C-371-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-371/11
TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS
PENALES EN LA AUDIENCIA DE LECTURA DEL FALLO-No vulnera el derecho de defensa, los principios de inmediación y
contradicción/TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS PENALES EN LA
AUDIENCIA DE LECTURA DEL FALLO-Entrada en vigencia de la
Ley 1395 de 2010 a partir de su promulgación, no impide invocar el principio
de favorabilidad
TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS Y
SENTENCIAS EN MATERIA PENAL-Regulación
RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS EN MATERIA PENAL-Cosa juzgada constitucional respecto de la
interposición, sustentación y traslado a los no impugnantes en la respectiva
audiencia
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
TERMINOS PROCESALES-Jurisprudencia
constitucional
La
jurisprudencia vertida en torno a la libertad de configuración del legislador
en materia de términos procesales, se pueden extraer las siguientes
conclusiones, que resultan relevantes para la resolución del problema jurídico
que plantea este proceso: i) El
establecimiento de términos perentorios no contradice la
Carta Política; ii) Los términos procesales persiguen hacer efectivos varios
principios superiores, en especial los de celeridad, eficacia, seguridad
jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de
cada proceso; iii) Los términos procesales cumplen la finalidad de garantizar
los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso; iv) No existen
parámetros en la Constitución a los cuales pueda referirse el legislador o el
juez constitucional para valorar si la extensión de los términos procesales es
adecuada; v) Por lo anterior, el legislador tiene una amplia potestad en la
materia, limitada únicamente por los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, y por el fin que en general persiguen las formas procesales,
cual es permitir
la realización del derecho sustancial; vi) La función del juez constitucional a
la hora de examinar las leyes que consagran términos procesales se limita a
controlar los  excesos, es decir a rechazar aquellas normas que desbordando
notoriamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, fijen términos
exageradamente largos, que redunden en un desconocimiento del los principios de
celeridad,
eficacia, y seguridad jurídica, o que, por manifiestamente cortos, impidan
hacer efectivos los derechos de defensa y contradicción probatoria.
DEBIDO PROCESO-Garantías/PRINCIPIO
DE CELERIDAD Y DERECHO DE CONTRADICCION-Posibles tensiones en la aplicación
del debido proceso
Esta
Corporación ha explicado que el derecho al debido proceso se descompone en
varias garantías que tutelan diferentes intereses ya sea de los sujetos
procesales, o de la colectividad a una pronta y cumplida justicia. Entre ellas,
el artículo 29 de la Constitución, en forma explícita consagra tanto el
principio de celeridad, como el derecho de contradicción y controversia
probatoria. Al respecto dicha norma señala que toda persona tiene derecho “a
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Por
su parte, el artículo 228 superior prescribe que “los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. En desarrollo
de estos principios, de un lado los procesos deben tener una duración razonable
y, de otro, deben establecer mecanismos que permitan a los sujetos procesales e
intervinientes controvertir, en condiciones de igualdad, las pruebas
presentadas, así como los argumentos de hecho y de derecho que se aduzcan en
su  contra.  Ha destacado así mismo la jurisprudencia que en el proceso de producción
del derecho, como en el de su aplicación, las distintas garantías que conforman
la noción de debido proceso pueden entrar en tensión. Así, en ciertos casos el
principio de celeridad puede entrar en conflicto con la garantía de
contradicción probatoria, o con el derecho de defensa, pues un término judicial
breve, naturalmente recorta las posibilidades de controversia probatoria o
argumentativa. Al respecto la jurisprudencia ha señalado que algunas de las
garantías procesales son prevalentes, pero también ha aceptado que otras pueden
verse limitadas a fin de dar un mayor alcance a intereses públicos legítimos o
a otros derechos fundamentales implicados.
DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION-No son absolutos y pueden ser limitados por el
legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación
responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no se desconozcan
otros derechos fundamentales
La Corte ha
admitido que algunas garantías procesales, -y entre ellas el derecho de defensa
y contradicción- no son absolutas y pueden ser limitadas por el legislador,
siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación responda a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no se desconozcan otros
derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la igualdad. En todo caso,
ha señalado que la función, tanto del legislador como del juez constitucional,
es tratar de lograr que todos los principios y derechos que eventualmente
puedan entrar en tensión a la hora de regular los términos judiciales sean
garantizados en la mayor medida posible.
PRINCIPIO DE INMEDIACION Y CONTRADICCION EN EL MARCO
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Alcance/PRINCIPIO
DE INMEDIACION Y CONTRADICCION EN EL MARCO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Jurisprudencia
constitucional
GARANTIA DEL DERECHO DE DEFENSA, EL DERECHO DE
IMPUGNACION Y LA POSIBILIDAD DE DISPONER DEL TIEMPO Y LOS MEDIOS ADECUADOS PARA
SU EFECTIVIDAD-Línea jurisprudencial/DERECHO
DE DEFENSA-Garantía universal, general y permanente que constituye un
presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del
ordenamiento jurídico
DERECHO DE DEFENSA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Reglas
En
relación con el plexo de garantías que involucra el ejercicio del derecho de
defensa, en el contexto de un sistema acusatorio, la corporación ha sentado las
siguientes reglas: (i) ni en la Constitución ni en los tratados internacionales
de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del
derecho de defensa; (ii) el derecho de defensa es general y universal, y en ese
contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal; (iii) el
ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que
cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho
proceso; (iv) el derecho de defensa, como derecho fundamental constitucional,
es un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por un procesado
al interior de un proceso penal; (v) el procesado puede hacer valer por sí
mismo sus argumentos y razones dentro de un proceso judicial; (vi) el derecho de defensa se empieza a ejercer
desde el momento mismo que se inicia la investigación; (vii)  constituye una de las principales garantías
del debido proceso, y representa la oportunidad reconocida a toda persona, en
el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser
oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir,
contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y
evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos
que la ley otorga; y (viii) la importancia del derecho de defensa, en el contexto
de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la
arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la
búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien
puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo
actuado; (ix) en el
contexto de los procesos penales, el derecho a impugnar la sentencia
condenatoria adquiere carácter fundamental, por lo que el Estado tiene la
obligación de garantizar su efectividad de tal derecho.
DERECHO DE IMPUGNACION-Finalidad
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Contenido y alcance
DERECHO A IMPUGNAR LA
SENTENCIA CONDENATORIA Y LA
IMPUGNACION EXTRAORDINARIA DE LA
SENTENCIA POR VIA DEL RECURSO DE CASACION-Propósitos
DERECHO A DISPONER DEL TIEMPO RAZONABLE Y DE LOS
MEDIOS ADECUADOS PARA PREPARAR LA
DEFENSA-Esta garantía se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Constitución Política
y Ley 906 de 2004
DERECHO A DISPONER DEL TIEMPO RAZONABLE Y DE LOS
MEDIOS ADECUADOS PARA PREPARAR LA
DEFENSA-Doctrina y jurisprudencia internacional
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENAL Y SU
RELACION CON NORMAS QUE ESTABLECEN LA
VIGENCIA DE UNA LEY-Contenido
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-No distinción entre normas sustantivas y
procesales
APLICACION
DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Es tarea que
compete al juez de conocimiento, en cada caso particular y concreto, pues solo
a él le corresponde determinar cuál es la norma que más beneficia o favorece al
procesado/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PLASMADO EN EL INCISO TERCERO DEL
ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCION POLITICA-Se dirige al juzgador y supone la
existencia de estatutos permisivos o favorables que coexisten junto a normas
restrictivas o desfavorables
La aplicación del principio de
favorabilidad es tarea que compete al juez de conocimiento, en cada caso
particular y concreto, pues solo a él le corresponde determinar cuál es la
norma que más beneficia o favorece al procesado. Esto significa que el referido
principio no es predicable frente a normas generales, impersonales y
abstractas, como ya ha tenido oportunidad señalarlo la
Corte: "En principio, el carácter más o menos restrictivo de una
disposición penal, por sí misma, no quebranta la
Constitución. El principio de favorabilidad, plasmado en el tercer inciso del
artículo 29 de la C.P., se dirige al juzgador y supone la existencia de
estatutos permisivos o favorables que coexisten junto a normas restrictivas o
desfavorables. La aplicación preferente de la norma favorable no significa la
inconstitucionalidad de la desfavorable dejada de aplicar, tacha que solo puede
deducirse de su autónomo escrutinio frente a la
Constitución”. (…) "El juez al asumir la función de intérprete genuino de
dos disposiciones penales, igualmente especiales, está positivamente vinculado,
como todo hermeneuta en materia penal, por la norma que obliga a optar de
manera preferente por la ley permisiva o favorable, máxime cuando ésta es posterior
en el tiempo y comprende en su contenido la materia tratada por la anterior
(C.P. art. 29)”.
DEBIDO PROCESO-Derecho
de estructura compleja
El
debido proceso es un derecho de estructura compleja que se compone de un
conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción
punitiva del Estado no resulte arbitraria.  Algunas de las reglas
constitucionales que configuran este derecho son de aplicación inmediata y
anulan cualquier norma que las limite o restrinja. Así por ejemplo, el derecho
a la legalidad del delito y de la pena no admite restricción ninguna, como
tampoco el principio de la no reformatio in pejus, o el principio de
favorabilidad (C.P. art. 29).
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Conserva plena efectividad frente a normas que regulan
la vigencia de una ley/LEGISLADOR-Competencia para determinar la
iniciación de la vigencia de las leyes
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS PENALES QUE
ESTABLECEN REGLAS DE VIGENCIA-Jurisprudencia
constitucional/PRINCIPIO DE LA
IRRETROACTIVIDAD PENAL ADSCRITO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO-Aplicación en armonía con los principios generales y derechos
fundamentales consagrados en el texto constitucional/PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD-Sometido a unos presupuestos lógicos/PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD-Aplicable frente a supuestos de hecho similares pero que
reciben en los estatutos sucesivos en el tiempo, soluciones de derecho
diferentes/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Consagrado como un principio
rector del derecho punitivo, forma parte integral del debido proceso penal y se
contempla como derecho fundamental intangible y de aplicación inmediata/NORMA-Potestad
para fijar su vigencia radica en el legislador/NORMA-Precepto que prevé
su vigencia hacia el futuro se limita a hacer expreso el principio de
irretroactividad como expresión del postulado de legalidad, sin que por ello se
vulnere el principio de favorabilidad
TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS
PENALES-No vulnera los derechos de
defensa, doble instancia, ni los principios de inmediación y contradicción
UNIDAD NORMATIVA-Integración
SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION CONTRA
SENTENCIAS PENALES-Alternativas
RECURSOS ORDINARIOS Y OPORTUNIDAD PARA SU
INTERPOSICION-Forman parte de las
atribuciones del legislador para la regulación de los procesos judiciales y la
determinación de las formas propias del juicio/FIJACION DE TERMINOS  Y
OPORTUNIDADES PROCESALES PERENTORIAS-Cumple con la finalidad constitucional
de ordenación del proceso para hacer efectivo el derecho de acceso oportuno a
la administración de justicia, al debido proceso, así como los principios de
celeridad, eficacia y seguridad jurídica
JUEZ CONSTITUCIONAL-Su labor se limita a determinar si el legislador incurrió en excesos o
restricciones indebidas que hacen nugatorias las posibilidades de defensa y
contradicción
PRINCIPIOS DE INMEDIACION Y CONTRADICCION-Importancia en el proceso de producción de la prueba
Los principios de inmediación y
contradicción cumplen su papel estelar y protagónico en el proceso producción
de la prueba, tarea que en el contexto del sistema acusatorio se desarrolla en
la fase del juicio oral. Tal como se deriva del texto constitucional (art.
250.4) que establece las características del juicio en el sistema penal acusatorio,
los principios de inmediación y contradicción técnicamente despliegan su
eficacia en el momento del debate probatorio, con miras a facilitar y optimizar
la actividad cognitiva propia proceso de conocimiento que acompaña la
producción de la prueba. La actitud crítica, conciente y controlada que debe
asumir el juez que dirige el debate en el juicio oral, exige el contacto
directo con los actores que intervienen en esa fase.
RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS-No constituye un proceso autónomo o un nuevo juicio en
el cual deban debatirse todos los temas del mismo y como tal, requerirse la
inmediación de las pruebas frente al juez de segunda instancia
TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS
PENALES-Garantiza el cumplimiento de
los fines de la apelación, y armoniza los principios de celeridad y debido
proceso público, sin dilaciones injustificadas, con la garantía del derecho de
defensa y acceso real, no formal, a una segunda instancia
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
Referencia: expedientes D-8301 y D-8322
Demandas de inconstitucionalidad  contra los artículos
90, 91, 98, 101 (parciales) y 122 de la ley 1395 de 2010, “Por la cual se
adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
Actores: Edgar Saavedra Rojas, Javier Mauricio Hidalgo
Escobar y Antoine Joseph Stepanain Santoyo.
Magistrado Ponente:
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., once (11) de mayo de dos mil once (2011).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos
contemplados en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241.4 de la
Constitución Política, los ciudadanos Edgar Saavedra Rojas, Javier Mauricio
Hidalgo Escobar y Antoine Joseph Stepanain Santoyo solicitaron a la
Corte declarar inexequibles algunas expresiones contenida en los artículos 90,
91, 98, 101,  y en integridad el artículo 122 de la
Ley 1395, del 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en
materia de descongestión judicial”.
La Sala Plena de la
corporación, en sesión del día trece (13) de octubre de dos mil diez  (2010),
resolvió acumular los expedientes D-8301 y D-8322, para que se tramitaran y
decidieran conjuntamente.
En
cumplimiento a lo ordenado por la Sala Plena, el Magistrado sustanciador,  a
quien le fueron repartidos los dos expedientes, admitió las demandas, por auto
del veintisiete (27) de octubre de 2010, ordenó su fijación en lista para
asegurar la intervención ciudadana dispuesta por los artículos 242, numeral 1,
de la Constitución, y 7° inciso segundo, del Decreto 2067 de 1991.
En
consecuencia, se dispuso fijar en lista el presente proceso en la
Secretaría General de la Corte por el término de diez (10) días, para efectos
de permitir la intervención ciudadana, y simultáneamente, correr traslado del
expediente al Procurador General de la
Nación para que rindiera el concepto correspondiente. Igualmente, se dispuso
comunicar la iniciación del presente proceso al Presidente de la
República y al Presidente del Congreso para los fines del artículo 244
Superior, así como al Ministro del Interior y de Justicia.
De
igual forma, se invitó a participar dentro de este proceso a los decanos de las
facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia, de Ibagué y
del Rosario, al igual que a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Estudios de Derecho y
Sociedad (Dejusticia) y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con el
objeto de que emitieran concepto técnico sobre las normas demandadas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos,
entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.
LAS NORMAS DEMANDADAS
A
continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas,
subrayándose los segmentos normativos acusados.
LEY 1395 DE 2010
(julio 12)
“Por la cual se adoptan medidas en materia de
descongestión judicial”.
Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010
El Congreso de la
República
DECRETA
(…)
“ARTÍCULO 90. El artículo 178 de la
Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo 178. Trámite del
recurso de apelación contra autos. Se interpondrá,
sustentará y correrá traslado a los no impugnantes en la respectiva audiencia.
Si el recurso fuere debidamente sustentado se concederá de inmediato ante el
superior en el efecto previsto en el artículo anterior.
Recibida la
actuación objeto del recurso el juez lo resolverá en el término de cinco (5)
días y citará a las partes e intervinientes a audiencia de lectura de auto
dentro de los cinco (5) días siguientes.
Si se trata
de juez colegiado, el Magistrado ponente dispondrá de cinco (5) días para
presentar proyecto y de tres (3) días la
Sala para su estudio y decisión. La audiencia de lectura de providencia será
realizada en 5 días.
ARTÍCULO
91. El artículo 179 de la
Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo 179. Trámite del
recurso de apelación contra sentencias. El recurso se interpondrá en
la audiencia de lectura de fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado
a los no recurrentes dentro de la misma o por escrito en los cinco (5) días
siguientes, precluido este término se correrá traslado común a los no
recurrentes por el término de cinco (5) días.
Realizado el
reparto en segunda instancia, el juez resolverá la apelación  en el término de
15 días y citará a las partes e intervinientes para lectura de fallo dentro de
los diez días siguientes.
Si la
competencia fuera del Tribunal Superior, el magistrado ponente cuenta con diez
días para registrar proyecto y cinco la Sala para su estudio y decisión. El
fallo será leído en audiencia en el término de diez días.
ARTÍCULO
98. El artículo 183 de la
Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo 183. Oportunidad. El
recurso se interpondrá ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes
a la última notificación y en un término posterior común de treinta (30) días
se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales
invocadas y sus fundamentos.
Si no se
presenta la demanda dentro del término señalado se declarará desierto el
recurso, mediante auto que admite el recurso de reposición.
ARTÍCULO
101. El artículo 210 de la 600 de 2000
quedará así:
Artículo 210. Oportunidad. El
recurso se interpondrá dentro de los quince (15) días siguientes a la última
notificación de la sentencia de segunda instancia y en un término posterior
común de treinta (30) días se presentará la demanda.
Si la demanda
se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará mediante auto que
admite el recurso de reposición.
ARTÍCULO
122. Esta ley rige a partir de su promulgación”.
III.
LA DEMANDA
Los
demandantes consideran que los enunciados normativos acusados son violatorios  de
los artículos 29, 31, 229, 250 de la
Constitución Política, y de los tratados de derechos
humanos ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de
constitucionalidad en estricto sentido, como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Art.14) y la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 8º). A continuación se
reseñan los principales apartes de las demandas:
Cargos expuestos en el expediente D-8301.
1.
Aducen los demandantes que el
artículo 122 de la norma acusada vulnera el artículo 29 de la
Constitución, comoquiera que dispone que  la
Ley 1395 de 2010 comienza a regir a partir de su promulgación, sin tener en
cuenta que modifica algunas normas procesales con efectos sustanciales como son
los artículos 90, 91, 98 y 101 desconociendo que de estas normas se predica el
principio de favorabilidad.
En
su sentir, los artículos 90, 91, 98 y 101 son normas procesales con efectos
sustanciales porque en ellas se materializa en su máxima dimensión los derechos
de la defensa y la doble instancia, garantías que hacen parte del debido
proceso. En consecuencia, al aplicar esta clase de normas se debe tener en
cuenta el principio de favorabilidad, como elemento integrante del debido
proceso en materia penal.  En este punto, citan in extenso la sentencia
C-252 de 2001 de la Corte Constitucional con el fin de sustentar el alcance del
principio de favorabilidad en materia penal.
De
otra parte, para los demandantes salta a la vista, que
las normas señaladas contienen cambios que restringen los derechos de los
intervinientes dentro del proceso penal, porque reducen excesivamente los
términos para sustentar los recursos de apelación de providencias (autos
interlocutorios – sentencias) y  extraordinario de casación, con lo cual se
afecta el derecho de defensa, puesto que no se cuenta con el tiempo y los
medios razonables para el adecuado ejercicio de esta garantía. Esta limitación
es “abiertamente inconstitucional porque el articulo 122 dispone la
aplicación retroactiva de normas procedimentales de efectos sustanciales que
son desfavorables a los intereses de los intervinientes en el proceso penal,
entre ellos la defensa.” Así,  anotan los actores que en el caso específico
de los artículos 90 y 101, se modifican las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 en
referencia a la oportunidad de interponer y presentar el recurso de casación,
por ende, se aplican retroactivamente las
normas demandadas a hechos que no ocurrieron bajo su vigencia. Por
consiguiente, es necesaria la aplicación del principio de favorabilidad como
manifestación del mandato de optimización de legalidad de la ley penal y del
derecho al debido proceso.
2.
Frente a los motivos de inconstitucionalidad
en relación con los artículos 90 y 91, los accionantes afirman  que se afecta
el derecho de defensa, debido a que las normas señaladas reducen el tiempo para
sustentar el recurso de apelación de autos y sentencias, los cuales, requieren
reflexión para estudiar el contenido de la providencia que afecta los intereses
del procesado. Así, el apelante deberá advertir si la providencia contiene
errores de interpretación y aplicación normativa, de apreciación probatoria o
errores en el devenir del proceso. Por lo tanto,  para los ciudadanos la labor
de atacar una decisión judicial requiere maduración y tiempo prudencial con el
fin de que cumpla con requisitos de seriedad, profundad y eficiencia que debe
tener un alegato que demuestre que un juez de la
República ha incurrido en error.
Así
mismo, se agrega que las normas acusadas desconocen los principios de
inmediación y concentración establecidos en el artículo 250 de la
Carta Política, porque se obliga al recurrente a que realice la sustentación
ante el funcionario que profirió la decisión, y no ante el juez que habrá de
resolver el recurso. Este último, solo podrá acceder a la sustentación del
recurso de apelación a través de grabaciones de audio o video, con lo cual se
vulneran los principios señalados, comoquiera que estos exigen que las
actuaciones y audiencias del sistema acusatorio se realicen presencialmente.
En
esta lógica, se plantea en la demanda que con las modificaciones contenidas en
la ley 1395 de 2010, se configura un derecho de defensa y de doble instancia de
carácter formal, puesto que en la realidad el corto tiempo para la sustentación
de los recursos implica una anulación de dichas garantías constitucionales. En
ese estado de cosas, aseveran los accionantes que  el legislador olvida  que
para el ejercicio eficiente e idóneo de estos derechos se necesita un adecuado
desarrollo de los mismos.
3.
Con relación a los artículos 98 y 101 de la
Ley 1395 de 2010, los demandantes manifiestan que se afectan los derechos
fundamentales a la defensa y al acceso a la administración de justicia, en
virtud de que la modificación de los términos procesales para elaborar y
presentar demanda del recurso extraordinario de casación, hacen prácticamente
imposible el ejercicio del mismo, al punto de convertirlo en inoperante.
Los
ciudadanos señalan que los tratados de derechos humanos ratificados por
Colombia que conforman el bloque de constitucionalidad[1] consagran que todo Estado
dentro de su legislación debe proveer a los ciudadanos que son procesados por
la jurisdicción penal, el tiempo y los medios para preparar y ejercer su
defensa, pues de no hacerlo se estaría en presencia de la violación de esta
garantía.  De igual manera, afirman que el derecho de defensa se aplica durante
todo el proceso penal, incluido el recurso extraordinario de casación.
Adicionalmente,
sostienen los accionantes, que a la finalización del proceso, este ha adquirido
unos volúmenes materiales impresionantes, y ponen como ejemplo “el caso de
DRAGACOL”, asunto que según refieren cuenta con un expediente compuesto por más
de 700 folios y 300 cuadernos. Además, la casación es un problema jurídico
eminentemente técnico, que requiere un máximo estudio de todo un proceso y en
ocasiones implica que el abogado que llevaba el proceso en las instancias, ceda
el poder a un profesional, especialista en elaboración de demandas de este tipo.
Por
último, los demandantes  señalan que el corto tiempo de preparación y
elaboración de la demanda de casación se reduce aun más, al correr términos
iguales para las partes, debido a que mientras una de ellas revisa el proceso,
la otra no puede examinar el expediente y cuando pueda acceder al plenario tendrá
poco tiempo para la elaboración del documento.
Las
razones que los demandantes exponen en relación con la modificación de los
términos de sustentación del recurso extraordinario de casación (Arts. 98 y
101) son del siguiente tenor:
“Mayoritariamente
se ha sostenido en la doctrina que la forma más efectiva de ejercer la
represión por parte del Estado y de desconocer los derechos y garantías
constitucionales de los ciudadanos no es modificar el código penal y hacer
aumentos punitivos, sino que la verdadera persecución de un Estado autoritario
se hace, modificando el código procesal, limitando el derecho a la defensa,
dificultando el derecho de probar y ejercer la contradicción, desconociendo el
principio de presunción de inocencia o disminuyendo los términos de tal manera
que se hagan nugatorias las posibilidades defensivas”.
Alude
a las dificultades que genera el establecimiento de un término común para todos
los sujetos procesales, en los procesos en que concurren varios procesados y el
expediente es particularmente voluminoso, al respecto señala:
“(…)
Hoy, con los problemas de la delincuencia organizada y profesionalizada y con
los casos de corrupción, en los que fácilmente encontramos procesos con diez,
quince y más sindicados, el hecho de reducirse el término para la sustentación
de la casación y hacerlo común a los sujetos procesales recurrentes, lo
convierte en un instrumento procesal prácticamente imposible de ser interpuesto
y sustentado, por que nos preguntamos, cómo y cuando podrían tener los sujetos
procesales acceso al expediente para estudiarlo y poder elaborar la demanda de
casación?
Si
a lo anterior se agrega que a su finalización el proceso ha adquirido unos
volúmenes materiales bastante considerables, que la casación es un problema
eminentemente técnico – de allí la complejidad en la elaboración de las
demandas-, y que de manera regular cuando el abogado que ha llevado el proceso
en las instancias, sino es especialista cede el poder para que uno
especializado en técnicas de casación elabore la demanda; nos encontramos en
presencia de unos términos que al ser reducidos y al convertirse en comunes
para los sujetos procesales harán prácticamente imposible la elaboración de las
demandas e inoperante el derecho a la defensa y el derecho al acceso a la
justicia.
Esta
manera de concebir el término para sustentación, “significará que todos los
sujetos procesales deban estudiar el proceso en la secretaría de los Tribunales,
puesto que no podría operarse como tradicionalmente se está haciendo, que a
cada sujeto procesal se le prestaba el expediente durante el transcurso de sus
términos para que elaborara la demanda.”
Y
pone de presente el actor: “Imagínense ustedes Sres. Magistrados el ejercicio
del recurso extraordinario de casación en un proceso penal como el de Dragacol,
en el cual actuamos como defensores principal y suplente de uno de los
procesados, que cuenta con más de 700 cuadernos (…) ¿Creen ustedes que es
posible elaborar la demanda en el precario término de 30 días? (…)
“Imagínense
ustedes el caso de David Murcia Guzmán ¿creen ustedes que es posible en el
insignificante término de 30 días sustentar el recurso de casación?. Este es un
proceso complejo por su propia naturaleza, con infinidad de estudios
financieros y bancarios que requieren de estudios especializados y
conocimientos técnicos evidentes. En realidad es imposible preparar una demanda
de casación en período de tiempo tan breve”.
El
recorte de términos, y la determinación de que el mismo sea común para todos
los sujetos procesales, convierten a la casación en algo imposible para la
mayoría de los interesados en interponerla, por que a los problemas  ya
esbozados, puede [agregarse] la dificultad extrema que surge si el abogado
reside en un sitio diferente al de la sede del Tribunal.
Lo
anterior como es apenas obvio deducirlo elevaría igualmente los costos
profesionales para elaborar una demanda de casación, por las dificultades que
los abogados van a tener en relación con el acceso al expediente y como es apenas
obvio la elevación de los costos, también afecta el acceso de los ciudadanos a
la justicia”.
Cargos expuestos en el expediente D-8322.
El accionante en este expediente comparte los cargos y
argumentos presentados en la demanda radicada bajo la referencia D-8301,
complementándolos de la siguiente manera:
1.
En el sentir del ciudadano, además de presentarse la violación a los artículos
29, 31, 229 de la
Constitución Política y del bloque de constitucionalidad en estricto sentido,
se produce la afectación del artículo 8 de la ley 906 de 2004 que establece los
principios rectores del proceso penal, resaltando que las disposiciones
contenidas en el código de procedimiento penal deben ser interpretadas con
criterio sistemático, según las directrices de la norma rectora en comento. Destaca
que entre los principios consagrados en la ley 906 de 2004 prevalece la
libertad, el principio de contradicción, así como el derecho a disponer de un
término razonable para que el imputado prepare su defensa, de conformidad con
las normas constitucionales señaladas y tratados que conforman el bloque de
constitucionalidad.
2.
En relación con el artículo 90 de la ley 1395 de 2010, considera el actor que
esta norma vulnera el principio de inmediación que rige el proceso penal, teniendo
en cuenta que el recurso de apelación se presenta y sustenta ante el juez que
profirió la decisión, con ello este funcionario puede declarar desierta la
impugnación  para asegurar que su decisión nunca será revisada, puesto que
contra esta decisión solo procede recurso de reposición.
IV.
INTERVENCIONES
1.
Entidades públicas.
1.1
El Ministerio del Interior y de Justicia
Interviene
a través de apoderada para solicitar la exequibilidad de las normas acusadas. A
continuación se reseñan los principales apartes de su disertación:
Inicia
su intervención señalando que las normas acusadas no son contrarias al debido
proceso, al derecho de acceso a la
Administración de Justicia y a los principios de inmediación y concentración
del proceso penal en el sistema penal acusatorio, porque el legislador actuó
dentro de su clausula general de competencias para la conformación de códigos,
con criterios de razonabilidad y proporcionalidad  y con el fin de adoptar unas
medidas de descongestión judicial. Anota, que los artículos demandados tuvieron
en cuenta los principios y derechos invocados por los accionantes, en
concordancia  con el principio superior de justicia efectiva.
Así,
en relación con el recurso de apelación de autos interlocutorios y de sentencias,
resulta ser la audiencia donde se produce la decisión, la oportunidad en la que
se precisan de manera integral los elementos probatorios y jurídicos del
proceso, es por tanto la oportunidad más idónea para exponer los argumentos de
discrepancia con la decisión judicial,  sin necesidad de mayor desgaste
procesal y cumpliendo en mejor medida el principio de contradicción.
En
lo referente al recurso extraordinario de casación, la representante del ministerio
afirma con base en la sentencia C- 596 de 2000, que el legislador cuenta con
una amplia autonomía para regular el término para interponer los recursos. No
obstante, esta facultad se encuentra limitada, en razón a que  las medidas
adoptadas por el Congreso deben estar encaminadas a alcanzar los fines
constitucionales legítimos, y en el caso concreto del recurso de casación, por
su carácter extraordinario, se justifican restricciones de interposición,
sustentación y condiciones de admisibilidad.
Adicionalmente,
cita los antecedentes legislativos de la Ley 1395 de 2010 con el fin de
demostrar que el legislador justificó la reducción de términos, en la necesidad
de enfrentar los graves problemas de morosidad que afecta la justicia
colombiana.
Por
otra parte, manifiesta que la propia Ley 906 de 2004 contiene normas que
permiten desvirtuar los cargos de los accionantes, en relación al corto tiempo
de preparación de la defensa. En este sentido, el articulo 158 Ibíd. contempla
la posibilidad excepcional para el recurrente de solicitar una prórroga
justificada si considera que el tiempo contemplado en la ley para sustentar el
recurso correspondiente es insuficiente; igualmente, el artículo 165 faculta al
impugnante para solicitar las copias de la decisión a impugnar, que le
facilitará obtener la información necesaria sobre el desarrollo del proceso
para sustentar el recurso correspondiente.
2.
De Instituciones Educativas
2.1.
De la Universidad de Ibagué
El
profesor Álvaro González Murcia, en su condición de Decano de la facultad de
Derecho y Ciencia Política de esta universidad, interviene en defensa de la
norma demandada.
Luego
de hacer una introducción a cerca del concepto de constitución, de derechos fundamentales,
de bloque de constitucionalidad y de destacar la primacía de las normas
constitucionales, y hacer referencia al fenómeno de la constitucionalización
del derecho, se adhiere al planteamiento de la demanda en el sentido que los
artículos 90, 91, 98 y 101 son leyes procesales con efectos sustanciales que
admiten la invocación de la favorabilidad, por lo tanto “pueden ser
aplicadas o inaplicadas en un caso concreto según resulte benigna a los
intereses de la persona investigada y/o juzgadas”.
La
universidad interviniente, considera así mismo que los artículos 90 y 91 de la
Ley 1395 de 2010 establecen la posibilidad de la impugnación de autos
interlocutorios y sentencias con el fin de preservar el principio de doble
instancia.  Así mismo, el legislador al desarrollar el trámite del recurso de
apelación de providencias, exige la sustentación en audiencia brindando así la
oportunidad a quien no impugna la decisión judicial, de manifestar su opinión sobre
el objeto de la alzada, con lo cual se salvaguarda el acceso a la justicia de
todos los intervinientes.
El
ente educativo agrega que la oposición a un auto no es un asunto que requiera
de estudios significativos que justifique sacrificar una justicia pronta y
efectiva, mediante el otorgamiento de un mayor tiempo para la sustentación del
recurso de alzada. No obstante, reconoce que en la apelación de sentencias puede
presentarse un mayor nivel de complejidad, por lo que razonablemente el
legislador previó que la sustentación de este recurso, podría efectuarse, a
elección del demandante, por escrito dentro de los cinco días siguientes, con
traslado por el mismo término a los no recurrentes.
Subraya,
que el sistema penal acusatorio exige a los intervinientes, en especial a la
defensa, una mayor diligencia y preparación en la que se incluye la
sustentación pronta y adecuada de los medios de impugnación y de los recursos
correspondientes.
Adicionalmente,
la universidad resalta que el legislador tiene la competencia para establecer
los plazos de sustentación y de interposición de recursos judiciales, ya sean
ordinarios o extraordinarios como en la casación. En el mismo sentido, sostiene
que el plazo establecido para la sustentación del recurso de apelación de autos
interlocutorios es razonable, porque el legislador estimó que la finalidad de
la ley de descongestión, no  vulnera los derechos de los asociados. En este
punto la interviniente cita jurisprudencia de la
Corte Europea de Derechos Humanos con el fin de explicar el concepto de plazo
razonable para ejercer el derecho de defensa.
Con
fundamento en tales razonamientos propone la exequibilidad de los artículos 90
y 91 de la Ley 1395 de 2010.
Con
respecto al artículo 122 de la ley 1395 de 2010, la universidad considera que
si bien esta norma establece que la ley de descongestión judicial comienza a
regir desde su promulgación, no niega la posible invocación y aplicación del
principio de favorabilidad; por ende, la norma demandada no está modificando,
limitando o contrariando el artículo 29 de la
Carta Política. No obstante estima que el pronunciamiento en relación  con
este  precepto podría ser de exequibilidad   condicionada “en el entendido
de que la norma de suyo no está limitando la factible invocación y/o aplicación
de ley   más favorable”
Concluye
proponiendo la exequibilidad de los artículos 90, 91, 98, 101 y 122 de la
Ley 1395 de 2010, por estimar que no quebrantan ningún mandato de la
Constitución o del bloque de constitucionalidad. Respecto del último precepto
sugiere una constitucionalidad condicionada al entendido que la norma de suyo
no limita la factible invocación o aplicación de la ley más favorable.
2.2.
De la Universidad Nacional de Colombia
José
Francisco Acuña Vizcaya, en su calidad de Decano de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad,
interviene conceptuando que las disposiciones acusadas sean declaradas
inexequibles, para lo cual expuso los siguientes argumentos:
La
universidad realiza un estudio de los principios de oralidad, concentración e
inmediación que rigen el sistema penal, definiéndolos y ubicándolos en el marco
del artículo 250 de la
Constitución Política, en las normas del bloque de constitucionalidad relativas
al debido proceso (Artículo 14.3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y 8.2.c de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos), así  como en el artículo 8 de
la ley 906 de 2004.
Desde
esa perspectiva, recordando jurisprudencia de esta Corte[2] sugiere que los artículos
90 y 91 de la ley de descongestión, sean declarados inconstitucionales por
vulnerar normas de rango superior, como son los principios de “oralidad e
inmediación al obligar a los intervinientes a sustentar su impugnación ante el
juez de primera y no ante aquel que decide finalmente el recurso, contrariando
los desarrollos que en garantía de los principios rectores se han analizado”.
Con
relación a las modificaciones establecidas al recurso extraordinario de
casación, en el sentido de unificar los términos para su interposición y
sustentación, la universidad acoge el criterio según el cual se conculcan las
garantías del derecho a la defensa técnica, al debido control de
constitucionalidad y legalidad sobre las providencias judiciales, porque el carácter
complejo y técnico del recurso  exige un mayor tiempo de elaboración de la
demanda.
3.
De organizaciones gremiales, sociales o académicas
3.1.
Del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
El
ciudadano Juan David Riveros en su calidad de miembro del Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, interviene solicitando  que sean declarados
inconstitucionales los artículos 90 y 91 de la
Ley 1395. Sin embargo, no hace lo propio con las peticiones que recaen sobre
los artículos  98, 101 y 122 de la norma en comento.
El
interviniente solicita la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 90 y
91 de la ley de descongestión judicial por considerar: En primer lugar, que la
norma que regula la impugnación de sentencias  en el proceso penal, permite que
el recurso se ejerza por vía escrita, con lo cual se afecta el principio de
oralidad introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002.
En
segundo lugar, señala que los artículos que configuran el recurso de alzada en
las providencias judiciales (autos interlocutorios y sentencias) resultan
contrarios al principio de concentración, toda vez que tanto la práctica
de pruebas como el debate y los alegatos presentados por las partes, deben allegarse
al proceso con la mayor continuidad posible ante el mismo funcionario judicial
que habrá de definir el asunto[3].
Sin embargo, los artículos 90 y 91 no comportan, a su juicio, vulneración al
principio de inmediación, pues según la
Constitución (Art. 250) este tiene su ámbito de operatividad en la práctica
probatoria.
En
tercer lugar, el representante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
concluye que para poder determinar si las normas demandadas son contrarias a la
Carta Política, debe realizarse un juicio de razonabilidad. Así, el primer
elemento del test se encuentra verificado, en tanto las normas increpadas se
encaminan hacia un fin constitucionalmente legítimo, como lo es la
descongestión de la administración de justicia[4].
Igualmente, el segundo paso del juicio que adelantó también se satisface, pues
la medida de reducción de términos no se encuentra prohibida. Así mismo, el
tercer escalón del examen de razonabilidad se entiende superado por los
artículos 90 y 91 de la ley 1395 de 2010, en razón a que las medidas contenidas
en estas normas, podrían ser adecuadas para conseguir la descongestión
judicial. En cambio, la reducción de los tiempos de sustentación e
interposición de los recursos de apelación contra providencias no supera la
exigencia de proporcionalidad en sentido estricto, dado que “de ellas se
derivan una afectación considerable de las garantías fundamentales de los
sujetos del proceso penal, que excede sus beneficios en materia de
descongestión judicial,” como son los derechos a la doble instancia, a la
defensa y al acceso a la justicia.
Ahora
bien, el interviniente repite el ejercicio de ponderación en relación con los
artículos 98 y 101 de la 1395 de 2010, llegando a la conclusión de que dichos
preceptos superan el juicio de  proporcionalidad, en tanto las medidas
adoptadas por el legislador “no anulan en la práctica las posibilidades de
que los sujetos procesales impugnen las decisiones judiciales por ésta vía y
sólo se reduce los plazos con que cuentan para hacerlo, deja operantes los
derechos a la defensa y los derechos a la justicia.”
Por
último, en lo que concierne a la censura contra el artículo 122 de la ley
parcialmente acusada, recuerda que la competencia de la
Corte en sede de control abstracto de constitucionalidad se limita a la
verificación de que las leyes no vulneren las disposiciones superiores. Por lo
tanto escapa a la facultad conferida a esta Corporación por la
Carta Política establecer si la norma posterior o anterior resulta más
favorable a un caso concreto, como sucede con la vigencia de la ley 1395 de
2010[5].  Así,
esta función radica en los jueces de la jurisdicción ordinaria a quienes corresponde
determinar qué ley procesal penal es más favorable para el imputado, con lo
cual el artículo 122 de la norma de descongestión escapa a un juicio de
constitucionalidad.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
En
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 242.2 y 278.5 de la
Constitución Política, el señor Procurador General de la
Nación, mediante concepto 5063 de agosto 2 de 2010, solicitó a la
Corte declararse inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las
normas demandas.
El
Ministerio Público advierte en primer lugar, que en concepto reciente, el 5060
de 2010, rendido en el expediente D-8329, se ocupó de analizar cargos
semejantes a los presentes, con referencia al artículo 98 de la
Ley 1395 de 2010. En aquel concepto, solicitó a la
Corte declararse inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, comoquiera que la demanda no cumplía con los requisitos de
claridad, certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia que le son
exigibles, de conformidad con la jurisprudencia plasmada en la sentencia C-1052
de 2001. En este caso, realiza una petición similar a la corporación, porque,
en su concepto, las demandas acumuladas no cumplen con los requisitos
señalados.
Para
el Procurador, “Si bien las demandas acumuladas en este proceso identifican
las normas legales demandadas y citan como vulneradas varias normas de la
Constitución y de tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, de la lectura cuidadosa de su texto se puede concluir que
los reproches no se dirigen en contra de una proposición jurídica real y
existente, sino contra una deducida o implícita, valga decir contra una
perversa e inequívoca intención, que se supone, del legislador, de intentar
lograr la efectividad del procedimiento penal a costa de los derechos
fundamentales de los individuos. Los argumentos de las demandas, más que en
cargos constitucionales o siquiera jurídicos, se organizan en interpretaciones
subjetivas sobre el sentido teleológico, la conveniencia y la suficiencia de
las normas, frente a la complejidad de los procesos penales”.
En
esta dirección, aduce que los reproches que se hacen  en la demanda a las
normas acusadas no resultan de un contraste entre estas y las normas superiores
que se señalan como vulneradas, sino que se fundan en argumentos vagos y
genéricos que no tienen nada que ver con las normas estudiadas, desconociendo
principios de la lógica en la construcción de los razonamientos.
Indica
que los demandantes olvidaron que el juicio criminal se tramita con arreglo a
la oralidad, lo que implica que la práctica de las pruebas, las notificaciones
y los alegatos se surtan en audiencia, con la presencia y colaboración de los
sujetos procesales, lo cual les permite estar enterados en detalle del caso.
Pasan por alto así mismo, que los términos no solo son breves para los
recurrentes, sino también para el fiscal y los demás intervinientes del
proceso, incluido el juez que resuelve el recurso.
Adicionalmente,
el Procurador General de la Nación recuerda que la
Carta no fija de manera estricta y detallada los términos para los recursos
establecidos en el proceso penal, sino que le entregó al legislador la
competencia para establecer los términos en que se interpondrían y sustentarían
los recursos establecidos en el proceso penal, según se desprende del artículo
150 superior.
Agrega
que tampoco los instrumentos internacionales de derechos humanos que citan los
demandantes establecen límites o condiciones temporales para la interposición y
sustentación de los recursos de apelación y casación, “como se supone de
manera subjetiva y arbitraria en las demandas”.
VI.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
de la Corte
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la
Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente
sobre las demandas de inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones
acusadas son normas  con fuerza de ley, que forman parte de  la
Ley 1395 de 2010.
Asunto
bajo revisión. Problemas jurídicos planteados.
2.
Las demandas de
inconstitucionalidad presentadas dentro del presente proceso, se dirigen contra
los artículos 90, 91, 98, 101 y 122 de la
Ley 1395 de 2010. Consideran los demandantes que los preceptos mencionados son
violatorios de los derechos al debido proceso, a la favorabilidad (Art. 29
C.P), a la doble instancia (Art. 31 C.P.), al acceso a la administración de
justicia (Art.229), al principio acusatorio previsto en el artículo 250 de la
Carta, y a las normas bloque de constitucionalidad en estricto sentido,
relativas al debido proceso y al derecho de defensa.
3. Los cargos formulados por los
demandantes se organizarán para su análisis de la siguiente manera:
i) El artículo
122 de la Ley 1395 de 2010, vulnera el derecho al debido proceso (Art. 29),
específicamente al principio de legalidad y favorabilidad, toda vez que establece
la vigencia inmediata de toda la ley y por ende, de los artículos 90, 91, 98 y
101 de la misma, preceptos estos de naturaleza procesal con efectos
sustanciales, que contemplan mandatos más restrictivos para el ejercicio del
derecho de defensa que los modificados.
ii) Los
artículos 90 y 91 de la ley acusada infringen el debido proceso (art. 29), los
principio de concentración e inmediación (art. 250
C.P.), y el derecho de acceso a la justicia (Art. 229), comoquiera que el
recurso de apelación, se sustentará en la misma audiencia en que se profiere la
decisión impugnada, ante el funcionario que la dictó  y no frente al juez que
definirá la segunda instancia, procedimiento que además limita el tiempo y los
medios para el ejercicio de la defensa.
(iii) La reducción
de los términos para la sustentación del recurso extraordinario de casación a
la mitad, y el traslado común a los recurrentes para la elaboración de la
demanda, tal como lo prevén los artículos, 98 y 101 de la ley acusada, hace
nugatorio el derecho de defensa (Art. 29).
4. Las posiciones de los intervinientes se
encuentran divididas. Algunos estiman que todos los preceptos acusados son
compatibles con la Constitución, toda vez que son la expresión del ejercicio de
la potestad de configuración de los procedimientos que la
Constitución confió al legislador.
Estiman que en el caso en concreto, esta potestad fue ejercida con criterios de
razonabilidad y proporcionalidad  con el fin de adoptar unas medidas de
descongestión judicial. Afirman que dentro de la amplia competencia con que
cuenta el legislador para regular los procedimientos, se encuentra la potestad
de establecer los plazos para la interposición y sustentación de los recursos
judiciales, ya sean ordinarios o extraordinarios.
Una
segunda postura se manifiesta en favor de la inexequibilidad de los preceptos
acusados, con argumentos similares a los de la demanda. En relación con el
recurso de  apelación de autos y sentencias sostienen que se configuraría una afectación
a los principios de concentración e inmediación que caracterizan el sistema
acusatorio. Y en lo que concierne a la reducción del tiempo para la
interposición y sustentación del recurso extraordinario de casación,  se
vulneraría el derecho a la defensa técnica, así como el debido control de
constitucionalidad y legalidad que este medio de impugnación incorpora, toda
vez que el carácter complejo y especializado del recurso implica un mayor tiempo
para la elaboración de la demanda. Algunos comparten parcialmente una y otra
postura.
5. Por su parte, el señor Procurador General
de la Nación en su concepto de rigor solicita a la
Corte que se declare inhibida para
pronunciarse sobre la constitucionalidad de todas las normas impugnadas, porque
la demanda no cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad,
suficiencia y pertinencia que le son exigibles.
6.
De conformidad con el debate así planteado por los demandantes y los
intervinientes en este juicio, corresponde a la
Corte resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i)
¿Vulnera el artículo 122 de la
Ley 1395 de 2010 el derecho al debido proceso, en particular los principios de
legalidad y favorabilidad, referidos  a los términos y condiciones para el
ejercicio de los medios de impugnación en el proceso penal, al establecer la
vigencia general de la ley a partir de su promulgación?
(ii)
¿Desconocen los artículos 90 y
91 de la Ley 1395 de 2010, el derecho a la doble instancia, así como los principios
de concentración e inmediación, al disponer que los recursos de apelación de
autos interlocutorios y de sentencias sean sustentados en la misma audiencia,
ante el funcionario que profirió la decisión, y no ante aquél que tiene la
competencia para pronunciarse de fondo sobre el  asunto objeto de la discusión?
(iii)
¿Vulneran los artículos 98 y
101 de la Ley 1395 de 2010 las garantías de defensa y de acceso a la justicia
en los procesos penales, al reducir los términos para la sustentación del recurso
extraordinario de casación, y establecer que este sea común para todos los
recurrentes ?
7.
Para resolver estos interrogantes, la Corte recordará su jurisprudencia sobre los
límites a la libertad de configuración del legislador en materia de
procedimientos, con especial referencia a los términos procesales y al
principio de celeridad, frente al derecho de contradicción; se referirá al
alcance de los principios de inmediación y contradicción en el marco del
Sistema Penal Acusatorio; aludirá a la garantía del derecho de defensa y la
posibilidad de disponer del tiempo y los medios adecuados para su efectividad;
recordará la jurisprudencia sobre el principio de favorabilidad en materia
penal, y su relación con las normas sobre vigencia de la ley; y en ese marco analizará
los  cargos formulados.
Cuestión
preliminar. Análisis de cosa juzgada constitucional en relación con el artículo
90 de la Ley 1395 de 2010
8.
Antes de abordar el análisis de fondo, y comoquiera que se han presentado ante
esta  corporación varias demandas en contra de preceptos que forman parte de la
Ley 1395 de 2010, denominada de descongestión judicial, es preciso evaluar si
existe pronunciamiento en relación con alguna (s) de las disposiciones que son
objeto del presente juicio de constitucionalidad y respecto de cargos idénticos
a los aquí esbozados.
Sobre
el particular, constata la Corte que en el proceso acumulado D-8231, D-8232 y
D-8240, que dio lugar a la sentencia C-250 de abril 6 de 2011, se presentó un
cargo contra el artículo 90 de la Ley 1395/10, por presunta violación de los
artículos 29 y 250 de la Carta. En la mencionada sentencia este cargo fue
reseñado así:
“Al disponer el artículo 90 de la
Ley 1395 de 2010 que el recurso de apelación se sustenta – además de
interponerse y correrse traslado a los no impugnantes- ante el juez de primera
instancia quien estudia la sustentación del mismo y no ante el de segunda
instancia que es el que habrá de conocerlo y decidirlo, se vulnera el principio
de la inmediación procesal establecido en el artículo 250 de la
Carta Política. La inmediación exige que el juez debe tener una relación
directa y sin intermediarios con el proceso, esto es con los sujetos del mismo
– partes e intervinientes – y con su contenido o materia. Como consecuencia de
la violación (…) del principio de la inmediación procesal, se da la violación
del principio del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, que garantiza que a toda persona imputada o acusada, a
ser procesada o juzgada de acuerdo a procedimientos y formas propias de cada
juicio, en cuyo caso la inmediación es parte de esa garantía”.
En
la mencionada sentencia, la Corte declaró “EXEQUIBLE,  en relación con los
cargos estudiados, el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010”.
9.
En el proceso que se sustancia en esta oportunidad, el cargo contra el artículo
90 – que se amplia al 91- se hace consistir en que desconoce los principios de inmediación y
concentración establecidos en el artículo 250 de la
Carta Política, porque se obliga al recurrente a que realice la sustentación del
recurso ante el funcionario que profirió la decisión, y no ante el juez que
habrá de resolverlo. Este último, sólo podrá acceder a la sustentación del
recurso de apelación a través de grabaciones de audio o video, con lo cual se
vulneran los principios señalados, comoquiera que estos exigen que las
actuaciones y audiencias del sistema acusatorio se realicen presencialmente.
10.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 243 de la
Constitución Política, los fallos que la
Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional gozan de
fuerza de cosa juzgada. Ello implica que las decisiones judiciales tomadas por la
Corporación en cumplimiento de su misión de garantizar la integridad y la
supremacía de la Constitución, adquieren valor jurídico y fuerza vinculante.[6]
En
ese sentido, la cosa juzgada constitucional, además de proteger la supremacía
normativa de la Carta, está llamada a garantizar la efectiva aplicación de los
principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los
administrados, ya que por medio de esta figura, se garantiza que el órgano
encargado del control constitucional sea consistente con las decisiones que ha
adoptado previamente.
11.
Al cotejar la censura examinada en la sentencia C- 250 de 2011 contra el
artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 por vulneración de los principios de
inmediación  y contradicción enunciados en el artículo 250 de la
Constitución, con la que aquí se formula contra el mismo precepto y por
idénticas razones, encuentra la Corte estructurado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional,[7]
por lo que respecto de la demanda contra la citada disposición la
Sala declarará ESTARSE A LO RESUELTO  en la mencionada sentencia.
El
pronunciamiento que se emitirá en esta sentencia se limitará, en consecuencia,
a los cargos dirigidos contra los demás preceptos acusados: artículos 91, 98,
101 y 122 de la Ley 1395 de 2010.
Límites
a la libertad de configuración del legislador en materia de procedimientos. Los
términos procesales y el principio de celeridad, frente al derecho de
contradicción y controversia.
12. En reiterada jurisprudencia esta corporación ha sostenido
que en virtud de la cláusula general de competencia prevista en los numerales
1° y 2° del artículo 150 de la
Constitución,  corresponde al legislador regular los procedimientos
judiciales. En ejercicio de tal facultad, puede definir las ritualidades
propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios para conocer de
determinados asuntos, los recursos, los términos, el régimen probatorio,
los mecanismos de publicidad de las actuaciones, etc.[8]  Esta potestad
legislativa en materia de procedimientos ha sido juzgada como amplia[9], de manera
que el Congreso de la República cuenta con un significativo ámbito de
discrecionalidad y ciertas prerrogativas de valoración[10].
13. No obstante, también ha destacado la
jurisprudencia que la mencionada facultad de configuración no es absoluta, pues
hay limitaciones que surgen de la propia Constitución. Ciertamente, al respecto
la Corte ha dicho que la libertad del legislador en materia de regulación de
los procedimientos judiciales no significa que el Congreso pueda configurar a
su arbitrio o de manera caprichosa los procesos,[11] “pues no puede
desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con
criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio
pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello
las leyes que establecen procedimientos deben propender por  hacer efectivos
los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de
primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural,
de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido
proceso.”[12]
Dentro de las limitaciones que admite la potestad de
configuración legislativa en materia de procedimientos, y en particular la
regulación del derecho de defensa en materia penal, cabe mencionar el estándar
internacional establecido en los pactos internacionales sobre derechos humanos
incorporados en el orden jurídico interno colombiano, conforme al cual dentro
de las garantías que se reconoce a toda persona acusada de un delito se
contempla la de “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa”[13].
Las
facultades del legislador en el diseño de los términos procesales.
14.
En estrecha relación con el principio constitucional de celeridad que preside
la función judicial, y que exige que ella se adelante “sin dilaciones
injustificadas” (C.P. art. 29), se encuentra el asunto de la libertad de
configuración del legislador en materia de establecimiento de términos
procesales. Sobre este asunto la Corte ha vertido una jurisprudencia en donde
se ha referido a varios asuntos implicados en la materia, así:
En
primer lugar, la jurisprudencia constitucional ha definido que los términos
procesales constituyen el momento o la oportunidad que la ley establece para la
ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso
por el juez, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la
justicia.[14]
Ha indicado así mismo que la fijación
de términos perentorios no contradice la
Carta Política, sino que,  por el contrario, “busca hacer efectivos los
derechos de acceso a la administración de justicia y el debido proceso, así
como los principios de celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia
del derecho sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso, en la
medida en que asegura que éste se adelante sin dilaciones injustificadas, como
lo ordena el artículo 29 de la
Carta Política, en armonía con el 228 ibídem.”
De
otro lado, examinando el alcance de las potestades del legislador en el diseño
de los términos procesales,  la Corte ha dicho que el Congreso es autónomo para fijar los plazos que
tienen las personas para ejercer sus derechos ante las autoridades judiciales[15],
no obstante lo cual, la extensión de los mismos “está dada por su fin,
cual es permitir la realización del derecho sustancial”.[16] También
ha indicado que la autonomía del legislador en esta materia, a pesar de ser
amplia, pues no existe en la
generalidad de los casos un parámetro estricto al cual pueda referirse el juez
constitucional para juzgar si su longitud es adecuada[17], en todo
caso debe atender a que la extensión de los términos procesales sea razonable y
permita garantizar el derecho sustancial[18].
Ahora bien, concretamente en relación con
el asunto de la mayor o menor amplitud de los términos procesales, y de la
labor de control del juez constitucional en la materia, la jurisprudencia ha
dicho que “a no ser que de
manera evidente el término, relacionado con derechos materiales de las
personas, se halle irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de
defensa o acción, no puede deducirse a priori que el término reducido contraríe
de suyo mandatos constitucionales.”[19] Por lo anterior, el juez constitucional no está “llamado
a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los
procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar
los excesos que se puedan presentar en la legislación.”[20]
15. En conclusión, de la jurisprudencia vertida en
torno a la libertad de configuración del legislador en materia de términos
procesales, se pueden extraer las siguientes conclusiones, que resultan
relevantes para la resolución del problema jurídico que plantea este proceso[21]:
(i)
El
establecimiento de términos perentorios no contradice la
Carta Política;
(ii)
Los términos
procesales persiguen hacer efectivos varios principios superiores, en especial
los de celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso;
(iii)     Los términos procesales cumplen
la finalidad de garantizar los derechos de acceso a la justicia y al debido
proceso;
(iv)     No existen parámetros en la
Constitución a los cuales pueda referirse el legislador o el juez
constitucional para valorar si la extensión de los términos procesales es
adecuada;
(v)       Por lo anterior, el legislador
tiene una amplia potestad en la materia, limitada únicamente por los principios
de razonabilidad y proporcionalidad, y por el fin que en general persiguen las
formas procesales, cual es permitir
la realización del derecho sustancial;
(vi)     La función del juez constitucional a la
hora de examinar las leyes que consagran términos procesales se limita a
controlar los  excesos, es decir a rechazar aquellas normas que desbordando
notoriamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, fijen términos
exageradamente largos, que redunden en un desconocimiento del los principios de
celeridad, eficacia,
y seguridad jurídica, o que, por manifiestamente cortos, impidan hacer
efectivos los derechos de defensa y contradicción probatoria.
El principio de celeridad y el derecho de
contradicción. Posibles tensiones.
16. Esta Corporación ha explicado que el derecho al
debido proceso se descompone en varias garantías que tutelan diferentes
intereses ya sea de los sujetos procesales, o de la colectividad a una pronta y
cumplida justicia. Entre ellas, el artículo 29 de la
Constitución, en forma explícita consagra tanto el principio de celeridad,
como el derecho de contradicción y controversia probatoria. Al respecto dicha
norma señala que toda persona tiene derecho “a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho”.
17. Por su parte, el artículo 228 superior prescribe que “los
términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado”. En desarrollo de estos principios, de un lado los procesos
deben tener una duración razonable y, de otro, deben establecer mecanismos que
permitan a los sujetos procesales e intervinientes controvertir, en condiciones
de igualdad, las pruebas presentadas, así como los argumentos de hecho y de
derecho que se aduzcan en su  contra.
Ha
destacado así mismo la jurisprudencia que en el proceso de producción del
derecho, como en el de su aplicación, las distintas garantías que conforman la
noción de debido proceso pueden entrar en tensión. Así, en ciertos casos el
principio de celeridad puede entrar en conflicto con la garantía de
contradicción probatoria, o con el derecho de defensa, pues un término judicial
breve, naturalmente recorta las posibilidades de controversia probatoria o
argumentativa. Al respecto la jurisprudencia ha señalado que algunas de las
garantías procesales son prevalentes, pero también ha aceptado que otras pueden
verse limitadas a fin de dar un mayor alcance a intereses públicos legítimos o
a otros derechos fundamentales implicados. En este sentido la
Corte ha vertido estas consideraciones:
“Algunos de los derechos sustanciales tutelados por
las normas superiores relativas al debido proceso son prevalentes por su misma
naturaleza. Tal el derecho a no ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes
al acto que se imputa, o el principio de favorabilidad, los cuales no admiten
limitaciones. Otros derechos, en cambio, y tal es el caso del derecho de
defensa y de contradicción, pueden verse limitados para garantizar intereses
legítimos alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no resulte desconocido,
y las limitaciones establecidas sean razonables y proporcionadas.
“En efecto, una posición según la cual no fuera
legítimo limitar el derecho de defensa, llevaría a extremos en los cuales se
haría imposible adelantar el proceso para llegar al fin último (…) de
esclarecer la verdad real, y haría nugatorio el derecho también superior a un
debido proceso “sin dilaciones injustificadas” (C.P art. 29). Así por
ejemplo, si al incriminado hubiera de oírsele cuantas veces quisiera, o si
fuera necesario practicar todo tipo de pruebas sin consideración a su
conducencia o pertinencia, el trámite se haría excesivamente dilatado y no se
realizaría tampoco el principio de celeridad al que se refiere el artículo 228
superior cuando indica que los términos procesales deben ser observados con
diligencia”.[22]
En
similar sentido la Corte ha sostenido:
“… si los derechos del procesado - como el derecho de
defensa - tuvieren primacía absoluta, no podría establecerse un término
definitivo para acometer la defensa, ni restringirse la oportunidad para
practicar o controvertir las pruebas, ni negarse la práctica de pruebas
inconducentes cuando hubieren sido solicitadas por el procesado, etc. Predicar
la supremacía irresistible del derecho de defensa equivaldría, en suma, a
someter al proceso a las decisiones del procesado.
“En síntesis, como la concepción ¨absolutista¨ de los
derechos en conflicto puede conducir a resultados lógica y conceptualmente
inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados en
la mayor medida posible, para lo cual deben sujetarse a restricciones
adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica.”[23] (Negrillas y
subrayas fuera del original)
18. De este modo, la
Corte ha admitido que algunas garantías procesales, -y entre ellas el derecho
de defensa y contradicción- no son absolutas y pueden ser limitadas por el
legislador, siempre que no se vea afectado su núcleo esencial, la limitación
responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no se desconozcan
otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la igualdad. En todo
caso, ha señalado que la función, tanto del legislador como del juez
constitucional, es tratar de lograr que todos los principios y derechos que
eventualmente puedan entrar en tensión a la hora de regular los términos
judiciales sean garantizados en la mayor medida posible.
El
alcance de los principios de inmediación y contradicción en el marco del
Sistema Penal Acusatorio
19.
Comoquiera que uno de los cargos que proponen los demandantes referido a la
manera como están configurados los medios de impugnación, se fundamenta en la
presunta vulneración a los principios de inmediación y contradicción, como
elementos constitutivos del derecho de defensa en materia penal, es preciso
recordar la jurisprudencia desarrollada por esta corporación  en torno al
alcance de estos postulados en el contexto del sistema penal acusatorio
diseñado por el Acto Legislativo 03 de 2002.
El
artículo 29 de la Constitución contempla a favor de quien tenga la condición de
sindicado la garantía “a un debido proceso público, sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra”. En tanto que el artículo 250 numeral 4 de la
Carta, tal como fue modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, establece
como una de las funciones nucleares de la
Fiscalía General de la Nación la de: “Presentar escrito de acusación ante
el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral,
con inmediación de la prueba, contradictorio, concentrado y con
todas las garantías.”(Destaca la Sala).
Estos mandatos fueron desarrollados por los artículos
15 y 16 de la Ley 906 de 2004, según los cuales, el principio de contradicción
concede a las partes  en el proceso penal el “derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como
a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en
el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se
practiquen en forma anticipada”.  En
tanto que el de inmediación incorpora el imperativo según el cual “en el
juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o
incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a confrontación y
contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse
para la práctica de pruebas.”
20. La jurisprudencia de  esta corporación, se ha
pronunciado sobre el alcance de estos principios, reiterando y respaldando la
naturaleza y fines que les asigna la teoría de la prueba como criterios
rectores de la producción  y valoración de los medios de convicción. De este
modo, los desarrollos jurisprudenciales  de esta Corte se inscriben en el
contexto que establece el Acto Legislativo No. 03 de 2002 respecto de los principios
de contradicción e inmediación, ubicándolos en el ámbito del régimen
probatorio. Así, en la sentencia  C-873 de 2003[24], refiriéndose a los
cambios trascendentales que el
Acto Legislativo No. 3 de 2002 introdujo en el sistema de de
investigación, acusación y juzgamiento en materia penal, específicamente en
materia probatoria,  sostuvo:
“El poder de prueba se mantiene en cabeza tanto
de la Fiscalía como del acusado y del Juez; sin embargo, el numeral 4 y el último inciso del
artículo 250 de la Carta, tal y como fueron modificados por el Acto
Legislativo, establecen cambios trascendentales en materia probatoria. Cabe
resaltar, por ejemplo, el nuevo alcance de los principios de inmediación y
de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de
juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la
Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción”. (Se destaca).
En Sentencia C-591 de 2005 la
Corte, al analizar la constitucionalidad, entre otras normas, del artículo 16
de la Ley 906 de 2004 que contempla la inmediación probatoria, se pronunció
sobre el alcance de los principios de inmediación y contradicción como
elementos integrantes del derecho de defensa en el marco del debate probatorio.
Sobre el particular señaló:
“En efecto,
las modificaciones introducidas al proceso penal mediante el Acto Legislativo
03 de 2002 inciden en el régimen probatorio, por cuanto la construcción de la
prueba cambia de escenario, en el sentido de que se abandona el principio de
permanencia de la prueba, según el cual las pruebas practicadas por la
Fiscalía General de la Nación desde la indagación preliminar tienen validez
para dictar una sentencia, por aquellos de concentración e inmediación de la
prueba practicada en el curso de un juicio oral, público y con todas las
garantías. De tal suerte que los elementos materiales probatorios y las
evidencias recaudadas durante la investigación, si bien sirven de soporte para
imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos fundamentales, no
pueden ser el fundamento de una sentencia condenatoria, decisión que debe estar
soportada en pruebas practicadas durante el juicio oral.
En tal
sentido, la prueba deja de encontrarse dispersa en varios escenarios
procesales, escrita, secreta y valorada por un funcionario judicial que no tuvo
incidencia en su recaudo, para ser practicada de forma concentrada en el curso
de un juicio oral, público y con todas las garantías procesales (…).
En efecto,
durante la etapa preprocesal de indagación, al igual que en el curso de la
investigación, no se practican realmente “pruebas”, salvo las anticipadas de
manera excepcional, sino que se recaudan, tanto por la
Fiscalía como por el indiciado o imputado, elementos materiales probatorios,
evidencia física e información, tales como las huellas, los rastros, las armas,
los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros (…).
Finalmente, en virtud del principio de inmediación de la prueba en el juicio
oral, se practicarán las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia.
(subrayado fuera del texto original) (…)”.
En similar sentido la  sentencia C- 536
de 2008, afirmó:
“En relación
con las facultades del imputado dentro del actual paradigma constitucional de
tendencia acusatoria se ha pronunciado esta Corporación en numerosa
jurisprudencia[25],
en la cual se sostiene que el poder de prueba dentro del actual esquema
acusatorio se radica tanto en cabeza de la
Fiscalía General de la Nación, como en cabeza del acusado y del Juez. Se
afirma que en el nuevo sistema acusatorio -numeral 4 y el último inciso del
artículo 250 de la Carta- se introdujeron modificaciones importantes en
materia probatoria, dentro de las cuales se encuentra el alcance de los
principios de inmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han
de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y,
además, ofreciendo tanto a la
Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción”. (Subrayado fuera
del texto original)
21. En síntesis, del texto
constitucional (numeral 4 del artículo 250) que establece las características
del juicio en el sistema de tendencia penal acusatoria, así como de  la
jurisprudencia de esta Corporación que lo desarrolla,  se puede establecer que los
principios de inmediación y contradicción, que con ahínco invocan los
demandantes como vulnerados en la fase de ejercicio de los medios de
impugnación de providencias judiciales, técnicamente despliegan su fuerza  y
eficacia garantista en el momento del debate probatorio.
La anterior precisión no puede sin
embargo, ser interpretada como una visión reduccionista del carácter general y
universal que la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos
humanos y la jurisprudencia de esta Corte han reconocido al derecho de defensa
como garantía nuclear del derecho fundamental al debido proceso en materia
penal. A continuación se hace una reseña de las principales líneas
jurisprudenciales relativas a la garantía del derecho de defensa, la doble
instancia y la posibilidad de disponer del tiempo y los medios adecuados para
materializar este derecho.
La garantía del derecho de defensa,
el derecho de impugnación y la posibilidad de disponer del tiempo y los medios
adecuados para su efectividad.
22.
El derecho a la defensa es una garantía universal, general y permanente que
constituye  un presupuesto para la realización de la justicia como valor
superior del ordenamiento jurídico. Así lo estableció la
Corte en la sentencia C-799 de 2005[26]
en la que señaló que este derecho “surge desde que se tiene conocimiento que
cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho
proceso,” pero sin desconocer que el mismo se debe ejercer de manera
oportuna y por los cauces señalados en la ley.
La Corte ha considerado que, no obstante que el legislador
cuenta con un amplio margen de configuración para diseñar los diversos procesos
judiciales, el derecho de defensa debe encontrarse plenamente garantizado a lo
largo de todas y cada una de las etapas que conforman un proceso penal de
carácter acusatorio.
23. En relación con el plexo de garantías que
involucra el ejercicio del derecho de defensa, en el contexto de un sistema
acusatorio, la corporación ha sentado las siguientes reglas[27]: (i) ni en la
Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha
establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa[28]; (ii)
el derecho de defensa es general y universal, y en ese contexto no es
restringible al menos desde el punto de vista temporal[29]; (iii) el
ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que
cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho
proceso[30];
(iv) el derecho de defensa, como derecho fundamental constitucional, es
un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por un
procesado al interior de un proceso penal[31];
(v) el procesado puede hacer valer por sí mismo sus argumentos y razones
dentro de un proceso judicial[32];
(vi) el derecho de
defensa se empieza a ejercer desde el momento mismo que se inicia la
investigación[33]; (vii)  constituye una de las principales
garantías del debido proceso, y representa la oportunidad reconocida a toda
persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o
administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos,
de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la
práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar
los recursos que la ley otorga;[34]
y (viii) la importancia del derecho de defensa, en el contexto de las
garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la
arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la
búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien
puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo
actuado[35];
(ix) en el contexto de
los procesos penales, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria adquiere
carácter fundamental, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar su
efectividad de tal derecho[36].
24. Por su relevancia para la resolución
del presente asunto a continuación se desarrolla esta garantía.
El derecho de impugnar la sentencia condenatoria como
componente integral  del derecho de defensa en materia penal.
El artículo 29 de la
Constitución establece el derecho de las personas procesadas penalmente a “impugnar
la sentencia condenatoria”. Al respecto la
Corte ha señalado que la existencia de doble instancia en los procesos
penales, integra el núcleo esencial del derecho al debido proceso penal y
constituye un elemento central en la configuración constitucional del derecho
fundamental a la defensa, en tanto que “busca la protección de los derechos
de quienes acuden al aparato estatal en busca de justicia”[37],
estableciéndose en una oportunidad adicional para controvertir el caso.
Ha destacado que la compatibilidad del diseño del
proceso con el derecho fundamental al debido proceso, está determinada  por el
reconocimiento de la necesidad de asegurar un amplio espectro de controversia
dentro del proceso. No resulta, en consecuencia, admisible que existan nulas o
limitadísimas oportunidades para controvertir, tanto el material probatorio
como las consideraciones jurídicas. Tales oportunidades “deben ser
generosas; claro está, dentro de un diseño que armonice el derecho de defensa
con otros derechos e intereses de igual valor constitucional”[38].
De modo que en materia penal, el derecho a apelar la
sentencia condenatoria adquiere carácter fundamental, lo que implica que el
Estado tiene la obligación de garantizar su efectividad, asegurándose que la
oportunidad para impugnar sea real, tanto normativa como empíricamente. No
basta, en consecuencia, la consagración formal de una oportunidad para
impugnar, sino que el juez y quienes intervienen en el proceso, han de asegurar
que el procesado efectivamente pueda hacerlo. Ello supone, por un lado que la
interpretación de los preceptos legales que diseñan el procedimiento penal
debe  responder a tal fin, y por otro, que quienes participen en el proceso han
de respetar el ejercicio de tal derecho[39].
25. Sobre las finalidades que orientan este medio ordinario
de impugnación ha sentenciado la Corte, que su propósito es el de remediar los
errores judiciales[40]
y permitir una nueva evaluación del caso, que suministre el convencimiento de que la determinación adoptada se
fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario,
desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un
razonamiento y un juicio diferente.
26.
De otro lado, en lo que concierne a los fines que orientan la impugnación de
una sentencia a través del recurso extraordinario de casación, la
jurisprudencia de esta Corte ha puntualizado:
“(…) Surge el recurso de casación como un remedio
extraordinario contra las violaciones de la ley contenidas en las sentencias de
mérito.  De allí que el recurso de casación plantee un juicio de legalidad
contra la sentencia proferida en un proceso penal.
En ese sentido, el recurso de casación constituye un
mecanismo extraordinario e interno de control jurisdiccional de la legalidad de
los fallos.  Se trata de un mecanismo de control, por cuanto a través de él se
asegura la sujeción de los fallos judiciales a la ley que los gobierna.  Es
extraordinario, por cuanto se surte por fuera de las instancias en tanto no
plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en ellas, sino
un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso por haberse
proferido con violación de la ley.  Es interno, por cuanto se surte al interior
de cada jurisdicción, siendo el competente para tramitarlo y resolverlo el
Tribunal de Casación.  Finalmente, implica un juicio de valor que exige la
confrontación de la sentencia con la ley”.
(…)
En la Ley 906 de 2004, por medio de la cual se expide
el nuevo Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación fue constituido
como un control constitucional y legal que procede contra las sentencias
proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando
afectan derechos o garantías fundamentales  (Artículo 181)”[41].
(…)
De acuerdo
con el nuevo régimen de procedimiento penal, el recurso extraordinario de
casación pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las
garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a
estos y la unificación de la jurisprudencia  (Artículo 180, Ley 906 de 2004).
De este modo, los vicios de procedimiento o de juicio que se formulan contra
una sentencia penal de segunda instancia se dirigen a que, con la mediación del
Tribunal de Casación, en un supuesto específico, se realicen los fines del
proceso penal y se unifique la jurisprudencia”.
27.
En suma, la garantía del derecho a apelar la sentencia condenatoria ha sido
considerada por la jurisprudencia de esta Corte como un elemento constitutivo
del derecho de defensa y del debido proceso en materia penal, y como un valioso
medio de control de las decisiones judiciales para subsanar errores judiciales
y garantizar el acceso a la justicia. En tanto que la impugnación
extraordinaria de la sentencia por vía del recurso de casación constituye un
importante instrumento de control constitucional y legal que propugna por la
efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los
intervinientes, la reparación de los agravios  y la unificación de la
jurisprudencia. Todos estos propósitos de significativa relevancia
constitucional muestran la necesidad de una consagración real y no sólo formal
de los medios de impugnación.
El
derecho a disponer del tiempo razonable y de los medios adecuados para preparar
la defensa
28.
Esta garantía se encuentra consagrada en el artículo 14 3.b. del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 8.2.c de
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[42]. Está así mismo
implícita en el enunciado del artículo 29 de la
Carta que contempla de manera universal el derecho de defensa a favor de quien
sea sindicado, y se incluyó explícitamente en el artículo 8.i) de la
Ley 906 de 2004, según el cual la persona sometida a investigación o
juzgamiento tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de
persecución penal a “disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para
la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las
prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración a las
audiencias a las que deba comparecer”.
29.
De acuerdo con la doctrina internacional desarrollada en relación con este
derecho, se ha establecido que su objetivo esencial es facilitar la preparación
de la defensa, y que se trata de una prerrogativa que se encuentra en estrecha
relación con otros principios del debido proceso[43].
En
este sentido se ha considerado que la garantía en mención involucra los
siguientes aspectos: (i) El derecho al tiempo adecuado para la
preparación de la defensa; y (ii) El derecho a los medios adecuados para
los mismos fines.
En
relación con el tiempo adecuado para la preparación de la defensa el
Comité de Derechos Humanos ha señalado que se trata de una garantía ligada al
principio de igualdad de armas; que la determinación de lo que pueda ser
considerado “tiempo suficiente” para preparar la defensa debe ser
evaluado  atendiendo las circunstancias particulares de cada caso, y ha sido
aplicado en forma limitada, en casos de condenas de especial severidad (pena
capital).
Sobre
el particular señaló:
“El derecho de una persona acusada a disponer del
tiempo y de los medios suficientes para la preparación de su defensa es un
aspecto importante del principio de  igualdad de armas. Cuando cabe la
posibilidad de condena a la pena capital, hay que dar al acusado y a su
defensor tiempo suficiente para preparar la defensa. Para determinar lo que
constituye ¨tiempo suficiente¨ hay que evaluar las circunstancias
particulares de cada caso[44]”.
(Se destaca).
En
la doctrina y la jurisprudencia internacional, la protección reconocida a este
derecho ha sido limitada. Aunque no existe un parámetro definido para
establecer la suficiencia del tiempo para la preparación de la defensa, las
siguientes referencias a casos[45]
pueden dar una idea del criterio que ha orientado su protección. En el caso
Reid, el Comité de Derechos Humanos concluyó que el plazo de diez minutos era
manifiestamente insuficiente para preparar la defensa de un evento de homicidio
y que el juez debió advertirlo[46].
En el caso Little[47],
el Comité llegó a la misma conclusión, al constatar que el defensor se reunió
con el acusado por primera vez media hora antes del juicio, en tanto que en el caso
Smith[48],
el defensor dispuso de cuatro horas para prepararse a fin de defender al
acusado. En el caso Phillip[49],
el defensor fue nombrado un viernes para representar al acusado en un juicio
oral el lunes, la defensora carecía de experiencia y la conducta acusada era
sancionada con pena de muerte.
30.
Según el Comité la solicitud de una prórroga ha sido determinante en orden a
establecer la vulneración de esta garantía. En algunos casos el Comité ha
concluido que los plazos muy exiguos de preparación no fueron incompatibles con
la garantía de un tiempo suficiente para la preparación de la defensa, toda vez
que los defensores no solicitaron al tribunal una prórroga. Sobre el particular
observó el Comité: “Lo expuesto ante el Comité no demuestra que ni el
letrado ni el acusado se hayan quejado a la juez de que el tiempo para preparar
la defensa no era suficiente. Si el letrado o el acusado no se sentían bien
preparados, les incumbía pedir un aplazamiento[50]”
En
cuanto el derecho a los medios adecuados para la preparación de la defensa la
Observación General No. 13 del Comité de Derechos Humanos ha señalado que la
preservación de esta garantía incluye el derecho de “acceso a los documentos
y demás testimonios que el acusado necesite para preparar su defensa[51]”.
Por
su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la
realización de procesos colectivos puede ser incompatible con el derecho de
preparar y presentar una defensa adecuada[52].
31.
En suma, el derecho a contar con el tiempo adecuado para la defensa, es una
garantía vinculada al principio de igualdad de armas, que no obstante su
limitada aplicación, ha desplegado su eficacia en la fase de preparación del
juicio; se ha reconocido en causas complejas y en donde media una especial
severidad en la punibilidad, especialmente la pena capital, y ha tenido una
importante incidencia para negar la protección, el hecho de que se hubiese
omitido una solicitud por parte de la defensa o del acusado, de ampliación del
plazo. Su consagración en el derecho nacional está influenciada por esta
concepción, en la medida que su configuración va acompañada de la posibilidad
de solicitar “prórrogas justificadas,” y se reconduce a “las
audiencias a las que deba comparecer” el procesado. En tanto que el
derecho a disponer de los medios adecuados para la preparación de la defensa se
ha relacionado con la posibilidad de acceso a información y a medios de prueba,
se ha estimado además, que los juicios colectivos que involucren una gran
cantidad de acusados, vulneran esta garantía.
El
principio de favorabilidad en materia penal, y su relación con normas que
establecen la vigencia de una ley.
32.
De conformidad con el artículo 29 Superior, "En materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable". Esto indica que la favorabilidad ha
sido consagrada como un principio rector del derecho punitivo, forma parte
integral del debido proceso penal y se contempla como derecho fundamental de
aplicación inmediata, tal como lo prevé el artículo 85 de la
Carta.
Dicho
principio constituye una excepción a la regla general según la cual las leyes
rigen hacia el futuro, el contexto propio para su aplicación es la  sucesión de
leyes, y no puede desconocerse bajo ninguna circunstancia:
"Frente a la sucesión de leyes en el tiempo, el
principio favor libertatis, que en materia penal está llamado a tener más
incidencia, obliga a optar por la alternativa normativa más favorable a la
libertad del imputado o inculpado. La importancia de este derecho se pone de
presente a la luz del artículo 4o de la Ley 137 de 1994, que lo comprendió
entre los derechos intangibles, esto es, inafectables durante los estados de
excepción."[53]
El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[54], se refiere a esta
prerrogativa en los siguientes términos:
"Artículo 15. Nadie será condenado por actos u
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable
en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se
beneficiará de ello."
En
el artículo 9° de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José[55], se consagra de manera
casi idéntica a la contenida en el anterior instrumento internacional.
En
concordancia con la norma constitucional citada, los artículos 6º del actual
Código Penal (ley 599 de 2000) y 6º del Código de Procedimiento Penal (Ley 906
de 2004) lo consagran como  norma rectora de uno y otro ordenamiento.
33.
La importancia de este instituto radica en que el legislador en ejercicio de su
potestad de configurar los mecanismos para el ejercicio del ius puniendi,
en desarrollo de la política criminal que considere más apropiada y acorde con
las conveniencias políticas y sociales del momento, bien puede establecer un
régimen penal más o menos restrictivo que el anterior. En ese contexto, de
tránsito normativo, las personas sometidas a proceso penal tienen la
prerrogativa de acogerse a las disposiciones que resulten menos gravosas frente
a la restricción de derechos fundamentales que de suyo comporta el ejercicio de
la potestad punitiva estatal.
34. Sobre el alcance de esta garantía la jurisprudencia de esta
Corte ha reiterado que para su aplicación
en  materia penal no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas
procesales,  pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que
permita un trato diferente para las normas procesales[56].
Así mismo ha señalado que la aplicación
del principio de favorabilidad es tarea que compete al juez del conocimiento,
en cada caso particular y concreto, pues solo a él le corresponde determinar
cuál es la norma que más beneficia o favorece al procesado. Esto significa que
el referido principio no es predicable frente a normas generales, impersonales
y abstractas, como ya ha tenido oportunidad señalarlo la
Corte:
"En
principio, el carácter más o menos restrictivo de una disposición penal, por sí
misma, no quebranta la
Constitución. El principio de favorabilidad, plasmado en el tercer inciso del
artículo 29 de la C.P., se dirige al juzgador y supone la existencia de
estatutos permisivos o favorables que coexisten junto a normas restrictivas o
desfavorables. La aplicación preferente de la norma favorable no significa la
inconstitucionalidad de la desfavorable dejada de aplicar, tacha que solo puede
deducirse de su autónomo escrutinio frente a la
Constitución."
(…)
"El
juez al asumir la función de intérprete genuino de dos disposiciones penales,
igualmente especiales, está positivamente vinculado, como todo hermeneuta en
materia penal, por la norma que obliga a optar de manera preferente por la ley
permisiva o favorable, máxime cuando ésta es posterior en el tiempo y comprende
en su contenido la materia tratada por la anterior (C.P. art. 29)."[57]
35. En relación con su naturaleza de derecho
fundamental de aplicación inmediata y su carácter intangible, ha explicado que
tales atributos implican que puede exigirse o solicitarse su aplicación en
cualquier momento, pero con la condición de que la nueva ley más favorable se
encuentre rigiendo. La decisión de si procede o no la aplicación de tal derecho
es un asunto que corresponde determinar al juez competente para conocer del
proceso respectivo, lo cual no quiere decir que aquella deba ser siempre en
favor de quien lo invoca:
“El debido proceso es un derecho de
estructura compleja que se compone de un conjunto de reglas y principios que,
articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte
arbitraria. Como acaba de ser explicado, algunas de las reglas constitucionales
que configuran este derecho son de aplicación inmediata y anulan cualquier
norma que las limite o restrinja. Así por ejemplo, el derecho a la legalidad
del delito y de la pena no admite restricción ninguna, como tampoco el
principio de la no reformatio in pejus, o el principio de favorabilidad (C.P.
art. 29).” [58]
El principio
de favorabilidad conserva plena efectividad  frente a normas que regulan la
vigencia de una ley
36. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la
compatibilidad de normas que establecen la vigencia de un nuevo estatuto o de
una nueva regulación penal con el principio de favorabilidad, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que  en desarrollo de la potestad asignada por el
constituyente al legislador de “hacer las leyes”, y en virtud de la
denominada cláusula general de competencia a él reconocida, la determinación de
la fecha en que debe entrar en vigencia una ley, es un asunto que compete al
órgano legislativo[59].
A respecto precisó:
"Ahora bien: si el legislador es el llamado a
decidir el contenido de la ley, resulta obvio que dentro de la valoración
política que debe hacer sobre la conveniencia del específico control que ella
propone, se incluya la relativa al señalamiento del momento a partir del cual
dicha normatividad empieza a surtir efectos, pues sólo a él compete valorar la
realidad social, política, económica, etc, para poder determinar la fecha en
que han de entrar a regir las disposiciones que expide[60]”.
Y
subrayó que el legislador al señalar la vigencia hacia el futuro de una
normatividad de contenido penal –procesal o sustantivo-  no obstaculiza ni
restringe la aplicación inmediata del principio de favorabilidad, que como se
indicó debe ser objeto de examen y aplicación por parte del juez a quien le ha
sido asignada la competencia para resolver el proceso penal respectivo. Ello
por cuanto el precepto que prevé la vigencia de las normas hacia el futuro, o
que precisa aspectos temporales en la aplicación de una reforma, se limita a
hacer expreso el principio de irretroactividad de la ley penal, como expresión
del de legalidad.
Este
criterio se ha reiterado por el Pleno de esta corporación en sentencias que se
han pronunciado sobre la constitucionalidad de normas penales que establecen
reglas de vigencia, frente a cargos por vulneración del principio de
favorabilidad. Es el caso de las sentencias C-581 de 2001[61], C- 1092 de 2003[62], C-592 de
2005[63]
y C-801 de 2005[64].
En la última de las providencias mencionadas, la
Corte señaló:
“En este acápite, el constituyente derivado reiteró,
para el ámbito de aplicación de la reforma del proceso penal, la regla de
acuerdo con la cual las normas jurídicas rigen hacia futuro. En razón de
ese principio no es posible que a una conducta punible determinada se le
aplique un procedimiento que sólo entró a regir después de su comisión.
De allí que esa formulación normativa del constituyente no sea más que la
manifestación del principio de legalidad del proceso, principio de acuerdo con
el cual los procedimientos se rigen por la ley vigente al momento de la
conducta punible que se imputa.  Mucho más si frente a una reforma
estructural como la emprendida a través del citado Acto Legislativo, no solo se
variaron las formas procesales, sino que también se modificó el régimen de
múltiples disposiciones procesales susceptibles de producir efectos
sustanciales al interior del proceso penal”[65].
El
mismo criterio ya había sido expresado en la sentencia C-592 de 2005, en la que
indicó:
“En la sentencia C-581 de 2001, al
pronunciarse sobre las normas de vigencia establecidas por el legislador en las
Leyes 599 y 600 de 2000, la Corte indicó que ¨En el presente caso el
legislador al señalar la vigencia de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal
no obstaculizó ni restringió la aplicación inmediata del principio de
favorabilidad, el cual debe ser objeto de examen y aplicación por parte del
juez a quien se le ha asignado competencia para resolver el proceso penal
respectivo, a partir del momento en que aquellos comiencen a regir¨”.
37. De conformidad con estas consideraciones la
Corte ha recordado a los operadores del sistema penal que las normas que
contemplan la vigencia de una ley de esta índole, hacia el futuro – “ a
partir de su promulgación” o bajo una fórmula de gradualidad- no
hacen otra cosa que reafirmar el principio de irretroactividad de la ley penal,
adscrito al principio de legalidad, y por ende ellas deben ser interpretadas y
aplicadas en forma tal que guarden armonía con los principios generales y los
derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, y en
consecuencia con los mandatos del artículo 29 superior[66].
No obstante, la Corte ha precisado, apoyada en la jurisprudencia
especializada emanada de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia,[67]
que la aplicación del principio de favorabilidad además de significar  el
respeto  del mandato imperativo del artículo 29 superior, está sometido a unos
presupuestos lógicos. Uno de ellos radica en que dicho principio será aplicable
frente a supuestos de hecho similares pero que reciben en los estatutos
sucesivos en el tiempo, soluciones de derecho diferentes.
38. En suma,  la
favorabilidad ha sido consagrada como un principio rector del derecho punitivo,
forma parte integral del debido proceso penal y se contempla como derecho
fundamental intangible y de aplicación inmediata,  Para su aplicación en
materia penal no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas
procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que
permita un trato diferente para las normas procesales. La decisión de si procede o no la
aplicación de tal derecho, es un asunto que corresponde determinar al juez con
competencia para conocer del proceso respectivo. La potestad para fijar la
vigencia de una ley radica en el legislador y el precepto que prevé su vigencia hacia el futuro se limita a hacer
expreso el principio de irretroactividad de la ley penal, como expresión del
postulado de legalidad, sin que por ello se vulnere el principio de favorabilidad.
Análisis
de los cargos de inconstitucionalidad
La
norma de vigencia contenida en el artículo 122 de la
Ley 1395 de 2010, no vulnera la garantía de favorabilidad en materia penal
39.
Recuerda la Corte que de acuerdo con la demanda, el artículo 122 de la
Ley 1395 de 2010, sería incompatible con el principio de favorabilidad contemplado
en el artículo 29 de la Constitución, comoquiera que establece la vigencia
inmediata de toda la ley, y por ende, de los artículos 91, 98 y 101
de la misma, preceptos estos de naturaleza procesal con efectos sustanciales,
que contemplan mandatos más restrictivos para el ejercicio del derecho de
defensa que los preceptos derogados, en cuanto reducen los términos para el
trámite de recursos, y prevén su sustentación ante el funcionario judicial que profirió
la decisión acusada, hipótesis que los demandantes juzgan como desventajosa
para el procesado.
40. El artículo 122 acusado establece que “Esta
ley rige a partir de su promulgación”. Es decir a partir de su publicación,
en este caso,  mediante la inserción en el diario oficial, requisito al que se
dio cumplimiento con la mediante su inclusión en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.
En
armonía con el marco teórico establecido para resolver este cargo, observa la
Sala que mediante la estipulación de vigencia de la ley - a partir de su
promulgación – prevista en el precepto acusado, el legislador no hizo nada
distinto a cumplir con una competencia que la propia Constitución le asigna, en
cuanto se trata de un actuación que se enmarca dentro de  la cláusula general
de competencia legislativa prevista en el artículo 150 de la
Carta.
De
otra parte, la manera como el legislador plasmó la regla de vigencia - a partir
de su promulgación -, sin que hiciera excepciones o modulara tal decisión
legislativa, no entraña vulneración al principio de favorabilidad en materia
penal. Por el contrario, se trata de una fórmula que afirma los principios de
publicidad de la ley y de irretroactividad en materia penal, expresión, este
último, del principio de legalidad.
Por
tratarse de una cláusula general y abstracta, no puede esperarse del legislador
que prevea la retroactividad o ultractividad de algunas de sus disposiciones en
orden a proteger el principio de favorabilidad. Tal como lo ha establecido de
manera reiterada y sostenida la jurisprudencia de esta Corte, se trata de una
garantía que no es predicable frente a normas de carácter general, impersonal y
abstracto. No corresponde al legislador en este plano, identificar situaciones
hipotéticamente favorables a los procesados a efecto de prever respecto de
ellas, una regla distinta de vigencia.
41.
La anterior consideración no conduce, sin embargo, a desconocer la vigencia del
principio de favorabilidad en regulaciones de contenido punitivo que
introduzcan modificaciones más o menos restrictivas a los derechos de los
procesados. La posibilidad de invocar en eventos de tránsito normativo, el principio
de favorabilidad,  debe ser valorada por el juez a cargo del caso, quien en el
ámbito de su autonomía y con conocimiento de las particularidades del mismo, se
encuentra en posibilidades de identificar la situación normativa más benigna,
en eventos de conflicto de esta naturaleza.
Sin
desconocer la importancia que reviste para la efectividad del derecho de
defensa, el establecimiento de términos razonables, así como de medios  y
oportunidades idóneas para desarrollar el contradictorio que es consustancial a
esta garantía, no pude predicarse a priori que un término de mayor o
menor extensión, cristalice en sí mismo un tratamiento normativo más o menos benigno
para el procesado. La configuración de los límites temporales a las
oportunidades procesales, debe ser examinada en el contexto del procedimiento
al que se integran, y en particular bajo el prisma de los valores que incorpora
el principio acusatorio, el paradigma de igualdad de armas, así como los
mecanismos de acceso previstos.
42.
Comoquiera que no cabe duda en el sentido que la determinación en abstracto de
una cláusula de vigencia, desde su promulgación, de una normatividad que
incorpora aspectos de contenido penal, no anula la posibilidad de invocar el
principio de favorabilidad ante el juez de conocimiento cuando a ello hubiere
lugar, la Corte, reiterando su jurisprudencia sobre la materia, declarará la
exequibilidad del artículo 122 de la Ley 1395 de 2010. Se trata de una
disposición que desarrolla el principio de irretroactividad de la ley penal,
como expresión del de legalidad, y que debe ser armonizado en su aplicación con
la garantía de favorabilidad adscrita al mismo precepto constitucional (Art.
29), cuando concurran los presupuestos normativos, lógicos y sistemáticos para
su reconocimiento. Esta valoración corresponde al ámbito del funcionario
judicial en el que reposa la competencia para decidir sobre el asunto en
concreto.
El
artículo 91 no vulnera los derechos de defensa, a la doble instancia, ni los
principios de inmediación y contradicción.
43.
El segundo cargo estructurado por los demandantes lo fundamentan en que las
expresiones acusadas contenidas en el artículo 91 contienen cambios que restringen los
derechos de los intervinientes dentro del proceso penal, porque reducen excesivamente
los términos para sustentar el recurso contra la sentencia, medida que afecta
significativamente el derecho de defensa. Esta circunstancia impide que quienes
intervienen en el proceso cuenten con el tiempo y los medios necesarios para el
adecuado ejercicio del derecho de defensa.
Sostienen así mismo que el artículo 91 de
la ley acusada, infringe el debido proceso (art. 29), los principio de
concentración e inmediación (art. 250 C.P.), y el derecho de acceso a la
justicia (Art. 229), comoquiera que el recurso de apelación, se sustentará en
la misma audiencia en que se profiere la decisión impugnada, ante el
funcionario que la dictó  y no frente al juez que definirá la segunda
instancia, procedimiento que además limita el tiempo y los medios para el
ejercicio de la defensa.
Agregan
que la labor de atacar una decisión judicial requiere maduración y tiempo
prudencial con el fin de que cumpla con los requisitos de seriedad, profundidad
y eficiencia que debe tener un alegato que se propone demostrar que un Juez de la
República ha incurrido en error.
44.
Comoquiera que la demanda se dirige contra expresiones que en sí mismas y
aisladamente consideradas, no tienen un sentido claro, completo y unívoco,
para su estudio es preciso acudir a la técnica de la integración normativa[68]. De esta
forma el análisis se extenderá al correspondiente inciso del cual forma parte
la expresión acusada:
Art. 91. Modifica el 179 de la
Ley 906 de 2004. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso se interpondrá en la audiencia
de lectura de fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado a los no
recurrentes dentro de la misma o por escrito en los cinco (5) días siguientes,
precluido este término se correrá traslado común a los no recurrentes por el
término de cinco (5) días.
De
acuerdo con esta disposición, existen dos alternativas para la sustentación del
recurso de apelación: de un lado, oralmente en la misma audiencia de lectura de
fallo,[69]
en la cual a su vez,  se correrá traslado a los no recurrentes, y de otro, por
escrito, dentro de los cinco días siguientes a dicha diligencia. En este caso,
con traslado común a los no recurrentes por el mismo lapso. El recurso será
definido por el superior, dentro de los 15 días posteriores al reparto, y la
decisión se comunicará en audiencia convocada para efectuarse dentro de los 10
días subsiguientes[70].
45. Lo primero que hay que advertir es que
esta norma se inscribe dentro del Sistema Penal Acusatorio introducido por el
A.L. 03 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004. Como se indicó, prevé dos
alternativas para la interposición y sustentación del recurso de apelación
contra la sentencias. La primera, según la cual se interpone, concede y
sustenta en la misma audiencia de lectura de fallo, y la segunda, que concede
al recurrente la opción de sustentarlo por escrito, dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del falllo, acto este que se surte por estrados.
En segundo lugar, debe precisarse que
aplicando un criterio sistemático en la  interpretación del precepto acusado,
su alcance debe establecerse en concordancia con lo normado en los artículos
158 y 7º i) de la Ley 906 de 2004. Se trata de dos disposiciones que
constituyen marco de interpretación para todos los preceptos de ese estatuto
que contemplan términos judiciales.
En este sentido, el artículo 158, prevé: “Prórroga
y restitución de términos. Los términos previstos por la ley, o en su defecto,
fijados por el juez, no son prorrogables. Sin embargo, de manera excepcional y
con la debida justificación, cuando el fiscal, el acusado o su defensor lo
soliciten para lograr una mejor preparación del caso, el  juez podrá acceder a
la petición siempre que no exceda el doble del término prorrogado”.  A su
turno, el artículo 7.i), norma rectora del procedimiento, establece como un
elemento integrante del derecho a disponer del tiempo razonable y de los medios
adecuados para la preparación de la defensa la posibilidad excepcional de “solicitar
las prórrogas necesarias debidamente justificadas y necesarias para la
celebración de las audiencias a las que deba comparecer”.
46. Los demandantes estiman que la manera
como el legislador de 2004 configuró la oportunidad para recurrir en apelación
la sentencia se traduce en un desarrollo puramente formal del derecho de
defensa, toda vez que se limita la garantía de contar con el tiempo y los
medios necesarios para el ejercicio cabal de la defensa.
Tal como quedó registrado en los
fundamentos de esta sentencia, la determinación de los recursos ordinarios, así
como la oportunidad para su interposición, forman parte de esa amplia gama de
atribuciones con que cuenta el legislador para la regulación de los procesos
judiciales y la determinación de las formas propias del juicio. Sin embargo, teniendo en cuenta que el  legislador no
goza de una potestad discrecional absoluta puesto que debe respetar el
ordenamiento constitucional y los derechos y garantías fundamentales de las
personas, es preciso evaluar si la manera como la norma examinada reguló la
oportunidad de sustentación del recurso de apelación contra la sentencia,
resulta irrazonable o restringe de manera desproporcionada las posibilidades de
defensa en el proceso penal.
La fijación de términos y oportunidades
procesales perentorias, cumple con una finalidad constitucional importante como
es la ordenación del proceso como medio para hacer efectivo el derecho de
acceso oportuno a la administración de justicia, al debido proceso, así como
los principios de celeridad,  eficacia y seguridad jurídica, en procura de evitar
dilaciones injustificadas que menoscaben el derecho a una pronta y cumplida
justicia.
Como lo ha destacado la jurisprudencia de
esta Corte, no corresponde al juez constitucional en el momento de valorar la
razonabilidad de la extensión de un término procesal, definir cual sería la
duración más apropiada o idónea para salvaguardar las garantías vinculadas al
debido proceso, y la efectividad del derecho sustancial. Su labor se limita a
determinar si el legislador incurrió en excesos o restricciones indebidas que
hacen nugatorias las posibilidades de defensa y contradicción.
Toda vez que los medios de impugnación se
orientan a cumplir fines, la posibilidad de su realización a través de la
regulación examinada, constituye un parámetro valioso para determinar si esta
es compatible con la
Constitución. Para el efecto, recuerda la
Sala que las finalidades que se encuentran implícitas en la apelación como
medio ordinario de impugnación de sentencia, consisten en garantizar el
escenario para  remediar los errores judiciales, permitiendo una nueva
evaluación del caso, que suministre el convencimiento de que la determinación
sujeta a control reposa en sólidas bases fácticas y legales, o por el
contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que
ameritaban un razonamiento o un juicio diferente.
Partiendo de este parámetro de análisis,
encuentra la Corte que ninguna de las dos hipótesis de sustentación que
contempla el precepto acusado se aprecia como insuficiente o inadecuada para satisfacer
las importantes finalidades que se adscriben a la apelación como elemento
esencial del derecho de defensa en materia penal, y como medio para la
realización de una genuina justicia.
En cuanto a la primera alternativa que la
norma prevé –la interposición, concesión y sustentación del recurso en la misma
audiencia de lectura de fallo- observa la
Corte  que se trata de una opción que responde a la naturaleza misma del
proceso público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado
(…),  delineado en el artículo 250.4 de la
Constitución.
46. De otra parte, no se advierte que esta
configuración de la oportunidad para interponer y sustentar el recurso de
apelación restrinja de manera desproporcionada las posibilidades de defensa de
los intervinientes, al punto que la haga nugatoria. Al respecto, conviene subrayar
que de conformidad con el artículo 446 del mismo estatuto (ley 906/04), el
sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública una vez terminado
el receso facultativo de dos horas (luego del debate oral) a que alude el
artículo 445, o una vez que el juez ha declarado terminado el debate oral, si
no ha hecho uso de tal herramienta. En esta oportunidad se deberá precisar el
delito por el cual la persona ha sido hallada culpable o inocente.
Adicionalmente, si la decisión es de condena, las partes cuentan con otra
oportunidad para argumentar sobre las condiciones personales y antecedentes del
procesado con miras a la individualización de la pena. Terminadas estas
intervenciones el juez señalará el lugar y la fecha para proferir la sentencia,
la cual se llevará a cabo dentro de los quince (15) días siguientes a la
terminación del juicio oral. Es en esta oportunidad que se ejerce la facultad
de impugnación.
Así las cosas,  entre el momento en que se
termina el debate oral, se  anuncia el sentido del fallo y se desarrolla el
debate sobre la individualización de la pena, eventos que aparecen como sucesivos
y concentrados en la ley, y aquel en que se da lectura a la sentencia, y se
habilita la oportunidad para apelar,  habrán podido transcurrir hasta 15 días
(Art. 447). Estas referencias al procedimiento permiten sostener que la
decisión legislativa de disponer que en la misma audiencia de lectura de fallo
se interpondrá y sustentará el recurso de apelación, no mengua las
posibilidades de defensa de los interesados en la apelación, comoquiera que
como lo indica la secuencia procesal reseñada, se han garantizado previamente
valiosas oportunidades para que los interesados conozcan el sentido del fallo,
la naturaleza del delito, los elementos en juego para una individualización de
la pena, con miras a la preparación de la apelación que formalizará durante la
audiencia de lectura de fallo.
No se advierte entonces en el enunciado
normativo examinado una regulación que sorprenda a la parte o interviniente con
interés para recurrir, ni que lo conmine a ejercer de manera improvisada su
derecho de impugnación. Tampoco se observa vulneración al principio de igualdad
de armas, comoquiera que se confiere el mismo trato y se contemplan idénticas
posibilidades de intervención a recurrentes y no recurrentes.
Aunado lo anterior, la segunda opción que
plantea el precepto acusado, consistente en la posibilidad de presentar la impugnación
por escrito dentro de los cinco días siguientes a la audiencia de lectura de
fallo, lejos de aportar argumentos para el quebrantamiento aducido en la demanda,
se erige en una razón más a favor de la exequibilidad, toda vez que cristaliza
una opción normativa que permite al juez ponderar circunstancias asociadas a la
complejidad del caso, la gravedad de la pena, las posibilidades de acceso a
información, entre otras, para adecuar la oportunidad de impugnación a
eventualidades diversas, en procura de salvaguardar los derechos de defensa y
de acceso a la justicia.
Lo anterior, sin perjuicio de las otras
prerrogativas que se derivan de las normas anteriormente referidas como marco
para la interpretación del enunciado acusado (Arts.7º i) y 158) que permiten
bajo circunstancias excepcionales y mediando debida justificación, la prórroga
de los términos judiciales.
47. De otra parte, como se indicó, los
demandantes sostienen que la norma que regula la apelación, en este caso de
sentencias, (Art. 91) desconoce los
principios de inmediación y concentración establecidos en el artículo 250 de la
Carta Política, porque se obliga al recurrente a que realice la sustentación
ante el funcionario que profirió la decisión, y no ante el juez que habrá de
resolver el recurso. Este último, sólo podrá acceder a la sustentación del
recurso de apelación a través de grabaciones de audio o video, con lo cual se
vulneran los principios señalados, comoquiera que estos exigen que las
actuaciones y audiencias del sistema acusatorio se realicen presencialmente.
Al respecto, recuerda la
Sala que los principios de inmediación y contradicción cumplen su papel
estelar y protagónico en el proceso producción de la prueba, tarea que en el
contexto del sistema acusatorio se desarrolla en la fase del juicio oral. Tal
como se deriva del texto constitucional (art. 250.4) que establece las
características del juicio en el sistema penal acusatorio, los principios de
inmediación y contradicción técnicamente despliegan su eficacia en el momento
del debate probatorio, con miras a facilitar y optimizar la actividad cognitiva
propia proceso de conocimiento que acompaña la producción de la prueba. La
actitud crítica, conciente y controlada que debe asumir el juez que dirige el
debate en el juicio oral, exige el contacto directo con los actores que
intervienen en esa fase.
Ahora bien, como lo destaca alguno de los
demandantes, la confrontación racional y dialéctica, el contradictorio, es un
elemento presente durante todo el proceso. Sin embargo este puede efectuarse
por diferentes cauces, siempre y cuando garantice las finalidades implícitas en
la actuación correspondiente.
El hecho de que las norma acusada
establezca que la apelación se sustentará, ya sea oralmente, o por escrito ante
el juez que profirió la sentencia de primera instancia, no desvirtúa la
importancia de este recurso como mecanismo orientado a remediar eventuales
errores en que se hubiere incurrido en este acto, ni menoscaba  la posibilidad
de que se efectúe una nueva evaluación de los aspectos del fallo que para el
recurrente resultan cuestionables, ni tampoco obstruye la posibilidad de que se
corrobore la convicción de que la decisión está cimentada en bases sólidas, o
se corrijan las falencias que pueda presentar. Los fines que se adscriben a
este medio de impugnación no se frustran por la circunstancia de que el juez de
segundo grado emita su juicio, con fundamento en registros en escritos o en
grabaciones que contengan  las intervenciones de los impugnantes, y las réplicas
de los no recurrentes.
48. Frente a una censura similar, referida
al trámite de la sustentación del recurso de apelación contra autos,
contemplada en la misma ley que ahora se examina parcialmente, la
Corte señaló:
“El recurso
de apelación no constituye un proceso autónomo o un nuevo juicio en el cual
deban debatirse todos los temas del mismo y como tal, requerirse la inmediación
de las pruebas frente al juez de segunda instancia. Es la oportunidad en la
cual el juez controla una decisión adoptada en la primera instancia, sin tener
que reconstruirse íntegramente la acusación y defensa, siendo la continuación
del proceso en una instancia de control que se ha previsto como garantía
interna orientada a obtener una decisión justa. Es evidente que al no haber una
repetición del juicio, por tratarse no de un análisis general y abstracto
tendiente a revisar la totalidad de lo actuado, es suficiente que cuente con
los registros que sobre el mismo y la interposición y sustentación del recurso
se hayan realizado en audio y/o video, y que hayan sido allegados al juez de la
segunda instancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 146 del C.P.P..
Con base en ellos, podrá adquirir elementos de juicio para la decisión que
corresponda[71]”
En consecuencia, la configuración adoptada
por el legislador en el inciso primero del artículo 91 de la
Ley 1395 de 2010, resulta compatible con un proceso público, sin dilaciones
injustificadas, con la garantía de ser oído y hacer valer sus propias razones y
argumentos en una segunda instancia, sin que de otra parte, represente un
quebrantamiento al derecho a conocer, controvertir las pruebas, e intervenir en
su formación, intereses estos que son protegidos, en esencia, mediante los
principios de inmediación y contradicción invocados por los demandantes.
Por las razones expuestas, la
Corte, reiterará su jurisprudencia y declarará la exequibilidad, por los
cargos analizados, del inciso 1º del artículo 91, comoquiera que contiene una
regulación que garantiza el cumplimiento de los fines de la apelación, a la vez
que armoniza los principios de celeridad y el derecho a un debido proceso
público, sin dilaciones injustificadas, con la garantía del derecho de defensa
y acceso real, no formal, a una segunda instancia.
Inhibición frente al cargo contra los
artículos 98 y 101 de la Ley 1395 de 2010. Término de sustentación del recurso
extraordinario de casación
49. Aducen  los demandantes que el término
común de 30 días, plasmado en los artículos 98 y 101 de la ley de descongestión
examinada parcialmente, para la elaboración de la demanda de casación mediante
la cual se sustenta este recurso extraordinario, no garantiza el derecho de
acceso a la administración de justicia (Art. 229) y el derecho de defensa (Art.
29); su precariedad, “hace prácticamente imposible el ejercicio de este
recurso constitucional, al punto de convertirlo en inoperante”.
Para
demostrar el quebrantamiento de los preceptos superiores que invocan, los
actores hacen referencia a las reformas sucesivas en materia de procedimiento
penal, las cuales han llevado a una paulatina reducción de los términos para la
sustentación del  recurso de casación, asunto que estiman constituye una
amenaza para un sistema penal de corte democrático. Así mismo, mencionan casos
de especial complejidad y volumen, en los cuales las dificultades para el
ejercicio de una defensa apropiada se incrementarían debido a la reducción del
término y a que el mismo se contabiliza simultáneamente para todos los
recurrentes.
Luego
de hacer un recuento de las reformas que se han efectuado al trámite de la
casación, se afirma en la demanda radicada bajo el No. 8301:
“Mayoritariamente
se ha sostenido en la doctrina que la forma más efectiva de ejercer la
represión por parte del Estado y de desconocer los derechos y garantías
constitucionales de los ciudadanos no es modificar el código penal y hacer
aumentos punitivos, sino que la verdadera persecución de un Estado autoritario
se hace, modificando el código procesal, limitando el derecho a la defensa,
dificultando el derecho de probar y ejercer la contradicción, desconociendo el
principio de presunción de inocencia o disminuyendo los términos de tal manera
que se haga nugatorias las posibilidades defensivas”.
Alude
a las dificultades que genera el establecimiento de un término común para todos
los sujetos procesales, en los procesos en que concurren varios procesados y el
expediente es particularmente voluminoso, al respecto señala:
“(…)
Hoy, con los problemas de la delincuencia organizada y profesionalizada y con
los casos de corrupción, en los que fácilmente encontramos procesos con diez,
quince y más sindicados, el hecho de reducirse el término para la sustentación
de la casación y hacerlo común a los sujetos procesales recurrentes, lo
convierte en un instrumento procesal prácticamente imposible de ser interpuesto
y sustentado, por que nos preguntamos, cómo y cuando podrían tener los sujetos
procesales acceso al expediente para estudiarlo y poder elaborar la demanda de
casación?
Si
a lo anterior se agrega que a su finalización el proceso ha adquirido unos
volúmenes materiales bastante considerables, que la casación es un problema
eminentemente técnico – de allí la complejidad en la elaboración de las demandas-,
y que de manera regular cuando el abogado que ha llevado el proceso en las
instancias, sino es especialista cede el poder para que uno especializado en
técnicas de casación elabore la demanda; nos encontramos en presencia de unos
términos que al ser reducidos y al convertirse en comunes para los sujetos
procesales harán prácticamente imposible la elaboración de las demandas e
inoperante el derecho a la defensa y el derecho al acceso a la justicia”.
Esta
manera de concebir el término para sustentación, “significará que todos los
sujetos procesales deban estudiar el proceso en la secretaría de los Tribunales,
puesto que no podría operarse como tradicionalmente se está haciendo, que a
cada sujeto procesal se le prestaba el expediente durante el transcurso de sus
términos para que elaborara la demanda.”
Y
pone de presente el actor: “Imagínense ustedes Sres. Magistrados el
ejercicio del recurso extraordinario de casación en un proceso penal como el de
Dragacol, en el cual actuamos como defensores principal y suplente de uno de los
procesados, que cuenta con más de 700 cuadernos (…) ¿Creen ustedes que es
posible elaborar la demanda en el precario término de 30 días? (…)
“Imagínense
ustedes el caso de David Murcia Guzmán ¿creen ustedes que es posible en el
insignificante término de 30 días sustentar el recurso de casación?. Este es un
proceso complejo por su propia naturaleza, con infinidad de estudios
financieros y bancarios que requieren de estudios especializados y
conocimientos técnicos evidentes. En realidad es imposible preparar una demanda
de casación en período de tiempo tan breve”.
El
recorte de términos, y la determinación de que el mismo sea común para todos
los sujetos procesales, convierten a la casación en algo imposible para la
mayoría de los interesados en interponerla, por que a los problemas  ya
esbozados, puede [agregarse] la dificultad extrema que surge si el abogado
reside en un sitio diferente al de la sede del Tribunal.
Lo
anterior como es apenas obvio deducirlo elevaría igualmente los costos
profesionales para elaborar una demanda de casación, por las dificultades que
los abogados van a tener en relación con el acceso al expediente y como es apenas
obvio la elevación de los costos, también afecta el acceso de los ciudadanos a
la justicia”.
50.
En la demanda radicada bajo la referencia D-8322 se reproducen exactamente los
mismos argumentos orientados a demostrar la inconstitucionalidad del
establecimiento de un término común de 30 días para la sustentación del recurso
extraordinario de casación.
51. La
Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, al interpretar el artículo
2º del Decreto 2067 de 1992, ha precisado[72]
que no obstante el principio pro actione que guía el ejercicio de la
acción pública de inexequibilidad, a fin de que la
Corte pueda pronunciarse de fondo sobre los cargos contenidos en una demanda,
esta debe contener: (i) el texto de la norma demandada, (ii) las
disposiciones constitucionales violadas, y (iii) las razones por las
cuales la norma acusada vulnera tales disposiciones. Dichas razones deben
cumplir con unos presupuestos mínimos de comunicación y argumentación. Ellas deben
ser  claras[73],
ciertas[74],
específicas[75],
pertinentes[76]
y  suficientes[77]
para que se configure un cargo apto.
Sobre el requisito de pertinencia ha subrayado
la jurisprudencia de esta corporación, que exige que el reproche formulado por
el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que
se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
utiliza la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser
la indebida aplicación de la disposición en un caso específico; tampoco
prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en
un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o
reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.
52.
Las razones que suministran los demandantes para sustentar la vulneración de
los artículos 29 y 229 de la
Constitución no cumplen con el presupuesto de pertinencia. Como es fácil
advertir de la anterior transcripción, sus motivos están relacionados con la
política criminal que ha desarrollado el órgano legislativo en los últimos
años, en la que identifican una tendencia a la paulatina reducción de los
términos para la sustentación de los recursos, lo cual, a su juicio, entraña
una amenaza para el sistema democrático. Ponen de manifiesto las consecuencias
operativas que acarreará la aplicación de las normas acusadas, en particular en
procesos de especial complejidad y volumen, los cuales designa específicamente.
Expresan sus preocupaciones por el eventual incremento del costo de los
servicios profesionales de los juristas que atienden procesos en sede de casación,
lo cual, concluye, redundaría en una restricción a las posibilidades de acceso
a la justicia.
Estas
consideraciones de los demandantes, no configuran un reproche de naturaleza
constitucional, fundado en un análisis sobre el contenido de las normas superiores
que se estiman quebrantadas y su confrontación con los preceptos legales que se
acusan. Las demandas plantean convicciones personales y preocupaciones de los
actores relativas a las consecuencias que acarrearía la aplicación e
implementación de las normas, ubicando el reproche en el terreno de la
inconveniencia y no en el de la inconstitucionalidad.
Las
anteriores consideraciones conducen a un pronunciamiento inhibitorio en
relación con los cargos formulados contra los artículos  98 y 101 de la
Ley 1395 de 2010, que modificaron el 183 de la
Ley 906 de 2004 y el 210 de la Ley 600 de 2000.
VII.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.
Declarar ESTARSE A LO RESUELTO
en la sentencia C-250 de 2011 que declaró exequible, por los mismos cargos aquí
formulados, el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010.
Segundo.
Declarar EXEQUIBLE, por el
cargo analizado, el artículo 122 de la Ley 1395 de 2010
Tercero.
Declarar EXEQUIBLE, por los
cargos analizados, el inciso primero del artículo 91 de la
Ley 1395 de 2010.
Cuarto.
Declararse INHIBIDA para
pronunciarse respecto de los cargos formulados contra el inciso primero del  artículo
98 y el inciso primero del artículo 101, ambos de la
Ley 1395 de 2010.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, y archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14 inciso 3
literal b; Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 numeral
2 literal c.
[2]
La universidad cita en referencia con el recurso de apelación de providencias
las Sentencia C-047 de 2006 y la
Sentencia T-587 de 2002.
[3]
Corte Suprema De Justicia, Sala de casación Penal. Sentencia de Casación del 4
de marzo de 2009.
[4]
Sentencia C- 1195 de 2001.
[5]
Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de Casación del 7
de abril de 2010.
[6]
Cfr., entre otras, las siguientes providencias: Sentencias C-310 de
2001, C-397 de 1995 y C-774/2001; los Autos A-174 y A-289A de 2001 y  SU-047 de
1999.
[7]
La sentencia C- 250 de 2011, estableció una cosa juzgada relativa respecto del
artículo 90 al disponer en su  numeral 3º que “Declara exequible el artículo 90
de la Ley 1395 de 2010 “en relación con los cargos estudiados”,
limitando así  su pronunciamiento a la vulneración del artículo 250 y 29 de la
Constitución como consecuencia del desconocimiento de los principios de
inmediación y concentración.
[8]
Sentencia C-555 de 2001. En el  mismo sentido, pueden verse
las sentencias C-832 de 2001,  C-012 de 2002 y C-814 de 2009.
[9]
Sobre este asunto, véanse, entre otras, las sentencias C-038 de 1995; C-032  y
C-081 de 1996; C-327, C-429 y C-470 de 1997; C-198 de 1998 y C-814 de 2009.
[10]
Sentencia C-135 de 1999.
[11]
Ver, entre otras, las sentencias C-537 de 1993 y C-373 de 1995.
[12]
Sentencia C-555 de 2001.
[13] Artículo 14.3.b del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La misma garantía se
encuentra contemplada en el artículo 8.2.c, de la
Convenciòn Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho de toda
persona inculpada de un delito a la “concesión (…) del tiempo y los medios
adecuados para la preparación de su defensa”.
[14]
Sentencia T-546 de 1994.
[15]
Sentencia C-1264 de 2005 y C- 814 de 2009.
[16]
Sentencia C-1264 de 2005
[17]
Sentencia C-012 de 2002.
[18]
Sentencia C-832 de 2001.
[19]
Sentencia C-800 de 2000.
[20]
Sentencia C-728 de 2000.
[21]
Cfr. Sentencia C-814 de 2009.
[22]
Sentencia C-648 de 2001.
[23]
Sentencia C- 475 de 1997.
[24] En esta sentencia la
Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de algunas disposiciones del
Decreto 261 de 2000 “Por el cual se modifica la estructura de la
Fiscalía General de la Nación”, y sobre algunos preceptos de la
Ley 906 de 2004.
[25] Ver sentencias C-783-03, C-591 del 2005, C-1260 del
2005, y C-396 del 2007, entre otras.
[26] En la
sentencia C-799 de 2005 (MP: Jaime Araujo Rentería) se revisó la
constitucionalidad del artículo 8 de la Ley 906 de 2005 que consagra el
principio del derecho a la defensa. El demandante consideraba que la norma era
inconstitucional pues ésta  consagraba el derecho a
la defensa como norma rectora y establecía que ese derecho solo se adquiere una
vez se obtenga la calidad de imputado lo que va en contra del artículo 29 de la
Constitución. Uno de los problemas jurídicos que resolvió la
Corte en dicha oportunidad fue “si existe violación al
derecho de defensa cuando la norma acusada determina que este derecho se podrá
ejercer desde el momento en el cual se adquiera la condición de
imputado(...).” La Corte después de hacer un análisis del derecho a la
defensa y de señalar las posibles interpretaciones del artículo demandado
consideró que “En este orden de ideas, la correcta interpretación del
derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación.
Así lo establece el propio Código por ejemplo desde la captura o inclusive
antes, cuando el investigado  tiene conocimiento de que es un presunto
implicado en los hechos.  Por ello, la limitación establecida en el artículo 8°
de la ley 906 de 2004, si se interpreta en el entendido de que el derecho de
defensa sólo se puede ejercer desde el momento en que se adquiere la condición
de imputado, sería violatorio del derecho de defensa.” De acuerdo a lo
anterior, la Corte condicionó la exequibilidad de la expresión acusada “sin
perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de
defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e
investigación anterior a la formulación de la imputación.” La
Parte resolutiva de la sentencia dice: “3. Declarar EXEQUIBLE la
expresión “una vez adquirida la condición de imputado” contenida en el inciso
1° del artículo 8° de la ley 906 de 2004, por los cargos examinados, sin
perjuicio del ejercicio oportuno, dentro de los cauces legales, del derecho de
defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e
investigación anterior a la formulación de la imputación.”
[27] En la sentencia C-648 de
2010, se efectúa una relación de las principales líneas jurisprudenciales
establecidas por la Corte respecto del derecho de defensa.
[28] Sentencia C- 799 de 2005.
[29] Ibídem.
[30] Ibídem.
[31] Sentencia C- 994 de 2006.
[32] Ibídem.
[33] Sentencia T- 920 de 2008.
[34] Sentencia C- 025 de 2009.
[35] Ibídem.
[36]
Sentencia C-040 de 2002, entre otras.
[37]
Idem.
[38]
Idem.
[39]
Sentencia T-1192 de 2003.
[40]
Sentencia C-083 de 1998.
[41]
Sentencia C-590 de 2005.
[42] La
misma garantía se encuentra contemplada en términos más generales en los
artículos 9 y 7 respectivamente, de dichos instrumentos.
[43] Al respecto el Comité de
Derechos Humanos, señaló: “El Comité recuerda que el concepto ¨juicio
imparcial¨, en el sentido del párrafo 1 del artículo 14, exige que se cumplan
una serie de  requisitos a saber, la igualdad de posibilidades y el respeto del
principio del procedimiento contradictorio. Estos requisitos no se cumplen
cuando (…) al acusado se le niega la oportunidad de hallarse presente en las
actuaciones judiciales o cuando no puede instruir de forma adecuada a su
representante. En particular, el principio  de igualdad de posibilidades no se
respeta cuando al procesado no se le notifica una acusación debidamente
motivada.” (Comité de Derechos Humanos, caso Wolf c.
Panamá, párr. 6.6. (1992).
[44] Comité
de Derechos Humanos, citado por la
Corte Interamericana, caso Henry (N) c. Jamaica, párr.7.5 (1998).
[45] O´Donnell,
Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano.Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007, p.
418.
[46]
Comité de Derechos Humanos, caso Reid (G.W) c. Jamaica,
párr.13.1 (1994).
[47]
Comité de Derechos Humanos, caso Little c.  Jamaica, párrs.
8.3-8.4 (1991).
[48]
Comité de Derechos Humanos, caso Smith c.  Jamaica, párrs.
10.4 (1993).
[49]
Comité de Derechos Humanos, caso Philipp c. Trinidad y Tobago,
párr. 7.2 (1998).
[50]
Comité de Derechos Humanos, caso Henry (N) c. Jamaica, párr.
7.5 (1998).
[51]
Comité de Derechos Humanos, caso Yaseen y Thomas, c. Guyana,
párr. 7.10 (1998).
[52] Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, informe sobre la situación de derechos humanos en
Colombia, p. 181 (1981). Hace referencia a procesos que implicaban 66 y 202
acusados.
[53] Sentencia C-304 de 1994.
Sobre la vigencia de esta garantía en cualquier tiempo, ver la sentencia C-200
de 2002.
[54]
Aprobado por la ley 74 de 1968.
[55]
Aprobado por la ley 16 de 1972
[56]  Ver entre otras   las
Sentencias  C-252 de 2001, C-200 de 2002,   C-922 de 2001 y T-272 de 2005.
[57]
Sentencia C-301 de 1993.
[58]
Sentencia  C-475 de 1997.
[59]
Sentencias C-084 de 1996 y C-581 de 2001.
[60] Sentencia C-084 de 1996.
[61] En esta sentencia la
Corte declaró exequibles los artículos 476 de la
Ley 599 de 2000 y 536 de la Ley  600 de 2000, que preveían que los códigos,
penal y de procedimiento penal en ellas contenidos, entrarían a regir un (1)
año después de su promulgación.
[62]
En esta sentencia la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 5º del
A.L.  2002 que establece: “Artículo 5°. Vigencia. El presente
Acto Legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo
con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos
con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del
nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1° de enero
de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena
vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008”.
[63] En esta sentencia la
Corte declaró la exequibilidad del artículo 6º de la
Ley 906 de 2004 que prevé que “Las disposiciones de este código se
aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento
de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia”.
[64] En esta sentencia la
Corte declaró conforme a la
Constitución el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, que establece un sistema
de gradualidad para la entrada en operatividad del Sistema Penal Acusatorio,
frente a cargos por quebrantamiento del principio de favorabilidad penal.
[65]
Sentencia C-801 de 2005.
[66] Sentencia C- 873 de
2003.
[67]
Sentencia C-801 de 2005.
[68]
En reiterada jurisprudencia esta Corte ha señalado las hipótesis en que le es
autorizado a la Corte extender su análisis y aún su pronunciamiento, a
enunciados no demandados. Así ha indicado que “En primer lugar, procede la
integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición
que, individualmente, no tiene un contenido deóntico, claro o unívoco, de
manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible
integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada.
En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para
evitar proferir un fallo inhibitorio.En segundo término, se justifica la
configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la
disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del
ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un
fallo de inexequibilidad resulte inocuo. Por último, la integración normativa
procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la
norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición
que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad.” (Sentencia
C-055 de 2010).
[69]
De acuerdo el artículo 446 de la Ley 906 de 2004, “El sentido del fallo se dará
a conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso previsto
en el artículo anterior y deberá contener el delito por el cual se halla a la
persona culpable o inocente”. De acuerdo con el artículo 445 ib. luego de
terminado el debate el juez podrá decretar un receso hasta de dos (2) horas,
para anunciar el sentido del fallo.
[70]
Esta norma modificó sustancialmente el contenido original del artículo 179 de la
Ley 906/04, según el cual el recurso de apelación se interponía y concedía en
la misma diligencia de comunicación de fallo, pero la sustentación se difería a
la audiencia que el funcionario de segundo grado debía convocar para el efecto,
dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del expediente en esa
instancia, y a la acreditación de la entrega de registro de las audiencias de
interés para apelante y no apelantes. Una vez sustentado y oídos los no
recurrentes se convocaba para otra audiencia de lectura de fallo.
[71]
Sentencia C-250 de 2011.
[72]
Desde la sentencia C-1052 de 2001, la Corte ha establecido unos presupuestos
mínimos de comunicación y argumentación que deben reunir los cargos de una
demanda de inconstitucionalidad para que pueda provocar un pronunciamiento de
fondo.
[73] La claridad está determinada por el deber
de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector
comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
[74] La certeza, significa que la demanda debe recaer sobre una
proposición jurídica real y existente y no simplemente sobre una deducida por
el actor, o implícita e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso,
no son el objeto concreto de la demanda. El ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una
norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de
su propio texto;
[75] Las razones son específicas si definen con claridad la manera como
la disposición acusada desconoce o vulnera la
Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo
constitucional concreto contra la norma demandada. El juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la
Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver
sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente
con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la
acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de
constitucionalidad.
[76] En virtud de la pertinencia  el reproche formulado por el
peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado.
[77] La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de
inconstitucionalidad guarda relación,  con la exposición de todos los elementos
de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche, así como con el alcance
persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque
no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es
contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la
Corte Constitucional.