T-143-17
Sentencia T-143/17
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por parte de autoridades penitenciarias al establecer
horarios para suministro de agua y por no contar con suficientes elementos
hidrosanitarios
RELACIONES
DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por
la dignidad humana de personas privadas de la libertad
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Garantía y respeto de derechos fundamentales del
interno
DERECHOS DE LOS INTERNOS-Limitación debe ser la mínima necesaria para lograr
los fines propuestos
La regla entonces en la
materia se orienta a establecer que aunque “la condición de prisionero
determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha
limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda
limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como
una violación del tales derechos. La órbita de los derechos del preso cuya
limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección
constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no
sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado
o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son
derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección”.
DERECHO A
LA DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Suministro de agua, higiene,
aseo y servicios básicos
DIGNIDAD
HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Protección constitucional e internacional
DERECHO
FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Naturaleza
DERECHO
FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Contenido
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Suministro de
agua potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad es una
obligación estatal de imperativo cumplimiento
Las
personas privadas de la libertad históricamente han tenido dificultades para
ejercer de forma plena y efectiva su derecho al agua. Resulta natural que los
reclusos en establecimientos penitenciarios se encuentren en imposibilidad
absoluta de proveerse ellos mismos el referido servicio público. Lo anterior
por cuanto las circunstancias propias del encierro impiden que puedan satisfacer
por su cuenta una serie de necesidades básicas que son esenciales para una
existencia digna, a diferencia de quienes disfrutan de su libertad de
locomoción. De este modo, por estar bajo la custodia del Estado en virtud de la
especial relación de sujeción, deben ser las autoridades carcelarias las que
garanticen el acceso al fluido con criterios de disponibilidad, calidad y
accesibilidad tal como quedó explicado con anterioridad.
ESPECIAL PROTECCION DEL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Garantía
prioritaria y reforzada de su derecho fundamental al agua
La Corte ha
resaltado la importancia de garantizarles a quienes presentan limitaciones
determinantes en su libertad, el acceso suficiente al agua limpia necesaria
para satisfacer unos niveles mínimos esenciales encaminados a cubrir las
necesidades de consumo y contribuir a preservar la salud y la salubridad
pública dentro de los establecimientos de reclusión. El fundamento
constitucional es que ningún ser humano, de hecho ningún ser
vivo, puede existir o sobrevivir sin agua. Toda persona, individualmente, tiene
derecho a acceder, por lo menos, a la calidad y cantidad de agua adecuada y
suficiente para poder calmar la sed y asearse. Por ello, a todo reo
al igual que a cualquier otro ser humano se le debe asegurar su satisfacción
pero de forma prioritaria y reforzada por tratarse de un sujeto
especialmente vulnerable. La ausencia de suministro constituye
una falta grave del Estado a los deberes de garantía especialmente a la
dignidad humana.
DERECHO AL AGUA POTABLE DE LOS INTERNOS-Orden a
INPEC, USPEC y Complejo Carcelario
suministro de un mínimo de 15 litros por persona al día, de los cuales deberá
permitírseles almacenar 5 litros en sus celdas
Referencia: Expediente T-5874192
Acción de tutela presentada por Luis
Humberto Villa y otros contra el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
de Yopal con vinculación oficiosa de la Dirección General del INPEC, el Ministerio
de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios-USPEC- y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares
Cantillo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera
instancia, por el Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de
Yopal, Casanare, el once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), y en
segunda instancia, por la Sala Única de Decisión del
Tribunal Superior de Yopal,  el nueve (9) de junio de dos mil
dieciséis (2016), dentro de la acción de tutela promovida por Luis
Humberto Villa Gómez y otros[1]
contra el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal con
vinculación oficiosa de la Dirección General del INPEC, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios-USPEC- y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El expediente de la referencia fue seleccionado para
revisión por medio de auto del veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), proferido por la Sala de Selección Número Once.
I. ANTECEDENTES
El veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016), el
señor Luis Humberto Villa Gómez junto con otros reclusos presentaron acción de
tutela en nombre propio reclamando la defensa de los derechos fundamentales a
la vida en condiciones dignas y la salud. Consideran que la autoridad accionada
afectó estos bienes constitucionales al no garantizar la prestación del
servicio de agua potable de manera continua al interior del Patio 2 del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal, Casanare donde se encuentran
recluidos. Dicha acción fue coadyuvada por la Defensora del Pueblo – regional
Casanare en el sentido de indicar que los derechos de los internos también son
afectados por la no provisión suficiente de duchas dentro del penal.
1. Hechos
1.1. Los solicitantes[2]
se encuentran recluidos en el Patio 2 del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal[3],
Casanare, integrado por doscientos cincuenta y un (251) internos[4].
1.2. Afirmaron que, frente a la petición elevada ante la
dirección del penal solicitando el suministro de agua de manera continua[5],
esta informó que dicho abastecimiento “se hace en los horarios comprendidos
entre las 5:00 a las 7:00 horas, 10:30 horas a las11:30 horas, de las 15:30
horas a las 16:30 horas y de las 19:00 horas a las 20:00 horas dependiendo de
los niveles en que se encuentren los tanques de reserva, como medida de
contingencia se les ha permitido en la celda el ingreso de un recipiente con
agua, por otra parte se les invita a que hagan uso racional del agua durante
los horarios establecidos con esto es suficiente para que suplan las
necesidades que se presenten (sic) diariamente (…) ”[6].
1.3. Relataron que los horarios indicados en la respuesta a
la solicitud no son reales, pues el abastecimiento se da de la siguiente
manera: (i) en las celdas, entre las cinco y treinta (5:30) y las cinco y
cincuenta (5:50) de la mañana y, entre las seis y treinta (6:30) y las seis y
cincuenta (6:50) de la noche y; (ii) en el patio, entre las seis (6:00) y las
siete (7:00) de la mañana, entre las diez (10:00) y las once (11:00) de la
mañana y; entre las tres (3:00) y las cuatro (4:00) de la tarde.
1.4. Explicaron que los “encierran desde las 4 de la
tarde en las celdas hasta las 6 de la mañana que habren (sic) las rejas o sea
que duramos 14 horas encerrados, es el sitio [la celda] que más necesitamos del
agua, y nos la colocan por 20 minutos para satisfacer las necesidades de los 6
internos que vivimos en las celdas, es un tiempo insuficiente para satisfacer
nuestras necesidades básicas”.  Además, comentaron que dicha situación
afecta las condiciones de salubridad y convivencia del patio, debido a los
malos olores ocasionados por las deposiciones que quedan en los sanitarios que
no pueden vaciarse[7].
Igualmente, destacaron que en dicha región hay altas temperaturas, las cuales
llegan a superar los cuarenta grados (40º) centígrados al interior de las
celdas[8].
1.5. Indicaron que una vez salen de sus celdas a las seis
(6:00) de la mañana “nos colocan el agua en el patio (…) este tiempo que
determina la dirección no alcanzamos a bañarnos dignamente ya que el personal
de internos que vivimos en dicho patio, se compone de 251 reclusos. Las filas
que se forman para bañarnos son inmensas, nos mojamos, y si nos enjabonamos
muchas veces no alcanzamos a juagarnos, porque nos cortan el servicio de agua,
y eso sin contar con las filas en los sanitarios, [ya] que contamos solamente
con dos sanitarios para satisfacer nuestras necesidades”[9].
1.5. En efecto, el penal cuenta con 2 pozos
profundos de donde se extrae el agua que pasa a la planta de tratamiento, luego
de que se surte el procedimiento pasa a los tanques de almacenamiento de agua
potable, cada uno con una capacidad de seiscientos metros cúbicos (600 m3),
con capacidad para abastecer a mil ochocientas (1800) personas[10].
1.6. Por otra parte, los detenidos que se encuentran en el
patio 2 cuentan en las celdas con una (1) batería sanitaria y un (1) lavabo
para seis (6) a siete (7) reclusos. Fuera de ellas, en el patio, se encuentran 2
sanitarios en funcionamiento y 2 en construcción, así como once (11) duchas,
las cuales sólo siete (7) pueden ser utilizados por los doscientos cincuenta y
un (251) internos del patio.
1.7. Con fundamento en lo anterior, acuden al mecanismo
constitucional solicitando que se amparen sus derechos fundamentales a la vida
en condiciones dignas y a la salud y, en consecuencia, se disponga el
suministro de agua potable constante en buena cantidad y calidad para poder
satisfacer sus necesidades básicas[11].
Igualmente, la Defensoría del Pueblo – regional Casanare, solicita que se
construya “técnicamente en los diferentes patios un número suficiente de
duchas que permitan a los accionantes y demás población de internos recluidos
en el Establecimiento Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal”[12]
2. Respuesta de la entidad accionada y de las
vinculadas de oficio
Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción de
tutela por parte del Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de
Yopal, Casanare, el veintiocho (28) de abril de dos mil dieciséis (2016)[13],
el despacho ordenó notificar a la entidad accionada para que ejerciera el
derecho de defensa y contradicción. De igual forma, por medio de los proveídos
de fecha tres (3) [14],
cinco (5)[15],
diez (10)[16]
de mayo de dos mil dieciséis (2016), ordenó la vinculación al Instituto
Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Procuraduría Delegada para la Defensa
de los Derechos Humanos, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Unidad
de Servicios Penitenciarios y carcelarios – USPEC y a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal, para que se pronunciaran sobre los hechos
objeto de debate.
2.1.
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal
El Director del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal dio contestación al requerimiento
judicial[17].
Informó que, conforme con las políticas de austeridad fijadas por el Gobierno
Nacional,  se estableció el horario para el suministro de agua comprendido
entre las “5:00 a las 7:00, 10:30 a las 11:30, 15:30 a las 16:30 y de las
19:00 a las 20:00”, dependiendo de los niveles que se encuentren en los
tanques de reserva, “suficiente para que la población reclusa supla sus
necesidades”.  Además, comentó que como medida de contingencia se permitió
a los internos en sus celdas el ingreso de un recipiente. Destacó que el
establecimiento cuenta con su propia planta de tratamiento de agua potable, por
lo que “el preciado líquido es suministrado dentro de los estándares de
calidad requeridos para el consumo humano, suministro que está por encima del
prestado a gran parte de la población de Yopal”.
Finalmente, recordó que la sequía que azotó al
país debe crear conciencia respecto del uso de los recursos naturales, sin
perjuicio del suministro diario a los reclusos, siendo “privilegiados porque
existen zonas del país que no cuentan a diario con este recurso”.
2.2. Procuraduría
General de la Nación
La Coordinadora del grupo de política criminal y carcelaria
de la Procuraduría señaló[18]
que luego de revisado el SIAF - Sistema de Información Administrativo y
Financiero – no encontró quejas ni información relacionada con los hechos
expuestos por los accionantes.
2.3.    Ministerio de Justicia y del Derecho
La Directora de Política Criminal y Penitenciaria del
Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la tutela[19].
Adujo falta legitimidad en la causa por pasiva toda vez que las funciones que
le competen están relacionadas con el diseño, coordinación y articulación de
política criminal, carcelaria y penitenciaria[20].
Destacó que la entidad que tiene injerencia en la prestación directa del
servicio de agua en condiciones óptimas es la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, pues a ella le corresponde “adelantar
las gestiones necesarias para la adquisición, suministro y sostenimiento de los
recursos físicos e infraestructura que sean requeridos para el buen
funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario”[21].
Por otra parte, indicó que ha realizado mesas de seguimiento
frente al suministro eficiente del recurso hídrico en los establecimientos
penitenciarios a nivel nacional, sin que el Establecimiento Penitenciario de
Yopal haya presentado alguna novedad.
3. Decisiones que se
revisan
3.1.    Decisión de primera instancia
El Juzgado Tercero
(3º) Civil del Circuito de Yopal (Casanare), mediante fallo de once (11) de
mayo de dos mil dieciséis (2016), concedió el amparo invocado[22]. En consecuencia,
ordenó al establecimiento penitenciario así como al INPEC y a la USPEC que (i)
implementaran “en forma conjunta las medidas necesarias para para garantizar
el suministro continuo y permanente (…) en cantidades suficientes de agua
potable para consumo durante el día y la noche, y para vaciar los sanitarios de
las celdas, así sea en baldes, y (…) realizar las demás tareas de limpieza de
reclusos del patio 2”; (ii) adoptaran las medidas que fueran necesarias
para “garantizar la infraestructura necesaria para ofrecer condiciones de
servicios sanitarios salubres y adecuados, medidas que  dependerán de las
posibilidades logísticas de las entidades (…) para asegurar las condiciones de
higiene de los reclusos del patio 2”; (iii) iniciaran junto con el
Ministerio de Justicia y del Derecho “el diseño de un Plan de Mejoramiento
integral del patio 2 del EPC YOPAL dirigido a superar (1) el problema del
suministro continuo y suficiente de agua; (2) la infraestructura suficiente
sobre servicios hidrosanitarios (duchas, lavabos y retretes); y (3) los demás
problemas que presente el patio 2 relacionados con la falta de salubridad”.
Además, advirtió al Ministerio de Justicia y del Derecho que debía efectuar “un
seguimiento sobre la manera en que se está realizando el suministro de agua
potable en la EPC YOPAL” así como “prevenir a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal para que, en caso de ser requerida por la EPC
YOPAL, suministre agua potable en las cantidades requeridas a través del
sistema de carrotanques o de la red de acueducto existente, si a ello hay lugar”.
Para ello consideró que (i) el agua suministrada
a los reclusos del patio 2 del penal era “insuficiente para que ellos puedan
realizar diariamente sus labores de aseo personal y comunal básicas, que les
permita mantener en dicha instalación unas condiciones higiénicas en su
convivencia, tales como procurarse el aseo corporal diariamente, descargar los
retretes, lavar baños, patios, celdas y pasillos, lavar su ropa, etc.” y,
(ii)  los retretes y duchas eran insuficientes para atender las necesidades de
doscientos cincuenta y un (251) reclusos que se encuentran en el Patio 2.
3.2.    Escrito de impugnación
El Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
- USPEC, inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, presentó
impugnación[23].
Para ello, manifestó que “el INPEC reporta a la USPEC las necesidades de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios en cuanto infraestructura, bienes
y servicios de su competencia y luego establece prioridades, conforme al presupuesto
asignado”. Relató, en cuanto a las intervenciones efectuadas sobre el
establecimiento penitenciario de Yopal, que fue incluida dentro del plan de
mejoramiento de la infraestructura de para la vigencia de dos mil catorce
(2014), por lo cual adelantó un proceso de licitación cuyo objeto era el
mantenimiento y operación de los sistemas de captación, tratamiento y
almacenamiento de agua potable.
Asimismo, expresó que “es materialmente
imposible para la entidad la orden de tutela en la forma estricta y en los
plazos en que fue impuesta” dado que para su cumplimiento (i) debe hacer
las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para la consecución de los
recursos previo aval del Departamento Nacional de Planeación Nacional y; (ii)
debe adelantar un proceso licitatorio “que duraría en promedio ocho (8)
meses, en cumplimiento de las normas que regulan la contratación del Estado”.
3.3.    Decisión de segunda instancia
En sentencia de
nueve (9) de junio de dos mil dieciséis (2016)[24],
la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de Yopal revocó el fallo
impugnado y, en su lugar, negó el amparo.
Para ello, sostuvo
que el establecimiento penitenciario no estaba negando el acceso al agua
potable sino que reglamentaba su uso “tratando de que se utilice de manera
responsable, ya que es además un servicio que cubre patrimonialmente el Estado”.
Estimó que la orden dada por el juez de primera instancia relacionada con el
suministro de manera permanente es desproporcionada y desconocedora del derecho
al agua de los reclusos de los otros patios.
Indicó, de igual
forma, que “[h]ay ciertamente deficiencias que se necesitan corregir, tales
como el funcionamiento de las duchas y la construcción de letrinas suficientes
lo que se supone debe hacerse en la efectivizarían (sic) de los contratos
celebrados por la USPEC, pero debe igualmente tenerse en cuenta que en ello
también incide la situación de hacinamiento que registra, al igual que todas
las cárceles del país, la accionada”
Finalmente, estimó
que “[e]n cuanto a la implementación de planes de mejoramiento del
suministro de agua, de infraestructura y de la del patio 2, no solo corresponde
a decisiones administrativas, propias del ejecutivo dada su evidente relación
con aspectos presupuestales, sino que, en sentir de la Sala, no son propias de
la acción de tutela, además que el seguimiento a las órdenes resulta imposible
por su grado de abstracción”.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°,
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y problema jurídico
2.1. Los solicitantes, reclusos del Patio 2
del Establecimiento de Mediana Seguridad de Yopal, Casanare, presentaron acción
de tutela porque consideran que el centro de reclusión vulneró sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas  salud al establecer horarios
para el suministro de agua, toda vez que ellos no son suficientes para cubrir
sus necesidades más elementales. Además, esta acción fue coadyuvada por la
Defensoría del Pueblo – Regional Casanare, quien afirmó que los internos no cuentan
con suficientes servicios hidrosanitarios.
El establecimiento penitenciario en la contestación indicó
que el centro cuenta con su propia planta de tratamiento de agua potable, por
lo que el líquido vital es suministrado dentro de los estándares requeridos
para el consumo humano dentro de horarios dependiendo de los niveles de los
tanques de reserva que resultan suficientes para que “la población reclusa
supla sus necesidades”.
El juez de primera instancia accedió al amparo tras estimar
que (i) el agua suministrada era insuficiente para que ellos pudieran
realizar diariamente sus labores de aseo personal y comunal básicas y, (ii)
los retretes y duchas eran insuficientes para atender las necesidades de
doscientos cincuenta y un (251) reclusos que se encuentran en el Patio 2. En
consecuencia, ordenó al establecimiento penitenciario, al INPEC y a la USPEC
(i) implementar conjuntamente las medidas necesarias para garantizar el
suministro continuo y permanente en cantidades suficientes de agua potable para
consumo durante el día y la noche, y para las tareas de limpieza de reclusos;
(ii) adoptar las medidas para garantizar la infraestructura para ofrecer
condiciones de servicios sanitarios salubres y adecuados para asegurar las
condiciones de higiene de los internos; e (iii) iniciar junto con el Ministerio
de Justicia y del Derecho el diseño de un Plan de Mejoramiento integral del
Patio 2 del EPC Yopal dirigido a superar (1) el problema del suministro
continuo y suficiente de agua; (2) la infraestructura suficiente sobre
servicios hidrosanitarios; y (3) los demás problemas que presente el Patio 2
relacionados con la falta de salubridad. Por su parte, el juez de
segunda instancia revocó para, en su lugar, negar por considerar que la medida
adoptada por el penal está encaminada a reglamentar el uso del líquido
reglamenta su uso.
2.2. Con fundamento en la
situación fáctica reseñada corresponde resolver el siguiente problema jurídico
¿vulneran las autoridades penitenciarias (Dirección del Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad de Yopal, Casanare, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-) los
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud de personas
privadas de la libertad  al no garantizarle el acceso al agua en forma
permanente y suficiente para hidratarse y suplir otras necesidades primarias, y
al no dotar el penal con suficientes servicios hidrosanitarios?
2.3. Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala de Revisión analizará (i) la procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto; (ii) abordará la jurisprudencia
constitucional sobre la relación de especial sujeción en la que se encuentran
las personas privadas de la libertad. (iii) Con base en ello, examinará los
deberes mínimos estatales frente a este grupo de la población especialmente en
materia de acceso al agua. (iv) Para ello, estudiará los casos más relevantes
en la materia decididos por algunas Salas de esta Corporación. Finalmente (v)
resolverá el asunto materia de estudio.
3. La acción de tutela
presentada por los accionantes, internos del Patio 2 del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal, es procedente para buscar la
protección de sus derechos fundamentales
3.1. Legitimación para actuar
3.1.1. Legitimación por
activa. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 superior, toda
persona tiene derecho a interponer acción de tutela por sí misma o por quien
actúe a su nombre[25].
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[26],
establece que la referida acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos”. En esta oportunidad, Luis Humberto
Villa Gómez, Robin Nelson Zapata Martínez, Óscar David Vélez Pérez, Wilfran
Rafael Álvarez Molina, José David Villa Aguirre, José Gregorio Vega Perilla,
Brayan Camilo Mosquera López, José Filigrana Serrato, Luis Felipe Villada
Garzón, William Fernando Herrán, Manuel de Jesús Marín Castañeda, Yesid Gerardo
Sánchez, Carlos Flórez Bravo, Rafael Andrés Flórez, William Pónguta, José Rubén
Esteban Unda, Rodrigo Domínguez Ortiz, Manuel Roberto Rojas Medina, Guillermo
Torres García, Héctor Orozco, Eder José Cedeño Pérez, Camilo Andrés Murcia Penilla,
Mauricio Rodríguez Moreno, Duimel Vanegas Acuña, Óscar Alfonso Mier González,
Rafael Arturo Acosta Oñate y Leonardo Eduardo Lugo, actúan en defensa de sus
derechos e intereses, razón por la cual se encuentran legitimados para
intervenir en esta causa.
En este punto, debe indicarse que la gravedad del problema
aducido por el peticionario de esta demanda supera el reclamo individual y pone
en evidencia una situación generalizada que podría estar afectando también a
los demás reclusos del centro correccional. Si bien la tutela tiene en
principio efectos inter partes y subjetivos, la vulneración de los derechos
fundamentales alegada se origina en presuntas fallas y defectos estructurales
que pueden aquejar como los mismos actores lo afirman a sus otros compañeros de
celda que no interpusieron directamente la acción de amparo pero eventualmente
padecen la misma situación de desprotección y ostentan igual interés en la
solución del caso.
Por lo anterior, resulta claro
que las órdenes que surjan de la presente providencia estarán dirigidas a
garantizar los derechos de todos los internos del Complejo Carcelario y
Penitenciario de Yopal y a mejorar su situación como personas privadas de la
libertad[27].
La tarea de precisar estos aspectos tendrá lugar en líneas posteriores.
3.1.2. Legitimación por
pasiva. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[28],
“[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En este orden de
ideas, las autoridades penitenciarias accionadas están legitimadas como parte
pasiva en el proceso de tutela, al atribuírseles en su condición de entidades
públicas encargadas del funcionamiento del sistema carcelario y en esa medida
de la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana del recluso
accionante, la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
3.2. Inmediatez
3.2.1. La procedibilidad de la acción de tutela está
supeditada al cumplimiento del requisito de inmediatez. Este exige que la
acción sea interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que generó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales. La inmediatez encuentra su
razón de ser en la tensión existente entre el derecho constitucional a
presentar una acción de tutela “en todo momento” y el deber de respetar la
configuración de la acción como un medio de protección “inmediata” de
los derechos fundamentales. Es decir que, pese a no contar con un término para
efectuar la presentación, debe existir necesariamente una correspondencia entre
la naturaleza expedita de la tutela y su interposición oportuna[29].
Para verificar el cumplimiento del principio de inmediatez,
el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o
amenaza y la interposición de la tutela es razonable. De no serlo, debe
analizar si existe una razón válida que justifique la inactividad del
accionante, pues es inconstitucional pretender darle un término de caducidad a
la acción, o rechazarla únicamente con fundamento en el paso del tiempo[30].
3.2.2. En el caso concreto, la acción de tutela que se
revisa se radicó el veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016)[31].
La demanda fue admitida el veintiocho (28) de abril de la misma anualidad por
el Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de Yopal, Casanare. El hecho
generador de la vulneración lo constituye la respuesta emitida por la Dirección
del establecimiento penitenciario el quince (15) de febrero de dos mil dieciséis
(2016) en la cual no se accedió al suministro continuo de agua en el penal. Es
decir transcurrieron menos de 2 meses desde la negativa de la entidad hasta el
momento en que el actor ejerció el amparo para la protección de sus derechos,
término que resulta razonable máxime cuando no puede olvidarse que el juicio
sobre ello no puede ser tan estricto, ya que se trata de una persona privada de
la libertad cuya pretensión de amparo constituye una necesidad diaria y vital
para el ser humano[32].
3.3. Subsidiariedad
3.3.1. En relación al carácter subsidiario de la
tutela, el artículo 86 de la Constitución, desarrollado por el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991 establece que esta acción procede cuando: (i) la parte
interesada no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) sí existe otro
medio de defensa judicial, es ineficaz para proteger derechos fundamentales y
se requiere evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Respecto del
último criterio, esta Corporación ha señalado que no puede declararse la
improcedencia de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio
ordinario de defensa. El juez constitucional debe analizar, en el marco de la
situación fáctica particular, si la acción judicial dispuesta por el ordenamiento
jurídico es idónea y eficaz en concreto para proteger los
derechos fundamentales comprometidos, más aún cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional[33].
En el evento en el que no lo sea, el mecanismo de amparo procederá para
provocar un juicio sobre el fondo[34].
3.3.2. El caso objeto de estudio plantea un debate que
reviste especial relevancia constitucional, en tanto involucra el goce efectivo
de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad respecto de las cuales,
la Constitución Política consagra una protección especial que en hechos
concretos se traduce en un tratamiento reforzado dada su condición de especial
sujeción e indefensión frente al Estado que debe garantizarse a través de la
acción de tutela frente a lo cual este procederá como mecanismo definitivo al
perfilarse como el idóneo para dar solución a los derechos fundamentales de los
reclusos.
En la sentencia T- 388 de 2013[35],
la Sala Primera de Revisión estudió nueve (9) expedientes de acción de tutela,
referentes a las violaciones de los derechos a la dignidad humana, a la vida en
condiciones dignas, a la integridad personal, a la salud y a la reintegración
social de personas privadas de la libertad en seis (6) centros de reclusión del
país. En todos los casos, se hizo referencia a la necesidad de tomar medidas
adecuadas y necesarias, de manera urgente para superar el estado de cosas en
que se encuentra el Sistema penitenciario y carcelario que, se alega, es
contrario al orden constitucional de manera estructural y general.
Dentro de las consideraciones de la sentencia, la Sala
indicó que “los menos privilegiados, las personas más descuidadas y
abandonadas a su suerte y sus problemas, como es el caso de las personas
privadas de la libertad” son sujetos de especial protección constitucional
en razón a la masiva y generalizada violación de sus derechos fundamentales al
interior de los mismos centros de reclusión. De ahí que sus garantías
constitucionales deben “ser [protegidas] con celo en una democracia”.
Recordó entonces que la acción de tutela adquiere un lugar protagónico y
estratégico en un Sistema penitenciario y carcelario, en crisis, que muchas
veces implica un peligro grave, real e inminente. A través de ella “no sólo
se [permite] asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en general,
sino que, además, [permite] a las autoridades tener noticia de graves amenazas
que [están] teniendo lugar. En este sentido, la jurisprudencia constitucional
[ha] reconocido que la acción de tutela [es] un derecho protegido de forma
especial para personas privadas de la libertad”.
3.3. En este contexto, encuentra
la Sala superado el análisis de procedibilidad, por lo que pasará a
estudiar el problema jurídico planteado.
4. Las personas privadas
de la libertad están en una relación de especial sujeción: sus derechos deben
ser asegurados de manera reforzada, sin otras limitaciones o restricciones a
las que razonable y proporcionalmente haya lugar
En este apartado, la Sala analizará la categoría de especial
sujeción predicable de las personas privadas de la libertad. Más adelante, se
referirá a las normas internacionales y las del orden interno, así como a la
jurisprudencia constitucional de esta Corporación en materia de protección y satisfacción
de un mínimo vital, como lo es el agua en condiciones apropiadas en beneficio
de un sector marginado de la sociedad.
4.1. Las autoridades
penitenciarias tienen el deber de proteger sin restricción ni limitación alguna
la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana de las personas
privadas de la libertad
4.1.1. Desde el inicio de su
jurisprudencia, la Corte ha hecho relación a los sujetos en situación de
especial sujeción, como una condición que es relevante constitucionalmente para
determinar el exclusivo grado de respeto, de protección y de garantía que debe predicarse
respecto de sus derechos fundamentales. La primera vez que la categoría fue
empleada se usó para hacer referencia a la relación entre el preso y la
administración penitenciaria, en la sentencia T-596 de 1992[36]
señalándose puntualmente que el predominio de una parte sobre la otra no impide
la existencia de derechos y deberes para ambas partes[37].
Erróneamente se ha pensado que
el delincuente, por su condición y por el hecho de haber atentado contra la
sociedad, pierde la calidad de sujeto pleno de derechos al ingresar a un centro
de reclusión, incluso en relación con aquellas garantías que no están en directa
correspondencia con la pena que se le ha impuesto. Según esto, “el preso, al
ingresar a la institución carcelaria, pierde buena parte de sus derechos y
aquellos que no pierde de manera definitiva, se encuentran sometidos a la
posibilidad permanente de vulneración, sin que ello sea visto como una
violación similar a la que se comete contra una persona libre. De acuerdo con
esta visión dominante, los derechos del preso son derechos en un sentido
atenuado; su violación está, sino justificada, por lo menos disminuida por el
mal social cometido”[38].
No hay nada más alejado del
concepto de dignidad humana y del texto constitucional mismo que un panorama de
esta naturaleza. La efectividad del derecho “no termina en las murallas de
las cárceles” y “el delincuente, al ingresar a la prisión, no
entra en un territorio sin ley”. Si bien, frente a la administración
penitenciaria, el recluso se encuentra en una relación especial de sujeción,
diseñada y comandada por el Estado, situado en una posición preponderante que
se manifiesta en el poder disciplinario, los límites de este ejercicio están
determinados por el reconocimiento de sus derechos y por los correspondientes
deberes estatales que se derivan de dicho reconocimiento. La cárcel no es en
consecuencia “un sitio ajeno al derecho” y las personas allí recluidas no son individuos
eliminados de la sociedad. La relación de sometimiento que mantienen con el
Estado no les quita su calidad de sujetos activos de derechos y si bien, en razón
de su comportamiento “antisocial anterior”, tienen algunas de sus
garantías suspendidas, como la libertad, otras limitadas como la comunicación o
la intimidad, gozan del ejercicio de presupuestos fundamentales básicos en
forma plena, como la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana
cuyo contenido ontológico es esencial, intangible y reforzado[39].
4.1.2. Del ejercicio pleno de
estos derechos se derivan importantes consecuencias jurídicas para la
administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes[40].
Los derechos fundamentales no incluyen sólo prerrogativas subjetivas y
garantías constitucionales a través de las cuales el individuo se defiende
frente a las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas, también
incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público. No
sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de abstenerse de
lesionar la esfera individual, también  existe la obligación positiva de
contribuir a la realización efectiva de tales derechos. La razón jurídica que
explica este compromiso se encuentra en el mandato constitucional según el
cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana (artículo
1 superior)[41],
lo cual determina no sólo un deber negativo de no intromisión, sino también un
deber positivo de protección[42].
Las personas recluidas en
establecimientos carcelarios se encuentran bajo la guardia y vigilancia del
Estado conforme se indicó en precedencia. Ello implica, por un lado,
responsabilidades relativas a su seguridad y a su conminación bajo el perímetro
carcelario (potestad disciplinaria y administrativa) y, por el otro,
obligaciones en relación con sus condiciones materiales de existencia e
internamiento. La Constitución de manera explícita hace referencia a esta idea
en su artículo 11[43].
La vida es “el presupuesto indispensable para que haya titularidad de
derechos y obligaciones. Tener derecho a
la vida es reconocer que nadie puede por una causa injusta desconocérmela,
lesionármela ni quitármela”[44].
También, en el artículo 12 cuando establece que “nadie será sometido a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes”[45].
De acuerdo con esto, toda pena, independientemente del delito del cual
provenga, debe respetar unas reglas mínimas relativas al tratamiento de los
reclusos, que se encuentran ligadas de manera esencial a los conceptos de
razonabilidad y proporcionalidad a partir de los cuales la sanción es “la
necesidad socio-política de la defensa del orden jurídico y la garantía de las
condiciones mínimas de la existencia social pacífica, pero nunca se impone, en
un estado de derecho, por encima de las necesidades de protección de bienes
jurídicos, ni por fuera del marco subjetivo de la culpabilidad”[46].
En esa medida, el contenido de
estos mínimos de conducta indica, entre otras cosas, que deben existir unas
condiciones idóneas para que cada recluso pueda sobrellevar la sanción
intramural bajo parámetros de humanidad, tranquilidad, decencia y dentro de un
marco de respeto por los valores y principios superiores[47].
Surge entonces, el deber a cargo del Estado de asegurar un trato humano y
digno, el de proporcionar alimentación adecuada y suficiente, vestuario, utensilios
de aseo e higiene personal, instalaciones en condiciones de sanidad y salud
adecuadas con ventilación e iluminación y el deber de asistencia médica. Por su
parte, el interno tiene derecho al descanso nocturno en un espacio mínimo
vital, a no ser expuesto a temperaturas extremas, a que se le garantice su
seguridad, a las visitas íntimas, a ejercitarse físicamente, a la lectura, al
ejercicio de la religión y el acceso a los servicios públicos como energía y agua
potable, entre otros supuestos básicos que permitan una supervivencia decorosa[48].
La regla entonces en la materia
se orienta a establecer que aunque “la condición de prisionero determina una
drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la
mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe
ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación del tales
derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta
innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan
fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones
carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son
derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de
poder para demandar del Estado su protección”[49].
4.1.3. Los accionantes estiman que la obligación
constitucional referida está siendo desconocida ya que durante su permanencia
en la Cárcel de Mediana Seguridad de Yopal, las autoridades penitenciarias no
han adoptado acciones concretas para asegurar en condiciones de disponibilidad
y accesibilidad el suministro de agua potable. Lo anterior aun cuando la
garantía de su prestación se erige en un presupuesto indispensable para
satisfacer derechos constitucionales fundamentales que el Estado, aún en
reclusión, está obligado a respetarle y protegerle. Esto ha generado que su
situación de internamiento sea más gravosa de lo que per se apareja su
estado de sujeción configurándose un desconocimiento de los postulados de
protección consagrados en la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
4.2. El suministro de
agua potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad es una
obligación estatal de imperativo cumplimiento con personas privadas de la
libertad
4.2.1. El hacinamiento o la sobrepoblación es uno de los
problemas que con mayor urgencia requiere atención, por la capacidad de agravar
los demás obstáculos y dificultades que enfrenta el Sistema Penitenciario y Carcelario
del país, y por hacer más difícil y gravosa cualquier opción de solución.
Estrechamente ligado a ello, se encuentra el mal estado de las instalaciones, la
falta de servicios asistenciales básicos al interior de los centros
penitenciarios y la ausencia de condiciones de vida que difícilmente cumplen
con las más elementales exigencias de humanidad como factores determinantes en el
reconocimiento de un estado de cosas inconstitucional[50].
Dificultades relacionadas con la falta de presupuesto y con el aumento de la
criminalidad, son presentadas por la administración pública para mantener a los
internos en la situación en la que se encuentran actualmente. No obstante, los
Estados no pueden alegar tropiezos económicos[51]
para justificar ambientes de detención que no cumplan con los estándares
mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente
del ser humano, pues más allá de estas consideraciones sustanciales y de los problemas
estructurales, existe en la sociedad y también en la administración un deber
irrenunciable en la satisfacción de unos presupuestos materiales de existencia para
la población privada de la libertad[52].
4.2.2. Para la
jurisprudencia es claro que en el orden constitucional vigente existe un
contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las personas privadas
de la libertad independientemente de los crímenes que hayan cometido o del grado
del nivel de desarrollo socioeconómico del país donde se encuentren purgando la
pena o la medida de seguridad[53].
Así lo ha indicado al reconocer las Reglas Mínimas Para el Tratamiento de
los Reclusos (producidas al interior de las Naciones Unidas en la década de
los años 50)[54]
las cuales representan un consenso básico con relación a estándares de
protección en una sociedad democrática, respetuosa de la dignidad humana y en
la que no deben existir distinciones por razón de raza,
color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen
nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera[55]. El Comité de Derechos Humanos ha enunciado los presupuestos concretos
y específicos que hacen parte de ese conjunto de derechos fundamentales esenciales
de todo individuo recluido, que son impostergables, de inmediato e imperativo
cumplimiento para los Estados adoptantes[56].
De antemano,
destaca que todos los locales frecuentados regularmente por los internos
deberán ser mantenidos en debido estado y limpios considerando siempre el
factor clima[57].
Resalta, “el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua
potable, suficiente y adecuada”[58]
así como “la provisión de los implementos necesarios para el debido aseo
personal de los presos”[59]
a través de un eficiente abastecimiento del líquido. Se garantiza entonces que “todo recluso [tenga] la posibilidad de proveerse de agua potable
cuando la necesite”[60].
Junto a las Reglas Mínimas,
aparecen los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las
personas privadas de la libertad en las Américas (2008)”[61]
que disponen en sus principios XI y XII, el acceso en todo momento a agua potable
suficiente y adecuada para el consumo, y advierten que su suspensión o
limitación como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley. Del
mismo modo señalan que las personas privadas de la libertad tendrán acceso a
instalaciones sanitarias higiénicas que aseguren su privacidad y dignidad, así
como a los productos básicos de higiene personal, y agua para su aseo personal,
conforme a las condiciones climáticas[62].
4.2.3. El agua, es un derecho
constitucional complejo que ha sido objeto de progresivo reconocimiento
normativo y jurisprudencial a lo largo de los últimos años, en especial, en
atención a la importancia que el mismo tiene como presupuesto para el ejercicio
y goce efectivo de derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad
física y la dignidad humana[63].
Aunque no es una garantía expresamente señalada por la Carta Superior, se ha de
entender incluida, teniendo en cuenta el texto constitucional aprobado por el
Constituyente de 1991, en el cual se consagran una serie de principios que
rigen los servicios públicos[64].
La interpretación del contenido y alcance de los componentes del
derecho al agua tutelados hasta ahora por esta Corporación se ha
realizado en conjunto con las garantías establecidas en el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a través de la
Observación General No. 15 del dos mil dos (2002) que propende porque todas las
personas gocen de un mínimo de agua apta para el consumo, con el cual puedan
satisfacer sus necesidades básicas domiciliarias, y además se prevengan
problemas de salud y en general sanitarios[65].
En la referida
Observación, se entiende el derecho al agua como “el derecho de todos a
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico”[66].
Su justificación jurídica además de reposar en varios textos de tratados
internacionales sobre Derechos Humanos[67],
supone que a cada ciudadano se le proteja, respete y garantice[68] las siguientes tres
(3) facetas: (i) el derecho a disponer, y a (ii) acceder a cantidades
suficientes, esenciales y continuas de agua, y además, que la misma sea (iii)
de calidad “para los usos personales y domésticos”, es decir salubre y,
por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o
radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Igualmente,
deberá tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso[69].
Allí, se resalta el
hecho de que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales
en razón de la salud, el clima, las condiciones de trabajo u otros factores
externos y se advierte que el agua y los servicios e instalaciones deben ser
accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables
y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de
los motivos prohibidos en la Constitución. También se precisa que éste derecho
debe satisfacerse, por lo menos en unos niveles mínimos esenciales
para lo cual se identifican algunas obligaciones básicas que no pueden
suspenderse y tienen un efecto inmediato: “Garantizar el acceso físico a
instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y
regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua
para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; vigilar el grado de
realización, o no realización, del derecho al agua y adoptar medidas para
prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular
velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados”.
En armonía directa
con lo anterior, la Ley 142 de 1994[70]
consagra que el servicio de agua y saneamiento ambiental básico se debe prestar
de forma ‘continua’ e ‘ininterrumpida’, estableciendo
categóricamente que ello debe ser así ‘sin excepción alguna’, salvo
cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito (artículo
2). Existen distintos criterios para determinar cuál debe ser la continuidad y disponibilidad del servicio. El Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones
relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento señala
que la cantidad de agua a proveer debe obedecer al volumen mínimo razonable
establecido como parámetro por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
cual debe oscilar entre cincuenta (50) y cien (100) litros de agua por persona
diarios para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud. Estas
diversas cantidades son indicativas, ya que pueden cambiar con arreglo a un
contexto en particular, y pueden diferir en el caso de algunos grupos, debido a
su estado de salud, trabajo, condiciones climáticas, exigencias culturales u
otros factores[71].
La cantidad
referida se ha considerado óptima especialmente para espacios domiciliarios,
sin embargo, en la medida en que las personas privadas de la libertad están
sometidas a otras condiciones, esta Corporación ha precisado que deben tenerse
en cuenta los criterios de la CIDH[72] plasmados en el “Informe
sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las
Américas (2011)”[73].
Allí se dispuso que “la cantidad mínima de agua que una persona necesita
para sobrevivir es de 3 a 5 litros por día. Este mínimo puede aumentar de
acuerdo con el clima y la cantidad de ejercicio físico que hagan los internos.
Además, el mínimo requerido por persona para cubrir todas sus necesidades es de
10 a 15 litros de agua al día, siempre que las instalaciones sanitarias estén
funcionando adecuadamente; y la cantidad mínima de agua que deben poder
almacenar los internos dentro de sus celdas es de 2 litros por persona por día,
si éstos están encerrados por periodos de hasta 16 horas, y de 3 a 5 litros por
persona por día, si lo están por más de 16 horas o si el clima es caluroso”.
En modo semejante, el CICR[74]
en la Guía complementaria al Manual Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en
las Cárceles, previó que el agua potable de la que disponga el
establecimiento penitenciario, por recluso, debe oscilar entre diez (10) y
quince (15) litros por día, en condiciones de normalidad, en lo que a sanidad y
tanques de almacenamiento se refiere.
4.2.4. A partir de estos estándares
y criterios de protección, la jurisprudencia constitucional ha tomado medidas
de acción en varias oportunidades especialmente en escenarios en los que se han
constatado graves violaciones a la vida, la salud y la integridad física de los
internos por permanecer recluidos en instituciones penitenciarias que carecen
de las condiciones mínimas de respeto a la dignidad humana. La razón que
justifica esta postura es que los Estados deben
prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente
han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las
mujeres, los niños, los presos y los detenidos[75].
4.3. Casos
relevantes que ha manejado la jurisprudencia constitucional sobre el suministro
adecuado y suficiente de agua al interior de los establecimientos carcelarios como
presupuesto efectivo de la vida, la salud, la integridad física y en especial
de la dignidad humana
4.3.1. Las personas
privadas de la libertad históricamente han tenido dificultades para ejercer de
forma plena y efectiva su derecho al agua. Resulta natural que los reclusos en
establecimientos penitenciarios se encuentren en imposibilidad absoluta de
proveerse ellos mismos el referido servicio público. Lo anterior por cuanto las
circunstancias propias del encierro impiden que puedan satisfacer por su cuenta
una serie de necesidades básicas que son esenciales para una existencia digna, a
diferencia de quienes disfrutan de su libertad de locomoción. De este modo, por
estar bajo la custodia del Estado en virtud de la especial relación de
sujeción, deben ser las autoridades carcelarias las que garanticen el acceso al
fluido con criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad tal como quedó
explicado con anterioridad[76].
La Corte ha
resaltado la importancia de garantizarles a quienes presentan limitaciones determinantes
en su libertad, el acceso suficiente al agua limpia necesaria para satisfacer unos
niveles mínimos esenciales encaminados a cubrir las necesidades de consumo
y contribuir a preservar la salud y la salubridad pública dentro de los
establecimientos de reclusión. El fundamento constitucional es que ningún
ser humano, de hecho ningún ser vivo, puede existir o sobrevivir sin agua. Toda
persona, individualmente, tiene derecho a acceder, por lo menos, a la calidad y
cantidad de agua adecuada y suficiente para poder calmar la sed y asearse. Por
ello, a todo reo al igual que a cualquier otro ser
humano se le debe asegurar su satisfacción pero de forma prioritaria y
reforzada por tratarse de un sujeto especialmente vulnerable. La
ausencia de suministro constituye una falta grave del Estado a los deberes de
garantía especialmente a la dignidad humana[77].
El respeto por la dignidad humana constituye el pilar
central de la relación entre el Estado y la persona privada de la libertad, y
es, además, una norma fundamental de aplicación universal, reconocida
expresamente por los tratados y convenios de Derechos Humanos, prevalentes en
el orden interno (art. 93 CP)[78].
Una de las decisiones en las que la Corte Constitucional abordó en detalle la
noción de ‘dignidad humana’ fue en la sentencia T-881 de 2002[79].
Allí, se identificaron tres (3) lineamientos
claros y diferenciables que construyen el contenido de esta garantía: vivir
como quiera, vivir bien, vivir sin humillaciones y se precisó que estos
ámbitos de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto protegido
por las normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados
normativos sobre “dignidad”, principalmente el contenido en el artículo 1
superior[80].
4.3.2. Los presupuestos
constitucionales descritos deben ser considerados en este caso, entre otras
razones, porque han sido reiterados por la jurisprudencia en diferentes ocasiones
y contextos aludiendo siempre a las facetas de disponibilidad, calidad y
accesibilidad referidas. A continuación se efectuará una mención
específica de algunos casos que guardan semejanzas notorias con el asunto
objeto de decisión. El propósito de hacer reseñas expresas e independientes
obedece a la importancia de mantener al máximo la consistencia en las
decisiones de la Corte mediante la identificación y aplicación de las subreglas
jurisprudenciales desarrolladas en supuestos fácticos análogos ya decididos
(precedentes)[81].
4.3.2.1. Accesibilidad económica. En momentos anteriores, se ha
resaltado que la provisión permanente de agua
no puede desconocerse so pretexto de la falta de recursos al interior de los centros correccionales. En la sentencia T-639 de 2004[82],
la Sala Quinta de Revisión estudió el caso de los reclusos de la penitenciaría
de mínima seguridad “Las Mercedes” de Cartago, Valle del Cauca, quienes
manifestaban que la distribución de agua en las horas de la mañana no
satisfacía la demanda de doscientos setenta (270) internos para bañarse, realizar
sus necesidades fisiológicas y actividades productivas dentro del penal. Esta
situación había generado efectos adversos en su salud, especialmente agravada
por las altas temperaturas de la zona. El escaso abastecimiento se debía a que
la empresa encargada de la prestación había racionalizado el servicio porque la
cárcel le adeudaba algunas facturas.
En esa oportunidad, la Sala manifestó que el deber de suministro de agua
potable en el marco de la relación de especial sujeción, exigía una provisión
continua y adecuada pues de ello dependía la satisfacción de unos contenidos
básicos para la vida, la salud y la integridad física de la población privada
de la libertad[83].
Advirtió que los gastos de funcionamiento debían estar correctamente previstos
dentro del Presupuesto General de la Nación para poder cumplir con las
funciones de manejo y administración del sistema carcelario, en condiciones de
respeto por la dignidad de las personas sometidas a su cargo. La ausencia de la
apropiación presupuestal correspondiente para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales contraídas y la falta de recursos para satisfacer
las necesidades primarias de los internos atentaba contra sus garantías
fundamentales. Concluyó que las empresas de servicios públicos tenían derecho a
ejercer los medios coactivos a su disposición, pero no podían suspender el
suministro de agua especialmente sobre un sector de la población en
imposibilidad de procurarse autónomamente una vida decorosa. Por ello, se le ordenó la regularización y
restablecimiento inmediato del líquido en beneficio de la comunidad afectada.
4.3.2.2. Accesibilidad
física. La importancia de mantener instalaciones físicas en buen estado que
aseguren condiciones de higiene y de salubridad a través de una distribución
eficiente de agua ha sido tema de debate en sede de revisión. En la sentencia T-317
de 2006[84],
la Sala Novena de Revisión protegió los derechos de los reclusos del
Establecimiento Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá
quienes se quejaban de la falta de suministro continúo de agua potable y, por
lo mismo, de la consecuente proliferación de moscas y zancudos, así como de
malos olores producidos por los excrementos estancados en los baños ubicados
cerca de los comedores. A pesar de requerir insistentemente una solución al
problema, en concreto la reubicación de las baterías de los sanitarios, las
autoridades penitenciarias se rehusaban a realizar modificaciones
arquitectónicas sobre la infraestructura que a juicio del peticionario no era
lo suficientemente adecuada[85].
En esa oportunidad, la Sala
reiteró que en tanto la dignidad era un derecho que no admitía limitación
alguna, las autoridades correccionales estaban en la obligación de satisfacer
las necesidades vitales mínimas de las personas privadas de libertad a través
de la alimentación, la habitación y el abastecimiento suficiente de agua no sólo
para el consumo, sino también para disfrutar de un entorno higiénico. Por ello,
era preciso que la situación de desaseo de los baños del penal generara
profundas y graves incomodidades constituyéndose en un trato cruel y degradante
generador además de enfermedades y problemas de sanidad. Por estas razones, se
le ordenó a la entidad accionada adoptar las medidas administrativas necesarias
para mantener las baterías de baños en buenas condiciones de limpieza y
asegurar efectivamente la prestación estable del servicio público.
Avalando la misma línea anterior
y destacando la necesidad de asegurar este presupuesto, aparece la
sentencia T-077 de 2013[86].
Allí, la Sala Octava de Revisión examinó el caso de los internos del Complejo Carcelario de Ibagué Picaleña Coiba. De acuerdo con el
accionante su situación de reclusión y la de cuatrocientos (400) más era
contraria a los postulados básicos de una subsistencia digna toda vez que el
suministro de agua potable se realizaba 2 o tres (3) veces
al día por un tiempo de quince (15) a veinte (20) minutos “lo cual no era
suficiente para lavar ropa, lavar patios y celdas y para [bañarse]” pero
además para limpiar las tazas sanitarias del patio y de las celdas que
permanecían llenas de materia fecal y rodeadas de moscas que “luego
pisoteaban los menajes donde [recibían] los alimentos”[87]. La entidad
aseguraba que en la zona de reclusión del interno (Bloque 1) existían ciertas
restricciones debido a que la estructura contaba con casi treinta (30) años de
existencia lo que imposibilitaba técnicamente proporcionar agua en forma
continua[88].
La Sala encontró que la
insuficiencia en la entrega del líquido había generado una serie de
irregularidades en la infraestructura física del pabellón (baños, duchas y
albercas dañadas, celdas con humedad, residuos líquidos con malos olores,
inadecuado manejo de basuras, filtraciones de aguas negras y comedores en mal
estado). Esta circunstancia a su vez había producido enfermedades estomacales,
respiratorias y cutáneas en los internos. Con base en ello, se sostuvo que la
protección del derecho al agua debía ser en este caso prioritaria y reforzada
y que era compromiso del Estado “velar por una distribución equitativa
de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles” a efectos de
satisfacer unos niveles mínimos esenciales y de calidad especialmente en una
zona expuesta a altas temperaturas[89]. En esta medida, se
concedió el amparo de la dignidad humana y se le ordenó al INPEC y a la
Dirección del complejo que mientras se empezaba a suministrar el servicio de
agua de forma continua y permanente tras la ejecución de un plan de
mejoramiento integral orientado entre otras cosas a renovar las instalaciones[90]
debía garantizarse una provisión diaria de fluido potable equivalente a
veinticinco (25) litros permitiendo además su almacenamiento en las celdas en
cantidades no inferiores a cinco (5) litros[91].
4.3.2.3.
Disponibilidad. Las condiciones de periodicidad en el abastecimiento del
líquido con miras a asegurar unas dimensiones vitales también ha sido un
imperativo de la jurisprudencia constitucional. Hace
más de diez (10) años una decisión judicial enfrentó una situación similar en
algunos aspectos a la que hoy es objeto de control por parte de esta Corporación.
En la sentencia T-1134 de 2004[92], la
Sala Segunda de Revisión dirigió su atención hacia el Establecimiento Penitenciario
de La Dorada. En el pasado reciente esta cárcel ya ha sido objeto de vigilancia
por parte de los órganos de control del Estado, en especial para salvaguardar el
goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas allí desprovistas
de la libertad. Con ese propósito se han impartido una serie de órdenes
encaminadas a mejorar la situación de internamiento.
En esa ocasión, la
situación fáctica objeto de debate obligaba a decidir
sobre la constitucionalidad del horario dispuesto para el suministro de
agua potable dentro de la penitenciaría y el
impacto de los razonamientos realizados especialmente en el horario nocturno
donde la temperatura llegaba a un nivel superior. Tras analizarse la situación
real del complejo, se encontró que los intervalos existentes eran
insuficientes para suplir la demanda de diez (10) pabellones con mil quinientos
veinte (1520) internos, y que en consecuencia aquellos se encontraban
experimentando una violación en sus derechos a la dotación y la distribución de
agua para el aseo personal y demás actividades, la cual podía generar problemas
de sanidad, olores nauseabundos, proliferación de bacterias y enfermedades,
entre otras circunstancias contrarias a la Constitución[93]. La entidad justificaba la programación y
regulación del consumo en (i) la existencia de algunas reparaciones realizadas debido
a los daños presentados en la tubería por la presión del agua y, (ii) en el
hecho de que su entrada por el acueducto era muy pequeña para abastecer los
tanques del suministro continúo a los internos en las celdas y en todo el
centro de reclusión, requiriéndose para lograr la solución una acometida
adicional para cada tanque.
Dentro de sus
consideraciones, la Sala estimó que el problema penitenciario representaba no
sólo un delicado asunto de orden público sino un escenario de extrema gravedad
social que no podía dejarse desatendido, sin siquiera plantearse soluciones. Sobre
estos planteamientos, y en aras de proteger los derechos vulnerados del actor y
de los demás internos, se le ordenó al INPEC que iniciará las gestiones
necesarias para solicitar, autorizar o requerir a quien correspondiera, en un
término no superior a un (1) mes, la materialización de la obra de acometida
adicional en la tubería para solucionar así las dificultades en la provisión de
agua presentadas en la cárcel y de esta forma mejorar su almacenamiento. La Dirección
del establecimiento debía a su vez efectuar los
trámites para su realización.
4.3.2.4. Disponibilidad y accesibilidad física. Esta
Sala ha tenido que pronunciarse sobre la obligación de las autoridades
penitenciarias de brindar soluciones plausibles ante una prestación deficiente
del servicio público. En la sentencia T-175 de 2012[94]
se analizaron 2 acciones de tutela presentadas por personas privadas de la
libertad en diferentes cárceles del país. En una de ellas, tres (3) internos de
la Cárcel de Mediana Seguridad de Cúcuta relataban las deficiencias que en su
criterio tenía el penal para la atención de sus necesidades más básicas. En
concreto, afirmaban que no existía un suministro apto de agua potable toda vez
que su provisión era interrumpida y sujeta a constantes razonamientos o cortes
intempestivos especialmente durante la noche cuando se alcanzaban altas
temperaturas que agudizaban el estado de hacinamiento en las celdas[95].
Este hecho había generado a su vez la existencia de instalaciones sanitarias
inadecuadas, filtraciones constantes en las celdas, malos olores, proliferación
de moscas y zancudos y en consecuencia un ambiente de insalubridad[96].
Para resolver el problema jurídico, la Sala encontró que la
distribución de agua en el penal no era constante y permanente porque la
capacidad del tanque de abastecimiento no era suficiente para suplir la
demanda. Dicha situación planteaba una problemática para los peticionarios en
especial por el horario de provisión del líquido en las noches que se suspendía
durante nueve (9) horas continuas interfiriendo en su derecho a contar con
cantidades básicas del fluido[97].
Esta dificultad obligaba a adoptar alguna medida para cambiar el déficit
existente que podría consistir incluso en la provisión del servicio en un punto
intermedio durante la noche; o en la reducción relevante del horario de
suspensión; o en el suministro de recipientes suficientes y en condiciones
higiénicas aceptables que los reclusos pudieran llenar, uno con agua para el
consumo y otro para vaciar los baños y realizar las demás tareas de limpieza[98].
En todo caso la solución no podía consistir sólo en la ‘permisión’ para que
compraran botellas de agua en el expendio. Esta medida era insuficiente y
resultaba inconstitucional por ser este un deber a cargo del Estado.
4.3.2.5. Calidad. La garantía prioritaria y reforzada
del derecho al agua que merecen las personas privadas de la libertad como
sujetos especialmente vulnerables también implica un abastecimiento bajo
parámetros de potabilidad. En la sentencia T-322 de 2007[99],
la Sala Segunda de Revisión concluyó que el Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander, desconocía los
derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la dignidad de
los reclusos al no garantizarles el acceso suficiente al agua limpia necesaria
para su aseo personal y desarrollo de otras necesidades primordiales. Los
actores aseguraban además que la distribución de agua no era permanente, ya que
solo la colocaban por espacio de cinco (5) minutos dentro de las celdas (a las
8:00 pm y 6:00 am). También aludían a la presencia de roedores y humedades en
las instalaciones que ponían en entredicho la higiene del penal[100].
Recientemente, la Sala Quinta de Revisión en la sentencia
T-762 de 2015[101]
reiteró la existencia de un estado de cosas contrario a la Constitución
Política de 1991 en el Sistema penitenciario y carcelario del país[102].
En esta providencia, se estudió la dramática situación de hacinamiento y otros
problemas estructurales relacionados con la falta de higiene y salubridad al
interior de dieciséis (16) centros carcelarios. Todas las solicitudes de amparo
se encontraban orientadas a la adecuación general de las condiciones de
reclusión por razón especialmente de la ausencia de baterías sanitarias y
deficiencias en la prestación del servicio de agua potable para los internos[103].
Frente a este último aspecto, se advirtió que las características del agua
potable eran definidas por el Ministerio de la Protección Social a través de la
Resolución No. 2115 del veintidós (22) de junio de dos mil siete (2007)[104]
y a ellas debían ceñirse las autoridades sanitarias municipales, con el fin de
determinar la calidad del líquido suministrado, en la medida en que a pesar de
su disposición, el fluido podía no contar con las características de potabilidad
requeridas, como en efecto había ocurrido en algunos de los casos estudiados. En
este punto precisó que el agua destinada para el consumo humano y para efectos
de la sobrevivencia, no podía ser inferior a cinco (5) litros diarios por
persona, de tal manera que la identificación de un establecimiento carcelario
que ofreciera una cantidad menor del líquido vital ameritaba una intervención
urgente, en el corto plazo, para contener la situación. Por estas razones y
tras constatarse un déficit en la materia, se le ordenó al INPEC, a la USPEC[105]
y al Ministerio de Justicia y del Derecho emprender las acciones necesarias
para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en
relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación
adecuada de aguas negras)[106].
4.3.3. En suma, como lo ejemplifican los casos citados, el
derecho a acceder a la cantidad de agua que se requiere para vivir en dignidad
adquiere especial trascendencia tratándose de personas privadas de la libertad.
Este sector marginado y vulnerable de la población no cuenta con una opción
distinta a la administración penitenciaria para alcanzar la plena realización
de este derecho bajo estándares de disponibilidad, calidad y
accesibilidad. Esto justifica que su satisfacción deba ser reforzada y
prioritaria. Su inobservancia constituye un
incumplimiento de la obligación positiva del Estado de procurar a los internos
unas condiciones materiales y mínimas de existencia y se erige en una violación
de sus garantías fundamentales que puede ser reparada mediante la acción de
tutela.
5. Las autoridades demandadas desconocieron los derechos a la vida en condiciones dignas y a la salud de los accionantes, reclusos del Patio Dos del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal al establecer horarios para el
suministro del agua y por no contar dentro del pabellón con los suficientes
elementos hidrosanitarios
5.1.
Los solicitantes, internos del Patio 2 del Centro Penitenciario de Mediana
Seguridad de Yopal, Casanare, acudieron a la acción de tutela tras estimar
vulnerados sus derechos a la vida en condiciones dignas y a la salud por parte
del penal, debido a la existencia de horarios para el suministro del agua que,
en su criterio, no resultan suficientes para suplir sus necesidades básicas de
consumo y aseo. Igualmente, la Defensoría del Pueblo – Regional Casanare, coadyuvó
la demanda de tutela para indicar que la infraestructura sanitaria es
insuficiente para los doscientos cincuenta y un (251) reclusos que se
encuentran detenidos en ese pabellón.
5.2. Respecto de los elementos probatorios, se tiene:
5.2.1.
En primer lugar, el oficio de quince (15) de febrero de dos mil dieciséis
(2016) proferido por la Directora del centro de reclusión en la que reitera que
los horarios de suministro de agua en el Patio 2 del penal son “entre las
5:00 a las 7:00 horas, 10:30 horas a las 11:30 horas, de las 15:30 horas a las
16:30 horas y de las 19:00 horas a las 20:00 horas dependiendo de los niveles
en que se encuentren en los tanques de reserva; como medida de contingencia se les ha permitido en la celda el ingreso
de un recipiente con agua”[107]. Además, la Dirección
considera, de acuerdo con la comunicación, que “durante los horarios
establecidos es suficiente para que suplan las necesidades que se presenten
(sic) diariamente (…)”[108]
y los invita a que hagan un uso racional del líquido.
5.2.2.
Igualmente, se encuentran las diligencias efectuadas dentro del centro
correccional el cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016) por parte de
funcionarios del Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de Yopal. En estas se
realizó (i) entrevistas al jefe de mantenimiento y a algunos reclusos y, (ii)
la inspección ocular al pabellón donde se encuentran los solicitantes.
5.2.2.1.
En cuanto a las declaraciones efectuadas en dicha diligencia:
- El
jefe de infraestructura y mantenimiento afirmó que el establecimiento
correccional “no depende del acueducto rural o urbano, porque tiene una
concesión de captación de agua”.  Así, este cuenta con 2 pozos de los
cuales se extrae el agua, su propia planta de tratamiento, y  2 tanques con
capacidad de seiscientos metros cúbicos (600 m3) [109] en los que se
almacena el líquido tratado y desde los cuales se hace la distribución para
todo el centro carcelario. Precisó que “el sistema de aforo y tratamiento de
este establecimiento es para 1800 personas, incluidos internos, guardias y
población flotante, en condiciones normales”. Comentó que “el
establecimiento en cuanto a infraestructura, las redes hidráulicas, sanitarias
ya casi un 95% [está] en muy buenas condiciones de funcionamiento”.
Retomando
la distribución de agua, el jefe de mantenimiento indicó que “el equipo
[tanque de almacenamiento] que tiene mayor capacidad para todas las áreas
internas y el de menor para las áreas semiexternas y externas”. Destacó que
“[l]a distribución de la parte interna del agua está distribuida por
horarios (…) que se establecieron con los mismos internos. Cada patio tiene un
representante [de derechos humanos] y en el momento de llegar a los acuerdos,
se citan a los de derechos humanos que son los que se encargan de dar
información a los internos (…) estos horarios han sido muchas veces modificados
para darle beneficio a los internos porque a veces tienen problemas con un
equipo de bombeo … cuando hay un problema de captación, hay que hacer un
recorte al suministro… el suministro se da por áreas de pabellones: aquí hay un
pabellón de sindicados que es el patio 1 y 2 y el de condenados que es el 3 y
4, que es el que más población albergan. A esos pabellones se les dan unos
horarios”.
Señaló que los racionamientos de agua se
realizan en el penal “desde siempre (…) yo recibí el cargo desde agosto de
2010, desde el momento en que llegué siempre se ha hecho precisamente por eso
[por el desperdicio]”.
En cuanto al desperdicio, subrayó que en los
patios principales han tenido ese problema al interior de las celdas: “al
ser la distribución del agua por push, le ponen un objeto y hacen que el agua
corra desperdiciándola, es más de la que aprovechan al interior del patio (…)”.
En ese sentido, señaló que para evitar dicha pérdida se realizó una “obra
hidráulica alterna”, en la que se “independizó el suministro de agua de
las celdas y de las zonas comunes, así las celdas no tienen agua en el día
porque los internos no permanecen en ellas pues ellos vuelven de las 4:00 a las
4.30 pm”
- También se entrevistó a Robin Zapata, uno de
los accionantes, quien ratificó que, junto con los funcionarios del penal
fijaron un horario pero que había sido “impuesto otro distinto”, sin que
los hubieren notificado. Frente al desperdicio de agua que alega el penal,
comentó que hacen buen uso porque es “una cuestión muy prioritaria”,
pues “nos ponen el agua en las celdas por 20 minutos y lo que alcanzamos a
recoger en los tarritos y en los patios nos la ponen por una hora y en ese
entonces éramos 253 internos (…) así que para satisfacer nuestras necesidades
básicas, no alcanza”. En cuanto a la pregunta acerca de la realización de
campañas por parte del INPEC sobre el uso racional el agua, señaló que “directamente
no, pero de pronto con avisos”.
- Además, se recibió declaración de Adonay
Pérez Betancourt, representante de derechos humanos del Patio 2 del penal,
quien indicó que “hay diferentes horarios en toda la cárcel, patios, zona
del INPEC y rancho, de lo contrario, el pozo se seca, por lo que si se pide
todos al mismo tiempo, sufrirían más porque el pozo se demora entre 24 y 36
horas en llenarse”. Asimismo, señaló que cada celda tienen entre seis (6) y
siete (7) personas en las que “ponen el agua de 6:00 a 6.30 pm (…) En la
celda hay una llave y ahí es donde se llenan los galones y para los desechos
fecales tienen baldes”. Respecto de las duchas, manifestó que “hay 6
llaves, una se deja llenando y en las otras 5 se bañan”.
5.2.2.2. En cuanto a la inspección ocular, se
realizó en una de las celdas[110]
y en el patio principal del Pabellón 2.
- En la celda, la inspección comenzó a las
once y veinte de la mañana (11:20 am). Uno de los funcionarios del penal relató
que las celdas tenían “cuatro (4) por cinco (5) [metros]” y
fueron diseñadas originalmente para cuatro (4) personas. No obstante, comentó
que debido al hacinamiento de la cárcel, cada una de las celdas contaba con
seis (6) a ocho (8) reclusos. La célula tiene una ventana de gran dimensión en
la parte superior destinada a la ventilación, un (1) camarote, una (1) hamaca,
y 2 colchonetas[111].
Además, cuenta con un espacio destinado al baño que en lugar de puerta tiene
una cortina, un (1) lavabo y una (1) batería sanitaria, sin puerta pero con
cortina. Se destaca que hay dos ventanas que dan hacia el espacio destinado al
dormitorio a través de las cuales se puede observar sin dificultad el interior
del baño. El lavabo tiene sistema de “push”  el cual tenía una “trampa”,
un artefacto que permite que el líquido corra de manera continua. Asimismo,
había tres (3) recipientes para la recolección de agua. En el momento de la
inspección, en la celda, no había suministro del líquido.
- En el patio principal del Pabellón 2, la
diligencia empezó a las once y veintiséis de la mañana (11:26 am). Dirigiéndose
los funcionarios del despacho hacia la zona destinada al aseo corporal y baños,
se percataron que era una zona abierta que contaba con 2 retretes y 2 lavabos
con 2 llaves. En la parte principal de esta zona, se encontraron (7) duchas. El
jefe de mantenimiento del establecimiento, quien acompañó la inspección, indicó
que en el segundo piso habían 2 sanitarios y cuatro (4) duchas. Precisó que el
patio había sido concebido para ciento ochenta (180) reclusos para los cuales
se destinó 2 unidades sanitarias y que, al exceder dicha capacidad, se solicitó
la instalación de 2 sanitarios más.  Lo mismo ocurrió con las duchas, por lo
que instalaron cuatro (4) duchas más. Se advirtió que: (i) uno de los retretes
ubicados en el primer piso se encontraba con excrementos; (ii) habían seis (6)
canecas, nueve (9) baldes, todos sin agua; (iii) no había suministro de agua;
(iv) el sistema instalado en las duchas había cambiado de “push” a “mariposa”
y (v) se encontraron avisos alusivos al cuidado del agua.
5.2.3. Teniendo en cuenta el argumento de los
accionantes acerca de las altas temperaturas que se presentan en Yopal, el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM en su
informe sobre de “Características climatológicas de ciudades principales y
municipios turísticos” [112], describe su clima como “cálido-húmedo”:
“El promedio de lluvia total
anual es de 2270 mm. Durante el año, presenta una temporada seca y una
temporada de lluvias. La temporada seca se extiende de diciembre a marzo. En
estos meses llueve entre 0 y 5 día al mes. De abril a octubre se presenta la
temporada de mayores lluvias; la frecuencia de días lluviosos en estos meses es
de 15 a 18. El mes de noviembre pueden considerarse de transición y en promedio
registra alrededor de 6 días con lluvia por mes. La temperatura promedio es de
26.9º C. Al medio día la temperatura máxima media oscila entre 31 y 35º C. En
la madrugada la temperatura mínima está entre 21 y 23º C. El sol brilla cerca
de 4 horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos de principios
de año, la insolación oscila entre 6 y 7 horas/día. La humedad relativa del
aire oscila durante el año entre 60 y 85 %, siendo mayor en los meses de junio
y julio y menor en el primer trimestre del año.”
5.2.4.
Así, como se explicará a continuación, esta Sala estima que los horarios
fijados por el establecimiento penitenciario para el suministro de agua no son
suficientes para el consumo y aseo corporal de los internos del pabellón
referido y que no se cumple con la faceta de accesibilidad física del derecho
al agua pues los elementos hidrosanitarios no cubren las necesidades de los
internos, sobre todo al constatarse hacinamiento en el Patio 2.
5.3. Suministro de agua insuficiente – no disponibilidad
5.3.1. Conforme con las pruebas relacionadas
en precedencia se puede establecer, que los reclusos permanecen en las celdas
desde las cuatro y media de la tarde (4:30 pm) hasta las a las seis (6:00) de
la mañana del día siguiente, trece (13) horas y media. En estos lugares permanecen
entre (6) a (8) personas privadas de la libertad y cuentan con (1) lavabo y un
(1) sanitario. El suministro del agua dentro de estos lugares se da en 2
tiempos: (i) al despertar, respecto de lo cual existen divergencias acerca de
la duración del abastecimiento, pues de acuerdo con lo indicado por los
internos sólo es de veinte (20) minutos[113],
mientras que de acuerdo con lo indicado por los funcionarios del penal es hasta
de una (1) hora[114]
y; (ii) al atardecer, cuando entran a sus celdas, existiendo igualmente diferencias
respecto del tiempo de abastecimiento, pues conforme con los reclusos es de
otros veinte (20) minutos[115]
mientras que las directivas sostienen que es de una (1) hora[116].
No obstante, pese a la falta de certeza
respecto de la duración real del suministro de agua al interior de las células,
esta Sala considera que este es deficiente frente al número de horas que permanecen
en estos lugares, sobre todo en las condiciones actuales de hacinamiento en las
que se encuentran. Este tiempo no se compadece respecto de las necesidades
básicas, no solo de consumo sino de aseo de sus cuerpos y de sus celdas, pues
pasan encerrados la mayor parte del tiempo en estos sitios con un acceso
limitado al líquido vital. Y la situación se torna aún más dramática si se
tiene en cuenta el clima cálido de la ciudad en donde se encuentra ubicado el
penal.
Así, la falta de hidratación adecuada, la
imposibilidad de aseo corporal, los olores nauseabundos producto de la
descomposición de desechos humanos estancados en los retretes y la posibilidad
nula de aseo de las celdas de pequeñas dimensiones, sobrepoblada y expuesta a
altas temperaturas, aumenta los riesgos enfermedades en los reclusos, los
enfrenta a problemas de salubridad y afecta su convivencia.
5.3.2. Situación similar acontece en el patio
pues, aunque permanecen menos tiempo y, en principio, tienen mayor acceso al líquido
vital, las necesidades básicas no alcanzan a suplirse: en esta zona exterior
duran diez (10) horas y media[117]
y, respecto de los horarios de provisión de agua no existe mayor divergencia,
ya que tanto los solicitantes como las autoridades accionadas aseveran que se
da en tres momentos para un total de tres (3) horas[118].
Así, una primera conclusión a la que llega
esta Sala es que la provisión de agua ni siquiera alcanza a ser la tercera
parte del tiempo que permanecen en el patio. Se resalta que el día de la
inspección judicial se confirmó lo indicado por los solicitantes sobre el
cambio de los horarios por parte del penal sin previo aviso pues se constató
que en el patio no había suministro de agua pese a que se encontraban en una de
las horas de provisión del fluido. Efectivamente, los funcionarios judiciales
arribaron al patio del Pabellón Número 2 a las once y veintiséis de la mañana
(11:26 am) dentro del horario de provisión de agua, sin que se verificara dicho
suministro. Incluso se denota que tal abastecimiento no se había dado al menos
en la hora anterior, toda vez que las canecas y baldes del patio estaban secos
y los sanitarios, llenos de desechos humanos.
De otra parte, debe subrayarse que este patio
alberga doscientos cincuenta y un (251) reclusos, quienes deben ducharse en
poco tiempo -un (1) minuto y medio por persona aproximadamente- en seis (6) de
las siete (7) duchas disponibles[119],
sin que muchas veces alcancen a quitar el jabón de su cuerpo.
5.3.3.  En concordancia con lo anterior, las
condiciones a las que se enfrentan diariamente los internos del Pabellón del
centro penitenciario de Yopal, tanto en las celdas como en el patio, no están
acordes con la dignidad humana, pues resulta evidente que la relación entre el
tiempo al que tienen acceso los reclusos al líquido vital y el número de
personas que hay en el patio, no tienen acceso al mínimo establecido por esta
Corporación.  En este punto, vale recordar lo expuesto por esta Corporación en la
sentencia T-175 de 2012[120]:
“Como se dijo atrás, Las Reglas Mínimas de Tratamiento de los
Reclusos de las Naciones Unidas les reconocen a las personas privadas
de su libertad el derecho a disfrutar de instalaciones carcelarias higiénicas,
y esto comprende celdas, patios y sanitarios. El hecho de que los baños del
patio estén sucios no sólo dificulta que los mismos sean utilizados en
condiciones dignas por todos los reclusos, sino que también afecta la estadía
misma de aquellos en el patio pues los somete a percibir permanentemente olores
pestilentes. Y si se tiene en cuenta que es allí donde pasan la mayor parte del
tiempo, la afectación es aún mayor.”
Los
accionantes, sujetos de especial protección, tienen derecho, aunque se
encuentran recluidos, bien porque estén purgando una pena privativa de la
libertad por la comisión de un delito, o bien en virtud de una medida
preventiva, a que les garanticen las condiciones mínimas de una vida en
dignidad.
Y es que en ninguno de los ambientes en los
que deben permanecer los reclusos - celda o patio -, atendiendo el tiempo de
suministro de agua y el número de personas privadas de la libertad, se proporciona
la cantidad de agua que esta Corporación ha indicado como mínima[121]. En decisiones
recientes, la Corte ha establecido que “mientras
no se superen las condiciones que dan lugar a la falta de saneamiento y a la
infraestructura sanitaria, la cantidad de agua exigible por recluso será de 15
litros de agua por día para cada uno de ellos. Una vez sean superados los
problemas en estas materias en cada uno de los establecimientos penitenciarios,
conforme las directrices que acá se trazan, podrán suministrar éstos 25 litros
de agua por persona”[122].
No puede ser atendible el argumento relativo a
que los pozos de donde se extrae el agua no alcanzan a abastecer el complejo
penitenciario ya que las personas privadas de la libertad, no deben sufrir las
consecuencias de la carencia de elementos para el suficiente aprovisionamiento
del líquido vital. En ese sentido, las autoridades penitenciarias (no solo el
penal sino aquella encargada de velar por el buen funcionamiento de las
instalaciones carcelarias) debieron prever mecanismos para que los internos
pudieran acceder de manera suficiente al agua o, al menos al mínimo diario de
agua. Además, aunque la fijación de los horarios, tal como lo manifestó el jefe
de mantenimiento, se efectuó de manera consensuada con los representantes de
derechos humanos de cada uno de los pabellones, no debe perderse de vista que
el suministro de agua en cantidades suficientes hace parte de las condiciones
mínimas de existencia.
Ahora, en cuanto a que la medida de suministro
restringido del fluido se debía al desperdicio por parte de los reclusos, debe
observarse que, aun cuando se identificaron artefactos dispuestos en los
lavabos con sistema de “push”, la medida de no proporcionar por periodos
cortos de tiempo el agua no es ajustada si se contrasta con los efectos
negativos que genera el hecho de no tener acceso a las cantidades básicas de
ella: olores nauseabundos, exposición a enfermedades debido a los olores, a la
falta de hidratación apropiada así como a problemas cutáneos. Si bien los
reclusos deben ser conscientes de la escasez del líquido vital, deben hacerse
precisamente campañas al interior del penal las que creen un sentido de buen
uso del líquido y no hacer uso de mecanismos restrictivos de derechos
fundamentales.
Debe recordarse que al respecto en la
sentencia T-077 de 2013[123],
la Corporación sostuvo:
“Concretamente, sobre el problema
de suministro de agua la Sala consideró que la protección del derecho
fundamental al agua debe ser en este caso prioritaria en tanto
que el accionante requiere de su suministro con fines domésticos y
personales; y además debe ser reforzada siendo que las
personas privadas de la libertad como el actor tradicionalmente han tenido
dificultades para ejercer este derecho pues (i) se encuentran frecuentemente
sujetas a condiciones de insalubridad y hacinamiento como se demostró con la
declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en los centros de reclusión
del país y, además, dado que (ii)  no cuentan con una opción distinta
a la administración para procurarse un suministro suficiente de agua como
consecuencia de su relación de sujeción con el Estado.”
5.3.4. En conclusión, se puede decir que,
atendiendo la relación especial de sujeción de los accionantes, personas privadas
de la libertad, no se cumple con la disponibilidad mínima de agua potable para
que estos puedan adelantar las labores de aseo personal y comunitario básicas
que les permitan vivir en condiciones de higiene, descargar los retretes, lavar
baños, patios, celdas y pasillos, lavar su ropa, entre otros.
Esta situación empeora, como se verá a continuación, con la falta de baterías
sanitarias y duchas para los reclusos del patio 2 del Establecimiento
Penitenciario de Yopal.
5.4. Elementos hidrosanitarios,
igualmente, insuficientes – no accesibilidad física.
5.4.1. En la inspección judicial llevada a cabo
por el Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de Yopal se advirtió que las
duchas, lavabos y baterías sanitarias son insuficientes para los 251 internos que
se encuentran en el Pabellón 2 del centro correccional de Yopal.
Tal como lo relató el jefe de mantenimiento
del centro de detención, dicho patio había sido diseñado para albergar 180
presos, por lo cual se habían dispuesto en la zona exterior de este pabellón 7
duchas, 2 excusados y 2 lavabos con 2 llaves. Teniendo en cuenta que la
población aumentó a 251, comentó que hizo un “requerimiento prioritario”
a la USPEC de unidades sanitarias y duchas. Por ello, fueron instaladas 2
baterías sanitarias y 4 regaderas en el segundo piso del Patio, sin que estén
aún en funcionamiento.
5.4.2.
Entonces, puede deducirse que, aunque en el Patio se encontrara el número de
presos para la cual estaba originalmente concebido - ciento ochenta (180)- bajo
las condiciones de racionamiento de agua adoptadas por el penal, no pueden
suplir sus necesidades más elementales. Tal situación se torna aún más
dramática si se tiene en cuenta que la población que actualmente permanece en
este lugar ha sido aumentada en aproximadamente un cuarenta por ciento (40%),
pues de 180 personas que es la capacidad del pabellón en condiciones normales,
pasó en el último año a 251 reclusos, como ya se mencionó. Ello significa que,
por ejemplo, de las 7 regaderas dispuestas para su baño diario, de las cuales
solo utilizan 6, ya que una de ellas está destinada a la recolección de agua,
los reclusos cuentan con un minuto y medio para asearse, pues tan solo tienen
solo 1 hora para ducharse[124].
Y es
que ello se refuerza con lo indicado por los accionantes en la demanda, cuando
afirman que una vez salen de sus
celdas a 6:00 am “nos colocan el agua en el patio (…) este tiempo que
determina la dirección no alcanzamos a bañarnos dignamente ya que el personal
de internos que vivimos en dicho patio, se compone de 251 reclusos. Las filas
que se forman para bañarnos son inmensas, nos mojamos, y si nos enjabonamos
muchas veces no alcanzamos a juagarnos, porque nos cortan el servicio de agua”[125].
Otro tanto ocurre
con los sanitarios, como bien se explicó en el libelo tutelar: “eso sin
contar con las filas en los sanitarios, [ya] que contamos solamente con dos
sanitarios para satisfacer nuestras necesidades”[126].
5.4.3.
De lo anterior, salta a la vista que el Patio 2 carece igualmente de elementos
hidrosanitarios pues solo se encuentran en funcionamiento algunas duchas y
sanitarios y estas no dan abasto para los doscientos cincuenta y un (251)
reclusos, sus necesidades fisiológicas y sus labores mínimas de aseo corporal,
ni siquiera si estuvieran en funcionamiento aquellos sanitarios y duchas fuera
de servicio. Tal problema aumenta sensiblemente si se tiene en cuenta que el
suministro de agua solo ocurre diariamente en cortos periodos de tiempo.
Tal
como lo indicó la jurisprudencia de esta Corporación[127]:
“(…) atendiendo al
elemento de la accesibilidad física, el Complejo tenía la
obligación de proporcionar a todos los reclusos unas instalaciones de
agua y una infraestructura de suministro de calidad, siendo los daños
en los tanques de almacenamiento y en la mayoría de las duchas e inodoros un
agravante de la situación de insuficiencia de suministro de agua que altera
gravemente la higiene al interior del establecimiento. Así mismo, conforme a
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 12 y 13, debió
procurarse por el penal la garantía de unas instalaciones sanitarias
adecuadas que le permitieran al recluso satisfacer sus necesidades naturales de
forma oportuna y decente.”
5.4.4.
En concordancia con lo sostenido en precedencia, el Patio 2 del Centro
Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal no se encuentra dotado de
suficientes sanitarios y duchas para la población carcelaria que alberga.
Por
lo demás, en cuanto a lo señalado por la USPEC acerca de la carencia de
presupuesto para atender las necesidades de los reclusos, debe indicarse, tal
como ha sido indicado por esta Corporación, resultan inadmisibles razones de
orden presupuestal en detrimento de los derechos de los reclusos quienes, se
reitera, se encuentran en una relación especial de sujeción.
5.5.
Claro lo anterior, se procederá a fijar las órdenes a cargo de las entidades
accionadas.
6. Órdenes de la sentencia
6.1. Esta Corte ha indicado en anteriores oportunidades que
un gran número de las cárceles del país se encuentran en un estado de deterioro
lamentable que se debe principalmente a su construcción apresurada para
solucionar los problemas de hacinamiento a nivel nacional y a la falta de
mantenimiento preventivo de sus instalaciones por parte de las autoridades
carcelarias[128],
particularmente de la USPEC, creada para con el objeto velar por el buen
funcionamiento de los recursos físicos e infraestructura de los
establecimientos penitenciarios del país. Por ello, esta Sala de Revisión
estima que, tal como lo manifestó el juez de tutela de primera instancia, los
problemas de infraestructura carcelaria que presenta el Establecimiento
Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal requieren de medidas estructurales que
los solucionen definitivamente por parte de las autoridades competentes.
Si bien es cierto que estas medidas no pueden tomarse de
manera inmediata, también lo es que las 251 personas que permanecen recluidas
en el Patio 2 del Establecimiento Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal no
pueden seguir siendo sometidas a situaciones indignas, que incluso amenazan su
salud.
6.2. Por esta razón, se revocará la sentencia proferida, en
segunda instancia, por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de Yopal
para, en su lugar, confirmar de manera integral la decisión adoptada por el
Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de Yopal.
6.3. Tal como se indicó en esta providencia, existen unos
niveles mínimos esenciales de suministro de agua que deben ser garantizados a
los reclusos que deben determinarse teniendo en cuenta las circunstancias que
condicionan sus necesidades como (i) el adecuado funcionamiento de las
instalaciones sanitarias, (ii) las altas temperaturas y, (iii) las enfermedades
que éstos padezcan, entre otras.
De esta manera, teniendo en cuenta, en primer lugar las
mayores necesidades de agua de estos reclusos,  y en segundo lugar, lo indicado
en líneas precedentes acerca de la cantidad de agua mínima que una persona
privada de la libertad requiere para satisfacer sus necesidades básicas, (i) se
ordenará al Instituto Penitenciario Carcelario -INPEC, a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC y al
Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal que se
implemente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia de forma conjunta las medidas necesarias para
la garantía de suministro continuo y permanente de agua en cantidades que sean
al menos de quince (15) litros de agua para cada uno de los reclusos del Patio
2 del Complejo Carcelario. Además, las autoridades también deberán garantizar
un suministro diario razonable de agua potable a cada recluso y les facilitarán
los utensilios necesarios para que puedan almacenar el agua en sus celdas hasta
cinco (5) litros de agua por día; (ii) se ordenará
al Instituto Penitenciario Carcelario – INPEC, a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y al Complejo
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de esta sentencia, adopte todas
las medidas que sean necesarias para garantizar unas condiciones de salubridad
adecuadas, hasta tanto no se ejecute el Plan de Mejoramiento Integral del
Complejo de Yopal; con este fin, podrá hacer uso de diferentes medidas
dependiendo de sus posibilidades logísticas como, por ejemplo, el arrendamiento
de baños portátiles, la reparación de humedades al interior de las celdas,
entre otras; (iii) se ordenará al Ministerio de Justicia y
del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, al
Establecimiento Carcelario de Yopal que, en el término de los noventa (90) días
siguientes a la notificación de esta providencia, inicien de forma conjunta el
diseño de un Plan de Mejoramiento Integral del Patio 2 del centro carcelario
accionado dirigido a superar de forma estructural: (a) el problema de
suministro continuo y suficiente de agua; (b) la provisión insuficiente de
servicios hidrosanitarios (inodoros, duchas, lavamanos) y; (c) los demás
problemas que presente el Patio 2 relacionados con la falta de salubridad.
Dentro del término otorgado y para la elaboración del plan, las autoridades
demandadas deberán requerir a la entidad sanitaria pertinente para que emita un
concepto técnico en el que debe precisarse las medidas a tomar para dar
solución definitiva a las fallas de infraestructura del sistema hidrosanitario
y suministro continuo y eficiente del agua así como de los demás problemas
sanitarios que se identifiquen. Vencido el término de los noventa (90) días,
deberá presentar ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, Casanare y
ante la Defensoría del Pueblo (Regional Casanare) y proceder a su ejecución;
(iv) se ordenará a la Defensoría del Pueblo (Regional
Casanare) acerca del seguimiento de las órdenes dadas en la presente sentencia
y, en concreto, que verifiquen el cumplimiento del plan de mejoramiento dentro
del plazo estipulado en el Patio 2; (v) se advertirá al Ministerio de Justicia
y del Derecho para que se realice un seguimiento sobre la manera como se está
realizando el suministro de agua potable en el EPC Yopal; y (vi) se prevendrá
a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal que en el caso de
ser requerida por el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de
Yopal, suministre agua potable en las cantidades requeridas.
7. Conclusiones
7.1. Frente a la administración, el preso se encuentra en
una relación especial de sujeción que corresponde a una política pública diseñada,
implementada y dirigida por el Estado, pero con derechos y deberes en cabeza de
ambas partes. Los presos no tienen derechos de menor categoría; tienen derechos
restringidos o limitados, pero cuando la pena impuesta no se encuentra en
contradicción con el ejercicio pleno de sus derechos, estos deben ser tan
protegidos y respetados como el de cualquier otra persona[129].
7.2. Tratándose de la vida, la salud, la integridad física y
la dignidad humana no opera limitación alguna pues son derechos inalienables e
inherentes a la persona cuya protección compete siempre y en todo momento a las
autoridades penitenciarias. En situaciones específicas, este deber pleno se
concreta en el cumplimiento de unos niveles mínimos esenciales que
comprenden un suministro de agua potable en condiciones de disponibilidad,
calidad y accesibilidad encaminados a cubrir las necesidades de
consumo y contribuir a preservar la salud y la salubridad pública dentro de
instituciones constitucionalmente protegidas, como lo son las cárceles.
7.3.
Las personas privadas de la libertad son sujetos especialmente vulnerables que
merecen una garantía prioritaria y reforzada de su derecho al agua: (i) prioritaria,
por cuanto requieren el líquido con fines de
salubridad debido a sus condiciones de hacinamiento que impone que deban evitarse
las enfermedades en los establecimientos carcelarios, y (ii) reforzada,
en razón a que pertenecen a un grupo poblacional que tradicionalmente ha tenido
dificultades para ejercer este derecho por el estado de cosas inconstitucional
que se vive en las prisiones del país, y por su especial relación de sujeción
con el Estado[130].
7.4. Las autoridades penitenciarias vulneran los derechos
fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana de
una persona privada de la libertad cuando (i) fijan horarios para la provisión
de agua sin que ella sea suficiente para satisfacer las necesidades de consumo
y de aseo diario (disponibilidad) y (ii) no cuentan con los servicios
hidrosanitarios suficientes (accesibilidad física).
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala de Única de Decisión del Tribunal Superior
de Yopal el nueve (9) de junio de dos mil dieciséis (2016) que revocó el fallo
proferido por el Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de Yopal (Casanare)
para negar el amparo. En consecuencia, CONFIRMAR de manera integral el
fallo de primera instancia mencionado, que accedió al amparo de los derechos
fundamentales de los accionantes.
Segundo.- Conforme
con lo dispuesto en el numeral anterior, (i) ORDENAR al Instituto
Penitenciario Carcelario -INPEC, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios -USPEC y al Establecimiento Carcelario y Penitenciario de
Mediana Seguridad de Yopal que se implemente dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia de forma conjunta las
medidas necesarias para la garantía de suministro continuo y permanente de agua
en cantidades que sean al menos de quince (15) litros de agua para cada uno de
los reclusos del Patio 2 del Complejo Carcelario. Además, las autoridades
también deberán garantizar un suministro diario razonable de agua potable a
cada recluso y les facilitarán los utensilios necesarios para que puedan
almacenar el agua en sus celdas hasta cinco (5) litros de agua por día.
Tercero.- ORDENAR al Instituto Penitenciario Carcelario – INPEC, a
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y al
Complejo Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Yopal que, dentro
de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta sentencia, adopte
todas las medidas que sean necesarias para garantizar unas condiciones de
salubridad adecuadas, hasta tanto no se ejecute el Plan de Mejoramiento
Integral del Complejo de Yopal; con este fin, podrá hacer uso de diferentes
medidas dependiendo de sus posibilidades logísticas como, por ejemplo, el
arrendamiento de baños portátiles, la reparación de humedades al interior de
las celdas, entre otras.
Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, al Establecimiento Carcelario de
Yopal que, en el término de los noventa (90) días siguientes a la notificación
de esta providencia, inicien de forma conjunta el diseño de un Plan de
Mejoramiento Integral del Patio 2 del centro carcelario accionado dirigido a
superar de forma estructural: (a) el problema de suministro continuo y
suficiente de agua; (b) la provisión insuficiente de servicios hidrosanitarios
(inodoros, duchas, lavamanos) y; (c) los demás problemas que presente el Patio 2
relacionados con la falta de salubridad. Dentro del término otorgado y para la
elaboración del plan, las autoridades demandadas deberán requerir a la entidad
sanitaria pertinente para que emita un concepto técnico en el que debe
precisarse las medidas a tomar para dar solución definitiva a las fallas de
infraestructura del sistema hidrosanitario y suministro continuo y eficiente
del agua así como de los demás problemas sanitarios que se identifiquen.
Vencido el término de los noventa (90) días, deberá presentar ante el Juzgado
Tercero Civil Municipal de Yopal, Casanare y ante la Defensoría del Pueblo
(Regional Casanare) y proceder a su ejecución.
Quinto.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo (Regional Casanare) del seguimiento
de las órdenes dadas en la presente sentencia y, en concreto, que verifiquen el
cumplimiento del plan de mejoramiento dentro del plazo estipulado en el Patio 2.
Sexto.- ADVERTIR al Ministerio de Justicia y del
Derecho para que se realice un seguimiento sobre la manera como se está
realizando el suministro de agua potable en el EPC Yopal.
Séptimo.- PREVENIR a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal que en el caso de ser requerida por el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal, suministre agua potable en las
cantidades requeridas.
Octavo.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de
voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Los accionantes son: Luis Humberto Villa Gómez, Robin Nelson Zapata Martínez,
Óscar David Vélez Pérez, Wilfran Rafael Álvarez Molina, José David Villa
Aguirre, José Gregorio Vega Perilla, Brayan Camilo Mosquera López, José
Filigrana Serrato, Luis Felipe Villada Garzón, William Fernando Herrán, Manuel
de Jesús Marín Castañeda, Yesid Gerardo Sánchez, Carlos Flórez Bravo, Rafael
Andrés Flórez, William Pónguta, José Rubén Esteban Unda, Rodrigo Domínguez
Ortiz, Manuel Roberto Rojas Medina, Guillermo Torres García, Héctor Orozco,
Eder José Cedeño Pérez, Camilo Andrés Murcia Penilla, Mauricio Rodríguez
Moreno, Duimel Vanegas Acuña, Óscar Alfonso Mier González, Rafael Arturo Acosta
Oñate y Leonardo Eduardo Lugo.
[2]
Los accionantes son: Robin Nelson Zapata Martínez,  Luis Humberto Villa Gómez,
Óscar David Vélez Pérez, Wilfran Rafael Álvarez Molina, José David Villa
Aguirre, José Gregorio Vega Perilla, Brayan Camilo Mosquera López, José
Filigrana Serrato, Luis Felipe Villada Garzón, William Fernando Herrán, Manuel
de Jesús Marín Castañeda, Yesid Gerardo Sánchez, Carlos Flórez Bravo, Rafael
Andrés Flórez, William Pónguta, José Rubén Esteban Unda, Rodrigo Domínguez
Ortiz, Manuel Roberto Rojas Medina, Guillermo Torres García, Héctor Orozco,
Eder José Cedeño Pérez, Camilo Andrés Murcia Penilla, Mauricio Rodríguez
Moreno, Duimel Vanegas Acuña, Óscar Alfonso Mier González, Rafael Arturo Acosta
Oñate y Leonardo Eduardo Lugo.
[3]
Este establecimiento, de acuerdo con lo indicado por el jefe de mantenimiento e
infraestructura del penal para todo el establecimiento cuenta con cuatro
pabellones, y un total de mil seiscientos (1600) personas entre funcionarios y
reclusos.
[4]
De acuerdo con lo indicado por el Director del establecimiento de reclusión, el
Patio 2 fue diseñado para ciento ochenta (180) detenidos.
[5]
Folio 3. En adelante, siempre que se haga mención a un folio del
expediente se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se
diga expresamente otra cosa.
[6]
Folio 10.
[7]
Folio 2. En efecto, expusieron que “tener los sanitarios
sucios (…) [contribuye] al desaseo y mal olor que producen los excrementos
estancados en los baños de las celdas (…) agrava la situación y convivencia en
las celdas”.
[8]
Folio 2.
[9]
Folio 2.
[10]
Dicha información fue obtenida de la entrevista realizada al Jefe de
infraestructura y mantenimiento de centro penitenciario en la inspección
efectuada por el juez de tutela de primera instancia el cinco (5) de mayo de
dos mil dieciséis (2016) -CD adjunto al expediente-.
[11]
Folio 7.
[12]
Folio 38.
[13]
Folios 13 y 14.
[14]
Por medio de esta providencia se vinculó al Instituto Penitenciario y
Carcelario – INPEC y a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos
Humanos.
[15]
A través de este proveído se vinculó, igualmente, al Ministerio de Justicia.
[16]
En este auto se vinculó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios –
USPEC y a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
[17]
Folio 48.
[18]
Folios 41 a 43.
[19]
Folios 62 a 65.
[20]
Artículo 1º del Decreto 2897 de 2011.
[21]
Aclaró que, “se escindieron esas funciones del INPEC para dar vida a una
nueva entidad: la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios – USPEC”
por medio del Decreto 4150 de 2011.
[22]
Folios 79 a 100.
[23]
Folios 110 a 115.
[24]
Folios 4 a 7 cuaderno de segunda instancia.
[25] Constitución Política, artículo 86. “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[26]
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[27]
Según lo ha explicado la Corte, el efecto inter comunis se adopta con el
fin de proteger los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por
la misma situación de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad. A este
respecto, esta Corporación ha sostenido que existen circunstancias en las
cuales la protección de los derechos fundamentales de los accionantes debe
hacerse extensiva a otras personas o ciudadanos que no han acudido a la acción
de tutela, o que habiendo acudido no son demandantes dentro de los casos bajo
estudio, pero que sin embargo, se encuentran en situaciones de hecho o de
derecho similares o análogas a las de los actores. En estos casos, ha
establecido que la acción de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial
subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
solamente de los accionantes, y que la naturaleza y razón de ser de la acción
de amparo debe suponer también la fuerza vinculante suficiente para proteger
garantías superiores de quienes no han acudido directamente a este medio
judicial. La aplicación de esta figura, que constituye una excepción al mandato
consagrado en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 que señala que las
sentencias de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto, se encuentra
supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que la protección
de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar
contra los derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no
acudieron a la acción de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones
objetivas similares; y (iii) que con la adopción de este tipo de fallo se
cumplan fines constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los
derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva. La
sentencia SU-1023 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño; AV Jaime Araujo Rentería),
trata por primera vez dicho efecto al estudiar el caso de unos pensionados que
interpusieron tutela en contra de la compañía de inversiones de la Flota
Mercante, entidad que no había pagado sus mesadas pensionales desde mil
novecientos noventa y nueve (1999). En ese caso, la Sala Plena estimó que:
“Existen circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se
limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se
presenta cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios
atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no
puede contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de
vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante
suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han
acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se
encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y
cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera
directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no
tutelantes. (…)”. Además, pueden consultarse, entre muchas otras, las
sentencias: T-203 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-200 de 2006 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-451 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-088
de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-938 de 2011 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), T-987 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-239 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa), SU-254 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV
Mauricio González Cuervo), T-370 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-465
de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-649 de 2013 (MP Mauricio González
Cuervo), T-689 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[28]
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de
la Constitución Política”.
[29]
Sobre el principio de inmediatez, en general, se pueden consultar las
sentencias T-1110 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-429 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-998 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), SU-158 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa) y T-521 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo),
entre muchas otras.
[30]
Si bien el término para interponer la acción de tutela no puede establecerse de
antemano, el juez está en la obligación de verificar cuándo no se ha
interpuesto de manera razonable para evitar que se convierta en un factor de
inseguridad que lesione los derechos fundamentales de terceros o que
desnaturalice la acción.
[31]
Folio 9.
[32]
En estos casos, el juez de tutela debe ser sensible a las
condiciones especiales de vulnerabilidad, exclusión, marginalidad y
precariedad en las que se encuentran aquellas personas
privadas de la libertad. Se trata de una población
especialmente protegida que enfrenta una situación dramática y de continua
vulneración de sus derechos fundamentales cuya protección es urgente para la
satisfacción de sus necesidades más apremiantes.
[33]
Al respecto la sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) señaló:
“No puede predicarse idoneidad y eficacia de un recurso sin hacerse un análisis
concreto. Ello implica que el juez constitucional despliegue una carga
argumentativa a fin de determinar la procedencia de la tutela. No es dable en
un Estado Social de Derecho que un juez constitucional niegue por improcedente
un amparo constitucional sin si quiera analizar, paso a paso, el requisito de
subsidiariedad”. En aquella oportunidad, la Sala Novena de Revisión estimó
procedente una acción de tutela presentada por tres (3) ciudadanos contra
compañías de seguros por cuanto, a pesar de existir un medio judicial de
defensa para controvertir los asuntos contractuales en conflicto, este no era
eficaz por la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los accionantes
quienes se encontraban en condición de discapacidad y carecían de recursos
económicos. La jurisprudencia constitucional ha señalado que hay especiales
condiciones que deben ser analizadas en cada caso concreto para determinar la
procedencia de la acción, por ejemplo, que la persona interesada sea sujeto de
especial protección constitucional, como sucede con las personas de la tercera
edad o con quienes por sus condiciones de vulnerabilidad económica, de salud o
familiares, no les sea exigible acudir a otra vía judicial para solicitar la
protección de su derecho, habida cuenta del tratamiento preferencial que su
condición exige, con lo cual el análisis de procedibilidad se flexibiliza
haciéndose menos exigente.
[34]
En ciertos casos, además, este puede ser un argumento para proveer una solución
principal y definitiva. En ese sentido, la sentencia T-396 de 2009 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto) indicó: “[L]a acción de tutela procederá como mecanismo
principal y definitivo en el evento en que el medio judicial previsto para este
tipo de controversias no resulte idóneo y/o eficaz en el caso concreto”. Esta
posición ha sido reiterada por las sentencias T-820 de 2009 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-354 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-140 de
2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-491 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez), T-327 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa), T-471 de 2014 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras.
[35]
MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo. En esta
oportunidad, la Sala Primera de Revisión adoptó una serie de órdenes
encaminadas a superar el estado de cosas inconstitucional del Sistema
penitenciario y carcelario del país. Allí, se advirtió la presencia de diversos
factores determinantes de esta situación destacándose en concreto los
siguientes: “(i) Los derechos constitucionales de las
personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada;
(ii) las obligaciones de respeto, protección y garantía, derivadas de
tales derechos, han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema ha
institucionalizado prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su funcionamiento
cotidiano; (iv) hay una ausencia notoria de medidas legislativas,
administrativas y presupuestales que se requieren con urgencia; (v) la solución
de los problemas estructurales compromete la intervención de varias entidades,
que deben realizar acciones complejas y coordinadas; y, finalmente, (vi) si
todas las personas privadas de la libertad que se ven enfrentadas al mismo
estado de cosas presentaran acciones de tutela (u otros mecanismos de defensa
de sus derechos), tal como lo hicieron los accionantes de las tutelas
acumuladas en esta oportunidad, el sistema judicial se congestionaría aún más
de lo que está ocurriendo”.
[36] MP Ciro Angarita Barón. Allí se analizó la situación
de varios ciudadanos privados de la libertad en la penitenciaría de “Peñas
Blancas” de Calarcá, Quindío, a quienes por diferentes circunstancias se les
había vulnerado por parte de las autoridades carcelarias su derecho fundamental
a la dignidad humana debido a las precarias condiciones de higiene y sanidad al
interior del centro de reclusión. De manera concreta, se aludía a la existencia
de tratos degradantes como consecuencia de la inadecuada evacuación de excretas
en recintos cerrados de la penitenciaría. Los reclusos se quejaban también de
las insoportables condiciones ambientales producidas por la ubicación de
letrinas deterioradas, sin agua suficiente para la limpieza y contiguas a los
sitios destinados para dormir. La Sala Primera de Revisión concedió el amparo
de los derechos fundamentales de los peticionarios en tanto la situación en la
que vivían era algo intolerable, degradante e inhumana. Precisó que existía una
palmaria negligencia o, en el mejor de los casos, una falta de diligencia
considerable, que no tenía atenuante alguno en el hecho de estar referida a
personas que habían cometido delitos contra la sociedad. Por ello, le ordenó al
Ministerio de Justicia (Dirección General de Prisiones) que adecuará y reparará
los dormitorios, baños, rejillas y disposición de basuras, de acuerdo con las
recomendaciones establecidas en el informe presentado por el Instituto
Seccional de Salud del Quindío, luego de una visita realizada a la prisión. Así
mismo, dispuso la intervención de los entes de control a efectos del
cumplimiento de la sentencia. La providencia T-153 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), también constituye un precedente hito sobre la categoría de
especial sujeción. En esa sentencia, se estudiaron casos de hacinamiento en 2
instituciones penitenciarias del país (La Modelo de Bogotá y Bellavista de
Medellín). Al visitar las instalaciones, la Sala Tercera de Revisión observó
que la política carcelaria del Estado no estaba garantizando la protección de
los derechos fundamentales de los reclusos, ni las condiciones mínimas de
existencia digna y en consecuencia declaró un estado de cosas inconstitucional.
La doctrina constitucional sobre relaciones de especial sujeción en el caso de
las personas privadas legalmente de la libertad ha sido reiterada en múltiples
ocasiones, entre ellas, en las sentencias T-1190 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett), T-690 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-274 y T-1275 de
2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-848 de 2005 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-566 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[37] Con relación a los elementos característicos de las
relaciones de sujeción, la Corte se pronunció en la sentencia T-881 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), en la cual recopiló su jurisprudencia al respecto:
“De la jurisprudencia de la Corte Constitucional la Sala identifica seis
elementos característicos qué procederá a relacionar así: las relaciones de
especial sujeción implican (i) la subordinación  de una parte (el recluso), a
la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se concreta en el sometimiento del
interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y
administrativos  especiales y posibilidad de limitar  el ejercicio de derechos,
incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la
potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales
debe estar autorizado  por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad  del
ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos
fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos
de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad
y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización).
(v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales
(relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación,
habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser
especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe
garantizar  de manera especial el principio de eficacia de los derechos
fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas
activas)”. Esta postura ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-490
de 2004 (Eduardo Montealegre Lynett), T-274 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-705 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-311 de  2011 (MP Juan
Carlos Henao Pérez).
[38]
Sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[39]
Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia T-596 de
1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[40]
Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la
funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la
resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones
cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria.
Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal
y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra
de los valores y principios propios del Estado social de derecho. Sobre el
particular, consultar la sentencia T-175 de 2012 (MP María Victoria Calle
Correa), cuyo análisis se efectuará más adelante.
[41]
Constitución Política, artículo 1. “Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. En términos
constitucionales, la dignidad humana es tanto un principio como un derecho
constitucional. Como principio, la dignidad humana “[…] se constituye como un
mandato constitucional, un deber positivo, o un principio de acción, según el
cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la medida de sus
posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las conductas relacionadas
con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las
condiciones, para el desarrollo efectivo de los ámbitos de protección de la
dignidad humana identificados por la Sala: autonomía individual, condiciones
materiales de existencia, e integridad física y moral”. Como derecho
fundamental autónomo, la dignidad humana cuenta con los elementos propios de
todo derecho “un titular claramente identificado (las personas naturales), un
objeto de protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida,
integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción
de tutela). Se consolida entonces como verdadero derecho subjetivo”. Sobre el
particular, ver la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[42]
Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia T-596 de
1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[43]
Constitución Política, artículo 11. “El derecho a la vida es inviolable. No
habrá pena de muerte”.
[44]
Sentencia T-102 de 1993 (MP Carlos Gaviria Díaz). En ese pronunciamiento, la
Sala Cuarta de Revisión analizó una acción de tutela presentada por algunos
pobladores del Municipio de Santo Domingo, Antioquia quienes consideraban que
la construcción de un comando de policía junto a 2 centros educativos amenazaba
sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad física y
a la educación, por lo cual solicitaban ordenar la suspensión de la
construcción, prohibir su ocupación y cambiar la destinación de dicha obra. Con
todo, aunque en los fallos de instancia se ordenó suspender la construcción,
esta corporación revocó esas decisiones, denegó la tutela impetrada y autorizó
proseguir la obra que había sido interrumpida.
[45]
La prohibición del artículo 12 de la Constitución relativa a los tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes es una de las innovaciones más importantes
introducidas por la Constituyente de mil novecientos noventa y uno (1991). Esta
parte del texto fue extraída de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Resolución 39/46 de
la Asamblea General en diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).
Sobre el particular, consultar la sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita
Barón), previamente analizada.
[46]
Juan Fernández Carrasquilla, Derecho penal fundamental, Temis, Bogotá, 1989, p.
88. Esta postura ha sido asumida por la Corte Constitucional en virtud de lo
dispuesto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) señala en su artículo 10.3
que: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad
esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. Por su
parte, la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) dispone textualmente
en su artículo 5.6 que: “Las penas privativas de la libertad tendrán como
finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. En
este mismo sentido, la Observación General No. 21 al artículo 10 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos emitida por el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas señala que: “Ningún sistema penitenciario debe estar orientado
a solamente el castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la
readaptación social del preso”. Con estos argumentos, la Corte ha entendido
que: “El Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la
desocialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización”. Para
mayor información, puede consultarse la sentencia T-077 de 2013 (MP Alexei
Julio Estrada (e)), cuyo análisis se realizará más adelante.
[47]
La protección constitucional antes descrita ha sido objeto de reconocimiento en
el ámbito internacional a través de diversos mecanismos que abogan por la
garantía de los Derechos Humanos así como a nivel del derecho interno. En el
ámbito jurídico internacional de los Derechos Humanos, ha existido la
preocupación por el respeto de unas reglas básicas en relación con el trato de
los detenidos. De acuerdo con la doctrina del Comité de Derechos Humanos y de
la Comisión Interamericana, el contenido de tales reglas mínimas indica, entre
otras cosas, que “deben existir instalaciones sanitarias suficientes para que
cada recluso pueda “satisfacer sus necesidades naturales en momento oportuno,
en forma aseada y decente” ( ). El Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968 también se refiere al trato de los
detenidos en su artículo 10 al señalar que: “Toda persona privada de la
libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”. A su turno la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada en Colombia por medio de la
Ley 74 de 1968, dice lo siguiente en su artículo 5: “1. Toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie puede
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano”. Sobre el particular, consultar la sentencia
T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón) donde expresamente se consagraron estos
planteamientos. Por su parte, el trato de los prisioneros ha sido también
considerado en la legislación colombiana. En efecto, el Código de Procedimiento
Penal (Ley 906 de 2004), en su artículo 1 preceptúa expresamente como principio
rector el respeto por la dignidad humana. Allí consagra que: “Los
intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la
dignidad humana”. También, el artículo 10 señala que: “La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a
los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la
necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los
funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial”. De otro lado,
el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) dispone en su artículo 5
modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014 que: “En los establecimientos
de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se
prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral. Las restricciones
impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un
estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos
legítimos para los que se han impuesto. La carencia de recursos no podrá
justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad”.
[48]
El Comité de Derechos Humanos ha sintetizado el núcleo más básico de los
derechos de los reclusos en los siguientes términos: “Todo recluso debe
disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones
sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes
ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor
nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.
Debe hacerse notar que son estos requisitos mínimos, que en opinión del Comité,
deben cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o presupuestarias
puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones”. Comité de Derechos
Humanos, caso de Mukong contra Camerún, 1994, parr. 9.3. Citado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
En esa ocasión, el proceso de tutela tuvo origen en la demanda presentada por
el Defensor del Pueblo, Seccional Vaupés, en relación con las circunstancias de
detención de la población carcelaria del Departamento especialmente de quienes
se hallaban recluidos en la Cárcel Municipal de Mitú y en el calabozo del
Comando de Policía de la misma ciudad. En ambos casos, se constató que las
autoridades estatales habían incumplido en forma grave sus obligaciones
constitucionales e internacionales en la materia: mientras que las personas
privadas de la libertad en el calabozo del Comando de Policía se veían
expuestas a condiciones deplorables de reclusión que vulneraban la mayor parte
de los derechos constitucionales de los cuales eran titulares, quienes se
encontraban internados en la Cárcel Municipal veían negado, en lo esencial, su
acceso a la resocialización por medio del trabajo y el estudio. Se ordenó en
consecuencia adoptar las medidas necesarias para
lograr la protección efectiva de los derechos fundamentales de los individuos
afectados con la omisión estatal.
[49]
Sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[50]
En la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), la Sala Tercera de
Revisión declaró que el Sistema penitenciario y carcelario estaba en un estado
de cosas inconstitucional, emitiendo una serie de órdenes tendientes a
superarlo. El hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios
públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la
corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de
los reclusos originaron esta declaratoria. Esta situación, que se entendió
superada medianamente en un momento, se volvió a presentar nuevamente, por lo que
la Sala Primera de Revisión en la sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo), declaró una vez más este estado
contrario a la Constitución Política de 1991. Allí, se aclaró que aunque la
situación actual era crítica, se trataba de un escenario diferente al
constatado hace ya más de una década debido al incremento en los problemas
estructurales, la aparición de nuevas amenazas y violaciones no consideradas en
su momento y el hecho de que las políticas y programas planeados inicialmente,
aparentemente válidos y adecuados para el entorno considerado, eran inadecuados
e insuficientes para las actuales demandas. En la sentencia T-762 de 2015 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado) se reiteró esta declaratoria. Las condiciones de
hacinamiento y de indignidad en que se tiene recluida a la mayoría de personas
en el Sistema penitenciario y carcelario colombiano constituyen a la luz de la
jurisprudencia constitucional, un estado de cosas que es contrario al orden
constitucional vigente y que, por tanto, debe ser superado por las autoridades
competentes, ejerciendo las competencias que se tienen para ello en democracia,
dentro de un plazo de tiempo razonable, y de manera transparente y
participativa. En las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, las Salas
Primera y Quinta de Revisión de esta Corporación constataron el grave estado de
hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, en
sus diversos y diferentes grados, según el caso de que se tratará, así como el
grave impacto que esta situación tenía sobre la población carcelaria en
términos de dignidad humana y Derechos Humanos. Allí se advirtió que el
hacinamiento generaba corrupción, extorsión y violencia, con lo cual se
comprometían también los derechos a la vida e integridad personal de los
internos.
[51]
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 85 y Caso
Vélez Loor, supra nota 62, párr. 198. Sobre el particular, puede consultarse la
sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González
Cuervo), previamente analizada. El artículo 4 de la Ley 1709 de 2004, “Por
medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley
599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”, dispone que
la carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión
vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
[52]
Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia T-596 de
1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[53] Sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
previamente analizada.
[54] Las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos son
normas de soft law que describen las condiciones de internamiento que
deben ser garantizadas por las autoridades penitenciarias para la plena
efectividad de los derechos de las personas privadas de la libertad. (Las
normas de soft law son disposiciones flexibles, adoptadas en el seno de
organizaciones internacionales, a veces por amplias mayorías, que constituyen
sobre todo directivas de comportamiento dirigidas a los Estados, más que
obligaciones estrictamente de resultado). Fueron adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en
mil novecientos cincuenta y cinco (1955), y aprobadas por el Consejo Económico
y Social en sus Resoluciones 663C (XXIV) del treinta y uno (31) de julio de mil
novecientos cincuenta y siete (1957) y 2076 (LXII) del trece (13) de mayo de
mil novecientos sesenta y siete (1967). En las observaciones preliminares de
las reglas, como finalidad de las mismas, se señala: “El objeto de las
reglas siguientes no es de describir en forma detallada un sistema
penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos
generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los
sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una buena
organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los
reclusos”.
[55] Junto a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos que han adquirido en la práctica un nivel de vinculatoriedad especial
para los funcionarios judiciales se encuentran el Conjunto de Principios para
la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o
Prisión (adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de
diciembre de 1988) y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos
(adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de
1990). Ante el
incumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones contenidas en los
instrumentos internacionales referidos, se han producido una serie de
decisiones en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del
Comité de Derechos Humanos en las cuales se ha recurrido, especialmente, a las
Reglas Mínimas para interpretar el contenido del derecho de los presos a
recibir un trato digno y humano. Así por ejemplo, en el caso Potter v. Nueva
Zelandia el Comité consideró que mantener a una persona privada de la
libertad en condiciones materiales inferiores a las establecidas por las Normas
Mínimas constituía una violación del artículo 10 del PIDCP, es decir, se debía
considerar un trato inhumano que atentaba contra la dignidad del recluso. Este
en concreto, se quejaba de la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos
que requería. Por su parte, en el caso Mukong v. Camerún el Comité
insistió en la universalidad del derecho a un trato digno y humano el cual no podía depender enteramente del presupuesto
estatal, y resaltó la
importancia de las Reglas Mínimas en la definición de las condiciones
materiales de reclusión que deben garantizarse en virtud del principio de
dignidad humana. En este caso estimó que excepcionalmente las condiciones de
detención debían considerarse un trato inhumano violatorio del artículo 7 del
PIDCP, en los casos en que éstas eran agravadas por otros abusos debiéndose
considerar un “trato excepcionalmente duro y degradante”. El Sr. Mukong
aducía que había sido encerrado con otros veinticinco (25) o treinta (30)
detenidos en una celda de aproximadamente veinticinco (25) m2 desprovista de
servicios sanitarios. Además que las autoridades penitenciarias se negaron a
alimentarlo por varios días y que después de 2 semanas de detención en tales
circunstancias, contrajo una infección en el pecho (bronquitis). Esta última
posición fue reiterada en el caso Suarez Rosero v. Ecuador en el cual,
frente a un cuadro de golpes y amenazas, hacinamiento, insalubridad y otras
condiciones indignas de subsistencia dentro de un establecimiento carcelario,
la Corte consideró que se configuraba un trato cruel, inhumano y degradante en
los términos de la Convención. Para mayor información, puede consultarse la
sentencia T-077 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada (e)), cuyo análisis se
realizará más adelante.
[56]
Tales derechos fueron recogidos de las interpretaciones de la Carta
Internacional de Derechos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (i
a v; caso de Mukong contra Camerún, 1994), y de las interpretaciones de
la Carta Interamericana de Derechos Humanos hechas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (vi a xiii; Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra Jamaica, párrafo
133, 2001; Baptiste contra Grenada, parrafo 136, 2000; Knights contra Grenada,
párrafo 127, 2001; y Edwards contra Barbados, párrafo 195, 2001). Sobre el
particular, puede consultarse la sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo), previamente analizada.
[57]
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 14. En directa
consonancia se encuentran las reglas número 10, 12, 13 y 26.1.
[58]
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 20: “1) Todo recluso
recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de
buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente
para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”.
[59]
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 15: “Se exigirá de los
reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de
aseo indispensables para su salud y limpieza”.
[60]
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 20: “2) Todo recluso
deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite”.
[61]
Aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la Resolución
01/08, adoptada durante el 131 Período Ordinario de Sesiones.
[62]
El Comité Internacional de la Cruz Roja también suscribió en su informe “Agua,
saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles (2011)” que el servicio de agua
se debe prestar sin interrupciones en todo lugar donde hay personas privadas de
la libertad y en cantidades suficientes, ya que es un recurso fundamental para
beber, preparar comida, mantener la higiene personal y adecuar las aguas
residuales. Estableció que “para toda persona a cargo de una cárcel es una
tarea prioritaria hacer todo lo necesario para que el abastecimiento de agua
sea regular y adecuado” pues “los detenidos deben tener acceso al agua en todo
momento”.
[63]
Algunas Salas de Revisión de la Corte han considerado que el derecho de toda
persona al agua es un derecho fundamental que debe ser objeto de protección
mediante la acción de tutela en muchas de sus dimensiones, en especial cuando
está destinada al consumo humano y cuando contribuye a preservar la salud y la
salubridad pública. Esta protección ha sido amplia y ha sido otorgada por esta
Corporación, incluso desde sus inicios de acuerdo con las garantías mínimas de
disponibilidad, accesibilidad, calidad y no discriminación en la distribución.
La primera sentencia de la jurisprudencia constitucional que tuvo que ver con
la protección del derecho al agua, fue la T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita
Barón; AV José Gregorio Hernández Galindo) en la cual se analizó el caso en el
que una empresa de servicios públicos había dejado a mitad de camino la
reparación de un alcantarillado, con lo cual, el tutelante y demás habitantes
del barrio, carecían por completo del servicio, exponiendo su salud y su
integridad personal.  En esta ocasión, la Sala Primera de Revisión decidió que
la entidad accionada había cometido “una clara violación a un derecho
fundamental”, puesto que el alcantarillado inconcluso había ocasionado el
desbordamiento de las aguas negras sobre las calles del barrio, afectando
especialmente a personas de escasos recursos.  Así pues, la Corte estableció
desde entonces, expresamente, que “el derecho al servicio de alcantarillado”,
puede “ser protegido por la acción de tutela” en aquellos casos en los que
“afecte de manera evidente derechos y principios constitucionales
fundamentales, como son los consagrados en los artículos 1 (dignidad humana),
11 (vida) y 13 (derechos de los disminuidos)”. Posteriormente, en la sentencia
T-578 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero), la Sala Cuarta de Revisión
reconoció el agua como un derecho con dimensiones de fundamentalidad tutelables
y se decidió que “la limitación o el incumplimiento” en la prestación del
servicio público domiciliario, en este caso, el agua por “el Estado, los
particulares o las comunidades organizadas”, sólo constituía vulneración o
amenaza de un derecho constitucional fundamental cuando se encontraba vinculada
directamente la persona, el ser humano. Así, en el caso concreto se negó la
acción de tutela porque no estaban en juego los derechos de un ser humano, sino
de “la persona jurídica que contrató”. En aquella oportunidad, se precisó que:
“En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta
directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el
servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte
la vida de las personas (CP art.11), la salubridad pública (CP arts. 365 y
366), o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental y como
tal debe ser objeto de protección a través de la acción de tutela”. Sin
embargo, estas no han sido las únicas sentencias a través de las cuales se ha
garantizado la protección del derecho fundamental al agua. En efecto, a lo
largo de la jurisprudencia constitucional, diversos pronunciamientos han
reafirmado esta posición y se han establecido diferentes formas de vulneración
específica de esta garantía. Sobre el particular, pueden consultarse, entre
muchas otras, las sentencias T-539 de 1993 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), T-523 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), T 244 de 1994 y
T-092 de 1995 (MP Hernando Herrera Vergara), T-481 de 1997 (MP Fabio Morón
Díaz), SU-442 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara), T-410 de 2003 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-1104 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería), T-022 de 2008 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), T-143 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa; AV
Mauricio González Cuervo), T-091 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-616 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo), T-740 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-707 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-
312 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-082 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-242 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-028 de 2014
(MP María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-790 de
2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-641 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos;
SVP Luis Ernesto Vargas Silva), T-139 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-131 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[64]
De acuerdo con la Carta Política, la no mención expresa de un derecho en la
Constitución, en modo alguno implica que éste no se encuentre considerado
(artículo 94 superior). En esa medida, aunque el agua no es reconocida como un
derecho constitucional autónomo, en una disposición específica de la
Constitución, así se deduce de una lectura sistemática de la misma. Esto se concluye,
si se tiene en cuenta el Preámbulo, la fórmula política de un Estado social y
democrático de derecho, las funciones esenciales del Estado, la dignidad
humana, el respeto a los derechos fundamentales y el lugar privilegiado que se
da a los recursos y competencias necesarias para el goce efectivo del servicio
público de agua potable y saneamiento básico así como de un ambiente sano
(artículos 49, 79 y 366 constitucionales).
[65]
La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas dice lo siguiente: “6. El agua es necesaria
para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para
el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, el
agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación
adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua
es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el derecho a ganarse la
vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales
(el derecho a participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación
del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales
y domésticos. También debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios
para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las
obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto”.
[66]
La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas en su parágrafo número 2 continúa señalando:
“[…] Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la
muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades
relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina
y las necesidades de higiene personal y doméstica”.
[67]
La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas dice al respecto: “3. En el párrafo 1 del
artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho
a un nivel de vida adecuado, ‘incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados’,
y son indispensables para su realización. El uso de la palabra ‘incluso’ indica
que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al
agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables
para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las
condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha
reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el
párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995)). El
derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto
nivel posible de salud (párrafo 1 del artículo 12) y al derecho a una vivienda
y una alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11). Este derecho también
debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta
Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la
dignidad humana.  ||  4. El derecho al agua ha sido reconocido en un gran
número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y
otras normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se
dispone que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a “gozar de
condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [...] el
abastecimiento de agua”. En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre
los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades
y la malnutrición mediante ‘el suministro de alimentos nutritivos adecuados y
agua potable salubre’.  ||  5. El Comité se ha ocupado constantemente del
derecho al agua en su examen de los informes de los Estados Partes, de
conformidad con sus directrices generales revisadas sobre la forma y el
contenido de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo a los
artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y sus observaciones generales”.
[68] Las obligaciones derivadas de un derecho fundamental
suponen por lo menos, las obligaciones de respetar, proteger y garantizar. En
el caso del agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
observó que las obligaciones de respetar implican abstenerse de injerir directa
o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua; las obligaciones de
proteger implican impedir a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute
del derecho al agua; y las obligaciones de garantizar (‘de cumplir’), que a su
vez se dividen en diversas medidas, de carácter positivo y complejo muchas de
ellas, orientadas especialmente a asegurar el derecho de quienes no pueden
proveérselo por sí mismos.
[69]
En torno a dichas condiciones, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas ha indicado lo siguiente: “a) La
disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y
suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden
normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos
y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada
persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o
doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la
salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un
sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. c) La accesibilidad. El
agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos,
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: Accesibilidad física.
El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico
de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de
agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o
lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e
instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente
adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el
ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante
el acceso a los servicios e instalaciones de agua. Accesibilidad económica. El
agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.
Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el
ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. No discriminación. El agua
y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y
de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la
población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
Esta fue la posición adoptada por la Corte al establecer que ninguna fuente de
agua puede ser utilizada de manera que el líquido logre abastecer solo a
algunas personas, y se deje sin provisión a otros. Acceso a la información. La
accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información
sobre las cuestiones del agua”.
[70] “Por la cual
se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones”.
[71]
Sólo para efectos de ilustrar cómo pueden ser adoptadas esas medidas mínimas de
agua potable, conviene señalar lo manifestado en el informe referido. De
acuerdo con el mismo: “[s]i bien incumbe a cada país determinar el volumen
mínimo razonable de agua necesaria para satisfacer los usos personales y domésticos,
las cifras suministradas en las publicaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) pueden servir de orientación útil. Por consiguiente, se necesitan
entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para asegurar la satisfacción
de todas las necesidades de salud (31). El umbral de 25 litros por persona por
día representa el nivel mínimo para mantener la vida, pero esta cantidad
plantea problemas de salud, ya que es insuficiente para atender las necesidades
de higiene básica y consumo (32). En los casos de emergencia, tales como
desastres naturales, conflictos o situaciones después de los conflictos, el
Manual del Proyecto Esfera sugiere un abastecimiento básico de 7,5 a 15 litros
mínimos por persona y por día, ya que puede no haber suficiente agua disponible
para atender a todos los usos personales y domésticos (33)”. (Este informe se
presenta en cumplimiento de la decisión 2/104 del Consejo de Derechos Humanos
del veintisiete (27) de noviembre de dos mil seis (2006), sobre “los Derechos
Humanos y el acceso al agua”, en la cual el Consejo pidió a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, teniendo en
cuenta las opiniones de los Estados y otros interesados, efectuara un estudio
detallado sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en
materia de Derechos Humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua
potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos).
[72]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[73]
Esta postura fue por ejemplo adoptada en la sentencia T-077 de 2013 (MP Alexei
Julio Estrada (e)) y en la T-762 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[74]
Comité Internacional de la Cruz Roja.
[75]
Párrafo 16 de la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
[76]
A propósito de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
sostenido que: “La ausencia de condiciones mínimas que garanticen el suministro
de agua potable dentro de un penitenciario constituye una falta grave del
Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su
custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las
personas privadas de la libertad satisfagan por cuenta propia una serie de
necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna”.
[77]
El Magistrado Ciro Angarita Barón, recordaba una frase que evidencia el sentido
medular de la dignidad humana: “Toda vida tiene un objeto y puede ser útil, no
importa cuán menguada esté”. Cualquier persona, no importa que tan menguada la
tenga la cárcel, vive una vida que debe ser protegida, por principio, bajo el
orden constitucional vigente.
[78]
Las normas internacionales de Derechos Humanos, tanto en el sistema universal
de protección, como en el sistema interamericano de protección, consagran la
dignidad de toda persona privada de la libertad como uno de los Derechos
Humanos (CADH, 1969). Verbigracia, la Declaración de los Derechos Humanos de
1948 dispone que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que los
reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el
valor que les confiere su calidad de personas y que nadie debe ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
[79]
MP Eduardo Montealegre Lynett. En esta ocasión, la Sala Séptima de Revisión
examinó 2 acciones de tutela. La primera para proteger los derechos de las
personas de un municipio (El Arenal, Bolívar), al que se le había suspendido el
suministro de energía eléctrica por falta de pago (incluyendo al hospital y el
acueducto)  y la otra, para proteger los derechos de las personas recluidas en
la Cárcel de Cartagena, a la que se le estaba sometiendo a racionamientos de la
misma naturaleza, debido a que el INPEC no había cancelado las cuentas
correspondientes por diversas circunstancias, incluida la insuficiencia de la
partida presupuestal para el pago de los servicios públicos y el encarecimiento
de los precios de los mismos. Este hecho había impedido el goce y ejercicio de
actividades cotidianas elementales. En este último caso, la Sala concedió el
amparo, tras considerar que de la prestación ininterrumpida del servicio de
suministro de agua dependía la posibilidad del mantenimiento de las condiciones
materiales de existencia de los habitantes de la prisión. En este sentido, la actuación
desplegada se había traducido en una amenaza de su derecho a la dignidad
humana.
[80] Para la Corte, el derecho de toda persona a que se le
respete su dignidad ha sido fundamental para desarrollar la jurisprudencia
constitucional sobre la protección de las personas privadas de la libertad. En
la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), la Sala Séptima de Revisión precisó ampliamente el
alcance del derecho fundamental a la dignidad humana, tras identificar tres (3)
lineamientos claros y diferenciables que construyen el contenido de esta
garantía: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como
quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas
de existencia (vivir bien). Y (iii) La dignidad humana como intangibilidad de
los bienes no patrimoniales, esto es el cuerpo y el espíritu, entendida como
integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). Concretamente
se sostuvo lo siguiente: “La Sala concluye que el referente concreto de la
dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona
natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un
proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de
vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para
desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu
(entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización
del proyecto de vida)”.
[81]
En esa dirección, la Corte Constitucional ha sostenido que el respeto por el
precedente es un mandato derivado del principio de igualdad en la esfera de la
interpretación y aplicación de la ley, y contribuye a la eficacia de diversos
principios constitucionales como la seguridad jurídica, la confianza legítima,
la buena fe y la unidad del sistema, pues la disciplina en la aplicación del
precedente permite dotar de cierta previsibilidad las actuaciones de los jueces
y avanzar en la unificación de la interpretación de las normas jurídicas,
aspecto que se hace más relevante en la jurisdicción constitucional, dada la
característica de indeterminación de las cláusulas que consagran los derechos
fundamentales. El precedente cumple también un papel esencial en la argumentación
judicial, pues es un imperativo del razonamiento práctico dar igual trato a
situaciones iguales si no median trascendentales razones para no hacerlo, lo
que se traduce en reglas de “carga” y “descarga” argumentativa: así, quien
sigue el precedente sustenta su fallo en los ya citados principios
constitucionales así como en la racionalidad de la práctica judicial vigente,
lo que supone una descarga en su argumentación; por el contrario, el juez que
considere prudente (o necesario) variar el camino trazado por vía de
precedentes deberá asumir cargas especiales de argumentación de tal manera que
demuestre no sólo la superioridad jurídica de la nueva posición, sino la razón
por la cual ésta justifica desde el punto de vista constitucional una restricción
de los principios superiores. Sobre el particular, puede consultarse la
sentencia T-183 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa). En esta oportunidad,
la Sala Primera de Revisión protegió los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital de un ciudadano ante la negativa de un fondo de
pensiones de proceder a liquidar la indexación de su primera mesada pensional
en claro detrimento del precedente constitucional en la materia.
[82]
MP Rodrigo Escobar Gil.
[83]
Se destacan los componentes de alimentación,
aseo personal y mantenimiento de condiciones sanitarias higiénicas aceptables.
[84]
MP Clara Inés Vargas Hernández.
[85]
La entidad también señalaba que a los internos se les proveía diez (10) horas
de agua en forma permanente, con lo cual se desvirtuaba una presunta escases
del líquido.
[86]
MP Alexei Julio Estrada (e).
[87]
A ello se sumaba el hecho de que “la mayoría de las duchas no [funcionaban],
los tanques [estaban] en pésimo estado y el agua se [filtraba], además no
[había] canecas plásticas para recoger suficiente agua y (…) a las plantas
tercera y cuarta no [subía] el agua por falta de presión”.
[88]
Ello se debía especialmente a la existencia de tanques subterráneos que
tardaban alrededor de cuatro (4) horas en llenarse y por “el vandalismo de los
mismos internos y la falta de cultura en cuanto al ahorro de agua”.
[89]
Las temperaturas en la región oscilan entre los 23° y 29°C.
[90]
El plan debía estar dirigido a superar de forma estructural y definitiva: la
falta de un suministro continuo y permanente de agua, el problema de los daños
en el sistema hidrosanitario (inodoros, duchas, albercas y tanques de
almacenamiento dañados o deteriorados), el problema de filtración de aguas
negras y de basuras, la falta de saneamiento en el área de lavado de los
recipientes en los que se alimentaban los internos y los demás problemas que
presentará el bloque 1 relacionados con la falta de salubridad. El plan debía
ser diseñado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
INPEC y el Complejo Carcelario.
[91]
Teniendo en cuenta, en primer lugar las mayores necesidades de agua de los
reclusos por razón del clima y de las enfermedades presentadas, y en segundo
lugar, lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  acerca
de la cantidad de agua mínima, se dispuso garantizar un suministro diario total
de veinticinco (25) litros de agua a cada uno de los internos del bloque 1.
Igualmente, las autoridades debían asegurar un suministro diario razonable de
agua potable a cada preso y facilitarles los utensilios necesarios para que
pudieran almacenar en sus celdas hasta cinco (5) litros de agua por día. Las
medidas para cumplir lo anterior, serían las que los requeridos consideraran
pertinentes, de acuerdo con sus limitaciones logísticas. Así, por ejemplo, el
suministro podía garantizarse a través de la instalación de tanques adicionales
de agua, del traslado de los reclusos a otros bloques con suministro permanente
de agua o del traslado de reclusos a otros centros correccionales con
condiciones adecuadas de salubridad.
[92]
MP Alfredo Beltrán Sierra.
[93]
El horario aproximado de provisión de agua
potable era de 5:30 am a 6:00 am (10 minutos antes de salir de la
celda); después de salir diez (10) minutos por patio- ducha; de 9:00 a 9:40 am
(baños comunitarios); de 12:00 a 12:15 pm (15 minutos por pabellón - ducha) y
de 4:00 a 4.15 pm (ducha por pabellón). Después de entrar a la celda diez (10)
minutos perduraba el suministro del agua, y volvían a reinstalar el servicio
nuevamente hasta el otro día.
[94]
MP María Victoria Calle Correa. En la misma línea que esta sentencia aparece la
T-764 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Allí, la Sala Séptima de
Revisión consideró que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de la
población carcelaria del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de
Cúcuta, Norte de Santander al no garantizárseles el acceso permanente, continuo
y adecuado al agua potable pues esta estaba siendo suspendida a través de un
mecanismo de turnos que no permitía que fuera suficiente para cubrir las
necesidades vitales mínimas. Aquí no se reprochaba el sistema de turnos para el
suministro de agua a los internos en sí mismo, sino la manera como éste era
aplicado, es decir, si la prisión tenía contemplado dicho método para abastecer
el agua a las celdas, debía garantizar que los presos, en el momento en el que
se restringiera, tuvieran baldes o recipientes con la cantidad requerida bien fuera
durante las catorce (14) o doce (12) horas nocturnas, para vaciar los retretes
o para el consumo humano. En este último caso, el líquido debía ser potable.
[95]
En palabras de los internos accionantes: “Los horarios para el suministro son
de 6 a.m. a 8 a.m. cortan el agua y la ponen nuevamente a las 3 p.m. y la
cortan a las 8 p.m. […] en las celdas o dormitorios nos quitan el agua a las 8
p.m. y la ponen nuevamente a las 6 a.m. toda la noche duramos sin una gota de
agua para tomar pues no nos dejan tener ni una botella ni un balde para
acaparar agua. Usted si se imagina cuatro internos encerrados en un cuatro que
mide tres por tres metros el calor en la noches es insoportable y los
sanitarios con materia fecal y orines es insoportable”.
[96]
De acuerdo con los accionantes, por falta de agua para vaciar los sanitarios, y
debido al escaso control de limpieza, los baños rebozan de materia fecal y
orines. Este hecho se agravaba teniendo en cuenta que los baños se encontraban
ubicados cerca a los comedores siendo realmente insoportable para los internos,
pues ni siquiera al momento de consumir sus alimentos estaban libres de la
presencia de olores fétidos o nauseabundos.
[97]
Se suspendía desde las 8:00 pm y hasta las 4:45 am del día siguiente.
[98]
Frente a la obligación de mantener instalaciones aptas para una decente
reclusión, la Sala ordenó que para evitar las filtraciones de agua a las
celdas, la entidad debía separar los espacios sanitarios del resto del patio,
por ejemplo, mediante la construcción de un muro, o de un canal de agua. En
todo caso, la institución debía asesorarse de personal especializado para
resolver este punto específico. En ese mismo sentido, debía inspeccionar el
estado de las celdas que habían sido afectadas por el agua que corría de los
baños, y si se encontraba que a causa de la humedad aquellas requerían
adecuaciones, la administración debía realizar la gestión necesaria para
ejecutarlas.
[99]
MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[100]
En esta ocasión, se le ordenó al Director del Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander, que adoptará todas las medidas
adecuadas y necesarias para garantizar el acceso suficiente al agua limpia
necesaria para el aseo personal de cada uno de los accionantes y de los demás
internos.
[101]
MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[102]
Este estado fue declarado mediante la sentencia T-388 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo) después de reconocerse por
primera vez en la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Para
más información, ver el pie de página 65.
[103]
Conforme el artículo 2 del Decreto 1575 de 2007, “Por el cual se establece el
Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano”, el agua potable es “aquella que por cumplir las características
físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el
presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para consumo
humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la
higiene personal”.
[104]
“Por medio de la cual se señalan características, instrumentos
básicos y frecuencia del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano”.
[105]
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
[106]
En virtud de esta orden, las autoridades debían presentar un informe y un plan
de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso no podían
superar los 2 años para su ejecución total. Además de las mencionadas, existen
reiteradas sentencias de esta Corporación en las cuales se ha conocido la
generalizada situación de vulneración del derecho al agua de los reclusos al
interior de las cárceles colombianas. En la mayoría de los casos, los reclusos
han solicitado, tal como quedó expuesto (i) que se superen las pésimas
condiciones de higiene y de salubridad debido a la falta de suministro de agua,
(ii) el mejoramiento de la infraestructura carcelaria que debido al mal estado
en que se encuentra no permite un abastecimiento continuo, (iii) la reubicación
de los baños y los comedores en razón a los insoportables olores, (iv) el
suministro de agua limpia para su aseo personal, y (v) el abastecimiento de
agua suficiente para vaciar sanitarios y hacer las demás labores de limpieza al
interior de las celdas. En estos casos, la Corte ha dado órdenes diversas como
la adecuación y reparación de los baños en malas condiciones, del sistema de
basuras y de tuberías o de otros problemas que impiden el adecuado suministro
de agua, ya sea por cantidad o calidad. También se han dado órdenes
relacionadas con la reubicación de los baños o de los comedores por haber sido
ubicados a corta distancia, con el diseño de planes para superar de forma
general las falencias en el área de sanidad de las cárceles, con la adopción de
las recomendaciones de las Secretarías de Salud e, incluso, con la realización
total de planes de construcción y refacción carcelaria. Junto con las órdenes
de hacer dadas en las sentencias referidas, la Corte Constitucional ha ordenado
también a los órganos de control competentes ejercer la vigilancia del
cumplimiento de las órdenes dadas en dichas providencias. Sobre el particular,
pueden consultarse entre muchas otras, las sentencias T-596 de 1992 (MP Ciro
Angarita Barón), T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-881 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), T-693 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
T-690 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-764 de 2012 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-266 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-388
de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo), T-282
de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[107]
Folio 10.
[108]
Folio 10.
[109]
Este funcionario destacó que “los pozos profundos [son] de 150 y 170 metros
cada uno, las bombas están cada una a 104 metros de profundidad en cada uno de
los pozos. Tienen una captación máxima de 7,5 litros por la concesión de la
Corporación. El agua se extrae de estos pozos y se lleva al área en donde se
encuentra la planta de tratamiento para un procedimiento de sedimentación. En
este punto el agua es bombeada hacia la planta de tratamiento que tiene un
sistema de eliminación de hierro (…) es una planta compacta, un solo tanque
hace todo el procedimiento y de aquí por gravedad pasa a unos tanques de
almacenamiento de agua potable, cada uno con una capacidad de 600 metros
cúbicos”.
[110]
Celda No. 22. Debe aclararse que conforme con lo explicado en la diligencia
judicial, la conformación de las celdas de dicho patio son similares.
[111]
Las colchonetas se encontraban ubicadas así: una (1) debajo del camarote y la
otra, en la entrada de la celda.
[112]
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios+turisticos2.pdf/cd4106e9-d608-4c29-91cc-16bee9151ddd
[113]
De acuerdo con lo indicado por los accionantes en la demanda de
tutela, el suministro se da entre las cinco y treinta (5:30) y las cinco
y cincuenta (5:50) de la mañana.
[114]
Por el contrario, de acuerdo con la respuesta dada por las
directiva del centro correccional respecto de los horarios del suministro del
fluido, este se da entre las entre las “5:00 a las 7:00 horas”. Debe
tenerse en cuenta que como los internos salen de sus celdas hacia el patio
principal a las seis de la mañana (6:00 am), el suministro dentro de los
lugares en donde pasan la noche, es tan solo de una (1) hora.
[115]
De igual manera, manifestaron el libelo de la demanda el suministro del líquido
se efectuaba entre las seis y treinta (6:30) y las seis y cincuenta (6:50) de
la noche.
[116]
“De las 19:00 horas a las 20:00 horas” (Folio 10).
[117]
Según lo señalado por los accionante, en el patio del pabellón
están desde las seis de la mañana (6:00 am) hasta las cuatro y media de la tarde
(4:30 pm), cuando vuelven a entrar a las celdas.
[118]
“entre las seis (6:00) y las siete (7:00) de la mañana, entre las diez
(10:00) y las once (11:00) de la mañana y; entre las tres (3:00) y las cuatro
(4:00) de la tarde” (Folio 10).
[119]
Una de las duchas, de acuerdo con el relato de uno de los entrevistados, lo
destinan a llenar los recipientes que se encuentran en el patio.
[120]
MP. María Victoria Calle Correa.
[121]
Ver al respecto sentencia T-077 de 2013 (MP. Alexei Julio Estrada) y T-762 de
2015 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[122]
T-762 de 2015 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[123]
MP. Alexei Julio Estrada (E).
[124]
Así, por cada ducha las filas de reclusos ascienden a cuarenta y dos (42).
[125]
Folio 2.
[126]
Folio 2.
[127]
Sentencia T-077 de 2013 MP. Alexei Julio Estrada (E).
[128]
Así, en la sentencia T-153 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), se explica
dentro del capítulo denominado “[a]lgunas causas explicativas de la situación de congestión
carcelaria” que muchos establecimientos penitenciarios “no fueron erigidos con fines de reclusión,
circunstancia que explica muchas de sus falencias. Además, la mayoría de ellos
fueron construidos hace muchos años, hecho que, aunado a la falta de
mantenimiento, explica las malas condiciones en que se encuentran muchos
penales”. Tal situación ha sido
reiterado en otras providencias que han hecho alusión a la situación carcelaria
del país, entre otras, las siguientes: T-322 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-077 de 2013 (MP. Alexei Julio Estrada (e)), T-388 de 2013 (MP.
María Victoria Calle Correa, SPV. Mauricio González Cuervo) y T-762 de 2015
(MP. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[129]
Sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[130]
Esta conclusión fue plasmada en la sentencia T-077 de 2013 (MP. Alexei Julio
Estrada (e)), previamente analizada.