T-209-19
Sentencia T-209/19
ACCION DE
TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EL SECTOR RURAL-Procedencia excepcional
LEGITIMACION POR ACTIVA DE PERSONERO MUNICIPAL
PARA INTERPONER ACCION DE TUTELA A NOMBRE DE MENORES DE EDAD
ACCION DE
TUTELA Y ACCION POPULAR-Cuando
se trata de proteger derechos fundamentales la acción de tutela desplaza la
acción popular como medio eficaz de protección
ACCION DE
TUTELA PARA ORDENAR CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA-Procedencia excepcional por amenaza o vulneración de
derechos fundamentales
DERECHO A
LA EDUCACION EN EL SECTOR RURAL-Obligación del Estado de garantizar el respeto, la protección y el
cumplimiento de los componentes de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad
y aceptabilidad
ACCESIBILIDAD COMO
COMPONENTE ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACION-Vulneración por falta de puente sobre río para llegar al plantel
educativo
La jurisprudencia constitucional ha advertido que la garantía del
componente de accesibilidad material implica que el Estado tiene el deber de
adoptar medidas para eliminar las barreras que desincentiven el ingreso y la
permanencia en el sistema educativo
ACCESIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD COMO COMPONENTES
ESENCIALES DEL DERECHO A LA EDUCACION
El componente de asequibilidad o disponibilidad ha sido
interpretado en el sentido de que exige satisfacer la demanda educativa y,
además, que los establecimientos educativos deben contar con los recursos
humanos y físicos necesarios para la prestación de
este servicio. Vulneración del derecho fundamental a la educación, en
directa relación con la vida e integridad personal, de los niños, niñas y
adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas. El componente de accesibilidad se encontraba intrínsecamente relacionado
con el derecho a la vida de dichos menores
DIALOGO O
INTERACCION SIGNIFICATIVA-Definición
ORDENES
COMPLEJAS IMPARTIDAS POR LOS JUECES DE TUTELA PARA ASEGURAR EL GOCE EFECTIVO DE
DERECHOS FUNDAMENTALES-Medidas
de corto y mediano plazo para proteger la vida e integridad física de
transeúntes expuestos a riesgo por falta de puente sobre río
Referencia: expediente
T-6.888.457
Acción de tutela interpuesta por Juan Gabriel
Peñaranda Archila, personero municipal de Sardinata, Norte de Santander, en
contra de la Alcaldía Municipal de Sardinata y la Gobernación de Norte de
Santander.
Magistrado ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil
diecinueve (2019).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la
magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez
y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo de tutela del 12 de abril de 2018, proferido
por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control
de Garantías de Cúcuta, en el marco de la acción de amparo promovida por Juan
Gabriel Peñaranda Archila, personero municipal de Sardinata, Norte de
Santander, en contra de la Alcaldía Municipal de Sardinata y la Gobernación de
Norte de Santander.
El
expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante auto del 16 de
agosto de 2018, de la Sala de Selección Número Ocho[1], con fundamento en el “criterio
subjetivo” denominado “urgencia de proteger un derecho fundamental”.
I.
ANTECEDENTES
1.
El personero del municipio de Sardinata, Norte de Santander, solicitó la
protección de los derechos a la vida, integridad personal y educación de los
habitantes de la vereda de San José de Campo Lajas y, en especial, de los niños
de esta.
1.
Hechos probados
2.
Mediante comunicación del 12 de diciembre de 2017, el presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda San José de Campo Lajas solicitó al
alcalde municipal de Sardinata que efectuara obras “de mejoramiento del puente
de la hamaca [que posibilitaba el cruce del río Nuevo Presidente] y [de
la] escuela de la vereda [Institución Educativa San Luis Beltrán]”[2].
A esta comunicación anexó un informe[3]
en el que detallaba las reformas que requería dicha escuela, y un proyecto[4]
en el que proponía varias adecuaciones para el “puente de la hamaca”, el
cual no podía utilizarse debido a los daños que presentaba la estructura.
Destacó, además, que las familias y niños de dicha vereda diariamente se veían
“obligados a cruzar el caudaloso río del sector, exponiéndose a peligros con
la creciente del río en épocas de invierno y a la presencia de caimanes en el
río, lo cual imposibilita que los niños tengan continuidad en las clases”[5].
3.
El 14 de diciembre de 2017, el personero municipal de Sardinata, Juan
Gabriel Peñaranda Archila, presentó un derecho de petición ante la Gobernación
de Norte de Santander[6],
con el fin de coadyuvar el sentido de la petición de que trata el numeral
anterior, “para que se dé una solución razonable en el menor tiempo posible”[7].
El personero informó que había recibido “denuncias verbales” de los
profesores y padres de familia de la vereda San José de Campo Lajas, pues los
niños arriesgaban diariamente su vida para llegar a la escuela, al cruzar el
río Nuevo Presidente. Para ilustrar esta situación, anexó un registro
fotográfico en el que se observa un puente destruido, caimanes en la orilla de
una fuente de agua y varios menores cruzando un río en troncos unidos
artesanalmente[8].
Resaltó que desde el año 2016 los miembros de la comunidad habían solicitado a
la Alcaldía de Sardinata que llevara a cabo las obras necesarias para habilitar
el Puente Hamaca, pero estas no se habían realizado. Lo anterior, pese a
que el “ataque de un caimán provocó la muerte de una niña que se encontraba
a las orillas del río”[9].
Finalmente, manifestó que era necesario mejorar las instalaciones de la Institución
Educativa San Luis Beltrán, a la que asistían 14 alumnos, quienes, en su
mayoría, se encontraban incluidos en el registro único de víctimas.
4.
Mediante oficio de 12 de enero de 2018, la Gobernación de Norte de
Santander informó al personero municipal de Sardinata que su solicitud sería “tenida
en cuenta para estudiar la viabilidad técnica, administrativa financiera y
programar visita técnica la cual será informada con antelación a la fecha
programada según cronograma y disponibilidad de personal especializado para
esta actividad”[10].
2.
Pretensiones y fundamentos
de la
acción
5.
El 27 de marzo de 2018, el personero de Sardinata formuló acción de
tutela en contra de la Alcaldía de dicho municipio y de la Gobernación de Norte
de Santander[11].
Señaló que actuaba en representación de la comunidad y, en particular, de los
menores de la vereda San José de Campo Lajas, cuyos derechos a la vida,
educación e integridad personal estaban siendo vulnerados.
6.
Hizo referencia al derecho de petición que había radicado ante la
Gobernación de Norte de Santander y cuestionó que a pesar del peligro inminente
que corrían a diario los niños de la vereda, las entidades accionadas no
hubieran tomado “cartas en el asunto”.
7.
En consecuencia, solicitó que se ordenara a la Alcaldía de Sardinata y a
la Gobernación de Norte de Santander: i) reconstruir el Puente Hamaca,
pues presentaba “un alto estado de deterioro lo que imposibilita el tránsito
por el mismo, incomunicando a los habitantes de la vereda y a los estudiantes
que no pueden desplazarse hasta a sede educativa, obligándolos a cruzar por el
río en donde habitan gran cantidad de caimanes, arriesgando con esto su vida”[12]
y ii) realizar las adecuaciones necesarias en la Institución Educativa
San Luis Beltrán, la cual se encontraba “en precarias condiciones”[13].
Así mismo, pidió que mientras se realizaban las citadas adecuaciones, se
garantizara la seguridad, vida e integridad de los habitantes de la vereda San
José de Campo Lajas, en especial de los menores que debían cruzar el río Nuevo
Presidente para asistir a sus clases[14].
3.
Respuesta de las entidades
accionadas
8.
La Gobernación de Norte de Santander reconoció que los menores de la
vereda San José de Campo Lajas debían cruzar el río Nuevo Presidente para
llegar a la Institución Educativa San Luis Beltrán. Por lo anterior, señaló que
en aras de coadyuvar en “la difícil y preocupante situación que ha planeado
el accionante”, había ordenado “adelantar la visita técnica que se tenía
programada, para determinar con exactitud y bajo dirección de profesionales
idóneos las intervenciones que son requeridas en el PUENTE HAMACA y en la
Institución Educativa San Luis Beltrán Sede San José de Campolajas [sic]”[15].
9.
Posteriormente, el alto comisionado para planes, programas y proyectos
especiales de la Gobernación de Norte de Santander informó al juez de tutela
que el 9 de abril de 2018 se había llevado a cabo una visita técnica a la
vereda San José de Campo Lajas, en coordinación con la Alcaldía de Sardinata.
Indicó que a esta visita también asistieron dos personas de la comunidad, un
ingeniero comisionado por la Gobernación y el presidente de la junta de acción
comunal[16].
Anexó, además, el acta de esta visita[17]
en la que se leen, entre otras, las siguientes anotaciones: i) en el
aula educativa se observa falta de dotación y adecuación; ii) la batería
sanitaria se encuentra incompleta y carece de lavamanos; iii) los libros
se encuentran desactualizados; iv) existen computadores, pero no se han utilizado
por falta de electricidad y v) se hace necesaria la construcción de los
dos accesos en el puente para fortalecer la asistencia escolar.
10.
Por su parte, el apoderado judicial de la Alcaldía de Sardinata destacó
que el actual alcalde se había esmerado en buscar los recursos requeridos para
la ejecución de “la obra”[18],
a pesar de que había asumido el cargo el 7 de diciembre de 2017, cuando ya se
encontraba aprobado el presupuesto de gastos para la vigencia de 2018[19].
4.
Decisión objeto de revisión
11.
Mediante providencia del 12 de abril de 2018, el Juez Tercero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta
declaró improcedente la acción de tutela, por carencia actual de objeto[20].
12.
Indicó que en este caso el demandante cuestionaba que las entidades
accionadas no hubieren dado respuesta i) a la solicitud que había
radicado el 14 de diciembre de 2017 ante la Gobernación de Norte de Santander y
ii) a la petición que había formulado el presidente de la Junta de
Acción Comunal ante la Alcaldía de Sardinata. Sin embargo, señaló que el actor
únicamente acreditó la existencia de la primera de estas solicitudes, respecto
de la cual la Gobernación de Norte de Santander había emitido una respuesta de
fondo, clara, precisa y congruente.
13.
Agregó que el despacho se había comunicado telefónicamente con el
accionante, quien corroboró que se había llevado a cabo la visita prometida por
la Gobernación de Norte de Santander, en coordinación con la Alcaldía de
Sardinata, la cual tenía como propósito estructurar los proyectos que se
requirieran y adelantar la consecución de los recursos financieros necesarios.
14.
Por lo anterior, el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Cúcuta concluyó que no existía
vulneración al derecho de petición, ni a ningún otro derecho fundamental. Esta
decisión no fue impugnada.
5.
Actuaciones en sede de
revisión
15.
El expediente no contaba con información suficiente a partir de la cual
se pudiera determinar i) si en efecto existía una vulneración de los
derechos fundamentales a la educación, vida e integridad personal de los
miembros de la vereda San José de Campo Lajas, por parte de las entidades
accionadas y, ii) qué medidas resultaban idóneas para garantizar la
protección de estos derechos en caso de que hubiesen sido vulnerados. Por lo
anterior, la Sala recaudó cierta información preliminar y ordenó la práctica de
varias pruebas, con el fin, además, de generar una interacción significativa
entre las partes y autoridades con competencias en el proceso de tutela.
5.1.
Información preliminar
16.
El despacho del magistrado sustanciador se comunicó con las siguientes
personas, que de acuerdo con la información que obraba en el expediente tenían
información relevante sobre el caso concreto: i) el señor Duvian Rolón
Gómez[21],
quien se desempeñó hasta el año 2017 como docente de la Institución Educativa
San Luis Beltrán y asistió como “comisionado de parte de la Alcaldía
Municipal de Sardinata” a la visita técnica de la cual da cuenta el título
3 supra; ii) el alto consejero de planes, programas y proyectos
especiales de la Gobernación de Norte de Santander[22];
iii) el alcalde del municipio de Sardinata, Jesús Emel Espinel Galvis[23]
y iv) el ingeniero Wilmer Aranda, funcionario de la Gobernación de Norte
de Santander, quien acudió a la visita técnica antes referida, en calidad de “responsable
de la reunión”[24].
5.2.
Pruebas decretadas en sede
de revisión
17.
Mediante auto del 5 de octubre de 2018[25],
la Sala Primera de Revisión requirió información de varias autoridades y
vinculó a otras.
18.
Solicitó al alcalde de Sardinata, Norte de Santander, y al gobernador de
este departamento, que elaboraran un informe conjunto sobre los siguientes
aspectos: i) las circunstancias familiares, sociales y económicas de los
menores que asistían a la Institución Educativa San Luis Beltrán; ii) las
condiciones geográficas, de infraestructura, dotación y servicios públicos de
dicha escuela; iii) los planteles educativos e internados más cercanos y
los medios de transporte requeridos para llegar a aquellos; iv) el
estado actual del Puente Hamaca y las opciones alternativas para llegar a la
Institución Educativa San Luis Beltrán, así como la forma en los menores se
desplazaban hasta la escuela de la vereda y los peligros que enfrentaban en el
trayecto; v) las gestiones que hubieren adelantado para dar solución a
las necesidades advertidas en la visita técnica efectuada el 9 de abril de 2018
y vi) de existir, las acciones definidas para el corto, mediano y largo
plazo, orientadas a garantizar que los niños, niñas y adolescentes de la vereda
San José de Campo Lajas pudieran acceder al servicio de educación de forma
segura.
19.
Ordenó vincular al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de
Minas y Energía y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Al Ministerio
de Educación le solicitó que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de
esta solicitud de amparo. Al Ministerio de Minas y Energía le solicitó que
informara si la zona en la que se encontraba la Institución Educativa San Luis
Beltrán era un área geográfica atendida por operadores de red del Sistema
Interconectado Nacional (SIN) y si era posible que pudiera beneficiarse de los
recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas
Rurales Interconectadas – FAER. Por otro lado, en caso de que no se encontrara
en un área rural interconectada, se solicitó que informara si esta área podía
beneficiarse de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización
de las Zonas No Interconectadas – FAZNI. Finalmente, dada la falta de prestación
del servicio de acueducto en la zona en la que se encontraba ubicada la
Institución Educativa San Luis Beltrán, solicitó al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio que informara si contaba con algún plan de solución
individual de suministro de agua potable o de tratamiento de agua cruda para
este tipo de instituciones rurales y, de ser así, si dicha institución podía
ser beneficiaria de alguno de esos planes.
20.
En tercer lugar, ordenó suspender los términos del proceso, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[26].
21.
Por último, en consideración a que el Estado tiene el
deber de garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan expresar sus
opiniones frente a los asuntos que los afectan, especialmente al interior de
los procesos judiciales en los que se debate la posible afectación de sus
derechos[27],
el 16 de octubre de 2018, el magistrado sustanciador dispuso que, por
medio de Secretaría General, se requiriera al personero municipal de Sardinata[28],
Norte de Santander, para que se entrevistara con los menores de edad de la
vereda San José de Campo Lajas, así como con sus padres o representantes, a fin
de indagar sobre los siguientes aspectos: i) las circunstancias que
hubieren impedido que los niños y niñas se desplazaran de forma segura a la
Institución Educativa San Luis Beltrán; ii) las condiciones de
infraestructura de dicha escuela; iii) las edades de los menores que
asistían o pudieran asistir al mencionado centro educativo, así como sus circunstancias
familiares, sociales y económicas; iv) las medidas que, según el
criterio de los entrevistados, debieran adoptarse para dar solución a las
problemáticas planteadas en la acción de tutela; v) las alternativas con
que contaban los menores para asistir a otras instituciones educativas cercanas
o a un internado y, de ser posible, bajo qué condiciones y con qué medios de
transporte lo podrían hacer y vi) las medidas que se hubieren adoptado,
o pudieran adoptarse, al interior de las familias, para asegurar que los niños
y niñas pudieran desplazarse hasta un centro educativo de forma segura.
5.3.
Respuestas allegadas por
las distintas entidades
22.
El contenido específico de dichas respuestas será analizado en el caso
concreto (Título 3.2 infra, del acápite de “Consideraciones”).
Por tanto, a continuación, se hace referencia únicamente a las fechas en que
las distintas entidades aportaron información al proceso de tutela.
23.
El 11 de octubre de 2018, la Gobernación de Norte de Santander informó
que había dado traslado del auto del 5 de octubre de 2018 a la Secretaría de
Educación de dicho departamento, para lo de su competencia[29].
El 17 octubre de 2018 remitió el informe requerido vía correo electrónico.
Posteriormente, el 20 de noviembre de 2018, lo allegó en forma física, junto
con los archivos que, por su tamaño, no pudieron enviarse de manera electrónica[30].
24.
El 25 de octubre de 2018[31],
la Secretaría General de la Corte Constitucional recibió la respuesta de la
Alcaldía de Sardinata[32],
la cual incluía un informe técnico[33]
presentado por la Secretaría de Obras Públicas, en el que se describía el
estado del Puente Hamaca y de la Institución Educativa San Luis Beltrán.
25.
El 12 de octubre de 2018, la Secretaría General de la Corte
Constitucional recibió la respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio el auto de pruebas del 5 de octubre de 2018[34].
El 24 de octubre del mismo año, durante el término de traslado de las pruebas,
el Ministerio citado envió la misma respuesta allegada previamente[35].
26.
El 18 de octubre de 2018, la Secretaría General de la Corte
Constitucional recibió respuesta de la apoderada del Ministerio de Minas y
Energía[36],
la cual estaba acompañada de una comunicación que la empresa Centrales
Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. –CENS[37]
había enviado al Ministerio de Minas y Energía.
27.
Mediante comunicación del 17 de octubre de 2018[38],
el Ministerio de Educación Nacional dio respuesta al oficio OPT-A-3070/2018, a
través del cual la Secretaría General de la Corte Constitucional, le había
puesto en conocimiento el auto de pruebas del 5 de octubre de 2018. Además,
informó que dicho oficio había sido remitido a la Secretaría de Educación del
Departamento de Norte de Santander para lo de su competencia[39].
28.
El 20 de noviembre de 2018, la Secretaría General de la Corte
Constitucional remitió al despacho del magistrado sustanciador la respuesta de
la Personería de Sardinata[40].
Esta contenía, además, un CD con fotografías y videos del Puente Hamaca, de la
Institución Educativa San Luis Beltrán y del río Nuevo Presidente, que debían
cruzar los menores para llegar a esta institución educativa[41].
29.
El 31 de octubre de 2018, la Secretaría de Educación Departamental de
Norte de Santander se pronunció “respecto de los documentos allegados al
expediente de tutela, y la situación del departamento frente a la presunta
vulneración del derecho a la educación de los menores que estudian en la Sede
San José de campo Lajas de la IE San Luis Beltrán del municipio de Sardinata”[42].
30.
Durante el término de traslado de las pruebas[43],
la Alcaldía de Sardinata se pronunció frente a las pruebas allegadas[44]
y planteó algunas soluciones tendientes a resolver la problemática expuesta en
la acción de amparo.
31.
Mediante oficio del 29 de noviembre de 2018[45],
la Gobernación de Norte de Santander puso en conocimiento de la Sala, las
determinaciones que había adoptado para “poner fin a los hechos que dieron
lugar a la presente acción de tutela”.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
32.
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo previsto por los artículos 86
y 241.9 de la Constitución Política, por los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991 y en virtud del auto del 16 de agosto de 2018 expedido por la Sala de Selección Número
Ocho de esta Corte, que decidió seleccionar el presente asunto para su
revisión.
2.
Requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
33.
La acción de tutela es un mecanismo judicial de protección inmediato,
oportuno y adecuado para las garantías fundamentales, frente a situaciones de
amenaza o vulneración. De lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y
el Decreto 2591 de 1991 se ha considerado que son requisitos para la
procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela la acreditación de i) legitimación
en la causa, ii) un ejercicio oportuno (inmediatez) y iii) un
ejercicio subsidiario. Adicionalmente, se ha considerado que no es procedente
un estudio de fondo si se configura un supuesto de carencia actual de objeto,
bien sea porque i) “se satisface por completo la pretensión contenida
en la acción de tutela”[46],
ii) “finalmente se produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de
amparo”[47]
o iii) sobreviene una situación que acarrea la “inocuidad de las
pretensiones”[48].
34.
En consecuencia, le corresponde a la Sala valorar la acreditación de los
requisitos de procedencia y, en caso de que se superen, definir y resolver el
problema jurídico sustancial que se derive del caso.
2.1.
Legitimación en la causa
35.
El
artículo 86 de la Constitución prevé que toda persona puede promover la acción
de tutela a fin de lograr la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. En este sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone
que la acción de tutela puede ser ejercida “por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos
fundamentales”, quien puede actuar por sí misma, mediante representante o
apoderado judicial, agente oficioso, el Defensor del Pueblo o los personeros
municipales. Este requisito de procedencia tiene por finalidad garantizar que
quien interpone la acción tiene un “interés directo y particular”[49] respecto de
las pretensiones incoadas, de manera que el juez constitucional pueda verificar
que “lo
reclamado es la protección de un derecho fundamental del propio demandante y no
de otro”[50]. A su vez, esta
acción debe ser ejercida en contra del sujeto responsable de la presunta
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, sea este una autoridad
pública o un particular, en este último supuesto, en casos excepcionales.
2.1.1. Legitimación por activa
36.
En el presente caso se satisface este requisito de
procedibilidad frente a los niños, niñas y adolescentes de la vereda San José
de Campo Lajas. De conformidad con el artículo
44 de la Constitución Política, “la familia, la sociedad y el Estado tienen
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. En esa media, agrega: “Cualquier persona
puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento”. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha señalado lo siguiente:
[T]ratándose de la protección de los derechos
fundamentales de los niños, la Constitución impone objetivamente la necesidad
de su defensa, sin que interese realmente una especial calificación del sujeto
que la promueve en razón, que es la
misma Carta la que sostiene que en su defensa también debe intervenir la
sociedad[51].
37.
En consecuencia, si cualquier persona se encuentra legitimada para promover
una acción de tutela cuando quiera que considere que los derechos de un niño,
niña o adolescente se encuentran comprometidos, es evidente que el personero
del municipio de Sardinata puede representar los intereses fundamentales de los
menores de la vereda San José de Campo Lajas. A esto se suma el hecho de que
los personeros municipales están encargados de vigilar el cumplimiento de la
Constitución y defender los intereses de la sociedad[52],
en especial cuando se trata de sujetos de especial protección.
38.
No ocurre lo mismo con la legitimación de dicho personero respecto de
los intereses de los demás miembros de la comunidad de la vereda San José de
Campo Lajas. Si bien, en términos generales, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 10 y 49 del Decreto 2591 de 1991 aquellos pueden presentar
acciones de tutela en favor de terceros, la jurisprudencia constitucional ha
exigido la acreditación de las siguientes condiciones: i) que exista
autorización expresa de la persona a la que representan, excepto cuando se
trata de menores de edad,  incapaces o cuando las personas se encuentren en
estado de indefensión ii) que se individualicen o determinen las
personas perjudicadas y iii) que se argumente la forma en que se
comprometen los derechos fundamentales de aquellos[53]. En este caso no existió
autorización expresa y, aunque se aceptara que se trata de personas en estado
de indefensión, lo cierto es que no se individualizaron.
39.
En un caso semejante, la Corte se pronunció sobre la
procedencia de una tutela que había sido presentada por un defensor del pueblo,
con el fin de proteger a varias personas ubicadas en zonas de riesgo[54]. En esa oportunidad
únicamente se reconoció legitimación por activa del agente del ministerio
público frente al grupo de personas que se encontraba en un listado y que
expresamente habían solicitado su colaboración. Al contrario, respecto de las
personas a las que aquel se refirió de forma genérica, la Corte concluyó:
“(…) resultaría
extraño que el Defensor del Pueblo interponga una tutela para buscar de forma
genérica, la protección de la población desplazada por la violencia y de la no
desplazada, asentada en zonas de alto o mediano riesgo en la ciudad de
Florencia. Como resulta evidente, la acción de tutela se tornaría improcedente,
por cuanto dejaría de cumplir los requisitos mínimos de procedibilidad,
señalados en el decreto reglamentario de la acción de tutela, especialmente en
lo previsto en el artículo 10”.
40.
Esta postura fue reiterada en la sentencia T-085 de
2017, en la cual se recordó que “Cuando se trata de personeros, ellos se
encuentran legitimados, siempre y cuando identifiquen con claridad la
identidad de los posibles afectados” (Negrilla fuera del texto original).
41.
Igualmente, en sentencia T-085 de 2017 la Corte
concluyó que el incumplimiento del deber de identificar e individualizar a las
personas cuyos derechos fundamentales presuntamente se encontraran amenazados o
vulnerados, daba lugar a la improcedencia de la acción de tutela[55]. Ello es razonable,
pues resulta indispensable definir con certeza las personas respecto de las que
se concederá o negará el amparo. Por tanto, no es posible promover acciones de
tutela en beneficio de una comunidad indeterminada como ocurre en este caso, en
el que las únicas personas que resultan identificables de conformidad con la
información remitida, son los niños de dicha vereda. En
consecuencia, no se satisfacen las condiciones exigidas por esta Corte para que
un personero municipal pueda promover acciones de tutela en nombre de personas
mayores de edad que, en principio, pueden representarse a sí mismas.
42.
Así las cosas, la Sala únicamente se pronunciará frente a la presunta
vulneración del derecho fundamental a la educación, en directa relación con la
vida e integridad personal, de los niños, niñas y adolescentes de la vereda San
José de Campo Lajas, como se precisará en el título 3 infra.
2.1.2. Legitimación por pasiva
43.
La Sala encuentra cumplido el requisito de legitimación en la causa por
pasiva frente a la Alcaldía Municipal de Sardinata y la Gobernación de Norte de
Santander. De un lado, como se precisa, in extenso, en el título 3.1.2 infra,
de conformidad con las leyes 115 de 1994 (Ley General de Educación) y 715 de
2001 aquellas son responsables de garantizar, regular, administrar, distribuir
recursos y velar por la calidad del servicio de educación dentro de su
jurisdicción. De otro lado, a partir de una comprensión armónica de las leyes
105 de 1993[56],
136 de 1994[57]
(modificada por la Ley 1551 de 2012), 715 de 2001[58]
y 1228 de 2008[59]
es posible inferir que la competencia para la construcción y mantenimiento de la
infraestructura de las vías de tercer orden, incluidos los puentes, es de los
municipios; sin embargo, en aplicación de los principios de complementariedad[60],
concurrencia[61]
y subsidiariedad[62],
dicha responsabilidad también puede ser exigible de los departamentos.
44.
Ahora bien, mediante auto del 5 de octubre de 2018, la Sala vinculó al
Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de Minas y Energía y al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. De tal vinculación, sin embargo,
no se sigue, eo ipso, que sean las directas destinatarias de las órdenes
que eventualmente pudieran dictarse a fin de conjurar la posible violación de
derechos fundamentales. Dicha vinculación se efectuó, fundamentalmente, con el
propósito de contar con información puntual sobre asuntos de su competencia,
así como para obtener un pronunciamiento frente a los hechos y pretensiones de
esta solicitud de amparo, en atención a las siguientes razones, relativas a
cada uno de los citados ministerios:
45.
De conformidad con el Decreto 5012 de 2009, el Ministerio de Educación
Nacional debe “Generar directrices, efectuar seguimiento y apoyar a las
Entidades Territoriales para una adecuada gestión de los recursos humanos del
sector educativo, en función de las políticas nacionales de ampliación de
cobertura, mejoramiento de la calidad y la eficiencia del servicio educativo y
la pertinencia”.
46.
El Decreto 381 del 16 de febrero de 2012 prevé que el Ministerio de
Minas y Energía tiene la función de administrar los Fondos de Apoyo Financiero
para la Energización de las Zonas no Interconectadas –FAZNI–, así como el de
las Zonas Rurales Interconectadas –FAER– y, además, formular políticas a fin de
expandir el servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas.
47.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en particular su
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, tiene como misión disminuir el
déficit de agua potable, para lo cual puede apoyar financieramente a los
municipios cuando estos no puedan atender
directamente las inversiones que se requieran[63].
Igualmente, el Decreto 3571 de 2011 señala que este ministerio tiene a su cargo
el diseño y promoción de programas especiales de agua potable y
saneamiento básico para el sector rural, en coordinación con las entidades
competentes del orden nacional y territorial.
2.2.
Inmediatez
48.
Esta Sala
considera que la acción de tutela presentada por el personero municipal de
Sardinata, Norte de Santander, cumple con el requisito de inmediatez.
49.
En efecto, el 12
de diciembre de 2017 el presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda San José de Campo Lajas solicitó al alcalde municipal de Sardinata que
efectuara obras “de mejoramiento del puente de la hamaca y escuela de
la vereda”[64]
y resaltó la urgencia de adoptar dichas medidas porque, tras el colapso del
puente, los niños se veían obligados a cruzar un río caudaloso e “infestado”
de caimanes para poder asistir a la escuela.
50.
Por su
parte, el personero municipal de Sardinata, mediante derecho de petición
presentado ante la Gobernación de Norte de Santander, el 14 de diciembre de
2017, coadyuvó la anterior petición y solicitó que se diera una solución
razonable en el menor tiempo posible.
51.
El 12 de enero de
2018 la Gobernación de Norte de Santander le informó al personero del municipio
de Sardinata que su solicitud sería tenida en cuenta. Sin embargo, dado
que tras varias semanas las entidades accionadas no tomaron “cartas en el
asunto”, el personero decidió formular acción de tutela el día 27 de marzo
de 2018, es decir transcurridos 3 meses desde que se presentaron las referidas
peticiones a las entidades accionadas y 2 meses después de que se le indicara,
por parte de una de ellas, que su solicitud sería tenida en cuenta. Por lo
anterior, la Sala concluye que el actor interpuso la tutela dentro de un
periodo razonable.
2.3.
Subsidiariedad
52.
La acción de
tutela procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial
efectivo para la protección de sus derechos fundamentales o, en caso de existir
tal recurso judicial, se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable[65].
53.
La Corte Constitucional ha advertido que al verificar existencia de
mecanismos judiciales o administrativos[66]
el juez constitucional debe analizar la situación particular del accionante y
los derechos cuya protección se solicita, con el fin de comprobar si aquellos
resultan idóneos y eficaces para la protección de sus derechos fundamentales[67]. En caso de
que se advierta que las otras vías judiciales no permiten resolver el conflicto en su dimensión
constitucional o no ofrecen una solución integral para el derecho comprometido,
la acción de tutela debe proceder como mecanismo de amparo definitivo de los
derechos fundamentales invocados.
54.
El
presente asunto, como se precisa en el Título 3 infra, se circunscribe a
la garantía de los componentes de accesibilidad y disponibilidad del derecho
fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la vereda San
José de Campo Lajas. Siendo ello así, la acción de tutela se torna procedente
en tanto no existe un medio de defensa judicial que permita al accionante
reclamar la protección de este derecho fundamental.
55.
Este
caso, entonces, no es relativo a la omisión de unas autoridades de construir
una obra pública para garantizar el tránsito de los habitantes de la vereda
Campo Lajas del municipio de Sardinata, supuesto en el cual cabría preguntarse
si es procedente la acción popular[68]. No lo es porque
aquellos no acreditaron legitimación en la causa por activa, la cual únicamente
se radicó en cabeza de los niños, niñas y adolescentes de dicha localidad, para
la protección de su derecho fundamental a la educación, en directa
relación con los derechos a la vida e integridad personal.
2.4.
Carencia actual de objeto
56.
En la decisión objeto de revisión, la tutela se declaró improcedente por
carencia actual de objeto, dado que el juez de instancia consideró que se había
satisfecho en su integridad la pretensión de la acción. Por tanto, antes de
continuar con el análisis de fondo, resulta necesario determinar si, en efecto,
aquella valoración fue adecuada.
57.
El juzgado de instancia declaró la carencia actual de objeto tras
concluir que no existía “vulneración al derecho fundamental de petición, ni
a derecho fundamental alguno”. Lo anterior, porque consideró que: i) “en
el presente caso el accionante se duele porque la [sic] accionadas no
dieron respuesta a las solicitudes antes mencionadas”[69];
ii) el actor únicamente acreditó la existencia del derecho de petición
del 14 de diciembre de 2017, el cual había sido respondido por la Gobernación
de Norte de Santander de fondo y de forma clara, precisa y congruente y iii)
ya se había llevado a cabo la visita prometida por la Gobernación de Norte de
Santander, en coordinación con la Alcaldía de Sardinata, la cual tenía por objeto
estructurar los proyectos que se requirieran y adelantar la consecución de los
recursos financieros necesarios para resolver la problemática concreta
propuesta por el accionante.
58.
La Sala pudo constatar que, a diferencia de lo que señaló el juez de
instancia, el actor sí acreditó la presentación del derecho de petición del 12
de diciembre de 2017, el cual obraba entre los folios 13 a 33 del escrito de
tutela. En todo caso, de un lado, lo cierto es que respecto de la falta de
respuesta a esta petición, no podía emitirse pronunciamiento alguno, por
ausencia de legitimación por activa del personero del municipio de Sardinata,
dado que la citada petición había sido presentada por el presidente de la junta
de acción comunal, a quien le correspondía, en caso de considerar vulnerado
este derecho fundamental, acudir a la acción de tutela para su protección.
59.
De otro lado, para la Sala es claro que a pesar de que el actor hizo
referencia a las solicitudes radicadas ante las entidades accionadas, la acción
de tutela no estaba encaminada a solicitar la protección del derecho
fundamental de petición, sino de los derechos fundamentales a la educación,
vida e integridad de los habitantes de la vereda San
José de Campo Lajas. Lo que el tutelante cuestionaba era que la Gobernación de
Norte de Santander y la Alcaldía de Sardinata no hubiesen tomado medidas para
proteger los fundamentales invocados, en particular de los menores de edad que
habitaban en dicho sector.
60.
Finalmente, el hecho de que la Gobernación de Norte de Santander hubiere
llevado a cabo una visita a la vereda San José de Campo Lajas, en coordinación
con la Alcaldía de Sardinata, no resultaba suficiente para declarar la carencia
actual de objeto. Esto es así, porque, aunque dicha visita podía constituir un
primer paso hacia la solución de los problemas expuestos en el recurso de
amparo, ello no satisfacía las pretensiones contenidas en el mismo, ni mucho
menos aseguraba que las entidades accionadas llevaran a cabo las labores que se
requerían para la protección de los derechos fundamentales incoados. Por todo
lo dicho, la Sala continuará con el análisis de fondo del presente asunto, en
tanto no existe carencia actual de objeto y,
además, se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela, en los términos ya indicados.
3.
Análisis del caso concreto
61.
El asunto versa sobre el derecho fundamental a la educación de los
niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas. En
particular, sobre las condiciones de acceso a la Institución Educativa San Luis
Beltrán y la infraestructura de la misma.
62.
Ahora bien, aunque el actor también solicitó la protección de los
derechos fundamentales a la vida e integridad personal de aquellos menores,
estos derechos los circunscribió a los peligros que enfrentaban los agenciados
para llegar a la Institución Educativa San Luis Beltrán, ante la ausencia de un
puente que comunicara a sus viviendas con el centro educativo[70].
Por
tanto, como se precisará más adelante, los derechos a la vida e integridad de los
menores de la vereda San José de Campo Lajas serán analizados en el marco del
componente de accesibilidad del derecho fundamental a la educación.
63.
A fin de abordar de manera apropiada la problemática objeto de la acción
de amparo, la Sala seguirá la siguiente metodología:
64.
En primer lugar, describirá el contexto en el que se desenvuelven los
hechos que, presuntamente, generan la vulneración del derecho fundamental a la
educación de los menores de la vereda San José de Campo Lajas. Lo anterior, con
el objeto de definir los deberes del Estado frente a la garantía del derecho a
la educación, en esta vereda afectada por el conflicto armado (título 3.1 infra).
65.
En segundo lugar, la Sala se referirá a la interacción significativa que
se promovió en sede de revisión, tendiente a contar mayores y mejores elementos
de juicio para formular y resolver los problemas jurídicos sustantivos del caso
(título 3.2 infra).
66.
En tercer lugar, a partir del citado contexto y la descripción de la
interacción significativa que se promovió, la Sala formulará (título 3.3 infra)
y resolverá los problemas jurídicos del caso, relativos a determinar si existe
una vulneración de los componentes de accesibilidad (título 3.4 infra) y
disponibilidad (título 3.5 infra) del derecho fundamental a la educación
de los niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas del
municipio de Sardinata, Norte de Santander.
67.
Finalmente, en caso de encontrar acreditada la vulneración del derecho
fundamental a la educación (en sus componentes de accesibilidad y/o
disponibilidad), a partir de los elementos obtenidos de la interacción
significativa que se promovió en sede de revisión, deberá definir los remedios
del caso (numeral 3.6 infra).
3.1.
Contexto en el que se
desenvuelven los hechos que, presuntamente, generan la vulneración del derecho
fundamental a la educación de los menores de la vereda San José de Campo Lajas
68.
En el presente título la Corte describirá el contexto económico y social
de la vereda San José de Campo Lajas, así como las especiales exigencias que se
siguen para el Estado, en relación con el derecho fundamental a la educación,
de que son titulares los menores agenciados, en una zona afectada por el
conflicto armado, con el objeto de aportar elementos de juicio precisos para
formular y resolver los problemas jurídicos del caso.
3.1.1. Contexto económico y social de la vereda San José de
Campo Lajas
69.
La vereda de San José de Campo Lajas pertenece al corregimiento de San
Martín de Loba del municipio de Sardinata, ubicado en la región del Catatumbo.
70.
Esta región ha sufrido con especial rigor las consecuencias del
conflicto armado y gran parte de su población vive en condiciones de pobreza extrema.
Al respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica resaltó en un informe
sobre el Catatumbo, que entre 1980 y 2013 se registraron 66 masacres, lo cual
ocasionó el desplazamiento de más de 120.000 pobladores[71].
Igualmente, destacó que el 93% de los habitantes de las zonas rurales vivía en
condiciones de pobreza, en medio de lucrativas economías ilícitas de droga y
contrabando, controladas por organizaciones al margen de la ley[72].
A pesar de los esfuerzos adelantados por el Estado para devolver la institucionalidad
a esta región, la acción de grupos de delincuencia común, de las guerrillas del
ELN, EPL y algunas organizaciones disidentes de las FARC - EP perpetúan la
situación de violencia.
71.
De hecho, el Decreto 893 de 2017 incluyó al Municipio de Sardinata como
uno de los municipios priorizados para la implementación de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET-, por ser uno de “los territorios
más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono”. La inclusión de
este tipo de municipios se fundamentó en lo siguiente:
El complejo escenario de los territorios priorizados
los hace vulnerables a diferentes actores de la ilegalidad, quienes a medida
que avanzan los cronogramas para el fin del conflicto (Punto 3 del Acuerdo
Final), es decir, durante la entrega de armas y la reincorporación a la vida
civil de los excombatientes de las FARC, aprovechan tal situación en favor de
sus intereses, debilitando aún más la institucionalidad o profundizando el
abandono estatal y, por lo tanto, agravando los escenarios de pobreza extrema y
el grado de afectación derivada del conflicto.
72.
Posteriormente, en el auto 634 de 2018, mediante el cual se convocó a una
audiencia pública, “en el marco del seguimiento a la superación del Estado
de Cosas Inconstitucional declarado
en materia de desplazamiento forzado, en la Sentencia T-025 de 2004”, la Corte Constitucional señaló que
esta región “reportó 23 desplazamientos masivos entre enero y agosto
del año en curso [hace referencia al año 2018][73]”,
además de que se trataba de “una de las regiones en donde persisten
dinámicas de reconfiguración de actores armados que generan graves afectaciones
sobre la población”.
73.
En desarrollo de la audiencia pública de que da cuenta el numeral
anterior, celebrada el 29 de noviembre de 2018, la representante de la
población desplazada del Catatumbo advirtió los siguientes hechos que se
presentaron durante el año 2018: “24 hechos de desplazamiento masivo que
corresponden a 13.136 campesinos, 3.878 familias, con un incremento según
cifras de Naciones Unidas y del Ministerio Público de un 803.5 % en corporación
al año 2016”[74]
y “157 homicidios, esto según reporte de la Policía Nacional, hasta el 31 de
octubre de este año” [75].
Además, hizo un llamado para que se implementaran los acuerdos de paz, pues “Las
comunidades no cuentan con proyectos productivos que garanticen su
sostenibilidad en condiciones dignas, que permitan la sustitución de cultivos
ilícitos y la superación de la pobreza”[76].
74.
En la misma audiencia, el gobernador de Norte de Santander manifestó que
en dicha región había presencia del ELN y del EPL[77],
así como de “alguna disidencia que se está tratando de conformar de las FARC”.
También señaló que esta situación se agravaba por la acción de bandas de
narcotraficantes que operaban en la zona “con el propósito de explotar las
cerca de 30 mil hectáreas de coca” de la región[78].
75.
Este es el contexto en el que viven las familias de los niños, niñas y
adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas, quienes, de conformidad con
los informes remitidos por la Alcaldía de Sardinata, la Gobernación de Norte de
Santander y la Personería de Sardinata: i) se encuentran en situación de
pobreza extrema[79],
con puntajes del Sisbén entre 3,60 y 24,50[80];
ii) no cuentan con servicios públicos domiciliarios, de modo que usan
lámparas de gas para iluminar sus casas y mangueras para obtener agua[81];
iii) son, en su mayoría, víctimas de desplazamiento forzado[82],
a causa de acciones violentas de grupos guerrilleros y paramilitares[83]
y iii) “se dedican a la siembra y cosecha de la plantación de coca,
ya que no encuentran viabilidad para ejercer otra actividad económica que se
pueda realizar en esta zona”[84].
3.1.2. Deberes generales y especiales del Estado para
garantizar el derecho fundamental a la educación en la vereda San José de Campo
Lajas
76.
El artículo 67 de la Constitución Política hace
referencia a la educación en términos de un derecho de
la persona y de un servicio público del cual son responsables el Estado, la
sociedad y la familia. Particularmente, señala que el Estado tiene la función
de “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con
el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo”. Además, indica que
la Nación y las entidades territoriales deben participar en la dirección,
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la Constitución y la ley.
77.
Por su parte, la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) prevé una
serie de obligaciones del Estado y, en particular, de las entidades
territoriales, frente a la prestación del servicio público de educación.
78.
El artículo 4 de la ley en cita indica: “Corresponde
al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y
promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la
Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento […] El
Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad
y el mejoramiento de la educación”.
79.
Su artículo 147 dispone: “La Nación y las entidades
territoriales ejercerán la dirección y administración de los servicios
educativos estatales”.
80.
Al delimitar las competencias de las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales,
su artículo 150 prevé que estos “regulan la educación dentro de su
jurisdicción”, y añade que, “[l]os gobernadores y los alcaldes
ejercerán, en relación con la educación, las facultades que la Constitución
Política y las leyes les otorgan”.
81.
Su artículo 151 regula las funciones de las secretarías
departamentales para efectos de la prestación del servicio público de educación
y su artículo 152 establece las competencias de las secretarías de educación
municipal, en relación con este servicio, las cuales, según esta ley, deben ser
ejercidas directamente por el alcalde en el evento en que el respectivo
municipio no cuente con secretaría de educación.
82.
Finalmente, el artículo 153 dispone lo siguiente: “Administrar
la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el
servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar
licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal
administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el
municipio”.
83.
La Ley 715 de 2001[85]
regula las competencias generales de los departamentos en el
sector de la educación, así como aquellas que deben ejercer en relación con los
municipios no certificados, como es el caso del municipio de Sardinata. Al
respecto, su artículo 6 dispone:
6.2. Competencias [de los departamentos]
frente a los municipios no certificados.
6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar
el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media en
sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en
los términos definidos en la presente ley.
84.
Pese a que de conformidad con este artículo los departamentos
son los responsables de la dirección, planificación y prestación del servicio
de educación en los municipios no certificados, ello no significa que estos
carezcan, por completo, de competencias en relación con la prestación de dicho
servicio público. En efecto, el numeral 1 del artículo 76 de esta ley dispone
que le corresponde a los municipios “la construcción, ampliación
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos”.
Adicionalmente, su artículo 8 dispone que estos municipios pueden “Administrar
y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le
asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad” y
“participar con recursos propios en la financiación de los servicios
educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura,
calidad y dotación”.
85.
De otra parte, es importante precisar que en la jurisprudencia
inicial de esta Corte se consideró que únicamente el acceso y la permanencia en
el sistema educativo hacían parte del objeto del derecho fundamental a la
educación[86].
Luego, en razón a lo dispuesto en la Observación General 13 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas[87], ha admitido
que este derecho tiene cuatro componentes estructurales e interrelacionados: asequibilidad,
accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. A partir de esta
última orientación, en particular en relación con los componentes de
accesibilidad y asequibilidad o disponibilidad, es que la Sala valorará el caso
en concreto.
86.
La
jurisprudencia constitucional ha advertido que la garantía del componente de
accesibilidad material implica que el Estado tiene el deber de adoptar medidas
para eliminar las barreras que desincentiven el ingreso y la permanencia en el
sistema educativo[88]. El componente de
asequibilidad o disponibilidad ha sido interpretado en el sentido de que exige
satisfacer la demanda educativa y, además, que los establecimientos educativos
deben contar con los recursos humanos y físicos necesarios para la prestación de este servicio[89].
87.
Adicionalmente, en lo que tiene que ver con la garantía del derecho
fundamental a la educación en las zonas rurales, esta Corte ha insistido en que
la ubicación geográfica de los niños no puede impedir el pleno ejercicio de
este derecho. Por tanto, ha inferido el deber del Estado de implementar
estrategias que garanticen un acceso universal progresivo, de modo que los
menores ubicados en zonas apartadas no soporten cargas desproporcionadas para
acudir a sus clases[90].
88.
Así mismo, ha señalado que los menores ubicados en zonas rurales no
pueden encontrarse en situación de inferioridad frente a los niños y niñas a
los que se les presta este servicio público en áreas urbanas[91],
pues, de ser así, también se pondría en riesgo la concreción de otros derechos
fundamentales como la igualdad de oportunidades[92],
el trabajo, los derechos de participación política, la seguridad social y el
mínimo vital, entre otros[93].
89.
Además, dado que “la pobreza, la
violencia y el desplazamiento que aquejan grandes regiones de nuestro
territorio nacional se erigen en obstáculos que impiden la efectividad del
derecho a la educación”[94], para el caso de las áreas rurales, este deber del
Estado cobra especial relevancia, pues la
educación es precisamente el medio idóneo para superar estas circunstancias,
tal como lo ha reconocido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU en su Observación General 13[95]. Más aún, la superación de las condiciones de pobreza
y exclusión social impide que el conflicto siga perpetuándose, de modo que la
educación resulta un mecanismo eficaz para poner freno a las causas
estructurales de la violencia.
90.
Bajo esta lógica, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera reconoce que la
transformación del campo contribuye a la construcción de la paz[96]
y contempla la educación rural (Punto 1.3.2.2) como uno de los puntos
primordiales de la reforma rural integral[97].
Al pronunciarse sobre la exequibilidad del Decreto 892 de 2017, expedido por el
Gobierno Nacional con el fin de asegurar la implementación del citado punto del
Acuerdo, la Corte Constitucional señaló:
Los esfuerzos por regular la calidad de la educación
[…] deben cualificarse en ciertas zonas del país en las que, por motivos
históricos, el acceso a los servicios educativos ha sido deficiente e
inequitativo en relación con la disponibilidad de programas y recursos en los
lugares centrales del país. No hacerlo, quebranta el principio a la igualdad en
la medida en que, tal como opera el sistema educativo, comporta cargas
adicionales para aquellas personas que residen en zonas apartadas del país y
aspiran a acceder a él en condiciones de calidad que satisfagan mínimamente el
esquema de adaptabilidad, asequibilidad, accesibilidad y aceptabilidad[98].
91.
En suma, la protección del derecho a la educación de los menores de la
vereda San José de Campo Lajas resulta constitucionalmente relevante, no solo
para asegurar la eficacia de este derecho, sino para i) promover
condiciones que, a futuro, permitan poner fin al conflicto que históricamente
ha afectado esta zona del país; ii) asegurar la concreción de otros
derechos fundamentales y iii) contribuir a que los niños, niñas y
adolescentes de esta zona puedan desarrollar capacidades para superar sus
condiciones de pobreza y marginalidad.
3.2.
Interacción significativa
en sede de revisión
92.
Con el objeto de tener mayores y mejores elementos de juicio para
formular y resolver los problemas jurídicos sustantivos del caso, la Sala
consideró necesario promover una interacción significativa entre la totalidad
de interesados en este proceso de tutela: las partes involucradas (accionantes
y accionados) y las autoridades con competencias en la garantía de los derechos
involucrados. Esta orientación hacia el proceso, más que al resultado, se
fundamentó en las siguientes premisas:
93.
i) El análisis de la faceta prestacional de los derechos no es
una tarea exclusiva del juez constitucional. Sus titulares, así como los
presuntos destinatarios u obligados de los deberes que correlativamente se
derivan de aquellos, son quienes se encuentran en mejor posición epistémica
para argumentar, por medio de premisas empíricas y normativas, cuál es su
actual nivel de satisfacción. Además, son quienes se encuentran en mejor
posición para determinar cuál debe ser el nivel y modo apropiado para su
garantía, dadas las condiciones del caso y posibilidades fácticas y normativas
de cada una, dentro de las cuales son especialmente relevantes las
restricciones presupuestales y de gasto público, así como las restricciones
presupuestarias de sus titulares.
94.
ii) La participación de los destinatarios refuerza su compromiso
frente a la protección y garantía de los derechos fundamentales. Esto sucede de
forma natural cuando los obligados participan en un proceso interactivo en el
que constatan que existe un problema de relevancia constitucional del cual
hacen parte y pueden evaluar sus propias posiciones, así como las de los demás
intervinientes en el proceso de tutela, a fin de ofrecer argumentos que
permitan clarificar la problemática concreta y proponer soluciones razonables.
95.
iii) Una interacción significativa de este tipo provee una base
argumentativa sólida para la toma de decisiones judiciales y para el diseño y
ejecución de las políticas necesarias para su cumplimiento. Lo anterior, por
cuanto el papel del juez, en casos como el presente, no consiste tanto en
imponer, sin más, una orden al destinatario, sino en controlar, de ser posible,
la plausibilidad de las premisas y argumentos propuestos por los destinatarios
de los derechos, de tal forma que se garantice la supremacía constitucional y,
en especial, se maximice la realización de los principios de eficacia real y
concreta de los derechos fundamentales, debido proceso, democracia, separación
de poderes y sostenibilidad fiscal y legalidad del gasto público.
96.
La interacción significativa supuso la realización de las siguientes dos
etapas: en primer lugar, el levantamiento de información preliminar, con el fin
de sensibilizar a las partes acerca de la existencia de un problema de
relevancia constitucional, dada la selección de un caso para revisión por parte
de la Corte Constitucional, y obtener datos relevantes para la práctica de
pruebas. En segundo lugar, el decreto de pruebas y la posibilidad de su contradicción,
con el fin de que, a partir de la interacción de los distintos actores del
proceso (partes y autoridades con competencias para la garantía de los derechos
fundamentales objeto de tutela) lograran identificar la problemática fáctica
relevante del caso y se vincularan con alternativas reales y concretas para su
solución.
97.
En este escenario de interacción significativa dado que, como se precisa
más adelante, las partes identificaron la problemática fáctica relevante del
caso y se vincularon con alternativas reales y concretas para su solución, la
labor de la Sala, en caso de acreditar la vulneración del derecho fundamental a
la educación (en sus componentes de accesibilidad y disponibilidad), se
restringe a valorar su razonabilidad. En caso de que las propuestas de garantía
se ajusten a este estándar, lo procedente será ordenar su ejecución; de lo
contrario, deberán ordenarse aquellas acciones que permitan superar la
situación de vulneración del derecho, en consideración a las posibilidades
reales de garantía, propuestas por las distintas partes en el proceso de
amparo.
3.2.1. Levantamiento de información preliminar
98.
Tal como se señaló en el título 5 supra del acápite de
“Antecedentes”, con el objeto de promover, en sede de revisión, una interacción
significativa entre los posibles destinatarios y obtener datos relevantes para
estructurar el auto de pruebas, el despacho del magistrado sustanciador se
comunicó con varias personas.
99.
En primer lugar, se comunicó con el señor Duvian Rolón Gómez[99],
quien se desempeñó hasta el año 2017 como docente de la Institución Educativa
San Luis Beltrán y había asistido como “comisionado de parte de la Alcaldía
Municipal de Sardinata” a la visita técnica de la cual da cuenta el título
3 supra del acápite de “Antecedentes”. El docente confirmó que algunos
niños de la vereda San José de Campo Lajas cruzaban el río en troncos amarrados
para poder llegar a la Institución Educativa San Luis Beltrán. También señaló
que otros menores dejaron de asistir a clases porque sus padres no les permitían
cruzar el río ya que era muy caudaloso y se encontraba “infestado” de
caimanes. En relación con la infraestructura de la escuela, señaló que no
contaba con electricidad ni agua, que la cubierta estaba en malas condiciones y
que los libros estaban desactualizados. Además, aclaró que los menores de esta
vereda no podían asistir a otras escuelas porque la más cercana quedaba en el
municipio de Tibú, a 2 horas de camino.
100.
Posteriormente, con el fin de ampliar esta información, el 27 de
septiembre de 2018 remitió al despacho del magistrado ponente i) un
gráfico de la vereda San José de Campo Lajas y sus alrededores, ii)
fotografías de la Institución Educativa San Luis Beltrán y del Puente Hamaca y iii)
videos en los que se observaba el estado de dicho puente, así como del trayecto
y los medios utilizados por los menores para cruzar el río Nuevo Presidente,
que los separaba del camino hacia la citada institución educativa[100].
101.
En segundo lugar, el despacho del magistrado sustanciador estableció
contacto con el alto consejero de planes, programas y proyectos especiales de
la Gobernación de Norte de Santander[101],
quien señaló que realizaría averiguaciones al interior de dicho ente
territorial y de la Alcaldía de Sardinata, a fin de hacer un seguimiento a las
acciones que se hubieren adelantado y aquellas que se adelantarían en razón a
la visita técnica realizada el 9 de abril de 2018, ya citada.
102.
En tercer lugar, como consecuencia de la comunicación que se estableció
entre el despacho del magistrado sustanciador y el alcalde del municipio de
Sardinata[102],
este informó que se pondría en contacto con funcionarios de la Gobernación de
Norte Santander, a fin de encontrar una solución frente a los problemas
planteados en la solicitud de amparo. Adicionalmente, suministró el número
telefónico del ingeniero Wilmer Aranda, quien, según indicó, tenía información
relevante acerca del caso. Posteriormente, informó que había sido citado[103]
a una reunión por el señor Jesús Alberto Umbarila Contreras, asesor de
proyectos especiales de la Gobernación de Norte de Santander, para tratar
asuntos relacionados con la acción de tutela de la referencia.
103.      Finalmente,
el despacho del magistrado sustanciador estableció comunicación con el
ingeniero Wilmer Aranda, funcionario de la Gobernación de Norte de Santander[104],
y quien habría acudido en representación de dicho ente territorial a la visita
técnica realizada el 9 de abril de 2018[105].
Relató que, ante la imposibilidad de usar el Puente Hamaca, los menores se
veían obligados a cruzar un río en el que “hay mucho cocodrilo”, lo cual
pudo verificar personalmente, porque los observó durante la visita técnica.
Agregó que se necesitarían dos puentes, ya que la vereda San José de Campo
Lajas quedaba “como en una isla”, y, por último, señaló, en relación con
la Institución Educativa San Luis Beltrán, que no contaba con electricidad, ni
agua y que estaba construida en un predio que no pertenecía al municipio de
Sardinata[106],
que se encontraba lejos del casco urbano de dicho municipio y en una zona “donde
se sembraba coca”.
3.2.2. Pruebas recaudadas en sede de revisión
104.
Para los fines descritos en el numeral 3.2 supra, la Sala de
Revisión profirió el auto de pruebas del 5 de octubre de 2018[107],
al que se hizo referencia, in extenso, en el título 5.2 supra del
acápite de “Antecedentes”. En los títulos siguientes se exponen, en detalle,
las respuestas, informes y pronunciamientos allegados a la Sala, a fin de
ilustrar el proceso de interacción significativa promovido por la Sala. Este
proceso, como se verá, llevó a los interesados a i) examinar de forma
directa los hechos planteados en la acción de amparo; ii) interactuar
con los titulares del derecho; iii) comprender que existía una
problemática de relevancia constitucional que recaía dentro de la órbita de sus
competencias y iv) proponer alternativas de solución a la problemática
advertida. Además, el referido proceso ofreció a la Sala una base argumentativa
suficiente para formular los problemas sustantivos del caso y para su solución.
3.2.2.1.
Respuestas de la
Gobernación de Norte de Santander
105.
Aunque en el auto de decreto de pruebas, la Sala de Revisión requirió
que la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Sardinata elaboraran
un informe conjunto[108],
estos presentaron informes separados. A pesar de esto, es importante resaltar
que los funcionarios de las entidades territoriales accionadas tuvieron la
oportunidad de interactuar significativamente entre sí, y también con los
niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas, con sus
padres, con la rectora del circuito en que se encuentra la Institución
Educativa San Luis Beltrán y con el profesor titular de esta.
106.
En efecto, el gobernador de Norte de Santander informó que, para
empezar, había dado traslado del auto del 5 de octubre de 2015 y del oficio
OPT-A-3069[109]
a la Secretaría de Educación de dicho departamento, para lo de su competencia[110].
Además, con el fin de elaborar el informe solicitado por la Sala de Revisión
conformó un equipo técnico con personal de las secretarías de Infraestructura,
Educación, Desarrollo Social y Prensa, el cual realizó una visita técnica a la
vereda San José de Campo Lajas. A esta visita también asistieron el presidente
de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda, algunos de los niños y niñas que
estudian en la Institución Educativa San Luis Beltrán, miembros de la
comunidad, así como la rectora y el docente de la Institución Educativa San
Luis Beltrán[111].
107.
La respuesta enviada por la Gobernación de Santander al despacho del
magistrado sustanciador[112]
incluyó información relativa a los siguientes aspectos: i) un reporte de
los alumnos matriculados en la escuela de la vereda San José de Campo Lajas
según el SIMAT[113];
ii) un informe de la visita que se efectuó a la Institución Educativa
San Luis Beltrán, presentado por la Secretaría de Infraestructura[114];
iii) un informe de la visita que se realizó en el Puente Hamaca,
realizado por la Secretaría de Infraestructura[115];
iv) un informe socioeconómico de las familias de la vereda, efectuado
por la Secretaría de Desarrollo Social[116];
v) un DVD con fotografías y videos que los funcionarios de la oficina de
prensa registraron durante la visita técnica[117];
vi) un reporte de verificación en el Registro Único de Víctimas y vii)
un informe consolidado de la visita, el cual recoge las conclusiones
presentadas por el referido equipo técnico[118].
108.
Los informes presentados evidencian que los funcionarios de la
Gobernación de Norte de Santander pudieron establecer que: i) la mayoría
de los menores son víctimas de desplazamiento forzado por razón del conflicto
armado[119];
ii) aparecen registrados en el Sisbén[120],
con puntajes entre 3,60 y 24,50[121];
iii) sus viviendas no cuentan con servicios públicos[122];
iv) sus padres trabajan en los cultivos locales[123];
en particular, se resaltó que “se dedican a la siembra y cosecha de la
plantación de coca, ya que no encuentran viabilidad para ejercer otra actividad
económica que se pueda realizar en esta zona”[124];
v) existe “interés de los padres hacia la protección del derecho a la
Educación”[125]
de sus hijos y vi) algunos de los niños, niñas y adolescentes no viven
con sus padres, porque estos decidieron enviarlos con familiares a la ciudad
Bucaramanga, para que pudieran seguir con sus estudios[126],
dada la ausencia de condiciones seguras para su desplazamiento hacia la
escuela, lo que, según se indicó, habría ocasionado “inestabilidad emocional”
tanto para los padres como para los niños[127].
109.
En cuanto al estado del Puente Hamaca y las dificultades que enfrentan
los menores para llegar a su escuela, los funcionarios de la Gobernación de
Norte de Santander concluyeron que: i) se encuentra en un camino
veredal, cuyo mantenimiento y conservación corresponde al municipio[128];
ii) a la Institución Educativa San Luis Beltrán se puede llegar por el
noreste luego de cruzar el río Nuevo Presidente, hábitat de caimanes,
circunstancia que hace necesaria la reconstrucción del Puente Hamaca; iii)
a la escuela también se puede llegar por el noroeste, en donde hay una quebrada
que, en época de invierno, no permite cruzar, por lo que se requiere construir
otro puente en este extremo[129];
iv) algunos menores se encuentran desescolarizados[130]
lo cual se debía, según las familias entrevistadas, a que no existía un puente
que les permitiera llegar a la escuela de la vereda[131];
v) las sedes educativas más cercanas a las que podrían asistir los
menores son: la sede de Corinto, que queda a 4 horas de camino y la sede de
Guarisaco, que queda a 1 hora caminando y 40 minutos en canoa[132]
y, finalmente, vi) que en la actualidad no se presta servicio de internado
en establecimientos cercanos[133].
110.
Frente a las condiciones en las que se presta el servicio de educación
en la Institución Educativa San Luis Beltrán, los funcionarios de la
Gobernación de Norte de Santander encontraron que: i) “A la totalidad
de los niños matriculados se les presta el servicio de alimentación escolar –
PAE-, bajo la modalidad de Complemento Ración Industrializada AM”[134];
ii) el predio en donde se ubica la Institución Educativa San Luis
Beltrán no pertenece al municipio[135];
iii) la estructura del aula y la cubierta están en buen estado[136];
iv) la escuela cuenta con zonas verdes suficientes y una cancha de
tierra para actividades lúdicas y deportivas[137];
v) los muros, pisos, las puertas y las ventanas y baterías sanitarias se
encuentran en mal estado[138];
vi) los baños no funcionan por falta de suministro de agua[139];
vii) la escuela no cuenta con lavamanos[140];
viii) se requiere una planta eléctrica o paneles solares para garantizar
el servicio de energía eléctrica; ix) se requiere dotar el aula de clase
con mobiliario escolar, escritorio para el docente y mueble de almacenamiento[141]
y x) no es conveniente construir un aula para el profesor porque, por
razones de seguridad y conveniencia, el docente vive en el corregimiento de
Campo Gil[142].
3.2.2.2.
Respuesta de la Alcaldía de
Sardinata, Norte de Santander
111.
El alcalde del municipio Sardinata señaló[143]
que el Ministerio de Hacienda, mediante la Resolución 3446 de 2017, había
decidido suspender los giros de los recursos correspondientes a la asignación
para Calidad de Matrícula Oficial de la Participación de Educación del Sistema
General de Participaciones al municipio de Sardinata. Añadió que los recursos
propios que generaba el municipio eran tan limitados, que ni siquiera
alcanzaban a cubrir los gastos de funcionamiento, de modo que no existían
recursos disponibles para inversión.
112.
Adicionalmente, adjuntó un informe técnico[144]
presentado por la Secretaría de Obras Públicas en el que se indicó lo siguiente
respecto de la Institución Educativa San Luis Beltrán: i) no se tiene
conocimiento sobre el propietario del predio en donde se encuentra ubicada, lo
cual dificulta la inversión; sin embargo, informó que la administración
municipal está realizando los trámites para legalizar el predio; ii) a
la escuela se puede acceder por el corregimiento Campo Dos del municipio de
Tibú, por una vía destapada, en un trayecto de aproximadamente 3 horas el cual
incluye “el paso de la quebrada”; iii) no cuenta con agua potable
y la poca agua que llega se usa para los baños; iv) no tiene servicio de
luz eléctrica y la planta eléctrica se encuentra en muy mal estado, razón por la
cual, no se han usado los cinco  “computadores para educar”; v) las
unidades sanitarias se encuentran en regular estado y el tanque aéreo presenta
una filtración, pero no se puede usar por falta de agua y  vi) los
planteles educativos más cercanos son la Sede Educativa de Corinto, que se
encuentra a 2 horas de camino, y la escuela Campo Giles que pertenece al
municipio de Tibú y está ubicada a 3 horas.
113.
En dicho informe técnico, se indicó respecto del Puente Hamaca que: i)
la guaya y dados de anclaje presentan oxidación; ii) las pocas
tablas que sirven de apoyo están en mal estado; iii) se requiere cambiar
la guaya, instalar nuevos anclajes y tornillos, pendolones, tuercas y tablas y
asegurar el mantenimiento periódico y  iv) “Este proyecto necesita la
reconstrucción de un puente hamaca y la construcción de otro, como el municipio
carece del presupuesto para la realización de estos dos proyectos, se procederá
con el levantamiento topográfico y estudios de diseño y de esta forma poder
gestionar a nivel departamental y nacional los recursos para su construcción”.
114.
Por último, la Alcaldía adjuntó a esta respuesta, la siguiente
información: i) el listado de los estudiantes de la Institución
Educativa San Luis Beltrán, en el que se observa que se encuentran matriculados
5 niños y 3 niñas, con edades entre los 6 y 13 años[145];
ii) los soportes del SISBEN de 5 de estos estudiantes, con puntajes
entre 5,60 y 24,50[146];
iii) una certificación expedida por el Secretario General de la
Personería Municipal, en el que se indica que 6 de estos menores se encuentran
incluidos en la base de datos de la población víctima del conflicto armado
interno por el hecho victimizante de “desplazamiento forzado”[147]
y iv) una comunicación que recibió el alcalde de Sardinata, proveniente
de la Agencia Nacional de Tierras, del 12 de octubre de 2018, mediante la cual
se le informó que su municipio había sido incluido en el plan piloto para la
adjudicación de predios baldíos[148].
Además, informó que, en razón a dicha comunicación, el municipio había priorizado
12 baldíos, entre los cuales había incluido el de la Sede Campo Lajas de la
Institución Educativa San Luis Beltrán[149].
3.2.2.3.
Respuesta del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio[150]
115.
El apoderado del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio señaló que
no existía un plan para el suministro de agua potable o tratamiento de agua
cruda para la Institución Educativa San Luis Beltrán, “teniendo en cuenta
que no hay algún proyecto cercano del cual se pueda incluir dicha institución
para favorecerla con el líquido preciado, no obstante lo anterior, esto es
competencia directa de los Municipios prestar de manera eficiente el servicio…”.
3.2.2.4.
Respuesta del Ministerio de
Minas y Energía
116.
La apoderada del Ministerio de Minas señaló que los recursos del FAER
estaban destinados a financiar proyectos de inversión para la construcción e
instalación de nueva infraestructura eléctrica que permitiera ampliar la
cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las zonas
rurales interconectadas. No obstante, advirtió que dichos proyectos debían
ser presentados por los representantes legales de las entidades territoriales
ante la Unidad de Planeación Minero Energético –UPME– y que el municipio de
Sardinata no había presentado proyecto alguno que buscara recursos del FAER
para la zona en que ubica la Institución Educativa San Luis Beltrán.
117.
Por otro lado, manifestó que el FAZNI se creó con el objeto de financiar
los planes, programas y proyectos de infraestructura energética en las zonas
no interconectadas y que los proyectos para acceder a este fondo debían
presentarse ante el secretario del comité de administración, por iniciativa de
las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica, los
alcaldes y el Instituto de Planificación de Soluciones Estratégicas –IPSE–. Así
mismo, indicó que los gobernadores tenían la iniciativa para presentar
proyectos ante el secretario cuando se tratara de redes de subtransmisión. Al
respecto, mencionó que ni la Alcaldía de Sardinata ni la Gobernación de Norte de
Santander habían presentado una solicitud orientada a que este Ministerio
evaluara la posibilidad de entregar recursos del FAZNI para la prestación del
servicio de energía en la zona en que se ubicaba el centro educativo.
118.
Finalmente, explicó que solicitó a la empresa Centrales Eléctricas de
Norte de Santander S.A. E.S.P. –CENS- información sobre el área en donde se
encontraba ubicada la Institución Educativa San Luis Beltrán y que dicha
empresa había precisado que la red de distribución más cercana se encontraba
aproximadamente a 500 metros[151].
Así las cosas, concluyó que era “necesario realizar estudios técnicos y de
diseño con el fin de que la UPME pueda determinar la viabilidad de hacer
conexión con las redes existentes mediante recurso FAER o en caso de que no sea
posible, pensar en la posibilidad de que la Alcaldía de Sardinata o la
Gobernación de Norte de Santander presente el proyecto al IPSE para obtener
recursos del FAZNI para adelantar el proyecto de electrificación de la zona”.
Finalmente, resaltó que los estudios debían ser cubiertos con fondos del ente
interesado en que se realizara la electrificación.
3.2.2.5.
Respuesta del Ministerio de
Educación Nacional
119.
Señaló que conforme a lo establecido en el artículo 6.2.2 de la Ley 715
de 2001, eran los departamentos y municipios los que recibían directamente los
recursos para educación y que, si bien el Ministerio de Educación Nacional
podía cofinanciar los predios postulados y priorizados por medio del Fondo de
Financiamiento para la Infraestructura, ello solo procedía cuando se contara
con el respectivo aval técnico y jurídico, que no se había obtenido frente al
municipio de Sardinata. Así, relató que “el Departamento de Norte de
Santander dentro de las convocatorias de predios realizadas en los años 2015 y
2016 postuló 68 predios, de los cuales le correspondió uno de ellos al
municipio de Sardinata el cual no fue viable. El Departamento de Norte de
Santander no aportó recursos de contrapartida para cofinanciar los proyectos
postulados viables”. En consecuencia, remitió a la Secretaría de Educación
Departamental de Norte de Santander, para lo de su competencia, el oficio
OPT-A-3070/2018, mediante el cual la Secretaría General de la Corte
Constitucional había puesto en conocimiento del Ministerio de Educación Nacional
el auto de pruebas del 5 de octubre de 2018, al que ya se ha hecho referencia[152].
3.2.2.6.
Respuesta del personero
municipal de Sardinata, Norte de Santander
120.
El personero municipal de Sardinata informó que una comisión encabezada
por el secretario de la Personería había acudido a la vereda San José de Campo
Lajas y había constatado que ahí vivían 20 familias, víctimas del conflicto
armado interno, cuyas condiciones económicas eran precarias y que únicamente
podían llegar a la vía terrestre por medio de canoa, en un recorrido de
aproximadamente 45 minutos[153].
121.
Además, señaló que la Institución Educativa San Luis Beltrán se
encontraba ubicada “a la margen izquierda” del río Nuevo Presidente y
que contaba con 14 estudiantes matriculados, quienes, en su mayoría, asistían a
dicho centro educativo porque sus viviendas se encontraban “en la misma
margen en la que se encuentra la sede educativa”. Indicó que, “para la
margen derecha del río habitan alrededor de 6 familias, las cuales cuentan con
un número de 10 niños y niñas que, para el transcurso del 2018, no pudieron
asistir a las clases debido a que el único medio existente para atravesar el
río era un puente hamaca que se encontraba en el sitio”, hecho que había
motivado la solicitud de las familias de reconstruir el Puente Hamaca para que
los niños pudieran retomar a sus clases. Adicionalmente, relató que, en meses
anteriores, estos niños, niñas y adolescentes habían elaborado “balsas
improvisadas, para poder trasladarse de un extremo al otro, arriesgando su vida
y su integridad física, todo con el fin de poder asistir a la sede educativa a
recibir las clases diarias”.
122.
Así las cosas, concluyó que eran dos los riesgos que enfrentaban los
menores: el primero, consistente en tener que cruzar un río caudaloso y el segundo
derivado de la existencia de caimanes en la zona. En este sentido, relató que
la comunidad de la vereda San José de Campo Lajas solicitaba que se
reconstruyera el Puente Hamaca para que los niños pudieran regresar a sus
clases, ya que era la única sede educativa en el sector y “sería un riesgo
más grande trasladarlos diariamente hacia otros sitios por los múltiples
inconvenientes de transporte, clima y seguridad que se presentan en esta zona”.
123.
De otra parte, informó que la infraestructura de la escuela se
encontraba deteriorada, que el aula de clases presentaba problemas
estructurales de techo y paredes, y que en época de lluvias se presentaban
filtraciones que dificultaban las labores de estudiantes y profesores.
124.
El personero también adjuntó un CD[154]
que contenía i) fotografías del Puente Hamaca, de la Institución
Educativa San Luis Beltrán, de 13 niños, niñas y adolescentes en la entrada de
dicho plantel educativo y de miembros de la comunidad junto con funcionarios de
la personería; ii) un video del Puente Hamaca y iii) un video en
el que se observaba a los caimanes a pocos metros de la lancha en la que se
desplazaban los funcionarios de la personería.
3.2.2.7.
Pronunciamiento de la
Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander[155]
125.
La dependencia reconoció que la sede educativa de San José de Campo
Lajas presentaba deficiencias en sus pisos y baterías sanitarias, pero que “en
medio de todas las precariedades que son propias de sedes educativas rurales,
se encuentra en buenas condiciones, siendo apta para la educación del servicio
educativo, atendiendo a 7 niños que es la matrícula con la que cuenta la misma”.
126.
Agregó que la Secretaría debe atender los requerimientos de 211
establecimientos educativos del departamento, que cuentan con 1867 sedes y que
los recursos del ente departamental son:
[A]bsolutamente insuficientes para atender las
reparaciones que demandan las sedes educativas que debe administrar, máxime si
se tiene en cuenta que, a través de fallos de tutela, sentencias proferidas por
Juzgados Especializados de Restitución de Tierras, Planes Integrales de
Reparación Colectiva y acciones populares [deben] asignar recursos para la
atención, en forma prioritaria de sedes educativas ubicadas en los municipios
de Ocaña, Tibú, Toledo, Lourdes. Lo precedente sin contar con la intervención
que debe realizarse a sedes educativas identificadas en riesgo, que deben ser
objeto de evacuación y reconstrucción de infraestructura.
127.
Por último, señaló que la carencia de títulos de propiedad de muchos de
los inmuebles donde funcionaban los centros educativos impedía la inversión
legal en los mismos y que ello, aunado a los elevados costos que implicaba la
ejecución de obras en zonas como en la que se encontraba la escuela en
cuestión, a donde se debía llegar por vía fluvial, “tornan extremadamente
difícil llegar a satisfacer las innumerables necesidades del sector educación”.
3.2.2.8.
Pronunciamiento de la
Alcaldía de Sardinata frente a las pruebas allegadas y propuestas para atender
las pretensiones de la acción de tutela[156]
128.
Durante el término de traslado de las pruebas, la Alcaldía de Sardinata
manifestó que la prestación del servicio de agua en la Institución Educativa
San Luis Beltrán era su responsabilidad y, por consiguiente, “para
contrarrestar la falta de acceso a dicho servicio se construirá una línea de
conducción que va desde la quebrada hasta la escuela, el cual requiere 1200
metros de manguera de ½ pulgada y un tanque de almacenamiento de agua para
baños”.
129.
Igualmente, informó que “para dar solución a la problemática evidente
que presenta el municipio ante la falta del servicio de energía rural se
presentó con la Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y
Sur del Cesar la IV fase del Proyecto de electrificación rural del Catatumbo”.
En relación con este proyecto, indicó que “la concertación entre Municipios,
la Gobernación, ECOPETROL y CENS EPM y Ministerio de Minas” había permitido
avanzar en el proceso de gestión de recursos, de tal manera que durante el año
2017, por intermedio del IPSE, se había avanzado en los estudios técnicos y
que, en la actualidad, estaba pendiente “terminar de estructurar el proyecto
para 3527 familias […] con garantía de financiación e iniciar la
ejecución del proyecto por etapas, una primera etapa con recursos de regalías
OCAD PAZ, obras por impuestos y recursos de Gobernación de Norte de Santander,
CENS EPM, ECOPETROL y Ministerio de Minas”.
130.
Finalmente, manifestó que era necesario reconstruir el Puente Hamaca y
construir otro puente, pero que “el municipio no cuenta con los recursos
necesarios toda vez que son múltiples las necesidades a atender en todos los
sectores de inversión y muy limitados los recursos para atenderlas”. No
obstante, indicó que “a efectos de gestionar los recursos para la financiación
de estas obras se procederá por el municipio a realizar el levantamiento
topográfico, estudios y diseños”.
3.2.2.9.
Pronunciamiento adicional
de la Gobernación de Norte de Santander y propuestas para atender las
pretensiones de la acción de tutela
131.
Mediante oficio del 29 de noviembre de 2018[157],
la Gobernación de Norte de Santander manifestó lo siguiente: i) La
competencia primaria para reconstruir el Puente Hamaca es del municipio de
Sardinata, por encontrarse en una vía veredal. ii) No obstante, la Gobernación
tomó la decisión de destinar una inversión de $250.000.000 para el “mantenimiento
y repotenciación del puente hamaca de la vereda San José de Puente (sic) Lajas”,
además de ejecutar una inversión por la suma de $30.000.000 para diseñar el
otro puente que se ubicaría en la región nororiental y que “viene siendo
requerido por la comunidad”. iii) Respecto de estas dos inversiones,
“Atendiendo a que la vigencia fiscal está próxima a concluir, se prioriza
para la vigencia 2019 con cargo al rubro 2.3.9.2, código Plan de Desarrollo
1.6.3., concepto Caminos Interconectados para la Paz y la Productividad”. iv)
Con los recursos asignados al sector educación, “se acometerían las
obras de mejoramiento de la infraestructura de la escuela como son el cambio de
techo, colocación del piso en tableta gres, pintura y mejoramiento de la
batería sanitaria”. v) No se construiría la habitación para el
docente “pues él mismo nos acompañó en el recorrido hasta la sede educativa
y manifestó que por razones de seguridad personal pernocta en el caserío más
cercano, pues la presencia de grupos al margen de la ley, y especialmente de
animales salvajes que rondan en las horas de la noche no hace recomendable su
permanencia allí en las horas de la noche”. vi) Corresponde al municipio
garantizar los servicios de agua y energía eléctrica a la institución
educativa, así como el saneamiento de la propiedad en donde esta se encuentra
ubicada.
3.3.
Problemas jurídicos
sustantivos del caso
132.
Para la Sala, son dos los problemas jurídicos a resolver en el presente
asunto. El primero, si las condiciones en que se presta el servicio de
educación en la vereda San José de Campo Lajas vulneran el componente de
accesibilidad del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes
agenciados por el personero del municipio de Sardinata; el segundo, si las
condiciones en que se presta el servicio de educación en la vereda San José de
Campo Lajas vulneran el componente de disponibilidad del derecho a la educación
de los niños, niñas y adolescentes agenciados por el personero del municipio de
Sardinata.
3.4.
Las condiciones en que se
presta el servicio de educación en la vereda San José de Campo Lajas ¿vulneran
el componente de accesibilidad del derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes?
133.
La respuesta es afirmativa, dado que los niños, niñas y adolescentes de
la vereda San José de Campo Lajas enfrentan barreras de acceso
desproporcionadas para llegar a la Institución Educativa San Luis Beltrán. Por
un lado, los menores que viven en el extremo noreste de la vereda deben cruzar,
en balsas improvisadas, un río caudaloso en el que habitan caimanes. Por otro
lado, los menores que se encuentran en el extremo noroeste deben cruzar una
quebrada que, en época de lluvias, crece al punto que dificulta o imposibilita
el paso de aquellos hacia el centro educativo.
134.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la satisfacción del
componente de accesibilidad material del derecho a la educación le impone
deberes particulares al Estado:
El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar por los
medios más adecuados que el servicio educativo sea accesible desde el punto de
vista físico. Este deber corresponde al mandato previsto en el inciso 5° del
artículo 67 de la Constitución que prescribe que el Estado debe asegurar a los
niños las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo[158].
135.
El Estado, por tanto, tiene el deber de adoptar
medidas para eliminar las barreras que desincentiven el ingreso y la
permanencia en el sistema educativo[159], desde una
perspectiva de lo razonable.
136.
En el presente asunto, las entidades demandadas omitieron totalmente adelantar
acciones concretas encaminadas a proteger el derecho a la educación de los
niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas, a
pesar de conocer que existían barreras de acceso desproporcionadas que desincentivaban
la permanencia de aquellos en el sistema educativo, dado el riesgo
desproporcionado que suponía para estos cumplir su deber de asistencia a este
centro educativo, tal como se indicó en el acápite de hechos probados (título 1
supra, del acápite de “Antecedentes”). Este conocimiento se infiere de las siguientes
circunstancias y medios de prueba:
137.
i) La solicitud presentada por los habitantes de la vereda San
José de Campo Lajas ante la Alcaldía Municipal, en el año 2016,
relativa a la necesidad de habilitar el Puente Hamaca, dado el accidente fatal
que se había presentado en las orillas del río Nuevo Presidente, en el que un
caimán había atacado a una niña.
138.
ii) La petición presentada por el presidente de la Junta
de Acción Comunal de la vereda, en diciembre de 2017, ante la misma autoridad
territorial, en la que había solicitado la realización de obras de mejoramiento
en el puente y en la Institución Educativa San Luis Beltrán.
139.
iii) El derecho de petición presentado por el personero del
municipio de Sardinata ante la Gobernación de Norte de Santander, el 14 de
diciembre de 2017, tendiente a coadyuvar la petición presentada por el presidente
de la Junta de Acción Comunal de la vereda San José de Campo Lajas.
140.
iv) La respuesta de la Gobernación de Norte de Santander, a la
petición anterior, en la que informaba que la solicitud sería tenida en cuenta
y
141.
v) La visita realizada por funcionarios de las autoridades
territoriales antes citadas (Municipio de Sardinata y Departamento de Norte de
Santander), durante el trámite de la acción de tutela en primera instancia, en
la que se hicieron evidentes las precarias condiciones del puente y las mejoras
necesarias para la escuela.
142.
Ahora bien, la Institución Educativa San Luis Beltrán, tal como lo
informó el ingeniero Wilmer Aranda[160],
se encuentra rodeada por 2 cuerpos de agua[161],
de modo que está ubicada “como en una isla”[162].
Por esta razón, hace un par de años, los niños, niñas y adolescentes ubicados
en el extremo noreste de la vereda San José de Campo Lajas hacían uso del
Puente Hamaca para llegar a la escuela de la vereda.
143.
Sin embargo, numerosas pruebas fotográficas y de video, recopiladas por
el personero de Sardinata[163],
la Alcaldía de Sardinata[164],
la Gobernación de Norte de Santander[165]
y un antiguo profesor de la Institución Educativa San Luis Beltrán[166]
evidenciaron, en primer lugar, que el Puente Hamaca no podía utilizarse, pues
carecía de gran parte de las piezas de madera que habilitaban el tránsito sobre
el mismo. Adicionalmente, la Gobernación de Norte de Santander confirmó que,
ante la imposibilidad de usar este puente, los estudiantes ubicados en el
noreste de la vereda tenían que cruzar el río Nuevo Presidente[167]
en balsas improvisadas.
144.
En segundo lugar, las pruebas allegadas le permiten a la Sala inferir
que el uso de balsas improvisadas pone en alto riesgo la integridad de los
menores que pretenden asistir a la Institución Educativa San Luis Beltrán, dado
que el río Nuevo Presidente es hábitat de caimanes.
145.
Con relación al primer aspecto, en video aportado por el señor Duvian
Rolón Gómez[168],
en sede de revisión, se aprecia que algunos menores de la vereda San José de
Campo Lajas cruzan el río Nuevo Presidente en pequeños troncos unidos
artesanalmente, que impulsan con palos y sin ayuda de un adulto. De hecho, se
observa que quienes aseguran el paso de aquellos son otros dos menores que
recogen a sus compañeros más pequeños y los llevan hasta la otra orilla. Esta
operación, se repite varias veces, hasta lograr el cruce de la totalidad de los
menores, pues los troncos que adecúan como balsas solo son suficientes para
recoger a uno o dos compañeros en cada recorrido[169].
[170]
146.
Con relación al segundo aspecto, esto es, que el río Nuevo Presidente es
un hábitat de caimanes, el ingeniero Wilmer Aranda informó que durante la
visita técnica que había realizado el 9 de abril de 2017 había observado “mucho
cocodrilo”[171],
en el río que los  estudiantes debían cruzar diariamente para llegar a la
institución educativa. El secretario de infraestructura del departamento de
Norte de Santander, que también asistió a la visita técnica, señaló: “En el
momento de la visita[172],
la escuela cuenta solo con dos accesos, uno que es por el Río Nuevo Presidente
que se encuentra infectado (sic) de cocodrilos y el otro por una quebrada”[173].
Finalmente, el personero del municipio de Sardinata remitió un video en el que
se observa que dos caimanes se precipitan al río y llegan a escasos metros de
la lancha de motor en la que se transportaban los funcionarios de la
personería, quienes habían acudido al sector a dar cumplimiento a la solicitud
emitida por el magistrado sustanciador, de octubre 16 de 2018, de la cual da
cuenta el título 5.2 supra del acápite de “Antecedentes”[174].
147.
La anterior es la información relevante y relativa a los menores que
habitan el sector noreste de la vereda San José de Campo Lajas. De otra parte,
los niños, niñas y adolescentes que se habitan en el costado noroeste de la
vereda deben cruzar una quebrada que, según informaron algunos miembros de la
comunidad[175]
y los funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander, dificulta el paso
de aquellos en algunas temporadas. Al respecto, dentro de la información
enviada por la Gobernación de Norte de Santander para que hiciera parte del
expediente, se indica, al referirse a esta quebrada: “lo preocupante es…
cuando se presentan las lluvias que por lo general es muy frecuente, donde la
lámina de agua algunas veces alcanza los 4 metros de altura”[176].
148.
Estas barreras de acceso han afectado la permanencia en el sistema
educativo de otros niños y niñas de la referida vereda. En los informes
presentados en sede de revisión por la Gobernación de Norte de Santander[177]
y la Personería de Sardinata[178]
se resalta que varios menores se encuentran desescolarizados por el peligro que
representa cruzar el río. En otros, se indica que algunos padres decidieron
enviar a sus hijos con familiares en la ciudad de Bucaramanga, dado el peligro
que suponía el trayecto hacia la escuela de la vereda San José de Campo Lajas.
Esta circunstancia, además, tal como lo informaron las trabajadoras sociales
que acudieron a una de las visitas técnicas realizadas en sede de revisión, ha
ocasionado “inestabilidad emocional” tanto para los padres como para los
niños[179].
149.
Para la Sala, en suma, estas circunstancias fácticas dan cuenta de la
vulneración del componente de accesibilidad del derecho fundamental a la
educación que padecen los niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de
Campo Lajas, del municipio de Sardinata, Norte de Santander.
3.5.
Las condiciones en que se
presta el servicio de educación en la vereda San José de Campo Lajas ¿vulneran
el componente de disponibilidad del derecho a la educación de los niños, niñas
y adolescentes?
150.
La respuesta a este problema jurídico también es afirmativa, ya que la
infraestructura de la Institución Educativa San Luis Beltrán carece de algunas
condiciones mínimas y necesarias para prestar el servicio público de educación
de manera adecuada. En particular, porque i) los muros, pisos, puertas,
ventanas y baterías sanitarias se encuentran en mal estado[180],
ii) se requieren algunos muebles[181],
iii) no existen lavamanos[182],
iv) los baños no funcionan por falta de suministro de agua[183]
y v) la escuela no tiene energía eléctrica[184],
tal como se constató en sede de revisión.
151.
Con relación al componente de disponibilidad, una de las facetas prestacionales
del derecho a la educación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas indicó, en su Observación General
Número 13, que los Estados deben asegurar la existencia de instituciones y programas de enseñanza en una cantidad suficiente.
Adicionalmente, hizo referencia a las condiciones en las que deben operar y
señaló que estas pueden diferir según múltiples factores y, especialmente, el
contexto en el que se desarrollan, “Por ejemplo, las instituciones y los
programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los
elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes
calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos
necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la
información, etc”[185].
152.
En este mismo sentido, la jurisprudencia
constitucional ha resaltado que la satisfacción de este componente, “implica
que deben reunirse ciertas condiciones que pueden variar dependiendo del contexto,
como infraestructura, materiales de estudio, instalaciones sanitarias con
salarios competitivos, bibliotecas, tecnología, etc.”[186].
153.
Por tanto, el componente de disponibilidad, comprende las inversiones
necesarias tanto en recursos humanos como físicos para una idónea prestación
del servicio público de educación[187].
154.
Ahora bien, tal como se indicó en el título 3 supra del acápite
de “Antecedentes”, cuando las entidades accionadas llevaron a cabo la visita
conjunta a la Institución Educativa San Luis Beltrán, en el mes de abril de
2018, durante el trámite de la acción de tutela en primera instancia, se
levantó un acta en la que se registró que i) en el aula educativa se
observa falta de dotación y adecuación; ii) la batería sanitaria se
encuentra incompleta y carece de lavamanos; iii) los libros se
encuentran desactualizados; iv) existen computadores, pero no se han
utilizado por falta de electricidad y v) se hace necesaria la
construcción de los dos accesos en el puente para fortalecer la asistencia escolar.
A pesar de esta constatación, las entidades accionadas no adelantaron acción
alguna tendiente a mejorar las condiciones de la escuela, las cuales persisten
en la actualidad.
155.
En cuanto a las condiciones en las que se presta el servicio de
educación en esta sede educativa, en uno de los informes allegados a la Corte
Constitucional, la Gobernación de Norte de Santander señaló que: i) los
muros, pisos, las puertas y las ventanas y baterías sanitarias se encuentran en
mal estado[188];
ii) los baños no funcionan por falta de suministro de agua[189];
iii) no se cuenta con lavamanos[190];
iv) se debe suministrar una planta eléctrica o paneles solares para
garantizar el servicio de energía eléctrica y v) se requiere dotar el
aula de clase con mobiliario escolar, escritorio para el docente y mueble de
almacenamiento[191].
156.
En términos similares, la Alcaldía de Sardinata informó que la Institución
Educativa San Luis Beltrán: i) no cuenta con agua potable y el agua
cruda que llega se usa para los baños; ii) no tiene servicio de luz
eléctrica y la planta eléctrica se encuentra en muy mal estado, razón por la
cual no se han usado los cinco “computadores para educar”; iii)
las unidades sanitarias se encuentran en regular estado y el tanque aéreo
presenta una filtración, pero, en todo caso, no puede usarse por falta de agua.
157.
Finalmente, la Personería de Sardinata informó que la infraestructura de
la escuela se encuentra deteriorada y que el aula de clases presenta problemas
estructurales de techo y paredes, amén de que en época de lluvias se presentan
filtraciones que dificultan las labores de los estudiantes y profesores.
158.
Para la Sala, este conjunto de circunstancias fácticas da cuenta de la
vulneración del componente de disponibilidad del derecho fundamental a la
educación que padecen los niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de
Campo Lajas, del municipio de Sardinata, Norte de Santander.
3.6.
Remedios a adoptar para
proteger el derecho fundamental a la educación (en sus componentes de
accesibilidad y disponibilidad), al haberse constatado su vulneración:
razonabilidad de las soluciones planteadas por las entidades territoriales
accionadas para la protección del derecho
159.
Puesto que la Sala encontró acreditada la vulneración del derecho
fundamental a la educación, en sus componentes de accesibilidad y
disponibilidad, de los niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de
Campo Lajas, del municipio de Sardinata, Norte de Santander, con los elementos
obtenidos en la interacción significativa que se promovió en sede de revisión,
deberá definir los remedios del caso, a partir de un estudio de razonabilidad
de las alternativas para la protección del derecho, propuestas por las
entidades territoriales accionadas, y descritas en el títulos 3.2.2.8 y 3.2.2.9
supra.
160.
En todo caso, no debe perderse de vista que en el caso concreto la
vulneración del componente de accesibilidad del derecho a la educación se
encuentra intrínsecamente relacionada con una amenaza a la integridad física de
los niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas. Por esta
razón, las órdenes que adoptará la Sala, sin bien respetarán las competencias
del ejecutivo, reflejarán, también, la urgencia de proteger el derecho
fundamental a la vida de los menores de dicha vereda. Un Estado Constitucional
que tome en serio el derecho a la educación, no puede permitir que el acceso a
dicho servicio suponga la asunción de riesgos desproporcionados, mucho menos
por parte de sujetos de especial protección.
3.6.1. Propuestas orientadas a garantizar el componente de
accesibilidad del derecho a la educación
161.
En relación con las propuestas de la Gobernación de Norte de Santander,
relativas a la reconstrucción del Puente Hamaca y la inversión en los estudios
de diseño del puente que se requiere en el extremo noroeste de la vereda San
José de Campo Lajas, la Sala concluye que dichas propuestas resultan razonables
y garantizan la protección del componente de accesibilidad del derecho a la
educación de los menores de edad de esta región.
162.
En primer lugar, pese a que la Gobernación resaltó que los asuntos
relacionados con el Puente Hamaca eran competencia del municipio de Sardinata,
resolvió comprometerse con la reconstrucción del mismo, al concluir que dicha
Alcaldía no contaba con el presupuesto para realizar esta obra. Esta
determinación es razonable y se ajusta al marco constitucional, en la medida en
que hace efectivos los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, de que trata el artículo 288 de la Constitución.
163.
En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la inversión destinada al
diseño del puente que se requiere en el extremo noroeste de San José de Campo
Lajas, la Sala considera que dicha iniciativa es adecuada y razonable. En
efecto, a raíz del proceso de interacción significativa promovido en sede de
revisión, la Gobernación de Norte de Santander pudo determinar que debía darse
una solución para garantizar el componente de accesibilidad de los niños y
niñas que se encontraban en este extremo de la vereda. Por esta razón, resolvió
adelantar los estudios pertinentes para diseñar el puente del extremo noroeste,
que era “requerido por la comunidad”.
164.
En este punto, vale la pena resaltar que las medidas propuestas por la
Gobernación de Norte de Santander superan las pretensiones de la acción de
tutela, la cual se encaminaba a solicitar la reconstrucción de un puente, esto
es, el Puente Hamaca que permitía el tránsito de los menores que se ubicaban en
el extremo noreste. Ahora bien, como se precisará más adelante, la Gobernación
de Norte de Santander debe adelantar las gestiones pertinentes para que, en el
futuro, con el apoyo de la Alcaldía de Sardinata, dentro de un marco de
sostenibilidad y proporcionalidad, se ejecute la obra que se demande para
solucionar la problemática que enfrentan los menores de edad que se encuentran
en el extremo noroeste de la vereda.
165.
De otra parte, en relación con las inversiones relativas a la
reconstrucción del Puente Hamaca y a la contratación de los estudios requeridos
para construir el puente en el extremo noroeste, la Sala pudo constatar que el
rubro 1.6.3 del plan de desarrollo de la Gobernación de Norte de Santander, al
que hizo referencia dicha entidad territorial, corresponde al programa “Caminos
Interconectados para la Paz”, y que el subprograma 1.6.3.3. trata sobre la “Construcción
y Mejoramiento de Puentes y Hamacas”. Además, resulta entendible que estas
inversiones se prioricen para el año 2019 e inicie el proceso de contratación,
a más tardar en el mes de abril de dicho año[192].
166.
Finalmente, cabe señalar que pese a que el accionante solicitó que mientras
se construía “la obra”[193]
se garantizara la seguridad, vida e integridad de los menores que debían cruzar
el río Nuevo Presidente para asistir a sus clases[194],
no sugirió en la acción de amparo ni en el curso de las actuaciones adelantadas
en sede de revisión, forma alguna en que ello pudiera realizarse. Al contrario,
al dar respuesta al auto de pruebas del 16 de octubre de 2018, manifestó que
para que los menores pudieran asistir a clases era indispensable reconstruir el
Puente Hamaca porque la escuela de la vereda San José de Campo Lajas era la
única sede educativa del sector y porque se podría generar un riesgo mayor el
trasladar a los niños a otros sitios, en atención a los inconvenientes de
transporte, clima y seguridad de la región.
167.
Esta información fue corroborada con los informes remitidos por las
entidades accionadas en las que se señala que los menores no pueden asistir a
otras escuelas porque actualmente no se presta el servicio de internado en
establecimientos cercanos[195]
y porque las sedes educativas más cercanas son i) la sede de Corinto,
que queda a 4 horas, caminando; ii) la sede de Guarisaco, que queda a 1
hora, caminando, y 40 minutos adicionales en canoa[196]
y iii) la escuela Campo Giles que pertenece al municipio de Tibú,
ubicada a 3 horas de distancia[197].
168.
Por estas razones no es posible emitir ninguna orden tendiente a
garantizar el derecho a la educación de estos menores en otras sedes
educativas, mientras se efectúan las obras señaladas. Sin embargo, como se
precisará más adelante, la Alcaldía de Sardinata y la Gobernación de Norte de
Santander deberán implementar un plan de contingencia orientado a mitigar los
riesgos que enfrentan los menores para llegar a su escuela, mientras culminan
las obras que garantizarán el componente de accesibilidad.
3.6.2. Propuestas tendientes a proteger el componente de
disponibilidad del derecho a la educación
169.
En relación con las propuestas de las entidades accionadas tendientes a
proteger el componente de disponibilidad del derecho a la educación, la Sala
encuentra que dichas propuestas son razonables y garantizan la protección de
este componente.
170.
En cuanto a la satisfacción del componente de disponibilidad del derecho
a la educación, la Gobernación de Norte de Santander señaló que “se
acometerían las obras de mejoramiento de la infraestructura de la escuela como
son el cambio de techo, colocación del piso en tableta gres, pintura y
mejoramiento de la batería sanitaria”.
171.
Aunque las entidades accionadas deben efectuar inversiones en recursos
físicos, según lo advirtieron en sus intervenciones, lo cierto es que las
fotografías, videos y los informes allegados en sede de revisión le permiten a
la Sala constatar que la infraestructura general de la Institución Educativa
San Luis Beltrán se encuentra en condiciones aceptables. En efecto, según
evidenciaron los intervinientes en el proceso de revisión, el aula y la
cubierta están en buen estado[198],
la escuela cuenta con suficientes pupitres[199],
tiene amplias zonas verdes y “[a] la totalidad de los niños matriculados se
les presta el servicio de alimentación escolar – PAE-, bajo la modalidad de
Complemento Ración Industrializada AM”[200].
172.
Al respecto, cabe recordar que la Secretaría de Educación del
departamento de Norte de Santander advirtió que, aunque la escuela de la vereda
San José de Campo Lajas presentaba deficiencias en sus pisos y baterías
sanitarias, lo cierto era que “en medio de todas las precariedades que son
propias de sedes educativas rurales […] se encuentra en buenas
condiciones, siendo apta para la educación del servicio educativo”.
Adicionalmente, resaltó que los recursos destinados a atender las necesidades
de los establecimientos educativos del departamento eran muy limitados y que
debían distribuirse entre 1867 sedes dentro de las cuales debían priorizarse
las sedes educativas “identificadas en riesgo, que deben ser objeto de
evacuación y reconstrucción de infraestructura”. Igualmente, destacó que
los limitados recursos del ente departamental se tornaban absolutamente
insuficientes, en razón a los “fallos de tutela, sentencias proferidas por
Juzgados Especializados de Restitución de Tierras, Planes Integrales de
Reparación Colectiva y acciones populares” que ordenaban que dichos
recursos se asignaran en forma prioritaria a las sedes educativas “ubicadas
en Ocaña, Tibú, Toledo, Lourdes”.
173.
Tomando en consideración lo manifestado por la Secretaría de Educación
de Santander, así como las pruebas que evidencian que los principales problemas
de infraestructura (techo, pisos y baterías sanitarias) son los que va a
resolver la Gobernación, la Sala considera que su propuesta es razonable, y,
por ende, también será acogida en las órdenes que proferirá a fin de garantizar
el componente de disponibilidad del derecho a la educación. Lo contrario, es
decir, proferir una orden orientada a efectuar mejoras adicionales a la
infraestructura de este plantel educativo que, en términos generales, se
encuentra en buen estado, desbordaría las competencias del juez constitucional,
pues se desconocería las prioridades definidas por las entidades territoriales
frente a la distribución y ejecución del gasto público[201].
174.
En todo caso, la Corte advierte a las entidades accionadas que deberán
seguir aunando esfuerzos para garantizar, en la mayor medida de lo posible, el
componente de disponibilidad del derecho a la educación en la escuela de la
vereda San José de Campo Lajas. Lo anterior, tomando en cuenta que, en virtud del principio de progresividad,
la exigibilidad de las prestaciones asociadas al derecho a la educación deben tender a aumentar con el paso del tiempo, en función del
progreso y desarrollo social y de acuerdo con el mejoramiento de las
capacidades de gestión administrativa y de disponibilidad de recursos[202]. Este principio, es
contrario a la inacción del Estado; por tanto, exige que dé pasos adelante[203] en
la adopción de medidas que garanticen la eficacia plena de este tipo de
derechos.
175.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con la construcción de un lugar
de habitación para el docente de la Institución Educativa San Luis Beltrán, en
las inmediaciones de esta, tanto en el informe remitido a esta Sala por parte
de la Gobernación de Norte de Santander, como en la respuesta emitida por la
Secretaría de Educación de dicho departamento, se indicó que por razones de
seguridad y conveniencia el docente había decidido vivir en el corregimiento de
Campo Gil, de modo que la construcción de dicha aula resulta innecesaria, y
supererogatoria en relación con el alcance del citado componente del derecho a
la educación y de las competencias del juez de tutela. Esto, además, no solo
resulta razonable, sino que evidencia la importancia de involucrar en estos
procesos de interacción a todos los involucrados. En este caso, por ejemplo, el
profesor de la institución educativa aclaró que por la presencia de grupos al
margen de la ley y animales salvajes no permanecería en la institución
educativa, en horas de la noche, de modo que era superflua la construcción del
aula solicitada, inicialmente, por el tutelante.
176.
De otra parte, la Alcaldía de Sardinata reconoció que era su
responsabilidad la prestación del servicio de agua en la sede educativa de la
vereda. En consecuencia, resolvió construir “una línea de conducción que va
desde la quebrada hasta la escuela, el cual requiere 1200 metros de manguera de
½ pulgada y un tanque de almacenamiento de agua para baños”. En todo caso,
para lograr la efectividad de esta decisión, el proceso de contratación
necesario para la ejecución de esta obra deberá iniciar, a más tardar, en el
mes de mayo de 2019, salvo que se acredite una circunstancia, debidamente
justificada, que lo impida.
177.
Las entidades accionadas informaron que el predio en donde se encuentra
ubicada la Institución Educativa San Luis Beltrán no pertenece al municipio de
Sardinata[204]
y que, por esta razón, no se habían efectuado inversiones en su
infraestructura. A pesar de esto, el alcalde de dicho municipio informó que su
administración se encontraba realizando los trámites para legalizar el predio;
para demostrarlo anexó una comunicación proveniente de la Agencia Nacional de
Tierras del 12 de octubre de 2018, mediante la cual se le había informado que
su municipio había sido incluido en el plan piloto para la adjudicación de
predios baldíos[205].
Respecto de esta comunicación, el alcalde manifestó que el municipio había
priorizado 12 baldíos, uno de los cuales incluía el predio en el que se
encuentra la Institución Educativa San Luis Beltrán[206].
Si esto es así, para la Sala, la solución propuesta por la Alcaldía de
Sardinata es razonable, máxime, si se toma en cuenta que el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio señaló que no existía un plan para el suministro
de agua potable o tratamiento de agua cruda para la Institución Educativa San
Luis Beltrán.
178.
En relación con el servicio de energía, la Alcaldía de Sardinata indicó
que se había presentado en conjunto con la Asociación de Municipios del
Catatumbo, “la IV fase del Proyecto de electrificación rural del Catatumbo” y
que, por intermedio del IPSE, se había avanzado en la elaboración de los
estudios técnicos, de modo que actualmente estaba pendiente “terminar de
estructurar el proyecto para 3527 familias […] con garantía de
financiación e iniciarla ejecución del proyecto por etapas, una primera etapa
con recursos de regalías OCAD PAZ, obras por impuestos y recursos de
Gobernación de Norte de Santander, CENS EPM, ECOPETROL y Ministerio de Minas”.
179.
Así, atendiendo a que el municipio ya se encuentra adelantando gestiones
encaminadas a obtener una solución para el suministro de energía en las zonas
rurales, y a que una orden encaminada a que se garantice este servicio de forma
permanente comportaría una erogación excesiva de recursos y desconocería el
principio de separación de poderes, la Sala no proferirá una orden para frente
al particular. Tal determinación se fundamenta, además, en que el Ministerio de
Minas y Energía explicó que, de acuerdo con la información remitida por la
empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P., la red de
distribución más cercana a la Institución Educativa San Luis Beltrán se
encontraba a aproximadamente 500 metros, razón por la cual era “necesario
realizar estudios técnicos y de diseño con el fin de que la UPME pueda
determinar la viabilidad de hacer conexión con las redes existentes mediante
recurso FAER o en caso de que no sea posible, pensar en la posibilidad de que
la Alcaldía de Sardinata o la Gobernación de Norte de Santander presente el
proyecto al IPSE para obtener recursos del FAZNI para adelantar el proyecto de
electrificación de la zona”.
3.6.3. El diálogo significativo como remedio judicial
idóneo para garantizar la protección del derecho a la educación de los
accionantes, hasta tanto se ejecutan las obras que garanticen su protección
definitiva.
180.
Por las razones expuestas en el acápite 3.2 supra, y en atención
a las particularidades del caso, la Sala incentivó un proceso de interacción significativa en sede de revisión. Este
concluyó con un compromiso cierto acerca de la forma más adecuada y razonable
para garantizar, de forma definitiva, la protección del
derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la
vereda San José de Campo Lajas, dadas las restricciones para su acceso,
en términos de accesibilidad y asequibilidad o disponibilidad.
181.
No obstante, debido al peligro potencial que enfrentan
los menores para acudir a sus clases, la Corte encuentra necesario que las
entidades accionadas continúen ese proceso de interacción, a fin de que,
mediante un diálogo conjunto, encuentren alternativas
adecuadas y razonables para precaver tales riesgos, y, al mismo tiempo,
permitan garantizar la continuidad en el servicio público de educación de los
menores. Lo anterior, hasta tanto se implementen las soluciones definitivas
para la protección del derecho fundamental a la educación de aquellos, que
fueron propuestas por las autoridades demandadas y que consideró razonables la
Corte, en los términos en que se indica en el apartado siguiente.
3.6.4. Órdenes concretas
182.      La Sala concederá el amparo del derecho fundamental a la
educación de los niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de Campo
Lajas, del municipio de Sardinata, Norte
de Santander.
183.      En consecuencia, dada la
razonabilidad las propuestas tendientes a
proteger los componentes de accesibilidad y disponibilidad del derecho
fundamental social a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la
vereda San
José de Campo Lajas, del municipio de Sardinata, Norte de Santander,
ordenará al Departamento de Norte de Santander y al Municipio de Sardinata, que
den cumplimiento a los compromisos de que dan cuenta los títulos 3.2.2.8,
3.2.2.9, 3.6.1 y 3.6.2 supra, respectivamente.
184.      De considerarlo conveniente, las citadas entidades
territoriales podrán celebrar un convenio interadministrativo que dé cuenta de
las obligaciones recíprocas que asumen para dar cumplimiento a las órdenes de
esta sentencia, de tal forma que puedan concurrir de manera ordenada a la
solución de la problemática concreta que dio lugar a la expedición de esta
sentencia.
185.      Por otro lado, debido al peligro potencial
que enfrentan los menores para acudir a sus clases, y en atención a los
positivos resultados que generó la interacción significativa que incentivó la
Corte en el proceso de revisión, es adecuado instar a todos los que
participaron de aquel para que, mediante
un diálogo conjunto, encuentren alternativas adecuadas y razonables para
precaver tales riesgos, y, al mismo tiempo, garanticen la continuidad en el
servicio público de educación de los menores, en condiciones adecuadas. Lo
anterior, hasta tanto se implementen las soluciones definitivas para la
protección del derecho fundamental a la educación de aquellos, que fueron
propuestas por las autoridades demandadas y que valoró la Corte como
razonables. Para estos efectos, la Sala ordenará a las entidades accionadas la instalación de un espacio
de diálogo, que deberá cumplir con las siguientes exigencias:
186.      i) La instalación se deberá realizar, a más tardar,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la comunicación de este fallo. La
convocatoria para su realización, la delimitación de la agenda y las demás
condiciones logísticas deberán ser coordinadas y asumidas por las entidades
accionadas.
187.      ii) El
espacio de diálogo deberá contar
con la participación, además de las entidades accionadas, del Personero
Municipal de Sardinata, la rectora de la Institución Educativa San Luis
Beltrán, el docente de esta institución de la sede San José de Campo Lajas, un
representante de las familias que viven en el extremo noreste de la vereda y un
representante de las familias que viven en el extremo noroeste de la vereda
(ambos deberán ser integrantes de las respectivas familias). Estos dos últimos
serán designados por la propia comunidad. De la información acerca de la
designación de estas personas a las autoridades demandadas, con antelación al
término de que trata el ordinal anterior, deberá informar el Personero
Municipal de Sardinata; para estos efectos, este órgano deberá encargarse de
convocar a la comunidad para realizar la citada designación.
188.      iii) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
instalación del espacio de diálogo, las autoridades demandadas deberán
presentar al Juez Tercero Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta, juez de
primera instancia, un plan de
contingencia que pretenda mitigar los riesgos que enfrentan los menores
ubicados en el extremo noreste de la vereda San José de Campo Lajas, hasta
tanto culminan las obras de reconstrucción del Puente Hamaca, así como de
aquellas otras restricciones que aquejan la prestación del servicio de
educación en la Institución Educativa San Luis Beltrán, sede San José de Campo
Lajas, a que se ha hecho referencia en esta sentencia y que surjan del diálogo
social. El citado plan de contingencia, deberá tener un cronograma claro y
razonable de implementación.
189.      iv) Ahora bien, tomando en consideración que en este caso
la garantía del componente de accesibilidad del derecho a la educación se
encuentra íntimamente relacionada con el derecho a la vida e integridad de los
niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas, la Corte
ordenará que este plan de contingencia empiece a implementarse en un término no
superior a los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del mismo
ante el Juez Tercero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta.
190.
v) La Sala no
establecerá un término perentorio para que se construya el puente del extremo
noroeste de la vereda San José de Campo Lajas, al que se ha hecho referencia, o
se ejecute la obra que se requiera para dar solución al problema de acceso de
los menores que habitan ese sector. Esto, por cuanto, aún no se cuenta con los
estudios requeridos. Sin embargo, las entidades accionadas, tomando en
consideración las opiniones de los integrantes del espacio de diálogo de que da
cuenta el ordinal ii), deberán adelantar, de forma diligente, las
acciones que se requieran para que, a futuro, se garantice el componente
de accesibilidad del derecho a la educación de los menores de edad que se
encuentran en este extremo de la vereda.
191.      vi) El Juez Tercero
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta
deberá valorar la claridad y razonabilidad del plan de contingencia y del
cronograma de implementación de que da cuenta el ordinal iii); de no
encontrarlo adecuado a estos estándares, deberá exigir que se ajuste, en un
término no superior a dos (2) días hábiles. Al vencimiento de dicho plazo, el juez
lo avalará u ordenará que se implemente en los plazos y condiciones que
considere razonables.
192.      Finalmente, la Corte ordenará a las citadas
autoridades territoriales que, en un
término de 3 meses, contados a partir de la notificación de esta providencia,
presenten un informe con destino al Juez Tercero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta, en el que describan
el avance de las obras y compromisos a que hace referencia el título 3.6.4.
Luego de la presentación de aquel, las citadas entidades territoriales deberán
presentar, de manera trimestral, informes adicionales que den cuenta del avance
en el cumplimiento de las citadas órdenes, hasta que el juez de primera
instancia determine que las entidades han cumplido con estas. Por su parte, el
Juez Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Cúcuta deberá valorar los avances presentados en dichos informes y
verificar que las entidades accionadas estén acatando las órdenes proferidas en
esta providencia.
4.
Síntesis de la decisión
193.
El personero municipal de Sardinata interpuso acción de
tutela en contra de la Alcaldía de Sardinata y la Gobernación de Norte de
Santander, en representación de la comunidad de la vereda San José de Campo
Lajas y, en particular, de los menores de esta. En su criterio, estas entidades
vulneraron los derechos a la educación, vida e integridad de sus agenciados,
porque no habían llevado a cabo acción alguna teniente a mejorar la
infraestructura del Puente Hamaca y de la Institución Educativa San Luis Beltrán.
194.
El accionante advirtió que el Puente Hamaca no podía utilizarse por su
alto grado de deterioro, razón por la cual, los niños debían cruzar un río,
hábitat de caimanes, para acudir a la Institución Educativa San Luis Beltrán.
195.
Al analizar los requisitos de procedencia de la acción
de tutela, la Sala Primera de Revisión concluyó que el accionante únicamente
estaba legitimado para presentar la acción de tutela en nombre de los menores
de la vereda San José de Campo Lajas. Adicionalmente, determinó que la problemática
planteada se circunscribía a la presunta vulneración del derecho de educación,
y en particular, a sus componentes de accesibilidad y disponibilidad.
196.
La Sala de Revisión, luego de describir el contexto económico y social
de la vereda San José de Campo Lajas, así como las especiales exigencias que se
siguen para el Estado, en relación con el derecho fundamental a la educación,
de que son titulares los menores agenciados, en una zona afectada por el
conflicto armado, hizo referencia al proceso de interacción significativa que
suscitó en el proceso de revisión. Para este último fin consideró como
relevantes las siguientes premisas: i) que el análisis de la faceta
prestacional de los derechos no puede ser una tarea exclusiva de los jueces, ya
que los titulares del derecho, así como los presuntos destinatarios u
obligados, son quienes se encuentran en mejor posición epistémica para
argumentar, por medio de premisas normativas y empíricas, cuál es (en la
actualidad) y cuál debe ser (en el futuro) el nivel y modo apropiado para la
satisfacción del derecho; ii) la participación de los destinatarios
refuerza su compromiso frente a la satisfacción del derecho fundamental que se
pretende proteger; iii) esta interacción provee una base argumentativa
sólida para la toma de decisiones judiciales y para el diseño y ejecución de
las políticas necesarias para la efectiva protección de los derechos
fundamentales.
197.
A partir de las pruebas recaudadas, la Corte consideró que se habían
vulnerado los componentes de accesibilidad y disponibilidad del derecho a la
educación de los niños, niñas y adolescentes dela vereda San José de Campo
Lajas, del municipio de Sardinata, Norte de Santander.
198.
En desarrollo del proceso de interacción significativa promovido por el
Juez Constitucional, las entidades accionadas pudieron establecer que existían
asuntos de relevancia constitucional que recaían dentro de la órbita de sus
competencias. En consecuencia, plantearon soluciones específicas y asumieron
compromisos concretos para la solución de la problemática planteada en la
acción de amparo.
199.
La Sala estableció que las propuestas formuladas por las entidades
accionadas eran razonables. Por tanto, adoptó dichas soluciones en las órdenes
que se profirieron para proteger los componentes de accesibilidad y
disponibilidad del derecho a la educación.
200.
Adicionalmente, ordenó que las entidades accionadas, en conjunto con las
restantes partes involucradas, iniciaran un espacio de diálogo, a fin de buscar
medidas tendientes a proteger el derecho a la educación de los
niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa San Luis Beltrán – sede
San José de Campo Lajas, hasta tanto se ejecutaran las inversiones y
obras propuestas por la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de
Sardinata. Lo anterior, tomando en consideración, sobre todo, que en este caso,
el componente de accesibilidad se encontraba intrínsecamente relacionado con el
derecho a la vida de dichos menores.
201.
Finalmente, la Corte estimó prudente ordenar que las entidades
accionadas presentaran informes periódicos al juez de primera instancia, en
cuanto al avance del cumplimiento de los compromisos adquiridos y ordenados en
la decisión, amén de haber señalado plazos específicos para el cumplimiento de
ciertos hitos en el proceso de protección del derecho fundamental social a la
educación de los menores.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada
mediante el auto de 5 de octubre de 2018.
SEGUNDO.- REVOCAR
la sentencia del 12 de abril de 2018, proferida
por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control
de Garantías de Cúcuta. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho
fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la vereda San
José de Campo Lajas, del municipio de
Sardinata, Norte de Santander.
TERCERO.- ORDENAR al Departamento de Norte de Santander el cumplimiento de los compromisos de que dan cuenta
los títulos 3.2.2.8 y 3.6.1, en los
términos allí indicados, del acápite de “Consideraciones” de la presente
sentencia.
CUARTO.- ORDENAR al Municipio de Sardinata el cumplimiento de los
compromisos de que dan cuenta los títulos 3.2.2.9
y 3.6.2, en los términos allí indicados, del acápite de “Consideraciones” de la
presente sentencia.
QUINTO.- ORDENAR al Departamento de Norte de Santander y al Municipio de
Sardinata que continúen con el proceso de
interacción significativa, hasta tanto se ejecuten las órdenes atrás referidas,
en aras de garantizar los componentes de accesibilidad y disponibilidad del
derecho a la educación de los menores de la vereda San José de Campo Lajas, del municipio
de Sardinata, Norte de Santander. De considerarlo conveniente, las citadas
entidades territoriales podrán celebrar un convenio interadministrativo que dé
cuenta de las obligaciones recíprocas que asumen para dar cumplimiento a las
órdenes de esta sentencia, de tal forma que puedan concurrir de manera ordenada
a la solución de la problemática concreta que dio lugar a la expedición de esta
sentencia.
SEXTO.- ORDENAR a la Gobernación de Norte de Santander y a la Alcaldía Municipal de
Sardinata que instalen el
espacio de diálogo, presenten el plan de contingencia que origina su
conformación e inicien su ejecución, en la forma y dentro de los plazos
establecidos en el título 3.6.4 del acápite de “Consideraciones”, fundamentos
jurídicos 182 a 192.
SÉPTIMO.- ORDENAR al Juez Tercero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta que
valore la claridad y razonabilidad del plan de contingencia y del cronograma de
implementación de que da cuenta el numeral resolutivo anterior y, de no
encontrarlo adecuado a estos estándares, exija que se ajuste, en un término no
superior a dos (2) días hábiles. Al vencimiento de dicho plazo, el juez deberá
avalarlo u ordenar que se implemente en los plazos y condiciones que considere
razonables.
OCTAVO.- ORDENAR al Departamento de Norte de Santander y al Municipio
de Sardinata que, en un término de 3
meses, contados a partir de la notificación de esta providencia, presenten un
informe con destino al Juez Tercero Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Cúcuta, en el que describan el avance de las
obras y compromisos a que hace referencia el título 3.6.4 del acápite de “II.
Consideraciones” de esta sentencia. Luego de la presentación de aquel, las
citadas entidades territoriales deberán presentar, de manera trimestral,
informes adicionales que den cuenta del avance en el cumplimiento de las
citadas órdenes, hasta que el juez de primera instancia justifique que las
entidades han cumplido por completo con tales órdenes. Por su parte, el Juez
Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías
de Cúcuta deberá valorar los avances presentados en dichos informes y verificar
que las entidades accionadas estén acatando las órdenes proferidas en esta
providencia.
NOVENO.- Por
Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO
RIVERA
A LA SENTENCIA
T-209/19
DIALOGO O INTERACCION SIGNIFICATIVA-No es precedente consolidado que deba ser
replicado en futuros casos análogos (Aclaración de voto)
JUEZ CONSTITUCIONAL-Protección de derechos fundamentales
(Aclaración de voto)
JUEZ CONSTITUCIONAL-Deber de garantizar la materialización de
las órdenes impartidas (Aclaración de voto)
M.P. CARLOS BERNAL
PULIDO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Sala Primera de Revisión, procedo a aclarar mi voto respecto de la Sentencia
T-209 de 2019. La providencia resolvió el caso planteado por el personero
municipal de Sardinata (Norte de Santander), el cual interpuso acción de tutela
buscando la protección de los  derechos a la vida, integridad personal y
educación de los habitantes y, en especial, de los niños de la vereda de San
José de Campo Lajas. La Sala se concentró en el estudio de la vulneración del
derecho a la educación de los niños y niñas de la mencionada vereda, y la
encontró acreditada “dado que los
niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas enfrentan
barreras de acceso desproporcionadas para llegar a la Institución Educativa San Luis Beltrán.” Para conjurar esa afectación, la decisión adoptada
fue ordenar que se diera cumplimiento a los compromisos manifestados ante la
Corte durante la etapa de revisión del fallo de instancia, que en general están
encaminados a realizar apropiaciones presupuestales para la construcción del
puente que necesitan los niños y niñas para poder asistir a clases,  el
mejoramiento de la infraestructura del plantel educativo; y disponer que continuara
el proceso de interacción significativa que habría iniciado en sede de
revisión. A continuación explicaré las razones por las que aclaro el voto.
Aunque acompaño la decisión de amparar el derecho a la educación de las niñas y
niños de la vereda San José de Campo Lajas, considero importante referirme a
(i) el concepto de interacción significativa, y (ii) la forma como se
evalúan sus resultados.
-
La interacción significativa
202.
En la Sentencia
T-209 de 2019 se utilizó un concepto sobre el cual ya me había pronunciado en
el salvamento parcial de voto a la Sentencia T-091 de 2018[207]: el diálogo
significativo, ahora interacción significativa. Según quedó descrito
en los párrafos 95 y siguientes de la Sentencia, se trata de un proceso en el
que los peticionarios o titulares del derecho vulnerado dan a conocer el estado
actual de la situación que fue planteada en la acción de tutela, y los
obligados a su satisfacción informan sobre sus posibilidades para resolverla.
1.1
La idea de diálogo o interacción supone una acción recíproca, lo que se espera
de la ejecución de este ejercicio es que las partes busquen, de manera
conjunta, una solución a la problemática identificada.  Sin embargo, otra fue
la realidad en este caso. Durante la etapa de revisión, el despacho del
Magistrado Ponente recibió varios informes provenientes de distintas
autoridades con competencia en el asunto[208].
Luego, durante el término concedido, la
Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander, la Alcaldía de
Sardinata y la Gobernación de Norte de Santander se pronunciaron sobre los
documentos recaudados incluyendo propuestas de resolución, todas de manera
independiente. No parece entonces que hubiese existido interacción, lo
que se reseña en la ponencia no es nada distinto a la actividad probatoria que
usualmente adelanta la Corte cuando se enfrenta a casos complejos como el
resuelto en esta oportunidad. Así entonces, considero importante resaltar que
más allá de la novedad con la que es presentado este caso, lo que se refleja en
la Sentencia son actuaciones normales durante la revisión de los fallos de
instancia.
203.
Aunque acompaño
la búsqueda colectiva o conjunta de soluciones, encuentro necesario precisar
algunos puntos en relación con las propuestas que quedaron plasmadas en la
Sentencia. Por supuesto son los directamente afectados quienes mejor conocen la
situación puesta en conocimiento del juez de tutela. Sin embargo, afirmar que
son “quienes se encuentran en mejor posición epistémica para argumentar, por
medio de premisas empíricas y normativas, cuál es [el] actual nivel de satisfacción” [de los derechos que se consideran
vulnerados … y]
quienes se encuentran en mejor posición para determinar cuál debe ser el nivel
y modo apropiado para su garantía, dadas las condiciones del caso y
posibilidades fácticas y normativas de cada una, dentro de las cuales son
especialmente relevantes las restricciones presupuestales y de gasto público,
así como las restricciones presupuestarias de sus titulares”[209]
resulta, al menos, impreciso. Los aportes de los accionantes y de las
autoridades que puedan tener competencia en cada asunto son importantes y deben
ser evaluados por el Juez. Pero su labor es la de director del proceso y, por
ende, no se reduce a  “controlar, de ser posible, la plausibilidad de las
premisas y argumentos propuestos por los destinatarios de los derechos”[210].
2.1.
El Decreto 2591 de 1991 confirió a los
jueces de tutela amplias facultades, las cuales buscan asegurar el goce
efectivo de los derechos fundamentales. Tal como ya lo he manifestado en otros votos
particulares,[211]
el juez constitucional debe desempeñar un rol activo frente a la efectiva
protección de los derechos que se traduce en el cumplimiento de ciertos deberes
como: (i) interpretar adecuadamente la solicitud de tutela, analizando
íntegramente la problemática planteada;[212]
(ii) valorar la situación de vulnerabilidad de las personas y considerar sus
condiciones materiales de existencia y (iii) proteger adecuadamente y conforme
a los hechos probados en el proceso, aquellos derechos vulnerados o amenazados,
incluso si el accionante no los invocó.[213]
En otras palabras, son tres sus tareas principales: identificar las situaciones de violación o
amenaza de derechos fundamentales; conceder el amparo invocado, si hay lugar a
ello, y adoptar las medidas que garanticen la materialización de la protección
otorgada.[214] Estas tres
obligaciones no pueden limitarse a lo observado por los accionantes o a las
propuestas de solución que planteen los accionados. En algunos casos, el juez
puede encontrar vulneraciones de derechos no advertidas por los peticionarios,
en otros deberá dictar órdenes diferentes a las propuestas de los demandados,
si con ello busca cumplir los mandatos de la Constitución. Las amplias facultades oficiosas que le
fueron otorgadas al juez de tutela  le permiten, incluso, proferir fallos ultra
y extra petita, esto es, “decidir más allá de lo pedido o sobre
pretensiones que no hicieron parte de la demanda”.[215] En la
Sentencia T-886 de 2000[216]
la Corte afirmó:
“[E]n razón a que la Constitución consagra la
naturaleza informal de la acción de tutela y exige garantizar la efectividad de
los derechos fundamentales, el juez constitucional no está sometido a la causa
petendi y puede estudiar la vulneración de derechos que no fueron invocados por
el actor. Al respecto, esta Corporación[217]
ha dicho que ‘la naturaleza de la acción de tutela, como mecanismo de
protección de derechos fundamentales, reviste al juez que conoce de ella de una
serie de facultades que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no posee.
La principal de ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien
hace uso de este mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que
permite al juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos
como fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por
estar vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos de rango
constitucional fundamental’[218]”
Con
todo, la Sentencia T-209 de 2019 señala que la labor de la Sala se restringe a
valorar la razonabilidad de las alternativas reales y concretas propuestas por
las autoridades para proteger el derecho a la educación de las niñas y niños de
la vereda de San José de Campo
Lajas.
- La ausencia de parámetros
para evaluar la razonabilidad de las propuestas de los accionados y vinculados
3. Uno de los aspectos sobre los que llamé la atención
durante la discusión que precedió a la Sentencia T-209 de 2019, fue la ausencia
de parámetros para medir la razonabilidad de las propuestas que se recibieron
durante la etapa de revisión. La Sentencia menciona las razones por las que
considera que cada propuesta de solución es o no razonable, pero no
quedan claros los criterios para determinar esto. Por ejemplo, aunque en el
caso concreto era absolutamente imperioso iniciar la construcción de un nuevo puente
para que los niños y niñas puedan acudir a la institución educativa de manera
segura, y por lo tanto, una apropiación presupuestal destinada a esa obra es
necesaria, la Sentencia no señala por qué la partida presupuestal de 30
millones de pesos, destinada por la Gobernación de Norte de Santander es
razonable. ¿Cómo se determina que esta cantidad de dinero es suficiente para la
construcción de un nuevo puente? En mi criterio, eran necesarios otros
elementos de juicio para poder llegar a esa conclusión.
4. De otra parte, la Sentencia avala, sin mayor
reflexión, el argumento expuesto por la Secretaría de Educación de Santander
según el cual “aunque la escuela de la
vereda San José de Campo Lajas presentaba deficiencias en sus pisos y baterías
sanitarias, lo cierto era que ‘en medio de todas las precariedades que son
propias de sedes educativas rurales […]
se encuentra en buenas condiciones, siendo apta para la educación del servicio
educativo”.[219]
Nuevamente, encuentra razonable esa afirmación sin definir cuál es la medida
que está utilizando para llegar a dicha conclusión. Considero que la Sala
podría haber estudiado el componente de disponibilidad del derecho a la
educación de los niños y niñas con mayor rigurosidad, para poder cumplir con
una de las tareas que como juez constitucional le han sido encomendadas:
garantizar la protección real de los derechos vulnerados. Al margen de la
postura de la Secretaría de Educación, durante el proceso quedó demostrado que
la escuela tenía varias fallas en su estructura física que afecta los derechos
de quienes a ella acuden. Más
allá de la razonabilidad de una propuesta, al juez constitucional le
corresponde establecer las medidas más apropiadas para garantizar el derecho
fundamental a la educación de los menores.
5. Todo lo anterior influye directamente en
un asunto trascendental: el cumplimiento del fallo. Recuérdese que garantizar
la materialización de las órdenes impartidas es también una de las labores del
juez de tutela, la cual dependerá de la claridad y especificidad de las mismas.
Por ello, considero que la posición adoptada en esta Sentencia en relación con
la forma de otorgar el amparo del derecho fundamental a la educación de niñas,
niños y adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas, del municipio de
Sardinata, Norte de Santander puede generar dificultades de cara a la
verificación de su cumplimiento. Al disponer que se cumplan los compromisos
hechos durante el trámite de revisión de la acción de tutela, sin establecer un
término al menos provisional, para su cumplimiento, la Sala restó eficacia al
amparo concedido. En sentido similar, pese a que se le encomendó al Juez Tercero Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Cúcuta que valore la claridad y
razonabilidad del plan de contingencia y del cronograma de implementación
ordenado en el numeral sexto de la parte resolutiva, advierto un inconveniente
importante para su realización, los parámetros para evaluar la razonabilidad
y claridad de las propuestas no fueron determinados. Esto, sumado a que
el juez de instancia no encontró vulneración alguna de los derechos de los
niños y niñas, y por lo tanto, declaró improcedente el amparo, son asuntos que,
en mi opinión, anuncian problemas en el cumplimiento del fallo.
6. A modo de conclusión quiero resaltar que la
metodología adoptada en esta Sentencia es una de las opciones con las que
cuenta el Juez de tutela para resolver casos que involucran la protección de
derechos económicos sociales y culturales, pero no la única. Además, no se
trata de una práctica reiterada por esta Corte y por ello, no es un precedente
consolidado que deba ser replicado en futuros casos análogos. Para lograr un
convencimiento real acerca de la conveniencia de usar la metodología del diálogo
o interacción significativa en situaciones como la resuelta en esta
oportunidad, haría falta una mayor rigurosidad conceptual y un análisis mucho
más preciso de las premisas que la sustentan, en suma, cumplir con la carga
argumentativa que se espera de  un Tribunal Constitucional. Al hacerlo, es
necesario reevaluar la forma en la que están siendo interpretadas las
facultades del juez de tutela por la Sala Primera de Revisión.
Fecha ut supra
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] La Sala de Selección Número Ocho estuvo integrada por los
magistrados Carlos Bernal Pulido y Alejandro Linares Cantillo.
[2] Folio 13, cuaderno principal.
[3] Folios 28 al 30, cuaderno principal.
[4] Folios 14 al 27, cuaderno principal.
[5] Folio 8, cuaderno principal
[6] Folios 8 al 34, cuaderno principal.
[7] Folio 9, cuaderno principal.
[8] Folios 9 al 11, cuaderno principal.
[9] Folio 8, cuaderno principal.
[10] Folio 35, cuaderno principal.
[11] Folios 1 a 35, cuaderno principal.
[12] Folio 2, cuaderno principal
[13] Folio 2, cuaderno principal.
[14] Folio 4, cuaderno principal.
[15] Folios 41 al 51, cuaderno principal.
[16] Folios 58, cuaderno principal.
[17] Folios 59 al 62, cuaderno principal.
[18] No aclara si se refiere a la adecuación de la Institución Educativa
San Luis Beltrán o a la reconstrucción del Puente Hamaca.
[19] Folios 11 y 12, cuaderno principal.
[20] Folios 63 al 66.
[21] Tal como consta a folio 15 del cuaderno de revisión, el despacho se
comunicó con el señor Duvian Rolón Gómez los días 19 y 26 de septiembre de
2018.
[22] Tal como consta a folio 17 del cuaderno de revisión, el despacho se
comunicó con el señor Jesús Alberto Umbarila Contreras los días 26 y 27 de
septiembre de 2018.
[23] Tal como consta a folios 18 del cuaderno de revisión, el despacho
se comunicó con el alcalde de Sardinata, Jesús Emel Espinel Galvis, los días 26
y 27 de septiembre de 2018.
[24] Folio 59, cuaderno principal
[25] Folios 40 al 43, cuaderno de revisión.
[26] Reglamento Interno de la Corte Constitucional.
[27] Al respecto, dispone el artículo 12 de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, lo siguiente: “Los Estados Partes garantizarán
al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad
y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad
de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al
niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.
[28] Se solicitó al personero municipal de Sardinata, Norte de Santander
que, para realizar este informe, requiriera información adicional al profesor
de la Institución Educativa San Luis Beltrán, así como al señor Duvian Rolón
Gómez, quien se desempeñó como docente del mencionado plantel educativo hasta
el año 2017.
[29] Folio 64, cuaderno de revisión.
[30] En ambas oportunidades, estas pruebas se pusieron a disposición de
las partes y terceros con interés legítimo, a fin de garantizar el derecho de
contradicción.
[31] Cabe señalar que mediante comunicación
remitida a la Secretaría de esta Corporación el 18 de octubre de 2018, el
alcalde de Sardinata solicitó un plazo adicional de tres (3) días para allegar
la información requerida mediante el oficio OPT- A-3068/2018. Este fue
concedido por la Sala Primera de Revisión, mediante auto del 29 de octubre del
mismo año.
[32] Folios 54 al 63, cuaderno de revisión
[33] Folios 60 a 62, cuaderno de revisión.
[34] Folios 119 a 127, cuaderno de revisión.
[35] Folios 128 a 136 del cuaderno de revisión.
[36] Folios 90 al 92, cuaderno de revisión.
[37] Esta comunicación se encuentra en el folio 93 del cuaderno de
revisión.
[38] Folios 90 a 108, cuaderno de revisión.
[39] Folios 87 y 88, cuaderno de revisión.
[40] Folio 203, cuaderno de revisión.
[41] CD ubicado entre los folios 211 y 212 del cuaderno de revisión.
[42] Folios 170 y 171, cuaderno de revisión.
[43] La Secretaría de la Corte Constitucional, en informe remitido al
despacho del magistrado sustanciador el 31 de octubre de 2018, visible a folio
167 del cuaderno de revisión, señaló que durante el término concedido para
poner en conocimiento las pruebas allegadas, ninguna persona se acercó para
tener conocimiento de estas. No obstante, el alcalde de Sardinata solicitó que
dichas pruebas le fueran enviadas por correo electrónico ante la dificultad de
trasladarse hasta la ciudad de Bogotá. Por lo anterior, y en aras de garantizar
el derecho de contradicción, los documentos requeridos le fueron remitidos vía
correo electrónico el 26 de octubre de 2018. De este trámite dan cuenta los
folios 165 y 166 del cuaderno de revisión.
[44] Folios 186 a 190, cuaderno de revisión.
[45] Esta información se remitió vía correo electrónico a la Secretaría
de esta Corporación el 6 de diciembre de 2018, y se encuentra en los folios 326
a 328 del cuaderno de revisión.
[46] Sentencia T-321 de 2016. Cfr., sentencia T-154 de 2017.
[47] Sentencia T-369 de 2017.
[48] Sentencia T-308 de 2011.
[49] Sentencias T-678 de 2016 y T-176 de
2011.
[50] Ibid.
[51] Sentencia T-540 de 2006.
[52] Cfr., artículo 78 de la Ley 136 de 1994.
[53] Sentencia T-085 de 2017.
[54] Sentencia T-078 de 2004.
[55] Sentencia T- 085 de 2017
[56] La Ley 105 de 1993 define las competencias frente a la
infraestructura de transporte de la Nación, los departamentos y los municipios.
En el artículo 17 dispone que “Hace parte de la infraestructura distrital
municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean
propiedad del municipio”. Así mismo, de conformidad con su artículo 19, “Corresponde
a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación
de todos y cada uno de los componentes de su propiedad”.
[57] El numeral 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por
la Ley 1551 de 2012, dispone que le corresponde a los municipios “Promover
el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal”. Igualmente, se indica en el numeral 23 del mismo artículo que,
“En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y
mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal”.
[58] El artículo 76.4.1 de la Ley 715 de 2001 dispone que le corresponde
a los municipios “Construir y conservar la infraestructura municipal de
transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean
propiedad del municipio”. Añade, en su artículo 76.4.2, que le corresponde
al municipio “Planear e identificar prioridades de infraestructura de
transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas viables”. Además,
en el artículo 76.12 de esta ley se indica que a los municipios les corresponde
“Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la
Alcaldía, las plazas públicas, el cementerio, el matadero municipal y la plaza
de mercado y los demás bienes de uso público, cuando sean de su propiedad”.
[59] La Ley 1228 de 2008 define que el Sistema Nacional de Carreteras o
Red Vial Nacional está conformado por vías arteriales o de primer orden,
intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden, las cuales
pueden corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los
distritos especiales y los municipios, de conformidad con lo que determine el
Ministerio de Transporte.
[60] Al respecto, dispone el artículo 74 de la
Ley 715 de 2001: “Los Departamentos son promotores del desarrollo económico
y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación
entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios”.
[61] En este sentido, dispone el literal b del artículo 4 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 1551 de 2012, lo siguiente: “Concurrencia.
Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen
competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de
conseguir el fin para el cual surgieron las mismas”.
[62] Sobre el principio de subsidiariedad, se señala en el literal c del
artículo 4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 1551
de 2012, lo siguiente: “Subsidiariedad. La Nación, las entidades
territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma
transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social,
en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de
ejercerlas debidamente”.
[63] Cfr.,
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/aspectos-generales
[64] Folio 13, cuaderno principal.
[65] Constitución Política, artículo 86.
[66] Corte Constitucional, Sentencia T-721 de
2012.
[67] Corte Constitucional, sentencias T-043 de
2014, T-402 de 2012 y T-235 de 2010.
[68] Al respecto, cabe recordar que en la sentencia sentencia T-306 de 2015 la Corte resolvió un caso similar, en el que
se solicitaba la construcción de unos puentes
para cruzar un río y una quebrada. En dicha ocasión, al analizar la
subsidiariedad, la Corte indicó que cuando se tratara de proteger
derechos fundamentales, la acción de tutela desplazaba a la acción popular,
como medio eficaz de protección. Indicó: “dada la naturaleza de la pretensión, en principio la acción de
tutela no sería procedente y el actor debería iniciar el proceso
correspondiente a la acción popular. Sin embargo, en el fondo del asunto se
está discutiendo la amenaza de los derechos a la vida, integridad
personal y educación de los habitantes de la vereda Bocanas de las Verdes y se
está enfatizando en la situación de los niños quienes deben atravesar las
estructuras existentes para asistir a la institución educativa. En consecuencia
la Sala considera que, ante una posible amenaza o violación de los derechos de
un grupo poblacional vulnerable que, de acuerdo a la jurisprudencia, detenta
una especial protección constitucional, es procedente el estudio de fondo”.
[69] Se refería al derecho de petición que el personero radicó 14 de
diciembre de 2017 ante la Gobernación de Norte de Santander y al derecho de
petición que el presidente de la Junta de Acción Comunal radicó ante la
Alcaldía de Sardinata el 12 de diciembre del mismo año.
[70] Al respecto, sostuvo que desde el año 2016 se había
solicitado una obra que comunicara a la escuela con la vereda, pues desde que
no se puede usar el Puente Hamaca, aquellos “no pueden desplazarse hasta la
sede educativa, obligándolos a cruzar por el río en donde habitan gran cantidad
de CAIMANES, arriesgando con esto su vida para poder recibir la formación
educativa en el instituto”. En este mismo sentido manifestó que las
entidades accionadas hicieron caso omiso a las solicitudes elevadas por la
comunidad “poniendo en grave riesgo la integridad física de 14 menores que
son sujetos de especial protección constitucional y demás comunidad (sic)
que requieren de manera URGENTE esta obra, vulnerando con esto los derechos
fundamentales a la VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL y EDUCACIÓN de los afectados”.
[71] CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Con licencia para desplazar:
masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo. 2015. p. 19.
[72] Ibíd. p. 19
[73] ACNUR. Informe de desplazamientos
masivos 2018 (IDP). (13 de septiembre de 2018). Pág. 1.
[74] Minuto 34:27 de la audiencia.
[75] Minuto 35:45 de la audiencia.
[76] Minuto 39:10 de la audiencia.
[77] Minuto 1: 10: 10 de la audiencia.
[78] En lo que va corrido del año 2019, esta región ha sido
escenario de múltiples homicidios, ataques violentos contra líderes sociales e
incluso el derribamiento de una aeronave con el posterior secuestro de los
miembros de su tripulación.
[79] Las circunstancias de marginalidad que enfrentan los menores
de la vereda San José de Campo Lajas se evidencian en las fotografías “20181116-WA0000”,
“20181116-WA0009”, “20181116-WA0010” y “20181116-WA0012” del CD remitido por la
Personería de Sardinata. En estas fotografías, se observa que la vivienda de
uno de los niños tiene el piso en tierra, el techo es de paja y únicamente
cuenta con paredes de madera en uno de los cuartos.
[80] Folios 56 al 59 y 215 al 219, cuaderno de revisión.
[81] Folio 216 al 219, cuaderno de revisión.
[82] A folio 60 del cuaderno de revisión se encuentra una
certificación expedida por el Secretario General de la Personería Municipal, en
donde se indica que 6 de estos menores se encuentran incluidos en la base de
datos de la población víctima del conflicto armado interno por el hecho
victimizante de “Desplazamiento Forzado”. Este documento fue allegado por la
Alcaldía de Sardinata.
[83] Folios 60, 221, 222, 223 y 224, cuaderno de revisión.
[84] Folios 220, 292 y 293, cuaderno de revisión.
[85] En
el artículo 6 de la Ley 715 de 2001 se regulan las competencias generales de
los departamentos en el sector de educación, así como las competencias
específicas de los departamentos en este sector frente a municipios no
certificados.
[86] Véanse, por ejemplo, Corte
Constitucional, sentencias T-612 de 1992, T-329 de 1997, T-751 de 1999 y T-202
de 2000.
[87] La Observación
General Número 13 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU, adoptada en 1999, interpreta y clarifica el
contenido del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
[88] Corte Constitucional, sentencias T-690 de
2012, T-458 de 2013, T-008 de 2016 y T-545 de 2016.
[89] Corte Constitucional, sentencias T-787 de 2006, T-805 de
2007, T-533 de 2009 y T-743 de 2013, entre otras.
[90] Sentencias T-467 de 1994, T-085 de 2017 y
T-091 de 2018.
[91] En este sentido, las sentencias T-467 de
1994, T-458 de 2013, T-085 de
2017 y T-091 de 2018. En la sentencia C-535 de 2017, en la que analizó
la constitucionalidad del  Decreto 892 del 28 de mayo
de 2017, “por el cual se crea un régimen transitorio para la
acreditación en alta calidad de los programas académicos de licenciaturas a
nivel de pregrado que son ofrecidos en departamentos donde se localizan
municipios priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET)”, señaló: “los
deberes estatales en la materia implican, en aras de la disponibilidad y la
accesibilidad, procurar que las condiciones geográficas de determinada zona, no
impidan la formación escolar y esta pueda concretarse sin distinciones respecto
a los centros geográficos”.
[92] Respecto del derecho a la educación en las zonas rurales y
su relación con la igualdad de oportunidades, advirtió la Corte en la sentencia
T-467 de 1994, lo siguiente: “Los alumnos de una pequeña
escuela campesina tienen derecho a recibir un servicio que les permita
transcurrir por todo el proceso educativo sin encontrarse en condiciones de
inferioridad frente a educandos provenientes de otros centros de enseñanza. De
no cumplirse con esta exigencia, no sólo se estaría vulnerando el derecho
fundamental de los niños a la educación básica obligatoria, sino que, además,
se estaría afectando su derecho a la igualdad de oportunidades”.
[93] Sentencia C-520 de 2016
[94] Sentencias T-963 de 2004 y T-091 de
2018.
[95] Allí se indica que la educación es el “principal medio que permite a adultos y menores
marginados económica y socialmente salir de la pobreza”.
[96] Se señala en el Punto número 1 del Acuerdo Final, denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma
Rural Integral”, lo
siguiente: “Que en el marco del presente Acuerdo para la Terminación del
Conflicto, la Reforma Rural Integral, en adelante RRI, sienta las bases para la
transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la
población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la
construcción de una paz estable y duradera. Que a juicio del Gobierno esa
transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar
las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el
territorio. Y que a juicio de las FARC-EP dicha transformación debe contribuir
a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta
de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la
exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta
especialmente a las mujeres, niñas y niños”.
[97] En relación con este punto del Acuerdo, se señala que el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación
Rural, “con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia,
garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y
erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la
permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las
instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural”.
[98] Sentencia C-535 de 2017.
[99] Tal como consta a folio 15 del cuaderno de revisión, el despacho se
comunicó con el señor Duvian Rolón Gómez los días 19 y 26 de septiembre del año
en curso.
[100] Con el fin de facilitar la revisión y
contradicción de estos documentos, que fueron remitidos vía correo electrónico,
el despacho del magistrado sustanciador procedió a grabarlos en formato DVD y a
imprimir i) el gráfico de la vereda San José de Campo Lajas, ii)
todas las fotografías remitidas y iii) 9 capturas de pantalla del video
20170217_072251, previo trámite ante la Secretaría General de esta Corporación.
Estos documentos se adjuntaron al expediente entre los folios 19 a 36 del
cuaderno de revisión.
[101] Tal como consta a folio 17 del cuaderno de revisión, el despacho
del magistrado sustanciador se comunicó con el señor Jesús Alberto Umbarila
Contreras los días 26 y 27 de septiembre de 2018.
[102] Tal como consta a folios 18 del cuaderno de revisión, el despacho
del magistrado sustanciador se comunicó con el alcalde de Sardinata, Jesús Emel
Espinel Galvis, los días 26 y 27 de septiembre del año en curso.
[103] El señor Jesús Emel Espinel Galvis, alcalde de Sardinata, remitió,
con destino al despacho del magistrado sustanciador, la referida citación, la
cual se adjuntó al expediente entre folios 37 a 39 del cuaderno de revisión,
previo trámite ante la Secretaría General de esta Corporación.
[104] Tal como consta a folio 16 del cuaderno de revisión, el despacho
del magistrado sustanciador se comunicó con el ingeniero Wilmer Aranda, el día
26 de septiembre del año 2018.
[105] Folio 59, cuaderno principal
[106] Aseguró que, por esta razón, la Alcaldía de Sardinata había
decidido no invertir recursos para mejorar la infraestructura.
[107] Folios 40 al 43, cuaderno de revisión.
[108] Cfr., título 5.2 supra del acápite de
“Antecedentes”. La Sala solicitó que las entidades accionadas presentaran un
informe conjunto, para que afianzaran el proceso de interacción significativa
que había iniciado durante el trámite de recolección de información preliminar.
[109] Se trata del oficio que remitió la Secretaría General de esta
Corporación al gobernador de Norte de Santander, a fin de darle a conocer las
órdenes contenidas en el auto de pruebas del 5 de octubre de 2018, proferido
por la Sala Primera de Revisión.
[110] Folio 64, cuaderno de revisión.
[111] Folios 212 y 213, cuaderno de revisión
[112] La respuesta de la Gobernación de Santander se recibió vía correo
electrónico el 17 de octubre de 2018. Dicha respuesta también se allegó en
forma física el 20 de noviembre de 2018, junto con los archivos que, por su
tamaño, no pudieron enviarse electrónicamente. En ambas oportunidades, estas
pruebas se pusieron a disposición de las partes y terceros con interés
legítimo, a fin de garantizar el derecho de contradicción.
[113] Sistema
de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media. Folios 298 a 305, cuaderno
de revisión.
[114] Folios 250 a 263, cuaderno de revisión.
[115] Folios 264 a 280, cuaderno de revisión.
[116] Folios 281 a 293, cuaderno de revisión.
[117] Folio 309, cuaderno de revisión.
[118] Folios 213 al 249, cuaderno de revisión.
[119] Folios 221, 222, 223 y 224, cuaderno de revisión.
[120] Salvo 4 excepciones.
[121] Folios 215 al 219, cuaderno de revisión.
[122] Folios 221, 285, 287, 290, 291,292y 293, cuaderno de revisión.
[123] Folios 216, 218, 219, 285, 288 y 291, cuaderno de revisión.
[124] Folios 220, 292 y 293, cuaderno de revisión.
[125] Folio 219, cuaderno de revisión.
[126] Folios 220, 284 y 290, cuaderno de revisión.
[127] Folio 221, cuaderno de revisión.
[128] Folios 235 y 278, cuaderno de revisión.
[129] Folios 235 a 249, 279, 280 y 284 cuaderno de revisión.
[130] Folios 217, 282, 284, 285, 287, 288 y 290, cuaderno de revisión.
[131] Folios 284, 287 y 290, cuaderno de revisión.
[132] Folio 226, cuaderno de revisión.
[133] Idem.
[134] Folio 225, cuaderno de revisión.
[135] Folios 226 y 253, cuaderno de revisión.
[136] Folios 225, 251 y 258, cuaderno de revisión.
[137] Folio 225, 233 y 252, cuaderno de revisión.
[138] Folios 225, 228, 229, 231, 232, 251 y 252, cuaderno de revisión.
[139] Folios 225 y 252, cuaderno de revisión.
[140] Folios 225 y 252, cuaderno de revisión.
[141] Folios 226 y 252, cuaderno de revisión.
[142] Folios 226 y 253, cuaderno de revisión.
[143] Folios 54 al 63, cuaderno de revisión.
[144] Folios 60 a 62, cuaderno de revisión.
[145] Folio 55, cuaderno de revisión.
[146] Folios 56 al 59, cuaderno de revisión.
[147] Folio 60, cuaderno de revisión.
[148] Folios 62 y 63, cuaderno de revisión.
[149] Folio 54, cuaderno de revisión.
[150] La Secretaría General de la Corte Constitucional recibió respuesta
al Oficio OPT-A-3072/2018 el 12 de octubre de 2018, la cual obra entre folios
119 y 127 del cuaderno de revisión. El 24 de octubre del mismo año, durante el
término de traslado de las pruebas, el Ministerio envió la misma respuesta que
había allegado previamente, la cual se encuentra en los folios 128 a 136 del
cuaderno de revisión.
[151] Esta comunicación se adjuntó a la respuesta emitida por el
Ministerio de Minas y Energía y se encuentra en el folio 93 del cuaderno de
revisión.
[152] Folios 87 y 88, cuaderno de revisión.
[153] Folios 204 a 2011, cuaderno de revisión
[154] CD ubicado entre los folios 211 y 212 del cuaderno de revisión.
[155] Folios 170 y 171, cuaderno de revisión.
[156] Folios 186 a 190, cuaderno de revisión.
[157] Esta información se remitió vía correo electrónico a la Secretaría
de esta Corporación el 06 de diciembre de 2018 y se encuentra en los folios 326
a 328 del cuaderno de revisión.
[158] Sentencia T-434 de 2018.
[159] Corte Constitucional, Sentencias T-690 de
2012, T-458 de 2013, T-008 de 2016, T-545 de 2016 y T-434 de 2018.
[160] Funcionario de la Gobernación de Norte de Santander.
[161] Folios 27, 233 a 235, 266 y 278 a 280 entre otros
[162] Numeral 25 supra
[163] Folios 9 y 10, cuaderno principal y CD ubicado entre los folios 211
y 212 del cuaderno de revisión.
[164] Folios 61 y 62, cuaderno de revisión.
[165] Folios 236 a 241, 269 a 278 y DVD visible a folio 309.
[166] Cd visible a folio 19 y folios 22 al 26, cuaderno de revisión
[167] Folios 235 y 278, cuaderno de revisión.
[168] El señor Duvian Rolón Gómez, tal como se indicó en el título
3 supra del acápite de “Antecedentes” se desempeñó como docente de la
Institución Educativa San Luis Beltrán hasta el año 2017, y fue una de las
personas que asistió como “comisionado de parte de la Alcaldía Municipal de
Sardinata” a la visita técnica realizada el 9 de abril de 2018, por parte
de, entre otras personas, funcionarios del departamento de Norte de Santander y
el municipio de Sardinata (cfr., título 3 supra del acápite de
“Antecedentes”):
[169] Folio 19 del cuaderno de revisión.
[170] Estas imágenes, que corresponden a impresiones de pantalla
del video remitido por el señor Duvian Rolón Gómez. Se encuentran en los folios
31 y 35 del cuaderno de revisión.
[171] Folio 16, cuaderno de revisión.
[172] Se refiere a la visita que se llevó a cabo el 12 de octubre de
2018, por parte del equipo técnico conformado por el gobernador de Norte de
Santander, a fin de elaborar el informe solicitado en el auto del 5 de octubre
de 2018.
[173] Folios 235 y 278, cuaderno de revisión
[174] CD ubicado entre los folios 211 y 212 del cuaderno de revisión.
Video VID 20171207-WA0018.
[175] Folio 284, cuaderno de revisión.
[176] Folio 249 y 280, cuaderno de revisión.
[177] Folios 214, 282, 284, 285, 287, 288 y 290, cuaderno de revisión.
[178] Folios 204 a 2011, cuaderno de revisión
[179] Folio 219, cuaderno de revisión
[180] Folios 65, 225, 228, 229, 231, 232, 251 y 252, cuaderno de
revisión.
[181] Folios 205, 226 y 252, cuaderno de revisión.
[182] Folios 225 y 252, cuaderno de revisión.
[183] Folios 60, 225 y 252, cuaderno de revisión.
[184] Folio 60, cuaderno principal y folios y 226, cuaderno de
revisión.
[185] Observación General Número 13 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU.
[186] Corte Constitucional, Sentencias T-533 de 2009  y T-743 de 2013.
[187] Corte Constitucional, Sentencias T-787 de 2006, T-805 de
2007, T-533 de 2008, entre otras
[188] Folios 225, 228, 229, 231, 232, 251 y 252, cuaderno de revisión.
[189] Folios 225 y 252, cuaderno de revisión.
[190] Folios 225 y 252, cuaderno de revisión.
[191] Folios 226 y 252, cuaderno de revisión.
[192] Recuérdese que la Gobernación de Norte de Santander señaló
que estas dos inversiones se priorizarían para la vigencia 2019 “con cargo
al rubro 2.3.9.2, código Plan de Desarrollo 1.6.3., concepto Caminos
Interconectados para la Paz y la Productividad”.
[193] Parece que se refiere a la reconstrucción del Puente Hamaca.
[194] Folio 4, cuaderno principal.
[195] Ibid.
[196] Folio 226, cuaderno de revisión.
[197] Folio 61, cuaderno de revisión.
[198] Folios 225, 251 y 258, cuaderno de revisión. En estos folios
reposan los informes enviados en sede de revisión por parte de la Gobernación
de Norte de Santander.
[199] Folio 225, 233 y 252, cuaderno de revisión.
[200] Folio 225, cuaderno de revisión.
[201] Corte Constitucional, Sentencia T-267
de 2018.
[202] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2011, T-428 de
2012, T-743 de 2013, T-715 de 2014 y T-091 de 2018.
[203] Corte Constitucional, Sentencia C- 520 de 2016.
[204] Folios 226 y 253, cuaderno de revisión.
[205] Folios 62 y 63, cuaderno de revisión.
[206] Folio 54, cuaderno de revisión.
[207] M.P. Carlos Bernal Pulido.
[208]. En concreto, se recibieron escritos de la
Gobernación de Norte de Santander; la
Alcaldía de Sardinata; el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio; el
Ministerio de Minas y Energía; el Ministerio de Educación Nacional y la
Personería de Sardinata.
[209] Ver párrafo 93 de la Sentencia.
[210] Ver párrafo 95 de la Sentencia.
[211] Al respecto, pueden ser revisados los
salvamentos de voto que presenté a las sentencias SU-005 de 2018; T-027 de
2018; T-091 de 2018; T-288 de 2018 y la aclaración de voto a la Sentencia T-148
de 2018.
[212] Decreto 2591 de 1991. Artículo 18. Restablecimiento inmediato. El juez que conozca de la
solicitud podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier consideración
formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en
un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o
amenaza del derecho.
Decreto 2591 de 1991. Artículo 20.
Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.
Decreto 2591 de 1991. Artículo 21.
Información adicional. Si del informe resultare que no son ciertos los hechos,
podrá ordenarse de inmediato información adicional que deberá rendirse dentro
de tres días con las pruebas que sean indispensables. Si fuere necesario, se
oirá en forma verbal al solicitante y a aquél contra quien se hubiere hecho la
solicitud, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente de manera
sumaria.
En todo caso, el juez podrá fundar su
decisión en cualquier medio probatorio para conceder o negar la tutela.
[213] Sentencia T-255 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este
punto vale anotar que en el salvamento de voto a la Sentencia T-029 de 2018.
M.P. Carlos Bernal Pulido, expuse también la necesidad de que los jueces constitucionales
propendan por la materialización de los derechos fundamentales de quienes
reclaman su protección mediante la acción de tutela.
[214] Ver Sentencia T-226 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[215] Sentencias T-153 de 2011 y T-568 de 2013,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[216] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[217] “Pueden consultarse entre otras las
sentencias T-532 de 1994, T-310 de 1995, T-049 de 1998, T-450 de 1998 y  SU-429
de 1998.”
[218] Sentencia T-049 de 1998. M.P. Jorge Arango
Mejía.
[219] Párrafo 172, Sentencia T-209 de 2019.