T-367-17
Sentencia T-367/17
ACCION DE TUTELA FRENTE A
CONTROVERSIAS LABORALES-Reiteración de jurisprudencia
sobre procedencia
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Alcance y contenido
TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO DE
TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR EMPLEADOR-No se puede
utilizar de forma desproporcionada, convirtiéndola en una práctica
discriminatoria y atentatoria del derecho a la asociación sindical
La jurisprudencia
constitucional ha señalado que, bajo ninguna circunstancia, la atribución del
empleador de terminar unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo,
puede ejercerse con el propósito de limitar o menoscabar los derechos de la
contraparte, particularmente a la asociación sindical. Razón por la cual,
la posibilidad que la ley otorga al empleador en los
contratos individuales de trabajo, no implica que aquél, amparado en ella,
pueda prescindir sin control ni medida, de los servicios de los trabajadores
bajo su dependencia, para mermar el número de miembros activos de los
sindicatos. Así, cuando el despido ocurra frente a trabajadores recién
sindicalizados, se activa
la presunción constitucional a favor del derecho a la asociación sindical,
según la cual, la terminación del contrato obedeció a su afiliación,
permanencia y participación en dicha organización. Al invertirse la carga de la
prueba, entonces, el empleador deberá demostrar los elementos que desvirtúan
dicha presunción y que, por lo tanto, explican que la decisión obedece a
razones legítimas y permitidas por la potestad de la ley.
DERECHO AL TRABAJO Y A LA ASOCIACION
SINDICAL-Empresa no desvirtuó la presunción
constitucional a favor de su trabajador recién sindicalizado, constituyéndose
en un despido atentatorio contra la garantía del derecho a la asociación
sindical
Referencia:
Expediente T-5.909.512
Acción de
tutela instaurada por Carlos Alberto Torres Yepes contra BRINKS DE COLOMBIA
S.A.
Magistrado
Ponente (e):
JOSÉ ANTONIO
CEPEDA AMARÍS
Bogotá, D.C.,
cinco (5) de junio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Carlos Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero Pérez y José Antonio Cepeda
Amarís, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de
la Constitución Política, y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del
trámite de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia por el
Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Santiago de Cali, y
en segunda instancia por el Juzgado tercero Laboral del Circuito de la misma
ciudad.
I. ANTECEDENTES
A través de apoderado judicial, el señor Carlos Alberto Torres Yepes
interpuso acción de tutela contra la empresa BRINKS DE COLOMBIA S.A.,
solicitando la protección de los derechos a la asociación
sindical, al trabajo, a la igualdad, al debido proceso, y las libertades de
expresión y opinión, por terminación unilateral y sin justa causa de su
contrato de trabajo, presuntamente motivada por su afiliación al SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE BRINKS DE COLOMBIA.
1. Hechos y acción de tutela instaurada[1]
1.1. El 6 de septiembre de 1991, el señor Carlos Alberto Torres Yepes
se vinculó por medio de contrato laboral a la empresa BRINKS DE COLOMBIA S.A.
(en adelante, BRINKS), para trabajar en la sede ubicada en la ciudad de Santiago
de Cali.
1.2. El 5 de junio de 2015, el señor Torres Yepes presentó solicitud de
admisión al Sindicato Nacional de
Trabajadores de BRINKS DE COLOMBIA (en adelante, SINTRABRINKS), la cual
fue debidamente aceptada.
1.3. El 23 de diciembre de 2015, BRINKS dio por terminado el contrato
laboral del señor Torres Yepes, de manera unilateral y sin justa causa, con el
pago de la correspondiente indemnización.
1.4. BRINKS terminó unilateralmente el contrato de trabajo del señor
Torres Yepes, después de 6 meses y 18 días de que este presentara solicitud de
admisión a SINTRABRINKS y 2 meses de su inscripción en el comité seccional de.
Sindicato en Cali.
1.5. El 22 de abril de 2016, el señor Torres Yepes, mediante apoderado,
instauró acción de tutela contra BRINKS, en procura de la protección de los
derechos fundamentales a la asociación sindical, al trabajo, a la igualdad, al
debido proceso, y las libertades de expresión y opinión.
En la demanda de tutela se solicitó el amparo de los derechos
fundamentales mencionados, ordenando a la accionada disponer el reintegro del
señor Torres Yepes, sin solución de continuidad, a un cargo de igual o mejor
categoría que el que tenía antes de ser despedido. Igualmente, se pidió ordenar
a BRINKS pagar los aportes que corresponda al sistema integral de seguridad
social, los salarios y prestaciones laborales dejados de percibir por el señor
Torres Yepes, efectuando la compensación correspondiente con el dinero
entregado, en virtud de la indemnización por terminación unilateral de contrato
sin justa causa. Por último, se solicitó requerir a BRINKS para que se
abstuviera de ejecutar conductas contra SINTRABRINKS, sus afiliados y posibles
interesados en afiliarse, de acuerdo con la sentencia T-340 de 2012 de la Corte
Constitucional.
2. Respuesta de la accionada
2.1. A través
de su representante legal, BRINKS solicitó que se rechazara la acción de tutela
por improcedente. Sostuvo que el mecanismo constitucional fue interpuesto sin
observar el principio de inmediatez, ya que el despido sin justa causa se
produjo el 23 de diciembre de 2015, y la demanda de tutela fue presentada el 22
de abril de 2016.
2.2. Como
petición especial, BRINKS solicitó que en caso de ser amparados los derechos
fundamentales del señor Carlos Alberto Torres Yepes, se ordenara a éste la
devolución de las sumas de dinero pagadas a título de indemnización por despido
sin justa causa.
Vale la pena
señalar que, en la impugnación presentada contra la sentencia de primera
instancia, fueron expuestos en mayor detalle los argumentos de BRINKS, los
cuales serán presentados en apartes posteriores de esta sentencia.
3. Intervención de SINTRABRINKS
3.1. El Juzgado 3ro. Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Cali, quien hizo las veces de primera instancia,
vinculó procesalmente a SINTRABRINKS, organización sindical que contestó la
demanda señalando que justo antes de que el señor Carlos Alberto Torres Yepes
fuera despedido, BRINKS terminó unilateralmente también el contrato de otro
trabajador de la empresa. Con estos dos despidos, señaló, se disminuyó el
número de trabajadores sindicalizados del comité seccional de Cali, de 12 a 10
afiliados. Teniendo en cuenta que un comité seccional de un sindicato se
constituye por la vinculación de al menos 12 trabajadores, afirmó que la
disminución de afiliados dejó extinto dicho comité.
SINTRABRINKS dijo haber
presentado reclamación a BRINKS por el despido de los 2 mencionados trabajadores,
y en enero de 2016 la empresa contestó que, junto a ellos, habían sido
despedidos otros empleados no sindicalizados, como parte de una nueva política
gerencial de reducción de personal y optimización de recursos.
3.2. Por otro lado, SINTRABRINKS
también señaló que otros trabajadores de BRINKS habían sido despedidos sin
justa causa, y en cumplimiento de decisiones judiciales, la empresa ha tenido
que reintegrarlos. Destacó la sentencia T-340 de 2012 de la Corte
Constitucional, así como los fallos proferidos por algunos jueces penales de la
ciudad de Barranquilla.
4. Decisiones objeto de revisión
4.1. Fallo de primera instancia
El Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, en
sentencia proferida el 6 de mayo 2016, amparó los derechos fundamentales del
accionante a la asociación sindical, al trabajo y al debido proceso, con
fundamento en los siguientes argumentos:
El señor Carlos Alberto Torres Yepes prestó sus servicios a BRINKS por
más de 24 años y transcurridos 6 meses de su afiliación a SINTRABRINKS, y 2
meses de su inscripción en el comité seccional de Cali, fue despedido sin justa
causa y sin el proceso disciplinario correspondiente, con lo cual se vulneró su
derecho al debido proceso. A juicio del a quo, las prácticas de BRINKS
vulneraron el derecho a la asociación sindical del accionante, pero además, el
de los trabajadores no sindicalizados que deseen vincularse a SINTRABRINKS, ya
que dichas prácticas desincentivan a los trabajadores para afiliarse a la
organización sindical.
Por lo anterior, el juez de primera instancia amparó los derechos
fundamentales invocados, ordenó a BRINKS reintegrar al señor Torres Yepes al
cargo que venía desempeñando, en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación de su decisión, sin solución de continuidad, así como pagar los
salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir. Igualmente, autorizó
la compensación de dineros entregados al señor Torres Yepes, en virtud de la
indemnización recibida por la terminación unilateral del contrato sin justa
causa.
4.2. Impugnación de la decisión
El apoderado de BRINKS impugnó la decisión anterior por las siguientes
razones: En primer lugar, señaló que el a quo llegó a una conclusión
errada sobre la disolución de los comités seccionales de los sindicatos, teniendo
en cuenta que los literales d) y e) del artículo 401 del Código Sustantivo del
Trabajo[2],
establecen que cuando una organización sindical se encuentre incursa en una de
las causales de disolución, por ejemplo, la reducción de sus afiliados a un
número inferior al requerido para su constitución, el Ministerio de Trabajo o
quien demuestre tener interés jurídico, podrá solicitar ante el juez laboral la
disolución y liquidación de la organización sindical, así como la cancelación
de su inscripción en el registro sindical. De lo anterior se infiere que la
reducción de los miembros del sindicato, subdirectiva o comité seccional, no
equivale a la inexistencia de los mismos, porque en todo caso se requiere que
la disolución de la organización sindical sea decretada por un juez laboral. En
el presente caso, indicó el impugnante, no hay prueba de que se haya solicitado
la disolución y liquidación de la organización sindical, ni tampoco de la
inexistencia del comité seccional de Cali.
Segundo, el apoderado de BRINKS señaló que la terminación unilateral
del contrato de trabajo del accionante era un acto revestido de legalidad, toda
vez que, de acuerdo con el literal h) del artículo 61 del Código Sustantivo del
Trabajo[3],
éste se puede terminar por decisión unilateral en los casos previstos en los
artículos 7 del Decreto Ley 2351 de 1965 y 6 del mismo Código Sustantivo.
Tercero, el representante judicial de BRINKS manifestó que la empresa
no ha realizado persecución sindical alguna. De hecho, de 261 trabajadores a
los que se les ha terminado el contrato de trabajo durante los últimos 7 meses,
222 no estaban afiliados a la organización sindical, es decir, el 85,1%. Por el
contrario, BRINKS ha promovido el fortalecimiento de la organización sindical.
Entre el 2011 y el 2016 se ha presentado un incremento del 351% en el personal
convencionado, de tal forma que en 2016, SINTRABRINKS agrupaba más de 400
afiliados.
Cuarto, el apoderado manifestó que BRINKS finalizó el vínculo laboral
con el señor Torres Yepes, con base en criterios ciertos, como fueron las
diferentes faltas disciplinarias y sanciones aplicadas al accionante, de las
cuales obran pruebas en el expediente.
Quinto, indicó que en el presente caso no se cumplió con el requisito
de inmediatez propio de la acción de tutela, ya que el contrato de trabajo del
accionante se dio por terminado el 23 de diciembre de 2015, y transcurrieron
más de 5 meses entre este hecho y la presentación del mecanismo de amparo.
Sexto, expresó que la acción de tutela no se ejerció como procedimiento
residual, ya que el reintegro, que es lo que el actor realmente pretende, debe
ser resuelto en un proceso laboral ordinario, el cual no ha sido iniciado por
el señor Torres Yepes.
Por último, el apoderado de BRINKS sostuvo que en este caso no hay
legitimación en la causa por activa. A su decir, el juez de primera instancia
respondió ante la supuesta disolución del comité seccional de Cali, caso en el
cual, el interés jurídico tutelado no fue el derecho individual del trabajador
a pertenecer a la organización sindical, sino el derecho de dicha organización
de mantener vigente uno de sus órganos de representación en Cali. Sin embargo,
indica que la acción de tutela fue interpuesta por una persona que no es el
representante legal de SINTRABRINKS, de tal forma que en su nombre no se puede
solicitar ni otorgar protección al sindicato. Adicionalmente, la protección de
los derechos de SINTRABRINKS no fue pedida en la demanda de tutela, por lo que
el otorgamiento judicial de dicha protección representa una vulneración al
debido proceso.
4.3. Fallo de segunda instancia
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santiago de Cali, mediante
sentencia del 8 de julio de 2016, revocó el fallo de primera instancia al considerar
que la acción de tutela era improcedente, ya que el medio judicial idóneo para
dirimir la controversia sobre el despido injusto y el correspondiente
reintegro, era el proceso laboral ordinario. El ad quem no observó la
ocurrencia de un perjuicio irremediable en este caso y consideró que el mismo
no tenía que ver con un asunto de estabilidad laboral reforzada. De esta
manera, señaló que no había justificación para interponer la acción de tutela
sin agotar las vías judiciales ordinarias.
Además, el juez de segunda instancia consideró que la acción de tutela
era improcedente, porque pasaron más de 4 meses entre la fecha de terminación
del contrato laboral del accionante y la interposición de la acción.
Asimismo, manifestó que según el artículo 391 del Código Sustantivo del
Trabajo, adicionado por el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, todo sindicato
puede prever la creación de subdirectivas seccionales, en aquellos municipios
diferentes al de su domicilio principal, y en el que tenga un número no inferior
a 25 miembros. Igualmente, podrá prever la creación de comités seccionales en
aquellos municipios diferentes al del domicilio principal, y en el que se tenga
un número no inferior de 12 afiliados. En este caso, no se acreditó que
SINTRABRINKS o que su comité seccional en Cali, se hubiesen suprimido por la
ausencia de afiliados.  De hecho, en el expediente obran certificaciones que
acreditan la existencia de dichas organizaciones sindicales. En todo caso,
consideró que si hubiese habido una presunta violación al ejercicio sindical,
la demanda de tutela debió ser presentada por el representante legal de
SINTRABRINKS, cosa que no sucedió en el presente caso.
Adicionalmente, señaló que BRINKS actuó legalmente, amparada por las
normas que permiten la terminación unilateral del contrato laboral, sin justa
causa y con el pago de la indemnización correspondiente. El despido del
demandante, precisó, no se debió a la afiliación del actor al sindicato, pues
este ocurrió 6 meses después. El despido se debió a las fallas del accionante
en el desempeño de sus funciones, evidenciadas en el estudio laboral del que
fue objeto el actor.
5. Pruebas que obran en el expediente
A continuación se relacionan las pruebas más relevantes que reposan en
el expediente:
- Copia de la carta de BRINKS, del 23 de diciembre de 2015, por la cual
se informó al señor Carlos Alberto Torres Yepes sobre la terminación unilateral
de su contrato de trabajo, sin justa causa y por decisión del empleador (folio
9).
- Copia de la liquidación final del contrato de trabajo, elaborada por
BRINKS para el señor Torres Yepes, en la que constan los siguientes datos
relevantes: (i) El señor Torres Yepes ingresó a BRINKS el 6 de septiembre de
1991, (ii) se dio por terminado su contrato el 23 de diciembre de 2015, (iii)
pagándose la indemnización por el valor de $52.858.984 (folio 10).
- Copia de la solicitud de admisión del señor Torres Yepes a
SINTRABRINKS, realizada el 5 de junio de 2015 (folio 12).
- Copia de la constancia de depósito, referente a la creación del
comité seccional de SINTRABRINKS en Cali, firmada por la inspectora de trabajo
del Ministerio de Trabajo, con fecha del 19 de octubre de 2015 (folio 14).
- Copia del acta 0001, del 14 de octubre de 2015, en la que consta la
constitución del comité seccional de SINTRABRINKS en Cali. En la lista de
integrantes aparecen 12 miembros, dos de los cuales son los señores Carlos
Alberto Torres Yepes y José Leonel Torres Barona. El acta también permite
evidenciar que ninguno de los dos anteriores eran directivos del comité
seccional.
- Copia de documentos correspondientes a un proceso penal iniciado por
SINTRABRINKS en contra de BRINKS, en el que se denuncian despidos arbitrarios a
trabajadores sindicalizados, perturbación de las reuniones lícitas del
sindicato, así como la creación de desincentivos sobre la afiliación de los
trabajadores a la organización sindical (folios 47 a 48).
- Copia de apartes del caso número 2877 (Colombia), presentado ante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la Confederación de
Trabajadores de Colombia (CTC) y SINTRABRINKS, contra BRINKS, por el despido de
trabajadores sindicalizados y la creación de incentivos para limitar la
asociación sindical (folios 49 y 50).
- Copia de la sentencia del Juzgado 22 Civil Municipal de Barranquilla,
proferida el 9 de abril de 2015, por la cual se ampararon los derechos
fundamentales al trabajo, a la asociación sindical y al mínimo vital, se ordenó
a BRINKS reintegrar al señor Giovanny Rafael Baquero Martínez, y se exhortó a
la misma empresa para que se abstenga de incurrir en conductas que obstaculicen
o hagan nugatorio el ejercicio del derecho de asociación sindical de los
trabajadores (folios 51 a 59).
- Copia de la sentencia del Juzgado 10 Civil del Circuito de Barranquilla,
proferida el 22 de junio de 2015, por la cual se adicionó la sentencia del
Juzgado 22 Civil Municipal de Barranquilla, proferida el 9 de abril de 2015, y
en consecuencia se ordenó a BRINKS realizar el cruce de cuentas y
compensaciones a que hubiera lugar, con la suma pagada por concepto de la
indemnización que fue pagada al señor Giovanny Rafael Baquero Martínez (folios
60 a 83).
- Copia de la decisión del 30 de julio de 2015, del Juzgado 22 Civil
Municipal de Barranquilla, que resolvió el incidente de desacato, mediante la
cual el juez se abstuvo de sancionar al representante legal de BRINKS, por
considerar que esta empresa había cumplido el fallo del 9 de abril de 2015
(folios 86 y 87).
- Copia de la certificación emitida por la coordinadora del grupo de
archivo sindical del Ministerio de Trabajo, emitida el 31 de marzo de 2016, en
la cual se acredita que SINTRABRINKS está vigente (folio 148).
- Memorial del representante legal de BRINKS, entregado al Juez 3ro.
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, el 31 de mayo de 2016, mediante
el cual se aportaron los siguientes documentos: (i) Comunicación del 18 de mayo
de 2016, de la jefe regional gestión humana de BRINKS, citando al señor Torres
Yepes en las instalaciones de la empresa, para efectos de dar cumplimiento a la
sentencia del Juzgado 3ro. Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali. (ii)
Acta de reintegro del 19 de mayo de 2016. (iii) Solicitud de activación de
afiliación a Nueva EPS. (iv) Solicitud de activación de afiliación a COLPENSIONES.
(v) Solicitud de activación de afiliación a la caja de compensación COMFENALCO
– Valle. (vi) Solicitud de activación de la afiliación a la ARL SURA. (vii)
Solicitud de activación de afiliación al Fondo Protección (folios 171 a 178).
- Evaluación laboral realizada al accionante, en la cual recibe una
calificación de 3,7 sobre 10 (folio 201).
- Informes disciplinarios en donde constan las faltas, procesos
disciplinarios y sanciones aplicados al señor Torres Yepes (folios 202 a 224).
- Certificación de BRINKS sobre la vinculación laboral del señor José
Leonel Torres Barona, en la que se evidencia que este trabajó con la empresa
desde el 24 de marzo de 1993 hasta el 22 de diciembre de 2015 (folio 236).
- Certificación del Ministerio de Trabajo del 5 de julio de 2016, en la
que se acredita que SINTRABRINKS está vigente, y que la última junta directiva
del comité seccional Cali que se encuentra en el archivo sindical, es la
depositada el 16 de octubre de 2015 (folio 239).
- Solicitud de insistencia del Defensor del Pueblo para revisión del
expediente de tutela No T-5.909.512. Acción de tutela de Carlos Alberto Torres
Yepes contra BRINKS DE COLOMBIA S.A. (folio 2).
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Sala Novena de Revisión de
la Corte Constitucional es competente para conocer esta acción de tutela, con
fundamento en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución
Política, 31 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del
Auto del 14 de febrero de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Dos,
en el que se escogió el expediente para revisión, a raíz de la insistencia
presentada por la Defensoría del Pueblo el 3 de febrero de 2017.
2. Cuestión previa:
análisis de procedencia de la acción de tutela
De manera previa
al estudio de fondo del caso planteado, la Sala debe verificar el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela previstos en
la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991.
2.1. Legitimación por activa
2.1.1. De
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”. De esta manera, la solicitud de amparo que busca
detener la vulneración de derechos fundamentales o prevenir el riesgo de su
lesión, puede ser presentada a nombre propio o mediante representante, en todo
caso, por quien sufra el menoscabo o se halle en peligro de ser lesionado en
sus derechos constitucionales.
Igualmente,
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala: «[L]a acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor
del Pueblo y los personeros municipales».
Dadas las
anteriores posibilidades específicas de representación, la Corte ha sostenido
que la gestión judicial de los intereses en la acción de tutela puede ser
promovida por cuatro vías diferentes: i) por la persona que se dice lesionada
en sus derechos, ii) a través de representantes legales, en el caso de menores
de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas, iii) por medio
de apoderado judicial, en cuyo evento el representante debe ser abogado y iv) bajo
la figura de la agencia oficiosa, cuasicontrato
que surge en el ámbito de la tutela cuando una persona se arroga “motu
proprio” la protección de los intereses de otra que se encuentra en la
imposibilidad de hacerlo por sí misma[4].
2.1.2. En el presente caso, a
través de apoderado judicial, el señor Carlos Alberto Torres Yepes interpuso
demanda de amparo con el propósito de obtener la protección de los
derechos a la asociación sindical, al trabajo, a la igualdad, al debido
proceso, y las libertades de expresión y opinión. Sostiene que BRINKS terminó de forma unilateral y sin justa
causa su contrato de trabajo, a raíz de su afiliación al sindicato de la
empresa, como lo evidenciaría el hecho de que la empleadora haya ejercido esa
potestad legal pocos meses después de aceptada la respectiva solicitud de vinculación
a la organización colectiva. En estos términos, el peticionario promueve la
defensa judicial de sus propios intereses, en la medida en que, a su juicio,
mediante la referida conducta, la accionada conculcó su libertad individual de
asociación sindical.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que se satisface el
requisito de la legitimación en la causa por activa, como presupuesto para la
procedencia de la acción de tutela, ya que el actor emprende la defensa de sus intereses, mediante apoderado
judicial, que es una de las formas específicas de representación en el trámite
de la tutela permitidas por el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, como se señaló
con anterioridad.
2.2. Legitimación por pasiva
2.2.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, “la
acción de tutela procede contra particulares (…) respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. Esta
disposición fue desarrollada en el numeral 4 del artículo 42 del Decreto 2591
de 1991, aclarando que el mecanismo de amparo será viable procesalmente “cuando
la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la
controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo
la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación
o indefensión con tal organización”.
2.2.2. De ahí que, la presente acción de tutela resulta
procedente, pues la accionada en este asunto es la empresa que terminó
de forma unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo y que, según el
peticionario, mediante el ejercicio de esa atribución buscó impedirle el
ejercicio sus derechos a la asociación sindical y al trabajo. Por consiguiente,
la Sala considera que también se cumple la exigencia de legitimación en la
causa por pasiva, dadas las condiciones de
subordinación e indefensión en que se encuentra el actor frente a BRINKS.
2.3. Inmediatez
2.3.1. La Corte Constitucional ha indicado que por regla general la
acción de tutela debe ser instaurada oportunamente y dentro de un plazo
razonable[5],
de manera tal que no se contraríe la seguridad jurídica ni la naturaleza de la
acción[6].
Lo anterior no equivale a imponer un término de caducidad, ya que ello
trasgrediría el artículo 86 de la Constitución, que prescribe que la tutela se
puede instaurar en cualquier tiempo sin distinción alguna[7].
En todo caso, corresponde al juez de tutela la valoración del cumplimiento del requisito
de inmediatez. Este análisis no se suple con un cálculo cuantitativo del tiempo
transcurrido entre la vulneración o amenaza de los derechos y la instauración
de la acción de tutela, sino que supone un examen del caso particular[8].
2.3.2. En esta oportunidad, la Sala no encuentra excesivo el tiempo
transcurrido entre el 23 de diciembre de 2015, cuando BRINKS terminó
unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo con el actor, y el 22
de abril de 2016, momento en que el señor Torres Yepes solicitó al juez
constitucional el amparo de los derechos fundamentales, pues entre tales
eventos pasaron solamente 4 meses, tiempo que se ha estimado razonable para
impetrar la acción de tutela por la presunta vulneración de prerrogativas
constitucionales de los trabajadores sindicalizados.
2.4. Subsidiariedad
Dado que el Juzgado 3ro. Laboral del Circuito de Santiago de Cali,
mediante Sentencia del 8 de julio de 2016, revocó el fallo de primera
instancia, al considerar que el proceso laboral ordinario es el medio judicial
idóneo para dirimir la controversia sobre el despido del accionante, la Sala
expondrá con más detalle (i) las pautas generales fijadas por la Corte
Constitucional en la materia, así como (ii) algunas consideraciones
jurisprudenciales en torno a la procedencia de la acción de tutela respecto a
las controversias laborales, para determinar la viabilidad de este mecanismo
para el presente caso.
Subsidiariedad de la acción de tutela. Reiteración
de jurisprudencia
2.4.1. La Corte ha señalado que el objeto de la acción
de tutela no es el de reemplazar a los medios judiciales ordinarios con los que
cuentan los ciudadanos para la defensa de sus derechos. En este sentido, ha
indicado que ante la existencia de otras vías judiciales, por regla general la
acción de tutela no es procedente. Lo anterior, de conformidad con el artículo
86 Constitucional, que señala que esta ruta “solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Dicho
mandato fue reiterado, además, en el desarrollo normativo de la acción de
tutela previsto en el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991[9].
De esta manera, si los procesos ordinarios están
diseñados para solucionar los conflictos jurídicos, y por tanto para proteger
los derechos de las personas, la tutela no puede ser empleada como un mecanismo
alterno o complementario. Bajo esta premisa, la acción de tutela solo procede
si se han agotado todas las instancias y los recursos con los que cuenta el
afectado para la protección de sus derechos[10].
No obstante lo anterior, esta Corporación ha precisado
que debido al objeto de la acción de tutela, esto es, la protección efectiva de
los derechos fundamentales, resulta necesario analizar en cada caso la
procedibilidad o no de la acción. Ello, debido a que no basta con la existencia
del medio ordinario de defensa judicial,  pues habrá que analizar (i) si
éste es idóneo y eficaz, y en última instancia determinar, (ii) la
posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, que ponga en riesgo la
afectación de los derechos fundamentales del peticionario[11].
2.4.2. En el primer caso, la Corte ha precisado que la
tutela procede cuando un medio de defensa judicial no es idóneo o eficaz para
proteger los derechos fundamentales del accionante. En particular, ha sostenido
que la idoneidad hace referencia a la aptitud material del mecanismo ordinario,
para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre
cuando el medio de defensa se corresponde con el contenido del derecho.
Respecto a la eficacia, se ha indicado que se relaciona con el hecho de
que el mecanismo esté diseñado, de forma tal que brinde de manera oportuna e
integral una protección al derecho amenazado o vulnerado[12].
De manera que, para determinar la concurrencia de
estas dos características del mecanismo judicial ordinario, deben analizarse,
entre otros aspectos los siguientes: (i) Los hechos de cada caso,
(ii) si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente
ofrece la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela,
(iii) el tiempo de decisión de la controversia ante la jurisdicción
ordinaria, (iv) el agotamiento de la posibilidad de ejercicio del
derecho fundamental durante el trámite, (v) la existencia de medios
procesales a través de los cuales, puedan exponerse los argumentos relacionados
con la protección de los derechos fundamentales, (vi) las circunstancias
que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido, o no espere
promover los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; (vii) la
condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario, que
exige una particular consideración de su situación[13].
Así las cosas, en este tipo de casos, la Corte ha
admitido excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela ante la
inexistencia de un medio de defensa judicial, o cuando el existente no resulta
idóneo o eficaz, para la protección de los derechos fundamentales de las
personas, lo que se justifica por la imposibilidad de solicitar una protección
efectiva, cierta y real por otra vía. Frente a esta hipótesis, la tutela
procede como mecanismo definitivo.
2.4.3. Ahora bien, si el mecanismo existe, pero además
resulta idóneo y eficaz, la tutela solo procede si se evidencia la amenaza de
ocurrencia de un perjuicio irremediable. En este caso, la Corte ha
sostenido que la tutela se torna viable y el amparo se otorga transitoriamente,
hasta tanto la situación sea definida en la jurisdicción competente. Para ello,
el demandante debe instaurar las acciones ordinarias correspondientes, dentro
de un término máximo de 4 meses a partir del fallo, lapso que se suspende con
la presentación de la demanda ordinaria. En este caso, el término señalado es
imperativo, y si el actor no cumple con la obligación señalada, la tutela
pierde su vigencia. En estos eventos, la persona deberá demostrar de forma
suficiente la necesidad de la medida, para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable contra el afectado.
2.4.4. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha
decantado los elementos que deben concurrir para el acaecimiento de un
perjuicio irremediable:“(i) que  se esté ante un perjuicio inminente o
próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los
hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que
conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica,
altamente significativo para la persona;(iii) se requieran de medidas
urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la
inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias
particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser
impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable”[14].
La procedencia de la acción de tutela frente a las
controversias laborales, plantea la distinción entre el menoscabo de derechos
legales y constitucionales fundamentales
2.4.5. En
principio y por regla general, la acción de tutela no procede para tramitar
pretensiones relacionadas con contratos de trabajo (por ejemplo, el reintegro
y/o el pago de acreencias laborales[15])
o derivadas de convenciones laborales. En estos casos, el juez competente para
resolver el asunto es el juez laboral ordinario. Sin embargo, la Corte también
ha indicado que es posible que en desarrollo de una relación laboral se hayan
menoscabado, no solamente derechos legales derivados del contrato de trabajo,
sino también prerrogativas constitucionales de quien se halla bajo situación de
subordinación laboral.
En ese último
supuesto, se habilita la vía del amparo constitucional con el propósito de
hacer cesar la alegada vulneración de los derechos fundamentales o de prevenir
su inminente lesión, independientemente de que las pretensiones de la demanda
de tutela se encuentren en el fondo relacionadas con el contrato de trabajo o
de que se ejecuten en este marco. Lo relevante en tal hipótesis no es el
vínculo entre las pretensiones de la acción de tutela y el contrato de trabajo,
sino que aquellas persiguen detener una violación a los derechos fundamentales
del trabajador. Es ello lo que activa la vía extraordinaria de la acción de
tutela, como mecanismo expedito para remediar prácticas del empleador
contrarias a las disposiciones constitucionales.
2.4.6. Desde
la Sentencia SU-342 de 1995, la Corte ha admitido la procedencia de la acción
de tutela cuando, más allá de las disputas derivadas de una relación laboral,
se esté ante una verdadera vulneración de los derechos fundamentales de los
trabajadores. Sobre este particular, dijo la Corporación:
“Los conflictos que se originan con motivo del contrato de trabajo, entre los patronos
y los trabajadores, pueden implicar la violación de derechos fundamentales de
éstos, o el desconocimiento de derechos fundados o que tienen origen en normas
de rango legal.  Cuando el conflicto atañe a la violación o amenaza de
violación de un derecho constitucional fundamental su solución corresponde al
juez de tutela; en cambio cuando la controversia se origina directa o
indirectamente del contrato de trabajo y naturalmente versa sobre la violación
de derechos de rango legal, consagrados en la legislación laboral, su solución
corresponde al juez laboral” [16].
Así mismo, en
la Sentencia T-340 de 2012, esta Corte reconoció que para el juez laboral
ordinario que conoce de la acción de reintegro, de manera individual y
desvinculada de una situación de despido, violatoria del derecho fundamental a
la asociación sindical, es probable que la terminación de la relación laboral
se haya realizado cumpliendo con las formalidades exigidas por la ley. Para ese
juez, no resultará observable el panorama global y la razón detrás de la
terminación del contrato de trabajo, pues a través de la acción de reintegro,
el conflicto solo se le presenta como una manifestación de la voluntad del
empleador ajustada a la ley.
La Corte
consideró, entonces, que en casos como el indicado, la acción de reintegro no
era idónea para analizar la violación del derecho a la asociación sindical de
actor, ya que por esa vía no es posible dilucidar sí, analizadas las
condiciones específicas del caso, al lado de otras circunstancias de contexto,
resulta afectado una disposición constitucional[17].
Así las cosas,
la Corte ha sostenido que las acciones laborales –como la acción de reintegro-,
resultan ineficaces para la protección del derecho a la asociación sindical,
cuando se está frente a posibles conductas que impliquen la utilización de
cualquier medio o sistema que vulnere los derechos constitucionales
fundamentales.
2.4.7. En el presente caso, la
acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Alberto Torres Yepes,
satisface el requisito de subsidiariedad, pues la demanda interpuesta por el
señor Torres Yepes y la intervención de SINTRABRINKS, plantean la posibilidad
de que BRINKS haya usado la facultad que tiene como empleador, de terminar
unilateralmente y sin justa causa, el contrato laboral del señor Torres Yepes,
con el propósito encubierto de conculcar su derecho fundamental a la asociación
sindical.
En efecto, en la solicitud de
amparo, el actor no plantea la disputa que origina su inconformidad como un
problema derivado u originado en el incumplimiento de cláusulas ordinarias del
contrato de trabajo. Su petición de tutela no se funda en una discrepancia de
carácter contractual, asociada a las prestaciones legales o convencionales a
que está obligada la empresa empleadora o, más en general, a las obligaciones
pactadas entre las partes.
Por el contrario, en lugar de
formular, como base de sus pretensiones supuestos de hecho de la citada
naturaleza, el peticionario funda su petición en un escenario enmarcado por un
conjunto de circunstancias, orientadas todas a mostrar prácticas
inconstitucionales por parte de la empleadora. De acuerdo con el accionante, en
desarrollo del contrato de trabajo, la empresa empleadora utilizó la potestad
legal de despedir sin justa causa al trabajador. Sin embargo, lo hizo con el
propósito de desconocer su derecho a la libertad de asociación sindical que,
considera, resultó efectivamente afectado como consecuencia de la terminación
de la relación laboral. Como muestra de sus afirmaciones, el actor expone los
hechos, a partir de los cuales, desde su punto de vista, se puede concluir que
la empleadora no simplemente ejerció la prerrogativa legal dentro de los
márgenes ordinarios sino que, más allá de eso, se valió de dicha atribución
para violar su derecho fundamental a la asociación sindical.
Como se puso de manifiesto,
los cauces procesales ordinarios resultan ineficaces para la protección del
derecho a la asociación sindical, en la medida en que el conflicto planteado
mediante acciones como la de reintegro, es asumido formalmente como el
resultado de la manifestación de voluntad del empleador, a partir de una
potestad legalmente conferida. Esto, a su vez, hace que para el juez ordinario
el panorama global y la razón detrás de la terminación del contrato de trabajo
no sea especialmente relevante y, por esa vía, tampoco sea identificable el
debate formulado en términos de derechos fundamentales. En estas hipótesis, la
vía de la acción de tutela es, en consecuencia, el mecanismo judicial para
propender por la protección de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, como única acción judicial eficaz.
En este orden de ideas, la
Sala considera que la acción de tutela presentada contra BRINKS, en procura de
la protección del derecho fundamental a la asociación sindical del actor, es el
medio adecuado para obtener la defensa de sus intereses, al no existir otro
mecanismo con la aptitud para obtener su salvaguarda. En consecuencia, se
estima que el requisito de subsidiariedad se encuentra también cumplido y la
Corte procederá con el estudio de fondo de la demanda de tutela interpuesta.
3. Delimitación del caso, problema jurídico y aspectos a tratar
3.1. El
accionante considera que la terminación unilateral y sin justa causa de su
contrato laboral por parte de BRINKS, después de 24 años de trabajo y a los 6
meses de haber presentado la solicitud de afiliación a SINTRABRINKS, vulnera
sus derechos a la asociación sindical, al trabajo, a la igualdad, al
debido proceso, y las libertades de expresión y opinión. Razón por la cual,
solicita se ordene a la accionada disponer de su reintegro sin solución de
continuidad, pagar los aportes que correspondan al sistema integral de
seguridad social y requerirla para que se abstenga de ejecutar conductas contra
SINTRABRINKS, sus afiliados y posibles interesados en afiliarse por hechos
similares.
Mientras que para el juez de
primera instancia, las prácticas de BRINKS vulneraron los derechos fundamentales
alegados por el actor, al despedirlo transcurridos 6 meses de su afiliación a
SINTRABRINKS, y 2 meses de su inscripción en el comité seccional de Cali,
además, de los derechos de aquellos trabajadores no sindicalizados que desean
vincularse a la organización sindical, para el ad quem, el medio
judicial idóneo para dirimir esta controversia es el proceso laboral ordinario.
Además del tema de
subsidiariedad resuelto precedentemente, la Sala no puede pasar por alto que la
vulneración del derecho a la asociación sindical planteado en este caso
envuelve dos escenarios constitucionalmente diferentes, frente a los cuales,
los jueces de instancia no definieron claramente su alcance, lo que resulta
fundamental para analizar el fondo de este asunto. Por un lado, la protección
de la prerrogativa individual del accionante, a pertenecer a una organización
sindical, sin que ello sea razón para la terminación del vínculo laboral. Y,
por el otro, la garantía del derecho a la asociación sindical -en su dimensión
colectiva-, de SINTRABRINKS, organización sindical que tendría la posibilidad
de recibir a un antiguo miembro, y de reconstituir su comité seccional en Cali.
La Sala solo abordará el
examen del caso desde la perspectiva individual, es decir, frente a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales del actor, al despedírsele
transcurridos 6 meses de su afiliación a SINTRABRINKS, y 2 meses de su
inscripción en el comité seccional de Cali, en vista de que tanto los hechos
que se exponen como fundamento su solicitud, como las pretensiones contenidas
en la demanda tutela, no están dirigidas a la protección de los derechos de la
organización colectiva, en cuanto tal, sino del derecho individual del
peticionario a asociarse en sindicatos, y que de su ejercicio no le traiga
consecuencia alguna que lo perjudique. Adicionalmente, la Corte observa que la
acción de tutela fue interpuesta por una persona que no es el representante
legal del sindicato, de tal forma que en su nombre no se puede solicitar ni
otorgar protección a la organización presuntamente afectada.
3.2. Con esta precisión, la
Corte Constitucional entrará a resolver si la decisión de BRINKS, de terminar
unilateralmente y sin justa causa el contrato laboral del señor Carlos Alberto
Torres Yepes, 6 meses después de su afiliación a SINTRABRINKS, y 2 meses de su
inscripción en el comité seccional de Cali, vulnera los derechos fundamentales
a la asociación sindical, al trabajo, a la igualdad, al debido proceso, así
como las libertades de expresión y opinión del actor.
3.3. Para abordar el estudio
del problema descrito, la Corte se pronunciará inicialmente sobre (i) el
contenido del derecho a la asociación sindical, y (ii) los límites a la
autonomía del empleador respecto de su facultad para terminar unilateralmente y
sin justa causa los contratos de trabajo de sus empleados, para con estos
elementos (iii) resolver el caso en concreto.
4. Derecho a la asociación sindical. Contenido
y alcance
4.1. El artículo 39 de la Constitución Política
establece el derecho a la asociación sindical para todos los trabajadores y
empleados, quienes pueden constituir sindicatos o asociaciones, sin
intervención del Estado. Adicionalmente, se enfatizó en que su reconocimiento
jurídico se produce con la simple inscripción del acta de constitución de tales
organizaciones, las cuales, en todo caso, quedan sujetas al orden legal y a los
principios democráticos.
A su vez, este derecho se encuentra reforzado en el
orden interno a través del bloque de constitucionalidad que integra diferentes
instrumentos de derecho internacional que consagran esta prerrogativa, tales
como (i) la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, (ii)
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (iii)
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y (iv) los
Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobados
por Colombia mediante las Leyes 26 y 27 de 1976.
4.2. Con fundamento en estas disposiciones normativas,
la Corte Constitucional se ha encargado de definir el contenido del derecho a
la asociación sindical, afirmando que se trata de“la facultad de toda
persona para comprometerse con otra en la realización de un proyecto colectivo,
libremente concertado, de carácter social, cultural, político, económico, etc.
a través de la conformación de una estructura organizativa, reconocida por el
estado (…) [y] abstenerse a formar parte de una determinada asociación y la
expresión del derecho correlativo a no ser obligado, -ni directa ni
indirectamente a ello-, libertad que se encuentra protegida por los artículos
16 y 38 de la Constitución”.[18]
Bajo esta línea, además ha sostenido que resulta una “garantía de rango
constitucional (especie del genero mayor constituido por el derecho de asociación)
inherente al ejercicio del derecho al trabajo, y articulado como un derecho con
dimensiones tanto individuales como colectivas que representa una vía para la
realización del individuo dentro de un estado social y democrático como el
definido por la Carta Política”.[19]
4.3. Por último, a partir de la anterior definición, la Corte ha
identificado tres dimensiones dentro de este derecho, a saber, (i) la individual,
que se traduce en la posibilidad del individuo de ingresar, permanecer y
retirarse del sindicato, (ii) la colectiva, que permite que los
trabajadores sindicalizados decidir, de conformidad con el
orden legal y los principios democráticos, la estructura interna y el
funcionamiento del mismo, y (iii) la instrumental, que se crea
sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos
fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social,
en especial, la negociación y suscripción de una convención colectiva[20].
5. Presunción
constitucional a favor del derecho a la asociación sindical, cuando se termina
unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo de un empleado recién sindicalizado
5.1. La Corte
Constitucional ha sostenido de forma consistente que la facultad conferida al
empleador, en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, de terminar
unilateralmente y sin justa causa comprobada un contrato de trabajo,
indemnizando a la parte afectada, no puede considerarse per se, como una
conducta antisindical, ya que tal prerrogativa tiene como finalidad buscar “flexibilizar
las relaciones de trabajo y armonizarlas en un contexto en el que predomina la
economía de mercado, la globalización y la internacionalización de las
relaciones de producción, y en el que el desarrollo tecnológico exige un margen
de acción mucho más amplio para los actores del proceso productivo”.[21]
5.2. No obstante lo anterior,
esta Corporación ha manifestado que, de ninguna manera, las potestades
ordinarias y legales conferidas al empleador, pueden ejercerse con el propósito
de menoscabar los derechos de la contraparte, en particular a la asociación
sindical. Por lo tanto, en la misma jurisprudencia, se han fijado límites a la
facultad del empleador para terminar unilateral y sin justa causa el contrato
de sus trabajadores, algunos de los cuales se señalan a continuación por su
relevancia para el presente caso:
- La facultad para terminar
unilateral y sin justa causa el contrato laboral no se puede utilizar con la
intención de detener u obstaculizar cualquier intento de asociación sindical de
los trabajadores
Al respecto, desde la Sentencia
T-476 de 1998, la Corte indicó que el empresario no puede “detener y
obstaculizar cualquier intento de asociación de sus trabajadores, dándole la
facultad de despedir a aquellos que lo promovieran o respaldaran, previo el
pago de una indemnización”. Esa concepción, afirmó el Tribunal “simplemente
repugna a los principios rectores del Estado social de derecho consignados en
nuestra Carta Política”. Razón por la cual, en aquella oportunidad, ordenó a la
empresa demandada a reintegrar a los 5 empleados a quienes había dado por
terminado el contrato de trabajo, al poco tiempo de haber promovido una
propuesta de pacto colectivo.
Aunque en la Sentencia T-077
de 2003 se negó el amparo del derecho a la asociación sindical, al
considerar que con la afiliación a la organización de trabajadores lo que
pretendía la actora era evitar la desvinculación del cargo, en la parte motiva
de la providencia, la Corte nuevamente dejó claro que cualquier determinación adoptada
por el empleador, tendiente a obstaculizar las actividades del sindicato, sería
considerada un comportamiento violatorio del derecho a la libertad de
asociación. Así, dijo que, cuando se pueda comprobar que la decisión del
empleador está “orientada a desalentar a los posibles
asociados, a sancionarlos o discriminarlos por haberse asociado, a presionarlos
para retirarse, a desmontar o debilitar las organizaciones sindicales,
independientemente de su clase, categoría o número de miembros, o a excluir masivamente
de sus puestos u oportunidades de empleo a los trabajadores sindicalizados,
bien que el comportamiento reprochable provenga de entes públicos o de empresas
privadas”, resulta claro que, en el fondo, tiene una intención violatoria del
derecho a la asociación sindical.
- La facultad para terminar
unilateral y sin justa causa el contrato laboral no se puede utilizar con la
intención de sancionar el ingreso, permanencia y participación de los
trabajadores en la organización sindical, provocando con dichas actuaciones la
renuncia al sindicato
En la Sentencia T-1328 de 2001,
la Corte puntualmente analizó la anterior situación frete a varios trabajadores
sindicalizados que, en un lapso de tres meses, la empresa había tomado la
determinación de dar por terminado sus contratos de trabajo de forma unilateral
y sin justa causa, en un contexto en el que se afirmaba, además, que la
decisión adoptada por el empleador había creado un clima de inseguridad y
malestar laboral que llevó a otros trabajadores a retirarse de la organización
sindical. En esa oportunidad, esta Corporación fue enfática al afirmar que “la potestad legal contenida en el numeral 2 del
artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo no puede ejercerse como un
instrumento que desconoce las libertades sindicales del trabajador y los
derechos propios de las organizaciones sindicales”. Así las cosas, consideró
que “al juez constitucional corresponde determinar, en cada caso concreto, si
las facultades patronales fueron ejercidas de manera indebida, transgrediendo
los derechos fundamentales de los trabajadores” o, al contrario, se ejerció en
el marco de las atribuciones consignadas en el Código Sustantivo de Trabajo.
En un sentido similar, en la Sentencia
T-657 de 2009, este Tribunal puso de manifiesto que dichas facultades
tampoco “pueden ser utilizadas como instrumento de persecución sindical y que
para que eso ocurra basta con que conductas del empleador, en principio lícitas,
como dar por terminado de manera unilateral los contratos de trabajo de algunos
empleados, o aplicar los correctivos disciplinarios que sean del caso de
acuerdo con el reglamento, se conviertan en instrumentos de presión sobre la
organización sindical, que incidan, por ejemplo, en la reducción de sus
afiliados, o en un clima de aprehensión para potenciales integrantes, o en la
inhibición de actividades propias de la organización de los trabajadores”. Bajo
esta consideración fue que la Corte decidió amparar el derecho a la asociación
sindical del actor, revocando la sanción impuesta por la empresa, al no
demostrarse con suficiencia que la actuación surtida por la parte demandada se
sustrajo de toda arbitrariedad y, por ende, no produjo ninguna afectación a los
derechos fundamentales del actor.
- La facultad para terminar unilateral
y sin justa causa el contrato laboral no se puede utilizar de forma
desproporcionada, convirtiéndola en una práctica discriminatoria y atentatoria
del derecho a la asociación sindical
Justamente, en la Sentencia
T-436 de 2000, esta Corporación insistió en que el uso desproporcionado de
la atribución de terminar unilateralmente y sin justa causa el contrato de
trabajo configura una violación de los derechos reconocidos a los trabajadores,
particularmente a la asociación sindical, dado que “no debe abrir las puertas
para que aquél, amparado en ella, prescinda, sin control ni medida y de manera
colectiva o masiva, de los servicios de los trabajadores bajo su dependencia
para mermar el número de miembros activos de los sindicatos”. Como tampoco debe
llevar al “al sacrificio de prerrogativas inherentes a conquistas logradas por
la colectividad de los trabajadores, ni tampoco al olvido de los derechos
básicos de los mismos y sus asociaciones, garantizados en tratados
internacionales”. Con tal apreciación fue que la Corte ordenó el reintegro de
varios trabajadores a los que la empresa demandada terminó unilateralmente los
contratos, con fundamento en la facultad otorgada por el artículo 6º de la Ley
50 de 1990, pues la actitud de la compañía iba dirigida a acabar con la
organización sindical.
En la misma lógica, esta
Corporación resolvió, en la Sentencia T-965 de 2011, conceder los
derechos laborales a varios trabajadores que, un día después de haber
conformado la organización sindical y de que fueran entregados los documentos
relacionados con la constitución, la empresa dio por terminado los contratos de
forma unilateral e injustificada, del 28% de los sindicalizados y el 40% de la
junta directiva. Para sostener esa decisión, la Corte reiteró el hecho de que,
si bien una de las características de los contratos laborales es la facultad de
dar por terminada el vínculo contractual, la potestad a cargo del empleador,
así sea resarciendo los daños de la decisión, no puede ser empleada para
disminuir miembros activos del sindicato, Dijo la Corte al respecto que, el juez constitucional deberá valorar en conjunto los distintos
factores concurrentes, y definir “si efectivamente el despido sin justa causa
de trabajadores sindicalizados, vulnera los derechos del sindicato y los de sus
afiliados, desconociendo las garantías reconocidas por la Constitución sobre la
materia.”
5.3. Debido a situaciones como
las indicadas precedentemente, la Corte ha desarrollado una presunción
constitucional a favor del derecho a la asociación sindical, según la cual,
el despido de un trabajador recién sindicalizado tiene origen en su ingreso,
permanencia y participación en dicha organización. En otras palabras, cuando el
empleador hace uso de su facultad para terminar unilateralmente y sin justa
causa los contratos de sus empleados, al poco tiempo de que los mismos se
afiliaran a la organización de trabajadores, se colige que la decisión de la
empresa tiene relación con el ejercicio de su derecho a la asociación sindical.
En razón a que con dicha
presunción se invierte la carga de la prueba, y es el empleador el que debe
demostrar que su actuación no tiene origen, o se estima relacionada, con la
vinculación del trabajador a la organización sindical, la motivación que tuvo
para terminar unilateralmente el contrato de trabajo debe ser manifiestamente
clara, suficiente y relacionada con las finalidades que buscó el legislador al
establecer dicha potestad legal (artículo 64 del C.S.T.). Así las cosas, el
empleador debe demostrar que la decisión adoptada no guarda ninguna relación
con el ejercicio de su derecho a la asociación sindical, sino que estuvo ligada
a otras razones legítimas y permitidas por la potestad que la ley le confiere.
Esta regla fue plasmada en la Sentencia
T-386 de 2011, ocasión en la que se presentó ante la Corte un caso de
despido unilateral y sin justa causa de varios trabajadores recién vinculados
al sindicato. En la parte resolutiva, esta Corporación expresamente manifestó
que “constituye una indicio que demuestra de manera
suficiente, que el despido se produjo como una sanción a estas personas en
razón a su afiliación a Sintra OMA Colombia”, el hecho de que “exactamente un
día después de levantarse automáticamente el fuero de los actores reseñados, el
empleador procedió a dar por terminados sus contratos de trabajo”.
Igualmente, en
la Sentencia T-340 de 2012, donde también está como parte demandada
BRINKS DE COLOMBIA, la Corte reiteró que se incurre en una conducta inconstitucional, cuando el empleador acude a la facultad
de terminación unilateral y sin justa causa del contrato laboral, o a la
imposición de sanciones disciplinarias, con el fin de afectar la organización
sindical, buscando su debilitamiento o su  desaparecimiento, a través de la
persecución o desvinculación de un número plural de trabajadores
sindicalizados. Por lo tanto, en dicha oportunidad, decidió amparar los
derechos fundamentales de 5 ex trabajadores sindicalizados, frente a los
cuales se iniciaron procesos disciplinarios y la terminación sin justa causa
del contrato de trabajo, después de la afiliación al sindicato, sin que
existieran razones expresas y directas que permitieran apreciar que la decisión
no buscaba sancionar o dificultar la labor del trabajador por causa de su
afiliación al sindicato.
Consideró la Corte, en tal
oportunidad, “que
la forma en que ocurrieron algunos hechos; su cercanía temporal con la fecha de
afiliación al sindicato; y la lejanía en el aspecto cronológico entre hecho
sancionable, el proceso disciplinario y la sanción impuesta a los recién
afiliados al sindicato hace que surjan dudas respecto de los verdaderos motivos
que llevaron a la Empresa a tomar tales decisiones y, por consiguiente, aporta
el fundamento para concluir que se vulnera el derecho de asociación sindical,
por cuanto se aprecia como probable que el móvil de dichas acciones haya sido
el castigo por la afiliación al sindicato de BRINKS DE COLOMBIA S.A., a la vez
que, de forma indirecta, el desincentivo a la afiliación a dicha organización
sindical”. En esa medida, concluyó la Corporación, “será el análisis contextual
–construido con material indiciario- el que guíe a concluir que dichas
consecuencias son el fruto de la afiliación o pertenencia al sindicato”.
5.4. En suma, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que, bajo ninguna circunstancia, la atribución del
empleador de terminar unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo,
puede ejercerse con el propósito de limitar o menoscabar los derechos de la
contraparte, particularmente a la asociación sindical. Razón por la cual, la posibilidad que la ley otorga al empleador en los contratos
individuales de trabajo, no implica que aquél, amparado en ella, pueda
prescindir sin control ni medida, de los servicios de los trabajadores bajo su
dependencia, para mermar el número de miembros activos de los sindicatos. Así,
cuando el despido ocurra frente a trabajadores recién sindicalizados, se activa
la presunción constitucional a favor del derecho a la asociación sindical,
según la cual, la terminación del contrato obedeció a su afiliación,
permanencia y participación en dicha organización. Al invertirse la carga de la
prueba, entonces, el empleador deberá demostrar los elementos que desvirtúan dicha
presunción y que, por lo tanto, explican que la decisión obedece a razones
legítimas y permitidas por la potestad de la ley.
6. Resolución del caso concreto
BRINKS no desvirtuó la
presunción constitucional a favor de su trabajador recién sindicalizado,
constituyéndose en un despido atentatorio contra la garantía del derecho a la
asociación sindical
6.1. En el
presente caso, la Sala considera que BRINKS, en su calidad de empleadora, no
demostró con suficiencia elementos que permitan advertir que el despido del
señor Torres Yepes obedeció a razones objetivas, constitucionalmente
admisibles, por medio de las cuales se desvirtúa la presunción constitucional a
favor del trabajador recién sindicalizado, constituyéndose la terminación
unilateral y sin justa causa de su contrato, en una actuación discriminatoria y
atentatoria contra la garantía del derecho a la asociación sindical, por las
razones que se pasan a explicar:
6.2. Está
probado en el proceso que el actor tuvo una relación laboral con BRINKS por más
de 24 años (del 6 de septiembre de 1991 al 23 de diciembre de 2015). Sin
embargo, después de 6 meses de que el señor Torres Yepes presentó su solicitud
de admisión a SINTRABRINKS (5 de junio de 2015), y solo dos meses de que
participara en la constitución del comité seccional del sindicato en Cali (16
de octubre de 2015), el empleador decidió terminar su contrato de trabajo de
forma unilateral y sin justa causa.
Por
consiguiente, la Sala aprecia como probable que el móvil de la terminación de
contrato haya sido la afiliación al sindicato, dado que BRINKS hizo uso de su
atribución legal a los pocos meses de que éste se afiliara a la organización,
considerando no solo el periodo en que el actor ha trabajado en la empresa, sino
el hecho de que ningún trámite disciplinario en su contra conllevó previamente
a la finalización de su contrato, por más procesos de reestructuración y políticas
de reducción de personal de la empresa.
Lo anterior
hace que surjan dudas respecto de los verdaderos motivos de BRINKS para tomar la
decisión, de terminar unilateralmente el contrato laboral del señor Torres
Yepes, frente a los cuales, la empresa no demostró que el uso de la referida
atribución legal, hubiese tenido una motivación razonable y susceptible de
inscribirse dentro del margen constitucionalmente tolerado para su utilización,
como sería la finalidad de flexibilizar las relaciones de trabajo para
responder a la economía de mercado, según ha sostenido la jurisprudencia de
esta Corporación.
6.3. Precisamente,
una de las razones que manifestó el apoderado de BRINKS para finalizar el
vínculo laboral con el señor Torres Yepes fue las diferentes faltas
disciplinarias y sanciones aplicadas al accionante durante sus 24 años de
servicio con la empresa. Según el escrito de impugnación, el comportamiento
laboral del accionante no fue intachable y, aunque no se desvinculó antes,
señala que su bajo desempeño laboral fue la causa inmediata para que BRINKS
tomará la decisión de terminarle el contrato de trabajo.
En efecto, de
acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, BRINKS inició varios
procesos disciplinarios contra el actor, sin embargo, ninguno concluyó con la
imposición de una sanción de despido[22].
En la última citación a descargos, por los hechos que acontecieron el 4 de
septiembre de 2015, cuando el señor Torres Yepes no marcó el sistema diseñado
para el reporte de rondas de seguridad, por quedarse dormido 15 minutos, la
empresa tomó la decisión de suspenderlo de su labor por un término de 4 días, acorde
con lo establecido en el artículo 51 del C.S.T., sin que se mencionará,
siquiera la posibilidad, de terminar su contrato de trabajo.
Por lo tanto, la
Corte no puede admitir que BRINKS traiga a colación dichas comportamientos para
justificar ahora su decisión de terminar unilateralmente el contrato de trabajo
al señor Torres Yepes. Tales comportamientos, como ya se indicó, fueron en su
momento objeto de las respectivas actuaciones disciplinarias habiendo estas
concluido con sanciones distintas a la terminación unilateral del contrato. El
planteamiento de BRINKS, de pretender justificar la terminación del contrato de
trabajo del actor a partir de conductas ya juzgadas relacionadas con el
incumplimiento de sus labores, resulta además contradictorio, si se tiene en
cuenta que la empresa, en la carta de despido destaca “su compromiso, aporte
y colaboración durante su permanencia en la Empresa”.[23]
Así las cosas,
sancionar en la presente oportunidad a un trabajador por fallas cometidas por
éste en el pasado, pero además, por equivocaciones por las que ya fue procesado
y sancionado, significaría admitir que se puede condenar nuevamente al actor
por hechos que ya fueron objeto de reproche previamente, lo cual implica una
clara vulneración del derecho al debido proceso del empleado.
En efecto,
acorde con la Constitución Política (art. 29), en cualquier actuación judicial
o administrativa, toda persona tiene derecho a no ser juzgada dos veces por el
mismo hecho, disposición constitucional que interpretada a la luz del derecho
internacional de los derechos humanos, además, garantiza que no puede ser
sometida a un nuevo proceso, independientemente de su absolución o condena
previa (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14).[24]
En este caso, la Sala observa que el señor Torres Yepes ya fue sancionado por
las fallas disciplinarias que la compañía en esta oportunidad alega, las
cuales, de considerarse como la razón objetiva para la terminación del contrato
de trabajo, comportaría la transgresión de este derecho, situación que es
inadmisible constitucionalmente.
6.4. El
apoderado de BRINKS también indicó que la decisión de terminar unilateralmente
y sin justa causa el contrato del señor Torres Yepes, era un acto revestido de
legalidad, ya que estaba amparada por el literal h) del artículo 61 del Código
Sustantivo del Trabajo. A juicio del apoderado, la decisión del a quo cercena
la facultad de los empleadores de prescindir de los servicios de un trabajador
en cualquier momento, mediante el pago de una indemnización.
Frente a este
argumento, como se dijo anteriormente, la Corte ha reconocido la autonomía del
empleador para terminar unilateralmente el contrato de su trabajador. Sin embargo, esta misma Corporación ha sostenido que, de
ninguna manera, las potestades ordinarias y legales conferidas al empleador,
como la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo,
pueden ejercerse con el propósito de menoscabar el derecho a la asociación
sindical.
Bajo esta
óptica, cuando exista una duda razonable de que la decisión del empleador tiene
causa en la afiliación, permanencia o participación del trabajador en la
organización sindical, no basta con la afirmación del uso legítimo de esta
potestad por parte del empleador, sino que, al contrario, la compañía debe
demostrar de forma clara y suficiente que su decisión no guarda ninguna
relación con el ejercicio de este derecho constitucional.
En el presente
caso existen dudas frente a las razones de la empresa para finalizar el
contrato de trabajo con el actor, ya que la misma Defensoría del Pueblo en su
insistencia ante la Corte expuso que “no existe una razón distinta al ejercicio
del principio de autonomía contractual por parte de la empresa accionada que
haya justificado el rompimiento de una relación laboral estable y pacífica de
25 años con el accionante. No se observan llamados de atención, diligencias de
descargos, comportamientos inadecuados, llegadas tarde a su lugar de trabajo o
sustracción de sus obligaciones laborales que pudieran haber contribuido a la
toma de esa decisión. (…)”. Lo anterior, afirmó, lleva a inferir que “el
accionante bien pudo haber sido objeto de una retaliación por parte de la
empresa que concluyó con un despido injustificado, que si bien se ampara en el
principio de la autonomía contractual, a todas luces por las circunstancias
concretas del caso no resiste un juicio de justificación, proporcionalidad y
razonabilidad de la decisión adoptada por el empleador del accionante.”
En la
medida que se acusa a BRINKS de sancionar el ingreso del actor a la
organización sindical, y siendo éste un límite a la potestad establecida en el
artículo 64 del C.S.T., el empleador no puede simplemente abrogarse la razón de
su decisión con fundamento en las disposiciones establecida en la ley, sino que
debe demostrar que no existe una práctica discriminatorio, que guarda relación
con el ejercicio del derecho a la asociación sindical. No obstante, la empresa
no demostró que la decisión estuvo ligada a otras razones legítimas, sino que
se limitó a señalar que era una potestad permitida por la ley.
6.5. El último
de los argumentos de BRINKS se relacionó con el hecho de que la decisión de terminar
unilateralmente el contrato del señor Torres Yepes, no fue el deseo de limitar
el derecho de los trabajadores a asociarse sindicalmente, dado que la empresa
ha promovido la formación y el crecimiento de SINTRABRINKS. Así lo demuestran
las cifras, pues entre el 2011 y el 2016, se ha presentado un incremento del
351% en el personal convencionado, de tal forma que en el último año,
SINTRABRINKS agrupaba más de 400 afiliados.
Como se
fijó con anterioridad, la garantía del derecho a la asociación sindical, en su
dimensión colectiva, no es un aspecto a definir en esta oportunidad, en la
medida que el señor Torres Yepes es el único accionante en este proceso, y no
la colectividad de SINTRABRINKS, constituida por sus distintos afiliados, o legitimada
por su representante legal. Sin embargo, si fuera éste el caso donde se debate
la situación de SINTRABRINKS, las pruebas obrantes en el expediente también plantean
dudas frente a si la potestad unilateral de la empresa se enmarca en una
actuación legítima o, por el contrario, se configura una práctica recurrente y
desproporcionada con el fin de afectar al sindicato.
Según las
consideraciones de algunas autoridades judiciales, por ejemplo, varios
trabajadores fueron despedidos sin justa causa, con el específico propósito de
vulnerar el derecho a la asociación sindical, así como sucedió con el señor Giovanny
Rafael Baquero Martínez, a quien el Juzgado 22 Civil Municipal de Barranquilla,
por medio de la sentencia proferida el 9 de abril de 2015, y el Juzgado 10
Civil del mismo circuito judicial, el 22 de junio del 2015, ampararon los
derechos fundamentales al trabajo, a la asociación sindical y al mínimo vital,
ordenando a BRINKS reintegrarlo a un cargo igual o superior.
Inclusive,
desde una perspectiva global, el examen de la afectación del derecho a la
asociación sindical de SINTRABRINKS, tendría que incluir los considerandos de
la Sentencia T-340 de 2012, por medio de la cual esta misma Corporación exhorta
a BRINKS para que deje de ejecutar conductas que hagan nugatorio el derecho
mencionado.
No
obstante, entendiendo que el objeto de la presente acción de tutela se reduce
al examen de la afectación del derecho a la asociación sindical del señor
Torres Yepes, BRINKS lo que debía demostrar era que su decisión se debió a una
razón objetiva, relacionada con la finalidad de tal potestad legal, y no a la
intención de afectar el ejercicio de este derecho. Así las cosas, no basta con
afirmar, de forma general, la progresiva afiliación al sindicato, o cómo no se despide
masivamente a los mismos, sino cómo en el caso particular aseguró su goce
efectivo.
En cambio,
el material probatorio guía a la Sala a concluir que la decisión de terminar
unilateralmente el contrato es el fruto de la afiliación o pertenencia al
sindicato. Al respecto, llama la atención que la desvinculación laboral del
señor Torres Yepes, implicó una reducción en el quorum requerido para la
conformación del comité seccional de SINTRABRINKS en Cali, con lo cual, dicho
comité quedó incurso en causal de disolución.[25].
El señor Torres Yepes era uno de los 12 miembros del comité seccional de
SINTRABRINKS en Cali, y su participación en la organización completaba el
número mínimo de personas requeridas para la constitución del comité. En estas
condiciones, la finalización de su vínculo laboral con la empresa tuvo la
evidente consecuencia de afectar el quorum necesario para el
funcionamiento de la seccional del sindicato en Cali, pues si bien, como lo
señala el apoderado de la demandada, ello no ocasiona automáticamente el
desaparecimiento de la organización, la deja incursa en causal objetiva de
disolución.
De este modo, al contrario de lo afirmado por el apoderado, los
hechos probados en este proceso indican que la motivación de BRINKS de
terminar unilateralmente el contrato de trabajo del señor Torres Yepes, fue
impedirle ejercer su derecho a la asociación sindical dentro de SINTRABRINKS y,
por la misma vía, afectar negativamente el quorum requerido para la
constitución de un comité seccional del sindicato, del cual el accionante libre
y voluntariamente participó para su conformación.
6.6. En
conclusión, el conjunto de elementos mencionados,
debidamente acreditados dentro del trámite de la acción de amparo, conducen a
inferir que la decisión de BRINKS, de terminar unilateralmente el contrato del
señor Torres Yepes vulneró su derecho a la asociación sindical y, por ese
medio, al trabajo y mínimo vital, al resultar que la terminación del contrato
de trabajo con el señor Torres Yepes obedeció a su afiliación y permanencia a SINTRABRINKS.
En
consecuencia, la Corte protegerá el derecho a la asociación sindical del señor
Torres Yepes. Para salvaguardar esta prerrogativa, es necesario confirmar la
decisión de reintegrarlo, a un puesto de trabajo de igual o superiores
condiciones, que el que ocupaba antes de ser desvinculado de BRINKS.
Igualmente, es indispensable exhortar a BRINKS, para que permita el retorno del
señor Torres Yepes a SINTRABRINKS, y a su comité seccional de SINTRABRINKS en
Cali.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado 3ro. Laboral del Circuito de Santiago de
Cali, proferida el 8 de julio de 2016, que declaró improcedente la acción de
tutela en segunda instancia y, en su lugar, confirmar parcialmente la decisión del
Juzgado 3ro. Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, proferida el 6 de
mayo de 2016.
Segundo.- MODIFICAR el ordinal
1º de la sentencia del Juzgado 3ro. Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Cali, proferida el 6 de mayo de 2016, en el sentido de amparar el derecho
fundamental a la asociación sindical del señor Carlos Alberto Torres Yepes,
identificado con cédula de ciudadanía No. 16.680.923 de Cali, derecho que fue
vulnerado por la empresa BRINKS DE COLOMBIA S.A.
Tercero.- CONFIRMAR las
órdenes segunda y tercera de la sentencia del Juzgado 3ro. Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Cali, proferida el 6 de mayo de 2016, mediante las
cuales (i) se ordenó a BRINKS DE COLOMBIA S.A., reintegrar en el término de las
48 horas siguientes a la notificación de la decisión, al señor Carlos Alberto
Torres Yepes, al cargo que venía desempeñando, sin solución de continuidad, así
como cancelando los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir, y
(ii) se autorizó la compensación de los dineros percibidos por el señor Carlos
Alberto Torres Yepes, en virtud del pago de la indemnización por la terminación
de su contrato laboral sin justa causa, en tanto si existiere un saldo a favor
de la accionada se ordenó proceder con la respectiva devolución.
Cuarto.- EXHORTAR a BRINKS
DE COLOMBIA S.A., para que se abstenga de incurrir en prácticas restrictivas
del derecho a la asociación sindical. En consecuencia, se exhorta a esta
empresa para que permita el retorno tranquilo del señor Carlos Alberto Torres
Yepes, al Sindicato Nacional de
Trabajadores de BRINKS DE COLOMBIA (SINTRABRINKS), y a cualquiera de sus
comités seccionales, si a bien lo tiene el señor Torres Yepes.
Quinto.- Por Secretaría
General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese e insértese a la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (e)
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de
voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL
PULIDO
A LA SENTENCIA
T-367/17
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE ASOCIACION SINDICAL-Debió declararse la
improcedencia por cuanto existe otro medio de defensa judicial (Salvamento de
voto)
Referencia:
Expediente T-5.909.512
Sentencia T-367
de junio 5 de 2017
Magistrado
Ponente:
JOSÉ ANTONIO
CEPEDA AMARÍS
En atención a la decisión
adoptada, de forma mayoritaria, por la Sala Novena de Revisión, el día 5 de junio de 2017, me permito presentar Salvamento
de Voto, al considerar, por una parte, que no se satisfizo el requisito de
procedibilidad de la acción de tutela relativo a su ejercicio subsidiario y,
por otra, en gracia de discusión de que se admitiera el cumplimiento de dicho
requisito, tampoco comparto la resolución del fondo del asunto, dado que la
decisión crea, sin que la Corte tenga competencia, un supuesto de fuero
sindical.
1.
La sentencia justifica el cumplimiento del requisito de subsidiariedad,
con fundamento en el siguiente argumento:
“2.4.7. En
el presente caso, la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Alberto
Torres Yepes, satisface el requisito de subsidiariedad, pues la demanda
interpuesta por el señor Torres Yepes y la intervención de SINTRABRINKS,
platean la posibilidad de que BRINKS haya usado la facultad que tiene como
empleador, de terminar unilateralmente y sin justa causa, el contrato laboral
del señor Torres Yepes, con el propósito encubierto de conculcar su derecho fundamental
a la asociación sindical” (pág., 14).
[…]
“Como se
puso de manifiesto, los cauces procesales ordinarios resultan ineficaces para
la protección del derecho a la asociación sindical, en la medida en que el
conflicto planteado mediante acciones como la de reintegro, es asumido
formalmente como el resultado de la manifestación de voluntad del empleador, a
partir de una potestad legalmente conferida. Esto, a su vez, hace que para el
juez ordinario el panorama global y la razón detrás de la terminación del
contrato de trabajo no sea especialmente relevante y, por esa vía, tampoco sea
identificable el debate formulado en términos de derechos fundamentales” (pág.,
15).
2.
La protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado a la acción de tutela[26].
Con fundamento en la obligación que el artículo 2 de la Constitución impone a
las autoridades de la República, de proteger a todas las personas en sus
derechos y libertades, los distintos mecanismos judiciales previstos en la ley
han sido establecidos para garantizar la vigencia de los derechos
constitucionales, incluidos los de carácter fundamental. De ahí que la
Constitución defina la tutela como un mecanismo subsidiario frente a los demás
medios de defensa judicial, los cuales son, entonces, los instrumentos
preferentes a los que deben acudir las personas para lograr la protección de
sus derechos[27].
3.
Si bien, el juez constitucional debe valorar, en cada situación, la
idoneidad y eficacia de estos otros mecanismos judiciales, para efectos de
garantizar una protección cierta y suficiente de las garantías especificadas en
la Constitución, por medio de la acción de tutela[28], tal valoración, en cuanto
a la primera exigencia, supone, determinar la “aptitud material del
mecanismo ordinario, para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales, lo que ocurre cuando el medio de defensa se corresponde con el
contenido del derecho” (pág., 12).
4.
En casos como el presente, a diferencia de la tesis mayoritaria,
considero que el Juez Laboral es competente para hacer valer las garantías
legales y constitucionales del derecho fundamental de asociación sindical. En
efecto, sin perjuicio de las razones que más adelante planteo en relación con
mi disenso acerca de los argumentos de fondo del caso, si bien el empleador
cuenta con la prerrogativa de terminar de forma unilateral y sin
justa causa el contrato de trabajo (artículos 61.h y 64 del Código
Sustantivo del Trabajo), de conformidad con la jurisprudencia constitucional
cuando esta tiene como causa la discriminación por razón del ejercicio
de la actividad sindical, su ejercicio es contrario a la Constitución y, por
tanto, ineficaz. Ello supone, como consecuencia, que en caso de que
dicha causa se demuestre en el caso concreto, el reintegro del trabajador
despedido es mandatorio. Esta razón juega, además, a favor de que la causa sea
conocida por la jurisdicción ordinaria laboral, escenario procesal propicio
para la garantía del debido proceso de las partes, máxime en casos como en este
en los que se exige una especial valoración probatoria, a la que, de manera
continua, está expuesta dicha jurisdicción.
5.
Por el efecto de irradiación de los derechos fundamentales respecto del
ordenamiento jurídico, en general, las distintas acciones judiciales previstas
en el ordenamiento deben protegerlos, sin que de ello se siga que la única
visión válida acerca de su protección sea la del juez constitucional. Por
tanto, aducir que la acción de tutela es la única que tiene por objeto la
cierta protección de esta categoría especial de derechos, desconoce la
idoneidad de aquellos otros remedios judiciales que permiten proteger
especiales dimensiones o facetas de los derechos fundamentales lo que, a su
vez, supondría que la jurisdicción constitucional sustituyera siempre o casi
siempre a la jurisdicción ordinaria laboral.
6.
Con relación al análisis de fondo del caso, la Sala Novena fundamentó su
decisión, en la siguiente razón genérica:
“6.1.
En el presente caso, la Sala considera que BRINKS, en su calidad de empleadora,
no demostró con suficiencia elementos que permitan advertir que el despido del
señor Torres Yepes obedeció a razones objetivas, constitucionalmente
admisibles, por medio de las cuales se desvirtúa la presunción constitucional a
favor del trabajador recién sindicalizado, constituyéndose la terminación
unilateral y sin justa causa de su contrato, en una actuación discriminatoria y
atentatoria contra la garantía del derecho a la asociación sindical” (pág.,
22).
7.
La Sala valoró como relevantes los siguientes aspectos: (i) el
tutelante, antes de su despido, había trabajado para BRINKS por más de 24 años;
(ii) el despido estuvo precedido de dos circunstancias: (ii.i) 6
meses antes, el tutelante había solicitado su admisión a la organización
sindical SINTRABRINKS; (ii.ii) 2 meses antes había participado en la
constitución del comité seccional de este sindicato en la ciudad de Cali; (iii)
no se realizó trámite disciplinario alguno en contra del tutelante, antes de su
despido. Con fundamento en estos elementos, arribó a las siguientes
conclusiones:
“[…]
la Sala aprecia como probable que el móvil de la terminación del contrato haya
sido la afiliación al sindicato, dado que BRINKS hizo uso de su atribución
legal a los pocos meses de que éste se afiliara a la organización […]
[…] la
empresa no demostró que el uso de la referida atribución legal, hubiese tenido
una motivación razonable y susceptible de inscribirse dentro del margen
constitucionalmente tolerado para su utilización […]” (pág., 22)
“[…]
BRINKS lo que debía demostrar era que su decisión se debió a una razón
objetiva, relacionada con la finalidad de tal potestad legal, y no a la
intención de afectar el ejercicio de este derecho [hace referencia al
derecho a la asociación sindical]. Así las cosas, no basta con afirmar, de
forma general, la progresiva afiliación al sindicato, o cómo no se despide
masivamente a los mismos, sino cómo en el caso particular aseguró su goce
efectivo” (pág., 25).
8.
Disiento de esta fundamentación por cuanto, en las circunstancias del caso,
se hizo equivalente la situación del tutelante a la de un trabajador amparado
por la garantía del fuero sindical.
9.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la prerrogativa del
empleador de terminar de forma unilateral y sin justa causa el contrato de
trabajo encuentra una restricción constitucional cuando tiene como causa la
discriminación por razón del ejercicio de la actividad sindical. Esta
restricción constitucional a la prerrogativa del empleador supone una garantía
reforzada a este derecho que, en todo caso, no es equivalente a aquella que
garantiza el fuero sindical. Por tanto, dado que, a su vez, supone una
restricción al derecho del empleador de terminar, de forma unilateral y sin
justa causa comprobada el contrato de trabajo con indemnización, el estándar de
prueba que se exige de la situación de discriminación no puede ser el de la
“probabilidad” de que el móvil de la terminación hubiese sido la afiliación del
tutelante al sindicato de SINTRABRINKS. Este estándar es equivalente al de la
máxima protección, que se asocia a la prerrogativa del fuero sindical,
para la que sí, efectivamente, pudiera ser suficiente, la mera probabilidad, en
la medida en que es el empleador el que debe demostrar una justa causa para
la terminación del contrato, dentro del proceso de levantamiento de fuero
sindical, ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, de que trata el artículo 113
del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Por ello es que la
jurisprudencia constitucional ha inferido que, en caso de que el empleador no
agote dicho procedimiento, se estará en presencia de un supuesto, prima
facie, de afectación del derecho de asociación sindical, en su dimensión
subjetiva.
10.
Reitero, lo dicho no significa, por un lado, que la restricción constitucional
a la que se hizo referencia sea equivalente a un supuesto de fuero sindical (de
origen jurisprudencial) y, por otro, que en todos los supuestos de terminación
del contrato laboral de un trabajador que, de manera reciente, se hubiese
afiliado a una organización sindical, deba presumirse que su despido
tuvo por objeto afectar el derecho de asociación sindical, como tampoco que, en
consecuencia, se exija que el empleador acredite una justa causa para el
despido. En el presente asunto, de hecho, no se acredita en el expediente una
condición de liderazgo sindical del tutelante, de la que pueda inferirse, de
manera razonable, que el despido hubiese tenido como causa una situación de
discriminación, con independencia del hecho de su afiliación a la organización
sindical.
Atentamente,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] En esta sección se relata los hechos descritos por la accionante
en la demanda de tutela, así como los elementos fácticos y jurídicos que obran
en el expediente.
[2] “Artículo 401. Casos de disolución. Un sindicato o
una federación o confederación de sindicatos solamente se disuelve: a) Por
cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para este
efecto; b) Por acuerdo, cuando menos, de las dos terceras (2/3) partes de los
miembros de la organización, adoptado en asamblea general y acreditado con las
firmas de los asistentes; c) Por sentencia judicial, y d) Por reducción de
los afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se trate de
sindicatos de trabajadores. e) <Ordinal adicionado por el artículo 56 de
la Ley 50 de 1990.> En el evento de que el sindicato, federación o
confederación se encontrare incurso en una de las causales de disolución, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés
jurídico, podrá solicitar ante el juez laboral respectivo, la disolución y la
liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro
sindical. Al efecto se seguirá en lo pertinente el procedimiento previsto
en el artículo 52 <380 c.s.t> de esta ley.” (Subrayado fuera de texto).
[3] “Artículo 61. Terminación del contrato. <Artículo
subrogado por el artículo 5o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el
siguiente:> “1. El contrato de trabajo termina: a). Por muerte del
trabajador; b). Por mutuo consentimiento; c). Por expiración del plazo fijo
pactado; d). Por terminación de la obra o labor contratada; e). Por liquidación
o clausura definitiva de la empresa o establecimiento; f). Por suspensión de
actividades por parte del empleador durante más de ciento veinte (120) días;
g). Por sentencia ejecutoriada; h). Por decisión unilateral en los casos de
los artículos 7o., del Decreto-ley 2351 de 1965, y 6o. de esta ley; i). Por
no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la
suspensión del contrato. (…)” (Subrayado fuera de texto).
[4] Sentencias T-926 de 2011 y T-131 de 2015.
[5] Sentencias SU-189 de 2012 y T-246 de 2015.
[6] Sentencia SU-961 de 1999.
[7] Sentencias T-374 de 2012 y T-060 de 2016.
[8] Sentencia SU-499 de 2016.
[9] Sentencias T-716 de 2013 y T-158 de 2015.
[10] Sentencia
T-150 de 2016.
[11] Sentencias T-716 de 2013, T-841 de 2014 y T-150 de 2016.
[12] Sentencia
T-150 de 2016.
[13] Sentencia T-716 de 2013.
[14] Sentencias T-716 de 2013 y T-150 de 2016.
[15] Sentencia
T-345 de 2007.
[16] Criterio que se ha reiterado, entre otras, en las Sentencias
SU-1070 de 2003 y T-965 de 2011.
[17] Esta interpretación también se ha aplicado en otras sentencias
con patrones fácticos similares (V.gr. T-476 de 1998 y SU-667 de 1998).
[18] Sentencia C-399 de 1999 y T-619 de 2016.
[19] Sentencia T-1328 de 2001.
[20] Sentencias T-701 de 2003 y T-342 de 2012.
[21] Sentencia T-476 de 1998.
[22] Véanse los folios 202 a 224.
[23] Folio 9.
[24] Sentencia T-436 de 2008.
[25] De hecho, a la
certificación del Ministerio de Trabajo del 5 de julio de 2016, se adjuntó una
copia del “formato constancia de registro de creación y primera junta directiva
de una subdirectiva o comité seccional”. La copia del formato muestra que el
número de asistentes a la asamblea de creación del comité seccional de
SINTRABRINKS en Cali, fue igual a 12 asistentes, entre los cuales se encontraba
el señor Torres Yepes  (folio 241).  La desvinculación de este último de la
empresa, impactó negativamente el quorum requerido (12 miembros) para la
constitución del mencionado comité seccional.
[26] Corte Constitucional, Sentencia T-150 de 2016.
[27] En efecto, tanto el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución Política, como el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991, respectivamente, disponen: “Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”; “Causales
de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: || 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
[28] Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2017.