T-434-18
Sentencia T-434/18
DERECHO
A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Procedencia
de la acción de tutela para su protección
ACCION DE TUTELA DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Procedencia
excepcional
Cuando el amparo es promovido por personas
que requieren especial protección constitucional, como niños, niñas, y
adolescentes, personas cabeza de familia, en situación de discapacidad, de la
tercera edad o población desplazada, entre otros, el examen de procedencia de
la tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más
amplios, pero no menos rigurosos
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características
EDUCACION-Derecho y servicio público con
función social
DERECHO A LA EDUCACION-Es
un derecho de la persona y, por lo tanto, es fundamental tanto en el caso de
los menores como en el de los adultos
DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
i) La asequibilidad
o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado
de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de
todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de
impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en
infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii)
la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el
acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación
de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al
servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii)
la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se
adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice
continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la
cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse.
TRABAJO
INFANTIL-Erradicación, garantizando acceso a la educación
Es
clara la misión que tiene el Estado colombiano y la obligación que tienen sus
autoridades públicas de promover el ejercicio del derecho a la educación de los
niños, niñas, y adolescentes para: (i) prevenir efectiva y progresivamente el
ingreso de los menores de edad al mundo laboral; (ii) lograr el desarrollo
pleno de sus capacidades para ejercer sus derechos; y (iii) proteger su
integridad física, mental y moral
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DEL MENOR-El transporte escolar de niños y niñas, en especial de
aquellos que residen en zonas alejadas de la institución educativa o de difícil
acceso, es una prestación propia del derecho a la educación
Del
derecho a la educación y específicamente de su faceta de accesibilidad material
en relación con el transporte escolar se concluye que: (i) las entidades
públicas departamentales y/o municipales, independientemente de que estén
certificadas en educación, tiene la obligación de garantizar el cubrimiento
adecuado de los servicios de educación, y de asegurar a los niños y niñas
condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo, especialmente, de
quienes habitan en las zonas rurales más apartadas del ente territorial; (ii)
los departamentos y municipios tienen la obligación de dirigir, planificar y
prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básico y medio en
condiciones de eficiencia y calidad y deben propender  por su mantenimiento y
ampliación; y (iii) el departamento y/o el municipio (certificado o no en
educación) tienen la responsabilidad de eliminar todas las barreras que puedan
desincentivar a los menores de edad de su aprendizaje, tales como la distancia
entre el centro educativo y su residencia, a través de la prestación del
servicio de transporte escolar continuo, adecuado y seguro
DERECHO A LA EDUCACION-Permanencia en el
sistema educativo
La
obligación del estado de proporcionar el derecho a la educación a todas las
personas, conlleva la de establecer un sistema especial de educación para los
adultos, al que pueden acceder los menores de edad que cumplan con los
requisitos establecidos en el Decreto 3011 DE 1997 o cuyas circunstancias
particulares así lo ameriten. No obstante, el ingreso a estos programas
especiales de educación debe ser considerada como la última opción del juez de
tutela
ACCESO EXCEPCIONAL DE MENORES A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA ADULTOS-Requisitos
(i) tener trece años o más, no haber ingresado a ningún grado del
ciclo de educación básica primaria o que hayan cursado como máximo los tres
primeros grados; o (ii) tener quince años o más, que hayan finalizado el ciclo
de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio
público educativo formal dos (2) años o más; y para quienes deseen ingresar a
la educación media académica. Por su parte, a los adultos se les exige tener el
certificado de estudios del bachillerato básico, contar con 18 años o más y
acreditar la terminación del noveno grado de la educación básica.
JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita
El
juez de tutela tiene la facultad de emitir fallos extra y ultra petita, cuando
de la situación fáctica de la demanda puede evidenciar la vulneración de un
derecho fundamental, aun cuando su protección no haya sido solicitada por el
peticionario, tal como ocurre con los hermanos menores de edad de E.S.C
ACCESO A LA EDUCACION DE MENORES-Implica
remoción de barreras de acceso al sistema educativo
DERECHO A LA
EDUCACION-Obligaciones presupuestales de las entidades
territoriales en materia educativa
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Orden para garantizar
accesibilidad a través del transporte escolar y disponibilidad de centros
educativos en la zona rural
Referencia: Expedientes: (i) T-6.791.670; y (ii) T-6.806.132.
Acciones de tutela presentadas por: (i)
Luis María Suárez Pita (en representación de su hija E.S.C.) contra la
Gobernación de Santander-Secretaría de Educación Departamental y el Instituto
Técnico para el Desarrollo Rural -IDEAR- de Hato; y (ii) María Yaneth Bravo
Papamija (en representación de su hijo J.E.Y.B) contra el Colegio Nuevo Milenio
de Pitalito y la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito.
Procedencia:
(i) Juzgado Promiscuo Municipal de
Hato, Santander; y (ii) Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Pitalito, Huila.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Asunto: Disponibilidad y accesibilidad en el derecho a la educación
de los niños, niñas y adolescentes. Servicio de transporte escolar y acceso
excepcional de menores a programas de educación para adultos
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre
de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Sexta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada
por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, las Magistradas Cristina Pardo
Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la presente
SENTENCIA
En la revisión
de las siguientes decisiones judiciales: (i) la providencia del 12 de marzo de
2018 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Hato, Santander, dentro de
la acción de tutela promovida por Luis María Suárez Pita (en representación de su
hija E.S.C[1].) contra la Gobernación
de Santander-Secretaría de Educación Departamental y el Instituto Técnico para
el Desarrollo Rural de Hato (expediente T-6.791.670); y (ii) la Sentencia del
23 de marzo de 2018 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito, Huila,
que confirmó el fallo del 12 de febrero de 2018 dictado por el Juzgado Tercero
Penal Municipal de Pitalito, Huila, dentro de la acción de tutela promovida por
María Yaneth Bravo Papamija (en representación de su hijo J.E.Y.B) contra el Colegio
Nuevo Milenio de Pitalito y la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito (expediente
T-6.806.132)
Mediante auto del
14 de junio de 2018, la Sala Número Seis de Selección de Tutelas de esta
Corporación escogió el expediente T-6.791.670 para su revisión
y lo asignó a la Magistrada Ponente para su sustanciación[2].
Posteriormente, mediante auto del 27 de junio de 2018, esa misma Sala escogió el
expediente T-6.806.132 para su revisión y dispuso su
acumulación al expediente T-6.791.670, por presentar unidad de materia[3].
I. ANTECEDENTES
Los señores (i) Luis María Suárez
Pita (en representación de su hija E.S.C) y (ii) María Yaneth
Bravo Papamija (en representación de su hijo J.E.Y.B) interpusieron acción
de tutela contra (i) la Gobernación de Santander-Secretaría de Educación
Departamental y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural de Hato, y (ii)
el Colegio Nuevo Milenio de Pitalito y la Secretaría de Educación Municipal de
Pitalito-Huila, respectivamente, para proteger los derechos de sus hijos a la educación, a la igualdad, así como la protección especial de
los adolescentes consagrada en el artículo 45 Superior, con el fin de que se ordene brindarle a los menores de edad un cupo
académico en los programas de educación para adultos, debido a la distancia
existente entre los centros educativos y las residencias de los niños.
En ambos casos,
las instituciones educativas demandadas negaron el cupo escolar al considerar que
los niños no cumplían los requisitos de edad y años de estudio establecidos en
el Decreto 3011 de 1997 “por el cual se establecen normas para el
ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones”.
A continuación
se precisan las especificidades de cada uno de los casos.
Luis María
Suárez Pita (en representación de su hija E.S.C.) contra la Gobernación de
Santander-Secretaría de Educación Departamental y el Instituto Técnico para el
Desarrollo Rural de Hato (expediente T-6.791.670)
A. Hechos y
pretensiones
1. El accionante manifiesta que es agricultor de profesión, de
escasos recursos y que reside con su hija E.S.C. de 13 años de edad, en la Vega
de San Juan del municipio de Hato-Santander, “vereda que está
aproximadamente a tres (3) horas del casco urbano del municipio en mención”[4],
por lo que ella debe cruzar “zonas boscosas, solitarias, con presencia de
animales peligrosos en horas de la mañana donde la oscuridad aún permanece”[5],
ya que el transporte escolar que brinda el municipio pasa a las 6:00 A.M. y,
por la distancia de su residencia, debe salir a las 4:00 A.M.
2. El tutelante indica que presentó solicitud de cupo estudiantil al
Instituto Técnico para el Desarrollo Rural -IDEAR-, luego de que su hija
aprobara básica primaria en el Instituto Técnico Agropecuario de Hato -ITAH-,
para que cursara los niveles académicos faltantes. Aunque refiere que ambos
centros educativos se encuentran a una distancia similar desde su residencia, sostiene
que el ITAH tiene jornadas que facilitan la posibilidad de que su hija curse el
bachillerato.
No obstante, el 22 de enero de 2018 el Instituto negó la solicitud
de cupo estudiantil con fundamento en el Decreto 3011 de 1997 y el Convenio
suscrito entre el Departamento de Santander-Secretaría de Educación, que
prohíben matricular estudiantes menores de 15 años en los programas de
educación básica formal para adultos.
B. Actuación procesal
Mediante auto
del 28 de febrero de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Hato,
Santander, avocó el conocimiento de la acción de tutela y
declaró que se tuvieran como demandados a la Gobernación de Santander-Secretaría
de Educación Departamental y al Instituto Técnico para
el Desarrollo Rural -IDEAR-, con el fin de que se
pronunciaran sobre los hechos relatados en la tutela.
Respuesta
del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural de Hato -IDEAR-
El rector y representante legal del IDEAR se opuso a las
pretensiones del accionante y afirmó que su actividad se rige por lo dispuesto
en el Decreto 3011 de 1997, que regula la educación para adultos y jóvenes bajo
el modelo de “educación tutorial”, norma que “limita el acceso a este
modelo educativo a los menores de 15 años”, con el fin de que los niños se
desarrollen “en el modelo educativo convencional que ofrece todas las
posibilidades acordes con su edad para su crecimiento humano e intelectual”.
En virtud de lo anterior, aseveró que “la Secretaría de Educación
de Santander nos prohíbe matricular estudiantes que no cumplan con el requisito
de la edad complementaria” y aclaró que la admisión de los alumnos menores
de 15 años en la institución es consecuencia de las órdenes adoptadas en fallos
de tutela que así lo han exigido[6].
C. Decisión
objeto de revisión
Sentencia
de única instancia
El Juzgado Promiscuo
Municipal de Hato, Santander, mediante sentencia del 12 de marzo de 2018[7], negó el amparo constitucional solicitado
por el accionante, por considerar que no existía vulneración alguna de los
derechos a la educación y a la igualdad, pues tal como lo aseguró la parte
demandada, la niña E.S.C. no cumple los requisitos de edad establecidos en los
artículos 15, 16 y 17 del Decreto 3011 de 1997, toda vez que “cuenta con
sólo 12 años de edad y por ende no alcanza a ser siquiera un adolescente”[8].
Sumado a lo
anterior, el Juzgado sostuvo que el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural
de Hato -ITAH-, donde la niña desarrolló sus actividades académicas, no ha
negado o impedido su ingreso a clase, pues, “de la lectura de la exposición
bajo juramento rendida por el padre de la menor, la pequeña el pasado año
estuvo cursando (sic) el primero de bachillerato en el Instituto Técnico
Agropecuario de éste Municipio, pero debido a las dificultades para su traslado
decidió no volver a la institución”[9], sin
que haya mediado otra causa para su desvinculación.
Finalmente,
consideró el juez de instancia que quedó demostrado con la declaración
juramentada rendida por el accionante el 7 de marzo de 2018, que su hija no ha estado
en verdadero peligro, pues “esta jamás fue enviada sola hasta el sitio donde
la recogía dicho transporte, por el contrario siempre estuvo acompañada de su
padre…máxime si se tiene en cuenta que jamás este manifestó en su declaración
que hubiese sido objeto de agresión alguna o evento en el que se pusiera en
peligro su integridad física”[10].
María Yaneth
Bravo Papamija (en representación de su hijo J.E.Y.B) contra el Colegio Nuevo
Milenio de Pitalito y la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito.
(Expediente T-6.806.132)
A. Hechos y
pretensiones
1. La accionante
relata que solicitó a la directora del Colegio Nuevo Milenio de Pitalito,
Huila, un cupo de estudio para su hijo J.E.Y.B de 15 años de edad, en el “CLEI
5  jornada sabatina”[11],
toda vez que residen a más de una hora de distancia en moto del Colegio Palmar
del Criollo, institución educativa donde actualmente estudia el niño, y no
tiene los recursos económicos suficientes para sufragar el transporte diario
del menor de edad, que además padece de gastritis crónica.
2. Afirma que el
Colegio accionado dio respuesta negativa a su solicitud al considerar que no se
cumplían los requisitos de edad establecidos en el Decreto 3011 de 1997 para
que el niño ingresara a la jornada sabatina. En consecuencia, interpuso el
amparo constitucional con el fin de proteger los derechos fundamentales de su
hijo a la educación y a la igualdad, pues debido a la patología que padece
J.E.Y.B. y a la falta de recursos económicos de su núcleo familiar, dicha
jornada académica especial le permitiría culminar sus estudios de bachillerato.
B. Actuación procesal
En primera
instancia, mediante auto del 29 de enero de 2018[12],
el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pitalito, Huila, avocó el conocimiento de la acción de tutela, vinculó
oficiosamente a la Secretaría de Educación de Pitalito y declaró que se tuviera
como demandado el Colegio Nuevo Milenio de Pitalito, con el fin de que se pronunciara sobre los hechos relatados en la
tutela.
Respuesta
de la Secretaría de Educación de Pitalito, Huila.
El Secretario de Educación Municipal afirmó no tener conocimiento
sobre la certeza de los hechos alegados por la accionante, por lo que la
entidad se atuvo a lo probado en el proceso y solicitó “denegar la tutela
por improcedente”, al considerar que la educación para adultos reglamentada
en el Decreto 3011 de 1997 y que presta el Colegio Nuevo Milenio de Pitalito,
en razón a sus objetivos, está dirigida a todas las personas que por distintas
razones no cursaron los distintos niveles académicos establecidos en el modelo
educativo nacional. En el caso concreto, consideró que J.E.Y.B “aún cuenta
con la edad correspondiente para que curse la jornada regular en el modelo
pedagógico adecuado que no supliría si accediera a la educación flexible para
adultos”[13].
Por otro lado, aseveró que la accionante no cumplió su deber de
probar los hechos bajo los cuales sustenta la amenaza o vulneración del derecho
fundamental alegado, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en su
jurisprudencia, más específicamente, en la Sentencia T-733 de 2013[14]
y la Corte Suprema de Justicia en múltiples fallos.
Para concluir, la Secretaría de Educación de Pitalito alegó que no
se probó un perjuicio irremediable ya que “no hay un elemento probatorio
distinto a su afirmación y que permita por lo menos inferir la certeza de su
dicho”[15].
C.
Decisiones objeto de revisión
Sentencia
de primera instancia
El Juzgado
Tercero Penal Municipal de Pitalito, Huila, mediante sentencia del 12 de
febrero de 2018, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la
tutelante, por considerar que mediante la acción de
tutela buscó incumplir lo dispuesto en el Decreto 3011 de 1997, en lo que tiene
que ver con los requisitos de ingreso a los programas de educación para
adultos, especialmente el de la edad, “dado que a la fecha tiene 15 años y
no 18 como es la exigencia legal”[16].
Específicamente,
el fallador estimó que, si bien el presente caso podría enmarcarse en las
excepciones establecidas por la Corte Constitucional sobre la posibilidad de
que los menores de edad ingresen a la educación para adultos, no existe prueba
suficiente del cumplimiento de ninguna de las circunstancias o hechos que
configuren una de las causales que permiten dicho trato diferenciado[17].
Al respecto,
sostuvo que “dado que se cuenta en esta ciudad con instituciones educativas
donde puede cursar sus estudios el menor en mención, no se puede llegar a
colegir que se está desconociendo el derecho fundamental a la educación, toda
vez que el Estado ha procurado cumplir con esa obligación constitucional en
favor de sus asociados en el sector aledaño a la residencia del menor J.E.Y.B.”[18].
Finalmente,
consideró que la accionante no probó de forma suficiente y ante las autoridades
respectivas “causal que permita de manera excepcional estudiar su caso por
el Colegio Nuevo Milenio” o que el menor de edad no haya contado con las
mismas oportunidades que los demás niños de acceder al sistema educativo
municipal.
Impugnación.
Mediante
escrito radicado el 19 de febrero de 2018[19], la
accionante impugnó la decisión de primera instancia y reiteró los argumentos
planteados en la acción de tutela. Añadió que es
separada del padre del niño y tiene a su cargo otra infante, hermana del menor
de edad, por lo que considera la jornada del día sábado como la mejor
posibilidad que tiene el niño de estudiar.
Sentencia
de segunda instancia.
El Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Pitalito, Huila, mediante providencia del 23 de marzo
de 2018, confirmó el fallo impugnado. En su decisión,
consideró que la “simple manifestación de la accionante en el sentido de
carecer de fortuna, es insuficiente para aplicar la excepción de
inconstitucionalidad”[20] del
Decreto 3011 de 1997, en los términos establecidos en las Sentencias T-546 de
2013 y T-108 de 2001, pues no se encuentra prueba de que la carencia de
recursos sea tan grave que el niño “se vea obligado a buscar alternativas
laborales para apoyar mediante su trabajo a su núcleo familiar, como ha
ocurrido en varios de los casos estudiados por la Corte Constitucional, en
algunos de los cuales se ha concedido el amparo”[21].
En cuanto a la
distancia entre la residencia del menor de edad y el colegio más cercano,
afirmó que si bien pueden ser múltiples los inconvenientes a los que se
enfrenta, “ello no constituye una circunstancia excepcionalísima que pruebe
la imposibilidad de acceso al sistema de educación formal para niños”[22],
pues la expresión de la accionante al formular la tutela en cuanto a que “es
mejor que el niño estudie los sábados” en criterio del juez, “es un
asunto de mera conveniencia, lo cual escapa del estudio constitucional”[23].
E. Actuaciones
de la Corte Constitucional en sede de Revisión
El 9 de agosto
de 2018, la Magistrada Sustanciadora profirió auto en el que ofició dentro del expediente
T-6.791.670: (i) al señor Luis María Suárez; (ii)
a la Gobernación de Santander- Secretaría de Educación; y (iii) al Instituto
Técnico para el Desarrollo Rural -IDEAR- de Hato, con
el fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver el asunto de la
referencia. Así mismo, vinculó (i) a la Alcaldía de
Hato, Santander; y (ii) al Instituto Técnico Agropecuario de Hato, por ser el
centro educativo en el cual la menor de edad estudió previamente.
Igualmente,
dentro del expediente T-6.806.132, se solicitó: (ii) a la señora María
Yaneth Bravo; (ii) al Colegio Nuevo Milenio de
Pitalito; y (iii) a la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito, responder
a distintas preguntas relacionadas con la situación de escolarización del menor
de edad y el servicio de transporte escolar dentro del municipio. También, se vinculó: (i) a la Gobernación
de Huila- Secretaría Departamental de Educación; y (ii) al Colegio de Palmar
del Criollo, por ser el centro educativo en el cual el menor de edad estudió
previamente, para que aporte pruebas e información sobre la situación de
escolarización de J.E.Y.B.
De acuerdo con
la información obtenida, se profirió nuevo auto de pruebas con fecha del 3 de
septiembre de 2018[24] en el que se solicitaron
datos adicionales[25] acerca del servicio de
educación y transporte escolar a nivel municipal en las zonas rurales y veredas
más distantes del casco urbano, del estado de escolarización de los menores de
edad y sus respectivos núcleos familiares.
Es importante
poner de presente que ambos autos de pruebas fueron enviados a la señora María
Bravo Papamija y al Colegio Palmar del Criollo pero no se entregaron debido a
la distancia con el caso urbano. Al respecto, consta en el expediente que la
compañía de correo 472 devuelve dichos autos, por motivos de “fuerza mayor…
el destino no lo cubre el servicio o satélite”[26].
(i)
Expediente T-6.791.670
Respuesta de
la Secretaría de Educación de Santander
La Secretaría de
Educación Departamental afirmó que para el año 2018, “no cuenta con un
convenio vigente suscrito con el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural”[27],
sino que contrató con la Unión Temporal Diocesana para Educación Rural en
Santander, con el fin de prestar los servicios educativos a jóvenes y adultos
mediante la implementación de un modelo educativo flexible “en los ciclos
III, IV, V Y VI en los municipios no certificados de Santander”[28].
Sostuvo que las jornadas estudiantiles dentro del modelo educativo flexible
para adultos, pueden ser diurnas, nocturnas, sabatinas y/o dominicales, de
acuerdo con el artículo 2.3.3.5.3.4.7 del Decreto 1075 de 2015[29].
Igualmente, refirió
que el transporte escolar únicamente es prestado a los niños y adolescentes que
asisten a la formación académica tradicional que ofrecen las instituciones
educativas adscritas a la Secretaría de Educación de Santander y aclaró que dicho
servicio de transporte lo controla de forma independiente cada uno de los
municipios no certificados en educación del departamento, “motivo por el
cual esta entidad desconoce las rutas escolares (sic) dispuestas por la
administración municipal de Hato, Santander”[30]. No
obstante, a través de convenios interadministrativos entrega a los municipios
no certificados en educación un subsidio para el transporte escolar y su única
obligación es transferir los recursos y supervisar su ejecución.
Sobre el
particular, enunció que los estudiantes beneficiarios de dicho subsidio podrían
ser aquellos que: (i) se encontraran (matriculados) al SIMAT[31];
(ii) fueran reconocidos como víctimas del conflicto armado y de la violencia
interna; (iii) estuvieran en situación de discapacidad; (iv) su residencia se
encontrara a más de 40 minutos a pie del centro educativo respectivo; (v) que
no tengan en su vereda centros educativos con el nivel académico requerido; y
(vi) habitantes de la zona rural del municipio[32].
En cuanto a la
entrega de este subsidio en el caso particular, sostuvo que “el municipio de
Hato se notificó para que allegara los documentos necesarios para la
realización del convenio interadministrativo…situación a la cual la
administración municipal del Hato no se pronunciado (sic)”[33],
razón por la cual, para la vigencia del año 2018 el Departamento no transfirió
los recursos correspondientes al respectivo subsidio.
Finalmente, señaló
que el departamento cuenta para la vigencia actual con una partida por valor de
“$4.999.994.530.30”para el subsidio del transporte escolar en los 82
municipios no certificados de Santander[34].
Respuesta del
Instituto IDEAR
El representante
legal del instituto educativo aseveró que el IDEAR es una institución de
carácter privado sin ánimo de lucro que trabaja con la Gobernación de Santander
desde el año 1991 y hace parte de la Unión Temporal Diocesana para la educación
rural en Santander-UTEDERSA-, que para el año 2018 “firmó el contrato de
Prestación de Servicios Educativos No.00000708 de 3 de julio”[35],
con el fin de brindar educación formal a jóvenes y adultos bajo el modelo de
educación tutorial SAT[36], regulado por el Decreto
3011 de 1997.
En cuanto a las
características de este modelo educativo expresó que el año académico se
desarrolla en seis meses y el bachillerato se adelanta en tres años, por lo que
“un niño de 10 o 11 años que se matricule por orden judicial se gradúa de 13
o 14 años de edad”[37], y
especificó que sus grupos de estudiantes se componen de adultos de 30 o más
años de edad, que ejecutan proyectos agrícolas los fines de semana, lo cual en
su criterio hace que este sistema escolar no sea el adecuado para “el
desarrollo físico y psicológico de un niño, que debe es interactuar con sus
pares de edad”[38].
En lo que tiene
que ver con el número de estudiantes matriculados, afirmó que la institución
cuenta con 2.400 estudiantes mayores de 15 años que asisten a clase, “distribuidos
en los 33 municipios de la provincia”, y solo seis de ellos son menores de
edad, quienes han sido matriculados en la institución como consecuencia de
órdenes proferidas en acciones de tutela.
Finalmente,
sobre el funcionamiento del programa de educación para adultos en el municipio,
afirmó que éste se dicta en aulas prestadas por colegios oficiales o “gracias
al apoyo de la comunidad que nos facilita los salones comunales” ubicados
en la zona urbana. Es así como desde la vereda Vega de San Juan, donde reside
actualmente la menor de edad, al salón comunal donde dicta clases el IDEAR, la
distancia es de aproximadamente tres horas[39].
Así mismo, en el
plan curricular se evidencia que los estudiantes reciben formación en varias
áreas o asignaturas, en las cuales el número de horas de trabajo no presencial
es mayor que el número de horas presenciales. Igualmente, se informó que las
áreas de “sociales, artística, democracia, proyecto social, informática,
emprendimiento empresarial, liderazgo, laboratorio, tiempo libre y educación
sexual”[40] son
transversales, por lo cual no cuentan con un número de horas específico ni con
objetivos de aprendizaje esperados dentro del programa de estudios[41].
En cuanto a la
distancia existente entre el Instituto IDEAR y el ITAH, especificó que
funcionan a 200 metros uno del otro, por lo que desde la vereda donde reside la
menor de edad es prácticamente la misma distancia a ambos centros educativos.
Respuesta del
señor Luis María Suárez Pita
El accionante
manifestó que para acceder al servicio de transporte escolar municipal, su hija
debe cruzar una zona “boscosa, cafetales y de potrero, en un trayecto
aproximado de una hora a donde pasa el transporte escolar a las 5:00 AM”[42],
razón por la cual solicitó cupo en el Instituto IDEAR y al serle negada la
posibilidad de estudiar en el programa de educación para adultos, hace cuatro
meses no se encuentra matriculada en ninguna institución educativa, “por
motivo de la distancia que debe recorrer en horas de la madrugada para utilizar
el servicio de transporte escolar”[43].
En cuanto a la
distancia existente entre su residencia y las dos instituciones educativas
implicadas, esto es, el IDEAR y el Instituto Técnico Agropecuario de Hato, dijo
ser la misma, lo que los hace diferentes es la jornada escolar, ya que en el
IDEAR no es todos los días “y el horario es en horas del día” por lo que
la hija del accionante no tendría que recorrer el camino desde su casa en horas
de la noche o la madrugada.
Sobre la
actual composición familiar, aseveró que su núcleo familiar se compone de su
esposa y sus cinco hijos, de los cuales algunos son menores de edad “de 10,
15 y 17 años”[44] y
sólo su hija de diez años estudia segundo de primaria. Los demás actualmente no
se encuentran matriculados en ninguna institución educativa, pues culminaron
sus estudios de básica primaria y en el área rural del municipio no existen
sedes del ITAH que enseñen
bachillerato. Por lo anterior, actualmente colaboran con “las labores de la
casa”. Por su parte, sus hijos mayores de edad realizan labores
agropecuarias en el predio de propiedad del accionante.
Al respecto,
sostuvo que “ellos ya culminaron sus estudios de primaria y deben ingresar a
secundaria, pero por las dificultades de la geografía del sector de residencia
es muy riesgoso y difícil el acceso a la educación formal todos los días de la
semana como lo ofrece la única institución educativa que cuenta el municipio
de Hato (sic) por lo tanto, sería muy bueno el contar con un docente del
IDEAR, en la parte rural, especialmente en la Vereda Vega de San Juan del
municipio de Hato…”[45].
Finalmente,
aseguró que no existen otros medios de transporte de los que pueda hacer uso
para que su hija pueda asistir a la jornada académica del Instituto Técnico
Agropecuario de Hato, colegio en el que estaba matriculada la menor de edad.
Respuesta
del Municipio de Hato
La Secretaria
General y de Gobierno sostuvo que en la zona rural del municipio, específicamente
en la vereda donde vive el accionante no se cuenta con centros educativos que
brinden educación secundaria. En la zona urbana se ubica el Instituto Técnico
Agropecuario de Hato que es el único colegio que cuenta con los demás niveles
de educación superiores a la primaria en todo el municipio, por lo que el
servicio de transporte escolar se presta únicamente a los estudiantes que deben
asistir a dicho instituto y sean residentes de la zona rural[46].
Posteriormente,
aseguró que el servicio escolar referido es el único con que cuenta el
municipio y ya tiene rutas preestablecidas. Lo anterior, en atención a que el
“casco urbano del municipio desde las diferentes veredas, es de difícil acceso
ya que por nuestra (sic) geografía, se debe transitar por zonas montañosas”[47].
Respuesta del
Instituto Técnico Agropecuario de Hato -ITAH-.
El rector de la
institución educativa refiere que E.S.C. cursó y aprobó el grado quinto de
primaria en la sede Vega de San Juan en el año 2016, y fue matriculada en la
sede urbana de la institución en el grado 6º, pero asistió a clases hasta el 11
de mayo de 2017.
Sostuvo que el
instituto funciona a una distancia aproximada de 20 kilómetros hasta la vereda
Vega de San Juan, y que el IDEAR funciona “en la misma sede (Vega de San
Juan) de nuestro colegio”[48].
A las demás
preguntas contestó que dio respuesta mediante escrito enviado el 21 de agosto
de 2018. No obstante, la Sala advierte que revisados los informes secretariales
que obran en el expediente al momento de proferir esta sentencia no se ha
recibido el documento con fecha del 21 de agosto de 2018, referido por el
rector de la institución educativa.
(ii)
Expediente T-6.806.132
Ante la
ausencia de respuesta de la accionante y el Colegio Nuevo Milenio de Pitalito,
el día 19 de septiembre de 2018, el Despacho de la Magistrada Sustanciadora se
comunicó telefónicamente con la señora Bravo y con la institución educativa con
el fin de constatar la recepción de los autos de pruebas del 9 de agosto y 3 de
septiembre de 2018.
La señora
María Bravo afirmó no haber recibido ninguna documentación de esta Corporación
relacionada con la acción de tutela interpuesta en representación de su hijo
J.E.Y.B., pero manifestó que actualmente el menor de edad estudia en el Colegio
Nuevo Milenio en la jornada sabatina dentro del programa de educación para
adultos, dado que fue aceptado con fundamento en su condición médica, previa
acreditación de los comprobantes clínicos de la gastritis crónica padecida por
el niño[49].
Al respecto, la
accionante sostuvo que debido al cambio de jornada su hijo ha presentado
mejoría en su estado de salud y es más fácil llevarlo al colegio, por cuanto
usa la moto una vez a la semana para acercarlo al casco urbano y de allí toma
la camioneta que lo lleva al centro educativo, lo que no genera mayor gasto
para ella y su familia.
Por parte del
Colegio Nuevo Milenio no se obtuvo respuesta alguna.
Respuesta
de la Secretaría de Educación del Departamento del Huila
La apoderada
de la entidad territorial solicitó declarar improcedente la acción de tutela
contra el Departamento del Huila, por considerar que “adolece de
legitimación en la causa por pasiva”[50],
dado que mediante Resolución 9102 del 23 de noviembre de 2009[51]
el municipio de Pitalito fue certificado en educación, lo que lo hace el
responsable directo de la prestación efectiva del servicio de educación y el
respectivo transporte escolar. Sin embargo, explicó que con el fin de
contribuir a los municipios a prestar este servicio en debidas condiciones, el
Departamento formuló el proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento a
las estrategias de acceso y permanencia educativa de los niños. Niñas,
adolescentes y jóvenes a través de la prestación del servicio de transporte
escolar en el Departamento del Huila”, con cargo a los recursos del Sistema
General de Regalías, en el que se incluye como programa “Cobertura con
equidad y aumento en la media y superior”[52],
cuyo propósito es brindar el servicio de transporte escolar a “23.085
estudiantes de los 35 municipios no certificados del Huila”.
Afirmó que, en
virtud del citado proyecto, el Departamento y el respectivo municipio realizan a
través de convenios interadministrativos el proceso contractual para
seleccionar el prestador del servicio de transporte escolar y la modalidad de
contratación, con recursos transferidos por el Ministerio de Educación
Nacional.
Así mismo,
sostuvo que el municipio de Pitalito, de acuerdo con las competencias
establecidas en la Ley 715 de 2001, “es el responsable de la prestación del
servicio de transporte escolar con recursos que le transfiere el Sistema
General de Participación (sic). Ellos mismos se ocupan de solventar todos los
servicios conexos a la prestación del servicio educativo por ello no se tiene
información al respecto”[53].
Respuesta
de la Secretaría de Educación del Municipio de Pitalito
El Secretario
de Educación municipal manifestó que la oferta educativa de Pitalito está
compuesta por 158 sedes educativas de las cuales 24 están ubicadas en la zona
urbana y 134 en la zona rural. No obstante, en lo referente al servicio de
transporte escolar rural aseguró que “en este momento la Secretaría de
Educación no tiene contratado el servicio de transporte escolar pero se le
garantizara en el segundo semestre de la vigencia 2018… a los niños con
Necesidades Educativas Especiales matriculados en la Sede Libertador de la
Institución educativa municipal Winnipeg”[54]. En
consecuencia, afirmó que en el área rural del municipio existen bastantes
centros educativos y, por ende, los niños no tienen necesidad de acudir a
colegios ubicados en la zona urbana.
Posteriormente,
en escrito allegado el 31 de agosto de 2018 a la Secretaría General de la
Corte, informó sobre el servicio de transporte escolar del municipio, que “en
las anteriores vigencias el departamento cofinanció el servicio de transporte
escolar, pero para la vigencia 2018 y 2019 la Gobernación del Huila nos informó
que no continuarán cofinanciando (sic) dicha estrategia”[55].
Mediante
oficio allegado el 24 de septiembre de 2018 a esta Corporación, ahondó sobre la
falta de ingresos en la garantía del servicio de transporte escolar y afirmó
que su prestación es potestad de las entidades territoriales, dependiendo de
los ingresos que tengan para dicho fin, dado que son los recursos propios los
que mantienen dichos programas. Sin embargo, aclaró que “para el caso del
municipio de Pitalito, implementar esta estrategia tiene un costo estimado de
$1.700.000.000 para atender 3.000 escolares durante el año escolar, recursos
con los que no cuenta el municipio para ejecutar dicha estrategia; por otra
parte el Departamento del Huila excluyó al municipio del proyecto presentado
ante la OCAD del Macizo, argumentando que Pitalito es una entidad certificada
en educación, lo que disminuyó aún más los recursos”[56].
Indicó que en
virtud de lo anterior, se privilegió dar transporte escolar a los niños en
situación de discapacidad inscritos al Instituto Winnipeg, y no se tiene
contratado el servicio de transporte para los demás estudiantes de las zonas
rurales del municipio.
En lo atinente
a la educación para adultos dentro del municipio, confirmó que de acuerdo con
el reporte del Sistema Integrado de Matrículas SIMAT 6ª, a corte de 1° de marzo
de 2018, hay 1096 menores de edad inscritos en esta modalidad educativa en el
sector oficial, mientras que en el sector privado figuran 626[57].
Con respecto
al servicio de alimentación en los colegios municipales, el Secretario afirmó
que “en todas las sedes educativas de la zona, se ofrece el Programa de
Alimentación Escolar (PAE), acorde a la Resolución 29452 de 2017”[58].
Finalmente,
reiteró lo dicho en su contestación a la tutela en primera instancia sobre la
falta de prueba del perjuicio irremediable alegado por la accionante.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de
tutela proferidos dentro de los procesos de la referencia, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto
de análisis y problema jurídico
2. Dos padres en representación de sus hijos de trece
y quince años de edad instauraron acción de tutela en contra de instituciones
de educación para adultos y las entidades públicas responsables de la educación
en las entidades territoriales donde habitan, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, así como
la protección especial de los adolescentes consagrada en el artículo 45
Superior. Buscan que se ordene a las entidades demandadas que otorguen a los
menores de edad un cupo en los programas de educación para adultos, con el fin
de que terminen sus estudios de bachillerato.
3. En ambos casos, las
instituciones educativas demandadas negaron el ingreso de los niños a estos
programas de educación, por considerar que no cumplen los requisitos de edad y
años de estudio establecidos en las normas aplicables.
4. En el caso del señor Suárez, el
juez de única instancia negó el amparo constitucional, por considerar que no
existe vulneración alguna a los derechos a la educación y a la igualdad de
E.S.C., pues no cumple los requisitos de edad establecidos en el Decreto 3011
de 1997, compilado en el Decreto 1075 de 2015.
A su turno, los
jueces de primera y segunda instancia que conocieron la acción de tutela
interpuesta por la señora Bravo, negaron el amparo de
los derechos fundamentales de su hijo, por estimar que
la peticionaria a través de la acción de tutela buscó incumplir el requisito de
edad dispuesto en el referido Decreto.
5. Los
casos objeto de estudio plantean una controversia en torno al goce y ejercicio
de los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de dos niños que
habitan a una distancia considerable de los centros educativos en los cuales
están matriculados. En concreto, pone de relieve las posibles barreras en
materia de transporte y de educación en instituciones educativas para adultos,
que deben afrontar dos menores de edad para poder asistir a clase y culminar
sus estudios de bachillerato.
6. De
conformidad con los antecedentes reseñados, la Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i)
¿El Instituto IDEAR y el Colegio Nuevo Milenio
de Pitalito, vulneraron los derechos fundamentales a la educación y a la
igualdad de los menores de edad al negarles el cupo para culminar sus estudios
de bachillerato en el programa para adultos en jornada distinta a la
tradicional, bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos legales
para ser aceptados?
(ii)
¿Las instituciones educativas y las entidades
territoriales accionadas y vinculadas[59] vulneraron los derechos
fundamentales a la educación y a la igualdad, en relación con sus dimensiones
de accesibilidad y disponibilidad, al no proveer transporte escolar adecuado ni
centros educativos con jornadas tradicionales en las zonas rurales respectivas?
7. Para abordar los asuntos
formulados, la Sala examinará inicialmente la procedencia de la acción de
tutela. De superarse tal análisis, se reiterará la jurisprudencia
constitucional sobre: (i) el derecho a la educación de los niños y los
adolescentes y sus componentes; (ii) de accesibilidad a la educación y el
servicio de transporte escolar; (iii) los casos excepcionales en los que la
jurisprudencia constitucional ha considerado necesario el ingreso de niños,
niñas y adolescentes a programas de educación para adultos y, por último, (iv) se
resolverán los casos concretos.
Procedencia
de la acción de tutela[60].
Legitimación
en la causa por activa y por pasiva
8. Conforme al artículo 86 de la
Carta Política, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces
para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública o particular.
9. De acuerdo con el artículo 306
del Código Civil, “la representación judicial del hijo corresponde a
cualquiera de los padres” y en los casos objeto de estudio se encuentra
acreditado que las acciones de tutela fueron interpuestas por los señores Luis
María Suárez y María Yaneth Bravo Papamija, en representación de sus hijos
menores de edad E.S.C y J.E.Y.B, respectivamente, en ejercicio de la patria potestad
y de la responsabilidad parental para reclamar la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad y a la educación. En consecuencia, la legitimación
por activa, en los términos del artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, se
encuentra comprobada.
10. Por su parte, la legitimación
por pasiva dentro del trámite de amparo se refiere a la capacidad legal del
destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en
que se acredite la misma en el proceso[61].
De conformidad con el
artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, “la acción de tutela procede contra
toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o
amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta
ley”.
En concordancia con
lo anterior, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la tutela
procede contra entidades que presten un servicio público. El numeral primero
de la norma mencionada estipula que la acción de tutela procede “cuando aquél contra
quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del
servicio público de educación”.
11. Por lo anterior, en el caso
de E.S.C. (expediente T-6.791.670), la Gobernación de Santander-Secretaría
de Educación y la Alcaldía Municipal de Hato, e igualmente, en la acción de
tutela interpuesta por la madre de J.E.Y.B. (expediente T-6.806.132) la Secretaría de
Educación Departamental del Huila y la Secretaría de Educación Municipal de
Pitalito, tienen  legitimación por pasiva, por su
condición de autoridades públicas que además se encuentran encargadas de
prestar el servicio de educación y transporte escolar en el respectivo
territorio, a los que se les endilga la vulneración de los derechos fundamentales
que se pretenden proteger.
Por su parte, al ser una institución educativa
oficial, la presente acción procede contra el Instituto Educativo Municipal Criollo, con sede en
Palmar del Criollo, en el expediente T-6.806.132 y en el expediente T-6.791.670,
contra el ITAH de Hato Santander.
12. Así mismo, el citado artículo
5° del Decreto 2591 de 1991, señala que “también procede la acción de tutela
contra acciones u omisiones de particulares”, en concordancia con lo
establecido en sus artículos 42 al 45 y el inciso final del artículo 86
Superior. Dado que en el presente trámite se podrían dictar órdenes a
personas de derecho privado que prestan el servicio público de educación, esto
es, (expediente T-6.806.132) el Colegio Nuevo Mileno de Pitalito, Huila, y el IDEAR (expediente
T-6.791.670) la Sala reitera que el artículo 86 de la Constitución Política
prevé que la acción de tutela es un mecanismo preferente, cautelar, residual y
sumario de protección de los derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares encargados de la prestación de un servicio público[62],
como la educación a niños, niñas y adolescentes.
Inmediatez
13. El principio de inmediatez
previsto en el referido artículo 86 Superior, es un límite temporal para la
procedencia de la acción de tutela. De acuerdo con este mandato, la
interposición del amparo debe hacerse dentro de un plazo razonable, oportuno y
justo[63],
toda vez que su razón de ser es la protección inmediata y urgente de los
derechos fundamentales[64].
14. Así mismo, este requisito de procedencia tiene por objeto respetar
o mantener la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido
controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presume
la legalidad de sus efectos ante la ausencia de controversias jurídicas. En ese
sentido, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el
presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acción,
la cual supone la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional
fundamental; (ii) persigue la protección de la seguridad jurídica y los
intereses de terceros; e (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro
de un plazo razonable, el cual dependerá de las circunstancias particulares de
cada caso[65].
15. Sin embargo, la imposición de
un plazo perentorio para interponer la acción de tutela contravendría los
principios consagrados en la Constitución de 1991, tales como: (i) la
prevalencia de lo sustancial sobre las formas; (ii) el acceso a la
administración de justicia; (iii) la primacía de los derechos de la persona; (iv)
la autonomía e independencia judicial y; (v) la imprescriptibilidad de los
derechos fundamentales[66].
16. En el presente caso, la Sala encuentra
probado que las acciones de tutela fueron
interpuestas dentro del mes siguiente desde que el IDEAR de Hato, Santander y
el Colegio Nuevo Milenio de Pitalito, Huila, negaron el cupo estudiantil a
E.S.C.[67] y a J.E.Y.B.[68]. Este término, además de ser prudente, es razonable
para reclamar la protección de los derechos vulnerados. Así, la Sala encuentra
plenamente acreditado el requisito de inmediatez.
Subsidiariedad
17. El principio de
subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la
acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de
todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial dispone
para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera
que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial adicional de protección.
18. No obstante, como ha sido
reiterado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
subsidiariedad que rige la acción de tutela, debe analizarse en cada caso
concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa
judicial, esta Corporación ha determinado que existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad[69]:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales
circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo;
y (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la
acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
Adicionalmente,
cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial protección
constitucional, como niños, niñas y adolescentes, personas cabeza de familia,
en situación de discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre
otros, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a través
de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos[70].
19. Las anteriores reglas
implican que, de verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se
debe realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos en el caso concreto,
para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma
efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y
no simplemente formal, y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al
juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro
mecanismo, la acción puede proceder de forma definitiva.
La
jurisprudencia constitucional ha establecido que para la configuración de un
perjuicio irremediable es necesario que concurran los siguientes elementos: “(i)
inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir; (ii) grave, por dañar o
menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado
relevante; (iii) que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y (iv) que la
acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado
restablecimiento del orden social justo en toda su integridad”[71].
20. Ahora bien, en lo que atañe a los asuntos objeto de revisión, se
debe tener en cuenta que los accionantes no cuentan con otro mecanismo judicial
a través del cual se obtenga la debida protección del derecho a la educación. En las Sentencias T-108 de 2001[72],
T-675 de 2002[73], y T-546 de 2013[74],
se conocieron los casos de tres niños que pretendían ser matriculados en
jornada de educación para adultos y esta Corporación determinó que la acción de
tutela
es el mecanismo idóneo para amparar el derecho a la educación, debido a la
falta de otros medios jurisdiccionales idóneos y eficaces de los que puedan
hacer uso los interesados. Por consiguiente, la Sala concluye que la acción de
tutela es procedente como mecanismo definitivo.
El derecho a
la educación de los niños y adolescentes y sus componentes. Reiteración de
jurisprudencia[75].
21. El artículo 67 de la Constitución Política otorga a la educación
una doble dimensión: (i) como un servicio público; y (ii) un derecho, con el
fin de garantizar que todas las personas tengan acceso al conocimiento, la
ciencia y la técnica, así como a los demás bienes y valores de la cultura, en
consonancia con los fines y principios constitucionales del Estado Social y
Democrático de Derecho.
De esta forma, la educación
como servicio público exige del Estado y sus instituciones y entidades llevar a
cabo acciones concretas para garantizar su prestación eficaz y continua a todos
los habitantes del territorio nacional. Los principios que rigen su prestación
son tres principalmente: (i) la universalidad;
(ii) la solidaridad; y (iii) la redistribución de los recursos en la población
económicamente vulnerable. Por otro lado, debe señalarse que si bien la
educación es un derecho social, económico y cultural, tanto el
artículo 44 de la Carta en el caso de los niños, como la jurisprudencia de esta
Corporación en el caso de los adultos[76],
la han reconocido como un derecho fundamental:
“El derecho a la educación, tanto en los tratados de derechos
humanos suscritos por Colombia como en su consagración constitucional, es
un derecho de la persona y, por lo tanto, es fundamental tanto en el caso de
los menores como en el de los adultos. Su relación con la dignidad humana no se
desvanece con el paso del tiempo y su conexión con otros derechos fundamentales
se hace acaso más notoria con el paso del tiempo, pues la mayor parte de la
población adulta requiere de la educación para el acceso a bienes materiales
mínimos de subsistencia mediante un trabajo digno. Más allá de lo
expuesto, la educación no sólo es un medio para lograr esos trascendentales propósitos
sino un fin en sí mismo, pues un proceso de educación continua durante la vida
constituye una oportunidad invaluable para el desarrollo de las capacidades
humanas”[77].
22. Por su parte, el
bloque de constitucionalidad contiene varias disposiciones que regulan y fijan
el alcance del derecho a la educación y de las obligaciones estatales en la
materia. De acuerdo con el artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 toda persona tiene derecho a la
educación, pues su propósito es el pleno desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales[78]. Igualmente, es obligación de los Estados
tomar medidas tales como la implantación de la enseñanza gratuita, el
apoyo  financiero en caso de necesidad, el fomento de la asistencia a las
escuelas y buscar la reducción de las tasas de deserción escolar[79].
En igual
sentido, la Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) determina el alcance del
derecho a la educación reconocido en el Pacto Internacional[80] sobre esta
misma materia -en adelante PIDESC- y precisa que existen cuatro facetas de
la prestación: (i) la aceptabilidad; (ii) la adaptabilidad; (iii) la disponibilidad
o asequibilidad; y (iv) la accesibilidad.
23. Esta Corporación ha fijado el alcance de cada uno de estos
componentes del derecho a la educación. La Sentencia C-376 de 2010[81] lo
hizo en los siguientes términos:
“i) la asequibilidad
o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación
del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a
disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo,
abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e
invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii)
la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de
garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la
eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para
acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii)
la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación
se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice
continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la
cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse.”
24. Cada uno de los componentes del derecho y servicio público a la
educación, se encuentra consagrado en la Carta Política de 1991. En lo
concerniente a la asequibilidad o disponibilidad, el inciso 5° del
artículo 67 de la Constitución señala que el Estado debe garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores de edad las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia. Así mismo, el inciso 1º del artículo
68 de la Carta Política permite a los particulares fundar establecimientos
educativos.
25. En este sentido, la Sentencia T-533 de 2009[82] indicó
que, de acuerdo con el artículo 67 Superior, la educación obligatoria “comprenderá
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. La decisión
subrayó que esta disposición constitucional se traduce en que si bien el Estado
tiene la obligación de disponibilidad respecto de todas las etapas de la
educación (preescolar, primaria, secundaria y superior), se prioriza la
consecución de un mínimo: un año de preescolar y nueve de educación básica, es
decir, un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria. Así
mismo, señaló que aunque el artículo 67 de
la Constitución prevé que la educación es obligatoria para los niños y niñas
entre los cinco y los quince años, esta referencia debe ser entendida hasta los
18 años, ya que según el artículo 1° de la Convención sobre los
Derechos del Niño[83]
la niñez se extiende hasta los 18 años.
En síntesis, bajo la esfera en
mención el Estado debe priorizar la consecución de la educación en los
siguientes niveles: un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro
de secundaria, y la obligatoriedad para niños, niñas y adolescentes entre 5 y
18 años.
26. Por otro lado, debe precisarse que la accesibilidad consta
de tres dimensiones reconocidas constitucionalmente, a saber:
(i) No discriminación. De
acuerdo con la Observación General No. 13 del Comité DESC, “la educación debe ser
accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de
derecho”[84] , por lo que el Estado debe
propender a la eliminación de todo tipo de discriminación en el sistema
educativo. Este compromiso se concreta en el ordenamiento jurídico colombiano
mediante el desarrollo del artículo 13 de la Constitución, que reconoce el
derecho a la igualdad.
(ii) Accesibilidad
material. El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar por
los medios más adecuados que el servicio educativo sea accesible desde el punto
de vista físico. Este deber corresponde al mandato previsto en el inciso 5° del
artículo 67 de la Constitución que prescribe que el Estado debe asegurar a los niños
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo.
(iii) Accesibilidad
económica. El inciso 4º del artículo 67 Superior indica que la
educación debe ser gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Sobre el particular,
la jurisprudencia constitucional ha especificado que solo la educación
básica primaria tiene carácter gratuito y obligatorio en las instituciones
estatales, mientras progresivamente se alcanza la gratuidad universal para
los niveles de secundaria y la educación superior[85].
En
consecuencia, la accesibilidad se refleja en la responsabilidad del
Estado de eliminar todas las barreras que puedan desincentivar a los menores de
edad de su aprendizaje.
27. Sobre la adaptabilidad,
el inciso 5º del artículo 68 de la Constitución señala que los integrantes
de grupos étnicos tienen derecho a una educación que respete y desarrolle su
identidad cultural. Igualmente, el inciso 6º de esa disposición constitucional
indica que el Estado está obligado a prestar el servicio  de educación a
las personas en situación de discapacidad y a aquellos con capacidades
excepcionales[86].
En consecuencia, una educación adaptable reconoce las particularidades de
las personas y trabaja en función de garantizar los derechos humanos de toda la
población, por lo que busca “potenciar el respeto y la expresión de la
diversidad cultural, generacional, étnica, sexual, de género, y de las
subjetividades plurales que convergen en un mismo territorio de aprendizaje.”[87].
28. Por último, el criterio de aceptabilidad se ve
reflejado en el inciso 5º del artículo 67 de la Carta, de conformidad con
el cual el Estado debe regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación con el fin de velar por su calidad y la mejor formación moral,
intelectual y física de los estudiantes. Adicionalmente, el inciso 3º del
artículo 68 Superior establece que la enseñanza debe estar a cargo de personas
de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
Por lo tanto, el componente de
la aceptabilidad de la educación parte del reconocimiento de los menores de
edad como sujeto de derechos y, en consecuencia, obliga al Estado a prestar una
educación de calidad y a respetar las convicciones tanto de los padres como de
los alumnos sobre el enfoque de la formación[88].
29. Así mismo, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha desarrollado diferentes reglas en torno al
derecho a la educación. Las reglas relevantes para este caso se pueden precisar
de la siguiente forma:
(i)
El derecho a la educación es un presupuesto básico para el ejercicio de
otros derechos fundamentales, tales como la libertad de escoger profesión u
oficio, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad de oportunidades[89];
(ii)
El carácter fundamental
del derecho a la educación de toda la población (sin distinción por razón de la
edad) no implica que las condiciones de aplicación sean las mismas para todos.
Concretamente, en materia de condiciones de acceso a la educación, tanto los
tratados de derechos humanos como la Constitución Política y la jurisprudencia
constitucional, han diferenciado entre obligaciones de aplicación inmediata y
deberes progresivos, con base en parámetros de edad del educando y nivel
educativo[90]; y
(iii)
La educación en el nivel básico de primaria debe ser generalizada y
accesible a todos por igual y es exigible de forma inmediata[91].
30. En conclusión, el derecho y servicio público de educación:
(i) permite el ejercicio de otros derechos fundamentales como la
libre escogencia de profesión u oficio, ya que es el presupuesto para materializar la elección
de un proyecto de vida; (ii) es un derecho fundamental de las personas menores
de 18 años; y (iii) se integra de cuatro características fundamentales que
se relacionan entre sí, a saber: aceptabilidad, adaptabilidad, disponibilidad y
accesibilidad.
Del anterior
alcance se desprende que el derecho a la educación implica para el Estado: (i) su
reconocimiento como derecho fundamental e inherente a la persona y un servicio público cuya prestación es un
fin esencial; (ii) su provisión gratuita y obligatoria en el nivel básico de
primaria[92];
(iii) su priorización como servicio público de manera que todas las personas
hasta de 18 años accedan a, al menos, un año de preescolar, cinco años de
primaria y cuatro de secundaria; y (iv) su prestación accesible y permanente,
con el suficiente cubrimiento a nivel nacional y territorial.
Marco jurídico y
prohibición del trabajo infantil. Reiteración de jurisprudencia.
31. El trabajo infantil
es una problemática que afecta a niños y niñas y se constituye, entre otros,
como causa y consecuencia de la restricción del derecho a la educación[93].  Como se
advirtió, la Constitución Política en el referido artículo 67 establece la
obligación del Estado de brindarle educación a los niños de forma obligatoria entre
los 5 y 15 años de edad. Lo anterior, para prevenir su ingreso al mundo laboral
antes de alcanzar la edad mínima de escolaridad[94], situación que
implica una posible vulneración a sus derechos fundamentales a la educación,
dignidad humana y los demás en el artículo 44 del Texto Superior[95].
Para
evitar que se desconozca la prevalencia del interés superior de la infancia y
la adolescencia, el Legislador estableció en el artículo 19 de la Ley 115 de
1994, la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria en el territorio
nacional.
La prohibición del trabajo infantil
32. El
trabajo infantil ha sido una problemática que afecta a niños y niñas en
distintos países del mundo, y es la causa determinante que restringe o impide
el goce efectivo de sus derechos, entre ellos, el derecho a la educación.
La
OIT ha definido el trabajo infantil como “todo trabajo que priva a los
niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su
desarrollo físico y psicológico. Así pues, se alude al trabajo que: i) es
peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; ii)
interfiere con su escolarización puesto que; iii) les priva de la posibilidad
de asistir a clases; iv) les obliga a abandonar la escuela de forma prematura;
o v) les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho
tiempo”[96].
33. En el ordenamiento
jurídico nacional el artículo 44 de la Constitución estableció expresamente la
protección de los niños, niñas y adolescentes a cualquier forma de “explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. En virtud de ello, el artículo 67 Constitucional determinó
como primera medida de protección a favor de los niños, la obligación estatal
de brindarles educación hasta los 18 años de forma obligatoria, por lo que no
cuentan con la posibilidad de trabajar hasta dicha edad[97].
Al
respecto, las Sentencias T-546 de 2013[98] y T-680 de
2017[99]
enuncian las distintas normas internacionales cuya finalidad es erradicar el
trabajo infantil: (i) el artículo 1º del Convenio No. 138 de la OIT “sobre
la Edad Mínima de Admisión de Empleo”, en el que se reiteró que los Estados
Parte, incluso si no han ratificado los convenios fundamentales, deben aumentar
de forma progresiva la edad mínima de admisión al empleo[100]; (ii) el
trabajo elaborado por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social,
celebrada en Copenhague en 1995, en la que se puntualizó que la eliminación
del trabajo infantil es un elemento fundamental para el desarrollo social
sostenible y la reducción de la pobreza; (iii) la Declaración de los
Derechos del Niño, en cuyo principio No. 9 consagra que “no deberá
permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso
se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que
pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental
o moral”; (iv) El preámbulo del Convenio No. 182 de la OIT[101]; y (v) la Convención sobre los
Derechos del Niño que en cuyo artículo 32 consagra que “2. Los Estados
Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y
educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese
propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros
instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; b) Dispondrán la
reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; c)
Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la
aplicación efectiva del presente artículo”.
34. El ordenamiento
colombiano contempla herramientas para prevenir el trabajo infantil. El
artículo 35 de la Ley 1098 de 2006, establece que “la edad mínima de
admisión al trabajo es los 15 años, por lo que los adolescentes entre los 15 y
los 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el inspector de
trabajo o, en su defecto, por el ente territorial local (…). Excepcionalmente,
los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la
inspección de trabajo, o en su defecto del ente territorial local, para
desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y
deportivo (…) En ningún caso el permiso excederá las 14 horas semanales”[102].
En
ese contexto, el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución N° 3597 de 2013,
en la que se actualizaron las actividades consideradas peores formas de
trabajo infantil y que no pueden ser realizadas por niños y adolescentes
menores de 18 años, y se precisó el derecho que les asiste a los adolescentes
entre 15 y 17 años de edad a obtener autorización para trabajar. A su vez, en
el artículo 4 de la citada resolución, se consagran las diversas actividades
económicas que por su naturaleza no podrán ser realizadas por menores de 18
años, entre las que se encuentran: (i) los trabajos de agricultura, ganadería,
caza, silvicultura, pesca; (ii) explotación de minas, (iii) industria
manufacturera, (iv) suministro de electricidad, agua y gas, (v) construcción,
transporte y almacenamiento, (vi) salud, (vii) defensa, (viii) trabajos no
calificados como labores en hogares de terceros, (ix) servicio doméstico,
limpiadores, lavanderos y planchadores, entre otros.
Esta
Sala de Revisión aclara que, en concordancia con la posición de la OIT, enunciada
en líneas anteriores, las labores que se desarrollen en el campo que tengan
como finalidad prestar ayuda a los padres o la colaboración en un negocio
familiar predominantemente agropecuario, no pueden ser consideradas como
peligrosas siempre y cuando, no impliquen una interferencia o supresión de la
escolaridad de los niños y adolescentes[103].
35. En conclusión, es
clara la misión que tiene el Estado colombiano y la obligación que tienen sus
autoridades públicas de promover el ejercicio del derecho a la educación de los
niños, niñas y adolescentes para: (i) prevenir efectiva y progresivamente el
ingreso de los menores de edad al mundo laboral; (ii)  lograr el desarrollo
pleno de sus capacidades para ejercer sus derechos; y (iii) proteger su
integridad física, mental y moral.
La
accesibilidad a la educación y el servicio de transporte escolar. Reiteración
de jurisprudencia[104].
36. Al estudiar el derecho a la
educación de los niños y los adolescentes en el  fundamento jurídico 26 de esta
providencia, se menciona que uno de sus componentes es la accesibilidad
material, esto es, eliminar toda barrera de acceso física a los servicios
educativos prestados en el país.  Sobre el particular, el artículo 4º de la Ley
115 de 1994 establece que corresponde al Estado, la sociedad y la familia velar
por la calidad de la educación y “promover el acceso al servicio público
educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales,
garantizar su cubrimiento”.
37. Para determinar la entidad
territorial responsable de garantizar la accesibilidad al servicio a la
educación y al transporte escolar en su jurisdicción, se debe establecer si el
municipio tiene la condición de “certificado” en educación, es decir, si en
ellos se ha descentralizado el servicio de educación, por contar con la
capacidad técnica, administrativa y financiera, y por ende podrá obtener
mayores niveles de cobertura, calidad y eficiencia en la prestación de dicho
servicio.
En
desarrollo de los artículos 288, 356 y 357 de la Carta Política se expidieron
las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, que establecieron para cada nivel de
gobierno competencias en educación y salud y distribuyeron los recursos del
situado fiscal a los departamentos y distritos y las participaciones
municipales en los ingresos corrientes de la Nación, para financiar las responsabilidades
asignadas. En el marco de la Ley 60 de 1993, artículo 16 literal b) en sus
numerales 5º. y 7º, se determinaron reglas especiales para la descentralización
de la dirección y prestación de los servicios de educación por parte de los
municipios.
De acuerdo con
el numeral 5º de la Ley 60 de 1993, los municipios que: (i) organicen los
sistemas de planeación de información y pedagogía; (ii) demuestren eficiencia y
eficacia institucional; y (iii) evidencien que realizan aportes permanentes con
recursos propios para la educación, tienen la posibilidad de solicitar al
departamento la facultad para nombrar a los empleados docentes y
administrativos de los establecimientos educativos estatales que laboren en el
Municipio, previo cumplimiento de los requisitos legales para su nombramiento.
En
concordancia con la disposición legal descrita, el artículo 20 de la Ley 715 de
2001, determinó que son entidades territoriales certificadas en educación, los
departamentos y los distritos. A su vez, estableció que la Nación certificará a
los municipios con más de cien mil habitantes. Para efectos del cálculo
poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en el último censo del
año 2002.
No
obstante, todos aquellos municipios con menos de 100 mil habitantes que cumplan
los requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad técnica,
administrativa y financiera podrán certificarse y le corresponderá a los
departamentos decidir sobre la certificación de aquellos municipios inferiores
a 100 mil habitantes, que llenen los requisitos[105].
38. Igualmente, en el artículo
150 de la Ley 715 de 2001, se estipuló que es competencia de las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales de las entidades
territoriales certificadas en educación[106],
respectivamente, regular dicho servicio público dentro de su jurisdicción. De
esta forma, las secretarías de educación departamentales y distritales
o los organismos que hagan sus veces, deben ejercer dentro del territorio de su
jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales y, de conformidad
con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo, las siguientes
funciones generales: (i) velar por la calidad y cobertura de la educación
en su respectivo territorio; (ii) diseñar y poner en marcha los programas que
se requieran para mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la
educación; (iii) prestar asistencia técnica a los municipios que la soliciten
para mejorar la prestación del servicio educativo; y (iv) evaluar este servicio
en los municipios[107].
En concordancia con lo anterior, la referida ley
estableció las competencias generales de los departamentos en el sector educativo
en los municipios no certificados, dentro de las cuales se mencionan: (i) prestar
asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios,
cuando a ello haya lugar; (ii) mantener la cobertura actual y propender su
ampliación; y (iii) ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la
educación en su jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin
realice el Presidente de la República[108].
Por su parte, los municipios certificados en educación
son competentes, entre otras cuestiones, para: (i) “participar con recursos
propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del
Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las
inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados
con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema
General de Participaciones”; y (ii) “mantener la actual cobertura y
propender a su ampliación”[109].
En lo referente a los municipios no certificados, el Legislador
les asignó las siguientes funciones: (i) administrar y distribuir los recursos
del Sistema General de Participaciones que se le asignen para el mantenimiento
y mejoramiento de la calidad del servicio de educación; (ii) participar con
recursos propios en la financiación de los servicios educativos a
cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación; y
(iii) suministrar la información al departamento y a la Nación con calidad y en
la oportunidad que se señale[110].
39. En cuanto al transporte
escolar como garantía de acceso a la educación, la Ley 715 de 2001 estableció
en el parágrafo 2º de su artículo 15 que una vez cubiertos los costos de la
prestación del servicio educativo, los departamentos y los municipios deberán
destinar recursos de la participación en educación al pago de transporte
escolar “cuando las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el
acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños pertenecientes a los
estratos más pobres”[111].
40. La Corte
Constitucional también se ha pronunciado de manera explícita sobre el
componente de accesibilidad del derecho a la educación[112]. Por
ejemplo, la Sentencia T-1259 del 2008[113]
amparó los derechos fundamentales a la educación, a la vida digna y a la
integridad personal de todos los niños del municipio de Tuta, Boyacá, que
debían efectuar largos desplazamientos para llegar a sus respectivas escuelas.
La decisión señaló que, al no adoptar un plan para solucionar el problema de
accesibilidad material al sistema educativo, las entidades territoriales
encargadas de ejecutar estas políticas habían desincentivado el proceso de
aprendizaje de los niños, razón por la cual se encontraba amenazado el derecho
a la educación. Así pues, ordenó a la Alcaldía de Tuta, Boyacá, adelantar un
censo para determinar cuántos estudiantes presentaban problemas para acceder
efectivamente a las instituciones educativas del municipio y consecuentemente,
establecer y ejecutar las soluciones más efectivas a esta problemática.
41. Posteriormente, la Sentencia
T-779 de 2011[114]
analizó el caso de dos menores de edad que residían en la vereda Vínculo-Sector
Ricaurte, que tenían que desplazarse aproximadamente dos horas diarias a pie
hasta el municipio de Saboyá para acudir a su escuela.
En
dicha oportunidad, se estableció que en un país como Colombia en donde los
índices de pobreza son muy altos y existen muchas necesidades básicas
insatisfechas, la materialización del acceso a la educación debe tener en
consideración la realidad presupuestal de las entidades del Estado que tienen
la obligación de garantizar el goce efectivo del tal derecho. No obstante, este
Tribunal resaltó que ello no implica que las entidades no se encuentren
obligadas a asegurar el cubrimiento adecuado del servicio educativo, cuya
prestación debe ser permanente. Con ese fundamento, ordenó a la Secretaría de Educación Municipal de
Saboyá la inclusión inmediata de las niñas afectadas en un programa de
transporte escolar y a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, que
actuara como supervisor y garante del cumplimiento de dicha orden, de modo que
si el ente territorial no cumplía, sería su responsabilidad, sin perjuicio de
las actuaciones administrativas y disciplinarias a las que hubiera lugar.
42. En el mismo
sentido, la Sentencia T-690 de 2012[115] reiteró
que la accesibilidad material implica adoptar medidas que eliminen las barreras
que puedan desincentivar a los niños, niñas y adolescentes de su aprendizaje, a
pesar de las complejidades presupuestales. Al respecto, concluyó que es
obligación del Estado promover en la comunidad campesina el servicio educativo,
con la finalidad de mejorar su calidad de vida. En cumplimiento de dicho deber,
la Nación y las entidades territoriales deben acercar el conocimiento a las
zonas apartadas de su territorio, y tomar las medidas necesarias para combatir
factores como la violencia, la
pobreza, la deficiencia en servicios públicos y la geografía de la zona[116].
43. Así mismo, la Sentencia
T-458 de 2013[117]
determinó que la Secretaría de Educación de Santander, vulneró el derecho a la
educación de los menores de edad habitantes de la zona rural del municipio de
Onzaga, por la ausencia tanto de centros educativos rurales que presten los servicios de educación
secundaria, como de transporte desde las veredas para acceder a ellos.
La Corporación definió que era
responsabilidad del ente departamental garantizar el acceso a la educación de
los menores de edad, por lo que ordenó, acorde con la situación de cada
accionante: (i) proveer el
servicio de transporte escolar para los niños que estén matriculados y cursen
sus estudios de secundaria en un colegio público; (ii) permitir que, si así lo
deseaban, los niños que estuvieran matriculados en alguna institución educativa
que prestara la metodología SAT, especialmente diseñada para adultos, se
matricularan en un colegio público para cursar sus estudios de secundaria y, en
dicho evento, les fuera garantizado el servicio de transporte escolar; y en
caso de que desearan permanecer en el programa SAT, asegurara la continuidad
del servicio; y (iii) permitir que los niños que no asistían a clases, fueran
matriculados inmediatamente para cursar sus estudios de secundaria en el
colegio público más cercano a su residencia que ofreciera este servicio, y
consecuentemente, les fuera garantizado el servicio de transporte escolar junto
con un programa de nivelación académica para que accedieran a sus cursos en
condiciones de igualdad.
Ante la
ausencia de centros educativos en el área rural que prestaran el servicio de
educación a nivel bachillerato, la Corporación exhortó a la Secretaría de Educación Departamental de
Santander para ampliar la educación secundaria en el municipio de Onzaga, con
el fin de que más instituciones educativas lo hicieran.
Por lo anterior, estimó la
Sala de Revisión en aquel momento que las entidades obligadas sean del orden
departamental o municipal, tienen el deber de resolver efectivamente las
problemáticas educativas, entre ellas la prestación del servicio de transporte
escolar, ya que su omisión pone en riesgo de forma indefinida el disfrute del
derecho fundamental a la educación.
44.  La Sentencia
T-008 de 2016[118]
determinó que la Secretaría de
Educación de Santander y el Instituto IDEAR vulneraron los derechos a la
educación y a la igualdad de algunos niños habitantes de las veredas de
Lanadas, El Carmen y Ganitiva en el municipio de Onzaga, Santander. En esa oportunidad, la Corporación reiteró
la necesidad de garantizar el acceso de los niños y adolescentes a programas de
educación acordes con su edad a través del acceso efectivo a las instituciones
educativas del municipio. Por ende, ordenó a la Secretaría de Educación de
Santander (i) matricular
a una de las accionantes en un colegio ubicado en el casco urbano del
municipio que ofreciera educación secundaria o en otro que brindara idénticas
condiciones en la prestación del servicio público de educación al referido
centro de formación, con el fin de que continuara sus estudios de bachillerato;
(ii) proveer el servicio de transporte escolar (ida y regreso)
desde el lugar de residencia de una de las niñas en la vereda Ganivita hasta la
referida institución educativa; y (iii) disponer de un programa de nivelación
académica que garantice el acceso de otra accionante al año lectivo que
corresponda en condiciones de igualdad.
45. Finalmente,
la Sentencia T-105 de 2017[119] estableció la
responsabilidad tanto del ente departamental como municipal y la institución
educativa que fueron demandadas para proteger el derecho a la educación de un
niño de doce años, en cuanto al acceso efectivo a los centros educativos
locales, y le ordenó a la Alcaldía
Municipal de Puerto Concordia, la Gobernación del Meta y la Institución
Educativa Puerto Iris adicionar en la ruta escolar que transporta al menor de
edad una segunda parada, la cual no podría estar ubicada a más de 550 metros de
su residencia.
46. Del anterior
desarrollo normativo y jurisprudencial del derecho a la educación y
específicamente de su faceta de accesibilidad material en relación con el
transporte escolar se concluye que: (i) las
entidades públicas departamentales y/o municipales, independientemente de que
estén certificadas en educación, tienen la obligación de garantizar el
cubrimiento adecuado de los servicios de educación y de asegurar a los niños y
niñas condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo,
especialmente, de quienes habitan en las zonas rurales más apartadas del ente
territorial; (ii) los departamentos y municipios tienen la obligación de
dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de
preescolar, básico y medio en condiciones de eficiencia y calidad y deben
propender por su manteamiento y ampliación; y (iii) el departamento y/o el
municipio (certificado o no en educación) tienen  la responsabilidad de
eliminar todas las barreras que puedan desincentivar a los menores de edad de
su aprendizaje, tales como la distancia entre el centro educativo y su
residencia, a través de la prestación del servicio de transporte escolar
continuo, adecuado y seguro.
Casos
excepcionales en los que la jurisprudencia constitucional ha permitido el
ingreso de niños y adolescentes a programas de educación para adultos[120]
47. Es deber del Estado fijar las
condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la educación básica
para todas las personas y así mismo establecer las condiciones de asequibilidad
para los mayores de edad, obligación que desarrolló el Legislador en diversas
disposiciones, que materializan su función de elaborar planes de estudio y
sistemas idóneos para alumnos de todas las edades[121].
Lo precedente, también es
aplicable para adultos por cuanto un alto porcentaje de la población no ingresa al sistema educativo
en la edad escolar y llega a la mayoría de edad sin haber adquirido los
conocimientos que se imparten en la educación básica primaria. Este tipo de
insuficiencias en la educación básica y media vocacional, se han disminuido
mediante los programas compensatorios de educación para adultos.
48.  Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas (Comité DESC) estimula la ejecución de programas educativos
"alternativos" junto con los sistemas de las escuelas secundarias
tradicionales, que cuenten con planes de estudio y sistemas variados que sean
idóneos para alumnos de todas las edades.
49. En tal contexto, el artículo 50 de la Ley 115 de 1994 definió
la educación para adultos como todo programa educativo que se ofrece a las
personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación
por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen suplir y
completar su formación, o validar sus estudios.
Sobre el
particular, el Decreto 3011 de 1997, compilado en el Decreto 1075 de 2015 reglamentó
la educación para adultos y en su artículo 2° la definió como el conjunto de
procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera
particular las necesidades y potencialidades: (i) de las personas que
por diversas circunstancias no cursaron grados de servicio público educativo
durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos; o (ii) de aquellas
personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y
mejorar sus competencias técnicas y profesionales[122]. No
obstante, en el Decreto 3011 de 1997, se enuncian determinados casos en los que
menores de edad pueden acceder a la educación para adultos. Así, el artículo 16
de dicha norma[123],
establece:
“Artículo 16. Podrán ingresar a la educación básica formal de
adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales integrados: 1. Las personas con
edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a ningún grado del ciclo
de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los tres primeros
grados. 2. Las personas con edades de quince (15) años o más, que hayan
finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren que han estado
por fuera del servicio público educativo formal, dos (2) años o más.”
50. La jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha considerado que la educación precedente es
adecuada para jóvenes y adultos en las circunstancias mencionadas y, en general,
no lo es para niños por fuera de las condiciones referidas. Lo anterior se
fundamenta, principalmente, en que: (i) las jornadas excepcionales pueden ser
la causa del trabajo infantil; y (ii) la educación formal y tradicional
diseñada para niños y adolescentes exige que el ambiente en el cual se dé sea
apropiado a su edad, por ello, diferencias de este tipo pueden inclusive
considerarse riesgosas para su integridad física, emocional y mental.
Al
margen de lo anterior, la jurisprudencia ha considerado que existen eventos
excepcionales en los cuales el respeto y protección del derecho a la educación
permiten la inclusión de niños o niñas en jornadas educativas diferentes a la
tradicional y dirigidas a jóvenes y adultos. Bajo tal razonamiento, ha aplicado
la excepción de inconstitucionalidad de las normas referidas.
51. La Sentencia
T-108 de 2001[124],
tuteló el derecho a la educación de varios menores de edad que por dificultades
económicas debían trabajar y solicitaron cupos en establecimientos de educación
para adultos. Sobre el particular, la providencia señaló que para que proceda de
forma excepcional el ingreso de menores de edad a centros educativos para
adultos, no basta la alusión a una difícil situación económica de las familias
de quienes funjan como accionantes, sino que dependerá de las circunstancias de
cada caso.
Al respecto, la Sala
consideró que la obligación del juez constitucional consiste en armonizar la
tensión que se presenta entre el derecho a la educación y la realidad
social y económica del país, que hace que, las precarias condiciones
socio-económicas de la familia de un niño hagan necesario su aporte económico,
como la pobreza extrema.
De esta forma, si se
considera que los ingresos que recibe el joven trabajador pueden ser
determinantes para la consolidación de una mejor calidad de vida de su familia
y la suya propia, previo permiso del inspector de trabajo o la autoridad
respectiva, se debe garantizar su derecho a la educación y permitir su ingreso
en un programa de educación para adultos. Lo anterior, siempre que se
garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales y de los consagrados en el
artículo 44 Superior.
52. Por otro lado, la
Sentencia T-675 de 2002[125],
tuteló el derecho fundamental a la educación de una niña que solicitó cupo en
jornada sabatina para cursar el grado 11, pues tenía una hija de tres meses de
nacida, y debido a sus bajos recursos era necesario que trabajara para su
manutención. En dicho caso, la Corte concedió el amparo solicitado
y estableció que las circunstancias propias del caso, hacían viable aplicar la
excepción de inconstitucionalidad del Decreto 3011 de 1997 y ordenó su inclusión
en el programa de educación para adultos[126].
53. En igual sentido, la Sentencia T-546 de 2013[127] tuteló el derecho
fundamental a la educación y ordenó a la Secretaría de Educación de Bello
ofrecer a la menor de edad diferentes opciones para terminar sus estudios en el
Colegio accionado, ya que tenía un hijo de diez meses, y debía trabajar durante la
semana para obtener los recursos necesarios para su subsistencia. Al respecto, la Corte afirmó lo siguiente:
“En el caso objeto de estudio, la Sala advierte una condición
excepcional, ya que como se indicó, la agenciada es una niña
de 16 años que no está estudiando por tener obligaciones
de cuidar a su hijo, quien también es menor de edad, situación que
faculta al juez de tutela para aplicar la excepción de inconstitucionalidad,
figura muchas veces usada por la jurisprudencia constitucional de esta
Corporación.”(Negrilla y subraya fuera del texto)
54. En
conclusión, la obligación del Estado de proporcionar el derecho a la educación
a todas las personas, conlleva la de establecer un sistema especial de
educación para los adultos, al que pueden acceder los menores de edad que
cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 3011 de 1997[128]
o cuyas circunstancias particulares así lo ameriten. No obstante, el ingreso a
estos programas especiales de educación debe ser considerada como la última
opción del juez de tutela.
Análisis de los casos concretos
55. Corresponde a la Sala
determinar si se vulneraron de los derechos fundamentales a la educación y a la
igualdad de los niños E.S.C. y J.E.Y.B. en dos niveles. Primero, al habérseles
negado cupo estudiantil en los programas de educación para adultos ofrecidos
por el IDEAR en el municipio de Hato, Santander, y el Colegio Nuevo Milenio de
Pitalito, Huila, respectivamente, bajo el argumento de
que no cumplían los requisitos legales de edad para ser aceptados. Segundo, si
existe alguna trasgresión de sus garantías por parte de las respectivas
autoridades territoriales a nivel departamental y municipal, en cuanto a la
garantía de accesibilidad y disponibilidad en el ejercicio del mencionado
derecho, en tanto que vive en un lugar muy distante del sitio donde estudia,
pues no hay escuela en zona más cercana.
Lo anterior,
por cuanto los jueces de instancia en ambos casos sostuvieron que las
pretensiones de los actores debían negarse ya que: (i) E.S.C. y J.E.Y.B no
cumplen los requisitos de edad establecidos en el Decreto 3011 de 1997; (ii) no
se demostró el supuesto perjuicio irremediable con la negativa de los
institutos educativos de inscribirlos en los programas de educación para
adultos; (iii) ninguno de los casos se circunscribe en las excepciones
admitidas por la jurisprudencia constitucional para que menores de edad accedan
a educación para adultos; y (iv) es necesario que los niños estudien en la
jornada tradicional, ya que compartir el espacio educativo con adultos puede
ser peligroso para su integridad y formación personal.
56. Bajo el contexto descrito, para la Sala es
necesario reiterar que, conforme
a la jurisprudencia constitucional y a los instrumentos internacionales
analizados en esta sentencia en los fundamentos jurídicos 36 y 45, el derecho a
la educación acarrea la obligación correlativa del Estado de adoptar medidas
deliberadas y concretas orientadas a hacer la enseñanza accesible y disponible
tanto desde el punto de vista físico como económico. La accesibilidad en el
derecho a la educación de los niños se materializa al brindar a los estudiantes
de zonas rurales de los municipios el respectivo transporte escolar y con la
disponibilidad de centros educativos con los niveles académicos requeridos por
los estudiantes de la zona. De lo contrario, el Estado vulneraría los derechos
a la educación y a la igualdad de oportunidades.
Al respecto, el artículo 67 de la Superior establece que la
educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y la Observación
General No. 13 de Comité DESC, señala que es discriminatorio el no adoptar
"medidas deliberadas, concretas y orientadas" hacia la
implantación gradual de la enseñanza secundaria.
57. El alcance de
dichas disposiciones y especialmente del componente de accesibilidad material y
servicio de transporte educativo, fue precisado en los fundamentos jurídicos 39
a 45 de esta providencia. De tales consideraciones se desprende que tanto los departamentos como los municipios son
responsables de brindar, en condiciones efectivas, el transporte escolar en las
zonas rurales y proveer suficientes centros educativos con todos los niveles
requeridos por la población de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos
económicos.
Para hacer efectiva la
responsabilidad del Estado a través de sus entidades territoriales en materia
de accesibilidad y disponibilidad al servicio de educación, la Ley 715 de 2001,
en sus artículos 6°, 7° y 8° estableció a cargo de los departamentos y los
municipios, sean certificados o no, la obligación de supervisar y disponer de
recursos propios y de los que son entregados desde el Sistema General de
Participaciones para garantizar su cobertura y calidad, a través del servicio
de transporte escolar, entre otros.
58. Ahora bien, como fue expuesto
previamente en la presente decisión, en algunos casos la Corte Constitucional
ha utilizado la excepción de inconstitucionalidad para permitir que los menores
de edad con ciertas circunstancias particulares puedan acceder a los servicios
de educación para adultos. En este sentido, mediante el ejercicio del control
concentrado de constitucionalidad, la Sala podría inaplicar los requisitos
previstos por las normas que reglamentan la formación académica en educación
básica y media para los mayores de edad, los cuales pueden resultar inconstitucionales
en algunos casos concretos.
Sin embargo, la
Sala advierte que la posibilidad de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad del Decreto 3011 de 1997 en los asuntos acumulados no
resulta una solución adecuada para la situación de los menores de edad cuyos derechos
fundamentales se reclaman. En efecto, se debe tener presente que, como fue
establecido en las anteriores consideraciones de esta providencia, el ingreso
de menores a los programas especiales de educación para adultos debe ser
considerado como la última opción para garantizar el acceso a la educación de
los niños, niñas y adolescentes.
En razón de lo
anterior, esta Corporación constata que existen alternativas más adecuadas para
garantizar el derecho a la educación de los menores de edad representados en el
presente caso, las cuales atienden a los componentes de accesibilidad y
disponibilidad del derecho a la educación, así como las correlativas
obligaciones que se desprenden para las entidades territoriales encargadas de
garantizar los mismos.
59. De conformidad con
lo precedente, el Departamento de Santander es responsable en los municipios no
certificados en educación de: (i) dirigir, planificar;
y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media en
sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad;
(ii) administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los
recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones,
destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado; y
(iii) mantener la cobertura actual del servicio educativo y propender a su
ampliación.
A su turno, la administración
municipal de Hato es responsable de administrar y
distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le
asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de la educación en
su jurisdicción.
Por otra parte,
el Departamento del Huila tiene como competencias generales ante los municipios
certificados en educación: (i) velar por la calidad y cobertura de la
educación; (ii) diseñar y ejecutar los programas que se requieran para mejorar
la eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación; (iii) prestar
asistencia técnica a los municipios que la soliciten para mejorar la prestación
del servicio educativo; y (iv) evaluar el servicio educativo en los municipios[129].
Igualmente, el municipio de Pitalito al contar con
certificación en educación, debe, entre otras cosas: (i) mantener la cobertura
del servicio educativo en su jurisdicción y propender a su ampliación; y (ii)
financiar con recursos propios los servicios educativos a cargo del
Estado e invertir en infraestructura, calidad y dotación, sin generar
gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.
Una vez
precisadas las obligaciones aplicables a los casos, se pasa a resolver cada uno
de ellos.
(i) Luis
María Suárez Pita (en representación de su hija E.S.C.) contra la Gobernación
de Santander-Secretaría de Educación Departamental y el Instituto Técnico para
el Desarrollo Rural (expediente T-6.791.670)
E.S.C. no se
encuentra matriculada en ninguna institución educativa, por ausencia de centros
educativos en la zona rural municipal, acceso a servicio de transporte escolar
para acceder al centro educativo disponible y por la denegación del cupo en el
sistema para adultos.
60. La Sala constata que la hija
del accionante no cursa actualmente el grado 6° de bachillerato, situación que
se ha mantenido hace varios meses, en razón a que en la zona rural del
municipio no existen colegios que presten los niveles académicos de secundaria,
por lo cual debe afrontar una carga excesiva a diario para acceder a los
servicios educativos que presta el municipio. En este sentido, debe recorrer
cerca de una o dos[130]
horas a pie para acceder al transporte escolar que la lleva a la sede del ITAH
en el casco urbano de Hato, único centro educativo en el municipio que presta
los servicios de educación requeridos por la niña. Además, se encuentra probado
que la familia de la menor de edad no tiene los recursos suficientes para
sufragar otra clase de transporte hasta el área urbana del municipio.
Así las cosas,
la Sala, al verificar la posible vulneración del derecho fundamental a la
educación deberá definir si el Instituto IDEAR violó el derecho a la educación
de E.S.C., al negarle un cupo en la institución educativa para adultos.
Existe un
contrato suscrito entre la Gobernación de Santander y la UT Diocesana para la
Educación Rural, a la cual pertenece el IDEAR, con el fin de brindar a nivel
municipal la educación para adultos regulada por el Decreto 3011 de 1997.
61. En lo referente a la
educación para adultos, la Sala observa que en efecto, la Gobernación de
Santander suscribió contrato de “Prestación de Servicios Educativos
No.00000708 de 3 de julio”[131] con la
UT Diocesana para la Educación Rural, de la cual hace parte el IDEAR, con el
fin de brindar el servicio de educación para adultos en el Departamento.
Específicamente en el municipio de Hato, el IDEAR funciona a tres horas del
lugar de residencia de la menor de edad, esto es en la vereda Vega de San Juan,
en los salones comunales prestados por la comunidad, ubicado a 200 metros de la
sede principal del ITAH.
Además, es claro
para la Sala que el Decreto 3011 de 1997, compilado en el Decreto 1075
de 2015, establece los requisitos legales que se
deben tener en cuenta para aceptar el ingreso de un menor de edad en los
programas de educación para adultos, y en el presente caso, es la norma que
rige al IDEAR.
Dichos
requisitos son: (i) tener trece años o más, no haber ingresado a ningún grado
del ciclo de educación básica primaria o que hayan cursado como máximo los tres
primeros grados; o (ii) tener quince años o más, que hayan finalizado el ciclo
de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio
público educativo formal dos (2) años o más; y para quienes deseen ingresar a
la educación media académica. Por su parte, a los adultos se les exige tener el
certificado de estudios del bachillerato básico, contar con 18 años o más y acreditar
la terminación del noveno grado de la educación básica.
62. Bajo el contexto fáctico y
normativo descrito previamente, la Sala concluye que el Instituto IDEAR no
vulneró los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de E.S.C. al
negarle cupo estudiantil en el programa de educación para adultos, toda vez que
la menor de edad no cumple los requisitos de ingreso establecidos en el
artículo 16 del Decreto 3011 de 1997[132].
Al respecto, se
debe tener en cuenta que tal y como lo señaló la institución educativa en sus
intervenciones y de acuerdo con los pronunciamientos de esta Corporación, los
programas de educación para adultos no son los adecuados para niños, niñas y
adolescentes, especialmente para E.S.C., toda vez que: (i) los contenidos educativos
no se desarrollan con la misma rigurosidad que en el método tradicional, ya que
un año académico, se abarca en su totalidad en un semestre; (ii) puede llegar a
incentivar el ingreso de la menor de edad al mundo laboral; y (iii) es
necesario que los niños se desarrollen con otros de su edad, para que el
proceso de formación personal se lleve a cabo adecuadamente.
Además, el caso
objeto de estudio no se encuentra inmerso en ninguna de las circunstancias que
se configuran como una excepción que permita a E.S.C. ingresar al programa para
adultos SAT, de acuerdo con los casos analizados en los fundamentos jurídicos
51 y 52 de la presente decisión.
63. No obstante, la Sala considera que la Gobernación de Santander y
el Municipio de Hato vulneraron los derechos de E.S.C. a la educación y a la
igualdad, de acuerdo con lo dispuesto por el Legislador en los artículos 8° y
6°, numerales, 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.5 de la Ley 715 de 2001, ya que de la falta
de disponibilidad de centros educativos en el área rural municipal se deriva el
problema de accesibilidad al servicio educativo. En efecto, debido a la
necesidad de trasladarse hasta la zona urbana de Hato, E.S.C. debe recorrer una distancia excesiva y peligrosa para tomar el servicio de transporte
escolar, con el fin de cursar sus estudios de bachillerato en el ITAH.
64. De las pruebas recaudadas en
el proceso, la Sala encuentra que, en efecto, el municipio de Hato, Santander,
no está certificado en educación y únicamente cuenta con un centro educativo
oficial, el Instituto Técnico Agropecuario de Hato -ITAH-, en cuya sede
principal, brinda los servicios educativos de bachillerato, y se ubica en el
casco urbano del municipio a casi 20 kilómetros hasta la residencia del
accionante[133]. Las demás sedes del
instituto educativo se sitúan en la zona rural, pero únicamente cuentan con los
niveles académicos de básica primaria[134].
65. En cuanto al servicio de
transporte escolar municipal del que ha hecho uso la hija del accionante, esta
Corporación encuentra probado que “se brinda por parte de la administración
municipal con recursos propios para estudiantes que cursan bachillerato y deben
desplazarse desde las diferentes veredas al casco urbano y es gratuito”[135].
Sin embargo, dicho
servicio se presta en condiciones inadecuadas para  E.S.C y sus hermanos en
edad de atender el colegio, toda vez que el punto de paso de la ruta que los transporta
al ITAH se ubica cerca de “una o dos horas” a pie de su residencia, lo
que obliga a la niña a transitar por senderos o caminos geográficamente peligrosos
a altas horas de la madrugada y pone en riesgo su integridad física y mental.
Con fundamento en lo anterior, es notorio el desconocimiento del componente de
accesibilidad a la educación, que conmina al ente territorial encargado de la
prestación del servicio a eliminar toda barrera física, económica y geográfica
que impida a todos los niños, niñas y adolescentes educarse.
En este punto,
la Gobernación de Santander en atención a sus deberes y competencias
establecidos en la legislación vigente, a través de convenios
interadministrativos brinda subsidios  a los municipios no certificados para el
transporte de estudiantes matriculados en las instituciones educativas
oficiales, con los cuales la entidad territorial debe contratar el servicio de
transporte y ejecutar los recursos que para dicho fin le sean entregados. Es
así como la labor del Departamento es transferir del Sistema General de
Participaciones los dineros que se destinen para el transporte escolar
municipal y supervisar que sean asignados a la población escolar atendida por
el ente territorial.
Según la
Gobernación de Santander, el municipio de Hato fue notificado para allegar la
documentación necesaria y firmar el convenio interadministrativo, pero no lo
hizo y para la vigencia del 2018 “no hay convenio vigente con el municipio”[136]
De esta forma,
los estudiantes que deberían ser beneficiados con los subsidios en transporte
girados al municipio, entre los que se encuentra E.S.C., si se suscribe el
convenio interadministrativo, son aquellos: (i) matriculados al SIMAT; (ii)
reconocidos como víctimas del conflicto armado y de la violencia interna; (iii)
con necesidades especiales o en situación de discapacidad; (iv) que se
encuentren a una distancia igual o superior de 40 minutos a la institución educativa
a la que asisten; (v) que no tengan en su vereda centros educativos que brinden
el nivel académico requerido; y (vi) habitantes en la zona rural del municipio[137].
66. El hecho de que las
autoridades municipales omitieran allegar la información requerida por la
Gobernación supone un riesgo para el transporte escolar que actualmente
funciona en Hato, pues podría darse la situación de que por falta de recursos
se suspenda su prestación. Lo anterior, implicaría una inminente vulneración al
derecho a la educación de todos los niños y adolescentes habitantes de las
zonas rurales del ente territorial, en su componente de accesibilidad, a menos
de que el municipio haya contemplado otras formas de garantizar el servicio, lo
cual no fue manifestado en el despliegue probatorio en el proceso.
En estas
circunstancias, es evidente que el transporte es esencial para que E.S.C. pueda
gozar del derecho a la educación, en razón a que el esfuerzo que ella y su
familia debe hacer para llegar al colegio resulta desproporcionado, lo cual se
vuelve una barrera de acceso a la educación que debe ser eliminada por los
entes territoriales encargados.
En el presente
caso es claro que para la niña es determinante contar con transporte para
llegar al colegio en la zona urbana municipal y continuar su proceso de
formación académica, por lo cual, se ordenará a la Gobernación de Santander y
al municipio de Hato garantizar su cupo académico en el ITAH y el servicio de
transporte escolar más adecuado, acorde con la distancia y las condiciones
geográficas de la zona de residencia de la niña.
A los hermanos
menores de edad de E.S.C. se les debe proteger su derecho fundamental a la
educación, por la inexistencia de centros
educativos en la zona rural municipal y la falta de acceso a servicio de
transporte escolar para acceder al único centro educativo disponible con
estudios de secundaria: el ITAH.
67. La Sala no puede pasar por
alto que, aunque no es parte de lo inicialmente  pretendido dentro del amparo
constitucional interpuesto, durante el despliegue probatorio se verificó que
E.S.C. tiene hermanos menores de edad que no se encuentran matriculados en
ninguna institución educativa, a pesar de que la educación es un servicio
obligatorio y un derecho fundamental. En este sentido, la jurisprudencia ha
determinado que los jueces de tutela tienen facultades ultra y extra petita de
las cuales pueden hacer uso cuando verifiquen la necesidad de proteger un
derecho fundamental vulnerado.
Facultad del juez
de tutela para fallar extra y ultra petita
68. La Sala Plena de esta
Corporación ha justificado el uso de las facultades extra y ultra petita
del juez constitucional en su función de control concreto en el deber que le
fue impuesto en el artículo 241 Superior de preservar la integridad de la
Constitución Política y el alcance del artículo 86 de la misma Carta. De
esta forma, en procura de la protección de las garantías fundamentales de la
persona que acude a la acción de tutela, la Sala puede realizar un estudio del
caso que no solamente se circunscriba a las pretensiones esbozadas en la
demanda, sino que, además, contemple todas aquellas posibilidades a que tenga
derecho legalmente y que aseguren el cuidado de las prerrogativas del
peticionario. Sobre el particular, en el Auto No. 360 de 2006[138],
esta Corte indicó que el juez de tutela tiene permitido examinar los hechos de
la demanda y determinar cuáles son los derechos fundamentales amenazados y/o
vulnerados, sin que deba circunscribirse únicamente a los hechos de la demanda[139].
Por lo anterior, el juez constitucional en
cumplimiento de las tareas encomendadas, tiene el deber de desplegar un rol
activo al momento de estudiar las cuestiones que le son encomendadas, con la
intención de asegurar el mantenimiento y protección de los derechos
fundamentales en peligro.
De
esta manera, la jurisprudencia ha reiterado la posibilidad que tienen los
jueces de tutela de fallar un asunto de manera diferente a lo pedido. Por
ejemplo, en la Sentencia SU-195 de 2012[140] la Sala
Plena indicó que el juez de tutela puede al momento de resolver el caso
concreto conceder el amparo incluso “a partir de situaciones o derechos no
alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo y además quien
determina los derechos fundamentales violados”.
Lo anterior permite concluir que el juez de tutela tiene la
facultad de emitir fallos extra y ultra petita,
cuando de la situación fáctica de la demanda puede evidenciar la vulneración de
un derecho fundamental, aun cuando su protección no haya sido solicitada por el
peticionario, tal como ocurre con los hermanos menores de edad de E.S.C.
69. La Sala considera que este
caso se ajusta a las situaciones descritas en las cuales le está permitido al
juez de tutela pronunciarse sobre cuestiones que no fueron solicitadas, como la
posible vulneración del derecho a la educación de los hermanos de E.S.C. que se
encuentran en edad escolar y no están matriculados en ninguna institución
educativa.
Como se
advirtió, durante el despliegue probatorio el accionante refrió que E.S.C.
tiene cuatro hermanos de entre 10, 15 y 17 años, quienes con excepción de su
hermana menor, quien se encuentra matriculada en grado 2° en el ITAH más
cercano a su residencia cursaron únicamente hasta el final de la primaria. Así
mismo, expresó que el motivo de que los niños hubieran concluido sus estudios
al finalizar la primaria es la ausencia de centros educativos de mayor nivel en
la zona rural cercana a su lugar de residencia y la dificultad de acceder al
sistema de transporte escolar del municipio, debido a las condiciones geográficas
y distancia que se encuentran del punto en el que el transporte recoge y deja a
los estudiantes. Por ello, los niños actualmente se dedican a ayudar en las
labores del hogar. Por su parte, los hermanos mayores de edad de la niña
laboran en el campo para obtener el sustento de la familia junto a su padre.
La anterior
circunstancia pone en evidencia, de una parte, que la garantía de accesibilidad
a la educación mediante transporte, como en el caso de E.S.C es inadecuada para
sus hermanos, y de otra, la insuficiente disponibilidad de centros educativos
en la zona rural del departamento.
70. De esta forma, la Sala
considera que la falta de transporte escolar próximo a la vivienda de E.S.C. y sus
hermanos menores de 18 años junto con la ausencia de centros educativos que
enseñen los niveles de básica secundaria cerca a la residencia de los niños,
genera una barrera para que alcancen el título de bachilleres y gocen de su
derecho a la educación. Al
respecto, es de mencionarse que la Alcaldía de Hato reconoció la existencia de
un sólo colegio oficial en el municipio con sede en el casco urbano que tiene
los niveles de secundaria, por lo que en la zona rural no existen centros
educativos que presten tal servicio.
71. Sumado a lo anterior y tal
como lo sostuvo el accionante, es claro que sus hijos y, eventualmente, los
menores de edad que viven en la zona rural del municipio, específicamente en la
vereda Vega de San Juan, sólo tienen dos opciones para cursar sus estudios de
bachillerato: (i) recorrer largas distancias desde sus lugares de residencia
hasta el punto de recogida del transporte escolar municipal; o (ii) solicitar
cupo en el IDEAR, pues es un instituto que funciona en distintas jornadas que
facilitan la culminación de estudios de bachillerato, lo cual facilita el
traslado hasta el casco urbano del Hato una sola vez a la semana, por oposición
a todos los días, más cuando el transporte recae sobre las familias.
Como se advirtió en
esta providencia, el derecho a la educación tiene un carácter fundamental y es
obligatorio para los niños como mínimo hasta culminar los estudios de
secundaria. En tal sentido, los departamentos y municipios tienen la obligación
de garantizar la accesibilidad y disponibilidad del servicio. En este caso, la
posibilidad de llevar a cabo estos estudios tanto para E.S.C como para sus
hermanos está condicionada a un esfuerzo desproporcionado, que efectivamente ha
hecho que todos desistan de estudiar, lo cual viola su derecho a la educación.
En consecuencia, se
verifica el incumplimiento tanto de la Gobernación de Santander, como del
municipio de Hato en cuanto a la garantía de los componentes de accesibilidad y
disponibilidad del derecho a la educación. Esto encuentra su causa en
insuficiente  inversión en infraestructura y cobertura de transporte en la zona
rural municipal, lo que trae como consecuencia en este caso la vulneración del
derecho a la educación de E.S.C y sus hermanos.
72. Por lo anterior, aun cuando
no se cuente con toda la información respecto a los hermanos de la niña, que se
encuentran en edad escolar y que no han culminado sus estudios de bachillerato,
estos son determinables y se les debe proteger también su derecho a la
educación, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento jurídico 33, respecto a
la obligatoriedad del servicio de educación secundaria para menores de 18 años.
En consecuencia, se ordenará a la Secretaría de Educación de Santander para que
provea plazas o cupos académicos para que los hermanos menores de edad de
E.S.C. y puedan ser matriculados en el Instituto ITAH y una vez se haga
efectiva su matrícula se les preste el servicio de transporte al centro
educativo de forma adecuada. De tal manera estos niños también deberán ser
transportados en conjunto con su hermana y matriculados en el colegio ITAH, lo
cual se incluirá en las órdenes a proferir.
73. Finalmente, esta Sala tiene en cuenta que la inexistencia de
suficientes centros educativos en el área rural del municipio de Hato, como se
dijo anteriormente, es violatoria del componente de disponibilidad del derecho
a la educación, razón por la cual ordenará a la Secretaría de Educación
de Santander que, de manera articulada con la Secretaría de Educación Municipal
de Hato: (i) realice un censo para determinar cuántos niños, niñas y
adolescentes de la zona rural terminaron su educación primaria y se encuentran
desescolarizados; y, a partir de los anteriores resultados, (ii) planee, diseñe
y ejecute las medidas necesarias para ampliar la cobertura de educación básica
y media en el área rural del municipio.
La
anterior decisión, se fundamenta en la faceta
prestacional del derecho a la educación, por cuanto la implementación de nuevos
centros educativos en la zona rural de Hato requiere de planeación y de un
desembolso importante de recursos por parte del ente territorial. Al respecto,
se aclara que esa realidad no puede hacer nulo el derecho a la educación de los
niños en las veredas municipales, cuando enfrentan desafíos y barreras en el
acceso al ITAH, único centro educativo con niveles de bachillerato y encontrarse
en el caso urbano.
74. En este sentido, cabe
destacar que la situación fáctica y las prueba recaudadas en sede de revisión
permiten advertir que en el municipio de Hato existe una falla estructural en
la cobertura de la educación básica y media en el bachillerato, por cuanto
existe un solo plantel educativo que presta el servicio en los grados sexto a
undécimo y se ubica en el casco urbano de la localidad.
Por consiguiente, la Sala dispondrá que tanto la
Secretaría de Educación de Santander como el municipio no certificado de Hato, realicen
los estudios previos necesarios para planear, diseñar y ejecutar una política
pública que garantice la ampliación de la cobertura de educación básica y media
en el bachillerato para los niños, niñas y adolescentes que habitan las zonas
rurales de dicho municipio.
Así mismo, para garantizar el cumplimiento de estas
medidas, la Sala ordenará que las entidades involucradas rindan un informe
en relación con las gestiones que han realizado para acatar lo dispuesto en la
presente providencia. Dicho informe deberá ser presentado ante el Juzgado
Promiscuo Municipal de Hato, encargado de verificar la materialización de las
órdenes previstas por la Corte Constitucional en este fallo, en el término
máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente decisión.
De igual modo, se exhortará a la Secretaría de
Educación de Santander y a la Secretaría de Educación Municipal de Hato para
que amplíen la disponibilidad de educación secundaria en el municipio de Hato,
con el fin de que más instituciones presten el servicio educativo de
bachillerato en las zonas rurales del ente territorial.
(ii) María Yaneth Bravo Papamija (en representación de su hijo J.E.Y.B)
contra el Colegio Nuevo Milenio de Pitalito y la Secretaría de Educación
Municipal de Pitalito. (Expediente T-6.806.132)
J.E.Y.B actualmente se encuentra matriculado en la jornada
sabatina del Colegio Nuevo Milenio por razones de salud.
75. Durante el despliegue
probatorio en sede de revisión, la Sala pudo constatar que, en principio, la
directora del Colegio Nuevo Milenio de Pitalito, Huila, se negó a garantizar el
cupo de estudio para J.E.Y.B, de 15 años de edad, sin tener en cuenta que su
residencia se ubica a más de una hora de distancia en moto del colegio donde
actualmente estudia el niño, esto es, el Colegio Palmar del Criollo y que su
madre no tiene los recursos económicos suficientes para sufragar el transporte
diario. Además, que la señora tiene a su cargo a la hermana menor de J.E.Y.B.,
quien tiene 8 años de edad, y por esa razón requiere cuidado permanente,
circunstancia que también dificulta que el niño sea trasladado a diario hasta
el colegio municipal en el cual se encontraba matriculado.
Sumado a lo
anterior, la tutelante manifestó que el cambio de jornada educativa también se
justifica por la situación de salud del menor de edad, quien padece de
gastritis crónica, debido a la larga jornada estudiantil que empezaba a las
3:00 am, hora en la que el niño se alistaba para salir de su residencia y alcanzar
a llegar al inicio de clases. Además, afirmó que la falta de suministro de
almuerzo por parte del colegio oficial en el que estudiaba el niño agravó su
condición médica.
76. Con fundamento en las
manifestaciones hechas por la accionante en llamada del 19 de septiembre de
2018, la Sala verificó que actualmente J.E.Y.B. asiste al programa de educación
para adultos en jornada sabatina en el Colegio Nuevo Milenio, ya que fue
aceptado por su situación de salud. Así, la madre del niño afirmó que ese
cambio lo ha beneficiado en el tratamiento de la gastritis crónica que padece,
toda vez que puede comer a horas adecuadas y su traslado no le exige un mayor
gasto económico.
Al respecto, la
Sala debe manifestar que no cuenta con mayor información acerca del ingreso del
menor de edad a la educación para adultos ofrecida por el colegio en mención,
ni de las razones por las cuales el centro educativo flexibilizó los requisitos
establecidos en el Decreto 3011 de 1997 diferente a lo manifestado por la
tutelante. Esta circunstancia, se debe a la dificultad para establecer contacto
alguno con el Colegio Nuevo Milenio y la imposibilidad de que se entregaran los
autos de pruebas del 9 de agosto y 3 de septiembre de 2018 al Colegio Palmar
del Criollo[141], ya que se encuentra ubicado
en una zona veredal que el servicio de correo no cubre.
77. Con todo, se advierte que en
el presente caso no se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto
por hecho superado por la sola circunstancia de que se haya obtenido aquello
que pretendía la madre de J.E.Y.B. En tal sentido, es necesario distinguir
entre aquella medida que la progenitora consideró como la alternativa que podía
resolver, de forma provisional e inmediata, la situación de afectación de
derechos de su hijo y la posible vulneración de los derechos fundamentales del
menor de edad ocasionada por las acciones u omisiones de las entidades
accionadas.
En otras palabras, en virtud del interés superior de los niños,
niñas y adolescentes, no basta con que la solución que en un primer momento
propuso la señora María Yaneth Bravo Papamija haya sido, por el momento,
acogida por el Colegio Nuevo Milenio. De este modo, dicha solicitud no agota el
ámbito de los derechos fundamentales que pudieron haber sido vulnerados o
amenazados por las entidades territoriales accionadas, en razón de las
obligaciones que les asisten, derivadas de las garantías de accesibilidad y
disponibilidad propias del derecho a la educación.
78. Como primer asunto a
dilucidar, la Sala estima en el presente asunto que el Colegio Nuevo Milenio no
vulneró los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de J.E.Y.B
cuando negó su ingreso al programa de educación para adultos en jornada
sabatina, toda vez que el niño no cumple los requisitos establecidos en el artículo
16 del Decreto 3011 de 1997, pues si bien tiene la edad requerida no se
demostró que estuviera fuera del sistema escolar por dos años. Esta
determinación comparte los razonamientos esgrimidos en los fundamentos
jurídicos 59 y 60 de esta providencia.
Sin embargo, la
accionante refirió que su hijo actualmente cursa sus estudios académicos en la
institución educativa demandada, pues fue aceptado por la gastritis crónica que
padece. Al respecto, afirmó que tanto ella como J.E.Y.B. se encuentran satisfechos
con esta nueva jornada escolar por cuanto le permite comer a horas adecuadas
durante la semana y controlar así los síntomas propios de su condición médica.
Además, la
señora Bravo manifestó que al reducirse la necesidad de trasladar al niño únicamente
una vez por semana hasta el casco urbano del municipio, puede hacer uso de la
motocicleta, sin incurrir en mayores gastos, para que de allí tome el
transporte público que lo acerca a la institución educativa.
79. Al margen de lo anterior,
para la Sala la entidad territorial sí incurre en responsabilidad sobre la
violación del derecho a la educación del niño, en los términos explicados en
esta decisión, al no garantizar el transporte del niño a la institución
educativa tradicional. Al analizar las circunstancias descritas, la legislación
y la jurisprudencia constitucional referida, considera la Sala que se debe
privilegiar el interés superior del niño, lo que supone ponderar su situación
de salud con su derecho fundamental a la educación en jornada tradicional.
El municipio
de Pitalito (Huila) no tiene contratado el servicio de transporte escolar en la
zona rural por falta de recursos
80. De las pruebas recaudadas en
el proceso, la Sala encuentra probado que, en efecto, el municipio de Pitalito,
Huila, está certificado en educación de acuerdo con la Resolución 9102 de 2009[142]
proferida por el Departamento, razón por la cual tiene a su cargo el servicio
de transporte escolar en su jurisdicción, de acuerdo a las competencias
establecidas en el artículo 7 de la Ley 715 de 2001.
En cuanto al
servicio de transporte escolar municipal, esta Corporación constató que la
Secretaría de Educación alega no poder contratarlo para la totalidad de
estudiantes en el área rural, sino únicamente para los niños en situación de
discapacidad estudiantes del Instituto Winnipeg, por no tener suficientes
recursos  ya que “para el caso del municipio de Pitalito, implementar esta
estrategia tiene un costo estimado de $1.700.000.000 para atender 3.000
escolares durante el año escolar, recursos con los que no cuenta el
municipio...”[143] sumado
a que “el Departamento del Huila excluyo al municipio del proyecto
presentado ante la OCAD del Macizo, argumentando que Pitalito es una entidad
certificada en educación, lo que disminuyó aún más los recursos”[144].
Por su parte, en
cuanto a la asignación de recursos para el servicio de transporte escolar, la
Gobernación de Huila sostuvo que para la vigencia de 2018 y 2019 presentó un
proyecto de inversión al OCAD que fue aprobado el 24 de marzo de 2018[145],
por medio del cual se otorgan subsidios a los municipios no certificados del
departamento.
Al revisar el
contenido de dicho proyecto, su acta de aprobación y sus estudios técnicos, la
Sala se percató de que efectivamente el municipio de Pitalito no será cofinanciado
en lo referente al servicio de transporte escolar.
81. Además, en el presente caso,
la Sala encuentra que no existe una única solución al problema jurídico
planteado, pues el cambio de jornada académica, aparentemente, le ha permitido
a J.E.Y.B mejorar su dolencia y continuar con sus estudios. Además, el hecho de
que estudie únicamente los sábados, ha eximido a la madre del menor de edad de
soportar la carga desproporcionada de sufragar a diario los gastos
correspondientes al desplazamiento desde el hogar del niño hasta el Colegio
Palmar del Criollo, institución donde estudió previamente.
En virtud de lo
anterior, se determina que el municipio de Pitalito al ser una entidad territorial certificada en educación, es el
responsable directo de garantizar la disponibilidad y la accesibilidad al
servicio de educación y por lo tanto, debe garantizar el transporte escolar en
las zonas rurales de su jurisdicción, de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 7° de la Ley 715 de 2001, numerales 7.1[146] y 7.6[147]. No obstante,
el ente territorial ha desconocido esta obligación, dado que tal y como su
representante lo manifestó en contestación a los requerimientos probatorios de
esta Corporación, el municipio no ha celebrado contrato para prestar el
servicio de transporte escolar en área rural y únicamente tiene previsto
brindarlo a los estudiantes de la Institución Educativa Winnipeg.
Sin embargo, es de evaluarse
que dicha circunstancia se vio agravada por la exclusión hecha por la
Gobernación del Huila a la cofinanciación del servicio de transporte escolar en
el municipio.
Por ende, es
claro que en el presente caso la obligación de accesibilidad al servicio de
educación fue desconocida tanto por el municipio de Pitalito, al ser el
principal responsable de su prestación como por el departamento del Huila, en
su rol de garante del servicio educativo en su jurisdicción y principal
asistente financiero y administrativo del municipio, en detrimento de los
derechos fundamentales a la educación y la igualdad del menor de edad J.E.Y.B.
82. De esta forma,
concluye la Sala que debido a la falta de información sobre las razones por las
cuales se aceptó al menor de edad en el Colegio Nuevo Milenio y bajo qué
condiciones, pero al haber sido manifestado por la accionante que su
inscripción al programa de educación para adultos ha mejorado su situación en
salud, no se puede dictar una solución específica que vaya en detrimento de la
salud del niño, por lo que considera apropiado que el municipio de Pitalito,
concerte con la accionante la posibilidad de, en primer lugar, otorgar cupo
nuevamente en la jornada académica tradicional en el Colegio Palmar del Criollo
y brindarle un servicio de transporte escolar que le permita desayunar y comer
a horas para el tratamiento de su gastritis crónica y con el cual se aminoren
los gastos de la accionante por el traslado del niño hasta el colegio.
De
no ser posible o considerarse inviable, se deberá mantener la continuidad del
servicio educativo para J.E.Y.B. en la jornada sabatina a la cual se encuentra inscrito,
por parte de la Secretaría de Educación de Pitalito.
Conclusiones
y órdenes a proferir
83. El derecho
fundamental a la educación de los menores de edad cobra especial relevancia en
atención al principio del interés superior del niño. Es así como, el Estado
tiene la obligación de determinar las medidas pertinentes para la prestación
del servicio educativo, las cuales, deben atender al interés de niños, niñas y
adolescentes sobre otras consideraciones y derechos, para que reciban un trato
preferente, de forma que se garantice su desarrollo integral y armónico como
miembro de la sociedad, no sólo como sujetos de especial protección constitucional sino como
plenos sujetos de derecho.
De acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, la protección del derecho a la educación
implica que los niños, niñas y adolescentes estudien en el modelo formal que se
ha establecido, acorde a sus necesidades académicas y más específicamente a su
edad, por lo cual es obligación del Estado proveer educación secundaria de forma
obligatoria hasta la mayoría de edad. En casos excepcionalísimos se ha
permitido el ingreso de menores de edad a programas de educación para adultos,
debido a los posibles riesgos de deserción escolar y problemas en su formación
integral.
En cuanto al derecho a la educación, esta Corporación determinó que tiene cuatro componentes esenciales:
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. El primero de
ellos, implica principalmente la obligación para el Estado de “crear, construir y financiar
suficientes instituciones educativas para todos aquellos que demandan su
ingreso al sistema educativo y abstenerse de impedir a los particulares fundar
instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del
servicio”[148].
Por su parte,  el componente de accesibilidad
protege el derecho fundamental de ingresar al sistema educativo en condiciones
de igualdad o, en otras palabras, la eliminación de toda forma de
discriminación que pueda obstaculizar el acceso al mismo. En concreto, se ha
considerado que esas condiciones de igualdad comprenden: (i) la imposibilidad
de restringir el acceso por motivos prohibidos, de manera que todos tengan
cabida, en especial quienes hacen parte de los grupos más vulnerables; (ii) la
accesibilidad  material o geográfica, a través de la implementación de instituciones
de acceso razonable; y (iii) la accesibilidad económica, que involucra la
gratuidad de la educación primaria y la implementación gradual de la enseñanza
secundaria y superior gratuita.
De acuerdo con la Ley 715 de
2001 la garantía del derecho a la educación en condiciones las condiciones
planteadas, pero específicamente de forma disponible y accesible está a cargo de los departamentos en los municipios no certificados, los cuales
deben mantener la cobertura actual, propender por su ampliación y brindar la
asistencia técnica educativa, financiera y administrativa que requieran los
municipios[149]. En contraposición, los
municipios certificados en educación deben financiar con sus propios recursos
los servicios educativos dentro de su jurisdicción e invertir en infraestructura,
calidad y dotación, para garantizar a todos los habitantes su acceso.
84. Con fundamento en
las consideraciones expuestas hasta este punto en el caso de E.S.C. (expediente
T-6-791.670) se revocará la sentencia proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Hato Santander, proferida el 12 de marzo de 2018, que
negó el amparo invocado y, en su lugar, se concederá la protección a los
derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de la hija del
accionante, por lo que se ordenará a la Secretaría de Educación de Santander,
en el término máximo de dos (2) semanas siguientes a la notificación de la
presente sentencia garantice un cupo académico a E.S.C. en el Instituto Técnico
Agropecuario de Hato –ITAH– o el centro educativo más cercano a su residencia
le permita culminar sus estudios de bachillerato, asegurándole  un servicio
de transporte apto[150]
desde su residencia hasta el punto de recogida de la ruta escolar municipal e,
igualmente, hasta el referido centro educativo.
Igualmente, se reitera que el derecho a la educación tiene el
carácter de fundamental e implica para el Estado la obligación de proveerlo
hasta alcanzar la mayoría de edad en el nivel de secundaria académica. En el
caso analizado, pareciera que la falta de centros educativos cercanos a la
residencia de los hermanos menores de edad de E.S.C. ha impedido que culminen
los niveles de escolaridad que les restan.
En consecuencia, la Sala ordenará a la Secretaría de Educación de
Santander para que en el
término máximo de dos (2) semanas siguientes a la notificación de la presente
sentencia garantice un cupo académico a cada uno de los hermanos menores de
edad de E.S.C. en el Instituto Técnico Agropecuario de Hato –ITAH– o el centro
educativo más cercano a su residencia que les permita culminar sus estudios de
bachillerato, asegurándoles  un servicio de transporte apto desde
su residencia hasta el punto de recogida de la ruta escolar municipal e,
igualmente, hasta el referido centro educativo. En el caso de la hermana de
E.S.C. que cursa estudios de básica primaria, el cupo académico se garantizará
una vez culmine el grado quinto.
Adicionalmente, la Sala ordenará a la Secretaría de Educación de Santander que, de manera
articulada con la Secretaría de Educación Municipal de Hato: (i) realice un
censo para determinar cuántos niños, niñas y adolescentes de la zona rural
terminaron su educación primaria y se encuentran desescolarizados; y, a partir
de los anteriores resultados, (ii) planee, diseñe y ejecute las medidas
necesarias para ampliar la cobertura de educación básica y media en el área
rural del municipio.
También, la Corte estima necesario exhortar a la
Secretaría de Educación de Santander, para que amplíe la cobertura del sistema educativo en las zonas
rurales del municipio de Hato, en concordancia con el artículo 19 de la
Ley 115 de 1994, conforme al cual la educación secundaria es obligatoria, para
evitar que se prive a los menores de edad habitantes de las veredas más lejanas
del casco urbano municipal de estudiar los grados correspondientes al bachillerato.
85. Por otro lado, en
el caso de J.E.Y.B, se revocará la sentencia de segunda instancia que
negó el amparo invocado, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Pitalito, Huila, y, en su lugar, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Constitución Política y demás normas sobre accesibilidad al servicio de
educación, se ordenará a la Secretaría de Educación de Pitalito, como principal
responsable, que dentro de las dos (2) semanas siguientes a la notificación de
la presente sentencia lleve a cabo concertación con la progenitora del menor de
edad para determinar si en el presente caso, en atención a las condiciones de
salud del niño, este debe matricularse nuevamente en el Colegio Palmar del
Criollo para cursar sus estudios restantes y, de ser así, proveer el servicio
de transporte escolar; o en caso de que se determine la permanencia del niño en
el programa educativo para adultos en jornada sabatina en el Colegio Nuevo
Mileno, la Alcaldía Municipal de Pitalito deberá garantizar la continuidad del
servicio.
III. DECISIÓN
Con fundamento en
lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Hato, Santander, el 12 de marzo de 2018 dentro de la
acción de tutela promovida Luis María Suárez Pita, en representación de su hija
E.S.C., contra la Gobernación de Santander-Secretaría de Educación
Departamental y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural (expediente T-6.791.670).
En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la
educación de E.S.C.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Secretaría de
Educación de Santander que, en el término máximo de dos (2) semanas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, garantice un  cupo académico a E.S.C. en
el Instituto Técnico Agropecuario de Hato –ITAH– o el centro educativo más
cercano a su residencia que le permita culminar sus estudios de bachillerato, asegurándole
un servicio de transporte apto desde su residencia hasta el punto de recogida
de la ruta escolar municipal e, igualmente, hasta el referido centro educativo.
TERCERO.- ORDENAR a
la Secretaría de Educación de Santander (expediente T-6.791.670) que, en el término máximo de dos
(2) semanas siguientes a la notificación de la presente sentencia, garantice un
cupo académico a cada uno de los hermanos menores de edad de E.S.C. en el
Instituto Técnico Agropecuario de Hato –ITAH–, o el centro educativo más
cercano a su residencia que les permita culminar sus estudios de bachillerato, asegurándoles
un servicio de transporte apto desde su residencia hasta el punto de recogida
de la ruta escolar municipal e, igualmente, hasta el referido centro educativo.
En el caso de la
hermana de E.S.C. que cursa estudios de básica primaria, el cupo académico se
garantizará una vez culmine el grado quinto.
CUARTO.-
ORDENAR a la Secretaría de Educación de Santander que, de manera articulada con la Secretaría de Educación Municipal de
Hato (expediente T-6.791.670): (i) realice un censo para determinar cuántos
niños, niñas y adolescentes de la zona rural terminaron su educación primaria y
se encuentran desescolarizados; y, a partir de los anteriores resultados, (ii)
planee, diseñe y ejecute las medidas necesarias para ampliar la cobertura de
educación básica y media en el área rural del municipio, en los términos de la
parte motiva de la presente decisión.
Para garantizar el cumplimiento de la presente orden, se
dispondrá que las entidades involucradas rindan un informe en relación con las
gestiones que han realizado para acatar lo dispuesto en la presente providencia,
el cual deberá ser presentado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Hato en el
término máximo de un año, contado a partir de la notificación de esta decisión.
QUINTO.- EXHORTAR a la Secretaría de
Educación de Santander y a la Secretaría de Educación Municipal de Hato (expediente
T-6.791.670) para que amplíen la disponibilidad de educación secundaria
en el municipio de Hato, con el fin de que más instituciones presten el
servicio educativo de bachillerato en las zonas rurales del ente territorial.
SEXTO.- ORDENAR
al Juzgado Promiscuo Municipal de Hato (Santander) que realice el seguimiento y
la verificación del cumplimiento de las órdenes dictadas en el presente fallo,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO.- REVOCAR la Sentencia del 23 de
marzo de 2018 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito, Huila, que
confirmó el fallo del 12 de febrero de 2018 dictado por el Juzgado Tercero
Penal Municipal de Pitalito, Huila, dentro de la acción de tutela promovida por
María Yaneth Bravo Papamija, en representación de su hijo J.E.Y.B., contra el
Colegio Nuevo Milenio de Pitalito y la Secretaría de Educación Municipal de
Pitalito (expediente T-6.806.132). En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a
la igualdad y a la educación de J.E.Y.B.
OCTAVO.-
ORDENAR a la Secretaría de Educación de Pitalito (expediente
T-6.806.132) que
en el término máximo de dos (2) semanas siguientes a la notificación de la
presente sentencia, concerte con la señora María Yaneth Bravo Papamija, madre
del menor de edad J.E.Y.B. si, en atención a sus condiciones de salud el niño
debe matricularse nuevamente en el Colegio Palmar del Criollo para cursar sus
estudios restantes y, de ser así, provea el servicio de transporte escolar; o
en caso de que se determine la adecuada permanencia del niño en el programa
educativo para adultos en jornada sabatina en el Colegio Nuevo Milenio, se
deberá garantizar la continuidad del servicio.
NOVENO.-
Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Salvamento
parcial de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
A
LA SENTENCIA T-434/18
ACCESO A LA
EDUCACION DE MENORES-Se debió declarar la carencia actual de objeto por cuanto menor
fue aceptado en la institución educativa solicitada (Salvamento parcial de
voto)
ACCESO
EXCEPCIONAL DE MENORES A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA ADULTOS-A pesar de
advertir que no había lugar a aplicar la excepción de inconstitucionalidad del
Decreto 3011 de 1997, aceptó esta figura para que menor permaneciera en colegio
de educación para adultos (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expedientes T-6.791.670 y
T-6.806.132
Acción de tutela formulada por Luis María Suárez Pita, en representación de su hija E.S.C. contra
la Gobernación de Santander, Secretaría de Educación de Santander y el
Instituto Técnico para el Desarrollo Rural-IDEAR- (T-6.791.670); y María Yaneth
Bravo Papamija, en representación de su hijo J.E.Y.B., contra el Colegio Nuevo
Milenio de Pitalito, Huila, y la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito
(T-6.806.132).
Magistrada Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de esta Corporación, hago expresas las razones que me llevaron a
salvar parcialmente el voto en esta oportunidad, las cuales se centran en el
fallo proferido en el expediente T-6.806.132.
En sentencia T-434 de 2018, la Sala
Sexta de Revisión analizó la acción de tutela instaurada por la señora María
Yaneth Bravo Papamija, en representación de su hijo J.E.Y.B (expediente
T-6.806.132), quien solicitaba un cupo en el Colegio Nuevo Milenio de Pitalito, institución que presta el servicio de
educación para adultos una vez a la semana, específicamente, los días sábados
de cada mes, toda vez que: (i) viven a más de una hora de distancia en moto del Colegio Palmar del
Criollo, institución educativa tradicional; (ii) no cuenta con los recursos
económicos suficientes para sufragar el transporte diario para que el menor de
edad asista a dicha institución; y (iii) su hijo padece gastritis crónica.
Previa interposición de la acción de
tutela de la referencia, la accionante solicitó al Colegio Nuevo Milenio de Pitalito el
referido cupo estudiantil, pero el mismo le fue negado porque el menor no
cumplía con el requisito de edad establecido en el Decreto 3011 de 1997 (15
años) para ingresar a la jornada sabatina.
En sede de Revisión, la Sala constató que
el menor J.E.Y.B.,
fue aceptado en el Colegio Nuevo Milenio en la jornada sabatina dentro del
programa de educación para adultos, debido a su condición médica -gastritis
crónica-. No obstante, en la decisión de la que me aparto se aclaró que en este
caso no se configura el
fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado porque “la sola
circunstancia de que se haya obtenido aquello que pretendía la madre de
J.E.Y.B… no agota el ámbito de los derechos fundamentales que pudieron haber
sido vulnerados o amenazados por las entidades territoriales accionadas, en
razón de las obligaciones que les asisten, derivadas de las garantías de
accesibilidad y disponibilidad propias del derecho a la educación”[151].
En este sentido, abordó el estudio de
fondo y concluyó que en esta oportunidad: (i) no había lugar a aplicar la
excepción de inconstitucionalidad del Decreto 3011 de 1997, para que el menor de edad
ingresara al programa especial de educación para adultos, en la medida que
existían alternativas más adecuadas para garantizar su derecho a la educación;
(ii) el Colegio Nuevo Milenio no vulneró los derechos fundamentales a la
educación y a la igualdad de J.E.Y.B cuando negó su ingreso al programa de
educación para adultos en jornada sabatina, pues el niño no cumplía con los
requisitos establecidos en el artículo 16 del Decreto 3011 de 1997; y (iii) la
entidad territorial desconoció el derecho a la educación del niño al no
garantizarle el transporte a la institución educativa tradicional.
Pese a lo anterior, resolvió ordenarle a
la Secretaría de Educación de Pitalito concertar con la señora María Yaneth
Bravo Papamija, madre del menor de edad J.E.Y.B. “si, en atención a sus
condiciones de salud el niño debe matricularse nuevamente en el Colegio Palmar
del Criollo para cursar sus estudios restantes y, de ser así, provea el
servicio de transporte escolar; o en caso de que se determine la adecuada
permanencia del niño en el programa educativo para adultos en jornada sabatina
en el Colegio Nuevo Milenio, se deberá garantizar la continuidad del servicio”[152].
(Subrayado fuera
de texto original).
De acuerdo con lo expuesto, procedo a exponer las razones en que baso mi discrepancia de la decisión
mayoritaria, relacionadas con la carencia actual objeto por hecho superado y la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 3011 de 1997.
Carencia actual objeto por hecho superado
en el expediente T-6.806.132.
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86
Superior como el medio idóneo y eficaz para garantizar los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de un particular. En este orden, “la protección judicial se
concreta en una orden de inmediato cumplimiento que cumple el propósito
de evitar, hacer cesar o reparar la vulneración”[153]
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta
Corporación[154]
ha señalado que cuando la amenaza o la violación de los derechos
fundamentales del solicitante haya cesado porque:“(i) se materializó el
daño alegado; (ii) se satisfizo el derecho fundamental afectado; o (iii) se
presentó la inocuidad de las pretensiones de la solicitud de amparo”[155], la
acción de amparo pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial
y, en este sentido, no hay lugar a emitir orden alguna.
No
obstante lo anterior, también se ha advertido que la tarea del juez de tutela
no se limita a proteger los derechos fundamentales a través de la solución de
controversias, sino que supone el deber de garantizar la vigencia subjetiva y
objetiva de los derechos y, la supremacía, interpretación y eficacia de la
Constitución[156].
Bajo
este escenario, la Corte Constitucional desarrolló la teoría de la carencia
actual de objeto la cual puede configurarse cuando se está ante: (i) un hecho
superado; (ii) un daño consumado o; (iii) un hecho sobreviniente. Atendiendo el
objeto del salvamento parcial de voto, solo nos referiremos al primero de
ellos.
La carencia actual de objeto por hecho superado se
presenta cuando la pretensión contenida en la solicitud de amparo ha sido
satisfecha, esto es, “cuando
durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada (…)”[157].
En este punto, la Corte constitucional, en la sentencia SU-655 de 2017[158],
señaló que la conducta del juez de tutela depende del momento en que se genere
este fenómeno. A saber:
(i)
Si el hecho superado se presenta durante
el trámite de las instancias, entonces el juez declarará improcedente el amparo
y podrá pronunciarse alrededor de la violación de los derechos, dando
aplicación al artículo 24 del Decreto ley 2591 de 1991.
(ii)
Si el hecho superado se da durante el
trámite de revisión en la Corte Constitucional, entonces la Corporación, además
de declarar el hecho superado, tendrá el deber determinar el alcance de los
derechos fundamentales en concreto.
Conforme con lo expuesto, considero que en el caso del
niño J.E.Y.B (T-6.806.132) se debió declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, pues de acuerdo con las pruebas
recaudadas en sede de revisión se pudo constatar que la pretensión de la
accionante –un cupo para su hijo estudiara en el Colegio Nuevo Milenio de Pitalito, en
la jornada sabatina– fue
superada, toda vez que el menor de edad fue aceptado en dicha institución
educativa y en el horario requerido. Así, se indicó
en el cuerpo de la sentencia:
“La señora María Bravo
(…) manifestó que actualmente el menor de edad estudia en el Colegio Nuevo
Milenio en la jornada sabatina dentro del programa de educación para adultos,
dado que fue aceptado con fundamento en su condición médica, previa
acreditación de los comprobantes clínicos de la gastritis crónica padecida por
el niño[159].
Al respecto, la
accionante sostuvo que debido al cambio de jornada su hijo ha presentado
mejoría en su estado de salud y es más fácil llevarlo al colegio, por cuanto
usa la moto una vez a la semana para acercarlo al casco urbano y de allí toma
la camioneta que lo lleva al centro educativo, lo que no genera mayor gasto
para ella y su familia”[160]
A mi juicio, el argumento alusivo a que “la sola
circunstancia de que se haya obtenido aquello que pretendía la madre de J.E.Y.B no configura el fenómeno de la carencia actual de
objeto por hecho superado” porque “dicha
solicitud no agota el ámbito de los derechos fundamentales que pudieron haber
sido vulnerados o amenazados por las entidades territoriales accionadas”, desconoce
la jurisprudencia de esta Corporación.
Entonces, si se logró comprobar que el menor de edad
fue aceptado en la institución educativa solicitada en la jornada sabatina, tal
y como lo requería la accionante, lo que procedía era declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.
Ahora bien, en cuanto al fundamento dado en el caso sub
examine para justificar la no configuración de dicho fenómeno, encuentro
que se trata de un deber del juez de tutela, así exista una carencia actual de
objeto, pues conforme a la sentencia SU-655 de 2017 corresponde a la autoridad
judicial analizar si las actuaciones de las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales alegados, tal y como se hizo en esta oportunidad.
Aplicación de la excepción de
constitucionalidad del Decreto 3011 de 1997.
En el análisis de los casos concretos, la Sala
advirtió que “la posibilidad de aplicar la excepción de constitucionalidad
del Decreto 3011 de 1997 en los asuntos acumulados no resulta una solución
adecuada para la situación de los menores de edad cuyos derechos fundamentales
se reclaman”, toda vez que “existen alternativas más adecuadas para
garantizar el derecho a la educación de los menores de edad representados en el
presente caso, los cuales atienden a los componentes de accesibilidad y
disponibilidad del derecho a la educación, así como las correlativas
obligaciones que se desprenden para las entidades territoriales encargadas de
garantizar los mismos”.
Sin embargo, en el caso del menor de edad J.E.Y.B (T-6.806.132), decidió ordenarle a la Secretaría de
Educación de Pitalito que en el evento de determinarse “la adecuada
permanencia del niño en el programa educativo para adultos en jornada sabatina
en el Colegio Nuevo Milenio, se deberá garantizar la continuidad del
servicio”[161].
A mi juicio, la situación descrita se contradice
pues a pesar de advertir que no había lugar a aplicar la excepción de
inconstitucionalidad del Decreto 3011 de 1997, al momento de adoptar la
decisión hizo uso de esta herramienta, pues aceptó que el menor J.E.Y.B
estudiara en el programa para
adultos en jornada sabatina en el Colegio Nuevo Milenio, en caso de que se
determinara su adecuada permanencia en dicha institución, en razón a su estado
de salud –gastritis crónica–.
Así, pese a anotar que no había lugar a aplicar dicha excepción, la Sala
estimó que el estado de salud del menor de edad podía llegar a ser una
situación excepcionalísima y especial que permitiría su continuidad en el Colegio Nuevo Milenio, sin demostrar y/o
argumentar, cómo su condición médica impedía que el menor estudiara en el
programa tradicional.
La Corte Constitucional, a través de sus diferentes salas de revisión, ha sido
enfática en señalar que los menores de edad solo pueden acceder sistema
especial de educación para los adultos, cuando cumplan con los requisitos
establecidos en el Decreto 3011 de 1997 o se encuentren en circunstancias
excepcionalísimas y especiales que hagan viable esta opción.
En lo que respecta a esta última circunstancia, el
Alto Tribunal ha indicado que cuando los requisitos establecidos
en el Decreto 3011 de 1997 rompen con los preceptos de la Carta y los tratados
internacionales, en cuanto a la protección especial de los derechos de aquellos
niños que se encuentran en las mencionadas circunstancias excepcionalísimas, se
bebe permitir el acceso de los menores de edad al servicio de educación, sin
importar si es con personas adultas[162].
En
este sentido, cuando un menor de edad no pueda asistir a una institución de educación regular, porque se
encuentra en una situación que se lo impide, se debe aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y, en este sentido, permitir el acceso al servicio de
educación, sin importar si es con personas adultas, pues es preferible que “estos
niños estudien, aunque sea en un ciclo de formación de adultos, a que no lo
hagan”[163].
En el caso sub examine, si bien no fue posible constatar las circunstancias
bajo las cuales se desarrollaba la enfermedad que aqueja a J.E.Y.B, sí se logró
establecer que la afectación a la salud del menor de edad es debido a que “no
puede comer a horas”, toda vez que su jornada estudiantil comenzaba a las
3:00 am, hora en la que el niño se alista para salir de su residencia para
alcanzar a llegar a clases y, además, no contaba con el suministro de almuerzo
en el colegio, circunstancias que, a mi juicio, pueden ser abordadas y
solucionadas con la implementación de mecanismos que le permitan continuar con
su proceso educativo formal.
Por ejemplo, en sentencia T-592 de 2015, al estudiar
una acción de tutela en la que se solicitaba que se permitiera a una joven
cursar los grados octavo a once en la jornada sabatina, debido a que tenía un
bebé y no contaba con nadie para cuidar del recién nacido entre semana, la Sala
Sexta de Revisión decidió no acceder a la
petición elevada por la
accionante, relacionada con su ingreso al sistema de educación para adultos,
pues encontró que las entidades y autoridades accionadas y vinculadas no
vulneraron los derechos fundamentales a
la educación, toda vez que:
(i)  La institución educativa, atendiendo el proceso de gestación el cual
podía causar molestias en la salud de la accionante, le permitió ingresar a su
jornada habitual de clases un poco más tarde; medida que se mantuvo luego del
nacimiento de su hijo, “en tanto entendió que en las primeras horas de la
mañana, la accionante debía atender a su hijo.”
(ii)   El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–
puso en conocimiento de la accionante los diferentes planes o programas para
las madres adolescentes como ella y, los servicios que podían
beneficiar el desarrollo de su bebé, sin embargo, y a pesar que los mismos
le facilitarían continuar con sus estudios, los mismos fueron rechazados.
De acuerdo con lo anterior, la Corte estimó que los mecanismos
previamente mencionados e implementados de manera oportuna, buscaban que el
proceso de formación de la actora no se viera afectado de manera alguna, y en
este sentido, jamás pusieron en riesgo su derecho a la educación, por el
contrario, “recordaron que el modelo educativo al cual ella pretendía
acceder para adelantar y culminar sus estudios de secundaria, (…) no es el
adecuado en razón a las múltiples condiciones que deben cumplirse para acceder
al sistema educativo para adultos, sino que además queda evidenciado, que la
menor de edad cuenta contra opción educativa de la cual venía haciendo parte
hasta hace poco tiempo, y de la cual ella no puede suponerse excluida por el
hecho de ser madre”.
Así las cosas, considero que en el caso del menor de
edad J.E.Y.B, existían otras alternativas, como por ejemplo: (i) que el niño
entrara más tarde a la jornada estudiantil; (ii) que el menor llevara el
almuerzo de su casa o se implementara un programa de alimentación escolar; y
(iii) se suministrara el servicio de transporte, que permitían garantizar el
derecho a la educación, acorde con su edad, y su derecho a la salud, sin
necesidad de aceptar que este continuara en el sistema de educación para
adultos.
Por lo anterior, disiento de la decisión adoptada en el
expediente T-6.806.132.
Ahora bien, expuestas las principales razones por las
que me aparté parcialmente de la decisión adoptada en la Sentencia T-434
de 2018, pasaré a explicar otros motivos que considero debieron ser apreciados
en el expediente T-6.791.670.
La Sala Sexta de Revisión estudió el caso de
una niña de 13 años de edad que vive a tres (3) horas del casco urbano del
Municipio de Hato, Santander, zona donde está ubicado el Instituto Técnico Agropecuario de Hato, único centro educativo que presta los
demás niveles de educación superior a la primaria en dicho ente territorial y,
que para poder llegar al punto de acceso a la ruta escolar, debe transitar
entre una o dos horas por un camino boscoso, pues no existe otro medio de
transporte que pueda ser usado.
En este asunto, se solicitaba un cupo
estudiantil en el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural-IDEAR-, el cual,
si bien queda a una misma distancia del colegio antes referido, la asistencia
no es de todos los días y el horario permitía que la menor de edad no tuviera
que recorrer un territorio montañoso en horas de la madrugada
para poder llegar al paradero donde pasa la ruta escolar.
Como
ya se indicó en el caso anterior, la Sala consideró que no había lugar a
aplicar “la excepción de inconstitucionalidad
del Decreto 3011 de 1997 en los asuntos acumulados”, toda vez que “existen alternativas más
adecuadas para garantizar el derecho a la educación (…)”. En este sentido,
ordenó a la Secretaría de Educación de Santander, garantizar un cupo académico a
E.S.C. en el Instituto Técnico Agropecuario de Hato –ITAH– o el centro
educativo más cercano a su residencia le permita culminar sus estudios de
bachillerato, asegurándole un servicio de transporte apto desde su residencia
hasta el punto de recogida de la ruta escolar municipal e, igualmente, hasta el
referido centro educativo.
En esta oportunidad, si bien me
encuentro de acuerdo con la decisión adoptada considero que la Sala debió
advertir que en caso de que se presenten nuevos hechos o circunstancias que
obstaculicen la materialización de la orden dada, esto es, el suministro de un
transporte que garantice de manera efectiva, adecuada y
segura el traslado de los menores de edad, el accionante podrá, nuevamente, hacer uso
de la acción de tutela, sin que ello constituya una acción temeraria.
Lo anterior, atendiendo las
circunstancias geográficas de la zona que deben recorrer la menor de
edad E.S.C. y
sus hermanos, la cual, según informó la Alcaldía Municipal
de Hato Santander, es un terreno montañoso que dificulta el acceso al casco
urbano del municipio, situación que a mi juicio, puede presentar alteraciones
que dificulten la provisión de un transporte apto para traslado de los menores de edad desde
su lugar de residencia hasta el punto en que son recogidos por la ruta escolar.
En
este sentido dejo expuestas las razones que me llevaron a apartarme de la
decisión prohijada en la sentencia T-434 de 2018, con el respeto que merecen las decisiones mayoritarias
de la Sala.
Fecha ut supra,
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] Con la finalidad de proteger el derecho fundamental a la intimidad
de los menores de edad involucrados en el proceso, la Sala utilizará las
iniciales de sus nombres en la versión pública de esta providencia, debido a
que el presente proceso contiene datos personalísimos de su salud y vida
privada, que resultan especialmente sensibles.
[2] El expediente de la referencia fue
seleccionado y repartido a la Magistrada Sustanciadora por la Sala de Selección
Número Seis de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Carlos
Bernal Pulido y José Fernando Reyes Cuarta, de acuerdo con el criterio
orientador del proceso de selección de carácter subjetivo “urgencia de
proteger un derecho fundamental”. Cuaderno Dos, Folios 3 a 10.
[3] El expediente de la referencia fue
seleccionado y repartido a la Magistrada Sustanciadora por la Sala de Selección
Número Seis de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Carlos
Bernal Pulido y José Fernando Reyes Cuarta, de acuerdo con el criterio
orientador del proceso de selección de carácter subjetivo “urgencia de
proteger un derecho fundamental”. Cuaderno Tres, Folios 3 a 10.
[4] Cuaderno Uno, Folio 1.
[5] Cuaderno Uno, Folio 1.
[6] Cuaderno Uno, Folio 24.
[7] Esta autoridad judicial avocó
conocimiento de la acción de tutela el 28 de febrero de 2018. Cuaderno Uno,
Folio 16.
[8] Cuaderno Uno, Folio 28.
[9] Cuaderno Uno, Folio 28. Al momento de proferir la presente
sentencia, la niña cuenta con 13 años de edad.
[10] Cuaderno Uno, Folio 30.
[11] Cuaderno Uno, Folio 1. La sigla CLEI
hace referencia a los Ciclos Lectivos Especiales Integrados, los cuales fueron
previstos en el Decreto 3011 de 1997.
[12] Cuaderno Uno, Folio 7.
[13] Cuaderno Uno, Folio 10.
[14] Sentencia T-733 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[15] Cuaderno Uno, Folio 12.
[16] Cuaderno Uno, Folio 17.
[17] Cuaderno Uno, Folio 17.
[18] Cuaderno Uno, Folio 17.
[19] El escrito de impugnación se encuentra en el Cuaderno Uno, Folios
21 y 22.
[20] Cuaderno Dos, Folio 5.
[21] Cuaderno Dos, Folio 5.
[22] Cuaderno Dos, Folio 5.
[23] Cuaderno Dos, Folio 5.
[24] En dicho auto se suspendieron los términos por diez (10) días,
hasta el 17 de septiembre de la misma anualidad y se
requirió en el expediente T-6.791.670 al Instituto Técnico Agropecuario de Hato y en el expediente T-6.806.132
a: (i) María Yaneth Bravo Papamija; (ii) el Colegio Nuevo Milenio de Pitalito;
y (iii) el Colegio de Palmar del Criollo para que
remitan la información solicitada por la Magistrada Sustanciadora en el auto
del 9 de agosto de 2018. Igualmente, se ofició en el expediente T-6.791.670: (i) al señor Luis María
Suárez; (ii) al IDEAR; (iii) a la Alcaldía Municipal de Hato; y (iv) a la
Gobernación de Santander-Secretaría de Educación; en el expediente T-6.806.132:
(i) a la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito y
(ii) a la Secretaría de Educación Departamental del Huila, para que alleguen
información sobre algunos aspectos adicionales del funcionamiento del
transporte escolar a nivel territorial.
[25] Se mencionan las respuestas obtenidas por las partes vinculadas
en los casos a ambos requerimientos probatorios, con el fin de hacer más
comprensible la información obtenida.
[26] Cuaderno Dos, folios 243, 253, 263, 359
[27] Cuaderno Dos, Folio 33.
[28] Cuaderno Dos, Folio 33. La entidad
demandada hace mención al Contrato No. 708 del 3 de julio de 2018, sin
aportarlo.
[29] "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Educación".
[30] Cuaderno Dos, Folio 33.
[31] SIMAT es un sistema de
gestión de la matrícula de los estudiantes de instituciones oficiales que
facilita la inscripción de alumnos nuevos, el registro y la actualización de
los datos existentes, la consulta de educandos por institución, el traslado de
los niños a otra institución, así como la obtención de informes como apoyo para
la toma de decisiones. Ver: https://www.sistemamatriculas.gov.co/ayuda/whnjs.htm
[32] Cuaderno Dos, Folio 369.
[33] Cuaderno Dos, Folio 369.
[34] Cuaderno Dos, Folio 33. Certificado Presupuestal No. 18003932 del 4
de julio de 2018. La Secretaria de Educación Departamental afirmó que además,
la entidad territorial cuenta con el Proyecto de Subsidio para el Transporte
Escolar de estudiantes matriculados en las instituciones educativas de los
municipios no certificados del Departamento de Santander, “certificado en el
banco de proyectos a través de la certificación no. 192 de fecha 26 de junio de
2018, por un valor total de $15.254.041.624,27”, y la certificación del
Plan Anual de Adquisiciones No. 369 del 13 de julio de 2018.
[35] Cuaderno Dos, Folios 39 a 44.
[36] El Sistema de Aprendizaje Tutorial
(SAT) consiste en una metodología pedagógica flexible que se aplica
específicamente para los adultos en las áreas rurales, conforme al Decreto 3011
de 1997, desarrollado en el departamento de Santander por la Ordenanza 008 de
1993 y la Resolución Departamental 1131 de 1999. En este sentido, no es
conveniente matricular a menores de edad en el programa SAT por ser contrario a
los principios pedagógicos que centran el trabajo escolar del niño en
componentes lúdicos y el de los adultos en componentes laborales.
[37] Cuaderno Dos, Folio 38.
[38] Cuaderno Dos, Folio 38.
[39] Cuaderno Dos, Folio 317.
[40] Cuaderno Dos, Folio 376.
[41] Cuaderno Dos, Folio 376.
[42] Cuaderno Dos, Folio 87.
[43] Cuaderno Dos, Folio 87.
[44] El accionante no proporcionó más información que haga posible
identificar a los menores de edad, hermanos de E.S.C. No obstante, la Sala
advierte que los mismos son determinables, ya que hacen parte del mismo núcleo
familiar y residen con el señor Luis Suárez.
[45] Cuaderno Dos, Folio 358.
[46] Cuaderno Dos, Folio 231.
[47] Cuaderno Dos, Folio 232.
[48] Cuaderno Dos, Folio 362.
[49] Cuaderno Dos, folio 343.
[50] Cuaderno Dos, Folios 80 y 81.
[51] Cuaderno Dos, Folios 81 y 82.
[52] Cuaderno Dos, Folio 310.
[53] Cuaderno Dos, Folio 311.
[54] Cuaderno Dos, Folio 93.
[55] Cuaderno Dos, Folio 213.
[56] Cuaderno Dos, Folios 351.
[57] Cuaderno Dos, Folio 213.
[58] Cuaderno Dos, Folio 350.
[59] En el caso de E.S.C: (i) la Secretaría de Educación Departamental
de Santander; (ii) la Secretaría de Educación Municipal de Hato; y (iv) el
ITAH. En el caso de J.E.Y.B: (i) la Secretaría de Educación Departamental de
Santander; (ii) la Secretaría de Educación de Hato; y (iii) el Colegio Palmar
del Criollo.
[60] Con el objetivo de respetar el precedente constitucional, promover
una mayor eficiencia en la administración de justicia y habida cuenta de que la
Corte Constitucional ha decantado un estándar para resumir de manera detallada
las reglas jurisprudenciales sobre los requisitos de procedencia de la acción
de tutela se tomarán como modelo de reiteración los parámetros fijados por la Magistrada
Sustanciadora en las Sentencias T-401 de 2017, T-340 de 2017, T-662 de 2016,
T-594 de 2016, T-144 de 2016, T-400 de 2015 y T-206 de 2015 y T-099 de 2016.
[61] Sentencias T-401 de 2017 y T-373 de
2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[62] En sentencia T-938 de 2012. M.P. Luis Guillermo Guerrero, esta
Corporación declaró procedente la acción de tutela contra el Colegio Inmaculado Corazón de María, “pues como se
observa de la normatividad expuesta, este mecanismo de defensa judicial se
puede interponer contra particulares encargados de la prestación del servicio
público de educación, como expresamente se consagra en la causal primera del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, previamente citado”.
[63] Sentencia T-834 de 2005. M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; sentencia T-887 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo.
[64] Sentencia T-401 de 2017. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[65] La Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez reiteró lo establecido en la Sentencia SU-961 de 1999.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, sobre el principio de inmediatez y como, por regla
general, la acción de tutela no tiene un término de caducidad específico, por
lo que puede ser interpuesta en cualquier momento, siempre y cuando la
vulneración de los derechos fundamentales incoados persista. Lo anterior,
implica que el juez constitucional, en principio, no puede rechazarla con
fundamento en el paso del tiempo y es su obligación entrar a estudiar el asunto
de fondo. Con base en lo anterior Sala Plena ha inferido tres reglas centrales
en el análisis de la inmediatez: (i) no es una regla o término de caducidad,
sino que es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica;
(ii) la satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo
razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto[65];
y (iii) lo anterior se debe analizar en relación con la finalidad de la acción,
que es la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional
fundamental.
[66] Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[67] La tutela se interpuso el día 23 de febrero de 2018 y la negativa
del IDEAR tiene fecha del 22 de enero del mismo año.
[68] La tutela fue interpuesta el 29 de enero de 2018 y la negativa del
Colegio Nuevo Milenio se hizo días antes.
[69] Sentencia T-662 de 2016. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[70] Sentencias T-163 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-328 de
2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de 2004 M.P. Jaime Araujo
Rentería, T-789 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-136 de 2001 M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes, entre otras.
[71] Sentencia T-326 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[72] M.P. Martha Victoria Sáchica
[73] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[74] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[75] Las consideraciones que se presentan en este acápite fueron
parcialmente tomadas de las Sentencias T-207 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado). Se aclara que en lo referente a los componentes del derecho a la
educación, sólo se ahondará sobre los que tienen real
incidencia en los casos bajo análisis.
[76] Sentencia C-520 de 2016 M.P. María
Victoria Calle.
[77] Sentencia C-520 de 2016 M.P. María
Victoria Calle.
[78] En igual sentido, los artículos 28 y 29 de la
Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el Estado colombiano
mediante la Ley 12 de 1991 también fija obligaciones para los Estados.
[79] Sentencia T-207 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[80] El Pacto de Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales ratificado por el Estado colombiano a través de la
Ley 74 de 1968, en su artículo 13, señala que el derecho a la educación “debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de
su dignidad”. En relación con este
artículo, en 1999, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Comité DESC) emitió la Observación General No. 13, en la que describió el
alcance del derecho a la educación en el Pacto.
[81] Sentencia
C-376 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[82] Sentencia T-533 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto. Esta posición ha sido
reiterada en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional en
las sentencias T-743 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-137 de
2015, M.P. María Victoria Calle Correa; T-008 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos;
T-055 de 2017, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, entre
otras.
[83] Ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991.
[84] Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 13 “El
derecho a la educación”, párrafo 6.
[85] Sentencia C-376 de 2010, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[86] La doctrina
internacional ha determinado que esta dimensión hace referencia a que la
educación debe “tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de las sociedades y comunidades en transformación y reconocer las
circunstancias de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Tomasevski,
K. Human rights obligations: making education available, accessible,
acceptable and adaptable. Pág. 32. Disponible en línea en: http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer%203.pdf Consultado
por última vez el 17 de abril de 2018.
[87] Arias
Orozco, E. Situación del derecho a la educación, en los componentes de
aceptabilidad y adaptabilidad, de niñas y niños víctimas del conflicto armado,
en instituciones educativas públicas de Medellín. Pág. 55. Disponible en línea
en: http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/512/1/Situacion_Derecho_Educacion_Arias_2010.pdf Consultado por
última vez el 18 de abril de 2018
[88] La
Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, intérprete del PIDESC, exige que la forma y el fondo de la
educación, junto con los programas de estudio y los métodos pedagógicos, sean
aceptables. Esto supone que sean pertinentes, adecuados culturalmente y de
buena calidad. También, que se ajusten a los objetivos de la educación
mencionados en el artículo 13 del pacto en mención y a las normas mínimas que
apruebe cada Estado en materia de enseñanza.
Además, la aceptabilidad educativa involucra un componente de equidad. De
ahí que la Observación General referida haya calificado como posibles
discriminaciones con arreglo al pacto “las agudas disparidades de las
políticas de gastos que conduzcan a que la calidad de la educación sea distinta
para las personas que residen en diferentes lugares”.  Por otro
lado, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos ha determinado que esta dimensión hace referencia “a
la aceptabilidad de los programas y métodos educativos por parte de los
estudiantes y, si es necesario, de los padres”. Por lo tanto, los programas
deben cumplir los objetivos de la educación y las normas mínimas que el Estado
apruebe en materia de enseñanza.
[89] En
la Sentencia T-780 de 1999 M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte conoció la tutela promovida por una estudiante
universitaria que cambió de programa de formación profesional y de institución
de educación superior, razón por la cual un fondo de prestaciones sociales le
extinguió el derecho a la sustitución pensional que percibía a partir de la
muerte de su padre. En esa oportunidad, esta Corporación decidió
amparar no sólo el derecho a la educación de la accionante, sino también sus
derechos a la libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la
personalidad y su derecho a la igualdad de oportunidades, al considerar que la
educación tenía injerencia directa en la efectividad de estos derechos
fundamentales en el caso concreto.
[90] C-520 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa.
[91] La Sentencia
C-376 de 2010.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, definió aún más el contenido del derecho fundamental a la
educación de los menores de edad, debido a que determinó que tiene un carácter
gratuito y obligatorio en el nivel básico de primaria. Además, reiteró
que a partir de una interpretación armónica
de los artículos 67 y 44 de la Constitución con los tratados internacionales de
derechos humanos suscritos por el Estado Colombiano en la materia, la educación
es un derecho fundamental de todos los menores de 18 años. En esa ocasión la
Corte decidió sobre la exequibilidad del artículo 183 de la Ley 115 de 1994, el
cual autoriza al gobierno nacional para
regular los cobros que pueden hacer los establecimientos educativos estatales
por concepto de derechos académicos, en atención a diferentes variables socio
económicas. En esa providencia, esta Corporación estableció que la enseñanza primaria debe ser generalizada y
accesible a todos por igual, por lo que es exigible inmediatamente. De este modo, la Corte concluyó que la
gratuidad es una obligación que se predica del derecho a la educación pública
en los niveles básicos de primaria, en la medida que se trata de un mecanismo
para lograr la accesibilidad de todos a este bien social[91]. Sin embargo, la
providencia aclaró que debido al carácter progresivo de la educación básica
secundaria y superior, el cobro de derechos académicos podía ser compatible con
la obligación del Estado de implementar progresivamente la gratuidad en esos
dos niveles. Por lo anterior, esta Corporación declaró que el artículo 183 de
la Ley 115 de 1994 era exequible condicionalmente.
[92] La Sentencia
C-210 de 1997. M.P. Carmenza Isaza de Gómez, declaró inexequible el
artículo 186 de la Ley 115 de 1994[92], el cual
consagraba la gratuidad de la educación en los establecimientos públicos para
hijos del personal de educadores, directivos y administrativos del sector
educativo estatal, de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional muertos en servicio activo. En esa oportunidad, esta Corporación
resaltó que el mandato constitucional de gratuidad de la educación “es
claro y no hace distinciones” en cuanto a sus titulares.
[93] Según la
OIT, “no todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse
como trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la participación
de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su
desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva”.
Entre otras actividades, la OIT cita “la ayuda que prestan a sus padres
en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan
fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de
bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los
pequeños y el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y
experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad
en la edad adulta”. Ver: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
[94] Sentencia T-546 de 2013. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[95] Sentencia C-170 de 2004. M.P.
Rodrigo escobar Gil.
[96] Ver: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
[97] En sentencia C-376 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte
precisó las reglas sobre la edad a que hace referencia el artículo 67 superior,
así: “(i) que la edad señalada en el artículo 67 de la Constitución,
interpretado a la luz del artículo 44 ibídem, es sólo un criterio establecido por el
constituyente para delimitar una cierta población objeto de un interés especial
por parte del Estado; (ii) que el umbral de 15 años previsto en la disposición
aludida corresponde solamente a la edad en la que normalmente los estudiantes
culminan el noveno grado de educación básica, pero no es un criterio que
restrinja el derecho a la educación de los menores de edad, pues de afirmar lo
contrario, se excluirían injustificadamente del sistema educativo menores que por
algún percance –de salud, de tipo económico, etc.- no pudieron terminar su
educación básica al cumplir dicha edad, y (iii) que las edades fijadas en la
norma aludida no puede tomarse como criterios excluyentes sino inclusivos”.
[98] Sentencia T-546 de 2013. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[99] Sentencia T-680 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger
[100] Sentencia C-170 de 2004. M.P.
Rodrigo escobar Gil. En lo referente a la edad mínima para ingresar al mundo laboral,
esta Corporación sostuvo que “la admisión al mundo laboral implica la
cesación de la obligación escolar, la cual, en ningún caso, podrá ser antes de
los quince (15) años de edad, es decir, hasta tanto el menor no cumpla como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica, tal y como lo dispone
el artículo 67 del Texto Superior. Ello tiene como objetivo salvaguardar que
los menores puedan asistir normalmente a las aulas de clase y, además, cumplir
con sus deberes escolares, sin el apremio de una jornada de trabajo que haga
nugatoria su formación personal y su desarrollo psicofísico, alrededor de un
ambiente propicio para su crecimiento y progreso equitativo. A este respecto,
como lo sostienen los estudios internacionales,  la equidad, en el acceso
a la educación, no sólo se mide en la posibilidad de asistir a una aula de
clase, sino también en la proporción de conocimientos suficientes que permitan
formar excelentes ciudadanos y profesionales, en aras de construir un mejor
futuro que permita la lucha mancomunada contra la pobreza y la exclusión social
(Preámbulo y artículos 1°, 2° y 44 Superiores).”
[101] Aprobado por la Ley 704 de
2001
[102] En cuanto a
los niños mayores de 15 años con permiso para trabajar, es importante señalar
que cuentan con una protección relacionada con las labores prohibidas, en los
términos de los artículos 44 Superior y 117 de la Ley 1098  2006, por lo que,
sus empleadores deben garantizar que las labores que lleguen a desarrollar no
se presten para la explotación laboral o económica ni para trabajos que
impliquen riesgo en su salud e integridad física.
[103] Sentencia T-680 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger
[104] Las siguientes consideraciones fueron tomadas de la Sentencia
T-545 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[105] Artículo 20 de la Ley 715 de 2001
[106] Ver artículos 2 y 3 de la Ley 60 de 1993.
[107] Artículo 151 de la Ley 115 de 1994. “Las secretarías de
educación departamentales y distritales o los organismos que hagan sus veces,
ejercerán dentro del territorio de su jurisdicción, en coordinación con las
autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para
el servicio educativo, las siguientes funciones:
a) Velar por la calidad y cobertura de la
educación en su respectivo territorio;
b) Establecer las políticas, planes y
programas departamentales y distritales de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional;
c) Organizar el servicio educativo estatal
de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y
supervisar el servicio educativo prestado por entidades oficiales y
particulares;
d) Fomentar la investigación, innovación y
desarrollo de currículos, métodos y medios pedagógicos;
e) Diseñar y poner en marcha los programas
que se requieran para mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la
educación;
f) Dirigir y coordinar el control y la
evaluación de calidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional y aplicar los ajustes necesarios;
g) Realizar los concursos departamentales y
distritales para el nombramiento del personal docente y de directivos docentes
del sector estatal, en coordinación con los municipios;
h) Programar en coordinación con los
municipios, las acciones de capacitación del personal docente y administrativo
estatal;
i) Prestar asistencia técnica a los
municipios que la soliciten, para mejorar la prestación del servicio educativo;
j) Aplicar, en concurrencia con los
municipios, los incentivos y sanciones a las instituciones educativas, de
acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad y gestión;
k) Evaluar el servicio educativo en los
municipios;
l) Aprobar la creación y funcionamiento de
las instituciones de educación formal y no formal*, a que se
refiere la presente ley;
m) Consolidar y analizar la información de
los municipios y remitirla al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con
los estándares fijados por éste, y
n) Establecer un sistema departamental y
distrital de información en concordancia con lo dispuesto en los
artículos 148 y 75 de esta
ley”.
[108] Artículo 6 de la Ley 715 de 2001.
[109] Artículo 7 de la Ley 715 de 2001.
[110] Artículo 8 de la Ley 715 de 2001
[111] El Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.4.4.1.2, establece los
criterios que deben tener en cuenta el gobernador o alcalde de cada entidad
territorial certificada en educación  para determinar mediante acto
administrativo, y simultáneamente con el que fija calendario académico, del
primero (1) noviembre de cada año para el calendario "A" y antes del
primero (1) de julio para el calendario "8", las zonas rurales de
difícil acceso y las sedes de los establecimientos educativos estatales su
jurisdicción, a saber: (i) que sea necesaria la utilización habitual de dos o
más medios de transporte para un desplazamiento hasta el perímetro urbano; (ii)
que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado du la
mayor parte del año lectivo; y (iii) 3. Que la prestación del servicio público
de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga una sola frecuencia, ida o
vuelta, diaria.
[112] “Accesibilidad.
Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos,
sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte.  La accesibilidad
consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:
No discriminación. La educación debe ser accesible a todos,
especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin
discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a
37 sobre la no discriminación);
Accesibilidad material.  La educación ha de ser asequible
materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por
ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el
acceso a programas de educación a distancia);
Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance
de todos.  Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las
diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza
primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de
ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente”. Observación General No. 13 del Comité de
Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, sobre educación. 1999.
[113] Sentencia T-1259 del 2008. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[114] Sentencia T-779 de 2011. M.P. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[115] Sentencia T-690 de 2012. M.P. María
Victoria Calle Correa. En este caso se presentó acción de tutela en contra del
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de la Gobernación
de Risaralda porque no asignaron un docente para la escuela más cercana al lugar
de residencia de varios niños en la Vereda la Selva, por lo que tenían que
caminar una hora y media hacia otra vereda para recibir las clases. En esa
oportunidad la Corte ordenó “que entre el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de
Educación del Departamento de Risaralda y la Alcaldía Municipal de Pueblo Rico,
provean un profesor(a) a la escuela de la vereda Selva, teniendo en cuenta que
para ello pueden inaplicar el artículo 11 del Decreto 3020 de 2002, respecto
del número mínimo de estudiantes que debe haber en una zona rural para la
ubicación de personal docente”.
[116] Sentencia T-690 de 2012. M.P. María
Victoria Calle Correa. “Debe precisarse que hacer efectivo el acceso a la
educación de los niños… es una responsabilidad constitucional que tiene el
Estado de máxima importancia, no sólo porque son sujetos de especial
protección con los cuales existe un compromiso en el desarrollo de su
personalidad basado en el conocimiento, sino también porque debe promoverse en
ellos la igualdad de oportunidades respecto de aquellos que han recibido
enseñanza permanente y de calidad. (…) las dificultades para acercar el
conocimiento a las zonas apartadas del territorio, tales como la violencia, la
pobreza, la deficiencia en servicios públicos y la misma geografía hacen que se
radique en cabeza del Estado el deber de promover en la comunidad campesina el
servicio educativo, con la finalidad de que sus integrantes mejoraran su
calidad de vida. Y ese deber no sólo está soportado en la obligación
de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, sino también en la
de preparar a los menores campesinos para el desarrollo de sus planes de vida
basados en la educación y la cultura”.
[117] Sentencia T-458 de 2013. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub. En este caso y en la sentencia T-008 de 2016 la Corte
analizó las situaciones de varios niños campesinos de las veredas de Llanadas,
Tinavita, Ganivita y Santa Cruz que no podían acceder a primero de bachillerato
debido a que la institución educativa que quedaba más cerca era el Colegio
Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el casco urbano del municipio de Onzaga en
Santander, lugar distante de su residencia. Los accionantes señalaban que en
sus veredas funcionaba un centro educativo del SAT, sin embargo dicha institución
no dejó inscribir a sus hijos por ser menores de edad. En esa ocasión esta
Corporación ordenó a la Secretaría de Educación de Santander “que, en el término de
dos (2) semanas contadas a partir de la notificación de esta sentencia,
identifique la situación [de los menores] (i) provea el servicio de transporte
escolar para los niños que estén matriculados y cursando sus estudios de
secundaria en un colegio público; […]”:
[118] Sentencia T-008 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[119] Sentencia T-105 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[120] Las siguientes consideraciones fueron tomadas de las sentencias
T-129 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-545 de 2016. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[121] El  Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación, esto es el Decreto 1075 de 2015, que
compila el Decreto 3011 de 1997, norma que regula la educación para adultos en
el país. Al respecto, ver el Capítulo 5: Servicios Educativos Especiales,
Sección 3: Educación de Adultos, subsecciones 1-2-3-4-5-6-7 del Decreto Único
Reglamentario.
[122] Sentencia T-458 de 2013, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[123] Compilada en el Decreto 1075 de 2015, Artículo
2.3.3.5.3.4.2.
[124] Sentencia T-108 de 2001, M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez. “Por tanto, no basta la simple alusión a una difícil situación
económica de las familias de las actoras, para que éstas puedan acceder a sus
pretensiones de apartarse del sistema educativo formal, y poder así laborar
durante el día y estudiar en las horas de la noche. Precisamente, para
atender los eventos de una comprobada necesidad de trabajar, es que la
legislación laboral ha previsto que se pueda autorizar el trabajo de menores,
eso sí, con las restricciones propias que implica la consideración especial a
la edad del trabajador, a fin de que el ejercicio de sus derechos fundamentales
y de sus derechos como niño y adolescente no resulten afectados por causa o con
ocasión del trabajo, y si existe (Sic) afección, que ésta sea la menor posible.
Ello supone, entonces, que en cualquier evento, habrá de garantizarse que, pese
a la condición de trabajador, el menor podrá ejercer plenamente el derecho a la
educación que le asiste.”
[125] Sentencia T-675 de 2002. M.P. Jaime
Córdoba Triviño
[126] En la providencia, se estableció: “Por ello, la fusión de los
dos únicos colegios de su municipio, la imposibilidad de estudiar en la jornada
diurna debido a obligaciones familiares, tratarse de una menor de edad, sin
recursos económicos para optar por otras alternativas de educación, ser en el
2001 una estudiante de la jornada nocturna suprimida con la fusión, además de
la posibilidad dada por el reglamento de permitir la presencia de menores de
edad en los programas de la educación media formal de adultos, son los seis
elementos específicos que llevan a esta Sala a dar aplicación a los artículos
4º y 5º de la Carta Política y, en consecuencia, aplicar la excepción de
inconstitucionalidad del Decreto 3011 de 1997 frente a la situación académica
de Ana Milena Tovar Ramírez para amparar su derecho fundamental y prevalente a
la educación.”
[127] Sentencia T-546 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[128] Compilada en el Decreto 1075 de 2015, Artículo
2.3.3.5.3.4.2.
[129] Artículo 151 de la Ley 115 de 1994. “Las secretarías de
educación departamentales y distritales o los organismos que hagan sus veces,
ejercerán dentro del territorio de su jurisdicción, en coordinación con las
autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para
el servicio educativo, las siguientes funciones:
a) Velar por la calidad y cobertura de la
educación en su respectivo territorio;
b) Establecer las políticas, planes y
programas departamentales y distritales de educación, de acuerdo con los
criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional;
c) Organizar el servicio educativo estatal
de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y
supervisar el servicio educativo prestado por entidades oficiales y
particulares;
d) Fomentar la investigación, innovación y desarrollo
de currículos, métodos y medios pedagógicos;
e) Diseñar y poner en marcha los programas
que se requieran para mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la
educación;
f) Dirigir y coordinar el control y la
evaluación de calidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional y aplicar los ajustes necesarios;
g) Realizar los concursos departamentales y
distritales para el nombramiento del personal docente y de directivos docentes
del sector estatal, en coordinación con los municipios;
h) Programar en coordinación con los
municipios, las acciones de capacitación del personal docente y administrativo
estatal;
i) Prestar asistencia técnica a los
municipios que la soliciten, para mejorar la prestación del servicio educativo;
j) Aplicar, en concurrencia con los
municipios, los incentivos y sanciones a las instituciones educativas, de
acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad y gestión;
k) Evaluar el servicio educativo en los
municipios;
l) Aprobar la creación y funcionamiento de
las instituciones de educación formal y no formal*, a que se
refiere la presente ley;
m) Consolidar y analizar la información de
los municipios y remitirla al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con
los estándares fijados por éste, y
n) Establecer un sistema departamental y
distrital de información en concordancia con lo dispuesto en los
artículos 148 y 75 de esta ley”.
[130] La Sala aclara que el accionante no fue específico en el tiempo que
debe caminar E.S.C. para acceder al transporte escolar, tal como consta en el
escrito de tutela, y sus respuestas a los requerimientos probatorios de esta
Corporación en oficios del 23 de agosto y 18 de septiembre de 2018. Cuaderno
Uno, Folio 1 y Cuaderno Dos, Folios 87 y 358.
[131] Cuaderno Dos, Folios 39 a 44.
[132] Compilada en el Decreto 1075 de 2015, Artículo
2.3.3.5.3.4.2.
[133] Cuaderno Dos, Folio 362.
[134] Cuaderno Dos, Folios 231 y 232.
[135] Cuaderno Dos, Folios 231 y 232.
[136] Cuaderno Dos, Folio 296.
[137] Cuaderno Dos, Folio 296.
[138] Auto 360 de 2006. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[139] “En
consideración a la naturaleza fundamental de los derechos amparados por la
acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, (…) al juez de
tutela le está permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la
demanda para que, si lo considera pertinente, entre a determinar cuáles son los
derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados, disponiendo lo necesario para
su efectiva protección. No en vano la Corte Constitucional ha sostenido
que: “(…) dada la naturaleza de la presente acción, la labor del juez
no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que cualquier persona
exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a
garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales
relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En
otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta procedente sino que en
algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra
petita”.
[140] Sentencia SU-195 de 2012. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio, reiterando lo señalado en las sentencias T-310 de 1995
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-450 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-886
de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-794 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, T-610 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
[141] Cuaderno Dos, Folios 253 y 307.
[142] Cuaderno Dos, Folio 94.
[143] Cuaderno Dos, Folio 351.
[144] Cuaderno Dos, Folio 351.
[145] Cuaderno Dos, Folio 358.
[146] “Artículo 7°. Competencias de los distritos y los municipios
certificados. 7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los
niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y
calidad, en los términos definidos en la presente ley”.
[147] “Artículo 7°… 7.6. Mantener la actual cobertura y propender a su
ampliación”.
[148] Sentencia T-207 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[149] Artículo 6 de la Ley 715 de 2001.
[150] Al respecto, la Sala advierte que el transporte apto es aquel que,
por cualquier medio, garantice de manera efectiva, adecuada y segura, la
posibilidad de que E.S.C. y sus hermanos se trasladen desde su lugar de
residencia hasta el punto en que son recogidos por la ruta escolar.
[151] Fundamento N° 77, página 46.
[152] Orden octava, página 52.
[153] Sentencia T-011 de 2016.
[154] Sentencia SU-655
de 2017, T-423 de 2017, T-011
de 2016, T-841 de 2011, T-170 de 2009, entre otras.
[155] Sentencia T-423 de 2017.
[156] Sentencia T-011 de 2016.
[157] Ibídem.
[158] Con fundamento en la sentencia T-841 de 2011.
[159] Cuaderno Dos, folio 343.
[160] Página 12.
[161] Página 52 y 23. Énfasis agregado.
[162] Sentencia T-546 de 2013.
[163] Ibídem.