T-765-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-765/15
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE TRABAJADOR EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA CON LIMITACIONES
FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA CON LIMITACIONES
FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Garantías contenidas
en la Ley 361 de 1997 y jurisprudencia constitucional sobre su aplicación
PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Protección especial a los miembros que padecen alguna limitación física
o sensorial
CONTRATO A TERMINO FIJO O CUYA DURACION DEPENDE DE LA OBRA O LABOR
CONTRATADA-Derecho a la estabilidad laboral reforzada
EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS-Vinculación con la
Administración Pública
La vinculación de personal supernumerario constituye un modo
excepcional de vinculación laboral con la Administración, que tiene como
propósito desarrollar actividades meramente temporales.
DEBIDO PROCESO LABORAL-Garantías
TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR JUSTA CAUSA-Límites
interpretativos de las causales
CONCILIACION
LABORAL E IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA PARA SU CONTROVERSIA
La conciliación es
una institución que  persigue un interés público, a través de la solución
negociada de un conflicto jurídico con la intervención de un tercero
imparcial, equitativo, calificado y con competencia exclusiva. Respecto de la procedencia de la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que
este mecanismo  no constituye un medio de defensa, en la medida en que la
conciliación tiene los mismos efectos de una decisión judicial y hace tránsito
a cosa juzgada. Además, el interesado podrá acudir ante la jurisdicción laboral
ordinaria en los casos en que considere que concurra alguno de los vicios del
consentimiento que invalide el acuerdo.
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL-Improcedencia por cuanto la accionante cuenta con la
jurisdicción ordinaria laboral para defender sus derechos y solicitar
el reintegro o deprecar la indemnización por despido injusto
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL POR RAZONES DE SALUD-Orden a empresa reintegrar a
la accionante a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se
le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad
laboral contractual anterior
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL-Improcedencia por cuanto no se probó que el despido del accionante tuviera nexo causal
con su enfermedad
PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES-Orden a las Fuerzas
Militares establecer la actividad en la que se puede desarrollar el accionante
en una labor en la que su discapacidad no afecte el servicio
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL POR RAZONES DE SALUD-Orden al ICBF reintegrar a la
accionante a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se le
desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad
laboral contractual anterior
Referencia: expedientes:
T-3.805.577, T-3.846.848, T-3.985.643, T-4.078.638, T-4.090.360, T-4.09.4737,    T-4.107.022,
T-4.423.336, T-4.424.571 y T-4.436.619
Accionantes: María Mercedes Castrillón Rúa, Luz Marina Carlos Chaves, Jorge Darwin Izquierdo
Gómez, Robert Camelo Castro, Eduardo Enrique Coronado De la Rosa, Jeider José
Sarabia Angarita, Lina Patricia Barrera Medrano, Martha Cecilia Mesa Estupiñán,
Williams Zapata Meneses y Jorge Armildo Melo Sánchez
Accionados: Grandes Superficies de Colombia S.A., Terminal
de Transporte S.A., Dicoingeniería Ltda, Occing
Ingeniería de Occidente S.A.S., Agropecuaria La Soria S.A.S., Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Mazdel Plazas Rodríguez S en C,  Prever S.A. y Ancar
S.A.S.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Bogotá D.C., dieciséis
(16) de diciembre de dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio
Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos por el Juzgado
Único Penal del Circuito de Envigado (T-3.805.577); el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá (T-3.846.848);
el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Pasto (T-3.985.643); Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali;               (T-4.078.638); el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Lérida -Tolima-   (T-4.090.360); el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta, Sala de Decisión Penal (T-4.094.737); Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral (T-4.107.022); Juzgado
Veintitrés Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá (T-4.423.336);
Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín
(T-4.424.571) y el Juzgado Civil Municipal de Ubaté (T-4.436.619).
I. ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
Los expedientes de la referencia fueron repartidos a
la Sala Cuarta de Revisión   por las Salas de Selección No. Tres, Cuatro, Siete
y Diez de 2013, mediante los Autos de fechas 12 de marzo (T-3.805.577); 15
de abril (T-3.846.848); 30 de julio (T-3.985.643); 17 de octubre (T-4.078.63,
T-4.090.360 y T-4.09.473)             y
31 de octubre del citado año (T-4.107.022) y por la Sala
de Selección No Siete de 2014, a través de proveído del 25 de julio de dicha
anualidad                (T-4.423.336,
T-4.424.571 y T-4.436.619).
La Sala Cuarta de Revisión, una vez examinó los
citados expedientes, mediante Autos del 28 de mayo y 25 de noviembre de 2013 y del
12 de noviembre de 2014, decidió acumularlos
por encontrar que guardaban unidad de materia.
II. ANTECEDENTES
1.
Expediente T-3.805.577
1.1.
La solicitud
María
Mercedes Castrillón Rúa, en nombre propio, formuló acción de tutela contra la
empresa Grandes Superficies de Colombia S.A., por la presunta violación de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital y al debido
proceso los que, según afirma, le fueron vulnerados por la empresa demandada al
terminar el contrato de trabajo a término indefinido, suscrito entre ella y la
mencionada compañía.
1.2.
Los hechos
La
demandante, los narra, en síntesis, así:
1.2.1. El 15 de septiembre de 2007, se vinculó laboralmente con la
empresa Grandes Superficies de Colombia S.A., a través de un contrato a término
fijo para desempeñar el cargo de Auxiliar en el Área de Caja. Posteriormente,
por medio de un otrosí, el contrato mutó a término indefinido.
1.2.2. Carrefur Las Vegas fue el último
establecimiento de comercio donde prestó la labor para la cual fue contratada.
1.2.3. En el año 2011 sus condiciones de salud
empezaron a desmejorar, motivo por el cual asistió a varios controles médicos
en la EPS Sura que tenían como propósito determinar cuál era la causa de su
padecimiento.
Finalmente,
en junio del 2012, le fue diagnosticado cáncer de seno.
1.2.4. El 15 de marzo de 2012 fue llamada a descargos
en Carrefur Las Vegas porque la empresa requería explicación respecto de unos
descuadres evidenciados al cierre de las operaciones de los días 26 de febrero,
10 y 11 de marzo de 2012.
1.2.5. El 8 de abril de 2012, mediante comunicación
suscrita por el señor Nelson Gómez Fierro, Administrador del mencionado
establecimiento de comercio, le fue informado que la empresa había decidido
terminar su contrato de trabajo.
1.2.6. Para la demandante, la empresa demandada,
vulneró su derecho fundamental al debido proceso porque no cumplió los
lineamientos trazados por la Corte Constitucional en el marco de los procedimientos
sancionadores.
1.2.7. Su
situación económica se encuentra seriamente afectada por cuanto el salario que
devengaba constituía su único ingreso y el medio para solventar sus necesidades
básicas y las de su hijo.
1.3.
Oposición a la demanda
El
Juzgado Tercero Penal Municipal de Envigado, mediante proveído del 16 de
noviembre de 2012, admitió la demanda y corrió traslado a la empresa Grandes
Superficies de Colombia S.A. para que ejerciera su defensa.
A pesar
de que Grandes Superficies de Colombia S.A.,
fue notificada de la demanda de tutela, no se pronunció al respecto.
1.4.
Pretensiones
María
Mercedes Castrillón Rúa solicita que se tutelen sus derechos fundamentales invocados
y, como consecuencia de ello, se deje sin efectos el oficio del 8 de abril de
2012 por medio del cual se dio por terminado su contrato laboral y, en su
lugar, se ordene su reintegro, sin solución de continuidad, en el cargo que
venía desempeñando o en uno de igual o superior jerarquía y el pago de salarios
dejados de percibir y demás prestaciones desde el momento de su despido y hasta
que se materialice efectivamente su reintegro.
Así
mismo, pide que la Personería Municipal de Envigado y la Defensoría del Pueblo
vigilen el cumplimiento del fallo que se profiera.
1.5.
Pruebas
Las
pruebas relevantes allegadas al expediente, son las siguientes:
-Copia
de la cédula de ciudadanía de María Mercedes Castrillón Rúa (folio 10 del
cuaderno principal).
-Copia
del contrato individual de trabajo a término fijo suscrito entre la empresa
demandada y María Mercedes Castrillón Rúa y copia del otro sí que lo convirtió
en indefinido (Folios 11 -14 del cuaderno principal).
-Copia
de la historia clínica de la señora Castrillón Rúa elaborada por el Instituto
de Cancerología Las Américas (Folio 15 del cuaderno principal).
-Copia
de la mención de honor dada a María Mercedes Castrillón Rúa como mejor empleada
del mes (Folio 16 del cuaderno principal).
-Copia
del acta de la diligencia de descargos efectuada el 15 de marzo de 2012 (Folio
17-18 del cuaderno principal)
-Copia
del oficio por medio del cual la empresa Grandes Superficies de Colombia S.A. le
informó a María Mercedes Castrillón Rúa de la terminación de su contrato de
trabajo (Folio 19 del cuaderno principal).
-Copia
de la liquidación definitiva del contrato de trabajo a nombre de María Mercedes
Castrillón Rúa (Folio 20 del cuaderno principal)
1.6. Decisión judicial que se revisa
1.6.1.
Decisión de primera instancia
El
Juzgado Tercero Penal Municipal con función de Control de Garantías de
Envigado, mediante sentencia proferida el 28 de noviembre de 2012, decidió negar
el amparo solicitado por la señora María Mercedes Castrillón Rúa bajo los
siguientes argumentos:
-Respecto
del derecho al trabajo, se precisa que este tiene que ver con una protección
puntual cuando se afecte la dignidad de la persona, la igualdad de
oportunidades, las relaciones justas y los principios que se derivan de un
vínculo laboral.
Así
mismo, comprende la protección a la población que se encuentre en estado de
discapacidad. Circunstancia que en este caso no se comprobó. “Mírese de manera
detenida, que [la demandante] solo presentó una fotocopia de un seguimiento a
una evolución médica, por una enfermedad general.”
En
relación con la presunta vulneración del derecho al debido proceso, se observa
que la empresa demandada, en principio, cumplió con el debido proceso al
hacerle unos descargos a la accionante, luego de haber incurrido en algunas
irregularidades en el manejo de la caja.
Con
todo, la señora Castrillón Rúa cuenta con otra vía para defender sus derechos, esto
es, la jurisdicción ordinaria laboral en la que podrá esbozar sus pretensiones
y solicitar el reintegro o deprecar la indemnización por despido injusto.
1.6.2.
Impugnación
La señora
María Mercedes Castrillón Rúa presentó impugnación al considerar que el juez de
primera instancia desconoció que en este caso, se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso porque la empresa demandada no cumplió los siguientes
lineamientos trazados por la Corte Constitucional en el marco de los procedimientos
sancionadores (Sentencia T-301 de 1996):
(i) Comunicación
formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan
las conductas pasibles de sanción;
(ii) Formulación
de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en
ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias
a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias
que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como
faltas disciplinarias;
(iii) El
traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los
cargos formulados;
(iv) La
indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus
descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y
allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;
(v) El
pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto
motivado y congruente;
(vi) La
imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron y
(vii) La
posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos
pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.
En
efecto, en todas y cada una de estas etapas, según la señora Castrillón Rúa, se
le vulneró el derecho de defensa, pues, no se le comunicó la falta atribuida.
Tampoco existió proporcionalidad con la sanción de la que fue objeto, es decir,
el despido, toda vez que en el anexo D24 del reglamento interno de trabajo, para
la supuesta conducta en que incurrió (descuadres menores de $99.000), está
prevista la suspensión del contrato de trabajo.
Adicionalmente,
la demandante destaca que si bien no se encuentra en estado de discapacidad y
para el momento del despido no se encontraba enferma, resulta palmario que es
un sujeto de especial protección constitucional, pues, es una persona en estado
de debilidad manifiesta por sus condiciones de salud.
1.6.3.
Decisión de segunda instancia
El
Juzgado Único Penal del Circuito de Envigado, mediante proveído del 24 de enero
de 2013, confirmó el fallo impugnado, básicamente, por las mismas
consideraciones expuestas en la primera instancia.
Sostuvo
frente a las dificultades de salud expuestas por la demandante que según, la
historia clínica aportada como anexo de la demanda, aquella no está calificada,
de manera definitiva, como discapacitada, minusválida física o mental, razón
por la cual no es posible aplicar, en este caso, la protección laboral especial
consagrada en la Ley 361 de 1997.
1.7. Actuación en sede de revisión
1.7.1. El Magistrado Ponente, mediante Auto del 30 de mayo de 2013, solicitó
a Grandes Superficies de Colombia S.A. y a Cencosud que informaran a la Sala
Cuarta de Revisión acerca de la situación laboral de los trabajadores que
laboraban en CARREFUR después del negocio jurídico celebrado entre estas dos
compañías.
-Después de vencido el término probatorio, Lina María
Ayala Escolar, en su condición de apoderada general de la empresa Grandes
Superficies de Colombia S.A., a través de escrito de julio 2 de 2013, informó a
la Corte “que la situación laboral de los trabajadores vinculados a la
compañía no ha sido modificada ni reestructurada, ya que los mismos continúan
con los contratos laborales suscritos con mi representada y bajo las mismas
condiciones.”
-La empresa Cencosud, no allegó respuesta alguna.
1.7.2. La Sala Cuarta de Revisión, por medio del Auto 156 A de 2013, vinculó
a la empresa Cencosud para que se pronunciara acerca de las pretensiones y del
problema jurídico que plantea la acción constitucional promovida por la señora
María Mercedes Castrillón Rúa y suspendió los términos para fallar el presente
proceso.
-El 2 de septiembre de 2013, Felipe Arriaga Calle,
obrando en calidad de apoderado judicial de la empresa Grandes Superficies de
Colombia S.A., remitió a la Corte, Certificado de Existencia y Representación
Legal o Inscripción de documentos de la citada compañía en la Cámara de
Comercio de Bogotá.
En dicho documento, se certifica, entre otros aspectos,
que por documento privado del Representante Legal del 18 de marzo de 2013,
inscrito el 2 de abril de 2013 bajo el número 01718679 del libro IX, entre Grandes
Superficies de Colombia S.A. y Cencosud International Ltda, con domicilio fuera
del país, se configuró una situación de grupo empresarial, el 21 de diciembre
de 2012.
Aclarada la mentada situación, a continuación, se
sintetizarán los argumentos bajo los cuales, el apoderado de la entidad
accionada considera que el amparo solicitado deberá negarse:
-La empresa cumplió y adelantó el procedimiento
disciplinario, observando el debido proceso de la demandante.
-A la señora Castrillón Rúa se le llamó a descargos de
acuerdo con el procedimiento consignado en el reglamento
interno de trabajo. En dicha oportunidad pudo la demandante allegar los
medios probatorios para garantizar su defensa.
-En la carta de terminación del contrato de trabajo,
se consignaron varias fallas en las que incurrió la trabajadora. Una de ellas
fue un descuadre faltante por $50.827 pesos moneda legal vigente, además de los
sobrantes que se constataron al cierre de algunas operaciones.
Las mentadas irregularidades son calificadas como
falta grave en el reglamento interno de trabajo.
-La justa causa estipulada en la carta señalada,
obedece a una falta grave de conformidad con lo señalado en el numeral 6º del
literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.
Así, la empresa “de manera alguna ha vulnerado los
derechos fundamentales de la ex trabajadora; la terminación de su contrato
laboral obedeció a una justa causa, fundamentada en la autorización que concede
la norma para poner fin a la relación laboral, una vez se ha surtido el
procedimiento previo, que garantiza a la trabajadora su derecho de defensa;
este procedimiento consistió, en llamar a la señora MARÍA MERCEDES CASTRILLÓN
RÚA, diligencia que se surtió el 15 de marzo de 2012, y en la que confiesa
ser conocedora de los procedimientos y responsabilidades para el desempeño de
las funciones como auxiliar de cajas (cargo desempeñado por la accionante.”
(Resaltado en el texto original)
“… a la accionante, se le respetó el debido proceso,
fue oída en descargos, y es ella quien reconoce y confiesa la falta cometida,
la grave omisión en desarrollo de las funciones asignadas a su cargo y acepta
las consecuencias por no haber cumplido a cabalidad sus funciones como auxiliar
de cajas.”
-En relación con la enfermedad que padece la señora
Castrillón Rúa, como ella misma lo manifestó, fue diagnosticada con
posterioridad a la fecha de terminación del contrato de trabajo.
Grandes Superficies de Colombia S.A., no tenía manera
de conocer el estado de salud de la trabajadora, toda vez que dicha situación
se presentó dos meses después de la finalización del vínculo laboral. La
empresa tuvo conocimiento de dichas condiciones, cuando fue cumplida la
actuación ordenada por la Corte Constitucional en sede de Revisión.
“Argumentar, como lo hace la tutelante, que fue
despedida sin justa causa, por violación al debido proceso y por el delicado
estado de salud, que de acuerdo al relato de la señora Castrillón Rúa, se dio a
conocer a partir de junio de 2012, fecha posterior a la terminación del
contrato de trabajo, además de ser una afirmación totalmente contraria a la
verdad, es una manifestación tendenciosa, que pretende tergiversar la realidad
de los hechos, en procura del amparo de unos derechos fundamentales que GRANDES
SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A., JAMÁS HA VULNERADO. La grave e injustificada
violación y omisión a las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias
a cargo de la accionante, hicieron que la empresa prescindiera de sus
servicios, reitero, previo el debido proceso, surtido a través de la diligencia
de descargos.”(Resaltado
en el texto original).
-Determinar, si la decisión de la empresa de terminar
el vínculo contractual de la demandante, vulnera el derecho al debido proceso, es
competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, tal y como lo estimaron los
jueces de instancia.
-En este caso no se acredita la existencia de un
perjuicio irremediable, pues, la empresa liquidó y pagó a la demandante todas
las acreencias laborales.
1.7.3. El Magistrado Ponente, a través de proveído del 19 de febrero de 2015,
solicitó a la señora María Mercedes Castrillón Rúa que, informara a esta Sala, si
la empresa Grandes Superficies de Colombia S.A., conocía de sus condiciones de
salud con anterioridad a la terminación del contrato de trabajo. No obstante, según
informe de secretaría General del 10 de marzo de 2015, vencido el término
probatorio, no se recibió comunicación alguna.
2.
Expediente T-3.846.848
2.1.
La solicitud
Luz
Marina Carlos Chaves, en nombre propio, formuló acción de tutela contra la
empresa Terminal de Transporte S.A., por la presunta violación de sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, al
mínimo vital y a la igualdad, entre otros, los que, según afirma, le fueron
vulnerados por la empresa demandada al terminar el contrato de trabajo a
término indefinido, suscrito entre ella y la mencionada entidad.
2.2.
Los hechos
La
demandante, los narra, sumariamente, así:
2.2.1. El 9 de febrero de 1998 se vinculó laboralmente con la empresa
Terminal de Transporte S.A.
2.2.2. El último cargo que desempeñó fue el de
Técnico Administrativo III      -Gerencia de Operaciones- con un salario de un
millón seiscientos treinta y cinco mil setecientos dieciséis pesos moneda legal
vigente ($1’635’716).
2.2.3. En el año 2000, su médico tratante, adscrito
a Compensar EPS, le diagnosticó Artritis Rematoidea, enfermedad que le generó
varias incapacidades, las cuales reposan en su hoja de vida.
2.2.4. El 21 de julio de 2011, le fue entregada la carta de terminación
de su contrato de trabajo.
2.2.5. Debido a su desvinculación laboral, su
situación económica se encuentra seriamente afectada por cuanto el salario que
devengaba constituía gran parte de sus ingresos y los de su grupo familiar,
pues, su cónyuge no cuenta con un trabajo estable.
2.3.
Oposición a la demanda
El
Juzgado Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, mediante proveído del 28 de
enero de 2013, admitió la demanda y corrió traslado a la empresa Terminal de
Transporte S.A. para que ejerciera su defensa.
Dentro
de la oportunidad procesal correspondiente, la empresa Terminal de Transporte
S.A., a través de apoderado, respecto de la acción de tutela promovida por Luz
Marina Carlos Chaves, señaló:
-En el
presente caso debe declararse la improcedencia de la acción de tutela porque no
se cumplen los presupuestos de subsidiaridad e inmediatez, toda vez que existen
otros mecanismos de defensa judicial para controvertir el asunto planteado y la
solicitud de amparo se promovió 18 meses después de acaecidos los hechos que
dieron lugar a la supuesta vulneración.
La
demandante debió acudir al Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio
de Trabajo, para que este determinara, si la empresa incumplió sus obligaciones
legales y a la jurisdicción ordinaria laboral con el fin de que se declarara
ineficaz el despido y en consecuencia, se ordenara el reintegro, los salarios
dejados de percibir y el pago de la indemnización consagrada en el artículo 26
de la Ley 361 de 1997.
La
acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, toda vez que no se
evidencia la existencia de un perjuicio irremediable.
-Destaca
que la demandante, no ha sido calificada como discapacitada, ni presenta
limitaciones físicas que permitan considerarla así. Además, al momento de su desvinculación
laboral, no se encontraba incapacitada. La última incapacidad se generó el 7 de
diciembre de 2010 y finalizó el 9 de diciembre del citado año.
-Advierte
que la accionante pretende beneficiarse económicamente de los eventuales
resultados favorables de la acción de tutela, olvidando que ya recibió una
cuantiosa suma por concepto de indemnización por despido unilateral -dieciocho
millones cuatrocientos quince mil ciento cincuenta y cinco mil pesos moneda
legal vigente-($18’415’155).
2.4.
Pretensiones
Luz
Marina Carlos Chaves solicita que se tutelen sus derechos fundamentales
invocados y, como consecuencia de ello, se deje sin efectos el oficio expedido
por el Gerente General de la empresa Terminal de Transporte S.A. por medio del
cual dio por terminado su contrato laboral y, en su lugar, se ordene su
reintegro, sin solución de continuidad, en el cargo que venía desempeñando o en
uno de igual o superior jerarquía y el pago de salarios dejados de percibir y
demás prestaciones desde el momento de su despido y hasta que se materialice,
efectivamente, su reintegro.
Así
mismo, pide el reconocimiento y pago de la indemnización establecida en el artículo
26 de la Ley 361 de 1997.
2.5.
Pruebas
Las
pruebas relevantes aportadas al trámite de tutela, son las siguientes:
-Copia
del contrato individual de trabajo a término indefinido suscrito entre la
empresa Terminal de Transporte S.A. y Luz Marina Carlos Chaves (Folio 1del
cuaderno principal).
-Copia
del oficio por medio de la cual la empresa Terminal de Transporte S.A. le
informó a Luz Marina Carlos Chaves de la terminación de su contrato de trabajo
(Folio 2 del cuaderno principal).
-Copia
de los comprobantes de pago del 1 de enero al 31 de julio de 2011 a nombre de
Luz Marina Carlos Chaves (Folio 3 y del 45-59 del cuaderno principal).
-Copia
de la historia clínica de Luz Marina Carlos Chaves y controles médicos efectuados
en Compensar EPS (Folios 4-23 del cuaderno principal).
-Copia
de la historia clínica de Luz Marina Carlos Chaves en la Fundación Instituto de
Reumatología Fernando Chalem (Folios 24-27 del cuaderno principal).
-Copia de la autorización de conformación
de junta médica a nombre de Luz Marina Carlos Chaves (Folio 29 del cuaderno
principal).
-Copia
de la cédula de ciudadanía de Luz Marina Carlos Chaves (Folio 30 del cuaderno
principal).
-Copia
de la liquidación de prestaciones sociales de Luz Marina Carlos Chaves por
terminación unilateral del contrato de trabajo (Folios 31-34 del cuaderno
principal).
2.6. Decisión judicial que se revisa
2.6.1.
Decisión de primera instancia
El
Juzgado Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia proferida
el 11 de febrero de 2013, decidió tutelar los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada,
entre otros, de la señora Luz Marina Carlos Chaves, al considerar,
esencialmente, que pese a que la empresa demandada tenía conocimiento del
estado de salud de la trabajadora y de los procedimientos y tratamientos
médicos que debía realizarse, procedió a terminar unilateralmente su contrato de trabajo, sin obtener el permiso de la autoridad
laboral competente.
Para el a
quo, la demandante, fue objeto de discriminación por parte de la empresa
demandada, pues, se infiere de la historia clínica de la trabajadora, que esta
se encontraba en tratamiento y controles periódicos por la poliartralgia,
hipotiroidismo y artritis reumatoidea que padece, enfermedades que por su
carácter recurrente y progresivo, permiten presumir que la accionada tenía
conocimiento del deteriorado estado de salud de la peticionaria.
2.6.2.
Impugnación
La
empresa Terminal de Transporte S.A. presentó impugnación al considerar que el juez
de primera instancia desconoció que en este caso no se cumplen los presupuestos
de subsidiaridad e inmediatez, lo cual hace improcedente la tutela.
Destaca
que la demandante pretende “beneficiarse económicamente de los eventuales
resultados de una acción de tutela (reintegro, pago de salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir), habiendo recibido una cuantiosa indemnización
por la terminación de su contrato por un monto de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
QUINCE MIL CIENTO CIENCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 18.415.155), especialmente
cuando ha transcurrido un tiempo mucho más que prudencial (18 meses) para que
hubiera iniciado algún tipo de acción tendiente a la supuesta y real protección
de los derechos que se alegan fueron violados por mi representado.”
2.6.3.
Decisión de segunda instancia
El
Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, mediante proveído del 12 de
marzo de 2013, revocó la decisión proferida en primera instancia, al
considerar, básicamente, que no se cumplen los requisitos de subsidiaridad e
inmediatez. Concluye que de las pruebas allegadas al proceso, se desprende que
la demandante para la fecha en que fue desvinculada de la empresa accionada, no
se encontraba incapacitada, ni se demostró que tuviera alguna discapacidad que
la catalogara como persona de especial protección constitucional.
3. Expediente
T-3.985.643
3.1. La solicitud
Jorge Darwin Izquierdo Gómez, a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra Dicoingeniería y
E.S.P. Centrales Eléctricas de Nariño, en adelante Cedenar S.A., por una
presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al
trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital.
3.3. Los hechos
El apoderado del
accionante, relata lo hechos, en resumen, así:
3.3.1. Jorge
Darwin Izquierdo Gómez, celebró sendos contratos con Dicoingeniería Ltda, para
desempeñar el cargo de Instalador-lector en las fechas que a continuación se enlistan
y de conformidad con el certificado laboral suscrito por el Director de
Proyecto de la compañía, el 4 de mayo de 2010:
-Contrato
001-2002 1 de enero de 2002 a 28 de febrero de 2003.
-Contrato
085-2003 1 de marzo de 2003 al 29 de febrero de 2004.
-Contrato
112-2004 1 de marzo de 2004 al 14 de abril de 2005.
-Contrato
157-2005 15 de abril de 2005 al 14 de junio de 2005.
-Contrato
225-2005 15 de junio de 2005 al 28 de febrero de 2006.
-Contrato
168-2006 1 de marzo de 2007al 31 de diciembre de 2007.
-Contrato
062-2008 1 de enero de 2008 al 28 de febrero de 2008.
-Contrato
182-2008 1 de marzo de 2008 al 30 de abril de 2009.
-Contrato
245-2009 1 de mayo de 2009 al 31 de enero de 2010.
-Contrato
158-2010 1 de febrero de 2010, vigente al 4 de mayo de 2010.
Según
el demandante, nunca le fueron entregadas copias de los contratos laborales.
3.3.2. El
señor Izquierdo Gómez ejecutó sus funciones en Cedenar S.A. E.S.P. y recibía órdenes tanto de esta entidad
como de Dicoingeniería Ltda.
3.3.3.
Las funciones del demandante, consistían en realizar actividades de tomas de
lectura del contador de electricidad y entrega de facturas del servicio de
energía eléctrica que presta Cedenar S.A. en el área urbana y rural del
municipio de Pasto.
3.3.4. El
3 de abril de 2009, Jorge Darwin Izquierdo Gómez sufrió un accidente de trabajo
que le afectó la región dorso lumbar. Por esta patología le fueron concedidas
varias incapacidades.
3.3.5.
Durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 se desarrolló la misma labor “por la
firma del representante legal de la empresa Dicoingienería, señor Eval Jorge
Martínez Mocayo”.
3.3.6. Según
el apoderado judicial del demandante, “la empresa DICOINGIENERÍA LTDA, cuyo
representante legal es el señor EVAL JORGE MARTÍNEZ MONCAYO, identificado con
la cédula Nº 12.975.144 de Pasto (N), contratista de la empresa CEDENAR S.A.”
quien es el empleador actual del señor Izquierdo Gómez, dio por terminada
unilateralmente y sin justificación alguna la relación laboral del demandante.
En
efecto, el 15 de diciembre de 2012, el representante legal de la empresa
Dicoingeniería Ltda, en forma verbal, le comunicó al señor izquierdo Gómez, que
a partir del 28 de febrero de 2013, ya no continuaría laborando para la
empresa.
3.4. Oposición a
la demanda
El
Juzgado Primero Penal Municipal Con Función de Control de Garantías para
Adolescentes de Pasto, mediante proveído del 5 de abril de 2013, admitió la
demanda y corrió traslado a Dicoingeniería Ltda y a Cedenar S.A, E.S.P. para
que ejercieran su defensa.
Así mismo, decretó
el testimonio del señor Félix Albeiro Castro.
3.4.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
Dicoingeniería Ltda, a través del Gerente Suplente, consideró que la acción de
tutela resulta improcedente para lograr la protección de los derechos
fundamentales del accionante, por las siguientes razones:
-No resulta claro en
los contratos que menciona el demandante, quién los suscribe ni el tipo de
labor a desempeñar.
-No es cierto que el
peticionario estuvo vinculado desde el 1 de enero de 2002 con Dicoingeniería
Ltda porque, según el Certificado de Existencia y Representación Legal de la
empresa, esta se creó y fue matriculada en la Cámara de Comercio de Pasto, el
10 de noviembre de 2004. Además, la compañía, solo a partir del año 2008, obtuvo
la adjudicación del primer contrato para toma de lecturas de contadores
eléctricos y entrega de facturas en el municipio de Pasto con Cedenar S.A.
E.S.P.
-Con el objeto de
cumplir un requisito del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa ISO 9001 y
para consolidar en un solo documento la experiencia del señor Izquierdo Gómez en
el cargo de Lector, se expidió el certificado laboral de fecha 4 de mayo de
2010
-Respecto de las
vinculaciones laborales del demandante, se tiene que con ocasión de la
adjudicación de los contratos 062-2008, 183-2008, 245-2009 y 158-2010 para la
realización de tomas de lectura y entrega de facturas del servicio de energía eléctrica
del área urbana y rural del municipio de Pasto por parte de Cedenar S.A. E.S.P.
en los periodos 1 de enero de 2008 al 28 de febrero de 2008; 1 de marzo de 2008
al 30 de abril de 2008; 1 de mayo de 2009 al 28 de enero de 2010 y 29 de enero
de 2010 al 31 de marzo de 2011, el señor Izquierdo Gómez fue vinculado, entre
otras personas, mediante contratos de trabajo a término fijo, así:
·
Del 1 de enero de 2008
al 29 de enero de 2008.
·
Del 1 de marzo de 2008
al 30 de junio 2008. Por renuncia del trabajador, la vinculación solo se
extendió hasta el 30 de abril del citado año.
·
Del 2 de abril de 2009
al 31 de agosto de 2009, contrato que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre
de 2009.
·
Del 1 de enero de 2010 al
30 de septiembre de 2010, contrato que fue prorrogado hasta el 31 de marzo de
2011.
-En desarrollo del
contrato 245-2009 para la realización de tomas de lectura y entrega de facturas
del servicio de energía eléctrica del área urbana y rural del municipio de
Pasto por parte de Cedenar S.A. E.S.P, el señor Izquierdo Gómez sufrió un
accidente de trabajo al ser atropellado por una motocicleta.
En ese entonces,
recibió la debida atención médica, le fueron pagadas las incapacidades que
devinieron de dicha situación y, posteriormente, continuó laborando con
normalidad. El trabajador nunca manifestó que tuviera alguna secuela derivada
del siniestro laboral.
-En el año 2011
Dicoingeniería Ltda, por razones de tipo interno, no se presentó al proceso
licitatorio para toma de lecturas y entrega de facturas del servicio de energía
eléctrica del área urbana y rural del municipio de Pasto por parte de Cedenar
S.A. E.S.P. Como consecuencia de ello todo el personal que estaba vinculado con
la compañía, cambió de empleador.
-Como se expuso, la
última vinculación del señor Izquierdo Gómez con Dicoingeniería Ltda, fue a
través de un contrato de trabajo a término fijo, el cual terminó el 31 de marzo
de 2011, por expiración del plazo pactado, fecha en la que el demandante no se
encontraba en ninguna situación de incapacidad, tanto así, que fue contratado
por otro empleador.
-La última
incapacidad que adjunta el demandante al libelo es del 27 de julio de 2011,
fecha en la que se encontraba vinculado con otra empresa.
-Se advierte que la
empresa no tiene personal de planta, sino que vincula a quienes laboran a su
servicio, a través de contratos a término fijo, dependiendo de los contratos
que se le adjudiquen.
-Aclara que el señor
Izquierdo Gómez, mientras estuvo vinculado con la empresa Dicoingienería Ltda,
solo recibía órdenes suyas. Situación muy diferente es que al ser Cedenar S.A.
E.S.P., cliente de la compañía, debía atender a sus solicitudes, requerimientos
y programación de actividades, sin que pueda inferirse que el demandante recibera
órdenes directas provenientes de dicha entidad.
-No es posible
predicar la vulneración del derecho al mínimo vital porque los ingresos del
demandante no dependen exclusivamente de su labor como lector de contadores de
electricidad, pues, ejerce, paralelamente, la actividad de prestamista.
3.4.2. Cedenar S.A. E.S.P., durante el término otorgado para el efecto, a través del representante
legal, expresó su disentimiento frente a las pretensiones de la demanda y
solicitó la declaratoria de improcedencia de la misma, con base en los
siguientes argumentos:
-El señor Jorge Darwin Izquierdo Gómez, nunca estuvo
vinculado laboralmente con la empresa Cedenar S.A. E.S.P.
-No es cierto que el señor Izquierdo Gómez recibiera
órdenes provenientes de la empresa Cedenar.
-Cedenar S.A. E.S.P. suscribió los siguientes
contratos con la firma Dicoingeniería Ltda, cuyo objeto fue la toma de lecturas
y entrega de facturas a los usuarios del servicio de energía eléctrica urbana y
rural del municipio de Pasto en el periodo 2008 -2011:
·
Contrato 062-2008,
periodo 1 de enero de 2008 al 28 de febrero de 2008.
·
Contrato 182-2008,
periodo 1 de marzo de 2008 al 30 de abril de 2009.
·
Contrato 245-2009,
periodo 1 de mayo de 2009 al 28 de enero de 2010.
·
Contrato 158-2010,
periodo 29 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2011.
Se advierte que todas las acreencias laborales que la
firma Dicoingeniería Ltda, tenía con las personas que vinculó directa o
indirectamente para cumplir con el objeto de los mencionados contratos, fueron
única y exclusivamente de su responsabilidad.
-Al no tener, el demandante, ningún tipo de vínculo
con Cedenar S.A. E.S.P., la solicitud de tutela elevada contra esta empresa,
carece de legitimidad por pasiva.
3.4.3. El 9 de abril de 2015, en el Juzgado Primero Penal
del Circuito con Funciones de Control de Garantía para Adolescentes de Pasto,
se llevó a cabo audiencia de recepción de testimonio del señor Félix Alveiro
Castro.
Esto manifestó, el
señor Castro, en relación con la tutela promovida por Jorge Darwin Izquierdo Gómez:
-Tuvo conocimiento
que en el año 2009, el señor Izquierdo Gómez fue atropellado por una
moticicleta en horas laborales. Inicialmente le pagaron la incapacidad pero
como posteriormente le incumplieron debió realizar una conciliación con el
ingeniero.
-A Jorge Darwin
Izquierdo hace un año que no le pagan salario por estar incapacitado y fue
despedido injustamente. Además, tampoco le pagaron indemnización y la
liquidación se la consignaron.
-El demandante,
tiene a su cargo dos hijos, desconoce si recibe ayuda económica de alguien y
cree que la esposa trabaja.
-No le fueron
practicados los exámenes de ingreso y de egreso.
3.5. Pretensiones
El señor Jorge
Darwin Izquierdo Gómez solicita que se tutelen sus derechos fundamentales y,
en consecuencia, se ordene su reintegro en un cargo acorde con sus condiciones
de salud y se le paguen los salarios y prestaciones sociales dejados de sufragar
desde la fecha del despido hasta que se efectúe el reintegro.
Igualmente, pide al
juez de tutela que se ordene el pago de la indemnización equivalente a ciento
ochenta días de salario.
Así mismo, recaba el
pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social y las
valoraciones por parte de los especialistas para determinar su grado de
incapacidad.
3.6. Pruebas
Dentro del
expediente de tutela se encuentran, como pruebas relevantes, las siguientes:
-Copia
de la cédula de ciudadanía de Jorge Darwin Izquierdo Gómez (Folio 18 del
cuaderno principal).
-Copia del carné de Jorge Darwin Izquierdo Gómez con la
empresa Dicoingeniería Ltda. (Folios 19 del cuaderno principal).
-Copia del
certificado laboral a nombre de Jorge Darwin Izquierdo Gómez con fecha de 4 de mayo
de 2010, suscrito por el Director de Proyecto de Dicoingeniería Ltda. (Folio 20
del cuaderno principal)
-Copia del
certificado de las incapacidades otorgadas a Jorge Darwin Izquierdo Gómez con
fecha de 12 defebrero  de 2013, suscrito por la Jefe Regional de Medicina
Laboral de Coomeva  EPS ( Folio 20 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica del señor Jorge Darwin Izquierdo Gómez en la Fundación
Hospital San Pedro (Folios 30 y 31 del cuaderno principal)
-Copia del informe
de accidente de trabajo de Jorge Darwin Izquierdo Gómez (Folio 32 del cuaderno
principal).
-Copia de la
historia clínica del señor Jorge Darwin Izquierdo Gómez en el Centro Médico
Imbanaco (Folio 34 del cuaderno principal).
-Copia de los
resultados de la resonancia magnética realizada al señor Izquierdo Gómez en
Medinuclear S.A.S. (Folios 35, 36 y 58 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica del señor Jorge Darwin Izquierdo Gómez en la IPS Kinesis
(Folios 37 y 38 del cuaderno principal).
-Copia de la
remisión del señor Jorge Darwin Izquierdo Gómez a Positiva Compañía de Seguros
para el reconocimiento del subsidio económico por incapacidad temporal a partir
del día 181 (Folios 39 y 40 del cuaderno principal).
-Copia del concepto
de rehabilitación por parte de Coomeva EPS a nombre de Jorge Darwin Izquierdo
Gómez (Folio 41 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica de Jorge Darwin izquierdo Gómez en el hospital Universitario
Departamental de Nariño E.S.E. (Folios 43 al 55 del cuaderno principal).
-Copia de los
resultados de la radiografía de la columna dorsolumbar a nombre de Jorge Darwin
Izquierdo Gómez en el Centro de Radiodiagnóstico Hernando Rivera (Folio 57 del
cuaderno principal).
-Copia del contrato
de arrendamiento de vivienda urbana suscrito entre Luis Oscar Bolaños Ojeda y Jorge
Darwin Izquierdo Gómez (Folio 65 del cuaderno principal).
-Copia de los
contratos de trabajo a término fijo suscritos por Jorge Darwin Izquierdo Gómez
y Dicoingeniería Ltda del 1 de enero de 2008 al 29 de enero de 2008, del 1 de
marzo de 2008 al 30 de junio de 2008, del 2 de abril de 2009 al 31 de agosto de
2009 y su prórroga y del 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2010 y su
prórroga (Folios 94 al 99 del cuaderno principal)
-Copia de la carta
de terminación del contrato de trabajo (Folio 100 del cuaderno principal).
-Copia de la
certificación de los contratos suscritos por Cedenar S.A. E.S.P. y
Dicoingeniería Ltda (Folio 101 del cuaderno principal).
-Copia de la
certificación expedida por Cedenar S.A. E.S.P., en la que se señala que en
periodo 1 de abril de 2011 al 15 de enero de 2012, no se suscribió contrato
alguno con Dicoingenería Ltda para la toma de lecturas y entrega de facturas a
usuarios del servicio de energía eléctrica en el área urbana y rural del
municipio de Pasto (Folio 102 del cuaderno principal).
-Copia de la
certificación laboral a nombre de Jorge Darwin Izquierdo Gómez suscrita por Fabián
Guerrero Santacruz en la empresa Dicoingeniería Ltda (Folio 104 del cuaderno
principal).
3.7. Decisión judicial que se revisa
3.7.1. Primera
instancia
El Juzgado Primero
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías para Adolescentes de Pasto,
mediante sentencia del 17 de abril de 2013, decidió declarar improcedente la
tutela bajo el argumento según el cual la controversia planteada es de carácter
laboral, razón por la cual la vía para dirimirla es la jurisdicción laboral y
no la acción de amparo constitucional, pues, no se avizora un perjuicio irremediable.
El juzgado de
primera instancia, concluyó que no es posible predicar la vulneración del
derecho al mínimo vital del demandante porque con fundamento en el acervo
probatorio allegado al proceso, se pudo comprobar que desarrolla una actividad
de préstamo de dinero, cuenta con el apoyo de su esposa, sus gastos de
arrendamiento y servicios públicos son de poco valor y no obstante que sufrió
un accidente laboral en el 2009, ha contado con terapias, exámenes y la
atención médica requerida, se trata de una patología con concepto de
rehabilitación favorable y, según el médico ocupacional, no tiene una
calificación por pérdida de capacidad laboral.
Precisó que el señor
Izquierdo Gómez nunca tuvo una relación directa con Cedenar S.A. E.S.P. y que Dicoingeniería
Ltda, no fue su último empleador, toda vez que, de acuerdo con los contratos
arrimados al plenario, la última vinculación estuvo vigente hasta el 31 de
marzo de 2011. De ahí en adelante, el demandante contrató con el señor Eval
Jorge Martínez Moncayo.
3.7.2. Impugnación
Dentro del término
legal concedido para el efecto, la parte demandante, a través de apoderado,
impugnó la anterior decisión, con fundamento en las siguientes consideraciones:
-El 3 de abril de
2009, cuando laboraba para la empresa Dicoingeniería Ltda, sub contratista de
Cedenar S.A., sufrió un accidente de trabajo.
-Estuvo vinculado
con Dicoingeniería Ltda desde el 1de enero de 2002 hasta febrero de 2013, según
certificación laboral expedida,el 4 de mayo de 2010.
-Encontrándose
incapacitado, el señor Eval Jorge Martínez Moncayo, el 25 de abril de 2012, en
calidad de representante legal de Dicoingeniería Ltda, suscribió ante la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pasto, un acuerdo de pago, según
acta de audiencia número 20432 y se comprometió a mantener su relación laboral.
-Su vinculación con
Dicoingeniería Ltda, se mantuvo hasta el 28 de febrero de 2013 tal y como se
corrobora con el carné laboral expedido por dicha empresa para realizar las
funciones de instalador y lector de contadores eléctricos y para entregar las
facturas del servicio público de energía en el área urbana y rural de Pasto,
actividades encomendadas por el señor Martínez Moncayo. Destaca, que le fue
entregado el respectivo chaleco de la entidad que funge como sub contratista.
-Con el fin de
comprobar que estuvo trabajando con Dicoingeniería Ltda, nuevamente, aporta al
plenario, las certificaciones de vinculación y retiro de las entidades que
hacen parte del Sistema General de Seguridad Social.
-En relación con su condición
económica, advirtió, que sí prestó dinero durante el periodo de tiempo
comprendido entre el 2005 al 2008, pero a partir del 2009, perdió todo su
capital por invertir en una empresa captadora ilegal de dinero. Situación que
se agravó por las secuelas que le dejó el accidente de trabajo que sufrió en
ese año y por el desempleo de su esposa.
3.7.3. Segunda
instancia
El Juzgado Penal del
Circuito para Adolescentes con función de Conocimiento de Pasto, mediante
sentencia del 28 de mayo de 2013, confirmó la sentencia proferida en primera
instancia, al considerar, en primer lugar, que el médico ocupacional de Jorge
Darwin Izquierdo Gómez emitió un concepto favorable de rehabilitación, lo que
impide la calificación de su pérdida de capacidad laboral. De ahí que, no se
puede tener por cierta la condición de debilidad manifiesta que se alega.
En segundo término,
destacó que en el acta de conciliación mencionada por la parte recurrente, se
advierte que la relación de trabajo surgida entre Dicoingeniería y el señor
Izquierdo Gómez, terminó hace algún tiempo (febrero de 2012) cuando finalizó el
contrato de mediación “para toma de lecturas” entre esta firma y la
E.S.P. Cedenar S.A. situación que encuentra respaldo probatorio en las
constancias expedidas por esta empresa de servicios domiciliarios allegadas con
la contestación de la demanda y en la declaración rendida, en primera instancia,
por Félix Alveiro Castro.
No obstante lo
anterior, el representante legal de la sociedad, se comprometió a garantizar
los derechos laborales del demandante, a través de su vinculación laboral, mientras
esté incapacitado o la ARP decida su situación.
Como dicha acta
presta mérito ejecutivo, el demandante tiene la posibilidad de acudir, a través
de la vía ejecutiva, ante la jurisdicción laboral, para el reconocimiento de
los derechos que invoca.
4. Expediente
T-4.078.638
4.1. La solicitud
Robert Camelo
Castro, presentó acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al trabajo, a la dignidad humana y a la
estabilidad laboral reforzada, en su calidad de persona incapacitada los que,
según afirma, le fueron vulnerados por Occing Ingeniería de Occidente S.A.S.,
al terminar el contrato laboral acordado con dicha entidad.
4.2. Los hechos
El demandante los
expone, en síntesis, así:
4.2.1. El 9 de abril de
2013, Occing Ingenería de Occidente S.A.S, lo contrató de forma verbal, a
través del señor Iván Trujillo Chaguendo, para desempeñar las labores de “amarre
de hierro, Cortar tablas y formaletear”.
4.2.2. En la valoración médica de ingreso, le manifestó al
médico de la empresa, que es portador de VIH. Situación que, posteriormente, se
dio a conocer a todos sus compañeros de trabajo.
4.2.3. El 22 de abril de 2013, la empresa decidió dar por
terminado el contrato de manera unilateral, manifestándole que la enfermedad
que padece y las labores que debe realizar constituyen un riesgo para su salud.
42.4. Dice que, desde un primer momento, se mostró dispuesto
para desarrollar las tareas que le fueron encomendadas, atendió las
instrucciones del empleador y cumplió el horario de trabajo, razón por la cual
nunca fue objeto de un llamado de atención.
4.2.5. A raíz de su desvinculación laboral, su situación
personal, se tornó aún más grave porque no tiene recursos para satisfacer sus
necesidades básicas y las de su abuelo, esposa, e hijo, quienes dependen de él.
4.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Veintidós
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, mediante proveído del 27
de mayo de 2013, admitió la demanda y corrió traslado a Occing Ingeniería de
Occidente S.A.S. con el fin de que ejerciera su defensa.
Occing Ingeniería de
Occidente S.A.S., dentro de la oportunidad legal prevista, a través de
apoderado judicial, contestó la acción de tutela en los siguientes términos:
-El Consorcio
conformado por las empresas Conciviles S.A. y Conconcretos S.A., en adelante
Consorcio C.C., contrató al Consorcio Grupo Occing para la ejecución de una
parte de los tramos 7T1 Y 7T2 de Box Coulvert del Canal Cañaveralejo y colector
sindical en la ciudad de Cali.
-Occing, a su vez,
celebró un contrato de prestación de servicios personales técnicos y obreros
con el señor Iván Trujillo Chaguendo para que ejecutara las obras en los tramos
mencionados.
-Iván Trujillo
Chaguendo fue quien vinculó verbalmente a Robert Camelo Castro para ejecutar
labores en alguno de los dos tramos citados.
Occing Ingeniería, única
y exclusivamente, en procura de la garantía y protección de los derechos
laborales de todos los obreros o técnicos de construcción, asumió la
vinculación y pago de la seguridad social, prestaciones sociales y
parafiscales.
En el caso objeto de
estudio, conforme al mentado contrato de prestación de servicios, estos rubros
son descontados al señor Trujillo Chaguendo de sus honorarios.
-El señor Iván
Trujillo y los ingenieros del consorcio no han rescindido o terminado
unilateralmente y sin justa causa la relación laboral del accionante, y de los
otros obreros que fueron desvinculados de la obra de construcción citada, en
razón de sus condiciones de salud, sino que:
·
Culminada parcialmente la primera
semana de jornadas de ejecución de la mencionada obra, entre los días 9 y 13 de
abril de 2013,  debido a las fuertes y permanentes lluvias de ese mes y ante el
gravísimo riesgo del trabajo en esta condición climática, se suspendieron las
labores de construcción en la semana siguiente, esto es, entre los días 15 y 20
de abril. A excepción de las de los bomberos de las motobombas, algunos
operarios de maquinaria y volquetas y del personal de vigilancia.
·
Ante esta emergencia y la urgente
necesidad de adecuar el tramo para la circulación del Sistema de Transporte
MIO, el Consorcio C.C., recortó el plan de obras, inicialmente pactado con
Occing Ingeniería, lo que ocasionó la desvinculación de más del 40% del
personal contratado.
Se decidió, únicamente, vincular a quienes tuviesen
una amplia y demostrada experiencia en trabajos bajo situación de alto riesgo y
gran capacidad de ejecución de cantidad de obra o resultado por jornada diaria.
-Así las cosas, no
existe ninguna posibilidad real en la que Occing Ingeniería y el señor Trujillo
Chaguendo puedan vincular nuevamente al demandante, quien no tiene experiencia
ni la idoneidad que exigen las obras de construcción, pues, las condiciones
climáticas persisten y la urgente necesidad de movilidad del Sistema de Transporte
Masivo MIO requiere la ejecución rápida de los trabajos.
-A la empresa no le
consta que el estado de salud del demandante hubiere trascendido a sus
compañeros de trabajo.
-Si bien es cierto el
demandante, en los pocos días que estuvo vinculado (5 parcialmente) cumplió el
horario de trabajo, su rendimiento o agilidad en la ejecución de las labores
fue muy baja respecto al promedio ponderado de sus compañeros de trabajo, según
lo informaron el señor Iván Trujillo y los ingenieros residentes del consorcio.
Esta es una de las razones por las cuales, al hacer la evaluación y valoración
de quiénes debían continuar, el demandante no fue convocado.
-Ni la empresa, tampoco
Iván Trujillo Chaguendo, le terminaron injustamente el contrato al señor Camelo
Castro, toda vez que esta relación estaba sujeta a la duración de la ejecución
de la obra mencionada, la cual fue pactada a seis (6) meses, más la eventual
prórroga por imprevistos y como quedó expuesto, por razones climáticas esta se
suspendió.
Advierte que ante
estas condiciones, un eventual reintegro, sería un acto carente de
responsabilidad, en la medida en que Robert Camelo Castro, por su
inexperiencia, podría sufrir lesiones personales e inclusive morir, situación
que se enmarcaría, entonces, dentro de los linderos del régimen penal.
4.4. Pretensiones
El demandante le
pide al juez de tutela conceder el amparo definitivo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se ordene a Occing Ingeniería de Occidente
S.A.S., su reintegro en un cargo que pueda ejecutar conforme a sus condiciones
de salud.
Así mismo, pide el
pago de salarios dejados de percibir y demás prestaciones desde el momento de
su despido y hasta que se materialice efectivamente su reintegro.
4.5. Pruebas
A continuación se
relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
-Copia de la
historia clínica de Robert Camelo Castro (Folios 5 a12 del cuaderno principal).
-Copia del
certificado de existencia y representación de la empresa Occing Ingeniería de
Occidente S.A.S. (Folios 27 a 29 del cuaderno principal).
-Copia del contrato
Nº 0F8-OS-000503 entre el consorcio C.C. y Consorcio Grupo Occing (Folios 33 a
56 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación dirigida a Robert Camelo Castro por medio de la cual se termina su
contrato de trabajo (Folio 57 del cuaderno principal).
-Copia del contrato
de prestación de servicios personales técnicos y obreros en la construcción de
las obras de los tramos  7T1 y 7T2 del Box Coulvert del canal Cañaveralejo y
colector sindical en la ciudad de Cali entre Iván Trujillo Chaguendo y Occing
Ingeniería de Occidente S.A.S. (Folios 59 a 62 del cuaderno principal).
4.6. Decisión judicial que se revisa
4.6.1. Decisión de primera instancia
El Juzgado Veintidós Penal
Municipal con funciones de Conocimiento de Cali, mediante providencia del 11 de
junio de 2013, concedió el amparo solicitado bajo las siguientes
consideraciones:
-Robert Camelo Castro, a
través de un contrato verbal, laboró para la empresa Occing Ingeniería de Occidente
desde el 9 de abril de 2013 hasta el 22 del mismo mes y año, fecha en la que la
mencionada empresa decidió, arbitrariamente, dar por terminado dicho vínculo
laboral.
-Aunque en el expediente no
se observa copia del concepto médico de ingreso del señor Camelo Castro, tal y
como lo manifestó en la demanda, él fue quien informó a la empresa al momento
de la vinculación, acerca de su condición de salud, lo cual evidencia su estado
de debilidad manifiesta.
Así las cosas, no es de
recibo, el que la mencionada empresa aduzca que el trabajador no fue despedido
por su estado de salud sino por su baja capacidad de rendimiento en el
desempeño de sus labores, aunado a las condiciones climáticas y a las
particularidades del sitio de trabajo.
Respecto del bajo
rendimiento en la ejecución de las labores por parte del accionante, no obra en
el plenario, ningún llamado de atención que permita justificar que este fue
constitutivo de una justa causa de despido.
Si bien el demandante para
la fecha de su desvinculación no se encontraba incapacitado, no se puede
desconocer que al ser portador del VIH, esta condición repercutía en el
cumplimiento de sus funciones.
-Bajo este contexto, concluyó
el a quo: “no existió en verdad ninguna justa causa que justificara
el despido de un trabajador que se encontraba con sus capacidades físicas
disminuidas debido al deterioro de su estado de salud y que no se cumplió por
parte de la entidad accionada la solicitud de autorización a la oficina del
trabajo para poder efectuar el despido.”
4.6.2.
Impugnación
Dentro del término
legal concedido para el efecto, la parte demandada impugnó la anterior
decisión, esencialmente, reiterando los argumentos que invocó en la
contestación de la demanda, relacionadas con la desvinculación del 40% del
personal contratado ante el imprevisto climático y, agregó que, para
desvincular a un trabajador, en el periodo de prueba, como aconteció en este
caso, no se requiere previamente ningún llamado de atención o amonestación, ni
mucho menos permiso del Ministerio del Trabajo.
En efecto, durante el periodo de prueba de los primeros cinco (5) días
de la vinculación, el señor Iván Trujillo determinó que el demandante carecía
de la mínima experiencia para trabajar bajo condiciones de alto riesgo y no
contaba con la diligente capacidad de ejecución en las tareas asignadas.
Destacó que en este
caso, no es posible aplicar la Ley 361 de 1997, toda vez que el señor Camelo Castro,
padece de VIH, enfermedad que no genera discapacidad o limitación.
4.6.3. Decisión
de segunda instancia
El Juzgado Quinto
Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Cali, mediante providencia
del 25 de julio de 2013, revocó el fallo impugnado con fundamento en las
siguientes consideraciones:
-La vinculación del
señor Camelo Castro conforme al escrito de terminación de su contrato, tuvo una
duración de cinco (5) días, esto es, del 15 de abril al 19 de abril de 2009 y
no de dos semanas.
-La vinculación del
demandante como el mismo lo indicó, fue de ejecución de obra para desempeñar
labores de “amarre de hierro, cortar tablas y formatear”.
-Si bien el señor
Camelo Castro por ser portador de VIH se encuentra amparado bajo la protección
de la estabilidad laboral reforzada, ello no lo exime de probar siquiera,
sumariamente, que su despido fue consecuencia de su estado de salud.
-En este caso, no se
probó que el despido del señor Robert Camelo Castro tenga nexo causal con su
enfermedad, por cuanto en total se desvincularon a 10 trabajadores y la empresa
explicó las razones de dicha determinación.
-El acto de despido
de trabajadores privados, puede obedecer a una terminación unilateral del contrato
que constituye una facultad del empleador y del trabajador y por lo tanto, es
viable la posibilidad que tiene una parte de extinguir unilateralmente la
convención pactada.
La entidad demandada
explicó los motivos que originaron la contratación del personal y su
desvinculación. Así, no existe obligación de reintegrar a un trabajador en
donde no se necesita y que no cuenta con las condiciones para hacerlo.
-Es el juez laboral
en un proceso, es quien con el pleno de las garantías judiciales, puede establecer
si el despido de Robert Camelo Castro, se generó por el incumplimiento de las
obligaciones del trabajador o por un acto arbitrario del empleador.
4.7.
Actuación en sede de revisión
4.7.1. Una vez analizado el proceso, la Sala Cuarta de Revisión advirtió que
en este caso se evidencia la existencia de una nulidad saneable, en la medida
en que no fue vinculado al trámite el señor Iván Trujillo Chaguendo, persona
que, según Occing Ingeniería de Occidente S.A.S., fue quien contrató al
demandante.
Si bien, es criterio de esta
Corporación, no tramitar directamente el incidente de nulidad por falta de
notificación cuando éste se detecta en el trámite de Revisión, -ordenando la
devolución del expediente al juez de primera instancia para lo de su
competencia-, también es cierto que, en casos especiales, cuando las
circunstancias de hecho lo ameritan o se encuentran en juego derechos
fundamentales de personas cuyo estado de debilidad es manifiesto, en aplicación
de los principios de celeridad y economía procesal, la Corte Constitucional ha
vinculado directamente al proceso a quienes no fueron llamados y registran un
interés en el mismo.
En virtud de lo anterior, y en razón a que en el
presente caso, la tutela fue promovida por una persona que tiene serios quebrantos
de salud, la Sala de Revisión, mediante proveído del 19 de junio de 2015,
ordenó a la Secretaría General de esta Corporación poner en conocimiento del señor
Iván Trujillo Chaguendo, la acción de tutela de la referencia, para que, en
sede de Revisión, se pronunciara acerca de las pretensiones y del problema
jurídico que se plantea.
4.7.2. La Secretaría General de la Corte Constitucional, el 7 de
julio de 2015, remitió al despacho del Magistrado Ponente, un escrito rubricado
por Iván Trujillo Chaguendo, en el que se opone a la prosperidad del amparo,
por las siguientes razones:
-Suscribió un contrato de prestación de
servicios personales técnicos y obreros con la empresa Occing Ingeniería de
Occidente S.A.S. con el fin de ejecutar las obras de construcción de los tramos
distinguidos como 7T1 y 7T2 de Box Coulvert del Canal Cañaveralejo y colector sindical
en la ciudad de Cali.
En dicho acuerdo, el contratante -Occing
Ingeniería- se comprometió a asumir los costos laborales de todo el personal
que se utilizaría en el desarrollo del proyecto contratado bajo la modalidad a
destajo o por labor determinada.
Refuerza lo anterior, la cláusula cuarta,
parágrafo primero del contrato que suscribió con la entidad demandada, la cual,
textualmente, dice:
“… EL CONTRATANTE pagará todos los costos
de vinculación y afiliación permanente a la seguridad social y las obligaciones
parafiscales de todos los trabajadores vinculados laboralmente con EL
CONTRATISTA, durante el tiempo de la ejecución de las obras y al finalizar la
construcción hará el pago efectivo de las prestaciones sociales de los mismos
trabajadores. Estos pagos los realizará el CONTRATANTE en procura, única y
exclusivamente, del efectivo cumplimiento de las normas legales de protección y
garantías de los derechos sustanciales de los Trabajadores, teniendo en
consideración los informes del CONTRATISTA sobre el cumplimiento de las
jornadas laborales por parte de cada uno de los trabajadores…”
El personal fue seleccionado por el
contratante y todas las decisiones fueron tomadas conforme al contrato a
destajo o por labor determinada. Su labor, simplemente, consistió en
orientarlos en la realización del objeto del contrato que suscribió con Occing
Ingeniería.
-Conforme lo dicho, fue contratado por la
empresa demandada para el desarrollo de las obras de construcción señaladas anteriormente
y para encargarse del personal operario, vinculando laboralmente al accionante
para ciertas labores a destajo o por labor determinada “como amarre de
hierro, cortar tablas, formaletear”.
-No le consta lo afirmado por el
demandante, respecto de la valoración médica en la que manifestó que es
portador de VIH y que el 22 de abril de 2013, se le terminó unilateralmente el
contrato de trabajo bajo el argumento según el cual al ser portador de VIH, las
labores que desempeñaba no eran apropiadas y constituían un riesgo para su
salud.
Advierte que la obra se paralizó por
causas naturales.
-Así las cosas, concluyó “el contrato
formalidad” es un contrato a destajo o por labor determinada, pues, se
había acordado que todo el personal operario debía ser vinculado a través suyo,
pero “el contrato realidad” es la afiliación a la seguridad social y el pago de
las prestaciones sociales, a través de la empresa Occing Ingeniería de
Occidente S.A.S., quien es el verdadero empleador.
-En este caso, no
existen los elementos fácticos para que la reclamación prospere, pues, la
vulneración de los derechos debe estar ampliamente soportada en hechos claros,
concretos, demostrados y jurídicamente soportados, lo cual, en este caso no
acontece.
5. Expediente
T-4.090.360
5.1. La solicitud
Eduardo Enrique Coronado De la Rosa, en nombre
propio, presentó acción de tutela contra la empresa Agropecuaria La Soria S.A.S.,
por una presunta violación de sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad
social y a la dignidad humana, entre otros.
5.2. Los hechos
El demandante los
relata, en resumen, así:
5.2.1. Desde el 5 de junio de
2007, mediante un contrato de trabajo a
término indefinido, se desempeñó como “moto-sierrista” en la empresa
Agropecuaria La Soria S.A.S., función que cumplió en la hacienda del mismo
nombre.
5.5.2. El
22 de agosto de 2011, sufrió un accidente de trabajo al caer de una altura de
aproximadamente 1.5 metros, cuando estaba ejecutando una función que no le
correspondía y que consistía en cargar a un remolque, bultos de alimento
concentrado para cerdos. Este siniestro fue reportado a la entonces Administradora
de Riesgos Profesionales Seguros La Equidad.
5.5.3. Con
ocasión de dicho accidente fue atendido en el servicio de urgencias del
hospital Reina Sofía de España E.S.E. ubicado en Lérida (Tolima) por el trauma
en la región lumbar que padeció.
5.2.4. Como su condición de salud se vio seriamente afectada,
asistió a varios controles médicos[1]
y le fueron concedidas innumerables incapacidades[2]. Así mismo,
fue expedida una recomendación laboral por parte del médico de salud ocupacional[3],
la cual no fue atendida por la empresa demandada.
5.2.5. El 8 de julio de 2013, la empresa Agropecuaria La
Soria S.A.S., a través del administrador, le comunicó la decisión del empleador
de dar por terminado su contrato laboral.
5.2.6. Debido al incumplimiento de la empresa en el pago de
los aportes al Sistema General de Seguridad Social, transcurrió un tiempo muy
prolongado para que La Equidad Seguros de Vida O.C. Riesgos Laborales, mediante
el equipo interdisciplinario, efectuara la calificación del origen de su
enfermedad.
En efecto, solo
hasta el 12 de julio de 2013, La Equidad Seguros, le notificó que el origen de su
patología era de carácter común. Decisión que fue debidamente impugnada.
5.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Lérida (Tolima), mediante proveído del 25 de julio de
2013, admitió la demanda y corrió traslado a la empresa Agropecuaria La Soria
S.A.S. para que ejerciera su defensa.
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la compañía Agropecuaria La Soria S.A.S.,
consideró que la acción de tutela resulta improcedente para lograr la
protección de los derechos fundamentales del accionante, por las siguientes
razones:
-La decisión de
terminar el contrato de trabajo del demandante es legal, pues, ello está
estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo.
-Dicha
determinación, no es consecuencia de la calificación del origen de la
enfermedad que padece el demandante, toda vez que dicha decisión le fue
notificada días después de habérsele comunicado la decisión de la empresa.
-Cuando se tomó la determinación de despedir al accionante,
este no se encontraba incapacitado, no se había emitido aún concepto acerca del
origen de la patología, ni determinado el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral.
5.4. Pretensiones
Eduardo Enrique
Coronado De la Rosa solicita que se tutelen sus derechos fundamentales
y, en consecuencia, se declare sin efecto el despido.
Así mismo, pide se
ordene a la Compañía Agropecuaria La Soria S.A.S., su reintegro y una vez este
proceda, sin solución de continuidad, se disponga el pago de los salarios desde
la fecha de su retiro de la empresa hasta su vinculación.
5.5. Pruebas
Dentro del
expediente de tutela se encuentran, como pruebas relevantes, las siguientes:
-Copia del oficio Nº
00010409 de julio 12 de 2013, mediante el cual se notificó a Eduardo Enrique
Coronado De la Rosa, de la calificación del origen de la enfermedad por parte
de La Equidad Seguros (Folio 18 del cuaderno principal).
-Copia de la cédula
de ciudadanía de Eduardo Enrique Coronado De la Rosa (Folio 19 del cuaderno
principal).
-Copia de la
certificación laboral expedida por la empresa Agropecuaria La Soria S.A.S. a
nombre del señor Coronado De la Rosa (Folio 20 del cuaderno principal).
-Copia del informe
de accidente de trabajo, acaecido el 22 de agosto de 2011,  a nombre de Eduardo
Enrique Coronado De la Rosa (Folio 21 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica del demandante en el hospital Reina Sofía de España E.S.E. de
Lérida (Folios 22-23 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica del peticionario en Prosalud Ltda (Folio 24 del cuaderno
principal).
-Copia de las atenciones
médicas brindadas al señor coronado De la Rosa en la CF IPS de Lérida (Folios
28-29, 32-34, 38-41, 50-56 y 58-59 del cuaderno principal).
-Copia de las
recomendaciones laborales expedidas por la CF Central de Especialistas de
Ibagué a nombre del accionante (Folio 30 del cuaderno principal).
-Copia de la
consulta médica del demandante con los especialistas Renzo Gustavo Zona Campos
y Carlos A. Mora (Folio 26 y 42 del cuaderno principal)
-Copia de la
atención médica brindada al accionante en la CF Torre de Especialistas Autopista
Norte ubicada en Bogotá (Folio 46 del cuaderno principal).
-Copia de las incapacidades
médicas otorgadas a Eduardo Enrique Coronado De la Rosa (Folios 27, 35-37, 45,
57 y 62 del cuaderno principal).
-Copia de la
impugnación a la calificación, en primera instancia, del origen de la
enfermedad que padece el señor Coronado De la Rosa, por parte de La Equidad
Seguros (Folios 64-83 del cuaderno principal).
5.6. Decisión judicial que se revisa
El Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Lérida (Tolima), mediante sentencia del 9 de agosto de
2013, decidió negar la tutela al considerar que la controversia planteada es de
carácter laboral, razón por la cual la vía para dirimirla, es la jurisdicción
correspondiente y no la acción de amparo constitucional. Además, Eduardo
Enrique Coronado De la Rosa, no se encontraba amparado bajo la figura de la
protección laboral reforzada porque al momento de la terminación del contrato
de trabajo no estaba incapacitado físicamente para trabajar, ni su incapacidad
superó los 180 días, ni fue este el motivo de su desvinculación.
La anterior decisión
no fue impugnada por las partes y, por tanto, no se agotó la segunda instancia.
6. Expediente
T-4.094.737
6.1. La solicitud
Jeider José Sarabia
Angarita, en nombre propio, promovió acción de tutela para que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al
mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, en su calidad de persona
incapacitada los que, según afirma, le fueron vulnerados por el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar.
6.2. Los hechos
Sucintamente los
describe el demandante, así:
6.2.1. Ingresó al Ejército Nacional en el año 2004. Sus
funciones como soldado profesional las desempeñó en el área operativa.
6.2.2 El 1 de abril de 2008, estando al servicio del
ejército, sufrió una caída ejecutando una labor táctica llamada “Aerolito”, cuando
pasaba la quebrada Santa Lucía en cercanías del municipio de Samaná (Caldas).
El impacto lo soportó su rodilla izquierda, contusión que le generó un dolor
constante y solo controlable con medicamentos.
6.2.3. Como consecuencia de lo anterior, el 26 de marzo de
2012, la Junta Médico Laboral, mediante Acta Nº 49980, arribó a las siguientes
conclusiones:
“a. Diagnóstico:
1. Trauma directo en rodilla izquierda, que deja como
secuela gonalgia crónica izquierda
b. Clasificación de las lesiones:
Incapacidad permanente parcial. No apto para actividad
militar según artículo 68 literal A del Decreto 094 de 1989.
c. Evaluación de la disminución de la capacidad
laboral:
18% de pérdida de m capacidad laboral.
d. Imputabilidad del servicio:
En el servicio, por causa y razón del mismo.
e. Fijación de límites.”
6.2.4. Ante su desacuerdo con la decisión adoptada por la
referida junta, solicitó la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, pues, no se emitió ningún pronunciamiento con
respecto a su reubicación laboral.
6.2.5. El 18 de septiembre de 2012 fue valorado por los
médicos de dicho órgano y en el Acta Nº 3306, se plasmaron las siguientes
consideraciones:
“(…) teniendo en cuenta los antecedentes médico laborales,
historia clínica y la valoración realizada en esta instancia, se considera que
la junta médico laboral calificó de acuerdo a la historia clínica que presenta
el paciente, respecto de la solicitud del calificado sobre que la afección a
nivel de la cintura pélvica corresponde a este evento, se considera que debe
ser valorado y tratado por la especialidad que corresponde y calificado en
primer (sic) instancia si hay lugar a ello; además de que esta última condición
corresponde a una patología diferente que debe ser estudiada y valorada como un
evento independiente de su lesión de rodilla. Por todo lo anterior y por
unanimidad se decide RATIFICAR las conclusiones de la Junta Médico Laboral.”
6.2.6. A juicio del demandante, las autoridades médicos
laborales, de segunda instancia, omitieron dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto 094 de 1989, por cuanto, no aclararon, ni modificaron
lo decidido por la Junta Médica Laboral, la cual, a su vez, incumplió lo
dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1796 de 2000, en relación con su
función de hacer una recomendación de reubicación laboral.
6.2.7. Advierte que en su caso particular, la Junta Médico
Laboral, no indagó sobre sus conocimientos en áreas alternas al servicio
operativo dentro del Ejército Nacional, pasando por alto que un miembro de la
fuerza pública puede ser reubicado dentro de la institución, si acredita que
tiene otro tipo de conocimientos que pueden ser utilizados para beneficio
institucional. Específicamente, señala que es conductor con licencia de
conducción de quinta, lo que le permite conducir camiones rígidos, busetas y
buses y además, cuenta con capacitación como barbero profesional, pudiendo
ejercer, también, esta actividad.
6.2.8. Por la omisión del Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar fue retirado de la institución, pues, en su caso, no se
exploró una alternativa distinta de prestación del servicio.
En efecto, mediante
Resolución Nº 1267 de 20 de marzo de 2013, la Brigada Móvil Nº 17 de la Fuerza
Conjunta de Acción Decisiva del Ejército Nacional, procedió a efectuar su
retiro del servicio activo con fundamento en la causal prevista en el artículo
8, literal a, numeral 2, del Decreto 1793 de 2000: “Disminución de la
capacidad psicofísica”.
6.2.9. Finalmente, el demandante manifestó que en ejercicio
del derecho de petición, el 17 de abril de 2013, solicitó al tribunal demandado
que realizara un acta adicional y se pronunciara sobre la posibilidad de una
reubicación laboral, pero han transcurrido más de quince días de la radicación
de su requerimiento y no ha obtenido respuesta alguna con lo cual no solo se
afecta el mencionado derecho, sino, también, otros derechos fundamentales como
la salud, el trabajo y el mínimo vital.
6.3. Oposición a
la demanda
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala de Decisión Penal[4], mediante
auto del 13 de junio de 2013, admitió la demanda y corrió traslado al Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía para que se pronuncie sobre los
hechos expuestos en la demanda.
Así mismo, vinculó a
la Junta Médico Laboral Militar y de Policía- Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional de Colombia, con el fin de que se haga parte de la presente acción
constitucional y ejerza su derecho de defensa.
6.3.1. De manera extemporánea, el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, a través de la Asesora Jurídica, contestó la
acción de tutela en los siguientes términos:
-El Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía practicó una revisión integral al
demandante, verificó los conceptos aportados y los que se encuentran referidos
en su historia clínica y decidió ratificar el acta de la Junta Médico Laboral
Nº 49980 del 26 de marzo de 2012.
-Después de haberse
proferido el acto administrativo en el que se definió su situación médica
laboral, acude el señor Sarabia a la acción de tutela, pretendiendo que se
ordenen nuevas valoraciones y se dejen sin efecto decisiones revestidas de
legalidad y que ya han cobrado firmeza y gozan de fuerza ejecutoria.
-La decisión de este
organismo, no solo está revestida de legalidad, pues, fue adoptada con
fundamento en competencias legales, sino que también se encuentra perfectamente
motivada como consta en la parte considerativa del acta Nº 3306 del 18 de
septiembre de 2012.
-Ahora bien,
respecto de la solicitud radicada por el demandante, el 15 de abril de 2013,
por medio de la cual solicitó que le fueran valoradas sus lesiones y afecciones
y, por lo tanto, revocada la decisión adoptada por el tribunal, se tiene que
esta fue respondida mediante comunicación oficial Nº OFI 13-16889 del 14 de
mayo de 2013, despachándose en sentido negativo su petición bajo el siguiente
argumento:
“(…) su solicitud no se encuentra dentro de las
facultades que se atribuyen legalmente a este tribunal, conforme a lo dispuesto
por el Decreto 1796 de 2000 que refiere en su ‘artículo 22. IRREVOCABILIDAD. [que]
las decisiones del Tribunal médico Laboral de Revisión militar y de Policía son
irrevocables y obligatorias y contra ellas sólo proceden las acciones
jurisdiccionales pertinentes’.
Partiendo de esta disposición resulta evidente que las
determinaciones de este Tribunal son invariables e inmodificables, y por
consiguiente, su petición se despacha en sentido negativo.”
-A partir de la
notificación del acta del tribunal, el demandante tenía cuatro meses para
interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, tenía
un medio de defensa a su alcance, distinto de la acción de tutela, la cual no
es procedente en este caso.
6.3.2. A pesar de que la Junta Médico Laboral Militar y de
Policía- Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de Colombia, fue notificada
de la demanda de tutela, no se pronunció al respecto.
6.4. Pretensiones
El señor Jeider José
Sarabia Angarita solicita que se ordene el amparo definitivo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene al Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, elabore un acta adicional en la que
se pronuncie sobre su reubicación laboral.
En el evento de que
lo anterior no sea posible, el señor Sarabia Angarita pide que le sea realizada
una evaluación integral de su pérdida de capacidad laboral, la clasificación de
sus lesiones o afecciones y su reubicación laboral, teniendo en cuenta las
patologías, las lesiones que padece, su grado de escolaridad, sus habilidades y
destrezas y que de acuerdo con dicho examen se defina si puede ser reubicado en
una actividad diferente.
6.5. Pruebas
Las pruebas
relevantes allegadas al trámite de tutela, son las siguientes:
-Copia de la cédula
de ciudadanía de Jeider José Sarabia Angarita (Folio 8 del cuaderno principal).
-Copia del título
obtenido por Jeider José Sarabia Angarita como Barbero Profesional expedido por
la Escuela de Belleza Mariela (Folio 9 del cuaderno Principal).
-Copia del título
obtenido por Jeider José Sarabia Angarita como Bachiller Académico expedido por
la Corporación Técnica del Caribe (Folio 11 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica del señor Sarabia Angarita (Folios 13-18)
-Copia del informe
expedido por el Comandante de la Compañía Bombarda, el 16 de octubre de 2008
que da cuenta de los hechos ocurridos al demandante durante la ejecución de la
misión táctica Aerolito (Folio 18 del cuaderno principal).
-Copia del acta de
la Junta Médica Laboral Nº 49980 de marzo 26 de 2012 (Folios20-21 del cuaderno
principal).
-Copia del acta del
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía Nº 3306 del 18 de
septiembre de 2012 (Folios 23-25 del cuaderno principal).
-Copia de la
petición del demandante, radicada el 17 de abril de 2013 ante la dirección de
personal del Ejército Nacional (Folios 26-29 del cuaderno principal)
-Copia de la
Resolución Nº 1267 del 20 de marzo de 2013 por medio de la cual se comunica al
demandante la decisión de retirarlo del servicio activo (Folio 38 del cuaderno
principal).
6.6. Decisión judicial que se revisa
6.6.1. Decisión
de primera instancia
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala de Decisión Penal, mediante
providencia del 2 de julio de 2013, negó el amparo del derecho de petición de
Jeider José Sarabia Angarita, al considerar que no media certeza en relación
con la presentación de la petición mencionada por el demandante, toda vez que
la allegada al plenario, no tiene sello de recibido o prueba de su envío que
acredite la radicación en la entidad demandada. Además, la suscribe, una
persona distinta al señor Sarabia Angarita.
En relación con el
cuestionamiento que el demandante hace del acta proferida por el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía que ratificó las conclusiones
contenidas en el acta adoptada, en primera instancia, por la Junta Médico
Laboral que determinó, entre otros puntos, la no aptitud del actor para el
servicio militar, se tiene que no puede ser resuelta a través de la acción
constitucional porque al ser un acto administrativo es susceptible del control
jurisdiccional, a través de las acciones contenciosas y no se evidencia la
existencia de un perjuicio irremediable para que la tutela proceda de manera
transitoria.
El fallo anterior,
no fue impugnado por ninguna de las partes.
7. Expediente T-4.107.022
7.1. La Solicitud
Lina Patricia
Barrera Medrano, en nombre propio, presentó acción de tutela para que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la
vida en condiciones dignas, entre otros, los que, según afirma, le fueron
vulnerados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en adelante ICBF,
al terminar el contrato laboral a término fijo, suscrito entre ella y la
entidad demandada.
7.2. Los hechos
Los narra la
demandante, sumariamente, así:
7.2.1. En octubre de 2008, fue
contratada por el ICBF, en la modalidad de supernumeraria, como Psicóloga,
grado 05, Profesional Universitaria.
Durante los cinco
años de vinculación laboral con la demandada, le fueron renovados sus contratos
de trabajo. Algunos fueron pactados a 1 año, otros a 6 meses.
7.2.2. Desempeñó sus funciones en el Centro Zonal de Duitama,
Regional Boyacá y en el Centro Zonal de Suba, Regional Bogotá.
7.2.3.
Después de un año de encontrarse laborando para el ICBF le fue diagnosticado un
trastorno afectivo bipolar II, motivo por el cual inició un tratamiento
terapéutico y farmacológico.
7.2.4. Con
el fin de recibir un mejor manejo de su enfermedad, solicitó a la entidad
demandada, el traslado a la ciudad de Bogotá, el cual se llevó a cabo en el
2013.
7.2.5. Una vez le fue concedido el traslado a Bogotá y casi
cuatro años después del diagnóstico de su enfermedad, fue valorada por el área
de medicina ocupacional del ICBF.
El 21 de febrero de
2013, el Dr. Jaime Eduardo Sánchez Piñeros, después de revisar su historia
clínica conceptuó: “NO APTA PARA EL CARGO DE SUPERNUMERARIA EN CENTRO ZONAL,
DEBIDO A ANTECEDENTES RELEVANTES DE ALTERACIONES A NIVEL PSÍQUICO QUE
COMPROMETEN SU ESFERA MENTAL Y SUS SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, POR LO ANTERIOR
DEBE SER REUBICADA A UN CARGO A FIN CON SU NIVEL ACADÉMICO EN DONDE SU ÁMBITO
LABORAL SEA ADECUADO A SU CONDICIÓN DE SALUD DE BASE.”
7.2.6. Posteriormente, el especialista mencionado, consideró
favorable su proceso ocupacional y laboral y recomendó al ICBF que en el
desarrollo de sus funciones atendiera menos usuarios en el Centro Zonal de Suba
donde desempeñaba sus funciones.
7.2.7. Luego, el médico de salud ocupacional, recomendó su
traslado, nuevamente, a Duitama con el fin de garantizarle una red de apoyo más
adecuada junto a su hija y a su padre, sugerencia que respaldó su médico
tratante.
7.2.8. El 28 de junio de 2013, la Coordinadora del Centro Zonal
de Suba, le informó que le habían aprobado el traslado solicitado. El 29 del
mismo mes y año, le comunicaron que debía acercarse, el 2 de julio, a la
Regional Bogotá para firmar la prórroga de su contrato.
Sin embargo, la
encargada de Gestión Humana del ICBF, le comunicó que no sería prorrogado su
contrato, debido a su trastorno, pues, el profesional de salud ocupacional, había
conceptuado, en la valoración de ingreso, que no era apta para trabajar.
Con ello, se
desconoció, en primer lugar, que esa ineptitud la planteó el galeno respecto de
la función de atender una cantidad elevada de usuarios en centro zonal; en
segundo término, se sugirió su reubicación y, finalmente, dicho concepto se
emitió no en una valoración de ingreso porque su vinculación a la demandada
ocurrió en octubre del 2008.
7.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Treinta y
Dos Laboral del Circuito de Bogotá, mediante proveído del 8 de junio de 2013,
admitió la demanda y corrió traslado al ICBF para que ejerciera su defensa.
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, el ICBF, a través del jefe de la Oficina
Jurídica, respecto de la acción de tutela promovida por Lina Patricia Barrera
Medrano, señaló:
-El ICBF, a través
de la Resolución Nº 4091 del 26 de septiembre de 2008, vinculó, a partir del 3
de octubre y hasta el 29 de diciembre del citado año, a Lina Patricia Barrero
Medrano como personal supernumerario, en el cargo equivalente al de Profesional
Universitario Código 2044, Grado 05. Vinculación que tuvo varias prorrogas
hasta el 29 de diciembre de 2010.
-Posteriormente,
mediante Resolución 0007 del 3 de enero de 2011 se vinculó, a personal
supernumerario para la conformación de equipos interdisciplinarios, entre los
que se encontraba la señora Barrera Medrano, quien asumió transitoriamente, a
partir del 11 de enero de 2011 y hasta el 15 de junio de 2012, en la regional
Boyacá, el cargo equivalente de Profesional Universitario Código 2044 Grado 05
asignado al Centro Zonal Duitama. Esta relación se prorrogó hasta el 31 de
diciembre de 2011.
-Luego, en el año
2012, a través de la Resolución 0024 del 3 de enero de 2012, se vinculó, a
personal supernumerario para la conformación de equipos interdisciplinarios,
entre los que se encontraba la señora Barrera Medrano, quien asumió
transitoriamente, a partir del 10 de enero de 2012 y hasta el 31 de marzo de
2012, en la regional Boyacá, el cargo equivalente de Profesional Universitario
Código 2044 Grado 05 asignado al Centro Zonal Duitama. Esta relación se
prorrogó hasta el 29 de diciembre de 2012 y, posteriormente, hasta el 30 de
junio de 2013, como consta en la Resolución 1058 del 27 de marzo de 2012 y en
la Resolución 9866 del 17 de diciembre de 2012.
-Al ICBF no le
constan las circunstancias específicas y el tratamiento de la enfermedad que
padece la demandante. Tampoco su condición de madre cabeza de familia.
-El ICBF, a través
de la Resolución 0192 del 17 de enero de 2013, aprobó el traslado de la señora
Barrera Medrano de la Regional Boyacá, Centro Zonal Duitama a la Regional
Bogotá, Centro Zonal Suba.
-El concepto del médico
de salud ocupacional aportado al plenario indica, entre otros aspectos, que
Lina Patricia Barrera Medrano, no es apta para el cargo de supernumeraria como
psicóloga en Centro Zonal, debido a antecedentes relevantes de alteraciones a
nivel psíquico que comprometen su esfera mental y sus sistema nervioso central.
-Como fue sugerida
una nueva visita al nuevo puesto de trabajo de la colaboradora con el fin de
determinar las condiciones generales del mismo con relación a las nuevas
labores que inició, en ella se consideró favorable la reducción del número de usuarios
externos. Sin embargo, no se hizo referencia a la inclusión social y laboral a la
que alude la demandante, como tampoco se mencionan los derechos consagrados en
la Ley 1616 de 2013.
-De manera
conclusoria, señaló: “la vinculación de la señora Lina Patricia Barrero
Medrano al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, se ha efectuado
bajo la modalidad de VINCULACIÓN COMO SUPERNUMERARIA, vinculación ésta que no
se prorroga automáticamente sino que ello obedece a estrictas razones en la
prestación del servicio, las cuales una vez analizadas por el nominador
determinan si se continúa o no con el personal supernumerario vinculado. Para
el caso particular de la accionante, la administración tomó la determinación de
no continuar con la vinculación de esta supernumeraria no como una
discriminación como lo pretende hacer ver la tutelante, sino porque las
necesidades en la prestación del servicio público que la ley le ha asignado al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, no permiten continuar con esta
vinculación laboral.”
7.4. Pretensiones
Lina Patricia
Barrera Medrano solicita que se tutelen sus derechos fundamentales invocados y,
como consecuencia de ello, se le ordene al ICBF que la reintegre al cargo que
venía desempeñando antes de su desvinculación o a uno similar.
7.5. Pruebas
Las pruebas
relevantes aportadas al trámite de tutela, son las siguientes:
-Copia de la cédula de ciudadanía de Lina Patricia
Barrera Medrano (Folio 7 del cuaderno principal).
-Copia del carné de Lina Patricia Barrero Medrano como
psicóloga del Instituto Seccional de Salud de Boyacá (Folio 8 del cuaderno
principal).
-Copia del concepto
médico de salud ocupacional del 21 de febrero de 2013 a nombre de Lina Patricia
Barrero Medrano (Folio 9 del cuaderno principal).
-Copia del concepto
médico de salud ocupacional del 10 de abril de 2013 a nombre de Lina Patricia
Barrero Medrano (Folio 10 del cuaderno principal).
-Copia del concepto
médico de salud ocupacional del 5 de junio de 2013 a nombre de Lina Patricia
Barrero Medrano (Folio 11 del cuaderno principal).
-Copia de la historia
clínica de Lina Patricia Barrero Medrano en Servicios Integrales de
Rehabilitación, Clínica nuestra señora de la paz, Clínica Especializada de los
Andes S.A., Unisanitas, -Especialidad psiquiatría-, Clínica Boyacá, Clínica
Méderi, Nueva EPS  (Folios 17 -56 del cuaderno principal).
-Copia de
incapacidades médicas a nombre de Lina Patricia Barrero Medrano (Folios 57-59
del cuaderno principal).
-Registro civil de
nacimiento de Mariana Sofía Parra Barrera, hija de Lina Patricia Barrero
Medrano (Folio 67 del cuaderno principal).
7.6. Decisión judicial que se revisa
7.6.1. Decisión
de primera instancia
El Juzgado Treinta y
Dos Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 19
de julio de 2013, decidió tutelar los derechos fundamentales al trabajo, a la
seguridad social, a la vida en condiciones dignas, entre otros, al considerar
que se logró establecer que la desvinculación de Lina Patricia Barrera Medrano,
afectada por un trastorno afectivo bipolar II, se realizó sin la autorización
de la autoridad administrativa del trabajo.
7.6.2.
Impugnación
El ICBF presentó
impugnación al considerar que el juez incurrió en una gran contradicción al
equiparar la vinculación laboral que tienen los servidores públicos con las
entidades de derecho público a la que se predica de los trabajadores con otras
entidades, utilizando términos como el del despido, cuando dicha figura
jurídica no existe en el ordenamiento legal que rige a esta clase de
funcionarios.
“Se hace la
anterior reflexión, por cuanto, el señor juez de tutela no tuvo en
consideración la naturaleza de la vinculación que tenía la señora Lina Patricia
Barrera Medrano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, esto
es, que su nombramiento se realizó como supernumeraria, figura jurídica que
está prevista dentro del derecho público para suplir de manera temporal ciertas
actividades dentro de una Entidad Pública. En efecto, la vinculación de la
señora Lina Patricia Barrero Medrano se efectúo para desarrollar actividades de
carácter transitorio, vinculación que no le otorga derechos de carrera a la
persona que es nombrada en esta condición ni le garantiza algún tipo de
estabilidad laboral, por cuanto el tiempo que dura la vinculación es el
contemplado en el acto administrativo que se nombra.”
Por lo anterior,
destaca, es necesario que se revise la orden dada en primera instancia con el
fin de que se precise el contenido de la misma, pues, en la forma como debe
proceder el ICBF, se deslegitima la figura jurídica del nombramiento de
supernumerarios.
7.6.3. Decisión
de segunda instancia
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, mediante proveído del 2 de septiembre
de 2013, revocó la decisión proferida en primera instancia, al considerar que en
este caso existió una causa objetiva para terminar el vínculo laboral, el cual
fue la expiración del plazo pactado en la contratación de la supernumeraria.
8. Expediente T-4.423.336
8.1. La solicitud
Martha Cecilia Mesa Estupiñán,
en nombre propio, presentó acción de tutela para que le fueran protegidos sus
derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida en condiciones
dignas, entre otros, derechos que, según afirma, le fueron vulnerados por la
empresa Mazdel Plazas Rodríguez S en C al terminar el contrato de trabajo, que
suscribieron.
8.2. Los hechos
La accionante los narra, en síntesis,
así:
8.2.1. Desde
el año 1993, se vinculó laboralmente con la empresa Mazdel Plazas Rodríguez S
en C.
8.2.2. Desempeñó
la función de operaria en la sección de ensamble de la menciona empresa.
8.2.2. El
26 de julio de 2013, en desarrollo de sus funciones, sufrió un accidente de trabajo al
resbalar por unas escaleras y caer. Después de dicho siniestro le fue
diagnosticado, “traumatismo superficial del tronco nivel especificado,
contusión de la rodilla, contusión de otras partes de la muñeca y de la mano,
por lo que la incapacitaron…”. Con ocasión de estas afecciones debió
iniciar un tratamiento médico, consistente en terapias y toma de medicamentos[5].
8.2.3. El
4 de febrero de 2014, la empresa demandada, le comunicó que no sería prorrogado
su contrato de trabajo.
8.2.4. En
el examen médico de egreso le sugirieron una serie de recomendaciones, consistentes,
entre otras, en acudir a cita con ortopedia y fisiatría por la ARL y optometría
por la EPS y continuar con los controles a través de la administradora de
riesgos laborales.
8.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Veintitrés
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, de Bogotá, mediante
proveído del 7 de mayo de 2014, admitió la demanda y corrió traslado a la
empresa demandada para que ejerciera su defensa.
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la empresa Mazdel Plazas Rodríguez S en C,
a través del representante legal, esgrimió las razones por las cuales considera
que la acción de tutela resulta improcedente para lograr la protección de los
derechos invocados, las cuales pueden sintetizarse, de la siguiente manera:
-La señora Mesa Estupiñán
fue vinculada a la empresa, a través de un contrato a término fijo para
desempeñar las funciones de “met de ensamble”. El primer periodo pactado fue
del 9 de marzo de 2009 al 8 de marzo de 2010. Contrato que fue prorrogado por
periodos iguales durante los años 2011, 2012 y 2013.
El último contrato
tuvo vigencia del 9 de marzo de 2013 al 8 de marzo de 2014.
-Al vencimiento del
periodo pactado, el contrato no se prorrogó y se pagaron las prestaciones
sociales conforme lo ordena la ley.
-La demandante, sí
sufrió un accidente de trabajo, al caer por las escaleras, lo que le ocasionó
una serie de traumas. Sin embargo, no es cierto, que todas las dolencias que
aquejan a la señora Mesa Estupiñán sean consecuencia de dicho siniestro, pues,
son de origen común y la venían afectando con anterioridad al suceso. Se
advierte que tampoco se ha emitido un concepto técnico por parte de alguna
junta de calificación médica que determine que los dolores que aquella refiere
sean consecuencia del accidente laboral.
Refuerza lo
anterior, algunas incapacidades que se le concedieron a la ex trabajadora.
·
Incapacidad del 5 al 7 de agosto
de 2013 por enfermedad general.
·
Incapacidad del 22 al 23 de
octubre de 2013 por enfermedad general, migraña.
·
Incapacidad del 29 al 30 de enero
de 2014 por enfermedad general, mialgia.
·
Incapacidad del 4 de marzo por
enfermedad general, cefalea.
-Cuando se le
comunicó a la demandante, el 6 de febrero de 2014, la decisión de la empresa de
no prorrogar el contrato de trabajo, aquella no se encontraba incapacitada ni
en estado de debilidad manifiesta.
-Si bien en el
examen de egreso, se le hicieron algunas recomendaciones generales a la señora
Mesa Estupiñán en el sentido de asistir a citas con algunos especialistas de la
salud, ninguna estuvo dirigida a la empresa.
8.4. Pretensiones
Martha Cecilia Mesa Estupiñán
solicita se tutelen sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se
ordene a la empresa Mazdel Plazas Rodríguez S en C. efectuar su reintegro en un
cargo acorde con sus condiciones de salud.
8.5. Pruebas
En el expediente obran
las siguientes pruebas:
-Copia de la Cédula
de ciudadanía de Marta Cecilia Mesa Estupiñán (Folio 7 del cuaderno principal).
-Copia de la historia
clínica de Martha Cecilia Mesa Estupiñán en la IPS Sura Chapinero (Folio 8 del
cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación dirigida a la demandante por parte de la empresa Mazdel  Plazas
Rodríguez S en C, mediante la cual se le notificó que su contrato de trabajo no
sería renovado (Folio 9 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia laboral de la señora Mesa Estupiñán en Pensiones y Cesantías
protección (Folios 11-12 del cuaderno principal).
- Copia de la
historia clínica de Martha Cecilia Mesa Estupiñán en la Clínica Palermo (Folio
13-16 del cuaderno principal).
8.6. Decisión judicial que se revisa
8.6.1. Decisión
de primera instancia
El Juzgado Veintitrés
Penal Municipal con Función de Control Garantías de Bogotá, mediante sentencia
proferida el 21 de mayo de 2014, negó el amparo invocado por la demandante, al
considerar que de los hechos manifestados en la demanda y lo descrito en la
contestación de la misma, se tiene que, si bien es cierto la demandante sufrió
un accidente laboral no se allega ninguna prueba en la que se acredite que
dicho suceso haya provocado una disminución de su capacidad laboral, ni se
evidencia que al momento de decidirse no prorrogar el contrato, esto es, el 8
de marzo de 2014, la señora Mesa Estupiñán se encontrara incapacitada, ni en
proceso de calificación del origen de su patología.
Por esta razón, no
se puede asegurar que existe alguna relación entre el hecho o acto que produjo
la terminación del contrato de trabajo con la enfermedad que aqueja a la
accionante.
Dicha decisión no
fue impugnada por ninguna de las partes.
9. Expediente
T-4.424.571
9.1. La solicitud
Ángela María Viena
García, obrando como agente oficioso de su esposo, el señor Willians Zapata
Meneses, promovió acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos
fundamentales al trabajo, a la salud, al mínimo vital, a la vida en condiciones
dignas, entre otros, los que, según afirma, le fueron vulnerados por la empresa
Prever S.A. al terminar el contrato laboral suscrito entre el agenciado y la
empresa demandada.
9.2. Los hechos
Los describe el agente
oficioso de Willians Zapata Meneses, así:
9.2.1. Willians Zapata Meneses estuvo vinculado laboralmente
con Prever S.A. desde el año 1993 hasta diciembre de 2013, tiempo durante el
cual desempeñó varios oficios en el cementerio Jardines de la Fe, tales como:
instalar prefabricados en las sepulturas, cavar tumbas, cortar el pasto, barrer
y realizar exhumaciones. Esta última actividad, a su juicio, lo expuso a la
inhalación de gases tóxicos y al contagio de cuantiosos virus y bacterias.
9.2.2 Afirma que como consecuencia de esos oficios, a su
esposo, en el año 2009, le fue diagnosticado leucemia miloide crónica, lo que
le ocasionó, además, de los síntomas propios de esa enfermedad: depresión,
obesidad, insuficiencia venosa, entre otras, patologías.
9.2.3. Su esposo, el 27 de diciembre de 2013, fue llamado a
descargos porque no se presentó a trabajar el día anterior, aplicándosele,
rigurosamente, el reglamento de trabajo.
9.2.4. Pese a su deplorable estado de salud y sin mediar
autorización del Ministerio del Trabajo, la empresa demandada, decidió
terminarle su contrato de trabajo.
9.2.5. En el examen médico de egreso, el Dr. Ricardo de
Jesús Toro Osorio, Especialista en Medicina Laboral del Instituto del Tórax,
concluyó que el examen de retiro de su esposo no es satisfactorio y emitió una
serie de recomendaciones y conceptos sobre su estado de salud.
9.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Cuarenta
y Dos Penal Municipal con función de Control de Garantías, mediante auto del 26
de febrero de 2014, admitió la demanda y corrió traslado a Prever S.A. para que
ejerciera su defensa. Así mismo, dispuso vincular al presente trámite al
Instituto del Tórax.
9.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
Prever S.A., a través de la representante legal, contestó la acción de tutela
en los siguientes términos:
-La empresa no
vulneró ningún derecho fundamental de Willians Zapata Meneses.
-Resulta
contradictorio el por qué la solicitud de amparo no la presenta el señor Zapata
Meneses sino su esposa, la señora Ángela María Viena García, sin demostrar
siquiera, sumariamente, la incapacidad de aquél para promover la tutela. Por
esta razón, en este caso, no hay legitimación en la causa por activa.
Por otra parte, la
señora Viena García omitió señalar que la terminación del contrato de su
cónyuge, obedeció a una justa causa de despido, esto es, el incumplimiento de
la obligación de prestar el servicio, durante los días 25 y 26 de diciembre de
2013, que fue justificado por el trabajador, en la diligencia de descargos,
simplemente, señalando que se “pasó de copas”.
-El trabajador no se
encontraba incapacitado, no tenía restricciones médicas y mucho menos pérdida
de la capacidad laboral al momento de la terminación del contrato, lo cual fue
ratificado por el examen médico de egreso que le fue realizado, el 13 de enero
de 2014, que da cuenta que el estado de salud de aquél era satisfactorio.
-La estabilidad
laboral reforzada ampara a las personas que padecen limitaciones graves y
profundas, lo cual, en este caso, no acontece.
-En este asunto
existe otro mecanismo de defensa y la tutela no procede, ni siquiera como
mecanismo transitorio porque no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.
9.3.2. El Instituto del Tórax, pese a que fue vinculado al
trámite de tutela, no hizo ningún pronunciamiento.
9.4. Pretensiones
Ángela María Viena
García, obrando como agente oficioso de su esposo, el señor Willians Zapata
Meneses solicita que se conceda el amparo
definitivo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se
ordene a Prever S.A. que lo reintegre y le pague los salarios y prestaciones
sociales dejados de pagar desde la fecha del despido hasta que se efectúe el
reintegro.
Igualmente, pide al
juez de tutela se ordene el pago de la indemnización equivalente a ciento
ochenta días de salario.
9.5. Pruebas
Las pruebas
relevantes allegadas al trámite de tutela, son las siguientes:
-Copia de la cédula
de ciudadanía de Ángela María Viana García (Folio 3 del cuaderno principal).
-Copia de la cédula
de ciudadanía de Willians Zapata Meneses (Folio 4 del cuaderno principal).
-Copia del registro
civil de matrimonio de Ángela María Viana García y Jorge Willians Zapata
Meneses (Folio 5 Cuaderno Principal).
-Copia del acta de
descargos de Willians Zapata Meneses en la organización Prever S.A. (Folios 6-7
del cuaderno principal).
-Copia de las
recomendaciones médicas por parte de Servicios Médicos Corporativos a nombre
del señor Zapata Meneses del 9 de septiembre de 2009 y 26 de febrero de 2011
(Folios 8 y 18 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación dirigida a Willians Zapata Meneses por parte de Prever S.A., en la
que se informa la forma como se dará observancia a las recomendaciones médicas
(Folio 10 del cuaderno principal).
-Copia del concepto
de rehabilitación y pronóstico dado por la Nueva EPS al señor Zapata Meneses
(Folio 10 del cuaderno principal).
-Copia del concepto
médico de aptitud laboral expedido por el Instituto del Tórax S.A.S a nombre
del demandante (Folio 12 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación dirigida a Willians Zapata Meneses por parte de Prever S.A., en la
que le informa que se da por terminado el contrato laboral (Folio 13 del
cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica del demandante en la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
(Folios 20-29 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica Williams Zapata Meneses en el Instituto de Cancerología
(Folios 34-46 del cuaderno principal).
9.6. Decisión judicial que se revisa
9.6.1. Decisión
de primera instancia
El Juzgado Cuarenta
y Dos Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, mediante
providencia del 7 de marzo de 2014, negó el amparo solicitado por Ángela María
Viena García obrando como agente oficioso de su esposo, el señor Willians
Zapata Meneses, al considerar que las causas por las cuales se produjo la
terminación del contrato de trabajo del agenciado no tiene nexo de causalidad
con las patologías que sufre, las cuales tampoco dan lugar a una estabilidad
laboral reforzada, pues no existen dictámenes médicos que así lo determinen.
Al momento de terminar
el contrato de trabajo, el señor Zapata Meneses, no se encontraba incapacitado
o con alguna recomendación laboral, las que obran en el expediente fueron
expedidas tiempo atrás y respecto de la última, esto es, la expedida en febrero
de 2011, el especialista conceptuó que ya podía ejecutar las labores que
previamente realizaba.
Concluye que “no
le corresponde a esta judicatura pronunciarse de fondo sobre aspectos
abiertamente ajenos a la competencia del juez constitucional, habida
consideración de la inexistencia de una situación de debilidad manifiesta como
presupuesto sine qua non para la configuración del fuero de estabilidad laboral
reforzado invocado.”
9.6.2.
Impugnación
La parte demandante
impugnó el fallo de primera instancia, esencialmente, al considerar que el a
quo desconoció que al momento de la terminación del contrato, si bien el
señor Zapata Meneses, no se encontraba incapacitado, sí tenía seriamente
afectadas sus condiciones de salud.
9.6.3. Decisión
de segunda instancia
El Juzgado
Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín,
mediante providencia del 11 de abril de 2014, confirmó el fallo impugnado al
considerar que el señor Zapata Meneses, al momento de terminársele el contrato
de trabajo, no era sujeto de especial protección, pues, contaba con capacidad
laboral.
10. Expediente T-4.436.619
10.1. La
solicitud
Jorge Armildo Melo
Sánchez presentó acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, entre
otros, los que, según afirma, le fueron vulnerados por la empresa Ancar S.A.S.
10.2. Los hechos
El accionante los narra, en síntesis,
así:
10.2.1. Desde
el 3 de abril de 2007 empezó a prestar sus servicios como minero en la empresa
Ancar S.A.S.
En
dicha compañía desarrolló actividades de “tamborero, descuñador, reforzador,
frentero y salvavidas”. Así mismo, realizó ventanas en roca para lo cual requirió
el manejo de explosivos.
10.2.2. El
1 de agosto de 2012, sufrió un accidente laboral al recibir un golpe en una de
sus rodillas, lo cual le generó una incapacidad de cinco días.
10.2.3. El
3 de diciembre de 2013, estando ejecutando sus funciones, sufrió otro accidente
laboral, que consistió en un fuerte dolor de cintura. Este siniestro le
ocasionó una incapacidad, inicialmente, de tres días. Al día siguiente del
siniestro acudió al Hospital El Salvador de Ubaté por una crisis de dolor en la
zona mencionada.
10.2.4. El
9 de diciembre del citado año, asistió, una vez más, al centro de salud
mencionado porque el dolor persistía y, nuevamente, fue incapacitado, esta vez
por el término de 7 días.
10.2.5. La
empresa le concedió, “habilidosamente”, unas vacaciones del 20 de diciembre de
2013 al 11 de enero de 2014.
10.2.5. El 13 de enero de 2014, le fue concedido por el
empleador y  un permiso por el término de tres días, porque volvió a presentar un
cuadro agudo de dolor a nivel de la cintura.
10.2.6. Los días 14, 16 y 18 de enero de 2014 acudió, nuevamente,
al hospital ante otra recaída.
10.2.7. El 29 de enero de 2014, le fue practicada una RX, la
cual arrojó como resultado: “Escoliosis de vértice izquierdo. Tendencia a la
lumbarización de S1 con limbus vértebra en este segmento como variante.
Discopatía L3-L4, L4-L5 y L5-S1 con cambios artrósicos apofisiarios asociados.
En L3-L4 hay disminución en la amplitud de los recesos laterales y de los
agujeros de conjunción derechos, con compresión radicular, mayor en L4-L5-. En
L%-S1 hay estenosis de los recesos laterales y de los agujeros de conjunción
con comprensión radicular”.
10.2.8. El 8 de febrero de 2014 fue atendido por un
especialista en ortopedia quien le diagnosticó discopatía lumbar múltiple.
10.2.9. El 15 de febrero de 2014, no le fue autorizada una
cita odontológia en la EPS porque se encontraba desafiliado al sistema.
10.2.10. A través de la Personería de Guachetá elevó, en
ejercicio del derecho de petición, una solicitud a la empresa informando esa
novedad y pidiendo una explicación de la misma pero no le fue respondida.
10.2.11. El 13 de febrero de 2014, recibió una carta por parte
de la empresa, vía correo, en la que se le comunicó que “…en razón a que no
reclamó sus prestaciones sociales a las cuales tiene derecho, la empresa le
informa que las mismas han sido consignadas a órdenes del Juzgado Civil del
Circuito de Ubaté, oficina a la que podrá acercarse a solicitar la entrega del
título correspondiente”.
10.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Civil
Municipal de Ubaté, mediante proveído del 4 de marzo de 2014, admitió la
demanda y corrió traslado a la empresa Ancar S.A.S. para que ejerciera su
defensa.
Dentro del término
otorgado para ejercer el derecho de réplica, la empresa Ancar S.A.S., contestó
la acción de tutela, haciendo algunas aclaraciones en los siguientes aspectos:
-En relación con el
segundo accidente de trabajo que referenció el señor Melo Sánchez debe
esclarecerse que si bien el dolor en la región lumbar ocurrió durante la
jornada laboral, se estableció que este surgió a partir de una enfermedad
general de origen común.
-En cuanto a la
decisión de la empresa de concederle un periodo de vacaciones al trabajador, se
tiene que este lo había solicitado desde el 19 de noviembre del año
inmediatamente anterior. Lo mismo se puede predicar del permiso por tres días
que le fue otorgado.
-El trabajador nunca
informó a la empresa acerca de las consultas médicas que programó ni de las
incapacidades médicas que le fueron concedidas.
-El señor Melo Sánchez,
desde el 18 de enero de 2014, no se presentó a la empresa a trabajar, ni
informó la causa de su ausencia.
-Cuando el
demandante acudió a la empresa, el 11 de febrero del citado año, después de
casi un mes de ausencia, ya la empresa había tomado la decisión que acorde con
la ley debe adoptarse en este caso, esto es, dar por terminado el contrato de
trabajo y ello se le comunicó por escrito, pero él se negó a recibir la carta
de despido. Tampoco reclamó la liquidación, motivo por el cual el valor de esta
le fue consignada.
10.4.
Pretensiones
Jorge Armildo Melo
Sánchez solicita se tutelen sus derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, se ordene a la empresa Ancar S.A.S. efectuar su reintegro en un
cargo acorde con sus condiciones de salud.
Así mismo, solicita
que la empresa demandada le pague los salarios y prestaciones sociales insolutos
desde la fecha del despido hasta que se efectúe el reintegro y efecúe los
aportes al Sistema de Seguridad Social.
10.5. Pruebas
Las pruebas
relevantes aportadas al trámite de tutela, todas de origen documental, son las
siguientes:
-Copia del informe
de accidente de trabajo a nombre de Jorge Armildo Melo Sánchez (Folios 21-22 del
cuaderno principal).
-Copia de la historia
clínica del señor Melo Sánchez en la ESE Hospital El Salvador de Ubaté (Folios
23-24  y 26-28 del cuaderno principal).
-Copia de incapacidades
médicas a nombre del demandante (folio 23, 25, 29 y 36 del cuaderno principal).
-Copia de los
permisos solicitados por Jorge Armildo Melo Sánchez  a la empresa Ancar  (Folio
14 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica del señor Melo Sánchez en el Hospital San José de Guachetá
(Folios 32-34 del cuaderno principal).
10.6. Decisión judicial que se revisa
10.6.1. Decisión
de primera instancia
El Juzgado Civil
Municipal de Ubaté, mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 2014,
decidió negar el amparo invocado por Jorge Armildo Melo Sánchez al considerar
que este caso debe ser resuelto en la jurisdicción ordinaria laboral.
Señaló que “conforme
al material probatorio y a lo dicho por el accionante es indudable que lo que
pretende este es que en acción preferente se discuta una relación laboral presuntamente
finiquitada de manera anómala, hecho que solo cobra relevancia en acción
constitucional cuando el sujeto es desvinculado, cuando se encuentra gozando de
una situación preferente por la discapacidad que produce una afección en la
salud y sin la debida autorización de la autoridad pertinente, en este caso del
Ministerio de trabajo, circunstancia esta última que no se advierte en el curso
de la acción que nos incumbe…”.
10.6.2.
Impugnación
La parte demandante
impugnó el fallo de primera instancia de manera extemporánea, razón por la cual
dicho recuso fue denegado.
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las
sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículo 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico
Corresponde a esta
Sala de Revisión determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por María Mercedes Castrillón Rúa, Luz Marina
Carlos Chaves, Jorge Darwin Izquierdo Gómez, Robert Camelo Castro, Eduardo
Enrique Coronado De la Rosa, Jeider José Sarabia Angarita, Lina Patricia
Barrera Medrano, Martha Cecilia Mesa Estupiñán, Willians Zapata Meneses y Jorge
Armildo Melo Sánchez, al desvincularlos laboralmente, a pesar de las
condiciones de salud en que se encontraban.
Para tal fin, esta Sala se referirá a: (i)
procedibilidad de la acción de tutela; (ii) la jurisprudencia constitucional
existente en relación con la procedencia
de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los casos de
trabajadores discapacitados; (iii) la estabilidad laboral reforzada de las
personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales; (iv) protección constitucional para los miembros de las
Fuerzas Militares y de Policía; (v) los contratos a término fijo o cuya
duración dependa de la obra o labor contratada; (vi) la vinculación de
empleados supernumerarios en la Administración Pública; (vii) debido proceso
laboral, despido y sanción disciplinaria; (viii) los límites interpretativos de
las causales de despido por justa causa en los procesos laborales; (ix) la conciliación laboral e improcedencia
de la acción de tutela respecto del contenido del acta de conciliación, para luego, finalmente, dar solución a los casos
objeto de estudio.
3.
Procedibilidad de la acción de tutela
3.1.
Legitimación activa
El artículo 86 de la
Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de
defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales.
El Decreto 2591 de
1991, dispuso en el artículo 10[6],
que quien considere que sus derechos han sido violados o amenazados, podrá
solicitar su protección actuando por sí mismo o por medio de apoderado
judicial.
En la misma
normativa, se señaló que quien no se encuentre en condiciones de ejercer el
derecho de acceso a la justicia podrá ser agenciado oficiosamente[7].
En esta oportunidad,
los señores María Mercedes Castrillón Rúa (T- 3.805.577); Luz Marina Carlos Chaves (T-3.846.848);
Robert Camelo Castro (T-4.078.638); Eduardo Enrique Coronado De la Rosa
(T-4.090.360); Jeider José Sarabia Angarita (T-4.09.4737); Lina Patricia
Barrera Medrano (T-4.107.022); Martha Cecilia Mesa Estupiñán (T-4.423.336) y
Jorge Armildo Melo Sánchez (T-4.424.571) solicitaron la defensa de sus derechos fundamentales, actuando por
sí mismos, razón por la cual se
encuentran legitimados para actuar como demandantes.
Jorge Darwin Izquierdo Gómez (T-3.985.643) solicitó
la tutela de sus derechos fundamentales por intermedio de apoderado
judicial cuyo poder judicial consta en el expediente, luego, en este asunto,
también existe legitimación por activa.
En el caso de Willians Zapata Meneses (T-4.424.571),
la tutela fue presentada por su esposa, la señora Ángela María Viena García
obrando como agente oficioso.
La Corte, reiteradamente[8], ha sostenido que cuando se trata de
proteger un derecho fundamental, son procedentes las acciones de tutela
presentadas en representación de sujetos que son objeto de una especial
protección constitucional, a saber: niños, niñas, personas de avanzada edad y
en condición de discapacidad. Lo anterior, aun cuando no se acredite un interés
directo y se pretenda evitar que por la “falta de legitimación para actuar,
(…) se sigan perpetrando los actos violatorios de los derechos fundamentales,
prosiga la omisión que los afecta, o se perfeccione la situación amenazante”[9] a un
persona que por sus propios medios no puede hacerse oír.
Para la Sala, la señora Ángela María Viena García,
quien actúa como agente oficioso de Willians Zapata Meneses en la presente
tutela, puede acudir al amparo constitucional en favor de él dado las
condiciones personales en que  este se encuentra por las múltiples enfermedades
que padece: leucemia miloide crónica, depresión, obesidad, insuficiencia
venosa, entre otras. En consecuencia, el señor Zapata Meneses no está en
condiciones para promover su propia defensa, por lo que requiere que un tercero
lo haga en su nombre, en este caso su cónyuge.
Lo anterior teniendo en cuenta el
deber del Estado de otorgar protección especial a quienes están en
circunstancias de indefensión y debilidad.
3.2.
Legitimación pasiva
Los señores María Mercedes Castrillón Rúa (T-3.805.577);
Luz Marina Carlos Chaves (T-3.846.848); Jorge Darwin Izquierdo Gómez (T-3.985.643);
Robert Camelo Castro (T-4.078.638); Eduardo Enrique Coronado De la Rosa
(T-4.090.360); Martha Cecilia Mesa Estupiñán (T-4.423.336); Willians Zapata
Meneses (T-4.424.571) y Jorge Armildo Melo Sánchez (T-4.424.571) dirigieron las
acciones de tutela contra Grandes Superficies de Colombia S.A., Terminal de
Transporte S.A., Dicoingeniería Ltda, Occing Ingeniería de Occidente S.A.S.,
Agropecuaria La Soria S.A.S., Mazdel Plazas Rodríguez S en C,  Prever S.A. y Ancar
S.A.S., entidades de carácter particular.
Según
el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 uno de los eventos en el que la acción
constitucional procede contra particulares es cuando se trata de tutelar un
derecho de una persona que se encuentre en estado de indefensión o
subordinación.
La Corte, en sentencia T-735 de 2010[10], sostuvo que la condición de subordinación
deviene de una relación jurídica como la que se origina de un contrato de
trabajo. Igualmente señaló que la condición de subordinación subsiste, incluso,
cuando el vínculo laboral ha terminado, siempre y cuando, la amenaza o
violación al derecho fundamental, haya ocurrido en vigencia de la relación
laboral o dentro del contexto de la misma.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que las
compañías accionadas se encuentran legitimadas por pasiva, teniendo en cuenta
que eran las empleadoras de los accionantes.
En el caso de Lina Patricia Barrera Medrano (T-4.107.022),
la tutela fue presentada contra el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, establecimiento público
descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio, adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
quien está legitimado en la causa como parte pasiva, en la medida en que se le
atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales.
Finalmente, en el asunto de Jeider José Sarabia
Angarita (T-4.09.4737), la tutela fue dirigida contra el Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía, organismo encargado de conocer en última
instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas
Médico-Laborales[11],
quien está legitimado en la causa como parte pasiva, pues, se le endilga la
presunta vulneración de los derechos fundamentales.
3.3. Principio de Inmediatez
En lo que
respecta al principio de la inmediatez, en la mayoría de los asuntos puestos a
consideración de la Sala este requisito fue satisfecho.
En
efecto, en los expedientes T-3.805.577,
T-3.985.643, T-4.078.638, T-4.090.360, T-4.094.737, T-4.107.022, T-4.423.336,
T-4.424.571 y T-4.436.619, las acciones de tutela se presentaron oportunamente[12].
En el expediente
T-3.846.848, la señora Luz Marina Carlos Chaves presentó la acción de tutela
después de 18 meses de recibir la comunicación por medio de la cual el
empleador le informó su decisión de terminar el contrato de trabajo.
Precisamente, la falta de observancia de los requisitos de inmediatez y
subsidiaridad, fue el argumento que utilizó el ad quem para revocar la
decisión del a quo.
La Sala no
comparte este criterio, pues, la Corte ha señalado, que en aras de garantizar
la eficacia y prevalencia de los derechos fundamentales, el mecanismo de amparo
será procedente en todos aquellos casos en que a pesar de que no transcurrió un
término razonable desde la ocurrencia del hecho vulnerador y la fecha de
interposición de la acción de tutela, se demuestre que:“(i) la afectación de
los derechos fundamentales permanece en el tiempo y, por tanto, la situación
desfavorable en que se encuentra el accionante es continua y actual; y (ii) la
situación de indefensión y vulnerabilidad del actor, convierte en
desproporcionada la exigencia relativa al uso de los medios ordinarios de
defensa judicial.”[13]
Reglas que en este caso resultan aplicables atendiendo la necesidad de proteger
la salud y la vida de la señora Carlos Chaves, sujeto en estado de debilidad manifiesta.
En efecto, se
encuentra probado la caótica situación de la accionante derivada de sus
condiciones de salud, razón suficiente para considerar que la intervención del juez de tutela es apremiante.
4. Procedencia de la acción de tutela para ordenar el
reintegro laboral en los casos de trabajadores discapacitados
Reiteradamente, esta
Corte ha señalado que, en principio, el mecanismo de amparo es improcedente
para reclamar el reintegro laboral[14], toda vez que el ordenamiento
jurídico prevé para el efecto, acciones judiciales específicas cuyo
conocimiento, ha sido asignado a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo
contencioso administrativo, según la forma de vinculación de que se trate.
No obstante, esta
Corporación ha indicado que, de forma excepcional, la acción de tutela puede
proceder, cuando se afecten derechos de personas que se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta como consecuencia de su condición
económica, física o mental y, adicionalmente, en los casos en los cuales se
predica el derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues esta regla general
debe ser necesariamente matizada en estos eventos[15].
Precisamente, la
Corte, en la Sentencia T-198 de 2006[16],
en relación con la procedibilidad del recurso de amparo, señaló:
“En un primer término, debe observarse que la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral
frente a cualquier tipo de razones de desvinculación. En efecto, esta
Corporación ha sostenido que solamente cuando se trate de personas en estado de
debilidad manifiesta o aquellos frente a los cuales la Constitución otorga una
estabilidad laboral reforzada, la acción de amparo resulta procedente”.
Bajo este contexto, esta
Corporación ha advertido, categóricamente, frente a las situaciones de excepcionalidad
señaladas, que es necesario, en todo caso, para que proceda la acción de tutela,
que el demandante demuestre que el despido estuvo ligado a su condición. Dicho
en otros términos, que existe un nexo causal entre la terminación del vínculo
laboral y la enfermedad o discapacidad padecida.
5.
El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones
físicas, psíquicas o sensoriales. Reiteración de jurisprudencia
Según el artículo 13
superior todas las personas son iguales ante la ley, y el Estado debe
garantizar las condiciones necesarias para que ese mandato sea real y efectivo.
De ahí que esta Corporación, haya interpretado que: “el principio de
igualdad deja de ser un concepto jurídico de aplicación formal, para
convertirse en un criterio dinámico, que debe interpretarse de conformidad con
las circunstancias particulares que rodean a cada persona, pretendiendo con
ello el logro de una igualdad material y no formal. [17]”
Así mismo, se
establece en el mencionado precepto constitucional que las personas que por su
condición económica, física o mental, se hallen en un estado de debilidad
manifiesta, gozan de una especial protección constitucional por parte del
Estado.
Ahora bien, según la
jurisprudencia de la Corte, el compromiso que tiene el Estado para con las
personas discapacitadas de conformidad con la Constitución, es doble, “por
una parte, debe abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida
administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato;
por otra, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, debe remover
todos los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social
configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de
los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones
positivas. [18]” (Subrayado fuera del texto original)
En armonía con lo
anterior, el artículo 47 de la Carta Magna, dispone que el Estado debe gestionar
una política de previsión, rehabilitación e integración social encauzada a que
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, reciban la atención
especializada que necesitan.
Bajo esta
perspectiva la Constitución, en el artículo 53, consagra que uno de los principios
mínimos que debe orientar las relaciones laborales, es la estabilidad en el
empleo y la garantía de la seguridad social. Acorde con este mandato, el
artículo 54 Superior, señala que es una obligación del “Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud”.
Respecto de las
acciones afirmativas, este Tribunal ha precisado que son aquellas que tienen
como propósito defender a ciertas personas o grupos para suprimir o aminorar
sus desigualdades a nivel social, cultural, económico o histórico que los
afectan y procurar que los miembros de un grupo discriminado tengan una mayor
representación en el marco político o social[19].
Precisamente, de las
acciones afirmativas a favor de las personas que padecen limitaciones físicas o
mentales, la Corte ha establecido que se deriva una estabilidad laboral
reforzada, la cual implica: (i) el derecho a permanecer en el empleo; (ii) no
ser despedido por causa de la situación de vulnerabilidad; (iii) permanecer en
el empleo hasta que se requiera y hasta tanto no se configure una causal
objetiva que obligue la terminación del vínculo; y (iv) que la correspondiente
autoridad laboral autorice el despido o la terminación del contrato, con
fundamento en la previa verificación de la ocurrencia de la causal que se alega
para finiquitar el contrato laboral, so pena de que el despido se considere
ineficaz[20].
Ahora bien, el
legislador en relación con la estabilidad laboral reforzada de personas con
limitaciones, estableció una serie de garantías que tienen como propósito, permitir
que estas personas ingresen a la actividad laboral y  asegurar que sus
limitaciones no se constituyan en causales para que sean excluidas de la misma.
En efecto, el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, mediante el cual se establecieron los
mecanismos de integración social para personas en condición de discapacidad,
señala:
“…en ningún caso la limitación de una
persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos
que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable
en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren
despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a
una indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, sin perjuicio
de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren.”
Cabe precisar que la
Corte se pronunció, en sede de control abstracto, respecto de éste último
inciso declarándolo exequible de manera condicionada mediante la Sentencia
C-531 de 2000[21],
en el entendido de que el despido no se considera eficaz, así se haya efectuado
el pago de la indemnización al trabajador discapacitado, si previamente no ha mediado la autorización de la Oficina de Trabajo. En esta
medida, la indemnización se constituye en una sanción para el empleador, mas no
en la posibilidad para éste de despedir sin justa causa a un trabajador
discapacitado[22].
Así
mismo, este Tribunal, en sede de control concreto, en Sentencia T-198 de 2006[23],
señaló que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 contiene una protección laboral
reforzada que se proyecta en dos ámbitos:
-Un
ámbito positivo, que supone la prohibición de que las limitaciones físicas o
mentales de un trabajador se constituyan en la causa para su desvinculación
laboral, a menos que dicha limitación sea incompatible con el cargo que va a
desempeñar.
-Y uno
negativo, conforme al cual ninguna persona discapacitada podrá ser despedida o
su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que exista autorización
de la Oficina de Trabajo. No obstante, quienes hayan sido desvinculados por
este motivo, tendrán derecho a una indemnización, sin perjuicio de las demás
prestaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en las normas
correspondientes.
Resulta de vital
importancia, destacar que para la Corte, están amparadas por la protección
prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[24],
tanto las personas que tienen la condición de discapacitadas de acuerdo con la
calificación efectuada por los organismos competentes, como aquellas que se
encuentran en situación de debilidad manifiesta, ya sea por la ocurrencia de un
evento que afecte sus condiciones de salud, o de una limitación física, sin
importar si ésta tiene el carácter de accidente, enfermedad profesional, o de
origen común , ni si es de carácter transitorio o permanente.
Precisamente, la
Corte frente al particular, en sentencia T-531 de 2003[25],
dijo:
“* En la actualidad el ordenamiento jurídico
colombiano distingue entre trabajadores discapacitados calificados como tales
por las normas legales[26],
frente a los trabajadores que sufren una disminución en su condición física
durante la ejecución del contrato de trabajo, quienes a partir de lo dispuesto
en el artículo 13 Superior, exigen una protección especial por parte del Estado
dada su situación de debilidad manifiesta[27].
* El alcance y los mecanismos legales de protección -
en cada caso - son distintos, en primer lugar, porque la Ley 361 de 1997, en su
artículo 26, consagra un sistema de estabilidad laboral reforzada y, en segundo
término, porque la protección de los trabajadores en situación de debilidad
manifiesta se deriva de la aplicación inmediata de la Constitución junto con
algunas normas de rango legal que constituyen el denominado sistema normativo
integrado[28].
* Por ello, en tratándose de trabajadores puestos en
circunstancias de debilidad manifiesta, el juez de tutela puede, al momento de
conferir el amparo constitucional, identificar y ponderar un conjunto más o
menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal
circunstancia y, a su vez, goza de un amplio margen de decisión para proteger
el derecho fundamental amenazado o vulnerado. Esto significa, en otras
palabras, que la protección laboral de los trabajadores que se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba de las condiciones
de salud que impidan o dificulten el desempeño regular de sus labores.
* Con todo, el alcance constitucional de la protección
especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al empleador. De
suerte que, como regla general, le corresponde al empleador reubicar a los
trabajadores en estado digno y acorde con sus condiciones de salud, en atención
al carácter vinculante del principio constitucional de solidaridad. Sin
embargo, ‘el empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que
existe un principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera
de cumplirla’ [29](…)”
En diversas
oportunidades, la Corte, aplicando la jurisprudencia constitucional referida,
ha protegido el derecho de las personas con limitaciones, independientemente de
la calificación o no de su discapacidad, a no ser discriminadas en el ámbito
laboral como consecuencia de sus condiciones de salud y ha señalado que debe
brindárseles un trato especial.
Tal  y como quedó expuesto, la protección a la estabilidad
laboral reforzada de los trabajadores que se encuentren en situación de
debilidad manifiesta, por causa de una disminución en la capacidad física o
mental, comprende, en primer lugar, la prohibición impuesta al empleador de dar
por terminado el contrato de trabajo en razón de dicha discapacidad y, en
segundo término, la reubicación si se requiere, hasta tanto no se verifique
una causal objetiva para su desvinculación previa comprobación de la misma por
parte de la autoridad laboral competente.
Precisamente, el derecho a
la reubicación, según esta Corporación, ha sido entendido como el privilegio del
trabajador que presenta disminución en las condiciones de salud de que le sean
asignadas unas funciones conforme a su situación particular y mientras logra
una plena mejoría ello con el fin de potencializar su capacidad productiva y profesional[30].
La aplicación del principio
de solidaridad, explica la obligación del empleador de reubicar al trabajador
que tiene una discapacidad o una incapacidad física o mental, en una actividad
digna y conforme a su estado de salud, salvo que demuestre que “existe un
principio de razón suficiente que lo exonera de cumplirla” [31].
Lo anterior, por
cuanto según este Tribunal, el derecho a la reubicación laboral tiene diversas
implicaciones, según el ámbito en el que se aplique, razón por la cual es
necesario analizar, una serie de elementos, con el fin de establecer si dicha
medida excede la capacidad del empleador o impide el desarrollo de su
actividad, pues en estos casos, este derecho debe ceder ante el interés
legítimo del empleador, debiendo, en todo caso, informar al trabajador esa
circunstancia y brindarle la posibilidad de proponer soluciones razonables.
En esta medida,
deberá examinarse, para determinar si el reintegro es viable: la clase de
labores encomendadas al trabajador; la naturaleza jurídica del empleador, y las
condiciones de la empresa y/o capacidad del empleador para realizar los
movimientos de personal.
La Corte en la Sentencia
T-1040 de 2001,[32]
frente al tema dijo:
“Por supuesto, el alcance constitucional de la
protección especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al
empleador.  En situaciones como éstas, en principio corresponde al empleador
reubicar al trabajador en virtud del principio constitucional de solidaridad,
asegurándole unas condiciones de trabajo compatibles con su estado de salud,
para preservar su derecho al trabajo en condiciones dignas.  Sin embargo, el
empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que existe un
principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera de
cumplirla.
En efecto, el alcance del derecho a ser reubicado por
condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito en el
cual opera el derecho.  Para tales efectos resultan determinantes al menos tres
aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de función que desempeña el
trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del empleador.  Si la
reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta excesivamente
el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su cargo, el
derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador.  Sin
embargo, éste tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento del
trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones razonables a
la situación”.[33]
Así mismo, este
Tribunal ha señalado que en algunos eventos, la reubicación laboral como
consecuencia del estado de salud del trabajador, implica no solamente el simple
cambio de labores, sino también la proporcionalidad entre las funciones y los
cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber del
empleador de otorgar la capacitación necesaria con el propósito de que las
nuevas tareas puedan ser desarrolladas adecuadamente.[34]
Ahora bien, la Ley
361 de 1997, cuya finalidad es la integración social de las personas con
limitación, es aplicable a todos los trabajadores vinculados por contrato
laboral y funcionarios públicos. Una interpretación diferente resulta contraria
a los postulados del texto fundamental e incoherente con los principios
generales que informan esta normatividad.
Precisamente, la
Corte, en Sentencia T-687 de 2009[35],
frente al particular dijo:
“todos los empleadores deben cumplir el procedimiento
estipulado en la ley 361 de 1997 para despedir a un trabajador discapacitado, y
en consecuencia, debe mediar autorización de la oficina de trabajo, pues de lo
contrario el despido será ineficaz, incluso si el trabajador recibió la
indemnización que menciona el inciso segundo del artículo 26 de la ley 361 de
1997. En efecto, la Sala de Revisión considera que la protección legal acordada
a las personas discapacitadas debe ser entendida a la luz del principio de igualdad,
lo cual conduce a afirmar que no es constitucionalmente admisible establecer
diferencias entre trabajadores vinculados por contrato laboral y funcionarios
públicos. Unos y otros se encuentran protegidos por la Carta Política, y en
consecuencia, no pueden ser terminados sus contratos laborales o sus
respectivas relaciones legales y reglamentarias por el simple hecho de padecer
una enfermedad que afecte su capacidad laboral. En efecto, la debida prestación
del servicio público debe armonizarse con el derecho al trabajo de las personas
discapacitadas, y en consecuencia, padecer una enfermedad, sea de origen común
o profesional, no basta para  desvincular a un servidor público […],
sobretodo, sin que medie la previa autorización del respectivo Inspector del
Trabajo” (resaltados tomados del texto original)”
Posteriormente, esta Corporación, en
Sentencia T-148 de 2012[36],
en relación con la aplicación de la Ley 361 de 1997, en el caso de los
empleados pertenecientes a la carrera judicial, puntualizó:
“5.1. Sea lo primero revelar
que la Ley 361 de 1997 no modificó, derogó, subrogó o adicionó el Código
Sustantivo del Trabajo, razón por la cual no cobra ninguna utilidad el artículo
3° del mismo estatuto que prescribe su ámbito de aplicación personal[37] para efectos de solucionar el
problema que acá se propone.
5.2. De otro lado, la finalidad
declarada de la Ley 361 de 1997 es la integración social de las personas con
limitación, de lo cual se infiere que a los servidores públicos de la carrera
judicial también les corresponde integrarse en el mundo social. Bien, todas las
referencias hechas en la Ley 361 tienen que ver con las personas con
limitaciones de manera general, sin excluir de ese universo a aquellas que son
servidoras públicas.
No es entonces plausible que el
intérprete exceptúe de los derechos aportados por la Ley que se comenta a las
personas de la carrera judicial, puesto que ello contravendría el principio de
igualdad (art. 13 de la C.N.) y el artículo 53 constitucional que ordena que se
prefiera la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho[38].
Más aun, el artículo 2° de la Ley 361 establece que ‘[e]l Estado garantizará y
velará por que (sic) en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación
sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales,
económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales’, de tal
suerte que una interpretación que excluya a los empleados judiciales de los
efectos de la norma constituye una discriminación infundada de aquellas que la
misma Ley reprocha en su artículo 2°, interpretación que, por lo demás, se
antoja incoherente con los principios generales que informan la Ley 361[39]”.
Cabe destacar, además, que el artículo
27, literal a, de la Ley 1346 de 2009[40]
prohíbe “la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas
las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo” (resaltado
fuera del texto original).
En conclusión, la obligación de solicitar
autorización a la Oficina de Trabajo para que se constate que el despido de un
empleado no se adopta como consecuencia de sus limitaciones se predica de todos
los trabajadores vinculados por contrato laboral y funcionarios públicos.
6. Protección
constitucional para los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía
En relación con la protección constitucional que se
predica en favor de quienes presentan una disminución en sus condiciones
personales y son desvinculados, tiene una relevancia especial frente a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,  según lo
manifestó la Corte, en la Sentencia T-1197 de 2001[41], en
estos términos:
“En el ordenamiento jurídico colombiano es evidente
entonces que las personas disminuidas en sus condiciones físicas, psíquicas y
sensoriales, cuentan no sólo con los derechos consagrados en general para todas
las personas, sino, además, con una órbita de protección especial que los
convierte en titulares de algunos privilegios previstos en el texto de la
Carta. De otra parte, es oportuno explicar que esta protección adquiere un
matiz particular, cuando la persona afectada en sus condiciones de salud es un
agente o servidor del Estado, que en cumplimiento de sus funciones o con
ocasión de las mismas, ha sufrido una considerable disminución en sus
condiciones físicas, síquicas y sensoriales. Es el caso de los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, personas que por la naturaleza de
sus funciones y debido a las actividades que diariamente ejecutan, afrontan
riesgos permanentes para su vida e integridad personal y que frecuentemente
sufren lesiones severas, en muchos casos irreversibles. La sociedad y el Estado
tienen entonces un compromiso particular, pues se trata de garantizar y prestar
el servicio de seguridad social, a quienes de manera directa actúan para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades”.
En efecto, a la Fuerza Pública la Carta Magna le
asignó la función de la defensa de la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y el orden constitucional, para lo cual los
miembros de las instituciones Militares y de Policía comprometen hasta la vida
misma, por ello, al Estado, a través de todas sus instituciones y funcionarios,
le asiste el deber de proteger integralmente a sus servidores que, durante el
ejercicio de sus funciones, adquieren enfermedades o lesiones que no les
permiten estar en igualdad de condiciones que sus demás compañeros, pues, sus
circunstancias son especiales por la situación de debilidad manifiesta en la
que se encuentran, por ello, la respuesta que deben esperar de su empleador es
de solidaridad, apoyo, protección de sus derechos; y una actitud desprovista de
discriminaciones.
En este contexto, la Corte en Sentencia T-910 de 2011[42],
categóricamente, dijo:
“Marginar de la institución castrense a
quienes sufren discapacidades que no alcanzan el nivel o el porcentaje que da
derecho a la pensión de invalidez y que, por consiguiente, no inhabilitan
totalmente para desarrollar labores que bien pueden resultar útiles,
provechosas o meritorias dentro del amplio espectro misional de aquella, en el
que no todo es guerra, batalla, combate o escaramuza, lo cual supone que
también es importante el componente logístico previo que se prepara y
desarrolla mediante un variado cúmulo de actividades de formulación, planeación
y administración en distintos frentes, sobre todo cuando la baja viene
determinada por la disminución física que precisamente ocurre en cumplimiento
del deber de proteger la integridad de la nación, al igual que la vida, honra,
bienes y creencias de sus habitantes, sin que se adopten medidas apropiadas
tendientes a velar por la suerte, y, más específicamente, por la rehabilitación
de estas personas, bien puede apreciarse como una manifestación patente de
insolidaridad, a todas luces inaceptable, en la medida en que, una práctica
generalizada con esas características, contraviene uno de los principios
fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, como lo es el de la
solidaridad de que trata, con énfasis, el artículo 1° Constitucional, entre
otros.
(…)
No desconoce la Sala el arbitrio de que
gozan los órganos competentes de las fuerzas militares y de policía para
disponer el retiro discrecional del personal a ellos vinculados, pero esa
atribución no puede ser absoluta tratándose de aquellos casos en que se
contraviene uno de los principios rectores de nuestro Estado Social de Derecho
como lo es el de la solidaridad, el cual en estos casos debe propender por
(SIC)la protección de las personas en estado de debilidad manifiesta, como los
discapacitados, que padecen esa situación como consecuencia del cabal desempeño
de su misión institucional.
(…)”
Ahora bien, resulta
importante aclarar que, en relación con los miembros de la fuerza pública que
se hallan disminuidos sicofísicamente, la Corte, no ha extendido la aplicación
de la Ley 361 de 1997, pues, en el Decreto 1791 de 2000, artículo 59, se
consagra el derecho a la estabilidad laboral reforzada.
En relación con el tema,
la sentencia T-1197 de 2001, señaló:
“Este posible
contrargumento que demostraría una incoherencia en la jurisprudencia de este
Tribunal es apenas aparente en la proporción en que el artículo 59 del Decreto
1791 de 2000, estudiado en la sentencia C-381 de 2005 con ocasión de una
demanda que resaltaba su fragilidad en la protección de las personas
discapacitadas, protege el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los
policías con alguna disminución sicofísica, puesto que su retiro sólo procede
cuando el concepto de la Junta Médico Laboral sobre reubicación no es favorable
y las capacidades del policía no puedan ser aprovechadas en actividades
administrativas, docentes o de instrucción.
A pesar de existir otra norma
vigente que, en principio, ampararía la situación de los policías disminuidos
sicofísicos -la Ley 361 de 1997-, les es más favorable el Decreto 1791 de 2000 porque ordena que los policías sean
reubicados en una labor que puedan desempeñar. Por lo tanto, esta última norma
es la que debe aplicarse en virtud del principio de favorabilidad o principio
protector del derecho laboral (art. 53 de la C.N.)[43]. Asimismo, el Decreto 1791 es una norma
especial para los policías y no general[44],
además posterior a la Ley 361, hecho que hace inferir su prevalencia, de
acuerdo con los artículos 2° y 3° de la Ley 153 de 1887. Contrario
sensu, en el caso de los empleados y funcionarios de la rama judicial, no
existe ninguna otra protección a la estabilidad laboral reforzada, diferente a
la contenida en la Ley 361 de 1997, por ende esta es la norma que debe ser
aplicada”.
Bajo este contexto, la Corte, en las Sentencias T-437
de 2009,[45]
T-470 de 2010,[46]
T-503 de 2010[47]
y T-081 de 2011,[48]
ordenó la reubicación de los accionantes que habían sufrido disminución de la
capacidad laboral durante la prestación del servicio y en razón de ello fueron
desvinculados de la institución militar.
7. Contrato a
término fijo o cuya duración dependa de la obra o labor contratada
De conformidad con
el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, los contratos de trabajo
podrán celebrarse por el tiempo que dure la realización de una obra o labor
determinada. De esta manera, se establece, en general, el momento en el que
ocurre el vencimiento o la terminación de la relación laboral, así que el
vínculo subsiste mientras el empleador requiera de los servicios del trabajador
o no se haya finalizado la obra para la cual fue contratado.
En relación con el
derecho a la estabilidad laboral reforzada, cuando se trata de esta modalidad
de contrato de trabajo, la Corte, en la Sentencia T-1046 de 2008[49],
señaló:
“(…) la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la simple finalización de un contrato laboral de tales características,
arguyendo la culminación de la labor, no es una razón suficiente para dar por
terminado un vínculo de esta naturaleza, en especial, si la empresa escudada en
la finalización del contrato de obra, desconoce los requisitos legales para su
terminación o finiquita un contrato bajo supuestos que denoten discriminación[50].
Estas consideraciones resultan particularmente relevantes cuando se trata de la
terminación de contratos laborales celebrados con personas en condiciones de
debilidad manifiesta.”
En la sentencia
transcrita, esta Corporación también destacó que el vencimiento del plazo
pactado o la culminación de la obra, no resulta suficiente para legitimar la
determinación de un empleador de no renovar esa clase de contratos o darlos por
terminado cuando: (i) subsiste la materia del trabajo, las causas que lo
originaron o la necesidad del empleador; (ii) el trabajador ha cumplido
efectivamente sus obligaciones contractuales; y (iii) se trate de una persona
en una situación de debilidad. Por ello, el trabajador que goza de estabilidad
laboral reforzada, no puede ser desvinculado sin que exista una razón objetiva
para terminar el vínculo laboral y medie la autorización de la oficina del
trabajo, que respalde dicha decisión.
8. Vinculación de Empleados Supernumerarios en la
Administración Pública
En
el artículo 83 del Decreto
1042 de 1978, se establece la facultad de vincular personal supernumerario en estas
dos circunstancias:
(i) en el evento en que sea necesario suplir las
vacantes temporales de los empleados públicos que se encuentren en licencia o
en vacaciones y,
(ii) o en el caso de que sea necesario desarrollar
actividades de carácter transitorio.
Bajo este contexto, las funciones que cumplen dichos
funcionarios giran únicamente en aquellas que no pueden ser ejercidas por el
titular del cargo, por cuanto se encuentra ausente, o aquellas que por no ser
parte de las actividades ordinarias dentro de la entidad respectiva, no pueden
ser cumplidas por los funcionarios de la misma.
Lo anterior significa que la vinculación de personal
supernumerario constituye un modo excepcional de vinculación laboral con la
Administración, que tiene como propósito desarrollar actividades meramente
temporales.
Sobre este punto, la Corte, mediante Sentencia C-401
de 1998[51],
precisó: “Resulta claro que la vinculación de empleados supernumerarios para
llevar a cabo actividades meramente temporales, constituye un modo excepcional
de vinculación laboral con la Administración Pública”.
En la mencionada sentencia, se explicó que la
vinculación de personal supernumerario se diferencia del contrato de prestación
de servicios profesionales, por cuanto la primera constituye una verdadera
relación laboral regida por normas de derecho administrativo, pese a que en su
esencia es una relación de carácter temporal, en tanto que la segunda carece de
dicha naturaleza, siempre y cuando, desde luego, se ajuste a las exigencias de
la ley.
Por otra parte, en la aludida decisión se señaló que
si la Administración acude a la vinculación de personal supernumerario con la
finalidad de desarrollar funciones permanentes del servicio, se
desnaturalizaría dicha figura, lo que implicaría el desconocimiento de los
principios constitucionales que erigen la carrera administrativa. Además,
determinó que la vulneración de los principios constitucionales recae, no en la
figura per se, sino en su utilización indebida, evento en el cual se
deja abierta la posibilidad de acudir ante el juez respectivo con el objeto de
dar aplicación al principio de rango constitucional de prevalencia de la
realidad sobre las formalidades estipuladas. Al respecto, consideró:
“9. Como estatuto excepcional que es [el
precepto que permite designar supernumeraios], se desnaturaliza cuando es
empleado para cubrir necesidades distintas de aquellas para las que fue
concebido. De esta manera, cuando la Administración, recurre a esta forma de
vinculación de personal para cubrir necesidades permanentes de servicio,
desconoce de facto los principios de rango constitucional que gobiernan la
carrera administrativa, afectando en primer lugar a los servidores así
vinculados, quienes no verán respetada la garantía de estabilidad en el cargo,
y desconociendo también el derecho de acceso de los ciudadanos a la
Administración Pública, de acuerdo con los méritos y capacidades de los
aspirantes, todo lo cual va en detrimento de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, celeridad y honestidad que, por mandato superior, deben
regir la función pública.
10. Sin embargo, la inobservancia de los
principios constitucionales que en este evento se produce de hecho, no radica
en la norma misma que autoriza la vinculación temporal, ahora bajo examen, sino
en su utilización desnaturalizada, que puede ser impedida por el ejercicio ante
la jurisdicción de las acciones pertinentes. La disposición en sí misma,
propende más bien por (SIC) hacer efectivos los principios de celeridad y
eficacia administrativas, impidiendo la paralización del servicio en los
eventos de vacancia temporal de los empleados públicos o en aquellos en los
cuales la atención de servicios ocasionales o transitorios distraería a los
funcionarios públicos de sus actividades ordinarias.
Ya anteriormente esta Corporación se había
pronunciado respecto de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, cuando indicó que la
realidad de una relación laboral se podía hacer prevalecer judicialmente frente
a la apariencia de un contrato de prestación de servicios, a efectos de derivar
el reconocimiento de las prestaciones sociales propias de la relación de
trabajo”.
Así mismo, en la sentencia C-041 de 1998 se
determinaron las consecuencias jurídicas en las que incurriría la
Administración Pública, en el supuesto de que hubiere dado una utilización
indebida a los nombramientos de supernumerarios.
En el mencionado fallo, frente al caso de mujeres
embarazadas, que fueron desvinculadas en el momento en que se conoció dicho
estado, con el pretexto del vencimiento del período para el cual fueron
nombradas, cuando la respectiva entidad venía realizándoles nombramientos
sucesivos y de duración fija, se señaló que se abría la posibilidad de acudir
ante el juez competente con el objeto de que hiciera prevalecer el principio
constitucional de primacía de la realidad sobre las formalidades, sin que ello implicara,
la posibilidad del acceso directo a la administración, pero sí el
reconocimiento de las prestaciones laborales relativas a la protección especial
a la maternidad, habida cuenta de la realidad de su vinculación permanente con
el Estado.
Lo anterior, en criterio de la Sala, resulta
perfectamente aplicable en el caso de los supernumerarios que se encuentren en estado
de debilidad manifiesta en razón de sus condiciones de salud y se les da por
terminada su vinculación, bajo el argumento del cumplimiento del término para
el cual fueron vinculados.
En este supuesto, también, como en el caso de las
mujeres embarazadas, el principio de la primacía de la realidad sobre las
formas estará orientado a determinar si el vínculo de estos funcionarios con la
Administración fue transitorio o permanente, puesto que en el caso de que el
mismo hubiere sido permanente, en el sentido de que la Administración le
conceda una utilización indebida de la vinculación como supernumerario, al ser
nombrado por períodos fijos pero sucesivos, conllevará que el cumplimiento del
término para el cual fue vinculado no sería el verdadero motivo por el cual se
terminaría la relación laboral, sino lo sería su estado de debilidad
manifiesta, o el de gravidez, lo que significaría la vulneración a la
protección que se le reconoce a estos sujetos de especial protección
constitucional.
Así las cosas, en el evento en que la Administración
otorgue permanencia a un nombramiento de un supernumerario que se encuentre en
estado de debilidad manifiesta y posteriormente proceda a desvincularlo, se
presume que dicha decisión se adoptó como consecuencia de su estado de salud.
9. Debido proceso laboral, despido y sanción
disciplinaria
El debido proceso es un derecho fundamental consagrado
en el artículo 29 Superior, el cual, a su vez, comprende toda una serie de
reglas que se orientan a la búsqueda de una actuación judicial o administrativa
transparente, en la que el procesado cuente con todas las garantías de cara al
fin que ese tipo de procedimientos persigue.
Este derecho se perfecciona con “todos los principios y valores jurídicos de orden
constitucional con los cuales se da pleno respeto a los demás derechos para
asegurar un orden justo”[52]; pero, además, “tiene un ámbito de aplicación que
se extiende a toda clase de actuaciones, juicios y procedimientos, que generen
consecuencias para los administrados, en virtud del cual se les debe garantizar
a éstos la totalidad de elementos inherentes a este derecho fundamental”[53].
Dentro de las mencionadas garantías se destacan: la
facultad de acceder libremente a la administración de justicia; la necesidad de
ser juzgado por el juez natural del asunto, con independencia e imparcialidad;
la publicidad de las actuaciones; la potestad de presentar y controvertir
pruebas, en ejercicio del derecho de defensa y; la presunción de inocencia,
entre otras.
Con las citadas garantías, el proceso o juicio,
entendido desde su acepción más específica hasta la más genérica, pretende
esclarecer la verdad material sobre una conducta o un hecho, con el fin de que
se determine la consecuencia jurídica que corresponda a la controversia; ya sea
que se trate de la “creación, modificación o
extinción de un derecho o a la imposición de una sanción”[54].
Algunas de las garantías establecidas para el debido
ejercicio de las actuaciones judiciales o administrativas se aplican, entre
otras, en el campo laboral, como lo es la obligación que se impone al empleador
de indicar los motivos por los cuales finiquita el contrato de trabajo, lo cual
según la jurisprudencia constitucional “tiene, a su vez, dos propósitos
fundamentales, por un lado, garantizarle al trabajador la oportunidad de
defenderse de las imputaciones que se le hacen y, por otr[a], impedir que los
empleadores despidan sin junta causa a sus trabajadores, alegando un motivo a
posteriori, para evitar indemnizarlos”[55]
Para lo que interesa a la presente causa, resulta de
vital importancia señalar que el despido de los trabajadores privados no se
erige como una sanción disciplinaria, pues, el objetivo de esta es disciplinar
y corregir, lo que no se logra cuando se opta por despedir. Así, aun cuando el
despido podría ser tomado como la última opción, no por ello adopta el carácter
de disciplinario. Tal ha sido la interpretación que frente al tema le ha dado la
jurisprudencia laboral.
En efecto la terminación unilateral del contrato es la
facultad que tienen las partes que suscriben el contrato laboral para
deshacerlo. En caso de que el empleador decida finalizar tal vínculo sin justa
causa está reconociendo que  su determinación conlleva el pago de una
indemnización, pero, si invoca una justa causa, le compete “manifestarle al
trabajador los hechos por los cuales se va a dar por terminado el contrato, sin
que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso
judicial posterior”[56].
En sede de control abstracto, esta Corte, en Sentencia
C-071 de 2010[57],
precisó: “Quien pretenda finalizar unilateralmente la relación de trabajo,
debe dar a conocer a la otra la causal o el motivo de su decisión, de suerte
que la causal debe estar demostrada plenamente y, no es posible alegar con
posterioridad causales distintas a las invocadas. Además, si pese a todo lo
anterior el trabajador se encuentra inconforme con la decisión, puede acudir a
la administración de justicia a través de los procedimientos de la jurisdicción
laboral. De este modo, la disminución de la estabilidad relativa de los
trabajadores no puede desconocer el derecho a la defensa y a la contradicción.
En suma, la estabilidad de los trabajadores es relativa y puede verse
disminuida por la terminación unilateral del contrato cuando para ello asisten
motivaciones expresas, razonables y que no atenten contra los postulados
constitucionales de protección especial a ciertos sujetos, de debido proceso y
acceso a la justicia.”
Ahora bien, el hecho de que se informen los motivos
por los cuales se termina unilateralmente el contrato de trabajo, ello no
constituye un estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 Superior,
el cual hace referencia a su aplicación en las actuaciones administrativas y
judiciales. Además, porque el despido de trabajadores privados, como ya se
anotó, no tiene naturaleza disciplinaria, ni constituye una sanción. Así mismo,
el Código Sustantivo de Trabajo no indica que frente a tal determinación se
deba iniciar una investigación de la falta disciplinable, solo plantea la configuración
de algunas de las causales que allí se señalan.
En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral[58],
ha precisado, insistentemente “que el despido no se asimila a una sanción
disciplinaria y, en consecuencia, aquel no tiene que estar sujeto a un trámite
previo, salvo que tal exigencia se hubiera pactado en el contrato de trabajo,
la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral…”
En suma en el evento de que el empleador termine
unilateralmente un contrato de trabajo bajo el argumento según el cual se
configuró una causal legal no se puede afirmar que se vulnera el debido proceso
disciplinario del trabajador, porque en lo que respecta al empleador su
obligación se limita a informarle al trabajador los motivos y las razones
concretas por los cuales decidió despedirlo y otorgarle la oportunidad de
controvertir las imputaciones que se le hacen.
Bajo esta perspectiva, si existe controversia frente a
los motivos y las razones que generaron el despido, por regla general, se
deberá acudir a la jurisdicción laboral que es la competente para dilucidar
estos conflictos.
10. Los límites interpretativos de las
causales de despido por justa causa en los procesos laborales
El artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo[59]
señala las causales para que el empleador pueda despedir a un empleado por justa
causa, sin que se genere  el pago de indemnizaciones laborales.
La Corte, en sede de control abstracto, al analizar
esta disposición normativa ha determinado con precisión los límites del alcance
de cada una de estas causales y ha advertido la obligación general que tiene el
empleador de garantizar el debido proceso del trabajador durante estos
procedimientos.
Precisamente, esta Corporación, en la sentencia C-299
de 1998[60],
estudió una demanda de constitucionalidad presentada contra el mencionado
artículo. En esta decisión, la Corte señaló que las causales de justa causa de
terminación unilateral del contrato deben ser interpretadas de conformidad con
el principio de la buena fe. Ello se traduce en que no es suficiente que el
empleador fundamente su decisión en alguna de estas causales para finiquitar la
relación laboral, sino, que es necesario, además, expresar de manera precisa,
completa e individual los hechos que generan la disputa y se le deben brindar
al trabajador todas las garantías procesales con el fin de que haga uso de su
derecho de defensa para controvertir la decisión en el evento de que esté en
desacuerdo con la misma.
Posteriormente, este Tribunal, en Sentencia C-071 de
2010[61],
en relación con el tema de las causales de terminación unilateral del contrato,
precisó:
“Quien pretenda finalizar unilateralmente
la relación de trabajo, debe dar a conocer a la otra la causal o el motivo de
su decisión, de suerte que la causal debe estar demostrada plenamente y, no es
posible alegar con posterioridad causales distintas a las invocadas. Además, si
pese a todo lo anterior el trabajador se encuentra inconforme con la decisión,
puede acudir a la administración de justicia a través de los procedimientos de
la jurisdicción laboral. De este modo, la disminución de la estabilidad
relativa de los trabajadores no puede desconocer el derecho a la defensa y a la
contradicción. En suma, la estabilidad de los trabajadores es relativa y puede
verse disminuida por la terminación unilateral del contrato cuando para ello
asisten motivaciones expresas, razonables y que no atenten contra los
postulados constitucionales de protección especial a ciertos sujetos, de debido
proceso y acceso a la justicia”.
En sede de control concreto, la Corte,  en sentencia
T-546 de 2000[62],
frente al  alcance del derecho a la defensa en casos de terminación unilateral
del contrato, señaló que el empleador tiene las siguientes obligaciones:
“El empleador tiene la obligación de
manifestarle al trabajador los motivos concretos y específicos por los cuales
está dando por terminado con justa causa su contrato de trabajo, así como
determinó a  favor del trabajador, la posibilidad de ejercer el derecho de
defensa frente al empleador, antes de que se lleve a cabo la terminación del
contrato de trabajo.  Así mismo, que el empleador tiene la obligación de darle
al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se hacen en
su contra, antes del despido”.
En estos términos, la jurisprudencia de la Corte ha
considerado, en primer lugar, que antes de aplicar la figura de despido por
justa causa, debe garantizársele al trabajador el derecho de defensa y, en
segundo término, que frente a las controversias derivadas de dicha terminación,
la tutela es improcedente, pues, en principio, deben ser dirimidas por el juez
natural, a menos que exista un perjuicio irremediable. No obstante, lo anterior,
cuando se hallen involucradas personas con estabilidad laboral reforzada, la
Corte ha delineado unos requisitos más amplios de protección en favor del
empleado y un examen de procedibilidad de la acción de tutela menos riguroso.
Recientemente, la Corte en Sentencia T-206 de 2015[63],
respecto de la interpretación de las causales de despido por justa causa y de
la rigurosidad probatoria que debe tener el empleador para fundamentar el
despido de un trabajador que goce de estabilidad laboral reforzada, dijo:
“Las causales de despido por justa causa
deben ser interpretadas conforme a las garantías del debido proceso. Esto
implica que, antes de tomar cualquier decisión, se debe oír en descargos al
empleado y éste debe contar con todas las garantías para expresar su
inconformidad con el proceso de desvinculación. Igualmente, en los casos donde
esté involucrada una persona que goce de estabilidad laboral reforzada, opera
una presunción de despido sin justa causa, que obliga al empleador a ser más
riguroso con las pruebas que acrediten la conducta reprochada. Igualmente,
aunque por regla general la competencia para conocer de las disputas que se
deriven de un despido de este tipo corresponde a los jueces laborales, la
tutela opera como mecanismo preferente en casos de indefensión y cuando existe
un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del trabajador”.
11. La conciliación
laboral e improcedencia de la acción de tutela respecto del contenido del acta
de conciliación. Reiteración de jurisprudencia
La conciliación es una institución
que  persigue un interés público, a través de la solución negociada de un
conflicto jurídico con la intervención de un tercero imparcial, equitativo, calificado y con competencia exclusiva.
La Corte, en la Sentencia C-160 de
1999[64],
delineó algunas de las características de esta figura, en los siguientes
términos:
“a) Es un instrumento de autocomposición
de un conflicto, por la voluntad concertada o el consenso de las partes. Por
consiguiente, es de la esencia de la conciliación que las partes en conflicto,
con la intervención del conciliador, lleguen a un acuerdo que o bien implica el
reconocimiento o la aceptación por una de ellas de los posibles derechos
reclamados por la otra, o la renuncia recíproca de pretensiones o intereses que
se alegan por aquéllas.
b) La conciliación constituye una
actividad preventiva, en la medida en que busca la solución del conflicto antes
de acudir a la vía procesal o durante el trámite del proceso, en cuyo caso no
se llega al resultado final normal de aquél, que es la sentencia. En este
último evento, se constituye en una causal de terminación anormal del proceso.
c) La conciliación no tiene en estricto
sentido el carácter de actividad judicial ni da lugar a un proceso
jurisdiccional, porque el conciliador, autoridad administrativa o judicial, o
particular, no intervienen para imponer a las partes la solución del conflicto
en virtud de una decisión autónoma e innovadora. El conciliador simplemente se
limita a presentar fórmulas para que las partes se avengan a lograr la solución
del conflicto, y a presenciar y a registrar el acuerdo a que han llegado éstas;
el conciliador, por consiguiente, no es parte interesada en el conflicto y
asume una posición neutral.
d) La conciliación es un mecanismo útil
para la solución de los conflictos, porque: 1) ofrece a las partes involucradas
en un conflicto la posibilidad de llegar a un acuerdo, sin necesidad de acudir
a la vía del proceso judicial que implica demora, costos para las partes y
congestión para el aparato judicial; 2) constituye un mecanismo alternativo de
administración de justicia que se inspira en el criterio pacifista que debe
regir la solución de los conflictos en una sociedad; 3) es un instrumento que
busca lograr la descongestión de los despachos judiciales, asegurando la mayor
eficiencia y eficacia de la administración de justicia, pues éstas se aseguran
en mayor medida cuando a la decisión de los jueces sólo se someten las causas
que están en capacidad de resolver oportunamente y sin dilaciones.
e) La conciliación tiene un ámbito que se
extiende a todos aquellos conflictos susceptibles, en principio, de ser
negociados, o en relación con personas cuya capacidad de transacción no se
encuentre limitada por el ordenamiento jurídico. En tal virtud, bien puede éste
señalar los casos en los cuales válidamente se puede restringir la facultad de
conciliar. Naturalmente, no debe confundirse la institución de la conciliación,
con el contrato de transacción de estirpe estrictamente privada, que se gobierna
por reglas especiales.
f) La conciliación es el resultado de una
actuación que se encuentra reglada por el legislador en varios aspectos, tales
como: las autoridades o sujetos competentes para intervenir en la actividad de
conciliación y las facultades de las cuales disponen; las clases o tipos de
conciliación admisibles y los asuntos susceptibles de ser conciliados; las
condiciones bajo las cuales se pueden presentar peticiones de conciliación; los
trámites que deben sufrir dichas peticiones; la renuencia a intentarla y las
consecuencias que se derivan de ello; la audiencia de conciliación, la
formalización del acuerdo total o parcial entre las partes o la ausencia de
éste y la documentación de lo actuado.”
Los
principios de economía procesal, autonomía de la voluntad, la pronta y debida
administración de justicia, y la satisfacción de los fines del Estado Social de
Derecho son algunos de los pilares en los que se fundamenta el acto de
conciliación, los cuales se ven reflejados en la fuerza vinculante del acta de
conciliación suscrita con observancia de los requisitos establecidos en la ley.
Sobre este
punto, la Corte Suprema de Justicia en relación con la fuerza de cosa juzgada
del acta de conciliación, dijo:
“(…) La conciliación, como insistentemente
lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte, es un medio de arreglo amigable,
cuyo uso es frecuente en los conflictos jurídicos laborales. Ella debe
suscribirse de acuerdo con los parámetros establecidos por los artículos 20 y
78 del código procesal del Trabajo. Sobre esta figura jurídica dijo esta Sala
en sentencia del 31 de mayo de 1971: “Según los artículos 20 y 78 del C.P.T.,
la conciliación es un acuerdo amigable celebrado entre las partes, con
intervención del funcionario competente, quien la dirige, impulsa, controla y
aprueba, que pone fin de manera total o parcial a una diferencia, y tiene
fuerza de cosa juzgada.
Cuando la conciliación es llevada a cabo
ante funcionario competente, Juez laboral o Inspector del Trabajo, produce por
virtud de los artículos 20 y 78 del C.P. de T., el efecto de cosa juzgada. Lo
anterior conlleva a que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por
decisión alguna. Por tanto, la conciliación como las sentencias, no solo son
obligatorias, sino que por virtud de ese efecto, son definitivas e inmutables.
El artículo 78 del C.P.T. dice que si se
llegare a un acuerdo entre las partes se dejará en el acta correspondiente
constancia de sus términos, y ella, el acta, ‘tendrá fuerza de cosa juzgada’,
es decir, la misma fuerza y obligatoriedad de una sentencia judicial. De suerte
que si el arreglo se logra por acción directa del funcionario, por ser aceptadas
sus recomendaciones o las fórmulas que haya propuesto, o porque el mismo acoja
las que le hayan sido presentadas por las partes, el acta en donde constan los
términos del arreglo tendrá fuerza de cosa juzgada, porque en ninguna parte la
ley ha dispuesto, como se desprende de la sentencia acusada, que solamente tal
carácter tienen las actas que consignan el arreglo producto de la intervención
activa del funcionario actuante. De suerte que la regla general es la de que
todo arreglo conciliatorio consignado en acta levantada conforme a las
exigencias del C. de P.L. con la intervención de un funcionario competente,
hace tránsito a cosa juzgada con todas las consecuencias que la ley le asigna a
este fenómeno.”[65]
(Negrilla no original).
No obstante lo anterior, los efectos de cosa juzgada de la
conciliación pueden desmedrarse cuando por un vicio del consentimiento, el
acuerdo de voluntades se invalida. Por ello,  excepcionalmente, se puede
controvertir la cosa juzgada por infracción a los supuestos del artículo 1502
del Código Civil.
Precisamente, la Corte Suprema de
Justicia expresó que las conciliaciones laborales son actos o declaraciones de voluntad que están sujetos
para su validez y eficacia al cumplimiento de los requisitos que de manera
general exige el artículo 1502 del Código Civil[66]
Resulta de vital importancia, anotar que  en materia laboral, la manifestación de
voluntad de las partes no puede versar sobre derechos ciertos e indiscutibles
del trabajador, so pena de invalidar el acto respectivo. Al respecto la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática, así como sobre
la tarea que asiste al juez o funcionario de trabajo que participa en la
audiencia de conciliación.
A manera de conclusión, se tiene que la
conciliación es un mecanismo de solución de conflictos que está amparado por la
fuerza de la cosa juzgada. Así, en principio, no puede controvertirse lo
acordado por las partes, en concordancia con el principio de buena fe que debe
regentar este tipo  de actuaciones.
Según la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción
ordinaria es posible atacar el acto de conciliación ante esta vía por presentarse
algún vicio del consentimiento o por haberse desconocido derechos ciertos e
indiscutibles de los trabajadores.
Así las cosas, frente a las controversias
sobre lo conciliado laboralmente, en nuestro ordenamiento jurídico existen
claros mecanismos de solución ante la jurisdicción laboral ordinaria que
resultan eficaces para proteger los derechos de los trabajadores, los cuales
además cuentan con la protección del juez o inspector de trabajo que asiste,
analiza y aprueba  la suscripción de las actas de conciliación en las que se
estipulan los acuerdos del empleador y trabajador para solucionar sus
diferencias surgidas del desarrollo o la terminación del contrato de trabajo.
Respecto de la procedencia de la acción
de tutela, la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que este mecanismo  no constituye un
medio de defensa, en la medida en que la conciliación tiene los mismos efectos
de una decisión judicial y hace tránsito a cosa juzgada[67].
Además, como se ha dicho, el interesado podrá acudir ante la jurisdicción
laboral ordinaria en los casos en que considere que concurra alguno de los
vicios del consentimiento que invalide el acuerdo.
Bajo esta
perspectiva, el contenido del acta de conciliación suscrita con el cumplimiento
de los requisitos legalmente establecidos, es vinculante para las partes que en
ella participan, asignándole el artículo 78 del Código de Procedimiento
Laboral, fuerza de cosa juzgada al acta respectiva.
12. Estudio de
los casos concretos
Con fundamento en las consideraciones y fundamentos expuestos anteriormente, esta Sala
de Revisión determinará si las
empresas Grandes Superficies de Colombia
S.A., Terminal de Transporte S.A., Dicoingeniería Ltda y Centrales Eléctricas
de Nariño E.S.P., Occing Ingeniería de
Occidente S.A.S., Agropecuaria La Soria S.A.S., Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Mazdel Plazas Rodríguez S en C,  Prever S.A. y Ancar
S.A.S., vulneraron el derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada, entre otros, de los señores Luz Marina Carlos Chaves, Jorge Darwin Izquierdo Gómez,
Robert Camelo Castro, Eduardo Enrique Coronado De la Rosa, Jeider José Sarabia
Angarita, Lina Patricia Barrera Medrano, Martha Cecilia Mesa Estupiñán,
Willians Zapata Meneses y Jorge Armildo Melo Sánchez, al terminar
unilateralmente sus contratos, no prorrogarlos o retitarlos del servicio, no obstante su deteriorado estado de salud y de no
contar con el permiso de las autoridades laborales correspondientes.
En las
consideraciones generales de esta providencia la Sala concluyó que en virtud del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada, el trabajador con limitaciones físicas o
mentales tiene derecho a:
i)
Conservar el empleo;
ii) no
ser despedido por causa de su situación de vulnerabilidad;
iii)
permanecer en el empleo hasta que se configure una causal objetiva que amerite
su desvinculación y
iv) que
la correspondiente autoridad laboral autorice el despido, previa verificación
de la causal que se alega para finiquitar el contrato.
Igualmente, la Sala
indicó que si en estos casos se acredita que el despido o la no renovación de
los contratos ocurrieron sin la autorización de la autoridad laboral
competente, el juez de tutela deberá presumir que el vínculo laboral fue terminado a iniciativa del
empleador en razón del estado de salud del trabajador.
Conforme a lo
expuesto, para la Sala, en los asuntos sometidos a revisión, las solicitudes de
amparo son procedentes y por ende debe emitirse un pronunciamiento en relación
con la pretensión relativa al reintegro, la cual fue esbozada por cada uno de
los accionantes en sus demandas.
Lo anterior, por cuanto la Sala no comparte los criterios expuestos por los jueces de instancia, para denegar el amparo
solicitado pues, contra lo que ellos sostienen la Corte opina de manera
diferente, así:
-Para dichos funcionarios la acción de tutela, en los casos planteados,
era improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad previsto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991,
sin embargo, para la
Corte, analizadas las circunstancias específicas en que se encontraban los
demandantes -sujetos de especial protección por sus condiciones físicas y
mentales- al momento de invocar la protección de sus derechos presuntamente
vulnerados o amenazados, la acción constitucional resulta más eficaz que la
acción judicial prevista en la jurisdicción ordinaria laboral para lograr el
amparo efectivo de sus derechos.
En casi todos los
casos, se acreditó que los accionantes se hallan en circunstancias de debilidad
manifiesta, por sus condiciones de salud con ocasión de las distintas
enfermedades que padecen. Igualmente, se comprobó que la terminación de sus contratos de trabajo implicó la
grave afectación de sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la
salud, como consecuencia de la desafiliación del sistema de salud y, por ende,
la interrupción de los tratamientos médicos.
-Para los jueces de instancia están amparadas por la
protección laboral prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 solamente
aquellas personas que tienen la condición de discapacitadas de acuerdo con la
calificación efectuada por los organismos competentes. Sin embrago, conforme a
la reiterada jurisprudencia de esta Corte dicha garantía comprende también a quienes
se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, ya sea por la ocurrencia
de un evento que afecte sus condiciones de salud, o de una limitación física,
sin importar si esta tiene el carácter de accidente, enfermedad profesional, o
de origen común, ni si es de carácter transitorio o permanente.
-Para los juzgadores
de primer y segundo grado, el empleador, en todos los casos, puede hacer uso de
la facultad legal para dar por
terminado el contrato de trabajo si paga la
indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario consagrada en el
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Sin embargo,  para este
Tribunal el despido o terminación
del vínculo laboral no se considera eficaz, así se haya efectuado el pago de la
indemnización aludida, si previamente
no ha mediado la autorización del
Ministerio de Trabajo, pues aquella se constituye en una sanción para el
empleador que ha procedido en la forma descrita.
Ahora bien, para
resolver el problema jurídico esbozado, se analizará, si la desvinculación de
los demandantes por parte de las empresas accionadas obedeció a sus condiciones
de salud, es decir, si las demandadas, incurrieron en un trato discriminatorio.
Dicha discriminación
se comprueba cuando en el caso particular se acredite:
-Que el demandante
pueda considerarse una persona discapacitada, o en estado de debilidad
manifiesta;
-Que el empleador
tenga conocimiento de tal situación;
-Que se encuentre
acreditado el nexo causal entre el despido o la terminación del contrato y las
condiciones deplorables de salud del trabajador; y
-Que no medie la
autorización del inspector del trabajo en los casos en que ella resulta
necesario.
A continuación,
pasará la Sala a abordar el estudio de los casos concretos, agrupándolos, según
si el demandante, celebró con la empresa accionada un contrato laboral o
solemnizó un convenio asociativo.
12.1. T-3.805.577
Las pruebas
recaudadas, acreditan los siguientes hechos:
-María Mercedes Castrillón Rúa laboró con la empresa Grandes superficies de
Colombia desde el 15 de septiembre de 2007 hasta el 8 de abril de 2012.
Desempeñó la función de Auxiliar para el Área de Cajas y el último
establecimiento de comercio donde prestó sus servicios fue en Carrefur Las
vegas.
-María
Mercedes Castrillón Rúa, en el primer trimestre del año 2012, presentó en el
ejercicio de sus funciones, los siguientes descuadres al cierre de las
operaciones:
-Febrero
26 de 2012, faltante en efectivo, por valor de $50.827.
-Marzo
10, sobrante en efectivo, por valor de $49.488.
-Marzo
11, sobrante en efectivo, por valor de $20.900
-El 15
de marzo de 2012, la demandante, se presentó ante las instalaciones de Carrefur
Las Vegas, en diligencia de descargos.
-Según
Acta Nº 0405, del 15 de marzo de 2012, la señora Castrillón Rúa previo
cuestionamiento elevado por la empresa, respondió lo siguiente:
1.     Que con anterioridad ya había presentado
dos descargos.
2.     Conoce el Reglamento Interno de Trabajo y
las normas internas de la compañía.
3.     Sus funciones consisten en realizar
adecuadamente el registro de los productos, cobro de los mismos y observar el
protocolo SAC.
4.     El primer descuadre (faltante en efectivo)
se atribuye a una posible desconcentración, frente a los otros dos (sobrantes
en efectivo) no tiene explicación.
5.     Sabe del objetivo que debe cumplir el
auxiliar de Caja, consagrado en el manual de funciones.
6.     Ha tomado las precauciones necesarias para
no volver a incurrir en descuadres pero no cree en el sistema que tiene la
compañía para chequear las operaciones efectuadas.
-Mediante
comunicación, del 8 de abril de 2012, el Director de Carrefur Las Vegas, le
informó a la señora Castrillón Rúa acerca de la terminación unilateral del
contrato de trabajo por justa causa.
La
empresa demandada, enmarcó las faltas cometidas por María Mercedes Castrillón
como una violación grave de las obligaciones del trabajador y fundamentó su
decisión en lo consagrado por el numeral 6 del literal a del artículo 7 del
decreto 2351 de 1965[68].
-Según
la demandante, sus condiciones de salud empezaron a aminorarse en el año 2011
por lo que debió a asistir a varios controles médicos, sin embargo no aportó al
plenario ninguna prueba que respaldara su dicho. En junio de 2012, dos meses
después de su desvinculación laboral, fue diagnosticada con cáncer de seno y
según historia clínica allegada al expediente fue intervenida quirúrgicamente
en octubre de dicho año.
En el
trámite de revisión, no se acreditó que la demandada tuviera conocimiento de
los padecimientos que afectaban a la señora Castrillón Rúa, razón por la cual
no es posible presumir que el contrato de trabajo de la accionante fue terminado de
manera unilateral por parte del empleador, en razón de las afecciones de salud de
la demandante, sino que dicha determinación fue tomada con fundamento en una violación grave de las obligaciones de
la trabajadora,
lo cual se enmarca como una justa causa para dar por terminado unilateralmente
un contrato de trabajo.
Como quedó expuesto en la parte considerativa de esta providencia,
la decisión del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo con justa
causa, alegando faltas cometidas por el trabajador no es una sanción
disciplinaria, de conformidad con la precitada jurisprudencia de este Tribunal
y de la Corte Suprema de Justicia, quienes han reiterado que el despido por
decisión unilateral conforme a la ley laboral no constituye una sanción
disciplinaria.
Como quiera que, en este caso, el despido no se produjo como
sanción disciplinaria, sino en ejercicio de la atribución con que cuenta el
empleador de dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa, cualquier
disconformidad con dicha decisión es del resorte de la jurisdicción ordinaria,
escenario en el que es posible desplegar una amplia actividad probatoria,
infaltable en sede de tutela. Ello con el fin de precisar todos los factores coincidentes de
la situación controvertida, las circunstancias modales, temporales y espaciales
que la caracterizan y el ambiente particular en que se desarrolló, desde
la perspectiva de las partes en conflicto. Este despliegue probatorio es
necesario para resolver apropiadamente el asunto y por ello debe acudirse a la
instancia contenciosa propia de los juicios ordinarios.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, confirmará el fallo proferido, por el
Juzgado Único Penal del Circuito de Envigado.
12.2. T-3.846.848
Del
material probatorio allegado al expediente, se desprenden los siguientes
hechos:
-Luz Marina Carlos Chaves laboró en la empresa Terminal de Transporte S.A.
desde el 9 de febrero de 1998 hasta el 21 de julio de 2011, fecha en que el
Gerente General le comunicó la decisión
unilateral de la entidad de dar por terminado el contrato de trabajo.
-Desde el año 2000, el médico tratante le diagnosticó a
la señora Carlos Chaves: Artritis Rematoidea. Con el paso del tiempo la salud
de la demandante se fue deteriorando, pues, adicionalmente, padece de Hipotiroidismo y Poliartralgia.
Por
estas patologías, Luz Marina Carlos Chaves, acudió en varias oportunidades a
controles médicos dentro del horario laboral. Vale la pena tener en cuenta las
fechas en que asistió a citas médicas por estas patologías, únicamente, en
Compensar EPS, sin mencionar otras instituciones de salud: 11/06/09, 08/22/09 y
07/23/09, 08/26/10, 09/08/10, 04/30/11 y 08/05/11.
-La artritis rematoidea que padece Luz Marina Carlos Chaves
desde el año 2000, según la historia clínica en la Fundación Instituto de
Reumautología Fernando Chalem, comprometió las manos, rodillas y pies de la
paciente. Así mismo, consta que dicha patología tiene una actividad severa.
Ello permite concluir que las consecuencias de esta enfermedad eran visibles.
Con
fundamento en la reseña fáctica expuesta y las pruebas que obran en el
expediente, la Sala infiere que la desvinculación de Luz Marina Carlos Chaves,
por parte de su empleador, desconoció los derechos fundamentales invocados, por
las siguientes razones:
(i)
Cuando la empresa Terminal de Transportes S.A., tomó la iniciativa de poner fin
al contrato de trabajo suscrito con la demandante, esta se encontraba en
condición de debilidad manifiesta por el serio deterioro en sus condiciones de
salud debido a la Artritis Rematoidea, Hipotiroidismo y poliartralgia que
padece.
(ii) El
aminoramiento de las condiciones de salud de la señora Carlos Chaves era de
conocimiento de su empleador, si se tiene en cuenta que las enfermedades se
desarrollaron durante la vigencia del vínculo laboral y afectaron, seriamente
sus manos, rodillas y pies.
A pesar de que la demandante no allegó al expediente las
incapacidades, médicas que le fueron concedidas y que según ella reposan en su
hoja de vida, la empresa demandante, en la contestación de la demanda, sin
desconocer este hecho, hizo referencia a la última incapacidad otorgada a la
señora Luz Marina Carlos Chaves del 7 de diciembre de 2010 al 9 de diciembre
del citado año.
(iii) En
el expediente no se incorpora ninguna prueba que revele que el empleador, no
obstante conocer que la demandante presentaba una disminución de su capacidad
física, haya solicitado la autorización del entonces Ministerio de la
Protección Social, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado el contrato de trabajo, desconociendo, como quedó reseñado en
esta providencia, que se trataba de un sujeto de especial protección
constitucional, respecto de quien se predica la garantía de una estabilidad
laboral reforzada.
Para la Corte, en el presente caso, se presume que el contrato de
trabajo de la accionante fue terminado de manera unilateral por parte del
empleador, en razón de las afecciones de salud que padece, con lo que se vulneró su derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto la
empresa Terminal de Transporte S.A. tenía conocimiento de las afecciones de la
trabajadora y no cumplió el procedimiento establecido en el inciso 1° del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona limitada puede
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la oficina de trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo proferido, en
segunda instancia, por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá. En
consecuencia, ordenará a la empresa Terminal de Transporte S.A., por intermedio
de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha
efectuado, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta
de que Luz Marina Carlos Chaves es apta para trabajar y las condiciones en que
puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con
la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrarla,
si ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
Así
mismo, se ordenará a la empresa Terminal de Transporte S.A. que reconozca
y pague a favor de Luz Marina Carlos Chaves, una indemnización equivalente a
ciento ochenta días de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997.
12.3.
T-3.985.643
Del
material probatorio incorporado al expediente, se desprenden los siguientes
hechos:
-Jorge Darwin Izquierdo Gómez estuvo vinculado con la
empresa Dicoingeniería Ltda, a través de los siguientes contratos a término
fijo:
-Del 1 de enero de
2008 al 29 de enero de 2008.
-Del 1 de marzo de
2008 al 30 de junio 2008. Por renuncia del trabajador, la vinculación solo se
extendió hasta el 30 de abril del citado año.
-Del 2 de abril de
2009 al 31 de agosto de 2009, contrato que fue prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2009.
-Del 1 de enero de
2010 al 30 de septiembre de 2010, contrato que fue prorrogado hasta el 31 de
marzo de 2011.
-Cedenar
S.A. E.S.P. suscribió con Dicoingeniería Ltda varios contratos cuyo objeto fue
la toma de lecturas de los medidores de la energía eléctrica y entrega de
facturas a los usuarios de dicho servicio en Pasto:
-Contrato 062-2008, periodo 1 de enero de 2008 al 28
de febrero de 2008.
-Contrato 182-2008,
periodo 1 de marzo de 2008 al 30 de abril de 2009.
-Contrato 245-2009,
periodo 1 de mayo de 2009 al 28 de enero de 2010.
-Contrato 158-2010,
periodo 29 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2011.
-La labor del demandante consistía en hacer la lectura de
los contadores eléctricos y la entrega de facturas a los usuarios de Cedenar
S.A. E.S.P.
-Estando
al servicio de dicha empresa, el demandante sufrió un accidente de trabajo, el
3 de abril de 2009, al ser atropellado por una motocicleta lo cual le generó trauma
en cabeza, cuello y dorso con pérdida de conocimiento que le ocasionó una
hospitalización por tres (3) días en el Hospital Universitario Departamental
E.S.E. [69]
-Después de acaecido el accidente de trabajo, al
trabajador le fueron prescritas varias sesiones de fisioterapia.
En el año 2009, se le realizaron un
total de 20[70].
-La última vinculación del señor Jorge Darwin Izquierdo
Gómez con Dicoingeniería Ltda, fue a través de la modalidad de contrato a
término fijo, del 1 de enero de 2010 al
30 de septiembre de 2010, contrato que fue prorrogado hasta el 31 de marzo de
2011.
-Dicha empresa, después
del 31 de marzo de 2011, no volvió a participar en más procesos licitatorios
convocados por Cedenar S.A. E.S.P.
-Con posterioridad a esta fecha, el señor Izquierdo Gómez
estuvo vinculado con otro empleador, el señor Eval Jorge Martínez Moncayo, quien
también fungía como representante legal de Dicoingeniería Ltda.
Con el señor Eval Jorge Martínez Moncayo, el demandante
celebró una conciliación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Pasto[71], en la que se
acordó que se mantendría la vinculación laboral del trabajador hasta tanto no
se presentara novedad de su situación de salud dictaminada por la
Administradora de Riesgos Profesionales Positiva.
Como quedó expuesto en la parte considerativa de esta
providencia esa acta de conciliación es vinculante para las partes que
participaron en el acuerdo conciliatorio y tiene la fuerza de cosa juzgada.
Frente a las controversias que pueden surgir de la
conciliación en nuestro ordenamiento jurídico se dispone un medio de defensa
ante la jurisdicción laboral ordinaria, que resulta lo suficientemente eficaz
para proteger los derechos de los trabajadores, los cuales también cuentan en
un momento previo con la protección que le brinda el Inspector del Trabajo que
presencia, revisa y aprueba las actas de conciliación. Así, la acción
constitucional deviene como improcedente.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, confirmará el fallo proferido, por el
Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Pasto.
12.4. T-4.078.638
De conformidad con
las pruebas que reposan en el expediente se encuentran acreditados los
siguientes hechos:
-El Consorcio Grupo Occing , mediante el contrato Nº
0F8-OS-000503, acordó con el Consorcio C.C., realizar las labores de
“CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT CAÑAVERALEJO II Y COLECTOR SINDICAL”, trabajos
correspondientes al proyecto del corredor central de Aguablanca y obras
complementarias del Sistema Integral de Transporte Masivo de Santiago de Cali,
frente Empalme Vial de los tramos 7T1 y 7T2, lado oriental, localizado en la
Autopista Oriental entre carrera 28D y carrera 29, de acuerdo con las
condiciones indicadas en los planos, especificaciones y anexos y en general
cumpliendo con las condiciones especificadas.
A su vez, el Consorcio Grupo Occing, celebró un
contrato de prestación de servicios personales técnicos y obreros con el señor
Iván Trujillo Chaguendo  para que ejecutara las obras de construcción de los
tramos 7T1 y 7T2 del Box Coulvert del canal Cañaveralejo y colector sindical en
la ciudad de Cali.
-En este último contrato, dentro de las obligaciones
del contratante, según el parágrafo primero de clausula cuarta, expresamente se
consagra: “EL CONTRATANTE” pagará todos los costos de vinculación y
afiliación permanente a la seguridad social y de las obligaciones parafiscales
de todos los trabajadores vinculados laboralmente con el CONTRATISTA, durante
el tiempo de ejecución de las obras y al finalizar la construcción hará el pago
efectivo de las prestaciones sociales de los mismos trabajadores. Estos pagos
los realizará EL CONTRATANTE en procura, única y exclusivamente, del efectivo
cumplimiento de las normas legales de protección y garantía de los derechos
sustanciales de los trabajadores teniendo en consideración los informes del
CONTRATISTA sobre el cumplimiento de las jornadas laborales por parte de cada
uno de los trabajadores” y, en el parágrafo segundo, se estipula: “EL
CONTRATANTE, para el cumplimiento real y material de estas obligaciones
laborales, descontará las cuantías de dineros necesarias de las liquidaciones
de los honorarios quincenales del CONTRATISTA, quien manifiesta expresamente
ACEPTAR este PARÁGRAFO, conforme el principio de solidaridad inherente de las
mismas en el marco legal”.
-Iván Trujillo Chaguendo, era el encargado del
personal operario conforme al contrato de prestación de servicios suscrito con
la entidad demandada.
-Según la historia
clínica allegada al expediente, Robert Camelo Castro padece del Virus de
Inmunodeficiencia Humana.
-El demandante
laboró en la obra de construcción mencionada.
-Al señor Robert Camelo, se le pagó el trabajo que
ejecutó, del 15 al 19 de abril de 2013, según la comunicación aportada al
expediente por Occing Ingeniería del 22 de abril de 2013, dirigida a aquel y
por medio de la cual se le informó acerca de la terminación de su contrato de
trabajo en estos términos: “como es de su conocimiento, debido al periodo
invernal [en] que se encuentra la ciudad, se hace necesario prescindir de sus
servicios por el momento, queremos manifestarle nuestro agradecimiento por su
colaboración y su desempeño en el transcurso de la obra”.
Como se observa, fue el cambio climático del mes de
abril de 2013, el que obligó a la compañía demandada a suspender la ejecución
de las obras en las que había sido vinculado el demandante lo cual ocasionó no
solamente su desvinculación sino la del 40% del personal contratado. Ello fue
ratificado, en sede de tutela, por el señor Iván Trujillo Chaguendo, encargado
de impartir las órdenes a los trabajadores, quien manifestó que la obra había
sido suspendida por causas naturales.
En consecuencia, no puede predicarse en este caso, un
ánimo discriminatorio por parte del consorcio accionado en la desvinculación
del señor Robert Camelo Castro, pues, según el acopio probatorio, se logró
establecer que no fueron sus condiciones de salud, el motivo que llevó a la
terminación del contrato laboral, sino que ello obedeció a una causa objetiva,
esto es, las fuertes lluvias del mes de abril de 2013, que conllevó a la suspensión
de la obras civiles para las cuales había sido contratado el señor Camelo
Castro. Este imprevisto climático ocasionó la desvinculación del 40% del
personal. Solo continuó laborando el personal con alto nivel de experiencia, en
la medida en que era necesario ejecutar labores de alto riesgo, expectativa que
no cumplía el demandante.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, confirmará el fallo proferido, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de
Conocimiento de Cali.
12.5. T-4.090.360
Con base en las
pruebas incorporadas al plenario, la Sala tiene por demostrado:
-Eduardo Enrique Coronado De la Rosa laboró en la empresa Agropecuaria La Soria S.A.S
desde el 5 de junio de 2007 hasta el 8 de julio de 2013, fecha en que el Administrador
le comunicó la decisión unilateral de la
entidad de dar por terminado el contrato de trabajo.
-El 22 de
agosto de 2011, sufrió un accidente de trabajo al caer de una altura de
aproximadamente 1.5 metros, siniestro que fue reportado a Seguros La Equidad.
-Debido a la mengua de las condiciones de salud del señor Coronado De la Rosa con ocasión de
la Discopatía lumbar múltiple, espondiloartrosis lumbar e hipertrofia facetaria que padece, este debió asistir a varios controles médicos
en el hospital Reina Sofía de
España E.S.E., Prosalud Ltda, C.F. IPS Lérida, CF Central Especialistas de
Ibagué y CF Torre de Especialistas Autospita Norte y acudió a citas médicas con
los especialistas Renso Gustavo Zona Campos, Carlos A. Mora y Juan Camilo
Guevara R y le fueron concedidas innumerables incapacidades: del 12-04-12 al 16-04-12, del 17-05-12 al
28-05-12, del 29-5-12 al 07-06-12, al 29-08-12 al 31-08-12, del 07-06-13 al
21-06-13 y del 22-06-13 al 06-07-13.
Así mismo, fue expedida, el 29 de junio de 2012, una recomendación
laboral por parte del médico de salud ocupacional.
Con
fundamento en el devenir fáctico expuesto y las pruebas allegadas al
expediente, la Sala concluye que la desvinculación de Eduardo Enrique Coronado
De la Rosa, por parte de su empleador, desconoció los derechos fundamentales
invocados, por las siguientes razones:
(i)
Cuando la empresa Agropecuaria La Soria S.A.S, tomó la iniciativa de poner fin
al contrato de trabajo suscrito con el demandante, este se encontraba en
condición de debilidad manifiesta por la merma en sus condiciones de salud
debido a la Discopatía lumbar múltiple,
espondiloartrosis lumbar e hipertrofia facetaria que
padece.
(ii) El quebrantamiento
de las condiciones de salud del señor Coronado De la Rosa era de conocimiento
de su empleador, si se tiene en cuenta que las enfermedades se desarrollaron
durante la vigencia del vínculo laboral, acudió múltiples veces a controles
médicos, le fueron concedidas varias incapacidades y fueron expedidas
recomendaciones médicas.
(iii) En
el expediente no se incorpora ninguna prueba que acredite que el empleador, no
obstante conocer que el demandante presentaba una disminución de su capacidad
física, haya solicitado la autorización al Ministerio del Trabajo, en los
términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado el
contrato de trabajo, desconociendo, como quedó plasmado en este proveído, que
se trataba de un sujeto de especial protección constitucional, respecto de
quien se predica la garantía de una estabilidad laboral reforzada.
Para la Corte, en el presente caso, se presume que el contrato de
trabajo del accionante fue terminado de manera unilateral por parte del
empleador, en razón de las afecciones de salud que padece, con lo que se vulneró su derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto la
empresa Agropecuaria La Soria S.A.S. tenía conocimiento de las patologías del
trabajador y no cumplió el procedimiento establecido en el inciso 1° del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona en estado de
debilidad manifiesta puede ser despedida o su contrato terminado por razón de
su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo proferido, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lérida -Tolima-. En consecuencia, ordenará a la empresa Agropecuaria La
Soria S.A.S, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces
que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica
que de cuenta de que Eduardo Enrique Coronado De la Rosa es apto para trabajar
y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a
través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud
ocupacional, reintegrarlo, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior
al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de
salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
Así mismo,
se ordenará a la empresa Agropecuaria La Soria S.A.S. que reconozca
y pague a favor de Eduardo Enrique Coronado De la Rosa, una indemnización
equivalente a ciento ochenta días de salario, al tenor del inciso 2o. del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
12.6. Expediente
T-4.094.737
Acorde con lo que obra en el expediente, se puede
aseverar que:
-Jeider José
Sarabia Angarita, ingresó al
Ejército Nacional en el año 2004.
-En el ejercicio de sus funciones, 1 de
abril de 2008, realizando una maniobra militar llamada “Aerolito”, padeció un
fuerte impacto en su rodilla izquierda, perdiendo el 18% de la capacidad
laboral, según dictamen de la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía.
-El 30 de marzo de 2013, le notificaron su
retiro de la institución por la DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA,[72] con fundamento en las causales previstas
en los artículos 100 del Decreto 1790 de 2000 y el artículo 10 del Decreto 1793
de 2000.
-De acuerdo con la contestación a la
demanda de tutela, presentada de forma extemporánea, el Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía, señaló que el señor Sarabia , en uso del derecho de petición, el 15 de
abril de 2013, elevó una solicitud ante dicha institución con el fin de que
fueran nuevamente valoradas sus lesiones y afecciones. Según lo que afirmó el
demandante, con ello pretendía que fuera estudiada la posibilidad de ser
reubicado laboralmente, pues, dados sus conocimientos en conducción de
vehículos y barbería, cabría la posibilidad, pese a su pérdida de la capacidad
laboral, de desempeñar estas actividades.
-El tribunal demandado, mediante comunicación del 14
de mayo de 2013, le señaló al demandante que “su solicitud no se encuentra
dentro de las facultades que se atribuyen legalmente a este tribunal, conforme
a lo dispuesto por el Decreto 1796 de 2000 que se refiere en su ‘…ARTÍCULO 22.
IRREVOCABILIDAD. [a que] Las decisiones del Tribunal Médico-Laboral de Revisión
Militar y de Policía son irrevocables y obligatorias y contra ellas sólo
proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes. Partiendo de esta
disposición resulta evidente que las determinaciones de este Tribunal son
invariables e inmodificables, y por consiguiente su petición se despacha en
sentido negativo.”
-Con fundamento en las circunstancias
fácticas documentadas, la Sala cuenta con suficientes elementos de convicción
que le permiten afirmar que:
(i) Jeider José Sarabia Angarita, en ejercicio de sus funciones como soldado
del Ejército Nacional, fue víctima de una lesión que le produjo una pérdida de
la capacidad laboral y (ii) fue retirado a consecuencia de dicha afectación.
-En el caso presente es patente que la
única razón por la cual se dispuso el retiro del demandante, según la
comunicación que se le envió, informándole la respectiva decisión fue su
condición de discapacidad producto del percance que sufrió como participante de
una operación militar, sin que la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía valoraran
nuevamente sus lesiones y afecciones y sin que fuese estudiada la posibilidad
de ser reubicado laboralmente, teniendo en cuenta sus conocimientos en
conducción de vehículos y barbería y sin considerar que en vista del poco
porcentaje de  pérdida de la capacidad laboral, cabía la posibilidad de
desempeñar estas actividades.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional,
como quedó visto, ha desarrollado una amplia y consistente línea
jurisprudencial en defensa de las personas en estado de debilidad manifiesta,
la cual ha sido aplicada con bastante énfasis en el marco de la relación
laboral regida tanto por el vínculo legal y reglamentario, propio de los
servidores públicos en general, como dentro del ámbito del contrato de trabajo.
Para el caso de los miembros de las Fuerzas
Militares en estado de debilidad manifiesta que padecen la condición de
discapacitados, no obstante hallarse cobijados por un régimen especial, cabe
también aplicarles el principio de protección que el Estado debe brindar a
estas personas por cuanto, lo contrario, supondría someterlos a un tratamiento
claramente discriminatorio que carecería de toda justificación pues todos los
discapacitados, cualquiera sea el contexto en el que se hallen o su situación
frente al Estado o la sociedad, merecen ser tratados en condiciones de igualdad
para efectos de que se les prodigue el trato deferente de que, por mandato
constitucional, deben ser objeto.
Conforme a lo que se deja expresado, esta
Corte amparará los derechos fundamentales del demandante a su dignidad humana y
a la igualdad real y efectiva en su condición de discapacitado, y, por ende,
dispondrá que el Tribunal Médico de Revisión Laboral de las Fuerzas Militares
de Colombia en un término no mayor de cinco (5) días hábiles, practique un nuevo
examen sicofísico al demandante, a efectos de establecer, objetivamente, la
actividad en la que se puede desarrollar, explicando la razón de ser de la
conclusión a la que llegue. Dictamen que deberá remitir al órgano competente
para que, si es el caso, decida sobre   la reincorporación de Jeider José
Sarabia Angarita al Ejército Nacional, en una labor en la que su discapacidad
no afecte el servicio, de acuerdo con su grado de escolaridad, habilidades,
destrezas y de ser necesario se haga la capacitación que al efecto se requiera.
12.7. T-4.107.022
De conformidad con la reseña fáctica expuesta y la
jurisprudencia reseñada, procederá la Sala, en este caso, a determinar, si Lina
Patricia Barrera Medrano, al encontrarse vinculada con el ICBF, y en calidad de
supernumeraria, desarrolló sus funciones de manera permanente, si la respuesta
es afirmativa, procederá la Corte a establecer, si la entidad demandada vulneró
o no sus derechos fundamentales.
Bajo esta perspectiva, entra la Sala a determinar si
el ICBF incurrió en una indebida utilización de la relación laboral que mantuvo
con la demandante y así precisar si ella venía prestando sus servicios de forma
permanente, al habérsele venido realizando vinculaciones transitorias pero
sucesivas.
Lo anterior, permitirá esclarecer el verdadero motivo
de la desvinculación de la peticionaria, pues, si este fue temporaria, le asistiría
razón a la entidad demandada, en el sentido de que el retiro obedeció a razones
del servicio; en cambio, si se determina que la vinculación fue permanente,
implicaría que su ruptura fue adoptada en virtud de las afecciones de salud que aquella
padecía, evento en el cual se
le debe otorgar la protección a la estabilidad laboral reforzada
Para tal efecto, es necesario evaluar las
vinculaciones que tuvo la demandante con el ICBF.
Las pruebas que reposan en el plenario, se
acreditan que Lina Patricia  Barrero Medrano estuvo vinculada con el ICBF, como
profesional supernumerario, a través de las siguientes resoluciones:
·
Resolución Nº 004091 del 26 de
septiembre de 2008, a partir de esa fecha y hasta el 29 de diciembre del citado
año, en el cargo equivalente al de Profesional Universitario Código 2044, Grado
05, asignado al Centro Zonal Duitama. Vinculación que tuvo varias prorrogas
hasta el 29 de diciembre de 2010.
·
Resolución 0007 del 3 de enero de
2011, a partir del 11 de enero de 2011 y hasta el 15 de junio de 2012, en el
cargo equivalente de Profesional Universitario Código 2044 Grado 05, asignado
al Centro Zonal Duitama. Esta vinculación se prorrogó hasta el 31 de diciembre
de 2011.
·
Resolución 0024 del 3 de enero de
2012, a partir del 10 de enero de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2012, el cargo
equivalente de Profesional Universitario Código 2044 Grado 05, asignado al
Centro Zonal Duitama. Esta vinculación se prorrogó hasta el 29 de diciembre de
2012 y, posteriormente, hasta el 30 de junio de 2013, como consta en la
Resolución 1058 del 27 de marzo de 2012 y en la Resolución 9866 del 17 de
diciembre de 2012.
·
La Resolución 0192 del 17 de enero
de 2013, aprobó el traslado de la señora Barrera Medrano de la Regional Boyacá,
Centro Zonal Duitama a la Regional Bogotá, Centro Zonal Suba.
De lo
expuesto se colige que el ICBF venía vinculando a la demandante por periodos
fijos y sucesivos para desempeñar el cargo de psicóloga, lo que permite inferir
que dicho cargo corresponde al rol ordinario del instituto y, en consecuencia,
las funciones desarrolladas por la señora Barrera Medrano correspondían a las
ordinarias de dicha entidad.
Ahora
bien, para determinar si la
desvinculación de Lina Patricia Barrera Medrano, por parte del ICBF, desconoció
sus derechos fundamentales invocados, resulta necesario analizar cómo el
aminoramiento de sus condiciones de salud era evidente.
Al
efecto, las pruebas allegadas al plenario acreditan los siguientes hechos:
-Según la historia clínica de la demandante, en el año
2012, le fue diagnosticado trastorno bipolar[73] y, desde
entonces, ha asistido a diversos controles médicos y ha recibido tratamiento en
varias instituciones de salud: Servicios Integrales de Rehabilitación Boyacá
Ltda, Clínica Nuestra Señora de la Paz, Clínica Especializada de los Andes,
Nueva EPS, Clínica Boyacá, Méderi, Clínica San Javier S.A. y en el Hospital
Universitario San Ignacio[74].
-Como consecuencia de dicha patología, a Lina Patricia
Barrera Medrano, le han sido concedidas varias incapacidades médicas, así: del
10/03/12 al 16/03/12, del 21/03/12 al 30/03/12, del 23/04/12 al 25/04/12, del
30/04/12 al 04/05/12, del 09/07/12 al 13/07/12, del 15/07/12 al 22/07/12, del
23/08/12 al 24/08/12, del 28/08/12 al 31/08/12, del 04/10/12 al 10/10/12, del
06/11/12 al 09/11/12, del 20/12/12 al 24/12/12, del 24/12/12 al 24/12/12, del
22/01/13 al 25/01/13 y del 02/06/13 al 10/06/13.
-En el concepto médico de Salud Ocupacional, del 21 de
febrero de 2013, se señalaron como recomendaciones:
“NO APTA PARA EL CARGO DE SUPERNUMERARIA COMO
PSICÓLOGA EN CENTRO ZONAL, DEBIDO A ANTECEDENTES RELEVANTES DE ALTERACIONES A
NIVEL PSÍQUICO QUE COMPROMETEN SU ESFERA MENTAL Y SUS SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
POR LO ANTERIOR DEBE SER REUBICADA A UN CARGO A FIN CON SU NOVEL (SIC)
ACADÉMICO EN DONDE SU ÁMBITO LABORAL SEA ADECUADO A SU CONDICIÓN DE SALUD BASE.
DEBE SEGUIR EN CONTROL POR MÉDICOS ESPECIALIZADOS”.
Así mismo, se plasmaron las siguientes restricciones:
“RESTRICCIONES MEDICO LABORALES PERMANENTES PARA:
ATENCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS, TRABAJO BAJO PRESIÓN, TRABAJAR HORAS EXTRAS,
TRABAJO NOCTURNO O POR TURNOS, NI REALIZACIÓN DE LABORES ASISTENCIALES DE
PSICOLOGA.”
-Posteriormente, en el concepto médico de Salud
Ocupacional del 10 de abril de 2013, se indicaron como recomendaciones:
“SE SOLICITA AL PORFESIONAL SYSO DE LA REGIONAL BOGOTA
REALIZAR VISITA AL NUEVO PUESTO DE TRABAJO DE LA COLABORADORA CON EL FIN DE
DETERMINAR MEDIANTE INFORME LAS CONDICIONES GENERALES CON RELACIÓN A LAS NUEVAS
LABORES QUE INICIO (…)”
En cuanto a restricciones, en este concepto se
reiteraron las señaladas en el anterior.
-Luego, en el concepto médico de Salud Ocupacional del
5 de junio de 2013, se anotó la siguiente recomendación:
“DE ACUERDO A LA ESCAZA RED DE APOYO FAMILIAR QUE LE
QUEDA A LA FUNCIONARIA Y A LA DIFICULTAD ECONÓMICA POR SER MADRE CABEZA DE
FAMILIA, SE CONSIDERA UNA POSIBILIDAD ADECUADA EL QUE RETORNE A VIVIR JUNTO CON
SU PADRE EN LA CIUDAD DE DUITAMA, BOYACÁ. LO ANTERIOR TAMBIEN ASEGURARIA UN
APOYO Y UN TRATO ADECUADO PARA LA HIJA DE LA COLABORADORA.”
En lo atinente a restricciones, se dijo:
“DESDE LO LABORAL TENIENDO EN CUENTA EL VALOR QUE
DESDE LO FUNCIONAL REPRESENTA PARA LA FUNCIONARIA Y SU CONDICIÓN DE SALUD, SE
RECOMIENDA LA POSIBILIDAD DE TRASLADAR SU SITIO DE TRABAJO AL CENTRO ZONAL
DUITAMA, EN LA REGIONAL BOYACA.”:
De lo
expuesto se colige que la
desvinculación de Lina Patricia, por parte del ICBF, desconoció sus derechos
fundamentales, por las siguientes razones:
(i)
Cuando el ICBF, tomó la iniciativa de no prorrogar el vínculo que mantenía con
la demandante, esta se encontraba en condición de debilidad manifiesta por la
merma en sus condiciones de salud debido al trastorno bipolar que le fue
diagnosticado.
(ii) La
disminución de las condiciones de salud de la señora Barrera Medrano era de
conocimiento del ICBF, si se tiene en cuenta que esta patología se diagnosticó
y desarrolló durante la vigencia de la relación laboral durante la cual le
fueron concedidas varias incapacidades y señaladas distintas recomendaciones y
restricciones por el médico de salud ocupacional de la entidad.
(iii) En
el expediente no se incorpora ninguna prueba que acredite que el ICBF, no
obstante conocer que la demandante presentaba una grave afección, haya
solicitado la autorización al Ministerio del Trabajo, en los términos del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado el vínculo,
desconociendo, como quedó plasmado en este proveído, que se trataba de un
sujeto de especial protección constitucional, respecto de quien se predica la
garantía de una estabilidad laboral reforzada.
Para la Corte, en el presente caso, se presume que la vinculación
de la accionante no fue prorrogada por parte del ICBF, en razón de las
afecciones de salud que padece, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto el ICBF tenía conocimiento de los
padecimientos de la trabajadora y no cumplió el procedimiento establecido en el
inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona en
estado de debilidad manifiesta puede ser separada del servicio o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
oficina de trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo proferido, por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral. En
consecuencia, ordenará al ICBF, por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los
diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que dé cuenta de que Lina Patricia Barrera Medrano es apta
para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud,
realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del
plan de salud ocupacional, reintegrarla, si ella está de acuerdo, a un cargo
igual o superior al que venía desempeñando cuando se produjo su retiro, acorde
con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad por medio de la cual se
designan a los empleados públicos en provisionalidad. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de Trabajo.
12.8. T-4.423.336
Con el material probatorio allegado al plenario, se
comprueban los siguientes hechos:
-Martha
Cecilia Mesa Estupiñán estuvo vinculada laboralmente con la empresa Mazdel
Plazas Rodríguez S en C, a través de varios contratos a término fijo.
-La
demandante, el 26 de julio de 2013, en cumplimiento de sus funciones, sufrió un accidente de trabajo al
resbalar por unas escaleras y caer. Después de dicha calamidad empezó a
presentar dolor en la región cervical y
lumbar, en el codo izquierdo y en la mano derecha.
-Con ocasión de este padecimiento, Martha Cecilia
Estupiñán Mesa debió iniciar varios tratamientos médicos y le fueron concedidas
varias incapacidades médicas
después del accidente de trabajo: 05/08/13
al 07/08/13, 22/10/13 al 23/10/13, 29/01/14 al 30/01/14 y 28/02/14 02/03/14.
Igualmente, el 30 de agosto de 2013, Suramericana, expidió en este caso
una recomendación médico laboral.
-El 4 de
febrero de 2014, la empresa demandada, le comunicó a la señora Mesa Estupiñán su
decisión de no prorrogar el contrato de trabajo.
-Con fundamento en la narración expuesta en
los antecedentes de esta providencia y las pruebas incorporadas al expediente,
la Sala concluye que la desvinculación de Martha Cecilia Mesa Estupiñán, por
parte de su empleador, desconoció los derechos fundamentales invocados, por las
siguientes razones:
(i)
Cuando la empresa Mazdel Plazas Rodríguez S en C, tomó la iniciativa de no
prorrogar el contrato de trabajo suscrito con la demandante, esta se encontraba
en condición de debilidad manifiesta por el menoscabo en sus condiciones de
salud debido a los dolores en la región
cervical y lumbar, en el codo izquierdo y en la mano derecha que le
sobrevinieron después del accidente de trabajo.
(ii) La
disminución de las condiciones de salud de la señora Mesa Estupiñán era de
conocimiento de su empleador, si se tiene en cuenta que sus padecimientos se
desarrollaron durante la vigencia del vínculo laboral y se acrecentaron después
del accidente laboral, motivo por el cual le fueron concedidas varias
incapacidades, luego de este siniestro.
(iii) En
el expediente no se incorpora ninguna prueba que acredite que el empleador, no
obstante conocer que la demandante presentaba afecciones, haya solicitado la
autorización al Ministerio del Trabajo, en los términos del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, para dar por terminado el contrato de trabajo, desconociendo,
como quedó plasmado en este proveído, que se trataba de un sujeto de especial
protección constitucional, respecto de quien se predica la garantía de una
estabilidad laboral reforzada.
Para la Corte, en el presente caso, se presume que el contrato de
trabajo de la accionante no fue prorrogado por parte del empleador, en razón de
las afecciones de salud que padece, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto la empresa Mazdel Plazas Rodríguez S
en C tenía conocimiento de los padecimientos de la trabajadora y no cumplió el
procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, según el cual ninguna persona en estado de debilidad manifiesta puede ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie
autorización de la oficina de trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo proferido, por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Función de
Control Garantías de Bogotá. En consecuencia,
ordenará a la empresa Mazdel Plazas Rodríguez S en C, por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de los diez (10) días siguientes a la notificación de la
presente sentencia, previa valoración médica que dé cuenta de que Martha
Cecilia Mesa Estupiñán es apta para trabajar y las condiciones en que puede
hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que
tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrarla, si ella
está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando fue
retirada, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad
laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de
mantenerse las condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
Así
mismo, se ordenará a la empresa Mazdel Plazas Rodríguez S en C, que reconozca
y pague a favor de Martha
Cecilia Mesa Estupiñán, una indemnización equivalente a ciento
ochenta días de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
12.9. Expediente T-4.424.571
Con las pruebas que reposan en el plenario, fue posible acreditar:
-Willians Zapata Meneses estuvo vinculado laboralmente
con Prever S.A. desde el año 1993 hasta diciembre de 2013.
-En el año 2009, le fue diagnosticado al señor Zapata
Meneses, leucemia miloide crónica. Posteriormente, empezó a padecer: depresión,
obesidad e insuficiencia venosa.
-A Willians Zapata
Meneses, el 7 de septiembre de 2009 y el 26 de febrero de 2011, le fueron
expedidas unas recomendaciones médico laborales.
La empresa le
informó al trabajador, la forma como daría observancia a las recomendaciones
laborales a través de los oficios de fecha: 18/01/10 10/03/11 y le planteó
algunas inquietudes a la Nueva EPS en relación con el cumplimiento de estas,
mediante comunicación de 25/02/10.
-Según el concepto de rehabilitación y pronóstico de la
Nueva EPS de la enfermedad de Leucemia Mieloide que padece el señor Willians
Zapata Meneses es regular.
-El 27 de
diciembre de 2013, Willians Zapata Meneses, fue llamado a descargos porque no
se presentó a trabajar durante los días 25 y 26 de diciembre.
Ese mismo día, la empresa demandada, le comunicó al señor Zapata
Meneses su decisión de terminar el contrato de trabajo con justa causa por
haber incurrido en una violación grave de sus obligaciones y prohibiciones,
contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo.
-Con fundamento en la narración expuesta en
los antecedentes de esta providencia y las pruebas incorporadas al expediente,
la Sala concluye que la desvinculación de Willians Zapata Meneses, por parte de
su empleador, desconoció sus derechos fundamentales invocados, por las
siguientes razones:
(i) Cuando
la empresa Prever S.A., tomó la iniciativa de despedir al demandante, este se
encontraba en condición de debilidad manifiesta por el menoscabo en sus
condiciones de salud debido a la leucemia miloide
que le fue diagnosticada y la depresión, obesidad e insuficiencia venosa que
posteriormente afectaron aún más al trabajador.
(ii) La
disminución de las condiciones de salud del señor Zapata Meneses era de
conocimiento de su empleador, si se tiene en cuenta que sus padecimientos se
desarrollaron durante la vigencia del vínculo laboral y que le fueron remitidas
varias recomendaciones médico laborales en relación con dicho trabajador.
(iii) En
el expediente no se incorpora ninguna prueba que acredite que el empleador, no
obstante conocer que el demandante presentaba afecciones, haya solicitado la
autorización al Ministerio del Trabajo, en los términos del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, para dar por terminado el contrato de trabajo, desconociendo,
como quedó plasmado en este proveído, que se trataba de un sujeto de especial
protección constitucional, respecto de quien se predica la garantía de una
estabilidad laboral reforzada.
Para la Corte, en el presente caso, se presume que el contrato de
trabajo del accionante fue finiquitado, en razón del deterioro de salud que
padece, con lo que se vulneró
su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por
cuanto la empresa Prever S.A. tenía conocimiento de los padecimientos del
trabajador y no cumplió el procedimiento establecido en el inciso 1° del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona en estado de
debilidad manifiesta  puede ser despedida o su contrato terminado por razón de
su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo proferido, por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín. En consecuencia, ordenará a
la empresa Prever S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga
sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10)
días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración
médica que de cuenta de que Willians Zapata es apto para trabajar y las
condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través
de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud
ocupacional, reintegrarlo, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior
al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de
salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
Así
mismo, se ordenará a la empresa Prever S.A., que reconozca
y pague a favor de
Willians Zapata Meneses, una indemnización equivalente a ciento
ochenta días de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
12.10. Expediente T-4.436.619
Con las pruebas
relevantes aportadas al trámite de tutela, se comprueban los siguientes hechos:
10.2.1. Desde
el 3 de abril de 2007, Jorge Armildo Melo Sánchez, laboró en la empresa
Ancar S.A.S. como minero.
-El 1 de
agosto de 2012 y el 3 de diciembre de 2013, el señor Melo Sánchez sufrió dos
accidentes laborales. El primero, consistió en un golpe en una de sus rodillas
y, el segundo, en un fuerte dolor de cintura.
-Por
el último siniestro fue incapacitado, inicialmente, por tres días y,
posteriormente, por el término de 7 días.
-El
demandante, del 20 de diciembre de 2013 al 11 de enero de 2014, gozó de
un periodo de vacaciones y, el 13 de
enero de 2014, le fue concedido por el empleador, un permiso por el término de
tres días.
-Los días 14, 16 y 18 de enero de 2014, el señor Melo
Sánchez acudió, nuevamente, al hospital de Ubaté.
-Jorge Armildo Melo
Sánchez, el 11 de febrero de 2014, se presentó a trabajar en la empresa
demandada. En esa misma fecha, le fue informado, por escrito, la decisión de la
empresa de dar por terminado su contrato de trabajo. Como el trabajado se rehusó
a recibir, esta comunicación le fue enviada por correo.
-Con fundamento en la narración expuesta en
los antecedentes de esta providencia y las pruebas incorporadas al expediente,
la Sala concluye que la desvinculación de Jorge Armildo Melo Sánchez, por parte
de su empleador, desconoció los derechos fundamentales invocados, por las
siguientes razones:
(i)
Cuando la empresa Ancar S.A.S, tomó la iniciativa de despedir al demandante,
este se encontraba en condición de debilidad manifiesta por el menoscabo en sus
condiciones de salud debido a la afectación que padecíaen la región lumbar, que
se generó después del último siniestro laboral en el que se vio involucrado.
(ii) La
disminución de las condiciones de salud del señor Melo Sánchez era de
conocimiento de su empleador, si se tiene en cuenta que sus padecimientos se
desarrollaron durante la vigencia del vínculo laboral y en vista de que le
fueron concedidas después del accidente laboral, dos incapacidades. Ello
ocurrió antes del periodo de vacaciones y de un permiso concedido por la
empresa.
(iii) En
el expediente no se incorpora ninguna prueba que acredite que el empleador, no
obstante conocer que el demandante presentaba afecciones, haya solicitado la
autorización al Ministerio del Trabajo, en los términos del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, para dar por terminado el contrato de trabajo, desconociendo,
como quedó plasmado en este proveído, que se trataba de un sujeto de especial
protección constitucional, respecto de quien se predica la garantía de una
estabilidad laboral reforzada.
Para la Corte, en el presente caso, se presume que el contrato de
trabajo del accionante fue finiquitado, en razón del deterioro de salud que
padece, con lo que se vulneró
su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por
cuanto la empresa Ancar  S.AS. tenía conocimiento de los padecimientos del
trabajador y no cumplió el procedimiento establecido en el inciso 1° del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona en estado de
debilidad manifiesta puede ser despedida o su contrato terminado por razón de
su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo proferido, por el
Juzgado Civil Municipal de Ubaté. En consecuencia, ordenará a la empresa Ancar
S.A.S, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si
aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10) días siguientes a
la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que dé
cuenta de que Jorge Armildo Melo Sánchez es apto para trabajar y las
condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través
de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud
ocupacional, reintegrarlo, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior
al que venía desempeñando cuando se produjo su retiro, acorde con su estado de
salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
Así
mismo, se ordenará a la empresa Ancar S.A.S., que reconozca
y pague a favor de Jorge Armildo
Melo Sánchez, una indemnización equivalente a ciento
ochenta días de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
V. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente asunto.
SEGUNDO.- CONFIRMAR el fallo del 24 de enero 2013, proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito de Envigado, el cual
confirmó, a su vez, el dictado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Envigado, el 28 de noviembre de 2012, en el
trámite del proceso de tutela T-3.805.577.
TERCERO.- REVOCAR el fallo del 12 de marzo de 2013,
proferido por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, el cual revocó,
a su vez, el dictado por el Juzgado Sesenta y Dos Civil Municipal de Bogotá, el
11 de febrero de 2011, en el trámite del proceso de tutela T-3.846.848. En su
lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta sentencia, el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral
reforzada de Luz Marina Carlos Chaves y, en consecuencia, ORDENAR a la
empresa Terminal de Transporte S.A., por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez
(10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que dé cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar a Luz Marina Carlos Chaves, si ella está de acuerdo, a un cargo
igual o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con
su estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual
anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones
de limitación en salud de la trabajadora, previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
CUARTO.- ORDENAR a la empresa Terminal de Transporte S.A., el
reconocimiento y pago a favor de Luz Marina Carlos Chaves de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, al tenor del inciso
2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
QUINTO.- ADVERTIR a Luz Marina Carlos Chaves que, si no lo ha
hecho, acuda a la  jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente
para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos laborales que le
pudieran corresponder.
SEXTO.- CONFIRMAR el fallo del 28 de mayo de
2013, proferido por el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes con función
de Conocimiento de Pasto, el cual confirmó, a su vez, el dictado por el Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías para Adolescentes
de Pasto, el 17 de abril de 2013, en el trámite del proceso de tutela T-3.985.643.
SÉPTIMO.- CONFIRMAR
el fallo del 25 de julio de 2013, proferido por el Juzgado
Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, el cual revocó, a su vez, el dictado por el
Juzgado Veintidós Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, el 11
de junio de 2013, en el trámite del
proceso de tutela T-4.078.638.
OCTAVO.- REVOCAR el fallo del 9 de agosto de 2013,
proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lérida (Tolima), en el trámite
del proceso de tutela T-4.090.360. En su lugar, CONCEDER, por las
razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada de Eduardo
Enrique Coronado De la Rosa y, en consecuencia, ORDENAR a Agropecuaria
La Soria S.A.S, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces
que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica
que dé cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede
hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que
tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar a Eduardo
Enrique Coronado De la Rosa, si el está de acuerdo, a un cargo igual o superior
al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de
salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
NOVENO.- ORDENAR a Agropecuaria La Soria S.A.S, el reconocimiento y
pago a favor de Eduardo Enrique
Coronado De la Rosa, de una indemnización equivalente a ciento ochenta días
de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO.- ADVERTIR a Eduardo Enrique Coronado De la Rosa que, si no lo
ha hecho, acuda a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente
para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos laborales que le
pudieran corresponder.
DÉCIMO PRIMERO.- REVOCAR el fallo del 2 de julio de 2013, proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala de Decisión Penal,
en el trámite del T-4.094.737. En su lugar, CONCEDER, por las razones y
en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la
vida digna y a la igualdad real y efectiva en su condición de discapacitado de
Jeider José Sarabia Angarita  y, en consecuencia, ORDENAR al Tribunal
Médico Laboral de las Fuerza Militares de Colombia, que dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, practique un
examen sicofísico al demandante Jeider José Sarabia Angarita, a efectos de
establecer, objetivamente la actividad en la que se puede desarrollar,
explicando la razón de ser de la conclusión a la que llegue. Dictamen que deberá remitir al órgano
competente para que este decida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
sobre la reincorporación de Jeider José Sarabia Angarita al Ejército Nacional,
en una labor en la que su discapacidad no afecte el servicio, de acuerdo a su
grado de escolaridad, habilidades, destrezas y, de ser necesario, se haga la
capacitación que al efecto se requiera.
DÉCIMO SEGUNDO.-
REVOCAR el fallo del 2 de septiembre
de 2013, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Laboral, el cual revocó, a su vez, el dictado por el Juzgado Treinta y Dos
Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá, el 19 de julio de 2013, en el trámite
del proceso de tutela T-4.107.022. En su lugar, CONCEDER, por las
razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada de Lina
Patricia Barrera Medrano y, en consecuencia, ORDENAR al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los
diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que dé cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar a Lina Patricia Barrera Medrano, si ella está de acuerdo, a un cargo
igual o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con
su estado de salud actual y bajo la modalidad por medio la cual se designa a
los empleados públicos en provisionalidad. Vinculación que solo podrá
terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de Trabajo.
DÉCIMO TERCERO.-
ORDENAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el reconocimiento y pago a favor de
Lina Patricia Barrera Medrano de una indemnización equivalente a ciento ochenta
días de salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO CUARTO.-
ADVERTIR a Lina Patricia Barrera
Medrano que, si no lo ha hecho, acuda a la jurisdicción de lo contencioso
administrativa, por ser esta la competente para reclamar el reconocimiento y
pago de los demás derechos laborales que le pudieran corresponder.
DÉCIMO QUINTO.-
REVOCAR el fallo de 21 de mayo de
2014, proferido por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Función de
Control Garantías de Bogotá, en el trámite del proceso T-4.423.336. En su
lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta sentencia, el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral
reforzada de Martha Cecilia Mesa Estupiñán y, en consecuencia, ORDENAR a
la empresa Mazdel Plazas Rodríguez S en C, por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término
de diez (10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que dé cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar a Martha Cecilia Mesa Estupiñán, si ella está de acuerdo, a un cargo
igual o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con
su estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual
anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones
de limitación en salud de la trabajadora, previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
DÉCIMO SEXTO.-
ORDENAR a la empresa Mazdel Plazas
Rodríguez S en C, el reconocimiento y pago a favor de Martha Cecilia Mesa Estupiñán de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, al tenor del inciso
2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO SÉPTIMO.-
ADVERTIR a Martha Cecilia Mesa Estupiñán
que, si no lo ha hecho, acuda a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta
la competente para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos
laborales que le pudieran corresponder.
DÉCIMO OCTAVO.- REVOCAR el fallo del 11 de abril
de 2014, proferido por el Juzgado
Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, el
cual, confirmó, a su vez, el dictado por el Juzgado Cuarenta y Dos Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, el 7 de marzo de
2014, en el trámite del proceso de tutela T-4.424.571.
En su lugar, CONCEDER por las razones y en los términos de esta
sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la
estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa
Prever S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces
que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica
que dé cuenta de que Williams Zapata Meneses es apto para trabajar y las
condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través
de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud
ocupacional, reintegrarlo y, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior
al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de
salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
DÉCIMO NOVENO.- Así mismo, se ordenará a la empresa
Prever S.A., que reconozca y pague a favor de Williams Zapata Meneses,
una indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
VIGÉSIMO.- ADVERTIR
a Williams Zapata Meneses que, si no
lo ha hecho, acuda a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la
competente para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos
laborales que le pudieran corresponder.
VIGÉSIMO PRIMERO.-
REVOCAR el fallo del 14 de marzo de
2014, proferido por Juzgado Civil Municipal de Ubaté, en el trámite del proceso
(T- 4.436.619). En  su lugar,  CONCEDER,  por las razones  y  en  los
términos de  esta sentencia, el  amparo  de  los  derechos fundamentales a  la
vida digna y a la  estabilidad  laboral  reforzada  de  Jorge  Armildo  Melo  Sánchez
y, en
consecuencia, ORDENAR
a la empresa Ancar S.A.S por intermedio de su representante legal o quien haga
sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los diez (10)
días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración
médica que dé cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que
puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con
la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar a
Jorge Armildo Melo Sánchez, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior
al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de
salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de Trabajo.
VIGÉSIMO SEGUNDO.-
ORDENAR a la empresa Ancar S.A.S, el
reconocimiento y pago a favor de Jorge Armildo Melo Sánchez de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario, al tenor del inciso
2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
VIGÉSIMO TERCERO.-
ADVERTIR a Jorge Armildo Melo que, si
no lo ha hecho, acuda a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la
competente para reclamar el reconocimiento y pago de los demás derechos
laborales que le pudieran corresponder.
VIGÉSIMO CUARTO.-
LÍBRENSE por la Secretaría General de
esta corporación, en cada uno de los procesos, la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
T-765/15
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN
ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Vulneración al dar por terminada relación laboral sin
autorización de la autoridad laboral (Aclaración de voto)
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL POR RAZONES DE SALUD-Una de las consecuencias del
despido sin autorización es que el empleador debe pagar al trabajador reintegrado
los salarios y prestaciones dejados de percibir (Aclaración de voto)
El reintegro de los trabajadores surge como consecuencia de que la
terminación sin autorización carece de efectos jurídicos y, por tanto, la
relación laboral no tuvo una terminación real. Bajo esta premisa, los
accionados estarían obligados a pagarle a los trabajadores los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde el momento de su desvinculación presunta
así como a realizar los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social
Integral.
Referencia: Expedientes
T-3.805.577, T-3.846.848, T-3.985.643, T-4.078.638, T-4.090.360, T-4.094.737,
T-4.107.022,T-4.423.336, T-4.424.571 y T-4.436.619.
Accionantes:
María Mercedes Castrillón Rúa, Luz Marina Carlos Chávez, Jorge Darwin Izquierdo
Gómez, Robert Camelo Castro, Eduardo Enrique Coronado De la Rosa, Jeider José
Sarabia Angarita, Lina Patricia Barrera Medrano, Martha Cecilia Mesa Estupiñán,
Willians Zapata Meneses y Jorge Armildo Meló Sánchez.
Accionados: Grandes
Superficies de Colombia S.A., Terminal de Transporte S.A., Dicoingeniería
Ltda., Occing Ingeniería de Occidente S.A.S., Agropecuaria La Soria S.A.S.,
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Mazdel Plazas Rodríguez S en C, Prever S.A. y Anear S.A.S.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones que toma esta Corporación, me permito hacer explícitas las
consideraciones que me llevaron a aclarar el voto en la sentencia T-765 de
2015.
Los accionantes
fueron desvinculados de sus actividades laborales cuando se encontraban en
condiciones desfavorables de salud sin que para tal efecto mediase autorización
por parte del Ministerio del Trabajo. A criterio de la Sala, estas situaciones
significaron una vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada en
las diferentes modalidades de contratación que fueron objeto de revisión, por
lo que se ordenó el reintegro de los actores junto con el pago de una
indemnización equivalente a 180 días de salario de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Comparto la
decisión de reintegrar a los trabajadores teniendo en cuenta que de acuerdo a
lo resuelto en la sentencia C-531 de 2000 y la jurisprudencia posterior en la
materia, las terminaciones laborales de personas con afectaciones en su estado
de salud carecen de todo efecto jurídico cuando ocurren sin que exista
autorización previa del Ministerio del Trabajo que constate la configuración de
la existencia de una justa causa para el despido.
No obstante, bajo el entendido de que las
terminaciones llevadas a cabo sin la respectiva autorización no son válidas, lo
propio es que cuando haya lugar al reintegro esta orden deba ir acompañada del
pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, así como de los
aportes a seguridad social, entre el momento de la desvinculación ilegal y el
retorno efectivo del trabajador.
Si bien la sentencia concede la
pretensión principal de los actores en cuanto deja sin efectos las
terminaciones de los contratos de trabajo, esta protección no tiene en cuenta
que una de las consecuencias del despido sin autorización es que el empleador
debe pagar al trabajador reintegrado los salarios y prestaciones dejados de
percibir. Esta posición ha sido acogida por la Corte en su jurisprudencia
reciente[75], donde se ha establecido que cuando el
juez constitucional tenga conocimiento de un caso de estas características debe
ordenar, además del reintegro del trabajador, el pago de la indemnización
contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y los salarios y
prestaciones dejados de percibir[76], junto con los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, esto último, como consecuencia de la ineficacia del
acto que puso fin a la terminación de la relación laboral.
Sobre este
particular, este Tribunal manifestó: "Con el fin de proteger la estabilidad laboral
reforzada del trabajador en situación de discapacidad, la Ley 361 de 1997
contempló la obligación legal del empleador de acudir a un
trámite administrativo -el concepto de la autoridad del trabajo- para dar por
terminada la vinculación laboral. De no hacerse así, el empleado queda cobijado
por una presunción de despido discriminatorio, que hace ineficaz el mismo, y
cuya consecuencia inmediata es el reintegro, el pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir. "
En efecto, el reintegro de los
trabajadores surge como consecuencia de que la terminación sin autorización
carece de efectos jurídicos y, por tanto, la relación laboral no tuvo una
terminación real. Bajo esta premisa, los accionados estarían obligados a
pagarle a los trabajadores los salarios y prestaciones dejados de percibir
desde el momento de su desvinculación presunta así como a realizar los aportes
correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Por lo anterior, si bien comparto en
términos generales el sentido de la ponencia, considero que su parte
resolutiva, al ordenar el reintegro y la indemnización del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, omitiendo el pago de salarios y prestaciones dejados de
percibir, supone que los accionantes deban reclamar estos derechos ante la
jurisdicción laboral lo cual es, a mi criterio, una carga innecesaria toda vez
que de los hechos sometidos a consideración de la Sala de Revisión puede
extraerse claramente que los actores están legitimados para recibir los pagos
aludidos.
Fecha ut supra,
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] En
el expediente consta que Eduardo Enrique Coronado De la Rosa fue atendido con
ocasión de sus quebrantos de salud en el hospital Reina Sofía de España E.S.E.,
Prosalud Ltda, C.F. IPS Lérida, CF Central Especialistas de Ibagué y CF Torre
de Especialistas Autospita Nortey asistió a citas médicas con los especialistas
Renso Gustavo Zona Campos, Carlos A. Mora  y Juan Camilo Guevara R.
[2] En
el plenario obran las siguientes incapacidades: del 12-04-12 al 16-04-12, del
17-05-12 al 28-05-12, del 29-5-12 al 07-06-12, al 29-08-12 al 31-08-12, del
07-06-13 al 21-06-13 y del 22-06-13 al 06-07-13.
[3] La recomendación laboral fue expedida el 29 de junio
de 2012.
[4] La
acción de tutela fue repartida inicialmente al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, Sala Civil Familia, quien mediante proveído del 21 de
mayo de 2013, se declaró incompetente para conocer del caso, en atención a que
el demandante reside en el municipio de Ciénaga (Magdalena) y el accionado
“posee su dependencia en Bogotá D.C.”
Estimó que el competente para conocer el asunto, es el
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena y en consecuencia, ordenó
el envío del expediente al citado cuerpo colegiado.
[5] En la historia clínica de la paciente en la Clínica
Palermo, institución a la que fue remitida, después del accidente de trabajo,
acaecido el 26 de julio de 2013, se lee, en el apartado titulado Enfermedad
General: “REFIERE QUE HOY A LAS 11:00 AM MIENTRAS SE ENCONTRABA EN SU PUESTO
DE TRABAJO PRESENTÓ UNA CAÍDA DESDE LAS ESCALERAS CON TRAUMATISMO CONTUNDENTE
EN LA REGIÓN OCCIPITAL CON PÉRDIDA DE LA CONCIENCIA DE TIEMPO NO DETERMINADO,
CONTUSIÓN DE LA MANO IZQUIERDA, CODO IZQUIERDO, RODILLA IZQUIERDA, MANO
DERECHA, CADERA DERECHA, REGIÓN LUMBAR, ES TRAÍDA EN AMBULANCIA CON COLLAR
ORTOPÉDICO Y EN TABLA RÍGIDA.”
[6] Artículo
10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
[7][7]
Ver, Sentencia T-016 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[8]
Véanse, sentencias T-044 de 1996 y T-202 de 2008, entre otras.
[9]
T-044 de 1996
[10]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[11]Artículo 21 del Decreto1796 de 2000
“Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la
disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades,
indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones,
de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y
sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no
uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de
la Ley 100 de 1993”
[12] Las
demandas de tutela fueron presentadas después del hecho presuntamente
vulnerador en los siguientes periodos de tiempo: T-3.805.577 (7 meses),
T-3.985.643 (4 meses), T-4.078.638 (1 mes), T-4.090.360 (8 días), T-4.094.737
(8 meses), T-4.107.022 (3 días), T-4.423.336 (3 meses), T-4.424.571 (2
meses) y T-4.436.619 (19 días).
[13] Véase,
Sentencia T-554 del 19 de agosto de 2009.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[14]
Véanse, entre otras, las sentencias T-198 del 16 de marzo de 2006. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra y T-1038 del 4 de diciembre de 2007. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[15] Véase, Sentencia T-576 del 14 de octubre de 1998. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[16]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[17]
Véase, Sentencia T-871 del 21 de julio de 2005. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[18] Véase, Sentencia T-1167 del 17 de
noviembre de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[19] Ibídem.
[20] Véase, Sentencia T-337 del 14 de Mayo de 2009. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[21] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[22] Véase, Sentencia T-129 del 24 de febrero de 2009.
M.P. Humberto Antonio Sierra.
[23] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[24] Véanse, Sentencias T-1040 del 27 de septiembre de
2001y T-256 del 24 de marzo de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-1183 del 24
de noviembre de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[25] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[26] “El artículo 5 de la Ley 361 de 1997 ‘Por la cual
se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y
se dictan otras disposiciones’, establece que para hacerse acreedores a la
protección legal especial que consagra, es necesaria la previa calificación
médica que acredite la discapacidad.  Dice: ‘Las personas con limitación
deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de
Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal
efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la
respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el
formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de
diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.’
[27] “El artículo 13 de la Constitución establece: ‘El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.’
[28] “En efecto, en Sentencia SU-480 del 25 de
septiembre de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación
manifestó que: ‘La realización del servicio público de la Seguridad Social
(art. 48) tiene como sustento un sistema normativo integrado no solamente por
los artículos de la Constitución sino también por el conjunto de reglas en
cuanto no sean contrarias a la Carta. Todas esas normas contribuyen a la
realización del derecho prestacional como status activo del Estado. Es decir,
el derecho abstracto se concreta con reglas y con procedimientos prácticos que
lo tornan efectivo. Lo anterior significa que si se parte de la base de que la
seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la
igualdad material y el Estado social de derecho, se entiende que las reglas
expresadas en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos no están para restringir
el derecho (salvo que limitaciones legales no afecten el núcleo esencial del
derecho), sino para el desarrollo normativo orientado hacia la optimización del
mismo, a fin de que esos derechos constitucionales sean eficientes en gran
medida. Es por ello que, para dar la orden con la cual finaliza toda acción de
tutela que tenga que ver con la salud es indispensable tener en cuenta esas
reglas normativas que el legislador desarrolló en la Ley 100/93, libro II y en
los decretos, resoluciones y acuerdos pertinentes. Lo importante es visualizar
que la unidad de los principios y las reglas globalizan e informan el sistema y
esto debe ser tenido en cuenta por el juez de tutela’.
[29] “Recuérdese que los trabajadores forman parte de
una empresa, la cual se encuentra sujeta a la dirección, manejo y coordinación
del correspondiente empresario (artículo 25 del C.Co). Por ello, en estos
casos, debe apelarse a la adopción de medidas de protección que no limiten
irrazonable o desproporcionadamente los derechos a la libertad de empresa y a
la libertad de establecimiento.”
[30] Véase,
Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[31] T-1040 del 27 de septiembre de 2001. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[32] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[33]Ibídem.
[34] Véase, Sentencia T-198 del 16 de marzo de
2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[36]
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[37]“Artículo 3°. El presente
Código regula las relaciones de derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de
derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares”.
[38] “La doctrina y la jurisprudencia del derecho laboral
han designado con el nombre de in dubio pro operario al principio que prescribe
que ante diversas interpretaciones posibles de una misma norma, se debe
preferir aquella que más favorable resulte a los intereses del trabajador.”
[39] “La expedición de la Ley
361 de 1997, según se lee en la exposición de motivos que acompañó el proyecto
de ley que le dio origen, fue resultado del propósito de los legisladores
colombianos de establecer mecanismos obligatorios que garantizaran la
incorporación social de las personas con limitaciones, en el ámbito educativo,
del trabajo, de las comunicaciones, del transporte y de los distintos lugares
en donde actúan como parte del conglomerado social.  C-531 de 2000.”
[40] Mediante esta ley se aprobó la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006.
[41]
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[42] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[43]“Es
claro para la Sala que este principio es aplicable sólo en los casos en que las
dos normas que colisionan son de la misma jerarquía, pero en el asunto
particular el Decreto 1791 de 2000 fue expedido en desarrollo de una ley de
facultades, la Ley 578 de 2000, luego el citado Decreto 1791 es un decreto ley
que es susceptible de ser preferido por favorabilidad cuando se compara con la
Ley 361 de 1997”.
[44] En la sentencia C-381
de 2005 se puso de relieve que ‘para
el caso de la Policía Nacional es el legislador el facultado para determinar su
régimen prestacional especial (arts. 150, numeral 19, literal e) y 218) […]. La
Corte ha manifestado que el legislador, dentro de su amplio margen de libertad
configurativa, ‘puede diseñar regímenes especiales para determinado grupo de
trabajadores, siempre que los mismos no resulten discriminatorios. En dichos
regímenes especiales, pueden estar incluidos beneficios no contemplados en el
régimen general, bajo la condición de que la consagración de tales beneficios
persiga la defensa de bienes o derechos constitucionalmente protegidos, como
los derechos adquiridos, y de que con ella no se perpetúe un tratamiento
inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores.
‘Respecto
al régimen prestacional
de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional, la jurisprudencia ha sostenido
de manera reiterada que es diferente al aplicable a la generalidad de las
personas en razón justamente a la naturaleza de los servicios prestados y a la
finalidad establecida por la Constitución para la fuerza pública’.
[45] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[46] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[47] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[48] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[49] M.P. Mauricio González Cuervo.
[50] Sentencias T-1101 del 18 de octubre de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa y T-739 del 1 de diciembre de 1998. M.P.  Hernando
Herrera Vergara.
[51] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[52] Sentencia T-956 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[53] Ibídem.
[54] Sentencia C-980 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[55] Ver
Sentencia T-386 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[56] Ver
Sentencia T-546 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[57] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, Rad. No. 38381, Acta No. 21,  M.P. Rigoberto Echeverri Bueno
,18 de junio de 2014.
[59]Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 62.A. Son justas
causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo (por parte
del empleador): (…) 9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con
la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas,
cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del
empleador; 10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del
trabajador, de las obligaciones convencionales o legales.
[60] M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[61] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[62] M.P.Vladimiro
Naranjo Mesa.
[63] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[64] M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[65] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, Sección Primera, Rad. No. 6.283, Acta No. 6,  M.P.  Dr.
Jorge Iván Palacio Palacio, 4 de marzo de 1994.
[66] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, Rad. No. 29332, Acta No. 75,  M.P.  Dr. Gustavo José Gnecco
Mendoza, 14 de diciembre de 2007.
[67] Sentencias T-294/96, T-446/01, T-732/01,
T-364/02 y T-797/02.
[68] “ARTICULO 7o. TERMINACION DEL CONTRATO
POR JUSTA CAUSA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente
el contrato de trabajo.
(…)
6o) Cualquier violación grave de las obligaciones o
prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los
artículos 58 a 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave
calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos
individuales o reglamentos.
(…)”
[69] Folio 54 del cuaderno principal.
[70] Folio
53 del cuaderno principal.
[71] Folio
150-151 del cuaderno principal.
[72] Ver folio 38 del cuaderno principal.
[73] Folio
12 del cuaderno principal.
[74] Folios
12 a 66 del cuaderno principal.
[75] Sentencias T-098 de 2015, T-594 de 2015,
T-405 de 2015 y T-217 de 2014, entre otros.
[76] A manera de ejemplo, en la sentencia
T-098 de 2015 se dispuso "ORDENAR al señor EDUARDO LARA,
identificado con cédula de ciudadanía número 17.546.214 de Tame, empleador del
señor ARQU1MEDES FONCA ALVARADO, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo efectúe su reintegro en el cargo que
venía desempeñando o en uno de igual o superior rango y el pago de los
salarios y de los aportes al Sistema General de Seguridad Social que se hayan
causado desde el momento en que ocurrió el despido hasta que se configure el
reintegro, además de la sanción establecida por el artículo 26 de
la Ley 361 de 1997, correspondiente a 180 días de salario, lo anterior con
atención a la liquidación que realice el Juez de primera instancia". (Negrillas fuera
del texto). En el mismo sentido se fallan las sentencias reseñadas en la nota
anterior.