T-117-93
Sentencia No
Sentencia No.
T-117/93
ACCION DE TUTELA
CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia
La acción de
tutela no es viable si se la pretende usar como medio enderazado a la
reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las
decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en
consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tránsito a cosa juzgada
material. En el primer evento por existir otra vía propicia a la defensa del
derecho en cuestión. En la segunda hipótesis, por la esencia misma del concepto
de cosa juzgada y por el hecho de haber culminado plenamente, en cuanto a todos
los aspectos del asunto controvertido, el trámite del proceso como medio idóneo
para ventilarlo ante la justicia.
REF.: Expediente
No. T-6629
Peticionaria:  MARIA
MARLENY  MAHECHA  VIUDA DE GARCIA.
Procedencia: CONSEJO
DE ESTADO
Magistrado
Ponente:   Dr.  CARLOS  GAVIRIA DIAZ.
Aprobada por acta
No. 02
Santafé de Bogotá,
D.C., veintiseis (26) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993).
La Sala Cuarta de
revisión de tutelas integrada por los Magistrados JOSE GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO, HERNANDO HERRERA VERGARA y CARLOS GAVIRIA DIAZ, procede a decidir la
tutela impetrada por la señora MARIA MARLENY MAHECHA VIUDA DE GARCIA, contra
decisiones judiciales.
ANTECEDENTES
La señora MARIA
MARLENY MAHECHA VIUDA DE GARCIA, actuando por medio de apoderado, interpuso el
7 de septiembre de 1992, ante la sala plena del Consejo de Estado acción de
tutela contra la sentencia de fecha abril 11 de 1991 proferida por la sección tercera
del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y confirmada por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera el 19
de octubre de 1992, por que en su sentir, desconocen el derecho que le asiste
para obtener una indemnización por los daños materiales y morales que le
causaron la Caja de Previsión Social de Bogotá y el Instituto Nacional de
Cancerología con motivo de la cirugía a que fue sometida, la cual le dejó una
lesión facial de caracter  permanente.
HECHOS.
La señora MAHECHA DE
GARCIA en su calidad de profesora del distrito y como tal afiliada a la Caja de
Previsión Social de Bogotá, fue remitida por orden del director de esa entidad
al Instituto Nacional de Cancerología para que le fuera practicada una intervención
quirúrgica según consta en el oficio No. 013 y el decreto 371 del 23 de julio
de 1982; operación que se llevó a cabo el día 8 de septiembre de 1982 por parte
del doctor  GUILLERMO ALFONSO RIVERA, cirujano especializado en cuello.
A consecuencia de
dicha intervención quirúrgica la señora MAHECHA VDA DE GARCIA sufrió una lesión
total del nervio facial izquierdo que le produjo parálisis facial de ese lado,
siendo tratada por los médicos de tal Instituto durante tres meses sin
resultados positivos. Motivo por el cual la paciente recurrió nuevamente a la
Caja de Previsión Social de Bogotá, organismo que ordenó el inmediato
reconocimiento y  la práctica de los exámenes  pertinentes llegando a la
conclusión que la citada señora tenía "lesionado totalmente el nervio
facial", afectándosele la audición del odio izquierdo con parálisis de los
músculos orbitales del párpado izquierdo, al igual que el ala izquierda de la
nariz y los labios.
Como dichas
lesiones, según la accionante Ana Rosa Palencia de De Diego, le produjeron a su
cliente múltiples perjuicios de orden físico, síquico, económico y moral, pues
no pudo volver a ejercer su profesión de maestra, en razón a que la lesión
facial producida es de tal magnitud que la gente la observa con  curiosidad y
compasión, lo que la obliga a permanecer oculta, presentó ante el Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca, acción de reparación directa la
cual fue fallada en sentencia de fecha abril 11 de 1991, en el sentido de
denegar las súplicas de la demanda con el argumento de que "no se acreditó
que la lesión fuera producto de un error en la práctica de la intervención
quirúrgica que constituiría precisamente la falla en la prestación del servicio
ya que en este caso la conducta de los agentes de la administración es
inescindible de la actividad de la misma, y por ello, si no se probó el error
no es posible demostrar la falla en la prestación del servicio". Esta
decisión fue apelada ante el Consejo de Estado, Corporación que se pronunció
mediante sentencia de 4 de junio de 1992 en el sentido de confirmar el proveido
del Tribunal aduciendo que "Al no existir prueba alguna que permita
cuestionar la idoneidad y capacidad profesional de los médicos y paramédicos
que intervinieron en la referida operación, o que de lugar a censurar las
técnicas y procedimientos utilizados, o que demuestre insuficiente sepsis,
instrumental inadecuado, condiciones clínicas inaceptables, etc, mal podría la
sala declarar probada una falla o falta de servicio médico de la Caja, o del
Instituto Nacional de Cancerología, con base en las solas afirmaciones e
hipótesis consignadas en la demanda y alegatos de la actora. De ahí que resulta
acertada la conclusión del a-quo en este mismo sentido ".
De lo antes
relacionado deduce la accionante que la Caja de Previsión Social de Bogotá, el
Instituto Nacional de Cancerología, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Consejo de Estado "han violado en forma grave y permanente; los
primeros en forma directa, los segundos en forma indirecta" los derechos
fundamentales de la señora MAHECHA VDA DE GARCIA consagrados en los artículos
16, 25 y 26 de la Constitución Política,razón por la cual acudió a la acción de
tutela.
FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA.
El Consejo de Estado
por intermedio de su sección cuarta, rechaza por improcedente la solicitud de
tutela formulada, argumentando que en criterio de esa corporación, tal acción
no procede contra las providencias judiciales a que se refiere el artículo 40
del decreto 2591 de 1991, pues esta disposición viola el artículo 86 de la
Carta Política y a renglón seguido señala que dicha acción tampoco es viable
cuando se interpone contra "providencias de las secciones de la
Corporación, por ser todas de igual categoría y por lo mismo incompetentes para
ordenarse, modificar o adicionar sus decisiones, en contra del criterio e
independencia de las mismas".
RECURSO DE
APELACION.
La accionante no
compartió el criterio expuesto por la sección cuarta del Consejo de Estado y
procedió a impugnar dicho fallo ante la sala plena de la misma Corporación,
argumentando lo siguiente:
- La decisión del
Consejo de Estado "es abiertamente opuesta a la Constitución, toda vez que
los derechos fundamentales consagrados y aún los no consagrados, inherentes a
la persona humana, están amparados jurídicamente por la acción de tutela".
- El objeto de esta
acción es lograr que se paguen los perjuicios causados con la violación de
derechos fundamentales, que en las providencias del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y del Consejo de Estado han sido reconocidos como violados.
- Los Magistrados
como jueces que son están en la obligación de buscar "la verdad
verdadera" hasta sus últimas consecuencias y en el caso de debate se
atuvieron solamente a las pruebas presentadas o pedidas por la parte
demandante, de donde concluye que "no es justicia, sino injusticia"
lo que se está aplicando pues nada explica que en un proceso similar al
presente, se ordenó resarcir los daños y perjuicios causados y en cambio en
éste se niega ese derecho, a pesar de que los dos actores se encontraban en las
mismas condiciones de imposibilidad de probar la falla en la prestación del
servicio.
- Finalmente afirma
que según jurisprudencia de la Corte Constitucional la acción de tutela procede
contra sentencias y a continuación transcribe apartes de algunas de éllas,
especialmente de la identificada con el No. 06 de 1992.
FALLO DE SEGUNDA
INSTANCIA.
La sala plena del
Consejo de Estado confirma lo resuelto por la sección cuarta de esa misma
corporación reiterando su criterio en el sentido de sostener la improcedencia
de la acción de tutela  contra sentencias o decisiones judiciales.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE.
a.- Competencia.
Corresponde a esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional revisar la acción de tutela incoada
por la señora MARIA MARLENY MAHECHA VDA DE GARCIA, quien obra por medio de
apoderado, de acuerdo a la escogencia y reparto llevados a cabo por la sala de
selección respectiva, y al tenor de lo normado en el artículo 86 inciso tercero
y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los articulos 33 y 34
del decreto 2591 de 1991.
b.- Tutela contra
sentencias.
Los  artículos 11 y
40 del decreto 2591 de 1991 que consagraban  la procedencia de la acción de
tutela contra las sentencias y las demás providencias judiciales que pusieran
término a un proceso, proferidas por los Jueces Superiores, los Tribunales, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, fueron declarados
inexequibles por esta Corporación mediante  sentencia No. C-543 del 1o. de
octubre de 1.992.
En dicha oportunidad
expresó la Corte:
"Es claro que
la acción de tutela no es viable si se la pretende usar como medio enderazado a
la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de
las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en
consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tránsito a cosa juzgada
material. En el primer evento por existir otra vía propicia a la defensa del
derecho en cuestión....En la segunda hipótesis, por la esencia misma del
concepto de cosa juzgada y por el hecho de haber culminado plenamente, en
cuanto a todos los aspectos del asunto controvertido, el trámite del proceso
como medio idóneo para ventilarlo ante la justicia."
Y más adelante
agregó:
"Se comprende
en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario
y, mas aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no
puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al
tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por
la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella
haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho....."
"En el sentir
de la Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la
oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su
conclusión y ejerció los recursos de que disponía."
En el evento que se
examina como la tutela se dirije contra una sentencia judicial debidamente
ejecutoriada, como es la dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el 11 de abril de 1991, la cual fue  confirmada  por el Consejo de Estado el 4
de junio de 1992, esta sala de revisión acatando lo decidido en el fallo de
inexequibilidad antes anotado, el que es de obligatorio cumplimiento tanto para
las autoridades como para los particulares,  confirmará la decisión del Consejo
de Estado fechada el 19 de octubre de 1992, pues la acción de tutela  en este
caso es improcedente.
En mérito de lo
expuesto, la sala cuarta de revisión de tutelas de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
RESUELVE.
PRIMERO.         Confirmar la sentencia de fecha
19 de octubre de 1992 dictada por la sala plena del Consejo de Estado, la que a
su vez confirma la proferida por la sección cuarta de esa misma Corporación el
11 de septiembre de 1992.
SEGUNDO.        Comuníquese la presente decisión a
la sección cuarta del Consejo de Estado, para que de cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese
a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado Ponente
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
HERNANDO HERRERA VERGARA
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General