su442-97
Sentencia SU-442/97
Sentencia SU-442/97
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Procedencia
de tutela por conexidad con derechos fundamentales
No obstante que la acción de tutela ha sido
consagrada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
carácter individual, es procedente intentar esta, cuando se trata de la
presunta vulneración o amenaza de un derecho relativo al ambiente sano, pues en
estos casos, en presencia de la conexidad de los derechos colectivos y
fundamentales vulnerados, prevalece la acción de tutela sobre las acciones
populares, convirtiéndose así en el instrumento judicial adecuado para el
amparo oportuno de los derechos amenazados. Este derecho se concibe como un
conjunto de condiciones básicas que rodean a la persona y le permiten su
supervivencia biológica e individual, lo cual garantiza a su vez su desempeño
normal y su desarrollo integral en el medio social. En este sentido, el ambiente
sano es un derecho fundamental para la supervivencia de la especie humana; sin
embargo, la vulneración del mismo conlleva en determinados casos, al
quebrantamiento de derechos constitucionales fundamentales como la vida o la
salud. Por consiguiente, como lo dispuso el constituyente de 1991, el Estado
debe garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y adoptar las medidas
encaminadas a obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y
el aseguramiento del bienestar general, a fin de evitar que se causen daños
irreparables a la persona, ya que en tales circunstancias, dicho derecho es
susceptible de ser protegido, a través del ejercicio de la acción de tutela.
SERVICIO PUBLICO
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-Responsabilidad
estatal de prestación efectiva
Del mandato constitucional consagrado en el
artículo 79, se colige que es responsabilidad del Estado atender y garantizar
la prestación efectiva del servicio público de saneamiento ambiental, conforme
a los principios de universalidad y solidaridad. Todas esas obligaciones están
dirigidas a la preservación, conservación y protección del medio ambiente, a
fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el
aseguramiento del bienestar general.
DERECHO A LA
VIDA-Derechos derivados
tienen carácter de fundamentales por conexidad
Si el derecho a la vida es fundamental, los
derechos que esencialmente se derivan de él, como la salud, también lo son
necesariamente bajo ciertas condiciones, y en razón de su conexidad, emergen como
fundamentales cuando su amenaza o vulneración representan peligro o daño al
derecho a la vida, de manera que es preciso ampararlo para proteger aquél.
_DERECHO A LA
SALUD-Tratamiento de aguas
residuales
DERECHO A LA
SALUD-Ausencia de agua
potable
DERECHO A LA
SALUD-Problemas
ambientales en Santa Marta/DERECHO AL AMBIENTE SANO-Contaminación en el
Distrito de Santa Marta
LICENCIA DE
CONSTRUCCION-Suspensión de
otorgamiento en bahía
LICENCIA DE
CONSTRUCCION-Implicaciones
de su otorgamiento
Como lo ha expresado esta Corporación el
otorgamiento de una licencia de construcción implica por parte de las
autoridades administrativas, un estudio previo y responsable respecto de la
posibilidad de garantizar la debida prestación de los servicios necesarios para
gozar del derecho a una vivienda digna. Por ello la Corporación dispuso
suspender por un término determinado, el otorgamiento indiscriminado de
licencias de construcción, en razón de no haberse adoptado las medidas
requeridas para la prestación de los servicios públicos esenciales.
LICENCIA DE
CONSTRUCCION-Exigencia de
viabilidad ambiental
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Construcción
o reubicación de botadero de basura
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Partículas
de carbón en el aire
Referencia:
Expedientes T-120.950 y T-124.621 (acumulados)
Demandantes: Francisco
Escobar Silebi, Jorge Eduardo Escobar Silebi y Otros contra el Alcalde del
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, el Gerente de la
Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta S.A.
E.S.P. -METROAGUA-, las empresas de servicios públicos domiciliarios de aseo,
denominadas ESPA e INTERASEO y el Director de la Corporación Autónoma Regional
del Magdalena, CORPAMAG.
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santa Fe de Bogotá, D.C., Septiembre
dieciseis (16) de mil novecientos noventa y siete (1997).
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33 y 36 del Decreto 2591 de 1991, procede la Sala Plena de la Corte
Constitucional, a decidir las acciones de tutela, cuyos expedientes fueron
seleccionadas y acumuladas por la correspondiente Sala de Selección de la Corte
Constitucional.
ANTECEDENTES
Los procesos materia de revisión
constitucional por parte de esta Corporación fueron radicados bajo los números
120950 y 124621 a los cuales se hace referencia en la forma que a continuación
se relaciona:
I.   Expediente No. T-120.950
Los ciudadanos Francisco Antonio Escobar
Silebi y Otros, promovieron acción de tutela ante el Tribunal Contencioso
Administrativo del Magdalena,  en defensa de los derechos fundamentales a la
salubridad pública y al medio ambiente sano, que según ellos fueron vulnerados por
las autoridades distritales de Santa Marta, relacionadas en la referencia.
H E C H O S :
Son hechos que fundamentan la demanda, los
siguientes:
1. Con el transcurso de los años, la presión sobre los
ecosistemas aledaños a la ciudad de Santa Marta, se ha incrementado de tal
manera que no solo altera el paisaje, sino que también agota o reduce la
posibilidad de aprovechamiento sostenible de los mismos.
2. Por esa razón, se ha perdido “su fulgor, poniendo hoy
en peligro inminente su riqueza natural, su valor paisajístico, su potencial
turístico, la salubridad pública, el espacio público y la vida digna y
saludable de sus habitantes o de quienes la visitan”.
3. Mediante escrito dirigido a la Dirección General de
CORPAMAG, los demandantes formularon una serie de inquietudes acerca de los
vertimientos de las aguas residuales del sistema de alcantarillado de la
ciudad, así como del manejo y tratamiento de los desechos sólidos o basuras,
las cuales no fueron atendidas en debido forma, “maniobrando las respuestas de
un modo artificioso”, de la siguiente manera:
4. Con respecto al vertimiento de las aguas residuales
del sistema de alcantarillado, expresan que no hay respuesta frente a las
bahías de Bello Horizonte, Pleno Mar, Gaira, Taganga y el Laguito. Afirman que
la cobertura del sistema de acueducto y alcantarillado es del 85% y 63%
respectivamente, con deficiencias en la calidad del suministro de agua y
cobertura de la red de alcantarillado.
5. En la respuesta no se menciona si existe tratamiento
previo para los vertimientos y señalan que estos se hacen en forma directa.
6. Al respecto, el representante de CORPAMAG sostiene que
“actualmente sobre las partes bajas de los ríos Manzanares y Gaira, la bahía de
Santa Marta y el Balneario de El Rodadero, se presenta el vertimiento directo
de aguas residuales, estimadas en 600 lts/seg. de la siguiente manera:
“En la bahía de
Santa Marta (en el sitio el boquerón), se descargan parcialmente las aguas
recolectadas en la ciudad y las procedentes de El Rodadero, cuyo caudal es
aproximadamente de 600 lts/seg.
En el Río
Manzanares desemboca en la parte sur de la ciudad, recolecta a cielo abierto 50
lts. aproximadamente de aguas residuales domésticas de gran parte del sur de la
ciudad.
El Río Gaira que
desemboca al sur del Rodadero recolecta cerca de 25 lts. de aguas residuales
procedentes de la parte sur de Gaira”.
“Corpamag viene
avanzando con Metroagua en la legalización de los vertimientos del sistema de
alcantarillado a la Bahía. Como resultado de esta gestión en el Distrito de
Santa Marta se ha logrado la implementación de sistemas de tratamiento en las
industrias principales las cuales se relacionan a continuación”.
7. Así mismo, señalan que CORPAMAG hizo referencia a un
estudio realizado en la década anterior, sobre la situación de vertimientos y
contaminación en la zona costera de la ciudad, que aunque no precisa la
cobertura del mismo, indica lo siguiente:
“En la
bahía de Santa Marta y sector marítimo adyacente se produce la descarga de
aguas negras procedentes del distrito de Santa Marta sin ningún tipo de
tratamiento previo. Por lo anterior según Cruz y Ramírez (1990), estas
descargas de aguas servidas representan una fuente importante de material orgánico,
nitratos, fosfatos y otros componentes químicos contaminantes, así como de
bacterias coliformes y bacterias patógenas fecales. La anterior situación
evidencia la posible peligrosidad de los sectores de baño próximos a la
influencia de los sitios de descarga permanente de aguas negras que en la bahía
no solo se ubican en el sector de El Boquerón, sino también en la zona
portuaria, desembocadura del río Manzanares, sectores de la playa urbana
ubicados frente a las calles 10 y 22 con carrera primera, donde descargan
emisarios de aguas pluviales y/o combinadas” (negrillas y subrayas fuera de texto).
8. En relación con el sistema de acueducto,
aprovechamiento de aguas, concesiones, cantidades, y calidad de este bien
natural fundamental para la vida, resaltan del manifiesto suscrito por CORPAMAG
los siguientes apartes:
“El sistema
actual de acueducto se abastece aproximadamente en un 57% de las aguas
superficiales provenientes de los ríos manzanares, río piedra y gaira; con base
en estimativos de caudal la oferta de las aguas superficiales tratadas es de
820 lts/seg. los cuales tienen tratamiento en la planta de Mamatoco y el de la
planta de El Roble. El restante 47% corresponde a aguas subterráneas que son
captadas en los pozos construídos sobre los acuiferos del Cundi, Tamaca y
Gaira, los cuales solo reciben tratamiento de desinfección, debido a las
pérdidas de aguas registradas por Metroagua, estimadas en el 50%. La población
actual es atendida con racionamientos periódicos”.
9. Destacan así mismo, que con respecto a la situación
del acueducto del Distrito de Santa Marta, las preguntas formuladas no fueron
absueltas en su totalidad, puesto que no se indicaron las cantidades de agua
recuperable por cada punto de aprovechamiento, la calidad de las mismas, si son
o no aptas para el consumo humano, etc. Por ello, concluyen que el servicio de
acueducto no se presta en condiciones de eficiencia.
10. Por su parte, en cuanto a la solicitud que uno de los
accionantes hizo a METROAGUA sobre la estimación o alcance aproximado a la
problemática de vertimientos y del sistema de alcantarillado, se obtuvo entre
otras, la siguiente información:
“Debido al
crecimiento desordenado que se ha venido presentando en el sector turístico de
El Rodadero, el cual ha carecido de una planificación acorde a las necesidades
de sus habitantes, lo que viene provocando insuficiencia en las redes
existentes, generando contInuos y frecuentes rebosamientos y desbordamientos de
aguas negras, tanto en el Rodadero como en el corregimiento de Gaira. Tal
situación ocasiona un detrimento en el medio ambiente porque produce una
contaminación visual y física que atenta contra la salud de sus habitantes” (negrillas y subrayas fuera de texto).
11. De otro lado, se expresa en la misma respuesta que “actualmente
las aguas negras de Santa Marta, Gaira y El Rodadero se vierten en la zona
conocida como El Boquerón, localizada en la parte posterior de la sociedad
portuaria. Por la configuración actual del sistema de alcantarillado de Santa
Marta, se hace difícil optar por un sistema de tratamiento que utilice lagunas
de oxidación y/o reducción debido a que sería necesario rebombear las aguas en
un área extensa alejada del casco urbano, teniendo en cuenta los efectos de
tipo ambiental; de tal manera que se está planteando la construcción de
un emisario submarino; con este fin se están haciendo contactos con ingenieros
cubanos...” (negrillas y subrayas fuera de texto).
11. Referente al vertimiento de aguas servidas a los ríos
Manzanares y Gaira, se indica que “actualmente en la ribera de estos ríos han
sido invadidas por gentes de bajos recursos las cuales carecen de servicio de
alcantarillado, por lo tanto arrojan sus desechos y aguas negras al río,
contaminando el cauce del mismo. Por su parte, el sector denominado Rodadero
Sur carece de sistema de alcantarillado y el manejo de las aguas servidas se
realiza por medio de pozos sépticos”.
12. Por lo anterior, los accionantes concluyen que “los
vertimientos son directos, sin tratamiento alguno, e ilegales; además, es
necesario contrastar lo informado por METROAGUA con el estudio de INVEMAR que
más adelante se muestra en la presente acción”.
13. En relación con el funcionamiento del acueducto,
aportan una serie de cifras y datos que los lleva a señalar que "la
insuficiencia de la cobertura del acueducto, en virtud de que las pérdidas
alcanzan el 50% de los caudales aprovechados, sumados a la disminución que
ocurre en época de verano, indica que el servicio a más de precario (30% real
aproximadamente), incumple los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad que nos ilustra la Constitución Política, lo cual no se compadece
con lo dictaminado por el Consejo Nacional Ambiental con respecto a la cultura
del agua potable que nos presume en virtud de la Sierra Nevada como zona de
alta disponibilidad de agua potable".
14. De otro lado, agregan los actores que “en la brevísima
respuesta obtenida de ESPA, se observa el incumplimiento de las disposiciones
sanitarias, ambientales y en especial sobre manejo de desechos sólidos y
emisiones atmosféricas insanas en virtud de la quema de basuras. Dicha
respuesta fue reiterada por ESPA e INTERASEO, mediante ejercicio posterior del
mismo derecho de petición, respuesta en la que observamos que no existe
plan de manejo ambiental ni licencia ambiental para dicha actividad que
se desarrolla en predios aledaños a la zona de recarga de acuíferos de la
ciudad o lugares donde surcan los caños que recargan dichos acuíferos, lo cual
hace aún de más riesgo la actividad por el lavado de basuras en épocas de
invierno y de lluvias, aguas que se infiltran a las subterráneas que luego se
aprovechan para el acueducto. El manejo ambiental del basurero es
precario o inexistente lo cual pone en riesgo la salud y la vida de las mismas
personas que laboran allí, incumpliéndose las normas constitucionales y
ambientales" (negrillas y subrayas fuera de texto).
15. Igualmente, señalan que la entidad INVEMAR respondió
lo siguiente en relación con lo anterior:
“La descarga de
aguas servidas a las aguas costeras del municipio genera básicamente
contaminación bacteriana. Los estudios bacteriológicos no son
abundantes, pero se ha establecido en mediciones previas de Escobar (1988) y
otras más recientes (septiembre de 1995) realizadas en cuatro estaciones
costeras (Boquerón, Boca del Rio Manzanares, a la altura de la calle 10 y a la
altura de la Calle 22), que la Bahía de Santa Marta presenta niveles altos de
coliformes (hasta 24000/100 ml como NMP); se identifica como es de esperar, al
Boquerón como el sector más contaminado bacteriológicamente. Además, se
encontraron en todos los sectores de la bahía escherichia coli y streptococcus
fecalis, como indicadores de presencia de bacterias patógenas”
(negrillas y subrayas fuera de texto).
16. Por consiguiente, expresan que ante este dictamen, “el
hecho de la presencia de bacterias patógenas en la bahía nos muestra claramente
la peligrosidad de la situación y nos advierte que ya el mar no actúa como
diluyente, ni bactericida, exponiendo a los bañistas al peligro de contraer
salmonellas y otras enfermedades (enteritis), así como nos evidencia la
presencia de metales pesados en los recursos ictiológicos, que por cierto son
transmisibles al ser humano ocasionando estragos para la salud y ponen en
riesgo la vida misma".
17. Además, indican que es conocida por todos los
habitantes de la ciudad la situación de rebosamiento continuo de la red de
alcantarillado, que se caracteriza por la insuficiente cobertura, advirtiendo
que "dentro de las limitaciones descritas, es notoria la caótica y crítica
situación ambiental del centro de la ciudad, así como de sus barrios populares,
sitios como las calles 1 a 20 con carreras 1 a 8 muestran los continuos
rebosamientos de las redes, donde emergen aguas negras que se canalizan
superficialmente por las calles y andenes de la ciudad, además de poner en alto
riesgo de contaminación los distintos acuíferos de la ciudad"
(negrillas y subrayas fuera de texto).
18. Igual situación se presenta, según ellos, en las zonas
de la avenida El Libertador donde existen barrios que no cuentan con sistemas
de recolección de aguas negras. “Basta contemplar la cobertura de la red de
alcantarillado que nos informa la Sociedad Metroagua, entendida en el número de
barrios que cuentan con el insuficiente sistema frente al número total de los
mismos. Es decir, la cobertura no es representativa para el crecimiento urbano
que ha comportado el Distrito en los últimos años, ni mucho menos abarca la
totalidad de los barrios existentes, y ni siquiera el mercado público el cual
debe ser ejemplo de higiene, lo cual deja al abandono y a la suerte de los
habitantes la obligación que sí tiene constitucional y legalmente la
administración distrital”.
19. Así mismo, observan que zonas como El Rodadero Sur,
Gaira, Bello Horizonte y Taganga se encuentran abandonadas a su suerte y
expuestas a los contínuos rebosamientos, infiltraciones de pozas sépticas en
los acuíferos existentes, contaminación ambiental, lo que ocasiona riesgos a la
salud y por tanto a la vida humana.
20. Agregan, que no existe control sobre emisario de
vertimiento alguno por parte de METROAGUA-DISTRITO, ESPA-DISTRITO, CORPAMAG, ni
sobre los particulares que pueden encontrarse en los sectores antes indicados,
así como en el sitio denominado “El Laguito”, ubicado en el Balneario del
Rodadero, y en el canal artificial que interconecta al mar con dicho lugar: ni
las autoridades mencionadas, obligan a conectarse a las pocas redes existentes,
ni mucho menos a realizar los tratamientos previos ordenados por la ley, dado
que las mismas autoridades continúan de manera ilegítima incumpliendo dichas
normas y permitiendo la desaforada urbanización de zonas que no poseen
condiciones mínimas de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, como
los de acueducto y alcantarillado, además del servicio de electrificación.
21. Por su parte, el accionante Wilfredo Díaz, sostiene
que la ciudad no  cuenta con un sistema de recolección de aguas pluviales, las
cuales se fusionan con las afluentes y las que se rebosan de las alcantarillas
y recorren las calles como canales contaminantes, que ponen de igual forma en
riesgo, la salud, la integridad física, la vida y bienes de los habitantes, a
más de impedir el disfrute de un ambiente sano, siendo este otro de los
aspectos que inciden en la problemática de los drenajes pluviométricos, la
carencia absoluta de canales que intercepten las aguas, evitando que ellas se
concentren después de las precipitaciones en el centro antiguo e histórico, y
en la zona norte.
22. Para el efecto, expresa que “ninguna autoridad ha
puesto coto a esta situación ni muestra interés real en solucionar la
problemática, que de no tomarse las medidas pertinentes en forma inmediata
pondrán en situación de irreversibilidad la garantía constitucional al ambiente
sano, a la salud, a la vida, y a los demás derechos que se vulneran directa o
conexamente con las omisiones señaladas, entre las que se destaca la falta de
planeación de la ciudad, la cual no sólo crece en forma desordenada, sino de
manera irresponsable sin prestación de servicios públicos domiciliarios, sin
exigencia de requisitos mínimos para el otorgamiento de las respectivas
licencias de construcción, sin ordenamiento en cuanto a usos del suelo se
refiere, sin la intervención en forma legal y rigurosa de la máxima autoridad
ambiental, la cual no ha exigido el cumplimiento de los decretos 1541 de 1978 y
1594 de 1984, y donde la administración distrital no paraliza las actividades
que atentan contra la estabilidad ambiental del distrito y que directamente
afectan los derechos fundamentales antes enunciados”.
23. En razón de lo anterior, resaltan la insuficiente
cobertura tanto de acueducto como de alcantarillado, sistemas vitales para
garantizar la calidad de la vida humana. Además, agregan que desde principios
de este año (1996) se ha emprendido la acción por parte del Distrito y de
METROAGUA para ensanchar las redes de alcantarillado, pero tan solo en algunos
sectores, ocasionando molestias a la ciudadanía por la mala planeación y
ejecución de la obra sin ningún tipo de manejo ambiental, sanitario o de
señalización siquiera de tránsito vehicular, destrozando principales vías de la
ciudad.
24. Del mismo modo, precisan que el 18 de octubre de 1996
la ciudadanía padeció por incontrolable repetición, la inundación de la ciudad;
un aguacero de 4 horas advirtió la carencia de sistemas de recolección de aguas
pluviales, insuficiencia de redes de alcantarillado, rebosamiento de las mismas
y carencia total de servicios públicos eficientes de acueducto y
alcantarillado, que ocasionó pérdidas incalculables que rebasan la pasividad e
indolencia de las autoridades.
25. Por su parte, el ciudadano Rafael Granados, accionante
en este proceso, señala que en su vivienda la calidad del agua no es la óptima,
ya que con base en pruebas realizadas a las redes de servicios que abastecen su
domicilio, se encuentra una alta concentración de coliformes, por lo que no
puede consumir el agua que le es distribuida por el sistema de acueducto, y que
"en horas de la mañana el olor que expiden las llaves de agua es
nauseabundo"; del mismo modo, expresa que las alcantarillas se rebosan
contínuamente al interior de su hogar, al igual que en barrios como Gaira,
Pando, María Eugenia, Américas, Pescadito y otros de la ciudad, en especial en
época de lluvias.
26. Finalmente, manifiestan que durante cuatro años de
seguimiento que incluyen desde 1992 hasta 1995, se encuentra que las enteritis
y otras enfermedades diarréicas ocuparon la quinta causa de morbilidad en
consulta externa entre 183 motivos de consulta. Así mismo, según la información
suministrada, las enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo
ocuparon la novena causa de morbilidad en consulta externa, dejando entrever
que los problemas de saneamiento básico y de degradación ambiental de la ciudad
y de sus bahías influyen directamente sobre la salud y la calidad de vida de
los habitantes y transeúntes de Santa Marta.
DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS :
Por los  graves hechos descritos, los
accionantes señalan como vulnerados los siguientes derechos: a) A la vida
(que íntimamente se relaciona con el ambiente sano, que les permita llevar la
vida con decoro y agrado, sin sufrimientos o padecimientos causados por la
omisión en el cumplimiento de las garantías ciudadanas y del deber del Estado
de servir a la comunidad); b) Al debido proceso (en la medida en que encierra
el conjunto de procedimientos reglados por la ley que aseguran la defensa y
protección de los bienes y derechos colectivos de las personas, y garantizan el
cumplimiento de los cometidos estatales, como lo es el ejercicio correcto de
las funciones legales de las autoridades); c) A la familia (la cual no es
respetada al atropellársele sus derechos colectivos y fundamentales y no satisfacer
sus necesidades básicas); d) A la salud y a la seguridad social (en la medida
en que la finalidad misma de la seguridad social es prevenir antes que atender,
con el propósito de evitar riesgos a la salud, los cuales pueden disminuirse
sustancialmente con el incumplimiento de la obligación estatal de garantizar el
saneamiento ambiental que protege los derechos a la vida, dignidad, salud, los
que son vulnerados por la omisión y acción de los demandados), y e) El derecho
al ambiente sano (que se quebranta al no hacer responsables a quienes atentan
contra la salud, seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y
usuarios, debiéndose indicar que los hechos expuestos muestran claramente la
omisión estatal por parte de los demandados en cuanto a la indebida prestación
de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y recolección de
basuras).
P R E T E N S I O N E S :
En consideración a los hechos expuestos,
los accionantes solicitan que al tutelar los derechos fundamentales
mencionados, se disponga:
1. Ordenar a CORPAMAG que imponga al Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y a METROAGUA S.A., a más tardar
dentro de los dos meses siguientes, los respectivos planes de cumplimiento
sobre vertimientos establecidos en el Decreto 1594 de 1984, que garanticen al
menos, el cumplimiento de las metas globales fijadas en la Ley 188 de 1995 en
su artículo 20 numeral 1, 1.1, 1.1.1, en especial para tutelar los artículos 1,
2, 4, 8, 11, 12, 13, 29, 42, 48, 49, 51, 52, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 89, 90,
91, 209 y 365 a 368 de la Constitución, contemplando igualmente los sistemas de
tratamiento previo sobre vertimientos.
2. Ordenar a CORPAMAG que imponga los respectivos
planes de cumplimiento a las edificaciones ubicadas por fuera del sistema de
alcantarillado público, en especial en los sectores de Pleno Mar, Bello
Horizonte, Rodadero, a más tardar dentro de los tres meses siguientes.
3. Ordenar a CORPAMAG que imponga los respectivos
planes de cumplimiento a las industrias que carecen de permiso de vertimiento y
que afectan en especial los ríos Gaira y Manzanares, a más tardar dentro de los
tres meses siguientes.
4. Ordenar a CORPAMAG que imponga dentro de los dos
meses siguientes los controles sobre aprovechamiento de aguas, medición de
caudales aprovechables, pruebas de bombeo y demás requisitos establecidos en el
Decreto 1541 de 1978 para el otorgamiento de concesiones para aprovechamiento
de aguas al Distrito, METROAGUA y terceros.
5. Ordenar a CORPAMAG y a la Alcaldía de Santa Marta
para que alerten en forma inmediata a los bañistas sobre la peligrosidad del
contacto primario o secundario con las infectadas aguas de las bahías de Santa
Marta, Taganga y el Rodadero.
6. Prohibir en forma inmediata a la Alcaldía Distrital de
Santa Marta, en especial al Departamento de Planeación Distrital, otorgar
licencias de construcción en puntos ubicados fuera de las redes de
alcantarillado público o de la cobertura de servicios públicos domiciliarios,
salvo que se dé cumplimiento con la estricta vigilancia de CORPAMAG de lo
dispuesto en el artículo 86 del Decreto 1594 de 1984, para lo cual deberá
ordenarse a CORPAMAG el seguimiento respectivo; como consecuencia de ello, se
deberá prohibir definitivamente a la Alcaldía Distrital el otorgamiento de
licencias de construcción en el Rodadero, Pleno Mar y Bello Horizonte, o hasta
que se solucionen los problemas sobre servicios públicos en dichos sectores, y
solo se admita para toda la ciudad la construcción de viviendas de interés
social y unifamiliares, previo cumplimiento de las normas sobre medio ambiente,
sanitarias o salud pública, servicios públicos y demás pertinentes, con la
estricta vigilancia de CORPAMAG.
7. Ordenar al Distrito de Santa Marta que una vez
impuesto el respectivo plan de cumplimiento para ajustar los vertimientos que
actualmente realiza METROAGUA sin tratamiento previo, destinen en conjunto las
partidas necesarias tendentes al logro del saneamiento ambiental básico de la
ciudad y al cumplimiento de las normas ambientales, sin incrementar las tarifas
a los usuarios o decretar impuestos que luego puedan ser desviados para tales
fines y garantizar la cobertura total y eficiente del servicio de alcantarillado,
realizando en forma inmediata el tratamiento previo de los vertimientos
ajustados al plan de cubrimiento que se imponga de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 1594 de 1984.
8. Ordenar a CORPAMAG imponer en conjunto con el INPA,
zonas de veda para el ejercicio de la pesca en aquellas áreas de vertimientos o
circundantes a las mismas.
9. Ordenar a CORPAMAG exigir el cumplimiento de la
normatividad ambiental señalada, y al Distrito y a METROAGUA para que den
estricto cumplimiento a la misma y se ajuste acorde a los planes de
cumplimiento que se señalen; así mismo, se ordene a CORPAMAG para que controle
las actividades realizadas por ESPA e INTERASEO imponiendo a CORPAMAG dentro
del mes siguiente, los términos de referencia para el trámite de la licencia
ambiental o dentro de los dos meses siguientes los planes de manejo ambiental
sobre recolección y disposición de desechos sólidos o basuras (Decreto 1753 de
1994, artículo 8 numeral 16 o artículo 38 en consonancia con las normas de
protección al aire y las contenidas en el Decreto 2811 de 1974, artículos 34 y
siguientes).
10. Ordenar al Distrito de Santa Marta, a METROAGUA, a
ESPA e INTERASEO para que realicen el tratamiento señalado en el artículo 84
del decreto 1594 de 1984 sobre desechos provenientes de los sitios indicados en
dicha norma. Así mismo, al Distrito para que controle las actividades de ESPA e
INTERASEO y solucione lo referente a los predios del basurero, presentando si
es del caso, un diagnóstico ambiental de alternativas ante CORPAMAG para
reubicar dicho basurero en zonas de menor riesgo o mayor viabilidad técnica
ambiental.
11. Que se reproduzcan las medidas ordenadas para los
casos del Archipiélago de San Andrés y Cartagena, se solicite la vigilancia
estricta por parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la
Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
el Ministerio del Medio Ambiente y la Fiscalía General de la Nación, y se
reconozca personería a los accionantes para garantizar el cumplimiento de lo
que se ordene, participando estos últimos en una comisión especial de
seguimiento bimensual a las labores de cumplimiento de lo ordenado por el
fallo, además de las que se estimen conducentes para el logro y efectividad de
los derechos colectivos y fundamentales mencionados.
12. Ordenar a CORPAMAG, a la Alcaldía de Santa Marta y a
METROAGUA que destinen una partida suficiente para atender el monitoreo que
deben solicitar al INVEMAR en las Bahías y zonas costeras.
13. Ordenar igualmente a la Alcaldía dotar de sistema de
alcantarillado con tratamiento previo al vertimiento, a la totalidad de la
población del Distrito que padece la carencia del servicio, dentro del plazo
contenido para los planes de cumplimiento sobre vertimientos, e igualmente que
se suministre el servicio de acueducto a la totalidad de la ciudadanía en un
plazo menor, fijado por el juez de tutela.
Además, que se ordene a dicha Alcaldía
cumplir con la potalización total del recurso aprovechado por el actual sistema
de acueducto y de su ampliación, contemplando en estos mandamientos judiciales
la prestación universal del servicio, y se ordene igualmente, al Distrito y
METROAGUA para que cumplan lo dispuesto en el artículo 20 numeral 1 de la Ley
188 de 1995 y 4 de la Ley 60 de 1993. En el mismo sentido, se ordene dotar de
sistema de recolección de aguas pluviales a toda la ciudad, en especial en las
llamadas zonas críticas.
14. Finalmente, que se ordene al Distrito, a METROAGUA y
a CORPAMAG, el control continuo del sistema de acueducto con el propósito de
monitorear la calidad del recurso y prestar continuamente el tratamiento previo
necesario, impidiendo la inyección directa de aguas a las redes sin previo
tratamiento, como ocurre en la actualidad para la gran mayoría de las aguas que
se introducen a las redes, en especial las subterráneas.
Los Fallos de Instancia
Mediante providencia del 12 de noviembre de
1996, el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, resolvió rechazar
la acción promovida por Francisco Escobar Silebi y Otros para proteger los
derechos a la salubridad pública y al medio ambiente.
En primer lugar, sostiene la citada
Corporación que examinado el contexto del memorial suscrito por los
accionantes, se aprecia que tienden a la protección de la salubridad pública y
medio ambiente para cuya preservación no cabe en principio la acción de tutela
sino que de conformidad con el artículo 88 de la Carta Política, la procedente
es la denominada acción popular, y para que la preservación de dichos intereses
se haga efectiva a través de la tutela, es menester que se reúnan los
presupuestos allí indicados, los que en el presente caso no se acreditaron en
concreto, tales como el daño soportado o la amenaza concreta a los derechos
fundamentales, así como el nexo causal entre el motivo alegado para la
perturbación ambiental y la amenaza que manifieste padecer.
De otro lado, señala el Tribunal que a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, al tenor de los artículos 1005
del Código Civil, 8 de la Ley 9 de 1989, 5 y 6 del Decreto 2400 de 1989, 414-8
del Código de Procedimiento Civil y por mandato del Decreto 2303 de 1989, no le
está atribuida la facultad de conocer y tramitar la  acción popular impetrada
para proteger el medio ambiente y la salubridad pública de los habitantes de
Santa Marta, por lo que debe rechazarse.
Impugnada la providencia del Tribunal
Administrativo del Magdalena por los accionantes, la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, mediante sentencia
del 12 de diciembre de 1996, resolvió confirmar lo resuelto por dicho despacho
judicial, con fundamento en que se observa que en el presente caso no fue demostrada
la ocurrencia de un daño o perjuicio de tal magnitud que produzca violación o
amenaza de un derecho fundamental individual de los accionantes, ni menos aún
que puedan verse afectados todos los tutelantes o algunos de ellos en sus
derechos a la vida o a la salud.
Tampoco en su criterio se acreditó la
existencia de un nexo causal entre el motivo alegado y la violación de derechos
fundamentales de los peticionarios.
Así pues, para el H. Consejo de Estado no
es la tutela el instrumento judicial adecuado para obtener la garantía de los
derechos que se dicen vulnerados por cuanto dicha acción fue instituida para
proteger derechos fundamentales individuales y no colectivos, para cuyo amparo
la Constitución estableció las acciones populares, por lo que al tenor de lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la tutela es
improcedente porque además, tampoco se acreditó que con la acción de tutela se
trate de impedir un perjuicio irremediable. En el fondo, señalan, lo que los
actores buscan es que las entidades a cuyo cargo corren las obras de
saneamiento ambiental y manejo de los residuos sólidos y líquidos las realicen
en los precisos términos de sus solicitudes, como si ello fuera posible en tan
breve término y sin tomar en cuenta las limitaciones presupuestales que aquejan
a todo país en vías de desarrollo, y primordialmente a las entidades
territoriales.
II.    Expediente No. T-124.621
En relación con el expediente No.
T-124.621, el apoderado del representante legal del Edificio Mendiguaca de la
ciudad de Santa Marta, afirma que el problema de las aguas negras en el sector
turístico del Rodadero es al parecer endémico, “que jamás ha sido solucionado
por las diversas administraciones distritales, que en el tiempo se han
sucedido. Es dentro de este contexto como se puede analizar el caso específico
del edificio Mendiguaca quien soporta desde hace muchos años el problema de las
aguas negras, las cuales para esta época del año afloran con inusitado volumen
al frente del edificio, con toda su carga de detritus y malos olores; aguas
negras que al evaporarse por la acción del sol expelen un vaho nauseabundo,
haciendo prácticamente invivible la existencia de los numerosos copropietarios
que habitan el mencionado edificio, convirtiéndose en un foco de contaminación
ambiental y por ende, de propagación de enfermedades de tipo respiratorio y
dermatológico. La situación se hace más gravosa, pues se trata de un sector
turístico”, todo lo  cual, señala, vulnera el derecho al medio ambiente sano.
Para demostrar lo anterior, solicitó al
juez de tutela que procediera a verificar el grave problema sanitario existente
en la zona, así como el carácter y dimensión de la obra civil que requiere la
solución definitiva al problema de las aguas negras que existen al frente del
susodicho edificio. Obras civiles que a su juicio deben ser emprendidas por la
Empresa METROAGUA S.A. una vez se rinda el correspondiente dictamen pericial,
“y por ende, del fallo en favor de tan agobiada comunidad de propietarios”.
F A L L O S   D E   I N S T A N C I A
Conoció de la referida acción de tutela en
primera instancia, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta, el cual en
forma previa a la decisión de instancia, procedió a practicar una inspección
judicial para establecer las condiciones sanitarias y ambientales y las
correspondientes responsabilidades de la empresa accionada. Además de ello, se
solicitó al señor Jorge Eliécer Rodriguez Saavedra, ingeniero civil de
profesión, un dictamen pericial en lo que hace al sistema de acueducto y
alcantarillado de El Rodadero. Al respecto señaló en su informe que:
“Como conclusión
a su primera pregunta puedo responderle que el Edificio Mendiguaca no presenta
problemas de aguas negras a nivel externo. (...). El vertimiento de aguas
negras sólo se produce cuando hay lluvias intensas.
“Quiero dejarle
claro que las aguas lluvias son menos contaminantes que las aguas negras o
residuales; con esto quiero decir que el problema de salubridad que se origina
en el sector es ocasionado por los propios moradores que fueron los que
determinaron conectarse al alcantarillado sanitario combinando las aguas
lluvias con las aguas negras y esta combinación es la que se rebosa a las
calles aumentando el índice de contaminación del agua.
Todo vertimiento
de aguas negras a las vías públicas ocasionan problemas ambientales ya que
estas aguas son agentes transmisores de enfermedad infectocontagiosas lo que
perjudica en cuanto a salud se refiere a los habitantes del Edificio
Mendihuaca”.
Con fundamento en los hechos expuestos por
el actor y en las pruebas practicadas, el Juzgado procedió mediante sentencia
del 13 de noviembre de 1996, a resolver la demanda de tutela negando las
pretensiones solicitadas.
Consideró el citado despacho judicial, que
en la inspección practicada, pudo constatar que “el Edificio Mendiguaca no
presenta problemas de aguas negras a nivel externo”, por lo que concluyó que
“es obvio que a la Empresa METROAGUA no le cabe ninguna responsabilidad
administrativa; el problema de salubridad lo están ocasionando los moradores
del sector por el abuso de haber instalado el tramo de alcantarillado fluvial
del sector en el alcantarillado sanitario, situación esta que no está permitida
en nuestra ciudad porque todo el alcantarillado es sanitario y ningún tramo es
combinado”.
La anterior decisión fue impugnada por el
accionante, correspondiéndole conocer de la misma al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Santa Marta, quien mediante providencia del 15 de enero de 1997, la
revocó y en su lugar dispuso que el actor debía iniciar los trámites que para
esta clase de asuntos se encuentran consagrados en el artículo 88 de la
Constitución.
Sobre el particular, señaló que de
conformidad con las circunstancias descritas en la demanda de tutela, no es
esta acción el medio más apropiado para hacer valer los derechos colectivos,
por cuanto esta fue instituida para proteger derechos fundamentales
constitucionales individuales y no colectivos, pues para la protección de
estos, la Constitución estableció las acciones populares.
Acumulados los expedientes mencionados al
haberse seleccionado los procesos de la referencia por tratarse de la misma
materia, se estimó pertinente por la Sala Sexta de Revisión que estos fueran
decididos por la Sala Plena de la Corporación dada la trascendencia de los
mismos, razón por la cual se procede a ello, previas las siguientes
consideraciones.
III.
PRUEBAS PRACTICADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Mediante auto de 18 de abril de 1997, se
dispuso por la Sala Sexta de Revisión de Tutelas,  la práctica de una
inspección judicial en la ciudad de Santa Marta, con la asistencia de los
Magistrados integrantes de la misma, a fin de verificar los hechos de la
demanda, y se ordenó así mismo, la recepción de testimonios relacionados en
dicha providencia, para cuyo efecto en este último caso, se comisionó al
Magistrado Auxiliar doctor Guillermo Francisco Reyes González.
Fundamentó la Sala la práctica de dicha
diligencia, en la necesidad de determinar los sectores de la ciudad que
disponen de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y para constatar
los sitios en los cuales se prestan en forma deficiente o no se prestan estos,
así como la identificación de las áreas del distrito que presentan una
situación crítica y deficiente en materia de servicios públicos domiciliarios y
de contaminación y vertimientos de las aguas residuales del sistema de
acueducto y alcantarillado, e igualmente, para examinar los planes y programas
elaborados por la administración distrital de Santa Marta, encaminados a
superar los problemas existentes en materia de servicios públicos, así como el
manejo y tratamiento de los desechos sólidos o basuras, y los efectos de estos
en la bahía de la citada ciudad.
De la misma manera, se estimó pertinente
verificar si se estaban cumpliendo las disposiciones sanitarias, ambientales
sobre manejo de desechos sólidos y si existe plan de manejo ambiental para el
basurero de Santa Marta, además de la incidencia del otorgamiento de licencias
de construcción en la ciudad de Santa Marta y sectores vecinos, sin el
cumplimiento, según la demanda, de los requisitos mínimos, y sin la
intervención legal y rigurosa de las autoridades ambientales, con deterioro
ambiental y amenaza de los derechos fundamentales de los peticionarios.
Así mismo, dentro de las pruebas
decretadas, se ordenó al Servicio Departamental de Salud del Magdalena realizar
durante un término prudencial, los controles de laboratorio sobre el agua
potable suministrada por METROAGUA en las zonas de Santa Marta, Taganga y El
Rodadero hasta el denominado Puente del Doctor provenientes de ríos y pozos
profundos, con el correspondiente análisis de laboratorio. Igualmente, se
ordenó al Ministerio del Medio Ambiente y a CORPAMAG, indicar la cantidad de concentración
de partículas de carbón que se encuentran en el aíre en la zona de la bahía de
Santa Marta, adyacente al puerto de CarboAndes y en la zona de influencia de
los puertos de Prodeco y de la Drummond.
Finalmente, se dispuso la práctica de una
inspección ocular sobre la zona adyacente al Parque Tayrona, Taganga, Puerto
Santa Marta, El Rodadero y la Zona Sur de Santa Marta, donde se encuentran
ubicados los puertos de Prodeco y la Drummond.
Resumen
de la diligencia de inspección judicial practicada por los Magistrados miembros
de la Sala de Revisión.
Durante la diligencia de inspección
judicial, la Sala en asocio de las partes interesadas, recorrió las
instalaciones de la planta de asfalto “Alvarez y Collins” donde pudo verificar
el proceso de acopio y tratamiento del asfalto, que según el director de
CORPAMAG es objeto de constantes visitas para controlar el impacto ambiental.
Igualmente, se visitaron la planta de tratamiento de agua potable del sector
del Irotama (que es una planta de bombeo del acueducto del sur, y que surte de
agua a todo el sector), a las instalaciones del Hotel Zuana Beach Resort (donde
se pudo constar el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas y
basuras, que según funcionarios del distrito es modelo en el país); el edificio
Mendiguaca (a fin de verificar los hechos materia de una de las demandas en
referencia), las plantas o tanques de agua del sector de El Rodadero y Gaira
(para observar la situación del fluído y vertimiento de las aguas en la zona),
y finalmente las instalaciones de METROAGUA para constatar el funcionamiento
del sistema de agua y alcantarillado del distrito.
De la misma manera, en cumplimiento de la
mencionada diligencia, se hizo el recorrido por vía marítima en una embarcación
de CORPAMAG, partiendo desde el puerto de la bahía de Santa Marta, de la zona
donde se encuentra la caleta El Boquerón, sitio de salida de las aguas negras
de Santa Marta, la bahía de Taganga y la zona de El Rodadero. Durante dicho
trayecto, funcionarios de METROAGUA y CORPAMAG precisaron aspectos técnicos
relacionados con la contaminación de las bahías y el tratamiento de que son
objeto por parte de las autoridades administrativas del distrito.
IV.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
Esta Sala es competente para revisar las
sentencias de instancia proferidas en los procesos acumulados, según lo
dispuesto por los artículos 86 y 241 de la Constitución Política.
Objeto y
naturaleza de la Acción de Tutela - Las Acciones Populares como mecanismo de
protección de los derechos colectivos
Teniendo en cuenta que las decisiones
proferidas en el presente asunto por los jueces de instancia se limitaron a
declarar improcedente la acción promovida, por existir otros medios de defensa
judicial, como lo son las acciones populares, por tratarse de derechos
colectivos, estima pertinente la Corte hacer algunas precisiones con respecto a
la naturaleza de estas y su relación con la acción de tutela, a efecto de
definir si el instrumento utilizado por los demandantes era o no el adecuado y
procedente para la protección oportuna de los derechos invocados.
En la sentencia No. T-405 de 1993, MP. Dr.
Hernando Herrera Vergara, expresó lo siguiente en relación con este tema:
"La acción
de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional como un
mecanismo procesal específico y directo, cuyo objeto consiste en la eficaz
protección, concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales
en una determinada situación jurídica, cuando estos resulten amenazados o
vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad pública, o de un
particular en las situaciones y bajo las condiciones determinadas
específicamente en el Decreto 2591 de 1991.
Como lo ha venido
sosteniendo la Corte Constitucional de manera reiterada, dicha acción es un
medio procesal específico porque se contrae a la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales afectados de manera actual e inminente,
siempre que estos se encuentren en cabeza de una persona o grupo determinado de
personas, y conduce previa la solicitud, a la expedición de una declaración
judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato
cumplimiento, enderezados a garantizar su tutela, con fundamento constitucional.
Dos de las
características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico
colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la primera por cuanto tan
sólo resulta procedente instaurarla en subsidio o a falta de instrumento
constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces;
esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3o.
de la Constitución Política); la segunda, puesto que la acción de tutela ha
sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso
administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de
la violación o amenaza.
Así las cosas, la
acción de tutela es un instrumento constitucional de carácter directo de
protección de los derechos constitucionales fundamentales, por cuanto siempre
presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir
sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial de aquellos
derechos, "salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable" (Artículo 6o. numeral 1o. del Decreto
2591 de l.991), y en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario
en el goce del derecho de rango constitucional fundamental que se demuestra
lesionado o amenazado.
Obsérvese que no
se trata de un mecanismo de defensa judicial en abstracto o con fines generales
que pueda dirigirse contra todos los integrantes o agentes de una rama del
poder público en su conjunto, o contra un acto con vocación general y abstracta
para lo cual la Carta Fundamental y la ley establecen otras vías, ni versa
sobre la protección específica o general de los derechos subjetivos
controvertibles judicialmente por las vías ordinarias o especializadas, ni
sobre la legalidad de los actos administrativos de contenido individual,
subjetivo y concreto, atacables ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Su efectiva
aplicación, entonces, sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que
el ordenamiento jurídico ofrece para la realización de los derechos, no exista
alguno que resulte idóneo para proteger inmediata y objetivamente el que
aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o
negativa de una autoridad pública o de un particular.
Cuando el
desconocimiento o la vulneración de los derechos fundamentales se origina en
actos jurídicos de carácter general producidos por instancias subordinadas a la
Constitución, su efecto general puede ser contrarrestado mediante mecanismos
especialmente dispuestos para ello, como por ejemplo las acciones de
inconstitucionalidad contra las leyes, o las acciones de nulidad contra los
actos administrativos.
Así mismo, para
la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa,
el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza,
existen al tenor del artículo 88 de la Constitución Nacional, las denominadas
Acciones Populares.
Es claro,
que las acciones populares aunque se dirijan a la protección y amparo judicial
de los concretos intereses y derechos colectivos, no pueden establecerse ni
ejercerse para perseguir la reparación subjetiva o plural de los eventuales
daños que pueda causar la acción o la omisión de la autoridad pública o del
particular sobre ellos; para estos últimos fines, el constituyente ideó las
acciones de grupo o clase y conservó las acciones ordinarias o especializadas y
la acción de tutela.
Característica
fundamental de las acciones populares previstas en el inciso primero del artículo
88 de la Constitución Nacional es la de que permite su ejercicio pleno con
carácter preventivo, pues, los fines públicos y colectivos que las inspiran no
dejan duda al respecto. En consecuencia, no es, ni puede ser requisito
para su ejercicio el que exista un daño o perjuicio sobre los derechos que se
pueden amparar a través de ellas.
Desde sus
orígenes, estas acciones fueron creadas para prevenir o precaver la lesión de
bienes y derechos que comprometen altos intereses cuya protección no siempre supone
un daño. Además, su propia condición permite que puedan ser ejercidas contra
las autoridades públicas por sus acciones u omisiones y, por las mismas causas,
contra los particulares; su tramitación es judicial y la ley debe proveer sobre
ellas atendiendo a sus fines públicos y concretos, no subjetivos ni
individuales (sentencia No. T-405 de 1993) (negrillas y subrayas fuera de
texto).
De la misma manera, en sentencia No. T-366
de 1993, MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, esta Corporación tuvo oportunidad de
precisar lo siguiente en relación con las acciones populares:
“Por considerar
que esta Corporación ya se ha ocupado en repetidas oportunidades acerca de las
características y alcances de las acciones populares1, debe esta Sala tan solo señalar que ellas son un
mecanismo consagrado en la Constitución y en la ley para la protección de los
derechos e intereses colectivos, dentro de los cuales cabe destacar el
patrimonio, el espacio público, el ambiente, la moralidad administrativa, la
seguridad y la salubridad pública, según los términos del artículo 88 de la
Carta Política. Con todo, es importante advertir que la lista a que hace
referencia la disposición constitucional mencionada, no reviste el carácter de
taxativa sino, por el contrario, es meramente enunciativa, correspondiéndole al
legislador asumir la tarea de definir otros derechos e intereses colectivos que
podrán ser protegidos mediante la utilización de este mecanismo jurídico.
Característica
principal de este tipo de acciones, es que su ejercicio supone la protección de
un interés colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en cabeza de una
agrupación de individuos, lo que conlleva a la imposibilidad de enmarcarla
dentro de un ámbito meramente subjetivo o particular. Sin embargo, debe
señalarse que se parte del supuesto de que cualquier persona perteneciente a un
grupo o a una comunidad -dependiendo del caso-, puede acudir ante los jueces
para defender a la colectividad afectada, con lo cual logra, simultáneamente,
proteger su propio interés. Adicionalmente, estos instrumentos jurídicos
presentan como cualidad esencial, la de que su implementación debe corresponder
única y exclusivamente a una finalidad preventiva; por tanto, jamás podrá
intentarse una acción popular para lograr la reparación de un daño causado por
la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular. De igual
forma, quien acuda ante las autoridades judiciales con el fin de proteger un
derecho colectivo, no podrá buscar un beneficio económico o pecuniario, sin que
ello obste para que, de conformidad con lo establecido en las normas del
Código Civil (arts. 1005 y 2359, entre otros) o en las demás disposiciones
legales, se obtenga una recompensa o gratificación a título de reconocimiento
por el fin altruista que motiva la preocupación de que prevalezca el interés
general y se proteja el bienestar social.
Ahora bien,
la Sala reconoce el hecho de que en diversas ocasiones, la protección que se
pretende por medio de una acción popular, abarca, además, el amparo de uno o
varios derechos fundamentales de una determinada persona. Tal es el caso del
medio ambiente, la salubridad o el espacio público. Conviene, entonces,
remitirse a algunos de los pronunciamientos de esta Corporación, con el fin de
reafirmar que, a pesar de existir un medio de defensa judicial -como es el caso
de las acciones populares-, es posible intentar una acción de tutela para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales que en cada caso se
encuentren amenazados o vulnerados. Al respecto, ha dicho la Corte:
"Fundamental advertencia sobre este
punto es aquella que señala de modo indubitable que este derecho constitucional
colectivo (gozar de un ambiente sano) puede vincularse con la violación de otro
derecho fundamental como la salud, la vida o la integridad física entre otros,
para obtener, por vía de la tutela que establece el artículo 86 de la
Constitución Nacional, el amparo de uno y otros derechos de origen
constitucional, pues en estos casos prevalece la protección del derecho
constitucional fundamental y es deber del juez remover todos los obstáculos,
ofensas y amenazas que atenten contra éste. En estos casos, como se ha dicho,
el Juez al analizar la situación concreta que adquiera las señaladas
características de violación de un derecho constitucional fundamental deberá
ordenar la tutela efectiva que se reclama".2 (negrillas y subrayas fuera de texto original)
En otro
pronunciamiento, la Corporación advirtió:
"La Constitución Nacional precisa el
derecho al ambiente sano dentro de los derechos colectivos. Este derecho hace
relación no a una persona en particular por lo que no se puede sectorizar o
parcelar, sino que la situación ambiental es comunicante y extensiva, es decir
que se va extendiendo a través del aire, sin que encuentre barreras o diques
que pongan término a su propagación. Su límite está señalado por la misma
fuerza que la contaminación produce. Además de ser un derecho el goce del
ambiente sano, es una obligación del Estado procurar mantener la diversidad del
ambiente y fomentar la integridad del  mismo. Es factible ejercer la
acción de tutela frente a la presunta vulneración o amenaza de un derecho
fundamental que ha tenido su origen precisamente en la violación del derecho
colectivo del ambiente sano".3 (negrillas y subrayas
fuera de texto original)
Finalmente, y con
relación a este mismo tema, se señaló:
"Con todo, cuando la violación del
derecho a un ambiente sano, implica o conlleva simultáneamente un ataque
directo y concreto a un derecho fundamental, se convierte la acción de tutela
en el instrumento de protección de todos los derechos amenazados, por virtud de
la mayor jerarquía que ostentan los derechos fundamentales dentro de la órbita
constitucional.
"Esa conexidad por razón de la
identidad del ataque a los derechos colectivo y fundamental genera, pues, una
unidad en su defensa, que obedece tanto a un principio de economía procesal como
de prevalencia de la tutela sobre las acciones populares, que de
otra manera deberían aplicarse independientemente como figuras autónomas que
son".[1] (MP. Dr. Antonio Barrera Carbonell) (negrillas y subrayas fuera de texto
original).
De lo anterior, se colige que no obstante
que la acción de tutela ha sido consagrada para proteger los derechos
constitucionales fundamentales de carácter individual, es procedente intentar
esta, cuando se trata de la presunta vulneración o amenaza de un derecho
relativo al ambiente sano, pues en estos casos, en presencia de la conexidad de
los derechos colectivos y fundamentales vulnerados, prevalece la acción de
tutela sobre las acciones populares, convirtiéndose así en el instrumento
judicial adecuado para el amparo oportuno de los derechos amenazados.
Por consiguiente, como quiera que las
sentencias de instancia proferidas por el Consejo de Estado el 12 de diciembre
de 1996 y por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta el 15 de
enero de 1997, rechazaron por improcedentes las acciones de tutela, con base en
que para la protección de los derechos que se dicen amenazados en el caso
sub-examine existen las denominadas acciones populares, y por cuanto además,
tampoco se acreditó según dichos proveídos, la existencia de un perjuicio
irremediable, habrán de revocarse esos pronunciamientos, ya que a juicio de la
Sala Plena de la Corte Constitucional, el instrumento judicial utilizado, de
que trata el artículo 86 ibídem es el pertinente para casos como los aquí
contemplados, donde resulta evidente que al lado del interés colectivo
perseguido, se encuentran comprometidos derechos fundamentales individuales de
carácter constitucional, como lo son el derecho a la vida, a la salud y a la
salubridad pública, los que de acuerdo a la jurisprudencia transcrita ameritan
el estudio de fondo de la cuestión planteada, a lo cual se procede.
El derecho al ambiente sano
Conforme lo establece el artículo 79 de la
Carta Fundamental, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano, constituyendo un deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de dichos fines.
Este derecho se concibe como un conjunto de
condiciones básicas que rodean a la persona y le permiten su supervivencia
biológica e individual, lo cual garantiza a su vez su desempeño normal y su
desarrollo integral en el medio social. En este sentido, el ambiente sano es un
derecho fundamental para la supervivencia de la especie humana; sin embargo, la
vulneración del mismo conlleva en determinados casos, al quebrantamiento de
derechos constitucionales fundamentales como la vida o la salud. Por
consiguiente, como lo dispuso el constituyente de 1991, el Estado debe
garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y adoptar las medidas
encaminadas a obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y
el aseguramiento del bienestar general, a fin de evitar que se causen daños
irreparables a la persona, ya que en tales circunstancias, dicho derecho es
susceptible de ser protegido, como se ha expuesto, a través del ejercicio de la
acción de tutela.
Acerca de la naturaleza y definición del
mismo, cabe recordar lo expresado por esta Corporación en sentencia No.
C-328 de 1995, MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“No en vano el
constituyente elevó el interés colectivo por el ambiente sano al rango de
derecho constitucional. La conservación de los recursos naturales y de los
ecosistemas, es necesaria para garantizar la vida y la salud de todos. Por su
naturaleza de derecho colectivo, el ambiente goza de mecanismos
constitucionales específicos para su defensa, como son las acciones populares
(C.P. art. 88) y los deberes calificados, en cabeza del Estado, para su
protección.
....
La protección del
ambiente sano y de los recursos naturales es un deber del Estado y de los
particulares (C.P. arts. 8, 58 y 95). En virtud de expreso mandato constitucional
(C.P. arts. 49, 79, 80 y 334) y de compromisos internacionales contraidos por
Colombia (Convención sobre Diversidad Biológica, artículo 14), al Estado
corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que
ninguna ley, por importante que parezca, puede desconocer.
La Constitución
impone al Estado los deberes especiales de garantizar la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente (1); proteger su
diversidad e integridad (2); conservar las áreas de especial importancia
ecológica (3); fomentar la educación ambiental (4); planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución (5); prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental (6); imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente (7); y,
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas (8) (C.P. arts. 79 y 80). Por otra parte, la Carta establece
que el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado (C.P.
art. 78).
En virtud del
"Convenio sobre la Diversidad Biológica", suscrito en Río de Janeiro
en 1992, y de la Ley 165 de 1994, aprobatoria del mismo, Colombia contrajo el
compromiso internacional de proteger la diversidad e integridad del ambiente y
de conservar las áreas de especial importancia ecológica, entre otras cosas,
obligándose a explotar sus recursos naturales de manera que no se perjudique el
equilibrio ecológico. La Corte, mediante sentencia C-519 de noviembre 21 de
1994, declaró exequible el convenio y la Ley 165 de 1994”.
Igualmente se expresó en la misma
providencia, que:
“Uno de los
mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el estudio de
impacto ambiental que debe llevar a cabo quien planee realizar una obra o
actividad que pueda afectar el ambiente. Las facultades de prevención y
control, permiten a la autoridad fijar los términos de referencia de los
estudios de impacto ambiental.
Las entidades
públicas promotoras o constructoras de obras públicas, deben ceñirse a los
parámetros definidos en el artículo 57 de la Ley 99 de 1993. Sólo así, la
administración está en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o
privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el
ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para
controlar sus efectos.
...
La licencia
ambiental es el acto administrativo de autorización que otorga a su titular el
derecho de realizar una obra o actividad  con efectos sobre el ambiente, de
conformidad con las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente
por la autoridad competente. La licencia ambiental es esencialmente revocable.
La razón de ser
de las licencias ambientales es la protección de los derechos individuales y
colectivos. Corresponde a las autoridades públicas velar por estos derechos, en
particular cuando el riesgo de su vulneración aumenta debido al desarrollo de
actividades riesgosas”.
Acorde con lo anterior, en sentencia No.
T-366 de 1993, igualmente se anotó:
“El artículo 79
de la Carta Política consagra el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiento sano y la posibilidad de que la comunidad, de conformidad con las
previsiones legales, pueda participar en las decisiones que puedan afectarlo.
Se trata, pues, de una protección que responde a una preocupación universal,
por cuanto afecta igualmente a todos los Estados, a todas las comunidades y,
por ende, a todos los hombres. En cuanto a la naturaleza y alcances de este
derecho, ha dicho la Corporación:
"El derecho
al medio ambiente no se puede desligar del derecho a  la vida y a la salud de
las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente  causan
daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse  que
el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la
humanidad.  A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la
incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en
sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio
ambiente es un derecho fundamental".[2]
El Constituyente
de 1991, quiso establecer un marco jurídico adecuado para la debida atención de
este asunto; por ello señaló como una responsabilidad de orden estatal, la de
atender el servicio público de saneamiento ambiental, conforme a los
principios  de eficiencia, universalidad y solidaridad (art. 49 C.P.). Puede
decirse, entonces, que las obligaciones del Estado en relación con la
preservación, conservación y protección del medio ambiente, apuntan, todas
ellas, a un mismo fin: el mejoramiento de la calidad de vida de la población y
el aseguramiento del bienestar general (art. 366).
Sobre el particular,
ha señalado la Corte:
"Al derecho
a un ambiente sano, se le asigna a su vez la condición de servicio público, y
constituye, por lo mismo, junto con la salud, la educación y el agua potable,
un objetivo social, cuya realización se asume como una prioridad entre los
objetivos del Estado y significa la respuesta a la exigencia constitucional de
mejorar la calidad de vida de la población del país (C.P.art.366).
"Todo lo
anterior, se repite, consagra el ambiente sano como un derecho colectivo, y le
otorga unos mecanismos y estrategias de defensa particulares y plenamente
identificables".[3]
Sin embargo, el
derecho que le asiste a todas las personas de gozar de un ambiente sano, no
puede entenderse como una prerrogativa absoluta que implique la asistencia
única y exclusiva de las autoridades estatales. Si bien las personas gozan de
instrumentos jurídicos precisos para lograr el amparo de este derecho, como es
el caso de las "acciones populares para la protección de los derechos
colectivos y del ambiente" (art. 88 C.P.), la Constitución también se ha
encargado de señalar algunos deberes y obligaciones de los asociados frente a
los asuntos de orden ambiental; tal es el caso del deber de toda persona de
"proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación" (art. 8°
C.P.), de "Obrar conforme al principio de la solidaridad social,
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro
la vida o la salud de la personas" (art. 95-2 C.P.); y, principalmente, de
"velar por la conservación de un ambiente sano" (art. 95-8 C.P.)”.
De la misma manera, en la sentencia No.
T-284 de 1995, MP. Dr. Antonio Barrera Carbonell, proferida por la Sala Plena
de esta Corporación en relación con el derecho al ambiente sano y su carácter
de fundamental, se precisó lo siguiente:
"El derecho
al ambiente sano no tiene el carácter de fundamental, es un derecho colectivo
susceptible de ser protegido a través de las acciones populares. Sin embargo,
cuando en razón de la acción o la omisión de las autoridades públicas o de un
particular se amenacen o vulneren derechos fundamentales (vida, integridad
física, salud u otros), e igualmente se afecte el derecho que tienen las
personas de gozar de un ambiente sano, es posible accionar en tutela, tanto
para la defensa directa de aquéllos como de éste.
...
La situación
ambiental, derivada principalmente del problema sanitario que afecta a toda la
Isla de San Andrés, conduce a establecer no sólo la existencia de la vulneración
del derecho que tienen los peticionarios de la tutela a gozar de un ambiente
sano, sino la conexidad de dicha transgresión con la amenaza de violación de
los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a la vida de
los peticionarios e igualmente de todos los habitantes de dicha Isla. Si bien
el derecho a disfrutar de un ambiente sano se halla reconocido como un derecho
colectivo que se ampara a través de las acciones populares, cuando su
violación, como en el presente caso, se encuentra ligada a su vez a la
violación de derechos fundamentales, procede la acción de tutela como mecanismo
judicial indirecto de protección del referido derecho colectivo.
Ahora bien, del mandato constitucional
consagrado en el artículo 79, se colige que es responsabilidad del Estado
atender y garantizar la prestación efectiva del servicio público de saneamiento
ambiental, conforme a los principios de universalidad y solidaridad. Todas esas
obligaciones están dirigidas a la preservación, conservación y protección del
medio ambiente, a fin de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la
población y el aseguramiento del bienestar general, según lo determina el
artículo 366 de la Carta Fundamental.
Así mismo, la Carta Política consagra los
deberes y obligaciones que tienen los asociados frente al ambiente, entre los
cuales se encuentra aquel, según el cual, le corresponde a toda persona para
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (artículo 8 CP.),
obrar conforme al principio de solidaridad (artículo 93-2 CP.) y velar por la
conservación de un ambiente sano (artículo 95-8 CP.).
En relación con la obligación de evaluar el
impacto ambiental y reducir al mínimo sus efectos, el artículo 14 del Convenio
sobre la Diversidad Biológica suscrito en Río de Janeiro en 1992, ratificada
por Colombia, establece:
"Cada Parte
Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a) Establecerá
procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto
ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos
importantes para la diversidad biológica, con miras a evitar o reducir al
mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público
en esos procedimientos. ... ".
Con respecto al deber de prevención y control
del deterioro ambiental, es preciso destacar que este se ejerce, entre otras
formas, a través del otorgamiento, denegación o cancelación de licencias
ambientales por parte del Estado. Solamente el permiso previo de las
autoridades competentes, hace jurídicamente viable la ejecución de obras o
actividades que puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema.
El derecho a la vida, a la salud y a la
salubridad pública
Como lo ha sostenido igualmente esta
Corporación, la salud constituye un factor integrante del derecho a la vida,
reconocido en los preceptos constitucionales como un derecho fundamental, que
comparte la misma característica jurídica de este. El derecho a la vida, como
lo señala el artículo 11 de la Carta, es inviolable e inalienable, y goza de la
protección del Estado como valor y derecho primordial e insustituible, del cual
es titular todo ser humano.
De esta manera, si el derecho a la vida es
fundamental, los derechos que esencialmente se derivan de él, como la salud,
también lo son necesariamente bajo ciertas condiciones, y en razón de su
conexidad, emergen como fundamentales cuando su amenaza o vulneración
representan peligro o daño al derecho a la vida, de manera que es preciso
ampararlo para proteger aquél.
En lo concerniente al derecho a la salud,
se reitera así su carácter primordialmente prestacional, pues al lado del deber
correlativo que tiene toda persona de procurar el cuidado integral de su salud
y la de su comunidad, se encuentra el del Estado de garantizar su cumplimiento
a través del suministro de prestaciones concretas en esta materia.
Así se expresó la Corte en sentencia No.
T-484 de 1992, MP. Dr. Fabio Morón Díaz, respecto a los alcances jurídicos del
derecho a la salud:
"El derecho
a la salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos que
pueden agruparse en dos grandes bloques: el primero, que lo identifica como
un  predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que  atentar contra la
salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida.  Por estos
aspectos, el derecho a la salud resulta un derecho fundamental. El segundo
bloque de elementos, sitúa el derecho a la salud con un carácter asistencial,
ubicado en las referencias funcionales del denominado Estado Social de Derecho,
en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas. La frontera entre
el derecho a la salud como fundamental y como asistencial es imprecisa y sobre
todo cambiante, según las circunstancias de cada caso, pero en principio, puede
afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está relacionado con
la protección a la vida. Los derechos fundamentales, solo conservan esta
naturaleza, en su manifestación primaria, y pueden ser objeto allí del control
de tutela".[4] (negrillas fuera de texto original)
Igualmente, en cuanto al derecho a la
salubridad pública, el cual se concreta en la salud de cada uno de los
asociados, esta Corporación en la sentencia No. T-366 de 1993, señaló que:
“Puede decirse,
entonces, que salubridad significa el acto de ser de la salud, es decir, el
acto por medio del cual el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones.
No se trata, pues, de una manifestación potencial, sino de una actual.
Ahora bien, al
ser la salubridad pública una noción que implica la realización total de la
salud, supone la presencia previa de la salud individual. En consecuencia,
resulta aplicable el principio de que la lesión de la parte afecta la del todo;
asimismo, la lesión del todo (salubridad) es necesariamente la lesión de la
parte (salud individual). Si hay una vulneración grave e inminente de la
salubridad pública, puede suponerse que la parte que tenga un interés legítimo
en restablecer un derecho que, si bien es cierto es colectivo, también la
afecta como singularidad, única e irrepetible. Cabe recordar que, tal como lo
ha manifestado esta Corporación para el caso de la protección de derechos
colectivos como el medio ambiente o el espacio público, los mecanismos de
amparo de esos derechos establecidos en el artículo 88 de la Carta Política
(acciones populares), no son óbice para que, en el caso de encontrarse la
vulneración de un derecho constitucional fundamental de una persona en
particular, pueda acudirse a los instrumentos jurídicos correspondientes, como
es el caso de la acción de tutela”.
El examen del caso concreto
Con fundamento en los derechos mencionados
que se dicen amenazados y vulnerados en el asunto sometido a la revisión de
esta Corporación, se procede a decidir si con base en los hechos expuestos y en
el análisis del material probatorio aportado al proceso, resulta procedente
tutelar los derechos invocados por los demandantes.
Como ya se expresó, según la demanda, las
autoridades administrativas del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta han quebrantado sus derechos fundamentales, así como el de los
demás miembros de la comunidad, a la vida, a la salud, a la salubridad pública
y al ambiente sano, a causa de la deficiente prestación de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, particularmente en las zonas de
El Rodadero, Gaira, Santa Marta y Taganga, razón por la cual solicitan que se
ordene como consecuencia de la acción de tutela que se adopten todas las
medidas a que haya lugar, para poner fin a los gravísimos problemas ambientales
que vienen afectando a los habitantes del Distrito de Santa Marta.
Afirman los demandantes, que la ciudad de
Santa Marta ha tenido que afrontar y padecer desde hace varios años, un grave
problema ambiental en las bahías de Taganga, Santa Marta y El Rodadero, debido,
entre otras causas, al vertimiento de aguas servidas y al rebosamiento de las
alcantarillas sin mayores controles o tratamientos.
A fin de verificar los hechos denunciados,
se decretaron por la Sala Sexta de Revisión de Tutelas, las pruebas requeridas,
se recibieron los testimonios ya mencionados se practicó una inspección
judicial sobre la zona y se ordenaron muestreos de laboratorio sobre la calidad
del agua, con base en las cuales se llega a las siguientes conclusiones:
a.  Calidad del agua.
Con respecto a la calidad del agua que
consumen los habitantes de Santa Marta, cabe hacer las siguientes
observaciones:
Según informe del Jefe de la Sección de
Protección Ambiental del Servicio Seccional de Salud del Magdalena,
fundamentado en un muestreo en el sistema de abastecimiento de agua de Santa
Marta, Gaira y el Rodadero, se estableció lo siguiente:
“De las 33
muestras examinadas, 28 no presentaron contaminación por coliformes, sin
embargo, 5 muestras resultaron con un número de colonias pero estas presentaron
resultados negativos a coliformes fecales. De las mismas 33 pruebas analizadas
18 presentaron cifras por encima del rango establecido como valor admisible por
el Ministerio de Salud, esto se debe a que son algunas provenientes de pozos
profundos con presencia de cationes de calcio y magnesio que dan origen a la
dureza de las aguas.....
De otro lado el
laboratorio conceptúo como inobjetable respecto al parámetro de sabor a la
totalidad de las muestras”.
Por su parte, según los funcionarios que
intervinieron como representantes del Departamento Administrativo de Salud
Distrital de Santa Marta, se obtuvo la siguiente conclusión:
“En relación con
el agua que se consume en Santa Marta es apta para el consumo humano, esto lo podemos
soportar con el seguimiento que desde el año de 1995 y hasta marzo de 1997 se
ha venido haciendo por los diferentes estudios físicos químicos y
bacteriológicos que se le han hecho en diferentes muestreos en todo el distrito
y dichos estudios de aguas se han realizado en el laboratorio del Centro de
rehabilitación y Diagnóstico Fernando Tronconis, se hace la salvedad que en
noviembre de 1995 en el sector de San Martín sí encontramos agua contaminada, y
llegamos a la conclusión que la contaminación de dichas aguas era
interdomiciliaria porque las aguas negras dentro de las casas drenaban
paralelamente al agua potable”.
En relación con algunos casos que se
reportaron a la Secretaría de Salud sobre el cólera en el distrito de Santa
Marta, indicaron los citados funcionarios que:
“De estos 154
casos no todos fueron sintomáticos, es decir, no todos presentaron diarreas, lo
cual permite deducir que la fuente de propagación de la enfermedad no fue
por el consumo de agua potable sino por el consumo de productos marinos, tales
como el pescado y otros provenientes de las zonas endémicas.... Además,
nunca se ha podido demostrar que la fuerza de propagación del vibrión-cólera
haya sido el agua, sino otros productos de origen marino” (negrillas y subrayas
fuera de texto).
Acorde con las múltiples pruebas que obran
en el expediente, se concluye que la calidad del agua potable que se consume en
Santa Marta es apta en términos generales, para el consumo humano. No obstante,
como lo reconoce el exgerente de METROAGUA, aunque hay sectores con algunos
problemas referentes a la calidad del agua, la empresa citada viene adelantando
las labores encaminadas a lograr la mejor prestación del servicio.
Respecto al suministro del agua en el
distrito de Santa Marta, El Rodadero, Taganga, hasta el Puente del Doctor, es
pertinente destacar lo afirmado por el representante de la empresa METROAGUA
S.A., en la siguiente forma:
“A finales de
1994 la cobertura del acueducto era del 69%, de ahí que en 1995 en que la
actual administración distrital procedió a ejecutar la ampliación de la
cobertura de agua potable en los diferentes sectores de la ciudad, teniendo a
Abril de 1997 una cobertura del 83% con los trabajos que la empresa y el
distrito están realizando en la actualidad, llenaremos esta cobertura hasta un
87%”.
Así mismo, según el citado funcionario, la
mayoría de obras que se han venido adelantando, se han realizado en los barrios
subnormales de la ciudad, ampliando e instalando nuevas redes de distribución
de agua potable, así como en la zona de El Rodadero, donde la cobertura de
acueducto es de un 93%. Además, todos los pozos de la ciudad en la actualidad
tienen cloración, o sea que hay desinfección del agua.
Como se pudo constatar con base en las
informaciones y los documentos pertinentes aportados al proceso, las
contaminaciones que se presentan en el agua que consumen los habitantes de
algunos sectores de Santa Marta, no se da en la acometida (hasta donde se ha
logrado comprobar que llega apta para el consumo), sino en los tanques de
reserva del usuario; ello se debe a un mal uso por parte de los usuarios de las
redes de alcantarillado y acueducto, así como de los tanques de almacenamiento
de agua potable.
De esta manera, no obstante que la
cobertura del sistema de acueducto no llega al 100% de la ciudad, quedó
establecido que frente a los trabajos adelantados por la administración para
desinfectar el agua que consume la población, dicha cobertura llega hoy casi al
87%.
En cuanto al manejo de las aguas negras, a
julio de 1997, de acuerdo a los informes rendidos por los funcionarios de
METROAGUA, con las obras ejecutadas y las que se están culminando, se llega a
una cobertura del 86%, para lo cual existe un convenio firmado con FINDETER a
fin de lograr la culminación de las mismas. Por consiguiente, como no se
observa deficiencia con respecto al suministro de agua que consumen los
habitantes y su calidad, el cargo formulado sobre este aspecto no está llamado
a prosperar.
b.   Desbordamiento de aguas residuales en
el sector de El Rodadero.
Tanto el demandante del proceso de tutela
relacionado con el edificio Mendiguaca contra la Alcaldía de Santa Marta y
METROAGUA, como el ciudadano Escobar Silebi y otros ciudadanos coadyuvantes,
señalan que los habitantes en la zona de El Rodadero padecen serios problemas
debido al vertimiento de aguas negras, especialmente en épocas de temporada
alta.
Al respecto, dentro de las pruebas que
obran en el expediente, aparece el testimonio rendido por el gerente de
METROAGUA, quien sostuvo que para contrarrestar los desbordamientos de aguas
residuales en el sector de El Rodadero aledaño al Canal de El Laguito, se
construyó una elevadora o cárcamo recolector de aguas residuales con bombas
sumergibles y una línea de impulsión conectada a la Estación Gaira - Rodadero,
a fin de evitar desbordamientos de agua residuales en dicho sector. En el
asunto relacionado con el Edificio Mendiguaca, señala que éste se encuentra
conectado al sistema de alcantarillado, libre de obstrucciones o taponamientos.
Sin embargo, advierte que este edificio no cuenta con trampas de grasa ni de
arena “ya que al encontrarnos en el balneario turístico es importante contar
con esas trampas”. La  construcción de dichas trampas se ha solicitado por
METROAGUA a las diferentes edificaciones y restaurantes del balneario de El
Rodadero para así evitar taponamiento en la tubería, que podrían afectar la
salud”.
En lo concerniente a la caleta El Boquerón,
ubicada en la parte trasera del puerto de Santa Marta, sobre la bahía de
Taganga, donde vierten todas las aguas residuales de la ciudad a través de la
estación norte; una vez caen al mar, según las autoridades locales, estas
“presuntamente” terminan esparcidas mar adentro; sin embargo, conforme a los
diversos testimonios rendidos por las autoridades distritales y de particulares
residentes en la zona, recibidas dentro del término probatorio, ello no resulta
cierto, pues es evidente que en ciertas épocas del año quedan estancadas en la
Bahía de Taganga, generando una notoria contaminación.
A efecto de solucionar esta situación, el
Gerente de METROAGUA, así  como el Alcalde de Santa Marta manifestaron haber
contratado con la Empresa Técnicas Hidráulicas de Cuba el diseño del Emisario
Submarino para tratamiento por dilusión y disposición final las aguas servidas
de Santa Marta. Actualmente, señalan que, el Distrito carece de plantas de
tratamiento de las aguas residuales que se vierten crudas sin ningún
tratamiento. Por ello, a juicio de las autoridades distritales de Santa Marta,
el Emisario se plantea como una solución técnica y económica viable en materia
de aguas residuales. El proyecto se encuentra en la fase de construcción,
aunque según se pudo verificar por la Sala durante la práctica de la inspección
ocular sobre esta zona de El Boquerón, los trabajos de iniciación de
construcción del Emisario no se han iniciado, de manera que, por ello continúa
el vertimiento de estas aguas sobre la Bahía Taganga sin control ni tratamiento
alguno, produciendo serios efectos en la bahía por la contaminación ambiental.
Para la Sala no hay duda que después del
respectivo examen probatorio, en las bahías de El Rodadero, Gaira, Santa Marta
y Taganga, debido a los vertimientos de las aguas residuales del sistema de
alcantarillado de la ciudad, así como por el tratamiento de los desechos
sólidos se presenta una situación irregular que amenaza la salud, la vida y el
medio ambiente de los habitantes y turistas del distrito.
Por lo anterior, estima la Corte que para
poder solucionar en forma definitiva la calamidad descrita, es pertinente
ordenar que a través de las autoridades correspondientes del distrito, se
adopten las medidas encaminadas a impulsar la disposición definitiva de las
aguas residuales de Santa Marta, implementándose un sistema de pretratamiento
de esas aguas, con el fin de disminuir los efectos de la carga contaminante
final, para lo cual es pertinente disponer que por conducto de la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena se realice una labor de estructura, supervisión
y control.
Respecto a la situación relacionada con la
falta de tratamiento de las aguas residuales, y a los hechos debidamente
acreditados en el proceso sobre esta materia, se hace indispensable ejercer un
control adecuado que permita solucionar en forma real el problema relativo a la
contaminación de las bahías, como consecuencia del esparcimiento de las aguas
residuales, razón por la cual, a efecto de proteger el medio ambiente, conforme
lo establece el artículo 82 de la Carta Fundamental, es preciso ordenar a la
Alcaldía Distrital de Santa Marta que en coordinación con el gerente de
METROAGUA, adopten las medidas tendientes a optimizar e independizar los
sistemas de recolección tratamiento y disposición de las aguas residuales de
Santa Marta, El Rodadero, Gaira, hasta la quebrada El Doctor, siendo procedente
la utilización del sistema de bombeo, con base en las especificaciones
requeridas, a fin de realizar una adecuada difusión de las aguas residuales de
la ciudad en el emisario final en la bahía de Santa Marta, sector de El
Boquerón.
Cabe destacar igualmente, que el mismo
informe de laboratorio remitido por el Director General de INVEMAR donde se
analiza la contaminación de las aguas marinas influenciadas por el municipio de
Santa Marta, entre Taganga y la Ensenada del Rincón del Doctor, se señala lo
siguiente:
“Se encontró que
dentro de los indicadores de contaminación fecal aparecían bacterias de tracto
intestinal del hombre y de animales de sangre caliente como la “escherichia
Coli”, las cuales sobrepasan los valores permisibles dados por el Ministerio de
Salud en el decreto 1594 de 1984. La presencia de estos microorganismos son una
clara evidencia de una contaminación fecal y el riesgo de hallarse asociados
con otro tipo de bacterias patógenas”.
Y agrega que:
En Santa Marta
existe contaminación fecal de las aguas marinas, la cual al parecer se
incrementa durante las temporadas turísticas y se presume que la capacidad de
carga del sistema del alcantarillado no es suficiente para evacuar el
volumen total de las aguas residuales de la ciudad.
...
En términos
generales, se puede concluir que la mayor fuente de contaminación para el área
lo constituye la descarga de aguas negras a través del sistema de
alcantarillado en El Boquerón”.
De acuerdo con oficio de marzo 14 de 1997
emanado del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras,
"INVEMAR", se adjuntan los resultados del análisis de la calidad de
agua del río Manzanares y se expresa:
"Respecto
del análisis bacteriológico, los valores sobrepasan en las tres estaciones
(localizadas en Paso del Mango, Quinta de San Pedro Alejandrino y Puente de la
Carrera 4 con Calle 31) los valores máximos permisibles".
Igualmente, según informe de dicho
Instituto, "El hecho de que ciertas bacterias son habitantes normales del
tracto intestinal del hombre y de animales de sangre caliente, como es el caso
de la Escherichia coli, su presencia indica con certeza una
contaminación de tipo fecal. Los altos valores encontrados en las 15 estaciones
ubicadas en la Bahía de Santa Marta durante los muestreos realizados en
noviembre, sobrepasan los valores permisibles dados por el Ministerio de Salud
en el decreto 1594 de 1984 en el artículo 42".
otro lado, referente a la calamidad que se
presenta en el servicio de acueducto y alcantarillado en Taganga, es pertinente
resaltar que dicha situación reviste características de especial gravedad, toda
vez que de acuerdo a las pruebas y documentos aportados al proceso, existe una
situación de abandono y descuido por parte de las autoridades del Distrito de
Santa Marta con respecto a sus habitantes, quienes padecen graves problemas en
la prestación de los servicios públicos, con el consiguiente perjuicio
inminente a los derechos fundamentales a la vida y a la salud. En efecto, según
afirmación del Director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena:
“En relación con
el problema de contaminación en la Bahía de Santa Marta, la falta de un sistema
de recolección de aguas negras que en el caso que no ocupa se reduce a
soluciones puntuales de instalación de tanques séptimos y campos de
infiltración determinan la probable contaminación indirecta de las aguas de la
Bahía de Taganga, por aguas residuales domésticas, excluyéndose cualquier tipo
de contaminación de origen industrial.
Así mismo, esta
bahía se ve afectada por las condiciones temporales del efecto de la
contracorriente, que predomina en los meses de lluvias durante los cuales aguas
procedentes del sitio denominado “El Boquerón” pueden interferir directamente
la Bahía de Taganga por efectos de la influencia de los vientos procedentes del
Sur Oeste denominados “vendaval”, Por lo anterior se prevé que la solución
proyectada de la instalación del Emisario Submarino de Aguas Negras contribuirá
con una solución adecuada al manejo de las aguas residuales.
En cuanto al suministro de agua a la
población de Taganga, el Gerente de Metroagua afirmó lo siguiente:
“Con los diseños
del proyecto Acueducto Río Guachaca con una capacidad de abastecimiento
adicional en 1.500 litros por segundo, construyendo una nueva planta de
tratamiento en el canal, para así llevar el agua por gravedad a todos los
sectores que están por encima de la cota 40. Así estaríamos llevándole agua
directamente a Taganga. Este proyecto se encuentra en la fase de licitación”.
Acerca de lo anterior, cabe advertir que la
comunidad de Taganga presentó escrito firmado por la mayoría de sus habitantes,
en el que denuncian los vertimientos de aguas residuales sin tratamiento
previo, a la bahía de Taganga en el sector de El Boquerón, así como la carencia
de agua potable en el corregimiento y su incidencia en la salud pública, razón
por la cual reclaman el derecho a gozar del suministro de agua potable y
alcantarillado.
De las pruebas que obran en el proceso, se
colige que la prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado en el sector mencionado es notoriamente deficiente, en
detrimento de los derechos fundamentales de la vida y la salud de sus
habitantes. Así lo reconocen el Alcalde de Santa Marta, el Gerente de METROAGUA
y el Director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, al afirmar que
para solucionar dicho problema, la administración adelanta actualmente la
licitación para la construcción de una nueva planta de tratamiento que permita
llevarle agua a la comunidad de Taganga, que en el futuro solucione dicha
situación. Empero, esta determinación por parte de las autoridades distritales
de Santa Marta no protege por sí sola en forma inmediata los derechos
constitucionales visiblemente amenazados a causa de la omisión por parte de
estas en lo concerniente a la óptima y eficiente prestación de los servicios
públicos a los habitantes de la comunidad de Taganga.
Cabe recordar que conforme lo establece el
artículo 365 de la Carta Política, los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado, constituyendo un deber de este, asegurar su
prestación eficiente. Siendo el objetivo fundamental de su actividad la
solución de las necesidades básicas insatisfechas en materia de saneamiento
ambiental, resulta pertinente ordenar a las autoridades distritales de Santa
Marta, ante la ausencia absoluta de agua potable en el corregimiento de
Taganga, y su incidencia en la salud pública, proteger los derechos ambientales
de sus habitantes, frente a la amenaza de vulneración de los mismos, la
adopción de medidas encaminadas a la solución oportuna de los problemas
inherentes al suministro de agua potable en dicho corregimiento y al
vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo en la bahía, como se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
Acerca de la contaminación que se presenta
en la bahía de Taganga, como se encuentra acreditado en este proceso, se
ordenará igualmente a las autoridades administrativas del Distrito de Santa
Marta, que definan e implementen un sistema de recolección, tratamiento y
disposición de aguas negras en dicho sector.
Adicionalmente, según se pudo verificar
durante la diligencia de inspección judicial y lo reiteraron las mismas
autoridades del Distrito de Santa Marta, existe una desmedida proliferación de
construcciones sin el cumplimiento de los requisitos legales y sin control por
parte de estas, que han repercutido en el incremento del problema ambiental y
de agua que existe en dicha zona, sin que exista inspección ni vigilancia
alguna con respecto al levantamiento de nuevas viviendas u otro tipo de
construcciones.
En razón de lo anterior, se dispondrá que a
partir de la notificación de la presente providencia, se suspenda el
otorgamiento de todo tipo de licencias de construcción en Taganga, y se adopten
todas las medidas a que haya lugar para evitar que se sigan realizando nuevas
construcciones a fin de evitar la vulneración de los derechos de la citada
comunidad.
La expedición de las licencias de
construcción en Santa Marta
Según los escritos presentados dentro del
proceso y las declaraciones recibidas, y demás pruebas que obran en el
expediente, uno de los más graves problemas que padece actualmente la zona de
El Rodadero en el Distrito de Santa Marta, es igualmente el de la proliferación
de nuevas construcciones y edificaciones que han incrementado la difícil
situación en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado,
que no es el suficientemente adecuado para atender los requerimientos de las
nuevas construcciones. De esta manera, el otorgamiento desmedido de licencias
de construcción en el mencionado sector por parte de la Secretaría de
Planeación Distrital, constituye a juicio de los accionantes e intervinientes,
un factor que contribuye significativamente a agravar los problemas ambientales
y a la deficiente prestación del servicio público de alcantarillado en el
Distrito de Santa Marta.
En cuanto a la expedición de dichas
licencias, el Secretario de Planeación indicó:
“En relación a la
concesión de licencias de construcción en el Distrito de Santa Marta, y el
procedimiento que las mismas demandan, tenemos un plan de desarrollo vigente
consignado en el decreto 1045 de 1992, el cual contempla un código de urbanismo
como instrumento para el manejo y otorgamiento de licencias de construcción
(...). Aparte de lo establecido por el plan de desarrollo en base al plan de
gobierno, se le hizo un ajuste al plan de desarrollo de acuerdo al mandato
legal; allí quedó por primera vez en la historia de Santa Marta el componente
ambiental (...)
Siendo
conscientes de que en el sector sur - zona turística comprendida entre El
Rodadero y la quebrada El Doctor es deficiente el servicio de alcantarillado,
específicamente en El Rodadero se han establecido internamente mecanismos para
evitar la alta densificación (...). La Secretaría de Planeación no otorga
licencias de construcción a proyectos que no traigan viabilidad de servicios
públicos dadas por las empresas prestadoras de servicios públicos, como METROAGUA
que da la viabilidad de servicios de agua potable y alcantarillado.
Como una política
de la administración, todo tipo de proyecto a ubicarse en áreas de desarrollo
turístico deberá contar así tenga cobertura de alcantarillado, con su
respectiva planta de tratamiento y disposición de aguas residuales.
...
La administración
Distrital se propone adelantar el estudio de ordenamiento territorial en donde
se contemplarán  las necesidades en cuanto a infraestructura y planes de manejo
ambiental con el fin de proyectar la ciudad en su verdadera  vocación.
...
En Taganga hay un
gran problema ambiental que se ha ido generando en el sector de Playa Grande
por no tener servicios sanitarios adecuados, de acueducto está llegando algo y
alcantarillado no hay nada.
Las licencias o
permisos de construcción tienen su fundamento en el principio constitucional
según el cual la propiedad tiene una función social y por ello implica
obligaciones. Su fin es que el Estado debe supervigilar el destino que las
personas deben dar a la propiedad y las limitaciones que deben consagrarse para
que puedan los entes estatales prestar los servicios públicos fundamentales
como agua, luz, alcantarillado, etc. y garantizar la protección de los mismos”.
Como lo ha expresado esta Corporación en
anteriores oportunidades, el otorgamiento de una licencia de construcción
implica por parte de las autoridades administrativas, un estudio previo y
responsable respecto de la posibilidad de garantizar la debida prestación de
los servicios necesarios para gozar del derecho a una vivienda digna. Por ello
la Corporación en sentencia T-366/93, dispuso suspender por un término
determinado, el otorgamiento indiscriminado de licencias de construcción, en
razón de no haberse adoptado las medidas requeridas para la prestación de los
servicios públicos esenciales.
Con el objeto de determinar si esa misma
situación se configura en la ciudad de Santa Marta, conviene precisar lo
siguiente:
Como lo expresó el Secretario de Planeación
Distrital durante la diligencia de inspección judicial, las autoridades locales
son conscientes del problema que actualmente existe en el distrito en materia
del servicio público de alcantarillado, particularmente en la zona de El
Rodadero, por lo que se han adoptado mecanismos especiales para evitar la alta
densificación. Afirma igualmente, que la Secretaría de Planeación ha sido
estricta en la concesión de licencias de construcción, requiriendo la
viabilidad de servicios públicos, la cual es determinada por entidades como
METROAGUA, CORPAMAG, y en especial, exigiendo que el proyecto cuente con su
respectiva planta de tratamiento, en el caso de ubicarse en áreas de desarrollo
turístico.
En el caso sub examine no se encuentra
acreditado que en lo concerniente a la expedición de las licencias de
construcción, se hubiese obtenido la exigencia por parte de la Secretaría de
Planeación Distrital de Santa Marta, acerca de la viabilidad ambiental como
requisito previo para la concesión de las mismas. Es de anotar que las
licencias ambientales se otorgan una vez el propietario o ejecutor de un
proyecto, obra o actividad, cumple con la elaboración de los estudios de
impacto ambiental que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena le exige,
después de formulada la solicitud con el cumplimiento de los requisitos legales
(Decreto 1753 de 1994 y Resolución 655 de 1996 del Ministerio del Medio
Ambiente). Admitida la petición, deben efectuarse por parte de la Corporación
mencionada, las inspecciones correspondientes al lugar de construcción del proyecto
o de realización de la actividad u obra, y su área de influencia, con el fin de
determinar los términos de referencia para la elaboración del estudio de
impacto ambiental. De acuerdo a ello, satisfechos los requisitos de estudio de
impacto ambiental, se evalúan las medidas allí contempladas y se determina su
aplicabilidad para la ejecución de la obra y de ser viable, se otorga la
licencia ambiental incluyendo los permisos a que haya lugar.
Frente a los problemas ambientales y de
alcantarillado existentes en el Distrito de Santa Marta, particularmente en la
zona de El Rodadero hasta el puente sobre la quebrada El Doctor, es procedente
ordenar a la Alcaldía Distrital de Santa Marta a través de la Secretaría de
Planeación Distrital, que en adelante exija la viabilidad ambiental expedida
por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena como requisito previo para
la expedición de las licencias respectivas.
Así mismo y con fundamento en la inspección
judicial practicada, la Corte estima necesario que a fin de lograr un
desarrollo planificado del distrito de Santa Marta, la Alcaldía, en
coordinación con el Comité Ambiental Distrital creado mediante Decreto 728 de
1994, CORPAMAG y las demás autoridades ambientales, elaboren y adopten un “Plan
de Ordenamiento de los Usos del Suelo” para el Distrito de Santa Marta, a
través del cual se establezca la obligación para las construcciones que se
instalen en el área de influencia de los balnearios de Taganga, El Rodadero, Bello
Horizonte, sector Irotama, Aeropuerto, Piedra Hincada, y en general toda la
zona costera del Distrito de Santa Marta, de habilitar sistemas adecuados de
tratamiento de las aguas residuales, de manera que se garantice la eficiencia
en la remoción de los agentes contaminantes determinados en las normas legales.
Por consiguiente, para los efectos de
contar con un sistema adecuado de tratamiento de aguas servidas, la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena deberá adoptar un plan de cumplimiento, donde
se especifique el tipo de tratamiento que se requiere.
El problema de las basuras y las
soluciones que deberán adoptarse
En criterio de los demandantes, otro de los
problemas ambientales que están afectando a la población de Santa Marta, con
graves consecuencias sobre su salud por la contaminación ambiental, es el
relacionado con las basuras.
Con relación a lo anterior, el Gerente de
la Empresa de Aseo de Santa Marta, afirmó que "en la actualidad el
cubrimiento es del 97.78% (reciben el servicio 60.860 de las 62.240 viviendas
del distrito)". Y agregó que "el distrito cuenta con el botadero de
basuras Veracruz, pero por problemas de contaminación que ha venido generando,
se ha previsto el cambio de lote para la disposición de los desechos o basuras.
En el momento se viene realizando un tratamiento primario de las basuras,
medianamente tecnificado para mitigar los efectos del material allí
presente".
Como se verificó en la diligencia de
inspección judicial y con fundamento en las declaraciones recibidas, el
problema de las basuras en el Distrito de Santa Marta no radica en la
recolección de las mismas, sino en la contaminación que se viene produciendo en
el actual botadero por la falta  de tratamiento de las mismas, a fin de
proteger el medio ambiente.
Según el citado funcionario, actualmente se
vienen desarrollando una serie de negociaciones con el gobierno español para el
montaje de una planta de incineración de residuos sólidos urbanos con el fin de
producir energía eléctrica.
En relación con el manejo de las basuras,
el director de CORPAMAG expidió la resolución No. 581 de marzo 6 de 1997 por
medio de la cual impuso medidas preventivas de saneamiento ambiental a la
Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Santa Marta, Espa, por el manejo del
botadero Veracruz.
No obstante lo anterior, a juicio de la
Sala se requiere la adopción de estrictas medidas tendientes a proteger el
derecho a un ambiente sano, amenazado  por la contaminación que actualmente se
presenta en el botadero de basuras del distrito. Para el efecto, resulta
procedente ordenar al Alcalde Distrital de Santa Marta que en un plazo no
superior a los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia,
proceda a realizar las diligencias necesarias para la iniciación de la construcción
o reubicación del botadero de basuras, con sus respectivos estudios
técnico-ambientales, así como la elaboración del plan de manejo de los residuos
sólidos del distrito.
Así mismo, con el fin de proteger los
acuíferos de Santa Marta, la administración distrital debe acogerse a las
obligaciones impuestas por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena en la
citada resolución, por medio de la cual se establecieron medidas preventivas
para el manejo del botadero de basuras Veracruz.
Además de ello, teniendo en cuenta la
función primordial que en el proceso de protección y defensa del medio ambiente
viene cumpliendo y desarrollando en el Departamento del Magdalena la
Corporación Autónoma Regional - CORPAMAG y las dificultades existentes,
generadas primordialmente por la demora ostensible por parte de la
administración distrital en transferir los recursos recaudados por concepto de
porcentaje ambiental del impuesto predial, dentro de los términos legales, los
cuales constituyen el patrimonio necesario para el cumplimiento adecuado y
eficiente de las funciones de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, a
fin de garantizar a los habitantes del Distrito de Santa Marta una eficaz
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, se
ordenará a la Tesorería Distrital de Santa Marta que haga efectiva la
transferencia de los recursos recaudados por concepto de porcentaje ambiental
del impuesto predial a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -
CORPAMAG dentro de los términos legales (artículo 44 de la Ley 99 de 1993).
Igualmente, deberá efectuarse la
transferencia de los demás recursos recaudados por el distrito, bajo el
concepto de patrimonios y rentas de la Corporación, de que trata el artículo 46
de la Ley 99 de 1993.
V.    El medio ambiente y el carbón.
En la providencia por medio de la cual se
decretaron pruebas en el proceso de la referencia, se dispuso extender la
diligencia de inspección judicial, a fin de determinar la existencia de
concentración de partículas de carbón en el aire, en la zona de la bahía de
Santa Marta adyacente al puerto de Carboandes y en la zona de influencia de los
Puertos de Prodeco y de la Drummond, así como el efecto de la contaminación por
carbón en la salud de las personas.
Es evidente que este aspecto no se
encuentra relacionado dentro de los hechos consignados en las demandas cuyos
expedientes fueron acumulados, razón por la cual no es posible adoptar medidas
coercitivas con respecto a las empresas encargadas del transporte y carga del
carbón, o a las autoridades que ejercen la respectiva inspección y control, con
respecto a quienes tienen a su cargo, la producción y comercialización de
bienes y servicios.
Pero ello no obsta, a juicio de la Sala,
para que en desarrollo de la función de protección del derecho a gozar de un
medio ambiente sano, puedan realizarse oportunas recomendaciones encaminadas a
evitar que se atente contra la salud, la seguridad y la integridad física de
los consumidores y usuarios, y a los mismos habitantes del sector aledaño a los
puertos carboníferos.
Siendo un deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente y una función de la Corte la protección de
los derechos constitucionales fundamentales, la Sala estimó de vital
importancia verificar el procedimiento que utilizan los puertos carboníferos en
el proceso de carga del carbón, su transporte en las barcazas y el descargue de
las mismas en los buques que transportan el carbón, a fin de determinar si
evidentemente los habitantes de Santa Marta gozan de un ambiente sano, lo que
constituye uno de los derechos fundamentales invocados en la demanda.
Durante la inspección judicial realizada,
se recorrieron las instalaciones de los puertos carboníferos de la Drummond,
Prodeco y CarboAndes, donde se pudo constatar el proceso de transporte y cargue
del carbón hasta las barcazas; allí los funcionarios de estas empresas
explicaron dicho proceso, así como el funcionamiento y operación de los
sistemas de aspersión para evitar que el levantamiento del polvillo del carbón
genere problemas de contaminación, y otros mecanismos tendientes a proteger el
ambiente y el entorno social y ecológico de los efectos del polvillo. Así
mismo, se hizo un recorrido en helicóptero por la zona donde se efectúa el
descargue del carbón de las barcazas hasta los buques transportadores, a través
del cual se verificó que en efecto, no se atienden en forma íntegra las reglas
y procedimientos establecidos para el cargue y descargue del carbón, pues la
máquina que extrae el carbón de la barcaza y lo coloca dentro de las bodegas
del buque no completa adecuadamente dicho proceso, ya que descarga el carbón
desde la parte alta, sin colocar el mineral dentro de las bodegas en forma
absoluta, permitiendo de esa manera que fácilmente por efecto de los fuertes
vientos de la zona, se lleve el polvillo del carbón hacia la bahía y genere
posible contaminación. Al respecto, el Director de CORPAMAG advirtió que esta
situación no es normal y es objeto de sanciones debido a los problemas
ambientales que acarrea, pero que es difícil ejercer un control estricto por la
falta de barcos para la vigilancia.
Así mismo, la Sala visitó las instalaciones
del Hotel El Decamerón - Puerto Galeón, de conformidad con la solicitud previa
presentada al efecto, a objeto de verificar la contaminación a causa de la
emisión del polvillo del carbón. Allí se encontró que evidentemente en las
paredes y pisos existían concentraciones de polvillo de carbón.
Aparte de ello, se recibieron declaraciones
de los vecinos de la zona comprendida entre El Rodadero y el Puente del Doctor,
donde se encuentran ubicados dos puertos carboníferos, mediante los cuales se
afirma que la situación ambiental en la zona donde se encuentran ubicados los
puertos carboníferos de la DRUMMOND y PRODECO, es bastante delicada a causa de
los problemas de contaminación visual que se produce,  por la expedición de
partículas de carbón en suspensión en el aire, las cuales contaminan las playas
y han generado numerosas quejas tanto de los habitantes y residentes de la
zona, como de los turistas que visitan el sector.
Agregan que no obstante hace algunos meses
se instaló un equipo para recoger muestras de las partículas en suspensión en
el aire por parte de Prodeco y la Drummond, para así definir el grado de contaminación
existente, este proceso “no es del todo confiable debido a que quienes están
encargados de tomar las muestras y procesarlas es la misma empresa”.
Cabe destacar la afirmación hecha por el
señor Avila Peña, según el cual “es excesivo el polvo de carbón que se
encuentra en todas partes, en capas aterradoras, que cuando hay brisa forma
verdaderas nubes que hacen imposible la respiración normal de un ser humano.
Esta es una zona urbana, estrato seis de Santa Marta y los efectos de esa
situación han sido gravísimos para mi familia y para mi porque me han obligado
a ausentarme de la vivienda por la imposibilidad física de respirar aire denso
y pesado de carbón tanto para mi, mi señora e hijo, que se ha visto afectado en
su salud por esta situación, hasta el punto que he decidido abandonar la
terminación de la construcción de la cabaña por la imposibilidad de vivir en
ella por las situaciones anotadas. Pero no solo el problema es de las gruesas
capas de nubes de carbón en el ambiente, sino que es también los altos niveles
de ruido que produce la operación del puerto como son los rodillos metálicos de
las bandas transportadoras del carbón en el muelle y que lamentablemente operan
las 24 horas del día llevando a la persona a un estado de angustia sicológica por
los altos niveles de ruido. Además la maquinaria de palas y buldózeres operando
especialmente de noche con sus ruidos característicos que imposibilitan dormir
y permanecer tranquilos. Cuando no se presenta el caso de que ya cansada la
persona logra conciliar el sueño, a la una o dos de la mañana suenan los pitos
de los remolcadores en el puerto que jalan las barcazas haciendo imposible la
tranquilidad y un estado de ánimo sin alteraciones anímicas y sicológicas”.
Todo ello según él y demás vecinos del sector, viene amenazando en forma grave
e inminente su derecho fundamental a la vida y a la salud, lo que requiere de
medidas urgentes y impostergables por parte de las autoridades competentes, que
hasta la fecha han sido renuentes a buscar soluciones que atiendan sus
necesidades.
Así mismo, es importante señalar que al
expediente se aportó el correspondiente análisis mineralógico de las muestras
recolectadas en las estaciones de medición de partículas en suspensión ubicadas
en Los Alcatraces y El Aeropuerto, las cuales permiten determinar la
composición de las partículas en suspensión en dichas áreas. Los análisis
corresponden a muestras tomadas por CORPAMAG en el tercer y cuarto trimestre de
1996, así como del primer trimestre de 1997. Dichos análisis establecen la
participación de partículas de carbón dentro del total de partículas en
suspensión recolectadas en las estaciones.
En este orden de ideas, dada la existencia
de dichas partículas de carbón en el aire que circunda al Distrito de Santa
Marta, y que es inhalado por sus habitantes, la Sala consideró de especial
importancia determinar qué efectos produce en las personas dicho polvillo.
Al respecto, la señora Ministra de Salud,
doctora Maria Teresa Forero de Saade, a través de oficio remitido a esta Corporación,
puso en conocimiento de la misma la información relacionada con los efectos
causados a la salud humana por la exposición al polvo de carbón. Sobre el
particular, expresó:
"Principales
efectos de la exposición a polvo de carbón
1.
Rinitis - enfermedad rino-sinusal.
2.
Bronquitis industrial (cuando no se atribuye al cigarrillo).
3.
Neumoconiosis del carbon (el agravante es su gravedad y
pronóstico, dado que sus efectos son irreversibles).
4.
Agravamiento de otras enfermedades.
Problemas
relevantes:
1.- Incremento de
explotación artesanal (mayor riesgo de enfermar - accidente o muerte).
2.- Adecuación
ambiental de la política carbonífera por el Impacto ambiental y la afectación
poblacional.
RIESGO DE ACCIDENTE DE TRABAJO EN LA
EXTRACCION DE CARBON
Del total de AT
(128.081) durante 1995, el sector de explotación del carbón se constituyó como
la novena de las 26 actividades económicas.
Promedio de
Días de Incapacidad
a) A nivel
nacional = 28.3
b) Por extracción
de carbón = 7.8
(...)
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOCIAL Y AMBIENTAL
DE LA MINERIA DEL CARBON - CERREJON ZONA CENTRO Y LA
JAGUA DE IBERICO - 1990 - 1995
Entidades que lo realizaron: ISS - CENSAT -
MINSALUD
MUESTRA TOTAL
DE TRABAJADORES :
410, en los cuales se encontró 12.5% Prevalencia Neumoconiosis y 46%,
sospechosos de Enfermedad Neumoconiótica.
CONCLUSIONES :
La extracción de
Carbón constituyó la 4a. actividad económica causante de costos a cargo del ISS
durante 1995.
Sus efectos
no solo tienen impacto ocupacional, sino que realmente comprometen la salud
poblacional de aquellas regiones en las que se explota el mineral" (negrillas y subrayas fuera de
texto).
Con fundamento en lo anterior, y teniendo
en cuenta científicamente los efectos que produce el polvillo del carbón en la
salud de las personas, es necesario que para contrarrestar la amenaza a la
salud y a la integridad física de las personas con ocasión del proceso de
cargue y descargue del carbón en los puertos carboníferos de la Drummond,
Prodeco y Carboandes, se recomienda la adopción de medidas urgentes en orden a
prevenir que dicha situación pueda acarrear la perturbación de la salud y demás
derechos fundamentales de la población que habita en la zona aledaña a los
puertos.
En tal virtud, acreditada como está la
amenaza de los derechos al ambiente sano, a la integridad física, a la salud y
a la vida, es preciso y oportuno recomendar al Ministerio del Medio Ambiente
que elabore y adopte a la mayor brevedad, un proyecto de control integral sobre
el manejo del carbón, desde su extracción en las minas hasta el cargue y
descargue del mismo en los respectivos puertos, para así evitar daños y
funestas consecuencias en la salud de las personas. Para tal efecto, deberán
adoptarse controles en todo el proceso de cargue y descargue del carbón, así
como mecanismos para evaluar la cantidad y efectos del polvillo esparcido en el
ambiente, con la especificidad del carbón.
Para los mismos efectos, se recomendará a
la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), en desarrollo de las
funciones que le corresponden, para que efectúe la evaluación de los citados
controles con una periodicidad no superior a los treinta (30) días.
Finalmente, resulta oportuno recomendar que
el Director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, CORPAMAG, envíe
las evaluaciones a que se refieren los dos puntos anteriores a la Secretaría de
Salud del Magdalena, haciéndole entrega de las mismas al Ministerio del Medio
Ambiente y al Ministerio de Salud, para que se adopten las medidas preventivas
tendentes a evitar la posible contaminación a causa de los hechos descritos.
V.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional obrando en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E :
REVOCANSE las sentencias proferidas por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Santa Marta y por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, de fechas 12 de noviembre y 12 de diciembre de 1996
respectivamente, dentro del proceso de tutela promovido por el ciudadano
Francisco Escobar Silebi y Otros, así como por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Santa Marta de fecha 13 de noviembre del mismo año, dentro del
proceso de tutela instaurado por el ciudadano Roberto Parra Ruíz. En su lugar
se dispone:
Primero. TUTELAR los derechos a la
vida, al ambiente sano y a la salud de los ciudadanos Francisco Escobar Silebi
y Otros, habitantes del distrito turístico, cultural e histórico de Santa
Marta, amenazados por las acciones y omisiones en que han incurrido las
autoridades administrativas del distrito, a que se refiere la presente
providencia.
Segundo. En orden a la protección de
los citados derechos, se dispone lo siguiente:
2.1 El Alcalde Distrital de Santa Marta, en coordinación
con el Comité Ambiental Distrital así como el Director de la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena y las demás autoridades ambientales, deberán
elaborar y adoptar un PLAN DE ORDENAMIENTO DE LOS USOS DEL SUELO para el
Distrito de Santa Marta, para los efectos indicados en la parte motiva de esta
providencia.
En el acto administrativo correspondiente
deberá quedar consignada la obligación, en relación con las construcciones que
se instalen en el área de influencia de los balnearios de Taganga, El Rodadero,
Bello Horizonte, sector Irotama, Aeropuerto, Piedra Hincada, y en general, de
toda la zona costera del distrito de Santa Marta, de habilitar sistemas
adecuados de tratamiento de aguas residuales que garanticen la eficiencia de la
remoción de contaminantes en la forma prevista en las disposiciones legales
vigentes.
2.2 La Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la
Secretaría de Planeación Distrital, exigirá así mismo, la viabilidad ambiental
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena como requisito
previo para la expedición de las licencias de construcción y/o instalación de
los proyectos, obras y actividades que las requieren, de acuerdo a las
definiciones legales pertinentes.
2.3 Con el fin de proteger los acuíferos de Santa Marta,
la Administración Distrital deberá acogerse en los plazos fijados por la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena a las obligaciones impuestas en la
resolución 581 del 6 de marzo de 1997, por medio de la cual se establecieron
medidas preventivas para el manejo del botadero Veracruz, actual basurero del
distrito.
2.4 Así mismo, el Alcalde Distrital de Santa Marta en un
plazo no superior a los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, procederá a iniciar los trámites requeridos para la construcción o
reubicación del botadero de basuras, con sus respectivos estudios
técnico-ambientales, así como la elaboración del plan de manejo de los residuos
sólidos del distrito.
2.5 La Tesorería Distrital de Santa Marta deberá efectuar
dentro de los noventa (90) días siguientes a la notificación de esta
providencia, las transferencias de los recursos recaudados por concepto de
porcentaje ambiental del impuesto predial a la Corporación Autónoma Regional
del Magdalena, así como los demás recursos recaudados por el distrito bajo el
concepto de patrimonios y rentas de la Corporación, conforme a lo establecido
para el efecto en los artículos 44 y 46 de la Ley 99 de 1993.
2.6 A fin de optimizar e independizar los sistemas de
recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales de Santa Marta,
Rodadero y Rodadero Sur, hasta la quebrada El Doctor, la Alcaldía Distrital de
Santa Marta, en coordinación con la empresa METROAGUA S.A. y ESPA, realizará
las gestiones encaminadas a terminar el sistema de bombeo, teniendo en cuenta
las especificaciones necesarias para realizar una adecuada difusión de las
aguas residuales de la ciudad.
De la misma manera, las mencionadas autoridades
deberán diseñar los planes requeridos para la adopción de un sistema de
pretratamiento de las aguas residuales del distrito de Santa Marta, con el fin
de disminuir la carga contaminante, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Así mismo, deberán diseñar el sistema de
alcantarillado, pretratamiento y disposición final de aguas residuales de los
sectores de El Rodadero, Rodadero Sur, Bello Horizonte y la zona costera hasta
la Quebrada El Doctor, independizando los sistemas del de la ciudad de Santa
Marta.
2.7 El Distrito de Santa Marta deberá definir e
implementar los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final para
las aguas residuales de Taganga.
Tercero. ORDENAR al Alcalde
Distrital de Santa Marta, que, a partir de la notificación de esta providencia,
disponga lo conducente a fin de que la administración a su cargo, suspenda el
otorgamiento de todo tipo de licencias de construcción en el corregimiento de
Taganga, durante el término de tres (3) años, y adopte las medidas a que haya
lugar, a fin de evitar que se sigan realizando nuevas construcciones en dicha
zona, mientras se adoptan las medidas necesarias que garanticen la prestación
adecuada de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el sector.
Cuarto. RECOMENDAR al Ministerio del
Medio Ambiente que elabore y adopte un proyecto de control integral al manejo
del carbón, desde su extracción de las minas hasta el cargue del mismo en los
respectivos puertos, para así evitar daños en la salud de las personas.
Para tal efecto, se recomienda a las
autoridades correspondientes adoptar controles en todo el proceso de cargue y
descargue del carbón, así como mecanismos para evaluar la cantidad y efectos
del polvillo esparcido en el ambiente, con la especificidad del carbón.
En este sentido, se recomienda a la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), que efectúe la
evaluación de los citados controles con una periodicidad no superior a los
treinta (30) días.
Quinto. COMISIONAR al Tribunal
Contencioso Administrativo de Santa Marta para que vigile el estricto
cumplimiento de todas las decisiones adoptadas en esta providencia, en los
términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
Sexto. ORDENAR que por la Secretaría
General de la Corte Constitucional se comunique esta providencia al Tribunal
Contencioso Administrativo de Santa Marta y al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Santa Marta, en la forma y para los efectos previstos en el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, publíquese,
insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de voto a la sentencia SU-442/97
JUEZ DE TUTELA-Necesidad de probar conexidad eventual del
medio ambiente con derecho fundamental
La acción de tutela sólo procede contra
acciones u omisiones que vulneren o amenacen los derechos fundamentales. La
Corte ha indicado, reiteradamente, que los derechos constitucionales al medio
ambiente, a la salud y a la salubridad pública son, en principio, derechos
constitucionales no fundamentales. Sin embargo, su afectación podría, por
conexidad, comprometer alguno de estos últimos. En este evento, el juez
constitucional debe demostrar la relación de conexidad entre el derecho
constitucional claramente violado y los derechos fundamentales que serían
protegidos. La doctrina
consolidada de esta Corporación acepta que sólo en casos como el derecho a la
educación y a la seguridad social de las personas de la tercera edad, se
predique la existencia de una conexidad necesaria. En los restantes eventos en
los cuales se afecte uno o varios derechos constitucionales no fundamentales,
la tarea del juez constitucional consiste en demostrar la llamada “conexidad
eventual”, a fin de dar curso al amparo constitucional solicitado.
Referencia:
Expedientes T-120.950 y T-124.621
Actores: Francisco
Escobar Silebi, Jorge Eduardo Escobar, Silebi, y otros
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA
1. Por las razones que brevemente expongo,
con todo respeto, me aparto de la sentencia SU-442 de 1997. A mi juicio, en la
citada decisión la Corte dejó de demostrar los presupuestos básicos de
procedencia de la acción de tutela y se apartó, sin siquiera indicar la razón
para ello, de la doctrina constitucional vigente, fundada en la evolución que
ha sufrido la jurisprudencia constitucional desde 1992.
2. La acción de tutela sólo procede contra
acciones u omisiones que vulneren o amenacen los derechos fundamentales. La
Corte ha indicado, reiteradamente, que los derechos constitucionales al medio
ambiente, a la salud y a la salubridad pública son, en principio, derechos
constitucionales no fundamentales. Sin embargo, su afectación podría, por
conexidad, comprometer alguno de estos últimos. En este evento, el juez
constitucional debe demostrar la relación de conexidad entre el derecho
constitucional claramente violado y los derechos fundamentales que serían
protegidos.
La doctrina consolidada de esta Corporación
acepta que sólo en casos como el derecho a la educación y a la seguridad social
de las personas de la tercera edad, se predique la existencia de una conexidad
necesaria. En los restantes eventos en los cuales se afecte uno o varios
derechos constitucionales no fundamentales, la tarea del juez constitucional
consiste en demostrar la llamada “conexidad eventual”, a fin de dar curso al
amparo constitucional solicitado.
3. En el caso que dio lugar a la sentencia
de la cual me aparto, quedó demostrada la vulneración del derecho al medio
ambiente. Por su parte, la violación del derecho colectivo a la salubridad
pública, generada por las omisiones de las autoridades locales, habría podido
acreditarse. Sin embargo, nunca se demostró - lo que no significa que, a la
postre no resulte cierta -, la afectación del derecho fundamental a la vida de
los habitantes de las poblaciones comprometidas.
En efecto, después de una larga exposición
sobre la necesidad de probar la relación de conexidad entre el medio ambiente,
la salubridad pública y la salud con el derecho a la vida - único derecho
fundamental que, al parecer, resultaría afectado -, la sentencia se limita a
suponerla o presumirla. Basta verificar que la mayoría tan sólo expresa que “resulta
evidente que al lado del interés colectivo perseguido, se encuentran
comprometidos derechos fundamentales individuales de carácter constitucional,
como lo son el derecho a la vida, a la salud y a la salubridad pública (...)”,
sin aportar ninguna prueba que fundamente su aserto.
4. Los hechos probados, como el
desbordamiento en algunas áreas de aguas residuales, la expedición irregular de
licencias de construcción, la deficiente recolección y tratamiento de basuras,
y la existencia de partículas de carbón en el aíre, pueden dar lugar a graves
problemas ambientales que, eventualmente, podrían afectar los derechos
fundamentales - como la vida, el mínimo vital o la integridad - de los miembros
de la comunidad. Sin embargo, para que proceda la acción de tutela es requisito
necesario demostrar tal afectación y no, simplemente, suponerla.
Se imponía entonces profundizar la
actividad probatoria y aguzar el análisis constitucional, a fin de demostrar,
como lo exige la Constitución, que las condiciones de perturbación del medio
ambiente en Santa Marta y las poblaciones aledañas comprometen o amenazan,
ciertamente, los derechos fundamentales de sus habitantes.
5. Pero la sentencia no sólo omite demostrar
el aspecto central que le permite al juez constitucional proceder a conceder el
amparo - la conexidad -, sino que la propia mayoría entra en una grave
contradicción interna y con la doctrina constitucional vigente.
En efecto, según una parte de la sentencia,
apoyada en reiterada jurisprudencia de esta Corporación, los derechos a la
salud y a la salubridad pública no son derechos fundamentales cuyo amparo pueda
solicitarse a través de la acción de tutela. No obstante, en otros fragmentos
de la decisión, uno de ellos arriba transcrito, la mayoría dice proteger “el
derecho fundamental a la salud y a la salubridad pública”. La Corte debe
hacerse cargo de preservar su tradición jurisprudencial, lo que incluye su
modificación cuando ello se imponga en el plano argumental o lo exija el cambio
de las circunstancias. Lo que, sin embargo, nunca debe hacer es incurrir en las
contradicciones que se anotan, y, por el simple afán de tutelar derechos, dejar
de distinguir cuáles son fundamentales y cuáles no lo son.
Fecha ut supra
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
1 Ver. Corte
Constitucional Sentencias T-508/92, T-067/93, T-254/93, entre otras
2 Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. T-067/93 del 24 de febrero de 1993.
Magistrados Ponentes: Fabio Morón Díaz y Ciro Angarita Barón
3 Corte
Constitucional. Sala de Revisión. Sentencia No.T-092/93 del 19 de febrero de
1993. Magistrado Ponente: Simón Rodríguez Rodríguez
[1] Corte Constitucional. Sala de Revisión
No. 2. Sentencia No. T-254/93 del 30 de julio de 1993. Magistrado Ponente:
Antonio Barrera Carbonell
[2] Corte Constitucional. Sala de Revisión
No. 6. Sentencia No. T-092/93 del 19 de febrero de 1993. Magistrado Ponente:
Simón Rodríguez Rodríguez
[3]Ibídem
[4] Corte
Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia No. T-484 del 13 de agosto de
1992. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz