T-052-18
Sentencia T-052/18
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
EN CASOS DE MORA JUDICIAL-Procede acción
de tutela transitoria para la protección de derechos fundamentales
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE
TUTELA-Procedencia excepcional como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Finalidad/RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Naturaleza
jurídica y función
A
partir de la expedición del Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012, el
espectro del recurso de casación fue ampliado y constitucionalizado de la
siguiente manera: “defender
la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los
instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho
interno, proteger los derechos
constitucionales, controlar la
legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los
agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida”.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Contenido y alcance
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Requisitos de procedencia
La procedencia de
este recurso ha sido fijada por ley, específicamente contra las sentencias
dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores, de manera que solo
se permite su interposición contra las providencias proferidas en toda clase de procesos declarativos, en
las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria
y en las relativas a la liquidación de una condena en concreto.
RECURSO DE CASACION-Causales de procedencia
RECURSO DE CASACION EN MATERIA LABORAL-Cuantía para la procedencia
En materia laboral,
de conformidad con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, las sentencias susceptibles del recurso de casación son
aquellas que decidan procesos cuya cuantía supere ciento veinte (120) veces el
salario mínimo legal mensual vigente.
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION EN MATERIA LABORAL-Efectos
La
Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que, al momento de ser concedido el
recurso extraordinario de casación, hasta tanto no se resuelvan por parte de la
Sala de Casación los cargos presentados por el recurrente, se suspende el
cumplimiento de la sentencia de segunda instancia en su integridad, así las
razones por las que interpuso el recurso versen sobre una parte de la decisión.
DERECHO AL PLAZO RAZONABLE-Criterios de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para establecer la razonabilidad del plazo
MORA JUDICIAL-Definición
La
mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide
el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo
se encuentra la solución de los procesos.
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN CASOS
DE MORA INJUSTIFICADA-Reiteración de
jurisprudencia
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN CASOS
DE MORA JUDICIAL-Orden a Colpensiones
reconocer y pagar de manera transitoria pensión de vejez, hasta que la justicia
ordinaria se pronuncie de manera definitiva frente al recurso extraordinario de
casación
Referencia: Expediente No.: T- 6.296.489.
Acción de tutela instaurada por Rose Nelly Baud Bersier, mediante
apoderada judicial, contra la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Laboral- y el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa-.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil
dieciocho (2018).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los
Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así
como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 02
de 2015 -Reglamento de la Corte Constitucional-, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de la sentencia de
tutela proferida el 7 de julio de 2017 por la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Civil- que, en segunda instancia, confirmó la sentencia del 1º de junio
de 2017, pronunciada por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación,
providencias judiciales que resolvieron la acción de tutela instaurada por la señora Rose Nelly Baud Bersier contra
la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- y el Consejo Superior
de la Judicatura -Sala Administrativa-, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva para los
adultos mayores.
El expediente de la referencia fue seleccionado para
revisión mediante Auto del trece (13) de octubre de dos mil diecisiete (2017),
proferido por la Sala de Selección Número Diez, integrada por la Magistrada
Diana Fajardo Rivera y el Magistrado Antonio José Lizarazo.
I.
ANTECEDENTES
1.     HECHOS
1)    Manifiesta la apoderada judicial de la
accionante que la señora Rose Nelly Baud Bersier es una ciudadana suiza y
francesa, de 76 años de edad, titulada en Bellas Artes de la Escuela de Bellas
Artes y Artes Gráficas de Lausana (Suiza), quien se radicó en Colombia desde 1968
y trabajó por más de 17 años con la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano.
2)    Indica que fue diagnosticada con
hipotiroidismo, diabetes mellitus, gastritis, hipertensión esencial primaria,
hiperlipidemia, antecedente cerebrovascular, venas varicosas de los miembros
inferiores (no puede permanecer de pie), bronquitis crónica, escoliosis lumbar,
lesión muscular por caída que le afectó la parte izquierda de la cadera,
eritema por herida del tobillo derecho con limitación de la marcha, osteocondrosis,
hernia discal, duodenitis, miocardiodistrofia, aneurisma aorta e isquemia
radioculopatía[1].
3)    Refiere que el 3 de abril de 2006 presentó
solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante el Instituto de Seguros
Sociales (I.S.S.) al encontrarse cobijada por el Acuerdo 049 de 1990, pero le fue
negada al presuntamente no cumplir el número de semanas exigidas por la ley para
el efecto.
4)    Aduce que desde su vinculación con la Universidad Jorge Tadeo Lozano no le fue realizada la respectiva afiliación
al sistema de seguridad social, tampoco le fueron pagados los aportes, sin
embargo, periódicamente, sí le era descontado del sueldo la suma
correspondiente. Estuvo vinculada con la Universidad antedicha mediante
contrato de trabajo (hora/cátedra) por los siguientes periodos académicos:
iniciando el 12 de febrero de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1982, del 13 de
febrero de 1984 hasta el 26 de noviembre de 1995.
5)    Señala que adquirió los 55 años de edad el
25 de diciembre de 1997 por lo cual es dable contabilizar las cotizaciones
dentro del margen inicial del 25 de diciembre de 1977; contabilizando el
periodo de no cotización dentro del periodo que va del 12 de febrero de 1979 al
31 de diciembre de 1982 y del 1° de enero al 10 de septiembre de 1984 arroja un
total de 1460 días, es decir, 238.85 semanas de cotización en pensiones; el
tiempo no cotizado que comprende desde el 21 de julio al 9 de agosto de 1990 y
del 1° de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1995 proyecta un total de 898
días, correspondiente a 128.28 semanas; todas estas semanas sumadas a las 424
tenidas en cuenta por el I.S.S. al momento de negar el derecho mediante
Resolución No. 019876 de 2006, suman un total de 791.13 semanas dentro de los
20 años anteriores al cumplimiento de la edad.
6)    Como consecuencia de lo anterior, señala
que el 20 de febrero de 2009 presentó demanda ordinaria laboral contra el I.S.S.
y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En sentencia de primera instancia, el
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá D.C., consideró la existencia de irregularidades
en el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones de
la señora Baud, por lo cual condenó a la Universidad demandada a gestionar ante
el I.S.S. el cálculo actuarial del periodo insatisfecho entre el 12 de febrero
de 1979 al 10 de septiembre de 1984; además, le fue ordenado al Instituto de
Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la
demandante, en cumplimiento del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 de la misma anualidad[2].
El establecimiento educativo apeló dicha
decisión, no obstante, el Tribunal Superior de Bogotá D.C. -Sala de Decisión
Laboral-, decidió modificar la providencia ampliando las fechas en las cuales la Universidad Jorge Tadeo Lozano debía realizar el cálculo actuarial, de la siguiente manera: del 12 de
febrero de 1979 al 31 de diciembre de 1982; del 1 de enero al 10 de septiembre
de 1984; del 21 de julio al 9 de agosto de 1990; y del 1° de enero de 1994 al
31 de diciembre 1994. En todo
lo demás, confirmó la sentencia de primer grado.
7)    Al encontrarse en desacuerdo con los cómputos
realizados por el ad quem, la Universidad Jorge Tadeo Lozano interpuso
recurso extraordinario de casación. Los cargos se centraron en los siguientes
argumentos: (i) el Tribunal no dio por demostrado que la señora Rose Baud se
encontraba vinculada por contrato de prestación de servicios en el periodo
correspondiente al año 1994, (ii) no tuvo en cuenta las cotizaciones
correspondientes al año 1995 realizadas por la demandada y, (iii) la indebida
aplicación del artículo 284 de la Ley 100 de 1993, en razón a que no se debe
contar la cotización por año calendario sino por el periodo académico
respectivo.
8)    Relata que el expediente correspondiente al
recurso extraordinario de casación fue radicado en la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Laboral-, el 15 de junio de 2010 y admitido con efectos
suspensivos el 20 de octubre de 2010. Empero, a la fecha, se encuentra
pendiente de fallo. Sobre este particular y la desprotección de su derecho
fundamental a la seguridad social, indicó que “…no quiere recibir una
sentencia a favor en su tumba”.
9)
La accionante se
encuentra afiliada al sistema de Seguridad Social como beneficiaria de su hijo,
sin embargo, constantemente le niegan la prestación del servicio de salud como
quiera que su hijo se encuentra desempleado y no puede sufragar todos los meses
los aportes a la seguridad social. Además, su otra hija no la puede socorrer
teniendo en cuenta que vive en Suiza, se encuentra enferma y no cuenta con los
medios económicos para hacerse cargo de ella.
10) En el escrito de tutela de fecha 19 de mayo de 2017, la
apoderada expone que la señora Rose Nelly Baud tiene diferentes deudas que
superan los 20 millones de pesos por concepto de administración, impuestos y valorización de su
apartamento, entre otros[3]. A causa de su avanzada edad y
padecimientos, no puede trabajar y no cuenta con otros ingresos económicos para
su manutención.
2. PRETENSIONES
Debido a la demora de la justicia para
resolver el recurso extraordinario de casación y la presunta afectación de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, en su condición de
adulto mayor, formula acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Laboral- y el Consejo Superior de la Judicatura -Sala
Administrativa-.
En consideración a las condiciones de
fragilidad de la accionante, su apoderada solicita lo siguiente:
“1-… otorgarle el per saltum a la
demanda de casación radicada con el número 46729, (demandante Rose Nelly Baud
Bersier contra la Universidad Jorge Tadeo Lozano e ISS), de tal forma que la
sala pueda comenzar su estudio y decisión con alta prioridad.
2- Invitar a la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia para generar criterios constitucionales y en perspectiva de
derechos humanos para que casos iguales o similares al presente se les analice
solicitud de per saltum. Es decir, reglamentar la figura per saltum[4].
3- Para efectos de garantizar la eficacia
y oportunidad en la administración de justicia, estudio y decisión de casos en
casación, y teniendo en cuenta el cúmulo de trabajo existente, ordenar al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA realizar las acciones pertinentes con el fin
de aumentar el recurso humano y la infraestructura física de la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia. Para lo anterior otorgar un plazo de 6 meses.”[5]
3. RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y ENTIDADES
VINCULADAS:
En el auto que admitió la acción de tutela,
el Magistrado Sustanciador de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal de Justicia-, notificó a las accionadas y ordenó un pronunciamiento sobre
los hechos expuestos en la demanda:
3.1. La Corte Suprema de Justicia - Sala de
Casación Laboral, a
través de su Secretaría, manifestó que “no se ha proferido sentencia que
desate el recurso, para cuyos fines ingresó al despacho el 18 de junio de 2011”[6].
Por su parte, el Magistrado Jorge Mauricio
Burgos Ruiz allegó oficio en el cual respondió que “…se accedió a darle
celeridad al proceso y a la fecha se encuentra en estudio para dictar
sentencia”[7].
3.2. El Consejo Superior de la Judicatura -
Sala Administrativa de Bogotá, no se pronunció acerca de los hechos de la acción constitucional.
ENTIDADES VINCULADAS
Mediante el mismo auto, el Magistrado Sustanciador
de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal de Justicia-, decidió
vincular oficiosamente a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, al Juzgado Décimo Laboral del Circuito, a la Fundación
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y al Instituto de Seguros Sociales,
quienes se pronunciaron en los siguientes términos:
3.3. La Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., se limitó a expresar que estaba de acuerdo con lo
indicado en las pruebas aportadas en el expediente de tutela[8].
3.4. El Juzgado
Décimo Laboral del Circuito de Bogotá D.C., guardó silencio.
3.5. La Universidad
Jorge Tadeo Lozano[9],
por medio de su apoderada, señaló que en las declaraciones de la acción de
tutela no se eleva ninguna solicitud frente a dicha institución, por tanto no
tiene legitimación en la causa por pasiva. En adición, describió el proceso
laboral que se adelantó en su contra y las razones por las cuales presentó el recurso
extraordinario de casación.
Por último, “la Fundación Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano no se opone a la decisión prioritaria de la demanda de
casación formulada dentro del proceso ordinario laboral iniciado por la señora
Rose Nelly Baud Bersier, si ello se decide por la Corporación como medida de
amparo de los derechos invocados en la tutela”[10].
3.6. La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario
-Fiduagraria S.A.[11]- actuando en defensa técnica del Instituto de
Seguros Sociales (liquidado), especificó que la entidad se encuentra en
estos momentos liquidada. Por tanto, la institución competente para conocer de
solicitudes de reconocimiento y pago de pensiones es la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- “…incluyendo aquellas que habiendo
sido presentadas ante el ISS no se hubieren resuelto…”[12].
4. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
4.1.
Sentencia de
Primera Instancia
Mediante proveído del 1º de junio de 2017, la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal de Justicia negó las pretensiones
de la accionante al estimar una falta de idoneidad de la acción de tutela para
darle premura al proceso; en este sentido, consideró que la ciudadana aún cuenta
con la figura de la vigilancia judicial administrativa o la recusación.
Además, consideró que:
“…[al] entrometerse el juez de tutela
a terciar en estos trámites, de igual manera quebraría, a no dudarlo, el
derecho a la igualdad, por cuanto dispondría que sin acatar el respeto debido a
los turnos en los Despachos, se pronunciara el funcionario sobre el que fuera
objeto de tutela, máxime cuando de la respuesta emitida por la Sala de Casación
Laboral de esta corporación, se vislumbra que se accedió a lo peticionado por
el apoderado judicial de la actora, por lo que la causa ordinaria demandada se
encuentra en análisis para dictar la decisión que en derecho corresponda”[13].
4.2.
Sentencia de
Segunda Instancia
Mediante decisión del 7 de julio del 2017, la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil-, confirmó el fallo de primera
instancia al considerar que con el oficio allegado por la Sala de Casación Laboral,
el recurso se encuentra en estudio para dictar sentencia, por lo tanto “…para
la data en que se dictó el fallo constitucional de instancia ya había cesado la
posible o eventual vulneración o amenaza de los derechos invocados aquí por la
tutelante…”[14].
5.
PRUEBAS QUE
OBRAN EN EL EXPEDIENTE
·
Original de la certificación
de la deuda de administración (folio 23, cuaderno 1).
·
Copias de los recibos
de cobro por impuestos y valorización (folios 55–73, cuaderno 1).
·
Copia del derecho de
petición presentado por la apoderada de la afectada ante la Procuraduría
General de la Nación en el que solicita su intervención con el fin de darle celeridad
al recurso (folios 45 y 46, cuaderno 1).
·
Copia del memorial
presentado por la Procuraduría General de la Nación al Despacho del Magistrado
Jorge Mauricio Burgos Ruíz, (folio 44, cuaderno 1).
·
Copias de extractos de
la historia clínica de la señora Rose Nelly Baud Bersier (folios del 47 al 52,
cuaderno 1).
·
Copia del expediente de
la accionante a Colpensiones (folios del 128 al 134, cuaderno 1).
6.
INFORME SOLICITADO Y AUTO DE VINCULACIÓN EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante Auto de fecha 28 de noviembre de 2017, el Despacho
Sustanciador estableció la pertinencia de solicitar un informe a la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- acerca del estado actual del proceso
de la referencia, con el fin de obtener los elementos de
convicción necesarios para resolver un asunto que reclama la protección
constitucional urgente de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la
seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de
un adulto mayor.
En tal sentido, dicho proveído dispuso lo siguiente:
“…OFÍCIESE a la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral (Despacho del Honorable
Magistrado JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ) para que, en el término de tres (3)
días, contado a partir de la notificación de esta providencia, se sirva informar
el estado actual del recurso extraordinario de casación correspondiente al
número de radicado C.U.I. 11001310501020090001101 y 46729 (radicado interno de
la C.S.J.), promovido por la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO
contra ROSE NELLY BAUD y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
Adicionalmente, de
no haberse resuelto aún el recurso extraordinario de casación, sírvase informar
las razones que han impedido el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia
–Sala de Casación Laboral– durante los siete (7) años que han precedido a la
tutela objeto de esta solicitud”.
En respuesta del cinco (5) de diciembre de 2017, el
Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz informó que “…una vez revisadas las
condiciones de salud y económicas que padece la señora Rose Nelly Baud, el
Despacho procedió a darle prelación al proceso identificado con el radicado
interno 46729, en virtud de ello, el proyecto de fallo fue presentado para
estudio dentro de la Sala que tendrá lugar el 6 de diciembre de 2017”.
De otra parte, por medio de Auto del 25 de enero de
2018, el Magistrado Sustanciador decidió integrar debidamente el contradictorio
en el proceso de la referencia. En ese orden, al encontrarse en el fondo de la discusión
la definición de la pensión de vejez que le fue reconocida a la accionante en dos
instancias, resolvió vincular a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-,
toda vez que si bien el juez de primera instancia llamó al proceso al Instituto
de Seguros Sociales, omitió considerar que esta entidad fue liquidada años
atrás y, para todos los efectos, es COLPENSIONES la institución idónea y competente
para eventualmente reconocer y pagar esta prestación social.
Al dar respuesta a la vinculación en sede de revisión,
COLPENSIONES solicitó que sea declarada la improcedencia de la acción de tutela
dado que “el asunto sometido a su consideración, se encuentra en trámite
para ser decidido por la jurisdicción ordinaria laboral, como consecuencia de
la demanda interpuesta en su momento por la accionante ante esa jurisdicción”[15].
II. CONSIDERACIONES
1.
COMPETENCIA
Es competente la Sala Novena de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
PRESENTACIÓN DEL
CASO Y PROBLEMA JURÍDICO
La accionante, Rose Nelly Baud Bersier, es una persona de la tercera edad (76
años de edad), que fue diagnosticada con hipotiroidismo, diabetes mellitus,
gastritis, hipertensión esencial primaria, hiperlipidemia, antecedente
cerebrovascular, venas varicosas de los miembros inferiores (no puede
permanecer de pie), bronquitis crónica, escoliosis lumbar, lesión muscular por
caída (que afectó especialmente la parte izquierda de la cadera), eritema por
herida del tobillo derecho con limitación de la marcha, osteocondrosis, hernia
discal, duodenitis, miocardiodistrofia, aneurisma aorta e isquemia
radioculopatía.
Aunado a lo anterior,
tiene diferentes deudas que superan los 20 millones de pesos por concepto de
administración, impuestos y valorización de su apartamento, entre otros. Al momento de acudir ante el Instituto de
Seguros Sociales a reclamar el reconocimiento y pago de su pensión de vejez,
esta le fue negada por no cumplir con las semanas cotizadas.
En consecuencia, la accionante inició proceso laboral ordinario
contra la Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano y el I.S.S. El juez de primera
instancia falló a favor de la demandante y ordenó el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez con el faltante cálculo actuarial, sin embargo, la
demandada apeló la decisión sin éxito como quiera que el Tribunal Superior de
Bogotá D.C. -Sala de Decisión Laboral- confirmó el fallo del a quo,
modificando las fechas de dicho cálculo actuarial.
Inconforme con el último pronunciamiento judicial que
amplió la base del cálculo actuarial, la Universidad Jorge Tadeo Lozano
interpuso recurso extraordinario de casación en el mes de julio de 2010, el
cual fue admitido el 20 de octubre del mismo año. A la fecha, pese al reciente
informe solicitado en sede de revisión y consultado el sistema no consta resolución
judicial del mismo[16].
Teniendo en cuenta las
circunstancias gravosas que enfrenta la accionante, su apoderada judicial formuló acción de tutela contra la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral- y el Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Administrativa-, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, presuntamente trasgredidos por la tardanza de
dichas Corporaciones para decidir con celeridad y eficiencia el recurso
extraordinario de casación.
Aduce la tutelante que, actualmente, la Corte Suprema
de Justicia -Sala de Casación Laboral- no se ha pronunciado respecto del
recurso, el cual suspendió los efectos de la sentencia recurrida y, por ello,
no goza de su pensión de vejez. Además, señala que ha presentado diferentes
memoriales al proceso solicitando celeridad y urgencia del proceso, incluso, a
través de la Procuraduría General de la Nación.
Solicita que en los términos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos sea aplicada la figura “per saltum” al
recurso extraordinario de casación, radicado con el número 46729, con el fin de
que la Sala pueda llegar a una decisión de manera prioritaria.
En sede de tutela, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-
negó la acción de tutela de la referencia en primera instancia por cuanto el
Magistrado Ponente del recurso extraordinario de casación accedió a darle
celeridad al proceso; por otro lado, consideró que el juez de tutela no debe
interferir en dichos trámites, so pena de quebrantar el derecho a la igualdad. La
decisión fue confirmada íntegramente en segunda instancia, por la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Civil.
En aras de solucionar la controversia constitucional
objeto de estudio, le corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional abarcar dos problemas jurídicos: (i) ¿a efectos de darle
celeridad al recurso extraordinario en curso, resulta aplicable al caso la
figura procesal “per saltum”, establecida en el reglamento de la CIDH,
alegada por la accionante? (ii) ¿procede la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en un caso
concerniente a un sujeto de especial protección constitucional a quien
presuntamente se le vulneran los derechos fundamentales al mínimo vital, a
la igualdad, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia
por haber transcurrido un extenso
periodo de tiempo sin resolverse un recurso extraordinario de casación con
efectos suspensivos?
Para responder los anteriores interrogantes, la Sala Novena
de Revisión se pronunciará sobre los siguientes ejes temáticos: (i) la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) los alcances
y efectos del recurso extraordinario de casación en materia laboral; (iii) los principios de plazo razonable y acceso a la
administración de justicia en casos de mora injustificada dentro de un trámite
judicial (desarrollos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la
Corte Constitucional), y (iv)
resolverá el caso concreto.
3.
PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR LA OCURRENCIA DE UN
PERJUICIO IRREMEDIABLE. Reiteración de jurisprudencia
En repetidas ocasiones, esta Corporación se ha
pronunciado respecto a la naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de
tutela. En los precisos términos del inciso 3°, artículo 86 constitucional, “esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”.
Del mismo modo, en concordancia con lo establecido en el
numeral primero del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991[17]se desprende
que, existen dos hipótesis en las cuales la jurisprudencia constitucional ha
excepcionado el principio de subsidiariedad: (i) a pesar de la existencia de
otros mecanismos judiciales, estos no resultan eficaces e idóneos para la
protección inmediata de los derechos fundamentales invocados, y (ii) al tener
certeza de la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable por la situación
específica del solicitante, se hace necesaria la intervención del juez de
tutela para evitarlo de manera transitoria.
En relación a la segunda hipótesis que nos ocupa, para
que proceda el amparo transitorio, en Sentencia SU-023 de 2015[18], la Sala
Plena de esta Corte señaló, al estudiar un caso en el cual la Federación de
Cafeteros no realizó aportes por concepto de pensión de vejez, que el funcionario
judicial debe ponderar los siguientes requisitos:
“(i) Se trata de una persona de la
tercera edad, considerada sujeto de especial  protección; (ii) El
estado de salud del solicitante y su familia; (iii) Las condiciones
económicas del peticionario; (iv) La falta de pago de la prestación o su
disminución, genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales,
en particular del derecho al mínimo vital. (v) El afectado ha desplegado
cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección
de sus derechos, y (vi) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las
razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”.
Con base en los criterios anteriores, el juez
constitucional puede determinar si la acción de tutela procede como mecanismo
transitorio. Ello por cuanto, en el caso en que el juez de tutela se encuentre
frente a una persona de la tercera edad, debe examinar con cuidado la
procedencia de la acción de tutela cuando existe otro medio de defensa judicial
(ordinario o extraordinario), en el sentido que esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha determinado la carga excesiva ante la cual se verían expuestas
con la extensa demora en la resolución de los litigios, siendo ellos sujetos vulnerables
y en riesgo por la disminución de la capacidad laboral, el menoscabo connatural
de su salud y la poca expectativa para soportar la carga del proceso principal[19].
Así, la carga mínima exigida al accionante es la de
probar, siquiera de manera sumaria, que se encuentra en una situación de
vulnerabilidad, además, expresar las razones por la cuales el procedimiento
natural y especial de la causa es ineficaz para lograr la inmediata protección
a los derechos que invoca.
Sin embargo, es necesario adicionar que la Corte
Constitucional, en innumerables ocasiones ha definido los elementos necesarios
y configurativos que se deben acreditar para determinar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable:
“… (a) Cierto e inminente –esto es, que
no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación
razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o
interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés
para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria
e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consume un daño
antijurídico en forma irreparable”.[20]
En consecuencia, para conceder el amparo transitorio y
conjurar la eventual ocurrencia del perjuicio irremediable, el funcionario
judicial deberá establecer, en el estudio del caso concreto, si el tutelante se
encuentra frente a un daño cierto, inminente, grave y de urgente atención, teniendo
presente que, en principio, la jurisdicción laboral o contencioso
administrativo es la competente para dirimir los asuntos que tiene que ver con
la titularidad de derechos pensionales.
El carácter de amparo transitorio, implica por parte
del juez constitucional tomar una decisión en la cual ordene acciones temporales
pertinentes para proteger los derechos fundamentales invocados mientras el
juez natural de la causa se pronuncia frente al asunto objeto de la
controversia de manera definitiva.
En este sentido, la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en destacar que la aplicación e interpretación
estricta de la tutela como mecanismo transitorio es de carácter meramente
excepcional ante la existencia de otros medios judiciales, puesto que el juez
de tutela no puede abocar la competencia del juez legalmente
competente para adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo respectiva,
el cual debe ser funcionalmente independiente, imparcial y estar sometido
solamente al imperio de la ley. Por otro lado, se debe dejar claro en el fallo de tutela que las
medidas ordenadas deben ser estrictamente provisionales con efectos temporales.
Por ello, esta Corporación ha sostenido
que "[l]a posibilidad de conceder este tipo específico de
protección judicial es excepcional, según se desprende del artículo 86 de la
Constitución, y por tanto el alcance de las normas pertinentes es de
interpretación estricta. No se busca que el juez de tutela asuma la
competencia del ordinario o especializado entrando a resolver de fondo el
asunto litigioso planteado, sino de ofrecer al titular del derecho un medio
expedito y eficaz para evitar un daño respecto del cual la decisión judicial
definitiva llegaría demasiado tarde y apenas haría posible un resarcimiento
"a posteriori", es decir, sobre la base de un hecho cumplido"[21]
De la misma manera, en Sentencia T-327 de 2015, esta Sala
de Revisión afirmó que “el Juez de tutela debe
expresar en la sentencia que su orden es de carácter temporal, puesto que
[esta] permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo la acción instaurada por el afectado”.[22]
En
Sentencia T-014 de 2015, la Sala Novena de Revisión de esta Corporación, amparó
de manera transitoria el derecho fundamental al mínimo vital y ordenó a su
empleador pagarle a la accionante su pensión de vejez, puesto que se trataba de
una persona de la tercera edad (78 años de edad) y no contaba con los recursos
económicos para su subsistencia, sin embargo, dejó claro que dicha medida solo
tenía vigencia hasta tanto el juez laboral decidiera el asunto de manera
definitiva.
En
sentencia T-456 de 2013 la Corte consideró necesario ordenar
transitoriamente a COLPENSIONES el pago de la pensión especial de vejez para
padre de hijo en situación de discapacidad, mientras el afectado acudía a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para atacar el acto
administrativo que le negó el reconocimiento y pago de la prestación a la cual
tenía derecho.
4.
ALCANCES Y
EFECTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
i.     Origen, fines, naturaleza y procedencia del
recurso extraordinario de casación
De acuerdo con el anterior Código de Procedimiento
Civil y el entendimiento general de la comunidad jurídica, el recurso
extraordinario de casación fue instituido con la finalidad de “…unificar la
jurisprudencia nacional y proveer a la realización del derecho objetivo en los
respectivos procesos; además procura reparar los agravios inferidos a las
partes por la sentencia recurrida”[23].
En Sentencia C-372 de 2011, la Corte Constitucional
abordó el estudio de los orígenes históricos del recurso extraordinario de
casación en los siguientes términos:
“Se encuentra el fenómeno que
constituye la base de todo el instituto de la casación y constituye el germen
de ella, que es la extensión del concepto de nulidad a los casos más graves de
iniustitia proveniente de errores de derecho particularmente graves. No obstante, el verdadero origen de la casación como
instituto jurídico procesal debe buscarse en Francia, y
concretamente en la obra legislativa de la revolución, que asignó nuevos
cometidos y dio nuevos alientos de expansión vital a un instituto que ya
existía bajo l’ancien régime”. Allí se
consagró como un mecanismo extraordinario de revisión de la estructura lógica
interna de la decisión judicial vertida en una sentencia, que tiene como fines
primordiales unificar la jurisprudencia nacional, promover la realización del
derecho objetivo y la reparación de los agravios inferidos a las partes por la
decisión”.
Igualmente, en la misma providencia precitada se
especificó que el recurso extraordinario de casación también deriva su origen en
la Carta Política, pues el artículo 235 de la Constitución Política de 1991 le
otorgó a la Corte Suprema de Justicia la competencia de “actuar como
tribunal de casación”.
Referente a su naturaleza, valga resaltar la Sentencia
C-1065 de 2000, en la cual esta Corporación determinó que “la casación es un
recurso extraordinario, con fundamento constitucional expreso, que tiene
esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una
tercera instancia”.
Sin embargo, fue a partir de la expedición del Código
General del Proceso o Ley 1564 de 2012, que el espectro del recurso de casación
fue ampliado y constitucionalizado de la siguiente manera: “defender la
unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los
instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger
los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos,
unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las
partes con ocasión de la providencia recurrida”[24]
-negrilla fuera de texto-.
En este orden de ideas, esta Corporación ha precisado
que el recurso extraordinario de casación no puede limitarse al simple control
de legalidad sino que su alcance se ha ampliado con el paso del tiempo, incluyendo
la garantía de los derechos de las partes involucradas:
“…En
efecto, la Corte Constitucional ha explicado que la casación, como medio
de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada a también hacer
efectivo el derecho material, particularmente la Constitución, así como las
garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso. La misma
Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la
Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho  y
particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se
convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de
control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación
de las normas de inferior jerarquía; ello ha exigido replantear el alcance
de la casación y el papel de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación.
Por otro lado, la adopción de este
modelo de Estado genera importantes repercusiones en lo que concierne a la
función de administración de justicia y específicamente en la visión del
recurso extraordinario de casación. En efecto, se sustituye la concepción
formalista de la administración de justicia vinculada al simple propósito del
respeto a la legalidad, por una concepción más amplia y garantista, en la cual
la justicia propende por el efectivo amparo de los derechos de los asociados.”[25].(Negrilla fuera
del texto)
La procedencia de este recurso ha sido fijada por ley,
específicamente contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los
Tribunales Superiores, de manera que solo se
permite su interposición contra lasprovidencias
proferidas en toda clase de procesos declarativos, en las acciones de grupo
cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria y en las relativas a
la liquidación de una condena en concreto.
En dicho sentido, el artículo 336 del Código General
del Proceso enumera de manera taxativa las causales del recurso, en materia
civil:
“Artículo 336. Causales de casación. Son causales del recurso extraordinario de
casación:
1. La violación directa de una norma
jurídica sustancial.
2. La violación indirecta de la ley
sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento
de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la
apreciación de la demanda, de su contestación, o de una determinada prueba.
3. No estar la sentencia en consonancia con
los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones
propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio.
4. Contener la sentencia decisiones que
hagan más gravosa la situación del apelante único.
5. Haberse dictado sentencia en un juicio
viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos
que tales vicios hubieren sido saneados.
La Corte no podrá tener en cuenta causales
de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el
demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea
ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público,
o atenta contra los derechos y garantías constitucionales.”[26]
En consecuencia, el recurso de casación es un control
jurídico realizado por el tribunal supremo de la justicia ordinaria, con la
finalidad de salvaguardar la unidad e integridad del ordenamiento jurídico
colombiano. La Constitución Política le otorga a la Corte Suprema de Justicia la
competencia de estudiar las providencias recurridas para lograr la eficacia de
los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno,
proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos,
unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las
partes con ocasión de la providencia recurrida.
ii.     Recurso Extraordinario de casación y sus
efectos en materia laboral
En materia laboral, de conformidad
con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las
sentencias susceptibles del recurso de casación son aquellas que decidan
procesos cuya cuantía supere ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal
mensual vigente.
La procedencia del recurso extraordinario
se encuentra especificado en el artículo 87 del citado estatuto, contrayéndose
a dos causales, a saber, que: (i) la sentencia recurrida sea violatoria de la
ley sustancial, por infracción directa, aplicación indebida o
interpretación errónea y; (ii) el fallo contenga decisiones que hagan más
gravosa la situación del apelante en primera instancia o de la parte en cuyo
favor se haya surtido la consulta[27].
En relación el efecto suspensivo en
el que se concede el recurso extraordinario, la Corte Suprema de Justicia - Sala
de Casación Laboral ha reiterado la siguiente línea jurisprudencial,
establecida en la sentencia de 17 de junio de 2008, Radicado No. 37167[28]:
“(….) Desde la expedición del Decreto 969 de 1946, cuyos
artículos 42 y 63 a 78 reglamentaron el recurso de casación en los procesos
laborales, introducido efectivamente por la Ley 75 de 1945, el legislador
consideró que este medio extraordinario de impugnación se concedía en el efecto
suspensivo. En este sentido, el artículo 64 del Decreto 969 de 1946 dispuso
que al concederse el recurso debía ordenarse <la inmediata remisión de los
autos a la Corte>, a menos que, como lo autorizó el precepto siguiente,
decretara el Tribunal <el cumplimiento de la sentencia, a petición de la
parte favorecida, siempre que ésta preste caución real suficiente a juicio del
mismo tribunal, para responder en su caso de la restitución de cuanto ella
reciba y del perjuicio que por la ejecución> irrogara al recurrente. Esta
regla era de contenido similar al artículo 525 del Código Judicial de 1931, que
se aplicó en reemplazo del Decreto 969 de 1946, al ser suspendido éste por el
Consejo de Estado.
Apenas dos años después, con la
expedición del Decreto 2158 de 1948, se adoptó el Código Procesal del Trabajo
que se convirtió en legislación permanente por así disponerlo el Decreto Ley
4133 de 1948, con lo cual quedó delineado el trámite del recurso de casación,
en cuanto a los efectos de su concesión. Así, dispuso el artículo 88: <El
recurso de casación podrá interponerse de palabra en el acto de la
notificación, o por escrito dentro de los cinco días siguientes. Interpuesto de
palabra, en la audiencia, allí mismo se decidirá si se otorga o se deniega. Si
se interpone por escrito se concederá o denegará dentro de los dos días
siguientes. Al conceder el recurso, se ordenará la inmediata remisión de los
autos al Tribunal Supremo.
De modo que, advierte la Sala, de un lado
se mantuvo la esencia de la disposición contenida en el efímero Decreto 969 de
1946, que en el fondo implicaba la pérdida de competencia por parte del
Tribunal, inmediatamente se dictara el auto de concesión del recurso. Pero al
tiempo, se eliminó del régimen procesal laboral la institución del
cumplimiento provisional de la sentencia de segunda instancia.
La expresa expulsión del ordenamiento
laboral de la figura del cumplimiento caucionado de la decisión de segundo
grado, que rigió hasta julio de 1948, no fue modificada a pesar de las
posteriores disposiciones que reformaron las reglas atinentes a la casación en
esta área del derecho, específicamente las introducidas por los decretos 2017
de 1952 y 528 de 1964, la Ley 16 de 1969 y, más recientemente, la Ley 712 de
2001. Luego, si esa fue la postura del legislador, mal podrían los jueces, so
pretexto de una laguna legal inexistente, arrogarse competencias
constitucionales del Congreso de la República para volver a introducir
instituciones que éste había suprimido.
La remisión legal que en virtud del
principio de integración consagrado en el artículo 145 del C.P.T y S.S.
conlleva a una analogía legal, solo cabe cuando, en primer lugar, en esta
codificación no se halle regulada la materia, siempre que, en segundo término,
sea compatible y necesaria para definir el asunto, en razón del imperativo de
los jueces que les impide abstenerse de resolver la causa.
No se está, en el sub lite, en presencia
de ninguna de las anteriores circunstancias, por lo que fluye de lo manifestado
que no existe laguna o vacío legal por llenar, que amerite la aplicación
analógica de la figura del rechazo o de la inadmisión del recurso
extraordinario de casación por la falta de expedición y compulsación de copias
para la ejecución del fallo laboral, dado que, como por sabido se tiene, el
recurso de casación en esta materia suspende el cumplimiento de la sentencia
impugnada, lo cual responde no a una “costumbre”, como equivocadamente lo
señala el demandante, sino a las particularidades propias de la regulación
legal en el procedimiento del trabajo y de la seguridad social”. (Negrillas fuera del texto).
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia ha
dejado claro que, al momento de ser concedido el recurso extraordinario de
casación, hasta tanto no se resuelvan por parte de la Sala de Casación los
cargos presentados por el recurrente, se suspende el cumplimiento de la
sentencia de segunda instancia en su integridad, así las razones por las que
interpuso el recurso versen sobre una parte de la decisión.
5.
LOS PRINCIPIOS
DE PLAZO RAZONABLE Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CASOS DE MORA
INJUSTIFICADA DENTRO DE UN TRÁMITE JUDICIAL (DESARROLLOS DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL)
i.     Principio de plazo razonable desarrollado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH”), los Estados se encuentran en la
obligación de establecer normativamente mecanismos efectivos de defensa
judicial para la protección de los derechos humanos que procuren su aplicación
por parte de las autoridades judiciales.
Por tanto, al momento de avocar el conocimiento de un proceso
que implique la determinación de derechos u obligaciones de una persona con
circunstancias subjetivas que demanden una pronta decisión, los funcionarios
judiciales deberán observar el principio de plazo razonable establecido
en los artículos 8 y 25[29]
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”, con el
fin de evitar dilaciones injustificadas que configuren la vulneración de los
derechos fundamentales.
Por lo anterior, la Corte IDH se ha pronunciado en
diferentes ocasiones para establecer los parámetros que determinen la
razonabilidad del plazo de los procesos judiciales, entre ellos se encuentran:
“a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c)
la conducta de las autoridades judiciales"[30].
En relación con la complejidad del asunto, se debe
tener en cuenta: (i) qué se busca con el proceso, (ii) los hechos sobre los que
versa, (iii) el material probatorio disponible en el expediente y (iv) demás
averiguaciones necesarias para pronunciarse de fondo lo cual implica términos
de notificaciones y demás etapas procesales que demandan tiempo al proceso.
La actividad procesal del interesado y la conducta de
las autoridades no son más que el impulso e interés constante del proceso de
las partes y los funcionarios encargados de su conocimiento, en cumplimiento de
los términos propuestos por la legislación aplicable al asunto, evitando
cualquier dilación o retraso injustificado en el desarrollo del litigio.
En el caso de Milton García Fajardo y otros vs Nicaragua,
trabajadores de aduanas, tras haber realizado una huelga en el año 1993 -declarada
ilegal por el Ministerio de Trabajo del país-, fueron despedidos. En 1993
interpusieron recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua,
el cual fue decidido más de un año después de su solicitud. La Corte IDH asumió
el conocimiento del asunto y consideró que el tiempo de resolución del recurso
presentado por los empleados configuraba una violación al artículo 8º de la
Convención Americana, por lo que la CIDH hizo hincapié en la relevancia del
principio de plazo razonable en los procesos que impliquen la efectiva garantía
de los derechos sociales de los tutelantes.
En este asunto, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos analizó los tres elementos mencionados anteriormente de la siguiente
manera:
“Con respecto a la complejidad del
asunto, la Comisión considera que el recurso de amparo pretendía,
exclusivamente, obtener una declaración de la Corte Suprema sobre un punto de
derecho: la supremacía constitucional sobre la ley inferior en lo que al
derecho de huelga se refiere.  La CIDH ha observado que el trámite
judicial que siguió este recurso no se caracterizó por innumerables gestiones o
peticiones; por el contrario, el proceso fue muy concreto, toda vez que
consistió en la presentación del recurso de amparo acompañado del trámite
llevado ante el Tribunal de Apelaciones, el dictamen que rindió la Procuraduría
Civil y Laboral y la contestación del Director General del Trabajo, sin que
existiera gran actividad dada la naturaleza de la acción y la poca actividad
probatoria.
En cuanto a la actividad procesal del
interesado, los peticionarios impulsaron el recurso de amparo presentando
constantemente información adicional cuando ello fue
necesario.  Tanto ellos como las autoridades de gobierno recurridas
cumplieron con los plazos y términos concedidos para la presentación de sus
respectivos argumentos.  Sin embargo, ante el retraso de la Corte
Suprema de Justicia en dictar la sentencia, los peticionarios solicitaron
reiteradamente que ésta se pronunciara.  La Comisión considera que el
retraso para dictar la sentencia no se debió a negligencia o falta de interés de
las partes, sino a la pasividad e incumplimiento de los plazos de la misma
Corte Suprema de Justicia.”[31]
La Corte IDH concluyó que no se encontraron razones relacionadas
con la complejidad de asunto o la actividad de las partes que justifique la
tardanza, más allá del plazo establecido por la legislación del país, en
consecuencia, determinó la negligencia de la Corte Suprema de Nicaragua[32].
Adicionalmente, la jurisprudencia del sistema
interamericano ha determinado otro elemento para establecer la razonabilidad
del plazo de un procedimiento, atendiendo a la urgencia de los casos: la
celeridad. De ahí que, demande a los funcionarios judiciales una solución ágil
y adecuada so pena de la configuración de un perjuicio irremediable al sujeto
cuyos derechos se ven afectados con la demora de la decisión. En dicho sentido,
la Corte IDH consideró que “los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si en la
adopción de la decisión sobre éstos incurre en un retardo injustificado”[33].
La jurisprudencia constitucional colombiana,
atendiendo a los pronunciamientos de la CIDH y de la Corte IDH, ha señalado lo
siguiente:
“…para definir
la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo
judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado
del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento
cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos
judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba
valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y
(iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora.
Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el
agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso”[34].
Además, la Sala
Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 2016, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en
mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
ii.     Acceso a la administración de justicia en
casos de mora injustificada. Reiteración de jurisprudencia
La
mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide
el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo
se encuentra la solución de los procesos.
Los artículos 229 de la Constitución Política de 1991
y 2° de la Ley 270 de 1996, consagran el derecho fundamental de toda persona a
acceder a la administración de justicia, cuyo contenido ha sido desarrollado
por la jurisprudencia constitucional en diferentes ocasiones.  En la Sentencia
T-283 de 2013, la Sala Séptima de Revisión de esta Corporación definió este
derecho como  “la
posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder
acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia,
para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección
o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia
de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes” [35].
En la misma providencia hacen referencia al contenido
del derecho fundamental a la administración de justicia, el cual se encuentra
relacionado con los deberes del Estado frente a sus habitantes divididos
principalmente en las obligaciones de respetar, proteger y realizar, en
otras palabras, el Estado debe: (i) abstenerse de adoptar medidas
discriminatorias o que obstaculicen el acceso a la justicia y su realización,
(ii) impedir la interferencia o limitación del derecho y (iii) facilitar las
condiciones para su goce efectivo. [36]
Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del
derecho, se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados
ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la
prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de
justicia y la procedencia de la acción de tutela frente a la protección del
adecuado acceso a la administración de justicia en casos donde exista mora
judicial.
Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en
la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las
circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: “(i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por
parte de una autoridad judicial”[37].
Como corolario a lo anterior, cuando el juez de tutela
se encuentre resolviendo un caso en el que es evidente la configuración de una
mora injustificada, la procedencia del amparo es razonable, máxime si esto
conlleva a la materialización de un daño que genera un perjuicio irremediable. En
esta providencia, en aras de proteger el derecho fundamental al acceso de justicia,
se facultó al juez constitucional a ordenar “que se proceda a resolver o que se observen con
diligencia los plazos previstos en la ley, lo que en la práctica significa una
posible modificación en el sistema de turnos”. [38]
En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en
las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales
señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente
manera: “(i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia
que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando
se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”.[39]
En el mismo sentido, la sentencia precitada abordó la
posición que debe tomar el juez de tutela ante los casos de mora judicial justificada,
cuenta con tres alternativas distintas de solución:  (i) “negar la
violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por lo que se reitera la obligación de someterse al sistema de turnos,
en términos de igualdad”, (ii) ordenar “excepcionalmente la alteración del orden para proferir el
fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial
protección constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos
razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera
particulares del afectado. Frente a las alternativas propuestas, en aquellos
casos en que se está ante la posible materialización de un daño cuyos
perjuicios no puedan ser subsanados (perjuicio irremediable), si las
circunstancias así lo ameritan y teniendo en cuenta el carácter subsidiario de
la acción, en los términos previstos en el artículo 86 del Texto Superior, (iii)
también se puede ordenar un amparo transitorio en relación con los derechos
fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se
pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada.”. [40]
Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto en el presente
capítulo los funcionarios judiciales, al momento de evidenciar un caso donde
existan situaciones que impliquen una protección urgente, deben desatar la
controversia presentada con la mayor celeridad posible, de manera que se
atienda a los mandatos de los principios del plazo razonable y de la igualdad
material (que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales)[41].
6.
CASO CONCRETO
Procede la Sala Novena de Revisión a resolver la
acción de tutela de la referencia, promovida por la señora Rose Nelly Baud Bersier, por medio de
apoderada judicial, contra la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-,
el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá D.C. - Sala Laboral-, el Juzgado Décimo Laboral
del Circuito de Bogotá D.C., la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano y la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la
seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al
amparo judicial efectivo para los adultos mayores, presuntamente vulnerados por
la tardanza en decidir el recurso extraordinario de casación.
Una vez evidenciado que el asunto objeto de revisión
versa sobre la mora judicial que se presenta en la resolución del recurso
extraordinario de casación, presentado desde el 15 de junio de 2010 por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuyos efectos
suspenden la sentencia de segunda instancia confirmatoria del reconocimiento y
pago de la pensión de vejez de la accionante, esta Sala pasará a verificar el cumplimiento de los
requisitos genéricos y específicos de procedibilidad del resguardo
constitucional para posteriormente abordar la controversia de mérito:
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
Legitimación en la causa por activa. En concordancia con lo establecido en el
artículo 86 Superior, toda persona tiene derecho a interponer acción de tutela “por
sí misma o por quien actúe a su nombre”[42]. Por su parte el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, complementa dicha disposición al expresar
que “la acción de tutela podrá ser ejercida… por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará
por si misma o a través de representante”.
Visto lo anterior, la presente acción de tutela fue
interpuesta por la apoderada judicial[43]
de la señora Rose Nelly Baud Bersier, quien es la titular de los derechos
invocados en el amparo. Por consiguiente, se concluye que el requisito de
legitimación en la causa por activa se encuentra satisfecho.
Legitimación en la causa por pasiva. El artículo 5° del Decreto 2591 de 1991
dispone que “la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas
que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que
trata el artículo 2 de esta ley”. En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Laboral, se encuentra legitimada por pasiva como quiera que, a la
fecha, tiene pendiente la resolución del recurso extraordinario de casación y, por
ello, los derechos fundamentales de la actora se encuentran en vilo.
En relación con el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C. -Sala Laboral- y el Juzgado Décimo Laboral del Circuito
de Bogotá D.C., la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional no
evidencia acción u omisión alguna que estos funcionarios judiciales hayan
tomado, susceptible de vulnerar los derechos fundamentales de la tutelante, máxime
cuando sus decisiones ordenan con un criterio razonable reconocer y pagar la
pensión de vejez de la accionante al interior de un proceso ordinario, por lo
cual se procederá a desvincularlos de la actuación.
En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura -Sala
Administrativa-, sea precisar que la solicitud de la accionante dirigida a
ordenar que tome las acciones tendientes a aumentar, en un plazo de 6 meses, el
recurso humano y la infraestructura física de la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Laboral-, es impertinente e improcedente por cuanto a la
Corte Constitucional no le corresponde el ejercicio de funciones legislativas,
de gobierno o administración judicial que impliquen erogación presupuestal.
Por su parte, en el presente trámite fueron vinculados
el Instituto de Seguros Sociales (liquidado) y, en sede de revisión, la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- (quien lo subrogó). Esta
última, se encuentra legitimada en la causa por pasiva al ser la autoridad
responsable de reconocer y pagar la prestación de vejez concedida en las dos
instancias surtidas al interior del proceso ordinario, cuyos efectos se
encuentran suspendidos por el recurso extraordinario de casación.
INMEDIATEZ
La procedibilidad de la acción de tutela exige su
interposición dentro de un plazo razonable y proporcional, el cual se cuenta,
por regla general, desde el momento en que se generó la vulneración o amenaza
del derecho fundamental invocado. La idea central del concepto de inmediatez
reside en no convertir el amparo en un factor de inseguridad jurídica, posible
afectación de los derechos de terceros o que premie la desidia e indiferencia
de los actores[44]
ante su interposición tardía.
De ahí que esta Corporación haya precisado que la
acción de tutela “ha de ser presentada en marco temporal de ocurrencia de la
amenaza o violación de los derechos. Al no limitar en el tiempo la presentación
de la demanda de amparo constitucional, se burla el alcance jurídico dado por
el Constituyente a la acción de tutela, y se desvirtúa su fin de protección
actual, inmediata y efectiva de tales derechos”[45].
En el caso de la referencia, esta Sala observa que se cumple
con el principio de inmediatez. En efecto, al no existir una definición de la
litis, que involucra el reconocimiento de una prestación social necesaria para
cubrir la contingencia de la vejez, los derechos fundamentales invocados por la
actora se encuentran en actual, continua y completa desprotección. Además, la
palmaria tardanza judicial con efectos suspensivos del proceso ordinario
conlleva al irrespeto en el disfrute de sus garantías constitucionales.
SUBSIDIARIEDAD
Como se explicó con anterioridad, excepcionalmente, la
acción de tutela procede cuando existen otros mecanismos de defensa judicial en
dos eventos: (i) en los casos que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable y; (ii) cuando los medios de protección existentes
sean ineficaces e inidóneos.
La jurisprudencia constitucional ha flexibilizado el
estudio de este presupuesto cuando el accionante es un sujeto de especial
protección constitucional en condición de vulnerabilidad, como “aquellas
personas que debido a su condición física, psicológica o social particular
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y
efectiva. Así, ha considerado que entre los grupos de especial protección
constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, los
disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las
personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema
pobreza[46]”.
En el caso concreto, la accionante tiene la calidad de
sujeto de especial protección constitucional por contar con 76 años de edad y
padecer de múltiples enfermedades, las cuales están debidamente acreditadas
dentro del expediente. Dichas patologías le impiden trabajar y obtener ingresos
mínimos para su sostenimiento; por otra parte, sus hijos no cuentan con los
recursos económicos suficientes para sufragar los gastos básicos de la señora
Baud.
Como si fuera poco, en virtud de los efectos suspensivos
del recurso extraordinario de casación -en trámite-, actualmente no goza de la
pensión de vejez o del derecho a la seguridad social pese a que, desde el año
2009 le fue reconocida esta prestación por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C. -Sala Laboral- y el Juzgado Décimo Laboral del Circuito
de Bogotá D.C., en el curso de un proceso ordinario
laboral.
Teniendo en cuenta las circunstancias del caso y el
problema jurídico, para la Sala Novena sí procede la acción de tutela como mecanismo transitorio
y excepcional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
específicamente al tratarse de una persona de la tercera edad, en
circunstancias económicas precarias y de salud, que además, ha presentado
múltiples solicitudes ante la Corte Suprema de Justicia para lograr darle
celeridad a la decisión contentiva al recurso extraordinario de casación.
Identifica la Sala el cumplimiento de los presupuestos
jurisprudenciales para la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio
en tanto: (i) existe una
afectación inminente y actual de los derechos fundamentales al
mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia -elemento
temporal respecto del daño-; (ii) se requieren tomar medidas urgentes para
remediar, prevenir un perjuicio irremediable o restablecer los derechos; (iii)
la gravedad del perjuicio es tal que repercute en las
condiciones materiales de existencia de la accionante; y (iv) el carácter impostergable de
las medidas hace necesaria y urgente la intervención excepcional del juez de
tutela para la efectiva protección de los derechos en riesgo, teniendo en
cuenta la edad de la tutelante.
Además, los requisitos previstos en la Sentencia SU-023 de 2015 para el efecto, se
corroboran de la siguiente manera:
(i)
Se trata de una
persona de la tercera edad, considerada sujeto de especial  protección; la señora Rose Nelly Baud nació el 25 de
diciembre de 1942 (hecho probado en su historia clínica que obra en el
expediente a folio 47).
(ii)
El estado de salud
del solicitante; la
accionante fue diagnosticada con hipotiroidismo, diabetes mellitus, gastritis,
hipertensión esencial primaria, hiperlipidemia, antecedente cerebrovascular,
venas varicosas de los miembros inferiores, bronquitis crónica, escoliosis
lumbar, lesión muscular por caída que afectó especialmente la parte izquierda
de la cadera, eritema por herida del tobillo derecho con limitación de la
marcha, osteocondrosis, hernia discal, duodenitis, miocardiodistrofia,
aneurisma aorta e isquemia radiolopatía (estado de salud acreditado en la
historia clínica que obra a folio 47 y s.s.).
(iii)
Las condiciones
económicas del peticionario; la ciudadana Suiza-Francesa acreditó una deuda que supera los 20
millones de pesos por concepto de administración, impuestos y demás gastos del
apartamento en el que reside, con certificados que obran a folios 23, 55 y s.s.
(iv)
La falta de pago
de la prestación o su disminución, genera un alto grado de afectación de los
derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital; la accionante acredita que por sus
condiciones de salud y avanzada edad no puede realizar actividad alguna que le
permita trabajar y percibir dinero para la garantía de su derecho al mínimo
vital y a la seguridad social, además, afirma –sin que haya sido refutado por
las accionadas- que sus hijos no cuentan con los medios económicos para costear
sus gastos debido a la falta de trabajo, la distancia o por enfermedades
propias que implican elevados gastos.
(v)
El afectado ha
desplegado cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la
protección de sus derechos; de manera constante, la apoderada de la
peticionaria ha solicitado ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Laboral- la celeridad en la resolución del asunto, prueba de ello
se puede consultar la historia del proceso en sede de casación visible en
“consulta de procesos” en la página web de la Corte Suprema de Justicia.
(vi)
El interesado
acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial
ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos
fundamentales presuntamente afectados; la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Laboral- en su contestación a la acción afirmó que “no se
ha proferido sentencia que desate el recurso, para cuyos fines ingresó al
despacho el 18 de junio de 2011”, en conclusión, no existe recurso
ordinario de protección judicial y, el recurso extraordinario de casación conlleva
efectos suspensivos sobre el derecho pensional concedido en dos instancias-,
siendo ineficaz para proteger los derechos fundamentales a la seguridad social,
al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia de la señora Baud,
quien desde el año 2009 inició el proceso ordinario laboral pero aún se
encuentra a la espera del recurso extraordinario de casación.
Por lo expuesto anteriormente, se considera que el
requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho.
Inaplicabilidad de la figura procesal per saltum
solicitada y amparo transitorio de los derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia de la
accionante -adulto mayor-
Ahora bien, en aras de resolver si a efectos de darle
celeridad al recurso extraordinario en curso resulta aplicable al caso la
figura procesal “per saltum”, establecida por el reglamento de la CIDH, es
necesario analizar esta figura dentro del ordenamiento jurídico colombiano y su
procedencia en el presente asunto.
La
figura “per saltum” [47], en los términos del escrito tutelar, se refiere a la celeridad en la tramitación de un
proceso, priorizándose por encima de otros que se hallaban primero. Se
encuentra establecida en el reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en su artículo 29 numeral 2°[48],
con el fin alterar el orden de fallo para adelantar peticiones presentadas por
sujetos de especial protección, tales como niños, adultos mayores o quienes padezcan
de una enfermedad terminal, entre otros supuestos.
En el ordenamiento colombiano, si bien no existe norma
legal que faculte esta prelación, la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado en diferentes ocasiones la posibilidad de
alterar excepcionalmente el sistema de turnos para proferir un fallo en casos
de mora judicial cuando: “el juez está en presencia de un sujeto de especial protección
constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y
tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares
del afectado”[49].
No obstante lo anterior, de conformidad con informe
rendido el 5 de diciembre de 2017 por el Magistrado Sustanciador del recurso
extraordinario de casación (Jorge Mauricio Burgos Ruiz), la Sala Novena de
Revisión determina que se accedió a darle celeridad al asunto atendiendo a las
circunstancias económicas y de salud de la accionante[50]. Incluso,
informó que en este momento el proyecto de fallo se encuentra en estudio por
parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia con la finalidad de
aprobar o no el sentido de la decisión proyectada.
En consecuencia, la pretensión de la accionante tendiente
a aplicar la figura per saltum, que contempla el reglamento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de alterar el
turno a su favor para fallar el caso, carece de objeto toda vez que en sede de
revisión fue acreditada su prelación por parte del Magistrado Sustanciador.
Valga anotar, que resulta improcedente que esta Sala de Revisión de Tutelas
proceda a reglamentar la figura per saltum en el ordenamiento jurídico
colombiano, tal como lo solicita la accionante, por cuanto dentro de las
competencias constitucionales y legales de la Corte Constitucional no se
encuentra la creación o regulación de institutos procesales para otras
jurisdicciones.
Ahora bien, respecto a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia de la
accionante -adulto mayor y vulnerable-, por haber transcurrido un extenso plazo
sin resolverse el recurso extraordinario de casación, se determina por la Sala Novena una vulneración de los
derechos fundamentales aludidos debido a que los efectos suspensivos que se
ciernen sobre el proceso ordinario generan una parálisis que imposibilita
actualmente el reconocimiento, pago y goce de la pensión de vejez bajo el
régimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990, por causas no atribuibles a la
señora Baud Bersier[51].
En este caso, nos encontramos ante una mora judicial justificada[52]
por cuanto así se hayan expirado los términos procesales laborales “…los autos pasarán al ponente para que dentro de veinte
días formule el proyecto de sentencia que dictará el Tribunal dentro de los
treinta días siguientes”[53], el magistrado sustanciador a cargo del recurso
extraordinario de casación informó a la Sala Novena que: (i) el asunto implica indiscutible
complejidad y; (ii) ordenó alterar el turno del proceso de manera excepcional: “una
vez revisadas las condiciones de salud y económicas que padece la señora Rose
Nelly Baud, el Despacho procedió a darle prelación al proceso identificado (…)
en virtud de ello, el proyecto de fallo fue presentado para estudio…”.
Aunado
a lo anterior, la jurisdicción ordinaria laboral presenta los índices más altos
en congestión judicial, motivo por el cual se demuestra una diligencia
razonable del operador judicial y que la mora obedece a problemas estructurales
de la administración de justicia[54].
Lo anterior no es óbice para tutelar los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la
seguridad social de la accionante en tanto así existan justificantes válidos, el
transcurso de más de 10 años para resolver un proceso ordinario laboral desconoce
el concepto de plazo razonable que ha determinado la jurisprudencia
constitucional e interamericana. En tal virtud, esta Sala reiterará lo dicho por la Sala Primera de
Revisión, en Sentencia T-186 de 2017: “en casos en los que la mora está
justificada puede haber una lesión intensa, no solo de los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, sino a aquellos
involucrados en la definición del litigo, que exigen una actuación judicial en
sede de tutela, so pena de permitir la consolidación de un perjuicio
irremediable…”[55].
De conformidad con lo anterior, en este caso es dable impartir
el amparo transitorio de los
derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial competente
se pronuncia de manera definitiva respecto a la controversia planteada. Esto se apoya en las circunstancias
fácticas particulares de vulnerabilidad en las que se encuentra la accionante,
a las sentencias ordinarias de primera y segunda instancia y al observarse que
a su edad avanzada podría materializarse un perjuicio irremediable, pues la ausencia
de su pensión de vejez afecta directamente sus condiciones materiales de
existencia.
La pensión de vejez constituye una medida de
protección para satisfacer la subsistencia digna de una persona de la tercera
edad, permitiendo su descanso
luego de una vida dedicada al trabajo. Su finalidad directa es garantizar el amparo de las
necesidades básicas, como concreción del principio de la dignidad humana y de los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.
Así, la decisión de ordenar el reconocimiento y pago
transitorio de la pensión de vejez a la señora Rose Nelly Baud Berser se sustenta
en las siguientes razones de hecho y de derecho:
1.
La señora Rose
Nelly Baud Berser es beneficiaria del régimen de transición, toda vez que nació
el 25 de noviembre de 1942, es decir, tenía 53 años al 1° de abril de 1994, de
manera que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la ley
100 de 1993[56].
2.
Verificada la
consecución de la edad requerida por la normatividad aplicable, la accionante
tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez en los términos del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, cuyos requisitos
generales se encuentran en el artículo 12 de la normatividad mencionada: “ a)
Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más
años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de
cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al
cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil
(1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”[57].
3.
Teniendo en cuenta
la historia laboral que reposa en el proceso, los jueces ordinarios encontraron
acreditado que la accionante cuenta con más de 500 semanas cotizadas con
anterioridad a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima
requerida por la normatividad aplicable con ocasión a su vinculación como
profesora hora/cátedra con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, restándole
únicamente 76 semanas para acceder a la prestación social. La Sala precisa que
cuenta con 424[58]
semanas cotizadas, sin contabilizar las que se encuentran pendientes de
definición judicial.
Sin embargo, los funcionarios judiciales de
primera y segunda instancia determinaron que, acorde a lo manifestado por la demandante
(aquí accionante), la Universidad Jorge Tadeo Lozano no había realizado el pago
de los aportes correspondientes a ciertos periodos laborados, los cuales completan
el número de semanas requeridas por la ley para el reconocimiento de la pensión
de vejez (500), como quiera que de conformidad con el Decreto 3041 de 1966, la
Universidad Jorge Tadeo Lozano ha debido afiliar y cotizar en pensiones al
I.S.S. a la accionante en su calidad de docente.
En primera instancia, el Juzgado Décimo
Laboral del Circuito de Bogotá D.C. ordenó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano
que proceda a gestionar ante el I.S.S., el cálculo actuarial del periodo
insatisfecho entre “el 12 de febrero de 1979 al 10 de septiembre de 1984,
tiempo durante el cual laboró la demandante a su servicio…”[59] y,
en todo caso, le ordenó al Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar la
pensión de vejez a la demandante.
En Sentencia de segunda instancia, el Tribunal
Superior de Bogotá D.C. -Sala de Decisión Laboral-, confirmó el anterior reconocimiento
pero amplió las fechas en las cuales se debía realizar el cálculo actuarial de la siguiente manera: “… en su
lugar, condenar a la demandada UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  a la emisión de
un título correspondiente al cálculo actuarial del periodo que va desde 12 de
febrero de 1979 al 31 de diciembre de 1982 y del primero de enero al 10 de
septiembre de 1984, desde el 21 de julio al 9 de agosto de 1990 y del 1 de
enero de 1994 al 31 de diciembre 1995”[60].
4.
Del recuento
anterior se evidencia que, a pesar del periodo actuarial objeto de litigio en
sede de casación, existe certeza de los jueces ordinarios laborales de la
existencia del derecho de la accionante, habida cuenta de que en la historia
laboral aportada en el proceso ordinario se acreditan 424 semanas cotizadas
ante el I.S.S. en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años,
restando solo 76 semanas para completar el requisito mínimo de 500 semanas,
establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
5.
En virtud del
análisis realizado por el juez de segunda instancia (Tribunal Superior de
Bogotá D.C. - Sala de Decisión Laboral), que comparte la Sala Novena de
Revisión, la accionante supera con creces esta cotización, en la medida que tan
solo sumando los períodos laborados que van del 12 de febrero de 1979 al 10 de
septiembre de 1984 y del 24 de enero de 1994 al 26 de noviembre de 1995[61],
se aumentarían 200.6 semanas dejadas de cotizar por la Universidad Jorge Tadeo
Lozano.
En conclusión, existe certeza de que la señora Baud
Bersier cuenta, a lo sumo, con un aproximado de 624.6 semanas cotizadas en los
20 años anteriores a los 55 años de edad, por tanto, cumple con los
presupuestos para el reconocimiento transitorio de la pensión de vejez, de
conformidad con lo normado por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
Es así como encuentra la Sala que, en este caso, se
presentan elementos necesarios para reestablecer su derecho pensional, de
manera transitoria, con lo cual se resguardan los derechos fundamentales al
mínimo vital, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social
y, en adición, se evita la ocurrencia de un perjuicio irremediable por la falta
de prestación social.
Sin embargo, esta determinación tendrá efectos hasta
tanto el juez natural, es decir, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Laboral- se pronuncie de manera definitiva frente al recurso de casación,
pendiente de fallo, como quiera que en la actualidad las sentencias que
reconocieron el derecho a la pensión de la accionante no se encuentran en
firme.
Debido a la existencia de motivos suficientes fundados
en normas del sistema de seguridad social en pensiones que corresponden al
cuadro fáctico expuesto, la accionante es acreedora de la prestación pensional
de manera provisional. No obstante, en razón a que el amparo que se reconoce en
esta providencia es transitorio no se realizará pronunciamiento en relación con
el pago de las mesadas pensionales causadas desde la consolidación del derecho
pues este es un asunto que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia –Sala
Laboral- en el trámite que está en curso en la jurisdicción ordinaria.
Para la Sala, desde el espectro de los derechos
fundamentales, resulta excesivo el efecto suspensivo del recurso extraordinario
de casación por cuanto desconoce a los sujetos de especial protección y sus
altas condiciones de vulnerabilidad, tales como la edad, el estado de salud y
la incapacidad de soportar la resolución del recurso de casación. Como si fuera
poco, tal como ocurrió en este caso, puede llegar a paralizar el goce de los
derechos fundamentales reconocidos por unanimidad en dos instancias y la
supremacía constitucional vigente en todo momento y lugar en virtud de la
fuerza normativa de la Constitución Política.
En consecuencia, esta Sala de Revisión concederá el amparo
de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al
acceso a la administración de justicia y ordenará a la Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- que, en el término de tres días,
siguiente a la notificación de esta sentencia, reconozca y pague de manera
transitoria la pensión de vejez a la señora ROSE NELLY BAUD BERSIER, hasta que la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- se pronuncie de manera
definitiva frente al recurso extraordinario de casación, correspondiente al
número de radicado C.U.I. 11001310501020090001101 y 46729 (radicado interno de
la C.S.J.), sin perjuicio de que realice los recobros correspondientes.
Síntesis
La accionante, Rose Nelly Baud Bersier, es una persona de la tercera
edad (76 años de edad), que fue diagnosticada con hipotiroidismo, diabetes
mellitus, gastritis, hipertensión esencial primaria, hiperlipidemia,
antecedente cerebrovascular, venas varicosas de los miembros inferiores (no
puede permanecer de pie), bronquitis crónica, escoliosis lumbar, lesión
muscular por caída (que afectó especialmente la parte izquierda de la cadera),
eritema por herida del tobillo derecho con limitación de la marcha,
osteocondrosis, hernia discal, duodenitis, miocardiodistrofia, aneurisma aorta
e isquemia radioculopatía[62].
Aunado a lo anterior, tiene diferentes deudas que
superan los veinte (20) millones de pesos por concepto de administración,
impuestos y valorización de su apartamento, entre otros[63]. Al momento
de acudir ante el Instituto de Seguros Sociales a reclamar el reconocimiento y
pago de su pensión de vejez, esta le fue negada por no cumplir con las semanas
cotizadas[64].
En consecuencia, la accionante inició un proceso
laboral ordinario contra la Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano y el
I.S.S. El juez de primera instancia falló a favor de la demandante y ordenó al
I.S.S. el reconocimiento y pago de la pensión de vejez una vez la Universidad
pague el cálculo actuarial correspondiente. La demandada apeló la decisión sin
éxito como quiera que el Tribunal Superior de Bogotá D.C. -Sala de Decisión
Laboral- confirmó el fallo del a quo, precisando las fechas de dicho
cálculo actuarial.
Inconforme con los pronunciamientos judiciales
ordinarios, la Universidad Jorge Tadeo Lozano interpuso recurso extraordinario
de casación en el mes de julio de 2010, el cual fue admitido el 20 de octubre
del mismo año. A la fecha, pese al informe solicitado en sede de revisión, no
consta en el proceso resolución judicial del mismo.
Teniendo en cuenta las circunstancias gravosas que
enfrenta la accionante, formuló
acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-
y el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-, en la que
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por la tardanza de dichas Corporaciones para decidir
con celeridad y eficiencia el recurso extraordinario de casación.
Aduce la tutelante que a la fecha, la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Casación Laboral- no se ha pronunciado respecto del recurso
que implica el efecto suspensivo de su reconocimiento pensional, por ello, no disfruta
de su pensión de vejez. Además, señala que ha presentado diferentes memoriales,
incluso a través de la Procuraduría General de la Nación, solicitando la
urgencia del proceso.
Solicita que sea otorgada la figura procesal “per
saltum”, establecida por el reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos[65],
con el fin de que la Corte Suprema de Justicia pueda llegar a una decisión de
manera prioritaria frente al recurso extraordinario de casación, radicado con
el número 46729.
En sede de tutela, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-
negó la acción de tutela de la referencia en primera instancia por cuanto el
Magistrado Ponente del recurso extraordinario de casación accedió a darle
celeridad al proceso; por otro lado, consideró que el juez de tutela no debe
interferir en dichos trámites, so pena de quebrantar el derecho a la igualdad.
La decisión fue confirmada íntegramente en segunda instancia, por la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil.
En aras de solucionar la controversia constitucional
objeto de estudio, le correspondió a la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional abarcar dos problemas jurídicos: (i) ¿a efectos de darle
celeridad al recurso extraordinario en curso, resulta aplicable al caso la
figura procesal “per saltum”, establecida en el reglamento de la CIDH,
alegada por la accionante? (ii) ¿procede la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en un caso
concerniente a un sujeto de especial protección constitucional a quien
presuntamente se le vulneran los derechos fundamentales al mínimo vital, a la
igualdad, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia por
haber transcurrido un extenso periodo de tiempo sin resolverse un recurso
extraordinario de casación con efectos suspensivos?
En criterio de esta Sala sí procede el amparo de
manera transitoria atendiendo a las altas circunstancias de vulnerabilidad de
la accionante, particularmente su avanzada de edad. Se observa que la
definición del recurso extraordinario de casación lleva en trámite más de 7
años y que el efecto suspensivo del mismo impide a la accionante -de 76 de
años-, el goce inmediato de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
vida digna y a la seguridad social, motivo por el cual, se hace perentorio el
amparo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable de un
sujeto de especial protección constitucional.
Lo anterior se apoya en que los jueces laborales
ordinarios, tanto en primera como en segunda instancia, reconocieron la pensión
de vejez de la accionante al evidenciar que la Universidad Jorge Tadeo Lozano
omitió la obligación de afiliar y cotizar en pensiones al I.S.S. por los periodos que van desde el 12 de
febrero de 1979 al 31 de diciembre de 1982 y del 1 de enero al 10 de septiembre
de 1984, desde el 21 de julio al 9 de agosto de 1990 y del 1 de enero de 1994
al 31 de diciembre de 1995, pues
el Decreto 3041 de 1966, contempla dicha obligación en relación con el personal
docente universitario privado.
Es claro del expediente que al contabilizar el tiempo
dejado de cotizar con las semanas tomadas en cuenta por el I.S.S. la accionante
acredita más de 500 semanas dentro de los veinte (20) años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima, según el Acuerdo 049 de 1990. En efecto, la
accionante cumplió 55 años de edad el 25 de diciembre de 1997 y aunque
actualmente el sistema arroje 424 semanas cotizadas, si se suman algunos
periodos que debe cotizar la Universidad Jorge Tadeo Lozano (76 semanas),
alcanzaría a las 500 semanas requeridas. Por ello, transitoriamente sí le
asiste el derecho a la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, tal como lo concluyeron los
jueces laborales ordinarios y especializados en la materia.
En tal virtud, la Sala Novena de Revisión decide tutelar
transitoriamente los derechos fundamentales al mínimo vital, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social de la accionante ROSE NELLY
BAUD BERSIER. De conformidad
con las providencias emitidas por los jueces ordinarios laborales y las
facultades extra y ultra petita del juez de tutela para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, se ordenará:
A la Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES- que en el término de tres días, siguiente a la notificación de
esta sentencia, reconozca y pague de manera transitoria la pensión de vejez a
la señora ROSE NELLY BAUD BERSIER, hasta que la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Laboral- se pronuncie de manera definitiva frente al recurso
extraordinario de casación, correspondiente al número de radicado C.U.I.
11001310501020090001101 y 46729 (radicado interno de la C.S.J.), sin perjuicio
de que realice los recobros correspondientes.
Ahora bien, la pretensión alegada por la accionante
tendiente a aplicar la figura procesal per saltum, desarrollada por el
sistema interamericano de derechos humanos, a efectos de darle celeridad e
impulso a las peticiones procesales fue declarada sin objeto como quiera que en
sede de revisión fue establecido que el recurso extraordinario de casación -en
trámite- fue priorizado y cuenta actualmente con proyecto de fallo, según
informe del Magistrado Ponente de la Corte Suprema de Justicia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Corte Suprema de
Justicia del siete (7) de julio de dos mil diecisiete (2017) -Sala de Casación
Civil- y del primero (1) de junio de dos mil diecisiete (2017) -Sala de
Casación Penal-. En consecuencia, AMPARAR TRANSITORIAMENTE los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la
administración de justicia de la accionante ROSE NELLY BAUD BERSIER.
SEGUNDO.-  ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones
-COLPENSIONES- que en el término de tres días siguiente a la notificación de
esta sentencia, reconozca y pague, de manera transitoria la pensión de vejez a
la señora ROSE NELLY BAUD BERSIER, hasta que la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Laboral- se pronuncie de manera definitiva frente al recurso
extraordinario de casación, correspondiente al número de radicado C.U.I.
11001310501020090001101 y 46729 (radicado interno de la C.S.J.), sin perjuicio
de que realice los recobros correspondientes.
TERCERO.- DESVINCULAR al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-, al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. -Sala de Decisión Laboral- y al
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá D.C., por los motivos contenidos en la parte motiva de la
sentencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE
PENSION DE VEJEZ-El problema jurídico
de fondo debió concretarse en el derecho de acceso a la administración de justicia
(Salvamento de voto)
La
sentencia no identificó correctamente el problema jurídico de fondo que, en
este caso, debió concretarse en el derecho de acceso a la administración de
justicia. En el fallo se debió analizar si concurría alguna de las causales
previstas por la ley para darle prelación al proceso laboral  y, de ser
así, ordenar que la Corte Suprema, dentro de un término perentorio, dictara la
sentencia correspondiente. Esto es coherente con lo informado por la Sala
Laboral, acerca de que “el
proyecto de fallo fue presentado para estudio dentro de la Sala que tendrá
lugar el día 06 de diciembre de 2017”. Sin embargo, en la sentencia, a
pesar de que se analizó la situación de mora judicial, no se profirió ninguna
orden para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la
dilación en resolver el recurso extraordinario de casación.
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE
PENSION DE VEJEZ-Caso en que la
jurisdicción constitucional sustituyó indebidamente a la jurisdicción
ordinaria, al ordenarle a Colpensiones, de manera transitoria, el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez (Salvamento de voto)
En este caso, la jurisdicción constitucional sustituyó
indebidamente a la jurisdicción ordinaria, al ordenarle a Colpensiones, de
manera transitoria, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor de
la accionante. Según el fallo, la vulneración de los derechos fundamentales de
la accionante se materializó por la falta de una pronta definición del recurso
extraordinario de casación, por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. Sin embargo, en la parte resolutiva, se ordenó a Colpensiones el pago
de una pensión a favor de una persona que no cumple con el requisito mínimo de
las semanas cotizadas.
Referencia: Expediente T-6.296.489
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
En atención a la decisión adoptada por la Sala Novena
de Revisión, en el expediente de la referencia, me permito presentar Salvamento
de Voto, con fundamento en las siguientes consideraciones:
1. La sentencia no identificó correctamente el
problema jurídico de fondo que, en este caso, debió concretarse en el derecho
de acceso a la administración de justicia. En el fallo se debió analizar si
concurría alguna de las causales previstas por la ley para darle prelación al
proceso laboral[66]
y, de ser así, ordenar que la Corte Suprema, dentro de un término perentorio,
dictara la sentencia correspondiente. Esto es coherente con lo informado por la
Sala Laboral, acerca de que “el proyecto de fallo fue presentado para
estudio dentro de la Sala que tendrá lugar el día 06 de diciembre de 2017”[67].
Sin embargo, en la sentencia, a pesar de que se analizó la situación de mora
judicial, no se profirió ninguna orden para la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, en relación con la dilación en resolver el recurso extraordinario
de casación.
2. En el fallo se indicó que la tardanza (de más de 7
años) en resolver el recurso extraordinario de casación obedeció a una
situación de mora justificada. Pero, de la revisión de la sentencia, no se
constató, ni fáctica ni probatoriamente, en qué consistió la “cierta
complejidad” del proceso laboral, ni tampoco los “problemas
estructurales de la administración de justicia”, que se plantearon para
fundamentar el carácter justificado de la mora. De hecho, de la transcripción
realizada en la sentencia de los sucintos informes remitidos por la Corte
Suprema de Justicia, no se constata, con claridad, tales circunstancias.
3. Si, en gracia de discusión, se analizaran las
restantes consideraciones y órdenes dictadas en el fallo, se advierte lo
siguiente:
3.1 El reconocimiento y pago de la pensión de vejez es
un asunto de competencia del juez ordinario. No es válido fundamentar el
reconocimiento de una pensión, en la aparente “certeza” que generan dos
sentencias favorables de instancia, que actualmente son discutidas mediante el
recurso extraordinario de casación. Tampoco, de la información del expediente
de tutela es posible inferir dicho nivel de certeza, máxime que, en este, no
obran  las sentencias de instancia dictadas dentro del proceso laboral.
En consecuencia, en este caso, la jurisdicción
constitucional sustituyó indebidamente a la jurisdicción ordinaria, al
ordenarle a Colpensiones, de manera transitoria, el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez a favor de la accionante. Según el fallo, la vulneración de
los derechos fundamentales de la accionante se materializó por la falta de una
pronta definición del recurso extraordinario de casación, por parte de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en la parte resolutiva,
se ordenó a Colpensiones el pago de una pensión a favor de una persona que no
cumple con el requisito mínimo de las semanas cotizadas. Adicionalmente, la
entidad administradora tampoco cuenta con un título actuarial –que debe ser
generado, de ser el caso, por el demandado dentro del proceso ordinario, es
decir, la Universidad Jorge Tadeo Lozano-, que le permita proceder al
reconocimiento y pago de la aludida pensión de vejez, que es, precisamente, el
objeto del litigio que dio lugar a las decisiones del juez y tribunal de
instancia, así como del recurso de casación que se encuentra pendiente de
resolución.
Lo anterior genera una situación insostenible para la
financiación del sistema pensional, pero también genera serias contradicciones,
que no se superan con la posibilidad de recobro prevista en el ordinal segundo
de la parte resolutiva. En efecto, en un supuesto hipotético en el que la Sala
Laboral case la sentencia de segunda instancia, habría una contradicción entre
dos órdenes judiciales: la de la Corte Constitucional que impone el pago de una
pensión y, la segunda, de la que se infiere que tal deber no existe para
Colpensiones. Pero, incluso, en el escenario opuesto –favorable para la
accionante-, la jurisdicción laboral aún no ha definido el alcance de las
presuntas obligaciones laborales a cargo de la demandada. A pesar de esto, se
ordenó el pago de una pensión, sin que se conocieran los períodos sobre los cuales
se debe realizar el cálculo actuarial y, por lo tanto, sin que existan los
respectivos aportes.
3.2 A pesar de que la Universidad Jorge Tadeo Lozano
fue vinculada al trámite de tutela, en el fallo no se hizo ningún
pronunciamiento acerca de su posible injerencia en los hechos que originaron la
vulneración de los derechos fundamentales del accionante y, mucho menos, en la
orden de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, siendo este uno de los
objetos de la litis, ante la jurisdicción ordinaria laboral.
3.3 La orden extra petita contenida en el fallo
desconoce el derecho de defensa de Colpensiones, que fue vinculada a este
trámite en sede de revisión. Lo anterior, toda vez que a esta entidad no le fue
posible ejercer ninguna contradicción en el proceso de tutela, respecto del
reconocimiento transitorio de la pensión de vejez a favor de la accionante, lo
cual se ordenó solo hasta esta sentencia. En efecto, la accionante solicitó que
a su demanda de casación se le diera la prelación en el turno, pero no formuló
ninguna pretensión relacionada con el reconocimiento y pago de su pensión de
jubilación.
Atentamente,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Historia Clínica de la ciudadana Rose
Nelly Baud Bersier, folios 47 a 52, cuaderno 1.
[2] Folio 40, cuaderno 1.
[3] Folio 23, cuaderno 1.
[4] Precisa el escrito de tutela que el concepto per saltum se
refiere a la priorización en la tramitación de
peticiones según el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos –Comisión Interamericana-, “La figura del “per saltum” de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un procedimiento a través del
cual la Secretaría realiza un examen inicial de una petición para que sea
realizada fuera del orden cronológico, por considerarse que el transcurso del
tiempo afectaría sustancialmente mismo de las funciones de la Comisión”. Folio 7.
[5] Folio 1, cuaderno 1.
[6] Folio 102, cuaderno 1.
[7] Folio 109, cuaderno 1.
[8] Folio 101, cuaderno 1.
[9] Folios 110 al 118, cuaderno 1.
[10] Folio 116, cuaderno 1.
[11] Folios 126 al 134, cuaderno 1.
[12] Folio 127, cuaderno 1.
[13] Folios 144 y 145, cuaderno 1.
[14] Folio 6, cuaderno 2.
[15] También se allegó certificado laboral de la Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano emitido el 10 de octubre de 2017, en el cual se indican los
tiempos laborados por la accionante. Folios 41 y 42 del Cuaderno de Revisión.
[16] Fecha de consulta al sistema: 30 de enero de 2018, 9:38 a.m.
[17] Decreto 2591 de 1991, ARTICULO 6º-Causales
de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[18] Reiterando las Sentencias T-055 de 2006, T-529 de 2007, T-149 de 2007, T-239
de 2008 y T-052 de 2008.
[19] Ampliar información en Sentencias T-637 de 2011 y T-001 de 2001.
Los adultos mayores han sido definidos a partir de los sesenta (60) años por el
Legislador en las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009 y 1850 de 2017.
[20] Sentencia T-150 de 2016.
[21] Sentencia T-203 de 1993, citada en la Sentencia T-327 de 2015.
[22] Sentencia T-327 de 2015.
[23] Artículo 365 del Decreto 1400 de 1970 –derogado-.
[24] Artículo 333 de la Ley 1464 de 2012
[25]Sentencia C-372 de 2011.
[26] Ley 1464 de 2012, Código General del Proceso.
[27] “ARTICULO 87. DECRETO LEY 2158 DE 1948. Art. 60. Causales o
motivos del recurso. En materia laboral el recurso de casación procede por los
siguientes motivos: 1.
Ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, por infracción directa,
aplicación indebida o interpretación errónea.
El error de hecho será motivo de casación
laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o apreciación
errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una
inspección judicial; pero es necesario que se alegue por el recurrente sobre
este punto, demostrando haberse incurrido en tal error y siempre que éste
aparezca de manifiesto en los autos. 2. Contener la sentencia decisiones que
hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia, o
de aquélla en cuyo favor se surtió la consulta”.
[28] M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón.  Reiterada por las sentencias:
Radicado No. 46378 del 5 de abril de 2011, y Radicado No.46718 del 3 de mayo de
2011, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve; Radicado No. 49927 del 2 de agosto
de 2011, M. P. Elsy del Pilar Cuello Calderón; Radicado
44004 del veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016), MP Gerardo
Botero Zuluaga; Radicado 48864 del ocho (8) de febrero de dos mil once (2011),
MP Luis Gabriel Miranda Buelvas.
[29] Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
“Artículo 8.  Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter. (negrillas fuera del texto); Artículo
25.  Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales”. (Negrillas fuera del
texto).
[30] CIDH, Informe Nº 100/01, Caso
11.381, Milton García Fajardo y otros, Nicaragua, 11 de octubre de 2001.
[31] Ibídem, Párrafos 55 y 56
[32] Ibídem, Párrafo 58.
[33] CIDH. Informe No. 96/03. Caso 11.577. Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, 31 de agosto de 2001. Párrafo 134
[34] Sentencia T-186 de 2017. Reiterando las sentencia T-803 de 2012 y T-945A de 2008.
[35] Cita tomada de la Sentencia C-426 de 2002.
[36] Ibídem
[37] Concepto desarrollado por Sentencias
T-292 de 1999 y T-220 de 2007, citado en la Sentencia T-230 de 2013.
[38] Sentencia T-230 de 2013.
[39] Ibídem
[40] Ibídem
[41] Sentencia C-178 de 2014.
[42] Constitución Política de 1991, artículo 86.
[43] Poder a folios 19 y 20, cuaderno 3.
[44] Sentencia T-900 de 2004, M.P. Jaime
Córdova Triviño
[45] Sentencia T-279 de 2010, M.P.
[46] Sentencia T-147 de 2011. M.P.
[47] “Las excepciones a la regla de
orden cronológico se manejan por medio del procedimiento denominado per
saltum, que consiste en que el examen inicial de una petición sea realizado
fuera del orden cronológico por considerarse que el transcurso del tiempo
afectaría sustancialmente el propósito mismo de las funciones de la Comisión.
El rendimiento pasado de la Secretaria Ejecutiva ha permitido identificar una
capacidad máxima de peticiones manejadas per saltum de un 10% de las peticiones
evaluadas”. Respuesta de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos al Consejo Permanente de la Organización de
los Estados Americanos respecto de las recomendaciones contenidas en el Informe
del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH
para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/fortalecimiento/docs/respcp.pdf
[48] Artículo 29. Tramitación inicial 1.
La Comisión, actuando inicialmente por intermedio de su Secretaría Ejecutiva,
recibirá y procesará en su tramitación inicial las peticiones que le sean presentadas.
Cada petición se registrará, se hará constar en ella la fecha de recepción y se
acusará recibo al peticionario. 2. La petición será estudiada en su orden de
entrada; no obstante, la Comisión podrá adelantar la evaluación de una petición
en supuestos como los siguientes:
a. cuando
el transcurso del tiempo prive a la petición de su efecto útil, en particular:
i. cuando la
presunta víctima sea un adulto mayor, niño o niña;
ii. cuando la presunta
víctima padezca de una enfermedad terminal;
iii. cuando se alegue
que la presunta víctima puede ser objeto de aplicación de la pena de muerte; o
iv. cuando el objeto de
la petición guarde conexidad con una medida cautelar o provisional vigente;
b. cuando
las presuntas víctimas sean personas privadas de libertad;
c. cuando
el Estado manifieste formalmente su intención de entrar en un proceso de
solución amistosa del asunto; o
d. cuando
se dé alguna de las circunstancias siguientes:
i. la decisión pueda
tener el efecto de remediar situaciones estructurales graves que tengan un
impacto en el goce de los derechos humanos; o
ii. la decisión pueda
impulsar cambios legislativos o de práctica estatal y evitar la recepción de
múltiples peticiones sobre el mismo asunto…”.
[49] Sentencia T-230 de 2013.
[50] Folio 109, cuaderno 1.
[51] “…al juez de tutela le está
permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda para que, si
lo considera pertinente, entre a determinar cuáles son los derechos
fundamentales vulnerados y/o amenazados, disponiendo lo necesario para su
efectiva protección. No en vano la Corte Constitucional ha sostenido que: (…) dada la
naturaleza de la presente acción, la labor del juez no debe circunscribirse
únicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva
demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la
efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y
necesario de los derechos fundamentales”. Sentencia T-310/95, T-622/00, SU-484/08, T-304/15, entre otras.
[52] La Corte ha reiterado (T-190 de 1995,
T-502 de 1997, T-292 de 1999, T-1227 de 2001, T-1068 de 2004, T-366 de
2005 y T-297 de 2006 T-441 de
2015) que la mora judicial
justificada se presenta en los siguientes eventos: “…cuando (i) es producto de la complejidad del asunto y
dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador
judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”.
[53] Artículo 98. Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
[54] Al respecto, consultar el Proyecto de
Ley Estatutaria número 187 de 2014 Cámara, 78 de 2014 Senado y la
Sentencia C-154 de 2016.
[55] M.P. María Victoria Calle Correa
[56] Folio 34, cuaderno 1.
[57] Decreto 758 de 1990. Por el cual se
aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios.
[58] Folio 35, cuaderno 1
[59] Folio 31, cuaderno 1.
[60] Folio 42, cuaderno 1.
[61] De acuerdo a la certificación laboral emitida por la Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano el 10 de octubre de 2017, con destino a Colpensiones
(Folios 41 y 42 del Cuaderno de Revisión), en ese lapso la accionante laboró
los siguientes períodos académicos:
-Primer semestre de 1979, del
12-02-1979 al 22-06-1979---------------------------17.6 semanas
-Segundo semestre de 1979, del
08-08-1979 al 07-12-1979-------------------------17.3 semanas
-Primer semestre de 1980, del
11-02-1980 al 07-06-1980---------------------------17.2 semanas
-Segundo semestre de 1980, del
21-07-1980 al 07-11-1980-------------------------15.4 semanas
-Primer semestre de 1981, del
09-02-1981 al 06-06-1981---------------------------17.2 semanas
-Segundo semestre de 1981, del
03-08-1981 al 22-11-1981-------------------------15.4 semanas
-Primer semestre de 1982, del
08-08-1982 al 06-06-1982----------------------------17.3 semanas
-Primer semestre de 1984, del
13-02-1984 al 17-06-1984----------------------------17.3 semanas
-Segundo semestre de 1984, del
08-08-1984 al 10-09-1984---------------------------4.3 semanas
-Primer semestre de 1994, del
24-01-1994 al 19-05-1994----------------------------16.2 semanas
-Segundo semestre de 1994, del
08-08-1994 al 26-11-1994--------------------------13.0 semanas
-Primer semestre de 1995, del
23-01-1995 al 16-05-1995----------------------------16.2 semanas
-Segundo semestre de 1995, del
31-07-1995 al 26-11-1995--------------------------16.2 semanas
TOTAL
APROXIMADO: 200.6 semanas
[62] Historia Clínica de la ciudadana Rose Nelly Baud Bersier, folios 47
a 52, cuaderno 1.
[63] Certificación deuda de la administración, folio 23 – copias recibos
de impuestos y valorización del apartamento de la accionante folios 55 a 73,
cuaderno 1.
[64] Folio 29, cuaderno 1.
[65] El Doctor y Profesor de Derecho
Internacional y Derechos Humanos, Álvaro Paul Díaz, explica el procedimiento per
saltum en los siguientes términos: “…la Comisión ha establecido un
procedimiento según el cual es posible hacer excepciones al conocimiento de las
causas según su orden de presentación. La Comisión afirma que maneja estas
excepciones por medio del procedimiento denominado per saltum”. “La
Revisión Inicial de Peticiones por la Comisión Interamericana y la
subsidiariedad del sistema de Derechos Humanos”, Revista de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica, Chile, 2014, pp. 609-639.
[66] Cfr. Ley 270 de 1996, artículo 63A.
[67] Cno. Revisión. Fl. 25.