C-280-97
Sentencia C-280/97
Sentencia
C-280/97
ORGANIZACION
INTERNACIONAL DEL TRABAJO/CONVENIO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Naturaleza jurídica y control
constitucional/RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Naturaleza
y control constitucional
La Organización
Internacional del Trabajo se expresa B el poder legislativo internacional a
través de los convenios y las recomendaciones relativos al trabajo humano. Un
convenio es un tratado internacional con fuerza vinculatoria para los Estados
que ratifiquen dicho convenio. Una recomendación no es más que una guía o
aclaración a un convenio internacional y su valor jurídico es el que sirve para
la interpretación de los convenios. A los convenios de la O.I.T. se les ha dado
una característica internacional; por ejemplo, son convenios internacionales en
que participan los sujetos interesados en su adopción en representación de los
gobiernos de los Estados participantes. Una vez adoptada por la Conferencia la
norma internacional, la Constitución de la O.I.T. establece la obligación a los
Estados de someter el convenio a la autoridad o autoridades a quienes compete
el asunto, al efecto de que le de forma de ley o adopten otras medidas. Esto es
para que ratifiquen los convenios. Corresponde a los Estados miembros de la
O.I.T. acatar las reglas establecidas en dichas normas para la aprobación y
cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo, pues a ello se
comprometieron cuando decidieron formar parte de esta Organización. Dado el
carácter de instrumento internacional que compromete la voluntad de los Estados
y le impone obligaciones, los convenios de la O.I.T. deben ser objeto de
control constitucional formal y material por parte de esta Corporación. En
cuanto a las recomendaciones, éstas deberán ser comunicadas a los Estados para
su examen, a fin de ponerlas en ejecución por medio de la legislación nacional.
Respecto a la cohercibilidad de las mismas, es del caso señalar que ella
dependerá de la forma, términos y obligatoriedad que le den las normas del
derecho interno, de acuerdo a la competencia del correspondiente Estado, y en
la medida en que ella no desconozca o vulnere ningún precepto de orden
constitucional, deberá declararse su conformidad con la Carta Política.
RECOMENDACION 181
SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES INDUSTRIALES MAYORES-Contenido
CONVENIO 174
SOBRE PREVENCION DE ACCIDENTES INDUSTRIALES MAYORES-Objeto/CONTROL Y PREVENCION DE RIESGOS-Lugares
más vulnerables a accidentes mayores
Lo fundamental
del Convenio es el compromiso por parte de los empresarios y organismos
gubernamentales que están encargados de velar por la seguridad de la comunidad,
de prevenir a los trabajadores, a la población y al medio ambiente, de
accidentes mayores que involucren sustancias peligrosas, y la limitación de las
consecuencias de dichos accidentes, mediante la adopción de medidas y
procedimientos que permitan identificar los lugares más expuestos a riesgos de
accidentes mayores, así como la responsabilidad para los empleadores de
determinar las instalaciones expuestas a los riesgos de accidentes mayores y
señalar la responsabilidad de las autoridades competentes en la ejecución de
planes y procedimientos de emergencia para la debida protección del ambiente y
de la población. Con la adopción del instrumento sometido a revisión, se suplen
las deficiencias existentes en nuestro país en cuanto al control y prevención
de riesgos, por cuanto busca mediante políticas trazadas por las autoridades
gubernamentales en asocio con los empresarios, identificar los lugares más
vulnerables a los accidentes mayores; obligar a los empresarios a implantar
sistemas permanentes para identificar las instalaciones más expuestas a
accidentes, así como dar un informe de seguridad en forma periódica a las
entidades competentes y ejecutar planes tendientes a separar las instalaciones
expuestas a riesgos mayores de áreas de trabajo, zonas residenciales y
servicios públicos.
Referencia:
Expediente L.A.T. 092
Revisión oficiosa de
la Ley 320 de septiembre 20 de 1996 "Por medio de la cual se somete: el
"Convenio 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores"
y la "Recomendación 181 sobre la prevención de accidentes industriales
mayores, adoptados en la 80a. Reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993."
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santa Fe de Bogotá,
D.C., cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
I.      ANTECEDENTES
La Secretaria
Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, el
veinticuatro (24) de septiembre de 1996, copia de la Ley 320 del 20 de
septiembre de 1996, por medio de la cual se someten a revisión constitucional
en los términos del artículo 241 de la Carta Política, los Convenios 163, 164,
165, 166, 171, 172, 174 y la recomendación 181, adoptados en la 80a.
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.
Cumplidos como están
los trámites constitucionales y legales establecidos para la revisión de este
tipo de instrumentos internacionales, procede la Corte Constitucional a
decidir.
II.     TEXTO DE
LOS CONVENIOS Y DE LA LEY APROBATORIA
El texto de los
Convenios y de la ley aprobatoria, es el que aparece a continuación:
LEY
320 DE 1996
(septiembre 20)
por
medio de la cual se someten: el “Convenio 163 sobre el bienestar de la gente de
mar en el mar
y en puerto” y el “Convenio 164 sobre la protección en la salud y asistencia
médica de la gente de mar”, adoptados en la 74ª Reunión del 8 de octubre de
1987; el “Convenio 165 sobre la seguridad social de la gente de mar” (revisado)
y el “Convenio 166 sobre la repatriación de la gente de mar” (revisado),
adoptados en la 74ª Reunión el 9 de octubre de 1987; el “Convenio 171 sobre el
trabajo nocturno”, adoptado en la 77ª  Reunión el 26 de junio de 1990; el
“Convenio 172 sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y
establecimientos similares”, adoptado en la 78ª  Reunión el 25 de junio de
1991; el “Convenio 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores”
y la “recomendación 181 sobre la prevención de accidentes industriales
mayores”, adoptados en la 80ª Reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional
del Trabajo en
Ginebra el 22 de junio de 1993.
Poder
Público - Rama Legislativa Nacional
LEY
320 DE 1996
(septiembre 20)
por
medio de la cual se someten: el “Convenio 163 sobre el bienestar de la gente de
mar en el mar
y en puerto” y el “Convenio 164 sobre la protección en la salud y asistencia
médica de la gente de mar”, adoptados en la 74ª Reunión del 8 de octubre de
1987; el “Convenio 165 sobre la seguridad social de la gente de mar” (revisado)
y el “Convenio 166 sobre la repatriación de la gente de mar” (revisado),
adoptados en la 74ª Reunión el 9 de octubre de 1987; el “Convenio 171 sobre el
trabajo nocturno”, adoptado en la 77ª  Reunión el 26 de junio de 1990; el
“Convenio 172 sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y
establecimientos similares”, adoptado en la 78ª  Reunión el 25 de junio de
1991; el “Convenio 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores”
y la “recomendación 181 sobre la prevención de accidentes industriales
mayores”, adoptados en la 80ª Reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional
del Trabajo en
Ginebra el 22 de junio de 1993.
El Congreso de la República
Visto los textos del “Convenio 163
sobre el bienestar de la gente de mar en el mar y en puerto” y del “Convenio
164 sobre la protección en la salud y asistencia médica de la gente de mar”,
adoptados en la 74ª  Reunión del 8 de octubre de 1987; del “Convenio 165
sobre la seguridad social de la gente del mar (revisado)” y del “Convenio 166
sobre la repatriación de la gente de mar” (revisado), adoptados en la 74ª
Reunión el 9 de octubre de 1987; del “Convenio 171 sobre el trabajo nocturno”,
adoptado en la 77ª Reunión el 26 de junio de 1990; del “Convenio 172 sobre las
condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos
similares”, adoptado en la 78ª Reunión el 25 de junio de 1991; del “Convenio
174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores” y de la
“Recomendación 181 sobre la prevención de accidentes industriales mayores”,
adoptados en la 80ª Reunión de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
«CONVENIO 163
Convenio sobre el bienestar de la gente de mar en el
mar y en puerto
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 24 de
septiembre de 1987 en su septuagésima cuarta reunión.
Recordando las disposiciones de la Recomendación sobre
las condiciones de estada de la gente de mar en los puertos, 1936, y de la
Recomendación sobre el bienestar de la gente de mar, 1970.
Después de haber decidido adoptar diversas propuestas
sobre el bienestar de la gente de mar en el mar y en puerto, cuestión que
constituye el segundo punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas propuestas
revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha ocho de
octubre de mil novecientos ochenta y siete, el presente Convenio, que podrá ser
citado como el Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987:
Artículo 1º
1. A los efectos del presente Convenio:
a) La expresión “agente de mar” o “marinos” designa a
todas las personas empleadas, con cualquier cargo, a bordo de un buque dedicado
a la navegación marítima, de propiedad pública o privada, que no sea un buque
de guerra;
b) La expresión “medios y servicios de bienestar”
designa medios y servicios de bienestar, culturales, recreativos y de
información.
2. Todo Miembro determinará, por medio de su legislación
nacional y previa consulta con las organizaciones representativas de armadores
y de gente de mar, los buques matriculados en su territorio que deben
considerarse dedicados a la navegación marítima a los efectos de las
disposiciones del presente Convenio relativas a medios y servicios de bienestar
a bordo de buques.
3. En la medida en que lo considere factible, previa
consulta con las organizaciones representativas de armadores de barcos de pesca
y de pescadores, la autoridad competente deberá aplicar las disposiciones del
presente Convenio a la pesca marítima comercial.
Artículo 2
1. Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente
Convenio se compromete a velar porque se faciliten medios y servicios de
bienestar adecuados a la gente de mar tanto en los puertos como a bordo de
buques.
2. Todo Miembro velará porque se tomen las medidas
necesarias para financiar los medios y servicios de bienestar que se faciliten
de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
Artículo 3º
1. Todo Miembro se compromete a velar porque se
faciliten medios y servicios de bienestar en los puertos apropiados del país a
todos los marinos, sin distinción de nacionalidad, raza, color, sexo, religión,
opinión política u origen social e independientemente del estado en que esté
matriculado el buque a bordo del cual estén empleados.
2. Todo Miembro determinará, previa consulta con las
organizaciones representativas de armadores y de gente de mar, los puertos que
deben considerarse apropiados a los efectos de este Artículo.
Artículo 4º
Todo Miembro se compromete a velar porque los medios y
servicios de bienestar facilitados en todo buque dedicado a la navegación
marítima, de propiedad pública o privada, matriculado en su territorio, sean
accesibles a toda la gente de mar que se encuentre a bordo.
Artículo 5º
Los medios y servicios de bienestar se revisarán con
frecuencia a fin de asegurar que son apropiados, habida cuenta de la evolución
de las necesidades de la gente de mar como consecuencia de avances técnicos,
funcionales o de otra índole que sobrevengan en la industria del transporte
marítimo.
Artículo 6º
Todo Miembro se compromete a:
a) Cooperar con los demás Miembros con miras a
garantizar la aplicación del presente Convenio;
b) Velar porque las partes implicadas e interesadas en
el fomento del bienestar de la gente de mar en el mar y en puerto cooperen.
Artículo 7º
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.
Artículo 8º
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en
que las ratificaciones de los Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.
Artículo 9º
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante una acta
comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en
que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este Artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las condiciones previstas en este Artículo.
Artículo 10
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director
General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 11
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos
del registro y de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones
y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los Artículos
precedentes.
Artículo 12
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la
Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio y considerará la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su
revisión total o parcial.
Artículo 13
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio
revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones contenidas en el Artículo 9º, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la
ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 14
Las versiones inglesas y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
Copia certificada conforme y completa del texto
español.
Por el Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo:
Francis Maupain,
Consejero Jurídico Oficina
Internacional del Trabajo».
La suscrita Jefe de la Oficina
Jurídica (E.) del Ministerio de Relaciones Exteriores,
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fiel
fotocopia tomada del texto certificado, que reposa en la Oficina Jurídica de
este Ministerio.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a
los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Jefe Oficina Jurídica (E.),
Sonia Pereira Portilla.
*  *  *
«CONVENIO 164
Convenio sobre la
protección de la salud y la asistencia médica
de la gente de mar
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 24 de
septiembre de 1987 en su septuagésima cuarta reunión;
Recordando las disposiciones del Convenio sobre el
examen médico de la gente de mar, 1946; del Convenio sobre el alojamiento de la
tripulación (revisado), 1949; del Convenio sobre el alojamiento de la
tripulación (disposiciones complementarias), 1970; de la recomendación sobre
los botiquines a bordo de los buques, 1958; de la recomendación sobre consultas
médicas en alta mar, 1958, y del Convenio y la Recomendación sobre la
prevención de accidentes (gente de mar), 1970;
Recordando los términos del Convenio internacional
sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978, en
lo que atañe a la formación en primeros auxilios en caso de accidentes o
enfermedades que puedan ocurrir a bordo;
Observando que, para la acción realizada en la esfera
de la protección de la salud y de la asistencia médica de la gente de mar tenga
éxito, es importante que la Organización Internacional del Trabajo, la
Organización Marítima Internacional y la Organización Mundial de la Salud mantengan
una estrecha cooperación dentro de sus respectivas esferas;
Observando que las normas que siguen han sido
elaboradas en consecuencia con la cooperación de la Organización Marítima
Internacional y de la Organización Mundial de la Salud, y que está previsto
proseguir la cooperación con dichas organizaciones en lo que atañe a la
aplicación de estas normas;
Después de haber decidido adoptar diversas propuestas
sobre la protección de la salud y la asistencia médica de la gente de mar,
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas propuestas
revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha ocho de
octubre de mil novecientos ochenta y siete, el presente Convenio, que podrá ser
citado como el Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica
(gente de mar), 1987:
Artículo 1º
1. El presente Convenio se aplica a todo buque
dedicado a la navegación marítima, de propiedad pública o privada, matriculado
en el territorio de un Miembro para el cual el Convenio se halle en vigor y
destinado normalmente a la navegación marítima comercial.
2. En la medida en que ello sea factible, previa
consulta con las organizaciones representativas de armadores de barcos de pesca
y de pescadores, la autoridad competente deberá aplicar las disposiciones del
presente Convenio a la pesca marítima comercial.
3. En caso de existir dudas acerca de si, a los
efectos del presente Convenio, un buque debe o no considerarse destinado a la
navegación marítima comercial, o a la pesca marítima comercial, la cuestión se
resolverá por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones
interesadas de armadores, de gente de mar y de pescadores.
4. A los efectos del presente Convenio, los términos
“gente de mar” o “marinos” designan a todas las personas empleadas con
cualquier cargo, a bordo de un buque dedicado a la navegación marítima al cual
se aplique el presente Convenio.
Artículo 2º
Se dará efecto al presente Convenio por medio de la
legislación nacional, los convenios colectivos, los reglamentos internos, los
laudos arbitrales, las sentencias judiciales, o de cualquier otro medio
apropiado a las condiciones nacionales.
Artículo 3º
Todo Miembro deberá prever, por medio de su
legislación nacional, que los armadores sean considerados responsables del
mantenimiento de los buques en condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas.
Artículo 4º
Todo Miembro deberá velar por la adopción de las
medidas que garanticen la protección de la salud y la asistencia médica de la
gente de mar a bordo. Tales medidas deberán:
a) Garantizar la aplicación a la gente de mar de todas
las disposiciones generales sobre protección de la salud en el trabajo y
asistencia médica que interesen a la profesión de marino y de las disposiciones
especiales relativas al trabajo a bordo;
b) Tener por objeto brindar a la gente de mar una
protección de la salud y una asistencia médica tan próximas como sea posible de
las que gozan generalmente los trabajadores en tierra;
c) Garantizar a la gente de mar el derecho de visitar
sin demora a un médico en los puertos de escala, cuando ello sea posible;
d) Garantizar que, de conformidad con la legislación y
práctica nacionales, la asistencia médica y la protección sanitaria se prestan
gratuitamente a los marinos inscritos en el rol de la tripulación;
e) No limitarse al tratamiento de los marinos enfermos
o accidentados, sino incluir también medidas de carácter preventivo y consagrar
una atención particular a la elaboración de programas de promoción de la salud
y de educación sanitaria, a fin de que la propia gente de mar pueda contribuir
activamente a reducir la frecuencia de las enfermedades que puedan afectarlas.
Artículo 5º
1. Todo buque al que se aplique el presente Convenio
deberá llevar un botiquín.
2. El contenido de este botiquín y el equipo médico a
bordo los prescribirá la autoridad competente teniendo en cuenta factores tales
como el tipo de buque, el número de personas a  bordo y la índole, destino y
duración de los viajes.
3. Al adoptar o revisar las disposiciones nacionales
relativas al contenido del botiquín y al equipo médico a bordo, la autoridad
competente deberá tener en cuenta las recomendaciones internacionales en esta
esfera, como las ediciones más recientes de la Guía médica internacional de
a bordo y la Lista de medicamentos esenciales publicadas por la
Organización Mundial de la Salud, así como los progresos realizados en materia
de conocimientos médicos y los métodos de tratamiento aprobados.
4. El mantenimiento apropiado del  botiquín y de su
contenido, del equipo médico a bordo, así como su inspección periódica a
intervalos regulares no superiores a doce meses, estarán a cargo de personas
responsables designadas por la autoridad competente, que velarán por el control
de la fecha de caducidad y las condiciones de conservación de los medicamentos.
5. La autoridad competente se asegurará de que el
contenido del botiquín figura en una lista y está etiquetado utilizando nombres
genéricos, además de los nombres de marca, fecha de caducidad y condiciones de
conservación, y de que es conforme a lo estipulado en la guía médica empleada a
escala nacional.
6. La autoridad competente cuidará de que, cuando un
cargamento clasificado como peligroso no haya sido incluido en la edición más
reciente de la Guía de primeros auxilios para uso en caso de accidentes
relacionados con mercancías peligrosas publicada por la Organización
Marítima Internacional, se facilite al capitán, a la gente de mar y a otras
personas interesadas la información necesaria sobre la índole de las
sustancias, los riesgos que entrañan, los equipos de protección personal
necesarios, los procedimientos médicos pertinentes y los antídotos específicos.
Los antídotos específicos y los equipos de protección personal deben llevarse a
bordo siempre que se transportan mercancías peligrosas.
7. En caso de urgencia, cuando un medicamento
prescrito a un marino por el personal médico calificado no figure en el
botiquín de a bordo, el armador deberá tomar todas las medidas necesarias para
obtenerlo lo antes posible.
Artículo 6º
1. Todo buque al que se aplique el presente Convenio
deberá llevar una guía médica de a bordo adoptada por la autoridad competente.
2. La guía médica deberá explicar  cómo ha de
utilizarse el contenido del botiquín y estar concebida de forma que permita al
personal no médico atender  a los enfermos o heridos a bordo, con o sin
consulta médica por radio o por  satélite.
3. Al adoptar o revisar la guía médica de a bordo en uso
en el país, la autoridad  competente deberá tener en cuenta las recomendaciones
internacionales  en esta esfera, incluidas las ediciones más recientes de la
guía médica internacional  de a bordo y de la guía de primeros auxilios para
uso en caso de accidentes  relacionados con mercancías peligrosas.
Artículo 7º
1. La autoridad  competente deberá garantizar,
mediante un sistema  preestablecido, que en cualquier hora del día o de la
noche los buques en alta mar  puedan efectuar consultas médicas por radio o por
satélite, incluido el asesoramiento de especialistas.
2. Tales consultas médicas, incluida la transmisión de
mensajes médicos por  radio o por satélite entre un buque  y las personas que
desde tierra brindan el asesoramiento, deberán ser gratuitas para todos los
buques, independientemente  del territorio en el que estén matriculados.
3.  A fin de garantizar un uso óptimo de los medios
disponibles para efectuar consultas médicas por radio o por satélite:
a) Todos  los buques  a los que se aplique el presente
Convenio  y que estén  dotados de instalación de radio deberán llevar a bordo
una lista completa  de las estaciones de radio a través  de las  cuales pueden
hacerse consultas  médicas;
b)  Todos los buques a los que se aplique el presente
Convenio y que estén  dotados de un sistema de comunicación por satélite
deberán llevar a bordo  una lista completa de las estaciones terrestres
costeras través de las cuales   puedan hacerse consultas médicas;
c) Estas listas deberán  mantenerse actualizadas y bajo
la custodia de la  persona encargada de las comunicaciones.
4. La gente de mar  a bordo que pida asesoramiento
médico por radio o por satélite deberá ser instruida en el uso de la guía
médica de a bordo  y de la sección  médica de la edición más reciente del
Código Internacional de Señales publicado por la Organización Marítima
Internacional, a fin de que pueda comprender la información  necesaria  que
requiere el médico consultado y el  asesoramiento recibido de él.
5. La autoridad competente cuidará de que los médicos
que brinden asesoramiento médico de acuerdo con este artículo reciban una
formación apropiada y conozcan las condiciones a bordo.
Artículo 8º
1. Todos los buques  a los
que se aplique el presente Convenio que lleven cien o más marinos a bordo y que
normalmente hagan travesías internacionales  de más  de tres días de duración
deberán llevar entre los miembros de la  tripulación  un médico encargado de
prestar asistencia médica.
2. La legislación nacional
deberá estipular qué otros buques deben llevar un  médico entre los miembros de
su tripulación, teniendo en cuenta, entre otros factores, la duración, índole y
condiciones de la travesía y el número  de marinos  a bordo.
Artículo 9º
1. Todos  los buques a los
que se aplique el presente Convenio y que no lleven ningún médico a bordo
deberán llevar  entre su tripulación a una o varias  personas  especialmente
encargadas, como parte de sus obligaciones normales,  de prestar asistencia
médica y de administrar  medicamentos.
2. Las personas encargadas de la asistencia médica a
bordo que no sean  médicos deberán haber terminado satisfactoriamente un curso
aprobado por la  autoridad competente  de formación teórica y práctica  en
materia de asistencia  médica. Dicho curso consistirá:
a) Para buques de menos de 1.600 toneladas de registro
bruto que normalmente puedan tener acceso dentro de un plazo de ocho  horas a
una asistencia  médica  calificada y a servicios médicos, en una formación
elemental que permita a dichas  personas tomar las medidas inmediatas
necesarias en caso  de accidentes o enfermedades que puedan ocurrir a bordo y
hacer uso  de  asesoramiento médico por radio o por satélite;
b) Para todos los demás buques, en una formación
médica del más alto nivel  que abarque una formación práctica en los servicios
de urgencias o de accidentes  de un hospital,  cuando ello sea posible, y una
formación en técnicas  de supervivencia  como la terapia intravenosa, que
permita a estas personas participar eficazmente en programas coordinados  de
asistencia médica a  buques que se encuentren navegando y asegurar a los
enfermos y heridos  un nivel satisfactorio de asistencia médica durante el
período en que probablemente tengan  que permanecer a bordo. Siempre que sea
posible, esta  formación deberá impartirse bajo la supervisión de un médico que
conozca  y comprenda a fondo los problemas médicos de la gente  de mar y las
condiciones inherentes a la profesión de marino y que posea un conocimiento
especializado de los servicios médicos por radio o por satélite.
3. Los cursos a que se hace referencia en el presente
artículo deberán  basarse en el contenido de las ediciones más recientes de la
guía médica internacional de a bordo, de la guía de primeros auxilios para uso
en caso de accidentes relacionados con mercancías peligrosas, del documento que
ha de servir de guía -Guía Internacional para la formación de la gente de mar
publicado por la  Organización Marítima Internacional y de la sección médica
del Código  Internacional de Señales, así  como de guías nacionales análogas.
4. Las personas a las que se hace referencia en el
párrafo 2º de este artículo y  otra gente de mar que pueda designar la
autoridad competente deberán seguir,  a intervalos de cinco años
aproximadamente, cursos de perfeccionamiento que  les permitan conservar y
actualizar sus conocimientos y competencias y  mantenerse al  corriente de los
nuevos progresos.
5. Toda  la gente de mar deberá recibir, en el curso
de su formación profesional  marítima, una preparación sobre las medidas que es
preciso adoptar en  caso de accidente o de otra urgencia médica a bordo.
6. Además  de la persona o personas encargadas  de
dispensar  asistencia  médica a bordo, uno o más miembros determinados de la
tripulación deberán recibir una formación  elemental en materia de asistencia
médica, que les permita adoptar las medidas inmediatas necesarias  en caso de
accidentes o enfermedades que puedan ocurrir a bordo.
Artículo 10
Todos los buques a los que se aplique el presente
Convenio facilitarán, cuando sea factible, toda la asistencia médica necesaria
a cualquier buque  que  pueda solicitarla.
Artículo 11
1. Todo buque de 500 toneladas de registro bruto o más
que lleve quince o  más marinos a bordo y que efectúe una travesía de más  de
tres  días, deberá  disponer a bordo de una enfermería independiente. La
autoridad competente  podrá exceptuar de este requisito a los buques dedicados
al cabotaje.
2. El presente artículo se aplicará, siempre  que sea
posible  y razonable, a los  buques de 200 a 500 toneladas de registro bruto y
a los remolcadores.
3. El presente artículo  no se aplicará a los buques
propulsados principalmente  por velas.
4. La enfermería debe estar situada de manera que sea
de fácil acceso y que  sus ocupantes puedan estar alojados cómodamente y
recibir, con buen o mal  tiempo, la asistencia necesaria.
5. La enfermería deberá estar concebida de manera que
facilite las consultas y los primeros auxilios.
6. La entrada, las literas, el alumbrado, la
ventilación, la calefacción y el suministro de agua de la enfermería deben
disponerse de manera que aseguren la comodidad y faciliten  el tratamiento de
sus ocupantes.
7. La autoridad  competente  prescribirá el número de
literas que deben instalarse en la enfermería.
8. Los ocupantes de la enfermería deben disponer,
para su uso  exclusivo, de retretes situados en la propia enfermería o en su
proximidad inmediata.
9. No podrá destinarse la enfermería a otro uso que
no sea la asistencia médica.
Artículo 12
1. La autoridad competente deberá adoptar un modelo de
informe médico  para la gente de mar, para el uso de médicos de a bordo,
capitanes de buques o personas encargadas de la asistencia médica a bordo y de
hospitales o médicos  en tierra.
2.  Este modelo de informe debe estar especialmente
ideado para facilitar el intercambio entre buque y tierra de información
personal médica y de información conexa sobre marinos en casos de enfermedad  o
de accidente.
3. La información contenida en los informes médicos
deberá mantenerse confidencial y deberá utilizarse sólo para el tratamiento de
la gente de mar.
Artículo 13
1. Los miembros  para los cuales el presente Convenio
esté en vigor deberán   cooperar mutuamente con el fin de fomentar la
protección de la salud y la asistencia médica  de la gente de mar a bordo de
buques.
2. Tal cooperación podría consistir en lo siguiente:
a) Desarrollar  y coordinar los esfuerzos de búsqueda
y salvamento  y organizar  la pronta asistencia médica y evacuación de personas
gravemente enfermas  o heridas a bordo de buques  por medios tales como
sistemas de señalización  periódica de la posición de los buques, centros de
coordinación de operaciones de salvamento y servicios de  helicópteros  para
casos de urgencia, de conformidad con las disposiciones del Convenio internacional
de  1979 sobre búsqueda y salvamento marítimos y con el manual de búsqueda  y
salvamento para buques mercantes y el manual  de búsqueda y salvamento de  la
OMI, elaborados por la Organización Marítima Internacional;
b) Utilizar al máximo los buques pesqueros con médico
a bordo y los buques  estacionados en el mar que puedan  prestar servicios
hospitalarios y medios de salvamento;
c) Compilar  y mantener al día una lista
internacional de médicos y de centros  de asistencia médica disponibles en todo
el mundo  para prestar asistencia médica de urgencia a la gente de mar;
d) Desembarcar  a la gente de mar, en un puerto, con
vistas a un tratamiento de  urgencia;
e) Repatriar a la gente de mar hospitalizada en el
extranjero  tan pronto como  sea posible, de acuerdo con el consejo médico de
los médicos responsables  del caso que tenga en cuenta los deseos y necesidades
del marino;
f) Tomar las disposiciones necesarias para aportar una
asistencia personal a la  gente de mar durante su repatriación, de acuerdo con
el consejo médico de  los médicos responsables del caso que tenga en cuenta los
deseos y  necesidades del marino;
g) Procurar crear centros sanitarios para la gente de
mar que:
i) Efectúen investigaciones sobre el estado de salud,
el tratamiento  médico  y la asistencia  sanitaria preventiva de la gente de
mar;
ii) Formen  en medicina marítima al personal médico y
sanitario;
h) Compilar y evaluar estadísticas relativas a
accidentes,  enfermedades y fallecimientos de origen profesional de la gente de
mar e  incorporarlas  a los sistema nacionales  existentes de estadísticas de
accidentes, enfermedades y fallecimientos de origen profesional de otras
categorías de trabajadores,  armonizándolas al propio tiempo  con dichos
sistemas;
i) Organizar  intercambios internacionales de
información técnica, de material de formación y de personal docente, así como
cursos, seminarios y grupos  de trabajo internacionales en materia de
formación;
j) Garantizar a toda la gente de mar servicios de
salud y de seguimiento médicos, de carácter curativo  y preventivo que le sean
especialmente destinados en los puertos, o poner a su disposición servicios
generales de salud, médicos y de rehabilitación;
k) Tomar las disposiciones oportunas para repatriar lo
antes posible los cuerpos o las cenizas de los marinos fallecidos, según los
deseos de sus parientes más próximos.
3. La cooperación internacional en la esfera de la
protección de la salud y la asistencia médica de la gente de mar deberá basarse
en acuerdos bilaterales o multilaterales o en consultas entre Estados miembros.
Artículo 14
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General  de la Oficina
Internacional del Trabajo.
Artículo 15
1. Este Convenio obligará  únicamente a aquellos
miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2. Entrará envigor  doce
meses después de la fecha en que las ratificaciones  de dos miembros hayan sido
registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento,
este Convenio entrará en vigor, para cada miembro, doce meses después de la
fecha  en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 16
1. Todo miembro  que haya
ratificado  este Convenio podrá denunciarlo a la  expiración de un período de
diez años, a partir de la fecha  en que se haya  puesto inicialmente en vigor,
mediante un acta comunicada, para su registro, al  Director General de la
Oficina  Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo miembro que haya
ratificado este convenio y que, en el plazo de un año  después de la expiración
del período de diez años mencionado en el  párrafo precedente, no haga uso del
derecho de denuncia previsto en este artículo  quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a
la  expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en
este artículo.
Artículo 17
1. El  Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo notificará  a todos los miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones,
declaraciones y denuncias le comuniquen los miembros  de la Organización.
2. Al notificar a los
miembros de la organización  el registro de la segunda  ratificación  que le
haya sido comunicada, el Director General llamará la atención  de los miembros
de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor  el presente
Convenio.
Artículo 18
El Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las
Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información  completa sobre todas
las ratificaciones,  declaraciones y actas de  denuncia que haya registrado de
acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 19
Cada vez que  lo estime
necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la  conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y
considerará la  conveniencia de incluir en el Orden del Día de la conferencia
la cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 20
1. En caso de que la
conferencia adopte un nuevo convenio que implique  una revisión  total o
parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio  contenga disposiciones
en contrario:
a) La ratificación, por un
miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso  jure, la denuncia
inmediata de este Convenio,  no obstante las disposiciones  contenidas en el
artículo 16, siempre que el nuevo convenio revisor  haya  entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en
que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de
estar abierto a la ratificación por los miembros.
2. Este Convenio
continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
miembros que lo hayan ratificado  y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 21
Las versiones  inglesa y
francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
Copia certificada conforme
y completa del texto español por el Director General de la  Oficina
Internacional del Trabajo:
Francis
Maupain,
Consejero
Jurídico, Oficina Internacional del Trabajo».
La
suscrita Jefe de la Oficina Jurídica (E.)  del Ministerio de Relaciones
Exteriores,
HACE CONSTAR
Que la presente reproducción es fiel
fotocopia tomada del texto  certificado, que reposa en la Oficina Jurídica de
este Ministerio.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a
los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La
Jefe Oficina Jurídica (E.),
Sonia Pereira Portilla.
«CONVENIO 165
Convenio sobre la
seguridad social de la gente de mar (revisado)
La Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo
de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en
dicha ciudad el 24 de septiembre  de 1987 en su septuagésima cuarta reunión;
Después de haber decidido adoptar
diversas proposiciones relativas a la protección de la seguridad social para la
gente de mar, incluida la que  presta servicio a bordo de buques con pabellón
distinto al de sus  propios países, cuestión que constituye el tercer punto del
Orden del Día de  la reunión, y
Después  de haber decidido que
dichas  proposiciones revistan la forma de  un convenio internacional que
revise el Convenio sobre el seguro de enfermedad  de la gente de mar, 1936, y
el Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946,
Adopta, con  fecha nueve de octubre
de mil novecientos  ochenta y siete el siguiente Convenio, que podrá ser
citado  como el convenio sobre la seguridad  social de la gente de mar
(revisado), 1987:
PARTE  I
Disposiciones
generales
Artículo 1º
A los efectos del presente Convenio:
a) Se entiende por «Miembro» todo
miembro de la Organización  Internacional del Trabajo para el que esté en vigor
el presente Convenio;
b) El término «legislación» comprende
todas las leyes y reglamentos, así  como  las disposiciones estatutarias en
materia de seguridad social;
c) La expresión «gente de mar»
comprende a las personas ocupadas en cualquier  calidad a bordo de un buque de
navegación marítima que esté dedicado al transporte de mercancías o de
pasajeros con fines comerciales, o  que sea utilizado para cualquier otra
finalidad comercial o sea un  remolcador de navegación marítima, con la
exclusión de las personas ocupadas en:
i) Embarcaciones de poco tonelaje,
incluidas aquellas cuyo medio principal de propulsión es la vela, con  o sin
motor auxiliar;
ii)  Embarcaciones  tales  como
plataformas petroleras  y de perforación, cuando no están  navegando;
La decisión relativa a los buques y
plataformas a que se refieren los incisos i) y ii) corresponde a la autoridad
competente de cada país, previa consulta con las organizaciones más
representativas de armadores y gente de mar;
d) La expresión «personas a cargo»
tiene el significado que le atribuya la legislación nacional;
e) El término «supervivientes»
incluye a las personas clasificadas o admitidas como supervivientes por la
legislación en virtud de la cual se conceden las prestaciones; sin embargo, si
esta legislación sólo considera supervivientes a las personas que vivían en el
hogar del difunto, se considera que se cumple esta condición cuando las
personas de que se trata hayan estado principalmente a cargo del difunto;
f) La expresión «Miembro competente»
designa al Miembro en virtud de cuya legislación la persona interesada pueda
reclamar prestaciones;
g) Los términos «residencia» y
«residente» se refieren a la residencia habitual;
h) La expresión «residente temporal»
se refiere a una estancia temporal;
i) Se entiende por «repatriación» el
transporte de un marino a un puerto al que tenga derecho a regresar, de
conformidad con las leyes y reglamentos o los convenios colectivos aplicables;
j) La expresión «sin carácter
contributivo» se aplica a las prestaciones cuya atribución no depende de la
participación financiera directa de las personas protegidas o del empleador, ni
de un período de calificación en una actividad profesional;
k) El término «refugiado» tiene el
significado que se le atribuye en el artículo 1º de la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28 de julio de 1951, y en el párrafo 2º
del artículo 1º del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado el
31 de enero de 1967;
l) El término «apátrida) tiene el
significado que se le atribuye en el artículo 1º de la Convención sobre el Estatuto
de los Apátridas, adoptada el 28 de septiembre de 1954.
Artículo 2º
1. El Convenio se aplica a toda la gente de mar y,
cuando corresponda, a las personas a su cargo y a sus supervivientes.
2. En la medida en que lo considere factible, previa
consulta con las organizaciones respresentativas de los armadores de barcos de
pesca y de pescadores, la autoridad competente deberá aplicar las disposiciones
del presente Convenio a la pesca comercial marítima.
Artículo 3º
Los Miembros estarán obligados a cumplir las
disposiciones del artículo 9º o del artículo 11 respecto de por lo menos tres
de las siguientes ramas de seguridad social:
a) Asistencia médica;
b) Prestaciones económicas de enfermedad;
c) Prestaciones de desempleo;
d) Prestaciones de vejez;
e) Prestaciones en caso de accidente del trabajo y de
enfermedad profesional;
f) Prestaciones familiares;
g) Prestaciones de maternidad;
h) Prestaciones de invalidez;
i) Prestaciones de supervivencia, incluida por lo
menos una de las ramas mencionadas en los apartados c), d), e), h), e i).
Artículo 4º
Cada miembro deberá especificar en el momento de su
ratificación cuáles son las ramas mencionadas en el artículo 3º respecto de las
cuales acepta las obligaciones del artículo 9º o del artículo 11, y deberá indicar
por separado, repecto de cada rama especificada, si se compromete a aplicar a
dicha rama las normas mínimas del artículo 9º o las normas superiores del
artículo 11.
Artículo 5º
Todo Miembro podrá ulteriormente notificar al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo que acepta con efectos a partir
de la fecha de notificación las obligaciones del presente Convenio respecto de
una o más de las ramas mencionadas en el artículo 3º, que no haya especificado
ya en el momento de su ratificación, indicando por separado repecto de cada una
de estas ramas si se compromete a aplicar a esa rama las normas mínimas del
artículo 9º o las normas superiores del artículo 11.
Artículo 6º
Un Miembro podrá ulteriormente, mediante notificación
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y con efectos a
partir de la fecha de la notificación, reemplazar a la aplicación de las
disposiciones del artículo 9º por la de las disposiciones del artículo 11
respecto de cualquier rama aceptada.
Parte II
Protección Garantizada
Normas Generales
Artículo 7º
La legislación de cada Miembro deberá prever para la
gente de mar a la que se aplica la legislación de este Miembro una protección
en materia de seguridad social no menos favorable que la que protege a los trabajadores
en tierra respecto de cada una de las ramas de seguridad social mencionadas en
el artículo 3º, para las que existe una legislación en vigor.
Artículo 8º
Deberán tomarse disposiciones que coordinen los
regímenes de seguridad social a fin de mantener los derechos en curso de
adquisición de las personas que, al cesar de estar amparadas por un régimen
obligatorio de seguridad social, de un Miembro, especial para la gente de mar,
entren en un régimen correspondiente de dicho Miembro, aplicable a los trabajadores
en tierra o viceversa.
Norma Mínima
Artículo 9º
Cuando un miembro se ha comprometido a aplicar las
disposiciones del presente artículo a cualquier rama de la seguridad social, la
gente de mar y, cuando corresponda, las personas a su cargo y sus
supervivientes, que estén protegidos por la legislación de este Miembro,
deberán tener derecho a prestaciones de seguridad social en materia de
contingencias cubiertas, condiciones de concesión, nivel y duración, por lo
menos tan favorables como las especificadas en las disposiciones siguientes del
Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, para la rama de que se
trate, a saber:
a) Para la asistencia médica
artículos 8º, 10 (párrafos 1, 2 y 3), 11 y 12 (párrafo 1);
b) Para las prestaciones de enfermedad,
artículos 14, 16 (conjuntamente con los artículos 65, 66 ó 67), 17 y 18
(párrafo 1);
c) Para las prestaciones de desempleo, artículos
20, 22 (conjuntamente con los artículos 65, 66 ó 67), 23 y 24;
d) Para las prestaciones de vejez, artículos
26, 28 (conjuntamente con los artículos 65, 66 ó 67), 29 y 30;
e) Para las prestaciones en caso de accidente del
trabajo y enfermedad profesional,  artículos 32, 34 (párrafos 1, 2 y 4),
35, 36 (conjuntamente con los artículos 65 ó 66) y 38;
f) Para las prestaciones familiares, artículos
40, 42, 43, 44 (conjuntamente con los artículos 66, cuando corresponda) y 45;
g) Para las prestaciones de maternidad,
artículos 47, 49 (párrafos 1, 2 y 3),  50 (conjuntamente con los párrafos 65 ó
66), 51 y 52;
h) Para las prestaciones de invalidez,  artículos
54, 56 (conjuntamente con los párrafos 65, 66 ó 67), 57 y 58;
i) Para las prestaciones de supervivencia,  artículos
60, 62 (conjuntamente con los artículos 65, 66 ó 67), 63 y 64.
Artículo 10
A los efectos del cumplimiento de las disposiciones de
los apartados a), b), c), d), g), (en lo relacionado con la asistencia médica),
h) o i) del artículo 9, todo Miembro podrá tener en cuenta la protección
resultante de aquellos seguros que en virtud de su legislación no sean
obligatorios para la gente de mar, cuando dichos seguros:
a) Estén bajo el control de las autoridades públicas o
sean administrados conjuntamente por los armadores y la gente de mar, de
conformidad con normas prescritas;
b) Cubran una parte apreciable de la gente de mar
cuyas ganancias no excedan de las de un trabajador cualificado;
c) Cumplan, juntamente con las demás formas de
protección, si hubiera lugar, las disposiciones correspondientes del Convenio
sobre la seguridad social (norma mínima), 1952.
Norma Superior
Artículo 11
Cuando un Miembro se ha comprometido a aplicar las
disposiciones del presente artículo a cualquier rama de la seguridad social, la
gente de mar y, cuando corresponda, las personas a su cargo y sus
supervivientes, que estén protegidos por la legislación de este Miembro,
deberán tener derecho a prestaciones de seguridad social en materia de
contingencias cubiertas, condiciones de concesión, nivel y duración por lo
menos tan favorables como las especificadas en las disposiciones que se indican
a continuación:
a) Para la asistencia médica, artículos 7º,
apartado a); 8, 9, 13, 15, 16 y 17 del Convenio sobre asistencia médica y
prestaciones monetarias de enfermedad, 1969;
b) Para las prestaciones de enfermedad,
artículos 7, apartado b); 18, 21 (conjuntamente con los artículos 22, 23 ó 24),
25 y 26 (párrafos 1º y 3º) del Convenio sobre asistencia médica y prestaciones
monetarias de enfermedad, 1969;
c) Para las prestaciones de vejez,  artículos
15, 17 (conjuntamente con los artículos 26, 27 ó 28), 18, 19 y 29 (párrafo 1º)
del Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez sobrevivientes, 1967;
d) Para las prestaciones en caso de accidente del
trabajo y enfermedad profesional, artículos 6, 9 (párrafos 2 y 3 (frase de
introducción)), 10, 13 (conjuntamente con los artículos 19 ó 20), 14
(conjuntamente con los artículos 19 ó 20), 15 (párrafo 1º) 16, 17, 18 (párrafos
1º y 2º) (conjuntamente con los artículos 19 ó 20) y 21 (párrafo 1º) del
Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, 1964;
e) Para las prestaciones de maternidad, artículos
3º y 4º del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952;
f) Para las prestaciones de invalidez, artículos
8º, 10 (conjuntamente con los artículos 26, 27 ó 28), 11, 12, 13 y 29 (párrafo
1º) del Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes,
1967;
g) Para las prestaciones de supervivencia, artículos
21, 23 (conjuntamente con los artículos 26, 27 ó 28), 24, 25 y 29 (párrafo 1º)
del Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967;
h) Para las prestaciones de desempleo y
prestaciones familiares,  todo futuro convenio que establezca normas
superiores a las especificadas en los apartados c) y f) del artículo 9º, y que,
después de su entrada en vigor, la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo reconozca aplicable a los efectos de este apartado,
por medio de un protocolo adoptado en el marco de un punto marítimo
especialmente inscrito en su orden del día.
Artículo 12
A los efectos del
cumplimento de las disposiciones de los apartados a), b), c), e), en lo que se
relaciona con la asistencia médica, f), g) o h) (prestaciones de desempleo) del
artículo 11, todo Miembro podrá tener en cuenta la protección resultante de
aquellos seguros que en virtud de su legislación no sean obligatorios para la
gente de mar, cuando dichos seguros:
a) Estén bajo el control
de las autoridades públicas o sean administrados conjuntamente por los
armadores y la gente de mar, de conformidad con normas prescritas;
b) Cubran a una parte
apreciable de la gente de mar cuyas ganancias no excedan de las de un trabajador
calificado;
c) Cumplan, juntamente con
las demás formas de protección, si hubiera lugar, las disposiciones de los
convenios a que se refieren los mencionados apartados del artículo 11.
Parte III.
Responsabilidad
del Armador
Artículo 13
El armador deberá
proporcionar a la gente de mar cuya condición requiera asistencia médica
mientras se encuentre a bordo o que, debido a su estado, sea desembarcada en el
territorio de un Estado que no sea el Miembro competente:
a) Asistencia médica
adecuada y suficiente hasta su curación o hasta su repatriación, según sea el
evento que ocurra en primer lugar;
b) Alojamiento y
alimentación hasta que pueda encontrar empleo adecuado o sea repatriada, según
sea el evento que ocurra en primer lugar;
c) Repatriación.
Artículo 14
La gente de mar que,
debido a su estado, sea desembarcada en el territorio de un Estado que no sea
el Miembro competente seguirá teniendo derecho al salario completo (con
exclusión de las bonificaciones) desde el momento en que sea dejada en tierra
hasta que reciba una oferta de un empleo adecuado, o hasta que sea repatriada o
hasta que expire un período prescrito por la legislación de este Miembro o por
convenios colectivos, período que no deberá ser inferior a doce semanas, según
sea el evento que ocurra en primer lugar. El armador dejará de ser responsable
del pago de los salarios desde el momento en que esa  gente de mar tenga
derecho a prestaciones monetarias en virtud de la legislación del Miembro
competente.
Artículo 15
La gente de mar que, debido
a su estado, ha sido repatriada o desembarcada en el territorio del Miembro
competente seguirá teniendo derecho al salario completo (con exclusión de las
bonificaciones) desde el momento en que sea repatriada o desembarcada hasta su
curación o hasta la expiración de un período prescrito por la legislación de
este Miembro o por convenios colectivos, que no deberá ser inferior a doce
semanas, según sea el evento que ocurra en primer lugar. La duración del pago
de salario en virtud del artículo 14 será imputada sobre este período. El
armador dejará de ser responsable del pago de los salarios desde el momento en
que esa gente de mar tenga derecho a prestaciones monetarias en virtud de la
legislación del Miembro competente.
Parte IV.
Protección de la Gente de Mar
Extranjera o Migrante
Artículo 16
Las siguientes reglas se aplicarán a la gente de mar
que esté o haya estado sujeta a la legislación de uno o más Miembros, así como,
cuando corresponda, a las personas a su cargo y supervivientes, respecto de
cualquier rama de la seguridad social mencionada en el artículo 3º respecto de
la que dicho Miembro tenga una legislación en vigor aplicable a la gente de
mar.
Artículo 17
Para evitar conflictos de leyes y las consecuencias
indeseables que aquéllos puedan acarrear para los interesados, sean por falta
de protección o por una acumulación indebida de cotizaciones u otras
contribuciones y prestaciones, la legislación aplicable respecto de la gente de
mar será determinada por los Miembros interesados de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) La gente de mar estará
sujeta a la legislación de un solo Miembro;
b) En principio, esa
legislación será:
- la legislación del Miembro del pabellón del
buque en que navegue, o
- la legislación del Miembro en cuyo territorio
resida la gente de mar;
c) No obstante las reglas enunciadas en los apartados
precedentes, los Miembros interesados podrán determinar, por mutuo acuerdo,
otras reglas respecto de la legislación aplicable a la gente de mar, en interés
de las personas afectadas.
Artículo 18
La gente de mar que esté sujeta a la legislación de un
Miembro y sea nacional de otro Miembro o refugiada o apátrida residente en el
territorio de un Miembro tendrá los mismos derechos y obligaciones en virtud de
esa legislación, tanto respecto de la cobertura como del derecho a
prestaciones, que los nacionales del primer Miembro. Disfrutará de igualdad de
trato sin ninguna condición de residencia en el territorio del primer Miembro,
si los nacionales de este Miembro son protegidos sin tal condición. Este
principio se aplicará, cuando corresponda, a las personas a cargo de la gente
de mar y a sus supervivientes, respecto del derecho a las prestaciones, sin
condición de nacionalidad.
Artículo 19
No obstante las disposiciones del artículo 18, la
atribución de prestaciones que no tengan carácter contributivo puede estar
condicionada a que el beneficiario haya residido en el territorio del Miembro
competente o, en el caso de prestaciones de supervivientes, a que el difunto
haya residido en ese territorio por un período que no podrá exceder  de:
a) Seis meses  inmediatamente anteriores a la
presentación de la reclamación, para las prestaciones de desempleo y de
maternidad;
b) Cinco años consecutivos inmediatamente anteriores a
la presentación de la reclamación, para las prestaciones de invalidez, o
inmediatamente anteriores al fallecimiento, para las prestaciones de
superviviente;
c) Diez años entre la edad de 18 y la edad de
jubilación, de los cuales podrá exigirse que cinco años precedan inmediatamente
a la presentación de la reclamación, para las prestaciones de vejez.
Artículo 20
Las leyes y reglamentos de cada Miembro relativos a la
responsabilidad del armador a que se refieren los artículos 13 a 15 deberán
asegurar a la gente de mar la igualdad de trato, independientemente del lugar
de residencia.
Artículo 21
Cada Miembro deberá comprometerse a participar con
cualquier otro Miembro interesado en un sistema de conservación de derechos en
curso de adquisición respecto de cada rama de la seguridad social mencionada en
el artículo 3º, y para la cual cada uno de esos Miembros tenga una legislación
en vigor, en beneficio de las personas que hayan estado sujetas sucesiva o
alternativamente en calidad de gente de mar a las legislaciones de dichos
Miembros.
Artículo 22
El sistema de conservación de derechos en curso de
adquisición mencionado en el artículo 21 deberá prever la totalización, en la
medida necesaria, de  los períodos de seguro, empleo o residencia, según los
casos, cumplidos en virtud de las legislaciones de los Miembros interesados a
los fines de adquisición, conservación o recuperación de derechos y, llegado el
caso, de cálculo de las prestaciones.
Artículo 23
El sistema de conservación de derechos en curso de
adquisición mencionados en el artículo 21 deberá determinar la fórmula para el
otorgamiento de las prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia, así como
la distribución eventual de los gastos correspondientes.
Artículo 24
Cada Miembro deberá garantizar el pago de prestaciones
monetarias de invalidez, vejez y supervivencia, de las rentas en caso de
accidentes del trabajo y enfermedad profesional y de las asignaciones por
defunción, para las que se haya adquirido el derecho en virtud de su
legislación, a los beneficiarios nacionales de un Miembro o a refugiados o
apátridas, independientemente del lugar de residencia, a reserva de las medidas
que con tal fin se adopten, en caso necesario, por acuerdo entre los Miembros o
con los Estados interesados.
Artículo 25
No obstante las disposiciones del artículo 24, en el
caso de prestaciones de carácter no contributivo, los Miembros interesados
deberán determinar por mutuo acuerdo las condiciones en las que se garantizará
el pago de esas prestaciones a los  beneficiarios residente fuera del
territorio del Miembro competente.
Artículo 26
Un Miembro que haya aceptado las obligaciones del
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962, respecto de una o
varias de las ramas de seguridad social a que se refiere el artículo 24, pero
no las del Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de
seguridad social, 1982, podrá no quedar obligado por las disposiciones del
artículo 24 respecto de las ramas de seguridad social para las cuales haya
aceptado las obligaciones del Convenio mencionado en primer lugar, debiendo
aplicar las disposiciones del artículo 5º de dicho Convenio.
Artículo 27
Los Miembros interesados deberán esforzarse en
participar en un sistema de conservación de derechos adquiridos bajo su
legislación respecto de cada una de las siguientes ramas de la seguridad social
para las cuales uno de esos Miembros tenga legislación en vigor aplicable a la
gente de mar; asistencia médica, prestaciones de enfermedad, prestaciones de
desempleo, prestaciones por accidente del trabajo y enfermedad, prestaciones de
desempleo, prestaciones por accidente del trabajo y enfermedad profesional que
no sean pensiones y asignaciones de fallecimiento, prestaciones familiares y
prestaciones de maternidad. Este sistema deberá garantizar esas prestaciones a
las personas residentes habitual o temporalmente en el territorio de uno de
esos Miembros que no sea el Miembro competente, en condiciones y dentro de los
límites que se establezcan por acuerdo mutuo entre los Miembros interesados.
Artículo 28
Las disposiciones de esta parte no se aplican a la
asistencia social médica.
Artículo 29
Los Miembros podrán no quedar obligados por las
disposiciones de los artículos 16 a 25 y del artículo 27, mediante acuerdos
especiales concluidos en el marco de instrumentos bilaterales o multilaterales
entre dos o más Miembros, a condición de no afectar los derechos ni las
obligaciones de otros Miembros y de prever la protección de la gente de mar
extranjera o migrante en materia de seguridad social según disposiciones que,
en conjunto, sean al menos tan fovarables como  las de estos artículos.
Parte V.
Garantías legales y
administrativas
Artículo 30
Toda persona interesada deberá tener derecho a
recurrir en caso de que se le niegue la prestación o a presentar una queja
respecto de la naturaleza, nivel calidad o importe de dicha prestación.
Artículo 31
Cuando se confíe la administración de la asistencia
médica a un departamento gubernamental responsable ante una legislatura, toda
persona interesada deberá tener derecho, además del derecho de recurso previsto
en el artículo 30, a que la autoridad competente examine cualquier reclamación
relativa a la denegación de asistencia médica o a la calidad de la asistencia
recibida.
Artículo 32
Todo miembro deberá tomar disposiciones para asegurar
una solución rápida y poco onerosa de los conflictos relativos a la
responsabilidad del armador a que se refieren los artículos 13 a 15.
Artículo 33
Todo miembro deberá aceptar la responsabilidad general
del suministro de las prestaciones debidas en cumplimiento del presente
Convenio y tomar todas las medidas necesarias con tal fin.
Artículo 34
Todo miembro deberá aceptar la responsabilidad general
por la buena administración de las instituciones y servicios interesados en la
aplicación del presente Convenio.
Artículo 35
Cuando la administración no esté confiada a una
institución regida por las autoridades públicas o a un departamento del
gobierno responsable ante una legislatura:
a) Deberán participar en la gestión en condiciones
prescritas por la legislación nacional representantes de la gente de mar
protegida;
b) La legislación nacional deberá también, cuando corresponda,
prever la participación de representantes de los armadores;
c) La legislación nacional podrá prever también la
participación de representantes de las autoridades públicas.
Parte VI.
Disposiciones finales
Artículo 36
El presente Convenio revisa el Convenio sobre el
seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936, y el Convenio sobre la seguridad
social de la gente de mar, 1946.
Artículo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.
Artículo 38
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en
que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.
Artículo 39
Todo miembro que ratifique el presente Convenio se
compromete a aplicarlo a los territorios no metropolitanos de cuyas relaciones
internacionales sea responsable, de conformidad con las disposiciones de la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.
Artículo 40
1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 41
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los miembros de la Organización.
Al notificar a los miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo llamará la atención de los
miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente
Convenio.
Artículo 42
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos
del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones
y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos
precedentes.
Artículo 43
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la
Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia
de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión
total o parcial.
Artículo 44
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo convenio
revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 40, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la
ratificación por los miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 45
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
Copia certificada conforme y completa del texto
español, por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo:
Francis Maupain, Consejero Jurídico Oficina Internacional del Trabajo».
La suscrita Jefe de la Oficina
Jurídica (E), del Ministerio de Relaciones Exteriores
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fiel
fotocopia tomada del texto certificado, que reposa en la Oficina Jurídica de
este Ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a
los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Jefe Oficina Jurídica (E),
Sonia Pereira Portilla.
*  *   *
«CONVENIO 166
Convenio sobre la
repatriación de la gente de mar (revisado)
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 24 de
septiembre de 1987 en su septuagésima cuarta reunión;
Observando que, desde la adopción del Convenio sobre
la repatriación de la gente de mar, 1926, y de la recomendación sobre la
repatriación de capitanes y aprendices, 1926, la evolución de la industria del
transporte marítimo ha hecho necesaria la revisión del Convenio a fin de
incorporar en él elementos apropiados de la Recomendación;
Observando, además, que se han registrado
considerables progresos en la legislación y la práctica nacionales a fin de
asegurar la repatriación de la gente de mar en diversos casos no cubiertos por
el Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926;
Considerando que, habida cuenta del aumento general
del empleo de marinos extranjeros en la industria del transporte marítimo,
sería por tanto conveniente adoptar nuevas disposiciones, por medio de un nuevo
instrumento internacional, con respecto a ciertos aspectos complementarios de
la repatriación de la gente de mar;
Después de haber decidido adoptar diversas propuestas
relativas a la revisión del Convenio sobre la repatriación de la gente de mar,
1926 (num. 23), y de la Recomendación sobre la repatriación de capitanes y
aprendices, 1926 (num. 27), cuestión que constituye el quinto punto del orden
del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas propuestas
revistan la forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha nueve de octubre de mil novecientos
ochenta y siete, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987:
Parte I
Campo de aplicación y
definiciones
Artículo 1º
1. El presente Convenio se aplica a todo buque
dedicado a la navegación marítima, de propiedad pública o privada, matriculado
en el territorio de todo miembro para el cual el Convenio se halle en vigor y
destinado normalmente a la navegación marítima comercial; así como a los
armadores y a los marinos de tales buques.
2. En la medida en que lo considere factible, previa
consulta con las organizaciones representativas de armadores de barcos de pesca
y de pescadores, la autoridad competente deberá aplicar las disposiciones de
este Convenio a la pesca marítima comercial.
3. En caso de existir dudas acerca de si, a efectos
del Convenio, un buque debe o no considerarse destinado a la navegación
marítima comercial o a la pesca marítima comercial, la cuestión se resolverá
por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones interesadas
de armadores, de gente de mar y de pescadores.
4. A los efectos del
presente Convenio, los términos “gente de mar” o “marinos” designan a todas las
personas empleadas con cualquier cargo a bordo de un buque dedicado a la
navegación marítima al cual se aplique el presente Convenio.
Parte II
Derechos
Artículo 2º
1. Todo marino tendrá
derecho a ser repatriado en las circunstancias siguientes:
a) Cuando un contrato de
duración determinada o para un viaje específico expire en el extranjero;
b) Cuando expire el período
de preaviso dado de conformidad con las disposiciones del contrato de
enrolamiento o del contrato de trabajo del marino;
c) En caso de enfermedad o
de accidente o de cualquier otra razón médica que exija su repatriación, a
reserva de la correspondiente autorización médica para viajar;
d) En caso de naufragio;
e) Cuando el armador no
pueda seguir cumpliendo sus obligaciones legales o contractuales como empleador
del marino a causa de quiebra, venta del buque, cambio de matrícula del buque o
por cualquier otro motivo análogo;
f) Cuando un buque se
dirija hacia una zona de guerra, tal como la definen la legislación nacional o
los convenios colectivos, a la cual el marino no consienta ir;
g) En caso de terminación
o interrupción del empleo del marino como consecuencia de un laudo arbitral o
de un convenio colectivo, o en caso de terminación del empleo o por cualquier
otro motivo similar.
2. La legislación nacional
o los convenios colectivos deberán prescribir la duración máxima del período de
servicio a bordo al término del cual el marino tiene derecho a la repatriación.
Tal período será inferior a doce meses. Al determinar dicho período máximo,
deberán tenerse en cuenta los factores que afectan el medio ambiente de trabajo
de la gente de mar. Todo miembro deberá, en la medida posible, esforzarse en
reducir ese período en función de los cambios tecnológicos y podrá inspirarse
en las recomendaciones formuladas por la Comisión Paritaria Marítima.
Parte III
Destino
Artículo 3º
1. Todo Estado Miembro
para el cual el presente Convenio se halle en vigor prescribirá, mediante la
legislación nacional, los puntos de destino a los cuales podrá repatriarse a la
gente de mar.
2. Los puntos de destino
así prescritos incluirán el lugar que el marino aceptó como lugar de contratación,
el lugar estipulado por convenio colectivo, el país de residencia del marino o
cualquier otro lugar convenido entre las partes en el momento de la
contratación. El marino tendrá el derecho a elegir, de entre los diferentes
puntos de destino prescritos, el lugar al que desea que se le repatríe.
Parte IV
Disposiciones
para la repatriación
Artículo 4º
1. Incumbirá al armador la
responsabilidad de organizar la repatriación por medios apropiados y rápidos.
El medio de transporte normal será la vía aérea.
2. El costo de la
repatriación lo sufragará el armador.
3. Cuando la repatriación haya tenido lugar por
haberse reconocido a un marino culpable, de conformidad con la legislación
nacional o con los convenios colectivos, de una infracción grave de las obligaciones
que entraña su empleo, ninguna disposición del presente Convenio menoscabará el
derecho de recuperar del marino total o parcialmente el costo de su
repatriación, de conformidad con la legislación nacional o con los convenios
colectivos.
4. Los costos que debe sufragar el armador incluirán:
a) El pasaje hasta el punto de destino elegido para la
repatriación de conformidad con el artículo 3º supra;
b) El alojamiento y la alimentación desde el momento
en que el marino abandona el buque hasta su llegada al punto de destino elegido
para la repatriación;
c) La remuneración y las prestaciones del marino desde
el momento en que abandona el buque hasta su llegada al punto de destino
elegido para la repatriación, si ello está previsto en la legislación nacional
o en los convenios colectivos;
d) El transporte de 30 kg de equipaje personal del
marino hasta el punto de destino elegido para la repatriación;
e) El tratamiento médico, si es necesario, hasta que
el estado de salud del marino le permita viajar hasta el punto de destino
elegido para la repatriación.
5. El armador no podrá exigir del marino, al comienzo
de su empleo, ningún anticipo con miras a sufragar el costo de su repatriación,
ni tampoco podrá deducir dicho costo de la remuneración u otras prestaciones a
que tenga derecho el marino, salvo en las condiciones estipuladas en el párrafo
3 supra.
6. La legislación nacional no obstaculizará los
derechos del armador a recuperar el costo de la repatriación de la gente de mar
no empleada por él del empleador de dicha gente de mar.
Artículo 5º
Si un armador no toma las disposiciones necesarias
para la repatriación de un marino que tenga derecho a ella o no sufraga el
costo de la misma:
a) La autoridad competente del miembro en cuyo
territorio esté matriculado el buque organizará la repatriación del marino y
asumirá el costo de la misma; caso de no hacerlo, el Estado de cuyo territorio
deba ser repatriado el marino o el Estado del cual sea nacional el marino podrán
organizar su repatriación y recuperar el costo de la misma del miembro en cuyo
territorio esté matriculado el buque;
b) El miembro en cuyo territorio esté matriculado el
buque podrá recuperar del armador los gastos ocasionados por la repatriación
del marino;
c) Los gastos de repatriación no correrán en ningún
caso a cargo del marino, salvo en las condiciones estipuladas en el párrafo 3
del artículo 4º supra.
Parte V
Otras disposiciones
Artículo 6º
La gente de mar que ha de ser repatriada deberá poder
obtener su pasaporte y otros documentos de identidad a fines de repatriación.
Artículo 7º
No deberá descontarse de las vacaciones retribuidas
devengadas por la gente de mar el tiempo invertido en espera de la repatriación
ni el tiempo invertido en el viaje de repatriación.
Artículo 8º
Se considerará la repatriación efectuada cuando la
gente de mar haya sido desembarcada en un punto de destino prescrito de
conformidad con las disposiciones del artículo 3º supra, o cuando el
marino no reivindique su derecho a la repatriación dentro de un plazo razonable
de tiempo que se definirá mediante legislación nacional o convenio colectivo.
Artículo 9º
Se dará efecto a las disposiciones del presente
Convenio por medio de la legislación nacional, siempre que no sean ya aplicadas
en virtud de convenios colectivos o de cualquier otra manera apropiada habida
cuenta de las condiciones nacionales.
Artículo 10
Todo miembro facilitará la repatriación de la gente de
mar que sirve en buques que atracan en sus puertos o que atraviesan sus aguas
territoriales o vías internas de navegación, así como su reemplazo a bordo.
Artículo 11
La autoridad competente de todo miembro para el cual
el presente Convenio se halle en vigor velará, mediante un control apropiado,
porque los armadores de buques matriculados en su territorio cumplan las
disposiciones del Convenio, y facilitará la pertinente información a la Oficina
Internacional del Trabajo.
Artículo 12
El texto del presente Convenio deberá estar a la
disposición de los miembros de la tripulación en un idioma apropiado, en todo
buque matriculado en el territorio de un miembro para el cual el Convenio se
halle en vigor.
Parte VI
Disposiciones finales
Artículo 13
El presente Convenio revisa el Convenio sobre la
repatriación de la gente de mar, 1926.
Artículo 14
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.
Artículo 15
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en
que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.
Artículo 16
1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de diez años las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 17
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los miembros de la Organización.
2. Al notificar a los miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director de
la Oficina Internacional del Trabajo llamará la atención de los miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 18
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos
del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones
y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos
precedentes.
Artículo 19
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la
Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su
revisión total o parcial.
Artículo 20
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo convenio
revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 16, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la
ratificación por los miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 21
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas».
La Suscrita  Jefe de la Oficina
Jurídica  (E) del Ministerio de Relaciones Exteriores
HACE  CONSTAR:
Que la presente reproducción  es fiel
fotocopia tomada del texto certificado, que reposa en la Oficina Jurídica de
este Ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a
los veintiún (21)  días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Jefe Oficina Jurídica (E),
Sonia Pereira Portilla.
«CONVENIO 171
Convenio sobre el trabajo
nocturno
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha  ciudad  el 6 de
junio de 1990, en su septuagésima séptima reunión;
Tomando nota de las disposiciones  de los convenios y
recomendaciones internacionales del trabajo sobre el trabajo nocturno de los
menores, y en particular  las disposiciones del Convenio y de la Recomendación
sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946; del
Convenio  (revisado) sobre el trabajo nocturno de los  menores (industria),
1948, y de la Recomendación sobre el trabajo nocturno de los menores (agricultura),
1921;
Tomando nota de las disposiciones de los convenios y
recomendaciones internacionales del trabajo sobre el trabajo nocturno de la
mujer, y en  particular las del Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno
(mujeres), 1948, y de su Protocolo de 1990, de la Recomendación sobre el
trabajo nocturno de las mujeres (agricultura),  1921, y del párrafo 5 de la
recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952;
Tomando nota de las disposiciones  del Convenio sobre
la discriminación (empleo y ocupación, 1958);
Tomando nota de las disposiciones del Convenio  sobre
la protección de la maternidad  (revisado), 1952;
Después de haber decidido adoptar  diversas
proposiciones sobre el trabajo nocturno, cuestión,   que constituye el cuarto
punto del orden  del día de la reunión, y
Después  de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha veintiséis
de  junio de mil novecientos noventa, el siguiente Convenio, que podrá  ser
citado como el convenio sobre el trabajo nocturno, 1990:
Artículo 1º
A los efectos del presente Convenio:
a) La expresión “trabajo nocturno” designa  todo
trabajo  que se realice durante  un período de por lo menos siete horas
consecutivas, que abarque el intervalo  comprendido entre medianoche y las
cinco de la mañana y que será determinado por la autoridad competente  previa
consulta con las organizaciones  más representativas de empleadores  y de
trabajadores  o por medio de convenios colectivos;
b) La expresión  “trabajador nocturnos”  ÁÁsigna a
todo trabajador  asalariado  cuyo trabajo requiere la realización  de horas de
trabajo nocturno en un número sustancial, superior  a un límite determinado.
Este  número será fijado por la autoridad competente  previa consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, o por
medio de convenios  colectivos.
Artículo 2º
1. Este Convenio se aplica a todos los trabajadores
asalariados, con excepción de los que trabajan  en la agricultura, la
ganadería, la pesca, los transportes marítimos y la navegación interior.
2. Todo Miembro que ratifique este Convenio podrá
excluir total o parcialmente de su campo de aplicación, previa consulta  con
las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores
interesados, a categorías limitadas de trabajadores, cuando dicha aplicación
plantee, en el caso de esas categorías, problemas particulares e importantes.
3. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad
prevista en el párrafo 2 de este artículo  deberá indicar las categorías
particulares de trabajadores así excluidas,  y las razones de su exclusión,  en
las memorias  relativas a la aplicación del Convenio que presente en virtud del
artículo 22 de la Constitución de la  OIT. También deberá indicar todas las
medidas que hubiese adoptado a fin de extender progresivamente las
disposiciones del Convenio a esos trabajadores.
Artículo 3º
1. Se deberán adoptar  en beneficio  de los
trabajadores nocturnos las medidas espec´ficas requeridas por la naturaleza del
trabajo nocturno, que comprenderán,  como mínimo, las mencionadas en los
artículos 4 a 10, a fin de proteger su salud, ayudarles  a cumplir con sus
responsabilidades  familiares   y sociales, proporcionarles posibilidades de
mejorar en su carrera y compensarles  adecuadamente. Tales  medidas deberán
también tomarse en el ámbito de la seguridad y de la protección  de la
maternidad, en favor de todos los trabajadores  que realizan un trabajo
nocturno.
2. Las medidas  a que se refiere el párrafo anterior
podrán aplicarse de manera progresiva.
Artículo 4º
1. Si  lo solicitan, los
trabajadores tendrán derecho a que se realice una  evaluación  de su estado de
salud  gratuitamente y a que se les asesore sobre la manera de atenuar o evitar
problemas  de salud relacionados con su trabajo:
a) Antes de su asignación
a un trabajo nocturno;
b) A intervalos regulares
durante tal asignación;
c) En caso de que padezcan
durante tal afectación problemas de salud que no se deban a factores  ajenos al
trabajo nocturno.
2. Salvo una declaración
de que no son aptos para el trabajo nocturno, el contenido de dichas
evaluaciones no será  comunicado a terceras  personas sin su consentimiento,
ni utilizado en perjuicio suyo.
Artículo 5º
Deberán ponerse a
disposición de los trabajadores  que efectúan  un trabajo nocturno servicios
adecuados de primeros auxilios,  incluidas  disposiciones  prácticas que
permitan a dichos  trabajadores, en caso necesario, ser trasladados
rápidamente a un lugar en el que se les pueda dispensar un tratamiento
adecuado.
Artículo 6º
1. Los trabajadores
nocturnos que, por razones de salud, sean declarados  no aptos para el trabajo
nocturno serán asignados, cuando sea factible, a un puesto similiar para el que
sean aptos.
2. Si la asignación a tal
puesto no es factible, se concederán a estos trabajadores las mismas
prestaciones que a otros trabajadores no aptos para trabajar o que no pueden
conseguir empleo.
3. Un trabajador  nocturno
declarado  temporalmente  no apto  para el trabajo nocturno gozará  de la misma
protección  contra el despido o la  notificación  del despido que los demás
trabajadores  que no puedan trabajar por razones de salud.
Artículo 7º
1. Se deberán tomar
medidas para asegurar que existe una alternativa al trabajo nocturno para las
trabajadoras que,  a falta de tal alternativa, tendrían que realizar ese
trabajo:
a) Antes y después del
parto,  durante un período de al menos dieciséis semanas,  de las cuales al
menos ocho deberán  tomarse  antes de la fecha presunta del parto;
b) Previa presentación de
un certificado médico indicando que ello es necesario para la salud de la madre
o del hijo, por otros períodos  que se sitúen:
i)  Durante el embarazo;
ii) Durante un lapso
determinado más allá del período posterior al parto establecido  de
conformidad  con el apartado  a)  del presente párrafo, cuya  duración será
determinada por la autoridad  competente previa consulta con las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores.
2.  Las medidas a que se
refiere el párrafo 1 del presente  artículo podrán consistir en la asignación a
un trabajo diurno cuando sea factible, el  suministro de prestaciones de
seguridad  social o la prórroga de la licencia de maternidad.
3. Durante los períodos a
que se refiere el párrafo  1 del presente artículo:
a) No se deberá despedir
ni comunicar el despido a una trabajadora,  salvo por causas justificadas no
vinculadas al embarazo o al parto.
b) Los ingresos de la
trabajadora deberán  mantenerse  a un nivel suficiente para garantizar el
sustento de la mujer  y de su hijo en condiciones de vida  adecuadas. El
mantenimiento de estos ingresos podrá asegurarse mediante cualquiera de las
medidas indicadas en el párrafo 2 de este artículo, por cualquier otra medida
apropiada, o bien merced a una combinación de estas medidas.
c) La trabajadora  no
perderá los beneficios  relativos  a grado, antigüedad y posibilidades de
promoción que estén  vinculados al puesto de trabajo  nocturno que ocupa
regularmente.
4. Las disposiciones del
presente artículo no deberán  tener por efecto reducir  la protección  y las
prestaciones relativas a la licencia de maternidad.
Artículo 8º
La compensación a los
trabajadores nocturnos en materia de duración de trabajo, remuneración o
beneficios similares deberá reconocer  la naturaleza del trabajo nocturno.
Artículo 9º
Se deberán prever
servicios sociales apropiados para los trabajadores  nocturnos y, cuando se
precise,  para los trabajadores que realicen un trabajo nocturno.
Artículo 10
1. Antes de introducir horarios  de trabajo que
exijan  los servicios de trabajadores nocturnos, el empleador deberá consultar
a los representantes de los trabajadores interesados  acerca de los detalles de
esos horarios y sobre las formas de organización del trabajo nocturno que mejor
se adapten al establecimiento y a su personal,  así como sobre las medidas de
salud en el trabajo y los servicios sociales  que sean necesarios. En los
establecimientos  que empleen a  trabajadores nocturnos estas consultas deberán
realizarse  regularmente,
2. A los efectos de este artículo, la expresión
“representantes  de los trabajadores” designa  a las personas reconocidas como
tales por la legislación o la práctica nacionales, según  el Convenio sobre los
representantes  de los trabajadores, 1971.
Artículo 11
1. Las disposiciones del presente Convenio podrán
aplicarse por medio de la legislación nacional, convenios colectivos, laudos
arbitrales o sentencias judiciales, mediante una combinación de estos medios o de
cualquier otra forma conforme a las condiciones y la práctica nacionales. Se
deberán aplicar por medio de la legislación en la medida en que no se apliquen
por otros medios.
2. Cuando las disposiciones de este Convenio se
apliquen por medio de la legislación, se deberá consultar previamente a las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.
Parte X
Disposiciones
finales
Artículo 12
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.
Artículo 13
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en
que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.
Artículo 14
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 15
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director
General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 16
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos
del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones
y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos
precedentes.
Artículo 17
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la
Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su
revisión total o parcial.
Artículo 18
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un Miembro del nuevo convenio
revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 22, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la
ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 19
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas».
La suscrita Jefe de la Oficina
Jurídica (E) del Ministerio de Relaciones Exteriores
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fiel
fotocopia tomada del texto certificado, que reposa en la Oficina Jurídica de
este Ministerio.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Sonia Pereira Portilla,
Jefe Oficina Jurídica (E).
*   *   *
«CONVENIO 172
Convenio sobre las
condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes
y establecimientos similares
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 5 de
junio de 1991, en su septuagésima octava reunión;
Recordando que los convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo que establecen normas de aplicación general sobre
las condiciones de trabajo son aplicables a los trabajadores de los hoteles,
restaurantes y establecimientos similares;
Tomando nota de que, dadas las condiciones
particulares en que se desarrolla el trabajo en los hoteles, restaurantes y
establecimientos similares, es conveniente mejorar la aplicación de dichos
convenios y recomendaciones en estas categorías de establecimientos y
complementarlos con normas específicas, para que los trabajadores interesados
puedan gozar de una situación acorde con el papel que desempeñan en estas
categorías de establecimientos en rápida expansión y para atraer a nuevos
trabajadores a los mismos, mejorando así las condiciones de trabajo, la
formación y las perspectivas de carrera;
Tomando nota de que la negociación colectiva
constituye un medio eficaz para determinar las condiciones de trabajo en este
sector;
Considerando que la adopción de un Convenio,
conjuntamente con la negociación colectiva, mejorará las condiciones de
trabajo, las perspectivas de carrera y la seguridad en el empleo, en beneficio
de los trabajadores;
Tras decidir adoptar diversas proposiciones sobre las
condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos
similares, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la
reunión, y
Tras decidir que dichas proposiciones revistan la
forma de un convenio internacional.
Adopta, con fecha veinticinco de junio de mil
novecientos noventa y uno, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el
Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991:
Artículo 1º
1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores,
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 2º, ocupados en:
a) Los hoteles y establecimientos similares que
ofrecen alojamiento;
b) Los restaurantes y establecimientos similares que
sirven comidas o bebidas, o ambas cosas.
2. Todo Miembro deberá establecer la definición de las
categorías indicadas en los apartados a) y b), a la luz de las condiciones
nacionales y después de consultar a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas. Todo Miembro que ratifique el Convenio podrá, previa
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas,
excluir de su aplicación ciertos tipos de establecimientos comprendidos dentro
de la definición antes mencionada pero en los que existan problemas especiales
de cierta importancia.
3. a) Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
interesadas, ampliar su ámbito de aplicación a ciertos otros establecimientos
afines que presten servicios turísticos, los cuales serán enumerados en una
declaración anexa a la ratificación;
b) Además, todo Miembro que ratifique el presente
Convenio podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas, notificar ulteriormente al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo, por medio de una declaración, que amplía el
campo de aplicación del Convenio a otras categorías de establecimientos afines
que presten servicios turísticos, además de las indicadas en el apartado 3. a).
4. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
deberá indicar, en la primera memoria que presente sobre la aplicación del
mismo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, los tipos de establecimientos excluidos de
conformidad con el párrafo 2º del presente artículo, explicando las razones de
la exclusión e indicando las posturas respectivas de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas con relación a dichas exclusiones.
Además, deberá indicar, en las memorias subsiguientes, el estado de la
legislación y la práctica respecto de los establecimientos excluidos, y la
medida en que se ha dado o se tiene la intención de dar efecto al Convenio por
lo que se refiere a tales establecimientos.
Artículo 2º
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión
“trabajadores interesados” designa a los trabajadores ocupados en los
establecimientos a los cuales se aplica el Convenio, de conformidad con las
disposiciones del artículo 1º, cualesquiera que sean la naturaleza y la
duración de su relación de empleo. Sin embargo, todo Miembro podrá, habida
cuenta del derecho, de las condiciones y de la práctica nacionales y previa
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas,
excluir ciertas categorías de trabajadores de la aplicación de todas las
disposiciones del presente Convenio o de algunas de ellas.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá
enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que presente
en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, las categorías de trabajadores que hubiesen sido excluidas en
virtud del párrafo 1º del presente artículo, explicando los motivos de dicha
exclusión. Además, en las memorias subsiguientes deberá indicar todo progreso
realizado hacia una aplicación más amplia del Convenio.
Artículo 3º
1. Sin dejar de respetar la autonomía de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, los Miembros
deberán adoptar y aplicar, de una forma apropiada al derecho, a las condiciones
y a la práctica nacionales, una política destinada a mejorar las condiciones de
trabajo de los trabajadores interesados.
2. Esta política deberá tener como objetivo general
asegurar que los trabajadores interesados no sean excluidos del ámbito de
aplicación de ninguna norma mínima, incluidas las referentes a la seguridad
social, que puedan haber sido adoptadas a nivel nacional para la generalidad de
los trabajadores.
Artículo 4º
1. A menos que la legislación o la práctica nacionales
lo dispongan de otra manera, la expresión “horas de trabajo” se refiere al
tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador.
2. Los trabajadores interesados deberán disfrutar de
una jornada normal de trabajo razonable, como así mismo de disposiciones
razonables relativas a las horas extraordinarias, de conformidad con la
legislación y la práctica nacionales.
3. Deberá proporcionarse a los trabajadores
interesados un período mínimo razonable de descanso diario y semanal, de
acuerdo con la legislación y la práctica nacionales.
4. Los trabajadores interesados deberán, siempre que
sea posible, ser informados de los horarios de trabajo con suficiente
antelación, para poder organizar en consecuencia su vida personal y familiar.
Artículo 5º
1. Si los trabajadores tienen que trabajar en días
festivos, deberán recibir una compensación adecuada -en tiempo libre o en
remuneración- determinada por la negociación colectiva o de conformidad con la
legislación o la práctica nacionales.
2. Los trabajadores interesados deberán tener derecho
a vacaciones anuales pagadas, cuya duración habrá de determinarse mediante la
negociación colectiva o de conformidad con la legislación o la práctica
nacionales.
3. Cuando el contrato termina o el período de servicio
continuo no es suficiente para causar derecho a la totalidad de las vacaciones
anuales, los trabajadores interesados deberán tener derecho a vacaciones
proporcionales al tiempo de servicio o al pago de salarios sustitutivos, según
se determine por la negociación colectiva o de conformidad con la legislación o
la práctica nacionales.
Artículo 6º
1. El término “propina” significa el dinero que el
cliente da voluntariamente al trabajador, además del que debe pagar por los
servicios recibidos.
2. Independientemente de las propinas, los
trabajadores interesados deberán recibir una remuneración básica que será
abonada con regularidad.
Artículo 7º
Allí donde existiese, deberá prohibirse la compraventa
de empleos en los establecimientos a los que se refiere el artículo 1º.
Artículo 8º
1. Las disposiciones del presente Convenio podrán
aplicarse por medio de la legislación nacional, los convenios colectivos, los
laudos arbitrales o las decisiones judiciales, o por cualquier otra vía
procedente y compatible con la práctica nacional.
2. En los Miembros en que las disposiciones del
presente Convenio sean normalmente objeto de convenios pactados entre
empleadores u organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores, o
se ejecuten normalmente por medios distintos a la vía legal, las obligaciones
resultantes se considerarán cumplidas en cuanto dichas disposiciones se
apliquen a la gran mayoría de los trabajadores interesados, por tales convenios
o por otros medios.
Artículo 9º
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.
Artículo 10
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en
que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.
Artículo 11
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 12
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director
General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 13
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos
del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones
y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos
precedentes.
Artículo 14
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la
Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su
revisión total o parcial.
Artículo 15
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio
revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo
convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la
ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 16
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas».
La suscrita Jefe de la Oficina
Jurídica (E.) del Ministerio de Relaciones Exteriores,
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fiel
fotocopia tomada del texto certificado, que reposa en la Oficina Jurídica de
este Ministerio.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a
los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Jefe Oficina Jurídica (E.),
Sonia de Pereira Portilla.
*   *   *
«CONVENIO 174
Convenio sobre la
prevención de accidentes industriales mayores
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 de
junio de 1993, en su octagésima reunión;
Tomando nota de los convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo pertinentes, y en particular el Convenio y la
Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, y el Convenio
y la Recomendación sobre los productos químicos, 1990, y subrayando la
necesidad de adoptar un enfoque global y coherente;
Tomando nota también del Repertorio de recomendaciones
prácticas para la prevención de accidentes industriales mayores, publicado por
la OIT en 1991;
Teniendo en cuenta la necesidad de velar porque se
adopten todas las medidas apropiadas para:
a) Prevenir los accidentes mayores;
b) Reducir al mínimo los riesgos de accidentes
mayores;
c) Reducir al mínimo las consecuencias de esos
accidentes mayores;
Considerando las causas de dichos accidentes, en
particular los errores de organización, los factores humanos, las averías o
deficiencias de una pieza, las desviaciones respecto de las condiciones
normales de funcionamiento, las injerencias del exterior y los fenómenos
naturales;
Refiriéndose a la necesidad de una colaboración, en el
marco del Programa Internacional de Seguridad en las Sustancias Químicas, entre
la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud, así como con
otras organizaciones intergubernamentales pertinentes;
Después de haber decidido adoptar diversas propuestas
relativas a la prevención de los accidentes industriales mayores, tema que
constituye el cuarto punto del orden del día la reunión, y
Después de haber decidido que dichas propuestas
revistan la forma de un convenio internacional,
Adopta, con fecha
veintidós de junio de mil novecientos noventa y tres, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre la prevención de accidentes
industriales mayores, 1993:
PARTE I
Campo de aplicación y definiciones
Artículo 1º
1. El presente Convenio
tiene por objeto la prevención de accidente mayores que involucren sustancias
peligrosas y la limitación de las consecuencias de dichos accidentes.
2. El Convenio se aplica a
instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores.
3. El Convenio no se
aplica:
a) A las instalaciones nucleares
y fábricas de tratamiento de sustancias radiactivas, a excepción de los
sectores de dichas instalaciones en los que se manipulen sustancias no
radiactivas;
b) A las instalaciones
militares;
c) Al transporte fuera de
la instalación distinto del transporte por tuberías.
4. Todo miembro que
ratifique el presente Convenio podrá, después de consultar a las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, y a otras partes
interesadas que pudieran ser afectadas, excluir de su campo de aplicación
aquellas instalaciones o ramas de la actividad económica en las que se disponga
de una protección equivalente.
Artículo 2º
Cuando se planteen
problemas particulares de cierta envergadura que imposibiliten poner
inmediatamente en práctica el conjunto de medidas preventivas y de protección
previstas por el Convenio, todo Estado Miembro habrá de formular, en consulta
con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores y
con otras partes interesadas que pudieran ser afectadas, planes con miras a la
aplicación por etapas de dichas medidas, dentro de un plazo fijo.
Artículo 3º
1. A los efectos del
presente Convenio:
a) La expresión “sustancia
peligrosa” designa toda sustancia o mezcla que, en razón de propiedades
químicas, físicas o toxicológicas, ya sea sola o en combinación con otras,
entrañe un peligro;
b) La expresión “cantidad
umbral” designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas
la cantidad fijada por la legislación nacional con referencia a condiciones
específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos
de accidentes mayores;
c) La expresión
“instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores” designa aquella que
produzca, transforme, manipule, utilice, deseche, o almacene, de manera
permanente o transitoria, una o varias sustancias o categorías de sustancias
peligrosas, en cantidades que sobrepasen la cantidad umbral;
d) La expresión “accidente mayor” designa todo
acontecimiento repentino, como una emisión, un incendio o una explosión de gran
magnitud, en el curso de una actividad dentro de una instalación expuesta a
riesgos de accidentes mayores, en el que estén implicadas una o varias
sustancias peligrosas y que exponga a los trabajadores, a la población o al medio
ambiente a un peligro grave, inmediato o diferido;
e) La expresión “informe de seguridad” designa un
documento escrito que contenga la información técnica, de gestión y de
funcionamiento relativa a los peligros y los riesgos que comporta una
instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores y a su prevención, y que
justifique las medidas adoptadas para la seguridad de la instalación;
f) El término “cuasiaccidente” designa cualquier
acontecimiento repentino que implique la presencia de una o varias sustancias
peligrosas y que, de no ser por efectos, acciones o sistemas atenuantes, podría
haber derivado en un accidente mayor.
PARTE II
Principios generales
Artículo 4º
1. Todo Miembro deberá formular, adoptar y revisar
periódicamente, habida cuenta de la legislación, las condiciones y la práctica
nacionales, y en consulta con las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores y con otras partes interesadas que pudieran ser
afectadas, una política nacional coherente relativa a la protección de los
trabajadores, la población y el medio ambiente, contra los riesgos de
accidentes mayores.
2. Esta política deberá ser aplicada mediante
disposiciones preventivas y de protección para las instalaciones expuestas a
riesgos de accidentes mayores y, cuando sea posible, deberá promover la
utilización de las mejores tecnologías de seguridad disponibles.
Artículo 5º
1. La autoridad competente o un organismo aprobado o
reconocido por la autoridad competente deberá, previa consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores y con otras
partes interesadas que pudieran ser afectadas, establecer un sistema para la
identificación de las instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores
según se definen en el artículo 3º, c), basado en una lista de sustancias
peligrosas o de categorías de sustancias peligrosas, o de ambas, que incluya
sus cantidades umbrales respectivas, de conformidad con la legislación nacional
o las normas internacionales.
2. El sistema de clasificación al que se hace
referencia en el párrafo 1º anterior deberá ser revisado y actualizado
regularmente.
Artículo 6º
La autoridad competente, después de consultar a las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas,
deberá tomar disposiciones especiales para proteger las informaciones
confidenciales que le son transmitidas o puestas a su disposición de
conformidad con cualquiera de los artículos 8, 12, 13 o 14, cuya revelación
pudiera causar perjuicio a las actividades de un empleador, siempre y cuando
dicha confidencialidad no implique un peligro grave para los trabajadores, la
población o el medio ambiente.
PARTE III
Responsabilidades
de los empleadores
Identificación
Artículo 7º
Los empleadores deberán identificar, de conformidad
con el sistema mencionado en el artículo 5º, toda instalación expuesta a
riesgos de accidentes mayores sujeta a su control.
Notificación
Artículo 8º
1. Los empleadores deberán notificar a la autoridad
competente toda instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores que hayan
identificado:
a) Dentro de un plazo fijo en el caso de una
instalación ya existente;
b) Antes de ponerla en funcionamiento en el caso de
una nueva instalación.
2. Los empleadores deberán también notificar a la
autoridad competente el cierre definitivo de una instalación expuesta a riesgos
de accidentes mayores antes de que éste tenga lugar.
Disposiciones relativas a la instalación
Artículo 9º
Respecto a cada instalación expuesta a riesgos de
accidentes mayores, los empleadores deberán establecer y mantener un sistema
documentado de prevención de riesgos de accidentes mayores en el que se
prevean:
a) La identificación y el estudio de los peligros y la
evaluación de los riesgos, teniendo también en cuenta las posibles
interacciones entre sustancias;
b) Medidas técnicas que comprendan el diseño, los
sistemas de seguridad, la construcción, la selección de sustancias químicas, el
funcionamiento, el mantenimiento y la inspección sistemática de la instalación;
c) Medidas de organización que comprendan la formación
e instrucción del personal, el abastecimiento de equipos de protección
destinados a garantizar su seguridad, una adecuada dotación de personal, los
horarios de trabajo, la distribución de responsabilidades y el control sobre
los contratistas externos y los trabajadores temporales que intervengan dentro
de la instalación;
d) Planes y procedimientos de emergencia que
comprendan:
i) La preparación de planes y procedimientos de
emergencia eficaces, con inclusión de procedimientos médicos de emergencia,
para su aplicación in situ en caso de accidente mayor o de peligro de
accidente mayor, la verificación y evaluación periódica de su eficacia y su revisión
cuando sea necesario;
ii) El suministro de información sobre los accidentes
posibles y sobre los planes de emergencia in situ a las autoridades y a
los organismos encargados de establecer los planes y procedimientos de
emergencia para proteger a la población y al medio ambiente en el exterior de
la instalación;
iii) Todas las consultas necesarias con dichas
autoridades y organismos;
e) Medidas destinadas a limitar las consecuencias de
un accidente mayor;
f) La consulta con los trabajadores y sus representantes;
g) Las disposiciones tendientes a mejorar el sistema,
que comprendan medidas para la recopilación de información y para el análisis
de accidentes y cuasiaccidentes. La experiencia así adquirida deberá ser
discutida con los trabajadores y sus representantes y deberá ser registrada, de
conformidad con la legislación y la práctica nacional.
Informe de seguridad
Artículo 10
1. Los empleadores deberán redactar un informe de
seguridad de acuerdo con las disposiciones del artículo 9º.
2. El informe deberá redactarse:
a) Para las instalaciones ya existentes que estén
expuestas a riesgos de accidentes mayores, dentro del plazo posterior a la
notificación que prescriba la legislación nacional;
b) Para toda nueva instalación expuesta a riesgos de
accidentes mayores, antes de que se ponga en funcionamiento.
Artículo 11
Los empleadores deberán revisar, actualizar y
modificar el informe de seguridad:
a) En caso de una modificación que tenga una
influencia significativa sobre el nivel de seguridad en la instalación o en los
procedimientos de trabajo de la misma, o sobre las cantidades de sustancias
peligrosas presentes;
b) Siempre que lo justifiquen los nuevos conocimientos
técnicos o los progresos en la evaluación de los peligros;
c) En los intervalos prescritos por la legislación
nacional;
d) Cuando así lo solicite la autoridad competente.
Artículo 12
Los empleadores deberán transmitir o poner a
disposición de la autoridad competente los informes de seguridad a los que se
hace referencia en los artículos 10 y 11.
Informe de accidente
Artículo 13
Los empleadores deberán informar tan pronto como se
produzca un accidente mayor a la autoridad competente y a los demás organismos
que se designen con este objeto.
Artículo 14
1. Tras un accidente mayor, los empleadores deberán,
dentro de un plazo establecido previamente, presentar a la autoridad competente
un informe detallado en el que se analicen las causas del accidente y se
indiquen sus consecuencias inmediatas in situ, así como todas las
medidas adoptadas para atenuar sus efectos.
2. El informe deberá incluir recomendaciones que
describan en detalle las medidas que se vayan a llevar a cabo para impedir que
el accidente vuelva a producirse.
PARTE IV
Responsabilidades de las autoridades
competentes
Planes para
casos de emergencia fuera de la instalación
Artículo 15
Tomando en cuenta la información proporcionada por el
empleador, la autoridad competente deberá velar porque se establezcan y
actualicen a intervalos apropiados, y se coordinen con las autoridades y
organismos interesados, los planes y procedimientos de emergencia que contengan
disposiciones para proteger a la población y al medio ambiente fuera del
emplazamiento en que se encuentre cada instalación expuesta a riesgos de
accidentes mayores.
Artículo 16
La autoridad competente deberá velar porque:
a) Se difunda entre los miembros de la población que
estén expuestos a los efectos de un accidente mayor, sin que tengan que
solicitarlo, la información sobre las medidas de seguridad que han de adoptarse
y sobre la manera de comportarse en caso de accidente mayor, y porque se
actualice y se difunda de nuevo dicha información a intervalos apropiados;
b) Se dé la alarma cuanto antes al producirse un accidente
mayor;
c) Cuando las consecuencias de un accidente mayor
puedan trascender las fronteras, se proporcione a los Estados afectados la
información requerida en los apartados a) y b) con el fin de contribuir a las
medidas de cooperación y coordinación.
Emplazamiento de las instalaciones expuestas a riesgos
de accidentes mayores
Artículo 17.
La autoridad competente deberá elaborar una política
global de emplazamiento que prevea una separación adecuada entre las
instalaciones en proyecto que estén expuestas a riesgos de accidentes mayores y
las áreas de trabajo, las zonas residenciales y los servicios públicos, y
deberá adoptar disposiciones apropiadas al respecto en lo que atañe a las
instalaciones existentes. Dicha política deberá inspirarse en los principios
generales enunciados en la parte II de este Convenio.
Inspección
Artículo 18.
1. La autoridad competente deberá disponer de personal
debidamente calificado que cuente con una formación y competencia adecuadas, y
con el apoyo técnico y profesional suficiente para desempeñar sus funciones de
inspección, investigación, evaluación y asesoría sobre los temas especificados
en este Convenio, así como para asegurar el cumplimiento de la legislación
nacional.
2. Los representantes del empleador y los representantes
de los trabajadores de la instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores
deberán tener la posibilidad de acompañar a los inspectores cuando controlen la
aplicación de las medidas prescritas en virtud del presente Convenio, a menos
que los inspectores estimen, a la luz de las directrices generales de la
autoridad competente, que ello puede perjudicar el cumplimiento de sus
funciones de control.
Artículo 19.
La autoridad competente deberá tener derecho a
suspender cualquier actividad que presente una amenaza inminente de accidente
mayor.
PARTE V
Derechos y
obligaciones de los trabajadores
y
de sus representantes
Artículo 20.
En una instalación expuesta a riesgos de accidentes
mayores, los trabajadores y sus representantes deberán ser consultados mediante
mecanismos apropiados de cooperación, con el fin de garantizar un sistema
seguro de trabajo. En particular, los trabajadores y sus representantes
deberán:
a) Estar suficiente y adecuadamente informados de los
riesgos que entraña dicha instalación y de sus posibles consecuencias;
b) Estar informados acerca de cualquier instrucción o
recomendación hecha por la autoridad competente;
c) Ser consultados para la preparación de los
siguientes documentos y tener acceso a los mismos;
i) El informe de seguridad;
ii) Los planes y procedimientos de emergencia;
iii) Los informes sobre los accidentes;
d) Recibir periódicamente instrucciones y formación
con respecto a los procedimientos y prácticas de prevención de accidentes
mayores y de control de acontecimientos que puedan dar lugar a un accidente
mayor y a los procedimientos de emergencia que han de aplicarse en tales casos;
e) Dentro de sus atribuciones, y sin que en modo
alguno ello pueda perjudicarlos, tomar medidas correctivas y, en caso
necesario, interrumpir la actividad cuando, basándose en su formación y
experiencia, tengan razones válidas para creer que existe un peligro inminente
de accidente mayor y, según corresponda, informar a su supervisor o dar la
alarma antes o tan pronto como sea posible después de haber tomado las medidas
correctivas;
f) Discutir con el empleador cualquier peligro
potencial que ellos consideren que puede causar un accidente mayor y tener
derecho a informar a la autoridad competente acerca de dichos peligros.
Artículo 21.
Los trabajadores empleados en el emplazamiento de una
instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores deberán:
a) Observar todos los procedimientos y prácticas
relativos a la prevención de accidentes mayores y al control de acontecimientos
que puedan dar lugar a un accidente mayor en las instalaciones expuestas a
dichos riesgos;
b) Observar todos los procedimientos de emergencia en
caso de producirse un accidente mayor.
PARTE VI
Responsabilidad
de los países exportadores
Artículo 22.
Cuando en un Estado Miembro exportador el uso de
sustancias, tecnologías o procedimientos peligrosos haya sido prohibido por ser
fuente potencial de un accidente mayor, dicho Estado deberá poner a disposición
de todo país importador la información relativa a esta prohibición y a las
razones que la motivan.
PARTE VII
Disposiciones
finales
Artículo 23.
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo.
Artículo 24.
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en
que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido
registrada su ratificación.
Artículo 25.
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 26.
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director
General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 27.
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos
del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones
y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos
precedentes.
Artículo 28.
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la
Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su
revisión total o parcial.
Artículo 29.
1. En caso de que la
Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial
del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en
contrario:
a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo Convenio
revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 25, siempre que el nuevo
Convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la
ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no
ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 30.
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas».
La suscrita Jefe de la Oficina
Jurídica (E) del Ministerio de Relaciones Exteriores,
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fiel
fotocopia tomada del texto certificado, que reposa en la Oficina Jurídica de
este Ministerio.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Jefe Oficina Jurídica (E),
Sonia Pereira Portilla.
*  *  *
«RECOMENDACION  181
Recomendación sobre la
prevención de accidentes industriales mayores
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 2 de
junio de 1993, en su 80ª reunión.
Después de haber decidido adoptar diversas propuestas
relativas a la prevención de los accidentes industriales mayores, tema que
constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión y
Después  de haber decidido que dichas propuestas
revistan la forma de una recomendación que complete el Convenio sobre la
prevención de accidentes industriales mayores, 1993.
Adopta con fecha veintidós de junio de mil novecientos
noventa y tres, la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la
Recomendación sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 993.
1. Las disposiciones de la presente recomendación
deberían aplicarse conjuntamente con las del Convenio sobre la prevención de
accidentes industriales mayores,  1993 (en adelante designado con la expresión
“El Convenio”).
2.1 La Organización Internacional del Trabajo en
colaboración con otras organizaciones internacionales interesadas,
intergubernamentales o no gubernamentales debería adoptar disposiciones para
que haya un intercambio internacional de informaciones sobre:
a) Las prácticas de seguridad satisfactorias en las
instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores incluyendo la gestión
de los sistemas de seguridad y la seguridad de los procedimientos de trabajo;
b) Los accidentes mayores;
c) Las experiencias adquiridas a raíz de
cuasiaccidentes;
d) Las tecnologías y procedimientos prohibidos por
razones de seguridad y salud;
e) La organización de las técnicas y los servicios
médicos necesarios para hacer frente a las consecuencias de un accidente mayor;
f) Los mecanismos y procedimientos utilizados por la
autoridad competente para llevar a efecto la aplicación del Convenio y de la
presente Recomendación.
2. Los Estados Miembros deberían, en la medida de lo
posible, proporcionar a la Oficina Internacional del Trabajo informaciones
sobre las cuestiones a que se refiere el subpárrafo (1) anterior.
3. La política nacional estipulada en el Convenio, así
como la legislación nacional u otras medidas destinadas a aplicar dicha
política, deberían inspirarse según los casos, en el Repertorio de
recomendaciones prácticas para la prevención de accidentes industriales
mayores, publicado por la OIT en 1991,
4. Los miembros deberían desarrollar políticas
dirigidas a hacer frente a los riesgos y peligros de los accidentes mayores y a
sus consecuencias en aquellos sectores  y actividades excluidos del campo de
aplicación del Convenio, a tenor de su artículo 1º párrafo 3.
5. Reconociendo que un accidente mayor podría tener
graves consecuencias en cuanto a sus repercusiones para la vida humana y el
medio ambiente, los Miembros deberían fomentar el establecimiento de sistemas
para indemnizar a los trabajadores lo más rápidamente posible después del
acontecimiento y para hacer frente  de manera adecuada a sus efectos sobre la
población y el medio ambiente.
6. De conformidad con la Declaración tripartita de
principios sobre las empresas multinacionales y la política social, adoptada
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, toda
empresa nacional o multinacional que cuente con más de un establecimiento
debería, sin discriminación, adoptar medidas de seguridad para prevenir
accidentes mayores y controlar acontecimientos que puedan dar lugar a un
accidente mayor y para proteger a los trabajadores en todos sus
establecimientos, cualquiera que sea el lugar o el país en que se encuentren».
La Suscrita Jefe de la Oficina
Jurídica (E.), del Ministerio de Relaciones Exteriores
HACE  CONSTAR:
Que la presente reproducción es fiel
fotocopia tomada del texto Certificado, que reposa en la Oficina Jurídica de
este Ministerio.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a
los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Jefe de la Oficina Jurídica (E),
Sonia Pereira Portilla.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Santa Fe de Bogotá, D. C.,
Aprobado. Sométase a la consideración
del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Rodrigo Pardo García-Peña.
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébanse únicamente el
“Convenio 174 sobre la Prevención de Accidentes Industriales Mayores” y la
“Recomendación 181 sobre la Prevención de Accidentes Industriales mayores”,
adoptados en la 80ª reunión de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993.
Artículo 2º. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1º  de la Ley 7ª  de 1944, el “Convenio 174 sobre la
Prevención de Accidentes Industriales Mayores” y la “Recomendación 181 sobre la
Prevención de Accidentes Industriales Mayores”, adoptados en la 80ª Reunión de
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra
el 22 de junio de 1993, que por el artículo 1º de esta Ley se aprueba, obligará
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de los mismos.
Artículo 3º. La presente Ley rige a
partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de
la República,
Luis Fernando Londoño
Capurro.
El Secretario General del honorable
Senado de la República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara
de Representantes,
Giovanny Lamboglia
Mazzilli.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Diego Vivas Tafur.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y publíquese
Ejecútese previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de  la Constitución Política.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a
20 de septiembre de 1996.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Velez.
El Ministro de Trabajo y Seguridad
Social,
Orlando Obregón Sabogal.
III.
INTERVENCIONES
Según informe de la
Secretaría General de la Corte Constitucional de dos (2) de diciembre de mil
novecientos noventa y seis (1996), dentro del término de fijación en lista
fueron presentados los siguientes escritos:
1. El señor Ministro de Trabajo y Seguridad
Social presentó escrito justificando la exequibilidad del Convenio 174 de
1993 sobre la prevención de accidentes industriales mayores, por considerar que
sus disposiciones están acordes con el postulado constitucional de atribuir al
Estado el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos residentes en
Colombia, desarrollando así lo previsto por el artículo 2o de la
Carta Política.
Agrega el citado
funcionario, que las disposiciones de dicho Convenio consagran medidas
apropiadas para prevenir los accidentes industriales mayores, reducirlos al
mínimo y aminorar sus consecuencias. En este sentido, señala que con ello se
cumple con lo dispuesto en el artículo 11 del ordenamiento jurídico, pues los
preceptos allí contenidos se orientan a la preservación de la vida y la
seguridad tanto de los trabajadores como de la población en general, ya que
define las situaciones y sustancias de riesgo, así como las medidas que deberán
adoptarse por parte de las autoridades y de los empleadores, lo cual además se
orienta a garantizar la finalidad social que comporta el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas.
Por otra parte,
estima que el Convenio resulta acorde con el artículo 49 de la Carta, pues
atribuye a las autoridades la protección de la salud de los trabajadores al
señalarles ciertas obligaciones, que cumplidas a cabalidad, conducirán a una
efectiva promoción y defensa de la misma.
Finalmente,
considera que con el Convenio materia de revisión se cumple con una de las
finalidades del Estado contenida en el artículo 366 de la Constitución,
referente al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
2. El Ministerio de Relaciones Exteriores,
a través de apoderada, presentó escrito solicitando a la Corte declarar la
exequibilidad de la Ley aprobatoria del Convenio 174 de 1993 y la Recomendación
181 sobre la prevención de accidentes industriales mayores, pues a través de
los cuales se logra que el Estado reitere su compromiso de respetar y defender
los derechos humanos, el medio ambiente y el derecho al trabajo.
Así pues, señala la
aludida interviniente, que la adopción de medidas como las que se toman en este
instrumento internacional, constituye un compromiso en la adopción y mantenimiento
de una legislación que asegure la aplicación de las precauciones adecuadas para
garantizar que los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos y
accidentes, para consolidar los derechos fundamentales como la vida y el
trabajo.
A su juicio, en el
Convenio se desarrollan algunos preceptos de la Constitución Política, tales
como los artículos 25 -al proteger al trabajo en condiciones dignas y justas-,
48 y 53 -al garantizar el derecho a la seguridad social y cumplir los
principios mínimos laborales-, 79 y 80 -al contemplar la protección al medio
ambiente-, 93 -al existir una voluntad expresa de proteger los derechos humanos
de un amplio sector laboral- y 366 -por cuanto existe una voluntad estatal
hacia el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población-.
IV.
CONCEPTO
DEL MINISTERIO PUBLICO
El Jefe del
Ministerio Público mediante oficio No. 1177 de enero veinte (20) del año en
curso, emitió su concepto en relación con los Convenios sometidos a revisión
constitucional, así como de la ley aprobatoria No. 320 de 1996, solicitando a
la Corte declarar exequible tanto el "Convenio 174 sobre la
prevención de accidentes industriales mayores” y de la "Recomendación 181
sobre la prevención de accidentes industriales mayores", adoptados en la
80a. Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993, así como de su ley aprobatoria No.
320 de 1996. Fundamentó su concepto en las siguientes consideraciones:
En primer término,
advierte el Jefe del Ministerio Público, que los instrumentos a analizar son
únicamente el Convenio 174 de 1993 y la Recomendación 181 del mismo año, por
cuanto los demás instrumentos internacionales no fueron estudiados ni aprobados
por el Congreso a instancias del Gobierno, quien adujo razones de conveniencia
nacional para justificar dicha circunstancia.
Por su parte, al
analizar el trámite surtido en el Congreso por el proyecto que culminó
convirtiéndose en ley aprobatoria del citado instrumento internacional, llega a
la conclusión de que no existe reparo alguno que afecte su constitucionalidad
desde el punto de vista formal, ya que a su juicio se cumplieron todas las
exigencias establecidas para el caso. No obstante lo anterior, hace la salvedad
de que no obra en el expediente prueba alguna que indique el trámite que surtió
el proyecto en la Comisión Segunda del Senado, por lo cual manifiesta, que
corresponderá a la Corte realizar la verificación respectiva.
De otra parte,
sostiene el concepto fiscal, que la finalidad del Convenio es que en los países
adoptantes del mismo, se asuman en conjunto las medidas preventivas y de
protección en el previstas que tienen que ver con la utilización de productos
químicos que por su condición de "sustancias peligrosas, pueden ocasionar
accidentes mayores en detrimento de la salud de los trabajadores, la población
en general y el medio ambiente”.
De esta manera, para
el señor Procurador, tanto la filosofía como las previsiones del Convenio y de
su ley aprobatoria, se ajustan a nuestro ordenamiento superior, desarrollando
algunas de sus disposiciones, tales como la prevista en el artículo 49, ya que
se cumple con uno de los fines del Estado en torno a la adopción de aquellas medidas
necesarias para garantizar a los asociados el derecho a un ambiente sano.
De la misma manera,
se ajusta a lo preceptuado por el artículo 78 superior en cuanto a la
obligación del legislador de regular la responsabilidad de quienes en la
producción de bienes y servicios, atenten contra la salud y la seguridad de los
consumidores y de los usuarios.
Para el Jefe del
Ministerio Público, estas consideraciones se hacen extensivas a la
Recomendación 181, pues en su contenido se contempla expresamente la Convención
que viene siendo estudiada, en el sentido de establecer el intercambio de
información entre la O.I.T. y otras organizaciones internacionales interesadas
en la materia. Esta recomendación, sostiene, encuentra respaldo en el artículo
226 de la Carta Política que prevé la obligación del Estado colombiano de
promover la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
V.      CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
COMPETENCIA
De conformidad con
lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, esta Corte
es competente para decidir sobre la constitucionalidad del instrumento
internacional sometido a revisión por el Gobierno Nacional, así como sobre la
ley aprobatoria del mismo.
EXAMEN
DE LOS REQUISITOS DE FORMA
Según se observa a
folio 1 del expediente, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República, mediante oficio 006864 del 24 de septiembre de 1996, remitió a la
Corte Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 10 del
artículo 241 superior, fotocopia autenticada de la Ley 320 de 1996.
De la aprobación
de los Instrumentos Internacionales sometidos a revisión constitucional
El Jefe de la
Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante oficio 40518
del 31 de octubre de 1996, indicó a esta Corporación que la constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, adoptada en Versalles el 28 de junio de
1919, fue aprobada por el Congreso Nacional de Colombia mediante la Ley 49 del
mismo año, habiéndose depositado por el Gobierno el respectivo instrumento de
adhesión el 16 de febrero de 1920, fecha esta a partir de la cual se encuentra
vigente para nuestro país.
Agrega que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.5, literal b) del instrumento
constitutivo de la O.I.T., Colombia en su calidad de miembro de esa
organización, se encuentra obligada a someter los Convenios que se adopten en
el marco de la misma, en el término de un año a partir de la clausura de la
reunión de la Conferencia en la que fueron adoptados, a la autoridad o
autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que se les dé forma de
ley, o se adopten otras medidas.
En efecto, en
cumplimiento de la citada disposición de la Constitución de la OIT, el Gobierno
Nacional le impartió aprobación ejecutiva a los instrumentos internacionales
bajo examen, para efectos de someterlos a la aprobación del Congreso Nacional,
como así lo hizo el 27 de marzo de 1995, por determinación expresa del Presidente
de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores.
Corresponderá a la
Corte Constitucional realizar la revisión constitucional únicamente con
respecto al Convenio 174 sobre la prevención de accidentes industriales
mayores, y la Recomendación 181 sobre la prevención de accidentes industriales
mayores, adoptados en la 80a. Reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993, así
como de su le aprobatoria.
Ello por cuanto el
Gobierno Nacional al someter a la consideración del Congreso de la República
los diversos Convenios aprobados en la 80a. Reunión de la Conferencia General
de la O.I.T., analizó la viabilidad de cada uno de ellos, teniendo en cuenta la
legislación interna vigente, y encontró que sólo era procedente la adopción del
Convenio 174 y la Recomendación 181.
En razón de lo
anterior, la Corte sólo se pronunciará sobre la exequibilidad de los
mencionados instrumentos internacionales, así como de su ley aprobatoria, pues
los demás no fueron estudiados ni aprobados por el Congreso a instancias del
Gobierno Nacional.
El procedimiento
seguido en el Congreso de la República para la formación de la Ley 320 de 1996.
Según las pruebas
que obran en el expediente, las certificaciones remitidas a esta Corporación,
los antecedentes legislativos y las actas publicadas en las Gacetas del
Congreso, se puede determinar que el trámite surtido en esa Corporación para la
formación de la Ley No. 320 de 1996, fue el siguiente:
1o.
El día 27 de marzo de
1995, el Presidente de la República, le impartió su aprobación a los Convenios
materia de revisión y dispuso que se sometiera a consideración del Congreso de
la República para los efectos constitucionales.
2o.
El día 1o de
septiembre de 1995, el Gobierno Nacional a través de los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Trabajo y Seguridad Social, presentó al Congreso, el
proyecto de ley por medio del cual se aprueban los Convenios 163, 164, 165,
166, 171, 172, 174, y la Recomendación 181, adoptados en la 80a. Reunión de la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra el
22 de junio de 1993, el cual fue radicado en el Senado de la República bajo el
número 78 de 1995, y publicado en la Gaceta del Congreso No. 266 de la misma
fecha, con la correspondiente exposición de motivos.
Ese
mismo día, el Secretario General del Senado de la República lo remitió al
Presidente de la Corporación para que dispusiera su reparto en los términos del
Reglamento -Ley 5a. de 1992-, quien lo envió a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado con el objeto de iniciar su trámite, al
tiempo que dispuso que se ordenara su publicación en la Gaceta del Congreso.
3o.
La ponencia para primer
debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentada por el
Senador Fuad Char Abdala y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 357 del
jueves 26 de octubre de 1995.
4o.   El proyecto fue aprobado en primer debate
por la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado el día 25 de
octubre de 1995, por unanimidad y con el quórum exigido para el (10 de los 13
Senadores que conforman la Comisión), según consta en el Acta No. 14 de la
misma fecha.
5o.
La ponencia para segundo debate fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 388 del miércoles 8 de noviembre de
1995.
6o.   En segundo debate se aprueba debidamente el
proyecto en la Plenaria del Senado, el día ventidos (22) de noviembre de 1995,
según consta en el Acta No. 29 de esa fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 429 del 27 de noviembre de 1995.
7o.   Por su parte, en la Cámara de
Representantes, el parlamentario Adolfo Bula Ramírez, rindió ponencia para
primer debate, la cual fue radicada bajo el número 201 de 1995-Cámara y
publicada en la Gaceta No. 214 del jueves 6 de junio de 1996.
8o.   En primer debate el proyecto fue aprobado
por unanimidad en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara,
con el quórum decisorio reglamentario, en sesión ordinaria el día 4 de junio de
1996, según consta en la certificación suscrita por el Secretario General de
esta Comisión el 1o de noviembre del mismo año.
9o.   La ponencia para segundo debate fue
presentada el 25 de julio de 1996 y publicada en la Gaceta No. 318 del jueves
ocho (8) de agosto del mismo año y aprobada en la Plenaria de la Cámara, con el
quórum reglamentario, el día tres (3) de octubre de 1995, según consta en el
Acta No. 62 de la sesión ordinaria de ese mismo día y que fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 371 del lunes 9 de septiembre de 1996.
10.   El día 20 de septiembre de 1996, el
Presidente de la República sancionó el proyecto de ley aprobatoria del Convenio
No. 174 y la Recomendación 181, convirtiéndose en la Ley No. 320 de 1996.
11.   Finalmente, y como se indicó antes, el
texto de la Ley 320 de 1996 fue remitido a la Corte Constitucional por el
Gobierno Nacional, el 24 de septiembre de 1996, dentro de los seis (6) días
señalados para el efecto por el artículo 241 numeral 10 de la Carta Política.
Con base en lo
expuesto, al haberse cumplido con los requisitos formales requeridos, la ley
aprobatoria en referencia, será declarada por este aspecto, exequible.
Tercera.
Naturaleza jurídica de los Convenios y Recomendaciones de la O.I.T.
La Organización
Internacional del Trabajo se expresa en el poder legislativo internacional a
través de los convenios y las recomendaciones relativos al trabajo humano.
Cabe destacar que un
convenio es un tratado internacional con fuerza vinculatoria para los Estados
que ratifiquen dicho convenio. Una recomendación no es más que una guía o
aclaración a un convenio internacional y su valor jurídico es el que sirve para
la interpretación de los convenios. Así, como expresa Nicolás Válticos, sólo
los convenios pueden ser objeto de ratificación y crean una red de obligaciones
internacionales provistas de medidas de control.
A los convenios de
la O.I.T. se les ha dado una característica internacional; por ejemplo, son
convenios internacionales en que participan los sujetos interesados en su
adopción en representación de los gobiernos de los Estados participantes.
Según la
normatividad de la O.I.T., a pesar de que los delegados gubernamentales,
empleadores y trabajadores aprueben en la Conferencia Internacional estas
normas contenidas en los convenios, los Estados tienen la obligación de
someterlas a la ratificación de las autoridades competentes, en orden a
determinar si se ajustan o no a su ordenamiento jurídico interno.
Así pues, una vez
adoptada por la Conferencia la norma internacional, la Constitución de la
O.I.T. establece la obligación a los Estados de someter el convenio a la autoridad
o autoridades a quienes compete el asunto, al efecto de que le de forma de ley
o adopten otras medidas. Esto es para que ratifiquen los convenios.
Georges Scelle
afirma que los convenios de la O.I.T. no tienen en absoluto naturaleza
contractual, sino que constituyen "leyes internacionales" adoptadas
por un "órgano legislativo internacional", la Conferencia
Internacional del Trabajo, y que para adquirir fuerza legislativa interna solo
requieren de un acto condición, como es la ratificación, y que sería en
realidad una adhesión a un acto preexistente.
Para la Corte
Constitucional, según lo expresado en sentencia No. C-562 de 1992, MP. Dr.
Jaime Sanín Greiffestein, si bien es cierto que tales actos no reúnen ni por su
forma de adopción ni por su trámite las exigencias establecidas por la
Convención de Viena para los tratados que se celebran entre Estados, sí pueden
tenerse como tales a pesar de sus diferencias pues son instrumentos de carácter
internacional que contienen normas de Derecho, adoptadas por un órgano
colectivo (Conferencia Internacional del Trabajo) en cuyo seno se encuentran
representaciones de los Estados miembros y que solo obligan a quienes los
ratifiquen, acto que también tiene características distintas, como se verá. Y
que dadas esas peculiaridades especiales que los caracterizan y distinguen se
rigen por las propias normas contenidas en la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo y en lo no contemplado en ellas en las normas de
Derecho Internacional relativas a los tratados comunes u ordinarios.
En consecuencia,
corresponde a los Estados miembros de la O.I.T. acatar las reglas establecidas
en dichas normas para la aprobación y cumplimiento de los convenios
internacionales del trabajo, pues a ello se comprometieron cuando decidieron
formar parte de esta Organización.
En este orden de
ideas, dado el carácter de instrumento internacional que compromete la voluntad
de los Estados y le impone obligaciones, los convenios de la O.I.T. deben ser
objeto de control constitucional formal y material por parte de esta
Corporación.
En cuanto a las
recomendaciones, éstas deberán ser comunicadas a los Estados para su examen, a
fin de ponerlas en ejecución por medio de la legislación nacional. Respecto a
la cohercibilidad de las mismas, es del caso señalar que ella dependerá de la
forma, términos y obligatoriedad que le den las normas del derecho interno, de
acuerdo a la competencia del correspondiente Estado, y en la medida en que ella
no desconozca o vulnere ningún precepto de orden constitucional, deberá
declararse su conformidad con la Carta Política.
En efecto, teniendo
en cuenta que en el presente asunto, la recomendación No. 181 se ajusta a las
normas constitucionales, en particular como se demostrará a continuación, a lo
dispuesto en los artículos 2 y 25 que consagran el derecho al trabajo, y que
igualmente, está en relación conexa e inescindible con el contenido del
Convenio No. 174, pues constituye pleno desarrollo y concreción del mismo, y
que por lo mismo impone ciertas obligaciones al Estado Colombiano que se
derivan de las normas del Convenio 174, es por lo que esta Corte estima que
dicha Recomendación es susceptible de ser materia de revisión constitucional.
Para sustentar lo
anterior, obsérvese como el artículo 1 de la citada Recomendación dispone
que :
“1. Las
disposiciones de la presente Recomendación deberían aplicarse conjuntamente con
las del Convenio sobre la prevención de accidentes industriales
mayores, 1993 (en adelante designado con la expresión “el Convenio”).
...
3. La política
nacional estipulada en el Convenio, así como la legislación nacional u otras
medidas destinadas a aplicar dicha política, debería inspirarse, según los
casos, en el Repertorio de recomendaciones prácticas para la prevención de
accidentes industriales mayores, publicado por la OIT en 1991” (negrillas y
subrayas fuera de texto)..
Por lo anterior, la
Corte procederá a analizar el contenido tanto del Convenio 174 sobre prevención
de accidentes industriales mayores, como de la Recomendación 181 “sobre la
prevención de accidentes industriales mayores”, adoptados en la 80a. Reunión de
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra
el 22 de junio de 1993, así como su ley aprobatoria No. 320 de 1996, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta
Política.
Cuarta.     Examen
Material de los Instrumentos Internacionales sometidos a revisión.
Conviene anotar, que
el Convenio 174 sobre prevención de accidentes industriales mayores y la
Recomendación 181, fueron aprobados durante la celebración de la 80a. Reunión
de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
realizada en Ginebra el 2 de junio de 1993, en la que se consideraron los
distintos Convenios y Recomendaciones Internacionales sobre seguridad y salud
de los trabajadores, sobre productos químicos y sobre la prevención de
accidentes industriales mayores, a fin de tomar las medidas necesarias para
evitar dichos accidentes y reducir al mínimo los riesgos y sus consecuencias.
Finalidad del
Convenio y de la Recomendación.
La finalidad del
Convenio 174, es la prevención en los países adoptantes del mismo, de
accidentes industriales mayores que involucren sustancias peligrosas, la
reducción al mínimo de los riesgos y la limitación de las consecuencias de
dichos accidentes, considerando para ello las causas de los accidentes, en
particular los errores de organización, los factores humanos, las averías o
deficiencias de una pieza, las desviaciones respecto de las condiciones
normales de funcionamiento, las injerencias del exterior y los fenómenos
naturales.
Ello,
fundamentándose en la necesidad de una colaboración en el marco del Programa
Internacional de Seguridad en las Sustancias Químicas, entre la O.I.T., el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización
Mundial de la Salud, así como con otras organizaciones intergubernamentales
pertinentes.
Por su parte, una
vez tomada la decisión en la 80a. Reunión de la O.I.T. de adoptar diversas
propuestas relativas a la prevención de accidentes industriales mayores, se
acordó que tales propuestas revisten la forma de una Recomendación que tiene
como objetivo completar el Convenio sobre la prevención de accidentes
industriales mayores de 1993.
Campo de
aplicación del Convenio y definiciones (Parte I)
Los artículos 1 a 3
del Convenio 174, se ocupan de determinar el objeto de este, el ámbito de
aplicación y de definir algunas expresiones contenidas en el Convenio. Así
entonces, el instrumento sub-examine se refiere a la prevención de accidentes
industriales mayores, entendiéndose por accidentes mayores, el suceso
inesperado y súbito, en particular la emisión, incendio o explosión importante,
resultado de acontecimientos anormales durante una actividad industrial, que
supone un peligro grave para los trabajadores, la población o el medio
ambiente, sea inminente o no, y en él intervienen una o más sustancias
peligrosas.
Igualmente, debe
señalarse que el Convenio se aplica a instalaciones expuestas a riesgos de
accidentes mayores, excluyendo instalaciones nucleares y militares, fábricas de
tratamiento de sustancias radiactivas y al transporte fuera de la instalación
distinto del transporte por tuberías.
Principios
Generales (Parte II)
Los artículos 4 a 6
del Convenio materia de revisión definen los principios sobre los cuales se
fundamenta el mismo, entre ellos, el deber de los Estados Miembros de formular,
adoptar y revisar periódicamente, una política nacional coherente relativa a la
protección de los trabajadores, la población y el medio ambiente contra los
riesgos de accidentes mayores; política ésta que deberá ser aplicada mediante
disposiciones preventivas y de protección para las instalaciones expuestas a dichos
riesgos.
Así mismo, se
determina en el artículo 5 el deber a cargo de la autoridad competente o de un
organismo aprobado o reconocido por ésta, previa consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, establecer un
sistema para la identificación de las instalaciones expuestas a riesgos de
accidentes mayores, basado en una lista de sustancias peligrosas que incluya
sus cantidades umbrales respectivas, el cual deberá revisarse periódicamente.
En el mismo sentido,
el artículo 6 señala que la autoridad competente, una vez consultadas las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas,
deberá tomar disposiciones especiales para proteger las informaciones
confidenciales que le son transmitidas o puestas a su disposición, cuya
revelación pudiera causar perjuicio a las actividades de un empleador, siempre
y cuando dicha confidencialidad no implique un peligro grave para los
trabajadores, la población o el medio ambiente.
Responsabilidad
de los Empleadores (Parte
III)
Los artículos 7 a 14
del Convenio definen lo relativo a la identificación y notificación por parte
de los empleadores a las autoridades competentes, de las instalaciones
expuestas a riesgos de accidentes mayores sujetas a su control. En relación con
estas instalaciones, dispone el referido instrumento el deber de los
empleadores respecto a las instalaciones expuestas a riesgos de accidentes
mayores, de establecer y mantener un sistema documentado de prevención de
riesgos, donde se debe prever la identificación y el estudio de los peligros y
la evaluación de los riesgos, así como las medidas técnicas que comprendan el
diseño, los sistemas de seguridad, la selección de sustancias químicas, el
funcionamiento, mantenimiento y la inspección sistemática de la instalación,
entre otras medidas, así como planes y procedimientos de emergencia.
Igualmente, el
Convenio establece el deber a cargo de los empleadores, de redactar un informe
de seguridad - que debe ser transmitido o puesto a disposición de la autoridad
competente - sobre las instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores,
el cual debe ser revisado, actualizado y modificado cuando así lo solicite la
autoridad competente. Así mismo, los empleadores deben informar a ésta tan
pronto como se produzca un accidente mayor.
Responsabilidades
de las autoridades competentes (Parte IV)
Los artículos 15 a
19 tienen como propósito, de una parte, el deber del empleador en conjunto con
la autoridad competente, de velar porque se establezcan y actualicen a
intervalos apropiados, los planes y procedimientos de emergencia que contengan
disposiciones para proteger a la población y al medio ambiente fuera del
emplazamiento en que se encuentre cada instalación expuesta a riesgos de
accidentes mayores. En el mismo sentido, se dispone el deber de la autoridad
competente de velar porque se difunda entre la población que esté expuesta a
los efectos de un accidente mayor, la información sobre las medidas de
seguridad que han de adoptarse, así como dar alarma antes de producirse el
accidente mayor.
Para tal efecto,
dispone el Convenio que la autoridad competente deberá tener derecho a
suspender cualquier actividad que presente una amenaza inminente de accidente
mayor.
Derechos y
Obligaciones de los trabajadores y de sus representantes (Parte V)
En los artículos 20
y 21 del instrumento sub-examine se consagran una serie de derechos de los
cuales son titulares los trabajadores de aquellas instalaciones expuestas a
riesgos de accidentes mayores, entre los cuales se destaca el de ser
consultados e informados de los riesgos que entraña la instalación y de sus
posibles consecuencias, mediante mecanismos apropiados de cooperación, con el
fin de garantizar un sistema seguro de trabajo.
En el mismo sentido,
tendrán derecho a recibir periódicamente instrucciones y formación con respecto
a los procedimientos y prácticas de prevención de accidentes mayores y de
control de acontecimientos que puedan dar lugar a un accidente mayor y a los procedimientos
de emergencia que han de aplicarse en tales casos, así como poder discutir con
el empleador cualquier peligro potencial que ellos consideren que puede causar
un accidente mayor.
Por su parte, los
trabajadores empleados en el emplazamiento de una instalación expuesta a
riesgos de accidentes, deberán observar los procedimientos y prácticas
relativos a la prevención de accidentes mayores y al control de acontecimientos
que puedan dar lugar a estos en las instalaciones expuestas a tales riesgos.
Responsabilidad
de los países exportadores
(Parte VI)
El artículo 22 del
Convenio 174 dispone que el Estado Miembro exportador de sustancias,
tecnologías o procedimientos peligrosos que hayan sido prohibidas por ser
fuente potencial de un accidente mayor, deberá poner a disposición de todo país
importador, la información relativa a esta prohibición y a las razones que la
motivan.
Disposiciones
Finales (Parte VII)
Por último, los
artículos 23 a 30 se ocupan de lo relativo a las ratificaciones del presente Convenio;
entrada en vigor y obligatoriedad; denuncia; registro de ratificaciones,
declaraciones y denuncias; revisiones y autenticidad de versiones en inglés y
francés del Convenio.
* El contenido de
la Recomendación 181
Examinado el
Convenio 174, es pertinente observar el contenido de la Recomendación sobre la
prevención de accidentes industriales mayores.
Señala el mencionado
instrumento una serie de sugerencias o recomendaciones que se hacen a los
Estados Miembros en cuanto a la prevención de accidentes industriales mayores,
a saber: que sus disposiciones deberían aplicarse conjuntamente con las del
Convenio 174; que la Organización Internacional del Trabajo, en colaboración
con otras organizaciones internacionales interesadas, intergubernamentales o no
gubernamentales, deberían adoptar preceptos para que haya un intercambio
internacional de informaciones sobre las prácticas de seguridad en las
instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores; los accidentes mayores;
las experiencias adquiridas a raíz de cuasiaccidentes; las tecnologías y
procedimientos prohibidos por razones de seguridad y salud; la organización de
las técnicas y los servicios médicos necesarios para hacer frente a las
consecuencias de un accidente mayor y los mecanismos y procedimientos
utilizados por la autoridad competente para llevar a efecto la aplicación del
Convenio y de la presente Resolución.
Igualmente, sugiere
la Recomendación que los Estados Miembros deberían desarrollar políticas dirigidas
a hacer frente a los riesgos y peligros de accidentes mayores y a sus
consecuencias en aquellos sectores y actividades excluídos del campo de
aplicación del Convenio; así mismo, que reconociendo que un accidente mayor
podrá tener graves consecuencias en cuanto a sus repercusiones para la vida
humana y el medio ambiente, los Miembros deberían fomentar el establecimiento
de sistemas para indemnizar a los trabajadores a la mayor brevedad posible
después del acontecimiento, para hacer frente adecuadamente a sus efectos sobre
la población y el medio ambiente. Finalmente, se recomienda a toda empresa
nacional o multinacional que cuente con más de un establecimiento, sin
discriminaciones, adoptar medidas de seguridad para prevenir accidentes mayores
y controlar acontecimientos que puedan dar lugar a un accidente mayor y para
proteger a los trabajadores en todos sus establecimientos, cualquiera que sea
el lugar o el país en que se encuentren.
Los Instrumentos
Internacionales y la Constitución Colombiana
Una vez examinado el
contenido y filosofía de la Convención 174 y de la Recomendación 181, encuentra
la Corte que estos se ajustan al ordenamiento constitucional, por las razones
que se exponen a continuación.
En primer lugar, y
reiterando lo expuesto con anterioridad, lo fundamental del Convenio es el
compromiso por parte de los empresarios y organismos gubernamentales que están
encargados de velar por la seguridad de la comunidad, de prevenir a los
trabajadores, a la población y al medio ambiente, de accidentes mayores que
involucren sustancias peligrosas, y la limitación de las consecuencias de
dichos accidentes, mediante la adopción de medidas y procedimientos que
permitan identificar los lugares más expuestos a riesgos de accidentes mayores,
así como la responsabilidad para los empleadores de determinar las
instalaciones expuestas a los riesgos de accidentes mayores y señalar la
responsabilidad de las autoridades competentes en la ejecución de planes y
procedimientos de emergencia para la debida protección del ambiente y de la
población.
Con la adopción del
instrumento sometido a revisión, como se indicara en las respectivas ponencias
presentadas en las Cámaras Legislativas, se suplen las deficiencias existentes
en nuestro país en cuanto al control y prevención de riesgos, por cuanto: busca
mediante políticas trazadas por las autoridades gubernamentales en asocio con
los empresarios, identificar los lugares más vulnerables a los accidentes
mayores; obligar a los empresarios a implantar sistemas permanentes para
identificar las instalaciones más expuestas a accidentes, así como dar un
informe de seguridad en forma periódica a las entidades competentes y ejecutar
planes tendientes a separar las instalaciones expuestas a riesgos mayores de
áreas de trabajo, zonas residenciales y servicios públicos.
Los objetivos que
persigue el Convenio, son plena concreción de diversos preceptos
constitucionales, que se fundamentan en principios de orden superior como los
del Estado social de derecho, el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la
solidaridad de las personas, así como desarrollo de los fines esenciales del
Estado, destinados a promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución.
Dentro de los
artículos de la Constitución que se relacionan en forma directa con el Convenio
sub-examine, están los siguientes:
En primer lugar, el
preámbulo de la Carta, de conformidad con el cual, es propósito y finalidad
esencial de la Constitución asegurar a los integrantes de la Nación colombiana
el trabajo. En este mismo sentido, dispone el artículo 1o. del mismo
ordenamiento que es principio constitucional fundamental del Estado el respeto
de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que integran
la nación. Y agrega el artículo 2o. ibídem que es fin esencial del Estado
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Así mismo, es del
caso manifestar que para esta Corte, en desarrollo del principio de
efectividad, el Convenio y la Recomendación hacen efectivo y concretizan el
derecho constitucional fundamental consagrado en el artículo 25 de la Carta
Política, de conformidad con el cual “el trabajo es un derecho y una obligación
social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”.
Es preciso observar,
para justificar lo anterior, que en la consideraciones de la Convención 171 se
establece que su objetivo fundamental es la protección del derecho al trabajo
en una de sus modalidades, cual es la del trabajo en horas nocturnas de los
menores y de la mujer, así como de la maternidad. Así, se indica que :
“Tomando nota de
las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo
sobre el trabajo nocturno de los menores, y en particular las
disposiciones del Convenio y de la Recomendación sobre el trabajo nocturno de
los menores (trabajos no industriales)...;
“Tomando nota de
las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del
trabajo sobre el trabajo nocturno de la mujer, y en particular
las del Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno...;
“Tomando nota de
las disposiciones del Convenio sobre la discriminación (empleo y
ocupación), 1952;
“Tomando nota de
las disposiciones del Convenio sobre la protección de la maternidad
(revisado), 1952;
Después de haber
decidido adoptar diversas proposiciones sobre el trabajo nocturno,
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, (...)”
(negrillas y subrayas fuera de texto).
Por su parte,
también conviene hacer referencia al artículo 49 de la Carta Política, según el
cual, corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
los servicios públicos de salud y de saneamiento ambiental a los habitantes,
conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Y agrega
el precepto, que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de
su salud y la de su comunidad. Por su parte, el artículo 53 superior que
consagra los principios mínimos fundamentales en materia del trabajo, dentro de
los cuales está la garantía a la seguridad social.
En este orden de
ideas, obsérvese cómo en los artículos 3, 4 y 5 del Convenio, se desarrollan
estos preceptos relativos a la salud y a la seguridad social de los
trabajadores asalariados que realicen sus actividades laborales en la “jornada
nocturna”, cuando se dispone que “se deberán adoptar en beneficio de los
trabajadores nocturnos las medidas específicas requeridas por la naturaleza del
trabajo nocturno (...), a fin de proteger su salud (...). Tales medidas deberán
también tomarse en el ámbito de la seguridad y de la protección de la
maternidad, en favor de todos los trabajadores que realizan un trabajo
nocturno”. Igualmente, establece el artículo 4 ibídem, que “si lo solicitan,
los trabajadores tendrán derecho a que se realice una evaluación de su estado de
salud gratuitamente y a que se les asesore sobre la manera de atenuar o evitar
problemas de salud relacionados con su trabajo”. Y finalmente, el artículo 5
señala que “deberán ponerse a disposición de los trabajadores que efectúan un
trabajo nocturno servicios adecuados de primeros auxilios (...)”.
De otro lado, el
Capítulo 3 del Título II de la Constitución Política, consagra una serie de
derechos colectivos y del ambiente, cuyo objetivo es esencialmente,
garantizarle a todas las personas su derecho a gozar de un ambiente sano e
imponerle al Estado el deber de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, y además, prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental. En este sentido, expresamente dispone el artículo 78
constitucional que:
“Serán
responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y
el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”.
En efecto, según
expreso mandato constitucional, corresponde al legislador regular la
responsabilidad de quienes en la producción y comercialización de bienes y
servicios, atenten contra la salud y la seguridad de los consumidores y
usuarios.
Así pues, las
previsiones contenidas en el Acuerdo 174 y en la Recomendación 181, no hacen
más que garantizar a los trabajadores y a la población en general, sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y al
ambiente sano, frente a cualquier amenaza proveniente de aquellas instalaciones
o empresas que manejan sustancias tóxicas, explosivas e inflamables, que
podrían eventualmente causar accidentes industriales mayores. Sus disposiciones
se orientan, entonces, a prevenir la ocurrencia de dichos accidentes, y la
limitación de las consecuencias de los mismos, mediante la adopción de medidas
destinadas a identificar los lugares más expuestos a riesgos de accidentes
mayores, establecer la responsabilidad para los empleadores de identificar
tales instalaciones y determinar la responsabilidad de las autoridades
competentes en la ejecución de planes y procedimientos para la debida
protección del ambiente y de la población en general.
Por lo tanto,
teniendo en cuenta los citados principios y preceptos constitucionales y el
objetivo que persigue tanto el Convenio 174 como la Recomendación 181,
aprobados en la 80a. Reunión de la O.I.T., encuentra la Corte que existe una
relación armónica entre los mismos, por lo que deberá declararse su
exequibilidad, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
No sobra agregar,
finalmente, que como lo señalara la Ponencia para Segundo Debate en la Cámara
de Representantes, no es para nadie desconocido que en nuestro medio laboral
existen empresas que manejan sustancias tóxicas, explosivas e inflamables, las
que podrían causar desastres si no se realiza un verdadero y efectivo control
del riesgo de accidentes que involucran tales sustancias, y no se limitan sus
consecuencias. Son por ello de gran importancia los presentes instrumentos en
la protección no sólo de los trabajadores sino de la población en general y del
medio ambiente, al determinar que debe establecerse un sistema que permita
identificar los lugares más expuestos a riesgos de accidentes mayores.
VI.    DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor
Procurador General de la Nación y cumplidos como están los trámites previstos
en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION,
R E S U E L V E :
Primero. Decláranse
EXEQUIBLES el Convenio 174 “sobre la prevención  de accidentes industriales
mayores", y la Recomendación 181 “sobre la prevención de accidentes
industriales mayores”, adoptados en la 80a. Reunión de la Conferencia General
de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993,
así como de su ley aprobatoria No. 320 de 1996.
Segundo. Comuníquese
al Gobierno Nacional -Presidencia de la República y Ministerio de Relaciones
Exteriores- para los fines contemplados en el artículo 241 numeral 10 de la
Constitución Política.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General