T-375-17
Sentencia T-375/17
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Fundamental autónomo
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia de tutela como mecanismo de protección
cuando adquiere rango fundamental
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO-Configuración
La carencia actual de objeto por hecho superado ocurre cuando lo
pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el
demandante, de tal manera que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto
del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria
al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se
suscribió escritura pública sobre el inmueble adquirido por el accionante
Referencia: Expediente T-5.702.971
Acción de tutela interpuesta por
Jairo Arquímedes Guerrero Salamanca contra Marval S.A.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos
mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados
Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
1. El señor Jairo Arquímedes Guerrero Salamanca interpuso acción de
tutela solicitando “[s]e ordene a la CONSTRUCTORA MARVAL S.A., que de manera
inmediata me permita firmar la escritura pública con la cual se perfecciones
[sic] la compraventa del inmueble ubicado en la Calle 83 sur No. 91-35, Torre
2, Apto. 3007, proyecto RESERVA DEL CAMPO VERDE de Bogotá D.C., el cual ya
pagué en su totalidad y que por lógica consecuencia me sea entregado”[1], alegando
como vulnerados sus derechos “a una vejez digna, a una vivienda digna, a la
propiedad, a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a los beneficios
constitucionales especiales para los de la tercera edad”[2].
B.
HECHOS RELEVANTES
2. El
tres (3) de julio de 2014, la Secretaría de Hábitat de Bogotá comunicó al
accionante su vinculación al Proyecto de Vivienda Reservas de Campo Verde,
mediante el otorgamiento de un subsidio por un monto equivalente a setenta (70)
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), beneficio otorgado en
nombre de la accionante y de su hija. En esta comunicación se estableció que
“[l]a efectividad del subsidio otorgado por la Secretaría Distrital de
Hábitat se condiciona al cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto
Nacional 1432 del 05 de julio de 2013 y ser beneficiario del Subsidio Familiar
de Vivienda dentro del Programa VIPA. En el evento que no se cumpla lo
anterior, el hogar quedará excluido del proyecto y el cupo será asignado a otro
hogar por parte de la SDHT”[3].
En la misma comunicación se incluían algunas instrucciones
para los potenciales beneficiarios, dentro de las que destacan:
“El hogar deberá
mantener las condiciones por las que fue postulado y vinculado al proyecto de
vivienda de interés prioritario entre las que se encuentra el cumplimiento del
cierre financiero. En el evento que no se cumpla lo anterior, el hogar quedará
excluido del proyecto y el cupo será asignado a otro hogar por parte de la SDHT
de conformidad con lo establecido en el Reglamento Operativo Resolución 176 del
2 de abril de 2013 modificada (sic) por la Resolución 1168 del 5 de
diciembre de 2013.
[…]
La escritura
pública de compraventa de su vivienda debe ser firmada dentro de la vigencia
del subsidio y podrá ser suscrita por cualquiera de los miembros mayores de
edad del hogar beneficiario.”[4]
3. El
accionante afirma en el escrito de tutela que al cumplir los requisitos, fue
incluido en el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (en
adelante, el “Programa VIPA”). La postulación del demandante a dicho programa y
el reconocimiento de los beneficios se hizo a nombre del núcleo familiar
compuesto por el actor y su hija Carol Alexandra Guerrero Barbosa, quien para
el momento en el que fueron acreditados los requisitos y obtenidos los
beneficios del Programa VIPA era menor de edad[5].
4. El
accionante manifestó en su demanda de tutela que tras una discusión con su hija
el 1° de diciembre de 2014[6],
ésta abandonó el hogar y que hasta el momento de presentación de la acción de
tutela no había tenido noticia de su paradero. Adicionalmente, el accionante
declaró lo anterior ante la Notaría 56 de Bogotá bajo juramento[7].
5. La
hija del actor, Carol Alexandra Guerrero Barbosa, habría cumplido la mayoría de
edad el diecinueve (19) de agosto de 2015.
6. Mediante
Resolución 2250 del veintinueve (29) de octubre de 2015[8], el Fondo Nacional de
Vivienda – Fonvivienda, asignó el subsidio familiar de vivienda del Programa
VIPA, por un monto equivalente a veinticinco (25) SMLMV, al hogar del
accionante.
El artículo Quinto
de la parte resolutiva del acto administrativo estableció que:
“El desembolso
del Subsidio Familiar de Vivienda asignado a los hogares señalados en el
artículo primero de la presente resolución en el marco del programa de vivienda
para ahorradores, estará condicionado a que el hogar potencialmente
beneficiario cumpla con las demás condiciones requeridas para el cierre
financiero necesario para la adquisición de la vivienda y que el oferente del
proyecto cumpla con las condiciones y los plazos definidos en los cronogramas
aprobados por el supervisor de los proyectos y/o por el Comité Técnico del
Fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el Libro 2, parte 1, título I,
capítulo 3, sección 1, subsección 5, artículo 2.1.1.3.1.5.5. del Decreto 1077
de 2015”.
7. El
dos (2) de diciembre de 2015, el actor solicitó por escrito autorización a la
Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, para
continuar con el proceso de entrega del apartamento 3007, ubicado en el
Proyecto de Vivienda Reservas de Campo Verde, y de esta forma, proceder a la
firma de la escritura y finiquitar los términos de la entrega entre el
accionante y Marval S.A. (en adelante, “Marval”).
8. El
siete (7) de diciembre de 2015, la Subdirección del Subsidio Familiar de
Vivienda del Ministerio de Vivienda contestó favorablemente la solicitud de
autorización del accionante, y expresamente en dicha autorización se señaló
que:
a)  “[E]l
hogar objeto del subsidio familiar de vivienda se define como ‘el conformado
por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del
mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta
tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que
compartan un mismo espacio habitacional”.
b)  Las
condiciones dispuestas en el artículo 2.1.1.3.1.5.1. del Decreto 1077 de 2015
para acceder al subsidio familiar de vivienda imponen que:
“Los hogares deberán mantener las condiciones y requisitos para el acceso
al subsidio familiar de vivienda desde la entrega por parte del oferente al
patrimonio autónomo del listado a que hace referencia este artículo, hasta el
momento de la asignación del subsidio familiar de vivienda.
Será
responsabilidad de los miembros mayores de edad de los hogares, o el curador o
tutor, según el caso, informar al oferente de los proyectos cualquier hecho que
modifique de alguna manera las condiciones que le permiten ser beneficiario del
programa al que se refiere la presente sección. En todo caso, todos los
miembros del hogar indicados en el formulario de postulación, serán beneficiarios
del subsidio familiar de vivienda, para todos los efectos” (Negrillas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda
del Ministerio de Vivienda).
c)   Es de responsabilidad
del hogar acreditar el cierre financiero de la vivienda, y que el subsidio sólo
se encamina a facilitar el acceso a una vivienda.
9. El
diecinueve (19) de febrero de 2016, el señor Guerrero Salamanca radicó ante la
accionada y ante la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá, una petición en la
que solicitó que se le permitiera firmar la escritura del inmueble que
pretendía adquirir con los subsidios distritales y nacionales, sin que
necesariamente su hija tuviese que suscribir dicho documento por encontrarse
ausente del hogar.
En la solicitud de petición se resaltó además que “la
constructora Marval desconoce el compromiso pactado ya que me siguen enviando a
mi dirección de domicilio los estados de cuenta de cartera donde aluden una
deuda por $28.879.000 para pagar en su totalidad el 05 de octubre de 2015, un
supuesto saldo pendiente por pagar y no tienen la delicadeza de investigar que
este saldo lo cubrirá en su totalidad los recursos especiales en proceso de
desembolso por parte de la Secretaría Distrital de Hábitat y Fonvivienda, yo
cumplí lo pactado consigne (sic) la cuota inicial de $2.445.000 a nombre de FIDUBOGOTA
S.A. […], anexo cupón de pago de anticipos por un valor de
$9.875.250 pesos consignado el día 23 de septiembre de 2015 a nombre de FIDUBOGOTA
S.A.”[9]
10. El
catorce (14) de marzo de 2016, Marval contestó la solicitud de petición del
accionante manifestándole que en el marco del Programa VIPA, para poder disfrutar
de los beneficios otorgados, resultaba “indispensable que el hogar
beneficiario mantenga las mismas condiciones en las que fue postulado situación
que de acuerdo a lo manifestado por usted a la fecha no es posible”[10]. Por lo
anterior, le ofreció opciones, entre las que se encontraban (i) adelantar la
exclusión de la hija del accionante del hogar beneficiario para lo cual debía
adelantar algunos trámites administrativos, y (ii) postularse nuevamente al
programa como un hogar constituido por una sola persona. Respecto a la
respuesta a la mencionada solicitud, por parte de la Secretaría Distrital de
Hábitat de Bogotá, se evidencia en el expediente que dicha entidad indicó no
haber vulnerado, ni amenazado derecho constitucional del accionante, por cuanto
todas las peticiones elevadas por el actor han tenido respuesta oportuna,
afirmación que no fue objetada por el señor Jairo Arquímedes Guerrero Salamanca[11].
11.
En opinión del accionante expresada en su escrito de tutela, las soluciones
propuestas por Marval implican su renuncia a los subsidios a los que considera
tener derecho, situación especialmente grave si se tiene en cuenta que uno de
los que sería beneficiario, otorgado por el Distrito Capital, ha “sido
[suprimido] del plan de desarrollo distrital en la actual administración y
tendría que iniciar un nuevo proceso donde ya no tendría la posibilidad de
acceder al subsidio distrital y nacional bajo esas mismas condiciones”[12].
12.
El accionante, mediante comunicación de fecha treinta (30) de marzo de 2016,
formuló “recurso de reposición y en subsidio de apelación” frente a la
decisión antes reseñada, mismo que fue desestimado sin trámite por Marval, al
considerar la improcedencia del recurso[13].
13. Como consecuencia de todo lo anterior, el nueve (9) de
junio de dos mil dieciséis (2016) el señor Jairo Arquímedes Guerrero Salamanca
interpuso acción de tutela solicitando “[s]e ordene a la CONSTRUCTORA MARVAL
S.A., que de manera inmediata me permita firmar la escritura pública con la
cual se perfecciones (sic) la compraventa del inmueble ubicado en la Calle 83
sur No.91-35, Torre 2, Apto. 3007, proyecto RESERVA DEL CAMPO VERDE de Bogotá
D.C., el cual ya pagué en su totalidad y que por lógica consecuencia me sea
entregado”, manifestando además que “a la fecha la constructora a pesar
de haber recibido el total del valor del inmueble, está desconociendo la
constitución y la ley colombiana, poniendo trabas que ni la Secretaría de
Hábitat, ni la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda ha (sic) puesto”[14]. Adicionalmente,
respecto de su condición de salud y su situación económica, afirmó el
accionante en su escrito que “Soy un hombre de la tercera edad, sin pensión,
vivo o … mejor sobrevivo con el arreglo de electrodomésticos, pagando en la
actualidad el arriendo (teniendo ya pago completamente un inmueble al que no ha
podido tener acceso) y el préstamo que hice para pagarlo con sus respectivos
intereses, solicito también tengan en cuenta que mi condición de salud no es la
mejor, ya que me han hecho dos cirugías de la uretra y está pendiente cirugía
de la próstata y la vena várice”[15].
C.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA
14. Por
medio de auto del diez (10) de junio de 2016, el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá admitió la acción de tutela de
la referencia[16]
y dio traslado a Marval, como parte accionada, para que diera contestación a la
demanda.
15.
El representante de la entidad demandada manifestó que el accionante habría
incumplido la normativa aplicable para el acceso a los subsidios del Programa
VIPA, puesto que: (i) no reportó, como lo exigen las normas, la modificación de
la conformación del grupo familiar, y (ii) contrariando la norma aplicable, se
alteró el hogar beneficiario del subsidio.
Respecto de esto
último, recordó el contenido del parágrafo 3º del artículo 2.1.1.1.1.1.4 del
Decreto 1077 de 2015 que dispone que: “[l]os hogares deberán mantener las
condiciones y requisitos para el acceso al subsidio familiar de vivienda desde
la postulación hasta su asignación y desembolso. Surtida la postulación no
podrá modificarse la conformación del hogar” (subrayas de la
accionada), destacando que la única posibilidad de alterar el grupo es por
muerte de uno de sus integrantes.
16.
La entidad accionada señaló además que “[l]a Fiduciaria Bogotá, le informó a
CONSTRUCCIONES MARVAL S.A., que no podíamos continuar, ya que no realizarían el
desembolso de los subsidios, porque el hogar había cambiado y ese era un
requisito indispensable, además como el mismo solo estaba compuesto por dos
personas se desintegraba el grupo. El monto del subsidio forma parte del precio
acordado con el accionante, y hoy el pago del precio del inmueble no se ha
pagado y por ende no se ha perfeccionado”.[17]
17.
La accionada destacó que en el Programa VIPA se trabaja con varios subsidios,
entre ellos el reconocido por Fonvivienda, y que dichos subsidios requieren una
verificación de condiciones para su desembolso y entrega al constructor como
parte del precio convenido. En el caso del accionante puso de presente que con
el fin de proceder al desembolso, la hija del accionante, Carol Alexandra
Guerrero Barbosa, debía ser parte del negocio o bien renunciar al subsidio, de
acuerdo con la normativa aplicable. En ese sentido, consideró que “dicho de
otra manera, no se pagará la vivienda, lo que hace imposible su escrituración”[18]. Asimismo,
afirmó que “no podemos hacerle esguince a la norma y perder el subsidio que
forma parte del pago del precio del inmueble VIPA. CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.
no puede hacer donaciones, ese no es su objeto económico social. Por otra
parte, no podemos disponer de un subsidio que le ha sido asignado a una persona
que ya no forma parte del núcleo, sin contar con su consentimiento, por cuanto
si posteriormente decide utilizarlo, le será negado”.[19]
18.
Adicionalmente, la constructora sostuvo que “no puede vulnerar las
estipulaciones de la ley por favorecer al Accionante”[20], y que a pesar de lo
sostenido por él, este no reúne las condiciones para el acceso a los subsidios.
El tema del incumplimiento de los requisitos para el giro de los recursos “escapan
a la competencia de CONSTRUCCIONES MARVAL S.A., son ajenas al control de la
accionada”[21].
Añadió que la Ley aplicable al caso no es definida por Marval, y que respecto
del negocio jurídico concreto establecido entre el accionante y la constructora
lo cierto resulta ser que “la compraventa del inmueble VIPA, NO se ha
perfeccionado conforme a derecho (Título y Modo), y si el Accionante no reúne
los requisitos de la VIPA, no significa responsabilidad, ni obligación de la
Accionada”[22].
Para la empresa, la falta del giro de los subsidios implica que el precio por
el inmueble no ha sido pagado.
19.
Finalmente, Marval consideró que respecto de un supuesto incumplimiento de
contrato de compraventa de bien inmueble, lo que corresponde es agotar la vía
judicial ordinaria, como mecanismo principal para tramitar ese tipo de
pretensiones. De otro lado, señaló que frente a los compromisos asumidos y
aparentemente incumplidos por el accionante, con entidades públicas, para el
reconocimiento de los subsidios de vivienda que solicita, la constructora no
tiene responsabilidad, injerencia, control o capacidad para tomar una decisión.
En consecuencia, solicitó al juez del caso “considerar […] para un
adecuado proveer, VINCULAR a los Fondos que asignaron los subsidios y al
administrador de los recursos fiduciarios”[23],
es decir, a la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá, a Fonvivienda y a la
Fiduciaria Bogotá S.A.
D.
DECISIÓN JUDICIAL
OBJETO DE REVISIÓN
Sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, el 23 de junio de 2016[24]
20. Mediante
sentencia proferida el veintitrés (23) de junio de 2016, el Juzgado Séptimo
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, decidió negar el amparo
de los derechos invocados. Sin embargo, sustentó su decisión con argumentos de
improcedencia, así:
“[E]stamos frente
a un punto de improcedencia de la acción tuitiva, comoquiera que el juez de
tutela debe entrar a decidir únicamente sobre controversias de carácter
constitucional, siendo excluidas las que se conciten por cuestiones económicas,
contractuales y/o de derecho de propiedad como ocurre en el sub-lite.
De ahí que, si el
actor tiene alguna inconformidad con el proceder de la empresa de
Construcciones Marval S.A. debe acudir ante la jurisdicción ordinaria, no
siendo dado al juez de tutela usurpar competencias que no le han sido
atribuidas, máxime cuando no se destila de los hechos narrados la afectación de
derechos fundamentales ni un perjuicio irremediable que torne en procedente de
manera excepcional el amparo peticionado”.[25]
E.
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN
21.
Por medio de Auto de fecha treinta (30) de agosto de
dos mil dieciséis (2016), la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho dispuso
la selección para revisión del expediente T-5.702.971, correspondiéndole esta
labor al Magistrado Alejandro Linares Cantillo[26]. Dicho auto fue notificado el quince
(15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) por parte de la Secretaría
General de la Corte Constitucional[27].
22.
Mediante Auto 604 del catorce (14)
de diciembre de dos mil dieciséis (2016), la Sala Tercera de Revisión decretó
la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tutela adelantado por el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá[28], al evidenciar una
inadecuada integración del contradictorio, que aunque fue puesta de presente
por Marval al juez de instancia, no fue atendida oportunamente por este. De manera particular, la Sala Tercera de
Revisión resolvió:
“PRIMERO.-
ABSTENERSE de efectuar la revisión de fondo de la sentencia
proferida dentro del trámite de la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO.-
DECRETAR la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio del 10 de junio de 2016
proferido por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
Bogotá, en el marco del trámite de la acción de tutela interpuesta por Jairo
Arquímedes Guerrero Salamanca contra MARVAL S.A.
TERCERO.-
ORDENAR al Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá que
notifique la admisión de la demanda de tutela a las partes y terceros con
interés en la decisión, teniendo en cuenta las consideraciones del presente
auto, y una vez surtidas las notificaciones, continúe con el trámite señalado
en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO.- ORDENAR que, por la Secretaría
General de esta Corporación, se devuelva el expediente al Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Bogotá para que rehaga la
actuación procesal conforme a lo expresado en los numerales anteriores. Surtido
el trámite en las instancias judiciales, remítase el expediente de la
referencia a la Corte Constitucional para que reasuma la competencia de revisión,
para lo cual deberá enviar el expediente al despacho del magistrado
sustanciador para su revisión”.
23. La Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado se apartó de la decisión de
la mayoría de la Sala por considerar que “Así pues, aun cuando la decisión
de la referencia reconoció expresamente que la Corte está facultada para
vincular a las partes en sede de revisión, no analizó si, en esta ocasión, las
circunstancias de hecho ameritaban que la Sala efectuara directamente la
integración del contradictorio”. Adicionalmente, manifestó la Magistrada
Ortiz Delgado en su salvamento de voto que en el presente caso “se debió
proferir un auto de vinculación –en lugar de uno de nulidad- en el cual se
notificara y se corriera traslado de la acción de tutela y de las demás
actuaciones a las personas y entidades identificadas en la parte motiva del
Auto 604 de 2016, de acuerdo con las reglas que la Corte Constitucional ha
fijado para la integración del contradictorio en sede de revisión”.
F.
ACTUACIONES ANTE EL JUEZ DE INSTANCIA TRAS
LA NULIDAD DECRETADA EN SEDE DE REVISIÓN
24. En cumplimiento de lo ordenado por la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional mediante Auto 604 de 2016, el
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá en auto
del diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017) dispuso:
“PRIMERO:
Vincular a la presente acción constitucional a la SECRETARÍA DISTRITAL DE
HÁBITAT, FONVIVIENDA, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y a CAROL ALEXANDRA
GUERRERO BARBOSA.
SEGUNDO: Requerir al accionante para que indique el lugar de ubicación de CAROL
ALEXANDRA GUERRERO BARBOSA y adicionalmente la Oficina de Ejecución Civil
Municipal solicite a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES –UGPP-
y al FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA –FOSYGA- información de sus bases
de datos sobre la referida persona, esto es, dirección de domicilio o trabajo,
nombre del empleador, teléfono, etc. Líbrense las comunicaciones del caso,
indicando que cuentan con el término de un (I) día, contados a partir del
recibo de las misivas para proceder de conformidad.
TERCERO: Notificar a los vinculados para que dentro del término de un (I) día
siguiente al recibo de la corresponde notificación a todos y cada uno de los
hechos en que se fundamenta la acción constitucional y adjunten y realicen la
solicitud de pruebas que crean convenientes.
CUARTO: Notificar al accionante y accionada lo aquí resuelto”[29].
25. Según consta en informe secretarial de la
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Bogotá
con fecha del catorce (14) de febrero de dos mil diecisiete (2017), se
evidenció lo siguiente:
“Hoy,
14 de febrero de 2017, siendo las 10:44 a.m., bajo la gravedad de
juramento me permito informar al titular del Despacho que el Sr. JAIRO
ARQUIMEDES GUERRERO SALAMANCA, C:C: 19.253.416 de Bogotá, accionante, se
presenta en la secretaria de esta dependencia, para informar que el día 22 de
noviembre de 2016, la constructora MARVAL S.A., realizó entrega del inmueble
ubicado en la Urbanización PARQUES DE BOGOTÁ, RESERVAS DE CAMPO VERDE, TORRE 2
APTO 3007, en la Calle 53 sur Nº 91-35, luego de que fuera posible que el
accionante ubicara a la Sra. CAROL ALEXANDRA GUERRERO BARBOSA, hija suya, quien
aparece en la solicitud de subsidio de vivienda registrando su firma, para que
se diera el trámite respectivo de entrega del inmueble adquirido por el Sr.
GUERRERO”[30].
26. Adicionalmente, el accionante presentó en
dicha diligencia documento firmado y registrado ante la Notaría 56 del Circulo
de Bogotá D.C., donde consta que la señora Carol Alexandra Guerrero Barbosa
renuncia a figurar en la escritura pública de adquisición del inmueble ubicado
en el Proyecto Reservas de Campo Verde, Ato 3007, y autoriza al accionante a
firmar dicha escritura pública a nombre del hogar beneficiario del subsidio[31]. Asimismo, se adjuntó copia de la escritura pública y acta de entrega
del mencionado inmueble, ambas suscritas por Jairo Arquímedes Guerrero
Salamanca[32].
27. Por lo demás, mediante escrito presentado el
catorce (14) de febrero de dos mil diecisiete (2017), la Secretaría Distrital
del Hábitat solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por
considerar que esta entidad no ha vulnerado ni amenazado los derechos
fundamentales del accionante. Asimismo, solicitó ser desvinculado de la acción
de tutela[33].
28. Con base en lo anterior, mediante sentencia
proferida el quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017) el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá resolvió: (i)
denegar el amparo constitucional invocado por el accionante; (ii) notificar a
las partes del proceso; y (iii) ordenar la remisión del expediente a la Corte
Constitucional. La anterior decisión se dio tras constatar que en el presente
caso se había configurado un hecho superado por haberse materializado la
entrega del bien inmueble sobre el que giraba la controversia[34].
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
29. Esta Corte es competente para conocer de esta acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9º
de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991,
así como en virtud del Auto de fecha treinta
(30) de agosto de dos mil dieciséis (2016) expedido por la Sala de Selección de
Tutelas Número Ocho de esta Corte, la cual
decidió someter a revisión la decisión adoptada por el juez de instancia.
B.
CUESTIONES
PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
30. En virtud de lo dispuesto en
el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia
constitucional dictada en la materia[35] y los artículos concordantes del
Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual, sólo
procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo cuando:
(i) el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii)
existiendo otro mecanismo, este carezca de idoneidad o eficacia para proteger
de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las
circunstancias del caso concreto; de otro lado, procederá como mecanismo transitorio
cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[36]. En el evento de proceder como mecanismo transitorio,
el accionante deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4)
meses a partir del fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se
produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[37].
31. Teniendo en cuenta
lo anterior, a continuación se realizará un análisis en el caso concreto de la
procedencia de la acción de tutela.
Procedencia
de la acción de tutela – Caso concreto
32.
Legitimación por activa: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991[38],
la Corte Constitucional ha concretado las opciones de ejercicio de la acción de
tutela, por lo cual existe la posibilidad “(i) del ejercicio directo, es
decir, quién interpone la acción de tutela es a quien se le está vulnerando el
derecho fundamental; (ii) por medio de representantes legales, como en el caso
de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas; (iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe
anexar el poder especial para el caso o, en su defecto, el poder general
respectivo; y (iv) por medio de agente oficioso”[39].
33.
En el presente caso, la acción de tutela resulta
procedente en la medida en que fue presentada por el accionante, Jairo
Arquímedes Guerrero Salamanca, a nombre propio, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991.
34. Legitimación
por pasiva: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución y 5º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra
cualquier acción u omisión en que incurra una autoridad pública. Por su parte, el
artículo 42 del Decreto antes mencionado establece las situaciones en las que
la tutela procede contra las acciones u omisiones de los particulares[40].
35. De manera precisa, la sentencia T-970 de 2009 resumió las
reglas aplicables a la materia del siguiente modo:
“-La Constitución prevé expresamente la procedencia de la
acción de tutela contra particulares “encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación
o indefensión”.
-El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 42, reglamentó los casos
en los que procede la tutela por acciones u omisiones de los particulares, y al
efecto son pertinentes los numerales 4 y 9, que dicen:
“4.Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización
privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de
la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización”.
[…]
9. Cuando la solicitud sea para tutelar (la vida o la
integridad de) quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión
respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la
indefensión del menor que solicite la tutela.”
-La posibilidad constitucional y legal de que proceda la acción de
tutela contra particulares cuando existe una situación de subordinación o
indefensión obedece a la necesidad de restaurar la igualdad que presumiblemente
subyace en las relaciones entre particulares.
-La jurisprudencia ha distinguido entre los conceptos de
subordinación e indefensión, señalando que el primero alude a una situación de
dependencia originada en una relación jurídica, mientras que la segunda se refiere
a situaciones de dependencia fáctica, no basadas en una vinculación de tipo
jurídico, pero que igualmente ponen a la persona en una situación de
incapacidad para defenderse efectivamente de la amenaza contra sus derechos.
-Para el caso de la indefensión, el juez constitucional debe en
cada caso evaluar si se da la situación de dependencia de facto y la
jurisprudencia ha ido determinando diferentes casos en donde es posible
establecerla”.
36. Sumado a lo anterior,
en la sentencia T-473 de 2008 esta Corte precisó que:
“(...) la subordinación alude a la existencia de una relación
jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores
respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante
los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación
que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no
tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social
determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona
afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de
respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”.
37.
En el caso bajo estudio, esta Sala considera que se
encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que Marval S.A. es una empresa constructora particular con la que el
accionante tiene un contrato de compraventa sobre el inmueble en disputa y
frente a la cual el actor carece de posibilidades de respuesta efectivas, tal
como se evidencio en el recuento de los hechos relevantes en esta sentencia, en
las cuales el accionante no tenía capacidad de reaccionar frente a la decisión
de no suscribir el contrato de compraventa. Por lo anterior, esta Sala
evidencia una situación particular de desequilibrio del accionante frente a la demandada,
por lo que se encuentra acreditado este requisito de procedencia.
38.
Inmediatez: De acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corte, a pesar de no existir un término de caducidad para acudir a la
acción de tutela, ésta debe presentarse en un término prudente y razonable después de ocurrir los
hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos[41]. De este modo, ha dicho este Tribunal
que esa relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho
vulnerador de los derechos fundamentales, debe evaluarse en cada caso concreto,
atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad[42].
39.
En ese contexto, la Corte ha reiterado que, por un
lado, “(…) el requisito de la inmediatez no implica la imposición de un
plazo inflexible y que el juicio sobre la oportunidad en la interposición de la
acción debe hacerse en concreto, a la luz de las circunstancias de cada caso”[43],
y por el otro, “(…) pueden existir razones que expliquen la demora en acudir
al amparo, caso en el cual no cabe acudir al principio de la inmediatez para
declarar la improcedencia de la tutela”[44].
40.
En el presente caso, se encuentra que: (i) mediante Resolución 2250 del 29 de
octubre de 2015 Fonvivienda asignó el Subsidio Familiar de Vivienda del
Programa de Vivienda de Interés Social para Ahorradores –VIPA- al hogar del
accionante; (ii) el dos (2) de diciembre de 2015, el accionante solicitó por
escrito a la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de
Vivienda, autorización para continuar con el proceso de entrega del apartamento,
autorización que fue concedida el día siete (7) de diciembre de 2015; (iii) el
diecinueve (19) de febrero de 2016, el accionante radicó ante la accionada y
ante la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá, una petición en la que
solicitaba se le permitiera firmar la escritura del inmueble; (iv) ante la
respuesta negativa a su solicitud de petición por parte de la demandada, la
cual se dio el día catorce (14) de marzo de 2016, el accionante formuló recurso
de reposición y en subsidio de apelación contra Marval, el día treinta (30) de
marzo de 2016; y (v) debido a que este recurso fue desestimado sin trámite por
parte de la demandada, el accionante decidió interponer la presente acción de
tutela el día nueve (9) de junio de 2016. Como se observa de lo anterior, el
tiempo transcurrido entre las respuestas a las diferentes solicitudes elevadas
por el accionante, el momento en que el recurso fue desestimado por parte de la
entidad demandada[45],
y el momento de interposición de la acción de tutela, es de aproximadamente de
dos (2) meses, término que la Sala considera prudente y razonable para el
ejercicio de la acción.
41.
Subsidiariedad de la acción de tutela: Conforme con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta y el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, la naturaleza
subsidiaria y residual de la acción de tutela circunscribe la procedencia del
amparo a tres escenarios: (i) la
parte interesada no dispone de otro medio judicial de defensa; (ii) existen
otros medios de defensa judicial, pero son ineficaces para proteger derechos
fundamentales en el caso particular, o (iii) para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
42. En desarrollo de lo anterior, se
ha establecido que aun existiendo otros mecanismos a los cuales puede acudir la
parte demandante, la acción de tutela está llamada a prosperar cuando se
comprueba que los mismos: (i) no son lo suficientemente expeditos para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, evento en el cual se otorgará un
amparo transitorio[46];
o (ii) no son lo suficientemente idóneos y eficaces para brindar un amparo
integral, caso el cual la tutela procederá como mecanismo definitivo de
protección[47].
43. En este evento, la jurisprudencia
de esta Corte ha considerado necesario verificar la idoneidad y la efectividad
del otro medio de defensa judicial destacando que:
“El medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además,
debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que
brinde oportunamente una protección al derecho”[48].
44. La jurisprudencia constitucional
reciente relacionada con el derecho a la vivienda digna, ha considerado el
derecho a la vivienda digna como un derecho fundamental en sí mismo. Así
las cosas, el Alto Tribunal Constitucional ha considerado que el derecho a la
vivienda digna está estrictamente ligado con la dignidad humana entendida como
valor, puesto que la disposición de un sitio de habitación adecuado es
absolutamente necesario para el desarrollo del proyecto de vida, toda vez que
facilita la supervivencia del sujeto y, además, porque es allí en donde
transcurre una porción importante de su vida y la de su familia. Ahora, si bien
en sede de tutela se puede exigir el respeto y la protección del derecho a la
vivienda digna de manera inmediata, ello no implica que todos los aspectos que
se deriven de la garantía de este derecho se puedan exigir del mismo modo, pues
para el cumplimiento de algunas de estas obligaciones la administración
requiere de la inversión de recursos humanos y económicos, por consiguiente, su
satisfacción está sometida a una cierta ‘gradualidad progresiva’. De esta
manera, si bien hoy se reconoce el carácter fundamental del derecho a la
vivienda digna solo es exigible al Estado colombiano, en un corto plazo, su
contenido mínimo o esencial puesto que, en relación con lo demás, su obligación
se agota en iniciar, inmediatamente, el proceso encaminado a obtener el
resultado esperado y definitivo en el mediano y largo plazo.
45. En cuanto a las facetas que deben cumplirse de
inmediato o en períodos breves de tiempo, la Corte ha señalado que, cuando
menos, puede decirse que son las siguientes[49]:
(i) garantizar unos contenidos mínimos o esenciales del respectivo derecho a
todos sus titulares; (ii) iniciar cuanto antes el proceso encaminado a la
completa realización del derecho (como mínimo, disponer de un plan); (iii)
garantizar la participación de los involucrados en las decisiones; (iv) no
discriminar injustificadamente; (v) proteger especialmente a las personas
desaventajadas, en circunstancias de vulnerabilidad relevantes, o que se
encuentran en peor situación; (vi) no interferir arbitrariamente en el
contenido ya garantizado del derecho, y (vii) no retroceder de forma
injustificada en el nivel de protección alcanzado. http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-763-15.htm
- _ftn15En cuanto a las obligaciones de cumplimiento
progresivo, el Estado debe asegurarles progresivamente a todas las personas el
derecho a una vivienda en plenas condiciones de seguridad jurídica,
disponibilidad, sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad, adecuación
espacial y adecuación cultural.
46. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de
esta Corte ha concluido que hay una serie de criterios para determinar que
procede la acción de tutela como mecanismos de protección del derecho a la
vivienda digna. Se debe tener en cuenta que: “(i) las esferas negativas
del derecho son susceptibles de protección directa por vía de tutela; (ii) las
esferas positivas que hayan recibido concreción legislativa o reglamentaria
deben ser exigibles mediante las garantías idóneas establecidas por el
legislador; (iii) si esas garantías no existen o son insuficientes, la tutela
procede para su protección. Finalmente, (iv) el juez de tutela puede suplir las
falencias legislativas y reglamentarias en el aseguramiento de posiciones
jurídicas subjetivas del derecho fundamental, manteniendo presente que el
diseño de la política general de vivienda corresponde a los órganos
democráticamente elegidos”[50].
En el mismo sentido, reconoció la sentencia T-763 de 2015 que: “De igual manera, la imposibilidad de proteger el
derecho a la vivienda a través de la acción de tutela obedece al carácter
complejo y bidimensional que lo caracteriza. Particularmente, en su faceta
prestacional toda vez que el disfrute de varios de sus elementos depende, en
buena parte, del desarrollo progresivo de las políticas sociales y de la
capacidad presupuestal del Estado. De esta manera, la tutela será procedente
solo en los casos en los que a través de ella se busque la protección o el
cumplimiento de una de las garantías que la administración debe desarrollar en
el inmediato o corto plazo y, también, si la acción se emplea (i) como
mecanismo principal porque el actor no dispone de otro medio judicial de
defensa; (ii) como mecanismo subsidiario porque los otros medios no resultan
idóneos o eficaces o, (iii) como mecanismo subsidiario para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable. En el primero y en el segundo caso,
la protección constitucional adquirirá un carácter definitivo, en el tercero,
uno transitorio. En esta última situación, surge la obligación para el
accionante de acudir posteriormente a las instancias ordinarias para que allí
se desarrolle el debate jurídico de fondo sobre los hechos planteados en su
demanda”.
Así
las cosas, cuando el accionante sea un sujeto de especial protección
constitucional o esté en una situación de debilidad manifiesta, el juez de
tutela debe aplicar un tratamiento diferencial positivo y analizar todos los
requisitos de procedencia de la acción de tutela desde una óptica menos
estricta, pues este no puede soportar, de la misma manera que el resto de la
sociedad, las cargas y los tiempos procesales de los medios ordinarios de
defensa judicial[51].
47. En el presente caso, se encuentra
que si bien el señor Jairo Arquímedes Guerrero Salamanca puede acudir a la
jurisdicción ordinaria con el fin de obtener un pronunciamiento que ordene a la
accionada a permitirle suscribir la escritura pública y así obtener la
propiedad del inmueble, para esta Sala se trata de un procedimiento que a pesar
de ser idóneo, en la medida en que es apto para satisfacer su pretensión de
escriturar el bien inmueble, nota la Sala que del recuento de los hechos y
pruebas allegadas al expediente, la verdadera problemática no está en la
escrituración del inmueble por parte de Marval, sino como en su lugar lo
identifica la entidad accionada, en (i) la verificación de requisitos por parte
de las entidades que concedieron los subsidios al accionante; y (ii) autorizar el
desembolso. Lo anterior, sobre la base, de un entendimiento de los requisitos
impuestos por la normatividad aplicable, en el sentido, de exigir una
inmutabilidad de la conformación del hogar de los beneficiarios del subsidio,
sin responder a realidades como la muerte, las familias unipersonales, entre
otros, por lo que en la realidad el caso confronta la constitucionalidad de los
requisitos frente a la situación personal del accionante.
48. Con fundamento en
lo anterior, la Sala considera que mediante un proceso ante la jurisdicción
ordinaria, el accionante no obtendría una respuesta respecto de la
constitucionalidad de los requisitos relacionados con el desembolso de los
subsidios, por lo que dicha acción no sería idónea, como tampoco eficaz, para
brindar una protección a los derechos fundamentales potencialmente vulnerados
del accionante. Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta la
situación de salud y condiciones económicas del accionado, a las cuales hace
referencia el numeral 13 de esta sentencia, esta Sala considera
que la acción de tutela se erige como el medio eficaz para la protección
de los derechos fundamentales del actor como mecanismo definitivo de
protección.
C.
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
Acorde con los fundamentos
fácticos expuestos en la Sección I anterior de esta sentencia, le corresponde a
la Sala Tercera de Revisión determinar si:
49. Si Marval, la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá,
Fonvivienda, Fiduciaria Bogotá S.A., vulneraron los derechos del accionante a
una vivienda digna, a la igualdad, al debido proceso y al principio de dignidad
humana, en razón a su participación en el proceso de postulación, asignación,
desembolso y legalización del subsidio familiar correspondiente, no haberle
hecho entrega al accionante de su vivienda dentro de los plazos acordados, con
fundamento en que no se evidenciaban las mismas condiciones en el hogar del accionante
desde la fecha de su postulación, hasta su asignación y desembolso, así como en
el hecho de que el accionante no reportó, como exigen las normas, la
modificación de la conformación del grupo familiar.
50.
Con el fin de resolver los problemas jurídicos
planteado por la Sala, en primer lugar, la Sala procederá a: (i) reiterar las
reglas jurisprudenciales relacionadas con el derecho a la vivienda digna; (ii)
revisar la regulación que define el contenido de los programas de subsidio
familiar, así como la finalidad del subsidio familiar de vivienda; y (iii) se
analizará y resolverá el caso concreto.
51. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes
expuestos en la Sección I.F, en
relación con la manifestación del accionante de haber obtenido la escrituración
del inmueble, junto con los documentos que así lo evidencian, le corresponde a
la Sala evaluar previamente si se da la existencia de un hecho superado en el
caso estudiado. Por lo tanto, de manera
preliminar se hará referencia a la jurisprudencia constitucional sobre esta
materia, para luego sintetizar el precedente aplicable, si hubiere lugar a
ello.
D.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO
52. Según lo establece el artículo 86
de la Constitución, la acción de tutela tiene la finalidad de servir como
instrumento de “protección inmediata de [los] derechos constitucionales
fundamentales”. Es posible que en el trámite de la acción de tutela surjan
circunstancias que permitan inferir que, en el caso concreto, la tutela no
podría servir de instrumento de protección inmediata de derechos fundamentales[52], bien sea
porque el daño o vulneración se ha consumado (hipótesis conocida como “daño
consumado”) o bien porque la vulneración o amenaza alegada en la acción de
tutela ha cesado (hipótesis que ha sido denominada “hecho superado”)
[53]. En ambas circunstancias
ocurriría lo que la jurisprudencia ha denominado “carencia actual de objeto”.
En esa situación se extingue el objeto jurídico sobre
el cual giraba la acción de tutela y cualquier decisión que se pudiera dar al
respecto resultaría inocua[54].
53. El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991
reglamenta la figura del hecho superado, así:
“Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
En
el mismo sentido, la Corte Constitucional en abundante jurisprudencia[55],
ha explicado que la carencia actual de objeto por hecho superado ocurre cuando lo pretendido a
través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de tal
manera que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico
resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de
protección previsto para el amparo constitucional[56].
54. Esto significa que
la acción de tutela pretende evitar la vulneración de derechos fundamentales y
su eficacia está atada a la posibilidad de que el juez constitucional profiera
órdenes que conduzcan a evitar la vulneración inminente o irreparable de
aquellos derechos fundamentales[57].
Por lo tanto, al desaparecer el hecho o hechos que presuntamente amenaza(n) o
vulnera(n) los derechos de un ciudadano, carece de sentido que el juez
constitucional profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos
de las personas. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se extingue el
objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un fallo de fondo del juez
constitucional.
55. No obstante lo anterior, la jurisprudencia de
esta Corte también ha señalado que a pesar de la carencia actual de objeto por
el hecho superado, bien puede la Corte mantener la potestad para pronunciarse
en el caso:
“[s]i
considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del
caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta
ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del
fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[58].
56. En desarrollo de lo anterior, en la Sentencia T-045 de 2008 se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de
un hecho superado, a saber[59]:
“1. Que con
anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de
una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental
del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que
durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción
que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo
que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se
satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado”.
E.
SOLUCIÓN
DEL CASO CONCRETO
57. Según se ha destacado a lo largo de esta
providencia, la acción de tutela puesta bajo conocimiento de la Sala tenía como
propósito estudiar si la actuación por parte de la accionada había vulnerado
los derechos fundamentales del señor Jairo Arquímedes Guerrero Salamanca y, en
caso de comprobarse que esto había ocurrido, se pretendía que se ordenase a la
Constructora Marval S.A., que de manera inmediata le permitiera al
accionante firmar la escritura pública con la cual se perfeccionara la
compraventa del inmueble ubicado en la Calle 83 sur No.91-35, Torre 2, Apto.
3007, proyecto RESERVA DEL CAMPO VERDE de Bogotá D.C.
58. Como se pudo observar anteriormente (ver supra
Sección I.F),
el mismo accionante informó al Juzgado de instancia que el inmueble había sido
entregado por parte de la accionada, tras la renuncia de su hija Carol
Alexandra Guerrero Barbosa a ser beneficiaria del subsidio familiar y autorizar
el otorgamiento de la escritura pública en favor de su padre. Así, como
resultado de dicha autorización, se evidencia que el señor Jairo Arquímedes
Guerrero Salamanca suscribió la escritura pública sobre el inmueble, según
consta en la Escritura Pública No. 2049 otorgada ante la Notaría 36 del
Circuito de Bogotá D.C., el día veintiocho (28) de octubre de 2016.
59. Adicionalmente, se logró constatar con la
información aportada por el accionante que este recibió a satisfacción el
inmueble, tal como se evidencia en el acta de entrega del inmueble, de fecha
once (11) de noviembre del mismo año. En consecuencia, considera la Sala que en
este caso particular se configura una carencia actual de objeto por hecho
superado, en la medida que, los derechos del señor Jairo Arquímedes Guerrero
Salamanca no se encuentran amenazados y que una decisión de fondo resultaría
inocua, pues la pretensión principal y única de la acción de tutela aquí
estudiada ya se encuentra satisfecha, de conformidad con la declaratoria
presentada por el accionante. Así mismo, la Sala comparte en este sentido lo
decidido por la sentencia de instancia, por lo que no es necesario proceder a
revocar dicho fallo, o a realizar advertencias adicionales.
60. Por lo anterior, esta Sala procederá a confirmar la decisión
adoptada por el juez de instancia, debido a la configuración de la
carencia actual de objeto por hecho superado, en los términos vistos
anteriormente (ver supra numeral 59).
F.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
61. Acorde
con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta providencia, le
correspondió a la Sala Tercera de Revisión determinar Si
Marval, la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá, Fonvivienda, Fiduciaria
Bogotá S.A., vulneraron los derechos del accionante a una vivienda digna, a la
igualdad, al debido proceso y al principio de dignidad humana, en razón a su
participación en el proceso de postulación, asignación, desembolso y
legalización del subsidio familiar correspondiente, al no haberle hecho entrega
al accionante de su vivienda dentro de los plazos acordados, con fundamento en
que no se evidenciaban las mismas condiciones en el hogar del accionante desde
la fecha de su postulación, hasta su asignación y desembolso, así como en el
hecho de que el accionante no reportó, como exigen las normas, la modificación
de la conformación del grupo familiar.
62.
En sede de revisión se constató que el juez de instancia incurrió en una
indebida integración del contradictorio, lo que conllevó a decretar la nulidad
de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda de tutela, y como
consecuencia de lo anterior, a ordenarle al Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Bogotá, a notificar nuevamente la
admisión de la demanda de tutela a las partes y a los terceros con interés en
la decisión.
63.
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, y la jurisprudencia constitucional a
la que hace referencia la Sección II.D de esta sentencia, se configura una carencia actual de
objeto por hecho superado, cuando desaparece la afectación al derecho
fundamental invocado, esto es, cuando la situación de hecho ha sido superada de
forma tal que la vulneración o amenaza al derecho fundamental ha desaparecido,
lo cual conlleva a que cualquier orden que imparta el juez constitucional sería
inocua.
64.
Dentro de este trámite, el accionante manifestó y aportó al proceso los
documentos que acreditaron que se había suscrito la escritura pública del
inmueble, así como que el accionante recibió el inmueble a satisfacción por
parte de la accionada el veintidós (22) de noviembre de 2016. Lo anterior llevó
al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, a
proferir una nueva sentencia el día quince (15) de febrero de 2017, negando el
amparo solicitado por haberse configurado un hecho superado.
65.
Tras la revisión del expediente y de la decisión tomada por el juez de
instancia, esta Sala pudo confirmar que de hecho se había configurado un hecho
superado en la medida en que lo pretendido por el accionante había sido
satisfecho mediante un acto posterior a la interposición de la acción de
tutela. Por ello, se confirmará la decisión tomada en primera instancia al
verificarse la carencia actual de objeto por hecho superado, tal como quedará
establecido en la parte resolutiva de esta sentencia, pero por las razones
expuestas en esta sentencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR el fallo proferido el 15 de febrero de 2017 por el Juzgado Séptimo
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá que
declaró la existencia de un
hecho superado en esta acción.
Segundo.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (E)
[1]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 36.
[2]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 36-37.
[3]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 6.
[4]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 6 reverso.
[5]
Cfr. Derecho de petición radicado el 19 de febrero de 2016, según consta
en el cuaderno principal, fl. 1.
[6]
Cfr. Derecho de petición radicado el 19 de febrero de 2016, según consta
en el cuaderno principal, fl. 2.
[7]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 8.
[8]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 30-33
[9]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 3.Sobre la cuenta de cobro, ver
Cuaderno Principal, fl. 13.
[10]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 19.
[11]
Es importante anotar que en el cuaderno principal, no consta la respuesta de la
Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá a la petición formulada por el
accionante el diecinueve (19) de febrero de 2016. No obstante, la afirmación
que realiza la mencionada entidad, no fue objetada por el accionante. Dicha
afirmación consta en el cuaderno principal, fl. 125.
[12]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 35.
[13]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 21.
[14]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 36
[15]
Ibid.
[16]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 39.
[17]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 43.
[18]
Ibíd.
[19]
Ibíd.
[20]
Ibíd.
[21]
Según consta en el cuaderno principal, fl.43 reverso.
[22]
Ibíd.
[23]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 46 reverso y 47 anverso.
[24]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 56-59.
[25]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 58.
[26]
Según consta en el cuaderno 2, fls. 3-8.
[27]
Según consta en el cuaderno 2, fls. 9-10.
[28]
Según consta en el cuaderno 2, fls. 13-21.
[29]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 66.
[30]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 103.
[31]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 105.
[32]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 107-110.
[33]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 124-127.
[34]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 128-131.
[35] Ver, entre otras, sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de
2015, T-548 de 2015, y T-317 de 2015.
[36]
Acerca del perjuicio
irremediable, esta Corte ha señalado que debe reunir ciertos requisitos para
que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un
hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes;
(iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente
(iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.” Ver sentencia T-896 de 2007,
entre otras.
[37]
Decreto 2591 de 1991, artículo 8. La tutela como mecanismo transitorio. “Aún
cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de
tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará
expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el
término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo
sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer
dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de
tutela. (…)”
[38] Decreto
2591 de 1991. Artículo 10. Legitimidad e interés. “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
[39]
Ver, entre otras, sentencia T-531 de 2002.
[40] Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá
contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1. Cuando
aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la
prestación del servicio público de educación. 2. Cuando aquel contra quien se
hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público
de salud. 3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté
encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios. 4. Cuando la
solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la
controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó
la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación
o indefensión con tal organización. 5. Cuando aquel contra quien se hubiere
hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución. 6.
Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la
solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el
artículo 15 de la Constitución. 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones
inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la
información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que
no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. 8. Cuando
el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo
caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. 9. Cuando la
solicitud sea para tutelar quien se encuentre en situación de subordinación o
indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se
presume la indefensión del menor que solicite la tutela.
[41] Ver, entre otras, las sentencias T-055 de 2008, T-495
de 2005, T-575 de 2002, T-900 de 2004 y T-403 de 2005.
[42] Ver sentencia T-606 de 2004.
[43]
Ver sentencia T-055 de 2008.
[44]
Ibíd. En este mismo sentido, en la sentencia T-118 de 2015, se reiteraron los
criterios para que el juez constitucional pueda determinar si la acción fue
presentada dentro de un plazo razonable a pesar del transcurso del tiempo: “En
esta oportunidad la Corte reitera las reglas jurisprudenciales, en las que
se establece que a pesar de que la tutela se haya presentado tiempo después de
que ocurrieron los hechos que la originaron, el requisito de inmediatez se
satisface (i) si existen motivos válidos que justifiquen la inactividad del
accionante; (ii) que la amenaza o vulneración del derecho fundamental persista
en el tiempo y (iii) la situación de vulnerabilidad del accionante convierta en
una carga desproporcionada el hecho de acudir al juez en un tiempo razonable”.
[45]
Ver sentencia T-118 de 2015.
[46] El artículo 86 del Texto Superior dispone que: “(…) Esta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. (…)” La jurisprudencia constitucional ha establecido
que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, cuando se presenta una situación de amenaza de
vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse y que pueda
generar un daño irreversible. Para determinar la configuración de un perjuicio
irremediable, en criterio de este Tribunal, deben concurrir los siguientes
elementos: (i) el perjuicio ha de ser inminente, es decir, que está por
suceder; (ii) las medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes;
(iii) el perjuicio debe ser grave, esto es, susceptible de generar un daño
transcendente en el haber jurídico de una persona; y (iv) exige una respuesta
impostergable para asegurar la debida protección de los derechos comprometidos.
Véanse, entre otras, las Sentencias C-225 de 1993 y T-808 de 2010.
[47] Esta hipótesis de procedencia se deriva de lo previsto en el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: “La
acción de tutela no procederá: 1) Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante”. Subrayado por fuera del texto
original. Sobre esta regla constitucional, se pueden consultar, entre otras,
las Sentencias T-740 de 2015, T-568 de 2015, T-823 de 2014, T-885 de
2013,           T-1007 de 2012, T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de 2002,
T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000,
T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-554 de 1998, T-384 de 1998 y
T-287 de 1995.
[48]
Ver sentencia T-211 de 2009
[49]
Al respecto ver sentencias T-433 de 2016, T-907 de 2013, T-239 de 2013, entre
otras.
[50] Ver, entre otras, sentencia T-235 de 2011, T-986A de 2012, T-132 de
2015, T-763 de 2015.
[51] Ver, entre otras, sentencias T-1316 de 2001, T-719 de 2003, T-456
de 2004, T-015 de 2006, T-515A de 2006, T-700 de 2006, T-972 de 2006, T-1088 de
2007, T-953 de 2008, T-167 de 2011, T-352 de 2011, T-202 de 2012
y T-206 de 2013.
[52] Ver sentencias T-486 de 2011 y T-703 de 2012.
[53]
Es de resaltar que la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido una tercera
circunstancia en la que se configura la carencia actual de objeto: “cuando
se presente cualquier otra situación que haga inocua la orden de satisfacer la
pretensión de tutela”. Ver sentencia T-714 de 2016 en la que, a su vez, se
trae a colación la sentencia T-585 de 2010.
[54] Ver sentencias T-486 de 2011 y T-703 de 2012.
[55]
Al respecto se pueden consultar, entre otras,
las sentencias T-267/08, T-576/08, T-091/09, T-927/13 y T-098 de 2016.
[56]
Ver sentencia T-059 de 2016.
[57]
Como lo señaló la Corte en su sentencia SU-225 de 2013 “(…) cuando la situación fáctica que motiva la presentación de
la acción de tutela, desaparece o se modifica en el sentido de que cesa la
presunta acción u omisión que, en principio, podría generar la vulneración de
los derechos fundamentales, la solicitud de amparo pierde eficacia en la medida
en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería una eventual
decisión del juez de tutela. En consecuencia, cualquier orden de protección
sería inocua.”
[58]
Sentencia T-685 de 2010.
[59]
Sentencia T-045 de 2008.