T-305-18
Sentencia T-305/18
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa en defensa de sus propios intereses
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia en razón de la subordinación que se halla
implícita en toda relación de naturaleza laboral
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE TRABAJADOR EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia sobre protección por vía de
tutela de manera excepcional
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Contenido y alcance
La protección de la
estabilidad laboral reforzada implica dentro del ámbito laboral las siguientes
posiciones: (i) no ser despedido por razón de su situación de debilidad
manifiesta; (ii) permanecer en el empleo, a menos que exista una causa de
desvinculación no relacionada con la situación de discapacidad y (iii) que la
autoridad competente autorice el despido, previa verificación de la causa que
amerite la desvinculación. De lo contrario, el despido será ineficaz y el
trabajador será acreedor de la indemnización fijada por la ley, más el pago de
los salarios dejados de devengar.
DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION
DE DISCAPACIDAD EN CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS-Reiteración de
jurisprudencia
En sentencia de unificación SU-049 de 2017,
esta Corporación reconoció la existencia de derechos a una protección especial
de quienes se encontraran en circunstancia de debilidad manifiesta, en las
relaciones de prestación de servicios independientes, así como a un trabajo en
condiciones dignas y justas. Igualmente, señaló que no desaparecían los deberes
tanto del Estado como de la sociedad de adelantar una política de integración
social a favor de este grupo de la población, en virtud del principio de
solidaridad social. En estos escenarios, la jurisprudencia ha optado por hablar
del derecho fundamental a la “estabilidad ocupacional reforzada, por ser una denominación más amplia y comprehensiva.”
y no “de un principio de
estabilidad laboral reforzada,
que remite nominalmente por regla a las relaciones de trabajo dependiente”. De manera que esta protección se aplica a quienes estén en condiciones de debilidad manifiesta,
incluso si no cuentan con una calificación de pérdida de capacidad laboral. De conformidad con el anterior recuento
jurisprudencial, es evidente que la Corte ha acudido a varias fórmulas para
resolver los casos que envuelven una estabilidad laboral reforzada y que el
tipo de vinculación no ha sido un obstáculo para conceder dicha protección,
aceptando que la misma procede en contratos de prestación de servicios
independientes.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR HECHO SUPERADO-Se vinculó a
accionante a través de contrato de prestación de servicios
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-No vulneración por cuanto no se advierte un despido
arbitrario o discriminatorio relacionado con estado de salud de accionante
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE
SALUD-Orden de reintegrar a accionante de conformidad
con su estado de salud y pagar 180 días de remuneración laboral, acorde con lo
previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
Referencia:
Expedientes T-6.576.336, T-6.577.725, T-6.587.506, T-6.588.343 y T-6.603.198
Acción
de Tutela instaurada por Uriel Alfonso Roa Osorio, Blanca Cecilia Martínez
Parada, Silvia Inés Misas Saldarriaga, Ana Victoria Martínez Cifuentes y
Leopoldo Rodríguez Calderón contra el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena,
Regional Caldas, Servilimas S.A.S., Industrias St. Even S.A., MCT S.A.S. y Pinturas
Surinco Obras y Servicios del Tolima S.A.S
Magistrada
Ponente:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá, veintisiete (27) de julio
de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina
Pardo Schlesinger –quien la preside–, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto
Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, profiere la siguiente,
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos de tutela proferidos en única instancia por los Juzgados Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, Quinto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Bogotá y Setenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá,
el diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete (2017) y el catorce (14) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), el diecinueve (19) de diciembre de dos
mil diecisiete (2017), respectivamente; y de los fallos de tutela proferidos en
segunda instancia por los Juzgados Veintiocho Penal del Circuito de Medellín[1] y Cuarto Civil del Circuito de Ibagué[2] el dos (2) de marzo de dos mil
diecisiete (2017) y el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), respectivamente.
Conforme a lo consagrado en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Dos de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su
revisión, los asuntos de la referencia.[3]
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
I.    ANTECEDENTES
1. Expediente T-6.576.336
El accionante Uriel Alfonso Roa
Osorio acude a la acción de tutela con el fin de lograr la protección de su
derecho constitucional al trabajo en conexidad con la vida digna, seguridad
social, dignidad, igualdad, inclusión social y mínimo vital, que estima
vulnerados por el Servicio Nacional de Aprendizaje – en adelante Sena – como
consecuencia de la no renovación de su contrato de prestación de servicios.[4]
1.1. Hechos,
argumentos y solicitud
1.1.1. El
actor, de 41 años de edad, manifiesta estar en condición de discapacidad como
consecuencia de un atentado criminal que lo obligó a estar en silla de ruedas. Hasta
ese momento, dice, laboraba como independiente y realizaba aportes al fondo de
pensiones Porvenir S.A. Luego de ser calificado con una pérdida de capacidad
laboral del 88.75%, señala que pudo acceder a la pensión de invalidez liquidada
en un salario mínimo legal mensual, cuantía que estima insuficiente para
sostener el núcleo familiar compuesto por dos hijos menores de edad y su
compañera permanente.
1.1.2. Aduce que desde el hecho
que generó su discapacidad, ha trabajado como tutor virtual con el Sena, Regional
Caldas, en virtud de programas de inclusión social.  El primer contrato de
prestación de servicios temporales fue suscrito en enero de 2010 por el término
de 11 meses y los siguientes fueron suscribiéndose de manera periódica y a
término fijo hasta el pasado 3 de agosto de 2017. Comenta que “en los 7 años
y medio de trabajo con interrupciones en el mes de diciembre y enero, todos los
contratistas incluyendo el accionante quedan cesantes, demostrando el sentido
colectivo de igualdad de oportunidades.  El accionante aprovisionaba los pagos
de octubre, noviembre y los pocos días de diciembre para sostener
económicamente al grupo familiar, en los meses cesantes que son parte de
diciembre y enero, repitiendo el proceso por 7 años”.
1.1.3. Manifiesta que en el año
2017 se presentó una novedad, en la medida que el colectivo de instructores
contratistas celebraron contrato de prestación de servicios de enero a
diciembre y la minoría, incluyendo al actor y dos personas más con discapacidad,
suscribieron el contrato por 6 meses aproximadamente, generándose una
desigualdad, en su criterio, en la contratación de un colectivo frente a otro.
1.1.4. Expone que el 12 de
agosto de 2017 se abrió convocatoria para ocupar nuevamente las vacantes de
tutor virtual, a la cual se postuló. El 24 de agosto, dice, el subdirector del
Centro para la Formación Cafetera le informó que debía dar una espera en la
continuidad del contrato “ya que debía priorizar unos casos y que posterior (sic)
daría continuidad a la contratación del accionante, persona con discapacidad,
en estado de debilidad manifiesta, excluido del proceso”. No obstante la
información recibida, se enteró de la contratación de un compañero con
discapacidad visual. Ante este hecho, dice, remitió un escrito al subdirector denominado
“biografía que quiere ser escuchada” en el que cuenta parte de su vida y
la dificultad económica que atraviesa, recibiendo respuesta oportuna pero sin
esperanza al enterarse que su vacante había sido ocupada por un tutor sin
discapacidad.  Por lo tanto, considera que esta situación afecta su derecho al
trabajo y vulnera su derecho a la estabilidad laboral reforzada del trabajador
con discapacidad.
1.1.5. Resalta que durante los
años de servicio en el Sena, jamás recibió llamados de atención o
calificaciones negativas. Por el contrario, las evaluaciones fueron excelentes
e incluyen felicitaciones. Además, indica que desde el inicio en 2010 recibió
la misma carga laboral que los instructores sin discapacidad, por lo que se
advierte un proceso real de inclusión laboral en el que pudo demostrar su
capacidad mental con un cociente intelectual alto.
1.1.6. En cuanto a sus gastos,
el actor hace una explicación detallada de los mismos a partir del numeral 19
de su escrito de tutela, los cuales ascienden aproximadamente a $1.500.000,
señalando que la mesada pensional que recibe no es suficiente para cubrirlos. Adicionalmente,
señala que la EPS a la que está afiliado puede cerrar por quiebra, hecho que
generaría la suspensión del servicio de enfermería, suministro de insumos
médicos, plan de curaciones, poniendo en peligro su vida, por los altos costos
de su discapacidad, ya que debe permanecer sentado la mayor parte del tiempo en
silla de ruedas.
1.1.7. En consecuencia, solicita
el amparo de sus derechos fundamentales y se ordene a la entidad accionada la
reincorporación a través de nombramiento provisional para que se garanticen
todos los derechos laborales de los que debe gozar una persona con discapacidad
y de los que gozan los funcionarios de carrera administrativa, de esta manera
mitigar en el accionante su estado debilidad manifiesta ya que demuestra
idoneidad, compromiso, responsabilidad y preparación profesional. Igualmente,
solicita que el nombramiento se haga teniendo en cuenta el último salario
devengado y a partir de ese valor, escalonar salarialmente al actor de
conformidad con las políticas del Sena. Por último, pide que se le permita
además, el desempeño como tutor virtual y la modalidad de teletrabajo para
seguir con sus tratamientos.
1.2. Traslado y contestación de la demanda[5]
1.2.1. Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena[6]
El Director Regional de la entidad da respuesta a
la acción de tutela, resaltando que la mayoría de los hechos de la tutela son
manifestaciones amañadas al libre arbitrio del actor, ya que cuando fue
contratado por primera vez estaba en situación de discapacidad y que, si bien
se celebraron varios contratos de prestación de servicios “nunca ha habido
una relación laboral como pretende audazmente dilucidar el accionante”.
Además, señala que la entidad cumple a cabalidad con la cuota de inclusión de “contratistas
discapacitados” (sic), siendo uno de los centros que, inclusive, se destaca
por este tema.
Indica que el hecho de no contratar al actor “no
obedece a una exclusión, sino a una condición administrativa, ya que en dicho
contrato se pactó un término de finalización y por ende no hay lugar a una
exclusión o despido y no es exclusión por su condición física como pretende
hacer creer el accionante, ya que el SENA tiene en su equipo de contratistas
varios discapacitados (sic) y el hecho de no contar con los servicios de uno,
no lo hace excluyente”.
Continua señalando que al accionante no se le ha
vulnerado el derecho a la estabilidad laboral reforzada, toda vez que “dicho
principio en ningún momento acoge al señor Roa Osorio, debido a que éste no es
un trabajador de la entidad ni posee ningún tipo de relación laboral con la
misma, adicionalmente, es necesario tener en cuenta que su condición de
discapacidad la sufrió mucho antes de contratar sus servicios con el SENA,
circunstancias que lo exoneran de tal principio rector”.
Considera finalmente que la tutela no es el
mecanismo idóneo para resolver una situación tan compleja y con un debate
probatorio demasiado amplio. Por lo tanto, si el accionante considera que entre
las partes existió una relación laboral, debe acudir a la jurisdicción ordinaria
para que se establezca por el juez competente.
1.2.2. Ministerio de Trabajo y Protección
Social
A través del Director de la Dirección Territorial
Caldas, el Ministerio de Trabajo manifiesta que en este caso existe falta de
legitimación por pasiva al no tener relación laboral de ninguna clase con el
accionante. Por esta razón, solicita la desvinculación de esta entidad del
trámite de tutela.
1.3. Decisión de única instancia[7]
Mediante providencia del diecinueve (19) de octubre de dos
mil diecisiete (2017), el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Manizales resolvió declarar improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Uriel Alfonso Roa Osorio.  Consideró que en este caso
era claro que la vinculación del accionante con la entidad siempre se realizó
bajo la figura de prestación de servicios, “con autonomía, independencia y
margen de discrecionalidad por parte de éste para desarrollar el objeto
contractual, pues prestaba sus servicios desde su sitio de residencia teniendo
la posibilidad de manejar su propio horario, y con una vigencia temporal de la
relación contractual, pues todos los contratos que suscribió el actor con la
entidad accionada tenían un periodo delimitado con fecha de finalización exacta”.
En consecuencia, señaló que “las solicitudes del actor
referidas al reintegro con la entidad demanda, a recibir una indemnización y a
que se efectúe a su favor un nombramiento en provisionalidad, son pretensiones
netamente laborales y derivadas de una relación de trabajo para cuya valoración
y discusión, -en vista de que el vínculo que tuvo con la accionada se dio a
través de un contrato de prestación de servicios-, necesariamente debe acudir
ante las autoridades laborales, quienes dentro de un escenario procesal con
base en un debate probatorio complejo, deberán determinar si la relación
contractual existente corresponde defectivamente a un contrato de trabajo y
todas las prestaciones que de ello derivan o se está al frente de un contrato
de relación de servicios con las limitaciones que se han dejado vistas en estas
consideraciones”.
Además, afirmó que estaba acreditado dentro de la actuación
que desde el inicio de la vinculación contractual con el Sena, el actor ya se
encontraba en situación de discapacidad y durante los 7 años de prestación de
servicios, “su limitación nunca interfirió de manera negativa para la
renovación de los contratos, de hecho, la relación contractual en cuestión fue
motivada por un programa de inclusión para discapacitados del que hacía parte
el SENA. No observa el despacho entonces que la no renovación del contrato haya
sido motivada por la condición de discapacitado del actor, al menos, no se
demostró esta circunstancia dentro del trámite constitucional”.
2. Expediente T-6.577.725
La señora Blanca Cecilia
Martínez Parada acude a la acción de tutela con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales a la vida, a la salud, al mínimo vital, a la seguridad
social, a la igualdad y al trabajo, que estima vulnerados por Sevilima S.A.S. como
consecuencia de la terminación de la relación laboral.
2.1. Hechos,
argumentos y solicitud
2.1.1. Manifiesta
la accionante que ingresó a trabajar con la demandada desde el 4 de abril de
2015 hasta el 12 de mayo de 2017, desempeñándose en oficios varios y con una
remuneración equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. El horario
establecido era de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4.30 de la tarde y los
sábados de 7 a 1 de la tarde.
2.1.2. Aduce que desde el 28 de
abril de 2017 fue incapacitada producto de un fuerte dolor en el brazo derecho
que no le permitía trabajar. Señala que le ordenaron terapias pero la jefe de
recursos humanos no le dio permiso para asistir. Expone que a pesar de estar enferma,
tal como consta en la historia clínica,[8]
el día 12 de mayo la jefe de recursos humanos la despidió y remitió al examen
de egreso[9]
en el cual, contrario a lo indicado por los médicos de la Nueva EPS, concluye
que se encuentra bien de salud y no tiene en cuenta su diagnóstico de
epicondilitis medial derecha.
2.1.3. Manifiesta que ante esa
situación, el 28 de junio de 2017 su esposo la afilió al sistema de seguridad
social en salud como beneficiaria y para la fecha de la tutela, continua
incapacitada y está pendiente de una cirugía en su brazo derecho. Alega que a
sus 50 años de edad no es fácil conseguir otro trabajo y se siente humillada
con la actitud de su jefe y con el hecho de haber sido despedida estando
incapacitada sin conocer las razones.[10]
2.1.4. Por lo anterior, señala
que la empresa demandada ha vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, a
la salud, a la seguridad social y al trabajo y solicita se conceda el amparo de
sus derechos y se ordene el reintegro inmediato al cargo que venía desempeñando
en Servilima S.AS.
2.2. Traslado y contestación de la demanda[11]
2.2.1. Nueva EPS[12]
El Coordinador Jurídico para Tutelas de la entidad
manifiesta que la accionante Blanca Cecilia Martínez Parada se encuentra
afiliada en calidad de beneficiaria dentro del grupo familiar del señor Héctor
Emilio Narváez Peñaloza y su estado actual es activo. Que mientras estuvo
afiliada como cotizante registró 6 incapacidades[13] por enfermedad general,
discriminadas de la siguiente forma:
No. Incapacidad
Tipo incapacidad
Días solicitados
Fecha inicial
Fecha final
0003508940
Ambulatoria
2
28/04/2017
29/04/2017
0003467090
Ambulatoria
4
05/04/2017
08/04/2017
0003039751
Ambulatoria
2
31/08/2016
01/09/2016
0002977773
Ambulatoria
3
29/07/2016
31/07/2016
0002908007
Ambulatoria
3
22/06/2016
04/06/2016
0002391306
Ambulatoria
4
16/09/2015
19/09/2015
Seguidamente, precisa que no existe legitimación
en la causa por pasiva en esta entidad, toda vez que no existe manera de dar
solución a las pretensiones de la accionante, relacionadas con la vulneración
de sus derechos por parte de su empleadora. En ese contexto, solicita ser
desvinculada del proceso.
2.2.2. Servilima S.A.S
La empresa accionada guardó silencio durante el
término concedido para contestar la demanda de tutela.[14]
2.3. Decisión de única instancia[15]
Mediante providencia del catorce (14) de noviembre de dos
mil diecisiete (2017), el Juzgado Quinto Municipal Laboral de Pequeñas Causas
de Bogotá resolvió declarar improcedente la acción de tutela presentada por Blanca
Cecilia Martínez Parada. Considera que en este caso “no se encontró prueba
que demostrara el estado de debilidad manifiesta deprecado por Blanca Cecilia
Martínez Parada y que atendiera lo dispuesto por la H. corte Constitucional
cuando de estabilidad laboral reforzada se trata, pues no cuenta en la
actualidad con incapacidades o discapacidades médicas declaradas, como tampoco
contaba con las mismas para la fecha del despido (12 de mayo de 2017), en
consecuencia no es procedente la presenta acción de tutela, pues la parte
actora no logró demostrar ese perjuicio o quebranto irremediable que haya
lesionado sus derechos o garantías constitucionales”.
Finaliza indicando que si la accionante pretende dirimir un
posible despido sin justa causa efectuado por la empresa demandada, deberá
instaurar la correspondiente demanda ordinaria ante un juez laboral.
3. Expediente T-6.587.506
Silvia Inés Misas Saldarriaga
acude a la acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la
estabilidad laboral reforzada, que estima vulnerados por la empresa Industrias
St. Even S.A. como consecuencia de la terminación de la relación laboral.
3.1. Hechos,
argumentos y solicitud
3.1.1.
Manifiesta la accionante, de 42 años de edad, que ingresó a trabajar con la
demandada el 13 de octubre de 2004 mediante contrato de obra o labor
determinada y posteriormente varió su vinculación a contrato a término fijo,
con un salario de $855.000. Actualmente vive con su esposo, con quien comparte
la manutención de su hija y los gastos del hogar.
3.1.2. Aduce que desde el año
2013 asiste a citas con especialistas en ortopedia y traumatología con el fin
de tratar una artrosis severa en ambas rodillas.  Esta situación le ha generado
una serie de restricciones médicas e indicaciones a seguir como “colocar
calor localmente por 20 minutos 2 a 3 veces al día, vendaje elástico 8 horas diarias,
evitar subir y bajar escaleras, reposo con miembro elevado, evitar sobrecargas”.
El 31 de julio de 2013, fue diagnosticada con condromalacia de la rótula
requiriendo 6 sesiones de fisioterapias sin que eso haya mejorado su situación
en la medida que el 27 de mayo de 2017, una resonancia magnética arrojó un
pequeño defecto osteocondral de 5x5 mm en el cóndilo femoral medial.[16] Señala que las restricciones médicas
no se cumplieron en su totalidad por estar sometida a trabajos que contrariaban
dichas indicaciones y además, ser perseguida laboralmente en la medida que
cualquier error cometido generaba un memorando y recibía “tratos grotescos”
por parte de su supervisora.
3.1.3. Manifiesta que la
terminación de su relación laboral se produjo sin justa causa objetiva y
obedeció a una “discriminación por encontrarme en estado de enfermedad”.
Además, se afectan sus derechos fundamentales al encontrarse actualmente en
tratamientos médicos vigentes para lograr la evolución de su patología.
3.1.4. Por lo anterior, solicita
se conceda el amparo de sus derechos y se ordene el reintegro inmediato al
cargo que venía desempeñando dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo así como el pago de 180 días de salario por haberse dado
el despido sin autorización del Ministerio de Trabajo.
3.2. Traslado y contestación de la demanda[17]
3.2.1. Industrias St. Even S.A.[18]
El representante legal de la empresa manifiesta en
primer lugar, que la tutela no es el mecanismo complementario de los procesos
ordinarios. En el caso de la señora Misas Saldarriaga, las pretensiones deben
ser decididas “de manera privativa o exclusiva” por el juez ordinario
laboral previa la tramitación de un juicio de dos instancias.
En segundo lugar, señala que no existe nexo de
causalidad entre la desvinculación de la tutelante y su estado de salud. Que su
historia clínica muestra que “el problema médico de la señora Silvia Inés
Misas Saldarriaga no reviste ninguna gravedad, y aquí es importante puntualizar
que al momento de la desvinculación de la tutelante esta última no presentaba
incapacidades médicas ni en ningún momento allegó a la empresa la referida
resonancia magnética, ni citas médicas o terapias pendientes de realizarse,
mucho menos existió orden de reubicación laboral, o se expidieron restricciones
médicas como tampoco ha sido calificada en su pérdida de capacidad laboral, y
en este punto debo enfatizar que los problemas médicos (intermitentes por
demás) que dice padecer la tutelante no tienen absolutamente nada que ver con
la vinculación laboral que sostuvo con la empresa Industrias St. Even SA. (es
un problema degenerativo como aparece consignado en el examen médico de egreso)”.
Considera que no es suficiente el hecho de sufrir
una enfermedad para que la persona desvinculada pueda alegar una vulneración
del derecho a la estabilidad laboral, ya que debe existir un nexo de causalidad
probado entre el estado de salud y la desvinculación. Que en el caso de la
accionante, lo que operó fue la terminación del contrato por vencimiento del
término pactado.[19]
Además, que si bien es cierto en la historia
clínica se verifica que la accionante “asistió a tratamientos médicos en el
año 2013 y en forma intermitente con posterioridad por un problema de artrosis,
no se acredita que el mismo le generara una limitación para realizar la labor
que ejecutaba dentro de la empresa y por el contrario lo que se presentó fue
que venía laborando en forma continua y permanente sin ninguna incapacidad
médica y tampoco se demuestra que la terminación del vínculo contractual
tuviera como motivo la condición de salud de la citada señora. Lo que se
patentiza en cambio es una situación maliciosa de una trabajadora que se
repite, en ningún momento presentó a su empleador constancia de citas médicas
pendientes o tratamientos médicos pendientes, y el día en el que se le terminó
el contrato de trabajo acudió a solicitar citas de hidroterapias”.[20]
En tercer lugar, señala que el contrato de la
accionante terminó por causa legal, es decir, vencimiento del plazo acordado y
por lo tanto, no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Finalmente, alega que la señora Misas cuenta con
la posibilidad de afiliarse al régimen contributivo por intermedio de otro
empleador o por su propia cuenta como independiente, pero en caso de no contar
con los recursos suficientes, puede acudir al régimen subsidiado.
3.3. Decisión de primera instancia[21]
Mediante providencia del veintiséis (26) de septiembre de
dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Once Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Medellín concede de manera transitoria el amparo
solicitado en la acción de tutela presentada por Silvia Inés Misas Saldarriaga.
Considera que en este caso se demostró que la empresa tenía conocimiento del
estado de salud de la accionante ya que desde el año 2013 recibía atención
médica para tratar la artrosis severa en ambas rodillas. Por lo tanto, en este
caso no era procedente alegar la causal de vencimiento del término del contrato
y se requería autorización del Ministerio de Trabajo, ante la circunstancia de
discapacidad de la señora Misas Saldarriaga.
Ordena en consecuencia, el reintegro de la accionante sin
solución de continuidad dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de
la tutela y el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la
terminación del contrato. No ordena el pago de la indemnización prevista en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 como quiera que el amparo se concede de
manera transitoria con el fin de evitar un perjuicio irremediable y debe ser la
jurisdicción laboral la que decida sobre esta petición.
3.4. Decisión de segunda instancia[22]
En sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil
diecisiete (2017), el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medellín revocó
la decisión del juez de primera instancia por considerar que “no se
desprende cuál es el perjuicio irremediable al que se puede enfrentar la
accionante, que amerite  un pronunciamiento del juez constitucional, solo se
infiere la afectación a su remuneración al no continuar percibiendo el salario
que devengaba como trabajadora al servicio de Industrias St. Even S.A., sin
embargo, en los hechos narrados en el escrito de tutela la accionante manifestó
que vive en casa propia y que los gastos del hogar eran compartidos con su
esposo, es así como teniendo en cuenta esas obligaciones de socorro y ayuda
mutua que recaen sobre los cónyuges, el mínimo vital de la accionante no tiene
porque (sic) verse impactado”.
De otra parte, estima que del material probatorio no se
puede deducir que el motivo de la terminación del contrato laboral fuera su
estado de salud, pues el último contrato fue terminado de manera unilateral al
vencimiento del plazo, el 8 de septiembre de 2017. Resaltando también, que las
dolencias iniciaron desde el año 2013 y por más de cuatro años, la accionante
continuó laborando en la empresa, por lo que no se puede hablar de un caso de
despido discriminatorio.
Concluye el juez que “a pesar del padecimiento de salud
de la accionante, no se ha dictaminado que éste tuviera algún impacto en
términos de pérdida de la capacidad laboral o de debilidad manifiesta, que por
ende active la protección laboral reforzada que se depreca, bien sea por la
gravedad de la enfermedad diagnosticada o porque se trate de un padecimiento
que de por sí genere discriminación. Adicionalmente no se pudo determinar el
nexo causal necesario entre la culminación de la relación laboral y los padecimientos
que aduce la accionante. Por consiguiente, habilitada como está para laborar,
pues no se demostró una condición diferente, no es posible conceder el amparo
que se depreca”.
4. Expediente T-6.588.343
La accionante Ana Victoria
Martínez Cifuentes acude a la acción de tutela con el fin de lograr la
protección de sus derechos constitucionales a la vida en conexidad con la salud,
al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad, al trabajo y a la
estabilidad laboral reforzada, que estima vulnerados por MCT S.A.S como
consecuencia de la no renovación de su contrato de prestación de servicios.
4.1. Hechos,
argumentos y solicitud
4.1.1. La
accionante, de 52 años, manifiesta ser madre cabeza de hogar de tres hijas, una
de ellas menor de edad, sin ingresos y actualmente sin empleo y con dificultad
para conseguir uno. Señala que ingresó a trabajar el 2 de diciembre de 2011 con
la empresa accionada, bajo un contrato laboral a término indefinido para
desempeñar el cargo de auxiliar de gestión documental, en la sede principal de
la empresa, ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca. El último salario
recibido, dice, fue de $1.000.000 y estuvo afiliada al sistema de seguridad
social.
4.1.2.
Expone que en marzo de 2012 fue diagnosticada con un carcinoma de ovario que
hizo metástasis como un tumor maligno en el colon. De ello fue operada ese
mismo año el 20 de marzo y fue recuperándose poco a poco con el tiempo.[23] Por ese motivo, no pudo trabajar
durante un año aproximadamente y estuvo en tratamiento psiquiátrico para
recuperarse de una depresión profunda que le causó su enfermedad.
4.1.3. Manifiesta que se
reintegró laboralmente en marzo de 2013, desempeñando sus labores normalmente
pero asistiendo a control cada 3 meses en un principio y luego, cada 6 meses.
Sin embargo, en agosto de 2017, dice, le diagnosticaron calcificaciones perihepáticas,
que sugieren compromiso peritoneal como consecuencia del tumor de ovario,
motivo por el cual, debió retomar tratamientos con varias especialidades.
4.1.4. Expone que el empleador
tenía pleno conocimiento de su situación de salud, ya que ella entregaba copia
de las incapacidades, exámenes y controles a su coordinadora. No obstante, el
12 de septiembre de 2017 la empresa terminó unilateralmente el contrato sin que
mediara autorización del Ministerio de Trabajo.[24]
4.1.5. Resalta que este hecho no
permite que acceda al servicio de salud y que no pueda continuar con el
tratamiento necesario para que el cáncer no acabe con su vida. Además, alega
deber varios meses de arriendo y tener dificultades para cubrir los gastos
básicos de subsistencia de ella y su hija menor de edad.
4.1.6. En consecuencia, solicita
el amparo de sus derechos fundamentales y se ordene a la empresa accionada la
reincorporación al cargo que venía desempeñando, con el pago retroactivo de
todas sus prestaciones sociales dejada de percibir
4.2. Traslado y contestación de la demanda[25]
4.2.1. MCT S.A.S.[26]
El representante legal de la empresa da respuesta
a la acción de tutela, resaltando que la mayoría de los hechos de la tutela son
manifestaciones que no le constan y que deben ser demostradas. Señala que la
accionante suscribió contrato individual de trabajo el 2 de diciembre de 2011
como auxiliar de servicios generales[27]
y que por problemas de salud durante los años 2012 y 2013, fue reubicada
laboralmente para desempeñar actividades en el cargo de auxiliar de gestión
documental.[28]
Indica que efectivamente la señora Ana Victoria
estuvo incapacitada por más de 180 días y estuvo sometida a 10 ciclos de
quimioterapia y el pago de las incapacidades se realizó por la EPS Compensar y
por Colpensiones.[29]
Además, que no es cierto que hubiera puesto en conocimiento de la empresa antes
de la terminación del contrato, el resultado de la cirugía practicada en el año
2012 ni allegó copia de incapacidades en esa época.
Considera que la terminación del contrato[30] se hizo en estricto apremio a la ley
laboral, atendiendo a faltas disciplinarias de la accionante contra sus
compañeros de trabajo,[31]
a través de malos tratos, refiriendo con palabras soeces el compromiso de los
demás trabajadores hacia la sociedad demandada y amenazándolos con el despido debido
a sus influencias en la compañía si llegaban a reportar su incumplimiento de
funciones laborales. Además, no es una persona con una condición de salud que
le impida desempeñar sus labores, al ser calificada con un porcentaje del
44.39%,[32]
sin que ese dictamen se controvirtiera por la interesada. Que las pruebas no
evidencian una afectación grave a la salud de la accionante que implique la
vulneración de su derecho a la vida, ya que el control que se hace es para
descartar una recaída, por tanto no existe perjuicio irremediable. Ello por
cuanto está amparada en la prestación continua del servicio médico por parte de
la EPS que al momento de la terminación del contrato se encontraba
suministrando el tratamiento.
En ese escenario, estima que no se han vulnerado
los derechos de la accionante y que existe causal objetiva para dar por terminado
el contrato y pagar una indemnización para evitar conflictos. Si la señora
Martínez considera que existe irregularidad alguna, debe acudir a la
jurisdicción ordinaria. Señala también que en este caso no existe un nexo de
causalidad entre el despido y la situación de salud de la actora, ya que no hay
prueba de que en la actualidad la señora Ana Victoria padezca una afectación a
su salud que la someta a una debilidad manifiesta teniendo en cuenta que los
exámenes para descartar una recaída por la presencia de las calcificaciones y
su resultado fueron conocidos por la actora con posterioridad a la terminación
del contrato de trabajo.
Por lo tanto, reitera que “no existe una
debilidad manifiesta de la accionante, no era conocida por su empleador, y su
despido no se efectuó por causa de sus controles médicos, por tanto, el derecho
a la estabilidad laboral reforzada no puede desfigurarse o abusar del mismo
para lograr que el empleado tenga un derecho subjetivo de permanecer
indefinidamente en un puesto de trabajo; así mismo, los miedos de la accionante
sobre una recaída sin tener un concepto claro por su médico tratante, no
posibilitan el estatus de ser persona con discapacidad como consecuencia de la
enfermedad, es decir, ipso facto no pone a la accionante en un estado de
debilidad manifiesta”.
Finalmente afirma que la acción es improcedente
por no cumplir con el presupuesto de subsidiariedad, al no estar instituida
para reemplazar los procesos ordinarios, especialmente cuando no se advierte un
perjuicio irremediable.
4.3. Decisión de única instancia[33]
Mediante providencia del diecinueve (19) de diciembre de dos
mil diecisiete (2017), el Juzgado Setenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá resolvió
declarar improcedente la acción de tutela presentada por Ana Victoria Martínez
Cifuentes.  Consideró que “le compete a la jurisdicción laboral, dirimir los
asuntos relativos a aquellas reclamaciones relativas a la determinación de si
la terminación del contrato se ajustó a la normatividad
legal, pues se trata de una
controversia de linaje laboral que debe ser solucionada a través del
procedimiento que prevé el legislador”.
Señaló que en este caso “no se demostró que la enfermedad
que padece la demandante haya sido el detonante, el nexo causal, para la
terminación del contrato de trabajo, lo que deviene aún más la negativa de la
acción de tutela pues lo que condujo a la finalización de esa relación fue el
reporte de novedades disciplinarias”.
5. Expediente T-6.603.198
Leopoldo Rodríguez Calderón acude
a la acción de tutela con el de fin que se protejan sus derechos
constitucionales a la vida digna, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la
igualdad, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, que estima
vulnerados por Pinturas Surinco obras y Servicios del Tolima S.A.S. como
consecuencia de la terminación de su contrato de
trabajo a término indefinido.
5.1. Hechos,
argumentos y solicitud
5.1.1. El
actor señala que ingresó a trabajar el 1 de julio de 2012 con la empresa
accionada, bajo un contrato laboral a término indefinido[34] para desempeñar el cargo de químico,
cuya función principal era la elaboración de pinturas con productos altamente
nocivos para la salud. Labor que era “desarrollada de manera personal,
atendiendo las funciones asignadas por mis jefes dentro de la empresa, regido
por continuas y permanentes órdenes de trabajo”.
5.1.2.
Expone que en marzo de 2016 presentó quebrantes de salud asociados a un
diagnóstico inicial de chicunguña, acompañado de mareos frecuentes dolores de
cabeza, adormecimiento de piernas y presencia de manchas de sangre en ellas.  Al
no mejorar, en mayo de ese año fue hospitalizado con un diagnostico principal
de trombocitopenia no especificada, pero en junio de 2016 el especialista
concluyó que era un “paciente con aplasia medular con celularidad del 5-10%
en espera de autorización de su EPS para inicio de timoglobulina
antitimocitica, pese a la insistencia de solicitud no hay respuesta de esta,
poniendo en riesgo la vida del paciente”.
5.1.3. Manifiesta que la
enfermedad que padece es muy rara y grave, ya que está expuesto a sufrir
hemorragias espontáneas porque el nivel de plaquetas es muy bajo. Por tal
motivo, inició un proceso de terapias inmunodepresoras y asistencias
psicológicas. Destaca que estuvo incapacitado 180 días[35] y que se emitieron recomendaciones
para reubicación laboral, además de radioterapias y transfusiones de sangre
periódicas mientras se realiza un trasplante de médula ósea.[36]
5.1.4. A pesar de lo anterior,
el 30 de junio de 2017 recibió un documento que debía firmar, denominado acta
de terminación de contrato laboral a término indefinido por mutuo acuerdo y
además, aceptar un segundo documento denominado contrato de prestación de
servicios.[37]
Ante su negativa, el administrador de la empresa le informó que no había más
trabajo y en consecuencia, fue desvinculado sin liquidación alguna y retirado
del sistema de seguridad social en salud.  Situación que afecta el tratamiento
de la enfermedad que padece y el sostenimiento de su familia, compuesta por su
compañera y su hija de 14 años de edad.[38]
5.1.5. En consecuencia, solicita
el amparo de sus derechos fundamentales y se ordene a la empresa accionada la
reincorporación y reubicación a un cargo que respete las restricciones
laborales impartidas en su caso, con el pago retroactivo de salarios y prestaciones
sociales dejada de percibir desde el 31 de mayo de 2017, así como la
indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
5.2. Traslado y contestación de la demanda[39]
5.2.1. Pinturas Surinco Obras y Servicios del
Tolima S.A.S[40]
La representante legal de la empresa da respuesta
a la acción de tutela, resaltando respecto de los hechos de la tutela, que efectivamente
el señor Rodríguez Calderón celebró contrato a término indefinido desde el 1 de
julio de 2012 hasta el 1 de junio de 2017, “en el cargo de vendedor de
mostrador de productos químicos y pinturas a base de solventes y base de agua”.
Alega que por el tipo de empresa comercializadora
de pinturas “se requieren mezclar las mismas para llegar a los colores que
el cliente exige, es un trabajo básico y con un conocimiento en la combinación
de tonos de pintura a base de agua y sintéticos que para nada atenta con la
integridad física de los empleados. El señor LEOPOLDO RODRIGUEZ CALDERON libre y
sin coacción firmó el contrato laboral a término indefinido donde se le aclaró
sus funciones y que durante el tiempo que trabajó para nuestra empresa no tuvo
objeción alguna, solo hasta este momento donde se le termina el contrato al
empleado por motivos muy diferentes a los enunciados por él. Nunca se le dio
una orden que afectara sus derechos y en ningún momento fue explotado
laboralmente, por el contrario la empresa propende que sus empleados estén en
unas buenas condiciones de trabajo y se cumple con el manual de funciones
entregado a cabalidad”.
Señala durante el año 2016, a pesar de las
incapacidades presentadas por el actor,[41]
“se le respetaron todos sus derechos entendiendo la situación que
presentaba, incluso nuestra compañía estuvo pendiente de lo que él necesitara,
pues nos preocupaba su estado de salud, el dictamen médico durante estos
periodos siempre fue ANEMIA PLASTICA IDIOPATICA enfermedad de origen común que
para nada tiene que ver con su trabajo, tal como lo indica su historia médica”.[42] Que fue hasta marzo de 2017 cuando
le diagnostican una infección viral, sin presentar queja o malestar alguno por
su salud “por lo contrario se ve en buena condición”. Ante esta
situación y atendiendo sus condiciones psicofisiológicas, dice, la empresa lo
reubicó en el cargo de vendedor que no implica desgaste de energía corporal.
No obstante, alega que la situación económica de
la empresa, en riesgo latente de quiebra, obligó a suprimir varios cargos
incluyendo el del accionante. Dice desconocer el acta y el contrato enunciado
por el señor Leopoldo, ya que todos los trabajadores conocen el estado de la
empresa y “sería contradictorio prescindir de los servicios y continuándolos
cambiando a otra clase de contrato”. Explica que nunca se entregó acta de
terminación de contratos y la notificación se hizo verbalmente proponiéndole
una indemnización y que no es cierto que se encuentre en la calle pues “se
encuentra laborando actualmente con el señor Edwin Castañeda como empleador,
aduciendo un excelente estado de salud y asumiendo responsablemente sus
funciones”.
Adicionalmente, manifiesta que el señor Rodríguez
Calderón se encuentra afiliado al régimen subsidiado[43] y acudió al Ministerio de Trabajo
para solucionar el conflicto el 23 de agosto de 2017 y se encuentra pendiente
audiencia de conciliación fijada para el 15 de septiembre de 2017,[44] existiendo entonces otro mecanismo
en curso para lograr la protección de sus derechos.
Finalmente reitera que es clara la mala fe del
actor al señalar que su despido obedeció a la enfermedad que padece, la cual lo
incapacitó durante el año 2016, tiempo en el que se respetaron sus derechos y
presentando mejoría en 2017. Estima que el reintegro no es viable ante la
situación económica de la empresa y teniendo en cuenta que el actor se
encuentra laborando actualmente.
5.2.2. Saludtotal EPS[45]
A través de la administradora de la sucursal en la
ciudad de Ibagué, la EPS vinculada alega falta de legitimación por pasiva ya
que la inconformidad del actor va dirigida contra una entidad distinta. Además,
que luego de auditar el caso, se evidencia que el señor Leopoldo Rodríguez
reportó contrato con el aportante Pinturas Surinco SAS el cual fue cerrado el 1
de junio de 2017.[46]
Por lo tanto, solicita la desvinculación del trámite de la acción de tutela.
5.2.3. Ministerio de Trabajo[47]
A través de la asesora de la Oficina Jurídica, el
ministerio alega falta de legitimación por pasiva toda vez que esta entidad no
ha vulnerado por acción u omisión los derechos fundamentales invocados. Luego
de citar jurisprudencia relacionada con la improcedencia de la tutela para el
pago de acreencias laborales y con la estabilidad reforzada del trabajador,
señala que existe otro mecanismo dentro del ordenamiento jurídico para resolver
las controversias laborales, por lo que solicita que se declare la
improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Rodríguez
Calderón.
5.2.4.  Leopoldo Rodríguez Calderón[48]
El accionante presentó escrito para replicar la
contestación de la empresa demandada, informando que de la historia clínica se
evidencia que el último control de su enfermedad fue el 12 de agosto de 2017 y
que continúa en tratamiento, siendo falsa la afirmación de su buen estado de
salud, ya que su patología es crónica, irreversible y degenerativa.
Informa además, que no se logró una conciliación
ante el Ministerio de Trabajo porque el representante legal no asistió y porque
la empresa pasa por alto su condición de salud y el estado de debilidad
manifiesta en el que se encuentra. Que no es cierto que está trabajando en la
actualidad porque su condición “no le permite desarrollar ninguna actividad,
pues además de la pérdida de memoria la continua cefalea y la disminución de la
visión, también vengo presentando adormecimiento en los miembros inferiores,
mareos y fuertes dolores de cabeza, sumado a un cuadro de ansiedad y depresión”.[49] Finalmente, indica que la tutela la
presentó por sugerencia de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y la
Defensoría del Pueblo, para evitar un perjuicio irremediable ante la falta de
recursos y su salud desmejorada.
5.3. Decisión de primera instancia[50]
Mediante providencia del diecinueve (19) de septiembre de
dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué resolvió
declarar improcedente la acción de tutela presentada por Leopoldo Rodríguez
Calderón.  Consideró que la tutela no es procedente para obtener el
reconocimiento de beneficios económicos ni para solucionar las diferencias que
se presenten en las relaciones laborales. Que en este caso no se observa “que
el actor se encuentre ante un perjuicio irremediable que haga procedente la
tutela como mecanismo transitorio, en la medida que no existen evidencias
claras y determinantes de que dicha persona y su núcleo familiar esté
actualmente ante un peligro inminente, grave, que amerite su protección urgente
y de forma impostergable”.
5.4. Decisión de segunda instancia[51]
En sentencia del dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017), el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué confirmó la decisión
impugnada por estimar que la terminación del contrato no está relacionada con
la patología que padece el trabajador “pues mírese que con los quebrantos de
salud que dice el accionante viene padeciendo, no son corroborados por el
informe médico alguno y en la calificación de invalidez nada se encontró al
respecto (…) en ningún lugar del expediente se demuestra que la situación de
salud del ex trabajador se hubiera agravado con el paso del tiempo – desde el
diagnóstico realizado hasta la fecha en la que se decide dar por terminado el
contrato o que su incapacidad hubiere sufrido un incremento”. Por lo
anterior, concluye que no existe nexo causal evidente entre la disminución de
la capacidad laboral con todas las consecuencias que ello aparejaba y el despido.
Finalmente, señaló que el actor puede acudir a la
jurisdicción ordinaria para controvertir su desvinculación.
6. Actuación en Sede de Revisión
6.1. Mediante auto del 7 de mayo de 2018, la magistrada
sustanciadora ordenó a los accionantes aportar información relevante y
relacionada con su situación personal para poder dar solución a sus casos.[52]
6.2. En respuesta al requerimiento, el señor Uriel Alfonso
Roa Osorio (expediente T-6.576.336) manifestó que no acudió a la jurisdicción
ordinaria para resolver las pretensiones y que actualmente se encuentra
trabajando través de contrato de prestación de servicios con la entidad
accionada, suscrito en febrero de 2018 como Consejero Académico Nacional hasta
el 30 de diciembre de 2018. Señaló además, que la EPS Sura está prestando los
servicios requeridos por su discapacidad y que los gastos del hogar los está
cubriendo con el contrato suscrito.
6.2.1. Al descorrer el traslado ordenado mediante auto del
30 de mayo de 2018, el Director del Sena Regional Caldas,[53] precisó que la entidad “cumple a
cabalidad con la cuota de inclusión de contratistas discapacitados, siendo uno
de los centros que inclusive se destaca por este tema”. Luego de citar la
sentencia de unificación SU-040 de 2018 consideró que “en el caso del
accionante su vinculación se realizó con pleno conocimiento de su situación y
por virtud de una política específica de inclusión de la población en condición
de discapacidad adoptada en el plan de desarrollo vigente (…). Como
consecuencia no se configura la estabilidad laboral reforzada, es decir cómo se
manifiesta en la sentencia citada la terminación del contrato suscrito no
vulnera sus derechos fundamentales, al no gozar del derecho a la estabilidad
laboral reforzada y haberse vencido el plazo inicialmente acordado entre las
partes”.
6.2.2. El Ministerio de Salud y
Protección Social,[54]
al descorrer el traslado ordenado mediante auto del 30 de mayo de 2018,
manifestó en escrito recibido el 8 de junio de 2018 que por competencia,
remitiría el requerimiento al Ministerio del Trabajo, seccional Caldas.
6.3. Mediante escrito recibido el
16 de mayo de 2018,[55]
la señora Silvia Inés Misas Saldarriaga (expediente T-6.587.506) dio respuesta
al requerimiento del despacho en los siguientes términos: (i) En primer lugar
manifestó continuar desempleada a pesar de andar en una búsqueda constante. Que
logró conseguir un subsidio del programa al cesante, el cual solicitó desde el
7 de marzo y puede empezar a ser efectivo a partir del 15 de mayo (anexa carta
de otorgamiento del subsidio). (ii) Respecto de la calificación de las
patologías, la EPS Sura las calificó en primera oportunidad de origen común,
decisión que fue apelada por considerar que el origen es laboral. (iii) Señaló
que no ha acudido a la jurisdicción laboral  porque estaba adelantando primero
los trámites de su calificación. (iv) Indicó que en un principio la EPS no
continuó con la prestación de los servicios por estar sin cobertura, pero con
la entrega del subsidio pudo afiliarse nuevamente y recibir los tratamientos,
especialmente las radiografías en ambas rodillas. Anexa las restricciones de la
ortopedista y la entrega de las mismas a su antiguo empleador. (v) Finalmente,
expresó que durante los 6 meses que ha estado desempleada ella y su hija
(estudiante de 6º semestre de diseño gráfico) han dependido de su esposo, quien
trabaja en un pequeño taller, sin derecho a la seguridad social y con un
ingreso promedio entre $10.000 y $30.000 diarios. Motivo por el cual han pasado
por fuertes necesidades económicas.
6.3.1. Durante el término de
traslado, la empresa accionada guardó silencio.
6.4. El señor Leopoldo Rodríguez
Calderón, mediante oficio recibido el 29 de mayo de 2018,[56] manifestó que desde el 30 de junio
de 2017 no ha logrado vincularse laboralmente con alguna empresa, ya que su
estado de salud se ha deteriorado de manera progresiva, situación que impide a
que cualquier empresa lo contrate. Agregó que “a comienzos de este año
intenté desempeñarme como domiciliario, procurando proveer un sustento mínimo
para mi hogar, pero por mi delicado estado de salud no pude continuar con dicha
labor como quiera que debía conducir una motocicleta, teniendo el riesgo de
sufrir un accidente, pues por la enfermedad que padezco me encuentro expuesto a
sufrir hemorragias espontáneas por mi bajo nivel de plaquetas, además de
padecer continuos mareos, visión borrosa, episodios de amnesia y cefalea, razón
por la que en la actualidad estoy desempleado y sin ingresos para una congrua
subsistencia”.
Seguidamente, indicó que solicitó
la calificación de su pérdida de capacidad laboral ante la EPS Salud Total,
entidad que el 13 de julio de 2017 determinó que su enfermedad anemia aplásica
era de origen común. Contra esta decisión presentó recurso de apelación el 27
de julio de 2017. A pesar de los requerimientos, dijo, no se ha resuelto el
recurso y solo hasta el lunes 28 de mayo de 2018 fue citado a valoración
médica.[57]
Que por otra parte, el 9 de abril de 2018 Protección S.A. lo notificó de un
dictamen que determinó un 36.15% de pérdida de capacidad laboral con fecha de
estructuración el 13 de enero de 2018 y de origen común.[58] Contra este dictamen presentó
recurso de apelación por considerar que su enfermedad es de origen laboral.
Señaló que el 5 de julio de 2017
presentó ante el inspector de trabajo del Tolima una solicitud de investigación
por acoso laboral “dadas las condiciones que la empresa accionada pretendió
imponerme para cambiar mi vinculación a través de un contrato de trabajo a uno
de prestación de servicios, desmejorando mi situación con el fin de que
presentara mi renuncia, disfrazando así su verdadera intención de terminar mi
contrato por el estado de invalidez en el que me encuentro”. Que
posteriormente, el 17 de julio de 2017 presentó una queja ante la Dirección Territorial
Tolima del Ministerio de Trabajo, como consecuencia de la terminación de su
contrato de trabajo sin pagar salarios ni prestaciones sociales debidas y
desconocer su estado de debilidad manifiesta. A ninguna de las dos citaciones
la empresa asistió.[59]
Manifestó también, que al quedar
desafiliado del sistema de salud, se vinculó al mismo a través del régimen
subsidiado[60]
y ha estado recibiendo los servicios. Que el último control de su diagnóstico anemia
aplásica lo tuvo el pasado 18 de mayo, con un panorama desalentador pues
tiene las plaquetas por debajo del valor normal.[61] Además, fue diagnosticado con “el
síndrome epiléptico idiopático relacionados con localizaciones focales
parciales”.
Finalmente, indicó que se
encuentra en una situación complicada al vivir “de arrimado donde una
hijastra, en un sector denominado de invasión de esta ciudad”, pues no tiene
como proveer a su familia una vivienda digna y pagar un arriendo para vivir de
forma independiente. Su compañera no ha podido conseguir un empleo y está
desempleada y su hija de 14 años, está estudiando. Que esta situación le ha
generado un estado de ansiedad y depresión y la empresa no ha pagado los
salarios y prestaciones sociales a las que tiene derecho por todos los años de
servicio.
6.4.1. Este despacho corrió
traslado del escrito antes descrito por tres (3) días hábiles a la parte
accionada, sin que a la fecha de vencimiento del término concedido se hubiera
recibido escrito alguno por parte del interviniente en la acción de la
referencia.[62]
6.4.2. El 4 de julio de 2018 se
recibió en el despacho escrito[63]
mediante el cual el accionante Leopoldo Rodríguez Calderón allega copia de la
Resolución No. 0210 del 14 de junio de 2018, proferida par la Coordinadora del
Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la Dirección
Territorial Tolima, del Ministerio de Trabajo, en la que se sancionó a la
empresa Surinco Obras y Servicios del Tolima S.A.S. por no solicitar el permiso
al Ministerio de Trabajo para poder despedir a un trabajador discapacitado.[64]
II.      CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
1.1. La Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia.
2. Procedibilidad
La Sala considera que las acciones de tutela estudiadas son
procedentes y pueden ser resueltas de fondo. Las siguientes razones llevan a
esta conclusión:
2.1. Legitimación en la causa por activa. En este caso, las acciones son interpuestas por
personas naturales que se han visto presuntamente afectadas con las decisiones
de sus empleadores, de dar por terminadas sus vinculaciones laborales. De
manera que de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, los
accionantes tienen legitimación para actuar.
2.2. Legitimación en la causa por pasiva. De acuerdo con el artículo 86 de la
Constitución, la acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión de
autoridad pública o de los particulares. En este caso, las entidades demandadas
son particulares susceptibles de ser demandadas a través de la acción de tutela
por la calidad de empleadores y por ser las presuntas responsables de la
inconformidad de los accionantes.
2.3. No existe otro medio eficaz de defensa judicial
(Subsidiariedad). Por regla
general la acción de tutela, conforme al inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución y el numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, es de
naturaleza subsidiaria o residual frente a los demás recursos judiciales que
ofrece el ordenamiento jurídico. De manera que la tutela procederá como recurso
principal cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
En cuanto a las reclamaciones
relacionadas con la protección de estabilidad laboral reforzada y reintegro al
lugar de trabajo, en sentencia T-151 de 2017[65]
esta Corporación reiteró la procedencia excepcional de la tutela en estos
casos. Al respecto se indicó:
“la acción de tutela no es la
vía judicial idónea, dado que existe una jurisdicción especializada, que en los
últimos años ha sido fortalecida con la implementación del sistema de oralidad
introducido con la Ley 1149 de 2007. No obstante, “(…) de manera
excepcional, la jurisprudencia de este Tribunal ha contemplado la viabilidad
del amparo constitucional para obtener el reintegro de un trabajador, en
aquellos casos en que se encuentra inmerso en una situación de debilidad
manifiesta, con la capacidad necesaria de impactar en la realización de sus
derechos al mínimo vital o a la vida digna. En este escenario, la situación
particular que rodea al peticionario impide que la controversia sea resuelta
por las vías ordinaras, requiriendo de la procedencia de la acción de tutela,
ya sea para brindar un amparo integral o para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable en su contra (énfasis añadido)”.
En efecto, ciertos factores
pueden llegar a ser particularmente representativos en la determinación de un
estado de debilidad manifiesta, tales como: (i) la edad del sujeto, (ii) su
desocupación laboral, (iii) la circunstancia de no percibir ingreso alguno que
permita su subsistencia, la de su familia e impida las cotizaciones al régimen
de seguridad social y (iv) la condición médica sufrida por el actor” (énfasis
añadido).
En esta oportunidad, los
accionantes están en situación de debilidad manifiesta, no solo por las
distintas enfermedades que padecen sino porque, de sus escritos de tutela, se
desprende que dependen de sus salarios para sostenimiento de su núcleo
familiar. De manera que la acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo
para lograr la protección de sus derechos fundamentales.
2.4. Las acciones se presentaron
oportunamente (inmediatez).  Esta Corporación, a través de su
jurisprudencia[66]
ha flexibilizado el análisis del requisito de inmediatez en caso de personas
que alegan una estabilidad laboral reforzada debido a su condición de debilidad
manifiesta, con ocasión de su estado de salud, cuando: (i) existe una
afectación a la salud del demandante que permanece en el tiempo y la cual le ha
impuesto una carga adicional que le impide actuar de la misma forma que alguien
sano; (ii) se trata de sujetos de especial protección, como por ejemplo las
personas en situación de discapacidad y (iii) en aquellas situaciones en las
que si bien el actor no acudió a los medios jurisdiccionales que tenía a su
alcance, sí desplegó cierta actividad ante su empleador para proteger sus
derechos.
En este caso, la Sala advierte
que las demandas se presentaron por personas en situación de debilidad
manifiesta, como ya se indicó, dentro de un tiempo prudencial. En todos los
casos, los accionantes acudieron al juez constitucional en el término de dos a
tres meses desde la terminación de sus contratos, encontrándose cumplido el
requisito de la inmediatez.
3. Problema jurídico
3.1. Teniendo en cuenta la situación
expuesta, corresponde a la Corte Constitucional determinar el siguiente
problema jurídico dentro de los expedientes T-6.577.725, T-6.587.506,
T-6.588.343 y T-6.603.198: ¿Las empresas accionandas, Servilimas S.A.S.,
Industrias St. Even S.A., MCT S.A.S. y Pinturas Surinco Obras y Servicios del Tolima
S.A.S. vulneraron el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de los señores Blanca Cecilia Martínez Parada, Silvia Inés
Misas Saldarriaga, Ana Victoria Martínez Cifuentes y Leopoldo Rodríguez
Calderón, al desvincularlos de su lugar de trabajo sin obtener
el correspondiente permiso del Ministerio del Trabajo, a pesar de tratarse de
personas con especiales condiciones de salud?
3.2. En el caso del expediente T-6.576.336,
la Sala deberá establecer si: ¿El Servicio Nacional de Aprendizaje,
Sena, Regional Caldas vulneró los derechos a la estabilidad
laboral reforzada del actor Uriel Alfonso Roa Osorio, persona en situación de discapacidad, pensionada por invalidez y
vinculada con la entidad en virtud de una política de inclusión social y por
consiguiente, se violan sus derechos fundamentales al finalizar la relación
laboral por vencimiento del plazo convenido y sin autorización previa del
Ministerio de Trabajo?
3.3. Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre (i) la protección
constitucional a personas en condición de discapacidad o en situación de
debilidad manifiesta; (ii) la estabilidad ocupacional reforzada de las personas
con discapacidad en contratos de prestación de servicios y (iii) resolverá los
casos concretos sometidos a estudio.
4. La protección
constitucional a personas en condición de discapacidad o en situación de
debilidad manifiesta en materia laboral. Reiteración de jurisprudencia
4.1. De conformidad con el artículo 13 de la Constitución le
corresponde al Estado propiciar las condiciones para lograr que el mandato de
igualdad sea real y efectivo, especialmente para que las personas que de
acuerdo a su condición económica, física o mental se encuentren en estado de
debilidad manifiesta, tengan una especial protección.[67]  Así mismo, el artículo 53 de la
Carta Política establece una protección general de la estabilidad laboral de
los trabajadores, reforzada cuando el trabajador es una persona que, por sus
condiciones particulares, puede llegar a sufrir un grave detrimento a raíz de
una desvinculación abusiva.[68]
En ese sentido, la Corte desarrolló el concepto de igualdad en las relaciones
laborales de la siguiente manera:
“(…) el llamado
expreso de la norma superior a que las relaciones entre las personas se
desarrollen bajo el principio de la solidaridad, debe extenderse a aquellas de
carácter laboral. En ese sentido, las relaciones laborales deben respetar
principios constitucionales que, como el de solidaridad, permiten a las partes
reconocerse entre sí, como sujetos de derechos constitucionales fundamentales,
que quieren desarrollar su plan de vida en condiciones mínimas de dignidad, y
que para hacerlo, requieren apoyo del Estado y de los demás particulares,
especialmente, en aquellas situaciones en las que las desigualdad material, la
debilidad física o mental, o la falta de oportunidades, les imponen obstáculos
mayores en la consecución de sus metas.” [69]
4.2. En esta misma línea, el artículo 54 ejusdem
afirma que “…el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas
en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo
acorde con sus condiciones de salud”. Finalmente, el artículo 47 de la
Carta establece el deber del Estado de adelantar “una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
4.3. Una lectura ordenada de las normas constitucionales
citadas ha permitido que esta Corporación considere que la estabilidad laboral
reforzada es la concreción del mandato contenido en los artículos de la Carta, para
proteger a aquellas personas susceptibles de ser discriminadas en el ámbito
laboral –lo que incluye situaciones de contrato realidad- a gozar de la
posibilidad de permanecer en su empleo, a menos que exista una justificación no
relacionada con su condición.
La figura de “estabilidad laboral reforzada” tiene
por titulares a: (i) mujeres embarazadas;[70]
(ii) personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por
motivos de salud;[71]
(iii) aforados sindicales;[72]
y (iv) madres cabeza de familia.[73]
En el caso de las personas con discapacidad, “es el derecho que garantiza la
permanencia en el empleo, luego de haber adquirido la respectiva limitación
física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y de
conformidad con su capacidad laboral.”[74]
Adicionalmente, la protección especial de quienes por su condición física están
en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas
respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o
dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones
regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite una
discapacidad.[75]
En este contexto, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o
desvinculación cuando la razón del mismo es la condición especial que
caracteriza al trabajador.
4.4. El sustento normativo de esta protección especial se
encuentra en los principios de Estado Social de Derecho,[76] la igualdad
material[77]
y la solidaridad social, consagrados en la Constitución Política. Estos
mandatos de optimización resaltan la obligación constitucional del Estado de
adoptar medidas de protección y garantía en favor de grupos vulnerables y
personas en condición de debilidad manifiesta.  Por su parte, la Ley 361 de
1997, expedida con fundamento en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la
Constitución, persigue proteger los derechos fundamentales, económicos,
sociales y culturales de las “personas con limitación”[78] y
procurar su completa realización personal y total integración a la sociedad.
Posteriormente, a través de la
Ley 1145 de 2007, por la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad,
se busca “impulsar la formulación e implementación de la política pública en
discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden
nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación
de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus
derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos.” Igualmente
mediante la Ley 1346 de 2009[79]
fue aprobada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
cuyo propósito es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de
su dignidad inherente”. El artículo 27 de la Convención señala una serie de
medidas a adoptar por los Estados con el fin de salvaguardar y promover “el
ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una
discapacidad durante el empleo”.
Más adelante, con la expedición
de la Ley 1618 de 2013,[80]
el legislador buscó “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de
inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de
discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de
2009”.
4.5. Esta Corporación, señaló
al respecto que “[q]uien contrata la prestación de un servicio personal –con
o sin subordinación- debe tener presente que adquiere con la persona que se lo
presta una relación relevante a la luz de la Constitución, pues adquiere el
deber de actuar con solidaridad cuando las circunstancias se lo requieran, y
sus relaciones deben entonces trascender el principio de utilidad que en
general es válido observar en los actos contractuales que desarrolle, y en las
relaciones patrimoniales de disposición de sus bienes económicos. Una persona
en condiciones de salud que interfieran en el desempeño regular de sus
funciones se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta no solo porque
esto puede exponerla a perder su vínculo, como lo muestra la experiencia
relacionada en la jurisprudencia constitucional, sino además porque le
dificulta la consecución de una nueva ocupación con base en sus facultades,
talentos y capacidades humanas, que le depare los bienes suficientes para
satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual está en riesgo no solo su
estabilidad y su dignidad, sino incluso su propia subsistencia, y su seguridad
social”.[81]
4.6. Bajo ese contexto, la protección de la estabilidad
laboral reforzada implica dentro del ámbito laboral las siguientes posiciones:
(i) no ser despedido por razón de su situación de debilidad manifiesta; (ii)
permanecer en el empleo, a menos que exista una causa de desvinculación no
relacionada con la situación de discapacidad y (iii) que la autoridad
competente autorice el despido, previa verificación de la causa que amerite la
desvinculación. De lo contrario, el despido será ineficaz y el trabajador será
acreedor de la indemnización fijada por la ley, más el pago de los salarios
dejados de devengar.[82]
4.7. Así las cosas, existe desconocimiento de los
fundamentos constitucionales y, especialmente, de los principios de igualdad y
solidaridad cuando se evidencia un trato diferente o discriminatorio a las
personas en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud y a las
calificadas como personas en situación de discapacidad, con independencia de la
relación laboral acordada entre las partes.[83]
5. La estabilidad ocupacional
reforzada de las personas en condición de discapacidad en contratos de
prestación de servicios. Reiteración de jurisprudencia
5.1. En complemento de lo anterior, la jurisprudencia
constitucional relacionada con la estabilidad reforzada, desde sus inicios[84] ha fijado las reglas para que esta
protección proceda. La Sentencia T-077 de 2014[85]
recogió estos parámetros señalando que:
“(i) La tutela no puede llegar al extremo de
ser considerada el instrumento para garantizar el reintegro de todas las
personas retiradas de un cargo, en la medida en que no existe un derecho
fundamental general a la estabilidad laboral. Sin embargo, en los casos en que
la persona se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, la tutela
puede llegar a ser procedente como mecanismo de protección[86],
atendiendo las circunstancias particulares del caso.
(ii) El concepto de “estabilidad
laboral reforzada” se ha aplicado en situaciones en las que personas que gozan
de ella, han sido despedidas o sus contratos no han sido renovados, en claro
desconocimiento de las obligaciones constitucionales y de ley, para con las
mujeres embarazadas, trabajadores aforados, personas discapacitadas u otras
personas en estado debilidad manifiesta.
(iii) Con todo, no es suficiente la
simple presencia de una enfermedad o de una discapacidad en la persona, para
que por vía de tutela se conceda la protección constitucional descrita. Para
que la defensa por vía de tutela prospere, debe estar probado que la
desvinculación fue consecuencia de esa particular condición de debilidad, es
decir, con ocasión de embarazo, de la discapacidad, de la enfermedad, etc. En
otras palabras, debe existir un nexo causal entre la condición que consolida la
debilidad manifiesta y la desvinculación laboral[87].”[88]
(Resaltado fuera de texto)
5.2. En la Sentencia T-040 de 2016[89] conoció el caso de una persona en
situación de discapacidad[90]
vinculada a una entidad pública a través de varios contratos de prestación de
servicios a quien no le renovaron el último de ellos. En este caso, la Sala de
Revisión decidió analizar si en el caso concreto el contrato de prestación de
servicios ocultaba un verdadero contrato laboral, de manera que probada la
discriminación se ordenaría el reintegro y el pago de la indemnización
contenida en la ley. Además, señaló que aún si no se configuraba un contrato de
trabajo, se evaluaría la existencia de discriminación y como consecuencia las
órdenes estarían dirigidas a buscar el cese de la vulneración de derechos
constitucionales de manera inmediata, lo que no implicaría reintegro y pago de
salarios pues esta orden es propia del contrato de trabajo.[91]  La Corte, pese a no contar con los
elementos suficientes para declarar la existencia de un contrato realidad,
consideró que, en efecto, la entidad accionada desconoció el derecho fundamental
a la estabilidad reforzada en el empleo del accionante, al no probar la
existencia de una causal objetiva que justificara la no prórroga del contrato y
en consecuencia, ordenó la suscripción de uno nuevo con el accionante.
5.3. Ahora
bien, en sentencia T-521 de 2016[92]
se precisaron las reglas jurisprudenciales construidas por esta Corporación a
lo largo de los años y relacionadas con la efectividad de la garantía de
estabilidad laboral reforzada con independencia de la vinculación laboral y la
presunción de discriminación en la terminación de la relación laboral, en el
siguiente sentido:
(i) En primer lugar, en dicha sentencia se señala que existe
el derecho a la estabilidad laboral reforzada “siempre que el sujeto sufra
de una condición médica que limite una función propia del contexto en que se
desenvuelve, de acuerdo con la edad, el sexo o factores sociales y culturales”.
Luego de analizar varias providencias[93]
en las que los accionantes, personas incapacitadas o en
situación de discapacidad o problema de salud que disminuía su posibilidad
física de trabajar, alegaban haber sido despedidos sin autorización del
inspector de trabajo, la Corte consideró que “con
independencia de la denominación, si el trabajador se encuentra en un periodo
de incapacidad transitoria o permanente, sufre de una discapacidad o en razón
de sus condiciones de salud se encuentra un estado de debilidad manifiesta,
existirá el derecho a la estabilidad laboral reforzada”.
(ii) En segundo lugar, se entiende activada esta garantía de
estabilidad laboral reforzada una vez el empleador conoce de las afecciones de
salud del trabajador retirado.[94]
(iii) En tercer lugar la estabilidad laboral reforzada se
aplica “frente a cualquier modalidad de contrato y con independencia del
origen de la enfermedad, discapacidad o estado de debilidad manifiesta del
accionante”.[95]
5.4. Finalmente, en sentencia de unificación SU-049 de 2017,
esta Corporación reconoció la existencia de derechos a una protección especial
de quienes se encontraran en circunstancia de debilidad manifiesta, en las
relaciones de prestación de servicios independientes, así como a un trabajo en
condiciones dignas y justas. Igualmente, señaló que no desaparecían los deberes
tanto del Estado como de la sociedad de adelantar una política de integración
social a favor de este grupo de la población, en virtud del principio de
solidaridad social.
En estos escenarios, la jurisprudencia ha optado
por hablar del derecho fundamental a la “estabilidad ocupacional reforzada, por ser una
denominación más amplia y comprehensiva.[96]”[97] y no “de un principio de
estabilidad laboral
reforzada,
que remite nominalmente por regla a las relaciones de trabajo dependiente”.[98]
De manera que esta protección se aplica a quienes
estén en condiciones de debilidad manifiesta, incluso si no cuentan con una
calificación de pérdida de capacidad laboral.
5.5. De conformidad con el anterior recuento
jurisprudencial, es evidente que la Corte ha acudido a varias fórmulas para
resolver los casos que envuelven una estabilidad laboral reforzada y que el
tipo de vinculación no ha sido un obstáculo para conceder dicha protección,
aceptando que la misma procede en contratos de prestación de servicios
independientes.
6. Análisis de los
casos concretos
6.1. Expediente T-6.576.336
6.1.1. En esta oportunidad, el señor Uriel Alfonso Roa
Osorio, persona en situación de discapacidad y pensionado
por invalidez, acudió a la acción de tutela con el fin de lograr la
protección de su derecho constitucional al trabajo en conexidad con la vida,
seguridad social, dignidad, igualdad, inclusión social y mínimo vital, que
estima vulnerados por el Servicio Nacional de Aprendizaje – en adelante Sena –
como consecuencia de la no renovación de su contrato de prestación de servicios
como tutor virtual
Luego de hacer un resumen de sus
gastos y de manifestar que el valor de la mesada pensional que recibe no es
suficiente para cubrirlos, solicitó que se ordene a la entidad accionada la
reincorporación a través de nombramiento provisional para que se garanticen
todos los derechos laborales de los que debe gozar una persona con discapacidad
y de los que gozan los funcionario de carrera administrativa, y de esta manera
mitigar en el accionante su estado debilidad manifiesta ya que demuestra idoneidad,
compromiso, responsabilidad y preparación profesional.
6.1.2. Al responder la demanda, el Director
Regional de la entidad resaltó que desde el contrato inicial ha sido evidente
su condición de discapacidad y que si bien se celebraron varios contratos de
prestación de servicios “nunca ha habido una relación laboral como pretende
audazmente dilucidar el accionante”. Además, señaló que la entidad cumple a
cabalidad con la cuota de inclusión de personas en situación de discapacidad, que
la no renovación del contrato del actor “no obedece a una exclusión, sino a
una condición administrativa, ya que en dicho contrato se pactó un término de
finalización y por ende no hay lugar a una exclusión o despido y no es
exclusión por su condición física como pretende hacer creer el accionante, ya
que el SENA tiene en su equipo de contratistas varios discapacitados (sic) y el
hecho de no contar con los servicios de uno, no lo hace excluyente”.
6.1.3. En este caso concreto, siguiendo los parámetros
fijados en la sentencia de unificación SU-040 de 2018 debe decirse que la
estabilidad laboral reforzada se dirige a proteger a aquellas personas en
situación de discapacidad, cuya relación laboral finaliza como consecuencia de
esa condición, es decir, por un criterio discriminatorio. Sin embargo, en
aquellas vinculaciones que se surten en el marco de una política pública de
inclusión social y en consecuencia, su causa se fundamenta en la situación de
discapacidad de la persona, no se constata discriminación en la desvinculación
por vencimiento del plazo, es decir, no se observa un componente de
discriminación negativa en la terminación de la relación laboral. Por el
contrario, en estos eventos las contrataciones obedecen a acciones afirmativas
por parte de las administraciones locales, que persiguen asegurar el disfrute
de los derechos fundamentales en condiciones dignas.
6.1.4. En ese contexto entonces, le corresponde a esta Sala
de Revisión resolver el problema jurídico planteado, toda vez que tanto el
accionante como el accionado reconocen que la vinculación del señor Roa Osorio
se realizó teniendo en cuenta su condición de discapacidad, en otras palabras,
fue contratada en virtud de su estado de invalidez.[99]
No obstante, de las pruebas recibidas en sede de revisión se
advierte que el señor Uriel Alfonso Roa Osorio manifestó que actualmente se
encuentra vinculado a través de contrato de prestación de servicios con la
entidad accionada como Consejero Académico Nacional, desde febrero de 2018
hasta el 30 de diciembre de 2018. Señaló además, que la EPS Sura está prestando
los servicios requeridos por su discapacidad y que los gastos del hogar los
está cubriendo con el contrato suscrito.
Bajo ese entendido, advierte la Sala de
Revisión que existe carencia actual de objeto por hecho superado respecto de su
pretensión,[100]
toda vez que en la actualidad cuenta con una vinculación con el Sena, la cual,
si bien no es como Tutor Virtual, le permite cubrir los gastos de su hogar y
continuar activo en el campo laboral.
Así las cosas, por las razones presentadas
en esta providencia, esta Corte revocará la providencia del diecinueve
(19) de octubre de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Juzgado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales que declaró la
improcedencia de la acción y en su lugar se declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado.
6.2. Expediente T-6.577.725
6.2.1. La señora Blanca Cecilia
Martínez Parada acudió a la acción de tutela con el fin de que se protegieran
sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al mínimo vital, a la
seguridad social, a la igualdad y al trabajo, que estima vulnerados por Servilima
S.A.S. como consecuencia de la terminación de la relación laboral, sin tener en
cuenta que estaba bajo tratamiento como consecuencia de su diagnóstico de
epicondilitis medial derecha. [101]
La empresa accionada guardó
silencio.  No obstante, el Coordinador Jurídico para Tutelas de la Nueva EPS
manifiesta que la accionante Blanca Cecilia Martínez Parada se encuentra
afiliada en calidad de beneficiaria dentro del grupo familiar del señor Héctor
Emilio Narváez Peñaloza y su estado actual es activo. Que mientras estuvo
afiliada como cotizante registró 6 incapacidades[102] por enfermedad general.
6.2.2. En este caso, de los
documentos aportados al expediente, particularmente de la petición radicada en
la empresa el 8 de agosto de 2017,[103]
se advierte que el empleador, al momento de la terminación unilateral del
contrato laboral,[104]
tenía conocimiento de las molestias en el hombro que sufría la accionante, de
las incapacidades y de las terapias ordenadas pocos días antes de su
desvinculación.
Al respecto, manifiesta la
accionante que “(…) Me presento en mi lugar de trabajo Global Medical Center
el día 12/05/2017 acabada mi incapacidad de 3 días y me dicen que no puedo
trabajar, además debo presentarme en la oficina de Servilima S.A.S. con toda mi
indumentaria de trabajo. || 5. El día 12/05/2017 en las oficinas de Servilima
hablo con la doctora Andrea y le comento mi estado de salud además de las 10
terapias físicas por las que debía pasar, ella me dice que terminaba mi
contrato y quedaba sin trabajo, a pesar de que le pedí que me diera vacaciones,
que ya se me habían cumplido en el mes anterior para recuperarme, hizo caso
omiso a mis palabras y me terminó el contrato.” Sobre estas afirmaciones la
empresa Servilima S.A.S., guardó silencio en las instancias correspondientes y
no existe certeza de si emitió respuesta a la solicitud de la accionante, sobre
los motivos de la terminación del contrato.
En ese contexto, de la historia
clínica allegada al expediente, se advierte que el día 9 de mayo de 2017 la
accionante fue atendida en consulta en la cual la incapacitan por 3 días y ordenan
diez (10) sesiones de terapia física integral.[105] De manera
que resulta evidente que el dolor padecido por la señora Blanca Martínez Parada
en su hombro la estuvo limitando para realizar sus funciones de servicios
generales y aunque no existe una calificación previa de discapacidad, si está
pendiente una rehabilitación que la ubica en una situación de debilidad
manifiesta por su condición física, teniendo derecho a que en su favor opere la
estabilidad laboral reforzada, derivada de situación médica.  Además, debe
resaltar esta Sala de Revisión que la terminación del contrato afectó su
afiliación al sistema de seguridad social en salud, motivo por el cual, la
accionante debió gestionar una afiliación como beneficiaria de su esposo, para
continuar con el tratamiento requerido.
En consecuencia, la terminación
del contrato laboral debió estar autorizada por el Ministerio de Trabajo,
situación que genera la sanción prevista en la Ley 361 de 1997, consagrada
específicamente para casos como el analizado, y que implica para el empleador
la obligación de efectuar el pago de la suma equivalente a ciento ochenta (180)
días de salario a favor del empleado.
6.2.3. Así las cosas, esta Corte revocará el fallo de tutela
proferido en única instancia el catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017), por el Juzgado Quinto Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá Y concederá
el amparo de los derechos de la accionante.  Adicionalmente, se ordenará a la
empresa Servilima S.A.S. que dentro del término de 48 horas contadas a partir
de la notificación del presente fallo, proceda a reintegrar a la señora Blanca
Cecilia Martinez Parada al cargo que venía desempeñando o reubicarla en uno de
conformidad con sus limitaciones físicas, únicamente mientras culmina el
proceso de rehabilitación de las lesiones sufridas. Igualmente, se ordenará el
pago del salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la
terminación de su contrato, así como la indemnización prevista en el artículo
26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a ciento ochenta (180) días de salario.
Frente al particular, la empresa Servilima S.A.S. podrá efectuar la
compensación, si la hubo, del valor de la indemnización por terminación
unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, del pago de los salarios
que corresponden en cumplimiento de esta providencia.
6.3. Expediente
T-6.587.506
6.3.1. Silvia Inés Misas
Saldarriaga acudió a la acción de tutela con el fin de que se protegieran sus
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana ya la
estabilidad laboral reforzada, que estima vulnerados por la empresa Industrias
St. Even S.A. como consecuencia de la terminación de la relación laboral,
desconociendo su condición de salud, consecuencia de una artrosis severa en
ambas rodillas.
Resaltó la actora que desde el
año 2013 asiste a citas con especialistas en ortopedia y traumatología,
situación que le ha generado una serie de restricciones médicas e indicaciones
a seguir como “colocar calor localmente por 20 minutos 2 a 3 veces al día,
vendaje elástico 8 horas diarias, evitar subir y bajar escaleras, reposo con
miembro elevado, evitar sobrecargas”, las cuales, dice, no se cumplieron en
su totalidad por estar sometida a trabajos que contrariaban dichas indicaciones
y además, ser perseguida laboralmente en la medida que cualquier error cometido
generaba un memorando y recibía tratos grotescos por parte de su supervisora.
6.3.2. El representante legal de la empresa
manifestó que no existe nexo de causalidad entre la desvinculación de la
tutelante y su estado de salud. Que la enfermedad no reviste ninguna gravedad y
que al momento de la desvinculación la señora Misas no presentaba incapacidades
médicas ni en ningún momento allegó a la empresa la referida resonancia
magnética, ni citas médicas o terapias pendientes de realizarse, mucho menos
existió orden de reubicación laboral, o se expidieron restricciones médicas
como tampoco ha sido calificada en su pérdida de capacidad laboral.
Que en el caso de la accionante, lo que operó fue
la terminación del contrato por vencimiento del término pactado[106] y por lo tanto, no existe
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
6.3.3. En atención a los hechos
previamente expuestos en esta providencia, la Sala de Revisión advierte con
claridad los siguientes elementos determinantes para la solución del problema
jurídico planteado:
En primer lugar, de los
documentos aportados al expediente, se evidencia que el contrato laboral inició
el 9 de septiembre de 2009 y se prorrogó hasta el 8 de septiembre de 2017, de
conformidad con el pre aviso de terminación, de fecha 24 de julio de 2017.
Aunque la accionante no señala
el cargo que ocupaba y las funciones que realizaba, en el escrito dirigido a la
EPS Sura y allegado en sede de revisión,[107]se
observa que “la señora Silvia Misas, laboró en varios cargos, en todos ellos
debía estar de pie, con una jornada laboral ordinaria de 6 am a 4 pm. Pero
hasta el año 2014 casi siempre se laboraba hasta las 7, 8 o 9 pm. Es decir, se
laboraban de 3 a 4 horas extras diarias de lunes a viernes, pero también se
laboraban horas extras los sábados, domingos y festivos. Los sábados el horario
era desde las 6 am hasta las 4, 5, 6 pm; los domingos y festivos de 7 am a 2
pm. Lo anterior significa, que la señora Silvia Misas laboraba alrededor de 35
horas extras semanales, 140 horas mensuales, todas ellas de pie, más las 48
horas ordinarias semanales.”
Se indica además, que los cargos
desempeñados por la actora “le representaban un factor de riesgo adicional
(…) factor de riesgo que consistía en subir y bajar escaleras, 6 pisos, de 15 a
22 veces por día, cada piso tiene 20 escalones, multiplicados por 6 nos arroja
un total de 120 escalones, los cuales debía subir y bajar en promedio 18 veces
diarias, por tanto, subía en total 2.160 escalones y bajaba la misma cantidad
diariamente. || Existía un ascensor, pero estaba prohibido usarlo, porque era
para uso exclusivo de carga y descarga de productos. Incluso había una señal
preventiva en cada piso del ascensor que indicaba ‘por salud, sube y baja
escaleras, ejercítate’. Todos los tiempos de trabajo estaban contabilizados por
ingeniería de la empresa Industrias St. Even, por consiguiente, mi poderdante
no podía demorarse haciendo los recorridos porque los tiempos ya estaban
establecidos, así que las escaleras debían subirse y bajarse lo más rápido
posible”.
De la historia clínica allegada
se advierte que los dolores articulares de la accionante iniciaron en el año
2013 y que realizó varias consultas médicas por esa patología hechos que, en
principio, permitirían suponer que el empleador conocía de su diagnóstico y el
tratamiento a recibir.  No obstante, de los documentos no se advierten
incapacidades por causa del fuerte dolor durante estos años y sólo hasta el 12
de abril de 2017 se ordenan, por parte del médico tratante, 10 sesiones de
hidroterapia y 10 sesiones de terapia física,[108] de las cuales se autoriza la
primera terapia física el 25 de abril de 2017 y 3 hidroterapias para el mes de
octubre, en septiembre de 2017. Además, el resultado de la resonancia magnética
de la rodilla, de fecha 27 de mayo de 2017[109]
concluye que la accionante tiene “un pequeño defecto osteocondral de 5x5 mm
en el cóndilo femoral medial. Alteraciones de señal del cartílago de la carilla
lateral de la rótula grado 1-2 sin fisuras o zonas de delaminación. Meniscos,
ligamentos cruzados y demás estructuras de la rodilla izquierda dentro de
parámetros normales.”
También se observa que el 4 de
julio de 2017 se emitió una recomendación médica en la que se sugiere no carga
pesada, no cuclillas, no arrodillarse, no escaleras por un período de un año y
cita de control en un año. Este documento fue entregado a la empresa y recibido
en esa fecha por la señora Laura Blandón,[110]
es decir, 20 días antes de que la empresa le avisara que su contrato, luego de
7 años, no se renovaría y terminaría el 8 de septiembre de 2017.
6.3.4. En ese contexto, aunque es
posible que en los años anteriores el empleador no tuviera conocimiento de la
patología de la accionante, esta Sala de Revisión considera que la terminación
del contrato está relacionada con la situación de debilidad manifiesta de la señora
Misas Saldarriaga, en la medida que la no renovación del contrato laboral se
notificó días después de radicar las recomendaciones médicas hechas para que la
accionante pudiera contribuir a su recuperación en el ámbito laboral.
Además, quedó demostrado que el
tratamiento ordenado se interrumpió como consecuencia de la desafiliación al
sistema de salud de la accionante y solo fue posible continuar con los
servicios una vez se afilió a través del seguro de empleo otorgado el pasado 15
de mayo de 2018. Así las cosas, aunque no existe una calificación previa de
discapacidad, sí está pendiente una rehabilitación que la ubica en una
situación de debilidad manifiesta por su condición física, teniendo derecho a
que en su favor opere la estabilidad laboral reforzada, derivada de situación
médica.
En consecuencia, la terminación
del contrato laboral debió estar autorizada por el Ministerio de Trabajo,
situación que genera la sanción prevista en la Ley 361 de 1997, consagrada
específicamente para casos como el analizado, y que implica para el empleador
la obligación de efectuar el pago de la suma equivalente a ciento ochenta (180)
días de salario a favor del empleado.
6.3.5. Así las cosas, esta Corte revocará el fallo de tutela
proferido en segunda instancia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil
diecisiete (2017), por el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medellín que
revocó la decisión del juez de primera instancia y declaró improcedente la acción.
En consecuencia, confirmará la sentencia del veintiséis (26) de septiembre de
dos mil diecisiete (2017) proferida por el Juzgado Once Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Medellín que concedió el amparo de los
derechos de la accionante.
Por consiguiente, se ordenará a la empresa St. Even S.A. que
dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación del
presente fallo, proceda a reintegrar a la señora Silvia Inés Misas Saldarriaga
al cargo que venía desempeñando o reubicarla en uno de conformidad con las
recomendaciones hechas por el médico tratante únicamente mientras culmina el
proceso de rehabilitación de las lesiones sufridas. Igualmente, se ordenará el
pago del salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la
terminación de su contrato, así como la indemnización prevista en el artículo
26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a ciento ochenta (180) días de salario.
Frente al particular, la empresa St. Even S.A. podrá efectuar la compensación
del valor de la indemnización por terminación unilateral del contrato de
trabajo sin justa causa, si la hubo, del pago de los salarios que corresponden
en cumplimiento de esta providencia.
6.4. Expediente T-6.588.343
6.4.1. La accionante Ana
Victoria Martínez Cifuentes solicitó la protección de sus derechos
constitucionales a la vida en conexidad con la salud, al mínimo vital, a la
seguridad social, a la igualdad, al trabajo y a la estabilidad laboral
reforzada, que estima vulnerados por MCT S.A.S como consecuencia de la no
renovación de su contrato de prestación de servicios, mientras estaba en
tratamiento por un posible cáncer.
Manifiesta
la accionante que si bien fue diagnosticada y operada de un tumor maligno en el
colon y carcinoma de ovario en el año 2012, en agosto de 2017 los médicos
encontraron calcificaciones peri hepáticas que sugieren un compromiso peritoneal
por sus antecedentes y que existe una gran probabilidad de padecer nuevamente
cáncer.
Por su parte, la empresa MCT S.A.S considera que
la terminación del contrato se hizo en estricto apremio a la ley laboral,
atendiendo a faltas disciplinarias de la accionante contra sus compañeros de
trabajo, a través de malos tratos, refiriendo con palabras soeces el compromiso
de los demás trabajadores hacia la sociedad demandada y amenazándolos con el
despido debido a sus influencias en la compañía si llegaban a reportar su
incumplimiento de funciones laborales. Además, no es una persona con una
condición de salud que le impida desempeñar sus labores, al ser calificada con
un porcentaje del 44.39%, sin que ese dictamen se controvirtiera por la
interesada. Que las pruebas no evidencian una afectación grave a la salud de la
accionante que implique la vulneración de su derecho a la vida, ya que el
control que se hace es para descartar una recaída, por tanto no existe
perjuicio irremediable. Ello por cuanto está amparada en la prestación continua
del servicio médico por parte de la EPS que al momento de la terminación del
contrato se encontraba suministrando el tratamiento.
6.4.2. En atención a los hechos
previamente expuestos en esta providencia, la Sala de Revisión advierte con
claridad los siguientes elementos determinantes para la solución del problema
jurídico planteado:
En primer lugar, de los
documentos aportados al expediente, se evidencia que el contrato laboral inició
el 2 de diciembre de 2011 y finalizó el 12 de septiembre de 2017.
En segundo lugar, que efectivamente la señora
Martínez fue diagnosticada con cáncer de ovario de origen epitelial estadio IV
y recibió tratamiento de cirugía sub óptima y luego quimioterapia en el año
2013. Que en la actualidad, según la historia clínica, está en “programa de
control y seguimiento, asiste a continuidad de este con reporte de estudios
solicitados en consulta anterior. Tac de tórax con contraste de 03.04.2017 sin
evidencia de enfermedad neoplásica secundaria tipo metástasis. Tac de abdomen
total con contraste de 03.04.2017 con aparición de imagen nodular con centro
calcificado en región intrapélvica y del borde inguinocrural derecho que podría
estar relacionado con componente neoplásico secundario recidivante o residual.
Laboratorios de 11.03.2017 cuadro hemático normal, glicemia, creatinina
normales. (…)” Aunque de los documentos aportados no se evidenció la
reaparición de la enfermedad, en ellos se resalta que la paciente debe
continuar estudios de su patología.
En tercer lugar, se observa que
durante el tiempo que estuvo vinculada la empresa demandada atendió los
requerimientos médicos y reubicó a la accionante con el fin de mejorar sus
condiciones físicas y ayudarla para un mejor rendimiento en sus funciones.
Igualmente, se advierten varios conceptos de aptitud laboral durante los años
2013, 2014 y 2016.[111]
Adicionalmente, se observa un
formato de reporte de novedades disciplinarias de fecha 23 de agosto de 2017 en
el cual se concluye que “desde hace 6 meses se evidencia constantemente
ambiente negativo por parte de la trabajadora Ana Victoria Martínez, donde
indispone a la gente por realizar comentarios hostiles y ofensivos entre los
compañeros de trabajo y la empresa. Hay quejas de los trabajadores donde
expresan que se sienten ofendidos, incómodos con los comentarios de la señora
porque genera un ambiente de trabajo difícil. Adicionalmente el tema de bajo
desempeño con las demoras en la clasificación de documentos.”
6.4.3. Así las cosas, en el
presente caso no se advierte un despido arbitrario o discriminatorio relacionado
con su estado de salud. Por el contrario, se observa una justa causa legal que
permite al empleador dar por finalizada la relación laboral como sería el bajo
rendimiento de la accionante y sus faltas disciplinarias. Además, aunque la señora
Ana Victoria Martínez estaba en control médico para prevenir la reaparición de
la enfermedad que la incapacitó durante el año 2012, no reportaba para el momento
de la terminación del contrato tratamiento alguno o incapacidad médica que la
haga beneficiaria de la estabilidad laboral alegada y garantice su permanencia
en el empleo.
En este contexto, se confirmará la
decisión del diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
proferida por el Juzgado Setenta y cinco Civil Municipal de Bogotá, mediante la
cual se negó el amparo solicitado por la señora Ana Victoria Martínez
Cifuentes.
6.5. Expediente T-6.603.198
6.5.1. Leopoldo Rodríguez
Calderón, de 50 años de edad, solicitó la protección de sus derechos
constitucionales a la vida digna, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la
igualdad, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, que estima vulnerados
por Pinturas Surinco obras y Servicios del Tolima S.A.S. como consecuencia de
la terminación de su contrato de trabajo a término indiefinido por negarse a
suscribir uno de prestación de servicios. Señaló además, que la enfermedad que
padece es muy rara y grave, ya que está expuesto a sufrir hemorragias
espontáneas porque el nivel de plaquetas es muy bajo, motivo por el cual estuvo
incapacitado 180 días[112]
y que se emitieron recomendaciones para reubicación laboral, además de
radioterapias y transfusiones de sangre periódicas mientras se realiza un
trasplante de médula ósea.[113]
Por su parte, la empresa accionada señaló que
efectivamente el señor Rodríguez Calderón celebró contrato a término indefinido
desde el 1 de julio de 2012 hasta el 1 de junio de 2017, “en el cargo de
vendedor de mostrador de productos químicos y pinturas a base de solventes y
base de agua”. Que la situación económica de la empresa, en riesgo latente
de quiebra, obligó a suprimir varios cargos incluyendo el del accionante.
6.5.2. En atención a los hechos
previamente expuestos en esta providencia, la Sala de Revisión advierte con
claridad los siguientes elementos determinantes para la solución del problema
jurídico planteado:
En primer lugar, de los documentos
aportados al expediente se observa que el contrato laboral inició el 1 de julio
de 2012 para desempeñarse como “vendedor mostrador de productos químicos y
pinturas a base de solventes y base de agua”, contrato aportado en
fotocopia simple y con las respectivas firmas de las partes.[114] Igualmente, se aportan un acta de
terminación de contrato laboral a término indefinido y un contrato de
prestación de servicios, en fotocopia simple y sin las respectivas firmas.[115] Documentos desconocidos por la
empresa accionada, quien manifestó comunicar la terminación del contrato al
señor Rodríguez Calderón de forma verbal.
En segundo lugar, que el actor Leopoldo Rodríguez ingresó
por urgencias en mayo de 2016 por síntomas asociados inicialmente a episodio de
zika, con un diagnóstico inicial relacionado con sospecha de proceso
autoinmune;[116]
además, estuvo incapacitado durante el segundo semestre del año 2016 por anemia
aplásica idiopática y 3 días en marzo de 2017 por infecciones virales,[117] incapacidades pagadas por la Eps
Salud Total.[118]
Se observa también que luego de la terminación del
contrato, el 4 de julio de 2017, fue diagnosticado con epilepsia y síndromes
epilépticos idiopáticos y cefalea postraumática crónica[119] y remitido a consulta con
neurología y oftalmología.
En tercer lugar, se pudo advertir
que aunque fue remitido a medicina laboral para realizar valoración y
reubicación del paciente,[120]
no se anexa al expediente prueba alguna de tal suceso. No obstante, la empresa manifestó
que atendió los requerimientos médicos y reubicó al accionante con el fin de
mejorar sus condiciones físicas.
Además, se evidencia que el
accionante fue calificado inicialmente con una enfermedad de origen común[121] y con una pérdida de capacidad
laboral del 36.15%, el 23 de junio de 2017, luego de la terminación de su
contrato laboral. Dictámenes que fueron objetados y están pendientes de
resolver, según información suministrada por el accionante en sede de revisión.[122] En la actualidad la Eps Salud Total
continúa prestando los servicios médicos requeridos por el actor, ahora
vinculado a través del régimen subsidiado, quien se encuentra en control de su
patología y pendiente de cita por cirugía de hernia umbilical, según nota de
evolución del 9 de marzo de 2018.[123]
Finalmente, se observa que la
empresa accionada fue sancionada por el Ministerio de Trabajo, entidad que
encontró demostrado que Surinco Obras y Servicios del Tolima S.A.S. “vulneró
las normas señaladas en la parte considerativa del presente acto administrativo
al despedir al señor Leopoldo Rodríguez Calderón sin la previa autorización del
Ministerio de Trabajo, adicional al hecho que no se realizó el pago de las
prestaciones sociales y la indemnización por despido sin juta causa conforme lo
estipula el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo como lo manifiesta la
misma investigada”.
6.5.3. En este contexto, es
claro que la situación de salud del accionante es delicada y su situación
económica precaria. Además, de los documentos allegados se advierte que si bien
para el momento de la desvinculación (1 de junio de 2017) el actor no reportaba
tratamiento alguno o incapacidad, ni había obtenido calificación de la pérdida
de capacidad laboral, la empresa tenía conocimiento de su estado de salud y del
permanente control médico, al punto de reconocer que durante la vigencia del
contrato respetó el periodo de incapacidades y reubicó al accionante luego de
su reintegro.
Por consiguiente esta Sala de
Revisión considera que la terminación del contrato desconoció la situación de
debilidad manifiesta de Leopoldo Rodríguez Calderón, hecho que permite que en
su favor opere la estabilidad laboral reforzada, derivada de su situación
médica. En consecuencia, tal como lo indicó el Ministerio de Trabajo, la desvinculación
debió estar autorizada por dicha, generándose entonces la sanción prevista en
la Ley 361 de 1997, consagrada específicamente para casos como el analizado, y
que implica para el empleador la obligación de efectuar el pago de la suma
equivalente a ciento ochenta (180) días de salario a favor del empleado.
De otra parte, si bien el actor
cuestiona la manera de terminación del contrato, no existe prueba en el
expediente que permita concluir que se le haya presionado para continuar
laborando bajo una modalidad distinta a la inicialmente acordada, pues los
documentos allegados no cuentan con rúbrica alguna y la empresa accionada
manifiesta desconocerlos y afirma que la terminación se notificó de forma
verbal. Bajo ese entendido, esta cuestión deberá ser debatida, si así lo
considera el señor Rodríguez Calderón, ante las autoridades judiciales
ordinarias.
6.3.5. Así las cosas, esta Corte
concederá el amparo de los derechos del accionante y revocará la decisión del
dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) proferida por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, mediante la cual se confirmó la decisión
del diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) proferida por el
Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué, que negó el amparo solicitado por
Leopoldo Rodríguez Calderón.
Por consiguiente, se ordenará a la empresa Surinco Obras y
Servicios del Tolima S.A.S. que dentro del término de 48 horas contadas a
partir de la notificación del presente fallo, proceda a reintegrar a Leopoldo
Rodríguez Calderón al cargo que venía desempeñando o reubicarlo en uno de
conformidad con su estado de salud. Igualmente, se ordenará el pago del salario
y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la terminación de su
contrato, así como la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997, equivalente a ciento ochenta (180) días de salario. Frente al particular,
la empresa demandada podrá efectuar la compensación del valor de la
indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa
causa, si la hubo, del pago de los salarios que corresponden en cumplimiento de
esta providencia.
III. DECISIÓN
Un empleador vulnera el derecho a
la estabilidad laboral reforzada de una persona cuando la decisión de
desvincularla laboralmente se toma sin previa autorización de la autoridad
competente cuando el trabajador se encuentra en tratamiento médico por
enfermedad general.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de
términos decretada en este proceso.
SEGUNDO.- REVOCAR, por las razones presentadas,
la providencia del diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete
(2017), proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Manizales, que declaró la improcedencia de la acción y en su lugar
DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro del
expediente T-6.576.336.
TERCERO.- REVOCAR el fallo de tutela proferido en
única instancia el catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), por
el Juzgado Quinto Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá que declaró
improcedente la acción y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
de la accionante Blanca Cecilia Martínez Parada, dentro del expediente
T-6.577.725.
En consecuencia, ORDENAR a la empresa Servilima
S.A.S. que dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación
del presente fallo, proceda a reintegrar a la señora Blanca Cecilia Martinez
Parada al cargo que venía desempeñando o reubicarla en uno de conformidad con
sus limitaciones físicas únicamente mientras culmina el proceso de
rehabilitación de las lesiones sufridas. Igualmente, se ordenará el pago del
salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la terminación de
su contrato, así como la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361
de 1997, equivalente a ciento ochenta (180) días de salario. Frente al
particular, la empresa Servilima S.A.S. podrá efectuar la compensación, si la hubo,
del valor de la indemnización por terminación unilateral del contrato de
trabajo sin justa causa, del pago de los salarios que corresponden en
cumplimiento de esta providencia.
CUARTO.- REVOCAR el fallo de tutela proferido en
segunda instancia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
por el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medellín, que revocó la
decisión del juez de primera instancia y declaró la improcedencia de la acción.
En consecuencia, CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia del
veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) proferida por el
Juzgado Once Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín que
concedió el amparo de los derechos de la señora Silvia Inés Misas Saldarriaga
dentro del expediente T-6.587.506.
Por consiguiente, ORDENAR a la empresa St. Even S.A.
que dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación del
presente fallo, proceda a reintegrar a la señora Silvia Inés Misas Saldarriaga
al cargo que venía desempeñando o reubicarla en uno de conformidad con las
recomendaciones hechas por el médico tratante únicamente mientras culmina el
proceso de rehabilitación de las lesiones sufridas. Igualmente, se ordenará el
pago del salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la
terminación de su contrato, así como la indemnización prevista en el artículo
26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a ciento ochenta (180) días de salario.
Frente al particular, la empresa St. Even S.A. podrá efectuar la compensación
del valor de la indemnización por terminación unilateral del contrato de
trabajo sin justa causa, si la hubo, del pago de los salarios que corresponden
en cumplimiento de esta providencia.
QUINTO.- CONFIRMAR por
las razones expuestas, la decisión del diecinueve (19) de diciembre de
dos mil diecisiete (2017) proferida por el Juzgado Setenta y cinco Civil
Municipal de Bogotá, mediante la cual se negó el amparo solicitado por la
señora Ana Victoria Martínez Cifuentes dentro del expediente T-6.588.343.
SEXTO.- REVOCAR por las razones expuestas, la decisión
del dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) proferida por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, mediante la cual se confirmó la decisión
del diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) proferida por el
Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué que declararon improcedente la acción y
en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos del actor Leopoldo
Rodríguez Calderón dentro del expediente T-6.603.198.
Por consiguiente, ORDENAR
a la empresa Surinco Obras y Servicios del Tolima S.A.S. que dentro del término
de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a
reintegrar a Leopoldo Rodríguez Calderón al cargo que venía desempeñando o
reubicarlo en uno de conformidad con su estado de salud. Igualmente, se
ordenará el pago del salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir
desde la terminación de su contrato, así como la indemnización prevista en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a ciento ochenta (180) días de
salario. Frente al particular, la empresa demandada podrá efectuar la
compensación del valor de la indemnización por terminación unilateral del
contrato de trabajo sin justa causa, si la hubo, del pago de los salarios que
corresponden en cumplimiento de esta providencia.
SÉPTIMO.- LIBRAR las comunicaciones –por la
Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
A LA SENTENCIA
T-305/18
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Se debió proteger por cuanto despido de accionante no
obedeció a las faltas alegadas por el accionado, sino porque se encontraba en
tratamiento médico en varias especialidades (salvamento parcial de voto)
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte me permito expresar las
razones que me llevan a apartarme de manera parcial de lo adoptado por la
mayoría en la sentencia T-305 del 27 de julio de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), en lo concerniente
al expediente T-6.588.343.
1.
En esa providencia la Corte estudió cinco casos acumulados sobre el derecho a la
estabilidad laboral reforzada de personas con discapacidad y/o con especiales
condiciones de salud.
2.
En el expediente T-6.588.343, la señora Ana Victoria Martínez Cifuentes
manifestó que estuvo vinculada con la
empresa MCT S.A.S. por contrato a término indefinido desde el 2011 hasta el
2017, fecha en la que fue terminado el contrato de forma unilateral conforme a
los numerales 2 y 9 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Durante
la vigencia del contrato, la accionante fue diagnosticada con carcinoma de
ovario el cual le hizo metástasis en el colon, por el que recibió tratamiento
de quimioterapia en el año 2013. Posteriormente en el año 2017, en control por
oncología fue valorada con calcificaciones
perihepáticas las cuales se relacionan con el cáncer que había padecido.
El
Juzgado Setenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá declaró improcedente la
acción de tutela al determinar que la jurisdicción ordinaria laboral es el
medio judicial al que debe acudir la accionante. En la misma medida, consideró
que la terminación del contrato laboral no deviene de su enfermedad, sino de
una justa causa.
3.
Mediante la sentencia T-305 de 2018 la
Sala decidió confirmar la decisión del juez de segunda instancia que negó el
amparo de los derechos a la vida, la salud, al mínimo vital, la seguridad
social, la igualdad y la estabilidad laboral reforzada de la señora Ana Victoria Martínez Cifuentes. Sobre el particular, la Sala de Revisión advirtió que
en el expediente obraba el formato de reporte de novedades que aportó el
accionado de fecha del 23 de agosto de 2017, el cual indica“desde hace 6
meses se evidencia constantemente ambiente negativo por parte de la trabajadora
Ana Victoria Martínez, donde indispone a la gente por realizar comentarios
hostiles y ofensivos entre los compañeros de trabajo de la empresa. Hay quejas
de los trabajadores donde expresan que se sienten ofendidos, incomodos con los
comentarios de la señora porque genera un ambiente de trabajo difícil.
Adicionalmente el tema de bajo desempeño con la demora en la clasificación de
documentos” [124].
A juicio
de la Corte, con dicho formato se corroboraron las faltas disciplinarias y el
bajo rendimiento de la accionante, por tanto, existía una causa legal para dar
por finalizada la relación laboral, no denotándose arbitrariedad o trato
discriminatorio alguno referido a su estado de salud. Agregó, que si bien la
actora estaba en control médico para prevenir la reaparición de la enfermedad,
al momento del despido no reportaba incapacidad médica ni tratamiento que la
hiciese beneficiaria de la protección por la estabilidad laboral reforzada.
4. Sin
embargo, no comparto la posición de la mayoría de la Sala respecto a este caso
puesto que el formato presentado por la empresa MCT S.A.S. no puede considerarse
como elemento de juicio suficiente para determinar que hubo justa causa para el
despido. El documento hace referencia de forma general a las supuestas
infracciones cometidas a lo largo de seis meses por la accionante, de las que
no se reportan fechas exactas.  No hay claridad sobre el modo, el tiempo, o el
lugar de las faltas cometidas. A su vez, no se encuentra anotación alguna en la
que se manifieste que se haya efectuado a la trabajadora la oportunidad de
defensa.
Es
pertinente precisar, que la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha
establecido que en virtud del artículo 29 de la Carta se ha ampliado la
aplicación del derecho fundamental al debido proceso a escenarios privados
postulando cargas a los particulares.[125]
Así, respecto de las relaciones laborales y la terminación unilateral del
contrato de trabajo por parte del empleador la sentencia C-299 de 1998 declaró
exequible el numeral 3 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo bajo el entendido de que
para aplicar dicha causal era requisito esencial escuchar con anterioridad al
trabajador en ejercicio del derecho de defensa.
Dicha disposición, fue extendida a todas las
causales de terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por
parte del empleador por la sentencia T-546 de 2006, precepto que se
profundiza y se restringe así: “(i) la legalidad de la causal de
justa causa de terminación del contrato invocada[126];
(ii) la manifestación al trabajador acerca de los hechos concretos por los
cuales va a ser despedido y (ii) la oportunidad del empleado de controvertir
las imputaciones que se le hacen. De lo contrario se entiende vulnerado el
derecho al debido proceso del trabajador[127]”
Entonces,
del caso bajo estudio, no se argumenta en profundidad sobre el por qué de los hechos
expuestos y la documentación allegada, no se evidencia un despido arbitrario o
discriminatorio y se afirma que existe una justa causa legal para dar por
terminado el vínculo laboral. El bajo rendimiento y las faltas disciplinarias
de la accionante alegadas por la parte accionada, no constituyen elementos
suficientes para determinar el despido por justa causa, y en el escrito no se
vislumbra que la actora se le hubiese respetado el derecho al debido proceso
durante el procedimiento de despido, como
lo son la oportunidad de controvertir dichas acusaciones, y tener claridad
sobre los hechos de que se le acusa haber incurrido, para ser considerados como
malos tratamientos y bajo rendimiento en sus labores.
Por lo
anterior, tampoco se puede establecer con claridad la ausencia de un acto
discriminatorio, ello en razón al hallazgo de calcificaciones perihepáticas en el cuerpo de la
accionante como consecuencia del tumor de ovario.
En este punto, según la valoración realizada sobre su estado de salud, se
concluyó que esta no había presentado incapacidad y no se encontraba en
tratamiento médico. Sin embargo, en el relato de los antecedentes del caso, en
el punto 4.1.3 se explica que a partir del nuevo diagnóstico la accionante sí
inicio “tratamientos con varias especialidades”.
En esa
medida, si bien la accionante finalizó con el tratamiento de quimioterapia en
el año 2013, se debe considerar que no han pasado ni siquiera 5 años desde que
recibió la última sesión de quimioterapia, estando todavía en un fase de tiempo
limítrofe desde su detección, que hace más probable la recurrencia de la
enfermedad, más cuando la persona reporta un diagnóstico como el de las calcificaciones
perihepáticas, que según el médico tratante aumentan la posibilidad de contraer
nuevamente la enfermedad cancerígena.
5. Así
las cosas, considero que en el presente caso se debió haber revocado la
decisión del (19) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) proferida por el
Juzgado Setenta y cinco Civil Municipal de Bogotá y amparar los derechos fundamentales
de la señora  Ana Victoria
Martínez Cifuentes dentro del expediente T-6.588.343, ya que a mi juicio su
despido no obedeció a las faltas disciplinarias alegadas por el accionado, sino
porque se encontraba en tratamiento médico en varias especialidades por la
patología que actualmente padece y que es derivada del cáncer que sufrió en
años anteriores; por consiguiente, era acreedora de la protección de la
estabilidad laboral reforzada por enfermedad.
En
estos términos, dejo consignado mi salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1]
Mediante el cual revocó la
decisión del Juzgado Once Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Medellín que había concedido el amparo solicitado, el 26 de septiembre de
2017.
[2]
Mediante el cual confirmó la
decisión del Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué que negó el amparo
solicitado, el 19 de septiembre de 2017.
[3]
La Sala de Selección Número Dos de 2018, integrada por los magistrados Cristina
Pardo Schlesinger y Antonio José Lizarazo Ocampo.
[4]
En  su escrito de tutela, el
actor solicita como medida provisional que se ordene en forma inmediata,
continua e ininterrumpida la protección del derecho al trabajo por tratarse de
una persona en condición de discapacidad, víctima de la violencia.
[5]
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales en
auto del cinco (5) de octubre de dos mil diecisiete (2017) admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la entidad accionada y vinculó al Ministerio de
Protección Social, sede Manizales, para que en el término de un (1) día a
partir de la notificación, se pronunciaran sobre los hechos argumentados en su
contra. (ver folio 112 del cuaderno principal del expediente).
[6]
Ver escrito de contestación a folios 116 a 120 del cuaderno principal del
expediente.
[7]
Ver folios 126 a 133 del cuaderno principal del expediente.
[8]
Visible a folios 15 a 23 del
cuaderno principal del expediente.
[9]
Visible a folio 24 del
cuaderno principal del expediente.
[10]
A folios 27 a 29 del cuaderno
principal del expediente se observa escrito de petición de fecha 8 de agosto de
2017 en el que la accionante solicita información sobre las causas de su
despido y terminación del contrato. Al expediente no se anexa copia o evidencia
de respuesta.
[11]
El Juzgado Quinto Municipal Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá en auto del
dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la entidad accionada para que en el término de un (1) día a
partir de la notificación, se pronunciaran sobre los hechos argumentados en su
contra. En el mismo auto requirió a la Nueva EPS para que informara de manera
detallada las incapacidades y recomendaciones medico laborales prescritas a la
accionante. (ver folio 33 del cuaderno principal del expediente).
[12]
Ver escrito de contestación a folios 42 a 45 del cuaderno principal del
expediente.
[13]
En el escrito de contestación
se advierte la impresión del cuadro de incapacidades de la accionante. Ver
folio 43 del cuaderno principal del expediente.
[14]
Aunque a folio 55 del cuaderno
principal del expediente se observa informe secretarial (sin rúbrica de la
secretaria) indicando que pasa al despacho la acción con .contestación de la
demandada, no se advierte en el expediente documento alguno que contenga una
respuesta por parte de la empresa Servilima SAS
[15]
Ver folios 58 a 61 del cuaderno principal del expediente.
[16]
Ver copia de la historia
clínica a folios 8 a 38 del cuaderno principal del expediente.
[17]
El Juzgado Once Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín
en auto del catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la entidad accionada para que en el
término de dos (2) días a partir de la notificación, se pronunciara sobre los
hechos argumentados en su contra. (Ver folio 40 del cuaderno principal del
expediente).
[18]
Ver escrito de contestación a folios 42 a 48 del cuaderno principal del
expediente.
[19]
Ver copia del contrato de
trabajo suscrito entre las partes a folio 56 del cuaderno principal del
expediente.
[20]
Ver copia de la carta de
terminación del contrato con fecha 24 de julio de 2017 a folio 57 del cuaderno
principal del expediente y liquidación de prestaciones sociales a folio 58 del
cuaderno principal del expediente.
[21]
Ver folios 58 a 61 del cuaderno principal del expediente.
[22]
Ver folios 80 a 84 del
cuaderno principal del expediente.
[23]
Ver historia clínica a folios
11 a 15 y 17 a 43 del cuaderno principal del expediente.
[24]
Ver documento a folio 16 del
cuaderno principal del expediente.
[25]
El Juzgado Setenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá en auto del seis (6) de
diciembre de dos mil diecisiete (2017) admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a la entidad accionada para que en el término de dos (2) días a
partir de la notificación, se pronunciara sobre los hechos argumentados en su
contra. (ver folio 112 del cuaderno principal del expediente).
[26]
Ver escrito de contestación y anexos a folios 94 a 161 del cuaderno principal
del expediente.
[27]
Ver contrato de trabajo a
folios 95 a 97 del cuaderno principal del expediente.
[28]
Ver documento de
recomendaciones medico ocupacionales a folios 103-105 del cuaderno principal
del expediente y notificación del cambio de cargo a folios 106 a 110 del
cuaderno principal del expediente.
[29]
Ver folios 99 a 102 del cuaderno principal del expediente
[30]
Ver documento a folios 131-132
del del cuaderno principal del
expediente. Ver examen médico de egreso a folio 133 del cuaderno principal del
expediente.
[31]
Ver formato de reporte de
novedades disciplinarias a folios 128 a 130 del
cuaderno principal del expediente.
[32]
Ver copia del dictamen de
calificación de pérdida de la capacidad laboral a folios 111 a 122 y conceptos
de aptitud laboral a folios 123 a 127 del cuaderno principal del expediente.
[33]
Ver folios 126 a 133 del cuaderno principal del expediente.
[34]
Ver folios 15 a 19 del
cuaderno principal del expediente.
[35]
Ver folios 23 a 31 del
cuaderno principal del expediente.
[36]
Ver historia clínica a folios
32 a 48 del cuaderno principal del expediente.
[37]
Ver folios 20 a 22 del
cuaderno principal del expediente.
[38]
Ver documentos de identidad
del núcleo familiar a folios 12 a 14 del cuaderno principal del expediente.
[39]
El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué en auto del seis (6) de septiembre
de dos mil diecisiete (2017) admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la
entidad accionada y vinculó al Ministerio de Trabajo y a la EPS Saludtotal para
que en el término de un (1) día a partir de la notificación, se pronunciaran
sobre los hechos argumentados en su contra. (ver folio 50 del cuaderno
principal del expediente).
[40]
Ver escrito de contestación y anexos a folios 55 a 72 del cuaderno principal
del expediente.
[41]
Ver relación de incapacidades a folios 71-72 del cuaderno principal del
expediente.
[42]
Ver notificación de calificación por EPS a folio 69 del cuaderno principal del
expediente.
[43]
Ver folio 70 del cuaderno principal del expediente.
[44]
Ver citación a folio 68 del cuaderno principal del expediente.
[45]
ver escrito de contestación y anexos a folios 73 a 83 del cuaderno principal
del expediente.
[46]
Ver folios75-76 del cuaderno principal del expediente.
[47]
Ver escrito de contestación y anexos a folios 85 a 88 del cuaderno principal
del expediente.
[48]
Ver escrito a folio 89 del cuaderno principal del expediente.
[49]
Ver historia clínica a folios 90 a 101 del cuaderno principal del expediente.
[50]
Ver folios 126 a 133 del cuaderno principal del expediente.
[51]
Ver folios 11 a 18 del cuaderno 2 del expediente.
[52]
“PRIMERO.- Por Secretaría General de esta Corporación, OFICIAR al señor
Uriel Alfonso Roa Osorio  para que dentro del término de dos (2) días hábiles
siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, informe a este
despacho:
1. Si con posterioridad a la presentación de la
presente acción de tutela, acudió a la jurisdicción ordinaria con fin de
resolver sus pretensiones.
2. Si en la actualidad se encuentra trabajando o
recibiendo un ingreso adicional a la mesada pensional por invalidez de la que
es beneficiario.
3. Si en la actualidad la EPS a la que está
afiliado está prestando la atención y el tratamiento médico requerido de
acuerdo con su patología.
4. De qué manera se están cubriendo los gastos del
hogar compuesto por usted, su esposa y sus dos hijos.
SEGUNDO.- Por Secretaría General de esta
Corporación, OFICIAR a la señora  Blanca Cecilia Martínez Parada para que
dentro del término de dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la
notificación de esta providencia, informe a este despacho:
1. Si en la actualidad continua desempleada o si
por el contrario se encuentra vinculada laboralmente.
2. Si ha realizado gestiones para obtener la
calificación de su pérdida de capacidad laboral y acceder a una pensión de
invalidez. En caso afirmativo, informar el estado de la solicitud o trámite.
3. Si con posterioridad a la presentación de la
acción de tutela, acudió a la jurisdicción ordinaria para resolver sus
pretensiones.
4. De qué manera se están cubriendo los gastos del
hogar compuesto por usted y su esposo.
TERCERO.- Por Secretaría General de esta
Corporación, OFICIAR a la señora  Silvia Inés Misas Saldarriaga para que dentro
del término de dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la notificación de
esta providencia, informe a este despacho:
1. Si en la actualidad continua desempleada o si
por el contrario se encuentra vinculada laboralmente.
2. Si ha realizado gestiones para obtener la
calificación de su pérdida de capacidad laboral y acceder a una pensión de
invalidez. En caso afirmativo, informar el estado de la solicitud o trámite.
3. Si con posterioridad a la presentación de la
acción de tutela, acudió a la jurisdicción ordinaria para resolver sus
pretensiones.
4. Si la EPS a la que se encuentra afiliada ha
continuado la prestación de los servicios requeridos de conformidad con su
patología.
5. De qué manera se están cubriendo los gastos del
hogar compuesto por usted, su esposo y su hija.
CUARTO.- Por Secretaría General de esta
Corporación, OFICIAR a la señora  Ana Victoria Martínez para que dentro del
término de dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la notificación de esta
providencia, informe a este despacho:
1. Si en la actualidad continua desempleada o si
por el contrario se encuentra vinculada laboralmente.
2. Si ha realizado gestiones para obtener la
calificación de su pérdida de capacidad laboral y acceder a una pensión de
invalidez. En caso afirmativo, informar el estado de la solicitud o trámite.
3. Si con posterioridad a la presentación de la
acción de tutela, acudió a la jurisdicción ordinaria para resolver sus
pretensiones.
4. El régimen bajo el cual está afiliado al sistema
general de seguridad social en salud (contributivo o subsidiado) y si la EPS a
la que se encuentra afiliada ha continuado la prestación de los servicios
requeridos de conformidad con su patología.
5. De qué manera se están cubriendo los gastos del
hogar compuesto por usted y sus tres hijas, una de ellas, menor de edad.
QINTO.- Por Secretaría General de esta Corporación,
OFICIAR al señor  Leopoldo Rodríguez Calderón para que dentro del término de
dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la notificación de esta
providencia, informe a este despacho:
1. Si en la actualidad continua desempleado o si
por el contrario se encuentra vinculada laboralmente.
2. Si ha realizado gestiones para obtener la
calificación de su pérdida de capacidad laboral y acceder a una pensión de
invalidez. En caso afirmativo, informar el estado de la solicitud o trámite.
3. Si con posterioridad a la presentación de la
acción de tutela, acudió a la jurisdicción ordinaria para resolver sus
pretensiones.
4. El régimen bajo el cual está afiliado al sistema
general de seguridad social en salud (contributivo o subsidiado) y si la EPS a
la que se encuentra afiliado ha continuado la prestación de los servicios
requeridos de conformidad con su patología.
5. De qué manera se están cubriendo los gastos del
hogar compuesto por usted, su compañera y sus dos hijas.”
[53]
Ver respuesta a folio 80 del cuaderno 2 del expediente
T-6.576.336.
[54]
Ver escrito a folios 81 a 83 del cuaderno 2 del expediente
T-6.576.336.
[55]
Ver escrito a folios 23 a 36 del cuaderno 2 del expediente
T-6.587.506. El escrito de contestación fue allegado en original y copia.
[56]
Ver folios 19 a 41 del cuaderno 3 del expediente T-6.603.198.
[57]
Ver folio 34 del cuaderno 3 del expediente.
[58]
Ver folios 25 a 30 del cuaderno 3 del expediente.
[59]
Ver folios 39 a 41 del cuaderno 3 del expediente.
[60]
Ver folio 33 del cuaderno 3 del expediente.
[61]
Ver resultado de cuadro de hematología a folio 24 del cuaderno
3 del expediente.
[62]
Ver informe secretarial del 15
de noviembre de 2018 a folio 43 del cuaderno 3 del expediente T-6.603.198.
[63]
Ver folios 56 a 70 del cuaderno 3 del expediente.
[64]
Este documento fue recibido luego de poner en consideración de
la Sala de Revisión el presente proyecto de sentencia.
[65]
Corte Constitucional. Sentencia T-151 de 2017 (MP. Alejandro
Linares Cantillo).
[66]
Corte Constitucional. Sentencia T-151 de 2017 (MP. Alejandro
Linares Cantillo).
[67]
Protección que no solo ha sido por nuestra Carta Política sino también por
distintos tratados internacionales suscritos por Colombia, como la Declaración
de los derechos del deficiente mental aprobada por la ONU en 1971, la
Declaración de los derechos de las personas con limitación, aprobada por la
Resolución 3447 en 1975 de la ONU, la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de
1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas Uniformes sobre
la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad”, la Recomendación 168 de la OIT, el Convenio 159
de la OIT, la Declaración de Sund Berg de Torremolinos de la UNESCO en 1981, la
Declaración de las Naciones Unidas para las personas con limitación de 1983,
entre otras. (Ver sentencia T-198 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[68]
Corte Constitucional. Sentencia T-613 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[69]
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
[70]
Ver entre otras, las sentencias T-141 de 1993 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa);
T-568 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-119 de 1997 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz); T-426 de 1998 (MP. Alejandro Martínez Caballero); T-961 de
2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-291 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda);
T-898A de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy); T-699 de 2010 (MP. Gabriel Eduardo
Mendoza); T-1097 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. SV. Mauricio
González Cuervo).
[71]
Ver entre otras las sentencias T-1040 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-351
de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil); T-198 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy);
T-962 de 2008 (MP. Jaime Araujo Rentería); T-002 de 2011 (MP. Mauricio González
Cuervo); T-901 de 2013 (MP. María Victoria Calle); T-141 de 2016 (MP. Alejandro
Linares Cantillo).
[72]
Ver entre otras las Sentencias T-029 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-323
de 2005 (MP. Humberto Sierra Porto); T-249 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño);
T-043 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla. AV. Humberto Sierra Porto); T-220 de
2012 (MP. Mauricio González Cuervo); T-123 de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas. SV.
Luis Guillermo Guerrero).
[73]
Ver entre otras las sentencias T-792 de 2004 (MP Jaime Araújo Rentería); T-182
de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-593 de 2006 MP. Clara Inés Vargas); T-384
de 2007 (MP. Manuel José Cepeda); T-992 de 2012 (MP. María Victoria Calle);
T-326 de 2014 (MP. María Victoria Calle).
[74]
Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[75]
Corte Constitucional. Sentencia T-1040 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En
esta oportunidad la Corte indicó que esta protección implica “(i) el derecho a
conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razón de la situación de
vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre
y cuando que no se configura una causal objetiva que conlleve a la
desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral competente autorice
el despido, con la previa verificación de la estructuración de la causal
objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador.”
Esta posición ha sido reiterada en varias oportunidades, en las sentencias
T-519 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-198 de 2006 (Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-361 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-263 de 2009 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), T-784 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa),
T-050 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa) T-587 de 2012 (MP Adriana
Guillén) y SU-049 de 2017 (MP. María Victoria Calle Correa. SPV Alejandro
Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Ortiz Delgado).
[76] Constitución Política, artículo 1º: “Colombia es un Estado social
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general”.
[77]
Constitución Política. Artículo 13. (…) “[Inciso 2º] El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. [Inciso 3º] El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
[78]
Hoy en día, a raíz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de Personas con Discapacidad ratificada por Colombia, se propende por la
implementación del modelo social de discapacidad, según el cual las personas
sufren de limitaciones para desarrollarse plenamente como miembros de la
sociedad a raíz de los límites que les impone su entorno, lo que tiene como
consecuencia que dejen de considerarse dichas limitaciones como inherentes a la
persona. Al respecto ver las sentencias C-458 de 2015 MP Gloria Ortiz Delgado
(SV. Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza) y C-659 de 2016 (MP
Aquiles Arrieta Gómez).
[79]
Declarada exequible mediante la Sentencia C-293 de 2010 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla).
[80]
Ley Estatutaria “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
[81]
Corte Constitucional. Sentencia SU-049 de 2017 (MP. María Victoria Calle
Correa. SPV Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria
Ortiz Delgado).
[82]
Corte Constitucional. Sentencia T-520 de 2017 (MP. Alejandro
Linares Cantillo).
[83]
Tal como se reconoció en la Sentencia T-040 de 2016, algunos magistrados han
disentido de esta doctrina reiterada por la mayoría de las Salas de Revisión de
la Corte Constitucional, por considerar que “es diferente la protección
brindada a las personas discapacitadas -que se entienden calificadas-, a la
protección otorgada a las personas en situación de debilidad manifiesta,
quienes si bien no han sido calificadas ven disminuido su estado de salud. De
esta manera, (i) la estabilidad reforzada del primer grupo se otorga en
aplicación de la Ley 361 de 1997 y por tanto, ante el despido de una persona
calificada como discapacitada sin la autorización de la autoridad laboral
competente, procede el pago de la indemnización prevista en la Ley y el
reintegro correspondiente. (ii) Respecto del segundo grupo, su protección no se
desprende de la ley sino directamente de la Constitución, por ello, al
comprobarse el despido de una persona en debilidad manifiesta no es procedente
el pago de una indemnización sino simplemente el reintegro, teniendo en cuenta
que la sanción se genera por la presunción contenida en la ley”. Esta discusión
fue zanjada en la sentencia SU-049 de 2017 (MP: María Victoria Calle Correa.
SPV Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Ortiz
Delgado) en la que se concluyó que “5.14. Una vez las personas contraen una
enfermedad, o presentan por cualquier causa (accidente de trabajo o común) una
afectación médica de sus funciones, que les impida o dificulte sustancialmente
el desempeño de sus labores en condiciones regulares, se ha constatado de
manera objetiva que experimentan una situación constitucional de debilidad
manifiesta, y se exponen a la discriminación. La Constitución prevé contra
prácticas de esta naturaleza, que degradan al ser humano a la condición de un
bien económico, medidas de protección, conforme a la Ley 361 de 1997. En
consecuencia, los contratantes y empleadores deben contar, en estos casos, con
una autorización de la oficina del Trabajo, que certifique la concurrencia de
una causa constitucionalmente justificable de finalización del vínculo. De lo
contrario procede no solo la declaratoria de ineficacia de la terminación del
contrato, sino además el reintegro o la renovación del mismo, así como la
indemnización de 180 días de remuneración salarial o sus equivalentes. || 5.15.
Esta protección, por lo demás, no aplica únicamente a las relaciones laborales
de carácter dependiente, sino que se extiende a los contratos de prestación de
servicios independientes propiamente dichos. (…)”.
[84]
Ver las sentencias T-427 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-441 de 1993
(MP José Gregorio Hernández Galindo); T-576 de 1998 (MP Alejandro Martínez
Caballero) y T-826 de 1999 (MP José Gregorio Hernández) entre otras.
[85]
Corte Constitucional. Sentencia T-077 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo). En
esta oportunidad, la Sala de Revisión reiteró la Sentencia T-519 de 2003 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra) en la cual se fijó el alcance de esta protección.
[86]
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1998
(MP Alejandro Martínez Caballero).
[87]
Corte Constitucional. Sentencia T-826 de 1999 (MP
José Gregorio Hernández).
[88]
Corte Constitucional. Sentencia T-077 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo).
[89]
Corte Constitucional. Sentencia T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo.
SV Gloria Ortiz)
[90]
Manifestó el actor que a los 9 años de edad fue diagnosticado con fibrosis
quística, enfermedad que según él es “crónica letal y de evolución progresiva
hacia el deterioro, de carácter irreversible, sin posibilidad actual de
rehabilitación, sin cura conocida y de pronóstico reservado.” Ver hecho 2.1. de
la Sentencia T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo. SV Gloria Ortiz).
[91]
Al respecto, en la sentencia T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo. SV
Gloria Ortiz) manifestó la Sala de Revisión que la estabilidad reforzada ha
sido aplicada a contratos de prestación de servicios por varias vías: || “- La
primera, señala que la estabilidad laboral reforzada para personas en situación
de debilidad manifiesta por su estado de salud aplica a todas las  alternativas
productivas, incluyendo al contrato de prestación de servicios. Por lo tanto,
no es necesario declarar un contrato realidad y con solo demostrarse la
discriminación, se debe ordenar reintegro y pago de indemnización.||  - La
segunda, considera necesario declarar la configuración de un contrato realidad
para luego sí aplicar las reglas de protección reforzada. Probada la existencia
del contrato laboral y la discriminación, se debe ordenar reintegro y pago de
indemnización. En estricto sentido no es un caso de contrato de prestación de
servicios. ||  - La tercera, indica que se debe estudiar la configuración de un
contrato realidad, sin embargo, si no existen elementos probatorios que
permitan verificar su configuración, también se debe evaluar la
discriminación.|| En este evento, la relevancia del vínculo se circunscribe a
las órdenes que el juez de tutela debe proferir ante la actuación
discriminatoria del empleador o del contratista. De esta manera, si se demuestra
que el contrato de prestación de servicios oculta un verdadero contrato
laboral, y probada la discriminación, las ordenes serán el reintegro y el pago
de la indemnización contenida en la ley (vía 2). Contrario sensu, si no se
configura un contrato de trabajo, pero se prueba la discriminación, la órdenes
estarán dirigidas a buscar que cese la vulneración de derechos constitucionales
de manera inmediata, lo que no implica reintegro y pago de salarios pues esta
orden es propia del contrato de trabajo. || La Sala acoge la tercera posición
por considerar que es la que más se ajusta al mandato constitucional de
protección de las personas en situación de debilidad manifiesta. Así, primero
analizará las pruebas obrantes en el expediente para determinar si el contrato
realidad encubría una verdadera relación laboral, para luego aplicar las reglas
correspondientes.”
[92]
Corte Constitucional. Sentencia T-521 de 2016 (MP. Alejandro Linares Cantillo.
AV. Gabriel Eduardo Mendoza y Gloria Stella Ortiz).
[93]
En este caso, se citan las sentencias T-461 de 2015 (MP. Myriam Ávila Roldán), T-674
de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), T-878 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-440 A de 2012 (MP. Humberto Sierra Porto).
[94]
Al respecto, se hace referencia a la sentencia
T-420 de 2015 (MP. Myriam Ávila Roldán)  en la cual se estableció
como un presupuesto necesario para la protección de la estabilidad laboral
reforzada, la exigencia de que el empleador conociera de los padecimientos de
salud sufridos por el trabajador. Para la Corte “(…) la garantía del derecho a la estabilidad
laboral de un trabajador que presenta alguna limitación física, sensorial o
psíquica implica la constatación de los siguientes presupuestos: (i) que el
trabajador presente una limitación física, sensorial o psíquica (ii) que el empleador tenga
conocimiento de aquella situación (iii) que el despido se produzca sin
autorización del Ministerio del Trabajo” Sin embargo, en la
sentencia T-029 de 2016 (MP. Alberto Rojas Ríos) se declaró que de manera excepcional
y sólo cuando las circunstancias del caso lo ameriten, el juez de tutela puede
ordenar el reintegro así el empleador no tuviera conocimiento de la situación
de salud del trabajador, pero no con el fin de evitar una discriminación, sino
para garantizar la continuidad en el tratamiento de salud y la eficacia del
principio de solidaridad. En su momento se indicó que: “En vista de ello, el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de que son titulares los
trabajadores que se hallen en estas condiciones, apareja para los empleadores
el deber insoslayable de actuar con solidaridad, como se indicó en precedencia
al abordar la protección que les asiste a las mujeres embarazadas, pese al
desconocimiento del estado de gravidez por parte patrono”.
[95]
Aunque en principio los casos analizados se circunscribían a eventos en los
cuales mediaba un contrato de trabajo (ver entre otras, las sentencias T-1040
de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil); T-519 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra); T-198 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-1038 de 2007 (MP
Humberto Sierra Porto), la jurisprudencia de esta Corporación ha aplicado esta
protección a todas las relaciones que tienen derechos laborales
constitucionales inmersos, entre ellas, el contrato de prestación de servicios.
Sin embargo, esta aplicación no era uniforme, toda vez que en algunas
providencias las Salas de Revisión consideraron declarar la existencia de un
contrato realidad antes de otorgar la protección constitucional y en otras,
este análisis no fue necesario para conceder el amparo. (Ver entre otras, las
sentencias T-490 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. Luis Ernesto
Vargas), T-292 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Mauricio González), T-988
de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-761A de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-144 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos), T-040 de 2016 (MP
Alejandro Linares Cantillo. SV Gloria Ortiz)).
[96]
“Sentencia T-881 de 2012. En esa oportunidad, la
Sala Primera de Revisión debía resolver el caso de una persona que fue
desvinculada mientras se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta, en
el contexto de un “contrato
de aprendizaje”. En vista de que este último tenía características
legales y contractuales que permitían diferenciarlo, conforme a la
jurisprudencia constitucional, del contrato laboral en sentido estricto, la
Corte señaló que en vez de hablar de derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
se haría “referencia al
derecho a la estabilidad ocupacional reforzada”.
En ese caso concedió la tutela de este derecho.”
[97]
Corte Constitucional. Sentencia SU-049 de 2017 (MP. María Victoria Calle
Correa. SPV Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria
Ortiz Delgado).
[98]
Ibidem.
[99]
El actor Uriel Alfonso Roa Osorio fue calificado con un porcentaje de pérdida
de capacidad laboral equivalente al 88.75% con fecha de estructuración el 25 de
abril de 2008 y recibe una pensión por un salario mínimo legal mensual vigente.
(ver certificados de seguros de vida Alfa S.A. a folios 36 y 37 del cuaderno
principal del expediente).
[100]
La carencia actual de objeto, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, se presenta en tres hipótesis: (i) cuando existe un hecho
superado, (ii) se presenta un daño consumado, o (iii) acaece un hecho
sobreviniente. En lo que respecta a la carencia actual de objeto por hecho
superado, “este Tribunal en su jurisprudencia ha señalado que se configura
cuando como producto de la acción u omisión de la entidad accionada, se
satisface por completo la petición contenida en la acción de tutela, entre el
término de la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma”
(Sentencia T-363 de 2017 MP: Alberto Rojas Ríos. Sobre el tema se pueden
consultar las siguientes sentencias, entre otras: T-314 de 2011; T-640 de 2011;
T-199 de 2011; T-612 de 2012; T-697 de 2012; T-874 de 2013).
[101]
Historia clínica visible a
folios 15 a 23 del cuaderno principal del expediente.
[102]
En el escrito de contestación
se advierte la impresión del cuadro de incapacidades de la accionante. Ver
folio 43 del cuaderno principal del expediente.
[103]
Visible a folio 27 del cuaderno principal del expediente. La
accionante solicita que se le informen los motivos de la terminación del
contrato.
[104]
No existe prueba que permita establecer si se pagó
indemnización por terminación unilateral.
[105] Ver folios 16 y 17 del cuaderno principal del
expediente. Al respecto, es necesario aclarar que la historia clínica no indica
fecha de cita de control.
[106]
Ver copia del contrato de
trabajo suscrito entre las partes a folio 56 del cuaderno principal del
expediente.
[107]
Ver folio 24 del cuaderno 2 del expediente.
[108]
Ver folio 10 del cuaderno principal del expediente.
[109]
Ver folios 19-20 del cuaderno principal del expediente.
[110]
Ver folios 30 del cuaderno principal del expediente y 34 del
cuaderno 2 del expediente. De conformidad con la manifestación hecha por la
accionante, la señora Laura Blandón era enfermera de salud ocupacional de la
empresa St. Even S.A.
[111]
Ver folios 78 a 81 del cuaderno principal del expediente.
[112]
Ver folios 23 a 31 del
cuaderno principal del expediente.
[113]
Ver historia clínica a folios
32 a 48 del cuaderno principal del expediente.
[114]
Ver folios 15 a 19 del cuaderno principal del expediente
[115]
Ver folios 20 a 22 del cuaderno principal del expediente.
[116]
Ver folios 32 a 44 del cuaderno principal del expediente. La
historia clínica aportada corresponde al ingreso por urgencias, diagnóstico y
tratamiento durante la hospitalización los días 25 de mayo a 1 de junio de
2016.
[117]
Ver folio 72 del cuaderno principal del expediente la relación
de incapacidades aportada por la empresa accionada.
[118]
Ver folios 23 a 31 del cuaderno principal del expediente, se
anexan certificados de pago de las incapacidades.
[119]
Ver folios 90 y 91 del cuaderno principal del expediente
[120]
Ver folio 45 del cuaderno principal del expediente consulta
especializada con neurología del 23 de diciembre de 2016 donde se recomienda
remisión a medicina laboral.
[121]
Ver folio 69 del cuaderno principal del expediente y 26 a 30
del cuaderno 2 del expediente.
[122]
Ver folio 56 del cuaderno 2 del expediente.
[123]
Ver folio 31 del cuaderno 2 del expediente
[124]
Sentencia T-305 de 2018.
[125]
Sentencias T-852/10, T-083/10, T-605/99 y
T-433/98.
[126]
Es preciso recordar que el Código Sustantivo del Trabajo exige en el parágrafo
del mismo artículo 62 -declarado exequible por la Corte en la sentencia
C-594/97-, que quien pretenda finalizar unilateralmente la relación de trabajo,
debe dar a conocer a la otra la causal o el motivo de su decisión. Causal que,
se repite, debe estar plenamente demostrada.  En consecuencia, no es posible
alegar con posterioridad, causales distintas a las invocadas.
[127]
Sentencia T 293 de 2017.