T-057-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-057/95
TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO/PROCESO EJECUTIVO
Si bien es cierto
que los artículos 2011 y 663, fueron derogados por el decreto 2651 de 1.991, la
normatividad vigente sólo contempla la posibilidad de acudir a arbitramento en
un proceso de ejecución cuando la decisión tiene origen en un compromiso, es
decir, éllo, sólo podrá darse cuando las partes, una vez surgido y determinado
el objeto de la controversia, celebran un acuerdo. Por lo tanto, la legislación
no contempla la posibilidad de pactar la cláusula compromisoria con el objeto
de excluir ex ante la competencia radicada en los jueces para adelantar la
ejecución. El proceso ejecutivo es inescindible y conserva ese carácter aún en
la fase cognitiva que se debe recorrer a fin de resolver las excepciones
presentadas contra el título. La definición de las excepciones es un momento en
el trámite que ha de seguir el Estado antes de consumar la ejecución. Resulta
contrario a toda economía procesal, que para llevar a cabo una ejecución se
deba suspender el proceso ejecutivo, reconocer en un proceso declarativo la
calidad ejecutiva del título, base de  la ejecución y, posteriormente reiniciar
la ejecución misma. De otro lado los arreglos extrajudiciales a que lleguen
eventualmente las partes y que puedan conducir al desistimiento de la acción
ejecutiva, no se califican como arbitramento ni desvirtúan la esencia de la
jurisdicción.
ADMINISTRACION DE
JUSTICIA POR PARTICULARES/CONCILIACION/ARBITRAMENTO
Según el artículo
116 de la CP., la ley puede transitoriamente atribuir la función jurisdiccional
a particulares que obren como árbitros o conciliadores. En el Estado social de
derecho, los particulares colaboran de variadas maneras en el desarrollo de las
funciones y fines estatales. Dicha colaboración, en el ámbito jurisdiccional,
no obstante, tiene carácter transitorio y excepcional. En primer término, la conciliación
y el arbitraje sólo pueden  tener por objeto asuntos que por su naturaleza sean
susceptibles de dicho trámite, y es evidente que no todos lo son.  En segundo
término,  la paz y el orden público, se ponen en peligro si a los particulares,
así obren como conciliadores o árbitros, se  les atribuye directamente la
facultad de disponer del poder coactivo.  No es concebible que  el ejercicio de
la jurisdicción, como función estatal,  se desplace de manera permanente y
general a los árbitros y conciliadores ( CP art 113). Tampoco resulta admisible
ampliar la materia arbitrable a asuntos que trascienden  la capacidad de
disposición de las partes y respecto de los cuales no sea  posible habilitación
alguna. No todo asunto de competencia de los jueces ordinarios, en
consecuencia, puede ser trasladado a la justicia arbitral. Entre las materias
vedadas a los árbitros y conciliadores, por las razones anotadas, se encuentra
el conocimiento de las pretensiones ejecutivas. La existencia de un título
ejecutivo con base en el cual se formula la demanda, así posteriormente se
presenten excepciones y se deba decidir sobre éstas, coloca la controversia en
un momento posterior al de la mera configuración del derecho. Lo que se busca a
través de la acción ejecutiva es la intervención del Estado con miras no a
zanjar una disputa, sino a hacer efectivo un derecho sobre cuya existencia el
demandante no ha menester reconocimiento distinto al de la verificación del
título que, en los términos de la ley, le sirve de suficiente causa y prueba.
De otro lado, la ejecución está íntimamente ligada al uso de la fuerza pública
que, por las razones anotadas, ni la ley ni el pacto pueden transferir a los
árbitros o conciliadores.
ARBITRAMENTO-Materia arbitral
La materia
arbitrable sólo puede estar integrada por asuntos o cuestiones susceptibles de
transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El ámbito de lo
transable abarca los objetos - bienes, derechos y acciones - sobre los cuales
existe capacidad de disposición y de renuncia. La conciliación  y el arbitraje
presuponen una diferencia o disputa entre las partes o la posibilidad de que
entre ellas surja una controversia. El mismo concepto de parte que
utiliza la Constitución se refiere a la posición asimétrica o de confrontación
en que se encuentran dos o más sujetos, derivable de un conflicto actual o
potencial.
CONTRATO DE
SEGURO/ACTIVIDAD ASEGURADORA
De acuerdo con el
artículo 335 de la CP., la actividad aseguradora es de interés público y se
ejerce con arreglo a la ley. Consulta el interés público que en los contratos
de seguros, la parte débil que, por lo general, se identifica con el asegurado
o beneficiario, realizadas las condiciones a las que se supedita su derecho
reciba efectivamente y en el menor tiempo posible la prestación prometida. El
reconocimiento de mérito ejecutivo a la póliza, sin duda constituye un
instrumento eficaz diseñado por la ley para la defensa efectiva de los derechos
de los asegurados. Como quiera que la disposición se inspira en el interés
general y en el favorecimiento de la parte débil del contrato, no puede ser
derogada por pactos particulares.
VIA DE HECHO POR
DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA/ERROR JURISDICCIONAL /ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
Cuando la
jurisdicción permanente del Estado se declara incompetente - sin serlo - en una
materia que tampoco corresponde al resorte de la función jurisdiccional que se
desarrolla a través de árbitros, el vacío de jurisdicción y de competencia, tal
vez inadvertidamente suscitado por la providencia inhibitoria, atestigua un
flagrante desconocimiento de los indicados derechos fundamentales. Por lo
general, los errores judiciales no pueden servir de presupuesto a una vía de
hecho. Sin embargo, ello no se ha predicado de los errores manifiestos y
mayúsculos que, como el del caso presente, contabiliza entre sus consecuencias
gravosas para los derechos fundamentales de la personas y para el Estado de
derecho, la renuncia injustificada  de la jurisdicción sobre la facultad de
ejecución y la ilegítima desposesión del juez en una causa judicial que se deja
abandonada.
FEBRERO 20 DE 1995
Ref.:
Expediente T-49986
Actor:
ORLANDO YIDI DACARETT
Magistrado
Ponente:
Dr.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Temas:
-
Vía de hecho
-
Arbitramento.  Alcance                                        constitucional.
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de tutela número T-49986
promovido por el señor ORLANDO YIDI DACARETT, contra la providencia del
veintisiete (27) de abril de mil novecientos noventa y tres (1.993) proferida
por la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA FE DE
BOGOTA.
ANTECEDENTES
1. El señor  Orlando Yidi Dacarett,
mediante apoderado, instauró acción de tutela contra la Sala Civil del Tribunal
Superior de Santa Fe de Bogotá, por considerar que ésta, mediante providencia
del 27 de abril de 1993, confirmatoria de la decisión del  Juzgado Quince Civil
del Circuito de la misma ciudad, dictada dentro del proceso ejecutivo de
Orlando Yidi  Dacarett contra Skandia S.A., vulneró su derecho al debido
proceso ( C.P 29)
2. Los hechos que motivaron la acción de
tutela contra la citada providencia pueden sintetizarse de la siguiente manera:
2.1 Entre el señor Yidi Dacarett y Seguros
Skandia S.A, se celebró, el día 31 de enero de 1989, un contrato de seguros de
casco y maquinaria, contenido en la póliza  C- 20031. El artículo 31 en su
parte primera, establecía:
"Arbitramento:
el asegurado y Skandia convienen en someter a un tribunal de arbitramento
constituído en Bogotá, cualquier duda que pudiese ocurrir en la ejecución de
este contrato  y a no intentar demanda o acción judicial alguna de otra
naturaleza mientras de común acuerdo no hayan resuelto prescindir del juicio
arbitral".
2.2  Durante la vigencia del seguro, la
lancha de propiedad del señor Yidi Dacarett fue hurtada. El demandante presentó
la reclamación a Skandia, entidad que según afirma el actor, la objetó
extemporáneamente.
2.3 El peticionario inició proceso
ejecutivo ante el Juzgado Quince Civil del Circuito, el cual  libró mandamiento
de pago contra la compañía aseguradora. La ejecutada propuso excepciones
previas y de fondo contra la demanda. Dentro de las primeras, cabe destacar la
derivada de la cláusula compromisoria.
2.4 El  Juzgado consideró que en la
cláusula compromisoria no se especificaban las causales objeto de arbitramento.
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 2 del decreto 2279 de 1989, ella
se extendía a todas las controversias  surgidas con motivo de la ejecución del
contrato.
2.5 Posteriormente, el actor promovió un
proceso ordinario por los mismos hechos, ante el Juzgado Treinta y Uno Civil
Municipal. El Juzgado declaró, al igual que el Juez Quince Civil del Circuito,
probada la excepción de cláusula compromisoria y ordenó compulsar copias al
Consejo Superior de la Judicatura al constatar la existencia del   proceso
ejecutivo.
2.6 El señor Yidi Dacarett impugnó la
decisión del Juez Quince Civil del Circuito. La Magistrada Ponente del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Doctora Lucía Gómez
Burgos, conoció del recurso y mediante auto unipersonal del 27 de octubre de
1.992, declaró  la nulidad de lo actuado, al considerar que el a-quo
carecía de competencia.
2.7 El demandante interpuso recurso de
súplica contra el auto en mención, el  que fue resuelto por los restantes
Magistrados de la Sala, ordenándose a la H. Magistrada Lucía Gómez Burgos,
pronunciarse sobre la apelación.
2.8  La apelación fue resuelta en el
sentido de confirmar en su integridad el fallo del Juzgado Quince Civil del
Circuito. Sostiene el Tribunal, en su fallo, que "El juez ordinario no
esta facultado legalmente para tramitar procesos ejecutivos mientras no se
derogue por las partes la cláusula arbitral (...) el proceso ejecutivo debe
adelantarse ante los árbitros quienes tienen la facultad de administrar
justicia al tenor de las disposiciones que rigen en la actualidad la
institución del arbitramento, Decreto 2651 de 1.991".
2.9  El demandante fue condenado por la
misma decisión del Tribunal, a pagar los perjuicios ocasionados a la compañía
aseguradora, perjuicios que la misma estima entre 22 a 33 millones de pesos.
3.  El actor, mediante escrito dirigido al
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, solicitó
la conformación de un Tribunal de Arbitramento para dirimir las diferencias
surgidas con la sociedad Skandia S.A. El Tribunal se instaló el 22 de abril de
1994, pese a hallarse en curso los procesos ejecutivo y ordinario.
3.1 Mediante auto dictado en la primera
audiencia de trámite, el Tribunal en mención, se declaró competente para
conocer del proceso: "(...) la coexistencia simultánea de un proceso ante
la justicia ordinaria  y otro ante la justicia arbitral, tendiente a definir un
conflicto no inhibe per-se al Tribunal arbitral (...)". En su concepto, el
artículo 24 del decreto 2279 de 1989 consagra "una prejudicialidad civil
en favor de la arbitral". Igualmente, el Tribunal se pronunció en este
mismo auto, sobre un recurso de reposición interpuesto por la parte demandada,
en la etapa pre arbitral. El tribunal consideró que la ausencia de renuncia por
parte del demandante al haber acudido a la justicia ordinaria, lejos de anular
la cláusula compromisoria, refrendaba su vigencia.
3.2  Más adelante, mediante auto del 27 de
junio de 1994,  los árbitros, accedieron a la petición de desistimiento
presentada por el demandante Orlando Yidi Dacarett, quien a su vez fue
condenado en costas ( decisión del 30 de junio de 1994.)
4. El peticionario acusa la actuación
judicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá,
contenida en el auto del 27 de abril, confirmatorio de la  providencia del 2 de
febrero de 1992, proferido por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá,
de constituir una verdadera vía de hecho, violatoria de sus derechos
fundamentales. A su juicio,  la decisión no puede denominarse providencia, dado
su contenido ilegal.
4.1  Sostiene el actor que la naturaleza
del arbitramento es la de ser un proceso de cognición, y que el laudo tiene un
carácter declarativo cuya ejecución corresponde a la justicia ordinaria.
4.2. Los árbitros - continúa - no pueden
"ejecutar'' por carecer de "imperium". Habiendo sido investidos
por particulares y no por el Estado, mal pueden ejercer la fuerza pública de
cuyo uso carecen los particulares.
4.3 Estima que el fallo del tribunal,
vulnera el debido proceso en dos de sus manifestaciones: el derecho a la
jurisdicción y el derecho al juez natural. La decisión de la alta corporación -
señala - conduce  a una "denegación de justicia" porque impide que
tanto el juez ordinario, como el tribunal de arbitramento conozcan del proceso
ejecutivo
4.4 Por último, el actor reitera la
procedencia de la tutela en el caso en estudio, enfatiza que la intangibilidad
de una providencia deriva de su conformidad tanto formal como material con el
ordenamiento, requisitos que no cumple la decisión del Tribunal.
5. El actor solicita que se revoque la
decisión proferida por el Tribunal Superior el 27 de abril y, en consecuencia,
se dejen sin efecto las actuaciones posteriores al fallo, en especial, el
incidente de regulación de perjuicios, el levantamiento de las medidas
cautelares y la liquidación de costas decretadas por el Tribunal. Así mismo
pide, se disponga el envío del expediente al Juzgado Quinto Civil del
Circuito, a fin de que decida las excepciones previas de conformidad con los
parámetros que fije el fallo de tutela.
6. La Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia de agosto 18 de
1.993, denegó la tutela solicitada por el señor Orlando Yidi Dacarett.
6.1 Asevera el juez de tutela, que la
acción es improcedente contra providencias judiciales, salvo eventos de
actuaciones de hecho. Advierte que en el caso sub-lite, la magistrada, "se
limitó a hacer una interpretación jurídica del decreto 2651 de 1.991 en su
íntima convicción y criterio como juez de instancia", sin omitir requisito
legal alguno. Agrega que de no haber satisfecho al demandante la interpretación
acogida, éste tenía a su alcance todos los recursos y medios judiciales para
atacar el proveído. Reitera, por último, la prohibición al  juez de debatir
asuntos propios del proceso que se revisa.
7. El peticionario impugnó la decisión.
Alega que la interpretación que el Tribunal hace de la doctrina de la vía de
hecho, es contraria a la sostenida por de la Corte Constitucional, en relación
con el control tanto formal como material de las providencias  judiciales.
En lo relativo a la interposición de
recursos dentro del proceso, el actor expresa que en la medida en que con éstos
no se modificó la situación irregular, la vulneración del debido proceso
subsiste.
Por último, señala, que la autonomía
judicial no puede convalidar una actuación irregular, y que el debido proceso
tiene un espectro más amplio que la simple concatenación de actuaciones. Anota
que la violación del debido proceso se concreta en el desconocimiento del juez
natural que es "el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para
ejercer la jurisdicción en determinado proceso y de acuerdo con la naturaleza
de los hechos, la calidad de las partes y la división de trabajo establecida
por el legislador entre los miembros de la judicatura"
8. El apoderado de la compañía Seguros
Skandia S.A, se notificó de la tutela por conducta concluyente al presentar un
memorial ante la Corte Suprema de Justicia, en el cual expone las razones por
las cuales considera que la decisión del fallador de primera instancia debe ser
confirmada. A su juicio, permitir que prospere la acción de tutela significa
contrariar lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-543, sobre
la procedencia de esta acción contra providencias judiciales.
8.1. Alega igualmente que el señor Yidi
Dacarett, ha hecho uso de los diferentes recursos judiciales y arbitrales de
manera simultánea.
Así mismo, pone de presente que la objeción
sobre el mérito ejecutivo de la póliza fue efectuada en debida forma por Skandia
y, que por lo tanto, lo que se busca discutir ante la justicia arbitral es lo
referente a las excepciones de fondo, lo cual está expresamente permitido por
el artículo 2 del decreto 2651 de 1991.
9. La Corte  Suprema de Justicia, mediante
sentencia de septiembre 23 de 1994, concedió la tutela solicitada y revocó el
fallo denegatorio proferido por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, por
considerar que éste configuraba una vía de hecho, carente de todo efecto
jurídico.
9.1 Afirma  la Corte Suprema de Justicia
que la tutela procede por violación del debido proceso contra decisiones que
constituyen, pese a su apariencia de legalidad, verdaderas vías de hecho. El
derecho al debido proceso - señala - desarrolla el derecho de acceso a la
justicia con el cual guarda íntima relación. El acceso a la justicia no
consiste únicamente en la posibilidad pasiva de acudir a ella, sino que
comprende la posibilidad de utilizar todos los instrumentos a fin de hacer
conocer al juez los intereses y derechos en conflicto. De otro lado, el debido
proceso comprende todas las facultades del juez enderezadas a garantizar
"la efectividad del derecho material"
9.2  La Corte Suprema de Justicia subraya
que el debido proceso tiene como regla imperativa el adelantamiento de los
procesos ante el juez competente. Igualmente estima que el Estado es el
"titular  nato" del poder jurisdiccional, no obstante, excepcional y
transitoriamente, se permite que el Estado delegue la función de administrar
justicia en particulares, como son los árbitros (art. 116, inciso final C.P).
A juicio de la Corte, la ley actual
conserva "el criterio tradicional de reserva por parte del Estado del
poder jurisdiccional de ejecución", razón por la cual "se excluye la
posibilidad de cláusula compromisoria, compromiso y arbitraje en asuntos de
ejecución". La Alta Corporación señala que el  arbitramento no impide a
las partes, al tenor del artículo 2011, derogado, del C. de Co, adelantar ante
los jueces ordinarios los procesos de ejecución, máxime si se tiene presente la
imposibilidad  jurídica de los árbitros de ejecutar sus propios laudos. A su
juicio la normatividad vigente, artículo 96 de ley 23 de 1.991 y 40 del decreto
2279 de 1.989, recogen de manera implícita lo preceptúado por el artículo
2011.  Concluye de lo anterior que toda ejecución está vetada a los árbitros.
9.3  El fallador de tutela considera que
del artículo 2011 del Código de Comercio citado, se desprende que los árbitros
“[si] no pueden ejecutar coactivamente sus propias decisiones, mucho menos
pueden hacerlo respecto de otras decisiones judiciales, ni de decisiones o
títulos creados por los particulares que requieran de poder o potestad
coactiva”. Por lo tanto, "si la ley no establece distinción dentro de su
reserva estatal, para este tipo de conocimiento, se concluye que de la
competencia y jurisdicción arbitral quedan excluidos todos los procesos
ejecutivos incluyendo los atinentes a las pólizas de seguro en los casos del
art. 8o de la ley 45 de 1990".
" (...) Si en
un caso determinado - puntualiza la Corte -  la ley impone al Estado conocer
por medio de jueces, determinados procesos, no pueden estos últimos sustraerse
por ningún motivo a su conocimiento, a pesar de que exista cláusula compromisoria
en contrario, pues sería ineficaz de pleno derecho conforme con el artículo 6º
del C.P.C. De allí que si, en contra de los dicho, se adoptan decisiones en el
sentido de sustraerse al ejercicio de la jurisdicción ejecutiva radicada
exclusivamente en el Estado, no sólo se viola, como se dijo, el debido proceso
sino que quebranta el derecho fundamental al acceso "debido" a la
administración de justicia. Porque el Estado se sustrae a su  "deber"
exclusivo de administrar justicia en materia de procesos de ejecución, sin que
para ello pueda aducirse que aún le queda la posibilidad de acceder ala
justicia arbitral, pues, siendo un deber exclusivo del Estado su prestación no
sería lo que la Constitución y la ley ordena que debe prestarse en los
ciudadanos. Más aún ,esa decisión que ordena que la jurisdicción no sea
prestada por el Estado sino por los árbitros, no sólo impide que aquel cumpla
con su deber sino que también arriesga a que estos últimos rechacen su
conocimiento por falta de jurisdicción, dejando la ejecución sin juez que la
decida, o que, por el contrario conozcan de ella contrariando el ordenamiento
jurídico colombiano. Todo lo cual, a todas luces, constituye una actuación
arbitraria que, por estar por fuera del marco constitucional y legal
pertinente, configura una vía de hecho, susceptible de amparo mediante
tutela" (Corte Suprema de Justicia. Sala Civil de Casación, providencia
del 23 de septiembre de 1.994)
9.4 Por lo anterior, la Corte Suprema
concluye que asiste la razón al actor, al solicitar la revocatoria del fallo
del Tribunal, por cuanto el "proceso de ejecución es competencia privativa
del Estado" y si bien la cláusula compromisoria puede extenderse a las
diferencias que se susciten en la ejecución del contrato, no puede predicarse lo
mismo de "la ejecutabilidad del contrato como título ejecutivo"
10.  Seguros Skandia solicitó, mediante
escrito del 27 de septiembre de 1994, la aclaración de la providencia de la
Corte Suprema de Justicia, proferida el 23 de septiembre del mismo año. La
Corte negó la solicitud, por considerar que versaba sobre un objeto diferente
de la acción decidida.
11. El apoderado de la sociedad
aseguradora, presentó un memorial al Tribunal Superior de Bogotá en el que
solicitó se diera aplicación a los artículos 4 y 230 de la Constitución
Nacional a fin de inaplicar la decisión de la Corte Suprema de Justicia por
desconocer el principio de la doble instancia y el atribuir el carácter de vía
de hecho a una providencia judicial por razones puramente interpretativas.
12. En un memorial, similar al presentado a
la Corte Suprema de Justicia, la Compañía aseguradora Skandia, se dirige a la
Corte Constitucional para solicitar que en la revisión de la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia se tengan en cuenta las consideraciones que ha
planteado en sus diversos escritos.
12.1 El escrito
en mención, se divide en dos partes. En la primera de ellas, el apoderado de la
sociedad expone su versión de los hechos. Afirma que Skandia no guardó silencio
ante la reclamación sino que, por el contrario, solicitó al asegurado aclarar
la identidad del bien asegurado.
Pone de presente
que el demandante cometió diversas irregularidades al iniciar un proceso
ejecutivo y un proceso ordinario en forma paralela. Señala que el actor tras
desistir del proceso ordinario, lo reactivó y simultáneamente convocó a un
Tribunal de Arbitramento, desistiendo más adelante de su demanda arbitral.
Considera, el
apoderado de la sociedad, que el actor, no satisfecho con estas actuaciones,
instauró la tutela en busca de una "cuarta instancia".
12.2 La segunda
parte del memorial se dirige a rebatir los fundamentos jurídicos de la decisión
de La Corte Suprema de Justicia. A su juicio, la Corte Suprema de Justicia
interpretó equivocadamente los artículos 1 y 2 del decreto 2279, que extienden
el pacto arbitral a todas las diferencias que surjan del contrato. Estima que
la Corte falló con base en los artículos 2011 del C de Co. y 663 del  C.P.C.,
normas derogadas.
Señala que
"es falsa" la disyuntiva de la Corte  en torno a que el conocimiento
por parte de los árbitros de un proceso de ejecución, consiste en una
denegación de justicia, por cuanto si bien es cierto que el Tribunal arbitral
no puede ejecutar, si puede discutir el mérito ejecutivo de un título, por
tratarse de una cuestión declarativa.
En su concepto si
el decreto 2651 de 1.991 permite el pacto de compromiso en el proceso
ejecutivo, no existe razón para no aceptar la cláusula compromisoria. A su
juicio, el decreto en mención acabó con la discusión en torno a si el trámite
arbitral era ajeno al proceso ejecutivo, permitiendo que las partes acudieran
libremente al proceso arbitral.
Por último, niega
que la decisión del Tribunal constituya una vía de hecho y transcribe apartes
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales.
FUNDAMENTOS
El Problema
planteado
1. En la sentencia
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 23 de septiembre
de 1994, objeto de revisión, se sostiene la tesis de la ineficacia del pacto
arbitral que pretenda sustraer a la jurisdicción ordinaria del Estado la
competencia para conocer de los procesos ejecutivos. El Estado se reserva,
según la sentencia, el poder jurisdiccional de ejecución, en razón de su
naturaleza coercitiva y del grado de injerencia que se obra en la esfera de la
libertad (mandamiento forzoso de pago) y del patrimonio (embargo, secuestro,
orden de llevar a cabo la ejecución, remate etc.) del ejecutado. La competencia
y jurisdicción arbitrales, por consiguiente, se extienden únicamente a las
controversias transigibles, esto es, a aquéllas que requieren de certeza
jurídica mediante transacción o sentencia ya sea declarativa o condenatoria.
2. La sociedad
Skandia Seguros Generales S.A., a la cual esta Corte reconoce su carácter de
coadyuvante de las autoridades judiciales demandadas en el presente proceso de
tutela (D. 2591 de 1991, art. 13), en sendos escritos, el primero, presentado a
la Corte Suprema de Justicia antes de que ésta dictara su fallo y en el que se
solicita la confirmación de la sentencia de tutela de primera instancia y, el
segundo, dirigido a esta Corporación, se opone a las pretensiones del actor e
impugna, desde distintos ángulos, el fallo materia de revisión.
La tesis básica que
esgrime la coadyuvante es la de que si bien los árbitros no pueden llevar a
cabo ejecuciones, sí pueden, en cambio, conocer de las controversias que se
originen en los títulos en los que aquéllas se fundamentan. La cláusula de arbitramento
y el compromiso, por ende, pueden versar sobre las controversias que se
presenten en un proceso ejecutivo cuando se formulan excepciones, lo que
conduce a que en la práctica este proceso se torne en declarativo y la litis
pueda ser sometida a decisión arbitral que, desde luego, una vez producida,
deberá necesariamente ser ejecutada por los funcionarios judiciales
permanentes.
La  sociedad
coadyuvante apela a distintos argumentos legales para apoyar su tesis: (1) el
D. 2279 de 1989, derogó los artículos 2011 del Código de Comercio y 663 del
Código de Procedimiento civil, que impedían sujetar los procesos de ejecución
al compromiso o a la cláusula compromisoria; (2) en el Decreto 2279 de 1989,
aparte de no contener la limitación anterior, se dispuso que "la cláusula
compromisoria puede estipularse para someter a decisión arbitral, todas o
algunas de las diferencias que se susciten en relación con un contrato
determinado; si éstas no se especificaren, se presumirá que la cláusula
compromisoria se extiende a todas las diferencias que puedan surgir de la
relación contractual"; (3) El D. 2651 de 1991 extendió a los procesos de
ejecución las instituciones del arbitraje y de la conciliación, como se deduce
del tenor mismo de su artículo 2 (*); (4) A voces del artículo 11 del
D. 2651 de 1991, "en razón del pacto arbitral los árbitros quedan
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia (... )".
De otro lado, la
coadyuvante advierte que las providencias judiciales en firme, conforme lo
estableció la Corte Constitucional en su sentencia del 1o de octubre de 1992,
no pueden ser objeto de la acción de tutela, salvo el caso de que ellas
constituyan una verdadera vía de hecho. A este respecto, señala, una simple
diferencia de criterio sobre el alcance de la ley, no es capaz de convertir una
decisión judicial correctamente dictada en vía de hecho.
Desde el punto de
vista legal, la tesis de la coadyuvante, adolece de imprecisiones, en primer
lugar debe señalarse que si bien es cierto que los artículos 2011 y 663, fueron
derogados por el decreto 2651 de 1.991, la normatividad vigente sólo contempla
la posibilidad de acudir a arbitramento en un proceso de ejecución cuando la
decisión tiene origen en un compromiso, es decir, éllo, sólo podrá darse cuando
las partes, una vez surgido y determinado el objeto de la controversia,
celebran un acuerdo. Por lo tanto, la legislación no contempla la posibilidad
de pactar la cláusula compromisoria con el objeto de excluir ex ante la
competencia radicada en los jueces para adelantar la ejecución.
La afirmación del
apoderado de la sociedad aseguradora referente a que el artículo 96 de la ley
23 de 1.991 modificatorio del artículo 1 del decreto 2279 de 1.989, no excluye
controversia alguna del pacto arbitral, necesita ser matizada, pues la norma no
puede ser interpretada como una habilitación del legislador para que toda
controversia pueda ser objeto de arbitramento. Del tenor literal del mismo
artículo se desprende que sólo aquello susceptible de transacción puede ser decidido
por la justicia arbitral.
3. Los argumentos
del actor, reseñados en otra parte de esta sentencia, en lo sustancial,
coinciden con los esgrimidos por la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente,
en relación con la impugnación formulada por la coadyuvante,  precisa que el
proceso ejecutivo no es susceptible de ser parcelado de modo que a un juez se
asigne el conocimiento de las excepciones y a otro diferente la expedición del
mandamiento ejecutivo.
Agrega que, aún en
el evento de que la posición de la coadyuvante fuera cierta, se habría
presentado una violación del debido proceso, pues el decreto 2651 de 1991, en
el cual ella se fundamenta, sólo entró a regir el día 10 de enero de 1992, en
tanto que la demanda ejecutiva fue presentada el 20 de agosto de 1991.
4. En el plano
constitucional las tesis enfrentadas se derivan de dos posturas interpretativas
distintas sobre el alcance de la competencia de los árbitros. Según el artículo
116 de la CP, "los particulares pueden ser investidos transitoriamente de
la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley". Para la Corte Suprema de
Justicia y el actor, la función jurisdiccional de los árbitros es limitada y,
de la misma, definitivamente queda sustraída el conocimiento de las acciones
ejecutivas. En los restantes fallos de la justicia ordinaria y de tutela
reseñados, así como en los memoriales de la  coadyuvante, se asume la
existencia de una competencia amplia para los árbitros que, en virtud del
compromiso o de la cláusula compromisoria, podrían inclusive sustituir a la
jurisdicción ordinaria del Estado en esta materia, por lo menos en lo que atañe
a la definición de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago
librado con base en un título ejecutivo.
Los diferentes
argumentos legales que se exponen, se encuentran en realidad determinados por
esta concepción inicial. Por esta razón la Corte analizará, desde la
perspectiva constitucional, el problema de fondo que plantea la controversia sub
lite y que consiste en determinar si las partes enfrentadas pueden
válidamente, en virtud de compromiso o de cláusula compromisoria, habilitar a
los árbitros para sustituir total o parcialmente a la jurisdicción ordinaria
del Estado en asuntos de naturaleza ejecutiva.
Alcance
constitucional del arbitramento y de la conciliación
5. El derecho si es
preciso puede hacerse cumplir de manera forzada a través de la utilización de
la coacción. El desacato de la norma, apareja la correlativa imposición, actual
o posible, de una específica sanción o consecuencia negativa para el sujeto que
realiza el comportamiento o la abstención proscritas. El carácter coactivo es,
pues, rasgo esencial de la normatividad jurídica, sin el cual se corre el
riesgo de socavar su función como técnica de control y de orientación social.
Esta dimensión del orden jurídico, no descarta que sus mandatos frecuentemente
se cumplan de manera espontánea, y se postula sin perjuicio de que lo deseable
en una sociedad democrática y participativa, sea la realización del derecho,
como marco de la convivencia pacífica, con el menor recurso a la fuerza.
La coercibilidad,
elemento que acompaña al derecho, requiere de la existencia permanente de un
aparato institucionalizado que administre la coacción de conformidad con la
Constitución y la ley, las que a su turno le imprimen a su ejercicio, en razón
del contenido y valores que defienden, el sello indeleble de la legitimidad
democrática. Sólo así, el empleo de las medidas de coacción por las
instituciones permanentes del Estado, no se identifica con la violencia o el
terror organizado.
El ordenamiento
jurídico no se limita a diseñar y establecer el aparato de fuerza y las
condiciones para su ejercicio, sino que, adicionalmente, indica el método de su
actuación y las formas procesales que deben observarse cuando se viola una
norma jurídica y se hace entonces necesario poner en marcha sus dispositivos de
constreñimiento o de reparación. En este orden de ideas, el uso de la coacción
resulta inseparable de sus condiciones de ejercicio y de las formas procesales
que deben agotarse para su correcto empleo, fijadas en el derecho objetivo.
6. Los particulares,
en su condición de conciliadores y árbitros, transitoriamente, pueden
administrar justicia. Se pregunta la Corte si en este caso, la indicada
investidura, les permite recibir y ejercitar válidamente habilitaciones de las
partes para adelantar a través del procedimiento arbitral juicios de ejecución
con base en títulos ejecutivos o definir aspectos centrales en los que se
ventilen ante la jurisdicción ordinaria, como sería la decisión de las
excepciones propuestas por la persona demandada.
7. Según el artículo
116 de la CP., la ley puede transitoriamente atribuir la función jurisdiccional
a particulares que obren como árbitros o conciliadores. En el Estado social de
derecho, los particulares colaboran de variadas maneras en el desarrollo de las
funciones y fines estatales. Dicha colaboración, en el ámbito jurisdiccional,
no obstante, tiene carácter transitorio y excepcional. En primer término, la
conciliación y el arbitraje sólo pueden  tener por objeto asuntos que por su
naturaleza sean susceptibles de dicho trámite, y es evidente que no todos lo
son.  En segundo término,  la paz y el orden público, se ponen en peligro si a
los particulares, así obren como conciliadores o árbitros, se  les atribuye
directamente la facultad de disponer del poder coactivo.  No es concebible que
el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal,  se desplace de manera
permanente y general a los árbitros y conciliadores ( CP art 113). Tampoco
resulta admisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que trascienden  la
capacidad de disposición de las partes y respecto de los cuales no sea  posible
habilitación alguna.
No todo asunto de
competencia de los jueces ordinarios, en consecuencia, puede ser trasladado a
la justicia arbitral. Entre las materias vedadas a los árbitros y conciliadores,
por las razones anotadas, se encuentra el conocimiento de las pretensiones
ejecutivas. La existencia de un título ejecutivo con base en el cual se formula
la demanda, así posteriormente se presenten excepciones y se deba decidir sobre
éstas, coloca la controversia en un momento posterior al de la mera
configuración del derecho. Lo que se busca a través de la acción ejecutiva es
la intervención del Estado con miras no a zanjar una disputa, sino a hacer
efectivo un derecho sobre cuya existencia el demandante no ha menester
reconocimiento distinto al de la verificación del título que, en los términos
de la ley, le sirve de suficiente causa y prueba. De otro lado, la ejecución
está íntimamente ligada al uso de la fuerza pública que, por las razones anotadas,
ni la ley ni el pacto pueden transferir a los árbitros o conciliadores.
8. Las normas
legales que regulan el arbitramento deben ser interpretadas a la luz de la
Constitución. Contrariamente, la coadyuvante intenta explicar el alcance del
artículo 116, inciso final, de la Constitución Política, a partir de la
consideración que le merecen las normas legales que gobiernan la materia.
En este sentido, las
restricciones legales a la institución arbitral, apuntan a justificar la
imposibilidad de que ella pueda convertirse en foro sustituto de la
jurisdicción  ordinaria.
En verdad, la
materia arbitrable sólo puede estar integrada por asuntos o cuestiones
susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El
ámbito de lo transable abarca los objetos - bienes, derechos y acciones - sobre
los cuales existe capacidad de disposición y de renuncia. La conciliación  y el
arbitraje presuponen una diferencia o disputa entre las partes o la posibilidad
de que entre ellas surja una controversia. El mismo concepto de parte
que utiliza la Constitución se refiere a la posición asimétrica o de
confrontación en que se encuentran dos o más sujetos, derivable de un conflicto
actual o potencial. Alrededor del título ejecutivo bien puede darse un debate
sobre su existencia y validez, pero éste tiene una connotación distinta. En
primer término, con base en el título su beneficiario o tenedor solicita al
juez se decrete y lleve a efecto su cumplimiento coactivo, no la mera
definición de un derecho, como quiera que en su favor obra la presunción de
titularidad del respectivo derecho. Si la contraparte opone excepciones, su
resolución positiva o negativa es puramente incidental y, por tanto, se
inscribe en un momento que todavía pertenece al curso de acción que ha de
seguir el Estado cuando se propone aplicar la coacción y que consiste en
determinar previamente si existen las condiciones de validez y de eficacia
establecidas en la ley para seguir adelante con la ejecución. En todo caso,
dado que los factores de competencia se toman en cuenta en el momento de
entablar la acción, desde la perspectiva del tenedor del título ejecutivo que
se apresta a requerir la intervención de la jurisdicción, no existe diferencia
ni controversia sobre la existencia y extensión de su derecho, sino necesidad
de la intervención del Estado para procurar su cumplimiento.
La ausencia de poder
coactivo de los árbitros, lo corrobora la disposición del D.2279 de 1989, que
somete a la justicia ordinaria lo relativo a la ejecución del laudo, de
conformidad con las reglas generales (Ibid, art. 40, parágrafo). Si en verdad
dispusieran de este poder los árbitros, la norma sobraría. Idéntica conclusión
cabe extraer del inciso 2o del artículo 1o del decreto 2279 de 1989, modificado
por el artículo 96 de la ley 23 de 1989, que en punto al arbitramento sobre el
contrato de arrendamiento, establece que "los aspectos de ejecución que
demanden las condenas en los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción
ordinaria".
Finalmente, tampoco tiene
asidero constitucional el arbitraje circunscrito a la definición de las
excepciones propuestas por la parte ejecutada. El proceso ejecutivo es
inescindible y conserva ese carácter aún en la fase cognitiva que se debe
recorrer a fin de resolver las excepciones presentadas contra el título. La
definición de las excepciones es un momento en el trámite que ha de seguir el
Estado antes de consumar la ejecución. Resulta contrario a toda economía
procesal, que para llevar a cabo una ejecución se deba suspender el proceso
ejecutivo, reconocer en un proceso declarativo la calidad ejecutiva del título,
base de  la ejecución y, posteriormente reiniciar la ejecución misma. De otro
lado los arreglos extrajudiciales a que lleguen eventualmente las partes y que
puedan conducir al desistimiento de la acción ejecutiva, no se califican como
arbitramento ni desvirtúan la esencia de la jurisdicción.
Adicionalmente, cabe
anotar que los procesos ejecutivos se inician con base en un título que de
conformidad con la ley, presta mérito ejecutivo, hipótesis que difiere del
supuesto en el que es necesario resolver previamente sobre la existencia de un
derecho, lo que ciertamente si corresponde  a la competencia del Tribunal de
Arbitramento.
El interés
público y el contrato de seguro
9. El artículo 1053
del Código de Comercio, modificado por el artículo 80 de la ley 45 de 1990,
expresa: "La póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí
sola, en los siguientes casos: 1. En seguros dotales, una vez cumplido el respectivo
plazo. 2 . En los seguros de vida, en general, respecto de los valores de
cesión o rescate, y 3. transcurrido un mes contado a partir del día en el cual
el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador
la reclamación aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la
correspondiente póliza, sean indispensables para acreditar los requisitos del
artículo 1077, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y
fundada. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante deberá
manifestar la circunstancia en la demanda".
El precepto citado
tiene como antecedente la medida de protección al asegurado o beneficiario
incorporada en la regulación legal de la actividad aseguradora desde la
expedición de la ley 105 de 1927 (art. 25). Se pretende de esta manera
garantizar los derechos del asegurado y del beneficiario del contrato de seguro
y desalentar, de otra parte, las prácticas dilatorias del asegurador reacio a
cumplir sus propias obligaciones. Verificado el siniestro y cumplidos los
restantes requisitos enunciados en la norma, se opera, en el tercer caso, una
presunción legal que edificada sobre el silencio del asegurador o su objeción
no seria ni fundada, permite dar por probados el siniestro, la cuantía del daño
y el derecho a la respectiva indemnización. La acción ejecutiva a la que la ley
reconoce mérito ejecutivo, produce una inversión de la carga de la prueba, que
desplaza al asegurador, a través del mecanismo de la excepciones, la tarea de
desvirtuar o enervar la existencia, validez o efectos del título.
De acuerdo con el
artículo 335 de la CP., la actividad aseguradora es de interés público y se
ejerce con arreglo a la ley. Consulta el interés público que en los contratos
de seguros, la parte débil que, por lo general, se identifica con el asegurado
o beneficiario, realizadas las condiciones a las que se supedita su derecho
reciba efectivamente y en el menor tiempo posible la prestación prometida. El
mérito ejecutivo que se atribuye a las pólizas en los casos examinados,
neutraliza y frustra las prácticas abusivas a las que podrían recurrir las
empresas aseguradoras. Estas últimas, de ordinario, no sólo despliegan su poder
en el momento inicial, al fijar unilateralmente las condiciones generales del
contrato, sino que en el curso de la relación negocial - se ha observado por
parte del legislador histórico -, de manera no infrecuente, esquivan o dilatan
injustificadamente el cumplimiento de sus compromisos. La disposición legal
citada es el medio al cual ha recurrido la ley para introducir un factor de
equilibrio entre asegurado o beneficiado y el asegurador.
El reconocimiento de
mérito ejecutivo a la póliza, sin duda constituye un instrumento eficaz
diseñado por la ley para la defensa efectiva de los derechos de los asegurados.
Como quiera que la disposición se inspira en el interés general y en el
favorecimiento de la parte débil del contrato, no puede ser derogada por pactos
particulares. En efecto, si se concede validez a las cláusulas compromisorias
enderezadas a que el asegurado renuncie al proceso ejecutivo para hacer
efectiva la póliza, que las compañías aseguradoras incorporen en sus módulos
contractuales a los que normalmente adhieren las personas que demandan sus
servicios, irremisiblemente se marchitaría la protección que la ley ha querido
ofrecer. El legislador pretendió reforzar, en los contratos de seguro, la
protección legal que encuentra toda persona en el proceso ejecutivo, como medio
último para lograr el cumplimiento de las obligaciones, al consagrara en el
artículo 1053 del Código de Comercio, una presunción legal en favor del
asegurado.
De la misma manera
que los particulares no pueden, a través del pacto arbitral, atraer hacia su
propia órbita el ejercicio de la jurisdicción para ejecutar a los deudores,
tampoco resulta lícito apelar al contrato para restar eficacia y minar el
repertorio de instrumentos de orden público que el Estado ha considerado
indispensable ofrecer a la parte débil de los contratos que se celebran con las
compañías de seguros.
Confirmación del
fallo objeto de revisión
Las razones
expuestas, aunadas a las sostenidas en su sentencia por la Corte Suprema de
Justicia, son suficientes para confirmar su decisión. La providencia del
Tribunal contra la cual se entabló la acción de tutela, ciertamente significaba
la abdicación ilegítima de la jurisdicción y competencia exclusivas del Estado,
y su implícita cesión a los particulares investidos de la función arbitral.
Las consecuencias
que ineludiblemente se siguieron de la censurable resignación de la competencia
y que han afectado los derechos constitucionales del actor, como acertadamente
lo puso de presente la Corte Suprema de Justicia, fueron la violación del debido
proceso y la negativa de acceso a la justicia. Entre una y otra vulneración
existe una íntima relación de concedida. Cuando la jurisdicción permanente del
Estado se declara incompetente - sin serlo - en una materia que tampoco
corresponde al resorte de la función jurisdiccional que se desarrolla a través
de árbitros, el vacío de jurisdicción y de competencia, tal vez
inadvertidamente suscitado por la providencia inhibitoria, atestigua un
flagrante desconocimiento de los indicados derechos fundamentales.
Por lo general, los
errores judiciales no pueden servir de presupuesto a una vía de hecho. Sobre
este punto la jurisprudencia de la Corte ha sido clara y terminante. Sin
embargo, ello no se ha predicado de los errores manifiestos y mayúsculos que,
como el del caso presente, contabiliza entre sus consecuencias gravosas para
los derechos fundamentales de la personas y para el Estado de derecho, la
renuncia injustificada  de la jurisdicción sobre la facultad de ejecución y la
ilegítima desposesión del juez en una causa judicial que se deja abandonada.
Por último, por no
ser materia de la acción de tutela, no entra la Corte a determinar si el actor,
como lo ha manifestado la parte coadyuvante de las autoridades demandadas, al
interponer simultánea y sucesivamente diversas acciones judiciales, ha podido
tanto él como su abogado abusar de la jurisdicción y estar incurso, el último,
en una violación del régimen legal y ético de la profesión. En la copia de la
providencia proferida por el Juez Treinta y uno Civil del Circuito de Santa Fe
de Bogotá, se ordenó para estos efectos poner dichos hechos en conocimiento del
Consejo Superior de la Judicatura-Sala Disciplinaria. Con ese mismo objeto, se
dispondrá en esta sentencia el envío de copia de la misma al indicado organismo
jurisdiccional, para lo de su competencia.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E
PRIMERO.-   Confirmar en su integridad el fallo de
tutela proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
de fecha 23 de septiembre de 1.994
SEGUNDO.-  Ordenar que se compulsen copias de esta
providencia al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los veinte ( 20) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco
(1995)).
Aclaración de
voto a la Sentencia No. T-057/95
Concuerdo con la
decisión, pero no con la totalidad de las razones expuestas como conducentes a
ella. Muchas de las consideraciones acerca del monopolio de la fuerza por parte
del Estado - me parece-, parte del supuesto de que son los propios árbitros los
que estarían facultados para ejercerla y creo que no ese el caso. A mi juicio,
las disgresiones en torno  a un hecho indiscutible, pero que no es lo que se
discute en el caso sub-judice oscurecen la argumentación y la debilitan
en lugar de aclararla y vigorizarla.
fecha ut supra.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Auto No. 004/96
NULIDAD SENTENCIA
DE TUTELA-Ejecución de
obligaciones contractuales por árbitros/ACCION DE TUTELA-Análisis
constitucional de materia contractual
Es indudable que
si el arbitramento no comprendía o se extendía a la actuación de la pretensión
ejecutiva ante los árbitros, la omisión de los jueces que conocieron de ésta
comportaba una clara denegación de justicia. Distinto sería el caso si se
hubiera referido a aspectos meramente obligacionales, sin incidencia directa en
los derechos fundamentales, de rango legal o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad. En relación con la alegada violación de la
jurisprudencia en materia contractual la Sala de Revisión no se apartó de la
jurisprudencia de la Corporación, pues el análisis contenido en su sentencia se
realizó desde una perspectiva exclusivamente constitucional y bajo la óptica de
que el tema tenía incidencia directa en la definición sobre la existencia de
una vulneración de un derecho fundamental. Por lo demás, no resulta apropiado
alegar violación de la jurisprudencia de la Corporación, cuando precisamente la
sentencia que se revisa fue la primera que se dictó por una Sala de Revisión en
la cual se fijó el alcance constitucional de la jurisdicción arbitral frente al
ejercicio del poder coactivo del Estado a través del proceso de ejecución.
DERECHO DE ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Omisión de conocer asunto ejecutivo
La omisión de los
jueces ordinarios, patente en sus autos inhibitorios de conocer de la
pretensión ejecutiva del peticionario, constituía una vía de hecho judicial.
Los razonados y sólidos argumentos para afirmar la competencia de la
jurisdicción ordinaria en relación con el conocimiento de los procesos
ejecutivos, pese a la existencia de una cláusula contractual que consagre el
arbitramento, que para la Sala de Revisión no merecieron reparo alguno,
conducen a la inequívoca conclusión de que en dicha jurisdicción se radica la
referida competencia y que, por ende, la omisión de los jueces ante los cuales
se formuló la pretensión ejecutiva generaba una manifiesta denegación de
justicia.
TITULOS VALORES-Ejecución
Los titulares o
poseedores legítimos de títulos valores y otros que prestan mérito ejecutivo,
desde luego no ignoran que frente a sus demandas ejecutivas el deudor demandado
puede oponer excepciones de diferente naturaleza y que en tal evento su
pretensión es controvertida y sometida a debate judicial, incluso hasta el
punto de llegar a ser objeto de transacción o de ser sometida a arbitramento.
Sin embargo, conviene precisar que al proceso ejecutivo se acude, en primer
término, a solicitar que se realice el derecho y que se pongan en movimiento
los mecanismos judiciales ideados para garantizar el pago del crédito cuyo
cobro se persigue, aunque luego el respectivo título pueda tornarse en algo
discutible. Ello es así, porque los títulos ejecutivos tienen una propiedad que
los caracteriza como tales, y quienes los poseen tienen una creencia y una
plena convicción jurídica, que el ordenamiento jurídico alienta y garantiza, en
el sentido de que el documento que los contiene legitima por si mismo el
ejercicio o la realización de un determinado derecho y ciertamente configurado.
VIA DE HECHO-Desconocimiento arbitrario del
ordenamiento jurídico
No es admisible
el argumento en el sentido de que no es equiparable una vía de hecho a
discrepancias de criterios entre el juez que dictó la providencia cuestionada
en tutela y el juez que conoce de la petición de amparo del derecho fundamental
violado o amenazado, porque la decisión no fue un simple error de criterio,
sino la renuncia pasiva a su competencia, dentro del ámbito de la jurisdicción
de que es titular, para conocer de una clase especial de acción, como la
ejecutiva. Luego, el error constituyó una verdadera "vía de hecho",
generada por el desconocimiento arbitrario del ordenamiento jurídico, al
desconocer los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia ante el
juez natural que debía conocer de la pretensión ejecutiva del demandante en
tutela.
Ref.: Solicitud de nulidad de la Sentencia No.
T-057 del 20 de Febrero de 1995.
Peticionario:
Sociedad Skandia
Seguros Generales S.A.
Magistrado
Ponente:
Dr. ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Santafé de Bogotá
D.C. febrero veintidós (22) de mil novecientos noventa y seis (1996).
I. ADVERTENCIA
PRELIMINAR.
La solicitud de
nulidad formulada por la Sociedad Skandia Seguros Generales S.A. contra la
sentencia T- 057/95, proferida por la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, correspondió en reparto al H. Magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa, quien presentó ante la Sala Plena de la Corporación el respectivo
proyecto de auto.
La Sala Plena de la
Corte Constitucional en su sesión del 22 de febrero de 1996 analizó la ponencia
de dicho Magistrado y por mayoría de votos la rechazó. En tal virtud, se
designó como nuevo ponente al Magistrado Antonio Barrera Carbonell, con el fin
de que elaborara el auto contentivo de la decisión mayoritaria.
II. ANTECEDENTES.
1. La acción de
tutela promovida por el señor Orlando Yidi Dacarett.
1.1. Dieron origen a la acción de tutela
instaurada por el señor Orlando Yidi Dacarett ante la Sala Civil del Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá los siguientes hechos:
Entre la sociedad
Skandia Seguros Generales S.A. y el señor Orlando Yidi Dacarett se celebró el
31 de Enero de 1989 un contrato  seguros de casco y maquinaria que se consignó
en la póliza C-20031.
Durante la vigencia
del seguro ocurrió uno de los riesgos amparados, como fue el hurto de la lancha
de propiedad del tomador del seguro, quien presentó ante la aseguradora la
respectiva reclamación.
Transcurrido el
término legal sin que se hubiera objetado la reclamación ni recibido la
indemnización del siniestro, el asegurado promovió el proceso ejecutivo ante el
juzgado 15 Civil del Circuito, dentro del cual se desestimaron sus pretensiones
al declararse probada la excepción de cláusula compromisoria propuesta por la
referida sociedad.
Posteriormente, el
señor Orlando Yidi Dacarett promovió proceso ordinario ante el Juzgado 31 Civil
Municipal de Santafé de Bogotá, dentro del cual se declaró igualmente probada
la excepción de cláusula compromisoria.
La decisión del
Juzgado del Circuito fue apelada ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, que confirmó la decisión recurrida. Para el Tribunal,
"el juez ordinario no está facultado legalmente para tramitar procesos
ejecutivos mientras no se derogue por las partes la cláusula arbitral", y
admite que "el proceso ejecutivo debe adelantarse ante los árbitros
quienes tienen la facultad de administrar justicia ...".
Las decisiones
precedentes tuvieron su fundamento en una cláusula introducida en el contrato
de seguro, cuyo contenido es el siguiente:
"Arbitramento.
El asegurado y Skandia convienen en someter a un tribunal de arbitramento
constituido en Bogotá, cualquier duda que pudiera ocurrir en la ejecución de
este contrato y a no intentar demanda o acción judicial alguna o de otra
naturaleza mientras de común acuerdo no hayan resuelto prescindir del juicio
arbitral".
A instancia del
señor Orlando Yidi Dacarett se integró un Tribunal de Arbitramento, con el fin
de dirimir la controversia surgida con motivo del aludido contrato, el cual
debidamente instalado afirmó su competencia para conocer del asunto. Mediante
auto del 27 de junio de 1994 el Tribunal acogió el desistimiento presentado por
el citado.
La acción de tutela
formulada por el señor Orlando Yidi Dacarett se dirigió contra la decisión del
27 de abril de 1994 proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá,
que confirmó la providencia del 2 de febrero de 1992 proferida por el Juzgado
15 Civil del Circuito, la cual declaró probada la excepción de cláusula
compromisoria, por considerar el peticionario que se violó la garantía del
debido proceso, en cuanto se desconocieron los derechos a la jurisdicción y al
juez natural, incurriéndose por consiguiente en una vía de hecho, pues los
árbitros carecen del imperio para forzar el cumplimiento de una obligación,
atributo que sólo reposa en cabeza de los jueces ordinarios.
1.2. El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá
negó la tutela reclamada, por considerar que esta acción es inconducente para
atacar decisiones judiciales en firme, a menos que se presente una vía de
hecho, la cual, a su juicio, en el caso examinado no se configuró, si se
considera que la providencia acusada se limitó a hacer una interpretación
jurídica del decreto 2651 de 1991, aparte de que el petente disponía de otros
medios judiciales para impugnarla.
1.3. La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil,
mediante fallo del 23 de Septiembre de 1993 concedió la tutela impetrada, por
considerar que la providencia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, a que
se hizo referencia antes, constituía una vía de hecho y, en consecuencia,
carecía de eficacia jurídica.
Señaló la Corte en
su decisión, que la ley mantiene "el criterio tradicional de reserva por
parte del Estado del poder jurisdiccional de ejecución", en razón de lo
cual, "se excluye la posibilidad de cláusula compromisoria , compromiso y
arbitraje en asuntos de ejecución".  Refuerza el criterio precedente
afirmando que si los árbitros "no pueden ejecutar coactivamente sus
propias decisiones, mucho menos pueden hacerlo respecto de otras decisiones
judiciales, ni de decisiones o títulos creados por los particulares que
requieren de poder o potestad coactiva".
1.4. La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional mediante sentencia T-057 del 20 de febrero de 1995[1] confirmó en su
integridad el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia. Los fundamentos de dicha sentencia se sintetizan de la siguiente
manera:
a) Según el artículo
116 de la Constitución Política la ley puede con carácter transitorio y
excepcional atribuir función jurisdiccional a particulares que obren como
árbitros o conciliadores, en relación con controversias susceptibles de ser
compuestas a través del arbitraje o la conciliación.
b) No todo asunto de
competencia de los jueces ordinarios puede ser trasladado a la justicia
arbitral. La paz y el orden público se ponen en peligro si a los particulares
obrando como conciliadores o árbitros se  les faculta para disponer del poder
coactivo.  Por consiguiente, las pretensiones ejecutivas se excluyen de su
conocimiento.
"La
existencia de un título ejecutivo con base en el cual se formula la demanda,
así posteriormente se presenten excepciones y se deba decidir sobre éstas,
coloca la controversia en un momento posterior al de la mera configuración del
derecho. Lo que se busca a través de la acción ejecutiva es la intervención del
Estado con miras no a zanjar una disputa, sino a hacer efectivo un derecho
sobre cuya existencia el demandante no ha menester reconocimiento distinto al
de la verificación del título que, en los términos de la ley, le sirve de suficiente
causa y prueba. De otro lado, la ejecución está íntimamente ligada al uso de la
fuerza pública que, por las razones anotadas, ni la ley ni el pacto pueden
transferir a los árbitros o conciliadores."
c) Las normas
legales que regulan el arbitramento deben ser interpretadas a la luz de la
Constitución.
"En verdad,
la materia arbitrable sólo puede estar integrada por asuntos o cuestiones
susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El
ámbito de lo transable abarca los objetos - bienes, derechos y acciones - sobre
los cuales existe capacidad de disposición y de renuncia. La conciliación  y el
arbitraje presuponen una diferencia o disputa entre las partes o la posibilidad
de que entre ellas surja una controversia. El mismo concepto de parte
que utiliza la Constitución se refiere a la posición asimétrica o de
confrontación en que se encuentran dos o más sujetos, derivable de un conflicto
actual o potencial. Alrededor del título ejecutivo bien puede darse un debate
sobre su existencia y validez, pero éste tiene una connotación distinta. En
primer término, con base en el título su beneficiario o tenedor solicita al
juez se decrete y lleve a efecto su cumplimiento coactivo, no la mera definición
de un derecho, como quiera que en su favor obra la presunción de titularidad
del respectivo derecho. Si la contraparte opone excepciones, su resolución
positiva o negativa es puramente incidental y, por tanto, se inscribe en un
momento que todavía pertenece al curso de acción que ha de seguir el Estado
cuando se propone aplicar la coacción y que consiste en determinar previamente
si existen las condiciones de validez y de eficacia establecidas en la ley para
seguir adelante con la ejecución. En todo caso, dado que los factores de
competencia se toman en cuenta en el momento de entablar la acción, desde la
perspectiva del tenedor del título ejecutivo que se apresta a requerir la
intervención de la jurisdicción, no existe diferencia ni controversia sobre la
existencia y extensión de su derecho, sino necesidad de la intervención del
Estado para procurar su cumplimiento."
"La ausencia
de poder coactivo de los árbitros, lo corrobora la disposición del D.2279 de
1989, que somete a la justicia ordinaria lo relativo a la ejecución del laudo,
de conformidad con las reglas generales (Ibid, art. 40, parágrafo). Si en
verdad dispusieran de este poder los árbitros, la norma sobraría. Idéntica
conclusión cabe extraer del inciso 2o del artículo 1o del decreto 2279 de 1989,
modificado por el artículo 96 de la ley 23 de 1989, que en punto al
arbitramento sobre el contrato de arrendamiento, establece que "los
aspectos de ejecución que demanden las condenas en los laudos deberán
tramitarse ante la jurisdicción ordinaria".
"Finalmente,
tampoco tiene asidero constitucional el arbitraje circunscrito a la definición
de las excepciones propuestas por la parte ejecutada. El proceso ejecutivo es
inescindible y conserva ese carácter aún en la fase cognitiva que se debe
recorrer a fin de resolver las excepciones presentadas contra el título. La
definición de las excepciones es un momento en el trámite que ha de seguir el
Estado antes de consumar la ejecución. Resulta contrario a toda economía
procesal, que para llevar a cabo una ejecución se deba suspender el proceso
ejecutivo, reconocer en un proceso declarativo la calidad ejecutiva del título,
base de  la ejecución y, posteriormente reiniciar la ejecución misma. De otro
lado los arreglos extrajudiciales a que lleguen eventualmente las partes y que
puedan conducir al desistimiento de la acción ejecutiva, no se califican como
arbitramento ni desvirtúan la esencia de la jurisdicción."
d) El artículo 335
de la Constitución declara de interés público la actividad aseguradora.
"Consulta el
interés público que en los contratos de seguros, la parte débil que, por lo
general, se identifica con el asegurado o beneficiario, realizadas las
condiciones a las que se supedita su derecho reciba efectivamente y en el menor
tiempo posible la prestación prometida. El mérito ejecutivo que se atribuye a
las pólizas en los casos examinados, neutraliza y frustra las prácticas
abusivas a las que podrían recurrir las empresas aseguradoras. Estas últimas,
de ordinario, no sólo despliegan su poder en el momento inicial, al fijar
unilateralmente las condiciones generales del contrato, sino que en el curso de
la relación negocial - se ha observado por parte del legislador histórico -, de
manera no infrecuente, esquivan o dilatan injustificadamente el cumplimiento de
sus compromisos. La disposición legal citada es el medio al cual ha recurrido
la ley para introducir un factor de equilibrio entre asegurado o beneficiado y
el asegurador."
"El
reconocimiento de mérito ejecutivo a la póliza, sin duda constituye un instrumento
eficaz diseñado por la ley para la defensa efectiva de los derechos de los
asegurados. Como quiera que la disposición se inspira en el interés general y
en el favorecimiento de la parte débil del contrato, no puede ser derogada por
pactos particulares. En efecto, si se concede validez a las cláusulas
compromisorias enderezadas a que el asegurado renuncie al proceso ejecutivo
para hacer efectiva la póliza, que las compañías aseguradoras incorporen en sus
módulos contractuales a los que normalmente adhieren las personas que demandan
sus servicios, irremisiblemente se marchitaría la protección que la ley ha
querido ofrecer. El legislador pretendió reforzar, en los contratos de seguro,
la protección legal que encuentra toda persona en el proceso ejecutivo, como
medio último para lograr el cumplimiento de las obligaciones, al consagrar en
el artículo 1053 del Código de Comercio, una presunción legal en favor del
asegurado."
III. LA SOLICITUD
DE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA NO. T-057 DEL 20 DE FEBRERO DE 1995, PROFERIDA
POR LA SALA TERCERA DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Mediante apoderado,
la Sociedad Skandia Seguros Generales S.A.  solicitó la declaración de nulidad
de la sentencia No. T-057 de 1995, porque, a su juicio, con la decisión en ella
contenida se modificó la jurisprudencia constitucional, sin haberse dado
cumplimiento a las exigencias establecidas en los artículos 34 del Decreto 2591
de 1991 y 53 del Acuerdo No. 5 de 1992, mediante el cual se recodificó el
Reglamento de la Corte Constitucional.
Las normas
presuntamente desconocidas por la decisión contra la cual se dirige la petición
de nulidad  dicen:
"ARTICULO 34.
DECISION EN SALA. Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la
Sala Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo
correspondiente".
"ARTICULO 53.
CAMBIO DE JURISPRUDENCIA. En caso de cambio de jurisprudencia, la Sala de
Revisión tomará las medidas necesarias para que la Sala Plena disponga de un
término razonable para tomar su decisión" .
Señala la
peticionaria que la sentencia cuestionada modificó irregularmente la
jurisprudencia en dos aspectos: la acción de tutela frente a las cláusulas
contractuales y el concepto de la vía de hecho, que hace procedente de modo
excepcional la tutela contra providencias judiciales.
- Sobre el primer
punto sostiene que "conforme a reiterada y constante jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de acción de tutela y específicamente en lo
tocante a la facultad o no de obtener, por medio de dicha acción, la regulación
de aspectos contractuales o la modificación, declaración de nulidad o invalidez
de cláusulas específicas, se había siempre conceptuado que dicho mecanismo era
ajeno a este tipo de situaciones, pues su existencia y objetivos se circunscribían
a la protección y defensa de los derechos constitucionales expresamente
consagrados en la Carta Política". Cita en apoyo de sus afirmaciones,
apartes de las sentencias T-240/93, T-594/92, T-511/93, T-125/94 y T-286/94.
No obstante advierte
que en forma excepcional es posible la intervención del juez de tutela
"cuando se entienda que el contrato afecta una entidad constitucional
propia...para proteger el derecho constitucional violado o por violarse, pero
como lo sostiene la misma Corte, en dicho caso se requiere que no haya otro
remedio judicial disponible y que la actuación del juez de tutela se limite a
proteger dicho derecho sin entrar en el ámbito contractual a disponer o regular
las relaciones interpartes".
En las referencias
jurisprudenciales reseñadas la sociedad peticionaria apoya su conclusión en el
sentido de que la sentencia T-057/95, "modificó la anterior y reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y entró a declarar la invalidez de
una cláusula contractual, asumiendo con ello las funciones propias del juez de
instancia en proceso ordinario, sin cumplir para operar dicha modificación con
el requisito establecido en el artículo 34 del decreto 2591/91 y en el Acuerdo
5/92, que exigen para tales efectos una decisión de la Sala Plena de la Corte,
previo registro del proyecto del fallo correspondiente".
- En relación con el
segundo aspecto, la sociedad peticionaria advierte que la acción de tutela sólo
es viable contra providencias judiciales ejecutoriadas, únicamente en aquellos
casos en los cuales ocurran actuaciones completamente arbitrarias e irregulares
(vías  de hecho) imputables al funcionario judicial, por medio de las cuales se
desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, o cuando la decisión pudiera
causar un perjuicio irremediable. Cita en respaldo de sus asertos, los fallos
C-543/92, T-368/93, T-442/93 y T-231/94 de esta Corte.
Considera la
peticionaria violada la referida jurisprudencia, porque al emitirse la
sentencia T-057/95, la Sala Tercera de Revisión de la Corte simplemente se basó
en una discrepancia de criterio con la autoridad judicial (Tribunal Superior de
Santafé de Bogotá) que dictó la providencia acusada en tutela, la cual procedió
dentro de los límites de su independencia y autonomía funcionales y dentro de
criterios que se juzgan razonables y proporcionales.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
Con fundamento en
las consideraciones precedentes procede la Sala Plena de la Corte a determinar
si se configuró o no la causal de nulidad alegada por la sociedad peticionaria,
en los siguientes términos:
1. La sentencia cuya
nulidad se pretende no ha examinado ni se ha pronunciado en relación con los
aspectos internos netamente obligacionales del contrato celebrado entre el
señor Orlando Yidi Dacarett y la Sociedad Skandia Seguros Generales S.A.
Ninguno de los temas tratados desvió el análisis hacia particularidades
relacionadas con la modificación o invalidación de sus cláusulas.
Tampoco la sentencia
resuelve el problema de fondo de la controversia existente entre las partes
contendientes. En efecto, la Corte Constitucional no ha establecido o avalado
la procedencia legal del mandamiento de pago que eventualmente podría librarse
contra la aseguradora, en el evento de que Orlando Yidi Dacarett resuelva
adelantar proceso de ejecución, menos todavía ha entrado a resolver sobre la
existencia o inexistencia de una obligación concreta a cargo de la misma y
derivada del contrato de seguros. Los anteriores extremos conforman la materia
contractual, ajena a la jurisdicción constitucional del juez de tutela, y sobre
la cual la sentencia de revisión no se pronuncia.
El aspecto analizado
en la sentencia de revisión se refiere al alcance y naturaleza del
arbitramento, en cuanto a su relevancia constitucional. La vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, alegada por el peticionario, se
sustentaba en la conducta omisiva de los jueces ordinarios, quienes al
verificar la existencia de una cláusula compromisoria consideraron que la
pretensión ejecutiva debía hacerse valer o interponerse directamente ante la
justicia arbitral. Es indudable que si el arbitramento no comprendía o se
extendía a la actuación de la pretensión ejecutiva ante los árbitros, la
omisión de los jueces que conocieron de ésta comportaba una clara denegación de
justicia.
El examen jurídico
atingente a la naturaleza y alcance de la justicia arbitral, como se aprecia,
si bien no se enderezaba a la resolución del fondo de la controversia,
resultaba insoslayable para establecer si se había violado o no el referido
derecho fundamental. Dicho de otra manera, el aspecto central de la tutela
giraba en torno a un problema constitucional, como era el relativo a determinar
si las competencias de los árbitros, derivadas de una cláusula contractual, podían
inhibir a la jurisdicción ordinaria de conocer de un proceso ejecutivo, que
naturalmente conlleva el ejercicio del poder de coacción del Estado; por
consiguiente, no puede resultar extraño que la sentencia de revisión se hubiera
ocupado de esta temática que evidentemente tiene una relevancia constitucional.
Distinto sería el caso si se hubiera referido a aspectos meramente
obligacionales, sin incidencia directa en los derechos fundamentales, de rango
legal o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.
Por lo anterior,
considera la Sala Plena que en relación con la alegada violación de la
jurisprudencia en materia contractual la Sala Tercera de Revisión no se apartó
de la jurisprudencia de la Corporación, pues el análisis contenido en su sentencia
se realizó desde una perspectiva exclusivamente constitucional y bajo la óptica
de que el tema tenía incidencia directa en la definición sobre la existencia de
una vulneración de un derecho fundamental.
Por lo demás, no
resulta apropiado alegar violación de la jurisprudencia de la Corporación,
cuando precisamente la sentencia que se revisa fue la primera que se dictó por
una Sala de Revisión en la cual se fijó el alcance constitucional de la
jurisdicción arbitral frente al ejercicio del poder coactivo del Estado a
través del proceso de ejecución.
2. La Sala Tercera
de Revisión consideró que la omisión de los jueces ordinarios, patente en sus
autos inhibitorios de conocer de la pretensión ejecutiva del peticionario,
constituía una vía de hecho judicial.
La Sala Plena, luego
de sopesar los argumentos de la peticionaria, considera que no se ha
quebrantado la jurisprudencia elaborada sobre la vía de hecho. En efecto:
- Las normas que
definen las competencias de las autoridades judiciales y así mismo las de los
árbitros, son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Los enunciados
normativos que definen las reglas de competencia, dando por descontada las
dificultades que puedan presentarse en su interpretación, no pueden ser objeto
de ponderación o de interpretaciones laxas sino estrictas. La competencia como
tal no es materia de cálculo maximalista.
El problema que se
planteó consistía en precisar cual era la norma válida, realizada esta tarea
sólo una autoridad y no mas que una autoridad será la competente para decidir
un determinado asunto. En el evento de que la autoridad judicial competente
decida sustraerse de su función, la consecuencia ineluctable es la denegación
de justicia, la cual deviene en absoluta en cuanto que carece de grado.
Los razonados y
sólidos argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia para afirmar la
competencia de la jurisdicción ordinaria en relación con el conocimiento de los
procesos ejecutivos, pese a la existencia de una cláusula contractual que
consagre el arbitramento, que para la Sala Tercera de Revisión no merecieron
reparo alguno, conducen a la inequívoca conclusión de que en dicha jurisdicción
se radica la referida competencia y que, por ende, la omisión de los jueces ante
los cuales se formuló la pretensión ejecutiva generaba una manifiesta
denegación de justicia. Al respecto, conviene traer a colación las razones
aducidas por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en los siguientes
apartes de su proveído:
"Sin
embargo, excepcional y transitoria  e individualmente se permite que el Estado
delegue su función en administrar justicia en particulares, como en los
árbitros (art. 116, inc. final.C.N.), de acuerdo con la ley y precisamente la
ley actualmente vigente continúa con el criterio tradicional de reserva por
parte del estado del poder jurisdiccional de ejecución, debido a su esencia
coercitiva y coactiva de las órdenes, y medios y medidas que en ella deben
aplicarse; razón por la cual se excluye de la posibilidad de cláusula
compromisoria, compromiso y arbitraje los asuntos de ejecución. De allí que si
bien se permite diferir a arbitraje las "controversias transigibles",
como aquellos que requieren de una certeza jurídica mediante transacción o
sentencia, también se haya dispuesto en el pasado inmediato que tales
atribuciones "no impiden adelantar ante esta ("los jueces")
proceso de ejecución "(parte final del último inciso de el art. 2011 del
Código de Comercio). E igualmente se acoja implícitamente el mismo cuando, de
una parte, aplicando la misma regla para el arbitraje del arrendamiento
prescribe que, no obstante su competencia, "los aspectos de ejecución que
demanden las condenas en los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción
ordinaria " (art. 1o. inciso 2° Decreto 2279 de 1989,  en la redacción del
art. 96 Ley 23 de 1991). Y ello, de otra parte, se reitera en el parágrafo del
art. 40 del mismo decreto cuando expresa "De la ejecución, del laudo
conocerá la justicia ordinaria, conforme a las reglas generales". Luego,
es una jurisdicción coactiva para conocer de los procesos de ejecución
reservadas a los jueces permanentes y, dentro de ellos, a los de la
jurisdicción ordinaria civil (art. 16 num. 1; 23, numeral 1; 488 y s.s. del C.
de P.C), sin perjuicio de las excepciones pertinentes, como la competencia para
jurisdicción coactiva administrativa (art. 268, num. 5°. C.N.), etc. Entonces,
si conforme a la Constitución y la ley los árbitros no pueden ejecutar coactiva
o forzadamente sus propias decisiones recogidas en laudos, mucho menos pueden
hacerlo respecto de otras decisiones judiciales, ni de decisiones o títulos
creados por los particulares  que requieran de poder o potestad coactiva. Pues
esto es de tal entidad que su representación en la libertad (v. gr. mandamiento
forzoso de pago) y en el patrimonio (v.gr medidas de embargo y secuestro, orden
de llevar a cabo la ejecución, remate, etc.) del ejecutado, requiere, a juicio
de nuestro ordenamiento, de la intervención de los órganos jurisdiccionales permanentes
del Estado. De allí que si la ley no establece distinción dentro de su reserva
estatal, para este tipo de conocimiento, se concluya que de la competencia y
jurisdicción arbitral, quedan excluidos todos los procesos ejecutivos
incluyendo los atinentes a las pólizas de seguros en los casos del art. 8o. de
la ley 45 de 1990"
"1.2.2.2.
Luego, si en caso determinado la ley impone al Estado conocer por medio de
jueces, determinados procesos, no pueden estos últimos sustraerse por ningún
motivo a su conocimiento, a pesar de que exista cláusula compromisoria en
contrario, pues esta sería ineficaz de pleno derecho conforme con el art. 6o.
del C.P.C. De allí que si, en contra de lo dicho, se adoptan decisiones en el
sentido de sustraerse al ejercicio de la jurisdicción ejecutiva radica
exclusivamente en el Estado, no sólo viola, como se dijo, el debido proceso
sino que quebranta el derecho fundamental al acceso "debido" a la
administración de justicia. Porque el Estado se sustrae a su "deber"
exclusivo de administrar justicia en materia de proceso de ejecución, sin que
para ello pueda aducirse que aún le queda la posibilidad de acceder a la
justicia arbitral, pues, siendo un deber exclusivo del Estado su prestación no
puede venir sino de este último, razón por la cual aquella la jurisdicción
ejecutiva a cargo de árbitros no sería lo que la Constitución y la ley ordena
que debe prestarse en los ciudadanos. Mas aún, esa decisión que ordena que esa
jurisdicción no sea prestada por el Estado sino por los árbitros, no sólo
impide que aquél cumpla con su deber sino que también arriesga a que estos
últimos rechacen su conocimiento por falta de jurisdicción, dejando la
ejecución sin juez que lo decida, o que, por el contrario conozcan de ella
contrariando el ordenamiento jurídico colombiano. Todo lo cual, a todas luces,
constituye una actuación arbitraria, que por estar fuera del marco
constitucional y legal pertinente, configura una vía de hecho, susceptible de
amparo mediante tutela".
La Sala Tercera de
Revisión no sólo acogió el parecer de la Corte Suprema de Justicia, sino que
coincidió en señalar que la justicia arbitral contrae su objeto a las
controversias susceptibles de transacción, vale decir, a aquellas cuestiones
que se vinculan con la materia que es propia de los procesos de conocimientos,
lo cual explica el por qué los árbitros legalmente no están habilitados ni
siquiera para ejecutar sus propios laudos, sino la justicia ordinaria.
La referida Sala,
adicionalmente, puso de presente cómo la resignación de esta competencia en la
justicia arbitral podía erosionar gravemente lo que consideró como una garantía
de orden público de los asegurados o beneficiarios del seguro, derivada de la
naturaleza legal de la póliza como título ejecutivo si se reúnen ciertas condiciones
integradoras de éste. En realidad, sólo con base en una noción puramente
material y laxa de lo que constituye una diferencia o controversia, puede
pasarse por alto que la ejecutabilidad del título ejecutivo como tal -que
presume ontológicamente certeza jurídica y clama por su realización o
cumplimiento- representa en si misma, desde el momento en que se promueva la
pretensión ejecutiva y antes de las decisiones que eventualmente pueda oponer
el ejecutado, una situación de controversia que exija ab initio una fase
jurisdiccional de conocimiento.
Los titulares o
poseedores legítimos de títulos valores y otros que prestan mérito ejecutivo,
desde luego no ignoran que frente a sus demandas ejecutivas el deudor demandado
puede oponer excepciones de diferente naturaleza y que en tal evento su
pretensión es controvertida y sometida a debate judicial, incluso hasta el
punto de llegar a ser objeto de transacción o de ser sometida a arbitramento.
Sin embargo, conviene precisar que al proceso ejecutivo se acude, en primer
término, a solicitar que se realice el derecho y que se pongan en movimiento
los mecanismos judiciales ideados para garantizar el pago del crédito cuyo
cobro se persigue, aunque luego el respectivo título pueda tornarse en algo
discutible. Ello es así, porque los títulos ejecutivos tienen una propiedad que
los caracteriza como tales, y quienes los poseen tienen una creencia y una
plena convicción jurídica, que el ordenamiento jurídico alienta y garantiza, en
el sentido de que el documento que los contiene legitima por si mismo el
ejercicio o la realización de un determinado derecho y ciertamente configurado.
Con sobrada razón dijo la Corte Suprema de Justicia en el aludido fallo:
"Más aún, la
conclusión del tribunal es contraria a la cláusula compromisoria, porque lo
deferido a los árbitros fue "cualquier duda o diferencia que pudiese
ocurrir en la ejecución de este contrato", lo que es distinto de la
ejecutabilidad del contrato como título ejecutivo. Aquella se refiere a una
controversia ordinaria que carece de certeza jurídica y, por consiguiente, de
la calidad de título ejecutivo".
No es admisible el
argumento de la sociedad peticionaria en el sentido de que no es equiparable
una vía de hecho a discrepancias de criterios entre el juez que dictó la
providencia cuestionada en tutela y el juez que conoce de la petición de amparo
del derecho fundamental violado o amenazado, porque la decisión del Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá no fue un simple error de criterio, sino la
renuncia pasiva a su competencia, dentro del ámbito de la jurisdicción de que
es titular, para conocer de una clase especial de acción, como la ejecutiva. Ni
el tribunal podía en este caso resignar su competencia en el tribunal de
arbitramento ni al señor Orlando Yidi Dacarett podía imponérsele la renuncia a
que su pretensión fuera actuada por conducto de la justicia ordinaria. Luego,
el error del tribunal constituyó una verdadera "vía de hecho",
generada por el desconocimiento arbitrario del ordenamiento jurídico, al
desconocer los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia ante el
juez natural que debía conocer de la pretensión ejecutiva del demandante en
tutela.
V. DECISION.
En mérito de lo
expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO. No acceder a la declaración de nulidad
pedida por la Sociedad Skandia Seguros Generales S.A.
SEGUNDO.
COMUNICAR el contenido del
presente auto a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá, D.C., quien conoció en primera instancia de la acción de
tutela interpuesta por el señor Orlando Yidi Daccarett.
COPIESE,
NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON  DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General.
Salvamento de
voto al Auto No. 004/96
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL-Cambio no
definido por Sala Plena/NULIDAD SENTENCIA DE TUTELA-Procedencia en
revisión (Salvamento de voto)
Dada la
importancia y trascendencia  de la actividad jurisprudencial de la Corte, en el
evento de que alguna de sus Salas de Revisión llevara a cabo un cambio de
jurisprudencia, se estaría incurriendo en un violación del debido proceso, o
que viciaría  la decisión así adoptada, y habría que decretarse la nulidad de
dicha decisión. No se hizo una valoración de las decisiones de los jueces
ordinarios, que permitiera llegar a la conclusión de que tales providencias
carecían de fundamento legal, y por tanto se convertían en interpretaciones
arbitrarias y caprichosas, configurándose las denominadas vías de hecho. Así,
la Sala declaró la existencia de una vía de hecho sin acudir a los criterios y
requisitos establecidos sobre el tema. De otra parte, se observa que las
consideraciones de la Sala de Revisión se refieren ante todo al problema de
fondo que existe entre las partes; es decir, que el análisis realizado al
abordar la revisión la acción de tutela se encaminó a determinar la validez,
eficacia y aplicabilidad de una cláusula compromisoria, y la viabilidad o no de
llevar a cabo un arbitramento para dirimir una divergencia en cuanto a la
ejecución de un contrato de seguros, lo cual, es un asunto que le compete al
juez ordinario y no al juez de tutela. Se produjo un cambio de jurisprudencia.
ARBITROS-Facultades/PROCESO EJECUTIVO-Materia
arbitral/SENTENCIAS CONSTITUCIONALES CONTRADICTORIAS-Prevalencia
(Salvamento de voto)
En sentencia de
constitucionalidad, la Corte Constitucional expresamente reconoció que
"los árbitros, habilitados por las partes, en los términos que determine
la ley, pueden administrar justicia para decidir conflictos surgidos en torno a
obligaciones exigibles ejecutivamente, así esté en trámite el proceso
ejecutivo, o no haya comenzado aún”. Por el contrario, la Sala Tercera de
Revisión llegó a la conclusión opuesta, conclusión que se acepta como válida en
el presente auto. Cuando existe contradicción entre un auto y una sentencia de
tutela, por una parte, y una de exequibilidad, por la otra, no existe ninguna duda sobre la
prevalencia de la sentencia de exequibilidad.
Ref.: Solicitud
de nulidad de la sentencia No. T-057 del 20 de febrero de 1995.
Los suscritos
magistrados JORGE ARANGO MEJIA y VLADIMIRO NARANJO MESA, salvamos nuestro voto
respecto del Auto de fecha febrero 22 de 1996 mediante el cual la Sala Plena de
la Corte Constitucional resolvió negar la petición de nulidad de la Sentencia
No. T-057 del 20 de febrero de 1995, por las razones que a continuación se
resumen.
I- Nulidad de
las sentencias de la Corte Constitucional.
De conformidad con
lo establecido en el Decreto 2067 de 1991, únicamente en casos excepcionales,
en los cuales se presente una violación ostensible del debido proceso, la Sala
Plena de la Corte Constitucional tiene facultad para decretar la nulidad, en
todo o en parte, de un proceso, ya sea en ejercicio del control de
constitucionalidad o en ejercicio de la eventual revisión de los fallos de
tutela por parte de la corporación.
Al respecto, el
artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 dispone lo siguiente:
"Artículo
49. Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno.
"La nulidad
de los procesos ante la Corte Constitucional solo podrá ser alegada antes de
proferido el fallo. Solo las irregularidades que impliquen violación al debido
proceso podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el
proceso."
Igualmente se ha
reconocido que la Sentencia hace parte del proceso, y que en ella se puede
presentar el vicio que haga viable la anulación de éste. Sobre el particular la
Corte ha sostenido:
"(...) Pero,
se pregunta:  Ante el texto expreso del artículo 49 del decreto 2067 de 1991,
según el cual "La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional
sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo", ¿es admisible alegar
la nulidad de la sentencia después de dictada ésta, basándose en hechos o
motivos ocurridos en la misma sentencia?. La respuesta no requiere complicadas
lucubraciones.
"El mismo
inciso segundo del artículo 49 citado, continúa diciendo:        'Sólo las
irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de
base para que el Pleno de la Corte anule el proceso.'
"A la luz de
esta disposición, es posible concluir:
"a). La Sala
Plena es competente para declarar nulo todo el proceso o parte de él. Pues,
según el principio procesal universalmente aceptado,  la nulidad de un proceso
sólo comprende lo actuado con posterioridad al  momento en que se presentó la
causal que la origina.
"b). Como la
violación del procedimiento, es decir, del debido proceso,  sólo se
presentó en la sentencia, al dictar ésta, la nulidad comprende solamente la
misma sentencia. Y, por lo mismo, únicamente podía ser alegada con
posterioridad a ésta, como ocurrió. Nadie podría sostener lógicamente que la
nulidad de la sentencia por hechos ocurridos en ésta, pudiera alegarse antes de
dictarla.
"Lo anterior
no significa, en manera alguna,  que exista un recurso  contra las sentencias
que dictan las Salas de Revisión. No, lo que sucede es que, de conformidad con
el artículo 49 mencionado, la Sala Plena  tiene el deber  de declarar las
nulidades que se presenten en cualquier  etapa del proceso. Y la sentencia es
una de ellas." (Auto de 26 de julio de 1993, Sala Plena de
la Corte Constitucional, Magistrado Ponente, doctor Jorge Arango Mejía).
La Corte, ha
advertido, sin embargo, sobre el carácter excepcional y especialísimo que tiene
el trámite de una nulidad ante la Sala Plena de la misma, sólo posible ante
irregularidades ostensibles que impliquen violación del debido proceso. Al
respecto la Corte ha dicho:
"Dispone el
precepto legal que sólo las irregularidades que impliquen violación del debido
proceso podrán servir de base para que la Sala Plena de la Corte anule el
proceso.
"Como puede
verse, se trata de nulidades circunscritas de manera expresa a las violaciones
ostensibles y probadas del artículo 29 de la Constitución Política.
"Se trata de
situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden
provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la
alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales
aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas
en los Decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y
flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y
trascendental, en cuanto a las decisión adoptada, es decir, debe tener unas
repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar.
"Se
requiere, además, la evaluación del caso concreto por la Sala Plena de la Corte
y la decisión de ésta por mayoría de votos, según las normas pertinentes."
(Auto de 22 de junio de 1995, Sala Plena de la Corte Constitucional, Magistrado
Ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo).
El derecho al
debido proceso.
En reiterada
jurisprudencia, la Corte Constitucional se ha referido al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, y a las consecuencias
que trae consigo su desconocimiento dentro de las actuaciones de las
autoridades públicas, y ha concluído que el quebrantar las normas que rigen para
cada proceso genera violación del mismo.
En lo que hace
referencia a las actuaciones judiciales, la Corte Constitucional ha señalado
que el derecho al debido proceso contiene el conjunto de garantías que buscan
asegurar la recta y cumplida administración de justicia y la debida
fundamentación de las decisiones que se dictan en el proceso.
Sobre el particular,
ha dicho la Corte:
"El debido
proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del
estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o
praeter legem. Como las demás funciones del estado, la de administrar justicia
está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los
términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que
vinculan positiva y negativamente a los servidores públicos. Estos tienen
prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y únicamente pueden
actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al debido
proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia.
"Es debido
aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias
necesarios para garantizar la efectividad del derecho material."
(Sentencia No. T-001 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Jaime Sanín
Greiffenstein).
Al definir los
elementos que constituyen el derecho al debido proceso, ha dicho la Corte:
"Lo que
distingue al proceso, pues, es ser una forma jurídica que garantiza  la recta
aplicación de los medios de discernimiento para llegar a la verdad jurídica, de
acuerdo con principios de orden público, que se expresan en un conjunto de
actos coordinados y preestablecidos por la ley.  Como toda forma, tiene las
notas de objetividad, generalidad, imparcialidad y orden.
"Por otro
lado, es una forma jurídica que garantiza la recta aplicación de los
medios de discernimiento, lo que equivale a afirmar que el Estado, a través del
proceso, protege la inalterabilidad del medio justo,  para llegar al fin
justo. El proceso, pues, consiste en una garantía, es decir, en un
aval de imparcialidad y de justicia." (Sentencia No. T-197 de 1995,
Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa)
El cambio de
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En el ejercicio de
sus funciones constitucionales y legales, la Corte Constitucional es el órgano
encargado de señalar, mediante los fallos de revisión de las acciones de
tutela, el alcance de todos y cada uno de los derechos fundamentales, la forma
en que se pueden ejercer y la manera en que se deben respetar y hacer valer.
En el trámite de la
revisión de las acciones de tutela, el legislador señaló un procedimiento que
se debe seguir cuando sea necesario llevar a cabo un cambio de jurisprudencia.
Así, el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 prevé dicho procedimiento en los
siguientes términos:
"Artículo
34. Decisión en Sala. La Corte Constitucional designará los tres Magistrados de
su seno que conformarán la Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de
conformidad con el procedimiento vigente para los Tribunales de Distrito
Judicial. Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena
de la Corte, previo el registro del proyecto de fallo correspondiente."
Además, el artículo
53 del Acuerdo Número 05 de 1992, que establece el reglamento de la Corte,
complementa la norma anterior en los siguientes términos:
"Artículo
53. Cambio de jurisprudencia. En caso de cambio de jurisprudencia, la Sala de
Revisión tomará las medidas necesarias para que la Sala Plena disponga de un
término razonable para tomar su decisión
"Los
estudios y propuestas que sobre el tema realice un Magistrado, deberán ser
sometidas junto con las ponencias respectivas, a consideración y análisis de la
Sala Plena, si así lo solicita, para lo cual registrará en la Secretaría
oportunamente, el correspondiente escrito sustentatorio. En este caso, el
Magistrado comunicará al Presidente su propósito de intervenir de la manera
indicada, con el fin de que se prepare para el debate.
"A solicitud
de cualquier Magistrado, para los efectos de cambio de jurisprudencia, la Sala
Plena podrá decretar la celebración de una audiencia pública, con participación
de personas y entidades nacionales y extranjeras convocadas para tal fin.
Mientras la Sala Plena adopta la decisión sobre el cambio de jurisprudencia, se
suspenderán los términos de los respectivos procesos."
Resulta claro que,
dada la importancia y trascendencia  de la actividad jurisprudencial de la
Corte, en el evento de que alguna de sus Salas de Revisión llevara a cabo un
cambio de jurisprudencia sin atender a los mandatos de los artículos 34 del
Decreto 2591 de 1991 y 53 del Acuerdo Número 05 de 1992, se estaría incurriendo
en un violación del debido proceso, o que viciaría  la decisión así adoptada, y
de conformidad con el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, habría que
decretarse la nulidad de dicha decisión. Tal posición ha sido adoptada en los
siguientes términos:
"
Cambio de jurisprudencia.
"Se
pregunta aquí si los cambios de jurisprudencia NO definidos por la Sala Plena,
causarían nulidad de la sentencia.  Para responder se considera: el artículo
241 de la C.P., numeral 9, indica que la revisión de los fallos de tutela se
hará "en la forma que determine la ley".  El Decreto 2591 de 1991 se
expidió con fundamento en el artículo transitorio 5 de la misma Constitución.
Luego es la ley a la cual se refiere el artículo 241 de la C.P.  Pues bien, el
artículo 34 del mencionado decreto exige para los cambios de jurisprudencia una
decisión de la Sala Plena de la Corte.  Es decir, esta formalidad está
sustentada en la misma Constitución y habrá violación al debido proceso si se
pasa por alto. Pero otra cosa muy diferente es que cualquier interpretación se
califique como cambio de jurisprudencia."(Auto No. 024 de 1994, Sala Plena
de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero).
El caso
concreto.
El apoderado de la
Sociedad Skandia Seguros Generales S.A. fundamentó su solicitud de nulidad de
la sentencia T- No. 057 del veinte (20) de febrero de 1995, proferida por la
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, en el hecho de que, a su
juicio, mediante dicho fallo se modificó la jurisprudencia de esta Corporación
sobre la acción de tutela frente a la interpretación de cláusulas
contractuales,  y a la demostración de la existencia de una vía de hecho como
única posibilidad para que el juez de tutela deje sin efectos una aparente
providencia judicial, todo esto sin seguir el procedimiento señalado en la ley
para llevar a cabo dicha modificación.
Así, para determinar
si la sentencia No. T- 057 de 1995 se encontraba viciada de nulidad, la Corte
Constitucional debá establecer si efectivamente hubo un cambio de
jurisprudencia sobre los temas señalados por el petente.
Jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre interpretación de cláusulas contractuales.
En cuanto al tema de
la acción de tutela frente a controversias que se susciten entre particulares
con ocasión de la ejecución de un contrato o de la interpretación, modificación
o inaplicación de alguna cláusula contractual,  la Corte Constitucional ha
sostenido en reiteradas ocasiones que  no es competencia del juez de tutela
resolver este tipo de divergencias, toda vez que se trata de asuntos que por
ley le competen a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción
contencioso-administrativa, de acuerdo con el tipo de contrato del cual surja
la discrepancia. El juez de tutela no puede invadir las competencias propias de
los demás funcionarios encargados de administrar justicia, ya que al proceder
en este sentido estaría contrariando el principio de la autonomía e
independencia de los jueces de la República, consagrado en los artículos 228 y
230 de la Carta Política.
Al respecto cabe
citar algunos fallos de esta Corporación. Así, en una oportunidad la Corte
sostuvo:
"
Improcedencia de la tutela para resolver sobre asuntos contractuales
"Como ha
venido reiterándolo esta Corte, es menester ubicar la acción de tutela dentro
del contexto y alcance que le corresponde, a fin de evitar la desfiguración de
su naturaleza y la distorsión de sus fines.
"El
Constituyente de 1991 concibió este instrumento como una forma de brindar
eficiente protección judicial a los derechos fundamentales frente a amenazas o
violaciones concretas provenientes de acción u omisión no susceptibles de ser
contrarrestadas con eficacia mediante el uso de otro procedimiento que se pueda
intentar ante los jueces.
"La acción
de tutela, pues, no subsume ni sustituye el sistema jurídico que venía
imperando al entrar en vigencia la Constitución. No puede admitirse, por tanto,
que se haga uso de ella para dirimir conflictos con particulares o con el
Estado respecto de los cuales ya existen, precisamente con ese objeto, acciones
y procesos definidos por la ley.
"Así las
cosas, las diferencias surgidas entre las partes por causa o con ocasión de un
contrato no constituyen materia que pueda someterse al estudio y decisión del
juez por la vía de la tutela ya que, por definición, ella está excluida en
tales casos toda vez que quien se considere perjudicado o amenazado en sus
derechos goza de otro medio judicial para su defensa: el aplicable al contrato
respectivo según su naturaleza y de conformidad con las reglas de competencia
estatuidas en la ley." ( Sentencia No. T-594 de 1992, Magistrado Ponente,
doctor José Gregorio Hernández Galindo).
En otra sentencia la
Corte señaló:
"El derecho
fundamental objeto de una acción de tutela debe corresponder a una consagración
expresa y positiva efectuada directamente por el Constituyente que decide
reservar ámbitos de la persona de la intromisión estatal o establece
prestaciones y garantías que se incorporan como  situaciones activas de poder
de los sujetos oponibles al mismo. No tienen ese origen y mal puede pretender
conferírseles ese carácter, las situaciones subjetivas activas o pasivas
derivadas de la concesión recíproca de facultades que intercambian entre sí las
partes de un contrato y que constituyen su contenido.
"Si bien la
contratación es una manifestación de la libertad contractual y el ordenamiento
le brinda reconocimiento, dentro de ciertos límites, hasta el punto de imponer
judicialmente su cumplimiento, no por ello los derechos derivados de la matriz
del contrato - que no de la Constitución - adquieren rango constitucional.
"(...)Las
competencias jurisdiccionales se organizan, entre otros factores, por la
naturaleza de la pretensión, la cual en últimas es un reflejo de la norma de
más alto rango que para los efectos de su resolución tenga más pertinencia por
su cercanía temática y por el presupuesto de hecho que contempla.
"Lo anterior
no supone una fragmentación del ordenamiento jurídico y de las competencias
judiciales. El ordenamiento es integral y para la resolución de un caso
específico la regla aplicable se deduce de una concurrencia de fuentes y con
base en la utilización de diversos procedimientos hermeneúticos. Sin embargo,
la solución termina por privilegiar la fuente más pertinente que es
interpretada de conformidad con todo el ordenamiento, esto es, a partir de las
normas superiores y de acuerdo con los valores y principios constitucionales.
"Igualmente,
los jueces al actuar la parte del ordenamiento cuya guarda se les ha
encomendado lo hacen a partir de unas fuentes específicas pero sin abandonar la
visión esencialmente orgánica del derecho e invariablemente proyectando en sus
decisiones la interpretación de la ley y demás fuentes normativas que más se
ajusten a los valores y principios constitucionales.
"La obligada
interpretación de todas las normas que integran el ordenamiento jurídico de
conformidad con la Constitución, sus valores y principios fundamentales, no
obra en las normas una metamorfosis de su rango normativo deviniendo ellas
mismas constitucionales. Salvo el caso de las materias y de los presupuestos
materiales tratados en la Constitución, deducibles de la misma o que pueden
comprenderse razonablemente en sus cláusulas abiertas, por lo demás la
relevancia de la Constitución es general y su contenido normativo dotado de
particular fuerza expansiva debe proyectarse efectivamente sobre todo el
ordenamiento y permearlo, pero ello no puede traducirse en restar pertinencia a
las fuentes normativas inferiores ni vaciar sus presupuestos de actuación. Lo
contrario equivaldría a sobrecargar la dimensión constitucional y la
jurisdicción de este nombre, olvidando que todos los jueces están vinculados
por la Constitución y todas las normas deben interpretarse de conformidad con
su texto, sus valores y principios.
"La
situación materia de la tutela, nacida al amparo de un contrato y regulada por
éste, sólo tiene una relevancia constitucional genérica en el sentido de que la
fuente pertinente para resolver la controversia es la regla contractual, la
cual como toda fuente normativa debe interpretarse de conformidad con la
Constitución, sin que por ello la misma o su presupuesto normativo adquieran
carácter constitucional. Tampoco se está en presencia de una decisión judicial
que en el caso planteado haya omitido una consideración constitucional
fundamental que permita concederle al asunto relevancia constitucional directa
como para ser avocada por esta Jurisdicción. De hecho, el demandante equivocó
la Jurisdicción pues tratándose de un asunto puramente contractual ha debido
acudir a la Jurisdicción ordinaria." (Sentencia No. T-240 de 1993,
Magistrado Ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
Jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre vías de hecho.
Respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra las providencias emanadas de una
autoridad judicial, es necesario recordar que la Corte Constitucional, en
sentencia No. C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12
y 40 del Decreto 2591 de 1991. No obstante, la doctrina planteada en esa misma
jurisprudencia y adoptada posteriormente en numerosos pronunciamientos de esta
Corporación, ha determinado que la acción de tutela resulta procedente en estos
eventos cuando la decisión judicial se ha proferido mediante una “vía de hecho”
que atente contra los derechos constitucionales fundamentales de una de las
partes dentro del proceso. Se trata, pues, de decisiones que contengan un
fundamento arbitrario, caprichoso o
abusivo; es decir, que se desconozca el principio de que al juez le corresponde
pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las
pruebas aportadas, todo ello según los criterios que establezca la ley, y no de
conformidad con su propio arbitrio.
Sobre la procedencia de la acción de tutela en los casos de la
denominada “vía de hecho”, ha manifestado la Corte:
“Una actuación de
la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control
constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de
fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.
“Carece de
fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y
a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su
fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el
ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia
de los empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la
responsabilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la
autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio
de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley
(CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter
razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de
los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden
interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar
el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de
hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad.
“La decisión
revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de
hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho del agente estatal
que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para
evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no
es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la
comunidad (CP art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser
conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a
dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución (CP art. 2). Las autoridades públicas
deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (CP art. 83). La
conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser
excluida del ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad
patrimonial del Estado, así como el deber de repetir contra el agente
responsable del daño (CP art. 90).
“La vulneración
de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin
fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce
la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art. 5), la
protección constitucional de los derechos fundamentales (CP art. 86) y la prevalencia
del derecho sustancial (CP art. 228). En caso de demostrarse  su ocurrencia, el
juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y
proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de
una vía de hecho por parte de la autoridad pública." (SEntencia No. T-079
de 1993, Magistrado Ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
En otro pronunciamiento, relacionado también con este mismo tema, la
Corte agregó:
“En ese orden de
ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez,
aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial,
puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los
presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro
medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.
“En tales casos,
desde luego, el objeto de la acción y de la orden judicial que puede impartirse
no toca con la cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que se
circunscribe al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza un derecho
fundamental." (Sentencia No. T-173 de 1993, Magistrado Ponente, doctor
José Gregorio Hernández Galindo).
En otra ocasión la
Corte manifestó lo siguiente:
“El principio de
independencia judicial (CP arts. 228 y 230), no autoriza a que un juez ajeno al
proceso, cuya intervención no se contempla en la norma que establece el
procedimiento y los recursos, pueda revisar los autos y providencias que
profiera el juez del conocimiento. La valoración de las pruebas y la aplicación
del derecho, son extremos que se libran al Juez competente y a las instancias
judiciales superiores llamadas a decidir los recursos que, de conformidad con
la ley, puedan interponerse contra sus autos y demás providencias. Tanto el
juez de instancia como sus superiores, cada uno dentro de la órbita de sus
competencias, son autónomos e independientes, y adoptan sus decisiones
sometidos únicamente ‘al imperio de la ley’ (CP art. 230). Las injerencias
contra las cuales reacciona el principio de independencia judicial, no se
reducen a las que pueden provenir de otras ramas del poder público o que emanen
de sujetos particulares; también pertenecen a ellas las surgidas dentro de la
misma jurisdicción o de otras, y que no respeten la autonomía que ha de
predicarse de todo juez de la República, pues en su adhesión directa y no
mediatizada al derecho se cifra la imparcial y correcta administración de
justicia (...).
“4.4  La acción
de tutela contra las vías de hecho judiciales - cuando ella sea procedente ante
la ausencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable -, en primer término, se endereza a garantizar
el respeto al debido proceso (CP art. 29) y el derecho de acceso a la justicia
(CP art. 229). Gracias a estos  dos derechos medulares toda persona puede
acudir ante un juez con miras a obtener una resolución motivada ajustada a
derecho y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías
constitucionales previstos en la Constitución y en la ley. Se articula a través
de las normas citadas un derecho público subjetivo a la jurisdicción o tutela
judicial, que no consiste propiamente en satisfacer la pretensión que se
contiene en la demanda o en su contestación sino a que se abra un proceso y a
que la sentencia se dicte con estricta sujeción a la ley y a las garantías
procedimentales. En este orden de ideas, la vía de hecho judicial, en la forma
y en el fondo, equivale a la más patente violación del derecho a la
jurisdicción. Por ello la hipótesis más normal es la de que través de los
diferentes recursos que contemplan las leyes procedimentales, se pueda impugnar
cualquier acción u omisión judicial que configure una vía de hecho, en cuyo
caso, aunque no se descarte siempre la procedibilidad de la tutela, su campo de
acción - dada su naturaleza subsidiaria - será muy restringido (...).
“(...) Obsérvese
que los defectos calificados como vía de hecho  son aquellos que tienen una
dimensión superlativa y que, en esa misma medida, agravian el ordenamiento
jurídico. Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o
in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo
visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan  de
los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o
en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista
por parte del juez que los profiere." (Sentencia No. T-231 de 1994,
Magistrado Ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz) (Negrillas fuera de texto
original).
Breve síntesis
de la Sentencia No. T-057 del veinte (20) de febrero de 1995.
Mediante la
sentencia No. T- 057 de 1995, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional
resolvió confirmar el fallo  de tutela proferido por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia de fecha 23 de septiembre de 1.994, mediante el
cual se tutelaron los derechos del señor  Orlando Yidi Dacarett, y se consideró
que  la providencia del veintisiete (27) de abril de mil novecientos noventa y
tres (1.993) proferida por la Sala Civil Del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá D.C. se constituía en una vía de hecho.
Los hechos que
dieron lugar a la acción de tutela referida se pueden resumir de la siguiente
forma:
El señor Yidi
Dacarett y la sociedad Skandia Seguros Generales celebraron un contrato de
seguros de casco y maquinaria,  en el cual se pactó una cláusula mediante la
cual las partes se comprometieron a someter a un tribunal de arbitramento
cualquier discrepancia que surgiera en la ejecución del contrato y a no
intentar demanda o acción judicial alguna, mientras de común acuerdo no se
renunciara al juicio arbitral.
Durante la vigencia
del contrato, la lancha de propiedad del señor Yidi Dacarett fue hurtada, hecho
que motivó la reclamación a la compañía Skandia, entidad que, según afirma el
actor, la objetó extemporáneamente. El peticionario inició proceso ejecutivo
ante el Juzgado Quince Civil del Circuito, el cual libró mandamiento de pago
contra la compañía aseguradora. La ejecutada propuso como excepción  previa la
existencia de la cláusula compromisoria. El  Juzgado consideró que en la
cláusula compromisoria no se especificaban las causales objeto de arbitramento
y que por lo tanto, de conformidad con el artículo 2 del decreto 2279 de 1989,
ella se extendía a todas las controversias  surgidas con motivo de la ejecución
del contrato, razón por la cual se declaró probada la excepción.
Posteriormente, el
actor promovió un proceso ordinario, por los mismos hechos, ante el Juzgado
Treinta y Uno Civil Municipal. El Juzgado declaró, al igual que el Juez Quince
Civil del Circuito, probada la excepción de cláusula compromisoria y ordenó
compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura, al constatar la
existencia del   proceso ejecutivo.
Luego de ser
impugnada la decisión del Juzgado Quince Civil del Circuito, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., consideró que
"El juez ordinario no esta facultado legalmente para tramitar procesos
ejecutivos mientras no se derogue por las partes la cláusula arbitral (...) el
proceso ejecutivo debe adelantarse ante los árbitros quienes tienen la facultad
de administrar justicia al tenor de las disposiciones que rigen en la
actualidad la institución del arbitramento, Decreto 2651 de 1.991".
Igualmernte el Tribunal condenó al demandante a pagar los perjuicios
ocasionados a la compañía aseguradora, perjuicios que la misma estima entre 22
a 33 millones de pesos.
El actor solicitó la
conformación de un Tribunal de Arbitramento para dirimir las diferencias
surgidas con la sociedad Skandia S.A. El tribunal se instaló el 22 de abril de
1994, pese a hallarse en curso los procesos ejecutivo y ordinario, y se declaró
competente para conocer del proceso, ya que consideró que, el artículo 24 del
decreto 2279 de 1989 consagra "una prejudicialidad civil en favor de la
arbitral". Igualmente, el Tribunal se pronunció en este mismo auto, sobre
un recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, en la etapa pre
arbitral. El tribunal consideró que la ausencia de renuncia por parte del
demandante al haber acudido a la justicia ordinaria, lejos de anular la
cláusula compromisoria, refrendaba su vigencia.
Posteriormente el
peticionario presento ante el Tribunal de Arbitramento escrito mediante el cual
manifestó su voluntad de desistir del proceso que allí inició. Como
consecuencia de lo anterior, mediante auto del 27 de junio de 1994, los árbitros,
accedieron a la petición presentada, y luego condenaron en constas al señor
Yidi Dacarett.
En
primera instancia la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá, mediante sentencia de agosto 18 de 1.993, denegó la tutela solicitada
por el señor  Yidi Dacarett. Dicho fallo fue revocado por la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia de septiembre 23 de 1994, y en su lugar se
concedió la tutela solicitada, por considerar que la providencia objeto de la
acción de tutela configuraba una vía de hecho.
En la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia, se sostiene la tesis de la ineficacia del pacto
arbitral que pretenda sustraer a la jurisdicción ordinaria del Estado la
competencia para conocer de los procesos ejecutivos. El Estado se reserva,
según la sentencia, el poder jurisdiccional de ejecución, en razón de su
naturaleza coercitiva y del grado de injerencia en la esfera de la libertad
(mandamiento forzoso de pago) y del patrimonio (embargo, secuestro, orden de
llevar a cabo la ejecución, remate etc.) del ejecutado. La competencia y
jurisdicción arbitrales, por consiguiente, se extienden únicamente a las
controversias transigibles, esto es, a aquéllas que requieren de certeza
jurídica, mediante transacción o sentencia, ya sea declarativa o condenatoria.
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, al dictar el correspondiente fallo de
revisión,  sostuvo que su análisis consistía en "determinar si las
partes enfrentadas pueden válidamente, en virtud de compromiso o de cláusula
compromisoria, habilitar a los árbitros para sustituir total o parcialmente a
la jurisdicción ordinaria del Estado en asuntos de naturaleza ejecutiva."
Así, la mencionada
Sala entró a determinar el alcance constitucional del arbitramento y de la
conciliación, llegando a la conclusión de que los particulares que se
encuentren revestidos de la calidad de conciliadores y árbitros en forma
transitoria, como lo prevé el artículo 116 de la Carta Política, no pueden
recibir válidamente la habilitacion de las partes para adelantar a través del
procedimiento arbitral juicios de ejecución con base en títulos ejecutivos, ya
que carecen del poder de coacción para hacer valer las ejecuciones, el cual
radica única y exclusivamente en el Estado.
Igualmente se
expusieron en la sentencia algunas consideraciones sobre la importancia del
mérito ejecutivo que presta la póliza de seguros y su importancia para el
interés público. En cuanto al proceder de la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C. la Sala Tercera de Revisión
consideró que "la providencia del Tribunal contra la cual se entabló la
acción de tutela, ciertamente significaba la abdicación ilegítima de la
jurisdicción y competencia exclusivas del Estado, y su implícita cesión a los
particulares investidos de la función arbitral. (...) Las consecuencias que
ineludiblemente se siguieron de la censurable resignación de la competencia y
que han afectado los derechos constitucionales del actor, como acertadamente lo
puso de presente la Corte Suprema de Justicia, fueron la violación del debido
proceso y la negativa de acceso a la justicia. Entre una y otra vulneración
existe una íntima relación de concedida. Cuando la jurisdicción permanente del
Estado se declara incompetente - sin serlo - en una materia que tampoco
corresponde al resorte de la función jurisdiccional que se desarrolla a través
de árbitros, el vacío de jurisdicción y de competencia, tal vez
inadvertidamente suscitado por la providencia inhibitoria, atestigua un
flagrante desconocimiento de los indicados derechos fundamentales."
En virtud de lo
anterior, la Sala afirmó que"por lo general, los errores judiciales no
pueden servir de presupuesto a una vía de hecho. Sobre este punto la
jurisprudencia de la Corte ha sido clara y terminante. Sin embargo, ello no se
ha predicado de los errores manifiestos y mayúsculos que, como el del caso
presente, contabiliza entre sus consecuencias gravosas para los derechos
fundamentales de la personas y para el Estado de derecho, la renuncia
injustificada  de la jurisdicción sobre la facultad de ejecución y la ilegítima
desposesión del juez en una causa judicial que se deja abandonada. "
Conclusiones.
Del análisis
cuidadoso de la sentencia T-057 de 1995 proferida por la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, cuya nulidad se solicitaba, y comparándola
con la jurisprudencia de esta Corporación, se puede llegar a las conclusiones
que a continuación se exponen, y que sirven de fundamento a los suscritos
magistrados para salvar su voto dentro del presente asunto.
En primer lugar,
consideramos que la Sala Tercera de Revisión modificó la jurisprudencia en lo
referente a la definición de las vías de hecho y la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales en las que, dado su contenido arbitrario y
manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico, se presenten aquéllas.
Al abordar el
análisis de fondo de la acción de tutela que se encontraba en revisión, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional llevó a cabo una valoración
sobre los alcances constitucionales del arbitramento y de la conciliación, y de
la importancia del contrato de seguros para el interés público. Sin embargo, no
se hizo una valoración de las decisiones del Juzgado Quince Civil del Circuito
de Santafé de Bogotá D.C. y de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de esta misma ciudad, que permitiera llegar a la conclusión de que
tales providencias carecían de fundamento legal, y por tanto se convertían en
interpretaciones arbitrarias y caprichosas, configurándose las denominadas vías
de hecho. Así, la Sala declaró la existencia de una vía de hecho sin acudir a
los criterios y requisitos establecidos en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el tema, la cual en parte ha sido citada en el presente
auto.
De otra parte, se
observa que las consideraciones que sirvieron de fundamento a la Sentencia No.
T-057 de 1995 se refieren ante todo al problema de fondo que existe entre la
sociedad Skandia y el peticionario; es decir, que el análisis realizado al
abordar la revisión la acción de tutela se encaminó a determinar la validez,
eficacia y aplicabilidad de una cláusula compromisoria, y la viabilidad o no de
llevar a cabo un arbitramento para dirimir una divergencia en cuanto a la
ejecución de un contrato de seguros, lo cual, como se ha señalado en la
presente providencia, es un asunto que le compete al juez ordinario y no al
juez de tutela.
Así pues, nos
apartamos de la decisión adoptada mediante auto de Sala Plena, de fecha febrero
22 de 1996, toda vez que encontramos que efectivamente se produjo un cambio de
jurisprudencia sin que se siguiera el procedimiento previsto en los artículos
34 del Decreto 2591 de 1991 y 53 del Acuerdo 05 de 1992, razón por la cual la
Sala Plena de la Corte Constitucional, a nuestro juicio, ha debído declar la
nulidad de la Sentencia T- 057 de 1995, porque con ello se ha violado el
derecho al debido proceso.
II El auto de
Sala Plena, de fecha 22 de febrero de 1996,  la sentencia No. T-057 del 20 de
febrero de 1995, de la Sala Tercera de Revisión, y la sentencia C-294 del 6 de
julio de 1995, de la Sala Plena.
Es ostensible que el
auto del cual disentimos se basa en las tesis contenidas en la sentencia T-057
de 1995, tesis que contrarían en forma absoluta la que sirvió de sustento a la
sentencia C-294 de 1995, por medio de la cual la Corte Constitucional dclaró
exequible el artículo 2o. del decreto 2651 de 1991.
¿En qué
consiste la contradicción? Sencillamente, en que en la sentencia C-294, la Corte Constitucional
expresamente reconoció que "los árbitros, habilitados por las partes, en
los términos que determine la ley, pueden administrar justicia para decidir
conflictos surgidos en torno a obligaciones exigibles ejecutivamente, así esté
en trámite el proceso ejecutivo, o no haya comenzado aún. Así lo establece
inequívocamente el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución."
Por el contrario en
la sentencia T-057, la Sala Tercera de Revisión llegó a la conclusión opuesta,
conclusión que se acepta como válida en el presente auto. Basta comparar lo que
se dice en éste, con los siguientes apartes de la sentencia C-294:
"Segunda.- Lo que se
debate.
"Como se deduce de la
lectura de la demanda, su argumento central se funda en la tesis de que la
Constitución reserva a los "órganos jurisdiccionales estatales" todo
lo relativo al proceso de ejecución. Que, por esta razón, no pueden los
árbitros reemplazar a los jueces, como lo prevé el artículo 2o. del Decreto
2651 de 1991, en lo relativo a los procesos de ejecución.
"En consecuencia, la
pregunta que es menester responder, es ésta: ¿el inciso cuarto del artículo 116
de la Constitución excluye de los asuntos sobre los cuales pueden los árbitros
administrar justicia, todos aquellos que eventualmente puedan originar un
proceso de ejecución?
"Tercero.- Análisis del
inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución.
"La Constitución
anterior no preveía expresamente la existencia de los tribunales de arbitramento.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en varias oportunidades, al decidir
demandas de inexequibilidad contra normas que regulaban el arbitramento, las
declaró exequibles. En la sentencia de mayo 29 de 1969, por ejemplo, estimó que
si el arbitramento es de carácter privado, no puede considerársele
inconstitucional, toda vez que esta forma de resolver controversias de mero
derecho privado, en asuntos sobre los cuales se puede transigir, no está  ni
expresa ni tácitamente prohibida en la Constitución.
"Por el contrario,
agregaba la Corte Suprema, si se piensa que el arbitramento tiene carácter
jurisdiccional y que, por lo mismo, los árbitros son verdaderos jueces, también
la institución sería exequible, porque el artículo 58 de la Constitución
determinaba que "La Corte Suprema, los tribunales superiores de distrito y
demás tribunales y juzgados que establezca la ley, administran justicia".
Para la Corte Suprema, los tribunales de arbitramento eran de los
"demás tribunales y juzgados que establezca la ley" y por ello administraban
justicia.
"Pero, había, además,
una razón elemental para considerar constitucional el arbitramento: si ninguna
norma de la Constitución prohibía renunciar a un derecho cuando la renuncia
sólo afectara los intereses del titular del mismo derecho, y éste tuviera
capacidad dispositiva, nada podría prohibir el que su titular confiara la
suerte de ese derecho a la decisión de un tercero, es decir, del tribunal de
arbitramento.
"Recuérdese, además,
que el arbitramento siempre ha versado sobre asuntos susceptibles de
transacción, que ocurran entre personas capaces legalmente.
"Toda controversia
sobre la constitucionalidad del arbitramento quedó, sin embargo, superada por
el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución, que contempla
expresamente la administración de justicia por conciliadores y árbitros, así:
'Los particulares pueden ser
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la
condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley'.
"A la luz de esta
norma, todas las lucubraciones sobre la función arbitral, como si es de
naturaleza pública o privada, si los árbitros son verdaderos jueces, etc.,
quedan reducidas al ámbito académico. Pues la norma transcrita no deja lugar a
dudas: los particulares, en su condición de árbitros, administran justicia, "en
los términos que determine la ley".
"En principio,
solamente puede señalarse una diferencia fundamental entre la justicia que
administran los árbitros y la de los tribunales y jueces de la República a la
cual se refiere el inciso primero del mismo artículo 116. Tal diferencia es
ésta:
"Cuando los tribunales
y jueces enumerados en el inciso primero del artículo 116 administran justicia,
ejercen una función pública cuya razón de ser está en la existencia misma del
Estado: no puede pensarse en un Estado que no administre justicia a sus súbditos.
Los árbitros también ejercen una función pública, establecida en el inciso
cuarto del artículo 116 de la Constitución, y en las leyes que regulan el
arbitramento. Pero en cada caso concreto tienen que ser "habilitados
por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad". Dicho en
otros términos: según la Constitución, las leyes que regulen el arbitramento
tienen que partir de la base de que es la voluntad de las partes en
conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para
actuar.
"Y se dice que ésta es
la diferencia fundamental, porque si los árbitros administran justicia "en
los términos que determine la ley", también los jueces de la República
administran justicia de conformidad con la ley procesal que determina la
competencia y, en general, las formas propias de cada juicio.
"Cuarto.- Límites que
establece el inciso cuarto del artículo 116 en relación con la administración
de justicia por los árbitros.
"Si se analiza el
inciso cuarto del artículo 116, se llega a la conclusión de que la
administración de justicia por los árbitros, sólo tiene estas limitaciones:
"La primera, que los
particulares solamente pueden ser investidos de la función de administrar
justicia, en calidad de conciliadores o en la de árbitros, transitoriamente.
Esta transitoriedad es evidente no sólo por el texto mismo de la norma, sino
porque al ser las partes en conflicto potencial o actual las que habilitan a
los árbitros, al resolverse el conflicto desaparece la razón de ser de la función
arbitral.
"La segunda, ya
insinuada, que son las partes quienes habilitan a los árbitros para fallar, en
derecho o en conciencia.
"Y una última, que los
árbitros administran justicia "en los términos que determine la ley".
Esto permite al legislador, por ejemplo, establecer las reglas a las cuales
debe someterse el proceso arbitral.
"Pero, no existen otras
limitaciones. Por ello, no es admisible sostener que los asuntos que se
ventilan, o podrían ventilarse, en el proceso de ejecución, están excluídos del
proceso arbitral. ¿De dónde surgiría esta supuesta exclusión?  ¿Cómo afirmar
que las obligaciones cuyo cumplimiento puede exigirse en el proceso de
ejecución, constituyen una excepción a lo establecido por el inciso cuarto del
artículo 116 de la Constitución, cuando tal excepción no aparece en esta
norma, ni en ninguna otra?
"De otra parte, es
claro que todas las obligaciones civiles, en general, dan derecho a exigir su
cumplimiento. Precisamente ésta es su definición legal, pues, según el artículo
1527 del Código Civil, las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles
son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales  las
que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas
autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas.
"Y el juicio ejecutivo
es, precisamente, el medio para conseguir el cumplimiento de las obligaciones
civiles, cuando se reúnen los requisitos establecidos por la ley procesal.
Obligaciones exigibles en el proceso ejecutivo, que no han sido excluídas del
proceso arbitral ni del mecanismo de la conciliación, por el artículo 116 de la
Constitución, ni por ningún otro.
"A lo cual habría que
agregar que las obligaciones cuyo cumplimiento puede exigirse ejecutivamente, son
de contenido económico. Esas obligaciones están gobernadas por el principio de
la autonomía de la voluntad. De conformidad con este principio, dispone el
artículo 15 del Código Civil:
'Podrán renunciarse los
derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual
del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia'.
"Escapan, por el
contrario, a la autonomía de la voluntad, las obligaciones amparadas por
"las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres",
de conformidad con el artículo 16 del mismo Código Civil.
"Lo dispuesto por los
artículos 15 y 16 del Código Civil explica por qué el artículo 1o. del decreto
2279 de 1989, establece: 'Podrán someterse a arbitramento las controversias
susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir o
vinculadas con uno o varios fideicomisos mercantiles. El arbitramento puede ser
en derecho, en conciencia o técnico'.  Esto excluye del pacto arbitral, que
según el artículo 2o. del mismo decreto comprende la cláusula compromisoria y
el compromiso, todas aquellas controversias que versen sobre cuestiones no
susceptibles de transacción, o entre incapaces. Conviene tener  presente que,
según el artículo 2470 del Código Civil 'No puede transigir sino la persona
capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción'. Y que, de
conformidad con el 2473 del mismo Código, 'No se puede transigir sobre el
estado civil de las personas'.
"En virtud de todas
estas normas, están, pues, excluídas del arbitramento cuestiones tales como las
relativas al estado civil, o las que tengan que ver con derechos de incapaces,
o derechos sobre los cuales la ley prohíba a su titular disponer.
"Restricciones
semejantes han sido prácticamente universales. Así, el artículo 806 del Código
Italiano de Procedimiento Civil, de 1940, dispuso:
'Compromiso.- Las partes podrán hacer decidir por árbitros las controversias
entre ellas surgidas, salvo las previstas en los artículos 429 y 459, las que
se refieran a cuestiones de estado y de separación personal entre cónyuges y
las demás que no puedan ser objeto de transacción'. El artículo 429 de tal
Código versa sobre las 'controversias individuales de trabajo', y el 459, sobre
'controversias en materia de previsión y asistencia obligatorias'.
"Si, pues, según el
artículo 15 del Código Civil, una obligación que presta mérito ejecutivo puede
renunciarse cuando sólo mira al interés del renunciante y no está prohibida su
renuncia, ¿por qué no podrían el acreedor y el deudor, antes o después de la
demanda ejecutiva, someter la controversia originada en tal obligación a la
decisión de árbitros?
"Y, si sobre las
obligaciones que prestan mérito ejecutivo es posible transigir, para terminar
extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver un litigio eventual, como lo
prevé el artículo 2469 del Código Civil, ¿cómo sostener que los conflictos a
que pueden dar lugar tales obligaciones no pueden someterse a la decisión de
los árbitros, como lo prevé el último inciso del artículo 116 de la
Constitución?
"En conclusión: los
árbitros, habilitados por las partes, en los términos que determine la ley,
pueden administrar justicia para decidir conflictos surgidos en torno a
obligaciones exigibles ejecutivamente, así esté en trámite el proceso
ejecutivo, o no haya comenzado aún. Así lo establece inequívocamente el inciso
cuarto del artículo 116 de la Constitución.
"Hay que recordar que
corresponde al legislador, en virtud del mandato del artículo 29 de la
Constitución, y especialmente de su inciso segundo, fijar las formas propias de
cada juicio, es decir, las normas procesales, y señalar el juez o tribunal
competente para cada clase de asuntos. Por consiguiente, si el legislador
dispone que ante los árbitros habilitados por las partes en conflicto, se
diriman asuntos propios del proceso de ejecución y establece las reglas de este
proceso arbitral, en nada quebranta la Constitución.
"A todo lo dicho,
cabría añadir únicamente esto:  los únicos juicios ejecutivos que escaparían al
ámbito propio de los árbitros serían los que se adelantan por la jurisdicción
coactiva, para cobrar deudas en favor del fisco, a una especie de los cuales se
refiere el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución."
III Cuando
existe contradicción entre un auto y una sentencia de tutela, por una parte, y
una de exequibilidad, por la otra, ¿qué prevalece?
Quienes disentimos de la decisión
adoptada por la Sala Plena en el auto de 22 de febrero, consideramos que tal
como lo establece el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, "Las sentencias en que se revise una decisión de tutela sólo
surtirán efectos en el caso concreto...". Y, por el contrario, de
conformidad con el artículo 243 de la Constitución "Los fallos que la
Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional", en consecuencia, sus efectos son erga omnes.
En conclusión, no
existe ninguna duda sobre la prevalencia de la sentencia C-294 de 1995, de la
Sala Plena, que declaró exequible el artículo 2o. del decreto 2651 de 1991, en
relación con la sentencia T-057 de 1995, de la Sala Tercera de Revisión y el
auto de Sala Plena del 22 de febrero de 1996.
Con razón se dijo en
la sentencia C-294 citada:
“Sexto.- La
sentenica T-057-95, del 20 de febrero de 1995, dictada por la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional.
“La Corte
Constitucional considera que a lo decidido en este caso en relación con el
artículo 2o. del decreto 2591, “las sentencias en que se revise una decisión de
tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto...” En consecuencia, el fallo
mencionado, que determinó no aplicar una cláusula compromisoria, sólo vincula a
quienes fueron partes en el mismo proceso. Esta sentencia, por el contrario,
tiene efectos erga omnes.”
Es todo, señores
Magistrados.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
*En
los procesos en que no se haya proferido sentencia de primera o única
instancia, que versen total o parcialmente sobre cuestiones susceptibles de
transacción, distintos de los laborales, penales y contencioso- administrativos
y de aquellos en los cuales alguna de las partes estuviera representada por
curador ad -lítem, las partes, de común acuerdo, pueden pedir al juez que
aquéllas se sometan se sometan a trámite de conciliación, y que si ésta fracasa
o fuere parcial a posterior arbitramento salvo que acuerden acudir a amigable
composición.
La anterior solicitud también podrá
formularse en los procesos de ejecución en los que se hallan propuesto
excepciones de mérito.
Cuando existan trámites o incidentes
propuestos por terceros, el juez conservará competencia para resolverlos y en
general para todo lo relacionado con las medidas cautelares.
Parágrafo. No obstantelo dispuesto en este
artículo las partes podrán acudir directamente al proceso arbitral.
[1]  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.