T-005-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-005/05
INAPLICACION
DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Casos en
que procede
DERECHO A LA
SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Fundamental por
conexidad con la vida
ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD-Prestación servicio de salud
ordenado por médico tratante
ACCION DE
TUTELA-Notificación dentro del término del Decreto
2591 de 1991 artículo 36 como garantía de efectividad
Reiteración
de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-973978
Acción de tutela
instaurada por Rosa María Ramírez de Lima, en contra de CAJANAL EPS.
Magistrado
Ponente
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de enero de
dos mil cinco (2005).
Teniendo en cuenta que el problema jurídico
que suscita la presente acción de tutela ya ha sido objeto de otros
pronunciamientos por parte de esta Corporación, la Sala Tercera de Revisión de
la Corte Constitucional decide reiterar lo dispuesto por la jurisprudencia para
este tipo de casos. Por tal razón, de acuerdo con sus atribuciones
constitucionales y legales, la presente sentencia será motivada brevemente.[1]
1. La señora Rosa María Ramírez de Lima,
presentó acción de tutela en contra de CAJANAL EPS, pues considera que esa
entidad ha desconocido su derecho a la salud en conexidad con el derecho a la
vida, al haber demorado injustificadamente la prestación de un servicio de
salud que necesita según lo dispuesto por su médico tratante correspondiente, a
pesar de que dicho servicio (1) está contemplado dentro del Plan Obligatorio
que lo cobija (el Plan del régimen contributivo) y (2) fue ordenado por la
entidad encargada de garantizar la prestación del servicio, el 23 de abril de
2004 (Fl. 3). El Juzgado Sexto de Familia de Ibagué, decidió negar el amparo
invocado, pues consideró que la entidad demandada CAJANAL EPS, desapareció como
tal, de donde resulta inútil obligarla a cumplir una función que ya no es dable
prestar, por haberle sido revocada la licencia de funcionamiento.  Por lo
tanto, la cuestión a resolver en el presente caso es si el peticionario tiene
derecho a que se le preste el servicio médico ordenado por su médico tratante.
2. La jurisprudencia constitucional ha
señalado que toda persona tiene derecho a que se le garantice el acceso
efectivo a los servicios médicos contemplados dentro de los planes obligatorios
de salud,[2]
a la vez que ha indicado que el derecho a la salud puede ser protegido por
el juez de tutela cuando se encuentra en conexidad directa con el derecho a la
vida o el derecho a la integridad física.[3]
Por tal razón, la “(…) protección por vía de tutela del derecho a la salud
procede cuando los prestadores del servicio inaplican una norma existente sobre
éste servicio y ponen en riesgo con este hecho la vida de una persona (…).”[4] Esta protección
constitucional, sostiene reiteradamente esta Corporación, ha de otorgarse no
sólo cuando existe un peligro inminente de muerte,[5] sino también cuando se
afecta la integridad física o mental de una persona. Para la jurisprudencia
constitucional “(…) no brindar los medicamentos previstos en cualquiera de
los planes obligatorios de salud, o no permitir la realización de las cirugías
amparadas por el plan, constituye una vulneración al derecho fundamental a la
salud.”[6]
Así pues, una persona inscrita en el
régimen de salud contributivo o subsidiado tiene derecho a reclamar mediante
acción de tutela la prestación de un servicio médico cuando éste  (i)
está contemplado por el Plan Obligatorio de Salud (POS o POS-S),[7]  (ii) fue
ordenado por su médico tratante adscrito a la entidad prestadora del servicio
de salud correspondiente,[8]
(iii) es necesario para conservar su vida o su integridad[9] y  (iv) fue
solicitado previamente a la entidad encargada de prestarle el servicio de
salud, la cual o se ha negado o se ha demorado injustificadamente en cumplir su
deber.[10]
La Corte Constitucional ha concedido el amparo de tutela en casos similares,
una vez verificadas las condiciones aquí señaladas.[11]
3. La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional reiterará la jurisprudencia referida porque de acuerdo con ella
a la señora Rosa María Ramírez de Lima, se le ha desconocido su derecho a la
salud en conexidad con el derecho a la vida. En efecto, a la accionante, quien
se encuentra inscrita en el régimen contributivo de salud, no se le ha prestado
un servicio médico (CIRUGÍA DE CATARATAS OJO DERECHO) (i) contemplado
dentro del Plan Obligatorio, (ii) ordenado por su médico tratante,  (iii)
que es necesario para conservar su vida (en caso de que el servicio no sea
prestado la calidad de vida de la accionante se ve menguada) y (iv) que
fue solicitado previamente a la entidad encargada de prestarle el servicio de
salud como consta en el proceso (23 de abril de 2004, Fl3).
Ahora bien, toda violación al derecho a la
salud es aún más grave cuándo quien la padece es un sujeto de especial
protección constitucional, como las niñas y los niños -cuyo derecho a la salud
es fundamental por expreso mandato de la Constitución (art. 44, CP)-, las
personas de la tercera edad, los discapacitados, las mujeres embarazadas y, en
general, personas que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta
(art. 13, CP). Tal situación ocurre en el presente caso, pues la señora  Rosa
María Ramírez de Lima, cuyos derechos fueron desconocidos, es persona de la
tercera edad (tiene 85 años de edad).
Así pues, la
Sala Tercera de Revisión revocará el fallo de instancia y ordenará a la EPS a
la que haya sido afiliada la accionante que, si aún no lo ha hecho, garantice a
la señora Rosa María Ramírez de Lima la prestación del servicio de salud
ordenado por su médico tratante.12
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
el fallo proferido por el Juzgado Sexto de Familia de Ibagué, dentro del
proceso de la referencia.
Segundo.- TUTELAR el derecho a
la integridad física en conexidad con el derecho a la salud de la señora Rosa
María Ramírez de Lima. En consecuencia, se ordena a la entidad de salud a la
cual se encuentra adscrita la señora Rosa María Ramírez de Lima, que en el
término de 48 horas contadas a partir del momento de la notificación del
presente fallo, si aún no lo ha hecho, garantice la práctica de la CIRUGÍA DE CATARATAS
DEL OJO DERECHO.
Tercero.-
Para garantizar la efectividad de la acción de tutela, el Juzgado Sexto
de Familia de Ibagué, notificará esta sentencia dentro del término de cinco
días después de haber recibido la comunicación, de conformidad con el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.-
Líbrese por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Con base en lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991 (artículo
35), la Corte Constitucional ha señalado que las decisiones de revisión que se
limiten a reiterar la jurisprudencia pueden “ser brevemente justificadas”.
Así lo ha hecho en varias ocasiones, entre ellas, por ejemplo, en las
sentencias T-549 de 1995 (MP Jorge Arango Mejía), T-396 de 1999 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-054 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-392 de
2004  (MP Jaime Araujo Rentería) y T-959 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[2] La Sala Plena de la Corte Constitucional ha señalado que “(…) el
Sistema General de Salud creado por el constituyente de 1991 y desarrollado por
el legislador en 1993, se estableció con el objetivo esencial de proteger la
salud como derecho y servicio público esencial de todos los habitantes en
Colombia. Y cada uno de éstos, en la medida en que debe estar afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de una cotización
o a través del subsidio que se financia con recursos fiscales, de solidaridad y
los ingresos propios de los entes territoriales, recibe un Plan Integral de
protección de la salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y
medicamentos esenciales, denominado Plan Obligatorio de Salud.  ||  Cada
persona, entonces, como titular de ese derecho —fundamental cuando están de por
medio derechos inherentes, esenciales e inalienables para ella—, tiene la
garantía constitucional y legal para exigir su efectividad obviamente dentro de
los límites y las restricciones propias de un Estado que como el colombiano,
carece de los recursos indispensables para suministrar este servicio con cubrimiento
y con condiciones plenas, pues el déficit fiscal y presupuestario por el que
atraviesa hace que los recursos destinados a la salud sean insuficientes, tal
como lo reconoció esta misma Corporación en la sentencia SU-480 de 1997.”
Sentencia SU-819 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis) En este caso se unificó la
jurisprudencia constitucional acerca del Sistema de Seguridad Social en Salud.
[3] Desde su inicio la jurisprudencia constitucional ha señalado que
los derechos sociales, económicos y culturales deben ser considerados
fundamentales en aquellos casos en que estén en conexidad “con un principio o
con un derecho fundamental”. Sentencia T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón)
Esta posición jurisprudencial, acogida rápidamente por otras Sala de Revisión
de la Corte Constitucional (v.gr., sentencia T-571 de 1992; MP Jaime Sanín
Greiffenstein), ha sido sostenida de manera continua e ininterrumpida hasta el
momento. Entre otras, pueden consultarse las sentencias T-248 de 1998 (MP José
Gregorio Hernández Galindo), T-884 de 2004 (MP Humberto Sierra Porto), T-945 de
2004 (MP Rodrigo Escobar Gil) y T-1019 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
No obstante, existen casos en los que la acción de tutela procede directamente,
sin necesidad de demostrar conexidad alguna, como ocurre con los niños, cuyo
derecho a la salud es fundamental (art. 44, CP) y con personas que se
encuentran en ‘relación especial de sujeción’ (—por ejemplo, personas que
prestan servicio militar o personas privadas de la libertad, al respecto ver
sentencia T-687 de 2003; MP Eduardo Montealegre Lynett—).
[4] En tales términos, la Corte Constitucional reiteró su posición
jurisprudencial en la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[5] La Corte Constitucional ha señalado a lo largo de su
jurisprudencia que la protección del derecho a la vida no sólo comprende la
posibilidad de subsistencia biológica. Al respecto, entre otras, pueden
consultarse las sentencias T-248 de 1998 (MP José Gregorio Hernández Galindo),
T-260 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz), T-1034 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-927 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis) y T-1005 de 2004 (MP Alfredo
Beltrán Sierra).
[6] En la sentencia T-736 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la
Corte consideró que imponer costos económicos no previstos por la ley a una
persona para acceder al servicio médico que requiere “(…) afecta su derecho
fundamental a la salud, ya que se le imponen límites no previstos en la ley,
para que acceda a su tratamiento, y a la vez la entidad se libra de su
obligación de brindar integralmente los tratamientos y medicamentos al
paciente.” En esta ocasión la Corte consideró especialmente grave la violación
del derecho del accionante, por tratarse de una persona de la tercera edad.
Previamente, en la sentencia T-538 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández) la
Corte consideró violatorio del derecho a la salud de una persona cambiar un
servicio incluido dentro del Plan Obligatorio (oxígeno con pipetas) por otro,
también incluido dentro del Plan (oxígeno con generador), que resulta más
oneroso para el paciente.
[7] Por ejemplo, en la sentencia T-757 de 1998 (MP Alejandro Martínez
Caballero), fundándose en conceptos médicos que indicaban que el servicio de
salud solicitado (una cirugía) no era necesario para conservar la vida ni la
integridad de la accionante, la Corte consideró que la decisión de la entidad
accionada de no autorizar la prestación del servicio se ajustó a derecho, “(…)
toda vez que a la actora no se le practicó la cirugía (…) porque no se
encuentra prevista dentro del manual de actividades, intervenciones y
procedimientos del plan obligatorio de salud en el sistema general de seguridad
social en salud (…)”.
[8] El médico tratante correspondiente es la fuente de carácter
técnico a la que el juez de tutela debe remitirse para poder establecer qué
servicios médicos requiere una persona. Esta posición ha sido fijada, entre
otros, en los fallos T-271 de 1995 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), SU-480 de 1997 (M.P. Alejandro Mar­tí­nez Caballero), SU-819
de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-076 de 1999 (MP
Alejandro Martínez Caballero), y T-344 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).
[9] Desde los inicios de la jurisprudencia constitucional en la
sentencia T-484 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz), la Corte ha considerado que el
derecho a la salud es tutelable cuando valores y derechos constitucionales
fundamentales como la vida están en juego; posición jurisprudencial amplia y
continuamente reiterada.
[10] En los casos en los que una persona presente una acción de tutela
contra una entidad encargada de promover el servicio de salud, ha reiterado la
Corte, debe tenerse en cuenta que “(…) es un requisito de procedibilidad el
requerir previamente a la EPS o ARS, la atención médica o el suministro de
medicamentos o procedimientos (…)” que se necesitan. (Sentencia T-736 de 2004;
MP Clara Inés Vargas Hernández).
[11] En la sentencia T-042 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz), por
ejemplo, la Corte señaló:  “En conse­cuencia, la condición de afiliada al
Instituto de Seguros Sociales de la señora Sossa Alzate, la hace acreedora de
las prestaciones propias del derecho subjetivo a la seguridad social,
específicamente de aquellas que se relacionan con la recuperación de su salud,
por lo que estaba legitimada para exigirla del ISS cuando acudió a esa
institución en procura de alivio.  ||  Se encuentra acreditado también, que han
transcurrido más de veintisiete (27) meses desde que el especialista asignado
para tratarla ordenó programar la cirugía que requiere, y el Instituto de
Seguros Sociales no ha atendido tal orden, suspendiendo así, de hecho e
injustificadamente, el pago de las prestaciones de salud que debe a la actora por
su condición de afiliada-jubilada, aduciendo como única razón de su irregular
proceder, su propia ineficiencia.  ||  Por el lapso arriba anotado, la señora
Sosa Alzate ha tenido que padecer, sin el auxilio médico que se le debió
prestar, el dolor persistente y la disminución funcional de su pierna
izquierda, generados por la deformación de la cabeza del fémur. La omisión del
ISS no sólo ha afectado seriamente la integridad física de la actora, sino
también su tranquilidad personal, lo que redunda en el desconocimiento de su
derecho a una vida digna.  ||  De todo lo expuesto se concluye que el derecho a
la seguridad social, en lo que corresponde específicamente con el derecho a la
salud de la actora, tiene el carácter de derecho fundamental; además, está probado
que tal derecho ha sido vulnerado, y que la violación es imputable al Instituto
de Seguros Sociales.”
12 La Corte Constitucional mediante Sentencia T-1141 de 2004 (M P.
Manuel José Cepeda Espinosa), ordenó a la EPS SOLSALUD, proteger los derechos a
la salud al accionante. Dicha sentencia es un ejemplo de que la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, desde que fue revocada la licencia de
funcionamiento de CAJANAL, mediante resolución 281 de 2004, ordena a las EPS-
ARS a las que hayan sido afiliadas las personas, la prestación del servicio de
salud que se requiera, de acuerdo con la regulación del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.