C-993-00
Sentencia C-993/00
Sentencia
C-993/00
NOTA DE RELATORIA: Esta sentencia C-993 del 2 de agosto de
2000, fue declarada nula por Auto 091/00 de Sala Plena del 11 de octubre de
2000, que aparece al final del texto y reemplazada por sentencia C-1369/00
Referencia:
expediente D-2764
Norma Acusada:
Artículo 449 parcial
del Código Sustantivo del Trabajo.
Demandantes: Alirio
Uribe Muñoz y Diana Teresa Sierra Gómez.
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé de Bogotá, D. C., agosto dos (2)
de  dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de
los trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente,
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES.
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, los ciudadanos Alirio Uribe Muñoz y Diana Teresa Sierra
Gómez, solicitaron a esta Corporación la declaración de inexequibilidad
parcial  del artículo 449  del Código Sustantivo del Trabajo.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional
procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. NORMA DEMANDADA.
A continuación se transcribe el texto del
artículo 449, destacando con negrillas lo acusado.
“CODIGO SUSTANTIVO DEL
TRABAJO
Decretos 2663 y 3743 de 1950 adoptados por la ley 141
de 1961 como legislación permanente
Parte 2ª. Título 2º .
Capitulo IV
Declaratoria y Desarrollo de la huelga
Efectos jurídicos de las huelgas
Artículo 449. Subrogado por el artículo 64
de la ley 50/90. la huelga sólo suspende los contratos de trabajo por el
tiempo que dure. El empleador no puede celebrar entretanto nuevos contratos
de trabajo para la reanudación de los servicios suspendidos, salvo en  aquellas
dependencias cuyo funcionamiento sea indispensable a juicio del respectivo
inspector del trabajo, para evitar graves perjuicios a la seguridad y
conservación de los talleres, locales, equipos, maquinarias o elementos
básicos, y para la ejecución de las labores tendientes a la conservación de
cultivos, así como para el mantenimiento de semovientes, y solamente en el caso
de que los huelguistas no autoricen el trabajo del personal necesario de  estas
dependencias.
PARAGRAFO. El inspector del Trabajo deberá
pronunciarse sobre las solicitudes del inciso anterior en un término no mayor a
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de su presentación”.
III. LA DEMANDA.
A juicio de los actores, el segmento
normativo acusado viola los artículos 1, 2, 3, 13, 16, 39, 53, 56 y 93 de la
Constitución, y los instrumentos internacionales contenidos en los Convenios 87
y 98 de la O.I.T. suscritos y ratificados por nuestro país. Las razones en que
fundamentaron su demanda se pueden resumir de la siguiente manera:
La huelga es un derecho fundamental
consagrado en la Constitución y desarrollado en la ley laboral, mediante el
cual los trabajadores cuentan con un mecanismo legítimo para presionar un
mejoramiento real en sus condiciones de trabajo y de vida, tanto en el orden
personal como familiar.
No obstante lo dicho anteriormente, el
aparte acusado entorpece el disfrute pleno del derecho de huelga, en cuanto
impone a los trabajadores que acuden a este medio una serie de consecuencias
jurídicas que a la postre lo debilitan. En efecto, la suspensión del pago del
salario, la pérdida de la antigüedad para el cómputo de sus prestaciones
económicas, y el no pago de los aportes a los que se encuentra obligado el
empleador, en materia de seguridad social, son algunas de las secuelas que
surgen de la suspensión de los contratos laborales.
En estas condiciones, la incongruencia
entre el segmento normativo acusado y el Ordenamiento Superior, se concreta en
los siguientes aspectos:
- Se viola el artículo 13 de la
Constitución, pues el artículo 449 del C.S.T. suspende los contratos laborales
de los trabajadores que se encuentran en huelga, lo cual da lugar a las
consecuencias jurídicas ya anotadas. En cambio, otra cosa sucede con los
trabajadores que no votaron la huelga, pues éstos no se ven afectados porque
continúan laborando y sus contratos de trabajo siguen vigentes en las mismas
condiciones en que fueron pactados. Por ello, los contratos de los segundos no
se suspenden, y las obligaciones a cargo de las partes siguen incólumes.
El legislador, según la forma en que lo
dispuso en el segmento acusado, consagró un tratamiento diferente e
injustificado entre trabajadores pertenecientes a una misma empresa, al no
permitir que los trabajadores en huelga reciban sus salarios y las demás
prestaciones a cargo del empleador y, en cambio, los demás trabajadores que no
votaron la huelga, sí puedan percibir las mencionadas contraprestaciones.
De esta manera, deja a los huelguistas en
una situación de manifiesta debilidad por cuanto no cuentan con los medios
económicos para poder subsistir durante el tiempo en que dure la suspensión de
labores Es por ello, que tal diferenciación, no resulta proporcional ni
razonable, pues ésta no se compadece con el principio de igualdad establecido
en la Constitución.
- Se violan los artículos 16 y 39 de la
Constitución, pues concluida la etapa de arreglo directo y a pesar de que los
trabajadores pueden optar por la declaratoria de huelga o someter sus
diferencias a un tribunal de arbitramento, no gozan de la capacidad plena para
adoptar una decisión de esta naturaleza.
Evidentemente, el trabajador desde antes de
votar la forma en que desea como habrá de resolverse el conflicto colectivo,
conoce que en caso de inclinarse por la huelga le traerá como consecuencia
inevitable el no pago de su salario. Por ello, el legislador quiebra su
voluntad, porque éste ante la posibilidad real de no contar con un ingreso
mientras dure la huelga termina renunciado a ejercer este derecho, y de paso a las
aspiraciones previstas en los pliegos de condiciones.
El artículo 56 de la Constitución se
infringe, en razón de que el disfrute de la huelga se encuentra garantizado
para todos los trabajadores, salvo la excepción prevista para los servicios
públicos domiciliarios. Sin embargo el segmento normativo que se acusa, al
disponer la suspensión del pago de los salarios en contra de los huelguistas,
establece una restricción que sobrepasa la excepción prevista en el mencionado
mandato constitucional.
De esta manera, la expresión demandada no
guarda coherencia alguna con los fines, principios, derechos y valores en que
se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho.
“Este abuso del legislador en el caso de la
huelga que impone como limite el hambre del trabajador durante su ejercicio en
la práctica termina perjudicando los trabajadores de los sindicatos más
débiles, ya que los sindicatos más fuertes pueden y así lo hacen pactar que
durante los días de huelga se paguen salarios, mientras que los sindicatos débiles
sus afiliados terminan perdiendo el ingreso de los días de huelga lo cual se
traduce en una desprotección respecto de los sindicatos más debilitados”.
- El segmento normativo acusado viola los
artículos 53 y 93 de la Constitución, en cuanto desconoce los Convenios y
tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país y,
concretamente, el artículo 23.4 de la Declaración de los Derechos Humanos y los
Convenios 87/48 y 98/49.
En efecto, la
norma demandada no facilita el pleno desarrollo de la libertad sindical, y
persiste de cualquier forma y a cualquier precio en la intromisión en las
actividades propias de las organizaciones sindicales, con el propósito cierto
de desestabilizarlas y entorpecer su funcionamiento.
De esta manera,
las organizaciones de los trabajadores pierden su herramienta más importante,
como es la huelga, que es el medio más idóneo para defensa de sus derechos.
IV. INTERVENCION CIUDADANA.
La ciudadana Amalia Filomena Ambrosio intervino en este
proceso, con el fin de defender la constitucionalidad de la norma acusada. Los
argumentos en que basó su participación se contraen a los siguientes puntos:
En primer término, los argumentos expuestos
por los demandantes, son por si mismos insuficientes, pues éstos no tuvieron en
cuenta que las consecuencias previstas en la disposición demandada, se derivan
de lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo.
En consecuencia, la demanda resulta inepta por no haber hecho la integración de
la proposición jurídica en forma completa.
En cuanto a la acusación misma, contrario
al sentir de los actores, resulta lógico sostener que en caso de adelantarse
una huelga uno de los efectos jurídicos que ésta produce será la suspensión del
contrato de trabajo, y como consecuencia de ello, el no pago de los salarios
durante el tiempo en que ella dure.
Lo anterior, es una consecuencia directa de
la no prestación del servicio a cargo del trabajador, toda vez que el contrato
de trabajo supone la concurrencia de tres elementos: la prestación del
servicio, la subordinación y la remuneración.
Por otro lado, la norma tiene elementos
teleológicos que permiten justificar su constitucionalidad, pues el legislador
a través de la disposición que se demanda buscó lograr el equilibrio necesario
los intereses de cada una las partes, mientras se resuelve el conflicto
colectivo e impedir que la huelga se alargue de manera innecesaria en el
tiempo. Además, pretende que los trabajadores tengan un interés cierto en
reanudar las labores interrumpidas; de otra manera, a éstos no les asistiría
ningún interés en reanudar las mismas, toda vez que tendrían asegurado tanto el
disfrute del derecho a la huelga, como el pago salarial, lo cual resultaría
desproporcionado e inequitativo para el empleador.
El no pago de los salarios durante la
huelga resulta razonable, en cuanto el salario es una contraprestación directa
del servicio personal recibido. Además, los efectos de la suspensión de los
contratos no van más allá del tiempo de duración de la huelga.
"De otro lado, la huelga supone
sacrificios económicos para ambas partes, esto es, para el empleador y para los
trabajadores, por ende, no puede predicarse la existencia, como ligeramente lo
hacen los demandantes, que la empresa reporta beneficios de una huelga, en la
medida en que no paga salarios; porque esa empresa tampoco recibe ingreso
alguno por el hecho de que no puede desarrollar la actividad de la cual percibe
sus ingresos".
Finalmente, tampoco les asiste la razón a
los demandantes, en cuanto la norma censurada viola los Convenios de la O.I.T.,
pues este mismo organismo, a través del Comité de Libertad Sindical expresó que
"la deducción salarial de los días de huelga no plantea objeciones desde
el punto de vista de la libertad sindical"; por ello, la norma acusada, no
atenta contra el núcleo esencial del derecho de huelga.
V. INTERVENCION DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL.
El ciudadano Pedro Nel Londoño Cortes, en
su condición de apoderado del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
intervino para hacer la defensa constitucional del segmento normativo acusado.
En razón de lo anterior, solicitó a la Corte declarar exequible el artículo 449
del Código Sustantivo del Trabajo, en lo acusado. Las razones en que justificó la
constitucionalidad del referido aparte, se contraen a lo siguiente:
La expresión acusada contenida en el
artículo 449 del C.S.T., consagra diversos efectos jurídicos que se presentan
en la huelga. Sin embargo, se observa que este derecho, conforme el artículo 56
de la Constitución, no hace parte del grupo de los llamados derechos
fundamentales de aplicación inmediata, porque ha sido la misma Constitución la
que ha exigido su desarrollo legal para el disfrute del mismo.
Siendo la relación o contrato de trabajo,
un acto que debe reunir los elementos descritos en el artículo 23 del C.S.T.,
para que exista, resulta innegable entender que la remuneración a cargo del
empleador y en favor del trabajador se presenta como una consecuencia directa
de la prestación del servicio. En este sentido, el segmento normativo acusado
guarda perfecta armonía con dicha disposición, y además, con otras normas de
rango constitucional, toda vez que al empleador, también le asisten derechos,
como el de la propiedad y, por lo tanto, no puede soportar, sin retribución
alguna, el costo que significa la suspensión de labores cuando se ha declarado
la huelga.
"En estas condiciones y armonizando
los derechos constitucionales de empleadores y trabajadores, contenidos en las
disposiciones legales que entre otras se ha citado, es por lo que el no pago de
los salarios y en general la suspensión del contrato de trabajo, durante la
huelga, se encuentra constitucionalmente justificado, pues no hay prestación de
un servicio y en consecuencia no habría derecho a la remuneración".
VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION.
El señor Procurador, al rendir el concepto
de rigor, expuso que el aparte acusado se ajusta a la Constitución, siempre y
cuando las causas que originan la huelga no sean imputables al empleador. En
consideración a lo anterior, solicitó a la Corte que la expresión demandada sea
declarada exequible en forma condicionada, para lo cual, razonó de la siguiente
manera:
En primer término, la expresión acusada
debe interpretarse en forma sistemática, pues para su cabal entendimiento debe
acudirse a lo dispuesto en el artículo 53 del C.S.T., toda vez que en esta
norma se regula, como uno de los efectos de la suspensión laboral, el no pago
de los salarios durante el tiempo en que los trabajadores se abstengan de
realizar la prestación del servicio, lo que ocurre en el caso de huelga
declarada en los términos previstos por la ley.
Resulta necesario, por consiguiente, hacer
la integración normativa entre el artículo 449, en lo acusado, con el mandato
contenido en el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, debido a la
relación de conexidad que existe entre dichas disposiciones. En consecuencia,
el juicio de constitucionalidad debe referirse a ambas normas.
En segundo lugar, en relación con la
consecuencia que se deriva por la suspensión de los contratos de trabajo
durante el desarrollo de la huelga, consistente en el no pago de salarios por
el tiempo de su duración, resulta importante distinguir dos situaciones: de una
parte, cuando la suspensión del trabajo y disfrute de la huelga tienen como
fines el mejoramiento de las condiciones económicas y profesionales de los
trabajadores, y de otra parte, cuando la huelga resulta imputable al empleador.
- En el primero de los casos, el segmento
normativo se ajusta a la Constitución, toda vez que la suspensión de labores
por la declaratoria de huelga, faculta a los trabajadores y al empleador a no
cumplir con las obligaciones a su cargo; la prestación del servicio
(trabajador), y el pago de los salarios (empleador). En estas circunstancias,
la norma acusada se justifica de una parte, por el carácter sinalagmático del
contrato de trabajo que implica equivalencia de las prestaciones entre los
titulares de los extremos de la relación laboral.
La correlativa privación del derecho al
salario constituye, desde esta óptica,  una consecuencia de la cesación de
actividades por parte de los trabajadores puesto que, según el principio
universal en materia contractual, ninguna de las partes está en mora de cumplir
sus obligaciones si la contraparte no cumple con las suyas, tal como lo
consagra el artículo 1609 del Código Civil para los contratos bilaterales,
género al cual pertenece el contrato de trabajo.
- En cambio, en los casos en que se
presenta la segunda hipótesis, es decir, la declaratoria de huelga resulta
imputable al trabajador, el efecto jurídico será el reconocimiento de los
salarios durante el período en que dure la huelga.
Por lo anterior, se considera que “los
efectos jurídicos de la huelga, regulados en los artículos 53 y 449 del C.S.T.,
se ajustan a los dictados superiores, siempre y cuando se establezca que la
huelga no es consecuencia del incumplimiento injustificado de los términos
contractuales y legales por parte de los empleadores. En caso contrario, la
autorización para retener o deducir los salarios de los trabajadores
huelguistas es inconstitucional”.
VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. El problema jurídico planteado.
Según los términos de la demanda, las
intervenciones registradas en el curso del proceso y el concepto emitido por el
Procurador General de la Nación, le corresponde a la Corte establecer si la
expresión acusada del art. 449 del C.S.T. viola la Constitución, dado que como
lo aseveran los actores la huelga es un derecho de los trabajadores cuyo
ejercicio debe ser garantizado y no ser objeto de restricciones irrazonables
que lo hagan nugatorio, como la que aparece prevista en la referida expresión,
pues el no pago de salarios doblega la voluntad de aquéllos ante el empleador y
los obliga a desistir de sus pretensiones de mejoramiento de las condiciones de
trabajo.
Concretamente y para dar respuesta a la
acusación la Corte habrá de responder seguidamente estos interrogantes:
a) ¿Si la norma acusada contiene una
restricción irrazonable y desproporcionada que impide el ejercicio del derecho
de huelga?.
b) ¿Si la referida norma establece un trato
diferente entre trabajadores que participan y no participan en la huelga?.
c) ¿Si la regulación contenida en dicha
norma comporta una extralimitación de la competencia del legislador para
reglamentar el derecho de huelga, en la medida en que la Constitución sólo
prohibió su ejercicio en materia de servicios públicos esenciales?, y
d) ¿Qué
consecuencias jurídicas podrían derivarse del hecho de que la huelga sea
imputable a la culpa del empleador?.
2. La solución al problema jurídico.
2.1. La Corte en diversos pronunciamientos
se ha ocupado de analizar extensamente el contenido y alcance del derecho[1] de huelga. Asi,
mediante sentencia C-432/96[2],
al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 451 del C.S.T.,
condensó los criterios jurisprudenciales sobre esta temática, en los siguientes
términos:
“- El derecho a
la huelga no es un derecho fundamental, puesto que para su ejercicio requiere
de reglamentación legal.[3]
“- Sólo puede
ejercerse legítimamente el derecho a la huelga cuando se respetan los cauces
señalados por el legislador.[4]
“- El derecho a
la huelga puede ser objeto de tutela cuando se encuentra en conexión íntima con
los derechos al trabajo y a la libre asociación sindical, derechos que si
ostentan el carácter de fundamentales.[5]
“- El derecho a
la huelga solamente puede excluirse en el caso de los servicios públicos
esenciales, cuya determinación corresponde de manera exclusiva al legislador, [6] o los
señalados como tales por el Constituyente, de acuerdo con la interpretación
realizada acerca del contenido de las normas constitucionales vigentes.
“- El derecho a
la huelga puede ser restringido por el legislador para proteger el interés
general y los derechos de los demás.[7]
“- El derecho a
la huelga también puede ser restringido por el legislador cuando de su
ejercicio se deriva la alteración del orden público.[8]
“De acuerdo con
estos parámetros, puede afirmarse que, según la Constitución, el derecho de
huelga está restringido de dos formas:
“a. Está
prohibido su ejercicio en los servicios públicos esenciales que determine el
legislador y, obviamente en los señalados como tales por el Constituyente, de
acuerdo con la interpretación realizada acerca del contenido de las normas
constitucionales vigentes.
“b. En los demás
casos, su ejercicio debe ceñirse a la reglamentación que de él haga el
legislador
2.2. Como se infiere de la jurisprudencia
de la Corte el derecho de huelga no es absoluto, y se encuentra condicionado a
la reglamentación que establezca el legislador, quien puede imponer
restricciones o limitaciones por razones de orden público, para proteger los
derechos ajenos y de la colectividad y asegurar la prestación de los servicios
públicos y, en general, con el fin de alcanzar una finalidad constitucional que
se estime esencial o constitucionalmente valiosa.
No obstante, como tantas veces lo ha
señalado la Corte al referirse a las limitaciones de los derechos que son
admisibles constitucionalmente, las restricciones que se impongan al ejercicio
del derecho de huelga deben ser necesarias, indispensables, razonables y
proporcionadas a la finalidad que se pretende alcanzar, con el fin de no
hacerlo nugatorio o impracticable, pues si ello no es así, se atentaría contra
la libertad sindical.
De lo expuesto se colige que la
reglamentación de la huelga, específicamente en lo que concierne con la
calificación de las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho de la
cesación colectiva del trabajo no puede considerar exclusivamente los intereses
de los trabajadores, en cuanto a las repercusiones económicas, familiares y
sociales que de ella se derivan. Es necesario armonizar éstos con los intereses
generales de la comunidad, en lo relativo a la continuidad en la prestación de
ciertos servicios y a la necesidad de preservar las fuentes de producción y de
empleo, y aún con los intereses del propio empleador, vinculados al derecho de
propiedad, al desarrollo de la actividad económica y al reconocimiento de una
ganancia lícita, justa y apropiada a su esfuerzo empresarial.
2.3. El segmento normativo acusado no puede
ser analizado en forma aislada, sino en armonía con los arts. 51 y 53 del
Código Sustantivo del Trabajo. En efecto:
La primera de dichas normas regula las
causales por las cuales se produce la suspensión del contrato de trabajo, que
pueden ser imputables a una de las partes de la relación de trabajo o ambas, es
decir, tanto del trabajador como del empleador. Expresamente en el numeral 7 se
prevé la suspensión del contrato “por huelga declarada en la forma prevista en
la ley”.
De otra parte, la segunda de las referidas
disposiciones establece:
“Artículo 53. Efectos de la suspensión.
Durante el periodo de las suspensiones contempladas en el art. 51 se interrumpe
para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido, y para el
empleador la de pagar los salarios de esos lapsos, pero durante la suspensión
corren a cargo del empleador, además de las obligaciones ya surgidas con
anterioridad, las que le correspondan por muerte o por enfermedad de los
trabajadores. Estos periodos de suspensión pueden descontarse por el patrono al
liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones”.
Por lo anterior, la Corte hará la unidad
normativa y analizará en conjunto la constitucionalidad de los arts. 449, en lo
acusado, 451-7 y 453 del C.S.T.
2.4. La cesación colectiva del trabajo por
los trabajadores, en ejercicio del derecho de huelga, produce unos efectos
jurídicos de orden laboral que inciden, entre otras cuestiones: i) en la
extinción o vigencia o continuidad de los contratos individuales de trabajo, y
en su eventual despido o remplazo; ii) sobre el salario, esto es, si hay
derecho o no al pago de salarios durante el periodo de duración de la huelga; y
iii) en la repercusión de la suspensión de la relación laboral en dicho
periodo, para efectos de la liquidación de ciertas prestaciones o derechos
laborales y la continuidad en el sistema de seguridad social.
La huelga implica, en razón de su propia
naturaleza, que a los trabajadores les asiste el derecho para suspender en
forma colectiva y temporal la prestación de los servicios a que se encontraban
obligados en virtud del contrato de trabajo, lo cual conlleva a que se pueda
considerar que existe una negativa a cumplir con éste y a que se configure su
incumplimiento. En tales circunstancias, se ha discutido arduamente acerca de
si tal conducta puede dar lugar o no la ruptura del vínculo laboral.
La solución que los doctrinantes y las
diferentes legislaciones dieron en un principio a dicha problemática fue que la
huelga producía la extinción de la relación laboral contractual, con la
consecuencia de que el empleador podía negarse a readmitir en la empresa, sin
responsabilidad alguna de su parte, a los trabajadores que habían participado
en aquélla.
El reconocimiento constitucional del
derecho de huelga, la necesidad de asegurar su vigencia y ejercicio prácticos,
y las consecuencias nefastas que en el orden personal, familiar, social y
político se derivaban de la pérdida del empleo de los trabajadores, determinó que
las diferentes legislaciones optaran por consagrar el principio de que la
huelga lícita, esto es, no ilícita o abusiva, no tenía la virtud de extinguir
el vínculo laboral, sino la de suspenderlo transitoriamente durante el periodo
de su duración.
El ejercicio del derecho de huelga, por
consiguiente, deja incólumes las relaciones laborales y la situación de
pertenencia del trabajador a la empresa. La relación jurídica contractual al
seguir vigente, en caso de que la huelga logre los propósitos que la determinaron,
tiene la virtud de modificarla, en el sentido de incorporar las pretensiones y
reivindicaciones laborales de los trabajadores.
El mantenimiento de la relación jurídica
contractual se justifica, además, por la idea que subyace en el derecho de huelga
reconocido constitucionalmente, en el sentido de que los trabajadores al
celebrar  los respectivos contratos, si bien aceptan las condiciones laborales
iniciales, tienen la facultad de modificarlas en la forma como lo determinen
ulteriormente sus necesidades económicas, sociales y profesionales.
Por lo demás, los trabajadores que van a la
huelga no tienen la intención de romper el vínculo laboral, sino que utilizan
un derecho para obtener mejores condiciones de trabajo; por lo tanto, sería un
despropósito que para mejorar un contrato se pretendiera disolverlo[9].
Las anteriores consideraciones son válidas
frente a la huelga lícita, no frente a la huelga ilícita o abusiva, que se
puede presentar, v.gr. cuando se afecta un servicio público esencial definido
por el legislador o persiga fines distintos a los profesionales o económicos, o
se decrete sin haberse cumplido los requisitos y los procedimientos que la ley
prevé para que pueda ser válidamente decretada y desarrollada (art. 450
C.S.T.), que puede dar lugar incluso a que el empleador quedé en libertad de
despedir a los trabajadores que hubieren participado y persistan en la  huelga,
luego de su declaración de ilegalidad por la autoridad administrativa del
trabajo (art. 451 C.S.T.)[10].
2.5. El legislador colombiano optó por la
solución últimamente mencionada, en el sentido de que la huelga sólo suspende y
no extingue los contratos de trabajo, pues consideró dentro de la libertad
política de que goza para configurar las normas jurídicas relativas a la
reglamentación del derecho de huelga que aquélla era la que, a su prudente juicio,
hacía menos gravosa para las partes en conflicto las dificultades de orden
personal, económico, social y operativo que se derivan de la cesación colectiva
del trabajo. En efecto:
Aunque se admite que el cese colectivo de
las actividades conlleva la suspensión de las obligaciones contractuales a
cargo de las partes, es lo cierto que la declaración de huelga constituye un
alea normal para éstas, pues, de una parte, el empleador no puede continuar
desarrollando su actividad económica, lo cual conduce a que tenga que soportar
el consiguiente trastorno en sus áreas administrativas, financieras y
operativas, que le impiden recuperar los costos en que ha incurrido, y lo
alejan de la posibilidad de obtener una rentabilidad o ganancia. Y de otra
parte los trabajadores, al no realizar su actividad laboral, no pueden percibir
el pago de sus salarios, y de los derechos laborales conexos con la prestación
del servicio.
De esta manera el legislador, en forma
razonable, al establecer la suspensión de los contratos de trabajo deja a las
partes en conflicto (empleador y trabajadores), durante las etapas previas a la
declaración de la huelga, la posibilidad para evaluar conjuntamente o por
separado, las consecuencias jurídicas y económicas  que para cada una de ellas,
se derivan.
- La decisión del legislador no se opone a
la Constitución, en la medida en que tanto los trabajadores como los
empleadores, una vez se resuelva el conflicto colectivo, pueden volver a
restablecer el cumplimiento de las obligaciones propias de la relación
contractual laboral en forma normal, pues los efectos jurídicos de la huelga
referidos a su incidencia en dicha relación son temporales. Por lo tanto, el
trabajador no pierde su empleo, lo cual permite que se genere un clima de
estabilidad laboral, con repercusiones no sólo favorables en cuanto a la
necesaria armonía que deben guardar las relaciones laborales, sino en el orden
económico, social y político.
La suspensión de la actividad laboral
ocurrida por el ejercicio del derecho de huelga brinda una mayor seguridad
jurídica, por la circunstancia de que los contratos de trabajo no pueden ser
modificados en  contra de los  intereses de los trabajadores, y sólo resultarán
procedentes los ajustes a éstos, en cuanto los puntos que originaron el
conflicto colectivo, resulten favorables para aquéllos. De esta manera, la
referida suspensión opera como un mecanismo de ajuste temporal y específico que
pone freno a los efectos negativos que se pueden llegar a producir con ocasión
de la huelga.
El ejercicio del derecho de huelga no puede
escaparse a la  función social que le es inherente, como instrumento que
permite mantener equilibrio entre las dos fuerzas del capital y el trabajo y
asegurar relaciones laborales mas justas, lo cual repercute en la paz y en la
convivencia social. De ahí que el legislador pueda regular dicho derecho a
efectos de proteger otros intereses sociales iguales o superiores.
En estas condiciones, la previsión del legislador
al determinar las consecuencias jurídicas de la huelga, y optar por excluir el
pago de salarios durante el tiempo de su duración, resulta razonable y
proporcionada a la finalidad de que el ejercicio de dicho derecho tenga un
manejo adecuado y razonable, dado que los conflictos colectivos se deben
solucionar, a través de una dinámica dialéctica mediante la cual se brinde la
posibilidad a las partes de acudir a los diversos medios para su solución
alternativa, con el  fin de propiciar un orden jurídico y material más justo.
A juicio de la Corte, las finalidades
perseguidas con la huelga no se ven afectadas, en su esencia, cuando el
legislador en ejercicio de su competencia entra a protegerla, pero a su vez,
salvaguarda otros derechos, como aquéllos que están en cabeza de los
empleadores o terceros, los cuales también se encuentran garantizados por la
Constitución y pueden verse afectados.
- Hay que considerar, además, que el
derecho de huelga es una opción que tienen los trabajadores para la solución
del conflicto planteado en el pliego de peticiones; por lo tanto, al escogerla
deben someterse a las contingencias económicas y jurídicas que ello implica.
Dichas contingencias igualmente afectan al empleador, al no dar solución al
conflicto oportunamente y dejar que se produzca la cesación colectiva del
trabajo.
2.6. No obstante lo expresado antes, las
consecuencias que según el art. 53 del C.S.T. se derivan de la suspensión de
los contratos de trabajo plantea problemas de orden constitucional, en atención
a que como lo asevera el demandante, del ejercicio legítimo de un derecho no se
pueden derivar consecuencias negativas para su titular, como son el no pago de
salarios, de ciertos derechos laborales que sólo se causan por la prestación
efectiva del servicio, y la posible afectación de los derechos derivados de la
seguridad social.
Procede la Corte, en consecuencia, a
analizar los problemas constitucionales que implican la suspensión de los
aludidos contratos, así:
- Según nuestra legislación la huelga es
legal o lícita cuando en su declaración y desarrollo se ajusta a las normas
legales que la reglamentan. Ello significa, que si para ejercitar este derecho,
los trabajadores observaron a las prescripciones legales que lo condicionan y
lo reglamentan no aparecería, en principio, justo que la utilización de un
derecho pudiera generar como consecuencia la pérdida del salario y demás
derechos laborales. En cambio, cuando la huelga es abusiva o ilegal por
declaración que haga la autoridad competente, si resulta justificada la
referida consecuencia.
- Ciertamente el no pago de salarios a los
trabajadores durante el periodo de la huelga los priva de unos ingresos
económicos que los afectan tanto en lo personal como en lo familiar, con las
consiguientes repercusiones sociales y políticas. Sin embargo, a juicio de la
Corte, ello se justifica constitucionalmente por las siguientes razones:
a) El pago de salarios tiene como causa la
prestación del servicio por los trabajadores. Por consiguiente, dada la
naturaleza sinalagmática del contrato laboral, el cumplimiento de dicha
prestación hace exigible a su vez el cumplimiento de la obligación del
empleador de pagar aquéllos. El pago de salarios, sin la contraprestación de la
prestación de servicios al empleador, puede configurar un enriquecimiento
ilícito a favor de los trabajadores.
Si bien la falta de prestación del servicio
no resulta de una omisión deliberada e individual de los trabajadores, sino que
obedece a la consecuencia de una decisión y acción colectivas, de la cual no
debe hacerse responsable individualmente a los trabajadores sino a la
organización sindical, lo cierto es que si al trabajador puede no serle
imputable el hecho de la huelga, tampoco, en principio, puede atribuírsele al
empleador. En estas circunstancias, el derecho de huelga que se puede ejercer a
través de la organización sindical y que determina la solidaridad de los
trabajadores para cesar en el ejercicio de la actividad laboral no debe, en
justicia, repercutir exclusivamente en la lesión del patrimonio del empleador y
en la afectación de su derecho a la libertad de empresa.
Dicho de otra manera, el ejercicio del
derecho de huelga, que no ha sido reconocido como fundamental, ni es absoluto
ni puede reconocérsele una jerarquía superior a otros derechos igualmente
reconocidos por la Constitución, como son los de propiedad y libertad de
empresa, de los cuales son titulares los empleadores.
b) La justificación del ejercicio del
derecho constitucional de huelga, basado en la obligación del empleador de
pagar salarios, podría implicar su desnaturalización y la afectación de
principios constitucionales esenciales y valiosos, por la circunstancia de que
se fomentaría el ejercicio abusivo, caprichoso y de mala fe del derecho de
huelga por los trabajadores y se impediría el logro de la finalidad
constitucional relativa a la solución pacífica de los conflictos por la vía del
acuerdo o la concertación (preámbulo, arts.1, 2, 22, 55 y 56 C.P.), pues los
trabajadores tendrían asegurada una especie de huelga contractual remunerada y
no tendrían interés alguno en la solución del conflicto. Por consiguiente, el
pago de salarios durante la huelga, antes que solucionar, conduciría a fomentar
los conflictos colectivos de trabajo.
c) El efecto de la huelga en el no pago de
salarios responde no sólo a razones jurídicas, sino a un principio de equidad,
pues es injusto, irrazonable y desproporcionado que las consecuencias o
perjuicios económicos que se derivan de la huelga deban recaer única y
exclusivamente en una sola de las partes - los empleadores - y no en ambas,
esto es, tanto en éstos como en los trabajadores.
A las cargas constitucionales que implican
la función social de la propiedad y de la empresa y el cumplimiento de los
deberes sociales de los particulares (arts. 2, inciso 2, 58, 95 y 333 de la
C.P.) no puede sumarse la imposición de una carga que resulta inequitativa y
desproporcionada, por afectar el patrimonio de la empresa en forma
injustificada.
Adicionalmente, la huelga sufragada por los
empleadores incidiría como una carga doble en el patrimonio de éstos, pues no
sólo tendrían que pagar salarios durante el cese de actividades, sino
adicionalmente los beneficios laborales obtenidos por la realización de éste.
- Distinta es la situación que se presenta
en los casos en que la huelga de los trabajadores no sólo es lícita, sino que
obedece a reclamaciones respecto de las condiciones de trabajo que se estiman
perfectamente legítimas, y se origina en causas que son imputables al
empleador.
Es posible imputar la huelga a la culpa del
empleador, cuando ella se origina en una conducta antijurídica de éste, como
sería el incumplimiento de sus obligaciones o de los deberes legales,
contractuales o convencionales, que son jurídicamente exigibles v.gr., el pago
de salarios.
De este modo, cuando la huelga obedece a
una justa causa la suspensión de los contratos de trabajo equivale en la
práctica a que el empleador haya dispuesto dicha suspensión y se justificaría
el pago de los salarios, porque según el art. 140 del C.S.T. puede causarse el
salario sin prestación del servicio, cuando durante la vigencia del contrato su
omisión se deriva de la disposición o de la culpa de aquél.
Es evidente que en aquellos casos en que la
huelga es causada por culpa exclusiva del empleador, las consecuencias
jurídicas de la misma relativas a la suspensión de los contratos de trabajo
resultan inaplicables, toda vez que la conducta del empleador al incidir
directamente en el origen del conflicto colectivo genera una clara
responsabilidad, que justifica la reparación del perjuicio causado a los
trabajadores, como consecuencia de la referida suspensión.
Y, en razón de la sujeción de los
particulares a la Constitución, puede predicarse una especie de obligación
general social de los empleadores que los obligan a adecuar su comportamiento a
hacer viable el derecho de huelga, a no activar con su conducta los conflictos
colectivos, a buscar la solución de éstos y a asegurar y fomentar las
relaciones armónicas entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de
coordinación económica y equilibrio social, de cuyo incumplimiento se derivan
las correspondientes responsabilidades (arts. 4, 6, 55 y 56 C.P.).
Conviene
anotar que la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de
23 de abril de 1999[11],
señaló que no puede exigirse el pago del salario y de las prestaciones
económicas dejados de percibir cuando la huelga es declarada de acuerdo con las
disposiciones legales, lo cual significa, visto desde otra perspectiva, que en
aquellos eventos en que se acredite que la conducta del empleador resultó
determinante para que los trabajadores se declararan en huelga, conlleva
necesariamente a que éste deberá responder por los salarios y demás
prestaciones dejadas de percibir durante el término en que ella dure.
Los
razonamientos expuestos en cuanto a la justificación del pago del salario en el
caso de huelga imputable al empleador aparecen, en cierta forma, corroborados
con la expedición de la ley 584/2000, cuyo art. 7 reformó el art. 379
(prohibiciones a los sindicatos) de la siguiente manera:
"Deróguese
el literal d) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo y modifíquese
el literal e), el cual quedará así:
Artículo 379.
PROHIBICIONES.
Literal e). Promover cualesquiera
cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de
conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento
de las obligaciones salariales con sus trabajadores”.
De esta disposición se infiere, que no sólo
es permitida la huelga declarada de conformidad con la ley, sino la huelga
imputable al empleador por incumplimiento en el pago de las obligaciones
salariales con sus trabajadores, aunque no se determinan expresamente en
aquélla las consecuencias de dicho incumplimiento, es decir, la responsabilidad
patronal en la cesación colectiva del trabajo por dicha causa y la necesidad de
reparar los perjuicios causados a los trabajadores.
De las consideraciones precedentes deduce
la Corte que constitucionalmente se justifica el no pago de salarios y de los
demás derechos laborales, cuando la huelga es lícita y no imputable al
empleador, no así cuando la conducta de éste es la causa del conflicto
colectivo y de la cesación colectiva de labores.
No obstante advierte la Corte que la culpa
del empleador, que es la causa de la responsabilidad de la huelga y que
justifica el reconocimiento de salarios a los huelguistas, no se presume en
estos casos; por lo tanto, a menos que se admita por aquél, requiere de la
correspondiente declaración judicial.
- Otra cuestión que debe considerar la
Corte es si la suspensión del contrato de trabajo, asi la huelga sea imputable
o no al empleador, implica que éste pueda sustraerse de las obligaciones
relativas a asegurar el derecho a la seguridad social de sus trabajadores, y de
otras que interesan al cumplimiento de específicos fines sociales.
Considera la Corte que las vicisitudes
propias de un conflicto colectivo de trabajo que desemboca en una huelga, no
pueden implicar el desconocimiento del derecho irrenunciable de los
trabajadores a la seguridad social (art. 48 C.P.). Por lo tanto, la garantía
del derecho de huelga es compatible con la del derecho a la seguridad social y
durante la cesación de actividades, debe el empleador entregar a las entidades
a las cuales se encuentran afiliados éstos para salud y pensiones, tanto los
aportes a su cargo como los de los trabajadores. Claro está que una vez termine
la huelga, puede el empleador deducir lo pagado de los derechos laborales
causados o que se causen a favor de los trabajadores.
Igualmente estima la Corte, que la
suspensión de los contratos de trabajo durante la huelga, no tiene el efecto de
sustraer a los empleadores de obligaciones que no son propiamente salariales ni
prestacionales, como son las contribuciones parafiscales que se destinan a
sufragar actividades que persiguen finalidades sociales especificas, v.gr.
aportes al Sena y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2.7. Hechas las consideraciones
precedentes, la Corte responde en concreto los cargos de la demanda, así:
- No se desconoce el derecho de huelga, por
la circunstancia de que durante el cese de actividades la suspensión del
contrato de trabajo conlleve el no pago del salario y los demás derechos
laborales anejos a la efectiva prestación del servicio. Pero cuando la huelga
es imputable al empleador, la responsabilidad que para ésta se deriva conduce a
que deba resarcir los perjuicios a los trabajadores, pagándole los referidos
derechos.
- En cuanto al argumento que esgrime el
demandante relativo al derecho a la igualdad que se desconoce cuando a los
trabajadores que participan en la huelga no se les pagan los aludidos derechos
laborales y en cambio si a los que se sustraen de la cesación colectiva del
trabajo, se observa:
No puede admitirse, como lo alega el
demandante que existan los dos grupos de trabajadores mencionados; aquéllos que
optaron por la declaratoria de la huelga, y los trabajadores que no haciendo
uso de este derecho han decidido continuar en sus labores, por cuanto la
declaración de huelga y su desarrollo es un asunto que afecta a todos los
trabajadores, toda vez que el ejercicio de este derecho es aprobado por la
mayoría de trabajadores en asamblea general
Además, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 56 de la Constitución, el Estado se encuentra en la obligación de
garantizar su ejercicio, situación que se concreta a través de las autoridades
del trabajo, según se desprende del mandato contenido en el numeral 2 del
artículo 448 del C.S.T., que dice:
“Mientras la mayoría de los trabajadores de
la empresa persista en la huelga, las autoridades garantizarán el ejercicio de
este derecho y no autorizarán ni patrocinaran el ingreso al trabajo de grupos
minoritarios de trabajadores aunque éstos manifiesten su deseo de hacerlo”.
Situación diferente se presenta cuando,
según el art. 449 del C.S.T., es posible la reanudación de los servicios
suspendidos en aquellas dependencias cuyo funcionamiento sea indispensable “a
juicio del respectivo inspector de trabajo, para evitar graves perjuicios a la
seguridad y conservación de los talleres, locales, equipos, maquinarias o
elementos básicos y para la ejecución de las labores tendientes a la
conservación de cultivos así como para el mantenimiento de semovientes”, mediante
la contratación de nuevos trabajadores, o con la utilización del personal
necesario cuyo trabajo autoricen los huelguistas.
Para la Corte resulta claro que los
trabajadores minoritarios no holgados, no pueden continuar sus labores, como en
forma equivocada lo plantean los demandantes, pues como bien lo apunta Mario de
la Cueva[12]
la huelga resulta ser un derecho de las mayorías de las clases trabajadoras, el
cual se garantiza de manera efectiva como se indica en la norma antes
transcrita.
No existe en consecuencia rompimiento de la
igualdad porque la situación fáctica y jurídica es diferente. Quienes en razón
de la huelga, no imputable al empleador, no presten el servicio se les aplican
las consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo previstas en el art.
453 del C.S.T., no así quienes en las circunstancias antes anotadas laboren en
la empresa durante el cese de actividades.
- En lo referente a la violación de los
artículos 16 y 39 de la Constitución, debido a que frente a la amenaza del no
pago de salarios los trabajadores no tienen plena capacidad para adoptar la
decisión de decretar la huelga, la Corte considera que la situación planteada
por los demandantes, no incide en el ejercicio y disfrute del derecho de
huelga, porque de acuerdo con las reflexiones hechas en la sentencia SU 022/98[13], este derecho no es un
hecho irresistible, ni aparece en forma fortuita o automática, pues la opción
de declarar la huelga o someter las diferencias a un tribunal de arbitramento,
viene precedido de una serie de actuaciones, a partir de las cuales, los
trabajadores estén o no sindicalizados, han tenido el tiempo suficiente para
hacer las provisiones que resulten necesarias para costear directamente su
movimiento, o de igual manera, acudir a la colaboración de las organizaciones
de segundo y tercer grado a las que pertenece la agremiación sindical, o finalmente,
pactar con el empleador los términos y condiciones laborales durante el término
en que persista la huelga.
- En lo relativo a la violación del art.
56, porque según el actor la norma acusada consagra una restricción no prevista
en esta disposición, responde la Corte que por las consideraciones ya expuestas
se justifica la suspensión del contrato de trabajo durante la huelga.
- El segmento normativo acusado, tampoco
vulnera el artículo 39 de la Constitución porque no interfiere ni entorpece libertad
sindical para crear organizaciones sindicales, ni significa la imposición de
barreras en su constitución o funcionamiento, ni obstáculos al ejercicio de los
derechos que corresponde según el Convenio 87 de la OIT. Además, el ejercicio
de la libertad sindical difiere cualitativamente de los aspectos relativos a
los efectos y consecuencias jurídicas que se derivan de la cesación colectiva
del trabajo.
2.8. De acuerdo con las consideraciones
precedentes la Corte declarará la exequibilidad condicionada de los arts. 449,
en lo acusado, 451-7 y 453 del C.S.T., bajo el entendido de que las
consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo durante la huelga sólo
se predican cuando ésta sea imputable al empleador y que éste debe, en todo
caso, esto es, le sea o no imputable la huelga, garantizar el derecho
irrenunciable a la seguridad social de los trabajadores que participaron en el
cese de actividades, mediante el pago de los correspondientes aportes para
salud y pensiones.
VIII. DECISION.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES, los artículos
449, en lo acusado, 51-7  y 53 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el
entendido de que las consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo
durante la huelga sólo se predican cuando ésta sea imputable al empleador, por
desconocer derechos laborales, legales o convencionales jurídicamente
exigibles, y que éste debe, en todo caso, esto es, le sea o no imputable la
huelga, garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social de los
trabajadores que participaron en el cese de actividades, mediante el pago de
los correspondientes aportes para salud y pensiones. Bajo cualquier otro
entendimiento las referidas disposiciones son INEXEQUIBLES.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
FABIO MORON DIAZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto
091/00
Referencia: Nulidad
sentencia C-993 de 2000 (Exp. D-2764).
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL.
Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos
mil (2000).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
integrada por su presidente Fabio Morón Díaz y los Magistrados Antonio Barrera
Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández
Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Cristina Pardo Schlesinger, Martha
Victoria Sáchica Méndez y Alvaro Tafur Galvis,
CONSIDERANDO:
1. Que el día 2
de agosto de 2000, la Sala Plena de esta Corporación dictó la sentencia C-993
de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, en la cual se resolvió sobre la
demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el artículo 449 (parcial)
(proceso D-2764, actores Alirio Uribe Muñoz y Diana Teresa Sierra Gómez), en
cuanto a la expresión acusada “la huelga sólo suspende los contratos de trabajo
por el tiempo que dure”, asi como sobre los arts. 51-7 y 53 del Código
Sustantivo del Trabajo.
2. Que la
motivación de la mencionada sentencia se encaminó a la declaración de
constitucionalidad condicionada de las normas acusadas, bajo el entendido de
que “se justifica el no pago de salarios y los demás derechos laborales cuando
la huelga es lícita y no imputable al empleador, no así cuando la conducta de
éste es la causa del conflicto y de la cesación colectiva de labores” y, por lo
tanto, habrá lugar al pago de salarios por el empleador cuando la huelga le sea
imputable a éste.
Igualmente en
dicha motivación se expresó que durante el tiempo de duración de la huelga se
suspenden los contratos de trabajo; pero el empleador no se sustrae del
cumplimiento de las obligaciones relativas a los aportes a la seguridad social
ni del pago de las contribuciones parafiscales.
No obstante, tanto en el punto 2.8. de la
parte motiva de la sentencia, como en la parte resolutiva, se incurrió en una
contradicción. Fue así como en ésta se expresó:
“Declarar EXEQUIBLES,
los artículos 449, en lo acusado, 51-7  y 53 del Código Sustantivo del Trabajo,
bajo el entendido de que las consecuencias de la suspensión del contrato de
trabajo durante la huelga sólo se predican cuando ésta sea imputable al
empleador, por desconocer derechos laborales, legales o convencionales
jurídicamente exigibles, y que éste debe, en todo caso, esto es, le sea o no
imputable la huelga, garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social
de los trabajadores que participaron en el cese de actividades, mediante el
pago de los correspondientes aportes para salud y pensiones. Bajo cualquier
otro entendimiento las referidas disposiciones son INEXEQUIBLES”.
En la forma como quedó redactada la parte
resolutiva de la sentencia, se entiende que las consecuencias de la suspensión
del contrato de trabajo durante la huelga sólo se predican cuando ésta sea
imputable al empleador; no así cuando la huelga sea imputable a los
trabajadores, en cuyo caso no se produce la suspensión del contrato de trabajo,
ni se derivan las demás consecuencias que éste implica, lo cual, evidentemente
es contrario a lo que se señala en la motivación de aquélla.
3. Que al
verificar la votación realizada en la Sala Plena, con relación al texto de la
sentencia se observa que ésta fue aprobada con la mayoría de 7 votos, pues se
registraron dos salvamentos de voto.
Y del texto de
dicho salvamento se deduce, que efectivamente no hay congruencia entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la citada sentencia.
4. Que los
demandantes en el proceso D-2764, han solicitado a la Corte la aclaración de la
parte resolutiva de la aludida sentencia, en razón de la incongruencia entre su
parte motiva y resolutiva.
5. Que la
mencionada incongruencia afecta de nulidad la sentencia C-993/2000.
En mérito de lo
expuesto es procedente declarar su nulidad y, en tal virtud,
RESUELVE.
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia C-993
de 2000.
SEGUNDO. Proferir una nueva sentencia, en la cual se guarde
congruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la aludida sentencia.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
FABIO MORÓN DÍAZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MENDEZ
Magistrada
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN.H ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General
Salvamento de voto a la Sentencia C-993/00
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte, salvo el voto en relación con lo resuelto en la
Sentencia C-993 de 2 de agosto del año 2000, tanto por las razones expuestas
durante la discusión del proyecto en la Sala Plena, como con respecto al texto
final de la sentencia.  Por ello, el presente salvamento de voto se dividirá en
dos partes, así:
PARTE PRIMERA
LA SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA HUELGA LEGALMENTE DECRETADA, ES
INCONSTITUCIONAL.
Tal como se expresó por el suscrito
magistrado durante los debates en la Sala Plena en relación con la
constitucionalidad del artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo, que
dispone que durante la huelga se suspenden los contratos de trabajo por el
tiempo de su duración, considero que esa disposición legal, así como los
preceptos contenidos en el artículo 51 numeral 7 y 53 del Código Sustantivo del
Trabajo que con aquél constituyen unidad normativa, son contrarios a la Carta
Política, por las razones que van a expresarse:
Primera.-  Como es suficientemente conocido, en virtud del hecho
social de haberse presentado a comienzos de siglo algunos movimientos
huelguísticos sin que para entonces existiera una reglamentación legal para el
efecto, llevó al legislador a dictar las leyes 79 de 1919, 21 de 1920, 83 de
1923 y 73 de 1927, con lo cual la suspensión colectiva de las actividades
laborales en procura del mejoramiento de las condiciones económicas de los
trabajadores, dejó de ser considerada como una actividad ilícita o delictual
como se había considerado en el pasado, para ser ahora regulada, aunque en
forma incipiente, por la ley que, de esa manera, cambió la actitud del Estado
frente a ese instrumento legítimo utilizado por los trabajadores como medio de
presión en los conflictos económicos de carácter colectivo.
Segunda.-  Con posterioridad, la Ley 83 de 1931, de manera
expresa, reconoció la existencia de las asociaciones sindicales y, entre las
facultades y derechos de ellas, consagró, entre otros, el de suscribir
contratos colectivos de trabajo, con lo cual se superó la vieja concepción del
arrendamiento de servicios propia del derecho civil, para abrirle paso a normas
nuevas de derecho social, que, en Colombia, como en algunos otros países de
América, da origen en ese momento a la legislación laboral como rama autónoma e
independiente del Derecho, de la cual, a propósito, el profesor de la
Universidad de Heidelberg, Gustavo Radbruch, citado por Guillermo González
Charry, expresó que: "El derecho obrero constituye una reacción contra
el espíritu del derecho civil.  Este reconoce sólo personas, sujetos jurídicos
iguales que contratan entre sí, mediante libres decisiones por ambas partes; y
nada sabe del trabajador situado en una posición de inferioridad frente al
empresario.  Nada sabe tampoco de la solidaridad del proletariado, que compensa
o nivela esta inferioridad del poder del obrero individual frente al patrono;
ni de las grandes asociaciones profesionales, que mediante sus contratos
colectivos de trabajo -sobre las tarifas de éste- son quienes propiamente lo
concluyen, sino que mira exclusivamente a los contratantes individuales y al
contrato de trabajo singular.  Nada sabe,  por fin, de la unidad de asociación
de la empresa; el Código Civil considera sólo una multiplicidad de contratos de
trabajo entre el mismo empresario y los diversos obreros -no ligados éstos,
unos de otros, por ningún vínculo jurídico- y no acierta a ver la índole de la
empresa como una unidad sociológica cerrada.  Los árboles no le dejan ver el
bosque.  Ahora bien, la esencia del derecho obrero consiste, cabalmente, en su
mayor proximidad a la vida.  No ve sólo personas, como el derecho civil, sino
empresarios, obreros, empleados; no sólo personas individuales, sino
asociaciones y empresas; no sólo contratos libres, sino también las graves
luchas económicas que constituyen el fondo de estos supuestos contratos
libres". (El Derecho Latinoamericano del Trabajo, Tomo I, Autores
Varios, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, 1974).
Tercera.-  Bajo esa concepción social del Derecho, la Reforma
Constitucional de 1936, a semejanza de lo que ya había ocurrido en México a
raíz de la Revolución de 1917 y siguiendo al punto la Constitución de la
República  Española de 1931, consagró en la Carta Política que "El trabajo
es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado"
(artículo 17) y, a continuación, dispuso que "Se garantiza el derecho de
huelga, salvo en los servicios públicos.  La ley reglamentará su
ejercicio" (artículo 18).
No queda pues, ninguna duda, que a partir
de la Reforma Constitucional de 1936, el trabajo no puede seguir siendo
considerado como una mercancía, ni los salarios de los trabajadores como un
fardo que pesa sobre los empresarios, ni como algunos todavía lo consideran,
"una carga" lesiva que estos han de soportar, sino que adquiere
dimensión constitucional, de carácter social y, dada su trascendencia en el
proceso de producción de bienes y servicios, merecedora de la "especial
protección del Estado".
Cuarta.-  La Carta Política de 1991 eleva a canon constitucional
algunos principios mínimos fundamentales del Derecho Laboral en el artículo 53
y, luego, en el artículo 55, de manera expresa, dispone que "Se garantiza
el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con
las excepciones que señale la ley" y erige como "deber del
Estado" el de "promover la concertación y los demás medios para la
solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo".
Acorde con el citado artículo 55 de la
Carta, en el 56 de la misma, se dispuso que:  "Se garantiza el derecho de
huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el
legislador", el cual será reglamentado por la ley.
Quinta.-  Dentro de ese marco conceptual, si Colombia, por
definición constitucional es "un Estado Social de Derecho", resulta
apenas obvio que a los conflictos colectivos de carácter económico se les
regule por la ley y que ella reglamente el ejercicio del derecho de huelga.
Por ello, resulta absolutamente claro que
el Código Sustantivo del Trabajo se ocupe de la presentación de pliegos de
peticiones por los trabajadores sindicalizados, e igualmente que prevea, como
en efecto lo hace, cuál es el trámite que ha de seguirse una vez que tales
peticiones han sido oficialmente formuladas al empleador y que propenda por la
solución pacífica del conflicto. Así, el artículo 444 de dicho Código, con la
reforma que le fue introducida por el artículo 61 de la  Ley 50 de 1990,
dispuso que "concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes
hubieren logrado un acuerdo sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán
optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión
de un tribunal de arbitramento", decisión esta que transcurridos diez días
siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, será adoptada en
votación secreta, indelegable y personal "por la mayoría absoluta de los
trabajadores de la empresa, o de la Asamblea General de los afiliados al
sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos
trabajadores".
Dispuso así mismo la ley que, en caso de
votarse la huelga, esta sólo podrá iniciarse "transcurridos dos (2) días
hábiles a su declaración y no más de diez (10) días hábiles después. (Artículo
445, Código Sustantivo del Trabajo, con la modificación introducida por el
artículo 62 de la Ley 50 de 1990).
Se ocupó igualmente el legislador de
regular la forma en que ha de desarrollarse la huelga, ordenando al efecto que
ello se cumpla de manera "ordenada y pacífica" (artículo 446);
dispuso, además, que las autoridades deben vigilar el curso pacífico de la
suspensión colectiva de actividades, así como prohibir el ingreso al trabajo de
grupos minoritarios que actúen con el propósito de resquebrajar el movimiento
huelguístico (artículo 448) y ordenó a las autoridades garantizar el ejercicio
efectivo de ese derecho (artículo 448, con la reforma introducida por el
artículo 63 de la Ley 50 de 1990).
Sexta.-  Así las cosas, a mi juicio, resulta claramente
violatorio del artículo 56 de la Constitución que la ley disponga que se
suspenden los contratos de trabajo en caso de huelga legalmente declarada, como
lo hace el artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo, en estrecha armonía
con los artículos 51 numeral 7 y 53 del mismo, pues resulta francamente un
dislate jurídico que al mismo tiempo que se garantiza un derecho se impongan
consecuencias económicas y sociales negativas en desmedro de los trabajadores
que lo ejerzan.  La Constitución sólo autoriza al legislador a reglamentar ese
ejercicio del derecho de huelga, no a imponer ningún tipo de sanción a quienes
acudan a ella con estricta sujeción a todas las etapas previas para el efecto,
y, declarada esta, obren también con sometimiento a lo dispuesto por la ley,
con la legítima aspiración de que al término de la huelga ella culmine con la
celebración de una Convención Colectiva de Trabajo, forma de contratación
colectiva garantizada con absoluta nitidez por el artículo 55 de la Carta para
regular las relaciones laborales, norma esta que así, también resulta violada
por las aludidas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, que la
mayoría consideró ajustadas a la Carta durante los debates en la Sala Plena de
la Corporación.
Séptima.-  Adicionalmente, ha de observarse que la suspensión del
contrato de trabajo trae como consecuencia inmediata el no pago de salarios al
trabajador durante el tiempo de duración del cese colectivo de actividades, lo
que implica que, por ejercer un derecho legítimo consagrado en la Constitución
Política (artículo 56, en armonía con el artículo 55), con la privación de los
salarios se le deja desprovisto de recursos que en muchos casos resultan
indispensables no sólo para la satisfacción de las necesidades personales más
elementales, sino, al propio tiempo, para las de la familia, que también
depende del salario del trabajador.  Se hace así, por disposición legal,
extensiva a estas personas, la sanción impuesta al trabajador por el ejercicio
de ese derecho, lo cual no puede, en manera alguna, considerarse conforme a la
Constitución Política vigente sino, antes bien, abiertamente contrario a los
principios que la inspiran y a su propio contenido normativo.
Octava.-  Igualmente resulta inaceptable conforme a la
Constitución que, a la minoría de los trabajadores que no votó favorablemente
la huelga, pero que queda sometida al cese de actividades como consecuencia de
la decisión mayoritaria que la obliga, no sólo conforme a la ley sino, también,
conforme a la doctrina laboral, se le extienda también la sanción de tipo
económico a que se ha hecho alusión.
Novena.-  Tampoco resulta acorde con la Constitución el
argumento de que por tratarse de un derecho los trabajadores que optan por
ejercerlo al votar favorablemente la huelga, deciden de antemano sacrificar su
ingreso salarial por el tiempo que dure el cese colectivo de actividades con la
mira puesta en un mejoramiento ulterior de sus condiciones laborales, pues ello
no significa nada distinto que legitimar de esa manera el atropello de que los
trabajadores son víctimas por autorización legal contraria a la Carta Política.
Décima.-  Del mismo modo, aparece francamente inaceptable que el
supuesto fundamento de la constitucionalidad de los artículos 449, 51-7 y 53 del
Código Sustantivo del Trabajo en lo pertinente, sean razones del necesario
equilibrio social entre el capital y el trabajo, pues la Constitución no ordena
que este se realice con vulneración de los derechos que ella misma consagra,
sino que expresamente dispone que "es deber del Estado promover la
concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos
colectivos de trabajo" (artículo 55), para lo cual habrá "una
comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los
empleadores y de los trabajadores", que "fomentará las buenas
relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de
trabajo y concertará las políticas salariales y laborales" (artículo 56).
Décima primera.-  Mucho menos puede aceptarse conforme a la
Constitución, que la suspensión de los contratos de trabajo durante la huelga,
tenga como fundamento la supuesta defensa "del derecho de propiedad"
como se expresa en la motivación de la sentencia, pues ello significa, ni más
ni menos, que regresar,  ahora, a la concepción superada por la historia y por
las luchas sociales, según la cual la huelga es un acto ilícito que debe
reprimirse para garantizar el "derecho de propiedad", como si esta no
fuera, como lo es entre nosotros desde 1936, "una función social que
implica obligaciones".
Décima segunda.- De otro lado, la aceptación de que, en caso
de que la huelga resulte imputable al empleador por incumplimiento de las
obligaciones salariales con sus trabajadores, impone entonces la no suspensión
de los contratos de trabajo, no resulta ser en nada innovadora, sino,
simplemente, la consagración de una consecuencia jurídica que resulta
ineludible.
En cambio sí, aparece francamente contrario
a la evolución de las instituciones del derecho colectivo y de los avances en
materia social consagrados por la Carta desde 1936 y ahora refrendados en la
Constitución de 1991, exigir, como se hace en la motivación de la sentencia que
la culpa del empleador requiera, en esos casos, "la correspondiente
declaración judicial", pues, entonces, se sigue como consecuencia que
cuando el empleador incumple "las obligaciones salariales con sus
trabajadores" lo cual le está prohibido expresamente por la ley, para
legitimar el cese de actividades que autoriza en esos eventos el artículo 379
del Código Sustantivo del Trabajo con la reforma que le introdujo el artículo 7
de la Ley 584 de 2000, se exigirá una previa "declaración judicial",
pese a la existencia de una circunstancia objetiva que no requiere nada más que
su verificación fáctica, para que, en tal caso, pueda llevarse a cabo la huelga
como instrumento de defensa de los ingresos oportunos y completos de los
trabajadores.
PARTE SEGUNDA
LA SENTENCIA C-993 DE 2 DE AGOSTO DE 2000,
ES CONTRADICTORIA.
Una vez conocido el texto final de la
sentencia aludida, me veo además precisado a salvar el voto, por cuanto es
contradictoria, según se desprende de su propio texto.
Son razones de la aserción anterior, las
siguientes:
Primera.-  La parte motiva del fallo del cual respetuosamente
discrepo, se encamina, toda, a declarar la constitucionalidad condicionada de
los artículos 449, 51-7 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el
entendido de que durante el término de duración de la huelga, se suspenden los
contratos de trabajo de los partícipes de ella, pero conservando el empleador
la carga de asumir las cuotas correspondientes a él y a los trabajadores para
que estos no se afecten en las prestaciones a que tienen derecho en lo atinente
a la seguridad social.
Del mismo modo, conforme a la parte motiva,
no habrá suspensión de los contratos de trabajo cuando esta sea imputable al
empleador, si bien en este caso se exige, según los fundamentos del fallo,
previa declaración judicial.
Segunda.-  No obstante lo anterior, en la parte resolutiva de la
sentencia en mención, se declara la exequibilidad de los artículos 449, 51-7 y
53 del Código Sustantivo del Trabajo, "bajo el entendido de que las
consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo durante la huelga sólo
se predican cuando esta sea imputable al empleador, por desconocer derechos
laborales, legales o convencionales jurídicamente exigibles...".
Tercera.-  Como se ve, sin ningún esfuerzo, es claro que el
condicionamiento a que se acaba de hacer mención, lo es en el sentido de que
"las consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo durante la huelga
sólo se predican cuando esta sea imputable al empleador".  Esto significa,
entonces, que cuando la huelga sea imputable a los trabajadores no se produce
la suspensión del contrato de trabajo, ni las consecuencias que de ello se
derivan, que es, exactamente lo contrario de lo que se anuncia en la parte
motiva.
En tales condiciones, la sentencia no
guarda la debida correspondencia y armonía entre los fundamentos y la decisión,
y, en forma desafortunada, resulta abiertamente  contradictoria, por cuanto en
la parte resolutiva hace una declaración de exequibilidad distinta a la
anunciada en la motivación del fallo.
Cuarta.-  Así las cosas, para superar la inmensa contradicción
lógica de que adolece la sentencia, ha de darse aplicación al inciso final del
artículo 14 del Decreto 2067 de 1991, conforme al cual "en todo caso de
contradicción entre la parte resolutiva y la parte motiva de un fallo, se
aplicará lo dispuesto en la parte resolutiva", que es, exactamente lo que
ocurre ahora.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Por cuanto en Sala reservé el sentido de mi
voto, según la manera en que fuese redactada la providencia, una vez conocido
el texto final adhiero al anterior salvamento de voto, cuyos términos comparto
íntegramente.
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
[1] C-110/94, C-473/94, C-548/94, C-085/95, C-450/95, C-075/97.
[2] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[3] Sent. T-443/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[4] Sent.  C-473/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[5] Sent.  Idem
[6] Sents. C-110/94 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, C-473/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-179/94 M.P.
Carlos Gaviria Díaz
[7] Sent. T-443/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[8] Sent. 115/91 Corte Suprema de Justicia y C-548/94 Corte
Constitucional M.P. Hernando Herrera Vergara
[9] Alfredo J. Ruprech. Conflictos Colectivo de Trabajo.
Abeledo-Perrot Buenos Aires, pp. 172.
[10] Norma declarada exequible según sentencia C-432/96 M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[11] M.P.  Armando Albarracin Carreño.
[12] De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo II. p.836.
[13] M. P. Carlos Gaviria Díaz.