C-063-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-063/03
ESTADOS DE EXCEPCION EN CONSTITUCION
POLITICA DE 1886-Características
ESTADOS DE EXCEPCION EN CONSTITUCION
POLITICA DE 1886-Regulación
ESTADOS DE EXCEPCION-Límite temporal a la vigencia
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE-Límite temporal a la vigencia de los
Estados de excepción
ESTADOS DE EXCEPCION-Antecedentes en la Asamblea Nacional
Constituyente
ESTADOS DE EXCEPCION EN CONSTITUCION
POLITICA VIGENTE-Regulación
y prórroga
La necesidad de imponer límites
temporales a la vigencia del estado de conmoción interior, finalmente quedó
plasmada en el artículo 213 la Constitución de 1991, en el que expresamente se
limitó a noventa días, prorrogables dos veces por el mismo lapso, requiriendo
la segunda del concepto previo y favorable del Senado de la República.
ESTADOS DE EXCEPCION-Límites de forma y fondo para su
declaratoria y prórroga
ESTADOS DE EXCEPCION-Presupuestos formales y materiales a la
prórroga
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para realizar control formal y
material sobre los estados de excepción
ESTADOS DE EXCEPCION-Competencia para conocer del decreto
declaratorio así como de sus prórrogas
CONMOCION INTERIOR-Naturaleza de la prórroga
El decreto mediante el cual se prorroga un estado de
conmoción interior tiene la naturaleza de legislativo, pues como ha quedado
determinado, es un acto declarativo, y al igual que el de declaratoria de
conmoción interior, también se constituye en una autohabilitación para
continuar legislando. Una vez concurran ciertas
circunstancias también de orden constitucional, la discrecionalidad del
Gobierno Nacional se extiende a la adopción de las prórrogas previstas en la
Constitución, la segunda de las cuales está sujeta al concepto previo y
favorable del Senado de la República. La competencia para la declaratoria de
prórroga de un estado de conmoción interior, esta fue radicada por la Constitución
en cabeza del Presidente de la República, una vez aprecie si la persistencia de
los hechos que originaron la declaratoria de conmoción por el término inicial
es de tal gravedad que siguen atentando de manera inminente contra la
estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana.
CONMOCION INTERIOR-Presupuestos para prórroga
En relación con los presupuestos para prorrogar por primera vez un
estado de conmoción interior, la Corte considera que son los siguientes: (i) una
situación fáctica consistente en la persistencia de la alteración del orden
público por las causas, o algunas de ellas, que dieron lugar a la declaratoria
del estado de conmoción interior y que la Corte encontró probadas; (ii) una
valoración especial, en el sentido de que los hechos sean de tal entidad que
continuasen atentando de manera inminente contra la estabilidad institucional,
la seguridad del estado o la convivencia ciudadana y, finalmente; (iii)
sujeción del supuesto de hecho a un juicio sobre la suficiencia de los medios,
en cuanto a que todavía resultasen insuficientes las atribuciones ordinarias de
policía para retornar a un estado de normalidad, y su justificación para
extender la vigencia en el tiempo de las medidas excepcionales que fueron adoptadas
al amparo de la conmoción interior o expedir otras novedosas que encuentran su
fundamento en el decreto declaratorio del estado de excepción.
CONMOCION INTERIOR-Facultades del Presidente
durante la prórroga
Las facultades excepcionales
con que cuenta el Presidente de la República durante la prórroga del estado de
conmoción interior, de conformidad con la Constitución, son las siguientes: 1)
determinar el espacio físico en el cual continúa alterado gravemente el orden
público; 2) extender hasta por 90 días la aplicación de las medidas
excepcionales en los términos señalados por la Corte en sus respectivas
sentencias, las cuales dejarán de regir una vez se declare restablecido el
orden público; 3) expedir decretos legislativos, que  además, pueden suspender
las leyes incompatibles con el estado de conmoción interior y que cumplan con
los requisitos constitucionales y estatutarios sobre la finalidad,
proporcionalidad y necesidad; y, 4) utilizar las facultades conferidas
estrictamente para conjurar las causas de la perturbación del orden público e
impedir la extensión de sus efectos.
CONMOCION INTERIOR-Límites al Gobierno en la
prórroga
CONMOCION INTERIOR-Requisitos formales de la
prórroga
Una interpretación sistemática de la Constitución y de
la Ley Estatutaria 137 de 1994 arroja como resultado que el decreto de prórroga
debe cumplir con los siguientes requisitos, a saber: (i) Debe encontrarse
adecuada y suficientemente motivado; (ii) Es necesario que se encuentre firmado
por el Presidente de la República y los respectivos ministros del despacho;
(iii) El período por el cual se prorroga el estado de conmoción interior debe
encontrarse ajustado al límite máximo autorizado por la Constitución (90 días
calendario); (iv) Es preciso que haya sido adoptado durante la vigencia del
decreto mediante el cual se declaró el estado de conmoción interior; y, (v) Es
menester que sea publicado en el Diario Oficial.
CONMOCION INTERIOR-Deber del Gobierno de avisar a
las instancias internacionales de la prórroga
CONMOCION INTERIOR-Requisitos materiales de la
prórroga
CONMOCION
INTERIOR-Sistema de control
de la prórroga
CONMOCION INTERIOR-Control político de la prórroga
El ejercicio del control
político no se encuentra supeditado a que en el decreto de prórroga figure,
expressis verbis, una disposición en el sentido de que el Gobierno Nacional
presentará un informe detallado al Congreso sobre las razones que justificaron
la adopción de tal medida, puesto que la Ley Estatutaria establece directamente
esa obligación al Gobierno Nacional.
CONMOCION INTERIOR-Control judicial de la prórroga
CONMOCION INTERIOR-Naturaleza jurídica de la prórroga
CONMOCION INTERIOR-Efectos jurídicos de la prórroga
El decreto de prórroga constituye un acto
de autohabilitación para que el Gobierno Nacional continúe expidiendo decretos
legislativos, bien sea que éstos suspendan temporalmente la vigencia de leyes
que resulten incompatibles con el estado de anormalidad, bien que se adopten
medidas novedosas, no reguladas, pero siempre encaminadas a conjurar las causas
que originaron la conmoción interior. Todo depende de la valoración que el
Ejecutivo realice poco antes de vencerse el término de vigencia inicial, sobre
los medios idóneos a continuar empleando para lograr los fines perseguidos.
Esta prolongación de la competencia legislativa del Gobierno Nacional, debe ser
examinada por el juez constitucional, por cuanto el desequilibrio de poderes
que se ocasiona con el ejercicio de la misma, tiende a acentuarse y hacerse más
patente conforme transcurre el tiempo. Por lo tanto, todos los decretos
legislativos dictados durante la prórroga de la conmoción interior deberán cumplir con los requisitos de
conexidad, necesidad, finalidad y proporcionalidad, y también
deben ser sometidos al control constitucional.
CONMOCION INTERIOR-Juicio de constitucionalidad del decreto
de prórroga
CONMOCION INTERIOR-Destinación específica del impuesto
CONMOCION INTERIOR-Destinación específica del impuesto de
patrimonio
CONMOCION INTERIOR-Verificación por parte de la Contraloría
General de la aplicación del impuesto de patrimonio
CONMOCION INTERIOR-Presupuesto material de la prórroga
CONMOCION INTERIOR-Presupuesto fáctico de la prórroga
CONMOCION INTERIOR-Presupuesto valorativo de la prórroga
CONMOCION INTERIOR-Suficiencia de las medidas ordinarias de
policía durante la prórroga
Referencia: expediente R.E.-126
Revisión constitucional del Decreto 2555
del 8 de noviembre de 2002 "por el cual se prorroga el Estado de
Conmoción Interior".
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil tres
(2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
sentencia.
I.
ANTECEDENTES
El mismo día de su expedición, la Secretaría General
de la Presidencia de la República envió a la Corte Constitucional copia
autentica del Decreto 2555 del 8 de noviembre de 2002, por medio del cual se
prorroga el estado de conmoción interior, el cual había sido declarado
mediante Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002.
En los términos de los artículos 214-6 y 241-7 de la
Carta Política, la Corte Constitucional es competente para revisar y decidir
sobre la constitucionalidad del referido decreto.
Cumplidos los trámites legales y constitucionales para
estos procesos, procede la Corte a decidir.
II.
TEXTO DEL
DECRETO
Se transcribe a continuación el texto del Decreto
Legislativo 2555 del 8 de noviembre de 2002:
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVIII. N. 44992. 8,
NOVIEMBRE, 2002. PAG. 3.
DECRETO No. 2555 DE 2002
(noviembre 8)
por el cual se prorroga el Estado de
Conmoción Interior.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la
Constitución Política,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1837 del 11 de
agosto de 2002, se declaró el Estado de Conmoción Interior en todo el
territorio nacional, por el término de noventa (90) días calendario, contados a
partir de la fecha de su expedición;
Que con fundamento en las facultades
conferidas al Gobierno Nacional en virtud del Estado de Excepción, se
expidieron diversos decretos legislativos tendientes a conjurar las causas de
perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos;
Que a pesar de las medidas excepcionales
adoptadas, subsisten las causas de grave alteración del orden público que
atentan contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la
convivencia ciudadana, que dieron lugar a la declaratoria del Estado de
Conmoción Interior, las cuales no pueden ser conjuradas con las atribuciones
ordinarias de las autoridades de policía;
Que en efecto, prosiguen los ataques
indiscriminados de grupos criminales contra los ciudadanos indefensos con
violación de sus derechos humanos y de las reglas del Derecho Internacional
Humanitario, así como la destrucción de pueblos indefensos y la comisión de
delitos de lesa humanidad como masacres, desapariciones, secuestros y
desplazamientos forzados;
Que los autores de dichas conductas
mantienen como fuente de financiación de su organización, la participación
directa en delitos de narcotráfico, secuestro y extorsión, en conexión con
grupos afines de otras regiones o países, lo que ha significado una mayor
capacidad tecnológica para el terrorismo;
Que se siguen presentado en diferentes
zonas del país actos terroristas contra la población civil y demás autoridades,
por parte de grupos criminales y de bandas armadas;
Que persisten los ataques terroristas
contra la infraestructura de servicios esenciales;
Que continúan los actos de coacción por
parte de grupos armados contra los mandatarios nacionales, locales y
seccionales y a sus familias, en el territorio nacional;
Que de conformidad con el inciso primero
del artículo 213 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional está
facultado para prorrogar el Estado de Conmoción Interior por el término de
noventa (90) días;
Que por las razones expuestas es necesario
prorrogar la vigencia del Estado de Conmoción Interior declarado mediante el
Decreto 1837 de 2002;
DECRETA:
Artículo 1°. Prorrógase el Estado de
Conmoción Interior declarado mediante el Decreto 1837 de 2002, por el término
de noventa (90) días calendario, contados a partir del 9 de noviembre de 2002.
Artículo 2°. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de
2002.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,
encargado de las funciones del Despacho del Ministro del Interior,
Fernando Londoño Hoyos.
La Viceministra de Relaciones Exteriores,
encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones
Exteriores,
Clemencia Forero Ucrós.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Fernando Londoño Hoyos.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Roberto Junguito Bonnet.
La Ministra de Defensa Nacional,
Marta Lucía Ramírez de Rincón.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural,
Carlos Gustavo Cano Sanz.
La Ministra de Desarrollo Económico,
Cecilia Rodríguez González-Rubio.
El Ministro de
Minas y Energía,
Luis Ernesto Mejía Castro.
El Ministro de Comercio Exterior,
Jorge Humberto Botero Angulo.
El Viceministro de Educación Nacional,
encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de Educación Nacional,
Javier Botero Alvarez.
La Ministra de Desarrollo Económico, encargada
de las funciones del Despacho del Ministro del Medio Ambiente,
Cecilia Rodríguez González-Rubio.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Juan Luis Londoño de la Cuesta.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Salud,
Juan Luis Londoño de la Cuesta.
La Ministra de Comunicaciones,
Martha Helena Pinto de Hart.
El Ministro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego Henao.
La Viceministra de Cultura, encargada de
las funciones del Despacho de la Ministra de Cultura,
Adriana Mejía Hernández.
III.
PRUEBAS
1.     PRUEBAS SOLICITADAS
El 20 de noviembre de 2002, en virtud de las
facultades constitucionales consagradas en los artículos 214 de la Carta
Política y, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 242 y 244 de la
misma, desarrollados por el Decreto 2067 de 1991, la Magistrada Sustanciadora
resolvió avocar el conocimiento del proceso de la referencia.
En el mismo Auto del 20 de noviembre, por medio del
cual se asumió la revisión del Decreto 2555 de 2002, se decretó la práctica de
las siguientes pruebas:
IV. "Oficiar al Ministerio de Defensa Nacional y a la
Dirección General de la Policía para que, en el término de tres (3) días
hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, se sirva
enviar a este Despacho un informe detallado por ciudades sobre los siguientes
puntos:
a)
Los delitos de
narcotráfico, secuestro y extorsión cometidos en el territorio nacional desde
el 11 de agosto de 2002 hasta la fecha.
b)
Los ataques
terroristas cometidos contra la infraestructura de servicios públicos
esenciales y contra pueblos y ciudades desde el 11 de agosto de 2002 hasta la
fecha.
c)
Las víctimas
presentadas con ocasión de la acción de grupos armados ilegales desde el 11 de
agosto de 2002 hasta la fecha.
d)
El número de
congresistas, diputados, concejales, gobernadores, alcaldes, jueces y fiscales
y demás servidores públicos que han sido amenazados u obligados a renunciar a
sus cargos, entre el 11 de agosto de 2002 hasta la fecha.
e)
Informe
detallado, con carácter reservado, sobre la puesta en marcha, a partir del 11
de agosto de 2002 hasta la fecha, de los Planes de Modernización y Equipamiento
de la Fuerza Pública.
f)
Informe
detallado, con carácter reservado, sobre la ejecución de los ingresos que han
sido incorporados a sus respectivos presupuestos, con ocasión del impuesto
sobre el patrimonio.
V.
Oficiar al señor
Fiscal General de la Nación para que, en el término de tres (3) días hábiles,
contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, envíe a la Corte la
siguiente información:
2.1. Informe detallado sobre los delitos
que configuren graves violaciones a los Derechos Humanos o al Derecho
Internacional Humanitario cometidos en el territorio colombiano, y en especial
en las zonas de rehabilitación, desde el día 11 de agosto de 2002 hasta la
fecha, con especial referencia a los siguientes delitos: terrorismo, ataques contra
bienes protegidos por el DIH, homicidios contra personas protegidas por el DIH,
desapariciones forzadas, secuestros, toma de rehenes y desplazamiento forzado.
2.2.  Informe detallado sobre la comisión
de los delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión y terrorismo cometidos en
el territorio colombiano, y en especial en las zonas de rehabilitación, desde
el día 11 de agosto de 2002 hasta la fecha.
2.3.  Informe sobre el número de órdenes de
captura que se han emitido entre el 11 de agosto de 2002 hasta la fecha, por
los delitos indicados en los numerales anteriores; cuántas de ellas se han
hecho efectivas, y qué número de éstas se encuentran pendientes de
cumplimiento, en especial, en las zonas de rehabilitación.
2.4. Informe sobre los ingresos que le han
sido efectivamente girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con
ocasión de la partida presupuestal "SECCIÓN 1301, MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO", que figura en el decreto legislativo 1959 de 2002.
3- Oficiar al Ministerio del Interior para
que, en el término de tres (3) días hábiles, contados a partir del recibo de la
comunicación respectiva, se sirva enviar a este Despacho un informe detallado
sobre la ejecución de la partida "SECCIÓN 1101, MINISTERIO DEL INTERIOR por
16.000.000.000" millones de pesos que figura en el artículo 2 del decreto
legislativo 1959 de 2002.
4- Oficiar al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para que, en el término de tres (3) días hábiles, contados a
partir del recibo de la comunicación respectiva, se sirva enviar a este
Despacho un informe detallado sobre la ejecución efectiva de todas las partidas
presupuestales que figuran en el artículo 2 del decreto legislativo 1959 de
2002."
Posteriormente, fue expedido el Auto del 29 de
noviembre de 2002, en virtud del cual se decretaron las siguientes pruebas:
VI. "Ofíciese al Señor Procurador General de la
Nación y al Señor Defensor del Pueblo para que, en el término de tres (3) días
hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, se sirva
enviar a este Despacho la siguiente documentación:
a. Informe detallado sobre los ingresos que
le han sido efectivamente girados a su entidad por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público con ocasión de la partida presupuestal "SECCIÓN 1301,
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO", que figura en el decreto
legislativo 1959 de 2002.
b. Informe detallado sobre la ejecución de
los ingresos que han sido incorporados al presupuesto de la entidad con ocasión
del impuesto sobre el patrimonio."
Finalmente, la Magistrada Sustanciadora, mediante Auto
del 2 de diciembre, decretó, además, las siguientes pruebas:
VII."Ofíciese al Señor Secretario General
de la Presidencia de la República, Dr. Alberto Velásquez Echeverri, para que en
el término perentorio de tres (3) días hábiles, contados a partir del recibo de
la comunicación respectiva:
1.1. Remita a la Corte copia del informe
presentado al H. Congreso de la República sobre las razones que motivaron al
Gobierno Nacional para prorrogar el estado de conmoción interior, en los
términos del art. 39 de la Ley Estatutaria 137 de 1994.1
1.2. Sírvase informar a este Despacho cual
es la disposición legal que autoriza al Ministerio de Defensa para establecer
los criterios con arreglo a los cuales se deben distribuir los recursos a que
se refiere el artículo 2º del decreto legislativo 1959 de 2002, en especial,
aquellos destinados a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General
de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
VIII.Oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para que, en el término de tres (3) días hábiles, contados a partir del
recibo de la comunicación respectiva, se sirva enviar a este Despacho un
informe detallado sobre los siguientes puntos:
2.1. Totalidad de los
recursos que han sido recaudados con el impuesto sobre el patrimonio.
2.2. Las solicitudes
remitidas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, en relación con la destinación que se le va
a dar a los dineros que tales entidades recibirán con ocasión del recaudo del
impuesto sobre el patrimonio."
2.   PRUEBAS APORTADAS
2. 1.   Informe del Ministerio de Defensa Nacional
El 27 de noviembre de 2002 fue remitida la respuesta
por parte de la Secretaria General del Ministerio de Defensa Nacional a la
Corte, del oficio OPC-182 de 2002, mediante el cual se le había solicitado la
prueba decretada en el auto del 20 de noviembre antes mencionado.
En atención al informe solicitado, relacionado con los
delitos de narcotráfico, secuestro y extorsión cometidos en el territorio
nacional desde el 11 de agosto de 2002 hasta la fecha, anexó tabla cuya fuente de
información es el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal
-FONDELIBERTAD-.  En ella aparece el número de secuestros y extorsiones
perpetrados del 11 de agosto al 26 de noviembre de 2002, detallado por
departamentos y municipios, y presuntos autores del delito, dentro de los
cuales se encuentran las AUC, la delincuencia común, el ELN, EPL, ERG, ERP y
las FARC.  De la misma se desprende un total de setecientos cuarenta y cinco
(745) secuestros y, doscientos treinta y tres (233) extorsiones denunciadas en
todo el territorio nacional, dentro del tiempo señalado.
Respecto a los ataques terroristas cometidos contra la
infraestructura de servicios públicos esenciales y contra pueblos y ciudades
acaecidos desde el 11 de agosto de 2002 hasta la fecha, adjuntó:  informe
expedido por la Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional acerca de la
voladura de un acueducto en Cali; informe expedido por la Dirección Corporativa
de Seguridad de ECOPETROL, relacionado con atentados al oleoducto Caño-Limón-Coveñas
y oleoductos e instalaciones de la gerencia sur; informe de ISA, sobre los
atentados a las torres de telecomunicaciones; e informe sobre los ataques a
poblaciones del 11 de agosto al 26 de noviembre de 2002, expedido por la
Jefatura de Operaciones - Ejército Nacional.   De igual forma allegó dos
informes de la Dirección Central de Policía Judicial - Policía Nacional, sobre
puentes y vías afectadas por el terrorismo, pero solo del período comprendido
entre el 1º de agosto al 31 de octubre de 2002.
En cuanto al número de víctimas presentadas con
ocasión de la acción de grupos armados ilegales desde el 11 de agosto de 2002
hasta la fecha, remitió información, detallada por departamentos y municipios,
sobre los civiles asesinados por la guerrilla y las autodefensas ilegales, del
11 de agosto al 31 de octubre de 2002; información sobre homicidios colectivos
en los departamentos, ocurridos en este último período, cometidos por las
autodefensas, el ELN, las FARC y desconocidos, de la cual se observa un total
de ciento setenta y un (171) víctimas; información sobre los muertos y heridos
en combate y sobre el personal de la Policía Nacional muerto por minas y
explosivos, del 11 de agosto al 31 de octubre.
Así mismo, acompañó un cuadro, en el cual figuran los
nombres de los funcionarios del sector público que han sido amenazados, entre
el 11 de agosto y 21 de noviembre de 2002.
De otra parte, en relación con los Planes de
Modernización y Equipamiento de la Fuerza Pública, puestos en marcha a partir
del 11 de agosto de 2002 hasta la fecha, la Corte examinó las pruebas pero no
se transcriben por haber sido solicitadas con carácter reservado.
2. 2.   Informe de la Dirección General de la Policía
En cumplimiento del Oficio OPC-183, mediante el cual
se le había solicitado la prueba decretada en el auto del 20 de noviembre de
2002, la Dirección General de la Policía Nacional envió varios cuadros, con el
fin de mostrar las cifras solicitadas.
De las pruebas allegadas se observa un total
registrado de cinco mil ochocientos cincuenta y nueve (5.859) delitos de
narcotráfico ocurridos en las unidades de policía del 11 de agosto al 30 de
noviembre de 2002; de setecientos sesenta y seis (766) secuestros; quinientos treinta
y ocho (538) extorsiones.   Además se determina un número de treinta y tres
(33) ataques terroristas, en los que se incluyen ataques a las torres de
energía, gasoductos, repetidoras, instalaciones de Telecom, plantas de
tratamiento de agua y centrales eléctricas.
Adjuntó también un cuadro donde aparecen registradas
ciento siete (107) acciones subversivas (asaltos, ataques, emboscadas y
hostigamientos, entre otros), del 11 de agosto al 30 de noviembre de 2002;
otro, en el cual se detalla por departamento cuantas de éstas fueron cometidas
por el ELN, EPL, ERP y Las FARC; y, un tercer cuadro donde se aprecia un número
de ciento setenta y tres (173) víctimas por homicidios colectivos.
Finalmente, acompañó un cuadro donde se relacionan los
funcionarios amenazados a partir del 11 de agosto de 2002, en orden
cronológico.
En su informe hizo referencia a los proyectos de
equipamiento y modernización de la Fuerza Pública, indicando que éstos se
encuentran enmarcados en los programas de fortalecimiento del pie de fuerza con
la dotación y alistamiento de equipos para atender las operaciones militares y
policiales. Anotó en tal sentido, que la Policía Nacional ha puesto en marcha
el plan de pie de fuerza, con un costo para el 2002 y 2003 de $164 mil millones,
a fin de lograr la incorporación de 10 mil nuevos policías con especialidad de
carabineros, permitiendo así la prestación del servicio de policía en los
municipios que no cuentan con el mismo (163 municipios); el fortalecimiento de
los grupos especiales (GAULA, COPES, GOES, ESMAD, UNIR, Antiexplosivos); la
creación de sesenta y dos (62) escuadrones móviles de carabineros; la
incorporación en el 2003 de tres mil doscientos (3.200) auxiliares regulares
sustituidos por auxiliares bachilleres y seis mil ochocientos (6.800)
auxiliares regulares adicionales que apoyarán la labor de los patrulleros; la
activación de ciento sesenta y tres (163) estaciones de Policía, con una planta
de personal de cincuenta (50) hombres.
De igual forma, señaló que en virtud de lo anterior,
desde el 11 de agosto de 2002 se vienen ejecutando los siguientes proyectos:
adquisición y mantenimiento de equipo armamento, adquisición y mantenimiento de
equipo de comunicación, adquisición y mantenimiento de equipo automotor y
mejoramiento y fortalecimiento de grupos especiales.
Del informe detallado sobre la ejecución de los
ingresos que han sido incorporados a sus respectivos presupuestos, con ocasión
del impuesto sobre el patrimonio, no se hará mención por tener carácter de
reserva.
Anexó una tabla donde se muestra qué incluye el Plan
General de Compras y Servicios Vigencia 2002 – Recursos de la Adición Ordinaria
y Plan de Choque.
2. 3.   Informe de
la Fiscalía General de la Nación
Con el fin de dar respuesta a los puntos 2.1. y 2.2
del oficio OPC-184,  mediante el cual se le habían solicitado las pruebas
decretadas en el auto del 20 de noviembre de 2002, la Fiscalía General de la
Nación, adjuntó cuadro en el cual se detalla, por departamentos, la comisión de
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario,
desde el 11 de agosto de 2002 hasta la fecha.  Del cuadro se desprende un total
de: cuatrocientos cincuenta y ocho (458) actos de terrorismo, sesenta y cuatro
(64) ataques contra bienes protegidos por el DIH, ciento cuarenta y seis (146)
homicidios contra personas protegidas por el DIH, ciento noventa (190)
desapariciones forzadas, setecientos ochenta y un (781) secuestros, una (1)
toma de rehenes, ciento cincuenta y un (151) desplazamientos forzados,  mil
doscientos cincuenta y seis (1,256) delitos de extorsión y cuatrocientos
veinticuatro (424) de narcotráfico.
Así mismo, en relación con la solicitud de informar el
número de órdenes de captura emitidas desde el 11 de agosto de 2002 a la fecha,
así como el número de las que se han hecho efectivas, y de las pendientes de
cumplimiento, en especial, en las zonas de rehabilitación, esta entidad remitió
un cuadro donde aparecen las que han sido reportadas por las autoridades
judiciales al Sistema Sian.  De la información referida, se observan las
siguientes:  por el delito de homicidio, (1.017) mil diecisiete vigentes y
(716) setecientos dieciséis canceladas;  por terrorismo, (73) setenta y tres
vigentes y (69) sesenta y nueve canceladas; por destrucción y apropiación de
bienes protegidos, no se han expedido; por desaparición forzada, (5) cinco
vigentes y (6) seis canceladas; secuestro simple, (65) sesenta y cinco vigentes
y (56) cincuenta y seis canceladas; por secuestro extorsivo, (206) doscientos
seis vigentes y (66) sesenta y seis canceladas;  por toma de rehenes y por
deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil,
no se han expedido; por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, (331)
trescientas treinta y un vigentes y (276) doscientos setenta y seis canceladas;
y, por extorsión, (94) noventa y cuatro vigentes y (95) noventa y cinco
canceladas.
En relación con la orden de informar sobre los
ingresos que le han sido girados a esta entidad, por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público con ocasión de la partida presupuestal "SECCIÓN 1301,
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO", la cual figura en el decreto
legislativo 1959 de 2002, esta entidad afirmó lo siguiente:
"La Fiscalía General de la Nación, no
ha recibido por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ninguna
partida presupuestal en la actual vigencia fiscal, proveniente del Impuesto al
Patrimonio creado mediante decreto de Conmoción Interior."
Aclaró que:
"Con base en el Impuesto al Patrimonio,
se asignó a la Entidad una Partida de $8 mil millones para atender programas de
acompañamiento de Fiscales a la Fuerza Pública; dichos recursos están
distribuidos de la siguiente forma: $1.500 millones con cargo al Presupuesto
del presente año y $6.500 en el presupuesto para la vigencia 2003."
Seguidamente adujo lo siguiente:
"Sin embargo es necesario señalar que
tales asignaciones no son suficientes para cubrir las obligaciones que le
derivan a la Fiscalía General de la Nación, los decretos de Conmoción Interior
y su incorporación al presupuesto de la entidad, significarían superar los
topes establecidos por la Ley 617 de 2000."
2. 4.    Informe
del Ministerio del Interior
El Director General Jurídico del Ministerio del
Interior, en respuesta al oficio OPC - 185, mediante el cual se le había
solicitado la prueba decretada en el auto del 20 de noviembre antes mencionado,
envió informe detallado sobre la ejecución de la partida SECCIÓN 1101,
MINISTERIO DEL INTERIOR por 16.000.000.000 millones de pesos que figura en el
artículo 2º del decreto legislativo 1959 de 2002.
Del informe se desprende que los recursos asignados al
Ministerio del Interior han sido destinados a fortalecer el Programa de
Protección a personas que se encuentran en riesgo contra su vida, integridad,
seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o con el
conflicto armado interno del país.
Al respecto sostuvo:
"Los recursos asignados al Ministerio
del Interior mediante el Decreto 1959 de 2002 han sido destinados a fortalecer
el Programa de Protección a personas que se encuentran en riesgo contra su
vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia
política o con el conflicto armado interno que padece el país, con miras a
mitigar la situación de inseguridad del país que se torna cada día más crítica,
siendo frecuentes, despiadados y perversos los ataques contra los ciudadanos
indefensos y las violaciones a sus derechos humanos y a las reglas
fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, así como las amenazas
efectuadas a los legítimos representantes de la democracia regional, alcaldes,
concejales, personeros y sus colaboradores, buscando crear una sensación de
orfandad, abandono y desgobierno en amplias zonas del país.  Estas situaciones
constituyen las razones fundamentales de la declaración de conmoción interior
realizada a través del decreto 1837 de 2002 y de su prórroga con el Decreto
2555 del pasado 8 de noviembre."
Manifestó que lo anterior ha sido posible, por medio
de la implementación de esquemas de seguridad para la protección de defensores
de derechos humanos dirigentes y activistas de movimientos políticos y de
oposición, alcaldes, concejales, personeros, líderes sindicales, y demás
beneficiarios del programa de protección a cargo de esta entidad.
Remitió copia de la carta dirigida por el señor Rafael
Bustamante Pérez, Director General para los Derechos Humanos, al señor Rubén
Darío Calderón Jaramillo, quien es el Director General  Jurídico del Ministerio
del Interior.
La carta, que a continuación se transcribe, se
encuentra relacionada con la ejecución de la partida presupuestal en mención.
"Bogotá
D.C., 22 de noviembre de 2002
Doctor
RUBEN DARÍO CALDERÓN JARAMILLO
Director General Jurídico
Ministerio del Interior
Ciudad
Estimado doctor Calderón:
En atención a su comunicación No. 5081 del
día de hoy, referente a la ejecución de la partida presupuestal "SECCIÓN
1101, MINISTERIO DEL INTERIOR POR 16.000.000.000 MILLONES de pesos que figura
en el artículo 2 del Decreto legislativo 1959 de 2002", me permito
informarle que de dicha partida se han realizado las siguientes operaciones
presupuestales encaminadas a garantizar el funcionamiento de los Programas de
Protección de este Ministerio:
IX. Mediante revisión sustantiva "V", Registro
Presupuestal No. 835 se comprometió, para el Proyecto COL035 suscrito entre
esta Dirección y el PNUD, la suma de cinco mil millones de pesos los cuales se
distribuyeron en las siguientes líneas presupuestales:
a. Compra o adquisición de vehículos para
la implementación de esquemas móviles de
protección                                   $ 3.478.260.870
b. Sostenimiento de la red de comunicaciones
$  995.169.082
c. Ayudas humanitarias para
protección                      $    266.523.671
d. Gastos administrativos y operativos del
Proyecto   $     90.964.251
e. Gastos administrativos del PNUD                          $
169.082.126
TOTAL
$   5.000.000.000
X.
Adicionalmente,
la Subdirección de Presupuesto de este Ministerio expidió certificado de
disponibilidad No. 242 por valor de 3.265 millones de pesos para proferir
resolución de distribución de recursos para el Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS- con el objeto de: a) Garantizar el funcionamiento de 114
esquemas de protección de durante los próximos cinco meses, b) Implementar 20
esquemas móviles de seguridad c) Adquirir armamento para el servicio de 96 esquemas
móviles de protección.
En virtud de lo expuesto, el rubro
presupuestal al que hace referencia el expediente No. RE-126 presenta a la
fecha un saldo sin comprometer de 7.735 millones de pesos.
Cordialmente,
RAFAEL BUSTAMANTE PÉREZ
Director General
Anexo:
1.
Revisión
Sustantiva "V" Proyecto Col/00/035 en 13 folios
2.
Certificación
expedida por el PNUD, en 1 folio
3.
Certificado de
disponibilidad PRESUPUESTAL No. 242."
2. 5.
Informe
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
En atención a la prueba solicitada mediante oficio
OPC-186 y decretada en el auto del 20 de noviembre de 2002, relacionada con la
ejecución efectiva de todas las partidas presupuestales que figuran en el
artículo 2º del Decreto Legislativo 1959 de 2002, esta entidad presentó
informe, advirtiendo a esta Corporación, en primer término, que en desarrollo
de las normas orgánicas del presupuesto los recursos incorporados en el
referido decreto, se encuentran detallados en el Decreto 2132, que los liquida
y del cual se anexó copia.
De otra parte señaló que en desarrollo del Decreto
Legislativo 1838 de 2002, por tratarse de una renta con destinación específica
se identificó en el presupuesto de gastos en forma independiente, los conceptos
de gastos que se financian con los recursos del impuesto especial para
preservar la seguridad democrática, asignándole un código que identifica la
financiación con el número 12.
Además estableció que en virtud del artículo 93 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Dirección General del Presupuesto Nacional por ser el centro de información
presupuestal, tiene la función de consolidar la información correspondiente a
la ejecución del Presupuesto General de la Nación de acuerdo con los
procedimientos y registros presupuestales establecidos y los registros
realizados por cada uno de los órganos que lo conforman.
Para tal efecto, anexó reporte de ejecución
presupuestal con fecha de corte 22 de noviembre de 2002, extractado del Sistema
Integrado de Información Ffinanciera - SIIF, el cual contiene el código de la
sección presupuestal, el nombre de la sección presupuestal y su unidad
ejecutora, la vigencia fiscal respectiva, la codificación presupuestal del
gasto, el recurso, la descripción del objeto del gasto, la apropiación vigente,
la apropiación sin comprometer (diferencia entre apropiación vigente y
compromisos), los CDP expedidos (certificado de disponibilidad presupuestal),
los compromisos registrados, las obligaciones (exigibilidades de pago), los
pagos realizados de las entidades involucradas en este proceso, como son: el
Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio
de Defensa Nacional y Policía Nacional.
Expuso que de dicho reporte se obtienen los siguientes
resultados por entidad:
Ministerio del Interior:
·
Apropiación Vigente                           $16.0
mil millones
·
CDP expedidos                                   $
5.0 mil millones
·
Compromisos
registrados          $ 5.0 mil millones
·
Obligaciones
exigibles de pago           $ 5.0 mil millones
·
Pagos realizados                       $
0.0
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público:
·
Apropiación Vigente                           $
5.0 mil millones
·
CDP expedidos                                      $
0.0 mil millones
·
Compromisos registrados          $
0.0 mil millones
·
Obligaciones
exigibles de pago           $ 0.0 mil millones
·
Pagos realizados                       $
0.0
Ministerio de Defensa Nacional:
·
Apropiación Vigente                           $496.2
mil millones
·
CDP expedidos                                      $343.6
mil millones
·
Compromisos
registrados          $  55.6 mil millones
·
Obligaciones
exigibles de pago
$  27.0 mil millones
·
Pagos realizados                       $
11.9 mil millones
Policía Nacional:
·
Apropiación Vigente                           $61.0
mil millones
·
CDP expedidos                                      $36.0
mil millones
·
Compromisos
registrados          $ 6.0 mil millones
·
Obligaciones
exigibles de pago           $ 2.3 mil millones
·
Pagos realizados                       $
0.0
Al respecto aclaró que cada una de estas entidades, en
cumplimiento del principio de autonomía presupuestal consagrado en el artículo
110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, tiene la información minuciosa y
detallada de cada uno de los gastos que se han efectuado con cargo a estos
recursos y, la situación actual de las actuaciones que han iniciado a fin de
atender las situaciones relacionadas con el estado de conmoción interior.
En desarrollo de dicho principio y toda vez que el
Decreto 1959 de 2002, le asignó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
suma de $5.0 mil millones, afirmó que tales recursos están destinados al
fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Judicial, de
la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo para el
acompañamiento que cada una de estas entidades debe realizar a las acciones de
la fuerza pública para los programas de derechos humanos, derecho internacional
humanitario, así como para velar por la garantía de los derechos de los
procesados.
Adujo que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
deberá, mediante resolución, efectuar la distribución de los recursos a los
órganos señalados, de acuerdo con las necesidades que cada uno de ellos haya
establecido en cumplimiento del Decreto 1837 de 2002, para lo cual seguirá el
procedimiento de distribución contemplado en el artículo 25 de la Ley 714 del
20 de diciembre de 2001.
Señaló lo
siguiente:
"Con el propósito de efectuar la
correspondiente distribución, este Ministerio mediante el oficio 9980 del 25 de
septiembre de 2002, le solicitó al Ministerio de Defensa informar los criterios
con que se deberán distribuir los recursos en cuestión, en cada uno de los
órganos involucrados, del cual anexo copia."
A su vez informó, que por intermedio de la Dirección
General del Presupuesto Nacional, con fundamento en los montos señalados por el
Ministerio de Defensa Nacional, solicitó a cada uno de los órganos la propuesta
de utilización de tales recursos.
Posteriormente, estableció que con la respuesta que
tales órganos presentaran, se procederá a efectuar la distribución, la cual se
hará de la siguiente forma:  Fiscalía General de la Nación - $1,500 millones;
Procuraduría General de la Nación - $1.500 millones; y Defensoría del Pueblo -
$2.000 millones.
A continuación se transcriben las pruebas documentales
que acompañan y sustentan el presente informe:
i) Carta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
al Viceministro del Ministerio de Defensa Nacional.
"Bogotá, 25 de
septiembre de 2002
Doctor
BERNARDO ORTIZ BRAVO
Viceministro de Defensa Nacional
Bogotá, D.C.
Apreciado Viceministro:
Teniendo en cuenta que en el decreto 1959
del 30 de agosto de 2002, se incluyeron recursos en el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público por valor de $5.0 mil millones, destinados a ampliar el apoyo
de Fiscales, Procuradores Especiales, Defensores de oficio, de Policía Judicial
y Defensoría del Pueblo para los programas de derechos humanos, derecho
internacional humanitario, así como garantizar los derechos procesados, y como
es Ministerio viene coordinando todo lo relacionado con la Conmoción Interior,
atentamente le solicito informar a este Despacho cuales son los criterios con
los que se deberán distribuir dichos recursos.
Lo anterior con el fin de coordinar con
cada una de las entidades involucradas los procedimientos presupuestales del
caso para la distribución y asignación de los recursos mencionados.
Cordialmente,
CAROLINA RENTERÍA
Directora General del Presupuesto Público
Nacional."
ii) Carta del Ministerio de Defensa Nacional al
Procurador General de la Nación.
"No. 9632       21 OCT 2002
Doctor
EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
Ciudad
Apreciado Doctor Maya:
El Ministerio de Defensa Nacional considera
de la mayor importancia crear una verdadera acción integral de Defensa y
Seguridad, para lo cual es indispensable impulsar programas conjuntos entre el
Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la
Nación y la Procuraduría General de la Nación.
En ese sentido, este Ministerio gestionó la
asignación a esa Entidad de una partida de $ 8 mil millones para atender
programas de acompañamiento de Procuradores a la Fuerza Pública.  Dichos recursos
están distribuidos de la siguiente forma: $1.600 millones con cargo al
Presupuesto del presente año y $6.500 en el presupuesto para la vigencia del
2003.  Cabe señalar que dichos recursos se originan en el impuesto al
patrimonio creado mediante el decreto de conmoción interior.
De esta forma y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1º del Decreto 2002 del presente año, se espera
replicar la experiencia reciente del Departamento de Arauca, donde la actividad
conjunta ha permitido, además de una mejoría en los resultados operacionales,
que se adelanten oportunamente los procesos judiciales de los implicados en las
alteraciones del orden público.
Para efectos de disponer de tales recursos,
me permito solicitarle que se dirija a la Dirección General de Presupuesto
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de
adelantar los trámites presupuestales requeridos.
Sin otro particular, me suscribo de usted,
Cordialmente,
MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCON
Ministra de Defensa Nacional."
iii)  Carta del Ministerio de Defensa Nacional al
Defensor del Pueblo.
"Bogotá D.C.  22 OCT 2002
No. 9687
Doctor
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Defensor del Pueblo
Ciudad
Apreciado Doctor:
El Ministerio de Defensa Nacional en el
deseo de crear una verdadera acción integral de Defensa y Seguridad, y con el
propósito de impulsar programas conjuntos entre el Ministerio del Interior, la
Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría
General de la Nación, gestionó en el presupuesto de 2003 para esa Entidad una
partida de $2 mil millones destinada a defensores de oficio de sindicados de
actos de terrorismo.  Estos recursos se financian con parte de los recaudos del
impuesto al patrimonio creado a través del estado de conmoción interior.
Para efectos de disponer de tales recursos,
me permito solicitarle que se dirija a la Dirección General de Presupuesto
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de
adelantar los trámites presupuestales requeridos.
Sin  otro particular, me suscribo de
usted.
Cordialmente,
MARTA LUCIA RAMÍREZ DE RINCÓN
Ministra de Defensa Nacional."
iv)  Carta del Ministerio de Defensa Nacional al
Fiscal General de la Nación.
"Bogotá D.C.    21 OCT 2002
No. 9631
Doctor
LUIS CAMILO OSORIO ISAZA
Fiscal General de la Nación
Ciudad
Apreciado Doctor Osorio:
El Ministerio de Defensa Nacional considera
de la mayor importancia crear una verdadera acción integral de Defensa y
Seguridad, para lo cual es indispensable impulsar programas conjuntos entre el
Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la
Nación y la Procuraduría General de la Nación.
En ese sentido, este Ministerio gestionó la
asignación a esa Entidad de una partida de $8 mil millones para atender
programas de acompañamiento de Fiscales a la Fuerza Pública.  Dichos recursos
están distribuidos de la siguiente forma: $1.500 millones con cargo al
Presupuesto del presente año y $6.500 en el presupuesto para la vigencia del
2003.  Cabe señalar que dichos recursos se originan en el impuesto al
patrimonio creado mediante el decreto de Conmoción Interior.
De esta forma, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1º del Decreto 2002 del presente año, se espera
replicar la experiencia reciente del Departamento de Arauca, donde la actividad
conjunta ha permitido, además de una mejoría en los resultados operacionales,
que se adelanten oportunamente los procesos judiciales de los implicados en las
alteraciones del orden público.
Para efectos de disponer de tales recursos,
me permito solicitarle que se dirija a la Dirección General de Presupuesto
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de
adelantar los trámites presupuestales requeridos.
Sin otro particular, me suscribo a usted,
Cordialmente,
MARTA LUCIA RAMÍREZ DE
RINCÓN
Ministra de Defensa
Nacional."
v) Carta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
a la Ministra de Defensa Nacional.
"Bogotá, 01 NOV 2002
Doctora
MARTHA LUCIA RAMÍREZ DE RINCÓN
Ministra
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida el Dorado  Carrera 52 CAN
Bogotá D.C.
Apreciada Ministra:
Hemos recibido el oficio 1394 del 24 de
octubre de 2002, mediante el cual nos informan que, de los recursos por valor
de $5.000 millones apropiados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
en los Decretos 1959 y 2131 de 2002, han sido asignados $3.000 millones para la
Fiscalía y la Procuraduría y solicitan que los restantes $2.000 millones sean
asignados a la Policía Nacional con el objeto de atender el ascenso de 1.200
patrulleros a partir del primero de noviembre del año en curso.
Sobre este particular,
quiero comentarle que este Ministerio ha sustentado ante la Corte
Constitucional, que los recursos apropiados en el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público están dispuestos para garantizar derechos de los procesados,
derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario, a través de la
Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, tal como quedó en el Decreto de
Liquidación 2132 del 26 de septiembre de 2002, en el rubro presupuestal
correspondiente.
Por lo anterior no es
procedente la asignación de esos recursos a la Policía Nacional.
Adicionalmente, la Defensoría de Pueblo ha solicitado una adición para lo que
resta de la vigencia por valor de $2.000 millones, los cuales han tenido la
anuencia de la Presidencia de la República para disponer de los recursos que
están apropiados en este Ministerio.
En consecuencia, atentamente
le solicito se evalúe otra alternativa de financiamiento de los gastos de la
Policía Nacional.
Cordialmente,
CAROLINA RENTERÍA
Directora General del
Presupuesto Público Nacional
Copia: Mayor General Teodoro
R. Campo Gómez, Director General de la Policía Nacional."
vi)
Carta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Procurador General de la
Nación.
"Bogotá, 21 NOV 2002
Doctor
EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
Bogotá, D.C.
Apreciado Doctor Maya:
Hago referencia a la información contenida
en el oficio No. 9632 del 21 de 2002, suscrito por la señora Ministra de
Defensa Nacional, mediante el cual le comunica que le han sido asignados a ese
órgano recursos por valor de $1.500 millones en la actual vigencia fiscal
destinados para atender el programa de acompañamiento de Procuradores a la
Fuerza Pública.
Con el objeto de tramitar la
correspondiente resolución de distribución de los recursos de la actual
vigencia apropiados en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, atentamente le solicito hacer llegar a esta Dirección la propuesta de
utilización de dichos recursos.
Cordialmente,
CAROLINA RENTERÍA
Directora General del Presupuesto
Público."
vii)  Carta del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público al Fiscal General de la Nación.
"Bogotá, 21 NOV 2002
Doctor
LUIS CAMILO OSORIO ISAZA
Fiscal General de la Nación
Bogotá, D.C.
Apreciado Doctor Osorio:
Hago referencia a la información contenida
en el oficio No. 9632 del 21 de 2002, suscrito por la señora Ministra de
Defensa Nacional, mediante el cual le comunica que le han sido asignados a ese
órgano recursos por valor de $1.500 millones en la actual vigencia fiscal
destinados para atender el programa de acompañamiento de Fiscales a la Fuerza
Pública.
Con el objeto de tramitar la
correspondiente resolución de distribución de los recursos de la actual
vigencia apropiados en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, atentamente le solicito hacer llegar a esta Dirección la propuesta de
utilización de dichos recursos.
Cordialmente,
CAROLINA RENTERÍA
Directora General del
Presupuesto Público."
viii)  Carta del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público al Defensor del Pueblo.
"Bogotá,  21 NOV 2002
Doctor
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Defensor del Pueblo
Bogotá, D.C.
Apreciado Doctor Cifuentes:
Con el objeto de tramitar la
correspondiente resolución de distribución de los recursos de la actual
vigencia apropiados en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, financiados con el impuesto creado mediante el Decreto 1838 de 2002, destinados
a defensores de oficio de sindicados de actos de terrorismo, atentamente le
solicito hacer llegar a esta Dirección la propuesta de utilización de dichos
recursos.
Cordialmente,
CAROLINA RENTERÍA
Directora General del
Presupuesto Público Nacional."
ix)  Carta del
Ministerio de Defensa Nacional al Defensor del Pueblo.
"No. 10684
Bogotá, D.C. 25 NOV 2002
Doctor
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Defensor del Pueblo
Ciudad
Apreciado Doctor:
Me refiero al oficio No. 9687 - MDN de
octubre 22 de 2002, mediante el cual se comunicó que el Ministerio de Defensa
Nacional gestionó una partida para esa entidad de $2.000 millones, destinada a
defensores de oficio de sindicados por actos de terrorismo, para ser ejecutada
en la vigencia 2003.
Teniendo en cuenta las instrucciones
recibidas por el Señor Presidente de la República, con toda atención me permito
informarle que el Ministerio de Defensa Nacional conceptúa favorablemente para
que estos recursos sean girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
a la Defensoría del Pueblo, en el transcurso de la presente vigencia fiscal.
Sin otro particular, me
suscribo de usted,
Atentamente,
MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE
RINCÓN
Ministra de Defensa
Nacional
Copia: Dra Carolina
Renteria R
Directora General de Presupuesto
- Minhacienda."
2. 6.   Informe de la Procuraduría General
de la Nación
En respuesta al oficio OPC-187, mediante el cual se le
había solicitado la prueba decretada en el auto del 29 de noviembre de 2002, la
cual consiste en informar detalladamente sobre los ingresos que le han sido
efectivamente girados por el Ministerio de Hacienda y  Crédito Público con
ocasión de la partida presupuestal "SECCIÓN 1301, MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO", que figura en el decreto legislativo 1959 de 2002, la
Procuraduría General de la Nación suministró la siguiente respuesta:
"Hasta la fecha no le ha sido girada
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Procuraduría General de la
Nación suma alguna con ocasión de la partida presupuestal "SECCIÓN 1301,
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO", que figura en el decreto
legislativo 1959 de 2002."
De otra parte, en relación con la información sobre la
ejecución de los ingresos que han sido incorporados al presupuesto de la
entidad con ocasión del impuesto sobre el patrimonio, esta entidad manifestó:
"Hasta la fecha no ha habido en la
Procuraduría General de la Nación ejecución de ingresos que han sido
incorporados al presupuesto de la entidad con ocasión del impuesto sobre el
patrimonio."
Adicionalmente informó que de conformidad con el
oficio 9632 del 21 de octubre de 2002 suscrito por la Señora Ministra de
Defensa Nacional y el oficio No. 1306 del 28 de octubre de 2002 enviado a la
Directora General del Presupuesto Público Nacional, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público mediante Resolución No. 2560 del 2 de diciembre de 2002, por la
cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2002,
asignó a la Procuraduría de la Cuenta 3 Subcuenta 2, Objeto 1, Ordinal 22,
otras transferencias para garantizar derechos de los procesados, derechos
humanos y normas del Derecho Internacional Humanitario.  La distribución previo
concepto de Dirección General del Presupuesto Nacional con cargo al presupuesto
del presente año, equivale a la suma de $1.500.000.000.oo.
2. 7.   Respuesta
de la Defensoría del Pueblo
En respuesta al oficio OPC-188, mediante el cual se le
había solicitado la prueba decretada en el auto del 29 de noviembre de 2002,
relacionada con las actuaciones que se han adelantado para hacer efectivos los
recursos del impuesto al patrimonio recaudados con motivo de la conmoción
interior a favor de la Defensoría del Pueblo, esta entidad señaló lo siguiente:
"Hemos recibido los oficios 9687 y
10684 de parte de la señora Ministra de Defensa Nacional de fecha 22 de octubre
y 25 de noviembre de 2002 respectivamente, mediante los cuales se informa a la
Defensoría que el Ministerio de Defensa ha gestionado una partida de $2.000
millones para ser ejecutada inicialmente en la vigencia de 2003; decisión que
se modifica en el sentido de que va a ser ejecutada en la vigencia de 2002, con
parte de los recaudos del impuesto al patrimonio creado a través del Estado de
Conmoción Interior.
De otra parte, la Directora General del
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de  Hacienda y Crédito Público
doctora Carolina Rentería, mediante Oficio 11119 del 21 de noviembre del año en
curso, solicita a la Defensoría del Pueblo hacer llegar a esa Dirección la
propuesta de utilización de los recursos con financiación del impuesto creado a
través del Decreto 1838 de 2002. La solicitud mencionada fue respondida
mediante la comunicación 2040-320 del pasado 26 de noviembre por el Secretaría
General (E) de la entidad.
Por otra parte, con fecha 2 de diciembre de
2002, el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor ROBERTO JUNGUITO
BONNET, expide la Resolución No. 2560, mediante la cual autoriza una
distribución en su presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia de
2002, asignándole a la Defensoría del Pueblo la suma de $2.000 millones en
Transferencias Corrientes... ....... "Para garantizar derechos de los
procesados, derechos humanos y normas del Derecho Internacional
Humanitario".
Así las cosas, en el momento, 4 de
diciembre de 2002, las referidas han sido las actuaciones que se han adelantado
para hacer efectivos los recursos del impuesto al patrimonio recaudados con
motivo de la Conmoción Interior a favor de la Defensoría del Pueblo.  Para
mayor ilustración se anexa fotocopia de la documentación relacionadas."
2. 8.   Informes
de la Presidencia de la República
El Secretario General de la Presidencia de la
República, con el fin de dar respuesta al oficio OPC-191, mediante el cual se
le solicitaron las pruebas decretadas en el auto del 2 de diciembre de 2002,
allegó los tres informes presentados al H. Congreso de la República en relación
con la declaratoria del estado de conmoción interior.
En primer término, expuso que el Gobierno Nacional, en
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 39 de la Ley 137 de
1994, presentó informe al Congreso de la República.   En él se muestra la
evolución de los acontecimientos que dieron lugar a la declaratoria del estado
de conmoción interior, durante el período comprendido entre el 11 de agosto y
el 13 de septiembre de 2002.  Manifestó que las cifras registradas muestran
que, si bien han disminuido los hechos de violencia, continúan los ataques a
las poblaciones y ciudadanos indefensos, los ataques a la infraestructura de
los servicios públicos esenciales, los atentados contra las autoridades
regionales y locales por parte de organizaciones criminales y terroristas,
asociados con la comisión de varios delitos como secuestros, extorsiones y
desapariciones que conducen al desplazamiento forzado de varios de ciudadanos.
Indicó el número de ataques contra ciudadanos
indefensos y violaciones a sus derechos, así como, el número de los actos
terroristas contra el desarrollo de la actividad productiva de la Nación,
dentro de los cuales se encuentran, el hurto de hidrocarburos por parte de las
AUC, guerrilla y delincuencia común, el contrabando de hidrocarburos y sus
derivados, ataques a los oleoductos, torres de energía, puentes y acueductos.
Así mismo, se observan las ventajas y los resultados
positivos de las operaciones de la Fuerza Pública en relación con las capturas
de los miembros de la guerrilla y las autodefensas ilegales; el decomiso de
munición e incautación de equipos de comunicación de estos mismos; en cuanto al
narcotráfico, aumentaron más del doble las hectáreas asperjadas y la
destrucción de laboratorios de procesamiento  de drogas ilícitas.
En relación con las capturas de los miembros de la
guerrilla, se dice que han incrementado en un diecisiete por ciento (17%); el
decomiso de munición, en una 69%; y, la incautación de equipos de comunicación
en un 104%.  Por otra parte,  se indica que las operaciones permanentes de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional permitieron 39 bajas a las
autodefensas ilegales en el mes de agosto, lo cual significa que triplicaron
los resultados del mes de julio, logrando la captura de 85 miembros de estos
grupos.
Aparece una relación de las medidas adoptadas bajo el
amparo del estado de conmoción interior, su evaluación, justificaciones y
ventajas. Hace mención de los decretos legislativos expedidos por el Gobierno
Nacional durante la vigencia del estado de excepción, los cuales se citan a
continuación.
a.
Decreto 1838 del
11 de agosto de 2002, "Por medio del cual se crea un impuesto especial
destinado a atender los  gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios
para preservar la Seguridad Democrática."   Establece que fue creado por el requerimiento de un
mayor esfuerzo que permitiera incrementar del Gobierno Nacional, la efectividad
y capacidad de reacción para enfrentar los grupos al margen de la ley; que se
estima que por este nuevo impuesto se recaudará una suma cercana a $2 billones
de pesos. El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN se pronunció al
respecto estableciendo que: "la Administración ha logrado recaudar la suma
de $3.007.268.511.
b.
Decreto 1885
/02 del 20 de agosto de 2002, "Por medio del cual se adiciona el Decreto
1838 de 2002."  En
relación con esta medida, se hace énfasis en que con el impuesto especial para
preservar la seguridad democrática se consulta la capacidad contributiva, toda
vez que los obligados son los sujetos de mayor riqueza.
c.
Decreto 1900 del
23 de agosto de 2002, "Por el cual se adoptan medidas en materia penal y
procesal penal contra las organizaciones delincuenciales y se dictan otras
disposiciones."  Se
indica que de la aplicación de la norma, se tiene que hasta el día 13 de
septiembre de 2002, se han aprehendido 37.163 galones de combustibles, de
acuerdo con el reporte de la Dirección de Aduanas Nacionales, por valor de
$75.010.504.  El Gobierno Nacional estima que las medidas adoptadas con ocasión
a este decreto se han convertido en una herramienta eficaz para combatir las
organizaciones delincuenciales que se vienen lucrando del hurto y contrabando
de hidrocarburos y sus derivados y que causan un detrimento a los intereses del
Estado Colombiano.
d.     Decreto 1959 del 30 de agosto de 2002,
"Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal de 2002."  La expedición de este decreto se justifica en la necesidad de aumentar
los recursos con destino a la seguridad y defensa, pues con los que se cuenta
resultan insuficientes para la inversión adicional que reclama el crecimiento
de la Policía y las Fuerzas Militares, sus planes de expansión operativa y la
modernización de su equipamiento para los años 2002 y 2003.
e.      Decreto 1975 del 3 de septiembre de 2002,
"Por medio del cual se suspende la Ley 333 de 1996 y se regulan la acción
y el trámite de la extinción de dominio."  Sobre la evolución de la medida el Ministro del
Interior informa: "los procesos de extinción de dominio existentes aún
continúan en curso, sin que hasta la fecha de presentación de este informe, se
hubiere decretado extinción de dominio de alguno de los bienes incautados con
anterioridad. Sin embargo se informa, que la Fiscalía General de la Nación
dispuso las siguientes medidas para dar estricto cumplimiento a las nuevas normas
de extinción de dominio. :
-
Designación de cinco
(5) Fiscales de descongestión para facilitar la ejecución de las medidas y así
obtener los resultados en el menor tiempo posible.
-
Gestionar ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la obtención de una partida
presupuestal necesaria para la creación de 20  nuevas plazas de Fiscales
Delegados para el conocimiento de la acción de extinción del dominio en todo el
territorio nacional.
-
Difusión  de los
alcances del nuevo régimen normativo de extinción del dominio y capacitación a
los funcionarios encargados de aplicar la norma.
En igual sentido, la Secretaría General de
la Dirección Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del
Derecho informa, que hasta el día 18 de septiembre de 2002, no se ha
pronunciado ningún pronunciamiento de fondo por parte de los fiscales, jueces y
tribunales que determinen la extinción de dominio de bienes dentro del contexto
del decreto 1975 de 2002."
f.       Decreto 2001 del 9 de septiembre de 2002, "Por el
cual se modifica la competencia de los Jueces Penales del Circuito
Especializados."
g.
Decreto
2002 del 9 de septiembre de 2002, "Por el cual se adoptan medidas para el
control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y
consolidación."
Por último, se hace un recuento de las investigaciones
en curso sobre eventuales abusos en el uso de las facultades.  Sobre este tema
el Gobierno informó lo siguiente:
"-La Procuraduría General de la
Nación, certifica que   verificada la información     reportada por las
diferentes dependencias en el Sistema de Gestión Disciplinaria -GEDIS, y de
Información Administrativa -SIAF, no hay registro de queja o investigación
adelantada por ese organismo relacionado con posibles abusos de funcionarios en
el uso de las facultades de conmoción interior, hasta el 15 de septiembre de
2002.
-
El Secretario
General de la Policía Nacional, certifica que hasta el día 18 de septiembre de
2002, no se registran reportes sobre investigaciones penales o disciplinarias
relacionadas con el estado de excepción".
-
La Secretaría
Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Rama Judicial del Poder
Público, certifica que revisado el sistema de información y gestión que lleva
esa entidad, no se han recibido investigaciones o quejas sobre eventuales
abusos en el uso de las facultades del Estado de Conmoción Interior, hasta el
día 18 de septiembre de 2002.
-     El Jefe de Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Militares informa que hasta el día 18 de septiembre de 2002, no se
han recibido quejas o denuncias contra miembros de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, comunica, que ante el señor
Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado, cursa una
queja que el denunciante llama "acción de cumplimiento de la
Constitución", datada en Armenia el día 27 de agosto de 2002, por la
Asociación de Derechos Humanos "Demetrio Prieto", en la cual eleva
una enérgica protesta por los presuntos "operativos de limpieza
social", que según dicha organización no gubernamental, se habrían
multiplicado con la expedición del decreto de Conmoción Interior.
-       El anterior informe fue corroborado
por el Inspector General de las Fuerzas Militares, enfatizando en que las
presuntas amenazas de violencia de que estarían siendo víctimas algunos líderes
sociales del Departamento de Risaralda, según la mencionada organización
gubernamental, estaría atribuida a grupos de autodefensa ilegal que están
haciendo presencia en la región."
El segundo informe presentado al H. Congreso de la
República, también   fue expedido en cumplimiento del inciso 3º del artículo 39
de la Ley 137 de 1994.
En él aparece la evolución de lo acontecido en este
estado de excepción a partir del 11 de septiembre de 2002, reflejando una
disminución de los hechos de violencia que dieron lugar a la declaratoria de
conmoción interior, a pesar de que aún continúan los actos terroristas contra
la actividad productiva del país y los ataques contra la población civil.
Además se plantearon las ventajas y los resultados
positivos de las operaciones de la Fuerza Pública, relacionadas con el
enfrentamiento contra la subversión, las autodefensas ilegales, el
narcotráfico, la recuperación de hidrocarburos, el secuestro y la extorsión.
Aparece una relación de las medidas adoptadas bajo el
amparo del estado de conmoción interior. Hace mención de los decretos
legislativos expedidos por el Gobierno Nacional durante la vigencia del estado
de excepción, los cuales se citan a continuación.
h.
Decreto 2255 del
8 de octubre de 2002, "Por medio del cual se adoptan medidas relacionadas
con los Concejos Municipales para su normal funcionamiento".
i.
Decreto 2180 de
2002, "Por el cual se modifican los artículos 4 y 6 del Decreto 1900 de
2002."
j.
Decreto 2132 de
2002, "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal de 2002, contenida en el decreto 1959 del 30 de agosto de
2002".
k.
Resolución
129 de 2002, "Por la cual se delimitan las zonas de Rehabilitación y
Consolidación y se designan sus Comandantes"
Más adelante, el informe muestra una evaluación
positiva de las medidas adoptadas en el estado de excepción, en virtud de la
expedición de estos decretos.
Por último, relaciona las investigaciones en curso
sobre eventuales abusos en el uso de las facultades. Sobre este tema el
Gobierno informó lo siguiente:
"4.1. Informe de la Procuraduría
General de la Nación
-
La Procuraduría
Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, informa que
abrió indagación preliminar por los hechos ocurridos el 16 de septiembre del
presente año en la jornada de paro nacional por la retención de ocho (8)
personas, en una Unidad Permanente de Justicia de Bogotá.
-
La Procuradora
Provincial de Barranquilla informa que inició indagación disciplinaria
relacionada con las retenciones ilegales de un ciudadano y de una menor en
actuaciones de miembros de la SIJIN.
-
La Procuradora
Provincial de Fusagasuga, informa la apertura de dos indagaciones preliminares
contra miembros de la Fuerza Pública por detenciones ilegales de ciudadanos.
-
La Procuraduría
Regional de Antioquia, informó al Procurador General de la Nación que en
desarrollo de las operaciones militares ejecutadas en la Comuna Trece se han
recibido nueve (9) quejas por maltratos ocasionados a personas detenidas por la
Fuerza Pública, dos (2) quejas por capturas ilegales, cinco (5) quejas por
personas desaparecidas y una (1) queja por muerte de un habitante del Comuna.
4.2. Informe del Consejo Superior de la
Judicatura.
La Secretaría Judicial de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura informa que
hasta el ocho (8) de octubre de 2002, no aparece investigación alguna sobre
eventuales abusos en el uso de las facultades del Estado de Conmoción Interior,
revisada todas y cada una de las fuentes de registro de esa Corporación.
4.2. (sic) Informe del Ministerio de
Defensa Nacional
La señora Ministra de Defensa Nacional,
informa que acuerdo con el Oficio No. 12564-CEIGE-DH-725 del 21 de octubre de
2002, del Inspector General del Ejército Nacional, no existe hasta la fecha
ninguna investigación relacionada con eventuales abusos cometidos por miembros
del Ejército Nacional, es (sic) de las facultades de conmoción interior.
Los Comandantes de la Armada Nacional y la
Fuerza Aérea Colombiana informan por su parte, que no se han conocido de la
existencia de quejas contra las instituciones por posible excesos o abusos de
las facultades en estado de excepción."
Finalmente, adjuntó también el escrito, mediante el
cual se le informa al H. Congreso de la expedición del Decreto 2555 de 2002,
por medio del cual se tomó la decisión de prorrogar el estado de conmoción
interior, por el término de 90 días calendario contados a partir del 9 de
noviembre de 2002, en todo el territorio nacional.
Expresó que los hechos probados por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-802 de 2002 continúan afectando la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. Señala que, "las
medidas que se han adoptado hasta el momento para contrarrestarlos han
producido efectos positivos, por lo cual, forzosamente se impuso la continuidad
de tal estado de excepción, mediante el mecanismo de la prórroga, establecido
en los artículos 213 de la Constitución Política y 35 de la Ley 137 de 1994, todo
ello con el objeto de impedir la extensión de sus efectos."
Adujo también que, "el Presidente de la
República en uso de su atribución discrecional de considerar la prórroga del
estado de conmoción interior se fundamentó no sólo en los hechos anteriormente
descritos, sino también en la aplicación del juicio objetivo de ponderación a
la valoración respecto de los hechos a los que se le imputa la alteración de
manera grave e inminente del orden público".
Resaltó que las medidas de policía de carácter ordinario
con que cuenta constitucional y legalmente el Presidente de la República no son
suficientes para superar la grave perturbación del orden público.
Con el fin de ilustrar a los honorables Congresistas
el actual grado de alteración del orden público, presenta cuadros estadísticos
de los hechos de mayor impacto, suministrado por la Dirección General de Orden
Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.  Entre éstos se
observan los homicidios y secuestros contra alcaldes y concejales, ataques a la
población, torres de energía y de comunicaciones derribadas, atentados contra
puentes, ataque a gasoductos, oleoductos e instalaciones de la Fuerza Pública,
emboscadas y actos terroristas.
2 .9.   Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
En atención a la orden contenida en el oficio OPC-191,
mediante el cual le había solicitado la prueba decretada en el auto del 2 de
diciembre de 2002, relacionado con informar cuál es la disposición legal que
autoriza al Ministerio de Defensa para establecer los criterios con arreglo a
los cuales se deben distribuir los recursos a que se refiere el Artículo 2 del
Decreto Legislativo 1959 de 2002, en especial, a aquellos destinados a la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, el señor Ministro de Hacienda, inició haciendo mención
al artículo 83 del Estatuto Orgánico del Presupuesto que dispone: "Los
créditos adicionales y traslados al Presupuesto General de la Nación destinados
a atender gastos ocasionados por los estados de excepción, serán efectuados por
el Gobierno en los términos que este señale.  La fuente de gasto público será
el decreto que declare el estado de excepción respectivo. (Ley 38 de 1989, art.
69, Ley 179 de 1994, art. 36".
Lo anterior para decir que el fundamento legal para la
asignación por parte de la entidad que representa, de los recursos a la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo se encuentra en el Decreto 1837 "por el cual se
declara el estado de conmoción interior".
Aclaró que el Ministerio de Defensa Nacional es por
naturaleza, el ente encargado de coordinar las acciones relacionadas con el
estado de conmoción interior, en desarrollo de sus funciones este Ministerio
consideró fundamental gestionar la provisión de los recursos necesarios, en la
actual vigencia, para ampliar el apoyo de fiscales, procuradores especiales,
defensores de oficio, de Policía Judicial y de Defensoría del Pueblo, con el
objeto de garantizar los derechos de los procesados, así como el respeto a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
En este orden de ideas, señaló:
"los cinco mil millones que se
incluyen en le presupuesto del  Ministerio de Hacienda están destinados a proveer
los recursos necesarios en la actual vigencia para ampliar el apoyo de
fiscales, procuradores especiales, defensores de oficio, de Policía Judicial y
de Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos de los procesados así
como el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
(...) Se programan estos recursos en el Ministerio de Hacienda de modo que una
vez evaluadas las necesidades particulares de cada una de las entidades antes
citadas, se proceda por parte del Ministerio a efectuar la correspondiente
distribución de recursos e incorporarlos en los presupuestos respectivos."
En desarrollo de lo anterior y para proceder a la
distribución de los recursos originados en el Decreto 1959 de 2002, la
Dirección General de Presupuesto Público Nacional solicitó al Ministerio de
Defensa Nacional, como coordinador del "Plan de Choque", informar los
criterios para distribuir los recursos; y, a la Fiscalía General de la Nación,
la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, la propuesta
de utilización de los recursos con el objeto de tramitar la correspondiente
resolución de distribución. A estos requerimientos se les dio respuesta
mediante las comunicaciones Nos. DNAF-002064 del 29 de noviembre de 2002  de la
Fiscalía,   D.P-1300 del 28 de octubre y D.P-1400 del 21 de octubre  por parte
de la Procuraduría y el 2040-320 del 26 de noviembre de 2002 por parte de la
Defensoría del Pueblo.   De lo anterior se allegó copia al expediente.
Con base en las respuestas allegadas, este Ministerio,
mediante Resolución 2560 del 2 de diciembre de 2002, procedió a efectuar la
distribución de los recursos a los órganos antes señalados, de acuerdo con las
necesidades que para cada uno de ellos se establecieron en cumplimiento del
Decreto 1837 de 2002, de la cual se anexa copia.
De otra parte en virtud del oficio OPC-192 del 3 de
diciembre de 2002 enviado por esta Corporación al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, este último informó acerca de la totalidad de los recursos que
han sido recaudados con el impuesto sobre el patrimonio.
Al respecto establece lo siguiente:
"En las cuentas de la Dirección
General del Tesoro Nacional por concepto del impuesto para preservar la
seguridad democrática, se han recaudado en la cuenta corriente No. 61015962
hasta el día 26 de noviembre de 2002 un total acumulado de
$1.227.390.398.174,oo, según la certificación del 5 de diciembre del años en
curso suscrita por el Jefe de la División de Contabilidad de esa Dirección, de
la cual se anexa copia".
IV. INTERVENCIÓN CIUDADANA, DE AUTORIDADES PÚBLICAS Y
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
1.  Ministerio del Interior
La ciudadana Sulma Yolanda Gutiérrez Hernández,
actuando en representación del Ministerio del Interior, intervino dentro del
término de la fijación en lista de este proceso, con el fin de solicitar se
declare constitucional el decreto de la referencia.
Manifestó que a pesar de las medidas adoptadas al
amparo de la conmoción interior y los avances hasta ahora obtenidos, las causas
que motivaron la declaratoria de este estado de excepción aún subsisten.
Adujo que el Decreto 2555 de 2002 cumple con los
requisitos tanto formales como materiales exigidos por la Constitución.  Así
mismo, estableció que es procedente la prórroga, por considerar que no han
desaparecido las causas de la perturbación y, por ende, no se ha conseguido la
finalidad propia de la declaratoria del estado de conmoción interior, como es,
el restablecimiento del orden público.
A fin de sustentar la anterior afirmación adjuntó
cuadros de varias fuentes, entre las cuales se encuentran: el Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS-, la Policía Nacional, DIJIN, FONDELIBERTAD,
la Dirección Central de Policía Judicial, ISA, ECOPETROL, las Gobernaciones y
la Federación Colombiana de Municipios. En éstos se ven reflejados los hechos
de terrorismo que se han presentado en el país del 11 de agosto al 10 de
noviembre de 2002, la evolución de los delitos de impacto durante el período
comprendido entre el 11 de mayo y el 10 de noviembre de 2002, los miembros de
la Fuerza Pública muertos y heridos en combate, el número de secuestros
perpetrados entre agosto 11 y noviembre de 2002, los alcaldes y concejales
asesinados, los ataques a instalaciones de la Fuerza Pública perpetrados dentro
del período del 11 de agosto a noviembre de 2002, los ataques a poblaciones,
las torres derribadas y los municipios afectados con dichos actos.
A continuación el cuadro donde se refleja la evolución
de los delitos de impacto.
EVOLUCIÓN DELITOS DE IMPACTO
11 de mayo de 2002 - 10 de noviembre de 2002
DELITO
11 DE MAYO - 10 DE AGOSTO
11 DE AGOSTO - 10 DE NOVIEMBRE
ATENTADOS TORRES DE ENERGÍA
112
47
TORRES DE COMUNICACIONES DERRIBADAS
10
6
ATENTADOS CONTRA PUENTES
18
17
ATAQUE A GASODUCTOS
3
3
ATAQUE A OLEODUCTOS
9
7
ACUEDUCTOS AVERIADOS
1
1
ATAQUES A POBLACIÓN
9
4
ATAQUES A INSTALACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA
25
15
EMBOSCADAS FUERZA PÚBLICA
27
41
HOSTIGAMIENTOS
88
77
ACTOS TERRORISTAS
458
373
DESACTIVACIÓN ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
167
184
SECUESTROS
985
745
HOMICIDIOS COMUNES
7347
6749
HOMICIDIOS COLECTIVOS
23 (121 Víctimas)
39 (149 Víctimas)
HOMICIDIO DE CONCEJALES
20
21
HOMICIDIO DE ALCALDES
3
1
SECUESTRO DE CONCEJALES
8
7
SECUESTRO DE ALCALDES
7
2
Fuentes:
- Dirección Central de Policía Judicial
- Departamento Administrativo de Seguridad - DAS
- Policía Nacional - Dijin
- Gobernaciones Departamentales
2.   Fiscalía General de la Nación
El ciudadano Luis Camilo Osorio Isaza, en calidad de
Fiscal General de la Nación, intervino dentro del término de la fijación en
lista de este proceso, con el fin de solicitar se declare exequible el Decreto
2555 de 2002, toda vez que a su juicio, resulta evidente la continuidad de la
perturbación del orden público en el país.
Consideró que desde el punto de vista formal, la norma
en revisión cumple con todos los requisitos constitucionales.  De igual forma,
manifestó que los presupuestos materiales que convalidan la prórroga del estado
de conmoción interior se encuentran acreditados.
Al respecto anotó:
"subsiste aún la perturbación del
orden público (presupuesto fáctico); este trastorno, además, está atentando, de
manera grave e inminente, contra la estabilidad institucional, la seguridad del
Estado y la convivencia ciudadana (presupuesto valorativo), y, a pesar de los
ingentes esfuerzos del ejecutivo desarrollados durante la vigencia del decreto
1837 de 2002, las herramientas jurídicas ordinarias, que recobrarían vigencia
con la terminación del estado de conmoción interior, no permitirían, aún,
conjurar la grave alteración del ordenamiento institucional (juicio sobre la
suficiencia de las medidas ordinarias de policía)."
En relación con el presupuesto fáctico, afirmó que aún
no existen aquellas condiciones de seguridad y tranquilidad requeridas para el
normal ejercicio de los derechos.
De otra parte, en cuanto al presupuesto valorativo,
determinó que el contenido de lesividad de los hechos expuestos y probados en
la Sentencia C-802 de 2002, no ha variado desde el momento en que el gobierno
expidió el Decreto 1837 del 11 de agosto de 2002; en su sentir, lo anterior
determina la validez de la prórroga del estado de conmoción interior.
Finalmente, en relación con el juicio sobre las
suficiencias de las medidas ordinarias de policía, como tercer y último
requisito de orden material que fundamenta la validez del decreto que prorroga
el estado de conmoción interior, indicó que las herramientas jurídicas
ordinarias no permiten conjurar completamente la grave alteración del orden
público que amenaza la estabilidad institucional, la seguridad del estado y la
convivencia ciudadana.
Argumentó que no se requiere de mayores elementos de
juicio para concluir que resulta imperioso seguir con el fortalecimiento de la
Fuerza Pública y de la rama judicial, proporcionándoles los suficientes
recursos económicos necesarios para atender las actividades que por mandato
constitucional les corresponden.
En síntesis, estableció que los hechos de carácter
grave y excepcional que afronta el país justifican la prórroga por noventa días
más del estado de conmoción interior.
3.  Presidencia de la República de Colombia
El ciudadano Camilo Ospina Bernal, obrando en calidad
de Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, facultado mediante
Decreto 2519 de 1998, intervino con el fin de exponer los fundamentos jurídicos
que en su sentir, sustentan la constitucionalidad del Decreto 2555 de 2002.
Expuso que el Decreto Legislativo 2555 de 2002 cumple
con los requisitos exigidos por la Constitución Política y la Ley 137 de 1994;
estos son: la firma del Presidente de la República y todos los Ministros del
Despacho; la motivación contenida en los considerandos en los cuales el
Gobierno expone las razones en que se basó para prorrogar el estado de
excepción, en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 213 de la
Constitución; la oportunidad, toda vez que el Decreto se expide el 8 de noviembre
estando vigente el estado de conmoción interior declarado por el Decreto 1837
de 2002; y, en relación con la vigencia, la norma que se revisa es de carácter
transitorio, pues es por noventa días contados a partir del día 9 de noviembre
de 2002.
Anotó que para el Gobierno Nacional es claro que,
"a pesar de las medidas adoptadas durante los primeros noventa días de
conmoción interior, las causas que originaron la grave perturbación del orden
público y que dieron lugar a la declaratoria inicial subsisten, pues aún existe
la inequívoca intención de los grupos terroristas y de organizaciones
criminales al margen de la ley de generar un clima de inestabilidad y de
violencia, amenazando con su accionar el normal desarrollo de las actividades
ciudadanas y de las Instituciones."
Señaló también que en lo que va corrido desde la
declaratoria del estado de conmoción interior, según estadísticas suministradas
por las diferentes entidades y centros de información, se registran los
siguientes hechos de violencia y barbarie: ciento setenta y un (171) homicidios
colectivos, ciento noventa y cuatro (194) asesinatos de civiles, setecientos
cuarenta y cinco (745) secuestros, tres (3) ataques a poblaciones,
cuatrocientos un (401) casos de terrorismo y doscientos treinta y tres (233)
denuncias de extorsión.
Recalcó que resultan insuficientes las atribuciones
ordinarias de las autoridades de policía para conjurar la grave alteración del
orden público.  Adicionalmente, realizó un recuento de algunas de las medidas
tomadas mediante decretos legislativos, como son la creación del impuesto para
preservar la seguridad democrática y el procedimiento para la extinción de
dominio, para finalmente concluir que se tratan de medidas urgentes, algunas de
ellas de carácter transitorio, otras que podrán convertirse en legislación
permanente, pero todas indispensables para el restablecimiento y conservación
del orden público.
Así las cosas, finalizó estableciendo que a juicio del
Gobierno Nacional están dados los presupuestos constitucionales y legales que
permiten la prórroga del estado de conmoción interior.
4.   Ministerio de Defensa Nacional
La ciudadana Luz Marina Gil García, en calidad de
apoderada especial del Ministerio de Defensa Nacional, intervino dentro del
término de la fijación en lista de este proceso, con el fin de solicitar se
declare constitucional el Decreto 2555 del 8 de noviembre de 2002.
En  su sentir, la norma en mención cumple con los
requisitos de forma y fondo exigidos por la Constitución para la prórroga del
estado de conmoción interior.
Expresó que las circunstancias, hechos y conductas
expuestas en los considerandos del Decreto 1837 de 2002, que dieron lugar a la
declaratoria del estado de conmoción, aunque tienden a disminuir aún
persisten.
Realizó un recuento de las pruebas aportadas en virtud
de la orden proferida en el Auto del 20 de noviembre de 2002, las cuales ya
fueron relacionadas, con el fin de reiterar que persisten los ataques
indiscriminados de grupos criminales contra los ciudadanos indefensos, la
violación a los derechos humanos y a las reglas del Derecho Internacional
Humanitario, la destrucción de pueblos y la comisión de delitos de lesa
humanidad como masacres, desapariciones, secuestros y desplazamientos
forzados.
Así mismo, señaló que se siguen presentando en
diferentes zonas del país actos terroristas contra la población civil y demás
autoridades por parte de estos grupos criminales y bandas armadas; así como en
contra de la infraestructura de servicios esenciales.  Por último anotó  que
continúan los actos de coacción y amenazas por parte de grupos armados contra
los mandatarios nacionales, locales y seccionales y a sus familias, en el
territorio nacional.
Por todo lo anterior, concluyó que se encuentra
probada la procedencia material y formal del ejercicio de la facultad del
Presidente de la República para prorrogar el estado de conmoción interior, como
medida necesaria para conjurar la grave perturbación de orden público, en
cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.
Anexó un cuadro de estadísticas sobre los delitos
contra la salud pública.
5.  Dirección Nacional de Estupefacientes
El ciudadano Libardo Guauta Rincón, obrando en calidad
de apoderado especial de la Dirección Nacional de Estupefacientes, interviene
dentro del término de la fijación en lista de este proceso, a fin de solicitar
se declare la constitucionalidad del Decreto 2555 de 2002.
Expresó que el examen de constitucionalidad realizado
al Decreto 1837 de 2002 de la declaratoria del estado de conmoción interior, el
cual dio lugar a su exequibilidad, permite afirmar la constitucionalidad del
Decreto 2555 de 2002, teniendo en cuenta que las causas que motivaron la
decisión del Ejecutivo de declarar el estado de conmoción interior aún
subsisten.  Por ende, la alteración del orden público se mantiene y la misma no
puede conjurarse a través de las facultades de policía ordinaria.
Hizo énfasis en problemas como los atentados
terroristas contra los puestos de policía, ciudadanos indefensos, funcionarios
públicos y contra las poblaciones inermes, entre otros, a fin de sustentar su
posición.
Manifestó que levantar el estado de excepción
significaría perder todo el esfuerzo institucional realizado con la expedición
de los decretos legislativos, que desarrollan la declaratoria de la conmoción
interior, haciendo especial referencia al Decreto 1975 de 2002, que contempla
el procedimiento de extinción de dominio.
Adujo que con las medidas especiales de policía, se ha
logrado mucho en materia de capturas, allanamientos y decomiso de sustancias
alucinógenas, lo cual a su parecer, representa un ataque frontal contra una
actividad, que es la fuente de ingresos para los grupos, bandas y demás
organizaciones delincuenciales.
Finalmente, señaló que otra de las razones que avalan
la constitucionalidad del Decreto 2555 del 8 de noviembre de 2002, la
constituye la creación de las zonas "ZRC" (Zonas de Rehabilitación y
Consolidación).
Por todo lo anterior, consideró que el referido
Decreto debe ser declarado  constitucional.
6.  Comisión Colombiana de Juristas
El ciudadano Gustavo Gallón Giraldo, en calidad de
Director de la  Comisión Colombiana de Juristas, intervino dentro del término
de la fijación en lista de este proceso, con el fin de solicitar que se declare
la inconstitucionalidad del Decreto 2555 de 2002.
En primer lugar, manifestó que el Gobierno dispone de
la facultad de declarar y prorrogar el estado de conmoción interior; que dicha
facultad la debe ejercer únicamente en los casos y dentro de los límites
señalados en el Artículo 213 de la Constitución, el Artículo 4º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención
Americana sobre derechos humanos.
Expuso que los requisitos establecidos en estas normas
son los siguientes: 1- que tanto la declaratoria como su prórroga sean
realizadas oficialmente y con el cumplimiento de los requisitos formales; 2-
que exista una situación de grave perturbación del orden público de carácter
excepcional, que atente de manera inminente contra la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana; 3- que sea
imposible conjurar la alteración del orden público mediante el uso de las
facultades ordinarias de las que dispone el Gobierno.
En relación con el primer requisito, afirmó que la
norma en revisión lo cumple, toda vez que la prórroga del estado de conmoción
interior fue declarada oficialmente y con el cumplimiento de las formalidades.
En cuanto al aspecto material, consideró que, si bien
las causas mencionadas en el decreto por el Gobierno son graves, éstas no
constituyen una situación nueva ni sobreviniente y que por consiguiente deba
ser enfrentada con medidas excepcionales.
Adujo que las amenazas a mandatarios locales y
regionales, así como a otros funcionarios de la administración pública, al
momento de declararse el estado excepcional de la conmoción interior,
constituían un hecho nuevo que perturbaba de manera grave e inminente la democracia
e impedía el ejercicio de la autoridad estatal en lo local, e incluso en lo
nacional.
No obstante, a su juicio, las medidas excepcionales
tomadas para enfrentar la grave situación crónica que padece el país, no han
sido útiles para enfrentar las amenazas contra mandatarios locales y
regionales, lo que en su sentir, "riñe con el principio de necesariedad
de las medidas de conmoción interior."  En este orden de ideas,
establece que la prórroga de la conmoción, como medida excepcional, igualmente
carece de idoneidad.
Señaló que la ausencia de una acción decidida de parte
de las autoridades para hacer frente a esa crisis permanente, a través de las
atribuciones ordinarias que a ellas les confieren la Constitución y las leyes,
es una causa determinante de la inseguridad y de la desprotección de derechos
en que se encuentra la población colombiana.
Argumentó que actualmente no es necesario acudir a
medidas excepcionales de restricción de derechos para enfrentar la crisis que se
presenta; que tratándose de una crisis estructural como la existente debería
acudirse a medidas también estructurales.  En otras palabras,  manifiesta que
las medidas de excepción, por ser temporales, no tienen la virtualidad de
responder a una situación de tal magnitud.
Estimó que existen facultades ordinarias para
enfrentar la crisis, entre las cuales se encuentran:
"la ejecución de las numerosas órdenes
de captura que existen en contra de miembros de grupos armados al margen de la
ley, el retiro de miembros de la fuerza pública involucrados por acción o por
omisión en violaciones a derechos humanos y en conformación de grupos para
militares; la adopción de un compromiso serio, respaldado por una sincera  y
decidida voluntad política, para investigar y sancionar a las personas
responsables de violaciones a los derecho humanos y al derecho humanitario, la
preparación de un verdadero proceso de paz, fundamentado en la búsqueda del
respeto de los derecho humanos y el derecho humanitario; la suscripción de
acuerdos humanitarios y de un acuerdo global de derechos humanos como el
propuesto por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Colombia; y, en general la implementación de las
recomendaciones de organismos intergubernamentales de derechos humanos."
En síntesis, estableció que si bien la situación de
orden público es crítica, dicha situación no es coyuntural sino estructural y
constituye lo que la Corte Constitucional ha denominado como violencia
endémica.   Además señaló que no existe un riesgo que amenace de manera
inminente la vida de la nación o la estabilidad institucional.
Por todo lo anterior solicitó se declare inexequible
el decreto referido.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador General de la Nación solicitó
a la Corte declarar exequible el Decreto 2555 de 2002.
En primer término, señaló que la Corte es la
autoridad  competente para realizar el examen de constitucionalidad del decreto
legislativo mediante el cual se ha prorrogado el estado de conmoción interior
declarado en el  Decreto 1837 de 2002.
A continuación, afirmó que el Decreto 2555 de 2002
cumple con los requisitos de forma exigidos por la Carta Política, los cuales
consisten en: haber sido expedido bajo la vigencia del Decreto 1837 de 2002,
que la duración de la prórroga no excede de noventa (90) días calendario,
contener la firma del Presidente de la República y la de todos sus ministros, y
en establecer los motivos por los cuales se prorroga el estado de conmoción
interior.
De otra parte, en relación con el aspecto material del
decreto referido, adujo que aún continúan los hechos que aparecen probados en
la Sentencia C-802 de 2002.
En su sentir, haciendo alusión a la sentencia C-153 de
1996, se puede afirmar que la finalidad perseguida por la declaración de
conmoción interior, por medio del Decreto 1837, no se logró a pesar de las
medidas extraordinarias que se tomaron para conjurar la crisis.
Al respecto señaló:
"los elementos materiales que permiten la
adopción de la prórroga del estado de conmoción interior, como son los
presupuestos fácticos y valorativos permanecen incólumes, a pesar de los
esfuerzos del Gobierno Nacional por controlar la situación anómala, es decir,
que la perturbación del orden público como primer presupuesto, sigue encausada
dentro del sendero de una violencia que tiene la pretensión desestabilizadora
de destruir la institucionalidad jurídico-política de la Nación, y el elemento
valorativo en cabeza del Ejecutivo, que si bien goza de una amplia
discrecionalidad, encuentra su fundamento en el primero, y a que la
consecuencia de éste no es otra que, como se ha dicho, el atentado, de manera
grave e inminente, contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado
y la convivencia ciudadana.
Por último, manifestó que el término de 90 días es muy
corto para obtener los resultados de las medidas tomadas en virtud de la
declaratoria del estado de conmoción interior, así como para haber cesado el
terror infundido a los ciudadanos durante muchos años de violencia.
Por todo lo
anterior, concluyó que es necesario prolongar la vigencia del estado de
excepción referido para garantizar el debido ejercicio de los derechos de todos
los asociados.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.   COMPETENCIA
En relación con la competencia de la Corte
Constitucional para conocer del decreto de prórroga  del estado de conmoción
interior, esta Corporación considera necesario previamente recordar la
regulación de los estados de excepción que traía la Carta Política de 1886, los
debates que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva
regulación constitucional del estado de conmoción interior y sus prórrogas en
la Constitución de 1991.
1. 1.      El
régimen constitucional anterior.
La Carta Política de 1886 abordaba la
dialéctica entre excepción y normalidad, mediante dos figuras afines y
complementarias, a saber: el estado de sitio[1] y el
estado de emergencia económica y social[2] .
La regulación constitucional de la
anormalidad, como fuente de creación de normas jurídicas, se caracterizaba por
lo siguiente: (i) supuestos de hecho tan disímiles como los conflictos armados
internacionales y las graves alteraciones del orden público interno eran objeto
de la misma regulación contenida en el artículo 121 superior; (ii) inexistencia
de límites temporales constitucionales a la vigencia del estado de sitio; y,
(iii) carencia de fuerza vinculante de los tratados internacionales en el orden
interno a pesar del reenvío que el artículo 121 infine de la
Constitución de 1886 operaba al “derecho de gente”[3].
Estas características condujeron a que
poco a poco, las diferencias semánticas y materiales que siempre deben existir
entre regla y excepción, normalidad y anormalidad, temporalidad y permanencia
se desdibujasen, y a que se presentase un importante resquebrajamiento del
sistema de checks and balance, debido a la acumulación de poderes en
cabeza de la Rama Ejecutiva en desmedro de las competencias de las Ramas
Legislativa y Judicial, al desconocimiento de buena parte de los derechos
fundamentales, y en suma, a vivir bajo un estado de excepción permanente, sin
que por ello se hubiesen conjurado de manera efectiva las causas profundas de
la amenaza contra las instituciones democráticas y la sociedad civil.
1. 2.      La
Asamblea Nacional Constituyente y los límites temporales a la vigencia de los
estados de excepción.
Una de las más sentidas preocupaciones de
los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, fue la de consagrar unos límites
temporales a la duración de los estados de excepción, con el propósito de
garantizar la vigencia de un Estado Social de Derecho, y ajustar la regulación
constitucional de las situaciones de anormalidad a los compromisos
internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos humanos.
En efecto, en el Informe-Ponencia para
primer debate en plenaria, titulado “Normas de Excepción.  El Estado de Sitio y
el Estado de Excepción.  La Emergencia Económica y Social”, los delegatarios
sostuvieron lo siguiente:
“En los últimos 42 años, el país ha vivido
37 años en estado de sitio, convirtiendo una medida excepcional en un régimen
permanente, pues de la Constitución, el único artículo cuya aplicación debería
ser la excepción, es el artículo de más permanente aplicación. En vez de la
excepción confirmar la regla, la excepción se vuelve regla.
“Todos los proyectos votados, buscan la
limitación en el tiempo de los estados de emergencia.
“La discusión sobre si se puede limitar el
tiempo de duración del estado o estados de emergencia, sin que hayan cesado las
causas de perturbación del orden público, es claramente pertinente.
“La lógica parece indicar que no debe
limitarse el tiempo, pues no puede predecirse la duración de la perturbación.
Pero la realidad demuestra que en Colombia la prolongación en el tiempo del
estado de excepción no ha resuelto el desorden, sino que puede aún haberlo
agravado, y sin duda ha deteriorado gravemente la figura del estado de sitio.
Además, se ha convertido en una muleta para gobernar casi al margen del estado
de derecho. Ha desordenado las estructuras institucionales, por los frecuentes
cambios de orientación en la búsqueda de soluciones que no llegan, por la vía
excepcional.”
“Por ello la mayoría de la Comisión en
acuerdo con el Gobierno, considera aconsejable limitar a un máximo plazo de un
año, la vigencia del estado de excepción”.
“En verdad Colombia sigue utilizando para
su vida interior el ya mencionado artículo 121 de la Constitución de 1886,
reformado en varias ocasiones sin perder su sustancia, al margen y aun en
contra de lo dispuesto en las Convenciones de las Naciones Unidas y del Sistema
Interamericano sobre Derechos Humanos.
“El Artículo 27 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos establece que la suspensión de garantías por un Estado
parte en este instrumento internacional está condicionada al mantenimiento en
todo caso de las garantías de la persona relacionadas con el derecho a la vida,
a la integridad personal, los principios de legalidad y retroactividad, las
libertades de religión y de conciencia, más “las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos”. Así mismo la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece que los Estados partes deberán
informar a los demás Estados por conducto del secretario general de la
Organización de Estados Americanos, de la suspensión de tales garantías y “de
la fecha en que hayan dado por terminada tal suspensión”.
“Colombia ha incumplido estas
disposiciones tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de los
Estados Americanos, dentro de la práctica ininterrumpida del estado de sitio.”[4] ( Subrayado fuera de texto ).
Posteriormente, en la sesión plenaria del 21 de junio
de 1991, al ser sometido a votación el texto del actual artículo 213, sobre el
estado de conmoción interior, la posición de los delegatarios fue casi unánime
en cuanto a la vigencia temporal del mismo y por lo tanto fue aprobada por una
amplia mayoría[5].
No queda por tanto duda alguna sobre la voluntad de
los constituyentes de erigir unos límites temporales a la duración de los
estados de excepción en Colombia, cuyo cumplimiento sería salvaguardado por el
juez constitucional.
1. 3.      La nueva regulación constitucional de los
estados de excepción y de sus prórrogas  en la Constitución de 1991.
La voluntad de los constituyentes en cuanto
a la necesidad de imponer límites temporales a la vigencia del estado de
conmoción interior, finalmente quedó plasmada en el artículo 213 la
Constitución de 1991, en el que expresamente se limitó a noventa días,
prorrogables dos veces por el mismo lapso, requiriendo la segunda del concepto
previo y favorable del Senado de la República.
Además del expreso límite temporal, así
mismo se establecieron en los artículos 213 y 214 de la Constitución ciertos
presupuestos formales y materiales a la prórroga de dicho estado de excepción,
los cuales se precisarán posteriormente. Se supeditaron entonces, tanto la declaratoria de la conmoción[6] como sus prórrogas, a
unos límites de forma y de fondo cuya garantía de cumplimiento a su vez se
entregó a un órgano judicial. Esta fue una de las tareas que los constituyentes
encomendaron a la Corte Constitucional, como guardián de la integridad y
supremacía de la Constitución.
Por lo tanto, puede concluirse, que
mediante los artículos 213, 214 y 241-7, la Constitución de 1991 confiere
competencia a la Corte Constitucional para realizar un control formal y
material sobre el decreto mediante el cual se prorroga un estado de conmoción
interior así como sobre aquellos que sean adoptados en virtud del mismo.
Esta determinación guarda plena armonía con lo
dispuesto por la Corte en la sentencia C-802 de 2002, en la que se despejó
cualquier duda sobre su competencia para conocer, tanto en la forma como en el
fondo, del decreto declaratorio de un estado de conmoción interior, e
igualmente con la clara e inmodificable línea jurisprudencial existente en la
materia relativa a la prórroga de dicho estado de conmoción[7]. Y representa además, un acatamiento del
Estado Colombiano al principio cardinal del derecho internacional de los
derechos humanos, según el cual, los Estados partes en un instrumento
internacional de esa naturaleza deben adoptar todas las medidas necesarias para
que los compromisos asumidos en el ámbito externo, en materia de límites
temporales a la declaratoria y vigencia de los estados de excepción[8], cuenten en el orden
interno con mecanismos efectivos de naturaleza judicial que velen por el
respeto efectivo de los mismos.
2.  FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Con el fin de realizar el respectivo
control de constitucionalidad sobre el Decreto Legislativo 2555 de 2002, la
Corte adaptará la siguiente metodología:
A. Analizará la naturaleza, presupuestos,
límites, facultades y sistemas de control a la prórroga del estado de conmoción
interior.
B. Determinará la naturaleza jurídica del decreto de
prórroga del estado de conmoción interior.
C. Examinará el presupuesto fáctico, el presupuesto
valorativo y el juicio sobre la suficiencia de las medidas ordinarias de
policía, en tanto que elementos para adelantar el control de constitucionalidad
sobre el decreto de prórroga.
D. Por último, esta Corporación se ocupará de los
controles formal y material del Decreto 2555 del 8 de noviembre de 2002.
A.   NATURALEZA, PRESUPUESTOS, LIMITES, FACULTADES Y
SISTEMAS DE CONTROL DE LA PRÓRROGA DE UN ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR.
1.     Naturaleza de la prórroga del estado de conmoción
interior.
El estado de conmoción interior es uno de
los tres regímenes del derecho constitucional de excepción que, una vez
satisfechos unos presupuestos fijados por el texto fundamental, puede ser
declarado de manera discrecional por el Presidente de la República con la firma
de todos sus ministros, y en virtud del cual, el Gobierno Nacional queda
investido de facultades excepcionales por el término de 90 días. Por su parte,
una vez concurran ciertas circunstancias también de orden constitucional, la
discrecionalidad del Gobierno Nacional se extiende a la adopción de las
prórrogas previstas en la Constitución, la segunda de las cuales está
sujeta al concepto previo y favorable del Senado de la República.
La Constitución determinó bajo qué presupuestos puede
ser declarado un estado de conmoción interior y la competencia para su
declaración; también señaló expresamente las facultades excepcionales con que
queda investido el Gobierno Nacional durante estos períodos de anormalidad.
Requisitos todos que se extienden igualmente a las prórrogas de dicho estado.
En lo que concierne a la competencia para la
declaratoria de prórroga de un estado de conmoción interior, esta fue radicada
por la Constitución en cabeza del Presidente de la República, una vez aprecie
si la persistencia de los hechos que originaron la declaratoria de conmoción
por el término inicial es de tal gravedad que siguen atentando de manera
inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la
convivencia ciudadana.
Esta decisión del constituyente de 1991 se
enmarca en una tendencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
cuyas primeras expresiones se encuentran en el informe presentado por la
Comisión Europea de Derechos Humanos, en el año de 1958, con ocasión del asunto Grecia c.   Mas tarde,
en el caso lawless, esta
instancia internacional precisó el contenido del mencionado principio como
sigue:
“Teniendo en cuenta la responsabilidad que
incumbe a un Gobierno de proteger a su población contra toda amenaza para la
vida de la Nación, es evidente que es necesario dejar un cierto margen de
apreciación a fin de determinar si existe un peligro público que amenace la
vida de la Nación y que demande de su parte medidas excepcionales”  .[9]
El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de fondo sobre el
mencionado asunto, justificó la existencia del principio del margen de
apreciación de los estados, por estimar que éstos se hallan:
“en contacto directo y
constante con las realidades presentes, y por ende, mejor ubicadas que el juez
internacional para pronunciarse sobre la presencia del peligro”.[10]
En suma, el Presidente de la República goza de un
margen de apreciación para declarar y prorrogar un estado de conmoción interior
dentro de los límites señalados por la Constitución y sometido a los controles
político y judicial correspondientes.
2.      Presupuestos.
En relación con los presupuestos para prorrogar
por primera vez un estado de conmoción interior, la Corte considera que son los
siguientes: (i) una situación fáctica consistente en la persistencia de la
alteración del orden público por las causas, o algunas de ellas, que dieron
lugar a la declaratoria del estado de conmoción interior y que la Corte
encontró probadas; (ii) una valoración especial, en el sentido de que los
hechos sean de tal entidad que continuasen atentando de manera inminente contra
la estabilidad institucional, la seguridad del estado o la convivencia
ciudadana y, finalmente; (iii) sujeción del supuesto de hecho a un juicio sobre
la suficiencia de los medios, en cuanto a que todavía resultasen insuficientes
las atribuciones ordinarias de policía para retornar a un estado de normalidad,
y su justificación para extender la vigencia en el tiempo de las medidas
excepcionales que fueron adoptadas al amparo de la conmoción interior o expedir
otras novedosas que encuentran su fundamento en el decreto declaratorio del
estado de excepción.
3.  Facultades.
Las facultades excepcionales
con que cuenta el Presidente de la República durante la prórroga del estado de
conmoción interior, de conformidad con la Constitución, son las siguientes: 1)
determinar el espacio físico en el cual continúa alterado gravemente el orden
público; 2) extender hasta por 90 días la aplicación de las medidas
excepcionales en los términos señalados por la Corte en sus respectivas
sentencias, las cuales dejarán de regir una vez se declare restablecido el
orden público; 3) expedir decretos legislativos, que  además, pueden suspender
las leyes incompatibles con el estado de conmoción interior y que cumplan con
los requisitos constitucionales y estatutarios sobre la finalidad,
proporcionalidad y necesidad; y, 4) utilizar las facultades conferidas
estrictamente para conjurar las causas de la perturbación del orden público e
impedir la extensión de sus efectos.
4.   Límites.
Durante la prórroga de un
estado de excepción, el Gobierno Nacional está sometido igualmente a todos los
límites establecidos para la declaratoria de la conmoción interior[11],
aunados los especiales propios de la declaratoria de su prórroga, todos los
cuales en resumen son los siguientes:
4. 1.  Requisitos Formales.
Una interpretación sistemática de la Constitución y de
la Ley Estatutaria 137 de 1994 arroja como resultado que el decreto de prórroga
debe cumplir con los siguientes requisitos, a saber: (i) Debe encontrarse
adecuada y suficientemente motivado; (ii) Es necesario que se encuentre firmado
por el Presidente de la República y los respectivos ministros del despacho;
(iii) El período por el cual se prorroga el estado de conmoción interior debe
encontrarse ajustado al límite máximo autorizado por la Constitución (90 días
calendario); (iv) Es preciso que haya sido adoptado durante la vigencia del
decreto mediante el cual se declaró el estado de conmoción interior; y, (v) Es
menester que sea publicado en el Diario Oficial.
Por otra parte, en cuanto a los requisitos
formales que exigen los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en
casos de declaratoria de un estado de excepción (declaración y notificación),
la Corte examinará si es preciso que cuando se trate de prórrogas del mismo, es
obligación o no cumplir con tales formalidades.
El artículo 16 de la Ley Estatutaria 137
de 1994, expresamente dispone que el Gobierno deberá, al día siguiente de la
declaratoria del estado de excepción, enviar al Secretario general de las
Naciones unidas y al Secretario general de la Organización de Estados
Americanos, una comunicación en que de aviso a los demás Estados partes de los
correspondientes tratados (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y Convención Americana sobre Derechos Humanos) de los motivos que condujeron a
aquélla. Dispone, asimismo, que deberán ser puesto en conocimiento de las
mismas instancias internacionales, los decretos legislativos que limiten el
ejercicio de derechos humanos. Igual comunicación se enviará cuando se levante
el estado de excepción. Adviértase, por tanto, que la norma guarda silencio
sobre el decreto de prórroga. Sin embargo, la Corte considera que el Gobierno
debe asimismo dar noticia a las instancias internacionales sobre la prórroga de
un estado de conmoción interior, por varias razones.
En primer lugar, los tratados
internacionales sobre derechos humanos se caracterizan por contener cláusulas
de salvaguardia, esto es, normas convencionales que, inspiradas en el principio
rebus sic stantibus, facultan a los Estados que las invocan  a sustraerse,
de manera temporal, al cumplimiento de las obligaciones acordadas en el texto
del instrumento internacional. Esta manifestación de la teoría de la
imprevisión, desarrollada en el derecho privado, fue recogida por el derecho
internacional público y responde a una realidad cual es que, en determinadas
circunstancias excepcionales, se hace imposible el cumplimiento estricto de lo
acordado, y en tal sentido, para evitar caer en  violaciones reiteradas de un
determinado tratado internacional, el Estado puede, por un determinado tiempo,
desconocer algunas cláusulas convencionales, previo respeto de determinadas
solemnidades ( declaración y notificación ). Estas cláusulas de salvaguardia,
como son los artículos 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 4
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos constituyen, en
consecuencia, buena parte de la regulación internacional de los estados de
excepción.
En tal sentido, la prolongación
de un estado de excepción debe ajustarse al requisito de temporalidad el cual,
se insiste, es inherente a la aplicación adecuada y legítima de las cláusulas
de salvaguardia.
Sobre el particular se ha
insistido en los informes sobre Estados de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en tanto que
interpretaciones autorizadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los cuales
dan cuenta de la exigencia de que no se presenten estados de excepción
permanentes. En el mismo sentido, los diversos relatores especiales sobre
estados de excepción, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, han
recabado en la amenaza que constituyen para el disfrute de los derechos
fundamentales, la prolongación indebida en el tiempo de un estado de
anormalidad.
En segundo lugar, si bien es
cierto que el decreto de prórroga no constituye, per se, un acto
jurídico de limitación de derechos humanos, también lo es que mediante él se
están extendiendo en el tiempo los efectos de determinadas medidas que si
presentan ese contenido.
Por último, recurriendo a una
interpretación de menor a mayor, si el Gobierno debe notificar el
levantamiento de un estado de excepción, que constituye una decisión que,
difícilmente recibirá alguna clase de reproche por parte de la comunidad
internacional, con mayor razón debe hacerlo cuandoquiera que se trate de una
medida que se encamina a prolongar en el tiempo un régimen de limitación a
determinados derechos humanos.
4. 2.   Requisitos materiales.
Los supuestos que dan lugar a
la prórroga del estado de conmoción interior son los siguientes: uno fáctico de
persistencia de la perturbación del orden público, con la connotación de tal
gravedad que tenga la virtualidad de seguir atentando de manera inminente
contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia
ciudadana, y la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades
de policía para el restablecimiento del orden público.
La decisión gubernamental de
prorrogar el estado de conmoción interior se legítima entonces si se constata
empíricamente la permanencia de las causas de alteración del orden público que
justificaron la expedición  del decreto declaratorio del estado de excepción, o
de algunas de ellas, dado que el Gobierno Nacional no puede invocar para la
prórroga diferentes o nuevas causas de perturbación. Por lo tanto, si del
material probatorio allegado con el fin de llevar a cabo la respectiva comprobación,
la Corte encontrare que alguna o algunas de las causas ya no persisten, podría
excluirlas de las causas probadas de subsistencia, y determinar que pierdan
vigencia las medidas excepcionales que fueron adoptadas con fundamento en
ellas, así como advertir que no se podrán expedir otras con el mismo
fundamento.
De igual manera, los hechos que
se invoquen en un decreto de prórroga deben continuar revistiendo una gravedad
tal que justifiquen la necesidad de que el Gobierno Nacional extienda la
vigencia en el tiempo de unas medidas excepcionales, y que asimismo, pueda
seguir legislando a fin de conjurar la amenaza que se cierne sobre las
instituciones democráticas y la sociedad civil.
Además, la perturbación del
orden público debe continuar siendo de tal entidad, que demande para conjurarla
el recurso a medidas excepcionales. En tal sentido, si después de declarada la
conmoción interior se expiden por el Congreso de la República medidas de
carácter permanente sobre asuntos cuya regulación fue objeto de alguna medidas
excepcional, le corresponderá al Gobierno apreciar en concreto la suficiencia
de las atribuciones ordinarias de policía en relación con el punto específico a
fin de que determine si no debe prorrogar la vigencia de las medidas
excepcionales correspondientes.
En este orden de ideas, las
facultades con que cuenta el Gobierno Nacional durante la prórroga serán las
“estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir
la extensión de sus efectos”, y en consecuencia, los decretos legislativos
expedidos con fundamento en el decreto de prórroga deben seguir cumpliendo con
los requisitos de conexidad, proporcionalidad, finalidad y necesidad.
En suma, el condicionamiento
material que la Carta hace de la prórroga de la conmoción interior no sólo
determina la legitimidad o ilegitimidad constitucional del decreto declarativo
de la prórroga sino también el de las medidas que prorrogan su vigencia, pues
constituye el ámbito de sujeción de los decretos legislativos de desarrollo
dictados con base en él.
Finalmente, al igual que ocurre
durante la declaratoria de la conmoción interior, a lo largo de la prórroga, el
Ejecutivo debe respetar los límites establecidos en la Constitución, los
tratados internacionales, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción y las
reglas deducidas por la Corte Constitucional en la materia. Es así que durante
la prórroga tampoco se podrán suspender derechos humanos ni libertades
fundamentales que revistan el carácter de intangibles; ni restringir el núcleo esencial
de los otros derechos; de igual manera, se deben acatar los principios de
necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad; respetar las reglas del
derecho internacional humanitario, igualmente se debe sujeción a la Ley
Estatutaria, a la no interrupción del normal funcionamiento de las Ramas del
Poder Público ni de los órganos del Estado, la no investigación y juzgamiento
de civiles por la justicia penal militar, y deberá declarar restablecido el
orden público cuando cesen las causas por las cuales fue necesario declarar la
prórroga. Restricciones que han sido ampliamente desarrolladas y precisadas por
la jurisprudencia de la Corte.[12]
5.    Sistemas de control.
Por mandato de la Constitución,
la decisión de prorrogar el estado de conmoción interior está sometida a dos
tipos de controles, cuyo ejercicio se debe realizar con las particularidades y
precisiones que se indican a continuación.
5. 1.    El control político
Bien es sabido que el Estado
Social de Derecho se basa no sólo en la división de poderes, sino también en el
equilibrio entre ellos, esto es, en la existencia de una extensa red de
controles que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable de la autoridad.
El control que está llamado a ejercer el Congreso sobre el Presidente de la
República y sus ministros, en tiempos de anormalidad, es uno de esos controles,
cuyo objeto lo constituye la declaratoria del estado de conmoción interior y
sus prorrogas, y las medidas adoptadas bajo su amparo.
Sin duda, el Congreso de la
República, como instancia representativa de todos los ciudadanos, tiene derecho
a conocer lo “público”, es decir, todo lo que afecte el interés general. En tal
sentido, resulta vital la información que conozca este órgano, por cuanto “La
información parlamentaria adquiere todo su sentido en conexión con el fin a que
está destinada: el debate con publicidad, es decir, el control” [13].
De allí que el artículo 213
constitucional garantice el derecho que le asiste al Congreso para reunirse por
derecho propio dentro de los tres días siguientes a la declaratoria del estado
de conmoción interior, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y
legales, y obligue al Presidente de la República a rendirle un informe sobre
las razones que motivaron la declaración.
Por su parte, el artículo 39 de
la Ley Estatutaria 137 de 1994 recoge este mandato constitucional, y dispone
además, que de tener ocurrencia una prórroga a la vigencia del estado de
excepción, el Gobierno Nacional deberá presentar un informe explicando las
razones que condujeron a tomar tal decisión. En todos los casos, cada treinta
días deberá presentarse un informe sobre evolución de los acontecimientos, las
medidas adoptadas, su evaluación y las investigaciones en curso sobre
eventuales abusos cometidos en ejercicio de las facultades extraordinarias.
Sobre el particular cabe
advertir, que el ejercicio del control político no se encuentra supeditado a
que en el decreto de prórroga figure, expressis verbis, una disposición
en el sentido de que el Gobierno Nacional presentará un informe detallado al
Congreso sobre las razones que justificaron la adopción de tal medida, puesto
que la Ley Estatutaria establece directamente esa obligación al Gobierno
Nacional.
Si se trata de una segunda
prórroga, los instrumentos constitucionales con que cuenta el Congreso para
ejercer tal control político sobre el Gobierno son aún más rigurosos que en el
caso sub judice, por cuanto se requiere concepto previo y favorable del
Senado de la República para la adopción del decreto de prórroga.
En este orden de ideas, el contenido
del control político que se ejerce sobre el Gobierno Nacional con ocasión de la
adopción de un decreto declaratorio de un estado de conmoción interior no es
idéntico a aquel que tiene lugar merced a la expedición de un decreto de
prórroga: en el primero se discutirá sobre la urgencia y conveniencia para la
Nación de haber recurrido a un régimen jurídico de anormalidad; el segundo debe
versar además, sobre la efectividad de las medidas excepcionales que fueron
adoptadas e implementadas por el Gobierno Nacional y la evolución de los
acontecimientos[14] y la forma en que fueron
ejecutadas, así como la posible omisión del Gobierno en la toma de medidas
urgentes y necesarias a fin de conjurar eficazmente las causas que originaron
la conmoción interior.
5. 2.    El control judicial.
El texto de la Constitución de
1991, los tratados sobre derechos humanos que prohíben su limitación durante
estados de excepción, las normas del derecho internacional humanitario, la Ley
Estatutaria 137 de 1994, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la
materia, amén de las importantes especificidades que ofrece la naturaleza
jurídica del decreto de prórroga del estado de conmoción interior determinan la
variedad de control constitucional que se debe ejercerse sobre el mismo.
En tal sentido, a pesar de que
en la elaboración e interpretación del contenido y alcance de estas normas
jurídicas han intervenido, como puede observarse, el constituyente, la
comunidad internacional, el legislador estatutario y el juez constitucional,
todas ellas van encaminadas en la misma dirección: evitar los abusos del
Ejecutivo por la declaratoria injustificada de un estado de anormalidad
jurídica, mantener un sistema democrático de Gobierno; salvaguardar el
principio de separación y equilibrio de los poderes públicos; y sobre todo,
garantizar el disfrute pleno de los derechos inherentes al ser humano. No
siendo por tanto las disposiciones de los órdenes interno e internacional
antagónicas en la materia sino por el contrario complementarias en cuanto a que
constituyen parámetros para juzgar la validez de la prolongación en el tiempo y
espacio de un estado de excepción. La Corte considera que todas apuntan a que
el juez constitucional examine la presencia de un supuesto fáctico que
justifique la adopción del decreto de prórroga, analice el presupuesto
valorativo, y que sigan siendo insuficientes las medidas ordinarias de policía
para enfrentar la alteración del orden público.
B.   NATURALEZA JURÍDICA DEL
DECRETO DE PRÓRROGA DEL ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR.
Al igual que sucede con el
decreto declaratorio del estado de conmoción interior, aquel que lo prorroga no
puede ser considerado un simple acto de gobierno. En efecto por su propia
naturaleza, el acto de gobierno no es justiciable. Se trata en consecuencia, de
una acción u omisión dotada de un alto contenido político emanada del Poder
Ejecutivo, que escapa a        cualquier modalidad de control jurisdiccional.
Los orígenes remotos de esta teoría se encuentran en Francia, país en el cual,
desde el famoso fallo del 19 de Febrero de 1875 del Consejo de Estado en el asunto
del Príncipe Napoleón[15], no ha dejado de ver limitada
su aplicación. En Colombia, merced a la jurisprudencia del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional, a diversas reformas legislativas, y en suma, a que
han sido en buena hora superadas las tesis de Carl Schmitt, para quien “La
decisión sobre lo excepcional es la decisión política por antonomasia”[16],
la teoría del acto de gobierno ha sido desterrada por cuanto resulta
incompatible con los postulados del Estado de Derecho.
Siendo entonces el decreto que
prorroga un estado de conmoción interior un acto justiciable y no político es
necesario examinar cuál es la naturaleza jurídica del mismo, y por ende, el
contenido y alcance del control constitucional que se ejerce sobre aquél.
1.  Un acto declarativo cuya
validez está supeditada a la existencia de un vínculo de conexidad material con
otro acto jurídico.
El decreto de prórroga de un
estado de conmoción interior es un acto declarativo por cuanto en él se da cuenta
de una situación de hecho existente, la cual, por exigencia constitucional,
debe guardar un vínculo de conexidad material con aquella que fue invocada para
declarar un estado de conmoción interior. A decir verdad, el decreto de
prórroga no puede ser considerado como un mero formalismo enderezado a dar
continuidad por el lapso establecido en la Carta Política, a un estado de anormalidad,
sino como un acto jurídico, que como tal deber estar debidamente motivado, y
ser sometido a un estricto control de constitucionalidad.
En este orden de ideas, el
Gobierno Nacional, en ejercicio de su margen de apreciación, puede considerar
que las causas que dieron origen a la declaratoria del estado de excepción no
han sido plenamente conjuradas; que por ello es preciso darle continuidad a las
medidas que se vienen ejecutando, y si es preciso, continuar adoptando otras
para impedir la extensión de los efectos del conjunto de causa que siguen
perturbando, de manera grave, la estabilidad institucional, la seguridad del
Estado o la convivencia ciudadana.
La existencia por tanto de un
vínculo de conexidad material entre el decreto de prórroga y el de declaración
es un requisito insoslayable de orden constitucional, tal y como lo ha
entendido esta Corporación
“El decreto que prorroga el estado de
conmoción interior debe referirse a hechos que sean conexos respecto de los que
originaron el decreto declaratorio del estado de excepción. Sólo así podría
justificarse la prolongación de la vigencia de los decretos legislativos
previamente dictados”[17].
2.    Es un acto habilitante
para adoptar normas con fuerza de ley.
Al igual que sucede con el decreto declaratorio del
estado de conmoción interior, el de prórroga tiene la fuerza y el valor
material de la ley, pues es un acto que produce innegables efectos jurídicos
toda vez que habilita al Presidente de la República para ejercer las facultades
legislativas excepcionales, es decir, para tomar medidas como legislador
extraordinario bajo un régimen jurídico de anormalidad[18].
En efecto, el decreto de prórroga
constituye un acto de autohabilitación       para que el Gobierno Nacional
continúe expidiendo decretos legislativos,  bien sea que éstos suspendan
temporalmente la vigencia de leyes que resulten incompatibles con el estado de
anormalidad, bien que se adopten                medidas novedosas, no
reguladas, pero siempre encaminadas a conjurar las causas que originaron la
conmoción interior.  Todo depende de la valoración que el Ejecutivo realice
poco antes de vencerse el término de vigencia inicial, sobre los medios idóneos
a continuar empleando para lograr los fines perseguidos.
Esta prolongación de la competencia
legislativa del Gobierno Nacional, debe ser examinada por el juez
constitucional, por cuanto el desequilibrio de poderes que se ocasiona con el
ejercicio de la misma, tiende a acentuarse y hacerse más patente conforme
transcurre el tiempo. Por lo tanto, todos los decretos legislativos dictados
durante la prórroga de la conmoción interior deberán cumplir con los requisitos de conexidad,
necesidad, finalidad y proporcionalidad, y también
deben ser sometidos al control constitucional.
3.    El decreto de prórroga tiene naturaleza de
legislativo.
El decreto mediante el cual se prorroga un estado de
conmoción interior tiene la naturaleza de legislativo, pues como ha quedado
determinado, es un acto declarativo, y al igual que el de declaratoria de
conmoción interior, también se constituye en una autohabilitación para
continuar legislando.
Sobre el particular la Corte, en sentencia C-802 del 2
de Octubre de 2002, consideró que existían dos variedades de decretos
legislativos, a saber:
“En suma, debe concluir la Corte que la
Constitución ha establecido dos tipos de decretos legislativos:  Los
declarativos del estado de conmoción, con fuerza de ley porque constituyen una
auto habilitación para legislar y los decretos de desarrollo de esas facultades
excepcionales.
“Existe además una inescindibilidad
indiscutible entre el decreto declaratorio del estado de conmoción y los
decretos expedidos a su amparo.  Uno y otros forman el régimen jurídico de los
estados de excepción.  El decreto declaratorio no es de menor jerarquía
normativa; por el contrario, constituye el parámetro de control de los decretos
que con fundamento en él dicte el Gobierno Nacional.  Si uno y otros decretos
legislativos forman un mismo régimen jurídico, es lógico entender que su
control de constitucionalidad no podía difuminarse en dos órganos distintos y,
menos aún, pertenecientes a la misma jurisdicción.
4.   Un acto que extiende la
vigencia de las medidas de excepción.
La particularidad que ofrece el decreto de prorroga de
un estado de excepción, y que realmente lo diferencia de aquel que la declara
por primera vez, consiste en tratarse de un acto jurídico con poder jurídico
para extender la vigencia en el tiempo de unas disposiciones con fuerza de ley
que fueron adoptadas como desarrollo del decreto de declaratoria del estado de
conmoción interior y sometidas al control de constitucionalidad automático. Por
lo tanto, todas las medidas acogidas durante la conmoción interior mantienen su
vigencia durante la prórroga, en los términos dispuestos por la Corte en sus
diversos fallos y cuyo cumplimiento puede constatar en cualquier momento, a
condición de que subsistan las causas que le dieron origen a cada una de ellas.
En este orden de ideas, el decreto de prórroga no
puede considerarse como un mero trámite o un formalismo, por cuanto en él se da
cuenta de unos hechos,  sometidos a valoración jurídico-política por el
Gobierno Nacional, que deben guardan una conexidad material con el decreto
declaratorio del estado de excepción, y que en esa medida, comparte la
naturaleza de cualquier decreto legislativo; que además, constituye una
autohabilitación para continuar adoptando normas con fuerza de ley, y que,
asimismo, extiende los efectos en el tiempo de unas medidas de excepción, cuyo
contenido puede ser muy variado.
Sin embargo, el decreto
legislativo de prórroga se distingue de los demás que han sido adoptados en
desarrollo del estado de conmoción interior, en cuanto, se insiste, no se trata
de una medida de excepción más, como si lo son, inter alia, la creación
de un impuesto, la nueva regulación de la acción de extinción de dominio, la
definición de zonas de rehabilitación y consolidación, etcétera, pues a pesar
de  haber sido adoptado durante la vigencia del estado de anormalidad, se está
ante un acto que constituye una autohabilitación al Gobierno Nacional para
continuar legislando por otros noventa días más y que tiene la virtud de prorrogar
en el tiempo la vigencia de otros decretos legislativos.
Estas particularidades
determinan que el juicio de constitucionalidad que se debe realizar sobre el
decreto legislativo de prórroga, no coincida en cuanto a su contenido y
alcance, con aquel que se adelanta frente  a las medidas adoptadas en
desarrollo del estado de conmoción interior.  En tal sentido, al realizarse
el juicio de conexidad material se debe tener en cuenta que al Gobierno
Nacional solo le asiste la facultad de invocar causas que guarden una estrecha
relación con las que originaron la declaratoria del estado de excepción.
Además, dado que durante la conmoción interior el
Congreso de la República no pierde competencia para ejercer las funciones que
le han sido encomendadas por la Constitución, al punto que puede reunirse por
derecho propio dentro de los tres días siguientes a la declaratoria del estado
de excepción, el control de constitucionalidad que se ejerza en estos casos, en
cuanto a la suficiencia de las medidas ordinarias de policía, debe tomar en
cuenta las leyes adoptadas por el Congreso de la República durante la conmoción
interior, a fin de determinar si las medidas ordinarias de policía
sobrevinientes son suficientes para conjurar las causas de la perturbación, o
algunas de ellas, y por lo tanto concluir, que medidas extraordinarias ya no
pueden seguir teniendo vigencia.
Igualmente, le corresponde a la Corte
apreciar todo el conjunto de medidas anunciadas y adoptadas por el Gobierno
Nacional como necesarias para conjurar las causas de la conmoción interior,
pues dada la anunciada urgencia para su adopción, debieron también ser
ejecutadas de manera inminente durante los noventa días correspondientes. De lo
contrario, podría considerarse no necesaria y por ende arbitraria la
declaratoria de prorroga de la conmoción. En otros términos, la
discrecionalidad con que cuenta el Gobierno Nacional, entendida como la
libertad de elección entre alternativas constitucionalmente válidas y fundadas
en criterios políticos o de oportunidad para seleccionar los medios encaminados
a conjurar a lo largo de noventa días la alteración al orden público, tiene
como contrapartida el cabal, eficiente y eficaz ejercicio de esta potestad
constitucional, tanto más y en cuanto, su ejecución corresponde a las
autoridades públicas que dependen del Presidente de la República. De otra
manera, las medidas no podrán ser consideradas como urgentes y necesarias y no
se entendería razonable la apelación a la prórroga a un estado de excepción,
pues podría concluirse que realmente no era necesaria la excepcionalidad para
el restablecimiento del orden público.
No sobra advertir, que en el presente caso, el
Presidente de la República declaró el estado de conmoción interior en los
primeros días de agosto de 2002 y anunció la necesidad de tomar un cúmulo de
medidas excepcionales a fin de conjurar las causas que la originaron. Entre las
medidas adoptadas, merece especial consideración la contenida en el Decreto
Legislativo 1838 de 2002 mediante el cual se creo un impuesto especial
destinado a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios
para preservar la Seguridad Democrática. En dicha ocasión se invoco como motivo
para su adopción, la necesidad de proveer en forma inmediata de
recursos a las Fuerzas Militares, de Policía y a las demás entidades del Estado
que deben intervenir en conjurar los actos que han perturbado el orden público
e impedir que se extiendan sus efectos. De las pruebas aportadas a este
proceso constitucional se observa, que por lo menos tres meses después de
decretada la conmoción interior, dicho impuesto no ha cumplido su cometido,
pues tan solo han recibido efectivamente algunos recursos provenientes del
citado impuesto las fuerzas militares.
Además, la constitucionalidad de dicho Decreto 1838 de
2002, así como la del  1959 del mismo año, por el cual se adicionó el
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2002, fue
condicionada por la Corte, guardando armonía con lo dispuesto  en la sentencia
C-802 de 2002, a que todas y cada unas de las medidas adoptadas durante la
conmoción interior debían dirigirse exclusivamente a conjurar las causas que
justificaron la declaratoria de la misma. Por ello, solo encontró procedente su
compatibilidad con la Constitución si se dirigían a cumplir dicha finalidad.
En la sentencia C-876 de 2002, en relación con la
creación del impuesto sobre el patrimonio, la Corte hizo énfasis en que:
“los
gastos deberán  estar  directa y específicamente  encaminados a conjurar las
causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos sin que en
ningún caso el Gobierno pueda variar  o desconocer dicha destinación. En este
sentido la destinación de los recursos que se recauden no podrá ser diferente a
la que señaló tanto en el Decreto que declaró el Estado de Conmoción Interior
como en el Decreto sub examine.”
Por lo anterior,
en la parte resolutiva dispuso:
“Primero.- Declarar EXEQUIBLE el
artículo 1° del Decreto Legislativo  1838 de 2002, bajo el entendido que  los
gastos deberán  estar  directa y específicamente  encaminados a conjurar las
causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos, en los
términos de la parte motiva de esta sentencia.”
Por su parte, en la sentencia C-947 de 2002,
relacionada con la adición al Presupuesto General de la Nación, la Corte
reiteró la destinación específica de los dineros recaudados con el impuesto
sobre el patrimonio, en los siguientes términos:
“resulta claro que en la
especificación del detalle del gasto en cada una de las entidades y en la
ejecución del mismo habrá de preservarse el mismo criterio, sin que en ningún
momento pueda el gobierno variar o desconocer la destinación específica del
gasto razón por la cual la Corte declarará la constitucionalidad del artículo
2º del Decreto 1959 de 2002 bajo el entendido de que  los gastos deberán
estar  directa y específicamente  encaminados a conjurar las causas de la
perturbación y a impedir la extensión de sus efectos, en los términos  a que se
ha hecho referencia.”
Y por lo tanto, en
la parte resolutiva se dispuso:
“Segundo. Declarar la EXEQUIBILIDAD del
artículo 2º del Decreto Legislativo 1959 de 2002, en el entendido de que los
gastos deberán estar directa y específicamente encaminados a conjurar las
causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos, en los
términos de la parte motiva de esta sentencia.”
La anterior importante
precisión debe hacerla la Corte en esta oportunidad, pues el conjunto del
material probatorio allegado a este proceso con el fin de verificar los hechos
invocados por el Presidente para prorrogar por primera vez el estado de
conmoción interior llama la atención de la Corte, y en especial ciertos documentos
como el Informe presentado el 27 de Noviembre de 2002, por la Secretaria
General del Ministerio de Defensa en el cual aparece un  rubro relacionado con
la puesta en marcha de los Planes de Modernización y Equipamiento de la Fuerza
Pública, denominado “Otros, $16.4 mil millones”[19],
así como la respuesta que el oficio núm. 95766 del 1 de Noviembre de 2002, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el que no se accedió a la solicitud
de darle un destino diferente al establecido en el decreto de liquidación 2132
del 26 de septiembre de 2002 a una suma por valor de 2 mil millones de pesos[20],
los cuales suscitan dudas sobre la urgencia de la medida y el cumplimiento de
su finalidad, así como que tampoco dejan suficientemente clara la manera como
se están administrando algunos recursos recaudados con el impuesto sobre el
patrimonio.
Por lo tanto, con el fin de garantizar la
transparencia en el gasto público, la Corte solicitará al Contralor General de
la República, que verifique el cumplimiento de la finalidad de la creación,
recaudo y destinación del impuesto al patrimonio establecido por el Decreto
legislativo 1838 de 2002 e incorporado al Presupuesto General de la nación mediante
Decreto legislativo 19959 de 2002, en los términos de las sentencias C-876 y
C-947 ambas de 2002, tanto en el aspecto de la gestión pública como en la
destinación de los recursos, para lo cual se le correrá traslado de copia de la
totalidad de éste expediente.
Finalmente, al respecto de la declaratoria de prórroga
del estado de conmoción interior, la Corte considera necesario aclarar, que los
efectos que tiene este acto jurídico no deben confundirse con la situación de
hecho que aparece descrita en el tercer inciso del artículo 213 constitucional
que parte de la declaratoria de levantamiento del estado de excepción y la
correspondiente facultad del Gobierno de extensión, por noventa días más, de la
vigencia de los decretos legislativos que considere conveniente deban seguir
teniendo vigencia, por supuesto igualmente, en los términos que esta Corte haya
establecido en los fallos de constitucionalidad correspondientes. Decisión
gubernamental,  sometida también al control judicial automático de esta Corporación,
en ejercicio de sus competencias de guardián de la integridad y supremacía de
la Carta Política[21].
Igualmente debe precisarse, que las medidas cuya
vigencia se prolongará, en los términos dispuestos por la Corte Constitucional,
son las siguientes, salvo los Decretos Legislativos 1838  y 1959 de 2002, por
cuanto se trata de una regulación de ejecución instantánea[22].
CONMOCIÓN INTERIOR
HECHOS PROBADOS EN LA SENTENCIA C-802 DE
2002  QUE DIERON ORIGEN A LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR.
DECRETOS EXPEDIDOS EN VIRTUD DE LA
DECLARATORIA DEL ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR
FINALIDAD DE LAS MEDIDAS
PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1- Ataques contra ciudadanos indefensos, violaciones
a sus derechos, violaciones a sus derechos humanos, violaciones a las reglas
del Derecho Internacional Humanitario y comisión de delitos de lesa humanidad
como las masacres, desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados y
destrucción de pueblos indefensos por parte de "bandas armadas" y
"grupos criminales", organizados y financieros al amparo del lucro
gigantesco que les proporciona su participación directa y creciente en los
delitos de narcotráfico, el secuestro y la extorsión, fuentes principales de
esta tragedia colectiva.  El poder financiero de estos grupos y su conexión
con grupos afines de otros países o regiones y su capacidad tecnológica
creciente para el terror.
2- Actos de terrorismo que se han presentado durante
las últimas semanas en diferentes lugares del país y ataques terroristas
contra la población civil y otras autoridades nacionales y contra la
infraestructura de servicios esenciales por parte de bandas armadas y grupos
criminales
3- Actos de coacción a mandatarios locales,
seccionales y nacionales y a sus familias en todo el país por parte de grupos
armados financiados principalmente mediante el narcotráfico, el secuestro y
la extorsión
I-  Decretos Legislativos
Decreto legislativo 1838 de agosto 11 de 2002, por
medio del cual se crea un impuesto especial destinado a atender los gastos
del Presupuesto General de la Nación necesarios para preservar la Seguridad
Democrática.
Decreto 1885 del 20 de agosto de 2002, por medio del
cual se adiciona el Decreto 1838 de 2002.
Decreto 1900 del 23 de agosto de 2002,  "por el
cual se adoptan unas medidas en materia penal y procesal penal contra las
organizaciones delincuenciales y se dictan otras disposiciones
Decreto 1959 de 2002, por el cual se adiciona el
Presupuesto General de la Nación para vigencia fiscal de 2002
Decreto legislativo 1975 de 2002, por medio del cual
se suspende la Ley 333 de 1996 y se regulan la acción y el trámite de la
extinción de dominio.
Decreto 2001 del 9 de septiembre  de 2002, "por
el cual se modifica la competencia de los jueces penales del circuito
especializados".
Decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002, por el
cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las
zonas de rehabilitación y consolidacion.
Decreto 2180 de 2002, por medio del cual
se   modifican los artículos 4º y 6º del Decreto 1900 de 2002.
Esta  medida se adoptó con el fin de incrementar la
efectividad y capacidad de la Fuerza Pública.  El impuesto grava por igual a
los sujetos declarantes del impuesto sobre la renta.  Con el producto de este
impuesto, el  Gobierno atenderá las erogaciones necesarias para conjurar las
causas de perturbación, evitar que se extiendan.
Esta norma adiciona el artículo 7 del Decreto 1838
de 2002, señalando que no están obligadas a pagar el impuesto las empresas de
servicios públicos domiciliarios que a la entrada en vigencia del presente
Decreto se encuentren intervenidas por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, así como las personas naturales declarantes del
impuesto que no hubieren cumplido con el patrimonio bruto mínimo exigido para
declarar.
Esta medida fue adoptada para combatir las
organizaciones delincuenciales que se vienen lucrando del hurto y contrabando
de hidrocarburos y sus derivados.
Este decreto fue expedido en virtud de la necesidad
de aumentar los recursos con destino a la seguridad y defensa, pues con los
que hoy se dispone son insuficientes para la inversión adicional que requiere
el crecimiento de la Policía y las Fuerzas Militares, sus planes de expansión
operativa y la modernización de su equipamiento para los años 2002 y 2003.
Esta medida fue implementada para   agilizar el
procedimiento de extinción de dominio sobre los bienes y recursos
provenientes directa o indirectamente de actividades ilícitas.
Esta medida fue adoptada con el fin de establecer
mecanismos jurídicos que permitieran a las autoridades de instrucción y
judiciales.  Fijó la competencia de la Justicia Penal Especializada para que
conociera privativamente de los delitos de mayor impacto social como el
terrorismo y el narcotráfico.
Esta medida fue adoptada con el fin de fortalecer la
labor de los miembros de la Fuerza Pública, el DAS y aquellos organismos que
cuentan con atribuciones permanentes de policía judicial.
Faculta a estas autoridades para capturar; efectuar
inspecciones o registros domiciliarios,  allanamientos, interceptación y
registro de comunicaciones; restringir la libertad de locomoción y la
utilización de bienes y servicios técnicos y profesionales.
Este decreto modifica los artículos 4 y 6 del D.
1900 de 2002, en el sentido de despenalizar la introducción en las zonas de
frontera de hasta 10 galones de combustible o su equivalente en litros.
Sentencia
C-876 del 16 de octubre de 2002
M.P. Alvaro
Tafur Galvis
(EXEQUIBLE,
salvo el inciso 2º del artículo 5º)
Sentencia
C-940  de diciembre de
2002
M.P. Manuel
José Cepeda
(Parcialmente EXEQUIBLE).
Sentencia
C-939 del 31 de octubre
de 2002
M.P. Eduardo
Montealegre Lynett
(INEXEQUIBLE)
Sentencia C- 947 del 6 de noviembre de 2002
M.P. Rodrigo Escobar Gil
(EXEQUIBLE)
Sentencia
C-1007 del 18 de Noviembre
de 2002.
M.P.
Clara Inés Vargas Hdz  (EXEQUIBLE condicionado ).
Sentencia
C-1064  del 3 de
Diciembre de 2002.
M.P.
Alfredo Beltrán Sierra. ( EXEQUIBLE condicionado y EXEQUIBLES otro artículo )
Sentencia
C-1024 del 26 de
Noviembre de 2002.
M.P.
Alfredo Beltrán Sierra. ( EXEQUIBLES algunos artículos; EXEQUIBLES
CONDICIONADOS otros e INEXEQUIBLES algunos )
Sentencia
C-1065 del 3 de
diciembre de 2002
M.P. Eduardo
Montealegre Lynett
(INEXEQUIBLE)
C. ELEMENTOS PARA ADELANTAR EL
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL DECRETO DE PRÓRROGA:  EL PRESUPUESTO
FACTICO, EL PRESUPUESTO VALORATIVO Y EL JUICIO SOBRE LAS MEDIDAS ORDINARIAS DE
POLICÍA.
De conformidad con el artículo 213 superior, los
presupuestos materiales de la prórroga del estado de conmoción interior son los
siguientes: presupuesto fáctico, presupuesto valorativo y juicio sobre la
suficiencia de las medidas ordinarias.
1.    Presupuesto fáctico.
Se refiere a la constatación de la situación de
naturaleza fáctica invocada por el Gobierno Nacional. Este juicio es de orden
objetivo o empírico a fin de verificar la continuidad de los hechos que
perturban el orden público y que generan la situación de inseguridad e
intranquilidad que ameritan ser
conjuradas.
Resultaría contrario a la Constitución, la Ley
Estatutaria 137 de 1994 y los      tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia, una declaración de prórroga de un estado de
excepción que: (i) se apoyase sobre hechos inexistentes; (ii) que tuviere como soporte
una situación que ha dejado de existir; (iii) se fundase en unos hechos que no
guardasen conexidad material directa con aquellos que resultaron probados en el
juicio de constitucionalidad que se adelantó sobre el decreto de declaratoria
de conmoción interior; y, (iv) que no especificase en su texto los motivos
relacionados con la naturaleza del peligro, sin lo cual resultaría
objetivamente imposible realizar una evaluación seria y sopesada por los
órganos de control, tanto internos como internacionales, de la existencia e
intensidad de la amenaza que invoca el Gobierno Nacional para prolongar en el
tiempo un estado de anormalidad.
En este orden de ideas, no sería admisible un decreto
de prórroga de un estado de excepción que se apoyase, simplemente, en “hechos
notorios” o de “público conocimiento”, tal y como, desde hace mucho tiempo, lo
ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[23], por medio de sus informes sobre Estados
miembros de la OEA.
Aunado a lo anterior, los hechos que el Gobierno
Nacional invoque en un decreto de prórroga deben guardar una conexidad material
con las causas que justificaron la declaratoria del estado de conmoción
interior, y que encontró probadas por la Corte. Lo que de manera alguna puede
hacer el Gobierno Nacional es invocar en el decreto de prórroga causas nuevas
de alteración del orden público, que no fueron tenidas en cuenta y probadas en
el decreto declarativo de la conmoción interior.
2.    Presupuesto valorativo.
Una vez constatados por el juez constitucional los
hechos invocados por el Gobierno Nacional para prorrogar un estado de conmoción
interior, aquél debe proceder a adelantar un juicio de valor sobre los mismos
para determinar si hubo arbitrariedad o error manifiesto por parte del
Presidente, en cuanto a la persistencia de las causa de perturbación, con
gravedad tal que sigen atentando de manera inminente contra la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana.
Cabe además señalar que, a semejanza de lo que sucede
al momento de controlar judicialmente el decreto declaratorio del estado de
conmoción interior, en el caso sub judice, el presupuesto valorativo
también debe someterse a un control objetivo de constitucionalidad pues al
control jurídico le interesa que la prórroga del estado de excepción se ajuste
a la racionalidad propia de la juridicidad que la regula.
3.    Juicio sobre la suficiencia de las medidas
ordinarias.
Finalmente, la Corte debe examinar la suficiencia de
las medidas ordinarias de policía, pues debe verificarse si la adopción de un
decreto legislativo prorrogando el estado de conmoción interior es “un
último recurso para defender al pueblo colombiano y a la organización
institucional  que él se ha dado, de la agresión implícita en la grave
alteración del orden público que atente de manera inminente contra la
estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana”[24].
Juicio en el que se debe establecer, si la valoración que hizo el Presidente
sobre si los mecanismos ordinarios de mantenimiento y restablecimiento del
orden público aun no bastan para conjurar la grave perturbación del orden
público, y que por tal razón, es preciso prolongar la vigencia en el tiempo de
una medidas excepcionales que fueron adoptadas y ejecutadas en virtud de una
declaratoria de estado de conmoción interior es una decisión arbitraria o
corresponde a un en error manifiesto de apreciación.
Sin embargo, el juicio sobre la suficiencia de las
medidas ordinarias de policía difiere de aquél que la Corte adelantó en
relación con la declaratoria del estado de conmoción interior[25]. En aquel entonces,
esta Corporación consideró que “Cuando se trata del decreto declaratorio del
estado de conmoción interior, el análisis del juicio de suficiencia de las
medidas ordinarias de policía debe ser global y no detallado pues de lo
contrario se anularía el control que la Corte debe emprender posteriormente
sobre cada uno de los decretos legislativos en desarrollo. Esto es así porque
no se trata de verificar la exequibilidad de cada una de las medidas que se
anuncien en el decreto declaratorio, sino de determinar, desde el ámbito de
validez de ese decreto, si se puede inferir que la crisis no se supera con el
solo ejercicio de las atribuciones ordinarias de policía”. En
contrapartida, en sede del control de constitucionalidad del decreto de
prórroga tales juicios de constitucionalidad, sobre cada una de las medidas, ya
han tenido ocurrencia, con lo cual el examen de la Corte se desplaza a examinar
si dadas las medidas excepcionales adoptadas y ejecutadas persisten los hechos
que justificaron la declaratoria del estado de excepción, y por ende siguen
siendo insuficientes las atribuciones ordinarias de policía.
Entonces, una segunda particularidad que ofrece el
juicio sobre la suficiencia de la medidas ordinarias, consiste en que si
después de realizada la prórroga, el Congreso de la República expide nuevas
medidas de carácter permanente que sustituyan las adoptadas al amparo de la
conmoción interior, y el Gobierno Nacional no dispone sobre las que no pueden
seguir teniendo vigencia, tendrá la carga de probar la necesidad de
prorrogarla, debido a que ya se cuenta con un mecanismo ordinario que puede ser
suficiente para restablecer el orden público.
4.     Conclusión.
El control de constitucionalidad que se realiza sobre
el decreto de prórroga de un estado de conmoción interior, al igual que el
declaratorio, es objetivo, y  por ende le impone al juez constitucional
verificar la existencia de tres presupuestos: un presupuesto fáctico, un
presupuesto valorativo y un juicio sobre la suficiencia de las medidas
ordinarias  de policía.
Cabe aclarar que, aunque formalmente son los mismos
que se adelantan al momento de controlar la constitucionalidad del decreto
declaratorio del estado de excepción, las particularidades que presenta el de
prórroga, sin duda, le impone unos matices y singularidades a los mismos.
C. CONTROLES DE CONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y MATERIAL
SOBRE EL DECRETO 2555 DE 2002.
1.     Juicio formal sobre el
decreto 2555 de 2002.
La Corte examinará si con la adopción del decreto sub
examine se acataron o no los requisitos formales exigidos por los artículos
213 y 214 constitucionales, en concordancia con la Ley Estatutaria 137 de 1994.
Examinando el Decreto 2555 de 2002 se observa que
aparece firmado por el Presidente de la República y por todos los Ministros. El
Ministro de Justicia y del Derecho lo suscribe además como encargado de las
funciones del Despacho del Ministro del Interior; la Ministra de Desarrollo
Económico lo firma como encargada de la funciones del despacho del Ministro del
Medio Ambiente, el Ministro de Salud suscribe el decreto como encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad Social.  De igual
manera, la Viceministra de Relaciones Exteriores, el Viceministro de Educación
Nacional y la Viceministra de Cultura suscriben el Decreto en calidad de
encargados de sus correspondientes Despachos, y por lo tanto, en ejercicio de
las atribuciones que le son propias a sus titulares.
De igual manera, constata la Corte que el
decreto en mención se encuentra adecuada y suficientemente motivado, y que
apareció  publicado  en  el  Diario Oficial,  año  CXXXVIII,  núm.  44992.8,
del día 8 de  Noviembre  de   2002.
Por otra parte, el decreto 2555 del 8 de Noviembre de
2002 fue adoptado durante la vigencia del estado de conmoción interior, el cual
había sido declarado el día 8 de agosto de 2002, y asimismo dispuso como
término de duración de la prórroga del estado de excepción el de noventa ( 90 )
días calendario, contados a partir del día 9 de Noviembre del año pasado.
En consecuencia, la Corte encuentra satisfechas las
formalidades exigidas por la Constitución y la Ley Estatutaria 137 de 1994.
2.     Análisis material sobre el decreto
2555 de 2002.
El decreto 2555 de 2002 del 8 de Noviembre de 2002
está integrado por una parte motiva, conformada por una decena de
considerandos, y por una parte resolutiva que cuenta con tan sólo dos
artículos. En la parte motiva se alude a que, a pesar de las medidas
excepcionales que han sido adoptadas, subsisten aún las causas de la alteración
del orden público que atentan contra la estabilidad institucional, la seguridad
del Estado y la convivencia ciudadana, que dieron lugar a la declaratoria del
estado de conmoción interior el día 8 de Agosto de 2002.  Pasa entonces la
Corte a analizar los presupuestos materiales de la prórroga del estado de
conmoción interior.
2. 1.     Presupuesto fáctico.
Al igual que sucede con el decreto
declaratorio del estado de conmoción interior, aquel mediante el cual se
prorroga el mismo, se caracteriza por referenciar unos hechos y realizar
una valoración jurídica sobre los mismos.
En tal sentido, la Corte llevará a cabo
una labor de sistematización de los hechos que aparecen referenciados en el
texto del decreto 2555 de 2002 y a confrontarlos, seguidamente, con las pruebas
que han sido aportadas y practicadas en el curso del presente proceso de
constitucionalidad.
Así pues, en la parte motiva del decreto sub
examine se referencian los siguientes hechos:
A ) Ataques indiscriminados de grupos
criminales contra los ciudadanos indefensos con violación de sus derechos
humanos y de las reglas del Derecho Internacional Humanitario (considerando
núm. 4).
B ) Destrucción  de pueblos indefensos  y
la comisión de delitos de lesa humanidad como masacres, desapariciones,
secuestros y desplazamientos forzados (considerando  núm. 4).
C ) Los responsables de la alteración del
orden público mantienen como fuente de financiación de sus organizaciones,
recursos provenientes del narcotráfico, secuestro y extorsión, en conexión con
grupos afines de otras regiones o países (considerando núm. 5).
D ) Perpetración de actos terroristas
contra la población civil y autoridades pública, por parte de grupos criminales
y bandas armadas (considerando núm. 6).
E ) Ataques contra la infraestructura de servicios
esenciales (considerando núm. 7).
F ) Actos de coacción, por parte de grupos armados,
contra los mandatarios nacionales, locales y seccionales y sus familias
(considerando núm. 8).
La simple confrontación de los hechos mencionados en
el decreto de prórroga con aquellos que, luego de un detallado análisis, la
Corte reagrupó en su sentencia C-802 del 2 de Octubre de 2002, arroja como
resultado que, en esencia, se trata de los mismos, a pesar de que existen
ligeras modificaciones semánticas, con excepción de aquel según el cual
Colombia ha alcanzado la más alta cifra de criminalidad que en el planeta se
registra.  En efecto, en la mencionada providencia, esta Corporación estimó que
la multitud de hechos a los que se refirió el Gobierno Nacional en el decreto
1837 del 8 de agosto de 2002, podían organizarse en cuatro, tres de los cuales
resultaron probados, a saber:
“ 1 ) Ataques cada día más
frecuentes contra ciudadanos indefensos, violaciones a sus derechos humanos,
violación a las reglas del Derecho Internacional Humanitario y comisión de
delitos de lesa humanidad por parte de bandas armadas, financiadas mediante el
narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
“ 2 ) Actos de terrorismo y ataques
terroristas a la infraestructura de servicios esenciales por parte de bandas
armadas, financiadas mediante el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.
“ 3 ) Actos de coacción a
mandatarios locales y seccionales y a sus familias en todo el país, como
legítimos representantes de la democracia regional por parte de bandas armadas,
financiadas mediante el narcotráfico, el secuestro y la extorsión”.
De tal suerte que, el decreto de prórroga no contiene
circunstancias novedosas sobre las cuales debiera entrar a pronunciarse la
Corte. El examen se centrará, en consecuencia, en establecer si esos mismos
hechos, cuyos efectos han persistido durante un determinado tiempo ( tres meses
), se encuentran debidamente probados, vale decir, si subsisten o no, a pesar
de las medidas excepcionales que han sido adoptadas y ejecutadas para
conjurarlos.
1)   Persistencia de ataques indiscriminados
contra ciudadanos indefensos, violaciones a sus derechos humanos, violación a
las reglas del Derecho Internacional Humanitario y comisión de delitos de lesa
humanidad por parte de grupos criminales, financiadas mediante el narcotráfico,
el secuestro y la extorsión.
Un análisis del acopio probatorio arroja
como resultado que durante la vigencia del estado de conmoción interior se
presentaron los siguientes hechos de violencia:
Según los datos aportados por la Fiscalía
General de la Nación, en el período comprendido entre el 11 de agosto y el 28
de Noviembre de 2002 se han presentado los siguientes delitos en el país: 64
ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; 146
homicidios cometidos en persona protegida por el DIH; 190 desapariciones forzadas;
781 secuestros; 1 toma de rehenes; 151 casos de desplazamiento forzado; 1256
extorsiones y 424 casos de narcotráfico.
Por su parte, las estadísticas que manejan los
organismos de seguridad del Estado, al respecto, son las siguientes:
DELITO
11 DE MAYO - 10 DE AGOSTO
11 DE AGOSTO - 10 DE NOVIEMBRE
ATAQUES A POBLACIÓN
9
4
SECUESTROS
985
745
HOMICIDIOS COMUNES
7347
6749
HOMICIDIOS COLECTIVOS
23 (121 Víctimas)
39 (149 Víctimas)
HOMICIDIO DE CONCEJALES
20
21
HOMICIDIO DE ALCALDES
3
1
SECUESTRO DE CONCEJALES
8
7
SECUESTRO DE ALCALDES
7
2
Adviértase, por tanto, que en no pocos
casos el número de violaciones a los derechos humanos y a las reglas del DIH ha
aumentado en Colombia durante la vigencia del estado de conmoción interior, en
comparación con el mismo tiempo cuando no estaba vigente tal medida ( vgr.
Homicidios colectivos ); en otros casos, ( vgr. Secuestros y homicidios de
autoridades locales ) las cifras son muy semejantes. En contrapartida, algunos
indicadores de violencia muestran una mejoría de la situación ( vgr. Toma de
poblaciones, secuestros y homicidios comunes ).
En este orden de ideas, para la Corte resulta claro
que se encuentra probada la subsistencia de estos hechos de violencia que
alteran gravemente el orden público en Colombia.
2)    Actos de terrorismo y ataques terroristas a la
infraestructura de servicios esenciales por parte de bandas armadas.
Del examen de las pruebas que obran en el expediente
se desprende que el número de ataques, por parte de los grupos armados, contra
la infraestructura de servicios esenciales del país, así como los actos de
terrorismo, disminuyeron durante la vigencia del estado de excepción, sin que
hayan cesado por completo.
En efecto, según las estadísticas que maneja la
Dirección Central de la Policía Judicial ( DIJIN ) y el Departamento
Administrativo de Seguridad   ( DAS ), la comisión de los mencionados actos ha
disminuido, en las siguientes cantidades:
DELITO
11 DE MAYO - 10 DE AGOSTO
11 DE AGOSTO - 10 DE NOVIEMBRE
ATENTADOS TORRES DE ENERGÍA
112
47
TORRES DE COMUNICACIONES DERRIBADAS
10
6
ATENTADOS CONTRA PUENTES
18
17
ATAQUE A GASODUCTOS
3
3
ATAQUE A OLEODUCTOS
9
7
ACUEDUCTOS AVERIADOS
1
1
ACTOS TERRORISTAS
458
373
Como puede advertirse, los ataques contra la red de
servicios públicos esenciales y la infraestructura vial del país, disminuyeron,
ligeramente, durante los tres meses de vigencia del estado de conmoción
interior, en especial, en relación con el derribamiento de torres de energía,
sin que dicha clase de actos hayan dejado de presentarse por completo. Otro
tanto puede decirse de los ataques terroristas.
En este orden de ideas, la Corte encuentra probado el
hecho de que continúan presentándose actos de terrorismo y ataques contra la
infraestructura de servicios públicos esenciales, por parte de bandas armadas.
3)  Actos de coacción, por parte de grupos armados, a
mandatarios locales y seccionales y a sus familias en todo el país.
De las pruebas remitidas por la Dirección de
Inteligencia de la Policía Nacional se desprende que se siguen presentando
actos de coacción de los grupos armados, especialmente de las FARC y las AUC
sobre los funcionarios de la Rama Judicial, los Alcaldes, Concejales, Senadores
y Representantes a la Cámara.
En efecto, entre el 11 de agosto y el 27 de Noviembre
de 2002, han sido amenazados el Fiscal General de la Nación, 2 Magistrados, 5
jueces de la República, dos fiscales, 57 Alcaldes municipales, 4 Concejos
municipales en pleno,  6 representantes a la Cámara y 6 senadores de la
República.
Las anteriores cifras demuestran que una de las causas
que justificó la declaratoria del estado de conmoción interior subsiste, que la
autoridades judiciales y locales continúan ejerciendo sus cargos bajo la
presión de los grupos armados, a pesar de las medidas que se han adoptado al
respecto.
4)   Conclusión.
Del examen de las pruebas se desprende que los hechos
alegados por el Gobierno Nacional, para justificar la prórroga del estado de
conmoción interior persisten. Se concluye además que no se invocaron causas de
alteración del orden público ni hechos novedosos, razón por la cual es evidente
que se está en presencia de una clara relación de conexidad material y directa
entre éste y los fundamentos del decreto  1837 del 8 de Agosto de 2002. En
efecto, versan sobre las mismas causas y hechos, describen una misma situación
fáctica y comprenden unas valoraciones semejantes sobre la gravedad e
inminencia de los mismos.
2. 2.   Presupuesto
valorativo.
La valoración realizada por el Presidente de la
República sobre la persistencia de las causas de la alteración del orden
público figura específicamente en el tercer considerando del decreto 2555 de
2002:
“Que a pesar de las medidas excepcionales
adoptadas, subsisten las causas de grave alteración del orden público que
atentan contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la
convivencia ciudadana, que dieron lugar a la declaratoria del Estado de
Conmoción Interior...”
De las pruebas aportadas por las diversas
autoridades públicas que tienen que ver con el manejo del orden público, se
evidencia que los hechos que justificaron la adopción, el 8 de Agosto de 2002,
del estado de conmoción interior subsisten y con tal gravedad que resulta
indispensable continuar aplicando un conjunto de medidas excepcionales a fin de
retornar a un estado de normalidad, sin que hubiere sido posible entonces
declarar restablecido el orden público. Nótese que la disminución de la
intensidad de los hechos ha sido escasa y que persisten hechos de gravedad tal
como los homicidios colectivos, el homicidio y secuestro  de concejales, el
atentados contra puentes y oleoductos, entre otros.
En este orden de ideas, la Corte considera que el
Presidente de la República ejerció su facultad constitucional de apreciar la
persistencia y gravedad de unos hechos de violencia que siguen siendo una
amenaza contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la
convivencia ciudadana, y decidió en consecuencia extender por noventa días más
la vigencia de unas medidas excepcionales. No se trató por tanto, con base en
los hechos que aparecieron probados y en las características que revisten los
mismos, de una apreciación arbitraria de la realidad o de un error manifiesto.
2. 3.    Suficiencia de las medidas ordinarias de
policía.
El juicio sobre las medidas ordinarias de policía
conduce a que la Corte examine si, probados unos hechos que evidencian la
subsistencia de una alteración grave e inminente del orden público, y tomando
en consideración las medidas excepcionales que fueron adoptadas y ejecutadas
durante noventa días para conjurarlos, hoy por hoy, resultarían suficientes las
medidas ordinarias de policía para hacerle frente a la referida situación de
anormalidad.
Del examen del acopio probatorio se desprende que, a
pesar de la implementación de varios decretos legislativos, permanecen casi
inalteradas las causas que justificaron la adopción del decreto 1837 de 2002.
Si bien se han hecho esfuerzos para regresar a un
estado de normalidad en cuanto al orden público, han sido escasos los
resultados obtenidos, por lo que, siendo la situación similar a la existente
cuando se declaró la conmoción, siguen siendo insuficientes las atribuciones
ordinarias de las autoridades de policía para el restablecimiento  de orden
público, y por lo tanto necesaria la prolongación por otros noventa (90) días
de las medidas excepcionales adoptadas  por el Gobierno Nacional.
Se evidencia además, que durante el término inicial de
la conmoción interior no se expidieron por parte del Congreso, leyes que
pudieran ser consideradas como suficientes de manera sobreviniente para el
restablecimiento del orden público.
En este orden de ideas, concurren suficientes
elementos de juicio para que la Corte considere que en la adopción del decreto
legislativo 2555 de 2002 no hubo una apreciación arbitraria ni un error
manifiesto en la apreciación por el Gobierno Nacional sobre la insuficiencia de
las medidas ordinarias de policía para continuar afrontando la grave situación
de alteración del orden público que persiste, y por lo tanto era una medida
necesaria para continuar atacando las causas que dieron origen a la
declaratoria del estado de excepción.
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE el Decreto
2555 del 8 de noviembre de 2002 "por el cual se prorroga el Estado de
Conmoción Interior".
SEGUNDO. Por la Secretaría de esta Corporación
remítanse copias de la totalidad del presente expediente al Contralor General
de la República a fin de que verifique el cumplimiento de la finalidad de la
creación, recaudo y destinación del impuesto al patrimonio establecido por
decreto legislativo 1838 e incorporado al Presupuesto Nacional mediante decreto
legislativo 1959 de 2002, en los  términos de las sentencias C-876 y C- 947 de
2002.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNTETT
Presidente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto a la Sentencia C-063/03
CONMOCION INTERIOR-Nuevas causas de la prórroga (Salvamento
de voto)
CONMOCION INTERIOR-Medios ordinarios de la prórroga
(Salvamento de voto)
CONMOCION INTERIOR-Orden público en la prórroga (Salvamento
de voto)
Referencia: expediente R.E. 126
Revisión constitucional del Decreto 2555
del 8 de noviembre de 2002 “por el cual se prorroga el Estado de Conmoción
Interior”.
Magistrado Ponente:
Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la
Corporación, me permito explicar las razones por la cual salvo el voto en todo
lo que la mayoría de la Corte consideró exequible y que a mi juicio era
completamente inconstitucional.
1. Lo primero que se debe poner en evidencia es que el
gobierno envía información diversa al Congreso de la que envía a la Corte
Constitucional, hecho que reviste gravedad por cuanto la verdad es una sola y
no pueden existir dos verdades pues cuando hay dos verdades en realidad hay por
lo menos una mentira; en la página 27 de la sentencia el informe del gobierno
dice que la Procuraduría General de la Nación certificó que no había queja o
investigaciones adelantadas por posibles abusos de funcionarios en el uso de
las facultades de conmoción interior, en cambio, en el informe del gobierno
ante el Congreso de la República en la página 29 aparece el informe de la
Procuraduría General de la Nación en donde se relacionan una serie de quejas e
investigaciones por abusos en el uso de las facultades de conmoción interior.
Este ejemplo muestra como el gobierno informa al Congreso que la situación
mejora y que se esta ganando la guerra y en cambio, a la Corte Constitucional
le dice que la situación empeora y que es necesario mantener la conmoción; o es
verdad lo que se le dice al Congreso y es mentira lo que se le dice a la Corte,
o es verdad lo que se le dice a la Corte y es mentira lo que se le dice al
Congreso y si es verdad lo que se le dice al Congreso la consecuencia es que se
debe levantar la conmoción interior.
Tampoco concuerdan los datos estadísticos
suministrados al Congreso y a la Corte Constitucional siendo preocupante como
consta en la página 10 de la sentencia (informe de la Fiscalía General de la
Nación) que por delitos tan graves y de lesa humanidad como es el
desplazamiento forzado de la población civil no se haya expedido ni siquiera
una orden de captura cuando ésta fue una de las causas de la conmoción, que se
reitera como causa en este decreto.
2. No es posible mediante el decreto de prórroga
introducir nuevas causas distintas de las iniciales, de tal manera que las
facultades del gobierno se reducen a las de las causas que en su momento
encontró justificadas la Corte Constitucional, sin que sea posible en la
prórroga agregar nuevas causas y por esa vía obtener nuevas facultades; por el
principio fundamental de que algo derivado no puede tener una naturaleza
diversa de aquello de lo cual deriva.
3. Como quiera que se trata de la prorroga de un
estado de excepción, la Corte debe comparar la situación que existía al momento
de declararse la conmoción con la que existe en el momento en que se está
juzgando la prórroga y comparar si las causas persisten o han disminuido y debe
verificar también si los medios ordinarios de que ahora dispone el Estado son
suficientes o no.
La razón de este deber de comparar la situación
anterior y la de ahora, surge del propio artículo 213 de la Constitución
Política que establece como requisito para declarar el estado de conmoción la
grave perturbación del orden público y la falta de poderes o atribuciones
ordinarias del gobierno.  En el caso concreto que nos ocupa de la prórroga: la
alteración del orden público es igual a la del momento en que se decreto la conmoción
o es mayor o es inferior; en las dos primeras hipótesis (si la situación se
mantiene igual o se ha agravado), se demuestra que la conmoción es ineficaz y
debe ser levantado el estado de excepción y en la tercera hipótesis si la
situación ha mejorado (como se le ha informado al Congreso) la perturbación ha
dejado de ser grave y en consecuencia también debe ser levantado el estado de
excepción.  Como después de decretada la conmoción el Congreso Nacional a
dotado al gobierno de facultades ordinarias para hacerle frente a las causas de
perturbación, como son entre otras, las nuevas leyes de extinción del dominio o
las leyes contra el hurto de la gasolina, etc.; hoy en día se le puede hacer
frente a la perturbación con las facultades ordinarias y en consecuencia la
conmoción interior debe levantarse y a contrario sensu, no puede ser
prorrogada.
En síntesis, podemos afirmar que si la perturbación es
igual o superior a la que existía al momento en que se decretó la conmoción el
estado de excepción es ineficaz y debe ser levantado; si la perturbación es
menor ha desaparecido un requisito del artículo 213 de la Constitución Política
y también debe ser levantada la conmoción; como el gobierno tiene ahora poderes
ordinarios otorgados por nuevas leyes que le permiten enfrentar las causas de
la perturbación, el estado de excepción debe ser levantado pues falta uno de
los tres requisitos que establece el artículo 213 de la Constitución para que
pueda decretarse o mantenerse el estado de excepción.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] C.P., artículo 121
[2] C.P., art. 122 incorporado mediante acto legislativo No. 1 de 1968
[3] Al respecto baste citar el siguiente aparte de la sentencia del 3
de marzo de 1988 de la sala Plena de la Corte Suprema de Justicia “En cuanto al
posible desconocimiento de la Convención sobre Derechos Humanos, reitera la
Corte que no cabe pronunciamiento de constitucionalidad o inconstitucionalidad
de una norma por contrariar pactos internacionales, sino que opera tan sólo
frente a preceptos de la Carta”, en CSJ, Sala Plena, sentencia del 3 de marzo
de 1988, revisión oficiosa del decreto 182 de 1988, “Por el cual se dictan disposiciones
encaminadas al restablecimiento  del  orden público  (  Habeas   corpus
)”, M.P. Hernando Gómez Otálora, en GJ, 1988, núm. 2434, p. 241
[4] Gaceta Constitucional núm. 767, sábado 4 de mayo de
1991. Informe-Ponencia. “El estado de sitio y  la emergencia económica”,
Alfredo Vásquez Carrizosa y José Matías Ortiz, p. 11.
[5] El texto del artículo III de la propuesta recibe: Cincuenta y
cuatro (54) votos afirmativos, tres (3) votos negativos y una (1) abstención.
[6] Sent. C-802 de 2002
[7] Desde el primer fallo de constitucionalidad referente a la prórroga
de un estado de conmoción interior, la Corte ha reiterado su competencia para
conocer sobre la forma y el fondo del mismo. En efecto, en la sentencia C-154
de 1993, esta Corporación consideró lo siguiente:“En los términos del
artículo 241-7 de la Constitución Política, esta Corte es competente para
decidir definitivamente sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 261
de 1993. En efecto, la norma examinada se dictó con base en las facultades que
confiere al Presidente de la República el artículo 213 de la C. P.” A
partir de aquel momento, hasta la actualidad, esa línea jurisprudencial se ha
mantenido incólume ( Sentencias C-294/93, C-464/93, C-153/96, C-328/96 y
C-451/96 ).
[8] Artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
artículo 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[9] Comisión Europea de Derechos Humanos, Informe del 26 de septiembre
de 1958.  Asunto Grecia c Reino Unido, en annuaire de la convention, Vol. XII, pp. 177.
[10] A.
Roberstone, “The First Case Before the European Court of Human Rights. Lawless
vs The Government of  Ireland”, BJIL, 1960, pp. 343-354.
[11] Sent. C-802 de
2002
[12] Sentencia
C-802 de 2002.
[13]  Aragón
Reyes, Manuel, Estudios de Derecho Constitucional, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales de Madrid, Madrid, 1998, p. 276.
[14]     Artículo 31 de la Ley Estatutaria sobre los Estados de
Excepción.
[15] Consejo de Estado
Francés, sentencia del 19 de Febrero de 1875, asunto del Príncipe Napoleón, en Les
grands arrets de la jurisprudence adminsitrative, 12 edición, París, Ed.
Dalloz, 1999, p. 17.
[16] G. Gómez
Orfanel, Excepción y normalidad en el pensamiento de Carl Schmitt,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, p. 53.
[17] Corte
Constitucional, sentencia del 25 de julio de 1996, Revisión de
constitucionalidad del Decreto 777 de abril 29 de 1996, “Por el cual se
prorroga el Estado de Conmoción Interior”, C-328/96, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[18] Corte
Constitucional, sentencia del 2 de Octubre de 2002, C-802/02, Revisión
constitucional del Decreto Legislativo 1837 de 11 de Agosto de 2002, “Por el
cual se declara el estado de conmoción interior”. M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[19] Ver folios 80 a 90 pruebas.
[20] Ver folio 64 del cuaderno de pruebas.
[21] Ver al
respecto: Corte Constitucional, sentencia del 8 de Octubre de 1992, C-579/92,
revisión constitucional del Decreto 1195 de 1992 “Por el cual se levanta el
estado de conmoción interior y se prorroga la vigencia del Decreto 1156 de
1992”.
[22] En el caso
del decreto 1838 de 2002, “Por medio del cual se crea un impuesto sobre el
patrimonio destinado a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación
necesarios para preservar la seguridad democrática”, la vigencia de la medida
excepcional ofrece ciertas particularidades por cuanto la Corte, en sentencia
C-876 de 2002, consideró lo siguiente: “Al respecto la Corte en armonía con lo
expresado  por el señor Procurador llama la atención sobre el hecho de que el
impuesto bajo examen se causa  de manera instantánea es decir que la obligación
tributaria surge de manera completa para los sujetos pasivos  el 31 de agosto
de 2002, lo que implica  que  en esa fecha se configura a favor del Estado un
crédito que le permite, independientemente de las facilidades  que  otorgue a
los contribuyentes para su pago en el corto plazo,  destinar y comprometer
inmediatamente recursos para atender las causas de la perturbación y evitar la
extensión de sus efectos.”      ( negrilla fuera de texto ).
[23] Desde el año de 1974, en su Informe sobre la situación de los
derechos humanos en Chile, OEA/Ser.L/V/II. 34, doc. 21, del 25 de octubre
de 1974, la CIDH ha venido criticado duramente la declaratoria de un estado de
excepción apoyada en “hechos de público conocimiento”.
[24] Sent. C-802 de 2002
[25] Sent. C-802 de 2002