T-463-92
Sentencia No
Sentencia No. T-463/92
ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA
JURIDICA/REPRESENTACION LEGAL/DOCTRINA CONSTITUCIONAL
El artículo 86 de la CP, no está excluyendo
a las personas jurídicas para intentar la acción de tutela, pues el precepto no
introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el
enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar
el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico
colombiano para que una de las especiales de ese género esté conformada
precisamente por las personas jurídicas. Sin embargo, para el ejercicio de la
acción de tutela, cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es
necesario acreditar la personería correspondiente y su representación.Esta
Corporación sistemáticamente ha prohijado una doctrina contraria a la sostenida
por el juez de primera instancia, por lo cual rectificará la parte motiva de la
providencia revisada, advirtiendo a los distintos jueces y tribunales de tutela
sobre el valor de doctrina constitucional predicable de las tesis consagradas
por esta Corporación en sus sentencias.
ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA
PUBLICA/PERSONA JURIDICA EXTRANJERA
En principio, la acción de tutela no puede
ser ejercida por personas jurídicas de derecho público, en la medida en que
éstas desempeñan funciones públicas. El ejercicio de funciones públicas por
parte de esta clase de personas jurídicas, por regla general, no se realiza
como consecuencia del ejercicio de libertades originarias, independientes, sino
con base en competencias determinadas por la Constitución y la ley, de carácter
limitado y reglado. El tratamiento jurídico de las relaciones de derecho
público y la resolución de los conflictos que de ellas surgen no son objeto de
los derechos fundamentales por ausencia de una relación directa con la persona
humana. Sin embargo, lo anterior no significa que las personas jurídicas de
derecho público no puedan, excepcionalmente, ser titulares de derechos
fundamentales. Para establecer estos casos, es preciso indagar si la naturaleza
jurídica pública de la entidad no la coloca en una situación jurídica o fáctica
que sea contraria al ejercicio de este derecho por parte de una persona
jurídica. A las personas jurídicas extranjeras, se aplica igualmente la regla
general que rige sobre la titularidad de derechos fundamentales y la
legitimación para interponer la acción de tutela enunciada respecto de las
personas jurídicas en general. Adicionalmente, en este caso, se aplican las
normas constitucionales   que, por razones de orden público, facultan al
legislador para  subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de
determinados derechos civiles a los extranjeros.
DERECHO A LA
PROPIEDAD-Reconocimiento
Cuando la adquisición o el reconocimiento
de un derecho depende de la decisión o resolución favorable de una autoridad
administrativa, sólo se configura el derecho de propiedad o la titularidad
respectiva una vez se expida dicho acto y finiquite así positivamente la
actuación administrativa. Mientras ello no ocurra y también en el evento de que
la decisión sea negativa o adversa al interesado, el sustento de una eventual
impugnación no podrá apoyarse en el derecho de propiedad sino en el
desconocimiento de otros derechos, principalmente - y sin pretender reducir los
vicios de una actuación administrativa a este sólo concepto - en el derecho al
debido proceso, aplicable por mandato constitucional a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
PRESUNCION DE
INOCENCIA
La presunción de inocencia se refiere a la
responsabilidad penal o administrativa del sujeto, la cual debe ser plenamente
acreditada al término de un procedimiento legal debidamente surtido antes de
sancionar a la persona sindicada o comprometida en una infracción
administrativa. Esta garantía fundamental se circunscribe al derecho penal y al
derecho administrativo sancionatorio, sin que pueda extenderse por su propia
naturaleza de garantía subjetiva a otro tipo de actuaciones administrativas.
DEBIDO PROCESO
El derecho al debido proceso es de
obligatoria aplicación a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. El trámite de reconocimientos, entrega de subsidios o
devoluciones no está exento de la observancia del debido proceso. Expresión
manifiesta de ello es la existencia de diversos recursos legales - reposición y
apelación - dentro de la vía gubernativa que permite ser oído y controvertir
las decisiones de la administración cuando ellas son adversas a los intereses
del solicitante. El margen de apreciación necesaria para el desempeño de las
funciones públicas tiene como límite interno la igualdad de trato y de
oportunidades. El derecho al debido proceso garantiza la igualdad ante la ley
al exigir de la autoridad un mismo tratamiento frente a todas las personas, sin
favoritismos ni discriminaciones.
ACCION DE
TUTELA/AUTORIDAD PUBLICA-Concepto/BANCO
DE LA REPUBLICA
El Banco de la República, persona jurídica
de derecho público, en ejercicio de la función pública de fomento a las
exportaciones mediante la expedición y entrega de los Certificados de Reembolso
Tributario, es "autoridad pública" para los efectos del ejercicio de
la acción de tutela, por lo cual sus acciones u omisiones están sujetas al
control jurisdiccional cuando con ellas vulnera o amenaza los derechos
fundamentales.
SENTENCIA
JULIO 16  DE 1992
REF: Expediente
T- 1300
Actor:  MAURO
CHACON TORRES
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José
Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de tutela T-1300 adelantado por el señor
MAURO CHACON TORRES en representación de la sociedad CHACON DELGADO  LTDA.
contra  omisiones del Banco de la República.
A N T E C E
D E N T E S
1. El señor MAURO CHACON TORRES, obrando en
su condición de representante legal de la sociedad CHACON DELGADO LTDA.,
interpuso acción de tutela contra el Banco de la República por considerar
vulnerados los derechos consagrados en el artículo 29 inciso 4 y 58 inciso 1 de
la Constitución. La omisión de la entidad pública consistió, según la demanda,
en la negativa a expedir y entregarle los Certificados de Reembolso Tributario
por concepto de las exportaciones a la República de Panamá - zona libre de
Colón -, de prendas femeninas (vestidos de baño), las cuales corresponden a los
registros 017015 del 14-07-88, 017016 del 14-07-88, 019317 del 11-08-88, 019711
del 17-08-88, 026551 del 27-10-88 y 029532 del 24-11-88.
2. En concepto del accionante, "al no
existir una declaración judicial en firme que declare la ilegalidad de las
exportaciones, no puede  el Banco Emisor negarse al reconocimiento de los
CERTS", por lo que solicitó al juez de tutela ordenar al Banco de la
República subsanar las omisiones en que incurrió y que vulneraron sus derechos
al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la propiedad privada, así
como indemnizar el daño emergente causado.
3. El Banco de la República en distintos
oficios mediante los cuales se negó a expedir los certificados y resolvió
negativamente las reposiciones y apelaciones interpuestas por el peticionario,
insistió en que la obligación a su cargo de expedir y entregar al exportador los
Certificados de Reembolso Tributario sólo nacía frente a exportaciones
"legal y efectivamente" realizadas, de conformidad con el artículo
2o. del Decreto 636 de 1984.
4. Los motivos del Banco para no reconocer
los CERT a la sociedad "CHACON DELGADO LTDA" se basaron en la no
coincidencia de los datos suministrados por la sociedad y las pruebas
practicadas por el Banco. En particular, con base en un análisis efectuado por
la División de Precios Internacionales del INCOMEX, el Banco determinó la existencia
de una sobrefacturación en las diferentes exportaciones materia de la
controversia. El Banco de la República sobre el particular expresó:
"Es así como
encuentra esta oficina perfectamente ajustada a la reglamentación legal vigente
y con pleno valor probatorio, que un organismo técnico de la administración,
como es la Jefatura de la División de Control de Precios Internacionales, haya
certificado que para el periodo 1988-1989 (en el cual se verificó la
exportación), el precio de exportación oscilaba entre US$10 y US$15 la unidad,
lo cual señala claramente un desfase del 100% sobre el valor declarado por la
sociedad CHACON DELGADO LTDA., hecho que ineludiblemente obliga a concluir a
esta oficina que la solicitud de CERT elevada por la mencionada sociedad adolece
de uno de los presupuestos básicos y fundamentales para su reconocimiento: la
legalidad de la exportación" (Banco de la República, oficio No. DFV-7625
del 1o. de Abril de 1992).
5. El Señor Mauro Chacón Torres
representante legal de la sociedad, por su parte, adujo que los precios tenidos
en cuenta por el INCOMEX no involucraban los costos de exportación (fletes,
empaques, transporte, etc.) y reflejaban únicamente precios aplicables a las
importaciones llevadas a cabo desde el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, desconociendo que sus exportaciones habían sido
realizadas a la República de Panamá.
6. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito,
mediante providencia del 2 de marzo de 1992, denegó la tutela solicitada sosteniendo
que los derechos fundamentales "son de la esencia de la condición de SER
HUMANO", ... por lo que concluyó que "una sociedad no puede ser
destinataria de la Acción de Tutela".
7. Adicionalmente, el juez de tutela
tampoco encontró configurada la circunstancia de un perjuicio irremediable ya
que "los posibles perjuicios derivados de la omisión en la expedición de
los CERTS, tienen otros mecanismos para su resarcimiento".
8. Por no haber sido impugnada la decisión
de tutela, el expediente respectivo fue remitido a esta Corporación para la
eventual revisión de la sentencia  y correspondió a esta Sala su conocimiento.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Legitimación del Solicitante
1. Sea lo primero analizar la legitimación
exigible para interponer válidamente la acción de tutela consagrada por la
Constitución en defensa de los derechos fundamentales. Según el fallador de
instancia, la incapacidad de las personas jurídicas para ser titulares y
ejercer derechos fundamentales, los cuales predica exclusivamente del SER
HUMANO, suscita la ilegitimidad correlativa para ejercer la acción de tutela.
Según su criterio, la expresión "toda
persona" empleada por el constituyente en el artículo 86 de la Carta debe
ser interpretada en un sentido literal y dentro del contexto de la misma que
"hace referencia exclusivamente a personas naturales".
En consecuencia, las personas jurídicas
carecerían de la subjetividad necesaria para invocar este mecanismo
constitucional de protección inmediata de los derechos fundamentales.
Doctrina de la Corte Constitucional
2. La Corte constitucional ya se ha
pronunciado sobre la legitimación de las personas jurídicas respecto de la
acción de tutela. En sentencia T-411 del 17 de junio de 1992 la Sala Cuarta de
Revisión consideró:
"Para los
efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender
que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona
humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo
11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar
(artículo 15); entre otros.
Pero otros derechos
ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también
en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea
específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los
intereses comunes.
En consecuencia, en
principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de
las personas jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehículo para
garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas
naturales, en caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela1
".
Posteriormente, la Sala Tercera de Revisión
reafirmó la misma doctrina constitucional en sentencia T-430, en la cual se
afirma:
"Cuando el
artículo 86 de la Constitución establece que "toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar (...) por sí misma o por quién actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública", no está excluyendo a las
personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el
contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo
genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro,
sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las
especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas.
Observa la Corte,
sin embargo, que para el ejercicio de la acción de tutela, cuando una persona
natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería
correspondiente y su representación; si bien, como lo dice el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, los poderes se presumirán auténticos, deben presentarse2
".
Queda claro entonces que esta Corporación
sistemáticamente ha prohijado una doctrina contraria a la sostenida por el juez
de primera instancia, por lo cual rectificará la parte motiva de la providencia
revisada, advirtiendo a los distintos jueces y tribunales de tutela sobre el
valor de doctrina constitucional predicable de las tesis consagradas por esta
Corporación en sus sentencias (Decreto 2591 de 1991, art. 21 inc. 1 y 23 inc.1)
Titularidad de los derechos fundamentales
3. Por capacidad para ejercer los derechos
fundamentales o "subjetividad", se entiende la posibilidad para ser
titular de los mismos. No obstante, la pura y simple personería jurídica de una
organización no basta para reconocer la titularidad de los derechos
fundamentales. Lo determinante es si el derecho fundamental debatido sólo puede
ser ejercido en forma individual o también de manera corporativa. Este factor
objetivo permite distinguir entre aquellos derechos que por su naturaleza sólo
pueden ser ejercidos por las personas naturales (vida, integridad física y
moral, libertad de conciencia, etc.) y aquellos que también pueden serlo por
colectividades como la igualdad, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio,
de la correspondencia y de las comunicaciones privadas, el debido proceso, etc.
Tipos diversos de personas jurídicas titulares
de derechos fundamentales
4. Afirmada la posibilidad de que las
personas jurídicas de derecho privado pueden ejercer eventualmente derechos
fundamentales y, en consecuencia, poseer la legitimación necesaria para
interponer la acción de tutela respecto de derechos fundamentales cuya
naturaleza así lo permita, surge el interrogante de si las personas jurídicas
de derecho público y las personas jurídicas extranjeras gozan de esta
titularidad y legitimación.
En principio, la acción de tutela no puede ser
ejercida por personas jurídicas de derecho público, en la medida en que éstas
desempeñan funciones públicas. El ejercicio de funciones públicas por parte de
esta clase de personas jurídicas, por regla general, no se realiza como
consecuencia del ejercicio de libertades originarias, independientes, sino con
base en competencias determinadas por la Constitución y la ley, de carácter
limitado y reglado.
El tratamiento jurídico de las relaciones
de derecho público y la resolución de los conflictos que de ellas surgen no son
objeto de los derechos fundamentales por ausencia de una relación directa con
la persona humana. Sin embargo, lo anterior no significa que las personas
jurídicas de derecho público no puedan, excepcionalmente, ser titulares de
derechos fundamentales. Para establecer estos casos, es preciso indagar si la
naturaleza jurídica pública de la entidad no la coloca en una situación
jurídica o fáctica que sea contraria al ejercicio de este derecho por parte de
una persona jurídica.
De otra parte, a las personas jurídicas
extranjeras, se aplica igualmente la regla general que rige sobre la
titularidad de derechos fundamentales y la legitimación para interponer la
acción de tutela enunciada respecto de las personas jurídicas en general.
Adicionalmente, en este caso, se aplican las normas constitucionales   que, por
razones de orden público, facultan al legislador para  subordinar a condiciones
especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los
extranjeros (CP art. 100).
Necesidad de diferenciar entre derechos
fundamentales materiales y procesales
5. El principio general que condiciona el
reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas
jurídicas a la naturaleza del derecho objeto de la vulneración o amenaza tiene
clara expresión en los derechos fundamentales procesales, anclados en el
principio del Estado de derecho. El carácter "procesal" de ciertos
derechos constitucionales fundamentales - derecho de defensa, derecho al debido
proceso, derecho de contradicción, derecho a la doble instancia y el derecho de
acceso a la administración de justicia (CP art. 229) -, se predica de
determinados derechos que pueden ser invocados por todo tipo de personas,
naturales o jurídicas, sean ellas privadas, públicas o extranjeras.
Mientras que el ejercicio de los derechos
fundamentales sustanciales o materiales depende de la naturaleza del derecho en
cuestión, los derechos procesales fundamentales contienen principios
objetivos de procedimiento de carácter universal, aplicables a los procesos
judiciales y administrativos, y a los cuales puede apelarse indistintamente por
parte de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
Legitimación del peticionario para
interponer la acción de tutela
6. El señor MAURO CHACON TORRES, en
representación de la sociedad CHACON DELGADO LTDA., a diferencia de lo
conceptuado por el fallador de instancia, sí gozaba de legitimación para
interponer la acción de tutela contra el Banco de la República, por razón de
estimar vulnerado el derecho al debido proceso de la sociedad comercial por él
representada. En efecto, siendo esta sociedad la persona jurídica directamente
afectada por las actuaciones administrativas del Banco de la República, la
Constitución reconoce a las personas jurídicas igualmente la titularidad de
este derecho procesal fundamental y la consiguiente legitimación para ejercer
la acción de tutela.
No vulneración o amenaza del derecho de
propiedad
7. El accionante de tutela adujo como uno
de los derechos vulnerados su derecho a la propiedad privada (CP art. 58 inciso
1). No obstante, esta Sala no encuentra que el derecho de propiedad privada sea
siquiera objeto de la presunta acción u omisión del Banco de la República.
Naturaleza y finalidad de los CERT
8. La ley 48 de 1983 al establecer el
Certificado de Reembolso Tributario CERT, se propuso promover las
exportaciones, fomentando de esta manera la producción, el empleo y el ingreso
de divisas, entre otras finalidades. El Banco de la República, de conformidad
con la ley y el contrato suscrito con la Nación, deberá expedir y entregar los
CERT a los exportadores que cumplan los requisitos y condiciones previstos en
la ley y en sus Decretos reglamentarios, para lo cual debe necesariamente
verificar la observancia cabal de los mismos.
La función confiada por la ley y el
contrato al Banco de la República es de naturaleza pública y debe, en
consecuencia, realizarse consultando el servicio de los intereses generales y
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad (CP art. 209).
El estímulo que entraña el mecanismo de los
CERT, representa para el país un costo o sacrificio fiscal que incide sobre el
universo de los contribuyentes, pero que se compensa con creces gracias al
aumento de riqueza nacional que propicia. Carece de justificación otorgar los
CERT a exportaciones puramente nominales, que corresponden precisamente a las
operaciones de "sobrefacturación", pues aquí se incurriría en un
sacrificio fiscal, no para impulsar las exportaciones REALES, sino para
beneficiar a los defraudadores del Erario Público.
En el ejercicio de su función, el Banco de
la República responde - y por ello puede y debe comprobar y controlar la
realidad de los presupuestos de cuya verificación depende la expedición de los
CERT - por el fiel mantenimiento del fin estatal en esta materia consistente en
el estímulo a las exportaciones reales. El conjunto de competencias que para el
efecto se han atribuido al Banco de la República, si bien ostentan carácter
reglado, deben interpretarse a partir de este enunciado.
Los CERT, documentos al portador,
libremente negociables, utilizables para el pago de impuestos, tasas o
contribuciones, sólo se entregan al exportador a la conclusión de la actuación
administrativa desplegada por el Banco de la República y luego de que éste ha
comprobado positivamente, entre otros elementos, la realidad de la específica
operación de exportación. Antes de la efectiva expedición y entrega de los
CERT, no se configura derecho de propiedad alguno y no puede por tanto alegarse
la presunta vulneración de este derecho. Desde luego, en el curso de la
correspondiente actuación administrativa, el ente público o quien ejerza una
función de esta estirpe, puede conculcar o poner en peligro otros derechos
fundamentales de la persona interesada o involucrada en ella, en cuyo caso se
abriría por esos motivos la eventual vía de impugnación.
Por regla general, cuando la adquisición o
el reconocimiento de un derecho depende de la decisión o resolución favorable
de una autoridad administrativa, sólo se configura el derecho de propiedad o la
titularidad respectiva una vez se expida dicho acto y finiquite así
positivamente la actuación administrativa. Mientras ello no ocurra y también en
el evento de que la decisión sea negativa o adversa al interesado, el sustento
de una eventual impugnación no podrá apoyarse en el derecho de propiedad sino
en el desconocimiento de otros derechos, principalmente - y sin pretender
reducir los vicios de una actuación administrativa a este sólo concepto - en el
derecho al debido proceso, aplicable por mandato constitucional a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas (CP art. 28).
Presunta vulneración del debido proceso y
de la presunción de inocencia
9. El actor hace consistir la violación de
su derecho al debido proceso (CP art. 29), particularmente de la presunción de
inocencia, en la circunstancia de que el Banco de la República habría actuado
como juez al declarar la ilegalidad de la exportación.
Conviene precisar el alcance del término
"ilegalidad" en este contexto. La ilegalidad no es sinónimo de acto
criminal o de transgresión de la ley penal cuando ella se declara en el trámite
administrativo para acceder a un reconocimiento estatal. La declaratoria de
ilegalidad de la exportación, en este caso, significa el no cumplimiento de las
exigencias legales para beneficiarse de las ventajas económicas ofrecidas por
el Estado para promover y fomentar un sector de la economía.
La presunción de inocencia consagrada en el
artículo 29 inciso 4 de la Constitución, se refiere a la responsabilidad penal
o administrativa del sujeto, la cual debe ser plenamente acreditada al término
de un procedimiento legal debidamente surtido antes de sancionar a la persona
sindicada o comprometida en una infracción administrativa. Esta garantía
fundamental se circunscribe al derecho penal y al derecho administrativo
sancionatorio, sin que pueda extenderse por su propia naturaleza de garantía
subjetiva a otro tipo de actuaciones administrativas.
El rechazo de una solicitud de expedición
de CERT en un caso concreto, sustentado en una apreciable diferencia en los
precios de las mercancías exportadas respecto de las listas oficiales de
precios internacionales, es procedente si el juicio sobre dicha diferencia es
razonado y las cotizaciones oficiales reflejan adecuada y realmente las franjas
normales de precios internacionales vigentes en un momento dado.
El rechazo que se formula en estas
condiciones no significa el quebrantamiento de la presunción de inocencia del
exportador ni obliga a que el mismo deba necesariamente revestir carácter
judicial, no obstante que la "sobrefacturación" puede significar la tipificación
de una infracción administrativa y penal.
La decisión del Banco de la República no
entraña juicio alguno sobre la culpabilidad del exportador incurso en una
operación de "sobrefacturación". Lejos de controlar el "aspecto
subjetivo", la actuación del Banco de la República se contrae a la
verificación de los "aspectos objetivos" de las operaciones de
exportación con miras al cumplimiento de la misión encomendada por la ley que,
en su fachada positiva consiste en expedir los CERT en relación con las
exportaciones reales y, en su fachada negativa, abstenerse de hacerlo cuando no
se disponga de una seguridad razonada sobre su realidad.
No cabe duda que la índole misma de la
función confiada al Banco de la República lo obliga a ocuparse de los contornos
objetivos de las operaciones de exportación. El criterio administrativo
compatible con la celeridad, eficacia y economía inherentes a su competencia,
no puede ser otro que el de la SEGURIDAD RAZONADA de carácter objetivo,
conforme al cual deberá examinar cada operación de exportación y con base en
ese escrutinio conceder o denegar la expedición de los CERT.
La apreciable diferencia de precios de las
mercancías de una determinada exportación en relación con las listas oficiales
de precios actualizados de las mismas, máxime cuando ella es del orden del 100%
- como en el presente caso - satisface plenamente el criterio de SEGURIDAD
RAZONADA con base en el cual el Banco de la República podía y debía
legítimamente abstenerse de expedir los CERT, sin que por ello se desvirtuara
la presunción de inocencia que ampara al exportador y debiera requerirse por
tanto de un pronunciamiento judicial, cuando, de otra parte, sólo se asiste al
ejercicio de competencias administrativas radicadas en el Banco de la República
y éste las ha ejercido de manera objetiva sin ocuparse de la asignación o
imputación de responsabilidades como que su escrutinio se ha circunscrito a los
elementos objetivos de las exportaciones.
Debido proceso y actividad reglada de la
administración
10. El derecho al debido proceso es de
obligatoria aplicación a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas
(CP art. 29). El trámite de reconocimientos, entrega de subsidios o
devoluciones no está exento de la observancia del debido proceso. Expresión
manifiesta de ello es la existencia de diversos recursos legales - reposición y
apelación - dentro de la vía gubernativa que permite ser oído y controvertir
las decisiones de la administración cuando ellas son adversas a los intereses
del solicitante.
El margen de apreciación necesaria para el
desempeño de las funciones públicas tiene como límite interno la igualdad de
trato y de oportunidades. El derecho al debido proceso garantiza la igualdad
ante la ley al exigir de la autoridad un mismo tratamiento frente a todas las
personas, sin favoritismos ni discriminaciones.
Presunción de buena fe y diligencia debida
11. La declaratoria de ilegalidad de una
exportación por parte del Banco de la República para omitir la entrega de unos
CERT podría ser contraria a la presunción de buena fe consagrada en el artículo
83 de la Constitución para todas las gestiones que los particulares adelantan
ante las autoridades públicas. En el presente caso, la diferencia entre el
precio de la mercancía exportada declarado por el exportador y el precio
sustancialmente inferior de la misma estimado por el INCOMEX, llevó al Banco de
la República a declarar la ilegalidad de la exportación por constatarse una
"sobrefacturación".
La deducción hecha por el Banco, teniendo
en cuenta el contenido del concepto técnico en que se basó, no es irrazonable
ni desconoce la presunción de buena fe, sino que responde a la diligencia
exigida a los funcionarios a cargo de una actividad reglada de la
administración con miras a conceder ventajas, subsidios o devoluciones a
personas que cumplan con los estrictos requisitos legales que garantizan la
promoción de un específico sector de la economía nacional. Prueba de que no
existió un prejuzgamiento en contra del particular es que anteriormente se habían
encontrado legales las exportaciones realizadas por la misma firma,
procediéndose a la entrega de los CERT.
Autoridad pública para efectos de la acción
de tutela
12. El Banco de la República, persona
jurídica de derecho público (CP art. 371), en ejercicio de la función pública
de fomento a las exportaciones mediante la expedición y entrega de los
Certificados de Reembolso Tributario, es "autoridad pública" para los
efectos del ejercicio de la acción de tutela, por lo cual sus acciones u omisiones
están sujetas al control jurisdiccional cuando con ellas vulnera o amenaza los
derechos fundamentales.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión  de la Corte Constitucional,
R E S U E L V E
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 2 de marzo de 1992,
proferida por el JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO, en el sentido de denegar
la tutela solicitada por el señor MAURO CHACON TORRES por las razones expuestas
en los fundamentos jurídicos de esta providencia.
SEGUNDO.- LIBRESE comunicación al mencionado Juzgado con
miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
(Sentencia aprobada por la Sala Segunda de
Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días
del mes de julio de mil novecientos noventa y dos).
1 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-411
del 17 de junio de 1992.
2 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-430
del 24 de junio de 1992.