T-343-18
Sentencia T-343/18
EXENCION EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR DE LA POBLACION DESPLAZADA
AGENCIA OFICIOSA DE
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Requisitos para determinar la legitimidad del padre o madre del hijo
que presta el servicio militar
Es válido que un padre de
familia agencie los derechos fundamentales de un hijo mayor de edad, reclutado
por el Ejército, siempre que: (i) esté actuando como agente oficioso; (ii)
figure expresamente o se infiera del contenido de la tutela que el titular de
los derechos (joven reclutado) no está en condiciones materiales para promover
su propia defensa porque está prestando el servicio militar obligatorio; y
(iii) demuestre que no existe otro mecanismo idóneo ni eficaz para amparar los
derechos fundamentales invocados.
LEY DE VICTIMAS-Ley 1448/11 en relación con la causal de exención prevista en el
artículo 140 para prestar servicio militar
Salvo en caso de guerra exterior, las victimas a que se refiere la
ley 1448/11 y que estén obligadas a prestar el servicio militar, quedan exentas
de prestarlo, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los demás
trámites correspondientes para resolver su situación militar por un lapso de
cinco (5) años contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley
o de la ocurrencia del hecho victimizante, los cuales estarán exentos de
cualquier pago de la cuota de compensación militar.
EXENCION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1448 DE 2011-Víctimas comprendidas dentro de esta ley quedan exentas de prestar
servicio militar
Referencia: Expedientes T-6.652.959 y T-6.646.080 acumulados
Demandantes: Alix Mora Rincón, como agente oficiosa de
su hijo Diego Andrés Velásquez Mora y Torcoroma Rodríguez Vivas, como agente
oficiosa de su hijo Yoiner Alvernia Rodríguez
Demandados: Batallón Sexta Brigada-Dirección de Reclutamiento y
Control de Reservas del Ejército Nacional de Ibagué-Tolima; Ejército Nacional, Batallón de
Infantería No. 15, Francisco de Paula Santander de Ocaña-Santander y Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV.
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., veintisiete
(27) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio
José Lizarazo Ocampo, quien la preside, Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina
Pardo Schlesinger, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos proferidos
por el Juzgado Civil del Circuito de Lérida-Tolima, el 27 de noviembre de 2017,
mediante el cual negó el amparo invocado por la señora Alix Mora Rincón, en
calidad de agente oficiosa de su hijo Diego Andrés Velásquez Mora (Expediente
T-6.652.959), en contra del Batallón Sexta Brigada-Dirección de Reclutamiento y
Control de Reservas del Ejército Nacional de Ibagué-Tolima y el fallo emitido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta-Sala Penal de Decisión-Norte
de Santander, a través del cual se revocó la decisión proferida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Ocaña, el 1 de septiembre de 2017, que accedió a
la tutela interpuesta por la señora Torcoroma Rodríguez Vivas, en calidad de
agente oficiosa de su hijo Yoiner Alvernia Rodríguez (Expediente T-
T-6.646.080), en contra del Ejército Nacional, Batallón de Infantería No. 15,
Francisco de Paula Santander de Ocaña-Santander y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas-UARIV.
I.
ANTECEDENTES
1.1Expediente
T-6.652.959
1.1.1 La
solicitud
El 3 de noviembre
de 2017, la señora Alix Mora Rincón, obrando como agente oficiosa de su hijo
Diego Andrés Velásquez Mora, presentó acción de tutela contra el Batallón Sexta
Brigada-Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional
de Ibagué-Tolima, con el fin de que fueran protegidos sus derechos
fundamentales al debido proceso y aquellos que le asisten como víctima de
desplazamiento forzado.  Lo anterior, debido a que fue reclutado para la
prestación del servicio militar obligatorio, estando incurso en la causal de
exención prevista en el artículo 140 de la Ley 1448 de 2011.
1.1.2 Hechos
relevantes
El agenciado, Diego Andrés Velásquez Mora se encontraba estudiando
para auxiliar de enfermería, en el Instituto Nacional de Técnicas Educativas
INTECS y fue requerido por la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas
del Batallón Sexta Brigada del Ejército Nacional de Ibagué-Tolima, para que
definiera su situación militar.
El 27 de octubre de 2017, cuando se presentó en las instalaciones
del batallón, lo incorporaron, pese a que informó que se encontraba estudiando
y era víctima de desplazamiento forzado y, por tanto, estaba exento de prestar
el servicio militar obligatorio. Posteriormente, el agenciado fue remitido al
Batallón de Saravena (Arauca).
1.1.3
Pretensiones
La agente
oficiosa solicita el desacuartelamiento de su hijo y la definición de su
situación militar.
1.1.4 Pruebas
En el expediente
obran las siguientes pruebas relevantes:
- Copia de
consulta individual en el sistema Vivanto, de la Unidad para las Víctimas,
dentro de la cual se observa que Diego Andrés Velásquez Mora, se encuentra
incluido en el Registro Único de Víctimas, desde el 2 de julio de 2013, por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado, dentro del núcleo familiar de la
señora Alix Mora Rincón, quien figura como jefa de hogar, para tales efectos.
(Folio 5 del cuaderno 1)
- Copia de
constancia expedida por el Instituto Nacional de Técnicas Educativas INTECS,
del 1 de noviembre de 2017, en la cual se indica que Diego Andrés Velásquez
Mora, con cédula de ciudadanía No. 1.110.591.268 de Ibagué “se encuentra
cursando el Programa de AUXILIAR EN ENFERMERÍA en el 2 semestre.  Sabatina con
una intensidad horaria de 20 horas semanales, calendario B.” (Folio 6 del
cuaderno 1)
1.1.5
Respuesta de la entidad accionada
(i)
La acción de tutela correspondió por competencia al Juzgado Civil del Circuito
de Lérida-Tolima, que resolvió, mediante auto del 10 de noviembre de 2017,
admitirla y correr traslado a la entidad demandada.
El Comandante de
la Sexta Brigada del Ejército Nacional, a través de escrito recibido el 21 de
noviembre de 2017, hizo referencia a que (i) en la ciudad de Ibagué existe la
Sexta Zona de Reclutamiento y el Distrito Militar No. 38, que son los
responsables de los trámites de incorporación en una primera fase, donde se
decide si los posibles candidatos son o no aptos para prestar el servicio. En
caso de resultar aptos, son entregados a las unidades militares que realizan la
incorporación. En ese orden, (ii) la Sexta Brigada y el personal militar y
civil que componen la Jefatura del Estado Mayor de esa unidad no interviene en
los trámites de definición de servicio militar obligatorio.
Por lo anterior,
solicitó declarar la improcedencia de la acción.
(ii) Teniendo en cuenta lo expuesto, a través de sendos autos del 23 de
noviembre de 2017, el Juzgado
Civil del Circuito de Lérida-Tolima vinculó al proceso de tutela, en calidad de
demandados, al Batallón Sexta Brigada y al Comando de Reclutamiento del
Ejército Nacional con sede en Bogotá, a la Sexta Zona de Reclutamiento de la
misma entidad y al Distrito Militar No. 38 con sede en Ibagué.
(iii) El Comandante del Distrito Militar No. 38, a través de oficio del
24 de noviembre de 2017, indicó que “una vez revisado el sistema de
información de reclutamiento FENIX – SIIR se estableció que el ciudadano
DIEGO ANDRES VELASQUEZ MORA identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.110. 591.268 expedida en Ibagué-Tolima, se encuentra registrado en el
distrito militar No. 38, quien en cumplimiento de su deber constitucional y
legal fue incorporado a partir del 27/10/2017 al cuarto 4º Contingente de
soldados regulares del 2017, adscrito al Batallón Especial Energético y Vial
No. 18, una vez le fueron practicados los exámenes de aptitud psicofísica por
parte del comité Psicofísico de la Sexta Zona de Reclutamiento, teniendo en
cuenta que al momento de su clasificación, el ciudadano y hoy accionante no
manifestó ni acredito (sic) encontrarse inmerso en una causal de exoneración
prevista en el artículo 12. CAUSALES DE EXONERACIÓN DEL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO de la Ley 1861 de 2017.// (…) es únicamente por intermedio de los
diferentes Distritos Militares, quien es la autoridad correspondiente de
realizar el proceso de inscripción y selección de los conscriptos, con el lleno
de los requisitos establecidos en la ley 1861 de 2017, por tal motivo, es
en este tiempo en el que el ciudadano debe allegar los soportes
correspondientes para verificar alguna inhabilidad o exoneración de ley,
de acuerdo a la circunstancia aplicable al caso, la cual deberá estar
debidamente soportada a través del documento idóneo para ello (…).// Para el
caso que nos atañe, el ciudadano DIEGO ANDRES VELASQUEZ MORA en su
momento no manifestó ni acredito (sic) de manera oportuna ni legal su condición
de víctima del conflicto armado, ni tampoco aporto (sic) los soportes que
permitieran acreditar ante el correspondiente Distrito Militar No. 38 dicha
condición, tal y como se logra evidenciar en el formato de concentración,
entrevista soldado-servicio militar obligatorio y consentimiento informado que
fue debidamente suscrito, con firma y huella por parte del ciudadano y hoy
accionante, en donde de manera clara se evidencia que el ciudadano en ningún
momento manifestó si quiera sumariamente acerca de su condición de víctima del
conflicto como exoneración para prestar servicio militar, por el contrario,
manifestó su deseo de prestar su servicio militar y cumplir su deber legal y
constitucional.”
Se anexaron
copias de: a) Formato de “Entrevista Soldado-Servicio Militar Obligatorio
Consentimiento Informado”, del 27 de octubre de 2017, dentro del cual no se
evidencia ítem alguno que haga referencia a si la persona evaluada se encuentra
inmersa en alguna causal de exclusión de la prestación del servicio militar
obligatorio. (Folios 41 a 44 del cuaderno 1); b) Acta de entrega de conscriptos
del Distrito Militar No. 38 al BAEEV No.18 (Folios 52 y 53 del cuaderno 1); c)
Cédula de ciudadanía del agenciado, ilegible (Folio 46 del cuaderno 1); Primer
examen médico del agenciado, del 27 de octubre de 2017, donde se indica que se
encuentra apto (Folio 48 del cuaderno 1).
(iv) El Comandante de la Sexta Zona de Reclutamiento, con sede en Ibagué-
Tolima, en escrito del 27 de noviembre de 2017, expuso que coadyuva, en todo
sentido, los argumentos expuestos por el Distrito Militar No. 38.
1.2 Expediente T-6.646.080
1.2.1 La
solicitud
El 18 de agosto
de 2017, la señora Torcoroma Rodríguez Vivas, obrando como agente oficiosa de
su hijo Yoiner Alvernia Rodríguez, presentó acción de tutela contra el Ejército
Nacional-Batallón No.15 “Francisco de Paula Santander” y la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, con el fin de que
fueran protegidos sus derechos fundamentales a la libertad personal, la vida,
la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la unidad familiar.  Lo
anterior, debido a que fue reclutado para la prestación del servicio militar
obligatorio, estando incurso en la causal de exención prevista en el artículo
140 de la Ley 1448 de 2011.
1.2.2 Hechos
relevantes
El agenciado y su núcleo familiar
se desplazaron del corregimiento La Trinidad, en el municipio de Convención-Norte
de Santander, el 10 de enero de 2002.
Sin embargo, éste fue conducido
el 9 de agosto de 2017 al Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander de
Ocaña, para prestar el servicio militar obligatorio, pese a haber manifestado estar
exento por ser víctima de desplazamiento forzado. Pues, según se le informó,
consultado el RUV no apareció inscrito.
1.2.3
Pretensiones
La agente
oficiosa solicita conceder el amparo inmediato de los derechos fundamentales de
Yoiner Alvernia Rodríguez, a la libertad personal, a la dignidad, al libre
desarrollo de la personalidad y a la unidad familiar y, en consecuencia, se
ordene: (i) Al Ejército Nacional-Batallón No.15 “Francisco De Paula
Santander”, con sede en Ocaña, su desacuartelamiento, en el término de 24
horas y la expedición de la respectiva libreta militar, sin cobro de la cuota
de compensación militar; y (ii) a la Unidad para las Víctimas, proceder con la
corrección inmediata del RUV, para que se registre a su núcleo familiar.
1.2.4 Pruebas
En el expediente
obran las siguientes pruebas relevantes:
- Copia del
registro civil de nacimiento de Yoiner Alvernia Rodríguez (Folio 13 del
cuaderno 1)
- Cédula de
Ciudadanía de la señora Torcoroma Rodríguez Vivas (Folio 14 del cuaderno 1)
- Copia de
escrito dirigido al señor Luis Carlos Albernia Quintana, padre del agenciado,
remitido el 6 de mayo de 2008, por la Fiscalía General de la
Nación-Coordinación Grupo Víctimas, a través del cual precisa que “me
permito informarle que revisado el sistema de información SIJYP, se constató la
existencia del registro número 43133, referido al desplazamiento forzado de que
ha sido víctima (sic). Así mismo, del caso respectivo y en consideración al
área de georeferenciación del accionar delictivo del Bloque Catatumbo de las
ACCU, se corrió traslado al Fiscal 8 de la Unidad de Justicia y Paz (…)”
(Folio 15 del cuaderno 1)
- Copia de
formato de certificación expedida por la Personera Municipal de Convención –
Norte de Santander, del 28 de septiembre de 2007, respecto que “el señor
LUIS CARLOS ALVERNIA QUINTANA, identificada (sic) con cédula de ciudadanía No.
13.166.826 EXPEDIDA EN EL CARMEN N.S., con su núcleo familiar TORCOROMA
RODRIGUEZ, YULEIDE, YOINER ALVERNIA RODRIGUEZ. Aparece INSCRITO en el registro
único de atención para la población desplazada de Acción Social.” (Folio 16
del cuaderno 1)
1.2.5
Respuesta de las entidades accionadas
La acción de tutela correspondió por reparto al
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ocaña-Norte de Santander, que resolvió,
mediante auto del 18 de agosto de 2017, admitirla y correr traslado a las
entidades demandadas.
(i) Unidad
para las Víctimas
A través de
escrito del 30 de agosto de 2017 explicó que “como requisito indispensable
para que una persona pueda acceder a las medidas previstas en la Ley 1448 de
2011, (…) ésta debe haber presentado declaración ante el Ministerio Público y
estar incluida en el Registro Único de Víctimas- RUV. Para el caso de TORCOROMA
RODRIGUEZ VIVAS informamos que una vez revisados los aplicativos de información
no encontramos registro alguno de la accionante, como tampoco encontramos
registros a nombre de YOINER ALVERNIA RODRIGUEZ.” De otra parte, informó
que “procedió mediante comunicación escrita radicado Orfeo No.
201772022449621 del 30 de agosto de 2017 a informar a la accionante las
razones por las cuales no era posible acceder a las pretensiones del derecho de
petición, informando que “podrá acudir personalmente ante cualquiera de las
entidades del Ministerio Público (…) para rendir declaración juramentada sobre
los hechos y circunstancias que motivaron el hecho victimizante (Artículo 155
de la Ley 1448 de 2011 y 27 del Decreto 4800 de 2011).  Esto con el propósito
de garantizarle al accionante el debido proceso administrativo en el marco del
trámite previsto para ingresar al Registro Único de Víctimas, RUV. Es
importante precisar, que no es viable disponer de la inclusión o no inclusión
en el RUV sin haber analizado, de manera previa, la declaración y,
especialmente, lo hechos victimizantes presuntamente acaecidos en el marco y
con ocasión del conflicto, pues, como es sabido, esto exige un trámite
administrativo dispuesto y reglado (…)”
En consecuencia
solicitó tener en cuenta que esa entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la accionante, ya que no se ha adelantado actuación
administrativa respecto del hecho victimizante objeto de la acción de tutela.
Además, alegó la configuración de la carencia actual de objeto, por hecho
superado, frente a la inscripción en el registro.
(ii) Ejército
Nacional-Batallón de Infantería No. 15
La intervención
del Ejército Nacional se presentó el 4 de septiembre de 2017, es decir de forma
posterior a la sentencia de primera instancia, que se emitió el 1 de septiembre
de 2017.
En el documento
se precisó que si el despacho judicial ordenaba a la Unidad de Víctimas
inscribir a YOINER ALVERNIA RODRIGUEZ en el RUV, como desplazado, de forma
inmediata, lo desacuartelaría y se le entregaría su tarjeta militar.
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
2.1 Expediente
T-6.652.959
2.1.1 Primera
instancia
El Juzgado Civil del Circuito de Lérida-Tolima,
a través de providencia del 27 de noviembre de 2017, negó el amparo del derecho
fundamental al debido proceso invocado por la señora Alix Mora Rincón, en
calidad de agente oficiosa de su hijo Diego Andrés Velásquez Mora, teniendo en
cuenta que de las pruebas aportadas en el proceso no se logra determinar que éste
hubiese siquiera realizado alguna manifestación de estar inmerso dentro de alguna
causal de exoneración  frente a la prestación del servicio militar obligatorio
y que ello hubiera quedado consignado en los documentos diligenciados al
momento de realizar el proceso de incorporación. A partir de lo expuesto,
dedujo que voluntariamente decidió prestar el servicio militar.
No obstante, el despacho reconoció que
el agenciado se encuentra inscrito en el RUV y que por ello está exento de
prestar el servicio militar obligatorio.
A lo anterior, agregó que, en todo caso,
el agenciado puede elevar la solicitud de desacuartelamiento ante el Batallón
Especial Energético y Vial No. 18, que deberá verificar el cumplimiento de los
requisitos y proceder de conformidad.
2.2 Expediente T-6.646.080
2.2.1 Primera
Instancia
El Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Ocaña-Norte de Santander, a través de providencia
del 1 de septiembre de 2017, accedió a la tutela de los derechos fundamentales
de YOINER ALVERNIA RODRIGUEZ, y, en consecuencia, ordenó al Comandante del
Ejército Nacional Batallón No. 15 “Francisco de Paula Santander”, en 24
horas, ubicar el batallón al que fue asignado el agenciado y realizar su
inmediato desacuartelamiento. Además, ordenó que se le expida la
correspondiente libreta militar, sin cobro de cuota de compensación militar,
por ser víctima de desplazamiento forzado. Así mismo, pidió se le informe del
acatamiento de la orden.
Lo anterior,
teniendo en cuenta que del acervo probatorio arrimado al proceso se desprende
que el agenciado y su núcleo familiar fueron efectivamente víctimas de
desplazamiento forzado, pese a no encontrarse inscritos en el RUV, en
aplicación de los principios de buena fe y dignidad humana.
2.2.2
Impugnación
El Comandante
del Batallón de Infantería No. 15, General Francisco de Paula Santander, a
través de escrito del 12 de septiembre de 2017, expuso que el a quo no
tuvo en cuenta la respuesta emitida por la Unidad para las Víctimas, que
informó que ni el agenciado o su núcleo familiar aparecían inscritos en el RUV
y, por tanto, argumenta que no está en la obligación de dar cumplimiento a lo
ordenado en el fallo.
De otra parte, explicó
que “según el informe que allego (sic) a este comando el día 09 de
Septiembre del año en curso, con fecha del 20 de Agosto de 2017, suscrito por
el Señor Cabo Tercero QUIROGA ARIZA EIDER, Comandante de escuadra compañía de
Instrucción y reemplazo, en el cual nos comunicó, que el Joven en mención, fue
reclutado para prestar el Servicio Militar Obligatorio como soldado Regular hoy
se denomina SL18 según el SIATH, por lo tanto el día 20 de Agosto de 2017,
siendo aproximadamente las 15:45 hrs, encontrándose dicho suboficial de
servicio de la Compañía de Instrucción y Reemplazos, evidencio (sic) que
ALVERNIA RODRIGUEZ, se había ido de este Batallón, en compañía de CORTES
MARTINEZ JOSE ARMANDO, además que estos jóvenes se habían llevado consigo el
material de intendencia que se les había suministrado para iniciar su
respectivo servicio Militar una vez terminara el proceso de incorporación y
fuesen dados de alta como soldados regulares de Ejercito (sic), los cuales se
fueron de la unidad por lo cual nunca cumplieron con el trámite de
incorporación, siéndonos imposible desacuartelarlo, por que dicho Joven YOINER
ALVERNIA RODRÍGUEZ, nunca cumplió con el proceso de incorporación para ser dado
de alta en el Tercer Contingente de 2017 como Sl18, como se refiere en el
sistema administrativo de Talento Humano SIATH, el cual también anexo el
listado tipo Cartilla donde relaciona el personal dado de alta para prestar el
servicio Militar Obligatorio en esta Unidad Táctica.”
Se anexó un
listado de personal integrante del tercer contingente 2017 y documentos
relacionados con la regulación del servicio militar obligatorio.
2.2.3 Incidente de desacato
El 12 de
septiembre de 2017, la señora Torcoroma Rodríguez Vivas, interpuso incidente
para establecer sanción por desacato a la sentencia que, el 1 de septiembre de
2017, resolvió la acción de tutela por ella interpuesta, como agente oficiosa
de su hijo YOINER ALVERNIA RODRÍGUEZ. Argumentó la actora que su hijo huyó del
batallón debido al temor que enfrentó ante el hecho de tener que tomar las
armas, pues esto está relacionado con las circunstancias que los llevaron a
desplazarse de manera forzada. Pero que en todo caso, lo anterior no puede ser
una excusa para no adelantar los trámites relacionados con la expedición de la
libreta miliar. Sin embargo, en el expediente no reposa fallo respecto del
incidente de desacato.
2.2.4 Segunda
instancia
A través de auto
del 29 de septiembre de 2017, se concedió el recurso de apelación en el efecto
devolutivo, interpuesto, según la providencia, por accionante y accionando.
Aunque, cabe aclarar que el escrito de impugnación de la actora no aparece en
el expediente remitido a esta corporación.
El 7 de noviembre
de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta- Norte de Santander,
resolvió revocar la decisión del a quo y, en su lugar, “NEGAR POR
IMPROCEDENTE” el amparo solicitado, teniendo en cuenta que: (i) No se
evidencia que se acredite la agencia oficiosa, pues no se pudo establecer que
el agenciado no estuviese en capacidad de ejercer su propia defensa. Sin
embargo, se pronunció también sobre el fondo del asunto, afirmando que resulta
improcedente ordenar: (ii) el desacuartelamiento de YOINER ALVERNIA RODRÍGUEZ,
pues nunca fue incorporado al Ejército Nacional, ya que se fugó; (iii) así
como, la expedición de la libreta militar, como quiera que no se encuentra
acreditado que el agenciado haya adelantado los trámites administrativos
necesarios para tal fin.
II. TRÁMITE
EN SEDE DE REVISIÓN DE TUTELA
De acuerdo con lo dispuesto en
los Artículos 86 y 241 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991
y el Acuerdo 02 de 2015, la Sala de Selección Número Tres, mediante Auto del 23
de marzo de 2018, seleccionó con fines de revisión los expedientes T-6.652.959
y T-6.646.080, acumulados por presentar unidad de materia, para que sean
fallados en una sola sentencia y asignó su estudio a la Sala
Quinta de Revisión.
III.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia
proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo
56 del Acuerdo 02 de 2015, “por medio del cual se unifica y actualiza el
Reglamento de la Corte Constitucional”.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con
los antecedentes relacionados, corresponde a esta Sala de Revisión determinar:
2.1 En el expediente T-6.652.959: Si el Batallón Sexta
Brigada-Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional
de Ibagué-Tolima, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
aquellos que le corresponden como víctima de desplazamiento forzado a Diego
Andrés Velásquez Mora, por haberlo reclutado y acuartelado para la prestación
del servicio militar obligatorio, habiendo manifestado estar incurso en la
causal de exención prevista en el artículo 140 de la Ley 1448 de 2011, pese a
que la misma no se haya hecho por escrito y no se haya allegado prueba sumaria
en tal sentido.
2.2 En el expediente T-6.646.080: Si el Ejército
Nacional-Batallón No.15 Francisco de Paula Santander, con sede en Ocaña-Norte
de Santander y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas-UARIV, vulneraron los derechos fundamentales a la libertad personal,
la vida, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la unidad
familiar de Yoiner Alvernia Rodríguez, por haberlo reclutado para la prestación
del servicio militar obligatorio, habiendo manifestado estar incurso en la
causal de exención prevista en el artículo 140 de la Ley 1448 de 2011, pese a
no encontrase inscrito en el Registro Único de Víctimas.
En procura de
responder los anteriores cuestionamientos, se estudiarán los siguientes temas: (i)
Procedencia de la acción de tutela y, dentro de la legitimación por activa, la
figura de la agencia oficiosa en el ejercicio de la acción de tutela, por los
padres de familia cuando sus hijos prestan el servicio militar; (ii) el concepto de “víctima” establecido por la Ley 1448
de 2011, en relación con la causal de exención prevista en el artículo 140 del
mismo ordenamiento; y, finalmente, se estudiarán los (iii) casos
concretos.
3.
Procedencia de la acción de tutela
3.1.
Legitimación por activa. Agencia oficiosa en el ejercicio de la acción de
tutela, por los padres de familia cuando sus hijos prestan el servicio militar.
Reiteración de jurisprudencia
El artículo
86 de la Constitución consagra que toda persona tiene derecho a acudir a la
acción de tutela para solicitar ante los jueces, en todo momento y lugar, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de los derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública. En desarrollo de dicha norma,
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, dispone: “Legitimidad e interés. La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También, se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.  También
podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”. (Negrillas
fuera del texto).
Entonces, si
una persona considera que sus garantías constitucionales fueron vulneradas
podrá ejercer la acción de tutela (i) por sí misma, (ii) a través de un
representante, (iii) por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales, o
(iv) mediante la figura de agencia oficiosa, siempre y cuando el afectado no se
encuentre en condiciones para actuar en su propia defensa.
En relación
con la agencia oficiosa, la Corte ha señalado que resulta procedente que un
tercero interponga acción de tutela en nombre de otra que no puede ejercer su
propia defensa, situación que se debe manifestar en la demanda de amparo. Con
base en ello, la Corte ha reiterado los elementos para que proceda la agencia
oficiosa en materia de tutela, a saber: “(i) la necesidad de que el agente
oficioso manifieste explícitamente que está actuando como tal, y (ii) que el
titular de los derechos invocados no se encuentre en condiciones para instaurar
la acción de tutela a nombre propio”.
Como puede
notarse, en materia de tutela no se pueden agenciar derechos ajenos cuando no
se comprueba la imposibilidad del titular de los mismos para ejercer su propia
defensa, bajo el entendido de que solo este puede disponer de sus derechos y
propender su protección a través del amparo. Esto con el objeto de evitar que
cualquier persona, bajo el pretexto de la protección de los derechos de otro,
pueda lucrarse al ver satisfechos sus propios intereses u obtener decisiones
que contraríen la voluntad del individuo cuyos derechos se dicen agenciar, ya
que “[e]l sistema jurídico no debe propiciar que se tome o aproveche el
nombre de otro, sin ninguna clase de advertencias, para provocar decisiones
judiciales con intereses reales distintos o contra la voluntad del verdadero
titular de los derechos que se invocan”.
Respecto de
la agencia oficiosa en casos donde los padres de familia representan los
derechos de sus hijos reclutados por el Ejército Nacional, en razón a las
restricciones físicas de internamiento que implica el acuartelamiento, la Corte
ha decantado las siguientes reglas jurisprudenciales: “Así las cosas, estima
esta Sala que para determinar la legitimidad de un padre que presenta acción de
tutela como agente oficioso de su hijo mayor de edad que está prestando el
servicio militar, debe tener en cuenta que (i) los lazos de consanguinidad de
los padres con el titular de los derechos que tenga plena capacidad jurídica no
constituyen razón suficiente para presentar en su nombre una acción de tutela,
y que, en razón de ello, deben concurrir en la demanda de tutela los dos
elementos propios de la agencia oficiosa. Por esta razón, (ii) el accionante
debe manifestar que actúa como agente oficioso; pero, apartándose de las
decisiones anteriores, (iii) es necesario que figure expresamente o se infiera
del contenido de la tutela que el titular de los derechos no está en
condiciones materiales para promover su propia defensa, porque está prestando
el servicio militar obligatorio, lo que implica someterse a condiciones de
concentración y obediencia debida a su superior jerárquico (…)”[1]
(Resalta la Sala)
De acuerdo con
lo anterior, es válido que un padre de familia agencie los derechos
fundamentales de un hijo mayor de edad, reclutado por el Ejército, siempre que:
a) esté actuando como agente oficioso y b) figure expresamente o se infiera del
contenido de la tutela que el titular de los derechos (joven reclutado) no está
en condiciones materiales para promover su propia defensa porque está prestando
el servicio militar obligatorio.
En los casos bajo estudio, las señoras Alix
Mora Rincón y Torcoroma Rodríguez Vivas, madres de Diego Andrés Velásquez Mora
y Yoiner Alvernia Rodríguez, respectivamente, manifestaron actuar como agentes
oficiosas de sus hijos, a quienes no les era posible elevar la solicitud de
amparo por encontrarse acuartelados prestando el servicio militar y, según
informaron, manifestaron estar exentos por ser víctimas del conflicto armado,
sin ningún resultado en favor del desacuartelamiento de sus hijos. Por lo
tanto, las señoras Alix Mora Rincón y Torcoroma Rodríguez Vivas se encuentran
legitimadas para actuar en el presente trámite.
3.2. Legitimación por pasiva
La acción de
tutela, conforme con el artículo 86 Superior, procede contra toda autoridad
pública que amenace o vulnere un derecho fundamental y contra los particulares
cuando (i) se encuentren a cargo o presten el servicio público de salud; (ii)
afecten grave y directamente un interés colectivo; o (iii) respecto de los
cuales exista un estado de subordinación o indefensión, conforme con esta
disposición y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, numerales 3º, 4º y 9º.
Las entidades demandadas, Ejército Nacional,
Batallón No.15 “Francisco de Paula Santander” - Batallón Sexta
Brigada-Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas de Ibagué y la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, se encuentran
legitimadas para actuar, por cuanto,  a la primera se la acusa de haber
incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales de los agenciados al
haberlos reclutado y acuartelado para la prestación del servicio militar
estando exentos por ser víctimas del conflicto armado y, en el caso de la
UARIV, por ser la responsable de llevar el registro de dichas víctimas.
3.3. Subsidiariedad
El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de
la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras
palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido
de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial
adicional de protección.
Esta
Corporación ha señalado que el ordenamiento jurídico dispone de una serie de
recursos y procesos que tienen como propósito la protección de los derechos de
las personas. En este orden de ideas, desconocer el carácter subsidiario de la
acción de tutela vaciaría de contenido los otros mecanismos de defensa judicial
que han sido previstos en las normas constitucionales y legales para proteger
los derechos invocados.
Sobre
el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural
de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia[2].
De acuerdo con la norma constitucional citada, es
procedente el amparo cuando el actor no cuenta con un mecanismo ordinario de
protección. No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia
constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela,
debe analizarse en cada caso en concreto. Por ende, en aquellos eventos en que
existan otros medios de defensa judicial, este Tribunal Constitucional ha
determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad[3]: (i) Cuando
el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias
del caso que se estudia, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando,
a pesar de existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela
procede como mecanismo transitorio.
Adicionalmente, cuando la acción de tutela es
promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como
niños, niñas y adolescentes, personas cabeza de familia, en situación de
discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre otros, el examen
de procedencia de la acción de tutela se hace menos estricto, a través de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos[4].
Las anteriores reglas implican que, de verificarse la
existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar una evaluación
de la idoneidad del mecanismo en el caso concreto, para determinar si dicho
medio tiene la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los
derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no simplemente formal y
debe tener en cuenta que el juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario.
Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la
acción puede proceder de forma definitiva.
Ahora bien, en los casos bajo estudio, se tiene que:
(i) Respecto de Diego Andrés Velásquez Mora (expediente T-6.652.959),
la actora sostuvo que al momento del reclutamiento su hijo manifestó de forma
verbal ser víctima de desplazamiento forzado y, por tanto, de la misma manera
solicitó se lo eximiera de la prestación del servicio militar, pero que la
accionada hizo caso omiso de ello. Por su parte, la entidad demanda sostuvo que
el agenciado no manifestó, ni acreditó su condición de víctima del conflicto
armado, tal y como se logra evidenciar en el formato de “entrevista
soldado-servicio militar obligatorio y consentimiento informado”, que fue
debidamente suscrito por él.  No obstante, en los documentos referidos no se
observa ningún ítem que haga referencia al tema, es decir, no hay pregunta
alguna que indague al evaluado si se encuentra incurso en una causal de
exoneración, permitiéndole hacer una manifestación escrita en tal sentido.
(ii) Frente a Yoiner Alvernia Rodríguez
(expediente T-6.646.080), la agente oficiosa también explicó que su hijo
manifestó de forma verbal ser víctima de desplazamiento forzado y, por tanto, solicitó
se la eximiera de prestar el servicio militar. Sobre dicha manifestación no se
pronunció la demandada.
Por otra parte, es importante subrayar
que, de acuerdo con el artículo 180 del Decreto 4800 de 2011, se previó el
diseño e implementación de un “Protocolo para el Intercambio de Información
en Materia de Exención de la Obligación del Servicio Militar Obligatorio para
las Victimas”, instrumento que fija los parámetros que orientan el
intercambio de información, en tiempo real, entre la Unidad Administrativa
Especial y las Autoridades de Reclutamiento y el procedimiento para que el
Ministerio de Defensa informe a la Unidad Administrativa Especial sobre la
expedición y entrega de la libreta militar. De acuerdo con lo anterior, y una
vez la persona informa a la autoridad de reclutamiento que se encuentra en
trámite su proceso de solicitud de registro o que ya ha sido incluida en el
Registro Único de Víctimas, el Ministerio de Defensa debe proceder a la
verificación de la información, así lo dispone el artículo 181 del mismo
ordenamiento.
Así entonces, los agenciados pusieron de
manifiesto ser víctimas de desplazamiento forzado y, por ello, estar exentos de
prestar el servicio militar; era obligación del Ministerio de Defensa, a través
de la Autoridad de Reclutamiento, corroborar la información suministrada por
ellos; y, como quiera que se trata de víctimas del conflicto armado, sujetos de
especial protección constitucional, no es dado exigirles que acudan a otros
medios ordinarios para controvertir los actos administrativos a través de los
cuales se efectuó el reclutamiento y acuartelamiento analizados, tales como la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, cuyo término de presentación ya caducó, pues no
resulta más eficaz e inmediata para la protección de sus derechos fundamentales,
pues la acción de tutela se constituye en el principal medio de garantía frente
a los mismos.
Por lo expuesto, la Sala encuentra
cumplido el requisito de subsidiariedad en los casos bajo análisis.
3.4.
Inmediatez
La finalidad de
la acción de tutela es garantizar una protección efectiva, actual y expedita
frente a la transgresión o amenaza inminente de un derecho fundamental, motivo
por el cual, entre la ocurrencia de los hechos en que se fundamentan las
pretensiones y la presentación de la demanda, debe haber trascurrido un lapso
razonable.
Ahora bien, respecto de Diego Andrés Velásquez Mora (Expediente T-6.652.959),
la acción de tutela se presentó el 3 de noviembre de 2017, después de 7 días
del reclutamiento del agenciado, el 27 de octubre del mismo año. En el caso de
Yoiner Alvernia Rodríguez (Expediente T-6.646.080), la acción de tutela se
presentó el 18 de agosto 2017, después de 9 días del reclutamiento del agenciado,
el 9 de agosto de 2017. Por lo que se tiene que ambas solicitudes de amparo se
presentaron dentro de un término razonable, después de ocurridos los hechos que
se alegan violatorios de los derechos fundamentales de los agenciados.
4. El concepto de “víctima” establecido por la Ley 1448
de 2011, en relación con la causal de exención prevista en el artículo 140 del
mismo ordenamiento. Reiteración de jurisprudencia
La Ley de Víctimas es un ambicioso esfuerzo
normativo del Estado colombiano enmarcado desde su origen dentro de un contexto
de justicia transicional[5],
que según lo ha planteado la jurisprudencia de la Corte[6], puede
entenderse como una institución jurídica a través de la cual se busca integrar
diversos esfuerzos que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias
de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de
derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de
paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia[7].
De esta forma, por esa vía legislativa se establecieron diversas
medidas de protección y reparación en favor de quienes han sufrido el flagelo
del conflicto armado de manera más directa. Así, la Ley 1448 de 2011 establece
medidas tendientes a ofrecer: i) ayudas humanitarias de carácter temporal en
contextos de crisis; ii) atención y asistencia social, con el fin de garantizar
la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; y iii)
medidas de reparación integral a las víctimas, que implican la existencia de un daño derivado de la comisión
de un hecho antijurídico, sea un delito o una violación de derechos humanos.
Esos distintos tipos de medidas, se diferencian entre
sí por su naturaleza, carácter y finalidad[8].
Por ser
pertinente para la solución del problema jurídico planteado, cabe precisar que
“las medidas de reparación tienen diversos componentes – restitución,
compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición – las
cuales comportan, además de un componente material, una importante dimensión
simbólica, pues a través de ellas se expresa el reconocimiento del daño
ocasionado y se procura restablecer la dignidad de las víctimas”[9].
Así, dentro del Título IV de la referida Ley, sobre reparación
a las víctimas, se encuentra el Capítulo IX, referente a medidas
de satisfacción, que incluyó como uno de los componentes de la
reparación material y simbólica, la exención en la prestación del servicio
militar obligatorio, para las víctimas a que se refiere la ley. El artículo
140, es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 140. EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO MILITAR. Salvo en caso de guerra exterior, las
víctimas a que se refiere la presente ley y que estén obligadas a prestar el
servicio militar, quedan exentas de prestarlo, sin perjuicio de la
obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para
resolver su situación militar por un lapso de cinco (5) años contados a partir
de la fecha de promulgación de la presente ley o de la ocurrencia del hecho
victimizante, los cuales estarán exentos de cualquier pago de la cuota de
compensación militar.” (Resalta la Corte)
Ahora bien, en la medida en que tal artículo habla de “las
víctimas a que se refiere esta ley” es necesario, adentrarse en el análisis
de tal concepto, a fin de determinar el alcance preciso de la causal de
exención del servicio militar obligatorio, allí consagrada. Sobre el concepto
de víctima de la violencia empleado en la Ley 1448 de 2011, se han producido
también diversas decisiones por parte de esta corporación[10], a partir de
los cuales se han depurado el entendimiento y los alcances del artículo 3° de
dicha norma.
De manera general, según lo establece ese precepto “se consideran
víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
Así, este artículo 3° traza el principal lindero a
partir del cual se definirá, durante el término de su vigencia[11], la
aplicabilidad o no de sus disposiciones frente a casos concretos, especialmente
por cuanto en este precepto se encuentran consignadas las reglas y definiciones
relativas a quiénes serán tenidos como víctimas para los efectos de esta ley.
El inciso 1° de este artículo desarrolla el concepto
básico de víctima, el que según ese texto, necesariamente supone la ocurrencia
de un daño como consecuencia de unos determinados hechos. Este precepto incluye
también, entre otras referencias, las relativas al tipo de infracciones cuya
comisión generará (para la víctima) las garantías y derechos desarrollados por
esta ley, así como a la época durante la cual deberán haber ocurrido esos
hechos.
De manera general, el Capítulo II del Título I de la Ley 1448 de
2011, consagra los principios generales para su aplicación, a saber, los de
dignidad, buena fe, igualdad, debido proceso, justicia transicional, enfoque
diferencial, respeto mutuo y progresividad, entre otros.
Entre ellos, a efectos de esta sentencia, es necesario resaltar el texto
del artículo 5° de la ley, referente al principio de buena fe, que indica: “El
Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La
víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente
aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el
daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a
relevarla de la carga de la prueba.” (No está en negrilla en el texto
original).
Así mismo, es pertinente analizar las previsiones del Título III
sobre ayuda humanitaria, atención y asistencia, en específico, el
Capítulo III, de la atención a las víctimas del desplazamiento forzado,
que regula: la normatividad aplicable y la definición (art. 60), la declaración
sobre los hechos que configuran la situación del desplazamiento forzado (art.
61), las etapas de la atención humanitaria (art. 62), inmediata (art. 63),
humanitaria de emergencia (art. 64) y humanitaria de transición (art. 65), así
como los retornos y reubicaciones (art. 66) y la cesación de las condiciones de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las víctimas (art. 67 y 68).
De la lectura de los artículos allí consignados, se extrae que para
los efectos de la ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda
persona “que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional,
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales,
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han
sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las
violaciones a las que se refiere el artículo 3° de dicha Ley”[12].
Para verificar la superación de
las condiciones de vulnerabilidad la Ley estableció un procedimiento, dentro
del cual se precisó que cuando la persona víctima del desplazamiento forzado
alcance el goce efectivo de sus derechos, se modificará el Registro Único de
Víctimas, resaltando que ello no le hace perder la posibilidad de
gozar de los derechos adicionales derivados de la condición de víctima
(artículo 67, parágrafo 2°): “PARÁGRAFO 2°. Una vez cese la
condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho
mismo del desplazamiento, se modificará el Registro Único de Víctimas, para
dejar constancia de la cesación a la que se ha hecho referencia en este
artículo.//En todo caso, la persona cesada mantendrá su condición de víctima,
y por ende, conservará los derechos adicionales que se desprenden de tal
situación.”
De lo
expuesto se concluye que el registro es una herramienta meramente
administrativa que no tiene la capacidad de desvirtuar la condición de víctima
de una persona. En la sentencia SU-254 de 2013[13]
este tribunal señaló: “En relación con la
condición de desplazado, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
dicha condición se adquiere y se constituye a partir de un presupuesto fáctico,
que es el hecho mismo del desplazamiento forzado, hecho que es el requisito
constitutivo de esta condición y en consecuencia, de la calidad de víctima de
desplazamiento forzado.//Por tanto, la inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada -RUPD-, que la actual Ley 1448 de 2011 prevé sea el
soporte para el ‘Registro Único de Víctimas’, de conformidad con el artículo
154 de esa normativa, es un requisito meramente declarativo y no constitutivo
de la condición de víctima, en donde, a través de un trámite de carácter
administrativo, se declara la condición de desplazado, a efectos de que las
víctimas de este delito puedan acceder a los beneficios legales y a los
diferentes mecanismos de protección de derechos, con carácter específico,
prevalente y diferencial, para dicha población.”
Así mismo, el artículo 16
del Decreto 4800 de 2011, “por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y
se dictan otras disposiciones”, definió el Registro Único de Víctimas como una herramienta administrativa que soporta el procedimiento
de registro de las víctimas. Igualmente explicó que “la condición de víctima
es una situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a
través de la inscripción en el Registro. Por lo tanto, el registro no confiere
la calidad de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de
herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un
daño en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus
necesidades, y como instrumento para el diseño e implementación de políticas
públicas que busquen materializar los derechos constitucionales de las
víctimas”[14].
En adición a lo anterior, es necesario recordar que la exención en
la prestación del servicio militar obligatorio, consagrada en el artículo 140
de la Ley 1448 de 2011, es una medida de reparación integral, cuya
satisfacción que busca “la reivindicación de la memoria y de la dignidad de
las víctimas”[15].
Recuérdese que esta Corte ha reiterado que, para la población
desplazada, es una carga desproporcionada y un atentado a su dignidad, hacerlos
tomar las armas y “retornar al escenario de
conflicto que fueron forzados a abandonar” en
tanto, este actuar estatal los pone “en una situación aún mayor de
vulnerabilidad física y psicológica”[16].
Así, para esta Corte es claro que de lo expuesto hasta ahora se
extraen las siguientes conclusiones:
(i) La condición de víctima del desplazamiento forzado, tiene como
presupuesto fáctico la ocurrencia del hecho victimizante y no su inscripción en
el Registro Único de Víctimas;
(ii) El artículo 140 de la Ley 1448 de 2011, habla de “las víctimas a que se refiere la presente ley” y no de las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas;
(iii) La víctima puede probar, por
cualquier medio legalmente aceptado, que sufrió desplazamiento forzado;
(iv) Todas las autoridades públicas,
incluido el Ejército Nacional, deben respetar de buena fe, los derechos de las
víctimas del conflicto interno.
5. Casos
concretos
5.1 Expediente
T-6.652.959
5.1.1 En el caso de Diego Andrés Velásquez Mora la Sala pudo establecer
que:
(i) Fue víctima de desplazamiento forzado y para probar tal calidad
adjuntó documento que da cuenta de su inscripción en el Registro Único de
Víctimas, desde el 2 de julio de 2013, dentro del núcleo familiar de la señora
Alix Mora Rincón, agente oficiosa en el presente trámite.
(ii) Se encontraba estudiando para auxiliar de
enfermería, en el Instituto Nacional de Técnicas Educativas INTECS de
Ibagué-Tolima.
(iii) Fue reclutado el 27 de octubre de 2017 por el Ejército Nacional-Batallón Sexta Brigada-Dirección de Reclutamiento y Control de
Reservas con sede en  Ibagué-Tolima e incorporado en la
misma fecha y adscrito al Batallón Especial Energético
y Vial No. 18, con sede en Arauca, para prestar el
servicio militar obligatorio, no obstante haber manifestado de forma verbal ser
víctima de desplazamiento forzado.
(iv) La institución accionada alega que tal manifestación no se hizo,
pues en el formato de “entrevista soldado-servicio
militar obligatorio y consentimiento informado”, no se indica su condición
de víctima del conflicto armado.
(v) El Juzgado
Civil del Circuito de Lérida-Tolima negó el amparo del derecho fundamental al
debido proceso, teniendo en cuenta que de las pruebas aportadas no se logra
determinar que Diego Andrés Velásquez Mora hubiese manifestado estar inmerso
dentro de alguna causal de exoneración frente a la prestación del servicio militar
obligatorio y que ello hubiera quedado consignado en los documentos
diligenciados al momento de realizar el proceso de incorporación. A partir de
lo expuesto, dedujo que voluntariamente decidió prestar el servicio militar.
(vi) En la demanda de tutela se solicita su desacuartelamiento y la definición
de su situación militar.
5.1.2 Para resolver el caso puesto a consideración la Sala hará énfasis
en que:
(i) En efecto se trata de una víctima de desplazamiento forzado, tal como se desprende del Registro Único de Víctimas.
(ii) En el formato de “entrevista
soldado-servicio militar obligatorio y consentimiento informado” no se
observa ningún aparte establecido para que el evaluado manifieste si es víctima
del conflicto armado y, por tanto, se encuentra inmerso en alguna causal de
exoneración, siendo que el artículo 181 del Decreto 4800 de 2011[17] establece que el Ministerio de Defensa ajustará el formato de inscripción para el
reclutamiento, con el fin de incluir una opción que permita tener información
si la persona es víctima en los términos establecidos en el artículo 3 de la
Ley 1448 de 2011[18].
(iii) Por tanto, y partiendo del tratamiento diferenciado que deben
recibir los sujetos de especial protección constitucional, en este caso en
calidad de víctima de desplazamiento forzado, se procederá a dar aplicación al
principio de buena fe, consagrado en el artículo 83 Superior, pues la institución
demandada no logró desvirtuar, a través de los diferentes documentos allegados
al presente trámite, que el agenciado suministró información respecto de su
condición de víctima del conflicto armado.
(iv) Además, se subraya que era a la institución demandada a quien le
correspondía verificar dicha información, como ya se explicó antes, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículo 180 y 181 del Decreto 4800 de 2011[19], donde se previó el
diseño e implementación del “Protocolo para el Intercambio de Información en
Materia de Exención de la Obligación del Servicio Militar Obligatorio para las
Victimas”, que orienta el intercambio de información, en tiempo real, entre
la Unidad Administrativa Especial y las Autoridades de Reclutamiento.
5.1.3 Por lo
expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia emitida por el Juzgado Civil
del Circuito de Lérida-Tolima y, en su lugar, a amparar el derecho fundamental
al debido proceso de Diego Andrés Velásquez Mora, para lo cual adoptará las
siguientes medidas:
(i) Ordenar al
Ejército Nacional- Batallón Especial Energético y Vial No. 18, con sede en
Arauca, que en el término de tres (3) días calendario, contados a partir de la
notificación del presente fallo, adelante los trámites pertinentes para
desacuartelar a Diego Andrés Velásquez Mora y le sea expedida la respectiva
libreta militar, sin el pago de la cuota de compensación militar y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 1448 de 2011[20] y 178 del Decreto 4800
del mismo año.[21]
(ii) De igual manera, se procederá a ordenar al Ministerio de Defensa
Nacional para que dé cumplimiento al artículo 181 del Decreto 4800 de 2011,
cuyo segundo inciso reza: “El Ministerio de Defensa
ajustará el formato de inscripción para el reclutamiento con el fin de incluir
una opción que permita tener información si la persona es víctima en los
términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011”.
(iii) De acuerdo a lo previsto por el artículo 139 de la Ley 1448 de
2011, las medidas de satisfacción “serán aquellas acciones que proporcionan
bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima (…) deberán ser
interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica que a las mismas se
pueden adicionar otras (…)”, y persiguen el
reconocimiento de las víctimas y del daño causado, así como la puesta en marcha
de medidas de reparación, elementos necesarios para restablecer la dignidad de
las víctimas como ciudadanos y para contribuir así a la convivencia, la no
repetición y la reconciliación en las comunidades.
Entonces, teniendo en cuenta que con el actuar
negligente del Ejército Nacional se vulneró el derecho a la reparación del
agenciado, catalogado de carácter fundamental y el cual goza, por tal motivo,
de protección constitucional, ya que ha permanecido
acuartelado desde el 27 de octubre de 2017, en contra de su dignidad, pues se
vio forzado a retornar al escenario del conflicto armado y, como quiera que la exención
en la prestación del servicio militar hace parte de las medidas de satisfacción
previstas en la Ley 1448 de 2011, para reparar de forma integral a las víctimas
del conflicto armado, el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, deberá sustituir
aquella medida de reparación por otra, en este caso, el pago del servicio
militar para Diego Andrés Velásquez Mora, como si lo hubiera prestado en
calidad de soldado profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º. del
Decreto 1794 de 2000,[22]
en consideración a que de todas maneras, por ocho (8) meses, se ha venido
desempeñando como soldado bachiller, percibiendo por concepto de bonificación
mensual el 30% del salario mínimo mensual legal vigente[23], es decir, como si se
tratara de un colombiano más, en las condiciones normales para tal efecto, y no
de una víctima del conflicto armado, a manera de desagravio.
Para el pago
deberá tenerse en cuenta la fecha de reclutamiento y aquella en la que se haga
efectivo el desacuartelamiento, otorgándose un término de treinta (30) días,
contados a partir de la notificación del presente fallo, para su
materialización. Frente a la medida de reparación sustitutiva se deberán
presentar un informe detallado, una vez se haya hecho efectiva.
5.2 Expediente T-6.646.080
5.2.1 Respecto del caso de Yoiner Alvernia Rodríguez la Sala encuentra
que:
(i) Su madre y agente oficiosa explicó en la acción de tutela que se
desplazó con su núcleo familiar del corregimiento La Trinidad del municipio de
Convención- Norte de Santander, el 10 de enero de 2002.
Al efecto,
dentro del expediente obra copia de escrito dirigido al
señor Luis Carlos Albernia Quintana, padre del agenciado, remitido el 6 de mayo
de 2008, por la Fiscalía General de la Nación-Coordinación Grupo Víctimas, a
través del cual precisa que “me permito informarle que revisado el sistema
de información SIJYP, se constató la existencia del registro número 43133,
referido al desplazamiento forzado de que ha sido victima (sic) (…).” Así
mismo, reposa una copia de una certificación expedida por la Personera
Municipal de Convención-Norte de Santander, del 28 de septiembre de 2007,
respecto que “el señor LUIS CARLOS ALVERNIA QUINTANA, identificada (sic) con
cédula de ciudadanía No. 13.166.826 EXPEDIDA EN EL CARMEN N.S., con su núcleo
familiar TORCOROMA RODRIGUEZ, YULEIDE, YOINER ALVERNIA RODRIGUEZ. Aparece
INSCRITO en el registro único de atención para la población desplazada de
Acción Social.”
(ii) Fue reclutado el 9 de agosto de 2017, por
el Ejército Nacional-Batallón No.15 Francisco de Paula Santander, con sede en
Ocaña-Norte de Santander, para prestar el servicio militar obligatorio, no
obstante haber manifestado de forma verbal ser víctima de desplazamiento
forzado.
(iii) Las entidades accionadas expusieron que el agenciado no se
encuentra inscrito en el Registro Único para las Víctimas, requisito para
acceder a las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011, para lo cual se debe
presentar la respectiva declaración ante cualquiera de las oficinas del
Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1448 de 2011 y el
Decreto 4800 del mismo año.
(iv) El Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Ocaña-Norte de Santander, accedió a la tutela de los derechos fundamentales de YOINER ALVERNIA RODRIGUEZ,
y, en consecuencia, ordenó al Comandante del Ejército Nacional Batallón No. 15,
Francisco de Paula Santander, en 24 horas, ubicar el batallón al que fue
asignado el agenciado y realizar su inmediato desacuartelamiento. Además,
ordenó que se le expida la correspondiente libreta militar, sin cobro de cuota
de compensación militar, por ser víctima de desplazamiento forzado. Así mismo,
pidió se le informe del acatamiento de la orden. Lo anterior, teniendo en
cuenta que del acervo probatorio arrimado al proceso se desprende que el
agenciado y su núcleo familiar fueron efectivamente víctimas de desplazamiento
forzado, pese a no encontrarse inscritos en el RUV, en aplicación de los
principios de buena fe y dignidad humana.
(v) El Comandante del Batallón de Infantería No. 15, General Francisco
de Paula Santander, impugnó la decisión, pues en su criterio el a quo no
tuvo en cuenta la respuesta emitida por la Unidad para las Víctimas, que
informó que ni el agenciado o su núcleo familiar aparecían inscritos en el RUV
y, por tanto, argumenta que no está en la obligación de dar cumplimiento a lo
ordenado en el fallo.
Por otro lado,
explicó que desde el 20 de agosto de 2017 el agenciado abandonó las
instalaciones del batallón, llevándose consigo el material que se le había
suministrado. Por lo tanto, no se cumplió con el trámite de incorporación del
mismo.
(vi) El 12 de septiembre de 2017, la señora Torcoroma Rodríguez Vivas,
interpuso incidente para establecer sanción por desacato a la sentencia que
resolvió la tutela en primera instancia. Argumentó la actora que su hijo huyó
del batallón debido al temor que enfrentó ante el hecho de tener que tomar las
armas, pues esto está relacionado con las circunstancias que los llevaron a
desplazarse de manera forzada. Pero que en todo caso, lo anterior no puede ser
una excusa para no adelantar los trámites relacionados con la expedición de la
libreta miliar. Sin embargo, en el expediente no reposa fallo respecto del
incidente de desacato.
(vii) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta-Norte de
Santander, revocó la decisión del a quo y, en su lugar decidió, “NEGAR
POR IMPROCEDENTE” el amparo solicitado, teniendo en cuenta que no se
evidencia que se acredite la agencia oficiosa, pues no se pudo establecer que el
agenciado no estuviese en capacidad de ejercer su propia defensa. Sin embargo,
se pronunció también sobre el fondo del asunto, afirmando que resulta
improcedente ordenar el desacuartelamiento de YOINER ALVERNIA RODRÍGUEZ, pues
nunca fue incorporado al Ejército Nacional, ya que se fugó; así como, la
expedición de la libreta militar, como quiera que no se encuentra acreditado
que el agenciado haya adelantado los trámites administrativos necesarios para
tal fin.
(viii) En la demanda de tutela se solicita su desacuartelamiento, la
expedición de la libreta militar y la inscripción en el RUV.
5.2.2 Para resolver el caso bajo análisis la Sala tomará en consideración
que:
(i) De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación la condición de víctima del desplazamiento
forzado tiene como presupuesto fáctico la ocurrencia del hecho victimizante.
Así entonces, la víctima puede probar por cualquier
medio legalmente aceptado que sufrió desplazamiento forzado. Aunado a que el artículo 140 de la Ley 1448 de 2011, habla de “las
víctimas a que se refiere la presente ley”, es decir en los términos del
artículo 3ero. y no de las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas,
pues éste es una herramienta meramente
administrativa, que no tiene la capacidad de desvirtuar la condición de víctima
de una persona.
Respecto de la prueba
de la condición de desplazado, esta Corte ha señalado que la situación de
desplazamiento es de muy difícil prueba y, por ende, no puede tener un manejo
probatorio estricto, debido a la situación de vulnerabilidad en que se
encuentran[24].
Entonces, en el caso que se estudia, se presentan dos elementos que corroboran
la condición de víctima del conflicto armado de Yoiner Alvernia Rodríguez. Por
una parte, la certificación de la Personería Municipal de Convención, parte del
Ministerio Público, que goza de presunción de legalidad, donde se indica que el
núcleo familiar del agenciado se encuentra inscrito en el antiguo registro
único para población desplazada-RUPD. Y, de otra, un oficio remitido por la
Fiscalía General de la Nación-Coordinación Grupo Víctimas, al padre del
agenciado, dando cuenta de que en el sistema de información SIJYP, se constató
la existencia del registro No.43133, referido al desplazamiento forzado de que
fue víctima.
(ii) De otra parte, y partiendo del tratamiento diferenciado que deben
recibir los sujetos de especial protección constitucional, en este caso en
calidad de víctima de desplazamiento forzado, al igual que en el caso revisado
con antelación, se procederá a dar aplicación al principio de buena fe,
consagrado en el artículo 83 Superior, pues la institución demandada no
controvirtió el hecho de que el agenciado manifestara, en el presente trámite,
que al momento de ser reclutado informó ser víctima de desplazamiento forzado.
(iii) Adicionalmente, también se tiene
que Yoiner Alvernia Rodríguez, al haber sido reclutado fue revictimizado y
obligado a enfrentar una situación que en todo momento debió evitarse, pues las
medidas de satisfacción, como la exención del servicio militar, están
destinadas a resarcir el dolor de las víctimas y a restablecer su dignidad, pero
en este caso, esos propósitos se desconocieron.
Por lo tanto, frente
a la pretensión de desacuartelamiento, estamos ante la vulneración de sus
derechos fundamentales en calidad de víctima, como quiera que efectivamente el
agenciado fue reclutado siendo beneficiario de la exención para víctimas del
conflicto y estuvo concentrado desde el 9 hasta el 20 de agosto de 2017.
En consecuencia, la Sala encuentra que Yoiner Alvernia Rodríguez en
ningún momento debió ser reclutado, y que si se ha iniciado alguna investigación
penal militar frente a la deserción, para resolver su situación militar, se
deben valorar y tener en cuenta las consideraciones expuestas en esta
providencia respecto de que se trata de un sujeto de especial protección
constitucional y que, en su calidad de víctima de desplazamiento forzado, se
encuentra legalmente exento de prestar el servicio militar obligatorio.  Al ser
reclutado fue revictimizado y se le vulneró su dignidad y sus derechos
fundamentales como víctima, poniéndolo en un estado de vulnerabilidad tal, que
lo llevó a huir del lugar donde se encontraba concentrado. La misma Corte ha
sostenido que para la población desplazada es una carga desproporcionada y un
atentado a su dignidad, hacerlos tomar las armas y “retornar al escenario de conflicto que fueron forzados a abandonar” en tanto, este actuar estatal los pone “en una situación aún
mayor de vulnerabilidad física y psicológica.”[25]
Lo anterior, sin
perjuicio de las diligencias que procedan en torno al material de intendencia que
le fue entregado para la prestación de su servicio militar y que se llevó en la
huida.
(iv) Finalmente, sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, cabe
aclarar que en el expediente no reposan elementos probatorios que permitan adoptar
decisiones en ese sentido. Además, que dicho procedimiento se encuentra
regulado en los artículos 154 a 158 de la Ley 1448 de 2011 y 27 a 42 del
Decreto 4800 del mismo año, y es la Unidad para las Víctimas la entidad ante la
cual se debe hacer la respectiva solicitud, para que se dé inicio al trámite
correspondiente y se efectúe el estudio pertinente.
5.2.3 Por lo
expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta-Norte de Santander y en su lugar a
amparar los derechos fundamentales a la libertad personal, la vida, la
dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la unidad familiar de Yoiner
Alvernia Rodríguez, para lo cual adoptará las siguientes medidas:
(i) Ordenar al Ejército Nacional que expida el respectivo acto
administrativo a través del cual haga efectiva la exención de la prestación del
servicio militar, consagrada en el artículo 140 de la Ley 1448 de 2011, a favor
de Yoiner Alvernia Rodríguez y le expida la respectiva libreta militar, sin el
pago de la cuota de compensación militar, en un término máximo de quince (15)
días, contados a partir de la notificación del presente fallo.
En consecuencia, dado que en este caso en particular existen pruebas
de la calidad de víctima de desplazamiento forzado del agenciado deberán
inaplicarse los artículos 178, inciso primero,[26]
y 179 del Decreto 4800 de 2011[27]
y el literal l) del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017[28], que exigen la
inscripción en el RUV, para proceder a exceptuar a las víctimas del conflicto
armado de la prestación del servicio militar.
(ii) Negar la inscripción en el Registro Único de Víctimas de Yoiner
Alvernia Rodríguez, teniendo en cuenta que la población víctima debe cumplir
con una carga mínima de presentarse ante la entidad responsable, declarar y
solicitar su inscripción, de acuerdo con  el procedimiento establecido para tal
efecto en la Ley 1448 y del Decreto 4800, ambos de 2011, por lo cual se lo
exhortar a regular su situación como víctima de desplazamiento forzado ante el
Registro Único de Víctimas-RUV.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR
el fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Lérida-Tolima, el 27 de
noviembre de 2017, mediante el cual negó el amparo invocado por la señora Alix
Mora Rincón, en calidad de agente oficiosa de su hijo Diego Andrés Velásquez
Mora (Expediente T-6.652.959), en contra del Batallón Sexta Brigada-Dirección
de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional de Ibagué-Tolima.
En su lugar, amparar el derecho fundamental al debido proceso de Diego Andrés
Velásquez Mora.
SEGUNDO. ORDENAR, a
través de la Secretaría General de esta Corporación, al Ejército Nacional-
Batallón Especial Energético y Vial No. 18, con sede en Arauca, o al que se
encuentre adscrito, que en el término de tres (3) días calendario, contados a
partir de la notificación del presente fallo, adelante los trámites pertinentes
para desacuartelar a Diego Andrés Velásquez Mora y le sea expedida la
respectiva libreta militar, sin el pago de la cuota de compensación militar y
de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 1448 de 2011 y 178
del Decreto 4800 del mismo año.
TERCERO. ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al
Ministerio de Defensa Nacional para que dé cumplimiento al inciso segundo del
artículo 181 del Decreto 4800 de 2011, relativo al ajuste que se deberá hacer
al formato de inscripción para el reclutamiento, con el fin de incluir una
opción que permita tener información si la persona es víctima, en los términos
establecido en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
CUARTO.
ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación,
al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, adoptar una medida de reparación,
en este caso, el pago del servicio militar a Diego Andrés Velásquez Mora, como
si lo hubiera prestado en calidad de soldado profesional, teniendo en cuenta las
razones expuestas en la parte motiva. Para lo cual se otorgará un término de
treinta (30) días, contados a partir de la notificación del presente fallo, y
respecto de la cual se deberán presentar un informe detallado, una vez se haya
hecho efectiva.
QUINTO. REVOCAR el fallo
emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta-Sala Penal de
Decisión-Norte de Santander, a través del cual se revocó la decisión proferida
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ocaña, el 1 de septiembre de 2017,
que accedió a la tutela interpuesta por la señora Torcoroma Rodríguez Vivas, en
calidad de agente oficiosa de su hijo Yoiner Alvernia Rodríguez, en contra del
Ejército Nacional, Batallón de Infantería No. 15, Francisco de Paula Santander
de Ocaña-Santander y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas-UARIV. En su lugar, amparar los derechos
fundamentales a la libertad personal, la vida, la dignidad, el libre desarrollo
de la personalidad y la unidad familiar de Yoiner Alvernia Rodríguez.
SEXTO. ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al Ejército
Nacional, que expida el respectivo acto administrativo a través del cual haga
efectiva la exención a la prestación del servicio militar, consagrada en el
artículo 140 de la Ley 1448 de 2011, a favor de Yoiner Alvernia Rodríguez y le expida
la respectiva libreta militar, sin el pago de la cuota de compensación militar,
en un término máximo de quince (15) días, contados a partir de la notificación
del presente fallo.
SÉPTIMO. EXHORTAR a Yoiner Alvernia Rodríguez para que cumpla la carga
de regular su situación como víctima de desplazamiento forzado ante el Registro
Único de Víctimas-RUV.
OCTAVO. NEGAR la inscripción en el Registro Único de Víctimas de Yoiner Alvernia
Rodríguez, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
NOVENO.
LÍBRENSE, a través de la Secretaría General de esta
Corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Sentencia
T-004 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[2] Sentencias
T-373 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-313 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[3] Sentencia
T-662 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[4] Sentencias
T-328 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de 2004, M.P. Jaime
Araujo Rentería; T-789 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-136 de 2001,
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, entre otras.
[5] Ver
particularmente los artículos 1°, 8° y 9° de la Ley 1448 de 2011.
[6] La
Corte ha analizado ampliamente los alcances de este concepto, especialmente
desde la sentencia C-370 de 2006, MM. PP. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur
Galvis y Clara Inés Vargas Hern771 de 2011 antes
citada.son Pinilla Pinilla). Luis Ernesto Vargas Silvaa constructiva de paz, a
instituci_____________________ández; C-936 de 2010,
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-771 de 2011,
M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[7]Sentencias C-771
de 2011 y C-052
de 2012, en ambas M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[8] Sobre esta diferenciación, ha habido
diversos pronunciamientos por parte de esta Corporación, que se han encargado
de desarrollar el principio de distinción, dentro de los cuales se
pueden destacar las sentencias SU-254 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
C-280 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y C-912 de 2013, M.P. María Victoria
Calle Correa. En esta última se precisó: “La reparación integral a las
víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la ayuda
humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que éstos no pueden
confundirse entre sí, en razón a que difieren en su naturaleza, carácter y
finalidad. Mientras que los servicios sociales tienen su título en los derechos
sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar dichos
derechos sociales, prestacionales o implementar las políticas públicas
relativas a derechos de vivienda, educación y salud, y la asistencia
humanitaria la ofrece el Estado en caso de desastres; la reparación en cambio,
tiene como título la comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño
antijurídico y la grave vulneración de los derechos humanos, razón por la cual
no se puede sustituirlas o asimilarlas, aunque una misma entidad pública sea
responsable  de cumplir con esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la
reparación.”
[9] Sentencia C-912
de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[10] Entre
otras de esas decisiones se pueden consultar las sentencias C-052 de 2012, M.P.
Nilson Pinilla Pinilla; C-253A de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
C-781 de 2012, M. P. María Victoria Calle Correa y C-280 de 2013, M. P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[11]
Según lo dispone su artículo 208 esta ley tiene una vigencia temporal de diez
(10) años contados desde la fecha de su promulgación, esto es el 10 de junio de
2011.
[12]
Parágrafo 2° del artículo 60. Esta norma fue declarada exequible por este
tribunal mediante sentencia C-280 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, en el
entendido de que esa definición no podrá ser razón para negar la atención y la
protección prevista por la Ley 387 de 1997
a las víctimas de desplazamiento forzado,
[13] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[14] “Artículo
16. Definición de registro. El Registro Único de Víctimas es una
herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro de las
víctimas.//La
condición de víctima es una situación fáctica que no está supeditada al
reconocimiento oficial a través de la inscripción en el Registro. Por lo tanto,
el registro no confiere la calidad de víctima, pues cumple únicamente el
propósito de servir de herramienta técnica para la identificación de la
población que ha sufrido un daño en los términos del artículo 3° de la Ley 1448
de 2011 y de sus necesidades, y como instrumento para el diseño e
implementación de políticas públicas que busquen materializar los derechos
constitucionales de las víctimas.//El
Registro Único de Víctimas incluirá a las víctimas individuales a las que se
refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 e incluirá un módulo destinado
para los sujetos de reparación colectiva en los términos de los artículos 151 y
152 de la misma ley.”
[15] Sentencia
C-912 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[16] Sentencia
T-372 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[17] “ARTÍCULO
181.- Deber de informar. Al momento de realizar la inscripción para el
reclutamiento, la persona deberá informar a la autoridad de reclutamiento que
se encuentra en trámite su proceso de solicitud de registro o que ya ha sido
incluida en el Registro Único de Víctimas, para que el Ministerio de Defensa
Nacional proceda a su verificación.//El Ministerio de Defensa ajustará el
formato de inscripción para el reclutamiento con el fin de incluir una opción
que permita tener información si la persona es víctima en los términos
establecido en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.”
[18] “ARTÍCULO
3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones
al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a
las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno. //También son víctimas el cónyuge, compañero o
compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los
que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. //De la
misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización. //La condición de víctima se adquiere con independencia de que
se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y
de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.
Parágrafo 1°. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los
términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo
concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea
aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y
garantías de no repetición señaladas en la presente ley. Parágrafo 2°. Los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán
considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o
adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen
de la ley siendo menores de edad. Para los efectos de la presente ley, el o la
cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas
directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente
artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros
de dichos grupos. Parágrafo 3°. Para los efectos de la definición contenida en
el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido
un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.
Parágrafo 4º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes
del 1° de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación
simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como
parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.
Parágrafo 5º. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en
ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter
político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan
ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley,
en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de
manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3º) común a los
Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que
le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las
Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto
por las disposiciones contenidas en la presente ley.”
[19] “ARTÍCULO
180.- Protocolo para el Intercambio de Información en Materia de Exención de la
Obligación del Servicio Militar Obligatorio para las Victimas. El Protocolo
para el Intercambio de Información en Materia de Exención de la Obligación del
Servicio Militar Obligatorio para las Víctimas es el instrumento que fija los
parámetros que orientan el intercambio de información entre la Unidad
Administrativa Especial y las Autoridades de Reclutamiento para la exención al
servicio militar de las víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448
de 2011. En este protocolo se deberá contemplar como mínimo los siguientes
elementos: 1. El procedimiento para que la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas suministre a las autoridades
de reclutamiento la información en tiempo real sobre el estado del proceso de
valoración. 2. El procedimiento para que el Ministerio de Defensa informe a la
Unidad Administrativa Especial para sobre la expedición y entrega de la libreta
militar.” El artículo 181 ya se relacionó.
[20] “ARTÍCULO
140. EXENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. Salvo en caso de guerra
exterior, las víctimas a que se refiere la presente ley y que estén obligadas a
prestar el servicio militar, quedan exentas de prestarlo, sin perjuicio de la
obligación de inscribirse y adelantar los demás trámites correspondientes para
resolver su situación militar por un lapso de cinco (5) años contados a partir
de la fecha de promulgación de la presente ley o de la ocurrencia del hecho
victimizante, los cuales estarán exentos de cualquier pago de la cuota de
compensación militar.”
[21] “ARTÍCULO
178.- Suspensión de la obligación de prestar el servicio militar. La solicitud
de registro de que trata el Titulo 11 del presente Decreto suspende la
obligación de prestar el servicio militar hasta tanto se defina su condición de
víctima. Para tal efecto, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas adoptará las medidas necesarias para
suministrar la información a las autoridades de reclutamiento, en tiempo real,
sobre el estado del proceso de valoración. El Ministerio de Defensa Nacional
informará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas sobre la expedición y entrega de la libreta militar a
las víctimas exentas de prestar el servicio militar. La libreta militar
entregada a las víctimas será de reservista de segunda clase en virtud de lo previsto
por el artículo 51 de la Ley 48 de 1993. Se suscribirá un protocolo entre la
Unidad Administrativa Especial y el Ministerio de Defensa Nacional, en el que
se definirán los términos para el intercambio de información.”
[22] Por
el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de
soldados profesionales de las Fuerzas Militares. “ARTICULO 1. ASIGNACION
SALARIAL MENSUAL. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas
Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal
vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31
de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131
de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un sesenta
por ciento (60%).”
[23] Ver
artículo 44 de la Ley 1861 de 2017.
[24]
T-397-09 reitera la sentencia T-468-06.
[25]
T-372 de 2010, precitada.
[26]
“ARTÍCULO 178.- Suspensión de la obligación de prestar el servicio militar. La
solicitud de registro de que trata el Titulo 11 del presente Decreto suspende
la obligación de prestar el servicio militar hasta tanto se defina su condición
de víctima. Para tal efecto, la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas adoptará las medidas necesarias para
suministrar la información a las autoridades de reclutamiento, en tiempo real,
sobre el estado del proceso de valoración.”
[27]
“ARTÍCULO 179.- Desacuartelamiento. Las personas que se encuentren prestando el
servicio militar y presenten una solicitud de registro ante la Unidad
Administrativa Especial, sólo serán desacuarteladas una vez sean incluidas en
el Registro de que trata el Titulo 11 del presente Decreto.”
[28] “ARTICULO
12°. Causales de exoneración del servicio militar obligatorio. Están exonerados
de prestar el servicio militar obligatorio, cuando hayan alcanzado la mayoría
de edad en los siguientes casos: (…). Las víctimas del conflicto armado que se
encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).”