C-863-06
Sentencia C-863/06
LEY APROBATORIA DEL CONVENIO ENTRE COLOMBIA
Y BOLIVIA PARA LA RECUPERACION DE BIENES CULTURALES-Trámite legislativo
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance respecto de vicios de procedimiento
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance respecto del examen de fondo
VICIO DE TRAMITE LEGISLATIVO-Criterios para determinar cuando es
subsanable
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Para que la omisión del anuncio sea
subsanable se requiere que el proyecto haya sido aprobado por el Senado
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Subsanación de vicio conforme al auto
anterior a la sentencia C-576/06
A partir de la fecha en que se comunicó la
providencia C-576 de 2006 de esta Corporación, deben considerarse insubsanables
los vicios que se presenten en las leyes aprobatorias de los tratados
internacionales, cuando ocurran durante el trámite legislativo desplegado en el
Senado. Serán subsanables, en contraposición, sólo aquellos que se den con
posterioridad a la manifestación plena de la voluntad de esa cámara
legislativa. La determinación jurisprudencial anterior, sin embargo, no se
aplica al trámite de subsanación de la Ley 896 de 2004 que ocupa a la Sala en
esta oportunidad, por dos razones: (i) la sentencia que se comenta, de
julio de 2006, no estableció en su parte resolutiva efectos retroactivos que
comprometan los procesos de subsanación de leyes aprobatorias de tratados
internacionales que estuvieran en curso, y (ii) el Auto 089 de 2005
proferido por esta Corporación, en consecuencia, conserva plenamente su
eficacia, por lo que el Congreso estaba habilitado para  adelantar el trámite
de subsanación correspondiente en los términos señalados en dicho auto. De
allí, que sea competencia de esta Corporación en esta oportunidad revisar si
efectivamente se le dio cumplimiento o no al Auto 089 de 2005 en el trámite de
corrección formal de la Ley 896 de 2004, hoy  numerada también como Ley 1018 de
2006.
VICIO DE TRAMITE LEGISLATIVO-Saneamiento conforme auto de la Corte
Constitucional
La Corte Constitucional  debe concluir que el Proyecto
de Ley 212/03 Senado-111/03 Cámara, mediante el cual el Legislador aprobó el “Convenio
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados,
importados o exportados ilícitamente”, cumplió con las etapas exigidas
formalmente por la Constitución y con los requerimientos establecidos en el
Auto 089 de 2005 de esta Corporación para su subsanación, en la medida en  que
el trámite legislativo fue corregido conforme a la Carta.
TRAMITE LEGISLATIVO-Numeración de la ley
LEY APROBATORIA DEL CONVENIO ENTRE COLOMBIA
Y BOLIVIA PARA LA RECUPERACION DE BIENES CULTURALES-Asignación de dos números de ley distintos/DOBLE
NUMERACION DE LEY-Asignación dentro del trámite de subsanación de vicio
Si bien el Proyecto de Ley 212/03 Senado -111/03
Cámara, fue identificado con dos números de ley diversos con ocasión de su
trámite de subsanación, esto es como Ley 896 de 2004 y Ley 1018 de 2006, lo
cierto es que ello fue producto de un error en la numeración, en la medida en
que todo el procedimiento legislativo da cuenta de que la intención clara del
legislador era la de subsanar el vicio en la Ley 896 de 2004, tal y como lo
había indicado esta Corporación en el Auto 089 de 2005. No se trataba entonces
de un trámite legislativo ex novo que exigiera una nueva numeración, sino del
trámite de subsanación de un vicio en la formación de una ley ya sometida a la
revisión de esta Corporación, correspondiente a la Ley 896 de 2004. Al culminar
la formación de dicha ley en 2004, se le adjudicó una identificación,  por
tratarse de una ley aprobatoria de un tratado, cuyo control constitucional es,
por determinación superior, posterior a la sanción y numeración
correspondiente. No obstante dicho error no modifica el contenido de la ley ni
incide en el proceso de su formación en el Congreso de la República. Para la
Corte por lo tanto, el presente análisis de constitucionalidad se entiende
realizado sobre la Ley 896 de 2004 que aprobó el “Convenio entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o
exportados ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte  (20)
días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”.
CONVENIO ENTRE COLOMBIA Y BOLIVIA PARA LA
RECUPERACION DE BIENES CULTURALES-Se ajusta a la Constitución
El convenio puesto a consideración de la Corte se
enmarca dentro de los criterios de cooperación internacional, integración
latinoamericana, promoción y preservación del patrimonio cultural. Además,
acoge lo dispuesto en la Carta Política en los artículos  8, 9, 70, 71, 72, 226
y 227 de la Constitución y  frente a su contenido no encuentra esta
Corporación, ninguna objeción constitucional.
Referencia: expediente LAT-269
Revisión de la ley 896 de 2004 por medio de
la cual se “aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes
culturales y otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente”,
suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte  (20) días del mes de agosto del
año dos mil uno (2001).”
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C.,
dieciocho (18) de octubre de dos mil seis (2006)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de la atribución consagrada en el artículo 241, numeral 10 de la
Constitución Política y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto
2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1. La Presidencia de la República remitió
a esta Corporación el 26 de julio de 2004, copia auténtica de la Ley 896 de
2004, por medio de la cual se aprobó el “Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados, Importados o
Exportados Ilícitamente”, para su control constitucional de conformidad con el
artículo 241 numeral 10 de la Carta.
2. En providencia del 23 de agosto del
2004, la Corte Constitucional asumió el conocimiento del mencionado asunto, y
una vez revisado el trámite legislativo seguido en la aprobación de la Ley 896
de 2005, encontró que no se cumplieron en su totalidad los requisitos previstos
en la Carta Política. Mediante el Auto 089 de 2005, esta Corporación advirtió
que dentro del trámite de la Ley 896 de 2004 se desconoció el requisito
establecido en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003,[1]
en la medida en que la votación que se realizó en la Plenaria del Senado se
llevó a cabo sin que en sesión previa se hubiera anunciado que el proyecto
sería votado en una sesión posterior, determinada o determinable. Por
considerar que tal situación era un vicio subsanable en el trámite legislativo,
la Corte devolvió la ley aprobatoria al Congreso, para que cumpliera las
exigencias constitucionales, y le dio un término de “30 días a partir del
día en que el proyecto sea radicado en la Presidencia del Senado” para
subsanarlo, y hasta “el 16 de diciembre de 2005 para cumplir con las etapas
posteriores del proceso legislativo.”
3. En su parte resolutiva, el Auto
No 089 de 2005 de esta Corporación, dispuso lo siguiente:
“ (…) ORDENAR
por Secretaría General, la devolución de la Ley 896 de 2004, por medio de la
cual “se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Bolivia para la Recuperación de Bienes Culturales y
otros Específicos Robados, Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la
ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno
(2001),”  al Senado de la República, para que en la Plenaria de dicha cámara se
cumpla con el procedimiento previsto en el Artículo 8 del Acto Legislativo No.
1 de 2003. El término para enmendar el defecto observado en este auto es de 30
días contados a partir del día en que el proyecto sea radicado en la Presidencia
del Senado, como consecuencia de la devolución ordenada en el presente caso.
Segundo.- Una vez se haya subsanado
el vicio en los términos del numeral primero, el Congreso dispondrá hasta el 16
de diciembre de 2005 para cumplir las etapas posteriores del proceso
legislativo. Luego, el Presidente de la República tendrá el plazo establecido
en la Carta para sancionar el proyecto de ley.
Tercero.- Una vez cumplido el trámite
anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte la Ley 898 de 2004,
para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.
4. La Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, remitió a la Corte Constitucional el 3 de marzo de
2006, copia auténtica de la Ley 1018 de 2006 que aprobó el “Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
para la Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados,
Importados o Exportados Ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La Paz a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
5. Por auto del diez (10) de marzo de
2006, la Secretaría General de esta Corporación, en cumplimiento del reparto
efectuado por la Sala Plena en sesión del 08 de marzo de 2006, envió al
suscrito Magistrado Sustanciador el LAT-288, para el estudio de la Ley 1018 de
2006.
6. Mediante auto del 22 de marzo de 2006,
el Magistrado Sustanciador avocó conocimiento y solicitó pruebas en la revisión
oficiosa de constitucionalidad de la Ley 1018 de 2006, “Por medio de la cual se
aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Bolivia para la Recuperación de Bienes Culturales y
otros Específicos Robados, Importados o Exportados Ilícitamente”, de
conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
7. Una vez revisadas las pruebas
aportadas al proceso y aquellas requeridas sobre el trámite dado a la Ley 896
de 2004 en el Congreso[2], se encontró que la Ley
1018 de 2006 (LAT-288) corresponde realmente al proceso adelantado por el
legislador en cumplimiento del Auto 089 de 2005, para reparar el vicio de forma
de la Ley 896 de 2004, en el asunto identificado bajo el registro LAT-269 de
esta Corporación.
8. La Corte Constitucional, por Auto 179
del 14 de junio de 2006, una vez demostrado que la Ley 1018 de 2006
correspondía al proceso de subsanación de la Ley 896 de 2004, decidió dejar sin
efectos lo actuado en el proceso LAT-288, archivarlo[3],
y continuar con el trámite del LAT-269, así:
(…) Primero-
DEJAR SIN EFECTOS lo actuado en el proceso LAT-288,
con excepción de las pruebas que se surtieron, las cuales serán trasladadas al
LAT-269.
Segundo- ORDENAR por Secretaría General, que se envíe al Magistrado
Ponente del Auto 089 de 2005, el proceso LAT 269, para continuar con el
correspondiente trámite oficioso de constitucionalidad”.
9. En mérito de lo expuesto, compete al
suscrito Magistrado Sustanciador adelantar el estudio del LAT 269 relativo a la
Ley 896 de 2004, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o
exportados ilícitamente”, junto con el trámite que el Congreso de la República
realizó en cumplimiento del Auto 089 de 2005, que culminó con la expedición de
la Ley 1018 de 2006.
II.
TEXTO
DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEYES  APROBATORIAS
El texto de las leyes y del Convenio objeto de
revisión, según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 45.970 del 15
de julio de 2005 respecto de la Ley 896 de 2005, y en el Diario Oficial No. 46.196 del 28 de febrero de 2006, en lo
concerniente a la Ley 1018 de 2006, es el siguiente:
LEY 896 DE 2004
(Julio 21)
Diario Oficial No. 45.618, de 23 de julio
de 2004
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por medio de la cual se aprueba el Convenio
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Bolivia para la Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados,
Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
para la Recuperación de Bienes Culturales y Otros Específicos Robados,
Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001), que a la letra
dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
PROYECTO DE LEY 212 DE 2003 SENADO
Por medio de la cual se aprueba el Convenio
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Bolivia para la Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados,
Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
para la Recuperación de Bienes Culturales y Otros Específicos Robados,
Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte
(20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001), que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
"CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA PARA LA
RECUPERACION DE BIENES CULTURALES Y OTROS ESPECIFICOS ROBADOS, IMPORTADOS O
EXPORTADOS ILICITAMENTE
La República de Colombia y la República de
Bolivia, en adelante denominadas las "Partes",
Reconociendo la importancia de proteger el
patrimonio cultural de ambos países;
Teniendo en cuenta otros mecanismos
internacionales de defensa del patrimonio cultural, como la Convención de la
Unesco de 1970 sobre las medidas a adoptarse de Prohibir e Impedir la
Importación, Exportación y Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales; y la
Decisión 460 sobre la protección y recuperación de bienes culturales del
patrimonio arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico y artístico de
la Comunidad Andina;
Reconociendo que la importación,
exportación o transferencia ilícita de bienes culturales constituyen un grave
perjuicio en la preservación y conservación del Patrimonio Cultural, afectando
irreversiblemente al legado histórico de ambas naciones como base de sus identidades;
Admitiendo que la colaboración entre ambos
Estados Parte para la recuperación de bienes culturales y otros específicos
robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente constituye uno de
los medios más eficaces para proteger y reconocer el derecho propietario
originario de cada nación sobre sus bienes culturales respectivos;
Deseando establecer normas comunes que
permitan la recuperación de bienes culturales, en los casos que estos hayan
sido robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente;
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
ARTICULO I.
1. Ambos Estados Partes se comprometen a
prohibir e impedir el ingreso en sus respectivos territorios, de bienes
culturales y otros específicos provenientes de la otra Parte contratante.
2. Sólo podrán ser aceptados temporalmente,
por cualquiera de los Estados Partes, aquellos bienes culturales y
patrimoniales que cuenten con la respectiva certificación y permiso expreso de
las Partes, de acuerdo con las disposiciones legales de cada país.
3. Cuando el Estado receptor evidencie la
inexistencia de la autorización certificada y expresa en los bienes culturales
importados y transferidos ilícitamente, denunciará al Estado de procedencia el
ingreso de los mismos, procediendo a su inmediato decomiso preventivo.
4. Para los efectos del presente Convenio,
se denominan "bienes culturales patrimoniales y otros específicos" a
los que establecen las legislaciones internas de cada país en forma enunciativa
y no limitativa.
5. A los efectos del presente Convenio se
entenderá por bienes culturales entre otros los siguientes:
a) Los objetos arqueológicos procedentes de
las culturas precolombinas de ambos países, incluyendo elementos
arquitectónicos, esculturas, piezas de cerámica, trabajos en metal, textiles y
otras evidencias materiales de la actividad humana o fragmentos de estos;
b) Objetos y colecciones paleontológicos ya
sea que estén clasificados y con certificación de origen de cualquiera de las
Partes o no;
c) Los objetos o fragmentos de piezas de
arte, de culto religioso y/o profano de la época colonial y republicana
protegidos por la legislación de ambos países;
d) Los documentos provenientes de archivos
oficiales de los Gobiernos centrales, estatales, regionales, departamentales,
prefecturales, municipales y de otras entidades de carácter público de acuerdo
con las leyes de cada parte, que sean de propiedad de estos o de organizaciones
religiosas a favor de las cuales ambos Gobiernos están facultados para actuar;
e) Antigüedades tales como monedas,
inscripciones y sellos grabados de cualquier época y que los respectivos países
consideren como integrantes de su patrimonio cultural;
f) Bienes de interés artístico tales como
cuadros, pinturas, dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte o
en cualquier material, y la producción de originales de arte estatuario y de
escultura en cualquier material, grabados, estampados y litografías originales;
g) Manuscritos raros e incunables, libros,
documentos y publicaciones de interés histórico, artístico, científico,
literario, etc., sean sueltos o en colecciones;
h) Sellos de correos, sellos fiscales y
análogos sueltos en colecciones;
i) Archivos y material fonográfico,
fotográfico y cinematográfico, en poder de entidades oficiales o privadas,
protegidos por la legislación de cada país;
j) Muebles y/o mobiliario incluidos
instrumentos de música de interés histórico y cultural, con una antigüedad de
50 años;
k) Material etnológico de uso ceremonial y
utilitario como tejidos, arte plumario y otros.
6. Quedan igualmente incluidos los bienes
culturales y documentales de propiedad privada que cada Estado Parte considere
y que estén protegidos por la legislación nacional de cada Parte, sobre los
cuales deberá realizarse la respectiva valoración, inventario y registro ante
las entidades competentes.
ARTICULO II.
1. A solicitud expresa, en forma escrita de
las autoridades competentes de la Administración cultural de una de las Partes,
la otra empleará los medios legales preestablecidos en su ordenamiento público
para recuperar y devolver desde su territorio los bienes culturales
patrimoniales y específicos que hubiesen sido robados, importados, exportados o
transferidos ilícitamente del territorio de la parte requirente.
2. A partir de la fecha del presente
Convenio, los pedidos de recuperación y devolución de bienes culturales
patrimoniales previa acreditación de origen, autenticidad y denuncia por las
autoridades competentes deberán formalizarse por los canales diplomáticos.
3. Los gastos inherentes a los servicios
destinados para la recuperación y devolución mencionados en el numeral
anterior, serán sufragados por la parte requirente.
ARTICULO III.
1. Las Partes deberán informar a la otra de
los robos de bienes culturales que lleguen a su conocimiento, cuando exista
razón para creer que dichos objetos probablemente serán introducidos en el
comercio internacional.
2. Las Partes se comprometen también a
intercambiar información técnica y legal relativa a los bienes culturales que
son materia de robo y/o tráfico ilícito, así como capacitar y difundir dicha
información a sus respectivas autoridades y policías de puertos, aeropuertos y
fronteras, para facilitar su identificación y la aplicación de medidas
cautelares coercitivas que correspondan en cada caso.
3. Las Partes se comprometen a intercambiar
información destinada a identificar a los sujetos que, en el territorio de cada
una de ellas, hayan participado en el robo, importación, exportación,
transferencia ilícita y/o conductas delictivas conexas.
4. Con este propósito y sobre la base de la
investigación policial realizada, deberá remitir a la otra parte suficiente
información descriptiva que permita identificar los objetos e igualmente
quienes hayan participado en el robo, venta, importación, exportación ilícita
y/o conductas delictivas conexas, así como esclarecer el modo operativo
empleado por los delincuentes.
5. Las Partes difundirán entre sus
respectivas autoridades aduaneras y policiales de puertos, aeropuertos,
fronteras, información relativa a los bienes culturales que hayan sido materia
de robo y/o tráfico ilícito, con el fin de facilitar su identificación y la
aplicación de las medidas cautelares correspondientes.
6. Las Partes se comprometen así mismo, a
realizar pasantías e intercambiar información para actualizar conocimientos y
coordinar actividades bilaterales en la adopción de medidas para contrarrestar
el comercio ilícito de bienes culturales.
7. Las Partes se comprometen a intercambiar
información relacionada con los bienes que pueden circular libremente y que no
estén cobijados por las normativas de protección patrimonial de cada país, lo
cual facilitará los controles aduaneros al ingresar o salir de cada Estado
Parte.
8. Los documentos provenientes de una de
las Partes que deban ser presentados en el territorio de la otra Parte, que se
tramiten por medio de las autoridades competentes, no requerirán autenticación
o cualquier otra formalidad análoga.
ARTICULO IV.
Ambas Partes contratantes convienen en la
exoneración total de gravámenes aduaneros, de conformidad con su ordenamiento
jurídico Interno, durante el proceso de recuperación y devolución de los bienes
culturales patrimoniales hacia el país de origen en aplicación de lo dispuesto
en el presente Convenio.
ARTICULO V.
Las Partes se notificarán por vía diplomática
el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para la entrada
en vigor del presente Convenio. El Convenio entrará en vigor una vez se haya
producido la segunda de tales notificaciones.
ARTICULO VI.
El presente Convenio regirá en forma
indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación
escrita dirigida a la otra parte, la cual entrará a regir a los 90 días de
recibida esta última. Sin perjuicio de lo anterior, las solicitudes iniciadas o
presentadas con fundamento en el presente Convenio y que estén en curso en el
momento de producirse la denuncia, continuarán ejecutándose hasta su normal
conclusión, salvo que las partes de común acuerdo dispongan otra cosa.
Suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte
días del mes de agosto del año dos mil uno, en dos ejemplares originales,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República de
Colombia,
El Ministro de Relaciones Exteriores,
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
Por el Gobierno de la República de Bolivia,
El Ministro de Relaciones Exteriores y
Culto,
GUSTAVO FERNÁNDEZ SAAVEDRA".
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 5 de marzo de 2002.
APROBADO. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.)
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
para la Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados,
Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el Convenio entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados, Importados o
Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20)
días del mes de agosto del año dos mil uno (2001), que por el artículo 1o de
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los...
Presentado al honorable Congreso de la
República por las suscritas Ministras del Relaciones Exteriores y de Cultura.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
La Ministra de Cultura
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en
cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de la Constitución
Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la
República el Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Convenio entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Bolivia para la Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados,
Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
La gran variedad de objetos que conforman
el patrimonio cultural de cada país son esenciales para la comprensión de la
historia y para la permanencia de la memoria colectiva de las sociedades,
soporte fundamental de la identidad nacional.
Estas producciones y sus contextos, son
testigos fehacientes del devenir histórico del hombre, valiosa fuente de
investigación y vínculo entre el pasado, el presente y el futuro.
Sin embargo, es una realidad que estos
testimonios se están perdiendo por muchas razones, entre ellas el tráfico
ilícito, considerado en la reciente Cumbre de Las Américas celebrada en Quebec,
como una amenaza multidimensional a la seguridad de las sociedades.
Los gobiernos han reconocido la necesidad
de fortalecer las estrategias para impedir el tráfico ilícito de bienes
culturales y se han comprometido en cooperar activamente, tanto en el nivel
nacional como internacional, para luchar contra este flagelo.
Basados en los principios de la cooperación
internacional, la Unesco y el Icom han promovido la adhesión a convenios
multilaterales y bilaterales que contribuyan a la protección del patrimonio
cultural de las naciones, constituido por los bienes culturales existentes en
su territorio.
La Convención sobre las medidas que deben
adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales es el instrumento, a
nivel internacional, más eficaz para proteger los bienes culturales contra los
peligros que contribuyen al empobrecimiento del patrimonio cultural de los
países de origen.
Considerando que la cooperación bilateral
contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la Campaña Nacional contra el
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, promovida por el Ministerio de Cultura de
Colombia, en donde la cooperación bilateral y multilateral es fundamental para
proteger, no solo el patrimonio de Colombia, sino el de los demás países.
Teniendo en cuenta lo anterior el Gobierno
Nacional, a través de sus Ministros de Relaciones Exteriores y de Cultura,
solicita al honorable Congreso de la República, aprobar el Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
para la Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados,
Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
La Ministra de Cultura
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
LEY 424 DE 1998
(Enero 13)
Por la cual se ordena el seguimiento a los
convenios internacionales suscritos por Colombia.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería
presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de
Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores
al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado
acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios
Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.
ARTÍCULO 2o. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de
ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la
reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio
de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.
ARTÍCULO 3o. El texto completo de la presente ley se incorporará
como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el
Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.
ARTÍCULO 4o. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
AMYLKAR ACOSTA MEDINA.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
CARLOS ARDILA BALLESTEROS.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de
enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA EMMA MEJÍA VÉLEZ.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 5 de marzo de 2002
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(FDO.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados, Importados o
Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20)
días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de
la Ley 7ª de 1944, el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Bolivia para la Recuperación de Bienes
Culturales y otros Específicos Robados, Importados o Exportados Ilícitamente,
suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del
año dos mil uno (2001), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto
del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
GERMÁN VARGAS LLERAS.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
ALONSO ACOSTA OSIO.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., 21 de julio de 2004.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
La Ministra de Cultura,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
LEY 1018 DE 2006
(Febrero 28)
Diario Oficial No. 46.196 de 28 de febrero
de 2006
CONGRESO DE LA REPUBLICA
Por medio de la cual se aprueba el
“convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la
República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros
específicos robados, importados o exportados ilícitamente”, suscrito en la
ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno
(2001).
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Visto el texto del “Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados,
importados o exportados ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La Paz, a
los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001), que a la
letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).
PROYECTO DE LEY NUMERO 212 DE 2003
Por medio de la cual se aprueba el
“convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la
República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros
específicos robados, importados o exportados ilícitamente”, suscrito en la
ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno
(2001).
El Congreso de la República
Visto el texto del Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados,
importados o exportados ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001), que a la letra
dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA PARA LA RECUPERACION DE
BIENES CULTURALES Y OTROS ESPECIFICOS ROBADOS, IMPORTADOS O EXPORTADOS
ILÍCITAMENTE
La República de Colombia y la República de
Bolivia, en adelante denominadas las “Partes”,
Reconociendo la importancia de proteger el
patrimonio cultural de ambos países;
Teniendo en cuenta otros mecanismos
internacionales de defensa del patrimonio cultural, como la Convención de la
Unesco de 1970 sobre las medidas a adoptarse de prohibir e impedir la
importación, exportación y transferencia ilícitas de bienes culturales; y la
Decisión 460 sobre la protección y recuperación de bienes culturales del
patrimonio arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico y artístico de
la Comunidad Andina;
Reconociendo que la importación,
exportación o transferencia ilícita de bienes culturales constituyen un grave perjuicio
en la preservación y conservación del Patrimonio Cultural, afectando
irreversiblemente al legado histórico de ambas naciones como base de sus
identidades;
Admitiendo que la colaboración entre ambos
Estados Parte para la recuperación de bienes culturales y otros específicos
robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente constituye uno de
los medios más eficaces para proteger y reconocer el derecho propietario
originario de cada nación sobre sus bienes culturales respectivos;
Deseando establecer normas comunes que
permitan la recuperación de bienes culturales, en los casos que estos hayan
sido robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente;
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO I
1. Ambos Estados Partes se comprometen a
prohibir e impedir el ingreso en sus respectivos territorios, de bienes
culturales y otros específicos provenientes de la otra Parte contratante.
2. Sólo podrán ser aceptados temporalmente,
por cualquiera de los Estados Partes, aquellos bienes culturales y
patrimoniales que cuenten con la respectiva certificación y permiso expreso de
las Partes, de acuerdo con las disposiciones legales de cada país.
3. Cuando el Estado receptor evidencie la
inexistencia de la autorización certificada y expresa en los bienes culturales
importados y transferidos ilícitamente, denunciará al Estado de procedencia el
ingreso de los mismos, procediendo a su inmediato decomiso preventivo.
4. Para los efectos del presente Convenio,
se denominan “bienes culturales patrimoniales y otros específicos” a los que
establece las legislaciones internas de cada país en forma enunciativa y no
limitativa.
5. A los efectos del presente Convenio se
entenderá por bienes culturales entre otros los siguientes:
a) Los objetos arqueológicos procedentes de
las culturas precolombinas de ambos países, incluyendo elementos
arquitectónicos, esculturas, piezas de cerámica, trabajos en metal, textiles y
otras evidencias materiales de la actividad humana o fragmentos de estos;
b) Objetos y colecciones paleontológicos ya
sea que estén clasificados y con certificación de origen de cualquiera de las
Partes o no;
c) Los objetos o fragmentos de piezas de
arte, de culto religioso y/o profano de la época colonial y republicana
protegidos por la legislación de ambos países;
d) Los documentos provenientes de archivos
oficiales de los Gobiernos centrales, estatales, regionales, departamentales,
prefecturales, municipales y de otras entidades de carácter público de acuerdo
con las leyes de cada parte, que sean de propiedad de estos o de organizaciones
religiosas a favor de las cuales ambos Gobiernos están facultados para actuar;
e) Antigüedades tales como monedas, inscripciones
y sellos grabados de cualquier época y que los respectivos países consideren
como integrantes de su patrimonio cultural;
f) Bienes de interés artístico tales como
cuadros, pinturas, dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte o
en cualquier material, y la producción de originales de arte estatuario y de
escultura en cualquier material, grabados, estampados y litografías originales;
g) Manuscritos raros e incunables, libros,
documentos y publicaciones de Interés histórico, artístico, científico,
literario, etc., sean sueltos o en colecciones;
h) Sellos de correos, sellos fiscales y
análogos sueltos en colecciones;
i) Archivos y material fonográfico,
fotográfico y cinematográfico, en poder de entidades oficiales o privadas,
protegidos por la legislación de cada país;
j) Muebles y/o mobiliario incluidos
instrumentos de música de interés histórico y cultural, con una antigüedad de
50 años;
k) Material etnológico de uso ceremonial y
utilitario como tejidos, arte plumario y otros;
6. Quedan igualmente incluidos los bienes
culturales y documentales de propiedad privada que cada Estado Parte considere
y que estén protegidos por la legislación nacional de cada Parte, sobre los
cuales deberá realizarse la respectiva valoración, inventario y registro ante
las entidades competentes.
ARTICULO II
1. A solicitud expresa, en forma escrita de
las autoridades competentes de la Administración cultural de una de las Partes,
la otra empleará los medios legales preestablecidos en su ordenamiento público
para recuperar y devolver desde su territorio los bienes culturales
patrimoniales y específicos que hubiesen sido robados, importados, exportados o
transferidos ilícitamente del territorio de la parte requiriente.
2. A partir de la fecha del presente
Convenio, los pedidos de recuperación y devolución de bienes culturales
patrimoniales previa acreditación de origen, autenticidad y denuncia por las
autoridades competentes deberán formalizarse por los canales diplomáticos.
3. Los gastos inherentes a los servicios
destinados para la recuperación y devolución mencionados en el numeral
anterior, serán sufragados por la parte requiriente.
ARTICULO III
1. Las Partes deberán informar a la otra de
los robos de bienes culturales que lleguen a su conocimiento, cuando exista
razón para creer que dichos objetos probablemente serán introducidos en el
comercio internacional.
2. Las Partes se comprometen también a
intercambiar información técnica y legal relativa a los bienes culturales que
son materia de robo y/o tráfico ilícito, así como capacitar y difundir dicha
información a sus respectivas autoridades y policías de puertos, aeropuertos y
fronteras, para facilitar su identificación y la aplicación de medidas
cautelares coercitivas que correspondan en cada caso.
3. Las Partes se comprometen a intercambiar
información destinada a identificar a los sujetos que, en el territorio de cada
una de ellas, hayan participado en el robo, importación, exportación,
transferencia ilícita y/o conductas delictivas conexas.
4. Con este propósito y sobre la base de la
investigación policial realizada, deberá remitir a la otra parte suficiente
información descriptiva que permita identificar los objetos e igualmente
quienes hayan participado en el robo, venta, importación, exportación ilícita
y/o conductas delictivas conexas, así como el esclarecer el modo operativo
empleado por los delincuentes.
5. Las Partes difundirán entre sus
respectivas autoridades aduaneras y policiales de puertos, aeropuertos,
fronteras, información relativa a los bienes culturales que hayan sido materia
de robo y/o tráfico ilícito, con el fin de facilitar su identificación y la
aplicación de las medidas cautelares correspondientes.
6. Las Partes se comprometen asimismo a
realizar pasantías e intercambiar información para actualizar conocimientos y
coordinar actividades bilaterales en la adopción de medidas para contrarrestar
el comercio ilícito de bienes culturales.
7. Las Partes se comprometen a intercambiar
información relacionada con los bienes que pueden circular libremente y que no
estén cobijados por las normativas de protección patrimonial de cada país, lo
cual facilitará los controles aduaneros al ingresar o salir de cada Estado
Parte.
8. Los documentos provenientes de una de
las Partes que deban ser presentados en el territorio de la otra Parte, que se
tramiten por medio de las autoridades competentes, no requerirán de
autenticación o de cualquier otra formalidad análoga.
ARTICULO IV
Ambas Partes contratantes convienen en la
exoneración total de gravámenes aduaneros, de conformidad con su ordenamiento
jurídico interno, durante el proceso de recuperación y devolución de los bienes
culturales patrimoniales hacia el país de origen en aplicación de lo dispuesto
en el presente Convenio.
ARTICULO V
Las Partes se notificarán por vía
diplomática el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para
la entrada en vigor del presente Convenio. El Convenio entrará en vigor una vez
se haya producido la segunda de tales notificaciones.
ARTICULO VI
El presente Convenio regirá en forma
indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación
escrita dirigida a la otra parte, la cual entrará a regir a los 90 días de
recibida esta última. Sin perjuicio de lo anterior, las solicitudes iniciadas o
presentadas con fundamento en el presente Convenio y que estén en curso en el
momento de producirse la denuncia, continuarán ejecutándose hasta su normal
conclusión, salvo que las Partes de común acuerdo dispongan otra cosa.
Suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte días del mes de agosto del año dos mil uno, en dos ejemplares
originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República de
Colombia,
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Por el Gobierno de la República de Bolivia,
GUSTAVO FERNÁNDEZ SAAVEDRA,
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 5 de marzo de 2002
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(FDO.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados,
importados o exportados ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte
(20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
Artículo 2o. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el Convenio entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación
de bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados
ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes
de agosto del año dos mil uno (2001), que por el artículo primero de esta ley
se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable Congreso de la
República por las suscritas Ministras de Relaciones Exteriores y de Cultura.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
La Ministra de Cultura,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en
cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y  189 numeral 2 de la
Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del Honorable
Congreso de la República el Proyecto de Ley por medio de la cual se aprueba el
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE BOLIVIA PARA LA RECUPERACIÓN DE BIENES CULTURALES Y OTROS
ESPECÍFICOS ROBADOS, IMPORTADOS O EXPORTADOS ILÍCITAMENTE, suscrito en la
ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno
(2001).
La gran variedad de objetos que conforman
el patrimonio cultural de cada país son esenciales para la comprensión de la
historia y para la permanencia de la memoria colectiva de las sociedades,
soporte fundamental de la identidad nacional.
Estas producciones y sus contextos, son
testigos fehacientes del devenir histórico del hombre, valiosa fuente de
investigación y vínculo entre el pasado, el presente y el futuro.
Sin embargo, es una realidad que estos
testimonios se están perdiendo por muchas razones, entre ellas el tráfico
ilícito, considerado en la reciente Cumbre de las Américas celebrada en
Quebec, como una amenaza multidimensional a la seguridad de las sociedades.
Los Gobiernos han reconocido la necesidad
de fortalecer las estrategias para impedir el tráfico ilícito de bienes
culturales y se han comprometido en cooperar activamente, tanto en el nivel
nacional como internacional, para luchar contra este flagelo.
Basados en los principios de la cooperación
internacional, la Unesco y el ICOM han promovido la adhesión a convenios
multilaterales y bilaterales que contribuyan a la protección del patrimonio
cultural de las naciones, constituido por los bienes culturales existentes en
su territorio.
La Convención sobre las medidas que deben
adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales es el instrumento, a
nivel internacional, más eficaz para proteger los bienes culturales contra los
peligros que contribuyen al empobrecimiento del patrimonio cultural de los
países de origen.
Considerando que la cooperación bilateral
contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la Campaña Nacional contra el
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, promovida por el Ministerio de cultura de
Colombia, en donde la cooperación bilateral y multilateral es fundamental para
proteger, no solo el patrimonio de Colombia, sino el de los demás países.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno
Nacional, a través de sus Ministros de Relaciones Exteriores y de Cultura,
solicita al honorable Congreso de la República, aprobar el CONVENIO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA
PARA LA RECUPERACION DE BIENES CULTURALES Y OTROS ESPECIFICOS ROBADOS,
IMPORTADOS O EXPORTADOS ILÍCITAMENTE, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
La Ministra de Cultura,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
LEY 424 DE 1998
(Enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los
convenios
internacionales suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1o. El Gobierno Nacional a través
de la Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones
Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario
posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios
Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.
Artículo 2o. Cada dependencia del Gobierno
nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y
requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al
Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.
Artículo 3o. El texto completo de la
presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los Convenios
Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a
consideración del Congreso.
Artículo 4o. La presente ley rige a partir
de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
AMYLKAR ACOSTA MEDINA
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
CARLOS ARDILA BALLESTEROS
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de
enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA EMMA MEJÍA VÉLEZ.
Bogotá, D. C., junio 9 de 2003
Honorable Senador
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
Ciudad
Honorable Senador.
Siguiendo instrucciones de la Mesa
Directiva de la Comisión Segunda del Senado, respetuosamente me dirijo a usted
para informarle que a la fecha la Secretaría de esta Célula Legislativa no ha
recibido las PONENCIAS PARA PRIMER DEBATE de los siguientes proyectos de ley,
de los cuales ha sido designado ponente, así:
Número 211/03 Senado “Por medio de la cual
se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el
Gobierno de la República de Colombia sobre ferias y eventos de frontera”,
suscrito en la ciudad de Quito, el veintinueve (29) de septiembre del año dos
mil (2000).
Número 212/03 Senado “Por medio de la cual
se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y
otros específicos robados, importados o, exportados ilícitamente” suscrito en
la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil
uno (2001).
Igualmente y con el fin de dar cumplimiento
a los propósitos de esta Comisión, me permito recordarle que los proyectos de
ley que al 20 de junio del año en curso no hayan recibido trámite de discusión
y aprobación en primer debate serán archivados de acuerdo a la Ley 5ª  de 1992
y a la Constitución Política de Colombia.
Con mi más alta consideración y respeto.
Secretario General Comisión Segunda Senado
de la República,
FELIPE ORTIZ M.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(FDO.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el “CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA PARA LA
RECUPERACIÓN DE BIENES CULTURALES Y OTROS ESPECÍFICOS ROBADOS, IMPORTADOS O
EXPORTADOS ILÍCITAMENTE”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte
(20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de
la Ley 7ª de 1944, el “CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA PARA LA RECUPERACIÓN DE
BIENES CULTURALES Y OTROS ESPECÍFICOS ROBADOS, IMPORTADOS O EXPORTADOS
ILÍCITAMENTE”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del
mes de agosto del año dos mil uno (2001), que por el artículo 1o de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la
República,
CLAUDIA BLUM DE BARBERI.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
JULIO E. GALLARDO ARCHBOLD.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la
Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a los 28 de febrero
de 2006.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Relaciones Exteriores
encargado de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones
Exteriores,
CAMILO REYES RODRÍGUEZ.
III.
INTERVENCIONES
1. Ministerio de Cultura
Para
el Ministerio de la Cultura, el objeto de la Ley 896 de 2004 es el de promover
la protección y recuperación de los bienes culturales del patrimonio
arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico y artístico tanto de
Bolivia como de Colombia. La ley contribuye entonces a que los objetos que
conforman el patrimonio cultural de cada uno de los países firmantes, - bienes
esenciales para la comprensión de su historia y de su identidad nacional -, no
se sigan perdiendo debido al tráfico ilícito, una de las principales amenazas
que se ciernen sobre ellos. La Convención busca consolidar estrategias tanto en
el ámbito nacional como internacional, para luchar contra este flagelo.
A juicio del Ministerio, el instrumento a
nivel internacional más eficaz para proteger los bienes culturales contra los
peligros  que contribuyen al empobrecimiento del patrimonio de los países de
origen, es la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e
impedir la  importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de
bienes culturales. Una cooperación de tal naturaleza, basada en los principios
promovidos por la UNESCO e ICOM con el fin de garantizar el patrimonio cultural
de las naciones, permite fortalecer el intercambio de información y las
acciones de divulgación necesarias para facilitar la recuperación y la
devolución de tales bienes a sus respectivos territorios, cuando han sido
exportados ilícitamente. Así, el Convenio en estudio asegura el ingreso
temporal de tales bienes culturales en los territorios de los países firmantes,
sólo cuando cumplan con la certificación y permiso expreso de las partes. A su
vez, permite la denuncia de la procedencia de los bienes, su importación o
transferencia ilícita y facilita el decomiso preventivo de los mismos. En este
último caso, los gastos de recuperación que sean necesarios, se asumirán por el
país que los requiera, acordándose la exoneración total de los gravámenes
aduaneros durante el proceso de recuperación  o devolución a que haya lugar.
El Convenio se ajusta plenamente, según la
entidad interviniente, a la Carta, porque es concordante con los artículos 9, 70,
71 y 72 de la Constitución, así como con el artículo 2º del Estatuto Superior,
dado que se constituye en una herramienta para la protección de los derechos y
atribuciones reconocidos en esas disposiciones constitucionales. Es un
instrumento además concordante con los artículos 2, 4 y 5 de la Ley 397 de 1997
que desarrolla los artículos 70, 71 y 72 de la norma superior, especialmente en
aquellos aspectos relacionados con la preservación del Patrimonio Cultural de
la Nación y el apoyo y estímulo a las personas, comunidades e instituciones que
desarrollan o  promuevan las expresiones artísticas y culturales.
Por último,  el Convenio según el
Ministerio de la Cultura,  es un instrumento importante para el cumplimiento de
las tareas propias de esa institución estatal,  en materia de protección y
conservación del patrimonio nacional.
2.      Ministerio de Relaciones Exteriores
Para la Dra. Solangel Ortiz Mejía, actuando
en nombre y representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Convenio
entre la República de Colombia y la República de Bolivia, fue suscrito  a los
20 días del mes de agosto del 2001, por los Ministros de Relaciones Exteriores
de ambos Estados, con el objetivo de proteger los bienes culturales que
conforman la historia de cada nación y para hacerle frente al creciente tráfico
ilícito de tales bienes.
Desde el punto de vista formal, el
Ministerio señala que el convenio fue suscrito por el Dr. Guillermo Fernández
de Soto, Ministro de Relaciones Exteriores del momento, conforme al literal a)
del numeral 2 del artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969, aprobada por la Ley 32 de 1985, que precisa que el Ministro
no requiere de la presentación de plenos poderes para representar al país.
Además, el Convenio contó con la aprobación del Presidente de la República de
la época, Dr. Andrés Pastrana Arango, el 5 de marzo de 2002, por lo que se
cumplieron según esa institución, las exigencias del artículo 189 de la Carta
para la representación del Estado, conforme a lo señalado en las sentencias
C-251 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-202 de 2001 (M.P. Álvaro
Tafur Galvis) de esta Corporación.
El Convenio fue presentado al Senado, con
exposición de motivos de la Dra. Carolina Barco Isakson, Ministra de Relaciones
Exteriores y por la Dra. Maria Consuelo Araujo Castro, Ministra de la Cultura.
El Proyecto de Ley fue aprobado en Primer y
Segundo Debate  en el Senado, según publicación de las Gacetas No 270 y 424 de
2003 respectivamente, y en plenaria según Gaceta 532 de 2003. Hizo trámite a la
Cámara de Representantes como Proyecto de Ley Cámara No 111 de 2003, el cual
fue aprobado en Primer y Segundo Debate según publicaciones en las Gacetas No 635
de 2003 y 159 de 2004, respectivamente, y posteriormente en plenaria, de
acuerdo a la Gaceta 391 de 2004. Una vez surtidos estos trámites, el Congreso
expidió la Ley 896 de 2004 aprobatoria del Convenio en mención, ley que fue
sancionada por el Presidente de la República el 21 de julio de 2004 y publicada
en el Diario Oficial No 45618.
Desde el punto de vista material, para  el
Ministerio de Relaciones Exteriores, este instrumento se suma a aquellos
suscritos por Colombia con miras a cumplir fines similares, como la  Convención
de la UNESCO de 1970, la Decisión 460 de la Comunidad Andina y, la Convención
de la Haya sobre la Protección de Bienes Culturales de 1954, entre otras. A
nivel interno, considera el Ministerio que la Convención desarrolla los artículos
8º y 72 de la Carta, en la medida en que facilita la protección de los bienes
culturales del patrimonio de la nación. Además, el Convenio no riñe con los
principios de derecho internacional reconocidos por Colombia y estrecha los
lazos con otros países en el campo de la cooperación.
Por las razones anteriores, estima el
Ministerio que debe ser considerado exequible el “Convenio entre la República
de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de
bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados
ilícitamente”.
IV.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación,
mediante concepto No. 3978 de 3 de noviembre de 2005, solicita declarar la
constitucionalidad del Convenio que se revisa y de la Ley 896 de 2004, que lo
aprueba.
Desde el punto de vista formal, el máximo
director del Ministerio Público, presenta con respecto al trámite legislativo
las siguientes consideraciones:
- El Ministro de Relaciones Exteriores de
Bolivia, Dr. Gustavo Fernández Saavedra y su homólogo de Colombia, el Dr.
Guillermo Fernández de Soto, en representación de sus respectivos países,
suscribieron en la ciudad de La Paz, el 20 de agosto de 2001, el Convenio de la
referencia. El Presidente de la República para la época, Dr. Andrés Pastrana
Arango,  le impartió aprobación ejecutiva al Convenio, el 5 de marzo de 2002 y
en el mismo acto  ordenó someterlo a consideración del Congreso Nacional, para
los efectos constitucionales.
- En el Congreso, el proceso legislativo se
inició en el Senado de la República, conforme al artículo 154 de la Carta. El
proyecto de ley  fue radicado  bajo el número 212 de 2003 Senado, 111 de 2003
Cámara. El texto original del Convenio junto con la exposición de motivos,
aparecen publicados en la Gaceta No 196 de mayo de 2003, cumpliéndose a juicio
del Ministerio Público, los requisitos de iniciación de esta clase de asuntos
en el Senado (Art. 154 superior) y publicación del proyecto de ley (Art. 157
superior).
La ponencia para primer debate fue
publicada en la Gaceta No 270 del 11 de junio de 2003 y fue presentada por el
Dr. Luís Alfredo Ramos Botero. De acuerdo a la certificación del 27 de agosto
de 2004, suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado,
en el Acta No 29 del 18 de junio de 2003, se consignó la discusión y aprobación
del primer debate  del proyecto de ley, hecha el 18 de junio de 2003, que tuvo
11 votos a favor ninguno en contra. Por lo que se cumplió el requisito sobre el
quórum decisorio que exige el artículo 146 de la Carta. La copia para ponencia
del primer debate fue repartida a los senadores el 12 de junio de 2003. En
oficio del 28 de septiembre de 2004, suscrito por el Secretario General de la Comisión
Segunda del Senado, se hace aclaración que a la fecha de discusión y aprobación
del primer debate del proyecto no estaba vigente el Acto Legislativo 01 de
2003.
La ponencia para segundo debate del
Proyecto de ley en el Senado, fue presentada igualmente por el senador Ramos y
fue publicada en la Gaceta del Congreso No 424 del 25 de agosto de 2003. Por
certificación expedida por el Secretario General del Senado del 6 de septiembre
de 2004, el quórum deliberatorio y decisorio de 96 senadores de 102, fue
aprobado por unanimidad en la sesión del 9 de septiembre de 2003, publicada en
la gaceta 532 del 10 de octubre de 2003. En la certificación, el Secretario
General afirma que la ponencia para segundo debate se anunció en la plenaria
del Senado el 2 de septiembre de 2003, conforme al Acto Legislativo No 01 de
2003. La ponencia para segundo debate se publicó en la Gaceta 424 de agosto de
2003. Por consiguiente estima el Ministerio Público, que se cumplió con el
quórum decisorio conforme al artículo 146 de la Carta y con el término que debe
mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en  la comisión constitucional
respectiva y la plenaria, esto es, 8 días. (Art. 160 C.P.)
En la Cámara de Representantes, fue ponente
para primer debate, el congresista Jhon Jairo Iguarán. La ponencia fue
publicada en la Gaceta No 635 del 28 de noviembre de 2003.  Igualmente, según
certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes, del 16 de diciembre de 2003, el proyecto de ley fue
aprobado en primer debate por unanimidad, con un quórum de 16 representantes de
19 que la integran, el 16 de diciembre de 2003. Se cumple a juicio del
Ministerio Público entonces, con  el requisito de los 15 días que debe mediar
entre la aprobación de una cámara y la otra, conforme al artículo 160 de la
C.P. Además, según certificación  del Secretario General de la Comisión Segunda
de la Cámara,  el anuncio para el primer debate de acuerdo  al artículo 8 del
Acto Legislativo  No 1 de 2003, se hizo el 10 de diciembre de 2003 y la
publicación  en la Gaceta del Congreso se hizo en la número 187 del 10 de mayo
de 2004.
La ponencia para segundo debate Cámara fue
presentada por el Representante Jaime Espeleta Herrera y se publicó en la
Gaceta No 159 del 29 de abril de 2003. Conforme a la certificación del
Secretario General de la Cámara de Representantes, la ponencia para segundo
debate fue considerada y aprobada sin modificaciones, en la sesión del 9 de
junio de 2004, por 160 de sus miembros, como consta en el Acta No 110 del 9 de
junio de 2004. El proyecto de ley  fue citado previamente  para su aprobación
en la sesión del 8 de junio, como se ve en la Gaceta No 365 de julio de 2004.
Por ende se cumplió el requisito del quórum decisorio desde la perspectiva de
la Procuraduría, de acuerdo al artículo 146 de la Carta  y con el término que
debe mediar entre  la aprobación de un proyecto en la comisión constitucional
respectiva  y la plenaria, de 8 días, según el artículo 160 superior.  En la
Gaceta No 365 del 21 de julio de 2004, por desintegración del quórum decisorio,
se citó para el día siguiente la aprobación del proyecto correspondiente,
subsanándose el vicio de inconstitucionalidad, cumpliéndose con el requisito
que contempla el artículo 8 del Acto Legislativo No 01 de 2003. El 21 de julio
de 2004, el Presidente de la República sancionó la ley, convirtiéndose en la
Ley 896 de julio de 2004.
Desde el punto de vista material, el
Procurador General de la Nación considera que  el Convenio defiende fines
constitucionalmente válidos, en la media en que busca preservar el patrimonio
cultural de la nación, y establecer normas que permitan recuperar bienes
culturales robados, importados o transferidos ilícitamente, al facilitar una
mutua cooperación entre ambos estados firmantes.
Además, el contenido del Convenio se ajusta
a la Constitución, porque propone afianzar lazos de amistad entre las partes,
preservar la identidad nacional, luchar por el beneficio mutuo, reconocer la
importancia de la cooperación y recuperar bienes culturales que hayan sido
robados, exportados o importados ilícitamente, en defensa de la identidad
cultural.
Para el Ministerio Público, Colombia ha
sido parte de otros protocolos y convenios internacionales que permiten la
recuperación de bienes culturales robados, entre ellos, la Convención de Paris,
aprobada por la Ley 45 de 1983 (Sentencia C-204 de 1993) y el Convenio entre
Colombia y Ecuador que se declaró exequible en la sentencia C-091 de 2001.  En
ese orden de ideas, el Convenio objeto de análisis responde a normas
constitucionales en materia de cooperación (Art. 9, 226 y 227 superior) y se
encuentra conforme a normas constitucionales que buscan preservar y proteger el
patrimonio nacional, como son los artículos 7, 8, 44, 70 y 72 de la Carta.
Por las anteriores razones, estima el
Procurador General de la Nación,  que la Ley 896 de 2004, por medio de la cual
se aprueba el “Convenio  entre la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Bolivia para la recuperación de los Bienes Culturales y otros
Específicos Robados, Importados o Exportados Ilícitamente” debe ser declarada
exequible.
V.   CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La competencia de la Corte
Constitucional en materia de tratados internacionales y sus leyes
aprobatorias.
1.1. El otorgamiento de la voluntad del Estado a
través de un tratado o convenio internacional, es el resultado de un proceso
que prevé la intervención de las diversas ramas del poder público y que exige
el cumplimiento de diferentes etapas, entre ellas, la suscripción del
instrumento internacional; la aprobación del mismo por parte del Congreso; el
estudio del Convenio y de su ley aprobatoria por parte de la Corte
Constitucional; y finalmente, su ratificación por parte del Presidente de la
República en su condición de Jefe de Estado.[4]
En el caso del examen que compete a la Corte
Constitucional de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias[5],
éste control se caracteriza, de acuerdo con la sentencia C-468 de 1997 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero)[6], por
ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático,
pues la ley debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a
la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción
gubernamental[7]; (iii)
integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales
como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el
texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una
condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo;
y (vi) cumple una función preventiva[8], pues
su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
1.2. El control
formal por vicios de procedimiento que realiza la Corte sobre los tratados y
las leyes que los aprueban, implica para esta Corporación, examinar  no sólo la
validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de
negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios
en la negociación y firma del tratado, sino también el cumplimiento de las
reglas sobre la formación de la ley aprobatoria en el Congreso y su posterior
sanción.
Las leyes que
aprueban tratados o convenios internacionales, surten el mismo procedimiento
legislativo de las leyes ordinarias[9], con algunas
particularidades. Las exigencias generales del trámite ordinario, están
consagradas en la Carta (artículos 146, 154, 157, 160[10],
166 y 241 de la C.P, entre otros)[11] y en la ley 5ª de 1992. Las
particularidades en el caso de tratados internacionales, tienen que ver, en
primer lugar, con que el proyecto de ley debe iniciar su trámite en el
Senado por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154
C.P.). En segundo lugar,  con que la competencia del Congreso de la
República se limita a aprobar o improbar el tratado o convenio de acuerdo al
artículo 150 superior[12] y por último, a
que la ley aprobada debe ser remitida a la Corte Constitucional, por el
Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.P.).[13]
1.3. En
lo concerniente al control material o de fondo que realiza esta Corporación
frente al tratado internacional y su ley aprobatoria, la labor de la Corte
consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional y su ley
aprobatoria, con la totalidad de los preceptos constitucionales, para
determinar si se ajustan o no a la Carta Política.
2. Análisis de los aspectos formales
del trámite de constitucionalidad de la referencia.
2.1. La exigencia del artículo 8º del
Acto Legislativo 01 de 2003, la subsanación del vicio identificado por la Corte
y el retorno de la Ley aprobatoria del Convenio a control constitucional.
Tal y como se expresó en los antecedentes
introductorios de esta providencia, la Ley 896 de 2004 aprobatoria del
“Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros
específicos robados, importados o exportados ilícitamente”, fue devuelta al
Congreso de la República por adolecer de un vicio de forma, relacionado con la
falta de anuncio previo en la plenaria del Senado (Artículo 8 del Acto
Legislativo 01 del 2003). En esta oportunidad, regresa la ley aprobatoria del
Convenio de la referencia al control constitucional de esta Corporación, una
vez surtido el trámite encaminado a la  subsanación, según lo ordenado por el
Auto 089 de 2005. No obstante, dicha ley llegó a la Corte con el número de Ley
1018 de 2006.[14]
Corresponde entonces a la Corte
Constitucional determinar de manera definitiva, si se cumplieron los
presupuestos establecidos en la Carta para el trámite de las leyes aprobatorias
de tratados internacionales  y si se observaron las previsiones establecidas en
el Auto 089 de 2005, para la subsanación del vicio indicado.
En este sentido y dado que la corrección del vicio
relacionado con el cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2003 es uno de los
elementos a analizar en esta providencia, esta Sala considera pertinente hacer
los siguientes comentarios, conforme a las recientes previsiones
constitucionales en la materia:
a) En los últimos años, nuevos requerimientos se han
introducido dentro del trámite de formación de las leyes, los cuales se aplican
a las leyes aprobatorias de tratados internacionales. El artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003, modificó el artículo 160 superior, al adicionarle un
último inciso  a la norma constitucional que reza lo siguiente:
“Ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El
aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de
cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la
votación”.
b) Dado que la  finalidad y objetivo de este nuevo
inciso ha sido el de "permitir a los Congresistas saber con
anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales
[serán] sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y
evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”[15],
lo cierto es que el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, ordena que
dentro del trámite legislativo se cumpla con los siguientes presupuestos: “(1)
que la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente anunciada; (2)
que el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a la de la sesión
en que es sometido a su aprobación; y (3) que la votación se surta el día en
que se anuncie”.[16]
c) Esta Corporación ha señalado que para el
cumplimiento de la mencionada disposición se requiere que en “una sesión
anterior, se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una
sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha
futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”.[17]
Esta exigencia, en consecuencia, no implica que se configura forzosamente una
vulneración a la Carta, cuando por razones del desarrollo del debate
legislativo, la votación de un proyecto no tiene lugar el día inicialmente
indicado. Lo importante es respetar la cadena de anuncios que permiten dar
cumplimiento a la exigencia constitucional. De hecho, “no se incurre
inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace clara y
nuevamente el anuncio, o si del contexto existen elementos que permitan
determinar con claridad cuando se realizará la votación”.[18]
d) Es importante mencionar, que el incumplimiento de
este requerimiento constitucional, ha sido un vicio reiterado en el trámite
legislativo de los tratados internacionales en los últimos años.[19]
La jurisprudencia constitucional, asumió durante algún tiempo posiciones
específicas frente al tratamiento que debía dársele al mismo, dadas sus
particularidades en cada caso.[20] Sin embargo, en la
sentencia C-576 de 2006,[21] la Corte precisó que el
vicio de inconstitucionalidad descrito, podía ser subsanado,[22]
en las siguientes condiciones:
“5.3. La posibilidad de que el
incumplimiento del requisito contemplado en el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003 en el trámite legislativo de las leyes que aprueban un tratado o
convenio internacional –rompimiento de la cadena de anuncios previos a la
votación del proyecto de ley- depende del contexto en el cual se produjo el
vicio y de su incidencia en la formación de la voluntad del Congreso.
5.4. (…) La
Corte ha determinado como criterios relevantes para establecer la
subsanibilidad de este vicio los siguientes: “(i) el cumplimiento de las
etapas básicas y estructurales del proceso legislativo, establecidas en el
artículo 157 de la Carta; (ii) el contexto dentro del cual se presentó el
vicio; (iii) la garantía de los derechos de las minorías a lo largo del debate
parlamentario y del principio democrático en la votación del proyecto de ley;
(iv) el tipo de ley de que se trata y su evolución a lo largo del debate
parlamentario.”[23] En armonía con los
criterios y particularidades mencionadas se debe entender que en materia de
leyes que aprueban tratados o convenios internacionales, la condición esencial
de subsanabilidad es que el Senado se haya pronunciado de tal forma que la
cámara donde por mandato constitucional ha de iniciarse el trámite de los
proyectos de leyes aprobatorias de un tratado ha expresado de manera completa
su voluntad.
(…) De otro
lado, una falencia en el cumplimiento del mencionado requisito en un momento
posterior a la votación en la Plenaria del Senado se considera un vicio
subsanable que desencadenará la devolución de la ley aprobatoria de un tratado
internacional al Congreso para que subsane el vicio y continúe su trámite desde
el momento en que se produjo, cuando se reúnan las demás condiciones de
subsanabilidad”[24].
Así, un vicio como el registrado originalmente
en la Ley 896 de 2004, - que se dio en su momento en el anuncio de votación
del proyecto en la plenaria del Senado -, debería considerarse en la
actualidad, conforme a la jurisprudencia constitucional anterior, insubsanable,
dado que el vicio se presentó con anterioridad a que el trámite en el Senado
hubiera concluido. La sentencia C-576 de 2006,[25] al unificar
la jurisprudencia constitucional en este aspecto, concluyó que “en materia
de leyes que aprueban tratados o convenios internacionales, la condición
esencial de subsanabilidad es que el Senado se haya pronunciado de tal forma
que (…) ha[ya] expresado de manera completa su voluntad”.
Por consiguiente, a partir de la fecha en
que se comunicó la providencia C-576 de 2006[26] de esta
Corporación, deben considerarse insubsanables los vicios que se presenten en
las leyes aprobatorias de los tratados internacionales, cuando ocurran durante
el trámite legislativo desplegado en el Senado. Serán subsanables, en
contraposición, sólo aquellos que se den con posterioridad a la manifestación
plena de la voluntad de esa cámara legislativa.
La determinación jurisprudencial anterior,
sin embargo, no se aplica al trámite de subsanación de la Ley 896 de 2004 que
ocupa a la Sala en esta oportunidad, por dos razones: (i) la sentencia
que se comenta, de julio de 2006, no estableció en su parte resolutiva[27]
efectos retroactivos que comprometan los procesos de subsanación de leyes
aprobatorias de tratados internacionales que estuvieran en curso, y (ii)
el Auto 089 de 2005[28] proferido por esta
Corporación, en consecuencia, conserva plenamente su eficacia, por lo que el
Congreso estaba habilitado para  adelantar el trámite de subsanación
correspondiente en los términos señalados en dicho auto. De allí, que sea
competencia de esta Corporación en esta oportunidad revisar si efectivamente se
le dio cumplimiento o no al Auto 089 de 2005 en el trámite de corrección formal
de la Ley 896 de 2004, hoy  numerada también como Ley 1018 de 2006.
2.2. Del trámite constitucional surtido por el
Convenio y por la ley aprobatoria
2.2.1. La negociación y celebración del Convenio
El deber constitucional de revisar los
tratados internacionales, así como las leyes que los aprueban, incluye el
examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del
instrumento internacional respectivo. En el presente caso, el instrumento
internacional fue suscrito por quien para la época era Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia, Guillermo Fernández de Soto, quien dada su calidad, y
conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969[29],
podía representar al Estado sin necesidad de acreditar plenos poderes para el
efecto.
2.2.2  Aprobación Presidencial
El 5 de marzo de 2002, el Presidente de la
República  impartió la aprobación ejecutiva al convenio celebrado,  y ordenó
someter al Congreso de la República el “Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados, Importados o
Exportados Ilícitamente”.[30] Por consiguiente, se le
dio cumplimiento al artículo 189 de la  Carta, en lo concerniente a la
dirección de las relaciones internacionales por parte del Primer Mandatario.
2.2.3. Trámite legislativo de la ley
aprobatoria realizado por el Congreso de la República en cumplimiento del Auto
089 de 2005 de la Corte Constitucional
El Proyecto de Ley número 212/03 Senado -
111/03 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
2.2.3.1. Trámite inicial
§ El Proyecto de Ley 212/03 Senado, 111/03 Cámara, con
su exposición de motivos, fue presentado al Senado de la República por
intermedio de Jaime Girón Ministro (E) de Relaciones Exteriores, el día 7 de
mayo de 2003. El texto original, junto con la respectiva exposición de motivos,
aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 196 del 12 de mayo de 2003,
cumpliendo así con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la
República y publicación previa en la comisión respectiva, establecido en el
artículo 154  y 157-1  de la Carta[31].
§ La ponencia para el primer debate en la Comisión
Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, fue presentada
por Senador Luis Alfredo Ramos Botero en sentido favorable, según consta en la
Gaceta del Congreso No. 270 del 11 de junio de 2003[32],
conforme al artículo 160-4 de la Constitución.
§ El Proyecto de Ley número 212/03 Senado fue aprobado
en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 18 de junio de 2003,
con una mayoría de 11 de los 13 senadores que componen esa célula legislativa,
según consta en Acta No. 29 del 18 de junio de 2003”,[33]
cumpliéndose con el artículo 157-2 de la norma superior.
§ En certificación del 28 de septiembre de 2004, el
Secretario de la Comisión Segunda del Senado señaló que para la fecha de
discusión y aprobación del proyecto en mención, no se encontraba vigente el
Acto Legislativo 01 del 3 de julio de 2003, por lo que no era requisito anunciar
con anterioridad los proyectos que serían objeto de discusión en el Congreso de
la República.[34]
§ La ponencia del Proyecto de Ley número 212/03 Senado
para segundo debate en Plenaria, fue presentada por el Senador Luis Alfredo
Ramos, en sentido favorable, y publicada en la Gaceta del Congreso No 424 del
25 de agosto de 2003.[35] (Art. 160-4 C.P.)
2.2.3.2. Detección del vicio
Con posterioridad al trámite legislativo
descrito, y luego de cursar los debates correspondientes en la Cámara de
Representantes, la ley aprobatoria de la referencia fue enviada a sanción
presidencial. La Presidencia de la República, en un primer momento, remitió a
la Corte Constitucional el 26 de julio de 2004, copia de la Ley 896 de 2004,
por medio de la cual se aprobó el  “Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados, Importados o
Exportados Ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La Paz para su control
de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
Esta Corporación, sin embargo, en el proceso
de control constitucional, identificó en la Ley aprobatoria 896 de 2004 un
vicio subsanable, de acuerdo al Auto 089 de 2005 de esta Corporación, que se
describió de la siguiente forma:
(…) En la Gaceta Nro. 532 del 10 de octubre
de 2003, en la que obra el Acta Nro. 6 de la Sesión Ordinaria del día martes 9
de septiembre de 2003, en la página 4, en el punto IV del Orden del Día, se lee
“En cumplimiento del Acto Legislativo número 01 de 2003, a continuación se
relacionan los proyectos  que se discutirán y aprobarán en la presente sesión.
Lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate.” Dentro de
ellos está el proyecto 212 de 2003 Senado, en la página 5. En la página 9 obra
la aprobación del proyecto[36].
De acuerdo a lo anterior, se puede
establecer que no existió un anuncio en sesión inicial sobre  la determinación
de la fecha momento en que se discutiría y se aprobaría el proyecto, pues si bien
éste se había introducido en el orden del día del 2 de septiembre de 2003
cuando se decidió no continuar con la sesión no se hizo ningún tipo de
referencia o anuncio explícito indicando que se llevaría a acabo la discusión y
votación del proyecto en la sesión del 9 de septiembre de 2003. (…)
“Luego, se plantea la cuestión de si
subsanado el vicio es preciso que se repitan las etapas del trámite posteriores
a aquella en que sucedió el vicio. La Corte analiza en cada caso si ello es
necesario, atendiendo también a la incidencia del vicio en las etapas
posteriores y partiendo de la premisa de que el principio de consecutividad no
sufra mengua. Excepcionalmente, la Corte puede decidir que subsanado el vicio,
el acto le sea remitido para decidir definitivamente sobre su exequibilidad,
sin que sea necesario surtir las etapas posteriores que ya se habían cumplido
sin defecto propio alguno[37].
“En el presente caso la Corte estima que la
forma de subsanar el vicio constatado es devolviendo el acto al Congreso, sin
que pueda admitirse que operó el fenómeno del saneamiento a lo largo del
procedimiento original. Varias razones justifican esa determinación. Primero,
se trata de un vicio por la violación de la Constitución, no de una
irregularidad. Segundo, lo acontecido en la plenaria del Senado indica que los
parlamentarios que concurrieron a la sesión no podían razonablemente saber que
en ella se votaría el proyecto porque en ningún momento se advirtió o se
anunció de manera cierta que en próxima sesión se discutiría y aprobaría el
proyecto de ley 212/03 de Senado ni se hizo alusión alguna al tema. Tercero,
los ciudadanos tampoco podían saber que en dicha sesión se votaría el proyecto
con el fin de ejercer los derechos que se les reconocen en una democracia
participativa porque no existió una determinación previa, clara e institucional
de la fecha en que se llevaría a cabo la votación. Cuarto, no hubo una decisión
del Congreso encaminada a sanear el vicio detectado, aplicando el artículo 2,
numeral 2, de la Ley 5 de 1992[38].
“Resta definir si después de subsanado el
vicio, es necesario repetir la etapas subsiguientes del procedimiento
legislativo. Aunque éste es un caso límite, la Corte estima que sí es necesario
rehacerlas integralmente por varias razones. Si bien lo dicho en este auto se
circunscribe a las leyes aprobatorias de los tratados por los rasgos
específicos que las caracterizan, y uno  de tales rasgos es que el Congreso no
puede modificar el contenido del tratado, no es menos cierto que la Cámara de
Representantes podría improbarlo, posibilidad que dada la importancia de los
tratados públicos no puede ser restringida por la Corte, dado que el vicio
sucedió antes de que el proyecto pasara a la Cámara. Lo anterior se establece
para cumplir con el principio de consecutividad. Entonces, se debe retomar el
procedimiento desde el momento en que se incurrió en el vicio y continuar con
su curso normal. Dicho momento es posterior a la publicación de la ponencia
para segundo debate en el Senado y anterior a la votación del articulado del
proyecto de ley. Por lo tanto, lo que procede es anunciar en una sesión previa
cual será la futura sesión determinada en la cual se votará el proyecto de ley
aprobatoria de este tratado. Para que los senadores recuerden tanto el texto de
la ponencia como el del tratado, en la correspondiente citación se deberá
indicar el número de la Gaceta del Congreso en que fue publicada la ponencia,
así como el correspondiente a la publicación del proyecto de ley aprobatoria
del mismo. No es necesario repetir la publicación de la ponencia puesto que el
vicio fue posterior a ésta. Luego, de ser aprobado, el proyecto continuará su
trámite en la comisión de la Cámara de Representantes y posteriormente en la
Plenaria de esta Corporación, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo
202 de la Ley 5 de 1992 (…)”.
Una vez detectado el vicio de procedimiento
indicado en el trámite de formación de  la Ley aprobatoria 896 de 2004, esta
Corporación, en el Auto 089 de 2005 resolvió  lo siguiente:
“ (…) ORDENAR
por Secretaría General, la devolución de la Ley 896 de 2004, por medio de la
cual “se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Bolivia para la Recuperación de Bienes Culturales y
otros Específicos Robados, Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la
ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno
(2001),”  al Senado de la República, para que en la Plenaria de dicha cámara se
cumpla con el procedimiento previsto en el Artículo 8 del Acto Legislativo No.
1 de 2003. El término para enmendar el defecto observado en este auto es de 30
días contados a partir del día en que el proyecto sea radicado en la
Presidencia del Senado, como consecuencia de la devolución ordenada en el
presente caso.
Segundo.- Una vez se haya subsanado
el vicio en los términos del numeral primero, el Congreso dispondrá hasta el 16
de diciembre de 2005 para cumplir las etapas posteriores del proceso
legislativo. Luego, el Presidente de la República tendrá el plazo establecido
en la Carta para sancionar el proyecto de ley.
Tercero.- Una vez cumplido el trámite
anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte la Ley 898 de 2004,
para decidir definitivamente sobre su exequibilidad. (Negrillas fuera del
original).
2.2.3.3. Trámite de subsanación
Mediante  oficio del 31 de mayo de 2005, la Corte
Constitucional  remitió al Congreso de la República  copia auténtica  de la Ley
896 de 2004, “para lo de su competencia”, la cual fue recibida en la
misma fecha, en el Senado de la República.[39]
En cumplimiento del Auto 089 de 2005, el
Congreso de la República adelantó el siguiente trámite para subsanar el vicio
de forma identificado en la Ley 896 de 2004:
§ En la sesión de la Plenaria del Senado del 13 de junio
de 2005, Acta 49, publicada en la Gaceta No 474 del 3 de agosto de 2005, dentro
del orden del día, en el acápite de “Corrección de vicios subsanables en
actos del Congreso remitidos por la Corte Constitucional”[40],
se advirtió la necesidad de crear una comisión que permitiera determinar a
ciencia cierta de qué se trataba el vicio formal detectado por la Corte, para
que la plenaria del Senado pudiera tomar una decisión sobre la forma de
subsanación. La Gaceta No 474 de 2005 reseña al respecto, lo siguiente:
“III.
Corrección de vicios subsanables en actos
del Congreso, remitidos por la Corte Constitucional.
Proyecto de ley número 212 de 2003 Senado,
111 de 2003 Cámara (…)
La Presidencia indica a la Secretaría dar
lectura al auto remitido por la honorable Corte Constitucional.
Por Secretaría se da lectura al Auto número
089 de 2005, remitido por la honorable Corte Constitucional.
(…)
Con la venia de la Presidencia y del
orador, interpela el honorable Senador Héctor Helí Rojas Jiménez: (…)
Yo lo considero y quería proponerle, señor
Presidente, es que usted integre una subcomisión con 2 o 3 Senadores que
consulten con la Corte Constitucional el sentido de esas providencias y que
informen, bueno con la Corte y con todos los que quieran y que informen a la
plenaria de aquí al miércoles puede ser sobre la manera de avocar este delicado
tema porque lo que ocurre, señor Presidente, y Senador Jimmy Chamorro, es que
hay un artículo 243 que dice, que ninguna autoridad puede repetir el contenido
de las disposiciones que han sido rechazadas por la Corte  y aquí podríamos
estar en una grave confusión, señor Presidente.
Yo le rogaría que se aplace la votación de
este informe, mientras una subcomisión en el término que usted disponga estudia
el cambio constitucional porque de lo contrario en el futuro vamos a tener que
estudiar el mismo vicio y seria bueno en cualquier sentido tener claridad y
dejar también un precedente legislativo para que en el futuro no volvamos a tener
confusiones, es lo que propongo señor presidente. (…)  A solicitud del
honorable Senador Héctor Helí Rojas Jiménez, la Presidencia  designa a los
honorables Senadores: Jimmy Chamorro Cruz, Héctor Heli Rojas Jiménez y Luis
Humberto Gómez Gallo, para que rindan un informe y la plenaria pueda tomar una
decisión”.
§ Posteriormente, en la sesión ordinaria del día 17 de
junio de 2005, se anunció el Proyecto de Ley número 212 de 2003 Senado, 111 de
2003 Cámara, “para ser aprobado y discutido en la próxima sesión”,
conforme al Acta de Plenaria No 53, publicada en la Gaceta 521 de 2005.[41]
En la mencionada sesión se realizó el anuncio de la siguiente forma:
“Corrección de vicios subsanables en
actos del Congreso, remitidos por la Corte Constitucional.
Proyecto de ley número 212 de 2003 Senado,
111 de 2003 Cámara, por
medio de la cual se aprueba el “Convención entra la República de Colombia y el
gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y
otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente”, suscrito en
la ciudad de La Paz a los 20 días del mes de agosto de 2001.
Proyecto remitido por la Corte
Constitucional Auto No 89 del 3 de mayo de 2005.
La Presidencia manifiesta:
Señor Andrés González, si me lo permite,
vamos a anunciar un proyecto que quedó pendiente.
Recobra el uso de la palabra el honorable
Senador Andrés González Díaz:
Con mucho gusto señor Presidente y le
rogaría a usted entonces según como sea el desenlace de este tema, quedar en el
uso de la palabra  si usted lo tiene a bien; gracias.
Por instrucciones de la Presidencia y de
conformidad con el Acto legislativo  No 01 de 2003, la Secretaria anuncia  los
proyectos  que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Señor Presidente le quedó pendiente para
corrección de vicios subsanables al Proyecto de Ley número 212 de 2003 Senado,
111 de 2003 Cámara, por medio del cual se aprueba el Convenio entre la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados  o
exportados ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz a los 20 días del mes
de agosto de 2001.
Para ser aprobado y discutido en la próxima
sesión, señor Presidente”.
En la siguiente sesión ordinaria del 20 de junio de
2005, - Acta 54 de 2005 del Senado -, publicada en la Gaceta del Congreso 522
del 12 de agosto de 2005, se consideró y aprobó el Proyecto de Ley número
212/03 Senado, 111/03 Cámara, relativo al Convenio entre la “República de
Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de
bienes culturales y otros específicos robados, importados  o exportados
ilícitamente”. Según consta en el Acta N° 54, tal aprobación se dio con el
quórum decisorio y las mayorías constitucionales que exige la Carta[42].
El Secretario General del Senado de la República, en certificación del 27 de
junio de 2005, confirmó el trámite de subsanación impartido a la Ley 896 de
2004 en el Senado, en  cumplimiento del  Auto 089 de 2005, de la siguiente
forma:
“Los días 16 y 17 de junio de 2005 se hizo
el anuncio de corrección de vicios del proyecto de ley 212/03 Senado -111/03
Cámara (…) para dar cumplimiento al Auto 089 de 2005 de la Corte
Constitucional. Su aprobación se realizó en sesión plenaria del Senado de la República
el día 20 de junio del presente año, y fue enviado a la Cámara de
Representantes para continuar con el trámite correspondiente en la próxima
legislatura que comienza el 20 de julio del presente año y finaliza el 16 de
diciembre del mismo”[43].
Así, de acuerdo a lo constatado, en esta etapa del
procedimiento legislativo ante el Senado, para esta Corporación se dio
cumplimiento al trámite exigido por el Auto 089 de 2005 y a las indicaciones
constitucionales específicas, teniendo en cuenta que: (i) se retomó el
procedimiento legislativo desde el momento en que se incurrió en el vicio, esto
es con posterioridad a la publicación de la ponencia para segundo debate en el
Senado y con anterioridad  a la votación del articulado del proyecto de ley; (ii)
se anunció en sesión previa, cuál sería el día en el cual se votaría el
proyecto de ley aprobatoria del tratado, de acuerdo a la exigencia del artículo
8 del  Acto Legislativo No 1 de 2003[44] y, (iii) la
Plenaria del Senado realizó el anuncio para la votación  y aprobó el proyecto
de ley conforme con el artículo 147 de la Carta, dentro de los treinta días
(30) concedidos por la Corte Constitucional para que se cumpliera “con el
procedimiento previsto en el Artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003”,
es decir, para que se  subsanara el vicio encontrado por esta Corporación[45].
Como la Ley 896 de 2004 fue devuelta por esta Corporación el 31 de mayo de 2005
a la Presidencia del Senado[46], el saneamiento del
vicio se dio dentro del término indicado por la Corte Constitucional.
§ Por otra parte, en la Cámara de Representantes,
el Proyecto de Ley 212/03 Senado -111/03 Cámara, tuvo como ponente al
representante Efrén Antonio Hernández.  La ponencia favorable para  primer
debate en Cámara[47], fue publicada en la
Gaceta 565 del 25 de agosto de 2005.  (Art. 160-4 C.P).
§ El anunció previo del Proyecto de Ley No 212/03
Senado-111/03 Cámara, en “cumplimiento del Auto No 089 de 2005, proferido
por la Corte Constitucional”, se dio en la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de la Cámara, el 13 de septiembre de 2005, de acuerdo al Acta No 07
de la misma fecha, que fue publicada en la Gaceta No 788  del 4 de noviembre de
2005. En el Acta que se cita, se dijo frente a este asunto, lo siguiente:
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Acta Número 07 De 2005
(Septiembre 13)
(...)
III
Anuncio de Proyectos  de Ley Primer Debate
de conformidad con el artículo 8º
Acto legislativo 1 de 2003.
Hace uso de la palabra el Subsecretario (E)
doctor, Benjamín Niño (…)
III
Anuncio de Proyectos  de ley para Primer
Debate
Proyecto de Ley número 212 de 2003 Senado,
111 de 2003 Cámara, hoy Ley de la República 896 de 2004 (…) (Esto en cumplimiento del Auto
Número 089 de 2005, proferido  por la Corte Constitucional).
Proyecto (…)
Proyecto (...)
Han sido anunciados los proyectos de ley,
de conformidad con el acto legislativo 1 de 2003, señor Presidente.
(…)
Hace uso de la palabra el honorable
Representante Hugo  Ernesto Zárrate Osorio:
Presidente, como quiera que la otra semana
no hay tampoco sesión acá, yo diría que porqué no nos ponemos de acuerdo para
que haya sesión el martes 27, el miércoles 28 y el jueves 29, con eso recogemos
los debates que hay pendientes, que no se les ha puesto la fecha, recogemos lo
del Secretario, pues fijándolo hoy el día exacto.
Hace uso de la palabra el Presidente, Efrén
Antonio Hernández Díaz:
Entonces vamos a resumir, el jueves 29 ya
tenemos previsto el transporte aéreo para que se desplace la Comisión Segunda a
la Ciudad de Pereira (…) y vamos entonces a señalar las fechas de los debates
para la fecha que ha planteado el honorable Representante Hugo Zárrate por
parte de la mesa directiva, no hay señal de televisión en esa fecha que usted
ha anunciado, pero entonces desarrollamos los debates. (…)
Hace uso de la palabra el Presidente,
honorable Representante Efrén Antonio Hernández Díaz.
(…) Muchas gracias por la presencia de
ustedes y nos estamos convocando entonces, para el martes 27.
Para la Corte, como se indicó al inicio de
esta providencia, el
procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 C.P. “obliga
a que en las células legislativas sean anunciados, de manera cierta y
determinada, o, al menos  determinable en razón del contexto en que se efectuó
el anuncio, cuáles son los proyectos de ley que serán sometidos a votación en
una sesión futura”[48]. Considera la Corte que el anuncio que aquí se presenta cumplió con el
objetivo constitucional previsto, por las siguientes razones: (i)
Aunque el anuncio inicial del proyecto de ley evocó el Acto
Legislativo Número 1 de 2003 y el Auto 089 de 2005 de esta Corporación, era
especialmente necesario declarar una fecha cierta, o por lo menos determinable,
en la cual se llevaría a cabo el debate y la votación de los proyectos
anunciados, conforme a la exigencia del artículo 160 de la Carta. (ii)
Sin embargo, si bien al inicio de la sesión no se estableció dicha fecha para
el debate y votación de los proyectos indicados, más adelante en el curso de la
discusión,  los miembros de esa célula legislativa, - dado que se echó de menos
una fecha “exacta” para el efecto -, se
pusieron de acuerdo respecto de los días en que discutirían los proyectos
anunciados y realizarían los debates, quedando finalmente definida como
próxima sesión para el efecto, la del 27 de septiembre de 2005, conforme a lo
concluido por el Presidente de esa célula legislativa al finalizar la sesión. (iii)
El proyecto que se estudia se discutió y se aprobó en dicha sesión, como había
sido anunciado en la sesión anterior. En consecuencia, concluye esta
Corporación que se cumplió con el requisito previsto en el artículo 160
superior.
En cuanto a las expresiones empleadas para hacer el
anuncio, la Corte constata que si bien no se dijo específicamente  que el
proyecto sería “votado” en la siguiente sesión, esa significación del
anuncio se desprende del contexto de la discusión adelantada por ellos y de la
locución “debate”, utilizada reiteradamente por los Senadores. Al
respecto, recuerda la Corte que aunque la jurisprudencia constitucional ha
considerado que lo óptimo es el uso de la expresión “votación”, en el
anuncio de los proyectos de ley, no ha desestimado otras expresiones que
permitan reconocer, a partir del contexto, que ese es el sentido y significado
del anuncio. El control constitucional en estos casos, no exige el uso de
expresiones sacramentales por parte de los presidentes o secretarios. En este
sentido, la jurisprudencia constitucional ha entendido, que la expresión “debate”,
comprende tanto la deliberación sobre el proyecto de ley como su votación, dado
que, es la votación  la que cierra el debate.[49] Igualmente,
la sentencia C-1040 de 2005[50] de esta Corporación,
frente al tema de las expresiones utilizadas en el anuncio, resaltó lo
siguiente:
“…si bien la
Corte ha sostenido que el anuncio previo debe limitarse a la votación del
proyecto y no incluir dentro del mismo el uso de conceptos tales como “debate”
o “consideración”, el hecho de incurrir en dicha deficiencia terminológica, no
implica la existencia de un vicio de inconstitucionalidad. Al respecto, en
sentencia C-473 de 2005[51], esta Corporación
puntualizó:
“ (…) Uno de los puntos sujetos a
interpretación fue el atinente al lenguaje que debía emplearse al efectuar el
anuncio. Lo ideal es que dicho anuncio incluya la expresión “votación”. Sin
embargo, en el contexto general de la práctica parlamentaria, para ese momento
se usaban otras expresiones que comprendían la votación. Por ejemplo, el concepto
de primer debate o de segundo debate abarca tanto la discusión como la
votación, como lo dice el artículo 94 de la Ley 5ª de 1992 al definir “debate”.
Del
mismo modo, la expresión “considerar” implica no solo reflexionar sobre un
asunto sino hacerlo para cumplir la función propia de cada célula legislativa,
consistente en decidir sobre un proyecto de ley. En este sentido, someter a
consideración implica mucho más que discutir o deliberar, puesto que cuando las
comisiones constitucionales permanentes y las plenarias consideran un proyecto
lo hacen para votar sobre él, en cumplimiento de su atribución de concurrir a
la “formación de las leyes”. De tal manera que, en el contexto de la actividad
legislativa, la expresión “considerar” tiene un alcance diferente al que se
deriva del uso que puede dársele a este vocablo en el medio académico o en una
reunión informal. Por lo tanto, si bien en el ámbito parlamentario discutir y
deliberar, de un lado, son categorías diferentes a las de votar y decidir, de otro
lado, el concepto “considerar” lejos de ser asimilable a alguna de estas
categorías comprende tanto la discusión como la votación, o sea, la
consideración, en sentido parlamentario, de los proyectos de ley”.
En ese orden de ideas, puede concluirse del contexto
general de la sesión de la Comisión Segunda Constitucional permanente del 13 de
septiembre de 2005, que el objetivo buscado al anunciar el proyecto de ley, era
el de advertir sobre su votación en la sesión del 27 de septiembre de
2005, por las siguientes razones. (i) Expresamente se hizo alusión al
artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003 en el anuncio, y se especificó que el
proyecto iría a “primer debate”, lo que permite suponer que el propósito
del mismo era el de adelantar el debate hasta concluirlo con la “votación”
del proyecto de ley en la sesión correspondiente. (ii) Se explicó
además, que el anuncio se hacía en cumplimiento del Auto 089 de 2005,
providencia de esta Corporación que expresamente resalta el deber de efectuar
tal anuncio conforme a la Acto Legislativo 01 de 2003. Y finalmente, los
parlamentarios (iii) resaltaron en la discusión la necesidad de
adelantar el “debate” de los proyectos anunciados, en una fecha “exacta”;
lo que denota que los legisladores sabían que el proyecto anunciado sería votado
en la siguiente sesión, y que era necesario pactar una fecha definida para
el efecto, que finalmente correspondió al 27 de septiembre de 2005. Por ende,
la voluntad parlamentaria de votar el proyecto de ley el día propuesto en
el anuncio, fue un hecho cierto que se llevó a cabo el 27 de septiembre de
2005, de acuerdo  al anuncio realizado en la sesión del 13 se septiembre de
2005.
§ El Proyecto de Ley 212/03 Senado, 111/03 Cámara, como
se indicó, fue aprobado en la siguiente sesión, el 27 de septiembre de 2005 en
la Comisión Segunda Constitucional Permanente, conforme al Acta No 008 de 2005,[52]
publicada en la Gaceta No 789 del 4 de noviembre de 2005, con el  quórum
decisorio y las mayorías constitucionales que exige la Carta.[53]
Se cumplió, así, el trámite exigido por los artículos 146 y 157-2 de la Carta.[54]
La Secretaria General de la Cámara de Representantes, Dra. Rocío López, en
escrito del 30 de mayo de 2006, afirmó frente a este aspecto, lo siguiente:
“Con el fin de dar respuesta al oficio de
la referencia, suscrito por Usted, cordialmente me permito informarle que dando
cumplimiento al Auto 089 de 2005 de la Corte Constitucional, en sesión de esta
Comisión del día 13 de septiembre de 2005, se anunció el proyecto de ley de la
referencia, según consta en el Acta No 07; así mismo le certifico que el día 27
de septiembre de 2005, fue aprobado por esta célula legislativa dicha
iniciativa, según Acta No 08.”
§  La publicación de la ponencia para segundo debate en
la Cámara de Representantes[55], en sentido favorable,
se realizó en la Gaceta No 818 del 16 de noviembre de 2005 (Art. 160-4 C.P), en
la que se reseñó el interés de la Cámara de Representantes de subsanar el vicio
de forma de la ley 896 de 2004. Al respecto, en esa ponencia se dijo, entre
otras cosas,  lo siguiente:
Ponencia para segundo debate al Proyecto de
Ley numero 111 de 2003 Cámara, 212 de 2003 Senado, ley 896 de 2004…
Honorables representantes:
(…)
La Corte Constitucional en la revisión de
la Ley 896 de 2004, por medio de la cual se aprueba el “Convenio (…) suscrito
en la ciudad de La Paz, a los 20 días del mes de agosto del año 2001, encontró
que hubo vicios de procedimiento.
Vicio que consideró la Corte como
subsanable, el cual se constituyó por el hecho de no ser anunciado en sesión
previa en la plenaria del Senado la discusión del Proyecto de ley número 212 de
2003.
La Corte consideró que con lo sucedido se
trasgredió lo ordenado en el articulo 8 del Acto Legislativo número 1 de 2003.
En Auto 089 de 2005, ordena en su artículo
1 que se subsane el vicio presentado en la Plenaria del Senado y en su artículo
2º que se continúen las etapas posteriores en el proceso legislativo.
Toda vez que en el proceso legislativo de
la Ley 896 de 2004, el trámite se inició en Senado, una vez subsanado el vicio,
se remite a la Cámara para continuar el trámite.
Así se dio el primer debate en Cámara sin
ninguna modificación, esto es optándose por la aprobación del convenio y se
presenta sin modificación alguna, el proyecto de ponencia para segundo debate.
(…) ”
§ El anuncio previo en el que se informa que al día
siguiente se va decidir el proyecto de ley correspondiente, se realizó en la
sesión plenaria de la Cámara el 14 de diciembre de 2005[56],
conforme al Acta 221 del 2005, tal y como consta en la Gaceta No 31 del 16 de
febrero de 2006.[57]  El anuncio en el acta
de la referencia, se reseña de la siguiente forma:
Actas de Plenaria
Número 221 de la sesión ordinaria del miércoles 14 de
diciembre de 2005
(…)
Dirige la Sesión el señor Presidente
honorable Representante Julio Gallardo Archbold:
Sírvase señor Secretario anunciar los
proyectos de ley que se tratarán mañana en la sesión que se convoca desde ahora
para las diez de la mañana, en el mismo orden que está el orden del día de hoy;
una vez que el señor Secretario termine de anunciar los proyectos se levantará
la sesión, de todas maneras la señorita Vicepresidenta quedará con ustedes.
La Subsecretaria Auxiliar procede con la
lectura de proyectos:
(…)
Proyecto de ley número 111 de 2003 Cámara,
212 de 2003 Senado (…)
En este caso, aunque el anuncio no precisó una fecha
concreta para el debate del proyecto de ley correspondiente, si indicó que éste
tendría lugar “mañana”. Tal expresión permite suponer que la fecha de la
votación pactada,  era  aquella correspondiente al día siguiente del anuncio,
es decir, el 15 de diciembre de 2005, por lo que concluye la Corte que la fecha
era determinable, cumpliéndose en este aspecto el requisito exigido en el Acto
Legislativo No 01 de 2005.[58] En efecto, el proyecto
fue votado y aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el 15 de
diciembre de 2005.
En lo concerniente al contenido del anuncio mismo, se
reitera que la Constitución no exige el empleo de formulas sacramentales. En
este caso, aunque no se trajeron a colación expresiones como “votar”, “debatir”
o “considerar”, que son las tradicionales, lo cierto es que el término tratar
que aquí se utilizó,  implica “manejar, gestionar o disponer algún negocio”,
de acuerdo  con la  Real Academia de la Lengua.[59]
En ese sentido, desde la perspectiva legislativa y a tan sólo dos días de
terminarse la legislatura correspondiente, la expresión no podía significar
otra cosa que hacer lo que es propio de la Plenaria de la Cámara respecto de
los proyectos de ley anunciados, que no es otra cosa que debatirlos y votarlos
de acuerdo al reglamento de esa Corporación.
Sin embargo, tal y como se indicó previamente en esta
providencia, en aquellos casos en que no se use expresamente la locución “votación”,
u otras equivalentes, en el anuncio de un proyecto de ley, la Corte
Constitucional debe evaluar del contexto de la sesión si el sentido percibido
por los parlamentarios fue el anunciar para “votación” un proyecto de
ley, en una sesión determinada o determinable, conforme al Acto legislativo 01
de 2003.[60]
Así, en la situación que aquí se presenta, se puede
concluir que para los Representantes, el anuncio realizado en la sesión del 14
de diciembre de 2005 respecto del Proyecto de Ley número 111 de 2003 Cámara,
212 de 2003 Senado, implicaba un “anuncio para votación”, por las
siguientes razones que la Corte valora en conjunto de manera concurrente: (i)
en la publicación de la ponencia para segundo debate se hizo referencia
expresamente a que el proceso legislativo que se surtía, obedecía al Auto 089
de 2005 de esta Corporación, relacionado con la necesidad de subsanar el vicio
registrado en el anuncio previo del proyecto de ley en el Senado, que
involucraba adelantar nuevamente los trámites respectivos en la Cámara de Representantes.
También se dijo en la ponencia, que se le había dado primer debate en Cámara al
proyecto sin ninguna modificación, y que se presentaba “el proyecto de
ponencia, para segundo debate”. En los mismos términos, al momento del
anuncio que se estudia, se usó la siguiente expresión: “anunciar los
proyectos de ley que se tratarán mañana en la sesión que se convoca desde ahora
para las diez de la mañana, en el mismo orden que está el orden del día de
hoy”.  Sobre este específico aspecto, en el acta que se reseña, en el
acápite IV del orden del día relativo a los “Proyectos para segundo debate”,
está citado bajo el número 39, el Proyecto de Ley número 111 de 2003 Cámara,
212 de 2003 Senado. Estos dos hechos, en consecuencia, dan cuenta de que los
legisladores eran concientes de que el anuncio del proyecto de ley correspondía
a su segundo debate en Cámara, lo cual comprende la “votación”
del proyecto en mención. Esta percepción por los congresistas de que el
proyecto sería sometido a segundo debate resulta relevante, en la medida
en que como se explicó previamente, dentro del contexto legislativo “el
concepto de primer debate o de segundo debate abarca tanto la discusión del
proyecto como la votación, conforme a lo indicado en el artículo 94 de la Ley
5ª de 1992 al definir “debate”.[61] De otro modo, también
puede inferirse que lo que se pretendía con el anuncio era  la “votación”
del proyecto en la siguiente sesión, porque (ii) conforme al acta del 15
de diciembre de 2005, dentro del acápite de proyectos para segundo debate,
ciertamente se encuentra reseñado  bajo el número 34, el Proyecto de Ley número
111 de 2003 Cámara, 212 de 2003 Senado y porque (iii) la voluntad
parlamentaria de votar el proyecto de ley el día propuesto en el
anuncio, fue un hecho que se registró conforme a lo indicado, el día 15 de
diciembre de 2005.
Por las anteriores razones, concluye la Corte que  el
anuncio del proyecto de ley en mención, para su debate en la Plenaria de la
Cámara, se dio conforme al artículo 160 inciso final de la norma superior.
§ El proyecto fue aprobado en sesión plenaria de la Cámara, del 15
diciembre de 2005, según consta en el Acta N° 222 de 2005, publicada en la
Gaceta No 28 del 3 de febrero de 2006[62], con el  quórum
decisorio y las mayorías que exige la Carta.[63] (Art. 147,
157-2  y artículo 160-1 C.P[64]). La legislatura
finalizó  el 16 de diciembre de 2005.[65]
Por todo lo anterior, del trámite legislativo surtido
por el Proyecto de Ley en la Cámara de Representantes puede concluirse que éste
cumplió las exigencias constitucionales, según lo establecido en el Auto 089 de
2005 de esta Corporación, teniendo en cuenta que: (i) el Congreso
adelantó el trámite legislativo subsiguiente al momento en que se generó el
vicio de forma, (ii) repitió en la Cámara de Representantes  las etapas
propias del procedimiento legislativo requeridas, y (iii) surtió dichas
etapas dentro del plazo designado por la Corte Constitucional, que estimó como
tiempo prudencial  para el efecto, un plazo no superior al 16 de diciembre de
2005.[66]
§ El proyecto fue “enviado  a sanción presidencial el
20 de febrero” (Art. 165 C.P)  “y fue sancionado el 28 de febrero de
2006”[67], asignándosele un nuevo
número de ley, el 1018 de 2006, cuyo texto definitivo fue publicado en la
Gaceta 051 de 2006[68]. Se cumplió entonces con
el  término de 6 días[69] que exige el artículo
166 de la Carta para la sanción presidencial (Art. 200-1 y 241 -10 C.P.) [70]
y con la exigencia que sobre el particular incluyó el Auto 089 de 2005[71],
al especificar que la sanción debería hacerse en el término constitucional
correspondiente.[72]
En conclusión, tal y como se desprende de los hechos
descritos en esta providencia, la Corte Constitucional  debe concluir que el
Proyecto de Ley 212/03 Senado-111/03 Cámara, mediante el cual el Legislador
aprobó el “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y
otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente”, cumplió
con las etapas exigidas formalmente por la Constitución y con los
requerimientos establecidos en el Auto 089 de 2005 de esta Corporación para su
subsanación, en la medida en  que el trámite legislativo fue corregido conforme
a la Carta.
2.2.3.4.  La doble numeración.
Como se anotó, la Corte dispuso  devolver la Ley 896
de 2005 al Congreso para que se subsanara su trámite. En el Congreso, se
efectuó el proceso de corrección, con los mismos números del Proyecto de Ley y
de la Ley aprobada. Luego de culminado el nuevo trámite, el Congreso envió el
proyecto de  ley al Presidente de la Republica para su sanción. Sin embargo, se
le asignó un nuevo número, a la ley aprobatoria.[73]
Pasa la Corte a analizar este punto.
Si bien el Proyecto de Ley 212/03 Senado -111/03
Cámara, fue identificado con dos números de ley diversos con ocasión de su
trámite de subsanación, esto es como Ley 896 de 2004 y Ley 1018 de 2006, lo
cierto es que ello fue producto de un error en la numeración, en la medida en
que todo el procedimiento legislativo da cuenta de que la intención clara del
legislador era la de subsanar el vicio en la Ley 896 de 2004, tal y como lo
había indicado esta Corporación en el Auto 089 de 2005.[74]
No se trataba entonces de un trámite legislativo ex novo que exigiera
una nueva numeración, sino del trámite de subsanación de un vicio en la
formación de una ley ya sometida a la revisión de esta Corporación, correspondiente
a la Ley 896 de 2004. Al culminar la formación de dicha ley en 2004, se le
adjudicó una identificación,  por tratarse de una ley aprobatoria de un
tratado, cuyo control constitucional es, por determinación superior, posterior
a la sanción y numeración correspondiente.
No existe en la Carta una norma constitucional que
regule de manera expresa la numeración de las leyes, pero el ordenamiento
vigente indica que la numeración de la ley es una actuación
administrativa que de acuerdo con el Decreto 2719 de 2000, artículo 8[75],
compete a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.[76]
La sanción presidencial se limita a “aprobar  el
proyecto correspondiente” por parte del “Gobierno” y a “dar fe de su
autenticidad”[77]. Además, de
acuerdo al Decreto 2719 de 2000, la numeración se da sobre “leyes ya
sancionadas”, por ser tal numeración de la ley, un trámite de carácter
administrativo que debe realizarse “guardando una secuencia numérica
indefinida y no por año”, de acuerdo a la exigencia establecida por el
artículo 194 de la Ley 5ª  de 1992.
La jurisprudencia constitucional en situaciones
anteriores en que se ha devuelto al Congreso una ley para ser subsanada por
adolecer de vicios de forma, da cuenta de que generalmente en el trámite de
subsanación se ha respetado el número de ley inicialmente asignado. Es el caso,
por ejemplo, de la sentencia C-607 de 1992, (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), en el que la Ley 1ª de 1992 que adolecía de vicios de forma, fue
devuelta al Congreso. Luego de ser subsanada en su trámite y sancionada en una
segunda oportunidad, se le respetó su número de ley original. Por lo que la
Corte Constitucional, una vez corregido el vicio de forma que recaía  sobre  la
Ley 1ª de 1992, la declaró exequible. En la sanción, el Gobierno Nacional, con
firmas del señor Presidente de la República y del señor Ministro de Gobierno
del momento, sancionó el proyecto de ley corregido, de la siguiente forma: “En
cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional
refrenda los actos por los cuales el Congreso de la República subsanó los
vicios de procedimiento en que incurrió al expedir la Ley 1 de 1992”. [78]
En el caso que nos ocupa, la Corte advierte lo
siguiente: (i) el primer número de ley – el 869 de 2004 - es el que identifica
a la ley aprobatoria objeto del control ejercido en el presente proceso; (ii)
la voluntad del Legislador, en cumplimiento del Auto 089 de 2005, era la de
subsanar el vicio de forma constatado por esta Corporación en la formación de
la Ley 896 de 2004; (iii) el Proyecto de Ley correspondió siempre al mismo, es
decir, al 212/03 Senado -111/03 Cámara, como puede confirmarse en todas las
ponencias y debates que se surtieron en el Congreso, y en su remisión para
sanción presidencial.[79]
Ahora bien, se cometió un error administrativo en la
numeración, al habérsele asignado un segundo número a la misma ley después de
haber sido subsanado el vicio en la formación de la misma. No obstante dicho
error no modifica el contenido de la ley ni incide en el proceso de su
formación en el Congreso de la República. Para la Corte por lo tanto, el
presente análisis de constitucionalidad se entiende realizado sobre la Ley 896
de 2004 que aprobó el “Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de
bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados
ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte  (20) días del mes
de agosto del año dos mil uno (2001)”. En este sentido, se realizará a
continuación, el análisis material de la ley y del Convenio de la referencia.
3. Examen
material del Convenio sometido a revisión
3.1. Objeto y  Marco General del Convenio
El “Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de
bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados
ilícitamente”, es un instrumento internacional que tiene como fundamento
proteger el patrimonio cultural de los Estados parte, patrimonio que refleja en
gran medida la historia e identidad  de una Nación.
Un Convenio que pretenda establecer un régimen
recíproco con Bolivia que facilite la cooperación en aras de la guarda del
patrimonio cultural nacional, es sin duda un instrumento internacional
encaminado a conjurar el peligro que se cierne sobre los bienes culturales
colombianos, ante el creciente tráfico ilícito internacional.
El acuerdo internacional consagra mecanismos de mutua
cooperación entre las autoridades colombianas y bolivianas, cuyo propósito es
el de facilitar la recuperación y devolución de aquellos bienes arqueológicos,
históricos, artísticos, de culto religioso, etnológicos etc., que hayan sido
robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente del  territorio de
un Estado Parte, al otro.
El Convenio que se examina comparte los objetivos de
otros acuerdos internacionales  similares suscritos previamente por Colombia,
como son la Convención de la UNESCO de 1970, sobre las "Medidas que
deben adoptarse para prohibir e impedir la importación y la transferencia de
propiedad ilícita de Bienes Culturales", suscrita en París en
noviembre de 1970 y aprobada por la Ley 63 de 1986; el “Convenio entre
Colombia y Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes
arqueológicos, históricos y culturales” aprobado mediante la Ley 16 de 1992[80]
y el “Convenio entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador para la
recuperación y devolución de bienes culturales robados”, firmado en Bogotá,
el 17 de diciembre de 1996 y aprobado por  la Ley 587 de 2000[81];
instrumentos internacionales cuyo propósito ha sido el de tratar de evitar la
transferencia ilícita de la propiedad cultural y el comercio ilegal de estos
bienes, y facilitar la cooperación recíproca entre los países firmantes para su
recuperación y repatriación.[82]
El sentido específico del Convenio que se revisa en
esta oportunidad, es el de afrontar de manera conjunta con Bolivia los
problemas derivados del tráfico ilícito, saqueo, vandalismo, hurto y comercio
ilegal de los bienes culturales y de aunar esfuerzos entre países vecinos para
contrarrestar este tipo de delitos. Este objetivo es constitucionalmente
legítimo y desarrolla los artículos 9, 226 y 227 de la Carta, que promueven la
integración latinoamericana y la adquisición de compromisos internacionales
sobre bases de equidad y reciprocidad.
Además, tal propósito se enmarca dentro de lo
establecido en los artículos 8º y 95 de la Carta, al desarrollar los compromisos
superiores que imponen al Estado la obligación de salvaguardar tales bienes
culturales y naturales, y a los ciudadanos, el deber de protegerlos. De hecho,
el Convenio celebrado con Bolivia implica que, ante
situaciones en las cuales se comprometa la propiedad cultural colombiana en
escenarios transnacionales que eventualmente involucren a la República de
Bolivia, existirán mecanismos comunes para la recuperación de los bienes
culturales colombianos, y viceversa. En consecuencia, este instrumento
internacional no sólo contribuye a desarrollar las
responsabilidades establecidas en las normas constitucionales previamente
enunciadas, sino que se ajusta a las exigencias constitucionales de los
artículos 70,71 y especialmente 72 de la Carta[83], que
reconocen la trascendencia del patrimonio cultural de la Nación en la
preservación de la identidad nacional, así como su condición
inalienable, inembargable e imprescriptible.
3.2. Artículos I y II.
El artículo 1 del Convenio establece la obligación
para los Estados parte de prohibir el ingreso en sus respectivos territorios,
de bienes culturales del otro país,  si no se cuenta con  la certificación y
permiso expreso del país de origen.
Si los bienes que se introducen al país no cuentan
efectivamente con el certificado o autorización mencionada - que como se dijo
se somete a la legislación interna de cada Estado -, la situación deberá ser
denunciada por el país receptor al Estado del que proceden los bienes. El país
que acogió los bienes, podrá decomisarlos de forma preventiva.
Estas atribuciones, consagradas en los numerales 1 a 3
del artículo 1 del Convenio, permiten a los Estados firmantes reconocer y
denunciar entre sí el tráfico ilícito de bienes culturales y retener aquellos
que carezcan de permisos, conforme a estas atribuciones bilaterales. Las
potestades que se derivan de estas disposiciones permiten visiblemente conjurar
amenazas inminentes que se ciernan sobre el patrimonio cultural y posiblemente
facilitar al Estado propietario de los bienes, recuperar aquellos que carezcan
de los permisos correspondientes en su país de origen.
El numeral cuarto del artículo primero del Convenio,
señala que la expresión “bienes culturales, patrimoniales y otros
específicos” contenida en la norma, no es una locución restrictiva sino
enunciativa, que permite que se incluyan en la protección del Convenio bienes
culturales de diversa índole.[84] El numeral quinto del
artículo en mención, en el mismo sentido, presenta de una manera no taxativa,
un catálogo de los bienes que para efectos del acuerdo entre Colombia y Bolivia
deben ser  considerados como patrimonio cultural, “entre otros”, los
arqueológicos, paleontológicos, las piezas de arte, de culto religioso,
etnológico, y los demás allí estipulados. El numeral sexto, también incluye
dentro del carácter general de la Convención, aquellos bienes de propiedad
privada que estén protegidos en la legislación nacional de cada Estado.
El artículo 2 del Convenio, regula
lo atinente a la interacción y cooperación entre las autoridades culturales de
cada país, en lo que se refiere a la utilización de los medios legales
necesarios para recuperar y devolver los bienes culturales, conforme con la
solicitud expresa que se adelante por medio de los canales diplomáticos. La
dinámica que exige el convenio para el efecto, es la siguiente: a) solicitud
expresa y escrita de las autoridades competentes de la Administración cultural
de una de las partes. b) Obligación de la parte solicitada de emplear “los
medios legales preestablecidos en su ordenamiento publico para recuperar y
devolver desde su territorio los bienes  culturales robados, importados,
exportados o transferidos ilícitamente del territorio de la parte requeriente”.
c) Los pedidos de recuperación y/o devolución, previa acreditación de su
origen, autenticidad y denuncia por las autoridades competentes, deberán
adelantarse por los canales diplomáticos. d) En la parte final de la
disposición, se regula además lo atinente a los gastos de devolución y
recuperación, que corresponden al Estado solicitante.
La Corte, frente a los artículos
descritos, no encuentra objeción constitucional alguna, en la medida en que
estas normas establecen los protocolos de denuncia, de protección y de
recuperación de los bienes previstos, respetando la soberanía
de los Estados  y los objetivos y deberes consagrados en los artículos 8 y 72
de la Carta. El procedimiento que establecen estas disposiciones, y que generan
dinámicas bilaterales tendientes a emplear los medios legales preestablecidos
en el ordenamiento de cada uno de los estados parte para la recuperación de los
bienes culturales, facilita que las autoridades de ambos países actúen y
prevengan de manera oportuna, el tráfico ilícito de bienes culturales.
3.3. Artículos III y IV.
Los artículos  tercero y cuarto del
Convenio, regulan aspectos relacionados con la cooperación internacional entre
los Estados firmantes en materia de información, denuncia y exenciones
aduaneras. El tercero específicamente, se refiere a los deberes que adquieren
los Estados de denunciar recíprocamente el robo de bienes culturales que llegue
a su conocimiento; de intercambiar información sobre tales hechos, sujetos y
objetos  identificados en actuaciones ilícitas relacionadas con tal tráfico; de
capacitar e informar debidamente a las autoridades de puertos y fronteras sobre
los bienes objeto de protección y sobre las exigencias particulares de cada
país, así como sobre las medidas cautelares correspondientes. El artículo
cuarto, establece la exoneración de gravámenes aduaneros recíprocos entre los
Estados firmantes, en el proceso de recuperación y devolución de los bienes
culturales.
Estos artículos desarrollan, en
consecuencia, los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 9,
226 y 227 en materia de cooperación y reciprocidad en
las relaciones internacionales.
3.4. Artículos V y VI.
Los últimos artículos del convenio en
mención, se refieren a los aspectos relativos a su entrada en vigor y  a su
denuncia. Frente a esta disposiciones, la Corte tampoco encuentra objeción alguna, dado que
se respetan los principios internacionales relacionados con la entrada en vigor
de los instrumentos internacionales luego del trámite interno de los Estados, y
se autoriza la denuncia, que entraría a regir a los 90 días de recibida la
notificación de un país al otro, que informe de esa decisión. Estas
consideraciones, respetan en los principios del derecho internacional frente a
las obligaciones bilaterales,  y dejan en libertad al
Estado contratante para denunciar el tratado si así lo estima conveniente.
Por todo lo anterior, el convenio puesto a
consideración de la Corte se enmarca dentro de los criterios de cooperación
internacional, integración latinoamericana, promoción y preservación del
patrimonio cultural. Además,  acoge lo dispuesto en la Carta Política en los
artículos  8, 9, 70, 71, 72, 226 y 227 de la Constitución y  frente a su
contenido no encuentra esta Corporación, ninguna objeción constitucional.
Consecuentemente, la Corte Constitucional  declarará
exequible tanto la Ley 896 de 2004 que aprobó el “Convenio entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o
exportados ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte  (20)
días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”, y que fue sancionada y
promulgada en el Diario Oficial No. 46.196 de 28 de febrero de 2006, como el
Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Bolivia, objeto de este estudio constitucional.
VI.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 896 de 2004, “Por
medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de
bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente”,
suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte  (20) días del mes de agosto del
año dos mil uno (2001)”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados,
importados o exportados ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte  (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).”
Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
AUSENTE EN COMISION
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO  DE VOTO A LA SENTENCIA C-
863  DE 2006 DEL MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Referencia: Expediente LAT- 269
Revisión
de la Ley 896 de 2004
Con el respeto acostumbrado
por las decisiones de la Corte Constitucional, procedo a salvar mi voto  por
las siguientes razones:
El vicio de procedimiento aludido se refiere a que en
el trámite de la ley 896 de 2002  no se dio cabal cumplimiento al requisito de
anuncio previo de votación, consagrado en el artículo 8º del Acto Legislativo
02 de 2003, por lo que, a mi juicio, se incurrió en un vicio de
inconstitucionalidad en la formación de esta ley que es insubsanable.
Considero que este vicio no se puede subsanar como lo
pretendió la Corte por cuanto es una formalidad señalada por la propia
Constitución, exigencia ésta que permite que los individuos integrantes del
Estado Colombiano confíen en que la producción de las normas jurídicas se hace
de acuerdo con lo establecido en la Carta Fundamental.
Por consiguiente, en mi opinión, el incumplimiento de
una formalidad indicada en la propia Constitución Política, como lo es el
anuncio de votación del artículo 8° del Acto Legislativo 02 de 2003, no puede
ser subsanada en el evento de no presentarse y por ende acarrea la
inexequibilidad de la ley.
Por la anterior razón discrepo de la presente
decisión.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] El artículo 8 del Acto Legislativo mencionado, que
adicionó un último inciso el artículo 160 constitucional, establece que:
“Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella
que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación”.
[2] Con el fin de establecer el trámite preciso que el
Congreso le dio al proceso de subsanación de la Ley 896 de 2004, determinar los
alcances de la Ley 1018 de 2006 y verificar que no se tratara de una ley con un
trámite completo y original, el suscrito magistrado sustanciador en Auto del 16
de mayo de 2006 resolvió: “…SOLICITAR a los Secretarios
Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así como
a los Secretarios de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes de
dichas Corporaciones, que en un término de tres (3) días contados a partir de
la notificación del presente auto, ENVIEN con destino al presente
proceso, la información relacionada con el cumplimiento que se le dio en
el Congreso al Auto 089 de 2005 de esta Corporación, relacionado con el trámite
de la ley 896 de 2004. (…)”. Acorde a este requerimiento, el  Secretario General
del Senado, Dr. Emilio Otero Dajud, en informe del 24 de mayo de  los
corrientes,  precisó lo siguiente: “La corrección del vicio de trámite de
la Ley 896 de 2004, fue considerado y aprobado por el Senado de la
República en Sesión Plenaria el día 20 de Junio de 2005. En la Cámara de
Representantes, fue  considerado y aprobado en la Comisión Segunda el día 27 de
Septiembre de 2005 y en Sesión Plenaria el día 15 de Diciembre del mismo año,
fue enviado a sanción presidencial el día 20 de Febrero de 2006 y en
consecuencia sancionado con el número de Ley 1018 de febrero 28 de 2006”.
(Las negrillas fuera del original). En el mismo sentido, la Secretaria General
de la Cámara de Representantes, Dra. Rocío López, en escrito del 30 de mayo de
2006, aportado el 2 de junio de los corrientes, dio respuesta a las inquietudes
de esta Corporación señalando lo siguiente: “Con el fin de dar respuesta al
oficio de la referencia, suscrito por Usted, cordialmente me permito
informarle  que dando cumplimiento al Auto 089 de 2005 de la Corte
Constitucional, en sesión de esta Comisión del día 13 de septiembre de 2005, se
anunció el proyecto de ley de la referencia, según consta en el Acta No 07;
así mismo le certifico que el día 27 de septiembre de 2005, fue aprobado por
esta célula legislativa dicha iniciativa, según Acta No 08.”
[3] Por Auto 190 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda.
[4] Sentencia C-172 de 2006 M.P. Jaime Córdoba
Triviño. También  puede consultarse la sentencia C-276 de 1993. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[5] Artículo 241 numeral 10 de la Carta.
[6] Esta doctrina ha sido reiterada por esta Corporación. Ver entre
muchas otras providencias, las sentencias C-378 de 1996, MP. Hernando Herrera
Vergara; C-682 de 1996, MP. Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, MP. Alejandro
Martínez Caballero; C- 924 de 2000, MP. Carlos Gaviria Díaz.
[7] Ver  al respecto la Sentencia C-781 de 2004. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[8] Ver, Corte Constitucional, Sentencias C-468 de 1997, M.P
Alejandro Martínez Caballero; C-376 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero;
C-426 de 2000, MP: Fabio Morón Díaz; C-924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[9] De acuerdo con la Ley 5ª de 1992, artículo 204, los “proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley
sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por
el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades
establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento”.
[10] Nótese que recientemente el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de
2003, adicionó un último inciso al artículo 160 superior, que hace necesario en
la actualidad que se anuncie previamente que un proyecto de ley será sometido a
votación, en sesión distinta a aquella en la que se realizará la votación.
[11] En la sentencia C-737 de 2001 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett, se especificó el proceso de formación de las leyes de la
siguiente forma: “un proyecto sólo puede llegar a ser ley si versa
sobre una misma materia (CP art. 158), fue presentado por quien tuviese
iniciativa para tal efecto (CP art. 154), y surtió los trámites pertinentes en
el Congreso, a saber: (i) haber sido publicado oficialmente antes de darle
curso en la comisión respectiva, (ii) haber sido aprobado en primer debate en
la correspondiente comisión permanente de cada Cámara y (iii) en segundo debate
en la plenaria de la respectiva corporación, y (iv) haber obtenido la sanción
del Gobierno (CP art. 157). Además, deben respetarse los respectivos quórums y
mayorías (CP arts 145 y 146), y los plazos entre los distintos debates (CP art.
159)”. Vgr. que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior
a ocho días, y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la
iniciación del debate en la otra transcurran por los menos quince días (Art.
160 C.P.) “Estas exigencias persiguen finalidades de gran importancia tales
como potenciar el principio democrático y preservar el contenido esencial del
régimen institucional diseñado por el Constituyente según el cual Colombia es
un Estado democrático fundado en la soberanía popular (CP arts 1° y 3°) con una
forma de gobierno presidencial, separación de las ramas del poder y con un ente
legislativo bicameral (CP arts 113, 114 y 115). Las reglas
constitucionales sobre formación de las leyes adquieren entonces pleno sentido
si se tienen en cuenta esos objetivos, pues ellos buscan proteger el diseño de
forma de gobierno establecido por el Constituyente, al mismo tiempo que
buscan potenciar el principio democrático, a fin de que el debate en el
Congreso sea amplio transparente y racional”.
[12] El Art. 150 de la
C.P. señala que: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones: 16. Aprobar o improbar los tratados que
el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional.
(…)”. En la sentencia
C-781 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, esta Corporación señaló que el
legislador no puede alterar el contenido de los tratados introduciendo nuevas
cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del
tratado. Si el tratado es multilateral, sin embargo, es posible hacer
declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas,
también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del
tratado. Según lo dispuesto
en el Reglamento del Congreso, existe la posibilidad del presentar propuestas
de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios
Internacionales (Art. 217 de la Ley 5ª de 1992). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de 1993, M.P.
Jorge Arango Mejía, la Corte señaló que durante el trámite de un proyecto de
ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de
aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales.
[13] De acuerdo a la sentencia C-781 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa,  la “omisión, de no entregar el tratado a
tiempo, no modifica la naturaleza de la ley aprobatoria del tratado, ni afecta
la validez de su trámite legislativo, sin embargo, tiene dos consecuencias
importantes. En primer lugar, ocurrida la omisión, la Corte Constitucional
puede aprehender de oficio el estudio de constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes aprobatorias. En segundo lugar, como es posible
que escape al conocimiento de la Corte la celebración de un tratado y la
expedición de la correspondiente ley aprobatoria, es procedente la admisión de
la demanda de cualquier ciudadano, caso en el cual la Corte aprehenderá la
revisión de constitucionalidad del tratado y de la ley no sólo con base en los
cargos presentados por el ciudadano, sino que realizará el análisis integral,
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 10, del artículo 241
Superior”.
[14] El suscrito magistrado sustanciador en Auto del 16 de
mayo de 2006 resolvió: “…SOLICITAR a los Secretarios Generales del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así como a los
Secretarios de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes de dichas
Corporaciones, que en un término de tres (3) días contados a partir de la
notificación del presente auto, ENVIEN con destino al presente proceso,
la información relacionada con el cumplimiento que se le dio en el Congreso
al Auto 089 de 2005 de esta Corporación, relacionado con el trámite de la ley
896 de 2004. (…)”. Acorde a este requerimiento, el  Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado de la República, en comunicación del 19 de mayo del
2006 dirigida al Secretario General del Senado de la República y cuya copia se
remitió a la Corte Constitucional, señaló lo siguiente: “Revisados los
antecedentes de aprobación en esta Célula legislativa del proyecto de ley
212/03 senado, hoy Ley de la República Nos 896 de 2004 y 1018 de 2006,
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia ….. y el Auto 089 enviado
por la Corte Constitucional, atentamente me permito enviar copia del oficio
OPC-076 remitido por la Corte Constitucional por corresponder a su oficina  la
competencia para resolver este tema”. El Secretario General del Senado, Dr.
Emilio Otero Dajud, en informe del 24 de mayo de  los corrientes, precisó lo siguiente:
“la información relacionada con el cumplimiento que se le dio en el Congreso al
Auto No 089 de 2005 emanado por la Corte Constitucional, con la finalidad de
subsanar el vicio de procedimiento en el trámite de la Ley 896 de 2004, de
manera comedida, le comunico lo siguiente:  La corrección del vicio de
trámite de la Ley 896 de 2004, fue considerado y aprobado por el Senado de
la República en Sesión Plenaria el día 20 de Junio de 2005. En la Cámara de
Representantes, fue  considerado y aprobado en la Comisión Segunda el día 27 de
Septiembre de 2005 y en Sesión Plenaria el día 15 de Diciembre del mismo año,
fue enviado a sanción presidencial el día 20 de Febrero de 2006 y en
consecuencia sancionado con el número de Ley 1018 de febrero 28 de 2006”.
[15] Véase Auto 038 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y
sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[16] Corte Constitucional. Sentencia C-576 de 2006 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. SVP. Jaime Araujo Rentería.
[17] Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 2004, MP: Rodrigo
Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes.
[18] Corte Constitucional, Sentencia C-576 de 2006. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. Ver al respecto la sentencia C-533 de 2004, MP. Álvaro Tafur
Galvis.
[19] Pueden verse, entre otras, las sentencias
C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Gálvis; C-661 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; C-780 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-333 de 2005 M.P. Jaime Córdoba
Triviño; C-400 de 2005. M.P. Humberto Sierra Porto; C-930 de 2005 M.P. Jaime
Córdoba Triviño; C-241 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y C-576 de
2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Igualmente pueden cotejarse los Autos
088 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Gálvis; Auto 089 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y el  Auto 207 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[20] Ver especialmente la sentencia C-576 de
2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, que unificó la jurisprudencia.
Previamente, pueden verse entre otras, las sentencias C-533 de 2004 M.P. Álvaro
Tafur Gálvis; C-661 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;  C-780 de 2004
M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-333 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-400 de
2005. M.P. Humberto Sierra Porto;  C-930 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño;
C-241 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Igualmente pueden cotejarse los
Autos 088 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Gálvis; Auto 089 de 2005 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa y el  Auto 207 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[21] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22]
Cabe precisar que generalmente, cuando
la Corte Constitucional encuentra un vicio en el trámite de formación de la ley
aprobatoria de un tratado, esta Corporación, conforme a las competencias que le
han sido atribuidas por la Carta y el Decreto 2067 de 1991, ha considerado que
si el vicio resulta subsanable, puede regresar la ley al Congreso para que se
cumpla el trámite de subsanación correspondiente, o declarar inconstitucional
la ley aprobatoria, en los casos en que el vicio resulta  insubsanable.
[23] Criterios aplicados en el Auto 089 de 2005 MP: Manuel José Cepeda
Espinosa; Auto 207 de 2005 MP: Rodrigo Escobar Gil.
[24] Recientemente en la sentencia C-420 de
2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte Constitucional mediante Auto 088 de
2005, devolvió al Congreso de la República la Ley 900 de 2004 “Por medio de la
cual se aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el
Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de
Colombia”, con el fin de que se subsanara el vicio en que se incurrió en el
segundo debate ante la Plenaria del Senado, por omitirse el requisito señalado
en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003. El Congreso aparentemente
subsanó el vicio mediante la Ley  “....”  de 2006 y la envió a la Corte
Constitucional. Sin embargo,  en  la sentencia que se cita, ésta Corporación
pudo constatar que el vicio no fue subsanado y por consiguiente, declaró
inexequibles  tanto la Ley 900 de 2004,  “como la Ley .... de 3 de marzo de
2006”, que al parecer daba cumplimiento a lo ordenado por esta  Corporación en
el Auto 088 de 2005. Al respecto dijo la mencionada providencia, lo siguiente:
“(...) Como se desprende del recuento hecho anteriormente, en relación con el
trámite dado al proyecto de ley (sic) sub-examine luego de haberse remitido al
Congreso de la República mediante el Auto  A-088 de 2005 para que se (sic)
subsanar  el vicio en que se incurrió en el segundo debate ante la Plenaria del
Senado de la República identificado en esta providencia, se evidencia
nuevamente el incumplimiento del requisito señalado en el último inciso del
artículo 160 superior tal y como quedó modificado por el artículo 8 del acto
legislativo 01 de 2003. Vicio que fue precisamente el que motivó que se
profiriera  el Auto A-088 de 2005. (...)”.
[25] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] La sentencia se decidió en la Sala Plena
del veinticinco (25) de Julio de dos mil seis (2006).
[27] La parte resolutiva de la sentencia C-576 de 2006 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, reza lo siguiente: “DECLARAR INEXEQUIBLE la Ley 994 de
2005, por medio de la cual se aprueba el “CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE
CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES´, hecho en Estocolmo a los
veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001)”.
[28] En ese auto la Corte Constitucional señaló
en su parte resolutiva, lo siguiente: “ (…) ORDENAR por Secretaría General, la devolución de
la Ley 896 de 2004, por medio de la cual “se aprueba el Convenio entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
para la Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados,
Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001),”  al Senado de
la República, para que en la Plenaria de dicha cámara se cumpla con el
procedimiento previsto en el Artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. El
término para enmendar el defecto observado en este auto es de 30 días contados
a partir del día en que el proyecto sea radicado en la Presidencia del Senado,
como consecuencia de la devolución ordenada en el presente caso. Segundo.- Una
vez se haya subsanado el vicio en los términos del numeral primero, el Congreso
dispondrá hasta el 16 de diciembre de 2005 para cumplir las etapas posteriores
del proceso legislativo. Luego, el Presidente de la República tendrá el plazo
establecido en la Carta para sancionar el proyecto de ley. Tercero.- Una vez
cumplido el trámite anterior, el Presidente del Congreso remitirá a la Corte la
Ley 898 de 2004 (sic), para decidir definitivamente sobre su
exequibilidad”.
[29] La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Ley 32 de
1985, Artículo 7, literal a) numeral 2º, dice lo siguiente: “7. Plenos poderes. (…)  2. En virtud de sus funciones, y sin
tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores,
para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado
(…)”.
[30] Ver expediente, libro 1, folio 9.
[31] Folio 24. Libro 1 (Pag. 21).
[32] Folio 48. Libro 1 (Pag. 10).
[33] Certificado expedido por el Secretario General de la Comisión Segunda
del Senado del 27 de agosto de 2004. Folio 279. Libro 1.
[34] Certificado expedido por el Secretario General de la Comisión
Segunda del Senado. Folio 281. Libro 1.
[35] Folios  247 libro 1  y 69 libro 2.
[36] Folio 339-356 del expediente.
[37] Ley 5ª de 1992. Artículo 202: ARTICULO 202. Vicios
Subsanables. Cuando la Corte Constitucional encuentre, en la formación de la
ley o del acto legislativo, vicios de procedimiento subsanables, ordenará
devolver el proyecto, la ley o el acto legislativo a las Cámaras Legislativas
para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. En este evento se dará
prioridad en el Orden del Día. Subsanado el vicio dentro de los treinta (30)
días siguientes a su devolución, se remitirá a la misma Corte para que decida
definitivamente sobre su exequibilidad.
Las Cámaras podrán subsanar
los vicios presentados atendiendo las consideraciones y procedimientos
formulados por la Corte Constitucional. En su defecto, una Comisión Accidental
de mediación presentará una propuesta definitiva a las Plenarias para su
aprobación o rechazo.
[38] Ley 5ª de 1992. Artículo 2: Principios de interpretación
del Reglamento. En la interpretación y aplicación de las normas del presente
Reglamento, se tendrán en cuenta los siguientes principios: (...)
2. Corrección formal de los
procedimientos. Tiene por objeto subsanar los vicios de procedimiento que sean
corregibles, en el entendido que así se garantiza no sólo la constitucionalidad
del proceso de formación de las leyes, sino también los derechos de las
mayorías y las minorías y el ordenado adelantamiento de las discusiones y
votaciones. (...)
[39] Folio 343 libro 1. Además, el Auto del 089 de 03 de mayo de 2005, fue
notificado por medio del estado No 86 del 2 de junio de 2005. El término de
ejecutoria (03, 07 y 08 de junio del 2005) venció en silencio, según Informe de
Secretaría del 09 de junio de 2005. (Folio 387 Libro 1).
[40] Página 6 y siguientes.
[41] Gaceta No 521 de 2005, pag. 47. El proyecto en mención había sido
anunciado también en una sesión anterior. La del 16 de junio de 2005, como se
puede ver en la Gaceta No 433 de 2005.
[42] En  la Gaceta No 522 del 12 de agosto de 2005 en la que se reseña el
Acta de Plenaria No 54 del 20 de junio de 2005, consta la presencia de 92
senadores de los 102 que conforman la Plenaria de esa Corporación. Al respecto,
el Acta  de la sesión que se cita, señala lo siguiente: “Por Secretaría se
informa que se ha constituido quórum decisorio. La Presidencia somete a
consideración de la Plenaria el Orden del día de la presente sesión y, cerrada
su discusión, ésta le imparte su aprobación. (…) Corrección de vicios
subsanables en actos del Congreso remitidos por la Corte Constitucional  La
Presidencia indica a la Secretaría  dar lectura a la proposición con que
termina el informe. Proyecto de ley 212 de 2003 Senado, 111 de 2003 Cámara (…)
Proyecto remitido por la Corte Constitucional Auto número 089 de 3 de mayo de
2005. (…) El secretario informa lo siguiente: Señor Presidente tenemos
aquí aplazado para la aprobación la corrección de  vicios subsanables en actos
del Congreso remitidos por la Corte, ya se anunció, falta la aprobación del
articulado al Proyecto de ley número 212 de 2003 Senado, 111 de 2003 Cámara,
por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Bolivia (…), es sencillamente aprobar nuevamente la
proposición con que termina el informe, el articulado y el título señor
Presidente. La Presidencia manifiesta: Muy bien, tendríamos que votar
nuevamente la proposición con que termina el informe de Comisión y ¿luego el
articulado?  Muy bien, sí y el Senador Héctor Heli Rojas, también ya
entregó el informe, muy bien entonces ¿cómo votaríamos señor Secretario para
corregir los vicios de procedimiento de ese proyecto?  Recobra el uso de la
palabra el señor Secretario de la Corporación, Doctor Emilio Otero Dajud: Pues
a aprobar la proposición, el articulado. (…) [Se da lectura al informe y se
transcribe en la gaceta  el  Auto 089 de 2005, la Ley 896 de 2004,  el informe,
etc.] Se abre a segundo debate: La Presidencia somete  a consideración
de la plenaria  omitir la lectura del articulado y, cerrada su discusión, esta
le imparte su aprobación. La Presidencia somete a consideración de la plenaria
el articulado del Proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la
plenaria el articulado propuesto?  Y esta responde afirmativamente”.
[43] Certificación del Secretario General del Senado del 27 de junio
de 2005. Folio 389 Libro 1.
[44] El Auto 089 de 2005 señaló en su parte motiva, no así en su
resolutiva, que era necesario que se  diera a conocer a los senadores  “en
la correspondiente citación”, los números de las Gacetas en los que había
sido publicado el texto del proyecto de ley y de la ponencia pertinente, para
que los senadores recordaran tales documentos. El número de Gaceta que se cita
en el anuncio previo, no corresponde a las gacetas pertinentes. Sin embargo,
debe resaltarse que el propósito buscado por la Corte en el Auto 089, se
cumplió, en la medida en que  los senadores fueron conscientes del tipo de
proyecto de ley del que se trataba, de su contenido y de su necesidad de
corrección, dado que en plenaria del Senado designaron una comisión para
definir cómo debía dársele cumplimiento a la subsanación de esa Ley.  Al
respecto pueden consultarse entre otras, las Gacetas No 395 y 474 de 2005.
[45] El Auto 089 de 2005 dijo lo siguiente en su numeral
primero de la parte resolutiva: “ (…) ORDENAR por Secretaría General, la
devolución de la Ley 896 de 2004, por medio de la cual “se aprueba el Convenio
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Bolivia para la Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados,
Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los
veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001),”  al Senado de
la República, para que en la Plenaria de dicha cámara se cumpla con el
procedimiento previsto en el Artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. El
término para enmendar el defecto observado en este auto es de 30 días contados
a partir del día en que el proyecto sea radicado en la Presidencia del Senado,
como consecuencia de la devolución ordenada en el presente caso”. La
notificación del Auto 089 de 2005, de conformidad con el informe de Secretaría General
de la Corte Constitucional del 03 de junio de 2005, ocurrió el dos de junio de
2005. Folio 381 Libro 1.
[46] Folio 343 libro 1.
[47] En Informe del Secretario General de la Cámara del 24 de mayo de
2006. Se adjuntó la Gaceta 565 del 25 de agosto de 2005, página 9.  (Folio 3
libro 3).
[48] Sentencia C-576 de 2006. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[49] Ver Artículo 94 Ley 5ª de 1992. En la sentencia  C-1040 de 2005 (M.P.
Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, Dr. Rodrigo Escobar Gil; Dr. Marco Gerardo
Monroy Cabra; Dr. Humberto Antonio Sierra Porto; Dr. Álvaro Tafur Gálvis y Dra.
Clara Inés Vargas Hernández), se expresa que el debate concluye, de hecho, con
la votación: “Declarado abierto el debate
por el Presidente al iniciar la sesión, en la cual se somete a consideración el
proyecto o proposición correspondiente, el mismo continúa abierto a lo largo de
las distintas instancias, de acuerdo a la dinámica que se le imprima por la
plenaria, y sólo se entenderá cerrado con la votación del articulado y no antes”.
[50] M(s) P(s). Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, Dr. Rodrigo Escobar Gil;
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra; Dr. Humberto Antonio Sierra Porto; Dr. Álvaro
Tafur Gálvis y Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
[51] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[52] Folio 23 libro 3 pag. 12.
[53] En la Gaceta 789 del 4 de noviembre de 2005, en la que se encuentra
publicada el Acta 008 de 2005, se reseña la participación de 15 de los 19
miembros que conforman esa célula legislativa. Se señala en el Acta que se
menciona, lo siguiente: “Señor Presidente, informo que hay quórum decisorio.
(…)  Proyecto de ley número 212 de 2003 Senado, 111 de 2003 Cámara hoy Ley de
la República 896 de 04…“Proposición (…) “Dése Primer Debate al Proyecto
de Ley número 212 de 2003 Senado, 111 de 2003 Cámara en el proceso de
subsanación de la Ley 896 de 2004, firmada por el doctor Efrén Antonio
Hernández Díaz”. (…) Hace uso de la palabra el Presidente (E), honorable
representante Ricardo Arias Mora: En consideración al articulado
mencionado. Se abre la discusión, continúa, aviso que se va a cerrar, queda
cerrado. ¿Aprueban los honorables representantes?
Aprobado. (…)”
[54] Se dice en el Acta que se menciona, lo siguiente, que resulta
relevante para saber cual era el interés de ka Cámara de representantes: “Dése
Primer Debate al Proyecto de Ley número 212 de 2003 Senado, 111 de 2003 Cámara
en el proceso de subsanación de la Ley 896 de 2004, firmada por el
doctor Efrén Antonio Hernández Díaz”. Al respecto la Secretaria General de la
Cámara de Representantes, Dra. Rocío López, en escrito del 30 de mayo de 2006,
aportado el 2 de junio de los corrientes, afirmó lo siguiente: “Con el fin
de dar respuesta al oficio de la referencia, suscrito por Usted, cordialmente
me permito informarle  que dando cumplimiento al Auto 089 de 2005 de la
Corte Constitucional, en sesión de esta Comisión del día 13 de septiembre de
2005, se anunció el proyecto de ley de la referencia, según consta en el Acta
No 07; así mismo le certifico que el día 27 de septiembre de 2005, fue
aprobado por esta célula legislativa dicha iniciativa, según Acta No 08.”
[55] Informe del Secretario General de la Cámara, Dr. Angelino
Lizcano, del 24 de mayo de 2006. Se adjunta Gaceta 818 de noviembre 16 de 2005.
(Folio 11 libro 3 pag.  9).
[56] Folio 160 libro 3.
[57] Folio 159.  Libro 3.
[58] En un sentido similar puede verse  la sentencia C-473 de 2005
(M.P. Manuel José Cepeda), en la que se acogió la posibilidad de utilizar como
expresión para acreditar el cumplimiento del requisito del aviso la frase: “En
la próxima sesión”, pues se trata de una fecha que resulta determinable
teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento del Congreso que
expresamente determinan en qué días se surte de ordinario la votación de
proyectos de ley.
[59] Diccionario de la Lengua  Española. Real Academia Española.
Madrid 1992.
[60] Sentencia C- 1040 de 2005.  M(s) P(s). Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa, Dr. Rodrigo Escobar Gil; Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra; Dr. Humberto
Antonio Sierra Porto; Dr. Álvaro Tafur Gálvis y Dra. Clara Inés Vargas
Hernández.
[61] Sentencia  C-473 de 2005 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[62] Folio 38, pag 44. Libro 3.
[63] En la Gaceta No 28 del 3 de febrero de 2006 en la que se
encuentra publicada el Acta N° 222  de 2005, 789 del 4 de noviembre de 2005, se
reseña la participación de 151 miembros que conforman esa célula legislativa.
Se señala en el Acta que se menciona, lo siguiente: “La Secretaría informa  que
existe quórum decisorio. La Presidencia ordena a la Secretaría General dar
lectura al Orden del día. (…). Proyecto de ley 111 de 2003 Cámara, 212 de 2003
Senado (…) Informe de ponencia es como sigue: Dese segundo debate al proyecto
de ley de la referencia. Firma: Efrén Antonio Hernández Díaz.
Dirección
de la sesión por la Presidencia (Doctora Sandra Velásquez): En consideración al informe de ponencia, se abre su discusión,
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿Lo aprueba la Cámara?
La
secretaría informa (Doctor Alfonso Rodríguez):
Ha sido
aprobado.
Dirección
de la sesión por la Presidencia (Doctora Sandra Velásquez):
En
consideración a su articulado se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse,
queda cerrada ¿lo aprueba la Cámara?.
La
secretaría informa (Doctor Alfonso Rodríguez):
Ha sido
aprobado.
Dirección
de la sesión por la Presidencia (Doctora Sandra Velásquez):
Título.
La
secretaría informa (Doctor Alfonso Rodríguez):
Por
medio del cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y
otros específicos robados, importados y exportados ilícitamente, suscrito en la
ciudad de la Paz, a los 20 días del mes de agosto de 2001.
Dirección
de la sesión por la Presidencia (Doctora Sandra Velásquez):
En
consideración al título del proyecto, se abre su discusión, anuncio que va a
cerrarse, queda cerrada ¿lo aprueba la Cámara?
La
secretaría informa (Doctor Alfonso Rodríguez):
Ha sido
aprobado.
Dirección
de la sesión por la Presidencia (Doctora Sandra Velásquez):
¿Quiere
la Cámara que este proyecto sea ley de la república?
La
secretaría informa (Doctor Alfonso Rodríguez):
Así lo
quiere señora Presidenta. (…)”.
[64]  Lapso no inferior a 8 días entre el primero y el segundo debate.
[65] Informe del Secretario General del Senado
de la República, del 27 de junio de 2005. Folio 339. Libro 1.
[66] El Auto 089 de 2005, en su parte resolutiva determinó con respecto a
este trámite subsiguiente: “Segundo.- Una vez se haya subsanado el vicio en
los términos del numeral primero, el Congreso dispondrá hasta el 16 de
diciembre de 2005 para cumplir las etapas posteriores del proceso legislativo
(…)”. Luego, el Presidente de la República tendrá el plazo establecido en la
Carta para sancionar el proyecto de ley.
[67] Certificación del Secretario General del Senado del 24 de mayo de
2006. Ver al respecto Auto 179 de 2006. Folio 392 Libro 1 y el  Diario Oficial
No. 46.196 de 28 de febrero de 2006.
[68] La ley fue publicada luego de su sanción presidencial, en la
Gaceta 051 de 2006.
[69] El proyecto tiene seis (6) artículos y la norma constitucional
indica que ese es el término para la sanción de un proyecto que no conste de
más de veinte artículos. Ver a su vez el artículo 241-10 de la Carta.
[70] En el Auto 214 de 2006 de esta Corporación, da cuenta de ese
hecho, así: “ Que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
remitió a la Corte Constitucional, el 3 de marzo de 2006, copia auténtica de la
Ley 1018 de 2006 que aprobó el “Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de
Bienes Culturales y otros específicos Robados, importados o Exportados
ilícitamente”, suscrito en la ciudad de la Paz a los veinte (20) días del mes
de agosto dos mil uno (2001) . El término que se computa en días hábiles. Al respecto puede verse la
sentencia C-700 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.
[71] El Auto 089 de 2005 en el numeral 2º de su parte resolutiva precisó:
“Segundo.- (…) Luego, el Presidente de la República tendrá el plazo establecido
en la Carta para sancionar el proyecto de ley”.
[72] La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió
a la Corte Constitucional, el 3 de marzo de 2006, copia auténtica de la Ley
1018 de 2006 que aprobó el “Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de
Bienes Culturales y otros específicos Robados, importados o Exportados
ilícitamente”, suscrito en la ciudad de la Paz a los veinte (20) días del mes
de agosto dos mil uno (2001).  Por consiguiente, se envió a la Corte dentro de
los 6 días siguientes a la sanción, de acuerdo con  el artículo 241 de la
Carta. (Ver cita 70).
[73] Esto llevó a un segundo reparto en la
Corte, situación que fue resuelta en el Auto  No 179
de 2006, mediante el cual se decidió lo siguiente:
“Primero- DEJAR SIN EFECTOS lo actuado en el proceso LAT-288, con excepción de
las pruebas que se surtieron, las cuáles serán trasladadas al LAT-269. Segundo-
Ordenar por Secretaría General, se envíe al Magistrado Ponente del Auto 089 de
2005, el proceso LAT 269, para continuar con el correspondiente trámite oficioso
de constitucionalidad”.
[74] De hecho la Corte Constitucional, mediante los Autos 179 de 2006
y  214 de 2006, tal y como se enuncia en los antecedentes de esta providencia,
reconoció el error que aquí se verifica y decidió “Dejar sin efectos lo
actuado en el LAT-288, con excepción de las pruebas que se surtieron”, las
cuáles fueron trasladadas “al LAT- 269, para continuar con el
correspondiente trámite oficioso de constitucionalidad”.  Además, de
acuerdo al procedimiento legislativo que acaba de reseñar esta Corporación, es
evidente que el querer del Congreso no fue el de contar con dos leyes
aprobatorias de un tratado internacional, sino el de  subsanar la Ley 896 de
2004, tal y como lo había indicado esta Corporación en el Auto 089 de 2005. Así
lo confirman las gacetas que se han trascrito y los debates que adelantó el
Legislador, ya que tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes
el proyecto a corregir conforme al procedimiento constitucional, era aquel
distinguido con los números 212/03 Senado -111/03 Cámara, y sancionado y
numerado originalmente como Ley 896 de 2004. Es más, en cada una de las células
legislativas, no sólo se respetó la asignación numérica inicial dada al
proyecto que se describe, sino que se comenzó el trámite de subsanación en el
momento procesal que indicó el Auto 089 de 2005 de la Corte Constitucional, por
lo que ciertamente no se trató de un proceso legislativo nuevo, sino del
trámite de subsanación de un proyecto de ley ya revisado por esta Corporación,
correspondiente a la Ley 896 de 2004.
[75] Dice el Decreto 2719 de 2000 en su artículo 8º que corresponde a la
Secretaría Jurídica de la Presidencia,  lo siguiente: “a) Radicar y registrar, en libro foliado por orden y
fecha de llegada, los proyectos de ley recibidos de las Cámaras Legislativas,
estudiarlos y dar concepto al Presidente sobre su constitucionalidad y
conveniencia, ya fuere para sancionarlos u objetarlos y, en este último
caso, preparar el proyecto de objeciones; numerar las leyes sancionadas
y remitirlas para su publicación en el Diario Oficial; (…)” (Negrilla fuera del
original).
[76] Es una actuación que debe realizarse “guardando una secuencia numérica
indefinida y no por año”, de acuerdo a la exigencia establecida por el
artículo 194 de la Ley 5ª  de 1992. Los errores en la numeración, no pueden
obstruir u obstaculizar la expresión del legislador y la formación de las
leyes. En estos casos, cuando la  voluntad del legislador es clara y el error
es administrativo, procede la expedición de un decreto de yerros que permita a
la Presidencia rectificar su inadecuada asignación de numeración en una ley.  El artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 del Régimen
Político y Municipal, establece que de presentarse error tipográfico,
caligráfico o de referencia de unas leyes a otras, deberá procederse
así: “Artículo 45.-Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o
referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados
por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad
del legislador”.
[77] Sentencia C-084 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[78] Resulta razonable entonces en estos casos, respetar el número de ley inicialmente
asignado, porque: (i) El trámite
legislativo que se rehace,  y su posterior sanción, forma parte de la
corrección de un proceso legislativo ya identificado con un número específico
de ley. (ii) Dado que el
control constitucional que realiza la Corte se da con posterioridad a la
sanción y numeración correspondiente de la ley, esa ley es la que debe ser
corregida. Las  modificaciones deben ser incorporadas constitucionalmente a la
ley original subsanada, que deberá ser nuevamente publicada con las
modificaciones que se le hagan o promulgada con la aclaración que indique que
responde a un trámite de subsanación. iii) Conservar
el número de ley ya asignado, no enfrenta objeciones constitucionales para su
utilización, dado que no media una sentencia definitiva de constitucionalidad
en contra. Por consiguiente, argumentos relacionados con la imposibilidad de
utilizar el número de identificación original de la ley debido a la prohibición
constitucional de reproducir una norma considerada inexequible, no son de
recibo en esta etapa del proceso. iv) Finalmente, los efectos constitucionales de las leyes aprobatorias de
tratados están supeditados para su ejecución, a la previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Carta, y queda aún pendiente
el canje de notas y las eventuales exigencias del mismo tratado internacional,
para que éste pueda ser aplicado. Desde esa perspectiva, respetar el número
original de la ley no tendría efectos negativos en el proceso de ratificación
de un tratado, siempre y cuando se integren a ella los aspectos corregidos en
el trámite de subsanación. Corregir o subsanar, implica “revisar” una
ley anterior. En este sentido, una segunda numeración no identifica un proceso
legislativo nuevo. Los “ajustes” que se hagan con ocasión de una
subsanación, pertenecen al proceso legislativo inicial.
[79] Puede revisarse para el efecto, todo el
punto 2.2.3. de esta
providencia.
[80] Sentencia C-204 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández.
[81] Declarado exequible mediante la sentencia C-091 de 2001 M.P. Martha
Sáchica Méndez.
[82] A su vez, la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, suscrita en París el 16 de noviembre de 1972, aprobada por
Ley 45 de 1983, compromete a los  Estados a identificar, proteger, conservar,
rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el legado del patrimonio
cultural situado en su territorio, así como a adoptar medidas  para la
protección del respectivo Patrimonio Nacional y a combatir la importación,
exportación y transferencia ilícitas de los bienes culturales. La Convención
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado,
firmada en la Haya el 14 de mayo de 1954, en vigor para Colombia desde el 18 de
septiembre de 1998, también tiene este propósito.
[83] La  Ley 397 de 1996 desarrolla los artículos 70, 71 y 72 de la
Carta en materia cultural.
[84] Por ejemplo, la Ley 397 de 1997
define  el patrimonio cultural, como “todos los bienes y valores
culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana”.