T-342-18
Sentencia T-342/18
INSCRIPCION
EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Vulneración por la UARIV al negar inscripción de los accionantes por
concluir que el hecho victimizante no ocurrió en el marco del conflicto armado
interno
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
La
jurisprudencia constitucional ha indicado que, para que opere la agencia
oficiosa, deben presentar los siguientes elementos normativos “(i) el agente
oficioso debe manifestar que está actuando como tal; (ii) del escrito de tutela
se debe poder inferir que el titular del derecho está imposibilitado para
ejercer la acción de tutela, ya sea por circunstancia físicas o mentales; (iii)
la informalidad de la agencia, pues esta no implica que deba existir una
relación formal entre el agente y los agenciados; (iv) la ratificación de lo
actuado dentro del proceso.
APLICACION
DEL CONCEPTO DE VICTIMA DEL CONFLICTO ESTABLECIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Reglas jurisprudenciales
INSCRIPCION
EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Finalidad
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Es inconstitucional negar la inclusión a personas
que manifiestan ser desplazadas por la violencia, bajo el argumento de que los
hechos victimizantes no se dieron con ocasión del conflicto armado sino que son
producto de la violencia generalizada
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR INSCRIPCION EN EL RUV-Procedencia excepcional
Referencia: Expedientes T-6.390.267,
T-6.481.633 y T-6.397.605.
Acciones de
tutela instauradas por:
T-6.390.267:
Wilmer Javier Duran Mejía en contra de la Unidad Administrativa para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.
T-6.481.633:
Omar José Mayorga en contra de la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.
T-6.397.605:
Mónica María González, actuando como agente oficioso de María Fabiola Velásquez
Giraldo en contra de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – UARIV.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá,
D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado y los Magistrados Antonio José Lizarazo y Alejandro
Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de las sentencias adoptadas  (i) en única instancia, por el
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Bucaramanga, (ii) en primera y segunda instancia respectivamente, por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira y la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira y, (iii) en primera y segunda
instancia respectivamente, por el Juzgado Once de Familia Oral de Medellín y la
Sala Tercera de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín en las
que se estudiaron la posible vulneración de los derechos fundamentales de las
víctimas del conflicto armado, así como la presunta transgresión del mínimo
vital y de la dignidad humana por parte de la Unidad Administrativa para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en adelante UARIV.
1.
Expediente
T-6.390.267
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
Wilmer Javier Duran Mejía,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra de la UARIV, por la presunta
vulneración de sus derechos como víctima del conflicto armado, así como al
mínimo vital y a la dignidad humana, debido a que esa entidad le negó la
inscripción en el Registro Único de Víctimas – RUV, aduciendo que el hecho
delictivo que lo afectó presuntamente no se encuentra relacionado con el
conflicto armado interno.
B.   HECHOS RELEVANTES
1. El señor Wilmer Javier Duran Mejía,
quien en la actualidad tiene 51 años[1], manifiesta
que es víctima de grupos al margen de la ley por el delito de tortura, en
hechos ocurridos el día 18 de abril de 2002 en el municipio de San Alberto,
Cesar[2].
2. Refiere que con fundamento en lo
anterior, rindió declaración para ser incluido en el Registro Único de Víctimas
– RUV el día diez (10) de octubre de dos mil ocho (2008). Sin embargo, en su
momento, el Comité de Reparaciones Administrativas (CRA)  mediante acta
ordinaria número 11 del dieciséis (16) de abril de dos mil diez (2010) decidió
no reconocerle su condición de víctima del conflicto armado colombiano, al
considerar que los daños sufridos por el accionante no fueron causados por
grupos armados organizados al margen de la ley, razón por la cual no se
acreditaron los requisitos establecidos en el Decreto 1290 de 2008[3].
3. Debido a lo anterior, el catorce (14)
de diciembre de dos mil diez (2010) interpuso los recursos de reposición y, en
subsidio de apelación, manifestando que para la época en la que ocurrieron los
hechos él se desempeñaba como agricultor en una de las fincas de la región.
Señala que una noche llegó a su lugar de residencia y un grupo de hombres
armados lo torturaron durante toda una noche, desnudándolo, propinándole golpes
y amenazándolo con la decapitación por ser un “antisocial” y obligándolo
a limpiar un canal donde había trozos de madera[4].
4. Posteriormente, la UARIV profirió la
Resolución 2001370088 del diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013),
mediante la cual decidió confirmar integralmente la decisión contenida en el acta
ordinaria número 11 del dieciséis (16) de abril de dos mil diez (2010), en el
sentido de no incluir al señor Wilmer Javier Duran Mejía en el Registro Único
de Víctimas. Al respecto, esa entidad manifestó que una vez revisado el
expediente administrativo y las bases de datos disponibles, no se encontró
información relevante que permita determinar como autores del hecho a grupos
organizados al margen de la ley, es decir que no se han encontrado indicios en
el caso que permitan considerar que los hechos de los cuales fue víctima el
señor Durán Mejía estén relacionados con el conflicto armado interno, sino que
por el contrario, pareciera que son producto de bandas comunes organizadas que
han aprovechado el contexto generalizado de violencia para delinquir[5].
5. El veinte (20) de abril de dos mil
diecisiete (2017), el señor Wilmer Javier Duran Mejía interpuso petición ante
la UARIV solicitando que se diera trámite inmediato al recurso de apelación
interpuesto en contra del acto administrativo proferido en el año 2013[6].
6. Como consecuencia, la entidad
demandada profirió la resolución 201719365 del quince (15) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), mediante la cual decidió el recurso de apelación interpuesto
en contra de la resolución 201370088 del diecinueve (19) de abril de dos mil
trece (2013). En el acto administrativo, la UARIV pone de presente que
acudiendo a criterios técnicos y de contexto, no es posible establecer que los
hechos de los cuales afirma ser víctima el accionante estén relacionados con el
conflicto armado interno, en la medida en que “en el departamento del Cesar
para la fecha de la ocurrencia de los hechos, nos encontramos en presencia de
una región que de acuerdo a elementos fundados y notorios se puede considerar
como zona en donde se presenta diversos factores de violencia como son el
narcotráfico y el paramilitarismo entre otros”[7].
7. El señor Wilmer Javier Durán Mejía
manifiesta que luego de interponer petición ante la Fiscalía General de la
Nación, esa entidad le contestó que, en diligencia de versión libre rendida el
seis (06) de marzo de dos mil diecisiete (2017), los postulados Alfredo García
Tarazona, Juan Francisco Prada Márquez y Javier Antonio Quintero Coronel, ex
integrantes del Frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC se pronunciaron
respecto de los hechos de los cuales fue víctima, manifestando que si bien
ellos no operaban en ese zona, lo cierto era que en la vereda en la que
habitaba el señor Durán Mejía comandaba “alías el Chiqui”, quien junto a su
grupo durante un tiempo vestían prendas de negro. Igualmente, manifestaron que
la práctica en su grupo no era la de torturar a la gente con veneno, sino que
si tenían la sospecha de que se trataba de un miembro de la guerrilla, lo
asesinaban[8].
C.   RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA
8. Mediante Auto del veinticuatro (24) de
mayo de dos mil dieciséis (2017), el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga avocó conocimiento de la
acción de tutela interpuesta por el señor Wilmer Javier Duran Mejía, corrió
traslado a la UARIV para que se pronunciara sobre los hechos objeto de la
acción de tutela.
Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV[9]
Debidamente notificada de
la acción de tutela en su contra, la UARIV procedió a contestar la acción de
tutela interpuesta en su contra solicitando que el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el señor Wilmer Javier Duran Mejía fuera denegado.
Como fundamento de lo
anterior, la UARIV indicó que en el caso del accionante se han realizado todas
las gestiones que la ley establece para determinar la inscripción en el
Registro único de Víctimas. Por lo anterior, manifestó que en este caso se
presentaba hecho superado, en la medida en que esa entidad respondió de fondo
cada una de las solicitudes interpuestas por el accionante, por lo que no se
vulneró derecho fundamental alguno.
D.   DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Única instancia: Juzgado
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Bucaramanga[10]
9. El dos (02) de junio de
dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Bucaramanga decidió declarar improcedente la
acción de tutela interpuesta.
Al respecto, el fallador
de instancia consideró que tratándose de una acción de tutela interpuesta en
contra de un acto administrativo proferido por la UARIV, mediante el cual se
decidió resolver el recurso de apelación de manera desfavorable y, en ese
sentido, no reconocer el derecho al señor Wilmer Javier Durán Mejía el derecho de
ser inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV, éste podía ser demandado
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la que además se
pueden solicitar medidas cautelares.
En ese orden de ideas,
insistió en que el señor Wilmer Javier Durán Mejía tampoco solicitó la
procedencia transitoria de la acción de tutela para evitar la configuración de
un perjuicio irremediable. Asimismo, advirtió que, en todo caso, del expediente
no es posible inferir la necesidad de que el juez constitucional soslaye las
competencias del fallador natural de este tipo de procesos.
El señor Wilmer Javier
Durán Mejía interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de tutela
de instancia. Sin embargo, mediante Auto 649 del veintitrés (23) de junio de
dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Bucaramanga decidió no acceder a darle trámite al
recurso por extemporáneo[11].
2.
Expediente
T-6.481.633
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
El señor Omar José Mayorga,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra de la UARIV, por la presunta
vulneración de sus derechos como víctima del conflicto armado, así como al
mínimo vital y a la dignidad humana, debido a que esa entidad le negó la
inscripción en el Registro Único de Víctimas – RUV, aduciendo que el hecho
delictivo que lo afectó presuntamente no se encuentra relacionado con el
conflicto armado interno.
B.
HECHOS RELEVANTES
1. El señor Omar José Mayorga, quien en
la actualidad tiene 79 años[12], manifiesta
que es víctima de grupos al margen de la ley por el delito de homicidio de su
hijo Arcesio Mayorga Mayorga, en hechos ocurridos el día veinticinco (25) de
agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) en la vereda Altosano,
corregimiento La Gaitana, en el municipio de Planadas, Tolima[13].
2.       Manifiesta que en el año 1965 se trasladó
junto a su esposa e hijos a la vereda Altosano, corregimiento La Gaitana, en el
municipio de Planadas, Tolima para vivir en una finca que perteneció a su
señora madre y trabajar la tierra.
3.  Refiere que su hijo Arcesio Mayorga Mayorga adquirió
una finca en la misma vereda con la finalidad de trabajarla en su calidad de
campesino. Sin embargo, el día veinticinco (25) de agosto de mil novecientos
noventa y dos (1992) fue asesinado por la guerrilla de las FARC, grupo que
siempre estuvo presente en esa región.
4.  Debido a lo anterior, el día veinte (20) de mayo de
dos mil catorce (2014) rindió declaración ante la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV
solicitando su inclusión y la de su grupo familiar en el Registro Único de
Víctimas – RUV.
5. El día trece (13) de agosto de dos mil
catorce (2014), mediante resolución 2014-564270, la UARIV decidió no incluir al
señor Omar José Mayorga ni a su grupo familiar en el RUV y, como consecuencia,
no reconocer el hecho victimizante de homicidio, argumentando que no existían
pruebas sumarias que permitieran inferir que el delito se encontraba
relacionado con el conflicto armado colombiano[14].
6.  El día once (11) de junio de dos mil quince (2015), el
señor Omar José Mayorga interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de
apelación en contra de la resolución 2014-564270, argumentando que para la
época de los hechos en la vereda había presencia guerrillera y mucha violencia,
por lo que si su hijo no tenía ningún tipo de amenazas, es posible inferir que
se trató de un hecho relacionado con el conflicto armado[15].
7.  En atención a que la UARIV no se pronunciaba respecto
de los recursos interpuestos, el señor Omar José Mayorga se vio en la necesidad
de presentar una petición ante esa entidad el día seis (06) de septiembre dos
mil dieciséis (2016) solicitando información sobre su inclusión en el RUV[16].
8.  Como consecuencia de lo anterior, el día dieciocho
(18) de octubre dos mil dieciséis (2016) interpuso acción de tutela por la
vulneración del derecho fundamental de petición, la cual fue fallada por el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, autoridad judicial que
concedió el amparo del derecho fundamental invocado.
9.  Pese a lo anterior, el señor Omar José Mayorga
manifiesta que, aún no ha tenido conocimiento del acto administrativo en el que
se resolvieron sus recursos.
C.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA
10.       Mediante Auto del veintiuno (21) de junio
de dos mil dieciséis (2017), el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Conocimiento de Pereira avocó conocimiento de la acción de tutela interpuesta
por el señor Omar José Mayorga, corrió traslado a la UARIV para que se
pronunciara sobre los hechos objeto de la acción de tutela.
La UARIV, en este caso, no dio
contestación a la acción de tutela interpuesta en su contra.
D.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Primera Instancia: Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira[17]
11.
El siete
(07) de julio de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Conocimiento de Pereira decidió negar el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el señor Omar José Mayorga.
Como fundamento de lo
anterior, el fallador de primera instancia consideró que si bien el accionante
considera que el homicidio de su hijo fue perpetrado por parte de miembros de
las FARC, lo cierto es que no existe prueba, al menos sumaria de ello, por lo
que no se advierte que el actuar de la UARIV en este caso sea irregular o que
no se encuentre adecuado a los procedimientos establecidos en la ley.
Como resultado de lo
anterior, el a quo consideró que, en este caso, no se probó la configuración
de la conducta que genera la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante.
Segunda instancia: Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira[18]
12.
Debidamente
impugnada la decisión de tutela de primera instancia por parte del señor Omar
José Mayorga, en el sentido de insistir respecto de los argumentos de la acción
de tutela. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, mediante
sentencia del veintiocho (28) de julio de dos mil diecisiete (2017) decidió
confirmar la sentencia del a quo.
Al respecto, el ad quem
manifestó que la pretensión del accionante puede ser decidida en instancias
ordinarias, es decir, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la medida en que no se advierte de los hechos y las pruebas que obran en el
expediente que el medio de defensa establecido en el ordenamiento sea ineficaz
para resolver el problema jurídico planteado ante el juez constitucional.
3.
Expediente
T-6.397.605
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
Mónica María González, actuando
como agente oficioso de su madre, la señora María Fabiola Velásquez Giraldo de
69 años[19], interpuso
acción de tutela en contra de la UARIV, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
de las víctimas del conflicto armado, así como al mínimo vital y a la dignidad
humana, debido a que esa entidad le negó la inscripción en el Registro Único de
Víctimas – RUV, aduciendo que la muerte de su hijo no se encontraba relacionada
con el conflicto armado interno.
B.
HECHOS RELEVANTES
1.  Andrés Felipe González Velásquez, hijo de la señora
María Fabiola Velásquez Giraldo fue asesinado el día veintiocho (28) de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) en la ciudad de Medellín,
como consecuencia de los enfrentamientos que sostenían los grupos guerrilleros
y los paramilitares durante esa época[20].
2.  Como consecuencia de lo anterior, el día dieciocho
(18) de noviembre de dos mil ocho (2008), la señora María Fabiola Velásquez
Giraldo solicitó la indemnización individual administrativa ante Acción Social,
pretensión que fue despachada de manera desfavorable mediante acta
extraordinaria 002 del doce (12) de febrero de dos mil diez (2010), en tanto
que no se le reconoció a la accionante la calidad de víctima, pues no se pudo
verificar que el hecho victimizante estuviera relacionado con el conflicto
armado[21].
3.  Contra la decisión anterior, la señora María Fabiola
Velásquez Giraldo interpuso recurso de reposición el día diez (10) de octubre
de dos mil doce (2012), argumentando que el homicidio de su hijo se produjo
como consecuencia de un enfrentamiento entre grupos guerrilleros y
paramilitares en el barrio.
4.  El día veintiocho (28) de octubre de dos mil quince
(2015), mediante resolución 2015-252029R, la UARIV decidió de manera
desfavorable el recurso interpuesto, argumentando que “de acuerdo con la
narración de los hechos, junto con los documentos aportados, se evidencia, que
no fue posible establecer que el modus operandi utilizado concuerde con
los patrones de violencia que se encuentran contemplados en la Ley de víctimas
para reconocer la calidad de víctima”[22].
5.  Mediante escrito del seis (06) de abril de dos mil
quince (2015), la señora María Fabiola Velásquez solicitó la reconsideración
ante la UARIV, petición que fue decidida mediante resolución 2015-252029H del
veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), en el sentido de inhibirse
para pronunciarse de fondo, puesto que no se presentaron argumentos adicionales
que demostraran la conexidad entre el hecho victimizante y el conflicto armado
colombiano[23].
6.  Inconforme con la decisión anterior, el día doce (12)
de noviembre de dos mil quince (2015), la accionante interpuso recurso de
apelación en contra de la resolución 2015-252029H, mediante el cual solicitó
que se revocará la decisión y, por consiguiente, se le incluyera en el RUV por
el homicidio de su hijo.
7.  El día veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis
(2016), la UARIV profirió la resolución 28113 mediante la cual confirma la
decisión de no reconocer la calidad de víctima a la señora María Velásquez
Giraldo por el homicidio de su hijo en la ciudad de Medellín, en la medida en
que del análisis de los criterios jurídico, técnico y de contexto no le fue
posible establecer que el hecho victimizante se encuentre relacionado con el
conflicto armado interno, motivo por el cual no se reúnen los requisitos
exigidos en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011[24].
C.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA
8.
Mediante Auto del tres
(03) de mayo de dos mil dieciséis (2017), el Juzgado Once de Familia Oral de
Medellín avocó conocimiento de la acción de tutela interpuesta y corrió
traslado a la UARIV para que se pronunciara sobre los hechos objeto de la
acción de tutela.
La UARIV, en este caso, no dio
contestación a la acción de tutela interpuesta en su contra.
D.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Primera Instancia: Juzgado
Once de Familia Oral de Medellín[25]
9.     El doce (12) de mayo de
dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Once de Familia Oral de Medellín decidió
declarar improcedente la acción de tutela interpuesta, con fundamento en que la
misma no acreditaba el requisito de subsidiariedad.
En efecto, el fallador de
primera instancia advirtió que de la lectura de los actos administrativos
mediante los cuales la entidad decidió no inscribir a la señora María Fabiola
Velásquez Giraldo en el RUV, no se advierte que haya falta de motivación o una
interpretación errónea de las normas que regulan la materia y que, por lo
mismo, si continúa la inconformidad, la accionante puede acudir a las acciones
establecidas en el ordenamiento jurídico ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Segunda instancia: Sala
Tercera de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín[26]
10.       Debidamente impugnada la
decisión de primera instancia por parte del extremo accionante, el
Tribunal Superior de Medellín mediante sentencia del siete (07) de julio de dos
mil diecisiete (2017) decidió confirmar la sentencia proveída por el a quo.
En ese sentido indicó que,
de lo expuesto en el proceso de tutela se tiene que, ni siquiera existe prueba al
menos sumaria que permita inferir que el hecho victimizante tiene conexidad con
el conflicto armado interno, motivo por el cual no se advierte alguna
irregularidad en la forma como la UARIV analizó el caso de la señora María
Fabiola Velásquez Giraldo, pues se realizó un estudio del contexto en la
comisión del delito.
E.   ACTUACIONES ADELANTADAS
ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS APORTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Solicitudes
de insistencias presentadas ante la Sala de Selección
11.
Respecto
del expediente T- 6.390.267, se tiene que para efectos de su selección, la
Defensoría del Pueblo interpuso escrito de insistencia el día catorce (14) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), por medio del cual solicitó la
selección del caso para revisión de la Corte. Sobre el tema, manifestó que de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para este tipo de casos, la carga
probatoria se invierte, ya que la declaración que rinde una persona para ser
incluida en el RUV goza de presunción de buena fe. En ese sentido, advirtió que
la UARIV no realizó una valoración adecuada respecto de las pruebas aportadas
por el señor William Javier Durán Mejía.
En igual sentido, los
Magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de
sus facultades,  insistieron respecto de la selección del expediente T-6.397.605.
En sus escritos, ambos advirtieron que, tratándose de los derechos de las
víctimas del conflicto armado, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que respecto de la declaración para la inclusión en el RUV, debe existir
presunción de buena fe, con la intención de no revictimizar a esta población
vulnerable.
Auto de
pruebas del treinta y uno (31) de enero dos mil dieciocho (2018)
12.
El día
treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), el Magistrado
sustanciador, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
con el ánimo de obtener los elementos de juicio necesarios para adoptar una
mejor decisión, decidió mediante auto decretar la práctica de pruebas[27].
Para ello, ofició al (i) el
señor Wilmer Javier Durán Mejía, (ii) el señor Omar José Mayorga, (iii) la
señora María Fabiola Velásquez Giraldo, (iv) la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y, por último, (iv) a la Fiscalía General de
la Nación que ampliaran la información que suministraron dentro de las acciones
de tutela de la referencia o, en su defecto, aportarán elementos de juicio
nuevos al debate.
Particularmente,
a los accionantes se les preguntó acerca de la conformación de su núcleo
familiar, ingresos y gastos, propiedades y, por último, se indagó acerca de si
habían iniciado otro proceso judicial por los hechos que motivaron la
presentación de las acciones de tutela que hoy se encuentran bajo revisión[28].
De igual
forma, se ofició a la UARIV para que informará a la Sala acerca del trámite que
deben adelantar las personas para lograr el reconocimiento de su calidad como
víctima y, por lo tanto, su inscripción en el RUV, los requisitos que la ley establece
y las pruebas que esa entidad tiene como válidas para efectos del registro, así
como la forma de su valoración[29].
Por último,
también se requirió a la Fiscalía General de la Nación para que indicará cuál
es el estado actual de las denuncias interpuestas por los accionantes[30].
Como
respuesta de lo anterior, el día seis (06) de marzo de dos mil dieciocho (2018),
la Secretaría General de la Corte Constitucional puso en conocimiento del
Magistrado sustanciador que, durante el término establecido, se recibieron
oficios suscritos por: (i) el señor Wilmer Javier Duran Mejía, (iii) el señor
Omar José Mayorga, (iii) María Fabiola Velásquez Giraldo y, por último, (iv) 3
escritos presentados por parte de diferentes dependencias adscritas a la
Fiscalía General de la Nación.
Wilmer Javier
Durán Mejía[31]
El apoderado presentó
escrito ante la Secretaría General de esta corporación, en el que respondió las
preguntas planteadas de la siguiente forma:
En primer
lugar, el señor Duran Mejía informó que es soltero, no tiene hijos y que vive
solo, razón por la cual no tiene ninguna persona a su cargo y los ingresos que
percibe, gracias a la caridad de sus hermanos, los dedica única y
exclusivamente para cubrir los gastos por $700.000 que se derivan de
alimentación, servicios públicos, transporte, medicamentos y útiles de aseo.
Igualmente,
indicó que, en atención a que tiene un porcentaje de pérdida de capacidad
laboral superior al 50%, debido a esquizofrenia paranoide que padece, no puede trabajar[32],
pues en ningún lugar le ofrecen un empleo estable con el cual pueda suplir sus
gastos mensuales.
Afirmó que,
en el año 2016 le fue asignada una vivienda de interés social en la ciudad de
Bucaramanga por un valor aproximado de $14.800.000, la cual destina única y
exclusivamente para su residencia, puesto que por un lapso de 10 años, no la
puede vender o arrendar.
Por último,
manifestó que no ha iniciado proceso judicial diferente al trámite de la acción
de tutela que actualmente se encuentra bajo revisión de la Corte
Constitucional.
Omar José
Mayorga[33]
En su
escrito, el señor Omar José Mayorga puso de presente que su núcleo familiar se
encuentra integrado por su compañera permanente (que depende económicamente de
él), su hijo y un nieto.
De igual
forma, puso en conocimiento de la Sala que, debido a su avanzada edad, no tiene
un trabajo fijo que le proporcione ingresos para el sostenimiento de su
familia. Sin embargo, informó que hace poco comenzó a llegarle un subsidio del
programa Colombia Mayor por valor de $150.000 mensuales, dinero que dedica para
alimentación. Debido a lo anterior, los gastos que ascienden a $900.000
mensuales (alimentación y arriendo) son cubiertos en buena medida por su hijo.
Por último,
informó que no ha iniciado un proceso judicial diferente por los hechos de la
presente acción de tutela.
María Fabiola
Velásquez Giraldo[34]
La señora
María Fabiola Velásquez Giraldo, mediante escrito remitido a esta corporación
respondió las preguntas planteadas por el Magistrado sustanciador en los
siguientes términos:
Respecto de su
núcleo familiar, indicó que en la actualidad, sólo lo conforman ella y su
esposo, quienes por su avanzada edad y complicaciones de salud no cuentan con
un empleo formal y, debido a ello, la atención en salud es prestada por Savia
Salud, EPS del régimen subsidiado.
En ese
sentido, refirió que su esposo tiene 69 años y presenta un diagnóstico de
trombosis venosa profunda crónica[35] y, que ella cuenta con
68 años y padece de artrosis, hipertensión, obesidad e insuficiencia venosa[36].
Igualmente,
puso de presente que sus gastos mensuales (arriendo, alimentación y
medicamentos) ascienden a la suma de $700.000 mensuales, suma que cubren
gracias a la colaboración de una de sus hijas y a la venta de comida que hacen
aproximadamente cada 20 días para recoger ingresos que permitan su
sostenimiento.
Por último,
anotó que no cuenta con propiedad alguna y que no ha iniciado otro proceso
judicial por los hechos que comenta en su acción de tutela.
Fiscalía General de la Nación[37]
Mediante
escrito suscrito por la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana
y Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, la entidad dio contestación
al auto de pruebas proferido por el Magistrado sustanciador, en el cual
manifestó que la Dirección Seccional de Magdalena era la entidad encargada de
resolver los cuestionamientos planteados.
Así, mediante
un oficio remitido por el Fiscal 15 Seccional de Aguachica, Cesar, esa
dependencia informó que en el archivo físico y en el sistema SPOA únicamente se
encontró información relativa a una denuncia interpuesta por el señor Wilmer
Javier Durán Mejía por el delito de amenazas que, supuestamente, ocurrieron el
once (11) de octubre de dos mil diez (2010) en San Alberto, Cesar[38].
Respecto de
las denuncias interpuestas por los señores Omar José Mayorga y María Fabiola
Velásquez, la Fiscalía General de la Nación informa que no se encontraron
soportes en la entidad.
Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas
- UARIV[39]
La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación integral a las Víctimas –
UARIV, mediante escrito remitido a esta Corte, procedió a responder las
preguntas planteadas por el Magistrado sustanciador de la siguiente forma:
En primer
lugar, respecto de trámite que deben seguir las personas que quieren ser
inscritas en el RUV, explicó que quién se considere víctima del conflicto
armado debe acercarse, en un primer momento, al Ministerio Público y realizar
la declaración de conformidad con el artículo 2.2.2.3.1. del Decreto 1084 de
2015, lo que permitirá la identificación de la posible víctima, así como la
obtención de otros datos relevantes. Lo anterior, debe ser realizado mediante
un formato único de declaración – FUD que le permite a la entidad tener acceso
a circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre la ocurrencia del hecho
victimizante.
Explicó que,
de manera posterior, la UARIV adelanta el proceso de caracterización de la
persona y el núcleo familiar que haya registrado con la finalidad de
identificar aspectos relacionados con enfoques diferenciales.
Una vez la
UARIV recibe el FUD, la entidad cuenta con 60 días hábiles para realizar todo
el proceso de radicación, digitalización, valoración y notificación del acto
administrativo expedido en el que se resuelva de fondo sobre la solicitud de inclusión
en el RUV, lo que se realiza con fundamento en la información contenida al
momento del registro y aquella que pueda ser recaudada durante el trámite.
En segundo
lugar, la UARIV respondió acerca de cuáles son los requisitos que la ley ha
establecido para que las personas puedan ser inscritas en el RUV. Sobre el
tema, refirió que el proceso de valoración  está sujeto a un análisis de
herramientas jurídicas, de contexto y técnicas con base en la información
suministrada en el FUD.
Para lo
anterior, la entidad tiene en cuenta que para que un hecho esté relacionado con
el conflicto armado interno colombiano debería enmarcarse en dinámicas propias de
grupo armados. Es decir que debe tratarse de una conducta que se enmarque en
una infracción al Derecho Internacional Humanitario  o de violaciones graves a
los Derechos Humanos, tal y como lo establece  el artículo 3 de la Ley 1448 de
2011. Además de lo anterior, es necesario que exista una relación cercana y
suficiente entre el hecho victimizante y el desarrollo del conflicto armado y
sus dinámicas propias, lo que debe ser analizado en cada caso en concreto.
De acuerdo con
lo expuesto por la UARIV, el hecho victimizante también debe corresponder a un
contexto de violencia generalizado.
En tercer
lugar y, acerca de cuáles son las pruebas consideras como válidas y cuál es la
valoración que la entidad hace respecto de éstas, la UARIV manifestó que este
proceso tiene dos grandes bases: La primera, está relacionada con la
información que puede ser recaudada por la propia entidad a través de la Red
Nacional de Información y, la segunda se refiere al análisis que se hace de las
pruebas aportadas por los solicitantes adjuntas al FUD.
Por último,
la UARIV informó que (i) el señor Wilmer Javier Durán Mejía se encuentra
incluido en el RUV por el delito de desplazamiento forzado, pero por el hecho
victimizante de tortura esa entidad decidió no inscribirlo y, (ii) la decisión
respecto de los señores Omar José Mayorga y María Fabiola Velásquez Giraldo fue
no incluirlos en esta herramienta.
Auto de
pruebas y de suspensión del veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018)[40]
13.
Teniendo en cuenta la escasa información
remitida por parte de la UARIV y de la Fiscalía General de la Nación, la Sala
Cuarta de Revisión decidió, mediante auto del veintiuno (21) de marzo dos mil
dieciocho (2018) insistir en las preguntas realizadas a esas entidades[41].
El día
dieciséis (16) de abril dos mil dieciocho (2018), la Secretaría General de la
Corte Constitucional informó que durante el término establecido por la Sala, se
recibieron oficios suscritos por la UARIV y la Fiscalía General de la Nación,
en los que informaron lo siguiente:
Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas
– UARIV
La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas
– UARIV se remitió a informar que a través del oficio del dieciséis (16) de
marzo de dos mil dieciocho (2018) dio contestación a las preguntas planteadas
por el Magistrado sustanciador[42].
Fiscalía General
de la Nación[43]
Mediante
oficios del dieciséis (16) de abril de dos mil dieciocho (2018) y del diez (10)
de mayo de dos mil dieciocho (2018), la Secretaría General de la Corte
Constitucional puso en conocimiento de la Sala que la Fiscalía General de la
Nación se pronunció respecto de las preguntas formuladas indicando que
consultadas sus diferentes bases de datos no existen denuncias interpuestas por
los señores Omar José Mayorga y María Fabiola Velásquez Giraldo por el delito
de homicidio.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
Esta Sala de Revisión de
la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de las
acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso
2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del Auto del veinticuatro
(24) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), expedido por la Sala Once (11)
de Selección de esta corporación, que ordenó la revisión de los siguientes
expedientes acumulados T-6.390.267, T-6.397.605 y T-6..481.633[44].
Mediante Auto
del veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el Magistrado
sustanciador decidió suspender el proceso acumulado de la referencia, hasta
tanto no se recibieran y se estudiaran las pruebas solicitadas.
B.
CUESTIÓN PREVIA: PROCEDIBILIDAD
DE LAS ACCIONES DE TUTELA INTERPUESTAS
De acuerdo a lo establecido en
el Decreto 2591 de 1991, para el ejercicio de la acción de tutela se deben
acreditar unos requisitos que permitan establecer su procedencia para resolver
el problema jurídico puesto en conocimiento del juez constitucional. Así las
cosas, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional procederá a
realizar un análisis sobre (i) la legitimación en la causa por activa y por
pasiva; (ii) la inmediatez y, por último, (iii) la subsidiariedad. En cada uno
de los procesos de tutela.
1.
Legitimación
por activa: El artículo 86 de la Constitución Política[45] establece que toda persona que considere
que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentren amenazados,
podrá interponer acción de directamente o a través de un representante que
actúe en su nombre.
Si bien el titular de los derechos
fundamentales es a quien, en principio, le corresponde interponer el amparo
constitucional, lo cierto es que es posible que un tercero acuda ante el juez
constitucional. En efecto, el artículo 10[46] del Decreto 2591 de 1991[47] establece que la acción de tutela también
puede ser interpuesta por el representante de la persona que ha visto
vulneradas sus prerrogativas, por otra persona que agencie oficiosamente los
derechos del titular ante la imposibilidad de este último de acudir por sí
mismo al amparo o por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
La jurisprudencia constitucional
ha indicado que, para que opere la agencia oficiosa, deben presentar los
siguientes elementos normativos “(i) el agente oficioso debe manifestar que
está actuando como tal; (ii) del escrito de tutela se debe poder inferir que el
titular del derecho está imposibilitado para ejercer la acción de tutela, ya
sea por circunstancia físicas o mentales; (iii) la informalidad de la agencia,
pues esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y los
agenciados; (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso”[48].
Las acciones de tutela
acreditan el requisito de legitimación en la causa por activa
Expediente T-6.390.267
El señor Wilmer Javier Durán Mejía a nombre
propio interpone acción de tutela en contra de la UARIV, ante la decisión de Esta
última de no incluirlo en el RUV, argumentando que el delito de tortura del
cual fue víctima no estuvo relacionado con el conflicto armado colombiano.
Expediente T-6.481.633
El señor Omar José Mayorga también acude a
la acción de tutela en contra de la UARIV de manera personal, ante la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la UARIV, debido a la
decisión administrativa de esta última de no reconocerle su calidad de víctima
del conflicto armado por el homicidio de su hijo.
Expediente T-6.397.605
Mónica María González afirma que actúa como
agente oficioso de su señora madre, María Fabiola Velásquez, quien debido a su
edad y a las patologías que padece (insuficiencia venosa crónica y obesidad)[49] se le dificulta interponer la acción de
tutela de manera directa en contra de la UARIV, por la decisión de esta última
de no incluirla en el RUV, pese a que el homicidio de su hijo es un delito
relacionado con el conflicto armado interno.
Una vez el Magistrado sustanciador remitió
el auto de pruebas del treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018),
la Sala obtuvo contestación remitida por parte de la señora María Fabiola
Velásquez Giraldo[50], por lo que puede considerarse que en este
caso existió ratificación por parte de la accionante.
2.
Legitimación
por pasiva: El artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[51] establece que la acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho
fundamental. También procede contra acciones u
omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III
del Decreto, particularmente, las hipótesis se encuentran plasmadas en el
artículo 42.
Las
acciones de tutela acreditan el requisito de legitimación en la cusa por pasiva
En el caso que nos ocupa,
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las
Víctimas- UARIV, quien actúa como accionado dentro de los procesos de tutela de
la referencia, pertenece a la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden
nacional y, en esa medida, goza de legitimación en la causa por pasiva dentro
del presente proceso de tutela.
3.
Inmediatez: El principio de inmediatez de la acción de tutela
está instituido para asegurar la efectividad del amparo y, particularmente,
garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales que se
encuentren amenazados o se hayan visto vulnerados por la acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la
Constitución y demás normas reglamentarias, así como en la jurisprudencia de
esta Corte. Por lo tanto, el transcurso de un lapso desproporcionado entre los
hechos y la interposición del amparo tornaría a la acción en improcedente,
puesto que desatendería su fin principal.
Las acciones de tutela acreditan el
requisito de inmediatez
Expediente T-6.390.267
En el caso del señor Wilmer Javier Duran
Mejía, se advierte que la UARIV profirió la resolución 201719365 del quince
(15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual decidió el recurso
de apelación interpuesto en contra de la resolución 201370088 del diecinueve
(19) de abril de dos mil trece (2013), por medio de la cual negó el
reconocimiento al accionante como víctima del conflicto armado y la acción de
tutela fue interpuesta el día veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete
(2017)[52].
Lo anterior, pone de presente que el
amparo constitucional interpuesto por el señor Wilmer Javier Duran Mejía
acredita el presupuesto de inmediatez, como quiera que tan sólo transcurrieron
9 días entre la última actuación de la entidad accionada y la presentación de
la acción de tutela ante un juez constitucional.
Expediente T-6.481.633
El día (06) de septiembre dos mil dieciséis (2016), el señor
Omar José Mayorga interpuso petición ante la UARIV solicitando que se
resolvieran los recursos interpuestos en contra de la resolución 2014-564270, a
través de la cual esa entidad negó su inclusión en el RUV. En ese sentido,
también observa la Sala que el amparo constitucional fue presentado el día
veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017)[53].
En otras palabras, entre un momento y
otro tan sólo transcurrieron 9 meses y 15 días, lapso que es proporcionado de
acuerdo con el precedente constitucional para la interposición de la acción de
tutela.
Expediente T-6.397.605
El día veinte (20) de octubre de dos mil
dieciséis (2016), la UARIV profirió la resolución 28113 mediante la cual
confirmó la decisión de no reconocer la calidad de víctima del conflicto armado
a la señora María Velásquez Giraldo por el homicidio de su hijo en la ciudad de
Medellín y la acción de tutela que, actualmente se encuentra bajo revisión de
la Corte Constitucional, fue interpuesta el día dos (02) de mayo de dos mil
diecisiete (2017)[54]. Es decir que, entre la fecha de la última actuación
administrativa y la de la presentación del amparo constitucional tan sólo
transcurrieron 6 meses y 12 días, término que se considera oportuno.
4.
Subsidiariedad: En virtud de lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia
constitucional adoptada en la materia[55] y
los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter
residual y subsidiario, razón por la cual sólo procede excepcionalmente como
mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el presunto afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando existiendo, ese medio
carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e
integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto;
así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho
fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, la protección
se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez
ordinario[56].
Procedencia
excepcional de la acción de tutela en contra de los actos administrativos que
niegan la inscripción en el Registro Único de Víctimas – RUV – Reiteración de
jurisprudencia
La resolución
respecto de la solicitud de inclusión en el RUV y el consecuencial
reconocimiento de la condición de víctima del conflicto armado se hace por
intermedio de un acto administrativo de carácter particular que, de conformidad
con la ley, podría ser controlado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en atención a
las especiales circunstancias de vulnerabilidad que tiene esta población, la
valoración acerca de la eficacia y la idoneidad del medio judicial alterno debe
realizarse con toda rigurosidad, pero con cierta flexibilidad.
En efecto, la
Sala Octava de Revisión de esta corporación, mediante la sentencia T-290 de
2016[57] resolvió una acción de tutela presentada
por una persona a quien la UARIV le había negado su inclusión en el RUV
argumentando que el delito del cual fue víctima no estaba relacionado con el
conflicto armado colombiano. En esa oportunidad, esta corporación estableció
que si bien, el amparo constitucional no puede reemplazar los medios judiciales
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cierto es que de forma reiterada
se ha señalado que tratándose de la especial situación de vulnerabilidad que,
normalmente, acompaña a las víctimas, la acción de tutela se torna en el
mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de todos sus
derechos, máxime, cuando ello depende de la decisión administrativa de
inclusión en el RUV[58].
En ese orden de
ideas, se puede concluir que para determinar la eficacia y la idoneidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el CPACA, así
como de las respectivas medidas cautelares previstas en el mismo, es necesario
valorar si son eficaces en relación con las condiciones de vulnerabilidad de
las víctimas del conflicto. En ese sentido, la regla jurisprudencial reseñada
en el párrafo inmediatamente anterior, obliga a considerar que, para estos
casos, ese medio de defensa ordinario es ineficaz, como quiera que si bien
tiene la entidad suficiente para resolver el problema jurídico planteado, lo
cierto es que el término de su resolución es desproporcionado atendiendo a las
condiciones desfavorables que, normalmente, enfrenta la población víctima del
conflicto en Colombia.
Por lo
anterior, tratándose de personas que interponen acción de tutela en contra de
un acto administrativo proferido por la UARIV, mediante el cual se decidió no
acceder a su registro en el RUV, siendo este el requisito necesario para
habilitar los derechos de las víctimas del conflicto armado, la acción de
tutela es el medio de defensa eficaz e idóneo para resolver ese problema
jurídico.
Los expedientes
que se encuentran bajo revisión acreditan el requisito de subsidiariedad, en
tanto que los tres casos tienen en común que (i) se trata de personas que
aseguran ser víctimas del conflicto armado, a quienes la UARIV les negó la
inscripción el RUV, manifestando que no se encuentra acreditado que los delitos
de los cuales fueron víctimas se encuentren relacionados con ese hecho, (ii)
los accionantes hicieron uso de los recursos administrativos que tenían a su
alcance y, (iii) son personas en condiciones de vulnerabilidad adicionales a su
presunta condición de víctimas del conflicto.
Las acciones
de tutela interpuestas acreditan el requisito de subsidiariedad
Expediente
T-6.390.267
En el caso del
señor Wilmer Javier Duran Mejía, éste manifiesta que es víctima del conflicto
armado por hecho ocurridos el dieciocho (18) de abril de dos mil dos (2002) y
que rindió declaración ante la entidad accionada en diez (10) de octubre de dos
mil ocho (2008).
En ese sentido,
la Sala advierte que ante la decisión de no inscribirlo en el RUV, el
accionante interpuso recursos de reposición y, en subsidio de apelación, los
cuales fueron resueltos por parte de la UARIV mediante las resoluciones 201370088 del diecinueve
(19) de abril de dos mil trece (2013) y 201719365 del quince (15) de mayo de
dos mil diecisiete (2017) de manera desfavorable.
Igualmente, de
las pruebas recaudadas en sede de revisión, se pudo establecer que el señor
Durán Mejía (i) es una persona calificada con un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral superior al 50% por cuenta de, entre otras, una esquizofrenia
paranoide que padece, (ii) no cuenta con empleo, motivo por el cual cubre sus
gastos gracias a la ayuda de sus hermanos, (iii) tiene una vivienda de interés
social que le fue asignada en el año 2016 y, (iv) no ha acudido a otro proceso
judicial para poner de presente las pretensiones de esta tutela.
Expediente
T-6.481.633
El señor Omar
José Mayorga refiere que es víctima del conflicto armado por el delito del
homicidio de su hijo, ocurrido en la vereda Altosano, corregimiento La Gaitana,
en el municipio de Planadas, Tolima el veinticinco (25) de agosto de mil
novecientos noventa y dos (1992) y que rindió declaración ante la UARIV el día
veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014).
En respuesta,
la UARIV el día trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014), mediante
resolución 2014-564270 decidió no incluir al señor Omar José Mayorga y a su
grupo familiar en el RUV, motivo por el cual se interpusieron los recursos
administrativos de reposición y apelación el día once (11) de junio de dos mil
quince (2015).
Por último,
esta Sala de Revisión pudo conocer que el accionante (i) en la actualidad tiene
79 años, (ii) recibe un subsidio de Colombia Mayor cada dos meses, monto con el
cual cubre sus gastos y los de su compañera, (iii) no es propietario de ningún
bien inmueble y (iv) no ha iniciado proceso judicial diferente a la acción de
tutela que se encuentra bajo revisión en contra de la UARIV.
Expediente
T-6.397.605
La señora María
Fabiola Velásquez Giraldo argumenta que es víctima del conflicto armado por el
homicidio de su hijo, el cual ocurrió en la ciudad de Medellín el día
veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y que
rindió declaración solicitando si inclusión en el RUV el día dieciocho (18) de
noviembre de dos mil ocho (2008).
Mediante acta
extraordinaria Nº 002 del doce (12) de febrero de dos mil diez (2010) la UARIV
no reconoció a la accionante la calidad de víctima, pues no se pudo verificar
que el hecho victimizante estuviera relacionado con el conflicto armado. Por lo
anterior, la accionante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
de manera desfavorable el día veintiocho (28) de octubre de dos mil quince
(2015) a través de la resolución 2015-252029R.
Inconforme con lo anterior, la señora
Velásquez Giraldo solicitó la reconsideración ante la UARIV mediante escrito del
seis (06) de abril de dos mil quince (2015), el cual fue decidido por parte de
la entidad mediante resolución 2015-252029H del veintiocho (28) de octubre de
dos mil quince (2015) inhibiéndose para pronunciarse de fondo. Debido a ello,
el día doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), la accionante interpuso
recurso de apelación en contra de ese acto administrativo, el cual fue resuelto
el día veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016) por medio de la
resolución 28113 mediante la cual se confirmó la decisión de no reconocer la
calidad de víctima a la señora María Velásquez Giraldo por el homicidio de su
hijo en la ciudad de Medellín.
Por último, esta Sala pudo verificar que
la accionante (i) tiene 68 años, (ii) padece de insuficiencia venosa crónica y
obesidad, (iii) no tiene un ingreso fijo y, por ello, sobrevive gracias a una
venta de comida que realiza cada 20 días y a la ayuda de una de sus hijas, (iv)
no es propietaria de algún bien inmueble  y (v) no ha iniciado otro proceso
judicial por los hechos que motivaron la presentación de esta acción de tutela.
5.  Conclusión: En suma, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional considera que en los tres casos se acreditan los requisitos de
legitimación en la causa por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad. Por
lo anterior, las acciones de tutela interpuestas por los señores Wilmer Javier
Duran Mejía, Omar José Mayorga  y María Fabiola Velásquez Giraldo son
procedentes de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución, el
Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.
C.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
5. En esta
oportunidad corresponde a la Sala responder el siguiente problema jurídico: ¿Vulneró
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas –  los derechos fundamentales a la inclusión en el Registro Único de
Víctimas – RUV y al debido proceso administrativo de los señores Wilmer Javier
Duran Mejía, Omar José Mayorga y María Fabiola Velásquez Giraldo al negarse a
inscribirlos en esa herramienta técnica, argumentando que los delitos de los
cuales fueron víctimas no se encuentran relacionado con el conflicto armado,
sin acreditar los requisitos establecidos en la Ley 1448 de 2011, sus decretos
reglamentarios y la jurisprudencia constitucional?
Con el fin de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala se referirá a: (i) el concepto de víctima
contemplado en la Ley 1448 de 2011; (ii) las principales reglas en materia del
derecho de inclusión en el Registro Único de Víctimas y, por último,  (iii) se resolverá
el problema jurídico planteado.
D.
EL CONCEPTO DE VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1448 DE 2011 – REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
6.
Mediante el artículo 3
de la Ley 1448 de 2011[59], se
estableció el concepto de víctima del conflicto armado colombiano. En efecto,
la norma refiere que “Se consideran víctimas, para los efectos de
esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
En igual sentido, el parágrafo 3[60] del
mismo artículo consigna que quienes hayan sido víctimas de delincuencia común
no podrán ser considerados como víctimas para efectos de esa norma.
7.
La Corte Constitucional se pronunció respecto de la constitucionalidad
del parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 en la sentencia C-253A de
2012[61], en la
que consideró que los conceptos “víctima” y “delincuencia común”
eran opuestos entre sí y, por ello, estableció unas condiciones que permitían identificar
a las primeras. Así, en esa providencia, se señaló que era un hecho
victimizante, para efectos de la Ley 1448 de 2011, toda conducta (i) ocurrida
con posterioridad al primero (01) de enero de mil novecientos ochenta y cinco
(1985) – límite temporal, (ii) que sea consecuencia de una grave violación a
los derechos humanos o a las normas del derecho internacional humanitario –
naturaleza de las conductas y, (iii) que se haya originado con ocasión del
conflicto armado – límite contextual[62].
8. De otro
lado, tratándose del mencionado concepto de “delincuencia común”, en la
citada sentencia se dijo que éste debe entenderse como “aquellas conductas que no se inscriban
dentro de los anteriores elementos definitorios y, particularmente, que no se
desenvuelvan dentro del conflicto armado interno”. En ese sentido, es imperativo fijar criterios
objetivos que permitan analizar cuándo una conducta es consecuencia o está
relacionada con el conflicto armado interno[63].
9. Frente a esto, en la misma sentencia se
indicó que hay hipótesis (i) en las cuales existen elementos objetivos que
permiten tener algún grado de certeza respecto de la relación del hecho
victimizante con el conflicto armado interno, (ii) en las que también existen
elementos importantes para considerar que se trata de conductas de delincuencia
común y, (iii) las denominadas “zonas grises”, en las que no es tan fácil
establecer la causalidad de los hechos[64].
10. Respecto, de la tercera hipótesis, la
Corte fue clara en manifestar que ello no faculta al funcionario administrativo
o al juez para excluir a priori la relación de causalidad con el
conflicto armado basado en una valoración únicamente formal, sino que por el
contrario, debe aplicarse una interpretación en favor de la víctima con la
finalidad de garantizar los fines establecidos en la misma Ley 1448 de 2011.
Sin embargo, en esa oportunidad, la Sala Plena también fue enfática en
reconocer que, la valoración de esas hipótesis indeterminadas, debe realizarse
en cada caso en concreto, puesto que no puede dejarse de lado el hecho que el
mismo legislador, en su margen de configuración legislativa, estableció una
excepción válida de aplicación (delincuencia común)[65].
11.       De manera
posterior, esta Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre el
concepto de víctima en la sentencia C-781 de 2012[66], providencia en la que apela a una noción
en sentido amplio[67] y, en
ese orden de ideas, se contrapone a una interpretación estrecha del mismo, entendiendo
que la condición de víctima debe considerar todos los contextos que se
desprenden de la confrontación armada. En efecto, en esa oportunidad la Sala
Plena de esta corporación consideró que la Ley 1448 de 2011 únicamente limitó
el concepto respecto de unas condiciones temporales que están relacionadas con
la naturaleza de las conductas y al contexto, razón por la cual ese concepto
amplio de víctima obliga a considerar cada caso en particular para determinar
si las graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional
humanitario tiene un vínculo próximo con el conflicto armado interno como nexo
de causalidad[68] .
12.       Igualmente, en la citada sentencia se
advirtió de los problemas que se generan en la práctica la distinción entre los
hechos victimizante que guardan relación con el conflicto armado colombiano y
aquellos que son consecuencia de la delincuencia común, en la medida en que,
normalmente obligan a que se realice una valoración y ponderación de los
elementos y el contexto de cada caso en concreto.
13.       En suma, para realizar la valoración de la
condición de víctima debe acudirse a diferentes criterios puesto que, en
principio, la Ley 1448 de 2011 sólo se aplica a aquellas conductas que guarden
relación con el conflicto armado colombiano y que hayan ocurrido desde el
primero (01) de enero de mil novecientos ochenta y cinco (1985). Para ello, es
importante recordar que el análisis debe partir del supuesto según el cual el
término “conflicto armado interno” es amplio y, por lo tanto, deben estudiarse
todos aquellos hechos que se desprendan de un contexto de confrontación armada.
14.
Pese a ello, puede
ocurrir que, existan algunos casos en los cuales se torna difícil la definición
de ese nexo de causalidad, como quiera que no existen elementos objetivos que
permitan establecer si el hecho victimizante guarda o no relación con el
conflicto armado. En estos casos, la jurisprudencia[69]
ha optado por considerar que la interpretación de las autoridades debe ser, en
principio, favorable con la víctima, sin desconocer que, esa valoración debe
realizarse en cada caso en concreto y sin olvidar que la Ley 1448 de 2011
plantea una hipótesis de exclusión de algunas conductas que son consideradas
delincuencia común y las cuales no se les aplican las herramientas establecidas
en esa norma, sino aquellas que se desprendan de la justicia ordinaria.
E.
EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A LA
INCLUSIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS – REITERACIÓN
15.
De acuerdo con los artículos 154 de la Ley 1448 de 2011[70] y 17 del Decreto 4800 de 2011[71], la UARIV es la entidad responsable del
Registro Único de Víctimas y la jurisprudencia constitucional ha indicado que
la inscripción de las víctimas del conflicto armado es un derecho, pero además
es un requisito que habilita las demás medidas de protección y de garantías
establecidas en la Ley 1448 de 2011[72].
16.
En ese sentido, esta corporación ha sostenido que el RUV es
un instrumento técnico[73] de
carácter declarativo[74] que
tiene como finalidad la identificación de las personas que han sido víctimas
del conflicto armado, con la intención de garantizar el acceso de éstas a todos
los mecanismos de protección y de restablecimiento de sus derechos[75]. Se trata entonces de una herramienta de
suma importancia en el sistema de atención a las víctimas, pues habilita el
goce de ciertas prerrogativas a esta población del país[76].
17.
En efecto,  esta Corte ha
resaltado que la inscripción en el RUV es un derecho fundamental de las
víctimas, en tanto que garantiza, entre otros beneficios: “(i) la
posibilidad de afiliación al Régimen Subsidiado de salud por el solo hecho de
la inclusión en el RUV, en caso de carecer de capacidad de pago suficiente para
acceder al Régimen Contributivo[77];
(ii) determina el momento en el cual se adquiere el derecho a recibir la ayuda
humanitaria de emergencia o de transición (según el caso) y cesa, por lo tanto,
la asistencia humanitaria inmediata[78].
Una vez superadas
dichas carencias, permite la priorización para el acceso a las medidas de
reparación y particularmente a la medida de indemnización, así como a la oferta
estatal aplicable para avanzar en la superación de la situación de
vulnerabilidad; (iii) implica el
envío de la información relativa a los hechos delictivos que fueron narrados
como victimizantes para que la Fiscalía General de la Nación adelante las
investigaciones necesarias[79];
(iv) permite el acceso a los programas de empleo contemplados para la población
desplazada[80];
y (v) en general, posibilita
el acceso a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 de
2011, las cuales dependerán de la vulneración de derechos y de las
características del hecho victimizante, siempre y cuando la solicitud se
presente dentro de los cuatro años siguientes a la expedición de la norma[81]”[82].
18.
Es importante, resaltar que, de conformidad con el Decreto
4800 de 2011, “la condición de víctima es una situación fáctica que no está
supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en el Registro.
Por lo tanto, el registro no confiere la calidad de víctima (…)[83]”. En ese sentido, el artículo 19 de esa
norma, consigna los principios que deberán regir la inscripción de las víctimas
en el RUV y menciona, entre otros, que para ello los funcionarios
administrativos deberán observar la buena fe, la confianza legítima, la favorabilidad
y la prevalencia del derecho sustancial[84],
norma que coincide con la jurisprudencia constitucional, pues este Tribunal ha
advertido que el procedimiento de registro que adelanta la UARIV debe surtirse
de conformidad con unos criterios orientadores que aseguren la garantía
efectiva de este derecho a todas las víctimas[85].
19.
En lo que tiene que ver con el procedimiento que se adelanta
al interior de la UARIV, el mismo se encuentra regulado en los artículos 156 de
la Ley 1448 de 2011 y 27 a 42 del citado Decreto 4800 de 2011. En efecto, de la
lectura simple de las normas es posible establecer que para efectos de la
inscripción en el RUV, las personas que se consideren víctimas del conflicto
armado deben realizar la declaración ante el Ministerio Público[86] y que, una vez realizado esto, la UARIV
tiene sesenta (60) días hábiles para resolver acerca de si incluye o excluye a
la persona y  a su núcleo familiar del registro que, como ya se dijo en
párrafos atrás, garantiza el acceso a las medidas de asistencia, atención y
reparación que brinda el Estado[87].
20.
El registro tiene unas condiciones, como quiera que para
poder ser inscrito en el RUV, es necesario que la persona haya rendido su
declaración en el formato único de declaración – FUD en el que mínimo deberá
consignar información personal y de contacto, así como las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron los hechos[88]. Respecto del término, quienes se
consideren víctimas (i) con anterioridad a la vigencia de la Ley 1448 de 2011,
tuvieron que haber presentado la declaración dentro de los 4 años que siguieron
a la expedición de esa norma y (ii) con posterioridad a la entrada en rigor de
dicha norma, cuentan con 2 años contados a partir del hecho victimizante para
manifestarse ante el Ministerio Público[89].
21.
El Decreto 4800 de 2011 fue recogido en el Decreto de
compilación 1084 de 2015[90] y en el
artículo 2.2.2.3.11. de esta última norma se establecieron los criterios de
valoración respecto de la declaración de las víctimas[91]. En ese sentido, el legislador indicó que
para ello, la UARIV deberá realizar una evaluación de los elementos técnicos,
jurídicos y de contexto y que, para ello, podrá acudir a los sistemas de
información y bases de datos que conforman la Red Nacional de Información.
22.
Así, la decisión respecto de la inscripción o no de una
persona en el RUV, deberá constar mediante acto administrativo debidamente
motivado e indicará cuáles son los recursos que proceden en su contra y ante
qué autoridades[92]. Lo
anterior, es una garantía del debido proceso, pues permite que las víctimas
accedan a la justicia a controvertir los argumentos consignados en el acto,
además de avalar el ejercicio del derecho a la defensa[93]. Ahora bien, la UARIV únicamente podrá
negarse a la inscripción cuando (i) los hechos victimizantes no tengan relación
con el conflicto armado, (ii) no correspondan a la realidad y (iii) la
declaración haya sido realizada por fuera del término que establece la Ley 1448
de 2011[94].
23.
La jurisprudencia constitucional también ha definido que el
proceso de inscripción de las víctimas en el RUV deberá sujetarse a las reglas
del derecho internacional sobre
la materia, el principio de favorabilidad, el principio de buena fe, el derecho a la confianza legítima y el
principio de prevalencia del derecho sustancial[95].
24.
Igualmente y, con relación a las reglas que
orientan el procedimiento de inscripción, esta Corte ha coincidido en
considerar que[96]: “(i) la falta de inscripción en el RUV de una persona que cumple
con los requisitos para su inclusión implica, per se, la vulneración de
todas las garantías que se derivan; (ii) los funcionarios
encargados del registro deben suministrar información pronta, completa y
oportuna sobre los derechos involucrados y el trámite que debe surtirse para
exigirlos; (iii) para la inscripción en el RUV únicamente pueden solicitarse
los requisitos expresamente previstos por la ley; (iv) las declaraciones y
pruebas aportadas deben tenerse como ciertas en razón del principio de buena
fe, salvo que se pruebe lo contrario; y (v) la evaluación debe tener en cuenta
las condiciones de violencia propias de cada caso y aplicar el principio de
favorabilidad[97],
con arreglo al deber de interpretación pro homine” [98].
25.
Ahora bien, respecto de
la inscripción en el RUV, esta Corte ha dictado recientes sentencias en las que
ha aclarado de mejor forma las reglas antes consignadas. Debido a la relevancia
de éstas, esta Sala de Revisión procederá a referiste de manera suscita a los
casos que ha resuelto.
26.
La Sala Quinta de
Revisión profirió la sentencia T-163 de 2017, mediante la cual tuteló los
derechos fundamentales de una señora que padeció el homicidio de su esposo,
amenazas y desplazamiento. En esa oportunidad, esta Corte indició que a la
UARIV le corresponde verificar que el o los hechos victimizantes tengan una
conexidad próxima y suficiente con el conflicto armado, por lo que resultaría
inadmisible que la entidad rechace la declaración con el único argumento de que
el delito fue perpetrado por los grupos denominados bandas criminales.
27.
De manera posterior, la
Sala Séptima de Revisión expidió la sentencia T-301 de 2017, en la que estudió
nuevamente un caso relacionado con la negativa de la UARIV a registrar en el
RUV a una persona y a su núcleo familiar a quien le habían reclutado
forzosamente y asesinado a un hijo. Debido a ello, se decidió acceder al amparo
del derecho al registro argumentando que, en esa oportunidad, la UARIV no
acudió a las diferentes bases de datos para demostrar que no se trataba de un
hecho relacionado con el conflicto y que, por ello, el acto administrativo no
había sido expedido de conformidad con las reglas establecidas en la Ley 1448
de 2011 y  la jurisprudencia.
28.
La Sala Quinta tuvo la
oportunidad de referirse nuevamente al tema en la sentencia T-478 de 2017,
proceso en el que analizó la pretensión de una víctima que manifestaba que su
hijo había sido asesinado en Medellín por grupos armados al margen de la ley.
En esa providencia se decidió no acceder al amparo de los derechos
fundamentales invocados, en la medida en que, pese a que la UARIV analizó la
situación de conformidad con los criterios técnico, jurídico y de contexto, no
existía prueba siquiera sumaria que permitiera inferir que el hecho
victimizante estaba relacionado con el conflicto armado. Sin embargo, se invitó
al Ministerio Público para que acompañará a la accionante en la posibilidad de
aportar nueva información.
29.
Por último, la Sala
Sexta de Revisión, mediante la sentencia T-584 de 2017 también estudió un tema
similar. En efecto, la accionante de ese proceso manifestó que las autodefensas
habían asesinado a su esposo en el año 2007 y que, pese a ello, la UARIV negó
su inscripción en el RUV, argumentando que no existían pruebas que permitieran
inferir que el hecho estuviera relacionado con el conflicto armado. En la
providencia, se accedió al amparo de los derechos fundamentales argumentando
que la UARIV no acudió a todas las fuentes de información, en la medida en que
ya existía condena penal por el delito declarando culpable a un miembro del
citado grupo al margen de la ley, por lo que, sólo con ese elemento ya se podía
concluir que se trataba de un hecho victimizante relacionado con el conflicto
armado.
30.
En conclusión, la
inclusión en el RUV es un derecho fundamental de las víctimas del conflicto
armado. Para ello, la UARIV debe adelantar un procedimiento en que valore la
declaración realizada y los elementos de prueba aportados con ésta de
conformidad con los criterios técnicos, jurídicos y de contexto a que haya
lugar. En el desarrollo de esto, la entidad está obligada a acudir a todos los
medios de información y bases de datos que hacen parte de la Red Nacional de
Información, como quiera que la carga de la prueba se invierte y, en ese
sentido, corresponde al Estado demostrar que la persona no tiene la calidad de
víctima para efectos de la Ley 1448 de 2011.
31.
Por lo anterior, la
UARIV está obligada a respetar ciertos principios que, además orientan todo el
procedimiento de inclusión en el RUV. En efecto, la entidad debe evaluar toda
la información acudiendo a la favorabilidad, buena fe, trato digno, confianza legítima
y prevalencia del derecho sustancial, siempre atendiendo a las particularidades
de cada caso en concreto.
32.
Además, el resultado de
todo el procedimiento administrativo corresponderá a la decisión respecto del
registro o no en el RUV y deberá constar en un acto administrativo que se
encuentre debidamente fundamentado y en el que se indiquen los criterios
técnicos, jurídicos y contextuales a los que se acudió para valorar la
información puesta en su conocimiento.
F.
SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS
JURÍDICOS
1.  Expediente T- 6.390.267: La UARIV vulneró el derecho
fundamental al registro en el RUV del señor Wilmer Javier Durán Mejía
33.
En este caso, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional advierte que la última actuación
administrativa de la UARIV consta en la resolución 201719365 del quince (15) de
mayo de dos mil diecisiete (2017),  mediante la cual  decidió el recurso de
apelación interpuesto en contra de la resolución 2013-70088 del diecinueve (19)
de abril de dos mil trece (2013), en la que no se incluyó al accionante en el
RUV, en atención a que no se tiene prueba siquiera sumaria de la relación del
delito de tortura, del cual fue víctima, con el conflicto armado interno[99].
34.
En efecto, en el citado acto
administrativo, la entidad accionada hizo referencia a los criterios jurídico,
técnico y de contexto establecidos en las normas atrás reseñadas, arribando a
la conclusión de que no existen condiciones para considerar que el delito del
cual afirma ser víctima el señor Wilmer Javier Durán Mejía tenga una relación
cercana y suficiente con el conflicto armado interno.
35.
Sobre el accionante, la UARIV
informó en la contestación al auto de pruebas proferido en sede de revisión que
éste cuenta con dos declaraciones: La primera rendida el quince (15) de octubre
de dos mil ocho (2008)  por el hecho victimizante de tortura (actualmente en
discusión) y otra por desplazamiento forzado, situación ocurrida el quince (15)
de noviembre de dos mil seis (2006) y por la cual sí se encuentra incluido en
el RUV. Sin embargo y, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 28 de
Decreto 4800 de 2011, “las
víctimas de desplazamiento que hayan sido incluidas en el Registro Único de
Población Desplazada, no deberán presentar la solicitud de que trata el
presente artículo, salvo que quieran declarar su victimización frente a
otras de las violaciones previstas en el artículo 3o de la Ley 1448 de 2011 o hayan
sufrido un nuevo hecho victimizante con posterioridad a su inclusión en el
mencionado Registro”.
(subrayas fuera del texto)
36.
Ahora bien, de las reglas
jurisprudenciales referidas en los capítulos teóricos de esta sentencia, es
posible extraer que víctima, para efectos de la Ley 1448 de 2011, es aquella
persona que padeció la materialización de delitos con una causalidad derivada
del conflicto armado interno y que fueron perpetrados a partir del primero (01)
de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1985). En ese sentido, se tiene
que esta Corte ha admitido que el concepto de conflicto armado interno es
abierto y que, por ello, no puede al momento de realizar el análisis descartar
esa condición con argumentos meramente formales.
37.
Igualmente, las condiciones
establecidas en la ley y en la jurisprudencia para adelantar el procedimiento
de valoración de la declaración realizada por una persona y su consecuente
inscripción en el RUV, deben responder a los principios de buena fe,
favorabilidad, prevalencia del derecho sustancial y trato digno. Es por ello que
esta Corte ha considerado que, cuando la UARIV decide sobre la no inclusión en
el RUV de una persona debe acudir a los criterios técnico, jurídico y de
contexto y, en atención a la inversión de la carga de la prueba, debe demostrar
de manera efectiva que no existen elementos para considerar que el delito o los
delitos guardan una causalidad con el conflicto armado interno.
38.
Así, del análisis de la resolución
201719365 del quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017), se tiene que la
UARIV vulneró los derechos a la inclusión en el RUV y al debido proceso del
señor Wilmer Javier Duran Mejía, como quiera que omitió, en el procedimiento
administrativo, valorar toda la información relevante para efectos de decidir
de manera integral respecto de la declaración del accionante.
39.
En efecto, con el escrito de
tutela el señor Durán Mejía adjuntó copia de la contestación entregada por la
Fiscalía General de la Nación a una petición interpuesta previamente[100],
en la que esa entidad le informaba que en una diligencia de versión libre
rendida por tres ex integrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las
AUC se habían referido respecto del delito de tortura del cual afirma ser
víctima. Precisamente, la Fiscalía General de la Nación refiere que los
investigados manifestaron no tener conocimiento de lo ocurrido, pero dieron
luces respecto de quién era el jefe paramilitar de la zona, la forma como
vestían y las características de su actuar.
40.
En ese sentido, se advierte que si
la UARIV hubiese adelantado el procedimiento administrativo de conformidad con
las reglas establecidas en la Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios y
la jurisprudencia constitucional hubiese podido acceder a la información que
hoy pone de presente el accionante. Es decir que, la entidad accionada no sólo
vulneró el derecho fundamental a la inclusión en el RUV, sino que incurrió en
una violación al debido proceso administrativo, como quiera que lo anterior
demuestra que los actos administrativos por medio de los cuales se decidió respecto
de la inscripción en esta herramienta técnica no se encontraban debidamente
motivados.
41.
Debido a lo anterior, esta Sala
revocará la decisión de única instancia proferida por el Juzgado Primero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga en la que
decidió declarar improcedente la acción de tutela interpuesta y, como
resultado, tutelará los derechos fundamentales a la inclusión en el RUV y al
debido proceso del señor Wilmer Javier Durán Mejía y, como consecuencia, se
dejará sin efectos todo el procedimiento administrativo y la decisión adoptada
y se ordenará a la UARIV que, dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de esta sentencia, se pronuncie nuevamente respecto de la
solicitud de inclusión del accionante, teniendo en cuenta las nuevas
condiciones puestas de presente por parte de la Fiscalía General de la Nación, sino
también todos los fundamentos jurídicos de esta providencia.
2.
Expediente T-6.481.633: La
UARIV vulneró los derechos fundamentales a la inclusión en el RUV y al debido
proceso del señor Omar José Mayorga
42.
El análisis de esta acción de
tutela conlleva dos situaciones: Lo primero que se advierte es que la UARIV se
pronunció respecto de la declaración del señor Omar José Mayorga  mediante
Resolución 2014-564270 del trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014), acto
administrativo por medio del cual decidió no incluir al accionante en el RUV
argumentando que no existen elementos que permitan considerar que en este caso
el homicidio del hijo tiene una relación de causalidad con el conflicto armado
colombiano. En segundo lugar, se tiene que, pese a que el accionante interpuso
recursos desde el once (11) de junio de dos mil quince (2015), pero que a la
fecha la respuesta no le ha sido notificada.
43.
Del análisis de la mencionada
Resolución 2014-564270 del trece (13) de agosto de dos mil catorce (2014), esta
Sala advierte que la UARIV no cumplió con los criterios técnicos, jurídicos y
de contexto en el desarrollo del procedimiento administrativo. En efecto, si bien
el acto administrativo, hace referencia a éstos, no hace un estudio de fondo,
serio y juicioso en el que establezca con claridad los motivos por los cuales
el homicidio del hijo del señor Omar José Mayorga no tiene una conexión con el
conflicto armado. Lo anterior, en tanto que del examen de la citada resolución se
tiene que la UARIV utilizó argumentos meramente formales para desvirtuar la
solicitud del accionante, pues no desarrolló de manera suficiente cada uno de
los criterios establecidos en la Ley[101].
44.
Sobre el particular, hay que poner
de presente que de acuerdo con el precedente jurisprudencial transcrito, el
procedimiento administrativo que finaliza con la decisión respecto de la
inclusión o no de una persona en el RUV se encuentra sometido a unos principios
que lo orientan, particularmente, la decisión debe ser favorable y propiciar
por un trato digno. En ese sentido, lo que se advierte es que, en este caso en
concreto, la UARIV ni siquiera refiere haber realizado el menor esfuerzo en
buscar información que le permitiera arribar a la conclusión que llegó, sino
que por el contrario, mediante argumentos  sin ningún sustento argumentativo o
probatorio decidió no inscribir al accionante en el RUV, omitiendo que en estos
casos la jurisprudencia ha indicado que la carga de la prueba se invierte y,
por lo tanto, es a esa entidad a quien le corresponde demostrar que el hecho
victimizante no se encuentra relacionado con el conflicto armado.
45.
Adicionalmente y, pese a que los
supuestos hechos ocurrieron en una zona rural, no existe en el acto administrativo
un solo argumento que pueda ser tenido como un criterio de contexto para
despachar desfavorablemente la declaración del señor Omar José Mayorga,
ignorando que la zona en la que vivían el accionante y su hijo era de alta
influencia guerrillera, particularmente, de las entonces FARC.
46.
Al igual que en el caso anterior,
la Sala Cuarta de Revisión considera que lo anterior implica, además de la
vulneración del derecho fundamental a la inclusión en el RUV, viola las garantías
que se desprenden del debido proceso administrativo, puesto que éste obliga a
considerar que todo acto administrativo expedido por la administración debe
estar debidamente motivado, lo que no se advierte en este caso, puesto que pese
a que la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, así como la
jurisprudencia constitucional obligan a que en el procedimiento adelantado se
sigan unos criterios y se observen unos principios, lo anterior no aparece
debidamente reflejado en el cuerpo de la resolución.
47.
Debido a lo anterior, se revocarán
las decisiones de tutela de primera y segunda instancia proferidas por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira y la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira respectivamente; autoridades
judiciales que denegaron el amparo de los derechos fundamentales del señor Omar
José Mayorga.
48.
Como consecuencia de lo anterior,
se dejará sin efecto todo el procedimiento administrativo adelantado, así como
las decisiones administrativas que se hayan proferido y se ordenará a la UARIV
que, en el término de 15 días hábiles posteriores a la notificación de esta
sentencia, se pronuncie nuevamente y de fondo respecto de la declaración del
accionante, respetando los principios que la ley y la jurisprudencia han
establecido para este tipo de trámites, incluyendo los criterios técnico,
jurídico y de contexto. El procedimiento anterior, deberá finalizar con un acto
administrativo que, tendrá que ser notificado al señor Omar José Mayorga dentro
del término establecido en la ley.
3.
Expediente T-6.397.605: La
UARIV no vulneró los derechos fundamentales a la inclusión y al debido proceso
de la señora María Fabiola Velásquez Giraldo
49.
En este caso, se tiene que la
última actuación administrativa desplegada por la UARIV es la resolución 28113
del veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016), por medio de la cual la
entidad resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución
2015-252029 R del veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015),
confirmando la decisión de no incluir a la accionante en el RUV.
50.
Del estudio pormenorizado de ese
acto administrativo, se advierte que la UARIV acudió a los criterios jurídico,
técnico y de contexto para decidir negar la inclusión en el RUV. Revisando de manera
detallada, la Sala Cuarta de Revisión encuentra que para arribar a la
conclusión, la entidad analizó que respecto del homicidio de su hijo, la señora
Velásquez Giraldo no especificó a los posibles responsables del hecho, sino que
se limitó a indicar que la muerte era producto de los enfrentamientos que
existían en la época entre diferentes grupos subversivos, situación por la
cual, se vio en la necesidad de acudir a los elementos probatorios aportados
junto con la declaración, así como a la información de la Fiscalía General de
la Nación, sin encontrar indicios que permitieran inferir que existe una
relación de causalidad entre el hecho victimizante y el conflicto armado. Lo
anterior, sumado al hecho de que en la época en la ciudad de Medellín, se vivía
una situación de violencia generalizada, permitió a la UARIV concluir que en
este caso, el homicidio del hijo de la señora María Fabiola Velásquez Giraldo
es consecuencia de la delincuencia común.
51.
Desde ya, advierte la Sala, que la
decisión a la que arribó la UARIV es constitucionalmente válida, en tanto que esa
entidad sí demostró de manera suficiente que los hechos parecieran no estar
relacionados con el conflicto armado colombiano, en la medida en que para
llegar a esa conclusión la entidad analizó que (i) con la declaración, la
accionante no aportó si quiera un indicio que permitiera determinar quiénes son
los responsables del homicidio de su hijo, (ii) no existe información adicional
en los órganos de investigación del Estado que permiten inferir el nexo causal
del hecho con el conflicto armado colombiano y, (iv) debido a las múltiples
situaciones de violencia que afectaban en la época a la ciudad de Medellín,
tampoco es posible deducir mediante el criterio de contexto quién o quiénes
fueron los perpetradores del delito.
52.
Sumado a lo anterior, del análisis
del material probatorio que se encuentra en el expediente, se encuentra que en
la copia de la constancia expedida por la Fiscalía General de la Nación[102]
el día cuatro (04) de diciembre de dos mil trece (2013), se observa que el caso
“se halla en proceso de investigación, documentación y verificación por
parte del Despacho 29 de la Unidad Nacional de Fiscalías, con sede en Bogotá”[103].
53.
Sumado a lo anterior, una vez
preguntada en sede de revisión sobre el estado del proceso, la Fiscalía General
de la Nación contestó que no tienen información adicional respecto del caso de
la señora María Fabiola Velásquez Giraldo.
54.
En atención a que, el
procedimiento administrativo por la UARIV, acredita los requisitos establecidos
en la Ley 1448 de 2001, sus decretos reglamentarios y la jurisprudencia
constitucional, además de observar los principios que orientan este tipo de
trámites, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional confirmará las
decisiones de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Once de
Familia Oral de Medellín y la Sala Tercera de Decisión de Familia del Tribunal
Superior de Medellín respectivamente, mediante las cuales se negó el amparo de
los derechos fundamentales invocados.
4.
Órdenes comunes a las tres
acciones de tutela
55.
En atención a las
condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran los accionantes, del
deber del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los
derechos humanos y de las funciones constitucionales de la Procuraduría General
de la Nación y de la Defensoría del Pueblo:
En los tres casos se exhortará a la Procuraduría General de la
Nación y a la Defensoría del Pueblo para que acompañen y asesoren a los señores
Wilmer Javier Duran Mejía, Omar José Mayorga y María Fabiola Velásquez Giraldo
con el trámite de las denuncias penales interpuestas por los hechos referidos
en las respectivas acciones de tutela ante la Fiscalía General de la Nación. En
particular, se exhortará al Ministerio Público para que evalúe el estado actual
de las investigaciones y determine si existen posibilidades de allegar nueva
información que le permita al ente acusador establecer o no si el hecho tuvo
relación con el conflicto armado o esclarecer la responsabilidad penal por el
mismo.
Lo anterior,
teniendo en cuenta que las negativas de inclusión de la UARIV no constituyen
decisiones con fuerza de cosa juzgada frente a nuevas pruebas.
56.
De
igual manera, se remitirá copia de esta sentencia judicial, así como de los expedientes
de tutela a la Fiscalía General de la Nación para efectos de aportar
información a las investigaciones penales que cursan en esa entidad por los
hechos aquí debatidos.
G.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
57.
En el caso bajo
estudio de la Sala, los señores Wilmer Javier Duran Mejía, Omar José Mayorga y
María Fabiola Velásquez Giraldo interpusieron acción de tutela en contra de la
UARIV, ante la decisión administrativa de esa entidad de no incluirlos en el
RUV argumentando que los delitos de los cuales fueron víctimas no se encuentran
relacionados con el conflicto armado colombiano.
58.
Debido a lo anterior,
a la Sala le correspondió resolver acerca de si la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –  vulneró los derechos
fundamentales a la inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV y al debido
proceso administrativo de los señores Wilmer Javier Durán Mejía, Omar José
Mayorga y María Fabiola Velásquez Giraldo al negarse a inscribirlos es esa
herramienta técnica, argumentando que los delitos de los cuales fueron víctimas
no se encuentran relacionados con el conflicto armado, sin acreditar los
requisitos establecidos en la Ley 148 de 2011, sus decretos reglamentarios y la
jurisprudencia constitucional.
59.
Como resultado de las
sub-reglas jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia,
observa la Sala lo siguiente:
Se vulneran los derechos
fundamentales a la inclusión en el Registro único de Víctimas y al debido
proceso administrativo, cuando la UARIV adelanta el procedimiento
administrativo y profiere la decisión sin acreditar los requisitos establecidos
en la Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios y la jurisprudencia
constitucional y sin observar los principios que rigen este tipo de trámites.
Debido a lo anterior, en
esta providencia se analizaron las reglas jurisprudenciales relativas a (i) la
procedencia de la acción de tutela en contra de actos administrativos
proferidos por la UARIV, (ii) el concepto de víctima del conflicto armado
establecido en la Ley 1448 de 2011 y, por último, (iii) el derecho fundamental
a la inclusión en el RUV.
Debido a lo anterior, la
Sala Cuarta de Revisión concluye que:
1.
La
negativa de inscripción en el Registro Único de Víctimas no puede basarse en
argumentos meramente formales.
2.
La
declaración de las víctimas goza de presunción de buena fe, razón por la cual
se invierte la carga de la prueba y la UARIV debe entonces realizar un esfuerzo
probatorio y argumentativo para desvirtuar que el asunto no tiene relación con
el conflicto armado.
3.
Viola
el debido proceso la UARIV, así como el derecho de las víctimas a la inclusión
en el registro, cuando para negar la inscripción en el Registro Único de
Víctimas no realiza una investigación oficiosa y extensa que busque otras pruebas
diferentes a las aportadas por el solicitante.
60.
Sobre
la base de lo anterior, para esta Sala (i) la UARIV vulneró los derechos
fundamentales a la inclusión en el RUV y al debido proceso administrativo de
los señores Wilmer Javier Durán Mejía y Omar José Mayorga, razón por la cual
revocará las decisiones proferidas: 1. En única instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga en la que decidió
declarar improcedente la acción de tutela interpuesta y 2. En primera y segunda
instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira
y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira respectivamente,
autoridades judiciales que denegaron el amparo de los derechos fundamentales
invocados y, (ii) la UARIV no vulneró los derechos fundamentales a la inclusión en el
RUV y al debido proceso administrativo de la señora María Fabiola Velásquez
Giraldo, motivo por el cual se confirmará las sentencias proferidas por el Juzgado Once de Familia Oral de Medellín
y la Sala Tercera de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín
respectivamente, mediante las cuales se negó la tutela de los derechos
fundamentales.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-– LEVANTAR la suspensión de los términos en los procesos de la
referencia.
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida en única instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga el día dos (02) de junio
de dos mil diecisiete (2017), en la que se decidió declarar improcedente la
acción de tutela interpuesta por el señor Wilmer Javier Durán Mejía y, como consecuencia, TUTELAR los derechos
fundamentales a la inclusión en el Registro Único de Víctimas y al debido
proceso administrativo.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS todo el procedimiento administrativo adelantado por la
UARIV para decidir acerca de la inclusión del señor Wilmer Javier Durán Mejía
en el RUV, así como los actos administrativos expedidos.
Cuarto.- ORDENAR a la UARIV que, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
notificación de esta sentencia, se pronuncie nuevamente respecto de la
solicitud de inclusión del accionante, teniendo en cuenta no sólo las nuevas
condiciones puestas de presente por parte de la Fiscalía General de la Nación,
sino también todos los fundamentos jurídicos de esta sentencia. El
procedimiento anterior, deberá finalizar con un acto administrativo que tendrá
que ser notificado al señor Wilmer Javier Durán Mejía dentro del término
establecido en la ley.
Quinto.- REVOCAR
las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Conocimiento de Pereira y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Pereira respectivamente los días siete (07) de julio de dos mil diecisiete
(2017) y veintiocho (28) de julio de dos mil diecisiete (2017) respectivamente,
en las que se decidió no acceder el amparo de los derechos fundamentales del
señor Omar José Mayorga y, como consecuencia, TUTELAR los derechos
fundamentales a la inclusión en el Registro Único de Víctimas y al debido
proceso administrativo.
Sexto.- DEJAR
SIN EFECTOS todo el procedimiento
administrativo adelantado por la UARIV para decidir acerca de la inclusión en
el Registro Único de Víctimas del señor Omar José Mayorga, así como los actos
administrativos expedidos.
Séptimo.- ORDENAR a la UARIV que, en el término de 15 días hábiles posteriores a la
notificación de esta sentencia, se pronuncie nuevamente y de fondo respecto de
la declaración del accionante, acogiendo los criterios técnicos, jurídicos y de
contexto establecidos en la Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios y la
jurisprudencia constitucional, así como todos los fundamentos jurídicos de esta
sentencia. El procedimiento anterior, deberá finalizar con un acto
administrativo que tendrá que ser notificado al señor Omar José Mayorga dentro
del término establecido en la ley.
Octavo.- CONFIRMAR las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado
Once de Familia Oral de Medellín y la Sala Tercera de Decisión de Familia del
Tribunal Superior de Medellín los días doce (12) de mayo de dos mil diecisiete
(2017) y siete (07) de julio de dos mil diecisiete (2017) respectivamente,
mediante las cuales se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados
por la señora María Fabiola Velásquez Giraldo.
Noveno.- EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo,
para que acompañen y asesoren a los señores Wilmer Javier Duran Mejía, Omar
José Mayorga y María Fabiola Velásquez Giraldo con el trámite de las denuncias
penales interpuestas por los hechos referidos en las respectivas acciones de
tutela ante la Fiscalía General de la Nación. En particular, se exhorta al
Ministerio Público para que evalúe el estado actual de las investigaciones y
determine si existen posibilidades de allegar nueva información que le permita al
ente acusador establecer o no si el hecho tuvo relación con el conflicto armado
o esclarecer la responsabilidad penal por el mismo.
Décimo.- REMITIR copia de la sentencia y de los expedientes
de tutela a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
Decimoprimero.- LIBRAR las comunicaciones –por
la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través de (i) T-6.390.267: El Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Bucaramanga; (ii) T-6.481.633: El
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira y, (iii)
T-6.397.605: El Juzgado Once de Familia Oral de Medellín.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA
Secretaria General
[1] De
acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 23 del
cuaderno principal de la acción de tutela del expediente T-6.390.267.
[2] De
conformidad con la copia de la denuncia penal radicada en la Fiscalía General
de la Nación en el mes de julio del año 2012 visible en los folios 18, 19 y 20
del cuaderno principal del expediente T-6.390.267.
[3] De conformidad con los hechos previstos en los antecedentes de la
resolución 201719365 del 15 de mayo de 2017, visible en folios 5-7 del cuaderno
principal del expediente de tutela relacionado con el radicado T-6.390.267.
[4] De acuerdo con los hechos previstos en la denuncia penal rendida en
julio de 2012, visible en folios 18-20 del cuaderno principal del expediente de
tutela relacionado con el radicado T-6.390.267, el accionante manifestó: “(…) yo
era agricultor veía el ganado de la finca la rinconada del corregimiento de
Vijagual bajo del municipio de San Alberto – Cesar, el dueño de la finca era el
señor Álvaro Romero apenas se oscureció llegaron varios hombres armados
pertenecientes a las autodefensas, vestidos con prendas del ejército, con armas
largas y con radios de comunicaciones. Golpearon a la puerta de la pieza en la
que yo vivía y me dijeron que abriera que me necesitaban yo salí e
inmediatamente se arrojaron hacia mi dejándome indefenso, me desnudaron y me
colocaron a la corriente de la batería del carro en el cuello, me preguntaron
que yo quien era y yo les dije que era un campesino que laboraba allá y ellos
me dijeron que yo era un antisocial y, me golpearon con un leño en la espalda y
me golpeaban con sus puños en mi estómago y en la cabeza y después con un
machete intentaron decapitarme entonces les suplique que no me mataran, me
siguieron golpeando y no me hacían preguntas entonces uno de ellos se acercó a
quien los comandaba y les pidió que no me golpearan tanto, pero el dio la orden
que me dieran que aguantaba. Durante toda la noche sucedió esto y luego me
dijeron que si quería que me dejaran  tranquilo tenía que limpiar un canal
donde habían trozos de madera y como a las dos de la madrugada salí a limpiarlo
y cuando estaba en eso me hundieron la cabeza en el lodo y me hicieron tomar
agua sucia y lodo, me siguieron golpeando y me insultaban, después me llevaron
cerca de la casa prendieron la radio de comunicación y quien contestó dio la
orden que me llevaran porque el capitán de apellido Velazco me necesitaba y
entonces ellos me obligaron a tomar un remedio a tomar baygon y yo me desmayé
ellos me hicieron vomitar y me dieron agua, quede como atontado y ya era como
las cinco de la mañana y me dije mataban, yo me vestí y ellos me dejaron libre(…)”.
[5] Ver copia de la resolución 201370088 del 19 de abril de 2013 en los
folios 12- 15 del cuaderno principal del expediente de tutela relacionado con
el radicado T-6.390.267.
[6] De acuerdo con la copia del derecho de petición, el cual obra en
folio 9 del cuaderno principal del expediente de tutela relacionado con el
radicado T-6.390.267.
[7] De acuerdo con la copia de la resolución 201719365 del 15 de mayo
de 2017 visible en los folios 5-7 del 15 del cuaderno principal del expediente
de tutela relacionado con el radicado T-6.390.267.
[8] De acuerdo con la copia de la respuesta del derecho de
petición  proferida por la Fiscalía General de la Nación que obra en los folios
21 y 22 del expediente principal de la acción de tutela identificada con
radicado T-6.390.267.
[9] De acuerdo con la contestación que obra en los folios 34-41
del cuaderno principal del expediente relacionado con el radicado T-6.390.267.
[10] Ver folios 42-47 del cuaderno principal del expediente
T-6.390.267.
[11] De acuerdo con el auto 649 de obra en los folios 66 y 67 del
cuaderno principal del expediente T-6.390.267.
[12] De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra
en el folio 18 del cuaderno principal de la acción de tutela del expediente
T-6.481.633.
[13] De conformidad con la copia del acta de levantamiento de
cadáver visible en el folio 15 del cuaderno principal del expediente
T-6.481.633. Igualmente, en el folio 22 obra constancia expedida por la
Fiscalía General de la Nación.
[14] Ver copia de la resolución 2014-564270 del 13 de agosto de
2014 en los folios 6-8 del cuaderno principal del expediente T-6.481.633.
[15] Ver copia de los recursos en los folios 9-12 del expediente
T-6.481.633.
[16] Ver folio 18 del expediente T-6.481.633.
[17] Ver folios 38-46 del expediente T-6.481.633.
[18] Ver folios 62-65 expediente T-6.481.633.
[19] De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía de la
señora María Fabiola, en la que consta que nació el día 30 de julio de 1949. El
documento se encuentra visible en el folios 23 del cuaderno principal de la
acción de tutela.
[20] Ver copia de la constancia de proceso penal expedida por la
Fiscalía General de la Nación visible en los folio 21 del cuaderno principal
del expediente T-6.397.605.
[21] De acuerdo con el recuento histórico visible en la
resolución 2015-252029R del 28 de octubre de 2015 visible en los folios 14-17
del cuaderno principal del expediente T-6397.605.
[22] Ver copia de la resolución 2015-252029R del 28 de octubre de
2015 en los folios 14-17 del cuaderno principal del expediente T-6397.605.
[23] Ver folios 18 y 19 del cuaderno principal del expediente
T-6397.605.
[24] Ver copia de la resolución 28113 del 20 de octubre de 2016
en los folios 25-27 del cuaderno principal del expediente T-6.397.605.
[25] Ver folios 31-33 del cuaderno principal del expediente
T-6.397.605.
[26] Ver folios 6-12 del cuaderno número 2 del expediente
T-6.397.605.
[27]De
acuerdo con el Auto del 31 de enero de 2018, proferido por el Magistrado
sustanciador visible en folios 30-32 del cuaderno de revisión de la acción de
tutela T-6.390.267, 14-16 del cuaderno de revisión de la acción de tutela T-
6.481.633. 21-23 del cuaderno de revisión de la acción de tutela T-6.397.605.
[28] “PRIMERO-. (…) se sirva
informar a este despacho:
(i)
Acerca de cómo está compuesto su núcleo
familiar, cuál es la situación económica del mismo y si, en la actualidad,
tiene alguna persona a su cargo.
(ii)
¿Usted cuenta con un ingreso fijo
mensual? De ser así, indique ¿Cuál es el monto de ese ingreso? De la misma
manera, indique ¿cuánto ascienden sus gastos mensuales?
(iii)
Explique a este Despacho si usted es
propietario de uno o más bienes inmuebles. De ser así, indique ¿cuál es la
destinación de cada uno de estos, cuál es el valor y la renta que puede derivar
de ellos?
(iv)
¿Ha iniciado algún proceso judicial en
contra de la entidad accionada por los hechos expuestos en el proceso de tutela
de la referencia?
(…)
SEGUNDO-. (…) se sirva informar a este despacho:
(i)
Acerca de cómo está compuesto su núcleo
familiar, cuál es la situación económica del mismo y si, en la actualidad,
tiene alguna persona a su cargo.
(v)
¿Usted cuenta con un ingreso fijo
mensual? De ser así, indique ¿Cuál es el monto de ese ingreso? De la misma
manera, indique ¿cuánto ascienden sus gastos mensuales?
(ii)
¿Usted es propietario de uno o más bienes
inmuebles? De ser así, indique ¿cuál es la destinación de cada uno de estos,
cuál es el valor y la renta que puede derivar de ellos?
(iii)
¿Ha iniciado algún proceso judicial en
contra de la entidad accionada por los hechos expuestos en el proceso de tutela
de la referencia?
(…)
TERCERO-. (…) se sirva informar a este despacho:
(i)
Acerca de cómo está compuesto su núcleo
familiar, cuál es la situación económica del mismo y si, en la actualidad,
tiene alguna persona a su cargo.
(ii)
¿Usted cuenta con un ingreso fijo
mensual. De ser así, indique ¿Cuál es el monto de ese ingreso? De la misma
manera, indique ¿cuánto ascienden sus gastos mensuales?
(iii)
¿Usted es propietario de uno o más bienes
inmuebles? De ser así, indique ¿cuál es la destinación de cada uno de estos,
cuál es el valor y la renta que puede derivar de ellos?
(iv)
¿Ha iniciado algún proceso judicial en
contra de la entidad accionada por los hechos expuestos en el proceso de tutela
de la referencia?”.
[29]“CUARTO.  (…)  se sirva informar a este despacho:
(i)
¿Cuál es el
trámite que deben seguir las personas que se consideran víctimas del conflicto
armado colombiano para lograr su reconocimiento como tal y, en esa medida, su
registro en el RUV? En ese sentido, explique a este despacho cuáles son las
etapas que la entidad tiene dispuestas para el efecto.
(ii)
¿Cuáles son los
requisitos que la Ley ha establecido para que las personas que se consideran
víctimas del conflicto armado en Colombia puedan ser inscritas en el Registro
Único de Víctimas – RUV?
(iii)
De conformidad
con la Ley ¿cuáles son los tipos de pruebas que la entidad considera como
válidos para que las personas acrediten su condición de víctima del conflicto
armado? Asimismo, ¿qué medios de prueba normalmente acompañan la solicitud de
reconocimiento de la calidad de víctima?
(iv)
¿Cómo se valoran
las pruebas aportadas por las personas que solicitan su reconocimiento como
víctimas, cuando de las mismas no se puede inferir de manera inmediata que se
trata de hechos relacionado con el conflicto armado colombiano?”.
[30]“QUINTO. (…)  por el señor
Wilmer Javier Duran Mejía y si, en el momento, tienen algún medio de prueba que
permita inferir quiénes podrían ser los presuntos responsables de la comisión
de los delitos de tortura y secuestro, de los cuales afirma ser víctima?
Además, explique a este despacho, si existe algún grado de certeza respecto de
la relación de los hechos expuestos por el accionante en su denuncia y el
conflicto armado colombiano.
(i)
¿Cuál es el
estado actual de la denuncia interpuesta por el señor Omar José Mayorga y si,
en el momento, tienen algún medio de prueba que permita inferir quiénes podrían
ser los presuntos responsables de la comisión del delito de homicidio, del cual
afirma ser víctima? Además, explique a este despacho, si existe algún grado de
certeza respecto de la relación de los hechos expuestos por el accionante en su
denuncia y el conflicto armado colombiano.
(ii)
¿Cuál es el estado
actual de la denuncia interpuesta por la señora María Fabiola Velásquez Giraldo
y si, en el momento, tienen algún medio de prueba que permita inferir quiénes
podrían ser los presuntos responsables de la comisión del delito de homicidio,
del cual afirma ser víctima? Además, explique a este despacho, si existe algún
grado de certeza respecto de la relación de los hechos expuestos por el
accionante en su denuncia y el conflicto armado colombiano”
[31] Escrito remitido por el señor Wilmer Javier Durán Mejía, visible en
folios 39-68 del cuaderno de revisión del expediente T-6.390.267.
[32] El accionante aporte copia del dictamen de pérdida de
capacidad laboral proferido por la Junta Nacional de Calificación de la
Invalidez el 15 de octubre de 2015en el que consta que el señor Wilmer Javier
Durán Mejí fue calificado con un PCL de 54.40% con fecha de estructuración del
9 de febrero de 2012, visible en los folios 50-53 del cuaderno de revisión del
expediente T-6.390.267.
[33]  Escrito remitido por el señor Omar José Mayorga, visible en folios
23 y 24 del cuaderno de revisión del expediente T- 6.481.633.
[34] Escrito remitido por la señora María Fabiola Velásquez
Giraldo visible en los folios 30 y 31 del cuaderno de revisión de la acción de
tutela T-6.397.605.
[35] Ver copia de la historia clínica en folios 37 del cuaderno
de revisión de la acción de tutela T-6.397.605.
[36] Ver copia de la historia clínica en folio 36 del cuaderno de
revisión de la acción de tutela T-6.397.605.
[37] Ver oficios remitidos por la Fiscalía General de la Nación en
folios 69-85 del cuaderno de revisión de la acción de tutela T-6.390.267 25-41
del cuaderno de revisión de la acción de tutela T-6.481.633 y 55-71 del
cuaderno de revisión de la acción de tutela T-6.397.605.
[38] Adjunto
al escrito, la Fiscalía General de la Nación remitió copia del proceso penal
por amenazas en el que es denunciante el señor Wilmer Javier Durán Mejía.
[39] Ver oficio de la UARIV en los folios 111-116 de la acción de
tutela T-6.390.267, 55-61 del cuaderno de revisión de la acción de tutela T-
6.481.633 y 91-97 del cuaderno de revisión de la acción de tutela T-6.397.605.
[40] Ver Auto de pruebas y de suspensión del 21 de marzo de 2018 en los
folios 120-122 de la acción de tutela T-6.390.267, 65-67 del del
cuaderno de revisión de la acción de tutela T- 6.481.633 y 101-104 del cuaderno
de revisión de la acción de tutela T-6.397.605.
[41] “PRIMERO-. (…) OFÍCIESE a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, (…), se sirva informar a
este despacho:
¿Cuál es el
trámite que deben seguir las personas que se consideran víctimas del conflicto
armado colombiano para lograr su reconocimiento como tal y, en esa medida, su
registro en el RUV? En ese sentido, explique a este despacho cuáles son las
etapas que la entidad tiene dispuestas para el efecto.
¿Cuáles son
los requisitos que la Ley ha establecido para que las personas que se
consideran víctimas del conflicto armado en Colombia puedan ser inscritas en el
Registro Único de Víctimas – RUV?
De
conformidad con la Ley ¿cuáles son los tipos de pruebas que la entidad
considera como válidos para que las personas acrediten su condición de víctima
del conflicto armado? Asimismo, ¿qué medios de prueba normalmente acompañan la
solicitud de reconocimiento de la calidad de víctima?
¿Cómo se
valoran las pruebas aportadas por las personas que solicitan su reconocimiento
como víctimas, cuando de las mismas no se puede inferir de manera inmediata que
se trata de hechos relacionado con el conflicto armado colombiano?
SEGUNDO-. (…) OFÍCIESE a la Fiscalía General de la Nación, (…) se
sirva informar a este despacho:
¿Cuál es
el estado actual de la denuncia interpuesta por el señor Wilmer Javier Duran
Mejía y si, en el momento, tienen algún medio de prueba que permita inferir
quiénes podrían ser los presuntos responsables de la comisión de los delitos de
tortura y secuestro, de los cuales afirma ser víctima? Además, explique a este
despacho, si existe algún grado de certeza respecto de la relación de los
hechos expuestos por el accionante en su denuncia y el conflicto armado
colombiano.
¿Cuál es el
estado actual de la denuncia interpuesta por el señor Omar José Mayorga y si,
en el momento, tienen algún medio de prueba que permita inferir quiénes podrían
ser los presuntos responsables de la comisión del delito de homicidio, del cual
afirma ser víctima? Además, explique a este despacho, si existe algún grado de
certeza respecto de la relación de los hechos expuestos por el accionante en su
denuncia y el conflicto armado colombiano.
¿Cuál es el
estado actual de la denuncia interpuesta por la señora María Fabiola Velásquez
Giraldo y si, en el momento, tienen algún medio de prueba que permita inferir
quiénes podrían ser los presuntos responsables de la comisión del delito de
homicidio, del cual afirma ser víctima? Además, explique a este despacho, si
existe algún grado de certeza respecto de la relación de los hechos expuestos
por el accionante en su denuncia y el conflicto armado colombiano”.
[42] El
oficio fue remitido por la Secretaría General de la Corte Constitucional al
despacho el día 20 de marzo de 2018.
[43] Contestación visible en los folios 132-137 del cuaderno de
revisión de la acción de tutela T-6.390.267, 69-82 del cuaderno de revisión de
la acción de tutela T- 6.481.633 y 112-118 del cuaderno de revisión de la
acción de tutela T-6.397.605.
[44] Auto notificado el 15 de diciembre de 2017.
[45]
Constitución Política, Artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”.
[46] “Artículo
10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
[47] Por
el cual se reglamenta la acción de tutela.
[48] Sentencias
T-109/11, T-531/02, T-452/01, T-342/94, T-414/99, T-422/93, T-421/01, T-044/96
y T-088/99, entre otras.
[49] Ver folios 36 y 37 del cuaderno de revisión de la acción de tutela
identificada con el radicado T-6.397.605.
[50] Ver folios 39-41 del cuaderno de revisión del expediente con
radicado T- 6.397.605.
[51] De conformidad con el Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, “La
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos
de que trata el artículo 2o. de esta ley”. CP, art 86º ; D 2591/91,
art 1º.
[52] De acuerdo con el acta de reparto visible en el cuaderno
principal de la acción de tutela.
[53] De acuerdo con el acta de reparto visible en el cuaderno
principal de la acción de tutela.
[54] De acuerdo con el acta
de reparto visible en el cuaderno principal de la acción de tutela.
[55] Ver, entre otras las  sentencias T-119/15, T-250/15, T-446/15,
T-548/15 y T-317/15.
[56] Acerca del
perjuicio irremediable, esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos
requisitos para que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que
se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser
urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y
finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables”.
[57] Reiterada en las recientes sentencias T-083/17, T-163/7,
T-478/17 y T-584/17.
[58] La regla jurisprudencial también se encuentra referida en
las sentencias T-006/14, T-692/14 y T-573/15, entre otras.
[59] Entendido como el marco jurídico que tiene la finalidad de
garantizar la protección el goce de los de los derechos fundamentales, de los
cuales son titulares las víctimas del conflicto armado. Al respecto, ver
sentencia SU234/13.
[60] “Parágrafo 3°. Para los efectos de la definición contenida en el presente
artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en
sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común”.
[61] En
la sentencia se declaró la exequiblidad del artículo 3.3 de la Ley 1448 de
2011. En este caso, los demandantes afirmaban que la expresión “delincuencia
común” era excesivamente indeterminada y cabía la posibilidad de formular
interpretaciones que excluyeran a ciertas víctimas de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario y graves violaciones a los derechos humanos únicamente
con el pretexto de que tales hechos victimizantes habían sido cometidos por
miembros de grupos catalogados como delincuencia común, particularmente las
denominadas “bandas criminales”.
[62] “Para
delimitar su ámbito de acción, la ley acude a varios criterios, en primer
lugar, el temporal, conforme al cual los hechos de los que se deriva el daño
deben haber ocurrido a partir del 1º de enero de 1985; en segundo lugar, el
relativo a la naturaleza de las conductas dañosas, que deben consistir en
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos (DIDH), y, en
tercer lugar, uno de contexto, de acuerdo con el cual tales hechos deben haber
ocurrido con ocasión del conflicto armado interno. Adicionalmente, en la ley se
contemplan ciertas exclusiones de ese concepto operativo de víctimas”.
Sentencia C-253A/12.
[63] Ver sentencia C-291/07.
[64] Ver sentencia T-748/17.
[65] “(…) Sin
embargo, es claro que en esas situaciones límite la decisión debe adoptarse en
concreto, a la luz de las particularidades del caso, porque si bien, por un
lado, debe promoverse la efectividad del objetivo protector de la ley en todos
aquellos eventos de afectación de derechos atribuibles al conflicto armado interno,
no puede desconocerse que el régimen excepcional en ella previsto no puede
desplazar todo el sistema judicial y que la reparación de los daños atribuibles
a fenómenos delictivos ajenos al conflicto debe buscarse por las vías
ordinarias que el ordenamiento jurídico ha previsto para ello”: Sentencia
C-253A/12.
[66] En esta decisión, se estudió una nueva
demanda de inconstitucionalidad, esta vez contra la expresión “con ocasión
del conflicto armado interno”, contenida en el inciso primero del artículo
3 de la Ley 1448 de 2011.
[67] Ver, entre otras, las sentencias C-291/07, C-914/10 y C-253A/12,
entre otras.
[68] “El concepto amplio de víctima obliga al juez a examinar en
cada caso concreto las circunstancias en que se ha producido una grave
violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, el
contexto del fenómeno social, para determinar si existe una relación cercana y
suficiente con el conflicto armado interno como vínculo de causalidad necesario
para establecer la condición de víctima al amparo de la Ley 1448 de 2011”. Sentencia
C-781/12.
[69] Las reglas contenidas en este acápite fueron reiteradas en
las sentencias de tutela T-163/17, T-301/17, T-478/17, T-488/17 y T-584/17.
[70] El artículo 154 de la Ley 1448 de 2011 establece que
“la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, será la responsable del funcionamiento del Registro Único de
Víctimas. Este Registro se soportará en el Registro Único de Población
Desplazada que actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional para la atención a la población en situación de
desplazamiento, y que será trasladado a la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas dentro de un (1) año contado a partir de la
promulgación de la presente Ley.
(…)”.
[71] “Decreto 4800 de 2011 Artículo 16. Entidad
responsable del manejo del Registro Único de Víctimas. La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
será la encargada de la administración, operación y funcionamiento del Registro
Único de Víctimas”.
[72] Ver sentencias T-834/14, T-556/15,
T-163/17, T-301/17, T-478/17 y T-488/17.
[73] “Decreto 4811 de 2011 Artículo 16. Definición
de registro. El Registro Único de Víctimas es una herramienta
administrativa que soporta el procedimiento de registro de las víctimas. (…)”
[74] “Decreto 4800 de 2011 Artículo 16. Definición de registro. (…) La condición de víctima es una situación fáctica que
no está supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en el
Registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad de víctima, pues
cumple únicamente el propósito de servir de herramienta técnica para la
identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos del
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como instrumento
para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen materializar
los derechos constitucionales de las víctimas”.
[75] Ver sentencias T-006/14,
T-692/14, T-863/14, T-001/15, T-556/15,  T-290/16 y T-301/17.
[76] Sentencia T-004/14.
[77] Ley 1448 de 2011. Artículo 52.
[78] Ley 1448 de 2011. Artículos 62 a 65.
[79] Ley 1448 de 2011. Artículo 64.
[80] Ley 1448 de 2011. Artículo 65.
[81] Ley 1448 de 2011.Artículos 155 y 156.
[82] Reglas recogidas en la sentencia T-478/17.
[83] Artículo 16 del Decreto 4800 de 2011.
[84] “Artículo 19. Principios que orientan
las normas sobre Registro Único de Víctimas. Las normas que orientan a los
servidores públicos encargados de diligenciar el Registro, deben interpretarse
y aplicarse a la luz de los siguientes principios y derechos: 1. El principio
de favorabilidad. 2. El principio de buena fe. 3. El principio de prevalencia
del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho. 4. El principio de
participación conjunta. 5. El derecho a la confianza legítima. 6. El derecho a
un trato digno.7. Hábeas Data. Parágrafo. La Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adelantará las
medidas necesarias para que el Registro Único de víctimas contribuya al
conocimiento de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica”.
[85] Ver sentencias T-328/07, reiterada en
las sentencias T-821/07,  T-692/14 y T-301/17, mediante las cuales la Corte  estableció que el proceso de inscripción en el RUPD
(anteriormente) y el RUV (en la actualidad) “debe estar orientado por los siguientes criterios
constitucionales: (i) Las
disposiciones legales deben interpretarse y aplicarse a la luz de las normas de
derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad sobre el
tema de desplazamiento forzado, en particular, el artículo 17 del Protocolo
Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario
General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de
Personas; (ii) el principio de favorabilidad; (iii) el principio de buena fe y el
derecho a la confianza legítima; y (iv) el principio de prevalencia del derecho
sustancial propio del Estado Social de Derecho”.
[86]“Ley 1448 de 2011, Artículo 156.
Procedimiento de registro. Una vez presentada la solicitud de registro
ante el Ministerio Público, la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas realizará la verificación de los hechos
victimizantes contenidos en la misma, para lo cual consultará las bases de
datos que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y
Reparación a las Víctimas (…)”
[87] “Ley 1448 de 2011, Artículo 156.
Procedimiento de registro
(…) Con fundamento en la información contenida en la solicitud de registro, así
como la información recaudada en el proceso de verificación, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
adoptará una decisión en el sentido de otorgar o denegar el registro, en un
término máximo de sesenta (60) días hábiles.Una vez la víctima sea registrada,
accederá a las medidas de asistencia y reparación previstas en la presente ley
dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho
victimizante, salvo las medidas de ayuda humanitaria y atención de emergencia
en salud, a las cuales se podrá acceder desde el momento mismo de la
victimización. El registro no confiere la calidad de víctima, y la inclusión de
la persona en el Registro Único de Víctimas, bastará para que las entidades
presten las medidas de asistencia, atención y reparación a las víctimas que
correspondan según el caso”.
[88] “Artículo 29. Formato Único de Declaración. La
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a las Víctimas definirá
los medios, instrumentos y mecanismos mediante los cuales se tomará la
declaración, en el cual se consignarán los datos básicos que permitan la
obtención, desde un enfoque diferencial, de la información necesaria para una
correcta valoración y faciliten la determinación de las medidas de asistencia,
atención y reparación que se adecuen al daño sufrido y las necesidades de cada
víctima”.
[89] “Artículo 28. Oportunidad del registro. De
conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, la
solicitud de registro deberá presentarse en un término de 4 años contados a
partir del 10 de junio de 2011, fecha de promulgación de la Ley, para quienes
hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento; y de 2 años contados a
partir de la ocurrencia del hecho para quienes hayan sido victimizados con
posterioridad a esta fecha.
En el caso de las personas víctimas de desplazamiento forzado, la
solicitud deberá presentarse en el término de dos (2) años contados a partir de
la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento en los términos del
artículo 61 de la Ley 1448 de 2011.
En el evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima presentar
la solicitud de registro en el término establecido en este artículo, se
empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias que
motivaron tal impedimento, para lo cual deberá informar de ello al Ministerio
Público al momento de la declaración, quien remitirá tal información a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.
Parágrafo 1°. Las
víctimas de desplazamiento que hayan sido incluidas en el Registro Único de
Población Desplazada, no deberán presentar la solicitud de que trata el
presente artículo, salvo que quieran declarar su victimización frente a otras
de las violaciones previstas en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 o hayan
sufrido un nuevo hecho victimizante con posterioridad a su inclusión en el
mencionado Registro.
Parágrafo 2°. En todo
caso la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a las Víctimas
podrá solicitar la actualización o suministro de la información adicional que
se requiera en el marco del proceso de valoración de que trata el parágrafo del
artículo 155 de la Ley 1448 de 2011”.
[90] Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión
Social y Reconciliación.
[91] “Artículo 2.2.2.3.11. Del proceso de la valoración de
la declaración. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación a las Víctimas fijará los procedimientos de valoración, los cuales
orientarán la metodología a ser aplicada en desarrollo de lo dispuesto en el
artículo 156 de la Ley 1448 de 2011.
Esta entidad
realizará la verificación de los hechos victimizantes relacionados en la
declaración para lo cual acudirá a la evaluación de los elementos jurídicos,
técnicos y de contexto que le permitan fundamentar una decisión frente a cada
caso particular.
Para la
verificación de los hechos victimizantes consignados en la declaración, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas
realizará consultas en las bases de datos y sistemas que conforman la Red
Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas, así como en
otras fuentes que se estimen pertinentes. En todos los casos, se respetará la
reserva y confidencialidad de la información proveniente de estas fuentes.
La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
podrá presentar a dichas entidades solicitudes de información sobre casos
particulares para la verificación de los hechos, las cuales deberán ser
atendidas de fondo en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, luego de la
solicitud que realice dicha unidad.
Parágrafo
1. El Ministerio de Defensa Nacional, los organismos del sistema de
seguridad y defensa nacional, y las demás entidades del Estado, en el ámbito de
su competencia, pondrán a disposición de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación a las Víctimas información relevante que facilite la
verificación de los hechos victimizantes.
Parágrafo
2. Cuando los criterios definidos por el comité ejecutivo no permitan
adoptar la decisión de inclusión o no inclusión en el registro, el director de
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas podrá elevar una consulta ante el comité ejecutivo para la atención y
reparación a víctimas. Esta consulta operará de manera excepcional.
Parágrafo
3. En todo caso, las pruebas requeridas a las víctimas serán sumarias, y
se garantizarán los principios constitucionales del debido proceso, buena fe y
favorabilidad, de conformidad a lo previsto en el artículo 158 de la Ley 1448 de 2011”.
[92] “Artículo 2.2.2.3.15. Contenido del acto
administrativo de inclusión en el registro. El acto administrativo de
inclusión deberá contener: 1.
La decisión de inclusión en el registro único de víctimas. 2. La motivación suficiente por la cual se llegó a la
decisión de inclusión, y 3. Una
mención detallada y suficiente de las rutas para acceder a las medidas de
asistencia y reparación contempladas en la presente parte”.
[93] Sobre motivación de los actos administrativos, ver las sentencias
C-054/96, SU-258/98, T-576/98, T-899/99, C-734/00, C-918/02, T-395/03,
T-610/03, T-165/04, T-974/06, T-132/07, T-010/08, T-1168/08, T-964/09, entre
otras.
[94] “Artículo 2.2.2.3.14. Causales para
denegar la inscripción en el registro. La Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas denegará la inscripción
en el registro único de víctimas únicamente por las siguientes causales: 1. Cuando en el proceso de valoración de la solicitud
de registro se determine que los hechos ocurrieron por causas diferentes a lo
dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. 2. Cuando en el proceso de valoración se determine que
la solicitud de registro resulta contraria a la verdad respecto de los hechos
victimizantes.
3. Cuando la solicitud de registro
se haya presentado fuera de los términos establecidos en los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011, teniendo particularmente
en cuenta la excepción de fuerza mayor prevista en esta última disposición”
[95] Ver sentencia T-328/07, reiterada en las sentencias T-821/07,
T-692/14 y T-301/17.
[96] Reglas reseñadas en la sentencia T-478/17.
[97] Sentencia
T-478/17 que reitera las reglas de las providencias T-025/04, T-067/13,
T-517/14, T-692/14, T-556/15 T-290/16.
[98] Ver, entre otras, sentencias T-517/14 y T-067/13.
[99] Resolución visible en los folios 5-7 del cuaderno principal
de la acción de tutela.
[100] En los folios 21 y 22 del cuaderno principal de la acción de
tutela se encuentra visible la copia de la respuesta proferida por la Fiscalía
General de la Nación a la petición interpuesta por el señor Wilmer Javier Durán
Mejía.
[101] En
la resolución, visible en folios 5-7 del cuaderno principal de la acción de
tutela, se advierte que no se realizó ninguna valoración de fondo sobre los
criterios establecidos en la Ley, sino que la decisión a que se arribó es el
resultado de argumentos puramente formales.
[102] Visible en los folio 20 y 21 del cuaderno principal de la
acción de tutela.
[103] Ver
folio 21 del cuaderno principal de la acción de tutela.