T-681-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-681/08
ACCION DE TUTELA-Procedencia
excepcional para reconocimiento o reliquidación de pensiones
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES-Conformación de los aportes para la pensión de vejez de los
trabajadores dependientes
ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES-Mecanismos para el cobro y sanción por cancelación extemporánea de
aportes
PENSION DE VEJEZ-Requisito
de semanas cotizadas
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE
VEJEZ-Procedencia cuando la entidad administradora
de pensiones vulnera derechos fundamentales al omitir todas las semanas
laboradas y cotizadas
ACCION DE TUTELA CONTRA EL SEGURO SOCIAL-Reconocimiento de la pensión de vejez por cumplir con los requisitos
legales para acceder a la prestación
Referencia: expediente T-1844212.
Acción de tutela de Félix Roberto Rodríguez Velásquez contra
el Seguro Social, seccional Cundinamarca.
Procedencia: Tribunal Administrativo del Tolima.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil ocho (2008).
La Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson
Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en la revisión del fallo adoptado por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por medio del cual fue confirmado el proferido por
el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, dentro de la acción de
tutela instaurada por Félix Roberto Rodríguez Velásquez.
El expediente arribó a la Corte Constitucional por
remisión efectuada por el referido despacho, en virtud de lo ordenado por el inciso
final del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala Tres de Selección de
Tutelas de esta corporación eligió el 28 de marzo de 2008, para su revisión, el
asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
El señor Félix Roberto Rodríguez Velásquez, promovió
acción de tutela en septiembre 25 de 2007, contra el Seguro Social, seccional
Cundinamarca, solicitando el amparo de los derechos a la dignidad  humana, la
tercera edad y  la seguridad social en conexidad con la vida, la igualdad y el
mínimo vital, según los hechos que a continuación son resumidos.
1. Hechos relevantes y narración efectuada en la
demanda.
El accionante afirmó que tiene 75 años de edad y que ha laborado en varias
entidades, en las cuales siempre se le hicieron las respectivas cotizaciones al
régimen pensional en el Seguro Social, además que realizó algunos aportes como
independiente.
Manifestó que en diciembre de 2004, contaba con 7141
días cotizados al Seguro Social, “es decir, 1020.14 semanas que equivalen a
20 años y cinco meses de cotización a la seguridad social en pensiones… por lo
que debía y debe aplicársele el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 9° de la Ley 739 de 2003, por contar al 2004 con 72 años de
edad y mas de 1000 semanas cotizadas”.
Agregó que en octubre de 2004, presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de vejez al Seguro Social, que fue resuelta
mediante Resolución Nº 010354 de abril 5 de 2005 negando la prestación, por lo
cual interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, que fue
decidido desfavorablemente en la Resolución Nº 029828 de julio 4 de 2007.
Por último afirmó que “no poseo bienes ni fortuna,
estoy desempleado, pues a esta altura de la vida nadie me ocupa para nada… no
tengo fuentes de ingreso, y vivo de la ayuda que me brinda una hija, que a
duras penas me alcanza para subsistir, y ella misma me colabora para el pago de
las cotizaciones a la seguridad social” (fs. 22 a 30 cd. inicial).
Bajo tales supuestos, solicita la protección a sus derechos
fundamentales, instando ordenar al Seguro Social que “reconozca y pague… la
pensión de vejez o pensión de retiro por vejez, incluidas las mesadas
adicionales, debidamente indexadas, con efectos retroactivos desde el 15 de
marzo de 2002”.
2. Documentos relevantes allegados en copia.
2.1. Partida de bautismo del actor, expedida por la parroquia San
Vicente de Paúl de Icononzo, Tolima (f. 2 cd. inicial).
2.2. Resolución Nº 054 de abril 11 de 2002 del municipio de
Icononzo, donde se le liquidan unas prestaciones y consta que el actor laboró
para la administración desde septiembre 24 de 1987 hasta marzo 14 de 2002 (fs. 5
y 6 ib.).
2.3. Historia laboral de Félix Roberto Rodríguez Velásquez expedida
en agosto 16 de 2005 por la Vicepresidencia de Pensiones del Seguro Social (fs.
7 y 8 ib.).
2.4. Historia laboral expedida en abril 18 de 2007 por la
Vicepresidencia de Riesgos Profesionales del Seguro Social (fs. 9 a 12 ib.).
2.5 Resolución Nº 010354 de abril 5 de 2005 del Seguro Social,
Centro de Atención de Pensiones, seccional Cundinamarca, por medio de la cual
se resuelve la solicitud de la pensión de vejez del accionante (fs. 13 a 15 ib.).
2.6. Resolución Nº 029828 de julio 4 de 2007 del Seguro Social,
Centro de Atención de Pensiones, que resuelve el recurso de reposición
interpuesto contra la resolución que le negó la prestación económica (fs. 18 a
21 ib.).
3. Trámite
procesal
El Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, por auto de septiembre 13 de
2007, admitió esta acción y concedió dos días de término a la entidad demandada
para dar respuesta, pero ésta guardó silencio.
4. Sentencia de primera de instancia.
El Juzgado mencionado, en sentencia de octubre 8 de
2007, denegó la tutela pedida al estimar que “como lo ha señalado la
jurisprudencia, por principio general, la acción de tutela no puede utilizarse
como medio para formular las reclamaciones que apuntan al reconocimiento, pago
y reajuste de las mesadas pensionales, porque las mismas deben plantearse ante
las autoridades administrativas o judiciales competentes”.
Agregó que cuando la pretensión del demandante en la tutela
sea el reconocimiento de la pensión de jubilación, “debe primero agotar el
trámite administrativo correspondiente ante la entidad que deba resolver la
solicitud y, en caso de recibir una respuesta desfavorable, interponga los
recursos procedentes en vía gubernativa y, si la administración mantiene su decisión,
ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que sea el
Juez de lo Contencioso Administrativo, determine si el solicitante es o no
beneficiario de la prestación que reclama, de conformidad con las normas
aplicables el caso concreto”.
5.
Impugnación.
El señor Félix
Roberto Rodríguez Velásquez impugnó la anterior decisión, en escrito del 10 de
octubre de 2007, argumentando que ya se surtió el agotamiento de la vía
gubernativa con las Resoluciones Nº 010354 de abril de 2005 y Nº 029828 de
julio de 2007 emitidas por el Seguro Social, “aportadas con la demanda de
tutela, pero que el señor Juez no dignó valoradas.”
Agregó que “conforme
lo manifesté y demostré en la demanda, ante el ISS, realice la totalidad de los
aportes a la seguridad social en pensiones, incluso tengo cotizadas un numero
mayor de semanas de las que exige la ley para tener el derecho a la pensión de
vejez al año 2004 alcance a cotizar 1.020 semanas, y cuento con 75 años de edad,
es decir, que sin mayor esfuerzo se concluye que soy una persona de la tercera
edad”.
6. Sentencia
de segunda de instancia.
En noviembre 7
de 2007 el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó el fallo del a quo,
al considerar que “la accionante ha pretendido la declaración de una pensión
de vejez por parte del Instituto del Seguro Social y agotó la vía gubernativa
en tal sentido, dando oportunidad a la administración de expedir un acto administrativo
en el cual creó una situación jurídica individual y concreta en cabeza del
accionante, quien para el efecto interpuso los recursos que procedían”.
Afirmó que en
relación con el perjuicio irremediable, “no se advierte prima facie el daño
irreversible ni la amenaza seria y actual de violación grave a los derechos
fundamentales del actor que justifique el amparo como mecanismo transitorio
para proteger los derechos invocados en la presente tutela, púes no aportó al
proceso prueba alguna que permita inferir a la Sala tal situación o perjuicio”.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
Esta corporación es competente para examinar la
determinación referida, en Sala de Revisión, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991.
Segunda. El asunto objeto de análisis.
La Sala determinará si en el
presente caso el Seguro Social, seccional Cundinamarca, vulneró los derechos
fundamentales a la vida digna y al mínimo vital del
señor Félix Roberto Rodríguez Velásquez al
negarle el reconocimiento de la pensión de vejez por no cumplir con los
requisitos (semanas mínimas de cotización al sistema) para adquirir el derecho
pensional.
Corresponde
ahora a esta Sala revisar si en el caso bajo estudio procede el amparo solicitado.
Tercera.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez. Reiteración de jurisprudencia.
Según lo
prescribe el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en los casos que
señale la ley. Por ello, se podrá acudir ante los jueces en todo momento y
lugar, con el fin de obtener una orden para que aquél respecto de quien se
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
Para reconocer
las situaciones fácticas en las que se debe encontrar quien aspire a que la
acción de tutela proceda en lo que respecta a la solicitud de pensiones, debe
observarse, en primer lugar, que la mayor parte de quienes la piden son
personas de avanzada edad, que se hayan en circunstancia de debilidad
manifiesta (inciso tercero del art. 13 superior), por lo cual debe otorgárseles
especial protección constitucional al momento de analizar la posible
vulneración de derechos fundamentales suyos.
En segundo
lugar, debe demostrarse también que el perjuicio sufrido afecta o coloca en
inminente y grave riesgo derechos fundamentales de especial magnitud, como,
para el caso, la dignidad humana, la seguridad social, la salud en conexidad
con la vida y el mínimo vital, a tal punto que la natural demora de los
procedimientos ordinarios haría ineficaz, por tardío, el amparo específico.
Sólo en tales eventos, la acción de tutela desplaza el mecanismo ordinario de
defensa, por no resultar eficaz en tal medida y oportunidad, frente a las
circunstancias particulares del actor en el caso concreto, por lo cual tampoco
procederá como meramente transitoria, sino definitiva.
Cuando la
controversia jurídica verse sobre la legalidad del acto que niega el
reconocimiento de una pensión de vejez, se valorarán elementos que determinen
condiciones de la persona, como su edad, capacidad económica y estado de salud,
es decir, todo aquello que permita deducir que el procedimiento ordinario no
resultaría idóneo para obtener la protección de sus derechos. Así lo señaló la sentencia
T-668 de 2007 (agosto 30), M. P. Clara Inés Vargas Hernández:
“En síntesis, la acción de tutela no procede para ordenar el
reconocimiento o la reliquidación de pensiones, a menos que el conflicto
planteado involucre personas de la tercera edad y se logre acreditar la
afectación de garantías fundamentales que no puedan ser protegidas
oportunamente a través de los medios de defensa previstos para el efecto, de
manera tal que se entienda que éstos han perdido toda su eficacia material y
jurídica. En dichos eventos, le corresponde al juez constitucional evaluar,
valorar y ponderar la situación fáctica puesta a su conocimiento y todos los
factores 0relevantes del caso, para efectos de establecer la necesidad de
brindar una protección urgente e inmediata de los derechos conculcados, e
igualmente, de determinar con la mayor precisión el grado o nivel de protección
que se debe brindar.”
Cuarta. Mora patronal en el traslado de cotización en pensión.
Reiteración de jurisprudencia.
Para que surja
la obligación de las entidades administradoras de pensiones de conceder una
pensión de vejez, deben concurrir los requisitos de edad y monto de
cotizaciones previstos por la ley. Respecto de este segundo requisito, las
disposiciones legales aplicables determinan que para el caso de los
trabajadores dependientes, el aporte está conformado por un porcentaje asumido
por el empleado y otro por el empleador, de forma tal que éste tiene la
obligación de descontar del salario el monto correspondiente, sumar su porción
de la cotización y reportar el pago a la entidad administradora de pensiones a
la que el trabajador se encuentre afiliado[1].
Para evitar que
la mora en la transferencia de los aportes pueda afectar directamente los
derechos fundamentales de quien ha completado los requisitos para acceder al
reconocimiento de la pensión, el legislador ha consagrado mecanismos para que
las entidades administradoras cobren aquellos y sancionen su cancelación
extemporánea, como medio para corregir el funcionamiento del sistema de
seguridad social integral y no desproteger al afiliado[2].
Los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993 consagran mecanismos específicos
relacionados con la sanción por mora y las acciones de cobro contra el
empleador. Es así, como acerca de dicha obligación, los artículos 20 y 24 del
Decreto 1406 de 1999, establecen los plazos para presentar los aportes y el
Decreto 2633 de 1994, reglamentario de los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de
1993, señalan acciones para el cobro.
En la sentencia
T- 668 de 2007 anteriormente citada, al analizar la mora del empleador en el
traslado de los aportes en pensiones, se puntualizó que “es claro, entonces,
que la ley atribuye claramente a las entidades administradoras de pensiones la
función de exigir al patrono la cancelación de los aportes pensionales, para
solventar las situaciones en mora y para imponer las sanciones a que haya
lugar, no siendo posible a aquellas alegar a su favor su propia negligencia en
la implementación de esa atribución. También ha precisado la Corporación que,
estando la entidad administradora facultada para efectuar el cobro de lo que
por concepto de aportes le adeuda el empleador y no habiéndolo hecho, una vez
aceptado el pago en forma extemporánea se entenderá como efectivo y, por tanto,
se traducirá en tiempo de cotización.”
En efecto, habida cuenta de que el fin de la seguridad social es
garantizar el sostenimiento de las personas que no pueden asumirlo por recursos
propios y atendiendo al hecho de que las entidades de seguridad y el empleador
son los sujetos que tienen a su cargo la consolidación de las prestaciones
sociales a favor del empleado, no sería lógico que frente al incumplimiento de
los deberes de cualquiera de los últimos, quien tuviera que soportar los
efectos negativos del mismo sea precisamente el beneficiario de todo el
sistema.
Quinta. Análisis
del caso concreto.
En el asunto bajo estudio, el señor Félix Roberto Rodríguez Velásquez solicitó
el reconocimiento y pago de su pensión de
vejez, que le fue negada por el ISS con el argumento de la insuficiencia
en las semanas de cotización exigidas por la ley.
De conformidad
con las reglas jurisprudenciales, debe resolverse la procedencia de la acción
impetrada, atendiendo que el actor es un adulto mayor de 75 años, edad de
difícil vinculación laboral. De otro lado, dentro del expediente no concurre
elemento probatorio alguno que permita concluir que ha contado con algún otro
ingreso distinto del salario que devengó como trabajador, ya que según afirma
en su escrito de tutela y no ha sido refutado, depende económicamente de su
hija y nada distinto puede inferirse a que su subsistencia depende de la
pensión de vejez reclamada.
El artículo 12 del Decreto 758 de 1990 dispone:
“REQUISITOS
DE LA PENSIÓN POR VEJEZ.
Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes
requisitos:
a) Sesenta
(60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de
edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo
de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte
(20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier
tiempo.”
De conformidad a los documentos que anexó el actor, la Sala
encuentra:
1. Resolución Nº 029828 de julio 4 de 2007 que señala expresamente:
“…Que en documento radicado el 17 de junio de 2005, el asegurado  interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación… Que por haber sido
interpuestos los recursos dentro del término legal y con el lleno de requisitos
establecidos en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, se
procede a analizar de fondo la solicitud incoada.
Que ha presentado el documento idóneo, partida de bautismo, para
demostrar que nació el 14 de abril de 1032, deduciendo que a la fecha cuenta
con 75 años de edad.
Que para acreditar las semanas necesarias para la pensión se
presentan certificados sobre tiempo de servicio al Sector Público no cotizado
al ISS, así:
ENTIDAD
PERÍODO
T. DÍAS
ALCALDÍA DE ICONONZO-TOLIMA
01/01/1988 al 30/07/1995
2.730
TOTAL
2.730
Que revisado el reporte de semanas expedido por la Gerencia Nacional
de Historia Laboral y Nomina de Pensionados del Instituto de Seguros Sociales,
luego de efectuar la imputación de pagos prevista en el artículo 29 del Decreto
1818 de 1996, modificado por el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999 por cuanto
existen períodos no cancelados y otros cancelados extemporáneamente sin que se
haya pagado el interés respectivo, se estableció que el asegurado cotizó a este
Instituto 4063 días.
Que el tiempo cotizado a entidades de previsión del sector publico y
el cotizado al SEGURO SOCIAL, permite cumplir 18 años, 10 meses y 13 días,
representado en 970 semanas, que equivalen a 6793 días.
…
Que el solicitante cumple con el requisito de la edad, pero no
acredita las 1100 semanas cotizadas como mínimo para el año 2007, según lo
exigen las normas legales vigentes para el derecho a la pensión.”
2.
Historia laboral de Félix Roberto Rodríguez Velásquez
expedida en agosto 16 de 2005 por la Vicepresidencia de Pensiones del
Instituto de Seguro Social, de la que se desprenden los siguientes datos (fs. 7
y 8 cd. inicial.):
Aportante
Razón Social
Desde
Hasta
Días
Licencia
Simult.
Neto
01007101514
AUTO FUSA LTDA
1979/05/01
1979/11/12
196
0
0
196
01007101514
AUTO FUSA LTDA
1980/01/01
1980/02/29
60
0
0
60
01007101514
AUTO FUSA LTDA
1981/09/01
1982/12/30
486
0
0
486
01007101514
AUTO FUSA LTDA
1983/02/19
1983/07/30
162
0
0
162
01007101514
AUTO FUSA LTDA
1984/06/18
1984/11/15
151
0
0
151
01007101514
AUTO FUSA LTDA
1986/01/22
1986/04/15
84
0
0
84
01007101514
AUTO FUSA LTDA
1986/06/12
1986/08/15
65
0
0
65
01007101514
AUTO FUSA LTDA
1986/09/15
1987/05/18
245
0
0
245
TOTAL DÍAS COTIZADOS
1.449
0
0
1.449
TOTAL DE SEMANAS
207
4. Reporte de pagos para trabajadores independientes, de la Gerencia
de Recaudo y Cartera del Instituto de Seguro Social, realizado en junio 7 de
2006, donde se resumen los siguientes aportes:
APORTANTE
FECHA
SEMANAS
Félix Roberto Rodríguez Velásquez.
09/2003 a 10/2003
8
Félix Roberto Rodríguez Velásquez.
03/2004 a 12/2004
40
Félix Roberto Rodríguez Velásquez.
01/2005 a 12/2005
48
Félix Roberto Rodríguez Velásquez.
01/2006 a 06/2006
24
TOTAL SEMANAS
120
3. Resolución Nº 054 de abril 11 de 2002 del municipio de Icononzo,
donde se liquidan unas prestaciones y consta que el actor laboró para la
administración desde septiembre 24 de 1987 hasta marzo 14 de 2002 (fs. 5 y 6 ib.),
con los siguientes datos relevantes:
“… Que el señor Félix Roberto Rodríguez Velásquez, identificado con
la cédula… prestó sus servicios al Municipio durante el tiempo comprendido del
24 de Septiembre de 1997 al 14 de marzo de 2002, que corresponde a 14 años, 5
meses y 21 días o sea 5.211 días, por lo que se hace necesario reconocer y
ordenar pagar las prestaciones a que tiene derecho.”
Tomando los anteriores datos, tenemos que el señor Félix Roberto
Rodríguez Velásquez tiene en la actualidad 75 años de edad, es decir que cuando
entró en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía 61 años y para el 31 de diciembre de
1994 tenía más de 500 semanas de cotización.
Así las cosas,
en los datos y documentos existentes en el expediente consta que el actor
trabajó y cotizó de la siguiente manera:
COTIZANTE
SEMANAS
Alcaldía de Icononzo – Tolima.
744
Autofusa.
207
Félix Roberto Rodríguez Velázquez como
independiente.
120
TOTAL SEMANAS COTIZADAS:
1071
La Sala
encuentra que la Resolución Nº 029828 de julio 4 de 2007 expedida por el
Instituto de Seguro Social, seccional Cundinamarca, la cual negó el
reconocimiento de la pensión de vejez por presentar algunos “períodos
no cancelados  y otros cancelados extemporáneamente sin que se haya pagado el
interés respectivo”, desconoció las normas legales y la jurisprudencia de
esta corporación, en el sentido de que la ley obliga a las entidades
administradoras de pensiones, realizar el recaudo de las cotizaciones por ser
la parte dominante y contar con mecanismos jurídicos establecidos en la ley
para lograrlo.
De esa forma, no se puede alegar la propia negligencia como excusa
para no reconocer un derecho, que para el caso concreto y las características
que presenta, resulta del tipo fundamental, pues existe una conexidad entre el
derecho a la pensión y la afectación al mínimo vital del señor Félix Roberto
Rodríguez Velásquez quien tiene 75 años, además carece de recursos económicos
para subsistir.
Por todo lo
anterior, se dejarán sin efecto las resoluciones Nº 010354 de abril 5 de
2005 y la Nº 029828 de julio 4 de 2007. En consecuencia se ordenará al
Instituto de Seguro Social, seccional Cundinamarca expedir nuevamente el acto
administrativo que decida sobre el reconocimiento de la pensión de vejez,
teniendo en cuenta la totalidad de los meses que figuran como no cancelados y
los cancelados extemporáneamente.
En consecuencia, esta Sala de Revisión revocará el fallo objeto de estudio y en su lugar concederá a Félix
Roberto Rodríguez Velásquez el amparo solicitado, en cuanto a sus derechos
a la seguridad social y al mínimo vital, ordenando al Instituto de Seguro
Social que dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la
notificación de la presente providencia, revoque sus anteriores determinaciones
negativas y expida una nueva resolución, reconociendo la pensión de vejez del
actor, tomando en cuenta para su liquidación las 1.071 semanas cotizadas y
acreditadas.
Las resultantes
sumas que no se le han cubierto desde la fecha en que adquirió el derecho le
serán pagadas dentro de ese mismo lapso de diez (10) días y en lo sucesivo, se
seguirá erogando a su favor las mesadas respectivas
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: REVOCAR la sentencia proferida
en noviembre 7 de 2007 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que a
su turno confirmó la dictada en octubre 8 del mismo año por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Ibagué. En su lugar, CONCEDER la tutela
instaurada por Félix Roberto Rodríguez Velásquez contra el Instituto de
Seguro Social, seccional Cundinamarca, por violación a sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.
Segundo: En consecuencia, ORDÉNASE al
representante legal del Instituto de Seguro Social - Pensiones, seccional
Cundinamarca, o quien haga sus veces, que dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, vuelva a expedir una nueva
resolución, reconociendo la pensión de vejez del actor, tomando en cuenta para
su liquidación las 1.071 semanas cotizadas y acreditadas. Las resultantes sumas
que no se le han cubierto desde la fecha en que adquirió el derecho y en lo
sucesivo, le serán pagadas dentro de ese mismo lapso de diez (10) días y en la
periodicidad correspondiente.
Tercero.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que alude
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr Ley 100 de 1993, artículos 17 y siguientes.
[2] T-205
de 2002, entre otras.