T-610-00
Sentencia T-610/00
Sentencia T-610/00
DERECHO A LA
SALUD DEL NIÑO-Fundamental/PREVALENCIA
DE DERECHOS DEL NIÑO
ENTIDAD PROMOTORA
DE SALUD-Tratamiento de
persona de escasos recursos sin cumplir periodos mínimos de cotización
INAPLICACION DE
NORMAS-Protección derechos
fundamentales de menores
ENTIDAD PROMOTORA
DE SALUD-Repetición por
costo de cirugía y tratamiento
Referencia:
expediente T-291.329
Acción de tutela
contra la firma Cruz Blanca EPS y la Secretaría Distrital de Salud por una
presunta violación de los derechos a la vida, la salud, la igualdad, la
seguridad social, y los de los niños.
Tema:
Suministro de
tratamientos sin cumplir el período mínimo de cotización cuando se trata de
personas de escasos recursos.
Inaplicación de
normas del plan obligatorio de salud.
Repetición de parte
de la EPS.
Actores: Rafael
Ospina Marciales y Adiela Velásquez
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DÍAZ
Santafé de Bogotá D.C., veinticinco (25)
de  mayo del año dos mil (2000).
La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández
Galindo, Alejandro Martínez Caballero, y Carlos Gaviria Díaz, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
adoptado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá,
Sala Civil, dentro de la acción de tutela instaurada por Rafael Ospina
Marciales y Adiela Velásquez contra la Secretaría Distrital de Salud y la firma
Cruz Blanca EPS.
I.      ANTECEDENTES
1.
Hechos.
Manifestaron los demandantes, en representación de
su hijo menor Juan Sebastián Ospina Velásquez -quien para la fecha de
presentación de la tutela contaba con dieciséis meses de edad-, que se
encontraban recibiendo los servicios de salud en el régimen subsidiado, a
través de la Secretaría Distrital de Salud, cuando el médico tratante ordenó
practicarle al menor, con carácter urgente, una cirugía denominada DX- PRE:
ATRESIA ESOFAGICA PURA TIPO A, según consta en la autorización No 881.
Añadieron que en noviembre de 1998, el
padre del menor se vinculó laboralmente a una empresa privada para desempeñar
el cargo de celador y, en consecuencia, se le trasladó al régimen contributivo
en salud, dentro del cual viene cotizando desde el 11 de noviembre del citado
año a la empresa promotora de salud Cruz Blanca; su
hijo menor de edad se encuentra entonces afiliado a dicha empresa como
beneficiario del plan obligatorio de salud, por lo que los actores le
solicitaron que ordenara la práctica de dicha intervención quirúrgica.
A su vez, la  EPS demandada
indicó, que solo asumiría el 37% del costo total del tratamiento requerido,
pues la enfermedad que padece el menor de edad, se encuentra catalogada dentro
de las denominadas como  ruinosas o catastróficas y, conforme al artículo 61
del Dec. 1938 de 1994, para atenderlas se requiere un mínimo de 100 semanas
cotizadas. Como hasta la fecha del informe sólo se habían cotizado 37 semanas,
mientras los actores no cancelen a esa entidad el valor de dos millones de
pesos -suma que aproximadamente equivale al porcentaje restante-, no  será
practicada la cirugía.
El padre del menor no puede cumplir con esa condición
por su precaria capacidad económica.
2. Pretensión.
Los  actores solicitan la tutela de los
derechos constitucionales a “la salud, a su vez del derecho a la vida,  a
la  igualdad, de los niños y de la seguridad social”, en favor de su hijo
JUAN SEBASTIAN OSPINA VELASQUEZ, para que se ordene
de manera inmediata su hospitalización, intervención quirúrgica y prestación de
los demás servicios que   requiera hasta recuperar su salud.
3.  Sentencia objeto de revisión.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Fe de Bogotá, Sala Civil de Decisión, en primera y única instancia,
consideró que no había lugar a amparar los derechos invocados, con base en dos
consideraciones: a) el peticionario no ha cumplido los requisitos establecidos
por la ley para acceder a los servicios de salud que requiere su hijo Juan
Sebastián Ospina, específicamente, haber completado las 100 semanas mínimas de
cotización al sistema; y b) no obstante que es evidente el riesgo para la vida
y la salud del menor, ¨... no logró establecerse en el trámite de esta
acción, no obstante que se dispuso prueba de oficio en tal sentido, la
capacidad socioeconómica de los postulantes del amparo, lo que conlleva a no
ser participes de la posibilidad de ser atendidos por las instituciones
públicas prestadoras de servicios de salud...¨ Entendió el Tribunal de
instancia que la forma de acreditar la imposibilidad de asumir el pago de los
tratamientos o intervenciones que se encuentran excluidos del POS, debe ser  ¨...la
presentación de un balance de contador o a través de la declaración de renta o
del certificado  de ingresos...¨. En consecuencia, decidió negar el
amparo solicitado en contra de Cruz Blanca EPS.
Respecto de la SECRETARÍA DISTRITAL DE
SALUD DE SANTAFE DE BOGOTA, denegó igualmente el amparo, pues dicha entidad no
es una entidad promotora de salud, y por tanto no tiene a su cargo la
prestación de tales servicios.
I.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
revisar los fallos de instancia proferidos en el trámite de este proceso, en
virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política; corresponde a la Sala
Cuarta de Revisión de Tutelas adoptar la decisión respectiva, según el
reglamento interno, y el auto de la Sala de Selección Número Tres del 6 de
marzo de 2000.
2. Protección especial que debe
proporcionarse a los niños cuando está comprometida su salud.
Es indudable que en el evento bajo estudio
están en juego los derechos de un niño, y la Constitución consagra un régimen
de protección especial para los menores, en el que se proclama la prevalencia
de sus derechos sobre los derechos de los demás. Además, en aplicación de ese
régimen especial, la Corte Constitucional ha reiterado que en tratándose de los
niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social tienen el
carácter de derechos fundamentales por expresa disposición del artículo 44 de
la Carta Política[1].
Está fuera de discusión en este proceso que
el menor a nombre del cual se instauró la acción de tutela es beneficiario del
Plan Obligatorio de Salud (POS), y según el artículo 162 de la Ley 100 de 1993,
el Plan Obligatorio de Salud "permitirá la protección integral de las
familias a la maternidad y enfermedad general, fases de promoción y fomento de
la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas
las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y
complejidad que se definan".
Dentro de ese marco normativo, es claro que
la imposibilidad de alimentarse normalmente afecta la calidad de vida del menor
representado por los actores, y su dignidad como ser humano está comprometida,
pues la falta del tratamiento quirúrgico de su dolencia le imposibilita
desarrollar tal función. En casos como este, la jurisprudencia constitucional
ha reiterado que se atenta contra la dignidad de los menores cuando éstos deben
afrontar una evolución irregular de sus sistemas físico y psicológico, porque
se les mantiene en condiciones inferiores a las que la naturaleza requiere para
el normal desarrollo del ser humano.[2]
3. Inaplicación del artículo 61 del Decreto
806 de 1998.
En múltiples oportunidades, esta
Corporación se ha ocupado de eventos en los cuales se ha aplicado la
reglamentación vigente sobre el  Plan Obligatorio de Salud, desconociendo que
con ello se perjudica a quien requiere de un tratamiento no cubierto por el
entidad promotora de salud, desconociendo que de ese tratamiento depende la
efectividad de los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la
salud y a su integridad personal del interesado, que no cuenta con los recursos
económicos necesarios para costear el exedente que se le exige cancelar
anticipadamente. En tales eventos, la Corte ha decidido ordenar que se
inaplique el art. 61 del Decreto 806 de 1998[3];
por ejemplo, la Sala Segunda de Revisión de esta Corte consideró el caso de una
persona que, debiendo en principio asumir los costos de una enfermedad
catastrófica, por carecer del número mínimo de semanas cotizadas exigido, logró
probar que no contaba con el ingreso económico suficiente para tal efecto, y
que le resultaba imposible obtener la protección requerida por un plan
complementario. En esa oportunidad, la Corte también decidió inaplicar por
inconstitucional, el artículo 61 del Decreto 806 de 1998[4].
Ha precisado la Corte que al declarar
inaplicable a un caso concreto el art 61 del Dec. 806 de 1998, se evita que una
reglamentación legal o administrativa impida el goce efectivo de derechos
constitucionales que tienen la calidad de fundamentales[5].
4.  El
caso bajo revisión.
La EPS demandada y el juez de instancia
sostuvieron que el artículo 61 del decreto 806 de 1998, reglamentario de la ley
100 de 1993, dispone que la práctica de determinados tratamientos e
intervenciones cubiertas por el plan obligatorio de salud, puede condicionarse
a un mínimo de semanas de cotización al sistema. Como la operación ordenada al
niño en cuyo interés se demandó, es uno de esos tratamientos de alto costo, y para
la fecha en que se solicitó practicarle la intervención quirúrgica, su padre
tan solo había completado 37 semanas de cotización al sistema, Cruz Blanca
E.P.S. se negó a cubrir los costos de tal tratamiento si el padre no cubría el
total de las semanas restantes.
En casos similares a éste, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que previo el cumplimiento de
ciertos requisitos, la reglamentación que exige un número mínimo de semanas
cotizadas para acceder a determinados servicios de salud, se torna
inconstitucional para el caso concreto; por ende, debe inaplicarse para hacer
efectivas las garantías de rango superior. Tal inaplicación debe efectuarse, ha
dicho la Corte, cuando: a) del tratamiento, procedimiento o medicamento
sometido a determinado mínimo de cotización depende el goce efectivo de un
derecho constitucional fundamental; b) tales tratamiento, procedimiento o droga
no puede sustituirse por otro no sometido a dicha condición; c) la persona que
los necesita no tiene capacidad económica o servicios de salud adicionales al
P.O.S. que le permitan acceder a ellos; y d) el medicamento, tratamiento o
procedimiento ha sido ordenado por un médico adscrito a la E.P.S. de quien se
reclama[6].
La Sala considera que atendidos los medios
de prueba que obran en el expediente, en el asunto sujeto a revisión los
anteriores criterios se cumplen, y procede ordenar la inaplicación del artículo
61 del decreto 806 de 1998, por resultar inconstitucional para el caso
concreto.
El padre del peticionario argumentó desde
la presentación de la demanda, que no podía cubrir la parte faltante, debido a
que como celador solo devenga el mínimo legal, y con ese salario debe atender
la manutención de la familia, compuesta por cinco miembros: tres hijos, su
esposa y él. Este hecho quedó plenamente establecido mediante la certificación
que le solicitó el juez de instancia, pero sólo fue presentada el mismo día en
que se discutió y aprobó la sentencia del Tribunal, por lo que éste no la tuvo
en cuenta.
Como se ha aclarado en los pronunciamientos
reiterados de esta Corporación, a la EPS Cruz Blanca le asiste el derecho de
repetir, por el costo de la cirugía y el tratamiento a los que en principio no
estaba obligada, de la cuenta correspondiente del Fondo de Solidaridad y
Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud[7].
DECISIÓN.
Con base en las anteriores
consideraciones, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR el fallo  proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil
y, en su lugar, TUTELAR los derechos a la vida, a la salud y los de los niños,
al menor JUAN SEBASTIAN OSPINA VELASQUEZ.
Segundo. ORDENAR que se inaplique,
por resultar inconstitucional para este caso, el artículo 61 del Decreto 806 de
1998, y en consecuencia, ORDENAR a la EPS CRUZ BLANCA, que en forma inmediata
practique al menor JUAN SEBASTIAN OSPINA VELASQUEZ las intervenciones
quirúrgicas necesarias, y le depare los tratamientos indispensables a juicio de
los médicos de la institución.
Tercero. La EPS CRUZ BLANCA  podrá
repetir lo que desembolse por concepto de este fallo, en contra de la Subcuenta
de Enfermedades Catastróficas o Ruinosas del Fondo de Solidaridad y Garantía
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Cuarto. Se CONFIRMA el fallo proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, respecto de la Secretaría de
Salud del Distrito Capital.
Quinto. Por Secretaría líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Cfr. las sentencias T-556 de 1998 y T-514 de
1998.
[2]
Cfr. las sentencias T-514 y T-556 de 1998.
[3] Sentencia T-691
del 19 de noviembre de 1998; reiterada, entre otras, en las sentencias T-469 de
1999 y T-756 de 1999.
[4]
“Artículo 61. Períodos mínimos de
cotización. Los períodos mínimos
de cotización al sistema para tener derecho a la atención en salud en las
enfermedades de alto costo son:
"Grupo 1. Un máximo de cien (100) semanas de cotización para el tratamiento de
las enfermedades definidas como catastróficas o ruinosas de nivel IV en el plan
obligatorio de salud. Por lo menos 26 semanas deben haber sido pagadas en el
último año.
"Grupo 2. Un máximo de cincuenta y dos (52) semanas de cotización para
enfermedades que requieran manejo quirúrgico de tipo electivo, y que se
encuentren catalogadas en el manual de actividades, intervenciones y
procedimientos, Mapipos, como del grupo ocho (8) o superiores. Por lo menos 26
semanas deben haber sido pagados en el último año.
"Parágrafo. Cuando el afiliado sujeto a períodos mínimos de
cotización desee ser atendido antes de los plazos definidos en el artículo
anterior, deberá pagar un porcentaje del valor total del tratamiento,
correspondiente al porcentaje en semanas de cotización que le falten para
completar los períodos mínimos contemplados en el presente artículo.
"Cuando el afiliado cotizante no tenga capacidad
de pago para cancelar el porcentaje establecido anteriormente y acredite
debidamente esta situación, deberá ser atendido él o sus beneficiarios, por las
instituciones públicas prestadoras de servicios de salud o por aquellas
privadas con las cuales el Estado tenga contrato. Estas instituciones cobrarán
una cuota de recuperación de acuerdo con las normas vigentes".
[5]
Al respecto, ver Corte Constitucional, Sala
Segunda de Revisión, sentencias T-114 y T-640 de 1997, M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[6]
Sentencia T-535 de 1999.
[7] Ibídem.