T-955-14
Sala Sexta de Revisión
Sentencia
T-955/14
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
La
figura procesal de la agencia oficiosa es procedente y viable en la
interposición de este mecanismo de amparo, siempre y cuando se demuestre que: (i)
el agente oficioso está actuando como tal; (ii) del escrito de tutela se pueda
inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer la acción
de tutela, ya sea por circunstancias físicas o mentales; (iii) la informalidad
de la agencia, pues esta no implica que deba existir una relación formal entre
el agente y el agenciado; y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del
proceso.
DERECHO A
LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL-Reiteración de
jurisprudencia sobre protección por tutela
La
Corte Constitucional, ha aceptado que el derecho a la salud, puede ser
protegido y salvaguardado a través de la acción de tutela. Todas las personas
sin distinción alguna, pueden hacer uso del mecanismo de amparo para obtener la
protección efectiva de su derecho fundamental a la salud ante cualquier amenaza
o violación, sin necesidad de encontrarse en una situación de vulnerabilidad
manifiesta o ver conculcado cualquier otro derecho constitucional.
DERECHO A LA SALUD-Reglas y subreglas fijadas por la jurisprudencia para
suministro de medicamentos excluidos del POS
El
fallo T-760 de 2008,
la Corte definió y sistematizó una serie de subreglas que obligan al juez de tutela a determinar
cuándo frente al suministro de medicamentos, elementos, procedimientos,
intervenciones y servicios indispensables en la preservación o recuperación de
la salud de los pacientes o su vida digna, se debe aplicar directamente la
Constitución y restringir la aplicación literal de las normas que regulan el
POS.
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Implica obligaciones para el estado y la sociedad
Esta Corporación ha definido
el principio de solidaridad como una obligación de la sociedad, que permita el
beneficio y apoyo a los demás, especialmente a quienes se encuentren en una
condición de vulnerabilidad manifiesta. En materia de salud, este deber y
principio de protección solidaria, ha sido desarrollado por la jurisprudencia
de esta Corporación, y en ella ha insistido en que la responsabilidad de
proteger y garantizar la salud, recae principalmente en la familia y en la
sociedad, bajo la permanente asistencia del Estado.
CUBRIMIENTO
DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Reglas jurisprudenciales
La
inclusión del servicio de transporte en el Plan Obligatorio de Salud para el
paciente ambulatorio que requiere de algún tratamiento médico, no es absoluta,
pues se requiere que: (i) la remisión haya sido ordenada por el médico
tratante; (ii) en el municipio donde reside el paciente no existan
instituciones que brinden el servicio ordenado; y (iii) la EPS-S donde se encuentra
afiliado el paciente reciba una UPC diferencial o prima adicional. En cuanto al
cubrimiento de gastos de traslado para el acompañante, esta Corporación ha
reiterado que la tutela procede cuando: (i) el paciente es totalmente
dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiere atención
permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus
labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos
suficientes para financiar el traslado.
CAPACIDAD ECONOMICA DE PERSONA
ENFERMA-Reglas probatorias empleadas por la Corte Constitucional
DERECHO A LA SALUD, A LA VIDA
EN CONDICIONES DIGNAS Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a EPS suministrar lente
de contacto terapéutico
DERECHO A LA SALUD, A LA VIDA
EN CONDICIONES DIGNAS Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a EPSS autorizar y
entregar de manera permanente pañales desechables, crema laser para quemaduras
y pañitos húmedos
DERECHO A LA SALUD, A LA VIDA
EN CONDICIONES DIGNAS Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a EPS garantizar pago de
subsidio de transporte al accionante y a un acompañante
Referencia:
expedientes T-4478213, T-4481858, T-4483153, T-4483398, T-4485714, T-4486727 y
T-4486745, acumulados.
Acciones de tutela instauradas por Armando Giraldo Ruiz, contra
SALUDCOOP EPS Regional Caldas (T-4478213); Clemencia Montero Ardila, contra
EMSSANAR E.S.S y Secretaría Departamental del Valle del Cauca (T-4481858);
Yohanna Santiago Ortega, contra SALUDCOOP EPS Regional Norte de Santander
(T-4483153); Clara Fernanda Rubiano, contra COMPENSAR EPS (T-4483398); Ana
Cecilia Rojas Rodríguez, contra COOMEVA EPS (T-4485714); Ana Tulia Herrera,
contra SALUDCOOP EPS Regional Costa (T-4486727); y Doris Margarita Movilla,
contra FAMISANAR EPS (T-4486745).
Procedencia: Juzgados
Once Civil Municipal de Manizales, Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali, Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Cúcuta, Once Civil del Circuito de Bogotá, Promiscuo Municipal de Suesca,
Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, y
Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Barranquilla, respectivamente.
Asunto: Reiteración de jurisprudencia sobre
autorización y suministro de servicios, procedimientos y elementos no incluidos
en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., nueve
(9) de diciembre de dos mil catorce (2014).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y las Magistradas Martha Victoria
Sáchica Méndez y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
de las sentencias dictadas por el Juzgado Once Civil
Municipal de Manizales (T-4478213), Juzgado Primero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali (T-4481858), Juzgado Sexto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Cúcuta (T-4483153), Juzgado Once Civil del
Circuito de Bogotá (T-4483398), Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca
(T-4485714), Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Barranquilla (T-4486727), y Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Barranquilla (T-4486745) dentro de la acciones de tutela instauradas
por Armando Giraldo Ruiz, contra SALUDCOOP EPS Regional Caldas; Clemencia Montero
Ardila, como agente oficiosa de su tío Armando Ruiz, contra EMSSANAR E.S.S Y
Secretaría Departamental del Valle del Cauca; Yohanna Santiago Ortega, como
agente oficiosa de su hija Cherith Valeria Ramirez Santiago, contra SALUDCOOP
EPS Regional Norte de Santander; Clara Fernanda Rubiano, como agente oficiosa
de su hija Amanda Vásquez Rubiano, contra COMPENSAR EPS; Ana Cecilia Rojas
Rodríguez, como agente oficiosa de su hijo Deiby Johan Gil Rojas, contra
COOMEVA EPS; Ana Tulia Herrera, como agente oficiosa de su hermana Luisa
Fernanda Herrera, contra SALUDCOOP EPS Regional Costa; y Doris Margarita
Movilla, como agente oficiosa de su madre Doris Vásquez de Movilla, contra
FAMISANAR EPS, respectivamente.
Los respectivos expedientes llegaron a esta Corte por remisión
efectuada por los citados despachos, en virtud de lo ordenado por los artículos
86 (inciso 2°) de la Constitución,  31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.
Mediante auto del 8 de septiembre de 2014, la
Sala Nueve de Selección, decidió acumular los expedientes T-4478213,
T-4481858, T-4483153, T-4483398, T-4485714, T-4486727 y T-4486745, y repartirlos
a la Sexta de Revisión, por presentar unidad de materia y estimar que podían
ser fallados en una sola sentencia.
I. ANTECEDENTES
Los
peticionarios de los procesos que se estudian en la presente sentencia,
interpusieron acciones de tutela contra las entidades promotoras de salud antes
señaladas, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, a la salud y a la seguridad social, por habérseles negado
el suministro de servicios, procedimientos e insumos NO POS.
A continuación se hará una exposición detallada de cada uno de los
procesos de la referencia.
A. Hechos y pretensiones
Expediente
T-4478213
El accionante
tiene 78 años de edad, se encuentra vinculado al régimen contributivo en
calidad de beneficiario y manifestó que le fue diagnosticado con “queratopatía
vesicular, glaucoma secundario a otros trastornos del ojo[1]”.
Como
consecuencia de lo anterior, el médico tratante le ordenó el uso de “lente de
contacto terapéutico No. 6 ojo derecho (cambio mensual)[2]”, el cual ha sido negado
por la EPS demandada, al considerar que éste se encuentra excluido del POS y es
un “insumo estético con fines de embellecimiento”.
El tutelante
afirmó que no cuenta con los recursos económicos para sufragar este tipo de
gastos, pues depende enteramente del salario de su hijo quien se gana un poco
más de 1 salario mínimo mensual legal vigente.
Así las cosas,
solicita que se garanticen sus derechos a la vida en condiciones dignas, a la
salud y a la seguridad social, y en consecuencia, se ordene a la EPS accionada
a que suministre el lente de contacto terapéutico.
Expediente
T-4481858
La señora
Clemencia Montero Ardila, actuando como agente oficiosa de su tío, el señor
Armando Ruiz, manifestó que éste padece de insuficiencia digestiva y cáncer de
próstata.
Por lo anterior,
solicitó a través del ejercicio del derecho de petición,[3] asistencia permanente de
enfermera, suministro de pañales, crema laser para quemaduras y pañitos húmedos,
los cuales fueron negados por la EPS, al no existir orden médica que lo
autorice.
La accionante
pretende que a través de la acción de tutela, se protejan los derechos
fundamentales a la salud, la vida en condiciones dignas y la seguridad social
de su tío, y como  consecuencia, se ordene a la EPS accionada, autorizar la asistencia
permanente de una enfermera, la entrega de pañales, crema laser para quemaduras
y pañitos húmedos.
Expediente
T-4483153
Yohanna Santiago
Ortega, actuando como agente oficiosa de su hija Cherith Valeria Ramírez,
manifestó que ésta padece de síndrome de down, cardiopatía congénita, problemas
gástricos, corrección de atresia duodenal, hipotiroidismo e hipoacusia
neurosensorial bilateral.
Señaló que en
razón a éste cuadro clínico, es necesario transportarse a la Fundación el
Principio de una Esperanza, donde le realizan distintos tipos de terapias que
le permitan sobrellevar y mitigar las enfermedades, pero no cuenta con recursos
económicos para llevar a su hija a las terapias solicitadas, en tanto no tiene
un oficio estable y su esposo “vende pasteles en la calle”, lo que les impide
tener un ingreso económico fijo.
Por lo anterior,
solicitó la protección de los derechos fundamentales de su hija a la vida en condiciones
dignas y a la salud. Por consiguiente solicitó que se ordene a la EPS accionada
el pago de un subsidio de transporte, junto con el suministro de pañales y
pañitos húmedos.
Expediente T-4483398
Clara Fernanda
Rubiano, actuando como agente oficiosa de su hija Amanda Vásquez Rubiano,
manifestó que desde el año de 2006, padece del “síndrome de guillan barre[4]”, el cual produjo la
paralización completa de su cuerpo, y afectó músculos respiratorios y
digestivos, por lo que tuvo que realizarse una traqueotomía y gastrostomía para
que pudiera respirar y alimentarse.
Como
consecuencia de lo anterior, en septiembre del 2006, la agenciada empezó a
recibir el servicio de atención domiciliaria, en el que le fueron practicadas terapias
físicas, respiratorias, ocupacional, de nutrición y lenguaje, y apoyo psicológico.
En el año 2013,
la paciente empezó a realizar movimientos del cuello, hombros, soporte de tronco,
musculatura facial y del sistema fonético, por lo se retiraron de manera
paulatina la sonda gástrica y el ventilador.
En consideración
a su evolución, el médico tratante ordenó disminuir la atención domiciliaria, a
tal punto que la IPS LINDE, le informó a la accionante que COMPENSAR había
decidido retirarla, para que la paciente se dirigiera a un centro de
rehabilitación en donde pudiera continuar con las terapias.
Sin embargo, la
accionante manifestó que esto no era posible, pues su hija no puede sostenerse
de pie de manera independiente, presenta osteopenia (enfermedad que ante
cualquier caída le puede causar una fractura) y no cuenta con ningún apoyo
familiar que le permita colaborarle en su traslado, situación que no puede
hacer de manera autónoma, pues a causa de una enfermedad laboral, no puede
levantar ni trasladar cargas superiores a 5 kg[5].
En vista de lo
anterior, solicitó que se tutelen los derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, a la salud y a la seguridad social de su hija Amanda Vásquez,
y que se ordene a la EPS accionada, a continuar brindando toda la atención
médica especializada, con un cubrimiento de 24 horas y manejo
interdisciplinario intensivo, junto con atención medica integral.
Expediente
T-4485714
Ana Cecilia
Rojas, quien se encuentra afiliada al régimen contributivo de seguridad social
en salud y actúa como agente oficiosa de su hijo, Deiby Johan Gil Rojas,
manifestó que el menor de edad padece de “epilepsia focal sintomática y
paralisis  cerebral cuadripléjica (síndrome de prader willi).”
Dadas las
condiciones del niño, es necesario que se realicen diferentes tipos de terapias
por la IPS con el fin de que éste obtenga una pronta recuperación y pueda vivir
en condiciones dignas. Sin embargo, éste tipo de tratamientos son realizados en
la ciudad de Bogotá, lo que genera un traslado constante desde el municipio de
Cajicá, lugar en el que residen, causando altas implicaciones económicas y un
desgaste físico por la accionante, pues el menor de edad se encuentra en
condiciones de pluridiscapacidad.
Así las cosas,
la actora solicitó que se tutelen los derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, a la salud y a la seguridad social de su hijo, Deiby Johan
Gil Rojas, y como consecuencia, se ordene a COOMEVA EPS a sufragar los gastos
de transporte junto con un acompañante a la ciudad de Bogotá.
Expediente T-4486727
Ana Tulia
Herrera, actuando como agente oficiosa de su hermana Luisa Fernanda Herrera,
manifestó que ésta tiene 86 años, se encuentra de manera permanente en una silla
de ruedas y padece de la enfermedad de Parkinson.
Agregó que por
motivos de ésta enfermedad, perdió  el control de esfínteres, implicándole
incontinencia urinaria, y por tanto, el uso de pañales de manera permanente.
Ante la
situación descrita, presentó una petición a SALUDCOOP, para  solicitar el
suministro de 90 pañales ((tena)) para adulto, los cuales fueron denegados por
la EPS, por considerar que no existía orden médica que los autorizara y porque
los mismos se encuentra por fuera del plan de beneficios.
Sin perjuicio de
la negativa presentada por la EPS, el médico tratante, diligenció la solicitud[6] y justificación médica
para acceder a medicamentos NO POS, lo cual fue nuevamente rechazado por la
EPS, al considerar que “el servicio solicitado no se encuentra debidamente
autorizado para uso, ejecución o realización por la respectiva norma vigente”[7].
Así mismo, la
accionante manifestó que no le era posible continuar sufragando los costos médicos
de su hermana, pues es una persona de la tercera edad que no cuenta con
ingresos económicos permanentes.
En consideración
a lo anterior, solicitó que se tutelaran los derechos constitucionales a la
salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, de su hermana
Luisa Fernanda Herrera, y como consecuencia, se le ordene a la EPS SALUDCOOP la
entrega de 90 pañales ((tena)).
Expediente T-4486745
La señora Doris
Margarita Movilla, actuando como agente oficiosa de Doris Vásquez de Movilla,
manifestó que su madre tiene 86 años y fue diagnosticada con “tromboembolismo
pulmonar y luxación crónica de cadera derecha”, lo que le genera una
dependencia total en sus actividades diarias.
En refuerzo de
lo anterior, argumentó que la señora Vásquez de Movilla fue calificada con base
en la escala de Barthel, que va desde menos 20 a 100, con el puntaje más bajo,
lo que indica que es dependiente total de otras personas para realizar
cualquier tipo de actividad.
La actora agrega
en su escrito, que el 3 de febrero del 2014, la señora Vásquez de Movilla, fue
atendida por el médico urólogo de Famisanar, Edgardo Rosales Maldonado, quien
manifestó que la paciente presentaba infecciones urinarias a repetición, y
orina con rebosamiento en pañales, por lo que era necesario el consumo de
medicamentos y el uso de pañales ((tena)) para adultos.
Con base en el
diagnóstico médico señalado, la accionante presentó la solicitud ante la EPS
para la entrega de dichos medicamentos e insumos, los cuales fueron negados por
la EPS Famisanar, al considerar que no existía un riesgo inminente de la vida
de la paciente, así como que los mismos no se encontraban dentro del plan de
beneficios.
Como
consecuencia de lo anterior, la actora solicitó la protección de los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud de su madre. De esta
manera, pretende que se le suministre de por vida los pañales ((tena)) para
adultos, como quiera que no cuenta con los recursos económicos para
sufragarlos.
II. ACTUACIONES
PROCESALES
1.
Expediente T-4478213
El Juzgado Once
Civil Municipal de Manizales, mediante auto del 29 de abril de 2014, admitió la
acción de tutela y ordenó correr traslado a la EPS demandada para que se
pronunciara acerca de los hechos y pretensiones de la acción de tutela.
A.
SALUDCOOP EPS
El gerente
regional de la EPS SALUDCOOP, solicitó que se denegara la solicitud de amparo,
en tanto existe un concepto por parte del Comité Técnico Científico, dentro del
cual se negó la solicitud del insumo médico requerido por el accionante, al ser
éste un elemento cosmetológico y de embellecimiento que no pone en peligro la
vida del paciente[8].
De igual manera,
manifestó que al encontrarse por fuera del plan de beneficios, era necesario
que el paciente incurriera en este tipo de gastos y con ello no afectara la
estabilidad económica y financiera del sistema.
B.
Sentencia de única instancia
El Juzgado Once
Civil Municipal de Manizales, profirió fallo el 7 de mayo de 2014 denegando la
acción de tutela, por considerar que no cumplía con los requisitos
jurisprudenciales para acceder al suministro de insumos y medicamentos NO POS.
Lo anterior se
fundamentó en que (i) la ceguera del paciente es irreversible y por tanto no
afecta sus derechos fundamentales, (ii) el Comité Técnico Científico ya había
conceptualizado, afirmando que el medicamento requerido es de orden
cosmetológico, y (iii) no existe prueba que demuestre la falta de capacidad
económica del paciente.
2.
Expediente T-4481858
El Juzgado
Primero Penal del Circuito de Cali, mediante auto del 8 de abril de 2014,
decidió correr traslado a la EPS accionada y vincular como litisconsorte
necesario a la Secretaría de Salud Departamental, para que dentro del término
fijado, ejercieran su derecho de contradicción y defensa, en relación con los
hechos y pretensiones de la acción de tutela.
A.
Secretaría de Salud Departamental del
Valle del Cauca
A través del
jefe de la oficina jurídica, la precitada entidad, manifestó que los
procedimientos e insumos médicos que se encuentran por fuera del Plan
Obligatorio de Salud, deben ser soportados en una orden del médico tratante que
se encuentre adscrito a la EPS.
Adicionó que la
EPS EMSSANAR es la encargada de prestar el servicio de salud requerido, y que
si fuera el caso, ésta podría solicitar el reembolso ante el FOSYGA.
B.
EPS EMSSANAR
La apoderada
judicial de la EPS, solicitó al juez de instancia, declarar la improcedencia de
la acción de tutela, al considerar que no existe prescripción médica que
demuestre la necesidad de los medicamentos e insumos requeridos por el
paciente, tales como pañales desechables, pañitos húmedos y crema antiescaras.
Así mismo,
agregó que el paciente cuenta con la atención domiciliaria “Home Care” de la
IPS Clinimedical, dentro de la cual se le están brindando los servicios médicos
requeridos para su cuidado y recuperación.
Finalmente,
resaltó que existe un deber de corresponsabilidad por parte de la familia del
paciente, de tal manera que hay ciertas actividades que le son propias al
cuidador familiar, y no a la EPS.
C.
Sentencia de única instancia
En sentencia del
28 de abril de 2014, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali, resolvió
denegar la solicitud de amparo, por considerar que no existe prescripción
médica que autorice la prestación de los servicios e insumos médicos requeridos
por la accionante.
3.
Expediente T-4483153
El 25 de febrero
de 2014, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de San José de Cúcuta, admitió la
acción de tutela, ordenó correr traslado a la EPS accionada para que ejerciera
su derecho de contradicción y ofició al Juzgado Tercero Civil Municipal para
que remitiera copias del fallo de tutela N° 00228 del 2009, donde la accionante
había sido parte procesal por los mismos hechos.
A.
SALUDCOOP EPS
El señor Elkin
Silva Vargas, no allegó el certificado de existencia y representación legal de la
EPS accionada dentro del cual se sustente su calidad de gerente regional de la
misma, por lo que el juzgado aplicó la presunción de veracidad de los hechos
esgrimida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, al considerar que no
estaba legitimado para actuar.
B.
Sentencia de primera instancia
El Juzgado
Cuarto Penal Municipal de Cúcuta, mediante sentencia del 3 de marzo de 2014,
negó la acción de tutela, por considerar que de manera previa el Juzgado
Tercero Civil Municipal de Cúcuta, a través de sentencia N° 00228 del 2009,
había tutelado los derechos del agenciado e inclusive había otorgado el
subsidio de transporte solicitado.
C.
Impugnación.
Mediante escrito
del 6 de marzo de 2014, la accionante impugnó el fallo de primera instancia,
por no estar conforme con la parte resolutiva del mismo[9].
D.
Sentencia de Segunda Instancia
Mediante
sentencia del once de abril de 2014, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Cúcuta, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que la actora
interpuso en 10 oportunidades, diferentes acciones de tutela en búsqueda de la
protección de los derechos de su hija, y dentro de los mismos se brindaron dicha
protección, lo que permitió corroborar que no existe una desprotección y amenaza
a los derechos de la niña.
4.
Expediente T-4483398
Mediante auto
del 16 de mayo de 2014, el Juzgado Sesenta y Seis Civil Municipal de Bogotá,
admitió la acción de tutela, vinculó oficiosamente al Ministerio de Salud y
Protección Social-FOSYGA- y ordenó correr traslado a las partes, para que
ejercieran su derecho de contradicción y defensa.
Así mismo,
mediante auto del 27 de mayo de 2014, decidió vincular oficiosamente a la IPS
Linde, para que se pronunciara en relación con los hechos y pretensiones de la
acción de tutela.
A.
Ministerio de Salud y Protección Social
El Director
Jurídico del presente Ministerio, mencionó en su escrito que el servicio de
terapias requerido por la agenciada, se encontraba incluido dentro del Plan de
Beneficios, según lo dispuesto en la Resolución 5521 de 2013.
Así mismo,
manifestó que el servicio de enfermería, está cubierto en los casos en que se
considere pertinente por el profesional tratante bajo las normas de calidad
vigentes y dicha cobertura está dada sólo para el ámbito de la salud, lo que no
abarca recursos humanos con finalidad de asistencia o protección social, como
es el caso de los cuidadores.
Finalmente,
acotó que la pretensión del tratamiento integral, es una solicitud muy genérica
y se hace necesario que el paciente o su médico tratante, precise cuáles son
los medicamentos o procedimientos requeridos a fin de que la entidad pueda
determinar si se encuentran o no incluidos en el POS.
B.
COMPENSAR
A través de
apoderado judicial, la EPS accionada argumentó que en todo momento ha brindado
un tratamiento integral y especializado a la paciente, según los conceptos
médicos esgrimidos.
Así mismo,
señaló que no existe orden médica que prescriba la necesidad de la enfermera 24
horas, todo lo contrario, lo que existe es un concepto médico en el cual se
evidencia que la paciente tiene un alto potencial de rehabilitación y que
solamente requiere de enfermera domiciliaria 12 horas, con el objetivo de
finalizar el tratamiento y entrenar a un cuidador familiar.
Finalmente,
resaltó que la paciente se encuentra incluida en un programa intensivo de
rehabilitación-PIR-, autorizado por la Clínica de la Sabana, para continuar con
la recuperación en un gimnasio especializado.
C.
IPS Linde
El representante
legal de la IPS, manifestó que por los avances obtenidos en el proceso de
rehabilitación de la paciente, es candidata para iniciar el programa de
rehabilitación en gimnasio terapéutico en un centro especializado, por lo que
no es compatible que se tenga un programa domiciliario y uno ambulatorio[10].
D.
Sentencia de primera instancia
El 29 de mayo de
2014, el Juzgado Sesenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, emitió sentencia
negando la acción de tutela, por considerar que la EPS accionada ha brindado
todos los tratamientos médicos requeridos para la recuperación de la paciente y
además porque no existe orden del médico tratante que permita inferir la
necesidad de la atención domiciliaria.
El a quo, puntualizó
que por ser ésta una enfermedad catastrófica, es la paciente quien debe asumir
los copagos o cuotas moderadoras, toda vez que es cotizante independiente con
un IBC de $616.000.
E.
Impugnación
La accionante
impugnó la decisión de instancia, al considerar que el servicio de enfermería
24 horas, es necesario para la recuperación de su hija, teniendo a
consideración que la misma no ha recuperado del todo su salud, situación que la
hace totalmente dependiente y vulnerable.
Así mismo, acotó
que no existen ordenes médicas prescritas por el galeno tratante que definan
cuáles son los servicios apropiados, toda vez que los mismos se interrumpieron
abruptamente desde el 31 de mayo de 2014, cuando la EPS decidió cancelar los
servicios de salud.
F.
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del
siete de julio, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, confirmó la
sentencia de primera instancia, al considerar que la EPS no ha negado a la
paciente la prestación de algún servicio médico, así como que no existe
prescripción médica que señale la necesidad de un tratamiento médico
domiciliario 24 horas.
Adicionalmente,
señaló que la atención domiciliaria se presta por la Clínica de la Sabana, lo
que demuestra que la paciente no se encuentra desamparada en relación con el servicio
de salud requerido.
5.
Expediente T-4485714
Por medio de
auto del 21 de abril de 2014, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Suesca-Cundinamarca, admitió la acción de tutela, vinculó al Instituto de
Cardiología de la Fundación Cardio Infantil y decidió dar traslado a la EPS
accionada, para que se pronunciara en relación con los hechos y pretensiones de
la acción de tutela.
A.
COOMEVA
A través de
apoderado judicial, la entidad accionada, manifestó que la solicitud de
transporte no está relacionada con la salud, ni representa una actividad médica
como tal, además se encuentra excluida del POS y no existe orden médica que
autorice la prestación de éste servicio.
El apoderado
finalizó señalando que la solicitud de gastos de transporte es igualmente
improcedente, toda vez que “no se trata de movilización de paciente con
patología de urgencias certificada por su médico tratante, ni hay una remisión
entre instituciones prestadoras de servicio de salud[11]”.
B.
Fundación Cardio infantil
El representante
legal de la precitada entidad, mencionó que el menor de edad, presenta
epilepsia focal sintomática y parálisis cerebral espástica cuadripléjica, lo
que ha producido que acuda a esta institución en diferentes oportunidades, para
realizar el control y tratamiento respectivo.
C.
Sentencia de única instancia
El 28 de abril de 2014, el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca
Cundinamarca, negó la acción de amparo, al considerar que no existió una
vulneración a los derechos fundamentales del menor de edad, toda vez que no
obran en el expediente prescripciones o solicitudes médicas que indiquen la
necesidad del transporte y el acompañamiento permanente del niño[12].
6.
Expediente T-4486727
Mediante auto
del 25 de marzo de 2014, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Barranquilla, admitió la acción de tutela, y ordenó
correr traslado a la entidad demandada para que se pronunciara en relación con
los hechos y pretensiones descritos en la tutela.
A.
SALUDCOOP EPS
El Director Médico
de la EPS demandada, argumentó que los pañales desechables se encuentran
excluidos POS, por lo que es una carga de la usuaria y/o de su núcleo familiar
sufragarlos directamente, más aún, cuando no existe prescripción médica que lo
autorice.
Agregó que la
falta de entrega de los pañales, no pone en riesgo la salud y la vida del
paciente, por lo que la acción de tutela no es procedente.
B.
Sentencia de única instancia
Mediante
sentencia del 7 de abril de 2014, el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, denegó la solicitud de
amparo, por considerar que la misma no cumplía el requisito de subsidiariedad,
en tanto la Superintendencia Nacional de Salud era la entidad competente para
resolver el asunto, según la Ley 1122 de 2007 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
7.     Expediente T-4486745
El Juzgado
Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla,
mediante auto del 7 de abril de 2014, admitió la acción de tutela y ordenó
correr traslado a la EPS accionada, para que ejerciera su derecho de
contradicción y defensa, en relación con los hechos presentados por la
accionante.
A.   EPS FAMISANAR
El representante
legal de la EPS, argumentó que los pañales se encuentran excluidos del POS, y
que los mismos fueron negados por el Comité Tecnico Científico (CTC[13]), por considerarse que
no se encontraba en peligro la vida de la paciente.
Adicional a lo
anterior, argumentó que la tutela es improcedente, toda vez que la actora
cuenta con la posibilidad de acudir ante la Superintendencia Nacional de Salud,
para requerir la garantía y protección de sus derechos, presuntamente
vulnerados.
Finalmente,
solicitó que de ser procedente la acción de tutela, se pueda acudir ante el
FOSYGA para requerir el reembolso de los insumos prestados a la paciente.
B.
Sentencia de única instancia
El Juzgado
Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla,
mediante sentencia del 29 de abril de 2014, negó el amparo solicitado, por
considerar que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad,
toda vez que la accionante cuenta con la posibilidad de acudir ante la Superintendencia
Nacional de Salud para solicitar las prestaciones de salud excluidas del plan
de beneficios.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
Corresponde a la Corte Constitucional
analizar, en Sala de Revisión, las sentencias proferidas dentro de la acción de
tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y problema jurídico
2.
Los accionantes consideran que las entidades
promotoras de salud, vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, a la
vida digna y a la seguridad social, al negarles los medicamentos, servicios y tratamientos
médicos requeridos, para contrarrestar sus respectivas enfermedades.
Por
su parte, las entidades accionadas manifestaron que ya se habían prestado todos
los servicios médicos solicitados, y que los medicamentos y tratamientos
demandados, no se encontraban dentro del Plan Obligatorio de Salud, situación que
las exime de prestarlos, máxime si los accionantes no cuentan con una
prescripción médica que los autorice a solicitarlos.
3.
La presente situación fáctica exige a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico:
¿Una entidad promotora de salud –EPS- vulnera los derechos
fundamentales a la salud, a la seguridad social, y a la vida en
condiciones dignas, cuando se niega a suministrar ciertos servicios, procedimientos y elementos no POS –
algunos con orden médica y otros no – a pesar de que son necesarios para contrarrestar
la enfermedad y mejorar la calidad de vida de un sujeto de especial protección
constitucional?
4.
Para resolver los problemas jurídicos planteados, es necesario analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela cuando es
presentada por un agente oficioso; (ii) la protección
del derecho fundamental a la salud a través de la acción de tutela; (iii) las reglas para no aplicar las normas del
POS para el suministro de medicamentos, procedimientos y elementos excluidos
del plan de beneficios, a un paciente en estado de debilidad manifiesta; (iv) el
alcance del principio de solidaridad frente a sujetos de especial protección constitucional (v) el cubrimiento
de los gastos de transporte para pacientes y sus acompañantes por las EPS (vi)  la carga de la prueba ante la falta de capacidad económica
del usuario ; y (vii) casos concretos.
Procedencia
de la acción de tutela cuando es presentada por un agente oficioso. Reiteración
jurisprudencial
5.
Antes de continuar con el análisis sobre la
inaplicación del POS, es necesario establecer si procede una acción de tutela
interpuesta por un agente oficioso.
En relación a lo
anterior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que es posible
presentar acciones de tutela a nombre de quien no pueda hacerlo por sí mismo[14]. Adicionalmente, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la agencia oficiosa busca
evitar que, debido a la falta de capacidad del demandante, “se sigan
perpetrando los actos violatorios de los derechos fundamentales, prosiga la
omisión que los afecta, o se perfeccione la situación amenazante.” [15]
De igual manera,
la Corte manifestó que la agencia oficiosa encuentra su fundamento en el
principio de solidaridad, y como tal, pretende proteger los derechos
fundamentales de las personas por encima de los requisitos procesales, de
acuerdo con el artículo 228 de la Constitución[16].
Como tal, esta figura es un mecanismo idóneo para lograr el amparo de personas
de especial protección constitucional como los niños, las personas de avanzada
edad y las personas en situación de discapacidad, entre otras.
6.
En este sentido, obrar en nombre de otro para
proteger y garantizar sus derechos fundamentales, es una posibilidad legalmente
contemplada en el Decreto de la acción de tutela y fuertemente respaldada por
la jurisprudencia de esta Corporación, con lo cual, no queda duda que la figura
procesal de la agencia oficiosa es procedente y viable en la interposición de
este mecanismo de amparo, siempre y cuando se demuestre que: (i) el agente oficioso está actuando como
tal; (ii) del escrito de tutela se pueda inferir que el titular del derecho
está imposibilitado para ejercer la acción de tutela, ya sea por circunstancias
físicas o mentales; (iii) la informalidad de la agencia, pues esta no implica
que deba existir una relación formal entre el agente y el agenciado; y (iv) la
ratificación de lo actuado dentro del proceso[17].
La protección del derecho fundamental a la salud a través de la
acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia
7.
La salud es un “estado
variable, susceptible de afectaciones múltiples, que inciden en mayor o menor
medida en la vida del individuo[18].”
En este sentido, la salud no es una condición de la persona que se tiene o
no, sino una cuestión que debe ser valorada en cada caso concreto.
Ahora bien, la salud dentro de un plano constitucional, se encuentra
taxativamente reconocido en el artículo 49 Superior, y ha sido interpretado
como un derecho que protege múltiples ámbitos del vida humana, a partir de
diferentes perspectivas, tales como la vida, la dignidad humana y la seguridad
social, entre otros.
De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en
que la estructura de éste derecho es de carácter complejo, pues tanto su
concepción, como la diversidad de obligaciones que de éste se derivan, le
demandan al Estado y a la sociedad, una diversidad de facultades positivas y negativas
para su cumplimiento.
La complejidad de éste derecho, no solamente redunda en las acciones
y omisiones por parte del Estado y la sociedad, sino también implica que se
cuente con suficientes recursos materiales e institucionales que permita su
goce efectivo[19].
8.
Ahora bien, el derecho a
la salud tiene una marcada dimensión positiva, aunque también tiene dimensiones
negativas. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido desde sus
inicios, que el Estado o la sociedad, pueden vulnerar el derecho a la salud,
bien sea por una omisión, al dejar de prestar un servicio de salud, o bien por
una acción, cuando realizan una conducta cuyo resultado es deteriorar la salud
de una persona[20].
En este sentido, la Corte Constitucional, ha aceptado que el derecho
a la salud, puede ser protegido y salvaguardado a través de la acción de
tutela. Sin embargo, esta postura ha sufrido diferentes cambios y virajes
jurisprudenciales, pues desde un inicio, no fue
reconocido como un derecho de carácter fundamental, a menos que éste estuviese
plenamente ligado con alguno de los derechos fundamentales contemplados en el
texto constitucional[21].
9.
De manera concomitante a esta postura
jurisprudencial, esta Corporación afirmó que el derecho a la salud podía
protegerse de manera autónoma, siempre y cuando, el accionante fuera un menor
de edad, y en general cuando el titular fuera un sujeto de especial protección
constitucional[22].
10.
Sin perjuicio de lo anterior, esta postura fue cambiada con la sentencia T-859
de 2003[23],
la cual afirmó que la naturaleza del derecho a la salud es fundamental de
manera autónoma, lo cual implica que “tratándose de la negación de un servicio, medicamento o
procedimiento establecido en el P.O.S., se estaría frente a la violación de un
derecho fundamental. No es necesario, en este escenario, que exista amenaza a
la vida u otro derecho fundamental, para satisfacer el primer elemento de
procedibilidad de tutela: violación o amenaza de un derecho fundamental”.
Lo anterior fue reiterado y respaldado por la sentencia hito T-760
de 2008, dentro de la cual se sostuvo que “el reconocimiento de la salud
como un derecho fundamental en el contexto constitucional colombiano, coincide
con la evolución d su protección en el ámbito internacional. En efecto, la
génesis y desenvolvimiento del derecho a la salud, tanto en el ámbito
internacional como en el ámbito regional, evidencia la fundamentalidad de esta
garantía”.
11.
De esta manera, todas las personas sin distinción alguna, pueden hacer uso del
mecanismo de amparo para obtener la protección efectiva de su derecho
fundamental a la salud ante cualquier amenaza o violación[24], sin necesidad de
encontrarse en una situación de vulnerabilidad manifiesta o ver conculcado
cualquier otro derecho constitucional.
Reglas para inaplicar las normas del POS para el suministro de medicamentos, procedimientos y elementos
excluidos del plan de beneficios. Reiteración de jurisprudencia
12.
En diferentes oportunidades[25], esta Corporación ha
resaltado que la reglamentación y aplicación del POS no puede desconocer
derechos fundamentales, ni mucho menos controvertirlos. Ello por lo general sucede
cuando una EPS, luego de realizar una interpretación literal y restrictiva de
la normatividad y bajo el argumento estricto de la no inclusión de medicamentos
o procedimientos en el POS, impide la práctica de servicios necesarios para
preservar la salud y la vida en condiciones dignas de los pacientes.
13.
Al respecto, el fallo T-760 de 2008[26],
la Corte definió y sistematizó una serie de subreglas que obligan al
juez de tutela a determinar cuándo frente al suministro de medicamentos,
elementos, procedimientos, intervenciones y servicios indispensables en la
preservación o recuperación de la salud de los pacientes o su vida digna, se
debe aplicar directamente la Constitución y restringir la aplicación literal de
las normas que regulan el POS.
Dicha sentencia concluyó que debe ordenarse
la provisión de medicamentos, procedimientos y elementos que estén excluidos
del POS a fin de proteger los derechos fundamentales de los afectados, cuando
concurran las siguientes condiciones: “(i) que la falta del servicio o
medicina solicitada ponga en riesgo los derechos a la vida e integridad del
paciente. Bien sea, porque amenaza su supervivencia o afecta su dignidad; (ii)
que el servicio o medicina no pueda ser sustituido por otro que sí está
incluido dentro del POS bajo las mismas condiciones de calidad y efectividad;
(iii) que el servicio o medicina haya sido ordenado por un médico adscrito a la
EPS en la que está inscrito el paciente; y, (iv) que la capacidad económica del
paciente, le impida pagar por el servicio o medicina solicitado”.
De hecho, la mencionada
sentencia puntualiza además que otorgar en casos excepcionales un medicamento o
un servicio médico no incluido en el POS, no implica per se la modificación
del Plan Obligatorio de Salud, ni la inclusión del medicamento o del servicio
dentro del mismo, pues lo que exige es que se tenga un goce efectivo del
derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas.
En este sentido, los
medicamentos y servicios no incluidos dentro del POS, continuarán excluidos y
su suministro sólo será autorizado en casos excepcionales, cuando el paciente
cumpla con las condiciones anteriormente descritas. Esto, sin que eventualmente
el órgano regulador incluya ese medicamento o servicio dentro del plan de
beneficios.
14.
La Corte ha señalado puntualmente en
relación con la primera subregla, atinente a la amenaza a la vida y la
integridad por la falta de prestación del servicio, que el ser
humano merece conservar niveles apropiados de salud, no sólo para sobrevivir,
sino para desempeñarse adecuadamente y con unas condiciones mínimas que le
permitan mantener un estándar de dignidad propio de Estado Social de Derecho.
De esta manera, esta Corporación ha
reiterado que el derecho a la vida implica también la salvaguarda de unas
condiciones tolerables y mínimas de existencia, que permitan subsistir con
dignidad. Por lo tanto, para su garantía no se requiere necesariamente
enfrentarse a una situación inminente de muerte[27], sino que su protección
exige además asegurar una calidad de vida en condiciones dignas y justas, según
lo reglamentado en la Carta Política.
15.
En torno a la segunda subregla,
atinente a que los servicios no tengan reemplazo en el POS, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que se debe demostrar la calidad y efectividad de
los medicamentos o elementos solicitados y excluidos del Plan Obligatorio de
Salud. En relación con esto, ha  señalado la Corte[28]
que si el medicamento o servicio requerido por el accionante tiene un sustituto
en el plan de beneficios que ofrezca iguales, o mejores niveles de calidad y
efectividad, no procederá la inaplicación del POS[29].
16.
En cuanto a la tercera subregla, esto es
que el servicio haya sido ordenado por un galeno de la EPS para que un
medicamento, elemento o procedimiento excluido del plan de beneficios pueda
otorgarse por vía de tutela, esta Corporación ha sostenido que:
i.     Es
el profesional médico de la EPS quien tiene la idoneidad y las capacidades
académicas y de experticia para verificar la necesidad o no de los elementos,
procedimientos o medicamentos solicitados.
ii.     Cuando
dicho concepto médico no es emitido por un galeno adscrito a la
EPS, sino por uno externo, la EPS no puede quitarle validez y negar el
servicio únicamente por el argumento de la no adscripción del médico a la
entidad prestadora de salud. De esta forma, sólo razones científicas pueden
desvirtuar una prescripción de igual categoría. Por ello, los conceptos de los
médicos no adscritos a las EPS también pueden tener validez, a fin de propiciar
la protección constitucional de las personas.
iii.     Esta
Corte, de forma excepcional, ha permitido el suministro de elementos o
medicamentos, aun cuando no existe orden de un médico tratante, siempre y
cuando se pueda inferir de algún documento aportado al proceso –bien sea la
historia clínica o algún concepto médico– la plena necesidad de lo requerido
por el accionante.
Por ejemplo, en la sentencia
T-899 de 2002[30],
se tutelaron los derechos a la salud y a la vida digna de quien sufría
incontinencia urinaria como causa de una cirugía realizada por el Instituto de
Seguros Sociales (ISS), y se concedió el otorgamiento de pañales que no habían
sido formulados médicamente. En el fallo se ordenó la entrega de los referidos
elementos, dada la necesidad de esos implementos para preservar la dignidad
humana y la carencia de recursos de la peticionaria para pagarlos.
En este mismo sentido, ha sostenido
la Corte que cuando los conceptos de médicos, adscritos o no, son sometidos a
observación del Comité Técnico Científico (CTC), no se puede desestimar la
prescripción médica existente basándose en argumentos de carácter
procedimental, financiero o administrativo. Según esta Corporación, en sentencia
T-654 de 2010[31],
el servicio no POS sólo puede ser negado por el CTC cuando existan razones
médicas sólidas para no hacerlo. De no ser así, tiene prelación el criterio del
médico tratante, quien tiene contacto directo con el paciente. Por ende, cuando existen discrepancias entre los conceptos del médico tratante
y el CTC, debe prevalecer, prima facie, el del primero, debido a que es
él, quien además de tener las calidades profesionales y científicas, conoce
mejor la condición de salud del paciente.
17.
Finalmente, en torno a la cuarta subregla,
referente a la capacidad del paciente para sufragar los servicios, esta Corte
ha insistido que debido a los principios de solidaridad y universalidad que
gobiernan el Sistema de Seguridad Social en Salud, el Estado, a través del
Fondo de Solidaridad y Garantías-FOSYGA-, sólo puede asumir aquellas cargas que
por real incapacidad, no puedan costear los asociados.
En cuanto a la capacidad económica para
sufragar los gastos de medicamentos, tratamientos o elementos, que no es una cuestión de cantidad sino de calidad, toda vez que depende
de las condiciones socioeconómicas específicas en las que el interesado se
encuentre y de las obligaciones que sobre él recaigan. Al respecto, en la ya
citada sentencia T-760 de 2008, se señaló que dado que el
concepto de mínimo vital es de carácter cualitativo, y no cuantitativo, se debe
proteger el derecho a la salud cuando el costo del servicio “afecte
desproporcionadamente la estabilidad económica de la persona”.
18.
De este modo, la exigencia de acreditar la falta
de recursos para sufragar los bienes y servicios médicos por parte del
interesado, ha sido asociada a la primacía del interés general, al igual que al
principio de solidaridad, dado que los particulares tienen el deber de aportar
su esfuerzo para el beneficio del interés colectivo y contribuir al equilibrio
y mantenimiento del sistema.
Alcance del principio de
solidaridad frente a sujetos de especial protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia
19.
Esta Corporación ha definido
el principio de solidaridad como una obligación de la sociedad, que permita el
beneficio y apoyo a los demás, especialmente a quienes se encuentren en una
condición de vulnerabilidad manifiesta[32].
Esta protección especial,
surge del contenido expreso del artículo 13 inciso tercero de la
Constitución  Política que establece: “el Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentran en una circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
De esta
manera, hay
una mayor carga y exigibilidad en las conductas que deben desplegar tanto el
Estado, como la sociedad, para lograr mantener la protección a aquellos que por
su condición, no lo pueden hacer independientemente.
20.
Ahora bien, en materia de
salud, este deber y principio de protección solidaria, ha sido desarrollado por
la jurisprudencia de esta Corporación, y en ella ha insistido en que la
responsabilidad de proteger y garantizar la salud, recae principalmente en la
familia y en la sociedad, bajo la permanente asistencia del Estado[33].
21.
El rol de la familia es
primordial para brindar la atención y el cuidado requerido, pues cualquiera que
sea el tratamiento debe involucrar la adaptación a su núcleo familiar, a
quienes en virtud de los artículos 5°,42º y 95 numeral 2 constitucionales les
asiste el deber de solidaridad de manera especial.
22.
En ese orden de ideas, esta Corte ha abordado el tema
y ha estimado que la familia desempeña un papel primordial en el tratamiento
del paciente, por ser la más indicada e idónea para brindar protección, apoyo y
cariño.
El
vínculo familiar se encuentra unido por diferentes lazos de afecto, y se espera
que de manera espontánea, sus miembros lleven a cabo “actuaciones solidarias
que contribuyan al desarrollo del tratamiento, colaborando en la asistencia a
las consultas y a las terapias, supervisando el consumo de los medicamentos,
estimulando emocionalmente al paciente y favoreciendo su estabilidad y
bienestar[34].
Evidentemente,
debe existir una orientación y coordinación de las entidades que conforman el Sistema
General de Seguridad Social en Salud ya que, aun cuando la familia asuma la
responsabilidad por el enfermo, dichas entidades no están exentas de prestar
los servicios médicos asistenciales que sus afiliados requieran, pues son éstas
quienes guardan el conocimiento científico y técnico en la materia.
23.
En este sentido, la familia es quien, por lo general se
encuentra en mejores condiciones para mantener y promover la recuperación y el
cuidado del paciente, pues es este el entorno social y afectivo en el cual
encuentra mayor comodidad y apoyo por sus familiares.
24.
En conclusión, la familia es la primera institución que debe
salvaguardar, proteger y propender por el bienestar del paciente, sin que ello
conlleve a que se desconozca la corresponsabilidad y solidaridad que también
debe ejercer la sociedad y el Estado a través de sus instituciones, de tal
manera que propendan por la recuperación y el cuidado del paciente, y más aún,
de aquellos que se encuentran en una situación de especial cuidado.
Cubrimiento de los gastos de transporte
para pacientes y sus acompañantes por las EPS. Reiteración de jurisprudencia
25.
En diferentes oportunidades[35],
esta Corporación ha indicado los casos en que el Sistema de Seguridad Social en
Salud debe cubrir el servicio de transporte. No obstante, aun cuando el
servicio no esté catalogado como una prestación asistencial de salud, algunas
veces suele estar relacionado directamente con la recuperación de la salud, la
vida y la dignidad humana, sobre todo cuando se trata de sujetos de especial
protección.
26.
Ahora bien, la inclusión del servicio de transporte
en el Plan Obligatorio de Salud para el paciente ambulatorio que requiere de
algún tratamiento médico, no es absoluta, pues se requiere que: (i) la remisión
haya sido ordenada por el médico tratante; (ii) en el municipio donde reside el
paciente no existan instituciones que brinden el servicio ordenado; y (iii) la
EPS-S donde se encuentra afiliado el paciente reciba una UPC diferencial o
prima adicional[36].
27.
En los casos en que no se presente la anterior
situación, la jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando el
paciente no cuenta con los recursos para sufragar los gastos que le genera el
desplazamiento y, éste, sea una barrera para recibir el servicio médico, se
constituye en un impedimento para acceder al goce de su derecho a la salud.
En efecto, la sentencia
T-760 de 2008[37] afirmó que el transporte es
un medio para acceder al servicio de salud, y que aunque no es una prestación
médica como tal, en ocasiones constituye una limitante para lograr su
materialización, especialmente cuando las personas carecen de los recursos
económicos para sufragarlo.
En el precitado evento, le
corresponde al juez constitucional aplicar la regla jurisprudencial para la
procedencia del amparo y determinar la viabilidad en la financiación del mismo,
bajo los siguientes criterios: “(i)
ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos
suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la
remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud
del usuario[38].”
En este sentido, la jurisprudencia determina la
viabilidad del servicio de transporte por fuera del lugar de residencia del
solicitante, cuando se ha probado que ni
el paciente, ni su núcleo familiar tiene los recursos económicos suficientes
para pagar el valor del traslado y, que de
no efectuarse la remisión, se pone en riesgo la vida, la integridad física o el
estado de salud del paciente.
28.
Ahora bien, en cuanto al cubrimiento de gastos de
traslado para el acompañante, esta Corporación ha reiterado que la tutela procede
cuando: “(i) el paciente es totalmente dependiente de un tercero para su
desplazamiento, (ii) requiere atención permanente para garantizar su integridad
física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su
núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el
traslado”
De esta manera, la presencia del acompañante, queda sujeta a las
anteriores reglas jurisprudenciales, de tal manera que el juez constitucional
está en la obligación de aplicarlas, y con ello determinar sí es necesario la
presencia del mismo.
Carga de la prueba en la falta de capacidad económica del usuario.
Reiteración de jurisprudencia
29.
Para que el juez pueda resolver una controversia con total claridad y certeza, lo
primero que debe hacer es determinar cuál es el asunto en conflicto, es decir,
concretar los hechos que le dieron origen a la problemática suscitada. Ello se
concreta, con que cada parte demuestre y pruebe los hechos que aduce como
fundamento de sus pretensiones.
Este criterio es identificado con el
apotegma “Onus prodandi, incumbit actori y
Reus, in excipiendo, fit actor”, esto es, que al demandante le incumbe
probar los hechos en que funda su acción y al demandado, cuando excepciona, le
corresponde, probar los hechos en que se sustenta su defensa[39].
30.
Sin embargo, los anteriores criterios, de conformidad a la
jurisprudencia constitucional plasmada en la Sentencia T-600 de 2009[40], deben ser
aplicadas e interpretadas con menor rigor en sede de tutela, pues se ha
entendido que la parte accionante se encuentra en una situación de debilidad o
subordinación para acceder a la prueba requerida.
31.
Ahora bien, esta interpretación jurisprudencial también es aplicable a
los trámites de tutela en los que se debata la capacidad económica de quienes
requieren servicios que se encuentran excluidos del Plan Obligatorio de Salud.
Estas reglas fueron sintetizadas en la sentencia T-683
de 2003[41], de la siguiente manera:
“(i) ante la afirmación de ausencia de recursos
económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga de
la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo
contrario.
(ii) no existe tarifa legal para demostrar la
ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones
indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema,
extractos bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios,
indicios o cualquier otro medio de prueba.
(iii) corresponde al juez de tutela ejercer
activamente sus poderes inquisitivos en materia probatoria, con el fin de
establecer la verdad real en cada caso, proteger los derechos fundamentales de
las personas y garantizar la corrección del manejo de los recursos del sistema
de seguridad social en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad
cuando el peticionario cuenta con recursos económicos que le permitan sufragar
el costo de las intervenciones, procedimientos o medicamentos excluidos del POS.
(iv) en el caso de la afirmación indefinida del
solicitante respecto de la ausencia de recursos económicos, o de afirmaciones
semejantes, se presume su buena fe en los términos del artículo 83 de la
Constitución, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a
establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad”.
32.
Así las cosas,
la jurisprudencia ha permitido que se flexibilice la carga de la prueba a favor
de un peticionario, de conformidad con el reconocimiento de la primacía de los
derechos inalienables de la persona (art. 5 C.P.), y el establecimiento de
mecanismos efectivos para su protección y aplicación (capítulo 4o. del título
II de la Carta Política)[42].
33.
No obstante, la flexibilización probatoria no conlleva en
ningún momento a que se dejen de estudiar los hechos alegados por alguna de las
partes, pues el único objeto de ello, es que se no se le indilguen mayores
cargas a los accionantes quienes de manera general no cuentan con los
fundamentos necesarios para demostrar la situación a la cual hacen referencia.
Los casos concretos
34.
Disponiendo de los elementos constitucionales,
jurisprudenciales y facticos a los que se ha hecho referencia en los puntos
anteriores, esta Sala pasa a analizar cada caso, de la siguiente manera:
Expediente
T-4478213
35.
La presente
situación, refiere un accionante de la tercera edad que fue diagnosticado con “queratopatía
vesicular, glaucoma secundario a otros trastornos del ojo[43]” y
que se encuentra en el régimen contributivo en calidad de beneficiario de su
hijo.
Como
consecuencia de lo anterior, el médico tratante le ordenó el uso de un lente de
contacto terapéutico, el cual fue negado por la EPS demandada.
36.
Por su parte, la EPS accionada
argumentó que existe un concepto emitido por el Comité Técnico Científico (en
adelante CTC), mediante el cual se deniega la solicitud del insumo médico
requerido por el accionante, al ser éste un elemento cosmetológico y de
embellecimiento que no pone en peligro la vida del paciente[44].
De igual manera,
manifestó que al tratarse de un insumo que se encontraba por fuera del plan de
beneficios, era necesario que el paciente incurriera en este tipo de gastos y
con ello no afectara la estabilidad económica y financiera del sistema.
37.
Sea lo primero mencionar que el accionante es un sujeto que merece especial
protección constitucional, pues es un sujeto de la tercera edad (78 años), lo
que implica que sus derechos deben
ser protegidos de manera reforzada por el Estado, pues su situación de
debilidad manifiesta lo ubica en una posición de desigualdad material con
respecto al resto de la población[45].
Así mismo, el derecho a la
salud es fundamental respecto de estos sujetos, en razón de su condición de
vulnerabilidad que requiere de una especial atención y consideración como la
misma Carta Política lo reconoce al consagrar derechos que los protegen
prioritariamente.
En este sentido, es necesario
que se privilegien y garanticen en mayor proporción sus derechos fundamentales,
pues su situación de debilidad manifiesta así lo exige.
38.
Se
evidencia que dentro en el expediente obran tanto la prescripción médica, como
la solicitud de medicamentos NO POS presentada por el médico tratante a la EPS,
en el cual se ordenó el suministro del “lente terapéutico para implante en
ojo derecho mensual.[46]”
De los hechos se evidencia que el paciente requiere del insumo
demandado, para superar y morigerar las enfermedades que lo aquejan (glaucoma y
queratopatía vesicular), de tal manera que no es una manifestación caprichosa
que carezca de sustento médico.
39.
Aún ante
la existencia de una orden médica que evidencie la necesidad del insumo, el CTC
se niega a entregarlo, bajo el argumento de que éste es un elemento
cosmetológico y de embellecimiento, y  que de no ser entregado, no se pondría
en peligro la vida del paciente.
Ante la contradicción de conceptos entre el médico tratante y el
CTC, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en afirmar que tiene
prelación el criterio del primero de ellos, pues es éste quien tiene contacto
directo con el paciente y tiene además las calidades profesionales y
científicas, que le permiten conocer mejor la condición de salud del paciente[47].
En este sentido, la Sala considera que la prescripción médica dada
por el galeno tratante, debe preponderarse en relación con la negativa dada por
la CTC, más aún cuando el paciente es un sujeto de especial protección
constitucional.
Es por ello que la prescripción dada por el médico tratante responde
a las enfermedades que aquejan al agenciado, pues con el lente ordenado, se
permite mejorar la visión que ha perdido por el glaucoma y queratopatía
vesicular que padece.
40.
Por otro lado, en relación con la posibilidad de que el accionante asuma
económicamente el insumo médico requerido, el despacho de la magistrada
sustanciadora realizó una llamada al accionante para corroborar su situación
económica, y se comprobó que es su hijo quien costea los gastos de salud tanto
de su madre como de su padre, y que devenga un salario mínimo mensual legal
vigente. En la actualidad, el hijo se encuentra trabajando con la alcaldía de
Manizales hasta el 31 de diciembre de 2014 (fecha en la cual termina su
vinculación laboral).
De esta manera, la Sala encuentra que el accionante no cuenta con
los recursos económicos para sufragar los insumos ordenados, y en este sentido,
será la EPS accionada la encargada de costearlos y suministrarlos al paciente.
41.
Por lo anterior, la Sala procederá a revocar la
sentencia de instancia que negó el amparo solicitado por el accionante, y en
consecuencia, concederá la protección de los derechos fundamentales, junto con
el suministro del insumo medico requerido.
Expediente
T-4481858
42.
La señora Clemencia Montero Ardila, actuando
como agente oficiosa de su tío, manifestó que éste padece de insuficiencia
digestiva y cáncer de próstata, por lo que solicitó asistencia permanente de
enfermera, el suministro de pañales, crema laser para quemaduras y pañitos
húmedos.
43.
La Secretaría Departamental del Valle del Cauca,
manifestó que para que se autoricen los procedimientos e insumos médicos que se
encuentran por fuera del Plan Obligatorio de Salud, estos deben autorizarse por
el médico tratante que se encuentre adscrito a la EPS.
Por otro lado, la
EPS accionada argumentó que i) no existe prescripción médica que demuestre la
necesidad de los medicamentos e insumos requeridos por el paciente, ii) se está
prestando atención domiciliaria, en la cual se brindan los servicios médicos
requeridos para su recuperación, y iii) hay un deber de corresponsabilidad por
parte de la familia, en relación con el cuidado del paciente.
44.
Ahora bien, dadas las condiciones de
discapacidad en las cuales se encuentra el señor Armando Ruiz, la Sala
encuentra se dan los presupuestos jurisprudenciales señalados en la parte
motiva de esta sentencia, para que la accionante presente la acción de tutela
como su agente oficiosa.
45.
En relación con la solicitud de pañales
desechables, crema laser para quemaduras y pañitos húmedos, se evidencia que
dentro del expediente no obra prescripción médica alguna que determine la
necesidad de estos insumos.
Sin embargo, de la historia clínica del paciente[48], esta Sala puede interpretar
la necesidad de los insumos médicos solicitados, pues dadas las condiciones
médicas en las que se encuentra (insuficiencia e incontinencia urinaria), se
desprende la necesidad de los mismos.
De esta manera, y de acuerdo a las condiciones médicas del
agenciado, se deriva con total claridad la necesidad de los insumos médicos
para contrarrestar las enfermedades que lo aquejan, y así garantizar sus
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud.
46.
Por otro lado, es de resaltar que en relación con
la solicitud de enfermera por 12 horas, la EPS ha venido suministrado la atención
domiciliaria a través de la IPS “HOME CARE”, en la que se están prestando los
servicios de terapia enterostomal y física, valoración nutricional y cambio de
sonda[49].
De lo anterior, se evidencia que la EPS está prestando los servicios
médicos requeridos por el paciente, y que tal como fue señalado en las
consideraciones de esta sentencia, es deber de la familia, bajo el principio de
solidaridad y corresponsabilidad, asistir al señor Armando Ruiz en su cuidado y
recuperación, pues es este el entorno social y emocional en el cual encuentra
mayor comodidad y apoyo para su recuperación.
47.
Así las cosas, la Sala procederá a revocar el
fallo de instancia que negó el amparo solicitado, y en consecuencia, procederá
a proteger los derechos fundamentales del agenciado.
Así mismo, ordenará a la EPS accionada para que autorice y entregue
de manera permanente los pañales desechables, crema laser para quemaduras y
pañitos húmedos requeridos por el paciente.
Expediente
T-4483153
48.
Dentro del asunto objeto de revisión, se
encuentra que la menor de edad, Cherith Valeria Ramírez, quien se encuentra
representada por su madre, padece de síndrome de down, cardiopatía congénita,
problemas gástricos, corrección de atresia duodenal, hipotiroidismo e hipoacusia
neurosensorial bilateral. Para recibir el tratamiento necesario, sobrellevar y
mitigar sus enfermedades, es necesario transportarse a la Fundación el
Principio de una Esperanza, en donde le son realizados distintos tipos de
terapias.
Sin embargo, la
accionante no cuenta con suficientes recursos económicos para llevar a su hija
a las terapias prescritas, en tanto no cuenta con un oficio estable y su esposo
vende pasteles en la calle, lo que les impide tener un ingreso económico fijo.
49.
Por su parte, quien actuó en calidad de gerente
regional de la EPS accionada, no allegó el certificado de existencia y
representación legal de la EPS, mediante el cual se probara su calidad, lo que
generó la presunción de veracidad de los hechos según el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991.
50.
Ahora bien, es necesario resaltar que la
accionante ha acudido en 10 oportunidades[50]
a la tutela para obtener la protección de los derechos fundamentales de su hija
Cherith Valeria Ramírez, y en estas, se han concedido el amparo de los derechos
fundamentales de la menor de edad[51].
51.
En las sentencias proferidas por los Juzgados
Sexto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cúcuta[52], Cuarto Civil Municipal
de Cúcuta[53],
Séptimo Civil municipal de Cúcuta[54]
y Tercero Civil Municipal de Cúcuta[55]
se concedieron el subsidio de transporte, los servicios de hospedaje,
alimentación, amparo integral y exclusión de cuotas moderadoras y copagos.
De lo anterior, se evidencia que los derechos de la menor de edad
se han protegido a través de numerosas providencias judiciales, en las cuales
se han concedido los servicios solicitados en la tutela que ahora se estudia,
motivo por el cual, no es necesario que esta Corporación entre a pronunciarse
nuevamente sobre los mismos hechos y pretensiones que ya fueron concedidos.
52.
Es de mencionar que en
caso de que la EPS accionada no cumpla las órdenes impartidas por el juez de
tutela, la accionante podrá presentar un incidente de desacato, bajo los
fundamentos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, a fin de que se protejan
los derechos reconocidos en las sentencias de instancia.
53.
Finalmente, en relación con la posible
actuación temeraria de la accionante, esta Sala encuentra que no es posible su
configuración, pues no existió por la accionante una actuación dolosa y de mala
fe para acceder a la administración de justicia[56].
Así mismo, las diferentes actuaciones desplegadas por la
accionante en sede de tutela, fueron hechas bajo diferentes pretensiones y
hechos, de tal manera que no se evidencia temeridad o cosa juzgada en ello.
54.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a
confirmar el fallo de instancia que negó la acción de tutela.
Expediente
T-4483398
55.
Clara Fernanda Rubiano, actuando como agente
oficiosa de su hija, manifestó que desde el año de 2006, ésta padece del
“síndrome de Guillan Barre[57]”,
lo que produce la paralización completa de su cuerpo, lo que le afecta los
músculos respiratorios y digestivos, y conllevó a que se realizara una
traqueotomía y gastrostomía para que pudiera respirar y alimentarse.
Como
consecuencia de lo anterior, la agenciada inició atención domiciliaria, para
dar inicio a distintos tipos de terapias y con ello promover su recuperación,
lo que en el año 2013, permitió una pronta recuración de la paciente, a tal
punto que COMPENSAR decidió retirar la atención brindada, y remitirla a un
centro de rehabilitación en donde pudiera continuar con las terapias.
Sin embargo, la
accionante manifestó que esto no era posible, pues su hija no puede sostenerse
de pie de manera independiente y no cuenta con ningún apoyo familiar que le
permita colaborarle en su traslado, situación que no puede hacer de manera
autónoma, pues a causa de una enfermedad laboral, no puede levantar ni
trasladar cargas superiores a 5 kg.
56.
El Ministerio de Salud y Protección Social
manifestó que el servicio de terapias requerido por la agenciada, se encontraba
incluido dentro del Plan de Beneficios, y que el servicio de enfermería, está
cubierta en los casos en que se considere pertinente por el profesional
tratante bajo las normas de calidad vigentes.
Por su parte, la EPS accionada argumentó que en todo momento ha
brindado un tratamiento integral y especializado a la paciente, según los
conceptos médicos esgrimidos y que a la fecha no existe orden médica que
prescriba la necesidad de la enfermera 24 horas; todo lo contrario, lo que
existe es un concepto médico donde se evidencia que la paciente tiene un alto
potencial de rehabilitación y que solamente requiere de enfermera domiciliaria
12 horas, con el objetivo de finalizar el tratamiento y entrenar a un cuidador
familiar.
La IPS, manifestó que por los avances obtenidos en el proceso de
rehabilitación de la paciente, es candidata para iniciar el programa de
rehabilitación en gimnasio terapéutico en un centro especializado, por lo que
no es compatible que se tenga un programa domiciliario y uno ambulatorio[58].
57.
Ahora bien, la tutela presentada por la
accionante presenta diferentes tipos de pretensiones, pues solicita que se le
siga brindando la terapia domiciliaria por la Clínica de la Sabana, enfermería
24 horas y cuidador o persona que la ayude a cargar a la paciente hasta el
vehículo de transporte, para ser llevada a las terapias de recuperación en la
Clínica de la Sabana.
De esta manera, es necesario mencionar que las pretensiones incoadas
se contraponen, pues tal y como fue afirmado por la IPS LINDE, no es posible
obtener un programa ambulatorio y uno domiciliario.
En este sentido, y revisado el expediente de tutela, la Sala
encuentra que según el médico tratante, la paciente presenta una “extraordinaria
rehabilitación desde el punto de vista neurológico quien se beneficia de
programa de rehabilitación integral externo una vez haya concluido el proceso
de cierre de osteoma debido a que actualmente presenta secreciones.[59]”
Es por ello que
de las pretensiones incoadas, la que más se ajustada a las necesidades y
condiciones del caso en particular, es la asistir al programa intensivo de
recuperación-PIR- realizado en la Clínica de la Sabana, según la prescripción
medica descrita y la historia médica que reposa en el proceso.
Como
consecuencia de lo anterior, la asistencia domiciliaria no puede ser concedida,
pues además de existir una orden médica que evidencia la necesidad en el
ingreso a un programa intensivo de recuperación que le permita potencializar
sus condiciones actuales, también existe de manera provisional una colaboración
por parte de la Clínica de la Sabana en la recuperación de la paciente a través
de terapias, hasta tanto se tenga la autorización para ingresar al PIR[60].
58.
Por otro lado, se evidencia que la EPS ha
brindado una atención integral, oportuna y pertinente, a tal punto que la
paciente ya no requiere de ventilación mecánica, por lo que no es necesario la
prestación del servicio de enfermería 24 horas[61].
En
razón de ello, es la familia quien le asiste la obligación de velar por la
recuperación y protección de los derechos de la paciente, pues es un círculo en
donde se brindan las mejores condiciones de cariño, apoyo y cuidado.
Así,
el deber de solidaridad cobra mayor importancia, ya que son los familiares los
primeros encargados en socorrer y velar por el cuidado de quien se encuentra en
situaciones de debilidad manifiesta, como lo es la señora Amanda Vásquez
Rubiano.
59.
Finalmente, en relación con la pretensión de un
cuidador o persona que la ayude a cargar a la paciente hasta el vehículo de
transporte, para ser llevada a las terapias de recuperación en la Clínica de la
Sabana, se encuentra que la accionante debe presentar una solicitud de
transporte ante la EPS para que ésta la pueda estudiar y proceder a autorizarla
si fuera el caso.
Inclusive se evidencia que el 20 de mayo de 2014, se realizó una
junta entre los familiares de la accionante, los médicos de la EPS y la IPS, y
dentro de la misma se especificó que se debe realizar la solicitud del servicio
de transporte[62].
En caso de que sea requerido, la EPS deberá autorizarlos por lo que es un
menor de edad en condiciones de discapacidad.
60.
Por lo anterior, la Sala considera que no existe vulneración a los derechos
fundamentales de la agenciada, y la acción de tutela no es procedente, por lo
cual, procederá a confirmar el fallo de instancia.
Expediente
T-4485714
61.
Ana Cecilia Rojas quien se encuentra afiliada al
régimen contributivo de seguridad social y actúa como agente oficiosa de Deiby
Johan Gil Rojas, manifestó que su hijo padece de “epilepsia focal
sintomática y paralisis  cerebral cuadripléjica (síndrome de prader willi).”,
por lo que es necesario desplazarse hasta la ciudad de Bogotá, para que la IPS
le realice los tratamientos y terapias médicas requeridas.
No obstante,
estos desplazamientos tienen altas implicaciones económicas y físicas porque la
accionante, pues el menor de edad se encuentra en condiciones de
pluridiscapacidad y su familia no cuenta con los recursos económicos
suficientes para sufragar estos gastos.
62.
La entidad accionada, manifestó que la solicitud
de transporte no se considera relacionada con la salud, ni representa una
actividad médica como tal, además se encuentra excluido del POS y no existe
orden médica que autorice la prestación de éste servicio.
Por su lado, el
representante legal de la Fundación Cardio infantil, mencionó que el
menor de edad, presenta epilepsia focal sintomática y parálisis cerebral
espástica cuadripléjica, lo que ha producido que acuda a esta institución en
diferentes oportunidades, para realizar el control y tratamiento para las
dolencias.
63.
Así las cosas y como primera medida, es necesario señalar que el agenciado es
un sujeto de especial protección constitucional que merece el amparo reforzado
por el Estado y la sociedad, pues es un menor de edad que se encuentra en
situación de discapacidad[63],
tal y como lo describe la historia clínica[64]
y es respaldado por la EPS accionada[65].
64.
Ahora bien, se
evidencia que el niño ha venido asistiendo desde el 27 de mayo de 2013 hasta el
10 de marzo de 2014[66]
a la Fundación Cardio Infantil, para que se realicen las terapias físicas y ocupacionales,
así como para la consulta con médicos pediatras.
Sin embargo, éste desplazamiento ha hecho que la accionante
presente el mecanismo de amparo, pues en su sentir, se están generando cargas
económicas y físicas que vulneran los derechos fundamentales del menor de edad.
En relación a ello, la Sala encuentra que en el expediente no hay
orden o prescripción médica que demuestre la necesidad del transporte requerido
hasta la ciudad de Bogotá, y más específicamente hasta la Fundación Cardio
Infantil.
No obstante, ante la inexistencia de prescripción médica, y dando
aplicación a las reglas jurisprudenciales en la materia, el juez constitucional
puede extraer de la historia clínica y la manifestación hecha por la EPS
accionada las necesidades médicas del menor de edad. De ello, se deduce que requiere
de los tratamientos médicos realizados en la Fundación Cardio Infantil, pues de
esta manera se garantiza la continuidad en la prestación del servicio y se
protegen los derechos fundamentales del menor de edad.
65.
En efecto, en relación
con los gastos en que debe incurrir la accionante y su imposibilidad de económica
de sufragarlos, el despacho de la magistrada sustanciadora realizó una llamada
a la accionante, dentro de la cual manifestó que se encuentra afiliada al Sisben
2 y depende totalmente de su esposo quien es conductor y trabaja como
contratista, por lo que su vinculación laboral es intermitente y actualmente
solo dura 4 meses.
Así mismo, manifestó que el costo promedio del transporte hasta la
Fundación Cardio Infantil es de $60.000.oo, pues además debe asistir con un
acompañante que le colabore con el niño.
66.
En este sentido, la Sala encuentra que la accionante no cuenta con un ingreso
económico fijo que le permita incurrir en este tipo de gastos de transporte,
por lo que es necesario que se le otorgue el subsidio para que poder acudir a
las citas y terapias medicas requeridas.
67.
Ahora bien, en relación con los gastos para el acompañante, la Sala
encuentra que se ajusta a las reglas jurisprudenciales en la materia, pues (i)
el menor de edad presenta una pluridiscapacidad, lo que lo hace  totalmente
dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiere de  atención
permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus
labores cotidianas, ya que su cuadro clínico así lo describe[67] y (iii) la
accionante no cuenta con los recursos económicos para sufragar el mecanismo de transporte.
68.
En razón a lo anterior, la
Sala procederá a revocar la sentencia de instancia que negó la acción de
tutela, y en consecuencia concederá la tutela de los derechos fundamentales a
la salud, vida en condiciones dignas y a la seguridad social.
Igualmente, ordenará a la EPS accionada a que
proceda a realizar las diligencias necesarias para garantizar el subsidio de
transporte a Deiby Johan Gil Rojas y a su acompañante desde su residencia al
lugar de las prestaciones del servicio de salud en la ciudad de Bogotá.
Expediente T-4486727
69.
En el presente caso, la accionante actúa como
agente oficiosa de su hermana Luisa Fernanda Herrera, quien tiene 86 años, se
encuentra de manera permanente en una silla de ruedas y padece de la enfermedad
de Parkinson.
Como
consecuencia de ésta enfermedad, perdió el control de esfínteres, implicándole
incontinencia urinaria, y por tanto, el uso de pañales de manera permanente, lo
que conllevó a que se presentara una petición ante la EPS accionada, para que
se suministraran 90 pañales (tena) para adulto, pues la accionante no cuenta
con los recursos económicos suficientes para continuar sufragándolos.
70.
Por su lado, el director médico de la EPS
demandada, argumentó que al encontrarse este tipo de insumos por fuera del POS,
es una carga de la usuaria y/o de su núcleo familiar que deben sufragar
directamente, más aún, cuando no existe prescripción médica que lo autorice.
Agregó que la
falta de entrega de los pañales, no pone en riesgo la salud y la vida del
paciente, por lo que la acción de tutela no es procedente.
71.
Sea lo primero mencionar, que los requisitos
jurisprudenciales decantados en la parte motiva de esta sentencia y que hacen
referencia a la agencia oficiosa en materia de tutela, son cumplidos por la
accionante, de tal manera que ésta se encuentra legitimada para actuar en el
presente caso.
72.
Es de resaltar que en la presente situación,
existe una orden médica por parte del galeno tratante adscrito a la EPS, donde se
especifica la necesidad de 90 pañales para adulto,[68] por enfermedad de Parkinson
avanzado.
Así mismo, el médico especificó en su solicitud que de no ser
entregados los insumos médicos requeridos, se pone en riesgo inminente la vida
del paciente, toda vez que la misma sufre de insuficiencia urinaria y puede
contraer infecciones[69].
73.
En contradicción a lo anterior, el CTC manifestó
que “el servicio solicitado no se encuentra debidamente autorizado, para uso
y ejecución o realización por la respectiva norma vigente, y que además es una
prenda de vestir que no pone en riesgo inminente la vida o salud del paciente[70].”
74.
En relación a esta contraposición de conceptos,
la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en afirmar que tiene
prelación el criterio del médico tratante, pues es éste quien tiene contacto
directo con el paciente y tiene
además las calidades profesionales y científicas, que le permiten conocer mejor
la condición de salud del paciente[71].
En este sentido, es la prescripción médica dada por el galeno
tratante, la que debe preponderarse en relación con la negativa dada por la
CTC, más aun cuando la paciente es un sujeto de especial protección
constitucional y se encuentra en una situación de vulnerabilidad manifiesta.
Así mismo, encuentra la Sala la necesidad del suministro del insumo médico
solicitado, pues tal y como manifestó el médico tratante, la vida de la
paciente se encuentra en peligro.
75.
Ahora bien, en relación con la falta de recursos
económicos alegados por la agente oficiosa, la Sala debe aplicar las reglas
jurisprudenciales en la materia.
Para ello, se tiene que la EPS accionada tenía la carga de la prueba
para desvirtuar la negación indefinida hecha por la accionante en su escrito,
lo cual no fue hecho dentro de la contestación de tutela.
En segundo lugar, y al no existir tarifa legal
para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede
intentar mediante negaciones indefinidas, tal y como lo hizo la
accionante en su escrito inicial, de la siguiente manera: “ (…) actualmente
no puedo continuar comprándolos-pañales-, pues tienen un valor de
$28.500, cada paquete de 30 pañales, lo que al mes representa una suma de
$85.500; cantidad de dinero con la cual no cuento al ser una mujer de 80 años
de edad, y no contar con ingresos económicos permanentes”.
En tercer lugar, y aun considerando que le
asiste al juez de tutela ejercer activamente sus poderes oficiosos en materia
probatoria, con el fin de esclarecer los hechos, la Sala encuentra que hay
criterios apremiantes como la protección reforzada de un sujeto de especial protección
constitucional y la amenaza inminente a sus derechos a la salud y a la vida,
que permiten el desistimiento de esta facultad judicial.
Finalmente, y dado que en el presente caso se
presenta una negación indefinida del solicitante respecto de la ausencia de
recursos económicos, se deberá aplicar la presunción de buena fe en los
términos del artículo 83 de la Constitución Política.
Así las cosas, la Sala encuentra que la acción de tutela es
procedente para proteger y garantizar los derechos de la agenciada, toda vez es
un sujeto de especial protección constitucional, se encuentran en un peligro
inminente sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, y no cuenta con
los recursos económicos para sufragar los insumos médicos requeridos para poder
sobrellevar la enfermedad que la aqueja.
76.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a
revocar el fallo de instancia que negó la acción de tutela, y en consecuencia,
concederá la protección de los derechos fundamentales a la salud, vida en
condiciones dignas y seguridad social de Luisa Fernanda Herrera.
Así mismo, ordenará a la EPS accionada a que autorice y entregue de
manera permanente los pañales desechables que requiere la paciente.
Expediente T-4486745
77.
Dentro de la presente situación, la agente
oficiosa manifestó que su madre de 86 años de edad fue diagnosticada con “tromboembolismo
pulmonar y luxación crónica de cadera derecha”, lo que le genera una
dependencia total en sus actividades cotidianas.
La agenciada fue
atendida por el médico urólogo de Famisanar, Edgardo Rosales Maldonado, quien
manifestó que la paciente presentaba infecciones urinarias a repetición, y
orina con rebosamiento en pañales, por lo que era necesario el consumo de
medicamentos y el uso de pañales para adultos.
78.
Por su lado, el representante legal de la EPS
accionada, argumentó que los pañales se encuentran excluidos del POS, y que los
mismos fueron negados por el CTC[72],
al considerarse que no se encontraba en peligro la vida de la paciente.
Adicional a lo
anterior, argumentó que la tutela es improcedente, toda vez que la actora
cuenta con la posibilidad de acudir ante la Superintendencia Nacional de Salud
para requerir la garantía y protección de sus derechos presuntamente
vulnerados.
79.
Así pues, es necesario señalar que la paciente
es un sujeto de especial protección constitucional, pues además de ser una
persona de la tercera edad, presenta una dependencia total en todos sus
aspectos, tal como y como se describe en el Indice de Barthel[73], asunto suficiente
también para demostrar la validez de la agencia oficiosa.
Así mismo, el
médico Edgardo Rosales Maldonado (Urólogo), manifestó que la paciente presenta
un “cuadro de infecciones urinarias a repetición, con antecedentes de
fractura de cadera derecha (…) actualmente orina por rebosamiento, en pañales y
con pérdida del control de esfínter”, por lo que prescribió cefalexina y
pañales (tena) para adulto por 3 meses[74].
80.
Sin perjuicio de lo prescrito por el médico
tratante, el CTC negó los medicamentos, por considerar que “no existe riesgo
inminente del paciente y el servicio solicitad es no pos, según la resolución
5521 de 2013[75]”.
81.
Esta contraposición de conceptos, ha llevado a
que la jurisprudencia de esta Corporación, determine que tiene prelación el
criterio del médico tratante, pues es éste quien tiene contacto directo con el
paciente y tiene además las
calidades profesionales y científicas, que le permiten conocer mejor la
condición de salud del mismo.
En ese sentido, y al tener una relación directa entre
médico-paciente, el galeno tratante es quien se encuentra en mejores
condiciones para diagnosticar y prescribir los medicamentos e insumos
requeridos, de tal manera que le permitan al paciente sobrellevar y superar la
enfermedad que lo aqueja.
De esta manera,
la Sala encuentra que deberá darse prelación a lo prescrito y ordenado por el médico
Edgardo Rosales Maldonado, y de esta manera proceder a que se entreguen los
insumos médicos demandados por la accionante.
82.
No obstante, es necesario resaltar que frente a
la falta de capacidad económica alegada por la accionante, se deben aplicar las
reglas jurisprudenciales sobre la materia.
En este sentido, se encuentra que la EPS accionada fue quien debió
controvertir la negación hecha por la accionante, toda vez que la carga de la
prueba se invierte y es ésta quien se encuentra en mejores condiciones para
demostrarlo.
En el escrito presentado por la misma, la Sala no encuentra que se
hubiera controvertido la falta de recursos económicos de la accionante, y de
esta manera se presumirán por ciertos los hechos alegados.
En segundo lugar, al no existir una tarifa legal
para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar
mediante una negación indefinida, tal y como lo hizo la accionante en su
escrito, de la siguiente manera: “acudo a este mecanismo de protección de
derechos porque no puedo sufragar el costo de los pañales desechables que le
recetaron a mi mamá, porque tengo que atender los otros gastos esenciales que
ella demanda, y de mi hogar”.
En tercer lugar, y si bien corresponde al juez
de tutela ejercer activamente sus poderes oficiosos en materia probatoria para
establecer la verdad real de los hechos, en el presente caso y bajo el
principio de la sana critica judicial, la Sala encuentra que hay factores
determinantes, como es el de ser un sujeto de especial protección
constitucional y encontrarse en una situación en donde se pone en peligro la
salud de la paciente, que permiten la reserva de esta facultad judicial.
En último lugar, y aplicando el artículo 83
constitucional, hay una presunción de buena fe en relación con los hechos
manifestados por la accionante.
En razón a lo anterior, se presumirán por ciertos los hechos
manifestados por la accionante en relación con su
falta de capacidad económica.
83.
Así las cosas, la Sala procederá a revocar el
fallo de instancia que negó la acción de tutela, y en consecuencia, concederá
la protección de los derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones
dignas y seguridad social de Doris Vasques de Movilla.
De igual manera, se ordenará a la EPS accionada a que suministre los
pañales desechables, según lo consignado en la parte motiva de esta sentencia.
Conclusión
La Sala Sexta de
Revisión de Tutelas, concluye que las entidades promotoras de salud, vulneraron
los derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la
seguridad social de los sujetos de especial protección constitucional al
haberles negado los servicios, procedimientos y
elementos no NO POS, dentro de los expedientes de tutela número 4481858, 4478213, 4485714, 4486727 y 4486745.
Por el
contrario, en los expedientes 4483398 y 4485714, considera que no se vulneraron
los derechos fundamentales a la salud, a la vida en
condiciones dignas y a la seguridad social de los sujetos de especial
protección constitucional.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida
el siete (7) de mayo de 2014 por el Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
dentro del Expediente T-4478213, mediante la cual se negó la acción de
tutela. En consecuencia, CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales a la salud, a la vida en
condiciones dignas y a la seguridad social del señor Armando Giraldo Ruiz.
Segundo.-ORDENAR a la EPS SALUDCOOP a
que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suministre el lente de contacto terapéutico
No. 6 para ojo derecho al señor Armando Ruiz Giraldo,
de conformidad con lo expuesto en esta sentencia. La EPS podrá recobrar los
gastos en que incurra por el suministro de este medicamento ante el Fondo de
Solidaridad y Garantías (Fosyga).
Tercero.-REVOCAR la sentencia proferida
el veintiocho (28) de abril de 2014, por el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Cali, dentro del Expediente T-4481858, mediante la cual se negó la
acción de tutela. En consecuencia, CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales a la salud, a la vida en
condiciones dignas y a la seguridad social del señor
Armando Ruiz.
Cuarto.- ORDENAR a la EMSSANAR E.S.S a que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, autorice y entregue
de manera permanente los pañales desechables, crema laser para quemaduras y
pañitos húmedos que requiere el señor Armando Ruiz. La mencionada EPS, podrá repetir contra el Fondo de
Solidaridad y Garantías (Fosyga) por los gastos que esto le acarree.
Quinto.-CONFIRMAR la sentencia proferida
el once (11) de abril de 2014, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Cúcuta, dentro del Expediente T-4483153, mediante la cual confirmó la
negativa de la acción de tutela instaurada por Yohanna Santiago Ortega, como
agente oficiosa de Cherith Valeria Ramirez.
Sexto.- CONFIRMAR la sentencia proferida
el siete (7) de julio de 2014, por el Juzgado Once Civil del Circuito de
Bogotá, dentro Expediente T-4483398, mediante la cual confirmó la
negativa de la acción de tutela instaurada por Clara Fernanda Rubiano, como
agente oficiosa de Amanda Vásquez Rubiano.
Séptimo.- REVOCAR la sentencia proferida
el veintiocho (28) de abril de 2014 por el Juzgado Promiscuo de Suesca dentro
del Expediente T-4485714, mediante la cual se negó la acción de tutela.
En consecuencia, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social
de Deiby Johan Gil Rojas.
Octavo.-ORDENAR a COOMEVA EPS a que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a realizar las
diligencias necesarias para garantizar el pago del subsidio de transporte a Deiby Johan Gil Rojas y a su acompañante desde su residencia al lugar
de las prestaciones del servicio de salud en la ciudad de Bogotá.
Noveno.-  REVOCAR la sentencia proferida
el siete (7) de abril de 2014 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Barranquilla dentro del Expediente
T-4486727, mediante la cual se negó la acción de tutela. En consecuencia, CONCEDER
la tutela de los derechos fundamentales a la
salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social de Luisa Fernanda Herrera.
Décimo.-ORDENAR a la EPS SALUDCOOP a que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, autorice y entregue
de manera permanente los pañales desechables que requiere la señora
Luisa Fernanda Herrera. La mencionada EPS, podrá repetir contra el Fondo de Solidaridad y
Garantías (Fosyga) por los gastos que esto le acarree.
Décimo primero.- REVOCAR la sentencia proferida
el veintinueve (29) de abril de 2014 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Barranquilla dentro del Expediente
T-4486745, mediante la cual se negó la acción de tutela. En consecuencia, CONCEDER
la tutela de los derechos fundamentales a la
salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social de Doris Vasques de Movilla.
Décimo segundo.-ORDENAR a la EPS
FAMISANAR a que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este
fallo, autorice y entregue de manera permanente los pañales desechables que
requiere la
señora Doris Vasques de Movilla. La mencionada EPS, podrá repetir contra el Fondo de
Solidaridad y Garantías (Fosyga) por los gastos que esto le acarree.
Décimo tercero.- Por Secretaría LÍBRESE
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los fines allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Fl 1
[2] Fl 6 y
7
[3] Fl 11
[4] Fl 12
[5] Fl 2
[6] Fl 13
[7] Fl 1 y
2
[8] Fl 19
[9] Fl 43
[10] Fl 82
[11] Fl 13
[12] Fl 35
[13] Fl 57
[14] Artículo 10. Legitimidad
e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
[15] T-044 de 1996,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[16] T-202 de 2008,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[17] T-004
de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo
[18] T-597
de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[19] T-016
de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto
[20]
T-328/1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[21].
T-200/2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[22]
T-581/2007, M.P. Humberto Sierra Porto
[23]
Decisión reiterada en las sentencias: T-060/2007, T-148/2007, T-815/2012,
T-931/2012, entre otras.
[24] T-016
de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto
[25] T-659
de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz, T-073 de 13 M.P. Jorge Ignacio Pretelt, T-115
de 2013 Luis Guillermo Guerrero y T-539 de 2013 Jorge Ignacio Pretelt, entre
otras.
[26] M.P.
Manuel Jose Cepeda Espinosa
[27] Cfr. T- 829 de
octubre 5 de 2006, M. P. Manuel Jose Cepeda Espinosa; T-155 de marzo 2 de 2006,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra; T-1219 de diciembre 12 de 2003,
M. P. Rodrigo Escobar Gil y T- 899 de octubre 24 de 2002,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[28] T-873 de
2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[29] Ante este problema, la sentencia precisó que “lo
anterior plantea un problema de autonomía personal en la aceptación de los
medicamentos ordenados por el médico tratante… el paciente queda en libertad de
aceptar los medicamentos o tratamientos que le son prescritos por su médico
tratante, y debe respetársele la decisión que se tome al respecto. Sin embargo,
cuando el paciente ha decidido aceptar la orden de su médico tratante, la
EPS está en la obligación de entregar los medicamentos, si… hace parte del POS
y cuando están excluidos, su entrega depende de la previa verificación de los
demás requisitos definidos por esta Corporación”.
[30] M. P.
Alfredo Beltrán Sierra
[31] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio
[32] Corte
Constitucional. T-770 de 2010 M.P Nilson Pinilla Pinilla
[33] Corte
Constitucional. T-507 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[34] Corte
Constitucional. T-867 de 2008 M.P Rodrigo Escobar Gil.
[35] Sentencias T-350 de 2003, M. P. Jaime
Córdoba Triviño; T-745 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-962 de
2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-200 de 2007 M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-201 de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T- 1019 de
2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-212 de 2008, M. P. Jaime Araújo
Rentaría; T-642 de 2008.
[36]
Acuerdo 09 del 2009 de la CRES
[37] M.P.
Manuel Jose Cepeda Espinosa
[38] Corte
Constitucional. T-550 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[39]
T-600/2009, M.P. Juan Carlos Henao.
[40] M.P.
Juan Carlos Henao
[41] M.P.
Eduardo Montealegre
[42]
T-042/1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[43] Fl 1
[44] Fl 19
[45] Corte
Constitucional. T-495 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
[46] Fl 6 y
7
[47] Cfr., entre
otras, T-873 de noviembre 22 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo: “El dictamen del médico tratante respecto
de un servicio de salud que requiera un determinado paciente, debe prevalecer
sobre el concepto del Comité Técnico Científico y cualquier otro miembro de la
EPS, inclusive sobre la opinión otro (sic) profesional de la salud puesto que el médico
tratante es un profesional científicamente calificado y es quien mejor conoce
la condición de salud del paciente.”
[48] Fl 9
[49] Fl 28
[50]
Cuaderno 2 Fl 9
[52] Cuaderno
2 Fl 26. Rad 2008-0126 del 30 de octubre de 2008.
[53]
Cuaderno 2 Fl 50. Rad 2009-50 del 5 de febrero de 2009.
[54]
Cuaderno 2 Fl 71. Rad 2009-20 del 27 de febrero de 2009.
[55]
Cuaderno 1 Fl 12. Rad 2009-00118 del 18 de marzo de 2009
[56] T-185
de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[57] Fl 12
[58] Fl 82
[59] Fl 66
[60] Fl 65
[61] Fl 64
[62] Fl 79
[63] Corte
Constitucional. T-736 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[64] Fl 3
[65] Fl 11
[66] Fl 26
[67]
Epilepsia focal sintomática y parálisis cerebral espástica cuadripléjica
“síndrome de prader willi”.
[68] Fl 12
[69] Fl 14
[70] Fl 15
[71] Cfr., entre
otras, T-873 de noviembre 22 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo: “El dictamen del médico tratante respecto
de un servicio de salud que requiera un determinado paciente, debe prevalecer
sobre el concepto del Comité Técnico Científico y cualquier otro miembro de la
EPS, inclusive sobre la opinión otro (sic) profesional de la salud puesto que el médico
tratante es un profesional científicamente calificado y es quien mejor conoce
la condición de salud del paciente.”
[72] Fl 57
[73] Fl 33
[74] Fl 35,
36 y 37
[75] Fl 38