C-111-17
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-111/17
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL
MUNICIPIO DE QUIBDO-Autorización al gobierno para contribuir a su
fomento, protección, conservación, divulgación y financiación
AUTORIZACION AL GOBIERNO PARA
CONTRIBUIR AL FOMENTO, PROTECCION, CONSERVACION, DIVULGACION Y FINANCIACION DE
LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN QUIBDO-No vulnera los
principios de neutralidad, diversidad y pluralismo en que se funda el Estado
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACION-Reconocimiento y protección constitucional
CULTURA-Definición
PRINCIPIOS ORIENTADOS A LA
PROTECCION DE LA CULTURA-Consagración constitucional
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL-Definición
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Definición
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL-Contenido
y alcance
El patrimonio material se integra en
esencia con los bienes de interés cultural que obtengan dicha declaratoria,
cuya competencia se asigna al Ministerio de
Cultura sobre los que tienen un ámbito nacional y a los alcaldes municipales o
distritales y a los gobernadores frente a los bienes del contexto territorial.
En los grupos étnicos esa función les corresponde a las autoridades indígenas y
a las autoridades de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993. Por
fuera de lo anterior, se establece que los bienes archivísticos son de
competencia exclusiva del Archivo General de la Nación (AGN), sin importar si
son nacionales o territoriales, al igual que ocurre con el patrimonio
arqueológico sometido al control y vigilancia del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH). El procedimiento para la declaratoria de
bienes de interés cultural (también denominados BIC) se encuentra previsto en
el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008.
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL-Contenido
y alcance
El patrimonio cultural inmaterial no es
susceptible de declaración como los BIC, sino de incorporación en una Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), mediante un
procedimiento reglado consagrado en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 2941
de 2009 y en la Resolución No. 0330 del 24 de febrero de 2010 del Ministerio de
Cultura. Según se dispone en el reglamento cabe la existencia de listas
representativas en el orden nacional como en el nivel territorial, sujetándose
para el efecto al siguiente trámite que fue resumido en la Sentencia C-224 de
2016: “(i) Para la inclusión en la LRPCI debe
presentarse una postulación o iniciativa para tal fin, la cual puede provenir
de entidades estatales o grupos sociales, colectividades, comunidades, o
personas naturales o jurídicas, y/o de la entidad encargada de la conformación
y manejo de la respectiva lista en el ámbito nacional o territorial –director
de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el alcalde municipal o distrital, el
gobernador–; con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto
2941 de 2009, artículos 8 y 11. (ii) Una vez cumplidos los requisitos, la
información recopilada será enviada al Consejo de Patrimonio Cultural
correspondiente, el que debe emitir un concepto favorable o desfavorable de la
postulación. De ser positivo, la autoridad competente solicitará al postulante
la elaboración y presentación de un Plan Especial del Salvaguarda –PES–. (iii)
El Plan Especial de Salvaguardia debe estar orientado al fortalecimiento,
revitalización, sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación. (iv)
Finalmente, el Consejo de Patrimonio Cultural que corresponda, según el caso,
decide definitivamente sobre la inclusión o no de la manifestación cultural en
la LRPCI. Decisión que se concreta en un acto administrativo mediante el cual,
previo análisis de los criterios de valoración y procedimiento reglamentados en
este decreto, la instancia competente determina que dicha manifestación, dada
su especial significación para la comunidad o un determinado grupo social, o en
virtud de su nivel de riesgo, requiere la elaboración y aplicación de un Plan
Especial de Salvaguardia.”
PROMOCION Y FOMENTO A LA
CULTURA-Configuración legislativa/ACCESO A LA CULTURA-Deber de
promoción y fomento por el Estado
DERECHO A LA CULTURA-Manifestaciones a la luz de Observación General de
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
LIMITES DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD EN LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL CONEXO AL FENOMENO RELIGIOSO-Unificación
de jurisprudencia/PROMOCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL-Límites
cuando tiene relación actual y objetiva con una manifestación religiosa
NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL
MUNICIPIO DE QUIBDO-No implica adhesión del Estado a ningún credo o
religión/FIESTAS PATRONALES DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE
QUIBDO-Dicha alusión se realiza con miras a identificar cuál es el
patrimonio cultural inmaterial que autoriza impulsar, fomentar y financiar por
parte del Ministerio de Cultura
Referencia: Expediente D-11485
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 993 de
2005, “por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación las
fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó, en el
departamento del Chocó y se dictan otras disposiciones”
Demandantes:
Yamile Sánchez Camacho
Luz Perla Sánchez Ortiz
Magistrado Sustanciador:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En desarrollo de la acción pública de inconstitucionalidad
consagrada en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, las ciudadanas Yamile Sánchez Camacho y Luz Perla Sánchez Ortiz
presentaron demanda de incons-titucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 993
de 2015, “por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación
las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó, en
el departamento del Chocó y se dictan otras disposiciones”.
En Auto del 24 de junio de 2016, el Magistrado Sustanciador
resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente,
corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de su competencia. De igual manera dispuso comunicar la iniciación del
presente proceso de inconstitucionalidad al Ministerio de
Justicia y del Derecho, al Ministerio de Cultura, al Departamento Nacional de
Planeación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a la Defensoría del Pueblo, a la
Academia Colombiana de Historia, a la Escuela de Ciencias Humanas de la
Universidad del Rosario, a las Facultades de Antropología de las Universidades
de los Andes y Javeria-na, al Centro de Estudios Sociales de la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, a la Gobernación del
Chocó, a la Alcaldía de Quibdó y a las Facultades de Derecho de las
Universidades Externado, Sergio Arboleda, del Norte y Nariño, para que,
si lo consideraban conveniente, intervinieran impugnando o
defendiendo la disposición acusada.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242
del Texto Superior y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver
sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto del precepto
demandado, conforme con su publicación en el Diario Oficial No. 46.081 del 3 de
noviembre de 2015:
“LEY 993 DE 2005
(Noviembre 2)
Por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación
las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó,
departamento del Chocó y se dictan otras disposiciones
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA
Artículo
2.- Autorízase al Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Cultura a contribuir al fomento, promoción, protección,
conservación, divulgación y financiación de las fiestas patronales de San
Francisco de Asís.”
III. DEMANDA
3.1. En criterio de las accionantes, el precepto legal
demandado es contrario a los artículos 1, 7 y 19 de la Constitución, los
cuales, en su orden, se refieren (i) al carácter democrático y pluralista del
Estado[1];
(ii) al deber de reconocer y proteger la diversidad cultural de la Nación[2]
y (iii) a la libertad de cultos e igualdad de las confesiones religiosas e
iglesias ante la ley[3].
3.2. Visto el contenido de la demanda, se observa que el
conjunto de razones expuestas se agrupa en dos argumentos. En el primero, se
considera que la norma acusada es contraria al principio de neutralidad
que orienta al Estado en materia religiosa. Para el efecto, se señala que este
último tiene prohibido establecer una religión como oficial, identificarse
formal y explícitamente con una iglesia, y promover actos oficiales de
adhesión, así sean simbólicos, con un determinado credo.
A pesar de esta prohibición, se afirma que el precepto demandado
promueve y beneficia a la religión católica por encima de las otras confesiones
religio-sas, cuando autoriza apropiar recursos del Presupuesto General de la
Nación para celebrar una festividad municipal que exalta la imagen de un santo,
como lo es San Francisco de Asís, olvidando que el pueblo está compuesto por
diversas “culturas, ideologías, cosmovisiones y/o credos religiosos”[4],
que llevan a que al legislador no pueda realzar una fe en particular, como se
advierte en este caso, sobre todo cuando ello implica intervenir de forma
activa en la disponibilidad de los ingresos públicos.
De esta manera, la norma impugnada transgrede un pilar
fundamental de la democracia como ocurre con la libertad religiosa (CP art. 19),
ya que no es función del Estado promover, patrocinar o incentivar una fe en
particular, tal como se aprecia en el asunto bajo examen, en el que se dispone de
un patrocinio económico inaceptable a favor de la divulgación de un culto, que
exterioriza una especie de adhesión del Estado con la religión católica.
En este orden de ideas, a juicio de las accionantes, el
artículo 2 de la Ley 993 de 2005 debe ser declarado inexequible, no sólo porque
permite que el Estado se identifique formalmente con la religión católica, sino
también porque causa un impacto real en la promoción e impulso del catolicismo
frente al resto de credos existentes en el país, en contravía del principio de
igualdad de todas las confesiones ante la ley.
3.3. El segundo conjunto de razones tiene que ver con la
conservación de la diversidad y pluralidad del Estado (CP arts. 1
y 7), ya que, al no existir un elemento secular en la festividad, se termina
comprometiendo a toda la pobla-ción en la conmemoración de un acto religioso,
sin que exista un apego al credo y a pesar del carácter no confesional del
Estado.
IV. INTERVENCIONES
4.1. Intervención del Ministerio de Cultura
4.1.1. El coordinador del Grupo de Defensa Judicial del
Ministerio de Cultura insta a que se declare la exequibilidad de la norma
demandada. En primer lugar, el interviniente refiere a que las fiestas de San
Francisco de Asís se enmarcan dentro de la categoría de patrimonio cultural
inmaterial del ámbito nacional, respecto del cual existe la obligación del
Estado de adoptar medidas dirigidas a su protección, fomento, recuperación,
sostenibilidad y divulgación, al tenor de lo previsto en los artículos 8, 70,
71 y 72 de la Constitución[5].
En particular, en lo referente al deber de fomento, el artículo 4 del Decreto
2941 de 2009[6]
establece que:
“Artículo 4°. Fomento del
Patrimonio Cultural Inmaterial. En consonancia con la Ley 397 de 1997,
modificada por la Ley 1185 de 2008 y dentro de los límites, parámetros y
procedimientos allí establecidos, las entidades que integran el Sistema
Nacional de Patrimonio Cultural tienen la responsabilidad de fomentar la
salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del Patrimonio Cultural Inmaterial
con el propósito de que este sirva como testimonio de la identidad cultural
nacional en el presente y en el futuro. Para el efecto, las entidades estatales
de conformidad con sus facultades legales, podrán destinar los recursos
necesarios para este fin.
El Ministerio de Cultura, de
conformidad con la Ley 1037 de 2006, aprobatoria de la Convención de la Unesco
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en coordinación con
sus entidades adscritas, entidades territoriales y las instancias del Sistema
Nacional de Patrimonio Cultural, apoyará las iniciativas comunitarias de
documentación, investigación y revitalización de estas manifestaciones, y los
programas de fomento legalmente facultados.”
A partir de la identificación de las expresiones, actividades
o prácticas que son susceptibles de ser incluidas en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI)[7],
a juicio del Ministerio, cabe destacar, frente al caso concreto, por una parte,
los actos festivos y lúdicos, que comprenden los acontecimientos
sociales y culturales periódicos, con fines de esparcimiento o “que se
realizan en un tiempo y un espacio con reglas definitivas y excepcio-nales,
generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social”[8];
y por la otra, los eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, que
incluyen las festividades ceremoniales con fines religiosos.
Las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el
municipio de Quibdó, también conocidas como las fiestas de San Pacho, incluyen
ambas prácticas, pues se trata de un espacio compartido por toda la comunidad
de esa pobla-ción, cuya tradición en el tiempo ha generado identidad,
pertenencia y cohe-sión, en la que, si bien se preservan manifestaciones
religiosas, lo preponde-rante son las expresiones artísticas y culturales que
la identifican.
En palabras del Ministerio, las fiestas patronales de San
Pacho merecen ser conservadas, “porque representan los sentimientos de
identidad del pueblo afrochocoano transmitidos de generación en generación
desde los tiempos de la colonia. Es una manifestación cultural que gira en
torno a desfiles carna-valescos y danzas tradicionales al son de la chirimía
(música autóctona de la religión pacífica), [al tiempo que] fomenta la cohesión
social de la comuni-dad a través de la formación de lazos de identidad y el
fortalecimiento de los conocimientos tradicionales”[9].
La naturaleza colectiva de estas fiestas, aunada a su
tradición histórica y cultural, condujo a que la UNESCO en el año 2012 las
incluyera como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad[10],
lo que demanda del Estado colombiano una mayor profundización en sus deberes de
protección, pues se entiende que se está en presencia de manifestaciones que
forman la identidad de las comunidades y que se trasmiten de generación en
genera-ción[11].
En la actualidad está fiesta goza de un Plan Especial de Salvaguardia incluido
en la Resolución No. 1895 del 20 de septiembre de 2011[12].
Para el Ministerio, con el fomento, promoción y demás
actividades que la ley dispone respecto de las fiestas de San Francisco de
Asís, no cabe bajo ningu-na circunstancia considerar que existe un acto de
adhesión del Estado con la religión católica, pues hoy en día dicha festividad
se orienta básicamente a promover la protección de las tradiciones asociadas
con la identidad de los afrocolombianos que viven en Quibdó, considerando sus
raíces históricas y su gran valor cultural.
4.1.2. En segundo lugar, el interviniente sostiene que la
norma demandada también satisface las exigencias previstas en los artículos
154, 345, 346 y 351 de la Carta, en los que se consagra el principio
constitucional de legalidad en materia de gasto. En concreto, se afirma que el
contenido normativo de la disposición en controversia, al hacer referencia a la
financiación por parte del Gobierno Nacional, simplemente establece la
procedencia de dicha actuación a modo de “autorización”, por lo que se
habilita la existencia de un título jurídico para el efecto, sin que se obligue
a realizar una apropiación en cada ley anual de presupuesto. Lo anterior es
concordante con la jurisprudencia expuesta por esta Corporación en las
Sentencias C-1259 de 2001, C-290 de 2009 y C-373 de 2010[13].
4.1.3. Finalmente, el Ministerio de Cultura menciona que no
se desconoce el principio de neutralidad, ni se genera un desequilibrio entre
las distintas confesiones religiosas, toda vez que, si bien la festividad en
mención se asoció inicialmente con el catolicismo, hoy en día tiene una
importancia que va más allá de las consideraciones religiosas, destacando, como
lo ha puesto de presente la Corte, la influencia de un elemento secular.
4.2. Intervención de la Universidad Externado de Colombia
El docente designado por la Universidad Externado de
Colombia solicita declarar la inexequibilidad de la norma acusada. En su
criterio, el principio de neutralidad no puede ser nada distinto a la
prohibición rigurosa dirigida a los órganos del Estado, entre ellos, al
legislador, de realizar actuaciones que den a entender que se promueve un
determinado credo, incluyendo el fomento de fiestas y tradiciones religiosas.
Esa neutralidad se debe armonizar con la circunstancia
histórica de que el país tiene una fuerte tradición católica derivada la
colonización española, por lo que algunas fiestas, tradiciones e inmuebles de
dicha religión hacen parte del patrimonio cultural de la Nación. En estos
casos, afirma el interviniente, “el Estado está en la obligación de proteger
esas manifestaciones, no por su contenido religioso, sino por su valor
histórico y cultural”[14].
Sin embargo, no toda tradición o ritual religioso de la
iglesia católica es per se patrimonio cultural de la Nación, pues se
debe determinar en cada caso concreto si efectivamente una práctica o
representación genera sentimientos de identidad, memoria colectiva y transmisión
entre generaciones.
Para lograr dicho propósito, la Ley 1185 de 2008[15]
creó un procedimiento y le otorgó competencias al Ministerio de Cultura para
declarar qué manifesta-ciones inmateriales son realmente un patrimonio cultural
de la Nación, previo concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural[16].
En el asunto sub-judice, el Congreso realizó tal declaración sin tener
en cuenta los trámites de rigor y sin verificar que la fiesta de San Francisco
Asís reuniera los están-dares previamente reseñados, de los cuales depende la
validez de su recono-cimiento como patrimonio inmaterial.
En conclusión, para el interviniente la Corte no sólo debe
declarar la incons-titucionalidad del artículo 2, sino de toda la Ley 993 de
2005, porque la condición de patrimonio cultural de la Nación no puede ser
impuesta por la ley, sin que previamente se verifique si se cumplen los
requisitos dispuestos para ello. En efecto, si se permite que la declaratoria
se haga de forma libre por el legislador, en el fondo lo que se otorga es un
privilegio a una iglesia, al darle preponderancia a sus representaciones
religiosas, lo que va en contra del carácter laico del Estado y de su deber de
neutralidad.
4.3. Intervención de la Academia Colombiana de Historia
4.3.1. La Academia Colombiana de Historia solicita declarar
la exequibilidad de la norma demandada, para ello acompaña un documento técnico
con dos anexos que refieren en su orden, en primer lugar, a los elementos que
fueron examinados y tenidos en cuenta para incluir a la festividades de San
Pacho en el patrimonio cultural de la Nación y en la Lista Representativa del
Patrimo-nio Cultural de la Humanidad, así como una referencia a las labores que
ha adelantado el Ministerio de Cultura en los últimos cinco años para
contribuir con su fomento, promoción, conservación y divulgación; y en segundo
lugar,  a las medidas presupuestales que se han adoptado por el Gobierno
Nacional para el estímulo de las fiestas.
4.3.2. Como punto de partida, la Academia llama la atención
sobre la impor-tancia de la ley, pues lo que se cuestiona es el apoyo a una
manifestación cultural cuyas prácticas devienen de la antigüedad, que han
sobrevivido entre varias generaciones, que tienen una estructura comunitaria de
base y que son consideradas como una muestra singular de la vida cultural del
occidente de Colombia, hasta el punto de haber sido admitidas en la Lista del Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad. La fiesta es una muestra de diversidad de
expre-siones de religiosidad popular, en las que se aprecia manifestaciones “artísti-cas,
gastronómicas, musicales, dancísticas, de crítica social”[17]
y de recono-cimiento de los barrios de Quibdó, “afianzando su sentido de
pertenencia” en una expresión “lúdica y religiosa actuante en su función
social de cohesión, identidad y resistencia social de los pobladores, actores y
protagonistas de las fiestas de San Pacho”[18].
Para la Academia impedir en el futuro las acciones
financieras y técnicas que brinda el Ministerio de Cultura, amenaza la
sobrevivencia de dichas expresio-nes, “que se debate en una frágil y
deprimida economía, por constituirse en una sociedad devastada por la violencia
del conflicto armado (…), a lo que se suman desplazamientos, bajos ingresos,
desempleo, mortalidad y bajas tasas de educación”[19].
Con fundamento en esta introducción, se presenta el concepto
técnico[20]
que aborda los siguientes temas: (i) las tradiciones religiosas como patrimonio
cultural; (ii) el desarrollo histórico de las fiestas; (iii) la descripción de
las fiestas; (iv) la fiesta en el contexto del conflicto; (v) la importancia de
las fiestas como patrimonio cultural; (vi) el trasfondo social de las fiestas;
y (vii) el debate en torno al apoyo económico estatal. A continuación, se
expondrán las principales consideraciones expuestas:
- El documento inicia refiriendo al lugar preponderante que
desde el período colonial ha tenido la iglesia católica, lo que se refleja en
la profunda religiosi-dad que los colombianos tienen respecto a la devoción de
sus imágenes sagra-das. En este orden de ideas, “no se puede desconocer el
aporte de la iglesia en el proceso formativo de la sociedad colombiana y su
inobjetable influencia como espacio de interacción social y como espacio
generador de expresiones culturales”[21].
Precisamente, el departamento del Chocó tiene una enorme devoción a sus santos
patronos, cuya principal expresión son las fiestas que llevan su nombre, en
donde se destacan no sólo las exhibiciones religiosas sino también las manifestaciones
culturales de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Las fiestas se
componen de misas, comparsas, disfraces, proce-siones, balsadas[22]
y otra serie de actividades culturales. En el caso de las fiestas de San Pacho,
más allá del sentimiento religioso, se acentúa su carácter mundano y
carnavalesco. Es, en esencia, una combinación de características sagradas y
seculares, las cuales “han ido moldeando los elementos sociales y culturales
que le han permitido a la comunidad de la capital del Chocó una identificación
cultural.”[23]
El Santo invocado no es sólo una imagen religiosa, “es un símbolo cultural
insertado en proceso histórico, ligado estrechamente a una configuración étnica
que genera sentido de pertenencia colectiva e identidad cultural urbana y
regional”[24].
La fiesta “reafirma la memoria histórica y la identidad étnica de las
comunidades afrodescendientes, con sus prácticas sociales y culturales”[25].
En ella no sólo se agrupa la comunidad de la capital chocoana, sino también las
familias de mineros y agricultores residentes en los pueblos y áreas rurales de
las riberas del río Atrato y sus afluentes.
- La fiesta de San Pacho tiene un profundo contexto
histórico y es un reflejo de la expresión cultural de la comunidad
afrodescendiente. Al respecto, se destaca que los españoles trajeron a la
población negra de África para trabajar en labores de minas, siendo en su
mayoría población esclava, menospreciada y a la cual difícilmente se le permitía
un tiempo para mantener sus relaciones sociales y expresiones culturales, las
cuales eran constantemente reprimidas por considerarlas ajenas al orden social prestablecido.
En esa realidad, la iglesia católica cumplió no solo un rol evangelizador, sino
de protección ante los castigos y maltratos a los cuales eran sometidos los
afrodescendientes. Fueron entonces los rituales católicos y sus celebraciones
los espacios que se abrieron para su interacción social, “un tiempo en el
que podrían apartarse de los rigores de la vida esclavista”[26].
Entre las distintas manifestaciones que se presentaron a lo largo de los
años, la devoción a San Francisco de Asís fue acogida por las comunidades afro,
dado el papel que en el citado proceso cumplieron los misioneros franciscanos.
No obstante, desde el Siglo XIX, se incorporaron a las fiestas “elementos
populares de hondo raigambre africano y cultural como lo son los rezos, las
chirimías, los cantos y las comparsas”[27],
teniendo desde mediados de la década del 70 del siglo pasado, un importante
contenido lúdico y cultural. La fiesta se erigió entonces en un canal de “resistencia
de las comunidades afrodescendientes en sus expresiones cultu-rales,
resistencia que se pudo mantener por más de tres siglos”[28].
- En los años recientes la fiesta ha adquirido una nueva
dimensión como espacio de paz, distención y armonía, a partir de la afectación
que ha tenido la población del Chocó, con ocasión del conflicto armado. Sobre
este punto, se resalta que “la celebración de las fiestas de San Pacho ha
sido propicia para fomentar la convivencia social, la solidaridad entre los
habitantes locales y los desplazados”[29],
en un ambiente libre de expresión, a través de comparsas, pancartas, cantos,
bailes, etc. El departamento del Chocó fue tradicionalmente un territorio de
paz y sus fiestas buscan ser un reflejo de dicha tradición.
- Aunado a lo anterior, se agrega que la fiesta de San Pacho
es considerada “la expresión más evidente de la herencia africana asentada
en tierras del Chocó con la particularidad de que conjuga el componente
religioso católico con el componente africano”[30].
Por su importancia histórica, tradición y apego social fue declarada Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012, destacando
que si bien se inspira en la imagen de un santo católico, “es tal el arraigo
popular que ha alcanzado la celebración que puede permitir la participación de
múltiples tendencias ideológicas, políticas y religiosas, quienes tienen la
posibilidad de actuar como observadores y actores en múltiples espacios
abiertos en que se desarrolla el evento”[31].
Es por medio de esta fiesta “que se logra fortalecer y reivindicar la
identidad cultural de los chocoanos, mantener las costumbres, las creencias,
las tradiciones y las relaciones sociales de los actores de esta celebración”[32].
- Llegado a este punto, se pone de presente que las fiestas
tienen un impor-tante trasfondo social, pues su organización cuenta con la
participación activa de cada uno de los barrios de Quibdó, los cuales se
caracterizan por las relaciones de parentesco y vecindad que existen entre sus
pobladores. A partir de ello, la celebración ha generado una organización
comunitaria que permite la formación de liderazgos a nivel barrial, y propicia
la generación de ámbitos de integración vecinal. Con ello, en el proceso de
preparación y desarrollo de las fiestas se ejecutan proyectos de apropiación
del espacio familiar y barrial, con un alto significado social[33].
A partir de lo expuesto, se concluye que las fiestas, aun
cuando tienen en su origen y en algunas de sus actividades una tradición
religiosa católica que resulta imposible escindir o desconocer, “como
manifestación cultural rebasa el ámbito confesional y se manifiesta en
múltiples dimensiones de la vida social generando sentimientos de identidad,
solidaridad y convivencia”[34].
Es sin duda una de las más importantes herramientas con las que cuentan los
habitantes de Quibdó para organizarse como comunidad y lograr la conviven-cia
social. El apoyo que brinda el Estado resulta esencial ante las escasas
oportunidades económicas de la región y las altas necesidades básicas
insatis-fechas, recursos que tienen una incidencia notoria en la economía
regional y en el bienestar de sus pobladores. Para la Academia, “[r]etirar
el apoyo estatal a las fiestas de San Pacho sería un motivo de discriminación
en la medida en que se estaría desconociendo el pluralismo cultural de la
Nación. Es responsabilidad del Estado velar por el desarrollo y defensa de los
derechos sociales y culturales de todos los sectores, y mucho más de aquellos
que son vulnerables”[35],
como ocurre con las comunidades afrodescendientes.
4.3.3. Como ya se mencionó, en el primer anexo al documento
previamente descrito, la Academia Colombiana de Historia incluye la respuesta a
un derecho de petición por parte del Ministerio de Cultura sobre los elementos
que fueron examinados y tenidos en cuenta para incluir a la festividades de San
Pacho en el patrimonio cultural de la Nación y en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como una referencia a las labo-res que
ha adelantado dicha cartera en los últimos cinco años para contribuir con su
fomento, promoción, conservación y divulgación.
A grandes rasgos, el escrito en mención refiere a las tres
declaraciones que ha tenido la festividad. La primera corresponde a la Ley 993
de 2005, en la que se incluye el artículo acusado, y en donde se establece que “[s]e
declara patrimonio cultural de la Nación (…) a las Fiestas Patronales de San
Fran-cisco de Asís en el municipio de Quibdó (…)”[36].
Dicha declaratoria, en palabras del Ministerio, no condujo a la incorporación
automática de la fiesta en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación (LRPCI), pues para ello es preciso agotar el proceso de
inclusión que se prevé en la ley y se desarrolla por vía reglamentaria en el
Decreto 2941 de 2009[37].
Esa actuación se adelantó en el año 2010, cumpliendo con la elaboración del
Plan Especial de Salvaguardia (PES)[38].
En tal virtud, se expidió la Resolución No. 1895 de 2011, “Por la cual se
incluye la manifestación fiestas de San Francisco de Asís, o San Pacho, en
Quibdó (Chocó), en la Lista Represen-tativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
en el ámbito nacional y se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia”. Por
último, en el año 2012, se produjo su incorporación como Patrimonio Cultural de
la Humanidad, según consta en el diploma de reconocimiento emitido por la
UNESCO.
En lo referente a su incorporación como LRPCI de la Nación
se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de valoración[39]:
·
Pertinencia: Las fiestas tienen un alto contenido
simbólico, religioso y festivo.
·
Representatividad: Las fiestas son un espacio fundamental
de representación de todos los grupos sociales.
·
Relevancia: El impacto de las fiestas se puede ver
desde las dimensiones políticas, sociales, culturales, económicas e históricas
que la identifican.
·
Naturaleza e identidad colectiva: Las fiestas son un espacio
colectivo de interacción, que se han transmitido de generación en generación,
con el trascurrir de los años se han tornado multitudinarias y cada vez llegan
a un mayor número de personas que se identifican con ellas.
·
Vigencia: Las fiestas se desarrollan en Quibdó, pero se
reproducen en otras ciudades del país. Se han convertido en un “emblema
incuestionable de identidad afrocolom-biana (…) que simboliza la necesidad de
posicionamiento de un pueblo que ha sido altamente estigmatizado y segregado”[40].
·
Equidad: Las fiestas repercuten en toda la población, se
desarrollan en las calles y ofrecen la posibilidad de mantener vivas las
costumbres y economías locales.
·
Responsabilidad: Las fiestas son respetuosas de los
derechos humanos y sirven como espacio de reflexión y socialización de los
problemas sociales, culturales y ambien-tales que enfrenta el departamento del
Chocó.
En lo que atañe a las labores que se han emprendido por el
Ministerio de Cultura para contribuir con su fomento, promoción, conservación y
divulga-ción, se destacan las siguientes: (i) participación en la formulación
del PES; (ii) elaboración del expediente para su inclusión en la LRPCI de la
Humani-dad presentado a la UNESCO; (iii) incentivos económicos a grupos de
danza, artísticos y musicales; (iv) producción de una aplicación móvil y de un
docu-mental promocional; (v) fortalecimiento de un directorio de músicos y de
agrupaciones; y (vi) talleres de formación y jornadas de lectura. Por último,
se afirma que se realizará un mural para las fiestas, de la mano con las
comu-nidades del proyecto habitacional Ciudadela Mía.
4.3.4. En el segundo documento anexo se relacionan las
medidas presupues-tales que se han adoptado por el Gobierno Nacional para el
estímulo de las fiestas. Al respecto, se señala que, en la actualidad, una
parte de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo a la telefonía móvil
celular se disponen por ley para el fomento, la promoción y el desarrollo de la
cultura y la actividad artística colombiana[41].
Estas sumas se giran a la entidad responsable de la cultura a nivel
departamental, una vez se notifica el concepto favorable por parte del
Ministerio de Cultura, siendo parte de la autonomía del citado ente territorial
suscribir los convenios que correspondan con los municipios. Con tal propósito,
el siguiente cuadro ilustra las sumas giradas entre los años 2013 a 2016 al
departamento del Chocó, indicando los valores que finalmente fueron
conceptuados de forma favorable[42].
FUENTE RECURSOS
DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
(antes IVA)
A LA TELEFONÍA
MÓVIL CELULAR
Vigencia
Total de recursos
girados al departamento del Chocó
Recursos
conceptuados favorablemente
2013
$ 752.910.712
$ 372.968.702
2014
$ 812.097.554
$ 406.048.777
2015
$ 850.842.528
$ 425.421.264
2016
$ 792.138.388
$ 396.069.195
En relación con los recursos en mención, el Ministerio de
Cultura cumple funciones de acompañamiento y asesoría técnica, administrativa,
financiera y/o jurídica. En tal virtud, (i) revisa que los proyectos cumplan
los requisitos de forma y fondo; (ii) hace seguimiento a la ejecución realizada
y (iii) conso-lida un informe anual en fichas por departamento.
Dentro de las sumas previamente señaladas, el 50% por ciento
debe ser girado a la promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, según se dispone en el artículo 72 de la Ley 1607 de 2012[43].
Por fuera de lo expuesto, no se resalta ni se menciona ninguna otra fuente de
apoyo financiero por parte del Gobierno Nacional Central. Con todo, al final
del documento se reitera que la ayuda que se ofrece a las fiestas de San Pacho,
con parte de los recursos girados al departamento del Chocó obtenidos vía
Impuesto Nacional al Consumo, responde a que esas festividades “son una
actividad cultural de gran arraigo en la comunidad y que hace parte de su forma
de ser y de concebir al mundo, y no en consideración a [su] connotación
religiosa”[44].
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
5.1. El Procurador General de la Nación solicita a esta
Corporación declarar la exequibilidad de la disposición acusada, por las
razones que a continuación se exponen. En primer lugar, manifiesta que la
Festividad de San Francisco o San Pacho y su fomento por parte del Estado,
lejos de implicar una adhesión a un determinado credo, lo que involucra es el
cumplimiento del deber estatal de proteger y promover el acceso a la cultura,
en los términos previstos en los artículos 2, 70, 71 y 72 del Texto Superior[45].
Lo anterior se infiere al examinar los antecedentes de la
fiesta, en los que se destaca su raigambre en la historia ligado con las
comunidades afrodescen-dientes de Quibdó, en el departamento del Chocó, toda
vez que, desde finales del Siglo XIX, “varios descendientes de los
contingentes de esclavos de origen africano que habían poblado la región
pacífica colombiana desde el Siglo XVII, migraron a la zona urbana de la
ciudad. Desde este período, la fiesta de San Francisco de Asís se establece
como motivo de encuentro anual para sus pobladores”[46].
Se trata de una fiesta que fue apropiada, desde sus inicios,
por la comunidad afro, como una forma de identificarse y de expresar una unidad
étnica[47].
Su desarrollo encarna un sincretismo entre las tradiciones africana y
occidental en razón a que junta la imagen católica de San Francisco de Asís,
quien se caracterizó en vida por realizar votos de humildad, pobreza y
castidad, con el retrato que de él se genera al identificarlo como “San Pacho”,
esto es, un personaje fiestero, vengativo y amante de las joyas. La fiesta se vive
entonces desde dos facetas, la tradicional vinculada con la representación
franciscana, y la “sanpachera” en donde se prioriza lo étnico, incluyendo artes
escénicas, prácticas sociales, rituales, santería, etc., siendo esto lo que
hace que aquella “tenga unas características espirituales y culturales tan
propias como arraigadas en la comunidad chocoana”[48].
Incluso, retomando las palabras de una líder, historiadora y participante de la
fiesta[49],
su práctica ha logrado convertirse en “una oportunidad catártica en la que
el pueblo negro empieza a organizarse, a levantar cabeza, a sentirse útil, y
que incluso termina por convocar espiritual y económicamente a toda la
comunidad”.
Para la Vista Fiscal, a partir de lo expuesto, es claro que
la fiesta constituye una especie de medida afirmativa de promoción, que
visibiliza a una comu-nidad étnica tradicionalmente olvidada y que encuentra en
el citado espacio de congregación un entorno para preservar su cohesión social
y cultural. Ello fue lo que motivó a la UNESCO para incluir a esta fiesta en la
Lista Repre-sentativa de la Herencia Cultural Intangible de la Humanidad en el
año 2012, asumiendo el Estado un compromiso con su preservación y apoyo, al ser
una manifestación que le pertenece al mundo entero.
Por lo demás, el hecho de que la fiesta conserve algunos
elementos de una religión específica no demerita su naturaleza o alto raigambre
cultural. En efecto, la presencia de esos elementos se debe justamente a la
dimensión humana que tiene la religión, por virtud de la cual tiene la
capacidad de impactar en los símbolos, las tradiciones, el arte y otras
representaciones que forjan la identidad de un pueblo. Si bien el Estado no
puede asumir una iglesia o confesión religiosa como oficial, tampoco puede ser
indiferente a los elementos de pertenencia que forjan a la sociedad. Por ello,
al tenor de lo previsto en los citados artículos 2, 70, 71 y 72 de la
Constitución, es deber del Estado proteger las manifestaciones culturales de
las personas, aun cuando ellas posean algún elemento religioso o espiritual,
sobre todo si se tiene en cuenta el papel que cumplen como herramienta para
visibilizar una comuni-dad étnica y estimular su cohesión social.
5.2. En concordancia con lo expuesto, ningún reparo le
asiste a la fórmula adoptada en el artículo cuestionado, pues dentro del deber
genérico que dispone la Carta de facilitar y promover la vida cultural, caben
las distintas expresiones de intervención que resulten adecuadas para lograr
tal objetivo, como sucede con los actos de fomento, promoción, protección,
conservación, divulgación y financiación. Así lo dispuso la Corte en la
Sentencia C-742 de 2006[50].
5.3. Finalmente, el precepto legal demandado tampoco
introduce una medida discriminatoria entre iglesias o credos que dé lugar a la
violación del derecho a la igualdad (CP arts. 13 y 19). Ello es así, por una
parte, porque su rigor normativo no refiere a un beneficio, derecho o
prestación otorgado a favor de las iglesias, de suerte que pueda establecerse
si entre ellas se brindó un trato desigual; y por la otra, porque lo que se
está examinando es el nivel de intervención que puede tener el Estado frente a
la promoción y desarrollo de una celebración cultural en un municipio, como lo
es fiesta de San Pacho, en cuyo contenido obran algunos elementos religiosos.
Ante esta realidad, el juicio de igualdad que se debe proponer implica evaluar
las circunstancias en que se fomenta la fiesta, “para efectos de poder
determinar si efectivamente la ley otorga un trato desigual a otras fiestas o
manifestaciones sociales similares (no a otras iglesias) y a las cuales se les
despacha un tratamiento sospechosamente diferente, por ejemplo, por no
pertenecer o hacer parte de manifestaciones espirituales de otras confesiones,
o por el sólo hecho de ser actividades culturales sin un raigambre espiritual”[51].
Como la demanda no brinda ninguno de estos elementos de juicio, no es
posible establecer en abstracto si existe una vulneración del citado derecho a
la igualdad.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
6.1. Competencia
En virtud de lo previsto en el numeral 4 del artículo 241
del Texto Superior, esta Corporación es competente para conocer sobre la
demanda de inconstitu-cionalidad planteada contra el artículo 2 de la Ley 993
de 2005, toda vez que se trata de un precepto de carácter legal expedido
con fundamento en las atribuciones consagradas en el numeral 1º del artículo
150 de la Constitu-ción[52].
En la medida en que no se plantean solicitudes de inhibición, la Corte entiende
que la demanda cumple cabalmente con los requisitos para proceder a un
pronunciamiento de fondo.
6.2. Del problema jurídico y del esquema de
resolución
6.2.1. De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda,
en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta el concepto de la Vista
Fiscal, le corresponde a la Corte establecer, si la autorización concedida al
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, para que pueda
contribuir al fomento, promoción, protección, conservación, divulgación y
financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio
de Quibdó, departamento del Chocó, conforme se dispone en el artículo 2 de la
Ley 993 de 2005, vulnera los artículos 1, 7 y 19 de la Constitución, al
desconocer –en criterio de las accionantes– el principio de neutralidad en
materia religiosa, así como los mandatos de diversidad y pluralismo que
identifican al Estado colombiano.
6.2.2. Con miras a resolver el problema planteado, este
Tribunal inicialmente se pronunciará sobre el patrimonio cultural de la Nación,
su reconocimiento y protección constitucional, enfocando su análisis en el
patrimonio inmaterial; luego de lo cual se referirá a la facultad del Congreso para
disponer la forma como se desenvuelve el deber estatal de promoción y fomento a
la cultura, incluyendo los límites jurisprudenciales que han sido identificados
cuando el patrimonio tiene una relación actual y objetiva con una manifestación
religio-sa. Una vez hayan sido expuestos los anteriores elementos, se procederá
con la definición del caso concreto.
6.3. Del patrimonio cultural de la Nación, reconocimiento
y protección constitucional
6.3.1. En términos generales, la cultura ha sido definida
como “el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos”[53],
que identifican a una sociedad o a un grupo social y que abarca, “además de las
artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias”[54].
La Constitución establece toda una serie de principios y
reglas orientadas al fomento y protección de la cultura. En este sentido, (i) el
artículo 2 consagra como uno de los fines esenciales del Estado el de facilitar
la participación de todos “en las decisiones que los afectan y en la vida
(…) cultural de la Na-ción”; (ii) el artículo 7,
al referir a los principios fundamentales en los que se apoya el régimen
constitucional, impone el deber de reconocer y preservar “la diversidad
étnica y cultural (…)”; (iii) precepto que se complementa con el
artículo 8, en el que se dispone la “obligación del Estado y de las personas
[de] proteger las riquezas culturales (…) de la Nación”. Más adelante, (iv)
al enumerar los derechos de los niños, el artículo 44 menciona a la “cultura”
como un derecho fundamental; respecto del cual se resalta (v) el papel que
cumple la educación, en el artículo 67, como derecho y vía para el “acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de
la cultura”. En armonía con lo expuesto, (vi) el artículo 95 señala como
uno de los deberes de la persona y del ciudadano “proteger los recursos
culturales (…)”; sin perjuicio del compromiso que tiene (vii) el
Estado de “promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades” conforme se dispone en el artículo
70, en el que también se ratifica que la cultura, en sus diversas
manifestaciones, es “fundamento de la nacionalidad” y, por ello, exige promover
la difusión de los distintos valores que la integran. Finalmente, en virtud del
artículo 71, (viii) el Estado está autorizado para ofrecer estímulos especiales
a las personas y entidades que desarrollen y promuevan “manifestaciones
culturales”; entendiendo, en todo caso, (ix) que el patrimonio cultural de
la Nación está bajo la protección del Estado, según se consagra en el artículo
72 de la Carta, en el que asimismo se estipula que los bienes que lo integran
son “inalienables, inembargables e imprescriptibles”[55].
Por vía del artículo 93 de la Constitución Política[56],
cabe igualmente destacar lo dispuesto en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en donde se consagra el derecho de toda persona a “tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad”[57]; mandato que
se reafirma con lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales, y con el Protocolo de San Salvador, en los que se declara
que toda persona tiene derecho a “[p]articipar en la vida cultural” y
que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para conservar, desarrollar
y difundir la cultura y el arte[58].
Como consecuencia de estos mandatos, el Comité de Derechos Econó-micos,
Sociales y Culturales, en la Observación General No. 21[59], señala
expresamente que “[l]os derechos culturales son parte integrante de los
derechos humanos”.
6.3.2. Dentro de las distintas expresiones de cultura[60],
el Texto Superior le otorga especial importancia al patrimonio cultural de la
Nación, al reconocer explícitamente que se encuentra bajo la protección del
Estado (CP art. 72). No obstante, ninguna disposición de la Carta brinda una
noción o concepto sobre dicho patrimonio, circunstancia que se suple por vía
del artículo 1 de la Ley 1185 de 2008[61],
en el que se estípula que el patrimonio cultural de la Nación corresponde a “todos los bienes materiales, las
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la
cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como, la lengua
castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e
inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico,
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico.”
Como consecuencia
de esta noción, en el orden interno, se suele hacer referencia a dos
expresiones principales de patrimonio cultural: (i) el patri-monio
material constituido por “bienes que tienen cuerpo físico tales como
edificaciones, sectores urbanos, sitios arqueológicos, parques naturales y
bienes muebles representativos de la cultura”[62];
y (ii) el patrimonio inmate-rial, cuya definición se encuentra en el artículo
2 de la Ley 1037 de 2006[63],
como aquél que involucra “los usos, representaciones, expresiones, conoci-mientos
y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patri-monio
cultural”[64].
El patrimonio material se integra en
esencia con los bienes de interés cultural que obtengan dicha declaratoria,
cuya competencia se asigna al Ministerio de Cultura
sobre los que tienen un ámbito nacional y a los alcaldes municipales o
distritales y a los gobernadores frente a los bienes del contexto territorial.
En los grupos étnicos esa función les corresponde a las autoridades indígenas y
a las autoridades de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993. Por
fuera de lo anterior, se establece que los bienes archivísticos son de compe-tencia
exclusiva del Archivo General de la Nación (AGN), sin importar si son
nacionales o territoriales, al igual que ocurre con el patrimonio arqueológico
sometido al control y vigilancia del Instituto Colombiano de Antropología e
Historia (ICANH)[65].
El procedimiento para la declaratoria de bienes de interés cultural (también
denominados BIC) se encuentra previsto en el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008[66].
Por su parte, en lo que concierne al patrimonio
inmaterial, el Estado colom-biano adoptó la Convención para su salvaguardia
aprobada por la UNESCO, a través de la citada Ley 1037 de 2006. La noción allí acogida,
en los términos previamente expuestos, supone la existencia de un conjunto de
manifesta-ciones que se caracterizan por provocar sentimientos de identidad,
memoria colectiva y difusión entre generaciones. Ello se destaca en el artículo
2 del tratado en cita, en el que se dispone que: “[El] patrimonio cultural
inmate-rial, que se transmite de generación en generación, es recreado
constante-mente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad
y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana”[67].
El patrimonio cultural inmaterial no es
susceptible de declaración como los BIC, sino de incorporación en una Lista
Representativa de Patrimonio Cultu-ral Inmaterial (LRPCI), mediante un
procedimiento reglado consagrado en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 2941
de 2009 y en la Resolución No. 0330 del 24 de febrero de 2010 del Ministerio de
Cultura. Según se dispone en el reglamento cabe la existencia de listas
representativas en el orden nacional como en el nivel territorial[68], sujetándose para el
efecto al siguiente trámite que fue resumido en la Sentencia C-224 de 2016[69]:
“(i) Para la inclusión en la LRPCI debe presentarse una postulación o
iniciativa para tal fin, la cual puede provenir de entidades estatales o grupos
sociales, colectividades, comunidades, o personas naturales o jurídicas, y/o de
la entidad encargada de la conformación y manejo de la respectiva lista en el
ámbito nacional o territorial –director de Patrimonio del Ministerio de
Cultura, el alcalde municipal o distrital, el gobernador–; con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Decreto 2941 de 2009, artículos 8 y 11.
(ii) Una vez
cumplidos los requisitos, la información recopilada será enviada al Consejo de
Patrimonio Cultural correspondiente[70],
el que debe emitir un concepto favorable o desfavorable de la postulación. De
ser positivo, la autoridad competente solicitará al postulante la elaboración y
presentación de un Plan Especial del Salvaguarda –PES–.
(iii) El Plan
Especial de Salvaguardia debe estar orientado al fortalecimiento,
revitalización, sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación.
(iv) Finalmente, el Consejo de
Patrimonio Cultural que corresponda, según el caso, decide definitivamente
sobre la inclusión o no de la manifestación cultural en la LRPCI. Decisión que
se concreta en un acto administrativo mediante el cual, previo análisis de los
criterios de valoración y procedimiento reglamentados en este decreto, la
instancia competente determina que dicha manifestación, dada su especial
significación para la comunidad o un determinado grupo social, o en virtud de
su nivel de riesgo, requiere la elaboración y aplicación de un Plan Especial de
Salvaguardia.”
Entre las manifestaciones que por vía
reglamentaria admiten su incorporación en la LRPCI se destacan[71], entre otras, las
lenguas y la tradición oral[72];
el conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo; las técnicas
asocia-das con la fabricación de objetos artesanales; las artes populares[73]; los actos festivos y
lúdicos[74];
los eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo y la cultura
culinaria[75].
En términos similares, el artículo 2.2 de la Conven-ción de la UNESCO señala que
el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en el ámbito de las tradiciones
y expresiones orales; en los usos sociales, rituales y actos festivos; en los
artes del espectáculo; en los conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo; y en las técnicas artesanales tradicionales. Por lo
demás, se entiende que son pautas de valoración para incluir manifestaciones en
la LRPCI, los siguientes criterios[76]:
(i) pertinencia; (ii) representatividad[77];
(iii) relevancia[78];
(iv) vigencia[79];
(vi) equidad[80];
(v) naturaleza e identidad colectiva[81]
y (vii) responsabilidad[82].
6.3.3. Como se manifestó con anterioridad, el
artículo 72 de la Constitución le impone al Estado el compromiso de proteger el
patrimonio cultural de la Nación, lo que incluye, entre otras, la labor de
adoptar medidas que permitan su promoción, fomento y difusión, conforme se
deriva de lo consagrado en los artículos 7, 8 y 70 de la Carta Política[83]. En armonía con lo
expuesto, la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de 2003 establece que los Estados Partes adquieren el deber jurídico
de resguardar este patrimonio, a través de políticas que permitan su “identificación,
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización,
transmisión (…) y revitalización”[84].
En particular, se dispone como obligación la de “(…) adoptar medidas de
orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas”[85], para “favorecer
(…) la transmisión de este patrimonio en los (…) espacios destinados a su
manifestación y expresión”[86],
así como para “garantizar el acceso al patri-monio cultural inmaterial,
respetando al mismo tiempo [sus] usos consuetu-dinarios (…)”[87].
6.3.4. En conclusión, es innegable que, por
mandato constitucional y al tenor del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, cuya incorporación al derecho interno se realiza en los términos del
artículo 93 de la Carta, el Estado tiene el deber jurídico de proteger,
fomentar, difundir y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, incluso
por la vía de la adopción de medidas financieras o de carácter presupuestal. Lo
anterior se ve reforzado por la Observación General No. 21 del CDESC, en la que
se destaca el derecho que tiene toda persona de participar en la vida cultural,
generando a cargo del Estado obligaciones de respeto, protección y
cumplimiento. En relación con estas últimas, se impone el compromiso de “otorgar ayuda financiera o de otro tipo a artistas y organizaciones
públicas y privadas, como [a] (…) asociaciones culturales, sindicatos y otras
personas e instituciones dedicadas a actividades (…) creativas”[88]. Se trata de una obligación que, por lo demás, adquiere especial
trascendencia en el caso de las minorías étnicas, por cuanto la cultura que
ellas expresan suele ser un componente esencial de su propia identidad[89].
6.3.5. Al margen de lo anterior, en el marco
de sus valores y principios, la Constitución de 1991, al definir a Colombia
como un Estado Social de Derecho fundado en el pluralismo, la libertad
religiosa y la igualdad entre todas las confesiones, acogió un modelo de Estado
laico (CP arts. 1 y 19). A causa de ello, el Estado renuncia a un determino
sentido religioso del orden social, de manera que ninguna iglesia o confesión
tendrá carácter oficial, ni las autoridades pueden consagrarse a una de ellas.
De igual manera, no es posible adoptar medidas legislativas o de otra
naturaleza, que consagren trata-mientos más favorables o perjudiciales a una
religión en particular, a partir del hecho determinante de buscar promocionar
su práctica o rechazo. Ello, sin embargo, no significa que la ley no pueda
exaltar, promocionar o patrocinar manifestaciones religiosas que, por las
trazas culturales que les son inheren-tes, merezcan ser destacadas y apoyadas
por el Estado. Por el contrario, en tales casos, para poder activar el deber de
salvaguardia de una expresión que hace parte del patrimonio cultural, en el que
concurren atributos religiosos y de identidad colectiva, lo que se exige es que
exista un importante, verificable y consistente componente secular o laico, que
dote de neutralidad a un acto festivo vinculado con un fenómeno religioso[90]. En otras palabras, la
connota-ción secular no puede tener cualquier peso, sino que debe ser decisiva[91].
Nada excluye que, como acaba de
mencionarse, una festividad que tenga una importante identidad colectiva y
secular, al mismo tiempo pueda tener una connotación religiosa e integrar el
patrimonio cultural de la Nación o de la humanidad. En tal caso, como se señaló
en la Sentencia C-567 de 2016[92],
ninguna norma de la Constitución prohíbe salvaguardar dicho patrimonio por el
sólo hecho de estar asociado con un rito o una figura religiosa. Incluso, en la
Observación General No. 21 del CDESC, se entiende que el concepto de cultura,
como derecho humano, envuelve “los sistemas de
religión y de creencias”, así como sus “ritos y
ceremonias”, siempre que permitan identi-ficar a una colectividad, le den
sentido a su existencia y configuren una visión particular del mundo[93]. Por ello, como se
expuso en la citada Sentencia C-567 de 2016, prohibir
que el Estado pueda proteger un patrimonio cultural por la sola circunstancia
de ser portador de un elemento religioso, ya sea en su origen o en su práctica,
constituye una clara forma de “discriminación por motivos de religión”
(CP art 13), pues en ese caso la exclusión del deber de protección, al cual
alude el artículo 72 de la Carta, como detonante de la diferencia de trato, se fundamentaría
exclusivamente en el factor “religión”[94].
Al tenor de lo expuesto, por ejemplo,
este Tribunal declaró recientemente la exequibilidad de una norma que autoriza
la asignación de partidas presupues-tales para la salvaguardia de las
procesiones de semana santa en la ciudad de Tunja[95] , así como
de una disposición que en el mismo sentido contribuye al fomento de las
procesiones y del festival de música religiosa en el municipio de Popayán[96].
6.3.6. Bajo este contexto, en primer
lugar, se procederá a examinar la forma como se desenvuelve el deber
estatal de promoción y fomento a la cultura; y, en segundo lugar, se reiterarán los límites que la Constitución le impone al
legislador cuando lo que se busca es salvaguardar expresiones de patrimonio
cultural vinculadas con hechos religiosos, en atención al principio de
neutralidad.
6.4. De la facultad del Congreso para disponer la forma
como se desen-vuelve el deber estatal de promoción y fomento a la cultura
6.4.1. Como se mencionó con anterioridad, el Estado
colombiano tiene el deber jurídico de promover el acceso a la cultura, así como
el de facilitar la participación de todos en la vida cultural de la Nación. Con
tal fin, el artículo 72 de la Carta consagra que “[e]l patrimonio cultural
de la Nación está bajo la protección del Estado”, lo que exige de este
último el compromiso dirigido a difundir, fomentar y salvaguardar las
expresiones que lo integran (CP art. 70).
Ahora bien, en este punto, la Constitución no desarrolla el
tipo de medida o de instrumento que puede ser utilizado para satisfacer el
deber genérico de protección, pues en ello le asiste una amplia libertad de
configuración norma-tiva al Congreso de la República, lo que incluye la
posibilidad de disponer medidas de carácter presupuestal. Esta amplitud en el
principio de autonomía legislativa fue expresamente mencionada en la Sentencia
C-742 de 2006[97],
al sostener que:
“[A] pesar de que es cierto que
el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, no es
menos cierto que la Carta no establece fórmulas, ni mecanismos precisos, ni
unívocos que impongan los mecanismos o la manera cómo deben protegerse, por lo
que es lógico concluir que al legislador corresponde reglamentarlos, haciendo
uso de su libertad de configura-ción política. De hecho, el artículo 72 de la
Carta dejó expresamente al legislador la tarea de establecer instrumentos para
readquirir los bienes que se encuentran en manos de particulares y de
reglamentar los derechos que pudieran tener los grupos étnicos asentados en
territorios de riqueza arqueológica.
De igual manera, si bien los
artículos 8 y 70 superiores consagraron el deber del Estado de proteger las
riquezas culturales de la Nación y promover y fomentar el acceso a la cultura
de todos los ciudadanos, no señalaron fórmulas precisas para llegar a ese
cometido, de ahí que deba entenderse que el Constituyente dejó al legislador o
al ejecutivo a cargo de esa reglamentación.
De esta forma, para la Corte es
claro que el hecho de que el Constituyente hubiere señalado protección del
Estado para el patrimonio cultural de la Nación no significa que el legislador
estuviese impedido para delimitar su concepto o para diseñar diferentes formas
de protección para los bienes y valores que lo integran.”
6.4.2. Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la
intervención es el de garantizar el derecho de toda persona a participar en la
vida cultural, es preciso que la forma como se desenvuelve por vía legal el
deber genérico de protección incluya alternativas que, sobre la
base de la igualdad y de la no discriminación, permitan realizar los
elementos de disponibilidad, accesibi-lidad, aceptabilidad, adaptabilidad e
idoneidad, a los cuales alude la Observa-ción General No. 21 del CDESC[98].
La disponibilidad supone que todo
el mundo pueda disfrutar y aprovechar los valores culturales de la Nación,
permitiendo, entre otras cosas, su práctica en parques, plazas, avenidas y
calles. La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas
y concretas para que los individuos y la sociedad disfruten plenamente de la
cultura, sin discriminación, reduciendo las barreras físicas y financieras, tanto
en las zonas urbanas como en las rurales. Es fundamental facilitar a las comunidades
con mayores necesidades básicas insatisfechas el acceso a la cultura y a los
valores que las identifican.
La aceptabilidad envuelve que las
leyes, políticas, estrategias, programas y medidas adoptadas por el Estado
deben formularse y aplicarse de tal forma que sean adecuadas para la población
de que se trate; mientras que, la adaptabilidad, se refiere a la
flexibilidad y pertinencia de dichas políticas y medidas en cualquier ámbito de
la vida cultural, las cuales deben respetar la diversidad que existe en la
sociedad.
Finalmente, la idoneidad supone
que las medidas deben ajustarse al contexto, a las reglas y a las prácticas que
rigen una modalidad cultural, de manera que respete las tradiciones y los
derechos culturales de las personas y de las comunidades que se identifican a
través de ellas.
6.4.3. Por último, cabe señalar que
cuando la medida de protección suponga la posibilidad de financiar una
manifestación cultural con recursos del Presu-puesto General de la Nación, este
Tribunal ha sostenido de manera reiterada que, por virtud de la autonomía que
la Constitución le otorga al Gobierno Nacional en su manejo[99], no cabe
que se impongan órdenes que agreguen determinadas partidas, pues el
margen de actuación del Congreso se limita a autorizar la existencia de un título,
a través del cual ese componente de gasto se pueda incluir en el futuro, a
partir del examen de priorización que se haga en cada ejercicio fiscal[100]. No
obstante, como ya se dijo, esa financiación adquiere especial trascendencia en
el caso de las minorías étnicas, por tratarse de comunidades que
tradicionalmente se encuentran desprotegidas económi-camente, aunado al hecho
de que su cultura es un componente esencial de su identidad. En tal sentido, no
sobra recordar que el artículo 13 del Texto Superior le ordena al Estado
adoptar las medidas que sean necesarias en favor de los grupos marginados,
incluyendo aquellas que les permitan participar plenamente en la vida cultural
de la Nación.
6.5. De los límites que han sido identificados en la
promoción y fomento del patrimonio cultural, cuando éste tiene una relación
actual y objetiva con una manifestación religiosa
6.5.1. Siguiendo lo expuesto con anterioridad, bajo ciertas
condiciones que apuntan a garantizar el principio
constitucional de laicidad, es posible que el Estado fomente,
respalde o desarrolle acciones de protección jurídica sobre manifestaciones
relacionadas con una fiesta, evento o figura religiosa. En efecto, como ya se
advirtió, si bien la Constitución contempla un catálogo amplio de derechos
culturales, al mismo tiempo exige del Estado ser neutral en materia
religiosa, pues se reconoce al pluralismo como principio fundante del orden
constitucional (CP arts. 1 y 7), acompañado de las libertades de conciencia,
culto y religión (CP arts. 18 y 19). Precisamente, en virtud de esta última se
entiende que todas las confesiones e iglesias son iguales ante la ley.
Con este propósito y bajo la idea de que el
Estado no se extralimite cuando busca proteger la cultura o el patrimonio
cultural, llegando al extremo de desconocer o anular las citadas garantías, la
jurisprudencia de este Tribunal ha identificado varios límites que se derivan
de la Carta, a través de los cuales es posible determinar cuando el fomento y la
salvaguardia de un hecho cultural con connotaciones religiosas deviene en inconstitucional.
6.5.2. Tal identificación se realizó en
la Sentencia C-567 de 2016[101],
en la que, por vía de la unificación jurisprudencial[102], se
esbozaron los siguientes límites: (i) el Estado no puede establecer una
religión o iglesia oficial; (ii) el Estado tiene prohibido identificarse formal
y explícitamente con una iglesia o religión; (iii) para el Estado está
proscrito los actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia,
religión o iglesia; (iv) el Estado no puede tomar decisiones o medidas que
tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de
una preferencia por alguna iglesia o confesión; y (v) el Estado debe abstenerse
de adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto real sea el de
promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia frente a otras
igualmente libres ante la ley. A las anteriores se adicionaron dos nuevos
límites, (vi) la medida que se adopte debe tener una justificación secular importante,
verificable, consistente y suficiente; y por lo demás, (vii)
debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones[103].
La explicación sobre las características
que debe tener el fin secular fue expuesta en los siguientes términos:
“El que sea ‘importante’
implica que deben poder ofrecerse razones para justificar esa valoración a
la luz de los principios constitucionales. La plausibilidad de esas razones debe
ser además ‘verificable’, y ha de ser entonces posible controlar
razonablemente los hechos y motivos que soportan la valoración de la medida. La
importancia de la justificación secular debe ser también ‘consistente’,
lo cual indica que no puede ser contradictoria, puramente especulativa o
desprovista de fuerza. Finalmente, debe tratarse de una justificación secular ‘suficiente’
para derrotar los efectos de la incidencia que tienen estas medidas en el
principio de laicidad del Estado. La suficiencia viene determinada por el
principio de proporcionalidad, y así la medida debe entonces ser idónea para
alcanzar el fin secular que persigue, pero además necesaria y proporcional en
sentido estricto.”
Con fundamento en estos criterios, la
Corte procederá entonces a resolver los cargos sintetizados en el problema
jurídico, para lo cual se tendrán en cuenta los distintos elementos de juicio
que fueron recopilados durante el trámite de este proceso.
6.6. Del examen del caso concreto
6.6.1. Como
se expuso en el acápite de antecedentes, en el
presente caso, el examen de inconstitucionalidad propuesto por las accionantes se
centra en determinar, si el artículo 2 de la Ley 993 de 2005, por virtud del cual
se auto-riza al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, para
contribuir al fomento, promoción, protección, conservación, divulgación y
financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio
de Quibdó, departamento del Chocó, vulnera los artículos 1, 7 y 19 de la
Constitución, al desconocer –en criterio de las demandantes– el principio de
neutralidad en materia religiosa, así como los mandatos de diversidad y
pluralismo que identifican al Estado colombiano.
6.6.2. Antes de proceder con el
examen de fondo propuesto, es preciso señalar las razones manifestadas por los
intervinientes para solicitar la declaratoria de exequibilidad o
inexequibilidad del precepto demandado. En cuanto a los que piden que la norma
acusada sea declarada ajustada a la Constitución[104], se exponen los siguientes
argumentos: (i) las fiestas patronales de San Pacho son un patrimonio cultural
inmaterial, tanto de la Nación como de la humanidad, razón por la cual deben
ser objeto de protección y fomento por parte del Estado, como se deriva de lo
previsto en los artículos 8, 70, 71 y 72 de la Constitución; (ii) las fiestas
agrupan manifestaciones lúdicas y religiosas, cuya tradición en el tiempo ha
generado identidad, pertenencia y cohesión en la comunidad afrocolombiana;
(iii) se trata de un espacio que desborda la doctrina de la religión católica, más
allá de incorporar la imagen de uno de sus santos, y de incluir misas y
procesiones, toda vez que reúne una aproximación propia y original a la
espiritualidad, que mezcla componentes del pasado africano y expresa las
frustraciones e inconformismos de una población que, en la actualidad, vive en
condiciones precarias y cuyos antepasados fueron esclavos; (iv) la fiesta es
hoy en día una muestra de la memoria histórica e identidad colectiva del Chocó,
incluyendo comparsas, disfraces, música, baile, balsadas y teatro, cuya
programación se realiza directamente por el pueblo, previa distribución de los
actos festivos por los barrios tradicionales de Quibdó, espacio para la
expresión de sus propias muestras culturales, como ocurre con la chirimía, los
alabaos y el revolú; (v) por su trascendencia social se ha convertido en un
medio de formación de liderazgos y de incentivo económico para una población
con un porcentaje alto de necesidades básicas insatisfechas. Finalmente, en
términos generales, (vi) se afirma que su apoyo por parte del Estado es un
elemento esencial para que no desaparezca como muestra representativa del
pluralismo de la Nación.
A diferencia de lo expuesto, el
interviniente que solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma
acusada[105],
señala que el Estado está en la obligación de proteger las fiestas y
tradiciones con valor histórico y cultural derivadas de la religión católica,
cuando ellas forman parte de una práctica o representación con sentimientos de
identidad, memoria colectica y transmi-sión entre generaciones, al punto que
puedan considerarse como un patrimo-nio cultural. No obstante, para que ese
proceder sea válido, es necesario agotar el proceso de declaración previsto en
la ley, a partir de la valoración que sobre las fiestas se realice por
expertos. En su criterio, no cabe que el legislador haga de forma libre dicha
declaratoria, como ocurre en el caso bajo examen, pues ello no es más que darle
un privilegio a una iglesia, al exaltar sus representaciones religiosas, en
contra del carácter laico del Estado y de su deber de neutralidad.
Por último, en criterio de la
Vista Fiscal, la norma acusada no implica la adhesión del Estado colombiano a
ningún credo o religión, ya que se limita a cumplir el deber estatal de
proteger y promover el acceso a la cultura. Aun cuando en su origen y en
algunas de sus prácticas se mantienen elementos de la religión católica, hoy en
día es una herramienta para la expresión de la identidad de la comunidad afro,
a través de una especie de medida afirmativa para preservar su cohesión social
y cultural. Para la Procuraduría, no existe beneficio alguno a favor de una
religión que amerite adelantar un juicio de igualdad, pues el criterio de
comparación es la fiesta en sí misma considerada, respecto de la cual se
tendría que acreditar que otras festividades, efectuadas por otros dogmas o
creencias y que están en igual situación, reciben un trato diferente e
injustificado por parte del Estado.
6.6.3. Visto el contenido
normativo de la disposición impugnada[106]
y a partir de los criterios identificados por la Corte para asegurar que el fomento y la salvaguardia de un hecho
cultural con connotaciones religiosas no devenga en inconstitucional, conforme
se expuso en el acápite 6.5.2 de esta providencia, se observa que, en primer
lugar, el precepto legal demandado no establece una religión o iglesia oficial,
sino que, por el contrario, se limita a autorizar al Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Cultura, para “contribuir” al fomento,
promoción, protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas
patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó. A través de la
citada autorización no se adhiere ni se suscribe al Estado con una religión, en
particular con la religión católica, pues su único fin es el operati-vizar el
deber jurídico que le asiste al Estado de impulsar el acceso a la cultu-ra (CP
art. 8, 70 y 72), a partir de la incorporación que se realiza de dicha festividad
como parte del patrimonio cultural de la Nación, en el artículo 1 de la Ley 993
de 2005[107].
Tal incorporación
condujo a que se adelantara el trámite para incluir a las fiestas en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación (LRPCI), a través
de la Resolución No. 1895 de 2011 adoptada por el Ministerio de Cultura, previo
concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, trámite que se
adelantó a través de una institución priva-da sin ánimo de lucro, como lo es la
Fundación Fiestas Franciscanas[108],
para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de valoración[109]:
“Pertinencia: Las fiestas tienen un alto contenido
simbólico, religioso y festivo, y representan estrategias de resistencia de la
población afrodescendiente frente a las imposiciones de una doctrina misionera
católica.
Representatividad: Las fiestas de San Pacho son un espacio fundamental de
representación de todos los grupos sociales: por no existir espacios cerrados,
todos los grupos tienen la posibilidad de participar y, a la vez, tienen la
opción de manifestarse y sentirse representados en la fiesta. A pesar de que
esta festividad comenzó como una manifestación católica que involucraba a los
misioneros blancos y a la población indígena, fue la comunidad afro la que
realmente se apropió e hizo de ella su mayor bandera para identificarse y
sentirse como negros afrodescendientes.
Relevancia: La relevancia de las fiestas de San Pacho se puede ver desde unas
dimensiones políticas, sociales, culturales, económicas e históricas, entre
otras. Los hitos históricos que guarda la memoria de los quibdoseños están
totalmente marcados por las fiestas franciscanas.
Naturaleza e identidad colectiva: Las fiestas franciscanas son de naturaleza e
identidad colectiva, y se han transmitido de generación en generación. Con el
trascurrir del tiempo estas festividades se han hecho más multitudinarias y
cada vez llegan a un mayor número de personas que se identifican con ellas.
Vigencia: En
la actualidad las fiestas se reproducen en otras ciudades del país y se han
convertido en un emblema incuestionable de identidad afrocolombiana. La
manifestación cuenta, entonces, con una vigencia indiscutible, por ser una
manifestación viva que simboliza la necesidad de posicionamiento de un pueblo
que ha sido altamente estigmatizado y segregado.
Equidad: Las
fiestas de San Francisco también cumplen con el criterio de equidad, porque los
beneficios que derivan de ella repercuten en toda la población. Es ante todo un
escenario público que se desarrolla en las calles y que ofrece la posibilidad
de mantener vivas las costumbres y economías locales.
Responsabilidad: Las fiestas de San Francisco son una manifestación
responsable, en la medida en que no atentan contra los derechos humanos ni los
derechos fundamentales o colectivos. Las fiestas son más bien un espacio de
reflexión y socialización de los problemas sociales, culturales y ambientales
que enfrenta el departamento. No hay que olvidar que San Francisco de Asís es
el santo que protege el medioambiente, y este hecho se ha convertido en una
bandera fundamental para los activistas que buscan salvaguardar el bosque
húmedo que rodea a la población de Quibdó”.
Como se observa de lo
expuesto, el precepto legal demandado apunta al logro de una finalidad
compatible con el ordenamiento constitucional, por virtud de la cual se vincula
al Ministerio de Cultura, como parte del Gobierno Nacional, con la realización
del deber jurídico de promover, fomentar y proteger el patrimonio cultural de
la Nación[110]. Lo anterior guarda concordancia con
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO, incorporada al derecho interno a través de la Ley 1037 de 2006, en la
que se establece como obligación del Estado: “Adoptar las medidas de orden
jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para: (…) favorecer
(…) la transmisión (…) [del patrimonio cultural inmaterial] (…) en los foros y
espacios destinados a su manifestación y expresión”.
Por lo demás, en el
año 2012, esta festividad también fue incorporada como Patrimonio Cultural de
Humanidad por la UNESCO, en cuyo dossier se señala que: “La Fiesta de
San Pacho es el principal espacio simbólico en la vida social, cultural,
religiosa y política de Quibdó. Su función más impor-tante es ser el eje en la
construcción de la identidad chocoana, impulsando la cohesión social al
interior de la comunidad”[111]. Vale la pena aclarar que,
para este Tribunal, aun cuando la certificación de dicho organismo
internacional es importante al ofrecer elementos de juicio para verificar la
importancia cultural de la fiesta, no es indispensable o determinante para que
la misma tenga tal condición. A ello se puede llegar tanto por el examen de los
antecedentes legislativos, como por la revisión histórica y social de los criterios
colectivos que la identifican. A este conjunto de herramientas, incluida la
declaración de la UNESCO, se hará referencia en esta sentencia, no para que la
Corte defina o establezca la importancia cultural de la fiesta, sino para
evidenciar la labor que con tal fin se ha realizado por las autoridades
expertas en la materia.
6.6.4. En segundo
lugar, no se advierte que la norma acusada identifique formal y explícitamente
al Estado con una iglesia o religión en particular. En efecto, su contenido se
limita a autorizar al Ministerio de Cultura para realizar actos de impulso,
promoción y amparo de las fiestas patronales de San Pacho en el municipio de
Quibdó, sin que se haga referencia expresa a una religión en particular, o se
vincule al Estado con su culto, dogmas, creencias o actos de fe. Lo que se
busca es que el Gobierno Nacional contribuya con la defensa y salvaguardia de
una manifestación que se identifica como patrimonio cultu-ral, tanto a nivel
interno como internacional, por revelar la especificidad de los valores, usos y
tradiciones de la comunidad afrodescendiente, contribu-yendo, como se señala en
el dossier de la UNESCO, “al dialogo de culturas diversas a nivel
local y al fortalecimiento de la representación positiva y la inclusión [de una
población] a nivel nacional y latinoamericano, reivindi-cando su papel en la
construcción de la Nación”[112].
6.6.5. En tercer
lugar, no se aprecia que la disposición demandada constituya un acto oficial de
adhesión, siquiera simbólico, a una religión o iglesia. Esto se advierte, como
ya se dijo, por el hecho objetivo de que no se alude de forma expresa a ninguna
de ellas; y por la circunstancia de que la mención que se hace a los símbolos
católicos es meramente causal y no busca generar efectos jurídicos. Sobre el
particular, se destaca que, aun cuando la norma acusada hace alusión a las
fiestas “patronales” de “San Francisco de Asís”, lo que implica referir
a un santo católico y a la protección que dé él se deriva, tal acontecimiento
no busca insertar a dicha festividad en un proceso de adhe-sión del Estado a
los dogmas o actos de fe de la citada religión, ya que dicho proceder se circunscribe
a registrar un hecho histórico y cultural vinculado con la formación de un acto
festivo y lúdico, cuyo epicentro fue el proceso de evangelización adelantado
por la colonia española[113],
en el que si bien se preserva una tradición religiosa, hoy en día se excede el
ámbito confesional y se manifiesta en múltiples dimensiones de la vida social y
cultural, al punto que, como lo advierte la Academia Colombiana de Historia,
conjuga “una amalgama de expresiones espirituales y culturales que se han
construido en herencia de la comunidad afrodescendiente a través de la
historia”[114], inclu-yendo no sólo a los
habitantes del municipio de Quibdó, sino a los pobladores de las zonas rurales
circundantes al río Atrato.
Las fiestas se desarrollan desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre en
el casco urbano de la ciudad de Quibdó. Su descripción, realizada por la
Acade-mia Colombiana de Historia[115],
se resume en los siguientes términos:
“En la apertura oficial participan principalmente 12
barrios, (…) cada uno con su respectiva bandera que lo identifica y le imprime
su propio perfil en el acto de batir banderas. Luego se da lugar al desfile
folclórico de banderas donde participan los barrios con sus delegaciones,
además de las instituciones educativas, sociales y culturales.
Este mismo día, [correspondiente al 20 de septiembre], se
realiza la denominada ‘feria del rescate cultural chocoano’ con degustaciones
culinarias, presentaciones folclóricas, muestras artesanales, que pertenecen a
los diversos sectores étnicos y sociales de la ciudad y su entorno rural. Este
mismo día tiene lugar una misa en la catedral de Quibdó con las principales
autoridades civiles, políticas, militares y sociales de la ciudad.
A cada barrio le corresponde un día de celebración con el
‘despertar franciscano’ amenizado con música y pólvora, desayuno compartido,
eucaristía, actividades recreativas, ceremonial del recibimiento del bastón de
mando y recorridos con disfraces acompañados de comparsas y chirimías por las
calles de los barrios restantes. Al finalizar cada uno de estos recorridos,
todos regresan al barrio de turno y allí tienen lugar concentraciones públicas,
verbenas populares, representaciones artísticas, bailes y muestras
gastronómicas hasta más allá de la media noche. Se ha estimado que en este y
los siguientes eventos participan hasta 12.000 personas de diferentes edades,
condición social, género e incluso un buen número importante de gentes venidas
de afuera y extranjeros. Blancos, afrodescendientes, indígenas, mestizos, entre
otros, se funden en una gran marea humana en las calles de la ciudad y otros
espacios públicos bailando diferentes ritmos, incluso contemporáneos como una
manera de participación ciudadana real a lo largo de la misma. La comunidad
sale a las calles a compartir con sus vecinos al ritmo de distintas músicas. En
este sentido, es una fiesta multitudinaria que rebasa los límites locales y
étnicos para tener una significación no solo regional sino nacional.
El 3 de octubre se llevan a cabo las balsadas sobre el río
Atrato, actividad que se desarrolla con canoas y con la imagen de San Francisco
de Asís. Por la tarde se realiza un recorrido de carrozas con todos los
disfraces y a la noche hay espectáculo de pólvora y luces con el acompañamiento
de chirimías. El día 4 amanece en silencio en un momento de reflexión,
recogimiento y contrición, allí tiene lugar la procesión que recorre cada
barrio y se honor al santo mediante el llamado ‘teatro del misterio’, se
realiza una actividad religiosa con una misa campal y una procesión del santo
por los barrios en cada uno de los cuales se elaboran arcos alegóricos (…). El
cierre de la fiesta ocurre el 5 de octubre con el acto de bajada de banderas,
un desfile (…) y una ceremonia litúrgica en la catedral en memoria de los
difuntos. Ese mismo día se dan a conocer los ganadores de los disfraces,
comparsas, arcos y adornos de calles”.
Como lo señalan la
mayoría de los intervinientes y se expone en varios conceptos que fueron
solicitados por esta Corporación, la fiesta no es una construcción ligada a una
tradición puramente católica. En efecto, no hay duda de que tiene una
influencia derivada de la colonización española, pero más allá de ello su valor
radica en que es una expresión etnocultural de la población afrocolombiana. Precisamente,
la Academia Colombiana de Histo-ria resalta que la iglesia católica no sólo
cumplió un rol evangelizador, sino que también adoptó la defensa y protección
de los afrodescendientes frente a los castigos y maltratos de los cuales eran
objeto[116].
En este escenario, fueron los rituales católicos y sus celebraciones, los
únicos espacios que se abrieron para su interacción social. Por ello, se
asumieron sus figuras como espacios de refugio frente a los rigores de la vida
esclavista y como una forma de expresión de su propia espiritualidad.
Esta última se
desarrolló bajo un sincretismo autónomo producto de la mezcla de las tradiciones
occidentales y africanas, generando fenómenos culturales y colectivos de
pertenencia y de resistencia frente a la doctrina misionera cató-lica[117].
De esta manera, aun cuando se preservan las misas y las procesiones, la
espiritualidad se manifiesta de una forma distinta, como lo sostiene el Insti-tuto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)[118],
a partir de las huellas que dejó el pasado religioso africano que vincula a San
Pacho con el panteón yoruba[119].
En esencia, se trata de un santo humanizado, cuyo comportamiento no es
ejemplar, sino que, por el contrario, es “fiestero, vengativo y amante de
las joyas. Los adoradores del santo han establecido con él una relación de
intercambio de favores y milagros por promesas, plegarias, velas y regalos de
oro”[120].
Las fiestas preservan
entonces un elemento religioso que se ve superado por las muestras culturales
que, directamente o indirectamente, allí se encuentran. Así, desde mediados del
siglo pasado, el peso de la festividad recae en los 12 barrios tradicionales,
para quienes el evento es un espacio de exhibición de su propia identidad, a
través de la presentación de desfiles, disfraces y muestras folclóricas por la
ciudad, degustaciones culinarias, música y bailes al ritmo de chirimía, todo
ello acompañado de desayunos para la comunidad en general, exposiciones de
teatro y verbenas nocturnas con juegos pirotécnicos. Al final, cada barrio
participa de la balsada, como homenaje a la población que arribó a Quibdó,
entre otras, por la violencia que ha padecido la zona con ocasión de la
explotación del caucho y del oro, y de los rigores del conflicto armado,
acompañados de las banderas que los identifican, de la imagen del santo y de su
propia música. Aunado a lo anterior, incluso la experiencia religiosa, no es un
espacio exclusivo, propio y rígido de la iglesia católica, por ejemplo, las
eucaristías que se celebran en cada barrio, son coordinadas por sus líderes,
destacando la presencia de dos espacios, uno que se asocia a los sacerdotes, y
otro para quienes organizan la misa. En este último espacio, se da apertura a
un momento de reflexión, en el que la comunidad manifiesta los problemas
sociales que vive y pide por el mejoramiento de sus condiciones[121].
Las misas son acompañadas por bailes típicos y alabaos, como canto tradicional
que se asocia con los rituales mortuorios. Finalmente, la imagen del santo se articula
con una concepción interna de protección, en la que cada barrio le rinde su
propio homenaje, sin que para el efecto se requiera de la presencia de las autoridades
católicas.
En este contexto, la
alusión que se hace a las fiestas “patronales” de “San Francisco de
Asís”, bajo ninguna circunstancia puede asociar al Estado con un acto de
adhesión a la iglesia católica, pues dicha mención se realiza con miras a
identificar cuál es el patrimonio cultural inmaterial que se autoriza impulsar,
fomentar y financiar por parte del Ministerio de Cultura, en el que, como ya se
expuso, prevalece una fuerte manifestación de artes y habilidades que forjan la
identidad de la comunidad afro y de una espiritualidad propia y autónoma que,
como se mencionó en el acto de inclusión en la LRPCI, tiene un elemento clave de
pertinencia, al representar una estrategia de resistencia de esa población
frente a las imposiciones de una doctrina misionera católica.
Lo anterior se
destaca en los antecedentes legislativos, como soporte necesario en el que debe
constar el ingrediente cultural que se pretende estimular, como medio para
excluir cualquier manifestación simbólica de adhesión. Ello se presenta, en el
asunto sub-judice, en el que luego de hacer una breve referencia al
santo, se explica que la protección que se autoriza al Ministerio de Cultura,
se justifica en que las fiestas “representan un elemento receptor, difusor y
multiplicador de la cultura, que de contera asegura a las generaciones
futuras el derecho de gozar de una tradición que concita la solidaridad, la
unión y el crecimiento de una sociedad que históricamente tiene mucho que
enseñar a la Nación”[122]. La fiesta, se resalta, es
un “factor de cohesión del tejido social de la cultura afrocolombiana que enseña,
desde la diversidad [étnica], un modo de vida [y] una inmensidad de riqueza
producto de su historia, su religión y lo más importante, su gente”[123].
Se menciona igualmente su carácter tradicional, como “máximo patrimonio de
expresión cultural que se realiza en el departamento del Chocó, en la medida en
que recopila una serie de factores sociales, religiosos, étnicos, econó-micos,
políticos y humanos de las gentes de raza afroamerindia”[124].
Para lo cual, más allá de la referencia al santo y a las misas que se
celebran, se exaltan toda una serie de actos seculares derivados del uso de
disfraces, desfiles, música, pólvora, comparsas y fiestas hasta el amanecer[125].
En conclusión, lejos
de que la intensión de la autorización sea la de promover la imagen de un santo
católico, lo que se busca impulsar por la ley, como se infiere de sus
antecedentes legislativos y de su explicación histórica y social, es la defensa
y salvaguardia de un patrimonio cultural, que en su conjunto es un emblema
incuestionable de la identidad afrocolombiana.
6.6.6. En cuarto
lugar, tampoco se aprecia que, con la norma demandada, se adopten por el legislador
medidas que tengan una finalidad religiosa, ni mucho menos que sean la
expresión de una preferencia por una iglesia. La autorización que se otorga,
siguiendo los criterios de inscripción que fueron tenidos en cuenta por la
UNESCO, gravita en que la fiesta es “un importante marcador de la identidad
de los afrocolombianos de la ciudad de Quibdó y sus alrededores”[126].
Por ello, a través de su salvaguardia, se fomenta la “cohesión social, la
solidaridad y el respeto hacia la naturaleza, mientras que evoca las interacciones
históricas de los diversos grupos culturales que han vivido en la región”[127].
6.6.8. En sexto
lugar, más allá de la referencia puntual que pueda existir con la iglesia católica,
a partir de los actos de devoción y de la exposición de la imagen de uno de sus
santos, la medida tiene una justificación secular impor-tante, verificable,
consistente y suficiente.
Según lo expuesto
hasta el momento, el precepto legal demandado encuentra su justificación, tanto
en los debates parlamentarios como dentro de este proceso, como una medida de
salvaguardia, promoción y conservación del patrimonio cultural inmaterial que
rodea el conjunto de actos festivos realiza-dos con ocasión de las fiestas de
San Pacho en el municipio de Quibdó. Esta justificación no solo es secular,
sino que –además–  responde a un deber jurí-dico de carácter constitucional. En
efecto, la Carta Política establece, según se indicó con anterioridad, que la
protección del patrimonio cultural está bajo la titularidad del Estado, que
todas las personas deben resguardar la diversidad y riqueza cultural, y que la
cultura es un derecho de los niños y fundamento de la nacionalidad (CP arts. 2,
7, 8, 44, 67, 70, 71, 72 y 95.8). Por su parte, la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, aprobada mediante
la Ley 1037 de 2006, establece como deber de los Estados “adoptar las
medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial presente en su territorio”[128], compromiso que adquiere
especial trascendencia en el asunto bajo examen, si se tiene en cuenta que la
fiesta fue reconocida en el año 2012 como Patrimonio Cultural de la Humanidad y
que, desde antes, previa expedición del Plan Especial de Salvaguardia del año
2011, estaba incluida en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.
Esta justificación es verificable
y consistente, no solo porque la decisión de la UNESCO y la Resolución No. 1895
de 2011 del Ministerio de Cultura son actos públicos, sino, además, porque las
características de la fiesta se ajustan adecuadamente a las condiciones
conceptuales que, para el efecto, establece la Convención para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial. Sobre el particular, el artículo 2 de la
Convención en cita prevé que ese patrimonio está constituido por los (i) “usos, representaciones,
expresiones, conoci-mientos y técnicas” de las comunidades, “junto con
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes”; (ii) cuando se trans-miten de generación en generación,
y (iii) en la medida en que sea reconocido por sus participantes como elemento
de su identidad, a partir de su recreación constante en función de su entorno y
de su interacción con la naturaleza y su historia, lo cual les da un sentido de
continuidad y promueve el respeto por la diversidad y la creación humana. Las
fiestas de San Pacho satisfacen estos criterios, como a continuación pasa a demostrarse:
(i) Para comenzar, la
preparación y desarrollo de la festividad involucra toda una serie de usos,
expresiones, técnicas y conocimientos, propios de la cultura afrocolombiana.
Las fiestas inician con el acto de batir la bandera representa-tiva de cada
barrio, cuya finalidad es exhibir la identidad generada a partir de las
relaciones de vecindad y de sus antepasados[129], continúan con la feria del
rescate cultural chocoano, que involucra degustaciones de su culinaria,
mues-tras artesanales y presentaciones folclóricas[130].
Todos los días, de turno en turno, cada uno de los doce barrios realiza un
desayuno colectivo, y hace recorridos con disfraces acompañados de comparsas y
chirimías. Los disfraces, según se afirma por el ICANH, son el canal por
excelencia para la comunicación de los problemas y denuncias locales de la
población chocoana[131].
Cada barrio concursa por el mejor disfraz y por ello ocupa varios meses en su
concepción y confección, para luego exponerlo en el centro de la comparsa de
danzantes. El disfraz “recrea personajes y situaciones de la vida cotidiana,
hechos en yeso, cartón, papel y otros materiales. En estas representaciones el
pueblo chocoano, (…) plasma la visión crítica que tiene de sí mismo y de sus
problemas. La relación siempre problemática con el Estado y la Nación colombiana,
y el discurrir cotidiano en medio de carencias históricas de servicios
públicos, educación, salud y vías de comuni-cación, ha sido la tendencia
predominante de esas representaciones. Con motivo de cada fiesta, los barrios
recuerdan los mejores disfraces de fiestas pasadas e ingenian nuevos teatros en
los que alegorizan necesidades y deseos”[132].
Nótese cómo se está
en presencia de representaciones colectivas, en las que se mezclan
conocimientos, usos y técnicas en el campo culinario, musical, textil, orfebre
y artesanal, dando lugar a toda una serie de vocablos, conceptos, relaciones y
roles, con un profundo arraigo popular, como ocurre con las misas inculturadas,
los alabaos, la lectura del bando[133],
la entrega del gobierno y el bastón[134],
las balsadas, el revolú[135],
entre muchas otras que no son inherentes al rito católico, sino propias de la
revivificación colectiva de la población afrocolombiana que vive en el Chocó. Por
ejemplo, en el caso de los alabaos se trata de un canto tradicional asociado
con ritos mortuorios, que representa un coro a capela
colectivo, derivado del sincretismo cultural africa-no, europeo y americano, “cuyo
origen se encuentra en los cantos ancestrales africanos (…), en el canto llano
o Gregoriano, en el Cante Jondo andaluz, emparentado con los cantos árabes –que
también pudieron haber influido en los de los mismos inmigrantes forzados
provenientes de África– y en algunas probables pero no demostradas influencias
de los aborígenes americanos. Es de forma responsorial y su estructura rítmica
y melódica se corresponde con alguna libertad de expresión rítmica del texto,
definible como ritmo prosó-dico”[136].
Por su estructura, los alabaos suelen tener un contenido primordial-mente
religioso, a partir del carácter incultural que se refleja en la forma como se
vive los actos de fe, llegando a tener una gran importancia los deno-minados alabaos
sociales, que son cantos dedicados a la naturaleza, a la etnia, a la
tierra, a la violencia, a la minería, a la historia, etc.
(ii) Este universo de
representaciones, usos, expresiones y conocimientos se ha transmitido de
generación en generación. Según el ICANH, la fiesta se remonta al año de 1648, adquiriendo
el esquema barrial que hoy en día la identifica a medidos del año de 1920[137], este cambio condujo a disminuir
paulatinamente la influencia católica, a favor del esquema actual similar al de
un carnaval, con formas teatrales, disfraces, comparsas, bailes y música, y con
amplios espacios sociales para plantear los problemas que afectan a la
pobla-ción afrocolombiana. Cada generación les otorga a las fiestas su nota
distin-tiva, lo cual se acredita con la incorporación de actos como la entrega
del bastón y las balsadas, que provienen de finales del siglo XX.
(iii)  Finalmente, las fiestas de
San Pacho son un rasgo que contribuye a definir la identidad colectiva de los afrocolombianos que habitan
el departa-mento del Chocó. Tal circunstancia fue puesta de presente en la
mayoría de las intervenciones y se encuentra como elemento fundamental en la
declara-ción realizada por la UNESCO. Al respecto, en el dossier que se
tuvo en cuenta por dicha organización, se señala que: “La fiesta de San
Pacho es el principal espacio simbólico en la vida social, cultural, religiosa
y política de Quibdó. Su función más importante es ser el eje en la
construcción de la identidad chocoana, impulsando la cohesión social al
interior de la comuni-dad”[138]. Incluso, como lo advierte
el ICANH, su incorporación social cumple una función de integración y de visibilización
de la población chocoana en diferentes centros urbanos de Colombia, donde las
colonias celebran los “San Pachitos”, como sucede en Cali, Neiva y Bogotá[139].
Esta justificación secular no solo
es importante, verificable y consistente sino además suficiente. Al respecto,
tal y como se ha mencionado, si bien existe una referencia religiosa en su
origen y en algunos de sus actos, dichas mani-festaciones no envuelven el fin
primordial de la festividad y se legitiman en aras de alcanzar un fin
constitucional imperioso, como es la protección del patrimonio cultural
inmaterial, como a continuación pasa a demostrarse:
(a) Inicialmente, se aprecia que la
norma legal demandada permite alcanzar el fin que persigue. En efecto, a través
de la autorización al Ministerio de Cultura para que contribuya al fomento, promoción,
protección, financiación y divulgación de las fiestas de San Pacho, se busca
honrar el deber jurídico que le asiste al Estado de preservar el patrimonio
cultural de la Nación. En aras de alcanzar este objetivo, por ejemplo, la
citada autoridad colaboró en el proceso adelantado ante la UNESCO para obtener
el reconocimiento como patrimonio cultural de la Humanidad; brindó asesoría en
la formulación del Plan Especial de Salvaguardia (PES); desarrolló aplicaciones
móviles y un documental para darle publicidad a las fiestas y, en general,
dispuso la entrega de varios incentivos económicos para el montaje de
exposiciones y fotogra-fías, así como para el estímulo de talleres de formación
en luthería, artesanía y riqueza musical[140].
En términos económicos, según informa el municipio de Quibdó, las fiestas se
financian en un 46.7% por ciento con los recursos correspondientes al IVA sobre
el recaudo de la telefonía móvil[141],
y el resto se “se cubre con los aportes de la misma comunidad iniciando por
las juntas barriales (…) y algunos pocos aportes de las limitadas empresas
privadas que existen en la región”[142].
Para el año 2012, su realización implicaba un costo de $ 510 millones, suma
que en promedio corresponde al valor que desde el año 2010 el Ministerio ha
destinado para la promoción de la fiesta[143].
Es importante que estas subvenciones se hagan y se mantengan, toda vez que ellas
permiten nutrir las finanzas con las cuales se pagan labores asociadas con la
fiesta, facilitando su práctica sin obstáculos económicos. Para la Corte, la
creación de este deber legal debe impulsar la labor de protección en cabeza del
Ministerio, pues se trata de garantizar el cumplimiento de los mandatos
constitucionales que subyacen en los artículos 8, 70 y 72 de la Carta.
(b) La autorización para
contribuir con la fiesta, incluso mediante la asignación de partidas
presupuestales, es una medida que, lejos de promo-cionar a una religión, busca
la protección del patrimonio cultural que identifica a la comunidad
afrocolombiana, la cual, como lo sostiene la Acade-mia Colombiana de Historia[144], vive en una zona caracterizada por
tener una economía frágil y deprimida, afectada seriamente por la violencia
derivada del conflicto armado interno, lo que dificulta contar con un apoyo del
sector privado. De esta manera, si se retira el deber de colaboración del
Gobierno Nacional, como se pretende por las accionantes, en el futuro, esta
expresión cultural podría verse comprometida, lesionando el carácter diverso y
plural en el que se funda la Nación colombiana.
Para la Corte, (c) la contribución
que se impone por la ley al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Cultura, genera importantes beneficios en términos culturales y económicos, los
cuales resultan importantes y relevantes en el orden constitucional. En cuanto
al aspecto cultural, son suficientes los elementos expuestos en esta
providencia, en donde se destaca la importancia de la fiesta como elemento de
identidad y cohesión social de la población afrocolombiana del departamento del
Chocó. A ello cabe agregar su papel como generador de liderazgos (por su
organización barrial)[145]
y hacedor de espacios de debate en torno a los problemas que aquejan a la
comunidad.
En materia económica, su
trascendencia se expresa en las variables empleo, empresa y turismo. En cuanto a
la primera, el municipio de Quibdó tiene uno de los indicadores más altos de
desempleo a nivel nacional[146],
en el que la informalidad y el subempleo superan el 60%. Durante la época en la
que se desarrollan las fiestas, estos indicadores se reducen sustancialmente
por las actividades relacionadas con su preparación y ejecución. La Alcaldía
pone como ejemplo una empresa textil que confecciona el 23% de los vestuarios
que se emplean durante la festividad, la cual previo a su inicio (2 meses
apro-ximadamente), genera trabajo directo para 135 personas[147]. De igual
manera, la población indígena aprovecha la ocasión para comercializar sus
artesanías, así como la comunidad afro aumenta considerablemente sus ventas,
tanto en comida, como en instrumentos tradicionales[148].
En lo que respecta a la empresa,
se afirma por los intervinientes que gran parte del sector productivo se nutre
y se beneficia de la estructura festiva, en áreas como el comercio, el
entretenimiento y el transporte. Por último, en lo referente al turismo, pese a
su crecimiento, la infraestructura hotelera es toda-vía insuficiente para
atender el cúmulo de visitantes que reciben las fiestas, lo que ha permitido que
surjan posadas turísticas familiares, a través de las cua-les se
distribuyen socialmente sus beneficios[149].
Bajo este contexto, no cabe duda que la leve incidencia que tienen las
manifestaciones religiosas dentro de la totalidad de la fiesta se ve
compensada, y de hecho contrarrestada, por su vocación cultural, turística y
económica.
6.6.9. Por último, las medidas que
se disponen en la norma acusada son
susceptible de conferirse a otros credos en igualdad de condiciones, e incluso
a manifestaciones culturales que no tengan vínculos objetivos con un hecho o
una figura religiosa. En conclusión, a partir de las consideraciones expuestas,
la Corte encuentra que el
precepto demandado no vulnera los principios de neutralidad, diversidad y
pluralismo en que se funda el Estado colombiano. Por el contrario, su objetivo
es el de impulsar el cumplimiento del deber jurídico de fomento y protección al
patrimonio cultural de la Nación (CP arts. 2, 70 y 72), respecto de una
manifestación que preserva la identidad, los valores y la cohesión social de la
comunidad afrodescendiente del departa-mento del Chocó. De esta manera, se
garantiza la viabilidad de una fiesta que reconoce la diversidad étnica
de la Nación y que es parte del pluralismo que nos identifica (CP arts.
7 y 8).
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Por las razones expuestas en
esta providencia, declarar EXEQUIBLE el artículo 2 de la Ley 993 de 2005,
“Por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación las
fiestas patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó,
departamento del Chocó y se dictan otras disposiciones”.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(E)
Con
aclaración de voto
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con
aclaración de voto
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
Con
salvamento de voto
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
A LA SENTENCIA
C-111/17
PRINCIPIO DE LAICIDAD ESTATAL-Jurisprudencia
constitucional (Aclaración de voto)
En las sentencias C-350 de
1994, C-766 de 2010 y la C-817 de 2011 […] se especificó que asimilar un culto
determinado al concepto “cultural’” plantea serias “dificultades y graves
riesgos”, porque significa excluir a las minorías, que no hacen parte de esa
religión, violando de este modo el principio de igualdad de trato, laicidad, el
carácter secular, pluralista y de neutralidad en materia religiosa consagrado
en la Constitución de 1991.
DECLARATORIA DE PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL POR PARTE DE LA UNESCO-En revisión constitucional debe
evaluarse la pertinencia, representatividad, relevancia, naturaleza e identidad
colectiva, vigencia, equidad y responsabilidad de cada representación cultural
inmaterial (Aclaración de voto)
La Declaratoria de Patrimonio
Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO, no da lugar a que inmediatamente se
pueda llegar establecer en el ámbito interno esa misma calidad evadiendo los
requisitos constitucionales y legales como el de verificar si se cumple con los
presupuestos de la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, el
Decreto 2941 de 2009 y la Resolución 330 de 2010 en donde se evalúa su
pertinencia, representatividad, relevancia, naturaleza e identidad colectiva,
vigencia, equidad y responsabilidad de cada representación cultural inmaterial,
previo concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. La sola
declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO, no debe
ser el único presupuesto en la revisión de constitucionalidad de un artículo
que da la posibilidad que autoriza al Gobierno Nacional la destinación de
dineros públicos para la promoción, protección, conservación, divulgación y
financiación de las fiestas patronales de San Francisco de Asís. En este caso
se debió también valorar si se cumplen con los requisitos internos para poder
otorgar dichos recursos, cuando se trata de un Patrimonio Inmaterial de carácter
nacional.
Referencia: Expediente D-11485
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 2º de la Ley 993 de 2005, “por medio de la cual se
declara patrimonio cultural de la Nación las fiestas patronales de San
Francisco de Asís en el municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó y se
dictan otras disposiciones”
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Aclaro la Sentencia que dio lugar a la exequibilidad del artículo
2º de la Ley 993 de 2005, “por medio de la cual se declara patrimonio
cultural de la Nación las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el
municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó y se dictan otras
disposiciones”.
Las razones de mi aclaración se fundamentan en los
salvamentos de voto que he emitido en relación a las leyes que han establecido
que celebraciones culturales que tengan alguna connotación religiosa puedan
llegar a tener alguna financiación de parte del Estado. Así en el salvamento de
voto que emití en la Sentencia C-576 de 2016 que declaró constitucional el
artículo 4º de la Ley 891 de 2004 “por la cual se declara patrimonio
cultural nacional las procesiones de semana santa y el festival de música
religiosa de Popayán, departamento del Cauca se declara monumento nacional un
inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones”,
especifiqué que no estaba de acuerdo con la decisión de la mayoría de la Sala
al declarar exequible que a partir de la vigencia de la ley, las
administraciones nacional, departamental del Cauca y municipal de Popayán
estuvieran autorizadas para asignar partidas presupuestales en sus respectivos
presupuestos anuales, destinados a la celebración de la semana santa de dicha
ciudad.
Mi desacuerdo con la mayoría en dicha ocasión se
fundamentaba principalmente en la violación de los artículos 1º y 19 de la C.P.
que especifican que Colombia es un estado neutro en materia religiosa y que
establece la laicidad del Estado, así como la vulneración del artículo 13 de la
C.P sobre el derecho a la igualdad.
Consideré que las partidas presupuestales para financiar una
actividad que tiene una connotación principalmente religiosa va en contravía de
la jurisprudencia de esta Corporación en materia de laicidad y neutralidad
religiosa, en especial el precedente establecido en las Sentencias C-350 de
1994[150],
C-766 de 2010[151]
y la C-817 de 2011[152]en
donde se especificó que asimilar un culto determinado al concepto “cultural’” plantea
serias “dificultades y graves riesgos”, porque significa excluir a las
minorías, que no hacen parte de esa religión, violando de este modo el
principio de igualdad de trato, laicidad, el carácter secular, pluralista y de
neutralidad en materia religiosa consagrado en la Constitución de 1991.
Igualmente expliqué en dicha ocasión, que en el análisis de
representaciones culturales en donde confluye lo religioso con lo cultural,
histórico o inmaterial, se debe comprobar que el carácter principal y la causa
protagonista es la cultural y no la religiosa teniendo en cuenta los
presupuestos establecidos en la Sentencia C-766 de 2010, en donde se indicó que
para determinar si se puede llegar a financiar una actividad religiosa con
recursos públicos se deben valorar dos aspectos: 1) si la medida es susceptible
de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones; y 2) que entre otras
circunstancias, no se realicen actos de adhesión, así sean simbólicos, con una
creencia, religión o iglesia determinada, porque de ser así se violaría la
neutralidad del estado y se daría preeminencia de una religión sobre las otras,
o los no creyentes, violando de este modo el principio de igualdad[153].
Por otra parte en el Salvamento de Voto a la Sentencia C-224
de 2016[154],
hice énfasis en que no se le deber permitir al Estado, a cualquier título, o en
cualquier nombre subvencionar o financiar actividades religiosas, al estar de
por medio dineros públicos, y subrayé que cuando confluyen elementos
culturales, históricos o inmateriales con el religioso se debe identificar si
dicha práctica tiene un contenido de tal magnitud que se pueda determinar que
predomina el mantenimiento cultural e histórico, sobre lo religioso[155].
En el caso de la constitucionalidad del artículo 2º de la
Ley la Ley 993 de 2005, que establece que se autoriza al Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Cultura “(…) a contribuir al fomento, promoción,
protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas patronales
de San Francisco de Asís”, es constitucional ya que se comprueba que estas
festividades tienen una connotación principalmente cultural y no religiosa,
dado que aunque se entremezclan elementos religiosos con los culturales, se
comprueba que se cumplieron con los requisitos establecidos en la Sentencia
C-567 de 2016 de que las celebraciones tengan un fin: (i) importante; (ii)
verificable, (iii) consistente y (iv) suficiente.
Concuerdo en que las fiestas de “San Pacho” se evidencia la
prevalencia del elemento cultural sobre lo religioso, ya que dichas
festividades son un espacio compartido por toda la comunidad de carácter
sincrético, en donde se reivindica la cultura afrocolombiana con eventos como
las comparsas, las verbenas populares, el teatro, los desfiles folclóricos, las
danzas y la  música propia de la tierra pacífica como las chirimías, las
alabanzas y los cantos. Por otro lado se destaca que estas fiestas se han
convertido en un gran espacio de interacción entre las diferentes culturas de
la región, no solo la cultura negra, sino también la indígena, la mestiza y la
blanca, en un proceso que reivindica y fortalece el pluralismo y la identidad
étnica y cultural que se encuentran reconocidos como principios básicos de la
Constitución de 1991.
Igualmente destaco que aunque las fiestas de San Francisco
de Asís fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en el año
2012, que dio lugar a que el Ministerio de Cultura estableciera un Plan
Especial de Salvaguardia (PES) y que se inscribiera en la Lista de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, considero que la declaración por parte de
la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial resulta importante, pero no
determinante para la valoración que tiene que realizar la Corte a nivel interno
sobre la constitucionalidad de dicha declaratoria.
En efecto desde mi punto de vista la Declaratoria de
Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO, no da lugar a que
inmediatamente se pueda llegar establecer en el ámbito interno esa misma
calidad evadiendo los requisitos constitucionales y legales como el de verificar
si se cumple con los presupuestos de la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley
1185 de 2008, el Decreto 2941 de 2009 y la Resolución 330 de 2010 en donde se
evalúa su pertinencia, representatividad, relevancia, naturaleza e identidad
colectiva, vigencia, equidad y responsabilidad de cada representación cultural
inmaterial, previo concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
En mi opinión la sola declaración de Patrimonio Cultural
Inmaterial por parte de la UNESCO, no debe ser el único presupuesto en la
revisión de constitucionalidad de un artículo que da la posibilidad que
autoriza al Gobierno Nacional la destinación de dineros públicos para la
promoción, protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas
patronales de San Francisco de Asís. En este caso se debió también valorar si
se cumplen con los requisitos internos para poder otorgar dichos recursos,
cuando se trata de un Patrimonio Inmaterial de carácter nacional.
En conclusión aclaro mi voto, porque aunque estoy de
acuerdo con la decisión de la mayoría en que en este caso prevalece el elemento
cultural sobre el religioso en esta representación cultural que promueve la
conservación de las tradiciones de la ciudad de Quibdó y del Departamento del
Chocó, no concuerdo con la mayoría en que la declaratoria de constitucionalidad
del artículo 2º de la Ley 993 de 2003, se haya realizado en el entendido que la
declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO sea el
criterio determinante a tener en cuenta para considerar que desde el ámbito
interno se le de igual tratamiento, eludiendo los requisitos constitucionales,
legales y administrativos internos para estas declaratorias, y en consecuencia
para la destinación de recursos públicos para su financiación, conservación y
mantenimiento.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
[1]
“Artículo 1.- Colombia es un Estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.”
[2]
“Artículo 7.- El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la Nación colombiana.”
[3]
“Artículo 19.- Se garantiza la libertad de
cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a
difundirla en forma individual o colectiva. // Todas las confesiones religiosas
e iglesias son igualmente libres ante la ley.”
[4]
Folio 6.
[5]
“Artículo 8.- Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación.”; “Artículo 70.- El Estado
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente
y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas
del proceso de creación de la identidad nacional. // La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la
igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá
la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores
culturales de la Nación.”; “Artículo 71.- La búsqueda del conoci-miento
y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y
social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El
Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas
actividades.”; “Artículo 72.- El patrimonio cultural de la Nación está
bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes
culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son
inalienables, inembargables e imprescrip-tibles. La ley establecerá los
mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos
asentados en territorios de riqueza arqueológica.”
[6]
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la
Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de
naturaleza inmaterial”.
[7]
Ley 1185 2008, art. 1.
[8]
Decreto 2941 de 2009, art. 8.
[9]
Folio 147.
[10]
La declaración de la UNESCO, dada en Paris, en el año 2012, señala que: “R.1.
La Fiesta de San Francisco de Asís constituye un importante marcador de la
identidad de los afrocolombianos de la ciudad de Quibdó y sus alrededores; la
reunión anual fomenta la cohesión social, la solidaridad y el respeto hacia la
naturaleza, mientras que evoca las interacciones históricas de los diversos
grupos culturales que han vivido en la región. // R.2. La inscripción de
la Fiesta de San Francisco de Asís en la Lista Representativa podrá aumentar la
notoriedad del patrimonio cultural inmaterial en general y promover el respeto
de la diversidad cultural y la creatividad humana. // R.3. Medidas de
salvaguardia tienen por objeto reforzar el aspecto de la organización del
festival y su infraestructura material e incluyen la sensibilización,
documentación y formación. // R.4. Los miembros de las comunidades y la
Fundación Franciscana Festival participaron activamente en la preparación de la
candidatura a través de talleres, entrevistas y otras consultas y
propor-cionaron consentimiento libre, previo e informado para la inscripción.
// R.5. El Festival de San Francisco de Asís, Quibdó, ha sido incluido
en la Lista Representativa del patrimonio cultural inmaterial de Colombia desde
2011, bajo la responsabilidad de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de
Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. // Por lo
anterior, se inscribe a la fiesta de San Francisco de Asís, Quibdó, en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.
[11]
El Ministerio se refiere en este punto a la aprobación por medio de la Ley 1037
de 2006 de la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial”, suscrita en el ámbito de la Conferencia General de la UNESCO
realizada en el año 2003. En los artículos 11 a 15 se destacan las obligaciones
de los Estados Partes respecto del Patrimonio Cultural Inmaterial presente en
su territorio, incluyendo, entre otras medidas de salvaguardia, la de adoptar
políticas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero para
garantizar “el acceso al patrimonio cultural inmaterial”, respetando al
mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rigen determinados
aspectos de dicho patrimonio.
[12]
Se entiende por Plan Especial de Salvaguardia (PES), el “acuerdo social y administrativo, concebido como un instrumento de
gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen
acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial. // El Plan Especial de Salvaguardia debe contener: 1.
La identificación y documentación de la manifestación, de su historia, de otras
manifestaciones conexas o de los procesos sociales y de contexto en los que se
desarrolla. // 2. La identificación de los beneficios e impactos de la
manifestación y de su salvaguardia en función de los procesos de identidad,
pertenencia, bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de la
comunidad identificada con la manifestación. // 3. Medidas de
preservación de la manifestación frente a factores internos y externos que
amenacen con deteriorarla o extinguirla. Esto implica contemplar en el Plan
Especial de Salvaguardia la adopción de medidas preventivas y correctivas
frente a los factores de riesgo o amenaza. // Este componente contendrá un
anexo financiero y una acreditación de los diversos compromisos institucionales
públicos o privados que se adquieren respecto del Plan Especial de
Salvaguardia. El Ministerio de Cultura podrá determinar los casos en los cuales
no se requerirá este anexo financiero. // 4. Medidas orientadas a
garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura comunitaria,
organizativa, institucional y de soporte, relacionadas con la manifestación.
(…) // 5. Mecanismos de consulta y participación utilizados para la
formulación del Plan Especial de Salvaguardia, y los previstos para su
ejecución. // 6. Medidas que garantizan la transmisión de los
conocimientos y prácticas asociados a la manifestación. // 7. Medidas
orientadas a promover la apropiación de los valores de la manifestación entre
la comunidad, así como a visibilizarla y a divulgarla. // 8. Medidas de
fomento a la producción de conocimiento, investigación y documentación de la
manifestación y de los procesos sociales relacionados con ella, con la
participación o consulta de la comunidad. // 9. Adopción de medidas que
garanticen el derecho de acceso de las personas al conocimiento, uso y disfrute
de la respectiva manifestación, sin afectar los derechos colectivos, y sin
menoscabar las particularidades de ciertas manifestaciones en comunidades
tradicionales. (…) // 10. Medidas de evaluación, control y seguimiento
del Plan Especial de Salvaguardia. (…)”. Decreto 2941 de 2009, art.
14. Este decreto se integró en el Decreto Único Reglamentario del Sector
Cultura identificado con el número 1080 de 2015.
[13]
En este punto, se transcribe el siguiente aparte de la Sentencia C-373 de 2010,
M.P. María Victoria Calle Correa, “De acuerdo a la línea jurisprudencial en
la materia, el escrutinio judicial para determinar si en este aspecto una ley
es o no constitucional consiste en analizar si la respectiva norma consagra ‘un
mandato imperativo dirigido al ejecutivo’, caso en el cual es inexequible, ‘o
si, por el contrario, se trata de una ley que se contrae a decretar un gasto
público y, por lo tanto, a constituir un título jurídico suficiente para la
eventual inclusión de la partida correspondiente, en la ley de presupuesto’,
evento en el cual es perfecta-mente legítima”.
[14]
Folio 144.
[15]
“Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de
Cultura– y se dictan otras disposiciones”.
[16]
El artículo 4 de la Ley 1185 de 2008 lo define como un órgano asesor del Gobierno
en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la
Nación. En él participan, además del Ministro de Cultura, entre otros, los
Ministros de Comercio y de Ambiente, el Decano de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional, el Presidente de la Academia Colombiana de Historia, el
Presidente de la Academia Colombiana de Lenguas, el Presidente de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, el Director del Instituto Caro y Cuervo y el
Director del ICANH.
[17]
Folio 179.
[18]
Ibídem.
[19]
Ibídem.
[20]
El documento es elaborado por dos integrantes de la Mesa Directiva y académicos
de número, se trata del señor Roberto Pineda, antropólogo, y del señor Roger
Pita, politólogo.
[21]
Folio 182.
[22]
Se trata de embarcaciones que preparan la finalización de las fiestas, en ellas
se lleva la imagen del santo, y se acompañan de música, colores de los barrios
y fuegos artificiales.
[23]
Folio 183.
[24]
Ibídem.
[25]
Ibídem.
[26]
Folio 184.
[27]
Ibídem.
[28]
Ibídem.
[29]
Folio 186.
[30]
Ibídem.
[31]
Folio 187.
[32]
Ibídem.
[33]
Sobre el particular, en uno de los apartes del documento, se señala que, como
parte de la fiesta, “a cada barrio le corresponde un día de celebración con despertar
franciscano amenizado con música y pólvora, desayuno compartido,
eucaristía, actividades recreativas, ceremonial del recibimiento del bastón de
mando y recorridos con disfraces acompañados de comparsas y chirimías por las
calles de los barrios de turno y allí tienen lugar concentraciones públicas,
verbenas populares, representaciones artísticas, bailes y muestras
gastronómicas hasta más allá de la medio noche. Se ha estimado que en este y
los siguientes eventos participan hasta 12.000 personas de diferentes edades,
condición social, genero e incluso un buen número importante de gentes venidas
de afuera y extranjeros”. Folio 185.
[34]
Folio 188.
[35]
Ibídem.
[36]
Ley 993 de 2005, art. 1.
[37]
El artículo 12 del decreto en mención dispone que: “Artículo 12.- Procedimiento
para la inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
- LRPCI. La inclusión de una manifestación en la Lista Representativa
de Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquier ámbito, deberá cumplir el
procedimiento de postulación, evaluación institucional por las instancias
competentes señaladas en el artículo 7° de este decreto y los respectivos
consejos de patrimonio cultural, participación comunitaria y concertación que
reglamente el Ministerio de Cultura. // Este procedimiento deberá aplicarse
tanto en el ámbito nacional como departamental, distrital y municipal. En el
caso de las autoridades indígenas y autoridades de comunidades
afrodescendientes de que trata la Ley 70 de 1993, el procedimiento aplicable será
consultado con estas siguiendo como mínimo los lineamientos trazados en la Ley
1185 de 2008. // Recibida una postulación para la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional, el Ministerio de Cultura
podrá considerar que la misma se traslade a las instancias territoriales, o
autoridades correspondientes, para que allí se realice el proceso de evaluación
para la inclusión en una Lista en cualquiera de dichos ámbitos.”
[38]
Su noción y alcance se encuentra en la nota a pie No. 12.
[39]
En este aparte de la sentencia se hace un breve resumen de los elementos
expuestos.
[40]
Folio 207.
[41]
Ley 1819 de 2016, art. 201.
[42]
Folio 201.
[43]
La norma en cita dispone que: “(…) los municipios y/o distritos cuyas
actividades culturales y artísticas hayan sido declaradas como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tendrán derecho a que del
porcentaje asignado se destine el cincuenta por ciento (50%) para la promoción
y fomento de estas actividades”.
[44]
Folio 202.
[45]
Con excepción del artículo 2, conforme al cual: “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo”, el resto de disposiciones en mención fueron transcritas en la nota
a pie No. 5. Énfasis siguiendo lo expuesto en el concepto de la Vista Fiscal.
[46]
Folio 170. La Procuraduría se refiere en este punto a las razones que tuvo en
cuenta la UNESCO para considerar a la Fiesta de San Pacho como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
[47]
Folio 171. Se sigue sobre el particular al Instituto Colombiano de Antropología
e Historia, a partir del material probatorio recaudado por el Magistrado
Sustanciador.
[48]
Folio 171.
[49]
Se hace referencia al concepto que brinda la señora Ana Gilma Ayala cuyo
contenido se tendrá en cuenta en el análisis del caso concreto.
[50]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[51]
Folio 174.
[52]
La norma en cita dispone que: “Artículo 150.- Corresponde al Congreso
hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 1. Interpretar,
reformar y derogar las leyes”.
[53]
Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, adoptada en la Conferencia
General de la Unesco, el 2 de noviembre de 2001.
[54]
Ibídem.
[55]
Además de las expuestas, entre otras, la Constitución también refiere al
patrimonio cultural de la Nación como límite a la libre iniciativa privada (CP
art. 333) y al patrimonio cultural del orden municipal como objeto de medidas
de protección, preservación y defensa por parte de los concejos municipales (CP
art. 313.9)
[56]
En el aparte pertinente se dispone que: “Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso,
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados
de excepción, prevalecen en el orden interno. // Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”
[57]
Al respecto, el numeral 1 del artículo 27 de la DUDH señala que: “Toda
persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten”.
[58]
Las normas en cita consagran lo siguiente: “PIDESC. Artículo 15. Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
participar en la vida cultural. (…) Entre las medidas que los Estado Partes (…)
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión (…) de la
cultura”. “Protocolo de San Salvador. Artículo 14. Derecho a los beneficios
de la cultura. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el
derecho de toda persona a: participar en la vida cultural y artística de la
comunidad (…) Entre las medidas que los Estado Partes (…) deberán adoptar para
asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la
conservación, el desarrollo y la difusión (…) de la cultura y el arte”.
[59]
“Sobre el derecho de toda persona a participar en la vida
cultural (artículo 15, párrafo 1a), del Pacto Internacional de Derecho
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).”
[60]
La citada Observación General No. 21 del CDESC entiende que la “cultura” comprende, entre otras, el lenguaje,
la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no
verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las ceremonias,
los deportes y juegos, el entorno natural, así como las artes, costumbres y
tradiciones, por las cuales individuos, grupos y comunidades expresan su
humanidad y configuran una visión del mundo.
[61]
“Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.”
[62]
MINISTERIO DE CULTURA, Programa de participación vigías del patrimonio,
Bogotá, 2004, p.10. La Ley 1185 de 2008 también refiere como patrimonio
material a los monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o
arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones similares (art.
1).
[63]
“Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmate-rial’ aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO en su XXXII reunión, celebrada en París y clausurada el diecisiete (17)
de octubre de dos mil tres (2003), y hecha y firmada en París el tres (3) de noviembre
de dos mil tres (2003)”.
[64]
Ley 1037 de 2006, art 2.
[65]
Ley 1185 de 2008, arts. 3 y 5.
[66]
Al respecto, se dispone que: “(…) La declaratoria de los
bienes de interés cultural atenderá el siguiente procedimiento, tanto en el
orden nacional como territorial: 1. El bien de que se trate se incluirá
en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural por la
autoridad competente de efectuar la declaratoria. // 2. Con base en la
lista de qué trata el numeral anterior, la autoridad competente para la
declaratoria definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y
Protección. // 3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos
numerales anteriores, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de
los bienes del ámbito nacional, o el respectivo Consejo Departamental o
Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, emitirá su concepto sobre la
declaratoria y el Plan Especial de Manejo y Protección si el bien lo
requiriere. // 4. Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio
Cultural fuere favorable, la autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo
acto aprobará el Plan Especial de Manejo y Protección si este se requiriere.”
[67]
Énfasis por fuera del texto original.
[68]
Decreto 2941 de 2009, art 7.
[69]
MM.PP. Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio Palacio.
[70] La
competencia y manejo de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial corresponde al Ministerio de Cultura en coordinación con el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y a las entidades
territoriales. En todo caso, la inclusión de manifestaciones en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), deberá contar con el
concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patri-monio Cultural, o de
los respectivos Consejos Departamentales o Distritales de Patrimonio Cultural.
[71]
Decreto 2941 de 2009, art. 8.
[72]
Se refiere a todo medio de expresión o comunicación de los sistemas de
pensamiento, así como a los factores de identidad e integración de los grupos
humanos.
[73]
Se incluyen las tradiciones musicales, dancísticas, literarias, audiovisuales y
plásticas que son perpetuadas por las mismas comunidades.
[74]
Se trata de los “acontecimientos sociales y culturales periódicos, con fines
lúdicos o que se realizan en un tiempo y un espacio con reglas definidas y
excepcionales, generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social”. Decreto
2941 de 2009, art. 8.
[75]
Se refiere a las prácticas tradicionales de transformación, conservación,
manejo y consumo de alimentos.
[76]
Decreto 2941 de 2009, art. 9.
[77]
La manifestación debe ser referente de los procesos culturales y de identidad
del grupo, comunidad o colectividad portadora, creadora o que se identifica con
la misma.
[78]
La manifestación debe ser socialmente valorada y apropiada por el grupo,
comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de manera fundamental
a los procesos de identidad cultural y ser considerada una condición para el
bienestar colectivo.
[79] La manifestación debe estar vigente y representar un
testimonio de una tradición o expresión cultural viva.
[80]
El uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación deben ser justos y
equitativos respecto de la comunidad o colectividad identificada con ella,
teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales y el derecho
consuetudinario de las comunidades locales.
[81]
La manifestación debe ser de naturaleza colectiva, que se transmita de
generación en generación como un legado, valor o tradición histórico-cultural y
que sea reconocida por la respectiva colectividad como parte fundamental de su
identidad, memoria, historia y patrimonio cultural.
[82]
La manifestación no debe atentar contra los derechos humanos, ni los derechos
fundamentales o colectivos, contra la salud de las personas o la integridad de
los ecosistemas.
[83]
En el aparte pertinentes, las normas en cita disponen que: “Artículo 7.- El
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación (…)”; “Artículo
8.- Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales (…) de la Nación”; “Artículo 70.-  El Estado tiene el deber
de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en
igualdad de oportunidades. (…) El Estado (…) promoverá (…) la difusión de los
valores culturales de la Nación”.
[84]
Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, art. 2.3.
[85]
Ibídem, art. 13.
[86]
Ibídem, art. 13.
[87]
Ibídem, art. 13.
[88]
CDESC, Observación General No. 21, acápite 52, literal d).
[89]
CDESC, Observación General No. 21, acápite 32.
[90]
Sentencia C-567 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
[91]
La anterior se pudo constatar, por ejemplo, al examinar la constitucionalidad
de la Ley 1710 de 2014, “por la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura
Montoya Upegui, como ilustre santa colombiana”. Para la Corte, aun cuando a
través de la citada ley se pretendía exaltar valores religiosos y católicos de
una persona, junto con dicha motivación también se encontraba un dialogo y
acercamiento intercultural, con el que se propiciaba el reconocimiento a la
defensa y al apoyo de lo más necesitados. Por tal razón, salvo algunas normas
puntuales que suponían una adhesión simbólica del Estado a la religión católica,
el resto de la ley fue declarada exequible.
[92]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[93]
CDESC, Observación General No. 21, acápite 13.
[94]
En este punto, el CDESC resalta que: “El párrafo 2 del artículo
2 y el artículo 3 del Pacto prohíben cualquier clase de discriminación, por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social, en el ejercicio del derecho de toda persona
a participar en la vida cultural”. Observación General No. 21,
acápite 21. Énfasis por fuera del texto original.
[95]
Sentencia C-441 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Como justificación de
la decisión adoptada se expuso que: “[E]stas celebraciones están revestidas
de un amplio arraigo, y (…), a pesar del componente religioso incorporan otro
tipo de efectos seculares, tales como, manifestaciones artísticas y culturales
que involucran a la comunidad más allá de sus creencias sobre lo trascendente.
En este sentido, la Alcaldía Mayor de Tunja manifestó que dentro del plan de
desarrollo anual existe una meta que es ‘el desarrollo de una agenda cultural,
a la cual se le asignan recursos para el desarrollo de los diferentes eventos
culturales, al considerar que la Semana Santa se ha institucionalizada (sic)
como parte de las manifestaciones propias locales’. Se evidencia en el escrito
también que la Secretaría de Cultura y Turismo -Alcaldía Mayor de Tunja
aprovecha la época de Semana Santa, en la que afirman se recibe una gran
afluencia de público visitante en la ciudad de Tunja, para alternar eventos
religiosos con una variada programación cultural. En este sentido, resalta la
Alcaldía que ‘la cultura alrededor de la festividad religiosa se convierte en
una estrategia que rescata, fortalece, y divulga la cultura del Municipio de
Tunja a partir de diferentes modalidades culturales, en donde se efectúan
intercambios culturales con los visitantes y moradores de la región, es una
estrategia de recuperación, difusión y afianzamiento de nuestros valores
culturales’. (…) En estos términos, a través de una valoración de sus
antecedentes legislativos, de las intervenciones en el proceso de la acción de
inconstitucionalidad, y de las pruebas recaudadas, la Corte encontr[a] un
factor secular suficientemente identificable y principal, que permite afirmar
que sus efectos superan la importancia y trascienden el carácter religioso, por
lo cual, la Corte en este caso concreto consider[a] los preceptos [demandados]
ajustados a la Constitución.”
[96]
Sentencia C-567 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa. Entre los argumentos
que sirvieron de soporte a la decisión se destacan los siguientes: “Los
costos constitucionales representados en el cierto impacto que esta norma tiene
sobre el hecho religioso, se ven compensados por los también ciertos y altos
beneficios que reporta en términos culturales y económicos, valores también
importantes y relevantes en el orden constitucional. El sacrifico en la
neutralidad religiosa es objetivo pero mínimo, toda vez que el fin que se
persigue con la medida es secular, como seculares son las motivaciones
invocadas en el Congreso y en el presente proceso para instaurarla, y aparte
las Procesiones trascienden el ámbito puramente religioso hasta ser relevantes
desde el punto de vista cultural, artístico, histórico, económico y turístico,
y pudo advertirse que el ente encargado de la administración de los recursos
públicos es privado, de conformación intersectorial, con escasa participación
cuantitativa de miembros de la Iglesia Católica. En contraste, al valor
cultural es amplio, y son también generosos los beneficios económicos y
turísticos para la ciudad, el departamento y el país por la celebración de las
Procesiones.”
[97]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[98]
La explicación que a continuación se desarrolla se fundamenta en lo dispuesto
en la citada Observación.
[99]
CP arts. 154, 345 y ss.
[100]
Véanse, entre otras, las Sentencias C-360 de 1996, C-290 de 2009, C-755 de 2014
y C-244 de 2016. Precisamente, en la citada Sentencia C-290 de 2009, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se expuso: “La vocación de la ley que
decreta un gasto es, entonces, la de constituir un título jurídico para la
eventual inclusión de las respectivas partidas en el presupuesto general de la
Nación y si el legislador se limita a autorizar el gasto público a fin de que,
con posterioridad, el Gobierno pueda determinar si lo incluye o no en alguna de
las futuras vigencias fiscales, es claro que obra dentro del marco de
competencias constitucionalmente diseñado y que, por este aspecto, no existe contrariedad
entre la ley o el proyecto de ley objetado y la Constitución. // Siempre que el
Congreso de la República haya incluido la autorización del gasto en una ley, el
Gobierno tiene competencia para incorporar las partidas autorizadas en el
proyecto de presupuesto, pero también puede abstenerse de hacerlo, pues le
asiste un margen de decisión que le permite actuar en tal sentido y ‘de acuerdo
con la disponibilidad de los recursos y las prioridades del Gobierno, siempre
de la mano de los principios y objetivos generales señalados en el Plan
Nacional de Desarrollo, en el estatuto orgánico del presupuesto y en las
disposiciones que organizan el régimen territorial repartiendo las competencias
entre la Nación y las entidades territoriales’. // La asignación presupuestal
para la realización de gastos autorizados por ley es eventual y la decisión
acerca de su inclusión le corresponde al Gobierno, luego el legislador no tiene
atribución para obligar al Gobierno a que incluya en el presupuesto alguna
partida específica y, por ello, cuando a la autorización legal previa el
Congreso agrega una orden con carácter imperativo o perentorio dirigida a que
se apropien en el presupuesto las sumas indispensables para ejecutar el gasto
autorizado, la ley o el proyecto de ley están afectadas por un vicio de
inconstitucionalidad derivado del desconocimiento del reparto de las
competencias relativas al gasto público entre el legislador y el Gobierno.”
Énfasis por fuera del texto original.
[101]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[102]
Para realizar esta labor la Corte tuvo en cuenta, entre otras, las Sentencias
C-152 de 2003, C-766 de 2010, C-817 de 2011, C-244 de 2016 y C-441 de 2016.
[103]
Estos criterios fueron recientemente reiterados en la Sentencia C-109 de 2017,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[104]
Intervenciones del Ministerio de Cultura y de la Academia Colombiana de
Historia.
[105]
Intervención de la Universidad Externado de Colombia
[106]
“Artículo 2.- Autorízase al Gobierno Nacional
a través del Ministerio de Cultura a contribuir al fomento, promoción,
protección, conservación, divulgación y financiación de las fiestas patronales
de San Francisco de Asís.”
[107]
“Artículo 1.- Se declara patrimonio cultural de la nación y se le
reconoce la especificidad de la cultura afrodescendiente a las Fiestas
Patronales de San Francisco de Asís en el municipio de Quibdó, departa-mento
del Chocó”.
[108]
Folio 2, cuaderno 2.
[109]
Resolución 1895 de 2011, art. 4. Folio 118, cuaderno 2.
[110]
CP arts. 8, 70 y 72.
[111]
Folio 22, cuaderno 2.
[112]
Folio 23, cuaderno 2.
[113]
VILLA, William, San Pacho en Quibdó, fiesta y religiosidad, Alcaldía
Municipal de Quibdó, 2015, págs. 25 a 43.
[114]
Folio 188.
[115]
Folios 185 y 186.
[116]
Folio 184.
[117]
Ministerio de Cultura, Resolución 1895 de 2011.
[118]
Concepto otorgado para la Corte por el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia.
[119]
Concepto del ICANH del 13 de julio de 2016. Folio 72.
[120]
Ibídem.
[121]
Este tipo de misa recibe el nombre de misa inculturada. Así, por ejemplo, en el
año 2008 se realizaban las siguientes reflexiones: “El encargado de oficiar
el rito por parte del barrio lee el texto donde se enuncia el etnocidio que hoy
experimentan los pueblos indígenas y negros. Pide al poberello para que interceda
porque el proyecto étnico encuentre camino para su realización, para que la
historia trágica vivida en mayo de 2002 cuando fueron masacrados 109 de los
pobladores de Bojayá no se repita, para que la integridad territorial del Chocó
no se cercene y el Bajirá no sea el inicio de la desintegración del
departamento y para que los empresarios de palma aceitera respeten los derechos
territoriales de las comunidades de Curvaradó y Jigüamiando”. VILLA
William, op.cit, pág. 70.
[122]
Gaceta del Congreso No. 87 de 2004, pág. 8.
[123]
Gaceta del Congreso No. 230 de 2004, pág. 8.
[124]
Gaceta del Congreso No. 87 de 2004, pág. 8.
[125]
Ibídem.
[126]
Folio 106.
[127]
Ibídem.
[128]
Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, art. 13.
[129]
VILLA, William, Op.cit, págs. 136 y ss.
[130]
Folio 185.
[131]
Folio 73.
[132]
ICANH, folio 73
[133]
Se refiere al mensaje que cada barrio le da a sus miembros y visitantes
alrededor de la fiesta. Por ejemplo, en el año 2013, el Presidente de las
fiestas dispuso, entre otras, lo siguiente: “Artículo segundo.- No
dejar caer la tradición de las vacalocas, la chicha y el guarapo. // Artículo
tercero.- Se advierte que en las noches culturales no deben encerrarse en
las casas a tomar aguardiente y a comer sancocho y mondongo hasta dejar las
ollas limpias. Diviértanse con los actos culturales del barrio”. VILLA,
William, Op.cit, pág. 127.
[134]
El bastón de mando fue introducido en la década de los ochenta del siglo
pasado, como elemento para representar en qué momento se asume por cada barrio
el control de la fiesta, a través de su máxima autoridad.
[135]
En el recorrido barrial se sigue un orden que empieza por el abanderado, le
siguen los miembros de la junta, así como el presidente. A continuación se
encuentra las comparsas, disfraces, carrozas y chirimías; y al cierre, el
universo de la población que danza libremente al ritmo de la música conocido
como revolú. VILLA, William, Op.cit, pág. 216.
[136]
VALENCIA CÁIZAMO, Nelly, Alabaos y Chigualos-gualíes del Chocó traídos al
escenario recitalístico del cantante lírico, documento que se puede
consultar a febrero 22 de 2017 en el siguiente vínculo o link:  https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8048/Nelly_ValenciaCaizamo_2015.pdf?sequence=2
[137]
VILLA, William, Op.cit, pág. 39.
[138]
Folio 22, cuaderno 2.
[139]
Folio 74.
[140]
Folios 107 y subsiguientes.
[141]
Un cuadro con el total de los recursos originados por esta fuente, se observa
en la intervención de la Academia Colombiana de Historia, visible en el acápite
4.3.4 de esta providencia.
[142]
Ibídem.
[143]
En concepto brindado a la Corte el 21 de julio de 2016, se destaca una
sumatoria de aportes realizados por el Ministerio de Cultura que asciende a $
582.401.032 desde el año 2010.
[144]
Folio 179.
[145]
En tal sentido se pronuncia la señora Ana Gilma Ayala Santos, presidenta del
Barrio la Yesquita.
[146]
Según informa la Alcaldía se trata de una cifra superior al 19%. Folio 113.
[147]
Folio 113.
[148]
Folio 113.
[149]
Así lo manifiesta la Alcaldía de Quibdó en concepto otorgado a esta Corporación
el pasado 26 de julio.
[150]
En donde se establece un Estado laico y pluralista, fundado en el
reconocimiento de la plena libertad religiosa y la igualdad entre todas las
confesiones religiosas.
[151]
En la cual se dispuso que para que el Estado pueda otorgar recursos a
ceremonias en donde confluyen aspectos religiosos y culturales e históricos, se
debe verificar si el carácter principal de la actividad y la causa protagonista
de ésta es de naturaleza secular y no religiosa.
[152]
Que declaró inexequible la Ley 1402 de 2010 “Por la cual la Nación se asocia
a la celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y se declara
monumento nacional a la catedral de El Espinal, en el departamento del Tolima”
[153]
La Sentencia C-152 de 2003 dispone que el Estado tiene prohibido, por mandato de
la Constitución “(i) establecer una religión o iglesia
oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una
iglesia o religión o (iii) realizar actos oficiales de
adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas
acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias y
el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y
vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional.
No obstante tampoco puede el Estado (iv) tomar decisiones o
medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la
expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; ni (v) adoptar
políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar
o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente
libres ante la ley. Esto desconocería el principio de neutralidad que ha de
orientar al Estado, a sus órganos y a sus autoridades en materias religiosas”.
[154]
Que resuelve la inconstitucionalidad contra el artículo 80 de la Ley 1645 de
2013, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la
Semana Santa en Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones”.
[155]
En dicha Sentencia la Corte determinó que, “…resulta difícil encontrar un
contenido secular identificable y primordial en la norma acusada…” porque
en la promoción de esta actividad y en la protección de los bienes que ellas se
utilizan lo que se pretende es fortalecer la fe católica, siendo esto contrario
a la naturaleza laica del Estado colombiano.