.
DÉCIMO TERCERO.-
ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que,
si aún no lo ha hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, adopte todas las medidas necesarias para
notificar personalmente a la actora sobre la decisión de reconocimiento de la
ayuda humanitaria.
De igual manera,
una vez sea entregado el último giro aprobado, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas debe realizar un nuevo estudio de carencias,
con miras a determinar si la demandante necesita seguir recibiendo la ayuda
humanitaria.
DÉCIMO CUARTO.-
en el expediente T-5.914.310 en el caso de
Sandra Milena Galvis Arboleda REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por el Juzgado Penal de El Santuario, Antioquia, del 29 de agosto de
2016, dentro del proceso de tutela instaurado por la accionante contra la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por
medio de la cual resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a
la entrega de la ayuda humanitaria, para en su lugar declarar se declara la carencia
actual de objeto, por las razones expuestas en esta providencia.
DÉCIMO QUINTO.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas que, si aún no lo ha hecho, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
adopte todas las medidas necesarias para notificar personalmente a la actora
sobre la decisión de reconocimiento de la ayuda humanitaria de emergencia.
De igual manera,
una vez sea entregado el último giro aprobado, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas debe realizar un nuevo estudio de carencias,
con miras a determinar si la demandante necesita seguir recibiendo la ayuda
humanitaria.
DÉCIMO SEXTO.- en el expediente T-5.914.310 en el caso de Luz Marina Rivera
Calderón Monsalve REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por el Juzgado Penal de El Santuario, Antioquia, del 29 de agosto de
2016, dentro del proceso de tutela instaurado por la accionante contra la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por
medio de la cual resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a
la entrega de la ayuda humanitaria, por las razones expuestas en esta
providencia.
DÉCIMO SÉPTIMO.-
ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas que, en un término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, se realice un nuevo estudio de
identificación de carencias a la accionante, para determinar su situación
actual, y la necesidad de la entrega de la ayuda humanitaria. Así, en el evento
en que se verifique que se debe continuar con la entrega del auxilio, este debe
ser puesto a disposición de demandante en un término de treinta (30) días
calendario, contados a partir de la notificación de esta providencia.
DÉCIMO OCTAVO.- en el expediente T-5.914.310 en el caso de María Luz Elvia
Mejía Monsalve REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por el Juzgado Penal de El Santuario, Antioquia, del 29 de agosto de
2016, dentro del proceso de tutela instaurado por la accionante contra la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por
medio de la cual resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a
la entrega de la ayuda humanitaria, para, en su lugar, declarar la carencia
actual de objeto, por las razones expuestas en esta providencia.
DÉCIMO NOVENO.- ORDENAR
a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, si aún
no lo ha hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, adopte todas las medidas necesarias para
notificar personalmente a la actora sobre la decisión de reconocimiento de la
ayuda humanitaria de emergencia.
De igual manera,
que realice un nuevo estudio de identificación de carencias para determinar si
la actora necesita seguir recibiendo la ayuda humanitaria, proceso que debe
culminar en un término no mayor a diez (10) días calendario, cuyo resultado
debe ser notificado personalmente a la actora. Así, en el evento en que se
verifique que se debe continuar con la entrega del auxilio, este debe ser
puesto a disposición de la demandante en un término de treinta (30) días
calendario, contados a partir de la notificación de esta providencia.
VIGÉSIMO.- en el expediente T-5.914.310 en el caso de Fidel
Antonio Martínez Quintero REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por el Juzgado Penal de El Santuario, Antioquia, del 29 de agosto de
2016, dentro del proceso de tutela instaurado por el accionante contra la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por
medio de la cual resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a
la entrega de la ayuda humanitaria, por las razones expuestas en esta
providencia.
VIGÉSIMO PRIMERO.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas que, si aún no lo ha hecho, en las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte todas
las medidas necesarias para notificar de manera personal a la actora el acto
administrativo que resolvió la suspensión de la ayuda humanitaria.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- en el expediente T-5.914.310 en el caso de Héctor Eduardo
Arias Duque REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por el Juzgado Penal de El Santuario, Antioquia, del 29 de agosto de
2016, dentro del proceso de tutela instaurado por el accionante contra la UARIV, por
medio de la cual resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a
la entrega de la ayuda humanitaria, para en su lugar, declarar la carencia
actual de objeto, por las razones expuestas en esta providencia.
VIGÉSIMO
TERCERO.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas que, si aún no lo ha hecho, en las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte todas
las medidas necesarias para notificar de manera personal al actora, el acto
administrativo que reconoció la entrega de la ayuda humanitaria. De
igual manera, en caso de haber sido reintegrado, durante los cinco (5) días
siguientes a la notificación de este fallo, poner a disposición nuevamente el
dinero correspondiente al giro efectuado el 17 de febrero de 2017, notificando
de manera personal al accionante.
También, se
ordena realizar un nuevo estudio de carencias para determinar si el actor
necesita seguir recibiendo la ayuda humanitaria, proceso que debe culminar en
un término no mayor a sesenta (60) días calendario, contados a partir de la
notificación de la sentencia.
VIGÉSIMO
CUARTO.- en
el expediente T-5.914.310 en el caso de Jorge Eliecer Muñoz Cleves REVOCAR
PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Penal de El
Santuario, Antioquia, del 29 de agosto de 2016, dentro del proceso de tutela instaurado
por el accionante contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas,
por
medio de la cual resolvió conceder el amparo solicitado, en lo que respecta a
la entrega de la ayuda humanitaria, por las razones expuestas en esta
providencia.
VIGÉSIMO
QUINTO.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas que, si aún no lo ha hecho, en las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia adopte, todas
las medidas necesarias para notificar de manera personal al actor el acto
administrativo que resolvió la suspensión de la ayuda humanitaria.
VIGÉSIMO SEXTO.-
Compulsar
copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de las
decisiones de instancia, a fin de que investigue si existió una conducta
irregular por parte de los jueces, toda vez que, careciendo de material
probatorio, ordenaron la entrega de ayudas humanitarias, sin siquiera prever la
necesidad de los estudios de carencias requeridos para tal efecto.
VIGÉSIMO
SÉPTIMO.- EXHORTAR a la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla para que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de
esta sentencia, adopte las medidas necesarias para realizar una capacitación a
los funcionarios judiciales, acerca de la normatividad y los requisitos
desarrollados jurisprudencialmente, en torno a la entrega de ayudas
humanitarias para población desplazada.
VIGÉSIMO OCTAVO.- Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e.)
ROCÍO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (e.)
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-254/17
DEBIDA
MOTIVACION DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Constituye un elemento
sustantivo de la decisión judicial (Salvamento parcial de voto)
La motivación de
las providencias judiciales exige dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión. Este requerimiento no es un capricho o un compromiso
con las formas. Por el contrario, la debida motivación de las providencias
judiciales constituye un elemento sustantivo de la decisión judicial porque:
(i) es un factor de legitimidad en el ejercicio de la función jurisdiccional,
al ser el resultado de un ejercicio racional, razonado y deliberado; (ii)
contribuye al ejercicio responsable de la administración de justicia, al
convertirse en una barrera a la arbitrariedad judicial y, a su vez, facilita el
control posterior de la juridicidad y razonabilidad de las providencias; y
(iii) puede ser vista como un componente que refuerza el contenido mínimo del
debido proceso, al garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico.
DEBIDA
MOTIVACION EN COMPULSA DE COPIAS AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Se
compromete la legitimidad en la función judicial al no haber sustento en la decisión de compulsar copias, por posibles
faltas disciplinarias (Salvamento parcial de voto)
La ausencia de una fundamentación
adecuada para la compulsa de copias compromete la legitimidad en la función
judicial. En efecto, la
motivación de las providencias judiciales exige dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de la decisión. Este requerimiento no es un capricho o un
compromiso con las formas. Por el contrario, la debida motivación de las
providencias judiciales constituye un elemento sustantivo de la decisión
judicial porque: (i) es un factor de legitimidad en el ejercicio de la función
jurisdiccional, al ser el resultado de un ejercicio racional, razonado y
deliberado; (ii) contribuye al ejercicio responsable de la administración de
justicia, al convertirse en una barrera a la arbitrariedad judicial y, a su
vez, facilita el control posterior de la juridicidad y razonabilidad de las
providencias; y (iii) puede ser vista como un componente que refuerza el
contenido mínimo del debido proceso, al garantizar la sujeción del juez al
ordenamiento jurídico
Referencia: Expedientes T-5.902.143,
T-5.914.328 y T-5.914.310
Accionantes:
Blanca Inés Díaz Ramírez y otros.
Accionado:
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional,
a continuación, presento las razones que me conducen a salvar parcialmente
el voto en la Sentencia T-254 de 2017, adoptada por la mayoría de
la Sala Quinta de Revisión, en sesión del 27 de abril del mismo año.
1.  La
sentencia de la que me aparto parcialmente, estudió las acciones de tutela
presentadas por personas que consideraron cumplir los requisitos para obtener
la ayuda humanitaria de emergencia y a las cuales la UARIV no les brindó
respuesta. A la Sala Cuarta de Revisión le correspondió establecer si la UARIV
vulneró los derechos fundamentales de petición, igualdad, mínimo vital y a la
vida en condiciones dignas de dichas personas, al abstenerse de emitir
respuesta a los escritos de petición presentados con el propósito de que se
hiciera la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a víctimas de
desplazamiento forzado.
2.  A
partir de las consideraciones de esta Corporación sobre la especial protección
constitucional de la que es titular la población desplazada y, en particular,
sobre los derechos de petición y ayuda humanitaria de las personas víctimas de
desplazamiento forzado, la sentencia de la que me separo parcialmente constató
que la entidad accionada violó el derecho de petición de todos los accionantes
(a excepción de Luis Antonio Duque Jiménez, por no adjuntar copia de la
solicitud presentada), en la medida en que no recibieron respuesta a su
solicitud de ayuda humanitaria presentada ante esa entidad. En particular, la
providencia sostuvo que la notificación por aviso de las resoluciones que
resolvían sobre la entrega de la ayuda humanitaria no garantizó adecuadamente
la comunicación efectiva con los peticionarios que son víctimas de
desplazamiento forzado.
La sentencia adoptó diversas
determinaciones, en consideración a si se habían: (i) realizado o no los
procesos de identificación de carencias en forma previa a la suspensión de las
entregas de la ayuda humanitaria; (ii) puesto a disposición los dineros de la
ayuda humanitaria; y (iii) notificado por aviso los actos administrativos que
suspendieron la entrega. En este sentido, la providencia, por una parte, declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado en aquellos casos en los que
verificó la entrega de la ayuda humanitaria deprecada y, por otra, en aquellos
en los que evidenció que la ayuda humanitaria fue otorgada por la UARIV pero
fue reembolsada por falta de cobro, ordenó la puesta a disposición de estos
dineros y la efectiva comunicación a sus beneficiarios. En estos eventos,
además, ordenó que se realizara un nuevo proceso de identificación de carencias
a los accionantes y sus núcleos familiares, con el objetivo de establecer la
necesidad de continuar o no con las entregas de la ayuda humanitaria de
emergencia.
En aquellos casos en los que la
suspensión de la entrega de la mencionada ayuda obedeció a que los accionantes
podían proveerse por sus propios medios de alojamiento temporal y alimentación,
ordenó notificar personalmente a los accionantes, los actos administrativos que
adoptaron estas determinaciones.
3. En otro caso negó el amparo
solicitado, porque advirtió que no hubo vulneración de los derechos
fundamentales invocados ya que la suspensión de la ayuda humanitaria fue
consecuencia de la superación de la situación de vulnerabilidad o extrema
urgencia y, conforme con el procedimiento previsto, el acto administrativo fue
efectivamente puesto en conocimiento del accionante.
4. Una vez revisadas las decisiones de
la Sala de Revisión en este caso,  debo destacar que comparto en general las
conclusiones y órdenes impartidas en la Sentencia T-254 de 2017, pero
disiento de lo determinado en el numeral vigésimo sexto de su parte resolutiva
de la providencia, en el cual ordenó:
“[c]ompulsar
copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de las
decisiones de instancia, a fin de que investigue si existió una conducta
irregular por parte de los jueces, toda vez que, careciendo de material
probatorio, ordenaron la entrega de ayudas humanitarias, sin siquiera prever la
necesidad de los estudios de carencias requeridos para tal efecto”.
En
mi concepto, esta determinación, en primer lugar, al no contar con el
sustento suficiente, compromete la independencia y autonomía judicial en
relación con la protección de las víctimas de desplazamiento forzado. En segundo
lugar, la ausencia de una fundamentación adecuada para la compulsa de
copias compromete la legitimidad en la función judicial.
En
efecto, la motivación de las providencias judiciales exige dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión. Este requerimiento no es un
capricho o un compromiso con las formas. Por el contrario, la debida motivación
de las providencias judiciales constituye un elemento sustantivo de la decisión
judicial porque: (i) es un factor de legitimidad en el ejercicio de la función
jurisdiccional, al ser el resultado de un ejercicio racional, razonado y
deliberado; (ii) contribuye al ejercicio responsable de la administración de
justicia, al convertirse en una barrera a la arbitrariedad judicial y, a su
vez, facilita el control posterior de la juridicidad y razonabilidad de las
providencias; y (iii) puede ser vista como un componente que refuerza el
contenido mínimo del debido proceso, al garantizar la sujeción del juez al
ordenamiento jurídico[46].
5. La
Sentencia T-254 de 2017, sin embargo, sustentó la orden de compulsar
copias en que los jueces de tutela “careciendo de material probatorio,
ordenaron la entrega de ayudas humanitarias, sin siquiera prever la necesidad
de los estudios de carencias requeridos para el efecto”. Una explicación que
a mi juicio es insuficiente para la orden dada por la Sala de Revisión, pues la
escueta motivación de la sentencia pasó por alto, por ejemplo, que la UARIV fue
debidamente notificada de las acciones de tutela y que en la oportunidad
procesal prefirió guardar silencio. Es decir, el hecho de que la entidad
accionada no hubiere ejercido sus derechos de defensa y contradicción porque no
presentó ninguna manifestación en la oportunidad procesal propiciada por los
jueces de conocimiento, autorizaba a los falladores a darle mayor peso a los
argumentos de la demanda de conformidad con la presunción de veracidad prevista
en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[47].
6. La
mayoría de la Sala no tuvo en cuenta que en el proceso de tutela el silencio de
una de las partes genera la presunción de veracidad, de ahí que esa actitud
pasiva de la parte demandada puede ser valorada por el juez constitucional, en
su sana crítica y puede generar los efectos que, como en este caso, le dieron
los falladores. Esta regla procesal ha sido considerada por la Corte
Constitucional como “una herramienta para sancionar el desinterés o
negligencia de la autoridad pública o el particular contra quien se ha
interpuesto la acción de tutela”[48].
7. De
estimarse entonces que esta compulsa era necesaria, por ejemplo, para vigilar
la conducta de los funcionarios judiciales respecto de órdenes que tienen
contenido económico y que pueden comprometer recursos públicos destinados a la
atención de las víctimas de desplazamiento forzado, tal circunstancia debió
advertirse explícitamente en la providencia y justificarse en debida forma. En
este sentido, la compulsa de copias debió estar precedida de una explicación
suficiente y pertinente, que ponderara el hecho de que en la decisión judicial
estaba en juego la garantía de los derechos de las víctimas de desplazamiento
forzado.
8.
En virtud de los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial, consagrados en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, los
jueces en el ejercicio de sus funciones gozan de amplia libertad interpretativa
para determinar las normas jurídicas aplicables al caso que juzgan, la
adecuada valoración probatoria y los efectos que deben derivarse de
las normas.
Como
garantía de esos principios la Corte Constitucional ha señalado que la
responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo
funcional, esto es, el que atañe a la autonomía en la interpretación y
aplicación del derecho según sus competencias siempre y cuando se ejerza dentro
de parámetros de juridicidad y razonabilidad [49].
8. La
insuficiencia en la argumentación de la sentencia que se cuestiona y que ordenó
que se investigue disciplinariamente a los jueces de tutela, quienes a su turno
decidieron la entrega de la ayuda humanitaria, afecta entonces a mi juicio,  la
independencia y autonomía judicial, y puede convertirse en un desincentivo para
que los operadores judiciales adopten en forma oficiosa medidas a favor de la
protección de las víctimas de desplazamiento forzado.
En
consideración a lo anterior, es posible que la garantía de los principios previamente
enunciados se vea afectada por la compulsa de copias al órgano disciplinario,
al no mediar justificación suficiente dirigida a mostrar que lo actuado por el
operador judicial excede la interpretación o aplicación razonable de las
normas.
9.
A partir de lo anterior, la decisión cuestionada implica una intromisión
indebida en la labor judicial que mina las garantías de independencia y
autonomía judiciales. Tal injerencia es especialmente delicada en contextos en
los que los jueces constitucionales deben desplegar actuaciones diligentes y
oportunas, tendientes a garantizar los derechos de las víctimas del
desplazamiento forzado y que, conforme a los principios de buena fe y confianza
legítima, apuntan a que deben tenerse como ciertas, en
principio, las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante[50].
10.
En síntesis, no comparto la posición de la mayoría de la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, en el sentido de considerar procedente
compulsar copias para que el Consejo Superior de la Judicatura investigue
posibles faltas disciplinarias de los jueces de tutela, al ordenar el
reconocimiento de ayudas humanitarias de emergencia. Respetuosamente discrepo
de esta postura y considero que debieron exponerse adecuadamente las razones que
servían de sustento a esta decisión, pues de otro modo, se invadió la órbita de
autonomía e independencia judicial y se desincentivó la protección oficiosa a
las víctimas de desplazamiento forzado, como se explicó con anterioridad.
De esta manera, expongo las razones que
me llevan a salvar parcialmente el voto en la Sentencia T-254 de 2017.
Fecha
ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Según se evidencia en
su escrito de tutela, hace referencia a la presidenta de la Asociación de
Desplazados Creando Futuro. Folio 3, cuaderno 2.
[2] El escrito de tutela
se elaboró a partir de un formato, en el cual los accionantes se limitan
únicamente a suscribir el documento.
[3] Folio 32, cuaderno 2
del expediente T-5.914.328.
[4] Al parecer hay un
error pues en este caso no se refiere al señor Mazo Gutiérrez.
[5] Al parecer hay un
error pues en este caso no se refiere al señor Mazo Gutiérrez.
[6] Al parecer hay un
error en el nombre.
[7]Al parecer hay error
en los nombres, pero con las correspondientes copias de los actos
administrativos allegados por la entidad se logró verificar la información.
[8] Nuevamente se
evidencia un error en lo señalado por le entidad, pero al cotejar con la copia
de la resolución correspondiente se verificó que el giro otorgado corresponde a
258.000 pesos.
[9] Al respecto ver
sentencia T-112 de 2015.
[10] Sentencia T-585 de
2006.
[11] Ver sentencia T-112
de 2015.
[12] Al respecto, también
se pueden ver las sentencias T-1346 de 2001, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T-740
de 2004 T-1144 de 2005, T-086 de 2006, T-136 de 2007, T-285 de 2008, entre otras.
[13] Ver sentencia T-558
de 2012.
[14] Al respecto ver sentencia  T-337 de
2000  y T-161 de 2011.
[15] Ver Sentencia T-414 de
2010.
[16]  Ver Sentencia T-414 de
2010 y también, T-377 de 2000, T-219 de 2001, T-1089 de 2001.
[17] Al respecto ver
sentencia T-172 de 2013.
[18]  Ver Sentencia T-839 de 2006.
[19] Ver también sentencia
T-626 de 2016.
[20] Ibídem.
[21] Al respecto ver
sentencia T-062 de 2016.
[22] Al respecto ver
sentencias T-062 de 2016 y T-025 de 2004, entre otras.
[23] Ver también sentencia
T-062 de 2016.
[24] “Por el cual se
reglamenta parcialmente el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y se modifica el
artículo 159 del Decreto 4800 de 2011 en lo concerniente a la medida de
indemnización a las víctimas de desplazamiento forzado, se regulan algunos
aspectos de retomo y reubicación y se dictan otras disposiciones"
[25] Ver al respecto la
sentencia T-527 de 2015.
[26] Ver al respecto el
artículo 4º de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia T-527 de 2015.
[27] Ver sentencia T-527
de 2015.
[28] Al respecto ver
sentencias T-136
de 2007, T-191 de 2007 y T-511 de 2015, entre otras.
[29] Al respecto, ver
sentencias T-511 de 2015 y T-025 de 2004.
[30] Ibídem.
[31] Al respecto ver
sentencia T-511 de 2015.
[32] Al respecto, ver
sentencia T-626 de 2016.
[33] Sentencia T-511 de
2015 y ver también sentencia T-702 de 2012.
[34] Se considera un
término prudente ya que se debe tener en cuenta también, que se está ordenando
el reintegro del último giro realizado, por concepto de ayuda humanitaria.
[35] Folio 4, cuaderno 2.
[36] Folio 83, cuaderno 1
[37] Folio 14, cuaderno 2.
[38] 43 años de edad,
copia de la cédula de ciudadanía, folio 11, cuaderno 2.
[39] Folio 81, cuaderno 1.
[40] 59 años de edad,
copia de la cédula de ciudadanía, folio 27, cuaderno 2.
[41] Debido a que Sandra
Milena Galvis Arboleda también indicó que tiene una hija que padece esta
enfermedad, surge la duda de si se trata de un asunto del formato, ya que no
hay prueba de ello. Folio 45, cuaderno 2.
[42] No señala de qué se
tratan.
[43] Folio 6, cuaderno 2.
[44] Folio 20, cuaderno 2.
[45] La entidad en
relación con este caso, señala que al parecer hubo dos probaciones de giros una
por un valor de 516.000 pesos tercer giro cobrado el 25 de noviembre de 2016.
No obstante también señala que hubo otra aprobación de tres giros por un valor
de 258.000 el último de ellos cobrado el 24 de agosto de 2016. No obstante al
cotejar la información con la respectiva resolución, se pudo verificar que la
aprobación que corresponde es la última mencionada. Folio 61, cuaderno 1.
[46] Sentencia SU-424 de 2012 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[47] Artículo 20 del Decreto 2591 de 1991: “PRESUNCION DE
VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.
[48] Sentencia T-517 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo.
[49] Sentencias C-417 de 1993 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo y T-751 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[50] Sentencia T-068 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.