T-241-00
Sentencia T-241/00
Sentencia T-241/00
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
Referencia:
expediente T-257909
Acción de tutela
incoada por Graciliano de Jesús Román Cardona contra "Muebles Hermes
Serania Ltda".
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Santa Fe de Bogotá, D.C., tres (3) de marzo
de dos mil (2000).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política
y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por los
juzgados Civil Municipal y Civil del Circuito de La Ceja (Antioquia).
I. ANTECEDENTES
Graciliano Román Cardona instauró acción de
tutela contra "Muebles Hermes Serania Ltda.", por estimar violados
los derechos consagrados en los artículos 11, 13, 16, 23, 25, 42, 44 y 53 de la
Carta Política.
Afirmó el actor que desde hace 28 años
labora para la empresa demandada, y que últimamente ésta le ha venido
cancelando de manera irregular su salario, pues le paga sumas inferiores a las
que realmente le corresponden.
Aseveró que por lo anterior no tiene con
qué pagar los gastos de alimentación, servicios públicos, vivienda, salud,
educación, vestuario y otras deudas.
Además, se quejó de que la empresa hubiese
dejado de aportar a la caja de compensación familiar a la que estaba afiliado,
motivo por el cual ya no goza de los beneficios que ésta le ofrecía.
Por su parte, la sociedad demandada informó
al juez de instancia que estaba atravesando por una grave crisis económica,
explicó las razones de la misma y las medidas que se habían tomado.
El juez de primera instancia efectuó una
inspección judicial en las instalaciones de la empresa, diligencia en la que se
pudo constatar la parálisis en la producción y la crisis financiera que la
sociedad enfrenta.
II. DECISIONES  JUDICIALES QUE SE REVISAN
El Juzgado Civil Municipal de La Ceja
(Antioquia), mediante fallo del 14 de julio de 1999, negó el amparo solicitado
ya que, a su juicio, el peticionario podía acudir a la jurisdicción laboral
ordinaria para que dirimiera el litigio planteado. Además, no vislumbró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable pues aseguró que, aunque la situación
era delicada, tenía carácter reparable y no obedecía al simple capricho del
empleador.
La providencia judicial fue impugnada por
el demandante, quien señaló que él vivía de su sueldo y que actualmente recibía
tan solo $100.000, suma con la que, según su parecer, nadie podía subsistir
dignamente. Se quejó de que las decisiones judiciales no fuesen imparciales y
que beneficiaran siempre a los pudientes, dejando de lado el concepto de
justicia social.
En segunda instancia, el Juzgado Civil del
Circuito de La Ceja, mediante providencia del 31 de agosto de 1999, confirmó la
decisión del a quo. Estimó el juez que en el presente caso no se había
probado la afectación del mínimo vital, y agregó lo siguiente:
"No han podido
entender los trabajadores que un conflicto de la magnitud del que ellos
denuncian en las tutelas presentadas en los diferentes despachos tiene una
compejidad que no puede abarcarse en el breve camino de una tutela. Tampoco han
querido entender los trabajadores que más que por los empresarios, la preocupación
fundamental de los jueces de esta municipalidad ha sido la de tratar de
proteger sus empleos e insinuarles acciones para la defensa de sus derechos que
permitan a la vez la subsistencia de la empresa y la reivindicación de sus
derechos.
El camino de la
confrontación beligerante y agresiva ya ha dado muestras de cuánto dolor ha
sembrado en los distintos rincones de la patria, no podemos dejar la razón
olvidada para dejarnos llevar por la emoción, que nos hace a veces tan
intolerantes que tratando de atormentar a nuestros contrarios, terminamos
acabando con nosotros mismos.
Si todavía queda
espacio en esta confrontación laboral para la cordura y el ejercicio de la
razón, puede intentarse una conciliación o un diálogo entre las partes que
pueda llevar a una transacción, este juzgador ofrece sus buenos oficios para
intentar una aproximación entre las partes, antes que sea muy tarde para que
los trabajadores puedan conservar sus empleos y el empleador su empresa".
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
Derecho al pago completo de los salarios.
Cuando el trabajador recibe menos del salario mínimo no es necesario que éste
pruebe la afectación del mínimo vital
Como en  múltiples ocasiones se ha
sostenido, la acción de tutela, dado su carácter subsidiario, no puede, en
principio, ser utilizada para lograr el pago de deudas laborales. Con todo, la
Corte ha considerado que, cuando se ve afectado el mínimo vital del demandante,
es posible otorgar el amparo constitucional. (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Quinta de Revisión. Sentencia T-01 del 23 de enero de 1997).
Ahora bien, en el caso sometido a estudio,
la Sala no comparte los argumentos de los jueces de instancia, según los cuales
la acción de tutela no estaba llamada a prosperar porque el demandante no pudo
probar la afectación de su mínimo vital.
Ante todo, ha de recordarse que tal
concepto no equivale al del salario mínimo, como con claridad lo expresó la
Sala Plena en reciente fallo de unificación (SU-995 del 9 de diciembre de 1999.
M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz), por lo cual, aun en casos en los cuales se
recibe el equivalente de tal cifra obligatoria, puede darse una vulneración del
mínimo vital en cuanto aquella no sea inherente para satisfacer las más
elementales necesidades inherentes al desarrollo de la vida humana en
condiciones de dignidad y justicia.
Si ello ocurre aun percibiendo alguien el
salario mínimo, con mayor razón acontece cuando la cantidad pagada por el patrono
-violando la ley- es inferior. Y si, todavía peor, ni siquiera esa suma, por
debajo de la legal, es pagada puntualmente, el atropello a los derechos del
empleado tiene las connotaciones de la ignominia y del abuso.
En efecto, debe tenerse en cuenta que, en
el presente caso, tal como se demostró por el demandante, éste recibe una suma
que no sobrepasa la cifra fijada por el ordenamiento como salario mínimo legal
mensual. Y se parte de la base de que las cantidades inferiores son rechazadas
por el ordenamiento jurídico en cuanto no pueden asegurar la subsistencia del
trabajador en condiciones dignas.
Sobre la determinación del salario mínimo,
la Sala Plena de esta Corte ha dicho:
"4. La fijación
obligatoria del salario mínimo, evita que su determinación se libre a las
fuerzas de la oferta y la demanda, como si el trabajo fuese una mercancía  más
entre las que ordinariamente se negocia en los mercados. En el Estado social de
derecho, el trabajo no es simplemente un factor de la producción. Ante todo, el
trabajo es fuente de dignificación de la persona humana, que en ella encuentra
ocasión para su cabal realización individual y social y, no menos importante,
el principal medio para proveer a la satisfacción de sus necesidades naturales
y culturales, lo que explica su doble condición de derecho fundamental y deber,
ambos objeto de especial protección por parte del Estado.
5. El
establecimiento del salario mínimo vital y móvil (C.P. art. 53) expresa una
forma específica a través de la cual se concreta la protección especial que el
trabajo debe recibir del Estado y de la sociedad. Si la remuneración que el
trabajador obtiene no le permite satisfacer las necesidades - materiales,
sociales y culturales - que se reputan indispensables para reponer sus energías
y, además, llevar una vida social y familiar normal, ella no estará a la altura
de la persona humana y no podrá ser reputada digna, pues, dejará de servir como
instrumento para construir una existencia libre y valiosa.
En cada momento
histórico, tomando en consideración entre otros elementos de evaluación, el
nivel general de precios, el Estado debe precisar el menor salario que puede
pagarse a los trabajadores. Por debajo de la suma que se indique, resulta
comprometida la existencia y la dignidad del trabajador y, por lo tanto, el
patrono que lo haga, violará la ley y traspondrá el umbral de la explotación
humana". (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-252 del 7 de junio de
1995. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Es por ello que, si a alguien le es retribuida
su labor con una suma menor de la fijada, de acuerdo con la ley, como
"salario mínimo", resulta fácil deducir que se está atentando contra
su dignidad humana y que se está en presencia de una intolerable explotación de
la persona.
En eventos como los descritos, para casos
de reclamo del pago de salarios atrasados, no es necesario pedir al demandante
la prueba fehaciente de la violación de sus derechos fundamentales, que se
estaría produciendo aunque se le pagara puntualmente, pues ya la normatividad,
al definir el salario mínimo, partió de la base de que con cifra más baja se
vulnera abiertamente el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
Por otra parte, vale la pena recalcar que
la grave situación económica del ente demandado no puede aceptarse como excusa
que lo exima del deber de pagar las deudas laborales, lo que sería a todas
luces injusto con  el trabajador, quien continúa siendo la parte débil de la
relación laboral. Al respecto, se reitera que "...la alegada insolvencia o crisis económica del Estado no es justificación
suficiente para el no pago o el pago retardado de sus obligaciones, en la misma
exacta medida en que resultan explicaciones inaceptables cuando son expuestas
por el deudor particular que desea excusar de esta forma su
incumplimiento". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión.
Sentencia T-661 de 1997. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz).
En consecuencia, la Sala revocará las
decisiones de instancia que negaron el amparo solicitado, y dispondrá el pago
de las sumas adeudadas. Además, se estima necesario poner en conocimiento de la
Superintendencia  de Sociedades la situación de la empresa demandada, con el
fin de que ella adopte las medidas pertinentes, según sus competencias.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR los fallos
proferidos por los juzgados Civil Municipal y Civil del Circuito de La Ceja,
mediante los cuales se negó la protección solicitada. En su lugar, se concede
la tutela del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
En consecuencia, se ORDENA a
"Muebes Hermes Serania Ltda" que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del presente fallo, si no lo hubiere hecho
ya, proceda a cancelar la totalidad de los salarios y prestaciones adeudados al
demandante. En la cuantificación de lo que debe pagar al trabajador, ha de
incorporarse, por cada mensualidad que se adeude, el salario mínimo que siempre
debió recibir el accionante, y en el futuro se le pagará puntualmente la
cantidad que corresponda a dicho concepto.
Segundo.- Remítase copia de la
presente providencia al Superintendente de Sociedades, con el fin de que adopte
las medidas pertinentes, según sus competencias, con miras a asegurar el exacto
e inmediato cumplimiento de lo aquí ordenado, y para que se garantice que en el
curso del concordato se aplicará la prelación de los créditos laborales.
Tercero.- DESE cumplimiento a lo
previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General