T-251-17
Sentencia
T-251/17
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA PARTICULAR
DEL SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR-Reiteración de jurisprudencia sobre su procedencia
ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad
en caso de sujetos de especial protección constitucional
DERECHO AL MINIMO VITAL-Dimensión positiva y negativa
CONTRATO DE SEGUROS-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Naturaleza
El Contrato de Seguro de Vida Grupo Deudores es
una modalidad por medio de la cual quien funge como tomador puede adquirir una póliza
individual o de grupo, para que la aseguradora, a cambio de una prima que cubra
el riesgo de muerte o incapacidad del deudor y, en caso de que se configure el
siniestro, pague al acreedor hasta el valor del crédito. Cuando se trata de
una, póliza colectiva o de grupo, bastará que el acreedor informe a la
aseguradora sobre la inclusión del deudor, dentro de los asegurados
autorizados, para que se expida a su favor el respectivo certificado de
asegurabilidad. Si se trata de una póliza individual la relación estará
gobernada por las condiciones particulares convenidas entre las partes, esto
es, entre el acreedor y la aseguradora.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Elementos
PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS
La buena
fe constituye un principio que disciplina y constituye un eje fundamental en
los contratos de seguro, obligación que recae en el tomador, quien se encuentra
en el deber de declarar de manera cierta todas las
circunstancias inherentes al riesgo.
RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE
SEGURO
La reticencia implica
mala fe en la conducta del tomador del seguro. Eso es lo que se castiga.
PREEXISTENCIA EN EL CONTRATO DE SEGURO-Concepto
Se entiende por “preexistencias” las
afecciones que ya venían aquejando al paciente en el momento de suscribir el
contrato, y que por tanto, no se incluyen como objeto de los servicios, es
decir no se encuentran amparadas.
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Fundamental
autónomo
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia de tutela como mecanismo de
protección cuando adquiere rango fundamental
DERECHO A LA VIDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden a Aseguradora aplicar a favor de la demandante la
póliza de seguro que ampara los créditos que esta solicitó, los cuales deben
quedar extinguidos
DERECHO A LA VIDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden a Aseguradora hacer efectiva la póliza de seguro que amparaba el crédito de vivienda,
que en vida adquirió el asegurador, a fin de que quede extinguido totalmente el
mismo
Referencia:
expedientes T-5.921.539 y T-5.926.613 (acumulados).
Acción de tutela interpuesta por Gladys Tristancho de
Serrano contra la Aseguradora Equidad Seguros de Vida O.C. y la Fundación de la
Mujer.
Acción de tutela ejercida por Ángela Marcela Rumbo
Hinojosa y BBVA Seguros de Vida.
Magistrado
Ponente (e.):
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Bogotá
D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e.),
Alberto Rojas Ríos e Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.), en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos emitidos
por los Juzgados Sesenta y Seis Civil Municipal de Bogotá[1] y Dieciséis Civil del Circuito[2] de la misma ciudad, dentro de la acción de
tutela interpuesta por Gladys Tristancho de Serrano contra la aseguradora
Equidad Seguros de Vida O.C. y la Fundación de la Mujer[3], y por los Juzgados Tercero Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Valledupar[4] y Tercero Penal del Circuito de Valledupar [5] dentro del trámite de acción de tutela
ejercida por Ángela Marcela Rumbo Hinojosa[6]
contra BBVA Seguros de Vida.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.1.
Expediente
T-5.921.539
1.1.1. La señora Gladys
Tristancho de Serrano tiene 70 años de edad y se desempeñaba como vendedora de
accesorios de celulares en Tenjo, Cundinamarca.
1.1.2. El 30 de abril de
2014, la señora Tristancho de Serrano solicitó un crédito a la Fundación de la
Mujer por valor $4.099.392[7] para la
compra de maquinaria y equipo, que debía ser pagado en 24 cuotas.
1.1.3. El 22 de
septiembre de 2014, la actora solicitó nuevamente un crédito a la misma
Fundación por valor $2.799.447[8]
denominado “crédito empresarial cédula”, el cual debía ser pagado en 24
cuotas.
1.1.4. Señaló que para
adquirir estos créditos la entidad exigía como requisito la suscripción de un
seguro de vida voluntario con La Equidad Seguros. En virtud de ello, en abril y
el 5 de septiembre de 2014 adquirió una póliza de seguro de vida- plan de vida
familiar con la aseguradora, por un total de $6.500.000, en caso de muerte,
invalidez o anticipo por enfermedad grave.
1.1.5. En noviembre de
2014 se empezó a sentir enferma, razón por la cual acudió al médico y fue
diagnosticada con “demencia en la enfermedad de alzheimer”.
1.1.6. Al no poder
continuar trabajando, dio aviso a la Fundación de la Mujer para que iniciara
las acciones tendientes para hacer efectiva la póliza de seguro y cubrir el
saldo que había adquirido con la entidad crediticia.
1.1.7. El 18 de septiembre de 2015[9] diligenció un formulario de reclamación del
seguro de vida voluntario por valor $ 5.000.000, sin embargo, el 23 del mismo
mes La Equidad Seguros le negó el reconocimiento del valor del crédito toda vez
que “para la fecha de los desembolsos de los créditos, de la señora Gladys
Tristancho de Serrano ya presentaba el hecho dañoso por el que se reclama, es
decir ya le había sido diagnosticado LA DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER,
TIROIDES, DETERIORO DE MENISCOS, FALLAS EN LENGUAJE, circunstancia que no cubre
el seguro al ser un hecho cierto, motivo por el cual no hay lugar a pago de la
indemnización solicitada[10]”.
1.1.9. La actora realizó
los últimos abonos a los créditos “maquinaria y equipo” el 30 de
diciembre de 2015 y “empresarial cédula” el 30 de enero de 2016 a
la Fundación de la Mujer.
1.1.10. Para la actora,
la negativa del pago del seguro de vida infringe sus derechos fundamentales a
la vida digna y mínimo vital porque a pesar de que suscribió con La Equidad
Seguros una póliza de seguro para que cubriera los riesgos de muerte, invalidez
o enfermedad grave, la entidad no ha pagado el valor pactado.
1.1.11. Finalmente, la
accionante manifestó que de La Equidad Seguros la han llamado en varias
oportunidades advirtiéndole que se le va a iniciar acciones legales, así como
decretar el embargo de los bienes si no paga el dinero adeudado.
1.1.12. En virtud de lo
anterior, la señora Tristancho solicita que se ordene a La Equidad Seguros
hacer efectiva la póliza de seguro y que la Fundación de la Mujer se abstenga
de iniciar cualquier tipo de cobro en su contra como consecuencia de la
invalidez total y permanente que padece.
1.2. Respuesta de las entidades accionadas
1.2.1. Mediante auto de
23 de septiembre de 2016 el Juzgado Sesenta y Seis Civil Municipal de Bogotá
admitió la acción de tutela y corrió traslado a La Equidad Seguros O.C. y a la
Fundación de la Mujer, con el fin de que rindieran un informe sobre los hechos
objeto del amparo de tutela[11].
1.2.2. Fundación de la Mujer
En escrito
radicado el 3 de octubre de 2016[12], la
gerente jurídica de la Fundación de la Mujer contestó la tutela solicitando
declararla
improcedente ya que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
Además, asevera que la acción carece de inmediatez y no se han agotado los
mecanismos de defensa judicial propios del pago de una póliza.
Agregó que los problemas
de salud que padece la actora son anteriores a la adquisición de los créditos,
por lo que se configura lo que la jurisprudencia ha llamado “preexistencia”.
1.2.3. La Equidad Seguros O.C.
Pese a que fue notificada guardó silencio.
1.3. Pruebas aportadas con la demanda.
1.3.1. Documentales
1.3.1.1 Contrato unificado de productos
microfinancieros – crédito maquinaria y equipo con un monto aprobado de
$4.099.392 y fecha de desembolso 30 de abril de 2014[13].
1.3.1.2. Original de la póliza de seguros – plan de
vida original- con La Equidad Seguros de fecha abril de 2014[14].
1.3.1.3. Calendario de pagos del crédito “maquinaria
y equipo” por valor de $4.099.392, expedido por la Fundación de la Mujer,
de fecha de cancelación inicial 14 de junio de 2014 y de finalización 14 de
mayo de 2016[15].
1.3.1.4. Contrato unificado de productos
microfinancieros - crédito empresarial cédula con un monto aprobado de
$2.799.447 y fecha de desembolso 22 de septiembre de 2014[16].
1.3.1.5. Original de la póliza de seguros – plan de
vida original- con la Equidad Seguros de fecha 5 de septiembre de 2014[17].
1.3.1.6. Calendario de pagos del crédito “empresarial
cédula” por valor $2.799.447, expedido por la Fundación de la Mujer, de
fecha de cancelación inicial 5 de noviembre de 2014 y de finalización 5 de
octubre de 2016[18].
1.3.1.7. Certificado de reclamación del seguro de vida
– plan de vida original- a la Fundación de la Mujer de fecha 18 de septiembre
de 2015[19].
1.3.1.8. Respuesta negativa de 23 de septiembre de
2015 de La Equidad Seguros para el estudio del siniestro que afectan las
pólizas de la señora Gladys Tristancho de Serrano[20].
1.3.1.9. CD con la historia clínica de la señora
Tristancho desde 2009 hasta 2016[21].
1.3.1.10. Declaración juramentada de 5 de abril de
2017 de la señora Tristancho mediante la cual reconoce que no ha sido
calificada por la Junta de Invalidez, y que debido a su condición no está en
capacidad de trabajar, por lo que un hijo suyo le ayuda económicamente[22].
1.4. Decisiones judiciales objeto de
revisión.
1.4.1.   Primera
instancia
El Juzgado Sesenta y Seis (66) Civil Municipal de
Bogotá mediante sentencia de 6 de octubre de 2016[23], negó los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la vida en condiciones dignas de la demandante en la medida que
cuenta con una herramienta de defensa de sus derechos a través de la vía
declarativa civil, correspondiéndole al juez ordinario declarar el
incumplimiento del contrato de seguro por alguna de las partes.
1.4.2.   Impugnación
El 13 de octubre de 2016[24], la parte actora impugnó la anterior
decisión reiterando los fundamentos expuestos en la acción de tutela.
Adicionalmente, sostuvo que al ser una persona de 70 años de edad y tener
alzheimer es sujeto de especial protección constitucional, y dadas sus
condiciones particulares le es imposible seguir pagando las obligaciones
crediticias contraídas con la Fundación de la Mujer.
1.4.3.   Segunda
instancia
Mediante fallo de 28 de noviembre de 2016[25], el Juzgado Dieciséis (16) del Circuito de
Bogotá confirmó la decisión adoptada en primera instancia, bajo el argumento
que la demandante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni
agotó los mecanismos de defensa judicial propicios para asuntos de índole
económico.
2.   Expediente
T- 5.926.613
2.1.
Hechos
2.1.1.   El 11 de
octubre de 2012, el señor Arnulfo Anaya Taborda adquirió un crédito de vivienda
con el Banco BBVA por valor de $80.000.000, para la compra de una casa para su
grupo familiar, conformado por la señora Gloria Judith Pulido Poveda- su
compañera permanente- y sus hijos universitarios, todos dependían
económicamente de Anaya Taborda.
2.1.2.   Junto con
el crédito[26] el
señor Anaya adquirió un seguro de vida grupo deudores que ampara la obligación
contraída con el banco, el cual cubre la muerte, incapacidad total y
permanente, desmembración o inutilización e incapacidad total o temporal por
valor de $80.000.000.
2.1.3.   Desde el
26 de junio de 2015 le fue diagnosticado un tumor maligno en el estómago,
enfermedad que lo incapacitó hasta el día de su muerte, el 11 de febrero de
2016.
2.1.4.   Debido a
las incapacidades[27], al
señor Arnulfo, le fue imposible seguir cancelando las cuotas del crédito
otorgado por el Banco BBVA. El último pago que realizó fue en octubre de 2015.
2.1.5.   El 1º de
diciembre de 2015, el banco terminó automáticamente la póliza de vida grupo
deudores “por mora en el pago de las primas del seguro[28]”, apelando  a la previsión del
artículo 1152 del Código de Comercio que establece que “el no pago de las
primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la
terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas”.
2.1.6.   La
demandante elevó una petición ante BBVA Seguros[29] para solicitar el amparo del seguro de vida
que adquirió su compañero al momento de tomar el crédito hipotecario, la cual
fue negada por la entidad al existir mora en el pago de las cuotas del crédito.
2.1.7.   Ante la
negativa de BBVA Seguros, la actora se endeudó con uno de sus familiares para
cancelar las cuotas atrasadas desde octubre de 2015 hasta abril de 2016[30], por un valor de $8.176.000. Sin embargo,
la accionante manifiesta que no se encuentra en la capacidad económica de
seguir pagando el crédito de vivienda que fue otorgado a su compañero
permanente.
2.1.8.   En virtud
de lo anterior, la accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales
al mínimo vital y vivienda digna, y se ordene a BBVA Seguros hacer efectiva la
póliza de seguro de vida de deudores y que le sea devuelta la suma de
$8.176.000 pagada por esta a la aseguradora.
2.2.     Respuesta
de las entidades accionadas
2.2.1. Mediante auto de 5
de julio de 2016[31] el
Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Valledupar admitió la acción de tutela y corrió traslado a BBVA Seguros con el
fin de que rindiera un informe sobre los hechos objeto del amparo.
2.2.2.
Banco
BBVA Colombia
El 13 de julio de 2016[32], la entidad bancaria se opuso a las
pretensiones de la acción de tutela y solicitó la desvinculación del presente
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la
entidad llamada a propender por la protección de los derechos fundamentales
aducidos por la actora, dado que es la compañía de seguros la obligada a
verificar el cumplimiento de las condiciones para la afectación de la póliza
adquirida por el compañero permanente de la accionante.
Agregó que revisadas las bases de clientes del Banco,
se evidenció que al señor Arnulfo Anaya Taborda (q.e.p.d.) le fue
otorgado un crédito hipotecario desembolsado en el año 2012 por un valor de
$80.000.000 y que ha incurrido en mora en varias oportunidades.
Concluyó que la accionante abonó una suma de dinero al
crédito[33] después
de que le fue negado el pago de la póliza de seguro, con el fin de reactivar el
crédito que se encontraba vencido.
2.2.3.
BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A.
El 12 de julio de 2016[34], la aseguradora se opuso a las pretensiones
de la acción de tutela solicitando desestimarlas en razón a que la accionante
dispone de otro mecanismo de defensa judicial para dirimir esa controversia y
no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales.
Manifestó que la actora conocía que el estado de
cancelación de la póliza de seguro fue el 1 de diciembre de 2015 y que la
muerte de su compañero ocurrió el 11 de febrero de 2016, así las cosas se
encontraba en mora del pago de la prima desde diciembre de 2015 cuando ya había
operado la terminación automática del contrato de seguro.
2.3. Pruebas aportadas con la demanda.
2.3.1. Documentales
2.3.1.1. Copia de la póliza de seguro de vida grupo
deudores de fecha 11 de octubre de 2012 del BBVA Seguros[35].
2.3.1.2. Copia de la incapacidad del señor Arnulfo
Anaya Taborda por “tumor maligno del cuerpo del estómago”de 21 de julio
de 2015[36].
2.3.1.3. Copia de la incapacidad del señor Arnulfo
Anaya Taborda por “tumor maligno del cuerpo del estómago”de 21 de agosto
de 2015[37].
2.3.1.4. Copia de consulta médica especializada del
señor Arnulfo Anaya Taborda para empezar tratamiento por “tumor maligno del
cuerpo del estómago”de 9 de septiembre de 2015[38].
2.3.1.5. Copia de la incapacidad del señor Arnulfo
Anaya Taborda por “tumor maligno del cuerpo del estómago” de 14 de
septiembre de 2015[39].
2.3.1.6. Copia de la incapacidad del señor Arnulfo
Anaya Taborda por “tumor maligno del cuerpo del estómago”de 19 de
octubre de 2015[40].
2.3.1.7. Copia de la incapacidad del señor Arnulfo Anaya
Taborda por “tumor maligno del cuerpo del estómago”de 17 de noviembre de
2015[41].
2.3.1.8. Copia de la incapacidad del señor Arnulfo
Anaya Taborda por “tumor maligno del cuerpo del estómago” de 17 de
diciembre de 2015[42].
2.3.1.9. Copia de la incapacidad del señor Arnulfo
Anaya Taborda por “tumor maligno del cuerpo del estómago” de 25 de enero
de 2016[43].
2.3.1.10. Copia del registro civil de defunción del
señor Arnulfo Anaya Taborda de 12 de febrero de 2016[44].
2.3.1.11. Copia de respuesta de BBVA Seguros negando
el pago de la póliza de seguro de vida grupo deudores para cubrir la obligación
crediticia adquirida por el Banco BBVA de 13 de abril de 2016[45].
2.3.1.12. Copia del compromiso de pago efectuado por
la señora Gloria Judith Pulido Poveda por valor de $8.167.000 correspondiente a
los meses atrasados de fecha 27 de mayo de 2016 a nombre de casa de cobranzas
COBYSER LTDA[46].
2.3.1.13. Copia del depósito por valor de $605.000
girado a BBVA de fecha 27 de mayo de 2016[47].
2.3.1.14. Copia del depósito por valor de $657.199
girado a BBVA de fecha 27 de mayo de 2016[48].
2.3.1.15. Copia del depósito por valor de $2.183.204
girado a BBVA de fecha 1 de junio de 2016[49].
2.4. Decisiones judiciales objeto de
revisión.
2.4.1.   Primera
instancia
Mediante sentencia del 18 de julio de 2016[50], el Juzgado Tercero (3) Penal Municipal con
funciones de control de Garantías de Valledupar declaró improcedente la tutela
en la medida que la demandante dispone de otros mecanismos idóneos y eficientes
para resolver la situación.
2.5.
Impugnación
El
26 de julio de 2016[51], la
parte actora impugnó la decisión proferida por el juez de primera instancia,
reiterando los argumentos de la tutela en los cuales sustentó la vulneración de
los derechos fundamentales a la vivienda digna y mínimo vital.
2.6. Sentencia de segunda instancia
El 25 de agosto de 2016[52],
el Juzgado Tercero (3) Penal del Circuito de Valledupar confirmó la decisión
del a quo, bajo el argumento de que la actora no había agotado los
mecanismos idóneos y regulares y, además, no se vislumbró en el plenario prueba
fehaciente de que se encuentrara bajo amenaza o conculcación de los derechos
fundamentales exorados.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.   Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los
fallos de tutela mencionados, de conformidad con lo previsto en los artículos
86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.   Problemas
jurídicos
Los expedientes puestos a consideración de la Sala
fueron asuntos que se acumularon por ser casos en los que las aseguradoras se
abstuvieron de hacer efectivas la pólizas de seguros de vida adquiridas por los
usuarios con el fin de cubrir las obligaciones crediticias ante la
imposibilidad de continuar efectuando los pagos por invalidez y muerte.
En el primero de los casos (Exp. T-5.921.539) la Sala
debe constatar si La Equidad Seguros y la Fundación de la Mujer, vulneran los
derechos a la vida digna y mínimo vital de la señora Gladys Tristancho de
Serrano, al negarse a hacer efectiva la póliza de seguro de vida por el riesgo
de invalidez, argumentando que la señora Tristancho padecía demencia en la
enfermedad de alzheimer desde antes de adquirir la póliza en mención.
En el segundo caso (Exp. T-5.
926.613) la Corte debe determinar si BBVA Seguros ha vulnerado los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la
señora Gloria Judith Pulido Poveda, al no hacer efectiva la póliza de seguro de
vida grupo deudores por el riesgo de muerte que amparaba la obligación crediticia
adquirida por su compañero permanente, argumentando que debido al
incumplimiento en el pago de las cuotas del crédito este fue terminado
automáticamente.
Para dar respuesta a lo anterior la Sala abordará: (i)
el principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela; (ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela dirigida contra
particulares que ejercen actividades bancarias y aseguradoras; (iii) el
requisito de subsidiariedad respecto a los sujetos de especial protección
constitucional y el derecho fundamental al mínimo vital; (iv) el contrato de
seguro, sus principales elementos y los límites a la libertad contractual; (v)
del contrato de seguro de vida grupo deudores; (vi) el principio de buena fe ,
reticencia y prexistencia en el contrato de seguro; (vii) el derecho
fundamental a la vivienda digna. Finalmente (viii)
resolverá los casos concretos.
3. El principio de
inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción de tutela. Reiteración
de jurisprudencia[53].
La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido
reiteradamente que en todos los casos es necesario demostrar que la acción de
tutela se interpuso dentro de un término oportuno, justo y razonable[54].
Este requisito de procedibilidad está concebido en el mencionado artículo 86 de
la Constitución.
La Corte ha precisado que ese concepto está atado a la
eficacia del mecanismo reforzado de protección de los derechos fundamentales.
De acuerdo con la jurisprudencia, la tutela procede cuando se utiliza con el
fin de prevenir un daño inminente o de hacer cesar un perjuicio que se está
causando al momento de interponer la acción. Ello implica que es deber del
accionante evitar que pase un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado
desde que se presentó la actuación u omisión que causa la amenaza o vulneración
de las garantías constitucionales.
Para establecer la razonabilidad del tiempo
transcurrido entre la infracción de la garantía fundamental y el reclamo ante
el juez constitucional, esta Corporación en la sentencia T-743 de 2008 precisó
lo siguiente:
“La Corte
Constitucional ha establecido algunos de los  factores que deben ser tenidos en
cuenta para determinar la razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo
válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado;[55]
(iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición.[56]
A partir del desarrollo de las nociones mencionadas,
el juez constitucional puede hallar la proporcionalidad entre el medio judicial
utilizado por el accionante y el fin perseguido, para de esta manera determinar
la procedencia de la acción de tutela como mecanismo idóneo para la protección
del derecho fundamental reclamado.
Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha
destacado que puede resultar admisible que transcurra un extenso espacio de
tiempo entre el hecho que generó la vulneración y la presentación de la acción
de tutela bajo dos circunstancias[57]:
i) la primera de ellas, cuando se demuestra que la afectación es permanente en
el tiempo[58]
y, ii) en segundo lugar, cuando se pueda establecer que la persona se encuentra
en una situación de indefensión, interdicción, abandono, incapacidad física,
entre otras que resultaría desproporcionado remitirla al juez ordinario[59].
La sentencia T-883 de 2009 advirtió que para que el
amparo sea procedente, no obstante haber transcurrido un tiempo prolongado
desde la ocurrencia del acto lesivo, se requiere que la afectación de derechos
fundamentales que se pretende remediar sea actual[60].
4. La procedencia excepcional de la acción
de tutela dirigida contra particulares que ejercen actividades bancarias y
aseguradoras.
El
artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela es el
mecanismo que tienen las personas para la protección de un derecho fundamental
que se encuentra transgredido o en riesgo de ser vulnerado. No obstante, esta
es una herramienta subsidiaria que busca evitar que se reemplacen los caminos ordinarios para resolver
controversias jurídicas y se convierta en un instrumento supletorio cuando no
se han empleado oportunamente dichos medios[61], salvo que no resulten idóneos ni
eficaces para amparar las garantías iusfundamentales. Adicionalmente,
es
menester la verificación de la existencia de un perjuicio irremediable, es
decir,“un grave e inminente detrimento de
un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de
aplicación inmediata e impostergables”, lo cual legitimará hacer uso de la acción de tutela.[62]
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86
Superior y 42 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, la acción de tutela puede
dirigirse contra particulares cuando presten servicios públicos, atenten
gravemente contra el interés colectivo o respecto de los cuales exista un
estado de indefensión o subordinación[63].
Con base en lo anterior, a través de la jurisprudencia
se ha determinado la viabilidad del amparo contra particulares que ejercen
actividades bancarias y aseguradoras[64],
en el entendido de que prestan un servicio de interés público y sus usuarios se
encuentran en estado de indefensión[65].
Sobre el particular, la Corte en la sentencia T-738 de
2011 admitió la procedencia excepcional de la acción de tutela tratándose de
controversias surgidas a propósito de los contratos de seguro, al resolver el
caso de un particular contra una aseguradora que se negó a hacer
efectivo un “Seguro de Vida Grupo Deudores”, argumentando que el
solicitante no acreditó la incapacidad del 50%. En esa oportunidad dijo que: “las
razones para hacer procedente la acción de tutela contra estas entidades ha
tenido en cuenta, en general, que las actividades financieras –dentro de las
que se encuentran la bancaria y aseguradora-, en tanto relacionadas con el
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público, es una
manifestación de servicio público o que al menos involucra una actividad de
interés público de acuerdo con el artículo 355 Constitucional”[66].
Así las cosas y en cuanto a la procedencia de la
acción de tutela en contra de compañías de seguro, es necesario señalar que la
jurisprudencia de este Tribunal ha precisado la correlación existente entre la
actividad aseguradora y la protección constitucional de los derechos humanos, de
la siguiente manera:
“Las
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que
se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés
público, esto significa que la libertad contractual en materia de seguros, por
ser de interés público se restringe cuando están de por medio valores y
principios constitucionales, así como la protección de derechos fundamentales,
o consideraciones de interés general. Hay que tener en cuenta que la
prevalencia del interés general o público es uno de los principios que
fundamentan el Estado Social de Derecho conforme al artículo 1° de la
Constitución Política.
Decir
que la actividad aseguradora es de interés público significa que esta actividad
debe buscar el bienestar general. Si bien no hay definición constitucional ni
legal sobre “interés público” es un concepto que conlleva atender el interés
general o el bien común, y no solo tener en cuenta consideraciones de interés
patrimonial”[67].
Igualmente, la Corte ha expresado que la
actividad aseguradora si bien se manifiesta mediante una relación contractual
de carácter eminentemente particular, en determinados casos puede violentar
derechos fundamentales de tal modo que la procedencia de la tutela es
totalmente razonable y necesaria. Al respecto esta Corporación en la sentencia
T-490 de 2009:
“Al
referirse a las compañías de seguros esta Corte ha destacado que, si bien en
principio las diferencias que con ellas surjan deben tramitarse ante los jueces
ordinarios dado su carácter contractual, cuando están de por medio derechos
fundamentales como la vida, la salud y el mínimo vital, por su propia actividad
y por el objeto de protección que ofrece en caso de siniestro, resulta viable
el amparo constitucional.”
En el mismo sentido se destaca que este Tribunal ha
accedido a reconocer el valor de determinadas pólizas de seguros a través de la
acción de tutela, en supuestos donde se evidenció: la indefensión del accionante[68],
la falta de celeridad y eficacia de los recursos ordinarios[69],
el deber de solidaridad[70],
el abuso de la posición dominante[71]
y la imperiosa necesidad de aplicar directamente los postulados consagrados en
el artículo 2° de la Constitución, entre los que se destacan, asegurar la
vigencia de un orden justo y el deber estatal de promover el cumplimiento de
los deberes sociales.
En ese orden, las actividades bancarias y las
aseguradoras son esencialmente de interés público y por consiguiente, suponen un
mayor grado de control y vigilancia, en tanto que sus gestiones implican un
voto de confianza por parte de los ciudadanos, quienes creen en que “cuando
depositan su dinero en el banco, este será devuelto cuando así lo requieran. En
el mismo sentido cuando una persona contrata una póliza de seguro, confía en
que con el pago de la prima mensual la aseguradora asuma su responsabilidad
cuando ocurra el siniestro. Por ello, las razones por las cuales las entidades
aseguradoras deciden no pagar las pólizas de seguro, deben contar con
suficiente fundamento jurídico especialmente en aquellos eventos en que el pago
de la póliza incida en el ejercicio y goce de los derechos fundamentales”[72].
Teniendo en consideración que la actividad financiera
y aseguradora constituye la prestación de un servicio de interés público a los
ciudadanos, quienes se encuentran en una situación de indefensión[73]
dada la posición dominante que ejercen las entidades del sector[74],
este Tribunal[75]
ha sostenido que es procedente la acción de tutela como medio de control
judicial tratándose de controversias surgidas a partir de una relación
asimétrica como la que existe entre estos, ya que es posible que estas
entidades con sus acciones u omisiones puedan vulnerar o amenazar los derechos
fundamentales de las personas[76].
5. El requisito de subsidiariedad respecto
a los sujetos de especial protección constitucional y el derecho fundamental al
mínimo vital.
El artículo 86 superior debe interpretarse
en concordancia con los artículos 13 y 47 constitucionales, ya que existen
personas que por sus condiciones requieren una especial protección por parte
del Estado[77].
En relación con estas personas no es posible hacer el examen de subsidiariedad
con la misma rigurosidad que se aplica para los demás.
Por ello, el requisito de subsidiariedad
no puede dejar sin contenido al trato preferencial que reciben los sujetos de
especial protección constitucional. Un análisis riguroso de este principio de
cara a dicho grupo acentuaría su condición de debilidad, toda vez que el juez
de tutela aplicaría los mismos criterios que al común de la sociedad. Es por
eso que su valoración no debe ser exclusivamente normativa. La evaluación debe
prever los aspectos subjetivos del caso[78].
Por tanto, cuando de los elementos del asunto se concluya que la persona que
solicita el amparo es un sujeto de especial protección, el análisis se hace más
flexible para el sujeto pero más riguroso para el juez, ya que debe considerar
circunstancias adicionales a las que normalmente valora.
En la sentencia T-651 de 2009 esta
Corporación expresó que en “relación
con este requisito, de manera reiterada, la Corte ha considerado que la
condición de sujeto de especial protección constitucional, especialmente en el
caso de las personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados
(Art. 47 C.P.) y las mujeres cabeza de familia (Art. 43 C.P.)-, así como la
circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante,
permiten presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos”. En el
mismo sentido, la sentencia T-589 de 2011 sostuvo que “el operador judicial
debe examinar la situación fáctica que define el asunto sometido a su
conocimiento, y las particularidades de quien reclama el amparo constitucional,
pues, si se trata de sujetos de especial protección constitucional (personas de
la tercera edad o en condición de discapacidad, etc.) o de personas que se
encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de
procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente”.
De esta manera, este Tribunal a través de su jurisprudencia ha precisado el alcance
de la protección especial otorgada a las personas en situación de discapacidad,
expresión que exige la igualdad de derechos y oportunidades de éstas respecto
del resto de la comunidad, sin que deba existir algún trato discriminatorio por
motivos de tal discapacidad. Estos sujetos de especial protección
constitucional tienen el derecho a que se adopten todas las medidas y acciones
encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, así
como el deber estatal de otorgar un trato especial a las que sufran una
discapacidad[79].
En la sentencia T-561 de 2010, la
Corte abordó el tema de las enfermedades degenerativas manifestando que se
consolidan cuando “la persona ve drásticamente disminuidas sus
destrezas físicas y mentales, lo que le impide desarrollar cualquier actividad
laboral económicamente productiva”.
Según el artículo científico The
Neuropsychological Profile of Alzheimer Disease[80], el alzheimer y específicamente la
demencia en la enfermedad de alzheimer es una enfermedad que interrumpe la
red neural de la función de la memoria episódica y conlleva al déficit de las
funciones ejecutivas del cerebro responsable de la manipulación mental de la
información, formación de los conceptos y el comportamiento directo. Lo
anterior impide a la persona que padece esta enfermedad realizar labores del
día a día.
En la
sentencia T- 338 de 2013 esta Corporación reconoció que “el alzheimer es una
enfermedad degenerativa en la cual se pierden las capacidades del lenguaje,
memoria, conocimiento de tiempo, lugar, entre otros. Quiere decir que es un
padecimiento del cual se espera una plena solidaridad por parte de la comunidad
para generar un tratamiento y una vida en condiciones dignas”.
En la sentencia T-136 de 2013, este Tribunal ordenó
a Liberty Seguros S.A. que efectuara el trámite necesario para pagar al
Banco Caja Social (BCSC) S.A., como tomador y beneficiario de la póliza de
seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto de la obligación adquirida por
el señor Juan José Rincón Torres con dicho Banco, quien padecía de Alzheimer
altamente disfuncional y que le fue imposible seguir pagado el crédito
adquirido con la entidad bancaria.
Respecto al derecho al mínimo vital
esta Corporación ha señalado que este presenta dos dimensiones de desarrollo.
Una dimensión positiva, que se relaciona con la obligación a cargo del Estado y
excepcionalmente de los particulares, de suministrar a la persona que se
encuentra en un estado de discapacidad o de debilidad manifiesta las
prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su
degradación o aniquilamiento como ser humano, con lo cual se puedan mantener
unas condiciones mínimas de vida digna. Por otra parte, la dimensión negativa
establece un límite mínimo de las condiciones dignas y humanas que merece todo
ser humano, en los términos de la Constitución y  la ley.[81]
Así las cosas, esta Corporación ha
reiterado en su jurisprudencia que el mínimo vital es un derecho fundamental
ligado estrechamente a la dignidad humana, ya que “constituye la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación
de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido,
el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en
salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el
derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico
constitucional”.[82]
Finalmente, no es
aceptable, a la luz de los derechos fundamentales del mínimo vital y de la vida
en condiciones dignas, que la negativa al reconocimiento y pago de una
prestación derivada de un riesgo asegurado por incapacidad total permanente, se
fundamente exclusivamente en la libertad de contratar y en una interpretación
netamente legal del clausulado contractual[83].
6. El contrato de seguro, sus principales
elementos y los límites a la libertad contractual.
6.1. Elementos
esenciales
El contrato de seguro surge con la finalidad principal de proteger los
intereses particulares contra pérdidas provenientes de imprevistos[84].
Si bien no existe definición legal de esta figura, esta Corte [85]
retomando a su vez lo expuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia entiende el contrato de seguro como aquel “en virtud del
cual una persona -el asegurador- se obliga a cambio de una prestación
pecuniaria cierta que se denomina “prima”, dentro de los límites pactados y
ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de
cobertura, a indemnizar al “asegurado” los daños sufridos o, dado el caso, a
satisfacer un capital o una renta”[86].
El artículo 1036 del Código de Comercio describe las principales
características del contrato de seguro como consensual, bilateral, oneroso,
aleatorio y de ejecución sucesiva. Las mismas han sido explicadas por esta
Corporación de la siguiente forma:
“Es
consensual, en la medida en que se perfecciona y nace con el sólo
consentimiento, desde el momento en que se realiza el acuerdo de voluntades
entre el asegurador y el tomador sobre los elementos esenciales del contrato de
seguros. Es bilateral, por cuanto las partes se obligan recíprocamente. Genera
obligaciones para las dos partes contratantes: para el tomador, la de pagar la
prima, y para el asegurador, la de asumir el riesgo y, por ende, la de pagar la
indemnización si llega a producirse el evento que la condiciona. Es oneroso
porque es un contrato que reporta beneficio o utilidad para ambas partes. El
gravamen a cargo del tomador es el del pago de la prima y el del asegurador es
el pago de la prestación asegurada en caso de siniestro. Es aleatorio por
cuanto en el contrato de seguros tanto el asegurado como el asegurador están
sujetos a una contingencia que es la posible ocurrencia del siniestro. Es de
ejecución sucesiva, puesto que las obligaciones a cargo de los contratantes se
van desenvolviendo continuamente hasta su terminación”[87].
La tipificación del contrato de seguro como un ejemplo paradigmático de
un negocio de adhesión no es un tema enteramente pacífico al interior de la
jurisprudencia constitucional. Mientras que una parte ha establecido de forma
absoluta que se trata de un “contrato de adhesión, porque no hay discusión
sobre el clausulado y condiciones entre las partes”[88],
otra aproximación considera necesario examinar cada caso en particular, ya que
es posible que en ocasiones ocurra una “verdadera negociación sobre las
condiciones particulares del negocio jurídico, en estos casos mal podría
decirse que una de las partes se ‘adhirió’”[89].
En cualquier caso, la finalidad primordial de recurrir a esta
denominación es la búsqueda del restablecimiento del equilibrio contractual por
medio de unas reglas de interpretación favorables a la parte más débil en casos
de ambigüedad o vacios. Al respecto, el Código Civil prescribe que “las
cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes,
sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad
provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”[90].
Este ideal de protección del consumidor financiero que se encuentra en
situación de indefensión, mediante reglas hermenéuticas, ha sido acogido
unánimemente por la jurisprudencia nacional. Tal como lo explicó la Corte
Suprema de Justicia, así:
“En
consecuencia, para decirlo sin ambages, ciertas peculiaridades de los referidos
contratos, relativas a la exigua participación de uno de los contratantes en la
elaboración de su texto; la potestad que corresponde al empresario de imponer
el contenido del negocio; la coexistencia de dos tipos de clausulado, uno
necesariamente individualizado, que suele recoger los elementos esenciales de
la relación; y el otro, el reglamentado en forma de condiciones generales ,
caracterizado por ser general y abstracto; las circunstancias que rodean la
formación del consentimiento; la importancia de diversos deberes de conducta
accesorios o complementarios, como los de información (incluyendo en ese ámbito
a la publicidad), lealtad, claridad, entre otros; la existencia de controles
administrativos a los que debe someterse; en síntesis, las anotadas
singularidades y otras más que caracterizan la contratación de esa especie, se
decía, le imprimen, a su vez, una vigorosa e indeleble impronta a las reglas
hermenéuticas que le son propias y que se orientan de manera decidida a
proteger al adherente (interpretación pro consumatore)” [91] (Negrilla
fuera del original).
Por vía jurisprudencial[92]
se ha afirmado que este es un contrato especial de buena fe, en el que las
partes se sujetan al contrato con lealtad y honestidad. En este sentido, en la
sentencia T-086 de 2012, la Corte sostuvo que: “ambas partes en las
afirmaciones relacionadas con el riesgo y las condiciones del contrato se
sujetan a cierta lealtad y honestidad desde su celebración hasta la ejecución
del mismo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1058 del Código de
Comercio, el tomador o asegurado debe declarar con sinceridad los hechos y
circunstancias que determinan el estado del riesgo, puesto que ello constituye
la base de la contratación. En caso de presentarse reticencias e inexactitudes
en la declaración que conocidas por el asegurador lo hubieran retraído de
contratar, se produce la nulidad relativa del seguro. El asegurador también
debe cumplir con el principio de buena fe evitando cláusulas que sean lesivas
al asegurado, cumpliendo con la prestación asegurada a la ocurrencia del
siniestro y comprometiéndose a declarar la inexactitud al momento en que la
conozca y no esperar a la ocurrencia del siniestro para alegarla como una
excepción al pago de la indemnización.”
De conformidad con lo anterior, el principio de la
buena fe que ampara el contrato de seguro obliga a las partes a comportarse con
honestidad y lealtad desde la celebración hasta que termine la vigencia del
mismo, porque de ello depende la eficacia y cumplimiento de las cláusulas en él
previstas.
Por lo anterior, la Corte ha establecido que si bien
es cierto que sobre el tomador del seguro recae el deber de informar acerca de
las circunstancias reales que determinan la situación de riesgo, también lo es
que corresponde a las aseguradoras dejar constancia de las preexistencias o de
la exclusión de alguna cobertura al inicio del contrato, para evitar en un
futuro ambigüedades en el texto del mismo, es más, se determinó que si no hubo
una exclusión y no hay prueba de que se haya practicado un examen de ingreso “la
carga de las preexistencias está en cabeza de la entidad aseguradora o de
medicina prepagada y no del asegurado, constituyéndose en un imperativo
jurídico que consten en el contrato”. [93]
Las reglas del contrato de seguro, en todo caso deben
ser aplicadas a la luz de los postulados superiores, bajo el entendido de que
Colombia es un Estado Social de Derecho regido por los principios de respeto a
la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general[94],
donde el
ejercicio de la libertad económica y la iniciativa privada debe desarrollarse
dentro de los límites del bien común[95],
y el desarrollo de la actividad aseguradora se considera de interés público[96],
lo cual significa que la libertad de su ejercicio está determinada y puede
restringirse “cuando están de por medio valores y
principios constitucionales, así como la protección de derechos fundamentales,
o consideraciones de interés general”[97].
Sobre lo anterior, este Tribunal en la sentencia T-490
de 2009, sostuvo lo siguiente:
“Es evidente que la propia Constitución prevé que la
ley señale un régimen que sea compatible con la autonomía de la voluntad
privada y el interés público proclamado, régimen que no puede anular la
iniciativa de las entidades encargadas de tales actividades y naturalmente en
contrapartida ha de reconocerse a éstas una discrecionalidad en el recto
sentido de la expresión, es decir, sin que los actos de tales entidades puedan
responder a la simple arbitrariedad.
Para
la Sala resulta claro que la jurisprudencia constitucional permite establecer
límites a la libertad de contratación en materias declaradas
constitucionalmente como de interés público y por tanto, no es aceptable, a la
luz de los derechos fundamentales de mínimo vital y vida en condiciones dignas,
que la negativa al reconocimiento y pago de una prestación derivada de un
riesgo asegurado por incapacidad total permanente, se fundamente exclusivamente
en la libertad de contratar y en una interpretación netamente legal del
clausulado contractual. Nótese que la libertad contractual si bien permite a la
persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria,
pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de la
Constitución que incorpora como principio fundamental el de la solidaridad
social y la prevalencia del interés general”.
En conclusión, de acuerdo con la Constitución la
actividad aseguradora se desarrolla con libertad pero no es absoluta, porque
encuentra su límite en el interés público, la efectividad de los derechos
fundamentales y demás principios y valores superiores[98].
6.2.
Del contrato de seguro de vida grupo deudores.
Dadas la particularidades del caso es preciso referir brevemente una
modalidad específica del contrato de seguro denominada de grupo o colectivo,
por medio de la cual la empresa aseguradora se compromete a responder ante la
manifestación de un siniestro que ocurra a cualquiera de un número plural de
personas naturales vinculadas por una relación contractual con una misma
persona jurídica. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia[99]
resumió los principales elementos de esta modalidad contractual de la siguiente
manera:
i. “Su celebración no es obligatoria, ni
constituye un requisito indispensable para el otorgamiento de un crédito, pero
es usualmente requerida por las instituciones financieras para obtener una
garantía adicional de carácter personal.
ii. Normalmente el deudor-asegurado es quien
se adhiere a las condiciones que propone el acreedor, quien en todo caso debe
garantizar la debida información en torno a las condiciones acordadas.
iii. Lo que se asegura es el suceso incierto
de la muerte o incapacidad permanente del deudor, independientemente de si el
patrimonio restante permite que la acreencia le sea pagada a la entidad
bancaria prestamista.
iv. El interés asegurable que en este tipo de
contratos resulta relevante se halla en cabeza del deudor, así sea que al
acreedor también le asista un interés eventual e indirecto en el seguro de vida
grupo deudores.
v. El valor asegurado es el acordado por las
partes, esto es, el convenido por el acreedor-tomador y la aseguradora,
teniendo como única limitación expresa que la indemnización a favor del
acreedor-tomador no puede ser mayor al saldo insoluto de la deuda”.
En suma, el Contrato de Seguro de Vida Grupo Deudores es una modalidad por
medio de la cual quien funge como tomador puede adquirir una póliza
individual o de grupo, para que la aseguradora, a cambio de una prima que cubra
el riesgo de muerte o incapacidad del deudor y, en caso de que se configure el
siniestro, pague al acreedor hasta el valor del crédito. Cuando
se trata de una, póliza colectiva o de grupo, bastará que el acreedor informe a
la aseguradora sobre la inclusión del deudor, dentro de los asegurados
autorizados, para que se expida a su favor el respectivo certificado de
asegurabilidad. Si se trata de una póliza individual la relación estará
gobernada por las condiciones particulares convenidas entre las partes, esto
es, entre el acreedor y la aseguradora
7. El principio de buena fe[100], reticencia y preexistencia en el
contrato de seguro.
El artículo 83 de la Carta Política consagra el
principio de buena fe y establece que todas las actuaciones tanto de los
particulares como de la administración pública deben orientarse por este
principio, concebido como un mecanismo para buscar la protección de los
derechos de las personas al interior de las relaciones de negocios.[101]
La buena fe pasó de ser un principio general,
consagrado inicialmente en el Código Civil[102],
a uno de carácter constitucional. Implica que tanto los particulares y las
autoridades públicas actúen de forma honesta, leal y correcta, características
que dan confianza, seguridad y credibilidad a las personas.
Al respecto, esta Corporación en la sentencia C-1194
de 2008, sostuvo:
“La Corte
Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de ser un
principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional,
su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su
función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los
particulares y entre estos y el Estado, y en tanto postulado constitucional,
irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también
pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que
entre ellos se desarrollen”.
Dando alcance a lo referido anteriormente, este
Tribunal ha manifestado en reiteradas oportunidades que:
“El
principio de buena fe se ha definido como aquel que exige a los particulares y
a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta,
leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones
reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada. (…) la buena fe ha pasado de ser un
principio general de derecho para transformarse en un postulado
constitucional,  su aplicación y proyección ha adquirido nuevas
implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora
de las relaciones entre los particulares y entre estos y el estado, y en tanto
postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares[103]”.
Si bien en el artículo 1036 del Código de Comercio no
figura la buena fe como elemento estructural del contrato de seguro, la
jurisprudencia ha coincidido en mencionar que ella hace parte integral del
negocio. En este sentido la sentencia C-232 de 1997 expuso:
“Aseverar
que el contrato de seguro es uberrimae bona fidei contractus, significa
sostener que en él no bastan simplemente la diligencia, el decoro y la
honestidad comúnmente requeridos en todos los contratos, sino que exige que
estas conductas se manifiesten con la máxima calidad, esto es, llevadas al
extremo. La necesidad de que el contrato de seguro se celebre con esta buena fe
calificada, vincula por igual al tomador y al asegurador”.
Así las cosas, la buena fe constituye un principio que disciplina y
constituye un eje fundamental en los contratos de seguro, obligación que recae
en el tomador, quien se encuentra en el deber de declarar de manera cierta
todas las circunstancias[104] inherentes
al riesgo.
El concepto de riesgo es el elemento más importante y
esencial en esta clase de contratos, ya que por medio de este es posible
identificar el siniestro y con ello, saber cuándo y cómo deben proceder las
partes a cumplir sus obligaciones. Incluso, es un asunto que adquiere
relevancia para fijar la prima del seguro. En este sentido, determinar el
riesgo depende de muchos factores. Uno de ellos, la declaración del asegurado.
Tal manifestación, permite a la aseguradora determinar el nivel del riesgo y
todo lo que ello implica. Si el tomador del seguro no informa las condiciones
previas al contrato de seguro, el asegurador no sabrá cuál es el riesgo que
está cubriendo, lo que implicaría su desnaturalización.
Tal es la importancia de esta declaración que, como se
dijo, la legislación colombiana impone cierto tipo de sanciones por incurrir en
reticencia o inexactitud en el suministro de la información. De acuerdo
con ello, el artículo 1058 del Código de Comercio, en relación con la
reticencia, obliga al tomador informar al asegurador de todas aquellas
circunstancias que de conocerlas (i) o bien hagan más onerosa la relación o,
sencillamente (ii), abstengan al asegurador de celebrar el contrato. Incumplir con este deber de información, implica
consecuencias negativas para el asegurado: La nulidad relativa del contrato de
seguro, o recibir tan solo una parte de la póliza. En términos
textuales, la mencionada disposición señala lo siguiente:
“El
tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto
por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad
relativa del seguro.  Si la declaración no se hace con sujeción a un
cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto
si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen
agravación objetiva del estado del riesgo.  Si la inexactitud o la reticencia
provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el
asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de
la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en
el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero
estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160.
Las
sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes
de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o
circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya
celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o
tácitamente”.
Ahora bien, se entiende por “preexistencias”
las afecciones que ya venían aquejando al paciente en el momento de suscribir
el contrato, y que por tanto, no se incluyen como objeto de los servicios, es
decir no se encuentran amparadas.
En este orden de ideas, es necesario señalar que en
desarrollo de su jurisprudencia este Tribunal ha decantado una serie de reglas
en materia de preexistencias, las cuales deben ser aplicadas tanto por las
aseguradoras al momento de celebrar un contrato, como por el juez a la hora de
resolver un caso. Entre estas se destacan las siguientes:
En la sentencia T-118 de 2000, la Corte determinó como
requisito para la aplicación de preexistencias en materia de seguros que
“desde el momento mismo de la celebración del contrato, quienes lo suscriben
deben dejar expresa constancia, en su mismo texto o en anexos incorporados a
él, sobre las enfermedades, padecimientos, dolencias o quebrantos de salud que
ya sufren los beneficiarios del servicio y que, por ser preexistentes, no se
encuentran amparados”[105].
Lo anterior resulta lógico si se tiene en cuenta que conforme a los
postulados de lealtad y buena fe no es razonable la existencia de una relación
contractual en la cual no exista claridad y certeza sobre los amparos cobijados
por el seguro.
Igualmente, la Corte Suprema de Justicia ha
determinado en materia de preexistencias, que una vez el beneficiario ha
declarado sinceramente los síntomas y padecimientos que lo aquejan, la entidad
aseguradora debe dentro del límite de sus posibilidades realizar las
averiguaciones tendientes a determinar el estado actual del riesgo o, en su
defecto, rehusar celebrar el contrato. Sobre el particular dicha corporación
manifestó que:
“Resulta razonable que si la entidad aseguradora,
como un indiscutido profesional que es, en tal virtud "debidamente
autorizada" por la ley para asumir riesgos, renuncia a efectuar
valoraciones una vez es enterado de posibles anomalías, o deja de auscultar,
pudiendo hacerlo, no puede clamar, ex post, que se decrete la nulidad, como si
su actitud fuera la de un asegurador acucioso y diligente”[106].
La anterior postura no ha sido
ajena a las conclusiones a las que ha arribado esta Corporación, la cual
considera que la negligencia de la aseguradora en establecer la real situación
médica del beneficiario, no puede ser posteriormente fundamento para declarar
la terminación unilateral del contrato. Esto en virtud del principio general
del derecho según el cual, a nadie le es permitido alegar en favor su propia culpa.
Así las cosas, en la sentencia T-086 de 2012, expuso lo siguiente:
“El
principio de la buena fe en el contrato de seguros, se predica con mayor
exigencia de las dos partes, es decir, tanto del tomador como del asegurador,
teniendo en cuenta que se trata de un contrato de adhesión, lo que significa
que al momento de la suscripción del respectivo contrato, la aseguradora tiene
la carga de consignar en el texto de la póliza, de manera clara y expresa, las
exclusiones o preexistencias, entendidas como aquellas enfermedades o
afecciones que ya venía aquejando al paciente al momento de suscribir el
contrato, respecto de las cuales no se dará cubrimiento alguno sin que pueda
luego alegar en su favor las ambigüedades o los vacíos del texto por ella
preparado[107]”.
Sin embargo, lo anterior no puede ser excusa para que
un tomador- beneficiario solicite el reconocimiento de una póliza de seguro
declarada nula en virtud de su mala fe. Así las cosas, el artículo 83 de la
Constitución repudia tanto las prácticas arbitrarias de las aseguradoras como
de los tomadores. A modo de ejemplo, si se demuestra que el tomador de la
póliza conocía de antemano la existencia y gravedad de una enfermedad al
momento de celebrar el contrato, sin ninguna duda este podrá ser declarado nulo
debido a la reticencia. Cosa distinta es el caso de que el beneficiario
manifieste los síntomas de su enfermedad o que estos se encuentren en la
historia clínica y la aseguradora dentro de los límites razonables, no indague
sobre su gravedad.
Como resultado
de lo expuesto, se entiende que cuando un tomador-beneficiario de buena fe
manifiesta estar en óptimas condiciones genera la seguridad de tener una
posición jurídica definitiva, la cual es la convicción de estar cubierto ante
cualquier siniestro en los términos del contrato. En este sentido, se puede
entender que la aseguradora atenta contra el régimen constitucional y legal
cuando súbitamente desconoce la reclamación de un siniestro alegando la
existencia de síntomas que el beneficiario no conocía, o que no fueron
expresamente excluidos del amparo por la omisión y negligencia de aquella.
Al respecto, esta Corporación en la sentencia T-832 de 2010 fijó unas reglas en materia de preexistencias y reticencia
en los contratos de seguro, a saber (i) que la carga de la prueba en materia de
reticencias estaba en cabeza de la aseguradora y no del tomador del seguro y
(ii) que las aseguradoras no podían alegar preexistencias si, teniendo las
posibilidades para hacerlo, no solicitaban exámenes médicos a sus usuarios al
momento de celebrar el contrato. Por tanto, en esos eventos, no era posible
exigirle un comportamiento diferente a los asegurados.
En la mencionada decisión, la Corte
abordó un caso en el que una señora de 54 años de edad había adquirido un crédito
con un banco el cual fue amparado con un seguro de vida grupo de deudores. La
demandante trabajaba como profesora y en el año 2009, su ARP le dictaminó una
pérdida de capacidad laboral del 77.5%. Al ser madre cabeza de familia y sin
contar con rentas adicionales o recursos económicos suficientes, solicitó al
banco que hiciera efectiva la póliza ante la aseguradora. Pese a ello, tanto la
aseguradora como el banco, sostuvieron que no era posible pagar la respectiva
póliza pues al momento de celebrar el contrato, la peticionaria ya había
adquirido la enfermedad causante de la pérdida de capacidad laboral. Es decir,
se estaba en presencia de un caso de preexistencia. La Corte en esa oportunidad
precisó “en el caso objeto de estudio, la Sala de Revisión
encuentra que Colseguros S. A. fue negligente al omitir realizar los
respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos recientes, para así
determinar el estado de salud de la peticionaria. Por ese motivo, no es posible
que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, alegue que la enfermedad que lo
ocasionó es anterior al ingreso de la señora Gloria Margoth Turriago Rojas a la
póliza de vida grupo deudores”.
En esta misma línea la Corte en la sentencia T-222 de
2014 se pronunció sobre la reticencia y prexistencia en los contratos de seguro
así:
“En
criterio de esta Sala, la preexistencia puede ser eventualmente una manera de
reticencia. Por ejemplo, si una persona conoce un hecho anterior a la
celebración del contrato y sabiendo esto no informa al asegurador dicha
condición por evitar que su contrato se haga más oneroso o sencillamente la
otra parte decida no celebrar el contrato, en este preciso evento la
preexistencia sí será un caso de reticencia. Lo mismo no sucede cuando una
persona no conozca completamente la información que abstendría a la aseguradora
a celebrar el contrato, o hacerlo más oneroso. Por ejemplo, enunciativamente,
casos en los que existan enfermedades silenciosas y/o progresivas. En aquellos
eventos, el actuar del asegurado no sería de mala fe. Sencillamente no tenía
posibilidad de conocer completamente la información y con ello, no es posible
que se deje sin la posibilidad de recibir el pago de la póliza. Esta situación
sería imponerle una carga al usuario que indiscutiblemente no puede cumplir. Es
desproporcionado exigirle al ciudadano informar un hecho que no conoce ni tiene
la posibilidad de conocerlo.
Ahora bien, ¿quién debe probar la mala fe? En concepto de esta Corte, deberá
ser la aseguradora. Y es que no puede ser de otra manera, pues solo ella es la
única que puede decir con toda certeza (i) que por esos hechos el contrato se
haría más oneroso y (ii), que se abstendrá de celebrar el contrato.
Precisamente, la Corte Suprema también ha entendido que esta carga le
corresponde a la aseguradora. Por ejemplo, en Sentencia del 11 de abril del
2002, sostuvo que “las inexactitudes u omisiones del asegurado en la
declaración del estado de riesgo, se deben sancionar con la nulidad relativa
del contrato de seguro, salvo que, como ha dicho la jurisprudencia, dichas
circunstancias hubiesen sido conocidas del asegurador o pudiesen haber sido
conocidas por él de haber desplegado ese deber de diligencia profesional
inherente a su actividad” (subraya por fuera del texto)[108]. Lo anterior
significa que la reticencia solo existirá siempre que la aseguradora en su
deber de diligencia, no pueda conocer los hechos debatidos. Si fuera de otra
manera podría, en la práctica, firmar el contrato de seguro y solo cuando el
tomador o beneficiario presenten la reclamación, alegar la reticencia. En
criterio de esta Sala, no es posible permitir esta interpretación pues sería
aceptar prácticas, ahora sí, de mala fe.
En síntesis, la reticencia significa la inexactitud en la información entregada
por el tomador del seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta figura es
castigada con la nulidad relativa. En otros términos, sanciona la mala fe en el
comportamiento del declarante. Ello implica que, (i) no necesariamente los
casos de preexistencias son sinónimo de reticencia. El primer evento es
objetivo mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de
la aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias, pues solo ella
es la única que sabe si ese hecho la haría desistir de la celebración del
contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será sancionada si el
asegurador conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a la supuesta
reticencia”.
En la sentencia T-240 de 2016, este Tribunal manifestó
que “existen eventos en los que el tomador de la póliza no declara hechos
preexistentes por no tener conocimiento de ellos, como aquellos relativos a
enfermedades silenciosas o progresivas, en los que el adquirente no tenía
posibilidad de tener pleno conocimiento de las circunstancias”.
En virtud de lo anterior, es posible concluir que
quienes deben probar la reticencia son las aseguradoras, es decir, demostrar
que el tomador actuó de mala fe al momento de suscribir el contrato de seguro.
En cuanto a las preexistencias, las compañías de seguros actúan negligentemente
si no realizan los exámenes médicos o exigen la entrega de unos recientes para
así verificar el verdadero estado de salud del asegurado. En suma, a pesar de
existir enfermedades previas a la celebración del contrato, ello no implica
reticencia porque el deber de desvirtuar la buena fe estaría en cabeza de la
compañía de seguros.
En este orden de ideas, si el artículo 1058 del Código
de Comercio obliga al asegurado a declarar con honestidad, es claro que la
preexistencia, no siempre, será sinónimo de reticencia[109].
En efecto, como se mencionó, la reticencia implica mala fe en la conducta del
tomador del seguro. Eso es lo que se castiga. Por su parte, la preexistencia es
un hecho objetivo. Se conoce con exactitud y certeza que “antes” de la
celebración del contrato ocurrió un hecho, pero de allí no se sigue que haya
sido de mala fe. La preexistencia siempre será previa, la reticencia no[110].
8. El derecho fundamental a la vivienda
digna
El artículo 51 Superior dispone que todos
los colombianos tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado debe fijar
las condiciones necesarias para hacerlo efectivo, así como promover planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda[111].
La vivienda digna hace parte de los derechos
sociales, económicos y culturales, de donde deriva su naturaleza prestacional,
que requiere regulación normativa para su realización y sin que, en principio,
su protección resulte independientemente posible a través de la acción de
tutela.
Sin embargo, esta Corporación ha señalado,
en reiterada jurisprudencia, que el acceso a una vivienda en condiciones dignas
puede ser objeto de protección excepcional a través del amparo constitucional,
cuando se esté frente a situaciones que impliquen violación o amenaza de
derechos fundamentales, como la vida, la integridad física, la dignidad y la
igualdad.
En
la sentencia T-223 de 2015, la Corte recordó que la protección del
derecho fundamental a la vivienda digna a través de la tutela, está
condicionada a la posibilidad de que este se traduzca en un derecho subjetivo.
Al respecto afirmó lo siguiente:
“En
efecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el amparo de esta
garantía es procedente en tres hipótesis, a saber: primero, cuando
se pretende hacer efectiva la faceta de abstención de la vivienda digna; segundo,
siempre que se presenten pretensiones relativas al respeto de derechos
subjetivos previstos en el marco de desarrollos legales o reglamentarios;
y tercero, en eventos en los que, por una circunstancia de
debilidad manifiesta, el accionante merece una especial protección
constitucional, circunstancia que torna imperiosa la intervención del juez de
tutela, con el fin de adoptar medidas encaminadas a lograr la igualdad
efectiva.[112]
En
síntesis, la Corte reconoce que la vivienda digna constituye un derecho
fundamental autónomo y que la tutela es procedente para obtener su protección,
siempre que sea posible traducirlo en un derecho subjetivo.”
En
la sentencia T-311 de 2016, este Tribunal expresó que “la jurisprudencia ha
definido este derecho constitucional, de manera general, como aquel dirigido a
satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio
o ajeno, que cuente con las condiciones suficientes para que quienes habiten en
ella puedan realizar de manera digna su proyecto de vida”.
En efecto, el derecho a la vivienda
digna es fundamental por la conexidad con la dignidad humana, al estar ligado a
la aspiración del ser humano a lograr la estabilidad propia y de su familia al
obtener un lugar donde poder construir un hogar, y en esa medida, su núcleo
esencial comprende la posibilidad material de gozar de un espacio habitable.
Al catalogarlo como fundamental el
derecho a la vivienda digna conserva su contenido prestacional[113],
cuya implementación está asociada a un criterio de progresividad, en virtud del
cual, al Estado le corresponde implementar, promover políticas y planes que posibiliten
su acceso.[114]
Pero no solo el Gobierno juega un
papel activo en la adquisición de vivienda a través de créditos hipotecarios
con entidades del Estado, las entidades privadas otorgan créditos para que las
personas puedan acceder a casa propia.
Una vez la persona accede a este
tipo de crédito debe usar los ahorros de toda una vida laboral y continuar
trabajando para cumplir la obligación y la satisfacción de tener una vivienda
propia y digna. Adicional a lo anterior, muchas entidades
bancarias obligan a los usuarios a contratar un seguro de vida por el valor del
crédito hipotecario adquirido, el cual en caso de ocurrir un siniestro hará
efectiva la póliza para cubrir el valor del crédito adquirido.
9. Análisis de los casos concretos
9.1. Expediente T-5.921.539
Como quedó expresado en los
antecedentes, en el presente caso la accionante adquirió dos pólizas de seguro
denominadas plan de vida familiar- plan 1 en los meses de abril y de septiembre
de 2014 con la aseguradora La Equidad Seguros O.C., por valor de $4.099.392
y $2.799.447 respectivamente, para amparar en caso de muerte, invalidez y
anticipo por enfermedades graves[115].
La demandante presentó reclamación
formal en el mes de septiembre de 2015 ante la entidad aseguradora con el fin
de obtener el pago de la póliza, el cual fue negado mediante comunicación de 23
de septiembre siguiente, con el único argumento de que en el momento del
desembolso de los créditos la señora Tristancho ya presentaba la enfermedad por
la cual reclama el pago y reconocimiento de la póliza de seguro[116].
Manifiesta la actora que con la
negativa de la entidad se están vulnerando los derechos fundamentales
reclamados, lo que puede generar un daño irremediable.
Mediante declaración juramentada[117] allegada a esta
Corporación, la accionante manifestó que no ha sido calificada por una Junta de
Invalidez, que debido a su condición ya no puede trabajar y que no puede
valerse por ella misma.
El juez de primera instancia, negó el
amparo de los derechos de la accionante por considerar que la vía declarativa
civil es el mecanismo idóneo para debatir este tipo de pretensiones, toda vez
que la señora Tristancho no ha agotado la vía ordinaria, siendo ese el
escenario propicio para el desarrollo del asunto en cuestión.
El juez de segunda instancia,
confirmó la decisión del a quo y agregó que el conflicto debe ser
resuelto por la vía ordinaria y que no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable.
En
ese sentido, tal y como se advirtió en el problema jurídico la Sala debe determinar
si la accionante cumplió con el requisito de inmediatez en la interposición de
la acción, es decir, si transcurrió un tiempo razonable y proporcionado entre
la fecha del diagnóstico de la enfermedad por el médico, fecha en la que dejo
de trabajar y la interposición del recurso de amparo.
Al respecto, es importante advertir que este Tribunal
ha manifestado que la acción de tutela, conforme al artículo 86 superior no
está sujeta a un término de caducidad, y que en consecuencia puede ejercerse en
cualquier tiempo[118] dado
su carácter inalienable y consustancial[119].
Por tal razón, la expresión “en todo momento” del artículo antes
mencionado implica que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso
del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo, pero
sin estar obligado a conceder la protección del derecho fundamental
presuntamente vulnerado.
En el presente asunto, la accionante atribuye la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna ante la negativa de la
Equidad Seguros, de pagarle las pólizas (plan de
vida familiar- plan 1) adquiridas en abril y septiembre del año 2014. Al
respecto, la Sala observa que (i) conforme a la historia clínica de la
accionante, el 28 de noviembre de 2014 le diagnosticaron la enfermedad de
alzheimer[120]; (ii)
el 18 de septiembre de 2015 hace la reclamación del reconocimiento de la póliza
a la Equidad Seguros y (iii) la acción de tutela fue presentada el 23 de
septiembre de 2016[121].
Al respecto, es preciso aclarar que la
jurisprudencia constitucional ha indicado que en aras de garantizar la eficacia
y prevalencia de los derechos fundamentales, la solicitud de amparo será
procedente aun habiendo trascurrido un extenso lapso entre la situación que dio
origen a la transgresión alegada y la presentación de la acción, siempre que
analizadas las condiciones específicas del caso concreto, el fallador advierta
la presencia de una o varias de las siguientes circunstancias: (i) las
razones que motiven la falta de diligencia del accionante en la interposición
de la tutela; (ii) la permanencia en el tiempo de la situación
desfavorable del actor y (iii) la carga de presentar la acción de tutela
es desproporcionada dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran
el demandante (estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros).  [122]
Es así como se observa
que la vulneración de los derechos fundamentales reclamados por la actora, en
especial el referido al mínimo vital, es de aquellas que permanece en el
tiempo, toda vez que, de conformidad con el material probatorio que reposa en
el expediente, en la actualidad la actora no percibe ingreso alguno por lo que
tuvo que dejar de trabajar en su negocio de venta de accesorios de celulares
debido al avance de la enfermedad que le impedía seguir con sus actividades
diarias, por lo que recibe ayuda económica de su hijo que de vez en cuando le
ayuda, lo cual no
resulta suficiente para cubrir sus necesidades básicas y obligaciones
crediticias.
En tal virtud, rechazar
la acción de tutela con fundamento en la inmediatez sin analizar las
particularidades del caso sería desproporcionado dado el estado de debilidad
manifiesta que afronta la accionante, ya que al ser una persona de 70 años con
una enfermedad degenerativa y progresiva que le impide trabajar y llevar
una vida normal, la pone en una situación de vulnerabilidad y por tanto,
catalogada como un sujeto de especial protección constitucional, razón por la
cual el
juez de tutela debe flexibilizar los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela.
En efecto, como la demandante se encuentra
dentro de las circunstancias establecidas por esta Corporación respecto de la
procedencia de la acción de tutela cuando ha trascurrido un
extenso lapso entre la situación que dio origen a la transgresión y la
presentación del recurso de amparo, toda vez que padece una enfermedad que con
el transcurrir de los días le empeora su juicio, le nubla su entendimiento y la
vulneración del mínimo vital permanece en el tiempo, es del
caso entrar a verificar si la misma cumple con el siguiente requisito de
procedencia, es decir, la subsidiariedad.
En el caso en mención, su derecho
al mínimo vital peligra por cuanto debido a su enfermedad y a su edad, no está
en condiciones de proveerse un ingreso económico ya que desde febrero de 2015[123] está imposibilitada para trabajar y la
única fuente de sustento es la ayuda económica proveniente del hijo que le
alcanza para suplir sus necesidades básicas. Así las cosas, la Corte encontró
probado que para la actora no es posible seguir pagando las cuotas del crédito
que adquirió con el Banco y está en riesgo de ser ejecutada por la entidad
según las advertencias que desde la entidad financiera recibe vía telefónica.
En el caso que nos ocupa, la señora Tristancho de Serrano se encuentra en una
situación de desigualdad respecto a la compañía La Equidad Seguros, ya que es
esta la que fija los requisitos y condiciones de los seguros de vida, su monto,
vigencia y características, por supuesto dentro de los límites que fija la ley
respecto de la actividad aseguradora. Es de destacar que debido al estado de
indefensión y a la enfermedad que acarrea, con el dinero del seguro la actora
podría cancelar sus obligaciones crediticias y tener la tranquilidad que en
este momento echa de menos.
Como se evidencia, esta controversia que surge entre
las partes se da con ocasión de las obligaciones surgidas de una póliza de
seguros. En estos casos, para debatir sus inconformidades, las partes tienen la
posibilidad, por regla general[124],
de acudir al juez civil para que declare el incumplimiento del contrato por
parte de alguna de ellas. En ese sentido el Código de Procedimiento Civil[125] y el Código General del Proceso[126] establecen el proceso declarativo como el
trámite idóneo para resolver las controversias contractuales. Así las cosas,
cuando existe una discusión entre las partes por las obligaciones surgidas de
un contrato, las personas pueden acudir a la justicia ordinaria civil y
adelantar un proceso declarativo para formular sus pretensiones.
En este orden de ideas, esta Sala encuentra que
efectivamente la accionante, en principio cuenta con un mecanismo ordinario
para ventilar su pretensión y exigir el cumplimiento de la póliza. Sin embargo,
como es un sujeto de especial protección constitucional, las reglas de
procedencia se flexibilizan para la persona y exigen que el juez de tutela
constate que su condición personal le impide acudir a las vías regulares en
condiciones de igualdad.
A pesar de que la accionante tiene a su alcance otros
medios de defensa judicial idóneos para hacer valer sus derechos, como por
ejemplo el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual en contra de
la aseguradora, dadas sus especiales circunstancias y en atención al tiempo que
puede tardar el litigio, que podría ser algunos años, las contingencias
inmediatas de su imposibilidad laboral, la enfermedad degenerativa que tiene y
en vista de que es un sujeto de especial protección constitucional, esta opción
no sería la más eficaz. Contrario a lo que ocurre con la acción de tutela, que
es un mecanismo más ágil, efectivo y no genera tantos traumatismos para la
actora, quien como se indicó anteriormente, la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra impide desempeñarse en el mercado laboral o
realizar cualquier actividad que garantice su auto sostenimiento además de ser
una persona de la tercera edad.
En este sentido, el actuar de la aseguradora desconoce
los derechos fundamentales de la señora Tristancho
de Serrano al negarle el pago de la póliza, con el único argumento de
que “para la fecha de los desembolsos de los créditos, ya le había sido
diagnosticada la demencia en la enfermedad de alzheimer (…) circunstancia que
no cubre el seguro al ser un hecho cierto”[127],
afirmación que carece de validez ya que, en primer lugar, La Equidad Seguros
debió ser diligente a la hora de verificar el estado de salud de la accionante,
más si tenía la autorización de la demandante de verificar su historia clínica,
asimismo debió practicarle un examen médico para conocer el verdadero estado de
salud de la actora o cuando menos debió haber indagado de forma precisa si
tenía alguna enfermedad con el fin de adjudicar este tipo de pólizas. Tal y
como lo ha precisado la jurisprudencia de este Tribunal en diversos casos[128], la aseguradora es quien debe asumir la
carga de los defectos, omisiones o imprecisiones en los cuales haya incurrido
en el clausulado del negocio jurídico, en la medida en que el tomador de la
póliza se adhiere inexorablemente a los términos y condiciones allí
establecidas, por lo que mal podrían trasladársele estas irregularidades. Al no
referirse a la obligación relacionada con la imposibilidad de tomar el contrato
ante el diagnóstico de la enfermedad de alzheimer, tal imprecisión no
puede ser asumida por quien no puso las condiciones sino que simplemente las
cumplió, y bajo esa lógica la parte dominante de la relación contractual no
puede aducir su propia incuria para sustentar la no afectación de la póliza.
En segundo lugar, recuerda esta Corporación que “la
demencia en la enfermedad de alzheimer” que padece la actora es una
enfermedad degenerativa como se explicó a lo largo del expediente[129] situación que sin duda alguna, impide que
la accionante desempeñe en la actualidad un trabajo remunerativo amén de su
avanzada edad.
Finalmente para la Corte no se encuentra en discusión
que la actora padezca una enfermedad degenerativa y que con el paso de los días
va empeorando, ya que la aseguradora nunca puso en duda la situación médica que
padecía la señora Tristancho pues no reposa prueba de lo contrario en el
expediente. Para La Equidad Seguros el hecho de que la señora hubiese estado
enferma al momento de efectuarle los desembolsos conllevó a que no fuera posible
reconocerle el pago de la póliza de seguros.
Aunado a lo anterior, observa la Sala que el derecho
al mínimo vital alegado por la actora se encuentra en riesgo porque no recibe
ningún tipo de ingreso económico por la imposibilidad de ejercer ningún tipo de
actividad. En efecto, la demandante manifiesta que es su hijo el que de vez en
cuando le ayuda
financieramente para sus gastos básicos, pero que le
es imposible seguir pagando las obligaciones crediticias adquiridas en el año
2014 con la Fundación de Mujeres, ya que tiene dos créditos por valor de
$4.099.392 y $2.799.447 diferidos a 24 cuotas cada uno. Sin embargo, de acuerdo
con el calendario de pagos la actora canceló la última cuota del crédito de
$4.099.392 el 14 de mayo de 2016[130] y en
la última del crédito de $2.799.447 el 5 de octubre de 2016[131].
Sin lugar a dudas se ve menguado el mínimo vital
porque (i) la señora Gloria Tristancho
tiene una enfermedad degenerativa y progresiva que le impide seguir su vida
cotidiana, (ii) como consecuencia de ello, la peticionaria dejó
de trabajar en su local donde vendía accesorios para celulares, (iii) es
una persona de la tercera edad y (iv) actualmente se encuentra
desempleada, no se puede valer por ella misma y no recibe ninguna remuneración
que garantice los derechos fundamentales al mínimo vital y vida en condiciones
dignas. En conclusión, a pesar de que la aseguradora reconoció el estado de
invalidez que la demandante manifestó de buena fe, puesto que nunca desvirtuó
esta situación, no lo tuvo en cuenta, por el contrario, ha mostrado
indiferencia total ante un sujeto de especial protección constitucional, quien
tomó el seguro previniendo que si le sucedía algún siniestro podría cubrir sus
gastos o con este.
Teniendo
en cuenta lo anteriormente expuesto, la Sala revocará el fallo de segunda
instancia dictado
por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá de 28 de noviembre de
2016, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Sesenta y Seis Civil
Municipal de Bogotá, que negó las pretensiones de la
tutela presentada por la señora Gladys
Tristancho de Serrano contra La Equidad
Seguros y la Fundación de la Mujer y en su lugar protegerá los derechos al
mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la accionante.
En
consecuencia, ordenará a las entidades que en el término improrrogable de ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, den inicio a los
trámites administrativos respectivos para que se aplique en favor de la
demandante la póliza de seguro que ampara los créditos “maquinaria y equipo” y
“empresarial cédula” y en todo caso, en el término de un (1) mes contado desde
la notificación de esta sentencia, deben quedar extinguidos los mencionados
créditos.
9.2. Expediente T- 5.926.613
De conformidad con los hechos expuestos,
el señor Arnulfo Anaya Taborda (q.e.p.d.) adquirió un crédito de vivienda con
el Banco BBVA desde el 11 de octubre de 2012, el 20 de junio de 2015 se
incapacitó por causa de un tumor maligno en el estómago que le impidió seguir
trabajando hasta el día de su muerte el 11 de febrero de 2016.
La situación fáctica muestra que en
octubre de 2012,
el Banco BBVA otorgó al señor Arnulfo Anaya Taborda un crédito de
vivienda, por valor de $80.000.000[132],
respecto del cual se suscribió un seguro de vida con la compañía BBVA Seguros
de Vida Colombia S.A., con el fin de si sucedía algún siniestro podía cubrir
sus gastos o los de su familia con este.
Según el médico oncólogo que trataba
al señor Anaya Taborda, este último fue diagnosticado con un tumor maligno del cuerpo
del estómago y recibía el tratamiento de la quimioterapia desde julio de 2015[133]. Sin embargo, el 11 de
febrero de 2016 falleció por causa del tumor que lo aquejaba.
Como consecuencia de lo anterior la demandante
solicitó a BBVA Seguros que hiciera efectiva la póliza de seguros para cancelar
el crédito que su compañero permanente tenía con el Banco BBVA. El 13 de abril
de 2016[134] la
entidad se negó a asumir la mencionada prestación porque la póliza terminó
automáticamente por el incumplimiento del pago de las primas desde octubre de
2015.
Ante esta situación, la actora solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al mínimo vital y vida en condiciones dignas al
considerar que BBVA Seguros al negarse a pagar la póliza de seguro de vida
grupo deudores, actuó de manera arbitraria e injustificada.
Por su parte, el juez de primera instancia negó al
considerar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para debatir este
tipo de pretensiones, toda vez que el accionante no había agotado la vía ordinaria,
siendo ese el escenario adecuado para desarrollar  ese tipo de discusiones.
Revisadas las pruebas que obran en el expediente,
quedó demostrado que el señor Arnulfo Anaya Taborda (q.e.p.d.) padecía de
un tumor maligno en el estómago, el cual fue tratado con quimioterapias desde
julio de 2015[135] hasta
la víspera de su muerte. En consecuencia, estaba imposibilitado para ejercer
algún tipo de actividad laboral dado su condición médica. Así mismo, quedó
acreditado[136] que el
señor Anaya vivía con la señora Pulido desde el 13 de noviembre de 1985 hasta
el día de su muerte, de cuya unión nacieron 4 hijos y su núcleo familiar
dependía económicamente de él que les suministraba todo lo necesario para su
manutención y alimentación ya que era el único que trabajaba.
Así mismo, del salario que recibía (salario básico con
horas extra y otros recargos) como trabajador, debía disponer una parte para
atender sus múltiples quebrantos de salud y así poder asistir a los
tratamientos médicos que requería y lo que restaba para sostener a su familia y
los gastos de educación, vivienda y manutención.
De las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra que con el fin de garantizar la obligación crediticia núm. ****5610
adquirida con el Banco BBVA, el señor Anaya Taborda (q.e.p.d.)
adquirió un seguro de vida grupo deudores el 11 de octubre de 2012 que amparaba
la vida, incapacidad total y permanente, desmembración o inutilización e
incapacidad total temporal.
Aunado a lo anterior, el señor Arnulfo Anaya (q.e.p.d.)
padecía
una enfermedad que lo situaba en grave condición de vulnerabilidad, puesto que
no se trata de cualquier clase de enfermedad, ya que su condición dificultaba
que pudiera seguir trabajando para pagar el crédito bancario.
Ahora bien, cabe destacar que la accionante ante la
negativa de la aseguradora de reconocerle la póliza de seguro, decidió pagar
las cuotas del seguro de vida que su compañero permanente había dejado de
cancelar por causa de la invalidez que padecía. Es por esto que en mayo y junio
de 2016, solicitó un crédito a un familiar por valor de $8.167.000.000 y cubrió
las primas de octubre, noviembre y diciembre de 2015 y de enero, febrero, marzo
y abril de 2016.
Realizando estos pagos la actora en su pensar, confió
que una vez estuviera al día con las cuotas, la aseguradora haría efectiva la
póliza de seguro que había adquirido su compañero para proteger el crédito de
vivienda, ya que nunca recibió de la entidad ninguna comunicación que le
indicara que los pagos realizados eran en vano.
Para esta Sala resulta un contrasentido que la
aseguradora que dio por terminado el contrato de seguro automáticamente por
mora en el pago de las cuotas en diciembre de 2015, haya seguido recibiendo por
varios meses el pago de la prima sin manifestar oposición alguna a sabiendas de
la inexistencia de la cobertura del contrato de seguro. Lo anterior, porque
estamos ante un caso de quebrantamiento de la confianza legítima en el cual
después de pagar las primas del crédito hipotecario a la entidad bancaria para
reactivar el contrato de seguro por parte de la actora, la aseguradora alegó la
excepción de contrato no cumplido y negó el reconocimiento de la póliza de
seguro. De este modo se le impusieron consecuencias desfavorables a la
demandante, que en todo caso no le son imputables.
En virtud de que el asegurado o beneficiario por regla
general suele ser la parte débil en la relación contractual, existe la
imposición legal y constitucional a las aseguradoras de actuar conforme a los
postulados de buena fe y respeto al debido proceso en sus relaciones
comerciales. En relación al presente caso esa obligación se ve irradiada
mediante lo que la jurisprudencia de la Corte ha llamado teoría de los actos
propios.
La expresión “buena fe” indica que las personas deben
celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los
demás una conducta leal. En primer lugar, cada persona debe comportarse de una
manera ajustada al orden social y no espera menos de los demás[137].
En el presente caso, lo que conllevó a que el señor
Anaya Taborda no pudiera seguir pagando las cuotas del crédito de vivienda al
Banco fue el padecimiento del tumor maligno en el estómago. Ante la angustiosa
posibilidad de perder su casa, la actora realizó un gran esfuerzo y consiguió
el dinero para quedar al día con las cuotas adeudadas. Por su parte, la entidad
aseguradora no se opuso a recibir el pago de esas primas ni le comunicó a la
accionante que esto no reviviría la terminación del crédito. No obstante, el
Banco BBVA expresó en comunicación de 13 de julio de 2016 que “la accionante
después de recibir la comunicación negativa de la aseguradora por el no pago,
realizó un abono al crédito tal vez pensando que así reactivaría la póliza pero
así no funciona el tema de los seguros, no se puede reactivar después de dejar
de pagar las primas por meses”[138].
Por esta razón, la accionante solicitó a BBVA Seguros,
que además de reconocer y pagar la póliza de seguro de su compañero permanente,
devolver la suma de $8.176.000 que había sido pagada por ella a la aseguradora
con el fin de revivir el crédito hipotecario vencido.
En consideración a lo anterior se entiende que la
entidad aseguradora BBVA Seguros al terminar automáticamente la póliza de
seguro de vida grupo deudores el 1 de diciembre de 2016, de la manera en que lo
hizo vulneró el derecho a la vida digna y vivienda de la señora Gloria Judith
Pulido Poveda y sus hijos.
Y respecto de la segunda pretensión, la Sala considera
que, BBVA Seguros, quien objetó el pago del seguro vida grupo deudores suscrito
el 11 de octubre de 2012, alegando la mora en el pago de la obligación y dando
por terminada la póliza, pero recibiendo los pagos posteriores que hizo la
accionante, abusó de la posición dominante que tenía como aseguradora y la
desproporción de la situación entre asegurado y asegurador. Sin embargo, la
actora realizó el pago de los $8.176.000 con el objeto de revivir el contrato
de seguro que había sido terminado automáticamente por incurrir en mora en el
pago de las primas.
Teniendo
en cuenta lo anteriormente expuesto, la Sala revocará el fallo de segunda
instancia dictado
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar de 25 de agosto de
2016, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, que negó las
pretensiones de la tutela presentada por la
señora Pulido Poveda contra BBVA
Seguros y en su lugar protegerá los derechos al mínimo vital y a la vivienda
digna de la actora.
Por esas razones, esta Sala ordenará a la aseguradora
cumplir con sus obligaciones contractuales cancelando el total insoluto de la
obligación crediticia que el compañero permanente de Pulido Poveda adquirió con
el Banco BBVA.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: REVOCAR los fallos dictados por los Juzgados Sesenta y Seis
(66) Civil Municipal de Bogotá de 6 de octubre de 2016 y Dieciséis (16) Civil
del Circuito de la misma ciudad de 28 de noviembre de 2016 y, en su lugar, conceder la protección de los derechos fundamentales al mínimo
vital y a vida en condiciones dignas de
la señora Gladys Tristancho de Serrano (Exp. T-5.921.539).
Segundo: ORDENAR a La Equidad Seguros y la Fundación de la Mujer que en el
término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, den inicio a los trámites administrativos
respectivos para que se aplique en favor de la demandante la póliza de seguro
que ampara los créditos “maquinaria y equipo” y “empresarial cédula” y en todo
caso, en el término de un (1) mes contado desde la notificación de esta
sentencia, deben quedar extinguidos los mencionados créditos.
Tercero: REVOCAR los fallos dictados por los Juzgados Tercero (3º)
Penal Municipal con funciones de control de Garantías de Valledupar de 18 de
julio de 2016 y Tercero (3º) Penal del Circuito de la misma ciudad de 25 de
agosto de 2016 y, en su lugar, conceder las pretensiones
de la señora Gloria Judith Pulido Poveda, esto es, que se saldará la deuda
de la obligación bancaria adquirida por el señor Arnulfo Anaya Taborda
(q.e.p.d.) con el Banco BBVA en atención a la póliza de seguro de vida grupo
deudores que suscribió sobre la misma (Exp. T-5. 926.613).
Cuarto: ORDENAR a BBVA Seguros, por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia de inicio a los
trámites administrativos respectivos para que se haga efectiva la póliza de
seguro que amparaba el crédito de vivienda, que en vida adquirió el señor Anaya Taborda, a fin de que quede
extinguido totalmente el mismo.
Quinto:
LÍBRENSE
por
Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y
cúmplase.
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (E.)
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E.)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (E.)
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-251/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA EMPRESA PARTICULAR DEL SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR-No se estudiaron a fondo los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela (Aclaración de voto)
Referencia:
Expedientes: t-5.921.539 AC
(i) Acción de tutela interpuesta por Gladys
Tristancho de Serrano contra la Aseguradora Equidad Seguros de Vida O.C. y la
Fundación de la Mujer; (ii) Acción de tutela formulada por Ángela
Marcela Rumbo Hinojosa contra BBVA Seguros de Vida.
Magistrado Ponente
(e):
Iván Humberto
Escrucería Mayolo
Acojo la decisión adoptada en la sentencia. Sin
embargo, discrepo de las consideraciones realizadas en la misma sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares que ejercen
actividades bancarias y aseguradoras. En nuestro concepto, las reglas para
concluir que el juez constitucional puede resolver de fondo una controversia de
este tipo, deben ser más específicas, a diferencia de lo que señala la decisión
sub examine.
Estimamos que el caso objeto de estudio T-5.926.613 no
se analizaron con suficiencia las reglas sobre procedencia de la acción de
tutela expuestas (a saber,  inmediatez y subsidiariedad); en su lugar, la
providencia se limitó a señalar que la accionante es la parte más débil de la
relación contractual y que la entidad accionada “al terminar automáticamente
la póliza de seguro de vida del grupo deudores el 1 de diciembre de 2016, de la
manera en que lo hizo, vulneró el derecho a la vida digna y vivienda de la
señora Judith Pulido Poveda y sus hijos”.
Además, no se resuelve la pretensión de la accionante
frente a la devolución de los $8.176.000 que canceló de forma posterior a la
terminación automática del contrato (fundamento 2.1.8 de los antecedentes,
página 6), la cual contradice la orden tercera de la parte resolutiva que
concede “las pretensiones”. Quedó sin examen una petición, que no sólo
constituye negligencia en el análisis del caso, puesto que debió argumentarse
la razón para resolverla o no resolverla, sino que además podría tener
implicaciones en el evento de la formulación de una nulidad contra la decisión
objeto de estudio.
Consideramos que la procedencia de la tutela contra
compañías aseguradoras exige un análisis más detallado y riguroso, como quiera
que generalmente: (i) implica un sujeto particular en la causa pasiva
que presta servicios públicos; (ii) la pretensión es de tipo
patrimonial; y (iii) la tutela debe dirigirse para proteger derechos
fundamentales respecto de quienes se encuentran en un estado de indefensión o
subordinación.
Es esencial constatar la imposibilidad del accionante
de acudir a un mecanismo ordinario por sus circunstancias específicas. A
nuestro juicio, estos elementos deben ser analizados en cada uno de los casos
en los que se pretenda acudir a la acción de tutela para resolver las
obligaciones o derechos que surgen de la contratación de un seguro.
La decisión de la Sala Sexta de Revisión sobre la cual
aclaro el voto se concentra en verificar dos asuntos para determinar la
procedencia de la tutela correspondiente al expediente T-5.923.613 (Ángela
Marcela Rumbo Hinojosa contra BBVA Seguros de Vida): Primero, relativo a la
situación de indefensión en la que pueden encontrarse las personas que
contratan un seguro. Y, segundo, la especial protección constitucional de quien
reclama el amparo de sus derechos fundamentales.
El primer criterio, es muy amplio y suele estar
presente en todos los casos en los que un particular firma un contrato de
seguros, usualmente de adhesión. Si bien es una razón de peso para que el juez
constitucional asuma el conocimiento de una controversia de tipo contractual en
un momento específico, no puede ser la única, ni la más poderosa regla
procedimental de decisión. De lo contrario, la tutela sería procedente para
resolver todos los debates que se susciten en virtud de la suscripción de
contratos de seguros.
El segundo criterio, sobre la clase de protección
constitucional que puede merecer la accionante, también es relevante para este
tipo de asuntos, pero tampoco es suficiente. Este elemento ha debido ser
analizado con mayor rigor en relación con la situación especial de la actora,
de tal forma que pudiera entenderse por qué en el contexto de un litigio de
esta clase, que tiene como objeto el pago de una suma de dinero, resulta
imperativo que el juez de tutela desplace la competencia del juez natural.
Precisamente, respecto a este punto y de acuerdo con
el acervo probatorio que hace parte del expediente T-5.923.613, debe señalarse
que, por ejemplo, no hay evidencia acerca del inicio de un proceso ejecutivo en
contra de la demandante, lo que permitiría deducir
que no hay una afectación urgente en su mínimo vital o en materia de vivienda
digna, ni tampoco la configuración de un perjuicio irremediable que permita la
procedencia transitoria del amparo.
En ese sentido, consideramos indispensable reiterar
que en los casos en los cuales una persona acuda a la acción de tutela para
exponer un conflicto que surja en virtud de un contrato de seguro, se
identifiquen claramente todas las circunstancias especiales que dificultan
promover y llevar hasta su culminación un proceso en la jurisdicción ordinaria,
para la efectiva protección de sus derechos. En especial, es indispensable
indagar por qué razones concretas puede estar comprometido o amenazado un
derecho fundamental que requiere protección inmediata, en tanto se acredite que
el proceso ordinario no es idóneo, ni eficaz.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
[1]
Seis (6) de octubre de 2016.
[2]
Veintiocho (28) de noviembre de 2016.
[3] Expediente
T-5.921.539.
[4] Dieciocho (18) de julio de 2016.
[5]
Veinticinco (25) de agosto de 2016.
[6] Expediente
T.5.926.613
[7] Cuaderno
original, folios 35 y 36.
[8] Cuaderno
original, folio 36 a 40.
[9] Cuaderno
original, folio 92.
[10] Cuaderno
original, folios 90 y 91.
[11] Cuaderno original, folio 63.
[12] Cuaderno
original, folios 72 a 78.
[13] Cuaderno
original, folios 7 y 8.
[14] Cuaderno
original, folio 41.
[15] Cuaderno
original, folio 6.
[16] Cuaderno
original, folios 12 y 13.
[17] Cuaderno
original, folio 42.
[18] Cuaderno
original, folio 9.
[19] Cuaderno
original, folio 92.
[20] Cuaderno
original, folio 91.
[21] Cuaderno
original, folio 43.
[22] Cuaderno
original, folio 120.
[23] Cuaderno original, folios 100 a
103.
[24] Cuaderno de instancia, folios 3 a 9.
[25] Cuaderno
de instancia, folios 93 a 98.
[26] Cuaderno
principal, folio 84.
[27] Cuaderno
principal, folios 42 a 53.
[28] Cuaderno
principal, folio 83.
[29] Cuaderno
principal, folio 54.
[30] Cuaderno
principal, folio 55.
[31] Cuaderno
principal, folio 67.
[32] Cuaderno
original, folios 71 y 72.
[33] Abono
de 27 de mayo y 1 de junio de 2016, que cubrió las cuotas de octubre, noviembre,
diciembre de 2015, enero, febrero, marzo y abril de 2016. Actualmente se
encuentran pendientes de pago mayo, junio y julio, esta última vence el 30 de
julio.
[34] Cuaderno
original, folios 74 a 82.
[35] Cuaderno
principal, folio 84.
[36] Cuaderno
principal, folio 20.
[37] Cuaderno
principal, folio 18.
[38] Cuaderno
principal, folio 17.
[39] Cuaderno
principal, folio 16.
[40] Cuaderno
principal, folio 15.
[41] Cuaderno
principal, folio 14.
[42] Cuaderno
principal, folio 13.
[43] Cuaderno
principal, folio 12.
[44] Cuaderno
principal, folio 29.
[45] Cuaderno
principal, folio 83.
[46] Cuaderno
principal, folio 55.
[47] Cuaderno
principal, folio 26.
[48] Cuaderno
principal, folio 27.
[49] Cuaderno
principal, folio 28.
[50] Cuaderno
principal, folios 91 a 98.
[51] Cuaderno
principal, folios 105 a 110.
[52] Cuaderno
principal, folios 125 a 132.
[53] La Sala reitera los argumentos
expuestos en la sentencia T-463 de 2012.
[54] Sentencia T-016 de 2006.
[55] Sentencia SU-961 de 1999.
[56] Sentencias T-814 de 2004 y
T-243 de 2008.
[57] Sentencia T-883 de 2009
[58] Sentencias T- 1110 de 2005
y T-425 de 2009.
[59] Sentencia T-158 de 2006.
[60] Sentencia T-055 de 2008.
[61] Ver sentencias T-858 de
2002, T-313 de 2005, T-774 de 2010, T- 826 de 2012, T-268 de 2013, T-179 de 2015, T-244
de 2015, T-597
de 2015, T-690 de 2015
y T-691 de 2015, entre otras.
[62] Sentencia T-161 de 2005.
Ver también sentencias T-832 de 2010, T-655 de 2011, T-342 de 2013, T-736 de
2013 y T-222 de 2014, entre otras.
[63] Sentencia T-328A de 2012.
[64] Sentencia T-640 de 2010,
reiterada en sentencia T-398 de 2014.
[65] Sentencia T-007 de 2015.
[66]
Reiterada en sentencia T-007 de 2015, cuando la Corte resolvió el caso en una persona que suscribió un contrato de “Seguro de
Vida del Grupo Educadores de Colombia”, fue dictaminada con una pérdida de
capacidad laboral del 95.45%, por padecer de laringofaringitis crónica, quiste
en la laringe y disfonía, sin embargo la aseguradora se negó a hacer efectiva
la póliza aduciendo que la incapacidad era parcial. En esa oportunidad esta
Corporación protegió los derechos fundamentales y ordenó pagarle el seguro de
vida a la peticionaria, aduciendo que dentro del proceso quedó plenamente
demostrada la situación de invalidez superior al 50%.
[67] Sentencia
T-517 de 2006.
[68] Sentencia
T-118 de 2000.
[69] Sentencia T-645 de 2008.
[70] Sentencia
T-152 de 2006.
[71] Sentencia T-517 de 2006.
[72] Sentencia T-007 de 2015.
[73] En la sentencia T-751 de
2012, sobre el estado de indefensión, la Corte sostuvo lo siguiente: “El
estado de indefensión acaece o se manifiesta cuando la persona ofendida por la
acción u omisión del particular, sea éste persona jurídica o su representante,
se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de
defensa, o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la
agresión o la amenaza de vulneración, a su derecho fundamental”. Así, la
indefensión "no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden
jurídico o social determinado, sino en situaciones de naturaleza fáctica en
cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta
como la posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de los
mismos.”
[74] En sentencia T-277 de
1999, la Corte agrupó algunos criterios sobre situaciones de indefensión así: “3.4.
El estado de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela,
debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias
propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia
única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha
reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en: i) la
falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o
físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los
ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales,
sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción
-sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii) la
imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la
forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o
pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular -sentencias
T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801 de 1998, entre
otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual,
que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de
derechos fundamentales de una de las partes v.gr. la relación entre padres e
hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. - sentencias
174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv) El uso de
medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su
utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro. v.gr.
la publicación de la condición de deudor de una persona por parte de su
acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995- la
utilización de personas con determinadas características -chepitos-, para
efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.”.
[75] En
sentencia T-661 de 2001, esta Corporación resolvió la demanda de tutela
promovida por un particular contra una entidad bancaria, de la cual era deudor
y había solicitado información acerca del estado del crédito de vivienda que
tenía, pero el Banco se negaba a entregarle la información completa y
satisfactoria. En esa oportunidad la Corte manifestó que es un deber de los jueces
dentro del Estado social de derecho proteger los derechos y garantías de las
personas en situación de desequilibrio frente a un poder preeminente como el
que tienen las entidades financieras, y en consecuencia, concedió el amparo del
derecho de petición.
[76] En sentencia T-136 de 2013
se dijo que “cliente o usuario del sistema financiero se encuentra, por
regla general, en una posición de indefensión ante las entidades del sector”.
Ahora bien, esta posición “no se predica en abstracto, sino que es una
situación relacional intersubjetiva, en la que el demandante no tiene
posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse efectivamente de una
agresión injusta”.
[77] Sentencia T-1316 de 2001.
[78] Sentencia T-662 de 2013. No
puede olvidarse que las reglas que para la sociedad son razonables, para
sujetos de especial protección “pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que
justifican un “tratamiento diferencial positivo”, y que amplía a su
vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía
de tutela. Así, en el caso de los niños, la recreación o la alimentación
balanceada, por ejemplo, cobran una particular importancia que generalmente no
es la misma para el caso de los adultos (C.P. artículo 44).  De igual
forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses adquiere una gran
relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la mujer
(C.P. artículo 43)”.
[79] Sentencia T-517 de 2006.
[80] Ver el artículo Cold Spring
Harb Perspect Med en http://www.perspectivesinmedicine.org/
[81] Sentencias T-240 y 609 de 2016,
entre otras.
[82] Sentencia SU – 995 de 1999.
[83] Sentencia T-268 de 2008.
[84] Ver López Blanco, Hernán
Fabio. Comentarios al contrato de seguros, Quinta edición. Bogotá: Dupre
Editores, 2010.
[85] Sentencias C-940 de 2003 y
T-959 de 2010.
[86] Sala Civil de Casación.
Sentencia del 24 de enero de 1994.
[87] Sentencia T-086 de 2012.
[88] Sentencia T-086 de 2012.
Ver también sentencia T-959 de 2010.
[89] Aclaración de voto de la
Magistrada María Victoria Calle a la sentencia T-959 de 2010. Posición que
también comparte parte la doctrina nacional: “De ahí que, lo reitero, en
cada caso deba el intérprete determinar las condiciones que antecedieron la
formación del consentimiento y luego sí proceder a la búsqueda del criterio que
más se acomode a la realidad conforme a los varios que preceptúan los arts.
1618 a 1624 del Código Civil”. Hernán Fabio López, Op. Cit. p. 78.
[90] Código Civil, art. 1624.
[91] Sala de Casación Civil.
Sentencia de 4 de noviembre de 2009, expediente 11001 3103 024 1998 4175 01.
Ver en el mismo sentido sentencia del 27 de agosto de 2008, expediente 14171: “Constituyendo
un negocio jurídico por o de adhesión, donde de ordinario, el contenido está
predispuesto por una de las partes, usualmente en su interés o tutela sin
ningún o escaso margen relevante de negociación ni posibilidad de variación,
modificación o discusión por la otra parte, aun cuando, susceptible de
aceptación, no por ello, su contenido es ilícito, vejatorio o abusivo per se,
ni el favor pro adherente e interpretatio contra stipulatorem, contra preferentem,
actúa de suyo ante la presencia de cláusulas predispuestas, sino en presencia
de textos ambiguos y oscuros, faltos de precisión y claridad, en cuyo caso,
toda oscuridad, contradicción o ambivalencia se interpreta en contra de quien
las redactó y a favor de quien las aceptó”.
[92] Sentencias T-086 de 2012,
T-196 de 2007, T-152 de 2006 y T-171 de 2003.
[93] Esta
Corporación de manera reiterada ha acogido esta postura desde la sentencia
T-152 de 2006, cuando se resolvió el caso de una persona que adquirió una
póliza de seguro familiar, pero un año después el asegurado requería que le
practicaran una cirugía de varicocele izquierdo y la entidad se negó a
cubrirla, argumentando que el tomador del seguro actuó de mala fe en la
declaración de su estado de salud al momento de la suscripción del contrato,
debido a que no registró el padecimiento de dicha enfermedad. En esa
oportunidad se determinó que el demandante se encontraba en un estado de
indefensión y no contaba con los recursos efectivos para oponerse de manera
eficaz a la actitud de la aseguradora. Por lo anterior, se protegieron los
derechos fundamentales del demandante.
La anterior tesis fue reiterada en sentencia T-832 de
2010, al decidir el caso de una señora a la que le fue negada la afectación de
una póliza porque la enfermedad que padecía era anterior a la vigencia del
contrato de seguro, no obstante lo anterior, la Corte encontró que la
aseguradora no demostró haber practicado o exigido un examen médico para
verificar su condición de salud, por lo que no puede alegar que el riesgo era
anterior a la póliza. En consecuencia, se concedió el amparo de los derechos
fundamentales de la actora.
[94] Carta Política, artículo
1.
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.”
[95] Carta Política, artículo 333.
“Artículo
333. La actividad económica y la iniciativa privada
son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie
podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.”
[96] Carta Política, artículo 335.
“Artículo
335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora
y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los
recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del
artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa
autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de
intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del
crédito”.
[97] Sentencia T-832 de 2010,
reiterado en la T-398 de 2014.
[98] Sentencia T-342 de 2013.
[99] Sala de Casación Civil.
Sentencia del 30 de junio de 2011. Expediente No. 76001-31-03-006-1999-00019-01.
[100] Sentencia
T-268 de 2013.
[101] Sentencia T-537 de 2009.
[102] El
Código Civil de 1873, en su artículo 769 estableció que: “La buena fe se
presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse”.
[103] Sentencia
C -1194 de 2008.
[104] Artículo 1058 del Código
de Comercio.
[105] Sentencia T-118 de 2000.
[106] Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil sentencia del
(2) de agosto de dos mil uno (2001), Expediente No. 6146.
[107] Sentencia T-086 de 2012.
[108] Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil. Bogotá D.C. Sentencia. de 11 de abril de 2002,
Expediente No. 6815.
[109] Incluso, la Real Academia de la Lengua Española, las
define de la siguiente manera: “Reticencia: 1. f. Efecto de no decir sino en parte, o de dar a entender
claramente, y de ordinario con malicia, que se oculta o se calla algo que
debiera o pudiera decirse. 2. f. Reserva, desconfianza. 3. Figura que consiste en
dejar incompleta una frase o no acabar de aclarar una especie, dando, sin
embargo, a entender el sentido de lo que no se dice, y a veces más de lo que se
calla”. Por su parte, “Preexistencia: Existencia anterior, con alguna de
las prioridades de naturaleza u origen”. Tomado de www.rae.es Consultado en abril de 2017.
[110] Sentencia
T-222 de 2014.
[111] Artículo
51, Constitución Política: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda”.
[112] Ver
sentencia T-585 de 2008.
[113] El
inciso 2° del artículo 334 de la Carta Política dispone que “El Estado, de
manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y
asegurar de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de
menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios
básicos”.
[114] Constitución Política,
artículos 51 y 64.
[115] Cuaderno
original, folios 30 y 31.
[116] Cuaderno
original, folios 90 y 91.
[117] Cuaderno
original, folio 135 y 136.
[118] Sentencia T-993 de 2005.
[119] Sentencia SU-961 de 1999.
[120] Cuaderno
original, CD, folio 43.
[121] Cuaderno original, folio 63.
[122] T-627 de 2007, T-331 de 2007, T-996A de 2006, T-910
de 2006, T-905 de 2006, T-851 de 2006, T-158 de 2006, y T-051 de 2006, T-760 de
2006, T-588 de 2006, T-1110 de 2005 y SU-961 de 1999, entre otras.
[123] Cuaderno
original, folio 135 y 136.
[124] Cuando la aseguradora no
responde la reclamación hecha por el interesado, este tiene la posibilidad de
acudir a un proceso ejecutivo. En el presente caso, la aseguradora respondió
negativamente a la reclamación de la señora Tristancho.
[125] Libro
Tercero Título XXI
[126] Libro
Tercero Título I
[127] Cuaderno original, folio 91.
[128] En las sentencias
T-676 de 2016, T-408 de 2015, T-398 de 2014, T-738 de 2011, T-1018 de 2010,
T-490 de 2009 entre otras, esta Corporación ha establecido que las aseguradoras
tienen la carga de dejar constancia de las preexistencias o de la exclusión de
alguna cobertura al inicio del contrato.
[129] La
demencia es un síndrome –generalmente de naturaleza crónica o progresiva–
caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad
para procesar el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una
consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el
pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de
aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia no se ve afectada. El
deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado, y en ocasiones es
precedido, por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o
la motivación.Tomado
de la página web http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/es/
[130] Cuaderno
original, folio 34.
[131] Cuaderno
original, folio 36.
[132] Cuaderno
original, folio 71.
[133] Cuaderno
origina, folios 12 a 23.
[134] Cuaderno
original, folio24.
[135] Cuaderno
original, folios 12 a 23.
[136] Cuaderno
origina, folios 9 a 11.
[137] “Trátese
de una lealtad (o buena fe) activa, si se considera la manera de obrar para con
los demás, y de una lealtad pasiva, si consideramos el derecho que cada cual
tiene de confiar en que los demás obren con nosotros decorosamente.” (Consejo de Estado Sección Tercera C.P:
Mauricio Fajardo Gomes,  Sentencia 4 de diciembre de 2006 (Exp 16541).
[138] Cuaderno
original, folio 72.