T-151-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-151/11
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL
AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Reiteración de jurisprudencia
La
acción de tutela contra particulares es procedente en aquellos eventos en los
que el peticionario demuestre que se encuentra en estado de subordinación o
indefensión frente a la parte accionada.
DERECHO AL TRABAJO-No vulneración por cuanto el accionante solicita reintegro a empresa de
transporte y, por su condición de monocular, el régimen vigente sobre
transporte lo inhabilita
Referencia:
Expediente T-2827290
Accionante:
Jorge Eduardo Bello Díaz
Demandado:
Empresa de transporte Rápido Los Centauros
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C.,  siete (7) de marzo de dos mil once
(2011).
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y
Nilson Elías Pinilla Pinilla, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente,
SENTENCIA
En la revisión del fallo de tutela
proferido dentro del proceso identificado con el número de radicación T-2827290,
instaurado por Jorge Eduardo Bello Díaz, contra la empresa de transporte Rápido
Los Centauros.
I.   ANTECEDENTES
1.      La solicitud
Jorge Eduardo Bello Díaz, presentó, en nombre propio,
el 1de julio de 2010, acción de tutela en contra de la empresa de transporte
Rápido Los Centauros, para la protección de su derecho fundamental al trabajo,
que considera vulnerado por la empresa accionada debido a que no le ha renovado
las órdenes de despacho que le permitan seguir cumpliendo con sus obligaciones
laborales como conductor.
2.      Información
a los demandados y a terceros eventualmente afectados
Mediante auto de 6 de julio de 2010, el Juzgado 3º Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio decidió asumir el
trámite de la acción de tutela de la referencia y ponerla en conocimiento de la
empresa accionada para que rindiese las explicaciones e informes pertinentes.
3.      Contestación a la demanda
Mediante oficio de julio 8 de 2010, obrando a través de
apoderado judicial, la empresa accionada se opuso a las pretensiones de la
tutela.
4.      Los hechos
A continuación se presenta una relación de los hechos en
los cuales el accionante fundamenta su pretensión, así como la posición de la
accionada frente a los mismos.
4.1.   Expresa el accionante que ingresó a la empresa
Rápido los Centauros en el mes de febrero de 1998, con el cargo de conductor de
servicio público mediante contrato a término indefinido.
4.2.   Como consecuencia de un tumor canceroso, el 11 de
diciembre de 2007, le fue enucleado su ojo derecho.
4.3.   No obstante la anterior circunstancia, después de
una breve recuperación, se reincorporó a sus labores como conductor en la
empresa accionada, la cual, a partir del año 2008 continuó emitiendo las
órdenes de despacho que prosiguió cumpliendo de manera normal.
4.4.   Concluye afirmando que, a partir del mes de junio
de 2010, la empresa accionada se negó a otorgarle más órdenes de despacho, con
el argumento de que, por la carencia de uno de sus ojos, no es apto para
conducir vehículos de servicio público.
4.5.   La empresa accionada manifiesta que no tiene
vínculo contractual alguno con el señor Jorge Bello, puesto que, a partir del
momento en el que se le presentó la enfermedad cancerígena que afectó uno de
sus ojos, se le empezó a cancelar la autorización de despachos.
4.6.   Agrega que en el tiempo en el que el señor Jorge
Bello se desempeñó como conductor, lo hizo de manera ocasional, como relevador.
4.7.   Prosigue señalando que “… últimamente un
propietario de vehículo afiliado a la Empresa lo presentó como posible
conductor de su automotor …” , pero se logró establecer que el señor Jorge
Bello no cumple con los requisitos legales, reglamentados por el Gobierno
Nacional, para la conducción de vehículos de servicio público, especialmente,
lo previsto en la Resolución 1555 de 2005, pues, según manifiesta el Centro de
Reconocimiento de Conductores, “No es apto para conducir servicio público
debido a visión monocular izquierda” – “Visiometría fuera de parámetros
normales”.
4.8.   Expresa la empresa que debe tenerse en cuenta que
el señor Jorge Bello falsificó o adulteró el certificado original, con la
finalidad de que la empresa diera por sentado que cumplía con los requisitos
legales  para la actividad de conducción de vehículos de servicio público.
4.9.   También anota que, consultada la respectiva
compañía de seguros, manifestó que no ampararía ningún siniestro derivado de
vehículo operado por el señor Jorge Bello, debido a que no cuenta con la
certificación de aptitud exigida por la ley para dicha actividad.
5.
Fundamento
de la acción
5.1.   Para el accionante, la empresa accionada está
vulnerando su derecho al trabajo, al negarle la posibilidad de seguir desempeñando
la labor que había venido realizando durante doce años con un alto grado de
responsabilidad y sentido de pertenencia.
5.2.   Agrega que su condición de monocular no está
catalogada como una situación de discapacidad, y que con el ojo que conserva tiene
una agudeza visual de 20 sobre 25 con la mejor corrección. Que, por lo mismo,
esa condición no le ha representado inconvenientes para ejecutar sus
actividades como conductor.
5.3.   Manifiesta que, adicionalmente, debe tenerse en
cuenta que es padre cabeza de familia, con dos menores a cargo, y que la
actividad que realiza como conductor es la única que ha realizado en los
últimos 20 años y que de ella depende el sustento familiar.
5.4.   Considera que en este caso el procedimiento
ordinario no es lo suficientemente eficaz para la protección del derecho
fundamental, razón por la cual resulta procedente la acción de tutela.
6.      Pretensión
Para la protección del derecho fundamental que considera
le ha sido vulnerado, el accionante solicita que se ordene ala empresa Rápido
los Centauros disponer su reintegro a las labores como conductor de servicio
público que ha venido cumpliendo sin inconvenientes de carácter disciplinario,
ni faltas al Estatuto Nacional de Tránsito.
II.      TRÁMITE
PROCESAL
1.
Primera
instancia
Mediante Sentencia del 12 de julio de 2010, el Juzgado 3º
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio decidió denegar el
amparo solicitado, con base en las siguientes consideraciones:
1.1.   A partir de los elementos
materiales allegados al expediente es posible concluir que al señor Jorge
Eduardo Bello Díaz, por disposición legal, no le es posible conducir vehículos
de servicio público, según se certifica por profesional del Centro de
Reconocimiento de Conductores, en consonancia con lo dispuesto en la Resolución
1555 de 2005, de conformidad con la cual, para obtener, re-categorizar o
refrendar la licencia de conducción, en el Grupo 2, no se admite la visión
monocular.
1.2.   A partir de la anterior
consideración se puede afirmar que la empresa no ha obrado con criterio
discriminatorio, ni ha desconocido el derecho al trabajo del accionante.
1.3.   La controversia que se
advierte a partir de las versiones contradictorias entre el accionante y la
accionada en relación con la existencia de un contrato de trabajo, debe
dirimirse ante la justicia ordinaria laboral.
Por otra parte, el juzgado
dispuso compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, para
que se investigue el posible delito de falsedad en que pudo incurrir el
accionante, según el dicho de la accionada.
2.
Impugnación
La anterior decisión no fue impugnada.
III.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Es
competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Procedencia
de la acción de tutela
Como
en el presente caso la acción de tutela se dirige contra un particular, es
necesario que la Sala, de manera preliminar, se refiera a las condiciones de
procedencia de la acción de tutela frente a particulares.
En
el inciso final del artículo 86 de la Constitución Política se dispuso que
corresponde a la ley definir los casos en los que la acción de tutela procede
contra particulares, en los siguientes supuestos: (i) cuando el particular esté
encargado de prestar un servicio público, (ii) cuando el particular afecte
grave y directamente el interés colectivo y, (iii) cuando el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular accionado.
En
desarrollo de dicha disposición el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991
establece la procedencia de la acción de tutela contra particulares; i) cuando
presten servicios públicos (numerales 1, 2 y 3), ii) cuando exista
subordinación o indefensión frente al particular accionado (numerales 4 y 9),
iii) cuando el particular esté vulnerando el hábeas data (numerales 6 y 7), iv)
cuando el particular esté vulnerando el artículo 17 de la Constitución (num. 5)
y, v) cuando el particular ejerza función pública (num. 8).[1]
En
relación con los supuestos consagrados en los tres primeros numerales del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que hacen referencia a la prestación de
un servicio público por parte del particular, la Corte en la Sentencia C-134 de
1994, señaló que la acción de tutela procede contra el particular que esté
prestando cualquier servicio público, por violación de cualquier derecho
constitucional fundamental, siempre que la vulneración del derecho fundamental
se produzca con ocasión de la prestación de dicho servicio.
Por
otra parte, en los términos señalados, la acción de tutela contra particulares
también es procedente en aquellos eventos en los que el peticionario demuestre
que se encuentra en estado de subordinación o indefensión frente a la parte
accionada. Ha dicho la Corte que “… la subordinación se predica, cuando existe
una relación jurídica de dependencia que tiene su origen en la obligatoriedad
emanada de un orden jurídico o social determinado, como es el caso, de los
trabajadores frente a sus empleadores, o la de los estudiantes respecto de sus
maestros o directivos del plantel educativo al que pertenecen[2], entre otros” y que la
situación de indefensión, “… tiene lugar cuando la persona afectada en su
derecho carece de defensa, es decir, cuando no puede darse una respuesta
efectiva ante la violación o la amenaza de que se trate. Entonces, la
indefensión hace referencia a una relación que también implica una dependencia
de una persona respecto de otra, ésta tiene su origen en situaciones de
naturaleza fáctica[3].”
En
tales términos, encuentra la Corte que la presente acción de tutela es
procedente, por cuanto la presunta violación de los derechos fundamentales del
accionante se presenta por parte de una persona que presta el servicio público
de transporte y en razón de esa actividad y, además porque se pretende la
existencia de una relación laboral, en virtud de la cual el accionante estaría
en situación de subordinación en relación con los hechos que motivan su
solicitud de amparo.
3.      Consideración
del caso concreto
El
accionante considera que la empresa accionada le vulnera el derecho al trabajo
al no expedirle órdenes de despacho para que pueda seguir desarrollando su
labor como conductor de servicio público.
Sin
embargo, además de que el propio accionante lo admite, obra en el expediente
evidencia sobre el hecho de la extracción de su ojo derecho, circunstancia que,
a la luz del régimen vigente sobre la materia, lo inhabilita para la conducción
de vehículos de transporte público.
En
efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I de la Resolución 1555 de
2005, para el Grupo 2, dentro de la cual se encuentran las categorías C1, C2 y
C3, que corresponden, en su orden a automóviles, camperos camionetas y
microbuses de servicio público; camiones rígidos, busetas y buses de servicio
público y, vehículos articulados de servicio público, no se admite la visión
monocular.
De
este modo, tal como se expresó por el juez de instancia, la decisión dela
empresa responde a un imperativo legal y no puede atribuirse a un ánimo
discriminatorio, ni puede, per se, considerarse violatoria del derecho
al trabajo.
Advierte
la Corte que, al margen de la pretensión del accionante en esta acción de
tutela, orientada a obtener su reintegro a las labores de conductor  deservicio
público que había venido desarrollando, existe una serie de vacíos y
ambigüedades en torno a la relación que mantuvo con la empresa, su naturaleza,
el tiempo de duración, la fecha en la que se habría dado por terminada,  o las
prestaciones recíprocas entre las partes, así como en relación con las
circunstancias médicas y legales en las que se produjo la extracción de su ojo
derecho, en razón de un cáncer que lo afectó.
Dado
el carácter subsidiario de la acción de tutela no procede en esta sede dirimir
esos asuntos, que el interesado debe plantear ante la justicia ordinaria
laboral, razón por la cual habrá de confirmarse la decisión del juez de
instancia que resolvió denegar el amparo solicitado.
IV.    DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-   CONFIRMAR la
sentencia proferida el 12 de julio de 2010 por el Juzgado 3º Penal Municipal
con Función de Conocimiento de Villavicencio, que negó el amparo solicitado en
la acción de tutela de la referencia.
Segundo.-  Por Secretaría
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Cfr.
Sentencia T-360 de 2009
[2]    Ver Sentencia T-1062 de 2001.
[3]Sentencia T-290 de 1993.