T-902-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-902/13
ACCION DE TUTELA
FRENTE A CONTRATO DE SEGUROS-Procedencia excepcional cuando el margen
de desigualdad existente entre las partes es tal que establece una situación de
indefensión/ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia
excepcional cuando prestan un servicio público o actividad de interés público
ACCION
DE TUTELA CONTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA-Procedencia para
el pago de póliza cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional y los medios ordinarios no son idóneos
Cuando estén amenazados derechos
fundamentales como la vida, la salud o el mínimo vital, y los mecanismos
ordinarios no sean eficaces o idóneos, resulta procedente el amparo
constitucional. Por lo tanto, si la controversia sobre el objeto asegurado es
puramente económica no tendría lugar la tutela, pues el conflicto se debe
resolver ante la  jurisdicción ordinaria, pero si tiene efectos sobre la vida o
el mínimo vital de una persona puede ser viable la acción de tutela para
amparar tales derechos fundamentales, ante la falta de idoneidad y agilidad del
medio ordinario de defensa judicial.
CONTRATO
DE SEGUROS-Condiciones
Es
posible diferenciar entre dos (2) clases de condiciones de los contratos de
seguros. De un lado, están las condiciones generales, es decir, las cláusulas
aplicables a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por un asegurador,
las cuales obedecen al formato tipo que debe depositarse en la Superintendencia
Financiera de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 184
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. De otro lado, las condiciones
particulares definen el alcance de la relación frente a cada caso concreto. Por
consiguiente, para precisar el alcance de la cobertura de un seguro, no basta
con referenciar las condiciones generales sino que es necesario analizar las
condiciones particulares del negocio jurídico.
PRINCIPIO
DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Se predica tanto
de tomador como de asegurador
INTERPRETACION
PRO CONSUMATORE-Interpretación del contrato de seguros a favor del
asegurado
La
relación de aseguramiento, se caracteriza principalmente por imponer límites al
poder de la parte dominante. En este sentido, la parte que redacta e impone las
condiciones del contrato debe cumplir, al menos, los siguientes parámetros: (i)
no estipular condiciones indeterminadas, ambiguas o vagas que actúen en contra
de los intereses del asegurado; y si las integran al contrato, (ii) deben
interpretarlas a favor del usuario, en virtud del principio pro costumatore o
pro homine. La Constitución protege de esta forma la posición de los usuarios
de los contratos de seguros como manifestación del principio de la buena fe
(art. 83, CP), el cual propende por el equilibrio de la relación de
aseguramiento y la eliminación de todas aquellas condiciones que generan
inseguridad jurídica en la ejecución del contrato.
PRINCIPIO
DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CALIFICACION DE PERDIDA DE
CAPACIDAD LABORAL-El sistema de seguridad asignó
competencia de calificar pérdidas de capacidad laboral a variedad de
instituciones, dependiendo del régimen al cual pertenezca el interesado
El artículo 48 de la Constitución Política
consagra que el servicio público de Seguridad Social se prestará con sujeción
al principio de eficiencia; y el artículo 2 de la Ley 100 de 1993 define ese
postulado como “(…) la mejor utilización social y económica de los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a
que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y
suficiente.” Siguiendo el mandato de eficiencia, el sistema de seguridad social
asignó la competencia de calificar pérdidas de capacidad laboral a una variedad
de instituciones, dependiendo del régimen al cual pertenezca el interesado y de
las especialidades que se necesiten para examinar el caso. Así, dispuso que las
pérdidas de capacidad laboral de las personas que hacen parte del Sistema
General de Seguridad Social sean dictaminadas por las Juntas de Calificación;
que las condiciones físicas de los miembros de la Fuerza Pública sean evaluadas
por entidades pertenecientes a la institución castrense; que la de los empleados
de Ecopetrol sean estudiadas por las entidades competentes dentro de su
régimen; y que la de los miembros del Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio sea examinada por la autoridad correspondiente que preste los
servicios médicos asistenciales.
LIBERTAD
PROBATORIA EN CONTRATO DE SEGUROS-No restringe la prueba del
siniestro al dictamen de la Junta Regional de calificación
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Vulneración por
Aseguradora al exigir que pérdida de capacidad laboral sea calificada por Junta
Regional de Calificación sin tener en cuenta que accionante pertenece al
régimen exceptuado como el del Magisterio
La actuación de la demandada vulneró los
derechos al mínimo vital y el debido proceso de la accionante, al negarse a
afectar la póliza de seguro de vida grupo deudores que amparaba su crédito
hipotecario, ya que (i) exigirle que demuestre su pérdida de capacidad laboral
a través de la Junta Regional de Calificación, desconoce la eficiencia del
sistema de seguridad social, en perjuicio de una persona que es sujeto de
especial protección constitucional y tiene una amenaza real para el cubrimiento
de sus necesidades básicas; además, (ii) no se probó que las condiciones del
contrato establecieran un solo mecanismo para demostrar el siniestro, y por
tanto a la accionante se le restringió la libertad probatoria
injustificadamente. Su pérdida de capacidad laboral fue certificada por la
entidad que tiene la facultad de hacerlo, dada su vinculación al Magisterio y
al no haberse impugnado, quedó en firme.
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden a
Aseguradora pague al Banco el saldo insoluto de la obligación hipotecaria por
póliza de vida que respalda crédito
PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA EN CONTRATO DE SEGUROS-Finalidad/PRESCRIPCION
ORDINARIA EN CONTRATO DE SEGUROS-Finalidad
PRINCIPIO
DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Vulneración
cuando entidad aseguradora toma como fecha del siniestro la fecha de estructuración
de invalidez para declarar prescripción
La actuación de la demandada vulneró los
derechos al debido proceso y el mínimo vital de la accionante, al negarse a
afectar la póliza de vida grupo deudores que ampara su crédito sosteniendo que
ocurrió en su caso el fenómeno de la prescripción, por cuanto (i) el contrato
de seguro no estipula que el siniestro deba entenderse ocurrido al momento del
diagnóstico inicial de la enfermedad; (ii) puede aceptarse razonablemente que
el siniestro se produjo cuando con ocasión de la metástasis ósea que le fue
diagnosticada, la actora no pudo seguir laborando por la pérdida de su
capacidad funcional, concluyendo la Sala, que en esta ocasión no se presenta el
fenómeno de la prescripción, porque la reclamación se presentó dentro del
término estipulado en la ley.
Referencia: T-3974160 y T-3978372
(Expedientes acumulados)
Expediente T-3974160. Acción de tutela
presentada por Claudia Lucía Ortega Cortés contra Liberty Seguros S.A y el
Banco Caja Social S.A. (vinculado).
Expediente T-3978372. Acción de tutela
presentada por Miryan Lucero Vargas Caicedo contra QBE Seguros S.A. y el Fondo
Nacional del Ahorro.
Magistrada
ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil trece
(2013)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados, María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Treinta y Dos Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá el ocho (8) de abril de dos mil
trece (2013), en primera instancia, y por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del
Circuito de Bogotá el seis (6) de junio de dos mil trece (2013), en segunda
instancia, en la acción promovida por Claudia Lucía Ortega Cortés contra
Liberty Seguros S.A; y por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito
Piloto de la Oralidad de Bogotá el diecisiete (17) de mayo de dos mil trece
(2013), en primera instancia, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), en segunda instancia, en
la acción promovida por Miryan Lucero Vargas Caicedo contra QBE Seguros S.A. y
el Fondo Nacional del Ahorro.
Los
procesos de la referencia fueron escogidos y acumulados para revisión por la
Sala de Selección Número Siete, mediante auto proferido el treinta (30) de
julio de dos mil trece (2013). Para esta Sala procede la acumulación decretada
por la Sala de Selección, por existir relación entre los hechos que motivan las
dos (2) acciones, y en razón a ello se producirá un solo fallo para decidirlos.
I.
ANTECEDENTES
Claudia
Lucía Ortega Cortés y Miryan Lucero Vargas Caicedo interpusieron acciones de
tutela contra las empresas Liberty Seguros S.A. y QBE Seguros S.A.,
respectivamente. Consideran que esas entidades vulneraron sus derechos al
debido proceso y el mínimo vital, al negarse a hacer efectivas las pólizas de
seguro de vida grupo deudores que amparan sus obligaciones crediticias. Afirman
que tienen derecho al pago de la indemnización porque, (i) se encuentran en un
estado de salud que les imposibilita cancelar sus deudas financieras; (ii) sus
respectivos Bancos tomaron un seguro que cubre ese riesgo; y, a su juicio,
(iii) cumplen todos los requisitos estipulados en las pólizas.
A
continuación se realizará una exposición más amplia de los antecedentes de cada
caso, la respuesta de las autoridades accionadas y las decisiones objeto de
revisión.
1.
Caso de Claudia Lucía Ortega Cortés contra Liberty Seguros S.A. Expediente
T-3974160
1.1.
Narración de los hechos y argumentos jurídicos presentados en la demanda
1.1.1.
Claudia Lucía Ortega Cortés adquirió un crédito de vivienda con el Banco Caja
Social el ocho (8) de noviembre de dos mil uno (2001), por un valor de  dieciséis
millones treinta y cinco mil pesos ($16.035.000). Esa deuda fue amparada por un
seguro de vida grupo deudores que tomó la entidad financiera con Liberty
Seguros S.A., el cual garantiza el pago del saldo insoluto del crédito ante la
muerte, enfermedad grave o la incapacidad total y permanente de la
peticionaria.[1]
1.1.2.
El trece (13) de febrero de dos mil doce (2012) la accionante fue calificada
con un 75% de pérdida de capacidad laboral de origen profesional, causada
principalmente por una “monoatrofia del miembro superior derecho y una
hernia discal cervical”.[2]
Dicha calificación fue realizada por la empresa Médicos Asociados S.A. porque
la accionante trabajó como docente oficial del Distrito Capital de Bogotá, y
esa entidad es la encargada de prestar los servicios de salud para el personal
del Magisterio. Además, para efectos de reclamar la pensión de invalidez ella
debía recurrir a esa empresa para que certificara su pérdida de capacidad
laboral, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 91 de 1989.[3]
1.1.3.
Con base en lo anterior, la accionante solicitó a Liberty Seguros S.A. afectar
la póliza que ampara el riesgo cubierto, al no poder cancelar su crédito ante su
incapacidad total y permanente, y de esta forma cubrir el saldo insoluto de la
deuda.[4]
La empresa aseguradora, sin embargo, respondió que no podía acceder a sus
pretensiones porque “para formalizar un reclamo bajo el amparo de
Incapacidad Total y Permanente se requiere presentar el certificado expedido
por la Junta de Calificación de Invalidez del Sistema de Seguridad Social,
en donde se establezca un porcentaje de pérdida igual o superior al 50%”.[5]
(Subrayado original del texto). Explicó que la invalidez debía acreditarse por
la Junta Regional de Calificación, y no por otra entidad, porque en las
condiciones generales del contrato de seguro bajo el cual se presentó la
solicitud de la indemnización, se establece que el grado de invalidez debe
examinarse “(…) con base en el manual de calificación de invalidez
del sistema de seguridad social”.[6]
(Subrayado original del texto).
1.1.4.
En este contexto, Claudia Lucía Ortega Cortés presentó acción de tutela contra
Liberty Seguros S.A., pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y el mínimo vital, y hacer efectivo el seguro de vida grupo
deudores No. 4600-94002009, cancelándose los saldos insolutos del crédito
tomado con el Banco Caja Social.
Argumenta
que tiene derecho al pago reclamado porque (i) hace parte del régimen de
seguridad social especial del Magisterio, y en ese sentido puede acreditar la
incapacidad con la entidad encargada de prestar los servicios de salud a los
profesores oficiales del Distrito; (ii) el dictamen se realizó con base en el
manual único de calificación del sistema de seguridad social, y el mismo sirvió
de base para que le reconocieran una pensión en enero de dos mil trece (2013)
por valor aproximado a un salario mínimo;[7] (iii) y
necesita eliminar las consecuencias negativas derivadas de la ocurrencia de un
riesgo asegurado, es decir, cubrir el saldo insoluto de la deuda ante su
incapacidad de hacerlo. Adicionalmente, señala que la acción de tutela procede
en este caso porque si bien existen otros medios de defensa judicial, éstos no
son idóneos ni eficaces para proteger los derechos fundamentales invocados, si
se tiene en cuenta su situación de invalidez y que vela por el sostenimiento de
sus padres mayores de edad.
1.2.
Intervención de las entidades demandadas
1.2.1.
Liberty Seguros S.A. solicitó que se declarara improcedente el amparo
constitucional en tanto existen otros mecanismos de defensa judicial en la
jurisdicción ordinaria, y no observó que en este caso se presentara la acción
para evitar un perjuicio irremediable. De todas formas, señaló que de
conformidad con los presupuestos fácticos del caso debía concluirse que Claudia
Lucía Ortega Cortés no tiene derecho a que se haga efectiva la póliza de seguro
de vida grupo deudores en cuestión, porque “para efectos de que el amparo
tuviera operancia se hacía indispensable que la [peticionaria] fuera
calificada con un grado de invalidez del sistema de seguridad social, es decir,
por medio del dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la junta de
calificación de la invalidez”.[8]
Afirma,
que exigir que la invalidez sea certificada por la Junta Regional de
Calificación, se debe a la necesidad de unificar y objetivizar las
calificaciones dentro de la entidad aseguradora, garantizando la igualdad entre
los usuarios que solicitan el pago de sus respectivas indemnizaciones.
1.2.2.
Por su parte, el Banco Caja Social intervino en el proceso de tutela para
solicitar que se le desvinculara del mismo. A su juicio, el Banco “no es la
entidad aseguradora que define la prosperidad de la reclamación”, por lo
cual no hay lugar a que se declare que vulneró los derechos fundamentales de la
accionante.
1.3.
De las sentencias objeto de revisión
1.3.1.
El Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá
resolvió en primera instancia declarar improcedente la acción de tutela,
mediante sentencia del ocho (8) de abril de dos mil trece (2013). Argumentó que
la controversia se enmarcaba en acuerdos privados que debían ser debatidos en
la justicia ordinaria, y que en tanto no se observaba la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, la acción de tutela no era el medio para buscar la defensa
de los derechos invocados.
1.3.2.
Luego de impugnada la sentencia por la peticionaria, el Juzgado Cuarenta y
Nueve Penal del Circuito de Bogotá conoció en segunda instancia. En fallo del
seis (6) de junio de dos mil trece (2013) decidió confirmar la providencia
anterior, esgrimiendo para ello los mismos argumentos.
2.
Caso de Miryan Lucero Vargas Caicedo contra QBE Seguros S.A. y el Fondo
Nacional del Ahorro. Expediente T-3978372
2.1.
Narración de los hechos y argumentos jurídicos presentados en la demanda
2.1.1.
Miryan Lucero Vargas Caicedo tomo un crédito hipotecario con el Fondo Nacional
del Ahorro el diecinueve (19) de marzo de dos mil ocho (2008), por un valor de  veintinueve
millones de pesos ($29.000.000).[9]
Dicho crédito fue amparado por un seguro de vida grupo deudores que tomó la entidad
financiera con QBE Seguros S.A., el cual cubre el saldo insoluto de la deuda
ante el riesgo de muerte, enfermedad grave o incapacidad total y permanente de
la accionante.
2.1.2.
El primero (1º) de julio de dos mil ocho (2008) la peticionaria fue
diagnosticada con “un tumor maligno de la mama”;[10]
que para el catorce (14) de octubre del año dos mil once (2011) se esparció e
hizo “metástasis en el sistema óseo”.[11]
2.1.3.
Con base en lo anterior, el tres (3) de diciembre de dos mil doce (2012),
Miryan Lucero Vargas Caicedo solicitó a QBE Seguros S.A. que hiciera efectiva
la póliza y asumiera el saldo insoluto del crédito hipotecario.[12]
Consideró que con sus padecimientos había ocurrido el riesgo amparado por el
seguro, pues tenía una enfermedad catastrófica que le impedía continuar pagando
la deuda. La empresa aseguradora, empero, manifestó que la póliza no podía
hacerse efectiva porque en este caso operaba el fenómeno de la prescripción.
Específicamente, indicó que entre el momento de la ocurrencia del siniestro
(cuando por primera vez le diagnosticaron cáncer de mama) y el día que efectuó
la reclamación transcurrieron más de cuatro (4) años,[13]
y de conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio, las acciones
correspondientes deben impetrarse dentro de los dos (2) años siguientes de
ocurrido el siniestro.[14]
2.1.4.
En este marco, Miryan Lucero Vargas Caicedo interpuso la acción de tutela que
ahora es objeto de revisión por la Corte. Allí pretende que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso y el mínimo vital, y se ordene a QBE
Seguros S.A. que haga efectiva la póliza No. 201100000271,[15]
y cancele el saldo insoluto del crédito hipotecario tomado con el Fondo
Nacional del Ahorro.
Señala
que tiene derecho a que se haga efectiva la póliza a pesar de que
transcurrieron más de dos (2) años desde que le diagnosticaron el tumor, porque
(i) efectuó el reclamo apenas tuvo conocimiento de que el contrato de seguro en
cuestión cubría el riesgo de una enfermedad catastrófica, y no sólo el
fallecimiento; y (ii) en tanto su enfermedad es progresiva, debería entenderse
que el término de prescripción empezó a correr cuando el cáncer hizo
metástasis, pues fue en ese momento cuando ya no pudo seguir laborando dada la
gravedad de su situación de salud y se vio imposibilitada para seguir pagando
la deuda por sus propios medios. Por lo demás, agrega que su derecho al mínimo
vital está en peligro de ser vulnerado porque atraviesa una situación económica
precaria, la cual se agrava si se tiene en cuenta que es madre cabeza de familia
de un hijo menor de edad (12 años)[16]
y que no tiene capacidades físicas para ofrecer su fuerza de trabajo en el
mercado laboral.
2.2.
Intervención de las entidades demandadas
2.2.1.
QBE Seguros S.A. intervino en el proceso de la referencia solicitando que se
declarara improcedente la acción de tutela y, en su defecto, que se denegaran
las pretensiones de la misma. Argumentó, en primer lugar, que en la
jurisdicción ordinaria existen mecanismos para resolver la controversia
suscitada, y en tanto no se busca evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, la acción de tutela resulta improcedente. En segundo lugar,
señaló que de todas formas no podía hacerse efectiva la póliza en cuestión,
porque “(…) la prescripción ordinaria establecida en el artículo 1081
del Código de Comercio corre para todas las personas capaces, a partir del
momento en que conocen real o presuntamente del hecho que da base a la acción [el
siniestro], para nuestro caso, es a partir del 2 de julio de 2008, fecha en
la que le fuera diagnosticada la enfermedad.”[17]
2.2.2.
El Fondo Nacional del Ahorro, por su parte, solicitó ser apartado del proceso
de tutela, pues “simplemente tiene la calidad de tomador de la póliza de
seguro por enfermedad grave”, y es a la empresa aseguradora demandada a
quien le corresponde reconocer y pagar la póliza en cuestión.
2.3.
De las sentencias objeto de revisión
2.3.1.
El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito Piloto de la Oralidad de Bogotá
amparó en primera instancia los derechos fundamentales de Miryan Lucero Vargas
Caicedo, y ordenó a QBE Seguros S.A. hacer efectiva la póliza. Mediante
sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013), sostuvo que a la
accionante le asistía el derecho porque estaba sometida a un estado de
debilidad manifiesta que obligaba a considerar especialmente su caso, más aún
si se valoraba su estado de salud y el hecho de que es madre cabeza de familia
de un menor de edad. En ningún aparte de la sentencia se hizo mención al
planteamiento esgrimido por la aseguradora a propósito de la prescripción.[18]
2.3.2.
La sentencia fue impugnada por el representante de QBE Seguros S.A. En su
escrito explicó que el Juez de primera instancia no tuvo en consideración que
la oportunidad para reclamar el derecho había prescrito, y que por eso no podía
hacerse efectiva la póliza. Además, solicitó que de prosperar las pretensiones
de la tutela, se declarara que sólo debía pagar el saldo insoluto del crédito
hipotecario adquirido por Miryan Lucero Vargas Caicedo, de conformidad con el
principio de proporcionalidad.[19]
Señaló que ella ya había efectuado pagos hasta el diecisiete (17) de abril de
dos mil trece (2013), por un monto de  dieciocho millones trescientos setenta y
un mil ochocientos veinticuatro pesos ($18.371.824), y que en virtud del
contrato de seguro sólo le corresponde pagar el resto.[20]
2.3.3.
El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Séptima de Decisión Civil, decidió revocar
la sentencia de primera instancia mediante fallo del cuatro (4) de junio de dos
mil trece (2013). Afirmó que no podían acogerse las consideraciones de la
providencia censurada porque no estudió el problema jurídico que planteaba el
caso, relativo al tema de la prescripción. Igualmente, dijo que la objeción de
la aseguradora para hacer efectiva la póliza no era injustificada ni
caprichosa, y por el contrario, encontró que la misma se ajustaba a la
jurisprudencia dictada por ese Tribunal.
3.
Actividad surtida en el proceso de revisión
Mediante
auto del veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013), la Magistrada
Sustanciadora ofició a las entidades demandadas para que remitieran a esta
Corporación copias de las pólizas de seguro de vida grupo deudores en cuestión.
3.1. Liberty
Seguros S.A. remitió una “copia de la licitación en la cual reposan las
condiciones que rigen la Póliza de Seguro No. 4500-94002009, los amparos
contratados, edad de ingreso y permanencia, la duración de la cobertura
contratada y las cláusulas especiales, entre otras”.[21]
Así mismo, reafirmó que la decisión de no afectar la respectiva póliza se
basaba en que la peticionaria no adjuntó un dictamen de la Junta Regional de Calificación,
a pesar de que el contrato estipula que las discapacidades deben certificarse “con
base en el manual de calificación de invalidez del sistema de seguridad social.”
3.2. QBE
Seguros S.A. envió a la Sala una “copia de la póliza de Seguro de Vida Grupo
Deudores No. 201100000271, cuya entidad tomadora es el Fondo Nacional del
Ahorro”.[22]
3.3.
Igualmente, se ofició a la empresa Médicos Asociados S.A. para que ilustrara
circunstancias relativas a la calificación de pérdida de capacidad laboral de
Claudia Lucía Ortega Cortés. Dentro del término otorgado, la empresa remitió la
siguiente información: (i) el dictamen fue realizado según criterios del Manual
de Calificación de Invalidez; (ii) la fecha de estructuración de la invalidez
data del diecisiete (17) de febrero de dos mil once (2011); y (iii) la última
cita de valoración por salud ocupacional fue el veintisiete (27) de marzo de
dos mil trece (2013).[23]
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La
Sala es competente para revisar los fallos de tutela referidos, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y
33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento de los casos y problemas jurídicos
En
esta oportunidad le corresponde a la Corte estudiar dos (2) casos en los cuales
se pretende hacer efectivas las pólizas de seguro de vida grupo deudores que
amparan obligaciones crediticias de las accionantes. A pesar de que en ambos
asuntos se observan similitudes que justifican la acumulación, la Sala estima
necesario plantear dos problemas jurídicos diversos, ya que las objeciones de
las respectivas aseguradoras hacen alusión a temas distintos, y se requiere
acudir a diversas fuentes de información para resolver las controversias.
2.1.
En el caso de Claudia Lucía Ortega Cortés contra Liberty Seguros S.A. (expediente
T-3974160), la accionante reclama la protección de sus derechos al debido
proceso y el mínimo vital, y solicita que la aseguradora afecte la póliza que
ampara su obligación crediticia. Estima que al perder su capacidad laboral en
un 75%, calificada por la empresa Médicos Asociados S.A., se presentó el
siniestro. La empresa aseguradora, por su parte, se opone a la prosperidad de
sus pretensiones porque la condición de discapacidad debió acreditarla con la
Junta Regional de Calificación, ya que las condiciones generales del contrato
de seguro bajo el cual se presentó la solicitud de la indemnización estipulan
que sólo se cubren incapacidades totales y permanentes evaluadas “con base
en el manual de calificación de invalidez del sistema de seguridad social”.
De
conformidad con lo anterior, a la Sala Primera de Revisión le corresponde
establecer si, ¿una empresa de seguros vulnera los derechos al debido proceso y
el mínimo vital de una usuaria en condición de invalidez (calificada con una pérdida
de capacidad laboral, superior al 50%), al negarse a reconocer el amparo
correspondiente a su crédito hipotecario, argumentando que la pérdida de
capacidad laboral sólo puede acreditarse a través de un dictamen de la Junta
Regional de Calificación, a pesar de que otra entidad del sistema de seguridad
social determinó, siguiendo los criterios del manual de calificación, su
pérdida de la capacidad laboral y no está probado que en el contrato de seguro se
haya pactado tal exigencia para demostrar el siniestro?
2.2.
En el caso de Miryan Lucero Vargas Caicedo contra QBE Seguros S.A. y el Fondo
Nacional del Ahorro (expediente T-3978372), la peticionaria también sostiene
que se vulneró su derecho al mínimo vital al negarse a afectar la póliza del
seguro de vida grupo deudores que ampara su crédito hipotecario, pues al
padecer una enfermedad catastrófica y degenerativa (cáncer de mama con
metástasis ósea) se realizó el riesgo asegurado. En este asunto, sin embargo,
la demandada se opone a sus pretensiones porque estima que operó el fenómeno de
la prescripción, en tanto transcurrieron más de cuatro (4) años desde que se le
diagnosticó por primera vez la enfermedad y el día de la reclamación. Argumenta
que, de conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio, las acciones
correspondientes deben impetrarse dentro de los dos (2) años siguientes de
ocurrido el “hecho que da base a la acción”. La actora argumenta que para
computar el término de prescripción se está partiendo erróneamente del momento en
el que le diagnosticaron cáncer de mama, y no desde que su enfermedad hizo
metástasis, que es cuando verdaderamente el riesgo amparado se materializó, ya
que no pudo continuar laborando y por consiguiente tampoco cancelando la cuota
de su crédito.
En
este contexto, a la Sala le corresponde resolver el siguiente problema
jurídico: ¿una aseguradora vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de
una usuaria que padece una enfermedad catastrófica degenerativa, al negarse a hacer
efectiva la póliza que ampara su crédito hipotecario argumentando que operó el
fenómeno de la prescripción, a pesar de que en el contrato de seguro no se
pactó que el siniestro deba entenderse ocurrido al momento del diagnóstico
inicial?
2.3.
Para resolver los problemas jurídicos planteados la Sala utilizará la siguiente
metodología: (i) iniciará estudiando la procedencia de las acciones de tutela
presentadas en esta oportunidad, teniendo en cuenta que las entidades
demandadas son empresas particulares. De resultar procedentes las acciones,
(ii) resolverá de fondo los asuntos de conformidad con la jurisprudencia de
esta Corporación sobre el derecho de seguros y su funcionamiento en el marco de
la Constitución Política.
3.
Las acciones de tutela presentadas en esta oportunidad son procedentes para
buscar la protección de los derechos fundamentales
En
los asuntos objeto de revisión las demandantes presentaron sus acciones contra
empresas aseguradoras particulares, que consideran que las respectivas tutelas
son improcedentes, entre otras razones, porque existen otros medios de defensa
judicial para tramitar las pretensiones. Le corresponde entonces a esta Sala
determinar si proceden las acciones de tutela, y si es viable pronunciarse de
fondo en los asuntos.
3.1.
La acción de tutela procede contra las demandadas, así sean entidades de
naturaleza privada
3.1.1.
El artículo 86 de la Constitución Política[24] establece
que la acción de tutela procede generalmente contra autoridades públicas que
con sus acciones u omisiones vulneren o amenacen los derechos fundamentales de
una persona, y excepcionalmente contra particulares, si (i) prestan servicios
públicos, (ii) atentan grave y directamente el interés colectivo, o (iii) la
acción se interpone para amparar los derechos de quien se encuentra en
situación de subordinación o indefensión respecto del particular.  Por su
parte, el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991, mediante el cual se
reglamenta la acción de tutela, señala que ésta procede contra particulares
“(…) [c]uando la solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación
de subordinación o indefensión (…)”
Conforme
esas disposiciones, la doctrina constitucional ha sostenido pacíficamente que
la tutela procede contra las entidades del sistema financiero y las
aseguradoras, así sean de naturaleza privada, porque desarrollan una actividad
de interés público y frente a ellas los usuarios se encuentran en estado de
indefensión. En
palabras de la Corte:
“[e]l interés público en el correcto funcionamiento de
estos subsectores [del sector bancario y asegurador] de la economía es
innegable. Ello se explica no solo porque tales entidades manejan, aprovechan e
invierten vastos recursos captados del público, sino que a diferencia de otras
actividades que disponen igualmente de elevadas sumas de dinero, “dependen
para su correcto funcionamiento de un voto colectivo, permanente y tácito de
confianza, cuyo quebrantamiento puede generar consecuencias catastróficas para
la economía de un país”.[25]
|| El sistema bancario entero se soporta sobre una intangible pero
determinante presunción de que el dinero consignado será puesto a disposición
del depositante en cualquier momento que éste lo requiera; del mismo modo que
el contratante de una póliza de seguro presume y confía que las primas que
periódicamente consigna se harán efectivas al momento de ocurrir el siniestro.
La confianza en la calidad, seriedad y operatividad del sistema financiero y
asegurador, así como de la regulación estatal sobre la misma, es la que permite
que las personas acepten realizar transacciones bajo un entramado común de
reglas e instituciones”.[26]
3.1.2. De otra
parte, esta
Corporación ha destacado la situación de indefensión en que pueden encontrarse
los ciudadanos frente a las entidades del sistema financiero y asegurador, toda
vez que dichos establecimientos gozan de una posición dominante en el mercado
frente a los usuarios. La asimetría en la relación se caracteriza por las
condiciones unilaterales que imponen para el acceso a los productos y servicios
que ofrecen.
En la
sentencia T-136 de 2013,[27]
la Sala Quinta de Revisión encontró que una acción de tutela era procedente
para reclamar el pago de una indemnización con cargo a una póliza de vida grupo
deudores, porque el accionante se hallaba en estado de vulnerabilidad e
indefensión respecto de la aseguradora. La Corte explicó que:
“(…)
las
empresas del sector financiero gozan de amplias atribuciones legales para el
ejercicio de sus funciones, mientras el ciudadano que acude a sus servicios se
encuentra, normalmente, en situación de indefensión. || En lo que tiene que ver
específicamente con la condición física y mental del señor Rincón Torres, es de
notar que el mismo es sujeto de especial protección constitucional tanto por su
avanzada edad (77 años), como por el hecho de haber sido calificado con un
56.60% de invalidez como consecuencia del “Alzheimer, altamente disfuncional”
que lo aqueja. Es más, la propia junta médica sostiene que su padecimiento de
origen común lo hace dependiente de la ayuda de terceros.”[28]
3.1.3.
Frente a los asuntos que ahora se estudian, la Sala encuentra que Claudia Lucía
Ortega Cortés perdió su capacidad laboral en un 75%, debido a una enfermedad
causada por una “monoatrofia del miembro superior derecho y una hernia
discal cervical”, y Miryan Lucero Vargas Caicedo padece una enfermedad
catastrófica, (cáncer de seno y metástasis ósea), que le impide vincularse al
mercado laboral.
La
Sala considera que las acciones de tutela son procedentes, en tanto las
aseguradoras desarrollan una actividad de interés público,[29]
y las actoras se encuentran en situación de debilidad manifiesta que pone en
peligro sus condiciones de vida en dignidad. Debe examinarse ahora si se cumple
con el presupuesto de subsidiariedad de la acción de tutela.
3.2.
Los medios ordinarios de defensa no son idóneos ni eficaces para buscar la
protección de los derechos fundamentales de las accionantes
3.2.1. La acción de tutela procede
cuando (i) no existan otros medios de defensa judiciales para la protección del
derecho amenazado o desconocido; cuando (ii) existiendo esos mecanismos no sean
eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales
en el marco del caso concreto, evento en que la tutela desplaza el medio
ordinario de defensa; o cuando (iii) sea imprescindible la intervención del
juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable
(art. 86, C.P.), hipótesis en la cual el amparo opera en principio como
mecanismo transitorio de protección.
En
los casos relativos al derecho de seguros, las partes tienen la posibilidad de
acudir a la justicia ordinaria para que dirima las controversias que se
presenten, derivadas del contrato de seguro.
Sin embargo, cuando estén amenazados derechos
fundamentales como la vida, la salud o el mínimo vital, y los mecanismos
ordinarios no sean eficaces o idóneos, resulta procedente el amparo
constitucional.[30]
Por lo tanto, si la controversia sobre el objeto asegurado es puramente
económica no tendría lugar la tutela, pues el conflicto se debe resolver ante
la  jurisdicción ordinaria, pero si tiene efectos sobre la vida o el mínimo
vital de una persona puede ser viable la acción de tutela para amparar tales
derechos fundamentales, ante la falta de idoneidad y agilidad del medio
ordinario de defensa judicial.
3.2.2. Por ejemplo en la sentencia T-738
de 2011,[31]
la Corte Constitucional declaró procedente una acción de tutela en la cual se
pretendía hacer efectiva una póliza de seguro de vida grupo deudores, bajo el
entendido de que el accionante se encontraba en estado vulnerable por haber
perdido su capacidad laboral en un 75.08%, con el impacto que tal situación
generaba sobre sus ingresos económicos. La Corte dijo lo siguiente:
“[l]a
situación así analizada se presenta como grave y con capacidad de generar una
afectación a los derechos fundamentales del accionante en tanto no estaría en
capacidad de protegerse, de no ser por vía de la acción de tutela. Esto es así
por cuanto no contaría con mecanismos rápidos y adecuados para conjurar la
eventual afectación de sus derechos, en especial si se tiene en cuenta que
frente al contrato de seguro que pretende hacer valer tendría solamente la
opción de adelantar la vía ordinaria –en concreto a través de una acción de
responsabilidad civil extracontractual-, mecanismo que se presenta como
ineficaz de cara a la urgencia expresada en la acción de tutela. || Como se
puede apreciar, la situación planteada en el presente caso apunta a la
inminencia de una afectación significativa de sus derechos fundamentales, que
no podría conjurarse a través de otros mecanismos a disposición del actor. (…)”.[32]
3.3.3. La Sala considera que en los
casos examinados las peticionarias dirigen la tutela a la efectiva protección
de sus derechos fundamentales al mínimo vital y la vivienda digna y, observa
que los medios ordinarios de defensa no son idóneos y eficaces, dada su
situación apremiante de protección, que reclama la inmediata intervención del
juez constitucional.
En efecto, (i) pretenden la protección
del mínimo vital, porque las dos (2) accionantes atraviesan una situación
económica difícil debido a sus padecimientos físicos, y tienen a cargo otras
personas que a su vez no pueden cubrir autónomamente sus necesidades. Claudia
Lucía Ortega Cortés padece una enfermedad que impacto su capacidad laboral en
un 75%, y debe cubrir sus necesidades básicas y las de sus padres con ingresos
de un salario mínimo. Por su parte, Miryan Lucero Vargas Caicedo padece una
enfermedad catastrófica que le impide desempeñarse en el mercado laboral,
aunado a que es madre cabeza de familia de un menor de edad (12 años).[33]
Pero además, (ii) buscan evitar un perjuicio en el goce de su derecho a la
vivienda digna, pues a raíz de sus afecciones físicas no pueden cancelar las
cuotas mensuales de su créditos hipotecarios, y por estar en mora pueden ser objeto
de un proceso judicial para hacer efectivas las garantías que afectan sus inmuebles.
Dadas estas circunstancias, la Sala
estima que el acudir a la justicia ordinaria en defensa de sus intereses
resulta ineficaz, en tanto no se ofrece como una protección oportuna y efectiva
de sus derechos fundamentales, además de que les imponen cargas desproporcionadas
debido a sus condiciones de salud.
3.3.4. Bajo el entendido de que (i) las
acciones pueden interponerse contra las entidades particulares demandadas, y
que (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos ni eficaces
en los casos concretos, la Sala considera que las respectivas acciones de
tutela son procedentes, incluso como medios definitivos de protección
constitucional. En tanto los casos evidencian un estado de debilidad manifiesta
de las accionantes, en los términos del artículo 13-3 de la Constitución
Política, las peticionarias son titulares de un trato preferente en la defensa
de sus derechos, y se debe proceder a estudiar de fondo sus asuntos.
4. La relación de aseguramiento
4.1. Desde el punto de vista legal, el
contrato de seguro se rige, principalmente, por las normas de derecho civil y
comercial que lo regulan y constituye una concreción del principio de autonomía
de la voluntad, de manera que prima la intención de las partes. El contrato de
seguros es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva
(art. 1036, C. de Co) y de acuerdo con el artículo 1047 del Código de Comercio[34]
comprende las condiciones generales de la póliza de seguro, así como las
condiciones particulares que acuerdan los contratantes, en las cuales se hacen
expresas las especificidades del contrato en relación con un determinado
asegurado. Resulta ilustrativo citar la jurisprudencia de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, en la cual se explican las diferencias entre las
anotadas condiciones de los contratos de seguros:
“[l]as
condiciones generales de contratación, denominadas comúnmente condiciones o
cláusulas generales del negocio o del contrato, son la columna vertebral de la
relación asegurativa y junto con las condiciones o cláusulas particulares del
contrato de seguros conforman el contenido de éste negocio jurídico, o sea el
conjunto de disposiciones que integran y regulan la relación. Esas cláusulas
generales, como su propio nombre lo indica, están llamadas a aplicarse a todos
los contratos de un mismo tipo otorgados por el mismo asegurador o aún por los aseguradores
del mismo mercado y están destinadas a delimitar de una parte la extensión del
riesgo asumido por el asegurador de tal modo que guarde la debida equivalencia
con la tarifa aplicable al respectivo seguro y, de otra, a regular las
relaciones entre las partes vinculadas al contrato, definir la oportunidad y
modo de ejercicio de los derechos y observancia de las obligaciones o cargas
que de él dimanan.
De
otro lado, las condiciones particulares del contrato de seguro se elaboran de
manera individual y específica para cada contrato y de manera conjunta entre el
asegurador y el tomador y reflejan asimismo, pero en forma específica para el
negocio acordado, la voluntad de los contratantes”.[35]
4.2.
Por lo tanto, es posible diferenciar entre dos (2) clases de condiciones de los
contratos de seguros. De un lado, están las condiciones generales, es decir,
las cláusulas aplicables a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por
un asegurador, las cuales obedecen al formato tipo que debe depositarse en la Superintendencia
Financiera de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 184
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. De otro lado, las condiciones
particulares definen el alcance de la relación frente a cada caso concreto. Por
consiguiente, para precisar el alcance de la cobertura de un seguro, no basta
con referenciar las condiciones generales sino que es necesario analizar las
condiciones particulares del negocio jurídico.
4.3. Ahora bien, desde una perspectiva
constitucional, la Corte ha destacado diversos aspectos relevantes de este
vínculo: de una parte, el contrato se caracteriza por la exigencia de una buena
fe calificada de los contratantes, aspecto que se proyecta en la interpretación
de sus cláusulas. De otra, pero en íntima relación con lo expresado, cuando el
contrato se asocia al goce efectivo de los derechos fundamentales, es deber de
quien lo elabora eliminar cualquier ambigüedad, en las condiciones pactadas. Para
analizar el cumplimiento de esa condición deben tomarse en cuenta aquellas
particularidades del negocio, las cuales se encuentran en la solicitud de
aseguramiento efectuada en cada caso, y los anexos que contienen las
condiciones particulares que permiten definir con precisión los extremos de la
relación.
4.4. A pesar de que las condiciones
vagas y ambiguas deben descartarse en la redacción de los contratos de seguros,
como manifestación de buena fe en la celebración del negocio jurídico, hay
ocasiones en las cuales existe  indeterminación de los conceptos respecto de
situaciones fácticas particulares. Cuando esto sucede, la doctrina
especializada y constitucional han dicho que opera el principio de
interpretación favorable al consumidor, de conformidad con el artículo 1624 del
Código Civil que dispone lo siguiente: “(…) las cláusulas ambiguas que hayan
sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se
interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de
una explicación que haya debido darse por ella.” [36]
La aplicación de esa regla
hermenéutica como forma de proteger el equilibrio entre las partes
contratantes, fue justificada por la Sala de Casación Civil de Corte Suprema de
Justicia en sentencia del cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009), así:
“(…) [i] ciertas peculiaridades de los referidos
contratos [de seguro], relativas a la exigua participación de uno de los
contratantes en la elaboración de su texto; [ii] la potestad que corresponde al
empresario de imponer el contenido del negocio; [iii] la coexistencia de dos
tipos de clausulado, uno necesariamente individualizado, que suele recoger los
elementos esenciales de la relación; y el otro, el reglamentado en forma de
condiciones generales, caracterizado por ser general y abstracto; [iv] las
circunstancias que rodean la formación del consentimiento; [v] la importancia
de diversos deberes de conducta accesorios o complementarios, como los de
información (incluyendo en ese ámbito a la publicidad), lealtad, claridad,
entre otros; [vi] la existencia de controles administrativos a los que debe
someterse; en síntesis, las anotadas singularidades y otras más que
caracterizan la contratación de esa especie, se decía, le imprimen, a su vez, una
vigorosa e indeleble impronta a las reglas hermenéuticas que le son propias y
que se orientan de manera decidida a proteger al adherente (interpretación
pro consumatore).” [37]
En la Corte Constitucional, dicho
principio de interpretación fue aplicado recientemente en la sentencia T-136 de
2013,[38]
en un caso similar a los estudiados en esta oportunidad. Allí el peticionario
solicitaba hacer efectiva una póliza de seguro de vida grupo deudores porque
tenía una pérdida de capacidad laboral del 56.60%, pero la aseguradora se
oponía al pago porque el accionante excedía la edad máxima de cobertura (70
años). La Sala Quinta de Revisión amparó los derechos fundamentales del
peticionario bajo el entendido de que una simple lectura de las condiciones no
llevaba a concluir que existiera la restricción de edad, menos aún si se tenía
en cuenta que los vacíos y ambigüedades debían interpretarse favorablemente al
adherente o consumidor. En palabras de la Corte:
“(…) la Sala de Revisión concluye que en el caso particular y
específico de Juan José Rincón Torres el contrato de seguro no contemplaba los
70 años como límite de edad de permanencia para el cubrimiento del riesgo de
invalidez total y permanente, o al menos, tal restricción no fue probada por
Liberty Seguros S.A. (…) || En razón de lo anterior, cuando se advierta algún
vacío o ambigüedad en las condiciones contractuales, el juez tendrá que
recurrir a las reglas hermenéuticas que se orientan de manera decidida a
proteger al adherente (interpretación pro consumatore) y con ello
equilibrar, en parte, la situación de indefensión en la que se encuentra el
ciudadano del común cuando acude al sistema financiero en busca de un crédito.”
[39]
4.5. La relación de aseguramiento, se
caracteriza principalmente por imponer límites al poder de la parte dominante. En
este sentido, la parte que redacta e impone las condiciones del contrato debe
cumplir, al menos, los siguientes parámetros: (i) no estipular condiciones
indeterminadas, ambiguas o vagas que actúen en contra de los intereses del
asegurado; y si las integran al contrato, (ii) deben interpretarlas a favor del
usuario, en virtud del principio pro costumatore o pro homine. La
Constitución protege de esta forma la posición de los usuarios de los contratos
de seguros como manifestación del principio de la buena fe (art. 83, CP), el
cual propende por el equilibrio de la relación de aseguramiento y la
eliminación de todas aquellas condiciones que generan inseguridad jurídica en
la ejecución del contrato.[40]
5. La aseguradora vulneró los derechos
al mínimo vital y el debido proceso de Claudia Lucía Ortega Cortés. Expediente
T-3974160
En esta oportunidad la Corte debe
establecer si Liberty Seguros S.A. violó los derechos al debido proceso y el
mínimo vital de Claudia Lucía Ortega Cortés, al negarse a hacerle efectiva la
póliza de vida grupo deudores que ampara su crédito hipotecario argumentando
que no había probado el siniestro de la forma como lo estipula el contrato. A
juicio de la aseguradora, la peticionaria no podía acreditar su estado de
invalidez mediante la calificación de la misma realizada por la empresa Médicos
Asociados S.A., pese a que esa entidad califica a los miembros del Magisterio,
sino que argumenta que debe hacerlo a través de la Junta Regional de
Calificación, comoquiera que las condiciones generales del contrato sólo
reconocen pérdidas de capacidad laboral evaluadas “con base en el manual de
calificación de invalidez del sistema de seguridad social”.
La Sala Primera de Revisión considera
que la demandada desconoce el principio de eficiencia del sistema de seguridad
social porque le está exigiendo a la peticionaria que acredite por otro medio su
condición de invalidez, sin tener presente que ella ya demostró el siniestro a
través de medios legítimos.
5.1. La aseguradora  desconoció
injustificadamente el principio de eficiencia del Sistema de Seguridad Social,
y en consecuencia vulneró el mínimo vital de la accionante
5.1.1. El artículo 48 de la Constitución
Política consagra que el servicio público de Seguridad Social se prestará con
sujeción al principio de eficiencia;[41]
y el artículo 2 de la Ley 100 de 1993 define ese postulado como “(…) la
mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos
y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad
social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente.”
Siguiendo el mandato de eficiencia, el
sistema de seguridad social asignó la competencia de calificar pérdidas de
capacidad laboral a una variedad de instituciones, dependiendo del régimen al
cual pertenezca el interesado y de las especialidades que se necesiten para
examinar el caso. Así, dispuso que las pérdidas de capacidad laboral de las
personas que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social sean
dictaminadas por las Juntas de Calificación; que las condiciones físicas de los
miembros de la Fuerza Pública sean evaluadas por entidades pertenecientes a la
institución castrense; que la de los empleados de Ecopetrol sean estudiadas por
las entidades competentes dentro de su régimen; y que la de los miembros del
Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio sea examinada por la autoridad
correspondiente que preste los servicios médicos asistenciales.[42]
Sólo se acepta que las personas exceptuadas acudan a las juntas regionales de
calificación en segunda instancia, “(…) después de efectuarse la
calificación correspondiente en su respectivo régimen”.[43]
Específicamente, respecto de las
personas que hacen parte del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se
ha dicho que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral los debe hacer en
primera instancia la entidad con la cual se tienen contratados los servicios
médicos asistenciales, y en segunda instancia las Juntas Regionales de
Calificación.
Esa asignación de competencias
desarrolla la eficiencia del sistema de seguridad social, porque permite que
los recursos administrativos se utilicen de la manera más óptima posible. Por
una parte, entidades especializadas, realizan los dictámenes del personal con
régimen excepcional, repartiendo la competencia de calificación entre aquellas
instituciones que mejores atributos tienen para conocer las dificultades de
sectores de la economía que necesitan tratamiento diferente. Y de otra parte,
aliviana la carga de trabajo de las Juntas Regionales de Calificación y de la
Junta Nacional de Calificación, en tanto las personas que hacen parte de
regímenes exceptuados sólo pueden acudir a ellas en segunda instancia, si
existe alguna controversia en torno al nivel de discapacidad otorgado, y ningún
caso pueden acceder a Junta Nacional como medio de revisión excepcional.
5.1.2. Pues bien, en este caso Liberty
Seguros S.A. pretende que una persona cuyo régimen de calificación es
exceptuado[44]
acuda a la Junta Regional para certificar su condición de invalidez, a pesar de
que ya tiene un dictamen que demuestra dicha circunstancia. A juicio de la Sala
esto interfiere en la eficiencia del sistema. No sólo se exige que (i) una
entidad desarrolle una función que no le corresponde legalmente, sino que (ii) no
le aporta eficiencia ni eficacia al trámite de la reclamación.
Como ya se anotó, la Junta Regional de
Calificación solo es competente en segunda instancia, para confirmar o no,
dictámenes de pérdida de capacidad laboral. Las personas que hacen parte de un
sistema de calificación exceptuado (como el del Magisterio) sólo pueden acudir a
ella “después de efectuarse la calificación correspondiente en su respectivo
régimen”,[45]
en caso de que exista controversia con el porcentaje de pérdida decretado o la fecha
de estructuración. En este caso no surgieron controversias entre las partes
interesadas respecto del dictamen proferido por Médicos Asociados S.A., o al
menos no fueron mencionadas, por lo cual el dictamen quedó en firme para
demostrar la pérdida de capacidad laboral de la peticionaria. La demandada se
opuso a las pretensiones de Claudia Lucía Ortega Cortés sólo porque desde su
interpretación del contrato debía demostrarse el siniestro mediante un dictamen
de la Junta Regional de Calificación. La aseguradora, ni siquiera indicó que en
virtud de una evaluación de especialistas, no compartía el porcentaje de
discapacidad otorgado.
Adicionalmente, la actuación de la
demandada afecta la eficiencia del sistema de seguridad social porque le exige
a uno de sus usuarios que certifique nuevamente y a través de una instancia no
competente para ello, la pérdida de capacidad laboral de la actora, a pesar de
que el dictamen expedido por Médicos Asociados S.A. podía utilizarse para
solicitar la pensión de invalidez y como medio probatorio del siniestro. De
acuerdo con lo estipulado en el contrato de seguro, se entiende como
incapacidad total y permanente aquella discapacidad “calificada médicamente
con un grado de invalidez superior al 50% con base en el manual de calificación
de invalidez del sistema de seguridad social”. En este caso el dictamen
aportado demuestra directamente la ocurrencia del riesgo amparado por el
seguro, pues indica que Claudia Lucía Ortega Cortés tiene una pérdida de
capacidad laboral superior al 50%, y que esa evaluación “fue realizada según
criterios del Manual de Calificación de Invalidez”[46].
Así, puede afirmarse que la prueba aportada sirve de base para llegar a la
convicción de que efectivamente el siniestro se presentó. Pero además, ese
medio probatorio es conducente e idóneo para demostrar la pérdida de capacidad
laboral de la accionante, en tanto no está prohibido por alguna disposición
legal o convencional. De hecho, es el dictamen de Médicos Asociados S.A. el
documento que de manera apropiada demuestra la incapacidad total y permanente
de la accionante. En este caso se trata de certificar la invalidez de una
persona vinculada al Magisterio, y para ellos se ha establecido un régimen
especial de prestaciones sociales y reconocimiento de pérdidas de capacidad
laboral, como se explicó anteriormente.
5.1.3. A propósito del asunto, debe
mencionarse la sentencia T-738 de 2011,[47] en la cual esta Corporación estudio
el caso de un usuario al que se le negó la indemnización correspondiente a una
póliza de grupo deudores porque había acreditado su invalidez mediante un
certificado expedido por la entidad competente dentro de su régimen de
seguridad social (el de la Fuerza Pública), y no a través de la Junta Regional
de Calificación. La Corte consideró que el dictamen aportado por el accionante
como medio para demostrar el siniestro era viable, porque además de haberse
expedido por la autoridad competente, no se había probado que el contrato
estipulara un mecanismo distinto para acreditar la ocurrencia del siniestro. La
Corporación sostuvo:
“(…) el accionante no estaba
restringido al aporte de un dictamen proveniente de la respectiva Junta
Regional de Calificación de Invalidez para acreditar la ocurrencia del
siniestro, y siendo esto así, el dictamen aportado por el accionante,
proveniente de la Junta Médica Laboral Militar -en la que se determinó un nivel
de discapacidad del 75.08%-, puede ser válido para la acreditación de la
ocurrencia del siniestro. Aún más, de cara a lo manifestado por la entidad accionada
en su comunicación del 14 de diciembre de 2010, es precisamente el acta de la
Junta Médica Laboral Militar el documento que de manera más apropiada comprueba
la situación de “incapacidad total y permanente” a la que se refiere el
contrato de seguro, puesto que, como lo expuso Mapfre Colombia Vida Seguros
S.A., esta situación ocurre cuando las limitaciones impidan “a la persona
desempeñar todas las ocupaciones o empleos remunerados para los cuales se
encuentra razonablemente calificado en razón de su capacitación, entrenamiento
o experiencia.”
(…)
“En el presente caso, el accionante
cumplió con el requisito de demostración de la ocurrencia del siniestro de
acuerdo con la reconstrucción que se ha hecho sobre el régimen probatorio
aplicable al contrato discutido en el caso, y lo hizo a través del medio más
conducente posible, pues es la Junta Médica Laboral Militar la que de acuerdo
con lo regulado en la ley 923 de
2004, en el decreto 1796 de 2000 y en el decreto 4433 de 2004, es la encargada
de determinar cuando un militar ya no puede desempeñarse como tal, situación
que cumple con el cometido de demostrar el siniestro, que se entiende cumplido
cuando el asegurado ya no puede desempeñarse laboralmente en el campo para el
que se había entrenado.” [48]
5.1.4. Así las cosas, la actuación de la
demandada no se acompasa con el postulado constitucional de eficiencia que se
predica del sistema de seguridad social, pues exige que una entidad vuelva a
realizar un dictamen, a pesar de que ya fue aportado, está en firme y fue
expedido por una entidad facultada para proferirlo.
5.1.5. Esto además es desproporcionado
para la accionante, dadas las circunstancias físicas y económicas que
atraviesa. Hacerla acudir nuevamente a una institución calificadora sin
necesidad, desconoce el hecho que tiene una pérdida de capacidad laboral
relevante (75%) que le impide ofrecer en condiciones normales su fuerza de
trabajo, y que sus necesidades básicas las debe cubrir con ingresos correspondientes
a un salario mínimo, provenientes de una pensión de invalidez.
Así mismo, el mínimo vital de la
peticionaria se encuentra amenazado, pues la ausencia de la indemnización pone
en riesgo su capacidad para proveerse un techo, por cuanto se trata de un
seguro que cubre el saldo insoluto de una deuda hipotecaria. Además, la obliga
a destinar sus pocos recursos al pago del crédito en perjuicio de sus
necesidades básicas de alimentación, vestido y salud, a pesar de que ha
cumplido con todos los presupuestos para afectar la póliza correspondiente.
5.2. No está probado que el contrato de
seguro estipule un medio único para demostrar la ocurrencia del siniestro. Al
exigirse un nuevo trámite no acordado en el contrato, se vulnera el derecho al
debido proceso de la accionante
5.2.1. Liberty Seguros S.A. estima que
la incapacidad total y permanente sólo puede acreditarse por medio de un examen
de la Junta Regional de Calificación, porque (i) las condiciones generales del
Contrato de Seguro establecen que “se entiende por incapacidad total y
permanente del asegurado, la incapacidad (…) calificada médicamente con
un grado de invalidez superior al 50% con base en el manual de calificación de
invalidez del sistema de seguridad social.”; y (ii) el hecho de que la
cláusula disponga que deba utilizarse el manual único de calificación para
acreditar la invalidez, lleva a concluir que el siniestro sólo puede
demostrarse mediante certificación de la Junta mencionada.
Con el fin de precisar algunos
aspectos relativos a esta interpretación, se ofició a la entidad demandada para
que adjuntara al proceso de tutela una copia de póliza en cuestión, y los
documentos contentivos del contrato de seguro.
Liberty Seguros S.A. remitió una “copia
de la licitación en la cual reposan las condiciones que rigen la Póliza de
Seguro No. 4500-94002009, los amparos contratados, edad de ingreso y
permanencia, la duración de la cobertura contratada y las cláusulas especiales,
entre otras”.[49]
Examinado el contenido de los documentos y del contrato de seguros y las
afirmaciones de la aseguradora dentro del proceso, puede decirse que la
negativa de afectar la póliza en cuestión se basó únicamente en el hecho de que
una de las condiciones estipula que la invalidez debe certificarse “con base
en el manual de calificación de invalidez del sistema de seguridad social.”
Inclusive en el escrito que la aseguradora remitió a la Sala dentro del proceso
de revisión, se reafirmó en el argumento, y citó específicamente esa condición
como sustento de su dicho.[50]
Según lo que se puede observar
del expediente, no es válido afirmar que el contrato de seguro imponga
acreditar el siniestro sólo mediante una certificación de la Junta Regional de
Calificación. No puede arribarse a esa conclusión razonablemente, porque de la
expresión “con base en el manual de calificación de invalidez del sistema de
seguridad social” no puede inferirse que sea sólo esa junta la que pueda
llevar a cabo la calificación. Una cosa distinta es que quién califica debe
tener en cuenta el manual de calificación de invalidez del sistema de seguridad
social.
5.2.2. Partiendo de una interpretación
literal de la cláusula que Liberty Seguros S.A. aporta como sustento de su
dicho, sólo puede afirmarse que el contrato estipula que la incapacidad total y
permanente es toda invalidez superior al 50%, examinada con base en el manual
único de calificación del sistema de seguridad social. Pero no que ese
certificado deba ser expedido por la Junta Regional de Calificación. En ningún
aparte se menciona el nombre de esa autoridad. Simplemente se describe qué debe
entenderse como riesgo asegurable para efectos del contrato, y se hace alusión
al sistema de seguridad social para referirse a las directrices por medio de
las cuales debe evaluarse la invalidez.
A la accionante le están negando el pago
de una indemnización porque no acudió a la Junta Regional de Calificación para
demostrar el siniestro, pese a que su sistema de seguridad social (el del
Magisterio) dispone que las pérdidas de capacidad laboral las certifica una
entidad diferente: aquella con la cual el Fondo de Prestaciones del Magisterio
tenga contratados los servicios médicos – asistenciales. Al no haberse
estipulado específicamente a cuál entidad debía dirigirse la accionante para
acreditar su pérdida de capacidad laboral, ella podía entender razonablemente
que debía  hacerlo con aquella que le permitía acceder a los beneficios de su
sistema de seguridad social, que en este caso era Médicos Asociados S.A.
La Corte Constitucional ha señalado en
diversas oportunidades que las cláusulas restrictivas de los derechos de los
usuarios del sistema asegurador deben estar “(…) redactadas y consagradas de
manera previa, expresa, clara y taxativa, y el
acceso a las mismas por parte del consumidor debe garantizarse de forma simple,
oportuna y completa”.[51] Por lo cual, cada condición que opere en contra de los
intereses de los consumidores tiene que estar específicamente consagrada en el
pacto, de tal forma que no haya equívocos al momento de aplicarla. Con esto no
sólo se busca salvaguardar el derecho al debido proceso de los usuarios, en el
sentido de garantizar que las decisiones contrarias a sus intereses cuenten con
un respaldo serio en las  condiciones del contrato, sino que también se
pretende equilibrar la relación asimétrica que existe entre las partes,
protegiendo a quien no participa en la redacción del pacto como manifestación
directa del principio de buena fe (art. 83, C.P.)
5.2.3. Ahora bien, Liberty Seguros S.A.
podría afirmar en gracia de discusión que la finalidad última de la cláusula es
centralizar la prueba del siniestro en una sola entidad, a pesar de que en
ningún aparte se mencione expresamente su nombre o se haga referencia a ella.
Empero, la Sala no puede aceptar esa interpretación. Primero, porque el
objetivo de esa cláusula es definir y delimitar el riesgo asegurable. Una
condición concretiza el significado de incapacidad total y permanente
para efectos del contrato, pretendiendo que las partes tengan información
suficiente acerca del hecho incierto, posible y aleatorio asegurado, y conozcan
detalladamente el marco dentro del cual se puede hacer efectivo el amparo. Por
eso se describen las características principales del riesgo, como las edades
bajo las cuales opera, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral exigida  y/o
las enfermedades que la generan, pero no se restringe la prueba del siniestro,
ni mucho menos, se centraliza su acreditación en una sola autoridad
calificadora.
En segundo lugar, la Sala no puede
aceptar esa interpretación porque en todo caso las cláusulas confusas, ambiguas
o vagas, deben interpretarse a favor del consumidor en virtud del principio
hermenéutico pro costumatore. Como se dijo anteriormente, tanto la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como la de la Corte
Constitucional han aceptado ese criterio interpretativo en el contrato de
seguros.
5.2.4. Está demostrado que el contrato
de seguro pactado, no restringe la prueba del siniestro al dictamen de la Junta
Regional de Calificación, porque esa condición no está claramente estipulada en
el negocio jurídico. En consecuencia, estima la Sala que opera un sistema de
libertad probatoria del siniestro, es decir, que la actora podía recurrir a
otros mecanismos de evidencia para demostrar la ocurrencia del riesgo amparado.
5.2.5. La Corte Constitucional en la
sentencia T-738 de 2011,[52]
sostuvo que cuando no podía demostrarse que hubiese restricciones a los medios
probatorios con respecto al siniestro, la persona interesada podía recurrir a
cualquier mecanismo para acreditar su ocurrencia, siempre y cuando se cumplan
con los principios de conducencia, idoneidad y eficacia. En criterio de la
Corte, la jurisprudencia constitucional ha tendido a proteger la posición de
los asegurados en los contratos de seguro de vida grupo deudores, con el ánimo
de equilibrar la relación asimétrica que existe entre las partes, y cuando no
hay claridad sobre alguna limitación a la demostración del siniestro, debe
aplicarse un sistema de libertad probatoria.[53]
La libertad probatoria del siniestro no
sólo tiene asidero en la jurisprudencia, sino que también se justifica desde la
Ley y la Constitución. Los artículos que regulan la actividad probatoria en el
contrato de seguro (1077 y 1080 del Código de Comercio)[54]
no estipulan mecanismos específicos para demostrar la realización del riesgo,
como una garantía para quien tiene interés en probar la ocurrencia del mismo.
Es tan así, que el artículo 1080 dispone específicamente que el asegurador debe
proceder al pago de la indemnización al mes siguiente de que el interesado “(…)
acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador”,
denotándose una tendencia meramente liberadora en la demostración del
siniestro. Pero tiene que observarse también que la Constitución consagra que
las actuaciones de los particulares “deben ceñirse a los postulados de la
buena fe” (art. 83, C.P.), y que en el ámbito del derecho de los seguros
esto debe interpretarse como una garantía de que la parte que tiene una
posición de dominio no puede abusar de sus facultades, ni de aquellas
prerrogativas que el sistema jurídico le confiere. En esta dirección, esa parte
debe abstenerse de imponer límites irrazonables a la libertad probatoria del
siniestro con el objetivo de incumplir sus obligaciones como asegurador y
desnaturalizar la finalidad del amparo.
5.2.6. Liberty Seguros S.A. le impuso
entonces a la accionante una carga injustificada que no tenía la obligación de
cumplir, y desconoció las cláusulas pactadas por las partes y los principios de
buena fe contractual e interpretación favorable al consumidor. El derecho
fundamental al debido proceso (art. 29, C.P.), como lo ha entendido la Corte
para los casos en los cuales se examina la actuación de una aseguradora,[55]
estipula que las determinaciones acerca de si se reconoce o no un derecho deben
estar basadas en las condiciones previamente pactadas, sin desconocimiento del
marco legal. En este caso, la demandada utilizó una interpretación particular del
contrato de seguro para afirmar que la accionante debía acudir a la Junta
Regional de Calificación para demostrar el siniestro, pero no observó que en
realidad esa restricción probatoria no estaba consagrada, ni podía imponerse
partiendo de una lectura favorable al usuario. La Sala en esta ocasión
considera que el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante fue vulnerado.
5.3. Conclusión
Liberty Seguros S.A. vulneró los
derechos al mínimo vital y el debido proceso de Claudia Lucía Ortega Cortés, al
negarse a afectar la póliza de seguro de vida grupo deudores que amparaba su
crédito hipotecario, ya que (i) exigirle que demuestre su pérdida de capacidad
laboral a través de la Junta Regional de Calificación, desconoce la eficiencia
del sistema de seguridad social, en perjuicio de una persona que es sujeto de
especial protección constitucional y tiene una amenaza real para el cubrimiento
de sus necesidades básicas; además, (ii) no se probó que las condiciones del
contrato establecieran un solo mecanismo para demostrar el siniestro, y por
tanto a la accionante se le restringió la libertad probatoria
injustificadamente. Su pérdida de capacidad laboral fue certificada por la
entidad que tiene la facultad de hacerlo, dada su vinculación al Magisterio y
al no haberse impugnado, quedó en firme.
En virtud de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión revocará la sentencia del seis (6) de junio de dos mil
trece (2013) proferida por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de
Bogotá, que confirmó el fallo del ocho (8) de abril de dos mil trece (2013)
emitido por el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá, el cual declaró improcedente la acción de tutela
presentada por Claudia Lucía Ortega Cortés contra Liberty Seguros S.A. En su
lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y el
mínimo vital de la accionante, y se ordenará a la demandada que haga efectiva
la póliza de vida grupo deudores examinada, pagando el saldo insoluto del
crédito hipotecario a la fecha en que se estructuró la invalidez, esto es, el diecisiete
(17) de febrero de dos mil once (2011).[56]
Así mismo, se ordenará al Banco Caja
Social que, en caso de que la señora Claudia Lucía Ortega Cortés haya
continuado pagando las respectivas cuotas del crédito hipotecario con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, realice la devolución de dichas sumas a la accionante
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente
sentencia.
6. QBE Seguros S.A. vulneró los derechos
al debido proceso y el mínimo vital de Miryan Lucero Vargas Caicedo. Expediente
T-3978372
En este caso debe determinarse si la
empresa QBE Seguros S.A. vulneró los derechos fundamentales de Miryan Lucero
Vargas Caicedo, al negarse a hacer efectiva la póliza de vida grupo deudores,
que cubre el riesgo de una enfermedad catastrófica, bajo el argumento de que
operó el fenómeno de la prescripción. Explica la demandada que la accionante
reclamó el pago de la indemnización cuatro (4) años después que le
diagnosticaron cáncer de mama (julio de 2008), y que de conformidad con el
artículo 1081 del Código de Comercio, dichas peticiones deben hacerse dentro de
los dos (2) años siguientes desde que tenga o haya debido tener conocimiento
del “hecho que da base a la acción”. La peticionaria, sin embargo,
considera que se está aplicando erróneamente la norma, porque el término de
prescripción no debería empezar a correr desde su primer diagnóstico de cáncer
sino desde cuando se presentó su diagnóstico de metástasis (octubre de 2011),
pues fue en ese momento cuando quedó imposibilitada para trabajar y continuar pagando
el crédito.
La accionante señala que la póliza no
sólo ampara el riesgo de pérdida de capacidad laboral sino también el de
enfermedad catastrófica, y en tanto ella padece un cáncer de mama que luego
hizo metástasis en su sistema óseo, la aseguradora está obligada a pagar el
saldo insoluto de su crédito hipotecario, porque ese riesgo estaba cubierto por
el seguro.
6.1. La prescripción en el contrato de
seguro y su aplicación en el marco de la Constitución Política
6.1.1. El artículo 1081 del Código de
Comercio regula la prescripción en el contrato de seguro.[57]
Conforme a la norma la prescripción de las acciones que derivan del contrato
puede ser ordinaria y extraordinaria.
El término de prescripción ordinaria es
de dos (2) años, contados a partir de que “el interesado haya tenido o
debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción”. La Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sostuvo respecto de la
prescripción ordinaria que “(…) no basta el
acaecimiento del hecho que da base a la acción, sino que por imperativo legal
‘se exige además que el titular del interés haya tenido conocimiento del mismo
efectivamente, o a lo menos, debido conocer este hecho, momento a partir del
cual ese término fatal que puede culminar con la extinción de la acción
‘empezará a correr’ y no antes, ni después”.[58]
Por su parte, la prescripción
extraordinaria es de cinco (5) años, y corre “contra toda clase de
personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho.” En este caso la expresión ‘contra toda clase de personas’ debe
entenderse como los legitimados para interponer acciones ante la jurisdicción
ordinaria para reclamar un derecho, inclusive aquellos que no hayan tenido ni
podido tener conocimiento del siniestro.[59]
6.1.2. En la sentencia T-662 de 2013,[60]
la Corte Constitucional decidió inaplicar en un caso concreto “el artículo
1081 del Código de Comercio” en lo referente a la prescripción
extraordinaria. En ese asunto se pretendía hacer efectiva una póliza de vida
grupo deudores porque la accionante había sido calificada con una discapacidad
del 80.93%, pero la aseguradora se oponía al pago de la indemnización porque argumentaba
que había operado el fenómeno de la prescripción. Específicamente, la demandada
alegó que la estructuración de la invalidez (siniestro) había ocurrido el cinco
(5) de noviembre de dos mil seis (2006), y que para efectos de la reclamación ya
habían transcurrido los cinco (5) años de la prescripción extraordinaria, al
momento de presentarse la reclamación. La Sala Novena de Revisión sostuvo:
“(…)
existe un mayor grado de afectación de los derechos de fundamentales al mínimo
vital y vivienda digna, que el principio de seguridad jurídica. Lo anterior por
las siguientes razones. || La señora Montoya padece de un alto porcentaje de
discapacidad. Como obra en el expediente, la accionante perdió el 80.93% de su
capacidad laboral. Por esta razón, está en imposibilidad de continuar
trabajando para conseguir los recursos para pagar el crédito del cual ella es
deudora. Adicionalmente, no cuenta con rentas adicionales como pensión,
negocios, etc. que le permitan concluir a la Corte que en este caso es posible
identificar que la afectación a sus derechos es menor. Así mismo, la tutelante
no puede valerse por sí misma. Necesita de la ayuda de sus familiares para
movilizarse debido a su alto porcentaje de incapacidad. Como se aprecia, las
condiciones de la accionante son bastante complicadas. En caso de que la señora
Montoya encuentre prescrito su derecho al pago de la prima del seguro de vida,
estaría en la obligación de pagar una deuda sin contar los recursos
suficientes, caso en el cual, al existir una garantía real hipotecaria, tendría
que responder con su vivienda. || Si esto sucediera, la accionante no contaría
con las condiciones mínimas para su subsistencia pues, sin tener la posibilidad
de valerse por sí misma, ahora tendría que abandonar su casa para respetar su
deuda. En este caso, la situación sería doblemente tortuosa para la accionante
pues ahora no tendría siquiera donde vivir. Como se aprecia, el grado de
afectación de sus derechos fundamentales sería alto. || Caso contrario
sucedería con la seguridad jurídica. La lesión de este principio es menor. Su
grado de afectación es intermedio. Si bien una forma de garantizar la seguridad
jurídica es a través de la figura de la prescripción extraordinaria, esta no es
la única. Aunque las partes de un contrato tienen derecho a definir sus
situaciones, existen circunstancias en las que privilegiar este principio
conduciría al sacrificio de la justicia material.”
(…)
“En
conclusión, en este preciso caso, los derechos de la Señora Montoya puede
sufrir una lesión mucho mayor a la que sufriría el principio de la seguridad
jurídica. Este último solo debe ceder en circunstancias excepcionales y en todo
caso, el término de prescripción ordinaria que trata el artículo 1081 del
Código de Comercio, mantiene plena vigencia aun en estos casos. || En
consecuencia, esta Corte decidirá no aplicar el fenómeno de la prescripción
extraordinaria del artículo 1081 del Código de Comercio en virtud de las razones
expuestas, a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos
fundamentales.”
En
lo pertinente para el caso que se estudia en esta oportunidad, la sentencia
T-662 de 2013 efectúa un aporte fundamental: no se puede aplicar el término de
prescripción del contrato de seguro sin consideración de las circunstancias
especiales de cada asunto, sobretodo cuando se interfiere intensamente en el
ejercicio de derechos fundamentales. Y aunque eso no siempre da pie para que un
operador jurídico inaplique el artículo 1081 del Código de Comercio, sí sirve de
fundamento para que se realice la adecuación normativa sin perder de vista la
situación fáctica que se examina, especialmente cuando se configura una amenaza
a los derechos fundamentales.
6.2. La Póliza de Seguro de Vida Grupo
Deudores tomada con QBE Seguros S.A. ampara la ocurrencia de una enfermedad
catastrófica, pero no exige que el siniestro se entienda acaecido
necesariamente en el momento del primer diagnóstico de la misma
La póliza de seguro de vida grupo
deudores No. 201100000271 estipula que QBE Seguros S.A. se compromete a pagar
el saldo insoluto del crédito de cualquier deudor hipotecario del Fondo
Nacional del Ahorro, al cual “(…) se le diagnostique durante la vigencia de
la póliza alguna de las enfermedades o eventos abajo indicados, cuyo origen sea
el resultado de la evolución de una enfermedad degenerativa padecida anteriormente:
VIH positivo Sida, Cáncer, accidente cerebro-vascular (…)”.[61]
Como se puede observar, la póliza incluye dentro de los riesgos asegurables la
ocurrencia de una enfermedad catastrófica, cobijando a las deudoras y deudores hipotecarios
del Fondo Nacional del Ahorro.
En el caso objeto de estudio está claro
que la accionante fue diagnosticada durante la vigencia de la póliza con cáncer
de mama. Sin embargo, la demandada no se opone al pago de la indemnización
porque ponga en duda la ocurrencia del riesgo. Lo que QBE Seguros S.A. afirma
es que no debe afectar la póliza porque operó el fenómeno de la prescripción,
en tanto la accionante reclamó el pago cuatro (4) años después del diagnóstico
inicial de la enfermedad. Respecto de este punto la Sala considera que no le
asiste razón a la demandada, ya que el contrato no exige que el siniestro se
entienda acaecido necesariamente en el momento del diagnóstico inicial de la
enfermedad sino que de la cláusula transcrita se colige que la cobertura opera con
ocasión de alguna de las enfermedades cubiertas, cuyo origen sea el resultado
de la evolución de una enfermedad degenerativa padecida con anterioridad, entre
ellas el cáncer. Por lo tanto conforme al texto de la póliza misma, puede contabilizarse
el término de prescripción desde la fecha en que la persona en razón de la
enfermedad catastrófica y degenerativa no pudo seguir laborando.
6.2.1. Tal como se pactó la cláusula,
puede afirmarse que la finalidad de la póliza de seguro de vida grupo deudores,
tomada por el Fondo Nacional del Ahorro con QBE Seguros S.A., consiste en
amparar el riesgo de que algún deudor hipotecario del banco quede
imposibilitado para cubrir el saldo de su crédito ante la eventualidad de una
enfermedad grave o catastrófica. Como la misma póliza lo establece: (i) la
enfermedad debe ser diagnosticada durante la vigencia del contrato, y (ii) su
origen es el resultado de la evolución de una enfermedad degenerativa, entre
ellas el cáncer. En algunos casos coinciden en el tiempo esos sucesos, pues es
lógico suponer que el diagnóstico de una enfermedad catastrófica merma
considerablemente la capacidad de trabajo de una persona, y que por ese motivo
debe cubrirse un riesgo: que no pueda continuar pagando su deuda. Sin embargo, ese
primer diagnóstico no es suficiente para no seguir trabajando y no poder cubrir
el crédito por sus propios medios. Ese sería el caso de personas que padecen
enfermedades degenerativas o progresivas, respecto de las cuales el diagnóstico
de la enfermedad no necesariamente coincide con el momento en el cual pierden
su fuerza de trabajo.
En ocasiones los usuarios continúan desarrollando
con relativa normalidad su trabajo, a pesar del diagnóstico de la enfermedad, y
tienen posibilidades reales de seguir pagando su deuda hipotecaria. Lo siguen
haciendo, bien sea porque consideran que no existe la necesidad de afectar la
póliza dado el estado inicial de sus afecciones, o porque no quieren
constituirse en mora en el pago de su obligación. A veces las personas esperan
a que verdaderamente se cumpla el segundo presupuesto (la imposibilidad física
de cancelar la deuda) para entender acaecido el siniestro, asumiendo las
consecuencias negativas que eso depara para sus intereses como deudores y
asegurados.[62]
En el caso particular de la accionante
el siniestro no se materializó cuando se detectó la enfermedad, sino que con
ocasión de su evolución, se vio imposibilitada para seguir laborando, y
continuar asumiendo las cuotas del crédito.
El caso de la accionante está enmarcado
en este supuesto, pues ella afirma que le diagnosticaron cáncer el primero (1º)
de julio de dos mil ocho (2008), pero que realmente perdió su capacidad para
continuar laborando, sólo cuando se le diagnosticó una metástasis en el sistema
óseo el catorce (14) de octubre de dos mil once (2011), que la inhabilitó para
trabajar. De hecho, señala que luego del diagnóstico pudo continuar cancelando
su crédito con relativa normalidad, hasta que su enfermedad no le permitió
seguir asistiendo a su trabajo. Como puede observarse, en este asunto no hay
simultaneidad entre el momento en que se descubrió la enfermedad y en el que se
presentó la pérdida de la capacidad laboral, por lo que debe definirse cuál es la
fecha de ocurrencia del siniestro para efectos de computar el término de
prescripción.
6.2.2. Frente a este tipo de usuarios la
póliza señala que para amparar el riesgo se requiere que a un deudor
hipotecario “(…) se le diagnostique durante la vigencia de la póliza alguna
de las enfermedades o eventos abajo indicados”.[63]
Pero también la póliza establece en el artículo séptimo, que se hace
efectivo el amparo en el caso de que a cualquier asegurado se le diagnostique
durante la vigencia del contrato “(…) alguna de las enfermedades o eventos
abajo indicados, cuyo origen sea el resultado de la evolución de una enfermedad
degenerativa padecida anteriormente: VIH positivo Sida, Cáncer,
accidente cerebro-vascular (…)”.[64]
(Negrilla fuera del texto de la póliza).
Uno de los objetivos de la póliza
adquirida por el Fondo Nacional del Ahorro, es el de amparar a las deudoras y
deudores que queden imposibilitados para cancelar un crédito en virtud de la
evolución de una enfermedad catastrófica que les haya sido diagnosticada. Es la
misma póliza la que dispone que el siniestro pueda acaecer cuando la enfermedad
avanza y la persona pierde su capacidad laboral.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, ha sostenido que las condiciones de los contratos de seguro no
pueden interpretarse aisladamente, sino que para auscultar su contenido se debe
observar su finalidad y el propósito por el cual fue suscrito, que no es otro
que amparar las consecuencias negativas de un riesgo realizado. Esto, como
búsqueda de equilibrio en la relación de aseguramiento y desarrollo del
principio de buena fe, en tanto evita que con base en condiciones
indeterminadas la parte dominante eluda sus obligaciones de amparo. En palabras
de dicha Corporación:
“(…)
el contrato de seguros debe ser interpretado en forma similar a las normas legales
y sin perder de vista la finalidad que está llamado a servir, esto
es comprobando la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y
los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la ley (arts. 1048 a
1050 del C. de Co.), los intereses de la comunidad de asegurados y las
exigencias técnicas de la industria; que, ‘en otras palabras, el contrato
de seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito
operativo, para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones
de los contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse ‘escritura
contentiva del contrato’ en la medida en que, por definición, debe
conceptuársela como expresión de un conjunto sistemático de condiciones
generales y particulares que los jueces deben examinar con cuidado,
especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la
extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación, evitando
favorecer soluciones en mérito de las cuales la compañía aseguradora termine
eludiendo su responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de estar al
criterio de buena fe podrían recibir una inteligencia que en equidad consulte
mejor los intereses del asegurado, o lo que es todavía más grave, dejando sin
función el contrato a pesar de las características propias del tipo de seguro
que constituye su objeto, fines éstos para cuyo logro desde luego habrán de
prestar su concurso las normas legales, pero siempre partiendo del supuesto,
valga insistir, de que aquí no son de recibo interpretaciones que impliquen el
rígido apego literal a estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende,
sin detenerse en armonizarlas con el espíritu general que le infunde su razón
de ser a todo el contexto contractual del que tales estipulaciones son parte integrante.’.” [65]
6.2.3. Así mismo, la Sala observa que
esta interpretación favorable desarrolla los principios de seguridad jurídica y
buena fe en la relación de aseguramiento. En efecto, a la luz del principio de
seguridad jurídica no es admisible que QBE Seguros S.A. oponga como sustento de
su objeción a la reclamación, una condición que conforme a sus cláusulas admite
una comprensión más favorable, que es interpretada perdiendo de vista la finalidad
del contrato de seguros, en la cual el término de prescripción puede empezar a
contarse no desde el diagnóstico inicial, sino desde el momento en que la
enfermedad evoluciona hasta impedirle a la asegurada (o) continuar asumiendo
las cuotas de su crédito.
6.2.4. En conclusión, puede afirmarse que
la póliza suscrita por el Fondo Nacional del Ahorro con QBE Seguros S.A. ampara
el riesgo de cualquier deudor hipotecario, que adquiera una enfermedad
catastrófica. Pero, esa misma póliza no estipula que el siniestro
necesariamente deba entenderse acaecido en el momento en que se produce el
diagnóstico inicial. En los casos en que se trate de una enfermedad
degenerativa, puede entenderse conforme al texto de la misma póliza que el
riesgo se realiza cuando la enfermedad inhabilita al asegurado y éste queda imposibilitado
para saldar el crédito.
6.3. En este caso el siniestro ocurrió
en octubre de dos mil once (2011), cuando la enfermedad de la accionante se
agravó y le impidió pagar el crédito por sus propios medios.
6.3.1. A la señora Vargas Caicedo le
diagnosticaron por primera vez cáncer de mama en julio de dos mil ocho (2008).[66]
Durante los cincuenta y tres (53) meses posteriores a esa fecha, la accionante continuó
laborando y cancelando el crédito al Fondo Nacional del Ahorro,[67]
pues a pesar de que le habían descubierto un cáncer de mama, seguía desarrollando
su actividad económica con relativa normalidad. En efecto, dentro de la
historia clínica que obra en el expediente se puede constatar que la accionante
fue sometida a sesiones de quimioterapia en los meses posteriores al
diagnóstico,[68]
y siguió prestando sus servicios regularmente con algunas limitaciones. Sólo
cuando la enfermedad avanzó e hizo “metástasis ósea múltiple”, se afirmó
por parte de los especialistas el dos (2) de octubre de dos mil once (2011),
que debido al avance de su enfermedad sufrió una “alteración de su capacidad
funcional mayor al 50%”.[69]
Para la Sala, el siniestro ocurrió el
catorce (14) de octubre de dos mil once (2011), cuando a Miryan Lucero Vargas
Caicedo le informaron que su enfermedad había avanzado y debido a la metástasis
ósea no pudo continuar laborando. Tres situaciones conducen a esa conclusión.
La primera, es que a partir de ese momento la accionante no pudo seguir
laborando en razón de su disminución  física, en tanto el estado avanzado de su
enfermedad la marginó de su trabajo.[70]
La segunda, es que luego de la fecha en que la incapacidad funcional de la
peticionaria fue determinada, se le incapacitó durante noventa (90) días
continuos, en los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece (2013),[71]
y según se pudo constatar en sede de revisión, dichas incapacidades se
prorrogaron otros sesenta (60) días en los meses de junio y julio. Y la tercera,
es que desde ese momento el pago del crédito hipotecario se tornó en un gasto
económico imposible de asumir para la accionante.[72]
La Sala no puede desconocer las
circunstancias particulares de este caso y tomar como fecha del siniestro la
del diagnóstico inicial del cáncer, especialmente cuando la tutelante efectivamente
perdió su capacidad laboral mucho tiempo después de ese primer diagnóstico.[73]
En consecuencia, debe entenderse, como ya se anotó, que el siniestro ocurrió el
catorce (14) de octubre de dos mil once (2011),[74]
cuando la enfermedad de la actora avanzó de tal manera que alteró su capacidad
funcional en un porcentaje mayor al 50%.
En repetidas oportunidades la Corte
Constitucional ha señalado que las consecuencias negativas de una enfermedad progresiva
no se presentan en un solo momento. Reiteradamente se ha sostenido que la fecha
en que efectivamente una persona pierde su capacidad para trabajar puede ser
diferente a la de la estructuración que indica el dictamen de calificación. Por
tratarse de enfermedades degenerativas, la persona continúa su vida laboral con
relativa normalidad, hasta el momento en que por su condición de salud le es
imposible seguir trabajando. Desde esta perspectiva, después del diagnóstico, las
personas siguen aportando al sistema, hasta perder finalmente su capacidad
laboral.[75]
La importancia de esta regla, adoptada ya en casos semejantes,[76]
para el caso estudiado es que sirve de base para afirmar que el siniestro no
ocurrió el día que a la accionante le diagnosticaron el cáncer, porque luego de
esa fecha pudo seguir pagando su crédito autónomamente.
6.4. La prescripción no operó en este
caso
De conformidad con el artículo 1081 del
Código de Comercio,[77]
el término de prescripción ordinaria es de dos (2) años contados desde el
momento que el interesado tuvo conocimiento del hecho que da base a la acción.
En este caso Miryan Lucero Vargas Caicedo recibió su diagnóstico inicial de cáncer
de mama el primero (1º) de julio de dos mil ocho (2008), y se le prescribió un
tratamiento y droga sin que la incapacitara para seguir laborando o continuar
cancelando sus acreencias. Con posterioridad, el catorce (14) de octubre de dos
mil once (2011), luego de un examen especializado, le informaron que el cáncer
había hecho metástasis en el sistema óseo,[78] y para entonces
debido al deterioro de su salud, no pudo seguir laborando.
La reclamación de la señora fue
presentada el tres (3) de diciembre de dos mil doce (2012) ante la compañía
aseguradora,[79]
(es decir, un año, un mes, y unos días después de ocurrido el siniestro). Ésta
le fue objetada, por considerar la compañía aseguradora que en su caso había
operado el fenómeno de la prescripción. Teniendo en cuenta que el siniestro
ocurrió el dos (02) de octubre de dos mil once (2011), cuando se determinó por
los especialistas que la alteración de su capacidad funcional era superior al
50%, puede afirmase que para entonces aún no había prescrito la reclamación.
Con base en las consideraciones presentadas,
la Sala puede afirmar que QBE Seguros S.A. partió de un momento equivocado para
determinar la fecha en que debía tenerse por ocurrido el siniestro,
vulnerándose los derechos al debido proceso y el mínimo vital de la tutelante,
al negarse a hacer efectiva la póliza de seguro de vida grupo deudores.
El debido proceso debe aplicarse a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este caso, QBE Seguros
S.A. aplicó de manera errónea la norma que regula la prescripción del contrato
de seguro (artículo 1081 del Código de Comercio) al señalar que operaba el
fenómeno de la prescripción, sin tener presente que la póliza no estipula que
el siniestro debe entenderse ocurrido cuando se diagnostica a una persona una
enfermedad catastrófica, sino cuando su enfermedad avanza, tornándose
incapacitante. La demandada, al darle ese entendimiento a las condiciones del
contrato, afectó de manera notoria el derecho al debido proceso de la
peticionaria.
Pero también se violó el derecho al
mínimo vital de Miryan Lucero Vargas Caicedo y de su hijo menor de edad, ya que
el negar su reclamación con base en una prescripción que no se presenta en su
caso, amenaza seriamente la posibilidad de que la accionante pueda seguir manteniendo
una vida en dignidad.
6.5. Conclusión
QBE Seguros S.A. vulneró los derechos al
debido proceso y el mínimo vital de Miryan Lucero Vargas Caicedo, al negarse a
afectar la póliza de vida grupo deudores que ampara su crédito sosteniendo que ocurrió
en su caso el fenómeno de la prescripción, por cuanto (i) el contrato de seguro
no estipula que el siniestro deba entenderse ocurrido al momento del
diagnóstico inicial de la enfermedad; (ii) puede aceptarse razonablemente que
el siniestro se produjo cuando con ocasión de la metástasis ósea que le fue
diagnosticada, la actora no pudo seguir laborando por la pérdida de su
capacidad funcional, concluyendo la Sala, que en esta ocasión no se presenta el
fenómeno de la prescripción, porque la reclamación se presentó dentro del término
estipulado en la ley.
En virtud de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión revocará la sentencia del cuatro (4) de junio de dos mil
trece (2013) proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Séptima de
Decisión Civil, en tanto denegó el amparo, y confirmará parcialmente el fallo
del diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Juzgado
Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito Piloto de la Oralidad de Bogotá, que amparó
los derechos fundamentales al mínimo vital y el debido proceso de Miryan Lucero
Vargas Caicedo, y revocará las demás órdenes relativas al pago de la
indemnización, contenidas en los numerales primero, segundo y tercero de la
sentencia de primera instancia, porque ordenó el pago de la indemnización en
una proporción superior a la debida. En consecuencia, se ordenará a la
demandada que haga efectiva la póliza de vida grupo deudores examinada, reconociendo
el saldo insoluto del crédito hipotecario desde el catorce (14) de octubre de
dos mil once (2011).[80]
Deben
revocarse las mencionadas decisiones, porque en las sentencias se ordenó el pago
del saldo insoluto desde el diagnóstico inicial de cáncer de mama de la actora,
y en esta providencia se explicó que el siniestro se produjo posteriormente,
cuando un examen especializado señaló que la tutelante había perdido su
capacidad laboral cuando la enfermedad degenerativa hizo metástasis en su sistema
óseo, esto es, el catorce (14) de octubre de dos mil once (2011). Sería
contrario al principio de proporcionalidad hacer pagar a QBE Seguros S.A. el
saldo insoluto desde una fecha anterior a la de ocurrencia del siniestro.
Así mismo, se ordenará al Fondo Nacional
del Ahorro que, en caso de que la señora Miryan Lucero Vargas Caicedo haya
continuado pagando las respectivas cuotas del crédito hipotecario con
posterioridad a esta fecha, realice la
devolución de dichas sumas a la accionante dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de la presente sentencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo anterior, la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia del seis (6) de junio de
dos mil trece (2013) proferida por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del
Circuito de Bogotá, que confirmó el fallo del ocho (8) de abril de dos mil
trece (2013) emitido por el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal con Función
de Conocimiento de Bogotá, el cual declaró improcedente la acción de tutela
presentada por Claudia Lucía Ortega Cortés contra Liberty Seguros S.A. En su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y el mínimo vital de Claudia Lucía Ortega Cortés.
Segundo.-
ORDENAR a
Liberty Seguros S.A. que, en el término de diez (10) días hábiles siguientes a
la notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al
Banco Caja Social S.A., como tomador de la póliza de seguro de vida grupo
deudores, el saldo insoluto de la obligación hipotecaria al diecisiete (17) de
febrero de dos mil once (2011), la cual fue adquirida por Claudia Lucía Ortega
Cortés con dicho banco.
Tercero.- ORDENAR al
Banco Caja Social S.A. que, en caso de que la señora Claudia Lucía Ortega
Cortés haya continuado pagando las respectivas cuotas del crédito hipotecario
con posterioridad a la fecha de estructuración de su invalidez (17 de febrero
de 2011), realice la devolución de dichas sumas
a la accionante dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de
la presente sentencia.
Cuarto.- REVOCAR la sentencia del cuatro (4) de junio de
dos mil trece (2013) proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Séptima
de Decisión Civil, en tanto denegó el amparo de los derechos constitucionales
de Miryan Lucero Vargas Caicedo, y CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo del
diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Juzgado Cuarenta
y Cuatro Civil del Circuito Piloto de la Oralidad de Bogotá, en cuanto amparó
los derechos fundamentales al mínimo vital y el debido proceso de la actora, y REVOCAR
las demás órdenes relativas al pago de la indemnización, contenidas en los
numerales primero, segundo y tercero de la sentencia de primera instancia, en
cuanto ordenó el pago de la indemnización en una proporción superior a la
debida.
Quinto.- ORDENAR a
QBE Seguros S.A. que, en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de esta sentencia, efectúe el trámite necesario para pagar al
Fondo Nacional del Ahorro, como tomador de la póliza de seguro de vida grupo
deudores, el saldo insoluto de la obligación hipotecaria adquirida por Miryan
Lucero Vargas Caicedo desde el catorce (14) de octubre de dos mil once (2011).
Sexto.- ORDENAR al
Fondo Nacional del Ahorro que, en caso de que la señora Miryan Lucero Vargas
Caicedo haya continuado pagando las respectivas cuotas del crédito hipotecario
con posterioridad al catorce (14) de octubre de dos mil once (2011), efectúe la devolución de dichas sumas a la accionante dentro
de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente sentencia.
Séptimo.- Líbrese por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Certificado individual de seguro de vida grupo
deudores, el cual informa que la accionante está incluida en la póliza respecto
de la cual reclama su afectación. (Folio 20 del cuaderno principal del
expediente T-3974160). En
adelante para este caso, siempre que se haga mención a un folio, se entenderá
que hace parte del cuaderno principal a menos que se diga expresamente otra
cosa.
[2] Dictamen de pérdida de capacidad laboral de Claudia
Lucía Ortega Cortés, elaborado por la empresa Médicos Asociados S.A. (Folio
24).
[3] “Por
la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
[4] Derecho de petición impetrado por la accionante el
veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012) ante Liberty Seguros S.A.
(Folio 28).
[5] Respuesta al derecho de petición presentado por la
accionante, en el cual Liberty Seguros S.A. niega afectar la póliza de vida
grupo deudores en cuestión. Fue remitido el veintisiete (27) de noviembre de
dos mil doce (2012). (Folio 34)
[6] Esta explicación de Liberty Seguros S.A. obra en la
contestación a la acción de tutela. Allí básicamente se afirma que el contrato
estipula un medio único de prueba del siniestro. (Folios 47 al 53).
[7] Resolución
No. 0328 de 2013, mediante la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio reconoce una pensión de invalidez a favor de Claudia Lucía
Ortega Cortés, por un monto de $535.600. (Folios 36 al 38).
[8] Ob, cit. Contestación a la acción de tutela de Liberty
Seguros S.A. (Folios 47 al 53).
[9] Respuesta del Fondo Nacional del Ahorro a la solicitud
de aprobación del crédito presentada por la accionante, en el cual se informa
el monto total del crédito y el valor de las cuotas. (Folio 4 del cuaderno
principal del expediente T-3978372) En adelante para este caso, siempre que se haga mención a un folio, se
entenderá que hace parte del cuaderno principal del expediente referenciado, a
menos que se diga expresamente otra cosa.
[10]  Historia clínica de la accionante, elaborada por el
Centro Oncológico LTDA. (Folios 18 al 39). Así mismo, en el estudio de QBE
Seguros se informa que la fecha del diagnóstico inicial del cáncer de mama es
el primero (1º) de julio de dos mil ocho (2008) (folio 7), y la accionante
corrobora esa información en la acción de tutela. (Folio 41).
[11] Exámenes diagnósticos de metástasis en el sistema óseo
de la peticionaria, elaborados por el Hospital Universitario de San José y la
empresa Bionuclear LTDA. (Folios 9 al 14)
[12] Respuesta de QBE Seguros a la solicitud de la
accionante de hacer efectiva la póliza en cuestión. En esta se informa que el
derecho de petición fue presentado por la accionante el tres (3) de diciembre
de dos mil doce (2012). (Folios 6 al 8).
[13] Ibíd. En dicha respuesta se afirmó que “(…) a todas luces ha[bía] operado el fenómeno de la
prescripción”,  porque (i) el siniestro ocurrió el “01 de julio
de 2008, fecha de diagnóstico de la enfermedad” y la reclamación se efectuó
“el 03 de diciembre de 2012”.  (Folios 6 al 8).
[14]
Código de Comercio, artículo 1081: “[l]a prescripción de las acciones que se
derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser
ordinaria o extraordinaria. || La prescripción ordinaria será de dos años y
empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que da base a la acción. || La prescripción
extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y
empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. || Estos
términos no pueden ser modificados por las partes.”
[15] Póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores No.
201100000271, tomada por el Fondo Nacional del Ahorro con QBE Seguros S.A., la
cual ampara a la accionante. (Folios 90 al 92).
[16] Tarjeta de Identidad del menor Juan Sebastián Vargas
Caicedo, hijo de la accionante, en la cual se puede observar que nació el
veintiuno (21) de mayo de dos mil uno (2001). (Folio 3).
[17] Ob, cit. Contestación a la acción de tutela de QBE Seguros S.A. (Folios 79 al
88).
[18] Ciertamente, en dicha sentencia se estudió
principalmente el tema de la procedencia de la acción de tutela para reclamar
la ejecución del contrato de seguro en cuestión, sin hacer referencia al
problema de la prescripción y la oportunidad del reclamo. De hecho, en el fallo
se afirma que a la peticionaria le violaron el derecho al mínimo vital porque
“(…) los hechos del libelo son expresos y claros en señalar la precaria
situación económica que la aqueja, pues no posee en la actualidad una fuente de
ingresos, aunado a que es madre cabeza de familia de un menor de edad.”
(Folios 114 al 120).
[19] Escrito
de impugnación presentado por el representante de QBE Seguros S.A. (Folios 142
al 144).
[20] Relación de Pagos del Crédito No. 52.160.879, tomado
por Miryan Lucero Vargas Caicedo con el Fondo Nacional del Ahorro. Allí se
puede observar que la deudora efectuó pagos desde el tres (3) de noviembre de
dos mil ocho (2008) hasta el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013),
acumulando un saldo de $18.371.824, y quedando un “saldo pendiente de la
obligación al 22 de mayo de 2013 de $25.353.718.” (Folios 151 al 153).
[21] (Folios 27 al 93 del cuaderno de revisión).
[22] (Folios 94 al 109 del cuaderno de revisión).
[23] (Folios 145 y 146 del cuaderno de revisión).
[24]
Constitución Política, artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública. || La protección consistirá en una orden para que
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión. || Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. || En ningún caso podrán
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. ||
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave
y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión”.
[25] Cita
de la sentencia C-640 de 2010 (MP. Mauricio González Cuervo).
[26] Corte
Constitucional, sentencia T-136 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). En
esa oportunidad la Corte señaló que una acción de tutela era procedente para
reclamar el pago de una indemnización con cargo a una póliza de vida grupo
deudores. Allí se explicó que la tutela procedía porque (i) las entidades
aseguradoras desarrollan una actividad de interés público, y (ii) se buscaba
evitar un perjuicio irremediable en el goce de los derechos fundamentales del
interesado. Respecto de la actividad financiera y aseguradora como sectores de
interés público pueden observarse, entre otras, las sentencias recientes T-342
de 2013 (MP. Nilson Pinilla Pinilla, AV. Alberto Rojas Ríos) y T-662 de 2013
(MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[27] Ob, cit. (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[28] Ibíd.
Respecto del estado de indefensión de los usuarios del sistema financiero y
asegurador pueden observarse, entre otras, las sentencias T-661 de 2001 (MP.
Jaime Córdoba Triviño), T-1085 de 2002 (MP. Jaime Araújo Rentería), T-018 de
2005 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), y T-863 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[29] El artículo 335 de la Constitución Política señala que
“[l]as actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de
captación (…) son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa
autorización del Estado (…)”. Así mismo, en diversas oportunidades la Corte
Constitucional ha señalado que la actividad aseguradora es de interés público,
y por tanto ha declarado procedentes acciones de tutela presentadas contra
compañías que desarrollan esa actividad. Por ejemplo, en la sentencia T-738 de
2011 (MP. Mauricio González Cuervo), la Sala Segunda de Revisión dijo que “[l]as razones para hacer procedente la acción
de tutela contra estas entidades ha tenido en cuenta, en general, que las
actividades financieras –dentro de las que se encuentran la bancaria y la
aseguradora-, en tanto relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión
de recursos captados del público, es una manifestación de servicio público o que al menos involucra una actividad
de interés público –de acuerdo
con el artículo 335 Constitucional-.” Igualmente, en la sentencia T-136 de 2013 (MP. Jorge Iván
Palacio Palacio), la Corte dijo que “[e]l interés público en el correcto
funcionamiento de estos subsectores de la economía [del bancario y
asegurador] es innegable. Ello se explica no solo porque tales entidades
manejan, aprovechan e invierten vastos recursos captados del público, sino que
a diferencia de otras actividades que disponen igualmente de elevadas sumas de
dinero, “dependen para su correcto funcionamiento de un voto colectivo,
permanente y tácito de confianza, cuyo quebrantamiento puede generar
consecuencias catastróficas para la economía de un país”.”
[30] Véanse, entre otras, las sentencias de la Corte
Constitucional T-118 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-152 de
2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[31] (MP. Mauricio González Cuervo).
[32] Ibíd.
[33] Ob, cit. Tarjeta de Identidad del menor Juan Sebastián
Vargas Caicedo. (Folio 3).
[34] Código de Comercio, artículo 1047. “La
póliza de seguro debe expresar además de las condiciones generales del
contrato: || 1) La razón o denominación social del asegurador;|| 2) El nombre
del tomador; || 3) Los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de
identificarlos, si fueren distintos del tomador; || 4) La calidad en que actúe
el tomador del seguro; || 5) La identificación precisa de la cosa o persona con
respecto a las cuales se contrata el seguro; || 6) La vigencia del contrato,
con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de
determinar unas y otras; || 7) La suma aseguradora o el modo de precisarla; ||
8) La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago; || 9) Los riesgos
que el asegurador toma su cargo: || 10) La fecha en que se extiende y la firma
del asegurador, y || 11) Las demás condiciones particulares que acuerden los
contratantes. || PARÁGRAFO. En los casos en que no aparezca expresamente
acordadas, se tendrán como condiciones del contrato aquellas de la póliza o
anexo que el asegurador haya depositado en la Superintendencia Bancaria para el
mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y tipo de riesgo”. (Subrayado fuera
del texto).
[35] Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y
Agraria -. Sentencia del 2 de
mayo de 2000. Expediente No. 6291. (MP. Jorge Santos Ballesteros).
[36] Código Civil, artículo 1624.
[37] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
sentencia del cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009), expediente No.
11001 3103 024 1998 4175 01 (MP. Pedro Octavio Munar Cadena). Esta cita fue
reproducida por la Corte Constitucional en la sentencia T-136 de 2013 (MP.
Jorge Iván Palacio Palacio), con ocasión de un caso similar a los estudiados en
esta oportunidad.
[38] (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[39] Ibíd.
[40] Respecto de la constitucionalización de la relación de
aseguramiento, puede observarse, entre otras, la parte considerativa de la
sentencia T-738 de 2011 (MP. Mauricio González Cuervo). En esta se dijo, por
ejemplo, que “[e]n la
jurisprudencia constitucional es posible constatar una orientación de la Corte
Constitucional dirigida, en su mayoría, a proteger la posición de los
asegurados en los contratos de seguro de vida grupo deudores. En las sentencias
evaluadas se destaca la preocupación de la Corte por equilibrar las relaciones
de desigualdad configuradas entre aseguradoras, bancos y clientes.”
[41] Constitución Política, artículo 48 (parcial). “La
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.”
[42] Ciertamente, el Decreto 2463 de 2001 (derogado por el
Decreto 1352 de 2013), por el cual se reglamentaba la integración de las Juntas
de Calificación de Invalidez, y el cual estaba vigente para el momento que la
accionante elevó sus solicitudes, disponía en su artículo 8º que “[l]os
educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(…) que requieran la calificación de pérdida de la capacidad laboral, podrán
solicitarla ante la respectiva entidad que asume los riesgos comunes y
profesionales. || El trámite ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez se surtirá, sólo después de efectuarse la calificación
correspondiente por los profesionales o entidades calificadoras competentes del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (…).” De todas
formas, vale aclarar que el nuevo Decreto 1352 de 2013, por el cual se
reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez, conserva esa asignación de competencias.
[43] El artículo 53 del Decreto 1352 de 2013, por el cual
se reglamenta el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez,
señala que “(…) [l]os Educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (…) serán calificados por los profesionales o
entidades calificadoras de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional
competentes, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (…).
|| El trámite ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez se surtirá,
solo después de efectuarse la calificación correspondiente en su respectivo
régimen.” Así mismo, el parágrafo 5º del artículo 43
de ese cuerpo normativo dispone que “[p]ara
el caso de los Educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (…), las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez, actuarán como segunda y última
instancia”.
[44] Es claro en el expediente que la accionante hace parte
del régimen del Magisterio, pues de hecho ella es beneficiaria de una pensión
de invalidez otorgada por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.
(Folio 36 al 38).
[45] Decreto 1352 de 2013, artículo 53.
[46] En escrito adjuntado al trámite de revisión, la
empresa Médicos Asociados S.A. señaló que el dictamen de Claudia Lucía Ortega
Cortés fue realizado con base en el Manual Único de Calificación de Invalidez.
(Folios 145 y 146 del cuaderno de revisión). Así mismo, en el certificado de pérdida de capacidad laboral se dice
específicamente, que “se aplica el Decreto 917 de 1999”, el cual
contiene el manual único de calificación del sistema de seguridad social.
(Folio 26).
[47] (MP. Mauricio González Cuervo).
[48] Ibíd.
[49] (Folios 27 al 93 del cuaderno de revisión).
[50] En otras ocasiones la Corte Constitucional ha
auscultado el contenido de un contrato de seguro a partir de actuaciones de la
aseguradora, cuando encuentra necesario ubicar con precisión el argumento de la
negativa de afectar la póliza. Al respecto, puede verse la sentencia T-738 de
2011 (MP. Mauricio González Cuervo), en la cual se estudió el caso de una
persona que solicitaba el pago de una indemnización con cargo a una póliza de
vida grupo deudores, y la asegurada se oponía a sus pretensiones porque la
condición de discapacidad (el siniestro) la había demostrado con una
certificación diferente a la de la Junta Regional de Calificación. En esa
oportunidad la Corte no pudo observar precisamente el contenido del contrato de
seguro, a pesar de que se ofició a la demandada para que remitiera los
documentos integrantes del mismo, por tanto decidió interpretar su contenido a
partir de las actuaciones de la aseguradora. Igualmente, puede observarse la
sentencia T-136 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), en la cual se
interpretó el contenido de un contrato de seguro con base en las pruebas
obrantes en el expediente y haciendo uso del principio hermenéutico pro
costumatore.
[51] Ob, cit. Corte Constitucional, sentencia T-136 de 2013
(MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[52] Ob, cit. (MP. Mauricio González Cuervo).
[53] De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido
que existe un principio de libertad probatoria del siniestro, porque la
carga de la prueba del mismo recae sobre el asegurado y éste tiene la
posibilidad de acreditarlo judicial o extrajudicialmente, además de que no
existe algún precepto legal que consagre restricciones al respecto. Inclusive,
se ha dicho que no pueden imponerse limitaciones a ese principio de libertad
probatoria, so pena de caer en la estipulación de condiciones abusivas. Dijo el
Máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, que existe la“(…) la imposibilidad de establecer ex contractu modificaciones limitativas al
principio de la libertad probatoria del siniestro, la lesión y su cuantía por
contradecir el contenido imperativo del artículo 1080 del Código de Comercio,
el cual, “sólo puede modificarse en
sentido favorable al tomador, asegurado o beneficiario”, acentuando la naturaleza
vejatoria o abusiva de las estipulaciones negociales restrictivas.” (Corte
Suprema de Justicia, sentencia del 27 de agosto de 2008, expediente
1101-3103-022-1997-14171-01. MP. William Namén Vargas). En esa oportunidad se
examinó, entre otros, el caso de una aseguradora que se negaba a hacer efectiva
una póliza de daños porque el siniestro no se había probado como ella
consideraba que debía hacerse. La Corte comprendió que en este caso operaba la
libertad probatoria del siniestro, y que la indemnización debía pagarse, porque
el mismo se demostró adecuadamente mediante un mecanismo conducente.
[54]
Código de Comercio, artículo 1077: “Corresponderá al
asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la
pérdida, si fuere el caso. || El asegurador deberá demostrar los hechos o
circunstancias excluyentes de su responsabilidad.” Artículo 1080
(parcial): “El asegurador estará obligado a efectuar
el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o
beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de
acuerdo con el artículo 1077 (…).”
[55] Véanse, entre otras, las sentencias T-738 de 2011 (MP.
Mauricio González Cuervo) y T-136 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio),
citadas previamente. En ellas se determinó que unas empresas aseguradoras
vulneraban el derecho al debido proceso de unos usuarios, al negarse a hacer
efectivas unas pólizas de vida grupo deudores aplicando condiciones que no
estaban expresamente consagradas en el contrato, o no se había demostrado que
lo estuviesen.
[56] En comunicación adjuntada al proceso de tutela, la
empresa Médicos Asociados S.A. le informó a la Sala que la fecha de
estructuración de invalidez de Claudia Lucía Ortega Cortés “data del 17 de
febrero de 2011”. (Folios 145 y 146 del cuaderno de revisión). Esta fecha
de estructuración de la invalidez coincide con la fecha de realización del
certificado de pérdida de capacidad laboral de Médicos Asociados S.A., y fue la
que se tuvo en cuenta para otorgar la pensión de invalidez en la Resolución No.
0328 de enero de dos mil trece (2013). (Folios 36 al 38).
[57] El
artículo 1081 del Código de Comercio establece: “[l]a prescripción de
las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que
lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. || La prescripción ordinaria
será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya
tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. || La
prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de
personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho. || Estos términos no pueden ser modificados por las partes.”
[58] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
sentencia del 12 de febrero de 2007, expediente
1999-00749. Reiterada en el fallo del 4 de abril de 2013, expediente 0500131030012004-00457-01. La primera providencia fue citada en
la sentencia de la Corte Constitucional T-662 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva), como parámetro explicativo de la prescripción ordinaria en el contrato
de seguro.
[59] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
sentencia del 4 de julio de 1977. Allí se dice que “la expresión ‘contra
toda clase de personas’ debe entenderse en el sentido de que el legislador
dispuso que la prescripción extraordinaria corre aun contra los incapaces, así
como contra aquellos que no hayan tenido ni podido tener conocimiento del
siniestro.”
[60] Ob, cit. (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[61] Póliza de seguro de vida grupo deudores crédito
hipotecario No. 201100000271, suscrita entre el Fondo Nacional del Ahorro y QBE
Seguros S.A. El texto completo de la cláusula séptima es el siguiente: “[q]eda
expresamente aceptado y convenido, que mediante esta extensión, LA UNIÓN
TEMPORAL QBE SEGUROS S.A. –SEGUROS COLPATRIA S.A. efectuará el pago anticipado
de la indemnización de la cobertura de vida, al 100% de la suma asegurada de la
misma; en el caso de que a cualquier asegurado se le diagnostique durante la
vigencia de la póliza, alguna de las enfermedades o eventos abajo indicados
cuyo origen sea el resultado de la evolución de una enfermedad degenerativa
padecida anteriormente: || VIH positivo SIDA, Cáncer (…)”. (Folios 90 al
92).
[62] Paradójicamente, el hecho de que la enfermedad no se
agrave acarrearía consecuencias negativas para los intereses de estas personas
como asegurados, pues, como se verá mas adelante, el tiempo de prescripción
comenzaría a correr indefectiblemente desde el momento del diagnóstico, y no
podría alegarse posteriormente que el verdadero momento del siniestro fue
cuando la enfermedad se agravó.
[63] Cláusula séptima de la Póliza de vida grupo deudores
(Folio 90).
[64] Póliza de seguro de vida grupo deudores crédito
hipotecario No. 201100000271, suscrita entre el Fondo Nacional del Ahorro y QBE
Seguros S.A. El texto completo de la cláusula séptima es el siguiente: “[q]eda
expresamente aceptado y convenido, que mediante esta extensión, LA UNIÓN
TEMPORAL QBE SEGUROS S.A. –SEGUROS COLPATRIA S.A. efectuará el pago anticipado
de la indemnización de la cobertura de vida, al 100% de la suma asegurada de la
misma; en el caso de que a cualquier asegurado se le diagnostique durante la
vigencia de la póliza, alguna de las enfermedades o eventos abajo indicados
cuyo origen sea el resultado de la evolución de una enfermedad degenerativa
padecida anteriormente: || VIH positivo SIDA, Cáncer (…)”. (Folios 90 al
92).
[65] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
sentencia del 24 de mayo de 2005, expediente 7495. Esta providencia fue
reiterada por la misma sala, en sentencias del 27 de agosto de 2008, expediente
14171, y del 19 de diciembre de 2008.
[66] Folio 79.
[67] Ob, Cit. Relación de Pagos al crédito No. 52.160.879,
tomado por Miryan Lucero Vargas Caicedo con el Fondo Nacional del Ahorro.
(Folios 151 al 153).
[68] Historia clínica de Miryan Lucero Vargas Caicedo
elaborada por el Centro Oncológico LTDA. (Folios 18 al 39).
[69] Ibíd. Específicamente, en la Historia Clínica
elaborada el en enero de dos mil trece (2013), se explica que la accionante
tiene un “diagnóstico de cáncer de seno estado iv por metástasis ósea
múltiple, (…) [la cual compromete] arco costal derecho y porciones
proximales de ambos húmeros, por lesión metastásica a cráneo y externón, con
dolores severos con alteración de su capacidad funcional mayor del 50%”.
(Folio 18).
[70] Ciertamente, la accionante manifiesta en el escrito de
tutela que “(…) en la actualidad afronto una crisis de índole económica,
pues no he podido tener una estabilidad laboral, adicional al hecho que tengo
que continuar con los constantes tratamientos tendientes a evitar la
propagación dentro de mi cuerpo la enfermedad, tener que responder por el pago
de las cuotas con destino al crédito hipotecario y con mis responsabilidades
económicas dentro de mi hogar conmigo y con mi hijo, ya que como lo manifesté
soy madre cabeza de familia”. (Folio 44)
[71] Incapacidades médicas reconocidas a Miryan Lucero
Vargas Caicedo, para los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece
(2013). (Folios 23, 26 y 34).
[72] Miryan Lucero Vargas Caicedo manifiesta en la acción
de tutela que “ante el sufrimiento derivado de la enfermedad, se suma la
zozobra de tener que efectuar el pago de unas cuotas de un crédito hipotecario
(que hasta el momento he venido cumpliendo) pero que de todas maneras
representan una gran carga para las finanzas familiares, pero que dada mi
situación de salud actual generan una gran preocupación adicional, debido a que
si llego a incurrir en mora puede iniciarse un proceso ejecutivo hipotecario en
mi contra”. (Folio 44). Así
mismo, la peticionaria afirmó en su escrito de tutela lo siguiente: “(…) en
la actualidad no cuento con otro medio de ingreso para satisfacer las
necesidades primarias mías y de mi familia, que debido a la situación actual,
es muy complicada la consecución de una fuente formal de empleo”. (Folio
55).
[73] En este punto debe
recordarse que en la sentencia T-662 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva),
la Corte Constitucional sostuvo que el sistema de prescripción del contrato de
seguro no puede aplicarse sin consideración de las circunstancias especiales de
cada caso, y que por tanto debe observarse detenidamente la situación fáctica
presentada para efectos de realizar una adecuación normativa que se compadezca
con los postulados constitucionales. En este caso, la Sala considera que ubicar
el siniestro en octubre de dos mil once (2011) desarrolla los derechos
fundamentales de la accionante, no solo porque cumple con la finalidad del
contrato de seguro pactado, en el sentido de que promueve el amparo de un
riesgo realizado, sino también porque garantiza que la normatividad se aplique
con apego a la realidad de las circunstancias, y tomando en cuenta la situación
de desventaja en la que se halla la accionante frente al crédito hipotecario
que debe cancelar.
[74] Folio
10.
[75] Al respecto pueden observarse, entre otras, las
sentencias de la Corte Constitucional T-699A de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil),
T-710 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-561 de 2010 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla), T-163 de 2011 (MP. María Victoria Calle Correa), T-420 de 2011 (MP.
Juan Carlos Henao Pérez), T-671 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto),
T-427 de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa), T-556 de 2012 (MP. Jorge Iván
Palacio Palacio) y T-773 de 2012 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En tales
providencias, diversas salas de revisión de la Corte Constitucional reiteraron
la jurisprudencia constitucional sobre el establecimiento en forma retroactiva
de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de personas
que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas; señalando que el
momento de estructuración de la invalidez no es precisamente el que se
dictamina, sino aquel en el cual realmente las personas sufren las
consecuencias negativas de su enfermedad.
[76] Vale
la pena resaltar en este punto la sentencia T-309A de 2013 (MP. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), en la que se examinó el caso de una persona a la cual le
negaron hacer efectiva una póliza de vida grupo deudores bajo el argumento de
que había operado el fenómeno de la prescripción. En ese caso el accionante
alegó que el siniestro no había ocurrido en la fecha de estructuración de la
invalidez (2 de enero de 2006) como decía la aseguradora, sino cuando le
notificaron el dictamen de pérdida de capacidad laboral (29 de diciembre de
2010), pues en ese momento tenía plena certeza de su condición de invalidez y
los padecimientos alcanzaron un punto tal que no podía continuar laborando. La
Corte acogió la posición del actor y sostuvo que no operaba la prescripción, ya
que el siniestro había ocurrido verdaderamente cuando se notificó el dictamen
de pérdida de capacidad laboral, entre otras cosas, porque “(…) la
estructuración de la pérdida de capacidad del individuo es la fecha en que se genera en éste una pérdida en su
capacidad laboral en forma permanente y definitiva la cual puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación. || En los eventos en que no
coincide la estructuración con la fecha de calificación es en aquellos casos en
los que se presentan situaciones de pérdida de la capacidad laboral de forma
progresiva y las Juntas de Calificación establecen como fecha de estructuración
de la invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la
que se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la
misma, a pesar de que en ese momento no se hubiere perdido la capacidad
laboral.” En consecuencia, se ampararon los derechos fundamentales del
demandante y se ordenó hacer efectiva la póliza de vida grupo deudores.
[77] Código de Comercio, artículo 1081. “La prescripción de las acciones que se derivan del contrato
de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o
extraordinaria. || La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a
correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que da base a la acción. || La prescripción
extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y
empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. || Estos
términos no pueden ser modificados por las partes”.
[78] En el expediente obran exámenes especializados del
once (11) y el catorce (14) de octubre de dos mil once (2011), en los cuales se
observa un “leve enema peilesional [que tiene relación] con
diseminación metastásica dados los antecedentes”. (Folios 9 al 14). Con
base en esos exámenes la accionante fue informada que el cáncer había hecho
metástasis en el sistema óseo, según manifiesta en el escrito de tutela.
[79] (Folio 7).
[80] La
accionante manifiesta en el escrito de tutela que el diagnóstico de metástasis
óseo se dio en el mes de octubre de dos mil once (2011). Y en efecto, en el
expediente obra un concepto médico especialista del catorce (14) de octubre de
dos mil once (2011), en el cual se explica que hay lesiones en los huesos “relacionable
con diseminación metastásica dados los antecedentes.” (Folio 10).