T-222-14
Sentencia T-222/14
Sentencia T-222/14
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia excepcional cuando prestan un servicio público o
actividad de interés público
La Corte ha sostenido en reiteradas
decisiones que la acción de tutela es procedente frente a particulares que
ejercen actividades bancarias. Esto al menos por dos razones. En primer lugar,
porque las labores que ejercen se enmarcan dentro del concepto de servicio
público y, en segundo lugar, porque entre aquellas y las personas existe una
verdadera situación de indefensión o subordinación. Este Tribunal
Constitucional ha entendido que por la naturaleza y magnitud de las actividades
de las entidades financieras, no es posible que el ciudadano carezca de
mecanismos eficaces para la defensa de sus derechos. En este contexto el amparo
constitucional funciona, además, como una forma de control de las actividades
financieras.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia/PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la
existencia de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
SISTEMA DE PRECEDENTES
CONSTITUCIONALES-Importancia/RESPETO
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Finalidad
El sistema de precedente ha sido valorado por la
Corte como un método de interpretación que no solo ayuda a unificar su
jurisprudencia, sino también incentiva la seguridad jurídica y materializa el
derecho a la igualdad. En ese orden, por ejemplo, permite a los jueces conocer
con exactitud cuáles son las reglas aplicables a un caso y cómo este Alto
Tribunal ha entendido la vulneración, o no, de un derecho fundamental en ese
evento en específico. Así mismo, garantiza que las personas sean tratadas de
igual manera, siempre que los supuestos fácticos de sus casos coincidan en lo
esencial. Pues bien, este método consiste en identificar las sentencias más
relevantes sobre un asunto, y extraer de ellas las principales razones que ha
tenido la Corte a la hora de fallar situaciones similares. Ello para fijar una
regla concreta aplicable al caso estudiado. Naturalmente, todas las veces los
casos no serán exactamente iguales y por tal motivo se hace necesaria una
interpretación adicional por parte del juez, quien deberá a su vez desplegar
una carga argumentativa lo suficientemente fuerte en su decisión. Si fuera de
otra forma, cada juez, según su arbitrio, podría tomar decisiones por fuera del
marco constitucional vigente. Y mucho más, por fuera de lo que la Corte
Constitucional ha establecido.
ACCION DE TUTELA
CONTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA-Procedencia para el pago de póliza cuando
se trata de sujetos de especial protección constitucional y los medios
ordinarios no son idóneos
COMPAÑÍA
ASEGURADORA-Obligación de pagar la póliza a pesar de haber acaecido algún
tipo de preexistencia
En primer lugar, (i) carecer de recursos
económicos. La Corte ha entendido que no basta ser un sujeto de especial
protección constitucional para que pueda reclamarse el pago de la póliza. Efectivamente,
la persona debe carecer de los recursos económicos necesarios para continuar
pagando las cuotas del crédito. En segundo lugar (ii), que la familia del
asegurado dependa económicamente de él. En efecto, el no pago de la póliza, en
estos eventos, puede incluir la lesión y/o vulneración de los derechos
fundamentales de todo un núcleo familiar. Si una persona no puede pagar la
cuota de un crédito, muy probablemente esto tendrá efectos en su familia por
los posibles cobros del banco. En tercer lugar (iii), la carga de declarar no
puede convertirse en una carga excesiva para el tomador del seguro, pues
existen casos en los que las cláusulas son tan ambiguas que no es posible,
naturalmente, suministrar con toda certeza las calidades del asegurado. En cuarto
lugar (iv), la carga de la prueba de la preexistencia radica en cabeza de la
aseguradora. Finalmente, en quinto lugar (v), la aseguradora está en la
obligación de pedir exámenes médicos previos a la celebración del contrato de
seguro, pues de otra manera no podrá alegar preexistencia alguna en un futuro.
RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL
CONTRATO DE SEGURO/PRINCIPIO
DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS
La reticencia significa la inexactitud en la
información entregada por el tomador del seguro a la hora de celebrar el
contrato. Esta figura es castigada con la nulidad relativa. En otros términos,
sanciona la mala fe en el comportamiento del declarante. Ello implica que, (i)
no necesariamente los casos de preexistencias son sinónimo de reticencia. El
primer evento es objetivo mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo,
(ii) es deber de la aseguradora probar la mala fe en los casos de
preexistencias, pues solo ella es la única que sabe si ese hecho la haría
desistir de la celebración del contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso
(iii), no será sancionada si el asegurador conocía o podía conocer los hechos
que dan lugar a la supuesta reticencia.
DERECHO A LA VIDA DIGNA Y AL
MINIMO VITAL-Orden
a Aseguradora pague saldo insoluto de las obligaciones crediticias adquiridas
por el actor
DERECHO A LA VIDA DIGNA Y AL
MINIMO VITAL-Orden
a Banco abstenerse de iniciar
cualquier tipo de cobro en contra del actor por el crédito o créditos del cual
es deudor, el cual deberá cubrir la aseguradora
Referencia: expedientes
T-4143382, T-4148791, T-4143384.
Acción de
Tutela instaurada por José de Jesús Núñez Contreras en contra de Seguros de
Vida BBVA; José del Carmen Martínez Mejía en contra del Banco Davivienda y
Compañía Seguros Bolívar S.A.; Argemiro Arzuaga Manjarrez en contra de Seguros
de Vida Suramericana S.A. y Bancolombia S.A.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., dos (2) de abril de
dos mil catorce (2014).
La
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva
y Mauricio González Cuervo y la
Magistrada María Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1997,
profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos adoptados por los correspondientes juzgados de instancia que resolvieron
las acciones de tutela promovidas por José de Jesús Contreras Núñez, José del Carmen Martínez Mejía y
Argemiro Arzuaga Manjarrez.
I. ANTECEDENTES
1.
La Corte Constitucional mediante auto del veintiocho (28) de noviembre
de dos mil trece (2013) expedido por la Sala de Selección Número Once, decidió
acumular los siguientes expedientes: T-4143382, T-4148791, T-4143384, por
analogía fáctica y jurídica.
2.
Los expedientes acumulados tienen en común que los
accionantes adquirieron créditos con entidades financieras, los cuales estaban
respaldados por contratos de seguro suscritos con diferentes aseguradoras.
Estas garantías operarían por muerte o pérdida de capacidad laboral en
porcentaje mayor al 50%. Efectivamente, por distintas causas, los peticionarios
fueron calificados con invalidez y, pese a ello, las aseguradoras se negaron a
pagar la póliza de los seguros argumentando que la enfermedad adquirida fue
anterior a la celebración del contrato. Es decir, alegaron preexistencia. No
obstante, por las circunstancias concretas de cada uno de los casos, se procederá
a precisar sus especificidades:
EXPEDIENTE
T-4143384. ARGEMIRO ARZUAGA MANJARREZ EN CONTRA DE SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
S.A. Y BANCOLOMBIA S.A.
3.
El señor Argemiro Arzuaga Manjarrez, actuando por
medio de apoderado, suscribió un contrato de mutuo con el banco Bancolombia
S.A. quien le exigió adquirir un seguro con el fin de acceder al préstamo para
la compra de su vehículo nuevo. El valor del crédito fue de veinticuatro
millones setecientos ochenta y dos mil seiscientos pesos ($24.782.600).
4.
Fue así como el peticionario, el veintisiete (27)
de enero de dos mil once (2011), contrajo un contrato de seguro individual
grupo de deudores con la empresa Seguros de Vida Suramericana S.A. Esta póliza
operaría por muerte o incapacidad total y permanente del asegurado. En caso de
ocurrir dichos eventos, la aseguradora pagaría el saldo insoluto de la
obligación.
5.
El siete (07) de septiembre de dos mil doce (2012),
la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA, dictaminó que el tutelante
sufría una pérdida de capacidad laboral del 50.07%, con fecha de estructuración
del veintiuno (21) de Junio de dos mil once (2011). Su estado de salud es grave
pues presenta un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, necrosis
idiopática ósea en cadera derecha, secuelas funcionales definitivas de artrosis
de cadera derecha, neuropatía lúpica, complicaciones y trastornos
neuromusculares, cambios artrósicos degenerativos de cadera derecha.
6.
Tras esta valoración, el nueve (09) de noviembre de
dos mil doce (2012), el actor presentó reclamación a la aseguradora para hacer
valer la póliza. Solicitó la indemnización por un valor de diecinueve millones
doscientos siete mil novecientos ochenta y cinco pesos ($19.207.985). Sin
embargo, el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) la compañía de
seguros se negó a la petición del tutelante, pues, dijo, al momento de adquirir
la póliza el señor Arzuaga ya se encontraba enfermo.
7.
Adicionalmente, manifestó que al momento de la
declaración de asegurabilidad “que se encuentra incluida en la póliza vida
grupo deudores, objeto de reclamo, no fue diligenciada por mi mandante, porque
esto fue solicitado por la representante del banco que vendió la póliza”.
Igualmente, dijo que el accionante no tenía conocimiento ni diagnóstico de
padecer alguna enfermedad.
8.
Así mismo, en el escrito de tutela, señaló que se
encuentra en una condición precaria pues al no poder trabajar, carece de
recursos para continuar con el pago de las cuotas mensuales del crédito,
mantenerse a él y a su núcleo familiar que se compone de tres hijos menores y
esposa. Por estos motivos, solicita se protejan sus derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas, salud, igualdad, derecho al debido proceso y
derecho al mínimo vital.
Respuesta de las entidades vinculadas en este trámite
Bancolombia S.A.
El señor Juan Carlos Candil Hernández, actuando como representante
legal judicial de Bancolombia S.A., contestó la acción de tutela oponiéndose a
las pretensiones del señor Arzuaga.  Luego de hacer un recuento de los hechos,
sostuvo que Bancolombia S.A. no es la entidad encargada de verificar o no el
cumplimiento del contrato de seguro. Así, no es ella quien debe “realizar el
pago derivado de la ocurrencia del siniestro cubierto por la póliza de vida ya
descrita, por el contrario, Bancolombia S.A. es el tomador y beneficiario de la
póliza”.
Igualmente, consideró que la acción de tutela es improcedente pues el
accionante cuenta con otros recursos judiciales a los cuales puede acudir para
defenderse de la presunta vulneración de sus derechos. En consecuencia,
respecto del amparo constitucional, señaló que “esta figura solo es
procedente cuando no hay otros recursos de carácter judicial que le permitan a
la persona defender los derechos que supuestamente se le han vulnerado o
amenazado”. Por ello, dijo, el actor debería acudir a la jurisdicción
ordinaria para debatir estos asuntos, mucho más tratándose de asuntos netamente
contractuales patrimoniales.
Seguros de Vida Suramericana S.A.
Juan Camilo Arroyave Cárdenas, representante legal judicial de Seguros
de Vida Suramericana S.A., contestó la tutela. En primer lugar, señaló que la
acción de tutela se tornaba improcedente en tanto existen otras vías y otros
mecanismos para discutir asuntos netamente contractuales. Así, “el mecanismo
de tutela en contra de mi representada no procede, porque las diferencias o
controversias que surjan de un contrato de seguros tienen de manera clara y
expresa prevista la vía del procedimiento ordinario ante el juez civil
competente”. Por tanto, la acción de tutela, dijo, debería tornarse
improcedente.
Adicionalmente, argumentó que esta empresa no ha incurrido en ninguna
violación a los derechos fundamentales del actor, pues su actuar ha sido acorde
con la normatividad vigente en materia de seguros. En ese sentido, señala que
el peticionario “incurrió en reticencia, al no informar a Seguros de Vida
Suramericana S.A. al momento de contratar con el seguro, el antecedente que
presentaba con anterioridad al ingreso de la póliza. Dicha omisión se
materializa y evidencia en la declaración de asegurabilidad que el señor
Argemiro diligenció al momento de ingreso a la póliza, el 27 de enero de 2011,
la cual fue ratificada con su firma”. Por estas razones, solicita que la
tutela sea negada.
Decisiones de instancia
Primera instancia
El Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, mediante providencia
proferida el nueve (09) de julio de dos mil trece (2013), negó el amparo
constitucional. En criterio de este juzgado, el presunto afectado tiene a su
alcance otros medios de defensa judicial para ventilar estas discusiones. Ello
hace improcedente el amparo pues además, no se probó ningún perjuicio
irremediable. Por ello, negó las pretensiones del señor Arzuaga.
Impugnación
El accionante manifestó que la impugnación sería sustentada en segunda
instancia, sin que se encuentre en el expediente escrito alguno en el que se
señalen sus argumentos.
Segunda instancia
El Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, Cesar, confirmó la
decisión del juez de primera instancia. En criterio de este fallador, la acción
presentada por el señor Arzuaga no cumple con el requisito de subsidiariedad de
la tutela. Por el contrario, se debaten asuntos que son competencia de otras
jurisdicciones. En efecto, “es claro que entre las partes hay una discusión
sobre la declaración de asegurabilidad que la compañía de seguros asevera es
reticente, y el asegurado lo contrario, por no haberse ordenado pruebas médicas
sobre su salud y por el contrario hacer oponibles una serie de preexistencias o
exclusiones. En este contexto, en definitiva el problema que ahora se estudia
debe ocupar a los jueces de lo ordinario quienes son los encargados de resolver
este tipo de litigio”. Por tales razones, el amparo no fue concedido.
EXPEDIENTE
T-4143382. JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ CONTRERAS EN CONTRA DE BBVA SEGUROS DE VIDA
COLOMBIA S.A.
9.     En el escrito de tutela, el señor José de Jesús Núñez, docente de
profesión, a través de apoderado judicial, sostuvo que el veintisiete (27) de
mayo de dos mil once (2011) recibió un crédito del Banco BBVA por un valor de
veinticinco millones de pesos ($25.000.000). Esta obligación se pagaría en
cuotas mensuales que se descontarían directamente de su salario, a través de la
modalidad de libranza.
10.
Para amparar dicho préstamo, ese mismo día, el
señor Núñez suscribió un contrato de seguro[1]
con la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. La respectiva póliza
operaría por muerte, incapacidad total y permanente, desmembración o
inutilización e incapacidad total temporal. En caso de que ocurriera alguno de
estos eventos, la aseguradora pagaría el saldo insoluto de la obligación
adquirida con el banco BBVA.
11.
El peticionario dijo que en la declaración de
asegurabilidad, la aseguradora suministró un cuestionario en el que se
preguntaba si sufría algún tipo de enfermedad allí enlistada, a lo cual “el
asegurado no respondió ni afirmativa ni negativamente a dicho cuestionario, mas
sin embargo el Representante Legal de la aseguradora avaló con su firma el
certificado de ingreso a la póliza”. Adicionalmente, manifestó que en el
mismo certificado el señor Núñez autorizó a la aseguradora a consultar
cualquier médico, hospital, clínica etc. para que suministrara información
sobre su salud aún con posterioridad a la ocurrencia de los riesgos amparados.
12.
En desarrollo de su trabajo como docente, el
accionante sufrió un quebranto de salud, particularmente por problemas en su
voz. Por tal motivo, fue incapacitado en diferentes oportunidades. Luego de
varios tratamientos sin efectiva recuperación, “fue valorado por medicina
especializada en Salud Ocupacional por la
Doctora Indira Manotas Alvor, adscrita a la
UT Avanzar Médicos, Oriente Región Cinco” quien le diagnosticó una pérdida
de capacidad laboral del 95.45 %. La fecha de estructuración de la invalidez
fue el cinco (05) de diciembre de dos mil doce (2012).
13.
Tras haberse declarado su incapacidad total y
permanente, dijo, acudió al banco acreedor con el fin de que, como
beneficiario, solicitara a la aseguradora el pago insoluto de la deuda. El tres
(03) de abril de dos mil trece (2013), BBVA Seguros de Vida negó el pago de la
respectiva póliza argumentando que el actor, al momento de suscribir la póliza,
no informó que padecía varias patologías. Así, de acuerdo con la historia clínica
de la Fundación Médico Preventiva de enero veinticuatro (24) de mil novecientos
noventa y dos (1992), el peticionario “tiene diagnóstico de HTA
(Hipertensión arterial), en junio de 2004m hiperplasia prostática y en marzo de
2010 disfonía”.
14.
Manifestó que no es responsable ni a título de
culpa de que la aseguradora no haya sido diligente para solicitar y estudiar su
historia clínica que pudo solicitar en cualquier momento y a cualquier médico,
teniendo todas las posibilidades fácticas para conocer su estado de salud.
15.
Finalmente, expresó además que es padre cabeza de
familia y tiene a su cargo la alimentación y educación de sus hijos Álvaro José
Núñez González de 17 años, estudiante de ingeniería civil, y Aura Patricia y
José Fernando quienes cursan octavo y sexto de bachillerato. Por estas razones
solicita que se le protejan sus derechos fundamentales a la dignidad humana,
debido proceso y debilidad manifiesta.
Respuesta de la
entidad vinculada en este trámite
BBVA Seguros
de Vida Colombia S.A.
La aseguradora BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A., a través de su apoderado judicial Sebastián
Neira Pulido, se opuso a las pretensiones del accionante. En criterio del señor
Neira, la aseguradora no vulneró los derechos del peticionario principalmente
por tres razones.
En primer lugar,
consideró que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para ventilar
este tipo de discusiones. En efecto, dijo,  la acción de tutela es un mecanismo
preferente y sumario que procede solo cuando el afectado carece de otro medio
de defensa de sus derechos fundamentales. En consecuencia, el actor cuenta con
otros mecanismos o rutas judiciales alternas a este trámite constitucional,
como por ejemplo la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.
Adicionalmente, sostuvo que si bien de conformidad con el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede en contra de particulares,
ello solo sucede cuando (i) presten un servicio público, (ii) atenten contra el
interés público o social y (iii) se configure una relación de subordinación o
indefensión. A juicio del tutelado, las compañías aseguradoras no se enmarcan
en ninguna de estas hipótesis de la mencionada disposición.
En segundo lugar,
argumentó que el asegurado incurrió en reticencia pues la legislación comercial
colombiana “consagra la obligación para el asegurado de declarar
sinceramente el estado del riesgo al momento de contratar el seguro, en
atención al principio de buena fe, característico de este contrato”[2].
En ese sentido, en relación con el estado de salud del señor Núñez, manifestó
que “los hechos o circunstancias sobre los cuales versó la reticencia e
inexactitud del Asegurado fueron de tal relevancia que de haber sido conocidos
por el Asegurador, lo habrían sin duda retraído de celebrar el contrato (…)”. En
consecuencia, el señor Núñez, al no manifestar su verdadero estado de salud,
incurrió en esta falta consagrada por el Código de Comercio Colombiano. En
consecuencia, el contrato nació nulo relativamente.
Finalmente, en
tercer lugar, considera que en el caso concreto no existió ningún tipo de
siniestro pues la obligación de cubrir el saldo de la deuda nace en el momento
en que este ocurre y en el presente caso el contrato nació a la vida jurídica
viciado.
Decisiones de
instancia
Primera
instancia
El Juzgado Segundo
Civil Municipal de Valledupar, mediante providencia del diez (10) de julio de
dos mil trece (2013), negó el amparo constitucional. En criterio de este juez,
la acción de tutela no es el mecanismo apropiado para discutir asuntos de
naturaleza contractual. Para el reseñado fallador, el afectado cuenta con otros
medios de defensa judicial lo cual hace improcedente el trámite de tutela.
Adicionalmente, no vislumbra un perjuicio irremediable que justifique estudiar
el fondo del asunto.
Impugnación
Además de reiterar
los argumentos esbozados en primera instancia, el accionante, a través de su
apoderado, sostuvo que la providencia acusada se equivoca al estimar que la
tutela se dirige a obtener el pago de una deuda contractual. En criterio del
peticionario, su pretensión busca que sus derechos fundamentales sean
protegidos por los jueces constitucionales. Finalmente, sostiene que la
Corte Constitucional ha establecido en distintas oportunidades que en estos
casos la acción de tutela es el mecanismo adecuado para debatir este tipo de
litigios.
Segunda
instancia
El Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar- Cesar, en sentencia proferida el
veintidós (22) de agosto de dos mil trece (2013), confirmó la decisión impugnada.
En dicha providencia, este juzgado consideró, nuevamente, que la acción de
tutela no era el mecanismo adecuado para controvertir asuntos comerciales y
netamente contractuales. Reiteró que este trámite constitucional es procedente
de manera subsidiaria, lo que quiere decir que cuando el tutelante cuente con
otras vías de defensa, como en este caso, el amparo se tornará improcedente.
Mucho más tratándose de asuntos contractuales. Adicionalmente, no se probó la
existencia de un perjuicio irremediable.
EXPEDIENTE
T-4148791. JOSÉ DEL CARMEN MARTÍNEZ MEJÍA EN CONTRA DEL BANCO DAVIVIENDA
Y LA COMPAÑÍA SEGUROS BOLÍVAR S.A.
16.
En su escrito de tutela, el accionante sostuvo que
trabajaba como maestro de la planta global del Municipio de Barrancabermeja,
cargo del cual fue retirado el siete (07) de septiembre de dos mil doce (2012)
mediante Resolución 1410. Mientras ejercía esas funciones, adquirió dos
créditos con el Banco Davivienda. Uno por un valor de tres millones de pesos
($3.000.000) y el otro por treinta y cinco millones de pesos ($35.00.000).
17.
Para respaldar dicha obligación, suscribió un
contrato de seguro con la empresa Seguros Bolívar S.A. Esta póliza operaría por
muerte o pérdida de capacidad laboral superior al 50 %. El accionante suscribió
la declaración de asegurabilidad el día quince (15) de febrero de dos mil doce
(2012). El primero (01) de septiembre de dos mil doce (2012), el médico laboral
Miguel Ángel Vertel Camacho de FOSCAL Fundación Avanzar FOS, entregó concepto
sobre su pérdida de capacidad laboral, el cual le calificaba con una
disminución del 95.3% por enfermedad común. De acuerdo con el expediente, la
fecha de estructuración corresponde a la misma fecha del dictamen. Esto es,
primero (01) de septiembre de dos mil doce (2012).
18.
Por este motivo, el peticionario solicitó a la
compañía Seguros Bolívar el pago de la póliza por haber acaecido el riesgo
amparado. No obstante, la aseguradora negó el reconocimiento de la respectiva
indemnización, según el accionante, porque no estaba impedido para desempeñar
un trabajo remunerado y la enfermedad causante de la disminución laboral fue
adquirida antes de celebrar el contrato. Según el dictamen de pérdida de
capacidad laboral, el señor Martínez padece de “traumatismo craneoencefálico
y complicaciones derivadas con la presencia de movimientos extrapiramidales mas
disartria desencadenados por la presencia e higroma subdural mas artrofia
cerebral reportados en TAC cerebral”.
19.
Mediante Resolución 1410 de 2012, la
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja resolvió“(…) b) que de conformidad
con el certificado expedido por U.T ORIENTE REGIÓN de fecha 01 de Septiembre de
2012, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es del 95,3%, lo cual le da
derecho a disfrutar de una pensión por invalidez a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones sociales del Magisterio”.
20.
Adicionalmente, manifestó que las entidades
accionadas no realizaron ningún tipo de examen médico ni le exigieron que lo
aportara, a fin de determinar su verdadero estado de salud. Por tanto, sostuvo
que con el actuar de la aseguradora se le vulneran sus derechos fundamentales.
Respuesta de las entidades vinculadas en este trámite
Banco
Davivienda
Olga Lucía Cordero
Portilla, representante legal para efectos judiciales, contestó la acción de
tutela oponiéndose a las pretensiones del accionante. En criterio de dicha
entidad actúa como un simple intermediario entre sus clientes y la compañía de
seguros. Así, el Banco Davivienda efectuó todos los trámites correspondientes
para solicitar el amparo e indemnización a la compañía de seguros, remitiendo
todos los documentos que para estos efectos se exigen. Sin embargo, dijo, la
aseguradora “generó una comunicación en donde informó que no es procedente
el pago indemnizatorio de las obligaciones del” peticionario, pues no
manifestó con exactitud su estado de salud al momento de suscribir el contrato.
Así, para el Banco, las declaraciones del actor no correspondían con su
verdadero estado de salud, razón por la cual, genera la nulidad del contrato.
Por otra parte,
manifestó que la acción de tutela no es procedente pues es claro que no existe
un perjuicio irremediable que deba ser subsanado por vía de acción de tutela.
Especialmente, porque existen controversias de tipo económico y contractual que
deben ser resueltas en instancias ordinarias o a través de mecanismos
alternativos para la solución de controversias y no mediante este trámite
constitucional. Por ello, solicita se declare la improcedencia de la acción.
Compañía de
Seguros Bolívar S.A.
Jaime Enrique
Hernández Pérez, actuando en representación de la empresa accionada, manifestó
que dicha entidad no vulneró los derechos fundamentales del actor. Sostuvo que
cuando se celebró el contrato, en la declaración de asegurabilidad, el
peticionario no informó con exactitud su verdadero estado de salud “toda vez
que el asegurado ya había sufrido una caída con trauma craneoencefálico y las
secuelas de este traumatismo son las que ocasionan su incapacidad”. Así,
consideró que el artículo 1058 del Código de Comercio establece que ocultar ese
tipo de información genera una reticencia en la información y como consecuencia
la nulidad relativa del contrato.
Adicionalmente,
sostuvo que la acción de tutela es improcedente. En su concepto, de acuerdo con
el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela “no es
procedente cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales. En
este orden de ideas, la accionante cuenta con otros medios legales que sin
lugar a dudas protegerían su derecho eventualmente violado, y no al mecanismo
excepcional de tutela”. Por tales razones, solicita no sea concedido el
amparo constitucional.
Decisiones de
instancia
Primera
instancia
El Juzgado Tercero
Penal Municipal de Barrancabermeja, mediante providencia del diecisiete (17) de
julio de dos mil trece (2013), negó el amparo constitucional. En criterio de
esta jueza, “no es posible pretender que a través de la tutela el juez
constitucional se convierta en una instancia revisora obligada de las
decisiones que deban adoptar las autoridades privadas o públicas, porque ello
implicaría sustituir la competencia de dichos funcionarios y desconocer la
autonomía e independencia que les son propias”. Por ello, el amparo se
torna improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad de la
acción.
Impugnación
Además de reiterar
los argumentos esbozados en su escrito de tutela, el accionante sostuvo que la
sentencia de primera instancia desconoce distintos precedentes constitucionales
en los cuales la Corte Constitucional ha protegido los derechos de los
asegurados. En criterio del peticionario, la acción de tutela debe ser
concedida y por ese motivo solicitó que en segunda instancia fuera revocada.
Segunda
instancia
El Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Barrancabermeja, en decisión del veintiocho (28) de
agosto de dos mil trece (2013), confirmó la sentencia proferida por el juez de
primera instancia. En criterio del fallador, la acción de tutela no está
llamada a prosperar “toda vez que en el presente caso, surge un conflicto
relacionado con un derecho pecuniario y contractual, pues la accionante
solicita se le condone la deuda a pagar con el Banco Davivienda”. En
consecuencia, no es deber del juez constitucional dirimir este tipo de
controversias pues existiría una usurpación de competencia. Por tanto, el
amparo es improcedente.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1997 y en cumplimiento del
auto expedido (28) de noviembre de dos mil trece (2013) expedido por la
Sala de Selección Número Once.
Problema jurídico y
metodología de la decisión
De acuerdo con los antecedentes
expuestos, corresponde a la Sala Novena de revisión resolver el siguiente
problema jurídico: ¿Existe vulneración de los derechos fundamentales a la vida
y al mínimo vital de los deudores de un crédito, por la decisión de una
aseguradora de negarse a pagar la póliza del seguro de vida por el riesgo de
invalidez, argumentando que la enfermedad causante de la pérdida de capacidad
laboral fue adquirida antes de la celebración del contrato de seguro?
Para resolver este interrogante, la
Sala (i) reiterará su jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de
tutela en contra de entidades bancarias y/o aseguradoras (ii) examinará las
reglas sobre el requisito de subsidiariedad; (iii) hará referencia a los casos
en los que se ha debatido, en sede constitucional, la negativa del pago de
pólizas de seguros, especialmente en aquellos eventos en que se presenta una
tensión entre la aplicación estricta de cláusulas contractuales y los derechos
al mínimo vital y la vivienda de personas vulnerables; (iv) abordará el estudio
del caso concreto.
Acción de tutela
contra entidades financieras y aseguradoras
De acuerdo con el
artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela procede frente a
autoridades públicas que amenacen o vulneren los derechos fundamentales de una persona.
En algunos eventos, es posible ejercer el amparo constitucional frente a
particulares, cuando quiera que estos se enmarquen en alguna de las siguientes
hipótesis: (i) presten un servicio público, (ii) atenten gravemente contra el
interés público o (iii) respecto de aquellos en los que él o la accionante se
encuentre en estado de indefensión o subordinación. En esos casos, la acción de
tutela deja de ser exclusivamente un medio de defensa frente a autoridades
públicas y pasa a convertirse en un instrumento para proteger los derechos
fundamentales de las lesiones que provengan de particulares.
Así las cosas, bajo
esta visión, el Constituyente entendió que la supremacía de los derechos
fundamentales no se agota con un mecanismo que únicamente proteja a los
ciudadanos de las agresiones estatales. Por el contrario, las dinámicas
sociales, culturales, económicas y políticas, hacen que muchas veces se
necesiten herramientas de defensa frente a conductas de particulares. Mucho más
cuando en esas relaciones se sitúan ciertos individuos en condición de
inferioridad. En esos eventos, la acción de tutela funge como una garantía para
la eficacia de los derechos fundamentales. Si no fuera de esa forma, los
derechos fundamentales solo serían exigibles frente al Estado, pese a que
pueden ser lesionados por los mismos particulares.
Pues bien, a partir
de estas previsiones la Corte ha sostenido en reiteradas decisiones que la
acción de tutela es procedente frente a particulares que ejercen actividades
bancarias. Esto por al menos por dos razones. En primer lugar, porque las
labores que ejercen se enmarcan dentro del concepto de servicio público y, en
segundo lugar, porque entre aquellas y las personas existe una verdadera
situación de indefensión o subordinación. Este Tribunal Constitucional ha
entendido que por la naturaleza y magnitud de las actividades de las entidades
financieras, no es posible que el ciudadano carezca de mecanismos eficaces para
la defensa de sus derechos. En este contexto el amparo constitucional funciona,
además, como una forma de control de las actividades financieras.
En este orden de
ideas, en relación con el concepto de servicio público, por ejemplo, en la
Sentencia T-738 de 2011, esta Corporación sostuvo que “las razones para
hacer procedente la acción de tutela contra estas entidades ha tenido en
cuenta, en general, que las actividades financieras – dentro de las que se
encuentran la bancaria y aseguradora-, en tanto relacionadas con el manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público es una
manifestación de servicio público o que al menos involucra una actividad de
interés público[3]
de acuerdo con el artículo 355 Constitucional”. Es decir, la actividad
financiera involucra no solo un interés particular, sino también un interés
público. En efecto, el mal funcionamiento de este sector puede causar efectos
de proporciones insospechadas. Cuando los ciudadanos acuden a estas entidades
para tomar sus servicios, están otorgándoles un voto de confianza “cuyo
quebrantamiento puede generar consecuencias catastróficas para la economía de
un país”[4].
En ese mismo
sentido, el sector bancario y asegurador constituye un servicio fundamental en
el desarrollo económico y social del país. Según la
Corte, “los ciudadanos confían en que cuando depositan su dinero en el
banco, este será devuelto cuando así lo requieran. Lo mismo sucede cuando una
persona contrata una póliza de seguro y confía en que con el pago de la prima
mensual, la aseguradora las hará efectivas cuando ocurra el siniestro”[5].
De allí que su responsabilidad como particular sea mucho mayor, al punto de que
sus labores sean catalogadas como servicio público.
Por otra parte, la
actividad financiera no solo comporta un servicio público sino que por sus
mismas características, sitúan al ciudadano en estado de indefensión[6];
situación que refuerza la procedencia de la acción de tutela. Ello se explica
en buena medida por la relación asimétrica que existe entre las partes.
Evidentemente, el banco como particular tiene muchas más prerrogativas que el
ciudadano “al tener (…) atribuciones que los colocan en una posición de
preeminencia desde la cual pueden con sus acciones y omisiones desconocer o
amenazar derechos fundamentales de las personas”[7].
Este tipo de relaciones no se dan entre iguales; las entidades financieras
tienen más prerrogativas y posibilidades. Por ejemplo, son ellos quienes fijan,
normalmente, las cláusulas de los contratos, establecen unilateralmente las
condiciones de sus servicios, e incluso en algunos casos tienen la posibilidad
de variar las estipulaciones contratadas con los ciudadanos. En ese mismo
sentido, en la Sentencia T-136 de 2013 esta Corporación manifestó que el “cliente
o usuario del sistema financiero se encuentra, por regla general, en una
posición de indefensión ante las entidades del sector”.
Ahora bien, esta
posición de indefensión no se presenta en todos los casos. Dependerá del juez
constitucional verificar las circunstancias de cada caso concreto, pues en
muchas oportunidades el ciudadano contará con herramientas mucho más eficaces y
conducentes que le permitan defender sus derechos.
En síntesis, las
entidades financieras, como los bancos y aseguradoras, prestan un servicio
público y sus usuarios se encuentran en posición de indefensión. En consecuencia,
la acción de tutela, dependiendo del caso concreto, puede ser utilizada en
algunos eventos para defender los derechos fundamentales de las personas.
Requisito de
subsidiariedad. Reiteración de jurisprudencia.
En los argumentos
señalados por las partes y por los jueces de instancia, se resalta que la
controversia que se plantea en el asunto estudiado debe ser tramitada por vías
distintas a la tutela. En consecuencia, dicen, este amparo se torna
improcedente al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad. Por tal
motivo, esta Sala estima necesario hacer algunas precisiones sobre este
aspecto, a fin de, en el caso concreto, verificar la procedencia o no de la
acción de tutela.
De acuerdo con la
Constitución, específicamente con el artículo 86, la acción de tutela solo
procede cuando la persona carezca de otro recurso judicial para defender sus
derechos. Así, la mencionada disposición, establece que toda persona podrá
reclamar ante los jueces “la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión” de autoridades públicas o particulares, siempre que el
peticionario “no disponga de otro
medio de defensa judicial”.
Lo anterior, sin perjuicio de que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. Esta regla se conoce como el requisito
de subsidiariedad de la acción de tutela.
Este requisito de subsidiariedad implica, en otros términos,
que el amparo constitucional procede siempre y cuando, en principio, no exista
en el ordenamiento jurídico otro mecanismo judicial para defender el derecho
que se discute. La idea es que la tutela no se convierta en un sustituto ni en
una vía paralela a otras instancias. Precisamente, todos los procesos
judiciales deberían, como en efecto tiene que suceder, ser los principales
guardianes y defensores de los derechos fundamentales de las personas. Los
primeros llamados a protegerlos son los jueces ordinarios (Artículo 4 CN).  A partir
de allí, esta Corporación ha fijado unas reglas que deben tenerse en cuenta.
Pues bien, siguiendo esta misma lógica, una de las primeras
sentencias en pronunciarse sobre el tema fue la
C-543 de 1993. En esta providencia, la
Corte sostuvo que “la tutela fue concebida para dar solución eficiente a
situaciones de hecho causadas por acciones u omisiones que lesionaran derechos
fundamentales, respecto de las cuales el sistema jurídico no contara con algún
mecanismo de protección”[8]. Es decir, “la tutela no fue
diseñada para remplazar a la justicia ordinaria. Es un trámite excepcional que
solo procede ante la carencia de otro recurso”[9]. Si la tutela
procediera en todos los casos, el trámite constitucional dejaría sin contenido
los demás procesos judiciales. Las demás jurisdicciones carecerían de eficacia
práctica. Por ello, el constituyente previó que la acción de tutela cumpliera
con algunos requisitos de procedibilidad a fin de evitar estos efectos.
Ahora bien, el examen de subsidiariedad no se agota solo con
verificar la existencia de un mecanismo de defensa en el ordenamiento. Esta
Corte ha entendido que en la gran mayoría de casos, en abstracto, las personas
contarían con recursos judiciales para hacer efectivos sus derechos. Si este
análisis se hiciera con base en ello, la tutela normalmente se tornaría
improcedente. Por esta razón, el requisito de subsidiariedad no puede
convertirse en un ritualismo excesivo que aleje a las personas del disfrute de
sus derechos, ni reste eficacia a la supremacía de la
Constitución. En ese sentido, el requisito de subsidiariedad implica, además,
que en caso de contarse con algún medio de defensa sea eficaz e idóneo.
En caso de no serlo, la acción de tutela será el mecanismo apropiado para
defender los derechos fundamentales de las personas. En todo caso, el amparo
siempre será procedente para evitar un perjuicio irremediable.
En relación con la idoneidad, la
Corte ha establecido que el medio de defensa lo es, siempre y cuando sea “materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales”[10].
En otras palabras, que el recurso esté diseñado
para ese preciso fin y no para otro. Si la persona, en un caso hipotético,
cuenta con recursos para debatir la vulneración de sus derechos, la idoneidad
se verifica si ellos efectivamente producirán el efecto esperado. Por ejemplo,
no sería idóneo un recurso que una vez decidido, así sea resuelto
favorablemente, no proteja los derechos del ciudadano. El mecanismo no sirve
para lo que el ciudadano necesita. Por su parte, eficacia significa que
el medio de defensa debe “estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho”[11].
Es decir, que una vez resuelto por la autoridad competente, tenga la
virtualidad de garantizar oportunamente, a tiempo, el derecho. De poco o nada
sirve que el ciudadano cuente con medios de defensa si una vez se deciden, el
derecho ya se ha lesionado. Ello tiene que ver con la eficacia de los derechos
fundamentales.
Ahora bien, este
análisis de subsidiariedad debe hacerse caso a caso. Según las circunstancias
particulares del asunto, la tutela se resolverá de fondo. Para esta Corte “las
herramientas procesales no son adecuadas y/o eficaces en abstracto (…). Si
fuera de otra manera, el amparo constitucional perdería eficacia pues las
personas, hipotéticamente, siempre contarían con mecanismos de defensa idóneos
y/o eficaces”. No puede predicarse idoneidad y eficacia de un recurso sin
hacerse un análisis concreto. Ello implica que el juez constitucional
despliegue una carga argumentativa a fin de determinar la procedencia de la
tutela. No es dable en un Estado Social de Derecho que un juez constitucional
niegue por improcedente un amparo constitucional sin si quiera analizar, paso a
paso, el requisito de subsidiariedad. Con estas actitudes lo que se obtiene es
una pérdida de eficacia de la acción de tutela. A pesar de que muchos asuntos
cuenten con vías ordinarias o regulares para tramitarse, esta no es razón
suficiente para negar el mencionado trámite constitucional.
Sumado a lo
anterior, en el análisis que el juez haga, debe estudiar, además, que el
probable mecanismo de defensa tenga el mismo nivel de protección que el amparo
constitucional. En la Sentencia T-662 de 2013 la
Corte, reiterando los argumentos de las sentencias T-414 de 1992 y SU-961 de
1999, resaltó el valor de esta regla. En esa ocasión señaló que “de no ser
así, se estaría simplemente frente a una burda y mecánica exégesis de la norma,
en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad
de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del
Constituyente”. Así, el otro medio “(…) ha de tener una efectividad igual o superior a la de
la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea
inmediata.  No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio
de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela.”[12] Estas razones han hecho que la
Corte establezca que “el otro medio de defensa judicial debe ser siempre
analizado por el juez constitucional, a efectos de determinar su eficacia
en relación con el amparo que él, en ejercicio de su atribución constitucional,
podría otorgar”[13].
En la misma línea,
“[L]a labor del juez de tutela no es simple. Debe
realizar un examen de cada caso y poder establecer “(i) si la utilización del medio o recurso de defensa judicial
existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través
de la acción de tutela[14];
(ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el
interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[15];
(iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección
constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular consideración[16][17]”[18]
Así las cosas, esta
Sala debe precisar que cuando del examen de procedibilidad se concluya que el
recurso no es idóneo o eficaz, el amparo debe ser definitivo. Es
decir, el juez de tutela debe resolver de fondo el asunto. Por el contrario, la
decisión constitucional será transitoria siempre que exista inminencia de un
perjuicio irremediable. En esos casos, se protegerán los derechos del
accionante transitoriamente hasta tanto acuda a las vías regulares u ordinarias
para discutir su asunto.
Por otra parte,
dado que el requisito de subsidiariedad debe analizarse de manera particular, la
Corte ha considerado que lo mismo sucede con los sujetos de especial
protección constitucional. Respecto de estas personas, es claro que no se
pueden aplicar las mismas reglas que al común de la sociedad. Lo que para una
persona sin ningún grado de vulnerabilidad puede ser eficaz o idóneo, para un
sujeto de especial protección, en las mismas circunstancias fácticas, no. Para
esta Corporación “el artículo 86 Superior debe interpretarse en concordancia
con los artículos 13 y 47 constitucionales, pues no debe olvidarse que existen
personas que por sus condiciones requieren una especial protección por parte
del Estado[19]”[20].
Frente a estas personas, no es posible hacer el análisis con la misma
rigurosidad. El juez debe prever los aspectos subjetivos del asunto estudiado.
A este respecto, el
concepto de este Tribunal Constitucional ha sido que,
“No
puede olvidarse que las reglas que para la sociedad son razonables, para sujetos
de especial protección “pueden tener repercusiones de
mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo”[21], y que amplía a su vez el
ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de
tutela. Así, en el caso de los niños, la recreación o la alimentación
balanceada, por ejemplo, cobran una particular importancia que generalmente no
es la misma para el caso de los adultos (C.P. artículo 44).  De igual
forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses adquiere una gran
relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la mujer
(C.P. artículo 43)”[22]”[23]
En igual sentido, la Corte ha considerado que “la
condición de sujeto de especial protección constitucional – especialmente en el
caso de las personas de la tercera edad (Art. 46
C.P.), los discapacitados (Art. 47 C.P) y las mujeres cabeza de familia (Art. 43
C.P.) – así como la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se
encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios de defensa
judicial no son idóneos”[24]. Como se observa, la
Corte ha invertido el análisis de subsidiariedad en estos casos. Frente a
estas personas el recurso se presume inidóneo e ineficaz, salvo que el juez en
su estudio, luego de una carga argumentativa seria, constate lo contrario. Aquí
sucede lo contrario que a la sociedad en general pues allí el juez debe
realizar “un análisis estricto de subsidiariedad si el peticionario no
enfrenta situaciones especiales que le impidan acudir a la jurisdicción en
igualdad de condiciones que a los demás ciudadanos”[25].
En síntesis, para
verificar el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, el juez
constitucional debe “(i) confirmar que no existe un mecanismo de defensa en
el ordenamiento jurídico; (ii) en caso de existir, que este mecanismo no sea
idóneo y/o eficaz;  (iii) si se está en presencia de un sujeto de especial
protección, se presume inidóneo salvo que, (iv) del análisis del caso concreto
se concluya que las condiciones personales del actor no le impiden acudir a las
vías regulares en condiciones de igualdad. En todo caso, (v) cuando se percate
la existencia de un perjuicio irremediable, el Juez debe otorgar la protección
constitucional transitoriamente[26]”[27].
Pronunciamientos
relevantes sobre conflictos por el no pago de la póliza de seguro en casos que
envuelven la protección de derechos fundamentales de personas en condición de
debilidad manifiesta o vulnerabilidad. Reiteración de jurisprudencia.
El sistema de
precedente ha sido valorado por la Corte como un método de interpretación que
no solo ayuda a unificar su jurisprudencia, sino también incentiva la seguridad
jurídica y materializa el derecho a la igualdad. En ese orden, por ejemplo,
permite a los jueces conocer con exactitud cuáles son las reglas aplicables a
un caso y cómo este Alto Tribunal ha entendido la vulneración, o no, de un
derecho fundamental en ese evento en específico. Así mismo, garantiza que las
personas sean tratadas de igual manera, siempre que los supuestos fácticos de
sus casos coincidan en lo esencial.
Pues bien, este
método consiste en identificar las sentencias más relevantes sobre un asunto, y
extraer de ellas las principales razones que ha tenido la
Corte a la hora de fallar situaciones similares. Ello para fijar una regla
concreta aplicable al caso estudiado. Naturalmente, todas las veces los casos
no serán exactamente iguales y por tal motivo se hace necesaria una
interpretación adicional por parte del juez, quien deberá a su vez desplegar
una carga argumentativa lo suficientemente fuerte en su decisión. Si fuera de
otra forma, cada juez, según su arbitrio, podría tomar decisiones por fuera del
marco constitucional vigente. Y mucho más, por fuera de lo que la
Corte Constitucional ha establecido.
Así las cosas, este
sistema de precedente será utilizado en esta providencia. Para tal fin, la
Corte abordará los principales pronunciamientos que existen sobre el caso
estudiado, pero con un enfoque especial: conflictos por el no pago de la póliza
del seguro que pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas,
especialmente, su derecho al mínimo vital. Lo anterior, con el objeto de
verificar cuáles han sido los principales criterios que esta Corporación ha
tenido en cuenta para considerar que una aseguradora vulnera los derechos de
sus asegurados tras esta negativa.
En este orden de
ideas, una de las primeras sentencias en estudiar el tema fue la
T-1091 de 2005. En aquella oportunidad, la
Corte estudió el caso de una persona que había adquirido con un banco un apartamento.
Para ello, suscribieron un contrato de mutuo y constituyeron una garantía real
hipotecaria sobre el mencionado inmueble. Para otorgar el mencionado crédito,
como efectivamente sucedió, el banco exigió la firma de un contrato de seguro
que respaldara la obligación, en caso de muerte o invalidez del tomador. En
este contexto, la tomadora efectivamente sufrió una grave afección de salud,
pues le fue diagnosticado cáncer de seno y tuvo una lesión en su columna
vertebral con compromiso del brazo izquierdo y la muñeca derecha. Como era
apenas lógico, la tomadora del seguro no pudo continuar trabajando e incurrió
en mora en varias cuotas del crédito hipotecario. Por tal motivo, al haber
acaecido el siniestro (fue valorado con 50.93% de invalidez), solicitó a la
aseguradora el pago insoluto de la obligación. Pese a ello, aquella entidad
negó el pago de la póliza argumentando que la parte asegurada se encontraba en
mora en el pago de la prima mensual a pesar de no contar con los recursos
económicos para sufragar las cuotas.
En esta ocasión, la
Corte, al estudiar el caso, sostuvo que si bien la acción de tutela en
principio no era el mecanismo adecuado para ventilar asuntos de naturaleza
contractual, en ese preciso evento se alertaba la presencia de un perjuicio
irremediable. Ello, debido a que el banco, al existir mora en el pago de las
cuotas del crédito, había iniciado un proceso ejecutivo para exigir el pago de
la deuda. En esta providencia la Corte consideró que si bien la persona
asegurada se encontraba en mora, era desproporcional, por parte del acreedor,
iniciar un proceso ejecutivo conociendo las circunstancias de debilidad de la
deudora. Igualmente, respecto de la aseguradora, le reprochó no hacerse cargo
de la deuda[28].
En punto a este
tema la Corte sostuvo que,
“, este comportamiento de las accionadas como entidades pertenecientes
al sistema financiero (…), evidencia una vez más la utilización de la posición
dominante, tanto en el contrato de mutuo como en el de seguros cuando,
amparadas en la aparente legalidad de la literalidad de las cláusulas de los
documentos con que se instrumentaron los contratos de crédito hipotecario y el
de seguros respectivamente, actuando en sus condiciones de acreedora sin
satisfacción de su crédito por parte de la ejecutante y de no obligada al pago
de indemnización por terminación del amparo vida ante la no cancelación de las
primas, por parte de la aseguradora, se propicia la terminación formal de la
vía ejecutiva, en la que como se dijo, ya no era factible debatir las
controversias que podían llevar a que la obligada al pago de la deuda fuera la
aseguradora, lo que obviamente liberaba a la accionante de esa carga. Es para la
Sala entonces, un comportamiento con el que sin permitir que fuera la justicia
la que decidiera el asunto, se causó a la accionante el riesgo inminente de
perder su vivienda, que como se ha considerado en esta providencia, para ella
hace parte de su mínimo vital”
Mediante Sentencia
T-152 de 2006, esta Corte estudió, en uno de sus primeros fallos, el tema de
las preexistencias y la reticencia en los contratos de seguros. En aquella
oportunidad, la Corte analizó un caso de una persona de muy bajos recursos, que
había adquirido un seguro familiar de salud con las coberturas y exclusiones
que figuraban en el contrato. Su médico tratante le solicitó a la aseguradora
una orden para la cirugía de “Varicocele Izquierdo”, la cual estaba cubierta
por la póliza. No obstante, la demandada respondió que el procedimiento no
sería autorizado, por tanto esa enfermedad era preexistente al ingreso del
asegurado y que en consecuencia, se encontraba excluido de la cobertura del
seguro. Sin embargo, la Corte sostuvo que no era posible que una aseguradora
alegara preexistencias en este tipo de contrato, pues es ella quien tiene la
posibilidad de conocer el verdadero estado de salud del asegurado.
A pesar de que los
supuestos de hecho pueden variar un poco, lo importante de esta providencia es
que de ella se pueden extraer algunas reglas aplicables a los casos concretos.
En efecto, la principal diferencia entre estos contratos es el “riesgo
asegurado” y la “prestación de la aseguradora”, pues los dos contratos
persiguen un mismo propósito el cual es cubrir los posibles siniestros pactados
entre las partes. Adicionalmente, comparten los elementos esenciales de los
contratos de seguro[29].
Así, aunque parezcan dos escenarios diferentes, el objetivo de esta clase de
seguros es el mismo.
En aquella ocasión,
esta Corporación resaltó dos puntos muy importantes en los contratos de seguro.
El primero de ellos (i), el relativo a la buena fe contractual, y el segundo
(ii), relacionado con la carga de probar las preexistencias médicas. En cuanto
al primer punto, sostuvo que la buena fe en los contratos de seguros adquiere
mayor importancia y se predica de ambas partes. No solo del asegurado sino
también de la aseguradora. Así, “aún cuando en principio la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia enfatiza la buena fe en las cargas que debe
asumir el asegurado, en realidad dicho principio se predica de las dos partes,
es decir, tanto del tomador como del asegurador, teniendo en cuenta que se
trata de un contrato de adhesión. En suma, si en los contratos en general se
exige la buena fe, en el contrato de seguro la exigencia es máxima: tanto en el
solicitante como en el asegurador debe campear la pulcritud moral e
intelectual”[30].
Es decir, la carga de la buena fe corresponde a las dos partes, no solo al
tomador del seguro. Respecto al segundo punto, “no es posible interpretar
los términos del contrato en perjuicio de los intereses del beneficiario o
asegurado, a partir de dictámenes médicos posteriores donde se afirme que una
enfermedad o dolencia detectada durante la ejecución del convenio se había
venido gestando, madurando o desarrollando desde antes de su celebración.(…) No
es, en consecuencia, constitucionalmente admisible la inclusión de una
preexistencia o la negación de un servicio médico que no haya sido enunciado
como tal en el contrato, ya que se presume la buena fe de las partes al momento
de obligarse[31]”[32].
En el año 2007 la
Corte volvió a abordar el estudio de un caso relativo al cumplimiento de
contratos de seguro, especialmente, cuando existe tensión entre la negativa de
las aseguradoras en el pago de una póliza, y los derechos fundamentales del
tomador. Esta fue la Sentencia T-642 de 2007. En dicha providencia, la
Corte tuvo que decidir sobre un caso en el que una aseguradora se negaba al
pago de una póliza argumentando que la prueba de su discapacidad superior al
50%, no provenía de la autoridad competente. Es decir, de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez. Para la
Corte, la acción de tutela no era el mecanismo adecuado para ventilar este
tipo de controversias. Si bien la persona se encontraba en condición de discapacidad,
ello no era argumento suficiente para considerar que en instancias ordinarias
la tutelante podía defender sus derechos tal y como lo había hecho con la
acción de tutela. Mucho más, dado que contaba con recursos económicos para
continuar con el pago de las cuotas.
Posteriormente,
mediante Sentencia T-490 de 2009, este Tribunal nuevamente analizó este asunto.
De acuerdo con los hechos del caso, una persona de cuarenta y cuatro (44) años
de edad trabajó toda su vida como independiente en el oficio de fumigador. Sus
ingresos siempre habían sido limitados y los utilizaba para mantener a su
familia. Tras severas dificultades en su salud, tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente en una operación de remplazo total de rodilla derecha.
Desafortunadamente, la operación no tuvo éxito y el accionante necesitó muletas
por toda su vida. Por tal motivo, fue valorado por la junta de Calificación de
Invalidez con un grado de discapacidad del 59.31%. Al haber trabajado como
independiente toda su vida, queriendo garantizar su “pensión”, había
suscrito un contrato de seguro con una compañía por determinada suma de dinero,
el cual operaría por muerte o invalidez. Efectivamente acudió a la aseguradora
quien le negó el pago del dinero argumentando que el señor aun podía continuar
teniendo “trabajos remunerados”. En dicha Sentencia, la
Corte encontró que efectivamente la aseguradora había vulnerado los derechos
del actor, pues no existía ninguna razón suficiente que le permitiera negar el
pago de la póliza. Por el contrario, lo que ello generaba era un perjuicio
desproporcionado en el peticionario y en su familia.
Así las cosas, en
criterio de este Tribunal,
“Al referirse a las compañías de seguros esta
Corte ha destacado que, si bien en principio las diferencias que con ellas
surjan deben tramitarse ante los jueces ordinarios dado su carácter
contractual, cuando están de por medio derechos fundamentales como la vida, la
salud y el mínimo vital, por su propia actividad y por el objeto de protección
que ofrece en caso de siniestro, resulta viable el amparo constitucional. Por
ende, si de tal objeto asegurado se deriva que la prestación correspondiente es
puramente económica, no tendría cabida la tutela, en cuanto se dirimiría el
conflicto ante la  jurisdicción ordinaria, pero si el objeto de la gestión
específicamente considerado tiene efecto en la vida y en el mínimo vital de una
persona por razón de la materia de la cobertura, puede ser viable la acción de
tutela para el fin constitucional de amparar tales derechos fundamentales ante
la falta de idoneidad y agilidad del medio ordinario de defensa judicial”
En el año 2010, la Corte fijó unas reglas muy importantes en materia de
preexistencias y reticencia en los contratos de seguro. Así, mediante Sentencia
T-832 de 2010, la Corte estableció dos asuntos de suma trascendencia y que
pueden ser extraídos de su lectura. En primera medida, (i) que la carga de la
prueba en materia de preexistencias radicaba en cabeza de la aseguradora y no
del tomador del seguro y, en segundo lugar, (ii) que las aseguradoras no podían
alegar preexistencias si, teniendo las posibilidades para hacerlo, no
solicitaban exámenes médicos a sus usuarios al momento de celebrar el contrato.
Por tanto, en esos eventos, no era posible exigirle un comportamiento diferente
a los asegurados.
En la mencionada decisión, la Corte abordó un caso en el que una señora
de cincuenta y cuatro (54) años de edad había adquirido  un crédito con un
banco, el cual fue amparado con un seguro de vida grupo de deudores suscrito con
una aseguradora. La señora trabajaba como profesora y en el año 2009, su ARP le
dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 77.5%. Al ser madre cabeza de
familia y sin contar con rentas adicionales o recursos económicos suficientes,
solicitó al banco acreedor que hiciera efectiva la póliza ante la aseguradora.
Pese a ello, tanto la aseguradora como el banco, sostuvieron que no era posible
pagar la respectiva póliza pues al momento de celebrar el contrato, la
peticionaria ya había adquirido la enfermedad causante de la pérdida de
capacidad laboral. Es decir, se estaba en presencia de un caso de
preexistencia.
Como se mencionó, la Corte en esta providencia dijo que “en el caso objeto de estudio, la
Sala de Revisión encuentra que Colseguros S. A. fue negligente al omitir
realizar los respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos
recientes, para así determinar el estado de salud de la peticionaria. Por ese
motivo, no es posible que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, alegue que
la enfermedad que lo ocasionó es anterior al ingreso de la señora Gloria
Margoth Turriago Rojas a la póliza de vida grupo deudores”. Con base en ello, es posible concluir, entonces, que esta Corporación
estableció que quienes deben probar la preexistencia son las aseguradoras y que
actúan negligentemente si no realizan exámenes médicos o exigen la entrega de
unos recientes para así verificar el verdadero estado de salud del asegurado.
Así, esta Sentencia evidencia que para la
Corte existen algunos casos donde, a pesar de existir enfermedades previas a
la celebración del contrato, de ello no se sigue reticencia pues el deber de
buena fe estaría en cabeza, más intensamente, de la compañía de seguros. Por
tales motivos, concedió el amparo.
En ese mismo año, la
Corte expidió la Sentencia T-1018 de 2010. En este fallo reiteró la anterior
regla, aunque a la vez decretó un hecho superado al encontrar que el banco
acreedor ya había condonado la deuda. Los hechos del caso muestran a una
persona a quien su médico tratante le había diagnosticado cáncer gástrico a
nivel del estómago nodular. El peticionario vivía con una pensión de
aproximadamente un millón de pesos y de allí subsistían sus tres hijos menores
y esposa. Como consecuencia de su enfermedad, fue calificado con una pérdida de
capacidad laboral del 58.12%. Por esta razón, al haber suscrito un crédito con
un banco, que a su vez había sido respaldado por una póliza de seguro de vida
grupo de deudores que operaría por invalidez o muerte, solicitó el pago
insoluto de la deuda. No obstante, la aseguradora rechazó su solicitud por
considerar que el actor no había informado sobre su enfermedad al momento de
tomar el seguro.
En dicha
providencia, si bien la Corte encontró probado un hecho superado, sostuvo que “[b]ajo los anteriores supuestos y la realidad fáctica que
ha quedado dilucidada, es claro que la tutela pedida ha debido concederse, por
la realidad de la afectación del derecho del actor al mínimo vital, quebrantado
al tener que seguir abonando a una obligación crediticia, no obstante está
cubierto con un seguro de vida grupo de deudores, siendo un anciano pensionado
con menos de un millón de pesos de mesada, calificado “con 58.12% de pérdida de capacidad
laboral de origen común, con fecha de estructuración enero 5/06, día del
reporte de biopsia con adenocarcinoma recurrente". En otros términos, esta Corporación no encontró
suficiente el argumento de la aseguradora que indica que por el hecho de no
informar a la aseguradora una enfermedad, es suficiente para que una persona en
condición de discapacidad deba continuar pagando el crédito por sí misma.
Más recientemente, la Sentencia T-086 de 2012 volvió a fallar un caso
con similares características. Muestran los hechos de la providencia varios
casos de personas a las que sus aseguradoras les había negado el pago de la
póliza del seguro de vida grupo de deudores, bajo el argumento que la
enfermedad causa de la discapacidad, había ocurrido previamente a la
celebración del contrato. En efecto, las personas padecían de una enfermedad
que les había disminuido su capacidad laboral en más de un 50%. Pese a ello, la
Corte no concedió el amparo tras considerar que no quedaba demostrada la
existencia de un perjuicio irremediable. Por ello, al tener otras vías más
adecuadas, la tutela se tornaba improcedente. Pese a ello, vale resaltar, los
sujetos contaban con rentas adicionales como pensiones por invalidez, entre
otras. Igualmente, no se probó sumariamente la incapacidad económica de los
actores.
Un precedente muy importante para el caso que nos ocupa, es el contenido
en la Sentencia T-751 de 2012. Además de reiterar algunas sentencias
mencionadas en este capítulo, fijó algunas reglas relacionadas con cargas que
deben cumplir las aseguradoras cuando alegan preexistencias. En dicha providencia,
la Corte estudió varios casos de personas que habían adquirido créditos con
diferentes bancos, los cuales estaban amparados con pólizas de seguro de vida
grupo de deudores. Como ya se ha mencionado en varias oportunidades, tales
seguros obligarían a la aseguradora a pagar el saldo insoluto del crédito,
siempre que los tomadores perdieran más del 50% de capacidad laboral y/o por
muerte. Los actores carecían de recursos económicos.
En criterio de la Corte, el principio de buena fe en los contratos de
seguro adquiere mayor importancia. Sin embargo, este mandato no solo se predica
respecto de los tomadores del seguro, sino, en algunos casos con mayor grado de
exigencia, de las aseguradoras. Así, “de una
parte, el contrato se caracteriza por la exigencia de una buena fe calificada
de los contratantes, aspecto que se proyecta en la interpretación de sus
cláusulas. De otra, pero en íntima relación con lo expresado, cuando el
contrato se suscribe en el marco más amplio de las actividades financieras y crediticias,
o cuando se asocia al goce efectivo del derecho a la salud, es deber de quien
lo elabora eliminar cualquier ambigüedad, mediante la expresión precisa y
taxativa de las preexistencias excluidas de la cobertura del seguro”. En otros términos, si bien existen múltiples riesgos asegurables,
cuando se trate de contratos de seguros en el marco de actividades financieras,
crediticias y de salud, el principio de buena fe se materializa a través de la
obligación de quien elabora el contrato de eliminar cualquier tipo de
ambigüedad incluyendo expresamente las preexistencias excluidas del riesgo.
Así, en criterio de
este Tribunal Constitucional,
“[C]uando las cláusulas no definen de la manera explícita las
condiciones de la cobertura debido a la incorporación de textos de excesiva
vaguedad o exclusiones de carácter eminentemente genérico, se vulnera la buena
fe del tomador en tanto no resulta posible establecer el alcance de la
cobertura.  En ese marco, y en síntesis, las partes del contrato de seguro deben
tener un acceso equitativo a la información relevante, sobre el alcance del
riesgo asegurado -por una parte- y la cobertura real del contrato -por otra-.” [En consecuencia] “la carga de declarar sinceramente la información
relevante para la determinación del estado de riesgo (en este caso, el estado
de salud) no puede traducirse en una imposibilidad absoluta de hacer efectiva
la póliza, como consecuencia de un establecimiento ambiguo de la cobertura,
mediante cláusulas simplemente genéricas o mediante una alusión
descontextualizada de las condiciones generales del contrato, carente de la
precisión que se obtiene mediante las condiciones específicas del mismo”[33].
De acuerdo con
ello, los límites a la libertad asegurativa “se concretan en la inoponibilidad
de preexistencias que no fueron planteadas en el contrato de seguro, cuando la
entidad aseguradora no efectuó un examen al momento de la suscripción del
contrato”[34].
Ello implica, entonces, que la aseguradora, siguiendo la tesis de la
Sentencia T-832 de 2010, debe exigir un examen médico so pena de no poder
alegar preexistencias en eventos futuros.
Finalmente, en el
año 2013, mediante Sentencia T-342, esta Corporación volvió a estudiar un tema
de preexistencias y reticencia. En aquella ocasión, la
Corte definió un caso de una persona de 56 años de edad a quien se le
diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, imposibilitado para realizar sus
funciones de manera regular. El actor había adquirido distintos créditos de
consumo respaldados mediante pólizas de seguro, las cuales fueron negadas a
cancelar por la aseguradora, argumentando que la enfermedad causante de la
invalidez fue adquirida con anterioridad a la vigencia del contrato. En esa
oportunidad, la corte, nuevamente, decidió a favor de los intereses del
asegurado, pues en ese preciso evento la aseguradora no realizó exámenes
previos a la celebración del contrato. Por tal motivo, no podía oponerse al
pago de la póliza, dado que no cumplió con dicha carga.
En ese sentido sostuvo que,
“De las pruebas allegadas al expediente, y en
concordancia con el citado parágrafo de las condiciones generales del contrato
de seguro, encuentra la Sala que al momento de adquirir los créditos, el actor
no llenó formulario alguno para ser asegurado, pese a ser una garantía para la
entidad financiera que en caso de muerte o incapacidad total y permanente, como
efectivamente ocurrió, Equidad Seguros sufragara los saldos insolutos de las
deudas existentes al momento del siniestro. Tampoco se observa que Equidad
Seguros haya realizado algún tipo de examen médico, ni exigido que el actor
como asegurado allegara uno, para así determinar su estado de salud y
confrontarlo con las exclusiones y preexistencias del contrato que deben ser
establecidas por la compañía”[35].
De la jurisprudencia
estudiada, se pueden extraer varias conclusiones, en relación con la obligación
de las aseguradoras de pagar la póliza a pesar de haber acaecido algún tipo de
preexistencia. En primer lugar, (i) carecer de recursos económicos. La
Corte ha entendido que no basta ser un sujeto de especial protección
constitucional para que pueda reclamarse el pago de la póliza. Efectivamente,
la persona debe carecer de los recursos económicos necesarios para continuar
pagando las cuotas del crédito. En consecuencia, ha sido bastante rígido cuando
las personas gozan de recursos económicos pues ha entendido que en esos
eventos, su móvil no es la protección de sus derechos fundamentales sino
intereses netamente patrimoniales. Si ello fuera así, siempre, en todos los
casos, las aseguradoras tendrían que pagar las pólizas, desnaturalizándose el
contrato de seguros.
En segundo lugar
(ii), que la familia del asegurado dependa económicamente de él. Si bien esta
Corporación ha fallado a favor de personas que no responden económicamente por
su familia, este parece ser un criterio muy importante a la hora de tomar la
decisión. En efecto, el no pago de la póliza, en estos eventos, puede incluir
la lesión y/o vulneración de los derechos fundamentales de todo un núcleo familiar.
Si una persona no puede pagar la cuota de un crédito, muy probablemente esto
tendrá efectos en su familia por los posibles cobros del banco.
En tercer lugar
(iii), la carga de declarar no puede convertirse en una carga excesiva para el
tomador del seguro, pues existen casos en los que las cláusulas son tan
ambiguas que no es posible, naturalmente, suministrar con toda certeza las
calidades del asegurado.
En cuarto lugar
(iv), la carga de la prueba de la preexistencia radica en cabeza de la
aseguradora.
Finalmente, en
quinto lugar (v), la aseguradora está en la obligación de pedir exámenes
médicos previos a la celebración del contrato de seguro, pues de otra manera no
podrá alegar preexistencia alguna en un futuro. La
Corte ha entendido que este deber es mayormente exigible a la aseguradora,
pues en muchas ocasiones, las personas no cuentan ni con los medios, ni con el
conocimiento suficiente para conocer sus enfermedades.
Reticencia
implica una valoración subjetiva, mientras que la preexistencia es un hecho
objetivo. No basta probar preexistencia, la aseguradora debe demostrar la mala
fe.
El principio de
buena fe en el derecho colombiano, desde siempre, ha tenido una importancia
trascendental en las relaciones contractuales[36].
No ha sido poca la jurisprudencia de esta Corporación la que ha señalado que
los particulares deben actuar de manera honesta y transparente en sus
relaciones privadas. Incluso, en algunos casos, la legislación colombiana y la
jurisprudencia constitucional han avalado la imposición de sanciones a aquellos
sujetos que actúen en contra de este principio: esto es, de mala fe.
Pues bien, en el
derecho de seguros la situación no varía mucho. A grandes rasgos, el concepto
de riesgo es el elemento más importante y esencial en esta clase de contratos.
Gracias a éste es posible identificar el siniestro y con ello, saber cuándo y
cómo deben proceder las partes a cumplir sus obligaciones. Incluso, es un
asunto que adquiere relevancia para fijar la prima del seguro. Pues bien,
determinar el riesgo depende de muchos factores. Uno de ellos, la declaración
del asegurado. Gracias a esta manifestación, entre otros aspectos, es posible
que la empresa aseguradora determine el nivel del riesgo y todo lo que ello implica.
De allí su importancia. Si el tomador del seguro no informa las condiciones
previas al amparo del riesgo, el asegurador no sabrá cual es el riesgo que está
amparando. Visto de otra manera: el contrato de seguro se desnaturaliza[37].
Tal es la magnitud
de esta declaración que, como se dijo, la legislación colombiana impone cierto
tipo de sanciones por incurrir en “reticencia o inexactitud” en el suministro
de la información. De acuerdo con ello, el artículo 1058 del Código de Comercio,
en relación con la reticencia, obliga al tomador informar al asegurador de
todas aquellas circunstancias que de conocerlas (i) o bien hagan más onerosa la
relación o, sencillamente (ii), abstengan al asegurador de celebrar el
contrato. Incumplir con este deber
de información, conlleva a dos consecuencias negativas para el asegurado: La
nulidad relativa del contrato de seguro, o recibir tan solo una parte de la
póliza. En términos textuales, la mencionada disposición señala lo
siguiente:
“Art. 1058.- El tomador está obligado a declarar
sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo,
según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o
la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador,
lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular
condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Si la
declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la
reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto
por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado
del riesgo. Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del
tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en
caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente
al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la
tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto
en el artículo 1160. Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican
si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer
los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o
si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o
tácitamente”.
La Corte Suprema de Justicia también se ha
pronunciado sobre este tema. Mediante fallo del primero (01) de septiembre de
dos mil diez (2010)[38],  aquella Corporación sostuvo que
el deber de informar con exactitud la información relevante para celebrar el
contrato de seguro, era una forma de materializar el principio de buena fe y en
consecuencia, castigar a los negociantes que actúen de manera deshonesta. En
criterio de la Corte Suprema,
“dicha norma ha sido analizada como aplicación específica del principio
de buena fe inherente al contrato de seguros, pues esta modalidad negocial
supone que el interesado declare sinceramente cuál es el nivel de riesgo que
asumirá la entidad aseguradora, comoquiera que esa manifestación estructura la
base del consentimiento acerca de la concesión del amparo y no sólo eso,
contribuye a establecer el valor de la póliza, en función de la probabilidad
estadística de que el riesgo asegurado acontezca”.
Sobre este mismo
punto, la Jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido enfática en señalar que el
artículo 1058 del Código de Comercio privilegia la buena fe de los contratantes
y castiga a quien no haya actuado de dicha manera. Así, “el legislador quiso
arropar la falta de sinceridad del contratante y su obrar contrario a la buena
fe, bajo la sanción de la nulidad relativa, con lo cual, en ejercicio de una
actividad que le es propia y para la cual se halla facultado, construyó un
régimen particular que inclusive alcanza a superar en sus efectos el ordenamiento
común de los vicios del consentimiento, frente al que, tal como fue instituido
en el citado artículo 1058, no puede el intérprete hacer distingos,
observándose que el vicio se genera independientemente de que el siniestro
finalmente no se produzca como consecuencia de los hechos significativos, negados
u ocultados por quien tomó el seguro”[39].
Dicho de otra manera, las sanciones del Código de Comercio están dirigidas
a quienes, subjetivamente, hayan actuado de manera deshonesta. Ello no
significa otra cosa que la valoración de la mala y buena fe siempre, en todos
los casos, será subjetiva.
En este orden de
ideas, si el artículo 1058 del Código de Comercio obliga al asegurado a
declarar “sinceramente”, es claro que la preexistencia, no siempre, será
sinónimo de reticencia[40].
En efecto, como se mencionó, la reticencia implica mala fe en la conducta del
tomador del seguro. Eso es lo que se castiga. No simplemente un hecho previo
celebración del contrato. Por su parte, la preexistencia es un hecho objetivo.
Se conoce con exactitud y certeza que “antes” de la celebración del
contrato ocurrió un hecho, pero de allí no se sigue que haya sido de mala fe.
La preexistencia siempre será previa, la reticencia no[41].
En criterio de esta
Sala, la preexistencia puede ser eventualmente una manera de reticencia. Por
ejemplo, si una persona conoce un hecho anterior a la celebración del contrato
y sabiendo ésto no informa al asegurador dicha condición por evitar que su
contrato se haga más oneroso o sencillamente la otra parte decida no celebrar
el contrato, en este preciso evento la preexistencia sí será un caso de
reticencia. Lo mismo no sucede cuando una persona no conozca completamente la
información que abstendría a la aseguradora a celebrar el contrato, o hacerlo
más oneroso. Por ejemplo, enunciativamente, casos en los que existan
enfermedades silenciosas y/o progresivas. En aquellos eventos, el actuar del
asegurado no sería de mala fe. Sencillamente no tenía posibilidad de conocer
completamente la información y con ello, no es posible que se deje sin la
posibilidad de recibir el pago de la póliza. Esta situación sería imponerle una
carga al usuario que indiscutiblemente no puede cumplir. Es desproporcionado
exigirle al ciudadano informar un hecho que no conoce ni tiene la posibilidad
de conocerlo. Mucho menos, para el caso del seguro de vida grupo de deudores,
suministrar con preciso detalle su grado de discapacidad.
Ahora bien, ¿quién
debe probar la mala fe? En concepto de esta Corte, deberá ser la aseguradora. Y
es que no puede ser de otra manera, pues solo ella es la única que puede decir
con toda certeza (i) que por esos hechos el contrato se haría más oneroso y
(ii), que se abstendrá de celebrar el contrato. Precisamente, la
Corte Suprema también ha entendido que esta carga le corresponde a la
aseguradora. Por ejemplo, en Sentencia del once (11) de abril del 2002, sostuvo
que “las inexactitudes u omisiones del asegurado
en la declaración del estado de riesgo, se deben sancionar con la nulidad
relativa del contrato de seguro, salvo que, como ha dicho la jurisprudencia,
dichas circunstancias hubiesen sido conocidas del asegurador o pudiesen haber
sido conocidas por él de haber desplegado ese deber de diligencia profesional
inherente a su actividad” (subraya por fuera del
texto)[42].
Lo anterior significa que la reticencia solo existirá siempre que la
aseguradora en su deber de diligencia, no pueda conocer los hechos debatidos.
Si fuera de otra manera podría, en la práctica, firmar el contrato de
seguro y solo cuando el tomador o beneficiario presenten la reclamación, alegar
la reticencia. En criterio de esta Sala, no es posible permitir esta
interpretación pues sería aceptar prácticas, ahora sí, de mala fe.
En síntesis, la
reticencia significa la inexactitud en la información entregada por el tomador
del seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta figura es castigada con la
nulidad relativa. En otros términos, sanciona la mala fe en el comportamiento
del declarante. Ello implica que, (i) no necesariamente los casos de
preexistencias son sinónimo de reticencia. El primer evento es objetivo
mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de la
aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias, pues solo ella es
la única que sabe si ese hecho la haría desistir de la celebración del contrato
o hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será sancionada si el asegurador
conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia.
Estudio de los casos concretos
De acuerdo con las
consideraciones realizadas a lo largo de esta providencia, esta Sala resolverá
los casos concretos. Para tal fin, se permite reiterar, entonces, que la
Corte ha considerado que se violan los derechos fundamentales de las y los
asegurados, especialmente al mínimo vital, cuando: (i) la persona carezca de
recursos económicos para continuar con el pago de las cuotas del crédito; (ii)
exista probabilidad de lesionar los derechos de personas que dependan
económicamente de él; (iii) en los casos de preexistencias la obligación de
declarar no puede ser absoluta, pues existen eventos donde no es posible
informar con certeza todas las condiciones del asegurado, especialmente, cuando
las clausulas del contrato son muy amplias o ambiguas; (iv) la carga de la prueba
de la preexistencia radica en cabeza de la aseguradora quien deberá solicitar
exámenes médicos previos a la celebración del contrato, so pena de no poderlos
alegar en un futuro y, finalmente; (v) preexistencia no es sinónimo de
reticencia. En este último evento, se deberá acreditar mala fe del asegurado.
Cuando se acrediten tales condiciones, no excluyentes, las aseguradoras tendrán
que pagar el saldo insoluto de la obligación. A partir de dichas reglas, se
resolverán los casos concretos.
Consideración previa
común de procedibilidad
Antes de resolver
el fondo del asunto, esta Sala estima necesario hacer una consideración
preliminar sobre la procedibilidad de la acción de tutela en los casos
estudiados. Así las cosas, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta
Corporación, la acción de tutela en principio no es el mecanismo adecuado para
discutir asuntos de naturaleza contractual. No obstante, en algunas
situaciones, de manera excepcional, puede ser la vía adecuada para dirimir
tales controversias. Ello sucede, principalmente, cuando (i) la persona no
cuenta con otros recursos judiciales, o teniéndolos (ii) no son idóneos y/o
eficaces. En todo caso, siempre procederá el amparo como mecanismo transitorio
en presencia de un perjuicio irremediable. En el presente caso, esta Corte
encuentra que la acción de tutela sí cumple con el requisito de subsidiariedad
por cuanto los recursos con los que cuentan los peticionarios, por sus
condiciones de vulnerabilidad, no son eficaces.
Los asuntos
estudiados si tienen un mecanismo en el ordenamiento jurídico para discutir
este tipo de controversias. Por regla general, las personas que pretendan hacer
valer el pago de la póliza de seguros tras haber acaecido un siniestro, pueden
acudir a la jurisdicción ordinaria a través de un proceso declarativo con el
objeto de, en caso de haber incumplido el contrato, obligar a la aseguradora a
pagar la respectiva póliza de seguro. Esta es la vía apropiada para ventilar
estos temas. Ello quiere decir que los accionantes si cuentan con un mecanismo
en el ordenamiento jurídico que a su vez es idóneo. Es decir, específicamente
existe un medio apropiado que está diseñado para sus intereses. No obstante, no
es eficaz.
Y no es eficaz por
al menos dos razones. En primer lugar, los casos tienen en común que los
peticionarios son sujetos de especial protección constitucional. En estas
circunstancias, la Corte ha dicho que el requisito de subsidiariedad se
flexibiliza pues lo que es eficaz para el común de la sociedad, para aquellos
sujetos, no. Efectivamente, los tutelantes padecen de una discapacidad bastante
grave. En los tres asuntos examinados han perdido, por distintas causas, más
del 50% de capacidad laboral. Es decir, están en estado de invalidez. Pero
adicionalmente, en segundo lugar, en la mayoría de los casos, presuntamente carecen
de recursos económicos. Revisado el expediente, casi todos los accionantes
afirman que se encuentran en problemas monetarios que les impide continuar con
el pago de los créditos adquiridos. Eso se explica en buena forma porque al
perder gran parte de su capacidad laboral, no pueden continuar trabajando. En
ningún caso se controvirtió por parte de las empresas accionadas que los
peticionarios tengan rentas adicionales que les garantice algún tipo de estabilidad
económica.
Así, obligar a los
accionantes acudir a un proceso ordinario, es condicionar la protección de su
derecho a un trámite que no se sabe con certeza cuál será su resultado. Ello
quiere decir que, independientemente tengan o no tengan razón, que por la
gravedad del asunto y las condiciones de las personas, la acción de tutela se
convierte en el mecanismo apropiado. Ir a jurisdicciones ordinarias es obligar
a la accionante a asumir cargas desproporcionadas que si bien son soportables
para el común de la sociedad, para ella no lo son. Esta clase de procesos “lleva
consigo una serie de trámites (demanda, notificaciones, diligencias judiciales,
práctica de pruebas, etc.) que [los accionantes no están] en capacidad
de cumplir en condiciones de igualdad. El solo hecho de tener que movilizarse
ya es una situación tortuosa para ella y sus familiares”[43]. Por
tales motivos, la Corte conocerá el fondo del asunto.
Pese a ello, esta
Sala estima hacer un análisis de subsidiariedad más detallado en el caso del
Señor José del Carmen Martínez en contra de del banco Davivienda y Compañía de
Seguros Bolívar S.A., pues encuentra que existen elementos especiales que hacen
necesaria una consideración particular.
EXPEDIENTE
T-4143384. ARGEMIRO ARZUAGA MANJARREZ EN CONTRA DE SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
S.A. Y BANCOLOMBIA S.A.
De acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela, en principio, no es el
mecanismo adecuado para exigir el cumplimiento de un contrato de seguro. Ello,
pues los accionantes cuentan con otros mecanismos para discutir estos asuntos,
y el amparo constitucional no puede convertirse en un sustituto de otros
recursos. No obstante, en algunas circunstancias, la tutela es el mecanismo más
adecuado para ventilar estas controversias. Particularmente, cuando el
mecanismo principal de defensa sea ineficaz y/o inidóneo. Una vez el juez
constitucional adquiere competencia, tendrá que verificar las reglas descritas
en la parte motiva de esta providencia y determinar si la negativa de la
aseguradora de pagar el saldo insoluto de la obligación de un crédito amparado
por un contrato suscrito con ella, vulnera los derechos fundamentales de los
peticionarios. En este contexto, a continuación se abordará el análisis de
fondo de cada uno de los casos. Para ello, esta Sala verificará si se cumplen
con las subreglas establecidas por la
Corte en su jurisprudencia.
En el presente
caso, manifiesta el accionante que suscribió un contrato de mutuo con
Bancolombia S.A. quien le exigió adquirir una póliza con el fin de respaldar la
obligación. Dicho contrato de seguro fue celebrado el veintisiete (27) de enero
de dos mil doce (2011) y operaría por muerte o incapacidad total y permanente
del tomador. El siete (07) de septiembre de dos mil doce (2012), la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA, dictaminó que el tutelante sufría una pérdida de
capacidad laboral del 50.07%, con fecha de estructuración del veintiuno (21) de
Junio de dos mil once (2011), por padecer enfermedades como lupus eritematoso
sistémico, necrosis idiopática ósea en cadera, secuelas funcionales definitivas
de artrosis de cadera derecha, neuropatía lúpica, complicaciones y trastornos
neuromusculares, cambios artrósicos degenerativa de cadera derecha. Por tal
motivo, solicitó a la aseguradora el pago de la póliza, quien se negó a tal
pretensión argumentando que al momento de adquirir el crédito, el peticionario
ya se encontraba enfermo. Sostuvo el tutelante, hecho no controvertido, que
carece de condiciones económicas para continuar con el pago del crédito y para
sostenerse a él y a su familia. Las decisiones de instancia consideraron que el
señor Arzuaga Manjarrez cuenta con otros recursos para defender sus derechos,
como por ejemplo, la jurisdicción ordinaria civil. Por tal motivo, declararon
improcedente la acción, sosteniendo que en el presente caso no se cumple con el
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
Una vez analizados
los hechos del caso y las pruebas que reposan en el expediente, esta Sala
tutelará los derechos fundamentales a la vida digna, dignidad humana y mínimo
vital del señor Argemiro Arzuaga Manjarrez. En criterio de esta Corte, las
razones por las cuales la aseguradora decide negar el pago de la póliza son
injustificadas y generan efectos perversos en los derechos fundamentales del
peticionario. No encuentra la Sala ninguna razón válida, de aquellas expresadas
por la aseguradora, que indiquen cosa contraria a su incumplimiento
irresponsable, el cual puso en riesgo las garantías fundamentales del peticionario.
Lo anterior, por al menos las siguientes razones.
En primer lugar,
está demostrado que el peticionario padece de una enfermedad bastante grave,
razón por la cual, no puede continuar trabajando. En efecto, una vez realizada
la valoración médica, le fue diagnosticado lupus eritematoso sistemático,
necrosis idiopática ósea en cadera, secuelas funcionales definitivas de
artrosis de cadera derecha, neuropatía lúpica, complicaciones y trastornos
neuromusculares, cambios artrósicos degenerativa de cadera derecha, motivo por
el cual tuvo una pérdida de capacidad laboral del 50.07 %. Ello quiere decir
que de acuerdo con las condiciones del contrato, había operado el siniestro
pues efectivamente padecía de invalidez total y permanente. Esa situación, no
solo obligaría a la aseguradora a pagar la póliza y cumplir con sus
obligaciones, sino también sitúa al asegurado en condición de vulnerabilidad
pues por sus problemas de salud, se encuentra en una condición de discapacidad
que le impide desarrollar su vida como lo venía haciendo. Lo anterior, no solo
tiene consecuencias en su diario vivir, sino que para efectos del caso, implica
que esta Sala le brinde una protección particular al convertirse en un sujeto
de especial protección constitucional. En este contexto, el caso adquiere
relevancia constitucional, pues esta Sala no puede ignorar que un fallo
desfavorable a los intereses del actor, ocasionaría serias cargas que muy
probablemente el peticionario no podría soportar. Por ejemplo, a pesar de haber
operado el siniestro, tener que pagar el crédito respaldado por la póliza que
la aseguradora no quiere cancelar y sin, al parecer, ingresos para hacerlo por
no poder continuar trabajando.
No obstante, a
pesar de la relevancia constitucional que adquiere este caso, como se dijo en
la parte motiva de esta providencia, la
Corte también ha entendido que la condición de discapacidad no es
necesariamente suficiente para obligar a una aseguradora a pagar el saldo
insoluto de la obligación. La razón para que ello sea así es que si se adoptara
esta regla sin ningún tipo de condiciones, la acción de tutela dejaría sin
contenido a las demás vías ordinarias. Todas las personas que se encuentren en
esa situación, acudirían al amparo constitucional para reclamar el pago de la
póliza y la tutela, al igual que la justicia ordinaria, perdería todo sentido.
Más aún, la esencia misma del contrato de seguro dejaría de existir, si la
tutela sirviera como el mecanismo para desconocer las cláusulas de un contrato.
Por ejemplo, si se llegase a demostrar reticencia por parte del tomador del
seguro, la condición de discapacidad no sería suficiente argumento para obligar
a la aseguradora (en ejercicio de su autonomía de voluntad contractual) a pagar
la póliza. Es por ese motivo que la Corte haya exigido que al menos
sumariamente, por parte del tomador, se demuestre que la persona carece de los
recursos económicos suficientes para continuar con el pago de la deuda. Así, si
cuenta con capacidad económica, deberá ventilar esa controversia por la vía ordinaria,
ya que su afectación al mínimo vital no será tan cierta.
Así las cosas,
aterrizando al caso concreto, los hechos y pruebas revisadas por esta Sala,
llevan a considerar que el peticionario no cuenta con recursos económicos para
pagar el saldo insoluto de la deuda que adquirió con el banco beneficiario del
seguro. Y se llega a esta conclusión por dos vías. En primer lugar, el actor no
cuenta con ningún tipo de renta adicional. Tal y como obra en el expediente,
los activos percibidos por su trabajo previo a la pérdida de capacidad laboral,
era su única fuente de ingresos. El señor Manjarrez no tiene ningún tipo de
pensión, ni tampoco negocios paralelos. Al contrario, es responsable por toda
su familia la cual se compone de tres menores de edad y su esposa. Este hecho
lleva a pensar a esta Corte que los gastos que debe asumir por toda su familia
son bastante elevados, mucho más teniendo en cuenta que no puede trabajar. Así
mismo, revisado el expediente, esta Sala encuentra que este hecho no fue controvertido
por la aseguradora. Por tal motivo, se darán como ciertas estas afirmaciones.
En síntesis, existen indicios muy fuertes que conllevan a esta Corte a pensar
que efectivamente el señor Manjarrez no cuenta con los recursos necesarios para
mantenerse a sí mismo y a su familia.
Tales
circunstancias, entonces, indican que el petente no persigue un interés
exclusivamente patrimonial. Sin el pago de la póliza su derecho al mínimo vital
se vería afectado considerablemente. No es necesaria hacer una relación de
ingresos y gastos para evidenciar que, al no contar con rentas adicionales, ni
pensión, ni ninguna fuente de ingresos por su estado de salud, no puede
mantenerse a él y a su núcleo familiar compuesto por tres hijos menores de edad
y su esposa.
Por otra parte,
existe un dilema probatorio pues el peticionario afirma que al momento de
celebrar el contrato, no firmó ninguna declaración de asegurabilidad. No
obstante, la aseguradora sostiene que el 31 de enero de 2011, el señor Arzuaga
firmó el debatido documento. Revisadas las pruebas, esta Sala encuentra que la
defensa de la aseguradora no tiene la virtualidad de desvirtuar las
afirmaciones del declarante. Tal y como se observa en la contestación de la
acción de tutela[44],
la aseguradora sostiene que si existe una declaración en la que, cuando se le
pregunta al peticionario si “¿sufre o ha sufrido enfermedades mentales,
cerebro vasculares, renales, cáncer, pulmonares, gastrointestinales,
hipertensión arterial, diabetes, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, SIDA, y
en general cualquier otro tipo de enfermedad o patología preexistente a la
fecha de otorgamiento de cada crédito?”, este sostiene que no. No obstante,
revisado minuciosamente el expediente, la aseguradora no aporta en ninguna
parte constancia en la que el peticionario firme o acepte expresamente no
padecer ninguna enfermedad previa a la celebración del contrato. Tan solo, sin
prueba alguna, copia parte de una supuesta declaración que nunca fue aportada
al proceso.
Ahora bien, a pesar
de lo anterior, esta Sala se permite hacer una anotación adicional sobre este
punto. Tal y como se dijo en la parte considerativa de esta Sentencia, el deber
de declarar de los asegurados no es absoluto pues existen situaciones en las
que el tomador del seguro no conoce sus enfermedades porque o bien son
silenciosas, o son de imposible conocimiento del asegurado. Igualmente, este
deber se restringe mucho más cuando quiera que el contrato de seguro disponga
clausulas etéreas, abstractas o ambiguas. Como se aprecia en este caso, el
señor Arzuaga manifiesta que él no conocía todas las enfermedades que padecía y
la aseguradora sostiene que desde antes de celebrar el contrato el peticionario
ya sufría de problemas en la cadera derecha y antecedentes de LES. Sin embargo,
estas enfermedades son tan solo una causa de la pérdida de capacidad laboral.
En ese evento, el señor Arzuaga solo podía conocer aquellas enfermedades
respecto de las cuales hubiera tenido tratamiento. Las otras, no tenía
posibilidad de conocerlas.
En todo caso,
revisadas las cláusulas del contrato, la supuesta declaración de asegurabilidad
preguntaba si conocía “cualquier otro tipo de enfermedad o patología
preexistente a la fecha de otorgamiento de cada crédito?”. Estima esta
Corte que esta pregunta es excesivamente ambigua, etérea y abstracta, pues esto
sería entregarle al tomador una carga que jamás podría cumplir. Es un exceso
eximir a las aseguradoras del pago de una póliza, admitiendo reticencia, cuando
estas preguntas llevan a que los asegurados jamás puedan suministrar la
información exacta para tomar el seguro. Esta clase de condiciones ambiguas y
abstractas en el contrato demuestran mala fe en las aseguradoras pues no exigen
información exacta e inducen a que los tomadores de los seguros incurran en error.
Estos cuestionamientos, al ser tan generales, siempre llevarían a los usuarios
del sistema asegurador a incurrir en inexactitudes y por ello a ser sancionados
con reticencia, lo cual no puede admitir esta Corporación ni nuestro orden
constitucional.
Además de lo
anteriormente expuesto, la aseguradora no demostró reticencia. Tal y como se
desarrolló en el cuerpo de esta decisión, reticencia no es sinónimo de
preexistencia. La preexistencia es un hecho objetivo y la reticencia exige mala
fe. En estos eventos, a la aseguradora no le es suficiente con probar una
preexistencia sino demuestra que el tomador actuó de mala fe. Adicionalmente,
no podrá alegar preexistencia si antes de celebrar el contrato, no solicitó
exámenes médicos al asegurado. Así las cosas, en este caso no se evidencia que
la compañía demandada haya cumplido con tales cargas. No cumplió con su deber
mínimo de exigir un examen médico a fin de establecer la onerosidad del seguro
o definitivamente decidir su no celebración, ni tampoco logró demostrar que el
accionante haya actuado de mala fe. Tan solo se limitó a señalar un caso,
parcial, de preexistencia.
Finalmente, algo
que no deja de sorprender a la Corte es el mal actuar de la aseguradora.
Revisadas las fechas relevantes para resolver el caso concreto, se encuentra
con toda claridad que el contrato de seguro fue celebrado entre las partes el
veintisiete (27) de enero de dos mil once (2011). Por su parte, el siete (07)
de diciembre de dos mil doce (2012) se expidió el certificado de pérdida de
capacidad laboral, en donde se visiblemente se aprecia que la fecha de
estructuración de invalidez fue el veintiuno (21) de junio de dos mil once
(2011). Es decir, de ninguna manera pudo haber existido reticencia pues al
celebrar el contrato, el peticionario no conocía de manera alguna la causa que
dio pérdida a su capacidad laboral. Tan solo cinco meses después de celebrado
el contrato, se supo con certeza cuando fue estructurada la enfermedad. En
otras palabras, al ser la fecha de estructuración posterior a la celebración
del contrato ¿por qué la aseguradora se empeña en decir que existe
preexistencia? Este Tribunal Constitucional no encuentra ninguna explicación
válida para justificar el actuar de la aseguradora.
Por las anteriores
consideraciones, esta Sala concederá el amparo a los derechos fundamentales del
señor Argemiro Arzuaga Manjarrez. En consecuencia, ordenará a la
Compañía Seguros de Vida Suramericana S.A. cancelar la póliza correspondiente
y como tal, pagar el saldo insoluto de la obligación adquirida con el Banco
Bancolombia S.A. En caso de haberse iniciado algún proceso judicial en contra
del peticionario, se ordenará levantarse y dar por terminado cualquier proceso
en su contra.
EXPEDIENTE
T-4143382. JOSÉ DE JESÚS NÚÑEZ EN CONTRA DE BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA.
Siguiendo los
lineamientos del caso anterior, la Sala verificará que los hechos se enmarquen
dentro de las reglas fijadas por esta Corporación para tutelar los derechos
fundamentales al mínimo vital, vida digna y dignidad humana de los asegurados,
por la presunta violación causada por la negativa de las aseguradoras de pagar
la póliza, argumentando preexistencia.
Así entonces,
el señor José de Jesús Núñez sostuvo en su escrito de tutela que recibió un
crédito del Banco BBVA por un valor de veinticinco millones de pesos
($25.000.000). Esta obligación se pagaría en cuotas mensuales que se
descontarían directamente de su salario, a través de la modalidad de libranza.
Para amparar dicho préstamo, ese mismo día, el veintisiete (27) de mayo de dos
mil once (2011), suscribió un contrato de seguro[45] con la
aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. La respectiva póliza operaría
por muerte, incapacidad total y permanente, desmembración o inutilización e
incapacidad total temporal. En desarrollo de su trabajo, sufrió quebrantes de
salud, particularmente por problemas en su voz. Luego de varios tratamientos
sin efectiva recuperación, “fue valorado por medicina especializada en Salud
Ocupacional por la Doctora Indira Manotas Alvor, adscrita a la
UT Avanzar Médicos, Oriente Región Cinco” quien le diagnosticó una pérdida
de capacidad laboral del 95.45 %., con fecha de estructuración del cinco (05)
de diciembre de dos mil doce (2012). Finalmente expresó, hecho que no fue
controvertido[46],
que carece de recursos económicos y es padre cabeza de familia y tiene a su
cargo la alimentación y educación de sus hijos Álvaro José Núñez González de 17
años, estudiante de ingeniería civil, y Aura Patricia y José Fernando quienes
cursan octavo y sexto de bachillerato.
El tres (03) de
abril de dos mil trece (2013), BBVA Seguros de Vida negó el pago de la póliza
argumentando que el actor, al momento de suscribir la póliza, no informó que
padecía varias patologías. Así, de acuerdo con la historia clínica de la
Fundación Médico Preventiva de enero veinticuatro (24) de mil novecientos
noventa y dos (1992), el peticionario “tiene diagnóstico de HTA
(Hipertensión arterial), en junio de 2004 hiperplasia prostática y en marzo de
2010 disfonía”. Por su parte, los jueces de instancia declararon
improcedente la acción de tutela, argumentando que este es un amparo residual y
que solamente es viable cuando se agotan los demás recursos de defensa con los
que cuenta el peticionario. Así, al tratarse de una controversia contractual,
el petente pudo acudir a la justicia ordinaria.
Así las cosas,
una vez revisados los hechos que dieron lugar a la acción, esta Sala concederá
el amparo constitucional de los derechos fundamentales del señor Núñez. Esta
Corte estima, luego de analizar la respuesta de la aseguradora, que sus razones
no son suficientes para considerar que su negativa para el pago de la póliza,
no es suficiente para lesionar los derechos del asegurado. Al contrario, la
Corte no entiende cómo, a pesar de existir documentos que prueban que jamás
existió preexistencia y sin haber firmado declaración de asegurabilidad alguna,
la aseguradora insiste en negarse a cumplir con sus obligaciones. Estos errores
en la formación del contrato no pueden trasladarse a los asegurados, mucho
menos teniendo en cuenta que son personas en condición de discapacidad y se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
En este orden
de ideas, como se dijo, la Corte tutelará los derechos del peticionario,
además, por las siguientes razones. En primer lugar, de las pruebas halladas en
el expediente, está demostrado plenamente que el señor Núñez padece de una
pérdida bastante alta; exactamente, del 95.45 %. Ello quiere decir, no solo que
el riesgo asegurado debería estar cubierto, sino que efectivamente el siniestro
acaeció, según examen realizado por  “medicina especializada en Salud
Ocupacional por la Doctora Indira Manotas Alvor, adscrita a la
UT Avanzar Médicos, Oriente Región Cinco”. Así, en el contrato aportado
por las partes, está claro que la póliza debería ser pagada siempre que el
asegurado, en este caso el petente, sufriera una pérdida de capacidad laboral
igual o mayor al 50%. Por estos motivos, en principio, la aseguradora, sin
poderse oponer, debería pagar el saldo insoluto de la obligación. No obstante,
como se mencionó en la parte motiva de esta providencia, el hecho de
encontrarse en esta difícil situación de salud, no es suficiente para que el
juez constitucional ordene el pago del contrato de seguro. No obstante, si es
razón para que el caso adquiera relevancia constitucional, al encontrarse
inmerso en la discusión un sujeto de especial protección constitucional.
En la misma
dirección, además de la condición de discapacidad, es indispensable que la
persona carezca de recursos económicos suficientes para continuar con el pago
de la deuda. Ello se explica, nuevamente, porque al poseer capacidad económica,
su afectación al derecho al mínimo vital se vería mucho menos cierta. Es otras
palabras, si la persona cuenta con suficientes activos para pagar la
obligación, el interés del actor ya no sería la protección y/o lesión de su
derecho al mínimo vital. En esos casos el interés que mueve al tutelante sería
exclusivamente patrimonial y con ello, el contenido de la acción de tutela desaparecería.
En el mismo sentido, la persona, al no existir urgencia de afectación, podría
acudir a vías ordinarias para discutir esos asuntos. Por ello este Tribunal
Constitucional ha establecido que no basta con encontrarse en condición de
discapacidad, sino que se requiere demostrar (por distintas vías), que se
hallan en una situación económica difícil.
Así pues, en el
estudio del caso concreto, esta Sala encuentra probada la ausencia de capacidad
económica por parte del petente. Y llega a esa conclusión, por las siguientes
razones. En primer lugar, es claro que la pérdida de capacidad laboral es casi
del cien por ciento (95.45%). Eso indica no solo que el señor Núñez es un
sujeto de especial protección, sino que su estabilidad económica se ve seriamente
afectada. Debido a sus problemas de salud, el peticionario no pudo continuar
trabajando y al ser esa su única fuente de ingresos, su derecho al mínimo vital
se vio seriamente afectado. Adicionalmente, es importante reiterar que su
familia, compuesta por su esposa e hijos menores que se encuentran estudiando
en colegios, depende económicamente de él. Igualmente, el peticionario no
cuenta con rentas adicionales como pensiones, negocios, etc. que le permitan
sobrellevar esta situación. Igualmente, esta afirmación hecha por el accionante
no fue controvertida por la aseguradora, lo cual reafirma la conclusión de esta
Corte. Bajo este contexto, esta Corte concluye que el peticionario también
cumple con este requisito.
Por otra parte,
si bien la aseguradora, en principio, sostiene que existe una preexistencia, no
cumplió con las cargas adicionales fijadas por la jurisprudencia de esta
Corporación para poder negar el pago de la póliza. Así, la
Corte ha establecido que además de que la carga de la prueba de las preexistencias
recae en cabeza de las aseguradoras, no podrán alegarlas si (i) no solicitaron
un examen de entrada y (ii) no demuestran mala fe en la omisión de información
del tomador del seguro. En el presente caso, es claro que la aseguradora a
pesar de tener los medios para hacerlo, se limitó a suscribir el contrato sin
un mínimo de diligencia para solicitar o practicar un examen previo de ingreso
a la póliza. Adicionalmente, tampoco logró demostrar la mala fe en el actuar
del tomador. Exclusivamente, sostuvo que el actor no informó que padecía la
enfermedad causante de la pérdida de capacidad laboral, sin aportar la
declaración de asegurabilidad del seguro. Es decir, no logró desvirtuar las
afirmaciones hechas por el peticionario.
De igual forma,
la ausencia de mala fe en el presente caso se reafirma, además, porque de
acuerdo con las fechas establecidas en los certificados de pérdida de capacidad
laboral, la estructuración de la invalidez se generó el cinco (05) de diciembre
de dos mil doce (2012). Es decir, un poco más de un año y medio después de
haber celebrado el contrato de seguro. Ello indica que al momento de
suscribirse la obligación, el señor Núñez no tenía posibilidad de conocer la
causa de su enfermedad. Si la fecha de estructuración de la pérdida de
capacidad laboral fue después de celebrado el contrato, no entiende esta Sala
cómo la aseguradora se niega a cumplir con el cumplimiento de su obligación.
Pero como si ello fuera poco, no existe en ninguna parte del expediente algún
documento donde se evidencie que efectivamente el peticionario diligenció y
firmó la declaración de asegurabilidad que probarían la reticencia del tomador.
Es decir, en ningún momento omitió información, porque sencillamente, nunca
firmó los cuestionarios que la aseguradora debió haber suministrado. Esta Corte
no debe exigir cargas imposibles de cumplir al asegurado, mucho más teniendo en
cuenta que el contrato de seguro, en muchas ocasiones, se trata de un contrato
de adhesión en donde las estipulaciones contractuales depende de la
aseguradora.
Por las anteriores
consideraciones, esta Sala concederá el amparo a los derechos fundamentales del
señor José de Jesús Núñez. En consecuencia, ordenará a la
Compañía BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. cancelar la póliza correspondiente
y como tal, pagar el saldo insoluto de la obligación adquirida por el petente,
con el Banco BBVA. En caso de haberse iniciado algún proceso judicial en contra
del peticionario, se ordenará levantarse y dar por terminado cualquier proceso
en su contra.
EXPEDIENTE
T-4148791. JOSÉ DEL CARMEN MARTÍNEZ MEJÍA EN CONTRA DEL BANCO DAVIVIENDA
Y COMPAÑÍA SEGUROS BOLÍVAR S.A.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, la
acción de tutela no es el mecanismo adecuado para exigir el cumplimiento de un
contrato de seguro. Ello, pues los accionantes cuentan con otros medios para
discutir estos asuntos, y el amparo constitucional no puede convertirse en un
sustituto de otros recursos. No obstante, en algunas circunstancias, la tutela
es el mecanismo más adecuado para ventilar estas controversias.
Particularmente, cuando la herramienta principal de defensa sea ineficaz y/o
inidóneo. Una vez el juez constitucional adquiere competencia, tendrá que
verificar las reglas descritas en la parte motiva de esta providencia y
determinar si la negativa de la aseguradora de pagar el saldo insoluto de la
obligación de un crédito amparado por un contrato suscrito con ella, vulnera
los derechos fundamentales de los peticionarios. Como se dijo en párrafos
anteriores, el estudio de este caso merece una consideración adicional, pues en
principio, la Sala lo considera improcedente. Por ello, se comenzará por hacer
un estudio de subsidiariedad, para posteriormente, si es superado, analizar el
fondo del asunto.
En el caso concreto, el accionante sostuvo que trabajaba como maestro
de la planta global del Municipio de Barrancabermeja, cargo del cual fue
retirado el siete (07) de septiembre de dos mil doce (2012) mediante resolución
1410. Mientras ejercía esas funciones, adquirió dos créditos con el Banco
Davivienda. Para respaldar dichas obligaciones, suscribió un contrato de seguro
con la empresa Seguros Bolívar S.A. Esta póliza operaría por muerte o pérdida
de capacidad laboral superior al 50 %. El primero (01) de septiembre de dos mil
doce (2012), el médico laboral Miguel Ángel Vertel Camacho de FOSCAL Fundación
Avanzar FOS, entregó concepto sobre su pérdida de capacidad laboral, el cual le
calificaba con una disminución del 95.3% por enfermedad común, con fecha de estructuración
igual a la del dictamen; esto es, primero (01) de septiembre de dos mil doce
(2012). Por este motivo, el peticionario solicitó a la compañía Seguros Bolívar
el pago de la póliza por haber acaecido el riesgo amparado. No obstante, la
aseguradora negó el reconocimiento de la respectiva indemnización, según el
accionante, porque la enfermedad causante de la disminución laboral fue
adquirida antes de celebrar el contrato. Los jueces de instancia consideraron
que el amparo se tornaba improcedente, en tanto el accionante contaba con
mecanismos de defensa diferentes a la acción de tutela. El señor Martínez, es
beneficiario de una pensión de invalidez.
De conformidad con la jurisprudencia de la
Corte, el requisito de subsidiariedad implica que si la persona cuenta con un
mecanismo de defensa previo a la acción de tutela, esta última se tornará
improcedente. No obstante, el mecanismo no debe ser cualquiera. Debe tener la
virtualidad de producir los efectos esperados y de manera oportuna (idóneos y/o
eficaces). En todo caso, si se evidencia la presencia de un perjuicio
irremediable, el amparo será transitorio, por un tiempo determinado, hasta
tanto no se acudan a los recursos respectivos.
En el presente
caso, es claro que el peticionario cuenta con una herramienta de defensa de sus
derechos fundamentales. Ha sido dicho en esta decisión que las controversias
surgidas por el cumplimiento de obligaciones emanadas de un contrato de seguro,
cuentan con un recurso idóneo, el cual es la vía declarativa civil. Así, “para
ventilar sus inconformidades, las partes tienen la posibilidad, por regla
general[47],
de acudir al juez civil para que declare el incumplimiento del contrato por
parte de alguna de ellas. En efecto, el artículo 1546 del Código Civil
establece que “en los contratos bilaterales va envuelta la condición
resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.
Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución
o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios””[48].
Adicionalmente, el
Código de Procedimiento Civil, remplazado y en algunos casos complementado por
el Código General del Proceso, establece que el proceso declarativo es el
conducto procesal adecuado para desatar las controversias contractuales. En
efecto, “este proceso permite que cuando exista discusión entre las partes
por las obligaciones surgidas de un contrato, acudan a la justicia ordinaria en
su especialidad civil y adelanten un proceso declarativo, particularmente
ordinario, para formular sus pretensiones. Este proceso tiene la connotación de
residual[49]
y como tal, es la vía adecuada para que las partes de un contrato exijan su
cumplimento de conformidad con el artículo 1546 del Código Civil. Como su
nombre lo indica, en los procesos declarativos las partes acuden al juez para
que declare la existencia de un derecho que está en discusión y sobre el cual
aún no existe certeza de quién es su titular”[50].
Ello quiere decir, que al tratarse de obligaciones surgidas de un contrato, así
sea de seguro, la vía adecuada es la justicia ordinaria civil.
Por tanto, el señor
Martínez, en el caso concreto, sí cuenta con un mecanismo idóneo y, en
principio, eficaz. Eficaz, por varias razones. En primer lugar, porque a pesar
de que el requisito de subsidiariedad se flexibiliza en los casos donde se
encuentren involucrados sujetos de especial protección constitucional, este
mandato no es absoluto. Para casos de seguros, debe además no contarse con
recursos económicos que aumenten la probabilidad de lesionar los derechos
fundamentales de los actores. Por ejemplo, si una persona padece una pérdida de
capacidad laboral grave, pero tiene capacidad económica para continuar con el
pago de la deuda y no sufrir perjuicios en sus derechos, en ese caso es difusa
la afectación de su derecho al mínimo vital. El interés que le mueve al petente
es netamente patrimonial. En todo caso, es importante dejar claro que eso no
significa que la condición de discapacidad deje de tener relevancia en el
análisis de subsidiariedad. Este punto la
Sala lo retomará más adelante.
Aterrizando al caso
concreto y revisadas las pruebas que obran en el expediente, es claro que la
persona padece un alto grado de pérdida de capacidad laboral. De acuerdo con el
certificado de pérdida de capacidad laboral, al señor Martínez le fue
dictaminada una disminución del 95.3%. Es decir, el petente no puede continuar
trabajando. Evidentemente, está en una situación que merece una especial
atención por parte de este fallador. No obstante, siguiendo las reglas que esta
misma Corporación, no es suficiente esta circunstancia. Debe además,
demostrarse que no se cuenta con capacidad económica, pues ante esa situación,
la afectación al mínimo vital se intensifica.
En ese orden de
ideas, en este caso no encuentra la Corte razones suficientes para concluir que
el señor Martínez no tiene suficientes ingresos para que su derecho al mínimo
vital se vea lesionado. Pero tampoco para sostener que sus recursos son
suficientes para no verlo vulnerado. Y no logra esclarecerse este elemento, por
lo siguiente:
En primer lugar, existen algunas pruebas que acreditan que el
peticionario recibe rentas adicionales, como una pensión por invalidez. En el
expediente, específicamente en el Cuaderno 1 Folio 19, se tiene que mediante
Resolución 1410 de 2012, la
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja resolvió“(…) b) que de conformidad
con el certificado expedido por U.T ORIENTE REGIÓN de fecha 01 de Septiembre de
2012, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es del 95,3%, lo cual le da
derecho a disfrutar de una pensión por invalidez a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones sociales del Magisterio”. Ello, en principio, llevaría a esta
Sala a pensar que el señor Martínez cuenta con recursos económicos para
sufragar los gastos de la deuda adquirida con el banco. Mucho más teniendo en
cuenta que la persona no afirma en su escrito de tutela, ni en actuaciones
posteriores, hacerse cargo de alguna familia y/o presenta una relación de
gastos que lleven a la Sala a concluir que efectivamente su mesada pensional no
es suficiente para subsistir. En ese sentido, en principio, al contar con una
mesada pensional y no tener, presuntamente, familia por la cual hacerse cargo,
obligar a pagar una cuota mensual del crédito que adquirió con el banco no
sería una afectación desproporcionada a sus ingresos.
No obstante, en reiteradas oportunidades esta Corporación ha
manifestado que el hecho de que una persona tenga ciertos ingresos, no quiere
decir que se garantice su derecho al mínimo vital. Si bien es cierto que la
persona recibe una pensión por invalidez, debe recordarse que el máximo
permitido, por regla general, es el 75% del promedio del último año laborado.
Así, el hecho de que su último trabajo fue maestro de obra en la planta global
del Municipio de Barrancabermeja,  conlleva a esta Sala a pensar que su
pensión, probablemente, no será tan elevada como para subsistir y pagar su
crédito. A ello, añadiéndole su condición de discapacidad y los gastos que ello
involucra. Al padecer una pérdida de capacidad laboral del 95,3 %, los recursos
que esta persona requiere para subsistir son mucho más altos que los de una
persona en condiciones regulares. Los ingresos que recibe el accionante por una
pensión de invalidez, podrían no serán suficientes para subsistir. Lo que se
quiere decir en esta providencia es que no existe certeza de que la persona
pueda continuar pagando el crédito.
Por otra parte, si bien la aseguradora logró demostrar preexistencia en
el contrato de seguro, no cumplió con las cargas adicionales fijadas por la
jurisprudencia de esta Corporación para poder negar el pago de la póliza. Así, la
Corte ha establecido que además de que la carga de la prueba de las
preexistencias recae en cabeza de las aseguradoras, no podrán alegarlas si (i)
no solicitaron un examen de entrada y (ii) no demuestran mala fe en la omisión
de información del tomador del seguro. En el presente caso, pese a tener los
medios para conocer su preexistencia, ni solicitó examen de entrada ni tampoco
probó mala fe. Así, a pesar de demostrar la existencia de una enfermedad previa
a la celebración del contrato, no pudo evidenciar que el accionante conocía de
dicha enfermedad y que esta es exactamente la causante del siniestro.
Igualmente, no especificó en las condiciones del contrato las exclusiones
médicas no asegurables.
Ante estas dudas, no es posible que la
Corte declare improcedente el trámite constitucional. Sin embargo, encuentra
que la persona aún puede acudir a otras vías para discutir este asunto. Por
esta razón, la Corte tutelará transitoriamente los derechos fundamentales del
actor, pues evidencia que existe un riesgo de causarse un perjuicio
irremediable. En concreto, el curso natural del crédito indicaría un proceso
ejecutivo en contra del peticionario, y ante esta situación, tratándose de una
persona con un 95% de pérdida de capacidad laboral, esta Sala tomará la
mencionada decisión. Así las cosas, todos estos interrogantes son asuntos que
deben ser resueltos por el juez natural de la controversia, siguiendo el
principio de la inmediación probatoria. La autenticidad y alcance de las
pruebas recaudadas que den cuenta del incumplimiento de la aseguradora, son
competencia de la justicia ordinaria. A pesar de lo anterior, ello no es razón
suficiente para que esta Sala deje sin protección alguna a un sujeto que por
sus condiciones debe recibir un trato especial por parte de la justicia
constitucional.
La Corte ha decantado los elementos que deben
concurrir en el acaecimiento de un perjuicio irremediable:
“(i) que  se esté
ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige
un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii)
el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de
un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la
persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para
superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del
perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del
caso; y (iv) las medidas de protección deben ser
impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”[51]
Así las cosas, en el presente caso existe una inminencia del perjuicio,
al detallarse varios elementos del caso. Así, ante la alta probabilidad que el
peticionario no pueda continuar pagando las cuotas, el curso natural del
crédito es que el banco inicie un proceso ejecutivo en contra del deudor. Este
proceso, sin más, implica cargas procesales bastante altas que incluso pueden
llegar al remate de los bienes del petente. Bienes inmuebles, muebles, etc.
Eso, ante las condiciones del señor Martínez (95% de pérdida de capacidad
laboral), sería un perjuicio excesivo que podría poner vulnerar certeramente el
derecho al mínimo vital, vida digna y dignidad humana. Ello, además, conlleva a
una gravedad del asunto. Una persona que presuntamente no tiene familia, pero
además sufre una discapacidad tan alta como la que padece el señor Martínez, no
tiene posibilidades reales de continuar su vida en condiciones normales. No
hace falta realizar cálculos aritméticos para dar cuenta de la gravedad del
asunto. Pero además, son impostergables estas medidas, pues de no aplazarse la
ejecución de la deuda, el perjuicio se habrá consumado. En consecuencia, se
decretará la existencia de un perjuicio irremediable.
Finalmente, la Corte advertirá al peticionario para que en el término
de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del presente fallo
instaure acción ordinaria con el fin de reclamar el pago de la póliza adquirida
con la aseguradora accionada.
Por estos motivos,
esta Sala concederá el amparo transitorio de los derechos fundamentales del
señor José del Carmen Martínez. Por tanto, ordenará a la
Compañía Seguros Bolívar S.A. suspender el cobre de la deuda, hasta tanto el
juez civil no se pronuncie sobre su posible incumplimiento. Igualmente, en caso
de haberse iniciado algún proceso judicial en contra del peticionario, se
ordenará levantarse y dar por terminado cualquier proceso en su contra.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el fallo
proferido el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013) por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, que resolvió negar la acción de
tutela promovida por Argemiro Arzuaga Manjarrez en contra de Seguros de Vida Suramericana
S.A. y Bancolombia S.A. En su lugar CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales al mínimo vital y vida digna del Señor Argemiro Arzuaga Manjarrez.
SEGUNDO: ORDENAR a Seguros de Vida Suramericana S.A.
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al Banco Bancolombia S.A.,
como beneficiario de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo
insoluto de la obligación adquirida por el Señor Argemiro Arzuaga Manjarrez.
TERCERO: ORDENAR al
Banco Bancolombia S.A. abstenerse de iniciar cualquier tipo de cobro (judicial
y/o extrajudicial) en contra del Señor Argemiro Arzuaga Manjarrez por el
crédito o créditos del cual es deudor, el cual deberá cubrir la aseguradora
Seguros de Vida Suramericana S.A. En caso de haber iniciado algún trámite
judicial, se ordena al juez de conocimiento dar por terminado inmediatamente
cualquier tipo de proceso y levantar las medidas cautelares que se hayan
producido con ocasión del mismo, de conformidad con la parte considerativa de
este fallo.
CUARTO: REVOCAR el fallo
proferido el veintidós (22) de agosto de dos mil trece por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, que resolvieron negar la acción
de tutela promovida por José de Jesús Núñez Contreras en contra de la
Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. En su lugar CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna del Señor José
de Jesús Núñez Contreras.
QUINTO: ORDENAR a la
Aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al
Banco BBVA S.A., como beneficiario de la póliza de seguro de vida grupo
deudores, el saldo insoluto de la obligación adquirida por el Señor José de
Jesús Núñez Contreras.
SEXTO: ORDENAR al Banco BBVA S.A. abstenerse de iniciar
cualquier tipo de cobro (judicial y/o extrajudicial) en contra del Señor José
de Jesús Núñez Contreras por el crédito o créditos del cual es deudor, el cual
deberá cubrir la aseguradora condenada. En caso de haber iniciado algún trámite
judicial, se ordena al juez de conocimiento dar por terminado inmediatamente
cualquier tipo de proceso y levantar las medidas cautelares que se hayan
producido con ocasión del mismo, de conformidad con la parte considerativa de
este fallo.
SÉPTIMO: REVOCAR el fallo
proferido diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013) por el
Juzgado Tercero Penal Municipal de Barrancabermeja, que resolvió negar
la acción de tutela promovida por José del Carmen Mejía Martínez
en contra de Seguros Bolívar S.A. y el Banco Davivienda. En su lugar CONCEDER
DE MANERA TRANSITORIA la tutela de los derechos fundamentales al mínimo
vital y vida digna del Señor José del Carmen Mejía Martínez,
que regirá hasta que la jurisdicción
ordinaria resuelva la acción que el actor debe formular o, si no la instaura,
hasta que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia.
OCTAVO: ORDENAR a Seguros Bolívar S.A. que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, suspenda la ejecución del crédito, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
NOVENO: ORDENAR al
Banco Davivienda abstenerse de iniciar cualquier tipo de cobro (judicial y/o
extrajudicial) en contra del Señor José del Carmen Mejía Martínez
por el crédito o créditos del cual es deudor. En caso de haber iniciado algún
trámite judicial, se ordena al juez de conocimiento dar por terminado
inmediatamente cualquier tipo de proceso y levantar las medidas cautelares que
se hayan producido con ocasión del mismo, de conformidad con la parte
considerativa de este fallo.
Por Secretaría General, líbrense
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1997.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Ausente con
permiso
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Póliza número 0110043.
[2] Artículo 1058 del Código de Comercio. DECLARACIÓN
DEL ESTADO DEL RIESGO Y SANCIONES POR INEXACTITUD O RETICENCIA. El tomador
está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por
el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa
del seguro. Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario
determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador
ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación
objetiva del estado del riesgo. Si la inexactitud o la reticencia provienen de
error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo
estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación
asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato
represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del
riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. Las sanciones consagradas en
este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato,
ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los
vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a
subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.
[3] Cita tomada de Sentencia T-738 de
2011: Es importante señalar que en algunas
oportunidades la jurisprudencia constitucional ha planteado una especie de
asimilación entre la noción de servicio público y la de interés público. Así
por ejemplo, en la sentencia T-847 de 2010 la
Corte Constitucional señaló lo siguiente: “Concretamente, cuando el reclamo
constitucional tiene que ver con la vulneración de los derechos al buen nombre
y al hábeas data por parte de una entidad bancaria, derivado del reporte
efectuado a las centrales de riesgo a partir de una obligación que la actora
afirma inexistente, la acción de tutela se torna procedente porque la actividad
financiera, cuyo objetivo principal es el de captar recursos económicos del
público para administrarlos, intervenirlos y obtener de su manejo un provecho
de igual naturaleza, ha sido considerada por la
Corte Constitucional como servicio público (…). Lo anterior lo reglamenta el artículo
335 Superior cuando señala que las actividades financieras, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e
inversión de los recursos que se captan del conglomerado en general, son de
interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado,
conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en
estas materias y promoverá la democratización del crédito.”
[4] Sentencia C-640 de 2010.
[5] Sentencia T-662 de 2013.
[6] Cita tomada de Sentencia T-662 de
2013. “Sentencia T-192 de 1997. En sentencia T-277 de 1999, la
Corte agrupó algunos criterios que ejemplifican situaciones de indefensión
así: “3.4. El estado de indefensión, para efectos de la procedencia de
la acción de tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo
las circunstancias propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni
circunstancia única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues,
como lo ha reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en:
i) la falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal,
material o físico, que le permitan al particular que instaura la acción,
contrarrestar los ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales
fundamentales, sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la
acción -sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii)
la imposibilidad del particular de  satisfacer una necesidad básica o
vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro
particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es
titular -sentencias T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801
de 1998, entre otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social
o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten
lesivas de derechos fundamentales de una de las partes  v.gr. la relación
entre padres e hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc.
- sentencias 174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv)
El uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede
causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor
de otro. v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por
parte de su acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995-
la utilización de personas con determinadas características -chepitos-, para
efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.”.
[7] Sentencia T-661 de 2001.
[8] Sentencia C-543 de 1993. Cita
tomada de la Sentencia T-662 de 2013.
[9] Ibíd.
[10] Sentencia T-211 de 2009. Cita
tomada de la Sentencia T-113 de 2013
[11] Ibíd.
[12] Sentencia SU-961 de 1999
[13] Sentencia T-1316 de 2001.
[14] T-068/06, T-822/02,  T-384/98, y
T-414/92.
[15] Ibíd.
[16] Ver, entre otras, las sentencias
T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003.
Citas cambiadas de orden por transcripción.
[17] Sentencia T-211 de 2009.
[18] Sentencia T-662 de 2013.
[19] Sentencia T-1316 de 2001.
[20] Sentencia T-662 de 2013.
[21] Corte
Constitucional, Sentencia T-347/96 MP. Julio César Ortiz.  En el mismo
sentido ver la Sentencia T-416/01 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[22] Sentencia T-1316 de 2001
[23] Sentencia T-662 de 2013.
[24] Sentencia T-651 de 2009. En igual
sentido Sentencia T-662 de 2013.
[25] Sentencia T-589 de 2011.
[26] Al respecto, en Sentencia T-239 de
2008 se señaló: “Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se
deduce que la acción es procedente, la misma podrá otorgarse de manera
transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera un perjuicio
irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad,
urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos
temporales[26].
Y procederá cómo mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento
jurídico correspondiente para dirimir las controversia resulta ineficaz al “no
goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales
con la urgencia requerida” Ver, entre otras, las sentencias T-414 de 2009,
T-004 de 2009, T-284 de 2007 y T-335 de 2007.
[27] Sentencia T-662 de 2013.
[28] Reiterado en sentencia T-662 de
2013.
[29] Sentencia T-152 de 2006. “Se observa que por
su naturaleza se trata de un contrato sometido a las reglas del derecho
privado. Es consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento
de las partes y produce sus efectos desde que se ha realizado la convención; es
bilateral puesto que origina derechos y obligaciones entre asegurador y
asegurado; es oneroso, en cuanto, compromete al primero a pagar el
siniestro y al segundo a reconocer el valor de la prima y es aleatorio
porque se refiere a la indemnización de una pérdida o de un daño producido por
un acontecimiento o un hecho incierto, pues no se sabe si se va a producir y en
el caso contrario – como ocurre con la muerte- no se sabe cuándo ello ha de
acontecer”.
[30] Sentencia T-152 de 2006
[31] Sentencia T-059 de 1997
[32] Sentencia T-152 de 2006
[33] Sentencia T-751 de 2012.
[34] Ibíd.
[35] Sentencia T-342 de 2013.
[36] Sobre Buena Fe comercial ver por
ejemplo Sentencia T-1130 de 2003.
[37] Sobre el concepto de riesgo, ver:
Stiglitz, Rubén. Derecho de Seguros. Tercera edición ed. Abeledo Perrot. 1998.
Buenos Aires.
[38] Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Civil
Magistrado Ponente Edgardo Villamil Portilla. Bogotá D.C.,  primero de
septiembre de dos mil diez  Ref.:    Exp. No. 05001-3103-001-2003-00400-01.
[39] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil. Bogotá D.C. Sent. Cas. Civ. de 1º de junio de 2007, Exp. No.
00179-01.
[40] Incluso, la
Real Academia de la Lengua Española, las define de la siguiente manera:
“Reticencia: 1. f. Efecto de no decir sino en parte, o de dar a entender
claramente, y de ordinario con malicia, que se oculta o se calla algo que
debiera o pudiera decirse. 2. f. Reserva, desconfianza. 3. Figura que consiste en
dejar incompleta una frase o no acabar de aclarar una especie, dando, sin
embargo, a entender el sentido de lo que no se dice, y a veces más de lo que se
calla”. Por su parte, “Preexistencia: Existencia anterior, con alguna de
las prioridades de naturaleza u origen”. Tomado de www.rae.es Consultado en marzo de 2014.
[41] Por ejemplo, indicios que pueden
dar por ciertos hechos futuros.
[42] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil. Bogotá D.C. Sent. Cas. Civ. de 11 de abril de 2002, Exp. No.
6815.
[43] Sentencia T-662 de 2013.
[44] Cuaderno 1 folios 31y siguientes.
[45] Póliza número 0110043.
[46] Artículo 20 del Decreto 2591 de
1991.
[47] Cuando la aseguradora no responde
la reclamación hecha por el interesado, este tiene la posibilidad de acudir a
un proceso ejecutivo. En el presente caso, la aseguradora respondió la
reclamación de la señora Montoya.
[48] Sentencia T-662 de 2013.
[49] Los asuntos que no tengan un
trámite especial, serán ventilados por el proceso ordinario.
[50] Sentencia -662 de 2013.
[51] Sentencias T-107 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-816 de 2006
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1309 de 2005
M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.