T-200-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-200/06
ADMINISTRACION PUBLICA-Jurisprudencia
relativa a la desvinculación de sujetos de especial
protección constitucional en programas de reestructuración
PROCESO DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES DEL ESTADO-Fundamentos
RETEN SOCIAL-Indemnización recibida por
servidor público no es suficiente para garantizar protección
de derechos fundamentales
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Significado y
alcance de la protección constitucional en procesos de reforma institucional
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Indemnización
constituye la última opción
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Presupuestos jurisprudenciales para que
una mujer sea considerada como tal
MADRE CABEZA DE FAMILIA-Acciones
afirmativas de especial protección
ESTABILIDAD LABORAL DE MADRE CABEZA DE FAMILIA-Protección especial a trabajadores en condiciones de debilidad manifiesta/MADRE CABEZA DE FAMILIA-Indemnización ultima alternativa en procesos de reestructuración
RETEN SOCIAL EN CASO DE MADRE CABEZA DE FAMILIA- Término de presentación de tutela al año y dos meses de
desvinculación no configura incumplimiento del
requisito de inmediatez
Esta Sala
encuentra que la fecha de desvinculación de las demandantes ocurrió el 24 de
abril de 2004 y que la acción de tutela se presentó el 28 de junio de 2005,
esto es, un año y dos meses después de la fecha
de retiro. En estas circunstancias, queda a discreción del juez considerar si
tal lapso es o no razonable para solicitar el reintegro. No obstante, en casos
revisados con anterioridad por la Corte, en donde se planteó el mismo problema
jurídico -relativo a la aplicación de las normas
del retén social a servidores públicos desvinculados de sus cargos- las Salas
de Revisión han procedido a conceder el amparo respecto de demandas presentadas
dentro de lapsos similares al que ahora ocupa la atención de la Sala. Esta Sala de Revisión considera que, en respeto de
las decisiones precedentes de la Corte, y con el fin de garantizar un
tratamiento equitativo al caso que ahora se somete a estudio, el hecho de que
la tutela de esta referencia haya sido presentada
con un año y dos meses de diferencia desde la fecha de desvinculación no
configura incumplimiento del requisito de inmediatez exigido por la Corte.
RETEN SOCIAL EN CASO DE MADRE CABEZA DE FAMILIA- Requisito fijado en SU-388/05 que la demanda se hubiera presentado antes de la fecha de esta sentencia
Es claro que
en la Sentencia SU-388 de 2005, la Sala Plena de la Corte Constitucional
precisó los requisitos necesarios para beneficiarse de las medidas relativas al
retén social en el caso de los servidores
públicos desvinculados Telecom. En el listado de requisitos, la Corte exigió
que los servidores públicos hubieran presentado la demanda de tutela antes de
la fecha de la Sentencia SU-388 de 2005.
EFECTOS INTER COMUNIS-Sentencia SU-388/05/EFECTOS DE SENTENCIA SU-388/05-Requisito fijado que
la demanda se hubiera presentado antes de la fecha de esta sentencia sólo podía
extenderse a trabajadores desvinculados de Telecom
SENA-Extensión de beneficios a las
madres cabeza de familia
Para la
concesión de la protección de tutela, la Corte
exigió que la demanda correspondiente se hubiera presentado antes de la
Sentencia SU-388 de 2005, pues no era posible que las personas que recibieron
su indemnización y no se manifestaron en contra de la misma, reclamaran el reintegro prevalidas, ahora sí, de los argumentos de la Corte. No
obstante, para esta Sala, dicho requisito debe considerarse circunscrito a la
producción de los efectos inter  communis de la Sentencia SU-388/05, pues, en
tanto que la decisión de la Corte sólo cobijó a
los trabajadores de Telecom que se hubiesen encontrado en las mismas
condiciones, no resultaba sensato ordenar un reintegro automático de todos
ellos, sino, exclusivamente, de quienes se habían manifestado inconformes con
la desvinculación, a pesar de haber recibido la
indemnización. La posición de esta Sala, de interpretar el requisito contenido
en la Sentencia SU-388/05 como circunscrito a los trabajadores de Telecom,
tiene sustento, además, en el fallo T-1183 de 2005, en donde la Sala Novena de Revisión de la Corte encontró que los efectos de la sentencia
de unificación sólo podían extenderse a los trabajadores desvinculados de
Telecom. En conclusión, para esta Sala, restringiéndose los efectos del fallo
SU-388/05 a los trabajadores desvinculados de
Telecom, resulta excesivo exigir el cumplimiento de los requisitos allí
señalados a servidores públicos retirados de otras entidades, quienes por la
misma razón no estuvieron en posibilidad de enterarse del debate suscitado en
la primera empresa. Lo anterior, entre otras
cosas, porque su desvinculación ocurrió con posterioridad a la que afectó a los
trabajadores de Telecom, lo que de todas formas implica una reducción del
tiempo que habrían tenido a su disposición para presentar la acción de tutela.
PADRE CABEZA DE FAMILIA-Protección
especial
Referencia: expedientes 1217371 y
T-1245327
Peticionarios: Amine Amalia Davis Smith y otros. Empleados
desvinculados del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil seis (2006)
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio
Sierra Porto y Álvaro Tafur Gálvis, ha proferido la
siguiente,
S E N T E N C I A
en la revisión
de los fallos de tutela correspondientes a los siguientes procesos, dirigidos
ambos contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA):
1)
Expediente T-1217371, demandantes: Amine Amalia Davis Smith,
Yoneid Patricia Villa García, Morelia Guzmán Fuentes, Yadira del Carmen Villa
Mancera, Sonia Cecilia Forero de Salcedo, Luz Elena Enríquez Paz, Luz Dary
Gutiérrez Moreno, Rosmeris del Carmen Quintero Rojas, Amparo Lavao Araujo, Helena del Socorro Benítez Zarama, Luz Marina Lema, María Victoria
Betancur Uribe, Nubia Rosa Roys Escudero, Mireya del Carmen Quintero, María
Magdalena Martínez Zúñiga, Stella Santacruz Nates y María Teresa Casanova Vera.
2)
Expediente T-1245327, demandantes: Héctor Augusto Moreno
Escudero, Rosiris Elena Mercado González, Eva Hernández Wilches, Yolanda
Ramírez Galvis, María Nelly Torres Agualimpia, Euver Bohórquez Olivero, Nelson
de Jesús Mesa Quiroz, José Elías Vargas Ardila, Omar Antonio Sorza, Marina Vélez Rengifo, José Jesús Gil Herrera, Alex Humberto Romero Porras,
Esperanza Margarita Campaña Benavides, Magda Nancy Forero Neira, Lina del
Carmen Pascuas Charry y Aura Nydia Morán Guerrero.
I. ANTECEDENTES
Los expedientes
de la referencia fueron seleccionados y acumulados entre sí por la Sala de
Selección Numero Doce, mediante Auto del 9 de diciembre de 2005.
A. Expediente
T-1217371
1. Hechos de
la demanda
a. Mediante
Apoderado judicial, las demandantes señalan que
Gobierno Nacional expidió los decretos 248, 249 y 250 de 2004, por los cuales
modificó la planta de personal del SENA, y en virtud de los cuales les
notificó, el 26 de abril de 2004, que sus cargos serían suprimidos y, ellas,
retiradas del servicio.
b. Tres días
antes de la supresión de los cargos, el SENA indicó que, no obstante el retén
social había vencido el 31 de enero, en la conformación de la nueva planta de
personal se respetarían los derechos de todos los servidores públicos que con la debida documentación probaran su calidad de sujetos de
especial protección.
c. En el estudio
técnico de la entidad, la misma reconoció que todas las demandantes tenían la
condición de madres cabeza de familia. Luego del retiro, la entidad admitió que la condición de madre cabeza de familia era el primer aspecto
que debía tenerse en cuenta para decidir sobre la permanencia de las
solicitantes en la planta de personal creada por Decreto 250 de 2004.
d. Con
posterioridad a su retiro, las demandantes Amine Amalia Davis Smith, Yoneid
Patricia Villa García, Morelia Guzmán Fuentes, Yadira del Carmen Villa Mancera,
Sonia Cecilia Forero de Salcedo, Luz Elena Enríquez Paz, Rosmeris del Carmen
Quintero Rojas, Amparo Lavao Araujo, Luz Marina Lema,
María Victoria Betancur Uribe, Stella Santacruz Nates, Helena entes Zamara y
María Teresa Casanova Vera elevaron derechos de petición en los que reafirmaron
su condición de madres cabeza de familia.
e. En atención a
que las demandantes no fueron reintegradas a su cargo,
las mismas consideran que la omisión del SENA es constitutiva de violación de
sus derechos fundamentales, pues su condición de madres cabeza de familia de
menores de edad, sin alternativa económica, las hacía
beneficiarias de la reincorporación, tal como lo reconoció la Corte
Constitucional en le caso de Telecom, Sentencia T-792 de 2004. Del mismo modo,
piden aplicación de la Sentencia C-991 de 2004 que declaró inexequible la norma
que limitaba temporalmente el retén social. Precisa que
Luz Dary Gutiérrez Moreno y Helena del Socorro Benítez Zarama iniciaron acción
contenciosa para obtener la declaración de ilegalidad de la desvinculación.
f. La apoderada
judicial de las demandantes reseña, en cada caso particular,
por qué las tutelantes eran merecedoras de la protección derivada del retén
social, en su calidad de madres cabeza de familia. Indica, además, que la
tutela es la vía idónea para obtener la protección de sus derechos, por
encontrarse ellas desempleadas y sus familias en un
peligro inminente y requerir de protección excepcional.
g. Dice que la
tutela también opera para obtener el pago de la indemnización de las personas
que fueron desvinculadas por ocupar en provisionalidad sus cargos.
2. Contestación de la demanda
Mediante
memorial del 12 de julio de 2005, el Coordinador del Grupo de Gestión Humana
del SENA, Hernando Alberto Guerrero, contestó las acusaciones de la demanda del
siguiente modo:
a. En primer
lugar, sostiene que Nubia Rosa Roys Escudero y Mireya
del Carmen Quintero fueron reintegradas por decisión del Tribunal Superior de
Bogotá, mediante Sentencia del 30 de junio de 2005, por lo que, en su caso, la
tutela es improcedente.
b. Yoneid
Patricia Villa García, Luz Dary Gutiérrez Moreno y
María Teresa Casanova Vera presentaron demandas ante la jurisdicción
contencioso administrativa, por lo que en su caso la tutela no procede por
existir otros mecanismos de defensa judicial.
c. Luz Dary
Gutiérrez Moreno, Stella Santacruz Nates, María Victoria
Betancur Uribe y Nubia Rosa Roys Escudero no son madres cabeza de familia, pues
no reúnen los requisitos establecidos en la ley. En efecto, mientras las dos
primeras tienen hijos mayores de edad, las otras conviven con sus esposos o
compañeros.
d. En cuanto a Amine Amalia Davis Smith, Morelia Guzmán Fuentes, Yadira
del Carmen Villa Mancera, Sonia Cecilia Forero de Salcedo, Luz Elena Enríquez
Paz, Rosmeris del Carmen Quintero Rojas, Amparo Lavao Araujo, Helena del
Socorro Benítez Zarama, Luz Marina Lema Valencia y
María Magdalena Martínez Zúñiga, fueron desvinculadas con justa causa, pues, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la protección laboral reforzada
no es absoluta. Alega que para la fecha en que fueron desvinculadas las
demandantes, la medida de reestructuración ya se había
adoptado y ya se había agotado la protección del retén social, máxime cuando la
sentencia de la Corte por la cual se declaró inexequible el literal d del
artículo 8º de la Ley 812 de 2003 tiene efectos hacia el futuro. Advierte que los funcionarios que fueron incorporados a la
nueva planta de personal tienen derechos sobre su cargo, por lo que no se los
puede retirar ahora.
e. Al ampliar
los argumentos de la defensa, el SENA precisó que la jurisdicción ordinaria laboral ordenó el reintegro de Nubia Rosa Roys Escudero y Mireya del
Carmen Quintero, al tiempo que tramita la demanda de Yoneid Patricia Villa
García, Luz Dary Gutiérrez Moreno y Maria Teresa Casanova Vera. Precisa que la
tutela no es el mecanismo adecuado para obtener el
reintegro a una entidad pública y que el pago de la indemnización hace
inoperante la tutela.
e. Desvirtúa la
calidad de madre cabeza de familia de Luz Dary Gutiérrez Moreno y Stella
Santacruz Nates, por tener hijos mayores de edad. Luz Dary
no informó a la institución durante el proceso de reestructuración que era
madre cabeza de familia. Lo hizo un año y un mes después de la desvinculación.
f. María
Victoria Betancur Uribe convive con su esposo, Nubia Rosa Roys Escudero con su
compañero permanente y Mireya del Carmen Quintero con
su esposo, lo cual desvirtúa la condición de madres cabeza de familia que
pretenden hacer valer, tal como se infiere de la Sentencia T-792 de 2004.
g. En cuanto a
Amine Amalia Davis Smith, Morelia Guzmán Fuentes,
Yadira del Carmen Villa Mancera, Sonia Cecilia Forero de Salcedo, Luz Elena
Enríquez Paz, Rosmeris del Carmen Quintero Rojas, Amparo Lavao Araujo, Helena
del Socorro Benítez Zarama, Luz Marina Lema Valencia y María Magdalena Martínez
Zúñiga, luego de efectuada la reestructuración de la
entidad, se determinó que por las condiciones particulares de cada tutelante,
no era posible reintegrarlas a la planta de personal, por lo que sus cargos
serían suprimidos. Esta supresión es justa causa de retiro del servicio, según el Decreto 3074 de 1968, por lo que no puede afirmarse
que las peticionarias hayan sido desvinculadas injustamente. Lo anterior se
debe a que, dice el SENA, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
protección laboral reforzada de los discapacitados,
madres o padres cabeza de familia no es absoluta, y admite la desvinculación
cuando exista justas causa para ello.
h. Precisa que de la lectura de la sentencia relativa a la ley 812 se evidencia
que la misma tiene efectos hacia el futuro, por lo que el artículo 8º de la
misma que permitía la desvinculación estaba vigente para la fecha en que se
produjeron los retiros.
j. Al igual que en el caso anterior, el SENA explicó al juez de tutela el
procedimiento que se aplicó para reestructurar la entidad y los criterios que
se tuvieron en cuenta para proveer los nuevos cargos, incluidos, los
funcionarios de carrera administrativa, los del retén
social, los de fueron sindical, los prepensionados, y los padres y madres
cabeza de familia, además de los discapacitados.
k. La entidad
procedió a proveer los nuevos cargos, pero de dicha provisión no se hicieron
acreedores las demandantes, pues antes que ellas,
atendiendo a los criterios de preferencia indicados anteriormente y a la nueva
estructura de la planta de personal, tuvieron prelación otros trabajadores
puestos en mejores condiciones de elegibilidad. Para el efecto, el SENA explica
en cada caso concreto por qué no pudo hacerse dicha
provisión con las demandantes de la tutela.
3. Sentencia
de primera instancia
Mediante fallo
del 25 de julio de 2005, el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá resolvió la
demanda de la referencia. En la decisión, el despacho
judicial declaró la improcedencia del amparo requerido.
En relación con
Nubia Rosa Roys Escudero y Mireya del Carmen Quintero, la tutela es
improcedente porque las mismas fueron reintegradas en virtud de decisión
judicial. La tutela de Yoneid Patricia Villa García,
Luz Dary Gutiérrez Moreno y María Teresa Casanova Vera es improcedente porque
las mismas presentaron demanda por los mismos hechos ante la jurisdicción
ordinaria laboral.  De Luz Dary Gutiérrez Moreno, Stella Santacruz Nates se infiere que no son madres cabeza de familia, pues tienen hijos
mayores de edad. Sucede lo mismo con María Victoria Betancur Uribe y Nubia Rosa
Roys Escudero, que son madres casadas.
Finalmente, en
relación con Amine Amalia Davis Smith, Morelia Guzmán Fuentes, Yadira del Carmen Villa Mancera, Sonia Cecilia Forero de
Salcedo, Luz Elena Enríquez Paz, Rosmeris del Carmen Quintero Rojas, Amparo
Lavao Araujo, Helena del Socorro Benítez Zarama, Luz Marina Lema Valencia y
María Magdalena Martínez Zúñiga el juzgado concluye que
son madres cabeza de familia. No obstante, el fallo de la Corte Constitucional
que declaró inexequible el literal d del artículo 8º de la Ley 812 de 2003 no
tiene efectos retroactivos, por lo que no puede aplicarse a las personas que
habían sido desvinculadas antes de la fecha de dicho
pronunciamiento. En este entendido, visto que las madres demandantes tienen
otra vía de defensa judicial para obtener la anulación de su desvinculación, la
tutela resulta improcedente.
4.
Impugnación
Inconforme con la decisión de instancia, el apoderado judicial de las
demandantes impugnó el fallo del a quo. A su juicio, la acción de tutela es un
mecanismo judicial idóneo para reclamar la aplicación de las normas del retén
social, como lo demuestran los fallos que sobre la
materia ha dictado la Corte Constitucional.
En cuanto a la
decisión de no aplicar retroactivamente la Sentencia C-991 de 2004, el
impugnante señala que la propia Corte Constitucional consideró que el artículo
8 de la Ley 812 de 2003 era inconstitucional para la
fecha en que las demandantes fueron desvinculadas, razón por la cual es posible
solicitar la aplicación de las consideraciones vertidas en la sentencia citada
para reintegrar a las demandantes. En últimas, el impugnante solicita que se tenga en cuenta que la norma posteriormente declarad inexequible
debió inaplicarse para la fecha en que sus poderdantes fueron desvinculadas.
En los casos
particulares, asegura que Nubia Rosa Roys Escudero y Mireya del Carmen Quintero
sí fueron reintegradas por sentencia judicial, por lo
que, en su caso, desiste de las pretensiones de la demanda.
En relación con
Yoneid Patricia Villa García, Luz Dary Gutiérrez Moreno y María Teresa Casanova
Vera, asegura que las mismas solicitaron su reintegro ante la jurisdicción ordinaria laboral, pero no como madres cabeza de
familia, sino en su calidad de funcionarias sindicalizadas.
Luz Dary
Gutiérrez Moreno y Stella Santacruz Nates alegaron su condición de madres
cabeza de familia porque, aunque son madres de hijos
mayores de edad, los mismos se encuentran estudiando, sin trabajo y bajo su
total dependencia económica. Finalmente, María Victoria Betancur Uribe y Nubia
Rosa Roys Escudero sí conviven con sus esposos, pero ello no obsta para que
sean ellas las que sostienen económicamente su hogar.
5. Sentencia
de segunda instancia
El Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 6 de septiembre de
2005, decidió confirmar la decisión de primera instancia. A su juicio, el
programa de renovación de la administración pública se
estructuró sobre la base de la protección de las personas discapacitadas y
jefes únicos de hogar. La Ley 790 de 2002 no impuso límite temporal a dicha
protección por lo que el Decreto 190 de 2003, reglamentario de la ley,  no estaba legitimado para limitar la protección, tal como lo reconoce
la Corte Constitucional en su jurisprudencia.
No obstante, la
situación particular de las demandantes hace que, en cada caso, la tutela
resulte improcedente. En relación con Nubia Rosa Roys
Escudero y Mireya del Carmen Quintero, porque ya fueron reintegradas por orden
judicial.
Luz Dary
Gutiérrez Moreno, Stella Santacruz Nates, Sonia Cecilia Forero de Salcedo y
María Victoria Betancur Uribe no cumplen con los requisitos legales necesarios para adquirir la condición de madres cabeza de
familia, pues no son las responsables exclusivas del mantenimiento de un hogar
con hijos menores.
En relación con
Yoneid Patricia Villa García, Sonia Cecilia Forero de Salcedo, Luz Elena Enríquez Paz, Rosmeris del Carmen Quintero Rojas, Helena del Socorro
Benítez Zarama y María Teresa Casanova Vera, aunque son madres cabeza de
familia y desempeñaron cargos de carrera administrativa, no manifestaron a la
entidad su voluntad de ser reintegradas, por lo que no
demostraron ser madres cabeza de familia sin “alternativa
económica”, en virtud de que tuvieron la opción de
escoger entre el reintegro y la indemnización. Al guardar silencio frente a
dicha alternativa, optaron por la indemnización, que
constituye la alternativa económica ofrecida por la ley y que desvirtúa la
aplicación el retén social.
Finalmente,
Amine Amalia Davis Smith, Yadira del Carmen Villa Mancera, Morelia Guzmán
Fuentes, Amparo Lavao Araujo, Luz Marina Lema Valencia y María Magdalena Martínez Zúñiga, aunque son madres cabeza de familia y no
recibieron indemnización frente al retiro, reclamaron su condición de tales más
de un año después de que se produjo el acto de desvinculación, hecho que hace
suponer que no consideraron violados sus derechos en
ese lapso.
A lo anterior
cabe reiterar lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-388 de
2005 cuando aseguró que la medida de reintegro sólo podía aplicarse a aquellas
personas que hubieran presentado la demandan antes de
la fecha de la sentencia de unificación.
B. Expediente T-1245327
1. Hechos de
la demanda
a.
Los demandantes, que actúan mediante apoderado
judicial, sostienen que el 26 de abril de 2004 fueron notificados por el
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- de la decisión
de la Administración, adoptada por el Gobierno Nacional mediante decretos 248,
249 y 250 de 2004, de retirarlos del servicio por supresión del empleo, como
consecuencia de la modificación de la planta de personal de la entidad.
b.
Tres días antes de la
supresión de los cargos, el SENA, mediante circular 2020-00591 del 13 de abril
de 2004, señaló que, “no obstante el retén social
venció el pasado 31 de enero, en la conformación de la nueva planta se
respetará rigurosamente el retén social a todos
aquellos servidores públicos que con documentos demostraron ser acreedores a
este beneficio en su condición de prepensionados, madres o padres cabeza de
familia y discapacitados”.
c.
Con anterioridad a la fecha de retiro, los
peticionarios Héctor Augusto Moreno Escudero, Alex
Humberto Romero Porras, José Jesús Gil Herrera, José Elías Vargas Ardila, Magda
Nancy Forero Neira y Lina del Carmen Pascuas Charry comunicaron al SENA su
condición de padres o madres cabeza de familia.
d.
En el estudio técnico
previo a la reestructuración, el SENA reconoció que la calidad de madres cabeza
de familia a Esperanza Margarita Campaña Benavides, Magda Nancy Forero Neira y
Aura Nydia Morán Guerrero. Con posterioridad al retiro, el SENA reconoció que
la calidad de madres cabeza de familia fue el primer
criterio que se tuvo en cuenta para determinar la permanencia de mujeres
trabajadoras.
e.
Con posterioridad a su retiro, Héctor Augusto
Moreno Escudero, Rosiris Elena Mercado González, Eva Hernández Wilches, Yolanda Ramírez Galvis, María Nelly Torres Agualimpia,
Euver Bohórquez Olivero, Nelson de Jesús Mesa Quiroz, José Elías Vargas Ardila,
Omar Antonio Sorza, José Jesús Gil Herrera, Esperanza Margarita Campaña
Benavides, Marina Vélez Rengifo, Magda Nancy Forero
Neira, Lina del Carmen Pascuas Charry y Aura Nydia Morán Guerrero recordaron al
SENA su condición de madres o padres cabeza de familia, con derecho a
reintegro.
f.
La situación anterior demuestra que los
peticionarios fueron ilegítimamente desvinculados de la
institución, siendo probada su condición de madres o padres cabeza de familia,
pues tienen hijos a su cargo y carecen de alternativa económica distinta al
vínculo laboral. Así lo impone la Ley 790 de 2002 y la Sentencia T-792 de 2004 de la Corte Constitucional, relativa a casos similares en Telecom.
Igualmente, la Corte dictó la Sentencia C-991 de 2004 en donde reforzó la
estabilidad laboral de trabajadores puestos en las condiciones descritas.
Igualmente, en Sentencia T-399 de 2005, la Sala Sexta
de Revisión ordenó el reintegro al SENA de una madre cabeza de familia.
g.
Aseguran que se encuentran desempleados y
abocados a situaciones económicas precarias; que su sueldo era el sustento de
su mínimo vital, con el que pagaban sus obligaciones y
gastos necesarios para su manutención.
h.
Héctor Augusto Moreno Escudero, José Jesús Gil
Herrera y Esperanza Margarita Campaña Benavides iniciaron la correspondiente
acción contencioso administrativa con el fin de obtener
la declaración de ilegalidad del retiro
Para los
demandantes, la acción de tutela es la vía idónea para reclamar el reintegro,
por cuanto la decisión administrativa afectó su derecho al mínimo vital,
enfrentándolos a un perjuicio irremediable. Aseguran
que en su caso cabe aplicar el precedente contenido en la Sentencia T-399 de
2005, que reconoció el carácter excepcional de la tutela en caso de afectación
del mínimo vital, al igual que admitió la posibilidad de
obtener el pago de la indemnización a favor de los empleados que no la hubiesen
recibido, como también lo hicieron los fallos T-1161 de 2004 y T-081 de 2005.
A lo anterior se
suma que, en Sentencia T-792 de 2004, la Corte destacó que el beneficio de la estabilidad no se entendía limitado en el tiempo, tal como intentó
hacerlo el Decreto 190 de 2003, ni por la Ley 812 de 2003, por lo que podía
ordenarse el reintegro de madres cabeza de familia.
2.
Contestación de la demanda
Mediante
memorial del 11 de agosto de 2005, la dirección general
del SENA, representada en el proceso por el Coordinador del Grupo de Gestión
Humana del SENA, Hernando Alberto Guerrero, contestó las acusaciones de la
demanda de la referencia, así:
a. Maria Nelly
Torres Agualimpia ya había presentado acción de tutela
por los mismos hechos.
b. Héctor
Augusto Moreno Escudero, José Jesús Gil Herrera, Rosiris Elena Mercado
González, Magda Nancy Forero Neira, Lina del Carmen Pascuas Charry, Nelson de
Jesús Mesa Quiroz, Omar Antonio Sorza, Aura Nydia Morán
Guerrero, Esperanza Margarita Campaña Benavides y Marina Vélez Rengifo ya
presentaron acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, en la que
solicitaron el reintegro al cargo que venían ocupando. En la medida en que
existen otros mecanismos defensa judicial, la tutela
resulta improcedente.
c. Héctor
Augusto Moreno Escudero, José Jesús Gil Herrera, Eva Hernández Wilches, María
Nelly Torres Agualimpia, Yolanda Ramírez Gálvis, Magda Nancy Forero Neira, Lina
del Carmen Pascuas Charry, Nelson de Jesús Mesa Quiroz,
José Elías Vargas Ardila y Aura Nydia Morán Guerrero no cumplen con la
condición de ser madres o padres cabeza de familia, para lo cual pasa a
explicar, en cada caso concreto, la razón de su afirmación.
d. En cuanto a
Euver Bohórquez Olivero, Omar Antonio Sorza y Alex
Humberto Romero Porras, la Corte Constitucional en Sentencia C-991 de 2004
declaró inexequible el literal d del artículo 8 de la Ley 812 de 2003, en el
que aseguró que a pesar de la protección especial dispensada a favor de discapacitados y madres o padres cabeza de familia, la
entidad en proceso de reestructuración conservaba la facultad de desvincular
personal que incurriera en causal justa de despido.
e. Sostiene que
en los 16 accionantes existe causal justa demostrada de retiro, dispuesta por
el artículo 1º del Decreto 250 de 28 de enero de 2004, que estuvo precedida de
los debidos estudios. Además, sostiene que el retén social estuvo vigente hasta
el 12 de octubre de 2004, fecha e la que fue proferida
la Sentencia C-991 de 2004, fallo que tiene efectos hacia el futuro y que no
cobija las desvinculaciones adoptadas previamente.
f. Asegura que
existen funcionarios incorporados a los cargos de personal de la nueva planta, que tienen derecho a permanecer en ellos.  En
caso de que se decidiera reincorporar a los que fueron retirados del servicio,
resultaría imposible reestructura las empresas públicas.
g. En su
memorial, el Coordinador del Grupo de Gestión Humana
del SENA amplió los argumentos de la defensa, al incluir la jurisprudencia de
soporte relativa a la improcedencia de la tutela en cada caso concreto.
Igualmente, explicó en detalle por qué, en cada caso particular, los
demandantes no cumplían con la condición de padres o
madres cabeza de familia o por qué no eran susceptibles de la protección del
retén social en virtud de que no informaron su condición antes del proceso de
renovación del SENA.
h. El demandado
incluyó en su memorial el resumen del estudio técnico
elaborado con el fin de adelantar el programa de renovación de la institución.
En ese orden de ideas, resaltó el procedimiento de provisión de cargos y el
hecho de que, para hacerlo, se hubieran tenido en cuenta la calidad de los
trabajadores, sus condiciones personales y familiares.
En este segmento del memorial, el SENA explicó uno a uno los casos de los
demandantes, para ilustrar la forma y las condiciones en que fueron
desvinculados.
i. El SENA
agrega que, en relación con los derechos de carrera que
ostentaban los accionantes, esta condición no los hace inamovibles del cargo,
máximo cuando éste ha sido suprimido. Finalmente, en lo atinente al derecho al
trabajo, añade que es una consecuencia legal ser retirado de una institución
cuando los cargos de la misma son suprimidos. En este
sentido, acogiendo la jurisprudencia constitucional, advierte que el derecho a
pertenecer a un cargo específico no hace parte del derecho fundamental al
trabajo y, por tanto, no es amparable por vía de tutela.
3. Sentencia
de Primera Instancia
Mediante
providencia del 16 de agosto de 2005, el Juzgado Catorce Penal del Circuito de
Bogotá resolvió la demanda de la referencia.
En primer lugar,
el Despacho judicial reconoció que los tutelantes presentaron demanda de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales, supuestamente vulnerados por el SENA como consecuencia de la
terminación de los contratos laborales que se dio en aplicación de la Ley 790
de 2002. Reconoció también que la medida implicaba la
protección de personas puestas en condiciones de indefensión, como madres y
padres cabeza de familia y discapacitados.
Ahora bien,
atendiendo a la definición de madres y padres cabeza de familia, el despacho
judicial dedujo que Héctor Augusto Moreno Escudero,
Rosiris Elena Mercado González, Yolanda Ramírez Galvis, Maria Nelly Torres
Agualimpia, Euber Bohórquez Olivero, José Jesús Gil Herrera, Nelson de Jesús
Mesa Quiroz, José Elías Vargas Ardila, Lina del Carmen Pascuas Charry, Aura
Nydia Morán Guerrero y Omar Antonio Sorza no cumplían
con la condición beneficiosa protegida por la ley, pues, se trataba de personas
casadas, en unión marital de hecho o sus hijos eran mayores de edad.
Por el
contrario, el despacho consideró que Esperanza Margarita
Campaña Benavides y Alex Humberto Romero Porras demostraron su respectiva
calidad de madre y padre cabeza de familia y, por virtud de lo mismo, no
debieron ser desvinculados de sus cargos e el SENA. En relación con Eva
Hernández Wilches, Magda Nancy Forero Neira y Marina
Vélez Rengifo, aunque no son madres cabeza de familia, se trata de personas
solteras cuyos padres, de la tercera edad, dependen económicamente de ellas,
por lo que la protección conferida por la ley también debió otorgarse.
Para el despacho judicial, pese a que la Corte Constitucional declaró
inexequible el literal d del artículo 8º de la Ley 812 de 2003 luego de haberse
producido los retiros, es lo cierto que las personas que la fecha tenían la
calidad de  sujetos de especial protección tenían
derecho a que se les garantizara el derecho a la igualdad de manera efectiva y
real. A esto añade que la Corte ha reconocido la necesidad de proteger a
personas que en condiciones normales no podrían acceder a un contrato laboral.
En esta línea, sostiene que la indemnización recibida
no compensa el salario que habrían recibido de haber continuado laborando, por
lo que su retiro implica la vulneración de su mínimo vital.
En estas
condiciones, el despacho judicial concedió la protección a los peticionarios Esperanza Margarita Campaña Benavides, Alex Humberto Romero
Porras,  Eva Hernández Wilches, Magda Nancy Forero Neira y Marina Vélez
Rengifo, por haber demostrado su calidad de sujetos de especial protección de
conformidad con las normas de la Ley 790 de 2002. En
consecuencia, ordenó su reintegro y el reconocimiento de los salarios, que se
deduciría de la indemnización que les fue entregada. El despacho judicial negó
el amparo a los demás peticionarios.
4.
Impugnación
El peticionario
Omar Antonio Sorza, actuando por medio de apoderado
judicial, impugnó la decisión proferida por considerar que, en su oportunidad,
él sí probó su calidad de padre cabeza de familia al afirmar en declaración
juramentada que se encontraba separado de su esposa y estaba a cargo de dos hijos, uno menor de edad y otra mayor de edad, pero con
retraso mental.
En la misma
oportunidad, el representante judicial del SENA impugnó el fallo comentado, con
el fin de demostrar que los peticionarios retirados que fueron favorecidos por la decisión judicial no ostentaban las calidades
necesarias para acceder a los beneficios legales.
En cuanto a Eva
Hernández Wilches, Magda Nancy Forero Neira y Marina Vélez Rengifo, adujo que
el despacho les confirió la protección en virtud de ser
madres cabeza de familia, pero que tal calificación es inadecuada a la luz de
las normas que gobiernan los procesos de reestructuración estatal,
particularmente del Decreto 190 de 2003, pues aunque las peticionarias citadas
están a cargo del cuidado de familiares en condiciones
de debilidad manifiesta, no tienen hijos menores de edad o inválidos a su
cargo, lo cual las deja por fuera de la categoría de madres cabeza de familia.
Adicionalmente, dice que Marina Vélez y Magda Nancy Forero Neira presentaron demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, por lo
que la tutela resulta improcedente.
A lo anterior se
suma el hecho de que el juzgado concedió la tutela a Marina Vélez Rengifo sin
que la peticionaria hubiera anunciado su calidad de madre cabeza de familia antes del proceso de reestructuración. La citada
demandante vino a poner en conocimiento de la entidad su supuesta condición de
madre cabeza de familia, 10 meses después de la aplicación de las medidas de
rediseño institucional.
En relación con Esperanza Margarita Campaña Benavides, el SENA advirtió
que ésta presentó demanda de fuero sindical y acción de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener la nulidad de la desvinculación, lo
cual indica que, al existir otros mecanismos de defensa
judicial para lograr el reintegro, la tutela se hace inoperante. A esto se suma
que la demandante no informó su calidad de madre cabeza de familia a la
entidad, antes del proceso de reestructuración del SENA, sino que lo hizo 11
meses después de desvinculada. Esta circunstancia
demuestra que la protección no pudo concedérsele, habida cuenta de que la
tutelante se benefició de su desidia, haciendo incurrir a la entidad en error,
que luego pretende enmendar con una solicitud extemporánea. Esta situación desconoce los derechos de las personas que fueron evaluadas de
acuerdo con el plan de rediseño de la entidad.
En el caso de
Alex Humberto Romero Porras, similar al de Esperanza Margarita Campaña
Benavides, los peticionarios fueron desvinculados por una
justa causa vinculada con razones del servicio. En el caso de Romero Porras, el
demandante ocupaba un cargo en provisionalidad, por lo que al proveer la
vacante tuvieron prelación las madres o padres cabeza de familia o las personas
con derechos de carrera administrativa, o que tenían
mayor edad o tiempo de servicio. En el caso de Esperanza Margarita Campaña
Benavides, aunque la misma ocupaba en propiedad un cargote carrera, la
reestructuración de la entidad produjo la eliminación del mismo y la reducción de la planta en la Regional Nariño. Los cargos creados, según
estudios técnicos aprobados por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, fueron ocupados por personas con mayor edad o tiempo de servicio, por
lo que su desvinculación se produjo con justa causa,
como consecuencia de la desaparición del cargo.
5. Sentencia
de Segunda Instancia
En providencia
del 11 de octubre de 2005, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
resolvió la impugnación presentada por la entidad pública y el peticionario.
En primer lugar,
en cuanto a la impugnación de Omar Antonio Sorza, el Tribunal consideró que la
sola condición de separado no le confiere al tutelante la calidad de padre
cabeza de familia, pues, su cónyuge separada todavía conserva la obligación legal de concurrir con los gastos económicos y el apoyo
afectivo demandado por su familia.
En cuanto a la
impugnación del SENA, el Tribunal consideró que le asiste razón a la entidad
pública al considerar que los solicitantes que fueron reintegrados no probaron su condición de padres o madres cabeza de familia
antes de que la entidad procediera a hacer la reestructuración. En efecto, a
juicio del Tribunal, los demandantes cuyo reintegro se ordenó por el juez de
primera instancia probaron su condición cuando los
términos habían precluido, tiempo después de adoptada la medida. Estima que
dichas personas debieron presentar sus solicitudes de incorporación al retén
social al momento de la notificación de la reestructuración de la entidad y no
con posterioridad, cuando se habían adoptado las
decisiones y se habían pagado las indemnizaciones correspondientes.
Por demás, el
Tribunal considera que los demandantes no prueban el perjuicio al que se ven
sometidos por la decisión, a lo cual se agrega que varios de ellos ya iniciaron las acciones ordinarias correspondientes con
el fin de lograr un objetivo que escapa a la órbita de decisión del juez de
tutela. Por último, el Tribunal reitera una jurisprudencia de la Corte
Constitucional –Sentencia T-876 de 2004- en la que se
enfatiza que el pago de la indemnización hace improcedente la tutela por
despido injusto.
En consecuencia
de lo anterior, el Tribunal revoca la decisión del juez de primera instancia
por la cual se ordenó el reintegro de los peticionarios Eva Hernández Wilches, Esperanza Margarita Campaña Benavides, Marina
Vélez Rengifo, Magda Nancy Forero Neira y Alex Humberto Romero Porras.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política, y los artículos 33
al 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar las decisiones de
los jueces de tutela que fallaron en primera y segunda
instancia los procesos de esta referencia.
2. Problemas jurídicos
Los expedientes de tutela de la referencia fueron acumulados por la
Sala de Selección número Doce de la Corte Constitucional, dada su coincidencia temática. En estas circunstancias, los problemas jurídicos que
deben resolverse son similares.
Se trata de verificar si, a la luz de la jurisprudencia
constitucional, que ha interpretado la aplicación de las normas
constitucionales y legales sobre privilegios laborales
conferidos a sujetos de especial protección constitucional, la desvinculación
de los trabajadores del SENA que presentaron esta demanda es legítima o no.
En primer lugar, la Sala abordará el supuesto normativo aplicable a
los casos que se estudian. Fijará con posterioridad los
parámetros de interpretación que la Corte Constitucional ha establecido a
propósito de la revisión de casos similares en otras entidades del sector
público y, finalmente, a partir de dicho análisis, determinará si, en cada caso concreto, el SENA procedió de conformidad con
dichos parámetros.
3. Supuesto
normativo
Mediante Ley 790
de 2002, el Congreso de la República autorizó al Gobierno Nacional para
adelantar una campaña de renovación de la Administración Pública que trajo consigo la reestructuración de la planta de personal
de algunas entidades del Estado y la disolución de otras.
El artículo 12
de la Ley 790 estableció una medida especial de amparo -conocida como “retén social”- consistente en la orden
para que en el proceso de reestructuración de las
entidades públicas no se desvinculara a personas objeto de especial protección
constitucional. La previsión favoreció a las madres cabeza de familia sin
alternativa económica, a las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y a los servidores que hubieran
cumplido con la totalidad de los requisitos -edad y tiempo de servicio- para
disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años
contados a partir de la promulgación de dicha ley. El
fin de la norma, lo dijo la Corte, fue el de garantizar “la estabilidad laboral y el respeto
a la dignidad humana”[1].
Mediante Ley 812
de 2003 el Congreso puso límite temporal a la protección especial concedida por
la Ley 790, pero, mediante Sentencia C-991 de 2004, la Corte Constitucional lo
declaró inexequible. En efecto, la Corporación sometió a estudio el literal d)
del artículo 8º de la Ley 812 de 2003, que establecía el 31 de enero de 2004
como fecha de vencimiento de la prohibición de desvinculación de personal
sujeto de especial protección, fecha que la Corte encontró ser contraria a la
Constitución. Según la Corporación, el establecimiento de ese tope quebrantó
los principios constitucionales que propugnan la protección de las personas
desvalidas, además de que promovió un evidente retroceso en las políticas de
protección, retroceso incompatible con el principio expansivo que inspira la
seguridad social.
De esta manera, la Sala Plena de la Corte acogió el criterio de varios
fallos de tutela en los que algunas de las Salas Revisión de la Corporación inaplicaron la disposición, por encontrarla
incompatible con el régimen superior[2].
En atención a
las consideraciones de la sentencia de control -así como en las que alcanzaron
a consignarse en la jurisprudencia de tutela-, ex trabajadores de las empresas
sometidas al proceso de reestructuración y disolución
de la Ley 790 de 2002, desvinculados de sus cargos con posterioridad a la fecha
declarada inexequible por la Corte, presentaron demandas de tutela con el fin
de obtener el reintegro a sus cargos.
Algunas de las
sentencias de los jueces de tutela fueron seleccionadas para revisión por la
Corte Constitucional y resueltas en el fallo de unificación SU-388 de 2005, en
donde la Sala Plena sometió a estudio el tema de la protección concreta de los
trabajadores que fueron desvinculados de Telecom en desconocimiento de los
fallos relativos al retén social de la Ley 790 de 2002. De dicho análisis, la
Corte extrajo consecuencias relevantes para la resolución de casos similares,
pues definió los criterios requeridos para determinar la procedencia de la
acción de tutela en esta materia. Entre los elementos más relevantes que
solicitó tener en cuenta a los jueces de tutela se destacan los siguientes:
a. En primer
lugar, la Corte indicó que para el caso de personas beneficiarias del retén
social, la acción de tutela es un mecanismo idóneo de defensa pues, frente a la
transitoriedad del proceso de liquidación de las empresas de las que fueron
desvinculadas, ninguna otra acción judicial se ofrece como alternativa idónea
para amparar la integridad de sus derechos fundamentales.
b. Que lo
anterior se refuerza si se tiene en cuenta la situación de indefensión de las
personas beneficiarias de las medidas del retén social y el hecho de que, por
su condición, la Constitución les ofrece trato privilegiado.
c. En tercer
lugar, la Corte enfatizó que la forma de conservar la plena integridad de los
derechos fundamentales de los servidores públicos era el reintegro y la pérdida
de eficacia de las indemnizaciones reconocidas. De hecho, agregó, “el pago
de la indemnización debe ser concebida como la última alternativa para reparar
el daño derivado de la liquidación de la empresa, por cuanto corresponde al
derecho en cabeza de todos los servidores públicos y no sólo de los sujetos de
especial protección”[3].
d. Por lo
anterior, en la resolución de los casos en que la tutela fue concedida, la
Corte ordenó compensar la indemnización con los emolumentos dejados de percibir
por los trabajadores desvinculados.
En las
condiciones descritas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-388 de
2005, es claro entonces que la acción de tutela se erige como mecanismo eficaz
para obtener la protección de los derechos fundamentales de trabajadores que
fueron desvinculados de empresas estatales en reestructuración o liquidación en
desconocimiento de las normas sobre retén social instauradas por la Ley 790 de
2002.
Las previsiones
anteriores sirven responden a los argumentos según los cuales, el hecho de que
los demandantes de tutela hayan entablado acciones ordinarias o contencioso
administrativas para obtener el reintegro constituye causal de improcedencia de
la acción de tutela. De lo afirmado por la Corte en la Sentencia SU-388 de 2005
se deduce que, por el contrario, la vía idónea para obtener el reintegro cuando
se trata de sujetos de especial protección es la acción del artículo 86
constitucional.
En concordancia
con dicha sentencia, las Salas de Revisión de la Corte han venido concediendo
la protección tutelar a servidores públicos desvinculados de organismos
estatales, que se consideraron afectados en sus derechos fundamentales por
desconocimiento de las normas del retén social.
4.
Jurisprudencia relativa a la desvinculación de sujetos de especial protección
constitucional en el marco de los procesos de reestructuración de la
administración pública
Mediante Sentencia T-641 de 2005, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte sometió a estudio la desvinculación de una madre
cabeza de familia que fue retirada de Caprecom porque, a juicio de la entidad,
su condición de beneficiaria del retén social no era aplicable en la medida en
que la institución no estaba sometida al proceso de reestructuración de la
Administración Pública.
Caprecom también alegaba que el despido había sido anterior al 31 de
enero de 2004, antes de que la Sentencia C-991 de 2004 declarara inexequible la
norma, y que, en tales condiciones, la decisión de la Corporación no le era
aplicable. No obstante, la Corte desestimó los argumentos de la entidad al
enfatizar la necesidad de amparar los derechos de sujetos de especial
protección, entre los que se encuentra las madres cabeza de familia, a la luz
de las normas constitucionales y no de las disposiciones legales. Sobre el
particular, la Sala dijo lo siguiente:
"Esta argumentación parte de suponer
que existe una relación inescindible entre la pertenencia al plan de renovación
de la administración pública previsto en la Ley 790 de 2002 y el carácter
vinculante de las medidas de estabilidad laboral reforzada a favor de las
madres cabeza de familia.  No obstante, la Sala estima que es precisamente
la sentencia SU-388/05 la que desvirtúa esta relación, en tanto sustenta la
exigencia de acciones afirmativas a favor de ese grupo no en las disposiciones
de origen legislativo sobre reforma estatal, sino en expresos mandatos
constitucionales que obligan a otorgar una discriminación positiva que
garantice la estabilidad laboral de las madres cabeza de familia con una intensidad
mayor que los demás servidores públicos.
Por tanto, no puede predicarse válidamente
que la protección laboral de tales sujetos dependa de la pertenencia al plan de
renovación de la administración pública o de la declaratoria de inexequibilidad
del límite temporal de la estabilidad en el empleo previsto en la Ley 812 de
2003.  En esa medida, el amparo de los derechos constitucionales de la actora
no significa una aplicación retroactiva de lo dispuesto por esta Corporación en
la sentencia C-991/04, pues la vigencia de la estabilidad laboral reforzada de
la que es titular es una garantía constitucional autónoma que impone, en virtud
de la eficacia normativa del Texto Superior, deberes ciertos para la entidad
demandada, consistentes en la adopción de medidas que armonicen sus planes de
reforma institucional con las acciones afirmativas de las que son titulares las
madres cabeza de familia". (Sentencia T-641 de 2005 M.P. Jaime Córdoba
Triviño)
En reconocimiento
de que la protección a los beneficiados del retén social no deviene
necesariamente de las normas legales, sino de las prescripciones
constitucionales, La Sala Tercera de Revisión de Tutelas resolvió reintegrar,
mediante Sentencia T-726 de 2005, a una persona discapacitada que había sido
desvinculada de Telecom, en desarrollo del proceso de liquidación de la
empresa, y a la que por dicha circunstancia no se le reconoció la protección
especial de que era titular en su calida de sujeto de especial protección
constitucional.
La Sala advirtió que, de la jurisprudencia sentada por
la Corte, podía evidenciarse que: “1) Las personas con limitaciones físicas
o mentales gozan de una especial protección por parte del Estado. Una
manifestación de esa especial protección a este grupo de personas se concreta
en el ejercicio de acciones afirmativas que pueden consistir en una especial
protección en su estabilidad laboral. 2) El ejercicio de las facultades de la
administración pública en procesos de reestructuración debe ajustarse a la
Constitución y la ley, lo que implica que en dichos procesos de
reestructuración no se pueden vulnerar los derechos fundamentales de los
individuos. 3) La especial protección desarrollada en el artículo 12 de la Ley
790 de 2003 se entiende vigente durante todo el programa de renovación
institucional, esto es, hasta la terminación definitiva de la existencia
jurídica de Telecom -en liquidación-.”[4].
En la misma línea
de decisión, la Sala Quinta de Revisión de tutelas de la Corte, en Sentencia
T-773 de 2005, ordenó el reintegro de una mujer cabeza de familia a la que
Caprecom dio por terminado el contrato laboral, pese a conocer de antemano sus
condiciones personales, que la hacían titular de los derechos del retén social.
La Sala advirtió
en aquella ocasión que “en los procesos de reforma institucional existe la obligación del
Estado de garantizar de manera reforzada, esto es, con una mayor intensidad que
a los demás servidores públicos, la permanencia y estabilidad de las madres
cabeza de familia en sus empleos. Lo anterior obliga a las entidades públicas a
adoptar medidas que armonicen sus planes de reforma institucional con las
acciones afirmativas de las que son titulares las madres cabeza de familia, de
manera que se privilegien aquellos mecanismos que propugnen por la estabilidad
en el empleo de la madre, y por la garantía de que de manera continuada pueda
seguir sosteniendo a sus menores hijos o a aquellos personas que dependen
económica o afectivamente de ella”[5].
Adicionalmente,
por Sentencia T-846 de 2005, la Sala Quinta de Revisión concedió la tutela a
una empleada del SENA desvinculada el 24 de abril de 2004, que alegaba su
calidad de madre cabeza de familia y la aplicación de los beneficios derivados
del retén social. La institución pública advirtió que la desvinculación de la
peticionaria en el proceso de reestructuración de la entidad se debió a razones
administrativas, y no se aplicó a quien fue desvinculado con posterioridad al
31 de enero de 2004, fecha fijada por la Ley 812 de 2003 como límite temporal
para las normas del retén social.
Sobre el
particular, la Sala acogió el criterio de las providencias de la Corte que
inaplicaron la fecha límite del retén social por encontrarla incompatible con
la protección constitucional. En aquella oportunidad, la Sala concedió el
amparo y afirmó:
“Es claro que en este caso el SENA no tuvo en cuenta la condición de
madre cabeza de familia de la peticionaria y que no adoptó las medidas
tendientes a garantizar la estabilidad laboral reforzada de la peticionaria,
sino que hizo uso de unas facultades legales, sin establecer mecanismo alguno
compatible con la especial protección que la Constitución reconoce a la madre
cabeza de familia, alegando que el término para acceder a los beneficios del
denominado retén social se encontraba vencido. La Sala disiente de esta
posición, específicamente, porque conforme se explicó en las consideraciones
generales de esta providencia, la protección prevalente de las madres cabeza de
familia tiene su fundamento en normas constitucionales, en concreto, en los
artículos 13 y 43 superiores, y no de manera exclusiva en disposiciones legales
como la ley 790 de 2002 o la Ley 812 de 2003, en las que se regulaba el retén
social y se fijaba un límite temporal para acceder a los beneficios del
mismo. Tan es así, que mediante la Sentencia C-991 de 2004 esta Corte consideró
que dicho límite temporal resultaba desproporcionado, toda vez que desconocía
el núcleo esencial de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social y al
libre desarrollo de la personalidad de los sujetos de especial protección
beneficiarios del denominado retén social (discapacitados, madres y padres
cabeza de familia) que fueran despedidos después del 31 de enero de 2004”.
(Sentencia T-846 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil) (Subrayas fuera del
original)
En el mismo
sentido, en Sentencia T-866 de 2005, la Sala Primera de Revisión de Tutelas
ordenó el reintegro de una empleada de la empresa Telecom que había sido
desvinculada en el proceso de liquidación de la entidad, pese a encontrarse en
estado de embarazo y ser, por tanto, beneficiaria de las previsiones del retén
social. En dicha oportunidad, la Corte dijo:
“Lo dicho hasta aquí basta para señalar que
la demandada incurrió en una inexplicable omisión al no aceptar a la demandante
dentro del programa de “retén social”. Su conducta frente al reclamo de la
actora debió haber sido otra, reconociendo el inminente nacimiento del menor y,
con ello, los derechos de la madre y la protección del entonces nasciturus.
Por ello, la situación que se examina presenta singularidades frente a los
casos estudiados por esta Corporación en la sentencia SU-388 de 2005 de 13 de
abril de 2005; empero esta Sala considera que la protección dada en aquella
sentencia a las madres cabezas de familia despedidas por causa de la expedición
del Decreto 190 de 2003 es extensible a la señora Cantor Ospina, pues ésta no solamente
instauró la presente acción con anterioridad a la expedición de la sentencia de
unificación en mención (el 25 de noviembre de 2005), sino que también con
anterioridad al reclamo judicial  había acudido a la empresa misma en busca del
reconocimiento del derecho que, como futura madre cabeza de familia, alegaba
tener. Debe señalarse en este sentido que si en esa oportunidad Telecom.,
fundamentada en una interpretación estrecha de la ley que ya fue expuesta en un
pasaje anterior de esta sentencia, no reconoció la protección de la señora
Cantor Ospina y de su hijo por nacer, las consecuencias de dicha negativa
–contraria a la protección constitucional reforzada de las madres cabeza de
familia-  no deben imputarse a la demandante, haciendo más gravosa su situación
por el paso del tiempo y, por el contrario, el juez de tutela está llamado a
impedir que la situación de vulneración se perpetúe”. (Sentencia -866 de 2005
M.P. Jaime Araújo Rentería)
Más
recientemente, por Sentencia T-1183 de 2005, la Sala Novena de Revisión de
tutelas estudió la demanda presentada por una trabajadora del Fondo de Caminos
Vecinales -en liquidación- que fue desvinculada en desconocimiento de su
condición de madre cabeza de familia. La entidad pública sostenía que la
desvinculación se hizo en cumplimiento de las normas legales vigentes y que a
la demandante le fue reconocida la indemnización respectiva.
En dicha oportunidad, la Corte precisó que “la
naturaleza de la protección laboral reforzada atribuida a las madres cabeza de
familia descansa en la Constitución Política y no se reduce a, por ejemplo, las
reformas que se produzcan en una sola institución estatal.  Al contrario, las
acciones afirmativas adelantadas a su favor tienen como primer fundamento la
fuerza normativa de la Carta (artículo 4, C.P.) y suponen la protección de la
mujer, los niños o discapacitados que se encuentren a su cargo y la familia.
Estos fundamentos permiten deducir, a su vez, la importancia que frente a sus
obligaciones habituales constituye la recepción estable de un salario pasando a
un segundo plano, como opción excepcional, la posibilidad de ser retirada del
servicio y recibir la correspondiente indemnización.”[6].
En otro caso de
condiciones similares, resuelto mediante Sentencia T-1167 de 2005, la Sala
Séptima concedió la tutela a un discapacitado cuyo cargo fue suprimido y a
quien se desvinculó de Telecom sin atender sus condiciones de debilidad
manifiesta. En la providencia en cita, la Sala
entendió  que “la estabilidad laboral reforzada para
las personas con limitaciones físicas o mentales se entiende como una
manifestación de las acciones afirmativas dirigidas a sujetos de especial
protección. La sentencia SU-388 de 2005 tuvo el
mismo fundamento constitucional para proteger a las madres cabeza de familia de
la aplicación del límite temporal establecido para las personas protegidas por
el denominado “retén social” contemplado en la Ley 790 de 2002”.
Ahora bien, una consideración que se encuentra a la base de la posición
jurisprudencial descrita es que las desvinculaciones decretadas antes de la
Sentencia C-991 de 2004, en desconocimiento de los privilegios del retén
social, son ineficaces. En efecto, un argumento recurrente
esgrimido por las entidades públicas para negarse a reincorporar a los
servidores retirados en desconocimiento de las normas del retén social es que
las desvinculaciones tuvieron ocurrencia con anterioridad a la fecha en que la
Corte declaró inexequible el límite temporal del retén
social, por lo que la sentencia de control constitucional no puede aplicarse
retroactivamente, siendo legítimos los retiros decretados.
No obstante,
contra dicho argumento, la Corte Constitucional ha sostenido que la inconstitucionalidad del límite temporal del retén social se
desprende de jurisprudencia anterior que había inaplicado la norma de la ley
812 de 2004 por encontrarla contraria a la Constitución, razón suficiente para
considerar que era obligación de las entidades tener en
cuenta dichas consideraciones a la hora de desvincular personal. Sobre este
particular dijo la Sala Séptima de Revisión de la Corte:
“17.- Ahora bien, la entidad aduce que al momento en que se produjo
la desvinculación de la peticionaria -19 de mayo de
2004-, el límite temporal establecido en el Decreto 190 y en la Ley 812 de 2003
que mantenía la protección social hasta el 31 de enero de 2004 aún se
encontraba vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, pues su declaratoria
de inconstitucionalidad sólo tuvo lugar el 12 de
octubre de 2004, fecha en la que esta Corporación profirió la sentencia C-991.
De esta manera, considera que la solicitud efectuada por la actora respecto de
la aplicación retroactiva de la sentencia de inconstitucionalidad es a todas luces inviable.
“Al respecto, es pertinente recordar que esta Corporación, antes del
pronunciamiento referido, ya había aplicado la excepción de
inconstitucionalidad del literal D. del artículo 8º de la Ley 812 del mismo
año, dándole prelación a las normas constitucionales
(artículos 13, 42, 43 y 44) de protección de las madres cabeza de familia en
tanto que sujetos de especial protección[7]. Así mismo,
observa la Sala que de no hacer extensiva la protección
a las madres cabeza de familia desvinculadas en el lapso que transcurrió entre
el 31 de enero (límite temporal) y el 12 de octubre (fecha en que se profiere
la sentencia C-991 de 2004 que declara su inexequibilidad) dicha protección se
tornaría inocua, pues es evidente que las entidades,
una vez declarado inconstitucional dicho límite temporal, se abstuvieron de
desvincular a quienes ostentaran dicha calidad. Precisamente ello ocurrió en la
entidad demandada, pues la señora Alis Gardenia Mosquera
Vargas, quien también es madre cabeza de familia, sí fue incorporada al
INCODER, en atención a la especial protección de que era titular y con el ánimo
de garantizar sus derechos fundamentales”. (Sentencia T-1030 de 2005 M.P
Humberto Sierra Porto)
5. La indemnización recibida por el servidor público desvinculado en
desconocimiento de las normas del retén social no es suficiente para garantizar
la protección de sus derechos fundamentales
En el contexto
que se viene tratando, la Corte Constitucional ha
precisado también que la indemnización que las entidades públicas
reestructuradas reconocen a los trabajadores desvinculados no constituye
garantía suficiente de protección de sus derechos fundamentales, cuando dichos
trabajadores debieron ser beneficiados por las normas
del retén social.
Para la Corte
-supuesto que se estructuró desde la Sentencia SU-388 de 2005-, la
indemnización implica, en la generalidad de los casos, un paliativo económico
para quien es desvinculado de un cargo estatal, pero no lo es en el caso de los sujetos de especial protección, para quienes es
previsible augurar dificultades sensibles en la consecución de empleos.
En la Sentencia
T-1167 de 2005, la Sala Séptima de Revisión advirtió lo siguiente sobre esta
consideración:
Como se desprende de los acápites anteriores los criterios
jurisprudenciales para conceder el amparo constitucional fueron sentados en la
sentencia SU-388 de 2005, y reiterados posteriormente en las sentencia T-602 y
T-726 del mismo año. Ahora bien, el apoderado de
Telecom cita la sentencia T-876 de 2004, decisión en la cual se confirmaron
fallos de tutela que habían denegado el amparo solicitado por diversas madres
cabeza de familia y por discapacitados cuyos contratos habían sido finalizados
unilateralmente por Telecom, porque previamente habían
sido indemnizados.
No obstante, la Corte Constitucional abandonó de manera expresa
dicha línea jurisprudencial a partir precisamente de la sentencia SU-388 del
año 2005 en la cual se consideró que en el caso de los
sujetos de especial protección constitucional las indemnizaciones que hubiera
pagado la empresa en liquidación no garantizaban la protección de los derechos
fundamentales, razón por la cual se procedió  a ordenar el pago de los salarios
adeudados desde el despido de los trabajadores y en el
evento en que se hubiera pagado una indemnización se efectuara un cruce de
cuentas con las compensaciones y restituciones. Precedente reiterado por las
sentencia T-602[8] y T-726 del mismo año.
Entonces, de conformidad con los criterios jurisprudenciales
actualmente aplicados por esta Corporación, aun en los casos en que sujetos de especial protección han sido indemnizados con posterioridad  la
terminación unilateral del contrato de trabajo, se concede el amparo
constitucional.
Las
consideraciones precedentes fueron ratificadas por la Corte en la Sentencia
T-1183 de 2005, cuando la Sala Novena de Revisión de Tutelas aseguró que la
indemnización recibida por sujetos de especial protección no garantiza la
protección efectiva de su proyecto de vida.
Por
demás, frente al despido de la peticionaria, se deben reiterar los planteamientos de la sentencia SU-388 de 2005[9]
en donde se consignó que la acción de tutela es procedente para proteger la
estabilidad laboral reforzada de las madres cabeza de familia en los procesos
de reforma institucional del Estado, aún cuando se haya efectuado la correspondiente indemnización.  Lo anterior – tal y como se anotó – ya que para ellas el salario
permite la estabilidad para adelantar un proyecto de
vida y enfrentar las múltiples obligaciones a las que se ven sometidas como
únicas responsables del hogar: “la Corte considera que la mejor forma
de garantizar los derechos fundamentales de las madres cabeza de familia
consiste en ordenar su reintegro y dejar sin efecto las indemnizaciones
reconocidas. De hecho, el pago de la indemnización
debe ser concebida como la última alternativa para reparar el daño derivado de
la liquidación de la empresa, por cuanto corresponde al derecho en cabeza de
todos los servidores públicos y no sólo de los sujetos de especial protección”. (Sentencia T-1183 de 2005 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández)
De los apartes
jurisprudenciales en cita queda claro entonces que la indemnización como
atenuante económico de los efectos negativos de la desvinculación de
trabajadores que debieron ser cobijados por las normas del retén social no es
mecanismo óptimo de protección de sus derechos, por lo que, en los casos en que
la misma se confiere, es deber de la empresa compensarla con los salarios que
hubiere dejado de pagar al trabajador desvinculado.
6. Condición de madre cabeza de
familia
Finalmente, es
pertinente decir también que, en el estudio de los casos concretos, la Corte ha
sido rigurosa al verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para
hacerse acreedor a los beneficios del retén social. Así, en Sentencia T-1161 de
2004, la Sala Octava de Revisión de tutelas denegó la protección requerida por
una odontóloga, que solicita el reintegro al SENA, por considerar que aquella
era una mujer profesional con alternativa económica de subsistencia.
Igualmente, mediante fallo T-081 de 2005, la misma Sala denegó la protección de
una mujer porque no era madre de hijos menores de edad a los que tuviera que
proveer sustento permanente. Al tiempo, la Sentencia T-834 de 2005 denegó la
protección de tutela a una trabajadora de Telecom, desvinculada por la empresa,
que no demostró su condición de madre cabeza de familia por encontrar la Corte
que la solicitante “no tenía a su cargo de manera exclusiva y permanente la
responsabilidad de sus hijos menores, pues según da cuenta la prueba allegada
para demostrar la circunstancia invocada, su pareja no había abandonado el
hogar y por lo tanto no se había sustraído del cumplimiento de sus obligaciones
como padre, quien tampoco se encuentra en incapacidad física, sensorial, síquica
o mental”[10].
Ahora bien, el
hecho de que la Corte Constitucional haya denegado la protección de tutela en
casos en que no se cumplieron los requisitos establecidos
para acceder a los beneficios del retén social se debe a que, en
pronunciamientos posteriores, la Corporación reconoció que no todos los
trabajadores desvinculados de empresas en reestructuración pueden beneficiarse
de las normas de dicho retén, sino, exclusivamente,
aquellos que cumplan con las condiciones legales y jurisprudenciales exigidas.
En este sentido,
resulta pertinente precisar que uno de los requisitos necesarios para
convertirse en acreedor de los beneficios del retén social es el de ostentar la calidad de madre cabeza de familia. A este respecto,
debe recordarse que la Ley 82 de 1993 define a la madre cabeza de familia en
los siguientes términos:
ARTICULO 2o. Para los efectos de la presente ley, entiéndese por
"Mujer Cabeza de Familia", quien
siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma
permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial,
síquica o moral del cónyuge o compañero
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo
familiar.
PARAGRAFO. Esta condición y la cesación de la misma, desde el
momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario,
expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto se
causen emolumentos notariales a su cargo.
Ahora bien,
frente a la necesidad de proteger los derechos de las madres cabeza de familia en los procesos de reestructuración de la
Administración Pública, la Ley 790 de 2002 dispuso que el retén social
beneficiaría a las madres cabeza de familia sin alternativa económica, además
de las personas con limitación
física, mental, visual o auditiva,
y los prepensionados. En sentencia SU-388 de 2005, la
Corte Constitucional esclareció lo que debía entenderse por madre cabeza de
familia sin alternativa económica, así:
Al respecto la Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada
como madre cabeza de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la
dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto
indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de
otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de
carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar
por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus
obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad
que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la
incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte;
(v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la
madre para sostener el hogar.
A lo anterior,
la Corte agregó que la condición de madre cabeza de familia impera para efectos
de la protección, independientemente de que la mujer se
encuentre casada o separada, pues lo que determina la titularidad del amparo es
que la misma, por sus condiciones particulares, asuma completamente la carga de
sostenimiento del hogar. En esas condiciones, la Corte precisó que una madre no
puede catalogarse como madre cabeza de familia a pesar
de que su compañero o esposo se encuentre inactivo, pues, “la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la
pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de los cuales pueda predicarse que
una madre tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre
cabeza de familia”[11]. Para la Corte,
“…no puede perderse de vista que el trabajo
doméstico, con independencia de quién lo realiza, constituye un valioso apoyo
para la familia a tal punto que debe ser tenido en cuenta como aporte social.[12] En esa medida, dado que existen otras
formas de colaboración en el hogar, la ausencia de un ingreso económico fijo
para una persona no puede ser utilizada por su pareja para reclamar la
condición de cabeza de familia”. (Sentencia SU-388 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández)
La restricción
del concepto de madre cabeza de familia respecto de aquellas que no tuvieran
alternativa económica, como punto de referencia para dar aplicación a las
normas del retén social, fue ampliado, sin embargo, por la Corte, en la Sentencia C-1039 de 2003, cuando el tribunal, a propósito de
una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la Ley 790 de
2002, señaló que dicha prerrogativa de estabilidad laboral debía “extenderse a los padres que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos
de los niños y el grupo familiar al que pertenecen”.
En
reconocimiento que también de los padres puede predicarse la calidad de cabeza
de familia, la Sentencia SU-389 de 2005 esclareció lo
que se entiende por padre cabeza de familia.
“El hombre que reclame tal status, a la luz
de los  criterios sostenidos para las mujeres cabeza de familia, debe demostrar
ante las autoridades competentes, algunas de las situaciones que se enuncian,
las cuales  obviamente no son todas ni las únicas,  pues deberá siempre tenerse
en cuenta la proyección de tal condición a los hijos como destinatarios
principales de tal beneficio.
“(i) Que sus hijos propios, menores o mayores
discapacitados, estén a su cuidado, que vivan con él, dependan económicamente
de él y que realmente sea una persona que les  brinda el cuidado y el amor que
los niños requieran para un adecuado desarrollo y crecimiento; que sus
obligaciones de apoyo, cuidado y manutención sean efectivamente asumidas y
cumplidas, pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y demandas que se
sigan contra los trabajadores por inasistencia de tales compromisos.
“(ii) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se
trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los
niños y que en el evento de vivir con su esposa o compañera, ésta se encuentre
incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su
presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores
enfermos, discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre.
“(iii) Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le
asiste de acreditar los mismos requisitos formales que la Ley 82 de 1993 le
impone a la madre cabeza de familia para demostrar tal condición. En efecto, de
conformidad con el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993: “esta
condición (la de mujer cabeza de familia y en su caso, la del hombre cabeza
de familia) y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos
ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin
que por este concepto, se causen emolumentos notariales a su cargo.”[13]
“En aplicación de tal doctrina, cabe concluir que por la necesidad
de hacer realidad el imperativo constitucional contenido en el artículo 44 Superior de proteger integralmente a los menores de edad[14] el retén social puede resultar aplicable a los padres cabeza de familia, que demuestren hallarse en algunas de las
hipótesis mencionadas”. (Sentencia SU-389 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería)
De todo lo
anterior se tiene, entonces, que, amén de los discapacitados y las personas próximas a pensionarse, las normas del retén social previstas por la
Ley 790 de 2002 deben aplicarse a toda persona, hombre o mujer, que se
encuentre en alguna de las condiciones previstas por la ley y la
jurisprudencia, siendo posible, en tales eventos, conceder
la tutela cuando se verifique la desvinculación en desconocimiento de dichas
calidades.
“Los anteriores supuestos permiten concluir a la Sala que la
naturaleza de la protección laboral reforzada atribuida a las madres cabeza de
familia descansa en la Constitución Política y no se
reduce a, por ejemplo, las reformas que se produzcan en una sola institución
estatal.  Al contrario, las acciones afirmativas adelantadas a su favor tienen
como primer fundamento la fuerza normativa de la Carta (artículo 4, C.P.) y suponen la protección de la mujer, los niños o
discapacitados que se encuentren a su cargo y la familia.  Estos fundamentos
permiten deducir, a su vez, la importancia que frente a sus obligaciones
habituales constituye la recepción estable de un salario
pasando a un segundo plano, como opción excepcional, la posibilidad de ser
retirada del servicio y recibir la correspondiente indemnización.” (Sentencia
T-1183 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández)
Expuestos los
parámetros generales de resolución del conflicto jurídico que aquí se suscita,
pasa la Sala a estudiar uno a uno los expedientes puestos a su consideración.
Con todo, la Sala se reserva el derecho a volver sobre aspectos generales
cuando la discusión particular así lo amerite.
7. Estudio de los casos concretos
A. Expediente T-1217371
Las demandantes
de este proceso reclaman el reintegro a los cargos que venían ocupando, porque
el 26 de abril de 2004 fueron desvinculadas del SENA en desconocimiento de las
calidades que les conferían los beneficios del retén
social. Sostienen que eran madres cabeza de familia y que a pesar de que la
entidad conocía ese hecho, no fueron tenidas en cuenta en el proceso de
reestructuración, implementado para el SENA por el Decreto 250 de 2004, entre
otros.
La entidad pública manifestó que, en cada caso, las normas del retén
social no eran aplicables, ya porque algunas de las demandantes no cumplían con
las condiciones necesarias para ser calificadas como madres cabeza de familia,
ora porque todas habían sido desvinculadas antes de
entrar en vigencia la Sentencia C-991 de 2004, providencia que no tiene efectos
retroactivos. La entidad también aseguró que las demandantes que fueron
desvinculadas lo hicieron porque la reestructuración de la entidad no permitió asignarlas a un cargo de igual o superior equivalencia, por lo que
debe entenderse que su desvinculación ocurrió por justa causa y no por la
condición de madres cabeza de familia. Del mismo modo, la entidad precisó que
algunas de las demandantes informaron su condición de
madres cabeza de familia mucho tiempo después de haber sido retiradas del
cargo.
Aunque la
primera instancia ordenó el reintegro de algunas de las peticionarias, por
encontrar probada su condición de madres cabeza de familia, la segunda denegó la protección de cada demandante. En primer lugar, consideró
inadmisible el argumento de la irretroactividad de la Sentencia C-991 de 2004,
pues, a la luz de la jurisprudencia constitucional, la fecha límite del retén
social era inoperante por haber sido fijada mediante
decreto reglamentario. No obstante, la providencia consideró que, para cada
caso particular, la tutela era improcedente, por las razones que pasan a
detallarse.
a) Nubia Rosa
Roys Escudero y Mireya del Carmen Quintero, ya fueron reintegradas por orden judicial, lo cual hace inoperante la protección.
b) Luz Dary
Gutiérrez Moreno, Stella Santacruz Nates, Sonia Cecilia Forero de Salcedo y
María Victoria Betancur Uribe no cumplen con los requisitos legales necesarios
para adquirir la condición de madres cabeza de familia,
pues no son las responsables exclusivas del mantenimiento de un hogar con hijos
menores.
c) Yoneid
Patricia Villa García, Sonia Cecilia Forero de Salcedo, Luz Elena Enríquez Paz,
Rosmeris del Carmen Quintero Rojas, Helena del Socorro
Benítez Zarama y María Teresa Casanova Vera, aunque son madres cabeza de
familia y desempeñaron cargos de carrera administrativa, no manifestaron a la
entidad su voluntad de ser reintegradas, por lo que no demostraron ser madres
cabeza de familia sin “alternativa
económica”, en virtud de que tuvieron la opción de
escoger entre el reintegro y la indemnización. Al guardar silencio frente a
dicha alternativa, optaron por la indemnización, que constituye la alternativa
económica ofrecida por la ley y que desvirtúa la
aplicación el retén social.
d) Amine Amalia
Davis Smith, Yadira del Carmen Villa Mancera, Morelia Guzmán Fuentes, Amparo
Lavao Araujo, Luz Marina Lema y María Magdalena Martínez Zúñiga, aunque son madres cabeza de familia y no recibieron
indemnización frente al retiro, reclamaron su condición de tales más de un año
después de que se produjo el acto de desvinculación, hecho que hace suponer que
no consideraron violados sus derechos en ese lapso.
Además, dice el Tribunal, la Sentencia SU-388 de 2005 determinó que la medida
de reintegro sólo podía aplicarse a aquellas personas que hubieran presentado
la demandan antes de la fecha de la sentencia de unificación, cosa que aquí no
ocurrió.
Como la función
de las Salas de Revisión de tutelas es adelantar la revisión del fallo que
resuelve el caso sometido a esta jurisdicción, pasa la Sala a estudiar la
situación particular de cada uno de los apartes de la decisión.
a.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá declaró improcedente la protección de tutela deprecada por Nubia Rosa
Roys Escudero y Mireya del Carmen Quintero porque las mismas fueron
reintegradas por la jurisdicción laboral ordinaria al cargo que venían
ejerciendo. La situación de Nubia Rosa Roys Escudero y Mireya del Carmen
Quintero es confirmada por el apoderado judicial de las demandantes, que
asegura que las mismas fueron reintegradas en virtud del proceso de fuero
sindical que iniciaron en contra de la entidad. La prueba de que las
peticionarias fueron reintegradas a la institución consta a folio 389 del
expediente, en donde reposa la sentencia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, por la cual el Tribunal confirma la decisión
de reintegro proferida por el juez de primera instancia en el proceso de fuero
sindical iniciado por las demandantes.
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la decisión del
Tribunal de tutela, por la cual se denegó el amparo, pues el hecho generador de
la supuesta vulneración ha desaparecido.
b.
En relación con Luz Dary Gutiérrez Moreno,
Stella Santacruz Nates, Sonia Cecilia Forero de Salcedo y María Victoria
Betancur Uribe, el Tribunal de Bogotá decidió denegar el amparo por considerar
que dichas demandantes no cumplían con la condición de madres cabeza de
familia.
De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, esta Sala evidencia
lo siguiente.
i)
Luz Dary Gutiérrez
Moreno tiene una hija nacida el 5 de febrero de 1985, por lo que no es menor de
edad (folio 107). Además, adjunta un documento en el que consta que padece de
una displacia de cadera (folio 112), éste no es justificativo por sí mismo de
ninguna incapacidad, sobre todo teniendo en cuenta que
la demandante se desempeñaba como secretaria. En ese orden de ideas, dado que
la peticionaria no es madre de menor de edad, su situación no encaja en la de
madre cabeza de familia sin alternativa económica. En su caso, la Sala confirmará la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
ii)
Stella Santacruz Nates certifica la existencia
de una hija nacida en mayo de 1984 –que tenía 19 años para la fecha de
desvinculación de la demandante- (folio 269) y de un hijo nacido en 1978 (folio 270). Dice en sus declaraciones -24 de abril de 2003,
folio 258 y 29 de abril de 2004, folio 263- que está casada y que su esposo,
que sufre de diabetes, trabaja como transportador cuando la salud se lo
permite. En las condiciones previstas, la Sala no
encuentra que la peticionaria encaje en la condición de madre cabeza de familia
sin alternativa económica, pues, independientemente de las dificultades de
salud denunciadas en su esposo, es claro que la peticionaria no es el elemento
de exclusivo de sustento para su familia y que cuenta
con el apoyo de su cónyuge, además de que no certifica la existencia de hijos
menores de edad. En su caso, la Sala confirmará la decisión del Tribunal
Superior de Bogotá.
iii)
Sonia Cecilia Forero de Salcedo certifica que es
casada, que no está separada y que es madre de un menor de edad (folio 86). No
obstante, a pesar de afirmar que su esposo no tiene trabajo hace
aproximadamente siete años (folio 75), la jurisprudencia constitucional, citada
en la Sentencia SU-388 de 2005, expresamente señala que “la mera
circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su ausencia
transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen
elementos a partir de los cuales pueda predicarse que una madre tiene la
responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza de
familia”. En estas condiciones, la demandante no probó su condición de
madre cabeza de familia sin alternativa económica, como tampoco probó que su
esposo estuviera incapacitado para trabajar. En su caso, la Sala confirmará la
decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
iv)
María Victoria Betancur Uribe certifica,
mediante copia de la actualización de servicio médico asistencial, que es casada, aunque tiene hijos menores (folio 210). En atención a las
consideraciones hechas en el caso anterior, la demandante no cumple con las
condiciones de ser madre cabeza de familia, pues la jurisprudencia considera
que su cónyuge, independientemente de que no se
encuentre productivo, es apoyo de contenido apreciable económicamente, a lo
cual se agrega que la demandante no probó que el mismo se encontrara
incapacitado para trabajar. En su caso, la Sala confirmará la decisión del
Tribunal Superior de Bogotá.
c.
El Tribunal Superior de Bogotá denegó el amparo
de tutela deprecado por Yoneid Patricia Villa García, Sonia Cecilia Forero de
Salcedo, Luz Elena Enríquez Paz, Rosmeris del Carmen Quintero Rojas, Helena del
Socorro Benítez Zarama y María Teresa Casanova Vera porque, a pesar de ser
madres cabeza de familia, al guardar silencio frente a la alternativa de volver
a vincularse a la entidad, escogieron la opción de recibir una indemnización
por desvincularse de la entidad, lo cual demuestra que sí tenían otra
alternativa económica –incorporación o indemnización- y que no eran
beneficiarias del retén social.
En relación con
dicha argumentación, esta Sala considera conveniente recordar que, tal como se
dijo en las consideraciones generales de esta
providencia, la indemnización no constituye mecanismo óptimo de protección para
solventar los efectos negativos que una desvinculación laboral produce en los
servidores públicos favorecidos por el retén social.
En este sentido,
comprobado y reconocido por la entidad pública que las
peticionarias precedentemente citadas –excepto Sonia Cecilia Forero de Salcedo
y María Teresa Casanova Vera- cumplían con las condiciones requeridas para ser
incluidas en el retén social, resulta ilegítimo alegar que las mismas no pueden ser reintegradas por el hecho de haber sido
indemnizadas. La precitada Sentencia T-1167 de 2005 indicó, frente a un caso
similar en Telecom, que “en el caso de los sujetos
de especial protección constitucional las indemnizaciones que hubiera pagado la empresa en liquidación no garantizaban la protección de
los derechos fundamentales, razón por la cual se procedió  a ordenar el pago de
los salarios adeudados desde el despido de los trabajadores y en el evento en
que se hubiera pagado una indemnización se
efectuara un cruce de cuentas con las compensaciones y restituciones.
Precedente reiterado por las sentencia T-602[15] y T-726 del mismo año”; a lo cual
agregó con claridad y énfasis:
“…de
conformidad con los criterios jurisprudenciales actualmente aplicados por esta
Corporación, aun en los casos en que sujetos de especial protección han sido indemnizados con posterioridad  la terminación unilateral
del contrato de trabajo, se concede el amparo constitucional”. (Sentencia
T-1167 de 2005)
En el mismo
sentido, refiriéndose a trabajadores desvinculados de otra entidad pública, la
Sala Primera de Revisión de tutelas afirmó en la
Sentencia T-1037 de 2005 que “la indemnización no
representa una causal para denegar el amparo solicitado por las madres cabeza
de familia que desempeñaban sus labores en el INCORA ya que prevalece la
garantía de estabilidad laboral reforzada que
tiene origen en un mandato constitucional –art. 43- y permite proteger los
derechos de las personas que se encuentran en alto grado de indefensión es
decir, quienes pertenecen al grupo familiar de la madre cabeza de familia”[16].
Las reflexiones
hechas por la Sala Novena de Revisión de la Corte en la Sentencia T-1183 de
2005 ilustran con precisión la razón de ser de esta tesis.
“Esta
Corporación ha aceptado que el ejercicio de la reforma
institucional conlleva la supresión legítima de algunos empleos, respecto de
los cuales se generarán invariablemente las indemnizaciones correspondientes.
De esta manera dentro de un juicio de ponderación, el principio de estabilidad
laboral de los trabajadores y trabajadoras es
debilitado por la reestructuración de una entidad con el objetivo de cumplir
los fines esenciales del Estado.  Sin embargo, la Corte también ha señalado que
en lo que respecta al retiro del servicio de aquellos sujetos
catalogados como de “especial protección”, conlleva un ajuste de las premisas
generando la implementación de nuevos requerimientos con el objetivo de
garantizar al máximo su permanencia en el empleo.  Respecto
de estos últimos las proposiciones se invierten
y los beneficios generados por la reforma institucional dan paso a la
continuación de la relación laboral hasta tanto la entidad deje de existir,
acaezca una causal justa de despido o se pierda la calidad de sujeto de
especial protección.  Lo anterior por cuanto la
Corte reconoce que respecto de estas personas existe dificultad tangible de
conseguir un nuevo empleo y la estabilidad de su salario constituye el
parámetro esencial a partir del cual se materializan el proyecto de vida, el
mínimo vital, el libre desarrollo de la
personalidad y la seguridad social en salud y pensiones, lo cual excluye como
posible solución la entrega de la indemnización respectiva”. (Sentencia T-1183 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández)
(Subrayas fuera del original)
Así las cosas,
de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, el hecho de que las demandantes en
el proceso de esta tutela hubieran recibido indemnización por desvinculación de
sus cargos, siendo personas sujetas a la especial protección constitucional del Estado, no impide que las mismas sean beneficiadas por la orden
de reintegro.
En atención a lo
dicho, esta Sala revocará la decisión del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá mediante la cual la corporación denegó el amparo de tutela a
las peticionarias Yoneid Patricia Villa García[17], Luz Elena Enríquez Paz[18], Rosmeris del Carmen Quintero Rojas[19] y Helena del Socorro Benítez Zarama[20] y, en su lugar, ordenará el reintegro de las demandantes, en las
condiciones en que la jurisprudencia ha previsto que se haga cuando las mismas
han recibido indemnización por desvinculación.
De la
peticionaria Sonia Cecilia Forero de Salcedo ya se dijo que no cumplía los
requisitos indispensables para clasificarla como madre cabeza de familia, por
lo que la misma no será considerada en el grupo de peticionarias favorecidas por el reintegro.
Por su parte, en
el caso de María Teresa Casanova Vera, esta Sala
evidencia que, de las pruebas aportadas al expediente, aunque la misma es madre
de dos menores de edad, estos viven con su padre, por lo que la demandante no
es la exclusiva responsable de su mantenimiento. Entiende la Sala que, como lo
dice la peticionaria en su declaración notarial, el
padre de los menores se encuentra desempleado, pero las consideraciones hechas
por la jurisprudencia en torno a la manutención familiar cuando los encargados
son el padre y la madre, descarta que la peticionaria atienda de manera exclusiva las obligaciones de sus dependientes y, por
tanto, que aquella ostente la condición de madre cabeza de familia sin
alternativa económica (folios 295 y 297). En su caso, esta Sala confirmará la
decisión del Tribunal de Bogotá.
d.
Finalmente, el Tribunal Superior de
Bogotá declaró improcedente la tutela presentada por las demandantes Amine
Amalia Davis Smith[21], Yadira del Carmen Villa Mancera[22], Morelia Guzmán Fuentes[23], Amparo Lavao Araujo[24], Luz Marina Lema[25] y María Magdalena Martínez Zúñiga [26], por considerar que, aunque son madres cabeza de familia y no
cuentan con alternativa económica –en virtud de que no recibieron
indemnización- dejaron transcurrir un lapso demasiado
amplio entre la fecha de desvinculación -26 de abril de 2004- y la de
presentación de la acción de tutela -1º de julio de 2005-, lo cual implica
incumplimiento del principio de inmediatez que debe guardarse en la
presentación de esta acción.
En relación con
este punto, esta Sala encuentra que, en principio, la acción de tutela debe
presentarse en un término razonable, pues así lo exige el carácter célere y
sumario de esta vía judicial. Desde la primera sentencia en abordar la materia,
la SU-961 de 1999[27], la Corporación ha dicho que “La acción de tutela es una acción ágil y apremiante, diseñada sobre
un procedimiento urgente y veloz[28],
que permite la protección rápida de derechos fundamentales enfrentados a
afectaciones reales y actuales de magnitud tal, que el aparato jurisdiccional se
ve obligado a hacer a un lado sus tareas ordinarias, a desplazar los
procedimientos regulares que se someten a su consideración, para abordar de
manera preferente el análisis del caso planteado y así evitar la consumación
del daño que se detecta”[29]; a lo cual ha agregado:
“Sobre
esta base, no existe duda de que la acción de tutela opera sobre el escenario
de la violación, cuando ésta se cierne sobre el derecho fundamental y, por
tanto, es necesario aplicar medidas urgentes para evitar que la misma se
prolongue o se consume. La jurisprudencia constitucional ha sido consciente de
esta característica de la acción constitucional -calificada por la Corte como
‘la inmediatez’ del mecanismo de defensa- al advertir que la tutela debe
interponerse en un término razonable, dentro del cual se presuma que la
afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño
palpable[30].”
(Sentencia T-288 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
Además, en
consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha definido
lo que debe entenderse por plazo razonable. En
Sentencia T-1229 de 2000, la Corte precisó el concepto al indicar algunos
criterios determinantes para evaluarlo, a saber: i) que la inactividad del
peticionario no se encuentre validamente justificada;
ii) que se vulneren derechos de terceros o se desnaturalice el amparo
solicitado; y iii) que se configure un nexo causal suficiente entre los dos
requisitos anteriores.
En el caso concreto, esta Sala encuentra que la fecha de
desvinculación de las demandantes ocurrió el 24 de abril de 2004 y que la
acción de tutela se presentó el 28 de junio de 2005, esto es, un año y dos
meses después de la fecha de retiro. En estas circunstancias, queda a
discreción del juez considerar si tal lapso es o no razonable para solicitar el
reintegro. No obstante, en casos revisados con anterioridad por la Corte, en
donde se planteó el mismo problema jurídico -relativo a la aplicación de las normas
del retén social a servidores públicos desvinculados de sus cargos- las Salas
de Revisión han procedido a conceder el amparo respecto de demandas presentadas
dentro de lapsos similares al que ahora ocupa la atención de la Sala.
*) En sentencia
T-309 de 2005, la Sala Cuarta de Revisión de tutelas
negó la protección a una persona discapacitada que dejó pasar 13 meses antes de
presentar la tutela, con el fin de obtener su revinculación a la entidad. No
obstante, la otra razón por la cual la negó fue porque
no existía prueba suficiente de que hubiera un nexo entre la incapacidad y el
despido.
*) En sentencia
T-846 de 2005, la Corte concedió la tutela a la demandante, pese a que la misma
presentó la tutela 9 meses después de haber sido informada de la supresión del cargo.
*) En la
Sentencia T-866 de 2005, la Sala Primera concedió la tutela a una persona que
presentó la demanda un año y 4 meses después de haber sido desvinculada.
*) En Sentencia
T-1030 de 2005 la Sala Séptima concedió la tutela a una persona que demandó después de 9 meses de haber sido desvinculada.
Hecho el
anterior sumario, esta Sala de Revisión considera que, en respeto de las
decisiones precedentes de la Corte, y con el fin de garantizar un tratamiento
equitativo al caso que ahora se somete a estudio, el
hecho de que la tutela de esta referencia haya sido presentada con un año y dos
meses de diferencia desde la fecha de desvinculación no configura
incumplimiento del requisito de inmediatez exigido por la Corte.
A la
consideración anterior se suma que entre la fecha de
desvinculación y la de presentación del libelo las demandantes adelantaron
gestiones encaminadas a obtener el reintegro, así como la entidad produjo
respuestas negativas en relación con las solicitudes, circunstancia que demuestra que ese periodo no transcurrió en silencio por la sola
desidia de las peticionarias, sino porque en el mismo lapso se discutieron
cuestiones pendientes hasta cuya resolución no fue posible entablar formalmente
la demanda. En este sentido, la Sala no puede decir que
la tutela resulte improcedente porque los demandantes dejaron pasar
injustificadamente el tiempo desde que se produjo la vulneración del derecho.
Finalmente, en
relación con el último argumento esbozado por el Tribunal Superior de Bogotá para negar la tutela, según la cual, el amparo de las accionantes
es improcedente porque la demanda no fue presentada con anterioridad a la fecha
de la Sentencia SU-388 de 2005, esta Sala responde lo siguiente.
Es claro que en
la Sentencia SU-388 de 2005, la Sala Plena de la Corte
Constitucional precisó los requisitos necesarios para beneficiarse de las
medidas relativas al retén social en el caso de los servidores públicos
desvinculados Telecom. En el listado de requisitos, la Corte exigió que los servidores públicos hubieran presentado la demanda de tutela antes de la
fecha de la Sentencia SU-388 de 2005, es decir, antes del 13 de abril de 2005.
Al respecto dijo la Sentencia en cita:
8.2.-
Pues bien, en el asunto objeto de estudio la Sala considera que la medida de protección debe hacerse extensiva a todas aquellas
madres cabeza de familia que, en aplicación del límite temporal indebidamente
creado (artículo 16 del Decreto 190 de 2003 y Ley 812 de 2003), fueron
desvinculadas de Telecom a partir del 1 de febrero de
2004. En efecto, a juicio de la Corte no existe ninguna justificación para no
amparar a quienes presentaron la acción de tutela y sus asuntos no fueron
seleccionados para revisión o en todo caso fueron decididos en forma adversa a
sus pretensiones.
Lo
anterior siempre y cuando las ex trabajadoras (i) reunieren los requisitos para
permanecer en la entidad, (ii) hayan acreditado su condición de madres cabeza
de familia y Telecom hubiere reconocido dicha calidad mediante las
certificaciones correspondientes, (iii) a la fecha de esta sentencia hubieran presentado acción de
tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales y, (iv) sus procesos no se hayan seleccionado para revisión en la Corte
Constitucional o en todo caso hubieren sido resueltos
desfavorablemente. De esta manera, aquellas madres cabeza de familia que así lo
deseen, si se encuentren en las condiciones descritas, deben acudir
directamente ante el Liquidador de Telecom para solicitar su reintegro y el
pago de acreencias laborales. (Sentencia SU-388 de 2005
M.P. Clara Inés Vargas Hernández) (Subrayas fuera del original)
Del texto
jurisprudencial en cita se extrae entonces que para la concesión de la
protección de tutela, la Corte exigió que la demanda correspondiente se hubiera
presentado antes de la Sentencia SU-388 de 2005, pues no era posible que las
personas que recibieron su indemnización y no se manifestaron en contra de la
misma, reclamaran el reintegro prevalidas, ahora sí, de los argumentos de la
Corte.
No obstante, para
esta Sala, dicho requisito debe considerarse circunscrito a la producción de
los efectos inter  communis de la Sentencia SU-388/05[31], pues, en
tanto que la decisión de la Corte sólo cobijó a los trabajadores de Telecom que
se hubiesen encontrado en las mismas condiciones, no resultaba sensato ordenar
un reintegro automático de todos ellos, sino, exclusivamente, de quienes se
habían manifestado inconformes con la desvinculación, a pesar de haber recibido
la indemnización. Lo anterior se verifica al contrastar el sentido del
siguiente aparte de la sentencia, en donde la Corte explica la razón de ser de
este requisito.
Ahora
bien, la decisión de exigir que la acción de tutela se hubiere presentado antes
de la fecha de esta sentencia se explica porque algunas
madres cabeza de familia pudieron considerar que la indemnización satisfacía
sus expectativas y por lo mismo decidieron no hacer reclamo judicial alguno; y
si ello fue así ningún sentido tendría obligarlas a retornar a la entidad cuando no lo solicitaron con antelación. En consecuencia, la
decisión producirá efectos a todas las madres cabeza de familia de Telecom que
se encontraren en las circunstancias descritas anteriormente y así lo dispondrá
en la parte resolutiva de esta sentencia.
La posición de
esta Sala, de interpretar el requisito contenido en la Sentencia SU-388/05 como
circunscrito a los trabajadores de Telecom, tiene sustento, además, en el fallo
T-1183 de 2005, en donde la Sala Novena de Revisión de la Corte encontró que
los efectos de la sentencia de unificación sólo podían extenderse a los
trabajadores desvinculados de Telecom.
4.2.  Ahora bien, la tercera oposición
presentada por la entidad demandada, la cual fue finalmente acogida por el juez
de segunda instancia como factor relevante para denegar la protección de los
derechos fundamentales, consiste en la falta de oportunidad con la que la
peticionaria presentó la solicitud de amparo.  De acuerdo a este argumento, el
hecho de haber presentado la tutela nueve meses después del despido y, en todo
caso, después de proferida la sentencia SU-388 de 2005 (conforme al argumento
jurídico 8.2. de la misma) constituye razón suficiente para negar la protección
deprecada.
Tal proposición, resalta la Sala, parte de
la idea equivocada de que todos los presupuestos y subreglas contenidas en la
sentencia de unificación para las madres cabeza de familia de Telecom
despedidas el 31 de enero de 2004, pueden aplicarse sin mayor reparo a las
demás mujeres que fueron afectadas dentro del proceso de reforma
institucional.  Es cierto, tal y como se anotó, que los presupuestos teóricos y
de hecho que componen los casos tienen generosa similitud entre sí.  Sin
embargo, si el juez constitucional quería reiterar las pautas que sobre la
oportunidad temporal de la acción fueron consignadas en el precedente, debía
cotejar que los ingredientes de los dos casos coincidieran para aplicarlos por
igual.  En otros palabras, el juzgador debía responder primero a las siguientes
preguntas: ¿coinciden las fechas de despido? y ¿los lapsos temporales entre el
retiro del servicio y la fecha de expedición de la sentencia SU-388, son los
mismos?, con el objetivo de establecer si los parámetros establecidos en dicha
jurisprudencia pueden aplicarse invariablemente a este caso.
Para la Sala tales cuestiones en lugar de
justificar la negativa de amparo de los derechos fundamentales, dejan al
descubierto que la petición de la señora Avendaño Castro es legítima y merece
de atención y protección a través de la acción de tutela, tal y como se pasa a
demostrar.
En la sentencia de unificación, las madres
cabeza de familia de Telecom fueron despedidas el 31 de enero de 2004 y, de
acuerdo a lo previsto en el argumento jurídico 8.2 de esa decisión, tuvieron la
posibilidad de interponer la acción de tutela respectiva hasta el 13 de abril
de 2005.  Por su parte la accionante, madre cabeza de familia de otra entidad,
fue despedida el 10 de septiembre de 2004 y, conforme a los argumentos de la
segunda instancia, tenía una posibilidad más reducida para interponer la
acción, consistente en los ocho meses transcurridos entre su destitución y
la expedición de la sentencia SU-388 de 2005 que, como se ha repetido, estaba
dirigida solamente a las madres cabeza de familia de Telecom.
No existe ninguna razón para que se reduzca
el lapso de tiempo en el cual es posible que una madre cabeza de familia pueda
interponer la acción de tutela y pretender el reintegro respectivo.  Actuar de
esta manera constituye una vulneración del derecho a la igualdad pues se
estaría implantando una forma de protección y trato diferente de parte de las
autoridades a las trabajadoras y, en todo caso, representa una interpretación
restrictiva de los derechos fundamentales de esas mujeres. (T-1183 de 2005
Clara Inés Vargas Hernández) (Subrayas fuera del original)
En conclusión,
para esta Sala, restringiéndose los efectos del fallo SU-388/05 a los
trabajadores desvinculados de Telecom, resulta excesivo exigir el cumplimiento
de los requisitos allí señalados a servidores públicos retirados de otras
entidades, quienes por la misma razón no estuvieron en posibilidad de enterarse
del debate suscitado en la primera empresa. Lo anterior, entre otras cosas,
porque su desvinculación ocurrió con posterioridad a la que afectó a los
trabajadores de Telecom, lo que de todas formas implica una reducción del
tiempo que habrían tenido a su disposición para presentar la acción de tutela.
En consecuencia
de lo anterior, esta Sala revocará la decisión del Tribunal Superior de Bogotá
de negar la protección de amparo a Amine Amalia Davis Smith, Morelia Guzmán
Fuentes, Yadira del Carmen Villa Mancera, Amparo Lavao Araujo, Luz Marina Lema
y María Magdalena Martínez Zúñiga y, en su lugar, ordenará el reintegro de las
solicitantes, en las condiciones que han sido previstas por la jurisprudencia.
B. Expediente T-1245327
Los demandantes
del proceso de esta referencia alegan circunstancias similares a las expuestas
por los peticionarios del primer expediente. Dicen que fueron desvinculados del
SENA el 26 de abril de 2004, pese a que cumplían las condiciones para ser
calificados como padres o madres cabeza de familia, beneficiarios de las
disposiciones del retén social. Sostienen, además, que la entidad les reconoció
la calidad de madres o padres cabeza de familia, por lo que dicha condición no
pudo ser desconocida posteriormente por el SENA.
En memorial de
contestación de la demanda, el representante judicial del SENA afirmó que
muchos de los peticionarios no cumplían con las exigencias propias de las
madres o padres cabeza de familia, que otros ya habían demandado su reintegro
ante la jurisdicción ordinaria, que otros ya habían presentado demanda de
tutela por los mismos hechos y que otros habían avisado de su condición
–supuestamente acreedora del retén social- cuando ya se había adelantado el
proceso de reestructuración.
El despacho
judicial de primera instancia dedujo que algunos de los demandantes no cumplían
con las condiciones necesarias para ser catalogados
como padres o madres cabeza de familia. Respecto de otros, consideró que tal
condición sí se daba y, por ello, concedió la tutela a Esperanza Margarita
Campaña Benavides, Alex Humberto Romero Porras, Eva Hernández Wilches, Magda
Nancy Forero Neira y Marina Vélez Rengifo.
En segunda
instancia, atendiendo las razones del SENA, el Tribunal Superior de Bogotá
indicó que los peticionarios favorecidos por el reintegro en primera instancia
no probaron ante la entidad pública su condición de madres o padres cabeza de familia antes de que la entidad procediera a la
reestructuración, ya que sólo lo hicieron cuando los términos habían precluido.
A lo anterior, agregó que los demandantes no probaron el perjuicio al que se
vieron sometidos y otros ya iniciaron las acciones
ordinarias con el fin de lograr su reintegro.
En consecuencia
de lo anterior, el Tribunal de Bogotá adoptó las siguientes determinaciones:
a) Confirmó el
numeral primero de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el
que se negó la protección de tutela Héctor Augusto
Moreno Escudero, Rosiris Elena Mercado González, Yolanda Ramírez Galvis, Maria
Nelly Torres Agualimpia, Euber Bohórquez Olivero, José Jesús Gil Herrera,
Nelson de Jesús Mesa Quiroz, Jose Elías Vargas Ardila, Lina del Carmen Pascuas Charry, Aura Nydia Morán Guerrero, Omar Antonio
Sorza, pero por las razones anotadas en el fallo de segunda instancia.
b) Revocó el
numeral segundo del fallo de primera instancia, por el cual el juez de la misma
concedió la tutela a Eva Hernández Wilches, Esperanza
Margarita Campaña Benavides, Marina Vélez Rengifo, Magda Nancy Forero Neira y
Alex Humberto Porras, también de acuerdo con las previsiones hechas en la
sentencia de segundo grado.
Tal como se hizo
respecto del primer expediente sometido a estudio, esta Sala de Revisión
adelantará el análisis del contenido del fallo de segunda instancia, por ser el
definitivo en este proceso.
i)
Aunque Héctor Augusto Moreno Escudero informó a
la entidad, antes del 24 de abril de 2004, que ostentaba
la calidad de padre cabeza de familia, de la documentación anexa se deduce que
el mismo estaba casado, pues su señora –que no está incapacitada para trabajar-
y sus hijos dependían económicamente de él. En estas condiciones, en aplicación
de la jurisprudencia constitucional que informa que la
condición de padre cabeza de familia no se predica de sujetos casados cuando el
cónyuge no es incapacitado, pues el matrimonio supone que el padre o la madre
no son responsables exclusivos del hogar, el demandante no puede ser considerado padre cabeza de familia. Según la Corte,“no puede perderse de vista que el trabajo doméstico, con
independencia de quién lo realiza, constituye un valioso apoyo para la familia
a tal punto que debe ser tenido en cuenta como aporte social.[32] En esa medida, dado que existen otras formas de colaboración en el
hogar, la ausencia de un ingreso económico fijo para una persona no puede ser
utilizada por su pareja para reclamar la condición
de cabeza de familia”[33]. En su caso, esta Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá.
ii) Rosiris Elena Mercado González certifica
la existencia de un hijo menor de edad (folio 37), pero no adjunta prueba
alguna de la que pueda inferirse que la peticionaria es madre cabeza de familia
sin alternativa económica. No prueba que la persona que figura como padre del
menor en el registro civil no vele por la manutención
de su hijo o se encuentre incapacitada para trabajar. Tampoco se indica en las
pruebas si esa persona convive o no con la demandante. Para la Sala, su
condición de madre cabeza de familia sin alternativa económica no quedó demostrada en el expediente. En su caso, esta Sala
confirmará la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
iii) Eva Hernández Wilches certifica en declaración jurada ante
notario público que es responsable de su grupo familiar, compuesto únicamente por su padre y por ella (folio 47), grupo familiar que depende
exclusivamente de su sueldo. En certificación emitida por la Dirección Regional
del SENA (folio 48) se indica que el padre de la peticionaria estuvo afiliado
al servicio médico asistencial del SENA hasta el 26 de
abril de 2004. En la certificación se lee que para estar adscrito al Servicio
Médico Asistencial es requisito que se dependa económicamente del funcionario.
En la reclamación que la demandante elevó el 17 de diciembre de 2004 al SENA, luego de ser desvinculada, asegura que su padre cuenta 77 años
y está sometido a un tratamiento contra la diabetes (folio 42).
Atendiendo a la definición acogida por la Corte Constitucional para
calificar la condición de madre cabeza de familia, la peticionaria
Eva Hernández Wilches cumple los requisitos establecidos para dicha
clasificación. Ciertamente, al ser responsable económica exclusiva de su padre
de 77 años –enfermo de diabetes-, su condición encuadra en la cita
jurisprudencial según la cual, se es madre cabeza de
familia cuando “(i) (…) se tenga a cargo la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para
trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente (…)”[34].
Ahora bien, el Juzgado de instancia advirtió que, a pesar de su
condición de madre cabeza de familia, la peticionaria no tenía derecho a la
protección tutelar porque no advirtió a la entidad pública, con anterioridad a
su desvinculación, que sus condiciones personales
coincidían con las exigidas para ser calificada como madre cabeza de familia.
No obstante, en la reclamación remitida por la peticionaria el 17 de diciembre
de 2004 al SENA (folio 43), aquella asegura que la entidad conocía la situación de su padre, persona de la tercera edad y sometida a
tratamiento médico, tal como figuraba en la historia clínica del sistema.
Adicionalmente, en dicha reclamación, la peticionaria dice solicitar las
pruebas que fueron entregadas al SENA en su debido
momento previo requerimiento de la entidad y que reposan en su hoja de vida,
así como la declaración juramentada de su condición de mujer cabeza de familia.
Para la Corte, los elementos de juicio de que dispone el expediente
dejan entrever que la entidad pública conocía la
condición de mujer cabeza de familia de la peticionaria, pues, al hecho de que
la declaración extrajuicio sea del año de 2003 se suma que en su reclamación la
demandante hace alusión a documentos aportados con anterioridad al SENA, y que la entidad pública solicitó con el fin de verificar las
circunstancias personales de la demandante. Este hecho no es novedoso en el
cúmulo de casos sometidos a revisión por la Sala, en donde se evidencia que con
anterioridad a la fecha de desvinculación masiva -26 de
abril de 2004- muchos trabajadores hicieron llegar a la entidad documentación
probatoria de su condición de madre o padre cabeza de familia.
En estas condiciones, para la Sala, de los elementos de juicio
aportados se infiere que el SENA sí conocía las
condiciones particulares de Eva Hernández Wilches y, en esa medida, considera
equivocada la apreciación del Tribunal de Instancia que denegó la protección
por tal motivo. En su caso, la Sala revocará la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y, en su lugar, ordenará el reintegro de la demandante.
iv) Yolanda Ramírez Galvis no probó los requisitos para ser
considerada madre cabeza de familia. Tal como consta en la declaración rendida
ante notario de Quibdó (folio 52), la demandante, además
de tener dos hijas a su cargo, está casada y convive con su esposo. Esta
circunstancia impide reconocerle el estatus al que se ha hecho referencia, tal
como se deduce de la jurisprudencia que ha sido citada en este fallo. Recuerda
la Sala que “Así pues,
la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su
ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no
constituyen elementos a partir de los cuales pueda predicarse que una madre
tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en
su condición de madre cabeza de familia”[35]. En su caso, esta Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá.
v) María Nelly Torres Agualimpia interpuso acción de tutela que culminó con la Sentencia T-846 de 2005. La Sala
Quinta de Revisión de tutelas ordenó su reintegro al SENA, por lo que la
solicitud aquí presentada debe ser rechazada in
límine, por temeridad comprobada. En su caso, esta
Sala revocará la sentencia del Tribunal Superior de
Bogotá, para que, en lugar de declarar improcedente la solicitud, se disponga
su rechazo.
vi) Euver Bohórquez Olivero dice ser padre cabeza de familia pues
está a cargo del mantenimiento de su hija Karen Yineth Bohórquez Murcia, que vive con él, y a su otra hija, Angie Catalina Bohórquez
Prada, que vive con Julieta María Prada, su madre, ambas hijas menores de edad.
Euver Bohórquez Olivero había informado de dicha situación al Jefe de la
División de Recursos Humanos, el 16 de febrero de 2004,
tal como lo afirma en su escrito de reclamación dirigido al SENA (folio 95). En
el expediente constan actas de conciliación relativas a la regulación de los
alimentos entre el padre y las menores que no conviven con él.
Para esta Sala, la condición de padre
separado no constituye elemento suficiente para clasificar al demandante como
padre cabeza de familia sin alterativa económica. De un lado, porque la
separación en sí misma no es condición suficiente para adquirir tal estatus,
dado que la ausencia de convivencia no releva a la
madre de cumplir con sus obligaciones correlativas. A lo anterior se suma que
el demandante no probó que la madre de las menores estuviera ausente de un
hogar que, aunque escindido, sigue unido por los lazos de la solidaridad familiar. Tampoco probó que la madre de sus hijas
estuviera incapacitada para trabajar y cumplir, en esas condiciones, con sus
obligaciones familiares. En su caso, esta Sala confirmará la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá.
vii) José Jesús Gil Herrera no prueba su
condición de padre cabeza de familia. A pesar de afirmar que es responsable de
su esposa e hija menor de edad, el demandante convive con su mujer (folio 108).
Tal como lo reconoce la jurisprudencia y se ha repetido en este fallo, el aporte de la esposa constituye un apoyo –de valoración
económica- en el mantenimiento del hogar. Además, el demandante no prueba la
incapacidad que dice aquejarlo. En su caso, esta Sala confirmará la sentencia
del Tribunal Superior de Bogotá.
viii) Esperanza Margarita Campaña Benavides
no prueba su condición de madre cabeza de familia si alternativa económica. De
las pruebas aportadas al proceso se deduce que la peticionaria es titulada en
derecho, lo cual es indicativo de la idoneidad profesional de la demandante. En sentencia T-1161 de 2004 la Sala Octava de
Revisión de la Corte denegó el amparo requerido por una odontóloga que fue
desvinculada del SENA por considerar que su profesión y su edad le garantizaba
independencia económica suficiente para atender las
necesidades de su familia. En este caso, la Sala coincide con el precedente
jurisprudencial y considera que la profesión de que es titulada la demandante,
que le permite litigar de manera independiente, sin necesidad de estar
vinculada a una entidad pública, aunada a su edad -39-,
impide considerarla como madre cabeza de familia sin alternativa económica. En su caso, esta
Sala confirmará la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, pero por la razón
aquí anotada.
ix) Alex Humberto Romero Porras dice ser
padre cabeza de familia porque es el exclusivo encargado del sostenimiento de
su hijo menor de edad. Dice que Diana Marcela Rodríguez, que se presume ser la
madre del menor, no vive con ellos.
No obstante, en comunicación remitida a la Secretaría Regional del SENA el 16 de abril de 2004, fecha en que fue
desvinculado del cargo, el demandante asegura que remite los documentos que
certifican su caso, pues desconocía tal requerimiento (folio 131).
En relación con esta afirmación, la Sala coincide con el Tribunal Superior en el sentido de que si la entidad
pública desconocía la condición de padre cabeza de familia del empleado, no
puede exigírsele haber dado aplicación a las normas del retén social y
conservarlo en una planta de personal modificada. En
realidad, el informe tardío de su condición de padre cabeza de familia descarta
la posibilidad de que la entidad pública haya dispuesto su desvinculación en
desconocimiento de la especial protección estatal que brindó el retén social.
Para la Sala, esta razón hace improcedente la tutela en
el caso de Alex Humberto Romero Porras. En su caso, esta Sala confirmará la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
x) Nelson de Jesús Mesa Quiroz no probó su condición de padre cabeza
de familia, pues está casado y convive con su esposa.
De sus dos hijas, solo una es menor de edad (folio 139). En aplicación de los
criterios jurisprudenciales previamente indicados, la circunstancia de convivir
con su esposa implica que el sostenimiento del hogar no es responsabilidad suya exclusiva. Por demás, tal como se evidencia en el
memorial de reclamo que Mesa Quiroz dirigió al SENA el 3 de mayo de 2004, aquél
obtuvo un título profesional en Administración de Desarrollo Agroindustrial
(folio 138), lo cual demuestra su idoneidad profesional
y hace presumir que está en capacidad de subsistir con el ejercicio de la
misma. En su caso, esta Sala confirmará la sentencia del Tribunal Superior de
Bogotá.
xi) José Elías Vargas Ardila no probó su condición de padre cabeza
de familia, pues, a pesar de que es responsable del
sostenimiento de sus hijos menores de edad, el mantenimiento del hogar se
encuentra repartido entre él y su esposa María del Pilar Muñoz Román (folio
165). En consecuencia, la Sala aplicará el criterio indicado de que la simple inactividad del cónyuge no es suficiente para predicar
la condición de padre cabeza de familia del otro cónyuge. Se repite que “la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la
pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de
los cuales pueda predicarse que una madre tiene la responsabilidad exclusiva
del hogar en su condición de madre cabeza de familia”[36]. En su caso, esta Sala confirmará la
sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
xii) Omar Antonio Sorza dice tener la
condición de padre cabeza de familia pues a pesar de que su hija es mayor de
edad, esta sufre una discapacidad. Dice que no convive con la madre de la
menor, de quien se separó y que vela por el mantenimiento de su hija. Aunque el
Tribunal de Bogotá denegó la protección por el hecho de que la simple
separación no es requisito para constituir la condición de padre cabeza de
familia, pues los cónyuges siguen comprometidos con el cuidado y el
mantenimiento de los hijos discapacitados, la Sala encuentra que la hija del
peticionario padece un retraso mental severo que demanda atención en las
actividades del diario vivir (folio 187). La hija del actor tiene una
incapacidad del 76.55%, lo que indica que requiere de atención constante por
parte de terceros. En el memorial de impugnación, el apoderado judicial del
demandante precisa que la ausencia de la madre de la joven discapacitada es
permanente, por lo que se acredita la condición alegada. De esta circunstancia,
la Corte encuentra aplicable el criterio esbozado en la Sentencia SU-389 de
2005, en donde la Corporación sostuvo que la calidad de padre cabeza de familia
se adquiere con el siguiente requisito, aunado al de falta de alternativa
económica: “Que sus hijos propios, menores o mayores discapacitados, estén a
su cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente sea
una persona que les  brinda el cuidado y el amor que los niños requieran para
un adecuado desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, cuidado y
manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo
de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por
inasistencia de tales compromisos”[37].
A juicio de la Sala, el caso del
peticionario de esta referencia merece especial atención pues, aunque en
oportunidades pasadas se ha dicho que la simple separación no confiere la
calidad de padre cabeza de familia, es claro que en este evento la separación
se vincula a una ausencia permanente de la madre, a lo cual se agrega una
evidente y certificada condición de incapacidad de la hija del solicitante, que
por sus condiciones de retraso mental requiere atención constante para la
realización de las actividades del diario vivir. En estas circunstancias,
atendiendo a la situación particularísima del peticionario, a sus condiciones
de vida, la Sala considera que está demostrada su calidad de padre cabeza de
familia.
Adicionalmente, del escrito de reclamación
remitido el 18 de enero de 2005 al SENA se tienen que el peticionario informó a
la entidad su condición de padre cabeza de familia cuando se adelantaba el
proceso de reestructuración (folio 178), lo que, respecto de Omar Antonio
Sorza, no se desmiente en la contestación de la demanda.
Por las razones previas, la Sala revocará
la decisión del Tribunal y ordenará el reintegro del demandante, en las
condiciones previstas por la jurisprudencia.
xiii) Magda Nancy Forero Neira sostiene que
es madre cabeza de familia. Dice que aunque su hija es mayor de edad, responde
por su madre, de 71 años, que padece de cáncer de piel, entre otras dolencias
–hipertensión y osteoporosis- y no recibe pensión por concepto alguno, por lo
que depende en su totalidad del salario que devenga. En memorial remitido el 17
de enero de 2006 a la Sala Sexta de Revisión, la peticionaria afirma que
durante el lapso que fue revinculada al SENA debió atender un tratamiento de
Crioterapia para el cáncer de piel de su madre.
A juicio de esta Sala, la circunstancia de
que la peticionaria esté a cargo de su madre, que por su edad y enfermedades
(certificadas en el expediente) la clasifican como persona incapacitada,
justifica el reconocimiento de la calidad de madre cabeza de familia, pues,
como lo dice la Corte en la Sentencia de unificación, dicha calidad se adquiere
cuando la mujer “tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de
otras personas incapacitadas para trabajar”.
Por las razones previas, la Sala revocará
la decisión del Tribunal y ordenará el reintegro de la demandante, en las
condiciones previstas por la jurisprudencia.
xiv) Marina Vélez Rengifo dice ser madre
cabeza de familia porque de ella dependen su padre -85 años-, su madre -76
años-, que sufren de enfermedades cardiovasculares severas, y dos sobrinas
menores de edad abandonadas por su madre a muy corta edad. Advierte que su
familia depende por completo de ella y que sus padres han tenido que someterse
a tratamientos médicos permanentes que se han visto afectados por su
desvinculación. Señala que es soltera.
En su caso, y con mayor razón que la que le
fue reconocida a la peticionaria  Magda Nancy Forero Neira, esta Sala considera
que la demandante probó su condición de madre cabeza de familia, dado que la
misma es núcleo y soporte exclusivo de su hogar, compuesto por dos menores de
edad y dos mayores de edad incapacitados.
Por las razones previas, la Sala revocará
la decisión del Tribunal y ordenará el reintegro de la demandante, en las
condiciones previstas por la jurisprudencia.
xv) Lina del Carmen Pascuas Charry no
prueba su condición de madre cabeza de familia, pues, aunque se encuentra
desempleado, su esposo vive con ella (folio 220) y no está probado que se
encuentre incapacitado para laborar. La Sala reitera nuevamente que la
convivencia con el esposo implica un apoyo de valoración económica que
desvirtúa la condición de madre cabeza de familia. En su caso, esta Sala confirmará
la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
xvi) Aura Nydia Morán Guerrero no prueba su
condición de madre cabeza de familia pues aunque la misma es separada, sus
hijos dos hijos, nacidos en 1979 y 1980 no eran menores de edad para cuando
ocurrió la desvinculación. En su caso, esta Sala confirmará la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá.
En consecuencia
de lo anterior, esta Sala considera que Héctor Augusto Moreno Escudero, Rosiris
Elena Mercado González,
Yolanda Ramírez Galvis, Euver
Bohórquez Olivero, Nelson de Jesús Mesa Quiroz, José Elías Vargas Ardila, José Jesús Gil
Herrera, Alex Humberto Romero
Porras, Esperanza Margarita
Campaña Benavides, Lina del Carmen Pascuas Charry y Aura Nydia Morán Guerrero
no probaron los requisitos para ser considerados como padres o madres cabeza de familia, razón suficiente
para denegar la protección de tutela y motivo para confirmar la decisión del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que procedió de esta forma.
En relación con
Maria Nelly Torres Agualimpia, la decisión de segunda instancia debe ser
revocada, y en su lugar, se rechazará la petición por temeridad (Decreto 2591
de 1991, art.38)
Finalmente, en
relación con Eva Hernández Wilches, Omar Antonio Sorza,
Marina Vélez Rengifo, y Magda
Nancy Forero Neira, esta
Corporación revocará la decisión de instancia y ordenará reintegrar a los
demandantes, de conformidad con las consideraciones hechas en la parte
pertinente de esta providencia.
8. Decisión de
la Sala
Atendiendo a las
consideraciones previas, esta Sala adoptará las siguientes decisiones:
-Expediente T-1217371
En este proceso,
tanto la primera como la segunda instancia denegaron la protección solicitada
por los peticionarios. No obstante, encontrado que los siguientes peticionarios probaron ser
titulares de los beneficios derivados del retén social en el proceso de
reestructuración del SENA, la Sala revocará la decisión de segunda instancia
por la cual el Tribunal Superior de Bogotá decidió confirmar la denegación de la primera.
En consecuencia,
en relación con los demandantes Sonia Cecilia Forero de Salcedo, Luz Dary
Gutiérrez Moreno, María Victoria Betancur Uribe, Nubia Rosa Roys Escudero,
Mireya del Carmen Quintero, Stella Santacruz Nates y María Teresa Casanova Vera, la Sala confirmará la decisión de instancia
adoptada mediante sentencia del 6 de septiembre de 2005, por la cual se negó el
amparo requerido.
Por el otro lado,
la Sala revocará la decisión del Tribunal Superior de Bogotá mediante la cual se negó la protección tutelar a los
demandantes Amine Amalia Davis Smith, Yoneid Patricia Villa García, Morelia
Guzmán Fuentes, Yadira del Carmen Villa Mancera, Luz Elena Enríquez Paz, Rosmeris del Carmen Quintero Rojas, Amparo
Lavao Araujo, Helena del Socorro Benítez Zarama, Luz Marina Lema y María
Magdalena Martínez Zúñiga y, en su lugar, concederá el amparo solicitado. Las
razones son las anotadas en el texto de esta providencia.
Ahora bien, al
conceder la tutela a los demandantes indicados, la Sala
ordenará su reintegro a la entidad demandada, en las condiciones previstas por
la jurisprudencia, esto es, sin solución de continuidad desde la fecha en la
cual fueron desvinculados de la entidad, con el reconocimiento de los salarios
y prestaciones sociales que dejaron de percibir y “hasta tanto la entidad deje de existir, acaezca una causal justa de
despido o se pierda la calidad de sujeto de especial protección”[38], como expresamente lo ha dicho la Corte.
Como quedará expresamente consignado en la parte resolutiva de esta
providencia, los demandantes favorecidos por esta decisión deberán manifestar
su voluntad de ser reintegrados, pues es posible que, a la fecha, alguno de
ellos considere que dadas sus circunstancias actuales
no está interesado en esa opción.
Ahora bien, como
algunos de los demandantes fueron indemnizados, la jurisprudencia ha
establecido que el reconocimiento de los salarios y prestaciones a las cuales
tuvieron derecho pueden compensarse con dicha
indemnización, de manera que la entidad puede cobrar los saldos a favor que
resulten de la diferencia, pero mediando un programa de facilidades de pago que
garantice la subsistencia digna de los empleados y sus familias.
-Expediente T-1245327
En el proceso de
esta referencia, el juez de primera instancia concedió el amparo de tutela a
cinco peticionarios, pero el Tribunal de segunda instancia revocó dicha
concesión y denegó el amparo de tutela respecto de los mismos, al tiempo que confirmó la negativa en relación con los
demás actores.
En consecuencia,
atendiendo a las consideraciones de esta providencia, esta Sala confirmará la
sentencia del Tribunal, en cuanto negó la tutela presentada por Héctor Augusto Moreno Escudero, Rosiris Elena Mercado González, Yolanda Ramírez Galvis, Euver Bohórquez Olivero,
Nelson de Jesús Mesa Quiroz, José Elías Vargas Ardila, José Jesús Gil
Herrera, Alex Humberto Romero
Porras, Esperanza Margarita
Campaña Benavides, Lina del Carmen Pascuas Charry y Aura Nydia Morán Guerrero, pero por las razones
aquí anotadas.
De lo anterior se
deduce que la Sala revocará la decisión del Tribunal Superior de Bogotá,
adoptada por sentencia del 11 de octubre de 2005, mediante la cual se negó la
petición de tutela de los demandantes Eva Hernández Wilches, Omar Antonio Sorza, Marina Vélez Rengifo, y Magda Nancy Forero Neira y, en su lugar, concederá el amparo
requerido
Así mismo, la
Sala revoca la decisión de denegar la protección de tutela solicitada por Maria
Nelly Torres Agualimpia, y, en su lugar, rechazará la demanda por
temeridad.
Al conceder la
tutela a los peticionarios indicados, la Sala procederá de la misma forma que
lo hizo en relación con el otro expediente puesto a su consideración.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión  de la Corte
Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R
E S U E L V E
PRIMERO.- En el expediente T-1217371, CONFIRMAR la
sentencia del 6 de septiembre de 2005, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se
confirmó la providencia del 25 de julio de 2005, dictada por el Juzgado 37
Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto denegó la protección tutelar a los
demandantes Sonia Cecilia Forero de Salcedo, Luz Dary
Gutiérrez Moreno, María Victoria Betancur Uribe, Nubia Rosa Roys Escudero,
Mireya del Carmen Quintero, Stella Santacruz Nates y María Teresa Casanova
Vera.
SEGUNDO.- En el expediente T-1217371, REVOCAR la
sentencia del 6 de septiembre de 2005, proferida por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se confirmó
la providencia del 25 de julio de 2005, dictada por el Juzgado 37 Penal del
Circuito de Bogotá, en cuanto que negó la protección a los demandantes Amine Amalia Davis Smith, Yoneid Patricia Villa García, Morelia Guzmán
Fuentes, Yadira del Carmen Villa Mancera, Luz Elena Enríquez Paz, Rosmeris del
Carmen Quintero Rojas, Amparo Lavao Araujo, Elena del Socorro Benítez Zarama,
Luz Marina Lema y María Magdalena Martínez Zúñiga y, en
su lugar, CONCEDER la
protección solicitada por éstas.
TERCERO.- En el expediente T-1245327, CONFIRMAR
la sentencia del 11 de octubre de 2005, dictada por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, que resolvió la impugnación interpuesta contra la
providencia del 16 de agosto de 2005, emitida por el Juzgado Catorce Penal del
Circuito de Bogotá, en cuanto negó la protección solicitada por Héctor Augusto
Moreno Escudero, Rosiris Elena Mercado González, Yolanda Ramírez Galvis, Euver Bohórquez Olivero, Nelson de Jesús Mesa Quiroz, José Elías Vargas Ardila, José Jesús Gil Herrera, Alex Humberto Romero Porras, Esperanza Margarita Campaña Benavides,
Lina del Carmen Pascuas Charry y Aura Nydia Morán Guerrero, pero por las
razones aquí anotadas.
CUARTO.- En el expediente T-1245327, REVOCAR la sentencia del 11 de
octubre de 2005, dictada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, que resolvió la impugnación interpuesta contra la providencia del 16 de
agosto de 2005, emitida por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá, en
cuanto negó la protección solicitada por Eva Hernández Wilches, Omar Antonio Sorza, Marina
Vélez Rengifo, y Magda Nancy
Forero Neira y, en su lugar, CONCEDER la protección solicitada por éstos.
QUINTO.- En el expediente T-1245327, REVOCAR la
sentencia del 11 de octubre de 2005, dictada por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, que resolvió la impugnación interpuesta contra la
providencia del 16 de agosto de 2005, emitida por el Juzgado Catorce Penal del
Circuito de Bogotá, y que declaró improcedente la protección solicitada por
Maria Nelly Torres Agualimpia, y, en su lugar, RECHAZAR la demanda por
temeridad.
SEXTO.- En relación los expedientes T-1217371 y T-1245327, ORDENAR
a la Dirección del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- que adopte las
decisiones pertinentes para que, en el término de cinco (5) días hábiles,
contados a partir del día siguiente al que manifiesten su voluntad de ser
reintegrados a la empresa, REINTEGRE a cargos de categoría equivalente a
los que ocupaban antes de ser desvinculados a los demandantes mencionados
en los numerales SEGUNDO y CUARTO de la parte resolutiva de esta
providencia.
SEPTIMO.- ORDENAR que el reintegro de los demandantes citados en los
numerales SEGUNDO y CUARTO de la parte resolutiva de esta
providencia se haga sin solución de continuidad, de manera que se les
reconozcan los salarios y prestaciones dejados de percibir desde su
desvinculación de la entidad.
OCTAVO.- AUTORIZAR al SENA para que adelante el cruce de cuentas y
compensaciones respecto de los servidores públicos que, desvinculados, deben
ser reintegrados por disposición de esta providencia, y que recibieron
indemnización al momento de su retiro. En este procedimiento, el SENA ofrecerá facilidades de pago a los servidores que deban hacer
restituciones producto de la diferencia entre la suma recibida a título de
indemnización y la que les corresponde por concepto de salarios y prestaciones
sociales, de manera que  se garantice la subsistencia
digna de los empleados y sus familias.
NOVENO.- Para garantizar la efectividad
de la acción de tutela, ORDENAR a los Juzgados 37 Penal del Circuito y 14 Penal del Circuito de
Bogotá que notifiquen el contenido de esta sentencia a los demandantes citados en los numerales SEGUNDO
y CUARTO de la parte resolutiva de esta providencia, con el fin de que los
mismos se acerquen a la entidad pública para manifestar su intención de ser
reintegrados.
DECIMO.- Los demandantes citados en los
numerales SEGUNDO y CUARTO de la parte resolutiva de esta
providencia contarán con quince (15) días hábiles, contados a partir de la
notificación a que se refiere el numeral NOVENO de esta decisión, para manifestar ante el SENA
su voluntad de ser reintegrados.
UNDÉCIMO.- Por Secretaría, líbrense las
comunicaciones ordinarias previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y Cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR
GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Sentencia C-1039 de 2003 M.P. Alfredo
Beltrán Sierra
[2] Cfr. Sentencias T-792 de 2004, T-876 de 2004,
T-964 de 2004 y T-925 de 2004.
[3] Sentencia SU-388 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[4] Sentencia T-726 de 2005 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa
[5] Sentencia T-773 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[6] Sentencia T-1183 de 2005 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández
[7] Ver sentencias T-792, T-925 y T-964 de 2004
[8] Al respecto se expresó en la sentencia:
“En este sentido, pese a que según las
normas que regulan el proceso de liquidación de la empresa, se consagró el pago
de las indemnizaciones a que tienen derecho las personas que resultaran
desvinculadas de la entidad como consecuencia de la supresión de la misma, esta
Sala considera que con el pago de una indemnización, en este caso, no se
garantiza la protección de los derechos fundamentales del actor, en la medida
en que éste es un sujeto constitucionalmente protegido de manera especial al
cual no se le debe dar el mismo trato que  a los demás trabajadores en un
proceso de reestructuración” (f. j. 2.2.)
[9]  Vid. Supra 3.3.
[10] Sentencia T-834 de 2005 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández
[11] Sentencia SU-388 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[12] Cfr. Sentencia T-494 de 1992, MP. Ciro Angarita Barón.
[13] Sobre este particular, la Corte en la sentencia T-925 de 2004
sostuvo “aunque  en el mismo artículo se incluye un parágrafo en el que se
indica que  la mujer deberá declarar ante notario dicha situación, tanto cuando
la adquiera como cuando  la pierda, para efectos de  prueba, no es una
condición que dependa de una formalidad jurídica”
[14] Para los
efectos del presente proceso resulta relevante recordar que la jurisprudencia
de la Corte ha precisado que la protección constitucional estatuida en el artículo 44 C.P. en favor
de los "niños" ha de entenderse referida a todo menor de dieciocho
años. Así lo explicó esta
Corporación  en la Sentencia C-092 de 2002, en la que examinó el alcance de las
expresiones  niño, adolescente y menor, a que alude
la Constitución en diferentes artículos, así como a las referencias que a ellos
se hacen en los instrumentos internacionales y en la legislación nacional y
concluyó que en Colombia, los adolescentes gozan de los mismos privilegios y
derechos fundamentales que los niños y  que  en este sentido todo menor
de 18 años tiene derecho a la protección  superior establecida en la Carta.  La
Corte ha reiterado esta doctrina entre otras en las Sentencias C-247 de 2004,
T015 de 2004 y T-853 de 2004.
[15] Al respecto se expresó en la sentencia:
“En este sentido, pese a que según las
normas que regulan el proceso de liquidación de la empresa, se consagró el pago
de las indemnizaciones a que tienen derecho las personas que resultaran
desvinculadas de la entidad como consecuencia de la supresión de la misma, esta
Sala considera que con el pago de una indemnización, en este caso, no se
garantiza la protección de los derechos fundamentales del actor, en la medida
en que éste es un sujeto constitucionalmente protegido de manera especial al
cual no se le debe dar el mismo trato que  a los demás trabajadores en un
proceso de reestructuración” (f. j. 2.2.)
[16] Sentencia T-1037 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería
[17] Declaración extrajuicio. Folio 42. No
convive con su compañero. Dio a conocer su condición de madre cabeza de familia
el 3 de junio de 2003.
[18] Reconocida como madre cabeza de familia por memorando del
Coordinador de Recursos Humanos. 28 de aril de 2003. Folio 91.
[19] Reconocida calidad de madre cabeza de
familia en listado del SENA. Folio 117 y 118
[20] Calidad de madre cabeza de familia
reconocida por el Coordinador de Recursos Humanos. Folio 183 y 200
[21] Reconocido estatus de madre cabeza de
familia por el Coordinador del Grupo de Recursos Humanos, el 23 de abril de
2003. Folio 28
[22] Calidad de madre cabeza de familia
reconocida por la Dirección Nacional de Recursos Humanos. Folio 72
[23] Calidad de madre cabeza de familia
reconocida por la Dirección Nacional de Recursos Humanos. Folio 55
[24] Informó calidad de madre cabeza de
familia el 14 de mayo de 2003.
[25] Informó estatus de madre cabeza de familia el 29 de marzo de 2004
folio 206
[26] Informó calidad de madre cabeza de
familia el 18 de abril de 2003 Folio 253. Única responsable del hogar.
[27] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[28] Según
el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario de defensa que tiene por finalidad la protección preferente e
inmediata, mediante un procedimiento sumario, de los derechos fundamentales
constitucionales. Del mismo modo, el artículo constitucional advierte que el fallo
será de inmediato cumplimiento y que la tutela podrá invocarse como mecanismo
transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Para enfatizar su carácter sumario, el
inciso cuarto del artículo 86 superior advierte que en ningún caso podrán
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
Adicionalmente,
el artículo 3º del Decreto 2591 de 1991 señala que el trámite de la acción de
tutela se desarrollará –entre otros- con arreglo a los principios de economía, celeridad y eficacia, al tiempo
que el artículo 15 del mismo estatuto advierte que el trámite de la tutela es
preferencial, por lo que la misma deberá sustanciarse con prelación, para lo
cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente que se halle en
turno, salvo el habeas corpus. La norma advierte, inmediatamente después, que
los plazos para la resolución de la tutela serán perentorios e improrrogables.
En la misma línea, el artículo 19 del Decreto 2591 de
1991 indica que al recibir la demanda, el juez podrá requerir informes a la
autoridad contra quien se presente la solicitud y podrá pedir la documentación
en donde consten los antecedentes del asunto puesto a su consideración. La Ley
señala que el término de presentación de dichos informes es de sólo tres días,
y se fijará según sean la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los
medios de comunicación. La rapidez con que se ordena surtir el trámite de la
tutela permite que, incluso, como lo autoriza el artículo 22 del mismo Decreto,
el juez pueda decidir el caso cuando haya llegado al convencimiento necesario
sobre la violación del derecho fundamental, sin necesidad de pedir las pruebas
solicitadas.
Adicionalmente, el artículo 27 del Decreto 2591 de
1991 prescribe que frente al fallo de tutela la autoridad tiene la
responsabilidad de darle cumplimiento inmediato o “sin demora”, como lo
indica literalmente la disposición jurídica; de modo que si dentro de las 48
horas siguientes se omite el cumplimiento de la providencia “el juez se
dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y
abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras
cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere
procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para
el cabal cumplimiento del mismo” (Art. 27).
[29] Sentencia T-288 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[30] Lo anterior en nada pugna con el
principio según el cual, la acción de tutela puede interponerse en cualquier
tiempo y no tendrá término de caducidad, pues el hecho de que la tutela no
pueda rechazarse por el simple paso del tiempo no significa que al analizar la
vulneración del derecho fundamental el juez considere que el daño ya no es
actual o que el perjuicio no es inminente. Así lo reconoce la jurisprudencia
constitucional desde la Sentencia SU-961 de 1999.
[31] “Por último, en la Sentencia SU-388 de 2005, la Sala Plena
determinó que, por excepción, los efectos del fallo serían ínter communis. Con
ello quedaron cobijados dentro de sus efectos todos aquellos casos de madres
cabeza de familia desvinculadas de Telecom en aplicación del Decreto 190 de
2003 y la Ley 812 de 2003, pudiendo solicitar el cumplimiento de la sentencia
frente a sus situaciones particulares pese no haber sido parte de la acción de
tutela.” Sentencia T-546 de 2005 M.P. Jaime Araújo
Rentería
[32] Cfr. Sentencia T-494 de 1992, MP. Ciro Angarita Barón.
[33]
Sentencia SU-388 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[34] Sentencia SU-388 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[35]
Sentencia SU-388 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[36]
Sentencia SU-388 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[37] Sentencia SU-389 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería
[38] Sentencia T-1183 de 2005 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández