SU146-20
Sentencia SU146/20
DERECHO A IMPUGNAR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UNICA INSTANCIA-Caso
en que se negó garantía a la impugnación, respecto de un aforado constitucional
FUNCIONARIOS CON FUERO CONSTITUCIONAL-Diseño institucional de investigación y
juzgamiento
FUNCIONARIO CON FUERO CONSTITUCIONAL-Juzgamiento por la Corte Suprema de
Justicia
JUICIO PENAL DE UNICA INSTANCIA PARA ALTOS
DIGNATARIOS-Línea
jurisprudencial
La construcción de la línea
jurisprudencial de la Corte Constitucional en torno al juicio penal de única
instancia para los sujetos aforados, parte de la consideración de varias
disposiciones constitucionales que, antes de iniciar con las etapas de
interpretación pertinentes, es necesario advertir. Así, en la cúspide del
ordenamiento constitucional vigente a partir de la Carta Política de 1991 se
conjugaron dos mandatos que se enmarcan en el derecho al debido proceso
-tratados en muchos contextos como intercambiables-, y que se previeron
expresamente en los artículos 29 y 31 de la Constitución. En el primero de
ellos, como parte integrante del debido proceso penal, se incluyó el derecho a
impugnar la sentencia condenatoria; y, en el segundo, como elemento del debido
proceso, el derecho a la apelación o a la consulta de toda sentencia judicial
“salvo las excepciones que consagre la Ley”
DERECHO A LA IMPUGNACION DE
SENTENCIAS CONDENATORIAS-Instrumentos internacionales
DERECHO A LA IMPUGNACION DE
SENTENCIAS CONDENATORIAS-Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
DERECHO A IMPUGNAR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UNICA INSTANCIA POR LA SALA DE CASACION PENAL
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Evolución jurisprudencial
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2018-Derecho a
impugnar la primera sentencia condenatoria/DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL-Alcance
La reforma
constitucional aprobada modificó los artículos 186, 235 y 251 de la
Constitución Política en el sentido de: (i) crear la Sala Especial de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, cuyas funciones principales consisten en investigar
y acusar a los miembros del Congreso por los delitos cometidos, y la Sala
Especial de Primera Instancia, con la competencia para conocer de dicha
acusación y adelantar el juzgamiento de los congresistas; (ii) reconocer el derecho a apelar la
sentencia que dicte la Sala Especial de Primera Instancia, cuyo conocimiento se
asignó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y, (iii)
establecer que corresponde a una sala integrada por tres magistrados de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no hayan participado en
la decisión, resolver la solicitud de doble conformidad judicial de la primera
condena proferida por los restantes magistrados de dicha Sala.
DERECHO A LA IMPUGNACION DE
SENTENCIAS CONDENATORIAS-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS
CONDENATORIAS-Derecho subjetivo constitucional y
convencional, garantía del debido proceso
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2018-Alcance y fuerza
normativa de la constitución
La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en violación
directa de la Constitución al negar el trámite de impugnación al actor, porque:
(i) en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018 y por virtud de su fuerza
normativa, debía garantizarse el derecho subjetivo a impugnar la sentencia
condenatoria en única instancia, máxime cuando esta reforma afirmó que entraba
en vigencia a partir de su promulgación; y porque, además, (ii) este Acto Legislativo
establece formas de actuación para reclamar un derecho sustancial, aunque tenga
una connotación procesal, por lo cual era inmediatamente exigible y afectaba el
trámite en curso del accionante.
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Dimensiones/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO Y EN SENTIDO LATO-Alcance
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Función integradora y función interpretativa/BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Fuerza vinculante
NORMAS
CONVENCIONALES EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Interpretación armónica y sistemática con la Constitución
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance de sus decisiones
DECISIONES
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Aplicación de la función
interpretativa del bloque de constitucionalidad
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Configuración
Ello ocurre
cuando: (i) en la solución del caso no se
interpretó o aplicó una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; (iii) el juez no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme
con la Constitución; y (iv) el fallador omitió aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, a pesar de que la norma a la que se sujetaba el caso era
incompatible con la Constitución, incluso si las partes no solicitaron tal
aplicación. Ha advertido este Tribunal que “[e]n
estos casos, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun cuando las
partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el caso
particular”
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Al inaplicar derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria
DERECHO A LA
IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Nuevo estándar del bloque de
constitucionalidad y garantía con efectos sustanciales del debido proceso penal
La impugnación se expresa en
una doble conformidad, como garantía mínima y primordial de todo sujeto
sometido al poder punitivo del Estado, y que implica la revisión íntegra del
fallo condenatorio a cargo de otro juez, imparcial e independiente.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por violación directa de la
Constitución, por cuanto se negó impugnación de sentencia condenatoria de única
instancia, en el caso de un aforado constitucional
DEBER CONSTITUCIONAL DEL LEGISLADOR DE
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN RECURSO JUDICIAL QUE MATERIALICE EL DERECHO A LA IMPUGNACION-Reiteración del exhorto al Congreso de la República
Referencia: Expediente T-7.567.662
Acción de tutela instaurada por Andrés Felipe Arias Leiva contra la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá
D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por las y los
magistrados, Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana
Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo
Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
I.
SENTENCIA
1. En el proceso de revisión de los fallos emitidos por la
Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, por la Sala de Casación Civil
el 23 de abril de 2019 y, en sede de impugnación, por la Sala de Casación
Laboral el 30 de julio de 2019, que negaron las
pretensiones de la acción de tutela presentada por Andrés Felipe Arias
Leiva en contra la Sala de Casación Penal de la referida Corporación Judicial.
2. El asunto de la referencia fue allegado a la Corte
Constitucional en virtud de lo ordenado por los artículos 86, inciso 2, de la
Constitución Política y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Mediante
Auto del 30 de septiembre de 2019, la Sala de Selección Número Nueve de la
Corte Constitucional[1]
seleccionó el asunto y, previo sorteo[2], lo
asignó al despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera, para su
sustanciación.
3.
En sesión del día 11 de diciembre de 2019, y con fundamento en lo dispuesto en
el inciso 1 del artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional[3],
la Sala Plena decidió asumir el conocimiento de este trámite.
II.
ANTECEDENTES
1. La
solicitud del accionante
4. El ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva[4]
presentó acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia por considerar que desconoció sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la doble instancia, al recurso judicial efectivo, de acceso a
la administración de justicia, a la aplicación inmediata de los artículos 29 y
31 de la Constitución, y a los principios de buena fe y confianza legítima. A
su juicio la referida Corporación no podía negar, tal y como lo hizo mediante
Auto del 13 de febrero de 2019, la impugnación de la Sentencia del 16 de julio
de 2014, proferida por dicha Sala en única instancia.
5. El accionante fue condenado a las penas principales de
209 meses y 8 días de prisión (17 años, 5 meses y 8 días), multa equivalente a
50.000 s.m.l.m.v. e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo
tiempo, y a inhabilidad para el ejercicio de funciones publicas según lo
previsto en el artículo 122 de la Constitución, como autor de los delitos de
celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación en favor de terceros[5].
6. El actor solicita que se deje sin efectos el Auto del
13 de febrero de 2019[6] y se
ordene a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dar aplicación al Acto
Legislativo 01 de 2018 y al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU[7]
notificado el 13 de noviembre de 2018[8]. Como
consecuencia de lo anterior, pide que se ordene a la accionada admitir el
recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria. Igualmente
pretende que se requiera al Gobierno Nacional para que emita una nota dirigida
al Departamento de Estado de los Estados Unidos a fin de suspender su trámite
de extradición.
7. En su escrito inicial también pidió que se decretaran
como medidas cautelares, de un lado, la suspensión de los efectos de la
sentencia penal condenatoria hasta tanto se resolviera la impugnación invocada
y, del otro, la suspensión de la solicitud de extradición ante los Estados
Unidos de América.
2. Antecedentes y contenido de la providencia
cuestionada mediante la acción de tutela
8. La providencia acusada corresponde al Auto del 13 de
febrero de 2019, dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en el que abordó la impugnación interpuesta por el
señor Andrés Felipe Arias Leiva contra la Sentencia proferida en su
contra el 16 de julio de 2014.
9. Mediante
escrito presentado el 10 de diciembre de 2018[9], el
accionante expresó su decisión de impugnar la sentencia condenatoria de única
instancia[10]. Invocó
para el efecto: (i) la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, en
particular lo previsto en el inciso 2º del reformado artículo 234 de la
Constitución. Dicha disposición prescribe que “[e]n el caso de los aforados
constitucionales, la Sala de Casación Penal y las Salas Especiales -creadas
por dicho Acto Legislativo- garantizarán la separación de la instrucción y
el juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación
de la primera condena”. Igualmente, (ii) destacó que, previa iniciación de
demanda en contra del Estado colombiano[11], el “Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Caso CCPR 215/5” afirmó que en
su caso se violaron los derechos previstos en los artículos 14.5. y 25 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, agregó que dicho dictamen
le “reconoce y protege [el] derecho a la doble instancia en el caso
No. 37462 conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
respectivo Protocolo Facultativo que reconoce la competencia del Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instrumentos internacionales suscritos
y ratificados por Colombia”
10. El
ahora accionante, además, (iii) insistió en “la aplicación del principio de
favorabilidad por retroactividad de la ley penal, y en la “aplicación del
bloque de constitucionalidad artículo (sic) 5 y 93 de la Constitución
Política de Colombia, y el control de convencionalidad de del Artículo (sic)
1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969”. Con
apoyo en ello solicitó que la Sala de Casación Penal le informara “la
autoridad ante la cual deba sustentarse la apelación y la fecha de iniciación
de dicho trámite”, al tiempo que se “notifique inmediatamente al Ministerio
de Relaciones Exteriores que la solicitud de extradición en mi contra ha
perdido vigencia y debe ser retirada”.
11.
La Corporación Judicial accionada dispuso “[d]eclarar improcedente la
impugnación interpuesta por el doctor ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA contra la
sentencia proferida el 16 de julio de 2014 y negar las demás solicitudes (…)”.
Tal decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones.
12. La
aprobación del Acto Legislativo 01 de 2018 obedeció a la obligación de cumplir “los
estándares jurídicos internacionales que garantizan los derechos a la doble
instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, analizados por la
Corte Constitucional en la sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014”.
13.
Teniendo en cuenta el exhorto realizado por la Corte Constitucional “el
legislador, no por su iniciativa sino de la Corte Suprema de Justicia,
implementó con la reforma a los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución
Política “el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia
condenatoria”. Ello ocurrió mediante el Acto Legislativo referido, cuya
vigencia tuvo inicio el 18 de enero de 2018.
14. La
referida reforma, de un lado, omitió establecer un régimen de transición y, del
otro, no previó “la posibilidad de impugnar las sentencias de única
instancia que hicieron tránsito a cosa juzgada antes de su promulgación, como
es el caso de la que condenó al ex Ministro de Estado Andrés Felipe Arias Leiva”.
El requerimiento formulado se dirige entonces a que la Corte derogue la firmeza
de la sentencia que lo condenó, concediendo la apelación correspondiente y, en
adición a ello, a que sea revocada la solicitud de extradición que en ese
momento se tramitaba ante los Estados Unidos de América.
15. Para la
Corte Suprema, la sentencia condenatoria “respetó el debido proceso
establecido en la ley colombiana para cuando se dictó” teniendo en cuenta
que cuando ello ocurrió los aforados “eran juzgados en única instancia por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre de
la Justicia Penal Ordinaria en Colombia”. Dicho fuero, que se traduce “en
el derecho a ser juzgados por el Tribunal Supremo en lo penal -constituido en
las últimas décadas por 9 Magistrados-, fue siempre avalado por la Corte
Constitucional (…)”.
16. Dado
que el Acto Legislativo 01 de 2018 no estableció ningún evento que exceptúe la
cosa juzgada ni una regla de transición, concluyó que “está fuera de lugar
demandar que se aplique retroactivamente a casos anteriores que se juzgaron y
fallaron con plena sujeción a la ley vigente”; y, que no es posible conceder
la impugnación dado que no existe un órgano para ello, puesto “que la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es órgano de cierre -ya
se dijo-, no tiene superior jerárquico”.
17.
Finalmente, luego de referirse al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la
ONU, advirtió que la Corte Suprema lo respetaba y concluyó “que si es
decisión del Estado colombiano acatar su dictamen y proporcionarle al señor ex
Ministro ARIAS LEIVA el recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó,
el poder para procurar que lo haga no lo tiene la Corte ni ningún otro órgano
de la Rama Judicial”. Según la Corte, el cumplimiento de dicho
pronunciamiento exige una reforma constitucional a efectos de que sea posible “suprimir
los efectos de la cosa juzgada en casos como el del ex Ministro” así como “crear
con carácter temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante el cual
puedan impugnarse las sentencias de única instancia hoy ejecutoriadas”. En
suma “es el Congreso de la República y no la Corte Suprema de Justicia, el
llamado a adoptar las medidas legislativas necesarias que permitan satisfacer
el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde
luego si Colombia admite atender su dictamen”.
18. Es de
destacar que la petición del 10 de diciembre de 2018 no fue la única que invocó
el tutelante para que el fallo del 16 de julio de 2014 fuera revisado por otro
juez.
19. Una vez
vencido el término de un año previsto en la Sentencia C-792 de 2014[12],
el 22 de abril de 2016 el señor Arias Leiva solicitó la concesión del recurso
de apelación. Esta petición se declaro improcedente por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante Auto del 25 de mayo de 2016,
aduciendo que los efectos de la providencia de la Corte Constitucional no lo
cobijaban pues la orden regía hacía el futuro[13],
citando en apoyo de dicha tesis lo sostenido en la Sentencia SU-215 de 2016[14].
20.
Posteriormente, tras la expedición del Acto legislativo 01 de 2018[15],
el interesado pidió el 22 de febrero de 2018 el reconocimiento de su derecho a
que otro juez valorara su caso. La Sala de Casación Penal, mediante Auto del 7
de marzo del mismo año, afirmó que la reforma constitucional regía a futuro y,
por lo tanto, declaró la improcedencia de la solicitud.
21. En
estas dos oportunidades, además, la Sala de Casación Penal expuso argumentos
relacionados con las barreras institucionales existentes para la concesión de
la garantía, pues no había instancia superior que revisara sus actuaciones[16].
3.
Defectos alegados por el accionante
22.
Presentados los antecedentes del caso y expuestas las razones por las cuales
podía darse por demostrado el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, el
accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en cuatro defectos
que justifican su prosperidad.
23.
Primero, violación directa de la Constitución. A su juicio ocurre por
las siguientes razones: (i) inaplicar el Acto Legislativo 01 de 2018 que
reformó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución, haciendo explícito el
principio de doble instancia para funcionarios aforados; (ii) oponerse a los
artículos 29 y 31 de la Constitución, así como a varias normas internacionales
que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que estaban vigentes antes de
la sentencia condenatoria (Art. 14.5. del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, Art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y Art. 8 de la Declaración de Derechos Humanos) y que reconocen la doble
instancia; (iii) desconocer el principio de favorabilidad reconocido en el
artículo 29 de la Carta Política al negar la aplicación del Acto Legislativo 01
de 2018. Por esa vía, además, vulnera el artículo 44 de la Ley 153 de 1887 que
al regular el principio de favorabilidad reconoce su procedencia cuando el
condenado está sufriendo la pena impuesta.
24. También
afirma el accionante que el auto reprochado: (iv) desconoció el derecho al
recurso efectivo consagrado en normas que hacen parte del bloque de
constitucionalidad y, en particular, en el artículo 2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; (v) violó el artículo 85 de la Carta, conforme al cual
los artículos 29 y 31 son de aplicación inmediata; (vi) vulneró los derechos de
defensa y contradicción establecidos en el artículo 29 constitucional así como
el derecho de acceder a la administración de justicia (Art. 229 CP); y, (vii)
desconoció el artículo 48 de la Ley 153 de 1887 al dejar de resolver la
solicitud de impugnación por falta de norma aplicable.
25.
Segundo, defecto procedimental absoluto. Sostiene que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia actuó al margen del
procedimiento aplicable, al declarar improcedente la impugnación de una
sentencia condenatoria de única instancia, a pesar de lo dispuesto por los
artículos 29, 31, 186, 234 y 235 de la Constitución. Tal actuación, en su
opinión, llevó a la autoridad demandada a que no cumpliera con lo resuelto en
el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En este caso le
correspondía a la Sala de Casación Penal conceder la impugnación y remitir el
expediente a la Sala Plena de la misma Corte, o a la Sala de Casación Civil, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 153 de 1887.
26.
Tercero, decisión sin motivación. A juicio del accionante, para evitar
la configuración de esta causal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia “debió tener en cuenta la aplicación inmediata del principio de la
doble instancia tal como lo ordena el artículo 85 de la Constitución Política,
y para ello, debió aplicar el principio de favorabilidad en materia penal
consagrado en el artículo 29 (…), en los términos del artículo 44 de la Ley 153
de 1887”.
27. Cuarto, desconocimiento del
precedente aplicable. Afirma que la providencia de la Sala de Casación
Penal se separó del precedente derivado de la Sentencia C-792 de 2014 en la que
se estableció “que todas las sentencias condenatorias en materia penal deben
ser susceptibles de impugnación a través del recurso de apelación, para efectos
de garantizar el principio de la doble instancia”. A partir de extensas
transcripciones señala que la doble instancia como derecho fundamental fue
reconocida en las sentencias C-956 de 1999, C-095 de 2003, C-213 de 2007, C-718
de 2012, C-342 de 2017, y que el principio de favorabilidad ha sido
desarrollado, entre otras, en las sentencias C-581 de 2001, C-592 de 2005,
C-820 de 2005, T-1211 de 2005, T-797 de 2006, T-1026 de 2006, T-106 de 2007 y
T-019 de 2017 de la Corte Constitucional.
4. Trámite de
la acción de tutela en las instancias
28. Mediante Auto del 26 de febrero de
2019 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la
acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la misma Corporación,
corrió traslado a los vinculados[17] y negó
la solicitud de medidas provisionales presentadas por el accionante, por
considerar que “no se observa ilegalidad irrefutable en las decisiones
criticadas a la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte.”[18]
29. El Ministerio de Relaciones
Exteriores indicó que carecía de competencia para atender la solicitud del
accionante y que de los hechos formulados no se desprende circunstancia alguna
que comprometa su responsabilidad. El Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica así como el Ministerio de Agricultura
solicitaron la desvinculación debido a que no tienen entre sus funciones
atender el reclamo formulado.
30. El Secretario General del Congreso
de la República afirmó que tal Corporación no tiene competencia para
ocuparse de temas relacionados con la Rama Ejecutiva y, por ello, solicitó ser
excluido del trámite de la acción de tutela.
31. La Fiscalía General de la Nación
pidió ser desvinculada del trámite de la acción de tutela así como negar las
pretensiones del accionante debido a que la Corte Suprema de Justicia ha
cumplido el Acto Legislativo 01 de 2018 y, aun en el caso de que se concediera
la impugnación, la captura fue legal en tanto existe una condena vigente. La Procuradora
Tercera Delegada para la Investigación y Juzgamiento penal sostuvo que las
autoridades judiciales se encuentran obligadas a aplicar el Acto Legislativo 01
de 2018 a partir de su vigencia y “no a los casos consolidados con
anterioridad a su diseño, máxime cuando este no previo (sic) un régimen
de transición ni extendió su alcance a procesos decididos con anterioridad a su
vigencia”. Señaló además que no es la Corte Suprema de Justicia la
encargada de disponer el cumplimiento de lo ordenado por el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, ni la acción de tutela el instrumento para ello. El Contralor
Delegado para el Sector Agropecuario afirmó que las actuaciones alegadas no
guardan relación alguna con las funciones que le han sido atribuidas.
32. La Corte Constitucional, a
través de su Presidente (e)[19],
solicitó ser desvinculada del trámite puesto que la solicitud de amparo se
dirige en contra de una providencia que no fue adoptada por ella. Al respecto,
precisó: “al no existir por parte de esta Corporación una actuación directa
en dicha controversia que pueda comprometer los derechos fundamentales del
actor, se solicita la desvinculación de la Corte Constitucional de las
presentes diligencias, por falta de legitimación en la causa por pasiva.”
33. La Sala de Casación Penal pidió
declarar la improcedencia de la acción de tutela. Destacó que los cambios
procesales posteriores no pueden afectar procesos ya finalizados, en atención a
lo prescrito por el artículo 43 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 40 de la
misma Ley -modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012-. El Comité de
Derechos Humanos no dispuso que fuera ese Tribunal el responsable de
proporcionar el recurso de apelación contra la providencia que condenó al
accionante. La Sala “carece de facultades para suprimir los efectos de cosa
juzgada al fallo ejecutoriado del que se queja, ni para constituir un tribunal
ex post, que actué como superior jerárquico del órgano de cierre de la justicia
penal ordinaria en el país”.
5.
Sentencia de primera instancia
34.
El 23 de abril de 2019 la Sala de Casación Civil negó las pretensiones del
accionante, al estimar que en la decisión de la Sala de Casación Penal no se
configuraba defecto alguno. Indicó que “resulta claro que el Acto
Legislativo No. 1 de 2018 rige para aquellos juicios que se encontraban en
curso al momento de su promulgación (18 de enero de 2018) y los que se
tramitaran después de esa fecha”. Luego, al referirse al alcance del
principio de favorabilidad en materia penal, sostuvo que “el principio de
favorabilidad de la ley penal se aplica no solo en lo sustancial, en lo que
tiene que ver con los delitos y las penas, sino también en la ritualidad los
juicios”. No obstante precisó que “(…)  en materia procesal,
dicho axioma únicamente es aplicable para actuaciones en curso y no para
situaciones ya consolidadas, las cuales se surtieron bajo el imperio de la ley
procedimental vigente para el momento del juzgamiento”.
35.
Con fundamento en lo anterior la Sala de Casación Civil formuló varias
consideraciones. Primero, que para el momento de la expedición de la Sentencia
C-792 de 2014 y, por supuesto, para la fecha de entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2018, la condena contra el actor, del 16 de julio de 2014, se
encontraba ejecutoriada.  Segundo, que “retrotraer los efectos de aquella
reforma constitucional al asunto penal demandado, sería desconocer otros
principios de rango constitucional y legal como la presunción de acierto de la
sentencia atacada y la seguridad jurídica, esto último, porque se desconocería
la cosa juzgada y, de paso, crearía incertidumbre en el sistema judicial,
porque las determinaciones que fueron proferidas en época anterior a la entrada
en vigor del Acto Legislativo también serían objeto de sus beneficios”.
36.
Tercero, que aunque el artículo 29 de la Constitución Política de 1991
prevé el derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias en materia
penal,  “el Estado colombiano no había reglamentado la competencia ni las
autoridades encargadas de conocer de dicha oportunidad”, de manera que “para
la Sala Penal de la Corte, obligada al cumplimiento de la constitución y de la
ley, resultaba imposible conceder la apelación sin definir para ante qué juez
concedía el recurso, por lo tanto, sin regulación al respecto no era posible su
concesión”.
37.
Cuarto, que en varias decisiones judiciales se ha considerado que el régimen de
investigación y juzgamiento de los funcionarios aforados bajo la premisa de la
única instancia atendía a los estándares derivados del artículo 29 de la
Constitución. e incluso a los tratados internacionales de derechos humanos; en
ese sentido, continuó, “el señor Andrés Felipe Arias Leiva fue sentenciado
bajo una ley preexistente al delito que cometió, con sustento en el trámite y
las formalidades para esa época vigentes y con el respeto al derecho a la
defensa y demás salvaguardas que emanan del debido proceso”.
38.
Por último, la Sala de Casación Civil indicó que el dictamen del Comité de
Derechos Humanos de la ONU “no tiene fuerza vinculante para de allí
determinar la vulneración de la garantía a la impugnación de la sentencia
condenatoria” y que, en todo caso, el juez de tutela carecía de competencia
para ordenar su cumplimiento, tal como lo pretendía el actor. Concluyó,
entonces, que “los razonamientos que sustentan el auto censurado en manera
alguna resultan arbitrarios o caprichosos, aun cuando pudiera o no
compartirlos, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del
amparo y deja sin piso la acusación del accionante, así la conclusión
eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra línea
interpretativa admisible, o con elementos de persuasión distintos a los que les
sirvió a la Sala de Casación Penal de esta Corporación de apoyo para la
formación de su convencimiento sobre los puntos objeto de cuestionamiento”.
6. Impugnación
39. Dentro del término de ejecutoria el
actor impugnó la anterior decisión. Sostuvo, entre otras cosas, que no puede
aceptarse que el condenado deba soportar la omisión del Estado respecto de la
regulación de la competencia de las autoridades públicas, en concreto, de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Destacó que no existe
en este caso cosa juzgada, debido a que no ha tenido lugar el trámite de
apelación y que las normas internacionales en las que funda su derecho, que se
integran al bloque de constitucionalidad, son anteriores a la sentencia
condenatoria. A su juicio, no es correcto -con fundamento en la Sentencia T-385
de 2005- negar el carácter vinculante del dictamen del Comité de Derechos
Humanos de la ONU. Concluyó que el derecho a la doble instancia no se encuentra
supeditado a la adopción de un marco normativo.
40. En escrito presentado posteriormente,
los apoderados del accionante solicitaron considerar el contenido de la
Sentencia SU-218 de 2019, en la cual la Corte Constitucional estudió un asunto
en el que la misma Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal tramitó,
sin necesidad de un desarrollo normativo pleno, la impugnación en contra de
sentencias condenatorias adoptadas por esa misma instancia judicial.
7. Sentencia de segunda instancia
41. La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 30 de julio de 2019,
confirmó la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil, al concluir que la
decisión de la Sala de Casación Penal no era arbitraria. A su juicio, la
condena contra el accionante se dio en el marco de un régimen de juzgamiento,
en única instancia y adelantado por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que la jurisprudencia constitucional consideró conforme a
la Constitución Política en reiteradas oportunidades[20].
Sostuvo también que la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2018 no tiene la
potencialidad de afectar el principio de cosa juzgada, que recae sobre “aquellos
asuntos que fueron decididos con anterioridad a su vigencia”, ni permite
“una aplicación retroactiva” pues, en tales casos “se otorgaron
plenas garantías constitucionales”, siguiendo para el efecto el estándar
definido en nuestro ordenamiento jurídico.
42. En cuanto a la incidencia en este
caso del Dictamen del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos -PIDCP, destacó que, conforme a lo sostenido por
la Corte Constitucional en la Sentencia T-385 de 2005, no tiene fuerza
vinculante; pero que, incluso de concederla, la acción de tutela no está
prevista para obtener su cumplimiento. Concluyó entonces que los razonamientos
expuestos en el Auto censurado no fueron arbitrarios o caprichosos, “así la
conclusión eventualmente pudiera ser diferente si se analiza desde otra línea
interpretativa admisible, o con elementos de persuasión distintos a los que les
sirvió a la Sala de Casación Penal de esta Corporación de apoyo para la
formación de su convencimiento sobre los puntos objeto de cuestionamiento.”
III.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
43. La Sala Plena de la Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de
la acción de tutela de la referencia, con fundamento en el inciso 3º del
artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución, en
concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 61 del
Reglamento Interno de la Corporación.
2. Presentación del caso,
planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión
44. De los antecedentes
relatados se desprende que la petición de amparo constitucional presentada por
Andrés Felipe Arias Leiva se origina en el Auto del 13 de febrero de 2019,
proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En tal
providencia el Tribunal descartó la procedencia de la impugnación formulada por
el accionante en contra de la Sentencia del 16 de julio de 2014, que lo
condenó, en única instancia, como autor de los delitos de celebración de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en
favor de terceros.
45. El desacuerdo suscitado, a partir de las
posiciones puestas a consideración de este Tribunal, exige abordar de manera
principal el alcance del derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria
en única instancia -doble conformidad judicial-[21]
en el marco del bloque de constitucionalidad y en el contexto del proceso penal
adelantado en contra del tutelante como aforado constitucional.
46. En una primera dirección está la posición de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se ha fundamentado
en dos tesis básicas: (i) el derecho a la impugnación de la sentencia
condenatoria solo es aplicable en el caso de los aforados constitucionales a
partir del Acto Legislativo 01 de 2018; y (ii) dado que el proceso penal del señor
Andrés Felipe Arias Leiva finalizó bajo la aplicación de una reglas
determinadas, que no preveían el mecanismo de impugnación que ahora reclama, su
fallo adquirió fuerza de cosa juzgada y no puede modificarse sin la existencia
de una reforma constitucional. Adicional a esto, argumentó de manera
complementaria que institucionalmente no era posible acceder a lo solicitado,
dado que la Sala de Casación Penal no tiene superior funcional, pues es la
autoridad máxima en la materia.
47. En la segunda dirección, expuesta por el
accionante, se afirma la obligación constitucional de admitir la impugnación a
partir también de dos tesis centrales: (i) el derecho a la impugnación respecto
de los procesos judiciales de aforados se encuentra consagrado en la
Constitución Política desde 1991 y por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos -incluso antes-, esto es, con antelación a la expedición de la Sentencia
que lo condenó penalmente; y, (ii) la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018 no
excluye la posibilidad de que el derecho reclamado pueda ser aplicado a casos
fallados con anterioridad.
48. En el contexto de esta discusión, a favor y en
contra de cada una de esas dos aproximaciones, se han invocado diferentes
fundamentos de derecho internacional y nacional, relacionados con el principio
de legalidad en materia penal, la eficacia directa e inmediata de derechos
constitucionales y el bloque de constitucionalidad (Arts. 29, 85 y 93 de la
C.P.). Ello implica, además de un asunto relativamente novedoso, el
planteamiento de un debate de profunda complejidad y relevancia constitucional,
debido a la interrelación de disposiciones del sistema normativo interno en
estricto sentido y de otras de diferente origen y jerarquía, provenientes del
sistema regional y universal de derechos humanos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad.
49. Contra el Auto del 13 de
febrero de 2019 el tutelante invocó la comisión de varios defectos: violación
directa de la Constitución, defecto procedimental absoluto, decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente, todos dirigidos a acreditar de
manera directa la vulneración del debido proceso, por distintos motivos y
respecto de diferentes posiciones de derecho; en concurrencia, entre otros, con
el derecho de acceso a la administración de justicia y los principios
constitucionales de buena fe y confianza legítima.
50. A pesar de que en principio
habría lugar a formular varios problemas jurídicos en este asunto, la Sala
Plena se concentrará solo en uno, el invocado bajo el primer defecto, esto es,
la violación directa de la Constitución por razones de debido proceso, el cual
se presenta en los siguientes términos:
¿La decisión de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia del 13 de febrero de 2019, que rechazó por
improcedente la impugnación propuesta por el tutelante contra la sentencia
condenatoria proferida en su contra, en única instancia, el 16 de julio de 2014
como aforado constitucional, incurrió en violación directa de la
Constitución por desconocer su derecho al debido proceso, en particular, la
garantía a impugnar la sentencia condenatoria conforme a lo dispuesto en los
artículos 29 y 93 de la Constitución Política, 14.5. y 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.2.h. y 9 de la Convención
Americana sobre derechos humanos?
51. La Sala Plena no estudiará
los demás defectos ni abordará la lesión de otros derechos o principios
constitucionales, por dos motivos fundamentales. Primero, porque
los argumentos que sustentan el defecto procedimental, la decisión sin
motivación y el desconocimiento del precedente tienen relación cercana con
asuntos que deben abordarse y zanjarse en el marco del problema jurídico
principal propuesto; y, segundo, porque la Sala Plena, previa
afirmación de la procedencia formal de esta acción siguiendo los criterios
establecidos por la misma Corporación, sostendrá que la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia  incurrió en el defecto de violación directa de
la Constitución Política en la providencia cuestionada, por lo cual, un examen
adicional sobre los restantes defectos no es necesario para adoptar una
decisión debidamente motivada.
52. Antes de sintetizar las
razones que motivarán tal conclusión, debe advertirse que el estudio que
realizará este Tribunal parte del reconocimiento de varios aspectos: (i) que la
discusión constitucional que plantea el accionante no reproduce un problema jurídico
que con anterioridad se haya asumido en términos idénticos por la Sala Plena,
aunque para su solución sí existen precedentes relevantes que dan cuenta del
alcance dado a las disposiciones aplicables; (ii) que la discusión que ha
adelantado el accionante para obtener el reconocimiento del derecho a impugnar
la sentencia de condena penal en única instancia en su contra -desde su primera
petición el 22 de abril de 2016-, ha transcurrido de manera concomitante con la
consolidación, por parte de esta misma Corporación, de un estándar de
protección del derecho reclamado que se adecúe plenamente a los mandatos
derivados de la Constitución y de los instrumentos de derechos humanos que
vinculan al Estado colombiano por virtud del bloque de constitucionalidad; y
(iii) que, pese que dicho proceso de consolidación se ha ido efectuando
progresivamente, para el momento en el que se adoptó la decisión aquí acusada
-el 13 de febrero de 2019- la comprensión del derecho a la impugnación y las
condiciones del caso en estudio, exigían una respuesta judicial por parte de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia diferente a la adoptada
por ella, con mayor razón en un escenario en el que lo que está de por medio es
un derecho subjetivo que se enmarca en el ámbito de la aplicación del derecho
punitivo del Estado, con implicaciones intensas en el derecho a la libertad
individual.
53. La solución, además,
presupone que a través de esta providencia no se están valorando -de manera alguna-
los argumentos normativos, fácticos y probatorios que sirvieron de fundamento
para la decisión de condena del 16 de julio de 2014 contra el aforado
constitucional, sino, exclusivamente, la respuesta dada por la autoridad
judicial demandada a la solicitud de reconocimiento del derecho a impugnar  la
sentencia condenatoria, con ocasión de la existencia de este derecho en los
sistemas universal y regional de derechos humanos. Y, por último, que aunque en
algunos apartados del escrito de tutela se hace referencia al derecho a la
doble instancia y al recurso de apelación, la Corte se centrará en el
reconocimiento del derecho a la impugnación, derivado del artículo 29 de la
Carta, pues sobre este es el que, específicamente, recae el avance
constitucional en la jurisprudencia constitucional invocada por el actor.
54. Aclarado lo anterior, la
Sala Plena considerará que el Auto del 13 de febrero de 2019 configura una
violación directa de la Constitución Política, específicamente a los artículos 29,
85 y 93 de la Carta y a los artículos 14.5. y 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8.2.h. y 9 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos porque, encontrándose acreditados los requisitos para amparar
un derecho fundamental, omitió su eficacia directa y, a través de dicha vía,
negó la garantía a la impugnación de la sentencia condenatoria en única
instancia, en el caso de un aforado constitucional.
55. Esta conclusión se soporta
expresamente en las reglas que se sintetizarán al final de esta providencia y
que tienen que ver con: (i) la consolidación de un
estándar de protección del derecho a la impugnación de la sentencia
condenatoria en el Sistema Regional de Derechos Humanos, idéntico al que el
actor reclama y antes de emitirse el fallo en su contra el 16 de julio de 2014
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; (ii) la
configuración de dicho estándar respecto de un derecho de aplicación inmediata,
en los términos del artículo 85 de la Constitución Política, que, además, hace
parte de debido proceso penal; y, finalmente, (iii) la solicitud del
reconocimiento del derecho por una persona que se encuentra cumpliendo la
condena adoptada en una providencia que no ha sido objeto de revisión integral,
en garantía del derecho a la impugnación previsto en el artículo 29 de la Carta
de 1991.
56. Con el objeto de atender el
problema jurídico antes formulado, la Sala Plena dividirá el análisis en dos
partes. La primera parte tiene por objeto brindar los elementos normativos y
jurisprudenciales para resolver el caso concreto; y, la segunda parte, se
centrará en la determinación de la procedencia formal del asunto y en la
exposición de las razones por las cuales se configura la violación de la
Constitución que defiende el accionante.
3. Primera parte. Herramientas normativas y
jurisprudenciales para resolver el asunto
3.1. Diseño constitucional y legal de
los procesos penales en contra de sujetos con fuero constitucional
57. Desde sus primeros pronunciamientos[22],
esta Corporación ha sostenido que el fuero constitucional expreso y especial de
investigación y juzgamiento que se reconoce a funcionarios con altas
responsabilidades dentro del Estado[23]
constituye una institución propia de regímenes democráticos, que no cabe
interpretar como un beneficio o privilegio personal sino como una garantía para
el ejercicio de la investidura, en consideración a la dignidad del cargo y de
la institución que ellos representan. Su finalidad se relaciona con la
protección del ejercicio de la función, particularmente en condiciones de
independencia y de autonomía, de tal manera que se logre la buena marcha de las
tareas estatales, en vigencia de principios como el de frenos y contrapesos[24].
58. La expresión normativa del fuero constitucional
se traduce en la configuración de reglas especiales para que las conductas reprochables
cometidas por quienes cuentan con tal garantía puedan ser conocidas y, de ser
el caso, sancionadas[25]. En
este sentido, el fuero no implica la irresponsabilidad del funcionario, por el
contrario, presupone la responsabilidad; en un escenario, sin embargo,
comprometido también con la salvaguarda del ejercicio de las diferentes
competencias constitucionales y legales, alejando tal actividad de las
presiones indebidas que pueden generarse argumentando el recurso a un trámite
sancionador[26]. Al
respecto, en la Sentencia SU-431 de 2015[27], se
afirmó que:
“El fuero especial de
juzgamiento tiene como objetivo, tanto garantizar la dignidad del cargo y de las instituciones, como
asegurar la independencia y la autonomía de los funcionarios, para que puedan
ejercer las labores que les han sido encomendadas, sin ser afectados por
interferencias indebidas provenientes de intereses extra jurídicos, que
pudieran canalizarse por conducto de funcionarios de investigación o
juzgamiento.”[28] Negrillas fuera de
texto.
59.
En el diseño institucional actual existen tres grupos de funcionarios con fuero
constitucional, cada uno con características particulares a partir, por
supuesto, de los especiales requerimientos que, en el mismo marco, exige el
desempeño autónomo e independiente de las funciones por ellos desplegadas. A
continuación la Sala Plena se referirá a cada grupo.
60.
El primero está integrado por quienes asumen la Presidencia de la República
(Art. 199 C.P.); los máximos cargos de magistratura de la Corte Suprema de
Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional; la titularidad de
las magistraturas del Consejo Superior de la Judicatura y la cabeza de la
Fiscalía General de la Nación. Frente a estos altos servidores del Estado el
Ordenamiento Superior prevé un diseño de investigación y juzgamiento en el que
intervienen la Cámara de Representantes y el Senado, y en algunos casos,
además, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal.
61.
Conforme a lo dispuesto principalmente en los artículos 174, 175.2 y 3, 178 y
235.3 de la Carta Política, las causas constitucionales que pueden invocarse en
contra de estos funcionarios tienen relación con (i) delitos cometidos en
ejercicio de sus funciones, (ii) indignidad por mala conducta y (iii) delitos
comunes. En los primeros dos casos, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que se trata de un juicio de responsabilidad política, en el que,
previa instrucción en la Cámara de Representantes, el Senado puede imponer las
sanciones de destitución del empleo o de privación temporal o pérdida absoluta
de los derechos políticos. Si a consideración del Senado en estos dos casos (i
y ii) la infracción requiere otra pena, el caso se remitirá a la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Penal, por lo cual en estos supuestos, o en el
de la investigación de delitos comunes (iii), la actuación en el Congreso se
convierte en un requisito de procedibilidad para que sea el juez penal previsto
por la Constitución quien asuma el conocimiento del caso. El fuero para estos
funcionarios[29], en
consecuencia, garantiza que las penas que con más intensidad afectan sus
derechos sean impuestas por el máximo órgano judicial en materia penal[30].
62. El segundo grupo de aforados está integrado por
los congresistas. Según lo previsto en los artículos 186 y 235.4 de la
Constitución, la Corte Suprema de Justicia es competente para investigar y
juzgar a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado. Esta
garantía se ha justificado en la necesidad de que exista “un proceso
político abierto, libre y democrático”[31]. En
este caso, a la figura del fuero la acompaña la de la inviolabilidad de sus
votos y opiniones (artículo 185 de la C.P.), cuyo alcance ha sido calificado
como absoluto pero específico, en la medida en que
cubre el voto y la opinión -pero solo esto- en el ejercicio de la generalidad
de las atribuciones que les han sido concedidas por la Constitución y la Ley[32].
Esta última institución, que tiene como fundamento -entre otros aspectos- el
origen popular de la elección de sus destinatarios, sin embargo, no significa
que la investigación y la declaratoria de responsabilidad de los congresistas
sea inviable cuando quiera que incurran en conductas que merezcan una sanción
dentro del ordenamiento jurídico[33].
63. A partir de la inviolabilidad, entonces, quien
es competente tanto para investigar como para juzgar a los congresistas ante la
presunta comisión de delitos, es la Corte Suprema de Justicia en su Sala de
Casación Penal. Esta circunstancia, en concreto, generó un gran cuestionamiento
en el diseño procesal para este grupo de aforados. Así, por virtud de lo
ordenado en la Sentencia C-545 de 2008[34], era
claro que la concentración de las dos funciones en cabeza de los mismos
operadores jurídicos desconocía la imparcialidad objetiva[35]
que debe salvaguardarse al momento de juzgar a alguien, por lo cual, se ordenó
-con los efectos que específicamente allí se establecieron y sobre los que
volverá más adelante la Sala- separar tales funciones[36],
esto es, garantizar que al interior de la misma Sala no concurrieran las
actividades de investigación y juzgamiento en las mismas personas.
64. Por último, el tercer grupo de aforados
constitucionales está constituido por quienes asuman la titularidad de la
Vicepresidencia de la República[37]; los
ministerios del Despacho; la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría
del Pueblo; las agencias del Ministerio Público ante la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado y los tribunales; los departamentos
administrativos; la Contraloría General de la República; las embajadas y
misiones diplomáticas o consulares; las gobernaciones y magistraturas de
tribunal, así como de los generales y almirantes de la Fuerza Pública.
65. Al respecto, atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 235.5 y 251.1 de la Constitución, la investigación de las conductas
que pueden configurar hechos punibles respecto de estos funcionarios
corresponde a la Fiscalía General de la Nación, y su juzgamiento a la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal.
66. Uno de los problemas constitucionales que ocupó
de manera especial la atención del diseño institucional para este grupo de
aforados, recayó sobre la competencia indelegable -o no- de la investigación a
cargo del Fiscal General de la Nación. En esta línea, dos decisiones de la
Corte Constitucional en vigencia de la disposición original del artículo 251.1
aprobado en el año 1991 apoyaron la tesis de que esta competencia era
indelegable, pues hacía parte de la garantía especial de investigación de los
aforados a quienes se aplicaba. Esta regla fue acogida por las sentencias C-472
de 1994[38] y C-873
de 2003[39].
67. En la primera, se declaró la
inconstitucionalidad de la expresión “o por conducto de sus delegados de la
unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia” prevista en el
artículo 17.1 de la Ley 81 de 1993, que introdujo modificaciones al Código de
Procedimiento Penal, y que pretendía que en este caso de aforados la
competencia de investigación del Fiscal General de la Nación se delegara. En la
segunda sentencia se siguió la misma regla, por lo cual se declaró la
constitucionalidad condicionada el artículo 18.1 del Decreto 261 de 2000, que
preveía la delegación de funciones por parte del Fiscal General de la Nación,
en el sentido de que no se incluyera la delegación de las facultades señaladas
en el artículo 251.1 de la Constitución.[40]
68. No obstante, este panorama varió con la reforma
constitucional prevista en el Acto Legislativo 06 de 2011, que, al modificar el
artículo 251.1 constitucional, previó que la investigación sería del Fiscal
General de la Nación, directamente, o por intermedio del Vicefiscal General o
de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia.
69. El anterior recuento permite advertir la
existencia de una garantía común -el fuero constitucional- predicable de
quienes asumen cualquiera de los roles estatales considerados por el
Constituyente como destinatarios del mismo; cuya concreción normativa,
inspirada en fines idénticos, es especial y reservada -en aquello no regulado
por la Carta- a la definición del Legislador, a partir de la cláusula general
de competencia.
70. En dicho ejercicio el Congreso de la República
esté facultado para establecer las distinciones requeridas entre los grupos de
aforados, y entre estos y los destinatarios comunes u ordinarios del ius
puniendi estatal, las cuales no son, per se, violatorias del
principio de igualdad[41], pero
deben estar debidamente justificadas[42]. En
este sentido, la Carta solo permite que la regulación incorpore estrictamente
aquellas medidas necesarias para la satisfacción de las finalidades que
subyacen a la protección del fuero.
71. En concreto, por ejemplo, en la Sentencia C-386
de 1996[43] la Sala
Plena consideró que la regla según la cual para la privación de la libertad de
los congresistas se requería de la existencia previa de una resolución
acusatoria ejecutoriada[44] era
inconstitucional, por establecer un privilegio que no se comprendía en el marco
de las reglas especiales que se aplican a este grupo y pese a que para otro
agrupación de aforados -conformada por quienes desempeñan los cargos previstos
en el artículo 174 de la Constitución y concordantes - una regla similar sí
fuera admisible[45]. En la
providencia C-545 de 2008[46] la
Corte Constitucional consideró que no se violaba el derecho a la igualdad -en
comparación con los demás sujetos pasivos de la acción penal- la previsión
normativa según la cual el trámite de los procesos penales contra los
congresistas se seguiría adelantando con fundamento en la Ley 600 de 2000[47].
Finalmente, en la Sentencia C-240 de 2014[48] la
Corte estimó que no era dable adelantar un juicio integrado de igualdad frente
a una regla de rebaja de pena no aplicable a los congresistas[49],
dado que, entre otros motivos, los sujetos que proponía la demanda como
comparables no lo eran[50].
72. Ahora bien, junto a las diferencias
constitucionalmente adecuadas, es indiscutible que para los tres grupos de
aforados existe una regla coincidente: el juzgamiento de las conductas punibles
a cargo de la Corte Suprema de Justicia, y el ejercicio de esta atribución,
durante un gran periodo de la historia constitucional bajo la Carta de 1991, en
única instancia. De esta similitud, por su trascendencia para la resolución de
la acción de tutela objeto de estudio, se ocupará la Sala a continuación.
73. Para el efecto, se reiterará la línea
jurisprudencial al respecto, destacando que a la discusión constitucional
subyace la comprensión y alcance de los mandatos derivados de los artículos 29
y 31 de la Constitución, y de los artículos 8.2.h. de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. En esta línea, además, se destacarán dos momentos relevantes, el
primero, la adopción por la Corte Constitucional de la Sentencia C-792 de 2014[51]
y, el segundo, la reforma constitucional efectuada a través del Acto
Legislativo 01 del 18 de enero de 2018.
3.2.
El juicio penal a aforados constitucionales en única instancia. Línea
jurisprudencial
74.
La construcción de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en torno
al juicio penal de única instancia para los sujetos aforados, parte de la
consideración de varias disposiciones constitucionales que, antes de iniciar
con las etapas de interpretación pertinentes, es necesario advertir. Así, en la
cúspide del ordenamiento constitucional vigente a partir de la Carta Política
de 1991 se conjugaron dos mandatos que se enmarcan en el derecho al debido
proceso -tratados en muchos contextos como intercambiables-, y que se previeron
expresamente en los artículos 29 y 31 de la Constitución. En el primero de
ellos, como parte integrante del debido proceso penal, se incluyó el derecho
a impugnar la sentencia condenatoria; y, en el segundo, como elemento del
debido proceso, el derecho a la apelación o a la consulta de toda sentencia
judicial “salvo las excepciones que consagre la Ley”[52].
75.
Adicionalmente, como norma de asignación de competencia, es importante referir
que en el artículo 235 (numerales 2, 3 y 5)[53] de la
Constitución, se previó que la Corte Suprema de Justicia debía (i) juzgar al
Presidente de la República y a los demás aforados de que trata el artículo 174
de la Constitución (párrafo 60, supra), (ii) investigar y juzgar a
congresistas (párrafo 62, supra), y (iii) juzgar a los titulares de los
ministerios y demás aforados pertenecientes a este grupo (párrafo 64, supra).
76. Por su parte, el artículo 93 incorporó la
figura del bloque de constitucionalidad y, por esta vía, los tratados y
convenios internacionales debidamente ratificados por el Congreso, que reconocen
los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
hacen parte del orden interno con jerarquía constitucional. Dentro de esta
categoría dos disposiciones son relevantes, de un lado, el artículo 8.2.h. de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos -o Pacto de San José-, que
incluye dentro de las garantías judiciales mínimas en el marco de un proceso
penal, el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; y,
del otro lado, el artículo 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que incorpora el derecho de toda persona declarada culpable de un
delito a “que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean
sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.”[54]
77. En este contexto normativo, a continuación se
analizarán dos etapas que permiten comprender el alcance actual del derecho a
impugnar la sentencia condenatoria en única instancia en materia penal, en
garantía del principio de doble conformidad. Estos dos momentos están separados
por un periodo intermedio en el que la comprensión de tal derecho se fue
precisando en los sistemas regional -fundamentalmente- y universal de derechos
humanos, circunstancia que nutrió el debate interno al amparo del bloque de
constitucionalidad y que, por tal motivo, es oportuno citar en este acápite.
3.2.1. Primera etapa: el derecho a impugnar la
sentencia condenatoria no exige condiciones especiales del mecanismo judicial
para hacerlo efectivo. Parámetro existente hasta antes de la Sentencia C-792 de
2014
78. En el marco de esta primera etapa
jurisprudencial, la Sentencia C-142 de 1993[55]
es el primer referente. En tal decisión se resolvió una demanda contra varias
disposiciones del Código Penal vigente para ese momento[56],
del Código Penal Militar[57], y de
los estatutos de procedimiento penal previstos en los decretos 050 de 1987 y
2700 de 1991 que, en términos generales, preveían la competencia de la Corte
Suprema de Justicia para conocer de procesos penales contra aforados en única
instancia. El cargo de inconstitucionalidad invocado por el demandante se fundó
en que tal situación procesal desconocía los artículos 29 y 31 de la
Constitución y los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
79. La Sala Plena consideró que, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, era preciso determinar
el significado del término impugnar. Tras acudir a la definición
prevista en el Diccionario de la Lengua Española y luego de precisar que en el
contexto del artículo 29 de la Constitución se acudía al verbo “impugnar· en
términos genéricos, y no especificando un recurso en concreto, concluyó que
contra las sentencias de única instancia era posible interponer: la acción
de revisión, en los términos del artículo 232 del Código de Procedimiento
Penal y bajo una amplia gama de causales; el recurso extraordinario de
casación, de manera excepcional según lo previsto en el inciso 3 del
artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, y la solicitud de nulidad,
bajo las causales del artículo 304 del mismo Código.
80. Agregó que, siguiendo lo estipulado en el
artículo 31 de la Constitución, estas decisiones en única instancia dictadas
por la Corte Suprema de Justicia se erigían como aquellas excepciones a la
doble instancia -recurso de apelación-. Por último, precisó la Corte que el
juzgamiento en única instancia por el más alto y especializado Tribunal de
Justicia era el mayor deseo de todo reo y que, además, tal situación generaba
dos ventajas: (i) economía procesal y (ii) escapar a la posibilidad de errores
a cargo de jueces y tribunales de menor jerarquía. Concluyó, en consecuencia,
que “en una u otra forma… el reo puede impugnar la sentencia condenatoria”,
por lo cual, la normativa interna se encontraba acorde a los tratados
internacionales invocados por el demandante.
81. En la Sentencia C-037 de 1996[58],
esta Corporación declaró la inconstitucionalidad del enunciado normativo que
preveía como función de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia -artículo
17.6. del proyecto de Ley Estatutaria en estudio- resolver las impugnaciones y recursos
de apelación contra sentencias, entre otras providencias, proferidas por la
Sala de Casación Penal en los procesos adelantados contra servidores públicos
con fuero constitucional.
82. Se adujo, como razón fundamental, que los artículos
234 y 235 de la Constitución no conceden a la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia el carácter de superior jerárquico de la Sala de Casación Penal. Se
agregó que no tiene sentido que, al concebirse la apelación como la posibilidad
de que un juez docto revise una decisión previa, se pretenda ahora que quien no
es docto y especializado en penal -como la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia- revise la providencia proferida por quien sí es experto, esto es, la
Sala de Casación Penal.
83. Mediante la providencia C-561 de 1996[59]
la Sala Plena declaró la constitucionalidad del enunciado normativo que
concedía a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el
juzgamiento de los aforados de que trata el artículo 174 de la Constitución[60],
superando la censura efectuada en tal oportunidad, que recaía en el hecho de
que la Constitución Política atribuía de manera genérica tal facultad a la
Corte Suprema de Justicia en pleno y no a una de sus salas. Se concluyó que la
aplicación del principio de especialidad no reñía con el mandato superior y que
tampoco era de recibo someter esta discusión a un asunto meramente numérico, en
el que se afirmara que se garantizaba de mejor manera el derecho al debido
proceso si la decisión se adopta por un cuerpo plural más amplio que el
permitido por la conformación de una sola sala de decisión[61].
84. En la Sentencia C-411 de 1997[62]
se decidió la demanda presentada contra dos apartados del enunciado
contemplado en el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal[63],
que establecían que era competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia (i) el conocimiento de la acción de revisión contra las
sentencias proferidas en única instancia por esa Corporación
(numeral 2), y (ii) del juzgamiento de los funcionarios referidos
en el inciso 3[64] del
artículo 235 de la Constitución (numeral 6)[65]. El
cargo invocado recayó en la presunta inconstitucionalidad por establecer un
trato diferenciado a los congresistas, que son juzgados en única instancia,
respecto de los demás ciudadanos, y en la violación del debido proceso al
privarlos de recursos y garantías judiciales.
85. La demanda así sustentada se resolvió
desfavorablemente a las pretensiones invocadas, advirtiendo, de un lado, que
lejos del reclamo del accionante, lo que preveía la norma cuestionada era la
procedencia de la acción de revisión en procesos de única instancia y que, de
otro lado, quien era competente para definir las instancias procesales, a
partir de lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución, era el Legislador,
destacando que el principio allí previsto podía exceptuarse. Agregó que no
podía perderse de vista que la misma Constitución Política era la que había
contemplado procesos de única instancia respecto de aforados constitucionales[66]
y que, en todo caso, la defensa de los derechos constitucionales fundamentales
podía adelantarse a través de la acción de tutela ante la existencia de vías de
hecho, conforme a lo sostenido en la providencia C-543 de 1992[67].
86.  Finalmente, en el recuento de esta primera
etapa de las decisiones que en sede de control abstracto tomó la Corte
Constitucional respecto de los procesos penales de única instancia contra los
aforados constitucionales, se destaca la Sentencia C-934 de 2006[68].
En dicha oportunidad la demanda de inconstitucionalidad recayó sobre el
artículo 32 (parcial) de la Ley 906 de 2004, que regula las funciones de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo en tres
numerales el juzgamiento -y en el caso de los congresistas también la
investigación- de los aforados constitucionales[69].
Atendiendo a los reparos efectuados, la Sala Plena formuló el siguiente
problema jurídico: ¿Vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa,
así como el principio de la doble instancia consagrados en el artículo 29 de la
Carta y en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad, el que los numerales
5, 6, 7 y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 establezcan que los procesos
penales que se sigan contra altos funcionarios del Estado enunciados en tales
disposiciones son de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia?
87. Como asunto previo, se estimó que en ese caso
no se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada material constitucional
respecto de lo decidido en la Sentencia C-142 de 1993[70]
dado que, entre otros motivos, los enunciados ahora cuestionados se inscribían
en el nuevo contexto del Sistema penal con tendencia acusatoria y, de otro
lado, los cargos tenían como referente normativo instrumentos internacionales
vinculantes para el Estado. Señaló la Corte que: “… la jurisprudencia de los órganos internacionales competentes al
interpretar las normas relevantes del bloque de constitucionalidad, tanto el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto de San José,
ha evolucionado recientemente,[13] lo que obliga a que se examine cuál es el
impacto de esa evolución en la interpretación del alcance del debido proceso en
el juzgamiento de altos funcionarios del Estado por parte de la Corte Suprema
de Justicia.”
88. En cuanto al fondo del asunto, y luego de citar
varias decisiones previas de la misma Corporación, afirmó que “la doble
instancia no es la única forma de garantizar el debido proceso y el derecho a
la defensa” de los sujetos pasivos del derecho penal, y que la garantía de
estos bienes fundamentales a los altos funcionarios del Estado con fuero de
investigación y juzgamiento se materializa en la definición de su caso por el
órgano de cierre de la jurisdicción penal. Agregó que aunque esto no era
sinónimo de infalibilidad, también se contaba con instrumentos, definidos por
el Legislador dentro de la arquitectura constitucional en la materia, para
cuestionar las decisiones proferidas en única instancia[71].
89. A continuación, la Sala se ocupó del alcance
del principio de la doble instancia en el derecho internacional
de los derechos humanos y del sentido y alcance del derecho a recurrir el
fallo condenatorio ante un tribunal superior. Con tal objeto, afirmó
que no existía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un
pronunciamiento que de manera expresa abordara el tema del juzgamiento de los
más altos funcionarios del Estado. En este sentido, aunque para tal fecha se
había emitido la decisión en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica[72],
afirmó la Corte que este no era un asunto centrado en el especial juzgamiento
realizado por órganos judiciales de cierre. Adujo igualmente que el Comité del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos había tenido oportunidad de pronunciarse
sobre el derecho a que la primera condena penal fuera revisada por un superior,
pero en un asunto que tampoco tenía que ver estrictamente con el evento aquí cuestionado[73].
En tal sentido, precisó:
“De lo anterior encuentra la Corte que la interpretación del art. 14.5.
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y [del] art. 8.2 del
Pacto de san José que han efectuado los órganos internacionales competentes,
resulta armónica con la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31
de la carta Política en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del
Estado, en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla
según la cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el
órgano de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda
instancia semejante a la que existe para otros juicios penales. Es decir, cada
Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y diseñar
los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté ordenado,
según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados
se prevea siempre la segunda instancia.”
90. A partir de lo anterior, se concluyó que los
enunciados demandados se sujetaban a la Constitución y a los instrumentos
internacionales, pues la garantía del debido proceso debía mirarse de manera
integral, advirtiendo que en el fuero residía su protección.
91. En esta etapa, además, la Corte Constitucional
profirió varias decisiones en sede de control concreto, fundadas en su
integridad en la línea jurisprudencial antes expuesta. Entre tales decisiones
se encuentran las sentencias T-1246 de 2008[74], SU-811
de 2009[75], T-965
de 2009[76], SU-195
de 2012[77] y
SU-198 de 2013[78].
92. En esta última decisión, que permite sintetizar
el panorama existente al finalizar el periodo que se ha denominado la primera
etapa de jurisprudencia relevante, la Sala Plena consideró que no se había
lesionado el derecho al debido proceso de un ex Congresista al haber sido
juzgado en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia[79]. La
decisión condenatoria cuestionada a través de dicha petición de amparo fue
proferida el 17 de agosto de 2010. Al respecto, adujo que la Corte
Constitucional había estimado que, en el marco del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, “cada Estado goza de un amplio margen para configurar los
procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces de protección de los
derechos, sin que esté ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los
casos de altos funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia.”
Por consiguiente, la regla según la cual toda sentencia penal podrá ser apelada
resulta “inaplicable cuando, de forma excepcional y extraordinaria, es el
máximo tribunal penal el que dicta la sentencia. Cuando la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia dicta un fallo condenatorio no es posible
que esa decisión sea recurrida ante un cuerpo judicial superior, por cuanto ese
es el tribunal supremo en materia penal que tiene el sistema”.
3.2.2. Fase intermedia: consolidación del
estándar de protección del derecho a impugnar la condena penal en los sistemas
regional y universal de derechos humanos
93. Antes de abordar el estudio de la
jurisprudencia constitucional que caracteriza la segunda etapa, es importante
destacar que entre la expedición de la Sentencia C-934 de 2006[80],
última decisión en sede de control abstracto de constitucionalidad que se ocupó
expresamente del estudio de la configuración en única instancia del juzgamiento
de aforados constitucionales, y la providencia C-792 de 2014[81]
que actualizó de manera sustancial la comprensión del derecho a la impugnación
en materia penal, algunas circunstancias que se originaron en el marco del
Derecho Internacional -Regional y Universal- de los Derechos Humanos permiten
dar cuenta de que era evidente que nuestro régimen no satisfacía plenamente el
debido proceso, en especial, el mandato de garantizar el derecho a la
impugnación y, por lo tanto, de la aplicación de la doble conformidad.
94.
En este sentido, al adoptarse la Sentencia C-934 de 2006[82]
este Tribunal advirtió la existencia de una decisión de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, del 2 de julio de
2004, que, aunque tenía que ver con el derecho a impugnar la primera sentencia
condenatoria y especialmente con los requisitos que el recurso debía
satisfacer, no se refería a un caso de aforado constitucional[83].
Tal precisión se efectuó dado que para la Corte Constitucional, en dicho
momento, el hecho de que a los aforados los investigara el máximo órgano de la
Jurisdicción Penal determinaba una serie de ventajas, por lo cual, se
desestimaron -por impertinentes- las consideraciones que en el caso referido
había efectuado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la
Convención.
95. Con posterioridad al año 2006, sin embargo, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo ocasión de pronunciarse sobre la
garantía de la impugnación cuando el juzgado es un aforado constitucional. En
esta línea, el primer referente es el caso Barreto Leiva vs. Venezuela,
decidido el 17 de noviembre de 2009. Oscar Enrique Barreto Leiva fue condenado
por delitos contra el patrimonio público por su gestión como Director General
Sectorial de Administración y Servicios. Aunque en sentido estricto el señor
Barreto no tenía fuero, su indagación penal se realizó de forma conjunta con la
investigación en contra del Presidente de la República, por lo cual ambas
causas fueron acumuladas y tramitadas en única instancia ante la Corte Suprema
de Justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que si bien
los Estados miembros podían establecer un procedimiento de juzgamiento especial
para algunos funcionarios, debían siempre respetar la doble conformidad y prever
recursos efectivos para recurrir la eventual condena:
“Si bien los Estados tienen un
margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden
establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del
derecho de recurrir del fallo. El Estado puede establecer fueros especiales
para el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos, y esos fueros son
compatibles, en principio, con la Convención Americana (supra párr. 74).
Sin embargo, aun en estos supuestos el Estado debe permitir que el justiciable
cuente con la posibilidad de recurrir el fallo condenatorio. Así sucedería,
por ejemplo, si se dispusiera que el juzgamiento en primera instancia estará a
cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento
de la impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de
quienes ya se pronunciaron sobre el caso” (subrayado fuera del original).
96.
En consecuencia, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos declaró que
Venezuela violó el derecho reconocido en el artículo 8.2.h. de la Convención,
puesto que la condena provino de un tribunal que conoció el caso en única
instancia y el sentenciado no dispuso de la posibilidad de impugnar el fallo. De
manera accesoria, vale la pena destacar, dicho Tribunal advirtió que en este
caso tal lesión era mucho más evidente si se tenía en cuenta que, de no haberse
acumulado la causa del señor Barreto Leiva -figura que no es por sí mima
contraria a la Convención- a un asunto de un aforado, habría tenido en el marco
de un proceso ordinario penal el beneficio de la impugnación.
97.
Más recientemente, el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, fallado el 30 de
enero de 2014, sí corresponde a un asunto de un aforado, y constituyó la
oportunidad en la que la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos confirmó
la postura ya expuesta en el anterior caso, en el sentido que el derecho a la
doble conformidad cobija también a los funcionarios con fuero, pese a que sean
juzgados por la máxima instancia judicial de un país.
98.
Este caso se relaciona con el proceso penal seguido contra el señor Liakat Ali
Alibux -exministro de Finanzas y exministro de Recursos Naturales- quien en
2003 fue condenado, en única instancia, por la Alta Corte de Justicia, de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley sobre Acusación de
Funcionarios con Cargos Políticos. En el momento en que se dictó la sentencia
no existía un recurso de apelación.
99.
En esta oportunidad, la Corte aprovechó para analizar la práctica de los Estados
de la región respecto al juzgamiento penal de altas autoridades. Concluyó que
muchos Estados consagran un régimen especial de juzgamiento contra sus altos
funcionarios frente al respectivo tribunal de cierre, pero advirtió que esto no
debería derivar en un proceso de única instancia. Para la Corte Interamericana,
según se afirmó, es claro que aun en estos escenarios de juzgamiento especial ad
hoc, es posible contemplar distintas alternativas para garantizar el
derecho a recurrir:
“… la Corte observa que en estos
supuestos, en donde no existe una instancia superior al máximo órgano, que
pueda hacer una revisión íntegra del fallo condenatorio, algunos Estados de la
región han adoptado distintas fórmulas jurídicas con el fin de garantizar el
derecho a recurrir el fallo. En este sentido, el Tribunal constata que ello se
ha logrado a través de diversas prácticas, a saber: a) cuando una Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia es la que juzga en primera instancia, para que
luego el Pleno de la misma, sea la instancia que revise el recurso interpuesto;
b) cuando una determinada Sala de la Corte Suprema juzga en primera instancia y
otra Sala, de distinta composición, resuelve el recurso presentado, y c) cuando
una Sala conformada por un número determinado de miembros juzga en primera
instancia y otra Sala conformada por un número mayor de jueces que no
participaron en el proceso de primera instancia, resuelva el recurso. Asimismo,
el Tribunal observa que la composición de las instancias revisoras incluye miembros
que no conocieron del caso en primera instancia y que la decisión emitida por
aquellas puede modificar o revocar el fallo revisado”.
100. Debido a lo anterior, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos determinó que el señor Liakat Ali Alibux no contó con la
posibilidad de recurrir su condena, a fin de otorgarle seguridad y tutela a sus
derechos, con independencia del rango o cargo ejercido y de la jurisdicción
competente establecida para su juzgamiento. Incluso, la Corte fue más allá al
señalar que la creación sobreviniente del recurso de apelación por parte de
Suriname en el año 2007 “no podría subsanar la situación jurídica infringida
ni podría ser capaz de producir el resultado para el
que fue concebido, por ende, para el presente caso, no fue adecuado ni efectivo”.
101. Este fallo también resulta importante en la medida que
responde a otro de los argumentos usualmente invocado por los Estados, según el
cual tanto el Sistema Universal de Derechos Humanos como el Sistema Europeo
permiten excepcionar la regla de la doble conformidad en algunos procesos. La
respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue enfática en
señalar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al interpretar
y aplicar el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, también ha defendido que el derecho a recurrir el fallo
debe garantizarse sin importar el rango de la persona juzgada. Y en lo
referente al Sistema Europeo, la Corte Interamericana señaló que no son
sistemas equiparables, dado que la Convención Americana no previó excepciones
como sí lo hizo expresamente el Sistema Europeo a través del artículo 2, inciso
2, del Protocolo 7 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales.[84]
102.
A partir de estas y otras decisiones, en consecuencia, para la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es claro que cada Estado
miembro cuenta con un margen de discrecionalidad para implementar el derecho a
recurrir en su jurisdicción, siempre y cuando garantice un núcleo fundamental
de protección que responda a los siguientes parámetros: debe ser un recurso
ordinario eficaz y accesible, que permita la revisión amplia e
integral de las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa
la sentencia impugnada. Este debe ser resuelto por parte de una autoridad
imparcial y distinta a quién profirió la condena, sin que sea estrictamente
necesaria la existencia de una instancia superior, pues en aquellos
casos en los que no es posible el derecho se satisface con la intervención de
jueces que, conservando la misma jerarquía, no hayan conocido del asunto
inicialmente.
103. De manera adicional a estas decisiones adoptadas en tal
instancia, debe precisarse que el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos
emitió, en el periodo 20 de sesiones del año 2007, la Observación general No.
32, sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los
tribunales y cortes de justicia. En esa oportunidad, específicamente en
el párrafo 47, que hace parte de la sección “VII. Revisión por un
tribunal superior” afirmó que:
“47. El párrafo 5 del artículo 14 se vulnera no sólo
si la decisión de un tribunal de primera instancia se considera definitiva sino
también si una condena impuesta por un tribunal de apelación{§136} o un
tribunal de última instancia{§137} a una persona absuelta en primera instancia
no puede ser revisada por un tribunal superior. Cuando el tribunal más alto
de un país actúa como primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a
revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber
sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte; por el
contrario, tal sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado
Parte interesado haya formulado una reserva a ese efecto{§138}.”
3.2.3. Segunda etapa: el derecho a impugnar la
sentencia condenatoria exige un mecanismo judicial amplio e integral para
hacerlo efectivo. Parámetro existente a partir de la Sentencia C-792 de 2014
104. En esta etapa la Sala Plena distinguirá tres
momentos, el primero, la expedición de la Sentencia C-792 de 2014[85],
el segundo, la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, y, el tercero, las
decisiones que con posterioridad a este momento ha proferido la Corte
Constitucional en torno al reconocimiento del derecho en estudio.
3.2.3.1. Primer momento: la Sentencia
C-792 de 2014
105.  En la Sentencia C-792 de 2014 esta
Corporación resolvió una demanda contra varios artículos de la Ley 906 de 2004,
entre los cuales se incluyó el enunciado que concede a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de los recursos de
apelación contra los autos y sentencias que se profieran en primera instancia
por los tribunales superiores (Art. 32.2.). El reparo de la accionante, que fue
presentado en términos de una omisión legislativa, consistió en afirmar que no
se preveían mecanismos suficientes para garantizar que la primera condena penal
en segunda instancia fuera objeto de impugnación.
106. Atendiendo a la demanda, los problemas
jurídicos que se propuso resolver la Corte se fijaron en dos sentidos: el
primero, relacionado con la existencia o no dentro del ordenamiento superior de
un derecho a impugnar las sentencias proferidas en segunda
instancia que, por primera vez, impongan una condena penal; y, el
segundo, relacionado con la existencia o no de estándares que deban
satisfacerse para que se considere que el recurso que materializa la anterior
prerrogativa es adecuado.
107. Al abordar de fondo estas dos cuestiones, la
Sala Plena precisó varios aspectos. Primero, que la Corte Constitucional no
había abordado antes de manera específica la garantía de la impugnación de la
sentencia condenatoria en materia penal (que deriva del Art. 29 de la C.P.) con
independencia del principio de apelación, el cual puede exceptuarse por el
Legislador (según el Art. 31 de la C.P.), sin embargo, en esta ocasión precisó
que, aunque en algunos momentos la materialización de estos mandatos podía
coincidir, ello era contingente, pues cada uno representa un estándar
constitucional autónomo y obedece a categorías conceptuales distintas e
independientes.
108. En concreto, afirmó que la impugnación
de sentencias condenatorias cuenta de manera autónoma con (i)
fundamento normativo (Arts. 29 de la C.P., 8.2.h. de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos); (ii) estatus jurídico (derecho subjetivo que integra el derecho de
defensa); (iii) ámbito de acción (el proceso penal); (iv) contenido
(controvertir el fallo incriminatorio ante una instancia distinta a la que
dictó la providencia); (v) objeto (sentencia con un contenido específico: que
declara por primera vez la responsabilidad penal); (vi) finalidad (como
protección de defensa a personas condenadas y garantía de corrección judicial,
porque se exige la doble conformidad); y, finalmente, (vii) se
distingue de la posibilidad de apelar sentencias judiciales, respecto de la
cual el Legislador sí puede establecer excepciones, pues en este caso este
principio no actúa como imperativo o regla.
109. Segundo, que la línea constante de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sí había tenido en cuenta que en
materia penal era exigible la posibilidad de impugnar, pero, no obstante, esta
obligación se había encontrado satisfecha al considerar la idoneidad de
recursos tales como la casación, la revisión o, incluso, la acción de tutela
contra providencia judicial. Sin embargo, recurriendo de manera importante a
los estándares fijados por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, la
Sala Plena consideró que dichos recursos eran vías procesales debilitadas, que
no satisfacían las siguientes pautas: (i) que el operador judicial que resuelva
la impugnación cuente con lineamientos de valoración integral: completa, amplia
y exhaustiva del fallo condenatorio; (ii) que el examen recaiga sobre la
controversia en sí misma considerada y no primariamente sobre el análisis que
de dicha situación realizó el juez que condenó (esto último es secundario); y
(iii) que el recurso no esté sujeto a causales cerradas de procedencia.
110. Se concluyó, entonces, que “se configura
una omisión legislativa en el régimen procesal penal previsto en la Ley 906 de
2004, por la inexistencia de un recurso idóneo que materialice el derecho a la
impugnación en todos aquellos casos en que, en el marco de un proceso penal, el
juez de primera instancia absuelve el condenado, y el juez de segunda instancia
revoca el fallo anterior e impone por primera vez una condena.” Ante este
panorama, consideró que el elemento que se extraña constituye un elemento
estructural del diseño del proceso penal, que “se
proyecta en toda la normativa procesal penal, y además, implica el rediseño de
una amplia gama de instituciones. Es así como este elemento tiene una
repercusión directa en el esquema del proceso penal, en las competencias de los
órganos jurisdiccionales y en el alcance de otros recursos.”
111. Por lo
anterior, se afirmó que no era procedente una decisión condicionada sino
diferida, a partir de la cual se le otorgara al Legislador un plazo de un año
-contado a partir de la notificación de la sentencia- para regular
integralmente la impugnación de las sentencias que fijan por primera vez una
condena, “tanto en el marco de juicios
penales de única instancia, como en juicios de dos instancias”, vencido el cual, sin haber realizado tal actividad,
se entendería que el recurso era procedente ante el superior jerárquico o
funcional de quien hubiese impuesto la condena.
112. Con posterioridad a esta decisión, la Sala
Plena de la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-215 de 2016[86].
En esta providencia se analizó el caso de dos personas que fueron condenadas
por primera vez por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
mediante sentencia del 11 de marzo de 2015, en el marco de un proceso tramitado
bajo la Ley 600 de 2000. Los accionantes sostuvieron que la autoridad judicial
demandada incurrió en “defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto”, dado que privilegió la norma procedimental que permite en sede
de casación emitir una condena, luego de la absolución en primera y segunda
instancia[87], sobre
los “derechos fundamentales de todo ciudadano al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y doble instancia, al cercenar la posibilidad de
impugnar la sentencia en su contra.” Estimaron que, en casos similares, lo
precedente era “declarar la nulidad de las sentencias de primer y segundo
grado y devolver el trámite a la primera instancia.”
113. En atención a lo expuesto, la Sala Plena
estimó que el problema jurídico consistía en determinar si “la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia [vulnera] el derecho a
impugnar la sentencia condenatoria (CP arts 29, 31 y 229) cuando, en el marco
de un proceso penal surtido con arreglo a la Ley 600 de 2000, expide en el año
2015 un fallo de condena penal en casación contra personas que habían sido
absueltas en primera y segunda instancia, contra la cual no procede recurso
ordinario o extraordinario alguno (aunque sí acción de revisión y de tutela)”.
Para resolverlo, se precisó que la Corte Constitucional avaló en la Sentencia
C-998 de 2004[88]  la
competencia de la Sala de Casación Penal -en el marco de la Ley 600 de 2000- de
proferir condenas luego de que las instancias absolvieran al procesado, sin que
tal posibilidad afecte el derecho a la impugnación de la primera decisión
inculpatoria pues, en todo caso, procedían las acciones de revisión y de tutela[89].
Teniendo en cuenta que el proceso penal de los tutelantes se tramitó bajo la
Ley 600 de 2000, afirmó que no se configuraba la lesión de los derechos
invocados.
114. A continuación exploró si a este caso podían
extenderse los efectos de la Sentencia C-792 de 2014[90],
para concluir que, a partir del problema jurídico formulado y de las normas
legales analizadas en esa decisión, su impacto era solo respecto de la condena
efectuada en segunda instancia y en vigencia de la Ley 906 de 2004, lo que no
ocurría en este caso[91].
Agregó, además, que el término del exhorto efectuado al Legislador en la
providencia C-792 de 2014 venció el 24 de abril de 2016[92],
esto es, luego de que se profirieran las condenas ahora estudiadas en sede de
tutela.
115. Sobre este último aspecto realizó las
siguientes precisiones: (i) la decisión adoptada en la Sentencia C-792 de 2014
es diferida, esto es, pese a que la omisión legislativa se detectó al momento
mismo de adoptarse la providencia, solo produce efectos -si el Legislador no
actúa antes- al vencimiento del término del exhorto “y con efectos hacia el
futuro (LEAJ art 45)”; (ii) transcurrido ese tiempo, incluso sin
intervención normativa, se hace exigible el derecho a la impugnación de la
primera sentencia condenatoria dictada en segunda instancia, y solo respecto de
estas condenas. Y, agregó que (iii) “[d]e
acuerdo con los principios generales referidos al efecto de las normas
procesales en el tiempo, y de conformidad con el principio de favorabilidad
aplicable en esta materia, la parte resolutiva de la sentencia C-792 de 2014 no
comprende la posibilidad de impugnar las sentencias dictadas en procesos ya
terminados para ese momento.[93] Únicamente
opera respecto de las sentencias que para entonces aún estuvieran en el término
de ejecutoria, o de las que se expidan después de esa fecha.[94]”
116. Pese a arribar a dicha conclusión, este
Tribunal afirmó que no podía desconocerse que a partir de la pluricitada
Sentencia (C-792 de 2014) se actualizó el entendimiento de la
Constitución respecto del derecho a la impugnación de la sentencia
condenatoria y que, aunque la decisión de inexequibilidad diferida recaía sobre
unas normas particulares, el exhorto era más general y vinculaba a las sentencias
condenatorias proferidas en cualquier instancia, por lo cual, hacia
delante, debía entenderse que la garantía de la impugnación también era
predicable respecto  de los casos en los que la primera sentencia condenatoria
se profería en sede de casación. En tal sentido, requirió al Congreso de la
República en el numeral tercero de la parte resolutiva:
“Tercero.- Como quiera que el 24 de
abril de 2016 se venció el exhorto al Congreso de la República, emitido en la
sentencia C-792 de 2014, para legislar sobre la materia, la Corte Suprema de
Justicia dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional,
atenderá a las circunstancias de cada caso para definir la forma de garantizar
el derecho constitucional a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por
primera vez por su Sala de Casación Penal, respecto de las
providencias que para esa fecha aún no se encuentren ejecutoriadas.”
117. De la lectura de esta decisión se concluye que
la Corte Constitucional no encontró que la Sala de Casación Penal hubiera
incurrido en el defecto procedimental invocado, advirtiendo que para ese
momento no existía un remedio procesal en el ordenamiento que satisficiera sus
pretensiones. El asunto fue fallado teniendo en cuenta dos aspectos
fundamentales, de un lado, que los ciudadanos fueron juzgados en el marco de un
proceso con dos instancias y condenados por primera vez en casación; y que,
además, su discusión tuvo como centro la presunta aplicación indebida de normas
de contenido procedimental de la Ley 600 de 2000 (párrafo 112, supra). Sin
embargo, la Corte no se pronunció en esa oportunidad sobre la posibilidad de
que los accionantes planteasen una pretensión actual por desconocimiento del
derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y que tal pretensión,
eventualmente, podría haber tenido visos de prosperidad. Finalmente, se destaca
que la tesis principal expuesta en esta decisión, según la cual los alcances de
la Sentencia C-792 de 2014 estaban estrechamente vinculados a los procesos de
la Ley 906 de 2004, fue reevaluada posteriormente por la Sala Plena (párrafo
125, infra).
3.2.3.2. Segundo momento: la expedición
del Acto Legislativo 01 de 2018
118. El proyecto de Acto Legislativo que culminó
con la expedición de la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo
01 de 2018 inició su trámite el 21 de marzo de 2017, en virtud de la propuesta
presentada por el Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, el Ministro de Justicia, el Ministro del Interior, el Fiscal General
de la Nación y un grupo de senadores. A esta propuesta le habían antecedido
otros intentos de regulación que, sin embargo, fueron archivados.
119. Inicialmente, la configuración del derecho a
la impugnación se pretendió ajustar a una línea según la cual la primera
instancia la realizaría el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá;
sin embargo, desde la ponencia para primer debate se propuso como cambio
sustancial mantener la competencia integral del juzgamiento de aforados en
cabeza de la Corte Suprema de Justicia[95].
120. También es de advertir que a lo largo del
trámite, algunos miembros del Congreso manifestaron que venían proponiendo la
creación de una especie de transición para aquellos condenados -con sentencia
ejecutoriada- antes de la expedición y entrada en vigencia de esta reforma.
Para tal objetivo, se habló de la conformación de un tribunal especial para
que, dentro de un término preciso, se efectuara tal tarea. Al respecto, en la
Gaceta del Senado de la República No. 544 del 6 de julio de 2017[96]
el Senador Jaime Alejandro Amín Hernández sostuvo:
“… nuestro partido está presentando en ese Acto Legislativo que,
repito, guarda estrecha relación con lo que se está proponiendo en este que
estamos discutiendo, la creación de un tribunal ad hoc. Este Tribunal ad
hoc, tendría por un espacio de tiempo de 5 años la posibilidad de revisar
las sentencias proferidas contra aforados que han sido condenados en única
instancia.”
121. Ante la posibilidad de extender lo que algunos
congresistas consideraron una garantía universal a casos decididos,
otros miembros de la Corporación, como la senadora Claudia López Hernández,
manifestaron que no podía tomarse esta oportunidad de regulación con el objeto
de generar impunidad. En esta discusión, sin embargo, en reiteradas
oportunidades el Ministro de Justicia ante la propuesta de extender hacia atrás
la garantía de la impugnación precisó lo siguiente:
“Conceder esa posibilidad es una consolidación del Estado de derecho,
legitimar la justicia y dar cumplimiento a preceptos nacionales e
internacionales, no podemos señalar que por el hecho de que se habilite una
revisión estamos generando un espacio de impunidad o generando precisamente una
deslegitimación del juez supremo, porque de allí que la misma Corte tendrá que
pronunciarse.
No es una razón válida o suficiente señalar que como la Constitución de
1991 no la consagró, pues la Corte estaba produciendo sentencias injustas, no,
la Corte estaba aplicando la Constitución, pero hay un déficit en términos de
garantías y de principios como es la doble instancia que es un principio
universal que está consagrado desde 1948 en la declaración de derechos”.[97]
122. Así, aunque finalmente no se hubiera insistido
en el hecho de que en el Acto Legislativo de 2018 quedara prevista la extensión
de la garantía de la impugnación a casos decididos, fue un tema planteado en el
marco de la discusión adelantada en el seno del Congreso de la República. No
obstante, debe advertirse que del trámite no es dable afirmar una posición de
rechazo ni, por supuesto, de admisión a tal posibilidad, dado que, de los 8
debates surtidos, solamente en el primer debate de la segunda vuelta hubo votación,
y esta no fue concluyente, mientras que en los demás se dejaron constancias.
123. En efecto, la votación en el primer debate de
la segunda vuelta a la proposición No. 20, según la cual se abriría por un
término preciso la posibilidad de impugnar sentencias ya ejecutoriadas ante la
Sala Penal de Primera Instancia, fue de 5 votos por el sí, y 7 votos por el no,
concluyendo que “no se ha tomado decisión, por no tener la votación
requerida para aprobar o negar en segunda vuelta la Proposición aditiva número
20 al artículo 3”[98].
Con posterioridad a dicha instancia, se reitera, el Congreso de la República
continuó debatiendo sobre la posibilidad de una aplicación a casos ya
decididos, sin que finalmente una proposición en tal sentido hubiera sido
decidida[99].
124. Por último, es de advertir que la reforma
constitucional aprobada modificó los artículos 186, 235 y 251 de la
Constitución Política en el sentido de: (i) crear la Sala
Especial de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia[100], cuyas
funciones principales consisten en investigar y acusar a los miembros del
Congreso por los delitos cometidos, y la Sala Especial de Primera
Instancia[101], con
la competencia para conocer de dicha acusación y adelantar el juzgamiento de
los congresistas; (ii) reconocer el derecho a apelar la
sentencia que dicte la Sala Especial de Primera Instancia, cuyo conocimiento se
asignó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y, (iii)
establecer que corresponde a una sala integrada por tres magistrados de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no hayan participado en
la decisión, resolver la solicitud de doble conformidad judicial de la primera
condena proferida por los restantes magistrados de dicha Sala.
3.2.3.3. Tercer momento: las sentencias
de tutela proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional con
posterioridad al Acto Legislativo 01 de 2018
125. La Sala Plena de la Corte Constitucional se ha
pronunciado en tres ocasiones más en relación con la garantía del derecho a la
doble conformidad. En la Sentencia SU-217 de 2019,[102]
la Corporación analizó un caso en el que la condena penal se dio en segunda
instancia por un Tribunal Superior del Distrito, providencia del 28 de junio de
2016, en el marco de un proceso adelantado en vigencia de la Ley 600 de 2000.
En esta decisión, contrario al alcance dado en la Sentencia SU-215 de 2016, se
consideró que la orden impartida en la providencia C-792 de 2014 sí debía
extenderse a todos los procesos en los que se aplica la garantía de la
impugnación[103]. Se
refirió a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso a
la fuerza vinculante de los conceptos proferidos por el Comité de Derechos
Humanos en casos como el que ahora ventila esta Sala. Por lo anterior, en la decisión
se accedió al amparo solicitado y se exhortó nuevamente al Congreso a
desarrollar el Acto Legislativo y proferir la ley que materialice adecuadamente
el derecho a la doble conformidad.
126. Posteriormente, en la Sentencia SU-218 de
2019[104] se
resolvió un caso en el que la condena penal por primera vez se dio en sede de
casación, mediante fallo del 14 de marzo de 2018. La Sala Plena de la Corte
Constitucional revocó las decisiones de instancia, que declararon improcedente
el amparo por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, para, en su lugar,
declarar la carencia actual de objeto. Lo anterior, en razón a que en el curso
del trámite de revisión se verificó que la autoridad demandada adoptó las
medidas necesarias y conducentes para conceder el mecanismo especial de
impugnación. No obstante, se realizó nuevamente un requerimiento para que el
Congreso de la República tramite la ley que contenga todos los elementos que
garanticen la impugnación.
127. Finalmente, en la Sentencia SU-373 de 2019[105]
la Corporación resolvió la reclamación de un ex congresista condenado en
única instancia, el 31 de mayo de 2018, por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, a quien se le negó la posibilidad de impugnar tal
decisión. La autoridad judicial demandada adujo que (i) pese a encontrarse en
vigencia el Acto Legislativo 01 de 2018, los magistrados de las nuevas salas no
estaban posesionados y, por lo tanto, era imposible acceder a lo pedido;
mientras que, de otro lado, (ii) existía una obligación ineludible de resolver
el asunto, por el deber de administrar justicia y garantizar, entre otros, el
derecho al debido proceso del inculpado, además de que la Ley 600 de 2000 no
preveía circunstancias que permitieran la suspensión del juicio por los motivos
que se presentaban. El Ministerio Público[106] sostuvo
que el Acto Legislativo 01 de 2018: (i) no estaba produciendo todos sus
efectos, pues para ello se requería la implementación de una serie de medidas[107],
y (ii) no era aplicable al caso, pues, en atención al artículo 40 de la Ley 153
de 1887[108], las
investigaciones y juicios que comenzaron antes de la reforma debían continuar
rigiéndose por los mandatos aplicables al momento de su iniciación. Para su
análisis la Sala Plena tuvo en cuenta varios presupuestos.
128. Primero, el reconocimiento a partir de la
Sentencia C-792 de 2014[109] -tras
la influencia de lo sostenido por los órganos de los sistemas  Universal y
Regional de derechos humanos- de un derecho subjetivo constitucional y
convencional a la impugnación de la primera sentencia condenatoria,
incluida la expedida en el marco de procesos de única instancia, a través de un
recurso que no necesariamente está a cargo de un superior funcional pero que,
en todo caso, debe permitir analizar los aspectos fácticos, probatorios y
normativos del asunto. Destacó que para los aforados constitucionales esta
garantía exigía la adaptación del sistema normativo mediante una reforma
constitucional, la cual se materializó a través del Acto Legislativo 01 de
2018, avanzando así en la dimensión objetiva del derecho.
129. Segundo, la fuerza normativa de la
Constitución y, por lo tanto, del Acto Legislativo 01 de 2018, la cual se
expresa en la eficacia directa de algunos de sus mandatos[110],
como el de impugnar la primera sentencia condenatoria[111],
agregando que “[e]n todo caso, es preciso tener en cuenta que el
alcance de tales derechos dependerá de los supuestos fácticos y jurídicos del
caso, así como de la razonabilidad de la decisión y del imperativo de que sean
garantizados en la mayor medida posible.”
130. Tercero, el principio de legalidad en materia
penal exige la preexistencia de normas que establezcan principalmente
los delitos y las penas. En punto de aplicación normativa, además, debe tenerse
en cuenta que las reglas de procedimiento tienen aplicación inmediata, sin que
sea dable afirmar que se desconoce el principio referido; no obstante, advierte
que el proceso penal no es un rito tras otro, sino un instrumento para materializar
normas sustanciales y derechos subjetivos[112]; y,
que el principio de favorabilidad, como elemento esencial del derecho al debido
proceso “es una excepción de naturaleza constitucional al efecto general
inmediato de las disposiciones procesales y al principio de irretroactividad de
ley penal, que no puede ser desconocido por el juez, en la aplicación de
preceptos sustanciales o procesales, bajo ninguna circunstancia.”
(Negrilla fuera de texto).
131. A partir de lo anterior, la Sala Plena
consideró que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
incurrió en violación directa de la Constitución al negar el trámite de
impugnación al actor[113],
porque: (i) en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018 y por virtud de su
fuerza normativa, debía garantizarse el derecho subjetivo a impugnar la
sentencia condenatoria en única instancia,  máxime cuando esta reforma afirmó
que entraba en vigencia a partir de su promulgación; y porque, además, (ii)
este Acto Legislativo establece formas de actuación para reclamar un derecho
sustancial, aunque tenga una connotación procesal, por lo cual era
inmediatamente exigible y afectaba el trámite en curso del accionante.
132. Afirmó, por último, que esta no era la primera
vez en la que el juez debe intervenir para garantizar un derecho subjetivo
cuando el Legislador no ha desarrollado plenamente su dimensión objetiva[114],
destacando en su parte resolutiva que debía resolverse la solicitud de doble
conformidad, incluso, a través de conjueces.
3.3. Conclusiones relevantes
133. A partir del recuento jurisprudencial
realizado, la Sala Plena destaca varios elementos con incidencia en la
resolución del presente caso. El régimen de investigación y juzgamiento de los
aforados constitucionales -condición bajo la cual fue condenado el aquí
accionante- obedece y responde a necesidades institucionales que, en un
escenario democrático, tienen por finalidad la protección de la investidura y
el funcionamiento adecuado y equilibrado del ejercicio del poder (párrafos 57 a
73, supra).
134. La configuración del régimen de juzgamiento
penal para los tres grupos de aforados constitucionales por parte de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en única instancia, se valoró
por varios años como un sistema que, dadas sus ventajas, economía procesal y
disminución del margen de error judicial, se ajustaba a la Carta Política y a
los instrumentos internacionales de derechos humanos vinculantes para el Estado
colombiano, específicamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esta concepción jugó
un peso importante la consideración de que el artículo 29 de la Constitución no
exigía un mecanismo particular de impugnación respecto de la sentencia penal
condenatoria, por lo cual, recursos extraordinarios como la acción de revisión
o la misma acción de tutela permitían satisfacer dicho mandado constitucional (párrafos
78 a 92, supra).
135. En la comprensión del estándar de protección
del derecho a la impugnación derivado del artículo 29 de la Constitución, es
fundamental el estudio que se adelantó desde la Sentencia C-934 de 2006[115]
dado que, pese a que allí se mantuvo la tesis enunciada en la conclusión
anterior, el análisis partió de reconocer que en esta materia, por formar parte
del bloque de constitucionalidad, era imprescindible efectuar una lectura de
tal garantía en el marco de los sistemas Regional y Universal de derechos
humanos (párrafos 86 a 90, supra).
136. Luego de la adopción de la Sentencia C-934 de
2006[116],
precisamente en los escenarios Regional y Universal se fue construyendo y
consolidando el estándar de protección del derecho a la impugnación respecto de
altos funcionarios que, en varios Estados, cuentan con un sistema especial de
juzgamiento. En casos analizados en los años 2009 y 2014 la Corte
Interamericana de Derechos Humanos concluyó que, aunque sean juzgados por las
máximas autoridades de la justicia penal, debe garantizárseles la impugnación.
Este medio de defensa, precisó, debe permitir una revisión integral de los
elementos fácticos, probatorios y normativos que determinan la responsabilidad
y sanción penal (párrafos 93 a 103, supra).
137. A partir de dicho estándar, en la Sentencia
C-792 de 2014[117] esta
Corte, en el marco del bloque de constitucionalidad, actualizó la lectura de la
garantía prevista en el artículo 29 de la Constitución a la mejor comprensión
del derecho, concluyendo la existencia de un déficit en el alcance y diseño del
recurso existente para su satisfacción. Con tal objeto realizó importantes
distinciones entre el derecho a la doble instancia previsto en el artículo 31
de la Constitución y el derecho a la impugnación en materia penal contemplado
en el artículo 29 del mismo ordenamiento. Ahora bien, dado que para su
concreción eran necesarias modificaciones institucionales y procesales, la Sala
Plena exhortó al Congreso para configurar esta dimensión objetiva del derecho (párrafos
105 a 111, supra).
138. Lo expuesto en tal decisión, además de
reflejarse y precisarse en casos conocidos por la Corte Constitucional en
control concreto de constitucionalidad, determinó de manera importante la
expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, que introdujo modificaciones a la
Constitución Política con miras a la satisfacción de este derecho para los
aforados constitucionales, con la pretensión clara de acoger el estándar
vinculante para el Estado, derivado de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (párrafos 118 a
124, supra).
139. A partir de la Sentencia C-792 de 2014, en
consecuencia, es indudable que el derecho fundamental a la impugnación de la
sentencia penal condenatoria involucra la existencia de una posición que exige
la existencia de un mecanismo amplio e integral, en el marco del derecho al
debido proceso en materia penal, que opera como regla de derecho y cuya
aplicación es inmediata.
3.4. Bloque de
constitucionalidad: alcance general y consideraciones específicas
140.
En este acápite se realizan consideraciones generales sobre la figura del
bloque de constitucionalidad y la fuerza interpretativa de las sentencias de la
Corte Interamericana en la fijación de las posiciones de derecho que se
vinculan a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3.4.1.
Alcance general del bloque de constitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia[118]
141.
La Corte Constitucional ha analizado y delimitado el alcance de la figura del bloque
de constitucionalidad, teniendo como fundamento principal el artículo 93 del
Ordenamiento Superior[119]. Por
virtud de su aplicación, la Constitución no se limita a aquellos contenidos que
se adscriben a su propio texto, sino que incorpora otros mandatos, que
robustecen la carta de principios y derechos. La procedencia de esta expansión,
sin embargo, exige cautela, dado que tiene implicaciones sustanciales en el
sistema de fuentes del ordenamiento y, por supuesto, en la definición de las
obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos a cargo, inicialmente,
del Estado.
142.
Una primera distinción relevante tiene impacto en la conformación del parámetro
de constitucionalidad que guía los juicios de control abstracto y concreto,
dando lugar a la adopción de dos categorías: bloque en sentido estricto
y bloque en sentido lato[120]. Las
normas que hacen parte del bloque en el primer sentido, están situadas en el
nivel constitucional, tienen la misma fuerza y jerarquía de la Carta; mientras
que aquellas que integran el bloque en sentido lato, aunque tienen una
jerarquía intermedia entre la Constitución y las leyes ordinarias, prevén
disposiciones que regulan la producción normativa de estas últimas y, por lo
tanto, su desconocimiento también genera problemas de validez.
143.
A partir de lo anterior, entre otros instrumentos, (i) los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso y que reconocen derechos humanos no
susceptibles de ser limitados en estados de excepción[121],
(ii) las reglas del Derecho Internacional Humanitario y (iii) los tratados
limítrofes[122], hacen
parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, dado que,
además de su contenido práctico o valorativo invaluable, cada uno de dichos
instrumentos y/o materias cuentan con una cláusula constitucional que permite
su incorporación; mientras que las leyes estatutarias y orgánicas integran el
bloque de constitucionalidad en sentido lato, contando también con
cláusulas de remisión que permiten dicha comprensión.
144.
La segunda distinción que ha efectuado la jurisprudencia para la mejor
aprehensión de esta figura, se edifica en un criterio funcional, esto es, en el
papel que juegan en la práctica constitucional los diversos contenidos que
hacen parte del bloque de constitucionalidad, a partir de lo dispuesto en los
incisos 1 y 2 del artículo 93 Superior. De acuerdo con el inciso primero, al
bloque de constitucionalidad en sentido estricto se permite la incorporación
de principios o derechos no previstos en la Constitución Política,
existiendo la posibilidad de que en algunos eventos[123]
sean las normas pertenecientes a dicho bloque las que constituyan un
parámetro de control directo. Y, conforme al inciso segundo, que prevé una
cláusula interpretativa, la delimitación del contenido y del alcance de
las cláusulas constitucionales debe realizarse teniendo en cuenta los tratados
internacionales sobre derechos humanos[124].
145.
También se ha advertido que, aunque es evidente que la aproximación y la
consolidación del bloque de constitucionalidad encuentra un soporte
indiscutible en el artículo 93, las posibilidades para admitir una incorporación
de derechos y principios al Ordenamiento Superior no se agotan en su inciso
primero. A partir del imperativo de que exista una disposición permisiva en la
Constitución para efectuar dicha incorporación[125],
la jurisprudencia ha destacado que existen otras cláusulas de remisión que
cumplen una función idéntica. Así, por ejemplo, se ha referido a los siguientes
artículos superiores: (i) 5 y 94, sobre derechos innominados y supremacía de
derechos inalienables del ser humano; (ii) 53, respecto de los convenios
internacionales de trabajo debidamente ratificados[126];
(iii) 101.2, referido a tratados limítrofes o de límites; y, (iv) 214.2,
en cuanto a reglas del Derecho Internacional Humanitario. Además, en tratándose
del bloque de constitucionalidad en sentido lato, ha indicado que las
cláusulas de remisión se encuentran en los artículos 151, 152 y 153 de la
Carta.
146.
Por consiguiente, el bloque de constitucionalidad tiene fundamento normativo en
varias de las disposiciones formuladas por el Constituyente de 1991, no
advertirlo resta riqueza al estudio de las relaciones que en este nivel se
presentan entre las normas de derecho interno y las normas provenientes de
fuentes de derecho internacional[127].
147.
En tal marco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 y 93 de la
Constitución, la Corte ha precisado que las normas que hacen parte del bloque
de constitucionalidad en sentido estricto deben analizarse siguiendo un
criterio de interpretación sistemático y armónico[128],
a partir de lo que ordena, prohíbe y permite la Carta de 1991[129].
En este sentido, los mandatos que se incorporan con el mayor estatus normativo
por virtud de esta figura no tienen prevalencia sobre la Constitución misma,
sino que dinamizan su sentido, en beneficio de un Orden Superior viviente que
maximiza la garantía de los derechos y principios de las personas, si se tiene
en cuenta, además, el criterio de favorabilidad al interpretar estas fuentes[130].
Al respecto, en la Sentencia C-028 de 2006[131] se
afirmó:
“… la pertenencia de una determinada
norma internacional al llamado bloque de constitucionalidad, de manera alguna
puede ser interpretada en términos de que esta última prevalezca sobre el Texto
Fundamental; por el contrario, dicha inclusión conlleva necesariamente a
adelantar interpretaciones armónicas y sistemáticas entre disposiciones
jurídicas de diverso origen.”
148.
Recientemente, en la Sentencia C-327 de 2016[132] se
sostuvo una posición similar, en los siguientes términos:
“Por lo tanto, la Corte ha considerado
que las normas convencionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad
deben interpretarse en armonía con la Constitución; es decir, el bloque de
constitucionalidad impone una interpretación sistemática[77] que también debe responder a la interpretación
más favorable para la protección de los derechos. Así, el control de
constitucionalidad que invoque la vulneración de una disposición convencional
debe realizar la verificación de su concordancia a partir del bloque de
constitucionalidad, ello es, en armonía con las reglas constitucionales.”
149.
De manera particular, en el estudio de las relaciones entre el texto
constitucional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento
del Sistema Regional de derechos humanos que hace parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto, la jurisprudencia constitucional
ha construido progresivamente una línea que refleja el impacto de los
pronunciamientos realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
las decisiones a adoptar por esta Corporación, en ejercicio de sus competencias
en control abstracto y concreto.
150.
A continuación, teniendo en cuenta la importancia que para el análisis de este
caso reviste la interpretación que, con autoridad, ha realizado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el artículo 8.2.h de la Convención o
Pacto de San José, la Sala Plena sintetizará las principales reglas fijadas por
la jurisprudencia respecto al alcance de las decisiones de dicho Tribunal
judicial.
3.4.2.
Consideración de las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como criterio de interpretación relevante en la práctica
constitucional
151.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial[133]
con competencia para conocer de los asuntos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos que los estados adquieren tras la ratificación
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[134].
Sus atribuciones contenciosas fueron reconocidas por el Estado colombiano a
partir del 21 de junio de 1985[135],
siguiendo lo establecido en el artículo 62 del Pacto[136].
Esta aceptación significa, específicamente respecto de los casos en los que
Colombia sea parte, que sus decisiones tienen carácter vinculante[137],
al tenor de lo establecido en el artículo 68.1.[138]
152.
En los anteriores términos, si han existido dudas sobre la fuerza que debe
asignarse a los pronunciamientos judiciales de la Corte Interamericana, estas
han recaído sobre aquellos que se han adoptado en el marco de procesos en los
que el Estado colombiano no ha sido parte. A continuación se exponen
algunos casos en los que este tipo de decisiones han ayudado a la mejor
comprensión de las cláusulas constitucionales.
153.
En la Sentencia C-228 de 2002[139] la
Corte Constitucional “reconceptualizó” su visión sobre el interés
exclusivamente económico que había concedido a las víctimas como parte civil
en procesos penales[140]. Tal “cambio”
de jurisprudencia lo atribuyó a cuatro tipos de razones, entre los que mencionó
el siguiente:
“En segundo lugar, ha habido un cambio
en la concepción del referente normativo, en particular, en el derecho
internacional de los derechos humanos. Para 1995, fecha en que se produjo la
mencionada sentencia, aún no se había cristalizado la tendencia del derecho
internacional –en especial en el derecho de los derechos humanos del sistema
interamericano– hacia una protección amplia de los derechos de las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos. En el año 2001, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos señaló que las medidas legislativas que impidieran a las
víctimas de violaciones de derechos humanos, conocer la verdad de los hechos,
resultaban contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Como
quiera que según el artículo 93 constitucional, “los derechos deben ser
interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia”, es necesario que la doctrina de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sea valorada por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional. A ello se suman los factores internacionales
mencionados en el apartado 4.2. de esta providencia que reflejan una concepción
amplia de los derechos de las víctimas y los perjudicados.” (Negrilla fuera de
texto).
154.
En la Sentencia C-355 de 2006[141], que
despenalizó el delito de aborto en tres supuestos[142],
la Corte Constitucional afirmó que la jurisprudencia proferida por instancias
internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “constituye
una pauta relevante para la interpretación de los enunciados normativos
contenidos en instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad,
cosa diferente a atribuirle a dicha jurisprudencia directamente el carácter de
bloque de constitucionalidad.”
155. En la providencia C-936 de 2010[143],
que analizó la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 1312 de
2009[144] sobre
el principio de oportunidad en casos penales de desmovilizados de grupos
armados al margen de la ley, la Corte Constitucional afirmó que en buena medida
la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había ocupado de precisar el
ámbito de protección de los derechos de las víctimas de los delitos más graves.
En dicha línea afirmó que, teniendo en cuenta que dichos estándares provienen
de un órgano respecto del cual el Estado colombiano ha aceptado su competencia
contenciosa y que, además, por virtud de la cláusula interpretativa
prevista en el artículo 93 de la Carta, los derechos y principios
constitucionales deben interpretarse al amparo de los tratados de derechos
humanos, entonces, “la jurisprudencia
reseñada resulta relevante para la interpretación que de tales derechos y
deberes se haga en el orden interno”.
156.
La discusión constitucional alrededor de la competencia disciplinaria
sancionatoria conferida a la Procuraduría General de la Nación respecto de
funcionarios públicos, ha exigido a esta Corporación también precisar el
alcance de las decisiones de la Corte Interamericana, al determinar cuál es la
relevancia particularmente del pronunciamiento proferido el 1 de septiembre de
2011 en el caso de López Mendoza vs. Venezuela.
157.
En la Sentencia C-500 de 2014[145]  la
Sala Plena afirmó que se había pronunciado previamente, en la Sentencia C-028
de 2006[146], sobre
la constitucionalidad de las sanciones que podía imponer la Procuraduría
General de la Nación y que, en tal ocasión, parte del parámetro de
constitucionalidad estuvo conformado por el artículo 23[147]
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En atención a lo
anterior, concluyó que se configuraba la cosa juzgada constitucional por el
cargo que se invocaba con sustento en dicha disposición.
158.
No obstante, la Sala Plena se preguntó a continuación si era posible adelantar
un pronunciamiento de fondo por la presunta nueva comprensión de las normas que
hacían parte del bloque de constitucionalidad como consecuencia de la sentencia
de la Corte Interamericana del 1 de septiembre de 2011, antes mencionada. Tal
interrogante fue respondido en el caso concreto en sentido negativo, previa la
siguiente consideración:
“Para la Corte tal hipótesis [realizar un nuevo juicio
de constitucionalidad por interpretaciones sobrevinientes de la Corte
Interamericana sobre un derecho] solo podría abrirse paso cuando se acredite
adecuadamente el cumplimiento de condiciones muy estrictas. En efecto, ello
solo será posible en aquellos casos en los cuales (i) el parámetro de control
del asunto previamente examinado haya sido una norma integrada al bloque de
constitucionalidad en sentido estricto; (ii) los pronunciamientos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos hayan variado radicalmente y de forma clara
el sentido de tal norma; (iii) la nueva interpretación resulte compatible
con la Constitución Política; (iv) ofrezca un mayor grado de
protección a los derechos, que el otorgado por la Constitución; (v) se
integre a la ratio decidendi de las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; y (vi) sea uniforme y reiterada. En estos casos, destaca la Corte, el demandante tendrá
la obligación de demostrar con absoluta precisión cada uno de los requisitos
antes referidos.”
159.
En este asunto se precisó que no podía exceptuarse la cosa juzgada, dado que no
existía en la Corte Interamericana una regla clara, uniforme y reiterada sobre
la interpretación del artículo 23.2 de la Convención. Agregó que en la
Sentencia SU-712 de 2013[148] la
Corte afirmó que el caso López Mendoza vs. Venezuela no era conclusivo sobre el
caso colombiano, por lo cual, al amparo de dicho fallo no se extraía que la
facultad disciplinaria conferida a la Procuraduría General de la Nación fuera
contraria al estándar convencional.
160.
En la Sentencia C-101 de 2018[149] se
estudió una demanda contra el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, que prevé como
inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos la declaración de
responsabilidad fiscal. En este caso, la demanda también incluyó en el
parámetro de constitucionalidad el artículo 23 de la Convención, dado que, en
concepto del promotor de la acción, el ordenamiento colombiano avalaba una
restricción al ejercicio de derechos políticos a partir de la actuación de la
Contraloría General de la República. En esta decisión, que reiteró la posición
de la Sentencia en el caso López Mendoza vs. Venezuela, la Corte realizó
consideraciones amplias respecto a los elementos que debían acompañar la
valoración de las decisiones de la Corte Interamericana en la práctica
constitucional colombiana.
161.
En este sentido indicó que, por ejemplo, la doctrina del margen de apreciación[150]
en una aplicación nacional, aportaba importantes elementos de análisis para
considerar el proceso de armonización entre el orden interno y los estándares
internacionales de derechos humanos, que, al mismo tiempo, respetara (i) los
procesos democráticos, (ii) la maximización de la garantía de los valores
superiores y (iii) las particularidades de los diseños normativos de los
estados. Una herramienta como la mencionada, continuó, no se convierte en un
espacio de arbitrariedad para el Estado en su compromiso por respetar la
Convención, pues la actuación debe guiarse por los principios de razonabilidad
y proporcionalidad, al tiempo que potencializa la figura del bloque de
constitucional, bajo la idea de un “diálogo transjudicial entre los
diferentes órganos que interactúan de manera interdependiente y no bajo
estructuras jerarquizadas o verticales.”
162.
En el caso concreto, y siguiendo tal propuesta, la Sala Plena en la Sentencia
C-101 de 2018[151], señaló
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó a los estados un margen
amplio de configuración en relación con los derechos políticos protegidos en el
artículo 23, por lo cual, la lectura de los criterios expuestos en la Sentencia
de López Mendoza vs. Venezuela, debía ser cautelosa, pues no podía prescindir o
aislarse de otras normas nacionales e internacionales exigibles, ni, por
supuesto, de los contextos y escenarios fácticos y jurídicos específicos en los
que se expedían las sentencias por la Corte Interamericana, los cuales no
podían trasplantarse al caso colombiano.
163.
Bajo esta misma idea, la Corte Constitucional en la Sentencia C-111 de 2019
nuevamente consideró que el análisis del alcance del artículo 23 de la
Convención Americana exigía una lectura que integrara (i) la Constitución, (ii)
toda la Convención y (iii) otros tratados internacionales, luego de lo cual
concluyó que la competencia de la Procuraduría General de la Nación para
sancionar funcionarios públicos de elección era constitucional. Al respecto,
precisó:
“… la decisión de la Corte
Interamericana no se enmarca dentro de ninguna de tales causales [para cambiar
el precedente], por las siguientes cinco razones: (i) El sistema interamericano
debe tener cierta deferencia con los contextos de los Estados y sus normas
internas; (ii) la Corte Interamericana ha considerado que la CADH no
impone un modelo específico de reglamentación de los derechos políticos, sino
que ella “establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo
de los derechos políticos y permite a los Estados que dentro de los parámetros
convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas,
políticas, sociales y culturales”[63]; (iii) esta Corte, a pesar de reconocer su
importancia, ha señalado que los pronunciamientos de la Corte Interamericana no
pueden ser trasplantados automáticamente al ordenamiento
interno; (iv) la decisión de la Corte Interamericana se refiere
específicamente a un caso inter partes cuyo entendimiento del
artículo 23 de la CADH se refiere “específicamente al caso concreto que tiene
ante sí”[64]y (5) el mencionado caso ocurrió en un contexto
fáctico y jurídico diferente al del caso colombiano (ver parr. 26
supra).”
164.
Por supuesto, los casos que acaban de mencionarse no dan cuenta del universo de
eventos en los que la Corte Constitucional ha valorado la fuerza que debe
atribuirle a las decisiones judiciales de la Corte Interamericana en
multiplicidad de temas, entre los que se encuentran (i) los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, (ii) las
restricciones válidas al ejercicio de los derechos políticos, (iii) las
garantías sustanciales y procesales en materia penal[152],
entre otras, oportunidades en las cuales ha destacado que la asunción de su
doctrina, como intérprete auténtico de la Convención Americana, no opera de
manera automática por el hecho de que el Estado colombiano sea suscriptor de
dicho instrumento, dado que una adecuada comprensión del bloque de
constitucionalidad exige el análisis armónico y sistemático con todas las fuentes
vinculantes y, en particular, con la Carta Política de 1991.
3.4.3.
Conclusiones
165.
El bloque de constitucionalidad constituye una herramienta importante en la
estimación de la Constitución Política como un instrumento de derechos viviente,
la cual, adoptada en un Estado constitucional de derecho, está comprometida con
el respeto, protección y garantía de los bienes fundamentales de todos los
seres humanos, por el hecho de serlo.
166.
La riqueza que aporta el bloque de constitucionalidad a la práctica jurídica,
exige el compromiso serio por el ejercicio ponderado y razonado de cada una de
las incorporaciones que, permitidas por la Constitución, se realizan con
fundamento en los instrumentos internacionales que se integran al ordenamiento
interno con su misma jerarquía. Este ejercicio, además, debe tener en cuenta
los principios básicos de cumplimiento de las obligaciones contraídas por los
estados al momento de la suscripción de tratados, pactos, convenciones, entre
otros.
167.
En el marco de tal actividad, y al amparo de la cláusula interpretativa
derivada del artículo 93.2 de la Carta, las decisiones judiciales de los
intérpretes auténticos de los instrumentos que conforman el bloque de
constitucionalidad en sentido estricto, son relevantes. En concreto, los
pronunciamientos realizados por la Corte Interamericana tienen implicaciones
directas en la apreciación del sentido de un derecho previsto en la Convención
Americana. No obstante, es necesario advertir que a tal comprensión subyace la
necesidad de una interpretación sistemática y armónica con la lectura que
deriva de la Constitución Política e, incluso, de la proveniente de otros
tratados que también prevén obligaciones vinculantes para el Estado.
168.
La fuerza relevante de tales decisiones no significa de modo alguno una
vinculación simple. El discernimiento de los estándares jurisprudenciales
previstos en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
exige, por un lado, tomarse en serio su existencia y, por el otro lado,
tomarse en serio su adopción en el Ordenamiento Jurídico Interno.
169.
Tomarse en serio su existencia implica partir de una verificación simple, y es
que la Convención Americana -como toda carta de derechos- no está redactada en
términos de reglas unívocas, sino que contiene amplias referencias a principios
que, para su concreción, requieren ejercicios de interpretación que, en
últimas, son los que permiten decantar las posiciones de derechos que son
exigibles[153]. Por
lo anterior, la determinación de lo que un derecho de la Convención significa,
máxime cuando Colombia ha aceptado la competencia contenciosa de dicho
organismo, involucra tener en cuenta lo que al respecto ha dicho su intérprete
autorizado; se insiste, no para acogerlo de manera irreflexiva.
170.
Tomarse en serio su adopción, comporta comprender la inexistencia de
relaciones de jerarquía del derecho internacional sobre el interno, así como
las relaciones de recíproca cooperación en la búsqueda de estándares correctos
de protección. En este marco, en consecuencia, es necesario que, bajo criterios
como los que ha intentado precisar esta Corporación en decisiones tales como la
C-500 de 2014[154] y la
C-101 de 2018[155], se
logre la citada armonización de los estándares de protección con los parámetros
que derivan de la Carta Política y que, con criterio de autoridad, son fijados
con la intervención de la Corte Constitucional.
4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Violación directa de la Constitución. Reiteración de
jurisprudencia
171. La consolidada y actualmente pacífica línea
jurisprudencial construida por esta Corporación en torno a los mandatos
derivados de los artículos 86 y 229 de la Constitución Política y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[156],
indica que las decisiones de los jueces de la República, en ejercicio de la
función jurisdiccional, pueden ser excepcionalmente cuestionadas a través de la
acción de tutela[157]. Luego
de un debate importante al respecto, la Sentencia C-590 de 2005[158]
sistematizó los supuestos explorados por la jurisprudencia bajo las denominadas
condiciones genéricas de procedencia y causales específicas de procedibilidad
de la acción de amparo contra providencias judiciales[159].
172. Respecto a las condiciones genéricas de
procedencia de la acción de tutela, el pronunciamiento en referencia consideró
los siguientes: (i) que el asunto sometido a conocimiento del juez tenga
relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado antes de acudir a la
acción de tutela los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por el
Legislador para la defensa de sus derechos, sin perjuicio de que la
intervención del juez constitucional se solicite con la pretensión de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; (iii) la satisfacción del requisito
de inmediatez, en términos de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que cuando
se invoca una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia definitiva o
determinante en la decisión judicial que se cuestiona; (v) la identificación
razonable, por la persona interesada, de los hechos que generan la lesión y los
derechos quebrantados, y que, de haber sido posible, haya invocado dichos
argumentos en el proceso judicial; y, (vi) que no se trate de sentencias
proferidas en sede de tutela. Sobre estos requerimientos, que se dirigen en su
mayoría a preservar el carácter residual del mecanismo de amparo, la Corte ha
considerado, además, que la carga argumentativa de quien acude a la tutela para
cuestionar una providencia judicial, interpretada al amparo del principio de
informalidad propio de este mecanismo[160], se
acentúa cuando el reparo se efectúa frente a decisiones de altas cortes[161].
173. En cuanto a las causales específicas de
procedibilidad, la Sentencia se refirió a los siguientes defectos: (i)
orgánico, (ii) procedimental absoluto, (iii) fáctico, (iv) material o
sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento de precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
Su configuración, ha precisado la Corte, no parte de una visión fragmentaria o
parcelada de cada uno de ellos, dado que es viable que una misma situación de
lugar a que ellos concurran y que, ante dicha comprobación, se imponga un
amparo por parte del juez constitucional[162].
4.1. Breve caracterización de la
causal de violación directa de la Constitución
174. A partir del principio de supremacía
constitucional, previsto en el artículo 4 de la Constitución, el “actual
modelo de ordenamiento constitucional “reconoce valor normativo superior
a los preceptos constitucionales, y ellos contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos,
por los particulares”.  Inicialmente, bajo la tesis de las vías de hecho,
esta causal era considerada como un defecto sustantivo. Posteriormente, tal
doctrina se decantó y consolidó -en la Sentencia C-590 de 2005- con la idea de
causales específicas de procedibilidad, advirtiendo que, pese a que en últimas
todos los defectos sugieren el desconocimiento de la Norma Superior, existen
unas situaciones especiales en las que este último se configura. En
tal sentido, se ha afirmado que ello ocurre cuando: (i) en la
solución del caso no se interpretó o aplicó una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; (iii) el juez no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución; y (iv) el fallador
omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de que la norma a
la que se sujetaba el caso era incompatible con la Constitución, incluso si las
partes no solicitaron tal aplicación. Ha advertido este Tribunal que
“[e]n estos casos, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun
cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el
caso particular”[163]
5. Segunda Parte: Resolución del caso concreto
175. Teniendo en cuenta el plan
de trabajo presentado por la Sala (párrafo 56, supra), en esta parte se
expondrán los argumentos que llevan a concluir que la acción de tutela
presentada por el ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva contra la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, satisface los requisitos de
procedencia general y específica, dado que se configura un defecto por
violación directa de la Constitución.
5.1. La acción de tutela
analizada cumple los presupuestos generales de procedencia exigidos cuando se
cuestiona una providencia judicial
176. En este asunto se satisface el
requisito de legitimación en la causa -por activa y por pasiva-[164],
dado que, por un lado, la protección se invoca, a través de apoderado
legalmente constituido, por quien fue condenado en única instancia y, en ese
sentido, ha solicitado el reconocimiento del derecho a la impugnación de la
sentencia penal en su contra. Y, del otro lado, el demandado es la Corporación
de Justicia que, con competencia constitucional, decidió, luego de la expedición
de la sentencia condenatoria en contra el ciudadano Arias Leiva, declarar la
improcedencia de la impugnación propuesta.
177. El caso es relevante constitucionalmente,
pues involucra la protección del derecho constitucional a impugnar la sentencia
penal condenatoria proferida en única instancia, garantía mínima del debido
proceso penal de aplicación inmediata, según el artículo 85 de la Constitución.
Compromete, además, la satisfacción de las obligaciones del Estado colombiano
en el marco del bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 93 de la
Constitución, en atención a que este bien jurídico ha sido objeto de desarrollo
claro y preciso a partir de lo ordenado por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
178. La discusión del amparo del derecho invocado
por el actor, además, toma lugar en un proceso que es expresión del poder
punitivo del Estado y, en consecuencia, su ejercicio debe ser plenamente
justificado, razonable y garante de todas las prerrogativas a las que haya
lugar, pues detrás de su intervención se encuentra la afectación de bienes
fundamentales en una democracia, como la libertad personal.
179. La impugnación de la sentencia involucra,
igualmente, otros presupuestos democráticos que subyacen al fuero
constitucional, y que en este caso deben tenerse en cuenta pues el actor fue
juzgado atendiendo a su condición especial de alto funcionario del Estado.
Finalmente, este asunto ha sido objeto de pronunciamiento por parte de un
órgano de interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, dictamen que -con independencia de su fuerza vinculante- contiene
reflexiones importantes respecto de un estándar general y abstracto que esta
Corporación ha venido acogiendo desde la Sentencia C-792 de 2014 sobre el
alcance del derecho invocado.
180. Se satisface el requisito de subsidiariedad,
por haberse agotado los recursos ordinarios y extraordinarios a disposición del
actor. El accionante ha agotado los recursos disponibles para lograr que se
conceda la impugnación en contra de la sentencia que dispuso su condena en
única instancia. Al respecto se evidencia que desde el momento en el que fue
condenado ha solicitado su protección, incluso acudió a instancias
internacionales que se han pronunciado sobre su situación.
181. Teniendo en cuenta que la acción de amparo se presentó
para cuestionar lo decidido en el Auto del 13 de febrero de 2019, por el cual
la Sala de Casación Penal declaró improcedente la impugnación contra la
Sentencia del 16 de julio de 2014, la subsidiariedad debe analizarse en primera
medida frente a los recursos con los que contaba el actor para cuestionar lo
allí decidido. En este sentido, se evidencia que la misma providencia estableció
que “[c]ontra esta decisión no proceden recursos.” Ahora bien, la
petición en reposición no tendría objeto ante la posición consolidada de la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal de negar la petición en este
caso; la apelación, es inviable, pues la autoridad demandada no tiene superior
jerárquico; y, por motivos similares, el recurso de queja[165]
tampoco es procedente.
182. Ahora bien, en el orden interno al momento de
proferirse la sentencia de condena contra el ciudadano Arias Leiva -el 16 de
julio de 2014- la posición aún sostenida de manera expresa tanto por la Corte
Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia consistía en la
constitucionalidad del régimen de juzgamiento de los aforados en única
instancia, luego, no es exigible al actor que para dicho momento invocara una
solicitud especial frente al no otorgamiento de recursos. Contra esa sentencia,
además, los únicos mecanismos disponibles en el orden interno eran las acciones
de revisión[166] o de
tutela[167], las
cuales, por exigir requisitos precisos de procedencia, no satisfacen el derecho
que aquí se reclama.
183. No desconoce la Sala que el actor solicitó en
dos oportunidades anteriores el derecho a impugnar y que las decisiones
judiciales que declararon su improcedencia no fueron demandadas. No obstante,
se valora que luego de ese momento el accionante obtuvo el dictamen del Comité
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -expedido el 27 de
julio de 2018 y notificado el 13 de noviembre del mismo año- y que, contando
con este como un elemento que -en su consideración- reforzaría su petición,
solicitó a la Corte Suprema de Justicia el derecho a la impugnación
-nuevamente- el 10 de diciembre de 2018; solicitud que fue atendida
negativamente en el Auto que ahora sí se demanda. Dado lo anterior, se concluye
que el actor ha desplegado todos los recursos a su alcance, sin reproche alguno
de falta de diligencia.
184. Finalmente es oportuno referir que en otros
asuntos con peticiones similares a la que ahora se invoca, la Sala Plena ha
valorado que las acciones de tutela invocadas contra providencias que niegan la
impugnación de la sentencia condenatoria son procedentes, para lo cual es
suficiente citar las sentencias SU-217 de 2019[168],
SU-218 de 2019[169] y
SU-373 de 2019[170].
185. En este asunto se verifica el cumplimiento del requisito de inmediatez, dado que entre la
providencia que se cuestiona y la interposición de la presente acción de tutela
transcurrieron menos de 6 meses. Así, el Auto cuestionado es del 13 de febrero
de 2019 y la acción se tutela se presentó el 22 de febrero del mismo año.
Además, desde el momento de la condena, tal como se precisó en el anterior
apartado, el actor ha venido reclamando la protección de la garantía ahora
analizada.
186. Por último, también es oportuno tener en cuenta que las
consecuencias de la condena penal se encuentran vigentes, pues el actor está
cumpliendo actualmente la pena de privación del derecho a la libertad. En tales
condiciones, más allá de los momentos en los que la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia ha negado el derecho a la impugnación, esta
situación es sui
géneris,
manteniéndose activa la pretensión que ahora se invoca. Así, se concluye que en
el presente caso indiscutiblemente se cumple con el requisito de oportunidad.
187. El accionante también
identifica claramente los hechos en los que funda su reclamación y los derechos
que valora quebrantados. Atendiendo a la carga especial que recae sobre quien
invoca una solicitud de amparo contra autoridad judicial, por sus providencias,
también se concluye que en este caso se satisface el requisito, dado que el
actor explica detalladamente los motivos que lo llevan a solicitar el amparo,
argumentos que, además, han hecho parte de su línea de defensa a lo largo de su
reclamación. Y, finalmente, la decisión judicial
atacada no es una sentencia de tutela y el cargo invocado no remite a un vicio
de procedimiento, en la medida en que compromete una garantía del debido
proceso penal.
188. En conclusión, la Sala encuentra que en esta
oportunidad se satisfacen los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial y, en consecuencia, continuará con el
estudio propuesto.
5.2. La Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió, al proferir la providencia
cuestionada, en la causal de violación directa de la Constitución por
desconocer el debido proceso, específicamente el derecho a la impugnación de la
sentencia condenatoria en única instancia
189. La Sala Plena iniciará el
análisis de este apartado sintetizando los argumentos que la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto como sustento de su posición,
pues la comprobación del defecto invocado por el accionante parte de evidenciar
en este acápite el porqué estas razones no son de recibo en el marco
constitucional vigente.
190. A continuación la Sala se
ocupará de los siguientes aspectos: (i) la actualización del parámetro
constitucional para el juzgamiento penal de las personas que gozan de la
garantía del fuero constitucional, a partir de la Sentencia C-792 de 2014[171];
(ii) la inexistencia de una imposibilidad de aplicar el actual estándar de
protección del derecho a impugnar la sentencia condenatoria a asuntos fallados
con anterioridad a dicha providencia y al Acto Legislativo 01 de 2018; y, (iii)
la importancia de la consideración del bloque de constitucionalidad invocado
por el tutelante en este asunto (párrafos 10, 23 y 24, supra).
191. También se pronunciará la
Sala sobre (iv) la concurrencia de circunstancias particulares, que determinan
la viabilidad del amparo reclamado, tales como la actual situación de
cumplimiento de la pena por el accionante y una afirmación de la regla a
establecer a partir de la valoración -en ponderación- de otros principios y
derechos involucrados, en particular, el principio de seguridad jurídica y los
derechos de las víctimas de los derechos juzgados. Por ultimo, (v) se valorará
que el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos concluyó
que el Estado colombiano desconoció al ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva el
derecho previsto en el artículo 14.5. del Pacto, vulneración que también ocupa
la atención de la Corte en esta oportunidad y que le permite, dada su
verificación, tomar medidas de protección.
5.2.1. Argumentos de la Sala
de Casación Penal relevantes para el análisis
192. Según quedó expuesto en
los antecedentes de esta decisión (párrafo 4 y ss, supra) la
pretensión de amparo se dirige contra el último auto -de tres- que profirió la
autoridad demandada negando el derecho del accionante a impugnar la sentencia
condenatoria proferida en su contra, en única instancia, el 16 de julio de
2014. En dicha providencia, del 13 de febrero de 2019, la Sala de Casación
Penal afirmó que:
193. El derecho a impugnar la
sentencia condenatoria de aforados constitucionales está previsto en el Acto
Legislativo 01 de 2018. Agregó que tal reforma (i) determinó su propia vigencia
en el artículo 4, en el sentido de afirmar que “rige a partir de su
promulgación”, y (ii) no estipuló un régimen específico de transición para
aquellos casos juzgados previamente, sobre los que existen decisiones en firme;
por lo cual, debía concluirse que (iii) no podía concederse al tutelante el
derecho a impugnar la sentencia condenatoria de única instancia[172].
194. En relación con el
Dictamen del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos emitido en el caso del ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva,
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que, con
independencia de su fuerza vinculante, era imposible su cumplimiento sin una
reforma constitucional. Lo anterior dado que, según el Dictamen, debe
concederse al actor un recurso ante un superior, y la Sala de Casación Penal es
la última instancia jerárquica en la materia[173] y,
además, solo una modificación normativa permitiría suprimirle el efecto de cosa
juzgada que pesa sobre la decisión del 16 de julio de 2014.
5.2.2. Actualización del
parámetro constitucional sobre la garantía del derecho a la impugnación de la
sentencia condenatoria en procesos penales adelantados contra personas con
fuero constitucional
195. Con fundamento en lo
sostenido a partir del párrafo 93, supra, la Sala Plena retoma como
presupuesto de análisis que el reconocimiento del derecho a impugnar la
sentencia penal condenatoria, a través de un mecanismo amplio e integral,
constituye una posición de derecho que, adscrita al artículo 29 de la
Constitución Política, inició un proceso de construcción y consolidación en el
escenario internacional, con fuerza particular en el Sistema Regional de
Derechos Humanos.
196. Dicho estándar fue acogido
en Colombia en la Sentencia C-792 de 2014[174] y,
posteriormente, en el Acto Legislativo 01 de 2018; decisiones que fueron adoptadas
por autoridades con competencia en el marco del Derecho interno y que, por lo
tanto, introdujeron una actualización de la lectura de la Carta Superior a
partir del sentido que derivaba de la Convención Americana de Derechos Humanos.
197. Para estimar tal adecuación constitucional como imperiosa, la
Corte Constitucional -en la Sentencia C-792 de 2014- tuvo en cuenta el
desarrollo jurisprudencial que realizó la Corte Interamericana de Derechos
Humanos durante varios años en torno a la comprensión y el contenido del
derecho a la impugnación (Art. 8.2.h. del Pacto). Un repaso por estas
reflexiones permite estimar que la impugnación se expresa en una doble
conformidad, como garantía mínima y primordial de todo sujeto sometido al poder
punitivo del Estado, y que implica la revisión íntegra del fallo condenatorio a
cargo de otro juez, imparcial e independiente. Su justificación, además, se
finca en el interés para el condenado, a quien se le brinda mayor seguridad y
amparo al permitir “corregir errores o injusticias que puedan haberse
cometido en las decisiones de primera instancia”[175], y en el interés también para
el Estado, ya que “otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional.”[176] En reciente decisión, dicho
Tribunal sostuvo:
“Teniendo en cuenta que las garantías judiciales
buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a decisiones
arbitrarias, la Corte ha interpretado que el derecho a recurrir el fallo no
puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado,
ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del
Estado. La Corte ha considerado el derecho a recurrir el fallo como una de las
garantías mínimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y
proceso penal.”[177]
198. Para la
Corte Interamericana la concreción de tal derecho exige una configuración
normativa que, con independencia de su denominación y diseño -margen de
configuración-, garantice la existencia de un mecanismo idóneo y eficaz, que
permita valorar sin complejidades ni a partir de causales restrictivas, los
supuestos normativos, fácticos y probatorios de la decisión previa. También
debe repararse en el hecho de que, en situaciones en las que la condena se
profiere por la máxima autoridad de la justicia penal en un país, la Corte ha
indicado que no es necesaria la existencia jerárquica de un superior para
cumplir con las obligaciones del Pacto, aunque, en todo caso, lo que sí debe
promoverse es que el juez que conozca de tal mecanismo no haya analizado el
caso con anterioridad (párrafo 99, supra).
199. La Sala Plena no desconoce
que el derecho a impugnar la sentencia penal condenatoria fue previsto por el
Constituyente de 1991, pero debe insistir en que durante un largo periodo de
nuestra comprensión constitucional se sostuvo que tal bien jurídico se
satisfacía con la existencia de mecanismos restringidos en su procedencia,
tales como la acción de revisión y la de tutela. En este sentido, aquello que
varió en nuestro sistema constitucional fue la necesidad de que al derecho le
correspondiera una garantía -mecanismo o recurso- que cumpliera requerimientos
mínimos. Este parámetro, que se sintetiza en el derecho a impugnar la sentencia
penal condenatoria a través de un mecanismo amplio e integral, ya fue
acogido por nuestro ordenamiento.
200. Ahora bien, dado que la actualización
de la lectura de la Carta Política al amparo de disposiciones que hacen parte
del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, como los artículos
8.2.h. de la Convención y 14.5 del Pacto, se dio en torno al derecho a la
impugnación, es claro, en consecuencia, que el análisis de esta Sala se centra
en el reconocimiento del derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria
proferida contra el accionante en única instancia, y no en el derecho a apelar
por virtud de la doble instancia (Art. 31 de la Constitución), como ya
se ha mencionado en esta providencia.
5.2.3. El derecho a
impugnar la sentencia penal condenatoria, contrario a lo sostenido por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no depende de la aplicación
del Acto Legislativo 01 de 2018
201. Para la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a impugnar la sentencia penal
condenatoria en el caso de los aforados constitucionales es viable solamente a
partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, dado que, además, esta
reforma constitucional tiene una cláusula de vigencia hacia futuro
202. Tal presupuesto parte de
un hecho que es incuestionable, pero que no tiene las implicaciones que de allí
deriva la autoridad judicial demandada. En este sentido, es cierto que al
momento en el que se decidió el proceso penal contra el ciudadano Andrés Felipe
Arias Leiva la configuración normativa válida y vigente en el sistema penal
colombiano no preveía un mecanismo de impugnación amplio e integral como lo
exige ahora la protección del derecho previsto en el artículo 29 de la
Constitución, por lo cual, en estricto sentido, la sentencia condenatoria del
16 de julio de 2014 contra el accionante, se encuentra ejecutoriada y goza de
la fuerza de cosa juzgada.
203. Este acercamiento, además, tiene sustento en
el principio de legalidad previsto en los artículos 29 de la Constitución
Política, 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 9 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por virtud de este principio,
una de las mayores conquistas del Estado constitucional[178],
(i) no existe delito, sin que una ley previa lo haya previsto así de manera
expresa; (ii) no puede aplicarse una pena, sin una norma que la haya
configurado con antelación; (iii) debe existir un juez y un procedimiento
previo, y (iv) nadie puede ser condenado sin ser sometido a un juicio legal[179];
mandatos todos estos que tienen como finalidad proteger la libertad individual,
evitar la arbitrariedad judicial[180] y
asegurar el principio de igualdad de todos ante el poder punitivo del Estado,
bajo el amparo de la seguridad jurídica.
204. También ha precisado la jurisprudencia
constitucional, que el estándar predicable de la “preexistencia de leyes”
tiene una exigencia incontrovertible respecto de las normas sustanciales que
definen los delitos y las penas, y aunque es predicable también en relación con
la preexistencia de juez competente y un procedimiento, es probable que, sin
desconocer la Carta, puedan modificarse estos últimos aspectos[181],
pues el proceso es una situación en curso y, por lo tanto, no genera derechos
adquiridos.
205. Por lo anterior, afirmar
que un caso ha quedado concluido a partir de la aplicación de normas
preexistentes constituye un triunfo no solo para el Estado, que ejerce su poder
punitivo de manera correcta, sin arbitrariedad y con sujeción estricta a los
cánones definidos democráticamente por el Legislador, sino para el sujeto
pasivo de la acción penal y, seguramente, para las víctimas de los delitos
investigados y juzgados. Esta es una premisa que no puede pasarse por alto.
206. No obstante, la
aproximación realizada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia pierde de vista que el derecho ahora reclamado ha sido producto de una
evolución paulatina y continúa, que si bien tomó fuerza con la expedición de
una reforma constitucional que establece algunos procedimientos para la
garantía del bien jurídico, inició un proceso de desarrollo y consolidación
incluso antes de la Sentencia C-792 de 2014[182] en el
ámbito regional de Derechos Humanos, como se ha explicado en esta decisión.
207. Este derecho, otro aspecto
que no valoró la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, ostenta una condición particular con un impacto definitivo en la
resolución del presente caso, pues es una garantía con efectos sustanciales del
derecho al debido proceso penal, de aplicación inmediata por mandato del
artículo 85 de la Constitución. Así, aunque todo derecho exige como
contrapartida para su protección de un mecanismo o recurso, esto no
convierte a las discusiones de derechos en asuntos meramente procesales, por lo
cual, con independencia del contenido del Acto Legislativo 01 de 2018, lo
cierto es que detrás de su configuración se encuentra un bien fundamental que,
en democracia y por las implicaciones del ejercicio punitivo del Estado, debe
ser considerado en su justa medida.
208. Aunado a lo anterior, las
cláusulas de vigencia que materializan el efecto general inmediato de las
leyes, o principio de irretroactividad legal, no implican para el intérprete
del ordenamiento jurídico una barrera insalvable en la consecución de la
armonización de derechos y principios que puedan entrar en colisión. Es así
como esta Corporación en jurisprudencia consolidada ha establecido, por
ejemplo, que las decisiones legislativas que adoptan la cláusula de la
irretroactividad no constituyen un impedimento para la aplicación del principio
de favorabilidad[183]. En
este caso, aunque la Sala Plena no considerará la lesión de dicho principio, lo
cierto es que tal referencia permite ver, se insiste, que la afirmación de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por virtud de la cual
era imposible acceder al beneficio reclamado por el actor, dado el efecto en el
tiempo del Acto Legislativo 01 de 2018, no es de recibo para la Sala, porque
omite el deber de considerar y armonizar los derechos constitucionales
involucrados.
209. Esta labor, contrario a lo
sostenido por la autoridad demandada (párrafo 194, supra), no solo es
competencia del Legislador sino de los jueces encargados de decidir en concreto
sobre la protección de un derecho, quienes ante la interrelación de derechos y
principios cuya vigencia sugiere conclusiones opuestas, deben adoptar la
decisión que -valorando integralmente la situación-sea la que se ajuste a una
interpretación conforme a la Constitución. Este análisis, reitera la Corte, no
fue realizado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
210. Finalmente, en este
sentido, es de advertir que ni de la Sentencia C-792 de 2014[184]
ni del Acto Legislativo 01 de 2018 se puede extraer una interpretación que
impida considerar la viabilidad de aplicar la garantía del derecho a impugnar
la sentencia penal condenatoria con el actual estándar, antes de su adopción o
expedición. En el primer caso, es evidente que el pronunciamiento de la Corte
Constitucional no tuvo por objeto decidir casos individuales acaecidos antes de
efectuar el pronunciamiento y, en el segundo caso, quedó probado al hacer la
síntesis del proceso legislativo que culminó con la expedición del acto
reformatorio, que en el seno del Congreso de la República no hubo una oposición
definitiva a considerar que casos fallados antes pudieran ser beneficiarios del
derecho a la impugnación a través de un mecanismo amplio e integral (párrafos
122 y 123, supra). Vale la pena destacar, además, que de las decisiones
proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sede de control
concreto tampoco se extrae una regla que impida el reconocimiento ahora
solicitado, dado que, por las circunstancias fácticas y discusiones jurídicas
que las determinaron, no realizaron el estudio que ahora se adelanta, a partir
del bloque de constitucionalidad y respecto de un aforado constitucional.
211. Por lo expuesto, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que fue el Acto Legislativo
01 de 2018, de manera fundante, el que concedió el derecho a impugnar la
sentencia condenatoria mediante un mecanismo amplio e integral, omitiendo
valorar que la construcción y consolidación de dicha posición de derecho, que
hoy se adscribe al artículo 29 de la Constitución, fue producto de un
desarrollo que inició en el sistema regional de derechos humanos y que, luego,
fue acogido en nuestro ordenamiento a partir de la Sentencia C-792 de 2014[185].
Adicionalmente, a partir de la cláusula de vigencia que incorporó el referido
acto reformatorio en su artículo 4[186], la
autoridad judicial demandada edificó una barrera que le impidió considerar y armonizar
en este caso los derechos y principios en tensión.
5.2.4. La Sentencia
proferida en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname como criterio determinante
para establecer desde cuándo es exigible el actual estándar de protección del
derecho a impugnar la sentencia condenatoria contra un aforado constitucional
212. En la Sentencia C-934 de
2006[187],
última decisión en control abstracto antes de la providencia C-792 de 2014[188]
sobre el sistema de investigación y juzgamiento de aforados constitucionales en
única instancia, se refleja, sin duda, que los artículos 8.2.h. de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos integraron el parámetro del juicio de
constitucionalidad para comprender el derecho previsto en el artículo 29 de la
Carta.
213. Con independencia de la
conclusión a la que llegó la Sala Plena en esa oportunidad, la decisión así
proferida muestra que en esta materia era un imperativo acudir, por virtud del
bloque de constitucionalidad en sentido estricto, a los citados
artículos de la Convención y del Pacto. Esto no es, en consecuencia,
algo que solo ocurrió con la Sentencia C-792 de 2014[189]
o con el Acto Legislativo 01 de 2018[190].
214. Ahora bien, las decisiones
adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos (i)
Barreto Leiva vs Venezuela, del 17 de noviembre de 2009 y (ii) Liakat Ali
Alibux vs. Suriname, del 30 de enero de 2014 (párrafos 95 a 101, supra),
determinaron la comprensión del derecho previsto en el artículo 8.2.h de la
Convención, respecto del juzgamiento de aforados constitucionales; funcionaron
como una herramienta de interpretación para establecer la lectura de un
derecho convencional.
215. A partir de lo dicho, esta
Sala debe ahondar sobre el siguiente cuestionamiento fundamental. Con
posterioridad al año 2006 se decantó en el escenario internacional, entre los
años 2007 y 2014, el alcance del derecho a la impugnación de la sentencia
condenatoria respecto de aforados constitucionales (párrafo 93 y siguientes, supra).
Este estándar, sin embargo, solo se reflejó en el ordenamiento constitucional
interno colombiano con la Sentencia C-792 de 2014[191]
y el Acto Legislativo 01 de 2018. En estas condiciones, ¿qué sucede con los
casos decididos con el estándar inicial entre, por un lado, el momento en el
que la comprensión más garante del derecho se había consolidado en el derecho
internacional de derechos humanos pero, por el otro lado, dicha comprensión aún
no había tenido recepción en el ordenamiento interno?, esto es, ¿qué sucede con
un caso fallado el 16 de julio de 2014 bajo una comprensión restrictiva del
derecho a la impugnación, si para esa fecha el estándar internacional se había
modificado, pero aún no había sido acogido a través de ninguna vía
-jurisprudencial o normativa- por el ordenamiento constitucional?
216. Lo primero que debe
destacarse es que el entendimiento del derecho a la impugnación de la sentencia
condenatoria a través de un mecanismo amplio e integral ya no es un
estándar que deba ser objeto de análisis con miras a concluir si es compatible
o no con el ordenamiento constitucional (párrafo 151 y ss, supra), dado
que ha sido admitido y acogido en nuestra Carta de derechos, a partir de una
lectura sistemática con la Constitución Política y los   demás instrumentos
vinculantes para el Estado en esta materia, como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
217. También debe precisarse
que la existencia de una decisión autoritativa por parte de una instancia
nacional con competencia para el efecto, que de cuenta de la incorporación de
un estándar de protección de un derecho por virtud del bloque de
constitucionalidad, no es un asunto menor (párrafo 166 y ss, supra). La
actualización de la lectura de la Carta a partir de instrumentos internacionales
constituye algo serio e importante, por lo tanto, debe reconocerse la
significación que en términos de seguridad jurídica, entre otros
valores, cumple en este caso la Sentencia C-792 de 2014 -que, además, se
refiere a una materia penal- pues, como ya se tuvo ocasión de afirmar, es a
través de dicha providencia que se actualizó la lectura de la Constitución a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y, además, al Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
218. Igualmente es necesario señalar
que, como parte de tales decisiones autoritativas, la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2018 constituyó un avance importante en el desarrollo de la
faceta objetiva del derecho fundamental a la impugnación para aforados
constitucionales, dado que, institucionalmente, ajustó el diseño de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para su satisfacción. Así,
aunque no saturó la regulación integral para su aplicación, sí avanzó en
aspectos necesarios para darle operatividad al mecanismo de garantía del
derecho a impugnar el fallo condenatorio.
219.  Bajo estas precisiones
una perspectiva de la situación que solo tenga en cuenta el efecto de cosa
juzgada y el principio de seguridad jurídica llevaría a considerar que todas
las condenas penales proferidas antes de que el ordenamiento interno
actualizara su lectura, son intocables. Una posición en tal sentido, sin
embargo, desconoce o anula la garantía procesal penal en estudio, su naturaleza
y la extensión de sus efectos en el tiempo, sacrificio que es injustificado en
el orden constitucional. En consecuencia, es necesario preguntarse ¿qué sucede
con los casos que se definieron en única instancia antes del tal actualización
jurisprudencial y normativa? La respuesta a tal interrogante depende, de la
valoración de algunos aspectos: (i) del momento en el que se profirió la
sentencia condenatoria, con miras a determinar si para tal fecha ya existía un
estándar internacional configurado en el sentido en el que ahora se reclama por
el accionante; (ii) del tipo de garantía de que se trata, esto es, un derecho
subjetivo de aplicación inmediata que encuentra en el escenario del juicio penal
su espacio de protección; y, (iii) de la permanencia en el tiempo de las consecuencias
que emanan de la aplicación de un estándar que no se ajusta -ahora- a la
interpretación correcta del derecho al debido proceso.
220. Sobre el primer elemento,
se resalta que la sentencia condenatoria del accionante se profirió el 16 de
julio de 2014, esto es, luego de que se hubiera emitido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos la decisión que, en consideración de esta
Sala, es definitiva para afirmar que en dicho sistema regional existe una
verdadera posición de derecho que se adscribe al artículo 8.2.h. de la
Convención, según la cual se exige un mecanismo amplio e integral como garantía
del bien fundamental a impugnar la sentencia condenatoria en materia penal. Tal
providencia es la dictada en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname dado que,
como se indicó en los párrafos 97 y ss, supra, se emitió respecto de un
sujeto que, con supuestos similares al presente, fue juzgado por la máxima
instancia penal de su país sin derecho a impugnar su fallo condenatorio.
221. Esta providencia, además,
encuentra antecedente en decisiones previas del Comité de Derechos Humanos y de
la misma Corte Interamericana, con lo cual, no hay duda que para tal momento
existía certeza en el sistema convencional que, en garantía del derecho
previsto en el artículo 8.2.h., los aforados constitucionales, juzgados por las
máximas instancias judiciales de sus países, tenían derecho a que otro juez
valorara amplia e integralmente su fallo.
222. Por lo tanto, para la Sala
Plena la fecha de la expedición de la sentencia de la Corte Interamericana en
el caso Liakat Ali Alibux, el 30 de enero de 2014, constituye un referente imprescindible,
por cuanto (i) ha jugado un papel fundamental para establecer el alcance del
derecho convencional previsto en el artículo 8.2.h. de la Convención,
instrumento internacional de derechos humanos que hace parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto; (ii) contiene un pronunciamiento
expreso sobre el caso de un funcionario que, en un Estado también vinculado a
la Convención Americana, fue juzgado en única instancia -como aforado- por el
máximo órgano de justicia de su país, pronunciamiento que, además, sigue una
línea clara del ámbito de protección del derecho que en la misma sede y en el
Sistema Universal de Derechos Humanos venía construyéndose; (iii) los
pronunciamientos de la Corte Interamericana y, por lo tanto, esta Sentencia,
han sido relevantes interpretativamente en la lectura del artículo 29 de la
Constitución Política, comprensión que ya ha sido acogida por nuestro
Ordenamiento Jurídico; y (iv) como estándar, permite cobijar casos juzgados
bajo un marco regional de derechos que ya amparaba sus situaciones, de manera
más amplia y compatible con nuestra Constitución Política. Lo anterior, sin
renunciar, por otra parte, al principio de seguridad jurídica, dado que
constituye un estándar previsible, razonable y ponderado, que extiende el
alcance de una garantía procesal penal dentro de lo posible y sin desconocer
intensamente otras cláusulas constitucionales, como se verá más adelante.
223. De la Sentencia citada, la
Corte Constitucional destaca además, por su relevancia en este caso, que la
Corte Interamericana también precisó en dicho caso que el juzgamiento por la
última sede penal de un país no era un impedimento para la procedencia del
derecho, puesto que, en el margen de configuración de los estados, se podían
establecer diferentes formas de concreción, bajo el requisito de que el juez
fuera imparcial (párrafo 99, supra). De este modo, la inexistencia de un
juez superior -como lo invocó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia en este asunto para justificar la improcedencia de la impugnación-
tampoco es una barrera para el reconocimiento de este derecho fundamental.
224. Por último, destaca la
Sala que la relevancia de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como intérprete auténtico de la Convención y en ejercicio de una
competencia contenciosa aceptada por el Estado colombiano, deriva de la
necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Pacto, en
concreto, de aquellas que se imponen a partir del artículo 8.2.h. de la
Convención, por virtud del bloque de constitucionalidad, bajo un entendimiento
del bien jurídico que ya existía en el sistema convencional antes de que se
profiriera la sentencia condenatoria contra el actor, el 16 de julio de 2014.
225. En conclusión, el
reconocimiento del nuevo estándar de la manera más amplia posible, a partir del
30 de enero de 2014, además, maximiza una garantía que repercute de manera
significativa en la satisfacción de otros derechos constitucionales que se
comprometen intensamente en un proceso penal para el sujeto pasivo de la acción;
maximización que atiende al principio pro persona que con vigencia en la
interpretación de los instrumentos internacionales de derechos humanos que
hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto (párrafo
147, supra). Esto es, conforme al segundo elemento referido en el
párrafo 219, supra, debe repararse en que el bien fundamental en
discusión hace parte del debido proceso penal, con contenido sustancial, que conforme
al artículo 85 de la Carta es de aplicación inmediata. La protección que se
discute, por consiguiente, integra un ámbito del derecho en el que las
relaciones entre el Estado y el ciudadano, entre la defensa de los valores en
una sociedad y las responsabilidades individuales, adquieren una notabilidad
innegable, por lo que la sujeción al poder del Estado debe estar guiada por
garantías sustanciales y procesales, que, en el marco del juicio, garanticen en
los máximos constitucionales posibles y razonables, la vigencia de la defensa.
226. Esta interpretación, por
último, atiende a la situación de que el accionante actualmente está cumpliendo
una condena privativa de la libertad, lo que significa, para el examen que
viene realizando la Sala, que actualmente sigue siendo relevante analizar el
alcance del derecho a impugnar la sentencia penal condenatoria. Sin desconocer,
por supuesto, el efecto de cosa juzgada que recae sobre la condena que se profirió
en contra del tutelante.
5.2.5. Puestos en una
balanza los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, de un lado, y el
derecho a impugnar la sentencia condenatoria a través de un mecanismo amplio e
integral, del otro, el resultado se inclina hacia este último, con algunas
precauciones
227. En la misma línea
argumentativa que ha venido sosteniendo la Sala, entonces, no se desconoce que
en el caso que se analiza existe una tensión entre la aplicación del derecho
invocado a partir de los mandatos que derivan del bloque de constitucionalidad
en sentido estricto, y, por otro lado, el principio de seguridad
jurídica y cosa juzgada que recae sobre la sentencia penal que se profirió, el 16
de julio de 2014 por la Sala de Casación Penal, con sujeción estricta a los
cánones que el ordenamiento interno de entonces exigía; teniendo en cuenta, por
otra parte, que para ese momento ninguna autoridad con competencia había
actualizado la lectura interna de la Constitución Política al estándar
consolidado del sistema regional de Derechos Humanos.
228. Esa tensión, empero, debe
resolverse sin sacrificar de manera absoluta ninguno de los intereses
expuestos. Así, aunque en principio la resolución de este conflicto en
particular debe responderse en favor de la pretensión del accionante por los
motivos que, de manera expresa, fueron expuestos en los párrafos precedentes,
esto es, por el tipo de derecho involucrado y el ámbito de su aplicación, el
proceso penal, y porque en la actualidad la condena se está cumpliendo como
consecuencia de la ejecutoria de una  providencia que no ha sido objeto
integral de revisión; lo cierto es que no se desvanecen los efectos de cosa
juzgada que recaen sobre la sentencia condenatoria, pues esto no implicaría un
proceso de armonización sino de sacrificio de uno de los intereses en juego,
que no se justifica en este asunto.
229. En este escenario,
adicionalmente, la consideración de la garantía de los derechos de las víctimas
juega un rol fundamental. En concreto, tal confrontación no genera conflictos
irresolubles ahora, dado que el tipo de delito por el cual fue juzgado el
accionante, aunque gravísimo en sociedades democráticas, no tiene relación con
las máximas violaciones de derechos humanos, sobre las cuales deberían operar
cautelas especiales. Además, el reconocimiento de la impugnación se concreta en
la interposición del recurso de impugnación por parte del condenado, cuyo
resultado puede ser (i) la confirmación de la sentencia en su integridad, en
cuyo caso no solo se fortalece institucionalmente la decisión judicial, sino
que se aporta mayor tranquilidad a la verdad que esta contiene para las
víctimas[192]; o,
(ii) la revocatoria -o modificación- de la condena, en su totalidad o respecto
de algún elemento, con lo cual la institucionalidad y las víctimas, en sus
posiciones, también resultan afianzadas.
230. Es oportuno reiterar en
este punto que el reconocimiento que la Corte Constitucional realizará del
derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria en única instancia, no
implica poner en duda la corrección de la decisión adoptada por la Sala de
Casación Penal en la Sentencia de 16 de julio de 2014 -nada más lejano de una
apreciación en tal sentido-; significa, simplemente, el reconocimiento de un
beneficio constitucional del que son titulares aquellos que son condenados por
una única decisión, y que se concreta en el análisis integral de su caso por
otro juez, bajo el ordenamiento aplicable.
231. Por último, debe la Sala
Plena destacar que tras el reconocimiento del derecho del accionante a impugnar
la sentencia condenatoria no existe margen alguno de impunidad. Admitir
un argumento en tal sentido es insostenible, porque implica prejuzgar a los
funcionarios judiciales que se ocuparán de la resolución de la impugnación,
imputándoles que el ejercicio de su función se dará fuera del marco
constitucional y legal; aseveración que es a todas luces contraria a la
Constitución Política, que tiene como pilar la buena fe y, además, fija una
serie de principios y reglas rigurosos que sujetan la actuación de toda
autoridad pública.
232. En conclusión, en este
evento no se presentan sacrificios absolutos de los principios en tensión, por
el contrario, su defensa tendrá implicaciones en la adopción del remedio
judicial, específicamente, en cuanto al efecto que generará la concesión de la
impugnación respecto de asuntos tales como los fenómenos que se predican del
paso del tiempo, y la privación de la libertad en que se encuentra el
accionante en la actualidad.
5.2.6. Consideraciones
adicionales en favor del reconocimiento del derecho invocado
233. Como elemento adicional
que fortalece la conclusión de que en la ponderación de intereses aquí expuesta
la balanza se inclina definitivamente hacia la concesión de la impugnación,
amplia e integral, se verifica que el accionante promovió una denuncia contra
el Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y, como producto de la misma, obtuvo el 27 de
julio de 2018 un dictamen, notificado el 13 de noviembre del mismo año, que
evidencia la lesión del derecho al debido proceso en este caso, por la ausencia
de un mecanismo de impugnación adecuado contra la sentencia que lo condenó, en
única instancia.
234. Así, previa referencia al
artículo 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
Comité afirmó que los Estados no tenían la posibilidad discrecional de
establecer un recurso de impugnación o no respecto de la sentencia condenatoria
en materia penal, agregando que “[s]i bien la legislación de un Estado parte
puede disponer en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea
juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente
correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho
del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal”; por
lo cual, concluyó, que en este caso “el Estado parte no ha señalado la
existencia de un recurso disponible para que el autor pueda solicitar que el
fallo condenatorio y condena fueran revisados por otro tribunal” y, en ese
sentido, podía constatarse la violación de “los derechos que asisten al
autor en virtud del artículo 14(5) del Pacto”.[193]
235. Sobre el alcance de este tipo de dictámenes, en la Sentencia SU-378 de 2014[194] la Corte destacó la
importancia de los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU
indicando, en suma, que (i) las observaciones deben ser observadas y ejecutadas
de buena fe por parte del Estado, dado que reconoció la competencia del Comité
para establecer si ha tenido lugar la violación del Pacto y por virtud, además
“de los deberes de protección que impone la Constitución”; (ii) la
acción de tutela no es procedente para exigir el cumplimiento de los dictámenes
o de las observaciones emitidas por dicho órgano; no obstante, (iii) el juez
constitucional, “en desarrollo de sus deberes de
protección, puede pronunciarse sobre la existencia de una amenaza o violación a
los derechos fundamentales cuando las circunstancias que subyacen a las
recomendaciones internacionales ameriten su intervención, en cuyo caso, habría
que constatar los presupuestos de procedibilidad del mecanismo constitucional”. Se agregó que:
“… (iv) el derecho a un recurso efectivo, se traduce
dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el derecho que tiene toda persona de
acceder a la administración de justicia para materializar sus derechos ante las
instancias judiciales competentes; (v) en cuanto a las autoridades encargadas
de dar cumplimiento a las observaciones emanadas del Comité, esto depende de la
estructura orgánica interna del Estado y su cumplimiento se debe llevar a cabo
de forma coordinada, eficiente y de conformidad con la disposición presupuestal
y técnica que permitan su materialización efectiva.”
236. Conforme a lo
señalado, la Sala encuentra que la decisión que será adoptada en esta
oportunidad constituye una forma de materializar el deber de protección de los
derechos reconocidos en el Pacto y, por esa vía, se encuentra en concordancia
con la doctrina de la Sala Plena respecto de los efectos de los dictámenes del
Comité de Derechos Humanos de la ONU. Hace posible, visto de otra forma, la
armonización entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los
contenidos de la Constitución Política.
237. El dictamen,
cuya decisión es concordante con el alcance ya dado al derecho a la impugnación
por el Comité de Derechos Humanos del Pacto en la Observación general No. 32,
pone de presente que, a diferencia del parámetro vinculante bajo el sistema
regional europeo de derechos humanos que sí permite excepciones en la materia[195] (párrafo 101, supra),
en el ámbito universal el mandato es más protector. Esta posición, además, es
aquella que corresponde con nuestro sistema regional de derechos humanos a
partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, admitido por virtud
de su comprensión sistemática y armónica con la Constitución Política, por lo
cual, es indiscutible que a partir de nuestras fuentes normativas, el derecho
invocado es un imperativo.
238. La protección,
además, presupone que aquellas acciones que en vigencia del régimen bajo el
cual fue juzgado el actor se consideraban suficientes como expresión del
derecho a la impugnación -acción de revisión y/o de tutela- no cumplieron
materialmente la finalidad para la cual se instituye la impugnación, esto es,
la revisión integral de la condena. Dado que en la práctica ningún recurso ha
satisfecho tal finalidad, se considera este como un motivo adicional para
justificar la presente decisión.
239. En consecuencia,
en la medida en que se verifica la lesión de derechos fundamentales, la Corte
Constitucional considera que es competente, contrario a lo afirmado por la Sala
de Casación Penal en el Auto demandado a través de esta acción, para tomar
medidas con el objeto de proteger la dimensión subjetiva del derecho a la
impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia.
240. Del Dictamen al que acaba de hacerse
referencia, que hace amplias consideraciones sobre la vigencia de los derechos
políticos y el impacto de una decisión condenatoria sobre los mismos, se extrae
un elemento adicional que plantea este caso. Retomando las consideraciones que
se realizaron sobre la regulación que protege el fuero constitucional de
algunos altos dignatarios del Estado y, específicamente la finalidad que la
inspira, se encuentra que la investigación y el juzgamiento penal de estas
personas es relevante en la medida en que hace parte de una institucionalidad
que, bajo un régimen de frenos y contrapesos -entre otros principios-,
garantiza un juego sano y acorde -en democracia- a cargo de las diferentes
fuerzas que ejercen el poder público; por lo anterior, una garantía como la
pedida en este caso repercute en una mayor protección a ese sustrato sin el
cual el régimen democrático no puede materializarse.
241. Por supuesto, esto no implica que el anterior
régimen de juzgamiento en única instancia no ofreciera garantías en un régimen
democrático, lo que sucede es que su comprensión devino en estrecha o
deficitaria y exigió, como lo ha mostrado esta providencia, una adecuación de
la Carta Política. El estudio que esta Corporación realiza ahora, en
consecuencia, valora en el caso específico una serie de circunstancias que le
permiten afirmar la violación del derecho al debido proceso invocado,
atendiendo, entre otros elementos, la consolidación de un estándar
internacional al momento de la condena del accionante que le permitía aspirar
al reconocimiento del derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria de
única instancia.
5.2.7. Conclusión
242.  En atención a la argumentación antes
expuesta, debe concluirse que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia incurrió en violación directa de la Constitución al proferir el Auto
del 13 de febrero de 2019, en el que declaró improcedente el derecho -de
aplicación inmediata- a la impugnación invocada contra la sentencia del 16 de
julio de 2014, porque desconoció los artículos 29 y 93 de la Constitución,
8.2.h. de la Convención Americana y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. En consecuencia, lo procedente es amparar el derecho al
debido proceso del ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva.
243. Luego de esta verificación, sin embargo, debe
establecer la Sala Plena si es competente para formular un remedio que proteja
el derecho quebrantado o si, por el contrario, como lo afirmó la Sala de
Casación Penal en la providencia cuestionada, una actuación en tal sentido le
corresponde al Congreso de la República.
244. La Sala de Casación Penal
ha invocado aspectos de orden institucional para declarar la improcedencia de
lo solicitado por el accionante -como la inexistencia de un superior
jerárquico-. Al respecto, siguiendo el estándar de protección del derecho e
incluso el diseño institucional que el Constituyente Derivado adoptó en el Acto
Legislativo 01 de 2018, debe precisarse que la materialización del derecho en
estudio no exige, cuando ello no es posible, la revisión por un superior
funcional (párrafos 99, 102, 223 y 224, supra), sino la existencia
de un juez -colegiado en este caso- que, por virtud de los principios de
imparcialidad e independencia, no haya intervenido en la decisión previa.
245. Ahora bien, la
inexistencia de regulación integral sobre el mecanismo que garantice el derecho
a la impugnación tampoco puede ser una razón para que la Corte omita adoptar
las órdenes a que haya lugar para conjurar la violación que encuentra
configurada. En este sentido, varias precisiones son relevantes. (i) Tal como
se reconoció en la Sentencia C-792 de 2014[196], la
adecuación institucional y procesal para la garantía del derecho debía ser
promovida por el Legislador, (ii) no obstante, luego del exhorto realizado en
tal oportunidad, y en posteriores ocasiones en las que la Sala Plena ha
resuelto asuntos relacionados con este mismo asunto, no hay una regulación
exhaustiva al respecto; (iii) por lo cual, incluso la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, como se verificó en la Sentencia SU-218 de 2019[197],
ha adoptado medidas para garantizar el derecho. (iv) Además de lo anterior, y
como herramienta a tener en cuenta, lo cierto es que el Acto legislativo 01 de
2018 sí brinda elementos de configuración que permiten evidenciar un mínimo de
regulación. En estas circunstancias si, por otro lado, (v) se valora que el derecho
reclamado es de aplicación inmediata, conforme al artículo 85 de la
Constitución, y se invoca como una garantía del debido proceso en materia
penal, (vi) se concluye que no es posible que la Corte Constitucional se
abstenga de adoptar medidas de protección, dado que esto sería tanto como
restarle valor normativo a la Constitución.
6. Remedio constitucional
y alcance general
246. En este sentido, y en
atención a todo lo expuesto, la Corte Constitucional ordenará a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dar trámite a la impugnación
presentada por el actor contra la sentencia condenatoria del 16 de julio de
2014. En tal marco, la Sala Plena debe precisar algunos efectos particulares en
los que se concede el mecanismo, teniendo en cuenta, fundamentalmente, el hecho
de que sobre la providencia judicial de condena recae el efecto de la cosa
juzgada y, por lo tanto, compromete la vigencia del principio de seguridad
jurídica (párrafo 232, supra).
247. Así, la concesión de la impugnación amplia e
integral no tiene efectos directos sobre la prescripción de términos o
fenómenos similares derivados del paso del tiempo, ni sobre la situación de
privación de libertad del actor, porque sobre la Sentencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia -que no es objeto de análisis
alguno en esta providencia- existe un alto grado de presunción de acierto y,
por supuesto, de firmeza. Además, la concesión del mecanismo implicó la
valoración de principios y derechos en tensión, que determinan y justifican una
solución que logre armonizar la tensión[198].
248. Ahora bien, teniendo en cuenta la existencia
de reglas que en la actualidad guían la concesión de la impugnación, la Sala
también ordenará que, en garantía del derecho a un juez natural, independiente
e imparcial, la impugnación sea decidida aplicando las reglas previstas en el
artículo 235, numerales 2 y 7, de la
Constitución. El trámite y resolución del mecanismo
de impugnación debe permitir que el fallo condenatorio del 16 de julio de 2014
se cuestione de manera amplia e integral, sin causales y en sus aspectos
fácticos, probatorios y normativos. La impugnación debe ser resuelta por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la
jurisdicción penal con competencia en la materia, salvaguardando en todo caso
que los magistrados que conozcan de este mecanismo no hayan intervenido en la
decisión de condena ya proferida.
249. En la determinación de los demás aspectos
necesarios para el acatamiento de lo ordenado, la Sala Penal de Casación de la
Corte Suprema de Justicia determinará las fuentes aplicables, siempre que sean
compatibles con los parámetros aquí establecidos.
250. Ahora bien, la Sala no
pasa por alto que en el escrito de tutela el actor solicitó la suspensión de
los trámites dirigidos a su pedido de extradición a los Estados Unidos de
América. No obstante, en atención a que este es un asunto sobre el que se
constituye un hecho consumado, se declarará su improcedencia.
251. Finalmente, dado que en el
presente asunto el Legislador aún no ha proferido la regulación integral sobre
el mecanismo que garantice la impugnación de la primera sentencia condenatoria,
y las implicaciones que en materia de recursos puede generar la decisión para
la Corte Suprema de Justicia, la Sala reiterará los exhortos que en
oportunidades anteriores ha venido realizando, dirigidos, de un lado, la
Congreso de la República[199] y, del
otro, a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que con el
Gobierno nacional, con participación de la Corte Suprema de Justicia, dispongan
lo necesario para adelantar el diagnóstico y proveer los recursos necesarios
para garantizar la buena marcha de la administración de justicia[200].
7.  Síntesis de la
decisión
252. La Sala Plena analizó la
acción de tutela presentada por el ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva contra
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por haber proferido
el Auto del 13 de febrero de 2019, a través del cual rechazó por improcedente
el recurso de impugnación presentado contra la sentencia del 16 de julio de
2014. La Sala de Casación Penal condenó al actor a las penas principales de 209
meses y 8 días de prisión (17 años, 5 meses y 8 días), multa equivalente a
50.000 s.m.l.m.v. e interdicción de derechos públicos por el mismo tiempo, y a
inhabilidad para el ejercicio de funciones publicas según lo previsto en el
artículo 122 de la Constitución, como autor de los delitos de celebración de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en
favor de terceros.
253. La discusión giró en el
presente caso en torno al reconocimiento del derecho a la impugnación de la
sentencia condenatoria en el marco del bloque de constitucionalidad, teniendo
en cuenta -principalmente- los artículos 29, 85 y 93 de la Constitución, 8.2.h.
de la Convención y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (párrafo 50, supra).
254. Para el análisis, la Sala
se refirió al diseño constitucional y legal de los procesos penales contra
sujetos destinatarios de fuero constitucional, a la línea jurisprudencial sobre
la garantía de la impugnación de la sentencia condenatoria en materia penal, y
a los lineamientos generales del bloque de constitucionalidad (párrafo 57 y ss,
supra).
255. A partir de lo anterior, previa afirmación de
la procedencia formal de la presente acción de tutela (párrafo 176 y ss, supra),
se concluyó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema incurrió en
violación directa de la Constitución al proferir el Auto del 13 de febrero de
2019, en el que declaró improcedente la impugnación invocada contra la
sentencia del 16 de julio de 2014, porque:
·
No valoró que antes de la sentencia condenatoria contra el
ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva se había configurado un estándar de
protección del derecho invocado en el Sistema Regional de Derechos Humanos, en
términos idénticos al que se invocó por el tutelante.
·
El estándar recae sobre un derecho de aplicación inmediata, en
virtud del artículo 85 de la Constitución, que hace parte del derecho al debido
proceso penal; ámbito en el que las garantías en democracia deben ser
especialmente robustas.
·
Y, finalmente, tal aplicación fue reclamada por una persona que
se encuentra cumpliendo actualmente una condena penal, con fundamento en una
sentencia ejecutoriada que no ha sido revisada integralmente en garantía del
derecho a la impugnación previsto en el artículo 29 de la Constitución.
256. La Sala Plena estableció que el momento
determinante para considerar la viabilidad del reconocimiento del derecho a la
impugnación al accionante, a través de un mecanismo amplio e integral,
debía ser el 30 de enero de 2014, fecha en la cual la Corte Interamericana de
Derechos Humanos emitió la Sentencia en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname.
El estándar allí previsto, se estimó, refleja el alcance del derecho previsto
en la Convención Americana en el artículo 8.2.h., instrumento que hace parte
del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y que es vinculante
para el Estado colombiano (párrafo 222, supra).
257. Ahora bien, en la providencia se precisó por
qué la aplicación del estándar de protección desde el 30 de enero de 2014 no
sacrificaba la vigencia de otros principios en tensión, como los de seguridad
jurídica y cosa juzgada, y que tampoco lesionaba en este asunto los derechos de
las victimas de los delitos juzgados (párrafos 225 y 226, supra).
258. Finalmente, se precisó que en este caso el
remedio a adoptar por la Sala debía tener en cuenta que: (i) el derecho a
impugnar la sentencia condenatoria es un bien fundamental de aplicación
inmediata, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución; (ii)
la Corte Constitucional ha efectuado varios exhortos al Congreso de la
República para que regule integralmente esta materia, sin que lo haya hecho en
tales condiciones; y (iii) el Acto Legislativo 01 de 2018 constituye un margen
general de configuración del mecanismo, por lo cual, el remedio de la Corte
Constitucional encuentra un sustento inicial en dicha reforma constitucional.
259. Además, conforme al diseño normativo previsto
en esta reforma, (iv) precisó que la autoridad competente para resolver el
mecanismo de impugnación es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, máxima autoridad judicial con competencia en la materia y que
garantiza plenamente los principios de juez natural, independiente e imparcial;
advirtiendo que, en todo caso, los jueces que decidan el mecanismo de
impugnación de la sentencia condenatoria no deben haber intervenido de manera
previa en el asunto. Por último, (v) se estimó que la protección concedida
debía satisfacer una revisión amplia e integral, y ser respetuosa de los
efectos de cosa juzgada de la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014,
por lo cual no tenía efectos directos sobre la prescripción de términos o
fenómenos similares derivados del paso del tiempo, y la situación de privación
de libertad del actor.
8. Levantamiento de la suspensión de
términos
260. En virtud de la
emergencia pública de salud derivada de la pandemia denominada COVID-19[201], el Consejo Superior de la Judicatura adoptó los
Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20- 11521,
PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546 y PCSJA20-11549 de 2020, los cuales
suspendieron -con algunas excepciones- los términos judiciales en el territorio
nacional hasta el 24 de mayo de 2020.
261. Mediante Auto 121 del 16 de abril de 2020[202], la Sala Plena de la Corte
Constitucional estableció que puede levantar la suspensión de términos con
criterios objetivos, como cuando -entre otros supuestos- existe la posibilidad
material de que el asunto pueda ser tramitado y decidido de forma compatible
con las condiciones actuales de aislamiento preventivo obligatorio, sin que
ello implique la imposición de cargas desproporcionadas a las partes o a las
autoridades concernidas, tal como sucede en el presente asunto.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos
en el asunto de la referencia.
SEGUNDO.- REVOCAR las sentencias proferidas por
la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, por la Sala de Casación
Civil el 23 de abril de 2019 y, en sede de impugnación, por la Sala de Casación
Laboral el 30 de julio de 2019, y, en su lugar CONCEDER el amparo
del derecho fundamental al debido proceso del ciudadano Andrés Felipe Arias
Leiva.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 13 de febrero
de 2019, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que declaró improcedente el derecho a impugnar la sentencia penal condenatoria
proferida el 16 de julio de 2014 en contra del ciudadano Andrés Felipe Arias
Leiva.
CUARTO.- ORDENAR a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un término de 10 días, dar
aplicación a lo preceptuado en los numerales 2 y 7 del artículo 235 de la
Constitución, a cuyo tenor le corresponde iniciar el trámite para
resolver la solicitud de impugnación de la condena en única instancia proferida
en contra del ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva.
Este reconocimiento no altera el carácter de cosa juzgada que
pesa sobre la sentencia condenatoria y, en consecuencia, no permite considerar
la prescripción de la acción penal, ni ningún otro efecto derivado del
transcurso del tiempo, y tampoco impacta la actual situación de privación de la
libertad del tutelante.
QUINTO.- DECLARAR que existe carencia actual de objeto
para resolver sobre la petición original de la acción de tutela, relacionada
con la suspensión de la solicitud de extradición, dado que este trámite se
llevó a término.
SEXTO.- REITERAR el exhorto que esta Corporación ha
efectuado en varias oportunidades al Congreso de la República para regular de
manera integral, precisa y definitiva el mecanismo que garantice el ejercicio
del derecho a impugnar la sentencia condenatoria en materia penal, conforme a
lo dispuesto en los artículos 29 y 235, numerales 2, 6 y 7 de la
Constitución.
SÉPTIMO.- EXHORTAR al Consejo Superior de la
Judicatura y al Gobierno nacional a que, con participación de la Corte Suprema
de Justicia y en el marco del principio de colaboración armónica, dispongan lo
necesario para adelantar el diagnóstico y proveer los recursos necesarios para
garantizar la buena marcha de la administración de justicia, en particular, que
impacta la concesión del derecho a la impugnación de sentencias condenatorias,
en concordancia con lo resuelto en las sentencias SU-217 y SU-373 de 2019.
Por Secretaría General, LIBRAR las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
Con salvamento de
voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con aclaración de voto
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA SENTENCIA SU146/20
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Se debió dar aplicación retroactiva al Acto
Legislativo 01 de 2018, que implementa el derecho a la doble instancia y a
impugnar la primera sentencia condenatoria (Aclaración de voto)
La Sala debió considerar que, conforme al principio de
favorabilidad, correspondía la aplicación retroactiva del Acto Legislativo 01
de 2018 al presente caso. Es un hecho que en la actualidad, el accionante está
cumpliendo la pena privativa de la libertad que le impuso la Corte Suprema de
Justicia y que por eso el asunto satisface el supuesto fáctico previsto en el
inciso 2 del artículo 44 de la Ley 153 de 1887. De igual manera, es evidente
que existe un tránsito legislativo entre la normativa constitucional que no
reconocía expresamente un derecho en cabeza de los aforados a impugnar la
primera sentencia condenatoria y el Acto Legislativo 01 de 2018 que sí lo hace.
El carácter benigno del nuevo régimen, en comparación con el anterior, se
concreta en la creación de un recurso judicial adicional, que ahora puede ser
ejercido por los aforados constitucionales, para defenderse y controvertir las
condenas penales impuestas en su contra. Este recurso no estaba contemplado en
las normas constitucionales anteriores y, por tanto, la reforma constitucional
contiene cláusulas que resultan más favorables a la situación del actor.
Ref.: expediente
T-7.567.662
Acción
de tutela instaurada por Andrés Felipe Arias Leiva contra la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada
sustanciadora:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Con el debido
respeto por las decisiones de la Sala Plena, aclaro mi voto en el asunto de la
referencia porque considero que la Corte debió pronunciarse sobre la presunta
violación del principio de favorabilidad.
En mi opinión,
además de los argumentos expuestos en la Sentencia, el problema jurídico
planteado debió resolverse con base en una consideración fundamental: la
aplicación retroactiva del Acto Legislativo 01 de 2018 a los casos en los que
el condenado está cumpliendo la pena, como ocurre en la presente acción de
tutela.
En efecto, la
Corte ha precisado que el principio de favorabilidad es una excepción a
la prohibición de retroactividad de la ley penal y a la aplicación inmediata de
la ley procesal en el tiempo. Sobre el primer elemento, el inciso 2 del
artículo 29 de la Constitución prescribe que «[n]adie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa». No obstante, en la
Sentencia C-619 de 2001, la Sala Plena aclaró que las «leyes
preexistentes» a las que se refiere la norma superior son aquellas de carácter
sustancial que definen los delitos y las penas, y no las normas procesales,
pues estas tienen efecto general e inmediato. Esta interpretación se sustenta
en lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 153 de 1887, el cual determina que
la prohibición de retroactividad «solo se refiere a las leyes que definen y
castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y
determinan el procedimiento».
Ahora bien, en cuanto al
segundo elemento —aplicación inmediata de
la ley procesal en el tiempo—, en la
Sentencia SU-373 de 2019, la Sala Plena reiteró que el
proceso es una situación jurídica en curso y, por tanto, no consolidada, de la
cual no se deriva la existencia de derechos adquiridos. Por esta razón, las
leyes que los regulan son de aplicación general inmediata[203]. Este
principio se encuentra previsto en el inciso primero del artículo 40 de la Ley
153 de 1887, en los siguientes términos: «Las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde
el momento en que deben empezar a regir»[204].
Sin embargo, como ya se dijo, la jurisprudencia ha
señalado que tanto la prohibición de retroactividad de la ley penal y la
aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo tienen como excepción el
principio de favorabilidad. En virtud del inciso 3 del artículo 29 de la
Constitución, «la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable»[205]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, puntualmente con la
citada Sentencia SU-373 de 2019, este principio constituye un elemento
esencial del derecho fundamental al debido proceso que no puede ser desconocido
en un contexto de sucesión de leyes en el tiempo, es decir, de tránsito
legislativo[206],
o de coexistencia de dos procedimientos distintos y excluyentes[207].
Así mismo, de acuerdo con lo dicho en la mencionada sentencia, para la
aplicación de este principio tampoco se puede distinguir entre normas
sustantivas y normas procesales, toda vez que «el texto constitucional no
establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas
procesales, cuyo tránsito en el tiempo es precisamente objeto de los artículos
40 y 43 de la Ley 153 de 1887»[208].
Así mismo, la Corte ha afirmado que tanto las
personas procesadas como condenadas pueden invocar la aplicación del principio
de favorabilidad[209],
incluso cuando el fallo ya se encuentra ejecutoriado. Lo anterior, únicamente
si la situación ya definida jurídicamente continúa produciendo efectos sobre
los derechos fundamentales al momento de la entrada en vigencia de la
legislación nueva más benéfica[210].
En este supuesto, la aplicación de ese principio se apoya en el artículo 44 de
la Ley 153 de 1887, el cual, en su inciso segundo, dispone que la favorabilidad
en materia penal también beneficia a los «reos condenados que estén sufriendo
su condena».
Es por lo anterior que, a mi juicio, la Sala debió
considerar que, conforme al principio de favorabilidad, correspondía la
aplicación retroactiva del Acto Legislativo 01 de 2018 al presente caso. Es un
hecho que en la actualidad, el accionante está cumpliendo la pena privativa de
la libertad que le impuso la Corte Suprema de Justicia y que por eso el asunto
satisface el supuesto fáctico previsto en el inciso 2 del artículo 44 de la Ley
153 de 1887. De igual manera, es evidente que existe un tránsito legislativo
entre la normativa constitucional que no reconocía expresamente un derecho en
cabeza de los aforados a impugnar la primera sentencia condenatoria y el Acto
Legislativo 01 de 2018 que sí lo hace. El carácter benigno del nuevo régimen,
en comparación con el anterior, se concreta en la creación de un recurso
judicial adicional, que ahora puede ser ejercido por los aforados
constitucionales, para defenderse y controvertir las condenas penales impuestas
en su contra. Este recurso no estaba contemplado en las normas constitucionales
anteriores y, por tanto, la reforma constitucional contiene cláusulas que
resultan más favorables a la situación del actor.
Considero que las circunstancias descritas dan
cuenta de la relación intrínseca e indisoluble que existe entre la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2018 y el
principio de favorabilidad en el presente caso.
En estos
términos dejo expresadas las razones de mi aclaración de voto a la Sentencia
SU-146 de 2020.
Fecha ut
supra
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA SU146/20
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Aplicación retroactiva del nuevo estándar de protección del derecho
a impugnar la primera sentencia condenatoria (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD PENAL-Ultraactividad
y retroactividad de la ley (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Alcance en contextos de cambios o reformas constitucionales
(Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD-Conserva
plena efectividad frente a normas que regulan la vigencia de una ley
(Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Aplicación frente a normas procesales y
sustanciales (Aclaración de voto)
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2018-Regulación procesal con
efectos sustanciales (Aclaración de voto)
DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Cumplimiento del
requisito sistemático de compatibilidad (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-7.567.662
Acción de tutela instaurada por Andrés Felipe Arias Leiva contra la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal
Magistrada ponente:
Diana Fajardo Rivera
El principio de favorabilidad penal
aportaba a la decisión otra vuelta de tuerca
1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la
Sala Plena me permito argumentar el porqué de mi aclaración de voto a la
Sentencia SU-146 de 2020, de la cual fui ponente. Aunque compartí la protección
constitucional que la Sala Plena reconoció al ciudadano Andrés Felipe Arias
Leiva y las razones expuestas en su favor, estimo que para la adopción de la
decisión se dejó de lado un mandato que, desde mi perspectiva, debió concurrir
al balance de principios y derechos relevantes para la solución de este caso,
dada su fuerza justificativa: el principio de favorabilidad en materia penal.
2. Al respecto, siguiendo la línea argumentativa general de la
providencia acogida por la Corte Constitucional, determinar la titularidad del
accionante del derecho a impugnar la sentencia penal condenatoria no constituía
un caso fácil,[211] dado que
comprometía la vigencia de varios principios y derechos constitucionales que,
sin permitir su sacrificio, debían concurrir a la construcción de una respuesta
ajustada plenamente a las exigencias del orden constitucional.[212]
3. En el conjunto de mandatos a tener en cuenta, la Sala Plena incluyó
-con total acierto- (i) la impugnación de la primera sentencia
condenatoria penal, (ii) los derechos de las víctimas a la verdad,
justicia, reparación y no repetición, (iii) la seguridad jurídica y (iv)
la cosa juzgada, pero excluyó el principio de favorabilidad, pese a que
tenía mucho que decir, máxime si se tiene en cuenta que su aplicación como
razón principal de la concesión del derecho en discusión fue un asunto debatido
en el marco del proceso penal adelantado contra el ciudadano Arias Leiva y de
la acción tutela que la Corte Constitucional conoció en sede de revisión. Era,
pues, un principio presente en la reclamación.
4. En mi opinión, aunque la pertinencia del principio de favorabilidad
en este caso no estaba exenta de dudas, algunas de ellas puestas en evidencia
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que
podían ser despejadas acudiendo a la jurisprudencia de ese mismo Tribunal y a
la de la Corte Constitucional, con lo cual la Sentencia SU-146 de 2020 se
habría robustecido.
5. Para iniciar, es importante destacar que la cuestión más
general que planteó este caso consistió en establecer la validez de aplicar -y
en qué condiciones- a una situación penal definida mediante Sentencia del 16 de
julio de 2014, un estandar de protección de un derecho fundamental que tan solo
fue  incorporado formalmente a nuestro ordenamiento jurídico con
posterioridad a dicha fecha. Alrededor de este tema principal otras reflexiones
eran de suma importancia, como por ejemplo indagar sobre el tipo de garantía
que se estaba reclamando y sobre las razones que llevaron a su adopción como
algo relevante, indiscutible e irrenunciable para el debido proceso penal.
6. Con el objeto de atender los interrogantes que exigía despejar
este asunto, algunos presupuestos -admitidos también por la Sala Plena de esta
Corte- son claves. En concreto, los siguientes:
6.1. La Sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014 no reconoció la
existencia del derecho a impugnar la sentencia condenatoria, pues este es parte
de nuestro catálogo de bienes fundamentales desde 1991; lo que evidenció fue
que los recursos existentes en el ordenamiento para su garantía, en casos en
los que, por ejemplo, la condena se profería por primera vez en casación, no
eran adecuados[213] y, por
lo tanto, existía un déficit de protección, pues aquellos no permitían
cuestionar de manera amplia e integral los aspectos fácticos, probatorios y
jurídicos que condujeron a la imposición de la sanción penal.
6.2. El déficit mencionado fue producto de una comprensión
armónica de la  Constitución, por un lado, y de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por
otro. La lectura así acogida por la Corte Constitucional en octubre de 2014, no
obstante, no fue consecuencia de una decisión sin antecedentes, pues, particularmente
en el Sistema Regional de Derechos Humanos, tal estandar venía en construcción
años atrás y, de hecho, se había consolidado con la Sentencia del 30 de enero
de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam.
6.3. Y, finalmente, que nuestra adopción plena del estándar
adecuado sobre el mecanismo de garantía del derecho a impugnar la sentencia
condenatoria inició con la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-792
de 2014, y se concretó de manera importante en el Congreso de la República,
para el caso particular de los aforados constitucionales juzgados bajo las
reglas originales de la Constitución en única instancia por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el Acto Legislativo 01 del 18 de
enero de 2018.
7. Con las anteriores premisas, el principio de favorabilidad en
materia penal contribuía a justificar por qué se predicaba de una situación
decidida el 16 de julio de 2014, fecha de la condena en única instancia del
tutelante, la garantía de la impugnación de la primera sentencia condenatoria,
a través de un recurso amplio e integral, en los términos constitucionales
adoptados por esta Corte en una sentencia posterior y por el Congreso de
la República de manera explícita en un acto legislativo también posterior.
8. En mi criterio, era correcto en este caso aplicar retroactivamente,
por virtud del principio de favorabilidad, un nuevo estandar de protección
del derecho a impugnar la sentencia condenatoria a una situación ya definida,
porque se satisfacían las condiciones lógicas, normativas y
sistemáticas exigidas por la jurisprudencia constitucional para aplicar a
un caso concreto tal mandato.[214] Para
justificar lo anterior (i) presentaré unas consideraciones iniciales
sobre el contenido y alcance del citado mandato y, a continuación, (ii)
abordaré los requisitos mencionados, dando cuenta del porqué, a diferencia de
lo evaluado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la
favorabilidad en materia penal era exigible. En este marco, al analizar el
criterio sistemático, destacaré la relevancia de la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida en el caso Liakat
Ali Alibux vs. Surinam para precisar el alcance y efectos del referido
mandato.
Breves consideraciones sobre el contenido y alcance del principio de
favorabilidad[215]
9. Según lo previsto en instrumentos internacionales que hacen parte
del bloque de constitucionalidad[216] y en el
Artículo 29 de la Constitución Política,[217] la favorabilidad en materia penal es una
garantía que integra el debido proceso y un derecho de aplicación inmediata
(artículo 85 de la Constitución), que no puede suspenderse en estados de
excepción ni desconocerse bajo ninguna circunstancia.[218] Además, opera como excepción a la
regla según la cual las normas tienen un efecto general inmediato -y, por
consiguiente, se aplican a situaciones en curso o futuras-, cuando se da un tránsito
legislativo o coexisten varios regímenes al mismo tiempo, por lo cual tiene
relaciones estrechas con el principio de legalidad, a partir del cual nadie
puede ser juzgado sino conforme a las “leyes preexistentes”.[219]
10. Este principio se concreta en la
máxima de que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, con dos posibilidades
de materialización: (i) si la nueva ley es desfavorable en relación con
la derogada, esta última será la que se siga aplicando a todos los hechos
delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina
denomina ultractividad; y, (ii) si la nueva ley contiene
previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva
ley se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su
vigencia de manera retroactiva.[220]
11. Ahora bien, la mencionada valoración, esto es, determinar cuál
es la norma más benigna a una situación, no involucra una actividad
interpretativa en abstracto y universal, dado que su
pertinencia depende de los aspectos concretos de cada caso. En este sentido, la
exigibilidad del mandato de favorabilidad debe resolverse tras un análisis de
las características de un evento particular, a cargo usualmente del juez
competente. De manera estrecha, la jurisprudencia de esta Corporación también
ha precisado que la favorabilidad tiene un vínculo
directo con la aplicación de la norma y no con su contenido, en el entendido
específico de que el conflicto de normas en el tiempo no se resuelve por
considerar que, en algún sentido, la norma que se deja de aplicar -sea en el
caso de la retroactividad o de la ultractividad- sea ilegal o inconstitucional.
Esta última valoración, no es parte de la actividad aplicativa del principio de
favorabilidad penal.
Verificación del requisito lógico de aplicación del principio de
favorabilidad en materia penal
12. Considerando que la
actualización de la lectura constitucional sobre el mecanismo adecuado de
protección del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria se promovió
con la Sentencia C-792 de 2014 y obtuvo una concreción definitiva con el Acto
Legislativo 01 de 2018, una primera cuestión a precisar consiste en establecer
si este proceso de implementación generó un tránsito normativo,
presupuesto lógico de aplicación del principio de favorabilidad.[221]
13. En mi criterio, es claro que (i)
el tránsito se configuró y que, para tal conclusión, (ii) no es
relevante el nivel normativo en el que ocurrió, pues, prima facie, la
eficacia del mandato en estudio no está reservada a cambios de normas de orden
legal, sino que puede materializarse ante transformaciones que se originan en
el marco constitucional.
14. En cuanto a lo primero, llamo
la atención sobre el hecho de que antes de 2018 -tomando como referente final
el Acto Legislativo 01 del citado año- la Constitución Política, aunque preveía
el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria en su artículo 29 (con
el alcance preciso que atribuía al mecanismo para hacerlo efectivo, referido ya
en el fundamento jurídico No. 6.1.), establecía una configuración judicial que
determinaba que en aquellos casos en los que el juzgamiento recaía en aforados
constitucionales era la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
la competente para conocer del asunto en única instancia -con posibilidad
solo de acudir a la acción de revisión o a la tutela-. Con posterioridad al
referido acto legislativo se reconfiguró la institucionalidad involucrada,[222]
con el objeto de garantizar que en estos casos otros jueces, de la misma
jerarquía, pudieran materializar la garantía prevista en el artículo 29
superior a través de un mecanismo amplio e integral.
15. La incorporación de las nuevas
reglas de juzgamiento implicó, en consecuencia, que una situación ya prevista
en el anterior ordenamiento, esto es, el juzgamiento de aforados
constitucionales, variara, con la introducción de una norma que, mucho más
garante del debido proceso, les premite acceder a la posibilidad jurídica de
cuestionar la condena de manera amplia e integral, configurándose en mi
criterio el referido tránsito.
16. De otro lado, es indudable la
eficacia del principio de favorabilidad en contextos en los que la modificación
normativa surge ante cambios o reformas constitucionales. Al respecto, resulta
oportuno destacar que con la incorporación en la Constitución de 1991 de la
prohibición de reforma en peor (artículo 31) llegaron a la Corte Constitucional
varios asuntos con condenas en firme dentro del anterior marco superior,[223] en las que tal garantía no se había aplicado pues no era exigible. La petición, en síntesis, tenía por objeto la reducción del exceso
impuesto en segunda instancia. Esta Corporación consideró que el principio de
favorabilidad se aplicaba, dado que el efecto de una situación que devino
inconstitucional seguía produciendo efectos en el ejercicio del derecho a la
libertad.[224]
La reforma penal promovida por el Acto Legislativo 03 de 2002[225]
constituyó otro momento importante en el que la Corte Constitucional asumió
cuestionamientos similares, decantándose por la posibilidad de que las
modificaciones surgidas por la actuación del constituyente derivado pudieran
aplicarse a situaciones reguladas por el régimen penal que de manera general
había regido en solitario hasta ese momento.[226]
17. Por último, debe destacarse
que la Corte Constitucional ha considerado en diferentes oportunidades que la
introducción de una cláusula expecífica de vigencia hacia futuro en
regulaciones penales, no tiene por efecto la exclusión del principio de
favorabilidad en casos concretos. La Sala de Casación Penal en este caso indicó
que, dado que el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2018 prevé que la
reforma tiene vigencia hacia futuro, era impertinente considerar la aplicación
de la favorabilidad al tutelante. Esta posición, sin embargo, no es compatible (i)
con la jurisprudencia de esta Corporación, que ha insistido en que la
introducción de estas cláusulas de vigencia, que obedecen al principio de
legalidad, no restan eficacia a los demás mandatos superiores[227],
ni (ii) con los antecedentes mismos del refierido acto legislativo, que
dan cuenta de que sobre este aspecto en concreto no hubo una decisión
definitiva en el Congreso, relacionada con la imposibilidad de configurar un
mecanismo amplio e integral para cuestionar decisiones condenatorias de única
instancia expedidas antes de dicho momento.[228]
18. En conclusión, en mi concepto,
en este evento la Sala estaba ante un tránsito normativo que activaba la
consideración del principio de favorabilidad en materia penal.
Satisfacción de los requisitos normativos para la aplicación del
mandado en estudio
19. Uno de los aspectos que
llevaron a que la Sala de Casación Penal desestimara la concesión del mecanismo
de impugnación solicitado por el ciudadano Arias Leiva consistió en advertir
que el régimen procesal bajo el cual habia sido juzgado no podía alterarse por
un nuevo recurso, dado que éste era de índole meramente procesal y, por
tal motivo, su aplicación debía atender a las reglas previstas en los artículos
40 y 43 de la Ley 153 de 1887,[229]
por virtud de las cuales solo incidiría en casos futuros.
20. Dicha postura asumió una
premisa que no comparto y, por ello, valoro que las reglas llamadas a resolver
el conflicto de normas que en este caso se presentaba no eran las previstas en
las disposiciones mencionadas, sino aquellas derivadas de los artículos 44 y 45
de la Ley 153 de 1887,[230]
a partir de las cuales debió concluirse que se cumplían los requisitos normativos
exigidos para aplicar el principio de favorabilidad.
21. Con tal objeto algunos
aspectos son centrales para el debate, tales como (i) que el tutelante
se encuentra cumpliendo su condena, (ii) que la regulación del mecanismo
amplio e integral para impugnar la primera sentencia condenatoria en materia
penal es de índole procesal con efectos claramente sustanciales, y que, (iii)
aunque usualmente los eventos en los que se aplica la favorabilidad tienen que
ver con la eliminación de la tipicidad o la reducción punitiva, ello no
descarta otras posibilidades, como la concesión de un recurso que antes no
existía.
22. Al respecto, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 44 de la Ley 153 de 1887, la ley más benigna
o permisiva también favorece a los condenados que están cumpliendo la pena,
evento que claramente se configura en este asunto.[231]
También debe advertirse que en algunas decisiones de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se sostuvo que era
necesario que la ley favorable hubiera regido la actuación penal en algún
momento,[232]
entre “la ocurrencia del hecho y durante el trámite del proceso, hasta que
se le pone fin con una decisión definitiva.”[233]
23. No obstante, recientemente
esa Sala de Casación aclaró expresamente que el principio opera sin
excepción alguna y con preferencia sobre la ley odiosa y restrictiva: “[b]asta recordar que la Ley 153 de 1887,
en el inciso segundo de su artículo 44, al tratar la favorabilidad expresa que
‘Esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo su condena’,
señalando en su artículo siguiente que tal disposición tiene aplicación ‘Si la
ley nueva minora de un modo fijo la pena que antes era también fija, se
declarará la correspondiente rebaja de pena’. // En el mismo sentido, el artículo 6 de la Ley 599 de 2000 hace
extensiva la aplicación de la ley favorable, al indicar que ’también rige para
los condenados’ (…).”[234] Esto implica que si una persona es
condenada y luego se promulga una norma que le favorece, la misma es aplicable
así sea posterior al trámite del proceso.
24. Ahora bien, la Constitución Política
no realiza ninguna distinción respecto al contenido normativo sobre el que
puede predicarse el principio de favorabilidad, por lo cual, prima facie,
es pertinente tanto frente a disposiciones sustanciales como procesales.[235]
No obstante, en algunas decisiones se han efectuado precisiones sobre la
distinción entre normas meramente procesales y aquellas procesales
con efectos sustanciales,[236]
destacando que es respecto de estas últimas que el principio de favorabilidad
adquiere eficacia,[237]
pues las primeras establecen meras ritualidades, esto es, “no son en sí mismas ni benéficas ni
perjudiciales para los sujetos procesales.”[238]
25. A mi juicio, aunque la
regulación dirigida a implementar el mecanismo amplio e integral para
que los aforados constitucionales condenados por primera vez puedan cuestionar
los aspectos fácticos, probatorios y normativos de una decisión adversa ante
otro juez requiere, evidentemente, la estipulación de aspectos procesales, esto
no indica que tal cometido legislativo se concrete a partir de disposiciones,
todas ellas, eminentemente formales. Es indudable que
aquellos aspectos o elementos que configuran un procedimiento o trámite
judicial tienen incidencia -mayor o menor- en la garantía de derechos
sustantivos, y que las formas son relevantes en términos constitucionales en la
medida en que atiendan a dicha finalidad sustancial, pero existen regulaciones
procesales específicas en las que tal relación es intensa o estrecha, y, por lo
tanto, su protección debe ser valorada bajo tal implicación.
26. En este sentido, la configuración del mecanismo
que cumple el objeto de materializar, por sí mismo, un derecho como lo es la impugnación
de la primera sentencia condenatoria en materia penal, no puede valorarse como una
ritualidad más a lo largo de una estructura en la que las etapas se suceden
unas a otras, sino como una garantía -secundaria-[239] que, por estar ligada
inescindiblemente a la protección de un derecho, merece una consideración
sustancial pues sí tiene la potencialidad de beneficiar o perjudicar al sujeto
procesal. Y es que, sea este el momento de destacarlo, el derecho a la
impugnación en estudio es (i) fundamental, (ii) tiene
origen y sustento en la Constitución Política[240] y en
tratados internacionales de derechos humanos del sistema regional[241]
y del sistema universal;[242]
(iii) es de aplicación inmediata[243] y (iv) se
inscribe en las garantías básicas del derecho al debido proceso, en una materia
con gran relevancia en sociedades democráticas, pues tiene la potencialidad de
afectar intensamente la libertad personal.
27. Por lo anterior, considerar que la
configuración legislativa de un mecanismo judicial como el que fue regulado en
sus aspectos generales por el Acto Legislativo 01 de 2018 es estrictamente
procesal, implica desconocer que sin aquél, no existe el derecho previsto en el
artículo 29 de la Constitución, pues sería simplemente una aspiración carente
de ruta jurídica para su materialización. A mi juicio, por consiguiente, el
Acto Legislativo 01 de 2018 contiene una regulación procesal con efectos
claramente sustanciales.
28. Finalmente, aunque usualmente la aplicación del
principio de favorabilidad se concreta directamente en la
eliminación de la tipicidad de la conducta o en la reducción de la pena, tiene
amplio alcance tanto en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal como en
la de las diferentes salas de la Corte Constitucional. En la Sala de Casación
Penal es clara su aplicación para subrogados penales[244]
y, también, para asumir competencia respecto de recursos. En este último
sentido, en la Sentencia del 19 de febrero de 2020[245]
se aplicó, por virtud del principio de favorabilidad, una norma procesal con
efectos sustanciales luego de la ejecutoria de la sentencia condenatoria contra
un aforado, concesión que se concretó en el otorgamiento de un recurso de
apelación que no pertenecía al régimen penal bajo el cual fue condenado el
peticionario:[246]
“Como lo ha decantado la
Corporación, la autoridad judicial competente para conocer del recurso de
apelación interpuesto contra la providencia emitida por un Juez de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, tratándose de aforados constitucionales, es la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el primer parágrafo del
artículo 38 de la Ley 906 de 2004, el cual es aplicable por favorabilidad a las
actuaciones adelantadas bajo la égida de la Ley 600 de 2000.
Ello puesto que la vigilancia
de la ejecución de la pena no es una figura exclusiva del modelo de
procesamiento implementado con la Ley 906 de 2004 y el supuesto de hecho en
ambos procedimientos es el mismo, razón por la cual, el parágrafo 1º del
artículo 38 de ese ordenamiento es más beneficioso en cuanto garantiza la doble
instancia, pues en la Ley 600 de 2000 ese mismo trámite era de única
instancia, ostentando innegable carácter sustancial el hecho de poder
controvertir ante el superior, situación que amerita la aplicación favorable de
la disposición más reciente.”
29. En la Corte Constitucional es
oportuno hacer mención a lo sostenido en las sentencias (i) C-207 de 2003,[247]
que analizó la aplicación de un recurso extraordinario de revisión a casos de
pérdida de investidura fallados antes de la expedición de la Ley que regulaba
tal figura, y (ii) T-824A de 2002,[248]
que concedió el grado jurisdiccional de consulta. Estos casos, además,
desvirtúan el hecho de que el principio de favorabilidad excluya la aplicación
de recursos porque no hay certeza sobre su resultado favorable, dado que la
favorabilidad en estos casos radica en tener la oportunidad de recurrir.
30. Por lo anterior, en mi
criterio, dado que la regulación del mecanismo amplio e integral para revisar
la primera condena en materia penal tiene efectos sustantivos, el principio de
favorabilidad era pertinente en este contexto, pues se cumplían todos los
requisitos normativos para predicar su eficacia, permitiendo al
ciudadano recurrir.
Cumplimiento del requisito sistemático para la aplicación del
mandado en estudio
31. Por último, en el grupo de
presupuestos de análisis se encuentra el sistemático. Al respecto, esta Corporación y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia[249] han demandado que haya una especie de conmutabilidad entre el
beneficio que ahora se pide, y aquél del que en su momento era destinatario el
accionante pero que le resultaba menos benigno en el caso particular, dando
lugar a un requisito sistemático de compatibilidad.
32. Un primer acercamiento al
cumplimiento de tal exigencia en este evento podría conducir a una duda sobre
su respuesta positiva, en razón a que lo que reclamó el señor Arias Leiva fue,
precisamente, la concesión de un mecanismo de impugnación amplio e integral a
su condena que el régimen de investigación y juzgamiento de aforados
constitucionales bajo el cual fue condenado no preveía. No obstante, tal
duda es infundada.
33. Si se examina lo sostenido por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014, se encuentra que desde el inicio
de la vigencia de la Carta Fundamental de 1991 había un sentido constitucional
que exigía la existencia de un recurso contra la primera sentencia condenatoria
en materia penal, aunque se valoró que acciones tales como la extraordinaria de
revisión o la tutela eran adecuadas para la defensa de tal bien fundamental. En
esta providencia también se puso de presente que la eficacia de mecanismos como
los mencionados, revisión o tutela, empezó a ponerse en duda en el contexto de
los sistemas universal y regional de derechos humanos, cuestionamiento que
finalmente se cristalizó con la Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam, del 30 de enero de 2014.
34. A partir de dicho momento, por
virtud del bloque de constitucionalidad en los términos explicados por la
mayoría en la Sentencia SU-146 de 2020, ese estandar puede fungir como criterio
para establecer la compatibilidad del beneficio que ahora se reclama, en el
marco del régimen normativo bajo el cual fue juzgado y condenado el tutelante.
Esto es, en mi criterio, es a partir del 30 de enero de 2014 -y no antes, por
lo menos por determinación judicial- que la reclamación tendría sentido, pues
legítimamente el ciudadano podía aspirar, conforme a la vinculación del Estado
colombiano a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a partir del
principio de favorabilidad -cuyo examen es competencia del juez caso a caso-, a
la concesión de un mecanismo de impugnación amplio e integral contra la
sentencia proferida en única instancia por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
35. Sobre este último aspecto, una
última consideración valoro relevante. En el análisis que he realizado a lo
largo de esta aclaración he presupuesto una caraterística fundamental del
ámbito de aplicación del principio de favorabilidad, dado que el tránsito normativo
generado con las actuaciones de la Corte Constitucional y del Congreso de la
República no fue expresión de un mero cambio de política criminal a cargo del
Estado, sino de una verdadera actualización de la lectura constitucional de un
derecho, por lo cual, en mi concepto, dicha lectura debía aplicarse lo más
ampliamente posible, sin desconocer, por supuesto, los demás principios y
valores que fueron ponderados por la mayoria, en especial los de cosa juzgada y
seguridad jurídica.
36. Así, en el caso analizado
también se cumplía el requisito sistemático para aplicar el principio de
favorabilidad, dado que la condena del señor Arias Leiva se profirió luego del
30 de enero de 2014, fecha en la que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos profirió una decisión en el caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam y,
con ello, se consolidó un estandar de protección más garante del debido proceso
exigible para nuestro país.
Conclusión
37. Las razones así expuestas dan cuenta del porqué consideré
necesario aclarar mi voto en esta ocasión. Valoré que en la reclamación del
accionante estaba de por medio la vigencia plena de la Constitución,
comprendida en la amplitud que exige el bloque de constitucionalidad, y estimé
que en tal dirección el principio de favorabilidad tenía un espacio, con el
sentido y alcance que acabo de explicar. En mi criterio, su aplicación en este
contexto, además, permitía reafirmar que la sentencia condenatoria contra el
actor, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
conservaba su firmeza y eficacia, dado que no se estaba cuestionando ilegalidad
alguna en el juzgamiento a cargo de esa Corporación de Justicia. Lo que se
debatía, por el contrario, era la posibilidad de beneficiarse de un nuevo
estandar constitucional.
38. La Sentencia SU-146 de 2020 resolvió un caso difícil,
calificativo que le asigno, al menos, por dos circunstancias. De un lado, por
los retos interpretativos y argumentativos exigidos para encontrar el mejor
balance constitucional entre los varios principios y derechos involucrados, y
del otro lado, por la fuente de la que se predicaba la lesión de bienes
fundamentales, esto es, una providencia judicial proferida por una Alta
Corporación, evento en el que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
fijado un estándar muy exigente para afirmar la configuración de cualquiera de
los defectos específicos de procedencia de la acción de tutela.
39. La decisión adoptada por la Corte Constitucional asumió
correctamente tales desafíos, llegando a un remedio que armonizó los mandatos
constitucionales y convencionales necesarios para resolver el caso, bajo el
marco del bloque de constitucionalidad. La suficiencia de razones requerida en
un contexto como el planteado anteriormente es, en consecuencia,
incuestionable.
40. Pese a lo anterior, estimo que el principio de favorabilidad
aportaba a la solución otra vuelta de tuerca,[250]
esto es, un ajuste argumentativo adicional e importante para una mayor fuerza y
consistencia de la decisión, en favor de la cualificación justificativa de la
respuesta constitucional a un caso difícil como el presente.
41. En los
anteriores términos dejo expuestas las razones que justifican mi decisión de
aclarar el voto a la Sentencia SU-146 de 2020.
Fecha ut supra
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Conformada
por los magistrados Diana Fajardo Rivera y Alejandro Linares Cantillo, bajo el
criterio objetivo de “[e]xigencia de aclarar el contenido y alcance de un
derecho fundamental”.
[2] El
artículo 55, numeral 3, del Reglamento Interno de la Corporación establece: “Los
asuntos seleccionados por la respectiva Sala, serán sorteados entre los
Magistrados de la Corte de manera rotativa y por orden alfabético de apellidos,
quienes integrarán para resolverlos, las respectivas Salas de Revisión.”
[3] Acuerdo
02 del 22 de julio de 2015.
[4] Por
medio de apoderado judicial (fls. 37 y 38 del cuaderno No. 1).
[5] En
concurso homogéneo y heterogéneo, en los dos casos.
[6]
Puesto que la acción de tutela se invoca contra esta decisión, la Sala no se
ocupará en extenso de referirse a las peticiones previas que había efectuado el
actor, aunque, por supuesto, serán también mencionadas.
[7] Dictamen
calendado el 27 de julio de 2018.
[8] Dictamen
que el Comité de Ministros de Colombia, en reunión del 30 de noviembre de 2018,
decidió “[a]sumir de Buena fe”.
[9] Prueba
No. 14, allegada en medio magnético por el tutelante.
[10] Previamente
a esta petición el accionante había reclamado su derecho a la impugnación en
dos oportunidades más.
[11] Presentada
el 11 de agosto de 2014, en atención al procedimiento individual previsto en el
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
PIDCP.
[12] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez. Se refiere al término del exhorto efectuado por la Corte Constitucional al Congreso de la
República para regular la impugnación de la primera sentencia condenatoria.
[13] Según
lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996.
[14] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[15] Del
18 de enero de 2018.
[16] Respecto de estas decisiones, en su
escrito de amparo y pese a que no las demandó, el actor afirmó que también se
desconocieron sus derechos fundamentales, en términos similares a los
utilizados para acusar el Auto del 13 de febrero
de 2019, dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[17] En
su escrito el accionante demanda a la Corte Suprema de Justicia - Sala de
Casación Penal y, además, solicita que se vincule a la Nación - Ministerio de
Relaciones Exteriores.  El auto admisorio de la acción de tutela vincula
oficiosamente al Gobierno nacional, a la Presidencia de la República, al Comité
de Derechos Humanos de la ONU, al Departamento de Estado de los Estados Unidos
de América, al Ministerio Público - Procurador Tercero Delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, al Congreso de la República y a
la Fiscalía General de la Nación.
[18] Folio
42 del cuaderno No. 1.
[19] Magistrado
Alberto Rojas Ríos.
[20] Citó
las sentencias C-142 de 1993 y SU-198 de 2013.
[21] A lo largo de esta providencia se utilizará la expresión “impugnación
de la sentencia condenatoria en única instancia” para indicar que la
condena contra el señor Andrés Felipe Arias Leiva se efectuó en el marco de un
proceso de única instancia. Esto no significa, de manera alguna, que pueda
confundirse, por un lado, el recurso de apelación por virtud de la doble
instancia, con, por otro lado, la impugnación que se reclama y que, conforme se
precisará a continuación, posee una naturaleza, fundamentación y consecuencias
diferenciables.
[22] Sentencias C-025 de 1993. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; C-472 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-222 de 1996.
M.P. Fabio Morón Díaz; C-245 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-386 de
1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-047 de 1999. MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero; C-545 de
2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Más recientemente ver, entre otras, la
sentencias C-240 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo; SU-431 de 2015. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez y SU-373 de 2019. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
[23] Sobre
la viabilidad de fueros legales, como el establecido en el numeral 9 del
artículo 32 de la Ley 906 de 2004, ver la Sentencia C-934 de 2006. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[24] Esta institución no fue extraña en el
marco de la Constitución Nacional de 1886 -ni en algunas de las constituciones
previas-. Así, de conformidad con lo previsto en los artículos 96, 97, 102.4 y
151.6 de la anterior Carta Política, existía un trámite de investigación y
juzgamiento a cargo de la Cámara de Representantes y el Senado, y en algunos
casos de la Corte Suprema de Justicia, que cobijaba al Presidente y al
Vicepresidente de la República, a los ministros de Despacho, a los consejeros
de Estado, al Procurador General de la Nación y a los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia. Para los congresistas, sin embargo, el fuero especial en
materia de investigación y juzgamiento sí constituyó una novedad en 1991, en
reemplazo de la inmunidad con la que contaban por virtud de lo establecido en
el artículo 107 del anterior Ordenamiento. Al respecto, en las discusiones de
la Asamblea Constituyente se afirmó: “estas dos instituciones [inmunidad e
inviolabilidad], creadas para garantizar la independencia del congresista al
actuar, fueron analizadas para decidir si sería necesario mantenerlas o
suprimirlas. Se decidió recomendar a la Asamblea la supresión de la inmunidad y
su sustitución por un fuero especial, igual al de los altos funcionarios del
Estado, para que los miembros del Congreso solamente puedan ser detenidos por
orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (salvo casos de
flagrante delito) y juzgados por este mismo Tribunal” Informe Ponencia para
primer debate en plenaria, Rama legislativa del Poder Público, 5. Estatuto del
Congresista. Gaceta 79 del 22 de mayo de 1991, págs. 16 y 17.
[25] En la Sentencia C-545 de 2008 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla) al citar la providencia C-222 de 1996 (M.P. Fabio Morón
Díaz), se afirmó que: “Dicho fuero especial no implica el sometimiento a
jueces y tribunales especiales, esto es, distintos de los ordinarios, en
aquellos casos en que sean objeto de investigaciones y eventualmente
acusaciones, determinados funcionarios del Estado, sino el cumplimiento
de un trámite procesal especial de definición de la procedencia subjetiva y en
concreto del juicio penal; ello precisamente para lograr la realización de los
objetivos propios y esenciales del Estado Social de Derecho, el cual, si bien,
tal como lo ha dicho esta Corporación ‘… configura un Gobierno de leyes por
encima de las personas’, garantiza también de forma paralela la integridad
y salvaguarda de sus instituciones y la seguridad de las personas que las
representan, pues sólo así es posible mantener el equilibrio en el ejercicio
del poder.”
[26] Vale la pena precisar que, según la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal y a
partir de lo regulado en el artículo 235 de la Constitución Política, el fuero
constitucional se predica de conductas cometidas bajo condiciones específicas
-incluso respecto de las que se presentaron antes de la posesión del cargo-,
todas ellas dirigidas a proteger la investidura ejercida. Sobre este preciso
aspecto en el Auto
31.653 de 1 de septiembre 2009 (M.P. José Leonidas Bustos Martínez), se sostuvo
que si el hecho se
cometió antes de que el sindicado ostentara la calidad de miembro del Congreso
pero el proceso penal respectivo se inicia después de que adquiera dicha
calidad, el fuero ha de aplicarse necesariamente para cumplir con la finalidad
constitucional que se le asigna, que, se repite, no es de carácter individual
ni en beneficio personal sino institucional. Entre otras decisiones que se
pronuncian sobre tales condiciones, vale la pena destacar las siguientes: (i)
Sentencia 53.776
de 23 de enero de 2019. M.P. Eugenio Fernández Carlier, y (ii) Auto 55.522 de 17 de julio de
2019. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Adicionalmente, ver, entre otras las
siguientes sentencias de la Corte Constitucional: (i) C-545 de 2008. M.P.
Nilson Pinilla Pinilla -nota al pie No. 7-; (ii) T-965 de 2009. M.P. María
Victoria Calle Correa -nota al pie No. 82-, y (iii) SU-198 de 2013. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva -fundamento No. 52.
[27] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[28]
Esta idea ha estado presente desde los primeros pronunciamientos de la Corte
Constitucional al respecto. Así, en la Sentencia C-222 de 1996 (M.P. Fabio
Morón Díaz) se sostuvo lo siguiente: “Ante
todo se busca evitar que mediante el abuso del derecho de acceso a la justicia
se pretenda paralizar ilegítimamente el discurrir normal de las funciones
estatales y el ejercicio del poder por parte de quienes han sido elegidos
democráticamente para regir los destinos de la Nación.” Aparte reiterado, entre otras, en la Sentencia C-545 de 2008.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[29] Es
importante destacar que la Corte Constitucional sostuvo desde sus primeras
decisiones que la Constitución Política había consagrado de manera expresa la
figura del fuero para asuntos que implicaran responsabilidad en materia
disciplinaria y penal. En este marco, sin embargo, la Sala Plena analizó si
esta garantía -y en qué condiciones- se extendía a los juicios de
responsabilidad fiscal, con ocasión de una acción de tutela interpuesta por
quien en ese momento se desempeñaba como Fiscal General de la Nación. Por no
ser tema de este proceso, no se ahondará en ello, pero para su estudio se puede
ver la Sentencia SU- 431 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[30] En la Sentencia C-386 de 1996 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero) se afirmó que: “… si bien el Congreso
ejerce determinadas funciones judiciales, en ningún caso la Constitución ha
atribuido a este órgano la facultad de imponer penas privativas de la libertad
a los altos dignatarios que juzga, las cuales son estrictamente reservadas a la
Corte Suprema”. Fundamento 17.
[31]
Sentencia C-025 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[32] Al
respecto, por ejemplo, en la Sentencia SU-047 de 1997 (MM.PP. Carlos Gaviria
Díaz y Alejandro Martínez Caballero), se sostuvo que la inmunidad en el voto y
la opinión también se extiende al escenario en el que los congresistas cumplen
funciones judiciales al investigar aforados constitucionales, sin perder de
vista el alcance político del juicio que les corresponde en estos casos.
[33] “…
la Constitución no ha
consagrado una irresponsabilidad total del parlamentario sino una
inviolabilidad absoluta pero específica. Es absoluta pues protege todos los
votos y opiniones del congresista en ejercicio de sus funciones, pero es
especifica, ya que no impide el establecimiento de responsabilidades, incluso
penales, por las otras actuaciones de los parlamentarios en desarrollo de sus
funciones.” Ibídem.
[34] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla. En dicha ocasión la Corte Constitucional resolvió la
demanda de inconstitucionalidad incoada contra el artículo 533 (parcial) de la
Ley 906 de 2004, en cuanto dispuso que los procesos previstos en el artículo
235.3 de la Constitución (esto es, según la norma vigente para dicho momento,
los adelantados por la Corte Suprema de Justicia contra congresistas) se
seguirían tramitando bajo lo dispuesto en la Ley 600 de 2000. El cargo que
sustentó la demanda fue el de desconocimiento del principio de igualdad, en la
medida en que, en consideración de los demandantes, incluso en los demás
procesos de aforados era clara la división entre la función de investigación y
la de juzgamiento, pero no así en el caso de los congresistas. Este cargo fue
desestimado por la Sala Plena. Pese a lo anterior, la Sala analizó la
disposición frente al debido proceso y, en particular, la imparcialidad de
quien juzga, línea en la cual adujo que aunque la norma era constitucional “el
Legislador debe separar, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, las
funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia,
para las conductas cometidas a partir del 29 de mayo de 2008.”
[35]
Este concepto se explicó, con apoyo en doctrina internacional y en lo sostenido
por algunos tribunales internacionales, como la inexistencia de un conocimeinto
previo por el juez respecto del thema decidendi; por oposición a aquella
inparcialidad subjetiva que se refiere a circunstancias que motivas la
existencia de impedimentos o recusaciones.
[36] Como
consecuencia de esta previsión la Corte Suprema de Justicia modificó su
reglamento interno, Acuerdo 01 de 2009, a partir del cual distinguió dentro de
la misma Sala de Casación Penal las funciones de instrucción, de las de
juzgamiento. Actualmente, esta distinción se elevó a canon constitucional a
partir de la aprobación del Acto legislativo 01 de 2018.
[37]
Funcionario incluido dentro de este fuero constitucional a partir del Acto
Legislativo 02 de 2015.
[38] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[39] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[40] En
esta providencia C-873 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), además, la
Corte consideró que el Legislador podía válidamente prever, bajo estrictos
argumentos de razonabilidad, nuevos funcionarios con fuero de juzgamiento, en
cuyo caso su fuente no sería constitucional sino legal. Tal razonabilidad,
sostuvo, se fundamenta básicamente en los siguientes presupuestos: “la
jerarquía del funcionario civil, y su afinidad institucional con los que el
constituyente protegió con fuero ante la Corte Suprema de Justicia.” Bajo
tal línea, se encontró el fuero legal concedido al Vicefiscal General de la
Nación para que su juzgamiento se diera por la Corte Suprema de Justicia.
[41] Desde tempranas decisiones, la Corte
afirmó esa regla en los siguientes términos: “Por ello, es posible
que como consecuencia de su naturaleza –proceso especial-, algunas de las
medidas que se adopten en ellos no correspondan con los procedimientos ordinarios,
sin que ello implique discriminación alguna, o desconocimiento de disposiciones
constitucionales, pues es la propia Carta la que concibe el fuero especial que
cobija a los altos funcionarios del Estado.” Sentencia C-245 de 1996. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[42] En
pacífica y reiterada jurisprudencia, en todo caso, se ha advertido que esta
competencia legislativa debe ejercerse con sujeción a los valores, principios y
derechos constitucionales; al principio de razonabilidad y de proporcionalidad;
y, en últimas, a la garantía del debido proceso dentro de cuyas garantías
juegan un rol fundamental los principios de legalidad, contradicción, defensa,
favorabilidad y presunción de inocencia.
[43] M.P.
Alejandro Martínez Caballero. En esta decisión se resolvió una demanda
interpuesta contra varias disposiciones de la Ley 5ª de 1992.
[44]
Esta regla estaba prevista en los artículos 267, parágrafo, y 277 parcial de la
Ley 5ª de 1992. La primera de las referidas disposiciones se había declarado
inexequible en la Sentencia C-025 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
porque se estimó que el beneficio allí previsto excedía el contemplado por el
Constituyente, por lo cual, se estimó no necesario como expresión del
fuero.
[45] Se adujo que el régimen especial de
investigación y juzgamiento de los congresistas no podía ser equiparado en este
asunto con el estatuido para otros aforados constitucionales. En concreto,
advirtió que aunque existía una regla similar aplicable a los sujetos de
investigación y juzgamiento por el Congreso de la República (Art. 174 y
concordantes de la C.P.), lo cierto es que en ese escenario era justificada,
dado que el rol de juez del Congreso no era equivalente al de un fiscal o juez
penal ordinario; mientras que en el caso de la investigación y juzgamiento de
los congresistas quien asumía la competencia era la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Penal-, autoridad judicial que se encuentra en la cúspide de
la justicia, razón por la cual dicho trato diferenciado era inconstitucional
debiendo someterse en este preciso aspecto a la regla más restrictiva aplicable
en materia penal para todos los ciudadanos.
[46]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En esta decisión la Corte Constitucional se
pronunió sobre la constitucionalidad del artículo artículo 533 (parcial) de la
Ley 906 de 2004, en cuanto previó que los procesos referidos en el artículo
235.3 de la C.P. -investigación y juzgamiento de congresistas- continuarían
regulándose por el trámite de la Ley 600 de 2000.
[47]
Esta sentencia adoptó una decisión condicionada, pero por la lesión del derecho
al debido proceso -imparcialidad del juez-, ordenando que hacía futuro se
separaran las funciones de investigación y juzgamiento para los congresistas
dentro de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[48]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[49] El
problema jurídico se formuló en los siguientes términos: “Corresponde
establecer si el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, que modifica
el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, ¿vulnera el derecho a la igualdad,
previsto en el artículo 13 de la Constitución, al disponer que la persona que
incurra en causales de flagrancia sólo tendrá derecho a 1/8 de rebaja de la pena
imponible, mientras que los congresistas, a quienes se aplica el artículo 40 de
la Ley 600 de 2000, podrían tener derecho a 1/3 de rebaja de la pena
imponible?”
[50] Se precisó que: “[p]rever dentro de un
procedimiento penal especial, aplicable a los congresistas, diversas oportunidades
para reconocer la responsabilidad penal, con su consiguiente rebaja de pena,
respecto de lo previsto en el proceso ordinario, no implica una discriminación
injustificada. Por lo tanto, el que la modificación del proceso ordinario no se
extienda al especial, no configura una omisión legislativa relativa.”
[51] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[52] La distinción entre estos bienes jurídicos es relevante, con miras
a insistir en que, además, el derecho cuya protección se pide en este asunto es
el relacionado con la impugnación de la sentencia condenatoria en materia
penal.
[53]
Según el enunciado normativo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente.
Esta disposición ha sido objeto de modificación a través de los actos
legislativos Nos. 06 de 2011, 02 de 2015 y 01 de 2018.
[54] Sobre la comprensión y alcance del bloque de constitucionalidad,
la Sala hará algunas consideraciones en el próximo apartado.
[55] M.P.
Jorge Arango Mejía.
[56] Decreto
100 de 1980., “Por el cual se expide el nuevo Código Penal”.
[57] Decreto
2550 de 1988. “por el cual se expide el nuevo Código Penal Militar”.
[58]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Decisión en la que la Corte Constitucional efectuó
la revisión previa del Proyecto de Ley Estatutaria de Administración de
Justicia.
[59]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[60] La
disposición demandada fue el numeral 7 del artículo 68 del Decreto 2700 de 1991
o Código de Procedimiento Penal. Se destaca que el artículo 174 de la
Constitución. hace referencia al grupo de aforados conformado por “el
Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia …”.
[61] “… tampoco le asiste razón a
la demandante, cuando, con un argumento puramente cuantitativo, considera que
el número menor de jueces de la Sala Penal desconoce el debido proceso, pues
éste se respetaría verdaderamente con el número mayor de magistrados que
integran la Corte Suprema en pleno. // … El problema no es entonces de índole puramente
cuantitativo sino de coherencia organizativa y de especialización funcional,
pues garantiza mejor el debido proceso y la seguridad jurídica de un acusado un
juzgamiento por un número plural de jueces especializados en el campo penal,
que  su juzgamiento por un número mayor de jueces, de altas calidades
jurídicas, pero que carecen de esa formación especializada en el campo penal.”
[62] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[63] Decreto
2700 de 1991, “por el cual se expiden normas de procedimiento penal”.
[64] De
los congresistas. En esa ocasión solo se demandó la referencia al numeral 3 de
del artículo 235 de la C.P., aunque también incluía los numerales 2 y 4 del
mismo artículo que hacen referencia a los dos grupos adicionales de aforados a
los que ha venido haciendo referencia esta providencia.
[65]
Respecto del numeral 6 del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal en
esta sentencia la Corte Constitucional se atuvo a lo resuelto en la Sentencia
C-142 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía.
[66] La
Sala Plena, además de lo procesos penales de aforados constitucionales, citó la
acción de pérdida de investidura, cuya constitucionalidad fue avalada en las
sentencias C-319 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara; C-247 de 1995. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo; y C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[67] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[68] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[69] Numerales
5, 6 y 7. También se incluyó como demandado el numeral 9 de la misma disposición
que prevé la competencia de la misma Sala de Casación Penal para juzgar a
aforados legales.
[70] M.P.
Jorge Arango Mejía. Esta petición fue realizada en el referido proceso de
constitucionalidad -respecto de algunos de los enunciados demandados- por el
Ministerio Público.
[71] Mecanismos
analizados en la Sentencia C-142 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), ya
advertidos en esta providencia previamente.
[72] Caso
fallado en el año 2004 y referido por la Corte en dicha providencia en el pie
de página 39.
[73] Caso
Gomariz c. España, dictamen de 22 de julio de 2005.
[74] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[75] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[76] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[77] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[78]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[79] El problema jurídico, que además
comprendía la separación de las funciones de investigación y juzgamiento al
interior de la Sala de Casación Penal se formuló en los siguientes términos: “(iii)
¿La corporación acusada violó el debido proceso y el principio de imparcialidad
judicial por haber juzgado al ex parlamentario demandante en proceso de única
instancia, y asumiendo la competencia integral para juzgarlo cuando previamente
había actuado como su investigador?”.
[80] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[81] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[82] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[83] El
caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004), constituye uno de los primeros
referentes de la Corte IDH sobre el derecho a recurrir. En esta ocasión, se
trataba de una sentencia penal proferida contra el señor Herrera Ulloa, como
autor responsable del delito de difamación. Según la legislación costarricense
vigente para ese entonces, contra una sentencia condenatoria solamente se podía
interponer el recurso de casación; el cual se intentó infructuosamente puesto
que la Corte Suprema lo declaró sin lugar. Frente a lo anterior, la Corte IDH
concluyó que el Estado violó el artículo 8.2.h. de la Convención, porque el
derecho a recurrir “no se satisface con la mera existencia de un órgano de
grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o
pueda tener acceso”, sino que “debe ser un recurso ordinario eficaz
mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de
decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho”. Según la Corte IDH “Independientemente
de la denominación que se le de al recurso existente para recurrir un fallo, lo
importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión
recurrida”. La revisión integral del fallo condenatorio constituye
un aspecto central en el alcance de este derecho. Esta es la razón por la cual
la Corte ha determinado la responsabilidad internacional de varios Estados
miembros por la violación al artículo 8.2.h. de la Convención.
[84] En esta línea de decisión de la Corte IDH, integrada por varios
pronunciamientos, es claro que el derecho a la impugnación de la sentencia
condenatoria no admite excepción en materia penal, y que para que su protección
sea real se requiere de la existencia de recursos que permitan valorar
integralmente -y no a través de un sistema de causales- los fundamentos
fácticos, probatorios y jurídicos que se utilizaron para adoptar la sentencia
que impone la condena. Adicionalmente, la Corte IDH ha sido consistente en recordar que el
artículo 2º de la Convención Americana establece la obligación general de cada
Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la
Convención, para garantizar los derechos reconocidos en ella, lo cual implica
la necesidad de adoptar medidas efectivas de derecho interno en su sentido útil
(principio de effet utile). Esa adopción de medidas opera en dos
vertientes, a saber: “i) supresión de las normas y prácticas de cualquier
naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o
que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y
ii) expedición de normas y desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva
observancia de dichas garantías”. Lo ocurrido con la República de Argentina
merece destacarse en este punto. En 2005 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación profirió una sentencia emblemática, conocida como el “Fallo Casal”, a
partir del cual cambió su jurisprudencia en el sentido de abandonar
definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones
de derecho. Aunque la Corte IDH valoró positivamente tal decisión, en tanto
guardaba armonía con el contenido mínimo del derecho a recurrir, también
constató que seguían “vigentes las disposiciones procesales pertinentes en
ambos códigos [Penales de la Nación y de la provincia de Mendoza],
en contradicción con dicho fallo”. Por ello, la Corte concluyó que el
Estado había incumplido su deber de adecuar el ordenamiento interno a los
mandatos de la Convención Americana. Dada la naturaleza de los ordenamientos
legales de la región no basta entonces con realizar cambio en la jurisprudencia
si la legislación continúa restringiendo el derecho a la doble conformidad.
Varias son las decisiones relevantes en esta materia, al respecto:  caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (julio
de 2004), caso Barreto Leiva vs Venezuela (17 de
noviembre de 2009),
caso Vélez Loor vs. Panamá
(23 de noviembre de 2010), caso Mohamed
Vs. Argentina (23 de noviembre de 2012), caso Mendoza y
otros vs. Argentina (14 de mayo de 2013), caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname (30 de enero de 2014), caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica (25 de
abril de 2018) y caso Gorigoitía vs Argentina (2 de septiembre de 2019).
[85]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[86] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[87] Artículo 217 de
la Ley 600 de 2000.
[88] M.P.
Álvaro Tafur Galvis. En esa ocasión se analizó la constitucionalidad del primer
inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, que regula la procedencia de la
casación. El cargo invocado tuvo que ver con la posibilidad de que en esa sede
se diera la primera sentencia condenatoria y no se garantizara su impugnación,
situación que fue avalada por la Corporación, aduciendo, como había sucedido en
otras ocasiones (como en la Sentencia C-142 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía),
que no existía una única forma de regular tal posibilidad.
[89] Al respecto, manifestó que: “a la pregunta de si en su caso la condena en
casación, tras dos instancias absolutorias, vulnera el derecho a impugnar la
sentencia condenatoria, en concordancia con el derecho a acceder a la justicia
(CP. arts 29, 31 y 229), la respuesta debe ser negativa.
La sentencia C-998 de 2004 ya resolvió con efectos de cosa juzgada
constitucional que la ausencia de un mecanismo –homólogo a la apelación- para
impugnar la sentencia condenatoria dictada por primera vez en casación, en el
marco de la Ley 600 de 2000, no desconoce ese derecho.”
[90] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[91] Esta posición fue posteriormente
precisada en la Sentencia SU-217 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
(párrafo 125, infra).
[92] Para
el efecto tuvo en cuenta que la Sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014 fue
notificada mediante edicto del 22 de abril del año siguiente, por lo cual, el
año que concedió la Corte Constitucional al Legislador venció el 24 de abril de
2016.
[93] Sentencia C-207 de 2003 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil. SPV. Clara Inés Vargas Hernández). En esa ocasión, la Corte señaló
que el principio de favorabilidad no implica el derecho a interponer
recursos ordinarios nuevos contra sentencias
dictadas en procesos sancionatorios ya terminados, pues en tales casos
prevalece la seguridad. En contraste, dicho principio sí podría invocarse para
interponer un nuevo recurso extraordinario contra sentencias de un proceso ya
finiquitado. Dijo: “Insiste
la Corte en que la aplicación del principio de favorabilidad […] sería posible, porque no se
trata de aplicarle a un proceso ya concluido, una norma posterior que establece
un nuevo recurso ordinario, sino una que establece un recurso
extraordinario, que opera respecto de sentencias ejecutoriadas.  […]
si bien no puede esgrimirse, en materia procesal, el principio de
favorabilidad, con la pretensión de que se reabra un debate procesal ya
concluido para aplicarle al mismo normas de procedimiento establecidas en leyes
posteriores, tal principio si resultaría aplicable cuando, pese a que un
determinado proceso ya ha concluido con sentencia sancionatoria, la nueva ley
establece un recurso que obra sobre las sentencias ejecutoriadas”.
[94] Cinco días es el término para sustentar el recurso
de apelación contra sentencias, y para presentar el de casación (Ley 906 de
2004, Arts. 179 y 183).
[95] Gaceta
del Congreso No. 209 de 3 de abril de 2017.
[96] Segundo Debate,
primera vuelta, en la Plenaria del Senado de la República.
[97]
Gaceta 309 de 2017, primer debate en primera vuelta ante la Comisión Primera
del Senado.
[98] Gaceta
del Congreso No. 991, de 27 de octubre de 2017, págs. 15 a 17. De
conformidad con lo establecido en el artículo 375 de la Constitución Política,
en la segunda vuelta de proyectos de actos legislativos la aprobación requiere
mayoría calificada, esto es, de los miembros de cada Cámara. En este caso,
teniendo que cuenta una totalidad de 20 miembros en dicha oportunidad, una
decisión sobre la proposición requería de 11 votos.
[99] Pueden consultarse las siguientes gacetas del Congreso de la República:
(i) 309 de 2017, págs. 37 y ss, Primer Debate - Primera Vuelta; (ii) 504 de
2017, págs. 83 y 84, Segundo Debate - Primera Vuelta; (iii) 565 de 2017, págs.
21 a 26, Tercer Debate - Primera Vuelta; (iv) 826 de 2017, págs. 57 y 58,
Cuarto Debate - Primera Vuelta; (v) 322 de 2018, págs. 184 a 186, Segundo
Debate - Segunda Vuelta; (vi) 19 de 2018, pág. 11, Tercer Debate - Segunda
Vuelta; y, (vii) 159 de 2018, págs. 53 y 54, Cuarto Debate - Segunda Vuelta. En
estos documentos consta que en todos los debates referidos, no hubo votación de
la proposición relacionada con este asunto, sino que las observaciones
realizadas se dejaron como constancias.
[100] Integrada
por seis magistrados.
[101] Integrada
por tres magistrados.
[102]
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[103] Explícitamente se afirmó: “No es admisible sostener que el precedente de la Sentencia
C-792 de 2014 sea aplicable exclusivamente a personas condenadas mediante el
procedimiento regulado en la Ley 906 de 2004. En primer lugar, porque
resultaría violatorio del derecho a la igualdad el que unas personas puedan
ejercer la garantía constitucional de impugnar la condena que se les imponga y
otras no puedan hacerlo, por razón de la ley procesal aplicable. En segundo
lugar, la Sentencia C-792 de 2014 es explícita en señalar que la omisión
del legislador no se limita a las hipótesis planteadas en el proceso de
constitucionalidad, es decir, a la Ley 906 de 2004, sino que la “falencia se
proyecta en todo el proceso penal”, razón por la que el exhorto hecho al
legislador en la Sentencia C-792 de 2014, se refiere a que “regule
integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias”.
[104] M.P.
Carlos Bernal Pulido.
[105]
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[106] Al
impugnar el fallo de primera instancia que fue favorable a las pretensiones del
accionante.
[107] Soportó
su afirmación en lo decidido en la Sentencia C-873 de 2003 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), sobre la existencia, vigencia y eficacia del Acto Legislativo
03 de 2002.
[108] Esta
disposición prevé el efecto inmediato de las normas procesales ante el tránsito
normativo, dejando a salvo diligencias o trámites iniciados bajos las
disposiciones previas.
[109] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[110] Adujo
que también se expresaba en dos funciones: (i) jerárquica e (ii) integradora,
esta última a partir del principio de interpretación conforme.
[111]
Teniendo en cuenta que es una garantía del derecho al debido proceso (Arts. 29
y 85 de la C.P.). Citó la Sentencia C-166 de 2017. M.P.(e) José Antonio Cepeda
Amarís.
[112] Al
respecto, citó las sentencias T-361 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo;
T-812 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-750 A de 2012. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[113] La
Sala Plena adujo que en este caso no se configuraba un defecto orgánico, porque
para el momento en el que se falló -ante la falta de posesión de los
magistrados de las nuevas salas- la Sala de Casación Penal era competente y
además estaba obligada a resolver el asunto.
[114] Cita
para el efecto la Sentencia C-545 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[115] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[116] Ibídem.
[117] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[118] La reconstrucción de este acápite se
fundamenta, de manera especial, en las sentencias: (i) C-225 de 1995. M.P.
Alejandro Martínez Caballero; (ii) C-358 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
(iii) C-028 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; (iv) C-291 de 2007.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y, (v) C-327 de 2016. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[119] La primera oportunidad en la que la Corte Constitucional expuso
de manera sistemática el concepto de bloque de constitucionalidad fue en
la Sentencia C-225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[120] Distinción que surgió en la Sentencia C-358 de 1997. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[121] Por virtud del principio pro persona
al bloque de constitucionalidad en sentido estricto también ingresan todos los
tratados de derechos humanos. Ver las sentencias C-774 de 2001. M.P. Rodrigo
Escobar Gil. C-327 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y C-093 de 2018.
MM.PP. José Fernando Reyes Cuartas y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[122] El estatus de los tratados limítrofes no ha sido pacífico en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Una reconstrucción al respecto se
encuentra en la Sentencia C-269 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo),
oportunidad en la que se afirmó que estos instrumentos integraban el bloque de
constitucionalidad en sentido estricto. Con posterioridad a esta
decisión, la regla ha sido reiterada, entre otras, en la Sentencia C-069 de
2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En otras ocasiones, sin embargo, la
Sala Plena ha considerado que hacen parte del boque en sentido lato;
ver, entre otras, las sentencias C-139 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo y C-327 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[123] Cuando no exista un referente del derecho humano en la
Constitución Política.
[124] En la Sentencia C-291 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
esta distinción fue expuesta en los siguientes términos: “Las normas que
forman parte del bloque de constitucionalidad cumplen diversas funciones dentro
del ordenamiento jurídico colombiano; … una
función interpretativa –sirve de parámetro guía en la interpretación
del contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las
limitaciones admisibles a los derechos fundamentales-, y una
función integradora -provisión de parámetros específicos de
constitucionalidad en ausencia de disposiciones constitucionales expresas, por
remisión directa de los artículos 93, 94, 44 y 53 Superiores-.”
[125] El uso de las fuentes que edifican el
bloque de constitucionalidad debe ampararse en una cláusula de remisión
constitucional. Esta posición fue expuesta por la Corte Constitucional en
decisiones iniciales. Ver, entre otras, las sentencias C-578 de 1995. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz y C-582 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[126] Sobre estos convenios la jurisprudencia
aclaró, luego de interpretar conjuntamente los artículos 53 y 93 de la
Constitución, que aquellos convenios de la OIT que reconocieran derechos
humanos ingresarían al bloque de constitucionalidad en sentido estricto.
Con este alcance, la Corte ha valorado, entre otros, los convenios 169 “sobre
pueblos indígenas y tribales” (Sentencia C-063 de 2010. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), 87 “sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación” (Sentencia C-617 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar
Gil), 98 “sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva” (Sentencia
C-349 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), 138, “sobre la edad mínima”
(Sentencia C-401 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), 182 “sobre las
peores formas de trabajo infantil” (Sentencia C-401 de 2005. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa), y 189 “sobre las trabajadoras y los trabajadores
domésticos” (Sentencia C-871 de 2014. M.P. Maria Victoria Calle Correa).
[127] En la Sentencia C-028 de 2006 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto) se sostuvo: “Así las cosas, la técnica del bloque de
constitucionalidad parte de concebir la Constitución como un texto abierto,
caracterizado por la presencia de diversas cláusulas mediante las cuales se
operan reenvíos que permiten ampliar el espectro de normas jurídicas que deben
ser respetadas por el legislador.”
[128] Al respecto ver, entre otras, las
sentencias C-700 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-1189 de 2000.
M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-271 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
C-442 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-111 de 2019. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
[129] En la Sentencia C-067 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) la
Sala Plena consideró que “[e]l hecho de compartir la jerarquía del texto
formal de la Carta convierte a los dispositivos del bloque en ´eje y factor de
unidad y cohesión de la sociedad.”
[130] Al respecto, en la Sentencia C-327 de
2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) se afirmó: “Por lo tanto, la Corte ha considerado que las normas
convencionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad deben
interpretarse en armonía con la Constitución; es decir, el bloque de
constitucionalidad impone una interpretación sistemática que también debe responder a la
interpretación más favorable para la protección de los derechos.”
Negrilla fuera de texto.
[131] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[132] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[133] Debe destacarse que también desempeña funciones
consultivas. Sobre este tipo de pronunciamientos esta providencia no realiza
consideración alguna dado que no constituye una materia necesaria para el
análisis del caso.
[134] Artículo 33 de la Convención o Pacto se
San José.
[135] Colombia
presentó un instrumento de aceptación por tiempo indefinido y bajo la condición
de estricta reciprocidad, respecto de hechos ocurridos con posterioridad a
dicho momento. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm#Colombia:
[136] “Artículo 61. 1. Todo Estado parte
puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión
de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce
como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de
la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de
esta Convención. // 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente,
o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos
específicos.  Deberá ser presentada al Secretario General de la
Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros
de la Organización y al Secretario de la Corte. // 3. La Corte tiene
competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y
aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre
que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha
competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos
anteriores, ora por convención especial.”
[137] En la Sentencia T-653 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio),
la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional se pronunció sobre el
carácter vinculante de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso “19 Comerciantes vs. Colombia”, del 5 de julio de 2004.
[138] “Artículo 68. 1. Los Estados Partes en
la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en
que sea partes.”
[139] MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
[140] Posición que fijó en la Sentencia C-293 de 1995. M.P. Carlos
Gaviria Díaz, y reprodujo en las sentencias C-475 de 1997. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; C-163 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz; y, C-1711 de 2000. M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[141] MM.PP. Jaime Araújo Rentería y Clara
Inés Vargas Hernández.
[142] Los tres supuestos de despenalizacións son: (i) cuando la
continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la
salud de la mujer, (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga
inviable su vida, y (iii) cuando el embarazo sea producto de una conducta,
denunciada, que constituya acceso carnal o acto sexual sin consentimiento,
abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas, o de incesto. Esta decisión se adoptó al analizar la
constitucionalidad del artículo 122 de la Ley 599 de 2000.
[143] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[144] Que
reformó la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.
[145] M.P. Mauricio González Cuervo. En esta
providencia se demandó la expresión “e inhabilidad general” prevista en el
artículo 44.1. de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. Este
enunciado hace parte del listado de clases de sanciones que pueden imponerse en
el marco de las procedimientos disciplinarios que, con carácter preferente,
adelanta la Procuraduría General de la Nación.
[146] En la Sentencia C-028 de 2006. M.P. Hmberto Antonio Sierra Porto.
Se afirmó, además, que la razón de la dicha decisión se replicó en
el fallo SU-712 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[147] Derechos
Políticos.
[148] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[149] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[150] Común en el contexto del Sistema Regional europeo de Derechos
Humanos, tal como lo muestra la providencia C-101 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. Es de indicar que como elementos de aplicación de esta doctrina,
la providencia considera circunstancias de naturaleza intrínseca y
circunstancias de naturaleza extrínseca. Entre las primeras, se encuentran (i)
el acto interno que se analiza, (ii) el derecho regulado o restringido, (iii)
la naturaleza de la obligación contenida en el Convenio y (iv) los intereses
jurídicos en tensión. En el segundo tipo de circunstancias, la sentencia se
refiere al consenso.
[151] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[152] Sobre este tema resulta relevante hacer
mención de dos casos. El primero, tiene que ver con la vigencia del principio
de legalidad penal -y la protección del derecho a la libertad de expresión- en
la configuración de los delitos de injuria y calumnia; asunto analizado en la
Sentencia C-442 de 2011 (M.P. Humberto Antionio Sierra Porto), en el que fue
trascendental el estudio que se hizo respecto de la jurisprundencia de la Corte
Interamericana en el caso Eduardo Kimel vs. Argentina. Y, el segundo, tiene
relación inescindible con este caso, esto es, con el derecho a impugnar la
sentencia condenatoria penal y su alcance en la Sentencia C-792 de 2014. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[153] Como característica del Sistema Regional de Derechos Humanos,
además, debe repararse en el hecho de que muchas cláusulas reservan un margen
de configuración a los Estados y, por lo tanto, el ejercicio interpretativo de
la Corte Interamericana es relevante con miras a establecer qué contenido de
protección sigue siendo intangible.
[154] M.P. Mauricio González Cuervo.
[155] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[156] Que
prevé la garantía del recurso judicial efectivo e integra el bloque de
constitucionalidad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93.1 de la
Constitución Política.
[157]
Esta postura no ha sido ajena a intensos debates destinados a su comprensión y
delimitación, -propios de la puesta en marcha de una institución novedosa y de
tal trascendencia para el afianzamiento de la tradición constitucional
colombiana a partir de la Carta Política de 1991-, con el objeto de preservar
su carácter subsidiario y de garantizar el equilibrio entre los principios de
seguridad jurídica, cosa juzgada e independencia y autonomía judicial, por un
lado; y la supremacía constitucional y eficacia de los derechos fundamentales,
por el otro.
[158] M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta
providencia la Corte resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 185 (parcial) de la Ley 906 de 2004, según el cual contra las
sentencias de casación proferidas por la Corte Suprema de Justicia - Sala de
Casación Penal no procedía acción alguna, salvo la de revisión. La Sala
resolvió declarar la inexequibilidad de la expresión “ni acción”
contenida en dicho enunciado, por considerar que: “… es claro para esta
Corporación que una ley ordinaria no puede modificar o suprimir la Constitución
Política y con mayor razón uno de los mecanismos de protección de los derechos
fundamentales en ella consagrados; que la acción de tutela procede contra
decisiones judiciales en los casos en que esta Corporación ha establecido y con
cumplimiento de los presupuestos generales y específicos ya indicados; que al
proferir la Sentencia C-543-92, la decisión de la Corte no fue excluir la
tutela contra decisiones judiciales; que la procedencia de la acción de tutela
contra tales decisiones está legitimada no sólo por la Carta Política sino
también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la
Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto instrumentos de derecho
internacional público que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que
vinculan al Estado colombiano, y que los argumentos expuestos contra la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son infundados
y, por lo mismo, fácilmente rebatibles.”
[159]
Siguiendo lo expuesto en la Sentencia SU-432
de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa), esta variación en la concepción de
la procedencia se empezó a proponer en las sentencias T-441 de 2003, T-462 de
2003 y T-949 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, y T-701 de 2004. M.P.
(e) Rodrigo Uprimny Yepes.
[160] Recientemente en la Sentencia SU-056 de 2018 (M.P. Carlos Bernal
Pulido), reiterando lo considerado en la providencia T-317 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), se sostuvo que: “… Con todo, la naturaleza de la acción de tutela es esencialmente
informal y por ende, aún en los casos de tutela en contra de providencia
judicial, no le es dable al juez someter la demanda a un excesivo formalismo
que resulte en un límite para la protección de los derechos fundamentales de
quien la interpone. // 64.  Por consiguiente, esta Corte ha sido enfática en
señalar que la interpretación de la demanda no puede hacerse en una forma tan
rigurosa que le impida a los accionantes el uso de la tutela para conseguir la
protección de sus derechos fundamentales.”
[161] En
la Sentencia SU-050 de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), se sostuvo: “ … esta Corporación ha reiterado que la tutela
contra providencias judiciales de altas Corporaciones es más restrictiva. En
ese sentido ha señalado que solo es procedente cuando es definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de
tal entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”. Para el efecto reiteró lo
sostenido en las providencias SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, SU-917 de 2010. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
Esta conclusión se funda en el rol de las altas corporaciones,
Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, sobre los temas de su propia
competencia, y en la especialidad y condición de los jueces que ponen término a
procesos que también están diseñados para la garantía de los derechos
constitucionales.
[162] Al
respecto, en la referida Sentencia SU-432 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa), siguiendo a la Sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes),
se sostuvo: “… es importante señalar que, en
relación con las causales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial, la Corte ha manifestado que no existe un límite indivisible entre
estas, pues a manera de ilustración, resulta claro que la aplicación de una
norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional
pueden derivar en un irrespeto por los procedimientos legales; o, que la falta
de apreciación de una prueba puede producir una aplicación indebida o la falta
de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un
caso específico.”
[163]
Sentencia SU-024 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[164] Al
tenor de lo previsto en el artículo 86.1 de la Constitución Política,
concordante con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
es un mecanismo judicial de defensa puesto a disposición de quien
considera que sus derechos fundamentales se encuentran amenazados o vulnerados,
con el objeto de reclamar, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, que se
respete su posición por parte de quien está en el deber correlativo de
protección, bien sea una autoridad pública, bien un particular, bajo las
condiciones previstas por la Constitución y la ley. Este requisito
que debe analizarse respecto de todas las acciones de tutela, con independencia
de que la actuación cuestionada sea judicial.
[165] De conformidad con el artículo 179 B de la Ley 906 de 2014, este
recurso procede cuando el funcionario de primera instancia niega la apelación,
y se invoca ante el superior.
[166] Artículo 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004.
[167] Artículo 86 de la Constitución Política. Jurisprudencia de la
Corte Constitucional al respecto, en especial, la que se consolidó a partir de
la Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[168] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. En uno de sus casos la acción
de tutela se interpuso contra el auto que le negó al entonces accionante el
recurso de apelación (debió decir impugnación) contra la sentencia que, en
segunda instancia, lo condenó por primera vez. Al respecto, la Sala Plena
afirmó: “[e]n ese sentido, la parte accionante alega la vulneración de su
derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, y no existe un recurso
que le permita controvertir la decisión de las autoridades judiciales
accionadas, razón por la que se cumple el requisito de subsidiariedad.”
[169] M.P.
Carlos Bernal Pulido.
[170] M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[171] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[172] Esta posición fue expuesta por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia también en el Auto del 7 de marzo de 2018, resultado
de la segunda petición incoada por el actor con idénticas finalidades.
[173]
Afirmó que solo una reforma constitucional puede “crear con carácter
temporal un organismo judicial que actúe como superior jerárquico de la Sala de
casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante el cual puedan impugnarse
las sentencia de única instancia hoy ejecutoriadas.”
[174] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[175] Caso
Liakat Ali Alibux vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Párrafo 85.
[176] Caso
Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de
noviembre de 2009. Párrafo 89.
[177] Caso
Gorigoitía vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de septiembre de 2019. Párrafo 47.
[178] Ver,
entre otras, las sentencias C-181 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y
C-297 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[179] “... nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse
delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la
ley; nulla poena sine praevia lege: esto es, no puede aplicarse pena alguna que
no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella; nemo iudex sine lege:
o sea que la ley penal sólo puede aplicarse  por los órganos y jueces
instituidos por la ley para esa función; nemo damnetur nisi per legale indicum,
es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal.”
Cita doctrinal realizada en la Sentencia C-200 de 2002. M.P. Älvaro Tafur
Galvis, y, entre otras, en las providencias C-739 de 2000. M.P. Fabio Morón
Díaz; C-592 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-820 de  2005. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; y SU-373 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Los mismos
elementos, además, han sido replicados en varias decisiones, al respecto ver
las sentencias C-301 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez y C-297 de 2016.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[180] Entre
otras las sentencias C-1064 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C-820 de
2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[181] V.gr. en la Sentencia C-200 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis) se afirmó: “El entendimiento del artículo 29 constitucional que
hace esta Corporación es en efecto el de que al momento de los hechos que
configuran la conducta punible, debe existir un tribunal competente y un
procedimiento para juzgar a la persona que ha cometido un delito, pero
ello no significa que ese procedimiento no pueda cambiar, o que la competencia
del juzgamiento quede inmodificablemente definida.”
[182]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[183] Al respecto ver, entre otras, las sentencias C-581 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería; C-619 de 2001. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; C-181 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
C-1093 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-592 de 2005. M.P. Álvaro Tafur
Galvis; C-801 de 2005. M.P. Jaime Córdiba Triviño; C-371 de 2011. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; y, C-225 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo.
[184] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[185] M.P.
Luis Guillermo Guerreo Pérez.
[186] “Artículo 4. El presente acto legislativo rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.”
[187]
Sentencia C-934 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[188] Se
insiste en que, aunque
esta decisión de constitucionalidad se adoptó frente a normas de la Ley 906 de
2004 que no se referían al juzgamiento de aforados constitucionales, las
consideraciones generales que allí se realizaron determinaron la comprensión
del derecho en estudio frente a la generalidad de los procesos penales.
[189] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[190] Llama la atención en este punto la Sala que, como quedó consignado
en los párrafos 118 y ss, supra, en la exposición de motivos del
proyecto de Acto Legislativo estuvo presente el objetivo de actualizar el
ordenamiento a los estándares derivados de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
[191] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[192]
Verdad que tiene la potencialidad de repercutir en otros derechos, como en de
la reparación.
[193] En la nota de pie de página 9 del
Dictamen el Comité señaló: “El
Comité observa asimismo que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad
de varios artículos del Código de Procedimientos Penales sobre la materia por
la Corte Constitucional de 24 de abril de 2015 no alcanzan al caso del autor,
ya que en una sentencia de 28 de abril de 2016, la CSJ determinó que la
disposición de la Corte Constitucional era aplicable respecto de sentencias que
no se encontraban ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016. Por otra parte,
posteriormente a la modificación de la Constitución, mediante acto legislativo
No. 001 de 2018, el autor presentó un recurso impugnatorio ante la CSJ que fue
declarado improcedente el 7 de marzo de 2018”.
[194] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[195] El artículo 2.2. del Protocolo No. 7, del
Sistema regional de los derechos humanos, establece que: “ARTÍCULO 2 Derecho a un doble grado de jurisdicción en
materia penal 1. Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un
tribunal tendrá derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sea
examinada por una jurisdicción superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos
los motivos por los cuales pueda ser ejercitado, se regularán por ley. 2. Este
derecho podrá ser objeto de excepciones en caso de infracciones de menor
gravedad según las defina la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en
primera instancia por el más alto tribunal o haya sido declarado culpable y condenado
al resolverse un recurso contra su absolución.”
[196]
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[197] M.P.
Carlos Bernal Pulido.
[198] En el caso
Amrhein y otros vs. Costa Rica (2018), la Corte Interamericana consideró que la
existencia de un recurso extraordinario como mecanismo para impugnar la
sentencia penal condenatoria en casos resueltos antes de que se regulara
normativamente el asunto, no implicaba per se la inefectividad del
mecanismo (párrafo 48). Esto indica la posibilidad de que, de manera
diferencial, puedan establecerse mecanismos en los sistemas normativos de los
Estados en casos como el presente, en comparación con los efectos y otras
circunstancias que se dan en casos que siguen en curso.
[199] Este exhorto se
efectuó en las sentencias C-792 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
SU-215 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; SU-217 de 2019. M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo; SU-218 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido; y SU-373 de
2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[200] Exhorto
realizado en las sentencias SU-217 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y
SU-373 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[201] La
caracterización del COVID-19 como una pandemia fue realizada por el Director
General de la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 220.
[202] El tercer punto resolutivo de esa providencia estableció que las
órdenes allí contenidas “entrarán en vigor el día de su publicación en la página
Web de la Corte Constitucional y se mantendrán vigentes mientras subsista la
suspensión de términos judiciales prevista por el Consejo Superior de la
Judicatura”. La publicación en la página Web de la Corte Constitucional se
realizó el 27 de abril de 2020.
[203] Sentencias C-387 de 2014 y C-828
de 2010.
[204] La
norma, además, prescribe estas excepciones a la regla general transcrita: «Las
leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin
embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. || La competencia para tramitar el proceso se
regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda
con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad».
[205] Este
principio también se encuentra reconocido en los artículos 9 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Con similar redacción, ambos artículos determinan: «Si con
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena
más leve, el delincuente se beneficiará de ello».
[206] Sentencias C-619
de 2001 y C-200 de 2002.
[207]
Sentencias T-015 de 2007 y C-592 de 2005.
[208] Sentencia
C-200 de 2002. Al respecto, también se pueden consultar las sentencias T-015 de
2007, T-1026 de 2006 y C-207 de 2003.
[209]
Sentencia T-091 de 2006.
[210]
Sentencia T-1343 de 2001, oportunidad en la que la Corte indicó que esta regla
está supeditada «a la modificación que puede llegar a introducir en el régimen
punitivo dadas las consecuencias que por ello se sigan evidenciando, puesto que
en relación con el régimen de la tipicidad la sentencia penal ya ejecutoriada
es intangible». También se pueden ver la Sentencia T-1223 de 2001.
[211] Si por este entendemos aquél que, con cierta facilidad
interpretativa, podemos abordar subsumiéndolo en las condiciones de aplicación
de una regla de derecho, a partir de lo cual, por inferencia, asignamos la
consecuencia jurídica, llegando así a la decisión del asunto.
[212] Comprendido
bajo la figura del bloque de constitucionalidad, prevista en el Artículo 93 de
la Constitución.
[213] Entre
tales mecanismos estaban la acción de revisión y la acción de tutela.
[214] Ver,
entre otras, la Sentencia C-371 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[215] Estas
consideraciones se fundan en lo sostenido por la Corte Constitucional,
principalmente, en las sentencias T-1625 de 2000. M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez;
C-252 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar
Gil; C-200 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-824A de 2002. M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-001 de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-592 de 2005. M.P.
Álvaro Tafur Galvis; C-820 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-578 de
2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-966 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; T-082 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-106 de 2007.
M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-1057 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández;
T-393 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-019 de 2017. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[216] Se destacan el Artículo 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 9 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
[217] En el marco del derecho interno, este
mandato se reproduce en el Código Penal (Ley 599 de 2000, Artículo 6) y en los
códigos de procedimiento penal vigentes (leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, Artículo
6 de cada estatuto).
[218] Sentencias C-300 de 1994. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; C-581 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería; C-200 de 2002. M.P.
Álvaro Tafur Galvis; C-371 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, C-225 de
2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[219] Sobre
el alcance de las “leyes preexistentes”, en concreto, de los elementos
fundamentales que se regulan por esta regla me remito a lo sostenido en la
Sentencia SU-146 de 2020, fundamentos jurídicos Nos. 203 a 205.
[220] En el mismo sentido ver las
siguientes providencias de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal: Auto de 16 de diciembre de 2008, radicación Nº 28.476. M.P. Javier
Zapata Ortiz; y Sentencia de 14 de agosto de 2019, radicación Nº 51.776. M.P.
Luis Guillermo Salazar Otero.
[221] Como se precisó en el fundamento No. 9, el
conflicto de leyes en el tiempo se puede dar por (i) la sucesión de
normas que
regulen una misma hipótesis fáctica de manera diferente, o le señalan
consecuencias jurídicas distintas; o (ii)
la coexistencia de preceptos
de diferentes ordenamientos con identidad en el objeto de regulación. CSJ-SCP,
Sentencia de 15 de febrero de 2000, radicación N° 12.397. M.P. Fernando Enrique
Arboleda Ripoll; Sentencia de 23 de agosto de 2005, radicación N° 21.954. M.P.
Jorge Luis Quintero Milanés; Auto de 16 de diciembre de 2008, radicación N°
28.476. M.P. Javier Zapata Ortiz; Sentencia de 23 de noviembre de 2017,
radicación N° 37.638. M.P. Fernando León Bolaños Palacios; y Auto de 5 de
diciembre de 2018, radicación N° 52.535. M.P. Fernando Alberto Castro
Caballero. Dadas las particularidades de este asunto, estamos en el primer
supuesto.
[222] Actuación
que adelantó a través de la modificación de los artículos 186, 234 y 235
superiores.
[223] Ver -entre otras- las sentencias T-575 de
1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y T-1223 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[224] En estas decisiones, sin embargo, la
Corte no aplicó de manera directa la garantía, remitiendo a los accionantes a
que elevaran la solicitud ante los jueces de ejecución de penas, competentes en
la materia.
[225] Que
introduce el sistema penal con tendencia acusatoria.
[226] Ver las sentencias C-1092 de
2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-592 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-801
de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; y T-091 de 2006. M.P. Jaime Córdoba
Triviño, relacionadas con la vigencia de la reforma incorporada a través del
Acto Legislativo 03 de 2002. En similar sentido, ver CSJ-SCP. Sentencia de 23
de marzo de 2006, radicación Nº 24.300. M.P. Marina Pulido de Barón: la “disposición
o enunciado que debe ser considerado para dar cabida al principio mencionado es
aquel que de cualquier manera mejore la situación del procesado o condenado,
con independencia del estatuto que lo contenga: Código Penal, Constitución
Política, bloque de constitucionalidad o Código de Procedimiento Penal.
Respecto de éste, siempre que se trate de las disposiciones denominadas
‘procesales de efectos sustanciales.’”
[227] De hecho, la Corte ha
estimado innecesario condicionar el sentido de las disposiciones que incorporan la premisa de la
irretroactividad penal para indicar que debe respetarse el principio de
favorabilidad, ya que esta es la única interpretación que se desprende del
Artículo 29 de la Constitución Política. Ver -entre otras- las sentencias C-581 de
2001. M.P. Jaime Araújo Rentería; C-619 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; C-181 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1093 de 2003. M.P.
Álvaro Tafur Galvis; C-592 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-801 de 2005.
M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-371 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y
C-225 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[228] Al
respecto me remito a lo considerado en la Sentencia SU-146 de 2020, fundamento
jurídico No. 122 y siguientes.
[229] “Que
adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
“Artículo
40. Las
leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. // Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso
y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se
iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. //
(…).”
“Artículo 43. La ley preexistente
prefiere á la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado ó
penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al
juicio. Esta regla solo se refiere á las leyes que definen y castigan los
delitos, pero no á aquellas que establecen los tribunales y determinan el
procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40.”  // La
competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley
elimine dicha autoridad.”
[230] “Artículo 44. En materia penal la
ley favorable ó permisiva prefiere en los juicios á la odiosa ó restrictiva,
aun cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito. //
Esta regla favorece á los reos condenados que estén sufriendo su condena.“
“Artículo 45. La precedente
disposición tiene las siguientes aplicaciones: // La nueva ley que quita
explícita ó implícitamente el carácter de delito á un hecho que antes lo tenía,
envuelve indulto y rehabilitación.  // Si la ley nueva minora de un
modo fijo la pena que antes era también fija, se declarará la correspondiente
rebaja de pena.  // Si la ley nueva reduce el máximum de la pena
y aumenta el mínimum, se aplicará de las dos leyes la que invoque el
interesado. // Si la ley nueva disminuye la pena corporal y aumenta la
pecuniaria, prevalecerá sobre la ley antigua.   // Los casos
dudosos se resolverán por interpretación benigna.”
[231] Esto
debido a que el accionante, Andrés Felipe Arias Leiva, está en la actualidad
cumpliendo la pena privativa de la libertad que le impuso la Sala de Casación
Penal de la Corte
Suprema de Justicia en la Sentencia del 16 de julio de 2014, equivalente a 209
meses y 8 días de prisión (17 años, 5 meses y 8 días).
[232] CSJ-SCP, Auto de 16 de
diciembre de 2008, radicación Nº 28.476. M.P. Javier Zapata Ortiz.
[233] CSJ-SCP, Auto de 5 de
diciembre de 2018, radicación Nº 52.235. M.P. Fernando Alberto Castro
Caballero; y Auto de 30 de abril de 2019, radicación Nº 49.801. M.P. Patricia
Salazar Cuellar.
[234] CSJ-SCP. Sentencia de 14 de
agosto de 2019, radicación Nº 51.776. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. En el
mismo sentido CSJ-SCP. Sentencia de 19 de febrero de 2020, radicación Nº
56.289. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. En esta última se precisó que el principio
de favorabilidad penal aplica “siempre que se trate de situaciones jurídicas
en curso, o que no se hayan consolidado, pues tales principios guardan estrecha
relación con el de seguridad jurídica (…)”. Como ejemplo, indicó que una vez cobra ejecutoria la
sentencia, los códigos de procedimiento penal prevén la posibilidad de
modificar las sanciones impuestas, función atribuida al juez de ejecución de
penas y medias de seguridad. “Lo anterior, precisa la Sala, únicamente
cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducir, modificar, sustituir
o extinguir la sanción penal, eventos estos de orden objetivo en los que
no se habilita al juez ejecutor de la pena, para que modifique los hechos ya
fallados, reviva la controversia acerca de la tipicidad de la conducta o la
responsabilidad del declarado culpable.” (Negrillas originales).
[235] Ver, entre otras, las sentencias C-922
de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-200 de 2002. M.P. Álvaro Tafur
Galvis; C-592 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-091 de 2006. M.P. Jaime
Córdoba Triviño; T-015 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y, C-371 de
2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo sentido ver CSJ-SCP, Auto de
16 de diciembre de 2008, radicación N° 28.476. M.P. Javier Zapata Ortiz.
[236] Ver la Sentencia C-619 de 2001. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra. La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, por su parte, ha indicado que las normas procesales con
efectos sustanciales son aquellas que, por ejemplo, describen circunstancias
que modifican los extremos de la pena o establecen condiciones genéricas o
específicas de agravación o atenuación punitiva, las que se refieren a
condiciones de punibilidad y a la responsabilidad del procesado o la ausencia
de la misma, los motivos de extinción de la acción penal o causales de
procedibilidad, o las que y las que recogen axiomas del derecho penal
como el in dubio pro reo, la presunción de inocencia, la favorabilidad o
la prohibición de reforma en peor. “Cfr. CSJ AP 9 feb 2006, rad. 24046 y
CSJ AP 24 oct 2007, rad 21815.” Cita de la Sentencia de 23 de noviembre de
2017. Radicación N° 37.638. M.P. Fernando León Bolaños Palacios; y “CSJ AP
15 sep 2010, rad. 32463.” Cita de la Sentencia de 23 de noviembre de 2017.
Radicación N° 37.638. M.P. Fernando León Bolaños Palacios.
[237] Así, por ejemplo, en la Sentencia C-922 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), se afirmó que el
principio de favorabilidad también se aplica en materia procedimental “cuando
las normas instrumentales posteriores tienen relevancia para determinar la
aplicación de una sanción más benigna”. En el mismo sentido ver la Sentencia C-200 de 2002.
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[238] Sentencia C-252
de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[239] En los términos propuestos
por el profesor Luigi Ferrajoli, para quien las garantías primarias son los
derechos subjetivos y las garantías secundarias los medios (acciones o
recursos) que deben establecerse en el evento en el que las primeras sean
amenazadas o quebrantadas.
[240] Artículo
29 de la Constitución.
[241] Artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, por lo cual en la Sentencia SU-373 de 2019. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger, se consideró como un derecho convencional.
[242] Artículo 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
[243] Artículo
85 de la Constitución.
[244] Auto 24196 del 18 de octubre de 2005, M.P. Marina Pulido de Barón, Radicación 24.196 y Sentencia del 3
de febrero de 2016, M.P. Eugenio Fernández Carlier, Radicado 42.445. En estas
decisiones se hizo mención expresa a los artículos 44 y 45 de la Ley 153 de
1887.
[245] Radicado 56.289. M.P. Patricia Salazar
Cuellar.
[246] El
peticionario fue condenado bajo el régimen de la Ley 600 de 2000, y se aplicó
-luego de su condena efectiva- un recurso de apelación previsto en el régimen
de la Ley 906 de 2004.
[247] M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[248] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[249] Se ha afirmado que se requiere acreditar la identidad de regulación o
la no exclusividad del instituto reclamado como parte estructural de uno u otro
ordenamiento. CSJ-SCP, Auto
de 9 de octubre de 2013, radicación N° 40.711. M.P. Luis Guillermo Salazar
Otero.
Esencialmente, se requiere que (i) las figuras jurídicas enfrentadas
tengan regulación en las dos legislaciones; (ii) respecto de aquellas se
prediquen similares presupuestos fáctico-procesales; y (iii) con la aplicación
beneficiosa de alguna de ellas no se resquebraje el sistema procesal dentro del
cual se le da cabida al instituto favorable. Ver CSJ-SCP Sentencia de 23 de agosto de 2005,
radicación N° 21.954. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés; Sentencia de 23 de marzo
de 2006, radicación Nº 24.300. M.P. Marina Pulido de Barón; Sentencia de 13 de
marzo de 2008, radicación N° 27.413. Augusto José Ibáñez Guzmán; Auto de 16 de
diciembre de 2008, radicación Nº 28.476. M.P. Javier Zapata Ortiz; y Auto de 24
de julio de 2017, radicación N° 49.734.
[250] Expresión
que, tomada del clásico literario de Henry James, ha sido utilizada por algunos
teóricos y filósofos del derecho con el objeto de dar cuenta de reflexiones
adicionales que permiten ir ajustando la dirección de los debates de los que se
ocupan. Ver, por ejemplo, “Una filosofía del Derecho para el mundo latino.
Otra vuelta de tuerca”, Atienza, Manuel.
https://dfddip.ua.es/es/documentos/una-filosofia-del-derecho-para-el-mundo-latino-otra-vuelta-de-tuerca.pdf