SU837-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU.837/02
LAUDO ARBITRAL-Importancia/LAUDO
ARBITRAL-Estabilidad
Se debe resaltar la importancia de los
laudos arbitrales como mecanismos de resolución pacífica de los conflictos
laborales colectivos. Para que éstos puedan cumplir su función, los laudos
arbitrales han de gozar de estabilidad y seguridad, lo cual exige que las
decisiones de los árbitros sean definitorias del conflicto. La estabilidad de
los laudos constituye un principio medular del derecho laboral colectivo. El
laudo arbitral laboral pone fin al conflicto laboral, imprime certeza a los
derechos y obligaciones de las partes, fija el marco normativo para el
desarrollo del contrato de trabajo y tiene la fuerza jurídica de una convención
colectiva, con todo lo cual brinda seguridad jurídica a quienes se encuentran
cobijados por él así como a la sociedad en general. Es por ello que el
principio general de la estabilidad de un laudo sólo puede tener excepciones en
casos extraordinarios de desconocimiento de unos requisitos mínimos
establecidos en la Constitución y en la ley. El ordenamiento jurídico ha
previsto el control judicial del laudo por vía del recurso de homologación. Por
lo demás, sólo en casos ciertamente extremos, donde se presenta una vulneración
clara de derechos fundamentales por vías de hecho, es posible exceptuar la
intangibilidad de los laudos, para garantizar, la supremacía de la
Constitución.
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional contra laudo arbitral
LAUDO ARBITRAL-Procedencia
excepcional de tutela por incumplimiento de órdenes que afectan derechos
fundamentales
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA CONTRA LAUDO
ARBITRAL-Procedencia excepcional
La acción
de tutela procede como mecanismo transitorio contra un laudo arbitral, cuando
se interpone para evitar un perjuicio irremediable mientras se resuelve el
recurso de homologación. A primera vista, esta hipótesis nunca se presentaría,
ya que el recurso de homologación del laudo laboral debe resolverse en cinco
días mientras la acción de tutela en diez días, por lo que el primero siempre
sería más expedito y eficaz, excluyendo íntegramente la acción de tutela como
mecanismo transitorio. No obstante, pueden presentarse otras hipótesis que sí
justifican dejar abierta la posibilidad de acudir a la acción de tutela como
mecanismo transitorio, como cuando no se cita a uno de los dos árbitros, o se
opta por escuchar sólo a una de las partes y excluir arbitrariamente a la otra.
Antes de que sea proferido el laudo y por lo tanto antes de que pueda
interponerse el recurso de homologación, la acción de tutela puede ser vía
idónea para evitar, de manera expedita, que continúe un proceso arbitral
contrario al debido proceso.
ACCION DE
TUTELA-Procedencia
excepcional contra laudo arbitral y sentencia de homologación por vía de hecho
La acción de tutela procede contra el
laudo arbitral y la sentencia de homologación, cuando se ha hecho uso de todos
los otros medios de defensa judicial en contra del laudo arbitral y, sin
embargo, persiste aún la vulneración o amenaza a un derecho fundamental. Este
es por cierto un caso excepcional, en el que es necesario demostrar que tanto
el tribunal de arbitramento respectivo, así como el juez de homologación,
incurrieron en vías de hecho.
RECURSO DE
HOMOLOGACION DE LAUDO ARBITRAL-Finalidad
RECURSO DE HOMOLOGACION DE LAUDO ARBITRAL-Alcance
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, el recurso de homologación de los laudos arbitrales constituye, en
principio, una vía judicial idónea para la protección de los derechos
constitucionales de las partes, que no se reduce a un control de mera
legalidad. En cuanto a los alcances de la función de la homologación del laudo
arbitral, según la propia jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, ésta efectúa tanto un control de la legalidad del
trámite procesal como un control sustancial del ejercicio de la competencia
dentro de los marcos constitucionales, legales y convencionales.
SENTENCIA DE HOMOLOGACION-Convalidación de laudo arbitral pese a constituir vía de hecho/ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional por vía de
hecho judicial
En caso de
que la sentencia de homologación convalide el laudo arbitral pese a constituir
éste una vía de hecho violatoria de los derechos fundamentales, el vicio de
inconstitucionalidad se comunica a la sentencia de homologación. Esto porque la
justicia laboral habría errado gravemente en el control que sobre el laudo
había debido realizar, lo cual trae como consecuencia el que derechos
fundamentales resulten vulnerados por el laudo en virtud de su exequibilidad
declarada por la sentencia de homologación. En dicho evento, la sentencia de
homologación que omitió proteger los derechos constitucionales fundamentales
desconocidos, por los árbitros o el laudo, es inválida por consecuencia. En
esas circunstancias, la acción de tutela debe dirigirse contra ambas decisiones
y debe demostrarse que ambas, por razones semejantes o diferentes, constituyen
vías de hecho que vulneran derechos fundamentales.
VIA DE HECHO EN SENTENCIA DE HOMOLOGACION-Se dirige contra providencia que homologó el laudo
Se podría presentar la hipótesis
extrema e inusual en la cual el laudo arbitral sea plenamente conforme con la
Constitución, pero la sentencia de homologación constituya una vía de hecho. En
este evento, la acción de tutela por vía de hecho se dirigiría exclusivamente
contra la providencia que homologó el laudo, no contra el laudo mismo.
EQUIDAD-Constitucionalidad del concepto/EQUIDAD-Elementos
característicos
EQUIDAD EN
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Sentido, contenido y
alcance
EQUIDAD-Lugar y función en el derecho
ARBITRO-Límites/ARBITRO-Fallo en equidad
El Código Sustantivo del Trabajo enuncia,
de manera general, límites de orden constitucional, legal y convencional a los
árbitros. Uno de ellos es el de respetar los derechos constitucionales
fundamentales de las partes, dentro de los cuales se encuentra el derecho al
debido proceso. Ello es compatible con los mandatos derivados del principio de
Estado Social de Derecho relativos a cómo se han de tomar las decisiones. Es
claro que éstas no se pueden adoptar de manera caprichosa ni arbitraria. Los
árbitros deciden en equidad. Un claro límite constitucional de las decisiones
de los árbitros en equidad consiste en que éstas tienen que ser razonadas, no
en derecho, pero sí en equidad. De ello depende que no sean caprichosas y,
sobre todo, que el juez de homologación tenga bases para revisar el laudo e
impedir que sea arbitrario.
FALLO EN EQUIDAD-Motivación
En el caso de la decisión en equidad, es
claro que las razones de respaldo no requieren ser normativas, a diferencia de
lo que sucede con la decisión en derecho. Aún cuando el marco mínimo en el que
se adopta la decisión en equidad esté fijado en la Constitución y la ley – los árbitros
en equidad deben decidir respetando los derechos y facultades constitucionales,
legales y convencionales de las partes –, el referente para justificar la
decisión es otro, diferente a las normas jurídicas. La decisión en equidad
ausculta las circunstancias concretas del conflicto y propugna por la justicia
del caso, sin necesidad de basarse en referentes normativos positivos. En
cuanto a su justificación, la decisión en equidad debe entonces presentar
razones para entenderse motivada. Cuando no existen razones que sustenten la
decisión en equidad, ésta no puede ser tenida como ejercicio legítimo de una
función pública, al tornarse incontestable y sinónimo de un acto inexpugnable y
arbitrario.
DERECHO COMPARADO-Motivación de laudo arbitral
La motivación de los laudos
arbitrales en equidad, particularmente en materia laboral, es una exigencia
generalizada en el derecho comparado.
DERECHO
INTERNACIONAL-Motivación de laudo arbitral
ARBITRO-Exigencias mínimas de la motivación material en sus decisiones
DECISIONES-Pueden ser en derecho, en equidad, en conciencia y verdad sabida y
buena fe guardada
ARBITRAMENTO
EN MATERIA LABORAL Y COMERCIAL-Diferencias
En el ámbito comercial los laudos en
equidad también deben ser motivados, pueden presentarse excepciones en virtud
del principio dispositivo. En cambio, cuando está de por medio una decisión
estatal imperativa que convoca a un tribunal de arbitramento obligatorio, como
sucede en materia laboral, cuya decisión puede ser controlable por las partes
mediante el ejercicio del recurso de homologación, lo que decidan los árbitros
en equidad debe ser motivado. En el ámbito de las relaciones laborales, en
virtud de los principios constitucionales de protección a los trabajadores y al
trabajo, no rige el principio dispositivo ni el principio de la
confidencialidad. Por el contrario, los laudos arbitrales en lo laboral son
obligatorios y públicos, tanto en lo que concierne a sus razones como a sus
resoluciones.
LAUDO
ARBITRAL Y CONVENCION COLECTIVA-Diferencias/CONVENCION
COLECTIVA-No requiere motivación/LAUDO ARBITRAL-Requiere motivación
Si bien una convención colectiva no
tiene que ser motivada por ser fruto del consenso, un laudo arbitral en equidad
sí debe serlo por ser fruto de una imposición legal y al ejercicio de una
función pública que afecta los derechos de las partes en conflicto. Requisitos
mínimos de un laudo arbitral es que esté motivado – esto es, basado en razones
de equidad que consulten el contexto, no sean prejuiciadas, justifiquen lo
decidido en cada caso –, y que no sea evidentemente irrazonable por desconocer
flagrantemente los derechos constitucionales de las partes. El laudo inmotivado
es arbitrario por imponer inopinadamente una decisión que incide sobre los
derechos de las partes y por privarlas de las razones que servirían de
referente para controvertir ante un juez la decisión, en caso de serles
desfavorable, mediante el recurso de homologación. Por eso, el laudo carente de
motivación material o evidentemente irrazonable es contrario al derecho
constitucional al debido proceso, pilar del Estado Social y Democrático de
Derecho.
LAUDO
ARBITRAL-Inequidad
manifiesta
SENTENCIA DE
HOMOLOGACION DE LAUDO ARBITRAL-Inequidad
manifiesta/LAUDO ARBITRAL Y SENTENCIA DE HOMOLOGACION-Control constitucional residual
Es contraria a la Constitución, en
especial al concepto constitucional de equidad que ha de orientar el criterio
de los árbitros, una sentencia de homologación de un laudo, cuando en ella, por
ejemplo, a) se omite analizar si existió, en todo el laudo o en una de sus
partes, una inequidad manifiesta pese a la petición expresa de una de las
partes al respecto; o b) se presenta una falta de congruencia protuberante
entre la constatación que hace el juez de la existencia de la inequidad y de su
magnitud, por un lado, y la conclusión a la que luego éste arriba, por el otro,
como cuando sugiere que algo es manifiestamente inequitativo pero termina por
homologarlo, o viceversa. En casos extremos, como éstos, la identificación de
cualquiera de los elementos mínimos mencionados constituye una vía de hecho que
justifica el control por parte del juez de tutela de la sentencia de
homologación y por ende del laudo arbitral, en virtud de su deber de garantizar
la protección de los derechos fundamentales en especial el derecho al debido
proceso en equidad. Dicho control tiene un carácter residual, ya que los
tribunales laborales y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
son las autoridades judiciales llamadas a realizar el control de legalidad del
laudo arbitral.
VIA DE HECHO
EN LAUDO ARBITRAL Y SENTENCIA DE HOMOLOGACION
LAUDO ARBITRAL-No
existió ausencia de motivación material para el caso
LAUDO ARBITRAL Y SENTENCIA DE HOMOLOGACION-No vulneran derechos fundamentales de los pacientes de la Clínica
Shaio
LAUDO ARBITRAL Y SENTENCIA DE HOMOLOGACION-No vulneran derechos fundamentales de los trabajadores de la
Clínica Shaio
Referencias: expediente T-503413, Sentencia
T-046 de 2002 y Auto 027 de abril 2 de 2002
Actor: Fundación Abood Shaio y otros
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de
dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra,
Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, quien preside la Sala, Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro
Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Proferida en reemplazo de la Sentencia T-046
de 2002, anulada íntegramente mediante auto 027 de abril 2 de 2002, proferido
por la Sala Plena de la Corte Constitucional, dentro del proceso de revisión
del fallo de tutela proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria el 22 de agosto de 2001, al resolver la
impugnación contra el fallo proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria el 5 de junio de 2001, al
resolver la acción de tutela instaurada por la Fundación Shaio y Otros contra
el Tribunal de Arbitramento Obligatorio y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1 El 20 de Diciembre de 2000 se dicta el Laudo Arbitral en
cuestión proferido por un Tribunal de Arbitramento Obligatorio integrado por
los doctores TITO ADOLFO FERRONI GUZMÁN, LILLY YOLANDA VEGA BLANCO y ARMANDO
NOVOA GARCIA. Su vigencia terminó el 31 de Diciembre de 2001.
1.2 La convención colectiva, cuya vigencia expiraba el 31 de
Diciembre de 1999, fue denunciada en parte por la Asociación Nacional de
Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades
Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad – ANTHOC –. La Fundación Shaio ya
había denunciado la convención en dos oportunidades (el 29 de octubre de 1999 y
el 25 de noviembre de 1999). La etapa de arreglo directo fue breve – del 10 al
29 de marzo de 1999 – y no fue prorrogada. El Ministerio de Trabajo, a
solicitud del sindicato, el 14 de junio de 2000, decidió convocar e integrar un
Tribunal de Arbitramento Obligatorio, según lo previsto en el Artículo 34 del
Decreto 2351 de 1965.
1.3 El 7 de noviembre de 2000 se instaló el Tribunal. Después de una
prórroga de 30 días y de seguir los trámites que juzgó necesarios, el Tribunal
profirió el laudo. El empleador interpuso recurso de homologación contra todo
el laudo, por inequitativo, ante la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, y, en su defecto, contra parte de él, con argumentos
específicos a cada cláusula.
1.4 El 20 de marzo de 2001, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia resuelve el recurso. Decide homologar el laudo tanto en su
conjunto por no ser “manifiestamente inequitativo” el aumento en salarios y
auxilios ni “exorbitante” las primas de cirugía, cuidados intensivos y cuidados
coronarios. Sólo anuló el carácter irredimible que el laudo le otorgaba a la
base de días para el cálculo de la prima de vacaciones.
1.5 El empleador ante los resultados financieros de 1999 y la
proyección al año 2000, resolvió pedir el 7 de abril de 2000 autorización al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para despedir 222 trabajadores,
petición no resuelta a la fecha del fallo de tutela de primera instancia, y
promover el 9 de abril de 2000 un acuerdo de reestructuración de la empresa, en
aplicación de la Ley 550 de 1999.
1.6 Durante la negociación del acuerdo de reestructuración, los
expertos que analizaron la viabilidad económica del hospital concluyeron que
ella sólo era posible si las acreencias se cancelaban en un proceso de nueve
años y “si los costos laborales se reducían en ocho puntos porcentuales del
total de las ventas totales”, lo cual fue informado al Tribunal de
Arbitramento.
1.7 El 30 de noviembre de 2000 se firma el acuerdo de
reestructuración. El laudo es proferido 20 días después de firmado el acuerdo
de reestructuración.
1.8 El Tribunal de Arbitramento estimó que sólo era competente para
conocer de lo planteado por el sindicato en el pliego de peticiones. No aceptó
conocer de la primera denuncia del empleador por haber sido extemporánea dada
su presentación prematura. No admitió conocer de la segunda denuncia del
empleador “por cuanto no se sustentaron en forma fundamentada, ni se encontró
en forma concreta y demostrada alteraciones drásticas y notorias que amenacen
en forma grave y evidente la vida de la empresa”.
2. Solicitud
La Fundación y unos ciudadanos presentaron el diecinueve (19) de
junio de dos mil uno (2001) acción de tutela contra el laudo y contra la
sentencia de homologación de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación
Laboral. Pretenden que el laudo sea declarado contrario a la Constitución. En
subsidio solicitan que se ordene atender prioritariamente los gastos de
funcionamiento de la entidad y, cubiertos aquellos, se proceda a la cancelación
de los beneficios económicos extralegales generados por el laudo arbitral.
Fundan sus pretensiones tanto en la violación del debido proceso porque el
Tribunal no apreció las pruebas que muestran la crítica situación de la Clínica
y la necesidad de reducir la carga laboral (vía de hecho por defecto fáctico)
como en el desconocimiento de los derechos de los pacientes porque el cierre de
la entidad  afectaría su vida, su integridad física y su salud.
3. Fallo de tutela en primera instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca conoció en primera instancia de la acción de tutela.
Mediante sentencia del 5 de julio de 2001 resolvió concederla ya que estimó que
el Tribunal incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, la cual vulnera
el derecho al debido proceso. La tutela fue concedida como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El a quo invalidó el
laudo y la sentencia de homologación y ordenó que el Ministerio de Trabajo
convocara al mismo Tribunal de Arbitramento para que procediera a dictar un
nuevo laudo ponderando todas las pruebas de manera detallada (folio 188).
4. Impugnaciones
4.1 Los magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia impugnaron el fallo de tutela de primera instancia.
Sostienen que la acción de tutela no procede contra sentencias judiciales, tal
como lo decidió la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, y que el
juez de tutela no puede invadir la órbita de competencia del juez ordinario.
Argumentan que los conflictos económicos entre trabajadores y empleadores son
resueltos en equidad, creando derecho discrecionalmente y en un breve lapso, y
por ello no se le puede exigir a los árbitros que en estos eventos obren como
jueces que deciden conflictos jurídicos, máxime si no existe norma de rango
legal que los obligue a sustentar su decisión ni a valorar las pruebas como lo
hacen los jueces en derecho. El laudo “en cuanto a los aspectos económicos es
una decisión en conciencia” (folio 252). Resalta que las facultades de la Sala
de Casación Laboral cuando resuelve un recurso de homologación se limitan a un
control de legalidad de la “regularidad del laudo en tanto éste no haya
extralimitado su objeto”, lo cual no incluye revisar “si la sustentación del
fallo arbitral fue adecuada o si adolece en un defecto fáctico por falta de
sustento probatorio” (folio 255).
4.2 También impugnaron el fallo de primera instancia los integrantes
del Tribunal de Arbitramento, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la
Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas,
Consultorios y Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad – ANTHOC
–, y COOPTRASHAIO. La Fundación respondió a los argumentos de los impugnantes.
5. Fallo de tutela en segunda instancia
El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, en sentencia de agosto 22 de 2001 revocó el fallo del a quo.
Consideró, entre otras, que no había violación al debido proceso porque el
Tribunal falló en equidad, por lo cual no tiene que fundar su decisión en una
valoración detallada de las pruebas, y porque la Corte Suprema al decidir sobre
el recurso de homologación no puede resolver el conflicto económico sino
efectuar un control de legalidad del laudo.
6. Medida cautelar
El magistrado sustanciador, mediante
auto de diciembre 18 de 2001, con fundamento en las facultades legales que le
permiten tomar medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales ante
amenazas inminentes (artículo 7 Decreto 2591 de 1991), y teniendo en cuenta que
– ante la ausencia de acuerdo entre las directivas de la Fundación y los
dirigentes sindicales – la determinación de cerrar la clínica e iniciar un
proceso encaminado a la liquidación de la persona jurídica era notoriamente
inminente, lo cual podría poner en riesgo los derechos de los pacientes
internos en la Clínica dadas las condiciones y la oportunidad del eventual
cierre, adoptó la medida cautelar consistente en la prolongación del término
establecido en el artículo 35 numeral 5 de la Ley 550 de 1999 para dar por
terminado de pleno derecho con los efectos jurídicos correspondientes el
acuerdo de reestructuración, esto es, hasta el viernes 25 de Enero de 2002,
prorrogable por decisión de las partes, previa consulta al promotor del acuerdo
de reestructuración, hasta el jueves 31 de Enero de 2002.
7. Diligencia de inspección judicial al
expediente arbitral
La Sala Tercera de Revisión por auto de enero
veinticinco (25) de dos mil dos (2002) resolvió decretar la práctica de
diligencia de inspección judicial al expediente arbitral con el fin de analizar
los elementos fundamentales de las deliberaciones que condujeron a la decisión
adoptada por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio en laudo arbitral del
veinte (20) de diciembre de 2000; determinar si fueron considerados, y en qué
forma, el proceso y el acuerdo de reestructuración de deudas adelantado por la
Fundación Shaio y sus acreedores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 550
de 1999; y copiar actas e informes suficientes para evaluar si el mencionado
Tribunal de Arbitramento Obligatorio apreció la situación económica en que se
encontraba la Fundación Shaio, en especial los estudios de impacto de las
decisiones del Tribunal de Arbitramento Obligatorio sobre la viabilidad de la
empresa. Revisado el expediente arbitral No. 16359, que reposa en la oficina
del Grupo de Relaciones Individuales y Colectivas del Ministerio de Trabajo y
Seguridad, se constató la existencia de 9 actas de las reuniones del Tribunal
de Arbitramento Obligatorio, cuyo contenido se resume a continuación:
1.- Acta Numero 1 del siete (7) de noviembre de 2000:
se instala el tribunal de arbitramento obligatorio, se inician sus
deliberaciones, se designan presidente y secretaria del tribunal, se solicita a
las partes los antecedentes y toda la documentación – puntos del pliego, etapas
de negociación, situación financiera de la fundación – y se cita a los
representantes de las partes a efecto de escuchar sus planteamientos.
2.- Acta Numero 2 del once (11) de noviembre de 2000: se aprueba el
acta numero 1, se dio lectura a la excusa presentada por la organización
sindical para comparecer y se le fijó como nueva fecha para comparecer el día
21 de noviembre del mismo año. Comparecieron los doctores LUZ MARIA OBANDO
representante legal de la FUNDACIÓN SHAIO, el doctor CARLOS JACOME ILLERA
apoderado de la FUNDACIÓN SHAIO, el doctor LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ Director de
Recursos Humanos y el doctor GUILLERMO ALVAREZ atendiendo la citación del
Tribunal. El doctor LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ “hizo un análisis de la situación
financiera de la Fundación, señalando que es una entidad sin ánimo de lucro,
requiriendo en consecuencia excedentes para sobrevivir, y si no los genera, no
tiene recursos y tiende a desaparecer, por tanto manifiesta que no es posible
acceder a las pretensiones de la organización sindical. Continuó manifestando
que se hizo denuncia de la convención el día 29 de noviembre de 1999, que el
pliego de peticiones se presentó el 7 de marzo de 2000, y la etapa de arreglo
directo empezó el 10 de marzo y terminó el 29 de marzo de 2000, sin llegar a
acuerdo alguno. También señalo que el 7 de abril se solicitó al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social el despido de 222 trabajadores a fin de dar
viabilidad a la institución. Informó igualmente que la Fundación se acogió a la
ley 550 de reestructuración, siendo admitida dicha solicitud el 14 de abril del
presente año, estando a la fecha en la etapa de negociación del acuerdo de pago
y determinación de las acreencias. Se deja constancia que todo lo expresado por
el expositor se encuentra consignado en el informe escrito que se allegó por
parte de la fundación.”
La Fundación Shaio resume su posición ante el tribunal en escrito
fechado el diez (10) de noviembre de 2000, al cual anexa:
- Balance General y Resultados a Diciembre 31 de 1999.
- Balance General y Resultados a Marzo 31 de 2000.
- Fotocopia de estudio y solicitud de despido.
- Copia de estudio de viabilidad elaborado por perito
- Resolución de aceptación de “ingreso a la ley 550 de 1999”.
3.- Acta Numero 3 del veintiuno (21) de noviembre de 2000: se
aprueba el acta numero 2, se da lectura a las comunicaciones de las partes en
las que conceden al Tribunal de Arbitramento Obligatorio la prórroga del
término solicitada para decidir sobre el conflicto colectivo, se da lectura a
la comunicación enviada por la Fundación Shaio reportando el envío del pacto
colectivo. Comparecieron a la sede del Tribunal los señores YESID HERNANDO
CAMACHO, Presidente Nacional, WILLIAM ALIRIO VARGAS, Secretario Seccional y el
doctor ENRIQUE BORDA VILLEGAS asesor jurídico de la organización sindical
ANTHOC. El doctor Enrique Borda anotó que la denuncia parcial de la convención
la hizo el sindicato el día 30 de diciembre de 1999. La denuncia de la
convención por parte de la empresa se hizo en forma extemporánea por
anticipada, al ser presentada el 29 de octubre de 1999, por tanto solicitó no
considerar esa denuncia para efecto de fijar los límites de la equidad y
decisión. Luego tomó la palabra el señor WILLIAM VARGAS, quien sostuvo que todo
lo manifestado por él se encuentra consignado en el informe escrito que consta
de 20 folios y que se incorpora al expediente, lo cual es reiterado por el
señor YESID CAMACHO.
En el escrito de ANTHOC al Tribunal de Arbitramento se describen las
partes del conflicto, se afirma que su relación ha estado enmarcada por un
ambiente hostil, que en treinta años de existencia se han suscrito 12
convenciones colectivas y se han proferido 4 laudos arbitrales, que la
Fundación ha tenido un ánimo persecutorio de la organización sindical,
utilizando el pacto colectivo como mecanismo para desincentivar la afiliación
de los trabajadores al sindicato mediante la creación de condiciones desiguales
de trabajo, lo cual llevaría al fallo favorable al sindicato proferido por la
Corte Constitucional (SU-169 de 1999). Consideran que “la situación de
iliquidez que ha venido aduciendo la Fundación se soluciona con la reactivación
de su capacidad productiva, la recuperación de la cartera y soluciones que
establece el proceso de reestructuración para el pago de las deudas, no
reduciendo los costos laborales, menos con el despido de 222 trabajadores, o
congelando los ingresos de los trabajadores”. Apoyan su concepto en datos
tomados de los balances de la Fundación según los cuales de 1994 a 1998 la
Fundación arrojó utilidades, que el incremento real de los costos laborales
para 1999 fue tan solo de 8.23% y que la actual situación se debe realmente a
la inversión en la clínica Shaio Caribe, para lo cual la Fundación contrajo
créditos sin tener en cuenta la capacidad de financiación por cerca de 11 mil
cuatrocientos noventa y dos millones de pesos, así como a la negativa evolución
de las cuentas por cobrar que pasaron de 90 días a más de un año, por la
situación del Instituto de Seguros Sociales y las EPSs, cuentas que ascendían a
19 mil trescientos millones de pesos en marzo de 2000.
4.- Acta Numero 4 del veintisiete (27) de noviembre de 2000: se
aprueba el acta numero 3, se procede a examinar el material enviado por las
partes, notando la falta de algunos documentos, y en consecuencia se dispone
oficiar a las partes en conflicto y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
para solicitar el envío de los mismos. Luego se hicieron algunas reflexiones
respecto a la verificación de las fechas de las denuncias para fijar la
competencia, y si se cumplieron los requisitos de ley. En cuanto a la denuncia
de la convención se discutió si el término de los 60 días que señala la norma,
es sobre días hábiles o calendario. Luego se inició la lectura del pliego de
peticiones, en particular de sus artículos 1, 2 y 3. Seguidamente se leyeron
los siguientes artículos hasta el 9, quedando pendiente resolver sobre ellos,
previa lectura del fallo de tutela, presumiblemente de la SU-169 de 1999.
5.- Acta Numero 5 del cuatro (4) de diciembre de 2000: se aprueba el
acta numero 4, se verifican las fechas de presentación de las denuncias por
parte del sindicato y de la Fundación, así como de presentación del pliego de
peticiones. Con base en conceptos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
contenidos a folios 69 y 72 se decide por mayoría que los días para
contabilizar el término de 60 días para la presentación de la denuncia de la
convención colectiva son de días calendario, por lo que la denuncia presentada
por la Fundación el 29 de octubre de 1999 fue extemporánea por anticipada.
Posteriormente se dio nuevamente lectura al pliego de peticiones en sus
artículos 1, 2, 3 y 4.
6.- Acta Numero 6 del seis (6) de diciembre de 2000: se aprueba el
acta numero 5, se recibe por parte de la Fundación Abood Shaio copia de la
convención colectiva firmada con la Asociación de Trabajadores Amigos de la
Fundación Abood Shaio – ATAS –, en 74 folios; se continúa con el estudio de los
artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del pliego de peticiones; finalmente se ordena oficiar
a las Inspecciones 4ª y 10ª de Trabajo  para que se sirvan remitir copia de las
denuncias presentadas por la Fundación contra la convención colectiva de
trabajo.
7.- Acta Numero 7 del trece (13) de diciembre de 2000: se aprueba el
acta numero 6, se reciben y revisan los expedientes de las denuncias
presentadas por la Fundación el 29 de octubre y el 25 de noviembre de 1999
contra la convención colectiva de trabajo, procedentes de las Inspecciones 4ª y
10ª de Trabajo. Después de discutir varios aspectos jurisprudenciales sobre el
tema se levantó la sesión.
8.-  Acta Numero 8 del dieciocho (18) de diciembre de 2000: se
aprueba el acta numero 7, se continúa con la discusión de los artículos del
pliego de peticiones 5, 7, 9 y 10. Se definió que otro artículo del laudo será
el siguiente: “A la cláusula 24 de la convención colectiva vigente se le
adiciona el siguiente: PARÁGRAFO.- La Fundación facilitará sus instalaciones a
los trabajadores que adelanten estudios relacionados con la salud, para que
estos adelanten las prácticas correspondientes.
9.- Acta final del veinte (20) de diciembre de 2000, en la que se
informa que se ha adoptado por el tribunal de arbitramento obligatorio el Laudo
arbitral de igual fecha.
Al acta de la inspección judicial se anexaron copias de las actas 1
a 8 de las deliberaciones del tribunal de arbitramento.
8. Solicitud de audiencia pública
El presidente del sindicato nacional de la
salud ANTHOC, Yesid Camacho Jiménez, así como el presidente encargado de la
CUT, Miguel Antonio Caro, el presidente de la CGTD, Julio Roberto Gómez y el
presidente de la CTC, Apecides Alvis, solicitaron el 23 de enero de 2002 al
magistrado sustanciador se sirviera ordenar la realización de una audiencia
pública “ante la magnitud del caso de la referencia y las graves incidencias
para el país en general”. Tal solicitud fue reiterada por la Junta Directiva de
Sintraseguridadsocial el día 28 de enero. Estas solicitudes, aunque sin duda de
gran interés, no pudieron ser acogidas por carecer las Salas de Revisión de
Tutela de competencia para realizar audiencias públicas, estando reservada la
realización de éstas a la Sala Plena de la Corte Constitucional en procesos de
constitucionalidad o en procesos de tutela en los que se discute un cambio
jurisprudencial.[1]
9. Nulidad y necesidad de proferir
nuevamente sentencia
9.1 El abogado OSWALDO DUQUE LUQUE actuando
en representación de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de
Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de
la Comunidad – ANTHOC –, presentó solicitud de nulidad de la sentencia T-046 de
2002 proferida por la Sala Tercera de Revisión en el proceso de la referencia.
Fundamentó su petición en la falta de competencia de la Corte Constitucional
para privar de validez el laudo arbitral y en la violación del debido proceso
por la Sala Tercera de Revisión al crear reglas posteriores a la expedición del
laudo arbitral y de la sentencia que lo homologa, acerca de la irrazonabilidad
en la producción del fallo arbitral en detrimento de la garantía Constitucional
al debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política.
9.2 La Sala Plena de la Corte Constitucional,
mediante auto 027 de abril 2 de 2002, anuló la Sentencia T-046 de 2002 por
considerar que existió una contradicción en ella que afectó el debido proceso
consistente en que el laudo arbitral fue declarado inválido pero la sentencia
que lo homologó fue estimada compatible con la Constitución, siendo que ambos
actos son inescindibles. Sobre el particular sostuvo la Corte:
“El laudo arbitral y
la sentencia que lo homologa forman una sola unidad inescindible habida cuenta
de que la exequibilidad del primero depende de lo resuelto en la sentencia de
homologación, al mismo tiempo que no es concebible que haya sentencia de homologación
sin laudo arbitral a homologar. No podía entonces la T-046 de 2002 concluir que
el laudo era inválido pero la sentencia de homologación no lo era. No caben
sino dos alternativas: o la sentencia de homologación no violó la Constitución
y por lo tanto el laudo por ella homologado sigue siendo válido y exequible, o
el laudo fue arbitrariamente proferido y, por consecuencia, la sentencia que no
controló esa arbitrariedad también es constitucionalmente inválida.”
9.3 Luego de anulada la sentencia T-046 de
2002, pero antes de que se profiriera sentencia de unificación, el Presidente
del Sindicato ANTHOC, solicitó al Presidente de esta Corporación la celebración
de audiencia pública con miras a poner en conocimiento de la Corte la actual
situación de los trabajadores sindicalizados frente a la empresa.
9.4 Ante la declaratoria de nulidad de
la sentencia T-046 de 2002, proferida por la Sala Tercera de Revisión, la Sala
Plena de la Corte Constitucional procede a dictar la sentencia de unificación
que reemplaza la anulada y resuelve definitivamente sobre la revisión de la
sentencia de tutela de segunda instancia.
II. Consideraciones y Fundamentos
1. Competencia
La Sala Plena de la Corte Constitucional, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 241 numeral 9 de la Constitución,
34 del Decreto 2591 de 1991 y 54 A del Reglamento Interno de la Corporación, es
competente para proferir la presente sentencia de unificación.
2. Problemas jurídicos
La controversia suscitada con la presentación
de la acción de tutela en contra del laudo arbitral y la sentencia de
homologación plantea los siguientes problemas jurídicos:
a. ¿Es procedente la acción de tutela contra
el laudo arbitral pese a la existencia del recurso de homologación[2] ante la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia?
b. ¿Existen límites constitucionales que los
árbitros – al fallar en equidad – y la justicia laboral – al resolver el
recurso de homologación – tienen el deber de respetar y cuyo desconocimiento
constituye una vía de hecho susceptible de ser controlada por los jueces de
tutela?
c. ¿Se vulnera el derecho al debido
proceso de los accionantes mediante el laudo arbitral y el fallo de
homologación objeto de la acción de tutela por no haber sido valoradas las
“pruebas” relativas a la situación crítica de la Fundación, por no haber sido
motivado el laudo y por no haber la sentencia de homologación exigido el
cumplimiento de los deberes correlativos a dicho derecho?
d. ¿Desconocen
el laudo y la sentencia de homologación el debido proceso, los derechos a la
vida, la integridad física y la salud porque los pacientes quedarían
desprotegidos en caso de que se cerrara la Clínica Shaio?
e. ¿Se vulneran los derechos al trabajo y a
la igualdad de los accionantes mediante el laudo arbitral y el fallo de
homologación objeto de la acción de tutela dado que de cerrarse la clínica
muchas personas se quedarían sin trabajo?
La Corte procederá a responder estos
problemas jurídicos en el orden en que han sido expuestos, no sin antes
referirse a la importancia de la estabilidad de los laudos laborales.
3. Una cuestión preliminar: el principio
de estabilidad de los laudos
Ante todo la Corte advierte que la presente
decisión no tiene por objeto definir el significado y los alcances del
arbitramento para la resolución de conflictos colectivos económicos. Basta a
este respecto resaltar la importancia de los laudos arbitrales como mecanismos
de resolución pacífica de los conflictos laborales colectivos. Para que éstos
puedan cumplir su función, los laudos arbitrales han de gozar de estabilidad y
seguridad, lo cual exige que las decisiones de los árbitros sean definitorias
del conflicto.
La estabilidad de los laudos constituye un
principio medular del derecho laboral colectivo. El laudo arbitral laboral pone
fin al conflicto laboral, imprime certeza a los derechos y obligaciones de las
partes, fija el marco normativo para el desarrollo del contrato de trabajo y
tiene la fuerza jurídica de una convención colectiva, con todo lo cual brinda
seguridad jurídica a quienes se encuentran cobijados por él así como a la
sociedad en general. Es por ello que el principio general de la estabilidad de
un laudo sólo puede tener excepciones en casos extraordinarios de
desconocimiento de unos requisitos mínimos establecidos en la Constitución y en
la ley. El ordenamiento jurídico ha previsto el control judicial del laudo por
vía del recurso de homologación. Por lo demás, sólo en casos ciertamente
extremos, donde se presenta una vulneración clara de derechos fundamentales por
vías de hecho, es posible exceptuar la intangibilidad de los laudos, para
garantizar, la supremacía de la Constitución.
4. La acción de tutela sí procede contra
un laudo arbitral y su objeto debe comprender, cuando no se interpone como
mecanismo transitorio, también la sentencia de homologación respectiva
4.1 Los
árbitros están sujetos a la Constitución y a la ley. Como particulares a
quienes les ha sido confiada transitoriamente – por ley o por acuerdo entre las
partes – la resolución de un conflicto jurídico o económico, ejercen una
función pública[3]
y, en tal sentido, están sujetos a la Constitución.
La atribución
transitoria de funciones públicas en cabeza de particulares no les otorga un
poder extra- o supraconstitucional, así sus decisiones se inspiren en la
equidad y persigan la resolución de conflictos económicos. Por eso, el Código
Sustantivo del Trabajo establece que los árbitros que decidan en equidad
también deben respetar la Constitución. Reza dicho artículo:
“ART. 458.- Compilado. D. 1818/98, art.187. Decisión. Los árbitros deben
decidir sobre los puntos respecto de los cuales no se haya producido acuerdo
entre las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación y su
fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la
Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales
vigentes.” (subrayado fuera de texto)
Por lo demás,
el Estado social y democrático de derecho (artículo 1 C.P.) representa una
renuncia expresa y un rechazo tajante a la arbitrariedad en el ejercicio de la
autoridad. La sujeción de la conducta de las autoridades públicas al Estado de
derecho, lleva implícito el respeto y sometimiento al debido proceso en todas
sus actuaciones, esto como garantía del ciudadano frente al poder. El
desobedecimiento flagrante del debido proceso constituye una vía de hecho
frente a la cual la persona no puede quedar inerme. Por ello, la importancia de
que exista un procedimiento constitucional para impedir la vulneración y
solicitar la protección de los derechos fundamentales.
No es, por lo
tanto, admisible la tesis según la cual cuando se trata de una decisión en
equidad los árbitros pueden actuar arbitrariamente. La equidad no puede ser
excusa que justifique la violación de los derechos fundamentales. En un Estado
Social de Derecho los árbitros no pueden ser arbitrarios. En el ejercicio de
sus facultades no pueden vulnerar los derechos y principios constitucionales y
los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley. Lo anterior no
significa que los árbitros que deciden en equidad tengan la misma
responsabilidad que los jueces respecto de la práctica y valoración de pruebas,
ni la misma carga de motivación que las autoridades judiciales (ver apartado
5.4).
4.2 Por la
naturaleza especial del arbitramento, la acción de tutela sólo es procedente
contra laudos arbitrales en circunstancias realmente excepcionales,[4] como las que se
determinarán posteriormente (ver apartados 4.3, 4.4 y 5.5), ya que contra ellos
el ordenamiento jurídico tiene previsto otro mecanismo judicial específico,
v.gr. el recurso de homologación ante la Corte Suprema de Justicia. Al respecto
ha sostenido la Corte:
“Así bien,
controversias surgidas a propósito de  un laudo arbitral, encuentran en
principio solución ante los estrados judiciales con base en acciones y
procedimientos claramente definidos en la legislación y son esos medios los que
deben utilizarse para dilucidarlas, a menos que se trate de situaciones
extraordinarias que, por involucrar necesariamente derechos fundamentales cuya
urgente atención no admite espera, más allá de la simple discusión sobre el
alcance y contenido de las estipulaciones, quepa la acción de tutela en ese
específico campo (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-307 del 20 de junio de 1997).
Ello por cuanto la jurisprudencia y
la doctrina dominantes consideran que los laudos tienen la misma naturaleza
jurisdiccional y material de las sentencias[5]
puesto que a través del laudo arbitral se dirime una controversia cuando las
partes involucradas en ella, en virtud de la cláusula compromisoria o el
compromiso, acuerdan que las diferencias que se susciten en el desarrollo de un
contrato o estando en curso un proceso, sean definidas por árbitros y no por
quienes ordinariamente cumplen la función de administrar justicia.
Además, el laudo
arbitral, cuando pone fin a un conflicto colectivo de trabajo, tiene la misma
fuerza normativa que una Convención Colectiva. Y ha sido definido por la
jurisprudencia de esta Corporación que  no es posible intentar la vía de la
tutela  para  hacer cumplir sentencias que consagren obligaciones laborales, y
mucho menos cuando no se advierte violación constitucional ninguna.[6]
Para la Corte es
evidente, que si el incumplimiento de órdenes consagradas en sentencias o
laudos arbitrales implica la violación o la amenaza de derechos fundamentales,
cabe la acción de tutela para su defensa y, por tanto, para que otro juez - el
constitucional- ordene la ejecución inmediata de la decisión incumplida. (Cfr.
T-262 de 1997).”
4.3 La
procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales en
materia laboral admite dos modalidades: la tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable y la tutela como vía principal.
4.3.1 La
acción de tutela procede como mecanismo transitorio contra un laudo arbitral,
cuando se interpone para evitar un perjuicio irremediable mientras se resuelve
el recurso de homologación.
A primera
vista, esta hipótesis nunca se presentaría, ya que el recurso de homologación
del laudo laboral debe resolverse en cinco días mientras la acción de tutela en
diez días, por lo que el primero siempre sería más expedito y eficaz,
excluyendo íntegramente la acción de tutela como mecanismo transitorio. No
obstante, pueden presentarse otras hipótesis que sí justifican dejar abierta la
posibilidad de acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio, como
cuando no se cita a uno de los dos árbitros, o se  opta por escuchar sólo a una
de las partes y excluir arbitrariamente a la otra. Antes de que sea proferido
el laudo y por lo tanto antes de que pueda interponerse el recurso de
homologación, la acción de tutela puede ser vía idónea para evitar, de manera
expedita, que continúe un proceso arbitral contrario al debido proceso.
4.3.2 La
acción de tutela procede contra el laudo arbitral y la sentencia de
homologación, cuando se ha hecho uso de todos los otros medios de defensa
judicial en contra del laudo arbitral y, sin embargo, persiste aún la
vulneración o amenaza a un derecho fundamental. Este es por cierto un caso
excepcional, en el que es necesario demostrar que tanto el tribunal de
arbitramento respectivo, así como el juez de homologación, incurrieron en vías
de hecho. La acción de tutela no es un mecanismo adicional, sustituto ni
complementario de los demás recursos constitucionales o legales, en especial
del recurso de homologación (arts. 141 a 143 Código Procesal del Trabajo –
CPT–). Ello según la doctrina constitucional sobre la subsidiariedad de la
acción de tutela que la Corte ha sostenido reiteradamente:
“Según  el artículo 86 de la Constitución Política la
acción de tutela  “solo procederá cuando el afectado no disponga de  otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
La procedencia de la tutela es un aspecto que solo
podrá determinarse por el juez de tutela, en el caso concreto. De ahí que la
tutela, "sólo será procedente en aquellos casos en los cuales quien la
interponga no cuente con ningún otro mecanismo judicial de defensa o cuando se
trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable sobre uno o varios
de los derechos fundamentales del demandante”[7].
En desarrollo de la norma constitucional, el numeral
primero del artículo 6° del decreto 2591 de 1991 indica que no procede la
tutela “cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales” y
agrega que estos medios se aprecian en cada caso concreto, “en cuanto a su
eficacia”. La eficacia  se califica como medio idóneo. Puesto que si éste
existe, no podría hablarse de una de las características de la tutela: la
subsidiariedad. En la T-01/92 se dijo esta característica.
“Tiene, pues, esta institución, como dos de sus
caracteres distintivos esenciales (los de mayor relevancia para efectos de
considerar el tema que ahora se dilucida) los de la subsidiariedad y la
inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar
la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a
no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (art. 86, inc. 3 C.P.)”. ”[8]
A la luz de la
jurisprudencia constitucional, la acción de tutela como medio principal de
defensa de los derechos fundamentales, tratándose de laudos arbitrales, no
puede reemplazar el recurso de homologación. En general, este es el medio de
defensa judicial a disposición del interesado, y no la acción de tutela. Veamos
porqué:
4.4 El recurso
de homologación ante la H. Corte Suprema de Justicia tiene como finalidad
someter el laudo arbitral al control de su regularidad jurídica, lo cual
comprende el respeto a los derechos y facultades constitucionales y a las
reglas que rigen el arbitramento obligatorio en equidad, según el artículo 458
del Código Sustantivo del Trabajo ya citado. Además, el Código Procesal del
Trabajo establece sobre el particular:
“Artículo 143.- Compilado. D. 1818/98.
art. 195. Homologación de laudos de tribunales especiales. El laudo que
profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando el arbitraje fuere de
carácter obligatorio, será remitido con todos sus antecedentes al Tribunal
Supremo del Trabajo (hoy Sala Laboral de la Corte Suprema), para su homologación,
a solicitud de una de las partes o de ambas, presentada dentro de los tres días
siguientes al de su notificación. El tribunal, dentro del término de cinco
días, verificará la regularidad del laudo y lo declarará exequible,
confiriéndole fuerza de sentencia, si el Tribunal de Arbitramento no hubiere
extralimitado el objeto para el cual se le convocó, o lo anulará en caso
contrario.
Si el tribunal hallare que no se
decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria,
devolverá el expediente a los árbitros, con el fin de que se pronuncien sobre
ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima
conveniente, la homologación de lo ya decidido.” (subrayado fuera del texto)
La H. Corte
Suprema de Justicia ha interpretado la norma transcrita en los siguientes
términos:
“Se tiene entonces
que de acuerdo con esta disposición, corresponde a esta Sala, al desatar el
recurso de homologación que se hubiera interpuesto contra el laudo proferido
por un tribunal de arbitramento obligatorio, verificar la regularidad del
laudo y conferirle fuerza de sentencia si lo encuentra ajustado a la
Constitución Política, la ley y los contratos pertinentes.
La regularidad, en
general, puede entenderse como el sometimiento a las reglas tanto sustanciales
como procesales, pero en sentido estricto, en lo que toca con el objeto de este
recurso extraordinario, se refiere al cumplimiento de lo que la misma ley ha
señalado como meta para el tribunal de arbitramento que debe resolver
conflictos de carácter económico.
Ese marco supone que
el tribunal debe ocuparse de la resolución de todos los puntos materia de la
negociación colectiva que no hayan sido objeto de acuerdo entre las partes
durante las etapas que la ley contempla para la búsqueda del mismo,
particularmente dentro de la etapa de arreglo directo y su prórroga, aunque es
claro que esos acuerdos pueden alcanzarse con posterioridad, en esos lapsos que
median entre la finalización de tal etapa y el momento en que se instala el
tribunal.
Entonces, lo primero
de lo cual debe ocuparse esta Sala al momento de resolver el recurso de
homologación, es de verificar que los puntos resueltos por el tribunal
realmente correspondan a los que quedaron por fuera de los acuerdos logrados
entre las partes y cobijen la totalidad de ellos. Es entendido que si no hubo
ningún acuerdo, los árbitros pueden resolver sobre la globalidad de lo que
constituye la materia de la negociación colectiva y, así mismo, si el tribunal
no adoptó decisión en torno de todos los aspectos que configuran esa materia,
deben devolvérsele las diligencias correspondientes para que complete su
obligación de pronunciarse sobre todo cuanto forma parte del conflicto
colectivo.
Resuelto lo anterior, debe proceder
la Sala a verificar que los pronunciamientos del tribunal no vulneren
disposiciones constitucionales, ni legales, ni contractuales y es allí donde se
ubica claramente su función de verificar la regularidad  del laudo, es decir, que cumple
con ello en el momento en que constata que el laudo se ajusta a las reglas que
rigen las relaciones entre las partes del conflicto colectivo, que naturalmente
serán las propias de la Carta Política y de la regulación legal
correspondiente, además de las que se hayan establecido por la vía de la
contratación, particularmente por conducto de la convención o el pacto
colectivo.”[9]
(subrayado fuera de texto)
Las
competencias de los jueces de homologación varían dependiendo de si el asunto
objeto de decisión arbitral es jurídico o económico, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 142 y 143 del Código Procesal del Trabajo. En este
sentido, ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de
Justicia lo siguiente:
“(N)uestro derecho
positivo acoge la tradicional división de los conflictos en jurídicos y
económicos. Fue así como en el año de 1948 al expedirse mediante el Decreto
Legislativo 2158 el Código Procesal de Trabajo, el cual quedó convertido en
legislación permanente por el Decreto-Ley 4133 de ese mismo año, se adoptó esta
clasificación propuesta por Henri Binet y que es la prohijada por la
Organización Internacional del Trabajo, disponiéndose por ello que los jueces
laborales únicamente conocieran de los conflictos de la primera clase (CPT,
art. 2° y 3°).
2. Por tal virtud,
si bien es cierto que en ambos tipos de conflicto se prevé la posibilidad de
que para su solución se profieran laudos arbitrales, y que trátese de uno
jurídico ora lo sea de índole económica está previsto el recurso de
homologación como mecanismo de control jurisdiccional a lo decidido por los
árbitros, nunca puede perderse de vista la diferente naturaleza y finalidad que
uno y otro persiguen.
En el conflicto
jurídico las partes si lo quieren derogan la jurisdicción ordinaria por
mutuo acuerdo, mediante el compromiso o la cláusula compromisoria, y someten su
diferendo a los árbitros para que ellos, al igual que lo haría el juez
ordinario a quien reemplazan en el cumplimiento de sus funciones, falle en
derecho con aplicación de una forma preexistente al litigio; mientras que en el
conflicto de intereses económicos - y el originado por la presentación
de un pliego de peticiones que puede desembocar en una convención colectiva de
trabajo o pacto colectivo (y en ciertos casos en un laudo arbitral) es el
conflicto económico por antonomasia – no se trata ya de aplicar normas
existentes sino de crearlas, de dar nacimiento a un nuevo derecho, siendo aquí
por ello la función de los árbitros – llamados por un sector de la doctrina
arbitradores para distinguirlos – la de solucionar hacia el futuro y por medio
de un fallo de índole constitutiva, y no meramente declarativa como lo es la
sentencia o laudo que termina un litigio de naturaleza jurídica, el conflicto
que enfrenta a las partes insatisfechas con la normatividad imperante y que
precisamente han promovido en procura de obtener una nueva que mejor convenga a
sus intereses.
(...)
Esta diferenciación
de los conflictos del trabajo permite asimismo entender la razón por la cual
los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial (y anteriormente los
Tribunales Seccionales de Trabajo) sí deben, en los arbitrajes a que se refiere
el art. 142 del CPT, dictar la providencia de reemplazo cuando por virtud del
recurso de homologación anulen total o parcialmente el laudo; ya que en tales
casos los árbitros deben aplicar el derecho existente para lograr la solución
del conflicto jurídico cuya solución se les encomienda por virtud del
compromiso o la cláusula compromisoria, y si no lo hicieron es obvio que
violaron la ley, correspondiéndole por lo tanto al Tribunal como ad-quem
enmendar el agravio. Aquí el Tribunal revisor actúa como superior funcional de
los árbitros y simplemente declara el derecho conculcado al litigante por la
sentencia arbitral.
En cambio, cuando se trate no de un
conflicto jurídico sino de uno económico, pero que no se da en una actividad
catalogada de servicio público y que, sin embargo, está sometido a arbitraje
obligatorio (D.2351/65, arts. 31 y 34 ord. 1° literal b); D. 939/66 y Ley
48/68, art. 3°) o de un arbitramento voluntario originado en la presentación de
un pliego de peticiones (CST, art. 455 y D.2351/65, art. 34 ord. 2°), de todos
los cuales corresponde conocer a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
por medio de su Sala Laboral (ley 16/69, art. 1° lit. c), tampoco se podrá en
tal caso pronunciar una providencia para reemplazar la parte del laudo
declarada inexequible, y la única decisión legalmente posible es la de anularlo
procediendo de manera análoga a como la Corte lo hace en los casos de los
tribunales especiales de arbitramento a que se refiere el art. 143 del CPT ”.[10]
De conformidad
con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral –, el
recurso de homologación de los laudos arbitrales constituye, en principio, una
vía judicial idónea para la protección de los derechos constitucionales de las
partes, que no se reduce a un control de mera legalidad. En cuanto a los
alcances de la función de la homologación del laudo arbitral, según la propia
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
ésta efectúa tanto un control de la legalidad del trámite procesal como un
control sustancial del ejercicio de la competencia dentro de los marcos
constitucionales, legales y convencionales (art. 458 CST). [11] En efecto, ha
sostenido la H. Corte Suprema de Justicia:
“(C)orresponde a esta Sala, al
desatar el recurso de homologación que se hubiera interpuesto contra el laudo
proferido por un tribunal de arbitramento obligatorio, verificar la regularidad
del laudo y conferirle fuerza de sentencia si lo encuentra ajustado a la
Constitución Política, la ley y los contratos pertinentes.”[12]
Una vez se ha
surtido la homologación de un laudo arbitral por fallo judicial, el laudo
adquiere fuerza de sentencia (art. 143 CPT), reemplazando la convención
colectiva existente hasta ese momento. Por ello, en estricto sentido, la acción
de tutela se dirige contra el laudo arbitral y la sentencia de homologación
como unidad inescindible. Ahora bien, dado que la acción de tutela no procede
contra sentencias (C-543 de 1992), salvo que se trate de una vía de hecho que
coloca la actuación judicial en los extramuros del derecho, es claro que sólo
la arbitrariedad que torna la presunta sentencia en un acto ajeno al derecho
puede dar lugar a la concesión de la tutela de los derechos fundamentales ante
vulneraciones que se concretan en un laudo arbitral y su homologación por vía
judicial.
4.5 En caso de
que la sentencia de homologación convalide el laudo arbitral pese a constituir
éste una vía de hecho violatoria de los derechos fundamentales, el vicio de
inconstitucionalidad se comunica a la sentencia de homologación. Esto porque la
justicia laboral habría errado gravemente en el control que sobre el laudo
había debido realizar, lo cual trae como consecuencia el que derechos
fundamentales resulten vulnerados por el laudo en virtud de su exequibilidad
declarada por la sentencia de homologación. En dicho evento, la sentencia de
homologación que omitió proteger los derechos constitucionales fundamentales
desconocidos, por los árbitros o el laudo, es inválida por consecuencia. En
esas circunstancias, la acción de tutela debe dirigirse contra ambas decisiones
y debe demostrarse que ambas, por razones semejantes o diferentes, constituyen
vías de hecho que vulneran derechos fundamentales.
Por último, se
podría presentar la hipótesis extrema e inusual en la cual el laudo arbitral
sea plenamente conforme con la Constitución, pero la sentencia de homologación
constituya una vía de hecho. En este evento, la acción de tutela por vía de
hecho se dirigiría exclusivamente contra la providencia que homologó el laudo,
no contra el laudo mismo. Por ejemplo, cuando la sentencia, en forma inopinada
y, por demás, arbitraria, resuelve declarar exequible el laudo pero anular
algunas de sus cláusulas, sin dar ninguna razón para ello ni devolver el laudo
a los árbitros para que lo modifiquen en lo pertinente, se configura una vía de
hecho que es pasible de la acción de tutela para la defensa de los derechos
fundamentales de los afectados.
4.6 En lo que
respecta a las condiciones en que procede la acción de tutela y si en el
presente caso se reúnen tales requisitos procesales, la Corte abordará este
aspecto más adelante al referirse al tema de las vías de hecho en laudos y
sentencias de homologación (ver infra acápite 7).
5. Debido proceso arbitral y
constitucionalización expresa del concepto de equidad. Límites constitucionales
a los árbitros laborales en sus actuaciones o decisiones. Aunque sus
determinaciones sean adoptadas en equidad, éstas no pueden ser arbitrarias ni
pueden carecer de motivación material.
5.1 La equidad, concepto indeterminado, ha
sido constitucionalizada. Varias disposiciones de la Carta Política se
refieren expresamente a ella.[13]
El artículo 20 inciso 2 C.P. garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad; el artículo 95 inciso 2 numeral 9 C.P. eleva a
deber de la persona y del ciudadano el “contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”;
el artículo 150 numeral 16 C.P. establece que el Estado podrá, "sobre
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir
parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan
por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados”;
el artículo 226 C.P. ordena al Estado promover “la internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional”; el artículo 227 C.P. ordena al Estado
promover “la integración económica, social y política con las demás naciones y
especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la
celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y
reciprocidad, creen organismos supranacionales (...)”; el artículo 267 inciso 3
C.P. establece que la “vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la
eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos
ambientales”; y, finalmente, el artículo 363 C.P. determina que el “sistema
tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad”.
En materia de administración de justicia, la
equidad también ha quedado constitucionalizada por voluntad del constituyente.
El artículo 230 inciso 2 C.P. incluye a la equidad como uno de los
criterios auxiliares de la actividad judicial. Por su parte, el artículo 247
C.P. dispone que “la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad
conflictos individuales y comunitarios”. Con respecto al arbitramento – tema
que ocupa a la Corte en el presente caso – la Constitución distingue entre el
arbitramento en derecho y en equidad (artículo 116, inciso último). Así,
le confiere un sólido fundamento constitucional al arbitraje de intereses
contrapuestos con base en criterios de equidad y no en mandatos legales. Es de
advertir que si bien en general los jueces han de tener en cuenta, entre otros
criterios, la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial (artículo
230 inciso 2 C.P.), y ello es predicable de la actividad de los árbitros cuando
deciden en derecho, tratándose del arbitramento en materia económica, la
equidad no es tan sólo un criterio auxiliar sino el criterio fundante de la
decisión de los árbitros. Por eso, es necesario detenerse en los rasgos básicos
de una decisión en equidad.
5.2 Sobre el sentido, contenido y alcance
de la equidad en la administración de justicia. Al respecto la Corte
Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades:
“(H)istóricamente,
la preocupación por integrar consideraciones de equidad al derecho ha sido
continua. En efecto, desde el derecho romano, mediante la labor de los
pretores, hasta nuestros días, legisladores y jueces se han preocupado
continuamente por adecuar la generalidad de las normas jurídicas a las
particularidades de la realidad, introduciendo en ellas matices y excepciones
para integrar ciertas consideraciones de equidad. De este modo han surgido
diversas instituciones jurídicas. A manera de ejemplo, se puede citar que
frente al principio de “pacta sunt servanda” surgió la cláusula “rebus
sic stantibus…”, que posteriormente fue adaptada nuevamente a comienzos de
siglo por la jurisprudencia administrativa francesa, mediante la decisión del
conocido Caso de la Compañía de Gas de Burdeos. Esta decisión dio origen a la
llamada “teoría de la imprevisión”.
(...)
En primer lugar, la
equidad le permite al operador jurídico evaluar la razonabilidad de las
categorías generales de hechos formuladas por el legislador, a partir de las
situaciones particulares y concretas de cada caso.  En este sentido, la equidad
se introduce como un elemento que hace posible cuestionar e ir más allá de la
igualdad de hecho que el legislador presupone. La equidad permite al operador
jurídico reconocer un conjunto más amplio de circunstancias en un caso
determinado. Dentro de dichas circunstancias, el operador escoge no sólo
aquellos hechos establecidos explícitamente en la ley como premisas, sino que,
además, puede incorporar algunos que, en ciertos casos “límites”, resulten
pertinentes y ponderables, y permitan racionalizar la igualdad que la ley
presupone.
En segundo lugar, la
equidad actúa como un elemento de ponderación, que hace posible que el operador
jurídico atribuya y distribuya las cargas impuestas por la norma general,
proporcionalmente, de acuerdo con aquellos elementos relevantes, que la ley no
considera explícitamente. La consecuencia necesaria de que esta ley no
llegue a considerar la complejidad de la realidad social, es que tampoco puede
graduar conforme a ésta los efectos jurídicos que atribuye a quienes se
encuentren dentro de una determinada premisa fáctica contemplada por la ley.
Por ello, la equidad –al  hacer parte de ese momento de aplicación de la ley
al caso concreto- permite una graduación atemperada en la distribución de
cargas y beneficios a las partes.  En este sentido, el operador, al
decidir, tiene en cuenta no las prescripciones legales, sino los efectos concretos
de su decisión entre las partes.”[14]
(Subrayas fuera de texto)
Dentro de esta misma perspectiva de la
equidad, la Corte ha fijado criterios en diferentes ámbitos del derecho sobre
el significado y los alcances de este concepto indeterminado. Por ejemplo, en
materia impositiva, la Corte ha desarrollado el principio de equidad tributaria
al juzgar la exequibilidad del establecimiento de exenciones tributarias:
“(L)a
figura de la exención sólo puede existir como componente del vínculo tributario
a condición de que se halle precisamente determinada y avalada bajo los auspicios
de la objetividad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Pudiendo al efecto
erigirse como mecanismo de distinción o privilegio, racionalmente dirigido
hacia la corrección de concretas desigualdades individuales o colectivas, pues
bien vistas las cosas, la exención, antes que romper con el principio de
la equidad bien puede contribuir a la instauración de la igualdad material o a
su restablecimiento. No cabe duda entonces de que en su expresión legítima la
exención se acompasa y ensambla justamente con el principio de equidad, tan
caro al sentido de justicia pregonado por Aristóteles en su Ética nicomaquea, y
que a todas luces enseña cómo la equidad siempre tiene lugar en el seno del
caso concreto, al propio tiempo que el filósofo, precisamente en defensa de la
equidad real, da luces sobre el ejercicio que siglos después realizaría el juez
constitucional en aras de la integridad y guarda del Estatuto Supremo. De ahí
que, “Para los juristas, la "equidad" tiene un profundo
significado que se concreta  siempre en la aplicación de la ley a casos
concretos”[15].[16]
5.3 Lugar y función de la equidad en el derecho. Las
anteriores consideraciones de la Corte Constitucional abordan la cuestión del
lugar y la función de la equidad dentro del derecho. Básicamente, el lugar de
la equidad está en los espacios dejados por el legislador y su función es la de
evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso
concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la aplicación de la ley a un
caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por el legislador,
dado que éste se funda para legislar en los casos usuales, no en los especiales
y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no haber contemplado un
caso especial en el cual aplicar la regla general produce un efecto injusto.
Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio legal, es
decir, ante la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad
exige decidir como hubiera obrado el legislador. En la primera hipótesis la
equidad corrige la ley, en la segunda integra sus vacíos. Así entendida, la
equidad brinda justicia cuando de la aplicación de la ley resultaría una
injusticia.
Estos elementos generales bastan para ilustrar la complejidad del
tema. En las máximas latinas usualmente citadas está presente esta idea de la
función de la equidad. Por ejemplo, el proverbio  en el sentido de que el
derecho aplicado al extremo puede conducir a una gran injusticia (summum
ius, summa iniuria) refleja la necesidad de mitigar el rigor de la ley en
ciertos casos, es decir, no guiarse estrictamente por el criterio dura lex,
sed lex. La máxima según la cual la equidad aconseja cuando carezcamos de
derecho (aequitas suggerit, ubi iure deficiamur) indica la función
integradora de la equidad. Sin embargo, la distancia entre el derecho y la
equidad no debería ser tan grande, al tenor de otra conocida máxima: en derecho
hay que buscar siempre la equidad, pues de otro modo no sería derecho (ius
semper quaerendum est eaquabile, neque enim aliter ius esset).[17]
Las consideraciones anteriores no apuntan a señalar
hitos históricos en la evolución del concepto, sino que son pertinentes en la medida
en que indican tres rasgos característicos de la equidad. El primero es la
importancia de las particularidades fácticas del caso a resolver. La situación
en la cual se encuentran las partes – sobre todo los hechos que le dan al
contexto empírico una connotación especial – es de suma relevancia para
determinar la solución equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del
equilibrio en la asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un
equilibrio perfecto. Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente
onerosas o el desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El
tercero es la apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias
de las partes en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar
las consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las
particularidades de una situación. De lo anterior también se concluye que
decidir en equidad no es, de ninguna manera, decidir arbitrariamente. Al
contrario, la equidad busca evitar la arbitrariedad y la injusticia, aún la
injusticia que pueda derivar de la aplicación de una ley a una situación
particular cuyas especificidades exigen una solución distinta a la estricta y
rigurosamente deducida de la norma legal.
En efecto, la equidad ha influido en distintos aspectos del derecho
– como en sus doctrinas e instituciones – así como en las distintas ramas del
saber jurídico.
La equidad ha inspirado numerosas doctrinas jurídicas consideradas
novedosas al momento de su creación pero que hoy parecen necesarias. La teoría
de la imprevisión, la teoría sobre el equilibrio económico de los contratos, la
teoría del enriquecimiento sin causa, son tan sólo algunos ejemplos.
Igualmente, del principio de equidad se han derivado instituciones.
En el derecho comparado, la más conocida, por supuesto, es la jurisdicción de
equidad que nació durante el medioevo en las cortes de los cancilleres en
Inglaterra en contraposición a la jurisdicción de derecho común de los jueces,
caracterizada por el rigorismo y el formalismo, así como por la ausencia de
remedios legales adecuados a algunos conflictos en el reino, lo cual llevaba a
las personas a pedirle al rey que en ejercicio de sus prerrogativas y en virtud
de su misericordia, solucionara en equidad el caso por vía de sus cancilleres.
Entre nosotros, el constituyente se preocupó también por institucionalizar la
equidad. Dentro de estas instituciones sobresalen tres: los jueces de paz que
deben decidir en equidad; el arbitramento que puede ser en derecho o en equidad
y, claro está, la acción de tutela que busca ofrecer a las personas un remedio
efectivo cuando la jurisdicción ordinaria no se lo brinda y en la cual el juez
debe ponderar, a partir de los hechos del caso, no solo la decisión más
razonable sino ante todo la orden que tendrá el efecto práctico de garantizar
el goce efectivo del derecho constitucional fundamental amenazado o violado. La
tutela, es, en esencia, una jurisdicción de equidad constitucional en defensa
de la dignidad humana y de los derechos fundamentales.
En cuanto a la influencia del principio de equidad en las diferentes
ramas del saber jurídico, la equidad además de ser tenida como principio
general del derecho (art. 230 C.P.), en materia civil ha llevado al desarrollo
de diversas instituciones como, por ejemplo, el abuso del derecho, el
enriquecimiento sin causa, la lesión enorme, la indexación de las sentencias
por inflación; la ley de protección a la mujer cabeza de familia[18] o la ley estatutaria
de participación de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes
ramas y órganos del poder público, a los cargos de dirección en la
administración pública,[19]
la responsabilidad solidaria, la valoración de daños irrogados a las personas y
a las cosas, que según las normas de procedimiento civil deben atender los
principios de reparación integral y equidad,[20]
el ejercicio de las facultades de las Juntas Administradoras de las Unidades
Inmobiliarias Cerradas de imponer el pago de un canon, en condiciones de
justicia y equidad[21],
etc. En materia laboral, la equidad se expresa, entre otras materias, en el
equilibrio salarial según la cantidad y calidad del trabajo, en el subsidio
familiar, en la favorabilidad para el trabajador en caso de duda, en régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos.[22] En materia comercial,
el arbitraje y la conciliación[23]
son dos formas en las que se expresa el principio de equidad. En materia
tributaria, la equidad tributaria justifica la progresividad de los impuestos,
las exenciones tributarias para fomentar sectores marginados o discriminados de
la población, etc. En materia penal o contravencional, la proporcionalidad
entre el daño ocasionado por el delito y la pena penal y/o civil, el
tratamiento penal especial para inimputables, las causales de disminución o
agravación de la pena, por mencionar sólo algunos temas, son manifestación
propia de la equidad o justicia del caso concreto. Finalmente, en materia
económica y de políticas públicas, la equidad es un principio central en la
asignación de recursos públicos según la Ley del Plan Nacional de Desarrollo[24], en las medidas de
atención protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia[25]
o en los planes, programas y proyectos para la promoción de la juventud, que
tengan como finalidad, entre otras, la equidad entre géneros, el bienestar
social, la justicia, la formación integral de los jóvenes y su participación
política en los niveles.[26]
No resulta pertinente al caso detenerse en estos aspectos
históricos, doctrinarios, institucionales y legales de la equidad. Si bien el
lugar y la función de la equidad varían en cada caso, se puede constatar una
confluencia hacia un mínimo denominador común: en todos ellos se puede apreciar
que quien decide en equidad dispone de una amplia discrecionalidad para
resolver el conflicto sin que ello signifique que la confianza que se le ha
depositado le permita ser arbitrario, ya que su función es, precisamente, la de
brindar justicia, lo cual le impide fundar sus dictámenes en su capricho,
puesto que su misión es razonar en equidad consultando el contexto fáctico del
caso.
De tal manera, que la equidad permite superar
las limitaciones de la ley pero encuentra sus límites en la justicia que la
orienta. Estos límites varían según la institución que administra equidad. En
el caso del arbitramento en equidad se destacan los siguientes.
5.4 Límites de los árbitros. El
artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo enuncia, de manera general,
límites de orden constitucional, legal y convencional a los árbitros. Uno de
ellos es el de respetar los derechos constitucionales fundamentales de las
partes, dentro de los cuales se encuentra el derecho al debido proceso. Ello es
compatible con los mandatos derivados del principio de Estado Social de Derecho
relativos a cómo se han de tomar las decisiones. Es claro que éstas no se
pueden adoptar de manera caprichosa ni arbitraria. Así como es claro, también,
que la carga de razonamiento es distinta respecto de cada autoridad. Por eso, a
los jueces, como autoridades que deciden en derecho, se les exige que sus
providencias sean motivadas y que lo sean de una manera ajustada a reglas y
principios jurídicos. El juez debe fundar sus decisiones en razones vinculadas
a un referente objetivo de orden normativo. Sobre los árbitros que deciden en
equidad no recae el mismo deber de razonar en derecho, puesto que, como su
nombre lo indica, deciden en equidad. Su deber es distinto. Consiste en razonar
en equidad, lo que implica entre otras cosas que sus decisiones lejos de ser
caprichosas o arbitrarias sean sustentadas a partir de las especificidades de
cada caso. Por eso, y dado que el concepto de equidad ha sido
constitucionalizado, el debido proceso arbitral en equidad comprende unos
límites sustanciales de orden constitucional. Un claro límite constitucional de
las decisiones de los árbitros en equidad consiste en que éstas tienen que ser
razonadas, no en derecho, pero sí en equidad. De ello depende que no sean
caprichosas y, sobre todo, que el juez de homologación tenga bases para revisar
el laudo e impedir que sea arbitrario. El control judicial, materialización del
Estado Social de Derecho, que ejerce el juez de homologación se hace imposible
o inocuo si el laudo correspondiente carece de motivación en equidad.
La motivación de una decisión consiste en las
razones que se dan para sustentarla. Una decisión motivada es aquella que se
fundamenta en razones que justifican lo decidido, es decir, que responden al
por qué de la decisión. Por tanto, una mera tautología consistente en repetir
en la parte motiva lo decidido en la parte resolutiva carece de los atributos
mínimos de una motivación. Dar razones para una decisión no consiste simplemente
en reiterar la decisión con las mismas u otras palabras. No existe motivación
de una decisión cuando no existen razones expresas que la justifiquen.
Ahora bien, la motivación de una decisión
puede ser de diversa naturaleza – p.ej. jurídica, en equidad, política, moral,
económica, etc. – dependiendo del tipo de razones que se esgriman para
respaldarla. En el caso de la decisión en equidad, es claro que las razones de
respaldo no requieren ser normativas, a diferencia de lo que sucede con la
decisión en derecho. Aún cuando el marco mínimo en el que se adopta la decisión
en equidad esté fijado en la Constitución y la ley – los árbitros en equidad
deben decidir respetando los derechos y facultades constitucionales, legales y
convencionales de las partes (art. 458 CST) –, el referente para justificar la
decisión es otro, diferente a las normas jurídicas. La decisión en equidad
ausculta las circunstancias concretas del conflicto y propugna por la justicia
del caso, sin necesidad de basarse en referentes normativos positivos. La
decisión en equidad se basa en una constelación de factores diferentes y
relevantes relativos a las especificidades de cada caso – como por ejemplo los
intereses en juego, las necesidades de los involucrados en el conflicto o la
situación económica de las partes. En cuanto a su justificación, la decisión en
equidad debe entonces presentar razones para entenderse motivada. Cuando no
existen razones que sustenten la decisión en equidad, ésta no puede ser tenida
como ejercicio legítimo de una función pública, al tornarse incontestable y
sinónimo de un acto inexpugnable y arbitrario.
Asunto diferente es el que atañe a la calidad
de los motivos que se esgrimen para apoyar el fallo en equidad, aspecto que no
es objeto de análisis en el presente caso.
La interdicción de la arbitrariedad es uno de
los fines esenciales del Estado social y democrático de derecho. Una garantía
básica para evitar la arbitrariedad consiste en que las decisiones de quienes
resuelven conflictos entre partes enfrentadas y, al resolver, pueden afectar
derechos, sean motivadas. Los potenciales destinatarios de una decisión por
parte de una autoridad en ejercicio de la función pública deben ser tratados
como sujetos y no como objetos. Una decisión justificada tiene en cuenta a la
persona del destinatario. Una decisión carente de toda motivación, en cambio,
reduce a la persona a objeto o juguete de la voluntad del fallador. Un Estado
social y democrático de derecho, basado en la dignidad de la persona humana,
excluye las decisiones públicas no motivadas que reducen a la persona a la
condición de objeto.
5.5 La exigencia de motivación en el
derecho comparado. La motivación de los laudos arbitrales en equidad,
particularmente en materia laboral, es una exigencia generalizada en el derecho
comparado.
Por eso, es importante recordar que en el
seno de la Organización Internacional del Trabajo se ha sugerido que los
laudos, además de ser equitativos, sean expresamente motivados.[27] Consideraciones
semejantes llevaron a que en las conclusiones del seminario sobre Conciliación
y Arbitramento en Disputas Industriales, celebrado en 1969 por la OIT en
Kampala, se estimara que era aconsejable que los árbitros consignen
expresamente razones para justificar sus decisiones.[28]
Algunos ejemplos de diferentes países
muestran la convergencia de la evolución del derecho comparado con respecto al
deber de los árbitros, incluso los que fallan en equidad, de motivar sus
decisiones.
En Francia, el rol del árbitro laboral
designado por las partes no es el mismo de los árbitros ordinarios. La ley
prescribe que ellos deben fallar en derecho los litigios jurídicos y en equidad
los litigios económicos. En cualquiera de estas dos modalidades, las decisiones
arbitrales deben ser motivadas,[29]
con razones jurídicas en el primer caso y con razones de equidad en el evento
de los conflictos económicos.
En Canadá, la misión del arbitro consiste en
“fallar en equidad, sin estar ligado por las reglas del derecho sustantivas y
procedimentales, salvo evidentemente las reglas de orden público,
principalmente las reglas de justicia natural que prevén la imparcialidad, la obligación
de acordar a las partes la posibilidad de ser escuchadas, de motivar las
decisiones arbitrales, etc.”[30]
Por su parte, en Estados Unidos un control
judicial sobre laudos arbitrales se ha admitido para decisiones en derecho y en
equidad: cuando el laudo no obedece en su esencia a la convención colectiva;
cuando los árbitros carecen de jurisdicción o competencia para producir el
laudo; cuando se presenta una arbitrariedad o una inequidad procesal por parte
de los árbitros; cuando hay un error grave o irracionalidad del laudo; cuando
se viola la ley o una política pública; cuando el laudo es ambiguo, incompleto
o inconsistente; y cuando el sindicato viola  el deber de representación justa
de sus afiliados. En lo que respecta al control judicial por inequidad
procesal, algunas Cortes norteamericanas han anulado laudos arbitrales en materia
laboral por basarse en información de un tercero y no en evidencias,[31] o por ser
completamente irracional por carecer totalmente de fundamento, i.e. de razones
que sustenten la decisión.[32]
En el contexto europeo, la decisión arbitral,
sea en derecho o en equidad, está sujeta al control judicial con miras a
garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las partes. Es así como
los órganos de control de la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos
del Hombre y de las Libertades Fundamentales (1950) han aplicado el artículo 6
de la Convención, que versa sobre el derecho de toda persona a que su causa sea
vista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente
e imparcial, en materia de arbitramento. Por su parte, la doctrina defiende la
tesis de la anulabilidad del laudo arbitral por graves vicios al debido
proceso. Sobre el particular advierte que el arbitramento no representa una
renuncia absoluta a la protección judicial estatal. Las leyes de procedimiento
de los diferentes países del Consejo de Europa contienen una serie de
disposiciones tendientes a garantizar un proceso equitativo ante las
jurisdicciones arbitrales (p.ej. la obligación de escuchar a las partes); ellas
contienen también disposiciones destinadas a evitar que las decisiones
arbitrales no desemboquen en negación de justicia debido a la imposibilidad de
iniciar un procedimiento arbitral; en especial, establecen la posibilidad de
que un laudo arbitral afectado de graves vicios pueda ser anulado,[33] máxime cuando se trata
de un arbitramento obligatorio, no pactado.
5.6 La exigencia de motivación en el
derecho internacional. La motivación de los laudos arbitrales es una
doctrina general en el derecho internacional. Las breves referencias que se
recogen a continuación buscan tan solo ilustrar el punto sin que la Corte se
detenga en distinciones importantes sobre los tipos de arbitramento comercial,
uno de los cuales es el arbitramento comercial en equidad. No obstante, se
subraya que existe una profunda diferencia entre éste y el arbitramento en el
derecho laboral colectivo, el cual resuelve un conflicto económico entre
empleador y sindicato, se convoca obligatoriamente cuando la ley así lo dispone
y el laudo cumple las funciones de una convención colectiva no de una sentencia
que hace tránsito a cosa juzgada.
La exigencia de motivación se ha generalizado
en el arbitraje comercial internacional. Las reglas uniformes de UNCITRAL establecen que el laudo
ha de ser motivado, salvo acuerdo de las partes: “Artículo 32 – Forma y efectos
del laudo. (...) 3. El tribunal arbitral debe dar las razones en las que se
basa el laudo, salvo que las partes hayan acordado que no deben darse razones”
(traducción libre)[34]; el reglamento de la Corte
Internacional de Arbitraje en Londres exige, además, que dicho acuerdo sea
escriturado: “Artículo 26.1: El Tribunal Arbitral dictará el
laudo por escrito, el que deberá ser motivado, salvo acuerdo en tal sentido
por las partes, acuerdo que debe encontrarse escriturado. (...).” (subrayas
fuera de texto; traducción libre).; las reglas de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA)
sobre arbitraje internacional obligan, salvo acuerdo de las partes, al tribunal
de arbitramento a exponer las razones sobre las que funda el laudo: “Artículo
17. (...) 2. El tribunal debe dar las razones en las que se basa el laudo,
salvo que las partes hayan acordado que no se necesita dar razón alguna”[35]; el reglamento del Centro de
Arbitramento Comercial Internacional  de la British Columbia[36]
y las reglas de la CCI[37] recogen la misma disposición. En lo que
respecta al arbitraje comercial internacional, bien sea en derecho o en
equidad, por lo general sus laudos requieren ser motivados.[38] Son varias las razones
que explican que se deje a discreción de las partes acordar que el laudo no
será motivado, entre las cuales se destacan el origen consensual de éstas
cláusulas arbitrales, la necesidad de proteger la privacidad de la relación
comercial y consideraciones acerca de la mejor manera de preservar hacia el
futuro la relación comercial.
5.7 Exigencias mínimas de la motivación
material. De los límites constitucionales que enmarcan la actuación de los
árbitros en materia laboral – en especial del mandato de interdicción de la
arbitrariedad que se deduce del principio de Estado social y democrático de
derecho, se manifiesta en las exigencias del debido proceso y se refleja en la
garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución –
se desprende el requisito de que sus decisiones no carezcan de motivación
material y no sean evidentemente irrazonables. Si bien los árbitros gozan de un
amplio margen para decidir, más aún cuando los asuntos a resolver son de
naturaleza económica, y disponen, por ello, de una amplia discrecionalidad
decisoria, en todo caso deben respetar unos mínimos. La inexistencia de
motivación viola el debido proceso y torna, prima facie, la decisión en
equidad en una decisión irrazonable. Se resaltan, sin ánimo taxativo, los mínimos
de mayor trascendencia que debe llenar el laudo en equidad para que el proceso
de su adopción no sea arbitrario:
a) Los árbitros al decidir en equidad deben
dar, a lo menos, razones de equidad que justifiquen sus decisiones. Esas
razones son distintas a las que debe expresar un juez, puesto que los árbitros
no deciden en derecho y no tienen la carga argumentativa de los jueces.
b) Los árbitros en equidad no deben ignorar a
una de las partes en contienda. Esto no impide que descarten las peticiones de
una de ellas cuando existan razones que lo justifiquen, como sucede cuando los
árbitros estiman que el empleador no puede con la denuncia de la convención
suscitar el conflicto colectivo ni delimitar el ámbito del mismo.
c) Los árbitros deben tener en cuenta las
circunstancias fácticas del caso, o sea que no pueden pasar por alto la
información empírica; esto es así, ya que una decisión en equidad no puede
prescindir del contexto ni desentenderse de los efectos que puedan recaer sobre
las partes como consecuencia de lo que los árbitros determinen. Lo anterior no
significa que deban decretar, practicar y valorar pruebas en el sentido
jurídico y técnico del término[39]
puesto que no son jueces de derecho.
d) Los árbitros deben abstenerse de decidir
con base en prejuicios, como lo son las opiniones racistas, sexistas o
exclusivamente ideológicas. La razón de ello es obvia: los árbitros deben
respetar los derechos fundamentales de las partes, ya que ellos son autoridad y
ejercen una función pública. De tal manera que un árbitro no está obligado a
aplicar el derecho a la igualdad con el rigor del juez, pero no puede violar el
derecho a la igualdad discriminando, por ejemplo, por razones de raza, sexo o
religión.
El laudo laboral en equidad busca resolver el
conflicto colectivo dentro del respeto a los derechos constitucionales de las
partes. Una decisión de los árbitros en equidad que sea evidentemente
irrazonable viola los mencionados derechos por ser arbitraria. El que los
laudos no sean evidentemente irrazonables se torna en una exigencia mínima ya
que de otra forma no se podrían garantizar los derechos de las partes. Si bien
los jueces de tutela, y la Corte Constitucional en sede de revisión, no pueden
adentrarse en el análisis de la calidad de la motivación de la decisión
arbitral, si deben evitar que lo decidido sea evidentemente irrazonable por
desconocer flagrantemente los derechos constitucionales de las partes.
Es necesario distinguir entre las decisiones
“en derecho”, “en equidad”, “en conciencia” y “verdad sabida y buena fe
guardada”. La más exigente de ellas es la decisión en derecho ya que supone el
conocimiento, la interpretación y aplicación de normas objetivas respetando
criterios hermenéuticos. El fallo en equidad, aunque mucho menos exigente que
el fallo en derecho, como ya se ha sostenido anteriormente, no puede desatender
las particularidades concretas del caso, vgr. las circunstancias fácticas del
contexto en el que decide, ya que su sentido mismo es buscar el equilibrio en
la decisión evitando cargas y efectos excesivamente gravosos para las partes y
asignando beneficios a quien los necesita o merece. Es por ello que las
motivaciones del fallo en equidad resultan importantes. Por el contrario, la
decisión en conciencia y la decisión verdad sabida y buena fe guardada remiten
a la esfera interna del fallador quien adopta una decisión cuya finalidad no es
necesariamente la justicia o la equidad. No es posible, por lo tanto, equiparar
ambas instituciones. Quien falla verdad sabida y buena fe guardada no tiene que
hacer explícitos los hechos en que se funda ni justificar con razones sus
conclusiones. En cambio quien decide en equidad debe considerar las
particularidades fácticas de la situación, apreciar su valor para que sus
conclusiones sean justificadas, no a partir de su conciencia subjetiva, sino
del concepto indeterminado pero objetivo de equidad. La flexibilidad asociada a
la equidad, inclusive en la definición más restrictiva de la misma, estriba en
que es posible apartarse de una aplicación estricta de las reglas jurídicas
precisamente cuando los hechos especiales del caso - las particularidades del
mismo - así lo requieren para que la decisión sea justa. De tal manera que las
razones de equidad son las que parten de los hechos y justifican una decisión
que consulta las especificidades de un conflicto determinado, sin depender de
la aplicación estricta de cierta regla. Finalmente, la Corte subraya que ni aun
la decisión en simple conciencia puede ser arbitraria. Si bien el que decide en
conciencia no tiene que hacer expresas sus razones, el contenido de lo decidido
también tiene que respetar unos límites mínimos externos, como los hechos
básicos del caso. De ahí que la decisión de los jurados de conciencia esté
sometida a control judicial y pueda ser anulada por contraevidente.[40]
Igualmente es importante diferenciar el
arbitramento obligatorio en materia laboral de las diversas modalidades que
puede adoptar el arbitramento comercial. Si bien como ya se anotó en el ámbito
comercial los laudos en equidad también deben ser motivados, pueden presentarse
excepciones en virtud del principio dispositivo (ver supra apartado
5.6). En cambio, cuando está de por medio una decisión estatal imperativa que
convoca a un tribunal de arbitramento obligatorio, como sucede en materia
laboral, cuya decisión puede ser controlable por las partes mediante el
ejercicio del recurso de homologación, lo que decidan los árbitros en equidad
debe ser motivado. En el ámbito de las relaciones laborales, en virtud de los
principios constitucionales de protección a los trabajadores y al trabajo (art.
53 C.P.), no rige el principio dispositivo ni el principio de la
confidencialidad. Por el contrario, los laudos arbitrales en lo laboral son
obligatorios y públicos, tanto en lo que concierne a sus razones como a sus
resoluciones.
5.8 Diferencias entre laudo arbitral
obligatorio y convención colectiva frente a la exigencia de motivación. Por
otra parte, el laudo arbitral de un tribunal de arbitramento obligatorio no
tiene el carácter consensual de la convención colectiva, por lo que los
árbitros no obran como negociadores de las partes sino como particulares
investidos transitoriamente de la función pública de resolver el conflicto e
imponer una decisión que ambas partes deben obedecer. En efecto, mientras  que
el laudo arbitral implica una hetero-composición de intereses obligatoria
establecida por un tercero diferente al patrono y los trabajadores, mediante el
ejercicio de una función pública, la convención colectiva constituye una
autocomposición de intereses voluntaria que nace del ejercicio directo por las
partes en conflicto del derecho a la negociación colectiva. Además, el laudo
arbitral puede decidir con fundamento en la ley, no considerar la denuncia
patronal al momento de resolver el conflicto laboral, mientras que en la
negociación previa a la firma de una convención colectiva es práctica y
jurídicamente imposible desatender la posición de alguna de las partes, sin
violar con ello sus derechos fundamentales. Finalmente, la fuerza jurídica del
laudo arbitral nace del mandato de la ley, mientras que la fuerza jurídica de
la convención surge del acuerdo entre las partes. Las anteriores distinciones
entre laudo arbitral y convención colectiva muestran que si bien el laudo tiene
los efectos de la convención colectiva, ambos actos son de naturaleza diversa,
lo que justifica un trato diferente respecto de los límites impuestos a los
árbitros y a las partes en la resolución de un conflicto colectivo de trabajo.
Si bien una convención colectiva no tiene que ser motivada por ser fruto del
consenso, un laudo arbitral en equidad sí debe serlo por ser fruto de una
imposición legal y al ejercicio de una función pública que afecta los derechos
de las partes en conflicto. Por ello tampoco es admisible el argumento según el
cual lo decidido por los árbitros es mero reflejo de la autocomposición de
intereses de las partes y que, por lo tanto, no debería estar sujeto a control
judicial diferente al trámite formal de la expedición del respectivo laudo. Las
características diferenciales entre laudo y convención demuestran lo contrario
y justifican, en casos excepcionales como ya se anotó, el control
constitucional sobre el laudo en caso de violación de derecho fundamentales.
En resumen, requisitos mínimos de un
laudo arbitral es que esté motivado – esto es, basado en razones de equidad que
consulten el contexto, no sean prejuiciadas, justifiquen lo decidido en cada
caso –, y que no sea evidentemente irrazonable por desconocer flagrantemente
los derechos constitucionales de las partes. El laudo inmotivado es arbitrario
por imponer inopinadamente una decisión que incide sobre los derechos de las
partes y por privarlas de las razones que servirían de referente para
controvertir ante un juez la decisión, en caso de serles desfavorable, mediante
el recurso de homologación. Por eso, el laudo carente de motivación material o
evidentemente irrazonable es contrario al derecho constitucional al debido
proceso, pilar del Estado Social y Democrático de Derecho.
Pasa la Corte a referirse a la inequidad
manifiesta y al ámbito del control del juez de tutela respecto de las
competencias de la justicia laboral en sede de homologación, dado el desarrollo
jurisprudencial del criterio de la “inequidad manifiesta” por parte de la H.
Corte Suprema de Justicia.
6. La “inequidad manifiesta” de un laudo
arbitral está sujeta a un control limitado por parte del juez de tutela.
Competencia del juez de homologación al respecto.
Si bien definir exactamente qué sea la
equidad resulta difícil, como se anotó en el apartado 5.3, no cabe predicar lo
mismo de la inequidad manifiesta. En relación con las decisiones de los
árbitros, la inequidad manifiesta puede ser reconocida en forma objetiva, en
cuyo caso la decisión que la comporta debe ser excluida del ordenamiento
jurídico, en virtud de la constitucionalización del concepto de equidad y de la
sujeción de los árbitros a la Constitución. La interpretación de la ley –
artículos 458 CST y 143 CPT – de conformidad con la Constitución permite
determinar cuándo se configura una inequidad manifiesta.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, ha venido depurando una doctrina sobre lo que constituye
“inequidad manifiesta”.[41]
La Corte Constitucional es respetuosa de dicho desarrollo jurisprudencial
puesto que ha sido construido por el órgano constitucional competente para
controlar la equidad del contenido de los laudos arbitrales. De él se desprende
que para concluir sobre la nulidad de un laudo arbitral el contenido de la
decisión ha de ser extremadamente perjudicial y desequilibrado. En otros
términos, no es menester verificar que el contenido del laudo sea equitativo,
puesto que ello invadiría la órbita de los árbitros, sustituiría su criterio
por el del juez y desconocería su amplia discrecionalidad. Para que un laudo
sea declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia no basta que sus
resultados, es decir, el impacto que pueda derivarse del cumplimiento del
laudo, no sean equitativos o que sean simplemente inequitativos. Deben serlo
“manifiestamente”, esto es, que la inequidad sea fácilmente perceptible por ser
protuberante. Si bien puede existir debate sobre lo que en concreto signifique
“manifiestamente inequitativo”,[42]
lo cierto es que ello es determinable, a partir de criterios objetivos.
Pero no le corresponde a la Corte
Constitucional determinar tales criterios ni aplicarlos en cada caso concreto,
sino velar porque el control efectuado por el juez de homologación tenga la
virtud de impedir que los laudos –cuyo impacto pueda ser manifiestamente
inequitativo porque, por ejemplo, imponen a una de las partes una carga
excesivamente onerosa dadas las circunstancias en que se encuentra o dejan de
reconocerle lo que de manera protuberante merece o necesita–, reciban la fuerza
jurídica de sentencia.
Es contraria a la Constitución, en especial
al concepto constitucional de equidad que ha de orientar el criterio de los
árbitros, una sentencia de homologación de un laudo, cuando en ella, por ejemplo,
a) se omite analizar si existió, en todo el
laudo o en una de sus partes, una inequidad manifiesta pese a la petición
expresa de una de las partes al respecto; o
b) se presenta una falta de congruencia
protuberante entre la constatación que hace el juez de la existencia de la
inequidad y de su magnitud, por un lado, y la conclusión a la que luego éste
arriba, por el otro, como cuando sugiere que algo es manifiestamente
inequitativo pero termina por homologarlo, o viceversa.
En casos
extremos, como éstos, la identificación de cualquiera de los elementos mínimos
mencionados constituye una vía de hecho que justifica el control por parte del
juez de tutela de la sentencia de homologación y por ende del laudo arbitral,
en virtud de su deber de garantizar la protección de los derechos fundamentales
(artículo 86 C.P.) en especial el derecho al debido proceso en equidad. Dicho
control tiene un carácter residual, ya que los tribunales laborales y la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, son las autoridades judiciales
llamadas a realizar el control de legalidad del laudo arbitral. No obstante, en
caso de presentarse una inequidad manifiesta no declarada, corresponde al juez
de tutela subrayar su existencia y derivar las consecuencias que impone la
Constitución. La sentencia que declara exequible un laudo arbitrario
manifiestamente inequitativo también es contraria al debido proceso, puesto que
incurre en una vía de hecho por consecuencia, dada la inescindibilidad entre el
laudo que es arbitrario y la sentencia que lo homologa.
7. Vía de hecho en laudos arbitrales y en
decisiones de homologación
7.1 Como se ha afirmado anteriormente, la
acción de tutela procede en dos modalidades: como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable en el proceso arbitral, y como mecanismo
principal por vías de hecho; pero, en esta última hipótesis, la acción de
tutela procede contra el laudo arbitral y la sentencia de homologación por vías
de hecho, ya que ambos conforman una unidad inescindible.
Si bien la acción de tutela por vías de hecho
procede contra el laudo y la sentencia que lo homologa, los defectos
predicables de uno y otro acto son diferentes. Esto porque los árbitros deciden
en equidad, mientras que los jueces fallan en derecho. Es así que los defectos
de las decisiones judiciales – sustantivos, fácticos, orgánicos o
procedimentales[43]
– no se aplican, en su integridad ni en el mismo sentido, a los laudos
arbitrales en equidad y a las providencias judiciales. Por ejemplo, un laudo no
puede ser objeto de acusación por haber incurrido en un defecto sustantivo al
no estar sustentado en normas legales. Aunque la equidad impone límites
sustanciales a los árbitros y a la manera como deben decidir, estos límites son
diferentes a los que se derivan de las reglas legales para los jueces que
deciden en derecho una determinada controversia. Es así como las causales de
las vías de hecho se restringen y adquieren un significado diferente en materia
de tutela contra laudos.
Por su parte, el laudo arbitral presenta un
defecto grave y manifiesto cuando carece de motivación material o es
manifiestamente irrazonable. Se trata de un defecto por falta de motivación
material o evidente irrazonabilidad que torna arbitraria la decisión
arbitral. La sentencia de homologación que pasa por alto la falta de motivación
o la evidente irrazonabilidad del laudo cae bajo la hipótesis del defecto
sustantivo. Ello porque por mandato legal la justicia laboral está obligada a
surtir un control de legalidad a la vez que de constitucionalidad sobre el
laudo arbitral, sin que sea aceptable limitarse a realizar un mero control
formal del trámite, sin examinar si el laudo desconoce los derechos y
facultades constitucionales de las partes.
7.3 Para determinar la ocurrencia de vías de
hecho en el laudo arbitral y en la sentencia de homologación objeto del
presente proceso de tutela es necesario examinar si se configuran los defectos
en que pueden incurrir cada una de estas decisiones, lo que procede a realizar
la Corte a continuación de cara a la situación planteada por los accionantes.
8. El caso concreto
Señalados los
límites constitucionales que los árbitros deben observar cuando deciden en
equidad un conflicto colectivo, resta a la Corte establecer si dichos límites
fueron observados en el presente caso y, si no es así, si la inobservancia de
los mismos implica la vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes. Con tal fin, la Corte procede a analizar constitucionalmente el
laudo arbitral y la sentencia de homologación.
8.1 Límites referidos de la decisión arbitral
8.1.1 En primer lugar, es necesario preguntarse si el laudo arbitral
proferido por el tribunal de arbitramiento obligatorio convocado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incurrió en un defecto por falta de
motivación material que lo haga arbitrario y, por ende, contrario al debido
proceso.
El laudo arbitral del veinte (20) de diciembre de dos mil (2000),
por el cual se puso término al conflicto colectivo entre la Fundación Abbod
Shaio – en adelante Fundación Shaio – y la Asociación Nacional de Trabajadores
y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades Dedicadas a
Procurar la Salud de la Comunidad – en adelante ANTHOC –, decidió reconocer
diversas demandas contenidas en el pliego de peticiones presentado por el
sindicato, y negar otras, a la vez que rechazó conocer por extemporánea la
denuncia de la convención colectiva presentada por la Fundación el 29 de
octubre de 1999 y negar las aspiraciones consignadas por la misma en denuncia
presentada nuevamente el 25 de noviembre de 1999.
Los accionantes alegan que los árbitros no tuvieron en cuenta la
situación crítica de la Fundación y que las denuncias del empleador no fueron
valoradas.
Luego de aplicar el análisis de mínimos al laudo arbitral esta Corte
concluye que la decisión del tribunal de arbitramento no carece de una mínima
motivación y, por lo tanto, tampoco constituye una vía de hecho por carencia de
motivación material. Esto se constata independientemente de quien haya sido
beneficiado, es decir, tanto respecto de las decisiones de los árbitros que
acogieron o negaron las peticiones de los trabajadores como de las decisiones
arbitrales que atendieron o desestimaron las posiciones del empleador. Veamos
las razones que llevan a la Corte a la conclusión de que no existe ausencia
total de motivación, por lo que tampoco se presenta la consecuente vía de hecho
del laudo:
1) Analizada la motivación del laudo en su conjunto se tiene que los
árbitros afirman haber estudiado “todos los documentos, balances,
intervenciones, comunicados, pacto colectivo, denuncias y el pliego de
peticiones allegados por las partes”. Aun cuando lo deseable – y exigible si se
hubiera optado por aplicar un control estricto de constitucionalidad, cosa que
no se hace por ser esta la primera vez que la Corte sienta una doctrina
constitucional sobre el tema de la motivación exigida a los árbitros en equidad
de tribunales de arbitramento obligatorio – habría sido que los árbitros
motivaran lo resuelto en equidad con base en el examen concreto y preciso de
cada uno de los elementos de juicio a su alcance, lo cierto es que la Corte no
puede estimar insuficientes las motivaciones mínimas dadas por los árbitros.
2) Sobre la falta de motivación de las determinaciones específicas
adoptadas en el laudo, ella solamente puede verificarse mediante el análisis de
las razones dadas por los árbitros para sustentar lo decidido en equidad a la
luz de lo consignado en la parte resolutiva del laudo. Del análisis
constitucional se tiene que los árbitros motivaron mínimamente la adopción o el
rechazo de las mayorías de las cláusulas del laudo individualmente
consideradas. El siguiente cuadro contrasta lo sostenido en la parte motiva y
la resolutiva del laudo, en cada uno de sus puntos:
Puntos del laudo
Parte motiva
Parte resolutiva
1.Permisos sindicales
“En cuanto a la
solicitud de los permisos para la negociación colectiva se consideró la
necesidad de examinar los convenios de la OIT ratificados por nuestra
legislación, así como las normas constitucionales en donde se establecen
garantías sindicales.
Se consideró
que los árbitros tienen competencia para otorgar permisos sindicales, y para
el efecto se hizo referencia al fallo de homologación de enero 28 de 1999,
proferido por la Corte, bajo el radicado 11.859 del Dr. José Roberto Herrera
Vergara. El punto tal como quedo redactado fue acordado por unanimidad y
quedó así:
(...)
(Continúa el texto correspondiente al
artículo primero)
ARTICULO PRIMERO.
PERMISO PARA LA NEGOCIACION COLECTIVA. La Fundación
concederá permiso sindical remunerado a sus trabajadores miembros principales
de la Comisión Negociadora del Sindicato, durante los días en que se
programen reuniones, tanto en la etapa de arreglo directo como en su prórroga
si la hubiere. Se entiende que el permiso se extiende  por las 24 horas del
día de reunión.
Para efectos de su remuneración se tendrá
en cuenta el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante el
mes inmediatamente anterior al uso del permiso.
2. Negociación por rama de actividad
“En cuanto al punto del pliego sobre negociación por
rama de actividad económica o servicios, por unanimidad fue negado por
tratarse de una petición extemporánea, teniendo en cuenta que el pliego nacional de peticiones ya fue
resuelto”.
---
3. Campo de aplicación de la convención
“Respecto de lo decidido para el Campo de
Aplicación de la Convención, fue acordado por unanimidad, pero el parágrafo
lo fue por mayoría, quedando del siguiente tenor, (...)”
(Continúa el
texto correspondiente al artículo segundo)
ARTICULO SEGUNDO.
CAMPO
DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN. La convención colectiva de trabajo se aplicará
a los trabajadores afiliados al Sindicato de Anthoc, a quienes posteriormente
se adhieran a sus beneficios y a la totalidad de los trabajadores de la
Fundación cuando el sindicato exceda de una tercera parte.
PARÁGRAFO. Los derechos extralegales que
no se encuentren contenidos en la convención colectiva de trabajo vigente
entre las partes y que sean reconocidos por la Fundación no podrán afectar el
derecho de igualdad de los  beneficiarios del presente Laudo Arbitral.
4. Fuero sindical
“En lo que tiene que ver con el punto de Fuero
Sindical la decisión de negarlo se tomó por unanimidad teniendo en cuenta que
el Tribunal carece de competencia para ello.”
---
5. Sobre los demás puntos del pliego de
peticiones adoptados
“Las demás consideraciones respecto de los puntos
del pliego de peticiones que se adoptaron en este Tribunal fueron tomadas por
unanimidad, a excepción, de los artículos que tratan de: La Continuidad de
Derechos, Salón de Conferencias y Espacio Sindical, Auxilio al Sindicato, que
se tomaron por mayoría, el articulado queda redactado de la siguiente manera:
(...)”
(Continúa el texto correspondiente a los artículos
Tercero a Decimotercero del laudo)
Para la
decisión de los puntos económicos se tuvo en cuenta el incremento del salario
mínimo legal.
ARTÍCULO TERCERO.
CONTINUIDAD DE DERECHOS. En caso de
cambio de razón social y/o fusión del Sindicato con otra organización
sindical, la Fundación seguirá reconociendo a los trabajadores beneficiarios
de las convenciones y laudos arbitrales vigentes los derechos y demás beneficios
en ellos contenidos.
ARTICULO CUARTO.
SALON DE CONFERENCIAS. La Fundación
facilitará el salón de conferencias al Sindicato, durante una vez al mes.
Para este efecto, el Sindicato elevará su solicitud con una antelación no
inferior a cinco días, caso en el cual la petición tendrá carácter
vinculante.
ARTICULO QUINTO.
INCENTIVO DE RACIONA- LIZACIÓN DE
VACACIONES. No obstante la facultad que tiene el empleador de señalar la
época en la cual el trabajador deba salir a disfrutar las vacaciones y a que
se puedan compensar en dinero hasta el cincuenta por ciento (50%) de las
vacaciones, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
con el fin de no causar perjuicios ni desmejorar la prestación de los
servicios por la salida masiva del personal a vacaciones, la Fundación
reconocerá a aquellos trabajadores que no disfruten la totalidad de las
vacaciones durante los siguientes períodos: primero (1°) de junio a quince
(15) de julio, y primero (1°) de diciembre a quince (15) de enero de cada
año, y a los trabajadores que en otros períodos disfruten del cincuenta por
ciento (50%) de las vacaciones, previa autorización del Ministerio, un
incentivo equivalente a tres (3) días de salario, pagaderos en la época en
que salga a disfrutar sus vacaciones totales o parciales según el caso.
Estos tres (3) días no constituyen
salario para efectos de liquidar otros derechos laborales y el número de días
es inmodificable en el futuro en razón a que por estar pactado el incentivo
en días de salario, aumenta cuando se aumenta el salario.
Por otra parte, para contabilizar las
vacaciones, en tiempo, no se tendrá en cuenta el día sábado como día hábil.
ARTICULO SEXTO.
A la cláusula 24 de la convención
colectiva vigente se le adiciona el siguiente PARÁGRAFO:
PARÁGRAFO. La Fundación  facilitará sus
instalaciones a los trabajadores que adelanten estudios relacionados con la
salud, para que éstos adelanten las prácticas correspondiente. Este beneficio
no podrá afectar la prestación del servicio que dispensa la Fundación.
ARTICULO SÉPTIMO.
NO REPRESALIAS. La Fundación se abstendrá
de adoptar cualquier tipo de represalia, como consecuencia de las acciones
realizadas por los trabajadores en la duración del conflicto colectivo.
ARTICULO OCTAVO.
AUXILIO AL SINDICATO. Dentro de los
treinta días siguientes a la ejecutoria del presente laudo, la FUNDACION
ABOOD SHAIO pagará al Sindicato un auxilio de UN MILLON SETECIENTOS
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.728.960) para
el primer año.
Para el segundo año de vigencia del
presente laudo arbitral, la suma anterior se incrementará en la misma
proporción que lo haga el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional,
en la anualidad comprendida entre el primero (1°) de enero al treinta y uno (31)
de diciembre de 2000. Esta suma se pagará dentro del mes de enero de 2001.
ARTICULO NOVENO.
AUMENTO SALARIAL. La FUNDACIÓN ABOOD
SHAIO aumentará el salario básico que devengaban los trabajadores a treinta y
uno (31) de diciembre de 1999, en un diez por ciento (10%) con efectividad a
partir del primero (1°) de enero de 2000.
Igualmente y con efectividad a partir del
primero (1°) de enero del 2001, la FUNDACION ABOOD SHAIO aumentará el salario
básico de los trabajadores que devengaban a treinta y uno (31) de diciembre
de 2000 en un porcentaje igual al Índice de Precios al Consumidor a nivel
nacional correspondiente a la variación del año 2000, más medio punto
porcentual.
PARÁGRAFO.
Estos aumentos se harán con
retrospectividad a cada anualidad de la vigencia determinada por el presente
laudo.
ARTICULO DÉCIMO.
AUXILIO DE TRANSPORTE.
La Fundación otorgará a sus trabajadores el subsidio
legal de transporte, incrementado en CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS (5.067),
para quienes vivan en el perímetro urbano y en SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS (7.598) para quienes vivan fuera de éste. Este subsidio se pagará
a aquellos trabajadores que devenguen hasta un límite de dos y medio (2½)
salarios mínimos, para lo cual únicamente se tendrá en cuenta el monto del
salario básico devengado por el trabajador.
Para el año 2001 estas sumas se
incrementarán en un porcentaje igual al aumento del salario mínimo legal para
dicho año.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.
PRIMA ESPECIAL DE CIRUGÍA, UCI Y UCC. La
FUNDACION ABOOD SHAIO pagará al personal de auxiliares de enfermería que
labora en la unidad de cuidados intensivos y cuidados coronario, como al
personal de auxiliares de enfermería del área quirúrgica, a las enfermeras de
consulta externa o a cualquier otra auxiliar de enfermería que labore en un
servicio donde no existan turnos nocturnos, dominicales o festivos, una
bonificación mensual de QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS ($15.605).
A partir del primero (1°) de enero del
año 2001 esta suma se incrementará en un porcentaje igual al aumento del
salario mínimo legal para dicho año. Dicha bonificación será pagadera como
reconocimiento a la actividad de cirugía, de cuidados intensivos, de cuidados
coronarios, de consulta externa o del servicio señalado anteriormente.
Así mismo la FUNDACIÓN ABOOD SHAIO pagará
al personal que se desempeñe en el cargo de circulante en hemodinamia, como
al personal de servicios generales que labora en el área de cirugía una
bonificación mensual de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($6.586). A
partir del primero (1°) de enero del año 2001 esta suma se incrementará en un
porcentaje igual al aumento del salario mínimo legal para dicho año.
En caso de traslado o promoción a otros
servicios o áreas, no tendrán derecho a estas bonificaciones y por estas
circunstancias no podrá hablarse de desmejora de condiciones laborales.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.
AUXILIO
EDUCATIVO PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES.
Con el fin de contribuir a la educación
de los hijos de los trabajadores la Fundación auxiliará al Sindicato por el
tiempo transcurrido entre la fecha de expedición del presente laudo y el
treinta y uno (31) de diciembre de 2000, con la suma de CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS ($4.210.800), los cuales serán
entregados dentro del mes siguiente al de la expedición del laudo. Para el
año 2001 esta suma se incrementará en un porcentaje igual al aumento del
salario mínimo legal para dicho año, la que será entregada a finales de enero
de 2001. El sindicato integrará un comité para la entrega de éste auxilio y
fijará los requisitos para que los trabajadores puedan beneficiarse del
mismo. Una vez entregado el auxilio correspondiente a los beneficiarios, el
sindicato entregará una relación a la Fundación para su conocimiento y o
supervisión.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.
AUXILIO PARA
COOPTRASHAIO
Dentro de los treinta días siguientes a la
expedición del presente laudo, la Fundación pagará a COOPTRASHAIO un auxilio
de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS
($1.976.524). Para el segundo año la suma anterior se incrementará en la
misma proporción del incremento que tenga el salario mínimo en el año 2001.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.
Niégase el estudio de la denuncia de la
Convención Colectiva presentada por la Fundación por ser extemporánea.
6. Jornada laboral
“En cuanto a la petición de la jornada
laboral se negó por unanimidad por falta de competencia del Tribunal para
ello.”
---
7. Vigencia del laudo
“La Organización Sindical pidió que la
vigencia de la convención fuera por el término de un año.”
La H. Corte Suprema de Justicia ha dicho:
“El tema de la
vigencia es materia
esencialmente negociable y por ello los árbitros - al igual que las partes
directamente – pueden fijar una distinta de la propuesta al iniciarse el
conflicto y, desde luego, esa decisión arbitral es lícita dentro del límite
temporal de dos años que señala el artículo 461 del C.S.T....
La resolución de los árbitros sobre vigencia del
laudo, debe fundarse en la equidad y observar el plazo máximo de duración
establecido por el artículo 461 del CST, no es susceptible de variación por
la Corte, cuya actividad por virtud del recurso de homologación no es
arbitral sino jurisdiccional y se agota con la declaratoria de nulidad de las
disposiciones ilícitas de laudo, sin que pueda proferir decisiones de
reemplazo, ni acoger el término propuesto por la organización sindical en el pliego de peticiones ni fijar otro
que pudiera parecerle más adecuado...”. Corte Suprema de Justicia,
homologación 8.127 septiembre 6 de 1995. Sección Segunda.”
“Acogiendo el criterio expuesto, el Tribunal por
UNANIMIDAD determinó que el Laudo regirá desde la fecha de su expedición y
hasta el 31 de diciembre de 2001.”
ARTICULO DÉCIMO QUINTO.
VIVENCIA DEL LAUDO.
El laudo regirá desde la fecha de su
expedición y hasta el 31 de diciembre de 2001.
8. Vigencia de laudos y convenciones
anteriores
(Continúa el texto correspondiente al artículo
décimo sexto del laudo)
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.
Todos los artículos, cláusulas, incisos y
parágrafos que no hayan sido modificados o revocados en el presente Laudo
continuarán vigentes en los términos en que se encuentran contemplados en el
Laudo arbitral o la convención colectiva.
9. Puntos del pliego de peticiones no
incluidos en la parte motiva o resolutiva del laudo
“Los puntos del pliego de peticiones no incluidos
en la parte motiva o resolutiva del laudo, por razones de equidad se niegan y
así se dispondrá.”
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. Las cláusulas
del pliego de peticiones sobre las cuales no recae decisión se entienden
negadas por equidad.
A la luz del anterior cuadro comparativo entre la parte motiva y
resolutiva del laudo, en lo concerniente a las determinaciones específicas de
los árbitros y su justificación en equidad, se concluye lo siguiente:
1) Respecto de los permisos sindicales. Luego de afirmar que se
examinaron los convenios de la OIT y las normas constitucionales que establecen
garantías sindicales, los árbitros se basan en una sentencia de homologación de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para sostener que
tienen competencia para otorgar permisos sindicales. Constata la Corte que
respecto de la cláusula primera del laudo arbitral se aduce un argumento de
autoridad – lo sostenido por la Sala de Casación Laboral – para afirmar la
competencia para otorgar permisos sindicales, argumento que basta para afirmar
que existió motivación, así sea genérica y no relacionada con el otorgamiento
de dichos permisos de la forma y en las circunstancias finalmente determinadas
en el laudo; es de observar que a la Corte no le corresponde pronunciarse sobre
la calidad de las razones, cuando éstas han sido expuestas, sino sobre su mera
existencia, no formal sino sustantiva. En conclusión, respecto del artículo
primero del laudo hubo un mínimo de motivación material que la Corte estima
suficiente.
2) Respecto de todas las cláusulas económicas. Los árbitros
afirmaron que “para la decisión de los puntos económicos se tuvo en cuenta el
incremento del salario mínimo legal”. Si bien los árbitros no justifican por
qué adoptaron ese parámetro y no otro, lo cierto es que se sujetaron al
incremento pactado para la sociedad en general sin superarlo, lo cual indica
que tuvieron en cuenta el contexto económico del país. Una decisión más
concienzuda habría aludido a las razones que determinaron la escogencia de tal
parámetro y no de otro; pero la no justificación de dicha decisión – atendido el
parámetro escogido y el contexto económico – no conlleva una carencia absoluta
de motivación.
3) Respecto de la vigencia del laudo. La Corte encuentra que en
materia de la vigencia del laudo fijada en dos años por el artículo décimo
quinto del laudo, los árbitros se basan nuevamente en una sentencia de
homologación de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo
cual es suficiente para afirmar que dicha cláusula fue materialmente motivada y
no se vulnera al respecto, por lo tanto, el derecho fundamental al debido
proceso.
4) Respecto de los puntos del pliego de peticiones negados
específicamente por el tribunal de arbitramento – negociación por rama de
actividad, fuero sindical y jornada laboral – se tiene que tal negativa se
encuentra motivada bien por la extemporaneidad de la petición, o por la falta
de competencia de los árbitros para adoptar decisiones en tal sentido.
5) Respecto de otros asuntos, la Corte constata que no se dan
razones específicas que constituyan una motivación mínima, como sucede con la
que niega las demás peticiones del sindicato. No obstante, esto sucede con
pocas cláusulas ya que la mayoría de las decisiones adoptadas no carecen
absolutamente de motivación.
Del análisis global y particular de las cláusulas del laudo para la
Corte queda claro que el laudo no carece de una motivación material mínima. Así
las cosas, la decisión en equidad del tribunal de arbitramento no constituyó
una vía de hecho por ausencia de motivación material ni, por ello, violó el
derecho al debido proceso de las partes.
8.1.2 En
segundo lugar, debe establecerse si en el presente caso el laudo proferido por
el tribunal de arbitramento obligatorio es evidentemente irrazonable por
desconocer los derechos de las partes. A juicio de los demandantes de tutela,
tal sería el caso porque el tribunal de arbitramento no tuvo en cuenta la real
situación económica de la Fundación Shaio, la cual solicitó al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social autorización para despedir 222 trabajadores, y se
acogió a la reestructuración de deudas según lo dispuesto en la Ley 550 de
1999.
Al respecto
basta manifestar que el tribunal de arbitramento, expresamente al iniciar sus
consideraciones, no encontró fundada la afirmación según la cual de reconocerse
las expectativas legítimas de los trabajadores contenidas en el pliego de
peticiones, se estaría condenando a la Fundación Shaio a su desaparición. Esta
decisión, lejos de constituir una carencia absoluta de motivación lo que indica
es que el tribunal de arbitramento no encontró cumplidas las exigencia de
fundamentación necesarias para acceder a las pretensiones de la empresa
consignadas en la denuncia patronal y en la documentación aportada al proceso
arbitral. Si bien el laudo habría podido analizar con mayor detenimiento este
importante tema, no se demostró en el proceso que ello representa un
desconocimiento flagrante de los derechos de la Fundación.
8.2 Límites referidos a la sentencia de homologación
El juzgador de primera instancia concedió la tutela al encontrar que
la sentencia de homologación incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico,
la cual vulnera el derecho al debido proceso. Por su parte, los magistrados de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia impugnaron la
decisión de tutela bajo el argumento de la improcedencia de la acción de tutela
contra sentencias. En cuanto al laudo en equidad estiman que es una “decisión
en conciencia” (folio 252) y aclaran que su función como tribunal de homologación
se limita a un control de legalidad de la “regularidad del laudo en tanto éste
no haya extralimitado su objeto”, lo cual no incluye revisar “si la
sustentación del fallo arbitral fue adecuada o si adolece en un defecto fáctico
por falta de sustento probatorio” (folio 255).
La Corte Constitucional, en sede de revisión, estima que la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia no incurrió en una vía de hecho por
consecuencia al homologar el laudo arbitral antes analizado. Si bien es cierto
que el mismo habría podido ser motivado en mejor forma, al no carecer
absolutamente de motivación, el tribunal de homologación tampoco incurrió en
una vía de hecho por efecto consecuente al no declarar la inexequibilidad. Por
otra parte, el mencionado tribunal no encontró que la decisión arbitral fuera
manifiestamente inequitativa, por lo que resolvió dotarla de plena fuerza
jurídica mediante su homologación.
Ahora bien, no sobra advertir sobre la insuficiencia del argumento
esgrimido por los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia que impugnaron el fallo de tutela inicialmente favorable a la
accionante, en el sentido de que las facultades del tribunal de homologación se
limitan a un control de legalidad de la “regularidad del laudo en tanto éste no
haya extralimitado su objeto”, lo cual no incluye revisar “si la sustentación
del fallo arbitral fue adecuada o si adolece en un defecto fáctico por falta de
sustento probatorio”. La exigencia de motivación material de las decisiones es
una garantía de la razonabilidad constitucional del laudo y, por consecuencia,
de la sentencia que lo homologa. Dicha exigencia busca asegurar el respeto a
los derechos de las partes en el proceso arbitral y, como ya se dijo, es un
desarrollo claro y consistente de los principios básicos del Estado Social de
Derecho reafirmados por la jurisprudencia constitucional. Por tal motivo, es
necesario advertir que cuando la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
ejerce sus funciones de juez de homologación debe no solo verificar la
regularidad del laudo en cuanto al ejercicio de las competencias de los
árbitros, sino asegurar que éste no vulnera derechos constitucionales de las
partes por carencia absoluta de motivación material o por desconocer de manera
evidentemente irrazonable tales derechos.
10. No vulneración de los derechos
fundamentales a la vida, la salud y la integridad personal de los tutelantes en
calidad de pacientes de la Fundación Shaio. Imposibilidad de vincular para
ciertos efectos en sede de revisión al Estado como parte en un proceso en el
que no fue demandado. No vulneración del derecho a la igualdad y al trabajo de
los tutelantes en calidad de trabajadores de la Fundación
10.1 Los accionantes de tutela, entre quienes se
cuentan pacientes de la Clínica Shaio, acusaron también el laudo arbitral y la
sentencia de homologación de la Corte Suprema de Justicia por vulnerar los
derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad personal de las
personas que reciben tratamiento médico en la institución de salud que enfrenta
un presunto cierre inminente a consecuencia, sostienen los accionantes, de la
carga económica impuesta mediante la adopción del laudo y su posterior
convalidación jurídica.
La Corte considera que ni el laudo arbitral ni la sentencia
de homologación del mismo violan o amenazan los mencionados derechos. Ello es
así porque el laudo arbitral cuestionado es el resultado del ejercicio legítimo
del derecho de los trabajadores sindicalizados a la negociación colectiva
(artículo 55 C.P.), mientras que la homologación del mismo es producto del
ejercicio de una facultad legal, sin que en uno u otro caso pueda afirmarse que
el laudo o la sentencia judicial en sí mismos violan el derecho a la vida, o a
la salud de los pacientes. Se dirá que amenazan gravemente tales derechos ante
la inminencia del cierre de la Clínica Shaio. Sin embargo, para llegar a esta
conclusión habría que probar que la causa del cierre es única y exclusivamente
la carga laboral adicional creada por el laudo cuestionado. Esto no fue
demostrado por la Fundación. Aunque ésta sostuvo que la crisis de la entidad
era un hecho claro ante la admisión de la misma al proceso de reestructuración
de deudas de conformidad con la Ley 550 de 1999, obran en el expediente
elementos de juicio que indican que hay otras causas de la situación crítica de
la Fundación – como las deudas que el Instituto de Seguros Sociales y otras
EPSs no le han pagado, como las obligaciones de la Fundación derivadas de las
inversiones en Shaio Caribe, etc.
Ahora bien no puede la Corte Constitucional pasar por alto
el papel que le corresponde cumplir al propio Estado en la materia. La atención
de la salud es un servicio público a cargo de éste (artículo 49 C.P.). El
Estado está en la obligación de garantizar a todas las personas el acceso a los
servicios de salud (artículo 49 C.P.). Además, las entidades y autoridades
públicas tienen el deber de garantizar el goce efectivo de los derechos
(artículo 2 inc. 1º C.P.) así como el deber de asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales no sólo de los particulares sino del Estado (artículo 2 inc.
2º C.P.). No se cumplen estos deberes cuando una entidad estatal se abstiene de
cancelar lo que adeuda a una clínica u hospital, a sabiendas de que ello puede
contribuir a amenazar la viabilidad de la empresa. No obstante lo anterior,
como la acción de tutela no fue interpuesta contra ninguna entidad de la rama
ejecutiva con el fin de evitar que la actitud omisiva en el cumplimiento de sus
deberes sociales y responsabilidades públicas ponga en peligro el servicio de
salud que el Estado debe asegurar y garantizar, la Corte no puede impartir
mediante el presente fallo ninguna orden en ese sentido a quien no fue parte en
la acción de tutela.
10.2 Lo dicho por la Corte en relación con la no vulneración de los
derechos a la vida, la salud y la integridad personal igualmente es predicable mutatis
mutandis de los derechos al trabajo y a la igualdad de los tutelantes que
laboran en la Fundación Shaio. No son el laudo arbitral ni la sentencia de su
homologación los actos que violan o amenazan sus derechos fundamentales, porque
no existe un derecho constitucional fundamental a mantener el trabajo
independientemente de las circunstancias económicas que permiten la existencia
de una empresa.
A la Corte no le es ajeno que la compleja situación por la que
atraviesa la Clínica Shaio pone en peligro la continuidad del servicio de salud
altamente especializado en el área de la cardiología y que de la colaboración,
sentido de la responsabilidad y mutua confianza de todos los sectores
interesados depende la posibilidad de conservar lo que se puede llamar un
“patrimonio científico de la sociedad colombiana.” Desde una perspectiva
constitucional, la negociación colectiva de un conflicto laboral en materia
económica debe tender, con la ayuda del Estado, a una solución pacífica
(artículo 55 inc. 2º C.P.), lo cual requiere que las partes en discordia dejen
atrás la historia de pugnacidad, desconfianza y recelo y en cambio asuman una
actitud cooperativa e imaginativa, con alta conciencia social, sentido de la
responsabilidad y pleno cumplimiento de sus deberes sociales, para llegar a un
acuerdo que contribuya al florecimiento de la vida por vía de la recuperación
de las fuentes de trabajo, en especial cuando ellas cumplen un servicio
público. Los informes presentados por las partes con posterioridad a la
adopción de la medida cautelar en el presente proceso de revisión muestran que
efectivamente tanto los trabajadores como la Fundación están en posibilidad de
avanzar a un acuerdo que beneficie a miles de personas entre pacientes,
empleados, directivos y trabajadores indirectos. Finalmente cabe recordar que
la Corte Constitucional se limita a resolver las cuestiones de orden jurídico
constitucional planteadas por los accionantes, y no decide sobre asuntos que no
fueron objeto del proceso, ya que carece de competencia para actuar como
mediador o árbitro en un conflicto de naturaleza económica.
D E C I S I O N
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional,
R E S U E L V E
Confirmar,
pero por las razones expuestas en la presente providencia, la sentencia de
agosto 22 de 2001, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, al resolver la impugnación contra el fallo del 5
de junio de 2001, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el proceso de tutela
promovido por la Fundación Shaio y otros contra el Tribunal de Arbitramento Obligatorio
y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Magistrado
MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA       JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL           EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS                 CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado                                                Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Aclaración Especial de voto a la Sentencia SU.837/02
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAUDO
ARBITRAL-Control leve/MOTIVACION MATERIAL DEL
LAUDO ARBITRAL-Control leve en la existencia de requisitos mínimos
(Aclaración especial de voto)
Referencias: expediente T-503413, Sentencia
T-046 de 2002 y Auto 027 de abril 2 de 2002
Actor: Fundación Abood Shaio y otros
Magistrado
Ponente:
MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Con el debido
respeto con la decisión únanime adoptada por el Pleno de esta Corporación,
presento a continuación aclaración de mi voto.
1. Sea lo
primero advertir que el objeto de la sentencia de revisión de la Corte
Constitucional era la sentencia de tutela de segunda instancia, proferida por
el Consejo Superior de la Judicatura, por la cual se confirmó la denegación de
la tutela presentada por la fundación Shaio y otros contra el laudo arbitral
del 20 de diciembre de 2000 y la sentencia de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, actuaciones acusadas de constituir vías de hecho y
vulnerar diversos derechos fundamentales. El objeto de la decisión de la Corte
no versaba entonces sobre la viabilidad económica de la empresa accionante,
extremo éste ajeno al problema jurídico abordado y decidido en sede de
revisión, ni sobre el impacto financiero de la decisión arbitral, asunto cuyo
análisis corresponde a la justicia ordinaria. Lo anterior explica el llamado
hecho al final de la sentencia cuando afirma:
“Desde una perspectiva constitucional, la
negociación colectiva de un conflicto laboral en materia económica debe tender,
con la ayuda del Estado, a una solución pacífica (artículo 55 inc. 2º C.P.), lo
cual requiere que las partes en discordia dejen atrás la historia de
pugnacidad, desconfianza y recelo y en cambio asuman una actitud cooperativa e
imaginativa, con alta conciencia social, sentido de la responsabilidad y pleno
cumplimiento de sus deberes sociales, para llegar a un acuerdo que contribuya
al florecimiento de la vida por vía de la recuperación de las fuentes de
trabajo, en especial cuando ellas cumplen un servicio público. Los informes
presentados por las partes con posterioridad a la adopción de la medida
cautelar en el presente proceso de revisión muestran que efectivamente tanto
los trabajadores como la Fundación están en posibilidad de avanzar a un acuerdo
que beneficie a miles de personas entre pacientes, empleados, directivos y
trabajadores indirectos. Finalmente cabe recordar que la Corte Constitucional
se limita a resolver las cuestiones de orden jurídico constitucional planteadas
por los accionantes, y no decide sobre asuntos que no fueron objeto del
proceso, ya que carece de competencia para actuar como mediador o árbitro en un
conflicto de naturaleza económica.”
2. En segundo lugar, estimo importante subrayar la razón de ser de
la diferencia entre la presente sentencia de unificación, que encuentra que el
laudo arbitral y la sentencia de homologación son compatibles con la
Constitución, y la sentencia proferida por la Sala Tercera de Revisión en el
mismo caso, que concluyó que el laudo era contrario al debido proceso. El
origen de la diferencia reside en que la Sala de Revisión fue más severa en el
juicio de constitucionalidad que la Sala Plena. En la presente sentencia de
unificación el pleno de la Corte optó por aplicar de una manera menos estricta
los criterios que se han de respetar en el arbitramento laboral en equidad de
conformidad con la Constitución. Comparto la sentencia SU-837 de 2002 en el
sentido de que, aplicando lo que se puede denominar un test leve en el control
de constitucionalidad del laudo arbitral y la sentencia que lo homologó, las
decisiones impugnadas como vías de hecho mediante la acción de tutela no
vulneraron los derechos fundamentales de la accionante. No obstante, me veo en
la necesidad de aclarar mi voto respecto de la decisión de aplicar un test leve
en el proceso de revisión de la sentencia de tutela. Ello porque considero que
si se hubiera aplicado un control más estricto – como fue el caso en la
Sentencia T-046 de 2002[44]
–, habría debido concederse la tutela solicitada. Las razones que explican
porqué estuve de acuerdo con el grado de control leve aplicado en esta
oportunidad, es decir en una sentencia de unificación de jurisprudencia, son
las siguientes:
a. La doctrina constitucional que exige la
motivación material y la ausencia de arbitrariedad de los laudos en equidad
proferidos por los tribunales laborales de arbitramento obligatorio es una
doctrina nueva. La Corte puede estimar que, por ser la primera vez que se ha de
aplicar dicha doctrina, no es procedente hacerlo de manera severa o estricta
puesto que su objeto es una decisión arbitral adoptada en el pasado antes de
que la doctrina fuera conocida. Ello en consideración a los principios de buena
fe y de confianza legítima, así como de la seguridad jurídica de la relación
regulada por el laudo arbitral.
b. A lo anterior se suma que el laudo arbitral se dictó el 20 de
diciembre de 2000, habiendo cumplido su vigencia el 31 de diciembre de 2001.
Los derechos de los trabajadores y las obligaciones de la Fundación se
consolidaron plenamente dentro de la vigencia del laudo arbitral cuestionado,
lo que justifica aplicar un test leve en el control constitucional del laudo en
aras de la seguridad jurídica en las reglas de juego vigentes y de la
estabilidad de los laudos arbitrales. Por lo tanto, pese a la precariedad de la
fundamentación del laudo no hay lugar a declararlo, retroactivamente, contrario
a la Constitución en virtud del respeto de los derechos adquiridos por los
trabajadores. Cabe recordar que en la sentencia T-046 de 2002 la Sala Tercera
de Revisión valoró este hecho, así como el principio de confianza legítima, y
decidió que la declaración de inconstitucionalidad del laudo no incidía en el
goce de los derechos de los trabajadores, los cuales debían quedar
“inalterados”.[45]
c. La actora al interponer mediante
apoderado judicial el respectivo recurso de homologación contra el laudo
arbitral lo hizo con base en la presunta inequidad del mismo, en el rechazo a
considerar la denuncia patronal de la convención y en reparos concretos a
disposiciones específicas del laudo, sin alegar en ningún momento la ausencia
de motivación o la evidente irrazonabilidad del laudo. Aunque la Corte en sede
de tutela puede proteger un derecho no invocado por el accionante o abordar una
cuestión desde una perspectiva completamente diferente a la de éste, cuando
ello supone aplicar una nueva doctrina que altera las reglas de juego
imperantes, el hecho de que el actor no hubiera solicitado ni esperado que tal
doctrina fuera acogida por la Corte milita en el sentido de no aplicarla de
manera estricta ni tampoco retroactivamente al caso que llevó a la Corporación
a dar este paso doctrinario.
d. Tampoco el árbitro escogido por la
Fundación para integrar el tribunal de arbitramento obligatorio en su
salvamento de voto respecto del laudo arbitral manifestó que el laudo fuera
evidentemente irrazonable, ni que la decisión del tribunal careciera de
motivación, todo lo cual confirma que la decisión acertada en este caso es la
de aplicar un control constitucional leve a las decisiones objeto de la acción
de tutela.
e. En lo que respecta a la sentencia de homologación proferida por
la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, es de observar que si bien
sus magistrados manifestaron en la impugnación contra la sentencia de primera
instancia, favorable a la accionante, que la facultad de homologación no se
extendía al examen de la motivación del laudo, lo cierto es que sí llevaron a
cabo un análisis de lo decidido por el tribunal de arbitramento obligatorio y
de su consonancia con la Constitución y la ley. Ello indica que la Sala Laboral
contó con un fundamento de razones mínimo pero suficiente para ejercer el
control sobre el laudo como juez de homologación, lo cual muestra que la
función esencial de la motivación, v.gr. permitir el control de la
arbitrariedad en un Estado Social de Derecho, se cumplió así fuera
precariamente. Seguramente si el laudo hubiera sido motivado de manera más
amplia, concreta y precisa en razones de equidad, la Sala Laboral habría
efectuado un control de homologación más integral en el breve término que tiene
para hacerlo.
f. Por último, considero importante resaltar que las anteriores
razones justifican en este caso un control leve de la existencia de unos
requisitos mínimos en cuanto a la motivación material del laudo arbitral, lo
cual significa de hecho otorgarle efectos pro futuro a la doctrina
constitucional acogida en la sentencia y según la cual las decisiones
arbitrales en equidad, deben estar materialmente motivadas y no ser
evidentemente irrazonables, exigencias éstas que buscan impedir la
arbitrariedad y el consecuente desconocimiento de los derechos de las partes.
Tal era igualmente el efecto buscado en la sentencia T-046 de 2002 cuando
establecía la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, a pesar de
que la decisión arbitral no pasaba el test más estricto aplicado en dicha
oportunidad.
No sobra advertir, sin embargo, que una
vez conocida esta doctrina constitucional, los laudos arbitrales en equidad que
se profieran con desconocimiento de la mencionada doctrina constitucional
podrían ser objeto de un control más estricto en aras de salvaguardar los
derechos fundamentales de las partes, y de asegurar el respeto al debido
proceso arbitral en equidad dado que es improbable que las razones que
justifican en este caso la aplicación de un test leve se vuelvan a dar en el
futuro.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1] El artículo 53, inciso 3º, del reglamento interno de
la Corporación (acuerdo 05 de 1992), establece lo siguiente: “A solicitud de
cualquier Magistrado, para los efectos de cambio de jurisprudencia, la Sala
Plena podrá decretar la celebración de una audiencia pública, con participación
de personas y entidades nacionales y extranjeras convocadas para tal fin.
Mientras la Sala Plena adopta la decisión sobre cambio de jurisprudencia, se
suspenderán los términos de los respectivos procesos (acuerdo 04 de 1992).”
[2]
La Corte Constitucional no entra a establecer si la denominación de “recurso”
dada jurisprudencial y doctrinariamente a la homologación que se lleva a cabo
de los laudos arbitrales por parte de la Sala de Casación Laboral de la H.
Corte Suprema de Justicia es la más precisa, en atención a que la ley misma no
habla del “recurso de homologación” sino simplemente de “homologación”
(artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y artículo 18 numeral 3º del
Decreto Ley 528 de 1964). La Corte Constitucional opta en este punto por usar
el término “recurso homologación” tal y como lo hace la propia Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia (ver por ejemplo sentencias de
homologación de febrero 20 de 1970, julio 19 de 1982, mayo 14 de 1985 y junio
30 de 1999, entre otros).
[3]
“El arbitramento representa un mecanismo para impartir justicia, a través del
cual igualmente se hace efectiva la función pública del Estado en ese sentido,
y claramente consagrado por el ordenamiento jurídico”, Corte Constitucional,
Sentencia C-242 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara. (En esta sentencia la
Corte declaró inexequible el numeral 19.14 del artículo 19 de la Ley 142 de
1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, porque ordenaba a las empresas
de servicios públicos domiciliarios acudir siempre al arbitramento para dirimir
los conflictos que pudieran presentarse con lo que se desconoció el carácter
facultativo y transitorio del arbitramento en el caso de servicios públicos no
esenciales).
[4]
Corte Constitucional, Sentencia T-061 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[5]
Cfr. por ejemplo,  Corte Suprema  de Justicia Sala de Casación Laboral -
Sección Primera-, julio 30 de 1989.Gaceta Judicial No 2437,  pág.  654.
[6] Corte Constitucional, sentencias T-084 de 1998, T-392 de 1998, T-403
de 1996.
[7]
Sentencia T-162 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[8]
Corte Constitucional, Sentencia SU-913 de 2001, M.P. Jaime Araujo Renteria; tal
doctrina ya se había esbozado en las sentencias SU-622 de 2001, M.P. Jaime
Araujo Renteria, y SU-858 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, y se reitera en la
sentencia SU-1299 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia
de homologación de junio 30 de 1999, M.P. Germán G. Valdés Sánchez.
[10]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia
de homologación de mayo 18 de 1988.
[11] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Sentencia de homologación de mayo 20 de 1996: “El recurso de homologación que
se otorga contra los laudos que dirimen conflictos colectivos de trabajo se
dirige a procurar el examen de la regularidad de éstos, teniendo en cuenta las
condiciones mínimas de trabajo que consagra la ley y las estipuladas en normas
convencionales vigentes, y el ámbito que al poder decisorio de los árbitros
señala la denuncia de la convención”. Sobre la función de la Corte, en el
recurso de homologación dicha Corporación sostuvo que ella: “Examina la
regularidad del laudo, y al proceder en esta forma, no puede eludir, porque va
implícito en ello, el estudio de la naturaleza del conflicto, si se han
cumplido las etapas de arreglo directo o de conciliación, si el tribunal ha
sido integrado conforme a la ley, si ha funcionado tal como ésta lo ordena y si
ha proferido sentencia dentro del término respectivo y sobre la materia
debatida”, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de
homologación de noviembre 20 de 1970. Sobre el valor de dicha jurisprudencia como
derecho viviente ver Corte Constitucional, Sentencias C-557 de 2001 y C-1294 de
2001.
[12]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia
de homologación de junio 30 de 1999.
[13]
Incluso en materia de expropiación, la Constitución de 1991, recogiendo la
reforma introducida en 1936 al régimen de la propiedad, contemplaba la
hipótesis de que aquella procediera por razones de equidad en los casos
determinados por el legislador mediante el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de una y otra Cámara, sin que tales razones fueran
controvertibles judicialmente (artículo 58 de la Constitución de 1991).
Mediante Acto Legislativo 01 de 1999 fue suprimida esta causal de expropiación,
basada en la equidad y cuyas razones no podían ser judicialmente controladas.
[14]
Corte Constitucional, Sentencia C–1547 de 2000, M.P. (e): Cristina Pardo
Schlesinger, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 numeral 1
del Código de Procedimiento Civil.
[15]
Mauricio A. Plazas Vega, Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario,
edit. Temis, Bogotá, 2000, pág. 601.
[16]
Corte Constitucional, Sentencia C–1107 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
Esta sentencia declaró exequible el numeral 1º del artículo 879 del Estatuto
Tributario, tal como fue adicionado por el artículo 1 de la ley 633 de 2000,
que estableció una exención tributaria para los retiros efectuados de las
cuentas de ahorro destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda.
[17]
Jaime M. Mans Pigarnan. Los principios generales del derecho. Busch, Barcelona,
1947 (Equidad).
[18]
Ley 82 de 1993.
[19]
Ley 581 de 2000.
[20]
Ley 446 de 1998, art. 16.
[21]
Ley 428 de 1998, art. 24.
[22]
Ley 4 de 1993.
[23]
Ley 23 de 1991, art. 73; Ley 640, art. 3.
[24]
Ley 508 de 1999, art. 1º.
[25]
Ley 387 de 1997, art. 2º num. 9º.
[26]
Ley 375 de 1997, art. 15.
[27] International Enciclopedia of Comparative Law, Labour Law, Vol. XV,
Chapter 14: Prevention and Settlement of Labour Disputes, Other than Conflicts
of Rights, by Jean Givry, Tübingen et al, 1984, p. 54
[28]
Ibíd, p. 54.
[29]
G.H. Camerlynck/Gérard Lyon-Caen, Droit du travail, Dalloz, Paris 1982, p.
1053.
[30]
Sport Maska c. Zittrer, (1988) 1, R.C.S. 564, 614. Citado por Nabil N. Antaki,
Le Reglement amiable des litigues, Les éditions Yvon Blais Inc., Québec, Canadá
1998.
[31] United Food & Commercial Workers International Union v. SIPCO,
Inc., S.D.Iowa 1992, citado por Nolan, Dennis R., Labor and Employment
Arbitration in a Nutshell, West Group, St. Paul, Minn., 1998, p. 195.
[32] Swift Industries, Inc. V. Botany Industries, Inc. (3d Cir.
1972), citado por Nolan, Dennis R., op. cit. p. 196.
[33] L.-E. Pettiti/E. Decaux/ P.-H Imbert, La Convention Européenne des
Droits De L´Homme. Commentaire article par article, Economica, Paris 1995, p.
285.
[34] “Article
32 - Form and effect of the award. (...)
3. The arbitral
tribunal shall state the reasons upon which the award is based, unless the
parties have agreed that no reasons are to be given.” (subrayas fuera de texto).
[35] “Article 27. (...) 2. The
tribunal shall state the reasons upon which the award is based, unless the
parties have agreed that no reasons need be given.” (subrayas fuera de texto).
[36]
El reglamento del British Columbia International Commercial
Arbitration Centre (BCICAC), dispone: “Article 34 Form
and effect of award. (...) 4. An arbitral award shall state the reasons
upon which it is based, unless the award is an arbitral award on agreed terms
under Article 33.”
[37] El Artículo 25 (2) de las reglas de la CCI dispone: “The
award shall state the reasons upon which it is based.” (subrayas fuera
de texto).
[38] Christian Bühring-Uhle, Arbitration and Mediation in International
Business, Kluwer Law International, The Hague, 1996, p. 108: “(...) awards in
international comercial arbitration are almost always required to be reasoned.”
[39]
Para Carnelutti la prueba judicial es “el conjunto de las normas jurídicas que
regulan el proceso de fijación de los hechos controvertidos”, Carnelutti, La
prueba civil, Buenos Aires, Ediciones Arayú, 1955, p. 44. Por su parte, para
Hernando Devis Echandía, las pruebas judiciales son “el conjunto de reglas que
regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios
que pueden emplearse para llevar al juez a la convicción sobre los hechos que
interesan al proceso”, ibidem, Teoría general de la prueba judicial, Tomo I,
Biblioteca Jurídica DIKE, 4ª Ed. 1993, p. 15. Aquí es pertinente distinguir
entre la prueba judicial y el contexto fáctico. Los dos conceptos son
claramente discernibles. La percepción y consideración del contexto fáctico por
parte de los jueces no exige la contradicción, así como tampoco la observancia
de reglas sobre su adopción o sobre su oportunidad, aspectos éstos que son
centrales en el régimen de la prueba judicial.
[40]
Sobre la contraevidencia de un veredicto, ha dicho la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 16 de septiembre de 1988, M.P.
Rodolfo Mantilla Jácome: “El veredicto es contraevidente cuando niega la
verdad de los hechos, no tiene por ello sustento probatorio, por el
contrario se expresa en sentido inverso a la contundencia de la realidad
probatoria.”
[41] La Sala de Casación Laboral –Sección Primera– de la
Corte Suprema de Justicia se ha referido a la inequidad manifiesta en los
siguientes términos: “De otro lado, como en
el cargo se afirma la manifiesta inequidad del laudo, en el artículo a que el
mismo se refiere, debe repetirse lo que al respecto tiene dicho con profusión
esta misma Sección de la Sala de Casación Laboral de la Corte: "En forma
reiterada ha sostenido la jurispru­dencia que cuando los arbitradores van a
decidir conflictos económicos, el ámbito dentro del cual van a actuar es muy
amplio y su decisión sólo debe consultar la equidad y la justicia, caso en el
cual no se pueden revisar en sede de homologación los aspectos económicos del
laudo, y solamente sería viable en el evento de que el fallo desconociera de
manera protuberante la realidad económica de la empresa o entidad patronal o
desatienda las peticiones de los trabajadores". Y en desarrollo de este
criterio ha sentado así mismo la jurisprudencia que "para dar por
establecido que las conclusiones a que llegaron los árbitros son equivocadas
desde el punto de vista económico y financiero, y que por lo tanto las
decisiones son contrarias a la equidad, sería necesario realizar un estudio de
carácter técnico que no cabe dentro del recurso de homologación, pues su
finalidad es la de confrontar el laudo con la constitución, las leyes o las
convenciones colectivas" (confrontar fallo de homologación del 21 de
febrero de 1991, ya citado).” (Se refiere la cita a la sentencia de
homologación del 21 de febrero de 1991, Rad. No. 4330, Sociedad de Cirugía de
Bogotá, Hospital de San José y ANTHOC Y SINTRAHOSCLISAS, p. 28).
[42] La discusión sobre el punto no es pacífica en el seno
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como lo
evidencia la aclaración de voto del magistrado Dr. Rafael Méndez Arango a la sentencia de homologación de 28 de julio de 1999
(Rad. 12773) cuando sostiene: “Vuelvo
y repito que en el pasado he suscrito providencias en las que se hace alusión a
la facultad de anular un laudo por haberse proferido con "manifiesta
inequidad", aunque siempre he manifestado en las discusiones que han
precedido a los correspondientes fallos que no encuentro que tal competencia
tenga fundamento en la ley, por no considerar razonable que habiéndose excluido
legalmente de manera expresa los conflictos económicos del conocimiento de los
jueces del trabajo, sea correcta la interpretación de las normas que permite
conocer la cuestión de fondo de dichos conflictos dentro del trámite de la
homologación de los laudos proferidos por tribunales de arbitramento
especiales. Como es apenas obvio, esta limitación para conocer de los
conflictos económicos la tienen igualmente los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial cuando revisan laudos originados en pliegos de peticiones,
pues, al igual que sucede con la Corte, únicamente pueden determinar si el
tribunal de arbitramento extralimitó o no el objeto para el cual se le
convocó.  Cosa diferente ocurre si se trata de tribunales de arbitramento
voluntarios constituidos para solucionar conflictos jurídicos excluyéndolos de
la competencia de sus jueces naturales mediante el compromiso o la cláusula
compromisoria. Sin embargo, debo manifestar que como hasta el momento no se ha
anulado en realidad un laudo por considerar que el tribunal al proferirlo
decidió con "manifiesta inequidad", las referencias que hasta ahora
se han hecho al tema no han tenido una manifestación que incida en la decisión
adoptada, tal como ocurrió en este caso, en el cual únicamente se dice en la
sentencia que no resulta "notoriamente inequitativo" el incremento
salarial tomando en cuenta como referencia el índice de precios al consumidor,
o que "el fallo no se presenta inequitativo" al incrementar el
auxilio al sindicato, o que "no agrede a la legalidad, ni a la
equidad" que en una empresa subsistan pactos colectivos simultáneamente
con las convenciones colectivas de trabajo y los laudos, y por ello se homologó
el laudo excepto en lo referente a los puntos que se concluyó escapaban a la
competencia del tribunal de arbitramento; inexequibilidad que se declaró por
considerarse ilegal lo resuelto por el tribunal de arbitramento mas no por
tenerse como inequitativo el fallo arbitral.”
[43]
Cabe aquí recordar brevemente la doctrina constitucional de la tutela por vías
de hecho: “(L)a acción de tutela (contra providencias judiciales por vías de
hecho) sí es procedente cuando se configuran claros presupuestos que evidencian
la presencia de defectos de orden sustantivo, fáctico, orgánico y
procedimental, en alguna de estas hipótesis: (1) presente un grave defecto
sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente
inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fáctico, esto
es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para
aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un
defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por
completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y, (4)
presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía
por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a
determinadas cuestiones”, Sentencia T-555 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz, que
recoge la sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en la cual se
sistematizan  los defectos que, de presentarse en grado sumo, pueden justificar
la interposición de una acción de tutela contra una providencia judicial por
vías de hecho.
[44]
Esta sentencia fue anulada por la Sala Plena de esta Corporación porque el
laudo y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, - dado que contituyen una
unidad inescindible - han debido correr con la misma suerte jurídica.
[45]
Sentencia T-046 de 2002, Parte resolutiva: “Tercero.- Declarar que
el laudo arbitral mencionado carece de validez constitucional a partir de la
fecha en que quede ejecutoriada la presente sentencia. En consecuencia, los
derechos derivados de dicho laudo permanecen inalterados en los términos de
esta providencia, sin perjuicio de lo que en el futuro libremente acuerden
las partes en ejercicio de sus derechos constitucionales, ni de los derechos
convencionales consagrados en las convenciones colectivas vigentes hasta el 31
de diciembre de 1999.”