T-273-14
Sentencia T-273/14
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Incorpora la accesibilidad como núcleo esencial del derecho a la
educación
En el marco del derecho fundamental a la
educación de las niñas y los niños, el Estado tiene la obligación de
garantizarles establecimientos apropiados y el acceso digno al sistema de
educación, así como la permanencia en el mismo. La accesibilidad implica la
obligación del Estado de asegurar el acceso de todas las personas a la
educación en condiciones de igualdad y libres de toda forma de discriminación,
así como facilidades en términos geográficos y económicos para acceder al
servicio. En este orden, como lo señala la Observación No. 13 antes mencionada,
la accesibilidad consta de tres (3) dimensiones: (i) la no discriminación, (ii)
la accesibilidad material, y (iii) la accesibilidad económica.
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Servicios de restaurante escolar, transporte escolar y
administrativos generales
Los servicios de
restaurante escolar, transporte escolar y administrativos generales son
necesarios y constituyen condiciones concretas para permitir y garantizar el
acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas, y
su ausencia representa una barrera para poder recibir educación. De un lado, el
transporte escolar es una garantía de acceso y permanencia especialmente cuando
existen circunstancias geográficas que dificultan la movilidad, cuando los
estudiantes viven en áreas rurales apartadas de los centros educativos, o
cuando existen otros factores que les impiden acudir a las aulas por carecer de
facilidades de transporte. En cuanto al restaurante escolar, la garantía de
alimentos adecuados y congruos es un presupuesto indispensable no solo para
evitar la deserción escolar sino para asegurar que el proceso de educación de
los niños y niñas sea brindado en condiciones dignas. Por último, los servicios
administrativos constituyen factores operativos que habilitan la prestación del
servicio.
ADMINISTRACION DE
RECURSOS POR ENTIDADES TERRITORIALES-Fuentes
endógenas y exógenas/ACTO LEGISLATIVO 05 DE 2011-Privilegia el reparto
de los recursos del sistema general de regalías a favor de las entidades
territoriales
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DEL MENOR-El transporte escolar de niños y niñas, en especial de aquellos que
residen en zonas alejadas de la institución educativa o de difícil acceso, es
una prestación propia del derecho a la educación
La garantía de accesibilidad a la
educación, exige la remoción de las barreras de acceso tales como la falta de
transporte cuando esta represente un obstáculo para acudir a las instituciones
de educación debido a las condiciones geográficas, de seguridad o de otra índole.
Para ello, todas las entidades del Estado y la sociedad tienen un deber
constitucional de adoptar medidas para hacer efectivo el disfrute del derecho a
la educación de las niñas y los niños, lo cual incluye la remoción de todas las
barreras de acceso al mismo.
EDUCACION EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
La previsión y la coordinación entre la
Nación y las entidades territoriales constituyen criterios de orientación que
deben guiar la actuación de los poderes públicos. Así mismo, la obligación de
las entidades y el Estado de asegurar la continuidad en las prestaciones
asociadas a la correcta operación de la educación como finalidad
propia del Estado Social de Derecho.
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION
La omisión de adoptar medidas de planeación para asegurar la
efectiva prestación del servicio de educación en sus dimensiones de acceso
material y permanencia por parte de las entidades demandadas desconoce el
derecho a la educación de los menores estudiantes de las entidades educativas
del municipio de Yopal y el departamento de Casanare en las que la prestación
de los servicios de alimentación escolar, transporte escolar y servicios
administrativos tales como aseo, vigilancia y generales, no ha sido garantizada
de manera continua.
DERECHO A LA EDUCACION-Orden
a Secretaría de Educación Departamental elaborar un plan de acción para
asegurar los recursos para la prestación de los servicios de transporte,
restaurante y servicios administrativos en las instituciones educativas de su jurisdicción
DERECHO A LA EDUCACION-Orden
a municipio y departamento elaborar una política para la prevención, detección
y atención de problemas en materia de prestación de servicios de transporte,
restaurante escolar y servicios administrativos en las instituciones educativas
oficiales de su jurisdicción
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Orden al Ministerio de Educación Nacional,
Gobernación y la Alcaldía Municipal, presentar informes trimestrales al
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal
ACCESO MATERIAL AL SISTEMA GENERAL DE EDUCACION-Orden a Personero municipal y al Defensor
del Pueblo departamental ejercer veeduría respecto del cumplimiento de las
órdenes aquí impartidas
DERECHO A LA EDUCACION Y A LA DIGNIDAD-Orden a la Defensoría del Pueblo verificar
el cumplimiento de las órdenes adoptadas en esta providencia, para lo cual
deberá presentar informes semestrales a Tribunal Superior
Referencia: expedientes
T-3562552 y otros (acumulados)
Acción de tutela instaurada por los padres o acudientes de los menores
de edad Camilo Andrey Hernández, y otros, contra el Departamento de Casanare y
el Ministerio de Educación Nacional.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014).
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de
los fallos dictados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal en
primera y única instancia dentro de los procesos de tutela T-3562552 y
acumulados.[1]
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1. Bajo el radicado T-3562552, fueron
acumulados otros cincuenta y cuatro (54) expedientes, correspondientes a igual
número de acciones de tutela, que fueron interpuestas por los padres o
acudientes de más de sesenta (60) niños y niñas, así como de una mujer mayor de
edad, todos estudiantes de instituciones educativas en los municipios de Yopal,
Hato Corozal y Aguazul en el Departamento de Casanare.
Los accionantes consideran que
el departamento de Casanare y el Ministerio de Educación Nacional desconocieron
su derecho fundamental a la educación al no garantizar la prestación de transporte
escolar, restaurante escolar y servicios generales y administrativos. La acumulación se llevó a cabo mediante
el Auto del nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012) y el Auto del trece (13)
de septiembre de dos mil doce (2012).
1.2. Los estudiantes en cuyo nombre
fueron interpuestas las acciones de tutela, así como el número correspondiente
del expediente acumulado, aparecen listados a continuación:
Andrey Hernández (T-3562552), Héctor Brayan Díaz (T-3562553), Daniela
Bonilla Aguilar (T-3562554), David Francisco Argüello (T-3562555), Liliana
Paola Rojas Piragauta (T-3562556), Miguel Ángel Pérez (T-3562557); Wilson
Fernández y dos menores más (T-3562558); Georges Marty Patiño Pérez y Jennifer
Patiño Pérez (T-3562559); Laura Alexandra Díez Ochica (T-3562560), Brenda
Gisell Ospina Rayo (T-3563755), Yexon Onorio García Chaparro (T-3563756), Laura
Johana Rojas Ramírez (T-3563757); Milton Lasprilla, Daniela Lasprilla y Camila
Lasprilla (T-3563758); Juan Diego Iquieles Torres (T-3563760); Franky Estiven
Achagua Moreno y Haider Achagua Moreno (T-3563761); Maira Liliana Gutiérrez y
José Luis Morales Gutiérrez (T-3563762); Cristian O. Uribe Sánchez (T-3563763),
Lorena Sofía C. Maldonado (T-3563768); Dany Yulieth Vanegas y Nicolás David
Chaparro Vanegas (T-3563769); Elián Enrique Miranda Gaucha (T-3563770); Karen
Dayana Duarte Cachay, Laura Vanessa Duarte Cachay, Leydy Jhoana Duarte Mejía y
Gloria Steffany Duarte Mejía (T-3563771); Cristian Felipe Pesca Rivera
(T-3563772), Ángela Tatiana Amaya Barrera (T-3563773), Leidy Viviana Montaña
Camacho (T-3563774), Anguie Lorena Puentes (T-3563776); Guadalupe Cruz Fonseca,
Juan José Cruz Fonseca y Jhon Jaiber Cruz Fonseca (T-3563777); Diego Ferney
Montañez y Yuber Harold Montañez (T-3563788); María Yeyni Viviana Peña López
(T-3568619), Andrés Felipe Rodríguez Ruíz (T-3568620), Brenda Quiroga Parra
(T-3568621), Luz Neira López Higuera (T-3568622), Angélica Liceth Rubiano
Ibáñez (T-3568623), Julián Alberto Portilla (T-3568624), Angie Paola Huertas
Castillo (T-3568627), Nidia Viviana Fonseca (T-3568631); Íngrid Gutiérrez y
Ferney Gutiérrez (T-3569648); Eliana Huertas y Sonia Huertas (T-3569655);
Ariagna Yuleny Rojas Mendoza (T-3569656) y Freddy Santiago Rojas Martínez
(T-3569657), Neli Rocío Vargas (T-3600105), Paula Andrea Pedraza Vega
(T-3600103), Santiago López (T-3600106), Harizon Ganvoa Cáceres (T-3600104),
Aura Edith González Ortiz (T-3600102), Adrian Leonardo Zanabria (T-3597420),
Deider Arley y Duver Andrés (T-3597419), Doly Soid Cruz Acosta (T-3597415),
Daniel Cotrina Sánchez (T-3597417), Luisa Fernanda Martínez M (T-3597418),
Edwin Daniel Bohórquez Garay (T-3597414), Jeniffer Lisbeth Ramírez (T-3600107),
Edilson Arley Rosas (T-3597422), Danna Mayerly Chaparro López (T-3597421) y
la madre de la mayor de edad Ligia Johana Puentes Rodríguez (T-3563775).
1.3. Dado el volumen de expedientes acumulados en el
presente proceso, y debido a que las acciones de tutela bajo estudio se
refieren a problemas comunes  relacionados con el derecho fundamental a la
educación de los accionantes, a continuación se presenta brevemente un resumen
de los hechos y elementos que originaron estas acciones de tutela. Los detalles
de cada caso se encuentran en el Anexo I de esta sentencia.
Los padres y acudientes de los estudiantes antes referidos sostienen
que los menores mencionados (y la mayor de edad Ligia Johana Puentes Rodríguez)
fueron oportunamente matriculados para cursar el año escolar que comenzó en
enero de dos mil doce (2012), en uno de los siguientes planteles educativos:
(i) en el municipio de Yopal, la Institución Educativa Técnico Ambiental ‘San
Mateo’, la Institución educativa El Paraíso, la Institución Técnica
Agropecuaria Antonio Nariño, la Institución Educativa Teresa de Calcuta, la Institución
educativa Manuela Beltrán, la Institución educativa Centro Social La
Presentación, la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, el Instituto
educativo Braulio González y el Instituto Técnico Empresarial El Yopal,; (ii)
en el municipio de Aguazul, la Institución Educativa Cupiagua, la Institución
Educativa Camilo Torres Restrepo, la Institución Educativa Luis Mará Jiménez
sede San Luis de Piñalito y el Instituto Técnico Agroempresarial León de
Greiff; y (iii) en el municipio de Hato Corozal, la Institución educativa
Antonio Martínez Delgado.
Con casi absoluta uniformidad los tutelantes manifestaron que debido a
la falta de recursos propios y la insuficiencia de las partidas del Sistema
General de Participaciones, las entidades territoriales de Casanare y Yopal empleaban
recursos de regalías para sufragar la prestación de los servicios de transporte
escolar, restaurante escolar y servicios administrativos y generales. Con la
entrada en vigencia del actual Sistema General de Regalías, el departamento de
Casanare y el municipio de Yopal no pudieron continuar haciendo uso de las
regalías de la manera como lo hacían en años anteriores. Esta situación, aunada
al hecho de que al comienzo de las temporadas escolares anteriores las
entidades demandadas no han garantizado de manera oportuna y permanente los
servicios mencionados ha impedido que sus hijos, agenciados o representados,
gocen efectivamente de su derecho fundamental a la educación. Agregan que a
pesar de haber solicitado repetidamente a las entidades demandadas resolver
estos problemas, no han obtenido una solución efectiva. Respecto del servicio
de transporte escolar, en particular, una gran parte de los accionantes asegura
que los menores viven lejos de los planteles educativos en los cuales estudian,
por lo que la falta de transporte significa una dificultad para que puedan
recibir su educación primaria o secundaria.
2. Respuestas de las entidades
accionadas
Aunque las entidades demandadas
eran sólo el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Casanare,
los jueces a los que les correspondió tramitar en instancia las acciones de
tutela vincularon a los municipios de Yopal, Hato Corozal y Aguazul. A continuación
se relacionarán en términos globales las contestaciones de las entidades
vinculadas al proceso:
2.1. El municipio de Yopal,
Casanare, en términos generales se opuso a las acciones de tutela. A su juicio,
esa entidad territorial no ha vulnerado el derecho a la educación de los
estudiantes toda vez que ha adelantado varias gestiones ante las autoridades
del orden nacional para la utilización de los recursos de regalías para cubrir
las necesidades de transporte, alimentación y vigilancia de los estudiantes.
Asimismo, indicó que la situación expuesta en las tutelas no se presenta por
falta de decisión política o administrativa, sino por la suspensión del pago de
regalías.
2.2.  La Gobernación del
Departamento de Casanare se opuso asimismo a las pretensiones de los accionantes.
Señaló, en primer lugar, que el municipio de Yopal es una entidad territorial
certificada en educación, razón por la que es a dicha entidad a quien
corresponde responder por el transporte y los comedores escolares en el
municipio. En segundo lugar, afirmó que en todo caso el departamento de
Casanare no cuenta con los recursos económicos necesarios para sufragar los
bienes pretendidos por los accionantes, debido a la suspensión del pago de
regalías.
2.3. El Ministerio de Educación
Nacional solicitó su desvinculación del proceso de tutela. Indicó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes porque no está dentro
de sus competencias administrar y prestar el servicio educativo en las entidades
territoriales certificadas. Además, aseguró que ha actuado
de manera diligente en la consecución de recursos y precisó que a la fecha se
encuentran pendientes por girar dineros originados en los excedentes que tiene
el Ministerio de Minas por comercialización de hidrocarburos, de los cuales
también sería beneficiado el departamento de Casanare. Sostiene que con esos
rendimientos de regalías girados, y con los que el gobierno nacional
transferiría en mayo de dos mil doce (2012), el departamento de Casanare podrá
tomar las acciones necesarias para normalizar la prestación del servicio
educativo.
2.4. El Alcalde del municipio de
Hato Corozal mediante escrito del veintidós (22) de mayo de dos mil doce (2012)
intervino para manifestar que el   municipio ha adelantado varios procesos
contractuales con recursos propios para la prestación del servicio de
transporte. Estos procesos incluyeron un contrato interadministrativo por un
plazo de veinte (20) días para prestar los servicios de transporte escolar a
los estudiantes de la institución educativa para cubrir la ruta “La
Veremos-Marginal-Camelias-El Banco”. En cuanto al servicio de restaurante
escolar, indicó que celebró un convenio de cooperación con una fundación para
fortalecer acciones de permanencia de los niños y las niñas del municipio en el
sistema educativo mediante la implementación del servicio de alimentación
escolar por un periodo de cuarenta y cinco (45) días.
3. Actuaciones en sede de
revisión
La Sala, en uso de la facultad de decretar
pruebas que el Acuerdo 05 de 1992 le confirió con el fin de “allegar al
proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes” (art. 57),
solicitó mediante Autos del tres (3) de Octubre de dos mil doce (2012) y cinco
(5) de junio de dos mil trece (2013) información sobre el
estado de las garantías de acceso, continuidad y disponibilidad del servicio
educativo en el departamento de Casanare con el fin de establecer (i) cuáles
son los bienes y servicios que hacen falta para prestar un servicio educativo
en condiciones aceptables; y (ii) cuál ha sido en concreto la gestión de los
entes demandados para enfrentar eficazmente la problemática expuesta en las
acciones de tutela y asegurar la prestación de los servicios demandados en
vigencias futuras.
A continuación se relacionan en términos globales las respuestas de
las instituciones educativas y entidades requeridas.
3.1. Ministerio de Educación
El Ministerio manifestó, en escrito
radicado el primero (1) de noviembre de dos mil doce (2012) en la Secretaría
General de esta Corporación, que el suministro de servicios de alimentación y
transporte escolar y de tipo administrativo (tales como secretariales, aseo y
vigilancia) en el departamento de Casanare y el municipio de Yopal estuvo financiado
hasta el dos mil once (2011) con recursos de regalías directas en el marco del
Decreto 3976 de dos mil nueve (2009). A partir del primero (1) de enero de dos
mil doce (2012) las entidades territoriales dejaron de destinar recursos provenientes
de regalías para tales fines debido a los cambios introducidos por el Acto
Legislativo 05 de 2011 “por el cual se constituye el Sistema General de
Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”.
Informó que como resultado de cuatro (4)
mesas de trabajo realizadas para solucionar los problemas relacionados con el
servicio de educación en abril y mayo de dos mil doce (2012) en el departamento
de Casanare, se acordó que para el dos mil trece (2013) en adelante, “la
Nación Aumentaría en un punto porcentual la autorización del uso de recursos
del Sistema General de Participaciones –SGP- por población atendida y medio
punto los siguientes años hasta 2016, teniendo en cuenta el crecimiento real de
la bolsa establecido en la normatividad vigente”. Por su parte el departamento
de Casanare “se comprometió a aportar anualmente $1.100 millones y el
municipio de Yopal $500 millones a partir de 2013 para contribuir al
financiamiento de los servicios de apoyo administrativo en los establecimientos
educativos estatales”.
En materia de transporte, el Ministerio
señaló que el departamento del Casanare dió inicio a la prestación de este
servicio el quince (15) de mayo de dos mil doce (2012). En cuanto a los
restaurantes escolares, indicó que desde el tres (3) de julio de dos mil doce (2012)
el Departamento de Casanare ha prestado el servicio “en un 100% en el área
rural y parte del área urbana hasta completar los cupos de cada institución con
prioridad para preescolar y básica primaria”. Por su parte, el Municipio de
Yopal legalizó un convenio con COMFACASANARE por ochenta y cuatro (84) días
para el suministro de desayunos y una adhesión por cincuenta y cuatro (54) días
de calendario escolar para alimentación escolar. Respecto de la prestación de
los servicios de transporte y alimentación en el futuro, el departamento y el
municipio se comprometieron a presentar los respectivos proyectos a los Órganos Colegiados de Administración y
Decisión (OCAD) en el dos
mil doce (2012) para que a partir del dos mil trece (2013) fueran financiados
con recursos del Sistema Nacional de Regalías.
El Ministerio también precisó algunos aspectos
financieros del Sistema General de Participaciones. Señaló que los recursos del
Sistema “son determinados por disposición constitucional”, razón por la
que su monto no puede ser incrementado dentro de la misma vigencia. Agregó que
los únicos recursos que pueden transferirse a las entidades territoriales
certificadas para financiar costos de personal administrativo, directivo o
docente son los disponibles para cada vigencia por el Sistema General de
Participaciones.
Adicionalmente, aseguró que ciertos incrementos
tienen destinación específica o están supeditados a la tasa de crecimiento real
de la economía. Así mismo, la distribución de los recursos del Sistema General
de Participaciones también se encuentra supeditada a una particularidad establecida
por la Ley 715 de 2001, según la cual la asignación de recursos debe hacerse
por niño atendido. En este orden, el monto de los recursos que le corresponde a
cada entidad territorial está determinado por la matrícula que reporte en el
año inmediatamente anterior por los rectores y directores rurales en el
sistema de matrícula (SIMAT) la cual es controlada por las secretarías de
educación de las entidades territoriales certificadas. Precisó
que la asignación por población atendida para Casanare fue incrementada
con relación a los recursos del Sistema General de Participaciones en un 9.25%
y en un 12.12% para Yopal, aun cuando la matrícula disminuyó en el caso de
Casanare.
Posteriormente, mediante escrito recibido el dieciocho
(18) de junio de dos mil doce (2012) en esta Corporación, el Ministerio
manifestó que para el dos mil trece (2013) el Ministerio aumentó en total cinco
(5) puntos porcentuales lo asignado al departamento de Casanare por el Sistema
General de Participaciones para gastos administrativos mientras que al
municipio de Yopal le fue reconocido un aumento del 2% en la misma asignación.
En el dos mil trece (2013) y en los años subsiguientes el departamento y el
municipio “podrán cubrir los costos de la nómina del personal administrativo
con estos recursos y les quedarán excedentes para destinar a la contratación de
servicios administrativos en los establecimientos estatales”. No obstante,
resaltó que el “Gobierno Departamental no ha sido oportuno en las gestiones
que le corresponden en materia de gestión de recursos”.
Finalmente, el Ministerio manifestó que en el dos mil once (2011), tres mil cuatrocientos
veintitrés (3.423) niños se retiraron de las aulas en Casanare y mil siete (1.007)
en Yopal, y en dos mil doce (2012) la cifra aumentó a cinco mil trescientos
cuarenta y uno (5.341) niños y mil novecientos noventa y tres (1.993) niños respectivamente.
3.2. Secretaría de Educación de Casanare
La Secretaría de Educación del Casanare señaló que los
problemas presentados al inicio del dos mil doce (2012) ocurrieron debido al
cambio de administración y a la suspensión del giro de regalías y
compensaciones. Asegura que solicitó en varias oportunidades al Departamento de Planeación Nacional el
levantamiento del “aplazamiento de regalías para la contratación de
proyectos prioritarios de la Secretaría de Educación del Casanare (transporte,
restaurante escolar, internados, servicios administrativos)”, trámite que tardó
varios meses. Precisó que los procedimientos de contratación mediante procesos
licitatorios posteriores al desplazamiento de los recursos de regalías
requieren a su vez varios meses para su perfeccionamiento.
En cuanto a la problemática expuesta en las acciones
de tutela, específicamente en los municipios de Aguazul y Hato Corozal en los
establecimientos educativos Instituto Empresarial León de Greiff y Antonio
Martínez Delgado, la Secretaría expresó que ésta “fue superada”. Sin
embargo, señaló que “para el año 2013 hacen falta 5.300 millones que deben
orientarse al pago de Administrativos de los colegios del Departamento […] para
lo cual el Ministerio de Educación se comprometió a conseguirlos”. Agrega
la Secretaría que “a pesar de la voluntad de la administración para
solventar las necesidades de la canasta educativa, llegará el momento en que
presupuestalmente será imposible continuar con su cubrimiento total”.
Sobre la inversión de regalías en restaurantes y
transporte escolar entre dos mil nueve (2009) y dos mil once (2011) en los
Municipios de Aguazul y Hato Corozal, a Secretaría allegó información
desagregada. Los datos enviados, relacionados bajo el encabezado “PROYECTO: AMPLIACIÓN DE DEMANDA,
PERMANENCIA PARA LA OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO
DE CASANARE”,  son los siguientes:
Aguazul
Restaurantes
Transporte
2009
$1.467.815.580 por 105 días y 6.314
alumnos
$3.235.950.143 por 176 días y 1.317
alumnos
2010
$1.301.140.000 por 100 días y 6.434
alumnos
$3.489.274.481 por 175 días y 1.389
alumnos
2011
$ 1.588.065.820 por 100 días y 6.226
alumnos
$3.503.993.329 por 164 días y 1.415
alumnos
Hato Corozal
Restaurantes
Transporte
2009
$956.344.237 por 105 días y 3.650
estudiantes
$1.611.030.895 por 176 días y 630
alumnos
2010
$920.638.452 por 125 días y 3.344
alumnos
$1.325.988.443 por 175 días y 539
alumnos
2011
$1.195.147.120 por 120 días y 3.520
alumnos
$1.520.460.710 por 164 días y 614
alumnos
Finalmente, expresa que aun cuando la atención de las
necesidades educativas del Municipio de Yopal no corresponde al Departamento,
ha iniciado procesos de contratación del servicio de restaurantes escolares,
transporte escolar e internados por un valor de cuatro mil ochocientos un
millones ciento setenta y cuatro mil quinientos sesenta pesos ($4.801.174.560)
y una cobertura de ciento cuarenta (140) días (calendario escolar) y catorce
mil novecientos cuatro (14.904) alumnos con recursos del saldo de regalías.
Posteriormente, el Secretario de Educación
Departamental manifestó en escrito recibido en la Secretaría General de la
Corte el dieciocho (18) de junio de dos mil trece (2013), que el ocho (8) de
agosto de dos mil doce ( 2012) la secretaría de educación radicó un proyecto de
permanencia en la educación por un valor de veintiséis mil novecientos setenta
y dos millones ochocientos setenta y cinco mil once pesos ($26.972.875.011.oo)
cuya fuente de financiación “corresponde a asignaciones directas a través
del nuevo sistema general de regalías” y con las que se espera suministrar
a las instituciones educativas del departamento el servicio de transporte y
restaurante.  El OCAD aprobó el proyecto mencionado en acta de votación el veintiocho
(28) de octubre de dos mil doce (2012) y los recursos fueron incorporados al
presupuesto del departamento el trece (13) de noviembre del mismo año.
No obstante, fue necesario hacer nuevos ajustes a
los componentes de transporte y alimentación y sólo el doce (12) de diciembre
de dos mil doce (2012) el proceso de licitación de transporte subió al sistema
interno de contratación (CONTRACTVS). Posteriormente, debido a las
observaciones realizadas por el banco de proyectos fueron introducidas varias
modificaciones. Así mismo, en enero de dos mil trece (2013), como resultado de
una reunión convocada por la mesa de defensa de la educación se acordó
transferir los recursos antes mencionados a los diecinueve (19) municipios.
Sin embargo, la transferencia no se llevó a cabo
debido a criterios dispares de los estudios previos realizados para este fin.
En consecuencia, la administración decidió retomar el proceso de licitación de
transporte, razón por la que el doce (12) de febrero de dos mil trece (2013) la
Secretaría de Educación ordenó a la dirección de cobertura la publicación de
los pliegos del proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública,
SECOP, para que de conformidad con la cronología establecida la licitación
fuera adjudicada el veintiocho (28) de marzo de dos mil trece (2013). Sin
embargo, el veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) cambió el
Gobernador y la Gobernadora encargada decidió suspender por quince (15) días
hábiles todos los procesos “en página mediante la resolución 0091 del 25 de
febrero de 2013”. Tres (3) días después, el veintiocho (28) de febrero
terminaron las facultades otorgadas al gobernador para ejecutar el presupuesto.
Agregó que desde el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013) las
modificaciones y ajustes realizados a los proyectos anteriormente presentados
al OCAD están en la secretaría técnica de este órgano para su respectiva
aprobación.
Para junio de dos mil trece (2013), informó el Secretario
de educación departamental, la situación era preocupante ya que los procesos
precontractuales de transporte y restaurante se encontraban “en trámite de
estudios previos que llevarían a la prestación del servicio por el resto del
tiempo de servicio que fue aprobado por el OCAD de 2012”. Agregó que la
Secretaría de Educación a través de la dirección de cobertura formuló el
proyecto para el OCAD, el cual cubrirá los días faltantes del dos mil trece (2013)
y dos mil catorce (2014).
Finalmente, con relación a la prestación del
servicio administrativo, señaló que el veinte (20) de septiembre de dos mil
doce (2012) el Ministerio de Educación aprobó el estudio de suficiencia para la
asignación de recursos de personal presentado por la Secretaría de Educación
con el fin de obtener autorización previa para la contratación de servicios
administrativos con recursos diferentes a los del Sistema General de
Participaciones.
3.3. Secretaría de Educación y Cultura del Municipio
de Yopal
La Secretaría de Educación reiteró que con
anterioridad al dos mil doce (2012), el municipio tenía la posibilidad de “cubrir
con dineros de regalías todo lo relacionado con necesidades educativas”.
Sin embargo, a partir de dicho año la administración ha tenido que enfrentar “una
serie de situaciones anómalas y atípicas que provocan afectaciones en la
prestación del servicio educativo” porque ya no cuenta con los recursos de
las regalías. Además, los recursos del Sistema General
de Participaciones no son suficientes. Agregó que el
Ministerio de Educación Nacional no siempre realiza su labor de distribuir los
recursos para atención de las necesidades del sector educativo de manera
oportuna. Señaló además, que anteriormente esta tardanza no se hacía notoria porque
el municipio contaba con recursos suficientes, provenientes de regalías
directas, para cubrir las necesidades del servicio educativo.
Precisó que debido a los problemas para la prestación
de servicios administrativos y de servicios generales en los establecimientos
educativos del municipio, la administración municipal declaró la urgencia
manifiesta mediante Decreto 0057 de junio de dos mil doce (2012) con el fin de
contratar servicios de vigilancia y el cubrimiento necesidades de personal
administrativo por una duración igual al término de la urgencia manifiesta, es
decir tres meses.
Mediante la resolución No. 0180 de dos mil doce (2012),
el Departamento de Casanare destinó recursos provenientes de excedentes del
balance de regalías de dos mil once (2011) por tres mil millones de pesos
(3.000.000.000) para la contratación de servicios administrativos de los
establecimientos educativos estatales. Lo anterior como resultado de una mesa
de trabajo llevada a cabo el dos (2) de mayo de dos mil doce (2012). El once (11)
de mayo de dos mil trece (2013) el Ministerio de Educación le comunicó que
había coordinado acciones con el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento
de Planeación Nacional, con el fin de asignar al Departamento de Casanare y al
Municipio de Yopal recursos provenientes del margen de comercialización de
producción de hidrocarburos. Estos recursos ayudarían a la atención de las
necesidades del servicio de educación.
Posteriormente, mediante escrito radicado en esta
Corporación el veinte (20) de junio de dos mil trece (2013), el secretario de
educación del municipio de Yopal señaló que el ICBF mantiene un convenio para
brindar desayunos o refrigerio reforzado con una cobertura de siete mil
seiscientos sesenta y dos (7.662) cupos en el municipio financiados por la
estrategia de permanencia educativa. El municipio mediante contrato de adhesión
con dicha institución adiciona ocho mil trescientos treinta y ocho (8.338)
cupos más para un total de dieciséis mil (16.000). Sin embargo precisa que
debido a que mediante el Decreto 0778 fueron convocadas elecciones para elegir
Gobernador del Casanare, el ICBF estuvo “impedido para celebrar convenios
interadministrativos o contratos de adhesión”.
La administración municipal no presentó proyectos al
OCAD toda vez que la aprobación del OCAD departamental del doce (12) de octubre
de dos mil doce (2012) incluyó recursos para el Municipio para cubrir doce mil
seiscientos ochenta (12.680) cupos para almuerzos escolares, siete mil
seiscientos sesenta y dos (7.662) para desayunos escolares y cincuenta y dos (52)
rutas para transporte escolar.
Finalmente, respecto de los servicios
administrativos (i) el proceso licitatorio para suplir estos servicios fue
interrumpido y cancelado el dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012);
(ii) la administración promovió la contratación directa de cincuenta y tres (53)
personas con recursos propios para cubrir la necesidad inmediata por dos (2)
meses; (iii) luego de reiniciado el proceso licitatorio, el once (11) de
febrero se adjudicó el contrato que inició el diez (10) de abril de dos mil
trece (2013) para contratar personal administrativo por un término de cinco (5)
meses.
3.4. Departamento Nacional de Planeación, DNP
El Departamento Nacional de Planeación
(DNP), mediante escrito radicado el seis (6) noviembre de dos mil doce (2012), manifestó
que en el presupuesto del Sistema General de Regalías no existen partidas
específicas para el cubrimiento del servicio educativo (primaria y secundaria),
toda vez que las apropiaciones se encuentran asignadas de forma global por
entidad territorial (Decreto 4950 de 2011 modificado por el Decreto 1243 de
2012).
También informó, que el catorce (14) de
marzo de dos mil doce (2012) la Gobernación del Casanare le solicitó
autorización para el levantamiento del aplazamiento de apropiaciones para la
ejecución del proyecto de inversión “Ampliación de la cobertura, permanencia
para la oferta y demanda del servicio educativo en el Departamento de Casanare”,
la cual fue resuelta mediante oficios del veintitrés (23) de marzo y veinte (20)
de abril de dos mil doce (2012), los cuales permitieron a la entidad el uso de
los saldos disponibles de recursos de regalías a diciembre de dos mil once (2011).
Así mismo señaló que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión –OCAD del
Departamento de Casanare “previa presentación del proyecto por la
gobernación de Casanare con cargo a los recursos de asignaciones directas del
departamento, aprobó la asignación de recursos del SGR para “Ampliación y
sostenibilidad de la cobertura, permanencia de la oferta y la demanda del
servicio educativo en el departamento de Casanare”, por $26.972.875.011 el día
5 de octubre de 2012”.
De otro lado precisó que el departamento
de Casanare destinó los siguientes recursos por concepto de regalías y
compensaciones directas para alimentación y transporte durante los años
2009-2011:
2009
2010
2011
Alimentación escolar
96
14.065
17.882
Transporte escolar
1.385
21.857
23.181
* Cifras en millones de pesos corrientes
Con relación al Municipio de Yopal, el
DNP informó que para el primero (1) de noviembre de dos mil doce (2012), la
entidad territorial no había reportado la ejecución de proyectos de inversión
relacionados con transporte escolar, alimentación escolar o servicios
administrativos de las instituciones educativas con recursos disponibles de
regalías y compensaciones. En cuanto a los recursos por concepto de regalías
bajo el régimen anterior y el actual        Sistema General de Regalías, el DNP
informó que en las vigencias dos mil ocho (2008) a dos mil once (2011) el
municipio de Yopal recibió los siguientes recursos por conceptos de regalías y
compensaciones directas (todas las cifras en millones de pesos corrientes):
-
42.663 para el 2008,
de los cuales destinó 700 para alimentación escolar y 497 para transporte
escolar
-
32.441. para el 2009
de los cuales destinó 1.536 para alimentación escolar.
-
48.616 para el 2010,
de los cuales destinó 1.169 para alimentación escolar.
-
57.980 para el 2011,
de los cuales destinó 211 para alimentación escolar.
Finalmente, respecto del posible impacto
del Sistema General de Regalías en la prestación satisfactoria del servicio
educativo (primaria y secundaria), el DNP afirmó que “en el marco de la
autonomía atribuida por la Constitución y la ley a las entidades territoriales,
éstas definen la distribución de los recursos de regalías de los que son
beneficiarios en los diferentes sectores de inversión, por lo que no es posible
de manera técnica, establecer una relación causal directa entre el marco
normativo de las regalías y el monto de los recursos asignados por las
entidades territoriales para la prestación del servicio educativo”.
3.4. Instituto Técnico Agroempresarial León de
Greiff
El Instituto expresó que las medidas adoptadas por el
Departamento de Casanare para solventar la crisis en la prestación del servicio
educativo en los componentes de transporte escolar, vigilancia, restaurante
escolar, personal docente y personal administrativo (granjeros, secretarias,
servicios generales, etc.), no constituye una solución definitiva.
Respecto del servicio de transporte, el Instituto
resaltó que debido a la presión de estudiantes y padres de familia el
departamento, con el acompañamiento del Ministerio de Educación, contrató el
servicio de transporte cuya prestación volvió a interrumpirse el veintiocho (28)
de septiembre de dos mil doce (2012) para luego reanudarse el veintidós (22) de
octubre de manera parcial. El instituto resaltó el alto nivel de deserción
escolar debido a la ausencia de “garantías del servicio de transporte” para
lo cual informó que ciento cuarenta y tres (143) estudiantes se han retirado
por este motivo (de estos 120 se retiraron en el 2012) y por los problemas en
la prestación del servicio educativo. Agrega que el establecimiento es una institución
educativa rural cuyos estudiantes dependen en un 80% del servicio de transporte
por cuanto viven en áreas dispersas en la zona.
Con relación al personal administrativo expresó que
el Instituto cuenta con una persona que realiza las funciones de secretario, almacenista,
bibliotecario, auxiliar contable, foto copista, albañil, mensajero, técnico de
mantenimiento y portero.
3.5. Colegio Centro Social la Presentación
Señaló que cuenta con mil setecientos ochenta y siete
(1.787) estudiantes y que la situación descrita en las tutelas continúa. Precisó
que no cuentan con personal de planta que garantice la continuidad de la
eficiente prestación del servicio educativo dado el carácter temporal de la
contratación de personal para vigilancia y servicios generales.
3.6. Institución Educativa Braulio González
Informó la Institución que la situación señalada en
las tutelas ha sido superada y se ha restablecido la normalidad académica.
3.7. Institución Educativa Teresa de Calcuta
La Institución señaló que las situaciones descritas
en las acciones de tutela continúan por cuanto el corto plazo por el que
celebraron los contratos celebrados en el dos mil doce (2012) para superar la
crisis respecto del servicio de transporte, restaurante escolar y servicio de
personal administrativo no garantiza la continuidad de la prestación de estos
servicios para el dos mil trece (2013). Agrega que la prestación del transporte
escolar de manera intermitente junto con la falta de conocimiento por parte de
la Institución sobre el tiempo por el que es contratado el servicio de
transporte afecta la asistencia de los estudiantes que viven en las veredas.
3.8. Instituto Educativo Antonio Martínez Delgado
El Instituto resaltó que por lo general el
establecimiento cuenta con personal administrativo y servicios generales sólo
durante un 40% del año escolar debido a la falta de contratación de los mismos
al inicio y al final del año escolar. Frente a las problemáticas descritas en
las acciones de tutela, el Instituto informó lo siguiente: el veinticuatro (24)
y veintiocho (28) de mayo de dos mil doce (2012) fueron nombrados los docentes
que hacían falta en dos (2) de sus sedes; el personal administrativo
(secretarias y granjero) inició labores el tres (3) de julio de dos mil doce (2012)
y el personal de aseo el dieciséis (16) de agosto; a partir del dieciséis (16)
de mayo, seis (6) rutas contratadas por la Gobernación del Casanare prestan el
servicio de transporte escolar a setenta y nueve (79) niños; y una de sus sedes
no cuenta aún con servicio de cuidado.
3.9. Instituto Técnico Ambiental
El establecimiento educativo señaló que la situación
descrita en las acciones de tutela fue superada temporalmente. Agregó que las
soluciones ofrecidas en el año dos mil doce (2012) para responder a las
problemáticas descritas en las peticiones de amparo no garantizan que las
mismas se repitan en los años siguientes.
3.10. Institución Educativa Manuela Beltrán
La institución Manuela Beltrán señaló que la
situación descrita en las acciones de tutela ha sido superada parcialmente.
Indicó que la institución no ha enfrentado problemas de transporte escolar y
que los problemas de prestación del servicio de restaurante escolar que se
presentaron al inicio del año dos mil doce (2012) fueron superados. De otro
lado, el Municipio de Yopal, a partir del tres (3) de julio de dos mil doce (2012),
solucionó provisionalmente los problemas relacionados con los servicios
administrativos de aseo y vigilancia mediante la declaración de urgencia. Agregó
que en la institución hacen falta tres (3) docentes para el nivel preescolar,
dos (2)  orientadoras de planta y dos (2) profesionales de apoyo para
estudiantes con necesidades especiales.
3.11. Instituto Educativo El
Paraíso
La Rectora del instituto educativo
el Paraíso manifestó que la institución careció de personal administrativo y de
servicio de transporte y restaurante escolar entre enero y mayo de dos mil doce
(2012), situación que incidió significativamente en la prestación del servicio
educativo a tal punto que varios estudiantes suspendieron su asistencia a las
aulas. Así mismo las medidas transitorias adoptadas en virtud de la crisis no
dieron solución definitiva a los problemas que enfrenta el sistema educativo en
el Casanare. Así por ejemplo, el servicio de transporte inició el dieciséis (16)
de mayo de dos mil doce (2012) pero volvió a suspenderse desde el veinticuatro
(24) de septiembre de ese año.
II.      CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido en el
trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86,
inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestión previa. La acción
de tutela procede para garantizar el derecho fundamental a la educación de las
niñas y niños estudiantes de las instituciones educativas del departamento de
Casanare indicadas en las acciones de tutela, por cuanto se interpone en
defensa de un interés específico de sujetos concretos determinables.
En concepto del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Yopal, autoridad judicial que falló en primera y única
instancia todas las acciones de tutela objeto de revisión, las solicitudes de
amparo eran improcedentes. La corporación consideró que la acción procedente
para resolver las solicitudes presentadas era la acción popular porque, primero,
las tutelas fueron interpuestas con ocasión de una situación que se presenta en
varias instituciones educativas del departamento y, segundo, que las
prestaciones solicitadas están relacionadas con “un problema de toda la
comunidad estudiantil”.
2.1. Como lo ha indicado la
jurisprudencia de esta Corporación, es la titularidad de un derecho, y no ya la
pluralidad de sujetos que solicitan su protección, el factor que determina si
el derecho cuya protección se invoca es individual o colectivo. El carácter de
individual o colectivo de un derecho no depende de cuántos lo ejerzan
simultáneamente y mediante cuáles acciones judiciales lo hagan sino quién sea
su titular. Es decir, si se trata de una persona individualizable o
identificable o una colectividad o un numero plural de personas no
identificables.
En este sentido, la sentencia
T-1259 de 2008[2]
precisó lo siguiente:
“(…) un derecho individual no se convierte en
colectivo por el solo hecho de que se exija simultáneamente con el que
igualmente le asiste a otras personas.  Así, el derecho que le asiste a una
persona individualmente considerada, no se transforma en colectivo por el hecho
de ser reclamado al mismo tiempo por varias personas; contrario sensu, un
derecho colectivo no deja de ser tal, debido a que solamente sea reclamado por
una persona”.[3]
Ahora bien, es necesario precisar
que los derechos que se consideran vulnerados –educación, interés superior del
menor y dignidad – no son de naturaleza colectiva ni hacen parte del grupo
enunciado en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998.[4]
Por el contrario, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política
son derechos fundamentales y, además, prevalentes sobre los derechos de todos
los demás sujetos de la sociedad, lo que implica, entre otras cosas, que las
prerrogativas allí consignadas pueden ser reclamadas mediante la acción de
tutela.
Así mismo, la protección de los
menores en materia de accesibilidad a la educación en los casos de los estudiantes
afectados por la situación presentada en el departamento de Casanare en el
proceso de tutela que ocupa a la Sala, se refiere a la defensa de derechos de
personas perfectamente individualizadas y de derechos subjetivos
constitucionales determinados o determinables que se imponen de manera directa
e inmediata a todas las autoridades.
La Sala encuentra que los derechos
que se alegan como vulnerados en este caso, sí tienen el carácter de
fundamentales, por lo que los jueces de primera instancia erraron al considerar
que, dado que el sujeto afectado es plural - a saber el conjunto de los
estudiantes de las instituciones educativas del Casanare en las que fueron
interrumpidos los servicios de restaurante y transporte escolar y servicios
generales -, los derechos involucrados eran de naturaleza colectiva. Así las
cosas, dado que la acción de tutela se interpuso con el objeto de defender
intereses específicos de sujetos concretos y determinables, la Sala entenderá
que la acciones de tutelas interpuesta por los padres o acudientes de las niñas
y niños de las instituciones educativas allí indicadas es procedente para
solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la educación y dignidad.
3. Presentación del caso y
planteamiento del problema jurídico
2. En el año escolar de dos mil
doce (2012) y de nuevo en el dos mil trece (2013), diferentes Instituciones
Educativas del departamento de Casanare y el municipio de Yopal, ambas entidades
territoriales certificadas, suspendieron de manera permanente o intermitente
alguno o algunos de los siguientes servicios: transporte escolar, restaurante
escolar y servicios administrativos de aseo, vigilancia, secretaría y
generales. Las personas accionantes consideran que las dificultades en la
operación de estos servicios han obstruido el goce efectivo del derecho
fundamental de los estudiantes en cuyo nombre interpusieron las acciones de
tutela de la referencia.
La Secretaría de Educación del
departamento de Casanare manifestó que los problemas presentados al inicio del dos
mil doce (2012) ocurrieron debido al cambio de administración y a la suspensión
de regalías y compensaciones, recursos con los que regularmente contaba para la
prestación de los servicios de transporte y restaurante escolar así como
servicios administrativos en las instituciones de educación. Ante las
problemáticas presentadas, la Secretaría radicó un proyecto para obtener
recursos ante el OCAD en agosto de dos mil doce (2012). No obstante haber sido
aprobado en octubre de dos mil doce (2012), para junio de dos mil trece (2013)
los procesos precontractuales de transporte y restaurante se encontraban aún “trámite
de estudios previos”.
La Secretaría de Educación de
Yopal indicó que con anterioridad al dos mil doce (2012), el municipio cubría
varias necesidades educativas con recursos de regalías. Sin embargo, con la
entrada en vigencia del nuevo Sistema de Regalías, se presentaron varias
irregularidades en la prestación de servicios relacionados con la educación
porque ya no contaba con los mencionados recursos y los provistos en el Sistema
General de Participaciones resultaban insuficientes.
Mediante decreto de junio de dos
mil dos (2002), la administración declaró la urgencia manifiesta con el objeto
de cubrir las necesidades de personal administrativo y de vigilancia por tres (3)
meses. El proceso licitatorio para servicios administrativos fue cancelado en
diciembre de dos mil doce (2012). Reanudado el proceso licitatorio, y luego de
que la administración contratara de manera directa a cincuenta y tres (53)
personas por dos (2) meses, fué adjudicado el contrato para la prestación de
servicios administrativos por cinco (5) meses a partir del diez (10) de abril
de dos mil trece (2013).
Por su parte, el Ministerio de
Educación sostuvo inicialmente que no estaba dentro de sus competencias
administrar y prestar el servicio educativo en las entidades territoriales
certificadas. Añadió que el impase por el que atraviesa el departamento se debe
a los cambios introducidos por el Acto Legislativo 05 de dos mil once (2011) con
relación a la forma de distribuir los recursos de regalías. No obstante lo
anterior, el Ministerio aumentó para el dos mil trece (2013) en cinco (5)
puntos porcentuales las asignaciones del Sistema General de Participaciones
para gastos administrativos al departamento de Casanare, mientras que al
municipio de Yopal le reconoció un aumento de dos (2) puntos. Así mismo, en el dos
mil doce (2012) y dos mil trece (2013) expidió varias resoluciones dirigidas a
implementar la cofinanciación, por parte de la Nación, de los programas de
alimentación escolar que anteriormente eran financiados por las entidades
territoriales productoras o portuarias con recursos de regalías.
3. En consideración a lo anterior,
la Sala estima que debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿las
autoridades públicas encargadas de dirigir y ejecutar las políticas educativas
a nivel nacional y territorial - el departamento de Casanare, el municipio de
Yopal y el Ministerio de Educación-  vulneran el derecho a la educación de un
grupo de niñas y niños estudiantes de varias instituciones educativas en el
departamento del Casanare, por no adoptar medidas efectivas para asegurar la
prestación de los servicios de transporte escolar, restaurante escolar y
servicios administrativos de secretaría, aseo, vigilancia y generales cuando la
falta de prestación de los mismos constituye una barrera de acceso a la
educación?
4. La Corte considera que la respuesta al problema debe ser
afirmativa para lo cual a continuación pasa a exponer las razones que la conducen
a esa conclusión.
5. Los servicios de restaurante
escolar, transporte escolar y administrativos generales constituyen condiciones
de acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas.
5.1. De conformidad con el
artículo 67, la educación es “un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social”. En desarrollo de este derecho, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la educación constituye una
herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato constitucional de igualdad
del artículo 13 superior, al promover la igualdad de oportunidades[5],
así como un instrumento para la construcción de equidad social[6].
Ha señalado la Corte, además, que este derecho permite la proyección social del
ser humano y la realización de sus otros derechos fundamentales[7]
como la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad.[8]
5.2. En el marco del derecho
fundamental a la educación de las niñas y los niños (artículo 44 de la
Constitución), el Estado tiene la obligación de garantizarles establecimientos apropiados
y el acceso digno al sistema de educación, así como la permanencia en el mismo.
En este sentido, el artículo 67 superior antes mencionado dispone que corresponde
al Estado “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de (…) garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo”.[9] Al respecto, es
importante resaltar lo establecido en Convención sobre los Derechos del Niño[10]
en su artículo 28 literal e), el cual señala entre las obligaciones de los
Estados, la de adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
5.3. En directa relación con lo
anterior y en desarrollo del derecho a la educación, la Corte Constitucional ha
adoptado los lineamientos señalados en la Observación General Número 13 del
Comité de Derecho Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y
Social de la Organización de las Naciones Unidas.[11]
Esta Observación establece cuatro (4) características interrelacionadas que
debe tener la educación en todas sus formas, a saber disponibilidad,
accesibilidad; aceptabilidad; y adaptabilidad.[12]
Para el caso que ocupa a la Sala, resulta particularmente relevante la
característica de la accesibilidad.
La accesibilidad implica la obligación
del Estado de asegurar el acceso de todas las personas a la educación en
condiciones de igualdad y libres de toda forma de discriminación, así como facilidades
en términos geográficos y económicos para acceder al servicio. En este orden, como
lo señala la Observación No. 13 antes mencionada, la accesibilidad consta de
tres (3) dimensiones: (i) la no discriminación, (ii) la accesibilidad material,
y (iii) la accesibilidad económica.
La garantía de no discriminación implica
que la educación debe ser accesible especialmente a los grupos vulnerables sin
discriminación alguna.[13]
Por su parte, la dimensión de accesibilidad material hace referencia a condiciones
de acceso ya sea en razón de la localización geográfica de las instituciones
educativas, las características físicas de estas, o la satisfacción de demandas
de acceso a programas de educación a distancia. Por último, la accesibilidad económica
concretiza la obligación de asegurar que la educación esté al alcance de todos
mediante la gratuidad de la enseñanza primaria, de un lado, y la implementación
gradual de la misma con relación a la enseñanza secundaria y superior.[14]
Esta Corporación ha resaltado
además, con fundamento en la Observación No. 13, que los niños y niñas tienen
derecho a recibir educación integral. Sobre este punto, la Corte ha considerado
que la educación de las niñas y de los niños es integral cuando se cumplen los mencionados
requisitos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad,
pero también, cuando el proceso educativo se desarrolla en observancia del
conjunto de derechos constitucionales de los menores, como la integridad, la
salud, y la recreación, entre otros.
Como sostuvo la Corte en la
sentencia T-636 de 2013,[15]
una educación adecuada se logra cuando, entre otras, las siguientes condiciones
están aseguradas: (i) los menores acceden a la Sistema Educativo sin
obstáculos, ya sea monetarios o de otro tipo; (ii) cuentan con todos los
implementos necesarios para asistir a las clases; (iii) cuentan con los
docentes o profesores adecuadamente capacitados para suplir cada una de las
necesidad educativas; y (iv) se les garantiza una sede educativa con una
adecuada infraestructura, tanto física como tecnológica.
5.4. Las anteriores
consideraciones son relevantes por cuanto en el caso bajo estudio, los
accionantes manifiestan que las interrupciones en la prestación de los
servicios de restaurante y transporte escolar, así como servicios generales
administrativos (por ejemplo servicios de secretaría, aseo y vigilancia), han
afectado el derecho a la educación de varios estudiantes de diferentes
instituciones educativas en el departamento del Casanare. Con fundamento en las
consideraciones anteriores, la Sala observa que la prestación continúa y
adecuada de estos servicios, además de  desarrollar el compromiso del Estado de
fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción
escolar en los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño[16],
concretiza garantías de acceso y permanencia en la educación.
En otras palabras, los servicios
de restaurante escolar, transporte escolar y administrativos generales son
necesarios y constituyen condiciones concretas para permitir y garantizar el
acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas, y
su ausencia representa una barrera para poder recibir educación. De un lado, el
transporte escolar es una garantía de acceso y permanencia especialmente cuando
existen circunstancias geográficas que dificultan la movilidad, cuando los
estudiantes viven en áreas rurales apartadas de los centros educativos, o
cuando existen otros factores que les impiden acudir a las aulas por carecer de
facilidades de transporte. En cuanto al restaurante escolar, la garantía de
alimentos adecuados y congruos es un presupuesto indispensable no solo para
evitar la deserción escolar sino para asegurar que el proceso de educación de
los niños y niñas sea brindado en condiciones dignas. Por último, los servicios
administrativos constituyen factores operativos que habilitan la prestación del
servicio.
Sobre estos puntos la Sala
ahondará posteriormente cuando aborde el tema de la coordinación institucional
para la prestación de estos servicios y el derecho de los niños y niñas a la
prestación integral del derecho a la educación.
5.5. En el caso bajo estudio,
tanto el Ministerio de Educación como el departamento de Casanare y el
municipio de Yopal adujeron que los problemas relacionados con la prestación de
los servicios mencionados fueron consecuencia de los cambios introducidos por
el nuevo Sistema General de Regalía con relación a la disposición y
distribución de los recursos provenientes de regalías. Con el fin de dar
claridad al conjunto de normas que regulan las fuentes de recursos y
obligaciones específicas en materia de planeación y coordinación para la
efectiva prestación de la educación, la Sala procederá a precisar el marco
normativo referido a aspectos generales en materia de planeación y coordinación
para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas del
Estado, para a continuación identificar las fuentes actuales con que cuentan
las entidades territoriales para la prestación del servicio de educación y los
cambios introducidos por el acto legislativo 05 de 2011 sobre la distribución
de regalías en general y en particular para la prestación de los servicios de
restaurante y transporte escolar, y administrativos generales.
Ahora, la prestación de los
servicios referidos, así como el aseguramiento de los recursos necesarios, requiere
de la planeación y coordinación de las entidades territoriales y la nación, lo
cual debe realizar en el marco de los deberes de las entidades territoriales
para la gestión de recursos para la prestación del servicio de educación.
En primer lugar, en virtud del
mandato general del artículo 67 constitucional las entidades territoriales y el
Ministerio de Educación Nacional tienen el deber de garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Así mismo, con
fundamento en el artículo 44 superior, las mismas entidades tienen el deber constitucional
de garantizarles a las niñas y los niños establecimientos apropiados y el
acceso digno a la educación.
En segundo lugar, este deber
general incluye unas obligaciones presupuestales y de planeación específicas
para las entidades territoriales. Así, de conformidad con el artículo 84 de la
Ley 715 de 2001, los presupuestos de los departamentos, distritos y municipios
deben incorporar los recursos del Sistema General de Participación para
educación. De acuerdo con el artículo 89 de la misma Ley, las entidades deben
además programar los recursos recibidos de la participación para educación al
elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto. Con este
objeto, cada entidad territorial certificada debe cumplir con la destinación específica
establecida para los referidos recursos, así como articularlos con las
estrategias, objetivos y metas de su Plan de Desarrollo.
Así mismo el artículo 5 de la Ley
715 de 2001, establece que respecto de los municipios no certificados le
corresponde a los departamentos, en el sector de educación, dirigir,
planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar,
básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad,
eficiencia y calidad. Incluso, les corresponde participar con recursos propios
en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y ejercer la
inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción.
En tercer lugar, la ley también ha
contemplado deberes de coordinación necesarios para garantizar el mandato
constitucional dirigido a asegurar la prestación adecuada de la educación y el
mantenimiento de las condiciones de acceso y permanencia en el sistema
educativo. Con relación a la Nación, y en consecuencia el Ministerio de
Educación Nacional, el artículo 5 de la Ley 715 de 2001 incluye los siguientes
deberes y competencias que implican acciones de coordinación:
-
Evaluar la gestión financiera, técnica y
administrativa del sector educativo en las entidades territoriales y el impacto
de su actividad en la sociedad. Esta facultad se podrá delegar en los
departamentos, con respecto a los municipios no certificados.
-
Prestar asistencia técnica y administrativa a
las entidades territoriales, cuando a ello haya lugar.
-
Determinar los criterios a los cuales deben
sujetarse las plantas docente y administrativa de los planteles educativos y
los parámetros de asignación de personal correspondientes a: alumnos por
docente; alumnos por directivo; y alumnos por administrativo, entre otros,
teniendo en cuenta las particularidades de cada región.
Los departamentos, de conformidad
con el artículo 6 de la citada ley, por su parte tiene los siguientes deberes
que implican acciones de coordinación con la nación y lo municipios de su
jurisdicción:
-
Prestar asistencia técnica educativa, financiera
y administrativa a los municipios, cuando a ello haya lugar.
-
Administrar y responder por el funcionamiento,
oportunidad y calidad de la información educativa departamental y suministrar
la información a la Nación en las condiciones que se requiera.
-
Apoyar técnica y administrativamente a los
municipios para que se certifiquen en los términos previstos en la presente
ley.
-
Distribuir las plantas departamentales de
personal docente, directivos y empleados administrativos, atendiendo los
criterios de población atendida y por atender en condiciones de eficiencia,
siguiendo la regulación nacional sobre la materia.
-
Organizar la prestación y administración del
servicio educativo en su jurisdicción.
Por su parte, los municipios
certificados tienen los siguientes deberes que implican actividades de
coordinación con la Nación, los departamentos y las instituciones educativas de
su jurisdicción:
-
Distribuir entre las instituciones educativas
los docentes y la planta de cargos, de acuerdo con las necesidades del servicio
entendida como población atendida y por atender en condiciones de eficiencia,
siguiendo la regulación nacional sobre la materia.
-
Prestar asistencia técnica y administrativa a
las instituciones educativas cuando a ello haya lugar.
-
Administrar el Sistema de Información Educativa
Municipal o Distrital y suministrar la información al departamento y a la
Nación.
Por último, la legislación incluye
un deber de actualización de la información de matrícula fundamental para
calcular la distribución y asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones
de cada vigencia así como para la formulación, seguimiento y evaluación de las
políticas sectoriales.[17]
Con el objeto de contar con información correcta y actualizada, el Decreto No.
1526 de 2002 y la Resolución 5360 de 2006[18] señaló las
pautas para que las entidades territoriales certificadas realicen el reporte de
información de matrícula al Ministerio de Educación Nacional.
El conjunto de competencias
referidas delimitan los deberes generales de planeación y coordinación de las
entidades tanto nacionales como territoriales para la prestación del servicio
de educación. En consecuencia, es en este marco de competencias que el deber de
asegurar condiciones de acceso material y permanencia en términos de una operación
continua de los servicios necesarios para la prestación integral de la
educación - tales como el transporte escolar, los servicios administrativos
generales y el servicio de alimentación escolar - debe realizarse.
5.6. Hasta este punto se han
identificado entonces el marco normativo y las obligaciones específicas de
planeación y coordinación para la efectiva prestación de la educación. Es
necesario adicionalmente abordar a continuación las fuentes actuales con que cuentan
las entidades territoriales para la prestación del servicio de educación, para
lo cual será necesario abordar también los cambios introducidos por el acto
legislativo 05 de 2011 sobre la distribución de regalías en particular para la
prestación de los servicios de restaurante y transporte escolar, y
administrativos generales.
6. Aspectos generales sobre las
fuentes de recursos de las Entidades Territoriales y los cambios introducidos
por el acto legislativo 5 de 2011 sobre la distribución de regalías.
6.1. Varias disposiciones
constitucionales establecen diferentes fuentes de recursos para las entidades
territoriales. Por ejemplo, el artículo 317 de la Constitución Política,
reserva a los municipios el impuesto predial, en tanto señala que “solo los
municipios podrán gravar la propiedad inmueble”. Así mismo, los artículos
356 y 357 superiores establecen un sistema unificado, el Sistema General de
Participaciones (SGP), creado con el fin de proveer recursos a los
departamentos, distritos y municipios para financiar adecuadamente la
prestación de los servicios a su cargo.[19] A su turno,
el artículo 362 señala que pueden recibir recursos tributarios y no tributarios
derivados de la explotación de monopolios rentísticos.
Adicionalmente, el artículo 295 de
la Carta también prevé la posibilidad de que las entidades territoriales puedan
acudir a recursos de endeudamiento, toda vez que les permite emitir títulos y
bonos de deuda pública con sujeción a las condiciones del mercado financiero,
así como contratar crédito externo de conformidad con la ley que regule la
materia.
6.2. La jurisprudencia
constitucional ha clasificado los recursos de las entidades territoriales en
dos (2) grupos de acuerdo con su origen y la competencia del legislador para
intervenir en la fijación de su destino, a saber rentas endógenas y rentas
exógenas. Las primeras son  aquellas que por derecho propio corresponden a las
entidades territoriales y están, a su vez, dividas en tributarias y no
tributarias. Las segundas, son cesiones de rentas que les hacen la Nación o el
Estado.[20]
Los constituyentes de 1991
buscaron que las rentas exógenas de las entidades territoriales, principalmente
las transferencias - ahora participaciones -previstas en los artículos 356 y
357 superiores y las regalías, fueran destinadas a cumplir los objetivos del
artículo 366, esto es, atender las necesidades básicas insatisfechas y garantizar
la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación, el
saneamiento básico y el agua potable. Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de
2001[21]
unificó las transferencias bajo el Sistema General de Participaciones con el
fin de hacer más equitativa y eficiente la distribución de los recursos, al
tiempo que se conservó el querer de los constituyentes de 1991 de destinar
prioritariamente los recursos de las transferencias a garantizar servicios
esenciales como la salud y la educación.[22] El Acto
Legislativo 04 de 2007[23]
profundizó este propósito al disponer que los recursos del sistema también se
destinaran prioritariamente al servicio de salud, educación, y servicios
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, con énfasis en
ampliación de la cobertura y la población más pobre.[24]
6.3. En cuanto a las regalías en
particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado de forma
reiterada que estas comprenden una “contraprestación económica que percibe
el Estado de las personas a quienes se les concede el derecho a explotar los
recursos naturales no renovables en determinado porcentaje sobre el producto
bruto explotado”.[25]
Así mismo, la Corte ha sostenido que los ingresos constitutivos de
regalías y compensaciones constituyen rentas exógenas. En este sentido, la
sentencia C-010 de 2013[26]
indicó que las regalías no hacen parte de las rentas propias de las entidades
territoriales, “respecto de las cuales sí ejercen derecho de propiedad, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 287-3 C.P”, y que los derechos de
participación que ejercen estas entidades “se enmarcan en el ejercicio el
derecho a participar en las rentas nacionales, previsto en el artículo 287-4
C.P.” Como lo precisó entonces la Corte, lo anterior no significa que
cualquier forma de distribución de regalías pueda ser procedente toda vez que “debe
conservarse dicha participación, en los términos ordenados por la Carta
Política”.
En la misma decisión, la Corte sintetizó otros
aspectos definitorios de las regalías a partir del sistema legal actual y la
jurisprudencia pertinente. Así, indicó que las regalías además de (i)
constituir rentas exógenas, (ii) son propiedad del Estado y generan un derecho
de participación de los entes territoriales,[27] (iii) tienen carácter
universal en tanto gravitan sobre todas las explotaciones de recursos naturales
de propiedad del Estado; (iv) constituyen los ingresos fiscales mínimos por las
explotaciones del subsuelo;[28]
y (v) son ingresos públicos que no tienen naturaleza tributaria.[29]
6.4. El Acto Legislativo 5 de 2011[30]
estableció profundas modificaciones en materia de redistribución de las
regalías. Específicamente, el Acto efectuó una redistribución de los
recursos que ahora integran el Sistema General de Regalías, mediante la
asignación de rubros específicos a las entidades territoriales y el
establecimiento de finalidades diferentes al reparto de las
regalías a los entes territoriales productores y portuarios. Lo anterior
porque inicialmente, el constituyente de 1991 había previsto
que las regalías fueran repartidas exclusivamente entre las entidades
territoriales con los objetos prioritarios de “financiar proyectos
regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo
de las respectivas entidades territoriales” (artículo 361 C.P. en su
versión original), promocionar la minería y preservar el ambiente. Al
respecto, la sentencia C-010 de 2013 antes citada, que analizó
el contenido y alcance de la reforma, sostuvo que el aspecto central de esta
fue
“la extensión del margen de configuración legislativa
sobre la distribución de las regalías y compensaciones, el cual sufrió una
drástica reducción, merced que el constituyente derivado fijó destinaciones
particulares y específicas para esos rubros”[31] (énfasis añadido).
En desarrollo del análisis de constitucionalidad de
la reforma, la Corte explicó que si bien uno de los efectos de la reforma fue
la disminución de los recursos que recibían las entidades territoriales
productoras y portuarias a favor de una distribución a favor de todas las
entidades territoriales, tal disminución no comportó una vulneración de la
autonomía que la Constitución confiere a los entes regionales y locales. Esto
es así porque “la principal proporción de recursos del SGR hacen parte de
los ingresos exógenos de los entes regionales”, razón por la cual no es posible
afirmar que la reforma implicara la eliminación de la autonomía o la
desfinanciación de las entidades territoriales.[32]
En suma, si bien el Sistema
General de Regalías (SGR) no desconoció la autonomía de las entidades
territoriales, sí modificó la forma en que las entidades territoriales
participan de las mismas. A continuación la Sala señala los principales
cambios introducidos por el Acto Legislativo 5 de 2011 respecto de las
entidades territoriales toda vez que son fundamentales para el estudio de la
presente acción de tutela. Estos cambios tienen que ver con las finalidades y
la forma de organización, ejecución y distribución de las regalías.
6.4.1. En primer lugar, la reforma introdujo un
conjunto de finalidades generales de los recursos del SGR, a saber (i) el
desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; (ii)
el ahorro para su pasivo pensional; (iii) las inversiones físicas en educación,
las inversiones en ciencia, tecnología e innovación; (iv) la generación de
ahorro público; (v) la fiscalización de la exploración y explotación de los
yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y (vi) el
aumento de la  competitividad general de la economía en aras de mejorar las condiciones
sociales de la población.
6.4.2. La reforma también estipuló unos mandatos
específicos de distribución de los recursos del SGR. En este orden, señaló que
los recursos de Sistema se repartirían así: (i) un 10% está destinado al Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación; (ii) un 10% está destinado para ahorro
pensional territorial; y (iii) hasta un 30% debe destinarse al Fondo de Ahorro
y Estabilización.  El monto restante, de conformidad con el nuevo régimen, debe
distribuirse de la siguiente forma: (i) un 20% está destinado a realizar las
asignaciones directas de que son beneficiarias las entidades territoriales
productoras o con puertos por donde sean transportados los recursos naturales
explotados; y (ii) el 80% restante debe destinarse en un 60% a los Fondos de
Compensación Regional, y en un 40% a los Fondos de Desarrollo Regional.[33]
Así mismo, un 2% de los ingresos del SGR debe ser
destinado para la fiscalización de la exploración y explotación de los
yacimientos, y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo.
6.4.3. Con relación a la operación, la reforma
modificó el modo de organización de las regalías en tres (3) aspectos. En
primer lugar, los ingresos que recibe el Estado por concepto de regalías
integran ahora el Sistema General de Regalías; en segundo lugar, la
distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso
eficiente y destinación de los ingresos provenientes regalías son materias
diferidas en el Congreso, previa iniciativa gubernamental. Por último, las
entidades territoriales tienen ahora la facultad de ejecutar directamente los
recursos provenientes de las regalías.
6.5. En conclusión, el Sistema
General de Regalías modificó la forma en que las entidades territoriales
participaban de las mismas, tanto en términos de los fines como las cuantías. La
manera en que estos cambios tuvieron un efecto sobre la distribución y
disponibilidad de recursos de regalías en materia de educación será abordada por
la Sala en el siguiente acápite.
7. Fuentes de recursos para la
prestación del servicio de educación de las entidades territoriales
Las fuentes de recursos para la
prestación del servicio de educación pueden  dividirse en términos generales en
dos. En primer lugar están los recursos del Sistema General de Participación en
educación. En segundo lugar, están otras fuentes de recursos con las que pueden
concurrir las entidades territoriales para la financiación de la gratuidad
educativa, incluyendo las regalías.
7.1. Recursos del Sistema
General de Participación en educación.
7.1.1. El Acto Legislativo 01 de
julio 30 de 2001 modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución y creó el
Sistema General de Participaciones (SGP) para financiar adecuadamente los
servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media con el fin de
garantizar la prestación y la ampliación de la cobertura en las entidades
territoriales. Las reglas del sistema general de participaciones establecen la
transferencia de rentas a favor de las entidades territoriales, en las
proporciones, incrementos periódicos y destinaciones previstos por el Sistema
(arts. 356 y 357 de la C.P.). En este marco, la participación para educación
del Sistema General de Participaciones corresponde a los recursos que la Nación
transfiere a las entidades territoriales para la financiación de la prestación
del servicio público educativo.
7.1.2. De conformidad con la Ley
715 de 2001,[34]
artículo 15, los recursos del SGP tienen las siguientes destinaciones en el
marco de la prestación del servicio educativo: (i) pago del personal docente y
administrativo de las instituciones educativas públicas; (ii) construcción de
la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento
de las instituciones educativas; (iii) provisión de la canasta educativa; (iv)
realización de acciones para mantener, evaluar y promover la calidad
educativa;  (v) contratación para la prestación del servicio educativo; y (vi)
pago de transporte escolar una vez cubiertos los costos de la prestación del
servicio educativo.
Uno de los criterios establecidos
por la misma ley para la distribución de la participación para educación en el
Sistema General de Participaciones, es la distinción entre entidades
certificadas y no certificadas. Las entidades territoriales certificadas son
aquellas que demuestran la capacidad necesaria para administrar el servicio
público de educación. De conformidad con la Ley 715 de 2001, los departamentos
y los distritos son entidades certificadas, así como los municipios con más de
cien mil (100.000) habitantes.[35]
En este orden, las entidades territoriales certificadas administran los
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, mientras que en
el caso de municipios no certificados los recursos son administrados por el
respectivo Departamento.[36]
Es importante resaltar en este
punto que las entidades territoriales certificadas tienen unos deberes
presupuestales y de planeación para garantizar la prestación del servicio de
educación. Así, el artículo 84 de la Ley 715 de 2001 dispone que los
presupuestos de los departamentos, distritos y municipios deban incorporar los
recursos del Sistema General de Participación para educación. Así mismo, y de
conformidad con el artículo 89 de la misma Ley, las entidades territoriales
deben programar los recursos recibidos de la participación para educación al
elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto. Con este
objeto, cada entidad territorial certificada debe cumplir con la destinación
específica establecida para los referidos recursos, así como articularlos con
las estrategias, objetivos y metas de su Plan de Desarrollo.
7.1.3. Por último, es necesario
precisar que los recursos destinados para gratuidad no constituyen una fuente
de recursos adicional al SGP toda vez que son financiados a través del Sistema
General de Participaciones (SGP). En efecto, de conformidad con el artículo 3
del Decreto 4807 de 2001,[37]
la gratuidad educativa se financia con los recursos de la participación para
educación del SGP por concepto de calidad. Sin embargo, de acuerdo con el mismo
artículo, las entidades territoriales pueden concurrir con otras fuentes de
recursos en la financiación de la gratuidad educativa.[38]
7.2. Recursos para educación
provenientes de otras fuentes
7.2.1. Las entidades territoriales
pueden emplear recursos diferentes a los provenientes del Sistema General de
Participaciones para financiar el servicio educativo. Así, de conformidad con
los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 715 de 2001, las entidades territoriales
pueden participar con recursos propios en la financiación del sector educativo
a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación.
Los departamentos además pueden participar con recursos propios en la
cofinanciación de programas y proyectos educativos.
7.2.2. Así mismo, las entidades
territoriales pueden emplear y han empleado recursos provenientes de regalías
para la prestación del servicio de educación. En el régimen anterior de
regalías, la Ley 141 de 1994[39]
prescribía en su artículo 14 que los departamentos productores debían asignar
por lo menos el sesenta por ciento (60%) del total de sus regalías para ciertos
servicios respecto de los cuales no se hubiera alcanzado una cobertura mínima,
incluyendo educación.[40]
Con relación a los municipios, el artículo 15 de la misma ley establecía que el
noventa por ciento (90%) de los recursos de regalías y compensaciones
monetarias distribuidos a los municipios productores y portuarios debía
destinarse a proyectos de desarrollo Municipal y Distrital contenidos en el
Plan de desarrollo, lo cual incluía inversiones en servicios de educación
básica, media y superior pública.[41]
Sobre esta base, los departamentos
productores y los municipios productores y portuarios destinaron por varios
años parte de los recursos provenientes a regalías a la financiación del
servicio de educación. En el caso bajo estudio - como lo indicó el Ministerio
de Educación - el departamento de Casanare y el municipio de Yopal financiaron
hasta el año dos mil once (2011) parte del suministro de los servicios de
transporte y alimentación escolar, así como los servicios administrativos
generales con recursos de regalías directas en el marco del Decreto 3976 de
2009.[42]
Posteriormente, no pudieron destinar recursos provenientes de regalías de la
manera como lo hacían bajo el régimen anterior en virtud de los cambios
introducidos por el Acto Legislativo 05 de 2011.
7.2.3. Adicionalmente, si bien las
cuantías y la distribución de las regalías cambiaron con la entrada en vigencia
del Acto Legislativo 5 de 2011, es preciso destacar que la priorización de la
educación continua siendo un objetivo prioritario en el Sistema General de
Regalías en el marco del deber constitucional del Estado de garantizar este
derecho fundamental. En efecto, el artículo 2 del Acto Legislativo 5 de 2011,
que modificó el artículo 361 superior, establece que los recursos provenientes
del Sistema General de Regalías están destinados, entre otras finalidades, a
proyectos relacionados con la educación en dos sentidos.
En primer lugar, el artículo establece
de manera expresa que los ingresos por concepto de regalías están destinados,
entre otras finalidades, “para inversiones físicas en educación”. En
este punto, surge la pregunta de si es posible destinar regalías a otros
aspectos de la educación diferentes a inversiones físicas. Al respecto, el mismo
artículo incorpora una segunda finalidad que responde a esta cuestión
afirmativamente. En armonía con otros mandatos constitucionales de garantía al
derecho a la educación (artículos 44, 64, 67, 70, 71 de la Constitución
Política), la segunda destinación de los recursos de regalías es el “financiamiento
de proyectos para el desarrollo social”. Esta disposición engloba de manera
más integral la posibilidad de destinar recursos provenientes de regalías a la
educación, entendida como una de las dimensiones y expresiones constitutivas
del desarrollo social. En este orden, la destinación específica para
inversiones físicas para educación no puede entenderse como excluyente de otras
inversiones en educación pues de lo contrario arribaríamos a la conclusión
absurda de que el desarrollo social no incluye la educación como una de sus  manifestaciones.
En suma, el Acto Legislativo 5 de
2011 estableció dos (2) campos de destinación de recursos provenientes de
regalías para la educación, a saber  las inversiones físicas y los proyectos de
desarrollo social. A continuación procede la Sala a señalar las características
específicas de los programas de alimentación y transporte escolar en el marco
constitucional del derecho fundamental a la educación.
8. El derecho a la alimentación
de los niños y las niñas incluye la garantía de continuidad de los programas de
alimentación y restaurantes escolares.
8.1. La Constitución Política en
su artículo 44 consagra la alimentación equilibrada como uno de los derechos
fundamentales de los niños y las niñas. Así mismo, la Convención sobre los
Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, impone a
los Estados la obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de
los recursos de que disponga y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional “para dar efectividad” a los derechos
sociales, económicos y culturales de los niños y niñas.[43]
Específicamente, con relación al derecho de las niñas y los niños a la
alimentación adecuada, los Estados deben adoptar acciones para combatir la
malnutrición infantil en el marco de la atención primaria de la salud, mediante
el “suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre,
teniendo en cuenta los peligros y riesgos derivados de la contaminación
del medio ambiente”.[44]
Lo anterior con la finalidad de asegurar a los niños y niñas el disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental.
Adicionalmente, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce en
su artículo 11 “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para
sí mismo y su familia, incluida alimentación, vestido y vivienda adecuadas, y
una mejora continua de las condiciones de existencia (...)”. En desarrollo
de la interpretación del contenido de este derecho, el Comité DESC ha señalado que
el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la
dignidad humana y requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y
sociales adecuadas en los planos nacional e internacional.[45]
En este sentido es importante mencionar el artículo 1 de la Declaración
Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, el cual establece
que “[c]ada hombre, mujer y niña o niño tiene el derecho inalienable
a estar libre de hambre y malnutrición para poder desarrollar sus facultades
físicas y mentales (...)”.[46]
Específicamente con relación a los
deberes de los Estados de asegurar alimentos adecuados a las niñas y los niños,
y de luchar contra la desnutrición infantil, la Observación General No 15 del
Comité de los Derechos de Niño resalta la importancia de adoptar, en función de
cada contexto, medidas encaminadas al cumplimiento por los Estados de sus
obligaciones de garantizar el acceso a alimentos inocuos, nutricionalmente
adecuados y culturalmente apropiados.[47]
Así mismo, el Comité recomienda la alimentación escolar “para garantizar a
todos los alumnos acceso a una comida completa al día, algo que, además, puede
elevar la atención de los niños en aras del aprendizaje y aumentar la matrícula
escolar”.[48]
Por su parte, el ‘Código de
Infancia y Adolescencia’, Ley 1098 de 2006, reitera en su artículo 24 el
derecho de los niños, las niñas y los adolescentes “a los alimentos y demás
medios para su desarrollo físico, psicológico”. Así mismo, el numeral 23
del artículo 41 de la misma ley, establece como obligación del Estado el diseño
y aplicación de estrategias para la prevención y el control de la deserción
escolar y para evitar la expulsión de los niños, niñas y adolescentes del
sistema educativo.[49]
Teniendo en consideración que una de las casas de deserción escolar en Colombia
es la falta de alimentación escolar, como lo explicará la Sala a continuación,
este mandato implica una obligación de las autoridades públicas de asegurar la
alimentación de las niñas y niños estudiantes.
8.2. En cuanto a la alimentación
escolar en particular, es importante resaltar que esta garantía no sólo asegura
el derecho  de los estudiantes a tener una alimentación adecuada y a crecer en
condiciones dignas, sino que contribuye a eliminar una de las barreras de
acceso a la educación que con frecuencia se traduce en niveles preocupantes de
deserción escolar. Al respecto, la Encuesta de Deserción Nacional llevada a
cabo por el Ministerio de Educación Nacional en el 2010 indicó que “cerca
del 14,2% de los estudiantes de establecimientos oficiales que alguna vez
abandonaron las aulas, lo hicieron por la falta de ayuda en alimentación
escolar”.[50]
Adicionalmente, es importante resaltar que si bien entre los años dos mil dos (2002)
y dos mil doce (2012) los niveles de deserción escolar bajaron en términos
generales,[51]
en las zonas rurales de algunos departamentos, incluyendo el Casanare, la
deserción fue mayor, especialmente respecto de grupos poblacionales
particularmente vulnerables.[52]
En cuanto a los niveles de
desnutrición que afectan a la población infantil en Colombia, la Encuesta
Nacional de la Situación Nutricional de dos mil diez (2010) – ENSIN, reveló que
en la población escolar el nueve por ciento (9 %) de niños y niñas entre cinco
(5) y nueve (9 ) años, y el diez punto siete por ciento (10.7 %) de los menores
entre diez (10) a diecisiete (17 )años, presenta retraso en talla o
desnutrición crónica, y que el ocho por ciento (8%) de los niños y niñas entre cinco
(5) y doce (12 )años y el diez punto seis por ciento (10.6%) de los menores
entre trece (13) a diecisiete (17) años, presenta anemia.[53]
Resulta claro para la Sala que la
ausencia de alimentación escolar constituye una barrera de acceso a la
educación y una vulneración a la dignidad de los niños y niñas. En la medida en
que esta situación es una de las causas de la deserción escolar, equivale a la
negación misma del derecho de educación. En este escenario, los problemas de
nutrición, deserción escolar y educación en condiciones dignas que afectan a
muchos niños y niñas del país exigen no sólo el cumplimiento de las
competencias específicas asignadas por la Constitución y la ley a las entidades
de orden nacional y territorial en ese sentido, sino un esfuerzo de planeación
y coordinación mancomunado y constante dirigido a exterminar el hambre y la
desnutrición de los niños y las niñas.
8.3. En el contexto de las
circunstancias y derechos arriba reseñados, los restaurantes escolares y los
programas de alimentación en las instituciones educativas del Estado
desarrollan no sólo su deber de adoptar acciones para combatir la malnutrición
infantil y garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental de las niñas y los niños, sino el mandato constitucional de la
educación. No obstante, el conjunto de normas y procedimientos que regula la
prestación de este servicio es múltiple y ha variado de manera significativa en
los últimos años, como procede la Sala a continuación.
8.4.1. El principal mecanismo para
asegurar los recursos para la atención de la alimentación escolar lo prevé el Sistema
General de Participaciones. El artículo 76.17 de la Ley 715 de 2001[54]
establece la obligación para los distritos y municipios de “garantizar el
servicio de restaurante para los estudiantes de su jurisdicción”. Con este
objeto, dichas entidades deben “adelantar programas de alimentación escolar
con los recursos descontados para tal fin”. Al respecto, el parágrafo 2 del
artículo 2 de la misma ley establece que  punto cinco por ciento (0.5%) del
monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del total de recursos que conforman
el Sistema General de Participaciones, el cual es deducido previamente cada
año, debe ser distribuido a los distritos y municipios para programas de
alimentación escolar.[55]
Por su parte, la Ley 1176 de 2007,[56]
que desarrolla los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, regula en
su Capítulo I del título IV la asignación especial para alimentación escolar. En
el Artículo 16 establece que el programa de alimentación escolar se financiará
con recursos de diferentes fuentes.[57]
Con este objeto, las entidades territoriales seguirán y aplicarán, en primer
término, los lineamientos técnico-administrativos básicos que establezca el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el desarrollo del
programa,[58]
así como los lineamientos previstos en sus planes de desarrollo. De conformidad
con el mismo artículo, el ICBF será la institución encargada de articular las
acciones que desarrollen los diferentes agentes para la ejecución de este
programa. Por último, en materia de planeación y seguimiento, el parágrafo de
esta disposición dispone que el ICBF debía implementar a partir del año de dos
mil nueve (2009) un sistema de seguimiento y monitoreo a los recursos
destinados a alimentación escolar en los establecimientos educativos oficiales
en el país, con el fin de monitorear las coberturas alcanzadas y la eficiencia
en el uso de los recursos de programa.
En desarrollo de las disposiciones
anteriores el ICBF y el Ministerio de Educación Nacional expidieron la
Directiva No. 12 de dos mil diez (2010), que propone orientaciones para la
coordinación interinstitucional del registro de beneficiarios y la ejecución
del PAE en Colombia.
8.4.2. No obstante lo anterior, la Ley
1450 de 2011[59]
en su artículo 136, parágrafo 4, estableció que el Gobierno Nacional
trasladaría el Programa de Alimentación Escolar del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar al Ministerio de Educación Nacional. El objetivo señalado
por la ley en mención es alcanzar las coberturas universales en el Programa,
para lo cual el Gobierno Central, “trasladará, la orientación, ejecución y
articulación del programa, sobre la base de estándares mínimos de obligatorio
cumplimiento para su prestación, de manera concurrente con las entidades
territoriales”. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional deberá,
de conformidad con la disposición antedicha, realizar las siguientes acciones
con el fin de efectuar el traslado:
“(…) el MEN realizará la revisión, actualización y
definición de los lineamientos técnicos-administrativos, de los estándares, y
de las condiciones para la prestación del servicio para la ejecución del
Programa, que serán aplicados por las entidades territoriales, los actores y
operadores del programa”.
En cuanto a la financiación del
Programa de Alimentación Escolar, el mismo artículo señala que se financiará con
recursos de diferentes fuentes y precisa que el Ministerio de Educación
cofinanciará el Programa en los siguientes términos:
“(…) el MEN cofinanciará [el Programa] sobre la base
de los estándares mínimos definidos para su prestación, para lo cual podrá
celebrar contratos de aporte en los términos del artículo 127 del Decreto 2388
de 1979 y promoverá esquemas de bolsa común con los recursos de las diferentes
fuentes que concurran en el financiamiento del Programa”.[60]
Con este fin, la misma disposición
señala que el Ministerio de Educación Nacional realizará “la revisión,
actualización y definición de los lineamientos técnicos-administrativos, de los
estándares, y de las condiciones para la prestación del servicio para la
ejecución del Programa”, lo cuales serán aplicados por las entidades
territoriales, los actores y los operadores del programa. En este orden, el
Ministerio de Educación señaló en sus ‘Lineamientos Técnico Administrativos y
Estándares del Programa de Alimentación Escolar (PAE)’ de mayo de dos mil trece
(2013)[61]
varias pautas relevantes sobre aspectos como (i) la planeación, contratación y
ejecución del Plan de Alimentación Escolar; (ii) la identificación de las
condiciones mínimas con las que deben contar los operadores del servicio; (ii)
la definición de población objetivo así como criterios de priorización y
focalización, (iv) la inscripción de beneficiarios y reporte de los niños,
niñas y adolescentes inscritos en el programa; (v) las características del
componente alimentario,[62]
y (vi) los sistemas de información, monitoreo y control. Como lo evidencia la
complejidad y grado de detalle de estas pautas, estos lineamientos técnico
administrativos implican un nivel significativo de acciones de planeación y
coordinación.
A partir de los anteriores
aspectos reseñados, es claro que un porcentaje del total de recursos que
conforman el Sistema General de Participaciones debe destinarse a programas de
alimentación escolar. La Sala observa, sin embargo, que la definición e
implementación clara actual del programa de alimentación escolar atraviesa un
proceso de transición en el cual diversos lineamientos y competencias han sido
adoptados sucesivamente desde el año dos mil siete (2007). En efecto, en el dos
mil siete (2007) la Ley 1176 de dicho año determinó que el ICBF establecería
unos lineamientos técnico-administrativos para el desarrollo del programa de
alimentación los cuales deberían ser seguidos por las entidades territoriales.
Así mismo dispuso  que esa entidad debía implementar desde el dos mil nueve (2009)
un sistema de monitoreo y seguimiento a los recursos destinados para
alimentación escolar. No obstante en el año dos mil once (2011) el Gobierno
Central decidió, mediante la Ley 1450 de ese año,  que la ejecución,
orientación y articulación del programa de alimentación escolar debía ser
traslada del ICBF al Ministerio de Educación Nacional. Con ocasión de este
cambio el Gobierno Central dispuso que el Ministerio de Educación debía (i)
revisar y actualizar los lineamientos técnico administrativos y de los
estándares para la ejecución del programa que aplicarían las entidades territoriales
y los operadores mismos del este, y (ii) cofinanciar el programa. Con este
objeto, en el dos mil trece (2013) el Ministerio de Educación publicó los
lineamientos y estándares para la ejecución del programa de alimentación
escolar.  Así, es a partir del dos mil trece (2013) que un conjunto de
estándares y lineamientos para la operación del programa de alimentación son
sistematizados. No obstante, toda vez que la implementación del programa de
alimentación presupone varias fases de planeación, contratación y operación, la
Sala concluye que la ejecución integral del programa en los términos trazados
por los lineamientos hasta ahora está iniciando.
8.5. De otro lado, recursos
provenientes de regalías también han sido empleados para la prestación de los servicios
de alimentación escolar y restaurantes escolares. En este orden, los artículos
1 y 2 de la Ley 1283 de 2009[63]
estableció que los departamentos productores así como los municipios
productores y portuarios, debían destinar a proyectos de inversión en nutrición
y seguridad alimentaria,[64]
como mínimo, el uno por ciento (1%) del noventa por ciento (90%) de los
recursos de regalías y compensaciones monetarias destinados por ley a inversión
en proyectos prioritarios que estén contemplados en los respectivos planes de
desarrollo.
Posteriormente, como fue anotado
anteriormente en esta providencia, el Acto Legislativo 05 de 2011 modificó la
distribución de los recursos de regalías, lo cual tuvo un impacto sobre la
financiación de los programas de alimentación escolar en entidades
territoriales que recibían regalías en los términos del régimen anterior. El
Decreto transitorio 4923 de 2011[65]
previó de manera explícita dicho impacto y estableció en su artículo 145 lo
siguiente con el fin de evitar traumatismos relacionados con la prestación de
alimentación escolar:
“ARTÍCULO 145. Los programas y proyectos de
alimentación escolar y régimen subsidiado que en virtud de las normas sobre
regalías vigentes antes de la expedición del presente decreto, sean financiados
con recursos de regalías directas por las entidades territoriales a que se
refiere el inciso 2o del artículo 361 de la Constitución Política, serán
cofinanciados por la Nación en el monto necesario para alcanzar la media
nacional, y los que sean financiados con recursos de regalías por las entidades
territoriales que al entrar en vigencia del presente decreto tengan cobertura
por encima del promedio nacional recibirán el monto necesario para mantener la
media nacional más un cinco por ciento (5%) adicional, por un periodo de diez
(10) años contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”.
El artículo 145 de la Ley 1530 de
2012, ‘por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías’ reprodujo los contenidos del artículo del Decreto
transitorio 4923 de 2011 en los siguientes términos:
“Los programas y proyectos de alimentación escolar y
régimen subsidiado que en virtud de las normas sobre regalías vigentes antes de
la expedición de la presente ley, sean financiados con recursos de regalías
directas por las entidades territoriales a que se refiere el inciso segundo del
artículo 361 de la Constitución Política, serán cofinanciados por la Nación en
el monto necesario para alcanzar la media nacional, y los que sean financiados
con recursos de regalías por las entidades territoriales que al entrar en
vigencia de la presente ley tengan cobertura por encima del promedio nacional
recibirán el monto necesario para mantener la media nacional más un cinco por
ciento (5%) adicional, por un periodo de diez (10) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley”.
En atención a la cofinanciación
señalada, el Ministerio de Educación Nacional giró y asignó recursos a varias
entidades territoriales por concepto de programas de alimentación escolar.
Específicamente, mediante la Resolución 3585 del doce (12) de abril de dos mil
doce (2012), el Ministerio giró recursos “a favor de las entidades
territoriales que habían realizado las mayores inversiones en programas de
alimentación escolar con recursos de regalías directas”. Así mismo,
mediante Resolución 16841 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012),
el Ministerio asignó recursos para la cofinanciación de programas de
alimentación escolar.
La mencionada Resolución asignó la
suma de setenta y ocho mil millones ($78.000.000.000) para la cofinanciación de
programas de alimentación. Sin embargo, el Ministerio de Educación tuvo que
expedir una nueva Resolución para determinar el monto específico al que tienen
derecho cada una de las entidades territoriales mencionadas en el inciso 2 del
artículo 361 superior. En ese orden, el Ministerio expidió la Resolución 1081
de 2013, ‘Por la cual se establecen reglas para el giro y aplicación de los
recursos de cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar de las
entidades territoriales señaladas en el inciso 2 del artículo 361 de la
Constitución Política’.
Por último, el Decreto 185 de 2013[66]
reguló la cofinanciación de la Nación en las coberturas de Alimentación Escolar
de las entidades territoriales productoras que destinaron regalías para dicho
Programa, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 145 de la Ley 1530 de
2012 antes citado.[67]
Con este fin, el artículo 2 del decreto señala que el “Ministerio de
Educación Nacional determinará la cobertura media nacional y territorial, a
través de los recursos destinados para alimentación escolar por fuentes de financiación
reportados y consolidados por los municipios, distritos y departamentos en el
Formato Único Territorial (FUT) en la vigencia 2011”.[68]
El artículo 3 establece los diferentes pasos que deben llevarse a cabo para determinar
los cupos a cofinanciar, lo cual incluye identificar las entidades
territoriales beneficiarias que se encuentren por debajo y cuales por encima de
la media nacional estimada en el dos mil once (2011), así como estimar los cupos
a cofinanciar para cada entidad territorial a partir de varias fórmulas y
procesos.[69]
El decreto mencionado establece
además una serie de deberes y gestiones relacionados con la efectiva operación
de la cofinanciación, los cuales comprometen a diversas entidades del orden
nacional y local. Así, (i) las entidades territoriales productoras y portuarias
tenían el deber de certificar el monto de los recursos comprometidos con fuente
de regalías destinado a financiar gastos de inversión en alimentación escolar en
la categoría Inversión del Formulario Único Territorial (FUT) para el corte al
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil once (2011);[70]
(ii) la Dirección de Apoyo Fiscal debe reportar a la Dirección General de
Presupuesto Público Nacional el valor certificado por las respectivas Secretarías
de Hacienda como comprometido para los proyectos incluidos en la categoría
Regalías 2 -Relación de Inversiones para el mismo corte en los casos de
entidades territoriales que no hayan registrado la información respectiva en el
FUT para corte antedicho;[71]
(iii) la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
debe informar a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional
anualmente, el monto de los recursos comprometidos con fuente regalías por las
entidades territoriales productoras y portuarias y destinado a financiar gastos
de inversión en alimentación escolar;[72]
y (iv) las entidades territoriales beneficiarias deben gestionar el apoyo
administrativo, contractual, financiero, presupuestal y contable de acuerdo con
las normas vigentes para el desarrollo del programa de alimentación escolar en
condiciones de calidad, eficiencia e impacto social positivo, para lo cual
deben tener como premisa que la asignación de la alimentación se realiza por
estudiante atendido en jornadas específicas.[73]
8.6. En suma, la Sala encuentra
que la regulación y los procedimientos establecidos para la financiación y
operación de los programas de alimentación escolar son complejos, han venido
cambiando desde el dos mil siete (2007), e implican un grado significativo de
planeación y coordinación interinstitucional.
Aunado a lo anterior, si bien el
Decreto transitorio 4923 de 2011 y luego la Ley 1530 de 2012 reconocieron
explícitamente el posible impacto que el Acto Legislativo 05 de 2011 tendría
sobre la prestación del servicio de alimentación escolar en entidades
territoriales que empleaban recursos de las regalías para su financiación, no
fue sino hasta el dos mil trece (2013) que el Ministerio de Educación expidió
las resolución que hacía efectivas dichas previsiones (Resolución 1081 de 2013).
En virtud de este contexto, la
Sala observa que el deber de coordinación y planeación necesario para asegurar
la continuidad y progresividad debida en materia de alimentación escolar en el
departamento de Casanare y el municipio de Yopal, requería que, primero, las
entidades territoriales planearan y aseguraran los recursos para la
continuación efectiva del servicio de restaurante con la antelación necesaria para
evitar interrupciones en cada año escolar, y, segundo, que el Ministerio de
Educación acompañara y asesorara a las mismas en dicho proceso. En este punto,
la Sala también nota que el desarrollo de las responsabilidades relacionadas
con el cambio introducido por el Sistema General de Regalías llevó cerca de dos
(2) años. En efecto el Decreto 185 de 2013[74] que reguló
la cofinanciación de la Nación en las coberturas de Alimentación Escolar de las
entidades territoriales productoras que destinaban regalías a ese servicio fue
sancionado en febrero de dos mil trece (2013).
No obstante, la prestación
continúa del servicio de restaurante escolar en varias instituciones educativas
del departamento de Casanare y el municipio de Yopal no fue garantizado durante
los años dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013) en detrimento de los
derechos a una alimentación adecuada y a la dignidad de los menores afectados.
9. La prestación de transporte
escolar es una garantía de acceso material a la educación en los eventos en que
su ausencia constituya una barrera de acceso al sistema educativo.
9.1. La garantía de accesibilidad
a la educación, como lo indicó la Sala anteriormente, exige la remoción de las
barreras de acceso tales como la falta de transporte cuando esta represente un
obstáculo para acudir a las instituciones de educación debido a las condiciones
geográficas, de seguridad o de otra índole. Para ello, todas las entidades del
Estado y la sociedad tienen un deber constitucional de adoptar medidas para
hacer efectivo el disfrute del derecho a la educación de las niñas y los niños
(artículo 67 y 44 superiores), lo cual incluye la remoción de todas las
barreras de acceso al mismo. Es en este sentido que el artículo 4º de la Ley
115 de 1994 establece que “corresponde al Estado, a la sociedad y a la
familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio
público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales,
garantizar su cubrimiento”.
9.2. En sede de tutela, el deber
de garantizar el transporte escolar como condición indispensable para la
efectividad del derecho a la educación cuando su ausencia constituye una
barrera de acceso al servicio educativo, ha sido reconocido y protegido por la
Corte en ocasiones anteriores. Así por ejemplo, en la sentencia T-458 de 2013[75]
la Corte determinó que el departamento de Santander vulneró el derecho a la
educación de varios menores de edad que debían recorrer largas distancia s para
poder recibir educación en casco urbano del municipio de Onzanga donde está
localizada la institución que presta el servicio de educación secundaria. Toda
vez que la entidad demandada no aseguró el servicio de transporte a los
menores, la Corte estimó que la entidad territorial omitió garantizar su
derecho a la educación en sus dimensiones de no discriminación y accesibilidad
material. Con fundamento en lo anterior, la Corte ordenó a la Secretaría de
Educación de Santander adoptar una serie de medidas con el fin de asegurar el
servicio de transporte escolar a los menores que lo requerían.
Así mismo, en la sentencia T-690
de 2012[76]
la Corte examinó el caso de los niños y niñas de la vereda la Selva ubicada en
Pueblo Rico, Risaralda. En esta ocasión, viarias familias presentaron acción de
tutela contra el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación
de Risaralda y la Alcaldía de Pueblo Rico, por considerar que tales autoridades
vulneraban los derechos fundamentales a la educación y la integridad física de
los niños de la vereda la Selva. Debido a la falta de asignación de un docente
para la escuela más cercana a su lugar de residencia, los menores tenían que viajar
diariamente por un tiempo aproximado de una hora y media y atravesar una zona
con problemas de orden público hasta llegar a otra vereda, donde recibían
educación.  A pesar de que las entidades demandadas conocían esta situación no
adoptaron alguna solución para superarlas, manifestando que la inactividad
tenía por causa diferencias entre ellas con relación a la capacidad que tenían
para asignar un docente en la escuela de la vereda o prestarles el servicio de
transporte a los menores para recibir educación en otro lugar. La Corte
consideró que “por lo menos, la dimensión de accesibilidad material al
sistema educativo se vio comprometida”, razón por la cual determinó que era
necesario proferir órdenes alternativas para enervar la violación. En
consecuencia, ordenó a las entidades demandadas facilitar a los menores los
medios de transporte adecuados, para que el desplazamiento entre su vereda y
aquella donde recibían educación se realizara en condiciones seguras durante el
trayecto que recorren diariamente para recibir educación mientras se designa un
docente para la vereda Selva donde habitan.[77]
Ahora, la regulación de la
prestación del servicio de transporte escolar está contenida en diversas normas
como pasa la Sala a explicar a continuación.
9.3. En el marco del deber
constitucional de garantizar el acceso a la educación en materia de transporte,
existen unas competencias específicas a partir de las cuales es posible
determinar deberes particulares con relación al aseguramiento de la prestación
del servicio de trasporte. En primer lugar, el artículo
6.2 de la Ley 715 de 2001 estableció que le corresponde a los departamentos dirigir,
planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar,
básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad,
eficiencia y calidad respecto de los municipios no certificados de su
jurisdicción. Así mismo, de acuerdo con la misma
disposición, a los departamentos les corresponde “[a]dministrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los
recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones,
destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado”; participar con recursos propios en la financiación de los
servicios educativos a cargo del Estado; y ejercer la inspección, vigilancia y
supervisión de la educación en su jurisdicción.[78]
La misma ley también previó
ciertas competencias para los municipios no certificados como lo es la facultad
de participar con recursos propios en la financiación de los servicios
educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad
y dotación. Los municipios además tienen el deber de administrar y distribuir
los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen para el
mantenimiento y mejoramiento de la calidad en la educación.[79]
9.4. En el marco del Sistema
General de Participaciones (SGP), las entidades territoriales pueden financiar
el transporte escolar con los recursos del Sistema. Como se señaló
anteriormente, la Ley 715 de 2001[80]
establece que los recursos del SGP pueden destinarse entre otros, al pago de
transporte escolar una vez cubiertos los costos de la prestación del servicio
educativo.[81]
Así mismo, el artículo 9 del Decreto
4807 de 2011[82]
permite la contratación de los servicios de transporte escolar de la población
matriculada entre transición y undécimo grado cuando se requiera con recursos
de los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas estatales.
Estos fondos, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 715 de 2001, son
mecanismos presupuestales de las instituciones educativas estatales, dispuestos
por la ley para la adecuada administración de sus rentas e ingresos y para
atender sus gastos de funcionamiento, e inversión, distintos a los de personal.[83]
Posteriormente, el Decreto 0048 de
2013[84]
adoptó una serie de medidas especiales para la prestación del servicio de
transporte escolar con fundamento tras reconocer que uno de los factores
determinantes de la deserción escolar es la falta de un servicio de transporte
para los estudiantes.[85]
En particular, estableció la posibilidad de autorizar la prestación del
servicio de transporte escolar a las empresas de Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Mixto o Colectivo Municipal y a particulares en aquellos
municipios donde no se ha logrado la cobertura necesaria del servicio de
transporte.[86]
En suma, para asegurar el
transporte escolar como garantía de acceso a la educación los departamentos
deben adoptar las medidas necesarias en el marco de sus competencias para (i)
invertir recursos con este fin, y (ii) presupuestar y planear con la debida
anticipación los recursos y procesos contractuales necesarios para asegurar el
servicio de transporte escolar.
10. Servicios administrativos
Los gastos administrativos para la
operación del servicio de educación financiados con recursos del Sistema
General de Participaciones se rigen por lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y la
Ley 1176 de 2007.[87]
10.1. De acuerdo con el artículo
31 de la Ley 1176 de 2007, el Gobierno Nacional determinará el porcentaje de
las transferencias para prestación del servicio que se podrá destinar a
financiar el personal administrativo de la educación. Así mismo, señala que dicho
porcentaje debe garantizar el costo de la planta administrativa aprobada a la
entidad territorial a treinta (30) de noviembre de dos mil siete (2007); lo que
supere el porcentaje señalado deberá ser asumido por la entidad territorial con
sus recursos propios.
10.2.
De otro lado, entre las competencias de los departamentos frente a los
municipios no certificados, la Ley 715 de 2001 incluye
la de (i) administrar las instituciones educativas y el personal docente y
administrativo de los planteles educativos; (ii) distribuir entre los
municipios los docentes, directivos y empleados administrativos, de acuerdo con
las necesidades del servicio; (iii) distribuir las plantas departamentales de
personal docente, directivos y empleados administrativos, atendiendo los
criterios de población atendida y por atender en condiciones de eficiencia; y
(iv) organizar la prestación y administración del servicio educativo en su
jurisdicción. [88]
En cuanto a la
financiación de los servicios administrativos, el artículo  15 de la Ley 715 de
2001 permite la destinación de recursos de la participación para educación del
Sistema General de Participaciones para financiar el pago del personal
administrativo de las instituciones educativas públicas.
10.3. Ahora, la
Corte debe precisar que no cualquier ausencia de personal administrativo
constituye una violación de la garantía de acceso a la educación debida a los
menores estudiantes. No obstante, cuando la falta  o interrupción de un
servicio general o administrativo represente una barrera de acceso,  obstruya
la permanencia de los estudiantes en una institución educativa o afecte el
derecho de los menores a recibir educación en condiciones dignas, dicha
interrupción constituye una vulneración de su derecho fundamental a la
educación.  Así por ejemplo cuando la ausencia de personal de aseo conduzca a
un grave deterioro de las condiciones de salubridad e higiene de una
institución, el derecho a los menores a recibir educación en condiciones dignas
se verá vulnerado. Así mismo, cuando un servicio administrativo particular como
el de granjero resulte indispensable para garantizar la operación de uno de los
programas definitorios de la institución, dicho servicio puede constituir una
barrera de acceso y permanencia en la educación. Como ocurrió en el caso de la
institución educativa León de Greiff, cuyos objetivos en materia de educación
incluyen la formación agroempresarial, la ausencia de granjero implicó la
afectación de los programas agrarios así como el cuidado de los animales que hacían
parte de la granja.
10.4. La legislación citada
reconoce entonces la importancia de asegurar los recursos para la garantía
material y realización de los derechos fundamentales. En este marco, la
previsión y la coordinación entre la Nación y las entidades territoriales
constituyen criterios de orientación que deben guiar la actuación de los
poderes públicos. Así mismo, la obligación de las entidades y el Estado de
asegurar la continuidad en las prestaciones asociadas a la correcta operación
de la educación como finalidad propia del Estado Social de Derecho.
11. Solución del caso concreto:
La omisión de adoptar medidas de planeación para asegurar la efectiva
prestación del servicio de educación en sus dimensiones de acceso material y
permanencia por parte de las entidades demandadas desconoce el derecho a la
educación de los menores estudiantes de las entidades educativas del municipio
de Yopal y el departamento de Casanare en las que la prestación de los
servicios de alimentación escolar, transporte escolar y servicios
administrativos tales como aseo, vigilancia y generales, no ha sido garantizada
de manera continua.
11.1. En el año escolar de dos mil
doce (2012) y de nuevo en el dos mil trece (2013), diferentes Instituciones
Educativas del departamento de Casanare y el municipio de Yopal, ambas entidades
territoriales certificadas, suspendieron de manera permanente o intermitente
alguno o algunos de los siguientes servicios: transporte escolar, restaurante
escolar y servicios de aseo, vigilancia, secretaría y administrativos generales.
Las personas accionantes
consideran que las dificultades en la operación de estos servicios han
obstruido el goce efectivo del derecho a la educación así como el derecho a
recibir educación en condiciones dignas de más de sesenta (60) niñas y niños
residentes en los municipios de Yopal, Hato Corozal y Aguazul en el
departamento de Casanare, en cuyo nombre interpusieron las acciones de tutela
de la referencia en contra del Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Casanare. Consideran que la interrupción constante del
transporte y del restaurante escolar en las instituciones educativas donde
estudian los menores, así como la falta de personal para la realización de
servicios generales de aseo, administrativos, vigilancia y atención de
bibliotecas, entre otros, vulnera su derecho a la educación y la dignidad.
La Secretaría de Educación del
departamento de Casanare manifestó que los problemas presentados al inicio del dos
mil doce (2012) ocurrieron debido al cambio de administración y a la suspensión
de regalías y compensaciones, recursos con los que regularmente contaba para la
prestación de los servicios de transporte y restaurante escolar así como los
servicios administrativos en las instituciones de educación. Ante las
problemáticas presentadas, la Secretaría radicó un proyecto para obtener
recursos ante el OCAD en agosto de dos mil doce (2012). No obstante haber sido
aprobado en octubre de dos mil doce (2012), para junio de dos mil trece (2013)
los procesos precontractuales de transporte y restaurante se encontraban aún “trámite
de estudios previos”.
La Secretaría de Educación de
Yopal, municipio que fue vinculado en varias de las acciones de tutela, indicó
que con anterioridad al dos mil doce (2012), la entidad cubría varias
necesidades educativas con recursos de regalías. No obstante, con la entrada en
vigencia del nuevo Sistema de Regalías, se presentaron varias irregularidades
en la prestación de servicios relacionados con la educación porque ya no
contaba con los mencionados recursos y aquellos provistos en el Sistema General
de Participaciones resultaban insuficientes.
Mediante decreto, la
administración declaró la urgencia manifiesta en junio de dos mil doce (2012) con
el objeto de cubrir las necesidades de personal administrativo y de vigilancia
por tres (3) meses. El proceso licitatorio para servicios administrativos fue
cancelado en diciembre de dos mil doce (2012). Reanudado el proceso
licitatorio, y luego de que la administración contratara de manera directa a cincuenta
y tres (53) personas por dos (2) meses, fue adjudicado el contrato para la
prestación de servicios administrativos por cinco (5) meses a partir del diez (10)
de abril de dos mil trece (2013).
Por su parte, el Ministerio de
Educación sostuvo inicialmente que no estaba dentro de sus competencias
administrar y prestar el servicio educativo en las entidades territoriales
certificadas. Añadió que el impase por el que atraviesa el departamento se debe
a los cambios introducidos por el Acto Legislativo 05 de 2011 con relación a la
forma de distribuir los recursos de regalías. No obstante lo anterior, el
Ministerio aumentó para el dos mil trece (2013) en cinco (5) puntos
porcentuales las asignaciones del Sistema General de Participaciones para
gastos administrativos al departamento de Casanare, mientras que al municipio
de Yopal le reconoció un aumento de dos (2) puntos. Así mismo, en el dos mil
doce (2012) y dos mil trece (2013) expidió varias resoluciones dirigidas a
implementar la cofinanciación, por parte de la Nación, de los programas de
alimentación escolar que anteriormente eran financiados por las entidades
territoriales productoras o portuarias con recursos de regalías.
11.2. En este escenario, lo
primero que debe resaltar esta Sala es que, como fue señalado en la parte
considerativa, el derecho a la educación, como todo derecho fundamental, tiene
una dimensión progresiva que implica la garantía de condiciones de acceso,
permanencia, y la continuidad en la prestación del mismo, todo lo cual exige medidas
de planeación y la adopción de programas y políticas dirigidas a tal fin. En
este sentido, la garantía de acceso al servicio implica asegurar que los
estudiantes, en atención a sus condiciones físicas, económicas y sociales, tengan
la posibilidad efectiva no solo de ingresar al sistema educativo sino de
permanecer en él. Para ello, el Estado tiene la obligación de establecer cuáles
son las condiciones particulares en las que se encuentran los estudiantes en su
territorio, para luego definir de qué manera las autoridades públicas deben
responder a esas necesidades en aras de garantizar la accesibilidad a la
educación.
Esta Sala encuentra que, en este
caso, tanto los accionantes como las autoridades demandadas coinciden en
reconocer la existencia de una grave problemática social, relacionada con las
repetidas interrupciones de los servicios de transporte escolar, restaurante
escolar y servicios administrativos en varias instituciones del Casanare. En
efecto, las entidades demandadas y los accionantes manifestaron y reconocieron
expresamente que la prestación de los servicios mencionados fue objeto de
varias interrupciones en el dos mil doce (2012) y de nuevo en el dos mil trece
(2013). Así mismo, señalaron que con la entrada en vigencia del nuevo Sistema
General de Regalías el municipio de Yopal y el departamento de Casanare no
pudieron continuar destinando recursos provenientes de regalías a la prestación
de diferentes servicios relacionados con la educación en la forma en que venían
haciéndolo bajo el régimen anterior.
Sin embargo, a pesar de que la
interrupción y problemas asociados a la misma han constituido un hecho notorio,
del material probatorio que obra en el expediente esta Sala concluye que la
actuación que las entidades accionadas han desplegado para dar solución a esta
problemática y para asegurar la prestación integral del servicio de educación resulta,
cuando menos, deficiente, como pasa la Sala a explicar a continuación.
Causas que produjeron la
interrupción.
11.3. Varias causas condujeron a
la interrupción y demás problemáticas asociadas a la prestación de los
servicios de restaurante escolar, transporte escolar y servicios
administrativos (tales como vigilancia, aseo y secretariales) en el
departamento de Casanare y en el municipio de Yopal.
11.3.1. En primer lugar, los
cambios introducidos por el Acto Legislativo 05 de 2011 no fueron acompañados
con la debida planeación y coordinación entre las entidades demandadas. En
consecuencia, las entidades demandadas no adoptaron las medidas necesarias para
evitar efectos regresivos en materia de accesibilidad a la educación como
resultado de la implementación del Acto Legislativo.
Como lo anotaron el Ministerio de
Educación, el departamento de Casanare y el municipio
de Yopal, la prestación del
servicio de restaurante escolar en dichas entidades territoriales estuvo
financiada hasta el dos mil once (2011) con recursos de regalías directas en el
marco del Decreto 3976 de 2009. A partir del primero de enero de dos mil doce (2012)
las entidades territoriales no pudieron destinar recursos provenientes de
regalías para tales fines, debido a los cambios introducidos por el Acto
Legislativo 05 de 2011.[89]
Con relación a esta circunstancia, la Sala observa que
si bien la reforma tuvo un efecto sobre la disponibilidad y distribución que
las entidades territoriales productoras y portuarias tenían respecto de los
recursos provenientes de regalías – en este caso el municipio de Yopal y el
departamento de Casanare -, dicho efecto no puede justificar situaciones de
regresividad respecto del acceso material a la educación. Cualquier cambio
constitucional está llamado por definición a tener efectos y generar cambios. No
obstante, los deberes y garantías constitucionales no pueden ser suspendidos bajo
el argumento de que determinados cambios constitucionales han dado lugar a
modificaciones en la distribución de determinados recursos – como lo son las
regalías en el caso bajo estudio -  entrado en vigencias, modificaciones que por
demás también buscan asegurar otras garantías constitucionales.
El deber del Estado de asegurar el
goce efectivo del derecho a la educación de las niñas y los niños implica su
responsabilidad en todos los eventos en los que omita adoptar las medidas de
planeación y coordinación necesarias para garantizar el derecho, luego de la
entrada en vigencia de una reforma constitucional y, como consecuencia de dicha
omisión, ocurran traumatismos o efectos regresivos en su prestación.
El Acto Legislativo 05 fue
promulgado el dieciocho (18) de julio de dos mil once (2011) y, según el
parágrafo 5 transitorio del mismo, el Sistema General de regalías debía entrar
a regir a partir del lº de enero de 2012, es decir: casi seis (6) meses después.
Esto significa que tanto el municipio de Yopal y el departamento de Casanare
como el Ministerio de Educación debieron planear y adoptar las medidas
necesarias de transición y contingencia, para evitar traumatismos o efectos
regresivos en la prestación integral de la educación, como mínimo desde el dieciocho
(18) de julio de dos mil once (2011). Y en caso de que al planear las medidas
necesarias advirtieran que les resultaba imposible garantizar en un cien por
ciento (100%) la continuidad de la prestación de los servicios educativos, que
son solicitados mediante las presentes acciones de tutela en revisión, tendrían
que haber dado aviso de la situación antes de que terminara el periodo
académico, con el fin de evitar una crisis en el sector educativo como la que
ocurrió en el Casanare, que terminó por afectar derechos fundamentales
individuales.
La omisión en la adopción oportuna de medidas para
prevenir cualquier forma de regresividad en el acceso efectivo a la educación,
constituye un desconocimiento del deber general de garantizar el derecho a la
educación de acuerdo con los artículos 44 y 67 superiores, así como un
desconocimiento de las competencias específicas de las entidades certificadas –
en este caso el departamento de Casanare y el municipio de Yopal – con relación
a la prestación del servicio de educación.
El deber de garantizar la
prestación efectiva y el acceso a la educación, implica y supone un deber de
prever las medidas necesarias e imprescindibles que deben implementarse ante
cambios legislativos cuya ejecución pueda dar lugar a una regresividad. En otras
palabras, la debida previsión y coordinación para asegurar la continuidad ante
cambios legislativos que pueden implicar regresividades, es un instrumento para
garantizar la efectiva realización del derecho a la educación.
En sede de tutela, estos
criterios, como herramientas para asegurar la eficacia de los derechos
fundamentales, constituyen un parámetro adicional e importante de
identificación de deberes fundamentales frente a los hechos de un caso concreto.
En efecto, la previsión y coordinación no solo permiten establecer si un cambio
legislativo o constitucional tendrá impactos sobre la manera como es asegurada la
garantía de servicios prestados o garantizados por las entidades territoriales
–como es el caso de los restaurantes escolares, por ejemplo- sino también si
las eventuales  interrupciones en la prestación del servicio son consecuencia,
total o parcialmente, de fallas en el accionar de autoridades públicas, cuya
intensificación o prolongación han resultado en la vulneración del derecho
fundamental. Dos deberes fundamentales emergen en este contexto.
De un lado, el deber de respuesta
de las autoridades para corregir las fallas en términos de planeación y
aseguramiento presupuestal para el cumplimiento de sus funciones, así como la
garantía de los derechos fundamentales conculcados y aquellos que puedan verse
desconocidos por las mismas causas en el futuro, y del otro el deber del juez
de evidenciar las fallas mencionadas y su relación con el determinado cambio
constitucional o legislativo para proteger los derechos fundamentales que hayan
sido desconocidos en tal virtud.
Para la Sala, es claro entonces que
el régimen jurídico de las regalías en Colombia, y la política pública
correspondiente, necesariamente se modificó. La política pública educativa, que
dependía de estos recursos, debe incorporar un enfoque de previsión y asegurar
los fines del Estado Social del Estado financiados anteriormente con recursos
de regalías. Para ello es fundamental contar con la debida antelación, con reglas
específicas sobre la situación y la sostenibilidad de los servicios a cargo de
las entidades territoriales.[90]
11.3.2. En segundo lugar, las
fallas en materia de planeación y adopción de medidas de choque continuaron con
posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, a pesar de las
constantes manifestaciones de protesta por parte de la comunidad estudiantil
como consecuencia de la interrupción de la alimentación escolar en varias
instituciones educativas.
Bajo el actual Sistema General de
Regalías, las entidades territoriales tienen la posibilidad de presentar
proyectos a los Órganos
Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) para asegurar la permanencia en la educación.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, el cinco (5) de octubre de dos mil doce (2012)
los Órganos de Administración y Decisión (OCAD) de Casanare aprobaron el
proyecto ‘Ampliación y Sostenibilidad de la Cobertura, Permanencia de la Oferta
y demanda del Servicio Educativo en el Departamento de Casanare’. El costo del
proyecto,[91]
financiado a través de regalías directas del Departamento, estaba dirigido a
los diecinueve municipios del departamento de Casanare, lo cual incluye el
Municipio de Yopal, con un tiempo de ejecución de cinco (5) años e incorporaba los
servicios de transporte y restaurante escolar.
Con posterioridad a la aprobación del
proyecto, las fallas en materia de planeación y coordinación continuaron, razón
por la que no fue posible garantizar que no ocurrirían en adelante interrupciones
en el servicio de transporte y restaurante escolar, que se constituyen en barreras
de acceso a la educación para el Casanare.
En efecto, como
lo señaló el Secretario de Educación
Departamental, después de que el
proyecto fuera aprobado, la administración departamental consideró necesario
hacer nuevos ajustes a los componentes de transporte y restaurante escolar.
Esta situación se constata con el hecho de que el doce (12) de diciembre de dos
mil doce (2012) el proceso de licitación de transporte subió al sistema interno
de contratación.
Posteriormente, debido a las observaciones
realizadas por Planeación, fueron introducidas varias modificaciones y el
proyecto fue nuevamente remitido al OCAD el veintiséis (26) de diciembre de dos
mil doce (2012). En enero de dos mil trece (2013), como resultado de una
reunión convocada por la mesa de defensa de la educación, se acordó transferir
los recursos a los diecinueve (19) municipios del departamento el nueve (9) de
enero de dos mil trece (2013). No obstante, la transferencia no se llevó a cabo
debido a criterios dispares de los estudios previos realizados para este fin.
En consecuencia, la administración decidió retomar
el proceso de licitación de transporte y restaurante escolar, razón por la que
el doce (12) de febrero de dos mil trece (2013) la Secretaría de Educación
ordenó a la dirección de cobertura la publicación de los pliegos del proceso en
el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, para que de conformidad
con la cronología establecida, la licitación fuera adjudicada el veintiocho (28)
de marzo de dos mil trece (2013).
Sin embargo, el veinticinco (25) de febrero de dos
mil trece (2013) cambió el Gobernador y la Gobernadora encargada decidió
suspender por quince (15) días hábiles todos los procesos “en página
mediante la resolución 0091 del 25 de febrero de 2013”. Tres (3) días
después, el veintiocho (28) de febrero terminaron las facultades otorgadas al
gobernador para ejecutar el presupuesto. Las modificaciones y ajustes
realizados a los proyectos anteriormente presentados al OCAD fueron enviadas a
mediados de abril de dos mil trece (2013) a la secretaría técnica de este
órgano para su aprobación.
Para junio de dos mil trece (2013), es decir más de
un año después de la denuncia sobre la falta de transporte y alimentación
escolar, como lo informó el secretario de educación departamental, los procesos
precontractuales de transporte y restaurante se encontraban “en trámite de
estudios previos que llevarían a la prestación del servicio por el resto del
tiempo de servicio que fue aprobado por el OCAD de 2012”. Así aun cuando el
OCAD aprobó el proyecto a finales de  octubre de dos mil doce (2012) y los
recursos fueron incorporados al presupuesto del departamento el trece (13) de
noviembre del mismo año, para junio de dos mil trece (2013) no había sido aún
posible resolver los problemas asociados a la interrupción del servicio de
restaurante y transporte escolar.
Por su parte la administración de Yopal no presentó
proyectos a la OCAD porque la aprobación del OCAD departamental incluyó
recursos para cubrir cincuenta y dos (52) rutas escolares, doce mil seiscientos
ochenta (12.680) cupos para almuerzos escolares y 7.6662 para desayunos en el
municipio. Así mismo, solicitó al Ministerio de Educación  autorización para
utilizar recursos de regalías, esfuerzo que de acuerdo con lo informado por esa
entidad resultó infructuoso.
11.3.4. En tercer lugar, las medidas adoptadas para
responder a la situación de falta de transporte escolar fueron intermitentes y
no garantizaron el acceso de manera integral. Como lo indicó el rector del Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff, el departamento, con el acompañamiento
del Ministerio de Educación, contrató el servicio de transporte de manera
temporal toda vez que su prestación volvió a interrumpirse el veintiocho (28)
de septiembre de dos mil doce (2012) para luego reanudarse el veintidós (22) de
octubre de manera parcial. El instituto resaltó el alto nivel de deserción
escolar debido a la ausencia de “garantías del servicio de transporte”
para lo cual informó que ciento cuarenta y tres (143) estudiantes se han
retirado por este motivo (de estos 120 se retiraron en el 2012) y por los
problemas en la prestación del servicio educativo. Agrega que el establecimiento
es una institución educativa rural cuyos estudiantes dependen en un ochenta por
ciento (80%) del servicio de transporte por cuanto viven en áreas dispersas en
la zona.
De manera similar, la Institución
Educativa Teresa de Calcuta y el Instituto Técnico Ambiental también señalaron
que los contratos celebrados para la prestación del servicio de transporte
fueron de corto plazo y de carácter intermitente sin que las soluciones
ofrecidas en el año dos mil doce (2012) para responder a las problemáticas
garantizaran que no se repetirán en los años siguientes.
11.3.5. En cuarto lugar, en cuanto
al restaurante escolar, la Sala encuentra (i) que las respuestas en términos de
planeación y coordinación para hacer frente a los cambios que causaría el Acto
Legislativo 05 de 2011 no fueron adoptadas con la debida antelación al mismo y
(ii) que el grado de complejidad para la operación del servicio es
significativamente alto y demanda un grado similar en materia de planeación y
coordinación interinstitucional.
En efecto, como fue anotado
anteriormente en esta providencia, el Decreto transitorio 4923 de 2011[92]
y luego el artículo 145 de la Ley 1530 de 2012[93] previeron de
manera explícita el impacto que el Acto Legislativo 05 de 2011 podría tener
sobre la financiación de los programas de alimentación escolar en entidades
territoriales que recibían regalías en los términos del régimen anterior. En
este orden, esas disposiciones establecieron que los programas y proyectos de
alimentación escolar y régimen subsidiado que venían siendo financiados con
recursos de regalías directas por las entidades territoriales productoras y
portuarias serían cofinanciados en el nuevo Sistema General de Regalías por la
Nación por un periodo de diez años.
No obstante, la cofinanciación
solo empezó a ser efectiva en febrero de dos mil trece (2013), es decir más de
un (1) año después de la entrada en vigencia del Sistema General de Regalías.
En efecto, si bien el Ministerio de Educación Nacional giró y asignó recursos a
varias entidades territoriales por concepto de cofinanciación de programas de
alimentación escolar mediante las Resoluciones 3585 del doce (12) de abril de dos
mil doce (2012)[94]
y 16841 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), el Ministerio
de Educación tuvo que expedir una nueva resolución el siete (7) de febrero de dos
mil trece (2013) para poder determinar el monto específico al que tienen
derecho cada una de las entidades territoriales. Fue así que el Ministerio
expidió la Resolución 1081 de dos mil trece (2013), ‘Por la cual se establecen
reglas para el giro y aplicación de los recursos de cofinanciación del Programa
de Alimentación Escolar de las entidades territoriales señaladas en el inciso 2
del artículo 361 de la Constitución Política’.
11.3.6. En quinto lugar, se
encuentran  las dificultades asociadas a la debida planeación anteriores al
acto legislativo 05 de 2011. Como lo explicó el Ministerio de Educación, el
monto de recursos del Sistema General de Participaciones que le corresponde a
cada entidad territorial está determinado por la matrícula que cada entidad
reporte el año inmediatamente anterior, porque la asignación de recursos debe
hacerse por niño atendido. Ello implica un deber de planeación para las
secretarias de educación consistente en asegurarse que el reporte realizado al
Sistema de matrícula (SIMAT) sea correcto.
11.3.7. En cuanto a los servicios
administrativos, la Sala advierte que la gestión por parte de las entidades
tampoco fue oportuna, razón por la cual diferentes obstáculos relacionados con
la contratación y planeación de los servicios dilataron su efectiva y continua
prestación. Así, de acuerdo con lo manifestado por la Secretaria de Educación
de Yopal, el proceso licitatorio para suplir estos servicios fue interrumpido y
cancelado el dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012). Luego, la
administración promovió la contratación directa de cincuenta y tres (53)
personas con recursos propios para cubrir la necesidad inmediata por dos meses.
Posteriormente, una vez reiniciado el proceso licitatorio, el contrato fue
adjudicado el once (11) de febrero e inició el diez (10) de abril de dos mil
trece (2013) con el objeto de contratar personal administrativo por un término
de cinco (5) meses.
Así mismo, debido a la falta de
planeación las soluciones de diferentes entidades a los problemas relacionados
con los servicios administrativos luego de que entrara en vigencia el acto
legislativo 05 de 2011 fueron gestionadas varios meses después de que se
advirtiera la crisis en el sector educativo. Así, por ejemplo, el Ministerio de
Educación Nacional no ofreció asesoría a la entidad territorial ni dio
respuesta al oficio enviado el catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011)
por el municipio de Yopal en el cual presentaba un estudio de necesidades para
la contratación de servicios administrativos y de vigilancia para las
instituciones educativas de Yopal con el fin de garantizar los recursos
suficientes para cubrir la prestación de estos servicios.
Fue solo hasta febrero de dos mil
trece (2013) que el Ministerio dió respuesta a la solicitud, luego de que el
municipio presentara el escrito por segunda vez como derecho de petición. No
obstante, el Ministerio sólo indicó que no podía atender la solicitud porque el
Acto Legislativo derogó las leyes 141 de 1994 y Ley 756 de 2002 y Ley 781 de
2002. FOLIOS 34-49 pdf.
Por su parte la Secretaría de
Educación del Casanare señaló que el veinte (20) de septiembre de dos mil doce
(2012) el Ministerio de Educación Nacional aprobó el estudio de suficiencia
para la asignación de recursos de personal para que el departamento pudiera
contratar servicios administrativos con recursos diferentes a los del Sistema
General de Participaciones. Así mismo, el departamento de Casanare, mediante la
resolución No. 0180 de 2012, destinó recursos provenientes del balance de
regalías de dos mil once (2011) por tres mil millones de pesos ($3.000.000.000)
para la contratación de servicios administrativos de los establecimientos
educativos estatales. Como puede constatarse, la solicitud del estudio de
suficiencia y su aprobación, así como la adopción de medidas alternativas para
la consecución de recursos por parte del departamento del Casanare, no fueron
gestionadas con anterioridad al dos mil doce (2012), con lo cual no fue posible
gestionar los recursos con la antelación necesaria para evitar la interrupción
que efectivamente ocurrió en el año dos mil doce (2012).
De otro lado, para el dos mil
trece (2013) el Ministerio aumentó en cinco (5) puntos porcentuales lo asignado
al departamento de Casanare por el SGP para gastos administrativos, mientras
que al municipio de Yopal le fue reconocido un aumento de dos (2) puntos. Toda
vez que estos aumentos permitirán a las entidades territoriales cubrir los
costos de nómina del personal administrativo, de acuerdo con lo afirmado por el
Ministerio de Educación, la Sala considera necesario precisar que si bien el
Ministerio ha adoptado acciones para solucionar la problemática en materia de
servicios administrativos, la dimensión y duración de las interrupciones en los
servicios de acceso a la educación señaladas anteriormente ameritan asegurar
que las medidas de planeación y coordinación sean adoptadas con la debida
antelación, para que en el futuro no se repita la crisis que dio lugar a un
efecto regresivo en materia de la prestación del servicio de educación en el
departamento de Casanare y el municipio de Yopal.
11.4. En suma las entidades territoriales: (i) no
adelantaron a tiempo los trámites para recibir más recursos del Sistema General
de Participaciones; (ii) no adoptaron medidas con la debida anterioridad a la
entrada en vigencia del Acto Legislativo 05 de 2011 para asegurar los recursos
para cubrir la prestación del servicio de transporte, alimentación y servicios
administrativos que realizaban anteriormente con recursos de regalías sobre los
que tenían disposición bajo el régimen anterior; (iii) no adoptaron medidas que
respondieran de manera oportuna a la emergencia en materia de transporte; y
(iv) el Ministerio de Educación y el departamento de Casanare no respondieron a
la emergencia en términos de asesoría y coordinación oportuna.
La falta de coordinación y
planeación en la situación expuesta condujo a un efecto regresivo en materia de
acceso a la educación para los estudiantes que recibían y requerían del
servicio de transporte y/o restaurante escolar. Estos servicios, como lo constató
la Sala anteriormente, son dos de las principales causas de deserción escolar.
Bajo las circunstancias expuestas,
lo cierto es que ni la Alcaldía municipal ni tampoco la Gobernación del
departamento de Casanare desarrollaron una política, programa o plan, dirigido
de manera consistente, a dar solución real, permanente y de fondo a un problema
que no es desconocido para las autoridades y que padecen directamente los estudiantes
menores, sujetos para los cuales la Constitución Política prevé una obligación
estatal especial de protección. En este sentido, para esta Sala, la ausencia un
plan dirigido a asegurar con antelación a la iniciación de los años escolares
los recursos para garantizar la prestación de los servicios mencionados,
constituye una violación de los derechos fundamentales de los menores que
acuden a la instituciones educativas del municipio de Yopal y el departamento
de Casanare y en las que alguno o todos los servicios mencionados en las
acciones de tutela han sido interrumpidos y se ha convertido en una barrera de
acceso a la educación en condiciones dignas.
Para la Sala, la afectación del
goce efectivo de los derechos fundamentales a la educación de los menores que
asisten a clases a diferentes instituciones educativas del departamento del
Casanare y el municipio de Yopal, se produjo por la demora de la administración
en adelantar los procedimientos necesarios para asegurar el servicio de
transporte y alimentación a los estudiantes. Esta falta, observa la Corte,
parece repetirse cada año.
La Sala no puede dejar de advertir
que el cambio introducido en el sistema de regalías impactó de manera
significativa en los recursos a los que podía acudir la administración. Sin
embargo, también es cierto que la administración, no obstante que conocía el
cambio en el sistema afectaría los recursos con los que normalmente atendía
esos servicios, no realizó las actuaciones necesarias para evitarla. En efecto,
las administraciones (nacional, departamental y municipal) omitieron tomar
medidas incluso preventivas frente a una situación de afectación a la normal
operación del servicio de educación, e incumplieron varios compromisos con la
comunidad, con el fin de evitar que la afectación al derecho a la continuidad
en la formación educativa de los menores continuara.
En este punto resulta pertinente
reiterar que el artículo 67 de la Constitución dispone que “corresponde al
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con
el fin de (…) asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia”. Este deber del Estado resulta fundamental para asegurar el derecho
de las niñas y los niños a recibir educación integral, respecto de la cual las
garantías de accesibilidad material al sistema educativo sin obstáculos,
constituyen uno de sus presupuestos.
12. Órdenes de protección a
impartir en el trámite de tutela de la referencia contra el departamento de
Casanare, el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Yopal
En virtud de este contexto, la
Sala estima necesario conceder el amparo, especialmente si se tiene en
consideración la afectación al principio de progresividad en materia de
educación, los niveles de deserción en el departamento del Casanare y el hecho
de que en años anteriores han ocurrido repetidamente fallas en la planeación de
los recursos y procedimientos requeridos para asegurar la efectiva y oportuna
prestación de los servicios antes mencionados.
12.1. Ahora, la Sala también debe
precisar que a partir del análisis probatorio que consta en el expediente, es
evidente, como lo reconocieron las demandadas, que (i) las barreras de acceso a
la educación causadas por la interrupción de servicios de restaurante escolar,
transporte escolar y servicios administrativos vulneraron el derecho a la
educación de varios estudiantes de las instituciones educativas del municipio
de Yopal y del departamento de Casanare; y (ii) las entidades demandadas no
adoptaron con la debida diligencia y antelación las medidas de planeación y
coordinación necesarias para asegurar la efectiva prestación del servicio de
educación en el Casanare antes y luego de que entrara en vigencia el nuevo
Sistema General de Regalías.
La garantía de accesibilidad al
sistema educativo exige en este caso la eliminación de las barreras de acceso y
permanencia representadas en la interrupción de los servicios de transporte,
alimentación escolar o administrativos a los estudiantes que hacen uso de los
mismos en las instituciones educativas del departamento de Casanare y el
municipio de Yopal. No obstante, una respuesta adecuada a las vulneraciones al
derecho a la educación de dichos estudiantes implica múltiples factores
operativos, presupuestales, de planeación y de disponibilidad.
En consideración a lo anterior,
esta Sala no podría proferir órdenes dirigidas a las autoridades demandadas
para que pongan en funcionamiento, por ejemplo, determinada ruta escolar o el
servicio de alimentación escolar en una institución particular o el servicio de
aseo de los baños de una institución específica. En efecto, el juez
constitucional no puede entrar a reemplazar a las autoridades del nivel
nacional y territorial que están obligadas a atender los aspectos particulares
de planeación y gestión de recursos para dar respuesta a esta problemática.
12.2. Así las cosas, teniendo en
cuenta la necesidad de asegurar la protección inmediata de los derechos
fundamentales de los menores afectados y dadas las circunstancias particulares
que plantea el presente asunto, la Sala proferirá “órdenes complejas”,
fórmula utilizada por la Corte Constitucional en casos en los que, como en el
presente, ha amparado la dimensión progresiva de un derecho fundamental, por lo
que resulta necesaria la concurrencia de distintas autoridades en la solución
del conflicto.
12.2.1 En consecuencia y con el
fin de evitar que la situación en materia de accesibilidad material evidenciada
en el presente proceso de tutela vuelva a ocurrir, la Corte ordenará al
departamento de Casanare y al municipio de Yopal respectivamente, así como a
sus respectivas secretarías de educación, elaborar un plan de acción para
asegurar los recursos para la prestación de los servicios de transporte,
restaurante y servicios administrativos en las instituciones educativas de su
jurisdicción dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta
providencia. El plan estará dirigido a atender las
necesidades de (i) transporte escolar para los menores estudiantes de
instituciones educativas de Yopal y el Casanare mencionadas en las acciones de
tutela bajo revisión y que requieren del servicio para poder acudir al sistema
educativo; (ii) restaurante escolar para los menores que recibían alimentación
escolar en las instituciones educativas mencionadas y cuya prestación ha sido
interrumpida de manera permanente o intermitente; y (iii) servicios
administrativos necesarios para el funcionamiento integral de las instituciones
educativas en su jurisdicción. El plan debe contener acápites que establezcan
las pautas sobre contratación y operación de los servicios mencionados de tal
manera que garanticen su prestación durante todo el año escolar en curso.
12.2.2. Así mismo, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la notificación de esta providencia el municipio de
Yopal y el departamento del Casanare deberán elaborar una política para
la prevención, detección y atención de problemas en materia de prestación de
servicios de transporte, restaurante escolar y servicios administrativos en las
instituciones educativas oficiales de su jurisdicción, la cual deberá
implementarse en los tres (3) meses anteriores al inicio de
los próximos dos años escolares (2015 y 1016). Esta política deberá incluir sub
planes de acción para la gestión de recursos, para asegurar la prestación de
cada uno de los servicios por toda la duración de cada año escolar siguiente.
Para la elaboración del documento
los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) del departamento de
Casanare y el Ministerio de Educación deberán prestar asesoría. El documento se deberá socializar en una mesa de trabajo dentro de
los diez (10) primeros días del mes de octubre del presente año y del dos mil
quince (2015) con presencia del Ministerio de Educación, de OCAD Casanare y
representantes de los estudiantes, rectores y padres de familia, con el objeto
de asegurar el principio de progresividad en la prestación de los servicios.
Para el cumplimiento de estas órdenes serán
responsables directamente el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del
departamento de Casanare y la Alcaldía del municipio de Yopal, quienes deberán
presentar informes trimestrales al Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Yopal, autoridad judicial que resolvió las acciones de tutela de la referencia
en primera  y única instancia.
12.3. Ahora, toda vez que es claro
que existió una interrupción en los servicios de transporte escolar y
restaurante escolar en el departamento de Casanare, que la falta de estos
servicios es una de las principales causas de deserción escolar en el
departamento y que las entidades demandadas omitieron planear y coordinar tanto
medidas frente a los cambios introducidos por el Acto Legislativo 05 de 2011
como medidas para contrarrestar las interrupciones en el servicio, la Sala
concederá la tutela con efectos inter comunis con el fin de garantizar
el servicio de transporte escolar y de restaurante escolar como condiciones de
accesibilidad material a la educación a quienes entre los tutelantes han
requerido transporte para acudir a las aulas, así como a todos los demás
estudiantes de las instituciones educativas de Hato Corozal, Aguazul y Yopal
que a pesar de no haber interpuesto una acción de tutela, se han visto afectados
por las interrupciones en el servicio desde el dos mil doce (2012). Lo
anterior, en virtud de la regresión en materia de acceso a la educación que
afectó a todos los estudiantes que tenían transporte y servicio de alimentación
escolar y a quienes se les retiraron los servicios de manera injustificada.
Debe reiterarse que como regla
general, los efectos de las decisiones de tutela son inter partes. De
conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, “las sentencias en
que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto”.
No obstante, la Corte en ocasiones ha decidido modular el alcance de sus
pronunciamientos con el fin de extender las decisiones adoptadas en procesos de
tutela a personas que, estando en situación equiparable a la de los
demandantes, no han instaurado la acción respectiva, acudieron a la tutela y
obtuvieron respuestas dispares, o acudieron a un procedimiento separado. En
este orden, si bien por regla general los efectos de la tutela son inter partes,
la Corte ha modulado los efectos de sus sentencias para asegurar que el derecho
a la igualdad de quienes hacen parte de un universo objetivo de personas que se
encuentran en la misma situación de los demandantes.
En esta hipótesis, las personas
que se encuentran en la misma situación que los peticionarios en un proceso en
el que el amparo fue concedido con efectos inter comunis, pueden optar por
impulsar la garantía de sus derechos ante el juez encargado de asegurar el
cumplimiento de la sentencia, o, acudir a una nueva acción de tutela. En ambos
eventos la autoridad judicial debe contrastar la situación del solicitante con
los supuestos fácticos y jurídicos de la sentencia que dictó los efectos
comunes y, en caso de encontrar acreditada la identidad entre un caso y otro,
dar aplicación a las medidas de protección ordenadas en dicha decisión.
Así por ejemplo, en la sentencia
SU-1023 de 2001, la Sala Plena de la Corte indicó que, en circunstancias
especialísimas, la tutela debe disponer de la fuerza vinculante suficiente para
amparar derechos igualmente fundamentales de quienes no han acudido al mismo
medio judicial. En esa ocasión la Corte estableció las condiciones que permiten
determinar cuándo hay lugar a la declaración de estos efectos:
“(…) [H]ay eventos excepcionales en los cuales los
límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho
fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no han
acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que
la protección de derechos fundamentales del accionante se realice
paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros
que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o
particular accionado”.
Posteriormente, en la sentencia
T-203 de 2002 la Corte evidenció que la decisión de extender los efectos del
fallo a personas que no habían acudido a la acción de tutela en la sentencia
SU-1023 de 2001 obedeció a cuatro (4) razones adicionales, las cuales deben
concurrir también en los casos en los que la Corte decida modular sus
decisiones de tutela:
“i) para evitar que la protección del derecho de uno o
algunos de los miembros del grupo afectara los derechos de otros; ii) para
asegurar el goce efectivo de los derechos de todos los miembros de una misma
comunidad; iii) para responder al contexto dentro del cual se inscribe cada
proceso; y iv) para garantizar el derecho a acceder a la justicia que comprende
la tutela judicial efectiva”.
En suma, la Corte está facultada
para dictar fallos con efectos inter comunis, siempre que se observen los
siguientes presupuestos: (i) que la protección de los derechos fundamentales de
los peticionarios atente o amenace con vulnerar los derechos fundamentales de
los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la acción de tutela y los
accionantes se encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con
la adopción de este tipo de  fallo se cumplan fines constitucionales relevantes
tales como el goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la
tutela judicial efectiva.[95]
En el caso bajo estudio, la Corte
encuentra que las problemáticas relacionadas con los problemas de planeación y
coordinación en la gestión de los recursos para asegurar la efectiva prestación
de los servicios de transporte, restaurante escolar y servicios administrativos
en varias instituciones educativas del Casanare y del municipio de Yopal,
afectaron no sólo a los estudiantes en cuyo nombre fueron interpuestas las
acciones de tutela de la referencia sino a todos los estudiantes de estas
instituciones educativas. En esta medida esta Sala entenderá que los efectos de
esta decisión amprarán a todos los estudiantes de las instituciones educativas
estatales del departamento de Casanare y del municipio de Yopal que se han
visto afectados por las causas enunciadas en ella y que dieron lugar a la
afectación a su derecho al efectivo acceso a la educación.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente asunto, decretada
por la Sala de Revisión en el Auto del tres (3) de octubre de dos mil doce (2012).
Segundo.- ORDENAR a la Secretaría de Educación del
departamento de Casanare y a la Secretaría de Educación del municipio de Yopal
respectivamente, elaborar un plan de acción para asegurar los recursos para la
prestación de los servicios de transporte, restaurante y servicios
administrativos en las instituciones educativas de su jurisdicción dentro de
los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia. El plan
estará dirigido a atender las necesidades de (i)
transporte escolar para los menores estudiantes de instituciones educativas de
Yopal y el Casanare mencionadas en las acciones de tutela bajo revisión y que
requieren del servicio para poder acudir al sistema educativo; (ii) restaurante
escolar para los menores que recibían alimentación escolar en las instituciones
educativas mencionadas y cuya prestación ha sido interrumpida de manera
permanente o intermitente; y (iii) servicios administrativos necesarios para el
funcionamiento integral de las instituciones educativas en su jurisdicción. El
plan debe contener acápites que establezcan las pautas sobre contratación y
operación de los servicios mencionados de tal manera que garanticen su
prestación durante todo el año escolar en curso.
Tercero.- ORDENAR al municipio de Yopal y al departamento del
Casanare, respectivamente, elaborar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la notificación de esta providencia una política para la prevención,
detección y atención de problemas en materia de prestación de servicios de
transporte, restaurante escolar y servicios administrativos en las
instituciones educativas oficiales de su jurisdicción la cual deberá implementarse
en los tres (3) meses anteriores al inicio de los próximos dos
años escolares (2015 y 1016). Esta política deberá incluir planes de acción
para la gestión de recursos para asegurar la prestación de cada uno de los
servicios por toda la duración de cada año escolar siguiente. Para la
elaboración del documento los Órganos Colegiados de Administración y Decisión
(OCAD) del departamento de Casanare y el Ministerio de Educación deberán
prestar asesoría. El documento se deberá socializar en
una mesa de trabajo dentro de los diez primeros días del mes de octubre del
presente año con presencia del Ministerio de Educación, de OCAD Casanare y
representantes de los estudiantes, rectores y padres de familia con el objeto
de asegurar el principio de progresividad en la prestación de los servicios.
Cuarto.- DISPONER que para el
cumplimiento de estas órdenes serán responsables directamente el Ministerio de
Educación Nacional, la Gobernación del departamento de Casanare y la Alcaldía
del municipio de Yopal, quienes deberán presentar informes trimestrales al
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, autoridad judicial que
resolvió las acciones de tutela de la referencia en primera  y única instancia.
Quinto.- COMUNICAR la presente decisión
al Personero del municipio de Yopal y al Defensor del Pueblo del departamento
de Casanare a fin de que ejerzan veeduría respecto del cumplimiento de las
órdenes aquí impartidas.
Sexto.- En relación con cada uno de los
expedientes acumulados al presente proceso revocar los fallos de instancia de
la siguiente manera:
1.
T-3562552. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Camilo Andrey Hernández de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y CUARTO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
2.
T-3563763. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Cristian Uribe Sánchez de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
3.
T-3563788. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Diego Ferney y Juber Harold Martinez de
conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte
resolutiva de esta sentencia.
4.
T-3563770. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Elian
Enrique Miranda Gaucha de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
5.
T-3562555. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de David
Francisco Arguello Molano de conformidad con lo establecido en los ordinales
DOS, TRES y CUARTO de la parte resolutiva de esta sentencia.
6.
T-3563769. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Dany
Yulieth Vanegas y Nicolas David Chaparro Vanegas de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
7.
T-3563755. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Brenda
Gisell Ospina Rayo de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES
y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
8.
T-3563758. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Miltón,
Daniela y Camila Lasprilla Ramírez de conformidad con lo establecido en los
ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
9.
T-3569648. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Ingrid
Gutiérrez y Ferney Gutiérrez de conformidad con lo establecido en los ordinales
DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
10.
T-3569655. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el cuatro (4) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas
en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Sonia y Eliana Huertas de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
11.
T-3569657. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Freddy
Santiago Rojas Martínez de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
12.
T-3563757. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el cuatro (4) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas
en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Laura Johana Ramirez Pérez de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
13.
T-3569656. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Ariagna
Yuleny Rojas Mendoza de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
14.
T-3562556. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Liliana
Paola Rojas Piragauta de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
15.
T-3563768. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el tres (3) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas
en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Lorena Sofía C Maldonado de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
16.
T-3562557. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Miguel
Ángel Pérez de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO
de la parte resolutiva de esta sentencia.
17.
T-3562553. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el cuatro (4) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas
en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Héctor Bryan Díaz de conformidad con lo establecido
en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
18.
T-3597419. REVOCAR la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el diecisiete (17) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Deider Arley y Duver Andrés hijos de la accionante
Judith Bernal Barajas de conformidad con lo establecido  en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
19.
T-3597420. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el dieciseis
(16) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia
y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Adrian Leonardo Sanabria de conformidad con lo
establecido  en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
20.
T-3597421. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el quince (15)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Luz Mery López Rojas quien actúa en representación
de su menor hija, Danna
Mayerly Chaparro López,  de conformidad con lo establecido  en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
21.
T-3597414. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el quince (15) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones
expuestas en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Edwin
Daniel Bohórquez Garay de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
22.
T-3597418. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el quince (15)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Luisa Fernanda Martínez M de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
23.
T-3597415. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones
expuestas en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Doly
Soid Cruz Acosta de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES
y  CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
24.
T-3597417. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el dieciséis
(16) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta
providencia y, en su lugar, TUTELAR el
derecho a la educación y a la dignidad de Daniel Cotrina S. de conformidad con
lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de
esta sentencia.
25.
T-3568623. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el veintiocho (28) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones
expuestas en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de
Angélica Liceth Rivero de conformidad con lo establecido  en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
26.
T-3568624. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el veintiocho
(28) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta
providencia y, en su lugar, TUTELAR el
derecho a la educación y a la dignidad de Julián Alberto Portilla de
conformidad con lo establecido  en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte
resolutiva de esta sentencia.
27.
T-3568627. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el veintiocho (28) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones
expuestas en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Angie
Paola Huertas Castillo de conformidad con lo establecido  en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
28.
T-3600102. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el veinticuatro
(24) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta
providencia y, en su lugar, TUTELAR el
derecho a la educación y a la dignidad de Aura Edith González Ortiz de
conformidad con lo establecido  en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte
resolutiva de esta sentencia.
29.
T-3600103. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el
veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en
esta providencia y, en su lugar, TUTELAR
el derecho a la educación y a la dignidad de Paula Andrea Pedraza Vega de
conformidad con lo establecido  en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte
resolutiva de esta sentencia.
30.
T-3600104. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el
veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en
esta providencia y, en su lugar, TUTELAR
el derecho a la educación y a la dignidad de Harinzon Gamboa Cáseres de
conformidad con lo establecido  en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte
resolutiva de esta sentencia.
31.
T-3600105. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el
veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en
esta providencia y, en su lugar, TUTELAR
el derecho a la educación y a la dignidad de Neli Rocio Vargas de conformidad
con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y  CUATRO de la parte resolutiva
de esta sentencia.
32.
T-3600106. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el
veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en
esta providencia y, en su lugar, TUTELAR
el derecho a la educación y a la dignidad de Santiago López de conformidad con
lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de
esta sentencia.
33.
T-3600107. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el
veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en
esta providencia y, en su lugar, TUTELAR
el derecho a la educación y a la dignidad de Jenifer Lisbeth Ramírez de
conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte
resolutiva de esta sentencia.
34.
T-3562559. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4) de mayo de dos mil doce (2012) por las
razones expuestas en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de
George Marty y Jennifer Sofia Patiño de
conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO  de la parte
resolutiva de esta sentencia.
35.
T-3562558. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el cuatro (4) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas
en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Wilson Fernández y dos menores más, de conformidad
con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva
de esta sentencia.
36.
T-3568621. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Brenda
Quiroga Parra de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO
de la parte resolutiva de esta sentencia.
37.
T-3597422. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el diecisiete
(17) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta
providencia y, en su lugar, TUTELAR el
derecho a la educación y a la dignidad de Edilson
Arley Rosas de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO
de la parte resolutiva de esta sentencia.
38.
T-3563775. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Ligia
Johana Puentes Rodríguez de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
39.
T-3568622. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Luz Neira
López de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de
la parte resolutiva de esta sentencia.
40.
T-3563776. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el tres (3) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas
en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Angie Lorena Puentes Rodríguez de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
41.
T-3563761. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Franky
Estiven y Haider Achagua M de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
42.
T-3563762. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el tres (3) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas
en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Maira Liliana y José Luis Morales Gutiérrez de
conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte
resolutiva de esta sentencia.
43.
T-3563772. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Cristian
Felipe Pesca Rivera de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
44.
T-3562560. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el tres (3) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas
en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Laura Alexandra Diez Ochica de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y  CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
45.
T-3563771. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Karen
Dayana Duarte Cachay, Laura Vanessa Duarte Cachay, Leidy Johana Duarte Mejía y
Gloria Stefanny Duarte Mejía  de conformidad con lo establecido en los
ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
46.
T-3563777. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Guadalupe,
Juan José y Jhon Heiber Cruz Fonseca de conformidad con lo establecido en los
ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
47.
T-3568619. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Maria
Yeyni Viviana Peña López de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
48.
T- 3568620. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Andrés
Felipe Rodríguez Ruiz de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
49.
T-3563760. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Juan Diego
Cavieles Torres de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y  CUATRO
de la parte resolutiva de esta sentencia.
50.
T-3563774. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el tres (3) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas
en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Leidy Viviana Montaña Camacho de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
51.
T-3562554. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Daniela
Bonilla Aguilar de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO
de la parte resolutiva de esta sentencia.
52.
T-3568631. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el cuatro (4)
de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Nidia
Viviana Fonseca de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO
de la parte resolutiva de esta sentencia.
53.
T-3563756. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Yopal el cuatro (4) de mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas
en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR el derecho a la educación y a la dignidad de Yexon Onorio García Chaparro de conformidad con lo
establecido en los ordinales DOS, TRES y CUATRO de la parte resolutiva de esta
sentencia.
54.
T-3563773. REVOCAR la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el tres (3) de
mayo de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en esta providencia y, en
su lugar, TUTELAR el derecho a la
educación y a la dignidad de Angela
Tatiana Amaya Barrera de conformidad con lo establecido en los ordinales DOS,
TRES y  CUATRO de la parte resolutiva de esta sentencia.
Séptimo.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo, Regional Casanare, que verifique el
cumplimiento de las órdenes adoptadas en esta providencia, para lo cual deberá
presentar informes semestrales al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Yopal, en los cuales expondrá los avances de la administración de Casanare en
materia de goce efectivo del derecho fundamental a la educación de los afectados.
Octavo.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA
MENDEZ
Secretaria General
ANEXO I
Antecedentes del proceso T-3562552 y
acumulados.
MUNICIPIO DE AGUAZUL,
CASANARE
Instituto
Técnico Agroempresarial León de Greiff
1. Expediente T-3562552
Hechos
El
menor Camilo Andrey Hernández inició el año escolar 2012 matriculado en el
grado 5º en Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff de la Vereda
Monterralo, municipio de Aguazul. Edilma Rojas A obrando en representación de
su menor hijo interpuso acción de tutela contra el departamento de Casanare y
el Ministerio de Educación Nacional, por considerar que estas entidades están
vulnerando el derecho a la educación del menor toda vez que no han
garantizado integralmente los servicios de transporte escolar, restaurante
escolar, y servicios administrativos de secretarias, aseo, servicios generales,
y granjero. Añade que al
momento de la interposición de la tutela – abril de 2012 - los baños de la
institución estaban cerrados por falta de aseo y que las aulas y oficinas no
han habían sido aseadas por cerca de cuatro meses. Así mismo, la falta de
granjero ha afectado gravemente los proyectos pedagógicos de la institución,
en particular la huerta escolar y el cuidado de los animales de la granja.
Respuesta de las
entidades demandadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare, indicó
que el departamento ha garantizado la continuidad y el funcionamiento eficaz
del servicio de educación. No obstante, afirmó que “[e]s al ministerio de
educación a quien corresponde girar los correspondientes recursos, toda vez
que la gratuidad total desde preescolar (transición) hasta grado 11” es
financiada con recursos del Sistema General de Participaciones. Solicitó en
consecuencia la improcedencia de la acción por falta de legitimación en la
causa por pasiva. Agregó que en todo caso el departamento no cuenta con los
recursos para cubrir los servicios solicitados. Por último, señaló que el
suministro de transporte y alimentación “no es un elemento indispensable
para que se garantice la educación” por cuanto no hace parte del núcleo
esencial del ejercicio del derecho a la educación.
El
Ministerio de Educación no dio respuesta a la acción de tutela.
Decisión Objeto de
Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 4 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela por considerar que,
primero, la pretensión de la acción de tutela es propia de las acciones
populares diseñadas para la defensa de los derechos colectivos; y, segundo,
el caso no presenta un perjuicio inminente toda vez que la situación a la que
hace referencia no es reciente.
2. Expediente T – 3563763
Hechos
El
menor Cristian Uribe Sánchez inició el año escolar 2012 matriculado en el
grado octavo, del Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff de la
Vereda Monterralo, municipio de Aguazul. Zenaida Sánchez Romero obrando en
representación de su menor hijo interpuso acción de tutela contra el departamento
de Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, por considerar que estas
entidades están vulnerando el derecho a la educación del menor porque la
mencionada institución educativa no cuenta con transporte escolar,
restaurante escolar, ni servicios administrativos de secretarias, aseo,
servicios generales, ni granjero. Agrega que el menor reside en la vereda
Unete y desde la casa a la institución Educativa, hay más de 10 Km de
distancia y en tiempo una hora; lo cual hace que sin el transporte escolar y
el servicio de restaurante no pueda acudir a la escuela a recibir educación.
Respuesta de las entidades demandadas
Las
entidades accionadas no dieron respuesta a la acción de tutela.
Decisión Objeto de Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que por
tratarse de una situación que no afecta un derecho particular fundamental del
hijo de la accionante, sino un problema de toda la comunidad estudiantil. En
esa medida, la acción de tutela es absolutamente improcedente.
3. Expediente T – 3563788
Hechos
Los
menores Diego Ferney y Juber Harold Martínez iniciaron el año escolar
matriculados en los grados 6° y 7° respectivamente en el Instituto Técnico
Agroempresarial León de Greiff de la Vereda Monterralo, municipio de Aguazul.
Leticia Jiménez Chaparro obrando en representación de sus menores hijos,
interpuso acción de tutela contra el  Departamento de Casanare y el
Ministerio de Educación Nacional, por considerar que estas entidades están
vulnerando el derecho a la educación de los menores porque la  mencionada
institución educativa no cuenta con los servicios administrativos de
secretarias, aseo, servicios generales. Añadió que al momento de la interposición de la tutela – abril
de 2012 - los baños de la institución estaban cerrados por falta de aseo y
que las aulas y oficinas no han habían sido aseadas por cerca de cuatro
meses.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T-3562552
anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional argumentó que no
está dentro de sus competencias administrar y prestar el servicio educativo
en las entidades territoriales certificadas y que de conformidad con la Ley
115 de 1994 y la Ley 60 de 1993, corresponde a las entidades territoriales
certificadas, administrar las instituciones educativas y la prestación del
servicio de educación. Añadió que “el impase por el cual se encuentra
atravesando el Departamento de Casanare no es ocasionado por acción u omisión
del Ministerio de Educación Nacional, sino por la aplicación del acto
legislativo No 5 sobre Ley de Regalías, la cual modificó la forma de
distribución de dichos recursos y la administración de los mismos”. No
obstante, el Ministerio ha colaborado en la consecución de los recursos
necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la educación en el
departamento y que a la fecha el departamento ya cuenta con los recursos para
atender el servicio de alimentación. Informó que desde finales de abril de
2012 fue ordenado el levantamiento del aplazamiento de regalías para
proyectos prioritarios de la Secretaría de Educación del Casanare. Por
último, precisó que cuando
los recursos asignados por la nación sean insuficientes o se produzca un
aumento en la demanda, las entidades territoriales deben informar al
Ministerio de Educación para que adopte las medidas a que hay a lugar.
En
cuanto a la contratación de servicios administrativos, el Ministerio expidió
una certificación que permite al departamento del Casanare gestionar la
contratación de los servicios administrativos (aseo y vigilancia) en los
establecimientos educativos de la entidad, con recursos del Sistema General
de Participaciones (SGP) y recursos provenientes de otras fuentes de
financiación. Por su parte el municipio de Yopal cuenta con $1.500 millones
de recursos del SGP, disponibles para otros gastos administrativos, con los
cuales podría contratar servicios administrativos de aseo y vigilancia para
las instituciones educativas en su jurisdicción. Con relación a los recursos
para la alimentación escolar, el Ministerio expidió la Resolución  No. 3585
de 2012 la cual se hace la distribución parcial de los recursos para la
cofinanciación del servicio escolar en las entidades territoriales
beneficiarias de regalías de conformidad con el artículo 145 del Decreto 4923
de 2001, la cual establece la cofinanciación por parte de la Nación para los
programas y proyectos de alimentación escolar que venían siendo financiados
con recursos de regalías directas por las entidades territoriales. Por
último, desde finales de abril de 2012 está ordenado el levantamiento del
aplazamiento de regalías para proyectos prioritarios de la Secretaría de
Educación de Casanare, entidad que debe efectuar el traslado de los recursos
que deben ser girados al municipio de Yopal.
Decisión Objeto de Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela por considerar que “por
tratarse de una situación que no afecta un derecho particular fundamental del
hijo de la accionante, sino un problema de toda la comunidad estudiantil. En
esa medida, la acción de tutela es absolutamente improcedente”.
4. Expediente T – 3563770
Hechos
El
menor Elian Enrique Miranda Gaucha, se encuentra matriculado en el grado 5°
del Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff de la Vereda Monterralo,
municipio de Aguazul, departamento de Casanare. Leyla Yaned Gaucha Agudelo
obrando en representación de su menor hijo, interpuso acción de tutela contra
el Departamento de Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación de
los menores, puesto que la  mencionada institución educativa no cuenta con
los servicios de transporte escolar, ni servicio de restaurante, ni servicios
administrativos de secretarias, aseo, servicios generales. Agrega que su hijo
reside en la vereda “Unete Cas” y desde la casa hasta la Institución
Educativa, hay más de 12 Kms de distancia y en tiempo 45 minutos, lo cual
hace que sin el transporte escolar y el servicio de restaurante no pueda
acudir a la escuela a recibir educación.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T-3562552
anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión Objeto de Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que “por
tratarse de una situación que no afecta un derecho particular fundamental del
hijo de la accionante, sino un problema de toda la comunidad estudiantil. En
esa medida, la acción de tutela es absolutamente improcedente”.
5. Expediente T- 3562555
Hechos
El
menor David Francisco Arguello Molano inició el año escolar de 2012
matriculado en el grado 4º de primaria en el Instituto Técnico
Agroempresarial. León de Greiff del municipio de Aguazul. Luz Marina Molano
obrando en representación de su menor hijo interpuso acción de tutela contra
el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación del
menor toda vez que la institución educativa no ha garantizado el derecho a la
educación en sus componentes de aulas adecuadas, servicio de restaurante
escolar, ni servicios administrativos de secretarias, aseo y servicios
generales, lo que impide el goce pleno del derecho a educación de calidad a
cargo del Estado.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T-3562552
anteriormente reseñado.
El
Ministerio de Educación Nacional no respondió a la acción de tutela.
Decisión Objeto de Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 04 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la pretensión
de la acción es propia de las acciones populares ideadas para la garantía  de
los derechos colectivos. Así mismo, el perjuicio no es inminente ya que viene
sucediendo desde hace tres años.
6. Expediente T-3563769
Hechos
Los
menores Dany Yulieth Vanegas y Nicolás David Chaparro Vanegas iniciaron el
año escolar de 2012 matriculados en los grados 4º y 1º de primaria
respectivamente en el Instituto Técnico Agroempresarial. León de Greiff del municipio
de Aguazul. Blanca Zenaida Venegas Espinosa obrando en representación de los
menores interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional
y el departamento del Casanare por considerar que estas entidades están
vulnerando el derecho a la educación de los menores toda vez que la
institución educativa no ha garantizado el derecho a la educación en sus
componente de aulas adecuadas, servicio de restaurante escolar, ni servicios
administrativos de secretarias aseo,  y celaduría, lo que impide el goce
pleno del derecho a educación de calidad a cargo del Estado.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T-3562552
anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión Objeto de Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 04 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la pretensión
de la acción es propia de las acciones populares ideadas para la garantía  de
los derechos colectivos. Así mismo, el perjuicio no es inminente ya que viene
sucediendo desde hace tres años.
7. Expediente T-3563755
La
menor Brenda Gisell Ospina Rayo inició el año escolar de 2012 matriculada en
el grado 1º de primaria en el Instituto Técnico Agroempresarial León de
Greiff de la vereda Monterralo del municipio de Aguazul. Carol Licet Rayo
Salinas obrando en representación de su menor hija interpuso acción de tutela
contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación de
la menor toda vez que la institución educativa no cuenta con personal de
aseo, secretarias, auxiliares administrativos, celadores y granjeros. Resalta
que al momento de la interposición de la tutela – abril de 2012 - los baños
de la institución estaban cerrados por falta de aseo y que las aulas y
oficinas no han habían sido aseadas por cerca de cuatro meses.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T-3562552
anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión Objeto de Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 4 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la solicitud
presentada es propia de las acciones populares para la garantía de los
derechos colectivos porque las pretensiones están relacionadas con “problemas
generales que afectan a toda la comunidad”.
8. T-3563758
Hechos
Los
menores Miltón, Daniela y Camila Lasprilla Ramírez iniciaron el año escolar
de 2012 matriculados en los grados 7º, 10º y 11º en el Instituto Técnico
Agroempresarial León de Greiff de la vereda Monterralo del municipio de
Aguazul. María Stella Ramírez Pérez, obrando en representación de sus menores
hijos interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y
el departamento del Casanare por considerar que estas entidades están
vulnerando su derecho a la educación toda vez que la institución educativa no
cuenta con personal de aseo, secretarias, auxiliares administrativos,
celadores y granjeros. Resalta que al momento de la interposición de la
tutela – abril de 2012 - los baños de la institución estaban cerrados por
falta de aseo y que las aulas y oficinas no han habían sido aseadas por cerca
de cuatro meses.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fiera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
Fuera
del término, la jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Educación
Nacional presentó escrito en el que reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3563788 reseñado anteriormente.
Decisión Objeto de Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 4 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción no
hizo mayor énfasis en las condiciones específicas de los menores con relación
a la situación presentada en varias instituciones educativas del
departamento. Agregó que la solicitud presentada es propia de las acciones
populares para la garantía de los derechos colectivos ya que las pretensiones
están relacionadas con “problemas generales que afectan a toda la
comunidad”.
9. Expediente T-3569648
Los
menores Ingrid Gutiérrez y Ferney Gutiérrez iniciaron el año escolar de 2012
matriculados en el grado 7º en el Instituto Técnico Agroempresarial León de
Greiff de la vereda Monterralo del municipio de Aguazul. Marlene Farias Peña,
obrando en representación de sus menores hijos interpuso acción de tutela
contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando su derecho a la educación
toda vez que la institución educativa no cuenta con personal de aseo,
secretarias, auxiliares administrativos, celadores y granjeros. Resalta que
al momento de la interposición de la tutela – abril de 2012 – los baños de la
institución estaban cerrados por falta de aseo y que las aulas y oficinas no
han habían sido aseadas por cerca de cuatro meses.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fiera del término,, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión Objeto de Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 3 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de
tutela no hizo mayor énfasis en las condiciones específicas de los menores
con relación a la situación presentada en varias instituciones educativas del
departamento la cual no afecta un derecho particular fundamental de los
menores. Agregó que la solicitud presentada es propia de las acciones
populares para la garantía de los derechos colectivos porque las pretensiones
están relacionadas con problemas generales que afectan a toda la comunidad.
10. T-3569655
Hechos
Las menores Sonia y Eliana
Huertas iniciaron el año escolar de 2012 matriculadas en los grados 10º y 7º
en el Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff de la vereda
Monterralo del municipio de Aguazul. José Jairo Huertas S, obrando en
representación de sus menores hijas interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando su derecho a la educación
porque no han garantizado el derecho a la educación en sus componentes de
transporte escolar, restaurante escolar y servicios administrativos y
generales (personal de aseo, secretarias, auxiliares administrativos,
celadores y granjeros). Específicamente con relación al servicio de
transporte escolar, manifestó que las menores viven en una vereda ubicada a 9
kilómetros de la institución educativa y que les lleva 2 horas llegar a la
misma. Por esta razón, la falta del servicio de transporte aunado a la falta
de restaurante escolar constituye un obstáculo para que las menores acudan a
la institución.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión Objeto de Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 4 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de
tutela no hizo mayor énfasis en las condiciones específicas de los menores
con relación a la situación presentada en varias instituciones educativas del
departamento la cual no afecta un derecho particular fundamental de los
menores. Agregó que la solicitud presentada es propia de las acciones
populares para la garantía de los derechos colectivos porque las pretensiones
están relacionadas con “problemas generales que afectan a toda la
comunidad”.
11. Expediente T-3569657
El
menor Freddy Santiago Rojas Martínez inició el año escolar de 2012
matriculado en el grado 1º en el Instituto Técnico Agroempresarial León de
Greiff de la vereda Monterralo del municipio de Aguazul. Ana Bertilde
Martínez Parra, obrando en representación de su menor hijo interpuso acción
de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del
Casanare por considerar que estas entidades están vulnerando su derecho a la
educación toda vez que no han garantizado de manera integral en la
institución educativa mencionada los servicios de aseo, secretarias,
auxiliares administrativos, celadores y granjero. Resalta que al momento de
la interposición de la tutela – abril de 2012 – los baños de la institución
estaban cerrados por falta de aseo y que las aulas y oficinas no han habían
sido aseadas por cerca de cuatro meses.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión Objeto de Revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 4 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de
tutela no hizo mayor énfasis en las condiciones específicas del menor con
relación a la situación presentada en varias instituciones educativas del
departamento. Agregó que la solicitud presentada es propia de las acciones
populares para la garantía de los derechos colectivos porque las pretensiones
del caso antes que plantear una situación particular están relacionadas con “problemas
generales que afectan a toda la comunidad”.
12. Expediente T-3563757
Hechos
La
menor Laura Johana Ramírez Pérez inició el año escolar de 2012 matriculada en
el grado 10º en el Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff de la
vereda Monterralo del municipio de Aguazul. Dora Inés Ramírez Parra, obrando
en representación de su menor hija interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando su derecho a la educación
toda vez que no han garantizado de manera integral en la institución
educativa mencionada los servicios de aseo, secretarias, auxiliares
administrativos, celadores y granjero. Resalta que al momento de la
interposición de la tutela – abril de 2012 – los baños de la institución
estaban cerrados por falta de aseo y que las aulas y oficinas no han habían
sido aseadas por cerca de cuatro meses.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 4 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de
tutela no hizo mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con
relación a la situación presentada en varias instituciones educativas del
departamento. Adicionalmente, toda vez que las pretensiones están
relacionadas con “problemas generales que afectan a toda la comunidad,
la solicitud presentada en la acción de tutela es propia de las acciones
populares, toda vez que están en juego derechos colectivos.
13. Expediente T-3569656
Hechos
La
menor Ariagna Yuleny Rojas Mendoza inició el año escolar de 2012 matriculada
en el grado segundo de primaria en el Instituto Técnico Agroempresarial León
de Greiff de la vereda Monterralo del municipio de Aguazul.  Lucero Mendoza
Vargas obrando en representación de su menor hija Ariagna Yuleny interpuso
acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento
del Casanare por considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a
la educación de la menor porque la institución educativa no cuenta con
personal de aseo, secretarias, auxiliares administrativos, celadores y
granjeros. Resalta que al momento de la interposición de la tutela – abril de
2012 - los baños de la institución estaban cerrados por falta de aseo y que
las aulas y oficinas no han habían sido aseadas por cerca de cuatro meses.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 4 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de
tutela no hizo mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con
relación a la situación presentada en varias instituciones educativas del
departamento. Adicionalmente, toda vez que las pretensiones están
relacionadas con “problemas generales que afectan a toda la comunidad
y están en juego derechos colectivos, la solicitud presentada en la
acción de tutela es propia de las acciones populares.
14. T-3562556
Hechos
La
menor Liliana Paola Rojas Piragauta inició el año escolar de 2012 matriculada
en el grado 11º en el Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff en la
vereda Monterralo, municipio de Aguazul, departamento del Casanare. Rosa
Elena Piragauta Plazas, obrando en representación de su menor hija interpuso
acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento
del Casanare por considerar que estas entidades no han garantizado de manera
integral el servicio de educación en sus componentes de transporte escolar,
restaurante escolar y servicios administrativos (secretarías, aseo y
servicios generales) en la institución educativa mencionada. Precisa que la
distancia entre el hogar de la menor y la institución educativa es de más de
12 km y que le toma 35 minutos llegar a esta, lo cual dificulta el acceso de
la menor al servicio de educación.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T-3562552
anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado
anteriormente.
Intervención de las
instituciones educativas
El
rector del instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff, manifestó que
desde el 2007, año en que se posesionó, han enfrentado varios problemas en
materia de transporte y restaurante escolar, así como servicios administrativos
generales necesarios para el correcto funcionamiento del la institución.
Sostuvo que la ausencia de planeación por parte de quienes administran  los
recursos respectivos, así como la falta de interés ha causado que los
recursos necesarios para prestar el servicio de educación “no lleguen a
tiempo al sector educativo”. Desde el 5 de noviembre de 2011 la
institución no cuenta personal administrativo para cubrir los servicios de
granjero, generales, contadores y auxiliar administrativo. Así mismo, desde
el inicio del año escolar el 16 de enero de 2012 hasta la fecha de su
escrito, no se ha contratado la prestación de los servicios de transporte y
restaurante escolar. Indicó además que tradicionalmente la Gobernación de
Casanare empleaba recursos de regalías para este objeto. No obstante, desde
marzo de 2011 los recursos por regalías se encuentran congelados. Los padres
de familia y los estudiantes, ante la falta de personal de aseo, han
decidido  organizar para limpiar directamente la institución o pagar a una
persona para que realice el aseo de los baños, salones y otras áreas. Con
relación al servicio de transporte escolar informó que los estudiantes
dependen en un 80% de este servicio que la Gobernación del Casanare prestaba.
La ausencia de transporte ha incidido de manera seria en los niveles de
deserción escolar de los estudiantes del sector rural, hasta el punto de que
mientras la matrícula del año 201 era de 398 estudiantes, en el 2012 se
redujo a 289 estudiantes, lo cual se explica además debido al costo del
trasporte público que muchos estudiantes no pueden sufragar. Así mismo,
mientras que en el 2011 contaban con 7 rutas escolares, en el 2012 no cuentan
con ninguna financiada por la gobernación de Casanare. De otro lado, si bien
para la fecha del escrito habían sido contratadas las rutas escolares, es
incierta la garantía de su prestación en los años siguientes. En cuanto al
restaurante escolar, manifestó que la prestación de este servicio corresponde
a la gobernación del Casanare y que a la fecha de la intervención, no estaba
siendo prestado. Además varios estudiantes acuden a la institución desde
veredas distantes, razón por la cual es preocupante que deban pasar toda la
jornada sin recibir alimento. La ausencia de los servicios de restaurante y
transporte escolar está afectando seriamente las actividades desarrolladas en
“la media técnica (modalidad agroempresarial)” porque se realizan en
las horas de la tarde y resulta inseguro para los estudiantes que vienen
desde veredas distantes movilizarse por otros medios. Específicamente, no
cuentan con un granjero necesario para el mantenimiento de los animales y
cultivos, un auxiliar administrativo y un contador.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 4 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la
pretensión presentada es propia de las acciones populares, pues el acceso a
los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, son derechos e
intereses colectivos por definición legal  -Art. 4-j L472/98, cuya protección
por vía de tutela es procedente solo cuando se está ante un perjuicio
irremediable. En el presente asunto, el perjuicio no es inminente, pues viene
sucediendo hace 3 años y ha venido afectando no solo la prestación del
servicio educativo en el municipio sino en el departamento de Casanare.
15. Expediente T- 3563768
Hechos
La
menor Lorena Sofía C Maldonado inició el año escolar de 2012 matriculada en
el grado 6º en el Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff en la
vereda Monterralo, municipio de Aguazul. Blanca Susana Maldonado, obrando en
representación de su menor hija interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación de
la menor porque la institución educativa no ha prestado de manera integral el
servicio de educación en su componente de transporte escolar, restaurante
escolar y servicios administrativos (secretarías, aseo y servicios
generales).
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 3 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de
tutela no hizo mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con relación
a la situación presentada en varias instituciones educativas del
departamento. Además, toda vez que las pretensiones están relacionadas con “problemas
generales que afectan a toda la comunidad y están en juego derechos
colectivos, la solicitud presentada en la acción de tutela es propia
de las acciones populares.
16. Expediente T- 3562557
Hechos
El
menor Miguel Ángel Pérez inició el año escolar de 2012 matriculado en el
grado 8º en el Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff en la vereda
Monterralo, municipio de Aguazul, departamento del Casanare. Floriselda
Gutiérrez, obrando en representación de su menor hijo interpuso acción de
tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del
Casanare por considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la
educación de la menor porque la institución educativa no ha prestado de
manera integral el servicio de educación en su componente de transporte
escolar, restaurante escolar y servicios administrativos (secretarías, aseo y
servicios generales). Precisa que la distancia entre el hogar de la menor y
la institución educativa es de más de 8 km y que le toma cerca de 2 horas
llegar a esta, lo cual dificulta el acceso del menor al servicio de
educación.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
El
Ministerio de Educación Nacional no dio respuesta a la acción de tutela.
Intervención de las
instituciones educativas
El
rector del instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T-3562556  citado arriba.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 4 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la pretensión presentada es propia de
las acciones populares, pues el acceso a  los servicios públicos y su
prestación eficiente y oportuna, son derechos e interés colectivos por
definición legal  -Art. 4-j L472/98, cuya protección por vía de tutela es procedente
solo cuando se está ante un perjuicio irremediable y en el presente asunto, el
perjuicio no es inminente, pues viene sucediendo hace 3 años.
17. Expediente T-3562553
Hechos
El
menor Héctor Bryan Díaz inició el año escolar de 2012 matriculado en el grado
8º en el Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff en la vereda
Monterralo, municipio de Aguazul. Rosa Emilia Aguirre, obrando en
representación de su menor hijo, interpuso acción de tutela contra el  departamento de Casanare y el
Ministerio de Educación Nacional, por considerar que estas entidades están
vulnerando el derecho a la educación de los menores porque la  institución
educativa no cuenta con los servicios administrativos de secretarias, aseo,
servicios generales. Añadió
que al momento de la interposición de la tutela – abril de 2012 - los baños
de la institución estaban cerrados por falta de aseo y que las aulas y
oficinas no han habían sido aseadas por cerca de cuatro meses.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T-3562552
anteriormente reseñado.
El
Ministerio de Educación no dio respuesta a la acción de tutela.
Intervención de las
instituciones educativas
El
rector del instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T-3562556  citado arriba.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 4 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la pretensión presentada es propia de
las acciones populares, pues el acceso a  los servicios públicos y su prestación
eficiente y oportuna, son derechos e interés colectivos por definición legal
-Art. 4-j L472/98, cuya protección por vía de tutela es procedente solo
cuando se está ante un perjuicio irremediable y en el presente asunto, el
perjuicio no es inminente, pues viene sucediendo hace 3 años.
Institución
Educativa Cupiagua
18. Expediente T-3597419
Hechos
Los
menores Deider Arley y Duver Andrés hijos de Judith Bernal Barajas iniciaron
el año escolar de 2012 matriculados en los grados 2º y 1º de primaria en la
Institución Educativa Cupiagua en el municipio de Aguazul, departamento del
Casanare. Judith Bernal Barajas, obrando en representación de sus menores
hijos interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y
el departamento del Casanare por considerar que estas entidades están
vulnerando el derecho a la educación de los menores toda vez que la
institución educativa no ha prestado de manera integral el servicio de
educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante escolar y
servicios administrativos (secretarías, aseo y servicios generales).
Respuesta entidades
demandadas
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
Decisión objeto de
revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, en sentencia del diecisiete
(17) de mayo de 2012, declaró la tutela improcedente. En primer lugar, indicó que los problemas
asociados a la prestación del servicio de educación en el departamento de
Casanare no son recientes y afectan
a toda la comunidad educativa en el departamento. Por lo tanto no se trata de
una situación particular y concreta  del accionante que amerite la
procedencia del amparo. En
segundo lugar, la accionante cuenta con otros medios judiciales de defensa,
como la acción popular para la defensa de los derechos colectivos.
19. Expediente
T-3597420
Hechos
El
menor Adrian Leonardo Sanabria inició el año escolar de 2012 matriculado en
el grado 4º de primaria en la Institución Educativa Cupiagua en el municipio
de Aguazul. Rosalba Ibáñez H, obrando en representación de su menor hijo
interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Casanare por considerar que estas entidades están vulnerando
el derecho a la educación del menor porque la institución educativa no ha
prestado de manera integral el servicio de educación en sus componentes de
transporte escolar, restaurante escolar y servicios administrativos (secretarías,
aseo y servicios generales). En consecuencia, desde que se inició el periodo
académico 2012, el menor no ha podido asistir a clases en condiciones dignas.
Respuesta entidades
demandadas
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
Sentencia
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, en sentencia del dieciséis
(16) de mayo de 2012, declaró la tutela improcedente. En primer lugar, indicó que los problemas
asociados a la prestación del servicio de educación en el departamento de
Casanare no son recientes y afectan
a toda la comunidad educativa en el departamento. Por lo tanto no se trata de
una situación particular y concreta  del accionante que amerite la
procedencia del amparo. En
segundo lugar, señaló que la accionante cuenta con otros medios judiciales de
defensa, como la acción popular para la defensa de los derechos colectivos.
20. Expediente T-3597421
Hechos
La
menor Danna Mayerly Chaparro López inició el año escolar de 2012 matriculada
en preescolar en la Institución Educativa Cupiagua en el municipio de
Aguazul, Casanare. Luz Mery López Rojas, obrando en representación de su
menor hijo interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Casanare por considerar que estas entidades
están vulnerando el derecho a la educación del menor porque la institución
educativa no garantizado de manera integral el servicio de educación en sus
componentes de transporte escolar, restaurante escolar y servicios
administrativos (secretarías, aseo y servicios generales). En consecuencia,
desde que se inició el periodo académico 2012, el menor no ha podido asistir
a clases en condiciones dignas.
Respuesta entidades
demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Mediante
escrito radicado el 16 de mayo de 2012, Fabio Enrique Piñeros, obrando en
representación del municipio de Aguazul, indicó que esta entidad territorial
no tiene los recursos para asumir los servicios demandados y que la
competencia para la prestación de los servicios requeridos es del
departamento del Casanare. Añadió que los recursos asignados para calidad en
educación son insuficientes debido a la cantidad de estudiantes en el
municipio y el número de las rutas que requieren.
Intervención de las
instituciones educativas
El
rector de la institución, en escrito radicado extemporáneamente el 16 de mayo
de 2012, manifestó que la prestación de los servicios de almuerzo y
restaurante escolar no es competencia del colegio y que a la fecha no habían
comenzado a brindarse. Agregó que el refrigerio que reciben los estudiantes
lo provee la alcaldía. Por último señala que las familias de los estudiantes
se están encargando del servicio de aseo de baños.
Sentencia
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, en sentencia del quince (15)
de mayo de 2012, declaró la tutela improcedente. En primer lugar, indicó que los problemas asociados
a la prestación del servicio de educación en el departamento de Casanare no
son recientes y afectan a
toda la comunidad educativa en el departamento. Por lo tanto no se trata de
una situación particular y concreta  del accionante que amerite la
procedencia del amparo. En
segundo lugar, señaló que la accionante cuenta con otros medios judiciales de
defensa, como la acción popular para la defensa de los derechos colectivos.
Institución
Educativa Camilo Torres Restrepo
21. Expediente T-3597414
Hechos
El
menor Edwin Daniel Bohórquez Garay inició el año escolar de 2012 matriculado
en el grado 6º en la Institución Educativa Camilo Torres Restrepo en el
municipio de Aguazul, Casanare. Rosa María Garay Suarez, obrando en
representación de su menor hijo interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación del
menor porque no han garantizado integralmente el servicio de educación en sus
componentes de transporte escolar, restaurante escolar y servicios
administrativos (secretarías, aseo y servicios generales) en dicha
institución. En consecuencia, desde que se inicio el periodo académico 2012, el menor no ha podido
asistir a clases en condiciones dignas. La accionante agregó que esta problemática
se ha repetido por varios años.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
El 4 de
mayo de 2012 el Tribunal decidió vincular al municipio de Aguazul. Fabio
Enrique Piñeros Torres, obrando en representación del municipio, señaló que
los recursos girados por el Ministerio de Educación son insuficientes para
asumir la prestación del servicio de educación. Lo anterior debido al alto
costo de los servicios de transporte y restaurante escolar en virtud de la
cantidad de estudiantes beneficiados y el número de rutas requeridas.
Mediante
escrito del 15 de mayo de 2012, el rector de la institución educativa Camilo
Torres manifestó que “existe una problemática educativa en el plantel”
con relación a los servicios de transporte escolar y restaurante escolar, así
como a la falta de secretarias, auxiliares de oficina (bibliotecarios y
otros) y servicios generales. Señala que la crisis es recurrente y que se
repite cada año. Adjunta 24 folios en los que constan las múltiples
solicitudes elevadas al departamento y al Ministerio de Educación Nacional,
entre otras entidades con el fin de dar respuesta a las problemáticas en
materia de educación durante los años 2011 y 2012. Por último manifiesta su
preocupación frente a la posibilidad de que los problemas presentados lleven
a que los menores dejen de asistir a las aulas.
Sentencia objeto de revisión
En
única instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal – Sala
Única de Decisión, en sentencia del quince (15) de mayo de 2012, declaró
improcedente la tutela. En
primer lugar, indicó que los problemas asociados a la prestación del servicio
de educación en el departamento de Casanare no son recientes y no
constituyen, por tanto, un perjuicio irremediable o inminente. En segundo
lugar, señaló que la accionante cuenta con otros medios judiciales de
defensa, como la acción popular ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.
22. Expediente T-3597418
Hechos
La
menor Luisa Fernanda Martínez M. inició el año escolar de 2012 matriculado en
el grado 8º en la Institución Educativa Camilo Torres Restrepo en el
municipio de Aguazul, departamento del Casanare. Gladys Munévar Cruz, obrando
en representación de su menor hija interpuso acción de tutela contra el Ministerio
de Educación Nacional y el departamento del Casanare por considerar que estas
entidades están vulnerando el derecho a la educación de la menor porque no
han garantizado de manera integral el servicio de educación en sus
componentes de transporte escolar, restaurante escolar y servicios
administrativos (secretarías, aseo y servicios generales) en la institución
referida. En consecuencia, desde que se inicio el periodo académico 2012, la menor no ha podido
asistir a clases en condiciones dignas. La accionante agregó que esta
problemática se ha repetido por varios años.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
El 4 de
mayo de 2012 el Tribunal decidió vincular al municipio. Mediante escrito del
16 de mayo, la administración municipal señaló que la prestación del servicio
de educación en el municipio corresponde a la Secretaría de Educación de
Casanare. Agregó que los recursos girados por el Ministerio de Educación son
insuficientes para asumir la prestación del servicio de educación. Lo
anterior debido al alto costo de los servicios de transporte y restaurante
escolar en virtud de la cantidad de estudiantes beneficiados y el número de
rutas requeridas.
El
rector de la institución educativa Camilo Torres reiteró lo señalado en su
intervención en el proceso de tutela T-3597414, reseñado anteriormente
Sentencia
objeto de revisión
En
única instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal – Sala
Única de Decisión, en sentencia del quince (15) de mayo de 2012, declaró
improcedente la tutela. En
primer lugar, indicó que los problemas asociados a la prestación del servicio
de educación en el departamento de Casanare no son recientes y no
constituyen, por tanto, un perjuicio irremediable o inminente. En segundo
lugar, señaló que la accionante cuenta con otros medios judiciales de
defensa, como la acción popular ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
23. Expediente T-3597415
Hechos
La
menor Doly Soid Cruz Acosta inició el año escolar de 2012 matriculado en el
grado 2º de primaria en la sede la Villa de la Institución Educativa Camilo
Torres Restrepo en el municipio de Aguazul, Casanare. Luz Mary Acosta León,
obrando en representación de su menor hija interpuso acción de tutela contra
el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación de
la menor porque no han garantizado de manera integral el servicio de
educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante escolar y
servicios administrativos (secretarías, aseo y servicios generales) en la
institución antedicha. En consecuencia, desde que se inicio el periodo académico 2012, la menor
no ha podido asistir a clases en condiciones dignas. La accionante agregó que
esta problemática se ha repetido por varios años.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
Sentencia objeto de revisión
En única
instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal – Sala Única de
Decisión, en sentencia del diecisiete (17) de mayo de 2012, declaró
improcedente la tutela. En
primer lugar, indicó que los problemas asociados a la prestación del servicio
de educación en el departamento de Casanare no son recientes, afectan a todo el departamento y a toda
la comunidad educativa, y por tanto no se trata de una situación particular y
concreta  del accionante que amerite la procedencia del amparo. En segundo lugar, señaló que la
accionante cuenta con otros medios judiciales de defensa, como la acción
popular ante la jurisdicción contencioso- administrativa.
Institución Educativa Luis María Jiménez
24. Expediente T-3597417
Hechos
El menor
Daniel Cotrina S. inició el año escolar de 2012 matriculado en el grado 5º de
primaria en la institución educativa Luis María Jiménez sede San Luis de
Piñalito en el municipio de Aguazul, Casanare. Marisol Sánchez P., obrando en
representación de su menor hijo interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación del
menor porque no han garantizado de manera integral el servicio de educación
en sus componentes de transporte escolar, restaurante escolar y servicios
administrativos (secretarías, aseo y servicios generales) en la institución
educativa. En consecuencia, desde que se inicio el periodo académico 2012, el menor no ha podido
asistir a clases en condiciones dignas, porque además hace falta un
nombramiento en propiedad de un docente.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Sentencia objeto de revisión
En
única instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal – Sala
Única de Decisión, en sentencia del dieciséis (16) de mayo de 2012, declaró
improcedente la tutela. En
primer lugar, indicó que los problemas asociados a la prestación del servicio
de educación en el departamento de Casanare no son recientes, afectan a toda
la comunidad educativa  y no constituyen, por tanto, un perjuicio
irremediable o inminente o una afectación de “un derecho particular
fundamental del hijo de la accionante”. En segundo lugar, señaló que la
accionante cuenta con otros medios judiciales de defensa, como la acción
popular. Finalmente, respecto de la designación de un docente en propiedad
afirmó que no hay lugar a la prosperidad de la acción por cuanto el
departamento negó tal deficiencia y la entidad educativa no se pronunció en
el proceso.
MUNICIPIO DE HATO COROZAL,
CASANARE.
Institución
Educativa Antonio Martínez Delgado
25. Expediente T-3568623
Hechos
La
menor Angélica Liceth Rivero inició el año escolar de 2012 matriculada en el
grado 5º de primaria en la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado en
el municipio de Hato Corozal, Casanare. Johana Ibáñez Rubiano, obrando en
representación de su menor hija interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación de
la menor toda vez que la institución educativa no ha prestado de manera
integral el servicio de educación en sus componentes de transporte escolar,
restaurante escolar y servicios administrativos (secretarías, aseo y
servicios generales).
Respuesta entidades
demandadas y vinculadas
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Diego
Hernán Vega Caballero, obrando en representación del departamento del
Casanare, sostuvo que la
entidad territorial es consciente de las obligaciones y de las dificultades
que impiden ejecutar los planes escolares en los colegios. No obstante, ha
desplegado importantes esfuerzos con el gobierno central y el Ministerio de
Educación Nacional encaminados a resolverlos en atención a que la mayor parte
de la solvencia económica con la cual la Gobernación sostiene el sector
educativo proviene del sistema general de participaciones y regalías
petroleras, la cual se encuentra prácticamente en manos del Gobierno central,
que es quien autoriza o no su inversión de acuerdo con los planes que allí se
consideren prioritarios. Informó además que el Director Administrativo de la Secretaria de
Educación de Casanare informó que se solicitó al Departamento Nacional de
Planeación liberar recursos de regalías para la contratación de los servicios
de vigilancia y personal administrativo en los 68 planteles educativos del departamento.
Añadió que la crisis educativa en el sector educativo departamental con
relación a la prestación del servicio de transporte, restaurante escolar y
contratación de personal administrativo para el aseo de los colegios,
secretarias auxiliares y vigilantes “tiene como causa principal la
inexistencia de recursos económicos” para su financiación. Por último
indicó que la administración inició los procesos contractuales para la
vinculación de personal administrativo y la prestación del servicio de
restaurantes “están en curso con estudios previos” mientras que los de
vigilancia y transporte se realizarán mediante licitación pública.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 28 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de tutela no hizo
mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con relación a la
situación presentada en varias instituciones educativas del departamento.
Adicionalmente, toda vez que las pretensiones están relacionadas con “un
problema de toda la comunidad estudiantil” y con derechos e intereses
colectivos, la solicitud presentada en la acción de tutela es propia
de las acciones populares.
26. T – 3568624
Hechos
El
menor Julián Alberto Portilla inició el año escolar 2012 matriculado en el
grado 6o en la Institución educativa Antonio Martínez Delgado en el municipio de Hato Corozal, Casanare. José Querubín Portilla León
obrando en representación de su menor hijo interpuso acción de tutela contra
el departamento de Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación del
menor en razón a que la mencionada institución educativa no cuenta con
transporte escolar, servicio de restaurante, servicios administrativos de
secretarias, aseo, servicios generales. Agrega que el menor reside en la
vereda San Rafael y localizada a más de 14 Kms de la institución educativa,
razón por la que la ausencia de transporte escolar impide que no pueda acudir
a recibir educación.
Respuesta de las Entidades Demandas y vinculadas
Diego
Hernán Vega Caballero, obrando en representación del Departamento del
Casanare, reiteró los argumentos presentados en el proceso T-3568623.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 28 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que tal
reclamación es propia de las acciones populares las cuales "están
orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos, como los de grupo o de un número plural de personas". En
el presente caso no se plantea ninguna situación particular, por el contrario
son problemas de toda la comunidad educativa.
27. Expediente T-3568627
Hechos
La
menor Angie Paola Huertas Castillo inició el año escolar de 2012 matriculada
en el grado 6º en la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado en el
municipio de Hato Corozal. Rosalba Castillo Fonseca, obrando en
representación de su menor hija interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando su derecho a la educación
porque la institución educativa no ha prestado de manera integral el servicio
de educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante escolar y
servicios administrativos (secretarías, aseo y servicios generales).
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Diego
Hernán Vega Caballero, obrando en representación del Departamento del
Casanare, reiteró los argumentos presentados en el proceso T-3568623.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
El
Alcalde del municipio de Hato Corozal mediante escrito del 22 de mayo de 2012
intervino para manifestar que el Colegio Antonio Martínez Delgado se
encuentra en el área urbana. Agregó que el municipio ha adelantado varios
procesos contractuales con recursos propios para la prestación del servicio
de transporte que incluyen un contrato interadministrativo por un plazo de 20
días para prestar los servicios de transporte escolar a los estudiantes de la
antedicha institución educativa para cubrir la ruta “La Veremos-Marginal-Camelias-El
Banco”. En cuanto al servicio de restaurante escolar, indicó que celebró
un convenio de cooperación con la fundación Yolima Andrea Rojas Cárdenas para
fortalecer acciones de permanencia de los niños y las niñas del municipio en
el sistema educativo mediante la implementación del servicio de alimentación
escolar por un periodo de 45 días
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 28 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de tutela no hizo
mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con relación a la
situación presentada en varias instituciones educativas del departamento.
Adicionalmente, toda vez que las pretensiones están relacionadas con “un
problema de toda la comunidad estudiantil” y con derechos e intereses
colectivos, la solicitud presentada en la acción de tutela es propia
de las acciones populares.
28. T-3600102
Hechos
La
menor Aura Edith González Ortiz inició el año escolar de 2012 matriculada en
el grado 7º en la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado del
municipio de Hato Corozal, Casanare. Eddy Orlady Ortiz Romero obrando en
representación de su menor hija interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación de
la menor porque no han garantizado la prestación integral el servicio de
educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante escolar y
servicios administrativos (secretarías, aseo y servicios generales) en la
institución educativa menciona.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
Diego
Hernán Vega Caballero, obrando en representación del Departamento del
Casanare, reiteró los argumentos presentados en el proceso T-3568623 reseñado anteriormente.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, mediante fallo del 24 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción
de tutela no hizo mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor
con relación a la situación presentada en varias instituciones educativas del
departamento. Además la tutela fue presentada mediante un formato en el que
no se especifica qué aspecto del derecho a la educación fue desconocido a la
menor. Agregó que la solicitud presentada es propia de las acciones populares
para la garantía de los derechos colectivos porque las pretensiones del caso
están relacionadas con “problemas generales que afectan a toda la
comunidad”.
29. Expediente T-3600103
Hechos
Paula
Andrea Pedraza Vega inició el año escolar de 2012 matriculada en el grado 11º
en la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado en el municipio de Hato
Corozal, departamento del Casanare. Dalia Aidee Pedraza Vega, obrando en
representación de su hija interpuso acción de tutela contra el Ministerio de
Educación Nacional y el departamento del Casanare por considerar que estas
entidades están vulnerando el derecho a la educación de la menor porque la
institución educativa no ha prestado de manera integral el servicio de
educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante escolar y
servicios administrativos (secretarías, aseo y servicios generales).
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Diego
Hernán Vega Caballero, obrando en representación del Departamento del
Casanare, reiteró los argumentos presentados en el proceso T-3568623.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, mediante fallo del 24 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la
acción de tutela no hizo mayor énfasis en las condiciones específicas de la
menor con relación a la situación presentada en varias instituciones
educativas del departamento. Así mismo, indicó que la tutela fue realizada
mediante un formato en el que no se especifica qué aspecto del derecho a la
educación fue desconocido a la menor. Agregó que la solicitud presentada es
propia de las acciones populares para la garantía de los derechos colectivos
porque las pretensiones del caso antes que plantear una situación particular
están relacionadas con “problemas generales que afectan a toda la
comunidad”.
30. Expediente T-3600104
Hechos
El
menor Harinzon Gamboa Cáseres inició el año escolar de 2012 matriculada en el
grado 8º en la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado en el municipio
de Hato Corozal, Casanare. Senen Gamboa, obrando en representación de su
menor hija interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Casanare por considerar que estas entidades
están vulnerando el derecho a la educación del menor porque no han
garantizado la prestación integral del servicio de educación en sus
componentes de transporte escolar, restaurante escolar y servicios
administrativos (secretarías, aseo y servicios generales) en la referida
institución educativa.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
El
departamento de Casanare no dio respuesta a la acción de tutela.
El
municipio de Hato Corozal intervino para manifestar que el Colegio Antonio
Martínez Delgado se encuentra en el área urbana al igual que el hogar del
menor. Agregó que el municipio ha adelantado varios procesos contractuales
con recursos propios para la prestación del servicio de transporte. Estos
procesos incluyeron un contrato interadministrativo por un plazo de 20 días
para prestar los servicios de transporte escolar a los estudiantes de la
antedicha institución educativa para cubrir la ruta “La
Veremos-Marginal-Camelias-El Banco”.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, mediante fallo del 24 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Sostuvo que a partir
de los informado por la accionante y por el Alcalde del municipio de Hato
Corozal, “las condiciones en las que se presta el servicio educativo en
esa municipalidad e incluso en el departamento, no es reciente”.
Consideró en este sentido que el perjuicio denunciado en la acción de tutela
no es inminente toda vez que “viene sucediendo hace años” y que la
acción procedente es la acción popular, con el fin de obtener una respuesta
uniforme para todos los menores afectados por la situación descrita en la
acción de tutela.
31. Expediente T-3600105
Hechos
La
menor Neli Rocío Vargas inició el año escolar de 2012 matriculada en el grado
4º de primaria en la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado en el
municipio de Hato Corozal, Casanare. Jorge Eliecer Vargas, obrando en
representación de su menor hija interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando su derecho a la educación de
la menor toda vez que no han garantizado la prestación integral del servicio
de educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante escolar y
servicios administrativos (secretarías, aseo y servicios generales) en la
institución educativa señalada.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
El
departamento de Casanare no dio respuesta a la acción de tutela.
El
alcalde del municipio de Hato Corozal intervino para manifestar que el
Colegio Antonio Martínez Delgado se encuentra en el área urbana. Agregó que
el municipio ha adelantado varios procesos contractuales con recursos propios
para la prestación del servicio de transporte. Estos procesos incluyeron un
contrato interadministrativo por un plazo de 20 días para prestar los
servicios de transporte escolar a los estudiantes de la antedicha institución
educativa para cubrir la ruta “La Veremos-Marginal-Camelias-El Banco”.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, mediante fallo del 24 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Sostuvo que a partir
de los informado por la accionante y por el Alcalde del municipio de Hato
Corozal, “las condiciones en las que se presta el servicio educativo en
esa municipalidad e incluso en el departamento, no es reciente”.
Consideró en este sentido que el perjuicio denunciado en la acción de tutela
no es inminente toda vez que “viene sucediendo hace años” y que la
acción procedente es la acción popular, mediante la cual podría obtenerse una
respuesta uniforme para todos los menores afectados por la situación descrita
en la acción de tutela.
32. Expediente T-3600106
Hechos
El
menor Santiago López inició el año escolar de 2012 matriculado en el grado 6º
en la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado en el municipio de Hato
Corozal, Casanare. María Laudice Parales Silva, obrando en representación de
su menor hijo interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Casanare por considerar que estas entidades
están vulnerando el derecho a la educación del menor porque no han
garantizado la prestación integral en la institución educativa del servicio
de educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante escolar y
servicios administrativos (secretarías, aseo y servicios generales). Añade
que la distancia entre la institución educativa y su casa es de más de 3
kilómetros y que le lleva 1 hora llegar a la misma, razón por la que la falta
de transporte escolar dificulta su acceso a la educación.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
Diego
Hernán Vega Caballero, obrando en representación del Departamento del
Casanare, reiteró los argumentos presentados en el proceso T-3568623.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, mediante fallo del 24 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Reiteró lo señalado en
otros fallos de tutela sobre la misma situación que afecta el servicio de
educación en el Casanare en el sentido de que la acción de tutela no hizo
mayor énfasis en las condiciones específicas del menor con relación a la
situación presentada en varias instituciones educativas del departamento.
Agregó que la solicitud presentada es propia de las acciones populares para
la garantía de los derechos colectivos porque las pretensiones del caso antes
que plantear una situación particular están relacionadas con “problemas
generales que afectan a toda la comunidad”.
33. Expediente T-3600107
Hechos
La
menor Jeniffer Lisbeth Ramírez inició el año escolar de 2012 matriculada en
el grado 1º de primaria en la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado
en el municipio de Hato Corozal, Casanare. Vina Dignelia López, obrando en
representación de su menor hija interpuso acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades no han  garantizado la prestación integral del
servicio de educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante
escolar y servicios administrativos (secretarías, aseo y servicios generales)
en la institución educativa referida. En consecuencia, desde que se inicio el periodo académico 2012,
la menor no ha podido asistir a clases en condiciones dignas. La accionante
agregó que esta problemática se ha repetido por varios años.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Diego
Hernán Vega Caballero, obrando en representación del Departamento del
Casanare, reiteró los argumentos presentados en el proceso T-3568623.
Sentencia objeto de revisión
En
única instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal – Sala
Única de Decisión, en sentencia del veinticuatro (24) de mayo de 2012,
declaró improcedente la tutela por dos razones. En primer lugar, los problemas asociados a la
prestación del servicio de educación en el departamento de Casanare no son
recientes y no constituyen, por tanto, un perjuicio irremediable o inminente.
En segundo lugar, la accionante cuenta con otros medios judiciales de
defensa, como la acción popular ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.
MUNICIPIO
DE YOPAL
Institución Técnica Agropecuaria Antonio Nariño
34. Expediente T – 3562559
Hechos
Los
menores George Marty y Jennifer Sofia Patiño iniciaron el año escolar 2012
matriculados en los grados 5° y 1° de la Institución Técnica Agropecuaria
Antonio Nariño del municipio de Yopal, Casanare. María Luzmery Pérez
Rodríguez obrando en representación de sus menores hijos interpuso acción de
tutela contra el departamento de Casanare y el Ministerio de Educación
Nacional por considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la
educación de los menores porque no han garantizado el transporte escolar, el
servicio de restaurante escolar, ni los servicios administrativos de
secretarias, aseo, servicios generales en la  mencionada institución
educativa
Respuesta de las Entidades Demandas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare señaló que la administración, vigilancia
y control, así como la garantía del derecho a la educación en los colegios
que se encuentran en el municipio de Yopal corresponde a esa entidad
territorial. Precisó en ese sentido que de conformidad con la ley 715 de 2001, la competencia de las
necesidad educativas no le corresponden al departamento de Casanare sino al
municipio de Yopal, el cual está certificado en educación. En segundo lugar,
afirmó que en todo caso el departamento de Casanare no cuenta con los
recursos económicos necesarios para sufragar los bienes pretendidos por los
accionantes, debido a la suspensión del pago de regalías. En consecuencia
solicitó al juez negar las pretensiones de la tutela por existir falta de
legitimación por pasiva.
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, sostuvo
que la administración ha adelantado todo los trámites requeridos por parte
del Ministerio de Educación Nacional, como es el estudio de necesidades de
personal, con el fin de obtener autorización de utilización de los recursos
de regalías para la prestación de los servicios administrativos (secretaria,
aseo, celaduría y servicios generales). No obstante, la utilización de
recursos de regalías fue negada. La solicitud fue remitida al Departamento
Nacional de Planeación sin que a la fecha de la presentación del escrito este
último se haya pronunciado. En cuanto al servicio de restaurante escolar
explicó que el municipio lo estaba sufragando “con recursos de regalías y
una quinta parte por recursos del Sistema General de Participaciones” y
que actualmente está a la espera de la respuesta del Departamento
Administrativo de Planeación Nacional para obtener la autorización de
recursos de regalías o la distribución de los recursos de superávit.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 4 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la
pretensión presentada es propia de las acciones populares porque el acceso a
los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, son derechos e
intereses colectivos por definición legal  - Ley 472 de 1998 - cuya
protección por vía de tutela es procedente solo cuando se está ante un
perjuicio irremediable y en el presente asunto, el perjuicio no es inminente,
pues viene sucediendo hace 3 años.
35. Expediente T
– 3562558
Hechos
El
menor Wilson Fernández y dos menores más, iniciaron  el año escolar 2012 en
la del Institución Educativa Técnico Agropecuaria Antonio Nariño del
municipio de Yopal. Marilse García García obrando en representación de  hijo,
interpuso acción de tutela contra el departamento de Casanare y el Ministerio
de Educación Nacional, por considerar que estas entidades están vulnerando su
derecho a la educación ya que no han garantizado la prestación integral de
los servicios de transporte escolar, ni servicio de restaurante, ni servicios
administrativos de secretarias, aseo, y servicios generales en la mencionada
institución.
Respuesta
de las Entidades Demandas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare reiteró
los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559 anteriormente
reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 4 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la
pretensión presentada es propia de las acciones populares y que la protección
por vía de tutela del acceso a  los servicios públicos y su prestación
eficiente y oportuna, solo es procedente cuando se está ante un perjuicio
irremediable y en el presente asunto, el perjuicio no es inminente, pues
viene sucediendo hace 3 años.
Institución Educativa Teresa de Calcuta
Institución
Educativa Teresa de Calcuta
36. T- 3568621
Hechos
La
menor Brenda Quiroga Parra inició el año escolar de 2012 matriculada en el
grado 9º en la Institución Teresa de Calcuta en el municipio de Yopal,
Casanare. Ana Blanca Parra Gómez, obrando en representación de su menor hija
interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Casanare por considerar que estas entidades están vulnerando
el derecho a la educación de la menor porque no han garantizado de manera
integral el servicio de educación en sus componentes de transporte escolar,
restaurante escolar y servicios administrativos (secretarías, vigilancia,
aseo y servicios generales) en la institución educativa. Añadió que la
distancia entre la institución educativa y su casa es de 18 kilómetros por lo
que tarda 4 horas en llegar a la misma.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare reiteró
los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559 anteriormente
reseñado.
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 4 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de tutela no hizo
mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con relación a la
situación presentada en varias instituciones educativas del departamento.
Adicionalmente, toda vez que las pretensiones están relacionadas con “un
problema de toda la comunidad estudiantil” y con derechos e intereses
colectivos, la solicitud presentada en la acción de tutela es propia
de las acciones populares.
37. Expediente
T-3597422
Hechos
Edilson
Arley Rosas inició el año escolar de 2012 matriculado en el grado 6º en la
Institución Teresa de Calcuta en el municipio de Yopal, Casanare. Fermín
Rosas Rodríguez, obrando en representación de su menor hijo interpuso acción
de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del
Casanare por considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la
educación de la menor porque no han garantizado de manera integral el
servicio de educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante
escolar y servicios administrativos (secretarías, vigilancia, aseo y servicios
generales) en la institución educativa.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T – 3562559 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, en sentencia del diecisiete
(17) de mayo de 2012, declaró la improcedencia de la tutela. El Tribunal,
acogiendo las consideraciones de un caso con identidad fáctica e idénticas
peticiones fallado por el Tribunal anteriormente, señaló que las condiciones
de prestación del servicio de educación corresponden a problemas
administrativos que afectan a todo el departamento de Casanare y a toda la
comunidad educativa, y que por tanto no se trata de una situación particular
y concreta del accionante que amerite la procedencia del amparo. Agregó que
el derecho a la educación solo puede ser protegido cuando se trata de
proteger el derecho de los niños y cuando por conexidad resulte desconocido
un derecho fundamental como el de la igualdad, o el libre desarrollo de la
personalidad.
Expediente 38. T- 3563775
Hechos
Ligia
Johana Puentes Rodríguez inició el año escolar de 2012 matriculada en el
grado 10º en la Institución Teresa de Calcuta en el municipio de Yopal. María
Luisa Rodríguez, obrando en representación de su menor hija interpuso acción
de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del
Casanare por considerar que estas entidades no han garantizado de manera
integral el servicio de educación en sus componentes de transporte escolar,
restaurante escolar y servicios administrativos (secretarías, vigilancia,
aseo y servicios generales) en la institución referida. Añadió que la
distancia entre la institución educativa y su casa es de 5 kilómetros, razón
por la cual la falta de transporte escolar dificulta el acceso de la menor a
la educación.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Mediante
escrito radicado el 2 de mayo de 2012, la rectora del centro educativo Teresa
de Calcuta manifestó que desde el inicio del año escolar la institución no
cuenta con personal administrativo requerido para operar los servicios de
auxiliar administrativo, biblioteca, aseo y vigilancia. Igualmente, desde el
inicio del año escolar la institución no tiene servicios de transporte y
restaurante escolar. Precisó que la junta de acción comunal está prestando el
servicio de transporte a los estudiantes que provienen de la vereda La Unión
pero que los estudiantes que viven en Garzón y Picón no tienen transporte. Por
último, señaló que en cuatro ocasiones ha  informado sobre estás
problemáticas al secretario de educación municipal.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T – 3562559 anteriormente reseñado.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de tutela no hizo
mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con relación a la
situación presentada en varias instituciones educativas del departamento.
Adicionalmente, toda vez que las pretensiones están relacionadas con “un
problema de toda la comunidad estudiantil” y con derechos e intereses
colectivos, la solicitud presentada en la acción de tutela es propia
de las acciones populares.
Expediente 39. T- 3568622
Hechos
Luz
Neira López inició el año escolar de 2012 matriculada en el grado 10º en la
Institución Teresa de Calcuta en el municipio de Yopal, Casanare. María
Benilda Higuera, obrando en representación de su menor hija interpuso acción
de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del
Casanare por considerar que estas entidades no han garantizado de manera
integral el servicio de educación en sus componentes de transporte escolar,
restaurante escolar y servicios administrativos (secretarías, vigilancia,
aseo y servicios generales) en la institución referida. Añadió que la menor
reside en la vereda La Unión y que la distancia que debe recorrer hasta la
institución educativa es de 18 kilómetros por lo que tarda 4 horas en llegar
a la misma, lo cual representa obstáculo de acceso a la educación.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T – 3562559 anteriormente reseñado.
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 4 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de tutela no hizo
mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con relación a la
situación presentada en varias instituciones educativas del departamento.
Adicionalmente, toda vez que las pretensiones están relacionadas con “un
problema de toda la comunidad estudiantil” y con derechos e intereses
colectivos, la solicitud presentada en la acción de tutela es propia
de las acciones populares.
40. Expediente T- 3563776
Angie
Lorena Puentes Rodríguez inició el año escolar de 2012 matriculada en el
grado 3º en la Institución Teresa de Calcuta en el municipio de Yopal,
Casanare. María Luisa Rodríguez, obrando en representación de su menor hija
interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Casanare por considerar que estas entidades están vulnerando
el derecho a la educación de la menor porque la institución educativa no ha
prestado de manera integral el servicio de educación en sus componentes de
transporte escolar, restaurante escolar y servicios administrativos
(secretarías, vigilancia, aseo y servicios generales). Añade que la menor
reside en la vereda La Unión y que la distancia que debe recorrer hasta la
institución educativa es de 5 kilómetros razón por la cual la falta de
transporte representa obstáculo de acceso a la educación.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del, reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559 anteriormente
reseñado.
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
En
escrito presentado el 2 mayo de 2012, la rectora de la institución educativa
Teresa de Calcuta reiteró lo señalado en el proceso T- 3563775 antes
referido.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de tutela no hizo
mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con relación a la
situación presentada en varias instituciones educativas del departamento.
Adicionalmente, toda vez que las pretensiones están relacionadas con “un
problema de toda la comunidad estudiantil” y con derechos e intereses
colectivos, la solicitud presentada en la acción de tutela es propia
de las acciones populares.
Institución Educativa Manuela Beltrán
41. Expediente T-3563761
Hechos
Los
menores Franky Estiven y Haider Achagua M iniciaron el año escolar de 2012
matriculados en el grado 7º y 2º respectivamente en la institución educativa
Manuela Beltrán en el municipio de Yopal. María Celina Achagua Moreno,
obrando en representación de sus menores hijos interpuso acción de tutela
contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación de
la menor porque no han garantizado de manera integral el servicio de
educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante escolar y
servicios administrativos (secretarías, vigilancia, aseo y servicios
generales) en la institución educativa.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559
anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
La
rectora de la institución educativa Manuela Beltrán, manifestó que el año
escolar 2012 inició sin contar con  personal administrativo y de servicios
generales, situación que ha venido repitiéndose durante varios años.
Igualmente, el servicio de complementos nutricionales y almuerzo para los
estudiantes no había iniciado a la fecha de su escrito. Agregó que no cuentan
con aulas suficientes y que aun cuando iniciaron obras para seis aulas la
construcción no ha terminado debido a que “la gobernación anterior no
asignó un adicional para completar la obra”.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de tutela no hizo
mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con relación a la
situación presentada en varias instituciones educativas del departamento.
Adicionalmente, toda vez que las pretensiones están relacionadas con “un
problema de toda la comunidad estudiantil” y con derechos e intereses
colectivos, la solicitud presentada en la acción de tutela es propia
de las acciones populares.
42. Expediente T- 3563762
Hechos
Los
menores Maira Liliana y José Luis Morales Gutiérrez iniciaron el año escolar
de 2012 matriculados en el grado 7º y 2º respectivamente en la institución
educativa Manuela Beltrán en el municipio de Yopal, Casanare. Mariela
Gutiérrez Vargas, obrando en representación de sus menores hijos interpuso
acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el departamento
del Casanare por considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a
la educación de los menores porque no han garantizado de manera integral el
servicio de educación en sus componentes de transporte escolar, restaurante
escolar y servicios administrativos (secretarías, vigilancia, aseo y
servicios generales) en la institución educativa antedicha.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T – 3562559 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
La
rectora de la institución educativa Manuela Beltrán, en escrito radicado el 8
de mayo de 2012, reiteró lo señalado en su intervención en el expediente
T-3563761, anteriormente reseñado.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de tutela no hizo
mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con relación a la
situación presentada en varias instituciones educativas del departamento.
Adicionalmente, toda vez que las pretensiones están relacionadas con “un
problema de toda la comunidad estudiantil” y con derechos e intereses
colectivos, la solicitud presentada en la acción de tutela es propia
de las acciones populares.
43. T- 3563772
Hechos
El
menor Cristian Felipe Pesca Rivera inició el año escolar de 2012 matriculado
en transición en la institución educativa Manuela Beltrán en el municipio de
Yopal, Casanare. Ana Yaneth Rivera, obrando en representación de su menor hijo
interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Casanare por considerar que estas entidades están vulnerando
el derecho a la educación de la menor porque no han garantizado de manera
integral el servicio de educación en sus componentes de transporte escolar,
restaurante escolar y servicios administrativos (secretarías, vigilancia,
aseo y servicios generales) en la institución educativa antedicha.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T – 3562559 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
La
rectora de la institución educativa Manuela Beltrán, en escrito radicado
extemporáneamente el 8 de mayo de 2012, reiteró lo señalado en su
intervención en el expediente T-3563761, anteriormente reseñado.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, mediante fallo del 3 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que tal reclamación es propia de las acciones
populares, consagradas en el Art 88 de la Constitución y desarrolladas en la
Ley 472 de 1998 y cuyo objeto lo concretan en que "están orientadas a
garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos,
como los de grupo o de un numero plural de personas" y en el
presente caso no se plantea ninguna situación particular, por el contrario
son problemas de toda la comunidad educativa.
Institución Educativa Centro Social la Presentación, Yopal
44. Expediente T- 3562560
Hechos
La
menor Laura Alexandra Diez Ochica inició el año escolar de 2012 matriculada en el grado 4º de primaria
en la institución educativa Centro Social la Presentación en el municipio de
Yopal, Casanare. Claudia Patricia Ochica Plazas, obrando en representación de
la menor interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Casanare por considerar que estas entidades
están vulnerando el derecho a la educación de la menor porque no han
garantizado de manera integral el servicio de educación en sus componentes de
transporte escolar, restaurante escolar y servicios administrativos
(secretarías, vigilancia, aseo y servicios generales) en la institución
educativa antedicha.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559
anteriormente reseñado.
La
Rectora del Centro Social la Presentación, en escrito radicado en el Tribunal
el 2 de mayo de 2012, informó que la institución no presta el servicio de
restaurante escolar porque no cuenta con “infraestructura adecuada para
este objeto”. En cuanto al servicio de transporte, señaló que la
institucie transporte, manifiesta que a, e en la
medida en que la institucion "na ins y que los món se encuentra
en la zona urbana razón por la cual no clasifica para recibir tal servicio
por parte  de la secretaria de educación. Por último, con relación a los
servicios administrativos indicó que a pesar de que la institución requiere 8
personas para cubrir el personal administrativo, 8 personas para el servicio
de aseo y 6 personas para vigilancia, cuenta solo con 5 personas para el
primer servicio, 5 para el segundo y sólo una para el último.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la
pretensión presentada es propia de las acciones populares, pues el acceso a
los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, son derechos e
interés colectivos por definición legal  -Art. 4-j L472/98, cuya protección
por vía de tutela es procedente solo cuando se está ante un perjuicio
irremediable y en el presente asunto, el perjuicio no es inminente, pues
viene sucediendo hace 3 años y ha venido afectando no solo la prestación del
servicio educativo en el municipio sino en el departamento de Casanare. La accionante cuenta en consecuencia con
otro medio de defensa judicial propio de los derechos colectivos, a saber la
acción popular.
45. Expediente T-3563771
Hechos
Las
menores Karen Dayana Duarte Cachay, Laura Vanessa Duarte Cachay, Leidy Johana
Duarte Mejía y Gloria Stefanny Duarte Mejía  iniciaron el año escolar de 2012 matriculadas en los
grados 6º, 3º, 7º y 5º respectivamente en la institución educativa Centro
Social la Presentación en el municipio de Yopal, Casanare. María Consuleo
Cachay Pan, Jesús Alirio Duarte, Nubia Duarte y Vilma Mejía, obrando en
representación de las menores interpusieron acción de tutela contra el
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Casanare por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación de
las menores porque la institución educativa no ha prestado de manera integral
el servicio de educación en sus componentes de transporte escolar,
restaurante escolar y servicios administrativos (secretarías, vigilancia,
aseo y servicios generales).
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559
anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de tutela no hizo
mayor énfasis en las condiciones específicas de las menores con relación a la
situación presentada en varias instituciones educativas del departamento y
que la situación señalada en la acción de tutela con relación a los servicios
solicitados no afecta “un derecho particular fundamental” de las
menores. En consecuencia, toda vez que las pretensiones están relacionadas
con “un problema de toda la comunidad estudiantil” y con derechos e
intereses colectivos, la solicitud presentada en la acción de tutela
es propia de las acciones populares.
Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, Yopal
46. Expediente T – 3563777
Hechos
Los
menores Guadalupe, Juan José y Jhon Heiber Cruz Fonseca iniciaron el año
escolar de 2012 matriculados en el grado noveno, quinto y primero en la
Institución educativa Policarpa Salavarrieta del corregimiento de Morichal
Municipio de Yopal, Casanare. Luz Dari Cruz Fonseca obrando en representación
de sus menores hijos interpuso acción de tutela contra el departamento de
Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, por considerar que estas
entidades están vulnerando el derecho a la educación de los menores porque no
ha garantizado de manera integral los servicios de transporte escolar,
restaurante escolar y servicios administrativos de secretarias, aseo,
servicios generales en la mencionada institución educativa. Agregó que el
menor reside en la vereda San Rafael de Morichal y que desde la casa a la
institución educativa, hay más de 10 Kms de distancia; razón por la cual la
ausencia de transporte escolar dificulta el acceso de los menores a la
educación.
Respuesta
de las Entidades Demandas y Vinculadas
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559
anteriormente reseñado.
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T – 3562559
reseñado anteriormente.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que tal
reclamación es propia de las acciones populares, consagradas en el Art 88 de
la CN y desarrolladas en la L 472/98, cuyo objeto lo concretan en que "están
orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos, como los de grupo o de un numero plural de personas" y
en el presente caso no se plantea ninguna situación particular, por el
contrario son problemas de toda la comunidad educativa, y que por esa razón
no pueden ser resueltos por el juez de tutela.
47. Expediente T – 3568619
Hechos
La
menor María Yeyni Viviana Peña inició el año escolar 2012 matriculada en el
grado sexto, de la Institución educativa Policarpa Salavarrieta del
corregimiento de Morichal municipio de Yopal, Casanare. Gladis López Barrera
obrando en representación de María Yeyni Viviana Peña interpuso acción de tutela
contra el departamento de Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación de
la menor en razón a que la mencionada institución educativa no cuenta con
transporte escolar, servicio de restaurante, servicios administrativos de
secretarias, aseo, servicios generales. Agrega que la menor reside en la
Vereda la Porfia y que desde la casa a la institución Educativa, hay más de
40 Kms de distancia y en tiempo una hora y media; lo cual hace que sin el
transporte escolar no pueda acudir a la escuela a recibir educación.
Respuesta
de las Entidades Demandas y Vinculadas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559
anteriormente reseñado.
El
Ministerio de Educación Nacional no respondió a la acción de tutela.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 4 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que tal
reclamación es propia de las acciones populares, consagradas en el Art 88 de
la Constitución y desarrolladas en la Ley 472 de 1998, las cuales "están
orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos, como los de grupo o de un número plural de personas". Precisó
que en el presente caso no se plantea ninguna situación particular sino
problemas de toda la comunidad educativa.
Institución
Educativa Braulio González, Yopal
48. T – 3568620
Hechos
El
menor Andrés Felipe Rodríguez Ruiz quien tiene 11 años de edad, se encuentra
matriculado en el grado sexto, de la Institución educativa Braulio González
de Yopal, Casanare. Angélica Ruiz Castalleda obrando en representación de su
menor hijo Andrés Felipe Rodríguez Ruiz interpuso acción de tutela contra el
departamento de Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación del
menor en razón a que no han garantizado de manera integral la prestación de
los servicios de transporte escolar, restaurante y servicios administrativos
de secretarias, aseo, servicios generales en la institución antedicha.
Respuesta
de las Entidades Demandas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559
anteriormente reseñado.
El
Ministerio de Educación Nacional no respondió a la acción de tutela.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 4 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la
pretensión presentada es propia de las acciones populares, las cuales fueron
diseñadas para  “garantizar la defensa y protección de los derechos e
intereses colectivos, como los de grupo o de un número plural de
personas".
49. Expediente T –3563760
Hechos
El
menor Juan Diego Cavieles Torres quien tiene 8 años de edad, se encuentra
matriculado en el grado tercero, de la Institución educativa Simón Bolívar
Sede-Braulio González de Yopal, Casanare. Reina Esperanza Torres obrando en
representación de su menor hijo interpuso acción de tutela contra el
departamento de Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación del
menor porque no han garantizado de manera integral de los servicios de
transporte escolar, restaurante y servicios administrativos de secretarias,
aseo y servicios generales en la institución educativa antedicha.
Respuesta
de las Entidades Demandas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559
anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante sentencia del 3 de
mayo de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la
pretensión presentada es propia de las acciones populares, consagradas en el
Art 88 de la Constitución y desarrolladas en la Ley 472 de 1998 y “orientadas
a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos,
como los de grupo o de un número plural de personas".
50. Expediente T-3563774 (no)
La
menor Leidy Viviana Montaña Camacho inició el año escolar de 2012 matriculada en el grado 10º en la
Institución Educativa Braulio González en el municipio de Yopal, Casanare. Leonor Camacho Herrera obrando en
representación de su menor hija interpuso acción de tutela contra el
departamento de Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación del
menor porque no han garantizado de manera integral de los servicios de
transporte escolar, restaurante y servicios administrativos de secretarias,
aseo y servicios generales en la institución educativa antedicha.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Mediante escrito del 3 de
mayo de 2012, el rector de la institución educativa manifestó que 8 de las 9
personas que componen el personal administrativo están nombrados en
provisionalidad. Añadió que el personal es insuficiente toda vez que la
institución tiene tres sedes 4772 estudiantes y que requieren, entre otros,
el siguiente personal administrativo: 10 auxiliares administrativos para
atender 3 bibliotecas en la jornada diurna y nocturna; 1 contador público; un
jardinero para el sendero ecológico, mantenimiento de especies vegetales y
mantenimiento de prevención para evitar avispas y víboras; un auxiliar de
mantenimiento eléctrico y civil; ocho celadores; 4 auxiliares de servicios
generales para asear 104 aulas regulares y 50 especializadas; 4 intérpretes
para estudiantes con limitación auditiva y una psicóloga clínica ya que
varios estudiantes han sido víctimas del conflicto. Con relación al
restaurante escolar, señaló que a la fecha de radicación del escrito no se
había contratado el servicio y precisó que anteriormente los padres de
familia hacían los desayunos escolares  y que desde hace unos siete años el
gobierno nacional a través del ICBF ha venido otorgándole contratos a
empresas con las que no es posible comunicarse y se desconoce su
representante legal. Así mismo, estas empresas “contratan personal de la
región a quienes pagan salarios ínfimos” y envían comida en mal estado.
En cuanto al transporte manifestó que “a la institución educativa nunca le
han contratado transporte escolar”.
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559
anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, mediante fallo del 3 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que tal reclamación es propia de las
acciones populares, consagradas en el Art 88 de la CN y desarrolladas en la L
472/98, cuyo objeto lo concretan en que "están orientadas a
garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos,
como los de grupo o de un numero plural de personas" y en el
presente caso no se plantea ninguna situación particular, por el contrario
son problemas de toda la comunidad educativa.
Institución Educativa el Paraíso
51. T-3562554
Hechos
La
menor Daniela Bonilla Aguilar inició el año escolar de 2012 matriculada en el
grado 6º en la Institución Educativa el Paraíso en el municipio de Yopal,
Casanare. María Efigenia Aguilar, obrando en representación de su menor hija
interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el
departamento del Casanare por considerar que estas entidades están vulnerando
el derecho a la educación de la menor porque no han garantizado de manera
integral el servicio de educación en sus componentes de transporte escolar,
restaurante escolar y servicios administrativos (secretarías, aseo y
servicios generales) en la institución educativa antedicha.
Respuesta
de las entidades accionadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo, obrando en representación de la Gobernación del Casanare,
reiteró los argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3562559
anteriormente reseñado.
La
rectora del Instituto Educativo ‘El Paraíso’ intervino en el proceso de
tutela mediante escrito del 2 de mayo de 2012.  Manifestó que el estado
actual de las aulas es regular y requieren mejorar la ventilación. Señala que
actualmente no cuentan con servicio de restaurante escolar. También indica
que no cuentan con servicio de transporte escolar, pero precisa que a la
fecha ningún padre de familia lo ha solicitado por escrito. Informa además
que hacen falta 3 auxiliares administrativos, 5 personas para servicios
generales y 2 vigilantes para el día. A pesar de que ha solicitado
verbalmente y a través del comité ‘Por la defensa de la educación en
Casanare’ al alcalde del municipio, no han obtenido resultados favorables.
Por último afirma que no es competencia de la institución contratar los servicios
requeridos. Anexa el registro de matrícula SIMAT (Sistema de Matrícula
Estudiantil) y el registro en el sistema institucional de matrículas y
seguimiento académico.
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
El
Ministerio de Educación no dio respuesta a la acción de tutela.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, mediante fallo del 3 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Sostuvo que a partir de los
informado por la accionante y por la rectora del Instituto Educativo ‘El
Paraíso’, “las condiciones en las que se presta el servicio educativo en
esa municipalidad e incluso en el departamento, no es reciente”.
Consideró en este sentido que el perjuicio denunciado en la acción de tutela
no es inminente toda vez que viene sucediendo hace años y la acción
procedente es la acción popular, mediante la cual es posible obtener una
respuesta uniforme para todos los menores afectados por la situación descrita
en la acción de tutela.
Institución Educativa Técnica ambiental del Municipio de Yopal
52. Expediente T-3568631
Hechos
La
menor Nidia Viviana Fonseca inicio el año escolar de 2012 matriculada
en el grado cuarto de primaria en la Institución Educativa Técnica ambiental
del Municipio de Yopal.   Luz Nidia Flores Sierra obrando en representación
de su menor hija interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación
Nacional y el departamento del Casanare por considerar que estas entidades
están vulnerando su derecho a la educación toda vez que no han garantizado
integralmente el derecho a la educación en sus componentes de aulas
adecuadas, servicio de restaurante escolar, y servicios administrativos de
secretarias y celaduría, lo cual ha impedido el goce pleno del derecho a
educación de calidad a cargo del Estado.
Respuesta
de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
El
Ministerio de Educación Nacional no respondió a la acción de tutela.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal mediante fallo del 04 de mayo
de 2012 declaró improcedente la acción de tutela. Además de considerar que el
perjuicio no es inminente ya que viene sucediendo hace tres años, estimó que
la pretensión presentada es propia de las acciones populares para la
garantía  de los derechos colectivos.
Instituto
Técnico Ambiental San Mateo
53. T- 3563756
El
menor Yexon Onorio García Chaparro inicio el año escolar de 2012 matriculado
en el grado 4º de primaria en la Institución educativa Instituto Técnico
Ambiental San Mateo de Yopal, Casanare. Maribel Chaparro Corredor obrando en
representación de su menor hijo interpuso acción de tutela contra el
departamento de Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación del
menor toda vez que no han garantizado integralmente el derecho a la educación
en sus componentes de transporte escolar, servicio de restaurante, y
servicios administrativos de secretarias, aseo, servicios generales en la
institución antedicha.
Respuesta
de las entidades demandadas y vinculadas
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, mediante fallo del 4 de mayo
de 2012, declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de
tutela no hizo mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con
relación a la situación presentada en varias instituciones educativas del
departamento. Así mismo, indicó que la tutela fue realizada mediante un
formato en el que no se especifica qué aspecto del derecho a la educación fue
desconocido a la menor. Agregó que la solicitud presentada es propia de las
acciones populares para la garantía de los derechos colectivos porque las
pretensiones del caso antes que plantear una situación particular están
relacionadas con “problemas generales que afectan a toda la comunidad”.
Instituto Técnico Empresarial de Yopal
54. Expediente T-3563773
Hechos
La
menor Ángela Tatiana Amaya Barrera inicio el año escolar de 2012 matriculada
en el grado 3º de primaria en la Institución educativa Instituto Técnico
Ambiental San Mateo de Yopal, Departamento de Casanare. Nury Yaneth Barrera
obrando en representación de su menor hijo interpuso acción de tutela contra
el departamento de Casanare y el Ministerio de Educación Nacional, por
considerar que estas entidades están vulnerando el derecho a la educación del
menor toda vez que no han garantizado integralmente el derecho a la educación
en sus componentes de transporte escolar, servicio de restaurante, y
servicios administrativos de secretarias, aseo, servicios generales en la
institución antedicha.
Respuesta
de las entidades demandadas y vinculadas
Laureano
Rodríguez Alarcón obrando en representación del municipio de Yopal, reiteró los argumentos presentados en el
proceso de tutela T –
3562559 reseñado anteriormente.
Andrés
Sierra Amazo obrando en representación de la Gobernación del Casanare y en
escrito presentado fuera del término, reiteró los argumentos presentados en
el proceso de tutela T-3562552 anteriormente reseñado.
La jefe
de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional reiteró los
argumentos presentados en el proceso de tutela T – 3563788 reseñado anteriormente.
Decisión
objeto de revisión
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, mediante fallo del 3de mayo
de 2012, declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que la acción de
tutela no hizo mayor énfasis en las condiciones específicas de la menor con
relación a la situación presentada en varias instituciones educativas del
departamento. Así mismo, indicó que la tutela fue realizada mediante un
formato en el que no se especifica qué aspecto del derecho a la educación fue
desconocido a la menor. Agregó que la solicitud presentada es propia de las
acciones populares para la garantía de los derechos colectivos porque las
pretensiones del caso antes que plantear una situación particular están
relacionadas con “problemas generales que afectan a toda la comunidad”.
[1] Los detalles particulares de cada
expediente acumulado al proceso T-3562552 aparecen relacionados en el cuadro
Anexo 1 del presente fallo, el cual hace parte integral del mismo.
[2] M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esa
oportunidad la Corte estudió el caso de más de sesenta (60) niños residentes de
las veredas aledañas al municipio de Tuta, Boyacá, que tenían que desplazarse
largas distancias para acudir a sus respectivas escuelas, razón por la que
afirmaban que su derecho a la educación estaba siendo vulnerado porque. El
accionante de tutela era el padre de dos menores, y decía que actuaba en
representación suya y de los demás niños. La Sala se enfrentó al problema de si
debía acudir a la acción popular o no. En últimas, entendió que la acción de
tutela sí era procedente porque “lo cierto es que todos los derechos para
los cuales se solicita protección, son predicables de cada uno de los menores
que se encuentran en la situación anteriormente descrita”. En un sentido
similar ver también el Auto 197 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez y la
sentencia T-896A de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[3] En el mismo sentido ver el Auto 197 de
2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, y las sentencia T-896A de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, y T-690 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
[4] ‘Por la cual se desarrolla el artículo
88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las
acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones’.
[5] Ver, entre otras, las sentencias T-002 de
1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-329 de 2010, M. P. Jorge Iván
Palacio.
[6] En este sentido, consultar, entre otras
las sentencias C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil., sentencia T-787 de
2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-329 de 2010, M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[7] Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo
Escobar Gil, SPV. Jaime Araujo Rentería.
[8] Ver por ejemplo la sentencia T-690 de
2012, M. P. María Victoria Calle Correa.
[9] Sentencia T-329 de 2010, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. En esta ocasión
[10] Ratificada por Colombia mediante la Ley 12
de 1991, ‘Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos
del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989’.
[11] Este Comité constituye el órgano
autorizado para interpretar las normas incorporadas al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a fin de lograr la plena
efectividad de los derechos allí proclamados.
[12] Con relación a las mencionadas cuatro
características del derecho a la educación, la Observación General No. 13
señala lo siguiente:” (…) la educación en todas sus formas y en todos los
niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas: a) Disponibilidad.
Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el
ámbito del Estado Parte.  Las condiciones para que funcionen dependen de
numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan;
por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten
edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para
ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos,
materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas,
servicios de informática, tecnología de la información, etc. b) Accesibilidad.
Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos,
sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte.  La accesibilidad consta de
tres dimensiones que coinciden parcialmente: No discriminación.  La educación
debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho
y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse
los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación); Accesibilidad material.  La
educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización
geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio
de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a
distancia); Accesibilidad económica.  La educación ha de estar al alcance de
todos.  Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las
diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza
primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser
gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la
enseñanza secundaria y superior gratuita. c) Aceptabilidad.  La forma y
el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos
pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados
culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los
padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados
en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en
materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13). d) Adaptabilidad.
La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las
necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.” Como
fue anotado anteriormente, la Corte Constitucional ha aceptado esta
clasificación y las obligaciones que de ellas en diversas providencias. Al
respecto ver, entre otras, la sentencia T-781 de 2010, MP. Humberto Antonio
Sierra Porto, la cual amparó el derecho fundamental a la educación de un grupo
de niños que debían desplazarse por un largo trayecto para recibir sus clases.
En las consideraciones de la providencia, la Corte explicó que “(…) [t]ales
componentes, conocidos como el sistema de las cuatro A, fueron planteados por
primera vez en el informe preliminar presentado a la Comisión de Derechos
Humanos (hoy Comité de Derechos Humanos) por la Relatora Especial sobre el
derecho a la educación el 13 de enero de 1999 y han sido acogidos tanto por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en su Observación General No. 13 sobre el derecho a la
educación, como por esta Corte en varias de sus sentencias con fundamento en la
figura del bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución).”
[13] Con relación a la proscripción general de
discriminación, la observación señala específicamente lo siguiente: “(…) la
adopción de leyes, o la omisión de revocar leyes que discriminan a individuos o
grupos, por cualquiera de los motivos prohibidos, en la esfera de la educación;
el no adoptar medidas que hagan frente a una discriminación de hecho en la
educación; la aplicación de planes de estudio incompatibles con los objetivos
de la educación expuestos en el párrafo 1 del artículo 13; el no mantener un
sistema transparente y eficaz de supervisión del cumplimiento del párrafo 1 del
artículo 13; el no implantar, con carácter prioritario, la enseñanza primaria
obligatoria y gratuita para todos; el no adoptar "medidas deliberadas,
concretas y orientadas" hacia la implantación gradual de la enseñanza
secundaria, superior y fundamental, de conformidad con los apartados b) a d)
del párrafo 2 del artículo 13; la prohibición de instituciones de enseñanza
privadas; el no velar por que las instituciones de enseñanza privadas cumplan
con las "normas mínimas" de educación que disponen los párrafos 3 y 4
del artículo 13; la negación de la libertad académica del cuerpo docente y de
los alumnos; el cierre de instituciones de enseñanza en épocas de tensión
política sin ajustarse a lo dispuesto por el artículo 4”.
[14] Ver en este sentido, además de la ya
citada Observación No. 13, el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”.
Ahora, en el marco constitucional del derecho a la educación, el principio de
gratuidad que rige la prestación del servicio de educación busca remover los
obstáculos que existan en materia de accesibilidad económica para el goce de
este derecho. En desarrollo de esta garantía de acceso, la Corte en la
Sentencia C-376 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, mediante la cual
resolvió la exequibilidad condicionada del artículo 183 de la Ley 115 de 1994,
sostuvo que la educación básica primar es obligatoria y gratuita, razón por la
que la regulación de cobros académicos en las instituciones educativas
estatales en el nivel de educación básica primaria no es aplicable. En
consonancia con lo anterior, el Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011
dispone las condiciones de aplicación de la gratuidad total de la educación,
desde preescolar (transición) hasta el grado 11 y definió el alcance de la
gratuidad “como la exención del pago de derechos académicos y servicios
complementarios”. Es importante resaltar que una de las razones que
motivaron la expedición de este decreto fue el reconocimiento explícito de que
los cobros de derechos académicos y servicios complementarios han representado
“una barrera para el acceso y la permanencia escolar en la educación
preescolar, básica y media”, razón por la que el “Estado debe generar
políticas públicas orientadas a mejorar la accesibilidad de la población en
edad escolar a todos los niveles educativos, a fin de que se logre garantizar
la realización del derecho a la educación”.
[15] M.P. María Victoria Calle Correa.
[16] Ver en este sentido el artículo 28 literal
e) de la Convención sobre los Derechos del Niño, anteriormente referido.
[17] En este sentido el artículo 16 de la Ley
715 de 2011 determina que la asignación de los recursos del SGP para educación
por concepto de población atendida está determinada por alumno atendido para lo
cual resulta fundamental la actualización constante por parte de las entidades
territoriales del sistema de información, deber consagrado en el artículo 32 de
la misma ley.
[18] El Decreto No. 1526 de 2002, ‘Por el
cual se reglamenta la administración del sistema de información del sector
educativo’ establece la información básica que debe contener el sistema,
así como los mecanismos para asegurar la calidad y los conductos regulares para
reportar la información en los niveles municipal, departamental, distrital y
nacional. En este orden, el artículo 5 dispone que los departamentos, distritos
y los municipios certificados deben reportar la información de manera
sistemática al Ministerio de Educación Nacional, en los formatos y estructuras
que para tal fin se expidan. Por su parte el artículo 6 de la Resolución 5360
de Septiembre 7 de 2006, ‘Por la cual se organiza el proceso de matrícula
oficial de la educación preescolar, básica y media en las entidades
territoriales certificadas’, establece que una vez finalizada la matrícula
efectiva de todos los alumnos, antiguos y nuevos, “el rector o director del establecimiento
educativo oficial o el prestador del servicio educativo que tenga contrato de
prestación del servicio educativo suscrito con la entidad territorial,
registrará esta información en el [Sistema de Matrícula] SIMAT o el sistema de
información establecido y la enviará a la respectiva secretaría de educación”.
Acerca del Sistema de Matrícula, SIMAT, la circular externa 09 de 2012 del
Ministerio de Educación señala que constituye una “herramienta que permite
organizar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una
fuente de información única oportuna, confiable y disponible para la gestión,
la toma de decisiones, la formulación, seguimiento y evaluación de la política
sectorial y la distribución eficiente de los recursos del Sistema General de
Participaciones para educación”.
[19] El Acto Legislativo 01 de 2001, ‘por
medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política’,
modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución y sustituyó la
participación de las entidades territoriales en los Ingresos Corrientes de la
Nación, el Situado Fiscal y las transferencias complementarias al Situado
Fiscal, por el Sistema General de Participaciones.
[20] En este sentido, pueden consultarse entre
muchas otras las sentencias C-219 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-937
de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, C-541 de 2011 M.P. Nilson Pinilla
Pinilla, C-240 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-1055 de 2012 M.P.
Alexei Julio Estrada, entre otras
[21] Acto Legislativo 01 de 2001 ‘por medio
del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política’.
[22] En efecto, el Sistema establece que debe
dársele prioridad al servicio de salud y los servicios de educación preescolar,
primaria, secundaria y media, garantizando la prestación de los servicios y la
ampliación de cobertura. Al respecto el artículo 2 del Acto Legislativo
indicaba: “(…)Los recursos del Sistema General de Participaciones de los
departamentos,
distritos y municipios se destinarán a la financiación
de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud y los
servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando
la prestación de los servicios y la ampliación de cobertura (…)”.
[23] Acto Legislativo 04 de 2007, ‘por el
cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política’.
[24] Acto Legislativo 04 de 2007, Artículo  1:
“El inciso 4° del artículo 356 de la Constitución Política quedará así: Los
recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos
y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo,
dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación,
preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de
agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación
de coberturas con énfasis en la población pobre”.
[25] Sentencia C-427 de 2002, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández. Sobre el mismo punto, pueden consultarse también las
sentencias C-075 de 1993, MP Alejandro Martínez Caballero, T-141 de 1994, MP
Vladimiro Naranjo Mesa, C-691 de 1996, MP Carlos Gaviria Díaz, C-221 de 1997,
MP Alejandro Martínez Caballero, C-748 de 2012 y C-010 de 2013. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, AV Mauricio González Cuervo, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Esta última sentencia, que describe la regulación jurídica actual y la
jurisprudencia constitucional prevista para las regalías, concluyó que tanto en
el régimen anterior como en el actual las regalías son “una contraprestación
económica a favor del Estado, derivada de la explotación de recursos del
subsuelo. En relación con estos recursos, las entidades territoriales tienen un
derecho de participación, lo que significa que tales rubros son exógenos para
esos entes y, en consecuencia, no es predicable el ejercicio de los derechos de
propiedad que se aplica a las rentas propias de los entes territoriales”.
[26] C-010 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva. AV Mauricio González Cuervo, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] Al respecto, en la
sentencia T-141 de 1994, M.P Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte sostuvo “la
Carta Política no reconoce un derecho de propiedad al departamento, al
municipio productor, al puerto marítimo o fluvial sobre la regalía, puesto que,
como se ha visto, las entidades territoriales del Estado, al no ser
propietarias del recurso natural no renovable, tampoco lo son de los beneficios
que de la extracción de los mismos se deriven”. Sobre el mismo punto, la sentencia C-541 de 2011
M.P. Nilson Pinilla Pinilla determinó que “[e]n lo que respecta
específicamente a la propiedad de las regalías, la Corte ha interpretado la
pertenencia al Estado de que habla el artículo 360 superior, en el sentido de
que si bien ello no equivale a afirmar que su propiedad corresponde a la
Nación, la generalidad del término indudablemente sí incluiría el nivel central
o nacional. Esta conclusión se confirma también al observar que esa misma norma
constitucional asigna a las entidades territoriales el derecho a “participar en
las regalías y compensaciones”, precisión que no sería necesaria si tales
recursos verdaderamente fueran propiedad de aquéllas. De allí que la
jurisprudencia haya repetidamente calificado las regalías como recursos
exógenos de las entidades territoriales.” Ver también en este sentido las
sentencias C-221 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-447 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz,
y  C-010 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, AV, Mauricio González Cuervo.
[28] Sentencia C-221 de 1997. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[29] Ibíd.
[30] ‘Por el cual se constituye el Sistema
General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y
Compensaciones’.
[31] C-010 de 2013, MP Luis Ernesto Vargas
Silva, AV Mauricio González Cuervo, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[32] Ibíd.
[33] Al respecto, el artículo 1 del Acto
Legislativo 05 de 2011, estipuló: “El artículo 360 de la Constitución
Política quedará así: Artículo 360. Los ingresos del Sistema General de
Regalías se distribuirán así: un porcentaje equivalente al 10% para el Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación; un 10% para ahorro pensional territorial, y
hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y Estabilización. Los recursos restantes
se distribuirán en un porcentaje equivalente al 20% para las asignaciones
directas de que trata el inciso 2o del presente artículo, y un 80% para los
Fondos de Compensación Regional, y de Desarrollo Regional. Del total de los recursos
destinados a estos dos últimos Fondos, se destinará un porcentaje equivalente
al 60% para el Fondo de Compensación Regional y un 40% para el Fondo de
Desarrollo Regional.//De los ingresos del Sistema General de Regalías, se
destinará un porcentaje del 2% para fiscalización de la exploración y
explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía geológica del
subsuelo. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los
ingresos del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso anterior.
Las funciones aquí establecidas serán realizadas por el Ministerio de Minas y
Energía o por la entidad a quien este delegue (…)”.
[34] Ley 715 de diciembre 21 de 2001, ‘Por la
cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001)
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros’.
[35] El artículo 20 de la Ley 715 de 2001
establece: “Son entidades territoriales certificadas en virtud de la
presente ley, los departamentos y los distritos. La Nación certificará a los
municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año 2002. Para
efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en
el último censo.//Todos aquellos municipios con menos de 100 mil habitantes que
cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad
técnica, administrativa y financiera podrán certificarse.//Le corresponde a los
departamentos decidir sobre la certificación de los municipios menores de cien
mil habitantes, que llenen los requisitos. Si contados seis meses desde la
presentación de la solicitud no ha sido resuelta o ha sido rechazada, el
municipio podrá acudir a la Nación para que ésta decida sobre la respectiva
certificación.//Los municipios certificados deberán demostrar, cuando lo
requiera el Gobierno Nacional, que mantienen la capacidad necesaria para
administrar el servicio público de educación. Aquellos municipios que no logren
acreditar su capacidad, perderán la certificación”.
[36] Artículo 16 de la Ley 715 de 2001: “La
participación para educación del Sistema General de Participaciones será
distribuida por municipios y distritos atendiendo los criterios que se señalan
a continuación. En el caso de municipios no certificados los recursos serán
administrados por el respectivo Departamento (…)”.
[37] ‘Por el cual se establecen las
condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de
educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones
educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación’.
[38] Decreto 4807 de 2001, artículo 3: “Financiación.
La gratuidad educativa se financiará con los recursos de la participación para
educación del Sistema General de Participaciones por concepto de calidad, de
que tratan los artículos 16 y 17 de la Ley 715 de 2001. //Las entidades
territoriales podrán concurrir con otras fuentes de recursos en la financiación
de la gratuidad educativa conforme a lo reglamentado en el presente Decreto y
en concordancia con las competencias previstas en la Constitución Política y la
ley”.
[39] ‘Por la cual se crean el Fondo Nacional
de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado
a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se
establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras
disposiciones’.
[40] Artículo 14: “(…) Mientras las
entidades departamentales no alcancen coberturas mínimas en indicadores de
mortalidad infantil, cobertura básica de salud y educación, agua potable y
alcantarillado, la entidad departamental correspondiente deberá asignar no
menos del sesenta por ciento (60%) del total de sus regalías para estos
propósitos. (…)”.
[41] Artículo 15: “Los recursos de regalías
y compensaciones monetarias distribuidos a los municipios productores y a los
municipios portuarios, tendrán la siguiente destinación: a) El noventa por
ciento (90%) a inversión en proyectos de desarrollo Municipal y Distrital,
contenidos en el Plan de desarrollo, con prioridad para aquellos dirigidos a la
construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria a cargo de las
entidades territoriales, proyectos productivos, saneamiento ambiental y para
los destinados en inversiones en los servicios de salud, educación básica, media
y superior pública, electricidad, agua potable, alcantarillado y demás
servicios públicos básicos esenciales, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 129 del Código de Minas (Ley 685 de 2001) (…)”.
[42] ´Por el cual se modifica parcialmente
el Decreto 416 de 2007 y se dictan otras disposiciones’.
[43] El artículo 4 de la Convención señala: “Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional”.
[44] Convención sobre los Derechos del Niño,
Artículo 24: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute
de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación
de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
(…) c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en
el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la
aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de
contaminación del medio ambiente;
(…)
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y
en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la
salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes,
tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de
esos conocimientos (…)”.
[45] Observación No. 12 de 1999. Doc. E/C.12/1999/5.
Párrafo 4. También  puede consultarse al respecto los Documentos Oficiales
del Consejo Económico y Social, 2011, Suplemento Nº 2 (E/2000/22), anexo V.
[46] Esta Declaración fue aprobada el 16 de
noviembre de 1974 por la Conferencia Mundial de la Alimentación, convocada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3180 (XXVIII) de 17
de diciembre de 1973. La Asamblea General adoptó la Declaración mediante su resolución
3348 (XXIX) de 17 de diciembre de 1974.
[47] Observación general Nº 15 (2013), sobre el
derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24),
parágrafo 43.
[48] Observación general Nº 15 (2013) sobre el
derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24),
parágrafo 46.
[49] Artículo 41: “El Estado es el contexto
institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los
adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal deberá: (…) 23. Diseñar y aplicar
estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y para
evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema
educativo (…)”.
[50] ‘Lineamientos Técnico Administrativos y
Estándares del Programa de Alimentación Escolar (PAE)’, Mayo de 2013, p. 8.
[51] De conformidad con lo señalado por el
Ministerio de Educación, en términos globales la tasa de deserción intra-anual
bajó del 8% a 4,53% entre los años 2002 y 2012. Ibíd.
[52] Ibíd.
[53] Ibíd.
[54] ‘Por la cual se dictan normas orgánicas
en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros’.
[55] Artículo 2, parágrafo 2: “Parágrafo  2.
Del total de recursos que conforman el Sistema General de Participaciones,
previamente se deducirá cada año un monto equivalente al 4% de dichos recursos.
Dicha deducción se distribuirá así: 0.52% para los resguardos indígenas que se
distribuirán y administrará de acuerdo a la presente Ley, el 0.08% para
distribuirlos entre los municipios cuyos territorios limiten con el Río Grande
de la Magdalena en proporción a la ribera de cada municipio, según la
certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 0.5% a los distritos
y municipios para programas de alimentación escolar de conformidad con el
artículo 76.17 de la presente Ley; y 2.9% al Fondo Nacional de Pensiones de
las Entidades Territoriales, Fonpet (…)” (subrayas fuera del original).
[56] ‘Por la cual se desarrollan los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones’.
[57] Artículo 16: “Asignación especial para
alimentación escolar. El programa de alimentación escolar se financiará
con recursos de diferentes fuentes. Para el efecto, las entidades territoriales
seguirán y aplicarán, en primer término los lineamientos
técnico-administrativos básicos respecto de la complementación alimentaria, los
estándares de alimentación, de planta física, de equipo y menaje y de recurso
humano, y las condiciones para la prestación del servicio, que establezca el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el desarrollo del
programa. Adicionalmente, considerarán los lineamientos previstos en sus planes
de desarrollo.//El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar articulará las
acciones que desarrollen los diferentes agentes para la ejecución de este
programa.(…) El ICBF implementará a partir del año de 2009 un sistema de
seguimiento y monitoreo a los recursos destinados a alimentación escolar en los
establecimientos educativos oficiales en el país, que contemple las diferentes
fuentes, con el fin de monitorear las coberturas alcanzadas y la eficiencia en
el uso de los recursos de programa. Los entes territoriales y demás agentes
deberán reportar la información que para el efecto se defina en los plazos y
formatos que establezcan según reglamentación que expida el Gobierno Nacional”.
[58] Dichos lineamientos comprenden las
siguientes materias: complementación alimentaria; estándares de alimentación,
de planta física, de equipo y menaje y de recurso humano; las condiciones para
la prestación del servicio. Consultar en este sentido los lineamientos que
desarrolló el ICBF a finales de 2010: ‘Lineamientos Técnico Administrativos y
Estándares del Programa de Alimentación Escolar, PAE’, Versión aprobada según
Resolución 06054 de treinta (30) diciembre de dos mil diez (2010).
[59] ‘Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010-2014’.
[60] Al respecto, el artículo 127 del Decreto
2388 de 1979, ‘Por el cual se reglamentan las leyes 75 de 1968, 27 de 1974 y
7o. de 1979’, determina lo siguiente:  “Por la naturaleza especial del
Servicio de Bienestar Familiar, el ICBF podrá celebrar contratos de aporte,
entendiéndose por tal, cuando el instituto se obliga a proveer a una
institución de utilidad pública o social de los bienes (edificios, dineros,
etc) indispensables para la prestación total o parcial del servicio, actividad
que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad de la institución, con personal
de su dependencia, pero de acuerdo con las normas y el control del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, su vigencia será anual, pero podrá
prorrogarse de año en año”.
[61] Ministerio de Educación, ‘Lineamientos
Técnico Administrativos y Estándares del Programa de Alimentación Escolar
(PAE)’, Mayo de 2013.
[62] En este sentido, los lineamientos definen
la categoría de “complementación alimentaria” como el “suministro diario
durante el calendario escolar, de por lo menos una ración de alimentos, a los
alumnos registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT como estudiantes
oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones,
focalizados por el Programa”. Ministerio de Educación, ‘Lineamientos
Técnico Administrativos y Estándares del Programa de Alimentación Escolar
(PAE)’, Mayo de 2013, p. 57.
[63] Ley 1283 de 2009, ‘Por la cual se
modifican y adicionan el artículo 14 de la Ley 756 de 2002, que a su vez
modifica el literal a) del artículo 15 y los artículos 30 y 45 de la Ley 141 de
1994’.
[64] El artículo 1 de esta ley establece: “El
artículo 15 de la Ley 141 de 1994, quedará así: // Artículo 15. Utilización por
los municipios de las participaciones establecidas en esta ley. Los recursos de
regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los municipios productores
y a los municipios portuarios, tendrán la siguiente destinación:// a) El
noventa por ciento (90%) a inversión en proyectos de desarrollo Municipal y
Distrital, contenidos en el Plan de desarrollo, con prioridad para aquellos
dirigidos a la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la red terciaria a
cargo de las entidades territoriales, proyectos productivos, saneamiento
ambiental y para los destinados en inversiones en los servicios de salud,
educación básica, media y superior pública, electricidad, agua potable,
alcantarillado y demás servicios públicos básicos esenciales, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 129 del Código de Minas (Ley 685 de 2001). De
este porcentaje, las entidades beneficiarias deben destinar como mínimo el uno
por ciento (1%) de estos recursos a Proyectos de inversión en nutrición y
seguridad alimentaria para lo cual suscribirán convenios interadministrativos
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF;
b) Hasta el diez por ciento (10%) para la
interventoría técnica de los Proyectos que se ejecuten con estos recursos (…)”.
El artículo 2, por su parte señala lo siguiente: “El
artículo 14 de la Ley 141 de 1994, quedará así: Artículo 14. Utilización por
los departamentos de las participaciones establecidas en esta ley: //Los
recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los
departamentos productores, tendrán la siguiente destinación:// a) El noventa
por ciento (90%), a inversión en Proyectos prioritarios que estén contemplados en
el Plan General de Desarrollo del Departamento o en los planes de desarrollo de
sus municipios, y de estos, no menos del cincuenta por ciento (50%) para los
Proyectos prioritarios que estén contemplados en los Planes de Desarrollo de
los municipios del mismo departamento, que no reciban regalías directas, de los
cuales no podrán destinarse más del quince por ciento (15%) a un mismo
municipio. En cualquier caso, tendrán prioridad aquellos proyectos que
beneficien a dos o más municipios. De este porcentaje, las entidades
beneficiarias deben destinar como mínimo el uno por ciento (1%) de estos
recursos a Proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria para lo
cual suscribirán Convenios Interadministrativos con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF;
b) Hasta el diez por ciento (10%) para la
interventoría técnica de los Proyectos que se ejecuten con estos recursos (…)”.
[65] Decreto 4923 de 2011, ‘Por el cual se
garantiza la operación del Sistema General de Regalías’. Este Decreto
transitorio fue agotado con la publicación de la Ley 1530 de 2012, ‘Por la cual
se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías’.
[66] ‘Por el cual se regula la
cofinanciación de la Nación en las coberturas de Alimentación Escolar de las
entidades territoriales productoras que destinaron regalías para dicho
Programa, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 145 de la Ley 1530 de
2012’.
[67] De conformidad con el artículo 8 del
decreto, las entidades beneficiarias de la con financiación serán “aquellas
resultantes del cruce del universo de las entidades territoriales productoras
de recursos naturales no renovables, con la información de los departamentos,
distritos y municipios que financiaron los programas de alimentación escolar
con recursos de regalías en la vigencia 2011”.
[68] El Formato Único Territorial es de
obligatorio diligenciamiento y presentación por el sector central de los Departamentos,
Distritos y Municipios. Su objetivo es recolectar la información sobre la
ejecución presupuestal de ingresos y gastos, y demás información oficial
básica, para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las
entidades territoriales. Ver al respecto los artículos 1 y 2 del Decreto 3402
de 2007 ‘por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la Ley 962
de 2005 y se dictan otras disposiciones’.
[69] Artículo 3: “Artículo 3°. Metodología
para la estimación de la cobertura media nacional y territorial para
alimentación escolar. El Ministerio de Educación Nacional aplicará la siguiente
metodología:
1) Se estiman los cupos ofrecidos para el total
nacional, dividiendo la inversión de municipios, distritos y departamentos en
2011, en programas de alimentación escolar, de manera proporcional a la
participación de la matrícula de cada jornada dentro de la matrícula total del
país para ese mismo año; luego, los recursos proporcionales se dividen entre el
costo anual (180 días) de la modalidad correspondiente a la jornada, estimado y
validado por el lCBF para 2011, para obtener los cupos por jornada escolar.
Sumando los cupos así obtenidos para cada jornada, se
obtienen los cupos nacionales en2011. (…) Para los departamentos la inversión
propia no incluye la inversión realizada por sus municipios.
2) Se estima la cobertura total nacional del Programa
de Alimentación Escolar para 2011, dividiendo los cupos estimados anteriormente
con la matrícula oficial total nacional de transición a media de 2011,
reportada en el Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT (…)
3) Se estiman los cupos ofrecidos para cada entidad
territorial en 2011, dividiendo su inversión en programas de alimentación
escolar en 2011, de manera proporcional a la participación de la matrícula de
cada jornada dentro de la matrícula total de la entidad en el mismo año; luego,
los recursos proporcionales se dividen entre el costo anual (180 días) de la
modalidad correspondiente a la jornada, estimado y validado por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para 2011, para obtener los cupos por
jornada escolar. Sumando los cupos de cada jornada se obtienen los cupos de la
respectiva entidad en 2011.
4) Se estima la cobertura por entidad territorial,
dividiendo los cupos aquí estimados para 2011 con la matrícula oficial de
transición a media de 2011, reportada en el SIMAT (…).
Para determinar los cupos a cofinanciar, se procede a:
1) Identificar las entidades territoriales
beneficiarias que se encuentren por debajo de la media nacional estimada, en
2011.
2) Estimar los cupos de las entidades territoriales
beneficiarias que se encuentren por debajo de la media nacional estimada para
2011, necesarios para alcanzarla. Para esto, se realiza una sumatoria de la
matrícula de cada jornada escolar de 2011 multiplicada por la diferencia entre
la cobertura nacional y la cobertura territorial de la misma vigencia.
3) Identificar las entidades territoriales
beneficiarias que superen el promedio nacional estimado en 2011.
4) Estimar los cupos de las entidades territoriales
beneficiarias que se encuentren por encima del promedio nacional estimado en
2011, necesarios para mantener la cobertura media nacional de 2011, más cinco
puntos porcentuales (5%). Para esto, se realiza una sumatoria de la matrícula
de cada jornada escolar para 2011, multiplicada por la cobertura nacional de
2011, más cinco puntos porcentuales”.
[70] Art. 8.
[71] Ibíd.
[72] Ibíd.
[73] Artículo 9.
[74] ‘Por el cual se regula la
cofinanciación de la Nación en las coberturas de Alimentación Escolar de las
entidades territoriales productoras que destinaron regalías para dicho
Programa, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 145 de la Ley 1530 de
2012’.
[75] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[76] M.P. María Victoria Calle Correa.
[77] En un sentido similar, la Corte también ha
ordenado asegurar el servicio de transporte  como garantía de acceso a la
educación o la adopción de las medidas equivalentes para asegurar a los menores
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo
en las siguientes decisiones: sentencia T-1259 del 2008, M.P. Rodrigo Escobar
Gil; T-781 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-621 de 2011, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; y T-779 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
A.V.  Humberto Antonio Sierra Porto.
[78] Ley 715 de 2001, Artículo 6.2., que establece
las competencias de los departamentos frente a los municipios no certificados:
“6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles
de preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de
equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente
ley.//6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción
los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones,
destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado,
atendiendo los criterios establecidos en la presente ley. (…) 6.2.4. Participar
con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del
Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las
inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con
estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General
de Participaciones.//6.2.5. Mantener la cobertura actual y propender a su
ampliación.//6.2.6. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los
docentes directivos, de conformidad con las normas vigentes.//6.2.7. Ejercer la
inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, en
ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la
República. //6.2.8. Prestar asistencia técnica y administrativa a las
instituciones educativas, cuando a ello haya lugar (…). //6.2.10.
Distribuir entre los municipios los docentes, directivos y empleados
administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio, de conformidad
con el reglamento.//6.2.11. Distribuir las plantas departamentales de personal
docente, directivos y empleados administrativos, atendiendo los criterios de
población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la
regulación nacional sobre la materia.//6.2.12. Organizar la prestación y
administración del servicio educativo en su jurisdicción”.
[79] Ley 715 de 2001, Artículo 8: “Competencias de los municipios
no certificados. A los municipios no certificados se les asignarán las
siguientes funciones:
8.1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema
General de Participaciones que se le asignen para el mantenimiento y
mejoramiento de la calidad (…).
8.3. Podrán participar con recursos propios en la
financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en las
inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados por
estos recursos no podrán generar gastos permanentes para el Sistema General de
Participaciones.
8.4. Suministrar la información al departamento y a la
Nación con la calidad y en la oportunidad que señale el reglamento. (…)”.
[80] Ley 715 de diciembre 21 de 2001, ‘Por la
cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001)
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros’.
[81] Artículo 15, parágrafo 2: “Una vez
cubiertos los costos de la prestación del servicio educativo, los
departamentos, distritos y municipios destinarán recursos de la participación
en educación al pago de transporte escolar cuando las condiciones geográficas
lo requieran para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo
de niños pertenecientes a los estratos más pobres”.
[82] Decreto 4807 de 2011, Artículo 9: “Se
adicionan los siguientes numerales al artículo 11 del decreto 4791 de 2008,
relacionado con la utilización de los recursos de los Fondos de Servicios
Educativos de las instituciones educativas estatales: (…) 15. Contratación de
los servicios de transporte escolar de la población matriculada entre
transición y undécimo grado, cuando se requiera, de acuerdo con la
reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte”.
[83] El artículo 11 de la Ley 715 de 2001
establece que “[l]as instituciones educativas estatales podrán administrar
Fondos de Servicios Educativos en los cuales se manejarán los recursos
destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el
funcionamiento de la institución”. Así mismo, de acuerdo con este
artículo y articulo 12, los recursos de los fondos provienen de la Nación, de
las entidades territoriales, de las entidades oficiales, de los vinculados por
los particulares para favorecer a la comunidad, de los producidos por la venta
de los servicios que presta el establecimiento educativo, siempre y cuando
estén destinados a financiar gastos distintos de los de personal.
[84] ‘Por el cual se adoptan unas medidas
especiales para la prestación del servicio de transporte escolar’.
[85] En la exposición de motivos del proyecto
del Decreto, se explicó que un estudio realizado por el  Ministerio de
Transporte para el análisis, evaluación y diagnóstico integral de la prestación
del servicio público de transporte especial, encontró que “uno de los
factores determinantes de la deserción escolar. es la falta de un servicio de
transporte para los estudiantes”. Así mismo, señaló que dicho estudio
determinó que debido a “las condiciones demográficas. geográficas y
económicas de algunos municipios del país, no se ha logrado la cobertura
necesaria para garantizar el acceso a los servicios especiales de transporte,
como el de estudiantes”.
[86] En este sentido el Artículo 1 del
mencionado decreto establece: “En los municipios con población total hasta
de treinta mil (30.000) habitantes, donde no exista oferta del servicio de transporte
escolar, ni empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
Especial. el mismo podrá ser prestado por empresas de Servicio público de
Transporte Terrestre Automotor Mixto o Colectivo Municipal legalmente
constituidas y habilitadas. //En caso de no existir empresas de Servicio
público de Transporte Terrestre Automotor Mixto o Colectivo Municipal, las
personas naturales que destinaron sus vehículos de servicio particular al
transporte escolar rural y que hubieren obtenido permiso de la autoridad
municipal para operar dentro de su jurisdicción en vigencia del artículo 3 del
Decreto 805 de 2008 modificado por el artículo 1 del Decreto 4817 de 2010,
podrán ofrecer y prestar dicho servicio hasta el 31 de diciembre de 2014,
siempre y cuando acrediten [una serie de] requisitos (…)”.
[87] Por la cual se desarrollan los artículos
356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
[88]  Artículo 6. Corresponde a los
departamentos en el sector de educación las siguientes competencias: “6.2.3.
Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley
115 de 1994, las instituciones educativas y el personal docente y administrativo
de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de
conformidad con la presente ley(…) // 6.2.10. Distribuir entre los municipios
los docentes, directivos y empleados administrativos, de acuerdo con las
necesidades del servicio, de conformidad con el reglamento.//6.2.11. Distribuir
las plantas departamentales de personal docente, directivos y empleados
administrativos, atendiendo los criterios de población atendida y por atender
en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la
materia.//6.2.12. Organizar la prestación y administración del servicio
educativo en su jurisdicción”.
[89] En este sentido, la Secretaría de Educación de Casanare informó a esta
Sala que entre los años dos mil nueve (2009) y dos mil once (2011) invirtió
siete mil cuatrocientos veintinueve  millones ciento cincuenta y un mil
doscientos nueve pesos ($7’429.151.209) provenientes de recursos de regalías
para la prestación del servicio de restaurante escolar y catorce mil
seiscientos ochenta y seis millones seiscientos noventa y ocho mil un pesos
($14.686.698.001) para el servicio de transporte escolar los municipios de
Aguazul y Hato Corozal, en los que se encuentran algunos de los
establecimientos educativos referidos en las acciones de tutela objeto de
revisión., Con relación al
municipio de Yopal, el Departamento Nacional de Planeación informó que en las
vigencias dos mil nueve (2009) a dos mil once (2011), la entidad territorial
destinó $139037 millones de pesos de lo recibido por concepto de regalías y
compensaciones directas para alimentación escolar.
[90] Es necesario precisar en este punto, que
la modificación de los artículos 360 y 361 del estatuto constitucional no
desvirtúan el núcleo esencial de la descentralización territorial, en la medida
en que solamente efectúa ajustes en materia de administración, destinación y
control de las regalías. Lo anterior, con el fin de desarrollar de manera
efectiva los principios y postulados consagrados en la Constitución de 1991,
con la participación de los entes territoriales en las regalías y su
destinación a actividades relacionadas con el desarrollo regional. Si bien es cierto
que el acto legislativo introduce reformas que varían su distribución y
destinación, tales modificaciones, no obstante no implicaron una disminución de
las funciones en cabeza de los municipios, distritos y departamentos en materia
de educación. Al respecto, la Corte en la sentencia C-010 de 2013 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva con S.V. de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) consideró en
esta decisión que la reforma introducida por el Acto Legislativo 5 de 2011 al
régimen de regalías regulado en los artículos 360 y 361 de la constitución, no
configura un sustitución de los principios estructurales de descentralización y
autonomía territorial.
[91] De veintiséis mil novecientos setenta y
dos millones ochocientos setenta y cinco mil once pesos ($26.972.875.011).
[92] ‘Por el cual se garantiza la operación del
Sistema General de Regalías’.
[93] ‘Por la cual se regula la organización
y el funcionamiento del Sistema General de Regalías’
[94] , el Ministerio giró recursos “a favor de
las entidades territoriales que habían realizado las mayores inversiones en
programas de alimentación escolar con recursos de regalías directas”.
[95] La Corte ha hecho uso del efecto inter
comunis en múltiples decisiones. AL respecto, ver entre muchas otras las
sentencias SU-1023 de 2001,  T-760 de 2008, T-541 de 2009 y T-698 de 2010 y
T-088 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.