T-819-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-819/03
DERECHO A LA SALUD DE MENOR DE EDAD DISCAPACITADO-Protección preferente
El derecho
a la salud de los menores de edad es fundamental. Sin embargo el fallo de
instancia estudiado no hace referencia alguna a tal carácter esencial. Por el
contrario desarrolla el concepto de la conexidad citando, sin que fuese
pertinente, la jurisprudencia de la Corte al respecto, olvidando la prevalencia
de los derechos de los niños y el carácter del derecho a la salud, el cual no
requiere de ninguna relación con otro derecho fundamental, para establecer su
naturaleza fundamental. Así mismo el fallo objeto de revisión desconoce la
especial protección que brinda la Carta a las personas con discapacidades,
según lo establecido en el artículo 47 de la misma, el cual le da una especial
connotación a la protección de sus derechos fundamentales.
CAPACIDAD ECONOMICA-Imposibilidad de
asumir costos médicos
Cuando el afiliado al régimen contributivo o
subsidiado requiera de servicios adicionales a los incluidos en el POS deberá
financiarlos directamente, sin embargo cuando no tenga capacidad de pago para
asumir el costo de estos servicios adicionales, podrá acudir a las
instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado,
quienes estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con su capacidad
de oferta y cobrarán por su servicio una cuota de recuperación con sujeción a
las normas vigentes.
CAPACIDAD ECONOMICA-Exoneración del pago
de cuota de recuperación de persona enferma/CAPACIDAD ECONOMICA-Prevalencia
de derechos fundamentales en caso de persona enferma
La incapacidad económica es causal para la exoneración del pago de
cuotas de recuperación cuando la exigencia del pago de éstas, sea condición
para la realización de exámenes o entrega de medicamentos cuya negativa,
vulnere derechos fundamentales del menor, o el derecho a la salud en conexidad
con un derecho fundamental.
CAPACIDAD ECONOMICA-Parámetros generales
para probarla/CAPACIDAD ECONOMICA-Carga probatoria/CAPACIDAD
ECONOMICA-Imposibilidad de imponer prueba diabólica
En el caso que
nos ocupa es forzoso concluir tutelando el interés de la accionante, de un lado
porque la incapacidad económica es causal de exoneración del pago de cuotas de
recuperación cuando con ello se está violando un derecho fundamental, y de otro
porque como ya se advirtió, la prueba de la incapacidad no es taxativa y puede
darse bajo la modalidad de declaración indefinida, pues de lo contrario tal
prueba podría convertirse en muchos casos, en una resurrección de la prueba
diabólica, negándole así el acceso a los interesados.
Referencia: expediente T-752 205
Peticionario: Angela María Zapata
Accionado: Dirección Seccional de Salud de Antioquia.
Magistrado Ponente:
Dr.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., dieciocho (18 ) de septiembre de dos mil tres (2003).
La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Marco
Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia proferida
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín el seis (6) de mayo de dos
mil tres (2003).
I.
HECHOS
1.
Angela María Zapata
Serna, actuando en representación de su hija Leidy Serna Zapata quien sufre de
síndrome de down y un soplo en el corazón, presentó  acción de tutela en contra
de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia.
2.
El juzgado Trece Civil
del Circuito de esta ciudad falló la tutela a favor de la menor el 17 de
febrero de 2003, tutelando los derechos fundamentales a la salud, la seguridad
social, la integridad física y la vida y en consecuencia ordenando a la
demandada que procediera a autorizar la realización del examen de
ecocardiografia y el tratamiento integral para la recuperación de la salud de
la menor.
3.
Para acceder a los
servicios de salud reconocidos en el fallo de tutela, le fue exigido a la
accionante una suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M.L ($664.000),
como cuota de recuperación que deben cancelar los beneficiarios del régimen
subsidiado de salud.
4.
La accionante
considera que la exigencia del pago de la cuota de recuperación por parte de la
accionada viola los derechos fundamentales de su hija, dada su incapacidad
económica para sufragarlos.
5.
Ante la negativa de la
accionada para realizar los exámenes ordenados por la tutela, como consecuencia
de la no cancelación de la cuota de recuperación, la accionante solicita a
través de una nueva tutela se ordene a la entidad accionada exonerarle del
cobro de cuotas de recuperación exigidas, para la atención en salud requerida.
6.
Dentro del término
para rendir informe, la entidad accionada guardó silencio.
II. PRUEBAS
1.
Copia de la constancia expedida por el Departamento
de Análisis Estadístico SISBEN, con la cual acredita la afiliación al sistema
de seguridad social.
2.
Copia del fallo de tutela proferido por el
Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín que ordenó a la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia, autorizar y realizar el examen  de
Ecocardiografía y el tratamiento integral que se derivara de tal examen.
3.
Remisión médica para el procedimiento que
requiere la menor, expedida por la Dirección Seccional de Salud en cumplimiento
del fallo precitado.
4.
Solicitud de la accionante al juez de tutela
para que se le llamare a declarar con la finalidad de demostrar su ausencia de
capacidad económica.
III.
DECISIONES JUDICIALES
A. Primera Instancia
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín,
mediante sentencia de 6 de mayo de 2003, negó el amparo solicitado considerando
que en el presente caso la entidad demandada no vulnera derecho fundamental
alguno, dado que las cuotas de recuperación son un requisito de ley que rige
para todos los usuarios del SISBEN, a menos que se trate de una enfermedad de
alto costo, ruinosa o catastrófica. Agrega que la accionante no aportó prueba
alguna sobre su incapacidad económica ni que demuestre que la patología de la
menor corresponda a enfermedad ruinosa o catastrófica, único caso en el que se
exoneraría de las cuotas de recuperación de acuerdo con el Acuerdo 30 de 1997.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Corte es competente de conformidad con los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991, para
revisar el presente fallo de tutela.
A. Fundamentos
1. Problema jurídico
En el
presente caso la Corte establecerá si las causales para exonerar del pago de
las llamadas cuotas de recuperación, son de carácter taxativo y si la ausencia
de prueba documental de la incapacidad económica, como consecuencia de la
omisión del juez ante su deber de efectuar las pruebas necesarias, es causal
para la negación de la protección de los derechos fundamentales.
2. El
derecho fundamental a la salud de los menores y la especial protección a las
personas con discapacidad.
De acuerdo
con el artículo 44 superior, el derecho a la salud de los menores de edad es
fundamental. Sin embargo el fallo de instancia estudiado no hace referencia
alguna a tal carácter esencial. Por el contrario desarrolla el concepto de la
conexidad citando, sin que fuese pertinente, la jurisprudencia de la Corte al
respecto, olvidando la prevalencia de los derechos de los niños y el carácter
del derecho a la salud, el cual no requiere de ninguna relación con otro
derecho fundamental, para establecer su naturaleza fundamental. Así mismo el
fallo objeto de revisión desconoce la especial protección que brinda la Carta a
las personas con discapacidades, según lo establecido en el artículo 47 de la
misma, el cual le da una especial connotación a la protección de sus derechos
fundamentales.
3.
Exoneración del pago de las llamadas cuotas de recuperación por vía de la
tutela, ante la imposibilidad económica de asumir pago.
Las cuotas de recuperación son, de acuerdo con el Decreto 2357 de
1995 en su artículo 18, los dineros que las instituciones prestadoras de salud
están facultadas a cobrar al usuario y que éste debe pagar directamente a
dichas instituciones, como consecuencia de la incapacidad económica para asumir
los costos de servicios adicionales a los incluidos en el POS.
Cuando en el evento descrito, el usuario carente de
capacidad económica, acude a las instituciones públicas y aquellas privadas que
tengan contrato con el Estado, - las cuales están en la obligación de atenderlo
de conformidad con su capacidad de oferta - , se le exigirá en principio el
pago de una cuota de recuperación.
De esta manera, la exigencia de las cuotas de
recuperación se presenta como un mecanismo para proteger el equilibrio
financiero de la instituciones prestadoras de salud - y en general del sistema
de seguridad social en salud -, cuando de acuerdo con el artículo 31 del decreto
806 de 1998[1], en el caso del régimen
subsidiado, el usuario acude a las instituciones prestadoras de salud en
demanda de servicios excluidos del POS.
Al respecto, la sentencia SU 508 de 2001, señaló la
importancia de tal equilibrio financiero, en cuanto a su finalidad específica,
esto es la salud de los afectados:
“Ese equilibrio hace parte de la relación Estado - EPS- usuario.
Dentro del diseño del sistema de la seguridad social en salud,  el equilibrio
financiero tiene como objetivo permitir garantizar la viabilidad del sistema y
por lo tanto su permanencia en el tiempo a efectos de que se pueda seguir
manteniendo el fin primordial: cobertura de las necesidades sociales a las que
está expuesta la población protegida”.[2]
Así, en cuanto a cuotas de recuperación se refiere, es innegable que
el no pago de las mismas, afecta de alguna manera el equilibrio financiero en
los casos concretos, lo que no significa que tal evento vaya necesariamente en
contravía de la integralidad del mismo como sistema, dada la específica
finalidad de éste dentro de las prerrogativas inherentes al Estado Social de
Derecho: la salud de los usuarios.
Por su parte el parágrafo del artículo 28 y el
artículo 31 del decreto 806 de 1998, señalan el supuesto de hecho que implica
el pago de las cuotas tanto en el caso de régimen contributivo, como el
subsidiado.  Así, cuando el afiliado al
régimen contributivo o subsidiado requiera de servicios adicionales a los
incluidos en el POS deberá financiarlos directamente, sin embargo cuando no
tenga capacidad de pago para asumir el costo de estos servicios adicionales,
podrá acudir a las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan
contrato con el Estado, quienes estarán en la obligación de atenderlo de
conformidad con su capacidad de oferta y cobrarán por su servicio una cuota de
recuperación con sujeción a las normas vigentes.
En principio se concluye que  lo que no esté cubierto por el POS,
por tratarse de una actividad, procedimiento, intervención o medicamento que se
encuentre excluido del POS, debe asumirlo el usuario o afiliado en los términos
señalados por las normas legales respectivas. Sin embargo, si la persona no
puede asumir el pago de aquellas prestaciones que no están cubiertas por el POS
a título de copago por falta de recursos, deberán ser atendidos él o sus
beneficiarios por las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud
o por aquellas privadas con las cuales el Estado tenga contrato, las cuales
tendrá derecho a cobrar una cuota de recuperación, de acuerdo a las normas
vigentes.
Las entidades que brinden la atención señalada ante la insolvencia
económica del usuario, podrán repetir contra el FOSYGA.
De otro lado, el Decreto 2357 de 1995 en su artículo 18 establece
los porcentajes de las referidas cuotas en el caso de los afiliados al régimen
subsidiado. De esta forma las personas afiliadas al régimen subsidiado y que
reciban atenciones no incluidas en el POS-S, pagarán un 5% del valor de los
servicios cuando estén identificadas en el nivel uno del Sisben, sin exceder el
equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, y un 10% del valor
cuando estén identificadas en el nivel dos del Sisben, sin exceder el
equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes.
Sin embargo debe reiterarse que tal reglamentación no puede
constituirse en una violación de los derechos fundamentales, dándole en
determinados casos prevalencia a una simple prescripción legal en contra de las
disposiciones constitucionales.
Por ello es importante establecer los casos de procedencia de la
exoneración del pago de las cuotas de recuperación, cuando tal pago constituya
una violación a los derechos fundamentales, que a su vez sea tutelable.
Así entonces, aunque en principio lo que no esté cubierto por el POS
debe ser asumido por el usuario o afiliado en los términos señalados, cuando la
exigencia del pago de las cuotas de recuperación por el 5 o el 10% de los
costos se constituya en un impedimento para la realización efectiva de la
protección de la salud, podrá exonerarse de tal pago al titular del interés, en
vía de prevenir una violación, ya sea al derecho a la salud por conexidad con
algún derecho fundamental, o al derecho fundamental a la salud de los niños. La
configuración de tal evento, implicará necesariamente una imposibilidad
objetiva de asumir con los ingresos mensuales, los costos de los procedimientos
médicos que el titular del interés tutelado demanda, dada su capacidad
socioeconómica.
Queda claro que la incapacidad económica es causal para la
exoneración del pago de cuotas de recuperación cuando la exigencia del pago de
éstas, sea condición para la realización de exámenes o entrega de medicamentos
cuya negativa, vulnere derechos fundamentales del menor, o el derecho a la
salud en conexidad con un derecho fundamental.
En el caso concreto, el juez de instancia
consideró erróneamente que las causales dadas por el ordenamiento legal eran
taxativas. Específicamente cita el Acuerdo 30 de 1997, por el cual se define el
régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, estableció como causales, la existencia comprobada
de una enfermedad catastrófica o ruinosa, de una enfermedad de alto costo o la
calidad de indígena.
De esta manera el juez de instancia erró en la apreciación de los
casos que el ordenamiento señala para exonerar del pago de las cuotas de
recuperación, pues al darle una naturaleza taxativa a su enunciación, negándole
así tal carácter a la incapacidad económica cuando ésta se erige como un claro
impedimento para la realización y protección de un derecho fundamental, dio
prevalencia a una consideración simplemente legal por sobre las prescripciones
constitucionales.
Partiendo de que la incapacidad económica puede constituir causal de
exoneración del pago de las cuotas de recuperación en los casos señalados -
cuando exigiéndose la cuota se afectan derechos fundamentales al no practicarse
un procedimiento médico que es necesario -, entra la Corte a estudiar la prueba
de tal incapacidad económica, dado que reiteradamente tal cuestión ha dado
lugar a diferentes conclusiones y equívocos.
4. La
prueba de la incapacidad económica en sede de tutela y el deber del juez de
efectuar las pruebas necesarias en desarrollo de su función constitucional de
garante y protector de los derechos fundamentales.
Lo primero a
establecer en este punto es, que al hablar de autorización de procedimientos,
intervenciones y medicamentos excluidos del POS mediante órdenes de tutela, se
evidencian dos etapas en la realización de tales prestaciones por parte de las
instituciones prestadoras de salud: la primera, es la solicitud de dichos
servicios a través de la tutela para que sean autorizados y realizados, y la
segunda, los casos en que se cobran cuotas recuperadoras de acuerdo con el
Decreto 2357 de 1995, en los que ya ha sido autorizada la prestación solicitada
pero el usuario no goza de la capacidad económica suficiente para sufragar tal
costo.
En este
sentido aun cuando la jurisprudencia se ha referido en general, a la
autorización por vía de tutela de procedimientos, intervenciones y
medicamentos, no debe entenderse que el pago de las cuotas de recuperación no
forma parte de los pasos y trámites necesarios para acceder a la salud, aunque
el cobro de tales cuotas sea posterior en el tiempo a la autorización inicial
de intervenciones y medicamentos excluidos del POS.
Clarificado
dicho aspecto, la Corte se pronuncia acerca de la prueba de tal incapacidad
económica. En tal sentido se afirma que de un lado, es deber del juez de tutela
decretar de oficio las pruebas pertinentes al caso y de otro, que la
inactividad del juez al respecto no puede constituirse en una razón para la
negación de la protección de un derecho fundamental, más aún cuando se ha
reiterado constantemente que la declaración o afirmación del accionante en
ciertos casos, es suficiente para probar tal incapacidad.
Lo anterior
tiene especial relevancia por cuanto guarda conexión con un requisito
primordial[3] para la autorización de
procedimientos, intervenciones y medicamentos excluidos del POS mediante
órdenes de tutela, esto es la incapacidad económica del solicitante y su
prueba.
Al respecto
vale citar la sentencia T-683 de 2003[4] en la que se sintetizan
de manera general los parámetros relativos a la prueba de la incapacidad
económica en materia de régimen subsidiado con la finalidad de acceder a
procedimientos, intervenciones y medicamentos excluidos del POS:
“(i)sin perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla general
en materia probatoria, según la cual, incumbe al actor probar el supuesto de
hecho que permite obtener la consecuencia jurídica que persigue; (ii)ante la
afirmación de ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación
indefinida), se invierte la carga de la prueba  correspondiendo en ese caso a
la entidad demandada demostrar lo contrario; (ii) no existe tarifa legal para
demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar
mediante negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios de
afiliación al sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances
contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de prueba; (iv)
corresponde al juez de tutela ejercer activamente sus poderes inquisitivos en
materia probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso,
proteger los derechos fundamentales  de las personas y garantizar la corrección
del manejo de los recursos del sistema de seguridad social en salud, haciendo
prevalecer el principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta con
recursos económicos que le permitan sufragar el costo de las intervenciones,
procedimientos o medicamentos excluidos del POS; (v)en el caso de la afirmación
indefinida del solicitante  respecto  de la ausencia de recursos económicos, o
de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los términos del artículo
83 de la Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le
quepa, si se llega a establecer  que tal afirmación es falsa o contraria a la
realidad”.
Así entonces se evidencia que los medios de prueba de la incapacidad
económica en este campo no son taxativos. En virtud de lo anterior, es
importante aclarar que los parámetros establecidos en la sentencia de
unificación SU 819 de 1999, al señalar ciertos medios de prueba de la
incapacidad económica en casos de solicitud de tratamientos, exámenes o
medicamentos excluidos del POS, no efectúo  en manera alguna un listado
taxativo. Al respecto la sentencia determina lo siguiente:
“Sin embargo, si la persona acredita, mediante un balance
certificado por contador, o a través de la declaración de renta o del
certificado de ingresos, no poder asumir el pago de aquellas prestaciones
que no estén cubiertas por el POS a título de copago por falta de recursos,
deberán ser atendidos él o sus beneficiarios por las instituciones públicas
prestadoras de servicios de salud o por aquellas privadas con las cuales el
Estado tenga contrato, las cuales tendrá derecho a cobrar una cuota de
recuperación, de acuerdo a las normas vigentes”(subrayas fuera del texto).
En ese sentido se manifestó la Corte en sentencia T-906 de 2002[5],
reiterando que en sede de tutela no existe medio de prueba único para acreditar
un determinado hecho.
“En otros términos, la incapacidad económica de una persona no se
demuestra exclusivamente con el balance certificado por un contador, o con la
declaración de renta, o con el certificado de ingresos, pues ese hecho se puede
perfectamente puede acreditar, por ejemplo, con testimonios, o con otro tipo de
documentación distinta a la mencionada e, inclusive, con la sola la
manifestación del actor cuando no ha sido controvertida por la contraparte”.
De otro lado,
dada la importancia de apreciar la capacidad económica del peticionario en
materia de tutela y seguridad social, es evidente que su determinación en el
proceso de tutela reviste una especial trascendencia, por cuanto que
dependiendo de su especificación, se dará paso o no, a la efectiva tutela de
los derechos.
En este
sentido la Corte se ha pronunciado dando especial relevancia al deber
probatorio del juez de tutela, especialmente cuando el accionante aduce la
incapacidad económica en la demanda. En sentencia T-1207 de 2001[6]
se estableció al respecto:
“Tal como se ha señalado en ocasiones pasadas, si el
solicitante del amparo aduce en la demanda no contar con la capacidad económica
para sufragar el costo de la prueba de laboratorio, de las medicinas o el
procedimiento excluido del P.O.S., lo conducente es requerirlo para que
aporte prueba que demuestre esa situación o decretar la práctica de pruebas que
apunten a desvirtuar su dicho. Pero no es justo concluir que no se reúne
uno de los requisitos indispensables para acceder a la tutela por la ausencia
de pruebas para demostrarlo, atribuyendo esa falencia al actor, quien en la
mayoría de los casos no sabe qué ni cómo puede probar un hecho determinado,
dejando de lado que el juez constitucional de tutela como director del proceso
debe hacer uso de la facultad oficiosa que la ley le confiere para decretar la
práctica de pruebas que estime necesarias para dictar fallo de fondo ajustado a
derecho resolviendo el asunto sometido a su conocimiento”.(Subrayas fuera del
texto).
De esta forma, el juez es garante del desarrollo probatorio
del proceso y en su cabeza radica la función de esclarecer las pruebas. No
puede entonces el juez atribuir la falencia de pruebas al actor, desconociendo
el papel que debe desempeñar en este aspecto dentro del el proceso.
Aunando a lo anterior que, como se afirmo anteriormente,
incluso la declaración indefinida del accionante es prueba de la incapacidad,
no estando el juez facultado para trasladar la carga de la prueba al
accionante, más aún cuando éste no sabe en la mayoría de los casos cómo probar
un determinado hecho.
En el caso que nos ocupa es forzoso concluir tutelando el
interés de la accionante, de un lado porque la incapacidad económica es causal
de exoneración del pago de cuotas de recuperación cuando con ello se está
violando un derecho fundamental, y de otro porque como ya se advirtió, la
prueba de la incapacidad no es taxativa y puede darse bajo la modalidad de
declaración indefinida, pues de lo contrario tal prueba podría convertirse en
muchos casos, en una resurrección de la prueba diabólica, negándole así el
acceso a los interesados.
Así, el juez de instancia al considerar que la accionante no
había aportado prueba alguna de su incapacidad económica, hizo caso omiso de la
solicitud realizada en la demanda, como obra a folio ocho (8) del expediente y
que constituye un caso claro de ofrecimiento de la prueba por parte del
accionante:
“Que se me llame a declarar sobre los hechos materia
de esta acción, con miras a demostrar que carezco de recursos económicos para
pagar esas sumas exigidas”
Como se advierte, el juez de instancia ignoró de un lado, el
papel fundamental que juega el elemento de la capacidad económica en materia
probatoria en sede de tutela de la salud - que en muchos caso es el llamado a
definir la protección  o no del interés tutelado -, y de otro su propia función
en materia probatoria, que se traduce en un deber específico para emplear sus
potestades legales, en la comprobación de los hechos del caso, con el propósito
de establecer si existe o no la violación de un derecho fundamental.
Adicionalmente, debe recordarse que el demandado tiene la
posibilidad de hacer uso de la atribución consagrada en el  Decreto 2591 de
1991, artículo 13, es decir está facultado a controvertir la afirmación del
accionante respecto de su incapacidad económica.
Al respecto, la T-113 de 21 de febrero de 2002[7],
sostuvo:
“En lo que hace a la observación hecha por los jueces
de instancia en cuanto a la inexistencia de la prueba de incapacidad económica
de los demandantes, es del caso reiterar la línea jurisprudencial de esta
Corte, conforme a la cual si el solicitante del amparo aduce en la demanda no
contar con la capacidad económica para sufragar el costo de la prueba de
laboratorio, de las medicinas o del procedimiento excluido del POS, le
corresponde a la parte demandada controvertir y probar lo contrario, so
pena de que con la mera afirmación del actor se tenga por acreditada dicha
incapacidad.  Lo cual es así por cuanto en esta hipótesis el dicho del
extremo demandante constituye una negación indefinida que es imposible de
probar por quien la aduce, corriendo entonces la carga de la prueba en cabeza
del extremo demandado cuando quiera desvirtuar tal afirmación.  Por ello mismo
resulta cuando menos insólito que el juez de primer grado en sus
consideraciones haya deplorado la ausencia de medios de convicción tales como
la declaración de renta, sin importarle que con arreglo al Estatuto Tributario
quienes están obligados a declarar no son precisamente los más menesterosos.”
(Negrillas y subrayas no originales).
El caso concreto
En el presente caso cuando la señora Angela María Zapata instauró la
presente acción de tutela, la entidad demandada ya había autorizado, bajo la
condición del pago de una cuota de recuperación del 10% de los costos, los
exámenes y el tratamiento a la menor en cumplimiento del fallo de tutela
proferido por el juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín el 17 de febrero
de 2003. Sin embargo la orden quedó escrita porque la señora Angela Zapata no
tuvo el dinero para cubrir el mencionado 10%.
El tres de agosto de 2003, la accionante informó a través de
comunicación telefónica, el fallecimiento de la menor Leidy Serna Zapata, el
pasado seis de junio del año en curso.
A pesar de lo anterior debe resaltarse que aun en el evento de que
en el expediente obrara constancia del fallecimiento de la menor, la Corte
Constitucional considera importante pronunciarse sobre la cuestión de fondo
planteada en el presente proceso de revisión, con el fin de evidenciar si
efectivamente se configuró una violación a los derechos fundamentales.
En el caso concreto el juez de instancia estableció como causa
principal de la negación del amparo, la no configuración de las causales de
excepción del cobro de las llamadas cuotas de recuperación, refiriéndose
expresamente a la población indígena o a la existencia de una enfermedad de
alto costo, catastrófica o ruinosa.
Posteriormente, al pronunciarse acerca de la incapacidad económica
declarada por la accionante en la demanda, el juez dio por hecho que la
ausencia de su prueba documental dentro del proceso excluía per se, la
exoneración de las cuotas de recuperación, olvidando que la exigencia de tales
cuotas no puede constituirse de ninguna manera en condición que impida a las
personas el acceso a los servicios de salud.
Adicionalmente, el juez de instancia desconoció la valoración de la
prueba indiciaria de la incapacidad económica de la demandante, manifestada en
el texto de la demanda.
Es claro entonces que el juez de instancia desconoció su deber en
materia probatoria dentro del proceso de tutela e ignoró la posibilidad de que
la incapacidad económica se constituya como causal exonerativa del pago de las
cuotas de recuperación, por lo cual la Corte Constitucional concederá el amparo
solicitado.
V.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR, la sentencia del
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín proferida el 6 de mayo de 2003 y
en su lugar CONCEDER la tutela por las razones expuestas en este fallo.
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia que  proceda exonerar a la accionante del pago
de la cuota de recuperación, en el evento de que aún se requiriera efectuar a
la menor Leidy Serna Zapata, el examen de ecocardiografía y el tratamiento
integral para su recuperación.
TERCERO: Se hace un llamado a prevención
a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para que en el futuro no vuelva
a incurrir en este caso de violación a un derecho fundamental.
CUARTO: Para los efectos del artículo 36
del decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y
tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR
GALVIS
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)
[1] Este
decreto  reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la
prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social
en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional.
[2] M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[3] En  Sentencia T-108 de 1999
M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz,  reiterando la
doctrina de la Corte alrededor de la reglamentación que ha recibido el plan
obligatorio de salud creado por la ley 100 de 1993, en cuanto a la exclusión de
medicamentos con el fin de cumplir con los principios de universalidad,
eficiencia, solidaridad, integralidad, unidad y participación, sintetizó
los requisitos para la procedencia  excepcional de la tutela de los derechos
fundamentales relacionados con el suministro de medicamentos, intervenciones o
procedimientos excluidos del POS, esto es (i) que
la exclusión amenace realmente los derechos constitucionales fundamentales del
afiliado al sistema; (ii) que el medicamento excluido no pueda ser sustituido
por otro con la misma efectividad y que sea previsto por el P.O.S.; (iii) que
el paciente no pueda sufragar el costo del medicamento y (iv), que él haya sido
prescrito por un médico adscrito a la E.P.S.
[4] M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En esta sentencia la Corte
realizó una síntesis  de las reglas probatorias empleadas por la Corte para
establecer la incapacidad económica  del usuario de  los servicios  de
seguridad social en salud.
[5] M.P. Clara Inés
Vargas H.
[6] M.P.  Rodrigo Escobar Gil.
[7]
M. P. Jaime Araújo Rentería.