T-596-19
Sentencia T-596/19
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia
de tutela por ser sujetos de especial protección constitucional
(i) Los
otros medios de defensa judicial, carecen de la entidad suficiente para dar una
respuesta completa, integral y oportuna respecto de las víctimas del
desplazamiento forzado; y (ii) debido a su condición de sujetos de especial
protección, resultaría desproporcionado imponerles la carga de agotar los
recursos ordinarios para garantizar la procedencia del medio de defensa
constitucional, no sólo por la urgencia con que se requiere la protección sino
por la complejidad técnico jurídica que implica el acceso a la justicia
contencioso administrativa
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR
RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS-Procedencia excepcional
(i) La
víctima no cuenta con ningún recurso en el ordenamiento para discutir las
decisiones de la UAEGRTD porque estas no se fundan en razones objetivas y específicas
al caso, de modo que impiden al interesado ejercer una contradicción y lo
somete a la imposibilidad de continuar el trámite y suspende de manera
indefinida la garantía del derecho de restitución; (ii) los cuestionamientos a
la decisión que se surte en única instancia de jueces especializados no se
enmarcan en ninguna de las causales del recurso extraordinario de revisión
conforme a los arts. 72 de la precitada Ley 1448 de 2011 y 355 del Código
General del Proceso; y, (iii) el accionante ostenta la calidad de sujeto de
especial de protección constitucional y cuestiona providencias que no ponen fin
al proceso de restitución, respecto de las cuales no existen recursos en el
ordenamiento y se advierte que sus derechos fundamentales se pueden vulnerar por
la actuación del operador judicial
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
RESTITUCION DE TIERRAS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Contenido y alcance
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS
DESPOJADAS-Principios
DERECHO A LA RESTITUCION DE
TIERRAS-Jurisprudencia constitucional
REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE
DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE-Instrumento para la restitución de
tierras
Determina
el inicio de la ruta de restitución cuando se ha perdido la tenencia material y
jurídica por causa del desplazamiento, abandono o despojo forzado, allí se
recopila toda la información física y jurídica sobre los predios que fueron
abandonados o  despojados a las víctimas del conflicto. Vale la pena
destacar que este es distinto al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados
(RUPTA) que, a su vez, busca proteger los predios cuando se han dado
situaciones que pueden dan lugar al desplazamiento
MEDIDAS DE ATENCION, ASISTENCIA Y
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Reglamentación de la indemnización por vía administrativa
DERECHO A LA RESTITUCION DE TIERRAS
DESPOJADAS-Orden de estudiar de nuevo las solicitudes de
inscripción en el RTDAF presentadas por el accionante sobre sus bienes
Referencia:
Expediente T-7.277.825
Acción
de tutela instaurada por Jairo Landazábal Flórez contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD
en adelante).
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Carlos Bernal
Pulido y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto
Estatutario 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos
dictados por el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Bucaramanga y la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, al interior de
la acción de tutela presentada el señor Jairo Landazábal Flórez contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
I. ANTECEDENTES
Hechos[1]
1. El señor Jairo Landazábal Flórez manifestó que nació
el 18 de enero de 1963 (56 años)[2],
es hijo[3]
de Zótico Landazábal Afanador (87 años[4])
y Sabina Flórez Escobar (q.e.p.d[5]),
hermano de Luis Enrique Landazábal Flórez[6];
y, padre de John Jairo Landazábal Pérez[7].
2. Adujo ser una persona de origen campesino, que
padece de una enfermedad psiquiátrica calificada como “crónica, definitiva,
incapacitante, [que] deteriora su nivel de producción global (personal,
familiar, social, laboral y económico)”, la cual se dio a causa del
conflicto armado[8] y
tuvo que ser hospitalizado en distintas oportunidades. De igual modo, afirmó
que no cuenta con ninguna pensión[9],
que no es propietario de bienes inmuebles[10],
ni cuenta con productos bancarios[11].
3.
El actor realizó 3 declaraciones sobre los hechos victimizantes y su condición
de víctima del conflicto armado: (i) el 8 de marzo de 2013 ante la Defensoría
del Pueblo-Regional Santander, en la que no se registraron la totalidad de los
hechos, anotando únicamente el desplazamiento forzado acaecido en 1995[12]; (ii) el 17 de junio de 2013,
complementó la anterior declaración y aportó pruebas; y, (iii) el 18 de junio
de la misma anualidad, ante la Notaria Cuarta de Bucaramanga, se consignó la
totalidad de hechos narrados por el accionante[13].
4.
La Unidad Administrativa de Reparación Integral de Víctimas (UARIV en adelante)
inscribió al señor Landazábal Flórez en el Registro Único de Víctimas (RUV en
adelante), mediante las resoluciones: (i) 2013259766 del 12 de septiembre de
2013 por los hechos victimizantes de desplazamiento forzado y tortura ocurridos
el 1º de junio de 1997 en Rionegro, Santander; y, (ii) 20145500237 del 30 de
julio 2014, por los hechos de desplazamiento forzado acontecidos el 1º de
febrero de 1995 y el 1º de febrero de 2000[14].
5. En la acción de tutela, el narró las durezas de la
guerra que padeció junto con su núcleo familiar durante más de una década y
que, a su juicio, fundamentan en conjunto su condición de víctima del conflicto
armado; relató que en 1995, sufrieron amenazas, tortura, lesiones personales e intento de homicidio por
parte de grupos armados, lo cual forzó a su núcleo familiar a abandonar las
fincas “Buenos Aires” y “Totumales”, ubicadas en Rionegro-Santander, por lo que
se trasladó a Bucaramanga. Allí, fueron objeto de amenazas y extorsiones
(1998-2004), inclusive su hermano fue secuestrado (1998) e intentaron atentar
contra su vida (1996), por parte de grupos al margen de la ley. En ese
contexto, en el 2004 el accionante vendió dos oficinas y su residencia en la
urbanización “Diamante II”, para ayudar a su familia en el trámite de asilo que
inició para escapar de la violencia. Ante la negativa de dicha protección la
familia se desintegró y, en el 2007, el actor adquirió dos lotes en el sector
de Lagos del Cacique en Bucaramanga, donde se asentó con su hijo en un
“cambuche”. Sin embargo, estos inmuebles fueron rematados al culminar un
proceso ejecutivo hipotecario en el 2010, ya que por sus escasos recursos y su condición
de desplazado no pudo sufragar un crédito que solicitó para cubrir su
subsistencia y los gastos médicos de su hijo quien sufrió una parálisis.
6.
Explicó que en el marco descrito fue víctima de despojo, por causa directa e
indirecta del conflicto y, como consecuencia, de la violencia que padeció su
familia, respecto de:
(i)      las fincas “Buenos
Aires” y “Totumales” (Núms. 300-142171 y 300-77850[15]), toda vez que su pérdida fue
consecuencia del desplazamiento forzado, amenazas, tortura, lesiones personales
y tentativa de homicidio, perpetrados por grupos  armados contra su núcleo
familiar en el año 1995 (Grupo 1[16]),
(ii)   dos oficinas
(Oficina 1105 y Oficina 1106) y una casa en el Diamante II en la ciudad de
Bucaramanga (Núms. 300-28937, 300-28938 y 300-22065), porque su venta en el
2004 tuvo como finalidad asistir a su familia (hermano y padre), que era
víctima del conflicto armado al encontrarse en situación de riesgo por amenazas
de grupos armados. Explicó que el dinero estaba destinado a acreditar la
solvencia económica como requisito de solicitudes de asilo en el exterior (Grupo
2); y,
(iii)  dos predios ubicados en el casco
urbano de Bucaramanga, esto es, un lote y un terreno colindante, localizados en
el Sector Lagos del Cacique (núms. 300-193761 y 300-53739)[17],
ya que la situación de desplazamiento y falta de recursos derivó en la pérdida
de estos inmuebles, que adjudicados y rematados, mediante auto del 24 de
febrero de 2010 del Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga (Grupo 3).
7.
Por los motivos expuestos, solicitó a la UAEGRTD su inscripción en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF en adelante) sobre los
inmuebles referidos. Sus peticiones fueron registradas de la siguiente manera:
Fecha de la
petición
Folio de matrícula
inmobiliaria
Radicado de la UAEGRTD
03/10/2013
300-28937
(Oficina 1105)
121203
/ 134370
03/10/2013
300-28938
(Oficina 1106)
121204
/ 134371
03/10/2013
300-22065
(Casa en urbanización “Diamante II”)
121206
/ 143235
13/02/2014
300-193761
(Lote Santa Bárbara Sector Lagos del Cacique)
128152
25/08/2015
300-53739
(Terreno Adyacente Santa Bárbara Sector Lagos del Cacique)
174849
10/02/
2015
300-142171
(Finca “Buenos Aires”)
127880
N/A[18]
300-77850 (Finca “Totumales”
hoy “Brisas”)
N/A
8.
No obstante, la UAEGRTD negó sus solicitudes. Tras exponer el marco normativo
aplicable a las decisiones sobre la inclusión en el RTDAF (la lectura armónica
de los arts. 3, 74, 75 y 81 de la Ley 1448 de 2011, así como a los principios allí
consagrados, y el Decreto 1071 de 2015) decidió desfavorablemente las
solicitudes de la siguiente manera:
Grupo 1:
En
la Resolución 2539 de 2015 negó el estudio formal de la solicitud relacionada
con la Finca “Buenos Aires” (núm. 300-14271) por encontrar que el
peticionario no se encontraba legitimado para reclamar ya que ello le
correspondía a su padre, en calidad de cónyuge supérstite de quien ostentó la
propiedad del bien al momento de la ocurrencia de los hechos que califica
como despojo, de conformidad con el artículo 81 precitado.
Grupo 2:
Mediante
las Resoluciones 304, 306 y 301 de 2016 negó la inscripción en el RTDAF
respecto de las oficinas 1105 y 1106 y de la casa en el “Diamante II” (núms.
300-28937, 300-28938 y 300-22065, respectivamente), por no cumplir las
condiciones sobre la calidad de víctima establecidas en el artículo 3° de la
Ley 1448 de 2011[19].
Grupo 3:
A
través de las Resoluciones 273 y 299 de 2016 negó la inscripción en el RTDAF
respecto de los predios en el Sector Lagos del Cacique en Bucaramanga (núms.
300-193761 y 300-53739), debido a que los hechos que ocasionaron la pérdida
del derecho o vínculo con el predio no corresponden a un despojo o abandono
forzado, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 ibídem.
9.
Posteriormente, negó los recursos de reposición interpuestos por el accionante
y fundamentó sus decisiones así:
Grupo 1:
Mediante la Resolución 3620 de
2015 confirmó la Resolución 2539 de 2015 por considerar que el accionante
carece de legitimación de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la
Ley 1448 de 2011[20], la cual recae
sobre su padre, Zótico Landazábal Afanador, teniendo en cuenta que “para
el momento del desprendimiento jurídico del predio reclamado, que configuró
el abandono y posterior despojo forzado sobre el referido bien inmueble, la
señora Sabina Flórez de Landazábal (q.e.p.d) tuvo un vínculo marital con
[este]”[21]. Añadió, que no
se desconoció la situación de salud del peticionario, pero que ello no es
suficiente para acreditar la titularidad del derecho a la restitución de
conformidad con el art. 75 ibídem[22];
y, que fue incluido como integrante en el núcleo familiar de su padre en la
Resolución 2536 de 2015, de modo que se reconoció su calidad de víctima.
Grupo 2:
Negó los recursos mediante las
Resoluciones 1140, 1141 y 1142 de 2016 por considerar que (i) la decisión
recurrida no omitió evaluar la condición de víctima de acuerdo a los
postulados contenidos en los incisos 1º y 3º del art. 3º de la Ley 1448 de
2011; y, (ii) que el desprendimiento de los inmuebles no se enmarcan en el
concepto de despojo del art. 74 de la Ley 1448 de 2011[23].
Sobre este último aspecto, puntualizó, primero, que con base en los hechos
narrados en la solicitud de inscripción y las pruebas recaudadas en cada
proceso administrativo, el peticionario no demostró que haya sido objeto
directo de la violencia narrada sino su hermano y, segundo, que estos
hubieran perturbado el vínculo jurídico que detentaba con los bienes
reclamados, ni que hayan causado la enajenación del bien probando un daño
directo y personal, ni que tuvieran un nexo causal con el conflicto armado.
Grupo 3:
A través de las Resoluciones
1139 y 1143 de 2016 confirmó las negativas contenidas en las Resoluciones 273
y 299 del mismo año, al encontrar que (i) la decisión recurrida no omitió
pronunciarse sobre la calidad de víctima conforme a los postulados contenidos
en los incisos 1º y 3º del art. 3º de la Ley 1448 de 2011; (ii) que los
hechos alegados como causa de la pérdida del bien no le generaron un daño
personal ni directo, dado que la violencia se ejerció en contra de su hermano,
carecen de conexidad con el conflicto armado y el desprendimiento del
inmueble se ocasionó por un proceso ejecutivo que contó con su participación.
10.
A juicio del accionante, la UAEGRTD fundó sus decisiones en una valoración
parcializada de los hechos violentos que sufrió su familia, limitando sus
efectos a algunos de sus miembros, ya sea a su padre o a su hermano[24]. En
consecuencia, desconoció que la pérdida del vínculo jurídico con los predios
que reclamó está relacionada de modo causal con la secuencia de hechos
violentos que ha sido víctima, que “no son para nada ajenas al conflicto
armado interno (…) [y] corresponde con los postulados en el art. 3º de la Ley
1448 de 2011 y obedece a los postulados del principio de justicia transicional”[25].
11.
Respecto de las Fincas “Buenos Aires” y “Totumales” (Núms. 300-142171 y
300-77850[26]), el padre del
accionante[27],
el señor Zótico Landazábal Afanador, fue inscrito en el RTDAF sin que ello
hubiere dado a lugar a la restitución de los bienes, por decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras[28],
quien dictó fallo el 28 de octubre de 2017[29].
Dicho
proceso fue resuelto en única instancia. Si bien encontró acreditado el
requisito de titularidad y legitimación (por ser propietario del bien de
matrícula inmobiliaria 300-77850 y ostentar la calidad de cónyuge sobreviviente
de quien fue la propietaria del bien de matrícula inmobiliaria Núm.
300-142171), advirtió que “las transacciones comerciales realizadas por el
señor Zótico Landazábal en forma alguna pueden ser consideradas como
constitutivas de despojo pues sus compradores ni se aprovecharon de la
situación de violencia que padeció en el año 1995, ni lo privaron
arbitrariamente de su propiedad, por tanto deben negarse las pretensiones de
las solicitudes de restitución”[30].
En consecuencia, ordenó la cancelación de la inscripción en el RTDAF
respecto de estos inmuebles, así como las inscripciones en la matrícula
inmobiliaria.
12.
Por otro lado, el accionante mencionó que acudió en múltiples ocasiones a la
UARIV solicitando: (i) la inclusión de todos los hechos victimizantes en
el RUV[31]; (ii) la entrega de ayuda
humanitaria, de ayuda o asistencia para desarrollar un proyecto productivo[32] y el pago de la
indemnización administrativa[33]. A falta de respuesta
precisa y conforme a su caso particular, manifestó que desistió de presentar
cualquier tipo de reclamación[34].
13.
Reiteró que acudió a
la acción de tutela[35], al encontrarse en una
condición de vulnerabilidad extrema por el deterioro de su salud mental y
aptitudes de desarrollo personal, lo cual le “ha impedido ejercer el derecho
a la defensa y contradicción, ante cualquier autoridad y en cualquier
situación”
[36].
14.
El señor Landazábal Flórez solicitó protección
de sus
derechos fundamentales al “derecho a la defensa, al debido proceso, la
vivienda digna, el trabajo, la estabilización socioeconómica, la familia, la
integridad personal, la igualdad, la salud, la alimentación adecuada, el
derecho a la realización del proyecto de vida, la verdad, la justicia, la
reparación, así como el derecho al mínimo vital en conexidad al derecho a la
vida, el derecho a recibir un trato respetuoso y urgente y preferente por parte
del Estado y el derecho al pago total de la indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados en el marco del conflicto armado interno, como parte de
la reparación integral”[37], por cuanto fueron
vulnerados por la UAEGRTD y la UARIV, conforme a los hechos expuestos.
En
consecuencia, solicitó ordenar a la UAEGRTD revocar las negativas de
inscripción en el RTDAF y, en su lugar, reconocer su derecho sobre los bienes
inmuebles referidos en sus solicitudes, los daños y perjuicios materiales e
inmateriales que sufrió directa y personalmente, así como el derecho a la
compensación económica como medida sustitutiva de la restitución, y el pago
total de las obligaciones a su favor. Aunado a lo anterior, solicitó ordenar a
la UARIV brindarle atención especial, urgente y preferente a las graves
carencias de subsistencia, teniendo en cuenta las afectaciones de orden material
e inmaterial que sufrieron todos los miembros de su familia desde 1995 y, en
consecuencia, realizar el pago de las indemnizaciones administrativas[38].
Trámite
procesal
15.
Mediante auto de 10 de diciembre de 2018[39], el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bucaramanga avocó conocimiento de la acción constitucional
de la referencia y corrió traslado a las entidades accionadas.
Contestación
de la UAEGRTD[40]
16.
Mediante oficio 02976 del 18 de diciembre de 2018, se opuso a las pretensiones
del accionante, argumentando que las decisiones adoptadas fueron debidamente
motivadas[41], de conformidad con
los requisitos previstos en la Ley 1448 de 2011 y se presumen válidas hasta
tanto no sean anuladas por el Juez Contencioso Administrativo. Al respecto,
adujo que no se ha discutido la legalidad de los actos cuestionados mediante
los recursos ordinarios contenciosos, por lo cual la solicitud de amparo no satisface
el requisito de subsidiariedad. Por último, observó que el amparo no está
encaminado a evitar un perjuicio irremediable, pues no se demostró ni siquiera
de manera sumaria.
La
UARIV guardó silencio.
Sentencias
objeto de revisión
Primera
instancia
17.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, en sentencia del 16 de
enero de 2019, luego de referirse a la naturaleza de la acción de tutela, los
derechos de la población desplazada, el proceso de restitución de tierras en el
contexto de justicia transicional, declaró la improcedencia de la
acción por considerar “que el actor pretermitió agotar el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando ese era el mecanismo
ordinario y expedito que tenía para controvertir los actos administrativo
emitidos por la UAEGRTD despojadas (sic), por lo tanto, al incumplirse con uno
de los requisitos generales de procedibibilidad, como lo es el de la
subsidiariedad”[42].
Impugnación[43]
18.
El accionante impugnó el fallo de primera instancia. En su concepto, el a
quo erró al declarar la improcedencia de por falta de subsidiariedad. Al
respeto, explicó que no pudo interponer la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho debido a que se encontraba gravemente enfermo, de modo que no fue
por incuria o negligencia que dejó de acudir a ese mecanismo.
Adicionalmente,
explicó que a través de la acción de tutela buscaba alcanzar una protección
inmediata y evitar un perjuicio irremediable, indicando que no pretende “la
indemnización, reparación y/o pretensiones económicas, ni controvertir la
legalidad de los actos administrativos”, sino el reconocimiento de la
condición de víctima de despojo violento por causa del conflicto armado y, en
consecuencia, se garanticen y protejan sus derechos fundamentales a la
propiedad en conexidad con el derecho al mínimo vital, a la vida y a la
salud[44].
Finalmente, solicitó que se tengan en cuenta las correcciones o modificaciones
de sus pretensiones, por tratarse de un sujeto de especial condición, y se
ordene a la UAEGRTD estudiar de nuevo la procedencia de inscripción de los
predios referidos en los hechos en el RTDAF.
Segunda
instancia
19.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial Bucaramanga -Sala Laboral-, mediante
fallo del 13 de febrero de 2019, confirmó la decisión de primera instancia, por
considerar que en efecto la acción era improcedente. En su análisis, destacó
que ello no solo radica en la falta de subsidiariedad, sino también en el
incumplimiento del requisito de inmediatez, dado que transcurrieron más de 2
años entre la expedición de los actos atacados y la interposición de la acción
de tutela[45]. Así mismo, determinó
que no es de recibo la petición de corrección o cambio de las pretensiones a la
que hizo referencia el actor, por haber sido fijada la litis del asunto,
quedando “la posibilidad de que ejerza otra acción de tutela respecto de
esas nuevas pretensiones basadas en hechos u omisiones distintas”.
Pruebas[46]
20. De las pruebas allegadas al expediente, se destacan las
siguientes:
Estado de salud del accionante
-
Certificación de la clínica ISNOR
de 2018 y del hospital Psiquiátrico San Camilo del ciudad de Bucaramanga de
2014[47],
historia clínica de Salud Total EPS[48]
y dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[49], en los que se acredita
que padece de un trastorno psiquiátrico.
-
Orden médica de “evitar re
victimización del paciente al narrar los hecho de violencia” del 31 de
octubre de 2012, emitida por médico psiquiatra adscrito al Hospital
Psiquiátrico San Camilo ESE[50].
Solicitudes de inscripción en
el RTDAF presentadas por el accionante a la URT:
-     En nombre propio: (i) El 3 de octubre de 2013 (núms. 300-22065, 300-28937, 300-28938)[51]; y, (ii) el 10 de febrero de 2015 (núm. 300-142171)[52].
-     En nombre propio y a nombre y en representación de su
padre: (i) el 13 de febrero de 2014 (núm.
300-193761[53]) y (ii) el 25 de agosto de 2015 (núm. 300-53739[54]).
Decisiones de la UAEGRTD en las que
niega la inscripción en el RTDAF:
-
Resoluciones 301 y 1142 de 2016 (núm. 300-22065)[55].
-
Resoluciones 304 y 1140 de 2016 (núm. 300-28937)[56].
-
Resoluciones 306 y 1141 de 2016 (núm. 300-28938)[57].
-
Resoluciones 273 y 1139 de 2016 (núm. 300-193761)[58].
-
Resoluciones 299 y 1143 de 2016 (núm. 300-53739)[59].
-
Resoluciones 3620 y 2539 de 2015 (núm. 300-142171)[60].
Pruebas sobre la violencia padecida
por su núcleo familiar:
Testimonios
-     Declaraciones extraproceso de: Zótico Landazábal
Afanador, ante la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga, del 2 de mayo de
2013[61];
Gregorio Bautista Quijano, ante la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga,
del 17 de abril de 2013[62];
Carlos Jesús León Franco, ante la Notaría Décima del Círculo de Bucaramanga,
del 12 de abril de 2013[63];
Héctor Libardo Martínez Rivera (2 de abril de 2013) y Jorge Helí Parada Rozo (4
de abril de 2013) ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga[64]; Samuel Carbajal Zuleta
ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga, rendida el 2 de septiembre
de 2015[65];
Juana Josefa Escobar Maza ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga,
rendida el 27 de junio de 2014[66];
que son unánimes en afirmar que la familia Landazábal fue víctima del conflicto
armado y del desplazamiento.
-     Declaración juramentada de Luis Fernando Cote Peña
(Alcalde de la ciudad de Bucaramanga en el periodo 1998-2000) del 14 de febrero
de 2014[67].
-     Certificación del Presbítero de Bucaramanga durante
los años 1996 y 1998, en la que afirma ser testigo de la violencia que sufrió
la familia Landazábal en esa época[68].
Certificaciones de denuncias
penales
-     De la Unidad de Reacción Inmediata de Bucaramanga de
la Fiscalía General de la Nación, sobre la existencia de un proceso contra desconocidos
por denuncia de Luis Enrique Landazábal Flórez, por amenazas con fines
extorsivos, del 18 de octubre de 2000[69].
-     De la Fiscalía Especializada Guala Santander,
expedida el 25 de marzo de 2004, sobre la existencia de una investigación por
el delito de extorsión contra Luis Enrique Landazábal Flórez, perpetrado por
integrantes del el 2 de mayo de 1996[70].
-     Del Fiscal Delegado ante el Gaula, sobre la
existencia de la investigación previa sobre el delito de extorsión en perjuicio
de Luis Enrique Landazábal Flórez, por hechos ocurridos en marzo de 2002 a
marzo de 2004[71]
y también a partir de febrero de 2006[72].
-     Panfletos extorsivos del Ejército de Liberación
Nacional contra Luis Enrique Landazábal Flórez fechados de marzo de 2002,
febrero de 2003, febrero de 2004[73].
-     Demandas interpuestas por Luis Enrique Landazábal
Flórez por extorsión del ELN presentada en febrero de 2004 y junio de 2005,
presentadas ante la Fiscalía General de la Nación- Seccional Bucaramanga.
Pruebas sobre la pobreza extrema
-     Certificado de la Superintendencia de Notariado y
Registro, del 24 octubre de 2018, donde se indica que no hay registro de bienes
a favor del accionante[74].
-     Oficio de Datacrédito que señala que no encuentran
ningún tipo de información crediticia sobre su persona[75].
-     Certificación de Fenalco (15 de agosto de 2014) y de
la Cámara de Comercio (17 de julio de 2014) indicando que no se encuentra
registrado como comerciante[76].
-     Certificado expedido por la CIFIN señalando que no
cuenta con servicios bancarios[77].
-     Informe Individual del PAPSIVI (Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado): donde se
registró que el accionante vive en una bodega de propiedad de su hermano y que
se “encuentra es situación de vulnerabilidad extrema” en consideración
de la falta de recursos, las malas condiciones de vivienda, los conflictos
familiares[78].
Proceso de restitución jurídica y
material de tierras presuntamente abandonadas y despojadas forzosamente sobre
los predios de matrícula inmobiliaria 300-142171 y 300-77850:
-     Sentencia del 28 de octubre de 2017 proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras[79].
Derechos de
petición presentados por el accionante y respuestas obtenidas[80].
Se destacan
las relacionadas con la UARIV:
-     Derechos de petición presentados el 3 de agosto de
2017[81]
y el 15 de mayo de 2018[82],
a través de los cuales solicitó la priorización del pago de reparación por su
avanzada edad, grave estado de salud, estado de indefensión y extrema
vulnerabilidad; y el 1 de febrero de 2016, en el que pidió ayuda en
alimentación y alojamiento por su condición de desplazado y paciente psiquiátrico[83].
-     Respuestas de la UARIV a derechos de petición del
accionante[84].
-     Resoluciones 20142000370796 de 2014[85] y 0600120160791008 de
2016[86],
en las que la UARIV reconoce y ordena el pago de la atención humanitaria de
emergencia al accionante.
-     Comunicación
de la UARIV a la Secretaría de Salud de Bucaramanga del 30 de septiembre de
2014, para que indague sobre la situación y atención de salud mental del
accionante, de modo que la EPS preste los servicios profesionales de atención
necesaria acorde a su salud física y mental[87].
Se advierte
que se allegaron copias de respuestas de otras entidades a solicitudes del
accionante para obtener apoyo económico para un proyecto productivo individual,
entre las cuales, se destacan: el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud
y Protección Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Tecnologías de
la información y las Comunicaciones, el Ministerio de Minas y Energía del 2013,
el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Justicia, Corpoica, el IDEAM, el
Banco Agrario de Colombia, el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana del Municipio de Bucaramanga, Fiduagraria, el Departamento de
Prosperidad Social, el Fondo de Adaptación, Corprodico, la Coordinadora
del Grupo Participación Social de Salud de la Gobernación de Santander, el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo, el INCODER y Bancoldex, en las que
principalmente se indica que la entidad no se encuentra dentro de su
competencia o alcance del objeto misional brindar ayudas económicas para
víctimas del conflicto armado ni el apoyo a proyectos productivos[88].
II. ACTUACIONES
EN SEDE DE REVISIÓN
Decreto de pruebas y vinculación
1.
Durante el trámite adelantado en esta sede, a través del auto de 12 de junio de
2019 el Magistrado Sustanciador ordenó la práctica de pruebas sobre: i) la
situación familiar, condiciones de salud y económica del accionante, ii)
las actuaciones y trámites en curso ante la UAEGRTD respecto de los inmuebles
reclamados por el accionante, iii) la inscripción de este en el RUV así
como sobre la ayuda y asistencia para las víctimas del conflicto armado
recibida hasta la fecha, y iv) los soportes de la gestión o trámite que
la Defensoría dio al derecho de petición presentado por el accionante el 27 de
junio de 2013.
Así
mismo, dispuso la vinculación de la UARIV y de la Defensoría del Pueblo
-Regional Santander-, por presentar interés o presunta responsabilidad en el
trámite constitucional; y, la suspensión de términos en el expediente de la
referencia por el término de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de
la recepción de las pruebas decretadas, con sujeción a lo establecido en el
artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015.
Respuestas allegadas en sede de revisión
Defensoría del Pueblo Regional de Santander
2.
En los escritos presentados el 25 de junio y el 4 de julio de 2019[89],
la Defensora del Pueblo Regional explicó que recibió dos declaraciones del señor
Landazábal Flórez: Primero, el 8 de marzo de 2013, en que se refirió a las
circunstancias de desplazamiento forzado en los años 1995 y 2000, así como a amenazas
sufridas en 1995. Segundo, el 17 de junio de 2013, tomó una ampliación de la
declaración a solicitud de parte, en la cual se refirió a hechos de
desplazamiento forzado en 1997 y de tortura ocurridos en 1995. Estas
declaraciones fueron registradas en los Formularios Únicos de Declaración FUD
AF0000144665 y FUC CJ999939505, que remitió en su momento a la UARIV para que
fueran tenidas en cuenta en la inscripción en el RUV, actuación que le fue
notificada al accionante, y de los cuales acompañó copia.
Por
último, refirió que remitió a la Secretaría de Salud Municipal un derecho de
petición que el actor radicó en febrero de 2013, solicitando atención
psiquiátrica y psicológica, allegando copia del oficio remisorio.
Jairo
Landazábal Flórez (accionante)
3.
A través de escritos aportados al trámite de tutela el 25 y 27 de junio y 3 y 4
de julio de 2019[90], indicó que: (i) no cuenta con el apoyo
económico de sus familiares (pues su padre es una persona de la tercera edad,
desprovista de recursos, que su hijo se encuentra en la imposibilidad de
apoyarlo porque tiene una parálisis en la mitad del cuerpo que le impide
trabajar y, su hermano, le colabora de manera irregular y cuando su propia
precariedad económica se lo permite), sobrevive de “la vergonzosa mendicidad
y caridad pública” y su situación económica empeora cada día; (ii) se
encuentra viviendo solo en una “vieja bodega sobre la cual pesan numerosos
embargos y procesos jurídicos y la cual está a punto de ser rematada, [por lo
que siente] zozobra de ser desalojado en cualquier momento”[91];
y, (iii) está afiliado a la EPS COOSALUD, en el régimen subsidiado.
Para
constancia de lo expuesto, adjuntó los documentos que se relacionan a
continuación: (i) certificación de afiliación a la EPS COOSALUD, (ii) copia del
puntaje del Sisbén (nivel III); (iii) copia de solicitud de valoración neuro
psicológica de su hijo (John Jairo Landazábal Pérez) al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Posteriormente[92], indicó que la UARIV reconoció
a su favor tres pagos por valor de $410.000, como ayuda humanitaria, sin
embargo expone que no ha podido materializar el cobro de dicha suma debido a
que debe hacer fila para sacar turno y regresar para que lo vuelvan a
entrevistar y actualizar las carencias que soporta en su hogar de paso. En esta
oportunidad anexa la Resolución 0600120192210440 del 05 de julio de 2019,
proferida por la Directora de la Gestión Social y Humanitaria de la UARIV, que
en concreto señala:
“Con
base en lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, y como
resultado de las mediciones que realizó la Unidad para las Víctimas, fue
posible determinar que su hogar presenta carencias extremas en los componentes
de alimentación básica y alojamiento temporal frente a la subsistencia mínima,
razón por la cual, la Entidad procede a realizar el reconocimiento y la entrega
de la Atención Humanitaria de emergencia, en los componentes de alojamiento
temporal y alimentación básica (…).
De
acuerdo con lo anterior, para el periodo correspondiente a un año se reconoce
la entrega de tres giros a favor del hogar, por un valor de CUATROCIENTOS DIEZ
MIL PESOS M/CTE ($410.000), cada uno. El término de un año empezará a contar a
partir de la colocación del primer giro, el cual fue puesto a su disposición
durante el mes de Junio de 2019. Resulta importante acudir a su responsabilidad
frente al cobro oportuno del giro puesto en su favor, toda vez que dicho giro
tendrá una vigencia en el Banco Agrario de 30 días calendario.
Se
debe tener en cuenta que la colocación del primer giro tiene una vigencia de
cuatro (4) meses y solo con posterioridad a este término y según la
disponibilidad presupuestal se colocará el segundo y tercer giro.
(…)
Resuelve:
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de la Atención Humanitaria de
Emergencia al señor JAIRO LANDAZABAL FLOREZ, en nombre del hogar, pago que será
efectuado de acuerdo a lo indicado en la parte motiva de la presente
resolución.”
UAEGRTD
4.
El representante judicial del organismo, en oficios del 28 de junio y el 2 de
junio de 2019[93], informó que no existen solicitudes o
trámites pendientes o en curso de restitución de las oficinas 1105 y 1106, la
casa en el barrio “Diamante II”, y los predios del Sector Lagos del Cacique (identificados
con las matrículas inmobiliarias 300-28937, 300-28938, 300-22065, 300-193761, y
300-53739, respectivamente). Respecto de las Fincas “Buenos Aires” y
“Totumales” (matrículas inmobiliarias Núm. 300-142171 y 300-77850), el proceso
de restitución de tierras culminó con la decisión del Tribunal Superior del
Distrito de Cúcuta, Sala Especializada en Restitución de Tierras, a través de
decisión del 28 de octubre de 2017, donde no se accedió a lo solicitado[94]. Para acreditar lo anterior,
arrimó al expediente una certificación del sistema de Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas, expedida del 28 de junio de 2019[95].
En
respuesta a lo requerido, allegó copia de la Resolución 2539 del 4 de agosto de
2015, en la que se negó la inscripción del señor Jairo Landazábal Flórez (accionante)
sobre la Finca “Buenos Aires” (matrícula inmobiliaria núm. 300-142171), por
considerar que, a pesar de que “la decisión de transferir la propiedad fue
con ocasión del conflicto armado y en un notorio estado de vulnerabilidad”[96], el peticionario “no
tiene la calidad jurídica para reclamar el inmueble en restitución, toda vez
que los derechos recaen en su señor padre Zótico Landazábal Afanador, quien
también presentó la solicitud de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas
Abandonadas Forzosamente, y fue debidamente decidida mediante la Resolución RG
2536 de 3 de agosto de 2015”, en concordancia con lo establecido en el
parágrafo del artículo 2.12.1.4.5 del Decreto 1071 de 2015 y el parágrafo 4º
del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011[97].
De
igual forma, allegó copia del informe técnico de la inspección, llevada a cabo
el 27 de mayo de 2015, dentro del estudio de la petición presentada por el
padre del accionante sobre el inmueble de matrícula 300-77850 (Finca
“Totumales”)[98].
Aunado
a lo anterior, informó que el proceso de inscripción de restitución de tierras dio
como resultado: (i) la inscripción de Zótico Landazábal Afanador en el RTDAF, mediante
la Resolución 323 del 29 de febrero de 2016, y (ii) una decisión del Tribunal
Superior del Distrito de Cúcuta, Sala Especializada en Restitución de Tierras,
proferida el 24 de noviembre de 2017, en la que se negaron sus solicitudes
porque no se probó el despojo como consecuencia del conflicto armado.
5.
Mediante correo electrónico del 5 de julio de 2019, el Director Territorial del
Magdalena Medio de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las
Víctimas, informó sobre el trámite dado a las peticiiones de inscripción en el
RTDAF del accionante excepto sobre la Finca “Totumales”, por no existir petición
expresa sobre la misma (Núm. 300-77850). Explicó de manera pormenorizada que
todas las negativas a sus reclamaciones se profirieron conforme a lo previsto
en el art. 74 de la Ley 1448 de 2011 y fueron notificadas en debida manera.
Observó
que el actor fundamentó el amparo en la misma situación fáctica que fue
estudiada en cada uno de los procedimientos administrativos que resolvieron sus
peticiones, en los cuales se garantizaron los derechos cómo víctima del
conflicto del peticionario, al debido proceso, contradicción y confidencialidad
de la información.
Así
mismo, indicó que se debe declarar la improcedencia de la tutela, toda vez que el
actor no interpuso las acciones contenciosas administrativas a través de la
cuales puede debatir la nulidad y plantear los cuestionamientos objeto del
presente asunto. En este mismo sentido, apuntó que la tutela tampoco está
encaminada a evitar un perjuicio irremediable.
UARIV
6.
En respuesta allegada a la Secretaría General el 27 de junio de 2019, argumentó
que “en el presente asunto no se están vulnerando los derechos fundamentales
del accionante al mínimo vital, el debido proceso, vivienda digna, trabajo
estabilización socio económica, familia, integridad personal, igualdad, los
derechos fundamentales ya se satisficieron en forma oportuna y eficaz, se
presenta una carencia actual de objeto en la medida que si se le reconoció
cuatro hechos victimizantes, se encuentra en al (sic) RUV desde el año 2013, se
le ha entregado en numerosas ocasiones ayuda humanitaria, apoyo psicosocial y
se encuentra en turno para recibir tres (3) indemnizaciones administrativas”[99].
Explicó
que el señor Landazábal Flórez fue inscrito en el RUV a través de las
Resoluciones núms. 2013-259766 y 2014-550237 del 12 de septiembre de 2013 y del
30 de julio de 2014, conforme a los hechos narrados en las declaraciones ante
la Defensoría del Pueblo (FUD AF0000144665 y FUC CJ999939505), de lo cual adjuntó
copia de estos actos administrativos.
Declaró
que el actor presentó tres derechos de petición requiriendo atención
humanitaria e indemnización en agosto de 2017, mayo de 2018 y febrero de 2019,
a los cuales respondió. Sin embargo, advirtió que ninguno hizo referencia a
apoyo de proyecto productivo, asunto sobre el cual carece de competencia de
conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de la 2015.
Respecto
de los pagos de ayuda humanitaria, hizo una relación de siete pagos entre 2013
y 2016 por este concepto y detalló que “actualmente el accionante cuenta con
turno 2019-D3EXEX-2335164, con 3 giros cada uno por el valor de 410000 en
Bucaramanga para colocar el giro por medio del banco agrario como máximo el 28
de junio de 2019”[100].
Adicionalmente, informó que el señor Landazábal Flórez ha recibido atención
psicosocial, en la medida que participó en 17 encuentros de modalidad
individual del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas
(PAPSIVI), del cual exhibió el extracto del registro en el Módulo de Asistencia,
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (MAARIV).
Con
base en lo anterior, la cual solicitó decretar “la nulidad de la vinculación
por no estar en juego derechos fundamentales de un estado de debilidad
manifiesto, en la medida que se cumplió (sic) con las medidas de reparación
integral”[101].
III. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Sala
es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a
36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Presentación del caso y delimitación del problema
jurídico
En relación con las actuaciones de la
UAEGRTD
2. En el asunto bajo examen, el actor se encuentra
inscrito en el RUV y considera que fue víctima de despojo de distintos predios,
por lo que solicitó a la UAEGRTD su inscripción en el RTDAF. No obstante, la
entidad negó sus peticiones y las confirmó al resolver los recursos de
reposición interpuestos, dado que el señor Landazábal Flórez no demostró los
requisitos establecidos en los artículos 3, 74 y 81 de la Ley 1448 de 2011.
Los bienes objeto de reclamo se clasifican en tres
grupos, a saber: Grupo
1,
correspondiente a la finca Buenos Aires, respecto de la cual no existía
legitimación, pues el reclamante era su padre; Grupo 2, referentes a las
oficinas 1105 y 1106 y de una casa en ubicada en el barrio El Diamante II, por
no cumplir las condiciones sobre la calidad de víctima establecidas en el
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011; y Grupo 3, predios en el Sector
Lagos del Cacique, debido a que fueron rematados con ocasión de un proceso
judicial.
Lo anterior obliga a la Sala de Revisión a determinar si
en los tres grupos de bienes respecto de los cuales se solicitó la restitución
las decisiones adoptadas respetaron las garantías fundamentales del accionante,
a partir del siguiente problema jurídico.
¿Vulnera la UAEGRTD el derecho
fundamental a la restitución de una persona por negar la inscripción en el
RTDAF al analizar los hechos declarados de cara a: i) la falta
legitimación cuando otro miembro del grupo familiar es titular de la acción; ii)
deja de valorar la necesidad del solicitante de asistir a la víctima en
peligro o prevenir su victimización –inc. 3° art. 3 Ley 1448 de 2011; y iii) la pérdida del bien tuvo su origen un proceso
judicial ordinario?
En relación con las actuaciones de la
UARIV.
3. El accionante refirió haber acudido a la UARIV en
múltiples ocasiones, durante la última década, para obtener atención,
asistencia y reparación integral, sin que haya recibido una solución definitiva
a su situación de desplazamiento. Este escenario lleva a plantear el siguiente
problema jurídico.
¿Vulnera la UARIV los derechos
fundamentales a la atención, asistencia y reparación integral de una persona
inscrita en el RUV, al no entregar la ayuda humanitaria de emergencia de manera
oportuna y periódica?
4. Para clarificar lo cuestionado, es menester que la Sala
de Revisión se pronuncie sobre: (i) la procedibilidad de la acción de
tutela para la protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento
forzado; (ii) el derecho
a la restitución como componente esencial de la reparación de las víctimas de
desplazamiento forzado y fundamento de las medidas de protección de tierras y
patrimonios; (iii)
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) como
herramienta para garantizar el derecho a la restitución; (iv) la
protección y garantías de atención, asistencia y reparación integral de las
víctimas del conflicto armado de la Ley 1448 de 2011; para, finalmente resolver
(vi) el caso concreto.
Procedibilidad
de la acción de tutela para la protección de los derechos de las víctimas de
desplazamiento forzado[102] y en
materia de restitución de tierras. Requisito de subsidiariedad.
5. Inicialmente
es importante precisar que el artículo 86 superior, instituye en su inciso
tercero que la acción de tutela es un mecanismo constitucional subsidiario, lo
cual indica que la misma solo procede cuando el afectado no dispone de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.[103] En consonancia,
el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Estatutario 2591 de 1991[104] determina la improcedencia del
amparo cuando existan otros recursos de defensa judiciales eficaces.
Con fundamento en dichas
disposiciones, la Corte ha resaltado que la acción de tutela es de carácter
residual, de manera que no
puede desplazar ni sustituir los medios ordinarios establecidos en el
ordenamiento jurídico.
Con todo, aún ante la existencia de otros medios de defensa, se ha admitido
excepcionalmente la procedibilidad de la acción de tutela cuando:
(i)
Los medios
ordinarios no son suficientemente idóneos ó eficaces para proteger los derechos
presuntamente conculcados, por lo que corresponde al juez de tutela analizar,
en cada caso concreto: (i) las características del procedimiento; (ii) las
circunstancias del peticionario; y (iii) el derecho fundamental involucrado,
con el fin de determinar si la acción ordinaria salvaguarda de manera eficaz el
derecho fundamental invocado[105], esto es, si resuelve el asunto en una
dimensión constitucional o permite tomar las medidas necesarias para la
protección o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados[106].
(ii) De no
concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección se produciría un
perjuicio irremediable a los derechos fundamentales[107].
En tal caso, se debe demostrar que “el peligro que se cierne sobre el
derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera
grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo
neutralicen”[108]. De esta manera, corresponde al
interesado demostrar: (i) una afectación inminente del derecho -elemento
temporal respecto al daño-; (ii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de
la afectación del derecho, (iii) la urgencia de las medidas para remediar o
prevenir la afectación; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para la
efectiva protección de los derechos en riesgo[109].
(iii) El accionante es un sujeto
de especial protección constitucional,[110] caso en el
cual se realizará un análisis menos riguroso de los requisitos para la
procedencia de la acción de tutela[111].
6. Tratándose
puntualmente de las personas víctimas del conflicto armado interno, verbigracia,
la población desplazada, la jurisprudencia constitucional ha llegado a la
conclusión que atendiendo al particular estado de indefensión en que se
encuentran y a la especial protección constitucional que merecen, el medio
judicial idóneo para invocar la salvaguarda efectiva de sus derechos
fundamentales es la acción de tutela. Al respecto, en la sentencia T-028 de 2018 esta
Corporación indicó que “en consideración a la
vulnerabilidad de la población desplazada, la acción de tutela es el mecanismo
judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
Lo anterior, dado que: ‘(i) los otros medios de defensa judicial, carecen de la
entidad suficiente para dar una respuesta completa, integral y oportuna
respecto de las víctimas del desplazamiento forzado; y (ii) debido a su
condición de sujetos de especial protección, resultaría desproporcionado
imponerles la carga de agotar los recursos ordinarios para garantizar la
procedencia del medio de defensa constitucional, no sólo por la urgencia con
que se requiere la protección sino por la complejidad técnico jurídica que
implica el acceso a la justicia contencioso administrativa’”[112].
Así pues, a pesar de
la existencia de recursos y acciones ordinarias que permitan controvertir los
actos que vulneran los derechos de sujetos en situación de desplazamiento, se
ha reconocido que estos pueden acudir directamente a la justicia constitucional
para reclamar la protección correspondiente, toda vez que la acción de tutela
constituye el medio de defensa judicial idóneo y eficaz al “permit[ir] dar
una respuesta pronta y material a las situaciones en que puede encontrarse esta
población”[113].
7. No obstante lo
anterior, cuando el asunto propuesto por la víctima de desplazamiento
forzado versa sobre la materia de restitución de tierras, se observa que
esta Corporación varió su postura sobre la idoneidad del medio de defensa ordinario
con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 porque este paradigma, a diferencia
de la Ley 387 de 1997, “restringió la posibilidad de que la tutela fuera el
medio de defensa adecuado para solicitar la restitución de tierras [ya que ]
ofrece a las víctimas todo un aparato administrativo y judicial tendiente a que
los predios que fueron despojados o abandonados por causa de la violencia, sean
restituidos material y jurídicamente en el menor tiempo posible”[114].
Esta Corte ha sido
enfática en establecer que la Ley 1448 de 2011 creó un procedimiento especial
diseñado con el fin de atender, precisamente, a personas en condiciones de
vulnerabilidad por ser víctimas del conflicto interno, por lo que, por regla
general, resulta improcedente controvertir o ventilar tales situaciones a
través de la acción de tutela. En consecuencia, las solicitudes de restitución
de tierras así como cualquier controversia sobre dicho trámite ante la UAEGRTD y
el proceso ante los jueces especializados, deben, en principio, ser dirimidas
en el marco y bajo los procedimientos previstos por esta Ley, toda vez que
dispone de medios idóneos y eficaces, constituyéndose este en el dispositivo
que por regla general es el principal para reclamar o ventilar asuntos
relacionados con esa materia y solo de manera excepcional, frente a situaciones
específicas resultaría procedente la acción de tutela. Por lo anterior,
corresponde al juez constitucional examinar la eficacia real de los recursos
con que cuenta el demandante respecto a la protección que eventualmente pudiese
otorgar el mecanismo ordinario[115].
En esa línea de
pensamiento, en algunos escenarios relacionados con el proceso de restitución
de tierras, la jurisprudencia constitucional ha decantado algunas reglas de
procedencia excepcional de la acción de tutela en esta materia, cuando se
constata que los medios ordinarios, en atención a las circunstancias
particulares del caso dejan de ser idóneos.
A manera de ejemplo, se
ha depurado que procede cuando: (i) la víctima no cuenta con ningún recurso en
el ordenamiento para discutir las decisiones de la UAEGRTD porque estas no se
fundan en razones objetivas y específicas al caso, de modo que impiden al
interesado ejercer una contradicción y lo somete a la imposibilidad de
continuar el trámite y suspende de manera indefinida la garantía del derecho de
restitución[116];
(ii) los cuestionamientos a la decisión que se surte en única instancia de
jueces especializados no se enmarcan en ninguna de las causales del recurso
extraordinario de revisión conforme a los arts. 72 de la precitada Ley 1448 de
2011 y 355 del Código General del Proceso[117];
y, (iii) el accionante ostenta la calidad de sujeto de especial de protección
constitucional y cuestiona providencias que no ponen fin al proceso de
restitución, respecto de las cuales no existen recursos en el ordenamiento y se
advierte que sus derechos fundamentales se pueden vulnerar por la actuación del
operador judicial[118].
Contrario a lo
expuesto, la acción es improcedente cuando el accionante, en calidad de segundo
ocupante, fue vinculado dentro del proceso de restitución de tierras y este se
encuentra en curso[119].
8. En ese orden de ideas, si bien la
Corte ha sostenido que en principio la acción de tutela no constituye un
mecanismo facultativo o alternativo al cual acudir cuando se han dejado de
utilizar los medios judiciales de defensa ordinarios[120], lo cierto es que cuando el
estudio constitucional compromete los derechos de la población desplazada se flexibiliza
considerablemente el estándar de subsidiariedad.
Sin embargo, al tratarse de
asuntos en materia de restitución de tierras dicha flexibilización es menor a
fin de proteger “el trámite especializado en restitución de tierras y no
activar el dispositivo de la acción de tutela cuyo carácter residual, informal
y expedito no permite, en principio, adoptar una medida de reparación que
cumpla con los postulados, propósitos y objetivos para los cuales fue diseñada
la Ley 1448 de 2011”[121].
9. En suma, de cara a
las solicitudes relativas al derecho de restitución corresponde al juez
constitucional evaluar en cada caso la procedencia de la solicitud de amparo constitucional,
en razón a que la Ley 1448 consagró un mecanismo idóneo y eficaz acorde a las
condiciones de vulnerabilidad de cada reclamante.
El derecho a la restitución como
componente esencial de la reparación de las víctimas de desplazamiento forzado[122]
10. En la
sentencia SU-648 de 2017, la Sala Plena sostuvo que el derecho a la restitución
es el elemento primordial del derecho a la reparación[123];
además, precisó que es una prerrogativa de carácter fundamental y de aplicación
inmediata[124]. Esta tesis se
ajusta a la expuesta desde la sentencia C-715 de 2012, a través de la cual esta
Corporación estudió la constitucionalidad[125] de algunos
apartes de la Ley 1448 de 2011[126],
estableciéndose que:
“[L]a restitución se ha reconocido igualmente como
el componente preferente y principal del derecho fundamental a la reparación
integral de las víctimas del conflicto armado. Por tanto, el derecho a la
restitución como componente esencial del derecho a la reparación y su conexión
con los restantes derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a las
garantías de no repetición (arts. 2, 29, 93, 229. 250 numeral. 6 y 7) son
derechos fundamentales y por tanto de aplicación inmediata. De esta forma,
tanto la Constitución Política como la jurisprudencia de la Corte
Constitucional son consonantes en cuanto a que es deber del Estado proteger los
derechos de las víctimas de abandono, despojo o usurpación de bienes a la
restitución.”
11. De
manera análoga se explicó que la restitución no solo encuentra su base
constitucional en el preámbulo y en los artículos 2, 29, 58, 64 y 229 de la Carta
Política; sino que además ha sido regulada en la citada Convención Americana sobre
Derechos Humanos[127], así como en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[128],
en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng[129])
y en los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de
los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios de Pinheiro[130]),
entre otros[131].
12. En
relación con los referidos principios es menester precisar que al formar parte
integral del bloque de constitucionalidad, la Corte ha considerado que fijan
pautas de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano en materia de
protección del derecho a la propiedad inmueble de las personas en situación de
desplazamiento[132] .
13. Conforme
al conjunto de mandatos reseñados, esta Corporación ha concluido que la
reparación de un daño debe estar ajustada a las características del mismo, lo
que hace necesario que el menoscabo ocasionado por el desplazamiento sea remediado,
en principio, mediante la restitución.[133] Por lo dicho,
en la sentencia T-699-A de 2011 se reiteró que: “la restitución es el medio
idóneo para la reparación de las víctimas del desplazamiento, alternativa que
únicamente podría ser depuesta siempre que: i) la restitución de la vivienda,
la tierra o el patrimonio fuera imposible, ii) los titulares del derecho a la
restitución profirieran soluciones basadas en la indemnización y iii) ello
fuera confirmado por un tribunal u órgano legítimo y competente.”
14. De
manera concordante, en la sentencia SU-648 de 2017 este Tribunal dispuso que algunos
principios orientadores de la política pública en materia de restitución de las
víctimas son:
“(i) La restitución debe establecerse como el medio
preferente para la reparación de las víctimas al ser un elemento esencial de la
justicia restitutiva.
(ii) La restitución es un derecho en sí mismo y es
independiente de que las víctimas despojadas, usurpadas o que hayan abandonado
forzosamente sus territorios retornen o no de manera efectiva.
(iii) El Estado debe garantizar el acceso a una
compensación o indemnización adecuada para aquellos casos en que la restitución
fuere materialmente imposible o cuando la víctima de manera consciente y
voluntaria optare por ello.
(iv) Las medidas de restitución deben respetar los
derechos de terceros ocupantes de buena fe quienes, de ser necesario, podrán
acceder a medidas compensatorias.
(v) la restitución debe propender por el
restablecimiento pleno de la víctima y la devolución a su situación anterior a
la violación en términos de garantía de derechos; pero también por la garantía
de no repetición en cuanto se trasformen las causas estructurales que dieron
origen al despojo, usurpación o abandono de los bienes.
(vi) en caso de no ser posible la restitución plena,
se deben adoptar medidas compensatorias, que tengan en cuenta no solo los
bienes muebles que no se pudieron restituir, sino también todos los demás
bienes para efectos de indemnización como compensación por los daños
ocasionados.
(vii) el derecho a la restitución de los
bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del respecto y
garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la
justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo de reparación y un
derecho en sí mismo, autónomo e independiente.”
15. Es
claro entonces que para la Corte el derecho fundamental a la restitución en el
marco del desplazamiento forzado implica la garantía de regresar material y
jurídicamente a la situación en la que se encontraban antes de la trasgresión
de sus derechos; de esta forma, es posible afirmar que esta garantía involucra
la facultad de que el Estado le garantice su propiedad y proceda a restablecerla
- siempre y cuando sea posible y así se pretenda- el uso, goce y/o disposición
de la misma[134].
En este contexto, en sentencia C-166 de 2017[135]
esta Corte fijó que “en el contexto del derecho interno, […] ha identificado
los artículos 2, 29, 93, 229, 250 numerales 6 y 7 de la Constitución Política,
de los cuales puede desprenderse que el derecho a la reparación integral
incluye el componente de restitución de tierras. Para la Corporación, esa
restitución constituye un mecanismo que satisface en mayor medida el derecho a
la reparación integral y su conexión con los derechos de las víctimas a la
justicia y la verdad. En palabras de la sentencia C-330 de 2016, ‘como la
reparación integral hace parte de la triada esencial de derechos de las víctimas,
y el derecho a la restitución de tierras a víctimas de abandono forzado,
despojo o usurpación de bienes es el mecanismo preferente y más asertivo para
lograr su eficacia, la restitución posee también el estatus de derecho
fundamental’”.
En esa misma
línea, en sentencia T-233 de 2018 se reiteró que “el derecho a la
restitución de tierras es un componente preferente y principal de la reparación
a las víctimas del conflicto armado, y lo ha definido como parte fundamental de
la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación. En virtud del
mismo, quienes son víctimas del despojo o abandono forzado pueden reclamar al
Estado el restablecimiento de su derecho de propiedad o posesión y el uso, goce
y libre disposición sobre los bienes despojados”[136].
16. De
acuerdo con la jurisprudencia transcrita interesa destacar que del marco de los
derechos humanos de las personas en situación de desplazamiento se derivan
obligaciones estatales dirigidas a satisfacer los derechos afectados por la
privación de la tierra y/o la propiedad; deberes que han sido asumidos paulatinamente
en la legislación interna.
16.1. Por
ejemplo, en la referida Ley 387 de 1997 se previeron distintas competencias y
obligaciones a las autoridades gubernamentales relacionadas con el proceso de restitución
de tierras, especialmente de la población rural. Algunas de las medidas
contenidas en esta norma son: (i) la adopción de programas y procedimientos
especiales para la enajenación, adjudicación y titulación de tierras; (ii)
llevar el registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por
la violencia, e informar a las autoridades competentes a fin de que procedan a
impedir cualquier acción de enajenación o transferencias de títulos; (iii)
establecer un programa que permita recibir la tierra de personas desplazadas a
cambio de la adjudicación de otros predios de similares características[137].
16.2. Posteriormente,
en el Decreto 250 de 2005 se expidió el Plan Nacional de Atención a la
Población Desplazada, determinándose como uno de los principios orientadores la
reposición equitativa de las pérdidas o daños materiales acaecidos por el
desplazamiento con el fin de que las personas y los hogares puedan volver a
disfrutar de la situación en que se encontraban antes del mismo.
16.3. Por
último entre las medidas más importantes adoptadas por el Estado colombiano para
la protección de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, es posible
citar la Ley 1448 de 2011, que “creó una jurisdicción especial
que tiene como objetivo lograr la restitución de los predios abandonados o
despojados, a favor de las víctimas del conflicto armado. Conforme con ello,
creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, con el propósito de gestionar la restitución jurídica y material de
las tierras, para alcanzar que las víctimas sean restablecidas a la situación
anterior a las violaciones de sus derechos. Significa lo anterior que el Estado
es facilitador de las condiciones para que este grupo vulnerable disfrute del
derecho a la restitución de tierras y se haga efectivo”[138].
En ese
sentido, esta Ley se constituye en una herramienta primordial para
garantizar derecho
fundamental y autónomo a la restitución de tierras que busca en un primer
momento restablecer la relación jurídica y material entre el despojado y el
bien reclamado, de quien ha sido víctima del conflicto armado interno. Para tal
efecto, creó un procedimiento administrativo y una instancia
judicial que, conforme a la jurisprudencia constitucional, constituye el
mecanismo efectivo para garantizar el acceso a la administración de justicia a
las víctimas de despojo y abandono forzado[139].
Justamente el artículo 72 de la precitada Ley dispone que el Estado
colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y
material de sus tierras, toda vez que en su artículo 25 se materializa el
derecho fundamental a la reparación integral, indicando que las víctimas tienen
derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y
efectiva por el daño que han sufrido[140].
17. Por lo
expuesto, la Sala reitera que: (i) los derechos a la verdad, justicia,
reparación y garantía de no repetición son derechos fundamentales de quienes
han sufrido los daños de la violencia generada por el conflicto armado interno;
(ii) uno de los elementos centrales del derecho a la reparación lo constituye
el derecho a la restitución, el cual implica la garantía de regresar material y
jurídicamente a la situación en la que se encontraba el sujeto en condición de
desplazamiento, antes de la trasgresión de sus derechos humanos; (iii) el marco
internacional y el texto superior han reconocido que la restitución es la
piedra angular de la reparación, razón por la cual, se ha resaltado la
importancia de que los Estados implementen las medidas administrativas y/o
judiciales para su patrocinio; (iv) respondiendo a la anterior obligación el Gobierno
colombiano ha adoptado instrumentos normativos que se erigen como medios para obtener la restitución, de ello ser posible; en caso
contrario, procuran la indemnización de las víctimas.
El Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) como
herramienta para garantizar el derecho a la restitución.
18. El Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente (RTDAF)[141] determina el
inicio de la ruta de restitución cuando se ha perdido la tenencia material y
jurídica por causa del desplazamiento, abandono o despojo forzado, allí se
recopila toda la información física y jurídica sobre los predios que fueron
abandonados o  despojados a las víctimas del conflicto. Vale la pena destacar
que este es distinto al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA[142])
que, a su vez, busca proteger los predios cuando se han dado situaciones que
pueden dan lugar al desplazamiento[143].
19. La inscripción en el RTDAF cumple un rol
determinante en el proceso mixto de restitución de tierras[144],
que comprende: (i) un trámite administrativo a cargo de la URT; (ii) una
instancia judicial a cargo de los jueces y magistrados especializados de cada
circuito y distrito judicial; y (iii) un proceso post-fallo[145].
Así, cada etapa constituye una suerte de prerrequisito para para avanzar hacia
la siguiente[146].
20. En curso del trámite administrativo la UAEGRTD debe
esclarecer la situación de los predios reclamados. En dicha labor debe decidir
primero sobre el inicio formal de estudio de la solicitud[147],
que busca establecer las condiciones de procedibilidad del registro, descartar
de plano aquellos casos que no cumplen los requisitos legales para la
inscripción y evitar que se incluyan predios o personas que no cumplen con los
requisitos previstos en la Ley[148]; y, en caso de
avalar la solicitud.
21. Posteriormente, debe pronunciarse sobre la
inscripción mediante el estudio formal del caso, en el cual busca verificar que
las reclamaciones cumplan con los requisitos mínimos que exigen los artículos
3, 75 y 81 de la Ley 1448 de 2011 y los requisitos de procedibilidad
establecidos en el Decreto 1071 de 2015[149], para
determinar si el caso es susceptible de ser llevado al proceso judicial y
formalización de la referida Ley[150].
22. Sobre este punto, vale la pena recabar que el
estudio formal del caso tiene como objeto establecer sumariamente y con
inversión de la carga de la prueba, que se cumplen los requisitos mínimos para
solicitar restitución de tierras, esto es, la condición de víctima de despojo,
con base en los artículos 3, 74, 75 y 81 de la Ley 1448 de 2011.
Ahora bien, la Sala aclara que de acuerdo con la sentencia C-715 de
2012, el Registro de Tierras Despojadas “es una figura diferente al
Registro Único de Víctimas, pues como es entendible, no toda víctima ha sido
objeto de despojo de tierra, y por lo tanto la base de datos de cada uno de
estos registros debe llenarse de manera independiente”. A continuación se
explican los requisitos para adquirir ser beneficiario de este mecanismo de
reparación:
Noción de víctima del conflicto armado (artículo 3º)
23. El artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 cobijó a aquellas personas que individual o colectivamente (directa o
indirectamente) hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de
enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional
humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de
Derechos Humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, por hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985.
Asimismo, en la sentencia C-781 de 2012 se estableció que la expresión
“con ocasión del conflicto armado interno”, contenida en el artículo 3°
de la Ley 1448 de 2011 “no conlleva una lectura restrictiva del concepto ‘conflicto
armado’ y por el contrario tiene un sentido amplio que no circunscribe el
conflicto armado a Situaciones de confrontación armada, o actividades de
determinados actores armados en ciertas zonas geográficas, y en esa medida
resulta compatible con la protección constitucional de las víctimas”. No
obstante, “ante la ocurrencia de una afectación grave de derechos humanos de
una infracción de las normas del derecho humanitario, en caso de duda sobre si
tal hecho ha ocurrido en el marco del conflicto armada interno debe darse
prevalece a la interpretación en favor de la víctima”.
A su vez, la sentencia C-052 de 2012
estudió la constitucionalidad de las expresiones “en primer grado de
consanguinidad, primero civil” y “cuando a ésta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida”, contenidas en el artículo
3° de la Ley 1448 de 2011. En esta providencia la Corte
señaló que en uno u otro caso las personas que se van a acreditar como víctimas
tienen la posibilidad de ser reconocidas como tales y que lo que resulta
distinto es el camino que cada
uno de ellos debe recorrer para adquirir ese estatus, “pues mientras que
unos deberán acreditar el daño sufrido, otros podrán obtener el mismo resultado
a partir de otras circunstancias, concretamente la muerte o desaparición de la
víctima directa y la gran cercanía existente entre ésta y quien pretende el
reconocimiento, las cuales hacen presumir la ocurrencia de un daño[151]”.  Sin embargo, la Corte
concluyó que en cualquier caso no se podía hacer una interpretación restrictiva
del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y que por lo tanto se consideran víctimas
todas aquellas personas que hubieren sufrido daño como
consecuencia de los hechos victimizantes[152]. Luego esta
postura se reiteró en la sentencia C-372 de 2016 en la que la Corte afirmó
nuevamente que el concepto
de víctima se construye sobre la realización de un daño en sentido amplio, es
decir, en cualquiera de sus posibles manifestaciones causado de manera directa
o indirectamente.
Noción de despojo o abandono forzado de tierras
(artículo 74)
24. En la
sentencia C-715 de 2012 la Corte reconoció que si bien los conceptos de
abandono y despojo son fenómenos distintos, es claro que ambos producen la
expulsión de la tierra, lo que genera una vulneración masiva de los derechos
fundamentales en el marco del conflicto interno.
Posteriormente
en sentencia C-099 de 2013
la Corte refirió que “[d]entro del proceso de restitución se debe
determinar la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al despojo o
abandono de las tierras. Según el artículo 74 se define el despojo de tierras
como “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de
violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación,
ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o
mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia;” y,
por abandono forzado de tierras “la situación temporal o permanente a
la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve
impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los
predios que debió desatender en su desplazamiento,” durante el período
comprendido entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley.”
Titulares del derecho a la restitución (artículo 75)
25. De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1448, la titularidad del derecho de
restitución se reconoce a partir de tres escenarios:
(i)
Ostentar la relación de propiedad, posesión o
explotación de baldío cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación; o
(ii)
Haber sido despojado u obligado a abandonar el
predio solicitado en restitución, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario y normas internacionales de Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, de acuerdo a lo establecido
en el art. 3º de le Ley 1448 de 2011; y,
(iii)      Que el abandono y/o despojo haya ocurrido con posterioridad al 1º de
enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011.
Legitimación (artículo 81)
26. Por otro lado, el artículo 81 fijó la titularidad de la acción de
restitución de la siguiente manera: (i) quien detente la relación jurídica
con el bien reclamado conforme al artículo 75; (ii) subsidiariamente, el
cónyuge o compañero/a permanente en la época de los hechos violentos; (iii), a
falta de los anteriores, quien estuvieran llamados a sucederlos.
Al respecto, en sentencia T-233
de 2018 la Corte sostuvo que “la titularidad de la acción de restitución de
tierras también recae en las personas llamadas a suceder al titular del derecho
en el evento en que este haya fallecido o estuviere desaparecido”. En esa
oportunidad, reconoció que la compañera permanente e hija de quien había
solicitado la protección de este derecho tenían legitimidad para actuar en el
proceso de tutela, debido a que podrían sucederlo de acuerdo con los artículos 75
y 81 de la Ley 1448[153].
27. Aclarado lo anterior, las decisiones de la UAEGRTD que
resuelvan las solicitudes de inscripción deben ser motivadas en razones de
hecho y de derecho y, además, atender “los principios de colaboración
armónica; enfoque diferencial; confidencialidad; favorabilidad y prevalencia
del derecho material; enfoque preventivo; participación; progresividad;
gradualidad; y publicidad”[154].
En esta línea, cualquier negativa de inscripción en el RTDAF, en atención al
principio de legalidad y a los derechos fundamentales al debido proceso y
defensa de los interesados, debe ceñirse estrictamente a lo consagrado en el
Decreto 1071 de 2015[155], artículos
2.15.1.3.5[156] y 2.15.1.4.5[157], donde se señala que debe ser excluido quien no cumpla con los
requisitos establecidos en los artículos 3, 75, 76 y 81 de la Ley 1448 de 2011.
28. En cuanto a
la inscripción en el RTDAF, se debe registrar como mínimo la siguiente
información: (i) el predio objeto de despojo, en forma preferente mediante
georreferenciación individual y colectiva; ii) la identificación de la víctima
o víctimas de despojo (identificación del núcleo familiar); iii) la relación
jurídica de las víctimas con el predio; iv) el periodo durante el cual se ejerció
influencia armada en relación con el predio y v) la inclusión de la información
complementaria, respetando todas las garantías constitucionales de las víctimas[158].
29. Por otro lado, están habilitados a continuar con
la etapa judicial únicamente aquellos a quienes la UAEGRTD apruebe la
inscripción en el RTDAF. Sobre el rol del juez en este proceso esta Corporación
destacó que “la existencia del certificado de inscripción no conduce
automáticamente a que el juez decrete la entrega del bien al reclamante, pues
en todo caso, el acervo probatorio recolectado por la Unidad se debe someter a
debate probatorio. Dado que el legislador estableció un procedimiento mixto
(administrativo y judicial) para le restitución, es claro que el juez no cumple
una función notarial o de registro, ni es un convidado de piedra que debe
atenerse únicamente lo probado por la Unidad”[159].
A fin de decidir de manera definitiva sobre la propiedad o posesión del bien
objeto de la demanda, así como sobre la restitución jurídica y material del
predio, tiene facultades de decretar pruebas adicionales y determinar las
compensaciones a que hubiere lugar, a favor de los opositores de buena fé (art.
91).
Dicho fallo constituye título de propiedad y en su
contra podrá interponer el recurso de revisión ante la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, quien proferirá los autos interlocutorios en
un término no mayor de diez (10) días y decisión en un término máximo de dos
(2) meses (artículo 92)[160].
30. En la tercera etapa (“post-fallo”) “los
jueces especializados en restitución de tierras mantienen la competencia para
verificar el cumplimiento de sus órdenes y para adoptar las medidas necesarias para
garantizar el uso, goce y disposición de los bienes a quienes les fueron
restituidos o formalizados sus predios, así como para proteger la vida e
integridad de los reclamantes y sus familias”[161].
31. Por lo discurrido, el proceso de restitución de
tierras se compone de tres etapas: una administrativa a cargo de la UAEGRTD,
una judicial y otra post judicial bajo la dirección de los jueces
especializados. En la primera, se resuelve la inscripción en el RTDAF, al
verificar sumariamente la titularidad del derecho del solicitante por ser
víctima directa o indirecta de despojo y/o abandono forzado en el marco del
conflicto armado interno, en los términos de los artículos 3°, 74, 75 y 81 de
la Ley 1448 de 2011, se deberá proceder a la inclusión en el RTDAF.
Protección y garantías de
atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado
de la Ley 1448 de 2011
32. La Ley 1448 de 2011 dicta medidas de atención,
asistencia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado
interno, a fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y a
la garantía de no repetición que emanan de la interpretación armónica de los
artículos 1, 2, 12, 13, 24, 90, 229 y 250 numeral 7 del texto superior y con
estándares del derecho internacional (art. 93)[162],
en particular, los principios de distinción y de trato humanitario previstos en
los tratados internacionales sobre derecho internacional humanitario[163].
Aunado a lo anterior, en esta política de Estado y
disposición de engranaje institucional para su implementación, subyace el
reconocimiento de la dimensión desproporcionada del daño que causa el
desplazamiento forzado sobre sus víctimas, puesto que “los convierte en una
población en extrema situación de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, y
por tanto los sitúa en una condición de desigualdad que da lugar a
discriminación”[164].
33. En ese marco, la
oferta institucional está conformada por la ayuda humanitaria y medidas de reparación
(como la indemnización administrativa[165]) y, además, de
la asistencia con el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de
orden político, económico, social, entre otros, a cargo del Estado, como son la
asistencia educativa y de salud, entre otras, orientado a restablecer la
vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para
llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica
y política[166].
Ayuda Humanitaria
34. En cuanto la ayuda humanitaria vale la pena
destacar que la jurisprudencia constitucional determina que es un derecho
fundamental debido a su relación intrínseca con otros derechos, por cuanto está
íntimamente relacionado con la vida, la salud y el mínimo vital, en la medida
que tiene como propósito garantizar una subsistencia a personas que no están en
condiciones de procurársela por sus propios medios[167], la
cual debe ser prestada “de manera imperativa y urgente, sin que puedan
imponer barreras administrativas que impidan su acceso oportuno, ni someter a
la población desplazada a tramites excesivos (peregrinaje institucional) para
tal efecto”[168].
35. Al respecto, esta Corporación ha identificado
las características de la ayuda humanitaria, así: “(i) protege la
subsistencia mínima de la población desplazada[169];
(ii) es considerada un derecho fundamental[170];
(iii) es temporal; (iv) es integral[171];
(v) tiene que reconocerse y entregarse de manera adecuada y oportuna,
atendiendo la situación de emergencia y las condiciones de vulnerabilidad de la
población desplazada[172];
y (vi) tiene que garantizarse sin perjuicio de las restricciones presupuestales[173]”[174].
36. La asignación y entrega de ayuda humanitaria
responde a las necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho
victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus
necesidades, en condiciones dignas y con enfoque diferencial, en el momento de
la violación de los derechos, la cual se debe brindar en forma oportuna, eficaz
y de fondo[175].
En concordancia con lo anterior, según el grado de
urgencia y vulnerabilidad, se distinguen tres etapas de la ayuda humanitaria,
conforme al artículo 62 de la Ley 1448: (i) inmediata, para
quienes hayan presentado la declaración a que se refiere  el artículo 61 de la
Ley 1448 de 2011, hayan sido víctimas de desplazamiento forzado dentro de los 3
meses anteriores a la solicitud (artículo 63), y se encuentran en situación de
vulnerabilidad acentuada; (ii) de emergencia, destinada a quienes estén
en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo
que las incluye en el RUV, de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia
respecto de su subsistencia mínima (artículo 64), además puede ser prorrogada
según las circunstancias de cada caso; y, (iii) de transición, destinada
a quienes están inscritos en el RUV pero aún no cuenta con los elementos
necesarios para su subsistencia mínima, ni presenta las características de
gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la atención humanitaria de
emergencia (artículo 65), por lo que incluye componentes de alimentación y
alojamiento a cargo de la UARIV y del ente territorial.
Ahora bien, la entrega de dichas ayudas está sujeta
a turnos y a un orden para optimizar
su asignación, al ser un mecanismo operativo que permite garantizar la
eficiencia, eficacia, racionalización y especialmente, la igualdad al momento
de hacer la entrega de la ayuda humanitaria. Sin embargo, la fijación de estos turnos
debe observar un término razonable[176],
debe consultar el nivel de
vulnerabilidad de los beneficiarios[177].
Cabe advertir que la no entrega o la entrega incompleta de la ayuda
humanitaria; no acceder a su prórroga; no informar el turno, constituye una
vulneración al derecho fundamental al mínimo vital de la población desplazada.
Caso concreto
Reseña fáctica
37. Como se indicó en el acápite
de hechos, el señor Jairo Landazábal Flórez es una persona adulta (56 años) y es
víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado y tortura, por lo que
está inscrito en el RUV desde el año 2013[178]. Indica que
en el transcurso de su vida ha padecido las consecuencias de la guerra y no ha
podido superar las condiciones de desplazamiento, de modo que no cuenta con
recursos económicos para su sustento. Afirma que padece de una enfermedad
psiquiátrica, lo cual le imposibilita trabajar y acceder a recursos propios,
pero que recibe algunos ingresos de su hermano de manera intermitente. Carece
de una red de apoyo en su vida diaria, pues es responsable de su padre y de su
hijo, quienes se encuentran en la incapacidad de brindarle ayuda por sus
propias limitaciones de salud.
38. El accionante aduce que como
consecuencia del desplazamiento fue víctima de despojo de las Fincas “Buenos
Aires” y “Totumales” (Núms. 300-142171 y 300-77850[179]),
dos oficinas (Oficina 1105 y Oficina 1106) y una casa en la urbanización “Diamante
II” (Núms. 300-28937, 300-28938 y 300-22065); y, dos predios ubicados en el Sector Lagos del Cacique
(Núms. 300-193761 y 300-53739),
por lo que solicitó a la UAEGRTD su inscripción en el RTDAF.
39. No obstante, la entidad negó
su inscripción en el RTDAF, como se recopila brevemente a continuación:
Grupo 1:
Negó
el estudio formal de la solicitud relacionada con la Finca “Buenos Aires”
(núm. 300-14271) por encontrar que el peticionario no se encontraba
legitimado para reclamar ya que ello le correspondía a su padre, en calidad
de cónyuge supérstite de quien ostentó la propiedad del bien al momento de la
ocurrencia de los hechos que califica como despojo, de conformidad con el
artículo 81 precitado.
Grupo 2:
Negó
la inscripción en el RTDAF respecto de las oficinas 1105 y 1106 y de la casa
en el “Diamante II” (núms. 300-28937, 300-28938 y 300-22065, respectivamente)
por no cumplir las condiciones sobre la calidad de víctima establecidas en el
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.
Grupo 3:
Negó
la inscripción en el RTDAF respecto de los predios en el Sector Lagos del
Cacique en Bucaramanga (núms. 300-193761 y 300-53739), debido a que los
hechos que ocasionaron la pérdida del derecho o vínculo con el predio no
corresponden a un despojo o abandono forzado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 74 ibídem.
40. Por otra parte,
el accionante afirmó que acudió a la UARIV a fin de recibir ayuda humanitaria y
ser beneficiario de las asistencias sociales para la población desplazada, pero
al no obtener una respuesta definitiva para superar sus necesidades desistió de
sus peticiones.
No obstante, obra en
el expediente que la UARIV, entre otras 22 entidades públicas, entre el 2013 y
el 2018 dio respuesta a algunas peticiones proporcionándole información sobre:
i) el pago y la asignación de turnos para el pago de ayuda humanitaria, ii) los
programas de atención y asistencia a las víctimas y las entidades encargadas,
iii) el estado de la asignación de recursos para el pago de indemnización
administrativa; iv) servicios de atención de salud y medidas psicosocial e
inclusión al PAPSVI; v) asignación y entrega de proyecto productivo; y, vi)
estado del proceso administrativo de medición par la inclusión al Plan de
Atención de Asistencia y Reparación Integral (PAARI)[180].
41. En el marco
descrito, el accionante cuestionó las negativas de la UAEGRTD porque se habrían
basado en una valoración errada de los hechos en los que respaldó sus
peticiones, que resultó en la vulneración de su derecho a la restitución; al
considerar que toda la violencia que padeció su núcleo familiar sólo consolidó
la calidad de víctima en la persona de su hermano, causó la afectación de su
reconocimiento como tal y del acceso a los derechos de restitución. Así mismo,
reprochó la inacción de la UARIV para garantizar sus derechos como parte de la
población desplazada.
42. En último lugar, en sede de revisión, se recaudaron pruebas de las
cuales se desprende que el accionante no cuenta con el apoyo económico ni
asistencial de su familia, por lo que acude a la mendicidad y caridad pública
para su sustento diario y se encuentra viviendo solo en una bodega. No
obstante, cuenta con el servicio de salud por su condición de afiliado en la
EPS COOSALUD en el régimen subsidiado y por estar inscrito al Programa de
Atención Psicosocial y sistema integral a las Víctimas (PAPSIVI), en el cual ha
recibido asistencia.
Por otra parte, en 2013, la Defensoría Regional de Santander remitió a
la Secretaría de Salud Municipal para que brindara la atención psiquiátrica y
psicológica requerida por el señor Landazábal Flórez; y, que la UARIV entregó
la ayuda humanitaria siete veces entre 2013 y 2016 y dispuso su pago para el 28
de junio de 2019. Por último, se observa que no presentó ninguna solicitud de
inscripción en el RTDAF sobre el predio 300-77850.
Finalmente,
a través de la Resolución del 05 de julio de 2019 la UARIV reconoció y ordenó
el pago de la Atención Humanitaria de Emergencia al señor Landazábal Flórez, de
tres giros al año, por $410.000, cada uno.
Análisis de procedibilidad
43. La Sala encuentra acreditados
los requisitos de procedibilidad de la acción, como pasa a exponerse:
44.
Relevancia constitucional. Se evidencia que el asunto versa sobre los
derechos de una persona con múltiples factores que fundan su calidad de sujeto
de especial protección: (i) es víctima del conflicto armado, condición
acreditada mediante su inscripción en el RUV, (ii) se encuentra en condiciones
de extrema pobreza y marginalidad, (iii) padece de una afectación en su salud
mental y, carece de recursos económicos, vivienda y apoyo familiar. De todo lo
anterior, se infiere que el caso examinado cual reviste tal grado de urgencia
que clama por la mediación inmediata de la autoridad judicial de manera
oportuna.
45.
Legitimación de las partes[181]: La legitimación por
activa de Jairo Landazábal Flórez está probada, toda vez que se trata de una
persona víctima del conflicto armado, quien alega el presunto desconocimiento
de sus derechos fundamentales por parte de la UAEGRTD, debido a que en su
criterio hubo una valoración errada
de los hechos en los que respaldó su solicitud de restitución; y de la UARIV, al no obtener una
respuesta definitiva para superar sus necesidades como persona desplazada
inscrita en el registro de víctimas.
De
igual modo, la legitimación por pasiva de UAEGRTD y de la UARIV, toda vez que
se les endilga la responsabilidad de una vulneración originada en su actuar,
esto es, no acceder a las solicitudes de inscripción en el RTDAF del accionante
y no asistirlo y brindarle las ayudas de asistencia previstas para la población
desplazada, respectivamente, como máximos responsables de la mencionada base de
datos y de la gestión de recursos de la Ley 1448 de 2011.
46. Agotamiento de todos los recursos ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial: Este presupuesto se debe analizar
desde dos escenarios, por una parte en relación con la entrega de ayudas
humanitarias de emergencia y por otra respecto al proceso de restitución de
tierras[182].
En relación con el primer aspecto (entrega de ayudas
humanitarias de emergencia) la Corte ha avalado la procedencia de esta acción
constitucional para reclamar la entrega de la ayuda humanitaria, en la medida
que se constituye en el medio judicial idóneo y eficaz para la protección de
los derechos de la población desplazada[183].
De cara al segundo escenario (proceso de restitución
de tierras), la Corte ha reconocido que de manera excepcional procede este
mecanismo de protección constitucional para reclamar el derecho a la
restitución cuando se evidencia que las vías ordinarias carecen de eficacia o
idoneidad para atender sus solicitudes.
En el asunto bajo examen, el actor podría acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa
(acción de nulidad y restablecimiento del derecho) para controvertir los actos
administrativos atacados vía tutela. No obstante, no es una instancia eficaz,
por cuanto una eventual medida cautelar en ese escenario estaría encaminada a
la suspensión de los efectos de actos administrativos, lo cual, por las
particularidades del caso, resultaría insuficiente para impedir o contener con
oportunidad y eficacia las vulneraciones de los derechos fundamentales del señor
Landazábal Flórez, quien se encuentra en un alto estado de
vulnerabilidad extrema.
En este marco de ideas, la Sala advierte que el
grado de riesgo que enfrenta el accionante es mayor a su resiliencia, puesto
que a pesar del transcurso del tiempo no ha superado el estado de exclusión y
marginalidad, como lo registra el Informe
Individual del PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas del Conflicto Armado), mediante una anotación de que el actor vive en
una bodega y que se “encuentra es situación de vulnerabilidad extrema”
en consideración de la falta de recursos, las malas condiciones de vivienda y
los conflictos familiares[184].
De ello se infiere que es indispensable y urgente la
intervención del juez constitucional[185].
En esa medida, la acción de tutela prevalece ante cualquier otro medio de
defensa por tratarse de una vulneración latente que no puede dar esperas, so
pena de incrementar los factores de riesgo sobre las garantías mínimas de una
víctima del conflicto armado.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad.
47. Inmediatez: La jurisprudencia constitucional
ha reiterado que no obstante, la acción de tutela no cuente con un término de
prescripción, debido a que el artículo 86 superior establece que esta podrá
interponerse “en todo momento”, lo cierto es que la misma debe invocarse en un
término razonable, pues su objeto es el de brindar una protección oportuna de
los derechos fundamentales presuntamente vulnerados[186]. Así las cosas,
corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de este principio y, en
caso de advertir una demora excesiva, deberá analizar si existe una razón
válida que justifique la inactividad del accionante[187].
En el asunto de la referencia los actos
administrativos definitivos que negaron la inclusión en el RTDAF del señor
Landazábal Flórez datan del 2015 y 2016 y, además, las solicitudes de este ante
la UARIV van desde el 2014 al 2018. Por su parte, la acción de tutela se
presentó el 10 de diciembre de 2018. Si bien transcurrió un tiempo considerable
antes de que el accionante recurriera al mecanismo constitucional, la Sala
considera que cumplió con este presupuesto al menos por tres razones:
En primer lugar, la valoración de la razonabilidad
del plazo debe tener en cuenta si la presunta vulneración de los derechos de la
víctima permanece en el tiempo y si el daño es actual y, por tanto, amparable
mediante el trámite de tutela[188].
En este caso, la no inclusión en el RTDAF del accionante podría suponer una
afectación permanente, continuada y constante de sus derechos a la restitución.
Por lo tanto, en el presente caso la afectación iusfundamental -en caso
de comprobarse en esta providencia- también sería actual.
En segundo lugar, el precedente constitucional
indica que deben considerarse las circunstancias particulares a fin de avizorar
la proximidad temporal de la vulneración con la reclamación[189].
En este sentido, se evidenció que el accionante se encuentra en una situación
de vulnerabilidad extrema, situación ya advertida por la UARIV. Precisamente
esta entidad en la resolución del 05 de julio de 2019 indicó “dentro del
hogar se encuentran personas en situación de discapacidad, es decir, que esta
condición no fue omitida para considerar el tipo de carencia que obtuvo el
grupo familiar”, además se explicó que “a través del resultado obtenido
de la medición realizada por la Unidad para las Víctimas, se logró determinar
que su hogar presenta carencia extrema en los componentes de alimentación y
alojamiento temporal frente a la subsistencia mínima”.
En tercer lugar, la presunta tardanza no resulta
injustificada, en razón a que el señor Landazábal Flórez alegó haber acudido a
la acción de tutela con cierta dilación por encontrarse en una condición de
vulnerabilidad extrema, por lo cual no ha ejercido “su derecho a la defensa
y contradicción ante cualquier entidad y en cualquier situación”. Asimismo,
es razonable dado que se desprende de las certificaciones médicas arrimadas al expediente[190] que el accionante ha
sufrido múltiples afectaciones de su salud.
Al respecto, a juicio de la Sala, no resulta extraña
la reticencia y demora del accionante para impetrar un nuevo reclamo en
instancias judiciales, máxime cuando se ha evidenciado que acudir a las
distintas entidades para reclamar la garantía de sus derechos ha causado un
mayor detrimento en su salud, en la medida que ha experimentado revictimización,
en razón a que debe referirse nuevamente a los hechos victimizantes ante cada
entidad[191].
48. En resumen, se estima que la acción de tutela es
procedente para realizar el estudio de fondo de la solicitud de amparo al
existir legitimación en la causa por activa y pasiva; el término de
presentación de la demanda se ajusta al principio de inmediatez; y por último,
se cumple el principio de subsidiariedad.
Visto que el asunto de la referencia cumple con los
requisitos de la procedencia, la Sala abordará el estudio sustancial del caso.
Análisis de la
vulneración al derecho a la restitución.
49. La Sala procederá
a realizar el estudio de fondo en cuanto a la posible vulneración de los
derechos a la restitución del señor Landazábal Flórez. Para ello, el
análisis del presente asunto se desarrollará a través de los grupos de decisiones de
la RTDAF por medio de las cuales se negó la solicitud de
inscripción elevada por el actor.
50. Como se
afirmó, el derecho a la restitución de las víctimas del desplazamiento forzado tiene
una naturaleza fundamental, al constituir una de las garantías básicas
previstas por la Ley 1448 de 2011, donde se busca restablecer la relación
jurídica y material entre el despojado y el bien reclamado[192].
En este marco el
RTDAF se consolida como una herramienta para materializar este derecho dentro
del proceso de restitución de tierras, es así como la inscripción en dicha base
de datos materializa la finalización de la etapa administrativa inicial ante la
URT y, a su vez, constituye un requisito de procedibilidad para iniciar la
etapa judicial ante la jurisdicción especializada en restitución de tierras, donde
se determina de manera definitiva la propiedad y/o posesión del bien objeto de
la demanda, así como la restitución jurídica y material del predio.
51. En esa
medida, las decisiones de la UAEGRTD sobre el estudio formal y la inscripción
en el RTDAF deben fundarse en la verificación conjunta de la calidad de víctima
del conflicto armado, haber sido afectado por actos de despojo o de abandono
forzado de la tierra y estar legitimado para presentar la reclamación
correspondiente según los artículos 3, 74 y 81 de la Ley 1448 de 2011, so pena
de la no inclusión en atención al principio de legalidad y a los derechos al
debido proceso y defensa de los interesados.
Respuesta al primer
problema jurídico
Análisis del grupo
1:
Resoluciones 2539 y 3620 de 2015 (núm. 300-14271 / Finca “Buenos Aires”) que negó
el estudio formal de la solicitud, por no estar legitimado para la reclamación
conforme al artículo 81 de la Ley 1448 de 2011.
52. En este punto es
importante reiterar que la Ley 1448 de 2011, en su artículo 81[193], estableció
el orden de la titularidad de la acción de restitución de la siguiente manera:
(i) quien detente la relación jurídica con el bien reclamado conforme al
artículo 75; (ii) subsidiariamente, el cónyuge o compañero/a permanente en la
época de los hechos violentos; (iii), a falta de los anteriores, quien
estuvieran llamados a sucederlos. La Corte ha definido que “la titularidad
de la acción de restitución de tierras también recae en las personas llamadas a
suceder al titular del derecho en el evento en que este haya fallecido o
estuviere desaparecido” y, en esa medida, se trata de una formación
sucesiva.
53. Con base en esta
norma la UAEGRTD negó
el estudio formal de la solicitud del señor Landazábal Flórez para ser inscrito
en el RTDAF. Consideró que carecía de legitimación al advertir que los
derechos de la acción de restitución recaen sobre su padre (Zótico Landazábal
Afanador) en primera medida, dado que acreditó haber sido el cónyuge de quien
vio afectado su derecho de propiedad sobre la Finca “Buenos Aires” al momento
de los hechos del despojo de 1995, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 81 de la Ley 1448 de 2011. Al estar activa la solicitud de la persona
en primer orden, estaba excluido el peticionario de presentar la reclamación. Lo
anterior, se evidencia en el texto de las resoluciones atacadas, de la
siguiente manera:
(i) Resolución
2539 de 2015: la entidad razonó que “no tiene la calidad jurídica para
reclamar el inmueble en restitución, toda vez que los derechos recaen en su
señor padre Zótico Landazábal Afanador, quien también presentó la solicitud en
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente”[194].
(ii) Resolución 3620
de 2015: confirmó la decisión, por considerar que el accionante no tiene la
legitimación de conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 1448 de
2011. Ello, por cuanto su padre, Zótico Landazábal Afanador, solicitó de manera
separada y autónoma su inclusión respecto de este bien, excluyendo a todos los
que se consideren sucesores de los derechos hereditarios de quien fue
propietaria del bien reclamado (madre del accionante), teniendo en cuenta que “para
el momento del desprendimiento jurídico del predio reclamado, que configuró el
abandono y posterior despojo forzado sobre el referid bien inmueble, la señora
Sabina Flórez de Landazábal (q.e.p.d) tuvo un vínculo marital con el señor
Zótico Landazábal de esta última”[195].
54. El accionante
estima que estas decisiones vulneraron su derecho a la restitución porque la
entidad valoró de manera parcializada los hechos y, por ello, encontró que solo
su progenitor estaba en condiciones de ser inscrito como víctima de despojo, lo
cual desconoce que todo el núcleo familiar fue afectado por los mismos hechos
de violencia.
55. Con base en lo
expuesto, particularmente revisada la motivación de las decisiones atacadas, la
Sala observa que las Resoluciones 2539 y 3620 de 2015 tuvieron en cuenta la
información proporcionada por el accionante, esto es la reclamación que había
presentado su padre de manera independiente. Este elemento permitió a la
UAEGRTD contemplar de manera integral el caso y conllevó al análisis de
legitimación conforme a lo dispuesto por el artículo 81 precitado.
56. De igual modo,
se evidencia en dichos actos administrativos que la entidad motivó su
determinación conforme a la normativa y, en consecuencia, dio prevalencia a la
reclamación del progenitor por su condición de cónyuge supérstite con vínculo
demostrado al momento de la ocurrencia de los hechos de despojo con la persona
que ostentaba un derecho real con el bien inmueble reclamado.
57. De este modo, la
Sala considera que las decisiones estuvieron debidamente fundamentadas y en
consecuencia no existió arbitrariedad en la aplicación del artículo 81, lo que
llevó a la negativa de la petición del señor Landazábal Flórez. Contrario al
sentir del accionante, la UAEGRTD no valoró de manera parcializada los hechos
ni desconoció que, como miembro de la familia Landazábal, fue afectado por los
hechos violentos en los que se sustentó la solicitud de restitución. Prueba de
ello es que en la Resolución 2536 de 2015, mediante la cual se ordenó la
inscripción de Zótico Landazábal Afanador en el RTDAF, la entidad identificó a
los miembros de su núcleo familiar, incluido el accionante, como personas
posiblemente afectadas con ocasión del despojo.
Se anota que la
reclamación que hace el accionante de manera concurrente a su padre tiene como
finalidad que se le reconozca en calidad de heredero de su madre fallecida.
Vale la pena señalar, que esta Corporación ha defendido que “el trámite
sucesoral ha de seguirse por la vía de la jurisdicción ordinaria, el cual debe
cumplir con unos presupuestos procesales, es decir, requisitos y términos
expresamente indicados en las normas pertinentes del Código General del
Proceso. Pretender que se surta un asunto de naturaleza civil dentro de un
proceso de restitución de tierras es omitir los mismos, con lo cual se
generaría una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la publicidad de cualquier otro heredero – determinado o indeterminado-
que no haya hecho parte del proceso”[196].
En este entendido,
se aclara que si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras, en sentencia del 28 de octubre
de 2017 hubiera reconocido restituido el bien al señor Zótico Landazábal
Afanador, en esa eventualidad, el accionante hubiera podido iniciar las
acciones legales para reclamar sus derechos herenciales en la jurisdicción
civil.
58. Por lo tanto, la
UEAGRTD no vulneró el derecho a la restitución del accionante en la medida que las
Resoluciones 2539 y 3620 de 2015 no incurrieron en una valoración parcializada
de los hechos como aduce el accionante y, en su lugar, estuvieron debidamente
motivadas.
Análisis del grupo 2: Resoluciones 304 y
1140 de 2016 (núm. 300-28937 / Oficia 1105), Resoluciones 306 y 1141 de 2016
(núm. 300-28938 / Oficina 1106) y Resoluciones 301 y 1142 de 2016 (300-22065 /
Casa “Diamante II”), que negaron la inscripción en el RTDAF principalmente
porque el solicitante no demostró la calidad de víctima del despojo, por no
acreditar la condición de víctima del conflicto armado.
59. La Sala observa
que la solicitud inicial de inscripción en el RTDAF sobre este grupo de
inmuebles se basó en la condición víctima de despojo por haberse visto forzado a
auxiliar económicamente a su padre y hermano, quienes se vieron afectados
directamente por extorsiones y amenazas de grupos armados. Ello con fundamento
en el inciso 3º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el cual consagra que “[l]a
condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice,
aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación
familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. (…)”. Explicó que,
con ese fin, vendió la Oficina 1105, Oficina 1106 y la Casa en el “Diamante II”
de la ciudad de Bucaramanga.
Ahora bien, la UAEGRTD
negó la inscripción en el RTDAF porque no acreditó la condición de víctima (conforme
a los incisos 1° y 2° del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011) y que los hechos
alegados como fundamento del despojo no corresponden a un aprovechamiento o
privación arbitraria de su propiedad, posesión u ocupación, en un contexto de
violencia atribuible al conflicto armado, conforme al artículo 74[197].
60. Estas decisiones
fueron atacadas por el accionante porque a su juicio la entidad no valoró en
debida forma los hechos referidos en la solicitud presentada, esto es, haber
vendido sus inmuebles para asistir a sus familiares quienes se encontraban en
peligro, ya que la ayuda económica les permitiría exiliarse en otro país y de
esa manera prevenir la victimización, situación que lo ubica dentro de la
hipótesis establecida en el inciso 3º del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011[198].
61. Ese este
contexto, se subraya que, la UAEGRTD debía dirimir si la financiación de un
trámite de asilo a quienes eran víctimas del conflicto armado, se enmarca en el
concepto de auxilio previsto en la norma precitada.
62. No obstante, al
examinar los análisis transcritos de la UAEGRTD se advierte que la solicitud
del accionante no fue respondida por cuanto los hechos no fueron objeto de
análisis a la luz del inciso 3º del art. 3º ibídem. En ninguna de las
resoluciones se plasmó una explicación de por qué las alegaciones del
accionante se adecuaban o no a este supuesto. Solo se hace referencia a este
inciso en las resoluciones que niegan la reposición, sin que se haga una
explicación de por qué ni cómo la entidad habría resuelto negar la inscripción
en el RTDAF.
63. En su lugar, la
entidad demandada abordó el estudio de la condición de víctima del conflicto
armado desde la perspectiva de los incisos 1º y 2º del artículo 3º precitado,
es decir sobre la calidad de víctima por padecer de manera personal hechos
ocurridos con ocasión del conflicto armado interno o “ser cónyuge, compañero
o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. Ello, por cuanto se percibe
que la UAEGRTD insistió
en que el accionante no era el afectado directo de la persecución extorsiva,
amenazas, tentativa de homicidio, y secuestros de los grupos armados que habrían
constituido la presión para vender los inmuebles, sino su hermano (inciso 1);
y, que tampoco puede ser reconocido como perjudicado de los hechos
victimizantes sufridos por su hermano porque no se consumaron los delitos de
homicidio o desaparecimiento en su contra (inciso 2).
64. Sumado a lo
anterior, también se omitió la valoración de pruebas relacionadas con
las circunstancias que rodearon las ventas de los inmuebles sobre los cuales el
señor Landazábal Flórez ostentaba la propiedad.
Por una parte, a
pesar de que fueron allegadas a los trámites administrativos, se dejaron de
valorar múltiples declaraciones extrajuicio que coinciden en que el accionante
sufrió daño en su patrimonio y que intervino para asistir a su hermano y padre que
se encontraban en peligro al momento de vender sus bienes, para así evitar su
victimización. En ese orden de ideas, la UAEGRTD debe referirse y valorar de
manera expresa, al menos, las siguientes declaraciones:
(i)
Declaración extraproceso de Zótico
Landazábal Afanador, ante la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga, del 2
de mayo de 2013, en el que manifestó que el accionante es miembro de su núcleo
familiar y víctima por una década del conflicto armado, donde puntualizó que “también
es cierto que nuestra quiebra económica se presentó por culpa directa del
conflicto armado interno colombiano y no otra y también es muy cierto que,
cuando ya no nos quedaba absolutamente ningún bien y necesitábamos dinero
urgente para huirle a todos los actores armados y salvaguardar nuestras (sic) y
vida de la familia, entonces, Jairo Landazábal Flórez intervino
humanitariamente para asistirnos económicamente y poder desplazarnos
forzadamente a otras ciudades cuando nos encontrábamos en ese inminente riesgo
de muerte como víctimas del conflicto armado padeciendo crueles ataques
directos por parte de todos los actores armados, por lo que nos vimos obligados
a huir, y fue gracias a su intervención para asistir a la familia y fue gracias
a su ayuda humanitaria que se previno nuestra victimización. Para poder
prestarnos esa concreta ayuda económica requerida, debió forzadamente hipotecar
y luego vender a precios irrisorios la única casa de su propiedad [identificado
con la matrícula inmobiliaria 300-22065] como las oficinas 1105 y 1106 [identificados
con las matrícula inmobiliarias 300-28937 y 300-28938] por valor muy
inferior al 50% (…) también es cierto que debido a estos hechos victimizantes
que para esa época padecíamos fue que los avaros y despiadados compradores
ventajosamente se aprovecharon de las circunstancias de violencia y nuestra
urgida necesidad y solo pagaron un mísero valor (…)”
[199].
(ii)    Declaración juramentada de Luis Fernando Cote Peña
(Alcalde de la ciudad de Bucaramanga en el periodo 1998-2000) del 14 de febrero
de 2014, donde aseveró tener conocimiento que la familia Landazábal fue objeto
de “constantes y prolongados hostigamientos por más de una década por
actores armados del conflicto interno, que se libra en Colombia, padeciendo el
despajo forzado de su patrimonio económico, hasta dejarlos en penuria extrema”[200].
(iii)  Declaración extraproceso de Gregorio Bautista
Quijano, ante la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga, del 17 de abril de
2013, en el que declaró conocer al accionante y a su familia desde hace 20
años, y aseveró que “debido a la intervención humanitaria [del accionante]
para asistir a su familia en ese momento se evitó su victimización por parte de
todos los actores violentos que conforman grupos armados, también (…) que
injustamente han sufrido y padecido el menoscabo total de su honrado patrimonio
(…)”[201].
(iv)  Declaración juramentada de Carlos Jesús León Franco,
ante la Notaría Décima del Círculo de Bucaramanga, del 12 de abril de 2013, en
la que comunicó que para huir de los actores armados la familia Landazábal
vendió sus bienes “con desproporción entre el precio pagado y el valor real
de los bienes”[202].
(v)    Declaración extraproceso de Héctor Libardo Martínez
Rivera (2 de abril de 2013) y Jorge Helí Parada Rozo (4 de abril de 2013) ante
la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga, quienes sostuvieron haber sido
escoltas de los hermanos Landazábal Flórez y que estos “sufrieron de
abandono forzado de la tierra, la forma injusta como se vieron obligados a
vender con desproporción entre el precio pagado y el valor real de los bienes.
Sus viviendas rurales, urbanas y demás bienes para desplazarse forzadamente a
otras ciudades y huir de los actores del conflicto armado. Viéndose obligados a
sufrir enormes daños en lo patrimonial moral y en general en todos los
contextos que enmarcan sus vidas”[203].
(vi)  Declaración extraproceso de Samuel Carbajal Zuleta
ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga, rendida el 2 de septiembre
de 2015, quien proclamó haber sido vigilante en la urbanización “Diamante II” hasta
el 2004 [donde queda ubicado el inmueble núm. 300-22065]. Indicó que conoció
que para el año 2006, “Don Jairo Landazábal vendió la casa con el propósito
humanitario de ayudar económicamente a su familia para que salieran del país y
salvaran sus vidas, pues estaban padeciendo una violencia muy extrema y sin
duda alguna, el motivo de la venta de la casa fue por causa de la presión que
ejercían sobre la familia los grupos armados que querían asesinarlos o
secuestrarlos”[204].
(vii)
Declaración extraproceso de Juana
Josefa Escobar Maza ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga, rendida
el 27 de junio de 2014, quien narró que en 2004 y 2005 el accionante era
propietario de las oficinas 1105 y 1106 del edificio de la Cámara de Comercio
[núms. 300-28937 y 300-28938] donde realizaba labores de aseo; que para aquella
época, “este señor y su familia padecían el fenómeno de la violencia armada
y toda la comunidad del edificio lo sabía, en especial todas las personas que
trabajaban y ocupaban el piso 11, por tratarse de un suceso de violencia
notoriamente pública y sabido u conocido por todos”[205].
Por otra parte, la
Sala observa que existen indicios de la relación de los hechos que fundan la
solicitud de inscripción en el RTDAF con el conflicto armado, por cuanto obran
en el expediente distintas pruebas que sugieren que en efecto el hermano del
accionante era víctima de amenazas presuntamente perpetradas por grupos al
margen de la ley al momento de la venta de los inmuebles. Concretamente, se
cuenta con 2 certificaciones de denuncias penales del hermano del peticionario por
amenazas con fines extorsivos ocurridas entre el 2000 y el 2006[206], copia de panfletos extorsivos
del Ejército de Liberación Nacional en su contra[207]; y, copia de demandas
interpuestas por Luis Enrique Landazábal Flórez por extorsión del ELN
presentada en febrero de 2004 y junio de 2005.
65. Por lo expuesto,
a juicio de la Sala, la UAEGRTD vulneró el derecho a la restitución del
accionante, en la medida que no respondió integralmente a la solicitud de inscripción
en el RTDAF, al omitir el examen del caso bajo la luz del inciso 3º del artículo
3 de la Ley 1448 de 2011 en Resoluciones 304 y 1140 de 2016 (núm. 300-28937 /
Oficia 1105), Resoluciones 306 y 1141 de 2016 (núm. 300-28938 / Oficina 1106) y
Resoluciones 301 y 1142 de 2016 (300-22065 / Casa en la urbanización “Diamante
II”). De igual modo, omitió valorar tanto los testimonios como las denuncias
penales y panfletos, que dan cuenta del contexto de los hechos narrados por el
peticionario.
66. En consecuencia,
se ordenará dejar sin efectos las decisiones precitadas y examinar de nuevo las
solicitudes respectivas a los bienes de matrícula inmobiliaria núms. 300-28937,
300-28938 y 300-22065, para determinar si los hechos aducidos por el accionante
se enmarcan en lo dispuesto por el inciso 3º del art. 3º de la Ley 1448 de 2011.
Análisis del grupo 3: Resoluciones 273
y 1139 de 2016 (núm. 300-193761) y Resoluciones 299 y 1143 de 2016 (núm.
300-53739), respecto de los predios en el Sector Lagos del Cacique, que negaron
la inscripción en el RTDAF porque el peticionario no acreditó la condición de
víctima de despojo, ya que los hechos alegados no corresponden a actos de
despojo ni abandono forzado conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la
Ley 1448 de 2011.
67.
Se recuerda que según el artículo 74 el despojo de tierras se define como “la
acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se
priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya
sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o
mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”. La
Corte ha sostenido que el despojo comporta la expulsión de la tierra de las víctimas, que genera
una vulneración masiva de los derechos fundamentales de las víctimas del
conflicto interno[208].
68. En el caso
particular, el accionante justificó la solicitud de inscripción en el RTDAF en
la pérdida de inmuebles a causa de su situación de desplazamiento, desempleo y
problemas de salud que padece. Explicó que por esta condición solicitó un
crédito hipotecario que no pudo cancelar, el cual fue reclamado en sede
judicial y resultó en el remate de los inmuebles.
69. Examinadas las
motivaciones de las Resoluciones 273 y 1139 de 2016 (núm. 300-193761) y
Resoluciones 299 y 1143 de 2016 (núm. 300-53739), la Sala se percata que la
UAEGRTD tuvo en cuenta los hechos que fundaron las respectivas solicitudes de
inscripción al RTDAF. Sin embargo, consideró que el accionante no demostró que
los hechos en que funda su reclamación sean un despojo, de acuerdo al art. 74
de la Ley 1448 de 2011[209].
70. Para la Sala, una
vez examinado el asunto, se evidencia que la valoración de los hechos que
fundaron las solicitudes de inscripción en el RTDAF sobre los lotes ubicados en
el Sector Lagos del Cacique (núm. 300-193761 y 300-53739) no son arbitrarias ni
caprichosas. Ello, por cuanto se explicó que el origen de la afectación del
derecho real reside en decisiones adoptadas legítimamente en el marco de un
proceso ejecutivo.
Adicionalmente, la
UEAGRTD satisfizo la carga argumentativa en la medida que determinó que el
supuesto de hecho descrito por el peticionario no corresponde a un hecho
violento que afecte su derecho real, por cuanto está revestido de legitimidad
por ser una expresión de la administración de justicia.
De igual modo, evidenció
que los hechos de violencia padecidos por la familia del accionante nada tienen
que ver con el despojo que revindica, ya que para la época en que ocurrieron no
detentaba ninguna relación con los lotes en cuestión, pues fueron adquiridos y
perdidos con posterioridad. De ahí que no hay conexidad entre los hechos
victimizantes del conflicto armado y el desprendimiento de los bienes.
71. Visto lo
anterior, la Sala se estima que la UEAGRTD no vulneró el derecho a la
restitución del accionante, al negar la inscripción en el RTDAF respecto de los
inmuebles núms. 300-193761 y. 300-53739.
Respuesta al segundo
problema jurídico
72. Conforme a las
consideraciones expuestas en esta providencia, el derecho a la ayuda
humanitaria de la población desplazada es de naturaleza fundamental y
tiene como finalidad garantizar el mínimo vital a quien no se encuentran en
condiciones de procurárselo por sus propios medios. Por ello, la Ley 1448 de
2011 dispone la entrega de ayuda humanitaria de manera periódica para suplir
las necesidades básicas de la población desplazada y con ello prevenir mayores
condiciones de vulnerabilidad.
73. De la
información proporcionada por la UARIV, en la elaboración del Informe
Individual para el PAPSIVI, se registró que actualmente habita en una bodega y
que se “encuentra es situación de vulnerabilidad extrema” en
consideración de la falta de recursos, las malas condiciones de vivienda y
conflictos familiares, entre otros[210].
Por otra parte, la UARIV informó que al accionante le fueron
asignados tres giros, a partir del 28 de junio de 2019. Así en la Resolución 0600120192210440
del 05 de julio de 2019, proferida por la Directora de la Gestión Social y
Humanitaria de la UARIV, se dispuso “Reconocer y ordenar el pago de la
Atención Humanitaria de Emergencia al señor JAIRO LANDAZABAL FLOREZ, en nombre
del hogar, pago que será efectuado de acuerdo a lo indicado en la parte motiva
de la presente resolución”. En concreto se indicó que “para el periodo
correspondiente a un año se reconoce la entrega de tres giros a favor del
hogar, por un valor de CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($410.000), cada uno.
El término de un año empezará a contar a partir de la colocación del primer
giro, el cual fue puesto a su disposición durante el mes de Junio de 2019.
Resulta importante acudir a su responsabilidad frente al cobro oportuno del
giro puesto en su favor, toda vez que dicho giro tendrá una vigencia en el
Banco Agrario de 30 días calendario”.
74. Esto muestra que
el
accionante no ha superado las condiciones de vulnerabilidad extrema propias de
la situación de desplazamiento forzado, pues como lo manifiesta la UARIV “ fue posible determinar que su
hogar presenta carencias extremas en los componentes de alimentación básica y
alojamiento temporal frente a la subsistencia mínima, razón por la cual, la
Entidad procede a realizar el reconocimiento y la entrega de la Atención
Humanitaria de emergencia, en los componentes de alojamiento temporal y
alimentación básica (…)”.
Con todo, la
Sala no encuentra que en este punto exista una vulneración al derecho al mínimo
vital del accionante en relación con su especial situación, dado el
reconocimiento y pago de las ayudas humanitarias de emergencia.
75. Por otra
parte, la Sala destaca que el actor ha acudido a distintas entidades del orden
territorial y nacional, se le ha proporcionado información general sobre los
derechos de la población desplazada[211].
Particularmente, la UARIV atendió solicitudes del accionante, proporcionándole
información sobre: i) el pago y la asignación de turnos para el pago de ayuda
humanitaria, ii) los programas de atención y asistencia a las víctimas y las
entidades encargadas, iii) el estado de la asignación de recursos para el pago
de indemnización administrativa; iv) servicios de atención de salud y medidas
psicosocial e inclusión al PAPSVI; v) asignación y entrega de proyecto
productivo; vi) estado del proceso administrativo de medición par la inclusión
al Plan de Atención de Asistencia y Reparación Integral (PAARI)[212].
76.
Sin
perjuicio de lo anterior, el accionante no hace parte de ningún programa de
medidas de asistencia social, distinto al Programa de Atención Psicosocial y de
Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI) a pesar de que la UARIV tiene registro
que “encuentra es situación de vulnerabilidad extrema”[213].
77. Por lo anterior, se ordenará a la Defensoría Regional del
Pueblo de Santander que brinde un acompañamiento y asesoría al señor Landazábal
Flórez para que acceda a los programas destinados a la población desplazada en
los que cumpla con los requisitos, atendiendo a su grado de instrucción y a sus
condiciones especiales por su estado de salud.
78. En síntesis, deberá ser revocado el
fallo del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga -Sala Laboral- del 13 de febrero de 2019, que confirmó
la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad
dictada el 16 de enero de 2019 y, en su
lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales a la restitución del
señor Jairo
Landazábal Flórez, de acuerdo a las consideraciones hechas en los fundamentos
jurídicos 59 a 66 de esta providencia.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos
decretada en este proceso mediante el auto del auto del 12 de junio de 2019.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga -Sala Laboral- del 13 de febrero de 2019, que
confirmó la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad
dictada el 16 de enero de 2019. En su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la
restitución del señor Jairo
Landazábal Flórez, en el marco de lo expuesto.
TERCERO.- Dejar sin efectos las Resoluciones
304 del 23 de febrero de 2016, 1140 del 3 de junio 2016, 306 del 23 de febrero
de 2016, 1141 del 3 de junio de 2016, 301 del 23 de febrero de 2016, 1142 del 3
de junio de 2016; y, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, estudiar de nuevo las solicitudes de inscripción en el RTDAF
presentadas por el accionante sobre los bienes de matrícula inmobiliaria núms.
300-28937, 300-28938 y 300-22065, para resolver si los hechos aducidos se
enmarcan en lo dispuesto por el inciso 3º del art. 3º de la Ley 1448 de 2011, en un término no mayor a quince
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de
esta providencia.
CUARTO.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo
Regional de Santander que informe al señor Jairo Landazábal Flórez sobre los
derechos de la población desplazada, atendiendo a su grado de instrucción y a sus condiciones
especiales por su estado de salud, y le
brinde asesoría legal y acompañamiento personalizado en los trámite que deba
surtir para acceder a los programas destinados a la población desplazada a los
que tenga derecho. Para ello, deberá contactar al señor Jairo Landazábal Flórez, en un término no mayor a cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente de la notificación de esta
providencia.
QUINTO.- Por Secretaría General LÍBRESE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese
y cúmplase,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO 1
De las pruebas arrimadas al expediente, se destacan las
siguientes:
Estado de salud del accionante
-
Certificación de la clínica ISNOR
de 2018 y del hospital Psiquiátrico San Camilo del ciudad de Bucaramanga de
2014[214],
historia clínica de Salud Total EPS[215]
y dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[216], en los que se acredita
que padece de un trastorno psiquiátrico.
-
Orden médica de “evitar re
victimización del paciente al narrar los hecho de violencia” del 31 de
octubre de 2012, emitida por médico psiquiatra adscrito al Hospital
Psiquiátrico San Camilo ESE[217].
Solicitudes de inscripción en el RTDAF presentadas por
el accionante a la URT:
-
El 3 de octubre de 2013 (núms. 300-22065, 300-28937,
300-28938)[218].
-
El 13 de febrero de 2014 (núm. 300-193761)[219].
-
El 25 de agosto de 2015 (núm. 300-53739)[220].
-
El 10 de febrero de 2015 (núm. 300-142171)[221].
-
Autorizaciones de Zótico Landazábal Afanador al accionante,
suscritas el 25 de agosto de 2013, para presentar y adelantar, en su nombre y
representación, la solicitud de inscripción en el RTDAF, respecto de los
inmuebles de matrícula inmobiliaria núms. 300-193761 y
300-53739, para los trámites bajo el ID 128152 e ID 174849[222].
Resoluciones de la URT
en las que niega la inscripción en el RTDAF:
Núm. Matrícula inmobiliaria
Acto que resuelve la solicitud de inscripción al RTDAF
Acto que resuelve el recurso de reposición.
Obran en el expediente.
300-22065
Resolución 301 de 2016
Resolución 1142 de 2016
Folios 138-145 y 191- 192,
cuaderno 2.
300-28937
Resolución 304 de 2016
Resolución 1140 de 2016
Folios 146-153 y 195- 187,
cuaderno 2.
300-28938
Resolución 306 de 2016
Resolución 1141 de 2016
Folios 154-161 y 188- 190, cuaderno 2.
300-193761
Resolución 273 de 2016
Resolución 1139 de 2016
Folios 162-169 y 182- 184, cuaderno 2.
300-53739
Resolución 299 de 2016[223]
Resolución 1143 de 2016[224]
Folios 170-178 y 193- 190, cuaderno 2.
300-142171
Resolución 2539 de 2015
Resolución 3620 de 2015
Folios 154-161 y 188- 195, cuaderno 2.
Pruebas sobre la violencia padecida por su núcleo familiar:
a) Testimonios
-     Declaración extraproceso de Zótico Landazábal
Afanador, ante la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga, del 2 de mayo
de 2013, en el que manifestó que el accionante es miembro de su núcleo familiar
y víctima por una década del conflicto armado. Puntualizó que “también es
cierto que nuestra quiebra económica se presentó por culpa directa del
conflicto armado interno colombiano y no otra y también es muy cierto que,
cuando ya no nos quedaba absolutamente ningún bien y necesitábamos dinero
urgente para huirle a todos los actores armados y salvaguardar nuestras (sic) y
vida de la familia, entonces, Jairo Landazábal Flórez intervino
humanitariamente para asistirnos económicamente y poder desplazarnos
forzadamente a otras ciudades cuando nos encontrábamos en ese inminente riesgo
de muerte como víctimas del conflicto armado padeciendo crueles ataques
directos por parte de todos los actores armados, por lo que nos vimos obligados
a huir, y fue gracias a su intervención para asistir a la familia y fue gracias
a su ayuda humanitaria que se previno nuestra victimización. Para poder
prestarnos esa concreta ayuda económica requerida, debió forzadamente hipotecar
y luego vender a precios irrisorios la única casa de su propiedad [identificado
con la matrícula inmobiliaria 300-22065] como las oficinas 1105 y 1106 [identificados
con las matrícula inmobiliarias 300-28937 y 300-28938] por valor muy
inferior al 50% (…) también es cierto que debido a estos hechos victimizantes
que para esa época padecíamos fue que los avaros y despiadados compradores
ventajosamente se aprovecharon de las circunstancias de violencia y nuestra
urgida necesidad y solo pagaron un mísero valor (…)”
[225].
-     Declaración juramentada de Luis Fernando Cote Peña
(Alcalde de la ciudad de Bucaramanga en el periodo 1998-2000) del 14 de febrero
de 2014, donde aseveró tener conocimiento que la familia Landazábal fue objeto
de “constantes y prolongados hostigamientos por más de una década por
actores armados del conflicto interno, que se libra en Colombia, padeciendo el
despajo forzado de su patrimonio económico, hasta dejarlos en penuria extrema”[226].
-     Certificación del Presbítero de Bucaramanga
(1996 a 1998) en la que atestiguó sobre la violencia que sufrió la familia Landazábal
en esa época[227].
-     Declaración extraproceso de Gregorio Bautista
Quijano, ante la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga, del 17 de
abril de 2013, en el que declaró conocer al accionante y a su familia desde
hace 20 años, y aseveró que “debido a la intervención humanitaria [del
accionante] para asistir a su familia en ese momento se evitó su victimización
por parte de todos los actores violentos que conforman grupos armados, también
(…) que injustamente han sufrido y padecido el menoscabo total de su honrado
patrimonio (…)”[228].
-     Declaración juramentada de Carlos Jesús León
Franco, ante la Notaría Décima del Círculo de Bucaramanga, del 12 de abril
de 2013, en la que comunicó que para huir de los actores armados la familia
Landazábal vendió sus bienes “con desproporción entre el precio pagado y el
valor real de los bienes”[229].
-     Declaración extraproceso de Héctor Libardo
Martínez Rivera (2 de abril de 2013) y Jorge Helí Parada Rozo (4 de
abril de 2013) ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga, quienes
sostuvieron haber sido escoltas de los hermanos Landazábal Flórez y que estos “sufrieron
de abandono forzado de la tierra, la forma injusta como se vieron obligados a
vender con desproporción entre el precio pagado y el valor real de los bienes.
Sus viviendas rurales, urbanas y demás bienes para desplazarse forzadamente a
otras ciudades y huir de los actores del conflicto armado. Viéndose obligados a
sufrir enormes daños en lo patrimonial moral y en general en todos los
contextos que enmarcan sus vidas”[230].
-     Declaración extraproceso de Samuel Carbajal Zuleta
ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga, rendida el 2 de septiembre
de 2015, quien proclamó haber sido vigilante en el “Diamante II” hasta el 2004.
Indicó que conoció que para en 2006, “Don Jairo Landazábal vendió la casa
con el propósito humanitario de ayudar económicamente a su familia para que
salieran del país y salvaran sus vidas, pues estaban padeciendo una violencia
muy extrema y sin duda alguna, el motivo de la venta de la casa fue por causa
de la presión que ejercían sobre la familia los grupos armados que querían
asesinarlos o secuestrarlos”[231].
-     Declaración extraproceso de Juana Josefa Escobar
Maza ante la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga, rendida el 27 de
junio de 2014, quien narró que en 2004 y 2005 el accionante era propietario de
las oficinas 1105 y 1106 del edificio de la Cámara de Comercio, donde realizaba
labores de aseo; que para aquella época, “este señor y su familia padecían
el fenómeno de la violencia armada y toda la comunidad del edificio lo sabían
en especial todas las personas que trabajaban y ocupaban el piso 11, por
tratarse de un suceso de violencia notoriamente pública y sabido u conocido por
todos”[232].
b) Certificaciones de denuncias penales
-     De la Unidad de Reacción Inmediata de Bucaramanga de
la Fiscalía General de la Nación, sobre la existencia de un proceso contra
desconocidos por denuncia de Luis Enrique Landazábal Flórez, por amenazas con
fines extorsivos, del 18 de octubre de 2000[233].
-     De la Fiscalía Especializada Guala Santander,
expedida el 25 de marzo de 2004, sobre la existencia de una investigación por
el delito de extorsión contra Luis Enrique Landazábal Flórez, perpetrado por
integrantes del el 2 de mayo de 1996[234].
-     Del Fiscal Delegado el Gaula, sobre la existencia de
la investigación previa sobre el delito de extorsión en perjuicio de Luis
Enrique Landazábal Flórez, por hechos ocurridos en marzo de 2002 a marzo de
2004[235]
y también a partir de febrero de 2006[236].
-     Panfletos extorsivos del Ejército de Liberación
Nacional contra Luis Enrique Landazábal Flórez fechados de marzo de 2002,
febrero de 2003, febrero de 2004[237].
-     Demandas interpuestas por Luis Enrique Landazábal
Flórez por extorsión del ELN presentada en febrero de 2004 y junio de 2005,
presentadas ante la Fiscalía General de la Nación- Seccional Bucaramanga.
Pruebas sobre la pobreza extrema
-     Certificado de la Superintendencia de Notariado y
Registro, del 24 octubre de 2018, indicando que no hay registro de propiedad de
bienes sujetos a registro del accionante[238].
-     Oficio de Datacrédito que señala que no encuentran
ningún tipo de información crediticia sobre su persona[239].
-     Certificación de Fenalco (15 de agosto de 2014) y de
la Cámara de Comercio (17 de julio de 2014) indicando que no se encuentra
registrado como comerciante[240].
-     Certificado expedido por la CIFIN señalando que no
cuenta con servicios bancarios[241].
-     Informe Individual del PAPSIVI (Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado): donde se
registró que el accionante vive en una bodega de propiedad de su hermano y que
se “encuentra es situación de vulnerabilidad extrema” en consideración
de la falta de recursos, las malas condiciones de vivienda, los conflictos
familiares[242].
Proceso de restitución jurídica y material de tierras
presuntamente abandonadas y despojadas forzosamente sobre los predios de
matrícula inmobiliaria 300-142171 y 300-77850:
-
Sentencia del 28 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras[243].
Derechos de
petición presentados por el accionante y respuestas obtenidas[244].
Se destacan
las siguientes, relacionadas con la UARIV:
-     Derechos de petición presentados el 3 de agosto de
2017[245]
y el 15 de mayo de 2018[246],
solicitando la priorización del pago de reparación por su avanzada edad, grave
estado de salud, estado de indefensión y extrema vulnerabilidad; y, el 1 de
febrero de 2016, solicitando ayuda referida a la alimentación y alojamiento por
su condición de desplazado y paciente psiquiátrico[247].
-     Respuestas de la UARIV a derechos de petición, en las
cuales informó sobre: i) el pago y la asignación de turnos para el pago
de ayuda humanitaria, ii) los programas de atención y asistencia a las
víctimas y las entidades encargadas, iii) el estado de la asignación de
recursos para el pago de inmunización administrativa; iv) servicios de atención
de salud y medidas psicosocial e inclusión al PAPSVI; v) asignación y
entrega de proyecto productivo; vi) estado del proceso administrativo de
medición par la inclusión al Plan de Atención de Asistencia y Reparación
Integral (PAARI).
Radicado
Respuesta
20137117525832[248]
Informó
que realizó un giro por concepto de ayuda humanitaria que se encuentra por
cobrar y, además, que la competencia de asignación y entrega de proyecto
productivo no sólo radica en la entidad sino también en otras de orden
nacional, a quienes también podía acudir.
20137118406622[249]
Respondió
que la competencia de asignación y entrega de proyecto productivo no sólo
radica en la entidad sino también en otras de orden nacional, a quienes
también podía acudir.
20137118577602[250]
Comunicó que en
relación con la asignación y entrega de proyecto productivo, la competencia
no sólo radica en la entidad sino también en otras de orden nacional, tales
como el DPS, Departamento Nacional de Planeación, Ministerios de Comercio
Industria y Turismo, Educación Nacional, y de Agricultura y Desarrollo Rural,
Instituto Colombiano de Desarrollo rural, Banco Agrario, Bancoldex y Fondo
para la Financiación del Sector Agropecuario, con quienes puede acceder a
programas relacionados.
20137117124582[251]
Indicó
que: (i) le fue asignado el turno 3D-75930 para el pago de la ayuda
humanitaria; y, (ii) el procedimiento interno para determinar la fecha de
pago de indemnización de manera general; (iii) que existen múltiples
entidades de orden nacional a quienes puede solicitar también ayuda para el
desarrollo del proyecto productivo
20147113552782[252]
Entregó
información de las entidades a quienes puede acudir para la asignación y
entrega de apoyo para el proyecto productivo
20147114267772[253]
Explicó
que: (i) dio traslado de su petición de vinculación laboral a una entidad
estatal a la Dirección de Inclusión Productiva y sostenible, adscrita al
Departamento de Prosperidad Social; (ii) que según la disposición
presupuestas de la vigencia de 2014 su núcleo familiar no había sido
priorizado para el pago de la indemnización; (iii) remitió su escrito al
Ministerio de Salud y Protección Social para lo relacionado con su ingreso al
Programa de atención psicosocial y salud integral – PAPSIVI-; (iv) que no
está facultada legalmente para acceder a su solicitud de asignación de
instrumento musical porque esta ayuda no se encuentra prevista en las Leyes
387 de 1997 y 1448 de 2011; (v) existen múltiples entidades en el esquema del
Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral de Víctimas – SNARIV-
de la Ley 1448 de 2011, cuyas competencias están definidas por componente,
por lo cual discrimina uno a uno a manera de brindar claridad al
peticionario.
20147114316702[254]
Trasmitió
que: (i) su grupo familiar no fue priorizado para la vigencia del 2014, por
lo que debía esperar a la siguiente focalización que se haría en 2015; (ii)
remitió su solicitud sobre medidas psicosociales e inclusión al PAPSIVI al
Ministerio de Salud y Protección Social. Adicionalmente, brindó información
sobre las entidades a cargo del apoyo para los planes y proyectos productivos
20147114530502[255]
Plasmó
que: (i) le fue asignado el turno 3D-378321 para el pago de la ayuda
humanitaria; y, (ii) remitió su escrito al Ministerio de Salud y Protección
Social para lo relacionado con su ingreso al Programa de atención psicosocial
y salud integral – PAPSIVI.
20147114165082[256]
Señaló
que: (i) el 29 de mayo de 2014 fue cobrada la ayuda humanitaria,
correspondiente a los componentes de 3 meses, que le fue asignada a su grupo
familiar; (ii) la asignación y entrega de proyecto productivo compete no solo
a la UARIV sino también a otras entidades a quienes también puede acudir para
recibir información; (iii) existen distintos rangos de indemnización según el
decreto 4800 de 2011
20147112255922[257]
Detalló
que: (i) le fue asignado el turno 3D-75930 para el pago de la ayuda
humanitaria; y, (ii) remitió su solicitud sobre el servicio de salud a la PAU
UAB Cabecera – Punto de Atención de quejas y reclamos del EPS Salud Total, quien
es la competente para dar respuesta por estar a cargo del programa de
familias en acción.
20147110052752[258]
Apuntó
que la competencia de asignación y entrega de proyecto productivo no sólo
radica en la entidad sino también en otras de orden nacional, a quienes
también podía acudir
2014711055262[259]
Comunicó
que: (i) ya había sido asignada ayuda humanitaria a su grupo familiar en los
últimos 90 días; (ii) respecto de la asignación y entrega de proyecto
productivo, la competencia no sólo radica en la entidad sino también en otras
de orden nacional, a quienes también podía acudir.
201571110744732[260]
Instruyó que el peticionario y su grupo
familiar están dentro del Plan de Atención, Asistencia y Reparación integral
-PAARI- vigente, el cual se encuentra en proceso de medición para establecer
las carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación, por
lo que la decisión adoptada una vez efectuado el procedimiento le sería
comunicada. Adicionalmente, se le informó que corresponde a los entes territoriales
deben adoptar los lineamientos del Programa de Atención Psicosocial y Salud
integral a Víctimas
20161301006672[261]
Respondió
que el peticionario y su grupo familiar están dentro del Plan de Atención,
Asistencia y Reparación integral -PAARI- vigente, el cual se encuentra en
proceso de medición para establecer las carencias en los componentes de
alojamiento temporal y alimentación, por lo que la decisión adoptada una vez
efectuado el procedimiento le sería comunicada. Adicionalmente, se le informó
que corresponde a los entes territoriales deben adoptar los lineamientos del
Programa de Atención Psicosocial y Salud integral a Víctimas
201713020385682[262]
Proporcionó
información general sobre los trámites para obtener ayuda humanitaria, la
indemnización por desplazamiento y por hechos distintos a este. Enfatizó que
de acuerdo con el artículo 2.2.7.3.4 del Decreto 1984 de 015, no procede
indemnización alguna por motivo de amenazas.
201813020158822[263]
Contestó
que de acuerdo con el artículo 2.2.7.3.4 del Decreto 1984 de 015, no está
contemplada la amenaza como causal para conceder la indemnización que
reclama.
-     Resoluciones 20142000370796 de 2014[264] y 0600120160791008 de
2016[265],
en las que la UARIV reconoce y ordena el pago de la atención humanitaria
de emergencia al accionante.
-     Comunicación
de la UARIV a la Secretaría de Salud de Bucaramanga del 30 de septiembre de
2014, para que indague sobre la situación y atención de salud mental del
accionante, de modo que la EPS preste los servicios profesionales de atención
necesaria acorde a su salud física y mental[266].
Respuestas
de otras entidades sobre peticiones de apoyo económico al proyecto productivo
individual:
-     Respuesta
del Ministerio de Cultura del: (i) 19 de diciembre de 2013, informando
que para acceder a los programas de apoyo económico al proyecto productivo
individual debe cumplir los lineamientos públicos de las convocatorias[267];
(ii) 14 de enero de 2014, anunciando la existencia de un programa para víctimas
de conflicto armado que tiene como finalidad desarrollar el potencial cultural
productiva mediante la capacitación y formación, más no contempla la entrega de
recursos de dinero[268]; (iii) 13 de agosto de 2015, en
el que se informa sobre los programas existente con componente musical, pues no
está prevista la entrega o asignación individual de instrumento musical como lo
solicita[269].
-     Respuesta
del Ministerio de Salud y Protección Social, del 2014, indicando que la
Secretaría departamental de salud, adelantaría la gestión para su inclusión en
el Registro para la Localización y Caracterización de personas con
discapacidad, de modo que acceda a programas dirigidos a poblaciones
vulnerables. Remitió copia de la solicitud a DPS, al Ministerio de Vivienda y a
la UARIV para que resuelvan sus peticiones sobre la inclusión en programas de
superación de la pobreza, de vivienda digna para población en situación de
vulnerabilidad y medidas de atención y reparación[270].
-     Respuestas
del DPS a las solicitudes de radicados 20131390227392, 2013100109342,
20142010618662, 20146210205132 y 201320125709842[271].
-     Respuesta
del Fondo de Adaptación a la solicitud radicado 20138100100109342[272].
-     Respuesta
de Corprodico del 26 de diciembre de 2013[273].
-     Comunicación
de la Coordinadora del Grupo Participación Social de salud de la Gobernación de
Santander al accionante , del 23 de octubre de 2014, en el que se le informa
que se le continuará brindado la atención psicosocial con una psicóloga del
grupo del programa PAPSIVI[274].
-     Respuestas
del 2013 del Ministerio de Trabajo[275], Ministerio de Hacienda y Crédito
Público[276], del Ministerio de Agricultura[277],
del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones,[278] del
Ministerio de Minas y Energía del 2013[279], del Ministerio de Transporte[280],
Ministerio de Justicia[281], de Corpoica[282],
del IDEAM[283], del Banco Agrario de Colombia[284],
Instituto de vivienda de interés Social y Reforma Urbana del Municipio de
Bucaramanga[285], Fiduagraria[286]indicando
que no se encuentra dentro de su competencia o alcance del objeto misional
brindar ayudas económicas para víctimas del conflicto armado ni el apoyo a
proyectos productivos.
-     Respuesta
del Instituto Municipal de cultura y turismo, del 26 de diciembre de 2013, por
limitación presupuestal no accede. [287]
-     Respuesta
del INCODER a sus solicitudes de información sobre los requisitos y programas
de la entidad para víctimas del conflicto aromado presentadas el 10[288] y
16 de diciembre de 2013[289].
-     Respuesta
de Bancoldex del 26 de diciembre de 2013 indicando que no está facultado para
otorgar ningún tipo de subsidio pero brinda información sobre sus productos
financieros, particularmente de aquellos para personas en situación de
discapacidad y del programa de créditos de acompañamiento a indemnizaciones
transformadoras, conjunto con la UARIV[290].
ANEXO 2
Resoluciones del grupo 1.
Núm. 300-14271 / Finca “Buenos
Aires”
Resolución 2539 de
2015:
la entidad razonó que “no tiene la calidad jurídica para reclamar el
inmueble en restitución, toda vez que los derechos recaen en su señor padre
Zótico Landazábal Afanador, quien también presentó la solicitud en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente”[291].
Resolución 3620 de 2015: confirmó la
decisión, por considerar que el accionante no tiene la legitimación de
conformidad con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 1448 de 2011. Ello, por
cuanto su padre, Zótico Landazábal Afanador, solicitó de manera separada y
autónoma su inclusión respecto de este bien, excluyendo a todos los que se
consideren sucesores de los derechos hereditarios de quien fue propietaria del
bien reclamado (madre del accionante), teniendo en cuenta que “para el
momento del desprendimiento jurídico del predio reclamado, que configuró el
abandono y posterior despojo forzado sobre el referid bien inmueble, la señora
Sabina Flórez de Landazábal (q.e.p.d) tuvo un vínculo marital con el señor
Zótico Landazábal de esta última”[292].
Resoluciones del grupo 2.
En
el análisis del grupo 2, se tuvo en cuenta el texto de las resoluciones
atacadas, que se transcribe de manera parcial a continuación:
Núm. 300-28937 /
Oficia 1105
Resolución 304 de 2016: Al efectuar el
análisis del caso particular, la URT determinó que el peticionario no es
víctima de despojo y abandono sobre el bien inmueble reclamado, porque no
encontró acreditada la condición de víctima del accionante: el peticionario
no es la víctima directa (inc. 1º) de la persecución extorsiva, amenazas,
tentativa de homicidio, y secuestros de los grupos armados sino su hermano,
pues “de acuerdo con el material probatorio recolectado durante el
procedimiento administrativo se tiene que la situación padecida en el
municipio de Rionegro no fue el único hecho victimizante soportado por los
Landazábal Flórez, toda vez que la guerrilla a partir de ese momento comenzó
una persecución contra el señor Luis Enrique Landazábal, cabeza visible de la
familia y gerente de la liquidada empresa (…)”.[293] Aunado
a lo anterior, el peticionario tampoco puede ser reconocido como víctima por
los hechos victimizantes sufridos por su hermano, que no fue víctima de los
delitos de homicidio o desaparecimiento que trata el inciso 2º[294].
Allí, advirtió que “debido a su cercanía generó un sufrimiento o
perjuicio, [pero que esto] no debe confundirse con la noción de víctima”
[295].
Resolución 1140 de
2016: Reiteró
que no se cumplía la condición de víctima según los postulados contenidos en
los incisos 1º y 3º del art. 3º de la Ley 1448 de 2011, reiteró que “los
sucesos expuestos en la solicitud diferentes al hecho victimizante ocurrido
en el municipio de Rionegro, el reclamante no soportó un daño cierto y
personal con ocasión del conflicto armado, toda vez que el intento de
homicidio, secuestro, extorsiones y amenazas por grupos armados al margen de
la ley, fueron padecidos directamente por su hermano, (…) razón por la cual
no fue acreditada localidad de víctima por esos infortunados sucesos”[296].
También indicó que
los hechos narrados en la solicitud de inscripción son anteriores al vínculo
jurídico sobre el bien y están relacionados con un tercero (hermano[297]),
por lo que no hay nexo con el conflicto armado. Añadió que la venta del
inmueble tampoco se enmarcó en el concepto de despojo previsto en el art. 74
de la Ley 1448 de 2011, por cuanto se encontró que la disposición del derecho
de propiedad fue voluntaria y atendió a una necesidad de liquidez económica
familiar.
Núm. 300-28938 /
Oficina 1106
Resolución 00306 de 2016: Al evaluar la
petición bajo estudio, determinó que no se acreditó la calidad de víctima de
despojo y abandono sobre el bien inmueble reclamado.  No encontró acreditada
la condición de víctima del accionante, conforme a lo previsto en los incisos
1º y 2º el art. 3º citado anteriormente. Por una parte, si bien la situación
de violencia de 1995 fue padecida por toda la familia Landazábal Flórez, el
peticionario no es la víctima directa de la persecución extorsiva, amenazas,
tentativa de homicidio, y secuestros de los grupos armados sino su hermano,
pues “se encuentra plenamente probado que salvo la situación de violencia
ocasionada en 1995 en el Municipio de Rionegro, la víctima directa de la
persecución de los grupos armados al margen de la ley, ha sido el señor Luis
Enrique Landazábal , hermano del solicitantes (sic), toda vez que fue él
quien soportó la persecución extorsiva, amenazas, tentativa de homicidio y
secuestros que conllevaron a su detrimento patrimonial, es decir, quien fue
directamente padeció el daño de conformidad con las acciones descritas en el
inciso 1º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011”.[298]
Por otra parte, el actor
tampoco puede ser reconocido como víctima de los hechos victimizantes
sufridos por su hermano, que no fue víctima de los delitos de homicidio o
desaparecimiento que trata el inciso 2º[299].
Allí, advirtió que “debido a su cercanía generó un sufrimiento o
perjuicio, [pero que esto] no debe confundirse con la noción de víctima”
[300].
Resolución 1141 de 2016: Confirmó la
Resolución 306 del 23 de febrero de 2016 en razón a que no es cierto que la
decisión haya omitido pronunciarse sobre los postulados contenidos en los
incisos 1º y 3º del art. 3º de la Ley 1448 de 2011. Reiteró que “los
sucesos expuestos en la solicitud diferentes al hecho victimizante ocurrido
en el municipio de Rionegro, el reclamante no soportó un daño cierto y
personal con ocasión del conflicto armado, toda vez que el intento de
homicidio, secuestro, extorsiones y amenazas por grupos armados al margen de
la ley, fueron padecidos directamente por su hermano, (…) razón por la cual
no fue acreditada localidad de víctima por esos infortunados sucesos”.[301].
Núm. 300-22065 /
Casa “Diamante II”
Resolución 301 de 2016: Al evaluar la
petición bajo estudio, determinó que no se acreditó la calidad de víctima de
despojo y abandono sobre el bien inmueble reclamado, por los siguientes
motivos: Primero, determinó que el accionante no demostró la calidad del
inciso 1º y 2º del art. 3 de la Ley 1448 de 2011[302].
Segundo, no probó un derecho real o vínculo jurídico del peticionario con el
predio reclamado al momento de la ocurrencia de los hechos victimizantes
materia de estudio, por lo que se desvirtuó el nexo causal entre su pérdida y
el conflicto armado.
En este sentido, esgrimió que “para
la época en que estos sucedieron los hechos victimizantes padecidos por el
señor Luis Enrique Landazábal (1995 a 2004) y concretamente las torturas y
desplazamiento forzado de que sí fue víctima el solicitante en 1995 en el
municipio de Rionegro, éste aun no tenía ningún vínculo jurídico con el
predio reclamado, toda vez que fue adjudicado en la sucesión de su señora
madre Sabina Flórez de Landazábal (q.e.p.d) contenida en la escritura pública
nº  97 de 18 de enero de 2006”[303].
Resolución 1142 de 2016: Reiteró las mismas
consideraciones que las Resoluciones 1140 y 1141 de 2016.
Resoluciones del grupo 3.
En
el análisis del grupo 3, se tuvo en cuenta el texto de las resoluciones
atacadas, que se transcribe de manera parcial a continuación:
Núm. 300-193761
Resolución 273 de 2016: El peticionario no
acreditó que se tratara de un despojo porque no tenía un derecho real o vínculo
jurídico con el predio reclamado al momento de la ocurrencia de los hechos en
que funda su petición, por lo que no acreditó el nexo causal ni de los hechos
ni de la pérdida del bien con el conflicto armado. En este sentido, esgrimió
que: “para la época en que estos sucedieron los hechos victimizantes
padecidos por el señor Luis Enrique Landazábal (1995 a 2004, los solicitantes
no tenían ningún vínculo con el predio objeto de reclamación, toda vez que éste
fue adquirido mediante contrato de compraventa contenido en la escritura
pública nº 970 de 7 de junio de 2007, otorgada en la Notaría Cuarta de
Bucaramanga”[304].
Resolución 1139 de 2016: Argumentó que los
hechos narrados en la solicitud de inscripción no constituyen un acto de
despojo relacionado al conflicto armado. En esta oportunidad, los hechos
victimizantes de los que sufrió de manera directa el accionante (1995) y
aquellos relacionados con su hermano (1994 a 2004) fueron anteriores al vínculo
jurídico con el bien (2007) y su pérdida (2010). Además, reiteró que la venta
del inmueble no fue consecuencia del conflicto armado, sino que se “debe a
un proceso ejecutivo instaurado por la señora Nelly Colmenares de López, en
virtud de un derecho real hipotecario contenido en la escritura pública N. 2061
del 3 de agosto de 2007 (…) sin embargo dicho proceso ejecutivo culminó con la
adjudicación del predio mediante diligencia de remate, con el propósito de
satisfacer la obligación a favor del acreedor”[305].
Núm. 300-53739
Resolución 299 de 2016: Al evaluar la
petición bajo estudio, determinó que no se acreditó la calidad de víctima de
despojo y abandono sobre el bien inmueble reclamado, por los siguientes
motivos: Primero, determinó que el accionante no acredita la calidad del
inciso 1º y 2º del art. 3 de la Ley 1448 de 2011[306]. Segundo,
no existe coincidencia entre los hechos victimizantes (1994 a 2004) y la
relación jurídica de los solicitantes con el inmueble (2007) y, además, no
existe nexo de su pérdida con el conflicto armado interno, toda vez que obedece
a la adjudicación de remate contenida en una providencia judicial, “circunstancia
que permite determinar que no existe cercanía circunstancial y temporal entre
los hechos de violencia relacionados y valorados en la presente resolución y la
pérdida del derecho de dominio y propiedad de los solicitantes”[307].
Resolución 1143 de
2016: Sostuvo
que hechos victimizantes aducidos tiene como víctima directa era
al hermano del peticionario y no a este último. Se individualizó que los hechos
victimizantes que afectan al peticionario (1995) y aquellos relacionados con su
hermano (1994 a 2004) fueron anteriores al vínculo jurídico que detentó con el
bien (2006) y con su pérdida (2007). Adicionalmente, los hechos narrados en la
solicitud de inscripción relacionados al despojo no hacen parte de la dinámica
propia del conflicto armado y la venta del inmueble “se debe a un proceso
ejecutivo instaurado por la señora Nelly Colmenares de López, en virtud de un
derecho real hipotecario contenido en la escritura pública N. 2061 del 3 de
agosto de 2007(…) sin embargo dicho proceso ejecutivo culminó con la
adjudicación del predio mediante diligencia de remate, con el propósito de
satisfacer la obligación a favor del acreedor”[308].
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-596/19
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS-UAGRTD, aplicó adecuadamente las disposiciones que rigen la
materia (Salvamento parcial de voto)
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR RESTITUCION DE
TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS-UAGRTD fundamentó de manera
suficiente las razones por las cuales los no podían ser incluidos en el RTDAF
(Salvamento parcial de voto)
(a) El accionante no era
propietario de los bienes inmuebles cuando se desarrollaron los actos violentos
en su contra, por cuanto estos ingresaron a su patrimonio con posterioridad a
los hechos de los cuales fue víctima directa, y (b) no hay prueba de
que el comprador del predio se hubiera “aprovechado de la situación de
violencia” o le haya “privado arbitrariamente de su propiedad (…) ya
sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o
mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”(Art.
74). Si bien estos negocios jurídicos podrían estar viciados, dado que no
se debe desconocer el estado de necesidad en el cual se encontraba inmerso el
accionante, lo cierto es que ese supuesto escapa el campo de la justicia
transicional y debería ser analizado en la jurisdicción ordinaria.
Expediente:
T-7.277.825
Acción
de tutela instaurada por Jairo Landazábal Flórez contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
(UAGRTD)
Magistrado
ponente:
José
Fernando Reyes Cuartas
1.
Con mi
acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Octava de Revisión, presento
salvamento parcial de voto en relación con la sentencia de la referencia.
Considero que en el caso sub examine la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAGRTD) (i) aplicó
adecuadamente las disposiciones que rigen la materia (arts. 3, 75 y 81 de la
Ley 1448 de 2011) y (ii) fundamentó de manera suficiente las razones por
las cuales los predios “Oficina 1105”, “Oficina 1106” y “Diamante
II” no podían ser incluidos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente (RTDAF).
2.
En primer
lugar, considero que la UAGRTD aplicó adecuadamente las disposiciones que rigen
la materia. En efecto, la pretensión elevada por el accionante debía ser
resuelta de conformidad con las disposiciones especiales contenidas en el
artículo 75 de la Ley 1448 y no le era aplicable el supuesto del artículo 3,
inciso 3. No
obstante, la sentencia concluye que la UAGRTD desconoció el derecho a la
restitución del accionante, por cuanto los hechos contenidos en su solicitud “no
fueron objeto de análisis a la luz del inciso 3° del art. 3°” de la Ley
1448 de 2011. Contrario a lo manifestado en la sentencia, advierto que no se
debieron dejar sin efectos las resoluciones, pues ese artículo no era aplicable
al caso en los términos expuestos, como se explica a continuación.
3.
Según el
artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, los siguientes elementos deben concurrir
para que una persona que se considere víctima pueda invocar la acción de
restitución de tierras: (i) ser titular del predio (propietario,
poseedor, ocupante), (ii) que el hecho vulnerador haya sucedido en el
marco temporal dispuesto por la ley (entre el 1° de enero de 1991 y el término
de vigencia de la ley) y (iii) que el abandono o despojo sea
consecuencia directa o indirecta de las violaciones descritas en el
artículo 3 de la misma ley. En consecuencia, de una lectura integral de los
artículos 3 y 75 de Ley 1448 de 2011 deriva que el abandono o despojo debe ser
consecuencia directa o indirecta de “infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
4.
De
conformidad con lo anterior, la referencia contenida en el artículo 75, en
relación con la definición general de víctima del artículo 3, no implica, como
se concluyó en la sentencia, que una persona que haya “sufrido un daño al
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización” pueda ser titular del derecho a la restitución. Esta lectura
de la norma desconoce que la Ley 1448 de 2011 incluye disposiciones especiales
referidas a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las
víctimas y, de otra parte, disposiciones especiales aplicables a la pretensión
de restitución de tierras.
5.
En segundo
lugar, considero que la UAGRTD fundamentó de manera suficiente las razones por
las cuales los predios “Oficina 1105”[309], “Oficina
1106” y “Diamante II”[310] no
podían ser incluidos en el RTDAF. Así, como bien lo planteó la
UAGRTD, el negocio jurídico que el accionante celebró sobre los predios “Oficina
1105”, “Oficina 1106” y “Diamante II” no tuvo relación directa o
indirecta con el conflicto, máxime cuando (a) el accionante no era
propietario de los bienes inmuebles cuando se desarrollaron los actos violentos
en su contra, por cuanto estos ingresaron a su patrimonio con posterioridad a
los hechos de los cuales fue víctima directa[311], y (b) no
hay prueba de que el comprador del predio se hubiera “aprovechado de la
situación de violencia” o le haya “privado arbitrariamente de su
propiedad (…) ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo,
sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de
violencia”(Art. 74). Si bien estos negocios jurídicos podrían estar
viciados, dado que no se debe desconocer el estado de necesidad en el cual se
encontraba inmerso el accionante, lo cierto es que ese supuesto escapa el campo
de la justicia transicional y debería ser analizado en la jurisdicción
ordinaria.
Fecha
ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] El escrito de la acción de tutela es confuso, por lo que la Sala
hace una relación de los hechos relacionados con las pretensiones conforme a la
información allí plasmada y la extraída de las pruebas arrimadas al expediente.
[2] Folio 63, cuaderno 1.
[3] Folio 72 y 73, cuaderno 1.
[4] Folio 64, cuaderno 1.
[5] Folio 79, cuaderno 1.
[6] Folio 76, cuaderno 1.
[7] Folio 74 y 75, cuaderno 1.
[8] Folio 135, cuaderno de pruebas. Certificado de la Clínica ISNOR del
26 de junio de 2019.
[9] Folio 21, cuaderno 1.
[10] Folio 242, cuaderno 2. Certificación de la Superintendencia de
Notariado y Registro, expedida el 24 de octubre de 2018 respecto del
accionante.
[11] Folio 245, cuaderno 2. Certificado expedido por la CIFIN el 25 de
julio de 2014 indicando que el accionante no cuenta con cuentas corrientes ni
de ahorros.
[12] Folio 18, cuaderno 1.
[13] Folio 83 a 91 cuaderno 1. A folio 83 (reverso), se refirió a los
hechos que fue víctima junto con su familia en los siguientes términos “Por
culpa puntual y directa del conflicto armado toda la familia Landazábal Flórez
vivimos una horrible pesadilla sin fin durante más de una década, tiempo en el
que los actores armados nos causaron numerosas amenazas de muerte, torturas
físicas y psicológicas, lesiones personales, varios secuestros, extorsiones,
desplazamientos forzados, abandono forzado de nuestras tierras y por su entera
culpa fue que perdimos todos nuestros bienes inmuebles urbanos y padecimos la
muerte de muestra madre, sufrimos la terrible desintegración familiar y todos
estos hechos victimizantes, dejaron en nosotros las víctimas del conflicto
armado, huellas devastadoras y secuelas imborrable”.
[14] Folio 156, cuaderno de pruebas.
[15] El accionante afirmó haber presentado una solicitud que fue negada
sin aportar ninguna prueba.
[16] Para efectos
de mayor claridad, se reagrupan las solicitudes por presentar unidad de
argumentos sobre el despojo expuestos por el accionante.
[17] El accionante explicó que son predios colindantes que conforman el
lote reclamado, por lo que correspondía hacer solicitudes individuales.
[18] El accionante afirmó haber presentado una solicitud que fue negada
sin aportar ninguna prueba.
[19] “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
// También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente,
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero
civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente (…)”
[20] “Legitimación.
Serán titulares de la acción regulada en esta ley: Las personas a que hace
referencia el artículo 75. // Su cónyuge o compañero o compañera permanente con
quien se conviva al momento en que ocurrieron los hechos o amenazas que
llevaron al despojo o al abandono forzado, según el caso.// Cuando el
despojado, o su cónyuge o compañero o compañera permanente hubieran fallecido,
o estuvieren desaparecidos podrán iniciar la acción los llamados a sucederlos,
de conformidad con el Código Civil, y en relación con el cónyuge o el compañero
o compañera permanente se tendrá en cuenta la convivencia marital o de hecho al
momento en que ocurrieron los hechos. // En los casos contemplados en el
numeral anterior, cuando los llamados a sucederlos sean menores de edad o
personas incapaces, o estos vivieran con el despojado y dependieran
económicamente de este, al momento de la victimización, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas actuará en su nombre y
a su favor. // Los titulares de la acción podrán solicitar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas que ejerza la acción
en su nombre y a su favor.”
[21] Folio 126
reverso, cuaderno 2.
[22] “Titulares
del derecho a la restitución. Las personas que fueran propietarias o poseedoras
de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por
adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas
a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que
configuren las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley,
entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar
la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas
forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo”.
[23] El concepto
de despojo, entendido como “la acción por medio de la cual, aprovechándose
de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su
propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico,
acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a
la situación de violencia”; y el abandono forzado de tierras, se refiere a “la
situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a
desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración,
explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento
durante el periodo establecido en el artículo 75 ”.
Artículo 74 de la Ley 1448 de 2011.
[24] Al desestimar su condición de víctima de las
amenazas y persecución de los grupos armados que sufrió, por considerar que
estas estaban dirigidas únicamente su hermano, desconociendo que afectaron a
todo el núcleo familiar.
[25] Folio 17, cuaderno 1.
[26] El accionante afirmó haber presentado una solicitud que fue negada
sin aportar ninguna prueba.
[27] Mediante
Resolución 323 de 29 de febrero de 2016 por la UAEGRTD resolvió
inscribir al señor Zótico Landazábal Afanador en el RTDAF.
[28] En este proceso se acumularon los expedientes con radicados Nos.
6800131210012015 0011101 y 680013121001 20160003201, correspondientes a las
solicitudes presentadas por Zótico Landazábal Afanador sobre los inmuebles de
matrícula inmobiliaria núms. 300-142171 y 300-77850. (Folio 285, cuaderno 2). Mediante
sentencia del 24 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, decidió
los procesos acumulados de restitución jurídica y material de tierras de los
predios “Buenos Aires” y “Totumales hoy Brisas” , identificados con los folios
de matrícula 300-142171 y 300-77850, respectivamente, presentadas a nombre del
señor Zótico Landazábal Afanador, negando las solicitudes de Restitución al
considera lo siguiente: “Corolario de lo expuesto, las transacciones
comerciales realizadas por el señor Zótico Landazábal en forma alguna pueden
ser constitutivas de despojo pues sus compradores ni se aprovecharon de la
situación de violencia que padeció en el año 1995, ni lo privaron
arbitrariamente de su propiedad, por tanto deben negarse las pretensiones de
las solicitudes de restitución", por lo cual el referido, el Despacho
Judicial ordenó la cancelación de la inscripción de los inmuebles "Buenos
Aires" y “Totumales hoy Brisas” en el Registro de Tierras Despojadas
ordenadas por la Unidad, así como la inscripción de la solicitud de restitución
de tierras y demás medidas cautelares registradas en los bienes inmuebles
identificados con matrícula inmobiliaria No 300-142171 y 300-77850 de la
oficina de instrumentos públicos de Bucaramanga.
[29] Folio 285 a 315, cuaderno 2.
[30] Folio 214, cuaderno 2.
[31] Folio 19, cuaderno 1.
[32] Folio 20, cuaderno 1.
[33] Folio 22, cuaderno 1.
[34] Folio 20, cuaderno 1.
[35] La acción de tutela presentada el 10 de diciembre de 2018.
[36] Folio 17,
cuaderno 1.
[37] Folio 44, cuaderno 1.
[38] Folio 45, cuaderno 1.
[39] Folio 622, cuaderno 3.
[40] Folios 624 a 633, cuaderno 3
[41] Allegó al material probatorio, correspondiente a la copia digital
de los expedientes del trámite administrativo ID 1278800, 128152, 134370,
134371, 143235, 1744849. Aportó CD, visible a folio
634, cuaderno 3.
[42] Folio 638, cuaderno 3.
[43] Folios 644 a 646, cuaderno 3.
[44] Folio 646, cuaderno 3.
[45] Folio 657, cuaderno 3.
[46] Anexo 1.
[47] Folios 6, 9 y 10, cuaderno 2.
[48] Folio 15 a 17, cuaderno 2.
[49] Folio 23 a 29, cuaderno 2.
[50] Folio 14, cuaderno 2
[51] Folio 129 a 131, cuaderno 2.
[52] Folio 134, cuaderno 2.
[53] Folio 133, cuaderno 2.
[54] Folio 132, cuaderno 2.
[55] Folio 138 a 145 y 191 a 192, cuaderno 2.
[56] Folios 146 a 153 y 195 a 187,
cuaderno 2.
[57] Folios 154 a 161 y 188 a 190,
cuaderno 2.
[58] Folios 162 a 169 y 182 a 184, cuaderno 2.
[59] Folios 170 a 178 y 193 a 195,
cuaderno 2.
[60] Folio 125 a 127 del cuaderno 2 y
folio 234 a 243 del cuaderno de pruebas.
[61] Folio 166 a 167, cuaderno 1.
[62] Folio 158,
cuaderno 1.
[63] Folio 159, cuaderno 1.
[64] Folio 161 y 162, cuaderno 1.
[65] Folio 163, cuaderno 1.
[66] Folio 164, cuaderno 1.
[67] Folio 157, cuaderno 1.
[68] Folio 157, cuaderno 1.
[69] Folio 106, cuaderno 1.
[70] Folio 105,
cuaderno 1.
[71] Folio 100 y 102, cuaderno 1.
[72] Folio 109, cuaderno 1.
[73] Folios 109,111, 114, cuaderno 1.
[74] Folio 51, cuaderno 2.
[75] Folio 52, cuaderno 2.
[76] Folios 53 y 56, cuaderno 2.
[77] Folio 54,
cuaderno 2.
[78] Folio 58 a 60, cuaderno 2.
[79] Folios 93-123, cuaderno 2.
[80] 203 folios,
visibles en el cuaderno 3.
[81] Folio 17 a
21, cuaderno 3.
[82] Folio 14 a
16 cuaderno 3.
[83] Folio 29, cuaderno 3.
[84] Ver Anexo 1. Se
destaca que el accionante aportó con el escrito de tutela las respuestas de la
UARIV a los derechos de petición radicados números 20137117525832,
20137118406622, 20137118577602, 20137117124582, 20147113552782, 20147114267772,
20147114316702, 20147114530502, 20147114165082, 20147112255922, 20147110052752,
2014711055262, 201571110744732, 20161301006672, 201713020385682,
201813020158822.
[85] Folio 46 a
47, cuaderno 3.
[86] Folio 24 a
26 y 83 a 85, cuaderno 3.
[87]Folio 121,
cuaderno 3.
[88] Ver Anexo 1.
[89] Folios 89 a
16, cuaderno de pruebas. Respuesta vía correo electrónico y física.
[90] Folios 127 a
154 y 253 a 278, cuaderno de pruebas.
[91] Folio 128,
cuaderno de pruebas.
[92] Escrito el
11 de septiembre de 2019.
[93] Folios 186 a
247, cuaderno de pruebas.
[94] Este proceso
se adelantó a partir de la inscripción en el RTDAF del señor Zótico Landazabal
(padre le accioante).
[95] Folio 188,
cuaderno de pruebas.
[96] Folio 211
reverso, cuaderno de pruebas.
[97] Folio 212
reverso, cuaderno de pruebas.
[98] Allí, se
consignó que el peticionario (Zótico Landazábal Afanador) fue acompañado por su
hijo Jairo Landazábal Flórez, “quienes indican la ruta de acceso al predio y
debido a cambios físicos en el predio, presenta (sic) dificultades para
reconocer los linderos que encierran el predio denominado “Brisas” (antes
Totumales”. Por lo anterior, la UAEGRTD validó la información cartográfica
de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para individualizar el
predio. (folio 215 reverso, cuaderno de pruebas)
[99] Folio 155
reverso, cuaderno de pruebas.
[100] Folio 157,
cuaderno de pruebas.
[101] Folio 157 reverso, cuaderno de pruebas.
[102] Reiteración de la Sentencia T-129 de
2019.
[103] Sentencia
T-080 de 2018. A su vez, el perjuicio irremediable ha sido definido bajo
ciertos supuestos rigurosos de inminencia, gravedad, urgencia e
impostergabilidad.
[104] “Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de
tutela no procederá: // 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentre el solicitante.”
[105] Sentencia T-296 de 2018, T-362 de 2017 y T-477 de
2017.
[106] Sentencia SU-498 de 2016.
[107] Sentencia T-019 de 2018, T-471 de 2017, T-507 de 2015.
[108] Sentencia T-328 de 2017.
[109] Sentencias T-436 de 2018, T-471 de 2017, T-318 de
2017, T-717 de 2017 y T-685 de 2016.
[110] Las
personas de la tercera edad, discapacitadas, mujeres cabeza de familia,
población desplazada, niños y niñas, entre otros.
[111] Sentencia T-341
de 2016, SU-655 de 2017 y Sentencia T-393 de 2018, entre
otras.
[112] Sentencia
T-834 de 2014. De forma análoga en Sentencia T-192 de 2010 se sustentó en las
siguientes razones: “(i) Aunque existen otros medios de defensa judicial
ante la jurisdicción ordinaria que garantizan la protección de los derechos de
este grupo de personas, éstos no son idóneos ni eficaces debido a la situación
de gravedad extrema y urgencia en la que se encuentran. (ii) No es viable
exigir el previo agotamiento de los recursos ordinarios como requisito de
procedibilidad de la acción, pues, debido a la necesidad de un amparo
inmediato, no es posible imponer cargas adicionales a la población desplazada,
y (iii) Por ser sujetos de especial protección, dada su condición particular de
desamparo, vulnerabilidad e indefensión.
[113] Sentencia
T-377 de 2017.
[114] Sentencia T-679 de 2015. En este sentido ver sentencia T-415 de 2013,
en la que la Corte efectuó un análisis de subsidiariedad, concluyó que la Ley
1448 de 2011 no solo cuenta con todas las garantías para que las pretensiones
de los accionantes sean resueltas, sino que además es el mecanismo más
apropiado para ello pues en él se incluyen medidas especiales para que las
víctimas reclamen sus derechos. En esa medida, defendió que la tutela no debe
convertirse en una vía paralela.
[115] Sobre la
idoneidad del proceso de restitución de tierras, ver sentencias sentencia C-330
de 2016, T-529 de 2016, T-679 de 2015, T-798 de 2014, entre otras. Sobre este
asunto, esta Corporación en la sentencia T-415 de 2013 afirmó que dicho el
trámite previsto en la Ley 1448 de 2011 es idóneo para ventilar ese tipo de
controversias sobre presuntas irregularidades que se cometieron en el trámite
de la adjudicación del predio, debido a que los términos diseñados por el legislador
son prudentes y razonables.
[116] Sentencia T-679 de 2015. En esa oportunidad, la accionante solicitó
a la Unidad de Gestión y Restitución de Tierras la restitución de los predios
que abandonó por causa de la guerra, que se inicia por la inscripción en el
RTDAF.  Una vez iniciado el trámite de estudio formal de su petición y luego de
pasado un tiempo, la accionante elevó una petición con el propósito de conocer
cuál era el estado de su reclamación. La entidad le indicó que se encontraba
suspendido hasta tanto se microfocalizara el predio objeto del proceso, ante lo
cual la accionante interpuso acción de tutela con el fin de proteger sus
derechos a la restitución de tierras y vida digna y se ordenara microfocalizar
el inmueble discutido. En ese contexto, la Corte determinó que la Unidad de
Gestión y Restitución de Tierras vulneró los derechos fundamentales de la
peticionaria por no contestar en un tiempo razonable la solicitud de
inscripción en el registro de tierras despojadas y, con ello, dejar en vilo indefinidamente
en el tiempo el derecho de restitución, al justificar de manera genérica que no
se había microfocalizado la zona donde se ubicaba el bien reclamado por motivos
de seguridad. Al respecto, también determinó que la entidad falló en sustentar
su respuesta de manera razonable, es decir, con fundamento normativo (razones
jurídicas) y fáctico (datos empíricos) su negativa.
[117] Sentencia
T-119 de 2019.
[118] Sentencia
T-647 de 2017 y T-034 de 2017. La Ley 1448 de 2011 no plantea la posibilidad de
interponer el recurso de reposición contra las decisiones que toma el juez de
restitución de tierras, y sólo contempla dos tipos de recursos: el de
reposición contra la decisión de la UAEGRTD que niega la inscripción en el RUV
(artículo 157) y el de revisión de la sentencia (artículo 92).
[119] Sentencia T-529 de 2016.
[120] La Corte ha
expuesto que el medio de defensa judicial es idóneo si es apto para producir el
efecto protector de los derechos fundamentales y es efectivo
cuando ofrece una protección oportuna a las prerrogativas lesionadas o
puestas en riesgo. Cfr. Sentencia T-393 de 2018.
[121] Sentencia T-579 de 2016. En la sentencia T-208A de 2018, por
ejemplo, se verificó puntualmente el agotamiento de los medios ordinarios de
defensa judicial.
[122] Reiteración de la Sentencia T-129 de 2019.
[123] Sentencia
C-795 de 2014. Allí incluso se resaltó su naturaleza principal y preferente.
[124] En este
sentido, la sentencia C-166 de 2017, sostuvo que “a partir de una
interpretación armónica de los artículos 1, 2, 15, 21, 93, 229 y 250 de la
Carta, así como de los estándares internacionales sobre los derechos de las
víctimas, se ha consolidado una línea jurisprudencial pacífica y uniforme, en
la cual ha sostenido que los derechos de las víctimas de delitos no se agota
con la reparación económica de los perjuicios ocasionados, sino que se integra
de otros componentes adicionales. Así, se ha entendido que existe un derecho
fundamental a la reparación del daño causado.” Reiteró las sentencias C-715
de 2012, C-099 de 2013 y C-795 de 2014.
[125] Como resultado, la Sala Plena declaró exequibles las expresiones “si
hubiere sido despojado de ella” y “de los despojados”, “despojado” y “el
despojado” contenidas en los artículos 28, numeral 9 y 72 incisos 2, 4 y 5, de
la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que estas expresiones incluyen tanto a
las víctimas de despojo como a las víctimas forzadas al abandono de sus bienes.
Igualmente, respecto de las expresiones “de la tierra”, “inmuebles”, “de las
tierras”, “de los inmuebles”, “del inmueble” y “de tierras” contenidas en los
artículos 70, 72, 73 y 75 de la Ley 1448 de 2011; así como las expresiones “El
propietario o poseedor de tierras” contenida en el inciso 7º del artículo 74;
“que fueran propietarias o poseedoras de predios”, contenida en el inciso 1º
del artículo 75; “la propiedad, posesión u ocupación”, contenidas en el inciso
4 del artículo 76, en los numerales 3 y 4 del artículo 77, y en el inciso 1º
del artículo 78; “propietario, poseedor u ocupante” contenida en el parágrafo
2º del artículo 84; y “propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío”
contenida en el artículo 91. Además, declaró exequible los incisos primero y
tercero del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011, e inexequibles el inciso 3 del
artículo 120 y el 207 de la Ley 1448 de 2011. Por último, se inhibió de
proferir pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “explotador
económico de un baldío” contenida en el inciso 7 del artículo 74; la expresión
“explotadoras de baldíos” contenida en el inciso 1º del artículo 75; y la
expresión “explotación de baldíos” contenida en el literal g. del artículo 91;
así como en cuanto al inciso segundo del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011,
por ineptitud sustantiva de la demanda.
[126] Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
[127] Artículos 1, 8, 25 y 63.
[128] Adoptado
por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de
1966. Entró en Vigor el 23 de marzo de 1976. Ratificado mediante la Ley 74 de
1968. Cfr. Artículos 2, 9, 10, 14 y 15.
[129] Organización
de las Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2
del 11 de febrero de 1998.
[130] Organización
de las Naciones Unidas. Informe del Representante del
Secretario general, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución
1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición: Principios Rectores de los
Desplazamientos Internos. ONU Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2. 1998.
[131] Los Principios Deng y Pinheiro hacen parte del bloque de
constitucionalidad en sentido lato, al ser desarrollos del derecho a la
reparación del daño adoptados por la doctrina internacional. Cfr. sentencias
C-715 de 2012, C-035 y C-330 de 2016.
[132] Ib.
[133] Sentencia T-699-A de 2011.
[134] Sentencia
T-085 de 2009.
[135] En
sentencia C-166 de 2017, la Corte declaró exequible la expresión “podrá”
contenida en el artículo 82 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido que refiere
a una habilitación para que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas actúe cuando el titular de la acción de
restitución de tierras le solicite que lo represente en el trámite judicial.
[136] En esa oportunidad, se estudió el caso de uno accionantes que claman
por la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
restitución de tierras como medida de reparación de la violencia sufrida con ocasión
del conflicto armado, los que consideran vulnerados por existir en favor de su
compañero y padre una tutela que le reconoce el derecho a acceder al
procedimiento para el registro de bienes despojados forzosamente, esto es el
RTDAF, el cual a la fecha no había sido acatado. En ese contexto, se encontró
que el juzgado accionado, vulneró los derechos a “dada la imposibilidad de
focalizar el área de ubicación del bien reclamado, omitió el deber de verificar
la realización de otras medidas de reparación disponibles conforme a la Ley
1448 de 2011, previa la consulta con la accionante, y en caso de que esta se
rehusara, al menos exigir informes periódicos sobre el avance de la situación
de seguridad. Y en todo caso, mantener la competencia de forma indefinida hasta
tanto no se hiciera efectiva la garantía del derecho amparado”.
[137] Sentencia
C-715 de 2012.
[138] Sentencia C-166 de 2017.
[139] Sentencia SU-648 de 2017.
[140] Es en razón
a ello, que en el marco del proceso de restitución de tierras, las autoridades
deberán, frente a bienes baldíos, proceder con la adjudicación del derecho de
propiedad a favor de la persona que venía ejerciendo su explotación económica
si durante el despojo o abandono se cumplieron las condiciones para la
adjudicación. Mientras que la restitución jurídica del inmueble despojado se
realizará con el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión,
según sea el caso. Además el restablecimiento del derecho de propiedad conlleva
el registro de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria. En el caso del
derecho de posesión su restablecimiento podrá genera la declaración de
pertenencia en los términos señalados en la ley. Sentencia C-166 de 2017.
[141] El mayor número de solicitudes
recibidas por año fue en 2013 y el número de solicitudes de restitución de
tierras interpuestas ha disminuido con el tiempo a lo largo de la vigencia de
la Ley, según el informe de rendición de cuentas de 2019 de la UAEGRTD.
[142] La Ley del Plan Nacional de
Desarrollo (Ley 1955 de 2019), en su artículo 84, se dispuso añadir un nuevo
artículo a la Ley 387 de 1995 sobre el trámite que se debe surtirse para la
inscripción en el RUTPA.
[143] Por vía
jurisprudencial, en la evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en el
cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y los autos de seguimiento 008 de
2009, 385 de 2010 y 219 de 2011, mediante Auto de seguimiento 373 de 2016, la
Corte se pronunció en relación con la implementación del Rupta y la necesidad
de su articulación con el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
(RTDAF), toda vez que desde el Auto 266 de 2017 advirtió que no son
interoperables.
[144] La Corte
Constitucional en la sentencia T-085 de 2009, dijo al respecto que : "La
restitución, como su nombre lo indica, es "restablecer oponer algo en el
estado que antes tenía", es decir, para el caso de las personas víctimas
de la vulneración de los derechos fundamentales, se trata de regresarlas a la
situación en que se encontraban antes de la transgresión de sus derechos,
"la restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la
libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y
la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su
empleo y la devolución de sus bienes"
[145] Auto 331 de
2019, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Este
procedimiento fue descrito en la sentencia T-415 de 2013.
[146] Al respecto
señala el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 lo siguiente: “la inscripción
de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de
procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este
capítulo”.
[147] Puede ser
presentada por cualquier persona que fuese despojada de sus tierras u obligadas
a abandonarlas (art. 76). La sentencia T-364 de 2017, explicó que “los
propietarios, poseedores, ocupantes de predios, o los explotadores de predios
baldíos deberán presentar una solicitud ante la Unidad de Restitución de
Tierras con el fin de inscribir los predios objeto de la solicitud en el
registro. Posteriormente, la Unidad referida informará del trámite de
inscripción a quien o a quienes figuren oficialmente como propietarios,
poseedores u ocupantes del predio que se quiere registrar, con la finalidad de
permitirle acreditar su relación jurídica con éste, y que esta se configuró
como resultado de su buena fe exenta de culpa”.
[148] Artículo 2.15.1.3.2.
[149] Artículo 2.15.1.4.5
[150] En
contra de estas decisiones procede el recurso de reposición que debe ser
presentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ésta, ante el funcionario que dictó la decisión; y, las acciones
de la vía contencioso administrativa (Artículo 2.15.1.6.7.). Las impugnaciones
de los registros de predios en el Registro de Tierras Despojadas, serán objeto
de acumulación al proceso que se adelante ante los Jueces Especializados en
Restitución (Art. 95 Ley 1448). En sentencia T-364 de 2017, la Sala
[151] Sentencia C-052 de 2012. En esta Sentencia la Sala
Plena declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones “en primer
grado de consanguinidad, primero civil” y “cuando a esta (sic) se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”, ambas contenidas en el
inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, que también son víctimas
aquellas personas que hubieran sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, sucedidas con ocasión del conflicto armado
interno.
[152] Este criterio fue reiterado en la sentencia C-781 de
2012.
[153] Estudió un
caso en el que se cuestionó, mediante la acción de tutela, una decisión de
desacato que definió el cumplimiento de la UAEGRTD de una orden de tutela, que
le impuso realizar la micro focalización de la zona donde estaba ubicado el
bien sobre el cual solicitó la inscripción en el RTDAF, de manera que se
pudiera surtir el trámite correspondiente. El peticionario acreditó que los
motivos de seguridad que justificaron la dilación de la micro focalización
avalados en la decisión del desacato eran falsos, por cuanto la Alcaldía local
del lugar de inmueble certificó lo contrario. El reclamante principal murió en
curso del trámite administrativo, por lo que su compañera permanente e hija
acudieron a la acción de tutela para que se protegiera el derecho real sobre el
inmueble que podrían eventualmente heredar.
[154] Auto 331 de 2019.
[155] En su capítulo 4 “Actuaciones
administrativas para la inclusión de víctimas y predios en el Registro de
tierras despojadas y abandonadas forzosamente”, del título 1 “Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente”, de la Parte 15 “De la
Unidad Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas”
[156] “Artículo
2.15.1.3.5. Decisión. Con base en el análisis previo, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución Despojadas decidir inicio formal del estudio
del caso determinar la inclusión predio en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente, o la exclusión caso. Se procederá a la exclusión en
las siguientes circunstancias: (…)2. Cuando la relación jurídica del
solicitante con el predio no corresponda a alguna de las previstas en el
artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.”
[157] “Artículo
2.15.1.4.5.  (…)Serán causales de exclusión y/o no
inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente: 1.
El no cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 3, 75, 76 y
81 de la Ley 1448 de 2011. 2. (…)”.
[158] En
concordancia, con el art. 2.15.1.5.1 del Decreto 1071 de 2015. Cfr. Sentencia
T-364 de 2017.
[159] Sentencia
C-099 de 2013.
[160] En sentencia C-099 de 2013, la Corte declaró exequible la expresión
“única instancia” del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 porque el proceso
judicial de restitución de tierras es una excepción constitucional al principio
de doble instancia, fundado en “que
a pesar de tratarse de un procedimiento de única instancia, con términos
breves, dado que dentro del mismo el legislador previó suficientes garantías a
los derechos al debido proceso, de defensa, a la igualdad y al acceso a la
justicia, las limitaciones establecidas resultan razonables y proporcionadas y
no son contrarias al principio de doble instancia”.
[161] Auto 331 de 2019.
[162] Entre los
parámetros internacionales de mayor relevancia se destaca la Declaración
Universal de Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; la Declaración sobre los Principios Fundamentales de
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder; el Informe Final
sobre la Impunidad de los Autores de Derechos de Violaciones de Derechos
Humanos; el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de Derechos
Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad o Principios Joinet; la
Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José”, la Declaración de
Cartagena sobre los Refugiados y la Declaración de San José sobre Refugiados y
Personas Desplazadas.
[163] Auto 099 de 2013.
[164] Sentencia
SU-254 de 2013, reiterada en Auto 331 de 2019.
[165] Entre otras medidas dispuestas en
el parágrafo 3º de del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011
[166] Arts. 47 y 49 a 59.
[167] Sentencia T-393 de 2018 y Auto 099 de 2013.
[168] Sentencia
T-196 de 2017. También ver sentencia T-025 de 2004
[169] En la
sentencia T-025 de 2004. , la Corte sostuvo que según
los Principios Rectores para los Desplazamientos Internos, “la población
desplazada tiene derecho a la subsistencia mínima como expresión del derecho
fundamental al mínimo vital y que a través de la provisión de la ayuda
humanitaria el Estado satisface su deber imprescindible en relación con la
subsistencia mínima de esa población”. En
igual sentido pueden verse otras sentencias como la T-888 de 2013.
[170] Ver sentencias T-025 de 2004; T-136 de 2007 y T-868 de
2008, entre otras.
[171] “La entrega dispersa de la ayuda humanitaria va de la mano, en
muchas ocasiones, con la entrega incompleta de los componentes que debe cubrir
dicha ayuda. Esta situación, ha reiterado la Corte Constitucional, no sólo
desnaturaliza el propósito que debe regir la entrega de la ayuda humanitaria
puesto que no llega efectivamente a entregarse durante la etapa de emergencia,
y su entrega parcial y tardía equivale a paliar esporádicamente necesidades
básicas insatisfechas sino que se perpetúa la situación de emergencia producto
del desplazamiento forzado al permanecer la población desplazada en condiciones
de vida violatorias de su derecho al mínimo vital, poniendo en riesgo y/o
vulnerando el derecho al mínimo vital de la población desplazada.”
Auto 099 del 2013. También las sentencias T-451 de 2008. y T- 817 del 2008.
[172] Sentencia T-856 de 2011.
[173] El Estado tiene la obligación
constitucional y legal de reservar el presupuesto necesario para proveer
oportunamente la Ayuda Humanitaria de Emergencia, de suerte que la ausencia de
recursos no puede convertirse de ninguna manera en una excusa para someter al
conjunto de la población desplazada a una espera desproporcionada de la
asistencia". Sentencia T-690A de 2009. En la misma dirección, ver
las sentencias T-868 de 2008. y T-496 de 2007, esta última reiterada en los
pronunciamientos T-476 de 2008, y T-586 de 2009.
[174] Sentencias
T-004 de 2018, T 692 de 2017 y T 142 de 2017.
[175] Sentencia T-004 de 2018.
[176] Sentencia T-112 de 2015.
[177] El Decreto 2569 de 2014, en su artículo 7º, dispone los
criterios para la entrega de la atención humanitaria señalando: “Atendiendo lo
dispuesto en el artículo 107 del Decreto número 4800 de 2011, la entrega de los
componentes de la atención humanitaria a las víctimas del desplazamiento
forzado se fundamenta en los siguientes criterios: 1. Vulnerabilidad en la
subsistencia mínima. Para los efectos de lo previsto en el artículo 62 de la
Ley 1448 de 2011 y en el Capítulo V del Título VI del Decreto número 4800 de
2011 se entenderá como vulnerabilidad en la subsistencia mínima la situación de
una persona que presenta carencias en los componentes de la atención
humanitaria a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 5° de este
decreto. 2. Variabilidad de la atención humanitaria. Los montos y componentes
de la atención humanitaria dependerán de la vulnerabilidad de cada hogar,
determinada con base en la evaluación de las condiciones y las características
particulares, reales y actuales de cada uno de sus miembros, en el marco de la
aplicación del Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las
Víctimas (MAARIV). 3. Persona designada para recibir la atención humanitaria.
La atención humanitaria se entregará al integrante del hogar que se designe
como su representante según las preferencias, costumbres, condiciones y
características particulares del hogar. 4. Temporalidad. La entrega de atención
humanitaria dependerá de las carencias en los componentes de alojamiento
temporal y/o alimentación de los hogares solicitantes y de la relación de estas
carencias con el hecho del desplazamiento. Esta entrega deberá suspenderse
definitivamente cuando se dé cualquiera de las condiciones descritas en el
artículo 21 de este decreto”.
[178] Como víctima del conflicto armado por los hechos de desplazamiento
forzado y tortura ocurridos el 1 de junio de 1997 en Rionegro, Santander
(Resolución 2013259766 del 12 de septiembre de 2013) y de desplazamiento
forzado ocurrido el 1 de febrero de 1995 y el 1 de febrero de 2000 (Resolución
20145500237 del 30 de julio 2014).
[179] El accionante afirmó haber presentado una solicitud que fue negada
sin aportar ninguna prueba.
[180] Ver Anexo 1.
Conforme a las pruebas arrimadas al expediente, se tiene que la UARIV contestó
múltiples peticiones del accionante entre el 2013 y 2018, se destacan  las
relacionadas con los temas indicados:  oficios con radicados números
20137117525832, 20137118406622, 20137118577602, 20137117124582, 20147113552782,
20147114267772, 20147114316702, 20147114530502, 20147114165082, 20147112255922,
20147110052752, 2014711055262, 201571110744732, 20161301006672,
201713020385682, 201813020158822.
[181] El artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que la acción de tutela podrá ser ejercida por cualquiera persona que
considere vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales: (i) a nombre
propio; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio de apoderado
judicial; o (iv) mediante agente oficioso.
[182] Como se indicó inicialmente, el escrito de tutela es confuso. Sin embargo,
la Sala advirtió que fueron los ejes principales de los hechos narrados y las
pretensiones.
[183] Sentencia
T-004 de 2018.
[184] Folio 58 a 60, cuaderno 2.
[185] Sentencia
T-028 de 2018.
[186] Ver Sentencias T-614 de
2016, SU-339 de 2011, T-887 de 2009, T-834 de 2005
entre otras.
[187] Sentencias T-169 de 2019, T-333 de 2019, T-299 de 2018, T-163 de 2017, SU-648 de 2017 y T-305 de 2016.
[188] Sentencias T-333 de 2019, T-621 de 2017 y T-626
de 2016, entre otras.
[189] Sentencias T-169 de 2019, T-333 de 2019, T-299
de 2018, T-163 de 2017, SU-648 de 2017 y T-305
de 2016.
[190] Historia de la clínica ISNOR de 2018 y del hospital Psiquiátrico San
Camilo del ciudad de Bucaramanga de 2014, historia clínica de Salud Total EPS y
dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
[191] Folio 14, cuaderno 2.
[192] Sentencia T-233 de 2018.
[193] “Artículo
81. Legitimación. Serán titulares de la acción regulada en esta ley: Las
personas a que hace referencia el artículo 75. // Su cónyuge o compañero o
compañera permanente con quien se conviva al momento en que ocurrieron los
hechos o amenazas que llevaron al despojo o al abandono forzado, según el
caso.// Cuando el despojado, o su cónyuge o compañero o compañera
permanente hubieran fallecido, o estuvieren desaparecidos podrán iniciar la
acción los llamados a sucederlos, de conformidad con el Código Civil, y en
relación con el cónyuge o el compañero o compañera permanente se tendrá en
cuenta la convivencia marital o de hecho al momento en que ocurrieron los
hechos. // (…).”
[194] Folio 212 reverso, cuaderno de pruebas.
[195] Folio 126
reverso, cuaderno 2.
[196] Sentencia
T-364 de 2017.
[197] Esto se evidencia en el Anexo 2
[198] “De la
misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización.”
[199] Folio 166 a 167, cuaderno 1.
[200] Folio 157, cuaderno 1.
[201] Folio 158,
cuaderno 1.
[202] Folio 159, cuaderno 1.
[203] Folio 161 y 162, cuaderno 1. Ambas declaraciones contienen el mismo
texto.
[204] Folio 163, cuaderno 1.
[205] Folio 164, cuaderno 1.
[206] De la
Unidad de Reacción Inmediata de Bucaramanga de la Fiscalía General de la
Nación, sobre la existencia de un proceso contra desconocidos por denuncia de
Luis Enrique Landazábal Flórez, por amenazas con fines extorsivos, del 18 de
octubre de 2000 (f. 106 , c. 1); (ii) del Fiscal Delegado el Gaula, sobre la
existencia de la investigación previa sobre el delito de extorsión en perjuicio
de Luis Enrique Landazábal Flórez, por hechos ocurridos en marzo de 2002 a
marzo de 2004 y también a partir de febrero de 2006 (fls. 100, 102 y 109, c.1).
[207] Folios 109,111, 114, cuaderno 1.
[208] Sentencia
C-715 de 2012.
[209] Esto se evidencia en el Anexo 2.
[210] Folio 58 a 60, cuaderno 2.
[211] En el Anexo
1 se detallan las respuestas de 22 entidades distintas a la UARIV.
[212] Ver Anexo 1. Se
destaca que el accionante aportó con el escrito de tutela las respuestas de la
UARIV a los derechos de petición radicados números 20137117525832,
20137118406622, 20137118577602, 20137117124582, 20147113552782, 20147114267772,
20147114316702, 20147114530502, 20147114165082, 20147112255922, 20147110052752,
2014711055262, 201571110744732, 20161301006672, 201713020385682,
201813020158822.
[213] Informe Individual del PAPSIVI sobre el accionante. Folio 58 a 60, cuaderno 2.
[214] Folios 6, 9 y 10, cuaderno 2.
[215] Folio 15 a 17, cuaderno 2.
[216] Folio 23 a 29, cuaderno 2.
[217] Folio 14, cuaderno 2
[218] Folio 129 a 131, cuaderno 2.
[219] Folio 133, cuaderno 2.
[220] Folio 132, cuaderno 2.
[221] Folio 134, cuaderno 2.
[222] Folio 135 a 136, cuaderno 2.
[223] Folio 170 a 178, cuaderno 2.
[224] Folio 193 a 195, cuaderno 2.
[225] Folio 166 a 167, cuaderno 1.
[226] Folio 157, cuaderno 1.
[227] Folio 157, cuaderno 1.
[228] Folio 158,
cuaderno 1.
[229] Folio 159, cuaderno 1.
[230] Folio 161 y 162, cuaderno 1. Ambas declaraciones contienen el mismo
texto.
[231] Folio 163, cuaderno 1.
[232] Folio 164, cuaderno 1.
[233] Folio 106, cuaderno 1.
[234] Folio 105,
cuaderno 1.
[235] Folio 100 y 102, cuaderno 1.
[236] Folio 109, cuaderno 1.
[237] Folios 109,111, 114, cuaderno 1.
[238] Folio 51, cuaderno 2.
[239] Folio 52, cuaderno 2.
[240] Folios 53 y 56, cuaderno 2.
[241] Folio 54,
cuaderno 2.
[242] Folio 58 a 60, cuaderno 2.
[243] Folios 93-123, cuaderno 2.
[244] 203 folios,
visibles en el cuaderno 3.
[245] Folio 17 a
21, cuaderno 3.
[246] Folio 14 a
16 cuaderno 3.
[247] Folio 29, cuaderno 3.
[248] Folio 68 a
70, cuaderno 3.
[249] Folio 66 a
67, cuaderno 3.
[250] Folio 59 a
60, cuaderno 3.
[251] Folio 71 a
76, cuaderno 3.
[252] Folio 27 a 28, cuaderno 3.
[253] Folio 35 a
39, cuaderno 3.
[254] Folio 40 a
44, cuaderno 3.
[255] Folio 48 a
50, cuaderno 3.
[256] Folio 51 a
55, cuaderno 3.
[257] Folio 56 a
58, cuaderno 3.
[258] Folio 64 a
65, cuaderno 3.
[259] Folio 61 a
63, cuaderno 3.
[260] Folio 33 a 34, cuaderno 3.
[261] Folio 77 a 78, cuaderno 3.
[262] Folio 6 a
9, cuaderno 3.
[263] Folio 13,
cuaderno 3.
[264] Folio 46 a
47, cuaderno 3.
[265] Folio 24 a
26 y 83 a 85, cuaderno 3.
[266]Folio 121,
cuaderno 3.
[267] Folio 117 a
119, cuaderno 3.
[268] Folio 131,
cuaderno 3.
[269] Folio 94 a
95, cuaderno 3: Indicó que la
cartera cuenta con un Plan Nacional de Música para la Convivencia en
articulación con los departamentos y municipios, pero la dotación instrumental
se proporciona a Escuelas Municipales de Música. Ante esta situación, sugiere
dirigirse a la Alcaldía local o la Secretaría de Educación del Distrito Capital
[270] Folio 133 a 136, cuaderno 3.
[271] Folios 97 a
98 y 101 a 113, cuaderno 3.
[272] Folio 113,
cuaderno 3.
[273] Folio 115 a
116, cuaderno 3: Allí se informó que no es posible acceder a su petición de
apoyo económico para el desarrollo del proyecto productivo de una academia
musical y no se remite la petición al competente por solicitud de expresa de no
remisión del peticionario.
[274] Folio 122,
cuaderno 3.
[275] Folio 93,
cuaderno 3. Fechado del 14 de
enero de 2013, respecto de la solicitud de recursos para el proyecto productivo
individual, en el sentido que la entidad no tiene competencia ni dispone de
presupuesto para ello, por lo cual le sugiere acudir a otras entidades
[276] Folio 123, cuaderno
3: Informó que el asunto de su petición está fuera de sus competencias, que la
asistencia, atención humanitaria y reparación integral corresponde a la UARIV,
entidad a quien remite su solicitud. Documento del 24 diciembre de 2013, respecto de su petición
de apoyo económico en el proyecto productivo individual
[277] Folio 124, cuaderno
3: Fechado del 30 diciembre de
2013, respecto de su petición de apoyo económico en el proyecto productivo
individual, para el cual solicita “54 acordeones Hohner profesional Corono
III, 54 cajas vallenatas en fibra de vidrio y 54 guacharacas”, al que
responde no poder brindar apoyo por no enmarcarse dentro de la misión del
Ministerio que es formular, coordinar y evaluar las políticas que promuevan el
desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos del sector
agropecuario y desarrollo rural.
[278]Folio 125, cuaderno
3.: Indicó que la petición de
apoyo económico era “para uno de los proyectos en los que trabaja, uno de
ellos para de formar una ‘academia de música vallenata’ y otro ‘alterno” que
dedicará al diseño, creación y elaboración de esculturas y volúmenes a
cualquier tamaño con diversos materiales y formas”. del 26 diciembre de
2013
[279] Folio 128, cuaderno
3.
[280] Folio 129 a
130, cuaderno 3.
[281] Folio 141 a 142, cuaderno 3.
[282] Folio 137, cuaderno
3.
[283] Folio 138 a
139, cuaderno 3.
[284] Folio 177 a 181, cuaderno 3.
[285] Folio 183 a 184, cuaderno 3.
[286] Folio 185 a
186, cuaderno 3.
[287] Folio 195, cuaderno 3.
[288] Folio 156 a 157, cuaderno 3.
[289] Folio 144 a 147 y 158 166, cuaderno
3.
[290]Folio 167 a
173, cuaderno 3.
[291] Folio 212 reverso, cuaderno de pruebas.
[292] Folio 126
reverso, cuaderno 2.
[293] Folio 150, cuaderno 2.
[294] Folio 152, cuaderno 2.
[295] Folio 152 reverso, cuaderno 2.
[296] Folio 186, cuaderno 2.
[297] Si
bien se reconoció que el hecho relevante identificado fueron las presiones
extorsivas y amenazas por parte de grupos armados ilegales, estas estuvieron
dirigidos en contra de su hermano y su núcleo familiar (en este caso sus
hijos), como consta en la denuncia penal que elevó ante la Fiscalía General de
la Nación.
[298] Folio 160 reverso, cuaderno 2.
[299] Folio 160, cuaderno 2.
[300] Folio 160 reverso, cuaderno 2.
[301] Folio 190,
cuaderno 2.
[302] Folio 143 reverso y 144, cuaderno 2.
[303] Folio 340,
cuaderno 2.
[304] Folio 169, cuaderno
2.
[305] Folio 390 reverso, cuaderno 2.
[306] Folio 143 reverso y 144, cuaderno 2.
[307] Folio 177, cuaderno 2.
[308] Folio 390 reverso, cuaderno 2.
[309] El
accionante manifestó que en el año 2004 adquirió la propiedad de los inmuebles “Oficina
1105” y “Oficina 1106”, como dación en pago por las acreencias
laborales que le adeudaba la empresa Mantenimiento, Diseños y Montajes Ltda.
(Cno. 1, fl. 1).
[310] El
accionante manifestó que el bien “Diamante II” le fue adjudicado tras la
sucesión de su madre, según la Escritura Pública No. 97 del 18 de enero de 2006
de la Notaría Primera de Bucaramanga (Cno. 1, fl. 83).
[311] Con base en
las pruebas allegadas por el accionante al proceso de restitución de tierras,
la UAGRTD concluyó que “salvo la situación de violencia ocasionada en 1995
(…) la víctima directa de la persecución de los grupos al margen de la ley ha
sido el (…) hermano del solicitante” (Cno. 2, fl. 143).