T-124-20
Sentencia T-124/20
DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE
EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Accesibilidad
COSA JUZGADA EN TUTELA-Configuración
La cosa juzgada se configura si se acredita la
denominada “triple identidad”, esto es: (i) identidad de partes, (ii) identidad
de objeto e (iii) identidad de causa.
DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
CONVENCION DE DERECHOS
HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Deber de los Estados garantizar el derecho fundamental
a la educación inclusiva
(i) asegurar
“un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la
enseñanza a lo largo de la vida” y (ii) “asegurar el acceso de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, [al]
transporte”.
DERECHO A
LA EDUCACION DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Marco constitucional y
legal
POLITICA PUBLICA EN
EDUCACION INCLUSIVA-Parámetros
de prestación del servicio
(i) la educación inclusiva, que consiste en la
incorporación de esta población, mediante ajustes razonables, en el “sistema
educativo convencional”, y (ii) la educación especializada, que implica la
prestación del servicio educativo en centros especializados, cuando las
circunstancias particulares del caso lo exigen.
DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE EDAD EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Procede excepcionalmente servicio de transporte
escolar con acompañamiento
DERECHO A
LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Reglas de procedencia para
servicio de transporte escolar con acompañamiento
La prestación de
transporte escolar con acompañamiento para garantizar la accesibilidad de
personas mayores de edad en situación de discapacidad al sistema educativo solo
procede de manera excepcional, esto es, ante afectaciones manifiestamente
irrazonables y desproporcionadas de los derechos a la educación y a la dignidad
humana del accionante, esta última, en su dimensión de integridad física y
mental.
Referencia: Expediente
T-7.528.942
Acción de tutela instaurada por Ana Lucía Moreno
Rivas, en calidad de agente oficiosa de Karen Liliana y Anyi Zuleimi Rivas
Moreno, en contra de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali
Magistrado ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá,
D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo de tutela de 8 de abril de 2019, proferido por
la Juez Segunda Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, en el marco de
la acción de tutela promovida por Ana Lucía Moreno Rivas, en calidad de agente
oficiosa de sus hijas, Karen Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, en contra de
la Secretaría de Educación Municipal de Cali[1].
I.
ANTECEDENTES
1.
Síntesis del caso. El 21 de marzo de 2019, la señora
Ana Lucía Moreno Rivas, en calidad de agente oficiosa de sus hijas, Karen
Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno (en adelante, las accionantes), interpuso
acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación Municipal de Cali (en
adelante, la Secretaría de Educación)[2]. En su escrito, señaló que las
accionantes están inscritas en el programa informal de “Educación Adecuada
para la Integración Social (EAIS)”, ofrecido por la Secretaría de Educación
y operado por el contratista Asociación
de Discapacitados del Valle –Asodisvalle–; sin embargo, ellas no pueden
asistir regularmente a dicho programa, porque no cuentan con transporte
escolar. Además, resaltó que las
accionantes (i) se
encuentran en situación de discapacidad física, mental e intelectual, por lo
cual “no tienen posibilidades de bipedestación ni de marcha”[3], (ii)
carecen de recursos económicos y (iii) son víctimas de desplazamiento
forzado. Al respecto, la agente oficiosa solicitó la protección de los derechos
a la vida digna, la salud y la educación inclusiva de las accionantes. Advirtió
que estos derechos son vulnerados por la decisión de la
accionada consistente
en no prestarles el servicio de transporte con acompañamiento (ida y vuelta)
desde su residencia hasta (i) Asodisvalle, y (ii) los centros
médicos en los que se les practica “otros procedimientos”, a saber, “médicos,
terapéuticos y de rehabilitación”[4].
1.            Hechos
2.
Diagnóstico de las accionantes.
Anyi Zuleimi y Karen Liliana Rivas
Moreno, de 18 y 20 años de edad, respectivamente, se encuentran en situación de
“discapacidad física, mental [e] intelectual”[5].
Desde su infancia, las accionantes fueron diagnosticadas con epilepsia y retardo
mental severo asociado a meningitis, por lo cual “no tienen posibilidades de
bipedestación ni de marcha, es decir, no tienen posibilidades de caminar. Por
lo anterior la movilidad de las mismas se desarrolla a través del dispositivo
de movilidad silla de ruedas. Estas se desplazan a su vez gateando”[6].
En particular, Anyi Zuleimi padece de “epilepsia refractaria, epilepsia
estructural, antecedentes de meningoencefalitis, parálisis cerebral,
cuadriparesia espástica clase funcional V, escoliosis dorsolumbar, dorso
esquino varo [y] déficit cognitivo profundo”[7],
por lo que “se desplaza con arrastres”[8]
y “se encuentra limitada para la realización de las actividades de la vida
diaria”[9],
según historias clínicas de 31 de julio de 2018 y 7 de febrero de 2019. Por su
parte, Karen Liliana padece de “retardo del desarrollo (...) antecedentes de
meningitis, retardo psicomotor [y] crisis de irritabilidad”[10], por
tanto, está “actualmente sin capacidad de marcha”[11],
según historias clínicas de 7 y 20 de febrero de 2019. Dado que la madre de las
accionantes es su única cuidadora, “no puede desplazarse con ambas sillas de
ruedas para trasladarla[s]”[12],
por lo que “actualmente son atendidas en su domicilio por el home
care Cooemssanar quienes garantizan el servicio de terapias físicas,
ocupacionales y de fonoaudiología de manera domiciliaria”[13].
3.
Situación económica de las
accionantes. Ana Lucía Moreno Rivas y
Jorge Enrique Rivas Moreno, madre y padre de las accionantes, registran puntajes
de 16,78[14] y 3,87[15], respectivamente, en la base
de datos del Sisbén. De acuerdo con la agente oficiosa, toda la familia
depende económicamente del padre, quien “labora como constructor y gana el salario mínimo”[16].
Además, los integrantes de la familia fueron víctimas de desplazamiento forzado
en el municipio de Bajo Baudó (Chocó), según consta en el Registro Único de
Víctimas[17]. Por último, las accionantes se encuentran afiliadas a la EPS
EMSSANAR, en el régimen subsidiado[18].
4.
Programa Informal de Educación Adecuada para la Integración Social
(EAIS). Desde el 24 de mayo de 2017[19],
las accionantes están inscritas en los “procesos de rehabilitación en
diferentes áreas de la salud, como fisioterapia, psicología y terapia
ocupacional”[20]
que ofrece la Secretaría
de Educación y opera el contratista Asociación de Discapacitados del Valle –Asodisvalle–. De igual forma, desde el 10 de diciembre de 2018, tras la valoración de un
equipo terapéutico, conformado por una licenciada en pedagogía infantil y una
terapeuta ocupacional[21], Asodisvalle dispuso
vincularlas al programa de “Educación Adecuada para la Integración Social” (en
adelante, EAIS)[22]. Este programa “es una oferta de
educación informal, que se brinda para estudiantes con discapacidad, entre los
14 y 21 años, [y que] tiene como objetivo brindar oportunidades
para complementar, actualizar o renovar conocimientos, habilidades, técnicas y
prácticas, tendientes a la adaptación de cada individuo dentro de su entorno
social”[23]. Esta modalidad educativa es
ofrecida por la Secretaría de Educación y su prestación efectiva es ejecutada
por Asodisvalle, en el marco del convenio suscrito entre estas entidades el 24
de marzo de 2019[24]. Las accionantes reciben la atención
que Asodisvalle denomina “integral”, es decir, un “acompañamiento
educativo, rehabilitación y asistencia psicosocial a la familia, en este caso [sic],
se atienden desde el área de fisioterapia y fonoaudiología, integradas a
actividades educativas de acuerdo a las necesidades educativas, trabajando la
motricidad fina y gruesa y desde la integralidad se trabaja un proyecto de vida”[25].
5.
Transporte con acompañamiento de las accionantes. Ana Lucía
Moreno Rivas[26] indicó que “los cuidados
especiales que requieren [las accionantes] no [le] han permitido
realizar traslados en el transporte denominado MIO por las diferentes variables
o barreras locativas [y] urbanísticas” [27] de la
ciudad. A su vez, resaltó que “no cuent[a] con una economía
suficiente (…) para realizar traslados en servicio público denominado taxi”[28]. En
consecuencia, manifiesta que las accionantes “están asistiendo [a
Asodisvalle] con una discontinuidad, lo que les ha causado un
deterioro en su rendimiento académico y su salud mental y emocional, afectando
los procesos académicos y terapéuticos”[29].
6.
Solicitud de tutela. El 21 de marzo de 2019, la señora
Ana Lucía Moreno Rivas solicitó que se ordene a la Secretaría de
Educación prestar a las accionantes el servicio de transporte con acompañamiento desde su residencia hasta (i)
Asodisvalle (ida y vuelta), donde están inscritas en un programa de
educación informal, y (ii) los centros médicos en los que se les lleva a
cabo “otros procedimientos”, a saber, “médicos, terapéuticos y de
rehabilitación”. En el auto admisorio de la acción de tutela fueron vinculadas la
Secretaría de Salud Municipal de Cali, la Secretaría de Salud Departamental del
Valle del Cauca, el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante, ADRES)[30].
7.
Respuesta de la entidad accionada. En escrito
de 3 de abril de 2019, el secretario de educación (e) de Cali solicitó que la
tutela fuera declarada improcedente. El funcionario
indicó que (i) “no existe solicitud previa [de la accionante]
encaminada a lo solicitado”[31]; (ii) la prestación del
servicio de transporte es accesoria a la escolarización en el sistema educativo
formal, por lo que las accionantes no pueden ser beneficiarias del mismo, al no
encontrarse “matriculadas en ninguna institución ni pública ni privada, [v]erificada
la información en el Sistema Integrado de Matrícula – SIMAT”[32]; (iii)
no existe “evidencia alguna a través de la cual se permita inferir que
existe valoración de un equipo interdisciplinario compuesto por pediatras,
médicos especialistas, y valoración de neuropsicología la cual [sic]
permita determinar la pertinencia e idoneidad del servicio de acompañamiento”[33] y (iv)
Cali es municipio certificado para efectos de la Ley 715 de 2001[34], por lo
que es competente para “administrar y distribuir entre los establecimientos
educativos de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema
General de Participaciones, destinados a la prestación de los servicios
educativos a cargo del Estado”[35]. Finalmente, el funcionario señaló
que, en Cali, a “todos los niños y niñas que pertenecen al sistema educativo
formal”[36] se les presta el servicio de
transporte escolar.
8.
Respuestas de las entidades vinculadas. Mediante
escrito de 29 de marzo de 2019[37], la ADRES solicitó negar el amparo
en lo que tiene que ver con esta entidad, “pues de los hechos
descritos y el material probatorio enviado con el traslado resulta innegable
que la entidad no ha desplegado ningún tipo de conducta que vulnere los
derechos, y en consecuencia [solicita] DESVINCULAR a esta Entidad del
trámite de la presente acción constitucional”[38]. Por su
parte, en escrito de 29 de marzo de 2019[39], la Secretaría de Salud Municipal de
Cali indicó que “es claro para esta Secretaría que el petitum o solicitud
planteada por la accionante es de íntegra competencia de la Secretaría de
Educación de Cali”[40]. Sin embargo, respecto a los
servicios de salud, solicitó “desvincular y exonerar [la Secretaría de
Salud] de la presente acción de tutela, (...) toda vez que no es
competente para prestar los servicios de salud y los insumos a las afectadas, [lo
que] corresponde a EMSSANAR E.P.S., donde se encuentran afiliadas en su
totalidad”[41]. La Secretaría de Salud Departamental
del Valle del Cauca y el Ministerio de Salud no respondieron la tutela.
9.
Sentencia de tutela de única instancia. El 8 de
abril de 2019, la Juez Segunda Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali
resolvió declarar improcedente la acción de tutela. Respecto al servicio
de transporte, la Juez concluyó que, “cuando el paciente y su núcleo
familiar presenten dificultades de carácter económico que les impida cubrir con
los gastos generados, será la EPS la que deberá sufragar tales costos”[42]. La Juez
consideró que, en el caso concreto, “pese a que podría presumirse la falta
de recursos económicos de la actora, no aporta prueba siquiera sumaria para
acreditar dicha situación, puesto que en principio solo pretensiona el
transporte para la asistencia a la institución educativa donde le prestan los
servicios a las agenciadas, por lo cual se declara la improcedencia”[43]. En el
mismo sentido, la Juez estimó que, “dado que no se arrimó prescripción
proferida por galeno tratante de la EPS o valoraciones realizadas por
profesionales de la salud externos a la red de servicios de la accionada, [no
es] competencia de esta oficina judicial ordenar la prescripción del mismo”[44].
10.
Petición ante la Secretaría de Educación y respuesta. El 9 de abril
de 2019, Ana Lucía Moreno Rivas solicitó ante la Secretaría de Educación (i)
“la cobertura de cupo”[45] y (ii) “la cobertura de
transporte”[46] para las accionantes, por cuanto es
“madre cabeza de hogar y [sus] recursos no son suficientes para
dichos gastos, y no [tiene] una persona que [le] pueda colaborar
llevándolas al colegio”[47]. El 11 de abril de 2019, la
Secretaría de Educación respondió que “la Fundación Asodisvalle, a la cual
se encuentran vinculadas las jóvenes mediante ampliación de cobertura, es un
establecimiento de carácter privado, por lo que no es posible destinar recursos
adicionales para conceder el transporte ya que los únicos componentes son los
autorizados en el contrato”[48].
11.
Impugnación. El 12 de abril de 2019, la agente oficiosa impugnó la sentencia
de primera instancia. En su escrito, indicó que la sentencia proferida por la Juez
“no observa que la atención de [su] hija [sic] debe ser
integral, lo que significa que además de su desarrollo pedagógico debe velar
por un desarrollo completo y eficaz”[49]. La agente oficiosa no presentó
ninguna petición específica en su escrito de impugnación.
12.
Auto que deniega la impugnación. En auto de 24 de abril de
2019, la Juez Segunda Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali “denegó”
la impugnación de la decisión de primera instancia, porque fue presentada de
forma extemporánea. Al respecto, señaló que “la providencia fue notificada
el día 08 de abril de 2019 (fls. 50 a 54) y el recurso fue presentado al cuarto
día hábil siguiente, es decir el día 12 de abril de 2019 (fls. 55 a 67); esto
es, fuera de los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991”[50].
13.
Actuaciones en sede de revisión. Mediante el auto de 1 de
octubre de 2019, el magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas[51], con el fin de aclarar: (i) las pretensiones de
la agente oficiosa[52];
(ii) si existía solicitud, previa a la acción de tutela, dirigida a la
Secretaría de Educación y a la EPS[53];
(iii) si existían órdenes médicas que prescribieran a las accionantes el
servicio de transporte o de acompañamiento permanente[54],
(iv) la situación actual de las accionantes[55];
(v) la naturaleza jurídica de Asodisvalle y del programa EAIS[56];
(vi) si Asodisvalle recomendó a las accionantes el servicio de acompañamiento
permanente[57] y, por último, (vii) el
contenido de los programas que ofrece la Secretaría de Educación a las personas
en situación de discapacidad[58].
14.
Respuestas al auto de pruebas. Mediante el oficio de 18 de octubre de 2019[59],
la Secretaría General de la Corte Constitucional comunicó
al despacho del magistrado sustanciador que, vencido el término probatorio, se
recibieron los informes solicitados a la señora Ana Lucía Moreno Rivas, a
Asodisvalle, a la Secretaría de Educación y a EMSSANAR EPS:
Intervinientes
Respuestas en sede de revisión
Respuesta de Ana Lucía Moreno Rivas[60].
Solicitó que se ordenara a la Secretaría de
Educación prestar (i) “el servicio de transporte desde [su] vivienda
hasta Asodisvalle y desde esta hasta [su] vivienda nuevamente y que
este le permitiera llevar[la] como acompañante”, así como hasta los centros médicos en los que se les practica
“otros procedimientos”, a saber, “médicos, terapéuticos y de
rehabilitación” y (ii) “acompañamiento permanente [en] los
procesos de educación y rehabilitación de [sus] hijas”.
Indicó que “no cuent[a] con algún dictamen
médico que especifique cuál es la mejor alternativa educativa para [sus]
hijas ni que especifique si requieren servicio de transporte”. De
igual forma, manifestó que “no le solicit[ó] a la secretaría de
educación que le dieran algún tipo de matrícula especial, ya que pens[ó]
que con la tutela sería suficiente”, y que, “en vista de
que la secretaría de educación negó [sus] pretensiones, acudi[ó]
a EMSSANAR para que fueran ellos quien se hicieran cargo del transporte (...)
que [le] fueron negadas por parte de EMSSANAR EPS”.
Aportó (i) las órdenes médicas relacionadas
con el estado de salud de sus hijas, (ii) la respuesta de Asodisvalle,
en la que dicha entidad certifica que las accionantes forman parte del
programa “Educación Adecuada para la Integración Social” para el año
escolar 2019, y (iii) la copia del Registro Único de Víctimas, en el
cual consta que las accionantes y su grupo familiar se encuentran reconocidos
como víctimas de desplazamiento forzado.
Respuesta de Asodisvalle[61].
Informó que Asodisvalle “es una entidad sin ánimo
de lucro [que] tiene licencia de educación formal expedida por la
Secretaría de Educación Municipal, adicionalmente cuenta con habilitación
para prestar servicios de salud emitida por la secretaría de salud
departamental, además, realiza rehabilitación e inclusión laboral”.
Señaló que el programa EAIS “cuenta con
vigilancia de la secretaría de educación municipal y tiene un aporte
económico que única y exclusivamente cubre costos de capacitadores,
refrigerios y uniforme”.
Indicó que, antes del ingreso de las accionantes al
EAIS, “nuestro equipo terapéutico, quienes cuentan con registro
profesional en salud emitida por la secretaría de salud del departamento,
realizaron una valoración previa a las accionantes y se determinó la
necesidad del ingreso al programa”.
Manifestó “la necesidad del transporte para las
niñas y la madre, entendiendo la dependencia de las niñas, desde su vivienda
hasta ASODISVALLE, quienes deben asistir de lunes a viernes, son una familia
de escasos recursos que no cuenta con posibilidad de acceder a este
transporte”[62].
Respuesta de Secretaría de Educación Municipal de
Cali[63].
Informó que ofrece a la población en situación de
discapacidad de Cali “programas formativos tanto a nivel inclusivo como
especial dado el tipo de diagnóstico médico presentado en cada caso”.
Estos programas se ofrecen en cuatro modalidades, una de las cuales es el
programa EAIS, “una oferta de educación informal que (...) tiene como
objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar o renovar
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, tendientes a la adaptación
de cada individuo dentro de su entorno social”.
Expuso que la señora Ana Lucía Moreno Rivas “en
el año 2017 decide acercarse a la Fundación Asodisvalle de manera particular
a solicitar cupos educativos para sus hijas, la Fundación le oferta la
modalidad Educación adecuada para la integración social, teniendo en cuenta
el tipo de diagnóstico, competencias y habilidades de las jóvenes”.
Indicó que (i) el 9 de abril de 2019, recibió
una solicitud de servicio de transporte, presentada por la señora Moreno
Rivas, y que, (ii) el 11 de abril de 2019, respondió “indicándole
que la Fundación Asodisvalle, a la que se encuentran vinculadas las jóvenes
mediante ampliación de cobertura, es un establecimiento de carácter privado,
por lo que no es posible destinar recursos adicionales para conceder el
transporte ya que los únicos componentes son los autorizados por el contrato”.
Señaló que la Secretaría de Educación suscribió con Asodisvalle
contrato de prestación de servicios, mediante el cual “se le autorizó (...)
la prestación efectiva del servicio de educación adecuada para la integración
social bajo la modalidad informal, para 93 estudiantes con discapacidad,
mayores de 14 años”, cuya copia fue aportada al expediente.
En ese documento consta que Asodisvalle cuenta
con el programa EAIS para estudiantes con discapacidad cognitiva, cada uno de
los cuales debe encontrarse matriculado y asistir de manera regular al
programa. En el marco de dicho contrato, Asodisvalle debe contar con (i)
profesionales en las áreas de terapia ocupacional, psicología,
fonoaudiología, fisioterapia o psicopedagogía “que acompañen los procesos
pedagógicos y vocacionales de los estudiantes”; (ii) docentes
idóneos para la atención de personas con discapacidad, “uno por programa
pedagógico o vocacional ofertado”; (iii) los materiales para el
desarrollo de los talleres vocacionales y (iv) la infraestructura
adecuada para la prestación del servicio.
Resaltó que la prestación del servicio de transporte
escolar “es un beneficio para todos los niños, niñas y adolescentes con o
sin discapacidad que pertenecen al sistema educativo oficial y las jóvenes (...),
por su diagnóstico clínico complejo no pertenecen a dicho sistemas [sic] sino
a un programa de integración social, atendido en un establecimiento privado,
el cual cuenta con beneficios taxativos” [64].
Respuesta de EMSSANAR EPS[65].
Indicó que EMSSANAR EPS ha brindado a las
accionantes “los servicios de salud que se encuentran dentro de [su]
competencia legal y reglamentaria”. Para tales efectos, relacionó el
historial de autorizaciones de las jóvenes, en el que consta que “ha
autorizado en debida forma las solicitudes presentadas por la representante
de las usuarias señoras [sic] ANA LUCÍA MORENO RIVAS según
requerimiento médico, incluido exámenes, medicamento[s],
procedimientos, insumos, aditamentos, etc.”, y, en particular, el
transporte para servicios de salud[66].
Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia de tutela No. 77 de 26 de abril
de 2018, proferida por el Juez Treinta y Cinco Civil Municipal de Oralidad de
Cali, por medio de la cual se ordenó a la EPS prestar a las accionantes “el
servicio de transporte ida y vuelta, junto con un acompañante, para que pueda
acceder a las terapias previstas por su médico tratante”. Además,
aportó copia de la sentencia de segunda instancia proferida, el día 8 de
junio de 2018, por el Juez Diecisiete Civil del Circuito de Cali. Mediante
esta sentencia, el Juez modificó parcialmente el fallo de primera instancia y
dispuso que “EMSSANAR EPS (…), a través del médico tratante de Karen
Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, evalúe la necesidad de transporte y
acompañante que tienen las pacientes para acceder a las sesiones de terapia
previamente ordenadas y citas médicas de control”.
Señaló que Asodisvalle no pertenece a la red de
prestadores de la EPS, así como que “no ha remitido a estas pacientes para
tratamiento de su patología en esta entidad”. En ese sentido, resaltó que
la EPS ha cumplido con las órdenes de servicios “requeridas por nuestras
afiliadas de acuerdo con los soportes médicos presentados (...) a
través de las IPS contratadas”.
15.
Auto de suspensión y de vinculación. Mediante auto de 30 de octubre de 2019, la Sala
Primera de Revisión dispuso la suspensión de términos en el presente asunto y
la vinculación de Asodisvalle y EMSSANNAR EPS. De igual forma, decretó la
práctica de pruebas, habida
cuenta de la solicitud de amparo y de las pruebas antes recaudadas, con el fin de determinar (i) las condiciones
específicas de prestación del programa EAIS para las accionantes[67],
(ii) las características del acompañamiento permanente que reciben en
Asodisvalle[68],
(iii) las condiciones de movilidad de las accionantes[69]
y (iv) el estado de cumplimiento de la sentencia No. 77 de 26 de abril de 2018 proferida
por el Juez 35 Civil Municipal de Oralidad de Cali, en contra de la EPS EMSSANAR[70].
16.
Respuestas al auto de suspensión y de vinculación. Mediante
oficios de 13 y 14 de noviembre de 2019,
la Secretaría General de la Corte Constitucional comunicó
al despacho del magistrado sustanciador que se recibieron las siguientes
respuestas:
Intervinientes
Respuestas en sede de revisión
Respuesta de EMSSANAR EPS ESS[71].
Indicó que “en relación a las condiciones de
movilidad de las pacientes se indica que las mismas se encuentran en silla de
ruedas y estas no tienen posibilidad de bipedestación ni de marcha, es decir
que no tiene posibilidad de caminar. Por lo anterior la movilidad de las
mismas se desarrolla a través del dispositivo de movilidad silla de ruedas.
Estas se desplazan a su vez gateando”.
Señaló que la EPS “ha garantizado las
autorizaciones de los servicios de salud ordenados por los médicos tratantes
adscritos a la red de contratación de Emssanar. Las pacientes actualmente son
atendidas en su domicilio por el homecare Cooemssanar quienes garantizan el
servicio de terapias físicas, ocupacionales y de fonoaudiología de manera
domiciliaria”.
Informó que no tiene ningún vínculo contractual con
Asodisvalle, por lo cual “no se ha direccionado ni autorizado ningún
servicio para dicha entidad, [cuya] naturaleza [sic] es de
origen educativo”.
Respuesta de Asodisvalle[72].
Indicó que “Karen Liliana y Anyi Zuleimi asisten
en la jornada de la tarde de 1:00 pm a 5:00 pm, la referente familiar asume
el transporte, pero por su situación económica la asistencia es intermitente
debido a que por sus diagnósticos deber [sic] de trasladarse en vehículo
particular acompañadas siempre por un adulto”.
Aportó copia de la carpeta individual de Karen
Liliana Rivas Moreno, la cual da cuenta de su evolución en los procesos de
terapia y rehabilitación que recibe en Asodisvalle.
17.
Memorial de Ana Lucía Moreno Rivas. El 23 de
enero de 2020, Ana Lucía Moreno Rivas informó que su solicitud de
acompañamiento se refiere a la asistencia en el transporte entre “Asodisvalle y [su] lugar
de residencia (sic)”, esto es, el “acompañamiento de la casa [a] Asodisvalle
y de Asodisvalle a la casa”[73].
De igual forma, la agente oficiosa confirmó que las accionantes (i) se
encuentran inscritas en el programa EAIS para el año escolar 2020 y (ii)
aún no cuentan con el servicio de transporte
escolar  (ida y vuelta) entre su residencia y Asodisvalle[74].
II.
CONSIDERACIONES
1.            Problema
jurídico y metodología de la decisión
18.
Problema jurídico. Corresponde
a la Sala Primera de Revisión examinar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad. De ser procedente, será necesario determinar si
las entidades accionadas y vinculadas vulneraron los derechos de Anyi Zuleimi y
Karen Liliana Rivas Moreno a la vida digna, a la salud y a la educación
inclusiva, por no prestarles el servicio de transporte con acompañamiento (ida
y vuelta) desde su residencia hasta (i) Asodisvalle, donde están
inscritas en un programa de educación informal, y (ii) los centros
médicos en los que se les practica “otros procedimientos”, a saber, “médicos,
terapéuticos y de rehabilitación”.
19.
Metodología de la
decisión. Para resolver el problema jurídico, la Sala Primera de Revisión: (i)
examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, (ii) reiterará su jurisprudencia sobre el derecho a la
educación de las personas en situación de discapacidad y (iii) resolverá
el caso concreto. A manera de cuestión previa, la Sala determinará
si se configura cosa juzgada en el caso concreto, habida cuenta de las pruebas
allegadas en sede de revisión.
2.          Cuestión
previa. Cosa juzgada
20.
Configuración de
cosa juzgada. La cosa
juzgada se configura si se acredita la denominada “triple identidad”,
esto es: (i) identidad de partes[75],
(ii) identidad de objeto[76]
e (iii) identidad de causa[77].
Al respecto, la Corte ha sostenido que la configuración de la cosa juzgada
depende de que: “(i) se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia; (ii) en el nuevo proceso exista identidad jurídica
de partes; (iii) el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las
mismas pretensiones; y (iv) el nuevo proceso se adelante por la misma causa que
originó el anterior, es decir, por los mismos hechos”[78]. De igual forma, la
Corte ha sostenido que, “cuando el segundo proceso tiene nuevos hechos o
elementos, el juez puede pronunciarse únicamente respecto de estos últimos”[79].
21.
En su escrito de
tutela, la agente oficiosa solicitó, entre otros, el servicio de transporte con
acompañamiento desde la residencia de las accionantes hasta los centros médicos
en los que se les lleva a cabo “otros procedimientos”, esto es, “médicos,
terapéuticos y de rehabilitaciones”[80].
Al respecto, la Sala advierte que, el 26 de abril de 2018, el Juez Treinta y
Cinco Civil Municipal de Oralidad de Cali, en el marco de la acción de tutela
presentada por Ana Lucía Moreno Rivas en contra EMSSANAR EPS ESS, amparó el
derecho a la salud de las accionantes. En consecuencia, ordenó a la accionada
prestar, a favor de las accionantes, “el servicio de transporte ida y vuelta
junto con un acompañante a las terapias previstas por su médico tratante”[81], así como “garantizarle[s]
el acceso a una atención médica integral, atendiendo [a] los
servicios que su médico tratante considere necesarios respecto de sus
padecimientos”[82].
El día 8 de junio de 2018, el Juez
Diecisiete Civil del Circuito de Cali modificó parcialmente dicho fallo y
dispuso que “EMSSANAR EPS (…), a través del médico tratante de Karen Liliana
y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, evalúe la necesidad de transporte y acompañante
que tienen las pacientes para acceder a las sesiones de terapia previamente
ordenadas y citas médicas de control”[83].
22.
Con base en las pruebas
allegadas al expediente, la Sala advierte que EMSSANAR EPS ESS ha prestado a
las accionantes el servicio de transporte con acompañamiento para asegurar su
acceso a los tratamientos médicos prescritos. Al respecto, el Juez Treinta y
Cinco Civil Municipal de Oralidad de Cali, mediante auto de 25 de octubre de
2018, se abstuvo de iniciar incidente de desacato en contra de la EPS, al concluir
que esta entidad ha cumplido con el fallo de tutela[84]. De igual forma, la mencionada
EPS manifestó, en sede de revisión, que “ha garantizado la autorización del
servicio de trasporte [sic] para asistir a citas médicas, toma de
exámenes de laboratorio [y] toma de imágenes diagnósticas dentro de la
red de prestadores de Emssanar, para lo cual se anexa soporte de los últimos
servicios de transporte generados en ambulancia con un acompañante”[85]. Finalmente, la EPS
presta a las accionantes los servicios de terapia física, ocupacional y de
fonoaudiología en su residencia, por cuanto son beneficiarias del servicio
médico en la modalidad home care[86].
En suma, la EPS ha garantizado lo solicitado por la agente oficiosa.
23.
En tales términos, la
Sala considera que en el caso sub examine se configura la cosa juzgada en
relación con la pretensión de transporte con acompañamiento desde la residencia
de las accionantes hasta los centros médicos en los que se les practica “otros
procedimientos”, esto es, “médicos, terapéuticos y de rehabilitaciones”[87]. Lo anterior, habida
cuenta de que se constata: (i) la identidad de partes, por cuanto dicha
acción de tutela fue presentada por Ana Lucía Moreno Rivas, en representación
de sus hijas Karen Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, en contra de EMSSANAR
EPS ESS, entidad que presta los servicios de salud a las accionantes; (ii) la
identidad de objeto, por cuanto también perseguía, entre otras, el servicio de
transporte con acompañamiento desde su residencia hasta los centros médicos en
los que se les lleva a cabo sus procedimientos médicos, terapéuticos y de
rehabilitación; y (iii) la identidad de causa, toda vez que la
pretensión se sustenta en los mismos elementos fácticos[88]. En consecuencia, la
Sala declarará que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada respecto de esta
pretensión y desvinculará a EMSSANAR EPS ESS de la acción de tutela bajo
estudio.
3.            Análisis
de procedibilidad
24.
La acción de tutela
cumple el requisito de legitimación por activa. Esto, porque reúne los
requisitos previstos por la jurisprudencia constitucional en materia de agencia
oficiosa[89],
a saber: (i) la señora Ana Lucía Moreno Rivas manifestó interponer la
tutela en calidad de agente oficiosa de sus hijas[90], (ii) los
elementos probatorios allegados al expediente dan cuenta de la imposibilidad de
las titulares de los derechos fundamentales para promover la acción en nombre
propio, habida cuenta de su condición médica, que impide también (iii) su
ratificación en la solicitud de amparo. En el caso de Anyi Zuleimi, consta en
su historia clínica que, por su diagnóstico, “establece contacto visual, [mas]
no respuesta verbal, pero emite sonidos”[91]. Por su parte, Karen Liliana,
debido a su diagnóstico de parálisis cerebral espástica, “se comunica a
través de gestos”[92].
Por lo anterior, la Sala concluye que, en este caso, está probada la
imposibilidad de las agenciadas para promover la acción de tutela en nombre
propio y ratificar la actuación de la agente oficiosa.
25.
La acción de tutela
satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva. En efecto,
esta tutela se dirige en contra de la Secretaría de Educación Municipal de
Cali, entidad de naturaleza pública que (i) tiene a su cargo la
administración del servicio educativo en el municipio, así como la prestación
del transporte escolar; (ii) ofrece el programa de educación
informal al que se encuentran inscritas las accionantes y (iii) no
autorizó el servicio de transporte escolar[93].
Por el contrario, la Sala estima que no se cumple el requisito de legitimación
en la causa por pasiva respecto de la ADRES, la Secretaría de Salud Municipal
de Cali, la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca y el
Ministerio de Salud y Protección Social. Esto, porque dichas entidades no
tienen dentro de sus funciones la prestación de los servicios solicitados por
las accionantes en relación con la garantía de la accesibilidad al servicio
educativo. El requisito de legitimación en la causa por pasiva tampoco se cumple
respecto de Asodisvalle, por cuanto simplemente ostenta la calidad de
contratista operador del programa “Educación
Adecuada para la Integración Social” ofrecido por la referida Secretaría y,
en todo caso, sus obligaciones están taxativamente previstas en el contrato de
prestación de servicios No. 733 de 2019, sin referencia alguna a la prestación
de transporte escolar, por lo que, en ningún caso, podría serle exigible, vía
acción de tutela, una obligación no acordada con la administración. En consecuencia, dichas
instituciones serán desvinculadas de la acción de tutela bajo estudio.
26.
La acción de tutela
cumple con el requisito de inmediatez. Si bien, desde el 24 de mayo de
2017, las accionantes asistieron a Asodisvalle para adelantar “procesos de rehabilitación”,
solo a partir del 10 de diciembre de 2018[94],
fueron vinculadas al programa “Educación Adecuada para la Integración Social”,
ofrecido por la Secretaría de Educación Municipal de Cali y prestado por
Asodisvalle. Al respecto, el servicio de transporte con acompañamiento
solicitado por las accionantes tiene por objeto garantizar el acceso a este
específico programa. Por su parte, el 21 de marzo de 2019, la agente oficiosa
interpuso la acción de tutela sub examine. En este sentido, la Sala constata
que transcurrieron 3 meses y 11 días entre el ingreso al programa de educación
y la solicitud de amparo, lapso que resulta razonable y, por tanto, satisface
el requisito de inmediatez.
27.
La acción de tutela
satisface el requisito de subsidiariedad. Esto, por cuanto las accionantes
no cuentan con otro mecanismo judicial para proteger su derecho a la educación
y, en particular, para solicitar el servicio de transporte con acompañamiento
(ida y vuelta) entre su residencia y Asodisvalle[95]. Por lo demás, la Sala
advierte que las accionantes acreditan su especial condición de vulnerabilidad.
En particular, probaron (i) su situación de discapacidad por la
parálisis cerebral y su retraso mental agravado asociado a la meningitis, (ii)
su condición de víctimas de desplazamiento forzado y (iii) su
precaria situación económica. Por último, consta en el expediente que, el 9 de abril de 2019, la agente
oficiosa radicó, ante la Secretaría de Educación de Cali, una petición en la
que solicitó a dicha entidad el servicio de transporte desde su residencia hasta
Asodisvalle. Esta solicitud fue negada mediante oficio de 11 de abril de 2019[96].
28.
En estos términos, la
Sala concluye que la solicitud de amparo relacionada con la prestación del
servicio de transporte con acompañamiento entre la residencia de las
accionantes y Asodisvalle satisface los requisitos de procedibilidad.
29.
Los análisis de cosa
juzgada y procedibilidad se sintetizan así:
Cosa juzgada y procedibilidad
Pretensión
Conclusión
Servicio de transporte con acompañamiento
desde su residencia hasta los centros médicos en los que se les lleva a cabo
“otros procedimientos”, a saber, “médicos, terapéuticos y de
rehabilitación”.
Se configura cosa juzgada
Servicio de transporte con acompañamiento
(ida y vuelta) desde su residencia hasta Asodisvalle.
Es procedente
4.          Derecho
a la educación. Accesibilidad de personas en situación de discapacidad y
servicio de transporte escolar
30.
Reconocimiento constitucional
del derecho a la educación. El
artículo 67 de la Constitución Política reconoce la educación como derecho fundamental
y servicio público. Además, dicha disposición prevé, entre otros, que la
educación será: (i) “obligatoria entre los cinco y los quince años de
edad”, así como (ii) “gratuita en las instituciones del Estado”.
En su dimensión de derecho, la educación “propende por la formación de los
individuos, para que puedan desarrollar y fortalecer sus habilidades
cognitivas, culturales, físicas, entre otras”[97].
En su dimensión de servicio público, “la educación se encuentra a cargo del
Estado y tiene prioridad en la asignación de recursos por hacer parte del gasto
social”[98].
La Corte ha reconocido que la Constitución Política otorga a la educación esta
doble dimensión “con el fin de garantizar que todas las personas tengan
acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica, así como a los demás bienes y
valores de la cultura, en consonancia con los fines y principios
constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho”[99].
31.
Contenido y
alcance del derecho a la educación. La Corte
Constitucional ha identificado tres deberes correlativos al derecho a la
educación. Estos deberes a cargo del Estado son[100]: (i) respeto,
es decir, evitar medidas que obstaculicen o impidan el derecho a la educación; (ii)
protección, esto es, adoptar las medidas tendientes a garantizar que la
educación no sea obstaculizada por terceros y (iii) cumplimiento,
a saber, asegurar que los individuos y las comunidades disfruten efectivamente del
derecho a la educación, mediante “la
movilización de recursos económicos y un desarrollo normativo, reglamentario y
técnico”[101]. Estos deberes se
satisfacen a la luz de cuatro facetas del derecho a la educación[102]: (i) la
disponibilidad, (ii) la accesibilidad, (iii) la adaptabilidad y (iv)
la aceptabilidad. Esta Corte ha definido tales dimensiones prestacionales así:
31.1.
Disponibilidad. El Estado tiene la obligación de “crear
y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos
aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a
los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura
para la prestación del servicio”[103].
Es decir, la dimensión de disponibilidad implica “la satisfacción de la
demanda educativa por dos vías: impulsando la oferta pública y facilitando la
creación de instituciones educativas privadas. Pero, además, supone que dichas
instituciones y los programas correspondientes estén disponibles para los
estudiantes”[104].
31.2.
Accesibilidad. El Estado debe garantizar la igualdad en el
acceso al sistema educativo, esto es, debe eliminar “todo tipo de
discriminación en el mismo”[105]
y ofrecer “facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista
geográfico y económico”[106].
Por tanto, la accesibilidad responde a los criterios de (i) no
discriminación, en virtud de lo cual la educación debe ser “accesible a todos,
especialmente a los grupos vulnerables de hecho y de derecho, sin
discriminación”[107];
(ii) accesibilidad material, a la luz de lo cual el servicio educativo
debe ser accesible desde el punto de vista físico, ya sea mediante una “localización
geográfica de acceso razonable o por medio de la tecnología moderna”[108], y, por último, (iii)
accesibilidad económica, es decir, que la educación “ha de estar al alcance
de todos”[109]
y, en particular, que “solo la educación básica primaria tiene carácter
gratuito y obligatorio en las instituciones estatales, mientras progresivamente
se alcanza la gratuidad universal para los niveles de secundaria y la educación
superior”[110].
31.3.
Adaptabilidad. El Estado tiene la obligación de (i)
adaptar la educación a las necesidades y demandas de los estudiantes, así como (ii)
garantizar la continuidad en la prestación del servicio educativo. En
consecuencia, “la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para
adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y
responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales
variados”[111].
Como manifestación de la adaptabilidad, el artículo 68 de la Constitución
Política impone al Estado, entre otros, el deber de asegurar la prestación del
servicio de educación a las personas en situación de discapacidad y a los
ciudadanos con capacidades excepcionales.
31.4.
Aceptabilidad. El Estado debe garantizar la calidad en la
prestación del servicio educativo[112].
Al respecto, la Corte ha señalado que el Estado está en la obligación de “garantizar
que, de forma y de fondo, la enseñanza, los programas y los métodos pedagógicos
sean de calidad y resulten pertinentes y adecuados de conformidad con la
comunidad y la cultura a la que se dirigen”[113]. Este deber se
materializa, por ejemplo, en la inspección y vigilancia que ejerce el Estado
sobre las instituciones educativas (artículo 67 C.P.) y en la exigencia constitucional
de que la enseñanza esté a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y
pedagógica (artículo 68 C.P.).
32.
El servicio
educativo en Colombia está compuesto, en términos generales, por programas
formales, no formales e informales. Los primeros “se imparten en establecimientos
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción
a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos”[114]. Los programas no
formales –denominados Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano–
tienen por objetivos “complementar, actualizar, suplir conocimientos y
formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y
grados”[115].
Los programas informales buscan “brindar oportunidades para complementar,
actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades,
técnicas y prácticas”[116].
La prestación de la educación no formal e informal se funda en lo dispuesto por
los artículos 70 y 71 de la Constitución Política, que instituyen los deberes
estatales de promover la cultura por medio de la “enseñanza científica,
técnica, artística y profesional”, así como de crear incentivos para
las personas y las instituciones que “desarrollen y fomenten la ciencia, la
tecnología y las demás manifestaciones culturales”.
33.
Especial protección
constitucional del derecho a la educación de las personas en situación de
discapacidad. El artículo 68 de la Constitución Política instituyó como
deber especial del Estado garantizar “la educación de personas con limitaciones
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales”. Esta disposición,
junto con los artículos 13, 47 y 54 ibidem, “garantizan a esta
población la realización de sus derechos fundamentales en igualdad de
condiciones al resto de la sociedad y su plena integración a la misma”[117]. Asimismo, la
Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad[118] reconoce el derecho a
la educación de estas personas y, para garantizarlo, impone a los estados las
obligaciones de (i) asegurar “un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida”[119] y (ii) “asegurar
el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los
demás, [al] transporte”[120].
A su vez, el Comité de esta Convención ha destacado que “la inclusión
comprende el acceso a una educación formal e informal de gran calidad no
discriminatoria”[121].
34.
Marco normativo del
derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad. El legislador ha expedido leyes con el
objeto de garantizar el derecho a la educación de las personas en situación de
discapacidad, entre las que se destacan: (i) la Ley 115 de 1994, que dispone
que “la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales,
psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales
excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo”[122] y obliga al Gobierno
Nacional y a las entidades territoriales a “incorporar en sus planes de
desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan la atención educativa a
las personas con limitaciones”[123],
así como a promover “acciones
pedagógicas y terapéuticas que permitan la integración académica y social”
de esta población[124]; (ii) la Ley 361 de 1997, que impone
al Estado, entre otros, los deberes de (a) garantizar “el acceso a la
educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y
técnico para las personas en situación de discapacidad”[125], y (b) disponer
“de una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus
necesidades especiales”[126],
y, por último, (iii) la Ley 1618 de 2013, que prevé las reglas de
competencia en materia de atención educativa a la población con necesidades
educativas especiales y prescribe que las entidades territoriales deberán “proveer
los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de
igualdad de las personas con discapacidad”[127].
35.
El Gobierno Nacional ha
reglamentado tales leyes por medio de decretos, dos de los cuales son
relevantes para el asunto sub judice. Primero, el Decreto 1075 de 2015, que
(a) compiló las normas de carácter reglamentario que rigen el sector
educativo, (b) previó las obligaciones de las entidades territoriales
certificadas en relación con los servicios pedagógicos para personas en
situación de discapacidad[128]
y (c) fijó las pautas relativas a la contratación y la fuente de
financiación de tales servicios[129].
Además, este Decreto dispuso que, para garantizar la educación de la población
en situación de discapacidad, se deben proporcionar: (i) “los apoyos
que cada individuo requiera para que sus derechos a la educación y a la
participación social se desarrollen plenamente y sin ningún tipo de
discriminación”[130],
así como (ii) “atención específica y, en determinados casos,
individual y calificada, dentro del servicio público educativo, según la
naturaleza de la limitación o de la excepcionalidad y las propias condiciones
de accesibilidad, para efectos de la permanencia en el mismo y de su promoción
personal, cultural y social”[131].
Segundo, el Decreto 1421 de 2017, mediante el cual el Gobierno Nacional
reglamentó la educación inclusiva, instituyó los Planes Individuales de Ajustes
Razonables (PIAR) y determinó las obligaciones de las entidades territoriales
certificadas frente a la educación inclusiva, que incluyen el deber de promover
la “articulación intersectorial público y privado para la creación y
ejecución de planes, programas y proyectos educativos y sociales (…) [para]
la inclusión social y cultural de las personas con discapacidad”[132]. A su vez, dispuso
que, para garantizar “la permanencia en el servicio educativo para personas
con discapacidad, (…) las entidades territoriales deben gestionar los ajustes a
las condiciones de accesibilidad (…) [como] los servicios de
alimentación y transporte escolar”[133].
36.
Modelos de educación
para las personas en situación de discapacidad. La Corte Constitucional ha identificado dos modelos
especiales mediante los cuales se garantiza la prestación del servicio
educativo a favor de las personas en situación de discapacidad, a saber: (i)
la educación inclusiva, que consiste en la incorporación de esta población,
mediante ajustes razonables, en el “sistema educativo convencional”[134], y (ii) la educación
especializada, que implica la prestación del servicio educativo en centros
especializados, cuando las circunstancias particulares del caso lo exigen[135]. Según la Corte, debe
priorizarse el acceso a la educación inclusiva[136]; sin embargo, “en
caso de que la persona en condiciones de discapacidad requiera de una
instrucción especializada, no solo se preferirá, sino que se ordenará”[137]. En consecuencia, “mantener
una oferta educativa especializada no es inconstitucional, ni tampoco vulnera
los derechos a la educación y a la igualdad y no discriminación de la población
en condición de discapacidad, pues su prestación debe analizarse caso a caso”[138].
37.
Accesibilidad de las
personas en situación de discapacidad al sistema educativo. La accesibilidad del derecho a la
educación por parte de las personas en situación de discapacidad implica que no
pueden ser discriminadas en su acceso a los espacios físicos y a los servicios
educativos[139].
Esto, porque la restricción de la accesibilidad a estos espacios, “especialmente
cuando se trata de personas en situación de discapacidad física o motora,
constituye una limitación a otras garantías inherentes a la dignidad humana”[140]. Por esta razón, el
artículo 14 de la Ley 1618 de 2013 prevé que, “como manifestación directa de
la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e
independiente de las personas con discapacidad, las entidades del orden
nacional, departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas
personas, en igualdad de condiciones, (…) a los bienes públicos”. A su vez,
el Decreto 1075 de 2015 dispone que “el servicio educativo se debe organizar
y brindar de tal manera que facilite el acceso, la permanencia y el adecuado
cubrimiento de las personas con limitaciones”[141]. La Corte ha
resaltado que la protección efectiva del derecho a la educación depende de “la
eliminación de las barreras del sistema educativo”[142], así como “del
aseguramiento de condiciones de accesibilidad y de inclusión de las personas
funcionalmente diversas, [para efectos] de brindar las condiciones que
faciliten una integración real de esta minoría”[143].
38.
El transporte
escolar “es un mecanismo para garantizar el derecho a la educación, en los
componentes esenciales de acceso y permanencia”[144].
La Ley 1618 de 2013 prescribe que “las entidades del orden nacional,
departamental, distrital y local” deberán “orientar y acompañar a sus
establecimientos educativos (...) para superar las barreras que impiden el
acceso y la permanencia con calidad para las personas con discapacidad”[145] y “garantizarán el
acceso de estas personas, en igualdad de condiciones (…) al transporte”[146]. El Decreto 1421 de 2017 instituye que, para garantizar
la permanencia en el servicio educativo de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad, “las entidades territoriales deberán gestionar los ajustes a
las condiciones de accesibilidad
a la infraestructura física y tecnológica en el establecimiento educativo, así
como (…) [al]
transporte escolar”[147]. Este Decreto previó, además, que, “en el evento en que no sea
posible [llevar a cabo los ajustes razonables del PIAR] cerca al lugar
de residencia [de las personas con discapacidad], por algún motivo
justificado, se garantizarán los servicios de transporte y alimentación, si es
el caso”[148].
Para hacer efectivo lo anterior,
los artículos 6[149],
7[150],
8[151]
y 15 (pár. 2)[152]
de la Ley 715 de 2001 prevén, a cargo de los departamentos, distritos y
municipios, la obligación de “supervisar y disponer de recursos propios y de
los que son entregados desde el Sistema General de Participaciones para
garantizar [la] cobertura y calidad [de la accesibilidad y la
disponibilidad del servicio de educación], a través del servicio de
transporte escolar, entre otros”[153].
39.
La jurisprudencia
constitucional ha reiterado que “el transporte escolar de niños y niñas es un
elemento clave en la accesibilidad material al derecho a la educación”[154].
En efecto, esta Corte ha precisado que el transporte escolar (i) “es
un mecanismo para garantizar el derecho fundamental a la educación, en los
componentes esenciales de acceso y permanencia”[155] de niños, niñas y
adolescentes; (ii) debe ser “suministrado de manera gratuita”[156] y “en condiciones
efectivas”[157]
por el Estado cuando su ausencia “se convierte en una barrera de acceso
injustificada y desproporcionada”[158],
por ejemplo, cuando “los gastos de transporte de los menores (…) no pueden
ser cubiertos por su familia, [si] no cuentan con los recursos
económicos suficientes”[159],
y (iii) tiene especial alcance en relación con sujetos vulnerables,
tales como los “niños campesinos cuando la institución educativa se ubica
lejos de su vivienda”[160]
o aquellos en situación de discapacidad[161].
En relación con este último grupo, la Corte ha insistido en que “las
entidades obligadas no pueden dejar de resolver efectivamente las problemáticas
educativas, entre ellas la prestación del servicio de transporte escolar, ya
que esto pondría en riesgo de forma indefinida el disfrute del derecho
fundamental a la educación”, por lo que, en sede de tutela, la prestación
del servicio de transporte puede ordenarse como “medida afirmativa para asegurar su permanencia
en el sistema escolar y como parte de los ajustes razonables en razón a su
situación de discapacidad”[162].
40.
La prestación de transporte escolar con
acompañamiento para garantizar
la accesibilidad de personas mayores de edad en situación de discapacidad al
sistema educativo informal no está definida por el legislador o por la
administración, quienes, en el marco de
un Estado democrático de derecho, son los llamados a determinar el contenido,
el alcance y las prestaciones de los derechos sociales[163].
Esta prestación –en  estos precisos términos– no está prevista por la
Constitución Política, los instrumentos internacionales, las leyes y los
decretos reglamentarios, que regulan el derecho a la educación, ni puede
entenderse implícita en los deberes generales de garantía de la accesibilidad e
igualdad material para las personas en situación de discapacidad. Por tanto, el amparo judicial de la referida prestación solo procede de manera excepcional, esto es, siempre
que las barreras respecto de la accesibilidad a los programas educativos ofrecidos por la
administración en el caso
concreto impidan el desarrollo del proceso educativo, a la vez que afecten de
manera desproporcionada “el
principio de la dignidad humana”[164]
de la persona en situación de discapacidad, en su dimensión de
integridad física y mental. Solo en estos casos, el juez de tutela
podría amparar dicha prestación,
“sin tener en cuenta el límite temporal relacionado con la edad”[165].
41.
La Sala advierte que, en sede
judicial, solo resultará procedente el amparo de la prestación
de transporte escolar con acompañamiento para
garantizar la accesibilidad al sistema educativo de personas mayores de edad en
situación de discapacidad, siempre que se constate que su no prestación
implica una afectación manifiestamente irrazonable y desproporcionada de los
derechos a la educación y a la dignidad humana del accionante. La manifiesta irrazonabilidad
implica que, dadas las particulares condiciones del accionante, la no
prestación de dicho servicio de transporte anule su acceso al sistema educativo
e impida su desarrollo personal en condiciones dignas. Esto se acredita siempre
que el accionante: (i) esté inscrito en un programa de
educación creado y dispuesto por la administración; (ii) presente “condiciones objetivas de discapacidad [que
implican] necesidades especiales”[166], habida cuenta de afectaciones severas o extremas en sus
capacidades motrices que le impiden su desplazamiento[167]; (iii) cuente
con concepto especializado mediante el cual se evidencia la necesidad del
servicio de transporte; (iv) esté, junto con su
familia, en situación de vulnerabilidad socioeconómica
extrema, a tal punto que “los gastos de transporte (…) no pueden ser
cubiertos”[168]; (v) deba ser, por lo anterior, destinatario de
políticas públicas multisectoriales, habida cuenta de la interseccionalidad
de su vulnerabilidad, esto es, de la coincidencia de factores en una misma
persona que afectan o impiden “el goce efectivo de sus derechos”[169], tales como
discapacidad, pobreza y condición del víctima del conflicto armado, y, por
último, (vi) no cuente con otra alternativa disponible para acceder al
programa educativo. Por su parte, la desproporcionalidad en estos casos se
demuestra siempre que la afectación de los derechos a la educación y a la
dignidad humana del accionante sea más intensa que la satisfacción de los principios
constitucionales de autonomía de las entidades territoriales y sostenibilidad
fiscal.
42.
Con base en lo
anterior, las reglas y subreglas relevantes para resolver el caso concreto se
sintetizan así:
Accesibilidad
de personas mayores de edad en situación de discapacidad a la educación. Servicio
de transporte escolar con acompañamiento
1.
El amparo judicial de la
prestación de transporte escolar con acompañamiento para garantizar la accesibilidad de personas mayores
de edad en situación de discapacidad al sistema educativo solo procede de
manera excepcional, esto es, ante afectaciones manifiestamente irrazonables
y desproporcionadas de los derechos a la educación y a la dignidad
humana del accionante, esta última, en su dimensión de integridad física y
mental.
2.
La irrazonabilidad en estos
casos se acredita siempre que el accionante:
(i)
Esté inscrito en un programa de educación creado y
dispuesto por la administración;
(ii)
Presente
afectaciones severas o extremas en sus capacidades motrices que le impiden su
desplazamiento;
(iii)
Cuente con concepto
especializado mediante el cual se evidencia la necesidad del servicio de
transporte;
(iv)
Se encuentre en situación de vulnerabilidad
socioeconómica extrema;
(v)
Habida cuenta de
la interseccionalidad de su vulnerabilidad, deba ser destinatario de
políticas públicas multisectoriales, y, por último,
(vi)
Carece de otra
alternativa disponible para acceder al
programa educativo.
3.
La desproporcionalidad
en estos casos se demuestra siempre que la afectación de los derechos a la
educación y a la dignidad humana del accionante sea más intensa que la
satisfacción de los principios constitucionales de autonomía de las entidades
territoriales y sostenibilidad fiscal.
5.
Caso concreto
43.
Ana Lucía
Moreno Rivas presentó acción de tutela, en calidad de agente oficiosa de sus
hijas Karen Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, en contra de la Secretaría de
Educación Municipal de Cali. En su escrito, solicitó la protección de “los derechos fundamentales
a la vida digna, salud y a la educación inclusiva”[170] de las
accionantes, que consideró vulnerados por la decisión de la accionada consistente en no prestarles el servicio de transporte con
acompañamiento desde su residencia hasta (i) Asodisvalle, donde están
inscritas en un programa de educación informal, y (ii) los centros
médicos en los que se les lleva a cabo “otros procedimientos”, a saber,
“médicos, terapéuticos y de rehabilitación”. Respecto de esta última
solicitud, la Corte concluyó que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada (párr.
20 a 23). Por tanto, la Sala analizará, en esta sección, la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la educación y a la dignidad humana
de las accionantes en relación con la primera solicitud.
44.
Al
respecto, la Secretaría de Educación solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, por cuanto, entre otros, (i) “las
jóvenes, (…) por su diagnóstico clínico, no pertenecen al sistema
educativo formal”, lo que (ii) “dentro de su margen de maniobra
presupuestal [es] condición para garantizar el servicio de transporte a los estudiantes con
discapacidad”[171] y a “todos los niños y niñas
que pertenecen al sistema educativo formal”[172]. Esta entidad alegó, además,
que, (iii) de autorizar el servicio solicitado, “estaría incurriendo en una
indebida destinación de recursos públicos”[173] y,
finalmente, que (iv) no existe “evidencia alguna a través de la cual
se permita inferir que existe valoración de un equipo interdisciplinario
compuesto por pediatras, médicos especialistas, y valoración de neuropsicología
la cual [sic] permita determinar la pertinencia e idoneidad del servicio
de acompañamiento”[174]. Por último, advirtió que, en Cali, “todos
los niños y niñas que pertenecen al sistema educativo formal”[175] son beneficiarios del
servicio de transporte escolar.
45.
Examen de la pretensión de transporte escolar con acompañamiento. La
Sala Primera advierte que la pretensión de la agente oficiosa no se adscribe a
las prestaciones concretas del derecho a la educación definidas por el
legislador o por la administración. Como se señaló en la anterior sección, la
Constitución Política, los instrumentos internacionales, las leyes y los
decretos reglamentarios, prevén obligaciones relativas a la garantía del
derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad que
corresponden a los deberes generales a cargo del Estado en las facetas de disponibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, los cuales,
de suyo, tienen carácter progresivo. Sin embargo, ninguna disposición
constitucional, legal o reglamentaria, contiene una obligación concreta a cargo
del Estado relativa a garantizar el servicio de transporte escolar con
acompañamiento a favor de las personas mayores de edad (incluso aquellas en
situación de discapacidad) que pertenecen a programas de educación informal.
46.
Ahora bien, la Sala constata que, en el caso concreto, el municipio de
Cali, en ejercicio de su autonomía política y administrativa, así como en aras
de ampliar la disponibilidad del servicio educativo, ofrece el programa “Educación
Adecuada para la Integración Social”, por medio del contratista Asodisvalle.
Este programa tiene por objeto garantizar a las personas en situación de
discapacidad, cuya edad oscila “entre los 14 y los 21 años”[176],
oportunidades para “complementar, actualizar o renovar conocimientos,
habilidades, técnicas y prácticas, tendientes a la adaptación de cada individuo
dentro de su entorno social”[177].
La creación y la oferta de este programa persigue “el fortalecimiento del
acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad (…) vinculados al
sistema educativo oficial del municipio”[178]
–incluso más allá de la edad de 15 años prevista para la gratuidad de la
educación por el artículo 67 de la Constitución Política– por lo que, en
estos términos, resulta compatible con el carácter progresivo de la garantía
del derecho a la educación. Sin embargo, la Sala advierte que no existe una
obligación específica de carácter legal, reglamentario o contractual a cargo de
la Secretaría de Educación de Cali, relativa a prestar el servicio de
transporte con acompañamiento a los beneficiarios de dicho programa.
47.
Habida cuenta de lo anterior, corresponde a la Sala determinar si, pese
a no estar definida por el legislador o por la administración como prestación
adscrita al derecho a la educación, el transporte escolar con acompañamiento,
en el marco del referido programa “Educación Adecuada para la Integración
Social”, resulta judicialmente exigible a la Secretaría de Educación, para
evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las accionantes a la
educación y a la dignidad humana. En otros términos, la Sala debe verificar si
la no prestación de dicho servicio constituye una afectación irrazonable y
desproporcionada de la accesibilidad del derecho a la educación y de la
dignidad humana de las accionantes que amerite la intervención inmediata del juez
constitucional. Para tal efecto, la Sala examinará los elementos descritos en
el párr. 40.
48.
Análisis de razonabilidad. La Sala constata que la
no prestación del transporte escolar con acompañamiento para las accionantes,
en el marco del referido programa “Educación Adecuada para la Integración
Social”, implica una afectación irrazonable de sus derechos fundamentales a
la educación y a la dignidad humana, esta última, en su dimensión de integridad
física y mental. Esto, porque, con base en el acervo probatorio, la Sala
encuentra acreditado que:
(i)
Las accionantes están vinculadas a un programa educativo creado y
dispuesto por la administración. En efecto, las accionantes están inscritas
desde el 10 de diciembre de 2018 y son estudiantes activas del programa “Educación
Adecuada para la Integración Social” ofrecido por el municipio de Cali y
operado por Asodisvalle.
(ii)
Ambas accionantes presentan afectaciones severas o extremas en
sus capacidades motrices que les impiden desplazarse. Las
dos fueron diagnosticadas con “epilepsia [y] retardo mental severo
asociado a meningitis”[179],
por lo cual tienen “discapacidad, física, mental [e] intelectual”[180]. Según sus historias
clínicas, las accionantes (a) “no tienen posibilidades de
bipedestación ni de marcha, es decir, no tienen posibilidades de caminar”[181]; (b) se
desplazan “con arrastres”[182]
y “gateando”[183];
(c) dependen del  uso de la silla de ruedas para movilizarse[184] y (d) se
comunican mediante “gestos”[185]
y “sonidos”[186].
(iii)
Las accionantes cuentan con concepto especializado mediante el
cual se evidencia la necesidad del servicio de transporte. Según las
pruebas allegadas al expediente, la representante legal de Asodisvalle
certifica que “nuestro equipo terapéutico, quienes cuentan con registro
profesional en salud emitida por la secretaria de salud del departamento,
realizaron una valoración previa a las accionantes y se determinó la necesidad
de su ingreso al programa”[187],
así como que “evidenciamos la necesidad de transporte (…) desde su vivienda
hasta Asodisvalle”[188].
(iv)
Las accionantes y su núcleo familiar se
encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema. En efecto, (a) las accionantes no pueden trabajar, en tanto
“se encuentra[n] limitada[s] para la realización de las
actividades básicas de la vida diaria”[189], (b) sus
padres registran puntajes de 16,78[190] y 3,87[191] en la base de datos del
Sisbén; (c) su madre es la única cuidadora de
las accionantes y no trabaja, por lo que, (d) el sustento económico
familiar deriva del trabajo del padre como constructor, quien “gana el
salario mínimo”[192].
(v)
Habida cuenta de la interseccionalidad de su vulnerabilidad, las
accionantes deben ser destinatarias de políticas públicas multisectoriales.
Diversos factores de vulnerabilidad coinciden en las accionantes, a saber: su
situación de grave discapacidad, su pobreza extrema y su condición de víctimas
de desplazamiento forzado del municipio de Bajo Baudó (Chocó),
según consta en el Registro Único de Víctimas[193]. La interseccionalidad
de su vulnerabilidad explica, de un lado, su grave situación en términos de
“goce efectivo de sus derechos”, y, del otro, los especiales deberes de
protección a cargo del Estado, en virtud de los cuales las accionantes deben
ser destinatarias de las políticas públicas diseñadas a favor de la
población discapacitada, en pobreza extrema y desplazada.
(vi)
Las accionantes carecen de otra
alternativa disponible para acceder al programa educativo. En efecto, habida
cuenta de su situación de discapacidad, “los cuidados especiales que requieren [las accionantes]
no [les] han permitido realizar traslados en el transporte denominado
MIO por las diferentes variables o barreras locativas [y] urbanísticas” [194] de la
ciudad. Además, por su condición de vulnerabilidad económica, la agente
oficiosa manifestó que “no cuenta con una economía suficiente (…) para
realizar traslados en servicio público denominado taxi”[195].
En este sentido, Asodisvalle informó que, por la “situación
económica [de las accionantes y de su familia], la asistencia es
intermitente” [196],
lo cual se constata también con el historial de las accionantes en el programa
educativo[197],
que contiene numerosas anotaciones de inasistencia.
49.
Las anteriores razones no solo explican la manifiesta irrazonabilidad de
no prestarles el servicio de transporte a las accionantes desde su residencia
hasta Asodisvalle (ida y vuelta), sino también de no garantizarles, en dichos
trayectos, el servicio de acompañamiento. Este último servicio se justifica en
una razón adicional. Incluso de contar con el servicio de transporte escolar,
resulta imposible para la agente oficiosa desplazar, en condiciones de
seguridad, a sus dos hijas en sus sillas de ruedas hacia y desde el medio de
transporte dispuesto, así como en el trayecto hacia y desde Asodisvalle. Por lo
demás, la dificultad en los desplazamientos de ambas accionantes, habida cuenta
de sus especificaciones médicas, torna necesario el acompañamiento de una persona
que cuente con conocimientos sobre las medidas y cuidados especiales requeridos
por las accionantes en relación con su movilidad, lo cual no se garantiza con
la mera disposición del servicio de transporte.
50.
Análisis de proporcionalidad. La Sala constata
que la no prestación del transporte escolar con acompañamiento para las
accionantes, en el marco del referido programa “Educación Adecuada para la
Integración Social”, implica una afectación desproporcionada de sus
derechos fundamentales a la educación y a la dignidad humana, esta última, en
su dimensión de integridad física y mental. De un lado, la afectación de estos
derechos fundamentales es intensa en la medida en que la falta de prestación del referido servicio anula el
acceso de las accionantes al programa académico al cual están vinculadas, por
cuanto, en atención a las condiciones de su discapacidad, su desplazamiento
mediante “arrastres”[198] y “gateando”[199] implica una
afectación intensa “al derecho fundamental a la dignidad
humana”[200].
Además, la falta de acompañamiento implica que, según se acreditó en el
expediente, la madre de las accionantes deba transportarlas a las dos, lo cual,
habida cuenta de sus condiciones de movilidad, torna imposible sus
desplazamientos, como se señaló en el anterior párrafo. Por último, tal como lo
certificó Asodisvalle, dada la interseccionalidad de la vulnerabilidad de las
accionantes, “el programa EAIS se convierte en su única esperanza para
reivindicar sus derechos fundamentales, puesto que este programa les garantiza
la integralidad de la atención y el fortalecimiento de las actividades básicas
cotidianas”[201],
con lo cual la inasistencia al mismo por falta de transporte con acompañamiento
genera una afectación intensa a los derechos fundamentales a la
educación y a la dignidad humana de las accionantes.
51.
De otro lado, la decisión de no prestar dicho servicio a favor de las
accionantes solo contribuye a una satisfacción media de los principios de
autonomía de la entidad territorial y de sostenibilidad fiscal. En efecto, la
prestación de dicho servicio a favor de las accionantes resulta compatible con
la política social vigente de la administración municipal. Esto, porque
mediante el Acuerdo 382 de 2014, el Concejo Municipal de Cali “adoptó la
política pública y el plan indicativo de atención a la discapacidad”, en el
marco del cual definió, como uno de sus lineamientos, “disponer la
financiación con recursos propios del municipio y aportes de la Nación de
programas en educación no formal y en educación para el trabajo y el desarrollo
de humano de las personas con discapacidad que requieran educación especial”,
para lo cual se comprometió a cumplir con “la dotación de ayudas técnicas
requeridas de acuerdo a la discapacidad” (art. 7). Además, habida cuenta de
la interseccionalidad de la vulnerabilidad de las accionantes, las
posibilidades administrativas y técnicas de la administración municipal para
garantizar el transporte de ellas hasta Asodisvalle son amplias e involucran “la
participación de todos los sectores, (…) donde cada uno proporciona los
recursos necesarios de acuerdo a las áreas de su competencia” (art. 3),
esto es, en el caso concreto, de las políticas públicas a favor de la población
en situación de discapacidad, en condiciones de pobreza y víctimas de desplazamiento
forzado. Por último, la prestación del referido transporte con acompañamiento a
favor de las accionantes no pone en riesgo la operatividad de la política de
transporte escolar vigente en el municipio, dado que, según la propia
Secretaría de Educación, la cobertura actual de dicho servicio es del 100%, en
tanto a “todos los
niños y niñas que pertenecen al sistema educativo formal”[202] se les presta el servicio de
transporte escolar.
52.
Con base en las anteriores razones, la Sala Primera amparará los derechos
fundamentales a la educación y a la dignidad humana de Karen Liliana y
Anyi Zuleimi Rivas Moreno. Para tal efecto, ordenará a la Secretaría de Educación Municipal de Cali que, dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, defina y adelante las
acciones necesarias para garantizar a las accionantes el servicio de transporte
con acompañamiento (ida y vuelta), desde su residencia
hasta Asodisvalle, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En
todo caso, se deberá permitir también el acompañamiento de la madre de las
accionantes.
6. Síntesis
53.
Ana Lucía
Moreno Rivas presentó acción de tutela, en calidad de agente oficiosa de sus
hijas mayores de edad, Anyi Zuleimi y Karen Liliana Rivas Moreno, en contra de
la Secretaría de Educación Municipal de Cali. De acuerdo con la agente
oficiosa, la decisión de la entidad accionada de no prestarles el servicio de
transporte con acompañamiento (ida y vuelta) desde su residencia hasta (i)
Asodisvalle, donde están inscritas en un programa de educación informal, y (ii)
los centros médicos en los que se les practica “otros
procedimientos”, a saber, “médicos, terapéuticos y de rehabilitación”,
amenaza sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la educación
inclusiva. Esto, habida cuenta de la discapacidad física, mental e intelectual
de sus hijas, quienes por su diagnóstico clínico, no tienen posibilidades de
caminar, se desplazan mediante “arrastres” o “gateando” y
dependen del uso de silla de ruedas para movilizarse. La decisión de la
Secretaría de Educación se fundó en que las accionantes no hacen parte del
sistema educativo formal, condición prevista dentro su margen de maniobra
presupuestal para garantizar el servicio de transporte a los estudiantes en
situación de discapacidad. La Juez de instancia declaró improcedente el amparo
solicitado, por cuanto concluyó que no existía prueba de la falta de recursos
económicos de las accionantes.
54.
En
relación con la pretensión de transporte desde la residencia de las accionantes
hasta los centros médicos, la Sala Primera concluyó que
se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, por lo que limitó su análisis a la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la educación y a la
dignidad humana respecto de la primera solicitud. Sobre el particular, esta
Sala de Revisión constató que la pretensión de transporte escolar (ida y vuelta)  con
acompañamiento desde su residencia hasta Asodisvalle no se adscribe a las
prestaciones concretas del derecho a la educación definidas por el legislador y
la administración. Esto, habida cuenta de la inexistencia de una obligación
específica de carácter legal, reglamentario o contractual a cargo de la
Secretaría de Educación en ese sentido. Sin embargo, la Sala Primera concluyó
que el amparo judicial de la prestación de transporte escolar con
acompañamiento para las personas en situación de discapacidad mayores de edad
procede de manera excepcional, es decir, ante afectaciones manifiestamente
irrazonables y desproporcionadas de los derechos a la educación y a la dignidad
humana. Por esta razón, el caso sub examine versó acerca de, si pese a no
estar definida como una prestación adscrita al contenido normativo del derecho,
el transporte escolar con acompañamiento en el marco del programa “Educación
Adecuada para la Integración Social” resultaba exigible por vía judicial a la
Secretaría de Educación, para evitar una afectación irrazonable y
desproporcionada de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
55.
La Sala
Primera concluyó que la no prestación del servicio de transporte escolar (ida y
vuelta) con acompañamiento a las accionantes, desde su residencia y hasta
Asodisvalle, implicaba una afectación irrazonable y desproporcionada de sus
derechos fundamentales. En relación con la irrazonabilidad, esta Sala de
Revisión encontró acreditado que las accionantes (i) están vinculadas a
un programa educativo creado y dispuesto por el municipio de Cali; (ii)
presentan afectaciones severas en sus capacidades motoras, habida cuenta de su
diagnóstico clínico; (iii) cuentan con el concepto especializado del
equipo terapéutico de Asodisvalle, que verificó la necesidad del transporte
escolar y, por último, (iv) se encuentran en situación de vulnerabilidad
económica extrema, por cuanto (a) no pueden trabajar, (b) sus
padres registran puntajes de 16,78 y 3,87 en el Sisbén, (c) su madre es
su única cuidadora, por lo que no trabaja y, por último, (d) dependen
junto con su familia de los ingresos del padre, que equivalen a un salario
mínimo. En este sentido, la Sala concluyó, desde un enfoque de
interseccionalidad, que estos factores de vulnerabilidad económica, sumados al
diagnóstico clínico de las accionantes y a su condición de víctimas de
desplazamiento forzado, se traducen en una situación que impide el goce
efectivo de sus derechos y que, a su vez, las hace destinatarias de políticas
públicas multisectoriales. Finalmente, la Sala encontró que las accionantes
carecen de otra alternativa para acceder al programa educativo.
56.
En
relación con la proporcionalidad, la Sala concluyó que la afectación de los
derechos fundamentales a la educación y a la dignidad humana de las accionantes
era más intensa que la satisfacción de los principios constitucionales de la
autonomía de las entidades territoriales y la sostenibilidad fiscal. Por un
lado, la Sala verificó que (i) la asistencia de las accionantes al
programa EAIS era intermitente, lo que dificultaba su acceso al sistema
educativo; (ii) las condiciones de su discapacidad las obligaba a
desplazarse mediante “arrastres” y “gateando” y (iii) el
desplazamiento de las accionantes en sillas de ruedas comportaba una dificultad
desproporcionada para su madre, quien es su única cuidadora. Por otro lado, la
Sala verificó que la afectación de los principios de autonomía de la entidad
territorial y de sostenibilidad fiscal es, a lo sumo, media, por cuanto (i) la
prestación del servicio de transporte con acompañamiento es compatible con la
política pública del municipio de Cali en materia de discapacidad, (ii)
el municipio tiene amplias posibilidades de garantizar el transporte de las
accionantes dada la interseccionalidad de su vulnerabilidad y (iii) la
prestación del servicio de transporte a las accionantes no pone en riesgo la
operatividad de la política de transporte escolar, dada su cobertura al 100% en
el marco del sistema educativo formal en el municipio de Cali.
57.
Suspensión
de términos adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura y levantamiento
de términos en el presente asunto. Mediante los Acuerdos de 15, 16, 19 y 22 de marzo de 2020[203], así
como de 11 de abril de 2020[204], el Consejo Superior de la
Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país a partir del 16 de
marzo y hasta el 26 de abril de 2020. Por medio del Auto 121 de 16 de abril de
2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional autorizó a las Salas de Revisión
para “levantar la suspensión de términos judiciales en
asuntos concretos sometidos a su consideración”, siempre que se configure alguno
de los siguientes criterios: “(i) la urgencia en adoptar una
decisión de fondo o una medida provisional dirigida a la protección
de los derechos fundamentales; (ii) la importancia nacional que revista el
caso; y (iii) la posibilidad material de que el asunto pueda ser tramitado y
decidido de forma compatible con las condiciones actuales de aislamiento
preventivo obligatorio, sin que ello implique la imposición de cargas
desproporcionadas a las partes o a las autoridades concernidas”[205].
La Sala constata el primero de tales criterios en el caso sub examine.
Esto, en atención a las condiciones de vulnerabilidad de las accionantes y la
urgencia en adoptar la decisión de fondo para garantizar la protección de sus
derechos fundamentales, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia. Por tanto, la Sala levantará la suspensión de términos en el
asunto sub judice.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión
de términos decretada en el presente asunto, por las razones expuestas en
esta providencia.
Segundo.- REVOCAR la sentencia de 8 de abril de 2019
proferida por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Cali. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales a la educación y a la dignidad humana de Karen Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, por las razones expuestas en
esta providencia.
Tercero.- DECLARAR la configuración del fenómeno de la
cosa juzgada respecto de la pretensión de servicio de transporte con acompañamiento (ida y
vuelta) desde su residencia hasta los centros médicos en los que se les
practica “otros procedimientos”, a saber, “médicos, terapéuticos y de
rehabilitación”, por las razones expuestas en esta providencia.
Cuarto.- DESVINCULAR del presente trámite a la Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud –EMSSANAR EPS ESS–, a la Asociación de Discapacitados
del Valle –Asodisvalle–, a la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES–,
a la Secretaría de Salud Municipal de Cali, a la Secretaría de Salud
Departamental del Valle del Cauca y al Ministerio de Salud y Protección
Social.
Quinto.- ORDENAR a la Secretaría de Educación
Municipal de Cali que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, defina y
adelante las acciones necesarias para garantizar a las accionantes el servicio
de transporte ida y vuelta con acompañamiento, desde su residencia hasta Asodisvalle, de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia. En
todo caso, se deberá permitir también el acompañamiento de la madre de las
accionantes.
Sexto.- LIBRAR, por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Salvamento parcial de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
DE LA MAGISTRADA DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-124/20
DERECHO A
LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Servicio de transporte escolar con acompañamiento
tiene sustento constitucional y legal (Salvamento parcial de voto)
DERECHO A
LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Igualdad material (Salvamento parcial de
voto)
Es evidente que la
protección solicitada por las accionantes tiene que ver de manera directa con
el derecho a la igualdad material y, en ese sentido, con la obligación de la
Alcaldía de procurar “las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva…” al momento de ejercer su derecho a la educación.
DERECHO A
LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Garantía no está supeditada a desarrollo
legal o reglamentario (Salvamento parcial de voto)
DISCAPACIDAD-Definición según la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad (Salvamento parcial de voto)
La discapacidad nace de
la interacción de una persona con un ambiente particular en el que se ve
enfrentada a un conjunto de limitaciones, barreras o desventajas.
PRINCIPIO
DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD-Importancia en el derecho constitucional (Salvamento
parcial de voto)
La jurisprudencia
constitucional ha usado los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para
analizar las acciones de las autoridades públicas, a la luz de los deberes que
tienen de garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas bajo los
mandatos establecidos en la Constitución de 1991. En otras palabras, son
instrumentos para estudiar si una determinada decisión transgrede o vulnera
garantías constitucionales y, en esa medida, se trata de parámetros de control
de parte de los ciudadanos, en tanto poder constituyente, respecto de los
poderes constituidos. La razonabilidad y la proporcionalidad fueron establecidos
como elementos o condiciones para garantizar que el principio de igualdad,
consagrado en el artículo 13 de la Constitución, no fuese transgredido.
DERECHO A
LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Reglas propuestas de procedencia para
servicio de transporte escolar con acompañamiento son poco razonables
(Salvamento parcial de voto)
DERECHO A
LA EDUCACION DE PERSONAS MAYORES DE EDAD EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Se desconoció precedente respecto a sujetos
de especial protección (Salvamento parcial de voto)
M.P. CARLOS BERNAL PULIDO
Referencia: Expediente T-7.528.942
Acción de tutela
instaurada por Ana Lucía Moreno Rivas, en calidad de agente oficiosa de Karen
Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, en contra de la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali
“Un transporte hacia la regresividad”[206]
1. Coincido con la protección de los derechos
fundamentales a la educación y a la dignidad humana concedida a dos mujeres
mayores de edad en situación de discapacidad física, mental y cognitiva,
quienes solicitaron al juez de tutela que se ordenara al ente municipal
accionado la prestación de transporte escolar con acompañamiento para
garantizar su accesibilidad al sistema educativo informal. También apoyo el
remedio judicial adoptado: la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de
Cali debe adelantar “las acciones necesarias para garantizar a las
accionantes el servicio de transporte ida y vuelta con acompañamiento, desde su
residencia hasta Asodisvalle.” No obstante, disiento de las reglas y
subreglas propuestas en la Sentencia T-124 de 2020 para resolver el caso. En
seguida, expongo las razones principales que me llevaron a apartarme
parcialmente de esta decisión.
2. Primero, se invisibiliza el mandato que la cláusula
de igualdad material impone a las autoridades públicas, respecto de las
obligaciones que tienen de garantizar condiciones de accesibilidad del derecho
a la educación a las personas en situación de discapacidad, al afirmar que la
pretensión de las accionantes “no está prevista por la Constitución Política
… ni puede entenderse implícita en los deberes generales de garantía de la
accesibilidad e igualdad material para las personas en situación de
discapacidad.” Segundo, se propone supeditar el goce efectivo de los derechos de dicho grupo
poblacional a un desarrollo legislativo, desconociendo el valor normativo de la
Constitución y su supremacía.
Tercero, se modifica la finalidad que la jurisprudencia constitucional ha
adjudicado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, al usarlos para
valorar si procede de manera excepcional el amparo judicial solicitado para las
accionantes. Cuarto, se proponen reglas poco razonables para la resolución del
caso concreto. Por último, es una Sentencia que desconoce el precedente
aplicado en casos análogos, apartándose del modelo social de discapacidad
defendido actualmente por esta Corporación. En seguida, desarrollo cada una de
estas razones.
I. El goce efectivo del derecho a la igualdad material
y a la educación de las personas mayores de edad en condición de discapacidad
3. Si bien es cierto que la Constitución no consagra
en los términos literales de la petición de las accionantes el deber de las
alcaldías de garantizar el servicio de transporte escolar con acompañamiento de
personas mayores de edad en situación de discapacidad al sistema educativo
informal, contrario a lo
afirmado en la Sentencia T-124 de 2020, dicha pretensión sí tiene sustento constitucional.[207]
Este se deriva de (i) la especial protección constitucional que deben
recibir las personas en situación de discapacidad (Art. 13 C.P./1991); (ii) el
deber del Estado de garantizar la accesibilidad del derecho a la educación,
bajo criterios de no discriminación que le impone la obligación de garantizar
el derecho especialmente a los grupos más vulnerables (Observación General No.
13 del Comité de Derechos Económicos y Sociales); (iii) el amparo
reforzado que tiene el derecho a la educación de las personas en situación de
discapacidad (arts. 13, 47, 54 y 68 C.P./1991); y, (iv) la Convención
sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad en los
artículos 9 y 24.
4. El análisis de caso de Karen Liliana y Anyi Zuleimi
debió plantearse a la luz del mandato que la cláusula de igualdad material,
expresado en el inciso 2º del artículo 13 Superior. Según éste, todas las
autoridades de la República tienen el deber de promover “las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva” y adoptar “medidas en favor de
grupos discriminados o marginados.”[208]
Además, la mencionada norma consagra la existencia de una especial
protección a quienes se encuentren en “circunstancia de debilidad
manifiesta” debido a su condición física o mental. La referida obligación
en cabeza de los poderes constituidos se traduce en la existencia de un derecho
subjetivo de las personas en situación de discapacidad, quienes ante una
situación en la que el goce efectivo de sus derechos se vea truncado, pueden
invocar la protección ante el juez constitucional mediante la acción de tutela.[209]
5. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la
protección solicitada por las accionantes tiene que ver de manera directa con
el derecho a la igualdad material y, en ese sentido, con la obligación de la
Alcaldía de procurar “las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva…” al momento de ejercer su derecho a la educación. Contrario
a ello, la Sentencia T-124 de 2020 afirma en el considerando 40 que la
prestación del servicio de transporte escolar con acompañamiento para
garantizar la accesibilidad de personas mayores de edad en situación de
discapacidad al sistema educativo informal no “puede entenderse implícita en
los deberes generales de garantía de la accesibilidad [del derecho a la
educación] e igualdad material”. Si bien dicha idea no fue desarrollada,
considero que hay elementos suficientes para rebatirla.
6. Primero, Karen Liliana y Anyi Zuleimi deben recibir
una especial protección constitucional y, en consecuencia, las autoridades
tienen la obligación expresa, por mandato del inciso 2º del artículo 13 de la
Constitución, de garantizarles las condiciones para que puedan gozar real y
efectivamente del derecho a la educación.[210]
Ello es así debido a la situación de discapacidad mental y física en la que se
encuentran. Segundo, la omisión por parte de las autoridades de cumplir dicho
deber implicaría perpetuar un obstáculo estructural para que ellas tengan
acceso, en igualdad de condiciones al resto de las personas, a un centro
educativo. Y, por último, esta Corporación ha
señalado que en aras de lograr dicha igualdad, se hace necesario que el Estado
tome medidas de diferenciación positiva en favor de las personas con
discapacidad. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la
omisión de adoptar acciones positivas en favor de esta población puede
constituir una medida discriminatoria “por
cuanto la no aplicación de la diferenciación positiva en el caso de las
personas discapacitadas permite que la condición natural de desigualdad y
desprotección en que se encuentran se perpetúe, situación que les impide,
entonces, participar e integrarse en las actividades sociales, para poder así
ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones.’”[211]
II. La garantía efectiva de los derechos consagrados
en la Constitución no está supeditada a un desarrollo legal o reglamentario
8. Disiento de los apartes de la Sentencia T-124 de
2020 en los que se sostiene que el goce efectivo de los derechos de las
accionantes está supeditado al
desarrollo que el Legislador o el Ejecutivo adopten en la materia. Para
justificarlo la mayoría de la Sala indicó que “en el marco de un Estado
democrático de derecho, son los llamados a determinar el contenido, el alcance
y las prestaciones de los derechos sociales.” Dicha afirmación desconoce
que, de acuerdo con el Artículo 1º de la Constitución, “Colombia es un
Estado social de derecho”.[212]
También le resta relevancia al valor normativo de nuestra Carta Política y a su
carácter vinculante, consagrado en los siguientes términos: “[l]a Constitución es norma de normas”
(Art. 4 C.P./1991). En otras palabras, respaldar en este aspecto la decisión
implicaría supeditar el goce
efectivo de derechos constitucionales de las personas a una actuación de un
poder constituido, dejándolo por encima de la voluntad misma del poder
constituyente.
9. No desconozco que la faceta prestacional de los
derechos requiere de la formulación de políticas públicas de parte del
Legislador y de la Administración. Más no considero que como jueces
constitucionales dejemos de ser los guardianes de la supremacía de la
Constitución, en los estrictos términos que nos manda la Carta Política de
1991. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha expresado que:
“no
puede aceptarse que la Constitución continúe supeditada a la actividad del legislador
para su operatividad, convirtiéndose en la única garantía para el
ciudadano el control de constitucionalidad de la ley. Por el contrario, el
nuevo Estado social de derecho implica la aplicabilidad directa de todas sus
normas como garantía para todos los ciudadanos y por ende, el ajuste inmediato
de todo el ordenamiento jurídico a la norma de superior jerarquía || La fuerza
normativa de la Constitución significa entonces que se ha constituido de manera
definitiva en sí misma en fuente del derecho y por tanto aplicable
directamente por los jueces en el cumplimiento de la misión que les ha sido
confiada, pasando de ser norma de aplicación indirecta para ser norma que se
aplica junto con la ley o incluso frente a ella”[213]
10. De otra parte, la Sentencia T-124 de 2020 propone
una perspectiva de los derechos ajena a la jurisprudencia de esta Corporación,
por al menos, dos razones. En primer lugar, está fundada en una comprensión
desactualizada, según la cual, la clasificación entre derechos fundamentales y
derechos sociales es determinante debido a la naturaleza prestacional y
programática de los últimos. No obstante, desde hace más de 15 años, las salas
de Revisión y la Sala Plena han resaltado que todos los derechos y libertades,
incluso las denominadas clásicas, tienen una faceta prestacional.[214] En segundo lugar,
existe un contenido básico exigible judicialmente respecto de la faceta
prestacional de todos los derechos, “no sometido a debate en una democracia,
a saber: el derecho constitucional a que exista un plan escrito, público,
orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del
derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes
etapas que, en efecto, se estén implementando. Cuando el juez de tutela constata
que una política pública desconoce abiertamente alguno o varios de estos
parámetros mínimos, estará ante una violación a la Constitución Política.”[215]
11. En consecuencia, le corresponde al Estado
garantizar el goce efectivo de la faceta prestacional de los derechos, tanto
los “clásicos” como los “sociales”, de manera programática y progresiva. El
hecho de que la faceta prestacional requiera de una política pública y de su
correspondiente destinación de recursos, no es, de ninguna manera, un permiso para
la inacción o para una precaria planeación de parte de las autoridades
públicas. Al afirmar que la garantía del derecho a la educación de las
accionantes, mujeres en condición de discapacidad, está supeditada a que una
norma legal o administrativa disponga, en esos “precisos términos”, la prestación del servicio de transporte escolar con
acompañamiento para desplazarse hasta la institución en la reciben educación
informal, la Sentencia de la que me aparto parcialmente no solo desconoce por
completo el principio de progresividad que es inherente a los derechos
económicos, sociales y culturales, sino que, además, vacía su contenido.
12. Si en gracia de discusión se aceptara que en
nuestro Estado la garantía de los derechos de las accionantes debe tener sustento
en alguna regulación de carácter legal, entonces también tendría que
reconocerse, de manera expresa, que la pretensión de Karen
Liliana y Anyi Zuleimi tiene
sustento normativo en los artículos 5 y 14 de la Ley 1618 de 2013 y el capítulo
5, relativo a “servicios educativos especiales” del Decreto 1075 de
2015. Es de anotar que la Sentencia T-124 de 2020 mencionó dichas normas en el
considerando 37. No obstante, en el 40 las omitió y expresó que la pretensión
formulada carecía de fundamento constitucional y legal; a pesar de que, acabo
de demostrar que dicha afirmación no es cierta. Por ello, en su momento, sugerí
ante la Sala de Revisión que se ajustara el considerando 40 a la luz de lo
expuesto en los 31.2, en el que se explica la faceta accesibilidad del derecho
a la educación; 33, referente a la especial protección constitucional del
derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad; y, 37,
relacionado con la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad
al sistema educativo, que menciona de manera explícita el marco normativo
aplicable. Dichos fundamentos, leídos íntegramente, llevaban a una conclusión
contraria, más ajustada al marco Superior, a la jurisprudencia de esta
Corporación y a nuestra labor como jueces constitucionales.
III. La finalidad de los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad según la jurisprudencia constitucional
13. La jurisprudencia constitucional
ha usado los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para analizar las
acciones de las autoridades públicas, a la luz de los deberes que tienen de
garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas bajo los mandatos
establecidos en la Constitución de 1991. En otras palabras, son instrumentos
para estudiar si una determinada decisión transgrede o vulnera garantías
constitucionales y, en esa medida, se trata de parámetros de control de parte
de los ciudadanos, en tanto poder constituyente, respecto de los poderes
constituidos. Desde la Sentencia C-530 de 1993, dichos conceptos fueron establecidos
como elementos que permiten distinguir “la actuación de las
ramas del poder público que implique tratos diferentes… para que no sea
discriminatoria…”[216]
14. La razonabilidad y la
proporcionalidad fueron establecidos como elementos o condiciones para
garantizar que el principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la
Constitución, no fuese transgredido. Por un lado, la razonabilidad
verifica que la diferencia de trato persiga “una finalidad
constitucionalmente admisible o, dicho con otras palabras, razonable. Ello
implica que la diferenciación deba ser determinada no desde la perspectiva de
la óptima realización de los valores constitucionales -decisión política de
oportunidad-, sino de la perspectiva de lo constitucionalmente legítimo o admisible.”
Por otro lado, la proporcionalidad se refiere a que “la consecuencia
jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción
con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican.”[217]
15. Contrario a ello, la Sentencia
T-124 de 2020 sugiere usar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad
como elementos para valorar la
exigibilidad de una pretensión como la formulada por las accionantes; que sólo
sería procedente si se comprueba una afectación manifiestamente irrazonable, en
aquellos casos que “dadas las particulares condiciones del accionante, la no
prestación de dicho servicio de transporte personal anule su acceso al sistema
educativo e impida su desarrollo persona en condiciones dignas…”; y,
desproporcionada, para lo que se debe demostrar que “la afectación de los
derechos a la educación y a la dignidad humana del accionante sea más intensa
que la satisfacción de los principios constitucionales de autonomía de las
entidades territoriales y sostenibilidad fiscal.”
16.
Insisto en que dichos conceptos deben ser usados como un medio para estudiar la
validez de las intervenciones del Legislador o la administración en relación
con la garantía de los derechos fundamentales, en concreto respecto del mandato
que impone la cláusula de la igualdad material a las autoridades.[218] Más no como requisitos que debe satisfacer la persona que invoca la protección de
sus derechos ante un juez de tutela, quien tendría que comprobar una afectación
“irrazonable”, como si existieran transgresiones a los derechos
susceptibles de ser calificadas como razonables, que implique la anulación del
goce efectivo del derecho a la educación y de su desarrollo en condiciones
dignas. Además, le correspondería demostrar que la vulneración de sus derechos
es más intensa que los principios constitucionales de autonomía de los entes
territoriales y sostenibilidad fiscal. A continuación me detendré en el
desarrollo que hace la Sentencia de la que me aparto parcialmente de estos dos
criterios.
IV. Las -poco razonables- reglas propuestas por la
Sentencia
17. La Sentencia T-124 de 2020, propone nuevas reglas,
fundadas en una comprensión equivocada de la razonabilidad y la
proporcionalidad, para valorar casos como el de Karen Liliana y Anyi Zuleimi,
sin cumplir con las cargas de transparencia y motivación que se esperan de un
Tribunal Constitucional. Con ello, se apartó sustancialmente del modelo social
de garantía de derechos para las personas en situación de discapacidad. En
consecuencia, debo advertir que este pronunciamiento no es, de ninguna manera,
un precedente vinculante para futuros casos similares. En el párrafo 41 de la
Sentencia T-124 de 2020 se enlistan las reglas que guiaron la solución del
caso. En un esfuerzo por sistematizar los argumentos a los que me referí en los
títulos previos de este voto particular, la mayoría de la Sala sostiene que
solo es posible conceder el amparo del derecho a la educación de mayores de
edad con discapacidad, en relación con la accesibilidad física al sistema
educativo, si logran probar que ello afecta de manera “manifiestamente
irrazonable y desproporcionada” sus derechos a la educación y a la dignidad
humana. Además, explica que esa manifiesta irrazonabilidad depende de
que se demuestre que el tutelante:
“(i) esté inscrito en un
programa de educación creado y dispuesto por la administración; (ii)
presente “condiciones objetivas de discapacidad [que implican]
necesidades especiales”[219],
habida cuenta de afectaciones severas o extremas en sus capacidades motrices
que le impiden su desplazamiento[220];
(iii) cuente con concepto especializado mediante el cual se evidencia la
necesidad del servicio de transporte; (iv) esté, junto con su familia, en situación de vulnerabilidad
socioeconómica extrema, a tal punto que “los gastos de transporte (…) no
pueden ser cubiertos”[221];
(v) deba ser, por lo anterior, destinatario de políticas públicas
multisectoriales, habida cuenta de la interseccionalidad de su
vulnerabilidad, esto es, de la coincidencia de factores en una misma
persona que afectan o impiden “el goce efectivo de sus derechos”[222], tales como
discapacidad, pobreza y condición del víctima del conflicto armado, y, por
último, (vi) no cuente con otra alternativa disponible para acceder al
programa educativo.”
18. Quiero llamar la atención sobre estas reglas y las providencias
que se citan a pie de página como sustento de las mismas. La primera condición
es que la persona esté inscrita en un programa de educación creado y dispuesto
por la administración. Este presupuesto podría aplicarse siempre que esté
demostrado que la administración en efecto tiene programas de educación que
permitan una inclusión adecuada de personas mayores con discapacidad, que
cuenten con cupos suficientes y se trate de esquemas adecuados para la
situación particular de quien acude a la acción de tutela. Una eventual
inexistencia o ineficacia de los mismos haría de esta exigencia un presupuesto
imposible de cumplir.
19. En segundo lugar, los accionantes deben demostrar que tienen condiciones
objetivas de discapacidad que implican necesidades especiales, y remite a
la Sentencia T-984 de 2007. En esa providencia, la Corte revisó el caso de José
Miguel Rodríguez Flórez, un ciudadano de 19 años de edad con discapacidad
cognoscitiva que recibía un subsidio económico por parte de la alcaldía
municipal de Cartago, destinado a cubrir la totalidad de los gastos
relacionados con su acceso a la educación. La administración interrumpió el
desembolso del mencionado auxilio entre otras razones, porque el accionante
había cumplido la mayoría de edad. La Corte dejó claro
que en el caso de las personas con discapacidad no resultan aplicables los
límites ordinarios de edad en materia de educación.[223] En la Sentencia T-124
de 2020, por el contrario, se olvidó dicha regla y se proponen unos exigentes
requisitos para acceder al amparo constitucional, con base en que las
accionantes son mayores de edad. Esto demuestra que la mayoría de la Sala hizo
un uso cuando menos errado del precedente.
20. Además, considero importante detenerme en el criterio de necesidad
especial. Lo especial alude a algo “singular o particular, que se
diferencia de lo común o general”.[224]
Me pregunto entonces ¿qué tiene de especial garantizar un transporte escolar?
¿Por qué es una necesidad fuera de lo común? Con la entrada en vigor de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2008 y su
ratificación por Colombia en el 2011,[225]
el modelo actual que fundamenta las disposiciones jurídicas relativas a la
discapacidad es el social. Éste reconoce que la discapacidad nace de la
interacción de una persona con un ambiente particular en el que se ve
enfrentada a un conjunto de limitaciones, barreras o desventajas.[226] El nuevo marco de
protección que promueve la Convención apunta a garantizar realmente la dignidad
humana de las personas con discapacidad, partiendo de una aproximación distinta
a su situación; en éste, las personas con discapacidad no tienen necesidades
especiales, lo que requieren es que la sociedad realice ajustes y les brinde
apoyo para superar las barreras que ella misma les ha impuesto. Esta diferencia
en el uso del lenguaje no es sutil. Seguir estimando especial un asunto
tan corriente como la necesidad de transporte escolar, desconoce el modelo
social y perpetúa una concepción que estigmatiza a las personas con
discapacidad como un grupo que demanda acciones extrañas o especiales.[227]
21. Siguiendo con el análisis de las pautas propuestas en la
Sentencia T-124 de 2020, lo siguiente que debería demostrar quien acude a la
acción de amparo es que existe un “concepto
especializado mediante el cual se evidencia la necesidad del servicio de
transporte”. En línea con lo expuesto en el párrafo
anterior, encuentro esta exigencia irrazonable, en la medida que impone una
barrera burocrática para acceder al amparo constitucional. Mientras la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad le impone al Estado la obligación de implementar medidas que
aseguren y promuevan el ejercicio de todos los derechos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, y de eliminar de todas las
barreras físicas, jurídicas y del lenguaje; una Sentencia de la Corte Constitucional
les exige conceptos especializados para poder obtener transporte escolar. Con
esto no estoy afirmando que todas las personas con discapacidad deban tener
acceso a ese servicio de manera gratuita. Ello dependerá del contexto y
condiciones económicas de cada caso concreto. A lo que me refiero es a que la
necesidad de transporte para personas en situación de discapacidad es un asunto
que puede ser fácilmente deducido por el juez constitucional a partir de los
hechos del caso y de las reglas de la sana lógica, para ello no es necesario,
al menos no en todos los casos, que exista un concepto técnico que así lo
dictamine.
22. El cuarto requisito propuesto por la mayoría de la Sala es que
el accionante “esté, junto con su familia, en
situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema”.
Así pues, solo aquellas personas que estén pasando por el grado más elevado de
pobreza podrían verse favorecidas con una decisión del juez de tutela. El
artículo 13 Superior es claro al establecer que el Estado debe proteger
especialmente a aquellas personas que por su condición económica se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta. El adjetivo “extrema” no solo
es ajeno a la fuente normativa de protección de quienes son económicamente
vulnerables, sino además es contrario al mandato mismo de materialización de la
igualdad. Al intentar restringir el acceso a la protección judicial de los
derechos fundamentales a quienes demuestren una vulnerabilidad extrema, la
mayoría de la Sala le da la espalda a la realidad de un país tan desigual y con
tantos problemas sociales como Colombia, pues con ello normaliza un universo
infinito de difíciles situaciones económicas sólo por no ser extremas.
23. Como si lo anterior no fuera suficiente, los accionantes tienen
que demostrar que deben ser “destinatario[s] de políticas públicas
multisectoriales, habida cuenta de la interseccionalidad de su vulnerabilidad,
esto es, de la coincidencia de factores en una misma persona que afectan o
impiden ‘el goce efectivo de sus derechos’”. En este punto, nuevamente,
debo referirme al artículo 13 Constitucional. La protección reforzada que la
Carta de 1991 instauró para quienes se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta no incluye un criterio concomitante. Exigir que en una misma
persona concurra más de una situación de vulnerabilidad para poder acceder al
amparo constitucional, es restrictivo, se traduce en la imposición de nuevas
barreras y desconoce el propósito mismo de la acción de tutela así como las
obligaciones adquiridas por el Estado al ratificar la Convención sobre los
Derechos de Personas con Discapacidad.
V. La Sentencia T-124 de 2020 se aparta del modelo
social de discapacidad defendido actualmente por esta Corporación
24. Contrario a la exposición hecha por la mayoría de
la Sala Primera, el precedente a seguir en esta oportunidad estaba definido por
aquellas sentencias en las que se analizaron casos de personas mayores de edad
en situación de discapacidad que solicitaron la protección de sus derechos a la
vida digna, a la salud y a la educación inclusiva. Con base en esto, la razón
de la decisión de las sentencias T-487 de 2007,[228] T-465 de 2015[229] y T-116 de 2019,[230] debió haber guiado la
solución del problema jurídico formulado en la Sentencia T-124 de 2020. Dichas providencias
contienen  las siguientes subreglas: (i) los derechos como la educación
y la salud de las personas en situación de discapacidad no pueden restringirse
por el factor edad; (ii) existe una especial protección del derecho a la educación de las
personas en situación de discapacidad, fundamentada en los artículos 13, 47, 54
y 68 de la Constitución Política y de los artículos 9 y 24 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad; (iii) las
autoridades estatales, de nivel nacional, departamental y municipal en el marco
de sus competencias, deben implementar las acciones afirmativas necesarias y
pertinentes para garantizar el goce efectivo del derecho a la educación al ser
éste una manifestación del derecho a la dignidad de las personas con
discapacidad.
25. Como se observa, la Sentencia T-124 de 2020 omitió mencionar y
aplicar dichas reglas al análisis del caso concreto, es decir, no cumplió la
carga de transparencia. En consecuencia, tampoco la de motivación. Más aún,
modificó dichas pautas, para sustituirlas por unas en las cuales se impone a
las accionantes el deber de comprobar una afectación “irrazonable
“y “desproporcionada”; de tal manera que, el juez pueda concluir que
la transgresión de los derechos es más intensa que los principios
constitucionales de autonomía de los entes territoriales y sostenibilidad
fiscal. Sobre este punto solo me queda reiterar que trasladar dichas exigencias
a Karen Liliana y Anyi Zuleimi, quienes invocan la protección al juez de tutela
es, por decir lo menos, inconstitucional.
26. Las accionantes son sujetos de especial protección, quienes
recurrieron a la acción de tutela porque se encontraron inmersas en una
situación fáctica que evidencia la necesidad de que las autoridades públicas,
tanto la Alcaldía como los jueces constitucionales, actuemos en cumplimiento de
nuestra obligación de promover “las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva” y adoptar “medidas en favor de grupos discriminados o
marginados.” (Art. 13 C.P./1991). Por ello, desde mi punto de vista,
desconoce la Constitución pretender imponerles, por vía de tutela, que sean
ellas quienes demuestren que la transgresión de sus derechos es más intensa que
la autonomía de las entidades territoriales y la sostenibilidad fiscal. Con lo
anterior, se invierten las cargas que tienen dichas autoridades; en otras
palabras, son estas las que deben demostrar que están cumpliendo con su
obligación de garantizar la faceta prestacional de los derechos a la vida
digna, a la salud y a la educación de las personas con discapacidad.
27. En suma, la Sentencia T-124 de 2020 termina por transportarnos a
una forma regresiva de aplicación de los mandatos constitucionales, que
desconoce la labor del juez constitucional como garante de los derechos
fundamentales. De ahí que considere que, pese a que terminó por conceder el
amparo a las accionantes, el camino transitado para llegar a dicha solución es
absolutamente inadecuado. No sobra, entonces, reiterar que, al apartarse del
precedente constitucional sin cumplir con las cargas argumentativas que le son
exigibles a esta Corte, las reglas propuestas por esta Sentencia no deben guiar
la solución de futuros casos análogos.
En los anteriores términos, dejo consignado mi
salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Este expediente fue seleccionado por los magistrados
Carlos Bernal Pulido y José Fernando Reyes, quienes integraron la Sala de
Selección Número Ocho.
[2] Cdno.
de revisión, fl. 142.
[3] Cdno.
de revisión, fl. 130.
[4] Cdno.
de revisión, fls. 35 a 60.
[5] Cdno. 1, fls. 10 y 11.
[6] Cdno. de revisión, fl. 130.
[7] Cdno. 1, fl. 14.
[8] Cdno. 1, fl. 12.
[9] Cdno. 1, fl. 14.
[10] Cdno. 1, fl. 16.
[11] Cdno. 1, fl. 17.
[12] Id.
[13] Cdno. de revisión, fl. 130.
[14] Cdno. de revisión, fl. 18.
[15] Cdno. de revisión, fl. 17.
[16] Cdno. de revisión, fl. 57.
[17] Cdno. de revisión, fl. 60.
[18] Cdno. 1, fls. 41 y 42.
[19] Cdno. de revisión, fl. 64.
[20] Cdno. de revisión, fl. 64.
[21] Id.
[22] Cdno. de revisión, fl. 79.
[23] Cdno. de revisión, fl. 68.
[24] Cdno. de revisión, fls. 73 a
79.
[25] Cdno. de revisión, fl. 64.
[26] Cdno. 1, fls. 1 a 3.
[27] Cdno. 1, fl. 2.
[28] Id.
[29] Cdno. 1, fl. 1.
[30] Cdno. 1, fl. 20.
[31] Cdno. 1, fl. 43.
[32] Cdno. 1, fl. 43 (reverso). De
acuerdo con la Secretaría de Educación, “las jóvenes Karen Liliana y Anyi
Zuleimi Rivas Moreno, por su diagnóstico clínico no pertenecen al sistema
educativo formal, pertenecen a un programa de esta Secretaría para la integración
social, que cuenta con beneficios taxativos”. Cdno. 1, fl. 44.
[33] Cdno. 1, fl. 44.
[34] Id.
[35] Artículo 7.
[36] Id.
[37] Cdno. 1, fl. 32.
[38] Id.
[39] Cdno. 1, fls. 39 a 42.
[40] Cdno. 1, fl. 39.
[41] Cdno. 1, fl. 40.
[42] Cdno. 1, fl. 48.
[43] Cdno. 1, fl. 48 (reverso).
[44] Cdno. 1, fl. 49.
[45] Cdno.
de revisión, fl. 103.
[46] Id.
[47] Id.
[48] Cdno. de revisión, fl. 69.
[49] Cdno.
1, fl. 55.
[50] Cdno.
1, fl. 68.
[51] Cdno. de revisión, fls. 22 al
24.
[52] El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General,
solicitó a la agente oficiosa que “aclare (…) si su solicitud de amparo es:
a) Que la Secretaría de Educación Municipal de Cali preste a las accionantes el
servicio de transporte: (i) desde su domicilio hasta Asodisvalle o (ii) desde
su domicilio hasta el lugar donde reciben procedimientos médicos, terapéuticos
o de rehabilitación. b) Que la Secretaría de Educación Municipal de Cali preste
acompañamiento permanente a las accionantes en: (i) el marco de los procesos de
los cuáles son beneficiarias en Asodisvalle; (ii) en los procedimientos
médicos, terapéuticos o de rehabilitación o (iii) en el transporte desde su
casa hasta Asodisvalle”. (Cdno. de revisión, fl. 22).
[53] El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General,
solicitó a la agente oficiosa que indicara si ha solicitado “a la Secretaría
de Educación (…) que: (i) las matricule en el sistema educativo formal; (ii)
las matricule en un programa de educación inclusiva o especial”, y de igual
forma, si ha solicitado a la Secretaría de Educación o a EMSSANAR EPS que “les
preste [a las accionantes] un servicio especial de transporte desde su
domicilio hacia Asodisvalle o les brinde un servicio de acompañamiento en el
marco de los procesos que reciben en dicha Asociación”. (Cdno. de revisión,
fl. 23). Del mismo modo, el magistrado solicitó a la Secretaría de Educación y
a EMSSANAR EPS informar “si alguna de sus dependencias ha recibido solicitud”
alguna por parte de la agente oficiosa. (Cdno. de revisión, fl. 24).
[54] El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General,
solicitó a la agente oficiosa (i) que remitiera “a este despacho
copia de las órdenes por medio de las cuales los médicos tratantes han
prescrito (…) (i) procedimientos médicos, terapéuticos o de rehabilitación;
(ii) procesos académicos especiales o de educación inclusiva, (iii) servicio de
transporte desde su domicilio hasta Asodisvalle o (iv) acompañamiento en el
marco de los procesos que reciben en dicha Asociación”. (Cdno. de revisión,
fl. 22). Igualmente, a Asodisvalle le solicitó indicar “si las accionantes
cuentan con orden médica para asistir al programa EAIS”. (Cdno. de
revisión, fl. 23). Finalmente, a EMSSANAR EPS le preguntó “si ha autorizado
o recomendado a las accionantes (i) procedimientos médicos, terapéuticos o de
rehabilitación, (ii) procesos académicos especiales o (iii) acompañamiento
terapéutico en el aula”. (Cdno. de revisión, fl. 23).
[55] El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General,
solicitó a la agente oficiosa que informara si las accionantes “cuentan
con un servicio de transporte [o] acompañamiento”. (Cdno. de
revisión, fl. 22). De igual forma, le solicitó a Asodisvalle informar “cuál
es la situación particular de las agenciadas y de las condiciones de prestación
del servicio educativo o terapéutico en la institución vinculada”. (Cdno.
de revisión, fl. 23). Finalmente, a la Secretaría de Educación le preguntó “si
las accionantes se encuentran matriculadas en algún programa de educación
formal [y] si (…) pertenecen a algún programa que brinde la entidad”.
(Cdno. de revisión, fl. 23).
[56] El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General,
solicitó a la agente oficiosa (i) que informara “cuáles son los servicios que las accionantes (…) reciben en
Asodisvalle”. (Cdno. de revisión, fl. 23). De igual
forma, le solicitó a Asodisvalle informar cuál es su “naturaleza y objeto
social. En particular, si cuenta con: (i) reconocimiento como institución
educativa formal o no formal o (ii) habilitación para prestar servicios de
salud”. (Cdno. de revisión, fl. 23). En relación con el programa EAIS, el
magistrado le solicitó a Asodisvalle informar “si el programa al que
pertenecen las accionantes: (i) está acreditado como un programa de educación
formal inclusiva, de educación especial o de carácter terapéutico, (ii) es objeto
de vigilancia o control por parte de la Secretaría de Educación Municipal de
Cali y (iii) si cuenta con apoyos por parte de la Administración Municipal”.
(Cdno. de revisión, fl. 23). Finalmente, solicitó a la Secretaría de Educación
que informara si “Asodisvalle
(i) está reconocida como una institución educativa formal o no formal, (ii)
cuenta con autorización de la Secretaría de Educación para ofrecer el programa
EAIS como uno de tipo educativo, (iii) cuenta con algún apoyo por parte de la
Secretaría de Educación Municipal, y (iv) tiene algún convenio con la
Secretaría de Educación Municipal para la prestación de servicios académicos o
terapéuticos a la población en situación de discapacidad”. (Cdno. de revisión, fl. 23).
[57] El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General,
solicitó a la agente oficiosa que informara si Asodisvalle le ha
recomendado “el servicio de acompañamiento para la permanencia de las
accionantes en el programa”. (Cdno. de revisión, fl. 23).
[58] El magistrado sustanciador, por medio de la Secretaría General,
solicitó a la Secretaría de Educación que informara si “ofrece
programas de educación inclusiva o especial a la población en situación de
discapacidad de la ciudad de Cali” (d) Cuáles son las condiciones en que
la Secretaría de Educación Municipal garantiza a los estudiantes en situación
de discapacidad (i) el servicio de transporte desde su domicilio hasta la
institución educativa, (ii) el acompañamiento en los procesos educativos y
(iii) si cuenta con algún programa especial en estos servicios para la
población en situación de discapacidad”. (Cdno. de revisión, fl. 23).
[59] Cdno. de revisión, fl. 100.
[60] Escrito del 7 de octubre de
2019. Cdno. de revisión, fls. 35 a 60.
[61] Escrito del 7 de octubre de
2019, suscrito por María Emilia Aristizábal, representante legal de Asodisvalle.
Cdno. de revisión, fls. 65 a 66.
[62] Cdno.
de revisión, fl. 54.
[63] Escrito del 7 de octubre de
2019, suscrito por Luz Elena Azcárate Sinisterra, secretaria de educación de
Cali. Cdno. de revisión, fls. 67 a 80.
[64] Cdno. de revisión, fl. 70.
[65] Escrito del 11 de octubre de
2019, suscrito por Claudia Ximena Perea Ramírez, sub-coordinadora no POS. Cdno.
de revisión, fls. 81 al 79.
[66] Cfr.
Autorizaciones de fechas 29 de enero, 7 de marzo, 3 y 24 de mayo, 4, 20 y
28 de junio, todas de 2019. Cdno. de revisión, fls. 81 al 87.
[67] La Sala Primera, por medio de la Secretaría General, solicitó a
Asodisvalle que “(i) informe sobre las características y condiciones
del programa EAIS, (ii) certifique la
fecha de vinculación y la asistencia [de las
accionantes] al referido programa, así como las jornadas en
las que asisten, el tipo de talleres que desarrollan y las actividades en las
que participan, (iii) informe las condiciones y los medios de transporte que
utilizan para asistir a este programa, (…) y, por último, (v) remita
copia de “las carpetas individuales” de estas estudiantes”.
[68] La Sala Primera, por medio de la Secretaría General, solicitó a
Asodisvalle que “informe los términos y las condiciones en las que son
beneficiarias de la prestación de acompañamiento en los procesos pedagógicos y
vocacionales”.
[69] La Sala Primera, por medio de la Secretaría General, solicitó a  EMSSANAR EPS que
“(i) remita la historia clínica de Karen Liliana y Anyi Zuleimi Rivas, junto con todas las órdenes
y prescripciones médicas, (ii) informe sobre las condiciones de movilidad de
las referidas pacientes, (iii) informe acerca de las terapias y actividades de
rehabilitación a las que asisten las referidas pacientes, (iv) informe si los médicos
adscritos a esta institución han ordenado el transporte y/o el acompañamiento
de tales pacientes en el marco de los procedimientos, actividades y terapias a
las que asisten (en caso afirmativo, deberá remitir dichas ordenes médicas; en
caso negativo, deberá explicar por qué no se han prescrito tales ordenes), (v)
informe si algún servicio o procedimiento ordenado a favor de las accionantes
por los médicos adscritos a esta EPS se ha prestado en ASODISVALLE”.
[70] La Sala Primera, por medio de la Secretaría General, solicitó a EMSSANAR EPS que “remita
copia de todas las actuaciones surtidas en el marco de la acción de tutela
promovida por las accionantes en contra de esta EPS ante el Juzgado 35 Civil
Municipal de Oralidad de Cali e (…) informe acerca del estado de cumplimiento
de las órdenes dispuestas en la sentencia de 26 de abril de 2018 proferida en
dicho proceso”.
[71] Cdno.
de revisión, fls. 129 a 133.
[72] Cdno.
de revisión, fls. 136 y 138 a 167.
[73] Cdno.
de revisión, fl. 167.
[74] Cdno.
de revisión, fl. 168.
[75] En relación con la identidad de partes, la Corte ha verificado la
identidad de partes en relación con los sujetos accionados y con los
vinculados. Así, por ejemplo, en la sentencia T-219 de 2018, la Corte constató
la configuración de la cosa juzgada constitucional, por cuanto coincidían las
entidades accionadas y vinculadas en la anterior tutela con la entidad
accionada y tres de las cuatro entidades vinculadas por el juez de instancia en
el amparo bajo su conocimiento. En efecto, la Corte verificó que se había
configurado la cosa juzgada al advertir que “ese
proceso de tutela fue iniciado por el señor David Rozo en contra de Positiva
Compañía de Seguros S.A., con vinculación de Colpensiones y Cafesalud EPS,
partes procesales que coinciden con la acción de tutela que se encuentra bajo
revisión”, en la que también había sido vinculado
un nuevo sujeto procesal, a saber, la empresa Mineros Presidente PCTA.
[76] Sentencias C-774 de 2001 y
T-219 de 2018.
[77] Id.
[78] Sentencias
T-219 de 2018, T- 427 de 2017 y T-019 de 2016.
[79] Sentencia T-219 de 2018. La Corte Constitucional ha estimado que “algunas variaciones en
las partes, los hechos o las pretensiones entre el proceso que hizo tránsito
a cosa juzgada y la nueva demanda, no necesariamente conducen a
concluir que no existe cosa juzgada, sino que se trata de un examen más
profundo, que no se basta con la coincidencia formal sino con una verificación
de la coincidencia material entre los dos procesos, a pesar de las pequeñas
diferencias”.
[80] Cdno. de revisión, fl. 47.
[81] Cdno.
de revisión, fl. 81.
[82] Cdno. de
revisión, fl. 86.
[83] Cdno. de
revisión, fl. 170 y ss.
[84] Cdno.
de revisión, fl. 87.
[85] Cdno. de
revisión, fl. 130.
[86] Id.
[87] Cdno. de revisión, fl. 47.
[88] Esto es, “sus
padecimientos de retraso mental severo con déficit motor, epilepsia, anoxia
perinatal, meningitis, retardo psicomotor, discapacidad global motor y
cognitiva, incontinencia urinaria y fecal”. (Cdno. de revisión, fls. 81 y
86).
[89] Sentencias T-750A de 2012,
T-411 de 2006, T-1238 de 2005 y T-414 de 1999.
[90] Cdno. 1, fl. 1.
[91] Cdno. 1, fl. 12.
[92] Cdno. 1, fl. 17.
[93] Cdno.
de revisión, fl. 69.
[94] Cdno. de revisión, fls. 54
(reverso) y 56.
[95] Sentencias
T-457 de 2019, T-457 de 2018, T-434 de 2018, T-546 de 2013, T-675 de 2002 y
T-108 de 2001. “En lo que atañe a los asuntos objeto de revisión,
se debe tener en cuenta que los accionantes no cuentan con otro mecanismo
judicial a través del cual se obtenga la debida protección del derecho a la
educación”.
[96] Cdno. de revisión, fl. 69.
[97] Sentencia T-091 de 2018.
[98] Sentencia T-106 de 2019.
[99] Sentencia T-434 de 2018.
[100] Sentencias T-167 de 2019,
T-106 de 2019, T-091 de 2018, T-743 de 2013, T-308 de 2011 y T-533 de 2009.
[101] Sentencia
T-743 de 2013.
[102] Comité de
Derechos Económicos y Sociales, Observación General No. 13. La Corte
Constitucional ha adoptado esta clasificación en reiterada jurisprudencia:
T-006 de 2019, T-480 de 2018, T-434 de 2018, T-091 de 2018, T-105 de 2017,
T-055 de 2017, T-008 de 2016, T-137 de 2015, T-529 de 2014, T-743 de 2013 y
T-428 de 2012, entre otras.
[103] Sentencias C-376 de 2010,
T-006 de 2019, T-207 de 2018, T-611 de 2011, T-805 de 2007 y T-550 de 2007,
entre otras.
[104] Sentencia
T-743 de 2013.
[105] Sentencias C-376 de 2010,
T-434 de 2018, T-207 de 2018, T-105 de 2017, T-097 de 2016, T-139 de 2013 y T-779
de 2011, entre otras.
[106] Id.
[107] Sentencias C-376 de 2010,
T-434 de 2018 y T-091 de 2018.
[108] Id.
[109] Id.
[110] Sentencia
T-434 de 2018.
[111] Sentencias T-480 de 2018 y
T-680 de 2017. Cfr. Sentencia T-743 de 2010.
[112] Sentencias C-376 de 2010,
T-020 de 2019, T-434 de 2018, T-137 de 2015 y T-779 de 2011, entre otras.
[113] Sentencia
T-279 de 2018.
[114] Ley 115 de 1994. Artículo
10.
[115] Ley 115 de 1994. Artículo
36.
[116] Ley 115 de 1994. Artículo
43.
[117] Sentencia
T-487 de 2007. Sobre el particular, sostuvo la Corte que “los derechos fundamentales
de la población con discapacidad como la educación o la salud no pueden verse
restringidos por el factor edad. En efecto, se trata de sujetos de especial
protección constitucional frente a quienes se tienen deberes particulares y a
quienes se les prestará la atención que requieran a fin de cumplir los mandatos
constitucionales de ‘previsión, rehabilitación e integración social’,
proveer un ámbito laboral acorde con las condiciones de salud de esta
población, ‘la formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran’, así como la educación adecuada.” Cfr. Sentencias T-465
de 2015 y T-495 de 2012.
[118] Ratificada por Colombia
mediante la Ley 1346 de 2009.
[119] Artículo 24: “Los Estados
Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de
la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo
de la vida, con miras a: Desarrollar plenamente el potencial humano y el
sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al
máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que
las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad
libre. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: a)
Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de
educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las
personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en
la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales; Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su
formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas
en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de
conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 3. Los Estados Partes
brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender
habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como
miembros de la comunidad”.
[120] Artículo 9.
[121] ONU. Observación General No. 4 de 25 de noviembre de 2016. Comité de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Párr. 9.
[122] Artículo 46.
[123] Artículo 48.
[124] Artículo
46.
[125] Artículo 10.
[126] Id.
[127] Artículo 11.
[128] Artículo 2.3.3.5.1.1.4.
[129] Subsección 5. Contratación del servicio de apoyo pedagógico.
[130] Artículo
2.3.3.5.1.1.3.
[131] Id.
Principios Generales. Soporte específico.
[132] Artículo
2.3.3.5.2.3.1 (b) 12.
[133] Artículo
2.3.3.5.2.3.4.
[134] Sentencias C-149 de 2018,
T-461 de 2018, T-620 de 1999, T-513 de 1999, T-329 de 1997, T-298 de 1994,
T-036 de 1993 y T-429 de 1992.
[135] Sentencias C-149 de 2018,
T-465 de 2015, T-791 de 2014, T-318 de 2014, T-139 de 2013 y T-974 de 2010.
[136] Sobre este particular, la Corte precisó, en la sentencia C-149 de
2018, que “[s]olo ante una circunstancia excepcional, justificada, y
razonable puede recomendarse una educación especial. Por tanto, la educación
especial puede ser una medida alternativa y excepcional que procede solo en
algunos casos y bajo ciertas condiciones que deben ser analizadas caso a caso”.
[137] Sentencia C-149 de 2018.
[138] Id.
[139] Sentencia
T-105 de 2017.
[140] Sentencia
T-304 de 2017.
[141] Artículo 2.3.3.5.1.1.2.
Oportunidad y equilibrio.
[142] Sentencia C-149 de 2018.
[143] Sentencia T-097 de 2016.
[144] Sentencia T-457 de 2018. Ver,
también, las sentencias T-537 de 2017 y T-247 de
2014.
[145] Artículo
11.2.d.
[146] Artículo 14.
[147] Artículo 2.3.3.5.2.3.4.
[148] Artículo
2.3.3.5.2.3.2.
[149] Artículo
6. Competencias de los departamentos. “Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde a los
departamentos en el sector de educación las siguientes competencias: (…) 6.2.
Competencias frente a los municipios no certificados. 6.2.1. Dirigir,
planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de
preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de
equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.
6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los
recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones,
destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del
Estado, atendiendo los criterios establecidos en la presente ley. (…) 6.2.4.
Participar con recursos propios en la financiación de los servicios
educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y
proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y
dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar gastos
permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones. 6.2.5. Mantener la
cobertura actual y propender a su ampliación. (…)  6.2.12. Organizar la
prestación y administración del servicio educativo en su jurisdicción”.
[150] Artículo
7. Competencias de los distritos y de los municipios certificados. “7.1. Dirigir, planificar y prestar
el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media,
en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en
la presente ley. 7.2. Administrar y distribuir entre los establecimientos
educativos de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema
General de Participaciones, destinados a la prestación de los servicios
educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la
presente ley y en el reglamento. (…) 7.5. Podrán participar con recursos
propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del
Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las
inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con
estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General
de Participaciones. 7.6. Mantener la actual cobertura y propender a su
ampliación. (…) 7.12. Organizar la prestación del servicio educativo en su
jurisdicción. (…)”.
[151] Artículo
8. Competencias de los municipios no certificados. “A los municipios no certificados se les asignarán las siguientes
funciones: 8.1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de
Participaciones que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la
calidad. (…) 8.3. Podrán participar con recursos propios en la financiación de
los servicios educativos a cargo del Estado y en las inversiones de
infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados por estos recursos no
podrán generar gastos permanentes para el Sistema General de Participaciones.
(…)”.
[152] Artículo 15. Destinación. “Los recursos de la
participación para educación del Sistema General de Participaciones se
destinarán a financiar la prestación del servicio
educativo atendiendo los estándares técnicos y administrativos, en las
siguientes actividades: (…) Parágrafo 2o. Una vez cubiertos los costos de
la prestación del servicio educativo, los departamentos, distritos y municipios
destinarán recursos de la participación en educación al pago de transporte
escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el
acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños pertenecientes a los
estratos más pobres. (…)”.
[153] Sentencia
T-434 de 2018.
[154] Al
respecto, la Corte sostuvo, en la sentencia T-457 de 2019, que “como una
medida para evitar la deserción del sistema educativo, las entidades
territoriales certificadas deberán gestionar los ajustes necesarios a las
condiciones de accesibilidad al transporte escolar”. De igual forma, en la
sentencia T-545 de 2016 la Corte concluyó que “no pueden dejar de resolver
efectivamente las problemáticas educativas, entre ellas la prestación del
servicio de transporte escolar, ya que esto pondría en riesgo de forma
indefinida el disfrute del derecho fundamental a la educación”. Así mismo,
la Corte concluyó, en la sentencia T-779 de 2011, que “el Estado debe
asegurar los medios necesarios para permitir el acceso de los menores a este
servicio, ya que, precisamente el acceso es una condición indispensable para la
efectividad del derecho”. Cfr. T-116 de 2019, T-457 de 2018, T-434
de 2018, T-008 de 2016, T-465 de 2015, entre otras.
[155] Sentencias
T-457 de 2018 y T-545 de 2016.
[156] Sentencia
T-457 de 2018.
[157] Sentencia
T-434 de 2018.
[158] Sentencia
T-457 de 2018.
[159] Sobre el
particular, la Corte concluyó, en la sentencia T- 247 de 2014, que “el
transporte escolar es un elemento necesario para garantizar la accesibilidad a
la educación en nuestro país (…) la garantía de acceso al servicio implica el
asegurar que los estudiantes en atención a sus condiciones físicas, económicas
y sociales, puedan ingresar al sistema educativo y permanecer en el”. Cfr.
T-457 de 2018 y T-434 de 2018.
[160] Sentencias
T-457 de 2018, T-434 de 2018, T-008 de 2016, T-458 de 2013 y T-690 de 2012.
[161] Sentencias
T-457 de 2019, T-545 de 2016 y T-465 de 2015.
[162] Sentencia
T-457 de 2019.
[163] Sentencias
C-035 de 2005, T-091 de 2018 y T-043 de 2007, entre otras.
[164] Id.
[165] Sentencias
T-826 de 2004 y T-920 de 2000.
[166] Sentencia
T-984 de 2007.
[167] Sentencia
T-304 de 2017.
[168] Sobre el
particular, la Corte concluyó, en la sentencia T- 247 de 2014, que “el
transporte escolar es un elemento necesario para garantizar la accesibilidad a
la educación en nuestro país (…) la garantía de acceso al servicio implica el
asegurar que los estudiantes en atención a sus condiciones físicas, económicas
y sociales, puedan ingresar al sistema educativo y permanecer en el”. Cfr.
T-457 de 2018 y T-434 de 2018.
[169] Sentencia
T-376 de 2019.
[170] Cdno.
1, fl. 1.
[171] Cdno.
de revisión, fl. 70.
[172] Id.
[173] Cdno. de revisión, fl. 44.
[174] Cdno. 1, fl. 44.
[175] Id.
[176] Cdno.
de revisión, fl. 68.
[177] Id.
[178] Cdno.
de revisión, fl. 73.
[179] Cdno. 1,
fl. 1.
[180] Cdno. 1,
fls. 10 a 11.
[181] Cdno. de
revisión, fl. 130.
[182] Cdno. 1,
fl, 12. Diagnóstico correspondiente a Anyi Zuleimi Rivas Moreno.
[183] Cdno. de
revisión, fl. 130.
[184] Id.
[185] Cdno. 1,
fl. 17.
[186] Cdno. 1,
fl. 12.
[187] Cdno.
de revisión, fl. 62.
[188] Cdno.
de revisión, fl. 54.
[189] Cdno.
1, fl. 12.
[190] Cdno. de revisión, fl. 18.
[191] Cdno. de revisión, fl. 17.
[192] Cdno. de
revisión, fl. 57.
[193] Cdno. de
revisión, fl. 60.
[194] Cdno. 1, fl. 2.
[195] Id.
[196] Cdno.
de revisión, fls. 136 y 138 a 167.
[197] Cdno.
de revisión, fls. 157 y ss.
[198] Cdno. 1,
fl, 12. Diagnostico correspondiente a Anyi Zuleimi Rivas Moreno.
[199] Cdno. de
revisión, fl. 130.
[200] Sentencia
T-826 de 2004.
[201] Cdno.
de revisión, fl. 62.
[202] Id.
[203] Acuerdo PCSJA2011517 de 15 de marzo de
2020, Acuerdo PCSJA20-11518 de 16 de marzo de 2020, Acuerdo PCSJA20-11519 de 16 de marzo
de 2020, Acuerdo PCSJA2011521
de 19 de marzo de 2020, Acuerdo PCSJA2011526 de 22 de marzo de 2020.
[204] Acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril
de 2020.
[205] Corte
Constitucional. Auto 121 de 2020.
[206] Poner título a los salvamentos y aclaraciones
de voto es una práctica instaurada por el Magistrado Ciro Angarita Barón.
[207] Es más, debido a la naturaleza misma de las
normas constitucionales, amplia e indeterminada, resulta irrazonable proponer
que la exigibilidad del reconocimiento de la pretensión de las accionantes
estuviera consagrada en esos “precisos términos” en la Constitución de
1991. Aceptar esta tesis supondría desconocer la esencia propia de nuestra
Carta Política, y la amplia jurisprudencia de esta Corporación, que ha ordenado
la satisfacción de las pretensiones de los accionantes, en torno a derechos
fundamentales innominados como al mínimo vital, al acceso al agua potable para
consumo humano, el derecho a morir dignamente, entre otros.
[208] La
jurisprudencia constitucional ha insistido en que la igualdad tiene naturaleza
de derecho fundamental, de principio y de valor. Al respecto, se puede
consultar la Sentencia C-1287 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SPV.
Jaime Araujo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra. Desde los primeros pronunciamientos de esta Corporación, se
comprendió su relación inescindible con el Estado Social de Derecho, “[e]n
otras palabras la igualdad formal es al Estado formal de derecho lo que la
efectividad de la igualdad material es al Estado social de derecho.” (Sentencia
C-530 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[209] Sobre el
particular, desde el inicio de su jurisprudencia, esta Corporación dijo en la
Sentencia C-530 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) que “… se
pretende que, por lo menos en lo que se refiere a la primacía de los derechos
fundamentales (artículo 5°), la igualdad no se limite al reconocimiento formal
por parte del ordenamiento jurídico, sino a la efectiva realización de la misma
en el terreno fáctico, es decir a la igualdad sustancial. Se pasa entonces al
terreno del telos o finalidad que persigue el Estado, asunto que rebasa la
noción de igualdad formal como derecho, entendida como facultad radicada en
cabeza de las personas de exigir un trato igual por parte de las autoridades.”
[210] La Sentencia C-530 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) explica
que el derecho fundamental a la igualdad es “típicamente relacional”, lo
que significa que su vulneración se proyecta “sobre algún
campo material concreto: no se viola la igualdad en abstracto, sino en relación
con el acceso a los cargos públicos, la libertad de residencia, de circulación
o de religión, para poner unos ejemplos.”
[211] Corte
Constitucional, Sentencia T-487 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En
esta decisión, se reiteró lo afirmado en la Sentencia C-401 de 2003. M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[212] Corte
Constitucional, Sentencia T-406 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.
[213] Corte Constitucional, Sentencia T-1094 de 2008.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Ver también Sentencias T-298 de 2008. MP.
Jaime Córdoba Triviño y T-267 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao.
[214] Al respecto
se pueden consultar las sentencias T-595
de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-372 de 2011. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; C-486 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; C-115 de
2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-276 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta
Gómez (e); C-046 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; C-046 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortíz Delgado; y T-030 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera, entre
muchas otras.
[215] Sentencia
T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa. S.P.V. Mauricio González
Cuervo. En esta, la Corte resolvió nueve expedientes de tutela de acciones de
tutela instauradas por personas privadas de la libertad, debido a las
condiciones indignas e inhumanas de reclusión, en las cárceles de Cúcuta, la
Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro
de Popayán, y la de Barrancabermeja por la vulneración de los derechos a la
dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización, en especial, por
el grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones. La Corte concluyó que
el Sistema penitenciario y carcelario se encontraba nuevamente en un estado de
cosas inconstitucional, entre otras cosas, por una ausencia notoria de medidas
legislativas, administrativas y presupuestales que se requieren con urgencia
para aliviar la situación de vulneración de derechos en el Sistema
penitenciario; así como una ausencia de coordinación de entidades llamadas a
solventar la problemática. En particular, la Sala de Revisión consideró que en
los casos en que las facetas prestacionales de un derecho fundamental sean de
carácter progresivo “las personas tienen, por lo menos, el derecho
constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar
progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y
con espacios de participación en sus diferentes etapas, que, en efecto, se esté
implementando”. En consecuencia, ordenó al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC, que convoque al Consejo
Superior de Política Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y
necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y
carcelario, teniendo en cuenta parámetros de estructura, proceso y resultado,
en el planteamiento de la política de intervención.
[216] Corte Constitucional, Sentencia C-530 de 1993. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. En este mismo sentido, las sentencias C-093 de 2001. M.P.
Alejandro Martínez Caballero; C-673 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
y, más recientemente, C-520 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa, se han
referido a la razonabilidad.
[217] Corte
Constitucional, Sentencia C-530 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[218] De manera similar, este tema fue expuesto en los salvamentos parciales de voto a las sentencias T-027
de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido, T-091 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido y
T-461 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[219] Sentencia
T-984 de 2007.
[220] Sentencia
T-304 de 2017.
[221] Sobre el
particular, la Corte concluyó, en la sentencia T- 247 de 2014, que “el
transporte escolar es un elemento necesario para garantizar la accesibilidad a
la educación en nuestro país (…) la garantía de acceso al servicio implica el
asegurar que los estudiantes en atención a sus condiciones físicas, económicas
y sociales, puedan ingresar al sistema educativo y permanecer en el”. Cfr.
T-457 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo  y T-434 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado. S.P. V. José Fernando Reyes Cuartas.
[222] Sentencia
T-376 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. A.V. José Fernando Reyes
Cuartas.
[223] Al respecto sostuvo: “Es éste el verdadero fundamento por el
cual en el caso de las personas con discapacidades no resultan aplicables los
límites ordinarios de edad en materia de educación, pues este servicio, al cual
es preciso comprender no sólo bajo el haz de su dimensión académica sino dentro
de una perspectiva más compleja en el cual sean atendidas las diferentes
facetas que participan en el proceso educativo de los Ciudadanos, pretende
fines específicos que difieren de manera considerable, en una distinción de
grado, en el caso de las personas con necesidades educativas especiales. En
este escenario el intercambio social adquiere una notable importancia pues
resulta indispensable para alcanzar el más alto aprovechamiento de las
facultades de estas personas y, en tal sentido, para asegurar el mejor
desarrollo de sus libertades. Como fue anotado en sentencia T-826 de 2004, en
estos casos la instrucción escolar “no está únicamente relacionada con el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes de la
cultura, sino que de ella depende la posibilidad de una verdadera integración
de estas personas en la sociedad”. Si bien en todos los casos uno de los
fines primordiales de la educación consiste en facilitar la integración social
de los estudiantes y promover el desarrollo de las facultades sociales
necesarias para la vida en sociedad; cuando se trata de personas con
discapacidad dicho propósito adquiere trascendental importancia, razón por la
cual puede eventualmente desplazar otros objetivos, en la medida en que la
consecución de estos últimos se encuentra subordinada a la realización de
aquel.” Sentencia T-984 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[224] Definición
de la Real Academia Española.
[225] La
Convención fue aprobada en el ámbito interno mediante la Ley 1346 de 2009, revisada
por esta Corte a través de la Sentencia C-293 de 2010. M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[226] Sobre el
nuevo marco de protección a las personas en condición de discapacidad, pueden
ser consultadas las sentencias T-573 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-468 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera y T-495 de 2018. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas. Aunque estas providencias no resolvieron casos sobre el derecho
a la educación, incluyen una amplia y exhaustiva explicación sobre los
antecedentes de la Convención y el cambio de paradigma que esta supuso para la
garantía del derecho a la dignidad humana de las personas con discapacidad.
[227] En este
punto cabe hacer referencia al énfasis especial que hace la Convención y sus
órganos de control e interpretación de la misma, a que sus disposiciones no son
un catálogo nuevo de derechos cuyos titulares son únicamente las personas con
discapacidad. “En lugar de ello, el instrumento internacional se propuso
aclarar las obligaciones que vinculan al Estado con la creación de un entorno
propicio para realizar, frente a ellas, los derechos civiles, culturales,
económicos y sociales predicables de todos los seres humanos”. Sentencia T- 573
de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[228] Corte
Constitucional, Sentencia T-487 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En
esta decisión, se resolvió el siguiente problema jurídico: ¿La suspensión del
beneficio de educación especial a una persona con discapacidad, por haber
alcanzado la mayoría de edad, vulnera sus derechos fundamentales al traer como
consecuencia la interrupción en la prestación de dicho servicio, al igual que
en su proceso de habilitación laboral?
[229] Corte
Constitucional, Sentencia T-465 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En
este pronunciamiento, se abordó el siguiente problema jurídico: ¿La Alcaldía
Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría
Distrital de Educación vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al
mínimo vital y la vida digna de los hijos de los accionantes, quienes son
mayores de edad y padecen de discapacidad cognitiva, al haberles negado la
solicitud de cupo en una institución especial de formación en un arte u oficio
para personas en situación de discapacidad, bajo el argumento de que dichas
entidades no son las 'encargadas de prestar servicios de esa naturaleza?
[230] Corte
Constitucional, Sentencia T-116 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En
esta Sentencia, se planteó el siguiente problema jurídico: “si el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad
Empresarial SENA-Girardot vulnera los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y no discriminación de José Leonardo Barrero Hernández, quien tiene un
diagnóstico de ‘retraso mental moderado’, al no
realizar las acciones pertinentes y necesarias para garantizar que termine su
etapa práctica como ‘Técnico en Asistencia Administrativa’ y así obtener el
certificado que lo acredite como tal.”