T-698-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-698/06
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-Requisitos para el
acceso/SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Obligaciones de las
EPS en materia de afiliación
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-Manejo de las bases
de datos
HABEAS DATA-Contenido y alcance
DERECHO A LA INFORMACION EN EL SISTEMA DE
SALUD-Omisión de la EPS de
corregir un dato erróneo de su base de datos
Se incumple con el  artículo 15 de la Carta
y con los principios establecidos por la jurisprudenciales constitucional en
relación con el manejo de la información, cuando pudiendo hacerlo, la EPS omite
el deber de corregir o modificar un dato que es erróneo o carente de certeza,
de su base de datos. De hecho, en estos casos, la entidad con su poder
informático, de forma ilegitima está afectando la autonomía de la persona, el
derecho a acceder al sistema de seguridad social y por esa vía, la garantía de
protección de los derechos fundamentales del individuo, de darse conexidad con
sus derechos fundamentales lesionados.
MUJER EMBARAZADA-Protección constitucional especial
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DE MUJER
EMBARAZADA-Vulneración por
omisión de la EPS de corregir error en la afiliación
La omisión de Coomeva de corregir de inmediato la incongruencia en
la afiliación, -que  en un principio resultó ser  una afrenta a los  derechos
de carácter legal y prestacional de la peticionaria, además de contraria a su
derecho de petición -, con ocasión de su estado de embarazo, se transformó  en
una omisión muy grave que ha puesto en peligro su derecho a la salud en
conexidad con su derecho a la vida,  teniendo en cuenta que la ausencia de
afiliación ha implicado para la peticionaria, la imposibilidad de acceder
libremente a los servicios del POS a que tiene derecho, que además son los
servicios mínimos amparados por el Sistema. En circunstancias como estas,  la
jurisprudencia ha sostenido  que  la falta del servicio vulnera o ame­naza los
derechos a la vida y a la integridad personal de quien los requiere. Coomeva
E.P.S. limitó injustificadamente el derecho a la afiliación de la demandante,
lo cual condujo a un aplazamiento que amenaza también los derechos a la vida en
condiciones dignas, salud e integridad física de la accionante, que se ha visto
privada injustamente de atención médica por la falta de afiliación. Esta
circunstancia, resulta especialmente gravosa en este caso por tratarse de una
persona que por su condición de mujer embarazada merece una protección
reforzada.
Referencia: expediente T-1331283
Acción de tutela instaurada por Ingrid
Sulay Rodríguez Marrugo contra Coomeva E.P.S.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá,
D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil seis (2006).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo
Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de la sentencia de tutela
del tres (03) de marzo de  dos mil seis (2006) del Juzgado Sexto Civil Muncipal
de Cartagena de Indias, en la acción de tutela instaurada por Ingrid Sulay Rodríguez
Marrugo contra Coomeva EPS.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
La ciudadana
Ingrid Sulay Rodríguez Marrugo, interpuso acción de tutela contra Coomeva EPS
con el propósito de obtener la protección de su derecho fundamental de
petición, por considerar que la empresa promotora de salud desconoció su deber
de darle una respuesta oportuna y definitiva respecto a su status de afiliada
al sistema de seguridad social en salud, a pesar de haber presentado una
solicitud escrita desde noviembre de 2005, tendiente a que la entidad acusada
resolviera y solucionara el error que había cometido con su afiliación. Los
hechos que narra la peticionaria para ilustrar su situación, son los siguientes:
1.1.
En el mes de mayo de 2005, la accionante
compareció ante Coomeva  EPS, sede Castellana, en Cartagena, con el fin de
afiliarse a la entidad y afiliar a su compañero permanente Royer Guillermo
Payares, en calidad de  beneficiario.
1.2.
En el trámite de afiliación correspondiente,
los atendió una funcionaria de la EPS que se presentó como la persona encargada
de esas responsabilidades en la sede. La asesora les informó cuáles eran los
pasos necesarios para la afiliación, los documentos que debían acreditar, -
cédulas y declaraciones juramentadas-,  y las sumas que debían pagar a la
fecha, que en esa oportunidad fueron veinte mil pesos ($20.000). La
peticionaria y su compañero presentaron los documentos exigidos y pagaron el
dinero necesario para la afiliación, por lo que la funcionaria les indicó que
en una semana recibirían en su domicilio una constancia para ser atendidos en
caso de urgencias en una UVA [IPS], cercana a su domicilio, y que en el mes
siguiente recibirían el carnet de afiliación.
1.3.   A los 15 días de realizado el trámite mencionado, la accionante
regresó a la sede de Coomeva EPS, para solicitar información acerca de las
constancias pendientes en caso de urgencias que le habían prometido, dado que
no había recibido en su domicilio ninguna documentación. La funcionaria que la
atendió le informó, que la demora se debía, a que al momento de realizar la
afiliación, la asesora había incurrido en un error involuntario, circunstancia
que exigía hacer nuevamente todo el trámite de afiliación original,
asegurándole que al finalizar la semana le haría llegar a su domicilio los
documentos de afiliación correspondientes.
1.4. Ocho
días después, la peticionaria  se dirigió nuevamente a Coomeva EPS para ver
cómo iba el trámite de su afiliación. Esta vez la funcionaria le informó, que
nuevamente había cometido un error, y que por lo tanto era necesaria  una nueva
inscripción. La accionante, molesta con el resultado, le comentó que ya no iba
a seguir cotizando a la EPS hasta tanto no le resolvieran la situación y que
necesitaba que le devolvieran el dinero de su inscripción. Efectivamente, poco
tiempo después, la funcionaria le devolvió los 20.000 pesos iniciales que ella
había cancelado, pero para ello le exigió previamente una carta solicitando el
reembolso de esos dineros.
1.5. En el
mes de septiembre de 2005, la accionante se dirigió nuevamente a Coomeva, sede
principal en Manga, para intentar otra vez su afiliación. En esta oportunidad
la atendió una señora de apellido Novoa, asesora a quien la demandante informó
de todo lo ocurrido meses atrás, en su primer intento de afiliación en la sede
anterior de Coomeva. En respuesta a estos comentarios, la señora Novoa le
precisó a la peticionaria, que la funcionaria de la otra sede de la EPS, no
estaba efectivamente facultada para afiliar, que nunca anexó la solicitud de
reembolso de los dineros, y que probablemente los $20.000 pesos de la
devolución, los pagó ella directamente. A su vez, le indicó que para realizar
la afiliación en regla, era necesario surtir nuevamente los trámites por los
que ya había pasado en las dos primeras ocasiones, y pagar cuarenta y seis mil
setecientos trece pesos ($46.713) del mes de septiembre. La funcionaria se
comprometió además a verificar los inconvenientes surgidos en su afiliación
inicial, que al parecer se limitaban a la ausencia del registro original debido
a la infructuosa inscripción inicial. Esta vez, sin embargo, le entregaron
copia del formulario de autoliquidación y le informaron que el carnet  de la
EPS, le llegaría en un mes.
1.6. En los
primeros cinco días del mes de octubre, la demandante canceló la cotización
correspondiente a la Coomeva EPS, conforme a las exigencias de ley.
1.7. A
finales de octubre, se dirigió a la UVA [IPS] que le había sido asignada cerca
de su residencia, para preguntar por su carnet correspondiente. En esa entidad,
sin embargo, le informaron que aparecía reportada en el sistema como inactiva,
porque supuestamente estaba en mora de algunos meses. Ante esta situación, llamó
una vez más a la señora Novoa para que le diera una explicación sobre esta
situación, pero la asesora le dijo que su caso ya requería comparecer ante la
sede principal de Coomeva y apelar a otras instancias, porque la afiliación se
había surtido normalmente y ella no entendía que había pasado.
1.8. El 4 de
noviembre de 2005, la peticionaria acudió a la sede administrativa de Coomeva
EPS, Cartagena, y allí le dijeron que debía hacer una solicitud por escrito, y
que en 10 días le contestarían sus inquietudes. El número de radicación del
escrito de esa fecha, es 35453.
1.9. Pasado
ese término, volvió a la sede Administrativa de Coomeva EPS, donde le dijeron
que la respuesta a la petición se la daría la Dra. Gina Dager. La persona en
mención le indicó finalmente a la peticionaria que trataría de solucionar  su
situación lo más pronto posible, pero no lo hizo.
2. Pasadas
las fiestas navideñas, la accionante nuevamente compareció donde la Dra. Pager
para exigir una respuesta a su situación, pero la funcionaria  le ofreció como
solución, que se volviera a afiliar a la EPS, - que así ella se encargaría que
borrar los errores del sistema -, a pesar de que perdiera todas las
cotizaciones ya canceladas. Esta propuesta le pareció injusta a la accionante,
especialmente porque la culpa de lo sucedido había sido de la entidad y no
suya.
2.1. Por
problemas de salud, tuvo que ir por esos días a un centro médico privado, dónde
le diagnosticaron un embarazo de 5 semanas. Esta situación  la llevó de
inmediato a presentarse nuevamente en Coomeva EPS, Manga, con el fin de que le
dieran una respuesta efectiva a su situación. Allí la atendió la señora Silvia
Torrez, coordinadora comercial, quien le dio como solución nuevamente, después
de consultar con sus superiores, que se volviera a afiliar y perdiera las
semanas cotizadas, situación que para la demandante implica además perder la
incapacidad de maternidad a la que tiene derecho, pues ella ha cotizado
conforme a la ley.
Por las
razones anteriores, la accionante solicita que se le tutele el derecho de
petición vulnerado por Coomeva EPS, teniendo en cuenta que no le han dado una
respuesta a su solicitud escrita, ni a su real situación. Pretende además, que
se le reconozca la afiliación realizada en el mes de septiembre de 2005, a fin
de que se le respete la incapacidad de maternidad a la que alega tener
derecho.
2.  Contestación de Coomeva EPS.
La Entidad Promotora de Salud acusada, actuando
mediante apoderado, presentó en escrito dirigido al juez de la causa, el texto
que sigue:
Por medio del presente escrito damos respuesta a la solicitud
interpuesta por el peticionario manifestando lo siguiente:
“Recibido su comunicado se procedió a realizar el
trámite administrativo correspondientes para darle curso a su inquietud.
Verificada la información que se encuentra en la base de datos se pudo
verificar que se (sic) usted registra como fecha de afiliación el día 16 de
mayo de 2005, actualmente se encuentra en estado inactivo por inconsistencias
en la afiliación, por lo que solicitamos realizar nuevamente la afiliación para
poder acceder a todos los servicios  previstos en el Plan Obligatorio de
Salud”.
Afirmó igualmente la EPS, que todas sus actuaciones
se surtieron conforme a las exigencias de ley.
II.  DECISIÓN JUDICIAL OBJETO
DE REVISIÓN
Decisión de primera instancia.
Mediante sentencia del tres (3) de  marzo
dos mil seis (2006), el Juzgado Sexto Civil Muncipal de Cartagena de Indias
denegó la acción de tutela de la referencia, por considerar que en el caso
concreto se había generado un hecho superado.
Para el juez de instancia, en efecto, la información suministrada
por la EPS Coomeva en el escrito de contestación de la tutela, fue  considerada
como una respuesta eficiente a las solicitudes de la peticionaria,
en la medida en que se surtió el requerimiento exigido por el derecho de
petición, como es el de asegurar  una respuesta de la entidad accionada a las
inquietudes solicitadas. Por ende, según el fallador, la amenaza al derecho
fundamental se superó con esa información suministrada por Coomeva EPS, durante
la acción de tutela.
En lo concerniente al interés de la demandante de que a) se le
reconozca como afiliada a Coomeva EPS  desde el día 2 de septiembre de 2005, -
fecha en que se realizó la tercera afiliación -, b) que se ordene el pago de su
incapacidad de maternidad y c) que se le reembolsen los gastos médicos a que
haya lugar, el fallador estima que estas no son solicitudes que tengan relación
con el derecho de petición invocado, por lo que a su juicio la tutela resulta
improcedente.
Con todo, reconoce el fallador que Coomeva EPS contestó la petición
de la actora dentro del trámite de tutela y no en su debida oportunidad, por lo
que amonesta a la entidad accionada de la siguiente manera:
“De lo anterior se deduce que realmente la entidad tutelada tardó en
contestar la petición formulada por la accionante, toda vez que después de
informados de la presente acción de tutela, fue cuando procedieron a responder,
conducta que es desde todo punto de vista reprochable y que este Despacho
aprovecha para amonestarlos, para que en los sucesivo respondan oportunamente
las peticiones respetuosas que se les formulen”.
En todo caso, el juez de instancia denegó la tutela, por considerar
que no existía ya violación al derecho de petición de la accionante dada la
respuesta precitada de la entidad.
III. CONSIDERACIONES y
fundamentos
Competencia
1. Esta Sala es competente para revisar las
decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política.
Pruebas que reposan en el
expediente
2. Entre las pruebas que aparecen en el expediente pueden citarse,
por su  importancia, las siguientes:
·
Copia de la solicitud presentada por la señora
Ingrid Sulay Rodríguez, con fecha de recibido de Coomeva EPS del 4 de noviembre
de 2005, en la que da cuenta de los engorrosos trámites a los que ha sido
sometida por la EPS y en la  que solicita una solución sobre el particular
(folio 5).
·
Recibos de autoliquidación de aportes de la
señora Ingrid Rodríguez, correspondientes a los meses de septiembre y octubre
de 2005.
·
Copia del resultado de una ecografía realizada a
la peticionaria, expedida por el Centro de Ecografías María Auxiliadora, del 13
de  febrero de 2006, en el que se indica que la señora está embarazada de 5
semanas.
·
Copia de otras fórmulas y resultados del Centro
de Ecografías María Auxiliadora y de la Clínica Blas de Leso, de febrero de
2006, en los que se informa que la señora Rodríguez requiere reposo en su
embarazo, por amenaza de aborto.
·
Escrito de la accionante dirigido al juez de
instancia, en el que le indica que en su caso están en juego otros derechos
fundamentales vulnerados más allá del derecho de petición, como son el derecho
a la salud y el derecho a la vida. El escrito que se cita, fue entregado con
posterioridad a la sentencia de primera instancia.
3. Por  auto del once (11) de julio de (2006), la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional resolvió solicitar información a las
partes, a fin de establecer: i)  la situación actual de la peticionaria y sus
condiciones de salud, ii) si había persistido o no en su vinculación con
Coomeva EPS; iii) si estaba recibiendo tratamiento médico; iv) si estaba
vinculada a otra EPS y v) si Coomeva EPS le había ofrecido recientemente alguna
solución a su situación. A Coomeva  EPS también se le solicitó aportar
información acerca de: i) si había dado alguna respuesta definitiva a la
demandante sobre estos hechos; ii) si había procedido a la devolución del
dinero de la accionante; y finalmente, iii) si la accionante estaba debidamente
vinculada con ellos, en el Plan Obligatorio de Salud.
La demandante, no aportó respuesta alguna a las solicitudes de esta
Corporación. Coomeva EPS S.A., por su parte, actuando por intermedio de
apoderado, precisó frente a las inquietudes de este Tribunal, que: i) las
inconsistencias presentadas con la señora Ingrid Sulay Rodríguez  habían sido
resueltas en su momento de manera verbal; ii) que recientemente ella había sido
reportada como multiafiliada con el Instituto de Seguro Sociales y que se la
había informado de ello, y que, iii) “actualmente la afiliación de la señora
Ingrid Sulay Rodríguez” se encontraba “en estado ACTIVO, pudiendo acceder a
todos los servicios, según la cobertura del Plan Obligatorio de Salud”. Por
último, Coomeva EPS adjuntó un extracto de las cotizaciones pagadas por la
accionante a esa entidad, en el que se acredita haber cancelado el mes de
octubre de 2005 y de los meses de marzo de 2006 a julio del mismo año.
Presentación
del caso y problema Jurídico.
4. La señora
Ingrid Sulay Rodríguez interpone acción de tutela en contra de Coomeva EPS, por
considerar que la entidad acusada violó su derecho de petición, al no darle una
respuesta completa, real y oportuna a su solicitud de definición de su
situación como afiliada de esa empresa promotora de salud. La demandante afirma
que ante la inadecuada actuación de la entidad y su delicado estado de
embarazo, no desea perder la atención en salud ni la licencia de maternidad a
que tiene derecho, por lo que solicita por vía de tutela, que se confirme que
su afiliación tuvo lugar desde el 2  de septiembre de 2005. La empresa
accionada le informó que para resolver su situación, esto es, para ajustar su
registro en el sistema, debe surtir nuevamente la afiliación como si fuera
original, procedimiento que a juicio de la peticionaria resulta injusto,
porque implica la pérdida de las cotizaciones anteriores y de su futura
licencia de maternidad.
La Empresa
Promotora de Salud, contesta en el trámite de tutela, que la señora Rodríguez
aparece registrada en el sistema, en estado inactivo, debido a las
inconsistencias en su afiliación. Por ello recomienda en el escrito, que para
que ella pueda acceder al Plan Obligatorio de Salud, se afilie nuevamente, ante
la entidad enunciada.
El juez de
la causa, por su parte, considera que aunque la entidad contestó en destiempo
las inquietudes de la demandante, la respuesta que presentó en la tutela
satisfizo su derecho de petición, por lo que al existir un claro hecho
superado, lo pertinente es denegar la tutela. Además, desestima de plano las
demás pretensiones de la demandante, por considerar que no son compatibles con
el derecho de petición invocado.
5. Dados los antecedentes, esta Sala de
Revisión debe analizar los siguientes problemas jurídicos:
·
¿Procede la acción de
tutela contra una Empresa Promotora de Salud que no contestó oportunamente ni
en debida forma el derecho de petición de la accionante, a pesar de que
aparentemente en el trámite de tutela respondió genéricamente  las inquietudes
de la solicitante?
·
¿Ha sido violatoria de
los derechos a la vida y salud de la señora Rodríguez, la actuación de Coomeva
EPS, que con ocasión de sus equivocaciones ha impedido a la demandante
disfrutar de la protección del Plan Obligatorio de Salud que requiere de manera
inminente, dado su estado de embarazo?
·
¿Debe la demandante
asumir la pérdida de su licencia de maternidad, por culpa de los errores en que
ha incurrido Coomeva EPS en el ajuste de los datos de afiliación, conforme a su
propuesta?
6. La controversia planteada en el caso sub examine, pone de presente la tensión entre
Afiliado-EPS en circunstancias, en que la inadecuada actuación de la empresa
promotora de salud, facilita el incumplimiento de sus obligaciones legales y
ello implica la amenaza directa a los derechos a la salud y a la vida de la
accionante. La situación jurídica puesta en conocimiento de la Sala, más allá
del derecho de petición, hace evidente que se trata del caso de una  mujer en
situación de embarazo, a quien las aparentes incongruencias en la afiliación
presentada por parte de una EPS, le han impedido acceder a los beneficios a que
tiene derecho, en el Plan Obligatorio de Salud.
Desde esta perspectiva, la Sala revisará el
tema de  la responsabilidad y compromisos de las EPS dentro del Sistema General
de Salud en materia de afiliación y de habeas data, e indagará sobre la
protección constitucional de los derechos a la salud y a la vida en aquellos
casos en que la protección reforzada de la mujer embarazada juega un papel significativo
en la salvaguardia de los derechos de las personas en situaciones de debilidad
manifiesta. Por último, la Corte revisará  en el análisis concreto del caso,
los problemas jurídicos enunciados.
El acceso al sistema de seguridad social en
salud  y las obligaciones de las EPS en materia de afiliación.
7. Antes de abordar el estudio específico
de las circunstancias del caso, debe recordar esta Corporación que la seguridad social en salud, de
manera general, es un servicio público a cargo del Estado y un derecho
subjetivo regulado por el legislador[1], que  acorde con el
artículo 48 de la Carta, ha sido establecido en el ordenamiento colombiano con
el fin de cubrir los eventuales riesgos que puedan llegar a enfrentar los
individuos y sus familias, frente a las contingencias que afecten su salud[2].
Es, por consiguiente, un servicio de carácter obligatorio e irrenunciable,
que se ciñe a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad[3]
conforme a la Constitución y a la ley, y cuya prestación, - sea en forma
directa o a través de entidades privadas-, compete al Estado, como ocurre
también con la organización, dirección, coordinación y control del servicio
público mencionado.
El Sistema General de Seguridad Social en
Salud, creado por la Ley 100 de 1993, es el nombre que reciben desde su
expedición, el conjunto de reglas y principios que regulan la prestación de ese
servicio público, y que determinan, la organización y funcionamiento de las
entidades encargadas de administrarlo[4].
Para acceder a las prestaciones
establecidas en el Sistema, el legislador ha considerado que quienes tienen
capacidad económica, “deben afiliarse (...) mediante el pago de una cuota”[5]
mensual, en el régimen contributivo,  y que  “las personas sin capacidad de
pago” deben acceder a los servicios del sistema de seguridad social
subsidiado, sea en calidad de “afiliados o  de vinculados”[6]
según el caso. Al régimen contributivo, entonces, pertenecen los
trabajadores subordinados por contrato de trabajo, los servidores públicos; los
pensionados, y los trabajadores independientes, quienes deben cancelar
mensualmente una cotización, autofinanciada por ellos mismos. En los otros
casos se da una concurrencia con el empleador. Al régimen subsidiado, por el
contrario,  deben afiliarse las personas que no cuentan con los recursos
necesarios, para cubrir el monto de la cotización obligatoria.
El acceso de las personas al sistema de
seguridad social, debe responder, por tanto, entre otras, a las siguientes
exigencias: i) La regulación legal sobre acceso, debe obedecer a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos establecidos en la
ley (C.P. art. 48)[7]; la ampliación de la
cobertura y un acceso progresivo, son consecuencia de la aplicación de estos
principios, en el desarrollo del sistema. ii) Todas las personas, sin
discriminación alguna, tienen derecho a acceder a la seguridad social y
el Estado es responsable de garantizar que las entidades de la seguridad
social, ya sean públicas o particulares, estén dispuestas en todo momento a
brindar la atención que demanden los usuarios, en forma oportuna y eficaz[8];
y iii) si bien la capacidad económica fue la estrategia diseñada por el
legislador para diferenciar los regímenes de acceso al Sistema en salud, lo
cierto es que ni las EPS ni las ARS pueden establecer criterios de distinción
como el sexo, la raza, el origen familiar, el estado de salud o cualquier otra
condición de las personas, para impedir la afiliación o la inscripción al
régimen, cuando se cumplen los requisitos de ley[9]. Tampoco
pueden negar la afiliación de personas por padecer algún tipo específico de
enfermedad[10] o de dolencia.
8. Así, en lo concerniente al régimen
contributivo, las personas que se encuentren afiliadas al mismo tienen
derecho a que se les concedan los servicios de atención en salud y
reconocimientos económicos consagrados en el Plan Obligatorio de Salud. Las Entidades
Promotoras de Salud E.P.S., -que pueden ser empresas públicas o privadas-, son las responsables legalmente de la afiliación,
carnetización y registro de tales afiliados[11],
así como del recaudo de las cotizaciones obligatorias, por delegación del Fondo
de Solidaridad y Garantía (FOSYGA)[12].También les
compete la administración de los recursos y la prestación de los
servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud P.O.S., como ya  se ha
mencionado[13].
9. Por otra parte, las relaciones jurídicas
que se generan entre los afiliados y las E.P.S., están enmarcadas por las
disposiciones  que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
De allí que se afirme que conforme con las previsiones legales,  la
afiliación es una obligación para las EPS[14]y un derecho
para el afiliado, cuando éste libremente decide vincularse a una empresa
promotora de salud, por estimar que puede cumplir con las obligaciones de ley.
En este sentido, la sentencia C-104 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas), destaca
con respecto a la afiliación, que:
(...) el numeral 3º del artículo 178 de la
ley 100 relativo a las responsabilidades de las E.P.S., dispone que dichas
entidades tienen la obligación de aceptar a toda persona que solicite la
afiliación y que cumpla con los requisitos de ley. Por su parte, el
artículo 183 ibídem prohíbe a las E.P.S. negar la afiliación a quien desee
ingresar al régimen, siempre y cuando asegure el pago de la cotización o del
subsidio correspondiente, salvo en casos excepcionales por abuso o mala fe del
usuario, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional.
De lo anterior se deduce, de un lado, que la
afiliación no es una potestad sino una obligación de las E.P.S., y por
otro lado, que ésta constituye un derecho en cabeza de cualquier persona,
exigible ante la E.P.S. de su elección, dentro de los parámetros legales y
reglamentarios. Al respecto hay que tener presente que es a través de la
afiliación que se hace efectivo el principio de universalidad que rige el Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
Por ello, la Corte ha manifestado que
cuando la E.P.S. seleccionada por el usuario considere que existe una causal
para no concederle la afiliación, es su deber colaborarle para que la tramite
debidamente, máxime cuando la normativa que reglamenta la materia es
dispendiosa, compleja y de difícil conocimiento para el común de los
ciudadanos.[15]
Así, las E.P.S., en ejercicio de su labor de
afiliación, están obligadas a aceptar la vinculación de cualquier persona que
lo solicite y que esté en capacidad de pagar las cotizaciones exigidas por el
sistema. Ahora, cuando una E.P.S. encuentre que una solicitud de afiliación es
improcedente, deberá guiar al solicitante para que la tramite debidamente y
nunca podrán negarse a inscribir a una persona y sus beneficiarios,
argumentando, por ejemplo, la presencia de preexistencias, o razones de
conveniencia relacionadas con el equilibrio económico del sistema”.  (Las
cursivas y las negrillas, fuera del original).
10. La calidad de afiliado, en
consecuencia, se adquiere cuando se es cotizante, beneficiario  directo[16]
o beneficiario adicional de una EPS. Sin embargo, unos y otros adquieren el
derecho a percibir los servicios y beneficios del régimen de salud, sólo cuando
se produce de manera efectiva la afiliación correspondiente, como requisito
esencial. El  aporte que hace el cotizante, le da derecho a su grupo
familiar a que reciba la cobertura,  pero solo si la afiliación efectiva ha
tenido lugar.[17]  De ello se desprende que los efectos de la
afiliación son determinantes para los cotizantes y/o los beneficiarios.
Justamente, además de habilitar a la persona para que pueda recibir  los
servicios de salud determinados en el POS,  la afiliación es crucial “para contabilizar
el tiempo de vinculación al sistema y no sólo la cotización en el mismo”[18].
En el caso de los períodos mínimos de cotización o de carencia, se ha dicho
precisamente que deben contarse a partir de la “afiliación al régimen
contributivo, esto es, a partir de la vinculación al sistema, ya sea como
cotizante, como beneficiario por cobertura familiar o como beneficiario
adicional”[19].
En la sentencia T-1169 de 2000. (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra), esta Corte concluyó que en  el caso de
cambio de beneficiario a cotizante o viceversa, el período de cotización debía
contarse  desde el momento en que se produjo la afiliación al sistema y no
desde el momento de la afiliación como beneficiario, de un lado, o como
cotizante, del otro. Bajo esta perspectiva, un cambio de beneficiario a
cotizante, o al contrario,  no supone  transformación alguna en el sistema o
desconocimiento de la antigüedad, para  ninguno de los afiliados.
11. Por las razones previamente expuestas, se puede
concluir que la afiliación a una EPS: i) es una ruta
de acceso  al sistema de seguridad social en salud, que resulta ser
obligatoria e irrenunciable para los asociados. ii) Además, es un prerrequisito
para acceder a las prestaciones del régimen contributivo en salud. iii) La afiliación, la carnetización y el registro
de afiliados,
son todas responsabilidades de las EPS conforme al régimen legal vigente. Las
EPS están obligadas a facilitar y promover la afiliación y a realizar esos
compromisos y obligaciones con la eficiencia, efectividad y calidad, tal y como
el régimen lo exige para todas las actividades y prestaciones. iv) En ese
sentido, las omisiones o errores, le son imputables a quien tiene la
responsabilidad legal de materializar esos compromisos en el sistema. En el
caso de los promotores, por expresa determinación reglamentaria, sus errores le
son imputables a la EPS[20]. Por lo tanto, son estas
entidades a quienes compete corregir las equivocaciones que puedan llegarse a
causar  en las afiliaciones. Finalmente, v) la afiliación, es para el cotizante
o para el beneficiario, un derecho que supone escoger libremente una EPS y
recibir de ella, las prestaciones consagradas en el POS. Si la persona cumple
con las prescripciones de ley, la entidad promotora de salud no puede negarle o
impedirle la afiliación, por ser ello una prohibición legal[21].
De tal manera que  vi) obstruir la afiliación de una persona al régimen
contributivo, por negligencia, afecta sin duda alguna derechos subjetivos y
posiblemente fundamentales de quien se pretende afiliar,  especialmente, porque
los términos para constatar los periodos mínimos de cotización o de carencia, o
para hacerse acreedor a prestaciones económicas, se computan generalmente, a
partir de la afiliación.
Las bases de datos de las entidades del sistema general de seguridad
social y el derecho al hábeas data.
12. El manejo adecuado de la
información contenida en las bases de datos de las EPS en relación con el
Sistema General de Seguridad Social en salud, (Art. 15 C.P),  resulta ser uno
de los aspectos que más contribuye al eficiente funcionamiento del sistema, en
la medida en que se convierte en un instrumento que facilita la circulación de
información veraz y oportuna sobre cotizantes y beneficiarios, que acredita el
acceso al sistema y que permite proteger el derecho irrenunciable a la
seguridad social (Art. 48 C.P.) y a sus “los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud (Art. 49 C.P.)”.
En ese sentido, la Constitución, la
jurisprudencia y la doctrina, han reconocido,  que los asociados, tienen el
derecho de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellos
existan en  bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas,
conforme al artículo 15 de la Carta.  De allí que, cuando la información reposa
en las bases de datos, sin que resulte cierta, o cuando sea inexacta o
incompleta, la persona  afectada en su derecho fundamental al habeas data, puede solicitar la modificación de
esa información, siendo responsabilidad del administrador del dato actualizarla
o eliminarla según sea el caso.
En la sentencia T-486 de 2003 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), la Corte  Constitucional consideró, desde la perspectiva del
régimen de salud, que:
“...de la calidad de la información contenida
en las bases, depende que los servicios a favor de los cotizantes y
beneficiarios sean suministrados de forma oportuna y adecuada. Son comunes los
casos en que, por inconsistencias sobre datos tales como fechas de afiliación,
novedades de retiro de empleados, pago de cotizaciones, etc., se priva a los
usuarios de la debida atención en salud o del suministro de otras prestaciones
relacionadas con la seguridad social, como las pensiones, lo que, por lo
general, involucra la amenaza de derechos fundamentales”.
“Cuando de la inclusión de datos se derivan situaciones ventajosas
para el titular, como es la posibilidad de obtener el pago de prestaciones
económicas o el suministro de los servicios médicos asistenciales derivados de
la afiliación al sistema de seguridad social, la mora en el registro de la
información actual sobre el cotizante constituye una forma de negación
injustificada de la incorporación del dato que reporta el beneficio, fundada en
la propia negligencia de la entidad correspondiente, comportamiento que vulnera
el derecho en comento”.
“15. En definitiva, la materialización del
acceso a la atención en salud y a la seguridad social y la consecuente
protección de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, la
integridad física y, en situaciones concretas respecto al pago de prestaciones
económicas, al mínimo vital; se encuentran subordinadas a que las entidades del
sistema general de seguridad social, que administren bases de datos, lleven
a cabo las medidas tendientes a salvaguardar la autodeterminación informática
de sus usuarios.”
13. Por ende, se concluye que se incumple
con el  artículo 15 de la Carta y con los principios establecidos por la
jurisprudenciales constitucional en relación con el manejo de la información[22],
cuando pudiendo hacerlo, la EPS omite el deber de corregir o modificar un dato
que es erróneo o carente de certeza, de su base de datos. De hecho, en estos
casos, la entidad con su poder informático, de forma ilegitima está afectando
la autonomía de la persona, el derecho a acceder al sistema de seguridad social
y por esa vía, la garantía de protección de los derechos fundamentales del
individuo, de darse conexidad con sus derechos fundamentales lesionados.
La protección constitucional de  la
mujer embarazada.
14. La protección constitucional de  la
mujer embarazada  consagrada en los artículos 1º, 13 y 43 de la Carta, y en
normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, - Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer[23] (Artículo
11-2)  y  el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[24]
(Artículo 10-2) -, propugna por el respeto a la dignidad de las mujeres, a su
libre desarrollo, y la consolidación de una igualdad real y efectiva (Art. 13
C.P).
En virtud del principio de igualdad (Art. 13), la Carta ha
favorecido el reconocimiento y la existencia de  acciones afirmativas en favor
de los grupos de la población tradicionalmente excluidos o en condiciones de
debilidad, con el propósito de que se superen las barreras que les impiden
gozar de una igualdad real. En ese sentido, el artículo 43 de la C.P. consagra
una protección especial a la mujer“durante el embarazo y después del parto,”
con el propósito principal de impedir que la maternidad se convierta en un
factor de discriminación femenina, y que se salvaguarde por el contrario la
maternidad y el periodo posterior al parto, que responde al libre desarrollo de
la personalidad de la mujer y a su dignidad humana (CP Preámbulo y arts. 2º,
11 y 44) y a la protección de la familia como núcleo fundamental de la
sociedad (Art. 42 C.P.),
En la sentencia C-470 de 1997[25],
esta Corporación se pronunció en relación con la protección constitucional a la
maternidad, en los siguientes términos:
“Estos múltiples fundamentos
constitucionales muestran que, tal y como la Corte lo ha indicado en reiteradas
oportunidades[26], la
mujer embarazada y su hijo gozan de la especial protección del Estado y de la
sociedad, lo cual tiene una consecuencia jurídica importante: el
ordenamiento jurídico debe brindar una garantía especial y efectiva a los
derechos de la mujer que va a ser madre, o que acaba de serlo”. (Cursivas
fuera del original)
El caso concreto
15. La señora Ingrid Sulay Rodríguez deseaba afiliarse a Coomeva
EPS, en calidad de trabajadora independiente, conforme a las exigencias de ley.
Lo intentó tres veces, sin resultado positivo alguno; y en el proceso sólo
logró que la entidad accionada desconociera su petición y que le fuera
imposible acceder a las prestaciones del POS, a pesar de su estado de embarazo.
Por lo tanto, solicita que se ordene a Coomeva EPS el reconocimiento de su
afiliación desde  el 2 de septiembre de 2005 y que se ordene igualmente la
cancelación de su licencia de maternidad, ante el temor de que la entidad no se
la reconozca, dados los problemas de afiliación.
Para la Sala de revisión, la situación de la señora Rodríguez aquí
planteada,  implica el análisis de otros derechos fundamentales, fuera de los
invocados por ella en la tutela,  como son el derecho a la vida, el derecho a
la salud  en conexidad con el primero, o el derecho al habeas data en el
régimen contributivo, tal y como se analizó con anterioridad. Desde esta
perspectiva,  no comparte la Corte la decisión del fallador de instancia que
consideró improcedente la solicitud de afiliación a Coomeva EPS, alegando falta
de conexión con el derecho de petición; porque la cuestión constitucional aquí recaía
precisamente en la posible vulneración de otros derechos. Por ende, aunque la
entidad haya dado una respuesta en la tutela a la peticionaria y se piense que
se trata de un hecho superado al momento de la decisión de tutela, lo cierto es
que el juez omitió el deber de analizar igualmente los demás derechos
involucrados, al limitarse exclusivamente a estudiar el derecho de petición.
Con ello, desconoció las especiales competencias que tiene el
juzgador constitucional con respecto a la protección de derechos fundamentales,
que le permiten en circunstancias como la que se presenta, conceder el amparo
de derechos fundamentales que no fueron  invocados en el trámite de tutela.
La omisión de Coomeva de corregir de inmediato la incongruencia en
la afiliación, -que  en un principio resultó ser  una afrenta a los  derechos
de carácter legal y prestacional de la peticionaria, además de contraria a su
derecho de petición -, con ocasión de su estado de embarazo, se transformó  en
una omisión muy grave que ha puesto en peligro su derecho a la salud en
conexidad con su derecho a la vida,  teniendo en cuenta que la ausencia de
afiliación ha implicado para la peticionaria, la imposibilidad de acceder
libremente a los servicios del POS a que tiene derecho, que además son los
servicios mínimos amparados por el Sistema. En circunstancias como estas,  la
jurisprudencia ha sostenido  que  la falta del servicio vulnera o ame­naza
los derechos a la vida y a la integridad personal de quien los requiere.[27]
Con fundamento en el material probatorio recaudado, además, la Sala
concluye que efectivamente Coomeva EPS actuó con negligencia frente a la
accionante con respecto a su afiliación, porque: i) tres funcionarias
atendieron a la accionante y ninguna pudo afiliarla en debida forma; ii) en
todo momento Coomeva EPS ha admitido que incurrió en inconsistencias en la
afiliación, esto es, que es conciente de que cometió una equivocación, como
lo confirma en todos sus escritos en el trámite de tutela.  iii) Coomeva
EPS nunca ha alegado el incumplimiento o mora en los pagos de la demandante;
iv) tampoco ha alegado o explicado las razones que la llevaron a la indebida
actuación de sus funcionarias. iii) Las respuestas verbales le sugerían a la
peticionaria borrar el dato so pena de renunciar a su derechos de la seguridad
social, debido a una aparente imposibilidad de modificar los datos en el
sistema, salvo nueva afiliación, es un proceder que vulnera claramente el
derecho al habeas data. iv) La entidad no contestó oportunamente el derecho de
petición de la accionante.
16. De otro modo, sorprende que la entidad
acusada se haya negado reiterativamente a modificar el dato erróneo y le haya
impuesto a la accionante como camino, la pérdida de sus derechos
prestacionales, o en concreto, de sus cotizaciones previas. Esta situación, que
compromete el derecho al habeas data de la peticionaria, también afecta la
responsabilidad de Coomeva EPS en la protección y garantía de los derechos
fundamentales de manera general, ya que conforme al artículo 15 de la Carta, la
información de las bases de datos, deben ser susceptibles de actualización,
modificación, corrección e incluso de supresión, si no son ciertos o están equivocados,
posibilidades  que al parecer no son posibles, o no son compatibles con la base
de datos de Coomeva EPS. Esta circunstancia configura una vulneración del
derecho al hábeas data, debido a: (i) el desconocimiento de la facultad que le
asiste al titular de la información, - en este caso la señora Rodríguez -, de
poder actualizar la información consignada en  la base correspondiente (Art. 15
C.P.); y (ii) en la posible violación de los principios de veracidad e
incorporación de los datos, pues, con la entidad accionada incumplió las
obligaciones en lo que respecta a la administración de datos personales, pues
mantuvo durante más de cinco meses un registro que no correspondía la situación
real de la demandante a pesar de saberlo claramente, e impidiendo con él, el
acceso a la afiliación al sistema de seguridad en salud, con solución de
continuidad.
Coomeva E.P.S., por lo tanto, limitó injustificadamente el derecho a
la afiliación de la demandante, lo cual condujo a un aplazamiento que amenaza
también los derechos a la vida en condiciones dignas, salud e integridad física
de la accionante, que se ha visto privada injustamente de atención médica por
la falta de afiliación. Esta circunstancia, se insiste, resulta especialmente
gravosa en este caso por tratarse de una persona que por su condición de mujer
embarazada merece una protección reforzada de conformidad con comentarios que
sobre este fenómeno se hicieron previamente en esta providencia.
17. En lo que  respecta a la solicitud de reconocimiento de la
licencia de maternidad[28], debe afirmarse que no
puede predicarse un incumplimiento por parte de la entidad acusada basado en
conjeturas futuras, relacionadas con el pago de esa prestación. Sin embargo lo
cierto es que todavía no se han causado los requisitos legales para obtener la
prestación económica, ya que no ha habido parto[29].
Con todo, cumplidos los requisitos de ley, Coomeva  E.P.S. debe cancelar el
valor de la licencia de maternidad. Ahora bien, de la circunstancia de no
afiliación causada por Coomeva EPS, no pueden derivarse en contra de la
accionante consecuencias negativas y adversas adicionales no imputables a ella,
que impliquen, por ejemplo, la pérdida de antigüedad o de sus cotizaciones
pagadas. Menos aún cuando la demandante de manera reiterada ha acudido ante
Coomeva para solucionar esta situación y tal entidad es en definitiva la
causante de los problemas de afiliación de la señora, por su incumplimiento en
el deber de actualización de los datos personales administrados por ella.
18. La Corte concluye entonces, que Coomeva EPS, al incumplir su
deber constitucional de registrar oportunamente los datos personales de
afiliación al sistema de la señora Rodríguez y negarse reiteradamente a
modificarlos a pesar del error, generando con eso de manera sistemática la
imposibilidad de la accionante de ejercer su derecho de acceder al sistema,
vulneró el derecho al hábeas data  de la accionante por no respetar el
principio de actualización  y, adicionalmente, amenazó los derechos a la vida en
condiciones dignas, a la salud y a la integridad física, de la señora Rodríguez
y de su futuro hijo.
Por ende, se revocará la decisión del juez de tutela, y en su lugar,
se concederá el amparo al derecho fundamental al hábeas data y al  derecho a
la  salud en conexidad con la vida; por lo que se ordenará a Coomeva afiliar,
sin aún no lo ha hecho en debida forma, a la señora Rodríguez sin solución de
continuidad, desde el 2 de septiembre de 2005.
No analizará la Corte, en consecuencia, la reciente afirmación de
Coomeva EPS relativa a la aparente multiafiliación de la peticionaria, dado que
se trata:  (i) de un hecho nuevo que no pudo haber sido conocido por el juez de
la causa en su momento; (ii) no aparece probado en el trámite de tutela que
además de la notificación a la accionante se le haya dado “la oportunidad al
afiliado de explicar las razones por las que aparece en diferentes Empresas
Promotoras de Salud”[30] (Art. 29 C.P), teniendo
en cuenta que las EPS no están autorizadas para cancelar los contratos
automática y unilateralmente[31]. Finalmente, (iii)
porque en las mismas pruebas aportadas por la empresa promotora de salud, se
afirma que la accionante se encuentra en estado de afiliación “activo” y además
continúa cotizando a Coomeva EPS.
De allí que, una vez surtida la afiliación, Coomeva E.P.S. deberá
suministrar a la accionante, a sus beneficiarios y a su hijo, todas las
prestaciones médicas que procedan en razón de esa afiliación, así como el
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas derivadas de la
maternidad, siempre y cuando se verifique la concurrencia de los requisitos
legales para ello[32]. Sin embargo, no podrán
alegarse como causales para denegar esas prestaciones, la eventual falta de
continuidad en el servicio, la suspensión de la afiliación o la mora
comprendida entre la afiliación realizada en septiembre de 2005 y la fecha de
notificación del presente fallo. Por su parte, la accionante tiene el deber de
cancelar en adelante, a partir de la notificación de estas sentencia, los
aportes que le correspondan en su calidad de cotizante al Sistema de Seguridad
Social conforme a la ley. En conclusión, ante las irregularidades en la
afiliación  de la peticionaria causadas por la EPS, que le impidieron a la
demandante acceder a los servicios del POS, la empresa promotora de salud
vulneró los derechos al Habeas Data de la accionante,  por no radicar los datos
correctos en su sistema, ni corregir las eventuales inconsistencias de manera
oportuna como era su deber; a su vez,  vulneró el  derecho a la salud en
conexidad con vida de la accionante, dado que por su estado de embarazo, le
impidió oportunamente el acceso a las prestaciones propias del POS necesarias
para su atención especial, conforme a la Carta. Ante esa situación corresponde
a la EPS afiliarla, sin solución de continuidad, desde el momento en que se
consolidó la afiliación en septiembre de 2005 y cubrir las prestaciones
económicas a que halla lugar, cuando se de el alumbramiento.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia de tutela
del tres (03) de marzo de  dos mil seis (2006) del Juzgado Sexto Civil Muncipal
de Cartagena de Indias, en la acción de tutela de la referencia, y en su lugar TUTELAR
los derechos fundamentales al hábeas data y a la salud en conexidad con
vida de la señora Ingrid Sulay Rodríguez.
Segundo.- ORDENAR al representante legal de Coomeva E.P.S.
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia, proceda a afiliar a la señora Ingrid Sulay Rodríguez,
en los términos y condiciones precitadas en la parte motiva de esta sentencia
Tercero.- COMUNIQUESE la presente decisión al Juzgado Sexto
Civil Muncipal de Cartagena de Indias, para que sea notificada a las partes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
MANUEL JOSÉ CEPEDA  ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
La determinación del contenido y alcances del derecho, así
como la ampliación de la cobertura del servicio público están definidos
principalmente por la ley, acorde a los principios y disposiciones contenidos
en la Constitución. (C.P. artículo 48).
[2]
Corte Constitucional. Sentencia T-904 de 2005. M.P. Humberto Sierra Porto.
[3]
Y a los de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad,
participación, equidad, obligatoriedad, libre escogencia, autonomía de
instituciones, descentralización administrativa, participación social, concertación
y calidad, según la Ley 100 de 1993.
[4] Corte Constitucional. Sentencia T-731 de 2004. M.P.
Marco Gerardo  Monroy Cabra.
[5] Corte Constitucional. Sentencia T-799 de 2002. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[6] Corte Constitucional.
Sentencia T-799 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[7] Corte Constitucional. Sentencia SU-623 de 2001. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[8]
Ver además las  sentencias T-111 del 18 de marzo de 1993. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo y T-406 del 24 de septiembre de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[9]
Esta prohibición está expresamente consagrada en el artículo 183 de la Ley 100
de 1993.
[10] Corte Constitucional.
Sentencia T-904 de 2005. M.P. Humberto Sierra Porto.
[11]
Ver artículos 177 y  178 de la ley 100 de 1993. Puede consultarse también  el
artículo 18 del Decreto 2280 de 2004 que reza los siguiente: “Bases de Datos de
afiliados y aportantes.  Las bases de datos de aportantes y afiliados al
sistema  general de seguridad social en salud, serán actualizadas mensualmente
por el Fosyga a través de su administrador fiduciario, con fundamento en la
información proveniente de las entidades promotoras de salud EPS y demás
entidades obligadas a compensar, EOC, de las direcciones territoriales de
salud; de las administradoras del régimen subsidiado ARS y de los regímenes de
excepción (...). Parágrafo: La entidades promotoras de salud EPS (...) son responsables
de la veracidad de la información incorporada en la base de datos de aportantes
y afiliados de que trata el presente artículo”.
[12]
Igualmente, conforme al Artículo
215 de la Ley 100 de 1993, deben girar a
dicha institución, dentro de los términos legales, la diferencia entre los
ingresos por cotizaciones y el valor de las Unidades de Pago por Capitación
(UPC).
[13]
Ver artículo 177 de la Ley 100 de 1993.
[14]
Ver artículo 177 y 178 de la Ley 100 de 1993. También  el Decreto 1485 de 1994
consagra en su artículo 2o como responsabilidad de las EPS, la de “promover la
afiliación de los habitantes de Colombia al sistema general de seguridad social
en salud”.
[15]
Corte Constitucional. Sentencia T-1313 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[16]
Los beneficiarios directos, son el grupo
familiar del cotizante, es decir, su cónyuge o compañero permanente; y sus
hijos o padres cuando éstos dependen económicamente de quien está haciendo el
aporte al sistema.
[17] Corte Constitucional. Sentencia T-1169 de 2000. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[18]
Corte Constitucional. Sentencia T-670  de
2000.
[19]
Corte Constitucional. Sentencia T-250 de 1997 y T-557 de 1998 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[20]
Cfr. Artículos 44 y 55 del Decreto 806 de 1998.  El Decreto 1485 de 1994,
aclarado por el Decreto 1609 de 1995, consagra lo siguiente: “Cualquier
infracción, error u omisión, en especial aquellos que impliquen perjuicios a
los intereses de los afiliados, en que incurran los promotores de las EPS  en
el desarrollo de sus actividades, compromete la responsabilidad de la entidad
promotora con respecto a la cual adelanten sus labores de promoción o con la
cual, con ocasión de su gestión, se hubiera realizado la respectiva
vinculación, sin perjuicio de la responsabilidad de los promotores frente a la
correspondiente entidad promotora de salud”.
[21] Artículo 183 de la Ley
100 de 1993.
[22] Corte Constitucional, Sentencia T-729 de 2002  M.P.
Eduardo Montealegre Lynett y T-486 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño. En estas
providencias, se hace alusión a unos principios jurisprudenciales que se consideran complementarios a los
señalados en el artículo 15 de  la Carta, relacionados  especialmente con la
administración de datos personales y la autodeterminación informática, que en
conjunto suponen una adecuada garantía de protección del titular del dato,
frente al ejercicio irrestricto de la manipulación o uso de datos en medios de
recolección o bases de datos, así: i) el de consentimiento libre, previo y
expreso del titular antes de la incorporación de los datos y la imposibilidad
enajenarlos o cederlos bajo cualquier modalidad. ii) El principio de necesidad,
según el cual, debe existir una relación de correspondencia entre los datos
recolectados y la finalidad de la base de datos. iii) El principio de
veracidad, que exige el aporte de datos reales y de su rectificación en caso de
inconsistencias. iv) El principio de integridad, que impide que los datos
incluidos en las bases sean fraccionados, alterados o incompletos. v) El
principio de finalidad, según el cual el acopio, procesamiento y divulgación de
datos debe obedecer a un objetivo definido con anterioridad y
constitucionalmente legítimo. vi) El de utilidad, que obliga a que la
recolección, tratamiento y circulación de información, tenga un uso previamente
determinado e identificable. vii) Por último, los principios de incorporación
(sobre introducción de datos ventajosos para el titular), caducidad (sobre
información negativa y plazos) e individualidad (sobre información separada de
otra diferente).
[23] La Convención fue
incorporada a la legislación interna a través de la Ley 51 de 1981.
[24] Ley 74 de 1968.
[25]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[26]
Ver, entre muchas otras, las sentencias T-606 de 1995, T-106 de 1996. M.P.
T-568 de 1996, T-694 de 1996,  C-710 de 1996 y T-270 de 1997.
[27]
Corte Constitucional. Sentencia T-1204 de 2000 (MP Alejandro Martí­nez
Caballero), La Corte tuvo en cuenta que según la jurispru­dencia
constitucional, el juez de tutela puede ordenar “(…) la
prestación de los servicios de salud, a los cuales las personas no tienen el
derecho fundamental a acceder, cuando sin ellos se haría nugatoria la garantía
a derechos consti­tu­cionales fundamentales como la vida y la integridad
personal, pues frente a estos derechos, inherentes a la persona humana e
independientes de cualquier circunstancia ajena a su núcleo esencial, no puede
oponerse la falta de reglamentación legal (decisión política) o la carencia de
recursos para satisfa­cerlos.”  Esta decisión,
defendida por la jurisprudencia constitucional desde su inicio [ver al
respecto, entre otras, las sentencias T-484 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz),
T-505 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-548 de 1992 (MP Ciro Angarita
Barón], sigue los precedentes establecidos por la Corte Constitucional en
materia de acceso a los servicios médicos en el Sistema de Seguridad Social en
Salud [ver al respecto, entre otras, las sentencias T-224 de 1997 (MP Carlos
Gaviria Díaz), SU-480 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-236 de 1998
(MP Fabio Morón Díaz), T-631, T-628 y T-691 de 1998 (MP Antonio Barrera
Carbonell) y SU-819 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis)].
[28] La
licencia de maternidad tiene por objeto permitir que la madre tenga la
posibilidad de dedicarse, de forma exclusiva, a atender los requerimientos
propios del alumbramiento. El Código Sustantivo del Trabajo, dispone que la
trabajadora en estado de embarazo es acreedora a una licencia remunerada
equivalente a doce (12) semanas, que se hace exigible dos semanas antes de la
fecha probable del parto. La jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta
la estrecha relación existente entre el goce de la licencia de maternidad y la
garantía de diversos derechos fundamentales, ha determinado que licencia de maternidad adquiere relevancia
constitucional cuando su vulneración o amenaza afectan el mínimo vital de la
madre y el recién nacido.
[29]
Conforme a las pruebas aportadas originalmente al proceso, la señora presentaba
en el mes de febrero un mes de embarazo, lo que permite suponer que el final
del alumbramiento está previsto, en principio, para septiembre del  año en
curso.
[30] Corte Constitucional.
Sentencia T-1313 de 2001.
[31] Corte Constitucional. Sentencia T-502 de 2004. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] Corte Constitucional.
Sentencia T-486 de 2003. M.P. Jaime Cordoba Triviño.