T-817-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-817/12
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DEFECTO
SUSTANTIVO Y DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDENCIA DE LA ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
PENSION DE
SOBREVIVIENTES A CONYUGE NO CULPABLE DE LA SEPARACION DE CUERPOS
DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO
La Sala considera que (i) el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario
utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una verdadera
denegación de justicia; (ii) si bien los jueces gozan de libertad para valorar
el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden desconocer la
justicia material por exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia
del derecho sustancial. Dicho exceso se puede dar por incurrir en un rigorismo
procedimental en la valoración de la prueba que lleve incluso a que la misma
sea desechada, o por exigir el cumplimiento de requisitos sacramentales que
pueden hacer obrar en el expediente mediante el decreto oficioso de pruebas; y,
(iii) generalmente el exceso ritual manifiesto tiene relación directa con el
defecto fáctico, al punto que el error en la valoración de la prueba lleva al
juez natural a una errada conclusión que incide directamente en el resultado
del proceso judicial
PRECEDENTE
JUDICIAL-Cómo debe entenderse
El precedente
judicial debe entenderse como “aquel antecedente del conjunto de sentencias
previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la
resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia” y señaló que una sentencia antecedente es relevante para la solución
cuando presenta alguno de los siguientes aspectos (o todos ellos): (i) en
la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el
caso a resolver posteriormente; (ii) la ratio debió haber servido de base para
solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional
semejante (a la que se estudia en el caso posterior); y, (iii) los hechos del
caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o
plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente.
En este sentido será razonable que “cuando en una situación similar, se observe
que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez
esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”
PRECEDENTES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Se dividen en dos
En relación con los
pronunciamiento o precedentes de la
Corte Constitucional, esta Corporación ha manifestado que estos se dividen en
dos: (i) los fallos de constitucionalidad que tienen carácter obligatorio
debido a los efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional que se
desprenden de ellos, razón por la cual la ratio decidendi de esos casos que
contiene una solución constitucional a los problemas jurídicos estudiados, debe
ser atendida por las demás autoridades judiciales para que la aplicación de la
ley sea conforme a la Constitución. Si una autoridad judicial desconoce una
decisión de inexequibilidad o una ratio decidendi de un fallo de exequibilidad,
la Corte ha dicho que incurre en defecto sustantivo pues desconoce el derecho
vigente, o lo interpreta y aplica de forma incompatible con las cláusulas
constitucionales; y, (ii) en las sentencias de revisión de tutela a pesar de
dictarse con efectos inter partes, la ratio decidendi en ellas consignadas
constituye un criterio orientador obligatorio para los jueces, por medio del
cual se busca desarrollar y hacer efectivo los principios de igualdad ante la
ley, acceso a la administración de justicia, confianza legítima y de unidad y
coherencia del ordenamiento
JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Puede ser desconocida de cuatro formas
A partir de
los elementos presentados como fundamento del carácter vinculante del
precedente constitucional, esta Corte ha considerado que su jurisprudencia “puede ser desconocida de cuatro formas: (i) aplicando
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido
normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de tutela”. Lo anterior no impide a los jueces que en sus
fallos adopten decisiones separadas del precedente constitucional siempre
y cuando “(…) encuentre razones debidamente fundadas que le permitan separarse
de él, cumpliendo con una carga argumentativa encaminada a mostrar que el
precedente es contrario a la Constitución, en todo o en parte”
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Procedencia
Para decidir sobre la
procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso: (i)
determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en
estos precedentes; (ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar
en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad y; (iii) verificar si el juez tuvo
razones fundadas para apartarse del precedente judicial bien por encontrar
diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien por
considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una
interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y
más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de
acuerdo con el principio pro hómine
PENSION COMPARTIDA ENTRE CONYUGE
SOBREVIVIENTE Y COMPAÑERA PERMANENTE DEL CAUSANTE-En forma proporcional a la convivencia
probada
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION-Caso en que ninguna de las causales taxativas
que habilita su interposición encuadra
Existe el recurso
extraordinario de revisión en materia contenciosa administrativa regulado en el
artículo 188 del derogado Decreto 01 de 1986, modificado por el artículo 57 la
Ley 446 de 1998, el cual conforme lo estableció esta Corporación en la
sentencia C-520 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa), tiene por finalidad,
como excepción al principio de la cosa juzgada que ampara a todas las
sentencias ejecutoriadas, enmendar los errores o ilicitudes cometidas en su expedición,
y restituir el derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en
razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico.
Dicho recurso extraordinario procede, entre otras, contra las sentencias de
segunda instancia dictadas por los Tribunales Administrativos, como acontece en
el presente caso, y dentro de las causales taxativas que habilitan su
interposición, ninguna se encuadra dentro de la situación fáctica y jurídica
que la actora expone en sede constitucional. Lo anterior significa que la
accionante no cuenta con el recurso extraordinario de revisión para ventilar su
pretensión, sino que la acción de tutela resulta ser su único medio de defensa
en procura de obtener la protección de sus derechos. Así, cumple con esta
subregla jurisprudencial.
DECRETO
1211/90 ARTICULO 195-Excepción que el cónyuge supérstite pruebe que actuó
con buena conducta sin ser responsable de la eventual separación/CARGA DE LA
PRUEBA-Para demostrar hechos que configuren excepción normativa de exclusión
La
norma antedicha vigente para la época del deceso del causante (24 de octubre de
2003), propone como regla general la pérdida de la sustitución de la asignación
de retiro por el cónyuge supérstite, pero al mismo tiempo la parte segunda del
parágrafo en comento consagra una salvedad o excepción a esa regla general, la
cual consiste en que a pesar de existir separación legal o definitiva de
cuerpos o que no se hiciere vida en común con el fallecido al momento del
deceso, los hechos que dieron lugar al divorcio, a la separación de cuerpos o a
la ruptura de la vida común, sean imputables al pensionado, es decir, se
hubiesen causado sin culpa del cónyuge supérstite. Significa ello que la regla
general se puede desvirtuar desde el punto de vista probatorio, habilitando por
vía de excepción al cónyuge sobreviviente e inocente para disfrutar del
reconocimiento y pago de la asignación de retiro del causante, bien sea como
titular único o en forma compartida según revelen las circunstancias de cada
caso. Entonces, la incógnita que surge de lo expuesto se centra en determinar
quién tiene la carga de la prueba para demostrar los hechos que configuran la
excepción normativa de exclusión prestacional en el marco jurídico regulado
para las Fuerzas Militares. En este punto, el Consejo de Estado ha sido prolifero en la producción en sentencias que resuelven
el debate. Esta Sala de Revisión observa que si bien el artículo 195 del
Decreto 1211 de 1990, modificado por el artículo 9° de la
Ley 447 de 1998, contempla como regla general la exclusión o la pérdida por
parte de la cónyuge sobreviviente del beneficio de la sustitución de la asignación
de retiro de un miembro difunto de las Fuerzas Militares, por la existencia de
sentencia judicial o extrajudicial que decrete el divorcio o la separación de
cuerpos, o porque al momento del deceso no hubiere vida común con el
pensionado, la misma norma establece una excepción cuando los hechos que dieron
lugar al divorcio, a la separación de cuerpos o a la ruptura de la vida en
común, fueron producidos directamente por el causante y sin culpa del cónyuge
supérstite. Tales hechos que configuran la excepción corresponde demostrarlos
mediante prueba fehaciente al cónyuge sobreviviente que alega su comportamiento
inocente y que reclama la prestación.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por defecto sustantivo, por cuanto no se dio aplicación al artículo 195 del
Decreto 1211/90 y sin tener en cuenta modificación que introdujo el artículo 9
de la Ley 447/98 respecto a pensión de sobrevivientes compartida para esposa y
compañera permanente
La Sala evidencia la configuración de
un defecto sustantivo en las decisiones del Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito y del Tribunal Administrativo; el primero, por no dar aplicación al
artículo 195 del Decreto 1211 de 1990 -modificado- frente a la situación de la
cónyuge supérstite del causante pensionado, y el segundo, por aplicar el
parágrafo de ese artículo sin tener en cuenta la modificación que introdujo el
artículo 9° de la ley 447 de 1998, la cual además resulta trascendental para
determinar si a la actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
asignación de retiro que en vida disfrutó el Capitán ®, así sea en forma
compartida y proporcional siguiendo los criterios de justicia y equidad que la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa han desarrollado.
REGISTRO
CIVIL DE MATRIMONIO-Prueba de la existencia de la unión conyugal como lo
establece el artículo 101 del Decreto 1260/70/PRUEBA AB SUBSTANTIAM ACTUS
Es cierto que en Colombia la
prueba de la existencia de la unión conyugal es el registro civil de matrimonio
como lo establece el artículo 101 del Decreto 1260 de 1970, por lo cual, quien
reclama para si el reconocimiento de determinado derecho derivado de su estado
civil, debe probarlo mediante el documento público denominado registro civil.
Así mismo, el estatuto procesal civil establece en el artículo 265, que la
falta del documento público que demuestre el contrato, para nuestro caso, el
vínculo matrimonial, no puede suplirse con ninguna otra prueba, es decir, se
trata de una prueba ab substantiam actus.
DECRETO DE
PRUEBAS DE OFICIO TIENE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL/SISTEMA PROBATORIO MIXTO
DISPOSITIVO-INQUISITIVO TENDIENTE A OBTENER LA
VERDAD DE LOS HECHOS/IDEA DE UNA SENTENCIA JUSTA-Impone al Juez la
obligación de hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda del valor de la
verdad y la efectividad del derecho material/PRINCIPIO DE NECESIDAD Y
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES
Surge una pregunta derivada de
los hechos que revelan el caso sub-examine: ¿puede un Juez de la
República desconocer los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de
una persona, cuando ésta no aporta en el trámite procesal donde fue llamada
como litisconsorte necesario, el registro civil de matrimonio para acceder a la
sustitución pensional de su difunto esposo, y aquel no decreta de oficio la
prueba ad substantiam actus que requiere para garantizar los derechos
sustanciales?. Para dar respuesta a ese interrogante, conviene señalar que esta
Corporación en sentencia T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), indicó
que el decreto de pruebas de oficio tiene relevancia constitucional porque
desarrolla el carácter inquisitivo dentro de nuestro sistema probatorio mixto
(dispositivo-inquisitivo), tendiente a obtener la verdad de los hechos en el
marco procesal. Y es que, la idea de una “sentencia justa” impone el juez la
obligación de hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda del valor de la
verdad y la efectividad del derecho material, es decir, una armonía entre el
principio de necesidad y la prevalencia del derecho sustancial en las
actuaciones judiciales (artículo 228 de la
Constitución Política). Agregó que en caso de no hacer uso de esa facultad
siendo necesaria para esclarecer los hechos y materializar un derecho
sustancial, se incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
OMISION EN
EL DECRETO OFICIOSO DE PRUEBAS CONDUCE A DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO
RITUAL MANIFIESTO
Aterrizando esa consideración
al caso concreto, en materia contencioso administrativa, tanto el
artículo 169 del derogado Decreto 01 de 1984 -que regía cuando las sentencias
atacadas fueron proferidas por los accionados-, como el actual Código
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, artículo 213), consagran la
posibilidad para que el juez decrete las pruebas de oficio que estime
necesarias para esclarecer la verdad o “puntos oscuros o dudosos  (ahora
difusos en el nuevo texto) de la contienda”, facultad que desde el plano
constitucional se entiende acentuada cuando las pruebas resultan indispensables
para garantizar derechos fundamentales de las partes.  Vistas así las cosas, la
Sala de Revisión considera que los accionados incurrieron en defecto por
exceso ritual manifiesto (el cual tiene relación directa con el defecto fáctico
que alega el actor),  al dejar de hacer uso de la facultad que les otorga la
norma procesal para decretar la prueba de oficio solicitando la aportación del
respectivo registro civil de matrimonio, con el fin de establecer si la señora
Clara Nancy Herrera en verdad figura como cónyuge del causante José Antonio
Cárdenas Pachón para, a partir de la información obtenida, proveer el fondo del
asunto con mayores elementos de juicio que tiendan a garantizar los derechos
fundamentales que le asisten a ésta. Quiero ello decir que, no hacer uso de esa
facultad oficiosa en materia probatoria, podría desembocar en que un Juez de la
República lesione derechos de raigambre constitucional al decidir sin los
suficientes elementos de juicio que busquen hacer efectivos los derechos
sustanciales de las partes
DEFECTO
SUSTANTIVO POR APLICACION INDEBIDA DEL ARTICULO 195 DEL DECRETO 1211/90
MODIFICADO POR EL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 9 DE LA
LEY 447/98-En las sentencia no se analizaron hechos ni pruebas a la luz de
la excepción consagrada
En síntesis, respecto del
primer cargo que expone la actora, la
Sala considera que los jueces accionados violaron su derecho fundamental al
debido proceso, al incurrir en defecto sustantivo por hacer una aplicación
indebida del artículo 195 del Decreto 1211 de 1990, modificado por el inciso 2°
del artículo 9° de la Ley 447 de 1998, ya que obviaron analizar los hechos y
las pruebas a la luz de la excepción que consagra esa norma especial. De igual
forma, incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al no
hacer uso de la facultad oficiosa que consagra la norma procesal
administrativa, con miras a solicitar el registro civil de matrimonio a la
litisconsorte necesaria que fue convocada al proceso contencioso en calidad de
cónyuge supérstite del causante, ya que esa información resultaba de vital
importancia para resolver sobre el derecho sustancial de aquella, que además se
relaciona directamente con derechos de naturaleza constitucional. Este último
defecto tiene una clara relación con el defecto fáctico por vía negativa que
alega el actor.
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE JUDICIAL-Caso en que se torna irrelevante estudiar si dichas
decisiones lo desconocieron por cuanto prosperó el primer cargo
La
Sala se releva de hacer un estudio de fondo sobre el punto, toda vez
que al prosperar el primer cargo estructural que arrojó la configuración de los
defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto a los cuales
se hizo alusión en líneas precedentes, ello es suficiente para dejar sin
efectos las decisiones acusadas por ser vulneradoras de los derechos fundamentales
que le asisten a la actora. Entonces, se torna irrelevante estudiar si dichas
decisiones desconocieron el precedente judicial, máxime cuando la orden
concreta para el juez contencioso administrativo de primera instancia, es que
dentro del término que establece la ley procesal, dicte una nueva sentencia que
atienda los puntos expuestos en el presente fallo de revisión.
PROCEDENCIA
DE ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que se cumplen
los requisitos generales de procedencia excepcional/PROCEDENCIA DE ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que se revocan sentencias de
primera y segunda instancia y se concede el amparo a los derechos al debido
proceso y a la seguridad social
El presente caso cumple con
los requisitos generales de procedencia excepcional de la tutela contra
providencias judiciales; específicamente, en cuanto atañe al agotamiento de los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa procesal por parte de la actora,
se concluyó que ésta agotó el recurso de apelación y que no era indispensable
que interpusiera el recurso extraordinario de revisión por cuanto ninguna de
las causales que contempla el artículo 188 del CCA anterior, se adecua a la
situación fáctica y jurídica por ella expuesta en sede constitucional. Así
mismo, se dijo que los jueces accionados incurrieron en los defectos (i) sustantivo
por hacer una aplicación indebida del artículo 195 del Decreto 1211 de 1990,
modificado por el inciso 2° del artículo 9° de la
Ley 447 de 1998; y, (ii) procedimental por exceso ritual manifiesto al no
hacer uso de la facultad oficiosa en materia probatoria con el fin de
solicitarle a la accionante, en su calidad de litisconsorte necesario, allegará
la prueba ad substantiam actus para demostrar su condición de cónyuge
supérstite y, de esa forma, definir con suficientes elementos de juicio el
reconocimiento o la negativa de la sustitución pensional.  Estos puntos son
constitutivos de una violación a los derechos fundamentales de debido proceso y
seguridad social que le asiste a la actora, por lo cual se impone revocar las
decisiones de primera y segunda instancia constitucional y, en su lugar,
conceder el amparo a tales derechos ordenando hacer uso de la facultad oficiosa
en materia probatorio y emitir una nueva sentencia que resuelva el debate
contencioso administrativo.
Referencia:
expediente T-3519074.
Acción de tutela instaurada por Clara Nancy Herrera de
Cárdenas contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de
octubre de dos mil doce (2012).
La
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos dictados por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Cuarta, el 26 de octubre de 2011, y el Consejo de
Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, el 28 de marzo
de 2012, que resolvieron la acción de tutela promovida por Clara Nancy Herrera
de Cárdenas contra el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y acción de
tutela interpuesta:
El 27 de julio de 2011, actuando
por medio de apoderado judicial, la señora Clara Nancy Herrera de Cárdenas
instauró acción de tutela contra el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
por considerar que éstos con las decisiones proferidas dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que inició María Maud Restrepo Rey
contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, le vulneraron los derechos
constitucionales al debido proceso, a la dignidad humana como principio, a la
seguridad social y al mínimo vital, atendiendo a los
siguientes hechos:
1.1. Narra la actora que es “cónyuge
legítima supérstite” del Capitán ® del Ejército Nacional, señor José Antonio
Cárdenas Chacón[1],
quien falleció el 24 de octubre de 2003 y en vida adquirió la condición de
pensionado de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante resolución
No. 438 del 20 de abril de 1976. Dicha prestación se reconoció con efectos
desde el 17 de diciembre de 1975 y en cuantía equivalente al 70% de lo
devengado.
1.2. Indica que mediante
resolución No. 4314 del 23 de diciembre de 2003, confirmada por la resolución
No. 624 del 11 de marzo de 2004, la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares dejó pendiente el pago de los haberes
dejados de cobrar por el causante y el reconocimiento y pago de la pensión de
beneficiarios que le pudiera corresponder a la accionante, en su calidad de
cónyuge sobreviviente, y a la señora María Maud Restrepo Rey, quien adujo ser
la compañera permanente del difunto, “hasta tanto la jurisdicción competente
determinara a cuál de las dos peticionarias le asistía el derecho a acceder a
la prestación”.
1.3. Cuenta la actora que elevó
solicitud de revocatoria directa en contra de la resolución No. 4314 del 23 de
diciembre de 2003, la cual le fue negada mediante resolución No. 627 del 11 de
marzo de 2004.
1.4. Señala que la señora María
Maud Restrepo Rey inició acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, proceso que correspondió
al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, quien vinculó a la
actora como litisconsorte necesario, a pesar de no haber acreditado en su
momento el vinculo matrimonial a través del respectivo registro civil.
1.5. Expone que el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 6 de julio de
2008, confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima en fallo del 11 de
febrero de 2011, reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobreviviente a la
compañera permanente María Maud Retrepo Rey, “sin que en ninguna de las
referidas sentencias se haya declarado a mi poderdante como cónyuge culpable
que dio lugar a la separación de hecho”, para a partir de allí establecer
su exclusión como beneficiaria de la prestación a pesar de estar convocada
dentro del trámite procesal.
1.6. Indica que con fundamento en
aquellas sentencias, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le notificó a
la actora la resolución No. 2094 del 26 de abril de 2011,
a través de la cual dispuso el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes a la compañera permanente María Maud Restrepo Rey, a partir del
25 de octubre de 2003. Contra esa decisión interpuso recurso de reposición[2]
el cual fue resuelto en la resolución No. 3328 de 2011, que confirmó aquella.
1.7. Debido a lo anterior, la
accionante por intermedio de apoderado judicial, presenta la acción de tutela
alegando que los accionados incurrieron en los siguientes defectos:
* Defectos sustantivo y fáctico,
los cuales estima configurados porque se dio una indebida aplicación del
artículo 195 del Decreto 1211 de 1990 que regula el régimen pensional de las
Fuerzas Militares, ya que si bien la regla general es que el cónyuge no tiene
derecho a la pensión de sobrevivientes cuando exista divorcio, separación legal
y definitiva de cuerpos o no se haga vida en común al momento del deceso, dicha
norma admite como excepción el que el cónyuge supérstite pruebe que actuó con
buena conducta sin ser responsable de la eventual separación.
En ese sentido, señala que los
jueces accionados a pesar de reconocerle la calidad de interviniente en la
modalidad de litisconsorcio necesario, dejaron de valorar las pruebas aportadas
al proceso, como lo son los interrogatorios de parte practicados a la cónyuge
sobreviviente y a la compañera permanente, así como algunos testimonios, las
cuales demuestran que la actora con su comportamiento no fue la cónyuge
culpable, ni que estaba separada de cuerpos y menos aún separada de hecho por
su culpa, para motivar la exclusión del reconocimiento de la prestación, como
en efecto aconteció en los fallos judiciales cuestionados.
* Desconocimiento del precedente
jurisprudencial, ya que en varias sentencias tanto el Consejo de Estado
como la Corte Constitucional, han reconocido la pensión compartida entre la
cónyuge sobreviviente y la compañera permanente del difunto pensionado, en
forma proporcional a la convivencia probada. Específicamente hace referencia a
la sentencia proferida el 2 de octubre de 2008 dentro del radicado
25000-23-25-000-2000-02678-01 (4335-04), por parte del Consejo de Estado –
Sección Segunda B, Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, en la cual
se otorgó la sustitución pensional compartida entre la cónyuge supérstite y la
compañera permanente de un pensionado de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
1.8. Seguidamente comenta que el
Capitán ® José Antonio Cárdenas Pachón reconoció mediante el Formato Único de
Declaración Juramentada presentado en octubre de 2001 ante la
Dirección General de Sanidad Militar del Comando General de las Fuerzas
Militares, que la actora dependía 100% económicamente de él y que no gozaba del
beneficio de la pensión de invalidez, vejez o muerte para prodigarse su
subsistencia.
1.9. Para finalizar, arguye la
actora que tiene 61 años de edad, que carece de trabajo y recursos o medios de
subsistencia, por lo cual, a partir del fallecimiento de su cónyuge, se ha
visto sumida en una situación de desprotección y abandono que compromete
seriamente su vida en condiciones dignas y su derecho al mínimo vital.
1.10.  En
este orden de ideas, la accionante solicita protección constitucional de los
derechos constitucionales al debido proceso, a la dignidad humana como
principio, a la seguridad social y al mínimo vital, y que en consecuencia se dejen sin efectos jurídicos las sentencias
cuestionadas, para que en su lugar, se dicte un nuevo fallo que le reconozca y
le pague el derecho a la sustitución pensional compartida causado por el
fallecimiento de su esposo, el Capitán ® José Antonio Cárdenas Pachón.
2. Respuestas de los
accionados y los vinculados:
2.1. El Presidente del Tribunal
Administrativo del Tolima, en representación y como integrante de la
Sala que profirió la sentencia de segunda instancia atacada, solicitó negar la
tutela porque no se evidencia un defecto fáctico, la falta o la indebida
aplicación de un precepto normativo o el desconocimiento del precedente
constitucional, ya que la decisión se ajustó a las pruebas aportadas en la
acción de nulidad y reestablecimiento del derecho y a la normatividad que rige
este tipo de eventos.
Agregó que el Tribunal al
resolver el trámite de la apelación que presentó Clara Nancy Herrera, constató
mediante un riguroso análisis probatorio que incluyó los interrogatorios de
parte de aquella y de María Maud Restrepo, así como las declaraciones de varios
testigos, que la actora desde hace más e 15 años no convivía con el causante
pensionado y que el Capitán ® reconoció como esposa a la señora María Maud Restrepo,
a quien reportó como beneficiaria en las pólizas de seguro que éste tomó.
Además, indicó que Clara Nancy ni siquiera sabía que su esposo estaba
hospitalizado, ni mostró sentimientos de cariño hacía él durante su enfermedad,
al igual que tampoco quiso saber de las cenizas fúnebres del señor Cárdenas
Pachón.
2.2. La
Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué solicitó negar el amparo
porque “no existen razones suficientes para la prosperidad de dicha acción,
en razón a que en ningún momento se han conculcado derechos del accionante,
puesto que al adoptar la respectiva decisión se actuó con apoyo en la
normatividad aplicable al asunto, dentro de los parámetros legales, analizando
uno a uno los argumentos expuestos por la parte demandante y señalando las
razones por las cuales no prosperaban todas las pretensiones, sin olvidar el
mandato constitucional según el cual, los jueces en sus providencias únicamente
están sometidos al imperio de la ley”.
En forma adicional, al hacer el
recuento de las actuaciones procesales que se surtieron dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que se cuestiona, señaló que (i)
Clara Nancy Herrera de Cárdenas fue vinculada como litisconsorcio necesario de
la parte pasiva y dentro del término procesal no contestó la demanda; (ii)
en la etapa probatoria se decretó como prueba que se oficiara a la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima, a fin de establecer la
situación actual del radicado No. 04-6161 adelantado por Clara Nancy Herrera de
Cárdenas contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a lo cual el
Tribunal informó que ese proceso contentivo de una acción de nulidad y restablecimiento
del derecho le correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Ibagué, el cual certificó que había terminado por perención el 15 de diciembre
de 2006 y, en consecuencia, se hallaba archivado; (iii) la
Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares pidió la acumulación del
proceso archivado al que adelantaba María Maud Restrepo, lo cual le fue negado
mediante auto del 23 de mayo de 2007; y, (iv) los medios de prueba que
fueron solicitados por la actora se decretaron y practicaron, y fueron
valorados en su conjunto en la providencia judicial que ataca en sede
constitucional.
Finalizó diciendo que de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la acción de tutela no
es el mecanismo idóneo para atacar decisiones judiciales proferidas en virtud
de impartir justicia, las cuales han hecho tránsito a cosa juzgada.
2.3. Por medio de apoderada
judicial, el Director General de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares señaló que “la entidad que
represento no tiene inconveniente en reconocer y pagar la sustitución pensional
del Señor Capital ® del Ejército JOSÉ ANTONIO CARDENAS PACHON (q.e.p.d.) a
quien acredite tal derecho y en este caso la jurisdicción competente se
pronunció, a lo cual la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES procede a dar
cumplimiento”.  No obstante, adujo que la acción de tutela incoada se torna
improcedente para cuestionar la labor interpretativa y la valoración de pruebas
que hicieron los jueces accionados, pues se atentaría contra el principio de
autonomía del cual se encuentran revestidos las autoridades judiciales. Así,
indicó que las providencias censuradas no fueron falladas de forma caprichosa
ni arbitraria, sino con sujeción al ordenamiento jurídico para el caso.
2.4. La señora María Maud
Restrepo Rey fue vinculada oficiosamente al trámite constitucional como tercero
interesado mediante auto del 12 de septiembre de 2011, y a pesar de que se le
envío la notificación correspondiente, la misma fue devuelta por la
Empresa de Servicios Postales Nacional 472, por la causal de dirección
inexistente. Ante tal situación, no hubo pronunciamiento de su parte.
3. Sentencias objeto de
revisión:
3.1. Primera Instancia:
El Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, mediante sentencia del 26 de
octubre de 2011, negó la tutela al considerar que del contenido de las
providencias cuya revocatoria se solicitó por vía constitucional, se desprende
que las pruebas aportadas al proceso fueron valoradas en su totalidad y que
otra cosa es que las mismas no hayan sido suficientes para demostrar que la
actora tenía un mejor derecho que María Maud Restrepo Rey, frente al
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes del causante.
Luego de citar varios apartes de
las sentencias tanto del Juzgado Séptimo Administrativo del Tolima como del
Tribunal Administrativo del Tolima, adujo que las pruebas fueron apreciadas
mediante criterios razonables apoyados en la sana critica, que permitieron
concluir que la actora no convivía con el difunto desde hace varios años,
mientras que la compañera permanente mantuvo con el una comunidad de vida
durante los últimos 15 años anteriores al deceso del Capitán ® del Ejército,
señor José Antonio Cárdenas. Agregó que la discrepancia que señala la actora no
representa una vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
3.2. Impugnación presentada
por la parte actora:
Clara Nancy Herrera de Cárdenas
solicitó revocar el fallo de tutela que negó el amparo constitucional, para lo
cual indicó brevemente que “del acervo probatorio recaudado dentro del
referido proceso, no se puede establecer [que la actora] sea divorciada,
separada de bienes o culpable de la separación de hecho; sin embargo, pese al
reconocimiento de la calidad de litisconsorcio necesario, el material
probatorio no es apreciado ni valorado conforme al principio de la sana crítica
en todo lo que me pueda favorecer, lo que constituye, en forma incuestionable
una vía judicial de hecho”. Seguidamente señaló que “el juez de primera
instancia al reconocerme la calidad de litisconsorte no ejercitó los poderes y
facultades inquisitivas que le reconoce la ley procesal para requerir dicha
prueba, formalidad que incide en el fallo para hacer nugatorios mis derechos
sustantivos de carácter fundamental”.
Más adelante expuso que no tiene
sentido el reconocimiento procesal de la calidad de litisconsorte necesario
como cónyuge supérstite sin una justa, racional y equitativa valoración de la
prueba en la que se respeten las garantías procesales. Indicó que si los jueces
accionados consideraban que las pruebas eran insuficientes para demostrar el
estado civil de la actora, y a pesar de ello le permitieron la intervención en
el trámite, debieron solicitarlas de oficio.
Finalmente adujo que la decisión
impugnada no analizó la configuración del defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, punto frente al cual solicitó un pronunciamiento de
fondo.
3.3. Segunda Instancia:
El Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Quinta, a través de sentencia del 28 de
marzo de 2012, modificó el fallo impugnado y en su lugar declaró la
improcedencia de la tutela, al estimar que esa acción constitucional contra
providencias judiciales solo procede en circunstancias excepcionalísimas que
evidencien que la decisión judicial objeto de reproche contiene un vicio
ostensible, grave y desproporcionado con suficiente identidad para lesionar el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia o del debido
proceso, en conexidad con los derechos de defensa y contradicción.
Apoyada en ese argumento, la
Sala Quinta adujo que la accionante ejerce la tutela porque disiente del
análisis que hicieron los falladores accionados respecto del material
probatorio aportado al proceso, lo cual en su sentir no lesiona los derechos de
acceso a la administración de justicia o de debido proceso porque no existe un “error
de bulto con identidad suficiente para desconocer[los]”.
Agregó que la labor del juez de
tutela no puede llegar al punto de suplantar las competencias propias del juez
natural del asunto, para erigirse en juez de legalidad de las sentencias
judiciales e infirmarlas si las estima contrarias a derecho como si fuera una
instancia adicional. Señaló que “aceptar que, so pretexto de defender el
precedente judicial, que es criterio auxiliar de la actividad judicial, pero no
fuente de derecho en los términos del artículo 230 de la
Constitución Política, el juez de tutela en ejercicio de sus competencias
tiene la facultad de decidir sobre el acierto de determinado criterio judicial,
es tanto como afirmar que si función va más allá de la defensa de los derechos
fundamentales y que equivale a ser juez de legalidad de las decisiones de sus
pares, lo cual, desde luego, pugna con la razón de ser de la desconcentración
de la actividad judicial y con la especialidad de cada jurisdicción”.
Así las cosas, concluyó que en el
presente asunto no aparece acreditado un vicio ostensible que afecte los
derechos de acceso a la administración de justicia o el debido proceso en
conexidad con los derechos de defensa y contradicción.
II. TRÁMITE
EN SEDE DE REVISIÓN:
1. Mediante
auto del 26 de septiembre de 2012, el Magistrado Sustanciador dispuso que por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, se oficiara al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Ibagué, para que por su conducto se sirva
intentar nuevamente la vinculación de la señora María Maud Restrepo Rey,
poniéndole en conocimiento el contenido de la solicitud de tutela interpuesta
por Clara Nancy Herrera de Cárdenas contra el Tribunal Administrativo del
Tolima y otro, con el fin de que pudiera exponer los criterios que a
bien tuviera en relación con los hechos sometidos al conocimiento del juez
constitucional, sobre las pretensiones de la actora y los fallos de instancia.
Para tales
efectos, señaló al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué que
debía tener en cuenta la dirección de notificaciones de la vinculada que obre
en el expediente contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho que presentó María Maud Restrepo Rey contra de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Ello por cuanto la notificación que
intentó el juez de primera instancia constitucional a una dirección en la
ciudad de Ibagué, fue devuelta por la causal de dirección inexistente.
2. En respuesta a lo anterior, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Ibagué informó que surtió la notificación debida a la señora María
Maud Restrepo Rey, de quien no se recibió respuesta alguna.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para
revisar las decisiones judiciales antes descritas, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, atendiendo a la
selección y el reparto efectuado el 13 de julio de 2012.
2. Problema Jurídico.
De
acuerdo con los hechos expuestos, en este caso se plantean los siguientes
problemas jurídicos a resolver: ¿Desconocen el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital que le
asisten a la accionante, al dar una aparente indebida aplicación del artículo
195 del Decreto 1211 de 1990 por omitir el estudio de fondo y el análisis
probatorio frente a la excepción que contempla esa norma, aduciendo que aquella
no adosó la prueba del registro civil de matrimonio que la acredite como
cónyuge supérstite del pensionado, a pesar de que aquellos contaban con la
facultad oficiosa de decretar pruebas relevantes para auscultar la verdad
procesal?
Así
mismo, ¿existió un desconocimiento del precedente constitucional y judicial por
parte de los acusados, al excluir del reconocimiento de la sustitución de una
asignación de retiro a la cónyuge supérstite que alega ser inocente de los
hechos que dieron lugar a la ruptura de la vida común con el causante pensionado,
sin contemplar la posibilidad jurisprudencial de la pensión compartida y
proporcional?
Para resolver la cuestión
planteada, estima la Sala la necesidad de ocuparse de los siguientes temas: (i)
Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Especial profundización en los defectos
sustantivo, fáctico por dimensión negativa, procedimental por exceso ritual
manifiesto y desconocimiento del precedente. Reiteración de jurisprudencia; y,
seguidamente analizará (ii) el caso concreto.
3. Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Especial profundización en los defectos
sustantivo, fáctico por dimensión negativa y desconocimiento del precedente.
Reiteración de jurisprudencia:
3.1. Esta Corporación, actuando como guardiana de la integridad y
supremacía del texto constitucional, ha determinado unas reglas claras sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Esta línea se basa en la búsqueda de una ponderación adecuada entre dos
elementos fundamentales del orden constitucional: la primacía de los derechos
fundamentales y el respeto por los principios de autonomía e independencia
judicial[3].
Precisamente, en desarrollo del principio de supremacía de la
Constitución, todos los servidores públicos que ejercen funciones
jurisdiccionales, deben garantizar y proteger los derechos fundamentales de los
sujetos procesales que intervienen en los diferentes procesos ordinarios. Por
consiguiente, las normas de la
Carta Política y, en especial, aquellas que prevén tales derechos, constituyen
parámetros ineludibles para la decisión judicial.
La jurisprudencia de esta Corte ha establecido dos presupuestos
básicos para determinar si una actuación judicial goza de legitimidad desde el
punto de vista constitucional, a saber: (i) que el procedimiento surtido
para adoptar una decisión haya preservado las garantías propias del debido
proceso, de las que son titulares los sujetos procesales; y, (ii) que la
decisión judicial sea compatible con el conjunto de valores, principios y
derechos previstos por la Constitución. Si se acredita con suficiencia que la
decisión judicial cuestionada incumple estos presupuestos de legitimidad, surge
la necesidad de restituir y de preservar la eficacia de los preceptos
constitucionales en el caso concreto, mediante la intervención excepcional del
juez tutelar.
De acuerdo con el estado actual
de la jurisprudencia, la acción de tutela contra sentencias judiciales es un
instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la
decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional,
las cuales tornan la decisión incompatible con la
Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra providencias
judiciales es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio
de corrección” del fallo cuestionado[4],
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado, que dieron origen a la controversia, más aún cuando las partes
cuentan con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios,
para combatir las decisiones que estiman arbitrarias o que son incompatibles
con la Carta Política. Empero, pueden subsistir casos en que agotados dichos
recursos, persiste la arbitrariedad judicial; en esos especiales casos es que
se habilita el amparo constitucional.
3.2. En desarrollo de esas
premisas, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005[5], estableció de forma
unánime un conjunto sistematizado de requisitos estrictos, de naturaleza
sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto,
como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales
afectados por una providencia judicial.
Ellos se dividen en dos grupos: (i)
los requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de
procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha
procedencia con la eficacia de valores de estirpe constitucional y legal,
relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la
independencia y autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de
competencias al interior de la rama jurisdiccional; y, (ii) los
requisitos específicos, que se refieren a la descripción de los defectos en que
puede incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la
Constitución.
3.3. Así, los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales son los siguientes, siguiendo lo definido
por esta Corte en la mencionada sentencia C-590 de 2005:
3.3.1 Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Para la Corte, el juez constitucional no puede estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.[6]
3.3.2 Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-,  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[7].
3.3.3 Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[8].
3.3.4  Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.[9]
3.3.5  Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[10] Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuenta al
fundamento de la afectación de derechos a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
3.3.6  Que no
se trate de sentencias de tutela.[11]
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida.
3.4. Como se
dijo anteriormente, los requisitos específicos que habilitan la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, aluden a la
configuración de defectos que, por su gravedad, tornan insostenible el fallo
cuestionado al ser incompatible con los preceptos constitucionales. Estos
defectos son los siguientes:
3.4.1. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carecía absolutamente de competencia para hacerlo. La
estructuración de esa causal, ha sido considerada por la jurisprudencia como de
carácter calificado “pues no basta con que la competencia del funcionario
judicial sea un asunto sometido a debate, sino que debe estarse en un escenario
en el que, a la luz de las normas jurídicas aplicables, resulte manifiestamente
irrazonable considerar que el juez estaba investido de la potestad de
administrar justicia en el evento objeto de análisis”[12].
En consecuencia, la actuación
judicial está enmarcada dentro de una competencia funcional y temporal,
determinada, constitucional y legalmente, que de ser desbordada conlleva la
configuración de un defecto orgánico, y por ende, el desconocimiento del
derecho al debido proceso.
3.4.2. Defecto
procedimental, el cual dependiendo de las garantías procesales que
involucre puede ser de dos tipos: (i) de carácter absoluto, que
se presenta cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente
establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno al autorizado o porque omite
una etapa sustancial de éste, caso en el cual afecta directamente el derecho al
debido proceso[13],
o cuando escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso
concreto[14];
y, (ii) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la
administración de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de
preferir el tenor literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez
asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los
derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda[15].
En esta
oportunidad, la Sala encuentra pertinente profundizar en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, apoyándose para tal efecto en
varias sentencias de la línea que se han referido puntualmente al tema.
En línea de
principio, importa mencionar que según establecen los artículos 228 de la
Constitución Política y 4° del Código de Procedimiento Civil, en las
actuaciones de la administración de justicia debe prevalecer la aplicación del
derecho sustancial, al punto que el juez al momento de interpretar la ley procesal,
debe tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de
los derechos reconocidos en las normas sustanciales. Quiere ello decir que, las
formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho
sustancial, sino que deben propender por su realización.
Pues bien, en
la sentencia T- 264 de 2009
(MP Luis Ernesto Vargas Silva)[16], esta Corporación precisó que puede “producirse un defecto
procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las formas” se aparta
de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en cuenta que los
procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del derecho y
no fines en sí mismos. La Corte al conocer en sede de revisión la providencia
atacada, consideró que el Tribunal había incurrido en un defecto procedimental
por “exceso ritual manifiesto”, actuando en “contra de su papel de
director del proceso y del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la
garantía de los derechos materiales, al omitir la práctica de una prueba
imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos que le
permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al
derecho material. Por esta vía, la autoridad accionada cerró definitivamente
las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su papel de garante de
los derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho
sustancial, y su compromiso con la búsqueda de la verdad en el proceso como
presupuesto para la adopción de decisiones justas”.
Igualmente,
indicó que la jurisprudencia constitucional se ha referido al defecto por “exceso
ritual” en eventos en los cuales el juez vulnera el principio de prevalencia
de derecho sustancial o el derecho al acceso a la administración de justicia
por “(i) dejar de inaplicar disposiciones procesales que se oponen a la
vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el
cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en
determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para
las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii),
incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”. En
consecuencia, en esa oportunidad la
Corte concedió el amparo constitucional y ordenó dejar sin efecto el fallo
para que la autoridad judicial demandada abriera “un término probatorio
adicional con el fin de ejercer sus deberes para arribar a la verdad y adoptar
un fallo de mérito basado en la determinación de la verdad real”. Las
consideraciones centrales de este fallo fueron reproducidas en las sentencias
T-599 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez)[17].
Ulteriormente, a
través de la sentencia T-268 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio)[18],
la Corte recogió la línea jurisprudencial trazada sobre el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, concluyendo que el mismo se
presenta “cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación
mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva
patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia
material y del principio de prevalencia del derecho sustancial”. Así mismo,
estableció que tal defecto tiene una amplia relación con el denominado defecto
fáctico, que se refiere a la existencia de problemas de hecho y de apreciación
de pruebas que llevan a una conclusión errada al juez natural. Eso mismo se
dijo en las sentencias T-386 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla)[19]
y T-637 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez)[20],
que estudiaron brevemente la interrelación de estos dos defectos.
Finalmente,
importa resaltar que en múltiples sentencias esta Corporación ha señalado que
tanto en el evento en que se discuta la ocurrencia de un defecto procedimental
absoluto, como en aquellos en que se alega la configuración de un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, la procedencia de la tutela se
sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya
posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con
el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal
tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de
los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al
interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de
acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como
consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales”.[21]
Entonces, a modo
de síntesis, la Sala considera que (i) el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe
los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y
por esa vía, sus actuaciones devienen en una verdadera denegación de justicia; (ii)
si bien los jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con
sujeción a la sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por
exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial.
Dicho exceso se puede dar por incurrir en un rigorismo procedimental en la
valoración de la prueba que lleve incluso a que la misma sea desechada, o por
exigir el cumplimiento de requisitos sacramentales que pueden hacer obrar en el
expediente mediante el decreto oficioso de pruebas; y, (iii) generalmente
el exceso ritual manifiesto tiene relación directa con el defecto fáctico, al
punto que el error en la valoración de la prueba lleva al juez natural a una
errada conclusión que incide directamente en el resultado del proceso
judicial.
3.4.3.  Defecto
fáctico surge, según precisó la
Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU-817 de 2010 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), “cuando la valoración
probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva o constituye
un ostensible desconocimiento del debido proceso, esto
es, cuando el funcionario judicial (i) deja de valorar una prueba aportada o
practicada en debida forma y que es determinante para la resolución del caso,
(ii) excluye sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia o (iii)
valora un elemento probatorio al margen de los cauces racionales”. En esos casos, corresponde al juez constitucional evaluar
si en el marco de la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad
probatoria del proceso, lo que se traduce en que el juez constitucional debe
emitir un juicio de evidencia en procura de determinar si el juez ordinario
incurrió en un error indiscutible en el decreto o en la apreciación de la
prueba.
De acuerdo con la consideración
central de la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), el vicio
fáctico debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión
judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia
hubiera adoptado un sentido distinto. Quiero ello decir que, el yerro debe ser
relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso,
sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión
judicial.
Adicionalmente, es pertinente
resaltar que el defecto fáctico se estructura en dos dimensiones, según recogió
la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia SU-447 de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo), las cuales se materializan así: “(i) una negativa, que se presenta “cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez”; y, (ii) una
positiva, que se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución”.
Profundizando
concretamente en el defecto fáctico por dimensión negativa, la jurisprudencia
constitucional[22]
ha identificado tres escenarios de ocurrencia que se pasan a enunciar: el
primero, por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso; el segundo, por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; y, el tercero, por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez esté legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo.
De esta forma,
la Corte ha reconocido que la omisión en el decreto y la práctica de pruebas,
la no valoración de las pruebas que obran en el expediente, y el
desconocimiento de las reglas de la sana crítica, son los espacios donde el
juez de tutela puede intervenir en procura de garantizar la protección del
derecho fundamental de debido proceso. Salvo los casos mencionados, “no
competente al juez constitucional remplazar al juzgador de instancia en la
valoración de las pruebas desconociendo la autonomía e independencia de éste al
igual que el principio del juez natural, ni realizar un examen del material
probatorio que resulta exhaustivo, en tanto, como lo señaló esta Corporación en
sentencia T-055 de 1997, ‘tratándose del análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia”[23].
Entonces, lo
anterior supone que cuando se observe un error en la valoración probatoria, el
mismo sea ostensible, flagrante, manifiesto y que tenga incidencia directa en
la decisión, habida cuenta que el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación de las pruebas que cumple un
juez ordinario dentro de un asunto sometido a su conocimiento por competencia.
Es más, cuando existen diferencias de valoración en la estimación de una
prueba, la Corte ha reconocido que no constituyen errores fácticos, pues ante
interpretaciones diversas pero razonables, es al juez natural a quien
corresponde establecer cuál se ajusta al caso concreto[24].
En este orden
de ideas, la Sala concluye que el defecto fáctico se presenta por dimensión
positiva o por dimensión negativa; cuando se invoca ésta última, la mera
inconformidad con la apreciación de la prueba que haya hecho el juez dentro del
ámbito de la razonabilidad, no constituye un error que habilite el amparo
constitucional, ya que es necesario que se advierta un yerro excepcional y
protuberante relacionado con la actividad probatoria y que además tenga
incidencia en la decisión adoptada.
3.4.4. Defecto
sustantivo o material, se presenta cuando se decide con base en normas
inexistentes, inconstitucionales o que claramente son inaplicables al caso
concreto. Frente a este último caso que se subraya, el defecto sustantivo se
configura (i) cuando la interpretación de la norma se hace sin
tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias
para efectuar una interpretación sistemática, (ii) cuando la norma
aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada o (iii)
cuando a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no
se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó[25].
Es que, la
competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas, siguiendo el principio de autonomía e independencia
judicial, no es en ningún caso absoluta, pues se encuentra limitada por el
orden jurídico preestablecido y por el respeto a los derechos fundamentales de
las partes en contienda. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas
pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación, y para
establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les
es dable en esta labor, apartarse de las disposiciones de la
Constitución o de la ley”[26],
ya que encuentran su límite en el principio procesal de la congruencia
judicial, así como en los contenidos, postulados y principios constitucionales
de forzosa aplicación, tales como la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas, de favorabilidad, pro homine, entre otros.
Adicionalmente,
al juez de tutela le está vedado configurar el defecto sustantivo a partir de
la elección realizada por el operador judicial entre las interpretaciones
constitucionalmente admisibles, ya que los criterios de vía de hecho son
especialmente restrictivos y solo se aplican ante un actuar arbitrario y
abusivo del juez. Quiero ello decir que la mera discrepancia entre los
criterios formales de aplicación de la norma a un caso concreto y las resultas
del ejercicio dialéctico que implican los postulados de la sana crítica en
materia probatoria, no sirven de resorte para enrostrar el operador jurídico un
defecto sustantivo, pues el juez además de gozar de autonomía judicial, puede hacer
raciocinios válidos que le impliquen aplicar determinada ley.
3.4.5. Error
inducido, tradicionalmente conocido como vía de hecho por consecuencia,
que se presenta cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales[27].
3.4.6. Sentencia
sin motivación, se presenta cuando los servidores judiciales incumplen
el deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones, pues precisamente en esa motivación reposa la legitimación de su
órbita funcional[28].
Ese vicio se presenta cuando existe una ausencia de razonamientos que sustenten
lo decidido.
3.4.7. Desconocimiento
del precedente, se estructura cuando el juez desconoce la ratio
decidendi de un conjunto de sentencias previas al caso que ha de resolver,
que por su pertinencia y aplicación al problema jurídico constitucional, deben
considerarse necesariamente al momento de dictar sentencia[29].
Puntualmente,
esta Sala de Revisión en las sentencias T-482 de 2011, T-028 de 2012 y T-206 de
2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), al referirse a la caracterización del
defecto por desconocimiento del precedente, ha indicado que las sentencias se
componen de tres tipos de consideraciones: (i) la decisión del caso o decisum, (ii) las razones
directamente vinculadas de forma directa y necesaria con la decisión o ratio
decidendi y (iii) los argumentos accesorios utilizados para dar
forma al fallo judicial, conocidos como obiter dicta, y aclaró que sólo
la decisión y la ratio decidendi tienen valor normativo.
Así mismo,
explicó que el precedente judicial debe entenderse como “aquel antecedente
del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia” y señaló que una sentencia antecedente es relevante para
la solución cuando presenta alguno de los siguientes aspectos (o todos ellos): (i)
en la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla
relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) la ratio debió
haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una
cuestión constitucional semejante (a la que se estudia en el caso posterior);
y, (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia
anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que
debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando
en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan
con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante
el precedente”[30].
En relación con los
pronunciamiento o precedentes de la
Corte Constitucional, esta Corporación ha manifestado que estos se dividen en
dos: (i) los fallos de constitucionalidad que tienen carácter
obligatorio debido a los efectos erga omnes y de cosa juzgada
constitucional que se desprenden de ellos, razón por la cual la ratio
decidendi de esos casos que contiene una solución constitucional a los
problemas jurídicos estudiados, debe ser atendida por las demás autoridades
judiciales para que la aplicación de la ley sea conforme a la
Constitución. Si una autoridad judicial desconoce una decisión de
inexequibilidad o una ratio decidendi de un fallo de exequibilidad, la
Corte ha dicho que incurre en defecto sustantivo pues desconoce el derecho
vigente, o lo interpreta y aplica de forma incompatible con las cláusulas
constitucionales; y, (ii) en las sentencias de revisión de tutela a
pesar de dictarse con efectos inter partes, la ratio decidendi en
ellas consignadas constituye un criterio orientador obligatorio para los
jueces, por medio del cual se busca desarrollar y hacer efectivo los principios
de igualdad ante la ley, acceso a la administración de justicia, confianza
legítima y de unidad y coherencia del ordenamiento.
A partir de
los elementos presentados como fundamento del carácter vinculante del
precedente constitucional, esta Corte ha considerado que su jurisprudencia “puede ser desconocida de cuatro formas: (i) aplicando
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido
normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de tutela”[31]. Lo anterior no impide a los jueces que en sus fallos adopten
decisiones separadas del precedente constitucional siempre y cuando “(…)
encuentre razones debidamente fundadas que le permitan separarse de él,
cumpliendo con una carga argumentativa encaminada a mostrar que el precedente
es contrario a la Constitución, en todo o en parte”.[32]
Adicionalmente, la
Corte también ha reconocido valor vinculante al precedente judicial emitido
por las Altas Cortes de cada especialidad, en casos determinados. Así, esta Corporación en sentencia T-181 de 2012 (MP María Victoria
Calle Correa) señaló que “las autoridades judiciales y administrativas se
encuentran vinculadas al precedente establecido por las Altas Cortes y, en cada
rama específica, por el superior jerárquico del juez. Este deber se deprende
directamente del principio de igualdad, así como de los principios de confianza
legítima, buena fe y seguridad jurídica, pues el seguimiento del precedente
contribuye a la unificación de la jurisprudencia, aumentando así la posibilidad
de que los ciudadanos puedan prever el alcance que los jueces dan a las
disposiciones jurídicas en un momento histórico determinado”.
En
conclusión, para decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la
causal estudiada es preciso: (i) determinar la existencia de un
precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y
distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; (ii)
comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente
tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del
principio de igualdad y; (iii) verificar si el juez tuvo razones
fundadas para apartarse del precedente judicial bien por encontrar diferencias
fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien por considerar que la
decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más
armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la
vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el
principio pro hómine.
3.4.8. Violación
directa de la Constitución, que se configura cuando el juez ordinario
adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta
Política[33].
Explicados los
requisitos generales y especiales que habilitan la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judicial, la
Sala centrará su estudio en la aplicación de los mismos al caso concreto.
4. Análisis
del caso concreto:
4.1. La señora
Clara Nancy Herrera de Cárdenas solicita protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital
presuntamente vulnerados por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Ibagué y por el Tribunal Administrativo del Tolima, quienes al resolver la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho que inició María Maud Restrepo
Rey en calidad de compañera permanente del Capitán ® del Ejército Nacional,
señor José Antonio Cárdenas Chacón, en contra de las resoluciones que expidió la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que dejaron pendiente el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes hasta tanto fuese
definido el debate en sede jurisdiccional, concedieron el derecho pensional
exclusivamente a favor de ésta sin haber declarado a la accionante como “cónyuge
culpable” que dio lugar a la separación de hecho, para de esta forma habilitar
su exclusión del reconocimiento y pago de la prestación periódica que se
encontraba en contienda.
La
actora centra su inconformidad en que las sentencias contencioso
administrativas del 6 de julio de 2008 y 11 de febrero de 2011, incurrieron en (i)
defectos sustantivo y fáctico, los cuales estima configurados porque se
dio una indebida aplicación del artículo 195 del Decreto 1211 de 1990 que
regula el régimen pensional de las Fuerzas Militares, ya que si bien la regla
general es que el cónyuge no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes
cuando exista divorcio, separación legal y definitiva de cuerpos o no se haga
vida en común al momento del deceso, dicha norma admite como excepción que el
cónyuge supérstite pruebe que actuó con buena conducta sin ser responsable de
la eventual separación. En ese sentido, señala que los jueces accionados a
pesar de reconocerle la calidad de interviniente en la modalidad de
litisconsorcio necesario, dejaron de valorar las pruebas aportadas al proceso,
como lo son los interrogatorios de parte practicados a la cónyuge sobreviviente
y a la compañera permanente, así como algunos testimonios, las cuales
demuestran -según indica la parte accionante- que la actora con su
comportamiento no fue la cónyuge culpable, ni que estaba separada de cuerpos y
menos aún separada de hecho por su culpa, para motivar la exclusión del
reconocimiento de la prestación, como en efecto aconteció en los fallos
judiciales cuestionados; y, (ii) defecto por desconocimiento del precedente,
ya que en varias sentencias tanto el Consejo de Estado como la
Corte Constitucional, han reconocido la pensión compartida entre la cónyuge
sobreviviente y la compañera permanente del difunto pensionado, en forma
proporcional a la convivencia probada.
Conforme se expuso en la
consideración central de esta providencia, la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, siempre y cuando exista una
vulneración de derechos fundamentales y se cumplan con los requisitos generales
y específicos que hagan viable el amparo constitucional. Siendo ello así,
corresponde a la Sala de Revisión determinar si el presente caso cumple con
tales requisitos. Veamos:
4.2. Análisis de procedibilidad
formal o del cumplimiento de los requisitos generales expuestos en la
consideración 3.3 de esta providencia:
4.2.1. Que la cuestión que de
discuta resulte de relevancia constitucional: Por tratarse de un
cuestionamiento directo a las decisiones judiciales que resolvieron un proceso
contencioso administrativo en el cual se debatió el reconocimiento y pago de
una pensión de sobrevivientes que se encontraba en disputa entre la cónyuge
supérstite y la compañera permanente de un difunto pensionado del Ejército
Nacional, el caso adquiere relevancia constitucional en la medida que pone de
presente la supuesta vulneración de derechos fundamentales y la exclusión
definitiva del reconocimiento y pago de la prestación periódica a la cónyuge
supérstite sin que aparentemente mediara una debate probatorio que la declarara
como culpable de la separación de hecho con el pensionado. Por consiguiente,
este punto se encuentra satisfecho.
4.2.2. Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de
la persona afectada: La actora dirige el cuestionamiento contra las
sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el proceso contencioso
administrativo de acción de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró
María Maud Restrepo Rey contra la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, lo cual significa que agotó el
recurso ordinario de apelación que tenía a su alcance, sin obtener una decisión
favorable a sus intereses.
Ahora bien, existe el recurso
extraordinario de revisión en materia contenciosa administrativa regulado en el
artículo 188 del derogado Decreto 01 de 1986, modificado por el artículo 57 la
Ley 446 de 1998[34],
el cual conforme lo estableció esta Corporación en la sentencia C-520 de 2009
(MP María Victoria Calle Correa), tiene por finalidad, como excepción al
principio de la cosa juzgada que ampara a todas las sentencias ejecutoriadas,
enmendar los errores o ilicitudes cometidas en su expedición, y restituir el
derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de
justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico.
Dicho recurso extraordinario
procede, entre otras, contra las sentencias de segunda instancia dictadas por
los Tribunales Administrativos, como acontece en el presente caso, y dentro de
las causales taxativas que habilitan su interposición, ninguna se encuadra
dentro de la situación fáctica y jurídica que la actora expone en sede
constitucional. Lo anterior significa que la accionante no cuenta con el recurso
extraordinario de revisión para ventilar su pretensión, sino que la acción de
tutela resulta ser su único medio de defensa en procura de obtener la
protección de sus derechos. Así, cumple con esta subregla jurisprudencial.
4.2.3. Que se cumpla el
requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se hubiese interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración: La sentencia contencioso administrativa de segunda instancia
dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima data del 11 de febrero de
2011, y la accionante interpuso la acción de tutela el 27 de julio de 2011, es
decir, pasados 5 meses de proferida la decisión judicial que alega como
vulneradora de derechos fundamentales; por consiguiente, este requisito se
encuentra acreditado.
4.2.4. Que, en caso de
tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales: La acción
objeto de estudio se dirige a cuestionar irregularidades sustantivas, fácticas
y de desconocimiento del precedente judicial, que supuestamente se produjeron
en los fallos del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y del
Tribunal Administrativo del Tolima. Concretamente, en la tutela se afirma que
los operadores judiciales accionados no dieron una aplicación correcta al
artículo 195 del Decreto 1211 de 1990 que regula el régimen pensional de las
Fuerzas Militares, ya que para excluir a la cónyuge supérstite del reconocimiento
y pago del porcentaje que le pudiera corresponder en la pensión de
sobrevivientes del causante José Antonio Cárdenas Chacón, era necesario que se
probara o declarara en el proceso que la actora había dado lugar al divorcio, a
la separación de cuerpos o a la separación de hecho, es decir, que había sido
la cónyuge culpable, lo cual no fue objeto de análisis por parte de los
accionados. Igualmente, la actora afirma que los jueces acusados no tuvieron en
cuenta el material probatorio que deja ver su calidad de cónyuge supérstite
inocente de la ruptura matrimonial, el cual, de haberse tenido en cuenta al
momento de fallar, daría como resultado el disfrute compartido de la prestación
periódica con la compañera permanente del difunto. Entonces, los argumentos que
expone el accionante tienen incidencia directa en los fallos cuestionados,
porque de triunfar podrían cambiar el sentido de los mismos.
4.2.5.  Que el accionante
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible: Sin duda, la actora ha identificado plenamente tales hechos, como
quedó reseñado en los antecedentes de esta providencia. Respecto a que las
irregularidades que indica hayan sido expuestas dentro del proceso que
cuestiona, la Sala observa que la accionante al momento de formular el recurso
de apelación contra la sentencia de Juzgado 7° Administrativo de Ibagué, expuso
varios de los argumentos que ahora enrostra en sede constitucional, razón por
la cual se advierte que fueron alegados dentro del proceso sin tener eco
judicial.
4.2.6. Que el fallo
controvertido no sea una sentencia de tutela: Al respecto, basta señalar
que las sentencias judiciales que se consideran vulneratorias de los derechos
fundamentales se produjeron en un proceso contencioso administrativo de nulidad
y restablecimiento del derecho con integración del litisconsorcio necesario.
Quiere ello decir que, no se controvierte una decisión proferida en sede
constitucional.
Así las cosas, acreditados los
requisitos generales o formales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala abordará el estudio de fondo, o de la
procedencia material del amparo mediante el análisis de los defectos
específicos que señala la accionante.
4.3. Análisis de
procedibilidad material o del cumplimiento de los requisitos específicos
expuestos en la consideración 3.4 de esta providencia:
4.3.1. Para comenzar, centraremos
nuestra atención en el primer cargo que expone la accionante en su escrito
tutelar. Concretamente afirma que los accionados incurrieron en defectos
sustantivo y fáctico, porque dieron una indebida aplicación del artículo 195
del Decreto 1211 de 1990, ya que si bien la regla general es que la cónyuge no
tiene derecho a la pensión de sobrevivientes cuando exista divorcio, separación
legal y definitiva de cuerpos o no se haga vida común al momento del deceso del
causante pensionado de las Fuerzas Militares, esa norma admite como excepción
que el cónyuge supérstite pruebe que actúo con buena conducta sin ser
responsable de la eventual separación, caso en el cual no media la exclusión
sino el reconocimiento y pago de la prestación periódica, bien sea como único
titular o de forma compartida.
Con ese norte, adujo que aunque
hizo parte del proceso contencioso administrativo en calidad de litisconsorcio
necesario sin que mediara en el expediente la prueba documental que acreditara
la existencia y el registro del vinculo matrimonial, los acusados dejaron de
valorar los interrogatorios de parte practicados a la compañera permanente y a
la misma accionante, así como algunos testimonios, pruebas que demuestran que
Clara Nancy Herrera de Cárdenas con su comportamiento no fue la cónyuge
culpable para motivar la exclusión del reconocimiento de la prestación. Así,
indica que al estar probado que el cónyuge culpable de la separación fue el
difunto, se debe dar aplicación a la salvedad que establece el artículo 195 del
Decreto 1211 de 1990.
Para abordar el estudio del tema,
la Sala en un primer momento analizará el contexto y el contenido normativo
del artículo 195 del Decreto 1211 de 1990, luego lo confrontará con las
consideraciones consignadas en las sentencias cuestionadas y, por último,
examinará si la valoración probatoria se compadece con la realidad procesal
dentro del marco de la autonomía judicial y de la sana critica que rigen la
actividad probatoria por parte de los jueces acusados, haciendo un especial
énfasis sobre la importancia de las pruebas decretadas de oficio cuando de
ellas pende la garantía de realización de un derecho fundamental. Trazada así
la ruta, comencemos:
4.3.1.1. El artículo 216 de la
Constitución Política establece que la
Fuerza Pública está conformada por la
Policía Nacional y por las Fuerzas Militares, y a su vez el artículo 217 ibídem,
señala que las Fuerzas Militares están conformadas por el Ejército Nacional, la
Armada y la Fuerza Aérea, a quienes la ley les determinara el sistema de reemplazo,
los ascensos, derechos y obligaciones, al igual que “el régimen especial de
carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”.
En desarrollo de esa norma de
raigambre constitucional, la Ley 100 de 1993 en su artículo 279 indicó que el
Sistema Integral de Seguridad Social no es aplicable a los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Es así que, concretamente el
Decreto 1211 de 1990 “por medio del cual se reformó el Estatuto del Personal
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares” continuó vigente.
Dicho Decreto en el artículo 185 indica el orden de beneficiarios de las
prestaciones sociales por causa de muerte de un Oficial y Suboficial que en
vida gozaba de asignación de retiro, a saber:
“ARTICULO
185. ORDEN DE BENEFICIARIOS. Las prestaciones sociales por causa de
muerte de Oficiales y Suboficiales en servicio activo o en goce de asignación
de retiro o pensión se pagarán según el siguiente orden preferencial:
a. La mitad
al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del causante, en
concurrencia éstos últimos en las proporciones de ley.
b. Si no
hubiere cónyuge sobreviviente, las prestaciones corresponden íntegramente a los
hijos en las proporciones de ley.
c. Si no
hubiere hijos la prestación se divide así:
-El
cincuenta por ciento (50%) para el cónyuge.
-El
cincuenta por ciento (50%) para los padres en partes iguales (…)”.
Importa señalar
que cuando la norma hace referencia al cónyuge supérstite como beneficiario de
la pensión, los efectos del reconocimiento de la prestación también se
extienden al compañero o compañera permanente del causante porque, en aras de
privilegiar el principio de igualdad, se ha dado la misma protección a las
familias cuyos lazos tienen su origen tanto en situaciones jurídicas como en
situaciones naturales o de hecho[35].
Es más, se ha aceptado que no necesariamente los derechos de la cónyuge y de la
compañera permanente son excluyentes, pues en virtud de los principios de
justicia y equidad, al igual que atendiendo a la finalidad misma del beneficio
de la sustitución pensional, se ha aceptado que las dos accedan al derecho en
forma compartida, bien sea en partes iguales o estableciendo porcentajes de
acuerdo a la convivencia con el finado[36].
Ahora bien, el
artículo 188 del Decreto 1211 de 1990, modificado por el inciso 1° del artículo
9° de la Ley 447 de 1998, establece que las pensiones que se otorguen por
fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares, que gozaban
en vida de la asignación de retiro, se extinguen “para el cónyuge si contrae
nupcias o hace vida marital”. Así mismo, esa norma señala que “el
cónyuge sobreviviente no tiene derecho al otorgamiento de la pensión cuando en
el momento del deceso del oficial o suboficial exista separación judicial o
extrajudicial de cuerpos o no hiciere vida en común con él, excepto cuando
los hechos que dieron lugar al divorcio, a la separación de cuerpos, a la
ruptura de la vida común, se hubieren causado sin culpa del cónyuge
supérstite” (Resaltado nuestro).
Por esa misma
línea, el artículo 195 del Decreto 1211 de 1990, modificado por el inciso 2°
del artículo 9° de la Ley 447 de 1998, indica que cuando un Oficial o
Suboficial muere en goce de la asignación de retiro, sus beneficiarios tienen
derecho a una pensión mensual pagadera por el tesoro público o por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, equivalente a la totalidad de la
prestación que venía disfrutando el causante, distribuida en el orden y en la
proporción establecida en ese Decreto.
Precisamente el
parágrafo único del artículo 195 del Decreto 1211 de 1990, respecto del cual se
duele la actora y le da pie para fundar el defecto sustantivo por indebida
aplicación de la norma por parte de los jueces accionados, señala que “el
cónyuge supérstite no tiene derecho a la pensión de que trata este
artículo, cuando en el momento del deceso del oficial o suboficial exista
sentencia judicial o extrajudicial de cuerpos, o no hiciere vida común con
él, excepto cuando los hechos que dieron lugar al divorcio, a la separación
de cuerpos, a la ruptura de la vida en común, se hubieren causado sin culpa
imputable al cónyuge supérstite”. (Negrillas de la
Sala).
Como puede
leerse, la norma antedicha vigente para la época del deceso del señor José
Antonio Cárdenas Chacón (24 de octubre de 2003)[37], propone
como regla general la pérdida de la sustitución de la asignación de retiro por
el cónyuge supérstite, pero al mismo tiempo la parte segunda del parágrafo en
comento consagra una salvedad o excepción a esa regla general, la cual consiste
en que a pesar de existir separación legal o definitiva de cuerpos o que no se
hiciere vida en común con el fallecido al momento del deceso, los hechos que
dieron lugar al divorcio, a la separación de cuerpos o a la ruptura de la vida
común, sean imputables al pensionado, es decir, se hubiesen causado sin culpa
del cónyuge supérstite. Significa ello que la regla general se puede desvirtuar
desde el punto de vista probatorio, habilitando por vía de excepción al cónyuge
sobreviviente e inocente para disfrutar del reconocimiento y pago de la asignación
de retiro del causante, bien sea como titular único o en forma compartida según
revelen las circunstancias de cada caso.
Entonces, la
incógnita que surge de lo expuesto se centra en determinar quién tiene la carga
de la prueba para demostrar los hechos que configuran la excepción normativa de
exclusión prestacional en el marco jurídico regulado para las Fuerzas
Militares. En este punto, el Consejo de Estado ha sido prolifero en la
producción en sentencias que resuelven el debate, siendo algunas de ellas las
siguientes:
(i) La Sección Segunda – Subsección B, en sentencia del 1° de junio de
2006, radicado 13001-2331-000-2000-0129-01 (4369-02), Consejero Ponente Tarsicio
Cáceres Toro, al resolver el problema jurídico respecto del derecho que le
asiste a la cónyuge supérstite de reclamar la sustitución pensional de un
suboficial de las Fuerzas Militares en uso de asignación de retiro, a pesar de
no existir convivencia afectiva con el causante antes de su muerte, porque éste
convivía con su compañera permanente a quien se le había reconocido la pensión
de beneficiaria, adujo que la situación exceptiva que contempla el artículo 195
del Decreto 1211 de 1990, con su respectiva modificación, “requiere de
pruebas fehacientes y no de simples suposiciones”. Puntualmente señaló que “(…)
si la ley determina la regla (pérdida del cónyuge supérstite del derecho a la
citada pensión por no convivir con el pensionado al momento de su
fallecimiento), se tiene que los supuestos de hecho de la excepción a la regla,
para conservar el citado derecho, deben ser demostrados por quien reclama el
derecho”, y más adelante concluyó que “(…) la
carga de la prueba, respecto del supuesto de hecho de la excepción prevista en
el mencionado parágrafo correspondía a quien reclama el derecho bajo sus
condiciones, es decir, al cónyuge supérstite; no se puede arbitrariamente
invertir la carga de la prueba para reclamar al compañero (a) supérstite, pues
la ley así no lo exige”.
(ii) La Sección Segunda
– Subsección B, en sentencia del 2 de octubre de 2008, radicado
25000-23-25-000-2000-02678-01 (4335-04), Consejero Ponente Jesús María Lemos
Bustamante, al determinar a quién, entre cónyuge supérstite y compañera
permanente, le asistía el derecho a la sustitución pensional de un miembro de
las Fuerzas Militares en disfrute de asignación de retiro, manifestó que “[s]i
la ley determina la regla, pérdida del cónyuge supérstite del derecho a la
pensión por no convivir con el pensionado al momento de su fallecimiento, los
supuestos de hecho de la excepción a la regla que permitan conservar el citado
derecho, deben ser demostrados por quien lo reclama”.
(iii) La Sección Segunda – Subsección B, en sentencia del 27 de mayo de
2010, radicado 19001-23-31-000-2001-01669-01 (1659-09), Consejero Ponente
Víctor Hernando Alvarado Ardila, al estudiar el caso de una cónyuge supérstite
que solicitaba el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro
de su difunto esposo con quien no convivía hace varios años por causas no
imputables a aquella, pero cuya prestación se encontraba en disputa con la
compañera permanente del causante, precisó que los fundamentos de hecho que dan
lugar a la aplicación de la salvedad que contempla el artículo 195 del Decreto
1211 de 1990, con su modificación respectiva, corresponde probarlos
fehacientemente a la cónyuge supérstite que reclama el beneficio pensional.
Así las cosas,
esta Sala de Revisión observa que si bien el artículo 195 del Decreto 1211 de
1990, modificado por el artículo 9° de la
Ley 447 de 1998, contempla como regla general la exclusión o la pérdida por
parte de la cónyuge sobreviviente del beneficio de la sustitución de la
asignación de retiro de un miembro difunto de las Fuerzas Militares, por la
existencia de sentencia judicial o extrajudicial que decrete el divorcio o la
separación de cuerpos, o porque al momento del deceso no hubiere vida común con
el pensionado, la misma norma establece una excepción cuando los hechos que
dieron lugar al divorcio, a la separación de cuerpos o a la ruptura de la vida
en común, fueron producidos directamente por el causante y sin culpa del
cónyuge supérstite. Tales hechos que configuran la excepción corresponde
demostrarlos mediante prueba fehaciente al cónyuge sobreviviente que alega su
comportamiento inocente y que reclama la prestación.
4.3.1.2.
Teniendo claridad de lo anterior, corresponde a la
Sala de Revisión confrontar el artículo respecto del cual alega la actora se
configuró un defecto sustantivo, con las consideraciones expuestas en las
sentencias cuestionadas proferidas por los jueces accionados.
El Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué en la sentencia del 6 de junio de
2008, al estudiar la aplicación del artículo 195 del decreto 1211 de 1990
-modificado-, limitó su exposición a la situación de convivencia entre el
causante y la compañera permanente María Maud Restrepo Rey, sin hacer un
estudio de fondo respecto a la cónyuge supérstite Clara Nancy Herrera de
Cárdenas, aduciendo que ésta no demostró en legal forma tal calidad mediante la
aportación del correspondiente registro civil de matrimonio. Con ese argumento
probatorio, la excluyó del reconocimiento y pago de la sustitución pensional, a
lo cual agregó que no hacía ningún pronunciamiento frente a la litisconsorte
porque no elevó pretensión alguna, “pues fue solamente en el momento de
presentarse alegatos de conclusión cuando solicitó el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional, sin que esa (sic) esta la oportunidad procesal
para ello”.
Por su parte, el
Tribunal Administrativo del Tolima en la sentencia del 11 de febrero de 2011,
previo recuento y valoración probatoria, señaló que “[d]e conformidad con lo
anterior, considera la Sala que no existen los elementos de juicio suficientes
que demuestren que la señora Clara Nancy Herrera hacía vida en común con el
occiso Capitán ® Cárdenas, o que ésta se hubiese interrumpido merced a caso
fortuito o fuerza mayor, por lo que dicha circunstancia se encuadra
dentro de las que señala la ley para que el cónyuge sobreviviente no tenga
derecho al beneficio de la sustitución pensional” (Negrillas nuestras).
Con ese
argumento, excluyó a la actora como beneficiaria de la prestación sin hacer una
aplicación debida del artículo 195 de Decreto 1211 de 1990, habida cuenta que
centró su análisis en la primera parte del parágrafo de la norma que establece
que la cónyuge sobreviviente no tiene derecho a la sustitución de la asignación
de retiro cuando en el momento del deceso del Oficial no hiciere vida en común
con él, pero obvió analizar la excepción que consagró la modificación que
introdujo a ese parágrafo el inciso 2° del artículo 9° de la
Ley 447 de 1998, la cual como se explicó, se fundamenta en demostrar que los
hechos que dieron origen al divorcio, a la separación de cuerpos o a la ruptura
de la vida en común, se hubieren causado sin culpa imputable a la cónyuge
supérstite, es decir, por culpa del causante. En ese preciso caso, no opera la
pérdida del beneficio a obtener el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional, así sea de forma compartida con la compañera permanente, claro está,
si la cónyuge demuestra fehacientemente los hechos que habilitan la excepción
normativa.
Y es que, la
Sala observa que el Tribunal desarrolló su consideración sobre el tema con la
antigua redacción que tenía el artículo 195 del Decreto 1211 de 1990, es decir,
con el texto del parágrafo antes de que surtiera la modificación del artículo
9° de la Ley 447 de 1998, lo que también demuestra y refuerza la existencia del
defecto sustantivo que alega la actora como vulnerador del derecho fundamental
al debido proceso. Nótese que el Tribunal refiere a que la convivencia “se
hubiese interrumpido merced a caso fortuito o fuerza mayor”, lo cual
corresponde a la antigua redacción de la norma no aplicable al caso contencioso
administrativo que estudiaba esa Corporación, porque el señor José Antonio
Cárdenas Chacón falleció el 24 de octubre de 2003, fecha para la cual llevaba
cinco años vigente la modificación introducida.
En este orden de
ideas, la Sala evidencia la configuración de un defecto sustantivo en
las decisiones del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y del
Tribunal Administrativo del Tolima; el primero, por no dar aplicación al
artículo 195 del Decreto 1211 de 1990 -modificado- frente a la situación de la
cónyuge supérstite del causante pensionado, y el segundo, por aplicar el
parágrafo de ese artículo sin tener en cuenta la modificación que introdujo el
artículo 9° de la ley 447 de 1998, la cual además resulta trascendental para
determinar si a la actora le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la
asignación de retiro que en vida disfrutó el Capitán ® Cárdenas Chacón, así sea
en forma compartida y proporcional siguiendo los criterios de justicia y
equidad que la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa han
desarrollado.
En ese sentido,
corresponde al juzgado accionado valorar las pruebas que obran en el expediente
con miras a establecer si la actora logró cumplir con la carga de la prueba que
le asiste para fundar los hechos que habilitan la salvedad que contempla el
parágrafo del artículo 195 del Decreto 1211 de 1990, con su respectiva
modificación.
4.3.1.3.
Seguidamente, de acuerdo con la ruta trazada para estudiar el primer cargo que
esgrime la actora, la Sala de Revisión finalmente se ocupará en analizar si
la valoración probatoria que hicieron los accionados se compadece con la
realidad procesal dentro del marco de la autonomía judicial y de la sana
critica que rigen la actividad probatoria, haciendo un especial énfasis sobre
la importancia de las pruebas decretadas de oficio cuando de ellas pende la
garantía de realización de un derecho fundamental.
Sobre el punto,
la actora señala que aunque hizo parte del proceso contencioso
administrativo en calidad de litisconsorcio necesario del extremo demandado sin
que se le exigiera durante el trámite la prueba documental del registro civil
de matrimonio con el causante, los acusados no tuvieron en cuenta su calidad y,
por consiguiente, la excluyeron de ser beneficiaria de la sustitución
pensional.
Examinado lo anterior con las
sentencias cuestionadas, la Sala observa que (i) el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Ibagué indicó que “(…) Clara Nancy Herrera de
Cárdenas no demostró en legal forma, que en algún momento hubiese existido
vínculo conyugal con el señor José Antonio Cárdenas Pachón. Lo anterior, es
totalmente claro si se tiene en cuenta que dentro del expediente no existe el
correspondiente registro civil de matrimonio y teniendo en cuenta que se trata
de una prueba solemne y que refiere al estado civil de las personas, no puede
suplirse con otra prueba, como claramente lo dispone el artículo 265 del CPC,
como lo sería en este caso, las declaraciones e interrogatorios allegados al
expediente”, y que (ii) el Tribunal Administrativo del Tolima
también echó de menos la prueba documental del registro civil de matrimonio “pues
la impugnante no aportó prueba alguna al plenario”. La ausencia de esa
prueba detectada por ambas instancias fue otro argumento neurálgico que dio
lugar a excluir del beneficio pensional a la accionante.
Pues bien, es cierto que en
Colombia la prueba de la existencia de la unión conyugal es el registro civil
de matrimonio como lo establece el artículo 101 del Decreto 1260 de 1970, por
lo cual, quien reclama para si el reconocimiento de determinado derecho
derivado de su estado civil, debe probarlo mediante el documento público
denominado registro civil. Así mismo, el estatuto procesal civil establece en
el artículo 265, que la falta del documento público que demuestre el contrato,
para nuestro caso, el vínculo matrimonial, no puede suplirse con ninguna otra
prueba, es decir, se trata de una prueba ab substantiam actus.
No obstante, surge una pregunta
derivada de los hechos que revelan el caso sub-examine: ¿puede un Juez
de la República desconocer los derechos a la seguridad social y al mínimo vital
de una persona, cuando ésta no aporta en el trámite procesal donde fue llamada
como litisconsorte necesario, el registro civil de matrimonio para acceder a la
sustitución pensional de su difunto esposo, y aquel no decreta de oficio la
prueba ad substantiam actus que requiere para garantizar los derechos
sustanciales?
Para dar respuesta a ese interrogante,
conviene señalar que esta Corporación en sentencia T-264 de 2009 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva), indicó que el decreto de pruebas de oficio tiene
relevancia constitucional porque desarrolla el carácter inquisitivo dentro de
nuestro sistema probatorio mixto (dispositivo-inquisitivo), tendiente a obtener
la verdad de los hechos en el marco procesal. Y es que, la idea de una “sentencia
justa” impone el juez la obligación de hallar el equilibrio perfecto entre
la búsqueda del valor de la verdad y la efectividad del derecho material, es
decir, una armonía entre el principio de necesidad y la prevalencia del derecho
sustancial en las actuaciones judiciales (artículo 228 de la
Constitución Política). Agregó que en caso de no hacer uso de esa facultad
siendo necesaria para esclarecer los hechos y materializar un derecho
sustancial, se incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Ahora bien, esta Sala de Revisión
en la sentencia T-591 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) señaló que “(…)
la omisión en el decreto oficioso de pruebas -cuando a ello hay lugar- conduce
a un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en la medida que la
autoridad judicial, de una parte, pretermite una actuación procesal que se
aviene imprescindible para despejar puntos oscuros de la controversia y, de
otra, instrumentaliza las ritualidades propias de cada juicio de una forma
contraria al derecho al acceso a la administración de justicia[38]; en
particular, aplicando con extremo rigor el artículo 177 del C.P.C., y
desatendiendo los mandatos consagrados en los artículos 37 y 180 del mismo
código, así como el deber de buscar la adopción de decisiones judiciales sobre
una base fáctica apegada a la realidad y respetuosa del derecho sustancial
(art. 228 C.P.)”. Entonces, para esta Sala resulta claro que la omisión en
el decreto de pruebas de oficio para realizar un derecho sustancial configura
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, a pesar de la relación
directa que tiene con el denominado defecto fáctico por dimensión negativa.
Aterrizando esa consideración al
caso concreto, en materia contencioso administrativa, tanto el artículo 169 del
derogado Decreto 01 de 1984 -que regía cuando las sentencias atacadas fueron
proferidas por los accionados-, como el actual Código Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011, artículo 213), consagran la posibilidad para
que el juez decrete las pruebas de oficio que estime necesarias para esclarecer
la verdad o “puntos oscuros o dudosos  (ahora difusos en el nuevo texto)
de la contienda”, facultad que desde el plano constitucional se entiende
acentuada cuando las pruebas resultan indispensables para garantizar derechos
fundamentales de las partes.
Vistas así las cosas, la
Sala de Revisión considera que los accionados incurrieron en defecto por exceso
ritual manifiesto (el cual tiene relación directa con el defecto fáctico que
alega el actor), al dejar de hacer uso de la facultad que les otorga la norma
procesal para decretar la prueba de oficio solicitando la aportación del
respectivo registro civil de matrimonio, con el fin de establecer si la señora
Clara Nancy Herrera en verdad figura como cónyuge del causante José Antonio
Cárdenas Pachón para, a partir de la información obtenida, proveer el fondo del
asunto con mayores elementos de juicio que tiendan a garantizar los derechos
fundamentales que le asisten a ésta. Quiero ello decir que, no hacer uso de esa
facultad oficiosa en materia probatoria, podría desembocar en que un Juez de la
República lesione derechos de raigambre constitucional al decidir sin los
suficientes elementos de juicio que busquen hacer efectivos los derechos
sustanciales de las partes.
4.3.1.4. En síntesis, respecto
del primer cargo que expone la actora, la
Sala considera que los jueces accionados violaron su derecho fundamental al
debido proceso, al incurrir en defecto sustantivo por hacer una
aplicación indebida del artículo 195 del Decreto 1211 de 1990, modificado por
el inciso 2° del artículo 9° de la
Ley 447 de 1998, ya que obviaron analizar los hechos y las pruebas a la luz de
la excepción que consagra esa norma especial. De igual forma, incurrieron en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al no hacer uso de la facultad
oficiosa que consagra la norma procesal administrativa, con miras a solicitar
el registro civil de matrimonio a la litisconsorte necesaria que fue convocada
al proceso contencioso en calidad de cónyuge supérstite del causante, ya que
esa información resultaba de vital importancia para resolver sobre el derecho
sustancial de aquella, que además se relaciona directamente con derechos de
naturaleza constitucional. Este último defecto tiene una clara relación con el
defecto fáctico por vía negativa que alega el actor.
4.3.2. De otro lado, la actora
esgrime como segundo cargo de su escrito tutelar, que los jueces acusados
incurrieron en defecto por desconocimiento del precedente judicial y
constitucional, ya que en varias sentencias tanto el Consejo de Estado como la
Corte Constitucional, han reconocido la pensión compartida entre la cónyuge
sobreviviente y la compañera permanente del difunto pensionado, en forma
proporcional a la convivencia probada. Específicamente hizo referencia a la
sentencia proferida el 2 de octubre de 2008 dentro del radicado
25000-23-25-000-2000-02678-01 (4335-04), por parte del Consejo de Estado –
Sección Segunda B, Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, en la cual
se otorgó la sustitución pensional compartida entre la cónyuge supérstite y la
compañera permanente de un pensionado de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Al respecto, la
Sala se releva de hacer un estudio de fondo sobre el punto, toda vez que al
prosperar el primer cargo estructural que arrojó la configuración de los
defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto a los cuales
se hizo alusión en líneas precedentes, ello es suficiente para dejar sin
efectos las decisiones acusadas por ser vulneradoras de los derechos
fundamentales que le asisten a la actora. Entonces, se torna irrelevante
estudiar si dichas decisiones desconocieron el precedente judicial, máxime
cuando la orden concreta para el juez contencioso administrativo de primera
instancia, es que dentro del término que establece la ley procesal, dicte una
nueva sentencia que atienda los puntos expuestos en el presente fallo de
revisión.
4.4. En conclusión de todo lo
dicho, el presente caso cumple con los requisitos generales de procedencia
excepcional de la tutela contra providencias judiciales; específicamente, en
cuanto atañe al agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
procesal por parte de la actora, se concluyó que ésta agotó el recurso de
apelación y que no era indispensable que interpusiera el recurso extraordinario
de revisión por cuanto ninguna de las causales que contempla el artículo 188
del CCA anterior, se adecúa a la situación fáctica y jurídica por ella expuesta
en sede constitucional.
Así mismo, se dijo que los jueces
accionados incurrieron en los defectos (i) sustantivo por hacer
una aplicación indebida del artículo 195 del Decreto 1211 de 1990, modificado
por el inciso 2° del artículo 9° de la
Ley 447 de 1998; y, (ii) procedimental por exceso ritual manifiesto al
no hacer uso de la facultad oficiosa en materia probatoria con el fin de
solicitarle a Clara Nancy Herrera que, en su calidad de litisconsorte
necesario, allegará la prueba ad substantiam actus para demostrar su
condición de cónyuge supérstite y, de esa forma, definir con suficientes
elementos de juicio el reconocimiento o la negativa de la sustitución pensional.
Estos puntos son constitutivos de
una violación a los derechos fundamentales de debido proceso y seguridad social
que le asiste a la actora, por lo cual se impone revocar las decisiones de
primera y segunda instancia constitucional y, en su lugar, conceder el amparo a
tales derechos ordenando hacer uso de la facultad oficiosa en materia
probatorio y emitir una nueva sentencia que resuelva el debate contencioso
administrativo.
4.5. En virtud de lo expuesto,
esta Corporación revocará las sentencias proferidas el 26 de octubre de 2011
por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Cuarta, y el 28 de marzo de 2012 por el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Quinta, que resolvieron negar y declarar
improcedente la acción de tutela promovida por Clara Nancy Herrera de Cárdenas
contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima. En su lugar, concederá la protección constitucional de
los derechos al debido proceso y a la seguridad social de la actora; en
consecuencia, ordenará dejar sin efectos las sentencias contencioso
administrativas proferidas el 6 de julio de 2008 y el 11 de febrero de 2011,
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima, respectivamente, para que en su lugar, aquel proceda
a hacer uso de la facultad oficiosa que le asiste y dentro del término que
establece la ley procesal, dicte una nueva sentencia que resuelva el debate
prestacional existente entre la compañera permanente y la cónyuge supérstite
del causante José Antonio Cárdenas Pachón.
La anterior decisión de dejar sin
efectos ambas sentencias dictadas dentro del trámite cuestionado, obedece más a
la posibilidad de habilitar nuevamente el debate procesal con el fin de
permitir la participación activa de la compañera permanente en la contienda
prestacional, ya que ésta no se pronunció en sede constitucional. De esta
forma, se privilegia el derecho al debido proceso y el principio de la doble
instancia.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero:
REVOCAR las sentencias proferidas el 26 de octubre de 2011 por el Consejo
de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, y el 28 de
marzo de 2012 por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Quinta, que resolvieron negar y declarar improcedente la acción de
tutela promovida por Clara Nancy Herrera de Cárdenas contra el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima.
En su lugar, CONCEDER la protección constitucional de los derechos al
debido proceso y a la seguridad social que le asisten a la actora.
Segundo: DEJAR sin efectos
las decisiones de primera y segunda instancia dictadas el 6 de julio de 2008 y
el 11 de febrero de 2011, por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho que impetró María Maud
Restrepo Rey contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la
litisconsorte necesaria Clara Nancy Herrera de Cárdenas.
Tercero: ORDENAR al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, que haga uso de la
facultad oficiosa que en materia probatoria le otorga la ley procesal
administrativa y proceda a dictar, dentro del término que contempla la ley y
contando con los suficientes elementos de juicio, una nueva sentencia que
resuelva el debate prestacional existente entre la compañera permanente y la
cónyuge supérstite del causante José Antonio Cárdenas Pachón, teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveido.
Cuarto: Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA T-817/12
Referencia:
Expediente T – 3.519.074
Acción de
Tutela instaurada por Clara Nancy Herrera de Cárdenas contra el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del
Tolima.
Magistrado
Ponente:
Luís Ernesto
Vargas Silva
A continuación salvo mi voto a la
presente providencia de acuerdo con las siguientes consideraciones.
No comparto la decisión adoptada
por Sala Novena de Revisión, en tanto en el caso particular no resulta posible
señalar la existencia de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
por parte de las autoridades judiciales accionadas al no solicitar de oficio el
registro civil de matrimonio dentro del proceso contencioso administrativo.
Si bien comparto la línea
jurisprudencial que de manera reiterada ha afirmado que el exceso de ritualismo
y apego a las normas procedimentales desconoce la efectividad de los derechos
fundamentales, el caso bajo estudio no se encuentra dentro de los elementos
necesarios para la protección constitucional.
Resulta acorde con el principio de
la carga de la prueba que los jueces administrativos hayan considerado que dicho
elemento probatorio era necesario que fuera aportado por la aquí accionante.
Exigirle que aporte el registro civil de matrimonio es una carga absolutamente
proporcional y razonable, si se tiene en cuenta que se está dentro del marco de
un proceso en el cual pretende que se le reconozca la pensión de sobreviviente
– o al menos parte de ella – por su condición de cónyuge no culpable de la
separación de cuerpos.
La figura del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto se previó con el fin de evitar que
los derechos sustanciales, y en especial aquellos de naturaleza fundamental, no
fueran desprotegidos por las diferentes autoridades judiciales so pretexto de
situaciones de carácter meramente formal. Sin embargo, ésta no puede llevarse
al extremo de desconocer principios básicos del derecho que guardan completo
sustento constitucional.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
[1]
A folio 7 del cuaderno principal, se observa copia del registro civil de
matrimonio de los señores Clara Nancy Herrera Suárez y José Antonio Cárdenas
Chacón, en el cual consta que contrajeron matrimonio por el rito católico el 24
de febrero de 1964. Tal registro lo expidió la
Notaría Octava del Círculo de Bogotá.
[2]
En esa oportunidad la actora pidió que se aplicara el principio de equidad
según el cual, el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos constitutivos de
la causal de divorcio, separación de cuerpos o ruptura de la vida en común en
los casos de separación de hecho, tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión compartida, especialmente cuando el cónyuge sobreviviente queda en
estado de total desamparo que pone en peligro su derecho al mínimo vital. Así,
solicitó tener en cuenta su dependencia económica del causante.
[3]
Al respecto ver sentencia T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño), citada en la sentencia T-757 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
Así mismo, en las sentencias T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y
T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), la
Corte señaló que “(…) la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias es un asunto que comporta un ejercicio de ponderación entre la
eficacia e la mencionada acción [de tutela] –presupuesto del Estado
Social y Democrático de Derecho-, y la vigencia de la autonomía e independencia
judicial, el principio de la cosa juzgada y la seguridad jurídica”.
[4]
Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva) indicó: “(…) la acción de tutela contra sentencias es un
juicio de validez de la decisión judicial, basado en la supremacía de las
normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela se circunscribe a
detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de
los derechos fundamentales”.
[5]
En esta sentencia se declaró la inexequibilidad de la
expresión “ni acción”, contenida en el artículo 185 de la
Ley 906 de 2004, relacionado con la sentencia de casación penal.
[6] Sentencia T-173 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), cita
de la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[7] Sentencia T-504 de 2000 (MP Antonio Barrera Carbonell), cita de la
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[8] Sentencia T-315 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), cita de la
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[9] Sentencia T-008 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz), citada de la
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdova Triviño).
[10] Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[11] Sentencias T-088 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y
SU-1219 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), citadas en  la sentencia
C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[12]
Sentencia T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[13]
Sentencias T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva)
y T-599 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[14]
Sentencia T-289 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[15] Esta
Corporación en sentencia T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), a la
cual se hará referencia más adelante, señaló que “a partir del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, y de la obligación de
dar prevalencia al derechos sustancial (artículo 228 de la
Constitución), la Corte ha encontrado que puede producirse un defecto
procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego
excesivo a las formas, se aparta de sus obligaciones de impartir justicia,
buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más
posible a la verdad real, garantizar la efectividad de los derechos
constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que trunquen la
eficacia de las actuaciones de la
Administración de Justicia, y de los derechos materiales, pues los
procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del derecho y
no fines en sí mismos”.
[16]  En ese pronunciamiento,
la Corte analizó un caso de una acción de tutela en donde la accionante
consideró vulnerados sus derechos fundamentales por el Tribunal Superior de
Bogotá, al proferir el fallo de segunda instancia dentro de un proceso
ordinario de responsabilidad civil extracontractual iniciado por ella, mediante
el cual el Tribunal revocó el fallo de primera instancia con base en dos
consideraciones centrales: (i) la falta de legitimidad por activa de la
peticionaria pues, aparte de las afirmaciones de la demanda, no se aportó
prueba alguna sobre la relación de parentesco; y, (ii) la falta de
legitimidad por pasiva de uno de los demandados, pues el vehículo de servicio
público que se encontraba en el accidente no era de su propiedad.
[17] En esa ocasión estudió la
Corte la acción de tutela que presentó una ciudadana que había demandado a la
Nación por los perjuicios morales y materiales derivados de una toma
guerrillera de la cual fue victima indirecta. El Tribunal accionado negó las
pretensiones de la acción de reparación directa, al estimar que carecía de
valor probatorio un documento donde se informaba de la inminencia de la toma
guerrillera. En casos análogos interpuestos por otras víctimas indirectas de
dicha toma, se le había dado valor probatorio a tal documento y, en ese
sentido, se había condenado a la Nación por los perjuicios ocasionados. Luego
de un análisis sobre los defectos fácticos, procedimental y de desconocimiento
del precedente horizontal, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso que le asistían a la actora.
[18] El escenario allí
planteado se dio dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado que
instauró Chevor S.A. contra Almacenes Éxito, por un local ubicado en el centro
comercial Unicentro de Bogotá. El Tribunal Superior de Bogotá revocó la
admisibilidad del recurso de apelación que interpuso la parte demandada, lo que
motivó que ésta presentara recurso de súplica contra esa providencia. Al
entregar el memorial de sustentación en la
Secretaria del Tribunal, inicialmente Almacenes Éxito no se percató de que
adosó la copia del mismo sin la firma, por lo cual al día siguiente, cuando se
dio cuenta del error, allegó el memorial original donde constaba la hora de
recibo. A pesar de ello, el Tribunal declaró extemporáneo el recurso y ello
motivó la interposición de la tutela. Esta Corporación concedió el amparo
tutela al encontrar configurado un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y ordenó al Tribunal resolver de fondo el recurso de suplica en
mención.
[19] En esa oportunidad  la
Corte revisó la acción de tutela que interpuso una ciudadana contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien dentro de un proceso de
reparación administrativa incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto toda vez que estimó, al igual que el juzgado a-quo, que el
registro civil de nacimiento de un menor demandante, al haber sido aportados en
copias simples, carecían de valor probatorio y, por ende, no existía
legitimación en la causa para demandar. Esta Corporación tuteló el derecho al
debido proceso y dispuso que se dictara un nuevo fallo haciendo una adecuada
valoración probatoria.
[20] En esa sentencia la
Corte revisó la acción de tutela que presentó la sociedad Cartón de Colombia
S.A. contra el Juzgado 1° Civil del Circuito de Buenaventura, por considerar
lesionado su derecho fundamental al debido proceso dentro de un incidente de
regulación de perjuicios en el cual se tuvo en cuenta un dictamen pericial sin
soportes probatorios del perjuicio y se negó el desembargo de un
establecimiento comercial de propiedad de la accionante. Esta Corporación
concedió el amparo y ordenó reiniciar todo el trámite del incidente de
regulación de perjuicios.
[21] Ver, entre muchas otras,
las sentencias SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-590 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño), T-737 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-264 de
2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-599 de 2009 (MP Juan Carlos Henao
Pérez), T-386 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-637 de 2010 (MP Juan
Carlos Henao Pérez).
[22] Sentencia SU-195 de 2012
(MP Jorge Iván Palacio Palacio). En ella puntualmente la
Sala Plena de esta Corporación indicó que las manifestaciones de este defecto
son:
“1.    Defecto
fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis
se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de
pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido.
2.
Defecto fáctico por la no
valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a
pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos,
no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que
de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico
debatido variaría sustancialmente[22].
3.
Defecto fáctico por
valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando
el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene
de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.”
[23]
Sentencia SU-447 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[24]
Sentencia T-737 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[25]
Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-817 de 2010
(MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[26]
Sentencia T-757 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[27]
Sentencia SU-014 de 2001 (MP María Victoria Sáchica Méndez).
[28]
Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[29]
Sentencia SU-047 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero).
[30] Sentencia T- 1317 de 2001 (MP Rodrigo Uprimny Yepes).
[31] Sentencias SU-1184 de
2001, SU-640 de 1998 y SU 168 de 1999, entre otras, reiteradas en las
sentencias T-482 de 2011, T-028 de 2012 y T-206 de 2012 (
éstas últimas como MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[32] Sentencia T-292 de 2006.
[33] Al
respecto, se pueden consultar las sentencias T-051 de 2009 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), T-060 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-130 de 2009
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva) y T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[34] El recurso extraordinario de revisión procede cuando
se presenta una de las siguientes causales:
Artículo 188. “Causales de revisión.
1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados. 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y
que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria. 3. Aparecer, después de dictada la sentencia a
favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 4. No reunir la
persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida. 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 6. Existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos
condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 8. Ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada”.
[35] Por ejemplo, en la
sentencia T-1103 de 2000, la cual a su vez reiteró la sentencia T-190 de 1993, la
Corte afirmó que la familia como núcleo e institución básica de la sociedad de
conformidad con los artículos 5° y 42 superiores, constituye el bien jurídico
tutelable en el derecho prestacional a una sustitución pensional, debiendo ser
amparada íntegramente y sin discriminación alguna. Luego precisó que la
protección constitucional abarca las distintas formas de configuración de la
familia, ya sea a través del vinculo matrimonio o mediante el vínculo emanada
de establecer una unión marital de hecho. Además, en sentencia T-566 de 1998
recordó que “(…) respecto al derecho a la sustitución rige el principio de
igualdad entre cónyuges supérstites y compañeros (as) permanentes porque,
siendo la familia el interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible
privilegiar un tipo de vinculo específico al momento de definir quien tiene
derecho a este beneficio. (…)”
[36]
Al respecto, la sentencia hito sobre el tema es la
C-1035 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[37] Lo
anterior se aclara porque el 31 de diciembre de 2004 fue expedido el Decreto
Ley 4433, el cual fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública. Dicho Decreto Ley derogó en lo pertinente el
Decreto 1211 de 1990, y consagró un nuevo marco normativo para las sustituciones
pensionales de miembros de la Fuerza Pública que murieron disfrutando de la
asignación de retiro. Por ejemplo, el parágrafo 2° del artículo 11 señala que
para efectos de la sustitución de la asignación de retiro cuando exista cónyuge
y compañero o compañera permanente, se aplican las siguientes reglas:
“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de
retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o
la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su
muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga menos de treinta (30) años de edad, y no haya procreado
hijos con este. La sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una
duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene
hijos con el causante se aplicará el literal anterior.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por
invalidez hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a y b del presente parágrafo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes
del fallecimiento del causante entre un cónyuge o compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”. (Negrillas nuestras).
Así mismo,
el artículo 12 del Decreto Ley 4433 de 2004, señala las causales de pérdida de
la condición de beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro por
parte del cónyuge o compañero permanente, cuando: (i) exista muerte real
o presunta; (ii) exista nulidad del matrimonio; (iii) exista divorcio
o disolución de la sociedad de hecho; (iv) se presente separación legal
de cuerpos; y, (v) lleven cinco o más años de separación de hecho. //
Como se puede observar, este nuevo marco jurídico trató de solucionar las
disputas existentes entre cónyuge o compañera permanente habilitando la
posibilidad jurídica de compartir la pensión entre aquellas, tema que antes
había sido solo de desarrollo jurisprudencial.
[38] En similar sentido se
pueden consultar las sentencias T-599 de 2009, T-386 de 2010 y T-327 de 2011.