T-232-17
Sentencia
T-232/17
DERECHOS DEL INTERNO-Relación de especial sujeción
entre el Estado y las personas privadas de la libertad
Frente a la
administración, el preso se encuentra en una relación especial de sujeción que
corresponde a una política pública diseñada, implementada y dirigida por el
Estado, pero con derechos y deberes en cabeza de ambas partes. Los presos no
tienen derechos de menor categoría; tienen derechos suspendidos y cuando esto
no sucede, es decir cuando la pena impuesta no se encuentra en contradicción
con el ejercicio de un derecho, este debe ser tan protegido y respetado como el
de cualquier otra persona.
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Goce efectivo de los derechos fundamentales en prisión, indicador
de la importancia real de la dignidad humana
HACINAMIENTO CARCELARIO-Principal problema del sistema
penitenciario y carcelario, del cual se derivan muchos otros que afectan el
proceso de resocialización y el respeto por la dignidad humana
RELACIONES DE ESPECIAL
SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas privadas de la libertad
DERECHOS DEL INTERNO-Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Condiciones que deben cumplir las celdas y espacios comunes para
que la estadía en centro de reclusión sea digna
DERECHOS FUNDAMENTALES DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Suministro de agua potable en condiciones de disponibilidad,
calidad y accesibilidad es una obligación estatal de imperativo cumplimiento
NIVELES MINIMOS ESENCIALES DE
SUMINISTRO DE AGUA PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Parámetros fijados por la CIDH
establece mínimo de 13 a 15 litros de agua por persona siempre que las
instalaciones estén funcionando adecuadamente
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por hacinamiento carcelario y falta de salubridad al
interior de los establecimientos carcelarios
Las autoridades demandadas desconocieron los derechos a la vida en
condiciones dignas de los accionantes, al no contar en las celdas con los
espacios adecuados, permanecer en situación de hacinamiento general y, no
suministrarles el mínimo de agua potable.
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden a autoridades iniciar el diseño de un Plan de Mejoramiento
Integral del centro carcelario accionado, dirigido a realizar el diagnóstico y
las estrategias para superar el problema de hacinamiento del penal
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden al INPEC garantizar el mínimo de espacio al interior de las
celdas en situaciones esporádicas y transitorias, que permitan a los reclusos
contar con un espacio individual y/o general adecuado
Referencia: Expediente T-5976343
Acción de tutela
presentada por José David Villa Aguirre y otros contra el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal con vinculación oficiosa de la
Dirección General del INPEC, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- y la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos
mil diecisiete (2017).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa,
Alejandro Linares Cantillo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido, en primera instancia, por el Juzgado Segundo (2º) de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Yopal, Casanare, el tres (3) de octubre de dos mil dieciséis (2016), y en segunda
instancia, por la Sala Única de Decisión del Tribunal
Superior de Yopal,  el dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), dentro de la acción de tutela promovida por José David Villa y
otros[1]
contra el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal con
vinculación oficiosa de la Dirección General del INPEC, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios-USPEC- y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por medio de auto del catorce (14) de febrero de dos
mil diecisiete (2017), proferido por la Sala de Selección Número Dos.
I. ANTECEDENTES
El diecinueve (19) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), el señor José David Villa junto con otros reclusos
presentaron acción de tutela en nombre propio reclamando
la defensa de su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. Consideran que la autoridad accionada afectó estos bienes
constitucionales debido a que en el Pabellón Cuatro (4) del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal, Casanare -en adelante, EPC Yopal-
(i) su estadía -acomodación, así como la posibilidad de desplazamiento en las
celdas y el patio- es insoportable, debido al hacinamiento; y (ii) la
prestación del servicio de agua potable es discontinua.
1. Hechos
1.1. Los solicitantes[2] se encuentran recluidos
en el Patio 4 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Yopal[3],
Casanare, integrado por 286 internos[4],
espacio que fue diseñado para ser ocupado por 162 internos.
1.2. Afirmaron que, frente a la petición
elevada ante la dirección del penal solicitando “celdas abiertas – motivo de
hacinamiento”[5],
esta informó que “(…) no es viable teniendo en cuenta el régimen interno
establecido y aprobado para el EPC Yopal que determinó en su capítulo II. De
los espacios destinados a los internos y sus reglas. Artículo 52. Apertura y
cierre de celdas. En los pabellones, los internos no permanecerán en sus celdas
durante el día; ingresarán en ellas cuando sea la hora de la recogida o de la
encerrada, debiendo cerrarse la reja de cada una de ellas hasta el día
siguiente. En caso de enfermedad o de aplicación de medida incontinenti, el
interno será conducido al área de sanidad y luego a la Unidad de Tratamiento
Especial (…)”[6].
1.2.1. Precisaron que las celdas que fueron
hechas para albergar 4 personas pero en la actualidad se encuentran 7 internos,
“[d]urmiendo en el suelo al lado del sanitario del baño de la celda,
[también en] el paso de los otros compañeros, [donde] el espacio que tenemos
para dormir 3 personas es de 1 metro con 20 centímetros de ancho, por 2 metros
con 80 centímetros de largo para acomodar 3 colchonetas en este espacio no
caben, ya que cada colchoneta mide aproximadamente 90 centímetros de ancho por
1 metro con 90 centímetros de largo, prácticamente dormimos uno sobre otro y no
alcansamos (sic) a consiliar (sic) bien el sueño”[7].
Relató que esa situación se torna
insoportable si se tiene en cuenta el clima de la región “[n]os toca colgar
macas (sic) para medio acomodarnos en las celdas y haci (sic) tratar de
consiliar (sic) el sueño, porque el calor que se siente en las celdas con 7
personas es insoportable, muchas veces poniendo la convivencia en un grado de
filo de navaja, ya que al más mínimo roce cualquiera de los compañeros se
desestabiliza por el espacio tan incómodo y reducido en el cual habitamos, las
condiciones de nosotros los internos del EPC Yopal son absolutamente
infrahumanas, indigna (…) no es vida para un ser humano, independiente de
cualquiera que sea su condición personal”[8].
1.2.2. En cuanto al patio del Pabellón 4,
señalaron que “la estructura del patio es muy reducida para el número de
internos que abitamos (sic) en dicho patio, no tenemos espacio para descansar
ni para transitar en el mismo patio por la sobrepoblación que, cuando nos
reparten el alimento nos toca comer en el suelo porque las 9 mesas que existen
para comer no es (sic) suficientes para el número de personal que habitamos,
contamos con un solo lavadero en el patio”[9].
1.3. Destacaron que el suministro de agua
dentro del Patio 4, debido a los problemas que se han presentado con los
tanques[10]
que abastecen del líquido el penal[11],
“es muy reducido para el personal de internos (286), (…) [ya que] el
servicio del agua en las celdas dura 10 minutos, tiempo insuficiente para
satisfacer nuestras necesidades (…) para ducharnos nos toca casi bañarnos uno
encima del otro”[12].
En efecto, la situación de abastecimiento
es crítica pues han tenido que recurrir a la colaboración de la Empresa de
Acueducto de Yopal para que suministre de agua el penal en varias ocasiones[13].
1.4. Con fundamento en lo anterior, acuden
al mecanismo constitucional solicitando que se amparen sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas y, en consecuencia, se adopten las
siguientes órdenes: (i) Frente al problema de hacinamiento: (a) alojamiento en
condiciones dignas, y (b) el cierre del establecimiento “para que no reciba
más internos de traslados y así bajar el nivel de hacinamiento en el penal”[14], y (ii) se solucione
el problema de abastecimiento de agua que aqueja al penal.
2. Respuesta de la entidad accionada y de las
vinculadas de oficio
Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Segundo (2º) de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, Casanare,
el diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)[15], el despacho ordenó
notificar a la entidad accionada para que ejerciera el derecho de defensa y
contradicción. De igual forma, ordenó vincular oficiosamente al Instituto
Penitenciario y Carcelario – INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC, para que se pronunciaran sobre los hechos objeto de
debate.
2.1. Instituto Penitenciario
y Carcelario – INPEC
El Coordinador del Grupo de Tutelas de la Dirección General
del Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC dio contestación al
requerimiento judicial[16].
Indicó que el hacinamiento “es una problemática que ante todo compete al
Estado en su conjunto, puesto que involucra al Gobierno Nacional, a los
gobiernos regionales y locales, al Congreso de la República quien señala las
conductas punibles, al Consejo Nacional de Política Criminal”[17].
Manifestó que el establecimiento penitenciario de Yopal alberga 1039 condenados
y 241 sindicados, para un total de 1280 internos. Que originalmente, estaba
diseñado para 868 reclusos “por lo que se evidencia que la sobrepoblación
actual es del 47,5%”[18].
Destacó que el INPEC regula el cumplimiento de las medidas
de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad y las
medidas de seguridad, así como garantía el orden, la seguridad, la disciplina y
los programas de resocialización en todos los centros penitenciarios.
Afirmó que, a la USPEC, conforme con lo dispuesto en el
Decreto Ley 4150 de 2011, le corresponde lo relacionado con la construcción,
ampliación de cupos, adecuación y refacción de la infraestructura de los
establecimientos de reclusión.
Por último, aseveró que la única autoridad a quien le se
atribuyó la facultad de ordenar los traslados de internos condenados es al
Director General de INPEC, por lo que el juez de tutela no tiene la potestad de
ordenar traslados masivos hacia otros centros penitenciarios.
2.2. Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal
El Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Mediana Seguridad de Yopal contestó la demanda de tutela[19].
Informó que el establecimiento cuenta con un índice de hacinamiento de más del
50% “situación que es generalizada en todos los establecimientos de
reclusión del país (…) [que] no depende de la dirección del establecimiento,
pues de acuerdo a lo referido en diferentes pronunciamientos la población en
los (ERON) Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional, se ha convertido en
una política de Estado donde se requiere la intervención de diferentes
entidades para el diseño de una política criminal que permita el mejoramiento
de esta situación”[20].
Advirtió que el EPC Yopal cuenta con “1373 internos con
una capacidad instalada de 918 y 178 por patio, en cuanto a la cantidad de
internos del patio número 4 se pudo establecer que se cuenta con un total de
265 internos”[21].
Comentó que los alojamientos de la población reclusa “se
ajustan en cuanto a ventilación e infraestructura para la reclusión de personas
esto de acuerdo a normas internacionales”, no obstante existir
sobrepoblación en el penal. Además, señaló que trimestralmente ha hecho entrega
de kits de aseo, así como el suministro de “alimentación, servicios de salud
y demás”[22].
Finalmente, destacó en cuanto al suministro de agua que “si
bien es cierto que la Planta de Tratamiento de Agua Potable se encuentra
funcionando al 40% de su capacidad, también es cierto que el mantenimiento y
demás requerimientos presupuestales no dependen del EPC Yopal sino de la USPEC”[23].
2.3. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -
USPEC
El jefe de la oficina asesora jurídica la USPEC solicitó su
desvinculación a la acción de tutela, al considerar que no es competente tal
entidad frente al ingreso de internos al centro de reclusión, puesto que le corresponde
(i) respecto de la efectividad de las providencias judiciales, al Director
General del INPEC, directores regionales y a los directores de los
establecimientos; (ii) en cuanto a la fijación de establecimiento y el traslado
de internos al Director General del INPEC.
3. Decisiones que se
revisan
3.1.
Decisión de primera instancia
El Juzgado Segundo (2º) de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal (Casanare), mediante fallo
de tres (3) de octubre de dos mil dieciséis (2016), concedió el amparo invocado[24].
En consecuencia, ordenó a la USPEC y al establecimiento penitenciario que: (i) dentro
del mes siguiente a la notificación de la providencia: a. dispusieran “todo
lo necesario para que (…) todas las baterías sanitarias o retretes existentes
en el EPC Yopal se encuentren en perfecto estado de funcionamiento”[25];
b. adoptaran “las medidas provisionales necesarias para garantizar a los
internos del penal agua suficiente que les permita mantener aseados los baños,
y en general, satisfacer sus necesidades básicas y de aseo, en una cantidad
mínima para cada uno de los reclusos”[26];
c. realizaran “las gestiones y/o actividades necesarias para que
provisionalmente mejore la ventilación dentro de las celdas de cada uno de los
pabellones del EPC Yopal”[27];
(ii) dentro del mes siguiente a la notificación de la providencia adoptara las
medidas “necesarias para que, de ser posible, los internos del penal puedan
disponer de agua en forma permanente o al menos, se restablezca el suministro
de agua en cantidades suficientes para que puedan satisfacer sus necesidades
básicas y de aseo”[28];
(iii) dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la
providencia adoptara las medidas “necesarias para que en las celdas de cada
uno de los pabellones del penal exista una ventilación adecuada de acuerdo a
las condiciones del clima predominante de esta región, teniendo en cuenta la
cantidad de presos que se albergan en ellos”[29].
Para ello consideró que: (i) el suministro de agua a los
reclusos del establecimiento penitenciario era “escaso” y destacó que “si
el EPC Yopal tuviese disponibilidad permanente de agua y los retretes
existentes estuvieran funcionando normalmente, no se presentarían dificultades
para que los internos pudiesen satisfacer sus necesidades fisiológicas y de
aseo, ya que podrían por turnos y de manera ordenada acceder a los servicios de
baños y duchas”[30];
y (ii) la ventilación al interior de las celdas era deficientes, debido a que
estos lugares que “habían sido diseñados para cuatro personas, ahora están
siendo habitadas por seis o siete personas (…) situación que hace insoportable
para los internos las horas de encierro en las celdas”[31].
3.2.
Escritos de impugnación
3.2.1. Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC
El Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC,
inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, presentó impugnación[32].
Para ello, manifestó que “el INPEC reporta a la USPEC las necesidades de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios en cuanto infraestructura, bienes
y servicios de su competencia y luego establece prioridades, conforme al
presupuesto asignado”[33].
En cuanto a las intervenciones efectuadas sobre el establecimiento
penitenciario de Yopal, se refirió a los convenios y contratos de (i)
mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general
y del área de sanidad del penal[34];
y (ii) mantenimiento y operación de los sistemas de captación, tratamiento y
almacenamiento de agua potable[35]
así como de la planta de tratamiento del agua residual[36].
Por último, destacó que, en
cuanto a la frecuencia del suministro de agua, le corresponde al Director del Establecimiento
Penitenciario de Yopal dicha determinación.
3.2.2. Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal
El Director del Establecimiento Penitenciario
de Yopal impugnó el fallo proferido por el juez de tutela de primera instancia[37]. Comentó
que revisados los registros del penal estableció que, respecto de las baterías
sanitarias, en inspección efectuada por el jefe de mantenimiento y una funcionaria
del Plan Integral de Gestión Ambiental -PIGA- “se encuentra operando con
normalidad a excepción del patio No. 02 el cual presenta en los sanitarios del
segundo piso falencias en el sistema de descarga no por taponamiento, sino por
baja presión en la descarga”[38].
En cuanto al suministro de agua al
interior del penal cuenta con “un sistema de abastecimiento de agua autónoma
(PTAP) Planta de tratamiento de agua potable, el cual se surte de dos (02)
pozos de agua profundos de los cuales tan solo se encuentra (01) funcionando al
50% de su capacidad. Según cálculos, se está captando un total de 345.600
litros diarios los cuales son almacenados en dos tanques y desde ahí son
bombeados a cada uno de los pabellones del establecimiento en un horario establecido
mediante oficio No. 679 del 01 de agosto de 2016, emitido por la dirección del
establecimiento y reacondicionado para las áreas administrativas y alojamientos
del cuerpo de custodia y vigilancia mediante oficio 04 del 27 de septiembre de
2016, suscrito por el Jefe de mantenimiento y PIGA del EPC Yopal ”[39]. Destacó
que “diariamente se le suministra agua a cada pabellón durante 02 horas y 15
minutos, aunado a lo anterior se ha gestionado con la Empresa de Servicios Públicos
y alcantarillados de la ciudad el suministro de agua en carro tanques con el
fin de mantener los niveles de los tanques”[40].
Señaló que además ha solicitado en repetidas ocasiones a la USPEC que de
manera urgente intervenga el pozo que se encuentra colapsado y se realice el
mantenimiento preventivo y correctivo de pozo que se encuentra en uso antes de
que colapse totalmente.
Asimismo, manifestó que la funcionaria
del PIGA el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) “realizó la entrega
de cinco (05) canecas por patios con capacidad de 150 litros, para disposición
de residuos sólidos y almacenamiento de agua temporal”[41] y
en mayo veintitrés (23) de dos mil dieciséis “entregó canecas plásticas con
capacidad de 150 litros destinadas específicamente para el almacenamiento de
agua, dando cumplimiento al fallo de tutela [2016-00263 proferida por el
Juzgado Primero (1º) Administrativo de Yopal]”[42] en las
siguientes cantidades: para el Patio Uno (1), dos (2) canecas; Patio Dos (2),
tres (3); Patio Tres (3), dos (2); Patio Cuatro (4), dos (2) y  para el “PATIO
UME”[43],
dos (2) canecas. Agregó que “en cada patio se tienen para almacenamiento de
agua tanques de 1000 litros y en cada celda recipientes de 20 litros, para
suplir las necesidades de los internos en el horario en el que permanecen en
las celdas, esto para abastecimiento de agua adicional al suministro de agua
que se brinda en estos horarios establecidos”.
De igual manera, informó que “el
establecimiento penitenciario cuenta con un reservorio de aguas lluvias al cual
le fueron realizados análisis físicos químicos y microbiológicos, para conocer
sus condiciones actuales y se le realizaron pruebas de tratabilidad, para
conocer con seguridad si este espejo de agua se podría utilizar para la
potabilización y así suplir medianamente la problemática del EPC, los análisis
indicaron que puede ser tratada en la planta ajustando los parámetros de
dosificación correspondientes, pero que los niveles de captación dependen
exclusivamente de la pluviosidad. Se estima que para la semana comprendida
entre el 18 y el 21 de octubre de los corrientes se inicie la captación en el
sitio para iniciar el proceso de potabilización”[44].
Finalmente, informó que los internos no
habían elevado queja acerca de la ventilación de las celdas. Por lo demás,
afirmó que “la ventilación que tiene cada celda es suficiente (…) las celdas
fueron construidas bajo normas de infraestructura internacional para albergar
personas privadas de la libertad, por tanto cuentan con rejillas de ventilación
adecuadas para las condiciones climáticas de la región, en cuanto al
planteamiento de modificar la infraestructura de las celdas es de recordar que
el establecimiento tiene la competencia para realizar este tipo de
modificaciones lo anterior teniendo en cuenta que se encuentra en cabeza de la
(…) USPEC y el fondo de infraestructura. Aunado a lo anterior, es pertinente
indicar que las celdas no cuentan con instalaciones eléctricas en su interior,
esto es con el fin de minimizar el consumo de energía y en atención a
situaciones de seguridad, esto en virtud a que, de acuerdo con casos presentados,
los internos utilizan estas conexiones para electrificar las celdas o como
focos de incendios, además de incrementar de manera desproporcionada el consumo
de energía”[45].
3.3.    Decisión de segunda instancia
En sentencia de dos (2) de noviembre
de dos mil dieciséis (2016)[46],
la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de Yopal revocó el fallo
impugnado y, en su lugar, negó el amparo.
Para ello, sostuvo que el
establecimiento penitenciario no estaba negando el acceso al agua potable, sino
que reglamentaba su uso “tratando de que se utilice de manera responsable,
ya que es además un servicio que cubre patrimonialmente el Estado”[47].
Estimó que la orden dada por el juez de primera instancia relacionada con el
suministro de manera permanente es desproporcionada y desconocedora del derecho
al agua de los reclusos de los otros patios.
Indicó, de igual forma, que “[h]ay
ciertamente deficiencias que se necesitan corregir, tales como el
funcionamiento de las duchas y la construcción de letrinas suficientes lo que
se supone debe hacerse en la efectivizarían (sic) de los contratos celebrados
por la USPEC, pero debe igualmente tenerse en cuenta que en ello también incide
la situación de hacinamiento que registra, al igual que todas las cárceles del
país, la accionada”[48].
Estimó que: “[e]n cuanto a la
implementación de planes de mejoramiento del suministro de agua, de
infraestructura y de la del patio 2 (sic), no solo corresponde a decisiones
administrativas, propias del ejecutivo dada su evidente relación con aspectos
presupuestales, sino que, en sentir de la Sala, no son propias de la acción de
tutela, además que el seguimiento a las órdenes resulta imposible por su grado
de abstracción”[49].
Finalmente, señaló respecto de
la ventilación de las celdas que “se trata de una orden completamente
abierta y que no se corresponde con las respuestas dadas por las accionadas (…)
no se ve cuáles podrían ser esas ‘medidas necesarias’ (…) Lo único posible
sería limitarlas en cuanto al número de internos, pero eso lleva a la génesis
del problema: el hacinamiento, y sobre el cual no se da orden alguna, porque
objetivamente está visto que no es un problema local sino nacional, que
ciertamente no puede ser manejado mediante este excepcional mecanismo”[50].
4.
Actuaciones surtidas en sede de revisión
4.1. Por medio de auto de
fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la Sala Primera de
Revisión vinculó a estas diligencias al Ministerio de Justicia y del Derecho,
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal y la Defensoría del Pueblo
(regional Casanare) para que ejercieran su derecho de contradicción al existir
elementos de juicio en los que se determinaba que podrían verse afectados sus
intereses.
Igualmente, de
manera oficiosa, solicitó las siguientes pruebas:
- Al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal,
para  que precisara (i) la composición del penal (pabellones, celdas y patios),
su capacidad original, la población actual, la acomodación de los internos y
los horarios de permanencia en celdas y patios; (ii) el suministro de agua en
el penal, para lo cual debía precisar el método de abastecimiento, cantidad de
agua captada, horarios de suministro, fallas en el sistema y solicitudes de
mantenimiento y reparación a la USPEC; (iii) los servicios hidrosanitarios que
se encuentran en cada uno de los pabellones que componen el penal, el estado de
los mismos y solicitudes de instalación y mantenimiento de los mismos a la
USPEC.
- A la Unidad de Servicios Penitenciarios – USPEC, con
el fin de que indicara (i) si había efectuado mantenimiento
o mejoramiento del sistema de captación de agua del EPC Yopal; (ii) si había
realizado mantenimiento y/o instalación de elementos hidrosanitarios en el EPC
Yopal.
- A la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para que
informara sobre de la potabilidad del agua advirtiendo, si a ello había lugar,
de requerimientos del EPC Yopal respecto de abastecimiento de agua al penal
indicando la frecuencia y las cantidades diarias suministradas.
4.2. Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad de Yopal
El director del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal dio respuesta al
cuestionario planteado.
4.2.1. Explicó[51] que el penal se divide
en 3 sectores: sindicados, condenados y de mínima seguridad. En un comienzo, el
sector de sindicados estaba compuesto por los Pabellones 1 y 2 y por las
Unidades de Medidas Especiales y de Tratamiento Especial para los sindicados -UME
y UTE-; el de condenados por los Pabellones 3 y 4 así como UME y UTE para los
condenados; y el sector de mínima seguridad por el Pabellón 5.
Posteriormente, según lo afirmado por las
directivas del establecimiento, la UME de los condenados pasó a ser la zona de
reclusión de mujeres “A” y la UTE de los condenados para “la población
vulnerable como adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad”,
que fue denominado Pabellón 6.
Ante la sobreocupación del ala “A” de
reclusión de mujeres, el espacio que fue destinado al Patio 6 -antes UTE de
condenados- se convirtió en el ala “B” de reclusión de mujeres y el Pabellón 6
fue trasladado a la UTE de sindicados, quedando 4 celdas de ese lugar destinada
a tratamientos especiales.
Finalmente, se hizo un intercambio de
Pabellones: el Pabellón 1 -antes de sindicados- pasó a ser parte del sector de
condenados y el Pabellón 3 –antes de condenados- hace parte del sector de
sindicados, por cuestiones de seguridad.
Entonces, la conformación actual del
establecimiento penitenciario es el siguiente:
Sector
de
sindicados
Sector
de
condenados
Sector
de
mínima seguridad
Pabellón
3
Pabellón
1
Pabellón
5
Pabellón
2
Pabellón
4
Pabellón
6
4 celdas UTE[52]
RM[53]
B
UME[54]
sindicados
RM
A
4.2.2. Indicó que el centro de reclusión
está conformado por “6 patios con una capacidad real para albergar 918. La
población privada de la libertad asciende a un total de 1378, presentándose
sobrecupo de 460 internos que corresponde al 52% de hacinamiento”. Allegó,
igualmente la siguiente relación:
Ubicación
No. de celdas
Cupo patio
Ocupación del patio
Sobrecupo patio
Porcentaje de sobrecupo
Patio
1
45
178
274
96
59%
Patio
2
45
178
280
102
60%
Patio
3
45
178
283
105
60%
Patio
4
45
178
283
105
57%
Patio
5
5
90
109
19
4%
Patio
6
24
28
45
17
54%
RM
A
9
36
40
4
11%
RM
B
8
28
34
6
21%
UTE
(Unidad de Tratamiento Especial)
4
2
4
0
0%
UME
(Unidad de Medidas Especiales)
9
36
26
-10
-32%
Total general
231
918
1378
460
52%
Igualmente, precisó el número de celdas por
patio, su capacidad máxima y la población actual así:
Ubicación
No. de celdas por patio / internos por celda (capacidad programada
máx.)
Capacidad programada patio
No. de celdas por patio / internos por celda (ocupación actual)
Ocupación actual patio
Patio
1
44
x 4[55]
178
10
x 5
274
18
x 6
16
x 7
1
x 2[56]
1
x 4
Patio
2
44
x 4
178
3
x 5
280
25
x 6
16
x 7
1
x 2
1
x 4
Patio
3
44
x 4
178
3
x 5
283[57]
22
x 6
18
x 7
1
x 2
1
x 4
Patio
4
44
x 4
178
30
x 6
283
13
x 7
1
x 8
1
x 2
1x
4
0Patio
5
3
x 20
90
1
x 20
109
1
x 22
1
x 23
2
x 25
1
x 21
1
x 25
Patio
6 y UTE
28
x 1
28
17
x 2
45[58]
7
x 1
RM
A
8
x 4
36
1
x 6
40
6
x 5
1
x 4
1[59] x 4
vacío
RM
B
28[60] x 1
28
17
x 2
34
vacío
UME
8
x 4
36
2
x 3
26
6
x 2
1[61] x 8
1
x 8
Anotó
que en las celdas en donde hay sobrepoblación los internos se les asigna una
colchoneta para su descanso.
Por otra parte, explicó que, de
acuerdo con el reglamento, los horarios son los siguientes: “levantada y
baño, aseo de celdas 05:30 horas ǁ desayuno 06:00 horas ǁ llamado a
lista y contada de internos. Al relevo de compañías ǁ Iniciación de
actividades laborales y educativas 07:00 horas ǁ Terminación de
actividades educativas 10:45 horas ǁ Almuerzo 11:00 horas ǁ
iniciación de actividades educativas 13:00 horas ǁ terminación de
actividades laborales y educativas 15:45 horas ǁ Comida 16:00 horas ǁ
Contada y encerrada al personal de internos 17:00 horas ǁ Llamado a lista
de internos en las celdas 19:00 horas ǁ Silencio 20:00 horas”[62].
4.2.2. Respecto del suministro de agua en
el centro penitenciario, indicó que:
4.2.2.1. En cuanto al sistema de captación,
indicó que cuentan con 2 pozos: el primero “con un caudal de 9,5 litros por
segundo, se encuentra fuera de funcionamiento desde el año 2016 y a la fecha no
se ha realizado ningún tipo de mantenimiento a pesar de los constantes informes
y requerimientos realizados a la USPEC”[63].
El segundo pozo con un “caudal de 7,1 litros por segundo”, depende la
captación de aguas lluvias y “cuando se establece el nivel de agua
suficiente se puede conectar a la red hidráulica y por medio de la planta de
tratamiento de agua potable se realiza el proceso y se suministra a la
población reclusa”[64].
Frente a este último reservorio se indicó que por las condiciones
climáticas actuales “se redujo a un caudal promedio de 3,7 litros por
segundo”[65]
por lo que no ha podido ser utilizada dicha alternativa.
Acerca de las gestiones adelantadas ante la
USPEC para solucionar el problema de abastecimiento de agua, resaltó que se han
hecho múltiples requerimientos a la USPEC, sin que hasta la fecha haya
adelantado las gestiones de reparación y mantenimiento de los pozos profundos.
Comentó que tal situación ha desencadenado en “varias protestas por parte de
la población reclusa”[66].
Por lo demás, subrayó que el
establecimiento penitenciario ha adoptado las medidas tendientes a mitigar el
problema de abastecimiento del líquido al interior del penal “ya sea
entregando canecas en cada uno de los patios para almacenamiento de agua,
estableciendo horarios de distribución, obteniendo apoyo de suministro a través
de tracto camiones (…) los cuales reportan ingreso desde el 10/02/2017 hasta el
15/03/2017”[67].
4.2.2.2. Respecto de los horarios de
suministro de agua, los cuales estaban sujetos a cambios dependiendo del nivel
de los tanques, afirmó que (i) en el rancho era de 4:00 a 6:00 am; (ii) en la
zona externa de 5:40 a 6:10 am, 11:00 a 11:15 am, 1:00 a 1:15 pm y 6:30 a 7:00
pm; (iii) en la zona de reclusión de 5:40 a 6:10 am, 11:00 a 11:15 am, 1:00 a
1:15 pm y 6:30 a 7:00 pm; (iv) en el Patio 1,  de 6:30 a 6:45 am, 3:15 a 3:30
pm y de 5:00 a 5:15 pm; (v) en el Patio 2, de 6:15 a 6:30 am, 3:00 a 3:15 pm y
de 5:15 a 5:30 pm; (vi) en el Patio 3, de 6:15 a 6:30 am, 3:00 a 3:15 pm y de 5:30
a 5:45 pm; (vii) en el Patio 4 de 6:30 a 6:45 am, 3:15 a 3:30 pm y de 5:45 a
6:00 pm; (viii) en el Patio 5 de 11:00 a 11:15 am, de 1:00 a 1: 15 pm y de 6:30
a 7:00 pm; (ix) en el Patio 6 de 6:15 a 6:30 pm; (x) UME de 6:15 a 6:30 am y de
6:30 a 7:00 pm y; (xi) UTE de 6:15 a 6:30 am y de 3:00 a 3:15 pm.
4.2.3. Por último, sobre la ventilación de
las celdas indicó que “desde la construcción del establecimiento se cuenta
con celdas que tienen rejillas de ventilación en la parte anterior y rejas en
la parte posterior, garantizando la ventilación de la PPL, en cada uno de los
pabellones”[68].
4.3. Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC
Por su parte la USPEC aseveró que la
dirección del establecimiento penitenciario de Yopal “priorizó las obras a
desarrollar (…) [entre otras] adecuación de
baterías sanitarias en pabellón  ǁ con el contrato de obra No. 183 de 2015
suscrito entre la USPEC y el Consorcio Valles de Libertad, cuyo objeto fue el
mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del EPC
Yopal, se realizó mantenimiento e independización de redes hidráulicas, así
como reparación en baños, áreas de lavado y otras áreas en los diferentes
pabellones (…) entregadas el pasado 5 de agosto de 2016, en donde se hace
constar que la labor se entregó en total aseo y con lavamanos y sanitarios
funcionando”[69].
Además, tiene previsto con los recursos de
la vigencia 2017 efectuar, entre otras obras, la adecuación hidrosanitaria, la
acometida de agua potable de pabellones y áreas administrativas, adecuación
tanque de almacenamiento y bombeo, y la instalación de aires acondicionados.
4.4. Defensoría del Pueblo – regional Casanare
La Defensora del Pueblo de la regional
Casanare se pronunció frente a los hechos de la tutela[70].
4.4.1. Reiteró lo indicado por el director
del establecimiento respecto del índice de sobreocupación del penal -50,32%- “circunstancia
esta que afecta ostensiblemente la calidad de vida de los internos, en cuanto a
su alojamiento o estadía, pues las celdas en su gran mayoría están diseñadas
con cuatro (4) camastros y están siendo habitadas por cinco (5) o siete (7)
internos”[71].
Por ello, en oficio No. 1520 de 6 de julio
de 2016, se solicitó a la Dirección del penal estudiar la posibilidad de crear
un establecimiento para mujeres, quienes no se encuentran en un espacio
diseñado para su tratamiento penitenciario y, además, podría haber más espacio
para los hombres reclusos[72].
La dirección respondió que iba a efectuar el requerimiento a la USPEC[73].
4.4.2. De igual manera, destacó las “circunstancias
anómalas por las que tienen que atravesar los internos en relación (…) con el
saneamiento básico, máxime si se tiene en cuenta las condiciones ambientales de
la región las cuales corresponden a soportar temperaturas que oscilan entre los
26º y los 35º de temperatura”[74].
En cuanto al daño que presentaba el pozo
profundo No. 2 y la importancia del mantenimiento del pozo No. 1, la Defensora
del Pueblo indicó que solicitó a la USPEC la adopción de medidas urgentes e
inmediatas, sin que hasta el momento se haya dado una solución[75].
4.4.3. Subrayó que esta situación fue
objeto de conocimiento en (i) otra acción de tutela, en la cual se decidió por
parte del juez de segunda instancia revocar el amparo otorgado por la primera
instancia para negar la protección reclamada por los reclusos,[76] y (ii) una de grupo
que actualmente se encuentra pendiente de que se decida en segunda instancia
por parte del Consejo de Estado[77].
4.4.4. Además, advirtió que el problema de
suministro de agua potable ha sido objeto de discusión en los comités de
derechos humanos del penal en los que participa la Defensoría[78] así como en la
Comisión Departamental de Inspección y Seguimiento Penitenciario[79].[80].
4.4.5.  Así, solicitó la protección de los
derechos fundamentales de los reclusos del EPC Yopal, y en consecuencia, se
dispusiera (i) como medida provisional e inmediata, la adopción por parte de la
USPEC de un plan de contingencia que garantice el funcionamiento de los pozos
profundos para el suministro de agua potable a la población del penal; (ii)
como medidas definitivas, la apropiación de recursos para realizar un pabellón
de mujeres para disminuir el índice de sobreocupación así como la construcción
de otro pozo profundo para garantizar el suministro de agua del penal que tenga
en cuenta el número actual de internos, funcionarios –administrativo, personal
de custodia y vigilancia- y población flotante. Finalmente, que (iii) se conminara
a las entidades del orden territorial del Casanare para la creación de los
centros de arraigo transitorio para el tratamiento de personal sindicado, para
la reducción del nivel de hacinamiento.
4.5. Ministerio de Justicia y del Derecho
La Directora de Política Criminal y
Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la tutela[81]. Adujo falta
legitimidad en la causa por pasiva toda vez que las funciones que le competen
están relacionadas con el diseño, coordinación y articulación de política
criminal, carcelaria y penitenciaria[82].
Destacó que la entidad que tiene injerencia en la prestación directa del
servicio de agua en condiciones óptimas es la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, pues a ella le corresponde “adelantar
las gestiones necesarias para la adquisición, suministro y sostenimiento de los
recursos físicos e infraestructura que sean requeridos para el buen
funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario”[83].
Por otra parte, indicó que ha realizado
mesas de seguimiento frente al suministro eficiente del recurso hídrico en los
establecimientos penitenciarios a nivel nacional. En cuanto a la situación del
Establecimiento Penitenciario de Yopal, destacó que la USPEC le allegó un
informe de la visita efectuada al penal “para el mantenimiento y prueba de
bombeo de pozos de agua subterránea a intervenir en los contratos que comienzan
su ejecución en enero de 2017”[84].
4.6. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Yopal
La representante legal de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal[85]
manifestó que como el penal se encuentra en el perímetro rural del municipio “suple
la necesidad del servicio de agua potable a través de un sistema autónomo proveyéndose
de dos pozos profundos (…) los cuales, de acuerdo a lo informado por el
Dirección del EPC, se encuentra funcionando en un 25% conllevando a un
desabastecimiento desde el mes de mayo de 2016, y que se agrava por la
temporada seca que se vive en la región (…) sumado al hacinamiento de más del
50%”[86].
Destacó que ha suministrado agua potable a través de carro tanques, ante la
solicitud del centro de reclusión[87].
No obstante, advirtió que, como la empresa ha venido asumiendo los costos de
transporte para prestar dicho servicio “nos encontramos en posibilidad de
continuar brindando este apoyo hasta el día tres (3) de abril de 2017, ya que a
partir de esa fecha no se contará con los vehículos por lo que se recomendó solicitar
apoyo a la Unidad Nacional de Riesgo y Fuerzas Armadas con el fin de conseguir
vehículo y combustible para el transporte de agua potable”[88].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y problema jurídico
2.1. Los solicitantes, reclusos del Patio 4 del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal, Casanare,
presentaron acción de tutela porque consideran que el centro de reclusión
vulnera sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y salud como
consecuencia de (i) las condiciones insoportables en las que transcurre su
estadía en el pabellón - acomodación y ventilación en celdas,
posibilidad de desplazamiento en las celdas y el patio –así como (ii) el
deficiente suministro de agua potable para cubrir sus necesidades más
elementales.
El establecimiento penitenciario en la
contestación indicó que el centro cuenta con un índice de hacinamiento
de más del 50% “situación que es generalizada en todos los establecimientos
de reclusión del país (…) [que] no depende de la dirección del establecimiento
(…)”[89]. Comentó que, a pesar de la sobrepoblación carcelaria, la
infraestructura del penal se ajusta a las normas internacionales. Del
suministro del agua, destacó que los pozos de donde se extrae el líquido “se
encuentra funcionando al 40% de su capacidad”[90]
también lo es que el mantenimiento de la misma es responsabilidad de la
USPEC. La USPEC, por su parte, manifestó que tal entidad no es competente
respecto del ingreso de internos a los centros de reclusión, pues tal función
radica en cabeza del Director General del INPEC, directores regionales y
directores de los centros penitenciarios. Afirmó que tenía previsto
con los recursos de la vigencia 2017 efectuar, entre otras obras, la adecuación
hidrosanitaria, la acometida de agua potable de pabellones y áreas administrativas,
adecuación tanque de almacenamiento y bombeo, y la instalación de aires
acondicionados.
El juez de primera instancia accedió al
amparo tras estimar que  (i) el agua suministrada a los reclusos del
establecimiento penitenciario era “escasa” generando dificultades en la
satisfacción de sus necesidades fisiológicas y de aseo; y (ii) la ventilación
al interior de las celdas era deficiente, debido a que estos lugares, que “habían
sido diseñados para cuatro personas, ahora están siendo habitadas por seis o
siete personas (…) situación que hace insoportable para los internos las horas
de encierro en las celdas ”[91].
En consecuencia, ordenó a la USPEC y al establecimiento
penitenciario que: (i) dispusieran lo necesario para el correcto funcionamiento
de los servicios hidrosanitarios en el penal, la adopción de medidas provisionales
para garantizar el agua suficiente a los internos para cubrir sus necesidades
más elementales y las gestiones para el mejoramiento de la ventilación dentro
de las celdas del penal; (ii) tomaran las medidas para que el penal pudiera
contar con agua de forma permanente o en las cantidades suficientes para la
satisfacción de sus necesidades; y (iii) adoptaran las medidas necesarias
tendientes a la ventilación adecuada de las celdas teniendo en cuenta el clima
de la región y el número de reclusos albergados en cada celda. Por su parte, el
juez de segunda instancia revocó para, en su lugar, negar por considerar que la
medida adoptada por el penal está encaminada a reglamentar el uso del líquido.
2.2. Con
fundamento en la situación fáctica reseñada corresponde resolver el siguiente
problema jurídico ¿vulneran las autoridades penitenciarias (Dirección del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal, Casanare, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
-USPEC-) los derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas de personas privadas de la libertad al no contar con
espacios adecuados para su estadía - acomodación,
dotación de elementos mínimos y posibilidad de desplazamiento en las celdas y
el patio –y no garantizarle el acceso al agua en
forma permanente y suficiente para hidratarse y suplir otras necesidades
primarias?
2.3. Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala de Revisión analizará (i) la procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto; (ii) hará referencia la jurisprudencia
constitucional sobre la relación de especial sujeción en la que se encuentran
las personas privadas de la libertad. Posteriormente, abordará los temas
relacionados con (iii) el hacinamiento carcelario y
afectación que este problema genera en las condiciones materiales de existencia
de quienes se encuentran privados de la libertad y, en particular respecto de
(iv) las condiciones que deben cumplir las celdas y espacios comunes y (v) el suministro
de agua potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad es
una obligación estatal de imperativo cumplimiento con personas privadas de la
libertad. Con base en tales elementos, (vi) resolverá
el asunto materia de estudio.
3. La acción de tutela
presentada por los accionantes, internos del Patio 4 del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal, es procedente para buscar la
protección de sus derechos fundamentales
3.1. Legitimación para actuar
3.1.1. Legitimación
por activa. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 superior, toda
persona tiene derecho a interponer acción de tutela por sí misma o por quien
actúe a su nombre[92].
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[93],
establece que la referida acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos”. En esta oportunidad, José David
Villa Aguirre, Robin Zapata Martínez, Marcos de la Cruz Rivera Mosquera,
Lisandro Gaitán, Divier Yesid Delgado Londoño, Roosbelth Poveda, Juan Sebastián
Castillo Forero, Arlington Ramírez Hernández, Pedro José González Pérez, Eider
Arnovio Alegría Quiñónez, Leonis Enrique Palacios Murillo, Pablo Emilio Criado,
Hernán Darío Neuta Tunjo, Deivi J. Bonilla, Víctor Andrés Largo Tapasco, Román
Alexander Suárez, Wilson Andrés Muñoz Rengifo, Keison Lemus Gamboa, Cristian
Albeiro Angulo, Juan Carlos Álvarez García, William Guzmán Pulido, Kevin
Salcedo González, César Antonio Valencia, Yobani Antonio Puerta, José Eduardo
Gutiérrez Tejedor, Duván Albeiro Rincón Carrión, Camilo Andrés Murcia Perilla,
Miguel A. Martínez, Norberto Antonio Morales y José Aníbal Ortega Mendoza,
actúan en defensa de sus derechos e intereses, razón por la cual se encuentran
legitimados para intervenir en esta causa.
En este punto, debe indicarse que la
gravedad del problema aducido por los peticionarios de esta demanda supera el
reclamo individual y pone en evidencia una situación generalizada que podría
estar afectando también a los demás reclusos del centro correccional. Si bien la tutela tiene en principio efectos inter partes y
subjetivos, la vulneración de los derechos
fundamentales alegada se origina en presuntas fallas y defectos estructurales
que pueden aquejar como los mismos actores lo afirman a sus otros compañeros de
celda que no interpusieron directamente la acción de amparo, pero eventualmente
padecen la misma situación de desprotección y ostentan igual interés en la
solución del caso. La extensión de los efectos de esta sentencia se efectúa con
el fin de evitar entre los reclusos desequilibrios injustificados.
Por lo
anterior, resulta claro que las órdenes que surjan de la presente providencia
estarán dirigidas a garantizar los derechos de todos los internos del Complejo
Carcelario y Penitenciario de Yopal y a mejorar su
situación como personas privadas de la libertad[94]. La tarea de precisar
estos aspectos tendrá lugar en líneas posteriores.
3.1.2. Legitimación
por pasiva. De conformidad con el artículo 5 del
Decreto 2591 de 1991[95], “[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de
las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera
de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En este orden de
ideas, las autoridades penitenciarias accionadas están legitimadas como parte
pasiva en el proceso de tutela, al atribuírseles en su condición de entidades
públicas encargadas del funcionamiento del sistema carcelario y en esa medida
de la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana del recluso
accionante, la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
3.2. Inmediatez
3.2.1. La procedibilidad de la acción de
tutela está supeditada al cumplimiento del requisito de inmediatez. Este exige
que la acción sea interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que
generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. La inmediatez
encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho
constitucional a presentar una acción de tutela “en todo momento” y el
deber de respetar la configuración de la acción como un medio de
protección “inmediata” de los derechos fundamentales. Es decir
que, pese a no contar con un término para efectuar la presentación, debe
existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de la
tutela y su interposición oportuna[96].
Para verificar el cumplimiento del
principio de inmediatez, el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre
la supuesta violación o amenaza y la interposición de la tutela es razonable.
De no serlo, debe analizar si existe una razón válida que justifique la
inactividad del accionante, pues es inconstitucional pretender darle un término
de caducidad a la acción, o rechazarla únicamente con fundamento en el paso del
tiempo[97].
3.2.2. En el caso concreto, la acción de
tutela que se revisa se radicó el diecinueve (19) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016)[98].
La demanda fue admitida en esa misma fecha por el Juzgado Segundo (2º) de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, Casanare. El hecho
generador de la vulneración lo constituye la respuesta emitida por la Dirección
del establecimiento penitenciario el veintidós (22) de agosto de dos mil
dieciséis (2016) en la cual no se accedió a su solicitud de “celdas
abiertas- motivo hacinamiento”. Es decir, transcurrió menos de un (1) mes
desde la negativa de la entidad hasta el momento en que el actor ejerció el
amparo para la protección de sus derechos, término que resulta razonable máxime
cuando no puede olvidarse que el juicio sobre ello no puede ser tan estricto,
ya que se trata de una persona privada de la libertad cuya pretensión de amparo
constituye una necesidad diaria y vital para el ser humano[99].
3.3. Subsidiariedad
3.3.1. En relación con el carácter
residual y subsidiario de la acción de tutela, la Constitución Política
establece que su procedencia está condicionada a que “el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial” (art. 86 C.P.). Sin
embargo, esta Corporación ha señalado que no puede declararse la improcedencia
de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio ordinario de
defensa. El juez constitucional debe analizar, en el marco de la situación
fáctica particular, si la acción judicial dispuesta por el ordenamiento
jurídico es idónea y eficaz en concreto para proteger los
derechos fundamentales comprometidos, más aún cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional[100].
En el evento en el que no lo sea, el mecanismo de amparo procederá para
provocar un juicio sobre el fondo[101].
3.3.2. El caso objeto de estudio plantea un
debate que reviste especial relevancia constitucional, en tanto involucra el
goce efectivo de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad
física y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad respecto de
las cuales, la Constitución Política consagra una protección especial que en
hechos concretos se traduce en un tratamiento reforzado dada su condición de
especial sujeción e indefensión frente al Estado que debe garantizarse a través
de la acción de tutela.
En la sentencia T- 388 de 2013[102], la Sala Primera de
Revisión estudió nueve (9) expedientes de acción de tutela, referentes a las
violaciones de los derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones
dignas, a la integridad personal, a la salud y a la reintegración social de
personas privadas de la libertad en seis (6) centros de reclusión del país. En
todos los casos, se hizo referencia a la necesidad de tomar medidas adecuadas y
necesarias, de manera urgente para superar el estado de cosas en que se
encuentra el Sistema penitenciario y carcelario que, se alega, es contrario al
orden constitucional de manera estructural y general.
Dentro de las consideraciones de la
sentencia, la Sala indicó que “los menos privilegiados, las personas más
descuidadas y abandonadas a su suerte y sus problemas, como es el caso de las
personas privadas de la libertad” son sujetos de especial protección
constitucional en razón a la masiva y generalizada violación de sus derechos
fundamentales al interior de los mismos centros de reclusión. De ahí que sus
garantías constitucionales deben “ser [protegidas] con celo en una
democracia”. Recordó entonces que la acción de tutela adquiere un lugar
protagónico y estratégico en un Sistema penitenciario y carcelario, en crisis,
que muchas veces implica un peligro grave, real e inminente. A través de ella “no
sólo se [permite] asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en
general, sino que, además, [permite] a las autoridades tener noticia de graves
amenazas que [están] teniendo lugar. En este sentido, la jurisprudencia
constitucional [ha] reconocido que la acción de tutela [es] un derecho
protegido de forma especial para personas privadas de la libertad”.
En este contexto, encuentra la Sala superado el análisis de procedibilidad, por lo que
pasará a estudiar el problema jurídico planteado.
4. Las personas privadas
de la libertad están en una relación de especial sujeción: sus derechos deben
ser asegurados de manera reforzada, sin otras limitaciones o restricciones a
las que razonable y proporcionalmente haya lugar
En este apartado, la Sala analizará la
categoría de especial sujeción predicable de las personas privadas de la
libertad. Más adelante, se referirá a uno de los problemas que aquejan a la
población carcelaria y que afecta un sinnúmero de derechos de carácter
fundamental: el hacinamiento. Posteriormente, se abordará lo relativo a los
espacios con los que cuentan aquellas personas privadas de la libertad y las
condiciones mínimas que deben cumplir para que se entiendan acordes con la
dignidad humana, y, por último, se hará alusión a la protección y satisfacción
de un mínimo vital como lo es el agua en condiciones apropiadas en beneficio de
un sector marginado de la sociedad.
4.1. Las autoridades
penitenciarias tienen el deber de proteger sin restricción ni limitación alguna
la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana de las personas
privadas de la libertad
4.1.1. Desde el
inicio de su jurisprudencia, la Corte se ha referido a los sujetos en situación
de especial sujeción, como una condición que es relevante constitucionalmente
para determinar el exclusivo grado de respeto, de protección y de garantía que
debe predicarse respecto de sus derechos fundamentales. La primera vez que la
categoría fue empleada se usó para hacer referencia a la relación entre el
preso y la administración penitenciaria, en la sentencia T-596 de 1992[103] señalándose
puntualmente que el predominio de una parte sobre la otra no impide la
existencia de derechos y deberes para ambas partes[104].
Erróneamente se
ha pensado que el delincuente, por su condición de tal y por el hecho de haber
atentado contra la sociedad, pierde la calidad de sujeto pleno de derechos al
ingresar a un centro de reclusión, incluso en relación con aquellas garantías
que no están en directa correspondencia con la pena que se le ha impuesto.
Según esto, “el preso, al ingresar a la institución carcelaria, pierde buena
parte de sus derechos y aquellos que no pierde de manera definitiva, se
encuentran sometidos a la posibilidad permanente de vulneración, sin que ello
sea visto como una violación similar a la que se comete contra una persona
libre. De acuerdo con esta visión dominante, los derechos del preso son
derechos en un sentido atenuado; su violación está, sino justificada, por lo
menos disminuida por el mal social cometido”[105].
No hay nada más
alejado del concepto de dignidad humana y del texto constitucional mismo que un
panorama de esta naturaleza. La efectividad del derecho “no termina en las
murallas de las cárceles”[106]
y “el delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en un territorio
sin ley”[107].
Si bien, frente a la administración penitenciaria, el recluso se encuentra en
una relación especial de sujeción, diseñada y dirigida por el Estado, situado
en una posición preponderante que se manifiesta en el poder disciplinario, los
límites de este ejercicio están determinados por el reconocimiento de sus
derechos y por los correspondientes deberes estatales que se derivan de dicho
reconocimiento. La cárcel no es en consecuencia “un sitio ajeno al derecho”[108] y
las personas allí recluidas no son individuos eliminados de la sociedad. La
relación de sometimiento que mantienen con el Estado no les quita su calidad de
sujetos activos de derechos y si bien, en razón de su comportamiento “antisocial
anterior”[109],
tienen algunas de sus garantías suspendidas, como la libertad, otras limitadas
como la comunicación o la intimidad, gozan del ejercicio de presupuestos
fundamentales básicos en forma plena, como la vida, la salud, la integridad
física y la dignidad humana cuyo contenido ontológico es esencial, intangible y
reforzado[110].
4.1.2. Del
ejercicio pleno de estos derechos se derivan importantes consecuencias
jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como
deberes[111].
Los derechos fundamentales no incluyen sólo prerrogativas subjetivas y
garantías constitucionales a través de las cuales el individuo se defiende
frente a las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas, también
incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público. No
sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de abstenerse de
lesionar la esfera individual, también existe la obligación positiva de
contribuir a la realización efectiva de tales derechos. La razón jurídica que
explica este compromiso se encuentra en el mandato constitucional según el
cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana (artículo
1 superior)[112],
lo cual determina no sólo un deber negativo de no intromisión, sino también un
deber positivo de protección[113].
Las personas
recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran bajo la guardia y
vigilancia del Estado conforme se indicó en precedencia. Ello implica, por un
lado, responsabilidades relativas a su seguridad y a su conminación bajo el
perímetro carcelario (potestad disciplinaria y administrativa) y, por el otro,
obligaciones en relación con sus condiciones materiales de existencia e
internamiento. La Constitución de manera explícita hace referencia a esta idea
en su artículo 11[114].
La vida es “el presupuesto indispensable para que haya titularidad de
derechos y obligaciones. Tener derecho a
la vida es reconocer que nadie puede por una causa injusta desconocérmela,
lesionármela ni quitármela”[115].
También, en el artículo 12 cuando establece que “nadie será sometido a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes”[116].
De acuerdo con esto, toda pena, independientemente del delito del cual
provenga, debe respetar unas reglas mínimas relativas al tratamiento de los
reclusos, que se encuentran ligadas de manera esencial a los conceptos de
razonabilidad y proporcionalidad a partir de los cuales la sanción es “la
necesidad socio-política de la defensa del orden jurídico y la garantía de las
condiciones mínimas de la existencia social pacífica, pero nunca se impone, en
un estado de derecho, por encima de las necesidades de protección de bienes
jurídicos, ni por fuera del marco subjetivo de la culpabilidad”[117].
En esa medida,
el contenido de estos mínimos de conducta indica, entre otras cosas, que deben
existir unas condiciones idóneas para que cada recluso pueda sobrellevar la
sanción intramural bajo parámetros de humanidad, tranquilidad, decencia y
dentro de un marco de respeto por los valores y principios superiores[118]. Surge entonces, el
deber a cargo del Estado de asegurar un trato humano y digno, el de
proporcionar alimentación adecuada y suficiente, vestuario, utensilios de aseo
e higiene personal, instalaciones en condiciones de sanidad y salud adecuadas
con ventilación e iluminación y el deber de asistencia médica. Por su parte, el
interno tiene derecho al descanso nocturno en un espacio mínimo vital, a no ser
expuesto a temperaturas extremas, a que se le garantice su seguridad, a las
visitas íntimas, a ejercitarse físicamente, a la lectura, al ejercicio de la
religión y el acceso a los servicios públicos como energía y agua potable,
entre otros supuestos básicos que permitan una supervivencia decorosa[119].
La regla
entonces en la materia se orienta a establecer que, aunque “la condición de
prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales,
dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto.
Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto,
como una violación del tal derecho. La órbita de los derechos del preso cuya
limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección
constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no
sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado
o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son
derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección”[120].
4.1.3. Los accionantes estiman que
la obligación constitucional referida está siendo desconocida ya que, durante
su permanencia en la Cárcel de Mediana Seguridad de Yopal, las autoridades
penitenciarias no les han provisto del espacio suficiente para alojarse ni para
desarrollar sus demás actividades, así como tampoco han adoptado acciones
concretas para asegurar en condiciones de disponibilidad el suministro de agua potable. Lo anterior aun cuando la garantía de
su prestación se erige en un presupuesto indispensable para satisfacer derechos
constitucionales fundamentales que el Estado, aún en reclusión, está obligado a
respetarle y protegerle. Esto ha generado que su situación de internamiento sea
más gravosa de lo que per se apareja su estado de sujeción
configurándose un desconocimiento de los postulados de protección consagrados
en la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
4.2. Hacinamiento
carcelario y afectación de las condiciones materiales de existencia de quienes
se encuentran privados de la libertad
4.2.1. Para la jurisprudencia es
claro que en el orden constitucional vigente existe un contenido mínimo de las
obligaciones estatales frente a las personas privadas de la libertad
independientemente de las conductas punibles por las que fueron sancionados o
acusados o del grado del nivel de desarrollo socioeconómico del país donde se
encuentren purgando la pena o la medida de seguridad[121].
Así lo ha indicado al reconocer las Reglas Mínimas Para el Tratamiento de
los Reclusos (producidas al interior de las Naciones Unidas en la década de
los años 50)[122]
las cuales representan un consenso básico con relación a estándares de
protección en una sociedad democrática, respetuosa de la dignidad humana y en
la que no deben existir distinciones por razón de raza, color,
sexo, lengua, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen nacional
o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera[123]. El
Comité de Derechos Humanos ha enunciado los presupuestos concretos y
específicos que hacen parte de ese conjunto de derechos fundamentales
esenciales de todo individuo recluido, que son impostergables, de inmediato e
imperativo cumplimiento para los Estados adoptantes[124].
En las Reglas de Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos se destaca que todos los locales
frecuentados regularmente por los internos deberán contar con la adecuada
iluminación y ventilación[125],
y ser mantenidos en debido estado y limpios considerando siempre el factor
clima[126].
Resalta, “el
derecho de los reclusos a tener una cama individual con su ropa de cama
correspondiente en condiciones higiénicas”[127],
“el derecho de los reclusos a contar con alimentación y
agua potable, suficiente y adecuada”[128]
así como “la provisión de los implementos necesarios para el debido aseo
personal de los presos”[129]
a través de un eficiente abastecimiento del líquido. Se garantiza entonces que “todo
recluso [tenga] la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite”[130].
Junto a las Reglas
Mínimas, aparecen los “Principios y buenas prácticas sobre la protección
de las personas privadas de la libertad en las Américas (2008)”[131] que disponen en sus
principios XI y XII, que (i) deben contar con un espacio suficiente,
ventilación o calefacción apropiadas, conforme con las condiciones climáticas
del lugar en donde se encuentre el centro de reclusión, así como una cama
individual y las demás condiciones para el descanso nocturno[132]; y (ii) deben acceder
en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para el consumo, y
advierten que su suspensión o limitación como medida disciplinaria, deberá ser
prohibida por la ley. Del mismo modo señalan que las personas privadas de la
libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas que aseguren su
privacidad y dignidad, así como a los productos básicos de higiene personal, y
agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas[133].
4.2.2. Este contenido mínimo de
las obligaciones que tiene el Estado frente a la población reclusa se encuentra
en abierto desconocimiento cuando se enfrentan a un escenario de hacinamiento.
La sobrepoblación es uno de los problemas que con mayor urgencia requiere
atención, por la capacidad de agravar los demás obstáculos y dificultades que
enfrenta el Sistema Penitenciario y Carcelario del país, y por hacer más
difícil y gravosa cualquier opción de solución. Estrechamente ligado a ello, se
encuentra el mal estado de las instalaciones, la falta de servicios
asistenciales básicos al interior de los centros penitenciarios y la ausencia
de condiciones de vida que difícilmente cumplen con las más elementales
exigencias de humanidad como factores determinantes en el reconocimiento de un
estado de cosas inconstitucional[134].
Dificultades relacionadas con la falta de presupuesto y con el aumento de la
criminalidad, son presentadas por la administración pública para mantener a los
internos en la situación en la que se encuentran actualmente. No obstante, los
Estados no pueden alegar tropiezos económicos[135] para justificar
ambientes de detención que no cumplan con los estándares mínimos
internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser
humano, pues más allá de estas consideraciones sustanciales y de los problemas
estructurales, existe en la sociedad y también en la administración un deber
irrenunciable en la satisfacción de unos presupuestos materiales de existencia
para la población privada de la libertad[136].
4.2.3. Así, teniendo en cuenta
que son las autoridades carcelarias las que deben velar por el acceso de los
reclusos a unas condiciones mínimas de existencia, deben encargase de tomar medidas
adecuadas y necesarias para procurar su consecución, lo que se encuentra atado
estrechamente en asegurar su efectiva reinserción en la sociedad. Debe
advertirse que, una persona privada de la libertad al haber sido destinada a un
lugar de reclusión que se encuentra en situación de hacinamiento y que supone
de por sí un atentado a la dignidad humana no adquiere un derecho
constitucional a ser liberada; no obstante, tal situación sí le da derecho a
reclamar que de forma imperativa se modifiquen las condiciones de reclusión.
Concretamente, al menos se deben
implementar reglas que permitan disminuir progresiva y razonablemente el
hacinamiento, hasta lograr superarlo y, posteriormente, no permitir que dicho
estado de cosas se presente. Se debe mantener el equilibrio entre los cupos con
que cuenta un establecimiento y el número de personas allí recluidas. Estas
medidas serán de diverso tipo; algunas de choque, buscando actuar de forma
inmediata y en el corto plazo, para mitigar, hasta donde sea posible, las
violaciones y amenazas a los derechos fundamentales que actualmente se dan.
Otras medidas serán de mediano y largo plazo, permitiendo a las instancias,
personas y entidades correspondientes deliberar, decidir y actuar dentro de los
tiempos y mediante los procesos y competencias establecidas bajo el orden
constitucional vigente[137].
4.3. Las condiciones que
deben cumplir las celdas y espacios comunes para que la estadía de personas
privadas de la libertad en un penal sea digna
4.3.1. Dentro de las obligaciones estatales de imperativo
cumplimiento respecto de las personas privadas de la libertad, esta Corte se ha
referido, al derecho que tienen a ser ubicados en locales higiénicos y dignos,
así como a tener una cama individual con su ropa de cama en condiciones,
igualmente, higiénicas. Como lo señaló esta Sala en apartes anteriores, la
sobrepoblación carcelaria afecta de manera palpable las condiciones materiales
de existencia de quienes se encuentran apresados en ellas y, de manera
evidente, el espacio del que disponen los reclusos en el lugar de
confinamiento. De hecho, esta Corporación se ha pronunciado acerca del espacio
en condiciones dignas ligado al problema de hacinamiento.
4.3.2. Así, en sentencia T-296 de 1998[138]
revisó la acción de tutela presentada por una persona recluida en una cárcel
con problemas de hacinamiento y que tenía que dormir sobre un piso húmedo,
lugar de paso de otros reclusos. Aunque en este caso la Corte no concedió la
tutela por existir hecho superado (libertad del actor), sí se pronunció sobre
la relación entre el hacinamiento penitenciario, la dignidad humana y las
condiciones materiales de existencia[139].
En la
sentencia T-153 de 1998[140],
en donde se examinó el estado de las cárceles de Bellavista de Medellín y
Modelo de Bogotá, la Sala Tercera de Revisión encontró que los espacios
improvisados destinados al descanso de los reclusos, espacios de recreación o
baños, en donde incluso debían dormir directamente sobre el suelo consecuencia
directa de la sobrepoblación carcelaria exponía a los internos a condiciones
inhumanas e indignantes, situación a todas luces contraria al respeto a la
dignidad humana[141]:
“Las
inspecciones le permitieron a la comisión judicial llegar a la conclusión de
que las condiciones de reclusión en las dos cárceles citadas son absolutamente
infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición
personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza
para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su
compromiso con los marginados.”
La Sala Primera de
Revisión en la sentencia T-388 de 2013[142], luego
de referirse a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas, resaltó lo establecido
por el Comité de Derechos Humanos respecto del núcleo más básico de los
derechos de los reclusos, dentro de los cuales se destaca “disponer de una
superficie [mínima] (…), de una cama individual (…) Debe hacerse notar que
estos requisitos mínimos, que en opinión del Comité, deben cumplirse siempre,
aunque consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacer difícil el
cumplimiento de esas obligaciones”. Así, dentro de las órdenes impartidas luego
de constatar la situación de acomodación de los internos[143]
de los centros penitenciarios accionados[144],
dispuso la implementación de “todas las medidas
adecuadas y necesarias tendientes a garantizar a los reclusos (…) unas
condiciones de subsistencia dignas y humanas, de acuerdo con los términos de
esta sentencia, las cuales deberán asegurar: (…) [vi] que se entregue a cada
persona, especialmente a quienes no tienen celda para su descanso, una dotación
de colchón, cobija, sábana y almohada, que permita un mejor descanso en un
espacio adecuado para ese propósito”.
En la sentencia T- 861 de 2013[145],
la Sala Octava de Revisión estudió el caso de una persona que se encontraba
recluida en el centro penitenciario de Jericó (Antioquia) en el que había un
sobrecupo del 166%, que se reflejaba en la falta de un espacio adecuado para
dormir. Al respecto, estimó la Sala que el “amontonamiento
desproporcionado” genera tensiones constantes entre los internos aumentando los
niveles de violencia en las cárceles, disminuyendo “las condiciones
favorables para la resocialización”, quienes como sujeto de especial
sujeción deberían contar “en
condiciones normales, con una celda por persona, mobiliario, ventilación,
iluminación, acceso a servicio sanitario higiénico y privado”[146].
4.3.3. Con la sentencia T-762 de 2015[147]
se explicaron las condiciones que deben cumplir los espacios[148].
Luego de indicar que cuando existe hacinamiento se presentan “serias
limitaciones” en cuanto a la prestación de servicios y la capacidad del
centro carcelario, destacó que la “más básica medición del fenómeno
coincide con el espacio por persona dentro de las instalaciones” en dos
escenarios distintos, aunque complementarios. El primero, el espacio general,
esto es, “el espacio total por recluso [que se calcula dividiendo] entre el
espacio al que los internos pueden acceder dentro de la cárcel y el número de
internos”. Luego de referirse a la Guía complementaria
al Manual Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las Cárceles del CICR[149]
y al número de metros cuadrados por persona[150],
estableció como espacio total de reclusión mínimo 20 metros2[151],
tras reconocer la situación precaria de los centros penitenciarios y la incapacidad
actual de ofrecer garantías en un espacio de dimensiones superiores.
Por otra parte, se refirió al escenario individual o
espacio de alojamiento, aquel que “tiene en cuenta el área que cada
interno tiene para, entre otras, dormir o disponer de sus efectos personales”.
La Corte, siguiendo los lineamientos fijados por el CICR en el documento
mencionado, señaló que “la estimación del espacio de alojamiento por recluso es el respeto
por los siguientes principios, conforme los cuales los detenidos deben lograr,
(i) dormir acostados; (ii) circular sin obstáculos dentro de su celda o
dormitorio; (iii) tener espacio para situar sus efectos personales; y (iv)
efectuar procesos de evacuación de emergencia sin obstáculos dentro de la celda”. En esa misma
línea estableció que cuando la reclusión es individual la superficie mínima
debe ser de 5,4 m2, mientras que la colectiva de 3,4 m2,
y reconoce que hay situaciones de emergencia (transitorias y esporádicas) que
pueden implicar la reducción considerable en el área de alojamiento de los
reclusos hasta de 2 m2[152]. Además, la Corte advirtió
que “el espacio del recluso debe variar en función de la cantidad de tiempo
que el recluso pasa, al día, en la celda”, por lo que la relación es
inversamente proporcional pues “a menor tiempo fuera de la celda, mayor
deberá ser el tamaño de aquella”[153].
Finalmente, respecto de las dimensiones, de acuerdo a las recomendaciones del
CICR, debe estructurarse con una “distancia mínima entre las paredes de las
celdas (…) de 2,15 m, y el techo debe estar a por lo menos 2,45 m de alto”.
Otro
factor para tener en cuenta en la “consolidación de los espacios de alojamiento”
es la ventilación, que deben ser el 10% del área de la celda para asegurar
la entrada de luz natural a esta y debe contar con elementos para impedir el frío de la noche,
conforme con las condiciones climáticas del lugar en donde se encuentre
localizado el penal.
Por último, se refiere al suministro de los
implementos mínimos para dormir de acuerdo a las condiciones climáticas, para
lo cual recordó lo dispuesto en la Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos: “cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o
nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida
convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza”.
Debe precisarse que en tal decisión se estableció que los
parámetros anteriormente indicados se mantendrían hasta tanto el comité interdisciplinario
para la estructuración de las normas técnicas sobre la privación de la libertad
fijara las condiciones materiales en la que los reclusos debían permanecer en
las cárceles acordes con la dignidad. No obstante, ante la ausencia de
pronunciamiento de dicho comité, esta Sala atenderá los lineamientos de la
T-762 de 2015.
4.3.4. Conforme con lo anterior, dentro de las obligaciones
de imperativo cumplimiento por parte de las entidades estatales se encuentra la
posibilidad de los reclusos de contar con espacios mínimos que garanticen
condiciones materiales de existencia acordes con la dignidad: estos no se
reducen a las celdas, sino también a aquellos espacios a los que tienen acceso
las personas privadas de la libertad dentro del complejo carcelario. Además,
tales superficies deben contar con unas dimensiones mínimas y con unas
condiciones -ventilación adecuada, implementos mínimos para dormir, entre
otros- que permitan su estadía bajo parámetros de dignidad.
4.4. El suministro de
agua potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad es una
obligación estatal de imperativo cumplimiento con personas privadas de la
libertad
4.4.1. El agua es un derecho constitucional
complejo que ha sido objeto de progresivo reconocimiento normativo y
jurisprudencial a lo largo de los últimos años, en especial, en atención a la
importancia que el mismo tiene como presupuesto para el ejercicio y goce
efectivo de derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad física
y la dignidad humana[154].
Aunque no es una garantía expresamente señalada por la Carta Superior, se ha de
entender incluida, teniendo en cuenta el texto constitucional aprobado por el
Constituyente de 1991, en el cual se consagran una serie de principios que
rigen los servicios públicos[155].
La interpretación del contenido y alcance de los componentes del derecho
al agua tutelados hasta ahora por esta Corporación se ha
realizado en conjunto con las garantías establecidas en el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a través de la
Observación General No. 15 del dos mil dos (2002) que propende porque todas las
personas gocen de un mínimo de agua apta para el consumo, con el cual puedan
satisfacer sus necesidades básicas domiciliarias, y además se prevengan
problemas de salud y en general sanitarios[156].
En la referida Observación, se
entiende el derecho al agua como “el derecho de todos a disponer de agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico”[157].
Su justificación jurídica además de reposar en varios textos de tratados
internacionales sobre Derechos Humanos[158],
supone que a cada ciudadano se le proteja, respete y garantice[159]
las siguientes tres (3) facetas: (i) el derecho a disponer, y a (ii) acceder a
cantidades suficientes, esenciales y continuas de agua, y además, que la misma
sea (iii) de calidad “para los usos personales y domésticos”, es decir
salubre y, por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias
químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las
personas. Igualmente, deberá tener un color, un olor y un sabor aceptables para
cada uso[160].
Allí, se resalta el hecho de que
algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de
la salud, el clima, las condiciones de trabajo u otros factores externos y se
advierte que el agua y los servicios e instalaciones deben ser accesibles a
todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y
marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los
motivos prohibidos en la Constitución. También se precisa que este derecho debe
satisfacerse, por lo menos en unos niveles mínimos esenciales
para lo cual se identifican algunas obligaciones básicas que no pueden
suspenderse y tienen un efecto inmediato: “Garantizar el acceso físico a
instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y
regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua
para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; vigilar el grado de
realización, o no realización, del derecho al agua y adoptar medidas para
prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular
velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados”.
En armonía directa con lo
anterior, la Ley 142 de 1994[161]
consagra que el servicio de agua y saneamiento ambiental básico se debe prestar
de forma ‘continua’ e ‘ininterrumpida’, estableciendo
categóricamente que ello debe ser así ‘sin excepción alguna’, salvo
cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito (artículo
2). Existen distintos criterios para determinar cuál debe ser
la continuidad y disponibilidad del servicio. El Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el alcance y
el contenido de las obligaciones relacionadas con el acceso equitativo al agua
potable y al saneamiento, señala que la cantidad de agua a proveer debe
obedecer al volumen mínimo razonable establecido como parámetro por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta
(50) y cien (100) litros de agua por persona diarios para asegurar la
satisfacción de todas las necesidades de salud. Estas diversas cantidades son
indicativas, ya que pueden cambiar con arreglo a un contexto en particular, y
pueden diferir en el caso de algunos grupos, debido a su estado de salud,
trabajo, condiciones climáticas, exigencias culturales u otros factores[162].
La cantidad referida se ha
considerado óptima especialmente para espacios domiciliarios, sin embargo, en
la medida en que las personas privadas de la libertad están sometidas a otras
condiciones, esta Corporación ha precisado que deben tenerse en cuenta los
criterios de la CIDH[163]
plasmados en el “Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas
de la libertad en las Américas (2011)”[164].
Allí se dispuso que “la cantidad mínima de agua que una persona necesita
para sobrevivir es de 3 a 5 litros por día. Este mínimo puede aumentar de
acuerdo con el clima y la cantidad de ejercicio físico que hagan los internos.
Además, el mínimo requerido por persona para cubrir todas sus necesidades es de
10 a 15 litros de agua al día, siempre que las instalaciones sanitarias estén
funcionando adecuadamente; y la cantidad mínima de agua que deben poder
almacenar los internos dentro de sus celdas es de 2 litros por persona por día,
si éstos están encerrados por periodos de hasta 16 horas, y de 3 a 5 litros por
persona por día, si lo están por más de 16 horas o si el clima es caluroso”.
En modo
semejante, el CICR[165]
en la Guía complementaria al Manual Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en
las Cárceles, previó que el agua potable de la que disponga el
establecimiento penitenciario, por recluso, debe oscilar entre diez (10) y
quince (15) litros por día, en condiciones de normalidad, en lo que a sanidad y
tanques de almacenamiento se refiere.
4.4.2. A partir
de estos estándares y criterios de protección, la jurisprudencia constitucional
ha tomado medidas de acción en varias oportunidades especialmente en escenarios
en los que se han constatado graves violaciones a la vida, la salud y la
integridad física de los internos por permanecer recluidos en instituciones
penitenciarias que carecen de las condiciones mínimas de respeto a la dignidad
humana. La razón que justifica esta postura es que los Estados deben prestar especial atención a las personas y grupos de
personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este
derecho, en particular las mujeres, los niños, los presos y los
detenidos[166].
Así, la Corte ha resaltado la
importancia de garantizarles a quienes presentan limitaciones determinantes en
su libertad, el acceso suficiente al agua limpia necesaria para satisfacer unos
niveles mínimos esenciales encaminados a cubrir las necesidades de
consumo y contribuir a preservar la salud y la salubridad pública dentro de los
establecimientos de reclusión. El fundamento constitucional es que ningún ser humano, de hecho, ningún ser vivo, puede existir o
sobrevivir sin agua. Toda persona, individualmente, tiene derecho a acceder,
por lo menos, a la calidad y cantidad de agua adecuada y suficiente para poder
calmar la sed y asearse. Por ello, a todo reo al igual que a cualquier otro ser humano se le debe asegurar su satisfacción,
pero de forma prioritaria y reforzada por tratarse de un sujeto
especialmente vulnerable. La ausencia de suministro constituye
una falta grave del Estado a los deberes de garantía especialmente a la
dignidad humana[167].
El respeto por la dignidad humana
constituye el pilar central de la relación entre el Estado y la persona privada
de la libertad, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal, reconocida
expresamente por los tratados y convenios de Derechos Humanos, prevalentes en
el orden interno (art. 93 CP)[168].
Una de las decisiones en las que la Corte Constitucional abordó en detalle la
noción de ‘dignidad humana’ fue en la sentencia T-881 de 2002[169]. Allí, se
identificaron tres (3) lineamientos claros y
diferenciables que construyen el contenido de esta garantía: vivir como
quiera, vivir bien, vivir sin humillaciones y se precisó que estos ámbitos
de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto protegido por las
normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados normativos
sobre “dignidad”, principalmente el contenido en el artículo 1 superior[170].
Los presupuestos
constitucionales descritos deben ser considerados en este caso, entre otras
razones, porque han sido reiterados por la jurisprudencia en diferentes
ocasiones y contextos aludiendo siempre a las facetas de disponibilidad,
calidad y accesibilidad referidas. A continuación,
se hará un recuento jurisprudencial relacionado con el caso objeto de estudio. Esto
con el propósito de resaltar la importancia de mantener al máximo la
consistencia en las decisiones de la Corte mediante la identificación y
aplicación de las subreglas jurisprudenciales desarrolladas en supuestos
fácticos análogos ya decididos (precedentes)[171].
4.4.2.1.
Accesibilidad económica. En momentos anteriores, se ha resaltado que la provisión permanente de
agua no puede desconocerse so pretexto de la
falta de recursos al interior de los centros
correccionales. En la sentencia T-639 de
2004[172],
la Sala Quinta de Revisión estudió el caso de los reclusos de la penitenciaría
de mínima seguridad “Las Mercedes” de Cartago, Valle del Cauca, quienes
manifestaban que la distribución de agua en las horas de la mañana no
satisfacía la demanda de doscientos setenta (270) internos para bañarse,
realizar sus necesidades fisiológicas y actividades productivas dentro del
penal. Esta situación había generado efectos adversos en su salud, especialmente
agravada por las altas temperaturas de la zona. El escaso abastecimiento se
debía a que la empresa encargada de la prestación había racionalizado el
servicio porque la cárcel le adeudaba algunas facturas.
En
esa oportunidad, la Sala manifestó que el deber de suministro de agua potable
en el marco de la relación de especial sujeción, exigía una provisión continua
y adecuada pues de ello dependía la satisfacción de unos contenidos básicos
para la vida, la salud y la integridad física de la población privada de la
libertad[173].
Advirtió que los gastos de funcionamiento debían estar correctamente previstos
dentro del Presupuesto General de la Nación para poder cumplir con las
funciones de manejo y administración del sistema carcelario, en condiciones de
respeto por la dignidad de las personas sometidas a su cargo. La ausencia de la
apropiación presupuestal correspondiente para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales contraídas y la falta de recursos para satisfacer
las necesidades primarias de los internos atentaba contra sus garantías
fundamentales. Concluyó que las empresas de servicios públicos tenían derecho a
ejercer los medios coactivos a su disposición, pero no podían suspender el
suministro de agua especialmente sobre un sector de la población en imposibilidad de procurarse autónomamente una vida decorosa. Por ello, se le ordenó la regularización y
restablecimiento inmediato del líquido en beneficio de la comunidad afectada.
4.4.2.2. Accesibilidad física.
La importancia de mantener instalaciones físicas en buen estado que
aseguren condiciones de higiene y de salubridad a través de una distribución
eficiente de agua ha sido tema de debate en sede de revisión. En la sentencia T-317 de 2006[174],
la Sala Novena de Revisión protegió los derechos de los reclusos del
Establecimiento Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá
quienes se quejaban de la falta de suministro continúo de agua potable y, por
lo mismo, de la consecuente proliferación de moscas y zancudos, así como de
malos olores producidos por los excrementos estancados en los baños ubicados
cerca de los comedores. A pesar de requerir insistentemente una solución al
problema, en concreto la reubicación de las baterías de los sanitarios, las
autoridades penitenciarias se rehusaban a realizar modificaciones arquitectónicas
sobre la infraestructura que a juicio del peticionario no era lo
suficientemente adecuada[175].
En esa
oportunidad, la Sala reiteró que en tanto la dignidad era un derecho que no
admitía limitación alguna, las autoridades correccionales estaban en la
obligación de satisfacer las necesidades vitales mínimas de las personas
privadas de libertad a través de la alimentación, la habitación y el
abastecimiento suficiente de agua no sólo para el consumo, sino también para
disfrutar de un entorno higiénico. Por ello, era preciso que la situación de
desaseo de los baños del penal generara profundas y graves incomodidades
constituyéndose en un trato cruel y degradante generador además de enfermedades
y problemas de sanidad. Por estas razones, se le ordenó a la entidad accionada
adoptar las medidas administrativas necesarias para mantener las baterías de
baños en buenas condiciones de limpieza y asegurar efectivamente la prestación
estable del servicio público.
Avalando la
misma línea anterior y destacando la necesidad de asegurar este presupuesto,
aparece la sentencia T-077 de 2013[176].
Allí, la Sala Octava de Revisión examinó el caso de los internos del Complejo Carcelario de Ibagué Picaleña Coiba. De acuerdo con el
accionante su situación de reclusión y la de cuatrocientos (400) más era
contraria a los postulados básicos de una subsistencia digna toda vez que el
suministro de agua potable se realizaba dos (2) o tres (3) veces al día
por un tiempo de quince (15) a veinte (20) minutos “lo cual no era
suficiente para lavar ropa, lavar patios y celdas y para [bañarse]” pero
además para limpiar las tazas sanitarias del patio y de las celdas que
permanecían llenas de materia fecal y rodeadas de moscas que “luego
pisoteaban los menajes donde [recibían] los alimentos”[177].
La entidad aseguraba que en la zona de reclusión del interno (Bloque 1)
existían ciertas restricciones debido a que la estructura contaba con casi
treinta (30) años de existencia lo que imposibilitaba técnicamente proporcionar
agua en forma continua[178].
La Sala encontró
que la insuficiencia en la entrega del líquido había generado una serie de
irregularidades en la infraestructura física del pabellón (baños, duchas y
albercas dañadas, celdas con humedad, residuos líquidos con malos olores,
inadecuado manejo de basuras, filtraciones de aguas negras y comedores en mal
estado). Esta circunstancia a su vez había producido enfermedades estomacales,
respiratorias y cutáneas en los internos. Con base en ello, se sostuvo que la
protección del derecho al agua debía ser en este caso prioritaria y reforzada
y que era compromiso del Estado “velar por una distribución equitativa
de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles” a efectos de
satisfacer unos niveles mínimos esenciales y de calidad especialmente en una
zona expuesta a altas temperaturas[179]. En
esta medida, se concedió el amparo de la dignidad humana y se le ordenó al
INPEC y a la Dirección del complejo que mientras se
empezaba a suministrar el servicio de agua de forma continua y permanente tras
la ejecución de un plan de mejoramiento integral orientado entre otras cosas, a
renovar las instalaciones[180]
debía garantizarse una provisión diaria de fluido
potable equivalente a veinticinco (25) litros permitiendo además su
almacenamiento en las celdas en cantidades no inferiores a cinco (5) litros[181].
4.4.2.3. Disponibilidad. Las condiciones de
periodicidad en el abastecimiento del líquido con miras a asegurar unas
dimensiones vitales también ha sido un imperativo de la
jurisprudencia constitucional. Hace más
de diez (10) años una decisión judicial enfrentó una situación similar en
algunos aspectos a la que hoy es objeto de control por parte de esta
Corporación. En la sentencia T-1134 de 2004[182],
la Sala Segunda de Revisión dirigió su atención hacia el Establecimiento
Penitenciario de La Dorada. En el pasado reciente esta cárcel ya ha sido objeto
de vigilancia por parte de los órganos de control del Estado, en especial para
salvaguardar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas allí
desprovistas de la libertad. Con ese propósito se han impartido una serie de
órdenes encaminadas a mejorar la situación de internamiento.
En esa ocasión, la situación
fáctica objeto de debate obligaba a decidir
sobre la constitucionalidad del horario dispuesto para el suministro de
agua potable dentro de la penitenciaría y el
impacto de los racionamientos realizados especialmente en el horario nocturno
donde la temperatura llegaba a un nivel superior. Tras analizarse la situación
real del complejo, se encontró que los intervalos existentes eran
insuficientes para suplir la demanda de diez (10) pabellones con mil quinientos
veinte (1520) internos, y que en consecuencia aquellos se encontraban
experimentando una violación en sus derechos a la dotación y la distribución de
agua para el aseo personal y demás actividades, la cual podía generar problemas
de sanidad, olores nauseabundos, proliferación de bacterias y enfermedades,
entre otras circunstancias contrarias a la Constitución[183]. La entidad justificaba la programación y
regulación del consumo en (i) la existencia de algunas reparaciones realizadas
debido a los daños presentados en la tubería por la presión del agua y, (ii) en
el hecho de que su entrada por el acueducto era muy pequeña para abastecer los
tanques del suministro continúo a los internos en las celdas y en todo el
centro de reclusión, requiriéndose para lograr la solución una acometida
adicional para cada tanque.
Dentro de sus consideraciones, la
Sala estimó que el problema penitenciario representaba no sólo un delicado
asunto de orden público sino un escenario de extrema gravedad social que no
podía dejarse desatendido, sin siquiera plantearse soluciones. Sobre estos
planteamientos, y en aras de proteger los derechos vulnerados del actor y de
los demás internos, se le ordenó al INPEC que iniciará las gestiones necesarias
para solicitar, autorizar o requerir a quien correspondiera, en un término no
superior a un (1) mes, la materialización de la obra de acometida adicional en
la tubería para solucionar así las dificultades en la provisión de agua
presentadas en la cárcel y de esta forma mejorar su almacenamiento. La
Dirección del establecimiento debía a su vez efectuar los trámites para su realización.
4.4.2.4. Disponibilidad y accesibilidad
física. Esta Sala ha tenido que pronunciarse sobre la obligación de las
autoridades penitenciarias de brindar soluciones plausibles ante una prestación
deficiente del servicio público. En la sentencia T-175 de 2012[184] se analizaron dos (2)
acciones de tutela presentadas por personas privadas de la libertad en
diferentes cárceles del país. En una de ellas, tres (3) internos de la Cárcel
de Mediana Seguridad de Cúcuta relataban las deficiencias que en su criterio
tenía el penal para la atención de sus necesidades más básicas. En concreto,
afirmaban que no existía un suministro apto de agua potable toda vez que su
provisión era interrumpida y sujeta a constantes racionamientos o cortes
intempestivos especialmente durante la noche cuando se alcanzaban altas
temperaturas que agudizaban el estado de hacinamiento en las celdas[185]. Este hecho había
generado a su vez la existencia de instalaciones sanitarias inadecuadas,
filtraciones constantes en las celdas, malos olores, proliferación de moscas y
zancudos y en consecuencia un ambiente de insalubridad[186].
Para resolver el problema jurídico, la Sala
encontró que la distribución de agua en el penal no era constante y permanente
porque la capacidad del tanque de abastecimiento no era suficiente para suplir
la demanda. Dicha situación planteaba una problemática para los peticionarios
en especial por el horario de provisión del líquido en las noches que se
suspendía durante nueve (9) horas continúas interfiriendo en su derecho a
contar con cantidades básicas del fluido[187].
Esta dificultad obligaba a adoptar alguna medida para cambiar el déficit
existente que podría consistir incluso en la provisión del servicio en un punto
intermedio durante la noche; o en la reducción relevante del horario de
suspensión; o en el suministro de recipientes suficientes y en condiciones
higiénicas aceptables que los reclusos pudieran llenar, uno con agua para el
consumo y otro para vaciar los baños y realizar las demás tareas de limpieza[188]. En todo caso la
solución no podía consistir sólo en la ‘permisión’ para que compraran botellas
de agua en el expendio. Esta medida era insuficiente y resultaba
inconstitucional por ser este un deber a cargo del Estado.
4.4.2.5. Calidad. La garantía
prioritaria y reforzada del derecho al agua que merecen las personas privadas
de la libertad como sujetos especialmente vulnerables también implica un
abastecimiento bajo parámetros de potabilidad. En la sentencia T-322 de 2007[189], la Sala Segunda de
Revisión concluyó que el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad de Girón, Santander, desconocía los derechos fundamentales a
la vida, a la integridad personal y a la dignidad de los reclusos al no
garantizarles el acceso suficiente al agua limpia necesaria para su aseo
personal y desarrollo de otras necesidades primordiales. Los
actores aseguraban además que la distribución de agua no era permanente, ya que
solo la colocaban por espacio de cinco (5) minutos dentro de las celdas (a las
8:00 pm y 6:00 am). También aludían a la presencia de roedores y humedades en
las instalaciones que ponían en entredicho la higiene del penal. En esta
ocasión, se le ordenó al director del Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad de Girón, Santander, que adoptará todas las medidas adecuadas
y necesarias para garantizar el acceso suficiente al agua limpia necesaria para
el aseo personal de cada uno de los accionantes y de los demás internos.
La Sala Quinta de Revisión en la sentencia
T-762 de 2015[190]
reiteró la existencia de un estado de cosas contrario a la Constitución Política
de 1991 en el Sistema penitenciario y carcelario del país[191]. En esta providencia,
se estudió la dramática situación de hacinamiento y otros problemas
estructurales relacionados con la falta de higiene y salubridad al interior de
dieciséis (16) centros carcelarios. Todas las solicitudes de amparo se
encontraban orientadas a la adecuación general de las condiciones de reclusión
por razón especialmente de la ausencia de baterías sanitarias y deficiencias en
la prestación del servicio de agua potable para los internos[192]. Frente a este último
aspecto, se advirtió que las características del agua potable eran definidas
por el Ministerio de la Protección Social a través de la Resolución No. 2115
del veintidós (22) de junio de dos mil siete (2007)[193] y a ellas debían
ceñirse las autoridades sanitarias municipales, con el fin de determinar la
calidad del líquido suministrado, en la medida en que a pesar de su
disposición, el fluido podía no contar con las características de potabilidad
requeridas, como en efecto había ocurrido en algunos de los casos estudiados.
En este punto precisó que el agua destinada para el consumo humano y para
efectos de la sobrevivencia, no podía ser inferior a cinco (5) litros diarios
por persona, de tal manera que la identificación de un establecimiento
carcelario que ofreciera una cantidad menor del líquido vital ameritaba una
intervención urgente, en el corto plazo, para contener la situación. Por estas
razones y tras constatarse un déficit en la materia, se le ordenó al INPEC, a
la USPEC[194]
y al Ministerio de Justicia y del Derecho emprender las acciones necesarias
para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en
relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación
adecuada de aguas negras)[195].
4.4.3. En suma, como lo ejemplifican los
casos citados, el derecho a acceder a la cantidad de agua que se requiere para
vivir en dignidad adquiere especial trascendencia tratándose de personas
privadas de la libertad. Este sector marginado y vulnerable de la población no
cuenta con una opción distinta a la administración penitenciaria para alcanzar
la plena realización de este derecho bajo estándares de disponibilidad, calidad
y accesibilidad. Esto justifica que su satisfacción deba ser
reforzada y prioritaria. Su inobservancia constituye un incumplimiento de la obligación positiva del Estado de procurar a los
internos unas condiciones materiales y mínimas de existencia y se erige en una
violación de sus garantías fundamentales que puede ser reparada mediante la
acción de tutela.
5. Las autoridades
demandadas desconocieron los derechos a la vida en condiciones
dignas de los accionantes, reclusos del Patio 4, así
como de los demás internos de los Pabellones del EPC Yopal, al no contar en las
celdas con los espacios adecuados, permanecer en situación de hacinamiento
general y, no suministrarles el mínimo de agua
potable
5.1. Los solicitantes, internos del Pabellón 4 del
Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal, Casanare, acudieron a la
acción de tutela tras estimar vulnerados su derecho a la vida en condiciones
dignas por parte del penal, debido a que (i)
su estadía en el pabellón –acomodación, así como la posibilidad de
desplazamiento en las celdas y el patio – es insoportable debido al
hacinamiento; y (ii) la prestación del servicio de agua potable es
insuficiente.
Esta Sala
advierte desde ya que, en concordancia con lo indicado en el apartado 3.1.1. sobre
la legitimación en la causa por activa, y conforme con las pruebas recaudadas a
lo largo del trámite de tutela, la decisión que se adopte tendrá en cuenta a
todos los internos del Establecimiento Penitenciario de Yopal, ya que la
situaciones descritas en el escrito de tutela los afectan, salvo en los casos
en los que no hay hacinamiento -Patio 5 y la UME-, pues como se expondrá, los
internos no cuentan dentro de la cárcel con espacios de acuerdo con lo
dispuesto por la jurisprudencia constitucional. No obstante, respecto al
suministro de agua de acuerdo con las cantidades previstas por la
jurisprudencia, es una situación que aqueja a todos los pabellones del penal.
5.2. Respecto de los elementos probatorios, se tiene:
5.2.1. Explicó el director del penal[196]
que el establecimiento se divide en 3 sectores: sindicados, condenados y de
mínima seguridad. En un comienzo, el sector de sindicados estaba compuesto por
los Pabellones 1 y 2 y por las Unidades de Medidas Especiales y de Tratamiento
Especial para los sindicados -UME y UTE-; el de condenados por los Pabellones 3
y 4 así como UME y UTE para los condenados; y el sector de mínima seguridad por
el Pabellón 5.
Posteriormente, según lo afirmado por las
directivas del establecimiento, la UME de los condenados pasó a ser la zona de
reclusión de mujeres “A” y la UTE de los condenados para “la población
vulnerable como adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad”,
que fue denominado Pabellón 6.
Ante la sobreocupación del ala “A” de
reclusión de mujeres, el espacio que fue destinado al Patio 6 -antes UTE de
condenados- se convirtió en el ala “B” de reclusión de mujeres y el Pabellón 6
fue trasladado a la UTE de sindicados, quedando 4 celdas de ese lugar destinada
a tratamientos especiales.
Finalmente, se hizo un intercambio de
Pabellones: el Pabellón 1 -antes de sindicados- pasó a ser parte del sector de
condenados y el Pabellón 3 -antes de condenados- hace parte del sector de
sindicados, por cuestiones de seguridad.
Entonces, la conformación actual del
establecimiento penitenciario es la siguiente:
Sector
de
sindicados
Sector
de
condenados
Sector
de
mínima seguridad
Pabellón
3
Pabellón
1
Pabellón
5
Pabellón
2
Pabellón
4
Pabellón
6
4 celdas UTE[197]
RM[198]
B
UME[199]
sindicados
RM
A
En cuanto a la situación de hacinamiento dentro del Establecimiento Penitenciario de
Yopal, su
director hizo una relación de la capacidad del penal en cada uno de los
pabellones, la población actual y el porcentaje de sobrecupo[200]:
Ubicación
No. de celdas
Cupo patio
Ocupación del patio
Sobrecupo patio
Porcentaje de sobrecupo
Patio
1
45
178
274
96
59%
Patio
2
45
178
280
102
60%
Patio
3
45
178
283
105
60%
Patio
4
45
178
283
105
57%
Patio
5
5
90
109
19
4%
Patio
6
24
28
45
17
54%
RM
A
9
36
40
4
11%
RM
B
8
28
34
6
21%
UTE
(Unidad de Tratamiento Especial)
4
2
4
0
0%
UME
(Unidad de Medidas Especiales)
9
36
26
-10
-32%
Total general
231
918
1378
460
52%
5.2.2. Respecto
de los espacios a los que tienen acceso los reclusos en la cárcel de Yopal:
5.2.2.1. En el
informe presentado por el director del centro de reclusión[201],
se precisó el número de celdas por patio, su capacidad máxima
y la población actual así:
Ubicación
No. de celdas por patio / internos por celda (capacidad programada
máx.)
Capacidad programada patio
No. de celdas por patio / internos por celda (ocupación actual)
Ocupación actual patio
Patio
1
44
x 4[202]
178
10
x 5
274
18
x 6
16
x 7
1
x 2[203]
1
x 4
Patio
2
44
x 4
178
3
x 5
280
25
x 6
16
x 7
1
x 2
1
x 4
Patio
3
44
x 4
178
3
x 5
283[204]
22
x 6
18
x 7
1
x 2
1
x 4
Patio
4
44
x 4
178
30
x 6
283
13
x 7
1
x 8
1
x 2
1x
4
Patio
5
3
x 20
90
1
x 20
109
1
x 22
1
x 23
2
x 25
1
x 21
1
x 25
Patio
6 y UTE
28
x 1
28
17
x 2
45[205]
7
x 1
RM
A
8
x 4
36
1
x 6
40
6
x 5
1
x 4
1[206] x 4
vacío
RM
B
28[207] x 1
28
17
x 2
34
vacío
UME
8
x 4
36
2
x 3
26
6
x 2
1[208] x 8
1
x 8
Anotó que en las celdas en donde hay sobrepoblación a “los
internos se les asigna una colchoneta para su descanso”.
No obstante, en el proceso hay copia del oficio de 6 de julio
de 2016 suscrito por la Defensora regional Casanare y dirigido al director del
EPC Yopal, en el que se informó que un buen número de internas e internos
aseveró que “se encuentran en precarias condiciones, algunos manifiestan que
las han adquirido de la basura y los que llevan más de 4 años manifiestan que
desde su ingreso no [se] la han renovado”[209].
También, informó que, en cuanto a la zona de reclusión de mujeres, al no
haberse concebido desde la construcción de la cárcel un espacio destinado para
ellas, fue adecuada las Unidades de Medidas Especiales -UME- y de Tratamiento
Especial -UTE- para su alojamiento. Afirmó que “en virtud que las mismas
fueron diseñadas para tratamiento o medidas especiales cuentan con una puerta
de seguridad que no permite una adecuada ventilación, así como tan solo cuentan
con un camastro, situación que conlleva a que necesariamente alguien deba
dormir en el suelo”[210].
Ante tal
requerimiento, obra el oficio de 14 de
octubre de 2016 suscrito por el director del EPC Yopal dirigido a la Defensora
del Pueblo – Regional Casanare en el que indicó que si bien, en principio el
espacio tiene los parámetros de seguridad de una UTE, “ha realizado las
acciones humanamente posibles (…)” sobre todo teniendo en cuenta el
cumplimiento de la tutela 2016-0076, interpuesta por las internas del penal.
(Folios 84 - 86 Informe de la Defensoría del Pueblo).[211]
En efecto, obra copia de las decisiones de
tutela interpuesta por las reclusas del penal conocida por el Juzgado Primero
(1º) Laboral del Circuito de Yopal, que a través de sentencia de dieciséis (16)
de mayo de dos mil dieciséis (2016) accedió al amparo de los derechos
fundamentales de las accionantes y, en consecuencia ordenó: (i) efectuar los
trámites administrativos para ampliar el lugar destinado a las mujeres; (ii)
tomar medidas tendentes a que las mujeres tengan más acceso a las unidades
sanitarias; y (iii) realizar los trámites administrativos necesarios para que
dentro de la asignación presupuestal, se logren las ordenes indicadas. Tal
decisión fue revocada por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Yopal en fallo de veintitrés (23) de junio de dos mil
dieciséis (2016) para negar las pretensiones de la demanda de tutela.
Actualmente, es objeto de revisión por parte de la Sala de Revisión No. 2 de
esta Corporación (expediente T-5.825.393)[212].
5.2.2.2. Ahora
bien, en cuanto a los demás espacios con los que cuentan los reclusos, en el mismo
informe del director del penal, y en particular respecto del espacio destinado
al comedor, indicó que:
“en todos los
pabellones del establecimiento se cuenta con comedores para los PPL [personas
privadas de la libertad], en los patios 1, 2, 3, 4 se cuenta con un total de 9
mesas con 8 sillas para un total de 72, es importante indicar adicional a lo anterior
[que] se cuenta con sillas y mesas rimax indicando que de acuerdo con el
espacio en los patios no es posible instalar más comedores, por otra parte los
internos durante el día se encuentran realizando labores fuera del pabellón
toman el almuerzo en su lugar de trabajo, en sillas y mesas que utilizan para
realizar su labor”.
A su vez, dentro
de los anexos allegados, junto con la contestación de la tutela presentada por
la Defensoría del Pueblo – Regional Casanare, está el oficio de 6 de julio de
2016 en el cual la Defensora regional Casanare le manifestó al director del EPC
Yopal que debido al aumento de la población “resulta[n] insuficientes los
siguientes espacios: comedores y talleres de redención de penas.
Particularmente en el patio 1—2 y 5 se evidencia que han movido el comedor del
patio 5 para la zona de visitas (…)”[213].
Asimismo, manifestó que “en virtud del hacinamiento se ha visto restringido
los espacios de deportes, ya que para efectos de control se ven en la
obligación de sacarlos por pequeños grupos organizados y a cada uno le
corresponde un turno una vez al mes; esto ocurre tanto con el personal de
internos masculinos y femeninos (…) de igual forma por la misma condición de
hacinamiento la lista de turno de visita conyugal se extiende en turnos de
espera hasta de un mes”[214].
En cuanto al espacio
general destinado al confinamiento de internas, en este mismo oficio, la
Defensoría resaltó que “(…) no cuenta con sala cunas, (…) no tienen condiciones
de habitabilidad para las madres gestantes (…) En este mismo patio se
encuentran internas tanto condenadas como sindicadas, lo que imposibilita un
adecuado tratamiento penitenciario, como desarrollar talleres o actividades
para redención de penas”[215].
5.2.2.3. Por otra parte, el director del
penal explicó que, de acuerdo con el reglamento, los horarios son los
siguientes: “levantada y baño, aseo de celdas 05:30 horas ǁ desayuno
06:00 horas ǁ llamado a lista y contada de internos. Al relevo de
compañías ǁ Iniciación de actividades laborales y educativas 07:00 horas ǁ
Terminación de actividades educativas 10:45 horas ǁ Almuerzo 11:00 horas ǁ
iniciación de actividades educativas 13:00 horas ǁ terminación de
actividades laborales y educativas 15:45 horas ǁ Comida 16:00 horas ǁ
Contada y encerrada al personal de internos 17:00 horas ǁ Llamado a lista
de internos en las celdas 19:00 horas ǁ Silencio 20:00 horas”[216].
5.2.2.4. Por otra parte, debe
tenerse en cuenta el lugar en donde se encuentra el penal y las altas
temperaturas que se presentan allí: el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales - IDEAM en su informe sobre de “Características
climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos” [217], describe el clima de Yopal como “cálido-húmedo”:
“El promedio de
lluvia total anual es de 2270 mm. Durante el año, presenta una temporada seca y
una temporada de lluvias. La temporada seca se extiende de diciembre a marzo.
En estos meses llueve entre 0 y 5 días al mes. De abril a octubre se presenta
la temporada de mayores lluvias; la frecuencia de días lluviosos en estos meses
es de 15 a 18. El mes de noviembre pueden considerarse de transición y en
promedio registra alrededor de 6 días con lluvia por mes. La temperatura
promedio es de 26. 9º C. Al medio día la temperatura máxima media oscila entre
31 y 35º C. En la madrugada la temperatura mínima está entre 21 y 23º C. El sol
brilla cerca de 4 horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos
de principios de año, la insolación oscila entre 6 y 7 horas/día. La humedad relativa
del aire oscila durante el año entre 60 y 85 %, siendo mayor en los meses de
junio y julio y menor en el primer trimestre del año.”
5.2.3. En cuanto al
suministro de agua dentro del penal:
5.2.3.1. El
sistema de abastecimiento de agua del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario es autónomo. El informe realizado por la USPEC en la visita
realizada el 6 y 7 de septiembre de 2016, explicó su funcionamiento:
“[el líquido] proviene de dos pozos de agua subterránea, los cuales
genera una producción de 7,1 L/s para el pozo No. 1 y 9,5 L/s para el pozo No.
2 [cada uno con profundidad de 150 m y 170 m, respectivamente] (…) Cabe
resaltar que el pozo No. 2 se encuentra fuera de servicio debido a que la
tubería se encuentra altamente deteriorada impidiendo la succión de agua de
pozo || El agua que se obtiene de los pozos subterráneos es conducida a las
bandejas de aireación (…) || [Ya en la planta de tratamiento,] la primera
cámara de la planta realiza el proceso de coagulación-floculación || (…) [posteriormente
pasa a] la zona de sedimentación || (…) [y luego a la] cámara de filtración (…)
|| Existen tres tanques de almacenamiento de agua cruda en concreto (…) que
permiten un almacenamiento temporal de 173 m3 de agua cruda (…) ||
Desde la salida de la PTAP se alimenta la red de distribución con conexión
directa y por gravedad de salida de planta a entrada de tanque de
almacenamiento de agua potable (…)”[218].
5.2.3.2. El director
del establecimiento penitenciario de Yopal señaló que actualmente el pozo No. 1
de captación es el único que se encuentra en funcionamiento, pero tan solo en
un 32%[219],
toda vez que “por condiciones atmosféricas en los últimos meses se ha
disminuido notablemente el volumen de captación de agua para consumo humano,
razón por la cual no se puede suministrar agua suficiente”[220].
El pozo No. 2 de captación se encuentra fuera de servicio “desde mayo de
2016 y a la fecha no se le ha realizado ningún tipo de mantenimiento a pesar de
los constantes informes y requerimientos realizados a la USPEC, lo cual
imposibilita que se le brinde a la población privada de la libertad el
suministro constante de agua”[221].
En efecto, se
allegó por parte del Establecimiento Penitenciario de Yopal copia de los
oficios librados a la USPEC poniendo en conocimiento la necesidad efectuar el
mantenimiento preventivo al pozo profundo No. 1 y correctivo al pozo No. 2, y
los compromisos de esta última entidad en la solución de ese problema: (i) el
13 de mayo de 2016 se solicitó por parte del penal a la USPEC el mantenimiento
correctivo del pozo No. 2, en particular de las tuberías ya que no alcanzaba a
producir “ni el 50% del agua que debe captarse de este”[222];
(ii) el 19 de mayo requirió la realización de estudios e intervención
inmediata, en caso de ser posible, sobre la captación y demanda del suministro
continuo de agua[223];
(iii) el 2 de septiembre de 2016, mediante Acta No. 001 de la reunión
adelantada por el Comité de Derechos Humanos del penal[224], la USPEC se
comprometió a que el problema de agua potable y saneamiento básico sea atendido
de manera urgente a través de la intervención de los pozos profundos[225];
(iv) el 7 del mismo mes se expidió el Acta 424 de 2016 por la cual la USPEC se
comprometió en realizar mantenimiento preventivo al pozo profundo No. 1 y
mantenimiento correctivo al pozo No. 2[226];
(v) del mismo modo, los días 9, 19 y 29 de septiembre, el director del centro
correccional requirió una solución de fondo para el mantenimiento de los pozos
profundos[227],
ante tal solicitud, la USPEC en escrito del 23 de septiembre de 2016, informó
que realizaría el mantenimiento del pozo profundo de agua potable asegurando la
entrega de la obra en completo funcionamiento “con los recursos de las
próximas vigencias”[228];
(vi) el 4 y el 10 de octubre el director de la cárcel reiteró la petición de
asignación de recursos para el mantenimiento de los pozos[229],
ante lo cual el 14 de ese mes, la USPEC insistió en lo manifestado el 23 de
septiembre de 2016[230];
(vii) finalmente, los oficios del 2 y 13 de marzo de 2017 en los que el EPC
Yopal requirió intervención prioritaria de los pozos profundos, pues dicha
situación había llevado a que los reclusos “a partir de la fecha inici[en]
cese de actividades y además huelga de hambre”[231].
Igualmente, se
encuentran solicitudes a la USPEC de dar solución al problema de los pozos
profundos por parte los miembros del Comité Departamental de Seguimiento al
Régimen Penitenciario en escrito radicado el 27 de septiembre de 2016 en el que
se advirtió acerca del cese de actividades y la huelga de hambre que desde el
14 de marzo efectuaron las personas privadas de la libertad de los patios 2 y 4
del centro de reclusión[232].
5.2.3.3.
Asimismo, obra en el proceso que la dirección del centro penitenciario ha
realizado otras gestiones para la obtención del líquido vital: obra oficio de 7
de septiembre de 2016 en el que el director del establecimiento carcelario
solicitó a la gerente del acueducto y alcantarillado de Yopal el suministro del
servicio de agua a través de tracto camiones para la población privada de la
libertad[233].
En cuanto a la
ayuda suministrada por la empresa de acueducto y el cuerpo de bomberos de la
ciudad, en el expediente obra la planilla de control de ingreso al EPC Yopal de
carro tanques provistos de agua para consumo, en el tiempo comprendido entre el
10 de febrero y el 4 de marzo del 2017[234].
Igualmente, aparece registrado el ingreso de dichos vehículos al penal los días
19, 21 a 25 de marzo de 2017, proveyéndose entre 2200 y 5400 litros de agua[235].
Por su parte, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
aportó un informe en el que se discrimina las fechas en las que la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo ha abastecido de agua el penal desde
septiembre de 2016 hasta marzo de 2017[236].
5.2.3.4. Además,
en búsqueda de otras formas de encontrar abastecimiento continuo del líquido,
el director del penal propuso a la USPEC el 26 de julio de 2016 “la
construcción de una red de suministro de agua derivada de un acueducto veredal
[y] de no ser posible, construir un nuevo pozo profundo de una capacidad acorde
al consumo del establecimiento”[237].
Como respuesta a tal petición, el USPEC mediante oficio de 3 de agosto de 2016
le comunicó al director del establecimiento penitenciario de Yopal que estaba elaborando
“estudios previos de las necesidades de infraestructura que se requieren en
el establecimiento para la vigencia 2016, entre las cuales se tiene contemplada
esta intervención”[238].
De igual
forma, el penal informó que “el establecimiento
penitenciario cuenta con un reservorio de aguas lluvias al cual le fueron
realizados análisis físicos químicos y microbiológicos, para conocer sus
condiciones actuales y se le realizaron pruebas de tratabilidad, para conocer
con seguridad si este espejo de agua se podría utilizar para la potabilización
y así suplir medianamente la problemática del EPC, los análisis indicaron que
puede ser tratada en la planta ajustando los parámetros de dosificación
correspondientes, pero que los niveles de captación dependen exclusivamente de
la pluviosidad. Se estima que para la semana comprendida entre el 18 y el 21 de
octubre de los corrientes se inicie la captación en el sitio para iniciar el
proceso de potabilización”[239].
Frente a este último reservorio se indicó que por las
condiciones climáticas actuales “se redujo a un caudal promedio de 3,7
litros por segundo”[240]
por lo que no ha podido ser utilizada dicha alternativa. En el informe de 16 de
diciembre de 2016 de la Defensora – Regional Casanare al Defensor Delegado para
la Política criminal se advirtió que “el reservorio de agua que ha sido de importante
ayuda por crisis de agua en el EPC Yopal, se va a cerrar la próxima semana por
falta de líquido con ocasión de la llegada del verano”[241], situación que se
ratificó en su informe de 6 de marzo pasado[242].
5.2.3.5. En cuanto
a la operación de la planta de tratamiento de agua potable y de agua residual,
indicó el director de la cárcel que “el mantenimiento, operación y demás
situaciones de la PTAR deben ser asumidas por parte de la USPEC, quienes hasta
la fecha y desde el 31/12/2016 no han vuelto a realizar esta función en el
establecimiento, teniendo que asumir estos roles por parte del personal de
Cuerpo de Custodia y Vigilancia y Administrativo”[243].
No obstante, precisó que no se había dejado de prestar el servicio de agua e
incluso, aportó los análisis de laboratorio emitidos por la Secretaría de Salud
en el mes de febrero de 2017 en los que se indica que se conceptuó “sin
riesgo” respecto del tratamiento dado al líquido captado por el penal con
fines de consumo.
5.2.3.6. Por su parte, la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios - USPEC, aseveró que tiene previsto con los
recursos de la vigencia 2017 efectuar, entre otras obras, la acometida de agua
potable de pabellones y áreas administrativas, adecuación tanque de
almacenamiento y bombeo, y la instalación de aires acondicionados[244].
5.2.3.7.
Finalmente, obra en el expediente que el establecimiento penitenciario
estableció unos horarios para el suministro de agua para cada uno de los
pabellones de la cárcel: los cuales estaban sujetos a cambios
dependiendo del nivel de los tanques, afirmó que (i) en el rancho era de 4:00 a
6:00 am; (ii) en la zona de reclusión de mujeres de 5:40 a 6:10 am, 11:00 a
11:15 am, 1:00 a 1:15 pm y 6:30 a 7:00 pm; (iii) en el Patio 1, de 6:30 a 6:45
am, 3:15 a 3:30 pm y de 5:00 a 5:15 pm; (iv) en el Patio 2, de 6:15 a 6:30 am,
3:00 a 3:15 pm y de 5:15 a 5:30 pm; (v) en el Patio 3, de 6:15 a 6:30 am, 3:00
a 3:15 pm y de 5:30 a 5:45 pm; (vi) en el Patio 4 de 6:30 a 6:45 am, 3:15 a
3:30 pm y de 5:45 a 6:00 pm; (vii) en el Patio 5 de 11:00 a 11:15 am, de 1:00 a
1: 15 pm y de 6:30 a 7:00 pm; (viii) en el Patio 6 de 6:15 a 6:30 pm; (ix) UME
de 6:15 a 6:30 am y de 6:30 a 7:00 pm y; (x) UTE de 6:15 a 6:30 am y de 3:00 a
3:15 pm.
5.2.4. Así, como se
explicará a continuación, esta Sala estima que, debido a la sobrepoblación del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, las autoridades demandadas
están incumpliendo con las obligaciones mínimas hacia los internos,
especialmente lo relativo al espacio mínimo -general o individual- para que su
estadía se dé bajo condiciones dignas debido al problema de sobreocupación del
mismo. Asimismo, el serio problema que presenta el sistema de captación de agua
del establecimiento penitenciario y la omisión del USPEC acerca de la toma de
medidas para su reparación genera un suministro de agua deficiente al interior
del penal, lo cual se agrava en la situación de hacinamiento que vive la
cárcel.
5.3. El hacinamiento y el incumplimiento de
las obligaciones mínimas por parte de las entidades demandas respecto de los
reclusos del EPC Yopal
Conforme con las pruebas, la población
reclusa del Establecimiento Penitenciario de Yopal excede el 52% de su capacidad.
Efectivamente, el penal fue construido para ser ocupado por un número máximo de
918 internos, pero actualmente, excede su capacidad en 460 para un total de
1378 internos.
Si bien los pabellones del centro
correccional sufren de dicho fenómeno –salvo el Patio 5 y la UME-, no todos
tienen la misma proporción de sobreocupación: los Pabellones 1, 2, 3, 4 y 6 son
los que tienen mayor sobrepoblación pues superan su capacidad entre el 54% y el
60%[245].
En cuanto a los patios destinados a la reclusión de mujeres, dicho exceso
oscila entre el 11 y el 21%[246].
Teniendo en cuenta la relación de especial
sujeción en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, las entidades
estatales deben velar por garantizarle los derechos que no fueron objeto de
restricción por parte del juez penal[247],
con independencia de los delitos por los cuales fueron sindicados o condenados.
En eventos en los que el problema del hacinamiento se encuentra presente, las
condiciones materiales de existencia de los reclusos son indiscutiblemente
afectadas y de manera consecuente, su dignidad humana.
Este contenido mínimo de obligaciones
estatales reconocido por la jurisprudencia constitucional, en el establecimiento
penitenciario de Yopal tiene su más notoria manifestación de incumplimiento en
dos de ellas: (i) el espacio del que disponen los reclusos para descansar y
para desarrollar las demás actividades y; (ii) el precario suministro de agua a
los internos del establecimiento penitenciario de Yopal que no cumple los
mínimos diarios a los que tienen derecho la población carcelaria debido al daño
de los pozos de captación de agua, situación que se torna dramática con la
sobrepoblación.
5.3.1. Espacios
generales e individuales de los que disponen los internos del EPC Yopal no se
ajustan a los parámetros para que su estadía se entienda digna
Esta Sala de Revisión estima que tanto los
espacios individuales -celdas- como los demás espacios a los que pueden acceder
los internos de los Pabellones 1, 2, 3 y 4 y 6 no cumplen con los parámetros
que fijan las condiciones mínimas que deben cumplirse para que la estadía tanto
de sindicados como reclusos sea digna. Ello ocurre en menor proporción respecto
del Patio 5, del ala “A” de la zona de reclusión de mujeres, pues el índice de
sobrepoblación es menor y no se observa en el ala “B” de reclusión de mujeres ni
en la Unidad de Medidas Especiales -UME-.
Igualmente, debe efectuarse una mención
especial frente a la zona de reclusión de mujeres pues la zona dispuesta por el
penal para su albergue, en principio fue diseñada para que operara la Unidad de
Medidas Especiales -UME- y la Unidad de Tratamiento Especial -UTE-, por lo que
no cumple con las especificidades de un lugar para mujeres privadas de la
libertad.
5.3.1.1. El espacio individual: De
acuerdo con el informe del director del penal, hay 2 tamaños de celdas en los
pabellones principales[248]:
(i) las más grandes, con una superficie de 12 m2, construidas para
albergar un máximo de 4 personas y (ii) las más pequeñas, con capacidad de 2
personas tienen un área de 6 m2. En ambos casos, en condiciones
normales[249],
las personas privadas de la libertad en el centro carcelario tienen 3 m2 en
cada celda.
Actualmente, en los Patios 1 a 4, las
celdas destinadas para 4 personas exceden su capacidad en todos los casos: el
mínimo que registra son de 5 reclusos y el máximo registrado es de 8 internos
en una sola celda[250].
Lo mismo sucede con las celdas destinadas para 2 personas ubicadas en tales
pabellones, pues exceden su capacidad en el doble[251].
De esta manera, el escenario individual que
apenas cumple con los parámetros mínimos de la jurisprudencia constitucional
bajo condiciones de normalidad, se ve sensiblemente afectado como consecuencia
del hacinamiento de que es objeto el centro penitenciario: el espacio del que
goza cada uno de los reclusos de los pabellones referidos en el mejor de los escenarios
es de 2,4 m2 -cuando en una celda de 12 m2 se albergan 5
internos – y en el peor 1,5 m2 -en el evento en el que 8 personas se
encuentran en una célula de 12 m2 o cuando 4 están en una de 6 m2-.
Ni siquiera se cumple con el mínimo de 2 m2 establecido para
circunstancias transitorias o esporádicas.
En dicho espacio, tal como lo relataron los
accionantes, internos del Pabellón 4 del penal, algunos de ellos no cuentan con
una cama en donde puedan dormir de manera apropiada, luego no tienen otra
opción que yacer bien “(...) en el suelo al lado del sanitario del baño de
la celda, [bien] el paso de los otros compañeros”. Deben dormir unos encima
de los otros pues, como bien lo explicaron en “(…) el espacio que tenemos
para dormir 3 personas es de 1 metro con 20 centímetros de ancho, por 2 metros
con 80 centímetros de largo para acomodar 3 colchonetas en este espacio no
caben, ya que cada colchoneta mide aproximadamente 90 centímetros de ancho por
1 metro con 90 centímetros de largo, prácticamente dormimos uno sobre otro y no
alcansamos (sic) a consiliar (sic) bien el sueño”[252].
Además, conforme con lo descrito por la
Defensoría del Pueblo, no solo no tienen acceso a una cama individual, sino que
las colchonetas “las han adquirido [los internos] de la basura y los
que llevan más de 4 años manifiestan que desde su ingreso no [se] la han
renovado”[253]
De esta manera, pese a que logran una
acomodación en la pueden acostarse, esta no confortable, no solo porque no han
sido provistos de los elementos adecuados para ello -camas por colchonetas
viejas- sino que el espacio no es suficiente para ponerlos -colchonetas superpuestas-.
Debe agregarse que no tienen un espacio por el que puedan desplazarse con
facilidad por la zona destinada a los dormitorios, poniendo incluso en riesgo
su vida e integridad personal al pensar en situaciones extremas en las que
deban evacuar tales lugares[254].
Este panorama, ya difícil, es dramático al
encontrarse el penal ubicado en una zona cálida en el que deben pasar al menos
13 horas diarias[255],
pues como lo indicaron los actores “[n]os toca colgar macas (sic) para medio
acomodarnos en las celdas y haci (sic) tratar de consiliar (sic) el sueño,
porque el calor que se siente en las celdas con 7 personas es insoportable,
muchas veces poniendo la convivencia en un grado de filo de navaja, ya que al
más mínimo roce cualquiera de los compañeros se desestabiliza por el espacio
tan incómodo y reducido en el cual habitamos, las condiciones de nosotros los
internos del EPC Yopal son absolutamente infrahumanas, indigna (…) no es vida
para un ser humano, independiente de cualquiera que sea su condición personal”[256].
Conforme con lo anterior, las condiciones
de alojamiento de las personas privadas de la libertad, en particular, de
aquellos que se encuentran en los Pabellones 1, 2, 3, 4, 5, y 6 así como en el
ala “A” de la zona de reclusión de mujeres, del centro penitenciario de Yopal
no se encuentran acorde con los lineamientos que la jurisprudencia
constitucional ha establecido y en ese sentido, tal situación desconoce su
reclusión en condiciones dignas.
5.3.1.2. El espacio general: La
situación en la parte exterior de las celdas en cada uno de los Pabellones en
donde se presenta mayor hacinamiento no puede ser distinta: De acuerdo con el
documento CONPES 3871 de noviembre de 2016[257],
al ser el Establecimiento Penitenciario de Yopal un centro de reclusión de
tercera generación, puede deducirse que fue diseñado siguiendo los parámetros
de espacio mínimos requeridos para cada recluso. Al haber sido construidos los Patios
1, 2, 3 y 4 para una capacidad máxima de 178 personas privadas de la libertad, se
evidencia que en la actualidad los internos del penal no cuentan con el área
general mínima de 20 m2, pues cada uno de los pabellones tienen entre
274 a 283 personas.
Esa reducción significativa del espacio se
evidencia en la zona de alimentación
pues la capacidad máxima del comedor es de 72 personas, sin
que exista la posibilidad de ampliar su cupo. En ese sentido, resulta verosímil
la afirmación efectuada por los reclusos del Patio 4, que debe replicarse en
los Pabellones 1, 2 y 3, que tienen la misma área y porcentaje de hacinamiento
y en los Pabellones 5, y 6 así como en el ala “A” de la zona
de reclusión de mujeres que tienen problemas de sobreocupación, cuando
destacan que “la estructura del patio es muy reducida para el número de
internos que abitamos (sic) en dicho patio, no tenemos espacio para descansar
ni para transitar en el mismo patio por la sobrepoblación que, cuando nos
reparten el alimento nos toca comer en el suelo porque las 9 mesas que existen
para comer no es (sic) suficientes para el número de personal que habitamos,
contamos con un solo lavadero en el patio”[258].
Debe recordarse que esta Corporación estimó
que podría reducirse esta superficie, siempre que se “(…) asegure condiciones dignas de existencia para los reclusos”,
cuestión que, de manera evidente, no se verifica en el presente asunto.
5.3.1.4. En concordancia con lo anterior,
tanto los sitios destinados al descanso de los reclusos como los demás espacios[259] no cumplen con los
parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional para que la permanencia
de los reclusos de Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, cumpla
con las condiciones materiales de existencia acorde con la dignidad humana,
particularmente de aquellos que se encuentran en los Pabellones 1, 2 y
3, 4, 5, y 6 así como en el ala “A” de la zona de reclusión de
mujeres. Esa ausencia de espacio tanto en las celdas como en las demás zonas a
las que tienen acceso los reclusos, así como las condiciones mínimas que estas
deben tener (incluidos los elementos de los que deben ser provistos) afectan de
manera directa su vida en condiciones dignas.
5.3.2. Suministro de agua insuficiente – no disponibilidad
5.3.2.1. De acuerdo con
las pruebas que obran en el expediente, el abastecimiento de agua del penal se
efectúa a través un sistema de captación autónomo. Este sistema está compuesto
por 2 pozos profundos de donde se extrae el líquido, 2 plantas de tratamiento (de
agua potable y de aguas residuales) y los tanques en los que se almacena una
vez tratado y desde los cuales se hace la distribución para todo el centro
carcelario.
En cuanto a los pozos profundos de captación de agua, los
mismos han venido presentando problemas que han llevado a que en la actualidad
uno de ellos esté fuera de servicio y el otro esté funcionando en un 32% de su
capacidad, según el último reporte del centro de reclusión. Respecto de las
gestiones adelantadas por el penal frente a la situación anómala, obran oficios
librados ante la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC desde
mayo de 2016 en la que le expuso la problemática y le solicitó su colaboración
en el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. Ante tal pedimento,
la USPEC, luego de una visita al penal que realizó hasta el mes de septiembre
de 2016, se comprometió a efectuar las gestiones para efectuar una intervención
de manera urgente a los pozos profundos[260].
Posteriormente, al finalizar ese mes, luego de un nuevo requerimiento del director
del penal, afirmó que realizaría el mantenimiento del pozo profundo de agua
potable asegurando la entrega de la obra en completo funcionamiento “con los
recursos de las próximas vigencias”[261].
Así, pese a los constantes requerimientos efectuados por el
centro carcelario, e incluso por la Defensoría del Pueblo y del Comité de
Derechos Humanos del centro carcelario, la USPEC no ha llevado a cabo las
acciones efectivas tendientes a que se haga el mantenimiento preventivo y
correctivo de los pozos, daño que ha empeorado de manera ostensible, pues de
encontrarse uno de los pozos operando a media marcha y el otro en funcionamiento
pero con algunas deficiencias, debido a la falta de actuación por parte de la USPEC,
actualmente uno de estos está fuera de servicio y el otro funcionando en un
32%. En todo caso, hasta el momento, tampoco existe prueba de actuaciones con
cargo a las vigencias presupuestales del 2017, a pesar del conocimiento del cese
de actividades y huelga de hambre por parte de las personas privadas de la
libertad del centro de penitenciario de Yopal.
Si bien se ha efectuado por parte del penal gestiones
encaminadas a la solución del riesgo de desabastecimiento total por parte del
centro de reclusión, a través de la provisión de agua por medio de carro tanques,
tales medidas son temporales y no se ha logrado el abastecimiento continuo.
5.3.2.2. Se han planteado otras soluciones por parte del
penal para el problema de desabastecimiento del líquido vital. Es el caso de la
propuesta de efectuar una red de alcantarillado derivada de un acueducto
veredal, sin que la USPEC se hubiere pronunciado hasta el momento. La USPEC
indicó que iba a realizar los estudios previos, sin que haya aportado prueba de
ello.
5.3.2.3. Tales situaciones -daño en el sistema de captación
e insuficiencia del sistema mismo- tiene, en consecuencia, repercusión en el
suministro de agua a los reclusos, que se evidencia en la existencia de un
horario de provisión de agua que no cumple con los mínimos requeridos para
suplir sus necesidades más elementales y por el contrario, si pone en riesgo su
salud.
De acuerdo con las pruebas relacionadas en precedencia se
puede establecer, que los reclusos permanecen en las celdas desde las 5:00 pm
hasta las 6:00 am del día siguiente, 13 horas. En estos lugares permanecen
entre 5 a 8 personas privadas de la libertad y cuentan con un lavabo y un
sanitario. El suministro del agua dentro de estos lugares, de acuerdo con lo
indicado por el establecimiento penitenciario se da en las tardes por el lapso
corto de 15 minutos -Patios 1 a 4 y 6-, salvo en el Patio 5 que es de 30
minutos.
De esta manera, esta Sala considera que el suministro de
agua es deficiente frente al número de horas que permanecen en estos lugares,
sobre todo en las condiciones actuales de hacinamiento en las que se
encuentran. Este tiempo no se compadece respecto de las necesidades básicas, no
solo de consumo sino de aseo de sus cuerpos y de sus celdas, pues pasan encerrados
la mayor parte del tiempo en estos sitios con un acceso limitado al líquido
vital. Y la situación se torna aún más dramática si se tiene en cuenta el clima
cálido de la ciudad en donde se encuentra ubicado el penal.
Así, la falta de hidratación adecuada, la imposibilidad de
aseo corporal, los olores nauseabundos producto de la descomposición de
desechos humanos estancados en los retretes y la posibilidad nula de aseo de
las celdas de pequeñas dimensiones, sobrepobladas y expuestas a altas
temperaturas, aumenta los riesgos enfermedades en los reclusos, los enfrenta a
problemas de salubridad y afecta su convivencia.
Situación similar acontece en las zonas exteriores, pues,
aunque permanecen menos tiempo que en las celdas y, en principio, tienen mayor
acceso al líquido vital, las necesidades básicas no alcanzan a suplirse: en
esta zona exterior duran 11 horas y, respecto de los horarios de provisión de
agua esta se da en 2 momentos para un total de media hora -15 minutos en la
mañana y 15 minutos en la tarde-, salvo en el Patio 6 que es 15 minutos
solamente.
Así, esta Sala concluye que, con la provisión de agua
actual, los reclusos no alcanzan ni siquiera a tomar una ducha diaria, ni a
descargar los retretes.
En concordancia con lo anterior, el suministro casi nulo del
líquido vital a los internos del centro penitenciario de Yopal, tanto en las
celdas como en el patio, no está acorde con la dignidad humana.  En este punto,
vale recordar lo expuesto por esta Corporación en la sentencia T-175 de 2012[262]:
“Como se dijo atrás, Las Reglas
Mínimas de Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas les
reconocen a las personas privadas de su libertad el derecho a disfrutar de
instalaciones carcelarias higiénicas, y esto comprende celdas, patios y
sanitarios. El hecho de que los baños del patio estén sucios no sólo dificulta
que los mismos sean utilizados en condiciones dignas por todos los reclusos,
sino que también afecta la estadía misma de aquellos en el patio pues los
somete a percibir permanentemente olores pestilentes. Y si se tiene en cuenta
que es allí donde pasan la mayor parte del tiempo, la afectación es aún mayor”.
Los accionantes, sujetos de especial protección, tienen derecho,
aunque se encuentren recluidos, bien porque estén cumpliendo una pena privativa
de la libertad por la comisión de un delito o, bien en virtud de una medida
preventiva, a que las autoridades penitenciarias garanticen las condiciones
mínimas de una vida en dignidad.
Y es que en ninguno de los ambientes en los que deben
permanecer los reclusos - celda o patio -, atendiendo el tiempo de suministro
de agua y el número de personas privadas de la libertad, se proporciona la
cantidad de agua que esta Corporación ha indicado como mínima[263].
En decisiones recientes, la Corte ha establecido que “mientras no se superen las condiciones que dan lugar a
la falta de saneamiento y a la infraestructura sanitaria, la cantidad de agua
exigible por recluso será de 15 litros de agua por día para cada uno de ellos.
Una vez sean superados los problemas en estas materias en cada uno de los
establecimientos penitenciarios, conforme las directrices que acá se trazan,
podrán suministrar éstos 25 litros de agua por persona”[264].
Además, tal como sostuvo esta Corporación en la sentencia
T-077 de 2013[265],
al tratar un asunto de similar naturaleza:
“Concretamente,
sobre el problema de suministro de agua la Sala consideró que la protección del
derecho fundamental al agua debe ser en este caso prioritaria en
tanto que el accionante requiere de su suministro con fines domésticos y
personales; y además debe ser reforzada siendo que las
personas privadas de la libertad como el actor tradicionalmente han tenido
dificultades para ejercer este derecho pues (i) se encuentran frecuentemente
sujetas a condiciones de insalubridad y hacinamiento como se demostró con la
declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en los centros de reclusión
del país y, además, dado que (ii)  no cuentan con una opción distinta
a la administración para procurarse un suministro suficiente de agua como
consecuencia de su relación de sujeción con el Estado”.
La falta de intervención oportuna por parte de la autoridad
encargada de velar por el buen funcionamiento de las instalaciones
penitenciarias se traduce en el menoscabo de los derechos de los reclusos del Pabellón
4 y de los demás patios de los que se compone el centro correccional. Los
internos no tienen por qué sufrir las consecuencias de la negligencia de las
entidades que se encargan de proveer los bienes y servicios al ser precisamente
sujetos que se encuentran en una relación de sujeción con el Estado. Dicha omisión
los ha llevado a vivir en condiciones límite que de ninguna manera se
compadecen con los mínimos esenciales para llevar una vida digna.
A este panorama debe sumarse el hecho de encontrarse en un
estado de hacinamiento que torna más compleja la convivencia y las condiciones
de salubridad del centro penitenciario.
5.3.2.4. Si la USPEC no ha dado solución al problema de los
pozos profundos que surten de agua la cárcel de Yopal, menos ha atendido las
proposiciones efectuadas por las directivas del penal respecto de otras
alternativas de suministro del líquido vital del complejo carcelario, en
efecto, en búsqueda de nuevas formas de abastecimiento, el
director del penal propuso a la USPEC el 26 de julio de 2016 “la
construcción de una red de suministro de agua derivada de un acueducto veredal
[y] de no ser posible, construir un nuevo pozo profundo de una capacidad acorde
al consumo del establecimiento”[266].
Como respuesta a tal petición, el USPEC mediante oficio de 3º de agosto de 2016
le comunicó al director del establecimiento penitenciario de Yopal que se
encontraba elaborando “estudios previos de las necesidades de
infraestructura que se requieren en el establecimiento para la vigencia 2016,
entre las cuales se tiene contemplada esta intervención”[267]. No obstante, no
existe evidencia siquiera del inicio de la construcción de la red referida.
5.3.2.5. La falta de diligencia de la USPEC también se hace
visible en la contratación del personal encargado de la operación de las
plantas de tratamiento de agua potable y residual. En el material probatorio
consta que la operación de las plantas por parte de personas calificadas para
ello se hizo hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que, a la fecha, se haya
vuelto a encargar a personas calificadas para dicha labor. En este momento, de
acuerdo con lo manifestado por el INPEC, es el personal encargado de la
custodia y de las tareas de orden administrativo los encargados de la operación
de las plantas de tratamiento, poniéndose en riesgo la salud de quienes se
encuentran privados de la libertad en el penal.
5.3.2.6. En conclusión, se puede
decir que, atendiendo la relación especial de sujeción de los accionantes,
personas privadas de la libertad, no se cumple con la disponibilidad mínima de
agua potable para que estos puedan adelantar las labores de
aseo personal y comunitario básicas que les permitan vivir en condiciones de
higiene, y procurarse un aseo personal regular, descargar los retretes, lavar
baños, patios, celdas y pasillos, lavar su ropa, entre otros, que se
hace crítica debido al nivel de hacinamiento del penal, sin que existe por
parte de las autoridades demandadas, y particularmente, la USPEC una actuación
tendiente a dar una solución a tal situación.
5.4. Claro lo
anterior, se procederá a fijar las órdenes a cargo de las entidades accionadas.
6. Órdenes de la sentencia
6.1. Esta Sala advierte desde ya que se
revocará la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Sala Única de
Decisión del Tribunal Superior de Yopal para, en su lugar, confirmar
parcialmente la decisión adoptada por el Juzgado Segundo (2º) de Ejecución de
Penas de Yopal.
6.2. Así, esta Sala de Revisión
ordenará al Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, a la USPEC, al Establecimiento
Carcelario de Yopal y a la Defensoría del Pueblo – Regional Casanare que, en el
término de los noventa (90) días siguientes a la notificación de esta
providencia, inicien de forma conjunta el diseño de un Plan de Mejoramiento
Integral del centro carcelario accionado, dentro del marco del estado de cosas
inconstitucional evidenciado en la sentencia T-388 de 2013[268] y reiterado en la
sentencia T-762 de 2015[269],
y en armonía con el Plan de Mejoramiento del Patio Dos ordenado en el numeral
cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-143 de 2017[270], dirigido a realizar
el diagnóstico y las estrategias para superar el problema de: (i) hacinamiento
del penal, evaluando, de acuerdo con las condiciones particulares del centro
penitenciario, la implementación de reglas que permitan disminuir progresiva y
razonablemente el hacinamiento, hasta lograr superarlo y, posteriormente, no
permitir que dicho estado de cosas se presente. Se debe mantener el equilibrio
entre los cupos con que cuenta un establecimiento y el número de personas allí
recluidas.
Igualmente, de manera específica, el plan
deberá concentrarse en el problema de (ii) espacio individual y general del que
disponen los reclusos en el penal conforme con los mínimos establecidos en la
jurisprudencia constitucional no solo en área sino respecto de los elementos
con los que deben contar los reclusos. Para ello, deberán tenerse en cuenta los
lineamientos establecidos en la sentencia T-762 de 2015, sin perjuicio de
observar los parámetros que fije el comité interdisciplinario para la estructuración
de las normas técnicas sobre la privación de la libertad. Asimismo,
deberá enfocarse en (iii) el suministro continuo y suficiente del agua, para lo
cual deberá evaluar otras alternativas, toda vez que con la reparación de los
pozos no se alcanza a satisfacer los mínimos de agua en los términos de la
jurisprudencia constitucional -mínimo de 15 litros de agua diarios-.
En
esa misma línea reconoce que hay situaciones de emergencia (transitorias y
esporádicas) que pueden implicar la reducción considerable en el área de
alojamiento de los reclusos[271].
6.3. Mientras se adopta y pone en marcha el Plan de
Mejoramiento Integral, deben tomarse unas medidas de forma inmediata.
En primer lugar, esta Sala ordenará al
INPEC y a la USPEC, por intermedio de sus representantes legales o de quienes
hagan sus veces y de acuerdo a sus respectivas competencias, que se garantice un
mínimo de espacio al interior de las celdas en situaciones esporádicas y
transitorias con un espacio individual y/o general adecuado para que la
permanencia en el establecimiento sea más tolerable y, el kit que comprenderá, un
colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su
descanso nocturno. Cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma
garantía. La Defensoría del Pueblo, a través de sus regionales, ejercerá
funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de esta orden, y verificará que
responda a los factores y necesidades que impone la región y sus condiciones
climáticas[272].
Asimismo, respecto del suministro de agua,
de acuerdo a lo indicado por el USPEC acerca del compromiso de las vigencias de
2017 para el mantenimiento de los pozos profundos de captación de agua No. 1 y
2, se ordenará que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación
de la presente decisión adelante las actuaciones para realizar las adecuaciones
de los tanques.  Igualmente, dentro de dicho término, deberá contratar
operadores idóneos para las plantas de tratamiento de agua potable y aguas
residuales -PTAP y PTAR-. Además, la USPEC deberá elaborar los estudios previos
de las necesidades de infraestructura que se requieren en la EPC Yopal y que
ejecute los recursos que, según lo dicho en el numeral 5.2.3.6. del proyecto,
tenía previstos para efectuar la acometida de agua potable en los pabellones y
áreas administrativas
Se ordenará a la USPEC facilitar a los
presos utensilios para que puedan almacenar el líquido en sus celdas,
especialmente durante la noche en cantidades no inferiores a 5 litros para el
consumo, para vaciar los baños y realizar las demás tareas de limpieza.
En todo caso, mientras se ejecutan las
obras de reparación, así como de contratación de los operadores de las plantas
de tratamiento, se ordenará a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Yopal que continúe con el suministro de agua potable y de calidad con el fin de
que los internos del penal tengan acceso al mínimo de 15 litros diarios[273]. Debido a que la
empresa de acueducto manifestó no tener la disponibilidad económica para asumir
el costo del transporte del líquido, este deberá ser asumido por la USPEC.
7. Conclusiones
Frente a la administración, el preso se
encuentra en una relación especial de sujeción que corresponde a una política
pública diseñada, implementada y dirigida por el Estado, pero con derechos y
deberes en cabeza de ambas partes. Los presos no tienen derechos de menor
categoría; tienen derechos suspendidos y cuando esto no sucede, es decir cuando
la pena impuesta no se encuentra en contradicción con el ejercicio de un
derecho, este debe ser tan protegido y respetado como el de cualquier otra
persona.
En tratándose de la vida bajo condiciones
dignas no opera limitación alguna pues es un derecho inalienable e inherente a
la persona cuya protección compete siempre y en todo momento a las autoridades
penitenciarias. En situaciones específicas, este deber pleno se concreta en el
cumplimiento de unos niveles mínimos esenciales que comprenden entre
otros, el acceso a un espacio de alojamiento y general adecuados para la estadía
de la persona privada de la libertad, así como el suministro de agua potable en
condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad
encaminados a cubrir las necesidades de consumo y contribuir a preservar la
salud y la salubridad pública dentro de instituciones constitucionalmente
protegidas, como lo son las cárceles.
Las autoridades penitenciarias vulneran los
derechos fundamentales a la vida en condiciones de dignidad de una persona
privada de la libertad cuando, estando sometida a condiciones de hacinamiento,
no cuenta (i) con un espacio individual y/o general adecuado para que la permanencia
en el establecimiento sea más tolerable; (ii) con la suficiente provisión de
agua para la satisfacción de las necesidades de consumo y de aseo diario (disponibilidad).
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Única de
Decisión del Tribunal Superior de Yopal el dos (2) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016) que revocó el fallo tres (3) de octubre de dos mil
dieciséis (2016) emitido por el Juzgado Segundo (2º) Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Yopal (Casanare) para negar el amparo. En consecuencia,
CONFIRMAR parcialmente el fallo de primera instancia mencionado, en
cuanto accedió al amparo de los derechos fundamentales de los accionantes.
Segundo.-
En consecuencia, ORDENAR al Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC-, a la USPEC, al Establecimiento Carcelario de Yopal y a la Defensoría
del Pueblo – Regional Casanare que, en el término de los noventa (90) días
siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo han hecho, inicien
de forma conjunta el diseño de un Plan de Mejoramiento Integral del centro
carcelario accionado, dentro del marco del estado de cosas inconstitucional
evidenciado en la sentencia T-388 de 2013[274]
y reiterado en la sentencia T-762 de 2015[275],
y en armonía con el plan de mejoramiento del patio dos ordenado en el numeral
cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-143 de 2017, dirigido a
realizar el diagnóstico y las estrategias para superar el problema de: (i)
hacinamiento del penal, haciendo una evaluación, de acuerdo con las condiciones
particulares del centro penitenciario, de la implementación de reglas que
permitan disminuir progresiva y razonablemente el hacinamiento, hasta lograr
superarlo y, posteriormente, no permitir que dicho estado de cosas se presente.
Igualmente, de manera específica, el plan
deberá concentrarse en el problema de (i) procurar que
los reclusos en el penal, cuenten con un espacio individual y general adecuado
para que la permanencia en el establecimiento sea más tolerable, sin perjuicio
de observar los parámetros que llegue a fijar el comité iinterdisciplinario
para la estructuración de las normas técnicas sobre la privación de la libertad.
Asimismo, deberá enfocarse en (ii) el suministro continuo y
suficiente del agua, para lo cual deberá evaluar otras alternativas, toda vez
que con la reparación de los pozos no se alcanza a satisfacer los mínimos de
agua en los términos de la jurisprudencia constitucional - mínimo de 15 litros
de agua diarios-.
Tercero.- ORDENAR, mientras se adopta el Plan
de Mejoramiento Integral, al INPEC y a la USPEC, por
intermedio de sus representantes legales o de quienes hagan sus veces y de
acuerdo a sus respectivas competencias, que se garantice el mínimo de espacio
al interior de las celdas en situaciones esporádicas y transitorias, que
permitan a los reclusos contar con un espacio individual y/o general adecuado
para que la permanencia en el establecimiento sea más tolerable; y, el
suministro de un  kit que comprenderá, como mínimo colchoneta, almohada,
sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su descanso nocturno; cada
persona que ingrese al penal debe contar con esta misma garantía.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus
regionales, ejercerá funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de esta
orden, y verificará que responda a los factores y necesidades que impone la
región y sus condiciones climáticas[276].
Asimismo, ORDENAR a la USPEC que
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente
decisión adelante las actuaciones para realizar las adecuaciones de los
tanques.  Igualmente, dentro de dicho término, deberá contratar con operadores
idóneos para las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales
-PTAP y PTAR-. Además, la USPEC deberá elaborar los estudios previos de las
necesidades de infraestructura que se requieren en la EPC Yopal y disponer que
se ejecuten los recursos que se tenían previstos para efectuar la acometida de
agua potable en los pabellones y áreas administrativas.
Igualmente, ORDENAR a la USPEC
facilitar a los presos utensilios para que puedan almacenar el líquido en sus
celdas, especialmente durante la noche en cantidades no inferiores a 5 litros
para el consumo, para vaciar los baños y realizar las demás tareas de limpieza.
En todo caso, mientras se ejecutan las
obras de reparación, así como de contratación de los operadores de las plantas
de tratamiento, ORDENAR a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Yopal que continúe con el suministro de agua potable y de calidad con el fin
de que los internos del penal tengan acceso al mínimo de 15 litros diarios. El
costo del transporte del líquido deberá ser asumido por la USPEC.
Cuarto.- Por
Secretaría General, LÍBRAR las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
ROCIO
LOAIZA MILIAN
Secretaria
General (e)
[1] Los accionantes son: José David Villa Aguirre, Robin
Zapata Martínez, Marcos de la Cruz Rivera Mosquera, Lisandro Gaitán, Divier
Yesid Delgado Londoño, Roosbelth Poveda, Juan Sebastián Castillo Forero,
Arlington Ramírez Hernández, Pedro José González Pérez, Eider Arnovio Alegría
Quiñónez, Leonis Enrique Palacios Murillo, Pablo Emilio Criado, Hernán Darío
Neuta Tunjo, Deivi J. Bonilla, Víctor Andrés Largo Tapasco, Román Alexander Suárez, Wilson Andrés Muñoz Rengifo,
Keison Lemus Gamboa, Cristian
Albeiro Angulo, Juan Carlos Álvarez García, William Guzmán Pulido, Kevin
Salcedo González, César Antonio Valencia, Yobani Antonio Puerta, José Eduardo
Gutiérrez Tejedor, Duván Albeiro Rincón Carrión, Camilo Andrés Murcia Perilla,
Miguel A. Martínez, Norberto Antonio Morales, José Aníbal Ortega Mendoza.
[2] Los accionantes son: José David Villa Aguirre, Robin Zapata
Martínez, Marcos de la Cruz Rivera Mosquera, Lisandro Gaitán, Divier Yesid
Delgado Londoño, Roosbelth Poveda, Juan Sebastián Castillo Forero, Arlington
Ramírez Hernández, Pedro José González Pérez, Eider Arnovio Alegría Quiñónez,
Leonis Enrique Palacios Murillo, Pablo Emilio Criado, Hernán Darío Neuta Tunjo,
Deivi J. Bonilla, Víctor Andrés Largo Tapasco, Román Alexander Suárez,
Wilson Andrés Muñoz Rengifo, Keison Lemus Gamboa, Cristian
Albeiro Angulo, Juan Carlos Álvarez García, William Guzmán Pulido, Kevin
Salcedo González, César Antonio Valencia, Yobani Antonio Puerta, José Eduardo
Gutiérrez Tejedor, Duván Albeiro Rincón Carrión, Camilo Andrés Murcia Perilla,
Miguel A. Martínez, Norberto Antonio Morales, José Aníbal Ortega Mendoza.
[3] Este establecimiento, conforme por lo explicado por el director del
establecimiento de reclusión, como se verá en el apartado 4.2.1. de esta
sentencia, cuenta con 6 pabellones, 2 pabellones destinados a la reclusión de
mujeres -RM-, una Unidad de Tratamiento Especial -UTE-, una Unidad de Medidas
Especiales -UME-, con 231 celdas con capacidad para 918 internos, cupo que se
excede en un 52%, toda vez que la población actual del penal es de 1378.
[4] De acuerdo con lo indicado por el director del establecimiento de
reclusión, como se verá en el apartado 4.2.1. de esta sentencia, el Patio 4 fue
diseñado para 178 detenidos, por lo que existe una sobrepoblación del 57%.
[5] Folio 3. En adelante, siempre que se haga mención a un folio
del expediente se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que
se diga expresamente otra cosa.
[6] Folio 20.
[7] Folio 2.
[8] Folio 3.
[9] Folio 2.
[10] El abastecimiento de agua del penal se efectúa a través un sistema
de captación autónomo. Este sistema está compuesto por 2 pozos profundos de
donde se extrae el líquido, 2 plantas de tratamiento (de agua potable y de
aguas residuales) y los tanques en los que se almacena una vez tratado y desde
los cuales se hace la distribución para todo el centro carcelario (Folios
549-565 del Cuaderno de Revisión).
[11] De acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, el director del establecimiento penitenciario de Yopal libró
oficios ante la USPEC poniendo en conocimiento el problema de suministro de
agua al interior del penal y solicitando su intervención para solucionarlo y la
USPEC dio respuesta a algunos de estos requerimientos, sin que exista prueba en
las diligencias de una real intervención por parte de esta entidad: (i) el 13
de mayo de 2016 el director del penal solicitó el mantenimiento correctivo del
pozo No.2, principalmente sus tuberías, ya que no alcanzaba a producir “ni
el 50% del agua que debe captarse de este” (folio 87); (ii) Asimismo, el 19
de mayo requirió la realización de estudios e intervención inmediata, en caso
de ser posible, sobre la captación y demanda del suministro continuo de agua
(folios 89 y 90); (iii) el 2 de septiembre de 2016, mediante Acta No. 001, la
USPEC se comprometió a comunicar al EPC Yopal y al contratista para que el
problema de agua potable y saneamiento básico sea atendido de manera urgente a
través de la intervención de los pozos profundos (folio 100). Ese mismo día por
medio de Acta No. 416 se dejó constancia de la visita efectuada por a la USPEC
las plantas de tratamiento PTAR y PTAP (folio 58 a 60 Cuaderno de Revisión);
(iv) el 7 del mismo mes se expidió el Acta 424 de 2016 por la cual la USPEC se
comprometió a realizar mantenimiento preventivo al pozo profundo No. 1 y
mantenimiento correctivo al pozo No. 2 (folio 497 y 498 Cuaderno de Revisión);
(v) del mismo modo, los días 9, 19 y 29 de septiembre, el director del centro
correccional requirió una solución de fondo a al mantenimiento de los pozos
profundos (folio 518 y 519 Cuaderno de Revisión), ante tal solicitud la USPEC
en escrito del 23 de septiembre de 2016 informó que realizaría el mantenimiento
del pozo profundo de agua potable asegurando la entrega de la obra en completo
funcionamiento “con los recursos de las próximas vigencias” (folio 505
Cuaderno de Revisión); (vi) el 4 y el 10 de octubre, el director de la cárcel
reiteró la petición de asignación de recursos para el mantenimiento de los
pozos (folios 492 y 493 Cuaderno de Revisión), ante lo cual el 14 de ese mes,
la USPEC insistió en lo manifestado el 23 de septiembre de 2016 (folio 508
Cuaderno de Revisión); (vii) finalmente, obran oficios del 2 y 13 de marzo de
2017 en el que el EPC Yopal requirió  intervención prioritaria de los pozos
profundos, pues dicha situación había llevado a que los reclusos “a partir
de la fecha inici[en] cese de actividades y además huelga de hambre” (folio
1 Cuaderno de Revisión).  (ii) Además, en búsqueda de otras formas de encontrar
abastecimiento continuo del líquido, el director del penal propuso a la USPEC
el 26 de julio de 2016 “la construcción de una red de suministro de agua
derivada de un acueducto veredal [y] de no ser posible, construir un nuevo pozo
profundo de una capacidad acorde al consumo del establecimiento” (folio
93). Como respuesta a tal petición, la USPEC mediante oficio de 3º de agosto de
2016 le comunicó al director del establecimiento penitenciario de Yopal que “se
encontraba elaborando “estudios previos de las necesidades de
infraestructura que se requieren en el establecimiento para la vigencia 2016,
entre las cuales se tiene contemplada esta intervención” (folio 94). No
obstante, no existen evidencias dentro del expediente acerca de la construcción
de la red referida.
[12] Explicó que tales necesidades no se encontraban satisfechas ya que
duraban “14 horas encerrados en las celdas porque nos encierran a las 4pm y
nos habren (sic) al otro día a las 6 am”. Folio 2.
[13] Al respecto, obra oficio de 7 de
septiembre de 2016 en el que el director del establecimiento carcelario
solicitó a la gerente de acueducto y alcantarillado de Yopal el suministro del
servicio de agua a través de tracto camiones para la población privada de la
libertad (folio 48). En cuanto a la ayuda suministrada por la empresa de
acueducto, en el expediente obra la planilla control de ingreso al EPC Yopal de
carro tanques provistos de agua para consumo, en el tiempo comprendido entre el
10 de febrero y el 4 de marzo del 2017. Igualmente aparece registrado el
ingreso de carro tanques de agua al penal los días, 19, 21 a 25 de marzo de
2017, proveyéndose entre 2200 y 5400 litros de agua.
Sin embargo, el
suministro de este líquido no fue cubierto de manera permanente, puesto que los
días 11, 13, 14, 15, 17, 27 de febrero y 3, 5, 6, 7 y 8 de marzo, no fue
brindado, así pues, a excepción de las fechas anteriormente señaladas, se
abasteció entre 9.200 a 16.200 galones de este líquido por día (folio 486
Cuaderno de Revisión).
[14] Folio 11.
[15] Folio 22.
[16] Folio 28 a 34.
[17] Folio 28.
[18] Folio 29.
[19] Folios 35 a 43.
[20] Folio 35.
[21] Folio 35.
[22] Folio 35.
[23] Folio 35.
[24] Folios 46 a 53.
[25] Folio 53.
[26] Folio 53.
[27] Folio 53.
[28] Folio 53.
[29] Folio 53.
[30] Folio 64.
[31] Folio 64.
[32] Folios 73 a 82.
[33] Folio 76.
[34] Convenio de gerencia 274 de 2014 suscrito con FONDECON.
[35] Contrato 280 de 2014 con ACUAMEUNIER S.A.S. y contrato 266 de 2015
suscrito con ACUAMEUNIER S.A.S.
[36] Contrato 281 de 2014 con ACUAMEUNIER S.A.S.
[37] Folios 83 a 85.
[38] Folio 83.
[39] Folio 83.
[40] Folio 83.
[41] Folio 84.
[42] Folio 84.
[43] Unidad de Medidas Especiales.
[44] Folio 84.
[45] Folio 84.
[46] Folios 3 a 7 cuaderno de segunda instancia.
[47] Folio 6 Cuaderno de segunda instancia.
[48] Folio 6 Cuaderno de segunda instancia.
[49] Folio 6 Cuaderno de segunda instancia.
[50] Folio 6 Cuaderno de segunda instancia.
[51] Folios 549-565 del Cuaderno de Revisión.
[52] Pabellón 6 (población vulnerable) y 4 celdas destinadas a la Unidad
de Tratamiento Especiales.
[53] RM: Reclusión de Mujeres
[54] UME: Unidad de Medidas Especiales
[55] De acuerdo con
lo informado por el jefe de la Oficina jurídica, estas celdas miden 3 metros de
ancho por 4 metros de largo y tienen capacidad para 4 personas.
[56] De acuerdo con
lo informado por el jefe de la Oficina jurídica, estas celdas miden 2 metros de
ancho por 4 de largo y tienen capacidad para 2 personas.
[57] 2 internos se encuentran actualmente en la UTE.
[58] 41 adultos mayores y 4 UTE
[59] alojamientos, sin especificar el tamaño de los mismos.
[60] 2 de estas celdas fueron habilitadas como
baños.
[61] alojamientos, sin especificar el tamaño de los mismos.
[62] Folio 469 Cuaderno de Revisión.
[63] Folio 469 Cuaderno de Revisión.
[64] Folio 469 Cuaderno de Revisión.
[65] Folio 469 Cuaderno de Revisión.
[66] Folio 471 Cuaderno de Revisión.
[67] Folio 471 Cuaderno de Revisión.
[68] Folio 472 Cuaderno de Revisión.
[69] Folio 23 Cuaderno de Revisión.
[70] Folios 136 - 355 del Cuaderno de Revisión.
[71] Folio 137 Cuaderno de Revisión.
[72] Luego de la visita que la Defensoría del
Pueblo efectúo a las instalaciones del complejo penitenciario en julio de  2016
(folio 138 del Cuaderno de Revisión), libró el
oficio de 6 de julio de 2016 al director del EPC Yopal en el que afirmó que
desde la construcción del establecimiento “no se concibió un patio para
mujeres [no obstante] el INPEC ha venido trasladando internas de otros
establecimientos al de Yopal, por lo que han debido adecuar la UME Unidad de
Medidas Especiales para el patio de mujeres y la UTE Unidad de Tratamiento
Especial (…) El pabellón 5 (que lo compone la UTE y una UME) está siendo
destinado para las mujeres, en virtud que las mismas fueron diseñadas para
tratamiento o medidas especiales cuentan con una puerta de seguridad que no
permite una adecuada ventilación, así como tan solo cuentan con un camastro,
situación que conlleva a que necesariamente alguien deba dormir en el suelo. Si
bien es cierto que con esta medida se solucionó lo del hacinamiento de personal
interno femenino, se debe entender como una medida transitoria ya que las
mismas carecen de lo que requiere un pabellón de internas femeninas (…) no
cuenta con sala cunas, (…) no tienen condiciones de habitabilidad para las
madres gestantes (…) En este mismo patio se encuentran internas tanto
condenadas como sindicadas, lo que imposibilita un adecuado tratamiento
penitenciario, como desarrollar talleres o actividades para redención de penas”.
(folios 211 y 212 del Cuaderno de Revisión). Además, destacó que debido
al aumento de la población “resulta[n] insuficientes los siguientes
espacios: comedores y talleres de redención de penas. Particularmente en el
patio 1—2 y 5 se evidencia que han movido el comedor del patio 5 para la zona
de visitas (…)” (folio 213 del Cuaderno de Revisión). Mencionó que “en
los segundos pisos de los patios 1 y 2, el servicio de agua no llega mediante
la tubería al parecer por problemas desde su construcción en relación a la poca
presión con la que llega, los internos deben subir canecas de agua desde el
primer piso, de igual forma las unidades sanitarias comunes del segundo piso
de estos patios no funcionan” (folios 213 y 214 del Cuaderno de
Revisión).Asimismo, manifestó que “en virtud del hacinamiento se ha visto
restringido los espacios de deportes, ya que para efectos de control se ven en
la obligación de sacarlos por pequeños grupos organizados y a cada uno le
corresponde un turno una vez al mes; esto ocurre tanto con el personal de
internos masculinos y femeninos (…) de igual forma por la misma condición de
hacinamiento la lista de turno de visita conyugal se extiende en turnos de
espera hasta de un mes” (folio 214 del Cuaderno de Revisión). En cuanto a
las colchonetas de un buen número de internas e internos aseveró que “se
encuentran en precarias condiciones, algunos manifiestan que las han adquirido
e la basura y los que llevan más de 4 años manifiestan que desde su ingreso no
[se] la han renovado” (folio 216 del Cuaderno de Revisión). Con base en lo
anterior, solicitó, entre otras, la adopción de “medidas administrativas
necesarias para la construcción de un pabellón o patio destinado para internas
(…) la adquisición de nuevos elementos tales como colchonetas (…)” (folio
217 del Cuaderno de Revisión).
[73] En
el oficio de 14 de octubre de 2016 suscrito por el director del EPC Yopal
dirigido a la Defensora del Pueblo – Regional Casanare se destacó que “este
establecimiento no fue creado para albergar personal recluso femenino
inicialmente y (…) [posteriormente] se integró al EPC con el pasar del tiempo
el personal recluso femenino fue creciendo a pasos agigantados llegando a tener
un hacinamiento de 119% en el lugar destinado para dicho personal, fue así como
la dirección del Establecimiento con el fin de dar una pronta solución al tema
relacionado con el hacinamiento del personal de internas de la Reclusión de
Mujeres se tomaron medidas con el fin de habilitar espacios (…) reubicar el
personal de internos de la tercera edad que se encontraban asignados al patio
No. 6 antigua UTE y asignarlos nuevamente a otro patio, quedando el Patio No. 6
antigua UTE habilitado para el personal de internas de la reclusión de mujeres,
mediante acta  de asignación y ubicación de patios No. 153- 0602016 del 16 de
mayo de 2016 se reubicaron 38 internas en el patio No. 6 antigua UTE denominado
ahora reclusión de mujeres B, y 36 internas quedaron en la Reclusión de Mujeres
denominado A, por consiguiente tienen acceso a más unidades sanitarias, y
espacio para habitabilidad”. Indicó que si bien, en principio el espacio
tiene los parámetros de seguridad de una UTE, “ha realizado las acciones
humanamente posibles (…)” sobre todo teniendo en cuenta el cumplimiento de
la tutela 2016-0076, interpuesta por el personal de internas del penal. (Folios
219 – 221 del Cuaderno de Revisión).
[74] Folio 137 Cuaderno de Revisión.
[75] A través de oficio 2007 de 14 de
septiembre, reiterado en 23 de noviembre de 2016 fue requerida la USPEC, ante
lo cual solo se obtuvo respuesta por intermedio del director del EPC Yopal
quien informó que estaba “a la espera de conseguir el presupuesto necesario
para tal fin”. Por tal razón, la Defensoría la requirió por tercera vez el
16 de diciembre de ese mismo año por lo que la USPEC señaló que se encontraba
adelantando las diligencias para efectuar los arreglos “desconociendo por
completo la urgencia que amerita la intervención”. Igualmente, señaló que
solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad para mitigar
la situación, quien está abasteciendo 2 o 3 veces al día como medida de
contingencia (folio 138 del Cuaderno de Revisión).
[76] La tutela con radicado No. 2016-00266 fue conocida en primera
instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal y en segunda por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. Advirtió que de las
órdenes dadas por el a quo con ocasión del amparo de los derechos
fundamentales de los reclusos, realizó un seguimiento librando los oficios
No.1910 y 1915 de 2 de septiembre de 2016 a la USPEC y EPC Yopal,
respectivamente. Informó que esta última autoridad dio cuenta de todas las
gestiones adelantadas ante la USPEC y respecto de la intervención a los pozos “será
ejecutada con los recursos de la presente vigencia, una vez se adelante los
procesos de contratación” (folio 139 del Cuaderno de Revisión).
[77] En cuanto a la acción popular, radicada bajo el número 2014-00129,
presentada por los internos en el cual se ventilaron “asuntos de
reconocimiento del derecho a la salud, se trataron asuntos relacionados con una
serie de irregularidades presentadas en el sistema hidrosanitario”, fue de
conocimiento del Tribunal Administrativo de Casanare, quien en sentencia de
veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015) declaró la vulneración del
derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas y, en consecuencia,
ordenó al INPEC, USPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho: (i) ejecutar
las obras de instalación de baterías sanitarias en funcionamiento en los
talleres de artesanía; (ii) efectuar el diagnóstico y las obras para dar solución
definitiva “a la problemática sanitaria de aislamiento de reclusos pacientes”;
(ii) elaborar el diagnóstico del estado general de problemática sanitaria y
definir el plan de ejecución inmediata con los recursos existentes para
remediar aspectos de aseo, funcionamiento y optimización de los servicios ya
disponibles (folios 286 a 289 del Cuaderno de Revisión). Actualmente se
encuentra pendiente que se resuelva el recurso de apelación ante el Consejo de
Estado propuesto por las entidades demandas. (folio 4, Informe de la
Defensoría del Pueblo).
[78] Destacó las reuniones de (i) septiembre de 2016, que contó con la
presencia de una funcionaria del USPEC a uno de los comités, quien manifestó
que comentaría la situación a las directivas de la entidad; y (ii) 14 de marzo
de 2017, en la que la Defensoría propuso ante la negativa de la USPEC de dar
una solución inmediata al problema de abastecimiento de agua, oficiar al Comité
Departamental de Política Penitenciaria de la USPEC para la adopción de medidas
urgentes. (folio 140 del Cuaderno de Revisión).
[79] Destacó 2 de las reuniones adelantadas por tal comisión: (i) la de
2 de septiembre de 2016, en la que se “expuso la problemática de
hacinamiento, saneamiento básico y agua potable y por ende se obtuvo que (sic)
la Sra. Yamile Plata, funcionaria de la USPEC (…) compromisos referentes al
agua potable”; (ii) la del mes de febrero de 2017, en la que se determinó “reiterar
a la USPEC al urgencia en la atención a la problemática del agua potable del
EPC Yopal, documento que fue coadyuvado por instituciones como la Procuraduría,
Defensoría y Personería”. (folio 141 del Cuaderno de Revisión).
[80] Cabe destacar el oficio radicado el 23 de marzo de 2017 por los
miembros del Comité Departamental de Seguimiento al Régimen Penitenciario ante
la USPEC en el que se reitera la solicitud de intervención urgente con el fin
de “darle una solución definitiva a esta problemática [desabastecimiento de
agua potable por el colapso total del pozo profundo No. 2 y el colapso parcial
en el 30% de su capacidad del pozo profundo No. 1]  que viene presentando desde
el mes de mayo de 2016 || Así mismo, el día martes 14 de marzo de 2017 en
reunión de derechos humanos  realizada en el EPC Yopal, el personal privado de
la libertad del patio número 02, manifestó  mediante escrito el cese de
actividades y huelga de hambre, por falta de suministro de agua potable y por
hacinamiento || Posteriormente el día 16 de marzo de 2017, el EPC YOPAL informó
que se adicionó el patio número 04 (…)” (Folio 322 a 324 del Cuaderno de
Revisión).
[81] Folios 62 a 78 Cuaderno de Revisión.
[82] Artículo 1º del Decreto 2897 de 2011.
[83] Aclaró que, “se escindieron esas funciones del INPEC para dar
vida a una nueva entidad: la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios –
USPEC” por medio del Decreto 4150 de 2011.
[84] El informe se basó en la visita efectuada los días 7 y 8 de
septiembre de 2016 de terminación del contrato No. 266 de 2015 suscrito con la
empresa Acuemeunier, cuyo objeto era el “suministro, instalación, puesta en
marcha, mantenimiento y operación del sistema de captación (pozo de bombeo),
tratamiento, almacenamiento, distribución, optimización (incluye mantenimiento
y operación de pozo profundo), tanques de almacenamiento y operación de todos
los sistemas residuales” del EPC Yopal. En este se describe el sistema
autónomo de  abastecimiento de agua, así: “[el líquido] proviene de dos
pozos de agua subterránea, los cuales genera una producción de 7,1 L/s para el
pozo No. 1 y 9,5 L/s para el pozo No. 2 [cada uno con profundidad de 150 m y
170 m, respectivamente] (…) Cabe resaltar que el pozo No. 2 se encuentra fuera
de servicio debido a que la tubería se encuentra altamente deteriorada
impidiendo la succión de agua de pozo || El agua que se obtiene de los pozos
subterráneos es conducida a las bandejas de aireación (…) || [Ya en la
planta de tratamiento] la primera cámara de la planta realiza el proceso de
coagulación-floculación || [posteriormente pasa a] la zona de sedimentación ||
[y luego a la] cámara de filtración (…)|| Existen tres tanques de
almacenamiento de agua cruda en concreto (…) que permiten un almacenamiento
temporal de 173 m3 de agua cruda (…) || Desde la salida de la PTAP
se alimenta la red de distribución con conexión directa y por gravedad de
salida de planta a entrada de tanque de almacenamiento de agua potable (…) ”.
(Folio 67 a 78 Cuaderno de Revisión)
[85] Folios 104 a 107 Cuaderno de Revisión.
[86] Folio 105 Cuaderno de Revisión.
[87] Aportó junto con la contestación de la tutela un informe en
el que se discrimina las fechas en las que la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo ha abastecido de agua el penal desde septiembre de 2016
hasta marzo de 2017 (folios 112 a 114 Cuaderno de Revisión).
[88] Folio 105 Cuaderno de Revisión.
[89] Folio 35.
[90] Folio 35.
[91] Folio 64.
[92] Constitución Política, artículo
86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[93] “Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[94] Según lo ha explicado la Corte, el efecto inter comunis se
adopta con el fin de proteger los derechos de todos los miembros de un grupo,
afectados por la misma situación de hecho o de derecho, en condiciones de
igualdad. A este respecto, esta Corporación ha sostenido que existen circunstancias
en las cuales la protección de los derechos fundamentales de los accionantes
debe hacerse extensiva a otras personas o ciudadanos que no han acudido a la
acción de tutela, o que habiendo acudido no son demandantes dentro de los casos
bajo estudio, pero que sin embargo, se encuentran en situaciones de hecho o de
derecho similares o análogas a las de los actores. En estos casos, ha
establecido que la acción de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial
subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
solamente de los accionantes, y que la naturaleza y razón de ser de la acción
de amparo debe suponer también la fuerza vinculante suficiente para proteger
garantías superiores de quienes no han acudido directamente a este medio
judicial. La aplicación de esta figura, que constituye una excepción al mandato
consagrado en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 que señala que las
sentencias de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto, se encuentra
supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que la protección
de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar
contra los derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no
acudieron a la acción de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones
objetivas similares; y (iii) que con la adopción de este tipo de fallo se
cumplan fines constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los
derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva. La
sentencia SU-1023 de 2001 (MP. Jaime Córdoba Triviño; AV. Jaime Araujo
Rentería), trata por primera vez dicho efecto al estudiar el caso de unos
pensionados que interpusieron tutela en contra de la compañía de inversiones de
la Flota Mercante, entidad que no había pagado sus mesadas pensionales desde
mil novecientos noventa y nueve (1999). En ese caso, la Sala Plena estimó que:
“Existen circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se
limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto
se presenta cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios
atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no
puede contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de
vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante
suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han
acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se
encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y
cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera
directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no
tutelantes. (…)”. Además, pueden consultarse, entre muchas otras, las
sentencias: T-203 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-200 de 2006 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-451 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-088
de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-938 de 2011 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla), T-987 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-239 de 2013 (MP.
María Victoria Calle Correa), SU-254 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva;
AV. Mauricio González Cuervo), T-370 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio),
T-465 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-649 de 2013 (MP. Mauricio
González Cuervo), T-689 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[95] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”.
[96] Sobre el principio de inmediatez, en general, se pueden consultar
las sentencias T-1110 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de
2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-429 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-998 de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa), SU-158 de 2013 (MP.
María Victoria Calle Correa) y T-521 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo),
entre muchas otras.
[97] Si bien el término para interponer la acción de tutela no puede
establecerse de antemano, el juez está en la obligación de verificar
cuándo no se ha interpuesto de manera razonable para evitar que se convierta en
un factor de inseguridad que lesione los derechos fundamentales de terceros o
que desnaturalice la acción.
[98] Folio 14.
[99] En estos casos, el juez de tutela debe
ser sensible a las condiciones especiales de vulnerabilidad, exclusión, marginalidad y precariedad en
las que se encuentran aquellas personas privadas de la libertad. Se trata de una población especialmente protegida que enfrenta una
situación dramática y de continua vulneración de sus derechos fundamentales
cuya protección es urgente para la satisfacción de sus necesidades más
apremiantes.
[100] Al respecto la sentencia T-222 de 2014 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva) señaló: “No puede predicarse idoneidad y eficacia de un recurso sin
hacerse un análisis concreto. Ello implica que el juez constitucional
despliegue una carga argumentativa a fin de determinar la procedencia de la
tutela. No es dable en un Estado Social de Derecho que un juez constitucional
niegue por improcedente un amparo constitucional sin si quiera analizar, paso a
paso, el requisito de subsidiariedad”. En aquella oportunidad, la Sala Novena
de Revisión estimó procedente una acción de tutela presentada por tres (3)
ciudadanos contra compañías de seguros por cuanto, a pesar de existir un medio
judicial de defensa para controvertir los asuntos contractuales en conflicto,
este no era eficaz por la calidad de sujetos de especial protección
constitucional de los accionantes quienes se encontraban en condición de
discapacidad y carecían de recursos económicos. La jurisprudencia
constitucional ha señalado que hay especiales condiciones que deben ser
analizadas en cada caso concreto para determinar la procedencia de la acción,
por ejemplo, que la persona interesada sea sujeto de especial protección
constitucional, como sucede con las personas de la tercera edad o con quienes
por sus condiciones de vulnerabilidad económica, de salud o familiares, no les
sea exigible acudir a otra vía judicial para solicitar la protección de su
derecho, habida cuenta del tratamiento preferencial que su condición exige, con
lo cual el análisis de procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente.
[101] En ciertos casos, además, este puede ser un argumento para proveer
una solución principal y definitiva. En ese sentido, la sentencia T-396 de 2009
(MP. Humberto Antonio Sierra Porto) indicó: “[L]a acción de tutela procederá
como mecanismo principal y definitivo en el evento en que el medio judicial
previsto para este tipo de controversias no resulte idóneo y/o eficaz en el
caso concreto”. Esta posición ha sido reiterada por las sentencias T-820 de
2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-354 de 2012 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva), T-140 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-491 de 2013
(MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-327 de 2014 (MP. María Victoria Calle
Correa), T-471 de 2014 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras.
[102] MP. María Victoria Calle Correa; SVP. Mauricio González Cuervo. En
esta oportunidad, la Sala Primera de Revisión adoptó una serie de órdenes
encaminadas a superar el estado de cosas inconstitucional del Sistema
penitenciario y carcelario del país. Allí, se advirtió la presencia de diversos
factores determinantes de esta situación destacándose en concreto los
siguientes: “(i) Los derechos
constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados de manera
masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de
respeto, protección y garantía, derivadas de tales derechos, han sido
incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema ha institucionalizado
prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su funcionamiento cotidiano;
(iv) hay una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y
presupuestales que se requieren con urgencia; (v) la solución de los problemas
estructurales compromete la intervención de varias entidades, que deben
realizar acciones complejas y coordinadas; y, finalmente, (vi) si todas las
personas privadas de la libertad que se ven enfrentadas al mismo estado de
cosas presentaran acciones de tutela (u otros mecanismos de defensa de sus
derechos), tal como lo hicieron los accionantes de las tutelas acumuladas en
esta oportunidad, el sistema judicial se congestionaría aún más de lo que está
ocurriendo”.
[103] MP. Ciro Angarita Barón. Allí se analizó
la situación de varios ciudadanos privados de la libertad en la penitenciaría
de “Peñas Blancas” de Calarcá, Quindío, a quienes por diferentes circunstancias
se les había vulnerado por parte de las autoridades carcelarias su derecho
fundamental a la dignidad humana debido a las precarias condiciones de higiene
y sanidad al interior del centro de reclusión. De manera concreta, se aludía a
la existencia de tratos degradantes como consecuencia de la inadecuada evacuación
de excretas en recintos cerrados de la penitenciaría. Los reclusos se quejaban
también de las insoportables condiciones ambientales producidas por la
ubicación de letrinas deterioradas, sin agua suficiente para la limpieza y
contiguas a los sitios destinados para dormir. La Sala Primera de Revisión
concedió el amparo de los derechos fundamentales de los peticionarios en tanto
la situación en la que vivían era algo intolerable, degradante e inhumana.
Precisó que existía una palmaria negligencia o, en el mejor de los casos, una
falta de diligencia considerable, que no tenía atenuante alguna en el hecho de
estar referida a personas que habían cometido delitos contra la sociedad. Por
ello, le ordenó al Ministerio de Justicia (Dirección General de Prisiones) que
adecuará y reparará los dormitorios, baños, rejillas y disposición de basuras,
de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el informe presentado por el
Instituto Seccional de Salud del Quindío, luego de una visita realizada a la
prisión. Así mismo, dispuso la intervención de los entes de control a efectos
del cumplimiento de la sentencia. La providencia T-153 de 1998 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), también constituye un precedente hito sobre la categoría de
especial sujeción. En esa sentencia, se estudiaron casos de hacinamiento en dos
(2) instituciones penitenciarias del país (La Modelo de Bogotá y Bellavista de
Medellín). Al visitar las instalaciones, la Sala Tercera de Revisión observó
que la política carcelaria del Estado no estaba garantizando la protección de
los derechos fundamentales de los reclusos, ni las condiciones mínimas de
existencia digna y en consecuencia declaró un estado de cosas inconstitucional.
La doctrina constitucional sobre relaciones de especial sujeción en el caso de
las personas privadas legalmente de la libertad ha sido reiterada en múltiples
ocasiones, entre ellas, en las sentencias T-1190 de 2003 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett), T-690 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-274 y T-1275 de
2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-848 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-566 de 2007 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[104] Con relación a los elementos
característicos de las relaciones de sujeción, la Corte se pronunció en la
sentencia T-881 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), en la cual recopiló
su jurisprudencia al respecto: “De la jurisprudencia de la Corte Constitucional
la Sala identifica seis elementos característicos qué procederá a relacionar
así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación de una
parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se concreta
en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles
disciplinarios y administrativos  especiales y posibilidad de limitar  el
ejercicio de derechos, incluso fundamentales); (iii) Este régimen en cuanto al
ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los
derechos fundamentales debe estar autorizado por la Constitución y la ley; (iv)
la finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de
los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de
los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar
disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena
(la resocialización); (v) como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos
derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de existencia:
alimentación, habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los
cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado; (vi) simultáneamente
el Estado debe garantizar de manera especial el principio de eficacia de los
derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de
conductas activas)”. Esta postura ha sido reiterada, entre otras, en las
sentencias T-490 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-274 de 2005 (MP. Humberto
Antonio Sierra Porto), T-705 de 2009 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), T-311 de
2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[105] Sentencia T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón), previamente
analizada.
[106] T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón).
[107]T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón).
[108] T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón).
[109] T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón).
[110] Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia
T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[111] Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de
la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de
la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones
cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria.
Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal
y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra
de los valores y principios propios del Estado social de derecho. Sobre el
particular, consultar la sentencia T-175 de 2012 (MP. María Victoria Calle
Correa), cuyo análisis se efectuará más adelante.
[112] Constitución Política, artículo 1. “Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. En
términos constitucionales, la dignidad humana es tanto un principio como un
derecho constitucional. Como principio, la dignidad humana “[…] se constituye
como un mandato constitucional, un deber positivo, o un principio de acción,
según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la
medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las
conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales con el
propósito de lograr las condiciones, para el desarrollo efectivo de los ámbitos
de protección de la dignidad humana identificados por la Sala: autonomía
individual, condiciones materiales de existencia, e integridad física y moral”.
Como derecho fundamental autónomo, la dignidad humana cuenta con los elementos
propios de todo derecho “un titular claramente identificado (las personas
naturales), un objeto de protección más o menos delimitado (autonomía,
condiciones de vida, integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su
protección (acción de tutela). Se consolida entonces como verdadero derecho
subjetivo”. Sobre el particular, ver la sentencia T-881 de 2002 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett).
[113] Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia
T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[114] Constitución Política, artículo 11. “El derecho a la vida es
inviolable. No habrá pena de muerte”.
[115] Sentencia T-102 de 1993 (MP. Carlos Gaviria Díaz). En ese
pronunciamiento, la Sala Cuarta de Revisión analizó una acción de tutela
presentada por algunos pobladores del Municipio de Santo Domingo, Antioquia
quienes consideraban que la construcción de un comando de policía junto a dos
(2) centros educativos amenazaba sus derechos constitucionales fundamentales a
la vida, a la integridad física y a la educación, por lo cual solicitaban
ordenar la suspensión de la construcción, prohibir su ocupación y cambiar la
destinación de dicha obra. Con todo, aunque en los fallos de instancia se
ordenó suspender la construcción, esta corporación revocó esas decisiones,
denegó la tutela impetrada y autorizó proseguir la obra que había sido
interrumpida.
[116] La prohibición del artículo 12 de la Constitución relativa a los
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes es una de las innovaciones más
importantes introducidas por la Constituyente de mil novecientos noventa y uno
(1991). Esta parte del texto fue extraída de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la
Resolución 39/46 de la Asamblea General en diciembre de mil novecientos ochenta
y cuatro (1984). Sobre el particular, consultar la sentencia T-596 de 1992 (MP.
Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[117] Juan Fernández Carrasquilla, Derecho penal fundamental, Temis,
Bogotá, 1989, p. 88. Esta postura ha sido asumida por la Corte Constitucional
en virtud de lo dispuesto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) señala en su
artículo 10.3 que: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”.
Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) dispone
textualmente en su artículo 5.6 que: “Las penas privativas de la libertad
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados”. En este mismo sentido, la Observación General No. 21 al
artículo 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos emitida por el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que: “Ningún sistema
penitenciario debe estar orientado a solamente el castigo; esencialmente, debe
tratar de lograr la reforma y la readaptación social del preso”. Con estos
argumentos, la Corte ha entendido que: “El Estado debe brindar los medios y
las condiciones para no acentuar la desocialización del penado y posibilitar
sus opciones de socialización”. Para mayor información, puede consultarse
la sentencia T-077 de 2013 (MP. Alexei Julio Estrada (e)), cuyo análisis se
realizará más adelante.
[118] La protección constitucional antes descrita ha sido objeto de
reconocimiento en el ámbito internacional a través de diversos mecanismos que
abogan por la garantía de los Derechos Humanos, así como a nivel del derecho
interno. En el ámbito jurídico internacional de los Derechos Humanos, ha
existido la preocupación por el respeto de unas reglas básicas en relación con
el trato de los detenidos. De acuerdo con la doctrina del Comité de Derechos
Humanos y de la Comisión Interamericana, el contenido de tales reglas mínimas
indica, entre otras cosas, que deben existir instalaciones sanitarias
suficientes para que cada recluso pueda “satisfacer sus necesidades
naturales en momento oportuno, en forma aseada y decente (…)”. El Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Ley 74 de
1968 también se refiere al trato de los detenidos en su artículo 10 al señalar
que: “Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. A su turno la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
aprobada en Colombia por medio de la Ley 74 de 1968, dice lo siguiente en su
artículo 5: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad
física, psíquica y moral. 2. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Sobre el particular, consultar la sentencia T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita
Barón) donde expresamente se consagraron estos planteamientos. Por su parte, el
trato de los prisioneros ha sido también considerado en la legislación
colombiana. En efecto, el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), en
su artículo 1 preceptúa expresamente como principio rector el respeto por la
dignidad humana. Allí consagra que: “Los intervinientes en el proceso penal
serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana”. También, el artículo
10 señala que: “La actuación procesal se
desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las
personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del
ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer
el derecho sustancial”. De otro lado,
el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) dispone en su artículo 5
modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014 que: “En los
establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a
las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente
reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral. Las
restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán
limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los
objetivos legítimos para los que se han impuesto. La carencia de recursos no
podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad”.
[119] El Comité de Derechos Humanos ha sintetizado el núcleo más básico
de los derechos de los reclusos en los siguientes términos: “Todo recluso debe
disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones
sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes
ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor
nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.
Debe hacerse notar que son estos requisitos mínimos, que, en opinión del
Comité, deben cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o
presupuestarias puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones”. Comité
de Derechos Humanos, caso de Mukong contra Camerún, 1994, parr. 9.3. Citado por
la Corte Constitucional en la sentencia T-851 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa). En esa ocasión, el proceso de tutela tuvo origen en la demanda
presentada por el Defensor del Pueblo, Seccional Vaupés, en relación con las
circunstancias de detención de la población carcelaria del Departamento
especialmente de quienes se hallaban recluidos en la Cárcel Municipal de Mitú y
en el calabozo del Comando de Policía de la misma ciudad. En ambos casos, se
constató que las autoridades estatales habían incumplido en forma grave sus
obligaciones constitucionales e internacionales en la materia: mientras que las
personas privadas de la libertad en el calabozo del Comando de Policía se veían
expuestas a condiciones deplorables de reclusión que vulneraban la mayor parte
de los derechos constitucionales de los cuales eran titulares, quienes se
encontraban internados en la Cárcel Municipal veían negado, en lo esencial, su
acceso a la resocialización por medio del trabajo y el estudio. Se ordenó en
consecuencia adoptar las medidas necesarias para
lograr la protección efectiva de los derechos fundamentales de los individuos
afectados con la omisión estatal.
[120] Sentencia T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón), previamente
analizada.
[121] Sentencia T-851 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa),
previamente analizada.
[122] Las Reglas Mínimas de Tratamiento de los
Reclusos son normas de soft law que describen las condiciones de
internamiento que deben ser garantizadas por las autoridades penitenciarias
para la plena efectividad de los derechos de las personas privadas de la
libertad. (Las normas de soft law son disposiciones flexibles, adoptadas
en el seno de organizaciones internacionales, a veces por amplias mayorías, que
constituyen sobre todo directivas de comportamiento dirigidas a los Estados,
más que obligaciones estrictamente de resultado). Fueron adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en
mil novecientos cincuenta y cinco (1955), y aprobadas por el Consejo Económico
y Social en sus Resoluciones 663C (XXIV) del treinta y uno (31) de julio de mil
novecientos cincuenta y siete (1957) y 2076 (LXII) del trece (13) de mayo de
mil novecientos sesenta y siete (1967). En las observaciones preliminares de
las reglas, como finalidad de las mismas, se señala: “El objeto de las
reglas siguientes no es de describir en forma detallada un sistema
penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos
generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los
sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una buena
organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los
reclusos”.
[123] Junto a las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos que han adquirido en la práctica un nivel de
vinculatoriedad especial para los funcionarios judiciales se encuentran el
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión (adoptados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988) y los Principios Básicos para el
Tratamiento de los Reclusos (adoptados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 14 de diciembre de 1990). Ante el incumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones
contenidas en los instrumentos internacionales referidos, se han producido una
serie de decisiones en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
del Comité de Derechos Humanos en las cuales se ha recurrido, especialmente, a
las Reglas Mínimas para interpretar el contenido del derecho de los presos a
recibir un trato digno y humano. Así, por ejemplo, en el caso Potter v.
Nueva Zelandia el Comité consideró que mantener a una persona privada de la
libertad en condiciones materiales inferiores a las establecidas por las Normas
Mínimas constituía una violación del artículo 10 del PIDCP, es decir, se debía
considerar un trato inhumano que atentaba contra la dignidad del recluso. Este
en concreto, se quejaba de la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos
que requería. Por su parte, en el caso Mukong v. Camerún el Comité
insistió en la universalidad del derecho a un trato digno y humano el cual no podía depender enteramente del presupuesto
estatal, y resaltó la
importancia de las Reglas Mínimas en la definición de las condiciones
materiales de reclusión que deben garantizarse en virtud del principio de
dignidad humana. En este caso estimó que excepcionalmente las condiciones de
detención debían considerarse un trato inhumano violatorio del artículo 7 del
PIDCP, en los casos en que éstas eran agravadas por otros abusos debiéndose
considerar un “trato excepcionalmente duro y degradante”. El Sr. Mukong
aducía que había sido encerrado con otros veinticinco (25) o treinta (30)
detenidos en una celda de aproximadamente veinticinco (25) m2 desprovista de
servicios sanitarios. Además, que las autoridades penitenciarias se negaron a
alimentarlo por varios días y que después de dos (2) semanas de detención en
tales circunstancias, contrajo una infección en el pecho (bronquitis). Esta
última posición fue reiterada en el caso Suarez Rosero v. Ecuador en el
cual, frente a un cuadro de golpes y amenazas, hacinamiento, insalubridad y
otras condiciones indignas de subsistencia dentro de un establecimiento
carcelario, la Corte consideró que se configuraba un trato cruel, inhumano y degradante
en los términos de la Convención. Para mayor información, puede consultarse la
sentencia T-077 de 2013 (MP. Alexei Julio Estrada (e), cuyo análisis se
realizará más adelante.
[124] Tales derechos fueron recogidos de las interpretaciones de la Carta
Internacional de Derechos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (i
a v; caso de Mukong contra Camerún, 1994), y de las interpretaciones de
la Carta Interamericana de Derechos Humanos hechas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (vi a xiii; Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra Jamaica, párrafo
133, 2001; Baptiste contra Grenada, parrafo 136, 2000; Knights contra Grenada,
párrafo 127, 2001; y Edwards contra Barbados, párrafo 195, 2001). Sobre el
particular, puede consultarse la sentencia T-388 de 2013 (MP. María Victoria
Calle Correa; SPV. Mauricio González Cuervo), previamente analizada.
[125] Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 11: “En
todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas
tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y
trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar
aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que
ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su
vista.”
[126] Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 14. En
directa consonancia se encuentran las reglas número 10, 12, 13 y 26.1.
[127] Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 19: “Cada
recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una
cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida
convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.”
[128] Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 20: “1)
Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una
alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo
sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”.
[129]  Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 15: “Se
exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de
los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza”.
[130] Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 20: “2)
Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la
necesite”.
[131] Aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
mediante la Resolución 01/08,
adoptada durante el 131 Período Ordinario de Sesiones.
[132] “1. Albergue: Las personas privadas de libertad deberán
disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación
y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de
privación de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama
apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno”.
[133] El Comité Internacional de la Cruz Roja también suscribió en su
informe “Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles (2011)” que el
servicio de agua se debe prestar sin interrupciones en todo lugar donde hay
personas privadas de la libertad y en cantidades suficientes, ya que es un recurso
fundamental para beber, preparar comida, mantener la higiene personal y adecuar
las aguas residuales. Estableció que “para toda persona a cargo de una cárcel
es una tarea prioritaria hacer todo lo necesario para que el abastecimiento de
agua sea regular y adecuado” pues “los detenidos deben tener acceso al agua en
todo momento”.
[134] En la sentencia T-153 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), la
Sala Tercera de Revisión declaró que el Sistema penitenciario y carcelario
estaba en un estado de cosas inconstitucional, emitiendo una serie de órdenes
tendientes a superarlo. El hacinamiento, las graves deficiencias en materia de
servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y
la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización
de los reclusos originaron esta declaratoria. Posteriormente la Sala Primera de
Revisión en la sentencia T-388 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa; SPV.
Mauricio González Cuervo), declaró una vez más este estado contrario a la
Constitución Política de 1991. Allí, se aclaró que, aunque la situación actual
era crítica, se trataba de un escenario diferente al constatado hace ya más de
una década debido al incremento en los problemas estructurales, la aparición de
nuevas amenazas y violaciones no consideradas en su momento y el hecho de que
las políticas y programas implementados inicialmente, aparentemente válidos y
adecuados para ese momento, resultaban insuficientes en la actualidad. En la
sentencia T-762 de 2015 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado) se reiteró la
declaratoria de estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y
carcelario colombiano. Las condiciones de hacinamiento y de indignidad en que
se tiene recluida a la mayoría de personas constituyen a la luz de la
jurisprudencia constitucional, un estado de cosas que es contrario al orden
constitucional vigente y que, por tanto, debe ser superado por las autoridades
competentes, ejerciendo las competencias que se tienen para ello en democracia,
dentro de un plazo de tiempo razonable, y de manera transparente y
participativa. En las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, las Salas
Primera y Quinta de Revisión de esta Corporación constataron el grave estado de
hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, en
sus diversos y diferentes grados, según el caso de que se tratará, así como el
grave impacto que esta situación tenía sobre la población carcelaria en
términos de dignidad humana y Derechos Humanos. Allí se advirtió que el
hacinamiento generaba corrupción, extorsión y violencia, con lo cual se
comprometían también los derechos a la vida e integridad personal de los
internos.
[135] Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62,
párr. 85 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 198. Sobre el particular,
puede consultarse la sentencia T-388 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa;
SVP. Mauricio González Cuervo), previamente analizada. El artículo 4 de la Ley
1709 de 2004, “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65
de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras
disposiciones”, dispone que la carencia de recursos no podrá justificar que las
condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad.
[136] Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia
T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[137] Con la sentencia T-388 de 2013 (MP. María Victoria Calle
Correa; SPV. Mauricio González Cuervo), dentro de las reglas establecidas por
la Corte para superar el hacinamiento de algunas de las cárceles cuya situación
fue objeto de estudio en acción de tutela - particularmente, La Tramacúa de
Valledupar y Modelo de Bogotá – se encontraban la del equilibrio decreciente
que debe aplicarse siempre que haya una situación de
hacinamiento grave y evidente, y hasta que no se disponga de una medida que
provea una protección igual o superior. Consiste en que “sólo se podrá autorizar el ingreso de personas al centro de
reclusión si y sólo sí (i) el número de personas que ingresan es igual o menor
al número de personas que salgan del establecimiento de reclusión, durante la
semana anterior, por la razón que sea (por ejemplo, a causa de un traslado o por
obtener la libertad), y (ii) el número de personas del establecimiento ha ido
disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y las proyecciones
esperadas. La aplicación de esta regla permite asegurar, por una parte, la
realización progresiva, efectiva y sostenible de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad, sin imponer el obstáculo que conlleva
impedir por completo, y sin excepciones, que personas sindicadas o condenadas
puedan ser remitidas a importantes centros de reclusión, hasta tanto no se
solucione completamente el problema de hacinamiento”. Luego de cumplirse con la
meta de que el nivel de ocupación igual no sea superior a la capacidad máxima
del centro penitenciario, puede pasarse a aplicar la regla del equilibrio “[e]s
decir, no es necesario continuar disminuyendo el nivel de ocupación, pues ya no
hay hacinamiento, pero se debe, mantener una regla de equilibrio, para impedir
que esa crítica situación de sobrecupo vuelva a presentarse”. Y ya cuando el
penal no tenga sobreocupación y tenga cupos disponibles “podrá dirigirse de
acuerdo a las reglas y políticas propias que establezcan las autoridades
carcelarias correspondientes, sin tener que atender las reglas de equilibrio y
de equilibrio decreciente”. Para aplicación de las reglas de equilibrio
decreciente y equilibrio, esta decisión estableció que para que no resultaran
afectados otros bienes constitucionales en igual o mayor medida, debían ser
aplicadas de forma razonable: “(…) las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente, como cualquier otra regla jurídica, tienen excepciones que
deben ser consideradas y aplicadas, siempre y cuando estén (i) plenamente
demostradas, (ii) sean debidamente justificadas y (iii) sean sólo temporales.
Es decir, la Administración tiene la carga de probar que existe un contexto
fáctico en el que se justifica exceptuar la aplicación de la regla, debe dar
los argumentos que así lo justifiquen y, a la vez, indicar que medidas
adecuadas y necesarias se están adoptando para superar la excepcionalidad y
volver a aplicar las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente”.
También, en la misma sentencia se hizo una precisión en cuanto al momento en el
que debían ser aplicadas estas reglas: “Para aquellos establecimientos de
reclusión a los que se les ha impartido una orden de cierre parcial estricta
(no permitir el ingreso de nuevas personas internas hasta que no se supere la
situación de hacinamiento), se podrán aplicar estas reglas de forma inmediata,
una vez sea notificada la presente sentencia. En estos casos las reglas abren
razonables opciones de administración, para afrontar el actual estado de cosas
contrario al orden constitucional vigente. Para los demás establecimientos, las
reglas de equilibrio y equilibrio decreciente deberán ser
aplicadas después de un tiempo prudencial, durante el cual se puedan adoptar
las medidas necesarias para atender esta urgente y gravísima situación
carcelaria y penitenciaria, que implica una violación grosera e inaceptable de
la dignidad humana. El estado de cosas inconstitucional acá verificado, debe
ser atendido de manera prioritaria”. Aunque debe anotarse que esta regla fue
criticada en la Sentencia T.762 /15, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En esta
decisión se hace un reparo a la regla del equilibrio decreciente,
sosteniéndose, que, si bien mejora el espacio en un establecimiento específico,
puede terminar afectando otros centros de reclusión.  En esta providencia se
hace un análisis relativo a obligaciones concretas, no solo de construcción y
adecuación de nuevos planteles, sino a la necesidad de que exista una política
pública carcelaria que supere márgenes populistas.
[138] MP. Alejandro Martínez Caballero.
[139] En esta decisión se sostuvo: “Eesta
Sala de Revisión reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno
a la exigencia constitucional de otorgar un trato digno a la población
carcelaria, pues el Estado Social de Derecho y la multiplicidad de tratados,
convenios y acuerdos internacionales que han sido aprobados por Colombia,
imponen el respeto efectivo por la dignidad de la persona privada de la
libertad.  En este orden de ideas, en razón a que el juez de tutela, como
autoridad constitucional "obligada a asumir la vocería de las minorías
olvidadas", debe ser riguroso en la protección de la dignidad humana de
los internos; lleva a un interrogante: es indudable que el hacinamiento en las
cárceles atenta contra la dignidad humana, entonces ¿cómo debe resolverse este
problema?”
[140] MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[141] Al respecto de la cárcel Modelo señaló que “algunas zonas
comunes colindantes con los pasillos donde se encuentran las celdas -que
originalmente estaban destinadas para realizar actividades durante el día y
reciben el nombre de rotondas- estaban atestadas de personas acostadas
directamente sobre el piso, cubiertas con una simple frazada, y expuestas al
frío propio de la noche en la ciudad. Incluso en las zonas de los baños se
encontraba un gran número de personas durmiendo sobre el suelo. La congestión
de esas zonas era tal que la persona que deseara movilizarse por allí tenía que
poner mucha atención en los pasos que daba para no golpear a los reclusos que
dormían. || El hacinamiento se evidenciaba también en los pasillos. En los
corredores aledaños a las celdas yacían también muchos reclusos, y en las
celdas mismas se observaba que dormían, dependiendo del patio, entre 3 y 6
internos, a pesar de que habían sido diseñadas para albergar a una sola
persona. || Cabe aclarar que en algunos pabellones el grado de hacinamiento era
superior al corriente, por cuanto los reclusos de algunos patios que estaban
siendo refaccionados habían sido trasladados a los patios colindantes. Sin
embargo, este hecho no desvirtúa las apreciaciones formuladas acerca del estado
de congestión del establecimiento carcelario. En efecto, también en los
pabellones que mantenían su población normal se pudo observar gran cantidad de
personas durmiendo en las llamadas rotondas. Incluso en el pabellón 1 se pudo
ver cómo varios internos habían labrado un hueco en la base del cuerpo de la
escalera para poder dormir dentro de él. Asimismo, en el último piso de este
pabellón los internos habían clausurado los baños, para hacer dormitorios en
ellos. El baño lo habían trasladado, entonces, hacia el túnel por donde corrían
las tuberías y los cables. Pero, además, cerca de una docena de internos,
acuciados por la necesidad, había trasladado a ese túnel - húmedo y oscuro -
sus efectos de dormir”. En cuanto a la cárcel de Bellavista “se observó una
situación extrema de hacinamiento, aun cuando se manifiesta de otra manera.
Contrariamente a lo observado en la Modelo, en este centro las zonas comunes
están despobladas durante la noche. Sin embargo, en distintos pasillos los
corredores anejos a las celdas se encuentran absolutamente copados de personas
durmiendo. A lo largo de los corredores se observan filas interminables de
internos acostados, a tan poca distancia el uno del otro que se hace muy
difícil caminar hasta el final del corredor.  || Además, las celdas - que
fueron diseñadas para cuatro personas y son por lo tanto más amplias que las de
la Modelo - están saturadas de cubículos de madera y cartón, construidos por
los mismos reclusos. Se llegaron a contar hasta 30 ‘camastros’ en una celda. Al
observar esa situación no se puede menos que compartir las apreciaciones del
actor recluido en esa cárcel, acerca de la dificultad para respirar y del
sofocante calor que se experimenta en las celdas. Y lo peor es que - a pesar de
las medidas tomadas, como los traslados de reclusos - la situación de
hacinamiento carcelario sigue empeorándose mes por mes, […]”.
[142] MP. María Victoria Calle Correa; SPV. Mauricio González Cuervo.
[143] Vale recordar algunas de las condiciones
de hacinamiento que fueron objeto de estudio en la decisión: En cuanto a la
Complejo Carcelario de Cúcuta “El accionante
había informado que desde su ingreso al penal había estado encerrado “[…] 14 horas diarias con 3 personas más, en un espacio de 9 m2,
soportando altas temperaturas por falta de ventilación (…)”.
Respecto de la tutela interpuesta contra Cárcel La Modelo de Bogotá, se indicó
que el accionante no contaba con un “espacio mínimo vital que le
permita existir dignamente”, para lo cual se expuso la situación así: “Sólo
en el patio 5°, en el cual se encuentra viviendo el señor Ortiz Agudelo,
habitan 1990 internos. Y, en el pasillo 14 concretamente, que tiene una
capacidad para 41 personas, actualmente habitan aproximadamente 164
internos.  || Dadas estas cifras, mi poderdante no cuenta con una
celda en la cual habitar, por lo que se ha visto obligado a dormir en una
colchoneta (de aproximadamente 0.9 x 1.40 metros) en el suelo del pasillo.
|| En las celdas, aunque están construidas para 2 personas, viven entre 4
y 5 internos. Sin embargo, a pesar de esto, todas están ocupadas. Por eso, al
igual que mi defendido, un total de aproximadamente 80 internos se ven
obligados a dormir en el pasillo, por no contar con espacio en las
celdas.  ||   De los 80 internos que duermen en el pasillo,
aproximadamente 60 duermen en el suelo, como es el caso del [accionante], y 20
duermen en una especie de ‘cambuches’ que los mismos internos han construido,
amarrando las colchonetas al techo, como hamacas.  ||  […] además de
no tener un espacio personal mínimo para habitar, […] tampoco cuenta con una
cama y cobijas para protegerse del frio en la noche. Puesto que no ha recibido
ninguna dotación, la colchoneta y cobijas con las que cuenta se vio obligado a
conseguirlas por sus propios medios. […]”.
[144] Los centros carcelarios demandados y sobre los cuales se impartió
la orden fueron: Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta
(COCUC), la Cárcel la Tramacúa de Valledupar, el Establecimiento Carcelario La
Modelo de Bogotá, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Bellavista, el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán
– San Isidro y el Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja.
[145] MP. Alberto Rojas Ríos.
[146] En esta sentencia se accedió a la
protección de los derechos fundamentales de los reclusos y en consecuencia,
ordenó a los Ministerios
de Hacienda, Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional de Planeación e
INPEC que en la siguiente vigencia
presupuestal realizaran las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias con el fin de iniciar las obras de infraestructura requeridas para
eliminar el problema de sobrecupo carcelario del penal. Como medida
transitoria, ordenó al INPEC, así como a las autoridades municipales y
departamentales se reunieran “con el fin de llegar a un acuerdo respecto de la búsqueda y el
arrendamiento de un local donde puedan ser recluidos algunos internos en
condiciones de dignidad humana, seguridad y espacio adecuado, mientras se
adecua una nueva planta física acorde a la capacidad del penal”.
[147] MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[148] Los argumentos esbozados en la sentencia T-762 de 2015 (MP.
Gloria Stella Ortiz Delgado) fueron retomados en la sentencia T-049 de 2016
(MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[149] Comité Internacional de la Cruz Roja.
[150] En efecto, indicó que “Para la CICR, después de haber estudiado el tema de cárceles y
haber visitado múltiples establecimientos penitenciarios en el mundo, el número
mínimo de metros cuadrados por persona puede oscilar entre 20 y 30 m2”.
[151] En tal sentencia se indicó que incluso podría establecerse
una “superficie
menor por persona, [siempre] que [se] asegure condiciones dignas de existencia
para los reclusos”
[152] Sobre tal reducción de emergencia, la Sala destacó que “Sin embargo
la reducción del metraje implica mayores esfuerzos en otros aspectos, pues debe
estar acompañada por celdas ventiladas en forma óptima; un suministro efectivo
mínimo diario de 10 a 15 litros de agua por interno, con acceso continuo a
ella; una dieta balanceada; un número suficiente de servicios sanitarios en
buen estado; acceso al patio de ejercicios o a cualquier otro lugar al aire
libre durante el día; y atención médica”.
[153] Así, estimo que, en cuanto al alojamiento en celda
colectiva, “(…)
habrá de ser mínimo de 3,4 m2 siempre que se encuentre previsto
un tiempo de 10 horas para actividades fuera de la celda. Cuando el tiempo de
actividad externa a la celda sea de 6 horas, el metraje asignado a cada recluso
deberá ampliarse a 4,4 m2, y si llega a reducirse a 3 horas,
aumentará hasta llegar a 5,4 m2 por persona.  Ahora bien,
el tiempo mínimo de actividad en el exterior deberá ser de 3 horas, sin que
pueda reducirse aun cuando se llegue a ampliar más el espacio de alojamiento
por persona”.
[154] Algunas Salas de Revisión de la Corte han considerado que el
derecho de toda persona al agua es un derecho fundamental que debe ser objeto
de protección mediante la acción de tutela en muchas de sus dimensiones, en
especial cuando está destinada al consumo humano y cuando contribuye a
preservar la salud y la salubridad pública. Esta protección ha sido amplia y ha
sido otorgada por esta Corporación, incluso desde sus inicios de acuerdo con
las garantías mínimas de disponibilidad, accesibilidad, calidad y no
discriminación en la distribución. La primera sentencia de la jurisprudencia
constitucional que tuvo que ver con la protección del derecho al agua, fue la
T-406 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón; AV. José Gregorio Hernández Galindo) en
la cual se analizó el caso en el que una empresa de servicios públicos había
dejado a mitad de camino la reparación de un alcantarillado, con lo cual, el
accionante y demás habitantes del barrio, carecían por completo del servicio,
exponiendo su salud y su integridad personal.  En esta ocasión, la Sala Primera
de Revisión decidió que la entidad accionada había cometido “una clara
violación a un derecho fundamental”, puesto que el alcantarillado inconcluso
había ocasionado el desbordamiento de las aguas negras sobre las calles del
barrio, afectando especialmente a personas de escasos recursos.  Así pues, la
Corte estableció desde entonces, expresamente, que “el derecho al servicio de
alcantarillado”, puede “ser protegido por la acción de tutela” en aquellos
casos en los que “afecte de manera evidente derechos y principios
constitucionales fundamentales, como son los consagrados en los artículos 1
(dignidad humana), 11 (vida) y 13 (derechos de los disminuidos)”.
Posteriormente, en la sentencia T-578 de 1992 (MP. Alejandro Martínez
Caballero), la Sala Cuarta de Revisión decidió que “la limitación o el
incumplimiento” en la prestación del servicio público domiciliario, en este
caso, el agua por “el Estado, los particulares o las comunidades organizadas
constituía vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental
cuando se encontraba vinculada directamente la persona, el ser humano. En el
caso concreto se negó la acción de tutela porque no estaban en juego los
derechos de un ser humano, sino de “la persona jurídica que contrató”. En aquella
oportunidad, se precisó que: “En principio, el agua constituye fuente de vida y
la falta de servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida
de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art.11), la
salubridad pública (CP arts. 365 y 366), o la salud (CP art. 49), es un derecho
constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a través de
la acción de tutela”. Sin embargo, estas no han sido las únicas sentencias a
través de las cuales se ha garantizado la protección del derecho fundamental al
agua. En efecto, a lo largo de la jurisprudencia constitucional, diversos
pronunciamientos han reafirmado esta posición y se han establecido diferentes
formas de vulneración específica de esta garantía. Sobre el particular, pueden
consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-539 de 1993 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo), T-523 de 1994 (MP. Alejandro Martínez Caballero),
T 244 de 1994 y T-092 de 1995 (MP. Hernando Herrera Vergara), T-481 de 1997
(MP. Fabio Morón Díaz), SU-442 de 1997 (MP. Hernando Herrera Vergara), T-410 de
2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-1104 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería),
T-022 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), T-143 de 2010 (MP. María Victoria
Calle Correa; AV. Mauricio González Cuervo), T-091 de 2010 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla), T-616 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-418 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa; AV. Mauricio
González Cuervo), T-740 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-707 de
2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T- 312 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-082 de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-242 de 2013 (MP.
Luis Ernesto Vargas Silva), T-028 de 2014 (MP. María Victoria Calle Correa; AV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-790 de 2014 (MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-641 de 2015 (MP. Alberto Rojas Ríos; SPV. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-139 de 2016 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), T-131 de 2016 (MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[155] De acuerdo con la Carta Política, el que no se mencione de forma
expresa un derecho en la Constitución, en modo alguno implica que éste no se
encuentre considerado (artículo 94 superior). En esa medida, aunque el agua no
es reconocida como un derecho constitucional autónomo, en una disposición
específica de la Constitución, así se deduce de una lectura sistemática de la
misma. Esto se concluye, si se tiene en cuenta el Preámbulo, la fórmula
política de un Estado social y democrático de derecho, las funciones esenciales
del Estado, la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y el
lugar privilegiado que se da a los recursos y competencias necesarias para el
goce efectivo del servicio público de agua potable y saneamiento básico, así
como de un ambiente sano (artículos 49, 79 y 366 constitucionales).
[156] La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas dice lo siguiente: “6. El agua es
necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y
domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el
Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a
una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a
la salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el
derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas
prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin
embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de
utilizarla para fines personales y domésticos. También debe darse prioridad a
los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así
como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los
derechos del Pacto”.
[157] La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su parágrafo número 2 continúa
señalando: “[…] Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para
evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades
relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina
y las necesidades de higiene personal y doméstica”.
[158] La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas dice al respecto: “3. En el
párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que
dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, ‘incluso alimentación, vestido
y vivienda adecuados’, y son indispensables para su realización. El uso de la
palabra ‘incluso’ indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser
exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las
garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular
porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además,
el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado
por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995)). El
derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto
nivel posible de salud (párrafo 1 del artículo 12) y al derecho a una vivienda
y una alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11). Este derecho también
debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta
Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar, el derecho a la vida y a la
dignidad humana.  || 4. El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número
de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras
normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se dispone
que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a “gozar de
condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [...] el
abastecimiento de agua”. En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre
los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las
enfermedades y la malnutrición mediante ‘el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre’.  || 5. El Comité se ha ocupado
constantemente del derecho al agua en su examen de los informes de los Estados
Partes, de conformidad con sus directrices generales revisadas sobre la forma y
el contenido de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo a
los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y sus observaciones generales”.
[159] Las obligaciones derivadas de un derecho
fundamental suponen por lo menos, las obligaciones de respetar, proteger y
garantizar. En el caso del agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales observó que las obligaciones de respetar implican abstenerse de
injerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua; las
obligaciones de proteger implican impedir a terceros que menoscaben en modo
alguno el disfrute del derecho al agua; y las obligaciones de garantizar (‘de
cumplir’), que a su vez se dividen en diversas medidas, de carácter positivo y
complejo muchas de ellas, orientadas especialmente a asegurar el derecho de
quienes no pueden proveérselo por sí mismos.
[160] En torno a dichas condiciones, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha indicado lo siguiente: “a) La
disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y
suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden
normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos
y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada
persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico
debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la
salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un
sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. c) La accesibilidad. El
agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos,
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: Accesibilidad física.
El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico
de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de
agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o
lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e
instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente
adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el
ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante
el acceso a los servicios e instalaciones de agua. Accesibilidad económica. El
agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.
Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el
ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. No discriminación. El agua
y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y
de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la
población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
Esta fue la posición adoptada por la Corte al establecer que ninguna fuente de
agua puede ser utilizada de manera que el líquido logre abastecer solo a
algunas personas, y se deje sin provisión a otros. Acceso a la información. La
accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información
sobre las cuestiones del agua”.
[161] “Por la cual
se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones”.
[162] Sólo para efectos de ilustrar cómo pueden ser adoptadas esas
medidas mínimas de agua potable, conviene señalar lo manifestado en el informe
referido. De acuerdo con el mismo: “[s]i bien incumbe a cada país determinar el
volumen mínimo razonable de agua necesaria para satisfacer los usos personales
y domésticos, las cifras suministradas en las publicaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) pueden servir de orientación útil. Por consiguiente,
se necesitan entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para asegurar la
satisfacción de todas las necesidades de salud (31). El umbral de 25 litros por
persona por día representa el nivel mínimo para mantener la vida, pero esta
cantidad plantea problemas de salud, ya que es insuficiente para atender las
necesidades de higiene básica y consumo (32). En los casos de emergencia, tales
como desastres naturales, conflictos o situaciones después de los conflictos,
el Manual del Proyecto Esfera sugiere un abastecimiento básico de 7,5 a 15
litros mínimos por persona y por día, ya que puede no haber suficiente agua
disponible para atender a todos los usos personales y domésticos (33)”. (Este
informe se presenta en cumplimiento de la decisión 2/104 del Consejo de
Derechos Humanos del veintisiete (27) de noviembre de dos mil seis (2006),
sobre “los Derechos Humanos y el acceso al agua”, en la cual el Consejo pidió a
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos que, teniendo en cuenta las opiniones de los Estados y otros
interesados, efectuara un estudio detallado sobre el alcance y el contenido de
las obligaciones pertinentes en materia de Derechos Humanos relacionadas con el
acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos).
[163] Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[164] Esta postura fue por ejemplo adoptada en la sentencia T-077 de 2013
(MP. Alexei Julio Estrada (e) y en la T-762 de 2015 (MP. Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[165] Comité Internacional de la Cruz Roja.
[166] Párrafo 16 de la Observación General No. 15 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
[167] El Magistrado Ciro Angarita Barón, recordaba una frase que
evidencia el sentido medular de la dignidad humana: “Toda vida tiene un objeto
y puede ser útil, no importa cuán menguada esté”. Cualquier persona, no importa
que tan menguada la tenga la cárcel, vive una vida que debe ser protegida, por
principio, bajo el orden constitucional vigente.
[168] Las normas internacionales de Derechos Humanos, tanto en el sistema
universal de protección, como en el sistema interamericano de protección,
consagran la dignidad de toda persona privada de la libertad como uno de los
Derechos Humanos (CADH, 1969). Verbigracia, la Declaración de los Derechos
Humanos de 1948 dispone que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. También la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establecen que los reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma
digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de personas y que
nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
[169] MP. Eduardo Montealegre Lynett. En esta ocasión, la Sala Séptima de
Revisión examinó dos (2) acciones de tutela. La primera para proteger los
derechos de las personas de un municipio (El Arenal, Bolívar), al que se le
había suspendido el suministro de energía eléctrica por falta de pago
(incluyendo al hospital y el acueducto)  y la otra, para proteger los derechos
de las personas recluidas en la Cárcel de Cartagena, a la que se le estaba
sometiendo a racionamientos de la misma naturaleza, debido a que el INPEC no
había cancelado las cuentas correspondientes por diversas circunstancias,
incluida la insuficiencia de la partida presupuestal para el pago de los
servicios públicos y el encarecimiento de los precios de los mismos. Este hecho
había impedido el goce y ejercicio de actividades cotidianas elementales. En
este último caso, la Sala concedió el amparo, tras considerar que de la
prestación ininterrumpida del servicio de suministro de agua dependía la
posibilidad del mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de
los habitantes de la prisión. En este sentido, la actuación desplegada se había
traducido en una amenaza de su derecho a la dignidad humana.
[170] Para la Corte, el derecho de toda persona
a que se le respete su dignidad ha sido fundamental para desarrollar la
jurisprudencia constitucional sobre la protección de las personas privadas de
la libertad. En la sentencia T-881 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), la Sala Séptima de Revisión precisó ampliamente el
alcance del derecho fundamental a la dignidad humana, tras identificar tres (3)
lineamientos claros y diferenciables que construyen el contenido de esta
garantía: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como
quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales
concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) La dignidad humana como
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, esto es el cuerpo y el espíritu,
entendida como integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).
Concretamente se sostuvo lo siguiente: “La Sala concluye que el referente
concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la
persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de
elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas
condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias
para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del
espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la
realización del proyecto de vida)”.
[171] En esa dirección, la Corte Constitucional ha sostenido que el
respeto por el precedente es un mandato derivado del principio de igualdad en
la esfera de la interpretación y aplicación de la ley, y contribuye a la
eficacia de diversos principios constitucionales como la seguridad jurídica, la
confianza legítima, la buena fe y la unidad del sistema, pues la disciplina en
la aplicación del precedente permite dotar de cierta previsibilidad las
actuaciones de los jueces y avanzar en la unificación de la interpretación de
las normas jurídicas, aspecto que se hace más relevante en la jurisdicción
constitucional, dada la característica de indeterminación de las cláusulas que
consagran los derechos fundamentales. El precedente cumple también un papel
esencial en la argumentación judicial, pues es un imperativo del razonamiento
práctico dar igual trato a situaciones iguales si no median trascendentales
razones para no hacerlo, lo que se traduce en reglas de “carga” y “descarga”
argumentativa: así, quien sigue el precedente sustenta su fallo en los ya
citados principios constitucionales así como en la racionalidad de la práctica
judicial vigente, lo que supone una descarga en su argumentación; por el
contrario, el juez que considere prudente (o necesario) variar el camino
trazado por vía de precedentes deberá asumir cargas especiales de argumentación
de tal manera que demuestre no sólo la superioridad jurídica de la nueva
posición, sino la razón por la cual ésta justifica desde el punto de vista
constitucional una restricción de los principios superiores. Sobre el
particular, puede consultarse la sentencia T-183 de 2012 (MP. María Victoria
Calle Correa). En esta oportunidad, la Sala Primera de Revisión protegió los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de un ciudadano
ante la negativa de un fondo de pensiones de proceder a liquidar la indexación
de su primera mesada pensional en claro detrimento del precedente
constitucional en la materia.
[172] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[173] Se destacan los componentes de alimentación,
aseo personal y mantenimiento de condiciones sanitarias higiénicas aceptables.
[174] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[175] La entidad también señalaba que a los internos se les proveía diez
(10) horas de agua en forma permanente, con lo cual se desvirtuaba una presunta
escasez del líquido.
[176] MP. Alexei Julio Estrada (e).
[177] A ello se sumaba el hecho de que “la mayoría de las duchas no
[funcionaban], los tanques [estaban] en pésimo estado y el agua se [filtraba],
además no [había] canecas plásticas para recoger suficiente agua y (…) a las
plantas tercera y cuarta no [subía] el agua por falta de presión”.
[178] Ello se debía especialmente a la existencia de tanques subterráneos
que tardaban alrededor de cuatro (4) horas en llenarse y por “el vandalismo de
los mismos internos y la falta de cultura en cuanto al ahorro de agua”.
[179] Las temperaturas en la región oscilan entre los 23° y 29°C.
[180] El plan debía estar dirigido a superar de forma estructural y
definitiva: la falta de un suministro continuo y permanente de agua, el
problema de los daños en el sistema hidrosanitario (inodoros, duchas, albercas
y tanques de almacenamiento dañados o deteriorados), el problema de filtración
de aguas negras y de basuras, la falta de saneamiento en el área de lavado de
los recipientes en los que se alimentaban los internos y los demás problemas
que presentará el bloque 1 relacionados con la falta de salubridad. El plan
debía ser diseñado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y del Derecho,
el INPEC y el Complejo Carcelario.
[181] Teniendo en cuenta, en primer lugar, las mayores necesidades de
agua de los reclusos por razón del clima y de las enfermedades presentadas, y,
en segundo lugar, lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos acerca de la cantidad de agua mínima, se dispuso garantizar un
suministro diario total de veinticinco (25) litros de agua a cada uno de los
internos del bloque 1. Igualmente, las autoridades debían asegurar un
suministro diario razonable de agua potable a cada preso y facilitarles los utensilios
necesarios para que pudieran almacenar en sus celdas hasta cinco (5) litros de
agua por día. Las medidas para cumplir lo anterior, serían las que los
requeridos consideraran pertinentes, de acuerdo con sus limitaciones
logísticas. Así, por ejemplo, el suministro podía garantizarse a través de la
instalación de tanques adicionales de agua, del traslado de los reclusos a
otros bloques con suministro permanente de agua o del traslado de reclusos a
otros centros correccionales con condiciones adecuadas de salubridad.
[182] MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[183] El horario aproximado de provisión
de agua potable era de 5:30 am a 6:00 am (10 minutos antes de salir de
la celda); después de salir diez (10) minutos por patio- ducha; de 9:00 a 9:40
am (baños comunitarios); de 12:00 a 12:15 pm (15 minutos por pabellón - ducha)
y de 4:00 a 4.15 pm (ducha por pabellón). Después de entrar a la celda diez
(10) minutos perduraba el suministro del agua, y volvían a reinstalar el
servicio nuevamente hasta el otro día.
[184] MP. María Victoria Calle Correa. En la misma línea que esta
sentencia aparece la T-764 de 2012 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Allí,
la Sala Séptima de Revisión consideró que se estaban vulnerando los derechos
fundamentales de la población carcelaria del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad de Cúcuta, Norte de Santander al no garantizárseles el acceso
permanente, continuo y adecuado al agua potable pues esta estaba siendo
suspendida a través de un mecanismo de turnos que no permitía que fuera
suficiente para cubrir las necesidades vitales mínimas. Aquí no se reprochaba
el sistema de turnos para el suministro de agua a los internos en sí mismo,
sino la manera como éste era aplicado, es decir, si la prisión tenía
contemplado dicho método para abastecer el agua a las celdas, debía garantizar
que los presos, en el momento en el que se restringiera, tuvieran baldes o
recipientes con la cantidad requerida bien fuera durante las catorce (14) o
doce (12) horas nocturnas, para vaciar los retretes o para el consumo humano.
En este último caso, el líquido debía ser potable.
[185] En palabras de los internos accionantes: “Los horarios para el
suministro son de 6 a.m. a 8 a.m. cortan el agua y la ponen nuevamente a las 3
p.m. y la cortan a las 8 p.m. […] en las celdas o dormitorios nos quitan el
agua a las 8 p.m. y la ponen nuevamente a las 6 a.m. toda la noche duramos sin
una gota de agua para tomar pues no nos dejan tener ni una botella ni un balde
para acaparar agua. Usted si se imagina cuatro internos encerrados en un cuatro
que mide tres por tres metros el calor en la noche es insoportable y los
sanitarios con materia fecal y orines es insoportable”.
[186] De acuerdo con los accionantes, por falta de agua para vaciar los
sanitarios, y debido al escaso control de limpieza, los baños rebozan de
materia fecal y orines. Este hecho se agravaba teniendo en cuenta que los baños
se encontraban ubicados cerca a los comedores siendo realmente insoportable
para los internos, pues ni siquiera al momento de consumir sus alimentos
estaban libres de la presencia de olores fétidos o nauseabundos.
[187] Se suspendía desde las 8:00 pm y hasta las 4:45 am del día
siguiente.
[188] Frente a la obligación de mantener instalaciones aptas para una
decente reclusión, la Sala ordenó que, para evitar las filtraciones de agua a
las celdas, la entidad debía separar los espacios sanitarios del resto del
patio, por ejemplo, mediante la construcción de un muro, o de un canal de agua.
En todo caso, la institución debía asesorarse de personal especializado para
resolver este punto específico. En ese mismo sentido, debía inspeccionar el
estado de las celdas que habían sido afectadas por el agua que corría de los
baños, y si se encontraba que a causa de la humedad aquellas requerían
adecuaciones, la administración debía realizar la gestión necesaria para
ejecutarlas.
[189] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[190] MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[191] Este estado fue declarado mediante la sentencia T-388 de 2013 (MP.
María Victoria Calle Correa; SPV. Mauricio González Cuervo) después de
reconocerse por primera vez en la sentencia T-153 de 1998 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz). Para más información, ver el pie de página 65.
[192] Conforme el artículo 2 del Decreto 1575 de 2007, “Por el cual se
establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano”, el agua potable es “aquella que por cumplir las características
físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el
presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para consumo
humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la
higiene personal”.
[193] “Por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencia del sistema de control y vigilancia para la
calidad del agua para consumo humano”.
[194] Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
[195] En virtud de esta orden, las autoridades debían presentar un informe
y un plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso
no podían superar los dos (2) años para su ejecución total. Además de las
mencionadas, existen reiteradas sentencias de esta Corporación en las cuales se
ha conocido la generalizada situación de vulneración del derecho al agua de los
reclusos al interior de las cárceles colombianas. En la mayoría de los casos,
los reclusos han solicitado, tal como quedó expuesto (i) que se superen las
pésimas condiciones de higiene y de salubridad debido a la falta de suministro
de agua, (ii) el mejoramiento de la infraestructura carcelaria que debido al
mal estado en que se encuentra no permite un abastecimiento continuo, (iii) la
reubicación de los baños y los comedores en razón a los insoportables olores,
(iv) el suministro de agua limpia para su aseo personal, y (v) el
abastecimiento de agua suficiente para vaciar sanitarios y hacer las demás
labores de limpieza al interior de las celdas. En estos casos, la Corte ha dado
órdenes diversas como la adecuación y reparación de los baños en malas
condiciones, del sistema de basuras y de tuberías o de otros problemas que
impiden el adecuado suministro de agua, ya sea por cantidad o calidad. También
se han dado órdenes relacionadas con la reubicación de los baños o de los
comedores por haber sido ubicados a corta distancia, con el diseño de planes
para superar de forma general las falencias en el área de sanidad de las
cárceles, con la adopción de las recomendaciones de las
Secretarías de Salud e, incluso, con la realización total de planes de
construcción y refacción carcelaria. Junto con las órdenes de hacer dadas en las
sentencias referidas, la Corte Constitucional ha ordenado también a los órganos
de control competentes ejercer la vigilancia del cumplimiento de las órdenes
dadas en dichas providencias. Sobre el particular, pueden consultarse entre
muchas otras, las sentencias T-596 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón), T-153 de
1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-881 de 2002 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett), T-693 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-690 de 2010 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-764 de 2012 (MP. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-266 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), T-388
de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa; SPV. Mauricio González Cuervo), T-282
de 2014 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[196] Folios 549 a 550 Cuaderno de Revisión.
[197] Pabellón 6 (población vulnerable) y 4 celdas destinadas a la Unidad
de Tratamiento Especiales.
[198] RM: Reclusión de Mujeres.
[199] UME: Unidad de Medidas Especiales.
[200] Folio 468 del Cuaderno de Revisión.
[201] Folios 468 y 469 Cuaderno de Revisión
[202] De acuerdo con
lo informado por el jefe de la Oficina jurídica, estas celdas miden 3 metros de
ancho por 4 metros de largo y tienen capacidad para 4 personas.
[203] De acuerdo con
lo informado por el jefe de la Oficina jurídica, estas celdas miden 2 metros de
ancho por 4 de largo y tienen capacidad para 2 personas.
[204] 2 internos se encuentran actualmente en la UTE.
[205] 41 adultos mayores y 4 UTE.
[206] alojamientos, sin especificar el tamaño de los mismos.
[207] 2 de estas celdas fueron habilitadas como
baños.
[208] alojamientos, sin especificar el tamaño de los mismos.
[209] Folio 216 del Cuaderno de Revisión.
[210] Folio 211 y 212 del Cuaderno de Revisión.
[211] Folios 219 - 221 del Cuaderno de Revisión
[212] Folios 550-565 del Cuaderno de Revisión
[213] Folio 213 del Cuaderno de Revisión.
[214] Folio 214 del Cuaderno de Revisión.
[215] Folios 211 y 212 del Cuaderno de Revisión.
[216] Folio 469 Cuaderno de Revisión.
[217]http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios+turisticos2.pdf/cd4106e9-d608-4c29-91cc-16bee9151ddd
[218] Folio 67 a 78 del Cuaderno de Revisión.
[219] Folio 541 Cuaderno de Revisión.
[220] Folio 541 Cuaderno de Revisión.
[221] Folio 541 Cuaderno de Revisión.
[222] Folio 87.
[223] Folio 89 y 90.
[224] Folio 140 del Cuaderno de Revisión
[225] Folio 100. Por su parte, la Defensoría del Pueblo explicó en la contestación de
la tutela que en la reunión de 2 de septiembre de 2016 se “expuso la problemática de hacinamiento,
saneamiento básico y agua potable y por ende se obtuvo que (sic) la Sra. Yamile
Plata, funcionaria de la USPEC (…) compromisos referentes al agua potable”.
Además, en reunión de tal comisión en el mes de febrero de 2017, a la cual no
asistió ningún funcionario de la USPEC, se determinó “reiterar [tal entidad]
la urgencia en la atención a la problemática del agua potable del EPC Yopal,
documento que fue coadyuvado por instituciones como la Procuraduría, Defensoría
y Personería”. (folio 140 del Cuaderno de Revisión).
[226] Folio 495 y 496 Cuaderno de Revisión.
[227] Folio 518 y 519 Cuaderno de Revisión.
[228] Folio 505 Cuaderno de Revisión.
[229] Folios 492 y 493 Cuaderno de Revisión.
[230] Folio 508 Cuaderno de Revisión.
[231] Folio 474 Cuaderno de Revisión.
[232] Folio 322 a 324 del Cuaderno de Revisión.
[233] Folio 48.
[234] Folio 486 Cuaderno de Revisión
[235] Folios 544 y 547 Cuaderno de Revisión.
[236] Folios 112 a 114 Cuaderno de Revisión.
[237] Folio 93.
[238] Folio 94.
[239] Folio 84.
[240] Folio 469 Cuaderno de Revisión.
[241] folios 173-180 del Cuaderno de Revisión.
[242] En este se afirmó que “el reservorio ya solo tiene barro
por época de verano” (Folio 65 del Cuaderno de Revisión).
[243] Efectivamente, consta en el expediente que la USPEC celebró con la
sociedad ACUAMEUNIER el contrato No. 266 de 2015, cuyo objeto es el “suministro,
instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación de sistema de
captación (pozo bombeo), tratamiento, almacenamiento, distribución,
optimización  (incluye: mantenimiento y operación de pozo profundo), tanques de
almacenamiento y operación de todos los sistemas residuales en los siguientes
establecimientos penitenciarios y carcelarios: EPMSC Yopal” (folio 95). La
fecha de terminación del contrato estaba prevista para el 15 de agosto de 2016,
no obstante, el establecimiento solicitó una prórroga del contrato (folio 96),
ante lo cual fue prorrogado, como lo indicó el director del centro carcelario,
hasta el 31 de diciembre de 2016.
[244] Folios 18 a 24 Cuaderno de Revisión.
[245] Así la sobrepoblación en los Pabellones mencionados se da en
la siguiente proporción: (i) Patio 1 con 59% -96 reclusos de más-, (ii) Patio 2
con 60% -102 reclusos de más-, (iii) Patio 3 con 60% -105 reclusos de más-,
(iv) Patio 4 con 57% -105 reclusos de más-, y (v) Patio 6 con 54% -17 reclusos
de más-.
[246] La zona denominada Reclusión de Mujeres -RM- está dividida
en dos alas: la “A” que fue diseñada para   36 reclusas, alberga en la
actualidad 40 (11% de más), y la “B” construido para 28, cuenta en este momento
con 24 (21%).
[247] Debe recordarse que lo dicho por la Corte
en la sentencia T-388 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa; SPV. Mauricio
González Cuervo) en cuanto a las consecuencias jurídicas que suponen las
relaciones especiales de sujeción al retomar la sentencia T- 881 de 2002 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett): “Como lo puede apreciar la Sala, entre las
consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones
especiales de sujeción, en relación con los derechos fundamentales, se cuentan:
|| (i) La posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales
de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). || (ii) La
imposibilidad de limitar el ejercicio de ciertos derechos fundamentales (vida,
dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre
otros). || (iii) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce
efectivo, tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en
la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su
integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o
de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos. || (iv) El deber
positivo en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que
permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los
reclusos”.
[248] Los pabellones principales son: 1, 2, 3 y 4.
[249] En el establecimiento penitenciario, los reclusos cuentan con 3 m2
de los 3,4 m2 de los que debe disponer mínimo cada recluso que
está en celda compartida.
[250] Así, en el Patio 1, las 44 celdas destinadas para 4
personas, exceden su capacidad así: 10 celdas con 5 personas, 18 con 6 personas
y 16 con 7 personas privadas de la libertad. En el Patio 2 con 44 celdas, el
panorama es, igualmente desalentador: 3 celdas con 5 personas, 25 con 6
personas y 16 con 7 personas. Lo mismo pasa en el Patio 3 pues de las 44 celdas
para 4 personas, actualmente se alberga más de su capacidad: 3 celdas con 5
personas, 22 con 6 y 18 celdas con 7 personas. Finalmente, en el Patio 4, donde
se encuentran los accionados, con 44 celdas con capacidad de 4 personas,
sobrepasan su capacidad: 30 celdas con 6 personas, 13 con 7 y 1 celdas con 8
personas.
[251] En cada uno de los Pabellones 1, 2, 3 y 4 hay una celda para
2 personas que actualmente está ocupada, en todos los casos, por 4 personas.
[252] Folio 2.
[253] Folio 216 del Cuaderno de Revisión.
[254] Debe
recordarse que conforme con los lineamientos del CICR de la Guía complementaria al Manual Agua,
Saneamiento, Higiene y Hábitat en las Cárceles, retomados en la sentencia T-762 de 2015 (MP. Gloria
Stella Ortiz Delgado): “la
estimación del espacio de alojamiento por recluso es el respeto por los
siguientes principios, conforme los cuales los detenidos deben lograr, (i)
dormir acostados; (ii) circular sin obstáculos dentro de su celda o dormitorio;
(iii) tener espacio para situar sus efectos personales; y (iv) efectuar
procesos de evacuación de emergencia sin obstáculos dentro de la celda”.
[255] Conforme con el informe del director de la cárcel de Yopal,
la hora de “Contada y encerrada al personal de internos”
es a las 5:00 pm mientras que la “levantada y baño, aseo de
celdas” ocurre a las 5:30 am.
[256] Folio 3.
[257] https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3871.pdf
[258] Folio 2.
[259] Espacio general.
[260] Acta 001 y 426 de 2 y 7 de septiembre de 2016, respectivamente.
[261] Oficio de 23 de septiembre de 2016 suscrito por el subdirector de
construcción y conservación de la USPEC (Folio 505 Cuaderno de Revisión).
Respuesta reiterada en el oficio de 14 de octubre de 2016 por el director de
Infraestructura de la USPEC (Folio 508 Cuaderno de Revisión).
[262] MP. María Victoria Calle Correa.
[263] Ver al respecto sentencia T-077 de 2013 (MP. Alexei Julio Estrada)
y T-762 de 2015 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[264] T-762 de 2015 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[265] MP. Alexei Julio Estrada (E).
[266] Folio 93.
[267] Folio 94.
[268] MP. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio González Cuervo.
[269] MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[270] En el numeral 4º de la
sentencia T-143 de 2017 (MP. María Victoria Calle Correa) se ordenó al “Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
-USPEC, al
Establecimiento Carcelario de Yopal que, en el término de los noventa (90) días
siguientes a la notificación de esta providencia, inicien de forma conjunta el
diseño de un Plan de Mejoramiento Integral del Patio 2 del centro carcelario
accionado dirigido a superar de forma estructural: (a) el problema de
suministro continuo y suficiente de agua; (b) la provisión insuficiente de
servicios hidrosanitarios (inodoros, duchas, lavamanos) y; (c) los demás
problemas que presente el Patio 2 relacionados con la falta de salubridad. Dentro
del término otorgado y para la elaboración del plan, las autoridades demandadas
deberán requerir a la entidad sanitaria pertinente para que emita un concepto
técnico en el que debe precisarse las medidas a tomar para dar solución
definitiva a las fallas de infraestructura del sistema hidrosanitario y
suministro continuo y eficiente del agua, así como de los demás problemas
sanitarios que se identifiquen.”.
[271] Sobre tal reducción de emergencia, la Sala destacó que “Sin embargo
la reducción del metraje implica mayores esfuerzos en otros aspectos, pues debe
estar acompañada por celdas ventiladas en forma óptima; un suministro efectivo
mínimo diario de 10 a 15 litros de agua por interno, con acceso continuo a
ella; una dieta balanceada; un número suficiente de servicios sanitarios en
buen estado; acceso al patio de ejercicios o a cualquier otro lugar al aire
libre durante el día; y atención médica”.
[272] Debe recordarse que, según lo indicado en
precedencia, la sentencia T-762 de 2015 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado) al
citar las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos: “cada recluso dispondrá, en conformidad con los
usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual
suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de
asegurar su limpieza”.
[273] Ver sentencia T-762 de 2015 (MP. Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[274] MP. María Victoria Calle Correa, AV. Mauricio González Cuervo.
[275] MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[276] Debe recordarse que, según lo indicado en
precedencia, la sentencia T-762 de 2015 (MP. Gloria Stella Ortiz). Delgado) al
citar las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos: “cada recluso dispondrá, en conformidad con los
usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual
suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de
asegurar su limpieza”.