T-030-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-030/16
ACCION
DE TUTELA PARA OBTENER CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS POR LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN SUS SENTENCIAS-Procedencia excepcional
Las
diferentes Salas de Revisión han establecido reiteradamente que las tutelas
interpuestas con este objetivo resultan procedentes, con base en dos (2)
argumentos: (i) las medidas cautelares decretadas por la CIDH y la acción de
tutela son complementarias, porque tienen similares características y persiguen
el mismo propósito (el goce efectivo de los derechos humanos establecidos en la
Convención, y fundamentales previstos en la Carta Política), y (ii) la acción
de tutela es el mecanismo principal para la defensa del derecho fundamental al
debido proceso, el cual se ve lesionado cuando el Estado desacata una medida
cautelar porque la priva de sus efectos materiales. De esta manera, la Corporación ha abogado por el
logro de la justicia material reconociendo la urgencia que caracteriza a las
situaciones estudiadas por la Comisión y la ausencia de un mecanismo de defensa
a nivel interno para exigir su cumplimiento.
MEDIDAS
CAUTELARES ORDENADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Naturaleza
jurídica y obligatoriedad
La
Corporación ha construido un conjunto de reglas jurisprudenciales con el
objetivo de precisar cómo deben entenderse las medidas cautelares y cómo y por
qué deben ser siempre acatadas. Sus consideraciones se resumen a continuación:
(i) las medidas cautelares decretadas por la Comisión son vinculantes porque
Colombia le reconoció competencia a dicho órgano en materia de derechos humanos
y porque desarrollan la Convención Americana, la cual integra el Bloque de
Constitucionalidad; (ii) una vez proferidas, se entienden incorporadas
automáticamente al orden interno y, por lo tanto, no se requiere de una ley, de
un decreto, de un acto administrativo o de cualquier otro pronunciamiento para
que tengan efecto; (iii) su cumplimiento debe ser inmediato, pues de lo contrario, no se
podría evitar el perjuicio irremediable que justificó su adopción; (iv) su desacatamiento conlleva al desconocimiento de los
compromisos internacionales suscritos por Colombia y a una posible
responsabilidad internacional por parte del Estado, y (v) se diferencian de las recomendaciones no vinculantes que emite la
Comisión porque mientras las medidas cautelares se refieren a casos concretos,
las recomendaciones aluden a situaciones generalizadas de violaciones a los
derechos humanos.
CUMPLIMIENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES ORDENADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Reiteración
de jurisprudencia
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD PERSONAL-Alcance y contenido
SEGURIDAD PERSONAL COMO DERECHO
COLECTIVO/SEGURIDAD PERSONAL COMO DERECHO INDIVIDUAL
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Diferencia entre amenaza y riesgo
La Sala
recordó las diferencias que esta Corporación ha señalado entre el riesgo y la
amenaza. El primero se refiere a una situación
abstracta y aleatoria en la que se puede producir un daño. El segundo, por su
parte, alude a la existencia de señales o manifestaciones que dan cuenta de
hechos reales que, por su sola existencia, implican la alteración del uso
pacífico del derecho atacado y hacen suponer que éste va a ser vulnerado.
Asimismo, precisó que una amenaza requiere de un peligro específico,
individualizable, excepcional, desproporcionado y cierto o probable que
comprometa bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto. Por último,
concluyó que sólo en dichos casos se puede hablar de una amenaza ordinaria o
extrema (según su intensidad), dando lugar a una protección especial por parte
del Estado colombiano, la cual puede ser solicitada a través de los recursos
ordinarios previstos para tal efecto, o mediante la acción de tutela cuando se
cumplen los requisitos de procedibilidad respectivos.
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL-Obligaciones
constitucionales básicas de las autoridades para preservarlo
PUEBLO NASA-Reseña histórica/PUEBLO
NASA-Impacto de la violencia y sus formas de resistencia/PUEBLO NASA-Respuesta
de la Corte Constitucional y del Gobierno Nacional a las afectaciones sufridas
como consecuencia del conflicto armado
DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA SEGURIDAD
COLECTIVA DEL PUEBLO NASA-Caso en que pese al esfuerzo por acatar medidas cautelares
decretadas por CIDH, amenaza sobre derechos persiste y riesgo en contra de su
existencia continúa
Referencia: expediente T-5172573[1]
Acción de tutela
presentada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca contra
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, la Presidencia
de la República y la Unidad Nacional de Protección
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Bogotá
D.C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares
Cantillo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previas al
cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo proferido, en primera y única instancia, por
el Tribunal Administrativo del Cauca el veintitrés (23) de junio de dos mil
quince (2015), en el proceso de tutela iniciado por la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca, representada legalmente por Luz Eyda Julicué
Gómez, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del
Interior, la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección, por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la
integridad personal y al debido proceso de los indígenas beneficiarios de las
medidas cautelares No. 195 de 2005, 301 de 2008 y 255 de 2011, decretadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otros.
I.
DEMANDA
Y SOLICITUD
La Sala estudia el caso del
pueblo indígena Nasa, cuya supervivencia física y cultural está siendo
amenazada por el conflicto armado interno. Se  solicita el amparo de los
derechos fundamentales de los beneficiarios de tres (3) medidas cautelares proferidas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 195 de 2005, 301 de 2008 y
255 de 2011. A juicio de estas personas, el Estado colombiano no ha adoptado
las medidas idóneas y eficaces para protegerlos, pues siguen siendo objeto de
diversas violaciones por parte de la Fuerza Pública, quien los percibe como subversivos,
así como de los grupos armados al margen de la ley, quienes los consideran un
obstáculo para sus proyectos delictivos, económicos y militares.
1. La accionante funda la solicitud de tutela en los siguientes
hechos:
1.1. La señora
Luz Eyda Julicué Gómez[2],
en su calidad de representante legal de la Asociación de Cabildos Indígenas del
Norte del Cauca (en adelante ACIN)[3],
manifiesta que, como consecuencia del conflicto armado interno y de las
reivindicaciones sociales y territoriales que persiguen los indígenas del Pueblo
Nasa[4], han
sido objeto de masacres[5],
asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, secuestros, bombardeos
indiscriminados, amenazas y otros actos violentos por parte de los grupos al
margen de la ley que delinquen en la zona, así como de señalamientos,
estigmatizaciones, excesos y represiones por parte del Ejército Nacional y del
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
1.2. La
accionante precisó que durante los últimos quince (15) años han muerto más de
cuatrocientos (400) indígenas, se desconoce el paradero de más de veinte (20)
de ellos, más de cuatrocientos (400) han sido desplazados por la fuerza, más de
cien (100) menores han sido reclutados ilícitamente y más de diez (10) mujeres
han padecido violencia sexual. Asimismo, indicó que algunas de esas víctimas eran
médicos tradicionales, líderes o guardias indígenas, quienes fueron atacados por
resistir al conflicto, abogar por la neutralidad de su pueblo y emprender
reivindicaciones sociales y territoriales.
1.3. Esta
situación llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
CIDH) a ordenar medidas cautelares en tres (3) oportunidades[6]. En todas ellas, la
Comisión le exigió al Gobierno colombiano adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de un grupo determinado y
determinable de personas, concretar con los distintos cabildos las medidas
respectivas y rendir informes sobre las acciones adoptadas para eliminar los
factores de riesgo que dieron lugar a tales órdenes. Actualmente, la
CIDH continúa haciéndole seguimiento a las medidas descritas.
1.4. En
cumplimiento de lo anterior, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de
Protección, la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría
del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades, se
han reunido con los beneficiarios con el propósito de acordar y ofrecerles las
medidas que requieren. Sin embargo, la accionante señala que estas resultan
insuficientes por cuatro (4) razones: (i) porque se han presentado obstáculos
para su entrega efectiva; (ii) porque no ofrecen el nivel de protección requerido;
(iii) porque se brindan por un tiempo muy corto[7],
y (iv) porque pese a que han sido otorgadas, los ataques y las violaciones continúan.
1.5. El
Ejército Nacional, por su parte, ha aumentado su pie de fuerza en el departamento.
No obstante, a juicio de la accionante, esto ha tenido efectos negativos porque
se han militarizado varios resguardos indígenas, se ha incrementado el fuego
cruzado entre el Ejército Nacional, las FARC-EP y las Bacrim, generando ocupaciones
a varias viviendas privadas, centros educativos y otros espacios públicos. La
representante de la ACIN continuó señalando que un mayor número de soldados en
la zona es (i) inefectivo, pues se siguen presentando hechos violentos, y (ii) perjudicial,
toda vez que aumenta la cantidad de enfrentamientos, disminuyendo la
tranquilidad, agrandando el miedo y ampliando el riesgo al que se ven expuestos
los indígenas.
1.6. Asimismo,
la tutelante sostuvo que el Gobierno Nacional ha otorgado diversas licencias
para el inicio de proyectos de exploración y extracción en el territorio
ancestral del Pueblo Nasa, lo que ha lesionado los intereses de la comunidad
indígena al promover el despojo de tierra, su aniquilamiento físico y cultural y
la reducción de su autonomía.
1.7. Concluyó
que, al vivir en un campo de batalla, los indígenas enfrentan obstáculos para
cultivar sus productos, acceder a los recursos naturales de los que depende su
subsistencia y transmitir sus prácticas, valores y enseñanzas culturales a las
nuevas generaciones. Esta situación, en resumen, amenaza la supervivencia
física y cultural de todo el pueblo.
1.8. Teniendo
en cuenta los anteriores hechos, la representante legal de la ACIN interpuso la
tutela que se revisa por una presunta vulneración a los derechos fundamentales a
la vida, a la integridad personal y al debido proceso de los indígenas del Pueblo
Nasa beneficiarios de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. Solicitó (i)
un cese al fuego bilateral por parte del Ejército y la guerrilla de las FARC-EP;
(ii) el cumplimiento estricto de las medidas cautelares referidas; (iii) el
funcionamiento efectivo de los esquemas de protección de ocho (8) líderes
indígenas[8];
(iv) debida atención a cinco (5) concejeros indígenas[9]; (v) celeridad en los
procesos de evaluación de los líderes y lideresas que solicitaron protección,
pero que carecen actualmente de ella, y (vi) un mayor control estatal sobre la
minería ilegal y el narcotráfico en el norte del Cauca, pues son estos negocios
los que, a su juicio, atraen y justifican el accionar de grupos armados al
margen de la ley en la zona.
2. Respuesta de las entidades accionadas
2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores
2.1.1. Mediante escrito del doce (12) de junio de dos mil quince
(2015)[10],
la Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del
Ministerio de Relaciones Exteriores[11]
dio respuesta a la acción de tutela. Informó que (i) la Dirección que dirige se
encarga de coordinar el seguimiento a la implementación de las medidas cautelares
que la CIDH le solicita al Estado colombiano; (ii) la CIDH no determina, ni
puede determinar, la forma en que se tienen que cumplir las medidas cautelares
que ella ordena y, por lo tanto, este es un asunto de derecho interno; (iii) las
medidas cautelares se refieren a casos concretos, particularizados y con
beneficiarios determinados, por lo que las situaciones que no tengan relación
con estos asuntos, o que no competan al universo de beneficiarios, no pueden
ser estudiadas dentro del cumplimiento de dichas medidas, y (iv) las medidas
materiales de protección, cuyo trámite le corresponde a la Unidad Nacional de
Protección, están sujetas a una evaluación periódica y sólo pueden ser
modificadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas
(CERREM) cuando varía el nivel de riesgo,
según lo previsto en el Decreto 4912 de 2011[12]. Razón
por la cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede implementar,
modificar o retirar dichas medidas.
2.1.2. En relación con las medidas cautelares No. 195 de
2005, manifestó que se han llevado a cabo cuatro (4) reuniones de seguimiento y
concertación atendiendo las solicitudes de sus beneficiarios, sin que estos hayan
comunicado hechos recientes de riesgo o amenaza. En relación
con las medidas cautelares No. 301 de 2008, indicó que se han llevado a
cabo dos (2) reuniones de seguimiento y concertación atendiendo las solicitudes
de sus beneficiarios, sin que estos hayan comunicado hechos recientes de riesgo
y/o amenaza. Y, finalmente, respecto a las medidas cautelares No.
255 de 2011, explicó que se ha llevado a cabo una (1) reunión de seguimiento y
concertación atendiendo las solicitudes de sus beneficiarios, enviándose un
informe especial a la CIDH con fecha del trece (13) de noviembre de dos mil
catorce (2014), donde se aclaró el asesinato de Manuel Antonio Tumiñá Jenbuel y
Daniel Coicué Julicue, perpetrados por grupos armados al margen de la ley.
2.1.3. Dicho
lo anterior, argumentó que no debía concederse el amparo solicitado en la
acción de tutela, puesto que la solicitud no hace alusión a una afectación
directa y concreta. Solicitó, además, la desvinculación del Ministerio de
Relaciones Exteriores del presente trámite.
2.2. Unidad Nacional de Protección
2.2.1. Mediante escrito fechado el dieciséis (16) de junio del año
dos mil quince (2015)[13],
la Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad Nacional de Protección[14]
informó que la asignación de medidas de protección se realiza de acuerdo a un
protocolo que contempla tres (3) etapas: (i) el Cuerpo Técnico de Recopilación
y Análisis de Información realiza un estudio sobre el nivel de riesgo, entrevistando
al solicitante y recolectando los insumos requeridos con la colaboración de las
distintas entidades estatales que tienen competencia en materia de seguridad
(Policía Nacional, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, entre
otras); (ii) el Grupo de Valoración Preliminar determina el nivel de riesgo
(ordinario, extraordinario o extremo) y recomienda la adopción de las medidas
de protección que considera pertinentes, y (iii) la Secretaría Técnica del
CERREM valida el nivel de riesgo y establece cuáles son las medidas de
protección que efectivamente deben brindarse, comunicándole dicha decisión a la
persona interesada.
2.2.2. Respecto al caso objeto de estudio, la Unidad Nacional de
Protección hizo un recuento exhaustivo de las medidas de protección colectivas
e individuales otorgadas a varios de los accionantes, anexando copia del
convenio interadministrativo 229 de 2014 celebrado con la ACIN, junto con sus tres
(3) modificaciones y única prórroga[15].
2.2.3. Específicamente, indicó que el veintiocho (28) de diciembre
de dos mil doce (2012) se entregaron cuatrocientas (400) dotaciones[16]
a la guardia indígena[17]
de los resguardos de Tacueyó, Jambaló, San Francisco y Toribio, según lo
acordado con sus habitantes en una reunión sostenida el veintidós (22) de mayo
de ese año. Asimismo, señaló que en ejecución del mencionado convenio 229 de
2014, se han llevado a cabo las siguientes actividades: (i) capacitación a
doscientos ochenta (280) guardias indígenas en dos (2) escuelas diferentes como
mecanismo de protección colectiva; (ii) contratación de una persona para
coordinar la guardia de diecinueve (19) resguardos; (iii) suministro de cuatro
(4) apoyos de transporte[18];
(iv) contratación de doce (12) guardias indígenas para nutrir los esquemas de
protección individuales de seis (6) de los beneficiarios de las medidas
cautelares decretadas por la CIDH, quienes cuentan, además,  con vehículos de
protección[19];
(v) implementación de un fondo de protección de emergencia[20]; (vi)
dotaciones para doscientos (200) guardias indígenas[21], y (vii) suministro
de mil (1000) botas de caucho, mil (1000) linternas, mil (1000) chalecos, mil
(1000) gorras, cincuenta (50) radios de comunicación, un (1) radio base, tres
(3) cámaras fotográficas y setecientos (700) minutos de celular.
2.2.4. Seguidamente, la Unidad de Protección hizo un listado de las
medidas de protección individuales otorgadas a nueve (9) de los beneficiarios
de las medidas cautelares proferidas por la CIDH[22], así como a
veintitrés (23) personas más que, no obstante no ser beneficiarios de dichas
medidas, ni ser parte del presente proceso de tutela, son miembros del pueblo
indígena Nasa[23].
Respecto a los cuarenta y dos (42) accionantes restantes, guardó silencio.
2.3. Presidencia de la República
Mediante escrito fechado el dieciséis (16) de junio de dos mil
quince (2015), la  Presidencia de la República[24]
intervino para solicitar su desvinculación. Argumentaron que la Presidencia no
tiene una competencia directa en la materia, exceptuando el acompañamiento que
brindan a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos a los
espacios de seguimiento y concertación de las medidas cautelares que convoca el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
2.4. Ministerio del Interior
2.4.1. El dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), el
Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del interior[25],
respondió a la acción de tutela[26].
Informó que la dirección a su cargo ha asistido a las reuniones que ha convocado
la Cancillería para hacerle seguimiento a las medidas cautelares de referencia,
pero que, más allá de su obligación de brindar acompañamiento en la promoción
de los derechos de esta población, el Ministerio del Interior no es competente
para definir y ejecutar medidas de protección.
2.4.2. De acuerdo con lo anterior, y refiriéndose al cumplimiento de
su mandato institucional, explicó que en julio de dos mil nueve (2009) se inició
la construcción del Plan de Salvaguarda para el Pueblo Nasa, el cual fue ordenado
por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009[27]. Después de
diversas reuniones, y de la celebración de varios convenios
interadministrativos con el Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el
Ministerio realizó el diagnóstico del pueblo, concertó una propuesta técnica,
económica y presentó un documento final. Éste quedó por ser discutido en una Asamblea
Indígena que estaba agendada para el último trimestre del año dos mil quince (2015).
Surtido ese trámite, quedó por iniciarse la implementación del plan y el seguimiento
al mismo.
3. Decisión del juez de tutela en primera y única instancia
El Tribunal Administrativo del Cauca conoció del proceso en primera y
única instancia, y mediante fallo proferido el veintitrés (23) de junio de dos
mil quince (2015), negó el amparo. A su juicio, la demanda de tutela no hace
alusión a una violación o amenaza específica en contra de los derechos
fundamentales de los beneficiarios de las medidas cautelares ordenadas por la
CIDH, pues si bien expone detalladamente la situación de violencia en la que
vive el Pueblo Nasa al estar en una zona de conflicto armado, no precisa cuáles
son las medidas de protección requeridas que se estiman como inefectivas, inidóneas
o inexistentes.
4.
Trámite surtido ante la Corte Constitucional
4.1.
Por considerar necesario obtener información complementaria para resolver el
asunto, el diecinueve (19) de enero de dos mil dieciséis (2016), el Despacho de
la Magistrada ponente profirió un Auto de Pruebas, ordenando lo siguiente:
4.1.1.
Al Ministerio del
Interior, informar sobre el estado actual de aprobación
del Plan de Salvaguarda para el Pueblo indígena Nasa, remitiendo copia
actualizada del mismo.
4.1.2.
Al Ministerio de Relaciones
Exteriores, aportar (i) copia de las peticiones
elevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de los
beneficiarios de las medidas cautelares 195 de 2005, 301 de 2008 y 255 de 2011;
(ii) el texto de las Resoluciones mediante las cuales la Comisión le comunicó
al Estado colombiano la necesidad de adoptar medidas de cautelares, y (iii)
copia de los informes de cumplimiento presentados por dicha entidad ante la
CIDH sobre las medidas descritas.
4.1.3.
A la Unidad Nacional de Protección, aportar
información sobre las medidas de protección otorgadas, rechazadas, en trámite
y/o retiradas a las cuarenta y dos (42) personas que actúan en la tutela de
referencia, y sobre las cuales no existe información[28].
4.1.4. Al Ejército y a la
Policía Nacional, rendir concepto sobre la situación de orden público que se
vive en el norte del departamento del Cauca, especificando aquella que se
presenta en los Resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló.
4.1.5.
A la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, rendir información
sobre (i) los accionantes que han tenido problemas con las medidas de
protección otorgadas o requeridas ante la Unidad Nacional de Protección,
señalando su nombre completo y su documento de identidad; (ii) los
inconvenientes en la concertación, suministro, ejecución, duración y retiro de
las anteriores medidas, y (iii) el tipo de hostigamientos o amenazas que dichas
personas han sufrido contra su vida e integridad después de recibir medidas de
protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, así como las
condiciones en las que se desarrollaron tales hechos, la fecha de su ocurrencia
y la afectación que generaron.
4.1.6.
A la Organización Nacional Indígena de
Colombia, al Concejo Regional Indígena del Cauca, a la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca, al Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, a la Comisión Colombiana de Juristas, al Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad, y a las Facultades de Derecho, Antropología e
Historia de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario, de la
Universidad Nacional, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, de la
Universidad del Cauca, de la Universidad del Valle y de la Universidad ICESI, a
rendir concepto sobre (i) las principales características culturales, sociales
e históricas del pueblo indígena Nasa, y (ii) la afectación que han
sufrido como consecuencia del conflicto armado interno, así como la posición
que han asumido frente a éste.
5.
Respuesta de las entidades oficiadas y las personas requeridas en el Auto de
Pruebas.
5.1.
Ministerio del Interior
El
día veintiséis (26) de enero de dos mil dieciséis (2016), el Director de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior[29] respondió a
la solicitud formulada en el Auto de Pruebas, describiendo el proceso de
creación del Plan de Salvaguarda para el Pueblo Nasa. Específicamente, señaló
que durante los meses de octubre y noviembre de dos mil catorce (2014), se
revisó y ajustó un documento final, el cual será validado en una asamblea
indígena que, pese a contar desde septiembre de dos mil quince (2015) con una
propuesta técnica y financiera para su ejecución, no ha tenido lugar.
5.2.
Ministerio de Relaciones Exteriores
5.2.1.
El mismo veintiséis (26) de enero, la Directora de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores[30],
respondió al Auto de Pruebas haciendo un resumen de las acciones realizadas por
dicha entidad como ente coordinador de la respuesta estatal frente a las
medidas cautelares decretadas por la CIDH.
5.2.2.
En relación con la medida cautelar No. 195 de 2005, informó que los (9)
beneficiarios son líderes de la ACIN y fueron representados ante la Comisión por
el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Al momento de solicitar las medidas
cautelares de referencia, indicaron lo siguiente: (i) varios bienes de los
indígenas Nasa fueron irregularmente ocupados por grupos armados; (ii) algunos
comuneros ubicados en Jambaló y Toribio sufrieron allanamientos y detenciones presuntamente
ilegales; (iii) grupos armados bloquearon el ingreso de alimentos a las
comunidades del Alto Naya; (iv) varios líderes, autoridades, comuneros y
guardias indígenas han sido objeto de amenazas y señalamientos por parte de los
actores armados presentes en el norte del Cauca[31]; (v) existe
un plan de las FARC-EP para asesinar a cinco (5) líderes indígenas, y (vi) según
la interpretación que tienen los indígenas sobre algunos artículos noticiosos,
se había señalado reiteradamente a los Nasa de ser auxiliadores de las FARC-EP,
lo cual es falso y los pone en grave peligro.
5.2.3.
Asimismo, la Cancillería aportó copia de los informes enviados por el Estado
Colombiano a la CIDH en relación con el cumplimiento de la medida cautelar No.
195 de 2005. En estos informes, se sostiene, entre otros, lo siguiente: (i) el incremento del pie de fuerza del Ejército Nacional, a través de sus
batallones de Alta Montaña, no constituye una fuente de riesgo sino, por el contrario,
un intento legítimo y necesario para recuperar el control sobre las zonas
afectadas por el conflicto armado interno, desarticulando a los grupos armados
que allí delinquen[32];
(ii) la Fiscalía General de la Nación inició tres (3) investigaciones por los
delitos de secuestro y amenazas contra los líderes de la ACIN[33]; (iii) el
plan para asesinar a los cinco (5) líderes indígenas fue desarticulado por la
Fuerza Pública[34];
(iv) nunca se ha tildado a los indígenas de ser auspiciadores de la guerrilla,
sino que, por el contrario, se denunció públicamente cómo la insurgencia
ejercía un control irregular sobre ellos en grave detrimento de sus intereses[35];
(v) el entonces Ministerio del Interior y de Justicia entregó cinco (5) medios
de comunicación y tres (3) apoyos de transporte a los líderes de la ACIN[36];
(vi) en el trascurso del dos mil trece (2013), el Ejército realizó varias
capacitaciones en derechos humanos y derecho internacional humanitario a las
tropas presentes en el departamento del Cauca, incluyendo cinco (5) talleres
y/o charlas específicas sobre temas indígenas[37];
(vii) la Unidad Nacional de Protección ha otorgado medidas de protección
individuales y colectivas a los nueve (9) líderes en mención, suministrándoles
vehículos corrientes, vehículos blindados, chalecos antibalas, medios de
comunicación celular y guardias indígenas como hombres de protección, entre
otros[38];
(viii) el Ejército Nacional ha adelantado campañas para prevenir el
reclutamiento forzado de menores indígenas[39];
(ix) la Policía Nacional se encuentra combatiendo la minería ilegal y, en
desarrollo de dicha tarea, ha destruido, suspendido, intervenido y cerrado
diversas minas, incautando maquinaria e insumos, y deteniendo a las personas
que realizan esta actividad sin los permisos suficientes[40].
5.2.4.
Teniendo en cuenta los anteriores hechos, la Cancillería le solicitó a la CIDH
levantar la medida cautelar No. 195 de 2005.
5.2.5.
En relación con la medida cautelar No. 301 de 2008, el Ministerio de Relaciones
Exteriores informó que los treinta y dos (32) líderes y asesores del CRIC beneficiarios
de tal medida fueron representados ante la CIDH por la ONIC y el Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo. En la solicitud de medidas cautelares, las
mencionadas organizaciones argumentaron que los indígenas requerían protección
urgente, puesto que, además de las varias masacres y hostigamientos que han
sufrido a lo largo de su historia, en el dos mil ocho (2008) fueron asesinados
seis (6) de sus líderes, dos (2) comuneros desaparecieron y uno (1) fue víctima
de atentados contra su vida e integridad, por hechos atribuibles al Ejército
Nacional, a las Águilas Negras, a la organización “Campesino Embejucados del
Cauca” y a la “Asociación de Colombianos en Defensa de la Patria”[41];
(iii) pese a estar cobijados por las medidas cautelares, varios concejeros del
CRIC han sufrido nuevos ataques y amenazas, como es el caso de los señores y
señoras Álvaro Muñoz, Emigdio Velasco Calambas, Alfredo Acosta Zapata, Libia
Arminda Paz y Aida Marina Quilcué, quienes presentaron las denuncias
respectivas por encontrar que su vida e integridad estaba en peligro[42],
y (iv) debido al fuego cruzado entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados
al margen de la ley, murieron seis (6) guardias indígenas en el trascurso del
año dos mil diez (2010)[43].
5.2.6.
Seguidamente, la Cancillería aportó copia de los informes enviados por el
Estado colombiano a la Comisión Interamericana en relación con el cumplimiento
de las medidas cautelares No. 301 de 2008. En estos informes, se sostiene,
entre otros, lo siguiente: (i) los treinta y dos (32) beneficiarios han
recibido medidas de protección por parte del entonces Ministerio del Interior y
de Justicia[44]
y la Unidad Nacional de Protección, quienes celebraron con el CRIC los
convenios respectivos a efectos de suministrarles vehículos convencionales y
blindados, medios de comunicación satelital y celular, apoyos de combustible,
apoyos de transporte, chalecos antibalas, tiquetes aéreos, apoyos de reubicación
temporal y guardias indígenas como hombres de protección[45], y (ii) los
ataques y amenazas contra los beneficiarios han sido puestos en conocimiento de
las autoridades competentes, quienes han iniciado las investigaciones
respectivas[46].
5.2.7. A
propósito de la medida cautelar No. 255 de 2011, la Cancillería informó que los
habitantes de los cuatro (4) resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y
Jambaló fueron representados ante la Comisión por el CRIC. De acuerdo con dicha
organización, se estima que para el dos mil once (2011) la población total
ascendía a la suma de cuarenta y un mil seiscientos dos (41,602) indígenas,
distribuidos así: nueve mil ciento noventa (9190) en el Resguardo de Toribio,
siete mil setecientos diez (7710) en el Resguardo de San Francisco, ocho mil
ochocientos (8800) en el Resguardo Tacueyó y quince mil novecientos dos (15902)
en el Resguardo de Jambaló[47].
Según manifestó el CRIC en la solicitud de medidas cautelares, todos ellos eran
víctimas del fuego cruzado en las zonas rurales y urbanas, detonación de carros
bomba y otros artefactos explosivos en plazas públicas, masacres, asesinatos
selectivos, reclutamiento forzado de menores, heridas por armas de fuego y
aparatos explosivos y destrucción de viviendas y establecimientos públicos[48]. No obstante
recibir medidas cautelares, siguieron siendo objeto de nuevos atentados, dentro
de los cuales sobresalen los asesinatos de los señores Luis Ever Casamachín
Yule[49],
Rafael Mauricio Girón Ulchur[50],
Milciades Trochez Conda[51],
Manuel Antonio Tumiñá Jenbuel[52]
y Daniel Coicué Julicue[53].
5.2.8.
Por último, la Cancillería le informó a la Corte las actividades desarrolladas
por el Estado colombiano a efectos de dar cabal cumplimiento a las medidas
cautelares No. 255 de 2011. Sobre el particular, indicó que (i) el gobierno
viene trabajando mancomunadamente con las organizaciones indígenas en la
construcción del Programa de Garantías y el Plan de Salvaguarda para el Pueblo
Nasa, según lo ordenó la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009[54];
(ii) el Ejército Nacional ha aumentado su pie de fuerza en la zona donde quedan
ubicados los cuatro (4) resguardos de referencia, realizando actividades para
neutralizar campos minados, desactivar artefactos explosivos y neutralizar
laboratorios de droga[55];
(iii) la Fiscalía General de la Nación ha dado inició a más de cuarenta (40)
investigaciones penales por los delitos cometidos contra los habitantes de los
resguardos protegidos[56];
(iv) la Unidad Nacional de Protección le ha suministrado a la guardia indígena cuatrocientas
(400) botas de caucho, cuatrocientos (400) bastones de mando, cuatrocientos
(400) machetes, cuatrocientas (400) cantimploras, cuatrocientas (400)
linternas, cuatrocientas (400) capas, cuatrocientos (400) chalecos distintivos
y cuatrocientos (400) equipos de camping, y le ha entregado a los resguardos dieciséis
(16) radios de comunicación, apoyos de transporte y capacitaciones sobre
derechos humanos[57];
(v) la Fuerza Pública ha capturado a más de cincuenta y dos (52) integrantes de
la guerrilla de las Farc-EP, que delinquían en los cuatro (4) resguardos
protegidos[58];
(vi) en lugar de ser una fuente de riesgo, el Ejército y la Policía Nacional
buscan cumplir con su mandato legal y constitucional de preservar el orden y la
paz en las comunidades afectadas por la violencia, y (vii) no obstante lo
anterior, la presencia de la fuerza pública y, en especial, del Ejército, sigue
siendo rechazada por las comunidades indígenas, quienes en los últimos años han
arremetido violentamente contra ellos, solicitando su salida del territorio.[59]
5.3.
Unidad Nacional de Protección
5.3.1.
El viernes veintidós (22) de enero del presente año, la Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la Unidad Nacional de Protección[60] rindió
información sobre las medidas de protección otorgadas a las cuarenta y dos (42)
personas cuyos datos fueron solicitados en el Auto de pruebas. Sumándoles los
siete (7) ciudadanos sobre los cuales ya se había pronunciado la entidad en la
contestación a la acción de tutela, la Sala sintetizará los datos obtenidos
sobre la totalidad de los cincuenta y un (51) accionantes en los términos
siguientes:
#
Nombre
Cédula
Beneficiario
Reporte de la UNP
1
Aaron Liponce
76341029
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
2
Adolfo Vivas Andela
4723245
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
3
Aida Marina Quilcué Vivas
34562690
MC 301/08
Seis (6) guardias indígenas son sus hombres de protección
y cuenta con dos (2) vehículos blindados, tres (3) medios de comunicación y
dos (2) chalecos antibalas
4
Alcibiades Escué
Información no suministrada
MC 195/05
Cuenta con un (1) vehículo de protección
convencional, dos (2) guardias indígenas como hombres de protección, un (1) chaleco
antibalas y un (1) medio de comunicación
5
Algemiro Valencia Vigente
76258806
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
6
Álvaro Jaime Muñoz Anacona
4753400
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
7
Álvaro José Mejía Arias
79315358
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
8
Arquímedes Vitonás
Información no suministrada
MC 195/05
Es beneficiario del Convenio 325 de 2015, donde se formaron
doscientos (200) guardias indígenas
9
Carlos Alberto Sánchez
10532658
MC 301/08
Tiene un (1) chaleco antibalas, un (1) medio de
comunicación y un (1) subsidio de transporte de dos (2) SMMLV
10
Daniel Piñacué Achicue
1472741
MC 301/08
Cuenta con un (1) vehículo blindado, un (1) medio de
comunicación, un (1) chaleco antibalas y un (1) guardia indígena como hombre
de protección
11
Demetrio Moya Obispo
4700610
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
12
Edgar Raúl Ibáñez
Información no suministrada
Nombre consignado en la tutela
No cuenta con medidas de protección
13
Elides Pechene Ipia
Información no suministrada
MC 301/08
Es beneficiario del Convenio 325 de 2015, donde se
formaron doscientos (200) guardias indígenas
14
Eliseo Ipia
4692817
Nombre consignado en la tutela
Cuenta con un (1) medio de comunicación, un (1) chaleco
antibalas y un (1) subsidio de transporte de uno punto cinco (1.5) SMMLV
15
Emigdio Velasco Calambas
10720620
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
16
Ernesto Perafán Echeverri
76305519
MC 301/08
Cuenta con un (1) vehículo blindado, subsidio de
combustible, un (1) medio de comunicación, un (1) chaleco antibalas y un (1)
guardia indígena como hombre de protección y conductor
17
Ezequiel Vitonás Talaga
10482115
MC 195/05
Tuvo un (1) vehículo blindado hasta diciembre de dos mil
quince (2015)
18
Feliciano Valencia Medina
Información no suministrada
MC 301/08
Cuenta con un (1) vehículo de protección
convencional, dos (2) guardias indígenas como hombres de protección, un (1) chaleco
antibalas, apoyo de transporte y un (1) medio de comunicación
19
Gabriel Pavi
Información no suministrada
MC 195/05
Tiene medidas de protección y la Unidad
va a realizar la reevaluación del nivel de riesgo
20
Gelmis Chate
4687459
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
21
Germán Valencia Medina
Información no suministrada
Nombre consignado en la tutela
Cuenta con un (1) vehículo de protección convencional, dos
(2) guardias indígenas como hombres de protección, un (1) medio de
comunicación y un (1) chaleco antibalas
22
Gilberto Muñoz Coronado
14882225
MC 195/05
Cuenta con un (1) medio de comunicación, un (1) chaleco
antibalas y un (1) subsidio de transporte de dos (2) SMMLV
23
Gilberto Yafue Villano
76229094
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
24
Héctor León Arias Urrea
4672786
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
25
Hermes Vitelio Menza
4647584
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección y
cuenta con un (1) medio de comunicación, un (1) chaleco antibalas y un (1)
subsidio de transporte de uno punto cinco (1.5) SMMLV
26
Herminson Pertiaga García
4779975
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
27
Jesús Javier Chávez Yondapiz
4727955
MC 301/08
Un (1) guardia indígena como hombre de protección. No fue
posible el suministro de más medidas de protección por falta de
disponibilidad del interesado
28
Jesús Tombe Pilcue
4692688
Nombre consignado en la tutela
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección y
cuenta con un (1) chaleco antibalas y un (1) medio de comunicación. Comparte
un esquema de protección, que consistente en dos (2) vehículos convencionales,
con los señores y señoras Marcos Pechene Calambas, Jorge Eduardo Betancourt
Conda, Lida Emilse Paz Labio y José Mariana Pilcué Quiguanas
29
Jorge Caballero Fula
19193712
MC 301/08
Falleció y se desconoce la causa
30
José Francisco Zambrano
4721852
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
31
José Vicente Otero Chate
79543488
MC 301/08
Cuenta con un (1) medio de comunicación, un (1) chaleco
antibalas, un  (1) subsidio de transporte de dos (2) SMMLV y un (1) guardia
indígena como hombre de protección
32
Libia Armida Paz Mamián
25634134
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección[61]
33
Luis Alberto Guetoto Alos
4645939
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
34
Luis Alfredo Acosta Zapata
4653172
MC 301/08
Cuenta con un (1) vehículo blindado, dos (2) guardias
indígenas como hombres de protección, un (1) medio de comunicación y un (1) chaleco
antibalas
35
Luis Aureliano Yonda Copaque
16741445
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
36
Luis Danilo Secué Pavi
Información no suministrada
MC 301/08
Cuenta con un (1) vehículo de protección
convencional
37
Luz Eyda Julicué Gómez
25364451
Nombre consignado en la tutela
No se le ha hecho estudio de seguridad
38
Luz Mariana Canas
25331706
Nombre consignado en la tutela
Cuenta con un (1) vehículo de protección convencional, dos
(2) guardias indígenas como hombres de protección, un (1) chaleco antibalas y
un (1) medio de comunicación
39
Luz Mila Campo
Información no suministrada
Nombre consignado en la tutela
No se le ha hecho estudio de seguridad
40
Marciana Quira Calapsu
48632278
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
41
Marcos Pechene Calamba
4692608
Nombre consignado en la tutela
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección y
cuenta con un (1) chaleco antibalas y un (1) medio de comunicación. Comparte
un esquema de protección, que consistente en dos (2) vehículos convencionales,
con los señores y señoras Jesús Tombé Pilcué, Jorge Eduardo Betancourt Conda,
Lida Emilse Paz Labio y José Mariana Pilcué Quiguanas
42
Marlitt Puscus Mamián
34565957
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
43
Miliciades Musice
Información no suministrada
MC 195/05
Es beneficiario del Convenio 325 de 2015, donde se
formaron doscientos (200) guardias indígenas
44
Nelson Lemus
Información no suministrada
MC 195/05
Cuenta con un (1) vehículo de protección
convencional, dos (2) guardias indígenas como hombres de protección, un (1)
medio de comunicación y un (1) chaleco antibalas
45
Óscar Cuchillo
Información no suministrada
MC 195/05
Es beneficiario del Convenio 325 de 2015, donde se
formaron doscientos (200) guardias indígenas
46
Patricio Pertiaga Poiroma
76339732
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
47
Pedro Teófilo Maca Puscus
10529148
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
48
Plinio Trochez
Información no suministrada
MC 195/05
Es beneficiario del Convenio 325 de 2015, donde se
formaron doscientos (200) guardias indígenas
49
Rangel Giovani Yule Zape
Información no suministrada
Nombre consignado en la tutela
Cuenta con un (1) vehículo de protección convencional, dos
(2) guardias indígenas como hombres de protección, un (1) medio de
comunicación y un (1) chaleco antibalas
50
Rodrigo Hernán Quira Aguilar
76330191
MC 301/08
Un (1) guardia indígena es su hombre de protección
51
Yohiner Medina Talaga
Información no suministrada
Nombre consignado en la tutela
Las medidas de protección solicitadas están en estudio por
parte del CERREM
5.3.2. La Unidad
Nacional de Protección explicó que cuatro (4) de los nueve (9) beneficiarios de
las medidas cautelares 195 de 2005 decretadas por la CIDH, gozan de una medida
de protección colectiva (guardia indígena), y no de una individual, puesto que
así lo acordaron directamente las partes interesadas[62].
5.3.3. Finalmente,
con el propósito de evidenciar el trabajo que ha realizado el Gobierno Nacional
y la fuerza pública a favor del Pueblo Nasa, la Unidad Nacional de Protección
anexó copia de los siguientes tres (3) convenios suscritos con la ACIN y con el
CRIC: Convenio 229 de 2014 (ya citado y resumido en párrafos anteriores)[63], Convenio
325 de 2015[64]
y Convenio 332 de 2015[65].
5.3.4. En desarrollo
del Convenio 325 de 2015, la Unidad ha realizado las siguientes acciones: (i)
análisis de riesgo colectivo; (ii) protección a dos (2) escuelas indígenas;
(iii) implementación de un fondo de protección de emergencia para los líderes
que lo requieran; (iv) entrega de setecientas (700) botas de caucho, setecientas
(700) linternas, setecientas (700) chalecos antibalas y setecientas (700) gorras;
(v) dos (2) antenas repetidoras de telefonía celular; (vi) formación a doscientos
(200) guardias indígenas[66];
(vii) esquemas individuales de protección para catorce (14) líderes indígenas
en temas de seguridad[67],
los cuales incluyen medios de transporte para ellos y sus familias.
5.3.5. En desarrollo
del Convenio 332 de 2015, la Unidad Nacional de Protección destinó los recursos
necesarios para la implementación de una guardia indígena compuesta por treinta
y cuatro (34) personas y encargada de la seguridad de treinta y un (31) líderes[68]. Para tal
efecto, entregó treinta y cuatro (34) botas de caucho, treinta y cuatro (34) chalecos
distintivos, treinta y cuatro (34) carnets, treinta y cuatro (34) gorras, treinta
y cuatro (34) capas y treinta y cuatro (34) chontas (o bastones de mando).
5.4. Ejército
Nacional
5.4.1. El veinticinco
(25) de enero de dos mil dieciséis (2016), el comandante encargado de la Fuerza
Tarea Apolo[69]
dio respuesta al Auto de Pruebas. Informó lo siguiente[70]: (i) el Ejército tiene
presencia en el municipio de Toribio, donde están ubicados los cuatro (4)
resguardos protegidos por la medida cautelar No. 255 de 2011, a través de la
Brigada Móvil No. 14, la cual desarrolla operaciones de control territorial
para proteger permanentemente a la población civil, sus bienes y los recursos
del Estado; (ii) durante el último año, no se han registrado confrontaciones
armadas que hayan afectado a ciudadanos y, por ende, la situación de orden
público ha sido normal; (iii) los habitantes del municipio de Toribio han
manifestado verbalmente que se encuentran conformes con las labores del
Ejército; (iv) no hay reportes sobre minería ilegal en la zona, y (v) sí hay
denuncias sobre narcotráfico y peticiones de la comunidad para ser incluida en
programas de sustitución de cultivos ilícitos. Sobre este último punto, el
Ejército llamó la atención sobre lo que denominaron un “posible conflicto de
intereses dentro de las comunidades indígenas” relacionado con la erradicación
de cultivos ilícitos, toda vez que algunos comuneros extraen de allí su
sustento diario y han agredido a la Fuerza Pública cuando esta ha intentado erradicarlos.
5.4.2. Para sustentar
lo anterior, el comandante encargado de la Fuerza Tarea Apolo anexó copia de
las actas de los Consejos de Seguridad que fueron convocados por la alcaldía
municipal de Toribio desde agosto de dos mil quince (2015) hasta la fecha, así
como copia de los certificados de buen comportamiento que emitió la entidad
territorial durante esos meses, calificando positivamente las gestiones
adelantas por el Ejército.
5.5. Policía
Nacional
El veintisiete (27)
de enero de dos mil dieciséis (2016), el jefe de la Oficina de Asuntos
Jurídicos del Departamento de la Policía del Cauca[71] dio respuesta al Auto de
Pruebas. Informó que, de acuerdo con los reportes entregados por la Seccional
de Inteligencia del Cauca y el Centro de Investigaciones Criminológicas, la
situación de orden público en los Resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó
y Jambaló es normal. Señaló que no se han presentado hechos violentos por parte
de los grupos armados ilegales que delinquen en la zona gracias, entre otros
factores, al cese al fuego unilateral que decretó las FARC-EP en julio de dos
mil quince (2015). Como resultado, sólo se ha registrado un caso de hurto y uno
de lesiones personales en el último año.
5.6. Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
5.6.1. El dos (2) de
febrero de dos mil dieciséis (2016), la ACIN respondió al Auto de Pruebas
informando lo siguiente[72]:
(i) sólo dos (2) de los nueve (9) beneficiarios de la medida cautelar No. 195
de 2005 recibieron medidas de protección individuales por parte del Estado
colombiano, a saber, los señores Nelson Lemus y Alcibiades Escué[73]; (ii) los
siete (7) beneficiarios restantes han seguido siendo objeto de amenazas y, por
ende, consideran que su vida e integridad están en riesgo; (iii) los treinta y
dos (32) beneficiarios de la medida cautelar No. 301 de 2008 siguen siendo
víctima de seguimientos, amenazas, estigmatizaciones, persecuciones y
hostigamientos (la ACIN no precisa sus nombres); (iv) del conjunto de
beneficiarios indeterminados pero determinables de la medida cautelar No. 255
de 2011, cinco (5) personas han recibido medidas de protección individuales, a
saber, los señores Gustavo Orozco, Crecencio Peteche, Mario Baicue, Marcos
Pechne y Jesús Tombe[74];
(v) varias de las personas que han recibido protección por parte del Estado,
consistente en el suministro de vehículos convencionales o blindados, enfrentan
problemas para hacer uso efectivo de los mismos, toda vez que la empresa
encargada de su mantenimiento no realiza oportunamente el cambio de aceite, de
llantas y de repuestos mecánicos[75];
(vi) para contrarrestar los problemas de seguridad, la guardia indígena ha
adoptado diversos planes, dentro de los cuales se encuentra el Plan Minga en
Resistencia y la propuesta de protección Yaja[76],
y (vii) los convenios celebrados entre la ACIN y la Unidad Nacional de
Protección para financiar y ejecutar las medidas de protección individuales y
colectivas han tenido problemas de ejecución, pues los desembolsos se hacen de
manera tardía y no cubren todos los meses del año. Esto último deja
desprotegida temporalmente a la comunidad. Adicionalmente, la Asociación precisó
que para el dos mil dieciséis (2016) no se ha celebrado convenio alguno.
5.6.2. Para probar
que los atentados continúan y que los líderes del Pueblo Nasa siguen en riesgo,
la ACIN anexó un informe con el compilado de comuneros asesinados y amenazadas
desde el dos mil nueve (2009) hasta el dos mil catorce (2014)[77]. Durante esos cinco (5)
años, fueron asesinados trescientos ocho (308) comuneros y doscientos diez
(210) recibieron amenazas. La mayoría de los muertos eran jóvenes que tenían
entre veinte (20) y treinta (30) años, pero también registran adultos mayores,
niños de brazos y mujeres en estado de embarazo. La mitad de las personas
amenazadas, por otro lado, son guardias indígenas que residen en los resguardos
de San Francisco, Toribio, Tacueyó y Jambaló. Así mismo, la ACIN señaló que en
esos cinco (5) años ocurrieron ciento cincuenta y cuatro (154) masacres,
treinta y dos (32) desplazamientos forzados, cuatrocientos veintinueve (429)
comuneros resultaron heridos, veinticinco (25) desaparecieron, veintiséis (26) se
suicidaron, cincuenta y cinco (55) menores fueron reclutados y tres (3)
misiones médicas fueron atacadas.
5.6.3. Por último, la
Asociación anexó unos panfletos proferidos por las FARC-EP, los Rastrojos, las
Águilas Negras y otros grupos armados[78],
donde declaran objetivo militar a los líderes y guardias indígenas y, en
especial, a aquellos miembros de la ACIN y del CRIC por considerar que (i) son
aliados del bando enemigo (cualquiera que sea); (ii) roban tierras, y (iii)
obstaculizan el progreso, dificultando el trabajo en las minas y obstruyendo
las carreteras.
5.6.4. En resumen, el
año donde más se reportaron hechos violentos, fue el dos mil nueve (2009),
seguido del dos mil doce (2012) y del dos mil once (2011), en ese orden. Los
ataques y amenazas provienen principalmente de las FARC-EP, del Ejército y de la
Policía Nacional.
5.7. Universidad
de los Andes
El veintiuno (21) de
enero del presente año, la Directora del Departamento de Antropología de la
Universidad de los Andes[79]
respondió al Auto de Pruebas, señalando que sin obtener copia del expediente de
referencia, no podían emitir un concepto.
5.8. Universidad
del Rosario
El veintisiete (27)
de enero de dos mil dieciséis (2016), la Directora de la Oficina Jurídica del
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario[80]
respondió al Auto de Pruebas informando que, pese a su interés en la materia,
no podían conceptuar, pues no contaban con un profesor disponible para tal
efecto.
5.9. Organización
Nacional Indígena de Colombia
El tres (3) de
febrero de dos mil dieciséis (2016), el Consejero Mayor de la ONIC[81] contestó al
Auto de Pruebas, rindiendo concepto sobre las principales características del
pueblo indígena Nasa, así como sobre las afectaciones que ha sufrido con
ocasión del conflicto armado interno. Sus aportes serán integrados al cuerpo
principal de esta Sentencia y, en especial, al acápite quinto.
5.10. Comisión
Colombiana de Juristas
El tres (3) de
febrero de dos mil dieciséis (2016), el director de la Comisión Colombiana de
Juristas[82],
en conjunto con uno de sus investigadores[83],
contestó al Auto de Pruebas, rindiendo concepto sobre las principales
características del pueblo indígena Nasa, así como sobre las afectaciones que
ha sufrido con ocasión del conflicto armado interno. Sus aportes serán
integrados al cuerpo principal de esta Sentencia y, en especial, al acápite quinto.
5.11. Instituto
Colombiano de Antropología e Historia
El cuatro (4) de
febrero de dos mil dieciséis (2016), la subdirectora científica del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia[84]
contestó al Auto de Pruebas, rindiendo concepto sobre las principales
características del pueblo indígena Nasa, así como sobre las afectaciones que
ha sufrido con ocasión del conflicto armado interno. Sus aportes serán
integrados al cuerpo principal de esta Sentencia y, en especial, al acápite quinto.
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para
revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de referencia con
fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del
artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33,
34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991[85].
2. Presentación del caso, problema jurídico y esquema de solución
2.1. La Corte
Constitucional ha explicado que el juez de tutela tiene amplias facultades para
interpretar las demandas de tutela y construir el problema jurídico del caso[86], dada la
informalidad de la acción y la necesidad de asegurar al máximo la eficacia de
los derechos constitucionales. Además, ha señalado que esta facultad es más
amplia en el caso de la Corte Constitucional, pues a este Tribunal le corresponde
unificar la jurisprudencia en materia de interpretación de los derechos
fundamentales. Con base en estas facultades, la Sala procede a presentar el
caso y el problema jurídico a resolver.
2.2. El caso
objeto de estudio le plantea a la Sala un serio desafío en la construcción del
Estado multicultural, pluralista y diverso concebido por el Constituyente de mil
novecientos noventa y uno (1991).
2.3. En
efecto, estos principios obedecen al interés por incorporar a la identidad
nacional los rostros de los pueblos indígenas que, desde tiempos ancestrales,
habitan el país y enfrentan diversos obstáculos para lograr la eficacia de sus
derechos, asumir sus destinos de manera autónoma y superar la discriminación
que los ha marcado históricamente. La tutela objeto de estudio hace referencia,
precisamente, a la situación de seguridad de todo el Pueblo Nasa.
2.4. Ahora
bien, tanto la Corte Constitucional como la Comisión Interamericana han
señalado que el Pueblo Nasa o Paez, en general, y algunos de sus líderes, en
particular, han sido víctimas de acciones violentas en el contexto del
conflicto armado interno y aún enfrentan amenazas constantes a sus derechos. En
lo concerniente a la situación general del pueblo, desde el Auto 004 de 2009[87], la Corte
Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional implementar un plan de
salvaguarda, concertado con las comunidades Nasa, considerando el impacto
diferencial que el conflicto ha tenido sobre su forma de vida, sus territorios
y su autonomía. En el año dos mil once (2011), la CIDH dictó medidas cautelares
de protección a favor de cuatro (4) resguardos y todos sus habitantes,
indeterminados pero determinables.
2.5. En lo que
tiene que ver con los líderes, la Comisión, en dos (2) oportunidades distintas
(años dos mil cinco y dos mil nueve), ha considerado que existe un riesgo
cierto para su integridad física y su vida, por lo que le ha ordenado al Estado
colombiano implementar medidas para su protección.
2.6. En ese
contexto, la Corte estudiará la acción de tutela presentada con el propósito de
lograr que las medidas que desarrolla el Estado para la defensa del Pueblo Nasa
y sus líderes sean adecuadas y efectivas. La tutela persigue, de un lado, la
protección de los derechos de cincuenta y un (51) personas plenamente identificadas
y, de otra, la de todos los habitantes de los resguardos de Toribío, San
Francisco, Tacueyó y Jambaló. Es decir, de aproximadamente cuarenta y dos mil (42,000)
indígenas nasa determinables, cuya vida, integridad personal, territorios y
autonomía estarían en peligro por hechos asociados al conflicto armado interno,
y que tienen lugar o impactan su territorio ancestral, ubicado en el norte del departamento
del Cauca.
2.7. Por su
parte, las autoridades estatales vinculadas a este trámite aseguran que han
cumplido plenamente las órdenes de la Comisión a través de medidas consistentes
en (i) la entrega de bastones de mando y otros implementos a la guardia
indígena; (ii) la designación de escoltas, principalmente de la guardia indígena;
(iii) el suministro de equipos de comunicaciones, y (iv) la distribución de
vehículos, algunos de ellos blindados, para los líderes amenazados. Los
accionantes, sin embargo, afirman que estas actuaciones son insuficientes, pues
las violaciones a sus derechos persisten.
2.8. Así las
cosas, la Sala estima que aunque los demandantes presentaron la acción
invocando el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad
personal y al debido proceso, que se concreta en el cumplimiento o adecuación
de las medidas cautelares que la CIDH les ha concedido, el asunto objeto de
estudio plantea una situación cuya gravedad excede a aquella relatada por la
Comisión y plantea dos (2) preguntas esenciales acerca de la seguridad de un
pueblo indígena y la eficacia de los recursos judiciales y
cuasijurisdiccionales para la protección de su derecho a la seguridad, en
eventos en los que esto tiene una clara dimensión colectiva.
2.9. El caso
plantea, además, un conjunto de características que deberán ser abordadas por
este Tribunal. En primer lugar, la situación de violación y amenazas que se
ciernen sobre los derechos de los Nasa y que han sido declaradas en
pronunciamientos tan relevantes como las tres (3) resoluciones de medidas
cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana, previamente reseñadas, así
como en el Auto 004 de 2009[88]
de la Corte Constitucional. En segundo lugar, ya existen medidas de protección
en curso, pero se discute seriamente su adecuación y eficacia a la situación de
un pueblo indígena, es decir, de un colectivo de especial protección
constitucional. En armonía con lo anterior y, en tercer lugar, la dimensión
colectiva del problema jurídico exige que la Corte, más allá de realizar un
juicio sobre el acatamiento de las medidas cautelares, determine los estándares
de protección a la seguridad, no solo en el ámbito personal, sino también en el
nivel del pueblo indígena, titular de derechos fundamentales que trascienden a
los de sus miembros individualmente considerados. Por último, el asunto se
enmarca en una situación de conflicto armado en la que, de acuerdo con las
afirmaciones formuladas en la acción de tutela, no solo los grupos armados al
margen de la ley, sino también la Fuerza Pública, se encuentran comprometida en
la violación de sus derechos. Asimismo, se trata de un difícil escenario social
en el que el concepto mayoritario de desarrollo ejerce presiones intensas sobre
los territorios de los pueblos indígenas, como lo denuncian los demandantes,
refiriéndose específicamente a la exploración y explotación de minerales en sus
territorios.
2.10. Teniendo en cuenta lo
anterior, a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional le
corresponde establecer si (i) el Pueblo Nasa y sus líderes enfrentan una
situación de riesgo a sus derechos a la seguridad personal y colectiva; (ii) si
el Estado colombiano ha adoptado las medidas necesarias, efectivas, y
étnicamente adecuadas para la protección de los derechos, tanto de los líderes
del pueblo, como de los cuatro (4) resguardos tutelantes, y (iii) en caso de
considerar que es preciso conceder el amparo que se reclama, la Sala deberá
establecer el remedio judicial a adoptar, considerando las esferas individual y
colectiva del conflicto, y la posibilidad de revisar, modificar, complementar o
crear nuevas medidas de protección frente a las que el Estado colombiano ya ha
entregado al Pueblo Nasa en cumplimiento de las decisiones de la CIDH y de las
órdenes previas de esta Corporación.
2.11. Para dar respuesta a estos
interrogantes, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre (i) la obligatoriedad
de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la procedencia de la acción de tutela para perseguir su cumplimiento;
(ii) el derecho a la seguridad frente a sujetos colectivos de derechos
fundamentales, y (iii) la resolución del caso concreto, dividida en un estudio
sobre la historia del Pueblo Nasa, la respuesta dada por el Gobierno a la
problemática que viven y las conclusiones que de allí se pueden extraer
respecto al cumplimiento efectivo de las medidas cautelares decretadas por las
CIDH.
3. Naturaleza jurídica de las medidas cautelares dictadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su obligatoriedad en el orden
interno y la procedencia de la acción de tutela para perseguir su cumplimiento
– Reiteración jurisprudencial –
3.1.
Marco legal
3.1.1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH), suscrita el veintidós
(22) de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), con el propósito
de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en todos
los Estados miembros. Dicho instrumento fue aprobado por Colombia a través de la Ley
16 de 1972[89] y
ratificado el veintiocho (28) de mayo de mil novecientos setenta y tres (1973).
3.1.2.
Según su artículo 44, cualquier persona, grupo de personas o entidad no
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados de la OEA, puede
presentarle a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas sobre
violaciones por un Estado parte a los derechos consagrados en la Convención.
3.1.3. En consonancia con dicha facultad, el artículo 25 del
reglamento interno de la Comisión le permite a dicha corporación solicitarle a un Estado la adopción de medidas
cautelares. Esto es, acciones para evitar la consumación de un daño irreparable
a las personas[90],
con ocasión de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema
Interamericano en situaciones de gravedad[91] y urgencia[92]. Las medidas
cautelares son, por ende, una herramienta excepcional a disposición de la
Comisión para evitar una posible y grave vulneración de los derechos consagrados
en la CADH y/o en otros instrumentos relacionados, cuando ninguno de los
recursos nacionales e internacionales a disposición del afectado están en
capacidad de ofrecerle la protección requerida de manera oportuna. Teniendo
esto en cuenta, las medidas cautelares no constituyen un prejuzgamiento sobre
una efectiva violación, pues son ordenadas como una medida preventiva y no como
consecuencia del estudio a fondo de un caso concreto.
3.1.4.
Cuando la CIDH profiere una medida cautelar, se dirige al Estado como un todo,
razón por la cual, es éste el que, de acuerdo con su orden jurídico interno y
las particularidades de cada caso, debe determinar cuáles de sus entidades son
responsables de cumplir las exigencias de la Comisión.
3.1.5.
De acuerdo con lo establecido en los numerales 6º y 8º del artículo 3º del
Decreto 3355 de 2009[93], en el
caso colombiano el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien sirve como
interlocutor, coordinador y enlace para todas las gestiones adelantadas ante la
CIDH, así como el que articula a las demás entidades nacionales,
departamentales y municipales en lo que concierne a las relaciones
internacionales y la política exterior en materia de derechos humanos. Más
precisamente, según las Resoluciones 2091 de 2011 y 5813 del mismo año, la
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la
Cancillería tiene la función de coordinar interinstitucionalmente la definición
de elementos técnicos, jurídicos y conceptuales a este respecto, mientras que
su Grupo Interno de Trabajo de Asuntos de Protección sobre Derechos Humanos
hace seguimiento a las medidas cautelares solicitadas por la CIDH.
3.1.6.
En relación con el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares decretaras
por la CIDH, el primer encargado de establecer el modo de hacerlas efectivas es,
por ende, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero, dada la inexistencia de
mecanismos judiciales ante los cuales se pueda perseguir su eficacia en el
orden interno, la Corte Constitucional ha considerado que, dada la urgencia que
caracteriza las situaciones estudiadas por la CIDH, la tutela es procedente para
lograr una justicia material, siempre que el cumplimiento de las medidas referidas
se vea obstaculizado por la inactividad, la mora, el descoordinación o la negligencia
de las entidades responsables. A continuación se hará una reseña de las
decisiones constitucionales que, de forma uniforme y constante, han llegado a
esa conclusión y que, por ende, constituyen un precedente homogéneo y
vinculante.
3.2.
Jurisprudencia constitucional
3.2.1.
En sede de control de tutela, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre
el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH en, al menos,
seis (6) oportunidades[94]. En la
mayoría de ellas, ha tratado casos de personas que,
pese haberse visto beneficiadas por tales medidas, siguieron siendo sujetos de
amenazas o violaciones a su integridad personal por parte de agentes estatales
o de terceros no identificados, al no recibir la protección requerida, o debido
a que la que recibieron resultó insuficiente. En consecuencia, las acciones de
tutela que presentaron estuvieron dirigidas a exigir el cumplimiento efectivo e
inmediato de las medidas cautelares que los cobijaban, sin necesidad de agotar
recursos internos o cumplir con requisitos formales adicionales.
3.2.2.
Sobre la procedibilidad de dichas acciones, las diferentes Salas de Revisión
han establecido reiteradamente que las tutelas interpuestas con este objetivo
resultan procedentes, con base en dos (2) argumentos: (i) las medidas
cautelares decretadas por la CIDH y la acción de tutela son complementarias, porque
tienen similares características y persiguen el mismo propósito[95] (el goce efectivo de los derechos humanos
establecidos en la Convención, y fundamentales previstos en la Carta Política),
y (ii) la acción de tutela es el mecanismo principal para la defensa del
derecho fundamental al debido proceso, el cual se ve lesionado cuando el Estado
desacata una medida cautelar porque la priva de sus efectos materiales[96].
De esta manera, la Corporación ha abogado por el logro de la justicia material
reconociendo la urgencia que caracteriza a las situaciones estudiadas por la
Comisión y la ausencia de un mecanismo de defensa a nivel interno para exigir
su cumplimiento.
3.2.3. En cuanto al fondo, la
Corporación ha construido un conjunto de reglas jurisprudenciales con el
objetivo de precisar cómo deben entenderse las medidas cautelares y cómo y por
qué deben ser siempre acatadas. Sus consideraciones se resumen a continuación:
(i) las medidas cautelares decretadas por la Comisión son vinculantes porque
Colombia le reconoció competencia a dicho órgano en materia de derechos humanos
y porque desarrollan la Convención Americana, la cual integra el Bloque de
Constitucionalidad[97];
(ii) una vez proferidas, se entienden incorporadas automáticamente al orden
interno y, por lo tanto, no se requiere de una ley, de un decreto, de un acto
administrativo o de cualquier otro pronunciamiento para que tengan efecto[98];
(iii) su cumplimiento debe ser inmediato, pues de lo contrario, no se podría
evitar el perjuicio irremediable que justificó su adopción[99]; (iv) su
desacatamiento conlleva al desconocimiento de los compromisos internacionales
suscritos por Colombia y a una posible responsabilidad internacional por parte
del Estado[100],
y (v) se diferencian de las recomendaciones no
vinculantes que emite la Comisión porque mientras las medidas cautelares se
refieren a casos concretos, las recomendaciones aluden a situaciones
generalizadas de violaciones a los derechos humanos[101].
3.2.4. A partir de las anteriores consideraciones,
la Corte ha resuelto la mayoría de los casos ordenándole a las autoridades competentes
desplegar las actividades necesarias para materializar la protección exigida
por la CIDH. Según las particularidades de cada asunto, y la información
disponible sobre la situación de riesgo de los accionantes, ha resuelto directa
e inmediatamente el problema analizado o abogado para que la entidad
correspondiente lo solucione, bajo ciertas condiciones y en un tiempo
prudencial. Así, por ejemplo, le ha ordenado al Estado (i) concertar con los
beneficiarios de las medidas cautelares los esquemas y los equipos de
protección que necesitan; (ii) ofrecer medidas de protección específicas; (iii)
reanudar el suministro de las medidas de protección suspendidas, o (iv) hacerle
seguimiento a la situación de los peticionarios a
efectos de tomar los correctivos necesarios en caso de que su nivel de riesgo
se concrete en una amenaza cierta.
3.2.5.
Por la importancia del tema, se ahondará en los seis (6) casos estudiados por
la Corporación, así como en las reglas que formularon las diferentes Salas de Revisión
para resolverlos.
3.2.6.
La primera vez que este Tribunal se pronunció sobre las medidas cautelares
ordenadas por la CIDH, fue en la Sentencia T-558
de 2003[102]. Allí,
la Sala Novena de Revisión resolvió el caso de una señora, cuyo hijo se encontraba desaparecido. Ella elevó una petición
ante la CIDH y le fueron otorgadas medidas cautelares a favor de sus derechos y
los de su familia a la vida y a la integridad. Sin embargo, días después de que
fueran ordenadas, miembros de organismos del Estado ingresaron a su casa y
torturaron a uno de sus ocupantes, razón por la cual, la peticionaria presentó
una acción de tutela con el objetivo de obtener el cumplimiento efectivo de las
medidas otorgadas por la Comisión.
3.2.7. La Sala
Novena inició su exposición determinando la naturaleza jurídica de las medidas
cautelares. Sostuvo que son actos jurídicos adoptados por un organismo internacional de protección de los derechos
humanos mediante el cual se conmina al Estado demandado para que, ante un caso
concreto, grave y urgente, adopte en el menor tiempo posible todas las
medidas necesarias de orden administrativo o judicial, a fin de cesar una
amenaza sobre un derecho humano[103].
Su propósito, entonces, es el de preservar una situación específica para evitar
que se consumen de manera irreparable las violaciones a los derechos que se
pretenden proteger a través de un proceso de responsabilidad estatal.
3.2.8. En el
mismo sentido, la Sala dispuso que las medidas cautelares (i) tienen un carácter vinculante porque son proferidas por un órgano internacional al
que previamente Colombia le atribuyó y reconoció competencia para pronunciarse
sobre presuntas violaciones a los derechos humanos; (ii) se incorporan automáticamente
al ordenamiento jurídico interno y, por ende, no requieren de una ley, de un
acto administrativo o del agotamiento de los recursos internos; (iii) su
incumplimiento implica una violación de los compromisos internacionales
celebrados por el Estado, toda vez que ellas constituyen un desarrollo de la
Convención Americana de Derechos Humanos, e (iv) independientemente de lo
anterior, la ejecución interna de
las medidas cautelares se encamina simplemente a hacer efectivos los deberes de
respeto y protección de los derechos fundamentales asignados a las diversas
autoridades públicas colombianas por orden de la Constitución.
3.2.9.
Teniendo en cuenta lo anterior, estableció que las medidas cautelares se
diferencian de las recomendaciones que profiere la Comisión, en cuanto las
primeras son vinculantes y se refieren a
casos concretos, particularizados y con beneficiarios determinados (o
determinables), mientras que las
segundas aluden a situaciones generalizadas de violaciones de los
derechos humanos y, por lo tanto, suponen una acción conjunta de las distintas
ramas que ejercen el poder público.
3.2.10. En relación con las
autoridades internas encargadas de la ejecución de las medidas cautelares, la
Sala dispuso que, en ausencia de una indicación expresa por parte de la
Convención o del reglamento interno de la Comisión, el Estado colombiano debe
ser considerado como un todo, sin tomar en consideración su estructura interna.
Como resultado, goza de un margen de maniobra relativamente amplio al momento
de establecer responsabilidades sobre el cumplimiento de las medidas descritas. Consecuentemente, y según
las particularidades de cada caso concreto, él deberá informarle a la Comisión
cuáles de sus distintas autoridades nacionales, departamentales y/o municipales
están encargadas de ejecutar las medidas ordenadas.
3.2.11. Finalmente, respecto a la
procedencia de la acción de tutela a través de la cual se solicita el
cumplimiento de una medida cautelar, la Sala determinó que en cuanto la tutela
y las medidas cautelares revisten características similares, la primera resulta
procedente para exigir el cumplimiento de las segundas[104]. Esto
obedece a que ambas se asemejan en su carácter urgente, sumario, expedito e
informal, así como en su propósito: prevenir un perjuicio irremediable que se
cierne sobre un determinado derecho humano.
3.2.12. En
relación con el caso concreto, la Sala consideró que las autoridades nacionales
(el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y la
Fiscalía General de la Nación) fueron pasivas y negligentes ante la crítica
situación de la accionante, exigiéndole agotar recursos internos y cumplir con
formalismos innecesarios[105]. Las medidas de protección
adelantadas por ellas, por ende, resultaron insuficientes para lograr el
objetivo para el cual fueron decretadas. En virtud de lo expuesto, la Corte
concedió el amparo y les ordenó a las autoridades competentes desplegar las
actividades necesarias a fin de materializar la protección requerida.
3.2.13.
Posteriormente, la Sala Sexta de Revisión profirió la Sentencia T-786 de 2003[106], en
la cual analizó el caso de una ciudadana, cuyo hermano fue
detenido y desaparecido, según ella, por parte de la Fiscalía General de la
Nación. Luego de presentar una petición ante la CIDH, otro de sus hermanos
desapareció, un tercero fue asesinado y la directora de la fundación que la
asesoraba ante la instancia internacional corrió igual suerte. Meses después,
la Comisión decretó medidas cautelares ordenándole al Estado colombiano
salvaguardar los derechos de la accionante, de su familia y de los miembros de
la fundación, a la vida y a la integridad personal. Sin embargo, las
autoridades competentes no les ofrecieron ninguna protección, argumentando que
los beneficiarios no habían cumplido con algunos requisitos formales. Teniendo
en cuenta estos hechos, la actora interpuso una acción de tutela reclamando el
cumplimiento efectivo de las medidas cautelares descritas.
3.2.14.
Dentro de sus consideraciones, la Sala anotó que las medidas cautelares
proferidas por la CIDH eran vinculantes porque (i) fueron emitidas por un
órgano cuya competencia fue reconocida por Colombia; (ii) desarrollaban la
Convención Americana de Derechos Humanos, la cual integra el Bloque de
Constitucionalidad, y (iii) habiendo el Estado aceptado el artículo 44 del
anterior instrumento, según el cual toda persona tiene derecho a presentar
peticiones ante la Comisión, no tendría
sentido negar que las órdenes que profiere ese organismo en el conocimiento de
las mismas son vinculantes. El incumplimiento de las medidas cautelares, por ende, constituye
una violación de los compromisos internacionales adoptados por el Estado.
3.2.15. Además de los fundamentos
convencionales que sustentan la vinculatoriedad de las medidas cautelares, la
Sala ofreció un argumento adicional para su observancia: su incumplimiento
desconoce el derecho fundamental al debido proceso, consagrado tanto a nivel
nacional, como internacional. Dicho argumento se basa en las siguientes
premisas: (i) en un Estado Social de Derecho se requiere que la justicia formal
se materialice, pues una orden que no sea ejecutoriada deja intacta la
situación de vulneración de los derechos que se pretenden remediar y, por
tanto, carece de sentido; (ii) el pleno cumplimiento del debido proceso para el
individuo que solicita la protección ante instancias internacionales se logra
cuando el Estado respectivo cumple con lo dispuesto por la Comisión, pues sólo
así surte efectos materiales la orden impartida.
3.2.16. La anterior apreciación le
permitió a la Sala fundamentar la procedibilidad de la acción de tutela
interpuesta para obtener el cumplimiento efectivo de una medida cautelar.
Tratándose de una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, y no
habiendo un medio ordinario de defensa judicial previsto para ventilar una
controversia como ésta, señaló que la tutela se convierte en el mecanismo
principal para reclamar el cumplimiento de los derechos consagrados en un
tratado internacional que integra el bloque de constitucionalidad.
3.2.17.
Aunado a esto, la Sala dispuso que el acatamiento de las medidas cautelares
debe ser inmediato, pues sólo así se
cumple con su principal propósito: evitar un perjuicio irremediable. Si se
ponen trabas a su cumplimiento, se desnaturalizará la medida.
3.2.18.
Con base en lo anterior, la Corte encontró que las entidades nacionales no
desplegaron actividades suficientemente idóneas para salvaguardar la vida y la
integridad de la accionante y de sus familiares[107]. Razón por la cual, le ordenó a las distintas
entidades del orden nacional asumir una actitud más activa y acorde con la
premura del caso, en lugar de ser insistentes en el cumplimiento de requisitos
formales y esperar de los peticionarios una diligencia que, debido a la
delicada situación que atravesaban, no podían desarrollar. Específicamente, la
Corte le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores impulsar el proceso y
monitorear el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares. Al Ministerio
del Interior le ordenó incluir inmediatamente a los beneficiarios en el
Programa de Protección.
3.2.19.
En la sentencia T-524 de 2005[108], la Sala Séptima de
Revisión se ocupó del caso de un ciudadano que fue objeto de hostigamientos y
amenazas en contra de su vida e integridad. Por esa razón, la CIDH le otorgó
medidas cautelares[109]. Sin embargo, el
Estado colombiano no le ofreció la protección requerida, pues a pesar de las
actividades adelantadas por las autoridades nacionales con el objetivo de
minimizar los factores de riesgo, siguió siendo objeto de “montajes
judiciales”, allanamientos ilegales y detenciones ilegales, entre otros
múltiples hostigamientos contra su persona y familia.
3.2.20. Dentro de sus consideraciones, la Sala se refirió a la
naturaleza jurídica de las medidas cautelares, señalando que (i) son actos jurídicos adoptados
por un organismo internacional de carácter cuasi jurisdiccional para cesar una
amenaza sobre un derecho humano determinado en casos graves y urgentes; (ii)
son vinculantes para el Estado colombiano de acuerdo con la conformación del
bloque de constitucionalidad y los compromisos internacionales por él
celebrados, y (iii) se diferencian de las recomendaciones que profiere la
Comisión, pues estas últimas no son vinculantes en estricto sentido, toda vez
que no tratan de casos concretos y de beneficiarios determinados o
determinables, sino de situaciones generalizadas de violaciones a los derechos
humanos.
3.2.21. Asimismo, indicó que (i) el cumplimiento de las medidas cautelares puede ser
exigido por medio de la acción de tutela, dado que no existen otros medios de
defensa judicial para solicitar su acatamiento, y (ii) cuando los niveles de peligro rebasan aquellos
implícitos en la vida en sociedad, la obligación del Estado de garantizar la
seguridad de los sujetos expuestos a riesgos excepcionales se convierte en una
obligación de resultados (para efectos de responsabilidad administrativa) y no
de medio, como la que tiene en relación con la población que no se encuentra en
dichas circunstancias.
3.2.22. Teniendo esto en
cuenta, el Tribunal encontró que las
medidas de protección ofrecidas al actor eran insuficientes pues, según los
hechos expuestos por él en el curso del proceso, los eventos y las amenazas que
dieron lugar al decreto de las medidas cautelares seguían existiendo. Dicho
esto, la Sala amparó sus derechos a la seguridad y a integridad personal y, en
consecuencia, le ordenó (i) al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar un
seguimiento de la eficaz ejecución de las medidas de protección; (ii) a la Policía
Nacional brindar la protección necesaria y hacer lo posible para hacer cesar
los hostigamientos, y (iii) al Ministerio del Interior acordar con él las
medidas de protección más adecuadas para evitar que el riesgo extraordinario se
materializara.
3.2.23. En la
Sentencia T-435 de 2009[110], la Sala Sexta de Revisión estudió la acción de tutela que interpusieron la madre y la hija de una
persona condenada a treinta (30) años de prisión, quienes alegaban la
vulneración de sus derechos fundamentales a la unidad familiar, a la salud y a
la integridad personal, como consecuencia del hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y los maltratos
y atentados con arma de fuego que sufría en el centro de reclusión. A su
juicio, el INPEC había vulnerado sus derechos cuando desacató las medidas
cautelares que ordenó la CIDH a su favor y, según las cuales, debía ser
trasladado del lugar donde se encontraba detenido. Si bien el recluso había sido llevado en diversas
oportunidades y de manera transitoria a otros establecimientos penitenciarios,
no había sido enviado de manera definitiva a un lugar donde su vida estuviera
fuera de peligro y donde pudiera ser visitado por sus familiares y, en
especial, por sus dos (2) hijas menores de edad.
3.2.24. La
Sala ahondó en la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, reiterando lo
establecido en la citada Sentencia T-524 de 2005[111].
Posteriormente, dispuso que la tutela puede ser el mecanismo idóneo para obtener su efectivo
cumplimiento, dado que ambas figuras (la tutela y las medidas cautelares) apuntan
a prevenir un perjuicio irremediable en relación con la vulneración de algún
derecho humano.
3.2.25. De acuerdo con las anteriores
consideraciones, la Sala concluyó que a pesar
de que el traslado de los reclusos hace parte de una facultad discrecional del
INPEC, en el caso concreto no se tuvieron en cuenta las medidas cautelares
ordenadas por la Comisión y se afectó el interés superior y prevalente de dos
(2) menores de edad. En consecuencia, la Corte concedió el amparo y ordenó el traslado
del recluso al centro penitenciario que queda más cerca de su familia y donde
se le garantizara su vida e integridad física.
3.2.26. En la Sentencia T-078 de 2013[112], la Sala Cuarta de Revisión conoció el caso de un líder indígena
declarado objetivo militar por grupos paramilitares, quien era beneficiario de
medidas cautelares por parte de la CIDH desde el año dos mil tres (2003) y quien,
consecuentemente, había obtenido medidas de protección por parte de la Unidad
Nacional de Protección desde el año dos mil cuatro (2004). El accionante
interpuso la acción de tutela cuando el Estado colombiano le retiró el esquema
de seguridad bajo el argumento de que su nivel de riesgo había disminuido hasta
alcanzar un grado ordinario. A su juicio, dicha apreciación era errada pues
seguía siendo objeto de atentados contra su persona y amenazas contra su
familia.
3.2.27. Para
resolver el asunto, la Sala recordó las diferencias que esta Corporación ha
señalado entre el riesgo y la amenaza[113]. El
primero se refiere a una situación abstracta y
aleatoria en la que se puede producir un daño. El segundo, por su parte, alude
a la existencia de señales o manifestaciones que dan cuenta de hechos
reales que, por su sola existencia, implican la alteración del uso pacífico del
derecho atacado y hacen suponer que éste va a ser vulnerado. Asimismo, precisó
que una amenaza requiere de un peligro específico, individualizable,
excepcional, desproporcionado y cierto o probable que comprometa bienes o
intereses jurídicos valiosos para el sujeto. Por último, concluyó que sólo en
dichos casos se puede hablar de una amenaza ordinaria o extrema (según su
intensidad[114]), dando lugar a una protección
especial por parte del Estado colombiano, la cual puede ser solicitada a través
de los recursos ordinarios previstos para tal efecto, o mediante la acción de
tutela cuando se cumplen los requisitos de procedibilidad respectivos.
3.2.28. Al
abordar el caso concreto, la Sala determinó que la Unidad Nacional de
Protección no sólo desconoció la especial protección constitucional que el
Estado debe prodigar a los líderes indígenas en el contexto del conflicto
armado interno, sino que también omitió cumplir con las medidas cautelares
otorgadas por la CIDH, pues según los hechos planteados en la demanda y puestos
oportunamente en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, el
accionante seguía siendo objeto de una amenaza extrema. De acuerdo con esto,
concedió el amparo y ordenó la reanudación de las medidas de protección.
3.2.29.
Finalmente, en la sentencia T-976 de 2014[115], la Sala
Séptima de Revisión conoció los casos acumulados de un grupo de ciudadanos que,
considerando vulnerados sus derechos a elegir y ser elegidos, al debido proceso
y al respeto del control de convencionalidad, solicitaron el acatamiento de las
medidas cautelares que ordenó la CIDH a favor del Alcalde Mayor de Bogotá, el
señor Gustavo Petro Urrego.
3.2.30.
La Sala sintetizó la jurisprudencia constitucional sobre el obligatorio
acatamiento de las medidas cautelares y la procedencia de la acción de tutela a
través de la cual se solicita su efectivo cumplimiento. Sobre lo primero,
señaló que las medidas cautelares se entienden incorporadas al orden jurídico
interno y su desconocimiento constituye una vulneración a los compromisos
internacionales adquiridos por el Estado colombiano, así como una violación al
derecho al debido proceso en el plano nacional e internacional. Sobre lo
segundo, sostuvo que la acción de tutela es procedente para solicitar el
cumplimiento de las medidas cautelares porque (i) es el mecanismo principal
para tal efecto, toda vez que no existe otro recurso judicial interno, y (ii)
ambos instrumentos buscan evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.2.31.
No obstante, la Corte confirmó los fallos de instancia que declararon la
improcedencia de las acciones de tutela porque estas fueron presentadas por
personas que carecían de legitimación por activa, pues quien debió acudir ante
el juez constitucional era el Alcalde, por ser él el directo beneficiario de
las medidas cautelares ordenadas por la CIDH y estar en capacidad de actuar.
3.3.
En conclusión, las diferentes Salas de Revisión que integran esta Corporación han sustentado
la procedencia excepcional de la acción de tutela en estos casos, con base en
dos (2) argumentos: 1. Las medidas cautelares decretadas por la CIDH y la
acción de tutela son complementarias porque tienen similares características (se asemejan en su carácter urgente, sumario, expedito
e informal) y persiguen el mismo propósito (evitar la consumación de un
perjuicio irremediable sobre un derecho humano)[116]. 2. La acción de tutela es el mecanismo
principal para la defensa del derecho fundamental al debido proceso, el cual se
ve lesionado cuando el Estado desacata una medida cautelar porque la priva de
sus efectos materiales[117].
3.4.
Siempre que la acción de tutela satisfaga el principio de inmediatez, será,
entonces, considerada procedente como mecanismo principal y dará lugar a una
protección de carácter definitivo cuando quiera que la parte actora persiga el
cumplimiento efectivo de una medida cautelar decretada por la CIDH.
4. El derecho fundamental a la
seguridad personal y de los pueblos indígenas.
4.1. En la sentencia T-719 de
2003[118],
la Corte se refirió por primera vez a la seguridad personal como un derecho
fundamental. Asumió, en sede de revisión, el estudio de la tutela presentada
por la compañera permanente de un desmovilizado de las FARC-EP, que enfrentaba
serios riesgos para el ejercicio de sus derechos a la vida, a la integridad
personal, y al acceso a condiciones de vida digna para sí mismo y su grupo
familiar, a raíz de su decisión de no continuar en la guerrilla.
4.2. Esta persona se acogió al
programa de reinserción del Gobierno Nacional. Después de pagar una pena de
prisión de aproximadamente cincuenta (50) meses, inició un proyecto productivo
en el municipio de Belén de Umbría, en Risaralda. Sin embargo, sufrió un
atentado que lo llevó a desplazarse a Bogotá en compañía de su grupo familiar.
Allí comenzó a realizar gestiones ante diversas autoridades con el propósito de
obtener apoyo económico para un traslado definitivo. Ante la respuesta negativa
a sus peticiones, presentó una acción de tutela destinada a obtener medidas de
protección adecuadas y el apoyo económico mencionado. Los jueces de primera y
segunda instancia negaron el amparo.
4.3. En ese contexto, el grupo
familiar de la accionante regresó a Belén de Umbría, donde su compañero fue
asesinado. Posteriormente, la peticionaria requirió a la Dirección Nacional
para la Reinserción el pago del seguro de vida del actor, a través de la póliza
suscrita por el Gobierno a favor de los desmovilizados, obteniendo nuevamente
respuesta negativa, pues su compañero no aparecía en el listado de
beneficiarios. Así las cosas, solicitó al juez de tutela (i) hacer efectiva la
póliza citada; (ii) adelantar una investigación contra los funcionarios que
omitieron dar respuesta o dieron respuestas negativas a las solicitudes
presentadas previamente, y (iii) ordenar que se le otorgaran a ella y a su hijo
las medidas de seguridad y los derechos derivados del programa de reinserción.
4.4. Una vez la Sala Tercera
asumió la revisión del caso, comenzó por reinterpretar la demanda y planteó que
el problema principal no era el cobro de la póliza, sino establecer si existía
una amenaza cierta para la seguridad personal de la accionante y analizar si el
Estado había asumido adecuadamente sus obligaciones frente a las personas
reinsertadas o desmovilizadas. La Corte, sin embargo, debía establecer como
condición de procedencia de la tutela, la naturaleza jurídica de la seguridad
personal o, en otros términos, si podía considerarse un derecho fundamental,
dado que no se hallaba expresamente consagrado en la Carta Política.
4.5. Con ese propósito, efectuó
algunas consideraciones históricas acerca de la inclusión del mismo en
documentos relevantes para la doctrina de los derechos humanos, desde la
Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de mil
novecientos setenta y ocho (1978), hasta los principales instrumentos del Siglo
XX, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de mil novecientos
cuarenta y ocho (1948), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de mil
novecientos sesenta y seis (1966) y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de mil novecientos sesenta y nueve (1969).
4.6. Dentro de esas reflexiones,
relató la existencia de orientaciones distintas acerca de la seguridad
personal. En un comienzo, este derecho tenía que ver con la conservación de la
persona y sus derechos y propiedad frente a la posible arbitrariedad o abuso
del poder estatal. En otra etapa, se concretaba en la conservación del orden
público, aspecto más cercano a la preservación de las instituciones. Tiempo
después, halló una conexión más cercana a la garantía de condiciones mínimas de
subsistencia de la persona, para llevar una vida acorde con la dignidad humana.
4.7. También explicó la Corte
que, en el marco de la Declaración Universal de mil novecientos cuarenta y ocho
(1948), la comunidad internacional tenía en mente los recientes hechos
ocurridos durante la segunda guerra mundial, así que las discusiones
incorporaron temas como la preservación de la persona humana, frente a actos
tan graves como el internamiento en campos de concentración, el genocidio, el
exterminio o la experimentación científica en humanos.
4.8. De la exposición histórica,
la Corte concluyó que se trata de un derecho asociado a la preservación de las
condiciones de vigencia, ejercicio y goce efectivo de los derechos de la
persona, cuyo contenido varía en función de diversos contextos históricos,
sociales, geográficos y culturales. Además, indicó que la doctrina reciente
plantea que existen actualmente dos (2) grandes fuentes de riesgo para la
seguridad personal: la arbitrariedad estatal, o la ausencia de garantías
procedimentales en el marco de las facultades represivas del Estado, de una
parte, y la escalada de la delincuencia común, los conflictos internos y el
terrorismo, de otra.
4.9. El siguiente paso de la
exposición, consistió en reunir las razones constitucionales por las cuales el
derecho podría considerarse fundamental. La Corte comenzó por resaltar su
presencia en los principales instrumentos de derechos humanos que hacen parte
del orden interno:
“Este tribunal ha
señalado que el derecho a la seguridad, a pesar de que no se encuentra
expresamente nominado como fundamental en la Carta Política, proviene de una
interpretación sistemática de la Constitución[119] y de los diferentes
instrumentos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico interno,
como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos[120]”.
4.10. Acto seguido, explicó que
el derecho ha sido reconocido en el marco de la jurisprudencia de las altas
cortes como una posición jurídica derivada de mandatos constitucionales y,
principalmente, de los principios de solidaridad e igualdad. De acuerdo con el
primero, los ciudadanos y, en general, las personas deben soportar ciertas
cargas y asumir determinados deberes en pro de las políticas que benefician a
la sociedad en su conjunto. De acuerdo con el segundo, estas obligaciones deben
distribuirse adecuadamente, evitando que algunos asuman un peso excesivo (es
decir, irrazonable o desproporcionado). Ambos principios se conjugan en uno más
específico: el de cargas razonables, que es, además, fundamento esencial de la
responsabilidad estatal cuando se produce un daño derivado del rompimiento del
equilibrio de tales cargas. Como expresó la Corte, hablando principalmente de
la jurisprudencia del Consejo de Estado:
“[…] sea bajo el
régimen de la responsabilidad por falla en el servicio, o bajo el régimen de la
responsabilidad por riesgo especial, [… la] jurisprudencia del máximo tribunal
contencioso - administrativo es notoriamente coherente en cuanto a la razón de
fondo que le da sentido, a saber, que en virtud de los principios de igualdad
ante las cargas públicas y equidad, las personas tienen derecho a no verse
expuestas a situaciones de peligro excepcional para su vida o integridad
personal, más allá de los riesgos ordinarios que conlleva la vida en sociedad;
y que en esa medida, el Estado tiene el deber de garantizar –en lo posible- que
la seguridad de los individuos no se vaya a ver comprometida, bien sea por una
falla en el actuar de sus propios órganos (por acción u omisión), bien por la
presencia de un riesgo anómalo que trasciende la órbita de lo jurídicamente
aceptable, y frente al cual las autoridades deben adoptar medidas suficientes
de protección.” [… ibídem]
4.11. En cuanto a la
jurisprudencia de este Tribunal, la Corporación explicó que en diversas
decisiones también se había afirmado la existencia de un derecho basado en los
principios citados. La Corte se refirió, en concreto, a decisiones en las que
se evaluó si la presencia de estaciones de policía en determinados contextos
puede afectar o poner en riesgo excesivo la seguridad de los vecinos o
pobladores aledaños, así:
“[…]
En lo que respecta a la protección otorgada a estas personas por el juez de
tutela, [la Corte ha señalado]: “la
convivencia en sociedad implica que las personas se expongan a determinadas contingencias.
La presencia de tales contingencias, sin embargo, por sí misma no hace que las
personas sean merecedoras de una protección especial por parte del juez de
tutela”. El riesgo
excepcional [es] “aquel que
corre un individuo o un grupo de individuos y que los expone a una situación de
mayor vulnerabilidad en relación con aquella a la que están sometidas la
generalidad de las personas […] Como consecuencia de lo anterior, se tiene que
el derecho fundamental a la seguridad personal opera para proteger a las
personas de los riesgos que se ubican en el nivel de los riesgos
extraordinarios, que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar-,
mientras que los derechos a la vida e integridad personal se aplican para
precaver riesgos que sean lo suficientemente intensos como para catalogarse de
extremos, por reunir la totalidad de las características indicadas: especificidad,
carácter individualizable, concreción, presencia, importancia, seriedad,
claridad, discernibilidad, excepcionalidad y desproporción, además de ser graves
e inminentes. […]”
4.12.
En conclusión, desde la sentencia T-719 de 2003[121], la Corte
determinó que existe un derecho fundamental a la seguridad personal en el orden
jurídico colombiano, que su contenido varía en el tiempo y que su concreción
debe perseguirse mediante un análisis que involucra los principios de
solidaridad, igualdad y equidad, reflejados en el concepto de cargas
razonables. El rompimiento de esta razonabilidad puede dar lugar a la
obligación estatal de adoptar medidas específicas de protección a favor del
afectado. De acuerdo con la jurisprudencia, el Estado debe seguir esta ruta
para la definición de tales medidas:
“[…] la Sala
precisa que el derecho a la seguridad personal genera, entre otras, las
siguientes obligaciones constitucionales para las autoridades, frente a quien
se ve potencialmente afectado por un riesgo extraordinario: 1. La obligación de
identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, una
familia o un grupo de personas, así como la de advertir oportuna y claramente
sobre su existencia a los afectados. Por eso, no siempre es necesario que la
protección sea solicitada por el interesado. || 2. La obligación de valorar,
con base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, la existencia,
las características (especificidad, carácter individualizable, concreción,
etc.) y el origen o fuente del riesgo que se ha identificado.|| 3. La
obligación de definir oportunamente las medidas y medios de protección
específicos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario
identificado se materialice.|| 4. La obligación de asignar tales medios y
adoptar dichas medidas, también de manera oportuna y en forma ajustada a las
circunstancias de cada caso, en forma tal que la protección sea eficaz. || 5.
La obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario,
y de tomar las decisiones correspondientes para responder a dicha evolución. ||
6. La obligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o
realización del riesgo extraordinario, y de adoptar acciones específicas para
mitigarlo o paliar sus efectos.|| 7. La prohibición de que la Administración
adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para las personas en razón
de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los afectados”.
4.13. Además de lo expuesto, la
Sala explicó que la seguridad tiene carácter de valor y principio y se proyecta
en una dimensión individual y en una colectiva. Desde la esfera colectiva
(aspecto que cobra relevancia en atención al problema jurídico que debe
resolver la Sala en el caso bajo estudio), su contenido se relaciona con bienes
como el ambiente sano, la libre competencia, la prohibición de desarrollar
armas nucleares, químicas o de destrucción masiva y el control al porte de
armas en determinadas situaciones. Mientras que la esfera personal involucra,
entre otros aspectos, la protección a la vida y la seguridad personal, el
acceso a bienes de la seguridad social, la seguridad jurídica, el acceso a la
administración de justicia y el derecho a un mecanismo efectivo para la
protección de todos los derechos constitucionales:
“La Seguridad es un valor y un fin del Estado,
entendida como garantía de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos fundamentales es un elemento cardinal del orden público. (Preámbulo y
artículo 2º). Como principio, incorpora posiciones como (i) la posibilidad de
acceder a los medios de subsistencia necesarios para llevar una vida digna;
(ii) el desarrollo de las instituciones que permitan al individuo y su familia
el desarrollo integral; (iii) o la seguridad social, que preserva a las
personas de riesgos ordinarios, en la salud, la pensión y otros bienes y (iv)
la seguridad jurídica, el acceso al sistema de justicia y la eficacia de los
derechos”.
4.14.
Un aspecto esencial de la jurisprudencia constitucional en la materia, tiene
que ver con la protección especial a determinados grupos que, por sus
características sociales, históricas, culturales, o de otra naturaleza,
enfrentan ordinariamente riesgos extraordinarios y, por lo tanto, son
acreedores del derecho a una atención diferencial[122]. Así lo
expresó esta Corporación en la Sentencia T-224 de 2014[123]:
“Este tribunal ha protegido colectivos que se
encuentran en especiales circunstancias de riesgo, tales como: (i) los miembros
de partidos políticos que por su orientación han sido objeto de acciones
violentas[124];
(ii) los testigos de casos de homicidios relacionados con alteraciones al orden
público[125];
(iii) los defensores de los derechos humanos[126];
(iv) los reinsertados de grupos al margen de la ley[127]; (v) las Comunidades de
Paz[128];
(vi) desplazados por la violencia[129];
y (vii) los funcionarios públicos, como el caso de los jueces de la República[130],
entre otros”.
4.15. En ese contexto, tiene
especial relevancia la sentencia T-327 de 2004[131] en la que la Corte
estudió el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, afectada por la
confluencia de acciones de los grupos al margen de la Ley y la Fuerza Pública.
En esa oportunidad, en atención a la clase de riesgo que enfrentaban sus
habitantes, y considerando que la Brigada XVII se había visto involucrada en
distintos hechos que afectaron sus derechos, la Corte advirtió a la Fuerza
Pública acerca de su deber de proteger a los civiles, no solo de las fuerzas al
margen de la ley, sino también de los combates, en atención al principio de
distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y la posición de
garante que ostenta el Ejército frente a la población inerme.
4.16. Para terminar, en la sentencia
T-078 de 2013[132]
la Corte analizó la situación de riesgo de un líder indígena y, al momento de
contextualizar su situación, extendió sus reflexiones a los problemas generales
que afectan a los pueblos indígenas. Estas consideraciones son de especial
relevancia para el análisis del problema jurídico puesto en consideración de la
Sala:
“La situación de los pueblos
indígenas en el contexto del conflicto armado interno colombiano, es difícil.
Por ello, sobre el Estado recaen deberes positivos y negativos para garantizar
su supervivencia, pues es sobre ellos que se edifica la verdadera identidad de
una nación. De esta manera, las políticas de seguridad deben trascender del
plano formal, para ubicarse en un contexto en el que la efectividad de sus
derechos fundamentales, no solo individualmente, sino también como pueblo, debe
ser la principal premisa.”
4.17. El
Estado tiene deberes positivos cuando la afectación es cierta y diferencial y
porque la supervivencia de los pueblos edifica la identidad de la Nación. Sus
deberes, por ende, deben trascender el plano formal y ubicarse en el contexto
de efectividad para la protección del pueblo, no solo de la persona. A este
respecto, continúa la Sentencia citada:
“En efecto, tal como lo señaló esta corporación en el auto 004 de
2009, “[e]l conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio
cultural y físico a numerosos pueblos indígenas del país”, siendo
justamente uno de esos pueblos el Pijao. Por tal razón, la Corte ordenó a
diferentes instituciones del Estado la formulación e iniciación de la
implementación del Plan de Salvaguarda étnica para esa comunidad, a fin de que
gocen de una especial protección en el contexto del conflicto armado, siendo
condición ineludible, la participación activa y efectiva de las autoridades
legítimas. Así las cosas, al no brindarse protección por parte del Estado al
accionante como líder de la mencionada parcialidad, claramente el riesgo de
desaparición del pueblo al que pertenece es aún mayor.”[133]
4.18. Por último, se recuerda
cómo la Corte en el Auto 004 de 2009[134] afirmó que
el conflicto amenaza con el exterminio cultural y físico de numerosos pueblos
indígenas.
4.19. La
existencia de esta obligación estatal, que fue resumida en los anteriores
puntos, demuestra, de una parte, que la Corte Constitucional ya se ha ocupado
de la seguridad como un derecho que puede tener como titular a un pueblo o
comunidad titular de diversidad étnica. De la otra, queda claro lo importante
que es que las medidas no se determinen con base en la situación individual de
las personas y sus derechos también individuales, sino a partir de la
concepción de las necesidades especiales del grupo, para evitar su desaparición
física y cultural.
DEL CASO
CONCRETO
La Sala empleará
la siguiente metodología para resolver el caso concreto. En primer lugar, hará
referencia al contexto cultural del Pueblo Nasa y el especial impacto que el
conflicto armado ha tenido sobre su modo de vida. Posteriormente, efectuará el
examen formal de procedibilidad de la acción y, para terminar, resolverá el
conflicto y determinará el alcance de las decisiones a adoptar.
5. El Pueblo Nasa
5.1. Con el propósito
de contextualizar el caso que se revisa, la Sala describirá algunas
características culturales de este pueblo, ciertos aspectos de su historia, y
las distintas maneras en que se ha visto afectado por el conflicto armado
interno, resaltando la especial importancia que para ellos tiene la paz.
5.2. Ahora bien,
la Sala no pretende efectuar
una reconstrucción exhaustiva de la historia Nasa. Primero, porque ello no
corresponde a un Tribunal constitucional y, segundo, porque esta tarea solo
puede ser asumida por el propio pueblo indígena. Se limitará, entonces, a
mencionar momentos que han marcado su devenir en su relación con la cultura
mayoritaria, y que permiten comprender de mejor manera la naturaleza de la
solicitud de amparo objeto de estudio.
5.3. Antes de
iniciar, es importante señalar cómo diversos autores han explicado que la
reconstrucción de la memoria de un pueblo indígena difiere de la historiografía
occidental, en las formas de narración, en el manejo del lenguaje y en la
concepción del tiempo. Así, las expresiones indígenas se transmiten
principalmente a través de la narración oral, mientras que la occidental sigue,
principalmente, códigos escritos. La primera plantea el uso constante de
metáforas, que son entendidas como mitos por la cultura mayoritaria, mientras
que la segunda pretende describir acontecimientos o eventos precisos en el
tiempo. La historia indígena, en fin, no sigue un curso lineal, pues el pasado
sólo tiene sentido en el presente con el propósito de construir el futuro, y el
tiempo sólo se concibe en función de un espacio determinado (el territorio).
Aunque las culturas occidentales también esperan que el pasado deje enseñanzas
para el futuro, su historia pretende ocuparse exclusivamente de los tiempos
pretéritos como campo objetivo de estudio[135].
5.4. En ese marco, la Sala
utilizará como fuentes de la exposición que sigue la situación descrita por los
propios accionantes, pues ella hace parte de su memoria como pueblo indígena. Además,
se hará referencia a investigaciones del Centro de Memoria Histórica,
bibliografía secundaria y documentos de autoridades nacionales e internacionales,
tales como el Auto 004 de 2009[136],
las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos a los líderes y cuatro (4) resguardos Nasa, y el Plan de Salvaguarda (en
su fase de diagnóstico), construido entre este grupo étnico y el Ministerio del
Interior.
5.5. Rasgos culturales
5.5.1. Los Nasa, también
conocidos como Paeces, son un pueblo indígena prehispánico compuesto por más de
doscientas treinta mil (230,000) personas[137],
que se encuentran distribuidas en aproximadamente ciento trece (113)
resguardos, setenta (70) cabildos y trece (13) comunidades sin clasificar,
ubicadas en zonas urbanas y rurales de los departamentos del Caquetá, Cauca,
Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca[138]. Antes de la conquista
española, los Nasa vivían en los valles. Posteriormente, fueron desplazados a
las laderas de las montañas, donde habitan en la actualidad[139].
5.5.2. Según la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, el origen del Pueblo Nasa puede ser
explicado de la siguiente manera:
“En los
primeros tiempos no había tierra, ni gente, sólo existía Ks’a’w Wala (gran
espíritu). Este espíritu era a la vez masculino y femenino, así se reproducía a
sí mismo y, de ahí otros espíritus como Ekthê’ (sabio del espacio), el trueno;
T’iwe yase (nombrador de la tierra); Weet’ ahn (el que deja las enfermedades en
el tiempo); el Kl’um (duende que controla el ambiente); el Daat’i (espíritu de
control social); Weh’a (viento dueño de la atmósfera). Estos son los hijos
mayores de Ks’a’w Wala (gran espíritu). || Los hijos mayores se reprodujeron y
originaron las plantas, los animales, los minerales y crearon a un hijo
especial llamado Nasa (el hombre, gente). Todos estos espíritus mayores y
menores vivían unidos, tenían un solo idioma, el Nasa Yuwe, y sabían muchas
cosas: cantores, artesanos, músicos, agricultores, chamanes, consejeros. ||
Antes el Ks’a’w Wala vivía con los demás espíritus mayores en una casa grande,
los hijos mayores deambulaban por todas partes. Cuando Ks’a’w Wala les dijo que
tenían que construir su propio hogar, se trasformaron en personas e hicieron
sus casas en diferentes lugares. En un comienzo vivieron en conflicto. Los
rayos de Tay (sol) los quemaban, el agua lo inundaba todo. Al ver esto Ks’a’w
Wala los orientó para que se unieran y formaran un solo hogar. Así lo hicieron
y formaron la tierra. Continuaron reproduciéndose en animales, hombres,
vegetales, minerales machos y hembras, y generando más vida. Como la tierra era
débil, gelatinosa, las piedras hembras y machos se juntaron y se reprodujeron
para que la tierra fuera más firme. || En este sentido el Pueblo Nasa ha
identificado espacios y caminos de vida que conllevan a la armonía y equilibrio
para el bienestar. || De esta manera se formaron cuatro casas y cuatro caminos:
la casa principal de Ks’a’w Wala, la casa de los hijos mayores y la casa de los
hijos menores, en donde, vivían los Nasa, los animales, los vegetales, y la
casa de los Yu’khipmenas (los tapanos), hombres sin rabo, los que viven bajo la
tierra. El camino para llegar a las cuatro casas lo conoce el K’dul (cóndor);
el Meweh’ (rey de los gallinazos); S’uita (armadillo); y el Thê (médico),
porque entienden el idioma para comunicarse con los seres que viven allí”
(redacción original)[140].
5.5.3. La tierra
para los Nasa es una casa donde cada ser tiene su espacio. El equilibrio, el
cual tiene un valor importantísimo en su cultura y cosmovisión, se logra cuando
todos ocupan su lugar y se neutralizan las energías positivas y negativas[141].
Los espíritus son los dueños de los recursos y los animales. Para extraerlos o
utilizarlos, el hombre tiene que pedirles permiso, pues cualquier desobediencia
causa un desequilibrio que es castigado con enfermedades o catástrofes
naturales[142].
5.5.4. Así,
este pueblo obtiene su nombre de la narración del nacimiento del mundo, como es
explicado en su cosmogonía. La expresión “nasa” (todo lo que tiene vida y
movimiento, y fuente del mundo medio) llama, además, a la unidad del pueblo.
5.5.5. Los Nasa defienden un
modelo económico basado en la búsqueda del beneficio comunitario y el respeto
por el ambiente[143].
La mayoría de los Nasa depende de la agricultura y su economía está basada,
principalmente, en el cultivo de maíz[144].
La propiedad de la tierra y el suelo es colectiva y se distribuye entre las
familias para ser trabajada a través de la minga, sistema de ayuda recíproca
entre los pobladores de las localidades que ostentan relaciones familiares o
vecinales entre sí, y asumen distintas funciones de producción[145].
5.5.6. Como
puede verse, su modo de vida, su sistema de producción y su concepto de
desarrollo evidencian claras diferencias con el sistema mayoritario, basado en
la propiedad privada, el trabajo asalariado y la acumulación de riqueza
mediante esfuerzos principalmente individuales.
5.5.7. El Pueblo
Nasa está organizado en comunidades políticas locales que se reconocen como
fuente primordial de autoridad y poder. Como forma de gobierno, estas
comunidades cuentan con cabildos, caciques y colectivos de autoridades
ancestrales, las cuales están articuladas a nivel zonal o departamental[146].
5.5.8. En cuanto a la
organización territorial, los Nasa defienden, al igual que la mayor parte de
los pueblos indígenas de Colombia, una relación especial con sus territorios,
el ambiente y los recursos naturales. Tal es así, que después de que nacen los
hijos, las madres entierran la placenta y el cordón umbilical
al lado del fogón de su casa como símbolo de unión con la tierra[147].
Se trata, por ende, de una estrecha relación previa a la llegada de los
españoles y que precede cualquier reconocimiento estatal.
5.5.9. Actualmente, persiguen la
protección de sus territorios a través de la figura del resguardo. Estos
lugares, surgidos durante la época colonial[148]
por los españoles con fines de control de la población y recaudo de tributos[149],
fueron posteriormente dotados de un nuevo significado por los pueblos, quienes
hoy, libres del dominio y los impuestos españoles, encuentran en ellos su hogar
y su futuro[150],
al tiempo que los conciben como medios de defensa de sus territorios y espacios
para el ejercicio de su autonomía[151].
5.5.10. La recuperación de los
territorios ancestrales, junto con el respeto y reconocimiento de los
resguardos ya constituidos, son ejes de las reivindicaciones del Pueblo Nasa[152].
Algunos de sus líderes, como Juan Tama[153],
dedicaron gran parte de su vida a tal tarea, volviéndose iconos y figuras
memorables, y configurando la identidad Nasa contemporánea[154].
5.6.  Historia del impacto de
la violencia sobre el Pueblo Nasa y sus formas de resistencia. “Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra”[155].
5.6.1. Como la mayor parte de los
pueblos indígenas del continente, durante la conquista y la colonia los Nasa
fueron víctimas de la servidumbre, el saqueo, la explotación laboral, la
usurpación de sus tierras y territorios. Entrada la era republicana, se mantuvo
una intensa presión sobre sus tierras de resguardo, persistieron los patrones
históricos de discriminación y, posteriormente, se iniciaron proyectos de
evangelización forzada, que poco a poco erosionaron los cimientos
culturales de los indígenas del Cauca.
5.6.2. Como consecuencia de los
tributos y del trabajo forzado implantados a través de las  instituciones de la
encomienda y la mita, centenares de indígenas huyeron, para evitar ser
confinados en pueblos, pues ello facilitaba al español su captura y el cobro de
impuestos. Esta extrema movilidad del Pueblo Nasa es un hecho significativo de
lo que es su territorio: un espacio que se recorre[156].
5.6.3.
Después de la independencia, los indígenas Nasa enfrentaron ataques y amenazas
de distinta naturaleza y desde diversas vertientes. Así, a manera de ejemplo,
los gobiernos de tendencia federalista propiciaron la disolución de sus
resguardos y la venta de sus tierras en defensa de la libertad individual;
mientras que en los de tendencia centralista, bajo las banderas de la unidad
nacional, les impusieron una sola lengua, una sola religión y una sola cultura:
la castellana, la católica y la occidental[157].
5.6.4. La Ley
89 de 1890[158]
marca un hito en la historia de la reivindicación de los derechos de los
pueblos indígenas. Una de las principales tesis que se construyó a partir de su
lectura, era que el derecho de los indígenas a la tierra era anterior a la
legislación colombiana y, por ende, debía ser por ella respetado[159]. Tan
es así, que después de que varios líderes indígenas investigaran cuáles eran
los títulos coloniales de las tierras que les pertenecían y, en especial, de
los resguardos, incitaron a su pueblo a abolir el terraje y recuperar sus
territorios[160].
5.6.5. Esta
interpretación de la Ley 89 de 1890[161]
sirvió de base a las reivindicaciones indígenas de varios pueblos del país,
pues se convirtió en una figura unificadora en la lucha por los derechos de los
pueblos originarios. Así mismo, la lectura sobre el Derecho colombiano fue
posteriormente recuperada en lo que se ha denominado el despertar indígena de
los años setenta (70), que tiene en Colombia uno de sus momentos cardinales en
la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CIRC)[162].
5.6.6. Hacia
la primera mitad del Siglo XX, el sometimiento social, la expansión de las
haciendas (cafeteras, azucareras y ganaderas) y la proliferación de proyectos
mineros y madereros, facilitó el despojo y la explotación de la tierra del Pueblo
Nasa por terceros. Se vieron forzados, entonces, a trabajar para otros los
predios que antes les pertenecían, transformándose en terrajeros o
asalariados. Como consecuencia, continuaron las migraciones y la dispersión de
la población, en lugares recónditos de la geografía nacional.
5.6.7. Más precisamente, en los
años sesenta (60) del siglo pasado, los Nasa que habitaban el norte del Cauca
se vieron afectados por el crecimiento de los ingenios azucareros, para ese
entonces en auge por el bloqueo económico impuesto por los EEUU a Cuba, cuya
participación en la exportación y comercialización de azúcar era muy
significativa[163].
5.6.8. En ese contexto, nació el
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)[164]
en mil novecientos setenta y uno (1971). Este inició un nuevo ciclo de luchas
por la preservación de los territorios tradicionales y estructuró un programa
de reivindicaciones con fuertes cuestionamientos al modelo de sociedad actual
y, especialmente, a la inequitativa distribución de la tierra; característica
histórica del país y causa reconocida de desplazamiento.
5.6.9. El CRIC se fundó en torno
a los principios de unidad, tierra y cultura y su programa, o
plataforma  política, se construyó en torno a los siguientes objetivos: (i)
exigir la expropiación y la devolución de los territorios ancestrales de los
que tomó posesión el “hombre blanco”; (ii) expandir los resguardos indígenas ya
existentes; (iii) fortalecer los cabildos indígenas; (iv) acabar con la figura
del terraje; (v) hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa
aplicación; (vi) defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas.
(vii) formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación y
dentro de la cultura y lengua de los indígenas[165].
5.6.10. La recuperación de los
territorios ancestrales fue y sigue siendo esencial por dos (2) razones. De una
parte, el ámbito territorial es el espacio (físico e inmaterial) donde se
desarrolla la cultura de los pueblos indígenas y donde las comunidades originarias
desenvuelven su autonomía. Por otra, permite la satisfacción de necesidades
alimenticias, laborales y familiares[166].
5.6.11. Una de las estrategias
principales del CRIC, en su primera etapa, fue el fortalecimiento de los
cabildos como expresión de Gobierno Interno indígena, otorgándole también el
papel de elementos coordinados en búsqueda de las reivindicaciones de su
movimiento. De acuerdo con la visión de Pablo Tattay[167], al momento de su
fundación, pocos cabildos acompañaban “la lucha de terrajeros y comuneros
[miembros de las comunidades] indígenas por la recuperación de sus tierras”,
debido a las cercanas y cuestionadas relaciones que mantenían con la Iglesia
católica, los políticos e, incluso, los terratenientes de la región[168].
5.6.12. En el ámbito político
nacional, se suele asociar el nacimiento del CRIC a un ambiente de reformismo
agrario, inspirado en la Ley 1ª de 1968 (Dictada en el Gobierno de Carlos
Lleras Restrepo), bajo cuyo marco nace también la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (ANUC), cercana al CRIC en su etapa de formación. Los
indígenas, ante la explotación del trabajo reflejada en la figura del terraje,
el abuso de las autoridades y la expulsión de sus tierras por los grandes
propietarios, consideraron necesario avanzar en la construcción de un
movimiento social apropiado para llevar a cabo sus reivindicaciones y que
tomara provecho de las vías institucionales[169].
5.6.13. No obstante, este
escenario cambió pronto. La suscripción del Pacto de Chicoral en mil
novecientos setenta y dos (1972), un acuerdo suscrito entre líderes políticos
de los partidos tradicionales y los gremios de propietarios de la tierra,
supuso un freno inmediato al proceso de reforma[170] y generó
enfrentamientos entre indígenas y terratenientes. Las leyes 4ª, 5ª de 1973 y 6ª
de 1975 terminaron el impulso de reforma al que se ha hecho referencia[171]. De
ahí en adelante, las luchas indígenas tuvieron que enfrentarse directamente con
los poderes dominantes.
5.6.14. Como
respuesta a los primeros levantamientos, los organismos del Estado ejercieron
una fuerte represión contra sus líderes y a favor de los intereses de las
élites locales, que iba desde acusaciones falsas a los indígenas por parte de
la Policía Nacional, destinadas a desarticular su proceso organizativo mediante
la privación temporal de la libertad, hasta actos de violencia directa o física
ejercida por grupos criminales a sueldo (los denominados “pájaros”), que
persiguieron y asesinaron a los líderes Nasa.[172] Tal fue la magnitud de
la guerra que le declararon los grandes terratenientes a la organización, que
ésta se vio forzada a reunirse de manera clandestina, generalmente en las
noches.
5.6.15. De
acuerdo con algunos autores[173],
la persecución mencionada generó líneas de trabajo diversas en el CRIC y
divisiones internas que llevaron al surgimiento del grupo armado Manuel Quintín
Lame, así como a algunos acercamientos temporales de indígenas a las guerrillas
comunistas formadas en el contexto de la violencia bipartidista[174].
Estos acercamientos, de carácter temporal, terminaron de forma dramática cuando
el CRIC rechazó contundentemente cualquier intento de los grupos subversivos
por controlar la lucha indígena[175].
El movimiento Quintín Lame se desmovilizó previa la suscripción de la
Constitución de 1991, donde uno de sus líderes (Alfonso Peña Chape) participó
directamente con voz, pero sin voto. La aparición del paramilitarismo, que
dirigió acciones directas de exterminio contra los pueblos indígenas del Cauca,
completa el círculo de violencias que se han cernido, en tiempos recientes y
hasta hoy, contra los Nasa[176].
5.6.16. De
acuerdo con los documentos surgidos en el seno del pueblo indígena, para
reivindicar su autonomía[177]
frente a todos los grupos armados, el movimiento caucano no acepta que otro
grupo ejerza autoridad sobre sus territorios, adopte decisiones en materia de
recuperación de tierras, o usurpe las funciones de los cabildos en la solución
de los problemas internos[178].
En ese contexto, desde hace más de treinta (30) años, los Nasa han declarado su
neutralidad en el conflicto y han rechazado tanto a la subversión, como a la
Fuerza Pública, cuando su presencia afecta sus territorios y va en detrimento
de su autonomía[179].
Ello explica que, previa la Asamblea constituyente de 1991, la mayoría de la Nación
Nasa se haya opuesto a la continuidad del movimiento Quintín Lame.
5.6.17. Desde
el nueve (9) de octubre de mil novecientos ochenta y dos (1982), en un acto
histórico sin precedentes, el CRIC denunció con fuerza y abiertamente a los
grupos armados. Después de ese momento, continuaron las declaraciones y las
marchas en contra de todo movimiento subversivo. Tal postura puede verse
ilustrada, por ejemplo, en la Resolución de Vitoncó, de 1985, donde el CRIC
afirmó:
“Que los Resguardos, comunidades, empresas comunitarias comuneros que
tengan conflictos acudan a sus Cabildos para arreglar asuntos [...] En ningún
momento se debe buscar el apoyo de organizaciones ajenas a nuestro Resguardo
para dirimir conflictos que pueden solucionar las mismas comunidades con la asesoría
y apoyo de otros compañeros de la organización. Nuestra experiencia nos ha
demostrado que la intervención de organizaciones ajenas en este tipo de
conflictos, más que solucionar positivamente los mismos, los han profundizado y
creado heridas a los Resguardos que han durado años en sanar”[180] y, en apartes
posteriores, puntualizó. “[...] no aceptamos entonces que
algún armado venga a decirnos a quiénes debemos recuperar tierras y a quiénes
no [...] esto lo deciden las mismas comunidades [...] Recomendamos pues a todos
los grupos políticos y militares hacer una lectura cuidadosa de la ley 89 de
1890 para que no se den los atropellos que han sido denunciados [...]
Exig(imos) también a las organizaciones políticas, sean estas armadas o no, que
soliciten a los respectivos cabildos el permiso para hacer reuniones [en las
cuales] la participación debe ser voluntaria, ningún comunero debe ir obligado” 60.
5.6.18. También, en la Declaración de Jambaló, suscrita un año
después por cuarenta y un (41) gobernadores de cabildos del Cauca, los pueblos
del Departamento reclamaron a las guerrillas que “[...] no trasladen la
guerra que ellas están librando al territorio de nuestras comunidades.
Reiteramos que hacemos valer sin excepciones nuestro derecho a la autonomía
[...] Hemos sido y seguiremos siendo gestores y voceros de nuestras propias
luchas y no requerimos de fuerzas extrañas a nuestras comunidades61”.
5.6.19. De manera reciente, la Junta Regional de Cabildos del Cauca,
llevada a cabo en Toribío en julio de dos mil once (2011), declaró:
“Los armados no nos representan, no pueden hablar ni
mucho menos realizar acciones en nombre nuestro o de nuestros intereses [...]
Tanto el Estado como la guerrilla y demás grupos armados, los gremios
económicos, narcotráfico y multinacionales y demás actores externos deben
respetar nuestro territorio y autonomía [...] iniciaremos acciones hacia el
desmonte –como lo hemos hecho en anteriores circunstancias– de las trincheras y
bases de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campamentos de las
Farc, que se encuentran en medio de la población civil [...] no aceptamos el
establecimiento de Batallones de Alta Montaña en los territorios indígenas,
anunciados por el Gobierno nacional65”.
5.6.20. Y, en un intercambio de
correspondencia surgido con ocasión del asesinato de un Thë wala, médico
tradicional, los indígenas Nasa enfatizan su posición en pro de la autonomía
indígena y en contra de la guerra: “[...] algunos interlocutores creen que
somos apendejados y que pueden pasar por encima de nosotros. Es una herencia
colonial que tiene mucha gente wakasx (no indígena): creer que como reclamamos
con el pensamiento de nuestra comunidad, apenas con nuestros bastones de
autoridad, con voz bajita y de buen modo es que les tenemos miedo y que nos
vamos a dejar oprimir o utilizar por el resto del siglo y el siglo que sigue”[181].
5.6.21. La consagración de la
resistencia pacífica del Pueblo Nasa puede ser apreciada, claramente, al mirar
el desarrollo de su guardia indígena, un mecanismo humanitario y de resistencia
civil no armada cuya función principal es velar por la seguridad de la
comunidad y, especialmente, por la de sus líderes[182]. Está constituida por
los jóvenes de cada comunidad, quienes bajo la orientación del cabildo, se
turnan para brindar protección a los comuneros. Ellos no reciben remuneración
alguna. Su trabajo obedece a un esfuerzo voluntario y consciente en defensa de
su cosmovisión y de la pluriculturalidad.
5.6.22.
Inicialmente, a la guardia indígena se le conocía como guardia cívica, pues su
función era únicamente la de ayudar a mantener el control en eventos masivos,
como congresos, asambleas o marchas. Razón por la cual, no tenía carácter permanente.
Pero luego, dentro de cada comunidad, se fue convirtiendo en un cuerpo auxiliar
del cabildo dedicado a informar sobre posibles peligros, presencia de terceros o
comisión de delitos. Más precisamente, a fines de los noventa (90), la Guardia
Indígena se fue haciendo indispensable con la agudización del conflicto armado
interno para la defensa de la comunidad[183].
5.6.23. Hoy,
la guardia intenta (i) controlar a los grupos armados y evitar sus atropellos
contra los comuneros; (ii) movilizar los equipos de salud para atender a los
heridos de la comunidad; (iii) sacar las cocinas y los laboratorios de
procesamiento de drogas de los resguardos y territorios ancestrales; (iv) hacer
una campaña de protección del territorio, el ambiente y el agua, y (v) realizar
controles territoriales, instalando retenes ubicados a la entrada y salida de los
resguardos. Todo ello, como se explicó, sin armas.
5.6.24. La
guardia indígena resalta una actitud de neutralidad positiva y da un mensaje de
paz al país, pues a pesar de no portar armas distintas a sus “chontas” o
bastones de mando[184],
defienden a su comunidad de todos los actores armados.
5.6.25. En síntesis, en los
territorios de los Nasa, al igual que en los de otras comunidades étnicas, han
hecho presencia varios actores armados a lo largo de la historia. Las
confrontaciones entre la Fuerza Pública y los distintos grupos al margen de la
ley (o entre estos últimos) han afectado el desarrollo de sus actividades
comunitarias y han generado amenazas ciertas a su supervivencia como pueblo. No
obstante, los Nasas han luchado incansablemente y han preservado su actitud de
resistencia a la violencia, basándose en los tres (3) principios que cifran sus
demandas históricas: unidad, tierra y cultura, a las cuales se suma la de
autodeterminación, presente en la Constitución Política y en el Convenio 169 de
la OIT. Su historia de resistencia se basa en las banderas de líderes, a la vez
históricos y legendarios, sin excluir referentes políticos más recientes. Su
resistencia ha consistido, prácticamente, en no dejarse exterminar, ni
subordinar, ni cooptar por todos aquellos que han querido adueñarse de lo que
les pertenece[185].
Gracias a su tenacidad, hoy continúan siendo un referente válido para la
construcción de una nación respetuosa de la diferencia, y en armonía con el
ambiente[186].
6. La acción de tutela que
presentó Luz Eyda Julicué Gómez es procedente.
6.1. La señora
Luz Eyda Julicué Gómez, representante de la ACIN y actuando en nombre de más de
cuarenta y dos mil (42,000) indígenas Nasa beneficiarios de medidas cautelares
decretadas por la CIDH, interpuso una acción de tutela solicitando su efectivo
cumplimiento a través del suministro de medidas de protección adecuadas por
parte del Estado colombiano. Para tal efecto, expuso que las mencionadas
personas han sido objeto de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones
forzadas, secuestros, bombardeos indiscriminados, amenazas y otros actos
violentos durante los últimos quince (15) años como consecuencia del conflicto
armado interno que se vive en el norte del departamento del Cauca desde hace
medio siglo.
6.2. Lo primero
que advierte la Sala, es que los accionantes son sujetos de especial protección
constitucional, toda vez que revisten la doble condición de miembros de una
etnia indígena (el Pueblo Nasa) y víctimas del conflicto armado interno[187].
Como resultado, todo análisis de procedibilidad que se haga sobre las acciones
de tutela que ellos interpongan, debe ser menos estricto teniendo en cuenta que
no pueden soportar las cargas y los tiempos procesales característicos
de los medios ordinarios de defensa judicial de la misma manera que el resto de
la sociedad.
6.3. Asimismo,
es necesario señalar que la Corte ha aceptado la procedencia de la tutela para
exigir el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH[188]
en razón de (i) las similitudes y la complementariedad entre ambas figuras;
(ii) la ausencia de un recurso judicial interno para controvertir esos asuntos,
y (iii) la violación al derecho fundamental al debido proceso que tiene lugar
cuando una medida cautelar pierde sus efectos prácticos como resultado del
cumplimiento deficiente o del incumplimiento total del Estado requerido.
6.4. De acuerdo
con lo anterior, la tutela que se revisa es formalmente procedente como
mecanismo principal porque (i) la ACIN no dispone de otro medio de
defensa judicial para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares No. 195
de 2005, 301 de 2008 y 255 de 2011, e (ii) interpuso el recurso de amparo de
manera oportuna, teniendo en cuenta que los actos generadores de las presuntas
vulneraciones a los derechos fundamentales del Pueblo Nasa, en general, y la
vida e integridad personal de sus líderes, en particular, son recientes y
constantes en el tiempo.
7.
Respuesta de la Corte Constitucional y del Gobierno Nacional a las afectaciones
sufridas por el Pueblo Nasa como consecuencia del conflicto armado interno
7.1.
Dando seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia
T-025 de 2004[189],
la Sala Segunda de Revisión profirió el Auto 004 de 2009[190].
Allí estudió las particulares consecuencias que
ha tenido el conflicto armado interno sobre los pueblos indígenas. De este análisis, extrajo la siguiente conclusión
general: como resultado de la importancia que tiene el territorio para sus
culturas, su subsistencia e integridad étnicas, el desplazamiento forzado ha
contribuido al exterminio físico y cultural de varias comunidades indígenas
mediante la creación de rupturas multidimensionales y la dispersión de sus
miembros, así como a su exterminio físico por medio del asesinato de sus
integrantes.
7.2.
A juicio de la Sala, esta dramática situación se debe a que los indígenas están
particularmente expuestos a la violencia, puesto que (i) sus territorios, en
ocasiones, coinciden con porciones de suelo fértil y recursos naturales que
llaman el interés de grupos armados, delincuentes comunes, narcotraficantes y
agentes de intereses económicos; (ii) habitan en zonas donde se llevan a cabo
confrontaciones armadas (el territorio Nasa, en su conjunto, es estratégico en
la salida hacia el océano pacífico); (iii) sufren con mayor impacto las consecuencias
del conflicto por factores estructurales preexistentes, como al pobreza, el
abandono institucional, la inseguridad alimentaria o las difíciles condiciones
de acceso a servicios de salud.
7.3.
Dentro de los daños atribuibles al conflicto armado, la Corte, en el Auto 004
de 2009[191],  destacó los siguientes: (i) el debilitamiento de
las organizaciones y la desintegración comunitaria y familiar; (ii) un impacto
ambiental que disminuye la caza y la pesca y que causa inseguridad alimentaria,
pérdida de la posibilidad de auto sostenimiento con prácticas propias e
incremento de muertes por desnutrición; (iii) confinamientos y bloqueos
que agudizan la inseguridad alimentaria y la desnutrición, y (iv) aculturación, por
la ruptura del entorno cultural propio y el impacto cultural que acompañan al
desplazamiento y a la pérdida o abandono de los territorios ancestrales[192].
7.4. Después de describir la
situación general de los indígenas, y de hacer un recuento de los esfuerzos que
ha emprendido el Estado para hacerle frente a dicho problema, la Corte concluyó
que “[…] dado que la respuesta
estatal a la situación de los pueblos indígenas ha sido meramente formal y se
ha traducido en la expedición de documentos de política sin repercusiones
prácticas, la Corte Constitucional concluye que el Estado colombiano ha
incumplido sus deberes constitucionales en este ámbito, en forma grave”.
7.5.
Consecuentemente, impartió dos (2) órdenes coordinadas: (i) el diseño e
implementación de un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos
Indígenas Afectados por el Desplazamiento, y (ii) la formulación e
implementación de Planes de Salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el
desplazamiento forzado para cada uno de los pueblos identificados en dicha
providencia.
7.6.
Dentro de esos pueblos, como ya se mencionó, se encuentra el Nasa. Acatando el
fallo de la Corte, el Ministerio del Interior y el pueblo indígena,
representado por el CRIC, iniciaron la construcción conjunta del Plan de Salvaguarda
los días tres (3) y cuatro (4) de diciembre del dos mil nueve (2009). Este
recibió el nombre de BAKA´CXTEPA NAS´NASA NEES YUWA, fue el producto del
trabajo de un equipo nacional y se nutrió de diversas fuentes primarias y
secundarias, producidas tanto por las propias comunidades indígenas, como por
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
7.7.
El Plan, estructurado sobre consideraciones generales de la cultura Nasa,
está dirigido a retratar y combatir la violencia que han ejercido los actores
armados ante el desafío que les representa el movimiento indígena. Su principal
propósito es entender cómo dicha violencia, más que un daño individual, ha
generado un profundo daño colectivo a un proceso organizativo y de construcción
de autonomía política y territorial. Con esos propósitos, aborda los distintos
tipos de amenazas y las medidas de protección que se han implementado, a
efectos de proponer estrategias idóneas y concertadas para asegurar la
supervivencia física y cultural de todo el pueblo[193].
7.8.
Su construcción se previó mediante cinco (5) fases: (i) socialización,
conceptualización y diagnóstico; (ii) formulación del plan; (iii) presentación
del mismo ante la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional; (iv)
implementación, y (v) seguimiento, evaluación y ajuste. El Plan está
actualmente en etapa de diseño o formulación (segunda fase); antes de ser
presentado a la Corte y al Gobierno, debe ser validado en una Asamblea
Indígena.
7.9. El levantamiento del
diagnóstico, la única fase culminada, enfrentó un notable obstáculo relacionado
con la falta de información. No todas las organizaciones y comunidades dejan
memoria escrita de los ataques que sufren, y las que lo hacen, suelen omitir
datos asociados a violencia sexual, desplazamientos, amenazas, heridos,
torturas y reclutamiento forzado[194].
Esto se debe, simultáneamente, a un proceso de naturalización o normalización
de la violencia[195],
a la imposibilidad técnica de recoger toda la información y a una
invisibilización de violaciones, pues su denuncia y conocimiento genera nuevas
humillaciones.
7.10. El equipo de trabajo, por
ende, tuvo la tarea de atenuar el problema de subregistro. La información se
presenta por zonas geográficas[196]
y da cuenta tanto de la violencia atribuible a los grupos armados, como la
indirecta, proveniente de las empresas y los proyectos de desarrollo que
conllevan claras amenazas territoriales[197].
La Sala resumirá el diagnóstico en lo que corresponde al sur del Valle del
Cauca y el norte y occidente del Cauca, lugares en que se encuentran los
resguardos y líderes que solicitan amparo.
7.11. Según el informe, entre mil novecientos noventa y cinco (1995) y dos mil doce (2012),
en dichos departamentos se presentaron un total de dos mil doscientas
cuatro (2204) víctimas indígenas[198],
sin incluir las que fueron desplazadas por la violencia. De estas dos mil
doscientas cuatro (2204) violaciones a los derechos humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, “774 (…)  fueron responsabilidad de los actores
estatales, 492 estuvieron en cabeza de los grupos insurgentes, 398 víctimas
corresponden a los paramilitares y las 540 víctimas restantes fueron
responsabilidad de otros grupos violentos”[199].
El municipio y los resguardos más afectados fueron Toribio, y Tacueyó y
Jambaló, respectivamente[200].
7.12. Cuatrocientos sesenta y
siete (467) hechos victimizantes fueron consecuencia directa de las trescientas
veintiún (321) acciones bélicas realizadas por los actores armados.[201]. El
cuarenta y nueve (49%) de estas confrontaciones y el cuarenta y dos por ciento
(42%) de sus víctimas son atribuibles al Ejército y a la Policía[202]. Del
cuarenta y cuatro por ciento (44%) de los combates y del cincuenta y un por
ciento (51%) de las víctimas, son responsables los grupos armados al margen de
la ley; en su mayoría guerrilleros[203].
El cuarenta y siete por ciento (47%) del total de acciones armadas y el
cincuenta y ocho por ciento (58%) de las cuatrocientas sesenta y siete (467)
víctimas se ubican entre los años dos mil diez (2010) y dos mil once (2011)[204].  Adicionalmente,
entre mil novecientos noventa y cinco (1995) y dos mil doce (2012), se
presentaron sesenta y cuatro (64) desplazamientos colectivos y siete (7)
individuales, los cuales dejaron un total de veinte mil ochocientas veintinueve
(20,829) víctimas del Pueblo Nasa[205].
Cuatro mil ciento veintiséis (4126) de ellas residían en el municipio de Toribío,
donde quedan ubicados los cuatro (4) Resguardos amparados por la medida
cautelar No. 255 de 2011.
7.13. Gran parte de la violencia
que sufre este pueblo indígena es consecuencia de dos (2) situaciones[206].
Primero, son víctimas del fuego cruzado. La sola presencia armada de un bando
da lugar a la reacción ofensiva del otro. Ninguno de estos repara en sostener
una confrontación, sembrar un campo minado o instalar un petardo o un carro
bomba en una zona residencial o escolar. Es más, muchas veces son indiferentes
a tal riesgo, pues lo aumentan atrincherándose en sus casas, escuelas e
instituciones públicas. Segundo, en el marco de estas ocupaciones, los grupos armados
intentan averiguar por la presencia de colaboradores enemigos, tildando siempre
a los indígenas de confabular con el bando contrario[207]. No es extraño
encontrar que, simultáneamente, un mismo grupo de Nasas sea injustamente
señalado de colaborar con la guerrilla, el Ejército y los paramilitares.
Adicionalmente, el territorio indígena sufre daños directos, como la tala de
árboles, incendios forestales y la muerte de miles de animales con ocasión del
desarrollo de las operaciones militares o delictivas[208].
7.14. En razón a lo anterior, y
como reacción puntual a la ola de violencia que tuvo lugar entre el dos mil
diez (2010) y dos mil once (2011), los indígenas han insistido en la
importancia de la celebración de acuerdos humanitarios y diálogos de paz[209]. Más
recientemente, el Pueblo Nasa se ha mostrado a favor de las negociaciones
adelantadas en la Habana, Cuba, y los distintos ceses al fuego concertados[210].
7.15. En cuanto a los proyectos
mineros y de desarrollo que se adelantan en los departamentos del Cauca y Valle
del Cauca, el Plan de Salvaguarda recuerda  que la usurpación, la escasez y la
falta de titulación de tierra ha sido un problema tradicional de los Nasa[211],
razón por la cual, ante el incumplimiento del Gobierno Nacional y la impunidad
frente al despojo histórico de sus territorios, los indígenas han ocupado
varias haciendas a efectos de reclamar lo arrebatado y obtener los elementos
mínimos para garantizar su supervivencia[212].
7.16. Es así que dentro de las
principales amenazas a sus territorios, enlistan la minería y los cultivos
ilícitos de marihuana y coca[213].
Respecto a la primera, señalan que: 1. Están condenados a talar sus bosques, a
perder su autonomía y a contaminar sus fuentes hídricas con la explotación del
oro y otros minerales pues la legislación actual, a través del principio de
prevalencia, los obliga a explotar el subsuelo y aceptar que el Estado le
conceda el título a un particular, si desisten de hacerlo. Esto ha cambiado la
vocación productiva eminentemente agraria de algunas comunidades, ha generado
conflictos al interior de ellas y ha atraído a actores armados. 2. Por otra
parte, se afirma en el Plan que el reconocimiento de títulos mineros en su
territorio, muchas veces sin consulta ni consentimiento de las comunidades, ha
llevado a la pérdida de amplias áreas cultivables, el deterioro del ambiente y
otros estragos, como inundaciones por el manejo irresponsable de las represas. Sobre
el cultivo ilícito de marihuana y coca, es necesario precisar que los Nasa
cultivan hasta cincuenta (50) matas de coca por familia para propósitos
medicinales y espirituales[214].
El problema, por ende, consiste en el cultivo de estas plantas a manos de
terceros y/o con fines de explotación, lo cual reduce áreas cultivables y atrae
a actores armados.
7.17. Del diagnóstico, el equipo
nacional extrajo cinco (5) conclusiones generales sobre cómo debe ser llevada a
cabo la protección, la atención y la reparación desde un enfoque verdaderamente
diferencial:
7.17.1. En la protección y en la
reparación, el enfoque diferencial tiene que dar cuenta, tanto de la manera en
que se ha desarrollado la violencia (factor objetivo), como la forma en que la
gente la ha sufrido (factor subjetivo)[215].
Para el caso específico de los Nasa, esto va más allá de los hechos y efectos que
ha tenido la violencia en las vidas individuales de sus miembros; se refiere,
en cambio, al conjunto de amenazas y hostigamientos perpetrados en contra de su
proceso organizativo y de la construcción de su autonomía política y
territorial como ente colectivo.
7.17.2. Con el propósito de
respetar la reconstrucción propia de la memoria, mencionada al comienzo de la
exposición, la Sala considera de especial relevancia comprender los
dispositivos particulares que ha empleado el pueblo indígena para interpretar,
enfrentar y superar la violencia[216].
Al respecto, los Nasa relacionan, desde sus mitos fundacionales, su existencia
y devenir con un proceso de crisis causado por la envidia de terceros, y cifran
la superación de esta situación en la consecución de un equilibrio, donde a
cada uno se le dé sólo lo que le corresponde.
7.17.3. El conflicto armado
interno debe ser entendido desde lo local, con el ánimo de revelar sus
verdaderas características[217].
En este sentido, los Nasa señalan cómo no han sido únicamente víctimas de los
grupos al margen de la ley, sino también del Estado. Razón por la cual, las
medidas de protección que se les otorguen deben abarcar todas las amenazas que
se ciernen sobre su supervivencia, incluidas aquellas atribuibles a la Fuerza
Pública.
7.17.4. Debe haber un verdadero
compromiso con ofrecerles garantías de no repetición, para lo cual resulta
indispensable repasar y tener presentes las violaciones históricas que, no
obstante haber ocurrido hace varios años, siguen teniendo efectos[218]. Los
Nasa llaman la atención sobre la discriminación y la las acciones que amenazan
con su extinción física y cultural, y de las que han sido objeto por décadas, y
rechazan los esfuerzos de los historiadores y de las leyes por sepultarlas.
7.17.5. Toda acción que se
emprenda debe partir de la concepción que tiene el pueblo sobre sí mismo y
sobre el Derecho[219].
Para los Nasa, es indispensable que se tenga en cuenta su cultura, sus
territorios, su vida espiritual y su política, entre otros. El Derecho, por su
parte, lo entienden como la forma de alcanzar un equilibrio y una armonía entre
todos los seres vivos.
7.18. Desarrollando lo anterior,
el Plan propuso la adopción de los siguientes principios orientadores:
7.18.1. El sujeto colectivo a
proteger es la Nación Nasa, la cual reúne a todas las comunidades e indígenas
individualmente consideradas[220].
Como sujeto colectivo, goza de derechos fundamentales propios, que no son
derechos colectivos ni el resultado de la sumatoria de los derechos
individuales de sus miembros. Para comprender adecuadamente los riesgos de
extinción de los Nasa, las violaciones cometidas en contra de
un indígena o de una comunidad específica deben ser leídas y tratadas a la luz
del impacto que tuvieron en el pueblo como un todo.
7.18.2. El propósito principal del Plan de Salvaguarda es fortalecer la
libre determinación de la Nación Nasa como presupuesto para el goce de sus
demás derechos y, en definitiva, para su supervivencia física y cultural[221].
Por ello, ninguna medida que se adopte podrá restringir, más allá de los
límites constitucionales, su autonomía territorial, política, jurisdiccional y
administrativa.
7.18.3. La relación entre los Nasa y el Estado debe darse en un plano de
diálogo entre iguales; más precisamente, entre gobierno y gobierno[222].
7.18.4. Los indígenas tienen un derecho fundamental de propiedad
colectiva sobre su territorio, pues de su relación con él depende su sustento,
cosmovisión y religiosidad[223].
Este es un derecho que se tiene tanto sobre las tierras[224] de reciente
adquisición y con las cuales se ha creado un vínculo cultural, como sobre los
lugares tradicionales que, por razones ajenas a su voluntad, no ocupan ni
visitan de manera exclusiva o, incluso, de ninguna forma. A este respecto, la
comunidad insiste en que su derecho sobre el territorio es anterior al Estado
y, por ende, este no lo crea, sino que lo reconoce.
7.18.5. La lucha por el territorio define la identidad del Pueblo Nasa[225].
Los enfrentamientos por la tierra ancestral han sido tan arduos y constantes,
que el conflicto y la resistencia indígena se volvieron factores definitorios
de la identidad cultural de los Nasa, así como el centro de sus relatos,
símbolos, mitos, prácticas, creencias y proyectos. El ser nasa tiene
necesariamente que ver con la lucha sostenida por la defensa y la recuperación
del territorio[226].
Más allá del recuerdo del despojo, pervive en la memoria la imagen del líder o
recuperador, que con valentía, fortaleza, dignidad y palabra, defendió los
intereses de la comunidad. Es, justamente, esa figura la que resalta el valor
de la tierra e inspira a las nuevas generaciones a seguir luchando por ella.
7.18.6. La madre tierra tiene derecho a la protección, reparación y
garantías de no repetición, en cuanto es un ser vivo y parte del Pueblo Nasa[227].
Todas las medidas que se adelanten en su territorio deben respetar y proteger a
la madre tierra, la cual comprende el aire, el suelo y el subsuelo. Así mismo,
se debe incentivar el diálogo espiritual con la naturaleza, su curación,
descanso y el restablecimiento de su armonía.
7.18.7. La Nación Nasa interpreta y vive el conflicto armado como la
continuación de la guerra de la conquista y del colonialismo[228]. Esta se ve
reflejada en (i) la negación del carácter de nación; (ii) los límites y los ataques
al gobierno propio; (iii) el despojo territorial y el desconocimiento de sus
títulos de propiedad; (iv) la ocupación militar de sus resguardos; (v) la
manipulación de su historia y sus relatos, y (vi) la destrucción de la lengua
nasa yuwe. Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones del Plan de Salvaguarda
deben ser pensadas desde los agravios históricos para lograr un verdadero
efecto reparador.
7.18.8. El territorio ancestral es multicultural. Debido a las
migraciones y, en particular, al conflicto armado, es compartido con campesinos
e indígenas de otras etnias[229].
El Plan debe respetar los acuerdos políticos y jurídicos celebrados entre
ellos, así como beneficiar a todos los habitantes del territorio,
independientemente de que sean o no Nasa.
7.18.9. Se debe priorizar a la mujer indígena y tratarla desde un
enfoque diferencial de género, de acuerdo con la cosmovisión del pueblo[230].
El papel de la mujer debe ser reivindicado. En criterio de los Nasa, pese a ser
una comunidad patriarcal, tradicionalmente han dado igual importancia a ambos
sexos, y atribuyen al machismo imperante del mundo occidental la exclusión de
las mujeres de  determinados escenarios políticos. Añaden que han sufrido la
guerra de manera distinta, pues han sido víctimas de actos específicamente
destinados a dañar su integridad, o a utilizarlas como estrategia para dañar al
grupo.
7.18.10. El mínimo legal del Plan de Salvaguarda debe partir de lo que
ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos[231].
De acuerdo con lo anterior, la posesión ancestral de un territorio se debe
considerar prueba suficiente para reclamar propiedad sobre él. Por el otro
lado, todas las decisiones públicas que afectan al Pueblo Nasa, deben ser
consultadas con ellos a fin de obtener su consentimiento previo, libre e
informado.
7.18.11. El Estado debe garantizar los derechos del Pueblo Nasa,
asegurando su goce efectivo, proveyendo los recursos necesarios para su
satisfacción y previniendo, investigando, sancionando y reparando las
violaciones que contra ellos se cometan[232].
7.19. En concreto, el Plan tiene
por finalidad principal atender las necesidades del Pueblo Nasa en relación con
la preservación de la vida, la integridad, la cultura y el territorio, así como
mitigar el impacto que sobre sus procesos comunitarios ha tenido el conflicto
interno armado. Por lo tanto, el Plan de Salvaguarda se desarrolla sobre la
base de los siguientes ejes centrales: (i) prevenir el desplazamiento forzado,
(ii) evitar el confinamiento o bloqueo de las comunidades, (iii) atender
adecuadamente a los miembros de la comunidad que son víctimas del
desplazamiento forzado (incluyendo el restablecimiento de sus derechos a través
de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición),
(iv) actuar frente a las conductas generadoras de la violencia generalizada y
el desplazamiento forzado, así como frente a las conductas que afectan los
derechos sobre el territorio (el narcotráfico, la minería, la extracción del
petróleo y las grandes plantaciones de palma o caña, entre otros), y (iv)
evitar el exterminio cultural o físico del pueblo indígena.
7.20. Actualmente, el Gobierno Nacional
cuenta con un documento final del Plan de
Salvaguarda.  El plan debía ser validado en una Asamblea programada para
finales de dos mil quince (2015), pero, de acuerdo con la información recabada
en este trámite, aún no ha tenido lugar. La validación es, además, requisito
previo a la ejecución[233].
8. Conclusiones fácticas. Pese
a los intentos por acatar las medidas cautelares decretadas por la CIDH, y la
elaboración del Plan de Salvaguarda, la amenaza sobre los derechos del Pueblo
Nasa persisten y el riesgo en contra de su existencia física y cultural
continúa.
8.1. A raíz de las consecuencias
que el conflicto armado interno, y otros factores de presión que rodean la vida
del Pueblo Nasa (ya descritos), en los años dos mil cinco (2005), dos mil ocho
(2008) y dos mil once (2011) la CIDH decretó medidas cautelares a favor de
cuarenta y un (41) líderes y consejeros de la etnia Nasa, así como en beneficio
de todos los habitantes de cuatro (4) resguardos (aproximadamente, 42,000 indígenas),
ubicados en el municipio de Toribio en el norte del departamento del Cauca[234]. En
esas tres (3) oportunidades, la Comisión le ordenó al Estado colombiano concertar
y adoptar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida e
integridad de estas personas, rindiendo informes periódicos sobre las
situaciones que justificaron su adopción. Por Auto 004 de 2009[235], esta Corporación
declaró al Pueblo Nasa en riesgo de extinción y ordenó el desarrollo de un Plan
de Salvaguarda para guiar la política pública en la materia.
8.2. Bajo la coordinación de la
Cancillería y el acompañamiento del Ministerio del Interior y de la Presidencia
de la República, el Ejército y la Policía incrementaron el número de activos en
la zona para neutralizar a los grupos armados al margen de la ley, a quienes
consideran los mayores responsables de los hostigamientos, las víctimas y el
desarrollo de actividades ilegales. La Unidad Nacional de Protección, por su
parte, viene suministrando un conjunto de herramientas de defensa individual y
colectiva, dentro de las cuales se encuentra la entrega de vehículos
convencionales y blindados, chalecos antibalas, medios de comunicación y formación
y dotación de la guardia indígena, entre otros. La Fiscalía General de la
Nación, por último, inició las investigaciones correspondientes para esclarecer
la ocurrencia de tales hechos, a efectos de procesar y sancionar a los
responsables.
8.3. No obstante, pese a los esfuerzos
de estas y otras entidades del orden nacional, departamental y municipal, los
beneficiarios de las medidas cautelares de referencia argumentan que han
seguido siendo objeto de ataques y amenazas. Más precisamente, señalan que
algunas de las medidas de protección, como es el caso del incremento del pie de
fuerza del Ejército, han dado lugar a nuevas vulneraciones. Por esta razón, interpusieron
la acción de tutela que se revisa, alegando una vulneración a sus derechos
fundamentales a la vida, a la integridad personal y al debido proceso como
consecuencia de unas medidas de protección que ellos consideran inadecuadas e
inefectivas. En su demanda, solicitaron un cese al fuego bilateral, el cumplimiento
efectivo de las medidas cautelares de referencia, esquemas de protección para
otros líderes y consejeros no beneficiarios de ellas, y una lucha más
persistente por parte del Estado contra la minería ilegal y el narcotráfico, entre
otros.
8.4. El Tribunal Administrativo
del Cauca, quien conoció de la tutela en primera y única instancia, negó el
amparo bajo el argumento que la demanda no retrataba
violaciones o amenazas específicas en contra de los beneficiarios, sino que,
por el contrario, exponía la situación generalizada de violencia en la que
vivía el Pueblo Nasa al estar inmerso en una zona de conflicto armado. Más
precisamente, el Tribunal le reprochó a la representante legal de la ACIN no
precisar cuáles eran las medidas de protección que estimaba como inefectivas,
inidóneas o, incluso, inexistentes.
8.5. Esta lectura
del caso, al parecer, estuvo sustentada en una comprensión de la jurisprudencia
constitucional, según la cual existe una diferencia ostensible entre las
medidas cautelares decretadas por la CIDH, que son vinculantes, y las
recomendaciones también proferidas por este órgano cuasijurisdiccional, que no
tienen el citado carácter vinculante[236]. De acuerdo con esta división, las primeras se refieren a
situaciones concretas, mientras que las segundas tratan de situaciones generalizadas de violaciones a los derechos humanos.
8.6. Al
respecto, vale la pena indicar, en primer término, que la distinción entre
medidas cautelares y recomendaciones no resultaba aplicable en esos términos,
puesto que los accionantes sí han sido cobijados por las medidas cautelares de
la Comisión, mas no por informes. También es importante aclarar que la posición
descrita no refleja adecuadamente la jurisprudencia constitucional. La
razón por la cual las recomendaciones no pueden solicitarse, en principio, por
vía de acción de tutela es que su complejidad suele involucrar la acción de
todas las ramas que ejercen el poder púbico, de manera que una orden de tutela
podría llevar a una intromisión en las tareas que corresponden al Gobierno y,
más aún, en la potestad de configuración del Derecho que ostenta el Congreso de
la República.
8.7. Obviamente,
el principio de buena fe que guía el Derecho Internacional Público, la
pertenencia de Colombia a la OEA y su condición de parte de la Convención Americana,
llevan a la conclusión de que las recomendaciones y los informes de la Comisión
poseen especial relevancia para la definición de las políticas públicas, así
como para el cumplimiento del fin esencial de un Estado constitucional: la
satisfacción de los derechos de todos. Por ello, lo que no resulta admisible es
que, frente a la subregla que describe la imposibilidad de satisfacer
recomendaciones generales e informes por vía de tutela, un funcionario judicial
desconozca su relevancia normativa. Hecha esta precisión, se continuará
con el examen acerca de la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el
momento para proteger al pueblo indígena Nasa.
8.8. La Sala analizará la
situación actual a la luz de las consideraciones hechas en los acápites previos
(especialmente, el capítulo quinto), con el fin de (i) exponer el daño y el
riesgo multidimensional al que se han visto expuestos los indígenas; (ii)
recordar el derecho que tienen los beneficiarios de las medidas cautelares decretadas
por la CIDH a obtener su cumplimiento efectivo, y (iii) corregir la serie de
vulneraciones de las que han sido objeto los Nasa con ocasión del conflicto
armado interno, declarando su derecho fundamental a la protección colectiva.
8.9. El daño y el riesgo
multidimensional al que se ha visto expuesto el Pueblo Nasa
8.9.1. Como se indicó al plantear
el problema jurídico, el caso objeto de estudio presenta desafíos especiales a
la Corte Constitucional. El pueblo indígena Nasa ha sido víctima de un amplio
conjunto de violaciones a sus derechos, las cuales se encuentran ampliamente
documentadas, tanto en las fuentes propias de las comunidades, a las que la
Corte da particular relevancia para el conocimiento de la situación, como en
documentos dictados por autoridades públicas y órganos cuasi jurisdiccionales,
como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
8.9.2. De la lectura de estos
archivos, se llega a la siguiente conclusión: la supervivencia
física y cultural del Pueblo Nasa (considerado como un todo) está en grave
riesgo. La violencia histórica y actual
ha acabado con la vida y la tranquilidad de centenares de sus líderes, guardias
y comuneros. Pero adicionalmente, y lo que es más preocupante, la violencia ha
generado un profundo daño colectivo en el proceso organizativo y de
construcción de autonomía política y territorial de este pueblo, cuyo legado
cultural enriquece a Colombia y al mundo. Así lo
ha señalado la propia comunidad cuando afirma la necesidad de entender cómo se
ha sufrido la violencia, más que saber cuáles han sido las cifras, sin que esto
deje de ser importante[237].
8.9.3. Teniendo
en cuenta lo dicho, la Sala sintetizará el daño en sus dos (2) dimensiones
(objetiva y subjetiva). Sobre lo primero, advierte que no tiene absoluta
claridad sobre la cantidad de hechos violentos que ocurrieron durante los
últimos años en contra de los Nasa. Las entidades gubernamentales y la propia
comunidad ofrecieron reportes distintos, que no siempre especifican el lugar de
ocurrencia de las violaciones[238].
No obstante esta imposibilidad de tener cifras precisas, existe suficiente
información como para hacer el siguiente estimativo.
8.9.4. Durante
los últimos veinte (20) años, y sólo en lo que concierne al Pueblo Nasa, se han
registrado, por lo menos, veintitrés mil doscientas (23,200) violaciones a los
derechos humanos, distribuidas de la siguiente manera: (i) veinte mil
ochocientos (20,800) desplazados; (ii) seiscientos cincuenta (650) homicidios;
(iii) quinientos cincuenta (550) heridos; (iv) quinientas (500) detenciones
ilegales; (v) doscientas cincuenta (250) amenazas; (vi) ciento cincuenta (150)
masacres; (vii) cien (100) desapariciones; (viii) cien (100) casos de
reclutamiento forzado de menores; (ix) sesenta (60) casos de tortura; (x)
veinticinco (25) suicidios, y (xi) quince (15) casos de violencia sexual.
8.9.5. La quinta
parte de los hechos registrados (exceptuando nuevamente los desplazamientos y
las detenciones ilegales) fue producto directo de una confrontación armada
entre dos (2) o más grupos. Los años más violentos fueron el dos mil nueve
(2009), el dos mil once (2011) y el dos mil doce (2012). Por último, se
estima que del total de indígenas Nasa registrados en el último censo
levantado, cerca del diez por ciento (10%) ha sufrido en carne propia el
flagelo de la guerra.
8.9.6. Estos
hechos, y en especial el desplazamiento, han tenido un fuerte impacto en el
goce efectivo del derecho fundamental al territorio colectivo, tradicional y
sagrado. Más allá de ser la fuente de sustento de cada indígena, el territorio
es importante porque es allí donde han vivido desde siglos y donde, por ende,
han desarrollado, justificado y dado sentido a su cosmovisión, cultura y
tradiciones[239].
Sin él se extinguiría su legado cultural.
8.9.7. Cuando los Nasa son
expulsados de sus predios, les es imposible continuar con el cultivo de sus
productos, así como con sus prácticas laborales, culturales y religiosas. Por
lo tanto, se ven enfrentados a la inseguridad alimentaria, a un aumento en las
tasas de mortalidad por desnutrición, a la desintegración social y política y,
en definitiva, a un proceso de aculturación con ocasión de la pérdida de
miembros y el cambio de roles y prácticas sociales. De ahí la incesante lucha
por recuperar las tierras que les fueron y siguen siendo arrebatadas por
diversos actores que, no obstante las diferencias que los separan, coinciden en
querer hacerles daño.
8.9.8. Adicional a la pérdida de
territorios, dentro del relato del pueblo indígena figura una larga historia de
discriminación. De hombres libres pasaron a ser explotados como servidumbre, y
de explotados a terrajeros. De propietarios a arrendatarios, y de arrendatarios
a ocupantes. De hombres de paz a víctimas de la guerra, y de víctimas a ser
acusados de colaboradores. De plenos dueños de su destino a ser considerados
incapaces, y de incapaces a “obstaculizar” el progreso. Su vida comunitaria da
testimonio de años de explotación, despojo, humillación y desprestigio.
8.9.9. Como
resultado de lo anterior, los Nasa son un pueblo indígena que hoy se auto
reconoce en resistencia pacífica, ante lo que considera como una guerra
perpetua contra su existencia. Desde hace siglos, se han destacado, primero,
por tener que defender su territorio y cultura de una inmensa y heterogénea
cantidad de agresores y, segundo, por responder a este desafío con braveza y
valentía[240].
Consecuentemente, afirman que viven en un preocupante desequilibrio a raíz de
la mencionada yuxtaposición de actores e intereses, que desconoce el espacio
específico que le corresponde a cada ser y a cada pueblo.
8.9.10. El
ciclo de violaciones ha tenido tal calado, que la resistencia y la defensa del
territorio se convirtieron desde hace años en un elemento definitorio de la cultura
Nasa. Producto de estos conflictos, se han generado múltiples desplazamientos
masivos. Asimismo, una y otra generación se ha hecho a la idea de tener que
enfrentar, durante toda su vida, el mencionado desequilibrio que han causado
los terceros[241].
No en vano, el informe que presentó al respecto el Centro
Nacional de Memoria Histórica (citado en extenso esta providencia) lleva por
título “Nuestra vida ha sido nuestra lucha”.
8.9.11. Es difícil expresar en
palabras su inmensa capacidad de resistencia, pues es asombroso que ante un
escenario tan adverso como el que les ha tocado enfrentar, sigan vivos. Los
Nasa han cumplido esta tarea (la de resistir) de manera pacífica y organizada[242]. Lo
han hecho a través de distintas asociaciones, como el CRIC o la ACIN, quienes a
raíz de los reclamos que han elevado, se han convertido en el principal foco de
ataques por parte de los grupos armados y las élites que los financian. Sus
líderes y voceros han sido y siguen siendo impunemente asesinados y amenazados.
Muchos de ellos son, justamente por esa razón, los beneficiarios de las medidas
cautelares de cuya revisión se ocupa hoy este Tribunal.
8.9.12. Producto de esta
incesante ola de violencia, el pueblo rechaza a todos los que porten armas, con
base en dos (2) razones. Primero, su sola presencia genera inseguridad, toda
vez que se presta para la ocurrencia de confrontaciones armadas que, a modo
colateral, siempre dejan víctimas inocentes a su paso. Segundo, su disputa por
el control territorial va en detrimento de la autonomía indígena, tanto a nivel
simbólico, como material, pues desplaza la autoridad de los cabildos, intenta
apropiarse y redirigir sus luchas y da inicio a prácticas que van en contra de
la voluntad y de la cultura del pueblo.
8.9.13. Además
de todo lo expuesto, los Nasa enfrentan otra dificultad derivada de la minería,
tanto legal como ilegal, la cual constituye un problema, al menos por cuatro
(4) razones[243].
Primero, porque generalmente se trata de la extracción no consentida de
recursos naturales. Según la cosmología indígena, el hombre debe pedir permiso
a los espíritus antes de tomar posesión de los recursos naturales, so pena de
ser castigado con enfermedades y catástrofes[244].
Una actitud contraria, así sea llevada a cabo por un tercero, genera intranquilidad
y temor en la comunidad. Segundo, los proyectos mineros en manos de privados se
traducen en la pérdida de importantes porciones cultivables del territorio
ancestral o sagrado y el cambio de la vocación agrícola de su tierra; lo cual
no siempre es compensado. Tercero, cuando se practica por fuera de la ley, la
minería atrae a actores armados interesados en ejercerla directamente o
extorsionar a quien lo hace. Una mayor presencia de grupos delictivos, como ya
se dijo, aumenta el riesgo de confrontaciones con la Fuerza Pública y,
consecuentemente, dispara la tasa de violencia y de violaciones a los derechos
humanos. Cuarto y último, la minería genera graves impactos en el medio
ambiente cuando se realiza sin los debidos controles y sin la suficiente precaución.
Esto desconoce el respeto que tienen los Nasa por la naturaleza, así como
afecta la fuente de su sustento.
8.9.14. Posible configuración
de un hecho superado
8.9.14.1. La extensa exposición
de la situación del Pueblo Nasa, las medidas cautelares dictadas por la
Comisión, las decisiones gubernamentales destinadas a su cumplimiento y la
formulación del plan de salvaguarda, podrían llevar a pensar que la Corte debe
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado[245].
8.9.14.2. En concepto de la Sala,
ello no es posible. Al contrario, este conjunto de decisiones demuestran hechos
muy preocupantes para el Estado colombiano. Así, el hecho de que se hayan
dictado tres (3) medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana (la
primera a favor de un reducido grupo de líderes, la segunda en defensa de un
grupo más amplio y la última de ellas a favor de cuatro resguardos y todos sus
habitantes, determinados y determinables), demuestra continuidad en la
presencia de los riesgos y amenazas.
8.9.14.3. El Plan de Salvaguarda ordenado
por la Corte debe ser la fuente de una política comprensiva, es decir, que
aborde todas las aristas del problema a través de una participación vigorosa
del pueblo interesado. Sin embargo, su diseño ha tomado seis (6) años, y aún
falta un período indeterminado para su puesta en marcha. El Plan, si bien
sienta bases muy relevantes que deben ser tomadas en cuenta frente a cualquier
decisión del Estado, no ha tenido la eficacia, ni ha respondido con la urgencia
necesaria para atender el serio problema de seguridad y las amenazas de
extinción física y cultural del pueblo indígena Nasa.
8.9.14.4. Así las cosas, concluye
la Sala que no se ha configurado un hecho superado por carencia actual de
objeto y que, por el contrario, el recuento del contexto, los hechos y las
decisiones judiciales y cuasijurisdiccionales citadas, demuestran la existencia
de un problema jurídico latente.
8.9.14.5. La Corte Constitucional
debe, sin embargo, actuar con cautela al momento de determinar las decisiones
de este trámite, pues al hacerlo debe preservar al máximo la autonomía del Pueblo
Nasa y respetar las decisiones del Estado que sí han contribuido a paliar en
alguna medida los riesgos desproporcionados que estos indígenas atraviesan. Por
ello, como se verá en lo sucesivo, parte importante del trabajo del Tribunal,
en este caso, será la de acercar las visiones de las partes, contribuir en
aumentar la eficacia de las medidas ya adoptadas y, especialmente, proponer,
para que las partes definan, la viabilidad de nuevas determinaciones. Esto
último, como se explicará, es esencial en lo que tiene que ver con las medidas
que persiguen la protección del Pueblo o Nación Nasa, considerada
integralmente.
8.9.14.6. En otros términos, es
claro que las amenazas, riesgos y violaciones efectivas a los derechos
fundamentales del Pueblo Nasa y sus miembros se encuentran comprobadas. Así se
desprende de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
de esta Corporación. La política general del Estado para preservar la
existencia de este pueblo, y otros especialmente afectados por el conflicto
armado, la presión de las fuerzas económicas y la discriminación, debe surgir de
la concertación entre pueblos originarios y Estado, reflejada en los Planes de
Salvaguarda, ordenados por la Corte Constitucional desde el año dos mil nueve (2009).
8.9.14.7. Sin embargo, en el caso
concreto del Pueblo Nasa, la ejecución del plan se prevé tras agotar cinco (5)
etapas, mientras las amenazas y actos violentos persisten. Dicho sea de paso,
es alarmante que la última resolución de la CIDH se dio dos (2) años después de
proferido el Auto 004 de 2009[246],
demostrando así que, en el caso de los Nasa, la decisión constitucional, y la
solicitud de medidas internacionales, no han migrado del papel a la vida del pueblo.
8.9.14.8. Decir, en este
contexto, que existe un hecho superado, equivale a negar la existencia de los
riesgos y amenazas que tanto este Tribunal, como la CIDH, consideran
comprobadas y que actualmente, de acuerdo con los hechos e informes recibidos,
no ha cesado.
8.15. Los beneficiarios de las
medidas cautelares decretadas por la CIDH tienen derecho a obtener su
cumplimiento efectivo
8.15.1. En relación con el grupo
de accionantes y, más específicamente, con aquellos que son beneficiarios de
las medidas cautelares decretadas por la CIDH, la Sala observa que, al igual
que sus antepasados, estas personas han sido atacadas y amenazadas por todos
los actores del conflicto, con el propósito de, o bien censurar sus
reivindicaciones, o infundirles terror para apropiarse de sus pertenencias y
enriquecerse con su control. La Sala llega a esta conclusión después de
observar las solicitudes que estas personas elevaron por conducto de sus
representantes ante la Comisión al momento de pedir el amparo de las medidas
cautelares, así como en los documentos que allegaron posteriormente para
denunciar incidentes sobrevivientes.
8.15.2. Los nueve (9) líderes
beneficiarios de la medida cautelar No. 195 de 2005, por ejemplo, afirmaban ser
perseguidos tanto por las FARC-EP, como por el Ejército Nacional, quienes dicen
los amenazaban de muerte y ocupaban y allanaban sin razón sus propiedades[247]. Los
treinta y dos (32) beneficiarios de la medida cautelar No. 301 de 2008
manifestaron que varios miembros de la organización a la que pertenecían (el
CRIC), habían sido asesinados, desaparecidos y atacados por grupos
paramilitares, mientras desarrollaban sus actividades al servicio de la
comunidad[248].
Por último, los más de cuarenta y dos (42,000) habitantes de los cuatro (4)
resguardos indígenas amparados en la medida cautelar No. 255 de 2011,
declararon ser víctimas, sin distinción, de un intenso fuego cruzado en las
zonas rurales y urbanas, en las cuales detonaban carros bomba y otros artefactos
explosivos, ocurrían masacres, asesinatos selectivos y reclutamiento forzado de
menores, entre otros[249].
8.15.3. Tal como se señaló en acápites precedentes, las medidas
cautelares que decretó la CIDH para ayudar a conjurar las situaciones arriba
descritas, son vinculantes para Colombia, y su
cumplimiento puede perseguirse a través de la acción de tutela.
8.15.4. En este sentido, los beneficiarios de las tres (3) medidas
descritas tienen derecho a exigirle al Estado colombiano que, a través de las
entidades que estime competentes según su orden interno, cumpla inmediatamente
las exigencias de la Comisión, concertando con ellos las medidas de protección
que sean necesarias para salvaguardar su vida e integridad personal. Para
lograrlo, pueden establecer una comunicación directa con las entidades
responsables o, en su defecto, acudir ante el Ministerio de Relaciones de
Exteriores, quien tiene la función de coordinar interinstitucionalmente la respuesta
del Estado ante los requerimientos de los organismos internacionales.
8.15.5. Dando cumplimiento a las medidas cautelares de referencia, el
Estado colombiano ha desarrollado varias actividades y ofrecido un conjunto de
medidas de protección, que se resumen a continuación:
8.15.5.1. En relación con las medidas cautelares No. 195 de 2005,
se han llevado a cabo, por lo menos, las siguientes actividades: (i) cuatro (4)
reuniones de seguimiento y concertación para la definición de las medidas de
protección de acuerdo con las solicitudes de sus nueve (9) beneficiarios; (ii)
el entonces Ministerio del Interior y de Justicia entregó cinco (5) medios de
comunicación y tres (3) apoyos de transporte a los líderes de la ACIN[250]; (iii)
la Unidad Nacional de Protección otorgó medidas de protección individuales y
colectivas a los nueve (9) líderes en mención, suministrándoles vehículos
corrientes, vehículos blindados, chalecos antibalas, medios de comunicación
celular y guardias indígenas como hombres de protección, entre otros[251]; (iv)
el Ejército Nacional realizó varias capacitaciones en derechos humanos y
derecho internacional humanitario a las tropas presentes en el departamento del
Cauca, incluyendo cinco (5) talleres y/o charlas específicas sobre temas
indígenas[252];
(v) asimismo, el Ejército adelantó campañas para prevenir el reclutamiento
forzado de menores indígenas[253];
(vi) también de acuerdo con los informes de las autoridades recibidos en este
trámite, puede señalarse que la Policía Nacional combatió la minería ilegal y,
en desarrollo de dicha tarea,  destruyó, suspendió, intervino y cerró diversas
minas, incautando maquinaria e insumos, y deteniendo a las personas que
realizaban esta actividad sin los permisos suficientes[254]; (vii) la Fiscalía
General de la Nación inició tres (3) investigaciones por los delitos de
secuestro y amenazas cometidos contra los líderes de la ACIN[255], y (viii) la Fuerza
Pública desarticuló el plan para asesinar a los cinco (5) líderes indígenas
mencionados en la solicitud de medidas cautelares[256].
8.15.6. En lo
concerniente a las medidas cautelares No. 301 de 2008, se han llevado a
cabo, por lo menos, las siguientes actividades: (i) dos (2) reuniones de
seguimiento y concertación para la definición de las medidas de protección de
acuerdo con las solicitudes de sus treinta y dos (32) beneficiarios; (ii) el
entonces Ministerio del Interior y de Justicia[257] y la Unidad Nacional de
Protección celebraron con el CRIC los convenios respectivos a efectos de
suministrarles a los beneficiarios vehículos convencionales y blindados, medios
de comunicación satelital y celular, apoyos de combustible, apoyos de
transporte, chalecos antibalas, tiquetes aéreos, apoyos de reubicación temporal
y guardias indígenas como hombres de protección[258], y (iii) se pusieron en
conocimiento de las autoridades competentes los ataques y las amenazas contra
tales personas, dando lugar al inicio de las investigaciones respectivas[259].
8.15.7.
Finalmente, respecto a las medidas cautelares No. 255 de 2011, se han llevado a
cabo las siguientes actividades: (i) una (1) reunión de seguimiento y concertación
para la definición de las medidas de protección de acuerdo con las solicitudes
de sus más de cuarenta y dos mil (42,000) beneficiarios; (ii) el gobierno ha
trabajado mancomunadamente con las organizaciones indígenas en la construcción
del Programa de Garantías y el Plan de Salvaguarda para el Pueblo Nasa, según
lo ordenó la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009[260]; (iii) la
Unidad Nacional de Protección le suministró a la guardia indígena cuatrocientas
(400) botas de caucho, cuatrocientos (400) bastones de mando, cuatrocientos
(400) machetes, cuatrocientas (400) cantimploras, cuatrocientas (400)
linternas, cuatrocientas (400) capas, cuatrocientos (400) chalecos distintivos
y cuatrocientos (400) equipos de camping[261];
(iv) asimismo, la Unidad de Protección le entregó a los resguardos dieciséis
(16) radios de comunicación, apoyos de transporte y capacitaciones sobre
derechos humanos[262];
(v) el Ejército Nacional aumentó su pie de fuerza en los resguardos de Toribio,
San Francisco, Tacueyó y Jambaló, realizando actividades para neutralizar
campos minados, desactivar artefactos explosivos o neutralizar laboratorios de
droga[263];
(vi) la Fuerza Pública capturó a más de cincuenta y dos (52) integrantes de la
guerrilla de las FARC-EP, quienes delinquían en los resguardos de referencia[264],
y (vii) la Fiscalía General de la Nación inició más de cuarenta (40)
investigaciones penales por los delitos cometidos contra los habitantes de los
resguardos protegidos, señalando que algunos de ellos son presuntas víctimas
del exceso por parte de la Fuerza Pública[265].
8.15.8.
Como resultado de lo anterior, del total de los cincuenta y un (51) accionantes
plenamente identificados, actualmente cuarenta (40) cuentan con medidas de
protección individuales, cinco (5) disfrutan de medidas de protección
colectivas[266],
uno (1) tuvo protección hasta diciembre del año dos mil quince (2015)[267],
uno (1) falleció[268],
uno (1) está en estudio de nivel de riesgo[269]
y tres (3) no cuentan con estudio de seguridad[270].
8.15.9.
No obstante, los indígenas tutelantes, de una parte
líderes de la comunidad, de otra, la generalidad de los habitantes de los
cuatro (4) resguardos protegidos, afirman que la violencia en su contra
continúa y los problemas de seguridad se manifiestan no sólo sobre cada uno de
ellos, sino sobre la totalidad del pueblo y la cultura Nasa. Más precisamente,
denuncian el temor general que se ha generado con el asesinato reciente de
varios líderes, consejeros y guardias indígenas[271], así como a
partir de la recepción de nuevos ataques y amenazas contra compañeros,
organizaciones y, en general, contra su proyecto político y cultural[272].
8.15.10. Seguidamente, en el
escrito de tutela, en la respuesta al Auto de Pruebas y en varios de los
informes que han enviado a la CIDH, elevan críticas contra las medidas de
protección, las cuales van dirigidas en dos (2) sentidos. Por un lado,
reprochan la falta de medidas. Por el otro, señalan la ineficiencia e, incluso,
la inconveniencia de algunas de las que ya se han recibido[273]. Así, por ejemplo,
denuncian la corta duración y las demoras en la entrega efectiva de algunas
medidas de protección. Por otro lado, señalan que algunas de las actividades
realizadas por el Estado y, en particular, el incremento del pie de fuerza del
Ejército Nacional en el norte del departamento, generan una mayor afectación,
en cuanto incrementan el fuego cruzado y se prestan para la comisión de nuevos
abusos por parte de la Fuerza Pública.
8.16.
Parámetros para corregir y tornar adecuadas las medidas de protección
8.16.1. Teniendo en cuenta el
diagnóstico resumido en párrafos precedentes, para la Sala es claro que el
Estado colombiano ha realizado esfuerzos importantes para garantizar la
seguridad del Pueblo Nasa y, consecuentemente, podría argüirse que ha cumplido
o está cerca de cumplir con las tres (3) medidas cautelares decretadas por la
CIDH.
8.16.2. Sin embargo, la
información consignada en el expediente de tutela y en los informes públicos
citados en la presente providencia, indican que los problemas que afrontan los
Nasa exceden la protección ordenada por la Comisión Interamericana, ponen de
relieve una situación que contraría abiertamente la Constitución y demandan,
tanto de este Tribunal, como del resto del Estado, la puesta en marcha de una
serie adicional de acciones bajo una aproximación diferente al conflicto armado
interno y los devastadores impactos que este ha tenido sobre los pueblos
originarios.
8.16.3. A este respecto, la Sala
considera que, más allá de si se satisficieron o no las exigencias de la CIDH, este
caso revela la existencia de un problema de comunicación entre el Estado y el
pueblo indígena en detrimento de los derechos de este último. El primero pretende
responder a las necesidades de protección de los indígenas mediante elementos
que preservarían la integridad de la persona ante ataques o riesgos
determinados. El segundo, por el contrario, reclama medidas que aseguren su
pervivencia como pueblo o cultura ancestral diferenciada de la población
mayoritaria.
8.16.4. Para entender por qué no
pueden encontrarse las posiciones del Estado y del Pueblo Nasa, la Sala
considera necesario señalar que, aunque las autoridades públicas hayan intentado
arduamente cumplir con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana,
abordándolas como se suele abordar el común de los casos de seguridad personal,
existen al menos dos (2) premisas de la jurisprudencia constitucional que, a la
luz de las particularidades del caso concreto, le exigían una actuación más
extensa y étnicamente más apropiada.
8.16.5. Primero, los pueblos
indígenas son titulares de derechos fundamentales, estos son independientes de
los derechos de sus miembros y no constituyen una sumatoria de los últimos.
Segundo, los derechos fundamentales son interdependientes e indivisibles. Su
eficacia debe ser conjunta, pues solo de esa manera se satisface el principio
de dignidad humana. Estos elementos esenciales de los derechos, desarrollados
ampliamente en relación con los derechos de los individuos, son también
aplicables —y acaso en mayor medida— a los pueblos originarios.
8.16.6. Hace poco, la Relatora de
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas llamó la atención
sobre la relación intrínseca entre la libre determinación y la prohibición de
discriminación de los pueblos originarios. En párrafos previos, la Sala ha
destacado la necesidad de concebir los derechos de estos pueblos en clave de
integralidad y ello pasa también por comprender la importancia de la
preservación o la defensa de la cultura. Este es el propósito que marca el punto
de quiebre de la cuestión indígena (reciente) en el Derecho Internacional,
cuando la OIT aprobó el Convenio 169, basado en autonomía y respeto por la
diferencia, y dejó atrás el convenio 107, cuyo fundamento era la elevación de
la calidad de vida de los indígenas para la integración a las culturas
mayoritarias de cada país.
8.16.7. El rechazo del convenio
107 es el desmonte de la disociación entre la existencia física y la existencia
cultural. Así, mientras el primero intentaba brindar condiciones materiales
ante la explotación (física) de los indígenas, el segundo se aparta de este
enfoque, porque entiende que la integración a cambio de estas condiciones
conlleva la desaparición de las culturas. Es decir, lo contrario a la
afirmación “los indígenas seguirán existiendo, siempre que renuncien a su
identidad indígena”.
8.16.8.  Toda la información
descrita en la contextualización del Pueblo Nasa demuestra, en el plano del
caso concreto, el alcance de los principios esbozados en abstracto. Los
territorios colectivos son el eje de la cultura y la supervivencia física de
los indígenas. La autonomía es la base para la toma de sus decisiones y debe
proyectarse en todos los ámbitos (político, social, económico, jurídico,
religioso y cultural), tal como lo ordenan los artículos 330, 286 y 246 de la
Carta Política. La participación de los pueblos indígenas, principalmente en
las vertientes representativa (circunscripción especial) y directa (consulta
previa), es una condición necesaria para la protección de sus demás derechos.
8.16.9. En el Pueblo Nasa, la
presión sobre sus territorios, derivada tanto del conflicto armado interno,
como de los intereses económicos y políticos, genera la división de las
comunidades y amenaza su supervivencia. La discriminación de la que son
víctimas se proyecta negativamente en su autonomía, pues permite la invasión de
sus territorios por parte de particulares, y el desconocimiento de su autonomía
conlleva la invasión de sus competencias constitucionales por parte de
autoridades públicas y otros agentes (por ejemplo, los grupos al margen de la
ley y los grandes propietarios de la tierra). Todo lo expuesto genera
imposiciones culturales externas y el desvanecimiento de la cultura, por
ejemplo, por la ausencia de garantías institucionales para preservar su derecho
a construir memoria, como pueblo culturalmente diferenciado.
8.16.10. Las amenazas descritas
generan nuevos problemas. Así, por ejemplo, la acusación de colaboración con un
grupo armado, realizada por los distintos actores (incluida la Fuerza Pública)
y, posteriormente, replicada y amplificada por los medios masivos de
comunicación, implica la existencia de retaliaciones y nuevos actos de
violencia en su contra. Este tipo de actuaciones afectan principalmente a sus
líderes, no necesariamente porque exista un interés específico en ellos, como
individuos, sino porque son los representantes del grupo, los defensores de sus
intereses y quienes recogen las banderas de la historia Nasa por la unidad, el
territorio, la cultura y la autonomía.
8.16.11. Todo lo anterior, pero
en especial esto último, le permite a la Sala llegar a la siguiente conclusión:
el objetivo de los grupos armados que delinquen en el Cauca y en el Valle del
Cauca es destruir o, al menos, controlar al Pueblo Nasa. Para lograrlo, dirigen
su accionar contra sus figuras más representativas y contra sus territorios,
dado el efecto colectivo que tienen los ataques y las amenazas contra ellos
perpetrados. Pero no solo el crimen organizado es un problema de seguridad.
Hechos legales y sociales generan enormes presiones sobre sus territorios y, a
pesar de no ser comparables a las acciones de violencia, sí requieren atención
del Estado, pues atentan contra la preservación de la cultura.
8.16.12. El objetivo de los Planes
de Salvaguarda es, en palabras de este Tribunal, evitar la extinción física y
cultural del Pueblo Nasa. Sin embargo, las medidas de protección
diseñadas para el Pueblo Nasa parecen cubrir únicamente la faceta física de la
seguridad de sus miembros individualmente considerados (en los términos exigidos
por la CIDH), pero ha dejado de lado, tanto su dimensión colectiva, como la
orden expresa de la Corte de actuar en pro de la defensa de sus culturas, y no
solo de los individuos.
8.16.13. En este sentido, una
estrategia construida única o mayoritariamente a partir de medidas de
protección de carácter individual es necesaria y tiene el potencial para satisfacer
las exigencias de la Comisión Interamericana, pero no es suficiente para
frustrar tales agresiones, pues estas continuarán, cambiando si acaso de
destinatario específico. Si el Estado persiste en afrontar este problema desde
dicha óptica llegará al absurdo de ofrecer esquemas individuales de protección
a todos los indígenas con una influencia política más o menos notoria. La nueva
comprensión que sugiere esta Corte aboga por la protección de todo el pueblo y,
consecuentemente, por la adopción de medidas de protección de carácter
colectivo.
8.16.14. A modo de conclusión, la
Sala considera que, pese a (i) los arduos esfuerzos del Estado colombiano por
proteger la vida e integridad del Pueblo Nasa, y (ii) pese la elaboración y
puesta en marcha del Plan de Salvaguarda, ordenado por esta Corporación en el
Auto 004 de 2009[274];
su deber de garantizar la supervivencia física y cultural de los pueblos
originarios ha sido parcialmente desatendido, toda vez que los derechos individuales
de dichas personas y los derechos colectivos de todo el pueblo siguen
amenazados.
9. Órdenes a
impartir
9.1. A continuación, la Sala describirá
la ruta a seguir, en el corto y mediano plazo (es decir, antes de la puesta en
marcha definitiva de todas las medidas que se concierten a partir del Plan de
Salvaguarda), para la preservación de la memoria, la cultura, y la existencia
material del Pueblo Nasa.
9.2. Para comenzar, es
imprescindible y urgente que el Estado revise las medidas de protección
proferidas a nivel individual, pero sobre todo, a nivel colectivo. Las medidas
actuales podrán preservarse pero, está claro, deben implementarse otras
distintas que respondan a los problemas que enfrentan los accionantes, como
pueblo culturalmente diverso.
9.3. En cuanto a los problemas
que conciernen a este grupo, considerado integralmente, el Estado, en
concertación con el Pueblo Nasa, deberá determinar medidas específicas para
proteger los derechos a la memoria, la autonomía, el territorio colectivo y la
reparación étnicamente adecuada de los indígenas víctimas de la violencia. Para
tal efecto, la Corte considera importante la observancia de los siguientes
criterios:
i.
Las acciones deben estar libres de daño, es decir, no pueden
generar nuevos problemas, ni agravar los ya existentes.
ii.
Las medidas de protección deben ser concertadas previamente con las
autoridades tradicionales del pueblo indígena. La Sala solicitará al Pueblo
Nasa que evalúe la posibilidad de dar un trámite célere (o de especial
agilidad) a estos procedimientos, tomando en cuenta que su propia solicitud
denuncia la ausencia de medidas urgentes, así como el tiempo que ha tomado la construcción
del Plan de Salvaguarda.
iii.
Las medidas de protección deben ser acordes con la cultura y cosmovisión
Nasa, a efectos de potenciarla y nunca limitarla.
iv.
Se debe aumentar al máximo posible la participación indígena en la
ejecución de las medidas de protección, a efectos de respetar y potenciar su
autonomía.
v.
El territorio Nasa es inviolable y, en tal sentido, la única intromisión
permitida es aquella que resulta ser estrictamente necesaria.
vi.
Las medidas deben tener conciencia histórica, reconociendo la serie de
discriminaciones de las que han sido víctima los Nasa, y evitando su
repetición. Debe recordarse que la violencia actual es la continuación de
siglos de explotación, despojo, humillación y desprestigio.
vii.
De acuerdo con lo anterior, resulta una amenaza para el Pueblo Nasa la
asociación explícita o tácita en pronunciamientos y documentos oficiales entre
las comunidades paeces y los grupos guerrilleros, paramilitares o
delincuenciales de cualquier tipo. Ello desconoce sus esfuerzos por mantenerse
al margen del conflicto, los expone a riesgos que no deben soportar y puede
provocar infracciones al principio de distinción del DIH.
viii.
Se deben abarcar todos los riesgos, incluso aquellos que provienen del
desarrollo de las operaciones militares y policivas, y los que se derivan de la
dinámica económica, principalmente, de los proyectos extractivos.
ix.
Toda medida de protección debe respetar y velar por la protección de la
naturaleza o, en otros términos, por la especial relación entre los pueblos
indígenas y el ambiente.
9.4.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala proferirá un conjunto de órdenes
concretas a efectos de, primero, facilitar la construcción y la adopción de las
medidas de protección que acuerden el Estado y el Pueblo Nasa y, segundo,
corregir problemas puntuales relacionados con las medidas que actualmente se
están brindando. Muchas de las órdenes involucrarán directamente al Ministerio
de Relaciones Exteriores, pues independientemente del eventual cumplimiento que
logre el Gobierno en relación con las medidas cautelares decretadas por la
CDIH, esta entidad merece seguir desempeñando una labor articuladora, teniendo
en cuenta el avance logrado en la materia y una de las razones de ser de la
protección. A estos efectos, la Sala ordenará:
i.
Realizar el mantenimiento de los vehículos convencionales y blindados
suministrados a los líderes y consejeros indígenas, ahora y siempre que se
necesite.
ii.
Elaborar e implementar un programa de fortalecimiento de la
guardia indígena presente en los Resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló.
iii.
Capacitar a los integrantes de la Fuerza Pública sobre las
características del Pueblo Nasa y la forma en que se han visto afectados por el
conflicto armado interno, a efectos de que comprendan el negativo impacto que
tiene la violencia sobre su unidad, territorio, cultura y autonomía.
iv.
Realizar un censo actualizado a dos mil dieciséis (2016) de los
indígenas Nasa que habitan dentro y en las cercanías de los cuatro (4)
resguardos protegidos.
v.
Traducir la presente Sentencia al Nasa Yuwe (idioma que utiliza el
60% del Pueblo Nasa)[275].
vi.
Requerir a los accionantes y al Gobierno Nacional para que determinen
medidas de construcción y preservación de la memoria Nasa, dentro de un
procedimiento abreviado de concertación, y previendo las fuentes de
financiación necesarias. Estas medidas pueden concretarse en (i) talleres con
los mayores y el resto de la población; (ii) formación en idioma propio, para
quienes lo han perdido; (iii) emisoras de difusión de la cultura Nasa; (iv)
espacios en canales regionales para el mismo fin, y (v) construcción de museos
de la memoria o espacios similares. Estas medidas son esenciales para la
preservación de la cultura Nasa.
vii.
Requerir a los accionantes y al Gobierno Nacional para que establezcan
medidas de diálogo intercultural. Para comenzar, se ordenará la traducción de
esta Sentencia y la creación de un comité de capacitación de autoridades
tradicionales, jueces, fiscales y magistrados, que permita la coordinación
entre los sistemas jurídicos y favorezca, por lo tanto, la autonomía y auto
determinación del Pueblo Nasa. La Sala ordenará distribuir copias de esta
decisión entre las autoridades de los resguardos accionantes, en su idioma, y
fiscales, jueces y tribunales competentes, en español.
viii.
El Estado debe preservar el territorio. Para ello, deberá comenzar a
evaluar en qué espacios se dará la participación de los pueblos indígenas, de
cara a un eventual proceso de paz, y respetar el principio de distinción. Ello
exige la capacitación constante de los miembros de la Fuerza Pública, el
diálogo respetuoso con la guardia indígena (no su incorporación en el
conflicto) y la necesidad de asumir su posición de garante. La neutralidad del Pueblo
Nasa es válida desde la Constitución Política. La Fuerza Pública deberá rendir
informes periódicos sobre sus actuaciones a los órganos de control.
ix.
El sistema de alertas tempranas, uno de los mecanismos más efectivos que
ha desarrollado el Estado para la protección de la seguridad personal en el
marco del conflicto armado, enfrenta dificultades especiales en el caso de los
pueblos indígenas. La Sala ordenará a la Defensoría del Pueblo que, a través de
sus delegados competentes, se reúna con las autoridades tradicionales Nasa y la
guardia indígena para analizar la forma de adecuarlo a su caso particular.
Recomienda también al órgano de control, tomar en consideración la necesidad de
que a través de este mecanismo se prevean no solo riesgos a la integridad y la
vida, sino los riesgos culturales, ya descritos.
9.5. Como puede
verse, un conjunto de medidas tiene naturaleza perentoria, y así se indicará en
la parte resolutiva de esta providencia. Otro grupo tiene carácter de exhorto,
advertencia y requerimiento. La Sala no definirá los términos de estas últimas para
no usurpar el espacio de diálogo de las partes. Pero la inacción se considerará
un incumplimiento y un desacato a las decisiones de este Tribunal.
9.6. Por último,
la Sala debe ser enfática en que todas las órdenes a impartir buscan
complementar, pero jamás obstaculizar, lo previsto en el Plan de Salvaguarda
para el Pueblo Nasa, toda vez que este documento reviste una significativa
importancia como guía de la política pública en la materia.
9.7. En virtud
de lo expuesto, la Sala revocará el fallo de primera y única instancia
proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca el veintitrés (23) de junio
de dos mil quince (2015), en el proceso de tutela iniciado por la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca[276],
contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, la
Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección, toda vez que en
ella se negó el amparo por considerarse que la parte actora no referenció un
desconocimiento concreto de las medidas cautelares No. 195 de 2005, 301 de 2008
y 255 de 2011, decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
9.8. En su
lugar, tutelará los derechos fundamentales de todos los accionantes a la vida e
integridad personal, así como el derecho fundamental del Pueblo Nasa a la
protección colectiva, ordenando la adopción de nuevas y mejores medidas de
protección, de acuerdo con los criterios descritos en el numeral 9.3. de la
presente Sentencia. Para facilitar la construcción y la adopción de tales
medidas, y también para corregir problemas puntuales relacionados con las
medidas que actualmente se están brindando, la Sala impartirá órdenes
complementarias.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo de primera
y única instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca el
veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015), en el proceso de tutela
iniciado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca,
representada legalmente por Luz Eyda Julicué Gómez, contra el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, la Presidencia de la
República y la Unidad Nacional de Protección, toda vez que en ella se negó el
amparo por considerarse que la parte actora no referenció un desconocimiento
concreto de las medidas cautelares No. 195 de 2005, 301 de 2008 y 255 de 2011,
decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales de los accionantes[277] a la vida e integridad
personal, así como el derecho fundamental del Pueblo Nasa a la seguridad
colectiva, abogando por la adopción de nuevas y mejores medidas de protección.
Segundo.- ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores convocar una reunión
interinstitucional con la Fuerza Pública, las entidades del orden nacional con
competencia en la materia, las organizaciones sociales involucradas y los
beneficiarios de las medidas cautelares No. 195 de 2005, 301 de
2008 y 255 de 2011, decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, para (i) detectar y resolver los problemas en la concertación,
suministro, ejecución, duración y retiro de las actuales medidas de protección
con carácter individual, e (ii) idear y acordar nuevas estrategias para
garantizar la seguridad colectiva del Pueblo Nasa, a efectos de erradicar o
disminuir sustancialmente los riesgos a los que se ve expuesto. En el marco de
esta reunión, deberán tenerse en cuenta los criterios sugeridos por la Sala en
el numeral 9.3. de la presente Sentencia. La reunión deberá tener en cuenta el
censo ordenado en el punto séptimo del resuelve, realizarse in situ, contar
con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y ser programada para el
primer semestre del año dos mil diecisiete (2017).
Tercero.- ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores redactar y
poner en práctica un plan de trabajo de acuerdo con los resultados de la
reunión interinstitucional ordenada en el punto anterior, para ejecutar, en un
tiempo prudencial, las nuevas medidas y estrategias de protección con carácter
individual y colectivo. Este plan, en conjunto con reportes trimestrales
durante un (1) año, deberá ser enviado al Tribunal Administrativo del Cauca
para efectos de su cumplimiento, y a la Sala Especial de Seguimiento de la
Corte Constitucional para el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, para lo
de su competencia.
Cuarto.- ORDENAR a la
Unidad Nacional de Protección para que en el término de tres (3) meses contados
a partir de la notificación de esta sentencia, y en coordinación con las
entidades públicas o privadas que considere necesarias, realice el
mantenimiento de los vehículos convencionales y blindados suministrados a los
líderes y consejeros indígenas que actúan en el presente proceso de tutela. Asimismo,
no incurrir en nuevas demoras en el mantenimiento de los mismos.
Quinto.- ORDENAR al
Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el término de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta Sentencia, y en coordinación con
las entidades estatales y organizaciones sociales que considere necesario
vincular, se reúna con los representantes de la guardia indígena Nasa ubicada
en los Resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló, para
elaborar e implementar un programa de fortalecimiento de la misma. Esto se
deberá realizar a través de un proceso de retroalimentación que incluya, tanto
la visión de la comunidad, como la del Estado colombiano, a efectos de
permitirles a los guardias exponer las situaciones de riesgo concretas que
aquejan a la comunidad como sujeto colectivo, así como los obstáculos que
encuentran para superar la situación de amenaza permanente, bien sea por
factores objetivos o subjetivos.
Sexto.-
ORDENAR al Ministerio del Interior, para que en el transcurso del año
siguiente a la notificación de la presente providencia, y siempre que sea antes
de que se realice la reunión interinstitucional de la que trata el numeral
segundo del resuelve de esta Sentencia, capacite a los miembros del Ejército y
la Policía Nacional sobre las principales características del Pueblo Nasa y la
manera en que han sido perjudicados por el conflicto armado interno, a efectos
de que comprendan el negativo impacto que tiene la violencia sobre su unidad,
territorio, cultura y autonomía. Para tal efecto, el Ministerio deberá
concertar el material que va a ser utilizado en la capacitación con las
autoridades del Pueblo Nasa, quienes son los únicos competentes para decidir
cómo deben ser presentadas las características, la historia y la violencia que
ha sufrido su comunidad.
Séptimo.- ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar con las
entidades encargadas la realización de un censo actualizado a dos mil dieciséis
(2016) de los indígenas Nasa que habitan dentro y en las cercanías de los
Resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló, a efectos de saber la
cantidad de personas que los componen y el estado en que se encuentran en
relación con los problemas descritos en la presente Sentencia. Este censo
deberá ser desarrollado durante el tercer o cuarto trimestre del año en curso.
Octavo.- ORDENAR al Ministerio del Interior que en el plazo de seis (6) meses
contados a partir de la notificación de la presente providencia, la traduzca al
Nasa Yuwe, idioma tradicional de los Nasa, a efectos de facilitar su
conocimiento y discusión.
Noveno.- REQUERIR
a los accionantes y al Gobierno Nacional para que determinen medidas de
construcción y preservación de la memoria Nasa, dentro de un procedimiento
abreviado de concertación y previendo las fuentes de financiación necesarias.
Estas medidas pueden concretarse en (i) talleres con los mayores y el resto de
la población; (ii) formación en idioma propio, para quienes lo han perdido; (iii)
emisoras de difusión de la cultura Nasa; (iv) espacios en canales regionales,
para el mismo fin, y (v) construcción de museos de la memoria o espacios
similares. Estas medidas son esenciales para la preservación de la cultura Nasa.
Décimo.- REQUERIR
a los accionantes y al Gobierno Nacional para que establezcan medidas de
diálogo intercultural. Para comenzar, se ordenará la traducción de esta
sentencia y la creación de un comité de capacitación de autoridades
tradicionales, jueces, fiscales y magistrados, que permita la coordinación
entre los sistemas jurídicos y favorezca, por lo tanto, la autonomía y auto
determinación del Pueblo Nasa. Asimismo, se ordena la distribución de copias de
esta decisión entre las autoridades de los resguardos accionantes, en su
idioma, y fiscales, jueces y tribunales competentes, en español.
Décimo primero.
REQUERIR al Estado para que cumpla adecuadamente sus obligaciones en
lo concerniente a la protección del territorio Nasa, de acuerdo con los
parámetros establecidos en esta Sentencia. Para ello, deberá comenzar a evaluar
en qué espacios se dará la participación de los pueblos indígenas, de cara a un
eventual proceso de paz, y respetar el principio de distinción del Derecho
Internacional Humanitario. Ello exige la capacitación constante de los miembros
de la Fuerza Pública, el diálogo respetuoso con la guardia indígena (no su
incorporación en el conflicto) y la necesidad de asumir su posición de garante.
La neutralidad del Pueblo Nasa es válida desde la Constitución Política. La
Fuerza Pública deberá rendir informes periódicos sobre sus actuaciones a los
órganos de control.
Décimo
segundo.- REQUERIR al Ministerio del Interior y a las autoridades del
Pueblo Nasa para que fijen una fecha límite para aprobar y poner en ejecución
el Plan de Salvaguarda.
Décimo tercero.-
REQUERIR a la Defensoría del Pueblo para que, a través de sus delegados, y
en el marco de sus funciones, comience un diálogo con la guardia indígena y las
autoridades tradicionales para la adecuación del sistema de alertas tempranas,
de tal manera que este atienda no solo los riesgos individuales, sino
colectivos, y no exclusivamente los de naturaleza física, sino también los
culturales.
Décimo cuarto.-
REMITIR copia de la presente providencia a la Sala Especial de Seguimiento
de la Corte Constitucional para el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004
para lo de su competencia.
Décimo quinto.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de
voto
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de
voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Mediante Auto del quince (15) de octubre de dos mil quince
(2015), la Sala de Selección Número Diez escogió para revisión el proceso de
referencia por tratarse de un examen sobre los pronunciamientos de instancias
internacionales, por un posible desconocimiento del precedente constitucional y
por la necesidad de proteger un derecho fundamental.
[2]
La señora Luz Eyda Julicué Gómez, identificada con cédula de ciudadanía
25.364.451 de Caloto, fue registrada como la representante legal de la ACIN el
trece (13) de abril de dos mil quince (2015) para un periodo de dos (2) años,
comprendidos entre el seis (6) de abril del mismo año y el diez (10) de marzo
de dos mil diecisiete (2017). Ver el folio 50 del cuaderno principal. En
adelante, siempre que se haga alusión a un folio se entenderá que hace parte
del primer cuaderno, o del cuaderno principal, salvo que explícitamente se diga
otra cosa.
[3]
La ACIN, con Nit. 817000232-6, fue reconocida por la Dirección General de
Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior a través de la Resolución No. 051
de mil novecientos noventa y seis (1996) y es una entidad sin ánimo de lucro,
de Derecho Público, de carácter especial y con ámbito de acción y jurisdicción
en el departamento del Cauca.
[4]
La principal reivindicación que promueve el Pueblo Nasa lleva el nombre de
“Liberación de la Madre Tierra”. Esta consiste en un acto ritual que se reanudó
en octubre de dos mil catorce (2014) y que pretende recuperar los territorios
ancestrales, denunciar la inequitativa concentración de la tierra y el mal uso
que se le da a través de la agroindustria azucarera en el departamento.
Específicamente, en los municipios de Corinto, Santander de Quilichao y Caloto.
[5]
Dentro de estas masacres se enlistan las siguientes: (i) la masacre de San
Pedro, diciembre del año dos mil (2000); (ii) la masacre del Naya, abril de dos
mil uno (2001); (iii) la masacre de Guachené, ocurrida en mayo de dos mil uno
(2001); (iv) la masacre de Gualanday, noviembre del dos mil uno (2001), y (v)
la masacre de Gargantillas, en marzo de dos mil once (2011).
[6] El treinta (31) de
octubre de dos mil cinco (2005), la CIDH ordenó medidas cautelares (MC 195/05)
a favor de nueve (9) líderes de la ACIN. Estos son los señores Arquímedes
Vitonás, Ezequiel Vitonás, Gilberto Muñoz Coronado, Gabriel Pavi, Nelson Lemus,
Plinio Trochez, Miliciades Musice, Óscar Cuchillo y Alcibiades Escué. El catorce (14) de enero de dos mil nueve
(2009), la CIDH ordenó medidas cautelares (MC 301/08) a favor de los siguientes
treinta y dos (32) dirigentes y asesores del Concejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC): Aida Marina Quilcué Vivas, Libia Armida Paz Mamián, Marlitt
Puscus Mamián, Angelmiro Valencia, Luis Alberto Guetoto Alos, Emigdio Velasco
Calambas, Adolfo Vivas Andela, Feliciano Valencia Medina, Demetrio Moya Obispo,
Gelmis Chate, Jesús Javier Chávez Yondapiz, Pedro Teófilo Maca, Luis Danilo
Secué Pavi, Hermes Vitelio Menza, José Francisco Zambrano, Carlos Alberto
Sánchez, Álvaro Jaime Muñoz Anacona, Aaron Liponce, Patricio Pertiaga Poiroma,
Herminson Pertiaga García, Daniel Piñacué Achicue, Elides Pechene Ipia, Héctor
Arias, Luis Alfredo Acosta Zapata, Rodrigo Hernán Quira Aguilar, Gilberto Yafue
Villano, Ernesto Perafán Echeverri, Álvaro Mejía Arias, Jorge Caballero Fula,
Luis Yonda, Vicente Otero y Marciana Quira. Finalmente, y después de considerar
que las acciones emprendidas por las autoridades colombianas eran insuficientes
para proteger al Pueblo Nasa, el catorce
(14) de noviembre de dos mil once (2011) la CIDH otorgó medidas cautelares (MC
255/11) a favor de los habitantes de los Resguardos de Toribio, San Francisco,
Tacueyó y Jambaló, ubicados en el departamento del Cauca. Estas tres (3)
medidas cautelares pueden ser consultadas en la página web de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp.
[7]
A este respecto, precisó que el suministro de las
medidas de protección ofrecidas por el Estado colombiano está condicionado a
amenazas u hostigamientos específicos, lo que desconoce el riesgo diario al que
se ven expuestos los indígenas Nasa por el simple hecho de encontrarse en una
zona de conflicto armado.
[8]
Los señores Alcibiades Escué, Germán Valencia Medina, Rangel Geovany Yule, Luis
Danilo Secue, Nelson Lemus, Marcos Pechene, Yohiner Medina y Jesús Tombe. De
estas ocho (8) personas, sólo tres (3) son beneficiarios de las medidas
cautelares 195/05 o 301/08.
[9]
Los señores Eliseo Ipia, Luz Eyda Julicué Gómez (la
representante legal de la ACIN), Luz Mariana Canas, Luz Mila Campo y Edgar Raúl
Ibáñez. De estas cinco (5) personas, ninguna es beneficiaria de las medidas
cautelares 195/05 y 301/08.
[10] Ver los folios 99 al
111.
[11] La señora Mónica Fonseca
Jaramillo.
[12] Por el cual se
organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, a la
libertad, a la integridad y a la seguridad de personas, grupos y comunidades
del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección.
[13] Folio 112 a 122.
[14] La señora María Jimena
Yañez Gelvez.
[15] Su objeto principal fue
“[a]unar esfuerzos humanos, económicos, técnicos y logísticos entre la ACIN y
la UNP, con el fin de adelantar la operativización de la propuesta de
protección a los líderes y autoridades tradicionales con enfoque colectivo y
diferencial”. (redacción original). Según su cláusula quinta, el plazo original
del convenio era hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce
(2014). Sin embargo, fue prorrogado en una ocasión hasta el treinta y uno (31)
de enero de dos mil quince (2015). Folio 202 al 234.
[16] La Unidad Nacional de
Protección no explicó en qué consistían tales dotaciones. Folios 114 y 115.
[17] La guardia indígena
tiene el propósito de garantizar la seguridad de los líderes cuya vida o
integridad está en riesgo. Para tal efecto, y en desarrollo de las obligaciones
estatales de ofrecer un trato con enfoque colectivo y diferencial, la Unidad
Nacional de Protección capacita y dota a los indígenas interesados en prestar
este servicio, en lugar de contratar esquemas de seguridad privados, con el
ánimo de preservar las tradiciones y la cultura de la comunidad. Así, por
ejemplo, los guardias indígenas no portan armas de fuego, sino bastones de
mando.
[18] La Unidad Nacional de
Protección no explicó en qué consistían tales apoyos. Folio 115.
[19] Los señores Nelson Lemus
(MC 195/05), Alcibiades Escué (MC 195/05), Luis Alberto Mensa (no registra como
beneficiario de las medidas cautelares), Luis Danilo Secué (MC 301/08), Marcos
Yule (no registra como beneficiario de las medidas cautelares) y Feliciano
Valencia (MC 301/08). La Unidad de Protección señaló que los señores Luis
Alberto Mensa y Marcos Yule son beneficiarios de las medidas cautelares. Sin
embargo, esta información no corresponde con aquella entregada por la Cancillería.
[20] La Unidad Nacional de
Protección no explicó en qué consistía tal fondo. Folio 206.
[21] La Unidad Nacional de
Protección no explicó en qué consistía tal dotación. Folio 115.
[22] De la suma total de cincuenta y un (51) accionantes,
la Unidad Nacional de Protección remitió información únicamente respecto a
nueve (9) de ellos: Alcibiades Escué, Edgar Raúl Ibáñez, Feliciano Valencia
Medina, Gabriel Pavi, Germán Valencia Medina, Luis Danilo Secué Pavi, Nelson
Lemus, Rangel Giovani Yule Zape y Yohiner Medina Talaga. Folio 116 a 121. Las
medidas de protección específicas de las que gozan estos sujetos serán
descritas más adelante en el texto principal de esta providencia.
[23] Las veintitrés (23)
personas de referencia son: Marcos Yule Yatacué, Luis Alberto Menza Yatacué,
Carmen Rosa Quisaquillo, Flores Miro Noscue, Jose Albeiro Camayo, William Freis
Camayo Oteca, Yermin Orlando Guejia, Sara María Trochez Mosquera, Harold Secué
Pasu, Libia Lucely Sandoval, Ernesto Cunda Dauqui, Luciano Méndez Dagua, Carlos
Antonio Yatacué, Maricel Palta, Wilinton Guetio Daza, Margarita Hilamo Mestizo,
Abel Coicue, Héctor Favio Dicué Rengifo, Gersain Cuetia Dagua, Carlos Adelmo
Cobo, Edgar Tumiña Jembuel, Alfredo Campo Lectamo, y Gustavo Orozco Talaga.
Folio 116 a 121. Dado que estas personas no son beneficiarias de las medidas
cautelares decretadas por la CIDH, y tampoco hacen parte de la acción de tutela
que se revisa, la Corte no considera necesario describir las medidas de
protección de las que gozan.
[24] La intervención de la
Presidencia se dio a través de la señora Martha Alicia Corssy Martínez.
[25] El señor Pedro Santiago
Posada Arango.
[26] Pese haber dado
respuesta, la contestación del Ministerio del Interior se entendió como
extemporánea, pues fue radicada en el Tribunal Administrativo del Cauca el
veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015). Razón por la cual, no fue
tenida en cuenta dentro de la sentencia que se profirió un día después. Folio
175 a 183.
[27] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[28] Los señores y señoras
Aaron Liponce, Adolfo Vivas Andela, Aida Marina Quilcué Vivas, Álvaro Jaime
Muñoz Anacona, Álvaro Mejía Arias, Angelmiro Valencia, Arquimedes Vitonás,
Carlos Alberto Sánchez, Daniel Piñacué Achicue, Demetrio Moya Obispo, Elides
Pechene Ipia, Eliseo Ipia, Emigdio Velasco Calambas, Ernesto Perafán Echeverri,
Ezequiel Vitonás, Gelmis Chate, Gilberto Muñoz Coronado, Gilberto Yafue
Villano, Héctor Arias, Hermes Vitelio Menza, Herminson Pertiaga García, Jesús
Javier Chávez Yondapiz, Jesús Tombe, Jorge Caballero Fula, José Francisco
Zambrano, Libia Armida Paz Mamián, Luis Alberto Guetoto Alos, Luis Alfredo
Acosta Zapata, Luis Yonda, Luz Eyda Julicué Gómez, Luz Mariana Canas, Luz Mila
Campo, Marciana Quira, Marcos Pechene, Marlitt Puscus Mamián, Miliciades
Musice, Óscar Cuchillo, Patricio Pertiaga Poiroma, Pedro Teófilo Maca, Plinio
Trochez, Rodrigo Hernán Quira Aguilar y Vicente Otero.
[29] El señor Pedro Santiago
Posada Arango.
[30] La señora Mónica Fonseca
Jaramillo.
[31] En un comunicado
posterior dirigido a la CIDH, el Colectivo José Alvear Restrepo denunció que desde
el dos mil diez (2010), el Bloque Central de la organización criminal Águilas
Negras declaró objetivo militar a la ACIN. Véase el anexo A.2. incluido en el
CD que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[32] Véase el informe del
ocho (8) de junio de dos mil seis (2006) en el anexo A.3., incluido en el CD
que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[33] Véase el informe del
once (11) de mayo de dos mil once (2011) en el anexo A.4., incluido en el CD
que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[34] Véase el informe del
ocho (8) de junio de dos mil seis (2006) en el anexo A.3., incluido en el CD
que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[35] Véase el informe del
ocho (8) de junio de dos mil seis (2006) en el anexo A.3., incluido en el CD
que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[36] Cabe resaltar que antes
de la creación de la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior
y de Justicia era la entidad encargada de suministrar los esquemas de
protección requeridos por la población colombiana que tenía un nivel de riesgo
superior al ordinario. Véase el informe del ocho (8) de junio de dos mil seis
(2006) en el anexo A.3., incluido en el CD que adjuntó el Ministerio de
Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio
70 del segundo cuaderno.
[37] Véase el informe del
tres (3) de junio de dos mil catorce (2014) en el anexo A.5., incluido en el CD
que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[38] Véase los informes del
nueve (9) de septiembre de dos mil catorce (2014) y del seis (6) de noviembre
de dos mil quince (2015) en los anexos A.6. y A.7., incluidos en el CD que
adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[39] Véase el informe del
nueve (9) de septiembre de dos mil catorce (2014) en el anexo A.6., incluido en
el CD que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto
de Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[40] Véase los informes del
nueve (9) de septiembre de dos mil catorce (2014) y del seis (6) de noviembre
de dos mil quince (2015) en los anexos A.6. y A.7., incluidos en el CD que
adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[41] Véase la solicitud de
medidas cautelares en el anexo B.1., incluido en el CD que adjuntó el
Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[42] Véanse los informe
presentados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ante la CIDH el
primero (1º) de marzo de dos mil diez (2010) y el dieciocho (18) de noviembre
del mismo año, en los anexos B.2. y B.4., respectivamente, incluidos en el CD
que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[43] Véase el informe
presentado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ante la CIDH el
dieciocho (18) de noviembre de dos mil diez (2010) en el anexo B.4., incluidos
en el CD que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al
Auto de Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[44] Cabe resaltar que antes
de la creación de la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior
y de Justicia era la entidad encargada de suministrar los esquemas de
protección requeridos por la población colombiana con un nivel de riesgo
superior al ordinario.
[45] Véanse los informes
presentados por la Cancillería ante la CIDH el diez (10) de marzo de dos mil
nueve (2009), el ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012) y el veintisiete (27)
de noviembre del mismo año, en los anexos B.5. B.8. y B.9., respectivamente,
incluidos en el CD que adjuntó dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[46] Ibíd.
[47] Véase el informe que
presentó el CRIC ante la CIDH el once (11) de septiembre de dos mil once (2011)
en el anexo C.4.2. incluido en el CD que adjuntó la Cancillería a su respuesta
al Auto de Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[48] Véanse los informes que
presentó el CRIC ante la CIDH el nueve (9) de julio de dos mil once (2011) y el
once (11) de septiembre del mismo año, en los anexos C.4.2. y C.4.3., incluidos
en el CD que adjuntó la Cancillería a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[49] Véase el comunicado de
prensa emitido por la CIDH el cinco (5) de diciembre de dos mil once (2011),
donde condenó el asesinato de Luis Ever Casamachín Yule e instó al Estado
colombiano a cumplir cabalmente las medidas cautelares No. 255 de 2011, así
como a iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos
y procesar a los responsables de tal crimen. El comunicado se encuentra en el
anexo C.2., incluido en el CD que adjuntó la Cancillería a su respuesta al Auto
de Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[50] Véase el comunicado de
prensa emitido por la CIDH, donde la organización condenó el asesinato de
Rafael Mauricio Girón Ulchur e instó al Estado colombiano a cumplir cabalmente
las medidas cautelares No. 255 de 2011, así como a iniciar las investigaciones
correspondientes para esclarecer los hechos y procesar a los responsables de
tal crimen. El comunicado se encuentra en el anexo C.3., incluido en el CD que
adjuntó la Cancillería a su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el
folio 70  del segundo cuaderno.
[51] Véanse los informes que
presentó el CRIC ante la CIDH el trece (13) y veintiséis (26) de enero de dos
mil doce (2012), así como el comunicado de prensa que expidió dicho Concejo el
doce (12) de enero del mismo año, en los anexo C.4.7. C.4.8. y C.4.10.,
incluidos en el CD que adjuntó la Cancillería a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[52] Véase
el informe que le presentó la Cancillería a la CIDH el trece (13) de noviembre
de dos mil catorce (2014) en el anexo C.16., incluido en el CD que
adjuntó dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio
70 del segundo cuaderno.
[53] Ibíd.
[54] Véase
el informe que le presentó la Cancillería a la CIDH el cinco (5) de diciembre
de dos mil once (2011) en el anexo C.5., incluido en el CD que adjuntó
dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio 70 del
segundo cuaderno.
[55] Véase
el informe que le presentó la Cancillería a la CIDH el dieciséis (16) de
febrero de dos mil doce (2012) en el anexo C.7., incluido en el CD que
adjuntó dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio
70 del segundo cuaderno.
[56] Véanse
los informes que le presentó la Cancillería a la CIDH el dieciséis (16) de
febrero de dos mil doce (2012) y el veintinueve (29) de agosto del mismo año en
los anexos C.7. y C.11., incluidos en el CD que adjuntó dicha entidad a
su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo
cuaderno.
[57] Véanse
los informes que le presentó la Cancillería a la CIDH el veinticinco (25) de
abril de dos mil doce (2012), el tres (3) de julio del mismo año y el veinte
(20) de febrero del dos mil trece (2013), en los anexos C.8., C.9. y C.13.,
incluidos en el CD que adjuntó dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[58] Véase
el informe que le presentó la Cancillería a la CIDH el primero (1º) de agosto
de dos mil trece (2013) en el anexo C.15., incluido en el CD que adjuntó
dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio 70 del
segundo cuaderno.
[59] Véanse
los informes que le presentó la Cancillería a la CIDH el catorce (14) de agosto
de dos mil doce (2012) y el primero (1º) de agosto de dos mil trece (2013), en
los anexo C.10. y C.15., incluidos en el CD que adjuntó dicha entidad a
su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo
cuaderno.
[60] La señora María Jimena Yañez Gelves.
[61] La Unidad Nacional de
Protección reportó que el estudio de seguridad practicado a la señora Paz dio
como resultado un nivel de riesgo que no ameritaba medidas de protección. Sin
embargo, la accionante figura dentro del Convenio 332 de 2015, celebrado entre
la UNP y el CRIC, en virtud del cual se le asignó un guardia indígena como
hombre de protección. Este Convenio será resumido más adelante.
[62] Estas personas, son los
señores Arquimedes Vitonás, Plinio Trochez,
Miliciades Musice y Óscar Cuchillo, quienes figuran como beneficiarios del
Convenio 325 de 2015, celebrado entre la UNP y la ACIN, y a través del cual
fueron formados más de doscientos (200) guardias indígenas. Ver folios
97 al 103 del segundo cuaderno.
[63] Su objeto fue “[a]unar
esfuerzos humanos, económicos, técnicos y logísticos entre la ACIN y la UNP,
con el fin de adelantar la operativización de la propuesta de protección a los
líderes y autoridades tradicionales con enfoque colectivo y diferencial”. Según
la cláusula quinta del Convenio, su plazo de ejecución iba hasta el treinta y
uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014). Sin embargo, este plazo fue
prorrogado hasta el treinta y uno (31) de enero del dos mil quince (2015). Ver
folios 95 y 96 del segundo cuaderno.
[64] Su objeto fue “[a]unar
esfuerzos humanos, económicos, técnicos y logísticos entre la ACIN y la UNP,
con el fin de desarrollar la propuesta de protección y fortalecimiento de las
comunidades del norte del cauca las cuales son sujeto del conflicto armado
igual la protección a los líderes y autoridades tradicionales con enfoque
colectiva y diferencial a quienes el CERREM ha ordenado medidas de protección
individual y colectivo” (redacción original). Según la cláusula quinta del
Convenio, su plazo de ejecución iba hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil quince (2015). Ver folios 97 al 103 del segundo cuaderno.
[65] Su objeto fue “[…]
posibilitar el entorno protectivo de los dirigentes indígenas del CRIC, de
conformidad con las recomendaciones del CERREM, en cumplimiento de los
compromisos internacionales del Estado colombiano y atendiendo la solicitud de
Medidas Cautelares realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
|| La población objeto de este Convenio es la protección de treinta y un (31)
líderes indígenas del CRIC, que a su vez son beneficiarios de Medidas
Cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos […]”
(redacción original). Según la cláusula séptima del Convenio, su plazo de
ejecución iba hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince
(2015). Ver folios 103 al 106 del segundo cuaderno.
[66] Aunque sobre este número
no hay total claridad, pues en algunas partes del Convenio se dice que son
cincuenta (50), en otras doscientas (200) y en otras doscientas cincuenta
(250), se prefiere la segunda por estar escrita en letras y hacer parte de la
cláusula segunda, donde se enlistas las obligaciones a cargo de la Unidad
Nacional de Protección.
[67] Los señores Germán
Valencia, Giovany Yule, Nelson Lemus, Marcos Yule, Danilo Secue, Gustavo
Orozco, Crecencio Peteche, Mario Daicue, Feliciano Valencia, Alcibiades Escue,
Luis Alberto Menza, Yohiner Medina, Marcos Pechene y Jesús Tombé.
[68] Dentro de los líderes
indígenas beneficiados, se encuentra veintiocho (28) de los cincuenta y un (51)
accionantes. Más precisamente, los señores y señoras Marciana Quira Calapsu,
Rodrigo Hernán Quira Aguilar, Álvaro José Mejía Arias, Aida Marina Quilcué Vivas,
Luis Alfredo Acosta Zapata, Carlos Alberto Sánchez, Luis Alberto Guetoto Alos,
Ernesto Perafán Echeverri, Marlitt Puscus Mamián, Luis Aureliano Yonda Copaque,
Emigdio Velasco Calambas, Hermes Vitelio Menza, Daniel Piñacué Achicue,
Herminson Pertiaga García, José Francisco Zambrano, Demetrio Moya, Adolfo Vivas
Andela, Héctor León Arias Urrea, Álvaro Jaime Muñoz Anacona, Pedro Teófilo Maca
Puscus, Libia Armida Paz Mamián, José Vicente Otero Chaté, Aaron Liponce,
Patricio Pertiaga Poiroma, Algemiro Vicente Valencia, Gilberto Yafue Villano,
Jesús Javier Chávez Yondapiz y Gelmis Chate.
[69] El
Coronel Rubiel Elías Cañón Cuervo.
[70] Ver la respuesta de la
Fuerza Tarea Apolo en el folios 118 al 122 del segundo cuaderno.
[71] El
Subteniente Solange Torres López.
[72] Ver la respuesta de la
ACIN en el folios 189 al 231 del segundo cuaderno del expediente.
[73] Según indicó ACIN, estas
dos (2) personas recibieron vehículos automotores, teléfonos celulares y
protección individual por parte de la guardia indígena.
[74] Según indicó ACIN, estas
cinco (5) personas recibieron vehículos automotores, teléfonos celulares y
protección individual por parte de la guardia indígena.
[75] Específicamente, la ACIN
afirma que las siguientes trece (13) personas enfrentan problemas con el
mantenimiento de sus vehículos: Nelson Lemus, Alcibiades Escue, Danilo Secue,
Crecencio Peteche, Mario Baicue, Marcos Pechene, Jesús Tombe, Luis Alberto
Mensa, Germán Valencia, Rangel Giovani Yule Zape, Yohiner Medina Talaga y
Arcelio Silva.
[76] La ACIN no ofreció información
suficiente para entender en qué consisten dichos planes y proyectos.
[77] Ver la respuesta de la
ACIN en el folio 189 al 231 del segundo cuaderno.
[78] Ibíd.,
[79] La señora Margarita
Seje.
[80] La señora Catalina Lasso
Ruales.
[81] El
señor Luis Fernando Arias.
[82] El
señor Gustavo Gallón Giraldo.
[83] El
señor Diego Balvino Chávez Chaves.
[84] La señora Marta Saade
Granados.
[85] Por medio del cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Constitución Política.
[86] Sobre
el carácter discrecional de la revisión ejercida en materia de tutela por la
Corte Constitucional, así como sobre su facultad para delimitar el ámbito de sus pronunciamientos a la hora de resolver
problemas jurídicos  específicos, decidiendo no pronunciarse sobre algunos puntos
de la demanda o, por el contrario, haciendo referencia a algunos no incluidos
explícitamente en ella, se pueden consultar las consideraciones efectuadas en
el Auto 031A de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), donde la Sala Plena
resolvió una solicitud de nulidad presentada contra la Sentencia T-1267 de 2001
(M.P. Rodrigo Uprimny Yepes). También se puede consultar la Sentencia T-110 de
2010 (M.P. María Victoria Calle Correa y S.P.V. Mauricio González Cuervo),
donde la Sala Primera de Revisión reiteró las consideraciones anteriores.
[87]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[88]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[89] Por medio de la cual se
aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José
de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el veintidós (22) de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969).
[90] Según el numeral 2º del
artículo 25 del Reglamento Interno de la Comisión, por daño irreparable se
entiende la afectación sobre derechos que, por
su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o
adecuada indemnización.
[91] Según el numeral 2º del
artículo 25 del Reglamento Interno de la Comisión, gravedad significa el serio impacto que una acción u omisión
puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una
decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema
Interamericano.
[92] Según el numeral 2º del
artículo 25 del Reglamento Interno de la Comisión, la urgencia se determina por la información que indica que el
riesgo o la amenaza es inminente y puede materializarse, requiriendo de esa
manera acción preventiva o tutelar.
[93] Por medio del cual se
modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan
otras disposiciones.
[94] Ver las Sentencias T-558 de 2003
(M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-786 de 2003 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-524 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-435 de 2009
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-078 de 2013
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) y T-976 de 2014 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva). Las Sentencias T-327
de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-385 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), T-367 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-585A de 2011 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva) y T-451 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), por
su parte, no serán explicadas en esta providencia porque, o bien se refieren al
cumplimiento de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana, o
porque las consideraciones que realizan sobre las medidas cautelares expedidas
por la Comisión son superficiales, en cuanto son accesorias al asunto que
resuelven.
[95] Véase las
consideraciones efectuadas por las Salas Novena, Sexta y Séptima en las
Sentencias T-558
de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-435 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-976 de 2014 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva),
respectivamente, las cuales serán explicadas a profundidad en el texto
principal del presente acápite.
[96] Véase las
consideraciones efectuadas por las Salas Sexta y Séptima de Revisión en las
Sentencias T-786
de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-524 de 2005
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto),
respectivamente, las cuales serán explicadas a profundidad en el texto
principal del presente acápite.
[97] Véase las Sentencias T-558
de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-786 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-524 de 2005
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-435 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-976 de 2014 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva), las cuales serán explicadas
a profundidad en el texto principal del presente acápite.
[98] Véase las Sentencias T-558 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-976 de 2014 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva), las cuales serán explicadas
a profundidad en el texto principal del presente acápite.
[99] Véase la Sentencia T-786 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), la cual será explicada
a profundidad en el texto principal del presente acápite.
[100] Véase las Sentencias T-558 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-786 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-976 de 2014 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva), las cuales serán explicadas
a profundidad en el texto principal del presente acápite.
[101] Véase las Sentencias T-558 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández ), T-524 de 2005
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-435 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), las cuales serán explicadas a profundidad en el texto
principal del presente acápite.
[102] M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[103] Las
medidas cautelares pueden amparar cualquiera de los derechos consagrados en alguno de los instrumentos internacionales a los que
alude el artículo 23 del Reglamento Interno de la Comisión. Esto es, (i) la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; (ii) la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; (iii) el Protocolo Adicional sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; (iv) el
Protocolo Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; (v) la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; (vi) la Convención
Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, y (vii) la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer.
[104] Así pues, el juez de tutela puede dictar una orden para que la autoridad
pública proteja un derecho fundamental cuya amenaza o vulneración justificó la
adopción de una medida cautelar por parte de la CIDH.
[105] Respecto al Ministerio
de Relaciones Exteriores, la Sala afirmó que en
los casos de violaciones graves a los derechos humanos, las  competencias
y los correlativos deberes de dicha entidad deben ser entendidos de manera
amplia, por cuanto su papel no se limita a realizar una actividad mecánica, de
simple intermediario o impulsor de documentación, sino a actuar como una
instancia que, asumiendo el caso como propio, demande a las distintas
autoridades competentes resultados concretos, para lo cual éstas deben
prestarle su colaboración efectiva.
[106] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[107] Así, por ejemplo,
señaló que el papel del Ministerio de
Relaciones Exteriores, como coordinador del cumplimiento de las medidas
cautelares, no se limita a realizar una actividad mecánica, de simple
intermediario o impulsor de documentación, sino que debe actuar como una
instancia que, asumiendo el caso como propio, demande a las distintas
autoridades competentes resultados concretos, para lo cual éstas deben
prestarle una colaboración efectiva.
[108] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[109] El
caso del señor Gutiérrez Soler fue conocido posteriormente por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, quien profirió Sentencia de fondo el doce
(12) de septiembre de dos mil cinco (2005), declarando la responsabilidad
internacional del Estado colombiano y condenándolo por violar los derechos del
accionante y otros.
[110] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[111] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[112] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[113] Específicamente, la
Sala recapituló las consideraciones efectuadas en las Sentencias T-719 de 2003
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-339 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao
Pérez).
[114] La amenaza extrema se
diferencia de la amenaza ordinaria en cuanto la primera se refiere a un peligro
para el goce efectivo del derecho a la vida y/o a la integridad personal.
[115] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva.
[116] Véase las
consideraciones efectuadas por las Salas Novena, Sexta y Séptima en las
Sentencias T-558
de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-435 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-976 de 2014 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva),
respectivamente, las cuales fueron explicadas a profundidad en el texto
principal del presente acápite.
[117] Véase las
consideraciones efectuadas por las Salas Sexta y Séptima en las Sentencias T-786 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-524 de 2005 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), respectivamente, las cuales fueron
explicadas a profundidad en el texto principal del presente acápite.
[118] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[119] El preámbulo y los
artículos 2, 12, 17, 18, 28, 34 44, 46 y 73 superiores.
[120] Ver las Sentencias
T-234 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-078 de 2013 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[121] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[122] Por otra parte, la
seguridad de ciertas categorías especiales de personas o grupos, frente a otros
tipos distintos de riesgos – inclusive frente a aquellos provenientes de
particulares, no del Estado –, ha sido objeto de reconocimiento y protección en
otros instrumentos internacionales aprobados por Colombia. Por ejemplo, en la
Resolución sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia Religiosa,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, se exhortó a
los Estados a que aseguren, en particular, que ninguna persona dentro de su
jurisdicción sea privada de los derechos a la vida, libertad o seguridad por
motivo de su religión o sus creencias. La Convención Internacional para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, por otra parte,
establece en su artículo 5 que los Estados Partes deben eliminar todo tipo de
discriminación con base en la raza para garantizar, entre otras, el derecho a
la seguridad personal y a la protección por el Estado contra la violencia o el
daño corporal, sea que éstos provengan de las autoridades o de otros
individuos, grupos o instituciones.
[123] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[124] Sentencia T-439 de 1992 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz). Allí la Corte estudió el caso de un integrante del Partido
Comunista y de la Unión Patriótica, quien fue víctima de ataques contra su vida
por parte de organismos de seguridad del Estado. La Corte determinó la
necesidad de proteger la seguridad de los grupos, partidos o movimientos
minoritarios, “en especial a aquellos que por su carácter contestatario pueden
estar en la mira de otros grupos que, gozando de los beneficios institucionales
y patrimoniales, pueden ver amenazadas sus prerrogativas”.
[125] Véase la Sentencia T-532 de 1995 (M.P. Jorge Gregorio
Hernández Galindo). En ese asunto el actor, quien testificó en el caso
del homicidio cometido contra una jueza de la República, presentó acción de
tutela contra la Fiscalía General de la Nación por la vulneración de sus
derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, al no recibir la
protección debida. La Corte señaló que los testigos, por su condición de
informantes o declarantes, ponen en peligro su vida, su integridad personal y
la de su familia, por lo que surge para el Estado la obligación de otorgar la
protección que merece el colaborador ante el riesgo al que puede quedar
expuesto como consecuencia de su testimonio.
[126] En la Sentencia T-590 de 1998 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero) se analizó el caso de un defensor de derechos humanos que
estaba recluido en la Cárcel Modelo por presuntos nexos con el Ejército de
Liberación Nacional -ELN-, y donde compartía su detención con miembros de los
grupos paramilitares y narcotraficantes a quienes había denunciado por
genocidio y otros delitos de lesa humanidad. Este tribunal amparó los derechos
incoados y ordenó al INPEC que procediera
a trasladar al actor a una de las casas fiscales de la institución carcelaria.
Igualmente, declaró que hay un estado de cosas inconstitucional en la falta de
protección a los defensores de derechos humanos y, en consecuencia, hizo un
llamado de atención a todas las autoridades de la República para que cesara tal
situación. Solicitó, además, al Procurador General de la Nación y al Defensor
del Pueblo que, dentro de la obligación constitucional de guardar, proteger y
promover los derechos humanos, se le diera un especial favorecimiento a la
protección de la vida de los defensores de los derechos humanos.
[127] Ver la ya reseñada Sentencia T-719 de 2003 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[128] Véase la Sentencia T-327 de 2004 (M.P. Alfredo
Beltrán Sierra). En ese asunto el representante de algunos miembros de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó interpuso acción de tutela contra la XVII Brigada del Ejército Nacional con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad
personal, a la seguridad personal, a la libertad de locomoción, a la dignidad
personal, a la privacidad del domicilio salvo orden judicial, y a la intimidad
de sus integrantes, al considerar que estaban amenazados por la demandada, toda
vez que tenía un plan de exterminio contra los miembros de dicha comunidad.
Este tribunal tuteló los derechos incoados al considerar que los accionantes
eran sujetos de especial protección en cuanto a su seguridad por parte del
Estado, y ordenó al comandante de la brigada en mención que cumpliera con los
requerimientos impuestos al Estado colombiano por la Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre “Medidas Provisionales solicitadas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Colombia -Caso de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó”.
[129] Véase la Sentencia T-025 de 2004 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa). Allí le correspondió a la Corte estudiar la acción de tutela
interpuesta por un grupo de personas desplazadas por la violencia y se reiteró
que el derecho a la seguridad personal de quienes se encuentran afectados por
el desplazamiento se encuentra en permanente amenaza, ya que dicho fenómeno “conlleva
riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes,
serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados para varios
derechos fundamentales de los afectados.”
[130] Véase la Sentencia T-1619 de 2000 (M.P. Fabio Morón
Díaz). En ese caso, una ciudadana, quien fue amenazada en ejercicio de su cargo
como juez de la República, solicitó la protección de sus derechos a la vida y a
la integridad de su familia. Con ocasión de dicha petición, el Estado la nombró
en el servicio diplomático en el exterior, siendo desvinculada posteriormente.
Por estos motivos interpuso acción de tutela contra el Presidente de la
República y el Ministro de Relaciones
Exteriores, con el objeto de obtener el amparo de los derechos en mención. La
Corte denegó la protección solicitada,
toda vez que “[dependía] de la valoración fáctica que deben adelantar las
autoridades de inteligencia y de seguridad, en orden a determinar si tales
factores de riesgo, en el presente subsisten o no”. Explicó que esta
Corporación “[…] ha descartado, asimismo, que la tutela pueda aducirse como
mecanismo transitorio, ante la eventual probabilidad de sufrir vulneración a
causa de hechos o amenazas futuras e inciertas. Situación ésta que no se
presentaba”. Sin embargo, previno al Ministro de Relaciones Exteriores y a la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República para que antes del regreso al país
de la accionada y su familia, y según su situación, coordinaran con el DAS, el
Director de la Policía Nacional y el Ministro de Defensa Nacional la adopción e
implementación de las medidas encaminadas a la protección de los derechos en
mención, y que estas fueran informadas suficientemente y con la debida
antelación a la peticionaria.
[131] M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[132] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[133] A lo anterior, se suma el reciente informe de Amnistía Internacional,
correspondiente a la situación de los derechos humanos en Colombia en el año
dos mil doce (2012), que es enfático en indicar
que “[e]l largo conflicto armado interno siguió afectando sobre todo a los
derechos humanos de la población civil, especialmente a los pueblos
indígenas”, de lo cual da cuenta la muerte violenta de ciento once (111)
indígenas, incluidos seis (6) líderes, en los once (11) primeros meses de ese
año, cifra que fue presentada por la Organización Nacional Indígena de
Colombia. Del mismo modo, el treinta (30) de enero de dos mil trece (2013), la
CIDH condenó el asesinato de un líder indígena y autoridad tradicional del
Pueblo Nasa, quien era beneficiario de medidas cautelares desde el catorce (14)
de noviembre de dos mil once (2011).
[134] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[135] Desde que Joanne Rappaport publicó su investigación
“La Política de la memoria” en los años noventa (90), planteó con particular
claridad los problemas y las dificultades que la historiografía occidental
enfrenta para describir la vida de los pueblos originarios. Precisamente,
refiriéndose al Pueblo Nasa, la investigadora explicó que, en contraste con la
narrativa cronológica y lineal que caracteriza los textos de la historia
occidental, la de los pueblos indígenas se construye a partir de una
transmisión oral del conocimiento en la que determinados momentos, lugares o
personajes son utilizados para ejercer una influencia directa en el presente,
de manera que su historia no se basa en la sucesión de acontecimientos. La
autora precisó que ello no implica un desconocimiento o una incapacidad de los
pueblos indígenas para reconocer las relaciones de causalidad entre uno y otro
evento, o la ubicación cronológica de un hecho, sino que se trata de metáforas
para la acción, y de la conciencia que el Pueblo Nasa tiene acerca de la
constante repetición de las situaciones. En similar sentido, se puede consultar
el trabajo reciente de Mauricio Archila o Herinaldy Gómez sobre este mismo
tema.
[136]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[137] De
acuerdo con la ONIC, los Nasa representan entre el diez (10%) y el veinte por
ciento (20%) de la población indígena colombiana. Ver la respuesta que
presentó la dicha organización al Auto de Pruebas en los folios 233 y 235 del
segundo cuaderno. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, es el
segundo pueblo más numeroso del país. Ver respuesta de la Comisión al Auto de
Pruebas en el folio 260 del segundo cuaderno.
[138] Estos datos fueron
obtenidos del Censo General de la Nación Nasa, cuyos resultados se encuentran
disponibles en el Plan de Salvaguarda adoptado para el Pueblo Nasa y elaborado
por el Ministerio del Interior. La Sala advierte que dichos datos no son
exactos, pues la información consignada no distinguía claramente cuándo un
resguardo que se extiende en dos (2) veredas o más, da lugar a una división
socio-política. Véase MINISTERIO DEL INTERIOR y CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL
CAUCA. Plan de Salvaguarda para el Pueblo Nasa (versión sin validar).
Disponible en: http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_nasa_version_preliminar.pdf
[139] RAPPAPORT, Joanne. La
política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes
colombianos. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. Citado en Ministerio
del Interior y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. Pág. 16. Véase
también la respuesta del ICANH al Auto de Pruebas en el folio 250 del segundo
cuaderno.
[140] Relato obtenido de
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA. Plan territorial cultural
para revitalizar el proceso y los planes de vida Cxhab Wala Kiwe. ACIN, 2011.
Pág. 42. Citado en Ministerio del Interior y Consejo Regional Indígena del
Cauca. op cit. Pág. 236.
[141] Ibíd., Pág. 239.
[142] Ibíd., Pág. 239.
[143] CENTRO NACIONAL DE
MEMORIA HISTÓRICA. Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Bogotá: Taurus, 2012.
Pág. 80
[144] Ver la respuesta que
presentó la ONIC al Auto de Pruebas en el folio 235 del segundo cuaderno.
[145] Centro Nacional de Memoria Histórica. op. cit. Pág.
93.
[146] Ministerio del Interior y Consejo Regional Indígena
del Cauca. op cit. Pág. 215.
[147] Ibíd., Pág. 236. Véase
también la respuesta que presentó la ONIC al Auto de Pruebas en el folio 238
del segundo cuaderno.
[148] La constitución de los
primeros resguardos Nasa se asocia a la lucha del Cacique Juan Tama de la
Estrella y se ubica, aproximadamente, hacia mediados del Siglo XVIII. Aunque
posteriormente los resguardos sufrieron presiones de distinta naturaleza,
derivadas, por ejemplo, de la desarticulación de las tierras indígenas en época
de la República, o del desplazamiento derivado de la hacienda (grandes
concentraciones de tierra), los resguardos de esta época sirvieron de base para
las ulteriores reclamaciones del líder Manuel Quintín Lame. Rappaport, op cit.
[149] Ver la respuesta del
ICANH al Auto de Pruebas, donde se afirma lo siguiente: “La corona española
había desarrollado un derecho indiano con el sentido de ‘derecho protector’. Lo
aplicó en la declaración de una territorialidad reducida conocida como los
resguardos de indios y avaló un sistema controlado de jefaturas indígenas. La
política de protección a los resguardos se extendió hasta comienzos del siglo
XVIII, cuando la tendencia de ampliación de las haciendas de españoles y de
criollos mestizos llevó a medidas de supresión y recorte de tierras indígenas”.
Folio 250 del segundo cuaderno.
[150] No obstante su importancia y protección legal y
constitucional, muchos resguardos han sido vendidos a través de engañosos
negocios, transformándose posteriormente en grandes haciendas. Centro Nacional
de Memoria Histórica. op. cit. Pág. 95.
[151] Rappaport, op cit.
[152] No sobra advertir que la Constitución Política previó
la eventual creación de entes territoriales indígenas, que no se ha concretado
por la ausencia de una regulación estatutaria en materia de ordenamiento
territorial (Artículo 330 CP).
[153] Se dice que Juan Tama
nació de las estrellas y bajó por las torrentosas aguas de la quebrada El
Lucero, de donde fue sacado y entregado a unas mujeres que para que lo
alimentasen con su sangre. Cuando creció, se convirtió en legislador, caudillo
del pueblo y gran cacique de todos los Nasa. Emprendió guerras contra pueblos
indígenas enemigos y defendió los territorios comunales de las manos de los
blancos, a través del manejo de la legislación comunal y los documentos
escritos. Es recordado por haber logrado que la corona española reconociera
legalmente los territorios indígenas y crear los cinco (5) pueblos Nasa de
Jambaló, Vitoncó, San Francisco de Caldono, Quichaya y Pitayó. Véase Ministerio
del Interior y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. También
se puede consultar la respuesta que presentó la ONIC al Auto de
Pruebas en el folio 233 del segundo cuaderno.
[154] Ver la respuesta del
ICANH al Auto de Pruebas en el folio 256 del segundo cuaderno.
[155] Consigna contenida en
misivas que los Nasa han dirigido, en distintos momentos, a los grupos armados.
Ver, Mauricio Archila, Cartas van, cartas vienen, Revista Cien Días, No. 79.
[156] Véase la
contextualización histórica realizada en Ministerio del Interior y Consejo
Regional Indígena del Cauca. op cit.
[157] Ministerio del Interior
y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. También se pueden consultar las
Sentencias T-658 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-661 de 2015 (M.P. María
Victoria Calle Correa y S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), acerca de sus
tierras y territorios.
[158] Por la cual se determina la manera
como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida
civilizada.
[159] Ver la
respuesta del ICANH al Auto de Pruebas en el folio 251 del segundo cuaderno.
[160] TELLO, Piedad. Lame, Manuel Quintín: Ficha
bibliográfica. Banco de la República. Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/lamemanu.htm
[161] Por la cual se determina la manera
como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida
civilizada.
[162] Como explicó este Tribunal en la sentencia C-463 de
2014 (M.P. María Victoria
Calle Correa, S.P.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, A.V. Jorge Iván Palacio
Palacio y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva),
y diversas fuentes lo confirman, la Ley 89 de 1890 se caracterizaba por un
título discriminatorio y la creación de tres (3) órdenes de personas, los
civilizados, los semicivilizados y los salvajes, al tiempo que otorgaba a los
indígenas un tratamiento similar al de los menores de edad (incapaces
relativos). Sin embargo, Manuel Quintín Lame encontró en su artículo 5º una
disposición favorable a la autonomía indígena (la definición de los cabildos y
sus funciones) y en otras cláusulas, la posibilidad de defender jurídicamente
los territorios, solicitando la rescisión o la nulidad de la venta de tierras
de propiedad colectiva.
[163] Centro Nacional de
Memoria Histórica. op. cit. Pág. 22.
[164] El
Concejo fue precedido por otras dos (2) agrupaciones, que si bien no tuvieron
tanto impacto como aquel, jugaron un papel fundamental en su nacimiento y en el
inicio del movimiento indígena en el Cauca. Estas fueron el Sindicato y la
Cooperativa de las Delicias.
[165] Ver la respuesta del
ICANH al Auto de Pruebas en el folio 252 del segundo cuaderno.
[166] Centro Nacional de
Memoria Histórica. op. cit. Pág. 87. También se puede consultar el texto ya
citado de Rappaport y las Sentencias T-658 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y
T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa y S.V. Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[167] Colaborador del Consejo
Regional Indígena del Cauca vinculado a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural
UAIIN, Investigador y autor del capítulo “Construcción de poder propio en el
movimiento indígena del Cauca”.
[168] Centro Nacional de Memoria Histórica. op. cit. Pág.
51
[169] Centro Nacional de
Memoria Histórica. op. cit. Pág. 19-47.
[170] Este acuerdo, firmado
en el gobierno de Misael Pastrana Borrero entre los partidos tradicionales y
los gremios de propietarios, puso fin a la reforma agraria que se adelantaba
para ese entonces. Los firmantes concebían como subversivas las actuaciones de
toma de tierras de los campesinos y denunciaban las supuestas invasiones que
adelantaban. Al respecto, ver ALBÁN, Álvaro.
Reforma y contrarreforma agraria en Colombia. En: Revista Economía
Institucional, vol. 13 No. 24. Bogotá: 2011.
[171] “El gobierno de Misael
Pastrana presentó al Congreso un proyecto de ley que incluía las leyes 4ª y 5ª
de 1973 (Rodríguez, 2005, 12). La Ley 4ª introdujo instrumentos para calificar
los predios y la posibilidad de afectación y expropiación, que requerían
determinar mínimos de productividad por cultivo y por región. Esto hizo más
inoperante la labor del INCORA. Y creó la renta presuntiva de la tierra para
elevar la productividad. Esta norma no tuvo aplicación alguna en 1973 y luego
se generalizó a todos los sectores con la Reforma Tributaria de 1974. Por su
parte, la Ley 5ª diseñó el sistema de financiamiento para el agro y se centró
en los cultivos que requerían asistencia técnica. El paquete se completó con la
Ley 6ª de 1975 o Ley de Aparcería, que restableció los precarios sistemas de
tenencia de la tierra. Los presidentes Alfonso López Michelsen (1974-1978) y
Julio César Turbay Ayala (1978-1982) mantuvieron las iniciativas de Pastrana”.
ALBÁN, Álvaro. Reforma y contrarreforma agraria
en Colombia. En Revista Economía Institucional, vol. 13 No. 24. Bogotá: 2011.
[172] Centro Nacional de
Memoria Histórica. op. cit. Pág. 169.
[173] LAURENT, Virginie.
Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia,
1990-1998. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, 2005. Pág. 72 a 77.
También se puede ver, Centro Nacional de Memoria Histórica. op. cit. Pág. 179 y
ss.
[174] Centro Nacional de
Memoria Histórica. op. cit. Págs. 173 y ss.
[175] Al respecto, la Sala
hará referencia en párrafos posteriores a la Resolución de Vitoncó de 1985 y la
Declaración de Ambaló de 1986, en los que la organización rechaza abiertamente
el actuar de todos los armados en sus territorios. Sobre las razones del
rechazo a los grupos armados, se puede mencionar el caso de las FARC-EP en la
década de los ochenta (80), cuando estos  buscaban consolidar su dominio
territorial en el Cauca y, con ese propósito en mente, investigaban, juzgaban y
castigaban a los delincuentes, desplazando la competencia de las autoridades
indígenas tradicionales. Asimismo, irrespetaron las tradiciones o normas
internas del pueblo indígena, imponiendo penas excesivas, como el fusilamiento
de los llamados desertores;  empezaron a reclutar jóvenes a la fuerza, cobrar
impuestos a los mayores y frenar las reivindicaciones del pueblo, castigando a
los que querían recuperar los territorios ancestrales que ahora le pertenecían
a los terratenientes que pagaban puntualmente sus vacunas extorsivas.
[176] La relación de los
indígenas con los grupos paramilitares fue distinta a aquella que sostuvieron
por corto tiempo con los grupos guerrilleros, pues siempre rechazaron a los
primeros. Desde un comienzo, los paramilitares intentaron exterminarlos en
cumplimiento de las directrices impartidas por las élites económicas locales. Centro
Nacional de Memoria Histórica. op. cit. Pág. 180.
[177] La autonomía es un
concepto característico de los grupos indígenas que abarca la identidad
cultural, el gobierno propio y la territorialidad. Es un ejercicio de la
diversidad y la diferencia a través del cual se reclama el derecho a decidir
sobre el proceso de construcción de la sociedad propia. Centro Nacional de
Memoria Histórica. op. cit. Pág. 187 y 189.
[178] Centro Nacional de
Memoria Histórica. op. cit. Pág. 182.
[179] Véase el Acta de la Asamblea de Andalucía realizada
en el Resguardo de Caldono los días dos (2) y tres (3)
de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1985),
disponible en: GOBERNADORES INDÍGENAS EN
MARCHA. Nuestra idea y los problemas de hoy. Cartilla número 7. Sin lugar de
publicación ni editorial, 1985. También puede consultarse la Resolución de
Vitoncó, firmada en el resguardo que lleva el mismo nombre el veintitrés (23)
de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1985), y la declaración suscrita
el 17 de julio de 1987 por varios cabildos del Cauca, disponible en: CONCEJO
REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. Declaración de los Cabildos Indígenas del Cauca
reunidos en Tacueyó. Periódico Unidad Alvaro Ulcué, 1987.
[180] Resolución de Vitoncó,
firmada en el resguardo que lleva el mismo nombre el veintitrés (23) de febrero
de mil novecientos ochenta y cinco (1985).
[181] ASOCIACIÓN DE CABILDOS
INDÍGENAS DEL CAUCA – ACIN - . Carta de los pueblos indígenas de Colombia a las
FARC-EP. Mayo dieciséis (16) de dos mil trece (2013). Disponible en: http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5740-respuesta-a-las-farc
[182] Centro Nacional de
Memoria Histórica. op. cit. Pág. 77 a 79.
[183] En un documento del año 2002, se explica la
naturaleza, origen y funciones de la guardia indígena, así: “Oigan de la
autoridad páez. \\ “después de formada Nasa Kiwe (territorio páez) se
formaron peleas entre familias y con otros grupos, Eekthë Wala (el sabio del
espacio, el trueno) al ver estos problemas eligió a dos huérfanos. A ellos les
dio el poder para ser autoridad. A uno de ellos le dio el am (hacha), al otro
le dio la i`suth (honda). Así formaron tres truenos y pelearon contra los que
invadían el territorio. Como los problemas continuaron en la tierra, entonces
Eekthë Wala eligió un Nasa, le dio el poder y lo llamó Thë Wala (autoridad
espiritual). A este le dio una vara de chonta. Así formamos cuatro autoridades
y trabajaron coordinadamente en defensa del territorio. || Después llegó un
tiempo difícil con la invasión de los españoles a nuestros territorios. Había
entonces que pelear para defender el territorio y las comunidades con leyes
escritas. Entonces Eekthë Wala creó a los Sa’twes’sx (caciques), como La
Gaitana, Juan Tama, Kilo y Sikus, Calambas y otros. Después los caciques fueron
reemplazados por los Khabuwe’sx o líderes como Benjamín Dindicué, Cristóbal
Sucre […] Nuestros mayores y espíritus de nuestros antepasados han defendido y
cuidado el territorio. Como una tarea ancestral, la guardia indígena tiene como
objetivo seguir el camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa
de nuestra tierra, en coordinación con las autoridades tradicionales y las
comunidades, siendo así guardianes de nuestra vida y promoviendo siempre la
defensa de nuestros derechos. || Esta tarea como guardias tiene varias etapas:
En la época de la colonización, cuando nos invaden y nos toca defendernos del
invasor. En la época de Juan Tama: reconstituyendo los Resguardos, donde se da
la vigilancia y la resistencia. En la época del nacimiento del CRIC en 1971 con
las recuperaciones de tierra, donde la guardia indígena era la encargada de dar
el grito de alarma frente a los terratenientes. Actualmente, cuando se agudiza
el conflicto y la violencia en nuestros territorios, materializándose la
propuesta de establecer guardias indígenas permanentes, propuesta que había
sido planteada inicialmente en el noveno congreso del CRIC en Corinto,
ratificada en el décimo Congreso en el resguardo de La María y oficializándose
en el resguardo de Huellas –vereda El Tierrero- el 28 de mayo de 2001. || Este
camino nos permite afirmar que nuestra labor tiene raíces fundamentadas en el
proceso de defensa de la vida de nuestras comunidades y por lo tanto debemos
valorarla y defenderla, como lo han venido haciendo nuestros mayores. […] La
Guardia Indígena es un proceso de resistencia para la pervivencia en nuestro
territorio, en defensa de la vida y la autonomía de los pueblos indígenas. Es
una respuesta de defensa de nuestro Plan de Vida frente a todos los factores de
violencia que atentan contra el bienestar y la armonía de nuestras comunidades.
En la guardia indígena participamos todos: niños, jóvenes, adultos y mayores.
La guardia indígena se fundamenta en nuestra Ley de Origen, en ejercicio de la
Autoridad propia, de acuerdo con la Constitución Política (artículos 7º, 330 y
246). […] La Guardia Indígena se crea para: Defender el Plan de Vida y
continuar su avance como mecanismo de construcción de la convivencia armónica.
|| Hacer control y vigilancia en los resguardos y alentar a la comunidad de los
diferentes peligros. || Controlar el movimiento interno y externo de los
comuneros. || Controlar el tránsito de comerciantes y vendedores ambulantes. ||
Acompañar a las comunidades y Cabildos. || Mantener informada a las comunidades
y a los cabildos acerca del Orden Público y exigir respeto, como organización
social, a los actores del conflicto, sean estos de derecha o de izquierda. ||
Investigar antecedentes y destino de personas y vehículos que ingresan al territorio
indígena.” (redacción original). Documento de las guardias indígenas del Cauca,
enero de 2002. ONIC, Consejo Indígena de Paz. Los indígenas y la paz:
Pronunciamientos, resoluciones, declaraciones y otros documentos de los pueblos
y organizaciones indígenas sobre la violencia armada en sus territorios, la
búsqueda de la paz, la autonomía y la resistencia (En adelante, documentos de
paz, ONIC).
[184] Los bastones de mando
son generalmente hechos de madera de chonta, con borlas de lana en distintos
colores y empuñadura en plata. Son símbolo de autoridad, jerarquía y respeto.
Ver la respuesta que presentó la ONIC al Auto de Pruebas en el folio 239 del
segundo cuaderno.
[185] Centro Nacional de
Memoria Histórica. op. cit. Pág. 79.
[186] Ibíd., Pág. 79.
[187] Si bien es cierto que
la Sala no tiene información sobre la inclusión efectiva de todos los
accionantes en el Registro Único de Víctimas, particularmente porque la gran
mayoría de ellos son personas determinables, y no determinadas, presupone tal
condición. La certificación y la adopción y puesta en marcha de un sistema de
bases de datos es fundamental para la correcta administración y disposición de
las ayudas y medidas de las que trata la Ley 1448 de 2011, toda vez que es una
herramienta para dirigir las acciones del Estado hacia quienes verdaderamente
la necesitan. Sin embargo, en casos como el que ahora se revisa, es posible
adoptar una interpretación amplía de la normatividad existente y presumir que
los accionantes, efectivamente, son víctimas del conflicto armado. Esto porque
(i) la condición se adquiere desde el momento de la ocurrencia de los hechos,
mas no en virtud del reconocimiento administrativo, y (ii) así se desprende,
tanto del extenso recuento de hechos consagrados en la tutela, como de la
protección nacional e internacional de la que han sido objeto todos ellos de
manera individual y/o colectiva. No en vano, la Corte ha sido enfática en
señalar que la inclusión de una persona en el RUV no es constitutiva de su
calidad de víctima, pues esta no depende de una decisión administrativa de la
UARIV, o de quien haga sus veces, toda vez que la actuación de esta última se
limita a constatar la existencia de los hechos que dieron lugar a la
victimización. De esta manera, sin soslayar la importancia de la certificación
y de las bases de datos, en virtud del principio de buena fe, se presume que
quien declara ser víctima del conflicto armado efectivamente ostenta dicha
calidad. Al respecto, se pueden consultar la
Sentencia T-441 de 2012 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), donde la Corte recordó las reglas que debían guiar la
actuación de las entidades encargas del Registro Único de Víctimas. Una de las
pautas establecidas, fue la siguiente: “[…] en virtud del principio de
buena fe, deben tenerse como ciertas, prima
facie, las declaraciones y
pruebas aportadas por el declarante”. Sobre el particular, puede consultarse
también la Sentencia T-076 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), donde esta
Corporación sintetizó los lineamientos que han de ser tenidos en cuenta por los
funcionarios encargados de llevar a cabo el registro de las víctimas del
conflicto armado, anotando que la mencionada presunción es de carácter
legal y, por ende, puede ser desvirtuada por la administración, a quien le
compete probar cuáles de los declarantes no tienen la calidad de víctima en los
precisos términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
[188] Véanse las Sentencias T-558 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-786 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-524 de 2005 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), T-435
de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-976 de 2014 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y A.V. Luis Ernesto Vargas Silva), las cuales
serán explicadas a profundidad en el texto principal del presente acápite.
[189] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta Sentencia, la Sala Tercera de Revisión asumió el conocimiento de
ciento once (111) expedientes que involucraban a más de mil ciento cincuenta
(1150) familias en situación de desplazamiento forzado. La mayoría de ellas
denunciaba la falta de respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de
vivienda, proyectos productivos, salud, educación y ayuda humanitaria.
Específicamente, afirmaban no haber recibido la ayuda humanitaria y no haber
sido orientados sobre cómo acceder a los demás programas estatales, pues las
autoridades competentes guardaban silencio, se declaraban incompetentes,
argumentaban un problema de índole burocrático o administrativo, o se limitaban
a decir que no tenían presupuesto suficiente para atenderlas, sin precisarles
cuánto debían esperar o qué debían hacer. Al revisar este cúmulo de casos, la
Corte detectó un conjunto de fallas estructurales en el sistema nacional de
atención a la población desplazaba, relacionadas, principalmente, con la insuficiencia
de recursos destinados a financiar dicha política pública y la precaria
capacidad institucional para implementarla. Como resultado, concluyó que los
derechos de los accionantes, al igual que los del resto de las personas en
situación de desplazamiento forzado, habían sido vulnerados masiva, prolongada
y reiteradamente. Hallazgo que la llevó a declarar la existencia de un estado
de cosas inconstitucional, cuyo monitoreo le correspondió posteriormente a la
Sala Especial de Seguimiento que creó esta Corporación para tal efecto.
[190] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[191] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[192] Sobre esto
último, la Sala precisó que “[l]os pueblos indígenas desplazados viven en
estado de total desubicación por la ruptura cultural y lingüística que ello
conlleva y la inserción abrupta en entornos urbanos y de miseria a los que son
completamente ajenos. Además, lo que resulta más grave, el desplazamiento
causa la ruptura de la continuidad cultural por la aculturación subsiguiente de
los jóvenes y la consiguiente detención de los patrones de socialización
indispensables para que estas etnias sobrevivan. En efecto, el shock y la
ruptura cultural generalizadas tienen un especial impacto sobre las
generaciones jóvenes de los pueblos desplazados, que durante el desplazamiento
pierden el respeto a los mayores y la continuidad de sus procesos de
socialización y de perpetuación de las estructuras culturales”.
[193] Ministerio del Interior
y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. Pág. 34.
[194] Dentro de los datos que
se omiten, por ejemplo, están todos aquellos cuyo conocimiento es necesario
para leer las violaciones desde un enfoque diferencial por edad, etnia, género
u orientación sexual, entre otros factores.
[195] Según explica el Plan
de Salvaguarda, los ataques son tan frecuentes y cotidianos, que la población
indígena se ha acostumbrado a ellos, razón por la cual ya no los denuncian o no
los registran. Ibíd., Pág. 35.
[196] La primera zona
comprende las regiones del Sur del Valle del Cauca y el norte y occidente del
Cauca. La segunda abarca los departamentos de Caquetá, Putumayo y Nariño. La
tercera engloba a los municipios del Huila. Finalmente, los departamentos del
Tolima y Meta son presentados de manera separada.
[197] Ministerio del Interior
y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. Pág. 36.
[198] De las dos mil
doscientos cuatro (2204) víctimas, seiscientos cincuenta y cinco (665)
corresponden a homicidio, quinientas cuarenta y siete (547) a heridos,
quinientas nueve (509) a detenciones ilegales, doscientas sesenta y cuatro
(264) a amenazas, noventa y ocho (98) a desapariciones forzadas, cincuenta y
nueve (59) a torturas, veintinueve (29) a reclutamientos forzados y catorce
(14) a violencia sexual. Ibíd., Págs. 55, 57 y 58.
[199] Ibíd., Pág. 54.
[200] Ibíd., Págs. 40 y 41.
[201] Ibíd., Págs. 38 y 52.
[202] Ibíd., Pág. 41.
[203] Ibíd., Pág. 41.
[204] Ibíd., Pág. 38.
[205] Ibíd., Pág. 60.
[206] Ibíd., Pág. 45 a 48.
[207] Para tal efecto, les
toman fotografías, anotan sus nombres en una lista y los
interrogan. Ibíd., Pág. 49.
[208] Ibíd., Pág. 51.
[209] Ibíd., Pág. 47.
[210] Ibíd., Pág. 52.
[211] Ibíd., Pág. 68.
[212] Ibíd., Pág. 69 y 70.
[213] Entre los años dos mil
cinco (2005) y dos mil once (2011), se estima que se sembraron treinta y ocho
mil cuatrocientas sesenta y cuatro (38,464) hectáreas de coca en los
departamentos del Cauca y del Valle del Cauca. Ibíd., Pág. 81.
[214] Ver la respuesta que
presentó la ONIC al Auto de Pruebas en el folio 242 del segundo cuaderno.
[215] Ministerio del Interior
y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. Págs. 208 y 209.
[216] Ibíd., Pág. 209 a 211.
[217] Ibíd., Pág. 212.
[218] Ibíd., Pág. 212.
[219] Ibíd., Pág. 212 y 213.
[220] Ibíd., Pág. 215 a 217.
[221] Ibíd., Pág. 218 a 222.
[222] Ibíd., Pág. 222.
[223] Ibíd., Pág. 223.
[224] El
concepto de “tierras” es equiparable al de “hábitat”, pues no sólo abarca la
porción del suelo, sino también los recursos naturales y los animales que en él
se encuentran. También se resalta que dentro de esta definición, se incluyen
los lugares que, pese a no estar habitados, son frecuentados por los indígenas
en desarrollo de sus principales actividades.
[225] Ministerio del Interior
y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. Págs. 242 y 243.
[226] A modo de ejemplo, el
himno nasa incluye la siguiente estrofa: “Vivimos porque peleamos contra el
poder invasor; y seguiremos peleando mientras no se apague el sol”.
[227] Ministerio del Interior
y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. Págs. 243 y 245.
[228] Ibíd., Págs. 245 y 246.
[229] Ibíd., Págs. 246 y 247.
[230] Ibíd., Pág. 247 a 259.
[231] Ibíd., Pág. 260.
[232] Ibíd., Pág. 260 a 269.
[233] Véase la contestación
que dio el Ministerio del Interior al Auto de Pruebas el veintiséis (26) de
enero de dos mil dieciséis (2016), disponible en los folios 60 al 63 del
segundo cuaderno.
[234] Los resguardos de
Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló.
[235]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[236] Véase las Sentencias T-558 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández ), T-524 de 2005
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-435 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), las cuales fueron explicadas a profundidad en acápites
previos.
[237] Ministerio del Interior
y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. Pág. 208 y 209.
[238] La
Sala conoció de tres (3) reportes que provienen de las siguientes fuentes: el
Plan de Salvaguarda (versión sin validar), la acción de tutela presentada por
ACIN y la contestación de dicha asociación al Auto de Pruebas.
[239] Tal es la conexión que
sienten y que quieren preservar con su tierra, que acostumbran a enterrar su
cordón umbilical cerca a los fogones de sus casas. Ministerio del Interior y
Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. Pág. 236.
[240] Así lo
cuentan varios de sus mitos fundacionales, dentro de los cuales se destacan
aquellos de la Cacica Gaitana y Juan Tama. Véase Ministerio del Interior
y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit.
[241] Ministerio del Interior
y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. Pág. 209 a 2011.
[242] Frente a esta actitud
de paz, hay una única excepción relacionada con la conformación y/o
engrosamiento de grupos armados por parte de indígenas caucanos en los años
setenta (70) y ochenta (80). No obstante, dada su corta duración y el rechazo
masivo que despertó en el Pueblo Nasa, no altera la homogénea actitud pacífica
que han asumido a la hora de perseguir sus reivindicaciones.
[243] Ministerio del Interior
y Consejo Regional Indígena del Cauca. op cit. Pág. 83 y ss.
[244] Ibíd., Pág. 239.
[245] La
Corte Constitucional, de manera reiterada, ha sostenido que cuando la situación
fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o se
modifica, en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en
principio, podía generar la vulneración a los derechos fundamentales, la
solicitud de amparo pierde eficacia porque desaparece el objeto jurídico sobre
el que recaería una eventual decisión del juez de tutela.  El fenómeno de
la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden
del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda no surtiría ningún
efecto y sería inocua. Lo anterior, como resultado de dos (2) eventos: el hecho
superado o el daño consumado. El hecho superado se configura  cuando entre
el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo,
se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda. Lo que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ocurre antes de que él
mismo se pronuncie. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha
comprendido el hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen
la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en
tutela. Ante un hecho superado, no es perentorio para los jueces de instancia,
pero sí para la Corte Constitucional en sede de revisión, determinar el alcance
de los derechos fundamentales cuya protección fue solicitada y el tipo de
vulneración al que fueron expuestos. Esto, sobre todo, cuando considera que la
decisión debe incluir observaciones sobre los hechos del caso para, por
ejemplo, llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la
situación que originó la tutela, o condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición. En todo caso, el juez de tutela,
independientemente de la instancia en la que conozca de la acción, debe
demostrar que existió un hecho superado antes del momento del fallo. Teniendo en cuenta lo anterior, según
la Sentencia T-267 de 2008 (M.P. Jaime
Araujo Rentería), existen dos (2) escenarios
posibles en relación con el hecho superado que demandan, por su parte, de dos
(2) respuestas distintas por parte de la Corte Constitucional. A saber, cuando
esta situación se presenta“(i) antes de iniciarse el proceso ante los
jueces de instancia o en el transcurso del mismo, [o] (ii) estando en curso el
trámite de Revisión ante la Corte Constitucional”. De acuerdo con
la Sentencia T-678 de 2009 (M.P. María
Victoria Calle Correa), en el primero de estos escenarios, la Corte debe
confirmar el fallo, sin perjuicio de la facultad de revisar la decisión de
instancia y declarar aspectos adicionales relacionados con la materia. En el
segundo, cuando la Sala observa que fueron vulnerados los derechos
fundamentales del actor y que los jueces de instancia no concedieron la tutela,
debe revocar el fallo y conceder la tutela sin importar que no imparta orden
alguna por la carencia actual del objeto. Esto sin perjuicio de aquellas
órdenes dirigidas a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su
conducta, o a advertirle sobre las sanciones aplicables en caso de que la misma
se repita. Sobre la carencia actual de objeto por hecho superado, se pueden
consultar las Sentencias T-308
de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-448 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-803 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-170 de 2009 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), T-533 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-678 de 2009 (M.P. María Victoria
Calle Correa), T-083 de 2010
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-905 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio) y SU-225 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), entre muchas otras.
[246]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[247] Véase la solicitud de
medidas cautelares en el anexo A.1., incluido en el CD que adjuntó el
Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[248] Véase la solicitud de
medidas cautelares en el anexo B.1., incluido en el CD que adjuntó el
Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[249] Véanse los informes que
presentó el CRIC ante la CIDH el nueve (9) de julio de dos mil once (2011) y el
once (11) de septiembre del mismo año, en los anexos C.4.2. y C.4.3., incluidos
en el CD que adjuntó la Cancillería a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[250] Cabe resaltar que antes
de la creación de la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior
y de Justicia era la entidad encargada de suministrar los esquemas de
protección requeridos por la población colombiana que tenía un nivel de riesgo
superior al ordinario. Véase el informe del ocho (8) de junio de dos mil seis
(2006) en el anexo A.3., incluido en el CD que adjuntó el Ministerio de
Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio
70 del segundo cuaderno.
[251] Véase los informes del nueve
(9) de septiembre de dos mil catorce (2014) y del seis (6) de noviembre de dos
mil quince (2015) en los anexos A.6. y A.7., incluidos en el CD que adjuntó el
Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[252] Véase el informe del
tres (3) de junio de dos mil catorce (2014) en el anexo A.5., incluido en el CD
que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[253] Véase el informe del
nueve (9) de septiembre de dos mil catorce (2014) en el anexo A.6., incluido en
el CD que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto
de Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[254] Véase los informes del
nueve (9) de septiembre de dos mil catorce (2014) y del seis (6) de noviembre
de dos mil quince (2015) en los anexos A.6. y A.7., incluidos en el CD que
adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[255] Véase el informe del
once (11) de mayo de dos mil once (2011) en el anexo A.4., incluido en el CD
que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[256] Véase el informe del
ocho (8) de junio de dos mil seis (2006) en el anexo A.3., incluido en el CD
que adjuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores a su respuesta al Auto de
Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[257] Cabe resaltar que antes
de la creación de la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior
y de Justicia era la entidad encargada de suministrar los esquemas de
protección requeridos por la población colombiana que tenía un nivel de riesgo
superior al ordinario.
[258] Véanse los informes
presentados por la Cancillería ante la CIDH el diez (10) de marzo de dos mil
nueve (2009), el ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012) y el veintisiete (27)
de noviembre del mismo año, en los anexos B.5. B.8. y B.9., respectivamente,
incluidos en el CD que adjuntó dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[259] Ibíd.,
[260] Véase
el informe que le presentó la Cancillería a la CIDH el cinco (5) de diciembre
de dos mil once (2011) en el anexo C.5., incluido en el CD que adjuntó
dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio 70 del
segundo cuaderno.
[261] Véanse
los informes que le presentó la Cancillería a la CIDH el veinticinco (25) de
abril de dos mil doce (2012), el tres (3) de julio del mismo año y el veinte
(20) de febrero del dos mil trece (2013), en los anexos C.8., C.9. y C.13.,
incluidos en el CD que adjuntó dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas,
disponible en el folio 70 del segundo cuaderno.
[262] Ibíd.,
[263] Véase
el informe que le presentó la Cancillería a la CIDH el dieciséis (16) de
febrero de dos mil doce (2012) en el anexo C.7., incluido en el CD que
adjuntó dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio
70 del segundo cuaderno.
[264] Véase
el informe que le presentó la Cancillería a la CIDH el primero (1º) de agosto
de dos mil trece (2013) en el anexo C.15., incluido en el CD que adjuntó
dicha entidad a su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio 70 del
segundo cuaderno.
[265] Véanse
los informes que le presentó la Cancillería a la CIDH el dieciséis (16) de
febrero de dos mil doce (2012) y el veintinueve (29) de agosto del mismo año en
los anexos C.7. y C.11., incluidos en el CD que adjuntó dicha entidad a
su respuesta al Auto de Pruebas, disponible en el folio 70 del segundo
cuaderno.
[266] Los señores Plinio
Trochez, Óscar Cuchillo, Milciades Musice, Elides Pechene Ipia
y Arquimedes Vitonás.
[267] El señor Ezequiel
Vitonás Talaga.
[268] El señor Jorge Caballero Fula.
[269] El señor Yohiner Medina
Talaga.
[270] El señor Edgar Raúl
Ibáñez y las señoras Luz Mila Campo y Luz Eyda Julicué Gómez.
[271] Sobresalen los
asesinatos de los señores Luis Ever Casamachín Yule, Rafael Mauricio Girón
Ulchur, Milciades Trochez Conda, Manuel Antonio Tumiñá Jenbuel y Daniel Coicué
Julicue.
[272] La comunidad reporta
amenazas específicas a los señores y señoras Álvaro Muñoz, Emigdio Velasco
Calambas, Alfredo Acosta Zapata, Libia Arminda Paz y Aida Marina Quilcué, entre
muchos otros. Así mismo, en la contestación al Auto de Pruebas, anexó copia de
unos panfletos dirigidos contra la ACIN, el CRIC y, en general, contra el
Pueblo Nasa. Ver estos documentos en los folios 221 al 230 del segundo
cuaderno.
[273] Especialmente,
argumentan que el suministro de vehículos convencionales y blindados como
mecanismo de protección no viene acompañado de un oportuno servicio de
mantenimiento de los mismos, lo que dificulta y hace riesgosa su manipulación.
[274]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[275] Ver la respuesta que
presentó la ONIC al Auto de Pruebas en el folio 235 del segundo cuaderno.
[276] Representada legalmente
por Luz Eyda Julicué Gómez.
[277] Los señores y señoras Aaron Liponce, Adolfo Vivas Andela, Aida Marina Quilcué Vivas, Alcibiades
Escué, Algemiro Valencia Vigente, Álvaro Jaime Muñoz Anacona,
Álvaro José Mejía Arias, Arquímedes Vitonás, Carlos
Alberto Sánchez, Daniel Piñacué Achicue, Demetrio Moya Obispo, Edgar
Raúl Ibáñez, Elides Pechene Ipia, Eliseo
Ipia, Emigdio Velasco Calambas, Ernesto Perafán
Echeverri, Ezequiel Vitonás Talaga, Feliciano Valencia
Medina, Gabriel Pavi, Gelmis Chate, Germán
Valencia Medina, Gilberto Muñoz Coronado, Gilberto Yafue
Villano, Héctor León Arias Urrea, Hermes Vitelio Menza, Herminson Pertiaga
García, Jesús Javier Chávez Yondapiz, Jesús Tombe Pilcue, José Francisco Zambrano, José Vicente Otero Chate, Libia Armida Paz
Mamián, Luis Alberto Guetoto Alos, Luis Alfredo Acosta Zapata, Luis Aureliano
Yonda Copaque, Luis Danilo Secué Pavi, Luz Eyda Julicué
Gómez, Luz Mariana Canas, Luz Mila Campo, Marciana
Quira Calapsu, Marcos Pechene Calamba, Marlitt Puscus
Mamián, Miliciades Musice, Nelson Lemus, Óscar Cuchillo, Patricio Pertiaga Poiroma, Pedro Teófilo Maca Puscus, Plinio
Trochez, Rangel Giovani Yule Zape, Rodrigo Hernán Quira
Aguilar y Yohiner Medina Talaga.