T-307-15
[Proyecto de circulación restringida]
Sentencia T-307/15
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE
TUTELA-Caso
en que se instauró una tutela contra sentencia de tutela, y que a pesar de
haber sido fallados en instancia no habían hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional comoquiera que no habían sido sometidos al procedimiento de
selección ante la Corte Constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
La jurisprudencia de esta Corte ha
decantado una sólida doctrina respecto a la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Al
respecto, ha señalado que la acción de tutela procede para el amparo de los
derechos fundamentales “cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE
TUTELA-Improcedencia para controvertir decisiones que se
adoptan en procesos de esta naturaleza
La posibilidad de instaurar acción de tutela contra tutela
resulta totalmente improcedente comoquiera que por su naturaleza se trata de un
mecanismo que busca materializar de forma inmediata el goce efectivo de los
derechos fundamentales de las personas, y adicionalmente, cuenta con un
mecanismo de control judicial especial, la revisión ante
la Corte Constitucional, que está diseñado específicamente para corregir los
posibles errores en que pudieren incurrir los jueces de instancia en los
proceso de tutela.
SEDE DE REVISION ANTE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Establecida para revisar de fondo las decisiones de los jueces de
tutela, corregir sus fallos, unificar jurisprudencia, corregir incoherencias y
enmendar errores
La revisión instituida en cabeza de
la Corte Constitucional es el mecanismo constitucional diseñado para controlar
las sentencias de tutela de los jueces que conocen y deciden sobre estas
acciones. Dicha figura fue prevista directamente por el propio Constituyente quien
lo plasmó en el artículo 86 de la Constitución. Esta revisión, excluye la
posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de
tutela bajo la modalidad de presuntas vías de hecho porque la Constitución
definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó
que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de
los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por
la Corte Constitucional. La revisión de las sentencias de tutela abarca tres
dimensiones: (i) el deber de remitir a la Corte Constitucional la
totalidad de los fallos de tutela adoptados por los jueces de la República para
su eventual revisión; (ii) los efectos de la decisión de la Corte
respecto de cada uno de los casos a ella remitidos; y (iii) el ámbito
del control ejercido por la Corte cuando decide revisar un fallo de tutela.
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Sólo se presenta por factor territorial y
por acciones de tutela que se dirijan contra medios de comunicación
Los únicos conflictos de competencia que
existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o
interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 (factor territorial
y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación).
ACCION DE
TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia por vulneración
de la competencia exclusiva de la Corte Constitucional en sede de Revisión
Es absolutamente improcedente la
decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad del
procedimiento de tutela demandado, comoquiera que contraría la prohibición de
instaurar acción de tutela contra otra de su misma categoría, y porque no tenía
fundamento declarar la existencia de un defecto orgánico por la falta
competencia derivada de la vinculación del Juzgado 7º Civil del Circuito de
Cúcuta.
Referencia: expedientes T-4.729.046 y T-4.731.885
Acciones de
tutela instauradas, de forma separada, por Guillermo Duarte Omaña contra el
Tribunal Superior de Cúcuta –Sala Civil Familia–, y Olga Galvis contra el
Tribunal Superior de Cúcuta –Sala Penal– y otro.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, DC., veintidós (22) de mayo de dos mil quince
(2015).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio
González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos dictados el cinco (5) de
septiembre de dos mil catorce (2014) por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, en primera instancia, y el veintidós (22) de octubre de dos mil
catorce (2014) por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en
segunda instancia; y el once (11) de noviembre de dos mil catorce (2014) por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en instancia única
tramitada.
I.
ANTECEDENTES
La Sala de Selección Número Dos, mediante auto del doce (12)
de febrero de dos mil quince (2015), resolvió seleccionar el procesos de tutela
radicado bajo el número T-4.729.046 para revisión y acumularlo, por unidad de
materia, al proceso de tutela radicado bajo el número T-4.731.885.
Los demandantes de los procesos de la referencia
instauraron de forma separada acciones de tutela contra las autoridades
judiciales accionadas por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. A continuación,
se exponen los hechos y las decisiones correspondientes a cada uno de los dos
procesos de tutela.
A.
Expediente T-4.729.046
1.
Hechos
1.1 El ciudadano César Augusto González
Páez inició proceso de restitución de inmueble arrendado contra el señor
Guillermo Duarte Omaña (actual demandante en la tutela de la referencia). Por
tratarse de un proceso abreviado, el asunto fue conocido por el Juzgado 1º
Civil Municipal de Cúcuta quien en sentencia del 6 de diciembre de 2013 declaró
la terminación del contrato de arrendamiento y la consecuente restitución del
inmueble.
1.2 Por estar en desacuerdo con la
decisión adoptada, el actor interpuso los recursos de reposición y apelación,
los cuales fueron negados. Posteriormente, interpuso recurso de queja el cual
fue admitido  en auto del 11 de abril de 2014 por el Juzgado 7º Civil del
Circuito de Cúcuta.
1.3 Debido al traslado de procesos producto
de la política de descongestión de la rama judicial, el recurso de queja fue remitido
al Juzgado 1º Civil del Circuito de Descongestión de Cúcuta quien el 17 de
junio de 2014 resolvió dejarlo sin efectos por extemporáneo. Al respecto, se
explicó que las copias para tramitarlo fueron recibidas el 1º de marzo de 2014
y la sustentación fue realizada el 17 de abril, es decir fuera del término
legal.
1.4 Por los hechos anteriores, instauró
acción de tutela contra el Juzgado1° Civil Municipal de Cúcuta y el señor Cesar
Augusto Rueda Rueda. El conocimiento de la acción correspondió al Juzgado 7º
Civil del Circuito de Cúcuta quien en sentencia del 4 de julio de 2014 negó la
solicitud de amparo por considerar que el actor no agotó el recurso
extraordinario de revisión.
1.5 El actor impugnó la decisión referida
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta –Sala Civil Familia–,
al que solicitó, adicionalmente, la vinculación del Juzgado 1º Civil del
Circuito de Descongestión y el decreto de algunas pruebas que no se ordenaron
en primera instancia. No obstante, el Tribunal, mediante sentencia del 13 de
agosto de 2014 confirmó la decisión del juez de primera instancia.
1.6 El accionante sostiene que los jueces
que tramitaron la acción de tutela vulneraron su derecho fundamental al debido
proceso comoquiera que no vincularon al Juzgado 1º Civil del Circuito de
Descongestión de Cúcuta. Adicionalmente, sostiene que el Tribunal de
impugnación tampoco se refirió a la solicitud de pruebas dejadas de practicar
por el juez de primera instancia.
2. Solicitud de tutela
Con base en los hechos descritos, el
accionante solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y, en
consecuencia, que se dejara sin efectos la sentencia de tutela de segunda
instancia. Lo anterior, con el fin de que en la nueva decisión se accediera a
la solicitud de anulación de todo lo actuado desde la admisión del recurso de
queja.
3. Respuesta de las autoridades
judiciales accionadas y vinculadas al proceso.
3.1 El Juzgado 7º Civil del Circuito de
Cúcuta sostuvo que su decisión estuvo ajustada a derecho y que por tal motivo fue
confirmada por su superior jerárquico. Enfatizó en que la providencia fue
resultado del estudio ponderado de los medio probatorios que fueron allegados
al proceso.
3.2 El Juzgado 1º Civil del Circuito de
Descongestión de Cúcuta solicitó que se declara la improcedencia de la
solicitud de amparo por no evidenciar ninguna vulneración de derechos
fundamentales. Sobre el particular, describió el trámite que le imprimió al
recurso de queja interpuesto por el actor.
3.3 Por otra parte, el Juzgado 1º Civil Municipal
de Cúcuta reseñó la actuación surtida en el proceso de restitución de inmueble
arrendado y señaló que fue tramitado y resuelto de conformidad con el marco
legal aplicable, y sin vulnerar o poner en riesgo los derechos fundamentales de
las parte.
3.4 Finalmente, el Magistrado Guillermo Ramírez
Dueñas integrante del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala
Civil Familia, respondió de forma extemporánea la acción de tutela. En su
escrito señaló que conoció de la acción de amparo adelantada por el señor
Duarte Omaña contra el Juzgado 1º Civil Municipal de Cúcuta y Cesar Augusto
González Páez. Indicó que el actor en ningún momento solicitó pruebas en el
proceso de acción de tutela, y que, por tanto, no existió ninguna vulneración
del derecho al debido proceso del actor.
5. Fallo
de tutela de primera instancia
En fallo del 5 de septiembre de 2014, la
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil– negó por improcedente el
amparo solicitado por el accionante. Sostuvo que la acción de tutela se
promovía contra otra de la misma índole lo que resultaba improcedente pues “se
abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza”.
Adicionalmente, adujo que el trámite de la acción de tutela anterior no había
culminado, pues no se había agotado la etapa de eventual revisión ante la Corte
Constitucional.
6. Impugnación y fallo de segunda instancia
6.1 El 11 de septiembre de 2014 el
accionante presentó escrito de impugnación. No obstante, no señaló ningún
argumento particular que acompañara su solicitud.
6.2 En sentencia del 22 de octubre de 2014,
la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral– decidió revocar el
fallo de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo del derecho al
debido proceso del accionante. Al respecto, el ad quem señaló que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta no tuvo en cuenta que en el
trámite de la primera acción de tutela el actor presentó escrito el 24 de julio
de 2014 en el que solicitó “se integre el Litis Consorcio al juzgado Primero
(1) Civil del Circuito de Descongestión de Cúcuta” quien le había negado el
trámite del recurso de queja que había sido admitido inicialmente por el
Juzgado 7º Civil del Circuito de esa ciudad.
En concepto de la Corte Suprema, en el
trámite de la acción de tutela era evidente la necesidad de vincular al Juzgado
1º del Circuito de Cúcuta, lo que imposibilitaba que el Juzgado 7º del Circuito
de la misma ciudad conociera de la acción de tutela por “falta de
competencia funcional”. Lo anterior, debido a que según las reglas de
reparto dispuestas en el inciso 1º, numeral 2º, del artículo 1º del Decreto
1382 de 2000, la autoridad que debe conocer de las acciones de tutela contra
los jueces de categoría de Circuito es el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, como superior funcional de los primeros.
Así las cosas, consideró que existía una
nulidad insubsanable que vulneraba el derecho al debido proceso del actor, y
por tanto resultaba necesario declarar la nulidad de toda la actuación judicial
desde el auto admisorio del 19 de junio de 2014, inclusive. Adicionalmente, ordenó
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta que conociera de la acción
de tutela en primera instancia y que observara con especial énfasis la
irregularidad contenida en el auto del 17 de junio de 2014.
B.
Expediente T-4.731.885
1.
Hechos
1.1 El señor Silvestre Rueda Rueda
instauró acción de tutela contra la ahora accionante (Empresa Mina Caño Dulce)
con el fin de lograr el reintegro a su puesto de trabajo y el reconocimiento de
sus derechos salariales y prestacionales producto de su despido sin justa causa.
1.2 La acción de tutela fue conocida y
resuelta por el Juzgado 5º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de
Cúcuta, quien en fallo del 1° de septiembre de 2014 concedió el amparo.
Igualmente, ordenó la reubicación del trabajador, la cancelación de los
salarios dejados de percibir desde su desvinculación, y el pago de la
indemnización consagrada en el artículo 26 de la Ley 316 de 1997[1].
1.3 La anterior decisión fue confirmada
parcialmente en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, quien condicionó la reubicación del actor a una valoración
médica, previa, que determinara su aptitud para trabajar y las nuevas condiciones
de la actividad que ejercería.
1.4 La empresa demandante, sostuvo que le
advirtió a los jueces de tutela que realizó el despido debido a que el señor Rueda
incurrió en múltiples ausencias injustificadas, razón por la que procedió a dar
por terminado su contrato de trabajo con base en lo dispuesto en el artículo 60
del Código Sustantivo del Trabajo, y en consecuencia, a consignar las correspondientes
prestaciones a su favor en el Banco Agrario.
1.5 Argumentó que los jueces de tutela
omitieron varias pruebas, así como los criterios jurisprudenciales para
proceder al reconocimiento de la sanción contenida en el artículo 16 de la ley
316 de 1997. También señaló que la acción de tutela no cumplía con el requisito
de inmediatez y que era necesario vincular a las entidades de seguridad social
a las cuales se encontraba afiliado el accionante.
1.6 Adicionalmente, indicó que, a raíz de
la condena de tutela, está en riesgo de un perjuicio irremediable porque se le
obliga a desembolsar $20’000.000, dinero que eventualmente el trabajador no
tendría forma de devolver.
1.7 Finalmente, advirtió que no era
posible imputarle la responsabilidad del despido injusto porque el señor Rueda
nunca le informó de su situación de salud.
2. Solicitud de tutela.
Por los hechos reseñados, la señora Olga
Galvis, representante legal de la empresa Mina Caño Dulce, solicitó invalidar los
fallos de tutela por considerar que vulneraban su derecho al debido proceso. En
consecuencia, exigió que se le permitiera consignar en el depósito judicial
correspondiente, el valor de la indemnización salarial y demás emolumentos
decretados en la sentencia de tutela, hasta tanto el juez competente
determinara si la terminación del contrato de trabajo estaba ajustada o no a
derecho.
3. Respuesta de las autoridades
judiciales accionadas y de los vinculados al proceso.
3.1 El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, Sala Penal, describió el trámite de la sentencia de tutela
de segunda instancia que profirió el 8 de octubre de 2013, manifestando que las
razones jurídicas que contenía estaban ajustadas a derecho. Por tanto, concluyó
que se debía declarar la improcedencia del amparo constitucional.
3.2 Por otra parte, el Juzgado 5º Penal
del Circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta reseñó de forma cronológica
las actuaciones que se surtieron en el trámite de la acción de tutela. Concluyó,
igualmente,    que no se evidenciaba la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora.
3.3 El Ministerio del Trabajo presentó
memorial en el que se limitó a solicitar su desvinculación del proceso, o que
se declarara la improcedencia del amparo respecto de esa institución.
3.4 Por su parte, el señor Silvestre
Rueda Rueda solicitó que se tuvieran en cuenta sus pretensiones iniciales debido
a que es una persona de escasos recursos y que padece afecciones de salud derivadas
de una “lumbalgia mecánica aguda”. Por tal motivo, solicitó su reintegro
o la indemnización por daños y perjuicios al haber sido despedido sin justa
causa.
3.5 Finalmente, la ARL Positiva Compañía
de Seguros S.A.-, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de
tutela respecto de esa entidad comoquiera que no tiene ninguna relación con la
vulneración de derechos que alega la accionante.
4. Fallo
único proferido en el trámite de tutela.
4.1 En sentencia del 11 de noviembre de
2014, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decidió amparar el
derecho fundamental al debido proceso de la Empresa Mina Caño Dulce,
representada legalmente por la señora Olga Galvis.
Como fundamento de su decisión, señaló
que en relación con la procedencia de la tutela contra acciones de tutela la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ya ha admitido la
posibilidad de tal evento en ciertas circunstancias excepcionales. Al respecto,
explicó que en aquellos eventos en los que la acción de tutela reemplaza al
medio judicial ordinario para resolver de fondo una controversia judicial, se
entiende que la tutela funge como la primera decisión judicial y, por tanto, es
posible admitir la procedencia de la acción de tutela contra esta.
Sin embargo, precisó que solamente es
posible atacar una tutela mediante otra acción de tutela cuando se evidencia un
error en el procedimiento previo para adoptar la decisión. Por el contrario,
cuando se busca atacar el fondo del asunto que se debate, el mecanismo procesal
idóneo es la solicitud de revisión del caso ante la Corte Constitucional para
que en sede de revisión decida el asunto.
En síntesis, según la Sala Penal de la Corte
Suprema, ante la inexistencia de un pronunciamiento judicial ordinario que
defina previamente un conflicto entre las partes, es procedente la acción de
tutela contra la tutela. Adicionalmente, sostiene que la naturaleza
discrecional y eventual de la revisión a cargo de la Corte Constitucional, no
inhibe la protección tutelar.
4.2 Con base en estos argumentos, en el
caso concreto evidenció que la Corte Constitucional no se había pronunciado
sobre la selección para revisión de la tutela que se demandaba, y que se
trataba de la primera decisión de fondo que se adoptaba respecto a la
reclamación por despido injusto efectuada en relación con el señor Silvestre
Rueda Rueda. Por tal motivo, concluyó que la tutela era procedente.
Sobre el fondo del asunto, sostuvo que el
fallo del Tribunal accionado resultaba contradictorio comoquiera que había
ordenado pagar la totalidad de los salarios y prestaciones dejados de percibir,
pero había concedido el amparo de manera transitoria hasta que la justicia
ordinaria resolviera de fondo la controversia propuesta por el actor.
Indicó que existía un defecto orgánico
comoquiera que “cuando el juez constitucional resuelve de forma definitiva
el asunto sin apreciar en concreto la eficacia del medio judicial ordinario, y
los criterios jurisprudenciales para otorgar el amparo definitivo de sus
derechos”, el Juez de tutela usurpaba las competencias del juez ordinario y
asumía una función que le estaba vedada por el ordenamiento jurídico.
Así las cosas, decidió que, sin perjuicio
de que la Corte Constitucional se pronunciara en sede de revisión, era
necesario conceder el amparo al derecho al debido proceso de la accionante. Por
tanto, dejó sin efectos las órdenes relativas al pago de salarios y
prestaciones dejadas de percibir, así como la indemnización prevista en el
artículo 26 de la ley 361 de 1997.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del problema jurídico y estructura de
la decisión.
2.1. En los casos que se revisan, los accionantes
instauraron acción de tutela contra fallos de tutela que habían sido adversos a
sus intereses. Los jueces de instancia concedieron el amparo del derecho
fundamental al debido proceso por considerar que existían vicios en el trámite
de tutela por cuanto: (i) no se integró debidamente el contradictorio y
por tanto se incurrió en un error de competencia al no repartir la acción de
tutela con base en las reglas previstas en el decreto 1382 de 2000 (expediente
T-4.729.046); y (ii) se incurrió en un defecto orgánico al ordenar el
reconocimiento y pago definitivo de salarios y prestaciones a través de un fallo
con carácter transitorio (expediente T-4.729.046).
2.2 De esta manera, con base en los hechos relatados, la Sala
Novena encuentra que debe resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Es procedente la acción de tutela para conocer
de presuntas vulneraciones al derecho fundamental al debido proceso durante el
trámite de un proceso de acción de tutela que no ha culminado porque no ha surtido
el trámite de revisión ante la Corte Constitucional?;
(ii) De no ser procedente la acción de tutela
contra tutela, ¿qué debe hacer un juez constitucional cuando a raíz de una
nueva acción de tutela evidencia la ocurrencia de una irregularidad en el
trámite de una acción anterior y que esta no fue advertida por los jueces de
instancia?; y adicionalmente,
(iii) ¿Es posible declarar la nulidad de la
actuación dentro de un trámite de acción de tutela bajo el argumento de que se
desconocieron las reglas de competencias previstas en el decreto 1382 de 2000?
Para resolver los cuestionamientos señalados, la Sala
encuentra necesario reiterar la jurisprudencia constitucional en materia de: (i)
la improcedencia de la acción de tutela contra tutelas; (ii) el respeto
del derecho fundamental al debido proceso durante el trámite de la acción de
tutela y su relación con el proceso de revisión de tutelas por parte de la
Corte Constitucional; y (iii) las reglas de
competencia para los jueces en materia de acciones de tutela.
Así, con base en los lineamientos anteriormente señalados, finalmente la Sala
procederá al (iv) análisis de los casos concretos para establecer
la posible vulneración de los derechos invocados por los accionantes.
3. De la doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y de la improcedencia de la acción de tutela contra
tutela.  Reiteración de jurisprudencia.
3.1 La jurisprudencia de esta Corte ha decantado una
sólida doctrina respecto a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.[2]
Al respecto, ha señalado que según lo dispone el artículo 86 de la Constitución,
la acción de tutela procede para el amparo de los derechos fundamentales “cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”.[3]
De esta manera, dentro del desarrollo jurisprudencial
de esta doctrina se ha explicado que para proteger la autonomía judicial y la
seguridad jurídica, principios que también ostentan relevancia constitucional y
que pueden verse afectados por la revisión en sede de tutela de los fallos
judiciales, el amparo procede solo cuando se reúnen estrictos requisitos
contemplados en la jurisprudencia. El complejo trabajo de sistematización de
los requisitos de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales llevó a que la Corte, en la sentencia C-590 de 2005[4], señalara la
existencia de unas causales generales y especiales que debe constatar el juez
constitucional para determinar si procede o no la protección por vía de amparo
constitucional.
De esta manera, en la providencia referida, la Corte indicó
que la tutela procede únicamente cuando se verifica la concurrencia de la totalidad
de los requisitos generales de procedencia que se mencionan a
continuación:
(i)
“Que la cuestión
que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…)
(ii)
Que se hayan
agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable;(…)
(iii)
Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez;(…)
(iv)
Que,
tratándose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. (…)
(v)
Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(…)  y
(vi)
Que no se trate de
sentencias de tutela (…)”.
De esta manera, una vez superado el examen de la
concurrencia de estos requisitos, el juez constitucional puede entrar a
analizar si en la decisión
judicial se configura al menos uno de los requisitos especiales de
procedibilidad. Estos últimos constituyen
los defectos en que puede incurrir la sentencia que se impugna, y son el
aspecto nuclear de los cargos elevados contra la sentencia.[5]
Así las cosas, la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales depende de la verificación de la
configuración de todos los requisitos generales y, al menos, de una causal
específica de procedibilidad, que conlleve a la violación de un derecho
fundamental. De este modo se protegen los elevados intereses constitucionales
que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, al tiempo
que se garantiza el carácter supremo de la Constitución y la vigencia de los
derechos de los ciudadanos.[6]
3.2 Como se señaló, uno de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales comprende
el hecho de que la misma no se dirija contra otra acción de tutela. Pese a la
claridad que se puede derivar de la lectura de este requisito, es importante
precisar que el establecimiento de esta sub-regla decisional fue
producto de una ardua discusión respecto a la posibilidad de demandar fallos de
tutela a través de la acción de amparo constitucional.[7]
Así, en algunos de sus primeros pronunciamientos la
Corte llegó a aceptar la posibilidad de que la tutela permitiera salvaguardar
el derecho al debido proceso vulnerado en el trámite de otra tutela. Por
ejemplo, en la sentencia T-162 de 1997[8]
la Corte concedió la protección tutelar contra la actuación de un juez de
tutela que se había negado a conceder la impugnación del fallo de tutela de
primera instancia con el argumento de que el poder presentado para impugnar no
era auténtico. De otra parte, en la sentencia T-1009 de 1999[9]  se concedió
una acción de tutela contra la actuación de un juez de tutela consistente en no
vincular al correspondiente proceso a un tercero potencialmente afectado por la
decisión. No obstante, la tesis de la procedencia de la acción de tutela contra
tutela fue ampliamente discutida por la Corte, razón por la que posteriormente la
Corte corrigió su posición.
En efecto, a raíz de esta compleja discusión, la Corte
emitió la sentencia SU-1219 de 2001[10]
en la que unificó su criterio. En esta decisión, la Sala Plena explicó que la
improcedencia de la acción de tutela contra otra de la misma naturaleza tenía
fundamento en el propio procedimiento de esta acción constitucional, y en que
el derecho fundamental al debido proceso se encuentra salvaguardado por la
existencia de otros mecanismos para el cuestionamiento de las decisiones
adoptadas en sede de instancia tutelar. Lo anterior, debido a que la
competencia para revisar ulteriormente los errores en los que pudieren
haber incurrido los jueces de tutela, radican única y exclusivamente en la Corte
Constitucional, según el ámbito de acción previsto por el artículo 86 de la Carta
Fundamental.
Según explicó la sentencia de unificación, es cierto
que los jueces, tanto de tutela como de las jurisdicciones ordinarias, no son
infalibles y efectivamente pueden existir errores en sus pronunciamientos que
pueden resultar lesivos de los derechos fundamentales de los ciudadanos que
acuden a la administración de justicia. No obstante, también resulta necesario
tener en cuenta que existen diferencias de competencia y de procedimiento entre
las actuaciones de los jueces ordinarios y las actuaciones de los jueces de
tutela.
En el caso de los fallos de tutela, el objeto
principal y específico es la protección de los derechos fundamentales, en tanto
las actuaciones de los jueces ordinarios se limitan generalmente a analizar
transgresiones de orden legal. De manera que, la principal característica de la
acción de tutela radica en que “es un mecanismo cuya función esencial es
asegurar el respeto y el goce efectivo de los derechos constitucionales
fundamentales y, por tanto,  lograr la aplicación directa de los derechos
constitucionales y no de las leyes.”
Ahora bien, respecto a aquellas situaciones en las que
los jueces de tutela pueden incurrir en arbitrariedades, la Sala Plena de la
Corte, advirtió que el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un
mecanismo de control para evitar ese tipo de vulneración. Según dispone el artículo
86 inciso 2 de la Constitución las acciones de tutela pueden “impugnarse
ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión."
En suma, la posibilidad de instaurar acción de tutela
contra tutela resulta totalmente improcedente comoquiera que por su naturaleza
se trata de un mecanismo que busca materializar de forma inmediata el goce
efectivo de los derechos fundamentales de las personas, y adicionalmente,
cuenta con un mecanismo de control judicial especial, la revisión ante
la Corte Constitucional, que está diseñado específicamente para corregir los
posibles errores en que pudieren incurrir los jueces de instancia en los
proceso de tutela.
3.3 Posteriormente, en la sentencia T-104 de 2007[11],
la Corte tuvo que examinar un proceso en el que se habían instaurado sucesivas
acciones de tutela contra acciones de tutela. En el asunto la Corte debió
resolver si los jueces que habían accedido a estudiar de fondo las tutelas
contra tutela habían incurrido en una vía de hecho por desconocer la
competencia de la Corte Constitucional como órgano exclusivo de revisión de los
fallos de tutela, y la cosa juzgada constitucional, al anular la sentencia
proferida por el Juez que había conocido la primera acción de tutela.
En el asunto, la Corte advirtió que las sentencias de
tutela sólo podían ser revisadas por la Corte Constitucional, como intérprete
autorizada de la Carta Política y por expresa disposición constitucional (art.
86 C.N.). En este sentido, explicó que, en razón a su competencia para revisar
los fallos de tutela, no podían interponerse acciones de la misma naturaleza
pues ello implicaría, en términos prácticos, una evaluación al proceso de
revisión y exclusión de sentencias que efectúa este Tribunal.
En este caso, la Corte señaló que era válido que se
pronunciara en sede de revisión sobre la vulneración de derechos del entonces accionante
pues los jueces de instancia que habían dejado sin efectos la primera acción de
tutela habían desconocido los principios constitucionales de cosa juzgada constitucional,
y la efectividad de los derechos fundamentales, y la competencia exclusiva de
la Corte para la revisión de fallos de tutela.
3.4 En ese orden de ideas, como se desprende de  las
consideraciones hechas en la Sentencia SU-1219 de 2001 y en la jurisprudencia
que la ha reiterado[12]
no es posible instaurar acciones de tutela contra acciones de tutela que han
realizado tránsito a cosa juzgada constitucional. Tampoco es viable iniciar una
nueva acción de amparo de derechos fundamentales cuando una sentencia de tutela
pueda impugnarse, o cuando aún está en trámite el proceso de selección y
revisión del fallo ante la propia Corte Constitucional, porque ello equivaldría
a suplantar la función que la propia Constitución ha encomendado a ésta última.
Ahora bien, debido a la intrínseca relación que existe
entre la prohibición de instaurar acciones de tutela contra tutela y la
competencia exclusiva de la Corte para la revisión de las acciones de amparo,
la Sala procede a reiterar las precisiones jurisprudenciales que se han
señalado al respecto.
4. El proceso de revisión de tutelas por parte de la
Corte Constitucional. Cosa Juzgada constitucional derivada de la no selección
de una acción de tutela en sede de revisión. Reiteración de jurisprudencia.
4.1 La revisión instituida en cabeza de la Corte
Constitucional es el mecanismo constitucional diseñado para controlar las
sentencias de tutela de los jueces que conocen y deciden sobre estas acciones.
Dicha figura fue prevista directamente por el propio Constituyente quien lo
plasmó en el artículo 86[13]
de la Constitución. Esta revisión, excluye la posibilidad de impugnar las
sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela bajo la modalidad de
presuntas vías de hecho porque la Constitución definió directamente las etapas
básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de
instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales,
siempre pudieran ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional.[14]
En efecto, la revisión efectuada por el Tribunal
Constitucional es un proceso especial que pretende aclarar el alcance de un
derecho, pero que también incluye dentro de su finalidad evitar un perjuicio
grave, lo que implica cualquier falta de protección de los derechos
fundamentales (art. 33 Dcto. 2591 de 1991[15]).
En este sentido, la revisión incluye la protección frente a posibles vías de
hecho de los mismos jueces de tutela comoquiera que es el mecanismo especial de
cierre del sistema jurídico bajo la dirección del órgano máximo de la
jurisdicción constitucional.
4.2 Sobre el tema, es necesario precisar que la
revisión de las sentencias de tutela abarca tres dimensiones[16]: (i) el
deber de remitir a la Corte Constitucional la totalidad de los fallos de tutela
adoptados por los jueces de la República para su eventual revisión; (ii)
los efectos de la decisión de la Corte respecto de cada uno de los casos a ella
remitidos; y (iii) el ámbito del control ejercido por la Corte cuando
decide revisar un fallo de tutela.
Respecto al primero, el deber de remisión, en la sentencia
SU-1219 de 2001, se explicó que la Corte debe mirar la totalidad de las
sentencias de tutela, “bien sea para seleccionar las sentencias que ameritan
una revisión o para decretar su no selección pero en cualquiera de estos dos
eventos debe estudiar el fallo de instancia y adoptar una decisión al respecto”.
Adicionalmente, señaló que “en el proceso de selección, cualquier persona
tiene la posibilidad de elevar una petición ante la Corte para que una
determinada sentencia sea escogida porque, a su juicio, incurrió en un error,
incluso si éste no tiene la entidad y la gravedad para constituir una vía de
hecho.”
Sobre la segunda, en la misma sentencia de unificación
la Corte determinó que la decisión consistente en no seleccionar para revisión
una sentencia de tutela “tiene como efecto principal la ejecutoria formal y
material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional. En consecuencia, excluir la sentencia de tutela de la revisión
se traduce en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva.”
Finalmente, respecto al ámbito del control que ejerce la
Corte cuando adelanta el proceso de selección para revisión de fallos de tutela,
advirtió que este es mucho más amplio que el efectuado respecto de las vías de
hecho, puesto que no se limita a seleccionar los fallos de tutela arbitrarios, “sino
que además escoge fallos que así no se hayan situado en los extramuros del
orden jurídico, representan interpretaciones de los derechos que plantean un
problema valioso para el desarrollo jurisprudencial de la Constitución ya que
el Decreto 2591 le confiere esa facultad”. Pero, en todo caso, cuando un
fallo de tutela constituye una vía de hecho porque es contrario a la
Constitución, existen poderosas razones para que forme parte de las sentencias
de instancia seleccionadas por la Corte para su revisión. Así las cosas, la
institución de la revisión se erige como el medio de control específico e
idóneo de los fallos de instancia que violan de manera grosera la Constitución.
4.3 Adicionalmente, es necesario precisar que las Salas de
Selección de la Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y
reglamentarias, no tienen la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido
de selección para revisión, ni una acción de tutela contra uno de sus fallos de
tutela. Lo anterior, comoquiera que sobre los casos no seleccionados existe cosa
juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado
definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la
Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.
No obstante, como se mencionó con anterioridad, es necesario
distinguir entre los fallos de la justicia ordinaria y los de los jueces de
tutela, lo que a su vez conlleva a que el fenómeno de la cosa juzgada en
materia ordinaria sea diferente al mismo fenómeno en materia constitucional.
Mientras que en el primer caso es generalmente admitida la procedencia de la
acción de tutela por vías de hecho, en el segundo caso, tratándose de un
proceso judicial constitucional, donde se persigue en forma explícita y
específica la protección de los derechos fundamentales y la observancia plena
del orden constitucional, la oportunidad para alegar la existencia de vías de
hecho en los fallos de tutela únicamente se extiende hasta la finalización del
término de insistencia de los magistrados, del Procurador General de la Nación,
del Defensor del Pueblo y de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado,
respecto de las sentencias no seleccionadas por la Corte Constitucional.[17] Una vez
terminados definitivamente los procedimientos de selección y revisión, “la
sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1
C.P.), y se torna, entonces, inmutable y definitivamente vinculante.”[18]
Así las cosas, la Corte ha determinado que al decidir si
contra una sentencia de tutela procede una nueva acción de tutela es necesario
tener en cuenta que “la única alternativa para manifestar inconformidad con
la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra
en firme, es la intervención de la parte interesada en el proceso de selección
para revisión ante la Corte Constitucional”[19].
La Corte ha explicado que contrariar dicha tesis, propiciaría
una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna
contra la efectividad de este mecanismo de protección constitucional (art. 86
C.N.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de
los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.N.) y contra el principio de
la seguridad jurídica.[20]
Al prohibir la procedencia de la tutela contra tutela, la protección de los
derechos fundamentales y la seguridad jurídica no entran en conflicto sino que
confluyen hacia un mismo propósito: el goce efectivo de los derechos. De lo
contrario, este sería meramente retórico pues si un derecho protegido por un
fallo de tutela no fuera cierto y estable estaría sometido a la eventualidad de
una nueva acción de tutela contra el fallo.[21]
4.4 Adicionalmente, la Corte también ha señalado que
es posible que en el trámite de selección de las sentencias de tutela para
revisión se pueda incurrir en una equivocación al excluir un fallo de tutela
que constituye una verdadera vía de hecho y con ello se incurra en una
afectación de derechos o bienes jurídicamente protegidos. No obstante, ha
señalado[22]
que esta posibilidad es ocasional y excepcional. Por ello, ha concluido
que es admisible y razonable esta situación marginal comparada con la
posibilidad de admitir la procedibilidad de las acciones de tutela contra
providencias de tutela. Este análisis ha conllevado a que la Corte concluya que
lo más ajustado a la Constitución es que no proceda la tutela contra sentencias
de tutela.
4.5 Finalmente, la Corte ha precisado que “ante la
presentación de una nueva tutela en contra de la actuación judicial del juez de
tutela”, con evidente unidad material entre una y otra, esta Corte puede
tomar una solución integradora que permita definir el litigio
constitucional de una vez por todas, incluso si inicialmente la Sala respectiva
hubiere considerado no seleccionar la primera tutela.[23]
En síntesis la única manera de hacer respetar  el
principio de que no existe tutela contra tutela, la cosa juzgada constitucional
y la competencia exclusiva de la Corte constitucional en materia de revisión
de  las acciones de tutela es mediante un pronunciamiento de la propia Corte para
dejar sin efectos la decisión que los contradice y que se encuentra en el
origen de una cadena de decisiones que los referidos principios  buscaban
precisamente evitar.[24]
5. Marco jurídico para determinar la competencia de
los jueces en materia de acciones de tutela.  Reiteración de jurisprudencia.
5.1 La jurisprudencia constitucional[25] ha señalado
que las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el
artículo 86 de la Constitución, que señala que esta se puede interponer ante
cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la
competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra
los medios de comunicación, esta última asignada a los jueces del circuito.
5.2 De otra parte, se ha precisado que el Decreto 1382
de 2000 establece únicamente las reglas administrativas para el reparto de la
acción de tutela, las cuales en ninguna manera definen la competencia de los
despachos judiciales.[26]
Sobre este tema, se ha explicado que el decreto citado, por su inferioridad
jerárquica frente a las anteriores disposiciones (legales y constitucionales),
no puede modificar las normas de superior jerarquía normativa.[27]
Como consecuencia de lo anterior, esta Corte ha precisado que “la observancia del
mencionado acto administrativo [Decreto 1382 de 2000] en manera alguna
puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen
jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una
acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de
reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación
válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso,
en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art.
2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de
justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29
ibídem).”[28]
5.3 Bajo estas premisas, la Corte ha determinado[29] que una equivocación en la aplicación o interpretación de
las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza
al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la
nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en
estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.
Así mismo, ha indicado que los únicos conflictos de competencia que existen en
materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o
interpretación del factor de competencia territorial del artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 (factor
territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de
comunicación).
No
obstante, ha admitido que excepcionalmente es posible, ante un supuesto
conflicto de competencia, devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto
del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una
distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación
grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto
administrativo, como sería el caso de la distribución equivocada de una acción
de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las
Altas Cortes.[30]
III.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.
En el presente asunto, la Sala Novena examina dos procesos
en los cuales se instauró una acción de tutela contra otra sentencia de tutela,
y que a pesar de haber sido fallados en instancia no habían hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional comoquiera que no habían sido sometidos al
procedimiento de selección ante la Corte Constitucional.
En el primer caso (expediente T-4.729.046), el accionante instauró una tutela contra un fallo
de tutela en el que había demandó una sentencia ordinaria de restitución de
inmueble arrendado que le fue adversa. En el caso, el accionante alegó que los
jueces de instancia que tramitaron la tutela desconocieron su derecho al debido
proceso comoquiera que no vincularon a la litis al Juzgado 1º Civil del
Circuito de Descongestión de Cúcuta.
En primera instancia en la tutela que ahora se revisa,
la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil– declaró improcedente el
amparo por considerar que no era viable demandar un fallo de tutela mediante
una nueva tutela. No obstante lo anterior, en segunda instancia, la Sala de
Casación Laboral de la misma Corporación revocó el anterior fallo y concedió el
amparo.
A juicio de la Sala de Casación Laboral, en el trámite
de la acción de tutela censurada era necesario vincular al Juzgado 1º Civil del
Circuito de Cúcuta, lo que hacía que el Juzgado 7º Civil del Circuito, quien
falló la tutela, careciera de competencia funcional para conocer de la misma.
Lo anterior, debido a que según las reglas de reparto dispuestas en el inciso
1º, numeral 2º, del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, las acciones de
tutela contra los jueces de categoría de Circuito deben ser repartidas a los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, como superior funcional de los
primeros. Por tal razón, declaró la nulidad de toda la actuación de tutela y
ordenó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta que conociera de la
tutela en primera instancia.
En el segundo caso (expediente T-4.731.885), la empresa actora instauró una tutela para que se
dejara sin efectos una decisión de tutela anterior en la que se le ordenó reintegrar
a un trabajador despedido, y en la que además se le había ordenado pagar las
prestaciones y la indemnización dispuesta en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997. La empresa alegó que el amparo era contradictorio porque se había
concedido de forma transitoria hasta que se resolviera el pleito en la
jurisdicción ordinaria, sin embargo, se había ordenado el pago de las prestaciones
y de una indemnización cuyo monto ascendía a más de 20 millones de pesos, los
que eventualmente en un fallo favorable no serían devueltos por el trabajador.
Al conocer del asunto, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, acogió los argumentos de la parte actora, razón por la que
sostuvo que ante la inexistencia de un pronunciamiento judicial ordinario que hubiera
definido previamente el conflicto formulado por la parte accionante, era
procedente la acción de tutela contra la tutela. En el caso concreto, señaló que
se había incurrido en un defecto orgánico debido a que se había ordenado el
pago de los salarios y prestaciones pero el amparo se había concedido de forma
transitoria. En consecuencia, concedió el amparo y dejó sin efectos la orden de
pago.
Con base en los anteriores hechos, la Sala procede a
revisar las acciones de tutela en comento, para determinar si son de recibo los
argumentos de los jueces de instancia que concedieron el amparo en relación con
la procedibilidad de la acción de tutela contra tutela.
6. Examen de los fallos de tutela en revisión.
Improcedencia de la acción de tutela contra acciones de tutela por vulneración
de la competencia exclusiva de la Corte Constitucional en sede de Revisión.
En los casos bajo examen, los jueces de instancia
consideraron que es admisible adelantar una acción de tutela contra un fallo de
la misma naturaleza para atacar algún vicio que se produzca trámite de este
tipo de decisión. En ambos casos, frente a la presunta existencia de errores en
las decisiones, el análisis de procedibilidad de la tutela se entendió superado
sin que las acciones de tutela que se demandaban hubieren sido allegadas al
procedimiento de selección para eventual revisión que realiza la Corte
Constitucional.
Frente a los argumentos expuestos por los jueces de
instancia que  concedieron el amparo, la Sala encuentra que estos son errados
comoquiera que desconocen: (i) la improcedencia de la acción de tutela
contra fallos de tutela, que pacífica y reiteradamente ha señalado la
jurisprudencia constitucional, particularmente la sentencia SU-1219 de 2001; (ii)
la competencia exclusiva de la Corte Constitucional para controlar las
sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre
las acciones de tutela a través del mecanismo de Revisión, el cual está
expresamente plasmado en la propia Carta Constitucional (art. 86 C.N.); y (iii)
el principio de efectividad de los derechos fundamentales que es el fin
fundamental de la acción de tutela como mecanismo de protección judicial de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
6.1 En el caso del amparo solicitado por el ciudadano
Guillermo Duarte Omaña, expediente T-4.729.046, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, sostuvo que existía un vicio en la integración del
contradictorio, es decir de la parte accionada en la litis, que resultaba
vulneratorio del derecho al debido proceso. Al respecto, señaló que era
necesario haber vinculado al proceso al Juez 1º Civil del Circuito de
Descongestión de Cúcuta, con lo que la competencia funcional del juez que debía
conocer de la tutela también habría cambiado. Por tal motivo, estimó que con
base en las reglas de reparto previstas en el Decreto 1382 de 2000 la tutela
debía ser conocida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.
6.1.1 Al respecto, la Sala encuentra que las razones
expuestas por la Sala de Casación Laboral no son admisibles, pues se comprobó[31]
que la acción de tutela inicial, no había sido allegada a ésta Corte para
realizar el correspondiente estudio de selección para su eventual revisión.
Ante tal situación, la Sala encuentra que el juez de instancia no podía
pretermitir el trámite de selección y eventual revisión que realiza esta
Corporación. Frente a la evidencia de una posible vulneración del debido proceso
en el trámite de la acción de tutela demandada, el Tribunal de Casación no
podía usurpar las competencias de la Corte Constitucional, razón por la que
debió declarar la improcedencia del amparo, y en su lugar, advertir al
accionante de la necesidad de agotar el trámite de eventual revisión ante la
Corte Constitucional.
En efecto, el interesado en la corrección de un fallo
de acción de tutela, bien puede acudir ante este Tribunal Constitucional para
solicitar la revisión de su caso directamente ante la Corte, o bien puede
solicitar a las autoridades competentes la formulación de la solicitud de
insistencia para que su caso sea seleccionado, esto es, la Procuraduría General
de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Agencia para la Defensa Jurídica del
Estado, o ante algún magistrado de la propia Corte. Incluso, en aquellos
eventos en los cuales un juez constitucional conozca de una acción de tutela
contra otra acción de tutela, en la que se evidencie la posible vulneración de
los derechos fundamentales de un ciudadano, este juez puede advertir a la
propia Corte Constitucional sobre dicha situación para que sea estudiada dentro
del proceso de selección de tutelas para revisión. En todo caso, no puede
de ninguna manera suplantar la función de revisión de la Corte que ha sido
otorgada de manera exclusiva por la Constitución (art.86 C.N.).
En suma, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia debió declarar la improcedencia del amparo, y remitir al accionante a
la Corte Constitucional para que agotara el procedimiento de selección de la
tutela que alegaba viciada y vulneratoria de su derecho fundamental al debido
proceso. Si la Corte Suprema estimaba urgente y apremiante la situación del accionante,
adicionalmente habría podido remitir el asunto a la Corte Constitucional para
que la sala de selección competente analizara la necesidad de revisar la tutela
censurada.
6.1.2 Ahora bien, respecto a la presunta vulneración
de derechos del actor producto de la falta de competencia funcional del Juez que
conoció la primera tutela, la Sala encuentra que tal imputación tampoco tiene
ningún fundamento. Como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corte, el
único factor de competencia en materia de acciones de tutela es el territorial.
Como se indicó en los fundamentos de esta providencia, la acción de tutela se
puede instaurar ante cualquier juez (art. 86 C.N.) para cuyo
conocimiento el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 solamente establece el
factor de competencia territorial.
Adicionalmente, se precisó que el Decreto 1382 de 2000
únicamente establece las reglas administrativas de reparto, las cuales no
constituyen de ninguna manera criterios de competencia entre los despachos
judiciales. Igualmente, se advirtió que ningún juez de la república puede alegar
la falta de competencia por presuntos errores en el reparto de una acción de
tutela con base en lo dispuesto en dicho decreto.
De esta manera, cuando el Juez al que ha sido
repartida la tutela encuentra algún error cometido por las oficinas de reparto
del respectivo distrito judicial, el funcionario judicial solamente puede
advertir a dicha dependencia de su error administrativo para que se abstenga de
repetirlo. Pero, en todo caso, de ser competente por el factor territorial o a
prevención, el juez al que se hubiere repartido la acción de tutela debe avocar
el conocimiento de la acción de tutela. Lo anterior, comoquiera que un error
meramente formal de distribución administrativa del trabajo no puede soslayar
el derecho al acceso a la administración de justicia, ni la efectividad,
celeridad y prontitud que caracteriza el trámite de la acción de tutela.
Así las cosas, la Sala advierte que la presunta vinculación
procesal no era necesaria puesto que la sentencia de tutela inicial atacaba una
providencia judicial –recurso de queja– que fue resuelta por el Juzgado 1º
Civil de Descongestión del Circuito de Cúcuta, respecto de la cual no existía
ninguna vinculación con el Juzgado 7º Civil del mismo circuito, pues pese a que
el recurso de queja había sido inicialmente presentado ante este último, por
decisiones administrativas de descongestión, se remitió al Juzgado 1º de
Descongestión quien ulteriormente conoció y decidió el mismo.
En conclusión, es absolutamente improcedente la
decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad del
procedimiento de tutela demandado, comoquiera que contraría la prohibición de
instaurar acción de tutela contra otra de su misma categoría, y porque no tenía
fundamento declarar la existencia de un defecto orgánico por la falta
competencia derivada de la vinculación del Juzgado 7º Civil del Circuito de
Cúcuta.
Por los argumentos expuestos, la Sala Novena revocará
el fallo de tutela de segunda instancia proferido por la Corte Suprema de
Justicia, Sala Laboral, mediante la cual se declaró la nulidad del primer
trámite de tutela, y en su lugar dejará en firme dicha actuación.
6.2 Por su parte, en el expediente T-4.731.885, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sostiene como tesis que los
fallos de tutela que reemplazan al mecanismo judicial ordinario a través de un
fallo definitivo y no transitorio, son susceptibles de demanda de tutela como
si se tratara de una providencia judicial ordinaria.
Con base en dicha tesis, realizó el correspondiente
análisis de la procedibilidad de la acción de tutela contra la providencia
judicial censurada (la tutela inicial) y concluyó que el juez había incurrido
en un defecto orgánico comoquiera que ordenó el reconocimiento del pago de unas
prestaciones y de una indemnización por despido injusto, pese a que su fallo era
de carácter transitorio, razón por la que había reemplazado al juez ordinario.
En el sub examine, la Sala encuentra que tampoco
es admisible la posición de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, según la cual una sentencia de tutela que decide por primera vez y de
fondo sobre una controversia jurídica es equiparable a una sentencia de la
jurisdicción ordinaria. Al respecto, vale la pena recordar que, como se señaló
en la sentencia SU-1219 de 2001, existen marcadas diferencias entre los
procesos de amparo constitucional y los de los jueces ordinarios.
En el primero, se persigue de forma explícita y
específica la protección de los derechos fundamentales y el respecto del orden
constitucional, razón por la que el propio constituyente designó un
procedimiento específico (art. 86 C.N.) el cual culmina únicamente con la
eventual revisión que realiza la Corte Constitucional. Una vez terminados los procedimientos de selección y
revisión, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243
numeral 1 C.P.), y se torna en inmutable y definitivamente vinculante.
Por
su parte, los procesos ordinarios recaen principalmente sobre asuntos de orden
legal. Así, el tipo de valoraciones que efectúan los jueces ordinarios en la
aplicación de la ley puede, eventualmente, implicar el desconocimiento de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, razón por la que se ha previsto la
posibilidad de adelantar acciones de tutela contra providencias judiciales
ordinarias.
De lo anterior se desprende que, como lo ha señalado
reiteradamente la jurisprudencia de la Corte, la forma de “manifestar inconformidad con la sentencia de
tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la
intervención de la parte interesada en el proceso de selección para revisión
ante la Corte Constitucional”[32].
Lo anterior, debido a que los posibles errores de los jueces de tutela,
constitutivos de vías de hecho, pueden ser corregidos en el trámite de revisión
que efectúa la Corte Constitucional como órgano de cierre de la Jurisdicción
Constitucional. Ante tal
situación, la Corte reitera la imposibilidad de que cualquier otro juez
suplante las funciones de revisión que corresponden por expreso mandato
constitucional (art. 86 C.N.) a este Tribunal Constitucional.
En este caso, la Sala encuentra que la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, debía declarar la improcedencia de la
solicitud de tutela, bien podía advertirle al accionante sobre la necesidad de
agotar el procedimiento de revisión ante la Corte Constitucional, y de ser
necesario, podía oficiar a ésta misma para que dentro del trámite de selección
se verificara la posible vulneración de derechos de la actora por el error del
juez de instancia. Medidas éstas que no se adoptaron.
Respecto a las inquietudes expresadas por la empresa
accionante en el proceso de la referencia, la Corte encuentra que la actora no
acudió al procedimiento de selección para solicitarle a la Corte la selección
de la acción de tutela que afectó sus intereses sino que acudió directamente a
una nueva acción de tutela. En su caso, señaló que existía una incongruencia en
la parte resolutiva del fallo demandado que podía significarle un perjuicio
irremediable comoquiera que se vería avocada a pagar una suma de dinero que
eventualmente no le sería restituida.
Respecto a este presunto error, la Sala evidencia que
no es cierto que se hubiera mantenido la orden de pago de salarios y
prestaciones. Todo lo contrario, el examen del expediente[33] muestra que el
Tribunal Superior de Cúcuta –Sala Penal– modificó el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia en la que se había emitido tal orden y la
reemplazó con una diferente. En efecto, la parte resolutiva del fallo emitido
por el Juzgado 5º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta[34],
señaló en su orden segunda:
“SEGUNDO: ORDENAR a la empresa MINA CAÑO
DULCE, a través de su representante legal, Dra. OLGA GALVIS, o por quien haga
sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del presente fallo, sin solución de continuidad REINTEGRE al señor
SILVESTRE RUEDA RUEDA y lo REUBIQUE a un cargo en el que desarrolle funciones
acordes con sus condiciones de salud; efectúe el pago de todos los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir; así como la indemnización
prevista en el inciso 2º del art. 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a
ciento ochenta (180) días del salario.” (Subrayado adicional al texto)
Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, Sala Penal, en su fallo de tutela de segunda instancia
modificó el anterior numeral, de la siguiente manera:
“Establecida entonces la vulneración
alegada, la Sala considera que razón tiene el A-quo en tutelar el derecho
fundamental a la salud, y vida en condiciones dignas, debido proceso y la
protección laboral reforzada, del accionante SILVESTRE RUEDA RUEDA, que de
manera transitoria se mantendrán los efectos del REINTEGRO Y REUBICACIÓN
LABORAL, sin embargo se confirmará parcialmente el numeral SEGUNDO del
resuelve, en el sentido de que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, previa valoración médica que dé
cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin
riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo
el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al señor SILVESTRE
RUEDA RUEDA, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que
venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud
actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de Trabajo; en los demás
numerales se confirma íntegramente la decisión.” (Los subrayados y la
negrita son originales del texto)
Como se puede evidenciar, el fallo eliminó la orden de
pago de salario y prestaciones y únicamente mantuvo la de reintegro aunque
condicionado a la realización de una valoración médica preliminar. Así las
cosas, al evidenciar que la supuesta vulneración del derecho al debido proceso
que alegó la empresa actora no tiene asidero, tampoco procedía ninguna corrección
al amparo que hubiese sido necesaria adoptar en sede de revisión por parte de
la Corte Constitución.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala
Novena de Revisión procederá a revocar el fallo de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia del 11 de noviembre de 2014 que concedió el amparo
para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela.
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR el fallo de segunda instancia
del veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014), proferida por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de tutela
promovido por Guillermo Duarte Omaña contra la Sala Civil–Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, y, en su lugar, DECLARAR
improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en esta
sentencia.
Segundo.-
REVOCAR el fallo del once (11) de
noviembre de dos mil catorce (2014), proferida por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de tutela promovido por Olga
Galvis, como representante legal de la empresa Mina Caño Dulce contra la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Quinto Penal
del Circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta, y, en su lugar, DECLARAR
improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en esta
sentencia.
Tercero.-
DESE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ley 361 de 1997, Artículo  26º: “En
ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar
una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo,
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. // No
obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior,
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.”
[2] Desde los primeros pronunciamientos, esta Corte se ha encargado
de delimitar el alcance de la acción de amparo contra diferentes actuaciones u
omisiones de las autoridades públicas, dentro de las cuales incluyó las de los
jueces a través de sus providencias judiciales. La primera sentencia en la que
la Corte se refirió al tema fue la T-006 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
en la que este Corporación señaló que la prevalencia del derecho sustancial es
el objetivo fundamental de la administración judicial y que, por tanto, de
existir una “sentencia que se produzca con violación o
desconocimiento de los derechos fundamentales, tanto de orden sustantivo como
procesal, por no incorporar el mínimo de justicia material exigido por el
ordenamiento constitucional, no puede pretender hacer tránsito a cosa juzgada.”
Posteriormente, en la sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), en la que se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11, 12
y 40 del Decreto 2591 de 1991 –caducidad y competencia especial de la acción de
tutela contra providencias judiciales–, la Corte señaló que dichas normas
desconocían los principios constitucionales de autonomía judicial
desconcentración de la administración de justicia y seguridad jurídica;
adicionalmente, señaló que por regla general la tutela no procedía contra
decisiones judiciales, salvo que en las mismas se incurriera en una “vía de
hecho”. La constante evolución de los casos típico-ideales en los
cuales se podía llegar a incurrir en un yerro judicial por vía de hecho,
llevó a la Corte a estructurar una doctrina mucho más fina que se sistematizó
en la sentencia C-590 de 2005, y que llevó a establecer unos requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
así como la necesidad de concurrencia adicional de un defecto específico de
procedibilidad del amparo contra la decisión que se atacaba. Cfr.
Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[3] Sentencia T-363 de 2013 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[4] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[5] La sentencia C-590 de 2005 sintetizó estos
defectos específicos de la siguiente manera: Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Defecto
material o sustantivo, en los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Y, finalmente
la Violación directa de la Constitución la cual surge cuando una
autoridad judicial desconoce un mandato que está claramente establecido en una
de las clausulas constitucionales.
[6] Sentencia T-363 de 2013 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[7] Al respecto consultar, entre otras, las sentencias: SU-1219 de 2001
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-1716 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-590
de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-212 de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao
Pérez), y T-951 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). De hecho, en algunos
de sus pronunciamientos iniciales, la Corte llegó a plantear la posibilidad de
interponer acciones de tutela contra tutela.
[8] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[9] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[10] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] En esta providencia, este Tribunal examinó un caso de demanda de
acción de tutela contra otro fallo de tutela que había sido excluido de
selección por parte de la Corte. En el asunto, un miembro de la fuerza pública,
había demandado la nulidad y el restablecimiento de la resolución que lo había
desvinculado. El Tribunal Contencioso Administrativo negó las pretensiones con
un deficiente análisis probatorio, razón por la que el actor instauró acción de
tutela contra la sentencia del Tribunal. El juez que conoció la causa en sede de
tutela amparó su derecho al debido proceso y ordenó al Tribunal proferir una
nueva sentencia. Pese a lo anterior, el Ministerio de Defensa demandó tal
decisión mediante una nueva acción de tutela al no haber sido vinculado. El
Consejo de Estado asumió el conocimiento de esa  segunda tutela, en la
cual resolvió rehacer todo el primer proceso de tutela desde la admisión. Finalmente,
el antiguo suboficial de la policía nacional demandó ese segundo proceso de
tutela mediante una nueva acción de tutela, pues el Consejo de Estado no era
competente por las mencionadas reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382
de 2000. Sin embargo, el Consejo de Estado declaró improcedente el amparo. Este
último pronunciamiento fue seleccionado por la Corte Constitucional, quien
finalmente determinó que era competente para conocer de la causa. La Corte
estableció que “las sentencias de tutela sólo pueden ser revisadas por la
Corte Constitucional, como intérprete autorizada de la Carta Política y expresa
disposición del ordenamiento.” En consecuencia, resolvió amparar los
derechos fundamentales del actor en razón a la evidente vía de hecho cometida
por el Consejo de Estado, quien había desconocido la cosa juzgada
constitucional y pretermitido la competencia de la Corte Constitucional en
materia de revisión.
[12] Consultar,
entre otras las sentencias T-021 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis),
T-192 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-217 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
T-354 de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-432 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-623 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-200 de 2003
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1028 de 2003, T-1164 de 2003 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-502 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-536 de 2004, T-582 de 2004, T-368 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-944 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería),
y T-059 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[13] Artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública. // La protección consistirá en una orden para que aquel
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El
fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para
su eventual revisión (…).” (Subrayado adicional al texto)
[14] Cfr.
Sentencias SU-1219 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-104 de 2007
(M.P. Alvaro Tafur Galvis).
[15] Decreto 2591 de 1991, artículo 33: “Revisión por la Corte
Constitucional. La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para
que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de
tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte o el
Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela
excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance
de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean
excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán
ser decididos en el término de tres meses.” (Subrayado adicionado al texto)
[16] Cfr.
Sentencia SU-1219 de 2001 (M.P. José Manuel Cepeda Espinosa).
[17] Al respecto consultar las sentencias
SU-1219 de 2001 (M.P. José Manuel Cepeda Espinosa), T-104 de 2007 (M.P. Álvaro
Tafur Galvis) y T-951 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[18] Cfr. Sentencia SU-1219 de 2001
(M.P. José Manuel Cepeda Espinosa)
[19] Al respecto, sentencias SU-1219 de 2001 y SU-154 de 2006 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[20] Ídem. Sentencia
SU-1219 de 2001.
[21] Ídem.
[22] Cfr. Sentencia SU-1219 de 2001
(M.P. José Manuel Cepeda Espinosa)
[23] Sentencias SU-1219 de 2001 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa) y T-401 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis)
[24] Sentencia T-401 de 2007 (M.P. Álvaro
Tafur Galvis)
[25] Cfr. Autos A-061 de 2011, A-124 de 2011, A-198 de 2011 y
070 de 2012. Entre otros.
[26] Al respecto, consultar el Auto A-099 de 2003 de la Corte
Constitucional y la Sentencia del 18 de julio de 2002, proferida por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
[27] Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18
de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado Decreto 1382
de 2000, pues consideró que este no era contrario al artículo 86 de la
Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.
[28] Auto 230 de 2006. Reiterado por el auto
340 de 2006, entre otros.
[29] Auto 124 de 2009 reiterado en los autos
198 de 2009, 061 de 2011 y 070 de 2012.
[30] Respecto a la excepción (tutelas contra providencias de las Altas
Cortes) establecida en esta última regla, la Corte en Auto 198 de 2009, precisó
que “tales excepciones, se presentarían en los casos en los que se advierta
una manipulación grosera de las reglas de reparto, como cuando se asigna el
conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta Corte, a un funcionario
judicial diferente a sus miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma
directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente una acción de tutela
contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional
del que dictó el proveído.”
[31] Cfr.
Sentencia de tutela de primera instancia de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia proferida el 5 de septiembre de 2014: “(…) La
impropiedad aludida cobra mayor énfasis en el presente caso, dado que el
accionante propuso este nuevo amparo el 26 de agosto de 2014 (fl. 1), no
obstante que el expediente correspondiente que contiene la sentencia de segunda
instancia proferida el 13 del mismo mes y año, fue remitido a la Corte
Constitucional para su eventual revisión el 26 del mismo mes, (fl. 51), de
suerte que no es dable advertir que haya culminado la etapa de su eventual
revisión, la que sin duda es un medio de protección en aquella actuación y que,
por consiguiente, desplaza cualquier otra acción en el mismo sentido.”
Folio 162 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[32] Al respecto, sentencias SU-1219 de 2001 y SU-154 de 2006 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[33] Fallo de segunda instancia proferido por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 8 de octubre de 2015,
obrante a folios 136 a 149 del cuaderno 2 del expediente de tutela.
[34] Fallo de primera instancia proferido por
el Juzgado 5º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta el 1°
de septiembre de 2015, obrante a folios 209 a 217 del cuaderno 1 del expediente
de tutela.