C-761-09
Sentencia C-761/09
Sentencia
C-761/09
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Inescindible unidad que impone demanda conjunta de disposiciones
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Consideración
de disposiciones en conjunto como presupuesto indispensable
ACCION
PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
La acción de
inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, de carácter
público, destinada a provocar que la Corte constitucional, como máximo órgano
de la jurisdicción constitucional, produzca una sentencia con efectos de cosa
juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado
con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso
de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano
representativo legislativo. La demanda debe incluir, conforme a lo previsto en
el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, todas las normas que deberían ser
acusadas para que el fallo no sea inocuo, además de reunir los requisitos previstos
en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, que dispone las exigencias básicas
de la demanda, que no son otras que la definición del objeto demandado, el concepto
de la violación y la razón por la cual la
Corte es competente para conocer del asunto.
INTEGRACION DE LA
UNIDAD NORMATIVA-Significados
La
integración normativa posee tres significados, a saber: a) Es la realización de
un deber de quien participa en el debate democrático, a través de la acción de
inconstitucionalidad de que trata el art. 241 CP, consistente en la
identificación completa del objeto demandado, que incluye todos los elementos
que hacen parte de una unidad indisoluble creada por el Derecho. b) Es un
mecanismo que hace más efectivo el control ciudadano a las decisiones del legislador.
c) Y es, finalmente, una garantía que opera a favor de la coherencia del orden
jurídico, pues su conformación determina que el poder del juez constitucional
para resolver un asunto en sus problemas jurídicos sustanciales, pueda
efectuarse sobre todos los elementos que estructuran una determinada
construcción jurídica.
INTEGRACION DE LA
UNIDAD NORMATIVA-Eventos en que procede
UNIDAD NORMATIVA-No integración
Si bien el actor
reclama la inexequibilidad del artículo 7º de la ley 84 de 1989, al formular
dicha solicitud lo que en definitiva se propone es que desde el ordenamiento se
prohíban y por tanto sancionen, por presumirse actos crueles, prácticas con
animales directamente relacionadas con el rejoneo, coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas y riñas de
gallos; sin embargo, la Corte observa que algunas de estas actividades han sido
contempladas en otros estatutos jurídicos, con los cuales no sólo se autorizan
como actividades privadas, sino que también se instituyen como bienes de
interés cultural o semejantes, que por tanto envuelven actividades públicas, de
modo que un pronunciamiento sobre el precepto acusado, sin considerar las
previsiones normativas contempladas en aquellas disposiciones, tendría como
resultado o bien una decisión inocua o bien un pronunciamiento con el cual se
causa una ruptura de la coherencia propia del sistema jurídico, por lo se hacía
ostensible en el presente asunto la figura de la unidad normativa, que al no
haberse integrado, siendo deber del demandante integrarla y no del juez
constitucional, es necesario declararse inhibida para resolver de fondo.
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento
de requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los
cargos
Referencia: expediente
D-7683
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección
de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia”.
Actor: Óscar
Andrés Acosta Ramos
Magistrado Ponente:
Dr. JUAN
CARLOS HENAO PEREZ
Bogotá D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil nueve (2009).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA[1]
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad el ciudadano      Óscar Andrés Acosta Ramos presentó
demanda contra el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta
el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas
contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad,
previo concepto del Procurador General de la
Nación,  la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la
referencia.
II.  TEXTO  DE  LA
NORMA  DEMANDADA
A continuación se transcribe el
texto de la norma demandada:
“LEY
84 DE 1989
(Diciembre
27)
Por
la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean
unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA,
(…)
Artículo 7.
Quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1o. y en los literales a), d),
e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros,
novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y
los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
III. LA
DEMANDA
Para el demandante, el precepto
atacado vulnera lo establecido en los artículos 16, 22, 79 y 95-1 de la
Constitución Política.
En cuanto al artículo 16 superior,
explica el actor que el libre desarrollo de la personalidad tiene dos límites:
los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. En su criterio, todo
espectáculo que impone sanguinariamente la supremacía humana sobre la animal de
manera cruel, despiadada y cobarde, por simple diversión, no hace más que
avergonzar de su condición humana a las demás personas que no comparten ni
asisten a este tipo de espectáculos, que además deben soportar que una minoría
torture hasta la muerte a animales indefensos mediante el atravesamiento de
espadas.
Añade el demandante: “… el
asesinato morboso de estos animales es un acto que ofende la naturaleza de
cualquier ser humano decente y consciente de que el dolor también lo padecen
los animales. Los actos de tortura y muerte del toro y demás animales descritos
en la excepción, como actividad que para unos constituye libre desarrollo de la
personalidad, choca y traspasa los límites del derecho de los demás a un
ambiente sano, sin violencia, ni apología de ella contra los animales”.
(Folio 2 de la demanda).
Considera el actor que la norma
demandada incluye excepciones inexplicables que ofenden el sentido común y que
responden a argumentos fútiles que pretenden disfrazar de espectáculo cultural
y sano a un acto censurable que promueve el derramamiento de sangre, la
crueldad, la tortura y la muerte. Propone el accionante prohibir el acto final
de muerte al toro mediante la espada, así como el clavamiento en carne viva de
banderillas y la picada que hace un hombre desde un caballo con toda la saña e
inconsciencia.
En relación con el artículo 22 de
la Carta Política, considera el actor que la tortura y la muerte con sevicia
de animales constituye una afrenta al derecho a la paz. En su criterio,
celebrar el suplicio físico y la muerte por diversión de animales indefensos
ante el poder humano, es una crueldad indescriptible.
Añade que la excepción prevista
en la norma demandada corresponde a una cruel burla mediante la cual se premia
y promociona la tortura, la muerte y la sed de sangre de animales que en nada
dañan al hombre.
En relación con el artículo 79 de
la Carta Política, el demandante explica que el ambiente además de comprender
el entorno ambiental abarca lo social y cultural; así entendido, corresponde a
las circunstancias que rodean a todos los ciudadanos dentro de las cuales se
garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar
el ambiente natural. En este orden, añade el actor, las corridas de toros como
espectáculo cultural atentan contra el ambiente social debido al maltrato y
muerte de un animal de manera sanguinaria, por simple diversión, siendo ello
apología de la violencia, celebrada y aplaudida por un público que no
representa ni constituye la mayoría de los ciudadanos. Explica que quienes no
asisten a estos eventos no pueden gozar de un ambiente sano por cuanto en su
misma ciudad y país, conocen que en determinados lugares está permitida la
apología de la violencia contra seres inconscientes sentenciados a una cruel
tortura y muerte para la diversión morbosa de una minoría.
En concepto del demandante, en el
espectáculo taurino se tortura y se mata a seres sensibles al dolor, sólo para
que unas personas se diviertan mientras se atraviesa con un metal agudo las
viseras de un animal vivo deliberadamente exhausto e indefenso, mientras quien
lo sacrifica se siente orgulloso de un acto cobarde  por el cual es aplaudido y
llevado en hombros.
Agrega: “Muchas veces el
animal se demora en morir y estos individuos, más para salvar su honor, que por
evitar la agonía del animal, le clavan un cuchillo en la nuca o `descabello´
que a su vez, puede no resultar, multiplicando hasta el infinito el indecible
dolor de estos animales. Todo esto sin contar con la tortura previa clavándoles
banderillas, o `picándolos por un hombre montado en un caballo quien, como si
tuviera un rencor personal contra el animal, busca abrirle la piel con una
lanza con punta metálica con un frenesí que lo hace ver ridículo”. (Folio 5
de la demanda).
En cuanto al
artículo 95 de la Carta Política, explica el actor que al interior de las
plazas de toros se presentan las mayores crueldades, barbaridades y atrocidades
contra los animales por parte de personas que no son conscientes de que los
animales también sienten dolor como los seres humanos.
El demandante
narra que el toro es artificialmente provocado para causar su agresividad,
mediante instrumentos punzantes que le son clavados en carne viva de manera
repetida y sistemática, picadas en su lomo descubierto que le provocan
derramamiento de sangre, dolor, excitación y cansancio para llevarlo al final a
ser atravesado por una espada larga que desgarra sus órganos internos
provocando convulsiones y dolor mientras varios hombres lo persiguen para que
caiga mas rápido, mientras el movimiento de la espada desgarra mas sus órganos
internos. En criterio del actor, quienes realizan estas conductas abusan de sus
derechos y atentan contra un entorno natural sano que comprende el equilibrio
armónico entre los recursos naturales vivos y no vivos.
El demandante
recuerda que para la legislación civil los animales son cosas de propiedad del
humano, como ocurre con los muebles o los vehículos, pero, según él, un animal
como ser vivo, con sentidos (visión, olfato, nervios, sensibilidad al dolor y
susceptibilidad a la enfermedad), comporta una naturaleza diferente de los
objetos no vivos que debe ser tenida en cuenta.
Concluye que
quienes participan de las corridas de toros no respetan los derechos ajenos,
atentan contra la dignidad humana, no contribuyen con el adecuado y sano
desarrollo cultural, atentan contra los derechos de los animales y el derecho a
la paz, entendido como un deber de obligatorio cumplimiento que impone evitar
la apología de la violencia.
IV.
INTERVENCIONES
1. La Comisión Colombiana de Juristas
La Comisión Colombiana de Juristas presentó
excusas, por cuanto los compromisos asumidos previamente le impidieron
presentar su concepto en el presente caso. (folio 67 del expediente).
2. Unión de
toreros de Colombia –UNDETOC-
El
representante de UNDETOC solicita a la Corte que se declare inhibida para
decidir, por considerar que la norma demandada fue derogada por el artículo 86
de la Ley 916 de 2004, mediante la cual se estableció el reglamento nacional
taurino. Esta entidad considera que la Corte no debe fallar de fondo en cuanto
a los espectáculos taurinos, entre ellos el rejoneo, las corridas de toros,
novilladas y becerradas, por cuanto tales actividades están reguladas mediante
el artículo 13 de la ley 916 de 2004, que establece:
“ARTÍCULO 13. CLASES DE ESPECTÁCULOS TAURINOS. Para
los efectos de este reglamento los espectáculos y festejos taurinos se
clasifican en:
A. Corridas de toros, Son en las que, por matadores de toros profesionales, se lidiarán
toros entre cuatro y siete años en la forma y con los requisitos exigidos en
este reglamento.
B. Novilladas con picadores. Son en las que por matadores de novillos toros
(novilleros) profesionales, se lidian novillos de edades de tres a cuatro años
en la misma forma exigida de las corridas de toros.
C. Novilladas sin picadores. Son en las que por aspirantes o novilleros se lidian
reses de edad entre dos y tres años sin la suerte de varas.
D. Rejoneo.
Es en el que por rejoneadores la lidia de toros o novillos se efectúa a caballo
en la forma prevista en este reglamento.
E. Becerradas.
Son en las que, por profesionales del toreo o simples aficionados, se lidian
machos o vaquillas de edad inferior a dos años bajo la responsabilidad, en todo
caso, de un matador de toros profesional o de un banderillero como director de
lidia.
F. Festivales.
Son en los que se lidian reses (toros, novillos o erales) despuntadas,
utilizando los llamados trajes cortos.
G. Toreo cómico.
Son en el que se lidian reses de modo bufo o cómico en los términos previstos
en este reglamento.
H. Espectáculos mixtos. Son los que tienen una parte taurina y otra musical,
cultural, deportiva, etc., donde debe ir en primer lugar la parte taurina, la
que se ajustará a las normas que rijan la lidia de reses d e idéntica edad en
otros espectáculos.”
Para el interviniente, los
apartes resaltados con negrillas hacen parte de la norma demandada pero fueron
expresamente derogados en virtud de lo dispuesto por el artículo 86 de la ley
916 de 2004, según el cual “la presente Ley deroga todas las disposiciones
sobre la materia se hayan expedido a nivel municipal, departamental y nacional
(reglamentos, acuerdos, ordenanzas y leyes anteriores).
En suma, para UNDETOC quienes han
decidido escoger como profesión u oficio ser matadores de toros y novillos,
merecen la misma protección que tienen los demás trabajadores colombianos, por
tratarse de un medio de subsistencia, siendo una vocación que implica el más
íntimo respeto y consideración por el animal y correspondiendo a la expresión
artística como manifestación real de la libertad humana.
3. Universidad Nacional de
Colombia. Facultad de derecho, ciencias políticas y sociales. Coordinación
general de postgrados.
El interviniente comienza
explicando el contexto de la tauromaquia. Para este propósito recuerda como
desde la edad de bronce los animales han sido utilizados para la diversión,
siendo en la España del siglo XII donde aparece esta clase de festejo y en el
siglo XV se expande a otros países de Europa, debido al interés que despertaba
en la realeza. Añade que esta actividad se expandió durante el siglo XVIII
desde España hacia Colombia, México y Perú.
Para la
Universidad Nacional, el Estatuto Nacional de Protección de los Animales,
establece un sistema de sanciones y restricciones respecto de la relación del
hombre con las especies animales, señalando cinco objetivos principales:
1.     Prevenir
y tratar el sufrimiento de los animales;
2.     Promover
la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones
apropiadas de existencia;
3.     Erradicar
y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales;
4.     Desarrollar
programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los
establecimientos de educación oficiales y privados que promuevan el respeto y
el cuidado de los animales; y
5.     Desarrollar
medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre.
A continuación el interviniente
se libra a analizar la vigencia de la norma demandada a partir de varias
sentencias de la Corte Constitucional vinculadas con el tema de la tauromaquia,
entre ellas las sentencias C-1192 de 2005, C-115 de 2006 y C-367 de 2006,
concluyendo que no existe una cosa juzgada constitucional formal ni material,
por cuanto las sentencias mencionadas versaron sobre la actividad taurina,
mientras la norma atacada en el presente caso está relacionada con otras
actividades de espectáculos con animales.
En cuanto al trato cruel para con
los animales, la Universidad Nacional considera que el sufrimiento es padecido
por muchos animales que cuentan con sistemas nerviosos similares a los del ser
humano, animales que tienen sensaciones corporales agradables o desagradables.
Eximir a los animales de la capacidad de sentir dolor carece de arraigo
científico; al parecer la teoría contraria ha sido construida a partir del
debate relacionado con la existencia de alma en los animales, debate que debe
ser deslindado de la discusión biológica por tratarse de una discusión
filosófica. La raza humana, siendo la especie mas evolucionada, ha elaborado
tesis a partir de la existencia de una parte etérea del ser, tesis que carecen
de relevancia ante las reacciones mostradas por los seres vivos frente a actos
violentos sobre su cuerpo.
Para el interviniente, a partir
de análisis científicos y dentro de las lógicas educativas es pertinente
declarar el dolor como una característica de todo ser viviente, razón por la
cual las normas colombianas que establecen límites a la violencia deben impedir
el maltrato de todo ser que se vea instado a sufrir dolor.
En cuanto a los derechos
culturales, considera  la Universidad que la recreación y el deporte, conexos
con el carácter pluralista del Estado Social de Derecho, implican libertad de
configuración normativa por parte del legislador, pero con límites a favor de
la protección de los animales. La propia Carta Política impide al legislador ir
más allá de determinados hitos jurídicos, entre ellos, reconocer que un acto
cruel tenga por fundamento la tradición o el carácter histórico en una cultura
determinada, pues incluso las tradiciones más milenarias pueden lesionar los
derechos constitucionales fundamentales.
Agrega el centro académico, que
en una sociedad democrática contemporánea, basada en el respeto a los derechos
fundamentales, no se puede pretender desconocerlos a partir de argumentos tales
como la tradición histórica. Según la
Universidad “… se han abolido costumbres milenarias como la misma
esclavitud o en términos más cercanos, la
Constitución Política Alemana, establece la protección de los animales como
objetivo de Estado.
“Bajo esta óptica es
completamente dable modificar un aspecto cultural centenario pero que en el
contexto específico de una sociedad democrática contemporánea es vulnerador de
los mismos derechos culturales. Hoy los grandes movimientos mundiales y
nacionales con amplio respaldo en diversos sectores de la sociedad, reclaman un
cambio de paradigma en la forma como se entiende la relación de la raza humana
con los animales, aspecto que relativiza la tauromaquia como forma de
recreación unánime de la sociedad colombiana.”
Ante el argumento según el cual
el pluralismo justifica la tauromaquia, el interviniente responde que este
principio debe ser entendido bajo una óptica de integralidad e interdependencia
de los derechos humanos, desde la cual no se puede interpretar los derechos
culturales como una rueda suelta del engranaje constitucional, pues la cultura
es un factor de generación de identidad, factor que en el presente caso antes
de crear unidad genera divisiones y discrepancias sociales.
Frente al argumento de que la
tauromaquia sirve como elemento de educación, el interviniente responde que si
bien la educación es un derecho individual el mismo tiene una función social
determinante en la generación de valores, entre ellos los correspondientes a la
recreación, pero todo dentro del propósito del mejoramiento cultural y la
protección del ambiente. Siendo la educación responsabilidad del Estado y la
sociedad, es deber de la sociedad evitar la proliferación de valores que lejos
de promover un mejoramiento cultural, incitan a la violencia, al trato cruel y
la tortura contra los animales.
En cuanto al derecho al ambiente
sano, considera la Universidad Nacional que la norma demandada pugna con el
respeto debido al ambiente, pues el único soporte que tienen las actividades
mencionadas en el artículo 7º atacado es la tradición histórica, al paso que el
derecho al ambiente sano es actualmente un derecho de jerarquía constitucional
con estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Añade el
concepto: “Herir un animal, o matarlo en el caso del toreo, no se puede
interpretar como el simple impacto a un ejemplar de una raza, sino que estas
actividades implican un impacto a toda la naturaleza en su conjunto, al
tratarse de actividades sistemáticas y, más que eso, permitidas por el Estado,
papel en el cual la Corte debería pronunciarse en términos de inconstitucionalidad”.
Para la
Universidad Nacional, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un
derecho limitado por las necesidades colectivas; por tanto, los derechos
humanos y culturales, como componente transversal del derecho al ambiente sano,
son límite para el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad.
Concluye el interviniente
señalando que la norma demandada tolera e incita al desconocimiento de los
límites constitucionales, generando una apología a valores que se basan en la
violencia, en el irrespeto hacia la naturaleza y el daño al ambiente a partir
de supuestos valores culturales, por lo cual el mencionado centro académico
solicita a la Corte declarar inconstitucional el artículo 7º de la ley 84 de
1989.
4. Ministerio de la protección
social
Para la representante de este
Ministerio,  la norma demandada se aviene a lo establecido en la
Carta Política, por cuanto la jurisprudencia ha avalado los espectáculos
públicos que se llevan a cabo con animales, aduciendo que las corridas de toros
son expresiones artísticas que incluso pueden ser consideradas como patrimonio
cultural intangible o elevarse a la categoría de derechos fundamentales de
tercera generación.
Considera el Ministerio de la
Protección Social que las corridas de toros, el coleo, las novilladas,
becerradas y tientas, como “las corridas de gallos” (sic.), son actividades o
expresiones culturales permitidas desde hace varios años, “… es decir se
aplica la costumbre y posteriormente fue que el legislador expidió normatividad
para reglamentar tales actividades entretanto y a la fecha no ha decidido
limitarlas ni prohibirlas, exactamente porque las considera como un patrimonio
intangible cultural y regional de nuestro país y como tal el Estado se
encuentra en la obligación de defender la expresión artística porque constituye
parte de la identidad Nacional”. (Folio 89 del expediente).
5. Gobernación del Meta
El vocero de la
Gobernación considera que la demanda carece de fundamentación para el caso
llanero, por cuanto la norma atacada no alude al coleo, considerado deporte
regional. Agrega que al no presentarse cargos contra este deporte, la demanda
no cumple con los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.
Para el interviniente, pretender
un trato igual para todos los animales es una errada interpretación entre lo
animal y lo humano y lo racional y lo irracional. Explica el representante de la
Gobernación: “Es una lógica natural que los ANIMALES no son iguales a los
HUMANOS, Al punto que desde la creación de los cielos y la tierra, la
Biblia, el más grande libro de la Historia y de los tiempos, consagra en el
Génesis que DIOS hizo los animales de la tierra según su género y especie y
ordenó al HOMBRE, creado a su imagen y semejanza, que podía sojuzgar y señorear
“en todas las bestias que (sic.) muevan sobre la tierra”. (Ob Cit. Génesis
1-28).
De manera que si no existe
IGUALDAD entre los seres vivientes de la tierra, ella implica criterios de
DIFERENCIACIÓN  que no sólo es física entre SERES HUMANOS Y ANIMALES, sino
también ante la CONSTITUCIÓN y la LEY; lo que nos permite predicar que LA
IGUALDAD IMPLICA SIEMPRE CRITERIOS DE DIFERENCIACION. Tan elementales como por
ejemplo que el SER HUMANO se diferencia de los demás ANIMALES. De ahí que la
IGUALDAD alude a un concepto RACIONAL y no a una CUALIDAD. Por eso el derecho
es a la vez factor de DIFERENCIACION y de IGUALACIÓN, pudiendo concluirse que la
Ley de leyes en su art. 13 no prescribe siempre un trato igual para todos los
sujetos del derecho. Circunstancia que, precisamente da origen constitucional y
licitud a las EXCEPCIONES que consagra el artículo 7 de la
Ley 84 de 1989, cuando establece que por ejemplo, para el COLEO, no aplica la
prohibición contravencional reseñada en el artículo 6 ejusdem”  (Folios 114
y 115 del expediente).
Acerca del trato que se da al
animal durante el deporte regional, el interviniente sostiene que el coleo es
un refrigerio ante las duras faenas de vaquería, que permite someter la bestia
al hombre cuando se alza y aparta de la manada y se le obliga después de una
coleada a retornar al rebaño. Agrega que se trata de una ancestral y admirable
costumbre que se practica bajo reglas técnicas, sobre pistas especiales, con
tendidos y corrales de seguridad. En su concepto: “… algún riesgo tendrá que
correr el cornúpeto cuando ruede por el suelo tras el mítico  jalón del
coleador! Acaso no corre riesgo también el hombre que trabaja tras una máquina
en una fábrica?”. (Ibídem).
Concluye el interviniente
solicitando a la Corte que declare exequible la norma demanda, pues la misma no
contraviene lo establecido en los artículos 16, 22, 79 y 95-1 de la
Carta Política.
6.
Corporación taurina de Bogotá
Después de
transcribir apartes de un texto titulado “Iniciación a la fiesta de los toros”,
el representante de la Corporación explica que las corridas de toros han
acompañado el devenir histórico de nuestro país, razón por la cual han sido
reglamentadas por el legislador.
En su
concepto, la demanda pretende imponer el criterio de unos colombianos sobre el
de otros a quienes les gusta la fiesta brava, en la cual pueden participar como
espectadores quienes libremente lo deseen. En relación con el derecho a la paz,
sostiene que nada tiene que ver un festejo taurino con la violencia que durante
años ha afectado a la población colombiana.
7.
Academia colombiana de jurisprudencia
El
representante de la Academia colombiana de jurisprudencia pide a la
Corte Constitucional que se inhiba de fallar, pues considera que la demanda se
limita a señalar que las corridas de toros son un acto bárbaro, sin aportar
mayores argumentos.
Agrega que por
lo menos tres sentencias de la Corte y una del Consejo de Estado se han
referido a la tauromaquia, expresando que la fiesta brava no riñe con los
derechos al libre desarrollo de la personalidad ni con la dignidad humana. Sin
embargo, reitera que en el presente caso no hay cargos de inconstitucionalidad,
razón por la cual no puede emitir fallo de fondo.
8.
Asociación colombiana de cronistas
taurinos -Crotaurinos-.
En defensa de
la norma acusada el interviniente explica que a las corridas de toros no es
obligación asistir, es libre la determinación de quien asiste; añade que éstas
personas ocasionalmente deben soportar a los enemigos de la fiesta que se
apostan cerca de la plaza para denostar y ofender violentamente a quienes
concurren al festejo.
En relación
con el derecho a la paz, considera el representante de Crotaurinos que la
violencia la inician y la incitan personas distintas a los aficionados a la
fiesta brava, personas que pregonan no ser aficionados y exhiben carteles
amenazantes.
En cuanto al
ambiente sano el vocero de la
Asociación señala que los aficionados no atentan contra este derecho, pues son
otros los que utilizan un lenguaje procaz y demeritan el ambiente sano.
Concluye el
interviniente exponiendo razones que justifican la exequibilidad de la norma acusada,
pues, en su criterio ella no implica abuso de los derechos propios, como
tampoco atentado contra los derechos de los niños.
9.
Federación de entidades defensoras de
animales y del ambiente de Colombia
Luego de
explicar los argumentos presentados por el demandante, la
Federación expone como en los últimos tiempos ha surgido en el ámbito mundial
la necesidad de crear una legislación que propenda por la protección animal,
entendida como “el conjunto de medidas que protegen la vida y bienestar de los animales
contra las agresiones y amenazas por parte de las personas, que desde siempre
han vivido en comunidad y en conflicto con aquellos”.
Acerca de la
tauromaquia considera el interviniente que tanto padres como madres de familia,
empresarios taurinos, medios de comunicación y autoridades públicas, permiten
actividades que atentan contra los derechos de la niñez, tratando de perpetuar
una actividad que afecta negativamente a la sociedad y a los menores.
En cuanto a la
tradición taurina el interviniente señala que también podría generarse una
nueva tradición antitaurina que valore la vida de cualquier ser, eliminando
espectáculos crueles y degradantes con los animales, pues, citando a Mosterin:
“aceptar ciegamente todos los componentes de la tradición es negar la
posibilidad misma del progreso de la cultura”.
Frente al
argumento que propende por no molestar a los taurinos por su particular gusto,
considera la Federación que la libertad de expresión no es un derecho absoluto
que permita dañar a otros, entre ellos a los animales, pues, según él, no se
puede permanecer en silencio en el caso de esta clase de violencia, como no se
puede permanecer en silencio frente a la violencia contra los niños, la
pornografía y otras aberraciones.
Concluye la
Federación solicitando a la Corte que declare inexequible el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989.
Posteriormente
la Federación hizo llegar al Despacho del Magistrado Ponente un escrito al
cual adjunta el texto de la
Declaración de la Tercera Cumbre Intercontinental Antitaurina, celebrada en
Caracas durante el mes de junio del presente año.
10.
Universidad de Antioquia facultad de
ciencias agrarias. Escuela de medicina veterinaria.
La Escuela de medicina veterinaria de la
Universidad de Antioquia empieza su intervención refiriéndose a la demanda y
sus argumentos frente al libre desarrollo de la personalidad. Explica que los
bovinos, como todo ser vivo, particularmente los toros de lidia, poseen
estructuras morfofisiológicas en su anatomía macroscópica y microscópica que
indican que sienten el dolor y reaccionan ante este en respuesta a cualquier
lesión de tipo cortante, cortopunzante o lacerante a la que sean expuestos.
Explica el
interviniente que cada animal posee un umbral de percepción del dolor y un
grado conciente de percepción del mismo, como lo demuestra el hecho de las
reacciones de defensa o huida que ellos presentan ante una agresión física.
Como una prueba más de que los animales sienten dolor cita la
Universidad el caso del uso de agentes anestésicos locales cuando se realizan
procedimientos quirúrgicos, sean anestésicos de aplicación local o de
aplicación sistémica, o inhalada por vía respiratoria por su efecto sobre los
centros de percepción del dolor en el sistema nervioso central.
Para la
Escuela de medicina veterinaria: “… todo acto del ser humano en el que se
incurra en la infracción de cortadas, punzadas, laceraciones, o cualquier tipo
de golpes con arma contundente o cortopunzante a un animal al que previamente
no se le haya administrado un agente anestésico, desde la perspectiva médico
veterinaria se incurre en un acto de crueldad con el animal en cuestión. Este
acto se podría convertir en acto de brutalidad, cuando además de no prevenir el
dolor en los sitios sometidos a las heridas, cualquiera que sea la naturaleza
del agente causante de la misma, el animal no recibe el cuidado anestésico
apropiado”.
En relación
con el artículo 22 de la
Carta Política estima la Escuela que no hay argumento razonable para asociar
la manera como un acto que atenta contra los derechos de los animales, guarde
relación con la paz de una nación.
Frente al
artículo 79 superior, señala el interviniente que el derecho a gozar de un
ambiente sano y su relación con el toreo se puede dar en cuanto éste plantea
implícitamente la infracción de dolor a un animal, sin haber tomado con
anticipación las medidas pertinentes para evitar la percepción y el sufrimiento
del dolor antes y después de cometer el acto lesivo, como ocurre, por ejemplo,
con la imposición de banderillas.
En cuanto al
artículo 95 de la Carta Política, relacionado con el respeto a los derechos
ajenos y a no abusar de los propios, explica el interviniente que en los
toriles pueden cometerse actos de intervención sobre los animales que van a ser
toreados para que no pierdan su ferocidad. Esto podría implicar que los
animales sean sometidos a procedimientos que no están avalados por un comité
que vigile el bienestar y los derechos de los animales.
Concluye la
Escuela expresando que los procedimientos violentos a los que son sometidos
los toros durante la faena del toreo violan todas las normas protectoras de los
derechos de los animales y la salvaguarda del bienestar animal, por lo que no
debería permitirse un espectáculo en el que se incurre en conductas indeseables
del ser humano, entre ellas la infracción de dolor a un animal en desigualdad
de condiciones.
11.
Asociación pro defensa de la fiesta
brava –Asotauro-
La asociación
pro defensa de la fiesta brava considera que en el presente caso deberían
participar, entre otras entidades, la
Asociación de Cronistas Taurinos, la
Unión de Toreros de Colombia, la
Corporación Taurina de Bogotá, la
Asociación de Criadores de Toros de Lidia y como personas naturales los
doctores Juan Carlos Illera del Portal, el doctor Joao Pedro Da Silva Ramos
Barreiro. El interviniente no refiere ningún tema relevante para el derecho
constitucional, pues limita su escrito a sugerir la intervención de los
anteriormente nombrados.
12.
Senadora Elsa Gladys Cifuentes
La Senadora Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu remitió
al Despacho del Magistrado Ponente copia del escrito que dirigió al Procurador
General de la Nación, mediante el cual respalda los argumentos expuestos por el
demandante, explicando que en virtud del principio pro actione se debe dar
curso a la demanda.
Para la
interviniente, los argumentos del actor generan una mínima duda razonable sobre
la constitucionalidad de la norma acusada, razón por la cual los mismos son
susceptibles de propiciar el juicio de constitucionalidad, a pesar de las
posibles falencias argumentativas. En su criterio: “… la acción pública de
constitucionalidad es una herramienta que da nuestra Carta Política a todo
colombiano (a) que considere que una norma es contraria a los principios
rectores de nuestro Estado y, en razón a ello, no puede estar sujeta a rígidos
requisitos académicos y argumentativos toda vez que no todas las personas
tienen la oportunidad de acceder a la educación formal y ello no debe
convertirse en un obstáculo para el pleno ejercicio y defensa de sus derechos
constitucionales, cuando crean que estos han sido vulnerados”.
Para referirse
a la tauromaquia la Senadora manifiesta que tales eventos no son autóctonos de
nuestro país, sino herencia colonial española, siendo una actividad que si bien
cuenta con determinado grado de aceptación popular, no puede considerarse como
cultura por ser un elemento foráneo. Para la interviniente, las costumbres que
se sustentan en la crueldad, la tortura, la muerte, el aniquilamiento y la
destrucción, jamás se podrán considerar cultura.
13.
El ciudadano Luis José Gutiérrez Sona
Interviene
para expresar su desacuerdo con el concepto del Procurador General de la
Nación, exponiendo que hacia los años 70 apareció un conjunto de derechos
colectivos denominados “de los pueblos o de la solidaridad” o de tercera
generación, relacionados con las libertades comunitarias o de bienes comunes
transfronterizos que incluyen entre otros el derecho a la autodeterminación, a
la paz, al desarrollo, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a
beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.
Se trata de
derechos que pertenecen al individuo, pero al mismo tiempo pertenecen a la
humanidad y respecto de ellos el Estado no sólo debe abstenerse de violarlos,
sino también tiene la obligación de crear las condiciones para su eficaz y
efectiva realización. Esta materia, agrega el interviniente, ha sido
explicitada en los artículos 50, 79 y 80 de la
Constitución Política.
Concluye el
interviniente señalando que las personas que realicen o no una actividad
económica con animales, no tienen derecho a maltratarlos ni a ejercer actos de
crueldad, ni mucho menos a sacrificarlos por simple diversión, como ocurre con
las corridas de toros.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante concepto número 4790 del
8 de junio del presente año, el Procurador General de la
Nación hizo saber a la Corte Constitucional su criterio en relación con la
demanda presentada por el ciudadano Oscar Andrés Acosa Ramos contra el artículo
7º de la Ley 84 de 1989.
Como problema jurídico el
Ministerio Público analiza si la excepción a los considerados actos de crueldad
para con los animales, entre ellos herir, lesionar, golpear, punzar, cortar,
causarle la muerte mediante procedimientos que prolonguen agonía y sufrimiento,
propiciar peleas, convertir en espectáculo el maltrato, la tortura o la muerte
de animales; usarlos para probar o incrementar la agresividad o pericia de
otros animales, y actividades como el rejoneo, coleo, corridas de toros,
novilladas, carralejas, becerradas, tientas, riñas de gallos y los
procedimientos utilizados en estos espectáculos, viola los derechos al libre
desarrollo de la personalidad, a la paz y a gozar de un ambiente sano, y el
deber de respeto de los derechos ajenos.
El Jefe del Ministerio Público
empieza por explicar la inhibición para conocer de la demanda por falta de
claridad y suficiencia en la presentación de la misma, explicando que el acto
pretende, a partir de su desacuerdo con la crueldad que entrañan los
espectáculos de tauromaquia y de riñas de gallos, establecer una vulneración de
los derechos al libre desarrollo de la personalidad, de la paz y el medio
ambiente, y del deber de respeto de los derechos ajenos sin correlacionar estos
derechos, en lo que ellos significan constitucionalmente, con el hecho legal
cuestionado representado por la excepción generada mediante la norma que se
impugna.
La
Vista Fiscal recuerda cómo en la sentencia C-1052 de 2001, fueron explicados
los conceptos de claridad y suficiencia cómo requisitos propios de los
argumentos presentados en las demandas, agregando que no son de recibo las
simples afirmaciones con las cuales se intenta establecer un problema de
constitucionalidad. En el presente caso, considera el Procurador General, la
aseveración según la cual no haber considerado el legislador como crueles los
espectáculos de tauromaquia y de riñas de gallos, sería suficiente para que tal
exclusión vulnere los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la paz
y a gozar de un ambiente sano, como también el deber de respeto de lo derechos
ajenos de quienes no están de acuerdo con dichos espectáculos.
Para el Ministerio Público: “El
demandante no correlaciona el hecho legal de la exclusión referida y la
vulneración que causa el mismo, en su contexto propio constitucional, al libre
desarrollo de la personalidad, a la paz, a gozar de un ambiente sano y al
respecto a los derechos ajenos. Dicha correlación la pretende hacer el acto a
partir de la percepción subjetiva que tiene de la exclusión demandada, lo cual
no es propio del razonamiento de inconstitucionalidad que se requiere.
Como consecuencia de lo
anterior, también se observa la falta de suficiencia en la formulación de las
razones de inconstitucionalidad de la presente demanda, debido a que las
afirmaciones del demandante no suscitan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la excepción cuestionada.
Por tanto, se solicitará a la
Corte Constitucional declararse inhibida para conocer de la presente demanda
debido a la falta de claridad y suficiencia a la formulación de las razones de
inconstitucionalidad.” (Pág. 5 del concepto).
Después de analizar las presuntas
causas que darían lugar a una inhibición por parte de la
Corte Constitucional, el Procurador General de la
Nación se ocupa de los espectáculos de la tauromaquia y de riñas de gallos,
calificándolas de expresiones culturales y artísticas de Colombia, explicando
que dentro de este ámbito se tolera la crueldad con los animales, porque estos
espectáculos, desde tiempos inmemoriales, han contribuido a la convivencia
pacífica de las sociedades, permitiendo a sus miembros desfogarse racionalmente
de los inconformismos incubados a partir de las realidades que les ha tocado
vivir; como también, porque tales espectáculos han servido de inspiración para
las artes y las letras y han sido vehículos de socialización y recreación,
sirviendo también como actividades que generan mayor participación en la
economía.
La
Vista Fiscal considera que a pesar de la inhibición solicitada, es necesario
pronunciarse sobre el fondo de la demanda y para ello es pertinente analizar el
contexto constitucional que justifica la tolerancia de espectáculos como la
tauromaquia o las riñas de gallos. Sobre los argumentos planteados por el demandante,
el Jefe del Ministerio Público considera:
“Desde la  más remota
antigüedad el hombre ha estado ligado al toro desde el punto de vista religioso
y festivo, lo cual se aprecia en las pinturas rupestres. Desde entonces se ha enfrentado
al tauro atraído por su bravura. Los humanos prehistóricos los cazaban mediante
el “acoso en común”; en Egipto fue adorado como el buey Apis (dios de la
fecundidad y de la abundancia); en la mitología griega aparece como el
minotauro; Roma lo adopta de Persia (Mitra y el sacrificio de su toro para dar
origen a la creación).
Julio César refiere la
existencia del toro salvaje germánico y la diversión que constituía la caza del
mismo para los jóvenes a partir del carácter indómito, la bravura y ligereza de
dicho animal, presentándolo en la lengua latina con el nombre de Urus. Este
animal se extinguió en la edad media no sin antes haber dado origen a todas las
razas bovinas actuales, de las cuales el toro de lidia es la que mejor conserva
las características de su antepasado.
La tauromaquia tiene su cuna
en España, de donde se expandió a Portugal,  sur de Francia y América Latina.
Es tan fuerte su influencia y hechizo que ha permeado la producción cultural,
especialmente en la pintura y las letras, además de haber servido de
inspiración en la composición de canciones populares.
Colombia no ha sido ajena a
tal influencia. En la mayoría de pueblos y ciudades del país se lidian reses,
en la Costa Atlántica se celebran carralejas y en los Llanos Orientales se
practica el coleo. De igual manera, el mundo de los toros ha sido objeto de
inspiración en la pintura (v.gr. Fernando Botero) y para la composición de
muchas canciones populares que hacen parte de nuestra identidad nacional tales
como “el barcino”, el fandango “20 de enero” y el pasodoble “feria de
Manizales”, entre otras. La arquitectura también ha tenido identidad propia en
las plazas de toros de Bogotá, Manizales, Cali, Medellín y Cartagena.
En cuanto a las peleas de
gallos, parece ser que estas son originarias de la
India. Los griegos adoptaron la práctica de desafíos gallísticos y Julio Cesar
la introduce a Roma y, por ende, a Hispania. Con Colón llega a América.
Colombia ha sido un país de tradición gallística desde la fundación de la
República, la cual ha permeado las artes y las letras. En las obras de Gabriel
García Márquez la crianza de gallos de pelea y sus riñas han sido una constante
como en “Cien Años de Soledad” y, especialmente, en “El Coronel no tiene quien
le escriba”.
Por tanto, se puede afirmar
que tanto la tauromaquia como las riñas de gallos hacen parte del proceso de
creación de identidad nacional en lo que tiene que ver con la cultura de
nuestras regiones y sus manifestaciones artísticas, al punto de haber adquirido
renombre universal en la pluma de García Márquez y en los óleos de Botero. Eso
hace parte del ejercicio de las libertades de nuestro sociedad, cuya respuesta
del Estado, como uno de sus fines esenciales, es la de facilitar la
participación de todos en la vida cultural de la
Nación (Constitución Política. Artículo2).
En ese orden de ideas puede
afirmarse que la lidia y los desafíos gallísticos se avienen bien al marco
fundacional colombiano (Constitución Política. Artículos 2, 70, 71), lo
que incluye el grado de tolerancia que se debe tener en relación con su
contenido de crueldad, debido a que éste ha sido un asunto de la
esencia de dichas actividades
desde sus orígenes.
En un régimen democrático el
ejercicio de las libertades por parte de los nacionales tolera
este tipo de prácticas, como también permite y respeta el
disentimiento ante las mismas, lo que constituye una manifestación del derecho
al libre desarrollo de la personalidad en materia artística y cultural, en ese
sentido, existe otra serie de prácticas deportivas de contenido cruel que
también son permitidas, como el boxeo y la lucha libre. En tal contexto se
tiene que a nadie se obliga a la realización de tales actividades o al disfrute
de las mismas. Cada quien, de manera responsable, asume su posición al
respecto.” (Pags. 6, 7 y 8 del concepto).
Como conclusión, el Procurador
General de la Nación, explica que las actividades y espectáculos asociados a la
tauromaquia y a las riñas de gallos se ajustan al orden constitucional en
cuanto concitan la tolerancia de la sociedad en relación con parte de la misma
que disfruta de dichos espectáculos, parte ésta que reclama también sus
derechos al libre desarrollo de la personalidad en el ámbito de las actividades
artísticas y culturales que contribuyen a la construcción de la identidad
nacional, a la convivencia pacífica y a la participación en la vida económica
nacional.
Finaliza el Jefe del Ministerio
Público afirmando que aceptar los argumentos del demandante sería caer en un
estado de intolerancia contrario a la convivencia pacífica, pues cualquier
manifestación de la vida social no compartida, podría ser proscrita del mundo
jurídico al ser considerada contraria al libre desarrollo de la personalidad
por parte del ofendido o avergonzado con la actividad que se cuestiona.
Con fundamento en los argumentos
relacionados, la Vista Fiscal solicita a la
Corte Constitucional declararse inhibida por falta de claridad y suficiencia
en los cargos; o, subsidiariamente, declarar exequible el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989.
VI.  CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia
1. En virtud de lo dispuesto por
el artículo 241-4 de la
Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia.
2. Problema jurídico
2. Conforme a la demanda, la
Corte Constitucional deberá determinar si el artículo 7º de la ley 84 de 1989
viola los artículos 16, 22, 79, 95-1 de la
Constitución, al excluir de la presunción de ser hechos dañinos y actos de
crueldad, dignos de sanción (artículo 6º de la misma ley), ciertas conductas
efectuadas sobre los animales, cuando ellas se producen en el marco de estos
espectáculos y de los procedimientos utilizados en ellos: rejoneo, coleo,
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas y riñas de
gallos.
3.
Antes de abordar dicho problema jurídico sustancial, la
Corte debe responder a la cuestión planteada por el Ministerio público y
algunos intervinientes según la cual, la demanda no es apta y por tanto no debe
provocar un pronunciamiento de mérito frente al asunto propuesto por el accionante.
Esto, para
establecer una cuestión primordial de procedibilidad del juicio abstracto que
adelanta la Corte constitucional, a saber, si están presentes o no los
elementos mínimos requeridos de la demanda, que la habilitan para decidir de
fondo, para resolver con fuerza de la cosa juzgada el conflicto de derechos y
bienes jurídicos constitucionales que el caso representa.
4. Con tal
propósito, se retomará el precedente constitucional fijado respecto de la
acción de constitucionalidad y las condiciones para su ejercicio (2.1.), para
verificarlos enseguida en el proceso bajo estudio. (2.2.). Por último y siempre
y cuando sea absuelta positivamente la cuestión anterior, procederá a resolver
sobre las cuestiones materiales propuestas.
2.1. La naturaleza jurídica de
la acción de constitucionalidad y las condiciones para su ejercicio.-
5. La acción de
inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, con el cual se
desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º y 3º de la
Constitución, de ser Colombia un Estado social de derecho democrático y
participativo. Dicha acción está destinada a provocar que la
Corte constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional,
tras el adelanto de un proceso, produzca una sentencia con efectos de cosa
juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado
con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso
de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano
representativo legislativo.
Es, en este orden, un instrumento
que combina el ejercicio de los derechos políticos (artículo 40 CP), con las
prerrogativas entregadas al ciudadano para controlar el poder desplegado por el
legislador a través de la creación de normas jurídicas.
6. Ahora bien, aún desde su
faceta como derecho constitucional fundamental, esta facultad reconocida a los
ciudadanos puede estar regulada y delimitada por la ley, a fin de hacer efectivo
su ejercicio y definir las reglas a las cuales se somete. Pero al mismo tiempo,
la regulación del derecho de accionar contra las leyes, busca ponderar entre el
interés perseguido por el actor al demandar y los demás bienes jurídicos
llamados a ser protegidos, como aquellos que recoge la norma acusada y
ordenados a partir del poder de configuración legislativa reconocido en el
Congreso, así como los relacionados con la seguridad jurídica y el principio de
estabilidad del Derecho, con los cuales se protege la confianza en el sistema
normativo y en las reglas que lo integran.
7. Igualmente, y esto es algo que
debe estimarse esencial en este tipo de valoraciones, la delimitación del
derecho de interponer demandas de inconstitucionalidad tiene por propósito
acotar el poder de la Corte constitucional, pues las exigencias básicas
establecidas también procuran determinar el ámbito dentro del cual, en términos
generales, debe actuar el juez a la hora de valorar la exequibilidad o no de
una disposición.
Porque, como
lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación[2],
no es función de ésta actuar de oficio, suplir al demandante y pronunciarse
sobre la exequibilidad de disposiciones que no han sido acusadas, ni tienen
cargos concretos y conceptos de violación constitucional reconocibles, pues de
actuar así la Corte se estaría convirtiendo en juez y parte, suplantando al
ciudadano y contrariando su función institucional de ser guardiana imparcial de
la Carta.
8. De tal suerte y no obstante su
carácter de acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 6º del
Decreto 2067 de 1991, la demanda debe incluir todas las normas que deberían ser
acusadas para que el fallo no sea inocuo. Y en el artículo 2º del Decreto 2067
de 1991, se establecen los demás requisitos que debe reunir la demanda, en los
que se disponen las exigencias básicas con las cuales el ciudadano ejerce su
derecho de modo responsable y participa activamente en el proceso del que trata
el artículo 241 de la
Constitución Política, suministrando la información necesaria que permite
tanto activar el funcionamiento de la jurisdicción constitucional a instancias
de la Corte, como la obtención de un pronunciamiento definitivo sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinada disposición
jurídica.
9. Se trata a continuación de
tales asuntos, es decir, del problema de la integración normativa (2.1.1) y de
los requisitos propiamente dichos de la demanda (2.1.2).
2.1.1. Sobre la integración
normativa
10. Como se dijo en la sentencia C-775 de 2006, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido como requisito de procedibilidad de la acción de
inconstitucionalidad, “haber demandado una proposición jurídica completa la
cual debe ser conformada con las normas estrechamente vinculadas a la norma
acusada, así ésta tenga un contenido completo y autónomo[3]”.
11. Es cierto que, según lo
previsto en el artículo 6º, inciso 3º infine del Decreto 2067 de 1991, la
Corte en determinados casos puede integrar la unidad normativa[4].
Sin embargo, también se ha dicho con reiteración, que el ejercicio de tal
prerrogativa no puede constituirse en la regla, pues con ello se suplantaría la
función que cumple el ciudadano, a más que crearía para la
Corte constitucional una posición de privilegio, peligrosa y reprochable en
cualquier Estado de derecho, social, democrático y constitucional.
En este sentido, se dijo en
sentencia C-1299 de 2005[5], que no siempre cabe
argüir “que en estas circunstancias la Corte podría proceder a efectuar, por
iniciativa propia, la integración normativa, entre las normas aludidas, es
decir, a extender de oficio su competencia a los artículos no
demandados”. Lo anterior, por cuanto, “a la luz de la
Constitución, la ley y la jurisprudencia vigentes, la
Corte Constitucional está sometida a las reglas que rigen los procedimientos
judiciales y por ello no puede, en principio, juzgar normas que no han sido
demandadas por los ciudadanos”.
Opera, como se señaló en la sentencia C-775 de 2006 “la
regla general [de] que a la Corte no le está permitido juzgar normas que no han
sido demandadas pues de lo contrario la acción de inconstitucionalidad se
tornaría en una acción en la que el juez actúa de oficio, lo que no corresponde
a su naturaleza”.
En la misma
línea, en la sentencia C-1260 de 2005 se indicó que “conforme al artículo
241 de la Constitución, no corresponde a la
Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar las que
efectivamente hayan sido demandadas por los ciudadanos, lo que implica que esta
Corporación sólo puede adentrarse en el estudio y resolución del asunto una vez
se presente una acusación en debida forma”. La carga mínima que tienen los
demandantes, no puede entenderse, entonces, como un formalismo técnico o
procesal que desnaturaliza la acción pública de inconstitucionalidad, sino como
el cumplimiento de un deber, aparejado a su derecho de acción pública, que
busca “hacer un uso adecuado y responsable de los mecanismos de
participación ciudadana y hace viable que se profiera un fallo de fondo”.
12. De esta
manera, la integración normativa posee estos tres significados: a) Es la
realización de un deber de quien participa en el debate democrático, a través
de la acción de inconstitucionalidad de que trata el art. 241 CP, consistente
en la identificación completa del objeto demandado, que incluye todos los
elementos que hacen parte de una unidad indisoluble creada por el Derecho. b)
Es un mecanismo que hace más efectivo el control ciudadano a las decisiones del
legislador. c) Y es, finalmente, una garantía que opera a favor de la
coherencia del orden jurídico, pues su conformación determina que el poder del
juez constitucional para resolver un asunto en sus problemas jurídicos
sustanciales, pueda efectuarse sobre todos los elementos que estructuran una
determinada construcción jurídica.
2.1.2. Los requisitos
del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y la interpretación constitucional
sobre los mismos
13. Por lo que
hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en reiterada
jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001[6]
que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha
enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de
unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de “razones conducentes
para hacer posible el debate”, con las que se informe adecuadamente al juez
constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los
preceptos legales acusados.
14. Tales
requisitos no son otros que la definición del objeto demandado, el concepto
de la violación y la razón por la cual la
Corte es competente para conocer del asunto (artículo 2 del Decreto
2067 de 1991).
El objeto
demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como
inconstitucionales (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991), cuya transcripción
debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y
permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido
normativo se aprecia como contrario a la
Constitución.
El concepto
de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las cuales
el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta
vulnerado por las disposiciones que son objeto de  la demanda”.  Y aunque resulta
evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere
conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo
caso debe concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas,
lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente
clara las normas constitucionales violadas”[7]; (ii.) el “’contenido
normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas
demandadas, es decir,  manifestar qué elementos materiales del texto constitucional
son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se
impugnan[8]’”; (iii.) “las
razones por las cuales los textos normativos demandados violan la
Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)”, que sean para
el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes”.
Esto último significa
que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente
sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas, mostrar
de manera específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la
Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de
naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones
puramente individuales. Por último, la argumentación del demandante debe ser suficiente,
en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada.
La competencia,
en fin, alude a que es la
Corte Constitucional quien debe conocer del asunto sometido a su juicio, por
cuanto el objeto demandado así lo determina de conformidad con lo previsto en
el artículo 241 de la Constitución.
15. Por lo demás,  el lleno de
todos estos requisitos, es condición para que, dado el caso excepcional que se
enunció en el numeral anterior, pueda la
Corte constitucional integrar la unidad normativa. Pues la ocurrencia de las
precisas y excepcionales circunstancias que permiten extender el examen de
constitucionalidad a normas no acusadas, requieren en todo caso que se presente
una demanda en forma en contra de un texto legal[9].
16. Pasa la
Corte a analizar si conforme lo expuesto, la demanda completó estas exigencias
básicas para justificar un pronunciamiento de fondo en el presente proceso.
2.2. Estudio de los requisitos
de la demanda en el presente proceso
17. Para atender a la pregunta
sobre la aptitud o no de la demanda en términos de cumplimiento de los
requisitos del Decreto 2067 de 1991, artículo 2º y 6º y su interpretación
jurisprudencial, estima la Corte pertinente repasar con detenimiento los
elementos que integran la demanda bajo estudio, fuente esencial de análisis
para resolver este punto.
18. Los argumentos centrales
presentados por el actor, fueron los siguientes:
i) La
disposición acusada vulnera el artículo 16 de la
Constitución, puesto que, dice la demanda, el libre desarrollo de la
personalidad es un derecho que tiene límites. Por ello un espectáculo en el que
“sanguinariamente” impera la supremacía del ser humano sobre el animal, va en
contra de la misma condición humana. No es por lo demás admisible que una
minoría torture animales indefensos con espadas hasta llevarlos a la muerte. El
asesinato morboso de animales, ofende la naturaleza humana decente. Cuando
estas actividades hacen parte del libre desarrollo de la personalidad de
alguno, esta se encuentra en todo caso restringida por “los límites del
derecho de los demás a un ambiente sano, sin violencia, ni apología de ella
contra los animales”. (Folio 2 de la demanda).
En este orden,
encuentra que las excepciones contenidas en la disposición acusada son
inexplicables, ofenden el sentido común y responden a argumentos fútiles que
pretenden disfrazar de espectáculo cultural y sano a un acto censurable que
promueve el derramamiento de sangre, la crueldad, la tortura y la muerte.
ii) El
artículo 7º de la ley 84 de 1989 vulnera igualmente el derecho a la paz,
contemplado en el artículo 22 CP, por cuanto “la muerte por diversión de
animales” es una afrenta contra aquel “sagrado” derecho, pues supone actos de
crueldad indescriptible, una “enferma burla” que premia y promociona la
tortura, la muerte y la sed de sangre de animales que “en nada dañan al
hombre”.  Si ni siquiera se puede extraer del orden jurídico esta disposición
que ofende toda lógica y sentido común, “la paz es y será siempre por los
siglos de los siglos inalcanzable en Colombia” (folio 4).
iii) En cuanto
a las razones para estimar transgredido el artículo 79 de la
Carta Política, se estima que las corridas de toros atentan contra el ambiente
social y cultural por el maltrato y muerte al que somete al animal por simple
diversión, como apología de la violencia auspiciada por un público minoritario
de ciudadanos. Y quienes no asisten a tales eventos, mal pueden gozar del derecho
al ambiente sano a sabiendas de que dicha práctica existe en determinados
lugares.
El llamado
espectáculo taurino tortura y mata a seres sensibles, practicando sobre el
animal toda suerte de daños causantes de un indecible dolor, sólo para que unas
personas se diviertan. Todo lo cual es “forzosamente incompatible” con un
ambiente sano.
iv) Finalmente, el artículo 95, numeral 1º de la
Carta Política se estima violado por el precepto legal que se acusa pues, las
acciones sobre los animales con picas, espadas, cuchillos, representan un abuso
de los derechos de quien las ejecuta, a más de un atentado contra un entorno
natural sano que comprende el equilibrio armónico entre los recursos naturales
vivos y no vivos. De allí que no pueda ser admitido que los animales sigan
siendo considerados como cosas, según lo previsto en la legislación civil, pues
son seres vivos que sienten y por lo cual merecen un tratamiento diferente.
Por esto concluye que quienes participan de las corridas de toros
no respetan los derechos ajenos de los demás, atentan contra su dignidad humana
y no contribuyen con el adecuado y sano desarrollo cultural, además de atentar
contra los derechos de los animales y el derecho a la paz, que es al mismo
tiempo deber de obligatorio cumplimiento.
19. Estas
razones con las cuales se argumenta que el artículo demandado viola los
preceptos de la
Constitución Política señalados, se pregunta, ¿integran la unidad normativa
requerida y ofrecen planteamientos jurídicos de claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia tales que admitan una respuesta racional por parte
del Juez constitucional, sobre la exequibilidad o no de la disposición acusada?
Es el asunto que deben absolver los apartados siguientes (2.2.1) y (2.2.2).
2.2.1. Falta de integración
normativa
20. El actor reclama la inexequibilidad del artículo 7º de la ley 84
de 1989. Al formular dicha solicitud lo que en definitiva se propone es que
desde el ordenamiento se prohíban y por tanto sancionen, por presumirse actos
crueles, prácticas con animales directamente relacionadas con el
rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y
tientas y riñas de gallos.
21. Con todo, observa la
Corte que algunas de estas actividades han sido contempladas en otros
estatutos jurídicos, con los cuales no sólo se autorizan como actividades
privadas, sino que también se instituyen como bienes de interés cultural o
semejantes, que por tanto envuelven actividades públicas.
22. De este modo, un
pronunciamiento sobre el precepto acusado, sin considerar las previsiones
normativas contempladas en aquellas disposiciones, tendría como resultado o
bien una decisión inocua o bien un pronunciamiento con el cual se causa una
ruptura de la coherencia propia del sistema jurídico.
23.
A manera de ejemplo, es el caso de los espectáculos taurinos, ordenados en el
Reglamento Nacional establecido por la Ley 916 de 2004, que además de otros
elementos, los reconoce “como expresión artística del ser humano” y también
indican dentro de sus definiciones y descripción de la lidia, referencias a
ciertos actos como los de “barrenar”, “descabellar”, el “pinchazo” y la “puya”,
así como a la función del picador, las banderillas, entre otros, los cuales se
hallan estrechamente vinculados a la disposición acusada y también a la
pretensión del actor en el presente proceso.
También se observa cómo a través
de la Ley 1272 de 2009, el legislador declaró patrimonio cultural de la
Nación la fiesta en Corralejas, que se celebra en la ciudad de Sincelejo,
Sucre. Esta normatividad, a juicio de la
Corte, debe ser considerada a la hora de establecer si los actos que en ellas
se ejecutan sobre los toros, no de modo incidental, sino como manifestación
natural de la fiesta, deben ser prohibidos y sancionados por el Derecho. Estos
dos ejemplos muestran disposiciones legales que se hallan en leyes diferentes,
pero que estructuran una unidad normativa.
24. Es decir que, para este
Tribunal, no cabe duda que al acusar una disposición con el propósito de
convertir en prohibidos y sancionables determinados actos  y hechos que hacen
parte principal de actividades no ya permitidas implícitamente conforme al
principio general de libertad dispuesto en el artículo 6º constitucional, sino
reguladas como libertades positivas que se ejercen en el marco de una
regulación, o reconocidas como manifestación cultural, se crea una unidad
indisoluble desde el punto de vista normativo.  Mas al no haberse
integrado, es necesario declararse inhibida para resolver de fondo, pues de no
hacerlo, es decir, de absolver la cuestión material como pretende el actor, se
generaría incertidumbre colectiva acerca del contenido armónico del Derecho que
regula esas actividades exceptuadas del artículo 7º de la
Ley 84 de 1989, porque en el evento de que se llegare a encontrar
inconstitucional esta disposición, por un lado resultarían ser actividades
prohibidas y sancionables y por otro, seguirían siendo actividades permitidas, presentando
así un contenido incoherente o inaplicable.
25. Ahora bien, no está llamada la
Corte a efectuar motu proprio la integración de la unidad normativa por
cuanto, a pesar la relación estrecha que existe entre el precepto acusado y las
otras disposiciones, aquél tiene individualmente un contenido deóntico, claro o
unívoco, pues su construcción gramatical y de sintaxis permite entenderla y
aplicarla. Tampoco se hace referencia aquí a preceptos que reproduzcan la norma
demandada por el actor, pues la acusada establece una excepción a una
presunción y a una prohibición, mientras que aquellas o bien regulan
actividades contempladas en la primera, o bien, les adscriben alguna categoría
jurídica. Y finalmente, aunque se trata de normas que, en efecto, se encuentran
intrínsecamente relacionadas con el precepto que se acusa y cuya integración
normativa resulta indispensable para producir un fallo de fondo que mantenga la
coherencia del orden jurídico, no presentan éstas, a primera vista, serias
dudas de constitucionalidad. En síntesis, no se estructuran los elementos
decantados por la jurisprudencia para que la
Corte realice la integración normativa, vistos en el fundamento jurídico 10 y
siguientes de la presente providencia.
Por ello, aunque la figura de la
unidad normativa se hace ostensible en este asunto, por las condiciones en las
que dicha figura se presenta, era un deber del demandante integrarla y no puede
el juez constitucional, como se ha visto, suplir su no cumplimiento en el caso
en estudio.
2.2.2.
Razones de inconstitucionalidad carentes de certeza, especificidad, pertinencia
y suficiencia.
26. Con relación a los requisitos
del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y su desarrollo jurisprudencial, la
demanda cumple con la determinación del objeto, la fijación de cargos de
inconstitucionalidad y la definición de la competencia para que la
Corte deba conocer del presente asunto. Así, es claro que el objeto de la
demanda es el artículo 7º de la ley 84 de 1989, en el cual se exceptúan de
sanción y de la presunción de hechos crueles contra los animales ciertos actos,
cuando se practican en el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas,
las corralejas, las becerradas, las tientas y las riñas de gallos, así como en
los procedimientos utilizados en estos espectáculos (folios 1-2). Los cargos
que plantea versan sobre la presunta vulneración que dicho precepto supone
frente a lo previsto en los artículos 16, 22, 79 y 95-1 de la
Constitución (folios 2-6). El demandante, en fin, precisa que la
Corte es competente para conocer del presente asunto, toda vez que la demanda
de inconstitucionalidad se formula frente a una norma legal (folio 7).
27. En el
plano de su argumentación, lo aprecia con nitidez la
Corte, la demanda es fuertemente persuasiva al señalar que el sufrimiento del animal
no posee ninguna explicación ni justificación en el mundo contemporáneo. Es
decir, que la solicitud de inexequibilidad cautiva y seduce al lector por la
firmeza de su defensa a favor de la protección del, valga desde ya decirlo,
toro del lidia, al parecer, según se desprende de las afirmaciones del libelo
demandatorio, nunca atendida por la tauromaquia. Mas tal defensa se presenta
como un reclamo de orden ético y moral, pero no fundado en razones jurídicas.
28. En virtud del
principio pro actione, pues no lo afirma propiamente el actor, se puede
entender que en la demanda se sostiene que el artículo 7º de la ley 84 de 1989
es inexequible, en cuanto excluye de la presunción como actos crueles y hechos
dañinos, las prácticas con animales contenidas en los literales a), d), e), f)
y g) del artículo 6º de la misma ley, cuando ellas se desarrollan en
espectáculos taurinos, esto es, con toros, vaquillas, becerros o novillos
“bravos”.
Y se habla de éstos y
no de los demás animales vinculados a las actividades a las que se refiere el
artículo acusado, porque como se aprecia con facilidad en la demanda y como lo
observan varios intervinientes, el actor enfila su argumentación contra los
espectáculos en donde se torean reses de lidia.
Tiene la demanda como
hilo conductor, que las mismas llevan implícita la crueldad de trato a que se
somete al toro, lo que supone entonces una afectación ilegítima de los derechos
constitucionales al libre desarrollo de la personalidad, a la paz y al medio
ambiente, así como incumplimiento del deber constitucional de respeto a los
derechos ajenos y no abuso de los propios.
29. Con
todo, no son ciertas las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad,
pues en sentido estricto, y en concordancia con lo que se indica en términos de
claridad de la demanda, no recaen sobre una proposición jurídica real y
existente, de contenido no verificable a partir de la interpretación de su
propio texto. Pues, en concordancia con lo que arriba se indica, el ciudadano
solo se refiere a los espectáculos taurinos y no excluye otras actividades, en
particular el coleo y las peleas de gallos, donde las prácticas con los
animales son distintas.
De esto resulta que no es
cierta la acusación sobre el artículo 7º de la ley 84 de 1989, pues sólo
entiende que con ella se excluyen a los espectáculos taurinos de unas
prohibiciones del Estatuto de protección animal, cuando también ocurre lo mismo
con el coleo y la pelea de gallos; pues incluye dentro del espectáculo taurino
actos de crueldad como el enfrentar animales para que se acometan y peleen, así
como el uso de los mismos para entrenamiento, actuaciones que a todas luces no
hacen parte de tales actividades.
30. Haciendo
abstracción de tal insuficiencia y nuevamente aplicando el principio pro
actione para determinar lo que realmente el ciudadano acusa y que sería el
admitir las excepciones de actos crueles a favor del toreo, podría plantearse
que las razones que aduce el demandante son específicas, pues en ellas se
formula no uno sino cuatro cargos de inconstitucionalidad concreta, según los
cuales: los espectáculos taurinos vulneran el libre desarrollo de la
personalidad, el derecho a la paz,  el derecho a un medio ambiente sano y el
deber del no abuso de los derechos.
Sin embargo,
en la forma como se exponen los mismos, no se aprecia un cargo de
inconstitucionalidad concreto contra la norma demandada,  esto es, “la
oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la
Constitución Política”, a que ha hecho referencia la jurisprudencia.
31. En el
mismo sentido, los argumentos que teje contra la disposición objeto de demanda
frente a los artículos de la
Constitución acusados, no son pertinentes, pues como ya se advertía el
reproche decidido que aduce, no se formula como una argumentación jurídica de
naturaleza constitucional, no está fundado en el contenido de una norma superior
que se expone y se enfrenta al precepto demandado, sino en firmes razones de
una ética rigurosa frente a los animales, frente al toro de lidia.
32. No puede
olvidarse que, cuando el demandante estima vulnerado un derecho cuya estructura
normativa es especialmente abierta, las cargas de argumentación se incrementan,
pues reclaman del ciudadano, el ofrecer elementos más depurados que permitan
entender el ámbito de interpretación en el cual enmarca el bien constitucional
que se estima vulnerado.
Y esto es
así porque, en este caso, el actor acude a disposiciones constitucionales que
poseen la estructura típica de la norma- principio y que por tanto, aunque
significan mucho dentro del orden constitucional, en general admiten muchas
interpretaciones correctas posibles sobre lo que hace o no parte de lo
protegido. De allí que puedan tener desarrollos legislativos tan disímiles.
Salvo en
circunstancias extraordinarias en donde para el juez resulta flagrante la
vulneración de una posición jurídica constitucional, corresponde al ciudadano
distinguir y elegir dentro de esas cláusulas generales, cuál es la noción
específica que alega del o de los derechos constitucionales y principios
vulnerados. Y mal haría el juez constitucional en absolver un problema de
inexequibilidad que no concreta, al menos prima facie, la noción
jurídica que recoge de los derechos constitucionales que alega transgredidos,
pues de hacerlo vendría a ser él y no el demandante, quien estaría
seleccionando por su propia cuenta, una acepción dentro de las muchas
que la norma jurídica constitucional contiene.
33. Para ilustrar lo anterior,
basta observar que el libre desarrollo de la personalidad, en realidad no
aparece en la demanda como un derecho violado en cuanto tal, sino en cuanto a
los límites que le han sido impuestos. Es decir que lo que realmente está
reclamando es que las corridas de toros y actividades afines, no pueden hacer
parte de las manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad, pues con
ellas se vulneran los derechos de los demás y el orden jurídico. No existe
empero justificación ninguna sobre tal razonamiento, distinta de la de afirmar
que las prácticas que sobre el animal se ejercen, son “inexplicables”,
“ofenden el sentido común” y “responden a argumentos fútiles que pretenden
disfrazar de espectáculo cultural y sano a un acto censurable que promueve el
derramamiento de sangre, la crueldad, la tortura y la muerte”, son “actos
sanguinarios” que van contra de la condición humana.
No se ofrece empero una
valoración cierta, específica y pertinente con la que se brinde a la
Corte información sobre por qué un conjunto de actividades relacionadas con
animales, deben considerarse excluidas de la noción del libre desarrollo de la
personalidad previsto en la
Constitución. Y tampoco se dice por qué vulneran el orden jurídico, ni por qué
tal afirmación es consistente aún ante la existencia de normas jurídicas
vigentes reconocibles en otras leyes, que las autorizan y de algún modo las
protegen.
Y no se enmienda esta falta en la
argumentación, cuando invocan como derechos vulnerados los de la paz y el medio
ambiente, pues la explicación que da de ellos, se reduce a expresar con toda su
convicción y buen sentimiento, pero sin aducir elementos de juicio provenientes
del Derecho, que no hay paz con los actos sanguinarios que se practican con los
toros en las corridas, al representar éstas una burla para con el animal, y no
hay medio ambiente social sano, cuando una mayoría de ciudadanos debe soportar
que una minoría se divierta con la apología de la violencia y el maltrato y
muerte que se propina en los eventos taurinos al toro.
En fin, el demandante no señala por qué los espectáculos taurinos
son un abuso del derecho contra los derechos de los otros. No precisa si el
derecho del que se abusa es el del libre desarrollo de la personalidad u otros
distintos (por ejemplo libre iniciativa y actividad económica, la libertad de
profesión u oficio, el derecho y la libertad de trabajo, el derecho a la
cultura), ni se presentan argumentos jurídicos para estimar como derechos
abusados los de la paz y el medio ambiente, o cualquiera otro distinto, ni se
justifica la equiparación que de modo implícito ofrece entre derechos humanos y
derechos de los animales.
34. Tampoco,
en fin, aparecen suficientes, pues el estudio sobre los preceptos
constitucionales acusados, al fundarlo no en su contenido reconocible
jurídicamente sino en consideraciones éticas, no persuade ni convence ni levanta,
al menos prima facie, la presunción de constitucionalidad de la medida
legislativa que se controvierte.
35. En
definitiva, falta una estructuración jurídica en la cual se defina, por
ejemplo, la naturaleza antropocéntrica o geocéntrica del Derecho constitucional
colombiano; si lo primero, cuál es su justo grado; qué  relación existe entre
el contenido de la norma acusada y otros derechos protegidos por la
Constitución como la libertad de expresión artística (art.71), o la libertad
de empresa (art. 333), etc. Es decir, una estructuración de la demanda que
permita al juez constitucional, a todas luces, cumplir cabalmente con su tarea
frente a un tan interesante tema.
36. De todo lo
anterior se deduce, que no existen condiciones para proferir una decisión de
fondo que surta efectos de cosa juzgada, al reconocerse por doble vía la ineptitud
sustantiva de la demanda.
VII.
DECISIÓN.
Con fundamento en las precedentes
motivaciones, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: INHIBIRSE de
emitir pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de
inconstitucionalidad del artículo 7º de la
Ley 84 de 1989, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.
NILSON
PINILLA PINILLA
Presidente
Salvamento de voto
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Salvamento de voto
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Salvamento de voto
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Salvamento de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA
SENTENCIA C-761 de 2009
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por cuanto demanda de inconstitucionalidad cumplía
requisitos (Salvamento de voto)
INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Carga
procesal no estaba a cargo del demandante/UNIDAD NORMATIVA-Relación entre norma demandada y otras no imponía la integración (Salvamento
de voto)
Referencia: expediente
D-7683
Demanda de
inconstitucionalidad en contra del artículo 7° de la
Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección
de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia”
Magistrado
Ponente:
JUAN CARLOS
HENAO PÉREZ
Con el respeto debido por las
decisiones de la Corte, a continuación expreso las razones que me han conducido
a salvar el voto.
1. Comparto, con la mayoría, que
toda acción pública debe reunir determinadas condiciones para provocar un
pronunciamiento de fondo de la
Corte Constitucional. Sin embargo, en mi concepto, en este caso la demanda
satisfacía los requerimientos de una demanda en forma y, por consiguiente,
estimo que la Corte ha debido adoptar una decisión de fondo sobre los problemas
que el ciudadano planteaba en su acción.
2. Con todo, dado que considero
inapropiado formular cuestionamientos elusivos, procedo a continuación a
señalar hasta qué punto las censuras que se le dirigen a las acusaciones del
ciudadano suponen un enjuiciamiento riguroso de la aptitud de las acciones
públicas de inconstitucionalidad para provocar un pronunciamiento de fondo.
3. En primer lugar, se hace valer
que la inhibición está fundada en la falta de integración de la unidad
normativa, y en la imposibilidad de la Corte para subsanar esa deficiencia, en
el presente caso. A juicio de la mayoría, el ciudadano no integró la norma
demandada con otras normas legales con las que guarda una relación intrínseca y,
al no haberlo hecho, le propuso a la Corte un problema que no podría decidirse
de fondo porque, si lo hiciera, el resultado sería “o bien una decisión
inocua o bien un pronunciamiento con el cual se causa[ría] una ruptura de la
coherencia propia del sistema jurídico”.
Sin embargo, esa censura presenta
una deficiencia. Es cierto que la norma demandada está intrínsecamente
relacionada con otras normas legales.  Resulta desde todo punto de vista
incuestionable la afirmación, de acuerdo con la cual al menos algunas de las
normas establecidas en el Reglamento Nacional Taurino –Ley 916 de 2004- y en la
Ley 1272 de 2009, tienen una relación con la norma demandada. Pero lo que sí
es cuestionable es que esa sola constatación haya llevado a la
Corte a concluir que era necesario integrarlas en la unidad normativa
demandada y que, como eso no se hizo, y la
Corte no puede hacerlo en defecto del actor, debe declararse inhibida para
decidir el fondo de la cuestión. La razón por la cual afirmo que es
cuestionable es, en realidad, simple: entre la norma demandada y las otras
normas de las leyes 916 de 2004 y 1272 de 2009 sí existía una relación, pero no
era una relación de las que demandaran de parte del ciudadano una integración
de la unidad normativa. Porque aún si las normas relacionadas sobreviven a un
eventual pronunciamiento de inexequibilidad del precepto acusado, no tendrían
la virtualidad de privarlo  de eficacia, ni con ellas se produciría el efecto
de romper la coherencia del sistema, como se sugiere en la decisión
mayoritaria.
El demandado artículo 7° de la
Ley 89 de 1989 contempla unas excepciones a la presunción contemplada en el
artículo 6° de la misma Ley, en virtud de la cual determinados actos contra los
animales se consideran crueles y dañinos. Específicamente, el artículo 7°
expresa que no pueden considerarse actos crueles o hechos dañinos los mismos
actos contemplados en el artículo 6°, literales a), d), e), f) y g), cuando se
trate de “el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas
y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en
estos espectáculos”. Así, es evidente la relación que existe entre esa Ley
y otras que, como la Ley 916 de 2004, dicen que los espectáculos taurinos son
una manifestación artística del ser humano o, como la
Ley 1272 de 2009, que determinadas corralejas son patrimonio cultural de la
Nación. En toda esa normatividad se alude de una u otra manera a espectáculos
taurinos. Pero la relación, como se ve, es estrictamente temática. Si, en un
ejercicio intelectual, el legislador derogara las excepciones contempladas en
el artículo 7° demandado, ¿podría alguien pensar seriamente que las excepciones
siguen estando vigentes? Estimo que no. Si, en un ejercicio semejante, la
Corte declarara inexequible el artículo 7° demandado, ¿podría alguien pensar
que las excepciones siguen siendo válidas? Estimo que no. La mayoría de la
Corte puede, naturalmente, hacer proyecciones sobre la posible ambigüedad
filosófico-política de un ordenamiento que sanciona determinados tratamientos a
los animales y al mismo tiempo los ensalza como patrimonio cultural de la
Nación o como manifestación artística del ser humano. Pero decir que esa
ambigüedad significa una “ruptura de la coherencia propia del sistema jurídico”
es al menos exagerado.
Desde luego, en el ordenamiento
debe existir una cierta unidad de propósitos y coherencia en las aspiraciones
filosóficas. En ese sentido, creo que habría sido mejor que el accionante
hubiera demandado toda la legislación relacionada con las actividades
protegidas por la norma acusada en esta ocasión. Pero dado que no lo hizo y
que, como es obvio, el riesgo de introducir esa ambigüedad existía con un
eventual pronunciamiento de fondo, la Corte podía adoptar una alternativa menos
grave que la inhibición, pues ésta en definitiva afecta el derecho del
ciudadano a acceder a una administración de justicia constitucional efectiva.
Esa otra opción consistía en emitir un  pronunciamiento de fondo, poniendo de
presente el riesgo de la ambigüedad y tratándolo directa y abiertamente. Ese
riesgo le hubiera servido a la Corte como una razón suficiente para definir
categóricamente el fundamento normativo de su decisión, el sentido y propósito
de la misma y, por qué no, sus alcances.
Ahora bien, la mayoría no sólo
dice que la decisión de fondo habría podido romper la coherencia del sistema.
También aduce que habría podido ser inane. Y, tal vez, las decisiones de la
Corte Constitucional nunca puedan materializar cabal y plenamente el proyecto
ideal contenido en un Ordenamiento como el de la
Constitución de 1991, pero  cualquier paso que se dé en ese sentido, cualquier
aproximación real y sincera en esa dirección es valiosa y no puede considerarse
ineficaz, inocua o inane. Luego podría aceptar que una decisión de fondo en
este caso, y en la eventual hipótesis de que hubiera sido de inexequibilidad,
no habría disipado las dudas sobre la calificación deóntica de determinadas
prácticas que se adelantan con los animales, pero tampoco habría sido inocua,
como se planteó.
4. No obstante, la
Corte no fundamentó su decisión exclusivamente en la falta de integración de
la unidad normativa. Otro de los fundamentos de la inhibición tuvo que ver con
las carencias argumentativas de la demanda y, más concretamente, con la
orfandad de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia de los argumentos
presentados por el ciudadano demandante. Y es cierto, como señala la
Corte, que una demanda apta debe reunir esos requisitos. Pero la verificación
de cada uno de ellos en un memorial que no necesita ser presentado por
especialistas en derecho constitucional, no debería ser tan rigurosa.
En mi interpretación, el
demandante planteó cuatro acusaciones de constitucionalidad. Acepto que no
todas estaban formuladas como sería deseable. Sin embargo, desde mi punto de
vista el ciudadano planteaba al menos un cuestionamiento claro, cierto,
específico, pertinente y suficiente: si la
Constitución permite o prohíbe al legislador no considerar como crueles o
dañinas, y en consecuencia sancionables, determinadas prácticas con los
animales que tienen lugar en los espectáculos taurinos. Esa pregunta emana de
una controversia amplia y notable en la sociedad, acerca de si debe haber
normas fundamentales directamente exigibles a todo ser humano, en su relación
con los animales. La Corte no estaba obligada, naturalmente, a aceptar las
acusaciones del demandante. Sólo debía ofrecer su interpretación sobre el
punto, pues la sociedad tiene derecho a que un órgano jurisdiccional autorizado
establezca si su Constitución dice algo al respecto, y qué dice, para adoptar
entonces las decisiones institucionales pertinentes de acuerdo con los
procedimientos democráticos establecidos.  Por eso estimo, con todo respeto,
que la Corte ha debido emitir un pronunciamiento de fondo sobre este asunto.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO A LA SENTENCIA C-761 DE 2009
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por cuanto demanda de inconstitucionalidad cumplía
requisitos (Salvamento de voto)
INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Carga
procesal no estaba a cargo del demandante/UNIDAD NORMATIVA-Establecimiento no es requisito para quien instaura la acción
pública de inconstitucionalidad (Salvamento de voto)
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
(Salvamento de voto)
NORMA
ACUSADA-Disposición que excepciona algunos actos de crueldad para con los
animales debió declararse inexequible (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente
D-7683
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección
de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia”.
Magistrado
Ponente:
Juan Carlos Henao
Pérez
De manera
respetuosa expongo los argumentos que sirvieron para elaborar el proyecto de
sentencia mediante el cual se proponía a la
Sala Plena de la Corporación, que declarara inexequible la norma demandada.
Como quedó consignado en el texto de la sentencia C-761 de 2009, el proyecto
elaborado por el suscrito no fue acogido por la mayoría de los integrantes de la
Corte.
No comparto la
decisión mayoritaria de la Sala en el sentido de INHIBIRSE para emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de la petición de inconstitucionalidad
formulada contra el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, pues considero que la
demanda sí cumplía con los requerimientos jurídicos propios de esta clase de asunto.
En el proyecto
originalmente presentado tuve oportunidad de explicar las razones por las
cuales la demanda cumplía con los requisitos de procedibilidad establecidos en
el Decreto 2067 de 1991 y en la jurisprudencia de la
Corporación. En relación con esta materia expresé que la acción de
inconstitucionalidad fue concebida como un mecanismo de participación en virtud
del cual todo ciudadano puede acudir ante la
Corte Constitucional, para solicitar que mediante una sentencia que haga
tránsito a cosa juzgada, la norma demandada sea excluida del ordenamiento
jurídico debido a la contradicción entre ésta y el texto de la
Carta Política. Se trata, entonces, de un instrumento que combina el ejercicio
de los derechos políticos (C. Po art. 40),  con los beneficios derivados del
control al poder ejercido por el legislador.
A pesar de su
naturaleza pública, el ejercicio de esta acción ha sido regulado mediante el
Decreto 2067 de 1991, particularmente en cuanto hace a los requisitos de la
demanda previstos en el artículo 2º del estatuto mencionado. Sin embargo, estos
condicionamientos no pueden ser entendidos como limitante al ejercicio de un
derecho político, sino como contribución al proceso que según el artículo 241
superior se debe llevar a cabo ante la
Corte Constitucional, toda vez que su observancia busca identificar el
contenido de la demanda mediante el aporte de elementos que informen
adecuadamente al juez sobre el alcance de la pretensión con miras a proferir un
pronunciamiento de fondo.
La Corte Constitucional[10],
refiriéndose a los requisitos de la demanda y particularmente a las razones que
el demandante debe exponer, ha manifestado:
“La
efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de
que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes[11].  De lo contrario, la
Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra ‘la expectativa
legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de
la Corte Constitucional’”[12].
A folio 2 del
escrito de demanda, bajo el título “RAZONES POR LAS CUALES DICHOS TEXTOS SE ESTIMAN
VIOLADOS”, el actor explicó que según el artículo 16 superior, el constituyente
consagró dos límites al ejercicio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, a saber: los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. Al
respecto expuso el demandante que un espectáculo sólo puede ser considerado
“cultural”, en tanto dignifique y enaltezca la condición humana, pero cuando el
llamado espectáculo involucra actos sanguinarios que implican tortura y
maltrato para un animal por la simple diversión del hombre, tal actividad
avergüenza y envilece antes que dignificar la condición humana, siendo más que
desarrollo de la personalidad un acto que merece censura social.
Añadió el
actor que cuando algunos acometen actos de crueldad que llevan a la muerte
violenta de un animal, otros se sienten ofendidos en su dignidad humana, más
aún cuando los actos de sometimiento del animal comportan el uso de
instrumentos cortopunzantes, como espadas, cuchillo de descabello, banderillas
y picas empleadas por hombres que también exponen a sus caballos a los riesgos
propios de la envestida de un toro artificialmente provocado para envestir.
Según el
demandante, la muerte violenta y morbosa de un animal a manos de un hombre que
se divierte y divierte a una muchedumbre, es un acto que choca con la decencia
y la inteligencia que caracteriza a los seres humanos. Refiriéndose a las
excepciones creadas por la norma atacada, explicó que las mismas atentan contra
el libre desarrollo de la personalidad por el abuso en el cual incurren quienes
se solazan con el sufrimiento de seres vivos, hasta verlos morir atravesados
por espadas o puñales, para el regocijo de un pequeño sector de la sociedad que
aplaude y concede honores a quien realmente está atentando contra el ambiente
sano y contra los derechos de los animales.
En mi
concepto, los argumentos expuestos en relación con el libre desarrollo de la
personalidad eran claros, ciertos y específicos, en cuanto resultan
inteligibles y comprensibles, permitían cotejar el texto del artículo 16 de la
Carta Política con las excepciones creadas mediante el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989 y, además, generaban una duda razonable sobre la
constitucionalidad de la norma atacada. La
Corte Constitucional, antes que inhibirse, debió analizar si los límites
impuestos en el artículo 16 superior habían sido quebrantados mediante el
precepto impugnado.
Frente al
artículo 22 de la Carta Política, según el cual la paz es un derecho y un deber
de obligatorio cumplimiento, el accionante expuso que la tortura y muerte con
sevicia de animales representa una afrenta al derecho a la paz, por cuanto
actividades como las riñas de gallos, el rejoneo, las corridas de toros y las
corralejas,  comportan actos de suplicio físico y muerte por diversión, dentro
de una sociedad harta de violencia y de crueldad.
Este argumento
es claro, cierto y suficiente, por cuanto varios estudios mencionados en las
ponencias del proyecto que luego se convirtió en Ley 84 de 1989, dan cuenta de
los efectos nocivos para los niños y los adultos, desde el punto de vista
social y sicológico, efectos que pueden tener consecuencias sobre la violencia
y la criminalidad dentro de la sociedad. La
Sala, antes que inhibirse, hubiera podido establecer si los actos descritos
por el demandante y que resultan autorizados por la
Ley, tienen la entidad suficiente para vulnerar lo dispuesto en el artículo 22
superior.
En cuanto al
artículo 79 de la
Constitución Política, consideró el actor que el derecho a gozar de un
ambiente sano era desconocido cuando se autoriza un llamado “espectáculo
cultural”, que tiene como componente el atentado contra un animal que resulta
muerto de manera sanguinaria por la simple diversión, celebrada y aplaudida por
algunos asistentes al denominado “festejo”. Para el actor, matar a un animal
indefenso mientras vomita sangre, siente dolor y es humillado, constituye un
atentado contra el medio ambiente. Este argumento también era claro, cierto y
específico, más aún si se tiene en cuenta que el legislador, en la exposición
de motivos manifestó que la finalidad del Estatuto Nacional de Protección de
los Animales era la de amparar a los animales como parte integrante del entorno
natural que comparte con los seres humanos.
Es decir, los
argumentos relacionados con el artículo 95-1 de la
Carta Política, según el cual la persona y el ciudadano deben respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios, están fundados en el hecho que al
interior de las plazas de toros se presentan crueldades y atrocidades contra
los animales, mediante actos que constituyen abusos de los derechos reconocidos
a determinadas personas.
Se provoca
artificialmente al toro para que envista, luego le clavan instrumentos
cortopunzantes en forma repetida y sistemática, le provocan dolor, cansancio,
lo desgarran interna y externamente, para finalmente matarlo en medio de
escenas sangrientas que, para el actor, implican abusar de ciertos derechos
concedidos por el ordenamiento jurídico.
Una vez más,
este argumento es claro, cierto y específico; por tanto, la
Corporación, en lugar de declararse inhibida para fallar, tenía que establecer
si los derechos reconocidos a quienes participan del “festejo”, son ejercidos
dentro de los parámetros establecidos por el constituyente o, si por el
contrario, se incurre en abuso de los mismos cuando se acometen las conductas
descritas por el demandante.
En relación
con los argumentos expuestos en la sentencia, según los cuales el demandante no
integró debidamente la unidad normativa, considero que el actor no tenía esta
carga procesal, toda vez que la impugnada era una norma que exceptuaba algunas
conductas censurables, para justificarlas y de esta manera excluirlas de las
sanciones policivas que corresponden a quienes maltratan a los animales; es
decir, al declarar inexequible el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989, el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, quedaría
dotado de mayor coherencia, pues en el futuro podrían resultar sancionadas
todas aquellas personas que con el pretexto de participar en el rejoneo, coleo,
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas y riñas de
gallos, maltratan a los animales y, muchas veces, los matan con crueldad y sevicia.
Los ejemplos
mencionados en la Sentencia para pretender ilustrar la falta de unidad de
materia no son adecuados ni pertinentes, toda vez que el Reglamento Nacional
Taurino (Ley 916 de 2004) y la Ley mediante la cual fue declarado como
Patrimonio Cultural de la Nación la fiesta en Corralejas     (1272 de 2009),
son estatutos en los cuales se combinan aspectos culturales que identifican
nuestra nacionalidad, pero que en ninguno de sus textos autorizan ni legitiman
la barbarie, el maltrato y la crueldad para con los animales utilizados en lo
que paradójicamente ha venido en llamarse “festejo”.
Considero,
además,  que la Corte debió tener en cuenta su propia doctrina sobre el
principio pro actione[13], más aún cuando
ella misma ha enseñado que:
“… la naturaleza participativa de la
acción pública de inconstitucionalidad (C.P. art. 40), exige que el derecho a
demandar del ciudadano, no se someta a un excesivo formalismo del líbelo de la
demanda que haga inoperante su ejercicio y que, en mayor o menor medida, se
convierta en un límite para la protección no sólo de los derechos y garantías
fundamentales de los ciudadanos, sino también de la efectiva protección de un
sistema jurídico jerarquizado.
Por ello esta
Corporación ha reconocido que en atención a esos pilares fundamentales de
participación y de acceso público, en el ejercicio de la acción de control de
constitucionalidad, no pueden interpretarse las demandas de inexequibilidad, en
una forma tan rigurosa o sujeta a tal ritualismo, que les  impida a los
ciudadanos el ejercicio efectivo de su derecho de acceder a la administración
de justicia y, en concreto, a la jurisdicción constitucional, como emanación
del derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político (C.P. art. 40-6)[14].
En esta
medida, surge como pilar de aplicación el denominado principio pro actione[15],
según el cual, siempre que del análisis de una demanda sea posible identificar
el texto acusado[16], el cargo formulado[17]
o, al menos, exista una duda razonable sobre el alcance hermenéutico de la
disposición acusada[18] o de la norma
constitucional que sirve como parámetro de confrontación[19];
es viable que esta Corporación subsane los distintos defectos de las demandas
que, en principio, hubieran llevado a un fallo inhibitorio y que detectados en
la etapa de admisión hubieran dado lugar a su inadmisión o a su rechazo y, por
ende, adelante el control de constitucionalidad, con el fin de hacer prevalecer
el derecho sustancial sobre el formal, y de garantizar los derechos de acceso a
la administración de justicia y de participación democrática. Pero, en
especial, con el propósito esencial de mantener ‘la integridad y supremacía
de la Constitución’, en los términos previstos en los artículos 241 y
subsiguientes del Texto Superior”.
Como se
observa, contrario a lo que se afirma en la
Sentencia C-761 de 2009, la demanda sí cumplía con los requerimientos
previstos en la legislación y en la jurisprudencia para que la
Corte Constitucional estudiara los cargos y procediera a emitir un
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones formuladas por el ciudadano
Óscar Andrés Acosta Ramos.
Fecha ut
supra,
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO A LA
SENTENCIA C- 761 DE 2009.
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por cuanto demanda de inconstitucionalidad cumplía
requisitos (Salvamento de voto)
UNIDAD NORMATIVA-Integración no era
necesaria para pronunciarse sobre la norma demandada (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente D-7683.
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección
de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia”.
Demandante:
Óscar Andrés Acosta Ramos.
Magistrado
Ponente: Juan Carlos Henao Pérez.
Con todo respeto, expongo los motivos que me llevan
a discrepar de la presente Sentencia.  En mi opinión los cargos que se
formularon en la demanda si reunían – con suficiencia – los requisitos
señalados por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991.
1.  Esta Corporación[20]
ha especificado a través de su jurisprudencia  el contenido de los mencionados
requisitos, puntualmente ha señalado que la certeza en el cargo se
refiere a que éste recaiga sobre una proposición jurídica presente en el
ordenamiento jurídico , que ataque la norma acusada y no otra no mencionada en
la demanda; así entonces, los cargos no pueden inferir consecuencias subjetivas
de las disposiciones demandadas , ni extraer de estas efectos que ellas no
contemplan objetivamente.  En últimas, los cargos serán ciertos si las
proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del  “texto
normativo”.  Los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las
sospechas y las creencias  del demandante respecto de la norma demandada
no podrán constituir un cargo cierto.  En relación con la pertinencia del
cargo se ha afirmado que los cargos deben tener una naturaleza constitucional.
Es decir, que los cargos contrapongan normas de inferior categoría a las normas
constitucionales.  Por ende, es indispensable que los razonamientos sean
del orden constitucional, razón por la cual no podrán ser aceptados cargos
basados en argumentos legales o doctrinarios.   De igual manera, no
aparejan pertinencia aquellos cargos que pretenden sustentar la
inconstitucionalidad de la norma acusada basado en ejemplos, acaecimientos
particulares,  hechos personales, vivencias propias, sucesos y ocurrencias
reales o imaginarias , en las que supuestamente se aplicó o será aplicada la
norma demandada. Finalmente, los cargos son suficientes si despierten
una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal
manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un
pronunciamiento por parte de la
Corte Constitucional.
2. Pues bien, la
Sentencia parte de la base que los cargos presentados en la demanda no
contaban con la certeza, pertinencia y suficiencia necesarias para producir una
decisión de fondo.   No obstante, considero que dichos presupuestos estaban
presentes en los cargos.  En efecto, al señalarse claramente en la demanda la
vulneración de los arts. 16, 22, 79 y 95-1 se cumplió a cabalidad con lo exigido
por el art. 2° del Decreto 2067 de 1991.  El mejor ejemplo de ello es el cargo
por vulneración del artículo 79 que afirmaba que el ambiente además de
comprender el entorno ambiental abarca lo social y cultural; así entendido,
corresponde a las circunstancias que rodean a todos los ciudadanos dentro de
las cuales se garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectar el ambiente natural. En este orden, añade el actor, las corridas
de toros como espectáculo cultural atentan contra el ambiente social debido al
maltrato y muerte de un animal de manera sanguinaria, por simple diversión,
siendo ello apología de la violencia, celebrada y aplaudida por un público que
no representa ni constituye la mayoría de los ciudadanos. Explica que quienes
no asisten a estos eventos no pueden gozar de un ambiente sano por cuanto en su
misma ciudad y país, conocen que en determinados lugares está permitida la
apología de la violencia contra seres inconscientes sentenciados a una cruel
tortura y muerte para la diversión morbosa de una minoría.
Así
las cosas, las características constitucionales de certeza, pertinencia y
suficiencia estaban presentes en los cargos, es decir, la demanda recayó
sobre una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico (artículo
7º de la Ley 84 de 1989), los cargos demostraban la supuesta contradicción
entre una norma inferior y varias normas superiores constitucionales (artículos
16,22, 79 y 95-1 C.P), lo que aparejaba como consecuencia la suficiencia del
cargo.
3.
Se afirma en la Sentencia, además, que el actor no integró todas las normas que
comprendían la proposición jurídica completa. No obstante, para pronunciarse de
manera específica sobre la norma demandada no era indispensable integrar otras
normas del ordenamiento jurídico, razón que sustenta la necesidad de la
proposición jurídica completa.  Que la Corte haya deseado pronunciarse sobre
otras normas que hacían referencia al tema pero que no fueron demandadas, no es
una carga que puede imputársele al actor; quien como se afirmó, cumplió con las
cargas mínimas exigidas para realizar un estudio de constitucionalidad, razones
por las cuales la Corte debió emitir un pronunciamiento de fondo.
En los términos anteriores se
deja expresadas las razones de mi discrepancia.
Fecha ut supra,
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
[1]
Los antecedentes, los argumentos de la demanda, el resumen de las
intervenciones ciudadanas y del concepto del Ministerio Público, han sido
tomados del proyecto original preparado por el Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio y generosamente compartido.
[2]
Entre otras, C-428 de 2008 y-320 de 1997.
[3]
Vid, entre otras: Sentencia C-448 de 2005; C-100 de 2005; C-409 de 1994, C-320
de 1997.
[4] Conforme la reiterada sentencia C-539 de 1999, los
eventos en los cuales procede la integración de la unidad normativa por parte
de la Corte, son: “En primer lugar, procede la integración de la unidad
normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no
tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y
aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo
con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario
completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo
inhibitorio/.En segundo término, se justifica la configuración de la unidad
normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se
encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas.
Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo./
Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse
ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra
intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta
serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la
integración normativa por esta última causal, se requiere la verificación de
dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una
estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad
normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista,
aparentemente inconstitucionales.  A este respecto, la
Corporación ha señalado que “es legítimo que la
Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma
demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa
constitucionalidad”.
[5] Que emitió
una decisión inhibitoria por proposición jurídica incompleta.
[6] Ver también sentencias C-370 de 2006, C-922 de 2007 y
C-940 de 2008.
[7]
Cfr. Sentencia C-142 de 2001.
[8]
Cfr. Ibíd.
[9] Al respecto se señaló en la sentencia C-320 de 1997,
reiterada en numerosas ocasiones, que “la
Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando
ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es
absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido
normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este
último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y
se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis
para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los
actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación
global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece
prima facie de una dudosa constitucionalidad” (subrayado fuera de texto).
En el mismo sentido la sentencia C-185 de 2002, donde la
Corte observó: “La atribución legal reconocida a esta Corporación para
integrar la unidad normativa, es decir, para vincular al proceso de
inconstitucionalidad otros preceptos que no fueron materia de acusación, al
margen de tener un alcance excepcional y restrictivo, sólo puede ejercerse
cuando se ha verificado previamente que la demanda fue presentada en debida
forma; esto es, cuando se determine que la misma ha cumplido con los requisitos
formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de
inconstitucionalidad”.
[10] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001.
Además, Cfr. Sentencias C-370 de 2006, C-922 de 2007 y C-943 de 2008, entre
muchas otras.
[11] Cfr. Auto de Sala Plena 244 de 2001. La
Corte, al resolver el recurso de súplica presentado por los actores, confirmó
los autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar razones
“específicas, claras, pertinentes y suficientes”.
[12] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-898 de 2001.  La
Corte se inhibió de conocer la demanda contra algunos apartes de los artículos
186, 196, 208 y 214  del Decreto 1355 de 1970 por ineptitud en la demanda.
[13] Cfr., entre otras, la
Sentencia C-1192 de 2005.
[14] Así, por ejemplo, en Sentencia C-142 de 2001, la
Corte afirmó que: “(...) la interpretación de tales pautas [es decir, las
cargas que se imponen a los accionantes para demandar], no puede tener por
efecto anular el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, razón
por la cual se ha de considerar con cierta ‘indulgencia’ al ciudadano inexperto
en asuntos jurídicos (...)”
[15] Sentencias C-898 de 2001, C-520 de 2002 y C-406 de
2003, entre otras.
[16] Véase, entre otras, las Sentencias C-063 de 1994,
C-335 de 1994, C-622 de 1997 y  C-142 de 2001.
[17] Véase, en relación con cargos confusos: las
Sentencias C-1065 de 2000, C-621 de 2001, C-992 de 2001 y C-155 de 2002; y en
torno a cargos insuficientes: las Sentencias C-016 de 1993 y C-157 de 2002.
[18] Véase, entre otras, la
Sentencia C-641 de 2002.
[19]Véase, entre otras, las Sentencias C-211 de 1992,
C-540 de 2001 y C-226 de 2002.
[20] Auto 032 de 2005, Sala Plena, Corte Constitucional.