T-255-02
Sentencia T-
Sentencia T-255/02
JUEZ-Sometimiento
al imperio de la ley
VIA DE HECHO JUDICIAL-Clases de defectos en la actuación
TITULO VALOR A LA ORDEN-Definición
Los títulos valores a la orden son
aquellos expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la
cláusula “a la orden” o se exprese que son transferibles por endoso, o se diga
que son negociables, o se indique su denominación específica de título valor, y
se transfieren mediante el endoso y la entrega de los mismos.
TITULOS VALORES-No existió endoso/TITULOS VALORES-Cesión ordinaria/VIA DE
HECHO-Inexistencia
FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Demandante no es titular del derecho
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad/ACCION DE TUTELA-Improcedencia para definir
legalidad sobre objeción extemporánea en proceso concordatario
Por tener la
acción de tutela un carácter subsidiario, conforme a lo dispuesto en el Art. 86
de la Constitución Política, no es procedente definir a través de la misma la
legalidad de la decisión sobre una objeción extemporánea formulada en el
proceso concordatario por el accionante en tutela, aunque erradamente la
autoridad competente se haya pronunciado sobre ella, pues dicha acción no es un
medio para revivir oportunidades o términos que han precluido o  procesos o
actuaciones clausurados.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para revivir términos
Referencia: expediente T-549741
Acción de tutela
instaurada por Leonardo Aljure Dorronsoro contra la Intendencia Regional de
Cali de la Superintendencia de Sociedades
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá D. C., once (11) de abril de dos mil dos (2002).
La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
compuesta por los Magistrados JAIME ARAUJO RENTERIA, ALFREDO BELTRAN SIERRA Y
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos
proferidos por la Sala 6ª de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca  y la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, al resolver sobre la acción de tutela formulada por Leonardo Aljure
Dorronsoro contra la Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de
Sociedades.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
En escrito presentado por intermedio de
apoderado (Fls. 2-15 Cuad. 1), el señor Leonardo Aljure Dorronsoro solicita la
tutela del derecho al debido proceso, supuestamente vulnerado por la
Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, al proferir
las providencias señaladas con los números 620-410-1162 del 24 de Agosto de
2000 y 620-410-1927 del 20 de Noviembre del mismo año, por medio de las cuales
se inadmitió como acreedor al accionante y se admitió como acreedora a la
sociedad Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial, al
calificar y graduar los créditos dentro del proceso concordatario de la
sociedad Sensei Motor Ltda. En consecuencia, se pide que se modifique la
primera de dichas providencias, en el sentido de admitir al accionante como
acreedor quirografario, o sea, de la 5ª clase, e inadmitir como acreedora
también quirografaria a la primera sociedad.
El accionante fundamenta la solicitud  en los siguientes hechos:
El señor Simmaco Antonio Briceño concurrió oportunamente al proceso
concordatario de la sociedad Sensei Motor Ltda., en su condición de acreedor
quirografario, por un valor de $310.000.000 M/L.
El señor Briceño cedió sus créditos al accionante y la cesión  fue
debidamente notificada al representante legal de la sociedad  deudora.
La Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades
aceptó la cesión de los créditos y tuvo al accionante como cesionario de los
mismos, mediante auto 620-410-1019 del 4 de Agosto de 2000.
Mediante auto 620-410-1162 del 24 de Agosto del 2000, la citada
dependencia calificó y graduó los créditos presentados al proceso
concordatario, entre los cuales incluyó los mencionados, a favor del cedente
señor Simmaco Antonio Briceño y no a favor del accionante como cesionario.
El accionante interpuso recurso de reposición contra dicho auto, con
el fin de que se revocara en relación con el punto anotado, pero la Intendencia
Regional mantuvo su decisión, “con el argumento que mi mandante no acreditó
el pago del impuesto de timbre que ocasionó la cesión del crédito”.
Manifiesta que la referida decisión es ilegal, porque en virtud de
lo dispuesto en los Arts. 521 y 527 del Estatuto Tributario la circulación de
los cheques no está gravada con el impuesto de timbre, teniendo en cuenta que
el mismo se paga al adquirir la chequera.
Indica que la Intendencia Regional incurrió en vía de hecho, porque
la falta de pago del impuesto de timbre no invalida la cesión de los créditos,
si se tiene en cuenta que el Art. 540 del Estatuto Tributario, que fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1714
de Diciembre 12 de 2000, sólo establecía multa a cargo de los funcionarios que
admitían documentos gravados sin el pago del impuesto de timbre.
Por otra parte, la citada dependencia admitió en el auto de
calificación y graduación de créditos unos a favor de Financiera Mazdacrédito
S. A. Compañía de Financiamiento Comercial que no se presentaron dentro del
término previsto en el Art. 120 de la Ley 222 de 1995.
El término legal para que los acreedores se hicieran parte
personalmente o a través de apoderado venció el 17 de Diciembre de 1999.
El 16 de Diciembre de 1999 el Doctor Eduardo Cardozo Pérez, quien
dijo obrar como apoderado de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de
Financiamiento Comercial, solicitó el reconocimiento de los créditos a favor de
dicha sociedad, pero no presentó el poder, ni la prueba de la existencia y la
representación legal de la acreedora, ni la prueba sumaria de la existencia de
aquellos, conforme a lo exigido en la referida disposición legal.
La citada dependencia mediante Auto 620-410-440 de 16 de Marzo de
2000 negó el reconocimiento de personería al mencionado abogado, teniendo en
cuenta que “no aportó el respectivo poder y el certificado sobre existencia
y representación legal de la citada entidad financiera”. Sin embargo,
admitió el crédito mediante el Auto 620-410-1162 del 24 de Agosto de 2000, como
si se hubiera presentado oportunamente y se hubieran acompañado las pruebas
necesarias, generando de esta manera una desigualdad procesal.
El accionante había tomado la decisión de adquirir mediante cesión
los créditos a favor del señor Simmaco Antonio Briceño porque la Intendencia
Regional ya había resuelto no reconocer personería al abogado Eduardo Cardozo
Pérez, lo cual hacía posible el recaudo de los créditos objeto de la cesión,
teniendo en cuenta que los créditos a favor de Financiera Mazdacrédito Compañía
de Financiamiento Comercial tienen un monto, por capital, de $858.355.463 M/L,
equivalente al 60% de las obligaciones a cargo de la sociedad concordada, cuya
situación de iliquidez es total.
2. Contestación de la Intendencia Regional de Cali de la
Superintendencia de Sociedades
El Intendente Regional de Cali presentó escrito de contestación
(Fls. 131-142 Cuad. 1), con una documentación anexa, en el cual manifestó en
resumen lo siguiente:
i) En relación con la negativa de reconocimiento de la cesión de
créditos por parte del señor Simmaco Antonio Briceño al señor Leonardo Aljure
Dorronsoro:
No se ha violado el Art. 29 de la Constitución  Política, por cuanto
en la calificación y graduación de créditos (Auto 620-410-1162 de Agosto 24 de
2000) no se tuvo en cuenta la cesión por no haberse cancelado el impuesto de
timbre correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 540 del
Estatuto Tributario, entonces vigente, conforme al cual “ningún documento
deberá ser tenido como prueba mientras no se pague el impuesto de timbre”.
Por esta razón mantuvo su decisión al resolver el recurso de
reposición interpuesto, mediante el Auto 620-410-1927 del 20 de Noviembre de
2000.
En fecha posterior, mediante Sentencia C-1714 de 12 de Diciembre de
2000, la Corte Constitucional declaró inexequible el Art. 540 del Estatuto
Tributario y esta decisión sólo produce efectos hacia el futuro.
El Auto 620-410-1019 del 4 de Agosto de 2000, mediante el cual se
reconoció al señor Aljure Dorronsoro como cesionario no ha sido revocado, y
sólo se requiere que pague el impuesto de timbre. Por esta razón, en el Auto
620-410-1203 del 11 de Mayo de 2001 se requirió al señor Simmaco Antonio
Briceño para que acreditara el pago de dicho impuesto, conforme a lo dispuesto
en el Art. 543 del Estatuto Tributario que ordena a los funcionarios oficiales remitir
a la División de Fiscalización los documentos por los cuales no se ha cancelado
aquel.
Además, la Ley 633 de 2000 adiciona el Art. 518 del mismo estatuto y
señala que deberán responder como agentes de retención los jueces,
conciliadores, tribunales de arbitramento por los documentos sujetos a impuesto
que obren sin pago del gravamen en los respectivos procesos y conciliaciones
judiciales y extrajudiciales.
Indica que las leyes tributarias son de orden público y no se pueden
desconocer ni por los particulares ni por los funcionarios oficiales.
En cumplimiento de las mencionadas normas tributarias, dicha
dependencia informó a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales,
mediante el Oficio 620-003588 del 10 de Septiembre de 2001, sobre el requerimiento
formulado al señor Simmaco Antonio Briceño.
Concluye que se cumplió el debido proceso exigido por la
Constitución Política, en los términos de la Ley 222 de 1995.
ii) En relación con la admisión de los créditos a favor de
Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial:
Por tratarse de indebida representación, se configura la causal de
nulidad contemplada en el Art. 140, Num. 7º, del C.P.C., la cual es saneable
conforme a lo establecido en el Art. 144 del mismo código.
Con base en ello, la acreedora presentó los documentos que acreditan
la representación legal, con escrito radicado el 5 de Abril del año 2000, así
como el poder otorgado al doctor Luis Fernando Becerra, a quien la Intendencia
Regional reconoció personería mediante Auto 620-410-1060 del 9 de Agosto de
2000.
Expresa que “dado que al subsanarse este requisito legal no se
afecta la presentación del crédito en tiempo, no se puede considerar aportado
extemporáneamente”, por lo cual no prosperó la objeción formulada y se
admitió el mismo.
Así mismo manifiesta que la controversia sobre los créditos a favor
de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial fue
objeto de otra acción de tutela instaurada contra la Intendencia Regional por
la concordada Sensei Motor Ltda., con la intervención de la primera sociedad.
El proceso respectivo cursó en primera instancia en el Juzgado 9º Civil del
Circuito de Cali, que dictó sentencia el 26 de Febrero de 2001 y tuteló el
derecho al debido proceso ordenando a la Intendencia Regional que tuviera en
cuenta en el proceso concordatario solamente los créditos presentados en tiempo
y, en  consecuencia, no tuviera en cuenta los créditos a favor de Financiera
Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial.
Expresa que dicha decisión fue revocada por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Cali mediante sentencia proferida el 4 de Abril de 2001 y,
por tanto, dicho tema no puede ser objeto de otra discusión.
Concluye que se adelantó un debido proceso, de conformidad con la
Ley 222 de 1995 y la Constitución Política.
3. Intervención de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de
Financiamiento Comercial
Mediante Auto de 17 de Septiembre de 2001 (Fl. 146 Cuad. 1), el
magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó
notificar la admisión de la solicitud de tutela a la sociedad Financiera
Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial, por tener interés en
los resultados del proceso.
Dicha sociedad presentó escrito con unos anexos por intermedio de
apoderado (Fls. 149-173 Cuad. 1), en el cual manifestó en síntesis lo
siguiente:
Por haberse pronunciado la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali sobre la admisión de
los créditos a favor de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de
Financiamiento Comercial, en el proceso concordatario de Sensei Motor Ltda.,
mediante sentencia dictada el 4 de Abril de 2001, existe cosa juzgada.
Por petición de la sociedad
concordada, mediante Auto 620-410 proferido el 1º de Junio de 2001 en la
Audiencia Final de Deliberaciones Concordatarias, la Intendencia Regional
ordenó suspender el proceso concordatario con el fin de que aquella pueda
acogerse a la promoción de un acuerdo de reestructuración conforme a la Ley 550
de 1999 y, por tanto, no es procedente que el accionante solicite la
modificación del auto de calificación y graduación de créditos.
Sostiene que el derecho sustancial
prevalece sobre el procedimental, con fundamento en el principio de eficacia
consagrado en el Art. 3 del C.C.A. y el contenido de los Arts. 228 de la
Constitución Política y 4º del C.P.C.
Señala que en ese sentido debe tenerse en cuenta que Sensei Motor
Ltda. declaró la existencia de los créditos a favor de Financiera Mazdacrédito
S. A. Compañía de Financiamiento Comercial al solicitar la apertura del proceso
concordatario y que su contabilidad refleja la existencia de los mismos.
Afirma que la tutela es improcedente por existir otros medios de
defensa judicial, considerando que se ataca actos administrativos expedidos por
la Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, cuya
legalidad debe ser estudiada y resuelta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Expone que en el proceso concordatario de Sensei Motor Ltda. se
cumplió debidamente el procedimiento establecido en la Ley 222 de 1995 y que en
el presente caso no existe carencia total de poder porque la Intendencia
Regional reconoció posteriormente al apoderado de Financiera Mazdacrédito S. A.
Compañía de Financiamiento Comercial y el Art. 144 del C.P.C. dispone que dicha
nulidad puede sanearse; así mismo la ley procesal tiene un carácter
instrumental y debe interpretarse en función de la efectividad de los derechos
sustanciales. Agrega que si se desconoce el derecho sustancial se propicia un
enriquecimiento sin causa de la sociedad concordada.
4. Pruebas
Obran en el expediente las siguientes pruebas:
-    Original del poder
para presentar la solicitud de tutela y adelantar el proceso correspondiente
(Fl. 1 Cuad. 1)
-    Copia de los documentos de la actuación adelantada ante la
Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, aportada por
la misma dependencia con la contestación a la solicitud de tutela (Fls. 16-54
Cuad. 1).
-    Copia de los documentos relativos al proceso de tutela
instaurado por la sociedad Sensei Motor Ltda. contra la Intendencia Regional de
Cali de la Superintendencia de Sociedades, en relación con el mismo proceso
concordatario, aportada por dicha dependencia con la contestación a la
solicitud de la presente tutela (Fls. 55-130 Cuad. 1).
-    Copia de documentos de la actuación adelantada ante la
Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, remitida por
esta dependencia por orden del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
(Cuads. 2 y 3).
-    Original del poder otorgado por Financiera Mazdacrédito S. A.
Compañía de Financiamiento Comercial, copia del certificado de existencia y
representación legal de la misma, expedido por la Superintendencia Bancaria, y
del certificado de inscripción de documentos de dicha sociedad, expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá, aportados por el apoderado respectivo (Fls.
168-173 Cuad. 1)
-    Copia de la sentencia proferida el 4 de Abril de 2001 por la
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en
el proceso de tutela promovido por Sensei Motor Ltda. contra la Intendencia
Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, aportada por el
apoderado de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial
(Fls. 174-192 Cuad. 1).
-    Copia del acta correspondiente a la Audiencia Final de
Deliberaciones Concordatarias celebrada entre la sociedad Sensei Motor Ltda. y
sus acreedores, aportada por el apoderado de Financiera Mazdacrédito S. A.
Compañía de Financiamiento Comercial (Fls. 193-195 Cuad. 1).
-    Copia del Auto 620-410 dictado el 1º de Junio de 2001 por la
Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, por medio
del cual se ordenó suspender el proceso concordatario de Sensei Motor Ltda., y
del traslado de la solicitud correspondiente, aportada por el apoderado de
Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial (Fls.
199-200 Cuad. 1).
-    Copia de los Autos 620-410-1162 del 24 de Agosto de 2000 y
620-410-1927 del 20 de Noviembre del mismo año, expedidos por la Intendencia
Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, aportada por el
apoderado del accionante (Fls. 203-231 Cuad.1).
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia proferida el 27 de Septiembre de 2001 (Fls.
234-253 Cuad. 1), la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró improcedente la acción de tutela en relación con la
cesión de los créditos por parte del señor Simmaco Antonio Briceño a favor del
señor Leonardo Aljure Dorronsoro y la negó respecto de la admisión de los
créditos de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial,
con base, en resumen, en las siguientes consideraciones:
En relación con la cesión de los créditos, la Intendencia Regional
aplicó el Art. 540 del Estatuto Tributario, que se encontraba vigente cuando se
dictaron los Autos 620-410-1162 del 24 de Agosto de 2000, por el cual se
calificaron y graduaron los créditos, y 620-410-1927 del 20 de Noviembre del
mismo año, por el cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos
contra aquel. La sentencia C-1714 de 12 de Diciembre de 2000, en virtud de la
cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de dicha disposición,
sólo produce efectos hacia el futuro, a menos que dicha corporación hubiera
dispuesto el efecto retroactivo de la decisión, lo cual no ocurrió.
Sostiene que ello significa que cuando el actor demuestre que no es
deudor del impuesto de timbre puede pedir su reconocimiento como cesionario de
los créditos, en cualquier momento del trámite concordatario, porque no existe
norma legal que lo prohiba.
Por tanto, no se ha violado derecho fundamental alguno y la tutela
no es procedente.
Respecto de la admisión de los créditos a favor de Financiera
Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial, expresa que existe
cosa juzgada y por tanto el Tribunal no tiene competencia para adoptar una
nueva decisión, por haber proferido la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali sentencia sobre este punto, el 4 de Abril de 2001, en
el proceso de tutela instaurado por Sensei Motor Ltda. contra la Intendencia
Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, con intervención de la
primera sociedad, en el sentido de revocar la sentencia de primera instancia
que había concedido la tutela del derecho al debido proceso.
Afirma que existe una discrepancia en torno de la interpretación de
normas jurídicas y que con la acción se busca proteger derechos patrimoniales
amparados por la ley y que no son fundamentales, por lo cual debe desestimarse
la solicitud de tutela.
Impugnación
En escrito presentado el 23 de Noviembre de 2001 a través de
apoderado (Fls. 270-274 Cuad. 1), el solicitante impugnó la anterior decisión
con base en las siguientes razones:
En relación con la cesión de los créditos, el impuesto de timbre de
los cheques se paga al adquirirse el talonario; por tanto, se exigió al
cesionario un requisito que la ley no establece. Lo expuesto por el Tribunal
implica que cada vez que se endose un cheque deba pagarse el impuesto de
timbre.
Asevera que el Art. 540 del Estatuto Tributario no establecía que
los documentos por los cuales no se hubiera pagado el impuesto de timbre no
tenían valor, ni que no podían ser admitidos en el proceso, pues dicha norma
sólo imponía una multa al funcionario que  admitiera un documento gravado sin
que se hubiera efectuado el pago.
Agrega que se violó también el derecho a la igualdad del
peticionario, además del debido proceso.
Respecto de la admisión de los créditos a favor de Financiera
Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial, afirma que la
solicitud de tutela no se funda en aspectos formales, sino sustanciales, por
tratarse de requisitos para el reconocimiento de  derechos de este último
carácter en el proceso concordatario.
Expone que no existe cosa juzgada, porque el señor Leonardo Aljure
Dorronsoro no fue citado para que interviniera como parte en el proceso de
tutela instaurado por Sensei Motor Ltda. contra la Intendencia Regional de Cali
de la Superintendencia de Sociedades.
Insiste en que se violaron los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
Sentencia de segunda instancia
En virtud de sentencia dictada el 6 de Diciembre de 2001 (Fls.
275-323 Cuad. 1), la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado resolvió revocar la sentencia expedida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar:
·   Ordenar a la Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de
Sociedades que declare la nulidad parcial del Auto 620-410-1162 del 24 de
Agosto de 2000, en cuanto se consideraron presentados oportunamente el crédito a
favor de la sociedad Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento
Comercial y se resolvió tenerlo por reconocido y admitido, como crédito de 5ª
clase, por un valor de 858.355.463. El  crédito mencionado debe ser excluido de
la relación de créditos calificados y graduados.
·   Ordenar a la misma dependencia que declare la nulidad de la
actuación adelantada dentro del citado proceso concordatario con posterioridad
al Auto 620-410-1162 del 24 de Agosto de 2000, en cuanto dependa de la
calificación y graduación del crédito a favor de la sociedad Financiera
Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial efectuadas en el mismo.
·   Denegar las demás pretensiones formuladas.
Dicha corporación fundó la decisión en las siguientes razones, en síntesis:
i) En relación con la cesión de los créditos por parte del señor
Simmaco Antonio Briceño al señor Leonardo Aljure Dorronsoro:
La Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades
no incurrió en vía de hecho al no reconocer al cesionario, pues el Art. 530,
Num. 9º, del Estatuto Tributario, que establece una exención para el endoso, no
es aplicable en el presente caso, por tratarse de una cesión ordinaria. Además,
en el evento de que fuera un endoso produciría los efectos de aquella, conforme
a lo dispuesto en el Art. 660 del C. Co., por haberse vencido los cheques
objeto del mismo.
Por su cuantía el documento estaba sujeto al pago del impuesto de
timbre, conforme a lo previsto en el Decreto 2587 de 1999, que fijó la misma en
$53.500.000 para el año 2000. La ausencia de las otras dos condiciones,
señaladas en el Art. 519 del Estatuto Tributario y que son la calidad de
comerciante de la persona natural y unos ingresos brutos o un patrimonio bruto
superiores a una suma allí determinada, debía ser demostrada por el acreedor,
en virtud de lo establecido en el Art. 788 del mismo estatuto.
Como el acreedor no cumplió dicha carga, la Intendencia Regional
aplicó el Art. 540 del citado estatuto, en virtud del cual ningún documento o
actuación sujeto al impuesto de timbre podía ser admitido por funcionarios
judiciales, ni  tenido como prueba, mientras no se pagaran el impuesto, las
sanciones y los intereses. Dicha norma se encontraba vigente en la fecha de expedición
del auto de calificación y graduación de créditos, y la declaración posterior
de su inconstitucionalidad, mediante la Sentencia C- 1714 proferida por la
Corte Constitucional el 12 de Diciembre de 2000, sólo produce efectos hacia el
futuro.
Así mismo, la admisión de los créditos en el proceso concordatario
sólo se produce en virtud del auto de calificación y graduación de los mismos,
y no antes. Por tanto, la aceptación de la cesión contenida en el Auto
620-410-1019 de 4 de Agosto de 2000 no produce ese efecto.
ii) Respecto de la admisión de los créditos a favor de Financiera
Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial:
Considera que no existe cosa juzgada, pues “si bien concurren dos
de los requisitos que permiten su configuración, esto es, la identidad de causa
y de objeto en los dos procesos de tutela, no hay identidad de partes, teniendo
en cuenta que el señor Leonardo Aljure Dorronsoro, quien tiene la calidad de
solicitante en el proceso objeto de esta decisión, no intervino en aquel promovido
por la sociedad Sensei Motor Ltda., adelantado, en primera instancia, por el
Juzgado 9º Civil del Circuito de Cali, y en segunda por el Tribunal Superior
del mismo distrito judicial”. (Fl. 290, Cuad. 1)
Manifiesta que los créditos a favor de Financiera Mazdacrédito S. A.
Compañía de Financiamiento Comercial debieron ser considerados extemporáneos y
por tanto no debieron ser calificados ni graduados, por lo cual la Intendencia
Regional incurrió en un grave yerro.
Asevera que el Art. 140 del C. P. C., que consagra las causales de
nulidad en los procesos civiles, no es aplicable en este caso, por existir
disposiciones especiales para el proceso concordatario. Además, si fuera
aplicable, la causal de indebida representación sería alegable no solamente por
la acreedora Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial
sino  también por la sociedad concordada Sensei Motor Ltda. como persona
afectada, según el Art. 143 del C.P.C., y en consecuencia no sería saneable por
la sola voluntad de la primera sociedad, con fundamento en lo previsto en el
Art. 144 del mismo código que dispone que la nulidad se sanea cuando la parte
que podía alegarla no lo hizo oportunamente, pues la última sociedad objetó
tales créditos.
Sobre la alegación en el sentido de que la declaración de los
créditos a favor de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento
Comercial en uno de los anexos de la solicitud de apertura del proceso
concordatario, exigidos por el Art. 97 de la Ley 222 de 1995, por parte de la
deudora Sensei Motor Ltda., y su figuración en la contabilidad de esta misma
sociedad  constituyen  reconocimiento y hacen innecesaria la presentación de
aquellos por parte de la acreedora, manifiesta que conforme al Art. 120 de
dicha ley, todos los acreedores, sin excepciones, deben hacerse parte en el
término allí indicado y que si no lo hacen, sus créditos serán considerados
extemporáneos, en virtud de lo dispuesto en el Art. 124 ibídem. Añade que la
única limitación que se impone al deudor es la de que no puede formular
objeciones en relación con los créditos que ha reconocido, según el Art. 125 de
la ley.
Expresa que por otra parte el proceso ejecutivo que con base en los
mencionados créditos adelantaba Financiera Mazdacrédito S. A. contra Sensei
Motor Ltda. y otras personas en el Juzgado 2o Civil del Circuito de Cali no fue
incorporado al proceso concordatario, conforme a lo contemplado en el Art. 99,
inciso 6º, de la Ley 222 de 1995, porque la ejecutante manifestó ante dicho
juzgado en la oportunidad legal que no prescindía de la actuación contra los
otros deudores y, en consecuencia, en virtud de lo preceptuado en el Art. 100,
inciso 3º, de la misma ley, debía hacerse parte en el proceso concordatario al
igual que los demás acreedores.
También expone que no es aceptable el argumento de la prevalencia
del derecho sustancial sobre los procedimientos, porque dicho principio
constitucional no implica la ineficacia de las normas de procedimiento, que
permiten concretar el derecho de acceso a la administración de justicia y
contienen la plenitud de las formas propias de cada juicio que consagra el Art.
29 de la Constitución Política como elemento esencial del debido proceso.
Concluye que la decisión adoptada por la Intendencia Regional
adolece de defectos sustantivos y procedimentales, es totalmente carente de
razonabilidad y contraria a la Constitución Política y configura, por
consiguiente, vía de hecho.
Finalmente, acerca de la alegación de Financiera Mazdacrédito S. A.
Compañía de Financiamiento Comercial en el sentido de que no es procedente la
modificación del auto de calificación y graduación de créditos, por haber
suspendido la Intendencia Regional el proceso concordatario, con fundamento en
petición de la sociedad deudora  y conforme a lo dispuesto en la Ley 550 de
1999, señala que no está demostrada en dicho proceso la ausencia de oposición
por parte de los acreedores externos, prevista en el Art. 65 de tal ley como
requisito para ordenar la terminación del mismo y la iniciación de la negociación
de un acuerdo de reestructuración y, por tanto, no puede considerarse que ese
proceso  ha cesado, para los efectos del Art. 26 del Decreto 2591 de 1991.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia
De conformidad
con lo establecido en los artículos 86, inciso 2°, y 241-9 de la Constitución
Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar la decisión judicial
mencionada y proferir la sentencia correspondiente.
2. Vía de hecho judicial
Conforme a lo dispuesto en el Art. 228 de la Constitución Política,
las decisiones de los administradores de justicia son independientes. Esta es
una de las características principales del Estado de Derecho. En armonía con
ella el Art. 230 superior establece que “los jueces, en sus providencias,
sólo están sometidos al imperio de la ley”. Como consecuencia, aquellos
deben motivar sus providencias, salvo las de sustanciación o trámite, con los
fundamentos jurídicos correspondientes y, así mismo, sólo los jueces
competentes para resolver los recursos legales pueden modificarlas.
En virtud de la jurisprudencia constitucional, este postulado tiene
una excepción notable cuando se presenta la denominada vía de hecho judicial. A
este respecto, la Corte ha expresado:
“La Corte ha
considerado que una providencia judicial constituye una vía de hecho cuando (1)
presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en
una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante
defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en
que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce
cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto
de que se trate; y, (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir,
cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para
dar trámite a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce
cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad,
actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento
jurídico.
“La Sala no duda
en reiterar que la intervención del juez de tutela en una sentencia judicial,
calificándola como una vía de hecho, sólo puede producirse en aquellos casos en
que el vicio alegado sea constatable a simple vista. Adicionalmente, el defecto
cuya remoción se persigue por vía de la acción de tutela debe conllevar, en
forma inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo
cual determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el
campo de los anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser atacadas
mediante la acción de tutela”.[1]
Esta doctrina es aplicable a los procesos concursales que adelante
la Superintendencia de Sociedades, en los que esta entidad ejerce funciones
judiciales, de conformidad con lo previsto en el Art. 90 de la Ley 222 de 1995,
en virtud del cual “la Superintendencia de Sociedades asume la función
jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116 inciso 3º de
la Constitución Política (...)”.
A este respecto la Corte ha
señalado:
“(...) en la
medida en que se trata de decisiones jurisdiccionales, las decisiones adoptadas
por la Superintendencia de Sociedades en los trámites concordatarios deben
estar sometidas al imperio de la ley (art. 230 C.P.). En este sentido, a los
actos mencionados se les aplica la doctrina constitucional de la vía de hecho,
cuando ocurra que la decisión adoptada durante el procedimiento desborde de
manera ostensible el cauce de la juridicidad y se convierta no ya en una
decisión reglamentaria, sino en una medida arbitraria, fruto del capricho del
funcionario, o de su total ignorancia acerca de las normas que regulan el
asunto sometido a su consideración. La tutela, como en el caso de los fallos
judiciales, se erige entonces como medio eficaz para contrarrestar los efectos
nocivos de la decisión, siempre y cuando se cumplan los requisitos que sobre el
particular ha esbozado la jurisprudencia constitucional (...)” [2]
3. El caso concreto
3.1. En relación
con la cesión de los créditos por parte de Simmaco Antonio Briceño a Leonardo
Aljure Dorronsoro:
i) Los créditos
materia de estudio consisten en 5 cheques que suman $310.000.000 M/L por
concepto de capital, girados a favor del señor Simmaco Antonio Briceño por la
concordada Sensei Motor Ltda. (Fls. 31-32 Cuad. 2), para cuyo recaudo se
instauró proceso ejecutivo singular en el Juzgado 6º Civil del Circuito de
Cali.
Dicho proceso
ejecutivo fue incorporado al proceso concordatario, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 99 de la Ley 222 de 1995, en virtud del auto 620-410-202
de 25 de Enero de 2000 dictado por la Intendencia Regional de Cali de la
Superintendencia de Sociedades (Fl. 21 Cuad. 2).
Mediante escrito
radicado en dicha dependencia el 13 de Julio de 2000 (Fl. 19-23 Cuad. 3), el
señor Simmaco Antonio Briceño manifiesta que “cedo, endoso y transpaso la
totalidad de los derechos que me puedan corresponder en el mencionado
concordato a favor del señor Leonardo Aljure Dorronsoro”.
Con base en
dicha manifestación, la Superindencia Regional, mediante Auto 620-410-1019 de 4
de Agosto de 2000 (Fls. 17 Cuad. 1 y 18 Cuad. 3) dispuso que se tiene al señor
Leonardo Aljure Dorronsoro como cesionario del crédito presentado por el señor
Simmaco Antonio Briceño dentro del concordato de la sociedad Sensei Motor Ltda.
Posteriormente,
en el Auto  620-410-1162 del 24 de Agosto de 2000, en virtud del cual se
resolvieron las objeciones presentadas y se calificaron y graduaron los
créditos (Fls. 18-30 Cuad. 1 y 31-43 Cuad. 3), la Intendencia regional  admitió
dicho crédito dentro de la 5ª clase a nombre del señor Simmaco Antonio Briceño,
y no a nombre del señor Leonardo Aljure Dorronsoro.
El señor
Leonardo Aljure Dorronsoro presentó solicitud de aclaración o corrección (Fl.
67 Cuad. 3) que fue resuelta mediante el Auto 620-410-1927 de 20 de noviembre
de 2000 (Fls. 32-47 Cuad. 1 y 77-92 Cuad. 3), en el cual se mantuvo la
decisión, aduciendo que  no se ha acreditado el pago del impuesto de timbre
conforme a lo dispuesto en el Art. 519 del Estatuto Tributario.
ii) De conformidad con lo dispuesto en el Art. 519 del Estatuto Tributario,
modificado por el Art. 35 de la Ley 383 de 1997, inciso 1º, :
"El
impuesto de timbre nacional, se causará a la tarifa del uno por ciento (1%)
(hoy1.5%) sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los
títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera
del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones
en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia,
modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión,
cuya cuantía sea superior a diez millones de pesos ($10.000.000), (valor año
base 1992), en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una
entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga
la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos
ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a ciento sesenta y ocho millones
ochocientos mil pesos ($ 168.800.000), (valor año base 1992)."
Las cuantías señaladas en esta disposición
fueron modificadas mediante el Decreto Reglamentario 2587 de 1999, que
estableció en
$53.500.000 M/L la cuantía del
documento y en $853.800.000 M/L la cuantía de los ingresos brutos o el
patrimonio bruto.
Por su parte, el
Art. 530, Num. 9, del mismo estatuto, modificado por el Art. 27 de la Ley 223
de 1995, establece que está exento del impuesto de timbre  el endoso de títulos
valores.
Así mismo, el
Art. 540 de tal estatuto, modificado por el art. 43 de la Ley 6ª de 1992 y
declarado inexequible mediante la Sentencia C-1714 de 12 de Diciembre de 2000
proferida por la Corte Constitucional, consagraba que “ningún documento o
actuación sujeto al impuesto de timbre podrá ser admitido por funcionarios
oficiales ni tenido como prueba mientras no se pague el impuesto, las sanciones
y los intereses de acuerdo con el artículo 535”.
La mencionada
declaración de inexequibilidad sólo produce efectos hacia el futuro, conforme a
lo previsto en el Art. 45 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, por no haber señalado la Corte Constitucional un
efecto distinto.
iii) Según la
ley de su circulación, los títulos valores se clasifican en nominativos, a la
orden y al portador.
Los títulos
valores a la orden son aquellos expedidos a favor de determinada persona en los
cuales se agregue la cláusula “a la orden” o se exprese que son
transferibles por endoso, o se diga que son negociables, o se indique su
denominación específica de título valor, y se transfieren mediante el endoso y
la entrega de los mismos, conforme a lo contemplado en el art. 651 del C. Co.
Para tal efecto
el Art. 654 del mismo código dispone que “la falta de firma hará el endoso
inexistente”
En el presente
caso no obra en el expediente prueba de que se haya efectuado endoso de los
cheques por parte del señor Simmaco Antonio Briceño, mediante la firma de
aquellos por parte de  éste, al señor Leonardo Aljure Dorronsoro y, por el
contrario, obra la prueba de que se efectuó una cesión ordinaria que, además,
se notificó al Representante Legal de la sociedad deudora, conforme a lo
dispuesto en el Art. 1960 del C. C. (Fl.  23 Cuad. 3)
Adicionalmente,
se trata de cheques exigibles que, por no haber sido pagados, se adjuntaron a
demanda ejecutiva con la finalidad de obtener su cancelación, por lo que, si se
hubiera efectuado endoso, sería aplicable el Art. 660 del C. Co., en virtud del
cual “el endoso posterior al vencimiento del título produce los efectos de
una cesión”.
Dicha cesión
puede estar gravada con el impuesto de timbre, por razón de su cuantía, y si no
se reúnen las otras condiciones contempladas en el transcrito Art. 519 del
Estatuto Tributario, la persona interesada tiene la carga de acudir a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN con el fin de que la
autoridad competente establezca si es aplicable o no el gravamen y, en caso
negativo, coloque la constancia en el documento para los efectos legales
correspondientes.
Como el señor
Leonardo Aljure Dorronsoro, en su condición de cesionario de los mencionados
créditos, no cumplió la referida carga, se hizo merecedor de las consecuencias
legales adversas que aplicó la Intendencia Regional, como era su deber hacerlo.
En consecuencia,
dicha autoridad no violó el ordenamiento jurídico, y menos aún en forma abierta
o abultada, y, por el contrario, dio cumplimiento al mismo, lo cual significa
que por este aspecto no se configura vía de hecho y no puede prosperar la
solicitud de tutela.
3.2. Respecto de la admisión de los
créditos a favor de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento
Comercial:
i) En primer lugar, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo
establecido en el Art. 10 del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante (...)”.
Con base en las consideraciones
expuestas en el Num. 3.1 anterior, el señor Leonardo Aljure Dorronsoro no fue
reconocido, con fundamentos jurídicos claros y suficientes, por la Intendencia
Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, como cesionario de los
créditos cedidos por el señor Simmaco Antonio Briceño en el proceso
concordatario de la sociedad Sensei Motor Ltda.
Ello significa que, en virtud de
providencia ejecutoriada, dicha persona no fue admitida como parte, en la
condición de acreedor, en el mencionado proceso concordatario y, por tanto, a
partir de dicho momento tuvo el carácter de una persona ajena al mismo.
Por consiguiente, una vez definida en el
presente trámite de revisión del fallo de tutela la  situación jurídica del
señor Aljure en relación con la citada cesión, se deduce lógicamente que el
mismo no tiene legitimación para ejercitar acción de tutela por violación del
derecho fundamental al debido proceso respecto de la admisión de los créditos
de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial, por no
ser titular de dicho derecho y, por ende, no existir la posibilidad de que le
fuera vulnerado o amenazado.
Esta razón es suficiente para negar la
tutela solicitada. No obstante, a continuación se hará el examen de la
situación planteada, con el fin de ampliar las razones de la decisión que se
adopte.
ii) Los créditos que se examinan
consisten en 2 pagarés que suman $858.355.463 M/L por concepto de capital (Fls.
6-13 Cuad. 2), para cuyo recaudo se entabló proceso ejecutivo en el Juzgado 2º
Civil del Circuito de Cali contra la concordada Sensei Motor Ltda., Luis
Eduardo González Zúñiga, Bertha Lucía del Socorro González Zúñiga, Eduardo
González y Cia. S. en C. y Arsico Ltda., según la certificación expedida por el
mismo Juzgado (Fl. 15 Cuad. 2).
Para el evento
de procesos ejecutivos contra el concordado y otras personas, el Art. 100 de la
Ley 222 de 1995 contempla que “si el demandante no prescindiere de la
actuación contra los otros deudores, deberá hacerse parte al igual que los
demás acreedores, indicando el estado actual del proceso y las circunstancias a
que hubiere lugar, para lo cual deberá acompañar la certificación de la
existencia y estado del proceso, así como copia de los títulos base de la
ejecución. No obstante, cuando el solicitante no hubiere obtenido dichos
documentos, así lo manifestará bajo la gravedad de juramento, en cuyo caso, la
Superintendencia de Sociedades oficiará al juez respectivo para que los expida
y remita. Los procesos ejecutivos en cuestión, continuarán respecto de los
otros deudores”.
En el presente
caso Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial
manifestó al Juzgado que no prescindía de la actuación contra los otros
deudores (Fl. 14 Cuad.2). En consecuencia, tenía la carga de hacerse parte en
el proceso concordatario al igual que los demás acreedores.
Conforme a lo
previsto en el Art. 120 de la Ley 222 de 1995, los acreedores deberán hacerse
parte personalmente o por medio de apoderado presentando prueba siquiera
sumaria de la existencia de su crédito, a partir de la providencia de admisión
o convocatoria y hasta el vigésimo día siguiente al vencimiento del término de
fijación del edicto. Este término vencía el 17 de Diciembre de 2000, según
consta en el auto de calificación y graduación de créditos (Fls. 18-30 Cuad. 1
y 31-43 Cuad. 3).
El 16 de Diciembre
de 2000 el Doctor Carlos Eduardo Cardozo Pérez, diciendo obrar en su condición
de apoderado de Financiera Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento
Comercial, formuló a la Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de
Sociedades solicitud de admisión de los mencionados créditos, en el concordato
de la deudora Sensei Motor Ltda. (Fls. 6-15 Cuad. 2).
A su solicitud
acompañó:
·   Copia
simple de los 2 pagarés
·   Certificación
expedida por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Cali sobre la existencia del
proceso ejecutivo contra Sensei Motor Ltda. y Otros.
·   Copia
de la solicitud de continuación del citado proceso ejecutivo contra los
deudores distintos de la sociedad concordada.
A dicha
solicitud no adjuntó el apoderado el texto del poder otorgado por Financiera
Mazdacrédito S. A. Compañía de Financiamiento Comercial, ni el certificado
sobre existencia y representación legal de esta sociedad.
Según el
contenido del auto de calificación y graduación de créditos , en cumplimiento
de lo dispuesto en el Art. 125 de la Ley 222 de 1995, la Intendencia Regional
dio traslado de los mismos, para que la deudora o los acreedores pudieran
objetarlos, el cual se surtió entre los días 9 y 15 de Junio de 2000.
Dentro del
término correspondiente, el día 14 de Junio de 2000, la sociedad concordada
formuló objeciones a varios créditos, entre ellos los créditos a favor de
Financiera Mazda S. A. Compañía de Financiamiento Comercial, aduciendo que la
solicitud de admisión no se presentó en forma legal, por no haber presentado el
abogado el poder correspondiente ni la prueba sobre la existencia y la
representación legal de dicha sociedad, por lo cual la misma es extemporánea.
Dichas
objeciones fueron las únicas formuladas en el proceso concordatario, o sea que
ninguno de los acreedores las formuló.
Al resolver la
objeción relativa a los mencionados créditos la Intendencia Regional consideró
que la causal de nulidad consagrada en el Num. 7º del Art. 140 del C. P. C.,
consistente en la indebida representación de las partes, es saneable conforme a
lo dispuesto en el Art. 144 del mismo código y que la acreedora la saneó al
presentar el 5 de Abril de 2000 los documentos que acreditan su existencia y
representación legal, así como el poder otorgado a un abogado. Por ello,
mediante Auto 620-410-649 del 12 de Mayo de 2000 se reconoció personería al
abogado y por haberse subsanado los defectos no se afecta la presentación en
tiempo de los créditos, es decir, no se pueden considerar presentados
extemporáneamente.
Contra esta
decisión interpusieron oportunamente recurso de reposición la sociedad
concordada y el señor Leonardo Aljure Dorronsoro. La primera insiste en las
razones expresadas al formular las objeciones. El segundo manifiesta (Fl. 66
Cuad. 3):
“(...)
la citada entidad acreedora no concurrió en debida forma dentro del término del
emplazamiento, por consiguiente su crédito tiene el carácter de extemporáneo.
“Por
lo anterior considero que su providencia va en detrimento de los demás
acreedores que concurrieron en forma oportuna y cumpliendo las exigencias y
ritualidades señaladas en la Ley 222 de 1995, creando además una desigualdad
jurídica que rompe el equilibrio establecido en la ley.
“En
consecuencia su decisión debe ser revocada y en su lugar debe disponerse el
rechazo del crédito presentado por la sociedad Financiera Mazdacrédito S. A.”
La Intendencia
Regional resolvió estos recursos mediante el Auto 620-410-1927 de 20 de
Noviembre de 2000 (Fls. 32-47 Cuad. 1 y 77-92 Cuad. 3), en el cual reiteró las
razones expresadas en el auto recurrido y mantuvo la decisión.
Se observa que
el contenido del recurso de reposición interpuesto por  el señor Leonardo
Aljure Dorronsoro, accionante en tutela, es materialmente una objeción, es
decir, una impugnación de los créditos a favor de Financiera Mazdacrédito S. A.
Compañía de Financiamiento Comercial, que ni él mismo, en la condición de
cesionario de otros créditos a cargo de la sociedad concordada, ni el cedente
de ellos formularon en la oportunidad legal, por lo cual no era procedente que
la Intendencia Regional asumiera su estudio y decisión, con mayor razón si la
objeción planteada por la sociedad concursada contra dichos créditos se fundaba
en las mismas motivaciones.
Por
consiguiente, por tener la acción de tutela un carácter subsidiario, conforme a
lo dispuesto en el Art. 86 de la Constitución Política, no es procedente
definir a través de la misma la legalidad de la decisión sobre una objeción
extemporánea formulada en el proceso concordatario por el accionante en tutela,
aunque erradamente la autoridad competente se haya pronunciado sobre ella, pues
dicha acción no es un medio para revivir oportunidades o términos que han
precluido o  procesos o actuaciones clausurados.
Sobre este tema
la Corte Constitucional ha expresado su criterio en numerosas ocasiones, en una
de las cuales expuso:
“En relación con
este punto, la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha sido
clara en enfatizar que la acción de tutela no es un mecanismo que pueda
utilizarse para revivir términos procesales vencidos o subsanar errores en que
haya podido incurrir el litigante durante sus contiendas jurídicas. Por tratarse
de una vía subsidiaria de defensa, procedente sólo en ausencia de otros medios
judiciales, la tutela no puede incoarse para reemplazar los mecanismos
jurídicos existentes que se han dejado de usar por desidia o indiferencia de
quien los tenía a mano.
“Al respecto ha
dicho esta Corporación:
"La acción
de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás
medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros
recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no
abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el
juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que
iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar
por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la
de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones." (Sentencia
T-262/98 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)
“Y en otra
oportunidad agregó:
"Esta
Corporación ha señalado que la acción de tutela como mecanismo subsidiario no
puede entrar a ser sustituto ni herramienta procesal extraordinaria y
adicional, dentro de los diferentes procesos judiciales, cuando dentro de
estos, las oportunidades para interponer los recursos ya fenecieron, o porque
dichos recursos no fueron utilizados en debida forma. Es necesario dejar en
claro que, la acción de tutela no fue instituída tampoco, como tercera
instancia o herramienta para modificar decisiones judiciales que hayan hecho
tránsito a cosa juzgada. De esta manera, se pretende, no solo el respeto por
las decisiones judiciales proferidas en desarrollo de procesos agotados en su
totalidad, y que dentro de los cuales se establecieron recursos ordinarios,
extraordinarios y otros mecanismos para que las partes involucradas pudiesen
controvertir las diferentes actuaciones y proteger sus derechos, sino que se
busca mantener en firme el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica
que generan los fallos judiciales." (Sentencia 272/97 M.P. Dr. Carlos
Gaviria Díaz)”. [3]
Por lo anterior,
se revocará la sentencia proferida por la Sección 3a de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y en su lugar se confirmará la
dictada por la Sala 6ª de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, aunque en parte por otras razones.
IV.         DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de Diciembre de
2001 por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado.
Segundo: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de Septiembre
de 2001 por la Sala 6a de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
Tercero: Por Secretaría General, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Ponente
ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Sentencia T-567/98. M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
[2]
Sentencia T-494/99. M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
[3]
Sentencia T-557/99. M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa