T-126-18
Sentencia T-126/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Protección a través de mecanismos internacionales
Tratados internacionales de derechos humanos establecen
expresamente la prohibición de la violencia contra la mujer.
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO-Constituye violencia de género
INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL-Valoración probatoria
VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES-Tienen derecho a que se proteja su intimidad frente a juicios,
valoraciones y pruebas
DERECHOS AL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-implican reconocer su vulnerabilidad especial y adelantar el proceso
judicial acorde con una perspectiva de género y teniendo en cuenta los riesgos
a los que han sido sometidas
ENFOQUE DE GENERO EN EL LENGUAJE
UTILIZADO EN DECISIONES JUDICIALES, EN CASO DE VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia para cuestionar la forma como fueron valoradas las pruebas
allegadas al proceso penal en el que se investigaban hechos de violencia sexual
en el marco del conflicto armado interno, por incumplir con el requisito de
subisidiariedad
El recurso de casación en el caso era
un recurso idóneo y efectivo en la medida en que tiene la capacidad jurídica
para modificar la forma como fueron valoradas las pruebas en el proceso penal,
y concretamente, exigir que las declaraciones de la víctima fueran evaluadas
dentro de un contexto de conflicto armado y en conjunto con el acervo
probatorio allegado. Así, la acción de tutela no puede servir como un mecanismo
para revivir términos que ya han caducado, ni puede el juez constitucional
reemplazar al juez natural.
ACCION
DE TUTELA PARA SOLICITAR LA MODIFICACION DEL LENGUAJE UTILIZADO POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL-Procedencia por no contar con otro
recurso para solicitar la modificación o exclusión de expresiones de las
providencias
La Sala encuentra
que la acción de tutela sí es procedente para analizar el lenguaje utilizado
por el juez ordinario en la sentencia, pues esta pretensión no encuadra en
ninguna de las hipótesis o causales del recurso de casación, y en esa
medida, la Comisión Colombiana de Juristas no cuenta con otro recurso para
solicitar la modificación o exclusión de expresiones de las providencias.
Referencia: Expediente T- 6.326.145
Acción de tutela interpuesta por la Comisión Colombiana de
Juristas en representación de la señora Bárbara contra la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, José Fernando
Reyes Cuartas y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela del tres (03) de
agosto de dos mil diecisiete (2017), proferido por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, el cual confirmó la sentencia de primera
instancia emitida el trece (13) de junio del mismo año por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia. El expediente fue seleccionado para
revisión por la Sala Número Diez, mediante Auto del veintisiete (27) de octubre
de dos mil diecisiete (2107).[1]
Anotación
preliminar
La Sala ha
decidido suprimir de la providencia y de toda futura publicación de la misma
los nombres verdaderos de la persona que representa en esta ocasión la Comisión
Colombiana de Juristas, como una medida de protección a su intimidad y
seguridad personal. En ese orden de ideas, la acción de tutela interpuesta
por esta organización no gubernamental se entenderá presentada a favor de los
derechos fundamentales de Bárbara.
I.
ANTECEDENTES
La Comisión Colombiana de Juristas (en adelante la CCJ), a través
de la apoderada judicial Carolina Solano Gutiérrez, interpuso acción de tutela
a favor de la señora Bárbara para solicitar la protección de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a un recurso
judicial efectivo y a garantías de no repetición, en su condición de víctima del
conflicto armado interno, presuntamente vulnerados por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca al realizar
aseveraciones y restarle importancia a la declaración de la víctima en la
sentencia de segunda instancia emitida en el marco del proceso penal adelantado
contra los presuntos responsables de la violencia sexual ejercida contra la
señora Bárbara. A continuación, se exponen los hechos en los que se
funda la acción de tutela y la solicitud planteada.
1. Hechos y solicitud
Contexto
1.1.
El escrito de tutela presenta un relato general sobre el contexto
y la labor que ejercía la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas
de Colombia (ANMUCIC). Resalta el escrito que en el contexto del conflicto
armado interno que han sufrido varios territorios y comunidades del país, los
diferentes actores armados, con el fin de adquirir poder político, económico y
social “estigmatizaron y victimizaron a las organizaciones de mujeres por
considerarlas un obstáculo visible profundamente arraigado”.[2]
Dentro de este contexto, se afirma que la Asociación Nacional de Mujeres
Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) inició actividades en el año 1984
en el marco de la formulación del CONPES sobre el “papel de la mujer
campesina en el desarrollo del sector agropecuario”. Aclara que esta Asociación
se ha caracterizado por ser muy activa en la lucha de los derechos de las
mujeres en el sector rural y agropecuario. Enlista algunos de los
reconocimientos que ha tenido esta organización, entre ellos, la incorporación
y participación de las mujeres de áreas rurales en las entidades estatales como
el Incoder, Finagro, el Consejo Nacional de Paz, entre otras.
1.2.
Precisa que debido al ejercicio de estas
actividades y la visibilidad alcanzada por la Asociación, “se convirtió en
un elemento amenazante para los grupos armados presentes en las regiones en las
que operaban (…) sus lideresas y los familiares de las mismas fueron objeto de
diversas amenazas, atentados en contra de sus derechos humanos y vejámenes por
parte de grupos armados al margen de la ley”.[3]
1.3.
La organización accionante realiza un relato sobre algunos de los
atentados que sufrieron las mujeres de esta organización y sus familiares desde
el año 1996. Subrayan que en el año 2001 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos solicitó al Estado adoptar medidas cautelares encaminadas a garantizar
la vida y la integridad personal de las integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia
(ANMUCIC).
Caso de Bárbara
1.4.
Relata que la señora Bárbara fue sujeto de amenazas en
varias ocasiones previas a su secuestro. En el año 2002 fue elegida presidenta
de la Asociación. Afirma que durante reuniones de esta organización, hombres
armados las habían interrumpido y amenazado con ser tratadas como guerrilleras.
Los mismos, les increparon que no podían seguir realizando sus actividades en
el territorio. La CCJ expresa que en el año 2003 unos hombres se tomaron la
casa de Bárbara, y ella y su familia tuvieron que abandonarla.
1.5.
Posteriormente, el 21 de julio de 2003, siendo Vicepresidente de
la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia
(ANMUCIC) y Presidente Departamental de la misma, “fue conducida
forzadamente a un sitio distinto al que ella se dirigía, cuestionada por la
actividad que desarrolla[ba] como líder social, y victimizada a través de
múltiples agresiones incluyendo acceso carnal violento”.[4]
1.6.
Precisa la CCJ, que mientras estuvo secuestrada, sus captores la
amenazaron de muerte. Manifiesta que mientras la abusaban sexualmente, los
hombres recibieron una llamada al celular, colgaron y le advirtieron que no
podía contarle a nadie los hechos. Relata que el 22 de julio de 2003, luego de ser
liberada, Bárbara empezó a caminar hasta que encontró una carretera en
la que consiguió que un vehículo la acercara al municipio de Puerto Salgar.
Estando allí llamó a la sede de la Asociación en Bogotá, quienes le informaron
que irían a buscarla.
1.7.
Relata que un hombre en una moto se le acercó, le preguntó si le
pasaba algo y si necesitaba ayuda. El señor le sugirió que debía acercarse a
una estación de policía. Sin embargo, según la organización accionante, Bárbara
no se dirigió a la estación de policía y permaneció en el lugar esperando que
la encontraran los miembros de la Asociación, en razón a una llamada que había
realizado previamente. Manifiesta que más tarde un policía llegó al lugar donde
se encontraba y la condujo a la estación, lugar en el que se desmayó y fue
trasladada al Hospital Diógenes Troncoso. Aclara que en dicha institución, “le
preguntaron si había sufrido violencia sexual ante lo cual, atemorizada por las
amenazas de sus victimarios y por la vergüenza ocasionada por los actos de
violencia sexual que acababa de sufrir, respondió que no. A pesar de que
según lo señalado en la misma historia clínica de [Bárbara] su estado era
regular, estaba llorando, álgida, quejumbrosa, sucia, refería dolor en el
epigastrio y en varias partes de su cuerpo, la médica a cargo le dio salida,
sin efectuarse los exámenes pertinentes que descartaran las sospechas de
tortura y violencia sexual”.[5]
1.8.
Afirma la CCJ que la policía la trasladó a la Unidad Local del
Instituto de Medicina Legal del municipio de La Dorada, lugar en el que “a
pesar de las múltiples evidencias que llevaba en su cuerpo y de su pésimo
estado de ánimo” fue examinada “superficialmente sin descartar que
hubiera sido torturada y/o víctima de violencia sexual”.[6]
Finalmente, Bárbara fue conducida a Bogotá por la policía quien en el
trascurso del trayecto le preguntó sobre su finca, entre otras cuestiones.
1.9.
Aduce que mientras estuvo desaparecida, sus familiares se
acercaron a la Comisión Colombiana de Juristas para alertar que no tenían
conocimiento de su paradero. Esta organización –hoy accionante y representante
de la víctima-, informó al Director del Programa de Derechos Humanos y Derechos
Internacional Humanitario sobre la desaparición y lo advirtió sobre los
presuntos responsables de la misma. Señaló en aquel momento, que su autoría correspondía
a grupos paramilitares al mando de alias “El Águila”.
Proceso penal en
relación con los hechos
1.10.    El escrito de tutela afirma que se inició causa penal en contra de
Eustaquio Beltrán Bustos y Luis Enrique Rivera Herrera, quienes fueron
vinculados a la investigación el 5 de octubre de 2012 y el 6 de septiembre de
2013, respectivamente.
1.11.    El 23 de mayo de 2013, la Fiscalía 96 Especializada de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario calificó el
mérito del sumario y dictó resolución de acusación contra los vinculados por
los delitos de secuestro extorsivo agravado, acceso carnal violento en persona
protegida y desplazamiento forzado. El 30 de septiembre de 2013, la Fiscalía 40
Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca resolvió confirmar aquella
resolución.
1.12.    El 5 de diciembre de 2013 el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca avocó conocimiento del asunto. El escrito de
tutela narra que la audiencia pública se realizó en varias sesiones y el 18 de
julio de 2016 el Juzgado profirió sentencia de primera instancia, en la que
decidió absolver a los señores Eustaquio Beltrán Bustos y Luis Enrique Rivera
Herrera por los delitos de secuestro extorsivo agravado, acceso carnal violento
en persona protegida y desplazamiento forzado. Esta decisión fue apelada por
los representantes de la parte civil y la Sala Penal del Tribunal Superior de
Cundinamarca, mediante sentencia de 18 de enero de 2017, confirmó la decisión
de absolución.
Acción de tutela
interpuesta contra la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca
1.13.     La Comisión Colombiana de Juristas interpuso acción de tutela el
30 de mayo de 2017. Afirma que la sentencia de segunda instancia del proceso
penal “realiza aseveraciones en relación con la valoración probatoria y la
veracidad de las declaraciones de la víctima, que afectan gravemente sus
derechos fundamentales, con lo que reitera la victimización sufrida”.[7]
1.14.     En relación con los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la CCJ señala que se
encuentran cumplidos por las siguientes razones. En primer lugar, establece que
el caso de Bárbara tiene
relevancia constitucional toda vez que trata de la violencia de género, práctica
sistemática y generalizada cometida contra las mujeres en el marco del
conflicto armado por sus diferentes actores. Para sostener esto cita el informe
de 2012 presentado por la Representante Especial del Secretario General de
Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos Armados, en el cual
se llamó la atención del Estado por las dificultades que encuentran las
víctimas de violencia sexual para acceder a la justicia. En el mismo sentido, hace
referencia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, entidad que ha
evidenciado que los crímenes de violencia sexual en el conflicto armado
colombiano alcanzan la categoría de los crímenes de lesa humanidad y han sido
cometidos fundamentalmente para adquirir territorio, como método de venganza, entre
otros. Por otra parte, el escrito de tutela resalta que Colombia es uno de los
países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos. Para el
efecto, cita informes de la Comisión Interamericana, el Auto 098 de 2013 de la
Corte Constitucional e informes de la Defensoría del Pueblo. Relaciona estos
documentos con el concepto de la “presunción de riesgo extraordinario de
género” derivado del ejercicio de liderazgo y promoción y defensa de los
derechos fundamentales para las mujeres desplazadas y víctimas del conflicto.
1.15.    En segundo lugar, resalta que se han agotado todos los mecanismos
ordinarios de defensa judicial y precisa que el recurso extraordinario de
casación no es un recurso idóneo para resolver las pretensiones de la víctima.
En palabras del escrito de tutela:
“Para el caso concreto
encontramos que en el presente caso no se cuenta con otro mecanismo judicial
que permita la garantía de los derechos de la víctima toda vez que el único
recurso no desplegado por la parte civil, en la jurisdicción penal ordinaria
–la casación- no busca la protección de los derechos de la víctima dentro del
proceso penal, como consecuencia de aseveraciones contenidas en la parte motiva
que, como en el presente caso, resulten revictimizantes, producto de prejuicios
realizados por el a-quo y por el adquem, pues en sede del recurso
extraordinario la discusión se centra en la responsabilidad de los procesados y
se encamina a la modificación de la parte resolutiva de la sentencia demandada.
(…) la presente acción no está encaminada a modificar la parte resolutiva de la
sentencia, a saber, la absolución de los sindicados por los delitos de
secuestro extorsivo agravado, acceso carnal violento en persona protegida y
desplazamiento forzado, sino que busca la eliminación de apartes motivos de la
sentencia que representan una vulneración de los derechos de las víctimas como
consecuencia de las aseveraciones realizadas por el Tribunal. En este sentido,
toda vez que la protección de las víctimas contra afirmaciones revictimizantes
que no resulten determinantes para la decisión de la parte resolutiva de la
sentencia no se encuentra establecida como una de las causales de la casación
dentro de la Ley 600 del año 2000, en el presente caso la utilización de dicho
medio extraordinario no era adecuada, por lo que la tutela se configura como la
única vía para la garantía de los derechos de [Bárbara]”.[8]
1.16.     En tercer lugar, precisa cuál es la actuación judicial objeto de
tutela, los derechos fundamentales presuntamente vulnerados y las razones de su
vulneración. Aduce que la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cundinamarca afectó de manera directa los siguientes derechos:
(i)
Dignidad humana. Según la CCJ la decisión del Tribunal “pone en
tela de duda sin fundamentos jurídicos y fácticos adecuados, las declaraciones
que la víctima ha entregado en los procesos judiciales, llegando a indicar,
incluso, que no se tiene evidencia de la ocurrencia de los hechos”.[9] Afirma que estas apreciaciones
desconocen abiertamente la jurisprudencia constitucional sobre cómo debe realizarse
la valoración probatoria en asuntos en los que se investiga violencia sexual.
(ii)
No repetición. Aduce que las declaraciones de las autoridades
judiciales en casos de violencia sexual no pueden revictimizar a la víctima.
(iii)     Acceso a un recurso judicial efectivo. Alega que el proceso penal
representó un trato indigno para la víctima al ser sometida a una segunda
victimización. En ese sentido, expresa que [Bárbara] no tuvo derecho al acceso a un recurso judicial efectivo que
garantizara sus derechos como víctima de violencia sexual.
(iv)     Debido proceso. Manifiesta que “la valoración probatoria
realizada por el Tribunal implica una violación al debido proceso como
consecuencia del desconocimiento del precedente constitucional en relación a
víctimas de violencia sexual (…)”.[10]
1.17.     Con fundamento en lo anterior, la organización accionante
menciona que la actuación judicial tiene un efecto directo, sustancial y
determinante en la resolución del asunto. En efecto, precisa que la decisión
del Tribunal Superior incurrió en varias irregularidades: (i) “enfoque
revictimizante de la sentencia desconoce la normatividad y jurisprudencia
respecto a la prueba judicial en casos de violencia sexual en contextos de
conflicto armado”,[11] (ii) presenta contradicciones
intrascendentes para restarle credibilidad a las declaraciones de la víctima y
la existencia del hecho, (iii) el análisis del Tribunal se concentra en la identificación
de incongruencias de las declaraciones de la víctima, (iv) valoración
probatoria errónea en relación con el día siguiente a la liberación de Bárbara y (v)
la ausencia de valoración del material probatorio que demostraba la violencia
sexual. Aclara que lo que se ataca en la acción de tutela es el análisis que
hace el Tribunal de las pruebas relacionadas con la existencia misma del hecho
y la consecuente condición de víctima de Bárbara, pues la autoridad judicial no considera cómo debe ser valorada
la versión de la víctima de violencia sexual en un contexto de conflicto
armado.
1.18.    En cuarto lugar, el accionante señala que la acción de tutela fue
presentada en un plazo razonable, pues la decisión judicial que se ataca por
medio de la acción de tutela, fue proferida el 18 de enero de 2017.
1.19.    Finalmente la CCJ afirma que la acción de tutela cumple con los
requisitos especiales de procedibilidad. Para ello, manifiesta que la decisión
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca representa un
defecto por desconocimiento del precedente constitucional en relación con la
forma como deben ser valoradas las pruebas en un asunto de violencia sexual en
el marco de un conflicto armado. Al respecto, cita las sentencias T-843 de 2011
y T-027 de 2017, en las que, según la CCJ, la Corte Constitucional ha
establecido reglas especiales de valoración probatoria en asuntos de violencia
sexual y que fueron desconocidas por el Tribunal en su sentencia.
1.20.    Con base en lo anterior, la Comisión Colombiana de Juristas
pretende que se revoque parcialmente la parte motiva de la sentencia emitida el
18 de enero de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca, “en relación con los señalados apartes que hacen
referencia a la falta de credibilidad de la versión de la víctima con relación
a la existencia de los hechos por ella denunciados”.[12]
2.
Contestación de la demanda[13]
2.1.
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca
2.1.1. Luego de realizar un
recuento sucinto de las actuaciones del proceso, afirmó que la providencia
proferida “se fundamentó en el análisis razonado de los soportes fácticos y
jurídicos pertinentes, y no se incurrió en causal alguna de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales”.[14]
2.2.
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Cundinamarca
2.2.1. Manifestó que no se
observaba violación de los derechos fundamentales de la señora Bárbara en
el proceso penal adelantado. Aclaró que el trámite se había impartido con
observancia de las garantías procesales establecidas en la Ley 600 de 2000.
2.3.
Fiscalía
96 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados. Dirección de
la Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y DIH
2.3.1. Esta
entidad, luego de transcribir detalladamente una declaración de Bárbara en
el marco del proceso penal, señaló que le asistía razón a la organización
accionante. Expresó que la autoridad judicial se concentró en evidenciar las
incongruencias y contradicciones de las declaraciones de la víctima para
restarle credibilidad pero omitió en su motivación realizar una valoración sistemática
de todo el material probatorio allegado al proceso.
2.3.2. Adujo
que el contexto en el que ocurrieron los hechos da cuenta de la vulnerabilidad
de la víctima y explica por qué en un primer momento no declaró la violencia
sexual ante las autoridades. Según el ente investigador las pruebas debían
haber sido valoradas dentro del contexto de violencia sociopolítica en el que
ocurrieron los hechos. Para esta entidad, el secuestro y las agresiones
recibidas por la víctima fueron demostradas por varios de los elementos
materiales probatorios:
“Es claro que la repugnante agresión no fue un acto espontáneo de
los perpetradores sino que fue en connivencia un acuerdo para minar a ultranza
su voluntad, se pretendía atemorizarla de tal manera que fuera ejemplarizante y
desistiera del liderazgo de esas organizaciones que se han señalado como
objetivo militar. El perpetrador era una estructura de poder organizada, con
línea de mando, permanente, que quería mantener el control en esa zona y
lastimosamente lograron su cometido coartando no solo su libertad al mantenerla
secuestrada para exigirle que dejara su gestión en las organizaciones ANMUCIC y
ADMUCIC, sin que a su vez (sic), cometieron conductas delictivas contra la
libertad individual e integridad personal, la autonomía personal y la libertad
y el pudor sexual. (…)
En la sentencia que en su momento se impugnó se aduce que la misma
víctima es quien pone en entre dicho el aducido secuestro, pues se asegura que
no se vislumbra con claridad la hora en que [Bárbara] huyó del lugar (…)
el acervo probatorio demostró la existencia del injusto secuestro en su
modalidad extorsiva (…) aunque en el proceso no obra examen sexológico de la víctima,
en virtud de los principios de libertad probatoria e investigación integral se
cuenta con otros reconocimientos  que debieron ser valorados en conjunto de la
mano con las reglas de la lógica, la sana crítica y la evidencia técnico
científica, e incluso la testimonial de quienes evaluaron a [Bárbara] e
hicieron seguimiento a su caso. Todo esto merece ciertas precisiones, como que
la víctima primigeniamente no relató todos los detalles de la agresión sexual
porque como lo expresó en su denuncia, quien la examinó inicialmente fue un
hombre, fue el doctor Chica y frente a él sintió vergüenza, temor, angustia,
recelo, igualmente desconfianza e inseguridad.
Es dable preguntarnos ¿Cómo se encontraba anímicamente la víctima
en el contexto posterior a su liberación? Después de estar cautiva, con el
dominio de sus agresores, aún afectada por esta situación (…)”.[15]
Con fundamento en estas precisiones, la Fiscalía explicó que la
decisión del Tribunal constituía una vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, pues “se debió realizar un juicio de valor frente a los
medios probatorios allegados con el propósito de colegir el grado de
conocimiento que aportan (…) se debió garantizar la objetividad de la decisión
convirtiéndola en una manifestación de la autoridad dentro del marco de ius
puniendi del Estado y no un cuestionamiento hacia la víctima”.[16]
2.3.3. Con
base en lo anterior, solicitó al juez de tutela revocar parcialmente la parte
motiva de la sentencia en lo ateniente “a la falta de credibilidad del
relato de la víctima, quien dicho sea de paso, no contó para la fecha de los
hechos con la protección del Estado para garantizar su seguridad y sus derechos
inherentes”.[17]
2.4.
Procuraduría 171 Judicial II Penal
2.4.1. Afirmó que la decisión judicial atacada desconoció los protocolos
establecidos por instrumentos internacionales relacionados con el enfoque
diferencial que debe tener la valoración probatoria en asuntos de violencia
sexual y de género. Con base en ello, señaló que existió una violación del derecho
fundamental al debido proceso de la señora Bárbara.
3.       Decisiones que se revisan
3.1.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
profirió sentencia de primera instancia el 13 de junio de 2017, mediante la
cual resolvió declarar improcedente la acción de tutela. Advirtió que la señora
Bárbara tenía a su disposición el
recurso extraordinario de casación para presentar las presuntas irregularidades
en las que incurrió el juez de segunda instancia en el proceso ordinario. Afirmó
que a la accionante “le correspondía proponer sus reparos en la oportunidad
procesal prevista para tal fin o a través del recurso legal que se mostraba
procedente, de manera particular, el extraordinario de casación en contra de la
sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal demandado, el cual no
fue agotado. A través de dicho medio de defensa judicial, que se ofrecía
totalmente idóneo en atención a su naturaleza y finalidades, podía la
memoralista esgrimir las argumentaciones en materia probatoria (…)”.[18]
3.2.
Adicionalmente, resaltó que las
pretensiones del accionante en materia probatoria y motiva de la sentencia
podían ser revisadas en sede de casación y ello podía conllevar a una
modificación de la parte resolutiva de la sentencia necesariamente. Por tanto,
concluyó que la acción de tutela no era el medio de defensa judicial para
alegar supuestos errores de hecho o de derecho cuando existía un recurso
diseñado para el efecto en su momento.
3.3.
Impugnación de la decisión. La
Comisión Colombiana de Juristas presentó escrito de impugnación y reiteró los
argumentos esgrimidos en el escrito inicial sobre la subsidiariedad de la
acción de tutela. Así mismo afirmó que el juez de segunda instancia desconocía
la jurisprudencia constitucional que ha establecido que el agotamiento de las
vías extraordinarias como la casación no es necesario en todos los casos en
donde se solicite la protección de un derecho fundamental a través de la acción
de tutela. Subrayó que las causales de casación dispuestas en el artículo 207
de la Ley 600 de 2000, son restrictivas y no son aplicables a las pretensiones
que se alegan en la acción de tutela. Reiteró que la acción de tutela no estaba
encaminada a modificar la parte resolutiva de la sentencia absolutoria, “sino
que busca la eliminación de apartes motivos de la sentencia que representan una
vulneración de los derechos de las víctimas como consecuencia de las aseveraciones
realizadas por el Tribunal”.[19] Aclaró que conforme a esta pretensión,
la casación no era un recurso viable por cuanto ninguna de las causales legales
de procedencia de este mecanismo prevé revisar la parte motiva de las
sentencias, sino la resolutiva por errores de hecho o derecho.
3.4.1.
Reiteró que los apartes cuestionados de
la parte motiva de la sentencia se atacan porque ponen en entre dicho las
afirmaciones de la víctima y no porque se pretenda modificar la presunta
responsabilidad penal de los implicados. De ese modo adujo que “a través del
recurso interpuesto se busca, entre otros, la salvaguarda del derecho a un
recurso judicial efectivo de la víctima, atendiendo a las limitaciones antes
expuestas en relación con el recurso extraordinario de casación y la
vulneración de los derechos de [Bárbara], evidente en las decisiones de primera y segunda instancia en el
proceso penal adelantado por los hechos de los cuales fue víctima”.[20]
3.5.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a
través de providencia del 3 de agosto de 2017, confirmó el fallo de primera
instancia. Afirmó, al igual que el a quo, que la accionante contaba con
el recurso de casación para cuestionar y solicitar la modificación de las
aseveraciones realizadas en el fallo por el juez penal ordinario. Consideró que
“en los acápites del escrito de tutela se cuestiona la apreciación que hizo el
Juzgador colegiado respecto a las pruebas, puntualmente, el alcance que le dio
a la versión de la víctima y su cotejo con los demás medios de convicción (…)”.[21] Con base en ello determinó que
la acción de tutela no puede utilizarse como un mecanismo judicial sustituto,
más aún cuando no se prueba un perjuicio irremediable.
4.
Pruebas que obran en el expediente allegadas en las instancias de
tutela
-
Sentencia de primera instancia proferida en el marco del proceso
penal por el Juzgado Primero Penal Especializado de Cundinamarca dentro del
proceso 25001 – 310700120130029 – 00 el 18 de julio de 2016.[22]
-
Sentencia de segunda instancia emitida en el marco del proceso
penal por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca el 18 de enero de 2017.[23]
5. Actuaciones en
sede de Revisión
5.1. Mediante Auto del 19 de diciembre de 2017, la Magistrada Sustanciadora
resolvió modificar el nombre real de la accionante por el de Bárbara con
el objeto de proteger su intimidad y seguridad personal.
5.2. A través de Auto de 15 de enero de 2018 se
ordenó al
Juzgado
Penal Primero del Circuito Especializado de Cundinamarca remitir en calidad de
préstamo a la Corte Constitucional el expediente del proceso penal No. Rad.
25001 – 310700120130029 – 00.
5.3. En el trámite de revisión la Magistrada Ponente
recibió las siguientes intervenciones, las cuales fueron allegadas motu
propio por cada entidad:
5.3.1. Ruta Pacífica de las Mujeres. Esta
organización civil apoyó las pretensiones formuladas por la Comisión Colombiana
de Juristas (CCJ) en la acción de tutela. Agregó que la sentencia de la Sala
Penal del Tribunal Superior adolecía de un defecto material en su parte
considerativa y resolutiva, toda vez que “se limitó a hacer un análisis
sesgado del testimonio de la víctima”, [24]
contrario a las reglas de la jurisprudencia constitucional. En igual sentido,
adujo que las variaciones sustanciales de la declaración de la víctima atendían
al trauma que se genera en casos de violencia sexual. Estimó que el Tribunal
desconoció el precedente constitucional, toda vez que no realizó un enfoque de
género en la valoración probatoria y en las motivaciones de la sentencia.
Adicionalmente, desconoció los estándares de valoración probatoria en asuntos
de violencia sexual acordes con los organismos internacionales. Finalmente,
manifestó que la sentencia del Tribunal violó directamente los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución Política en los artículos 13 y 43. Al respecto,
precisó que los jueces penales tienen un deber especial de diligencia al
valorar y motivar sus sentencias que responde a no perpetuar estigmatizaciones
contra las mujeres.
5.3.2. Procurador Judicial II Penal de Bogotá. Solicitó
la protección de los derechos de Bárbara, pues en su concepto “se desconoció
su condición de víctima del conflicto armado que ha vivido Colombia; y de
manera concreta la violencia de género que las mujeres han afrontado en el
país.”[25]
También coincidió con los argumentos de la acción de tutela al afirmar que el
recurso de casación no es el mecanismo idóneo para cambiar partes motivas de la
sentencia del juez natural, toda vez que se trata de una afectación del buen
nombre de la víctima y una ausencia del trato humanitario que debe garantizarse
en asuntos de violencia sexual, eventos que no se enmarcan en niguna de las
causales legales del recurso extraordinario.
5.3.3. Procurador 319 Judicial Penal de Bogotá. Solicitó
a la Sala de Revisión declarar improcedente la acción de tutela, y en
consecuencia, confirmar las instancias judiciales. Consideró que la pretensión
de la CCJ relacionada con la parte motiva de la sentencia está encaminada “a
que se haga una nueva valoración del material probatorio recaudado, a que el
mismo se valore de forma diferente, lo que lógicamente debe ser solicitado
mediante el correspondiente recurso de casación por una indebida valoración
probatoria o una aplicación indebida de norma legal o constitucional; pero no a
través de la acción de tutela”.[26]
5.3.4. Women`s Link Worldwide. Primero hace
referencia (i) a documentos del bloque de constitucionalidad en relación con la
violencia contra la mujer, (ii) al contexto de discriminación contra las
mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en Colombia, (iii) a las
obligaciones del Estado colombiano en la investigación y juzgamiento de la
violencia sexual contra la mujer, concretamente, (a) el deber de adoptar una
perspectiva de género, (b) el principio de debida diligencia y (c) la
definición de la violencia sexual desde la ausencia de consentimiento de la
víctima. En relación al asunto que se revisa, la organización coadyuvó
integralmente los argumentos de la CCJ expuestos en la acción de tutela. Adujo
al respecto, que las apreciaciones del juez de segunda instancia que
desacreditan o restan valor a las declaraciones de la víctima desconocen el
deber del Estado colombiano de “sensibilizar y capaciar a sus funcionarios
públicos sobre el impacto de factores de discriminación contra las mujeres”.[27]
Afirmó que era deber de la autoridad judicial comprender que por ser un
episodio traumático para Bárbara era plausible que incurriera en
insonsistencias en su relato. Señaló que lo anterior desconoce los estándares
de la Corte IDH y la jurisprudencia constitucional en la valoración de la
prueba en estos asuntos. Advirtió que en el caso de Bárbara era normal que
desconfiara en las autoridades a las cuales denunció los hechos en los primeros
momentos dadas las amenazas que había recibido por parte de sus victimarios. En
suma, dijo que la sentencia tiene aseveraciones que “evidencian un pobre
entendimiento de lo que es la violencia sexual”.[28]
Manifestó que a pesar de que se tuvieron en cuenta exámenes médicos de la
víctima “no es necesario encontrar un trauma o una hemorragia vaginal para
calificar que existió una violación sexual”.[29]
En palabras de la organización interviniente:
“(…) el juez del caso debió tener en cuenta que 1)
la violencia sufrida constituye para Bárbara un episodio traumático. 2)
Que la agresión sexual generó confusión y despertó en ella una profunda
vergüenza, lo cual es especialmente grave para una mujer indígena. 3) Que,
antes de la agresión, Bárbara ya había sido amenazada por grupos paramilitares,
lo que puso en evidencia la incapcidad del Estado en protegerla y sembró en
ella un temor fundado a ser objeto de represalias en su vida y en su
integridad. || De haber tenido presente esto, el juez del caso no hubiera
desacreditado el testimonio de la víctima pese a que el mismo presentara
ciertas imprecisiones, ni, mucho menos, se hubiera valido de un parte médico
para menospreciar la veracidad de los hechos denunciados. Dar un escrutinio tan
estricto a las declaraciones de las víctimas, y confrontarlas con otros medios
probatorios no conclusivos de la violencia sexual –como un parte médico-
conlleva a que se revictimice a las mujeres víctimas de violencia sexual (…)”.[30]
Con base en lo anterior, la organización
interviniente solicitó a la Corte Constitucional declarar procedentes las
pretensiones de fondo expuestas por la Comisión Colombiana de Juristas en el
escrito de tutela.
II.     CONSIDERACIONES
1.       Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para
revisar los fallos de tutela proferidos dentro de los trámites de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.  Problemas jurídicos
La Comisión Colombiana de Juristas
interpuso acción de tutela contra la sentencia de segunda instancia del proceso
penal adelantado por los delitos de secuestro extorsivo agravado, acceso carnal
violento en persona protegida y desplazamiento forzado cometidos presuntamente
contra la señora Bárbara en hechos ocurridos en el año 2003. Según la
organización accionante la sentencia de segunda instancia emitida en el proceso
ordinario vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad
humana, a un recurso judicial efectivo y a la no repetición de los hechos de Bárbara,
dado que realiza aseveraciones revictimizantes que desvalorizan las
declaraciones de la víctima y desconocen los estándares de valoración
probatoria que se exigen en la jurisprudencia en asuntos donde se investiga
violencia sexual. Conforme lo anterior, alega que la acción de tutela es
procedente por configurarse dos causales específicas de procedibilidad, a
saber, el desconocimiento del precedente constitucional y el defecto fáctico.
Acorde con los hechos descritos, la Sala
Séptima de Revisión deberá resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) si
la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para cuestionar la
forma como fueron valoradas pruebas allegadas a un proceso penal en el que se
investigan hechos de violencia sexual en el marco de un conflicto armado
interno; (ii) si la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para “eliminar
apartes motivos”[31] de una sentencia emitida por
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que
se consideran revictimizantes para una víctima de violencia sexual en el marco
de un conflicto armado; y (iii) si la sentencia de segunda instancia proferida
en el marco del proceso penal de la investigación de los hechos sufridos por Bárbara
realiza consideraciones revictimizantes contra sus declaraciones, y en
consecuencia, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
dignidad humana, a la intimidad y buen nombre, a un recurso judicial efectivo y
a garantías de no repetición.
Los dos primeros problemas jurídicos
formulados corresponden a la procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, concretamente, a la posibilidad que tuvo la señora
Bárbara de acudir al recurso extraordinario de casación. De ser resueltos de
forma afirmativa, se procederá analizar el tercer problema jurídico que se
relaciona con la vulneración concreta de los derechos fundamentales de Bárbara,
y en consecuencia, en el estudio de las causales específicas de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. En ese orden de ideas, la
Sala desarrollará las siguientes consideraciones: (a) la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y (b) los estándares constitucionales
de valoración probatoria en la investigación y juzgamiento de casos de
violencia sexual. Con base en lo anterior se resolverá el caso de la señora Bárbara.
3.       Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración jurisprudencial
3.1.
Conforme
al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela procede contra cualquier
autoridad pública cuando por acción u omisión se presente la amenaza o
vulneración de un derecho fundamental. En el mismo sentido lo establece el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991. En la medida en que los jueces son
también autoridades públicas, la jurisprudencia ha establecido que la acción de
tutela es un mecanismo judicial que puede controvertir decisiones judiciales
que han vulnerado el derecho al debido proceso.[32]
Esto encuentra su sustento en el ordenamiento constitucional implementado a
través de la Constitución de 1991, el cual está basado “(i) en el carácter
normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes
públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los
derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional a
quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la protección de
los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona
para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de
sus derechos fundamentales.”[33]
3.2.
Sin
embargo, esta procedencia es de carácter excepcional y restringida, pues
encuentra su justificación “en razón a los principios
constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la
necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y
autonomía de los jueces y el sometimiento general de los conflictos a las
competencias ordinarias de éstos”.[34] Esta
Corte ha decantado progresivamente pautas respecto a las condiciones
excepcionales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
3.3.
La
Sala Plena de la Corte en la sentencia C-590 de 2005[35] expuso
el precedente vigente sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Esta sentencia distingue entre unos requisitos
generales y unos específicos. Los primeros son aquellos relacionados con la
competencia, trámite y las condiciones de procedencia de la acción de tutela,
como la inmediatez, la subsidiariedad, entre otras. Los segundos se refieren
concretamente a los defectos en los que incurre la decisión judicial y que la
hacen incompatible con los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales son los siguientes:
“Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para
la Corte, el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión
que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.”
“Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-,  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que
sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.”
“Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. De lo contrario, esto es, permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, comportaría
sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.”
“Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, si la irregularidad
comporta grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia
que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio
correspondiente.”
“Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.”
“Que
no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la Sala
respectiva, se tornan definitivas.”[36]
3.4.
Por
otra parte, las causales específicas o defectos que hacen procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales son los siguientes:
“Defecto
procedimental absoluto, falencia que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido. Igual que en el caso
anterior, la concurrencia del defecto fáctico tiene naturaleza cualificada,
pues se exige que se esté ante un trámite judicial que se haya surtido bajo la
plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo
que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la
arbitrariedad del funcionario judicial y, en consecuencia, desconoce el derecho
fundamental al debido proceso.[37]
Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  Al
respecto, debe recalcarse que este es uno de los supuestos más exigentes para
su comprobación como causal de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias. Ello debido a que la valoración de las pruebas en el proceso es uno
de los campos en que se expresa, en mayor medida, el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial. El ejercicio epistemológico que precede al fallo es
una tarea que involucra, no solo la consideración acerca de las consecuencias
jurídicas que, en materia probatoria, impone el ordenamiento jurídico positivo,
sino también la valoración que de los hechos del caso realice el funcionario judicial,
a partir de su propia experiencia y de su conocimiento sobre el área del
derecho correspondiente, tópicos que suelen reunirse bajo el concepto de sana
crítica.
Defecto
material o sustantivo, que se presenta cuando se decide con base en normas inexistentes,
inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto. Esta misma
falencia concurre cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión. Así, el defecto material o sustantivo apela a la
necesidad de que la sentencia judicial tenga un soporte racional argumentativo
mínimo, esto es, que (i) se soporte en las normas constitucionales y legales
que resulten aplicables; (ii) acredite consonancia entre la motivación, que da
cuenta del reconocimiento de esos preceptos de derecho positivo y su contraste
con el material probatorio legal y debidamente recaudado durante el trámite, y
la decisión que adopta el juez del conocimiento.[38]
Error
inducido, tradicionalmente denominado como “vía de hecho por consecuencia”
que se presenta cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.[39]
Sentencia
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales del
deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones,
pues precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.  Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en
cuanto no se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la
sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que
sustenten lo decidido.  Es evidente que una exigencia de racionalidad
mínima de toda actuación judicial es que exprese los argumentos que hacen
inferir la decisión correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no
puede verificarse, la sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso.
Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.”[40]
“Violación
directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.  A este respecto, debe
insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos
y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.[41]
3.5.
En
suma, la acción de tutela puede interponerse contra providencias judiciales de
forma excepcional cuando se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
y al menos alguno de los requisitos específicos. Cabe señalar  que la acción
constitucional contra una decisión judicial debe ser concebida como un juicio de
validez y
no como un juicio de corrección[42] del fallo
cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación normativa, que dieron origen a la controversia.
3.6.
En
el asunto que hoy ocupa la atención de la Sala de Revisión se alega que la
decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca desconoció
el precedente constitucional relacionado con los estándares de la valoración
probatoria en casos de violencia sexual contra la mujer en el marco de un
conflicto armado. Este problema jurídico entraña no solo una revisión del
defecto por el desconocimiento del precedente constitucional, sino también un
presunto defecto fáctico por tratarse de la valoración de pruebas de manera
presuntamente errónea o sesgada.
3.7.
Desconocimiento
del precedente constitucional. En relación con este defecto, la
jurisprudencia ha establecido que tiene lugar cuando el juez ordinario o
autoridad administrativa limita sustancialmente el contenido o goce efectivo de
un derecho, cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. En estos casos, la acción de tutela resulta procedente como
mecanismo jurídico para asegurar la eficacia jurídica del derecho fundamental
vulnerado.[43]
Este defecto encuentra sustento en los principios de buena fe, igualdad y
seguridad jurídica, pues asegura que los asuntos similares que se presentan a
las autoridades judiciales sean decididos en iguales términos con observancia
de los contenidos constitucionales.
3.7.1.
Tratándose
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la observancia del precedente
constitucional se fundamenta en la salvaguarda de la Constitución (art. 241 CP)
y el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en ella.[44]
Quien alega esta causal específica de procedibilidad debe identificar el
precedente, es decir, “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un
caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.[45]
Cabe precisar que el sentido y fundamento de la obligatoriedad de un precedente
constitucional varía según se trate de sentencias de constitucionalidad o
tutela.[46]
En el caso concreto de las sentencias emitidas en sede de revisión de acciones
de tutela la Corte ha establecido lo siguiente:
“En
cuanto a los fallos de revisión de tutela, el respeto de su ratio
decidendi es necesario para lograr la concreción de los principios de
igualdad en la aplicación de la ley y de confianza legítima -que prohíbe al
Estado sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas- y
para garantizar los mandatos constitucionales y la realización de los contenidos
desarrollados por su intérprete autorizado. Es por esto que la interpretación y
alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los pronunciamientos
realizados en los fallos de revisión de tutela deben prevalecer sobre la
interpretación llevada a cabo por otras autoridades judiciales, aún sean altos
tribunales de cierre de las demás jurisdicciones”.[47]
3.7.2.
Acorde
con ello, puede establecerse que las autoridades judiciales dentro de los
asuntos que les correspondan deben acatar los contendidos desarrollados por la
Corte Constitucional en sus sentencias, con el objeto de hacer efectivos y
reales el ejercicio y goce de los derechos fundamentales.
3.8.
Defecto
fáctico por errónea valoración o falta de valoración probatoria. La
jurisprudencia ha establecido que este defecto se puede configurar desde una
dimensión positiva y una dimensión negativa. La primera se refiere cuando el
funcionario judicial resuelve un caso apreciando pruebas que no han debido ser
admitidas o valoradas, y al hacerlo desconoce la Constitución. La segunda
dimensión hace alusión al caso en el que el juez “se niega a dar por probado
un hecho que aparece claramente en el proceso, omisión que no puede limitarse
solo a esta premisa, pues la jurisprudencia es clara en manifestar que también
se configura cuando la ley le confiere el deber o facultad de decretar la
prueba, la autoridad no lo hace por razones que no resultan justificadas”.[48]
Igualmente se ha destacado que la configuración de un defecto fáctico no
implica “indagar si fue adecuada la valoración judicial de las pruebas”,[49]
sino de revisar si la presunta valoración o la ausencia de valoración es
determinante para la decisión judicial y afecta la verdad procesal. Todo ello
debe realizarse a la luz de los principios de autonomía e independencia
judicial.
4.
La valoración probatoria en la investigación y juzgamiento de casos
de violencia sexual. Reiteración jurisprudencial
4.1.
Cabe primero afirmar que tratados internacionales de derechos
humanos establecen expresamente la prohibición de la violencia contra la mujer.
Entre estos se pueden citar la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (1979)[50] y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de
Belem Do Pará”) (1994).[51] Estos instrumentos internacionales
también consagran obligaciones específicas para los Estados Parte, como la de
investigar, juzgar y sancionar las conductas que configuran violencia contra la
mujer.[52] Los antecedentes de estos instrumentos
internacionales comparten una preocupación genuina que se funda en la
discriminación histórica basada en el género y las diferentes clases de
violencia que se cometen por el hecho de ser mujer.[53]
Es importante comprender que la violencia contra la mujer es una forma de
discriminación, y específicamente, la violencia sexual es una manifestación de
violencia contra la mujer toda vez que se realiza mayoritarimente contra las
mujeres en circunstancias de indefensión.[54]
4.2.
En contextos de conflicto armado la violencia sexual ha sido una
conducta reiterada por los actores de la guerra como una estrategia de poder,
manipulación o ataque del enemigo.[55] Dada la habitualidad de la violencia
sexual en conflictos armados, su invisibilidad e impunidad, el Estatuto de Roma
consagró en su artículo 8º esta conducta como una modalidad de los crímenes de
guerra. Igualmente, en caso de cumplirse los requisitos dispuestos en este
Tratado, podría ser considerado un crimen de lesa humanidad.
4.3.
En el caso de Colombia, la violencia sexual contra las mujeres y
niñas ha sido una herramienta de guerra. Esto ha sido corroborado por los
diferentes testimonios de las mujeres víctimas del conflicto. El más reciente
Informe sobre la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia, publicado
por el Centro Nacional de Memoria Histórica,[56]
analizó los contextos en los que ha ocurrido la violencia sexual en el
conflicto armado en el país, sus diversas formas de ejecución según el actor
armado y cómo ha sido una conducta de guerra o de ejercicio de poder contra el
enemigo. En palabras del informe:
“la violencia sexual se inscribe en las
lógicas del conflicto armado, en sus temporalidades y territorialidades, lo que
significa que no se trata de una violencia fortuita sino que tiene una directa
correlación con las dinámicas y lógicas del conflicto armado y con las acciones
que han emprendido como estrategias de guerra. En este sentido, de acuerdo a
las fuentes cuantitativas y a los testimonios de las personas víctimas, el
presente informe sostiene que integrantes de todos los grupos armados han usado
la violencia sexual, particularmente sobre niñas, adolescentes y mujeres.[57]
(…)
Dado esto, la violencia sexual ha
configurado un engranaje crucial del conflicto armado, pues a través de ella se
reproduce la dominación masculina encarnada por los actores armados, se someten
las poblaciones y se produce la feminización tanto de los cuerpos de las
mujeres como de las mismas comunidades. Toda forma de violencia sexual en el
conflicto armado emite un mensaje político, un mensaje de poder que repercute
de manera negativa en la subjetividad y en la vida de las víctimas. La
violencia sexual ha sido empleada de diferentes formas, por ejemplo, ha sido
usada para escarmentar a las mujeres estigmatizadas de guerrilleras o
auxiliares de las guerrillas con el fin de eliminar y castigar cualquier rastro
del enemigo en los territorios disputados. Ha sido empleada en zonas de disputa
con el objetivo de aterrorizar a la población, desplazarla de manera forzosa y
despojarla de sus tierras, usualmente en el marco de masacres y desapariciones
forzadas.”[58]
4.4.
Como lo señala el informe del Centro Nacional de Memoria
Histórica, la violencia sexual contra las mujeres y niñas ha sido una práctica
habitual de los actores armados que además ha tenido diferentes objetivos. En
algunos casos se realizó para castigarlas por ser cercanas a grupos
guerrilleros, como retaliación o venganza, y en otras situaciones, como muestra
de poder en un territorio concreto.[59] Esta realidad exige al Estado tomar
las medidas adecuadas y necesarias para prevenir que estas conductas se sigan
ejecutando, pero además, activa la obligación de investigar, juzgar y sancionar
con la debida diligencia.[60] Resultado de esta obligación, por
ejemplo, el Estado Colombiano expidió la Ley 1719 de 2014, por medio de la cual
se modificaron artículos del Código Penal[61]
y del Código de Procedimiento Penal[62] y se adoptaron “medidas para garantizar
el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la
violencia sexual con ocasión del conflicto armado”. En el artículo 13
consagra los derechos y garantías para las víctimas de violencia sexual, dentro
del cual resalta “[e]l derecho a no ser
confrontadas con el agresor, a no ser sometidas a pruebas repetitivas y a
solicitar a las autoridades judiciales que se abstengan de ordenar la práctica
de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una intromisión
innecesaria o desproporcionada de su derecho a la intimidad”. Igualmente establece disposiciones especiales dirigidas a las
autoridades judiciales e investigativas relacionadas con la valoración
probatoria y las líneas de investigación que deben ser asumidas y agotadas en
estos casos.[63]
4.5.
La jurisprudencia constitucional, a la luz de estándares del
derecho internacional sobre la materia, ha revisado asuntos de violencia sexual
contra la mujer, en relaciones intrafamiliares y laborales,[64]
como en contextos de conflicto armado interno.[65]
En estas sentencias se han formulado reglas especiales de investigación y
juzgamiento que deben observar las autoridades competentes al momento de
conocer un caso de violencia sexual contra la mujer, so pena de incurrir en la
violación de derechos fundamentales como el debido proceso, la dignidad humana,
la intimidad y la integridad física, entre otros. A continuación, la Sala hará
referencia concreta a las reglas más relevantes establecidas por la
jurisprudencia.
4.5.1.
Esta Corporación ha concluido que (i) la violencia
sexual contra las niñas y las mujeres es una forma de discriminación por
razones de “sexo”, cuando la agresión se utiliza como un instrumento de
humillación y lesión contra las niñas y mujeres por ser mujeres; como una
herramienta de poder y dominación; y (ii) la violencia sexual puede asimilarse
a una forma de tortura, un crimen de lesa humanidad e incluso como genocidio
cuando hace parte de una estrategia para destruir a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso. Además, en contextos de guerra, la violencia sexual contra las
mujeres es empleada como un mecanismo de control del enemigo y de ejercicio de
poder.[66]
4.5.2.
Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la
violencia sexual no implica todas las veces el acceso carnal, sino también
otras conductas que “atentan contra la libertad y
formación sexuales y que, incluso en algunos casos, para su configuración no
requieren contacto físico (…) la ausencia de prueba sobre penetración no
significa que algún tipo de acceso carnal no haya tenido lugar, pues la falta
de esta evidencia se puede deber a penetraciones hasta el introito vaginal, a
un himen dilatable o al paso del tiempo que impide la obtención de muestras de
fluidos, es decir, no es una regla de la experiencia que cuando no ha habido
penetración o no hay fluidos como espermatozoides, no ha habido violencia
sexual.”[67]
4.5.3.
En sus primeros pronunciamientos sobre estos asuntos, la Corte
estableció que en casos en los que se investigan delitos sexuales debe
respetarse el derecho a la intimidad de la víctima. En ese sentido, no puede
invocarse cualquier medio de prueba o practicarse alguna que afecte la
intimidad de la persona que fue agredida. Las autoridades judiciales deben
ponderar entre las cargas procesales del acusado y los derechos fundamentales
de la víctima. Al respecto precisó que “si
la intromisión en la vida íntima de la víctima sólo está orientada a deducir un
supuesto consentimiento a partir de inferencias basadas en relaciones privadas
anteriores o posteriores y distintas de la investigada, tal intromisión no
responde a un fin imperioso, y por lo tanto, debe ser rechazada. Lo que sí es
constitucionalmente admisible es que se investiguen las circunstancias en que
se realizó el acto sexual objeto de la denuncia. De tal manera que a la luz del
derecho constitucional experiencias íntimas separadas del acto investigado
están prima facie protegidas frente a intervenciones irrazonables o
desproporcionadas.”[68] De
esa forma, aquellas pruebas que implican una “intromisión irrazonable,
innecesaria y desproporcionada en su vida íntima” y que pretenden
controvertir la idoneidad moral de la víctima con prejuicios sociales deben ser
excluidas.
4.5.4.
Lo anterior lo ha sustentado la Corte en las
Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional (numerales 70 y 71), adoptadas por la Asamblea General de los Estados Parte
del Estatuto de Roma, en las cuales se consagran los principios de la prueba en
casos de violencia sexual y la prohibición de admitir pruebas del
comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o testigo.[69]
Así, ha concluido la Corte que la admisibilidad de las pruebas que se
relacionen con la intimidad de la víctima está condicionada a los siguientes
criterios: “(i) que se demuestre su
relevancia para probar un hecho específico del caso, como por ejemplo, que el
autor del delito es alguien distinto al acusado, o que dado el pasado común de
la víctima y el agresor, existen hechos específicos que prueban el
consentimiento; (ii) que muestre que la afectación de la intimidad de la
víctima no resulta desproporcionada, teniendo en cuenta el valor probatorio de
la prueba; (iii) que justifique que la finalidad de la prueba solicitada no es
simplemente destruir la reputación de la víctima o mostrar su predisposición
sexual. El juez debe ponderar en cada caso los factores mencionados”.[70]
4.5.5.
Igualmente, la Corte ha afirmado que con fundamento en la
protección del derecho a la intimidad de la víctima de violencia sexual se
derivan unos derechos esenciales a favor de ella en el marco del proceso penal:
(i) el derecho a un recurso adecuado y efectivo a través del cual se asegure la
verdad, la justicia y la reparación; (ii) el derecho a ser escuchadas, a expresar
su opinión y a participar en todo momento en el proceso penal; (iii) el derecho
a ser tratadas con respeto y consideración en espacios de confianza para evitar
una segunda victimización. En este punto, por ejemplo, evitar el contacto
directo con el agresor, la práctica reiterada de exámenes médicos que invadan
su intimidad o la repetición innecesaria del relato de los hechos, entre otros;
(iv) el derecho a no ser objeto de coerción, amenaza o intimidación; (v) el
derecho a que se valore el contexto en el que ocurrieron los hechos
independientemente de prejuicios sociales; (vi) el derecho a que se evalúe la
necesidad de valorar pruebas que puedan tener injerencias en la vida íntima de
la víctima. Lo anterior también implica el derecho de las víctimas a solicitar
a las autoridades judiciales que se excluyan pruebas o no se practiquen por
resultar innecesarias o desproporcionadas frente a su derecho a la intimidad;
(vii) “el derecho a que se entienda que no
existe consentimiento real y libre de presiones, por la simple ausencia de
rechazo físico o de expresiones que lo exterioricen”[71] y (viii) el derecho a que la investigación penal se conduzca con
seriedad y en observancia del deber de debida diligencia.
4.5.6.
En casos en los que la Corte revisó acciones de tutela en las que
se alegaba la vulneración de derechos en el marco de la investigación y
juzgamiento de violencia o abuso sexual contra personas menores de edad, afirmó
que las autoridades deben guiar sus actividades conforme al interés superior
del menor, mas tratándose de un niño o una niña que fue víctima de delitos con
ocasión del conflicto armado.[72] Igualmente señaló que las
declaraciones de la víctima de violencia sexual son un elemento probatorio
esencial que podría llevar a desvirtuar la presunción de inocencia.[73] Así, precisó que en la medida en que
las conductas de violencia sexual contra menores de edad eran generalmente
realizadas en lugares solitarios y asilados por personas cercanas o familiares
de los niños y niñas, debía adquirir especial trascendencia la prueba
indiciaria. De esa forma, le corresponde al Estado probar si ocurrió o no la
conducta, teniéndose en cuenta el relato de la víctima y los distintos medios
probatorios de forma conjunta y sistémica. Con base en eso, en una sentencia
donde se analizó la decisión de la Fiscalía de decidir la preclusión de una
investigación penal de acceso carnal violento en menor de 14 años, la Corte
estableció que:
“Cuando el proceso penal se dirige a investigar sucesos relacionados con
lesiones a la libertad e integridad sexual de los menores, y al castigo de los
responsables de este tipo de conductas, el principio de presunción de inocencia
cede parte de su poder normativo para acompasarse con las obligaciones de las
autoridades de brindar una protección especial al menor.
Ello significa que el principio in dubio pro reo solo
opera una vez se ha agotado una investigación particularmente seria y
exhaustiva, en la que se hayan decretado y practicado todas las pruebas
conducentes y pertinentes para alcanzar la verdad sin lograr disipar la duda,
de manera que no puede aplicarse para terminar apresuradamente el proceso, en beneficio
del investigado. Esta subregla se desprende directamente del
artículo 44 de la Constitución Política, en tanto establece la obligación de
proteger el interés superior del menor; el carácter prevalente de sus derechos,
y la regla hermenéutica que ordena interpretar y aplicar la ley de la manera
que brinde un mayor marco de protección a los derechos del menor
(principio pro infans).”[74]
4.5.7. Para
la Corte la obligación de debida diligencia en las actuaciones de
investigación judicial, conforme lo exigen organismos internacionales como el
Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos,[75] es un elemento axial. Al respecto,
esta Corporación ha precisado que en casos de violencia sexual, las autoridades
judiciales deben encaminar sus actuaciones con perspectiva de género y la
observancia de los principios de igualdad y respeto.[76]
Así, a la luz de los estándares establecidos por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,[77] la Corte Constitucional ha precisado
que la debida diligencia implica al menos los siguientes factores:
“El deber de garantizar los derechos fundamentales de las víctimas
de violencia sexual, especialmente cuando son niños y mujeres, impone a las
autoridades judiciales –incluidos los fiscales- la obligación de adelantar las
respectivas investigaciones y juicios penales con debida diligencia. Este deber
de debida diligencia se traduce en obligaciones concretas como (i) adelantar la
investigación de manera oportuna y dentro de un plazo razonable; (ii) no tomar
decisiones discriminatorias basadas en estereotipos de género; (iii) brindar a
las víctimas oportunidades para ser oídas y participar dentro del proceso, así
como tomar en cuenta sus opiniones y reclamos, y adoptar mecanismos para
facilitar la rendición del testimonio y para proteger su intimidad; (iv) dictar
mandatos judiciales de amparo para evitar nuevas agresiones, así como para
garantizar la seguridad de la víctima y su familia durante y después del
proceso; (v) dar aviso a las víctimas de la liberación de los agresores; (vi)
brindar información a las víctimas sobre sus derechos y la forma cómo puede
participar en el proceso, así como orientación psicológica; (vii) permitir a
las víctimas solicitar el control de legalidad de las decisiones que afectan
sus derechos; y (viii) guardar la debida reserva de la identidad de la víctima”.[78]
4.5.8. Al
mismo tiempo ha resaltado que “(i) se
debe dar credibilidad al testimonio de las víctimas, incluso cuando las
denuncias no se hayan realizado en las primeras entrevistas con las autoridades
judiciales, y (ii) se deben considerar en conjunto las evidencias y
el contexto en el que ocurre la violencia sexual.”[79] Igualmente, en un caso de violencia sexual ejercida contra una
defensora de derechos humanos en razón de su labor, la Corte reconoció que en
las circunstancias de conflicto armado interno era “un despropósito”
exigirle a la víctima detalles con precisión de sus victimarios y las
circunstancias en las que ocurrieron los actos de violencia, con el fin de
determinar su colaboración eficaz con la justicia. En sus palabras:
“(…) resulta un despropósito exigir a una mujer víctima de
violencia sexual y desplazamiento forzado, la descripción precisa de sus
victimarios, así como de su paradero, para calificar su colaboración con la
administración de justicia como eficaz, pues se trata de una forma de
revictimización que conlleva un trato discriminatorio proscrito no solo por la
Constitución (arts. 13 y 43 C.P), sino por el derecho internacional de los
derechos humanos, específicamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
(art. 26), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (preámbulo y art. 2°), y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer Convención Belém do Pará (art. 6°)”.[80]
4.5.9. La
mujeres víctimas de violencia sexual, aparte de tener que sufrir las
afectaciones generadas por el ilícito, se deben enfrentar al sistema judicial
al momento de presentar la denuncia y esto trae una serie de situaciones como
entrevistas, exámenes psicológicos, declaraciones reiteradas de los hechos,
entre otros, que pueden implicar una revictimización. Esta situación exige “un
deber ético de quienes integran el sistema de justicia, minimizar su
sufrimiento al momento de cumplir con las diligencias judiciales”.[81]
4.5.10. Para
garantizar el acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de
violencia sexual, los operadores judiciales deben apartarse de estereotipos
históricos y sociales que provocan la invisibilización de la conducta. En la
sentencia T-878 de 2014[82] (reiterada por la sentencia T-271 de
2016), se reconoció que los jueces y autoridades investigativas vulneran los
derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual cuando sucede alguno de
los siguientes escenarios: “(i)
omisión de toda actividad investigativa y/o la realización de investigaciones
aparentes; (ii) falta de exhaustividad en el análisis de la prueba recogida o
revictimización en la recolección de pruebas; (iii) utilización de estereotipos
de género para tomar sus decisiones; (iv) afectación de
los derechos de las víctimas”.[83] En ese sentido, la Corte Constitucional precisó que los jueces
tienen la obligación de incorporar la perspectiva de género al solucionar casos
de violencia contra la mujer, y para ello deben tener en cuenta, como mínimo,
los siguientes criterios:
“(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los
derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en
interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio
hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente
discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con
base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir
con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga
probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios
sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes;
(vi) considerar el rol
transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis
rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia;
(viii) evaluar las
posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones
de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres.”[84]
4.5.11.      En la sentencia T-698 de 2016,[85]
se adujo que “los casos de violencia sexual traen implícitas dificultades
y límites probatorios, que al no ser tenidos en cuenta por las normas
procesales ni por los operadores judiciales, rompen la neutralidad a la que
debe aspirar el derecho como sistema, y redundan en la desprotección de los
derechos fundamentales de las víctimas en estos asuntos”.[86]
4.5.12.      Con base en esto, la Corte ha afirmado que la aplicación del
criterio de “certeza más allá de toda duda razonable” no puede
constituirse en una barrera judicial para las víctimas de este tipo de
violencia, pues generalmente estos casos encuentran distintas clases de
dificultades o límites para que la víctima acceda a la justicia, tales como “i) las
condiciones en que se produce la violencia sexual (intimidad, clandestinidad,
ausencia de testigos, entre otras), ii) la tensión entre la necesidad
de las pruebas periciales y la intimidad física y psicológica del
agredido, iii) la vergüenza y el temor que pueden sentir las víctimas
antes y después de la denuncia y/o la reclamación, iv) las
actuaciones de los entes investigativos y judiciales frente a las víctimas de
este tipo de violencia, muchas veces permeada por estereotipos discriminatorios
de toda índole, entre otros”.[87] Teniendo en cuenta estas realidades,
la Corte Constitucional ha precisado que el juez en estos asuntos no siempre
encuentra aquella prueba irrefutable que demuestra la conducta, sino que debe
partir de hipótesis sustentadas en los criterios de razonabilidad y establecer
el grado de probabilidad de las mismas. Para ello puede recurrir a varios
medios de prueba que le permitan construir cada una de las hipótesis y
determinar su grado de veracidad. En palabras de esta Corporación:
“Por tanto esta Corte estableció que, ante ese conjunto de límites y
dificultades derivados de la violencia sexual, “el juez no siempre
puede obtener una prueba o demostración irrefutable de los hechos, por lo que
debe elaborar hipótesis sobre los mismos y aplicar criterios de racionalidad y
razonabilidad que permitan establecer la fuerza y el grado de confirmación de
las mismas”. Adicionalmente, indicó que el nivel de confirmación de la
hipótesis es una cuestión de grado que se da a partir del balance de las
probabilidades; razón por la cual, el funcionario debe argumentar y derivar del
material probatorio la fortaleza o debilidad de la hipótesis que acoge o
rechaza en cada caso concreto.
Ahora, frente a la exigencia de una prueba que dé certeza más allá de toda
duda para lograr la acreditación de la violencia sexual, se ha indicado
que no es estrictamente necesario contar con evidencia física para que se
investigue un caso de violencia sexual. En efecto, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha reiterado “la necesidad de considerar pruebas
más allá de la constatación médica de lesiones físicas y la prueba testimonial
para poder fundamentar casos de violencia contra las mujeres, sobre todo casos
de violencia sexual”.
Al respecto, también expresó esta Corporación que en estos procesos cobran
especial importancia determinados medios de prueba, tales como: i) los dictámenes
periciales, que le permiten al juez incorporar máximas de la experiencia ajenas
a su conocimiento profesional por su carácter técnico y especializado; ii)
los indicios, dado que el abuso suele producirse en circunstancias en las
que no hay testigos directos ni rastros fisiológicos de los hechos; y, muy
especialmente, iii) el testimonio de las víctimas, pues frecuentemente es
el único elemento probatorio disponible, también por las condiciones en que
ocurren los hechos.”[88]
4.5.13.      Conforme a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha
resaltado que los derechos al acceso a la justicia y a la tutela judicial
efectiva de las víctimas de violencia sexual implican reconocer su
vulnerabilidad especial y adelantar el proceso judicial acorde con una
perspectiva de género y teniéndose en cuenta los riesgos a los que han sido
sometidas.
4.5.14.      También se ha resaltado que a las víctimas de violencia sexual, por
tratarse de una grave violación a los derechos humanos, se les deben garantizar
los derechos al acceso a la verdad, al acceso a la justicia, a la reparación y
a garantías de no repetición. Concretamente, sobre el derecho a la reparación,
esta Corte ha evidenciado que “(…) la
mayoría de las víctimas de situaciones de violencia generalizada son
diagnosticadas con un desorden por stress post traumático. Las cargas de
brutalidad y violencia muestran que muchas víctimas son sometidas a situaciones
de terror en condiciones de indefensión. El trauma queda inscrito de forma
inconsciente y retorna intempestivamente sin que el sujeto pueda contenerla o
reprimirla, por lo cual la exposición a experiencias traumáticas en una guerra
conduce a elevados niveles de depresión y trastornos de la ansiedad”.[89] En consecuencia, su reparación debe atender a reestablecer la
salud mental de la víctima.[90]
4.6.
Ahora bien, teniendo presente que el caso concreto es de
violencia sexual contra una mujer y líder campesina en el marco del conflicto
armado, se hará referencia a las subreglas jurisprudenciales más relevantes. En
estos asuntos, los derechos de las víctimas y las obligaciones de las
autoridades investigativas y judiciales tienen particularidades adicionales. Al
respecto, se hará referencia a las reglas más importantes establecidas en los
Autos 092 de 2008[91] y 009 de 2015[92]
emitidos por la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004.
·
Las providencias reconocen la violencia sexual como una
herramienta de guerra en el conflicto armado interno y como una práctica
habitual, extendida, sistemática e invisible por parte de los diferentes
actores armados.[93] Al mismo tiempo se establece la
violencia sexual como uno de los factores de vulnerabilidad específicos a los
que están expuestas las mujeres y niñas por su condición femenina en el marco
del conflicto interno colombiano.
·
La violencia sexual en contexto de conflicto armado representa un
crimen grave que compromete la responsabilidad penal nacional e internacional
de sus perpetradores, pues dependiendo de las circunstancias puede ser
declarado un crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.
·
Tratados internacionales de derechos humanos y de derecho
internacional humanitario, ratificados por Colombia, y el Estatuto de Roma,
imponen a las autoridades deberes reforzados de prevención, protección,
investigación, juzgamiento, sanción y reparación en materia de violencia sexual.[94]
·
La Sala de Seguimiento identificó una serie de riesgos que hacen
más probable la concreción de la violencia sexual contra las mujeres en el
conflicto armado. Estos factores son: (a) los de orden
contextual, dentro de los cuales se acentúa la presencia de actores armados en
los territorios y la ausencia o debilidad institucional frente a los fenómenos
de violencia sexual contra las mujeres; y (b) los de orden subjetivo, que se
concentran en los enfoques sub-diferenciales de edad, pertenencia a una etnia o
grupo racial, a la condición de discapacidad y a la orientación sexual. En
estos últimos también se encuadra la pertenencia a una organización social o
asociación que tenga visibilidad política y social y cuyas actividades los
actores armados las encuentran como obstáculos a sus actividades ilícitas:
“La
pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, así
como las labores de promoción social, liderazgo político o defensa de los
derechos humanos, constituyen factores de riesgo para la vida, integridad
personal y seguridad de las mujeres colombianas en múltiples regiones del país.
Se ha informado a la Corte por numerosas entidades que las mujeres que adquieren
visibilidad pública por el ejercicio de su derecho a la participación a través
de su desempeño como líderes, miembros o representantes de organizaciones de
mujeres, representantes de organizaciones sociales o comunitarias, promotoras
de derechos humanos, educadoras, funcionarias públicas, promotoras de salud,
líderes sindicales y posiciones afines, han sido objeto de homicidios,
persecuciones, detenciones, retenciones arbitrarias, torturas, desapariciones,
minas antipersonal, actos terroristas, actos de violencia sexual y amenazas por
parte de los miembros de los grupos armados ilegales. Estos actos criminales
también se han dirigido contra los miembros de las familias o las personas
allegadas a las mujeres que adquieren visibilidad por sus actividades públicas.
Las
mujeres colombianas que adquieren visibilidad pública por sus labores como
líderes o promotoras sociales, cívicas o de los derechos humanos, están
expuestas, como lo están los hombres que adquieren tal visibilidad, a la
violencia propia del conflicto armado que se desarrolla en nuestro país, y como
tal sufren actos criminales de esta índole; sin embargo, en los últimos años ha
habido una alarma creciente entre las entidades nacionales e internacionales
que protegen los derechos humanos, sobre el incremento en la incidencia de
crímenes de naturaleza socio-política contra mujeres líderes en el marco del
conflicto armado, y dentro del grupo de mujeres víctimas, contra las líderes
sociales y sindicales, defensoras de derechos y representantes de organizaciones
políticas, cívicas, comunitarias y económicas.”[95]
·
Como factores principales que impiden a las mujeres acceder a la
justicia, la Sala identificó los siguientes:
“i)
el miedo a las represalias por parte de sus victimarios contra ellas o contra
sus familiares, (ii) la desconfianza en el sistema de justicia, (iii) la
ignorancia sobre sus derechos y los mecanismos y procedimientos para hacerlos
efectivos, (iv) la falta de acompañamiento y asesoría estatal durante estos
procesos, (v) la falta de capacitación y sensibilización de los funcionarios
encargados de la administración de justicia frente a la delicada situación de
las mujeres desplazadas en tanto víctimas de la violencia y el delito, y (vi)
en general, la ausencia de garantías de acceso a la justicia para ellas y sus
familias, particularmente en las zonas apartadas geográficamente, afectadas por
el conflicto armado o sin presencia efectiva de las autoridades. A esta
situación también contribuye (vii) el riesgo al que se ven expuestas las
mujeres que optan por organizarse y liderar los procesos sociales y
comunitarios de reivindicación de derechos, tanto antes como después del
desplazamiento, según se describieron en los acápites precedentes de este Auto.
Por último, (viii) la invisibilidad oficial y extraoficial generalizada que se
tiende sobre las distintas violencias y riesgos de género propios del conflicto
armado, así como sobre las facetas de género del desplazamiento y sus
gravísimas repercusiones sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de
las víctimas –entre otras por la falta de sistemas de registro y estadísticas
sobre las violaciones de sus derechos humanos-, que constituye el telón de
fondo para la situación de impunidad y silencio que se ha acreditado ante la
Sala.”[96]
·
La mujer víctima de violencia sexual debe contar con un
acompañamiento psicológico permanente desde el inicio del proceso judicial que
sirva de apoyo a las diligencias en las que se enfrenta nuevamente al relato de
los hechos y se revictimice su situación. Por ello, la Sala advierte que se le
debe garantizar el acceso a un equipo interdisciplinario
–jurídico y psicosocial- que acompañe y respalde su intervención en el proceso.
·
Las autoridades estatales competentes deben emplear el factor de
riesgo contextual de la presencia de actores armados en los territorios, con el
objeto de “presumir de manera razonable que los actos de violencia sexual
allí perpetrados, se encuentran directamente vinculados con el conflicto armado
y que, por ende, son un factor de nuevos desplazamientos, o un factor de
re-victimización para las mujeres que allí se han asentado tras haber sido
desplazadas”.[97]
De esa forma, en las actividades que adelanten las autoridades de prevención,
protección, investigación, juzgamiento, sanción y reparación de actos de
violencia sexual debe tenerse en cuenta la correlación de aquellos con el
conflicto armado interno y el desplazamiento forzado.
·
La Sala de Seguimiento constató que uno de los principales
obstáculos para que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien los
hechos es el temor fundado de sufrir nuevas amenzas o represalías por parte de
los actores armados y la desconfianza en las autoridades competentes.
Igualmente la presencia de actores armados en el lugar donde ocurrieron los
hechos genera un ambiente generalizado de presión que impide a las mujeres y
sus familiares denunciar los hechos.
·
La Sala estableció unos “deberes mínimos de debida diligencia”
en la investigación, juzgamiento y sanción de los actos de violencia sexual
contra mujeres y niñas perpetrados por actores armados. Al respecto, resaltó
que el deber de debida diligencia implica como primera medida garantizar el
acceso a un recurso judicial efectivo. En relación con el deber de recaudar la
evidencia probatoria, la Corte, a la luz de los estándares internacionales
estableció que “(…) los funcionarios judiciales deben
ejercer su libertad probatoria garantizando que en cada caso concreto se
realizan los máximos esfuerzos en recabar el material probatorio
circunstancial, documental, pericial y testimonial derivado de la situación, el
entorno y el contexto en el que ocurrió el acto violento, con el propósito de
identificar al agresor y efectuar la calificación de los hechos, en la
perspectiva de que la violencia sexual constituye una vulneración grave de los
derechos  humanos de las mujeres”.[98]
Con base en ello, las técnicas de investigación deben minimizar las
intromisiones a la intimidad de la víctima y buscar estrategias más eficaces
para probar los hechos.
·
En lo ateniente al recaudo de las evidencias probatorias
por parte de las autoridades judiciales, la Sala de Seguimiento estableció
algunos parámetros:
“(a) la declaración de la víctima debe
realizarse en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde a la mujer seguridad y
confianza; (b) la toma de la declaración de la víctima debe realizarse de forma
tal que se evite o se reduzca la posibilidad de revictimización;[99]
(c) la coordinación de los actos investigativos debe adelantarse de manera que
el manejo de la prueba se efectúe de manera diligente, tomando muestras
suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho,
asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma
inmediata el lugar de los hechos, y garantizando la correcta cadena de
custodia, entre otras obligaciones; (d) el recaudo del material probatorio físico
debe ser efectuado por especialistas capacitados en el tipo de violencia que se
está investigando, y preferiblemente deben ser del mismo sexo de la víctima[100];
(e) en los casos de homicidios precedidos de actos de violencia sexual, se
deben preservar las evidencias físicas que indiquen la ocurrencia  de los
delitos sexuales[101];
(f) el decreto y práctica de pruebas debe respetar los derechos fundamentales
y, en particular el derecho a la intimidad, de manera que las autoridades
judiciales no deben decretar pruebas impertinentes, inconducentes o
innecesarias, como aquellas que indaguen sobre la vida privada de la víctima,
que cuestionen o ponga en tela de juicio la ocurrencia de los hechos o que
realicen inferencias indebidas por el hecho de que la víctima haya establecido
nuevos contactos con el agresor[102];
(g) se deben adoptar las medidas que sean necesarias para erradicar las
prácticas, actitudes o comportamientos o expresiones que denoten prejuicios o
actitudes discriminatorias de género, por la pertenencia étnica, la edad, la
procedencia territorial o social o la preferencia sexual diversa o identidad de
género de la víctima;  (h) la práctica probatoria debe partir de la evaluación
de la condición de vulnerabilidad de la víctima, especialmente, si se trata de
niñas, adultas mayores que pertenecen a comunidades indígenas,
afrodescendientes, o se encuentran en condición de discapacidad; y finalmente
(i) se deben decretar pruebas interdisciplinarias que aporten información,
histórica, contextual, sociológica o psicológica de los hechos.”[103]
·
En casos de violencia sexual la valoración del material
probatorio debe tener en cuenta los siguientes criterio específicos:
“(i)
ordenar de oficio y recolectar los elementos probatorios que sean necesarios de
manera oportuna –pues el tiempo puede conducir en estos casos a la pérdida de
la evidencia-. Lo anterior, sin desconocer los derechos de las víctimas, y
evitando al máximo su revictimización e intromisiones indebidas en su
intimidad, lo que incluye el deber de no someter a la víctima innecesariamente
a exámenes físicos y psicológicos; (ii) no valorar evidencia sobre el pasado
sexual de la víctima o sobre su comportamiento posterior a los hechos objeto de
investigación; (iii) considerar de manera restrictiva los elementos probatorios
sobre el consentimiento de la víctima; (iv) no desestimar los testimonios de
las víctimas por presentar contradicciones, pues éstas son frecuentes en
eventos traumáticos como la violencia sexual; (v) no desestimar los testimonios
de las víctimas por no haber sido obtenidos en las primeras entrevistas, pues
dicha omisión puede deberse, entre otras razones, a temores por razones de
seguridad; (vi) abstenerse de desestimar una acusación de violencia sexual por
no existir evidencia física de “penetración”, ya que la violencia sexual no se
limita a los eventos de acceso carnal –puede comprenden eventos en los que ni
siquiera hay contacto físico- e, incluso, en los casos de acceso carnal, la
ausencia de esta evidencia se puede deber a penetraciones hasta el introito
vaginal, a un himen dilatable o al paso del tiempo que impide la obtención de
muestras de fluidos, es decir, no es una regla de la experiencia que cuando no
ha habido penetración o no hay fluidos como espermatozoides, no ha habido
violencia sexual; (vii) emplear técnicas de investigación eficaces, modernas y
con altos estándares de sanidad; (viii) apreciar en conjunto la evidencia
teniendo en cuenta el contexto en el que se presentó la violencia sexual; (ix)
ordenar la recolección de elementos probatorios que puedan afectar los derechos
fundamentales de las víctimas, después de un análisis detallado de
proporcionalidad entre la necesidad de la medida y las posibles afectaciones en
los derechos fundamentales de las víctimas, análisis que además debe reflejarse
en la decisión respectiva; (x) permitir que en la práctica de exámenes físicos,
la víctima esté acompañada de una persona cercana, si así lo desea; (xi)
prestar especial atención al testimonio de la víctima, teniendo en cuenta que
en la mayoría de los eventos de violencia sexual no hay otros testigos, razón
por la cual el testimonio de la víctima debe valorarse como un indicio de la
ocurrencia del delito; y finalmente (xii) valorar los elementos probatorios
allegados por la víctima o sus representantes”.[104]
·
Se deben agotar líneas de investigación que indaguen la
sistematicidad y generalidad de la conducta de violencia sexual en el lugar
donde ocurrieron los hechos.
·
Los funcionarios judiciales que participan en investigaciones
penales deben abstenerse de todo acto, conducta o expresión que suponga un
trato discriminatorio contra las víctimas o que lesione su dignidad. De no
hacerlo, se compromete la responsabilidad penal y disciplinaria del
funcionario en el caso de que incurra en estas conductas.
·
En aras de garantizar el acceso a la administración de justicia de
las mujeres víctimas de violencia sexual y a la luz del deber de debida
diligencia en la investigación de los hechos, no se pueden exigir cargas
probatorias desproporcionadas. En ese sentido, no se puede dar énfasis estricto
al testimonio de la víctima[105] o a la sola evidencia física, [106] ya
que hay factores que pueden alterar estos elementos probatorios como lo son “i) el grado de afectación psicológica y mental de las
sobrevivientes de violencia sexual[107]; (ii) la generalizada ausencia de
acompañamiento psicosocial durante las diligencias judiciales; y (iii) los
prejuicios de género y actitudes discriminatorias en las que incurren algunos
funcionarios”. De esa forma es necesario que las estrategias
probatorias sean integrales y contextuales.
4.7.
Cabe precisar que el contenido de la jurisprudencia
constitucional se ha desarrollado con los estándares de los organismos del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas de las subreglas expuestas
antes son una aplicación semejante de las reglas jurisprudenciales de la Corte
Interamericana.[108] En todo caso, en virtud de las
circunstancias particulares del caso que se estudia en esta ocasión, es
importante resaltar que la Corte IDH ha afirmado que en la medida en que la
agresiones sexuales se ejercen en sitios aislados en donde no hay más testigos
de las circunstancias que el propio agresor y la víctima, la declaración de ésta
última es una prueba crucial sobre los hechos. Así, al valorar las
declaraciones de la víctima, las autoridades deben tener en cuenta los
siguientes factores:
“(…) se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales
corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el
estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. La Corte, igualmente, ha tenido
en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual
se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en
determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte ha advertido que
las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención
de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de éstas no significa
que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad (…)[109]
En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales,
la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la
presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la
ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos
los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o
enfermedades verificables a través de dichos exámenes”.[110]
Para la Corte IDH es necesario que las
autoridades estatales en todas las diligencias de investigación y juzgamiento
que se adelantan en estos asuntos, en aras de garantizar el acceso a la
justicia de las víctimas, estén desprovistas de estereotipos de género que puedan
seguir perpetuando tratos de discriminación contra la mujer.
4.8.
En síntesis, la violencia sexual contra las mujeres y niñas es un
fenómeno que genera múltiples afectaciones a la vida de una persona, lo que
implica que en el proceso de investigación, juzgamiento y sanción de estas
conductas deban observarse reglas especiales para evitar atentar contra la
intimidad o generar circunstancias revictimizantes. Adicionalmente, como es
reconocido por la jurisprudencia de la Corte y por organismos internacionales,
la violencia sexual contra la mujer es un tipo de agresión muy particular, toda
vez que se sustenta en prejuicios sociales discriminatorios contra las mujeres
y cargas históricas del género femenino.  El acceso a la justicia de estas
víctimas es trascendental para visibilizar los hechos y evitar la impunidad de
los asuntos. Ello exige que las autoridades investigativas y judiciales, así
como todas las que intervienen en estos casos, encaminen sus diligencias con el
debido respeto de las circunstancias que denuncia la persona y al margen de
cualquier prejuicio social o histórico del género femenino. Ahora bien, en
contextos de conflicto armado en los que son los actores armados quienes
ejercen la violencia sexual, las autoridades estatales deben analizar los
hechos conforme a una perspectiva de género, teniendo en cuenta un contexto
concreto y los riesgos derivados por su pertenencia a alguna organización
social.
5.  La acción de tutela interpuesta por la Comisión
Colombiana de Juristas (CCJ) a favor de Bárbara
5.1.    Como bien se precisó al comienzo de esta providencia, la CCJ
interpuso acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca por considerar vulnerados los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al acceso a un recurso
judicial efectivo y a las garantías de no repetición de Bárbara por las
afirmaciones revictimizantes presuntamente realizadas por la autoridad judicial
en la parte motiva de su sentencia. Aclaró que su pretensión “no está encaminada
a modificar la parte resolutiva de la sentencia, a saber, la absolución de los
sindicados por los delitos de secuestro extorsivo agravado, acceso carnal
violento en persona protegida, y desplazamiento forzado, sino que busca la
eliminación de apartes motivos de la sentencia que representan una vulneración
de los derechos de las víctimas consecuencia de las aseveraciones realizadas
por el Tribunal”.[111] En consecuencia, solicitó al juez de amparo “revocar
parcialmente la parte motiva de la sentencia, en relación con los señalados
apartes que hacen referencia a la falta de credibilidad de la versión de la
víctima con relación a la existencia de los hechos por ella denunciados”.[112]
5.1.1. De
acuerdo a las pretensiones formuladas y los argumentos expuestos, la Sala
estableció tres problemas jurídicos para resolver: (i) si la acción de tutela
es el mecanismo judicial procedente para cuestionar la forma como fueron
valoradas la pruebas allegadas a un proceso penal en el que se investigan
hechos de violencia sexual en el marco de un conflicto armado interno; (ii) si
la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para “eliminar
apartes motivos”[113] de una sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que se consideran
revictimizantes para una víctima de violencia sexual en el marco de un
conflicto armado; y (iii) si las sentencias proferidas en el marco del proceso
penal sobre la investigación de los hechos sufridos por Bárbara realizan
consideraciones revictimizantes contra sus declaraciones, y en consecuencia,
vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a
la intimidad, a un recurso judicial efectivo y a garantías de no repetición.
5.1.2. En
ese orden de ideas, este aparte se dividirá en dos subtítulos. El primero hará
el análisis concerniente a los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En este segmento se resolverá
el primer problema jurídico mencionado. Luego se desarrollará un acápite dentro
del cual, se analizarán los dos problemas jurídicos faltantes. En él se hará un
análisis preliminar sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la
acción de tutela en relación con el lenguaje utilizado por los jueces
ordinarios, y posteriormente, se realizará un análisis de fondo de los
extractos que se consideran revictimizantes.
5.2.     La acción de tutela presentada por la CCJ a favor de Bárbara
resulta improcedente en relación con la valoración probatoria adelantada por
los jueces ordinarios
La Sala observa que a
pesar de que los accionantes insisten en que sólo pretenden algunas
modificaciones de la parte motiva de la sentencia sin debatir la
responsabilidad penal de los procesados, los argumentos expuestos en el escrito
de tutela controvierten la forma como fueron valoradas las declaraciones de la
víctima en relación con los demás medios probatorios y su inobservancia con los
estándares jurisprudenciales. Es por esta razón que la Sala deberá primero
examinar si la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para
cuestionar la forma como fueron valoradas las pruebas allegadas a un proceso
penal en el que se investigan hechos de violencia sexual en el marco de un
conflicto armado interno, a pesar de haber tenido a su disposición el recurso
extraordinario de casación.
5.2.1. En
lo ateniente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela interpuesta por la CCJ
cumple con los siguientes: El asunto presenta una controversia de relevancia
constitucional, en la medida en que se trata de analizar las obligaciones de
las autoridades judiciales cuando tienen en su conocimiento un caso de
violencia sexual en el que cuentan como prueba principal la declaración de la
víctima. Igualmente, como se estableció en las consideraciones de esta
providencia, la violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto
armado es un fenómeno que se ha presentado de manera sistemática en el
conflicto colombiano, que tiene serias implicaciones en la garantía de los
derechos al acceso a la administración de justicia y la dignidad humana, entre
otros.
5.2.2. La
acción de tutela de Bárbara cumple con el requisito de inmediatez, pues
la sentencia que se controvierte fue proferida el 18 de enero de 2017 y la
acción de tutela fue interpuesta el 30 de mayo del mismo año,[114]
término que resulta razonable. De la misma manera, los accionantes alegan una
irregularidad procesal que vulnera los derechos fundamentales a la dignidad
humana, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a las
garantías de no repetición. Específicamente, cuestionan el desconocimiento de
los estándares constitucionales de valoración probatoria en asuntos de
violencia sexual contra la mujer. Finalmente, la acción de tutela no está dirigida
a controvertir una sentencia emitida en el marco de una acción de la misma
naturaleza.
5.2.3. Ahora
bien, en relación con el requisito de subisidiariedad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala estima que no se cumple con esta
condición general de procedencia. Como bien ha establecido la jurisprudencia
constitucional, en virtud del principio de seguridad jurídica, el ciudadano que
pretende cuestionar una decisión judicial debe agotar todos los medios de
defensa judicial -ordinarios y extraordinarios-, con el fin de poner en
conocimiento de la autoridad judicial competente la presunta irregularidad que
se ha generado en un proceso judicial. Lo anterior encuentra sentido en razón a
que no se puede vaciar de competencia a las autoridades judiciales y concentrar
todos los conflictos en la jurisdicción constitucional. Así, la acción de
tutela no puede ser un mecanismo alternativo o ejercido para revivir términos o
instancias que fueron vencidas en el proceso ordinario respectivo. Sin
perjuicio de ello, la Corte ha establecido que la acción de tutela contra una
providencia judicial podría ser procedente cuando se demuestran alguna de las
siguientes situaciones:
“a) Es necesario que la persona haya agotado todos los
mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la
decisión que se pretende controvertir mediante tutela.  Con ello se busca
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta
la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar
oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.
b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias
especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya
visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de
defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se
atempera para permitir la procedencia de la acción.
c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra
providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable.  Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido surtidas
las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de alguna
medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente podrá
intervenir de manera provisional”.[115]
De acuerdo a estas reglas jurisprudenciales, la regla general
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales atiende al
deber de agotar todos los recursos que ofrece el proceso ordinario para
solventar la pretensión. De forma excepcional, procedería la acción de tutela
de forma transitoria, cuando se configura un perjuicio irremediable; y
procedería la acción constitucional de forma principal, cuando se logra
demostrar que los recursos disponibles no eran adecuados y efectivos para
solventar la petición y cuando se prueba la imposibilidad de la persona para
acudir a los recursos judiciales ordinarios.
5.2.4. En el caso de Bárbara
el recurso extraordinario de casación no fue interpuesto
contra la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca.[116] Los accionantes argumentan que no acudieron al recurso
extraordinario por cuanto no era el adecuado para lograr resolver su pretensión
sustentada en modificar apartes motivos de la sentencia de segunda instancia y
no su parte resolutiva. Esto conlleva a la Sala de Revisión a analizar si el
recurso extraordinario de casación representa un recurso idóneo para las pretensiones
de los accionantes, y si por tanto, se está acudiendo a la acción de tutela
para revivir términos legales ordinarios.
5.2.5. La
CCJ puso de presente que el Tribunal valoró erróneamente las declaraciones de
la víctima y le otorgó mayor relevancia a unos testimonios para concluir que no
existía prueba sobre la comisión de los delitos. De la misma manera, señaló que
el Tribunal se concentró en restarle veracidad a las declaraciones de la
víctima y omitió evaluar de manera integral el acervo probatorio, como lo exige
la jurisprudencia constitucional en casos de violencia sexual contra la mujer
en el marco del conflicto armado. Los accionantes afirmaron que el Tribunal
incurrió en las siguientes inconsistencias: (i)  “Enfoque revictimizante de
la sentencia desconoce la normatividad y jurisprudencia respecto a la prueba
judicial en casos de violencia sexual en contextos de conflicto armado”;[117]
(ii)“Contradicciones y/o incongruencias intrascendentales para
establecer la credibilidad de la víctima y existencia del hecho”;[118] (iii) “Error
en la identificación de incongruencias”;[119]
(iv) “Errores en el análisis de las pruebas sobre el día siguiente a la
liberación de Nohora Cecilia”;[120]
(v) “no se tienen en cuenta otros aspectos que indican que el hecho
delictivo existió”;[121] (vi) “Consideración
respecto a la valoración de la versión de las víctimas de violencia sexual en
contexto de conflicto armado y el in dubio pro reo”.[122]
5.2.6. En el desarrollo
de los argumentos de cada uno de los títulos mencionados, los accionantes
describen que la forma de valoración probatoria del Tribunal incurrió en una
violación de los derechos fundamentales de la víctima. En el escrito se
controvierte, por ejemplo, cómo el juez ordinario realizó la valoración de la
primera declaración de la víctima en contraste con la de los agentes de policía
que la encontraron luego de los presuntos hechos de secuestro. Sobre este punto
se afirmó que “[e]l Tribunal en la sentencia de segunda instancia se detiene
a examinar la credibilidad que ofrece la versión de la víctima sobre
situaciones que resultan intrascendentes para establecer si los hechos punibles
existieron, tal es la circunstancia evidenciada cuando se detiene a analizar
las versiones de la víctima con respecto al destino que tenía al momento de ser
secuestrada y cómo se acordó la reunión a que se dirigía (…)”.[123]
5.2.7. En el mismo
sentido, los accionantes aseguran que “[e]l Tribunal se centra en la
incertidumbre, derivada de su propia falencia en el análisis sistemático de la
prueba, para negarle crédito al dicho de la víctima, por la incertidumbre que
dice tener sobre lo que sucedió a la víctima entre su llegada al pueblo y su
encuentro con los policías y por no haber acudido a un hospital o buscado ayuda
(…)”.[124] Al respecto
resaltan que el Tribunal no tuvo en cuenta en la sentencia el dictamen de
medicina legal “que indica que se encontraron en las muñecas de la víctima
erosiones transversales, con lo cual se corrobora lo señalado por la víctima en
su declaración del 28 de noviembre de 2003 según la cual sus captores le ataron
por sus muñecas (…)”.[125]
5.2.8. La Sala observa
que las cuestiones que plantean los accionantes están ineludiblemente
relacionadas con la determinación de responsabilidad penal de los procesados.
La valoración de estas pruebas podría llevar a modificar la parte resolutiva de
la sentencia en la medida en que se trata de contrastar diferentes testimonios,
reconstruir hipótesis sobre la declaración de la víctima y en evaluar el acervo
probatorio a la luz de los estándares internacionales en asuntos de violencia
sexual contra la mujer en el contexto de un conflicto armado.
5.2.9. Estos
argumentos de los accionantes son en realidad inconformidades respecto a la
valoración probatoria y no al lenguaje en estricto sentido utilizado por el
juez ordinario. Puede verse cómo en las consideraciones concluyentes del
Tribunal, lo que se establece es que los demás medios materiales probatorios
allegados al proceso penal no corroboraron lo relatado por la víctima. Además
se evidencia que la presunta revictimización en la que incurre el Tribunal se
materializa en la valoración probatoria de la declaración de la víctima en
relación con las diferentes hipótesis presentadas en el plenario. Estos
cuestionamientos debían ser invocados a través de un recurso de casación,
mecanismo judicial adecuado para solventar estos errores.
5.2.10.      En efecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia cuenta con jurisprudencia relevante sobre casos similares a los de Bárbara
en los que se ha resuelto casar la sentencia de segunda instancia ante errónea
valoración probatoria conforme a los estándares constitucionales e
internacionales o ausencia de valoración.[126]
Invocándose la causal primera del artículo 207 del Código de Procedimiento
Penal aplicable al caso que se analiza,[127]
la Corte ha admitido la casación en casos de violencia sexual y conflicto
armado. En aquellas sentencias el alto tribunal, con fundamento en la
jurisprudencia constitucional y tratados de derechos humanos, ha resaltado la
importancia de dar credibilidad a la versión de la víctima:
“Al desestimar el sentenciador las atestaciones de la
ofendida, con fundamento en inconsistencias poco relevantes y apreciaciones que
omiten el verdadero contexto de la situación (violencia de género y condición
de víctima del conflicto), incurre en la nociva práctica judicial advertida por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consistente en “la escasa
credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y el tratamiento
inadecuado de éstas y de sus familiares cuando procuran colaborar en la
investigación de los hechos”, llamado de atención que naturalmente no genera
una tarifa probatoria que se inclina a favor del dicho de la víctima, sino que
insiste en la consigna ya adoptada por la Corte, en el sentido de que no se
debe desestimar de antemano las atestaciones de las víctimas, sino ponderarlas
en cada caso concreto.
La cuestión que plantea la CIDH resulta de especial
relevancia en este caso frente a la decisión de segundo grado. En efecto,
resultan nocivas y victimizantes las consideraciones esgrimidas por la Sala
Penal de Conjueces del Tribunal Superior de Cúcuta, cuando en la sentencia del
17 de abril de 2012 (página 27), pone en tela de juicio la legitimidad de las
víctimas para acceder a los mecanismos e instancias judiciales, sugiere que
este proceso fue promovido con un claro ánimo de venganza hacia la familia B y
reprocha que aquellas se hubieran asesorado de Organizaciones no
Gubernamentales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que
orientaron su estrategia hacia una visión del caso desde la perspectiva del
conflicto.”[128]
5.2.11. En
igual sentido, la Corte Suprema ha citado las Reglas de Procedimiento y Prueba
de la Corte Penal Internacional para insistir cómo debe valorarse en un asunto
de violencia sexual el comportamiento previo de la víctima, en específico, que el
consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o silencio.[129]
Con base en ello, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha advertido
que este tipo de asuntos deben ser analizados por las autoridades judiciales
con una perspectiva de género, elemento esencial a la hora de valorar y
resolver el caso. De la misma forma, y teniendo en cuenta los riesgos
identificados por la jurisprudencia constitucional,[130]
la Corte Suprema ha recordado que en casos donde se alega la violencia sexual
ejercida por actores armados se debe identificar quién es la víctima y cómo
tiene relación la conducta tipificada con el conflicto armado interno.[131]
5.2.12. Una
revisión de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal demuestra que de
forma sostenida se invocan los derechos de las mujeres víctimas de violencia
sexual, tales como (i) el derecho a que se valore el contexto en el que
ocurrieron los hechos, (ii) el derecho a que no se imponga una tarifa
probatoria a la credibilidad de la víctima, (iii) el derecho a que se aprecie y
valore el testimonio de la víctima teniendo en cuenta el modus operandi de
estos delitos, (iv) el derecho a que se les garantice una protección especial
durante todo el proceso de investigación y que ésta se adelante con la mayor
seriedad y diligencia, (v) el derecho a ser tratadas con la mayor consideración
y respeto por parte de las autoridades, (vi) el derecho a que las diligencias
no conlleven a la revictimización, entre otros.[132]
5.2.13. Los
fundamentos jurídicos expuestos, provenientes de la jurisprudencia de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, permiten concluir que el recurso
de casación en el caso de Bárbara era un recurso idóneo y efectivo en la
medida en que tiene la capacidad jurídica para modificar la forma como fueron
valoradas las pruebas en el proceso penal, y concretamente, exigir que las
declaraciones de la víctima fueran evaluadas dentro de un contexto de conflicto
armado y en conjunto con el acervo probatorio allegado.[133]
Así, la acción de tutela no puede servir como un mecanismo para revivir
términos que ya han caducado, ni puede el juez constitucional reemplazar al
juez natural.
5.2.14. Acorde
con las consideraciones realizadas, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela interpuesta por la CCJ a favor de Bárbara contra la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en relación con
aquellos cargos que se dirigen a controvertir la valoración probatoria, y por
ello, no evaluará si se incurrió en un defecto fáctico o en un desconocimiento
del precedente constitucional.
5.3.
La
acción de tutela como mecanismo judicial adecuado y efectivo para solicitar la
modificación del lenguaje utilizado por la autoridad judicial
5.3.1.
La
Sala encuentra que la acción de tutela sí es procedente para analizar el
lenguaje utilizado por el juez ordinario en la sentencia, pues esta pretensión
no encuadra en ninguna de las hipótesis o causales del recurso de casación,[134]
y en esa medida, la Comisión Colombiana de Juristas no cuenta con otro recurso
para solicitar la modificación o exclusión de expresiones de las providencias.
5.3.1.1.
De
la misma forma, se considera que una sentencia judicial no siempre está
relacionada con la violación del derecho al debido proceso, sino que puede
también generar la vulneración de otros derechos fundamentales establecidos en
la Constitución, como lo son la igualdad y no discriminación, la dignidad
humana, el buen nombre, la intimidad, entre otros. Para la Sala esta hipótesis
encuadra en la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales denominada “violación directa de la
Constitución”, toda vez que la forma en que el juez presenta la motivación de
su decisión puede llevar a desconocer postulados de la Carta Política.
5.3.1.2.
Al
respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que esta causal
especifica de procedibilidad tiene fundamento en el artículo 4º de la Carta, el
cual dispone que la Constitución tiene carácter vinculante y fuerza normativa.
Para la Corte Constitucional la acción de tutela procede por esta causal, entre
otras hipótesis, cuando “ (…) se trata de la
violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; (…) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos
fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución”.[135]
5.3.2.
En
el caso de Bárbara, la Sala observa que los jueces penales ordinarios al
motivar la sentencia, utilizaron lenguaje irrespetuoso y denigrante contra la
presunta víctima. Hicieron suyas algunas de las afirmaciones de los testimonios
recabados en el plenario que no corresponden a una descripción objetiva de las
pruebas. La Sala de Revisión, como lo demostrará a continuación, considera que
existen apartes de las sentencias penales del caso de Bárbara que
vulneran sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad, al
buen nombre y a las garantías de no repetición, y en consecuencia, constituyen
una violación directa de la Constitución.
No
obstante lo anterior, la Sala subraya en este punto que el análisis de la parte
motiva de las decisiones y del uso del lenguaje de los jueces no tiene relación
alguna con la determinación de la responsabilidad penal o la existencia de los
hechos que fueron objeto de investigación. En consecuencia, la parte resolutiva
de las decisiones quedará incólume.
5.3.2.1.
En
virtud del principio de autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen
de discreción al momento de motivar sus decisiones. Sin perjuicio de ello, este
deber de motivación encuentra límites constitucionales que deben ser acatados. Los
jueces en el marco de un Estado Social de Derecho deben justificar
suficientemente sus sentencias conforme a lo demostrado por las partes en un
proceso judicial. Esto implica analizar las pruebas y posiciones de las partes
y justificar la decisión en los argumentos más razonables y fuertes que el juez
encuentre. El lenguaje utilizado por el juez en su ejercicio de motivar una
decisión es absolutamente relevante, pues a partir de él se construye una
verdad judicial y una posición de los hechos que fueron denunciados.[136]  En
ese orden de ideas, una sentencia es tan relevante para el ordenamiento
jurídico –por constituir un precedente-, como para la víctima, quien encuentra
en aquel documento una forma de acceso a la justicia, a la verdad y a la
reparación.
5.3.2.2.
La
Corte Constitucional ha establecido en varias sentencias la importancia del uso
del lenguaje por parte del legislador. Al respecto ha señalado que “[e]l
papel del juez constitucional no es el de impulsar el adecuado uso de un nuevo
lenguaje, sino evitar que conduzca a situaciones de discriminación, o
contrarias a la dignidad humana, o que niegue el deber estatal de crear medidas
para que la igualdad sea real”.[137]
Estas consideraciones, realizadas en el contexto de una revisión constitucional
de la ley, son igualmente aplicables a decisiones judiciales, dado que las
sentencias son una forma de manifestación del poder público, que genera efectos
simbólicos trascendentales en la vida de los ciudadanos. En asuntos de tutela,
la Corte Constitucional en sede de revisión, al determinar que la sentencia de
un juez de tutela perpetuaba prejuicios sociales contra las personas con
diversidad sexual, decidió revocar la decisión y llamar la atención del juez
para que precisara los términos utilizados en su sentencia.[138] En
sus palabras:
“(…) según se
expuso en acápites anteriores, históricamente las personas LGBTI han enfrentado
todo tipo de discriminación, empezando por el lenguaje utilizado para referirse
o expresarse sobre ellas, y de ahí, la importancia de no confundir términos ni
mezclar expresiones. Lo anterior cobra especial relevancia cuando esta clase de
asuntos son conocidos por los jueces llamados a proteger las garantías
fundamentales de esta población, en tanto su labor será más efectiva y
garantista si tienen pleno conocimiento del tipo de derecho que están
protegiendo y sobre quién recae dicha protección.”[139]
5.3.2.3.
En
ese mismo sentido, las autoridades judiciales tienen el deber de utilizar en
las providencias un lenguaje respetuoso con la situación de la víctima de
violencia sexual.[140] Les
corresponde a los jueces en sus sentencias transformar los estereotipos de
género que originan toda clase de actos de violencia contra las mujeres.[141] En
ese sentido lo ha expresado también la Corte IDH en el caso de Karen Atala
contra Chile, en el que subrayó la responsabilidad que tienen las autoridades
judiciales de motivar sus decisiones al margen del uso de prejuicios y
estereotipos sociales, los cuales perpetúan la discriminación de poblaciones
históricamente invisibilizadas.[142]
5.3.2.4.
Como
fue extensamente desarrollado en las consideraciones de esta providencia,
cuando se investigan y juzgan casos en los que se denuncian hechos de violencia
sexual en contextos de conflicto armado interno, las autoridades investigativas
y judiciales tienen unas obligaciones especiales frente a las víctimas. La Ley 1719
de 2014[143]
establece que “las actuaciones
adelantadas por los funcionarios judiciales deberán respetar en todo momento la
dignidad de las víctimas de violencia sexual y atender sus necesidades de tal
manera que no constituyan actos de revictimización” (artículo 17). De la misma
forma, dispone que para la conducción de la investigación y aprecaición de las
pruebas en casos de violencia sexual, “no se desestimará el testimonio de la
víctima” (artículo 19.6).
5.3.2.5.
Igualmente,
dentro de estas obligaciones especiales, se encuentra, por una parte, no emitir
conclusiones basadas en el comportamiento de las víctimas; y por otra parte,
abstenerse de realizar motivaciones sustentadas en prejuicios sociales o que
sean irrespetuosas de las declaraciones de la víctima. Lo anterior, permite
garantizar a la víctima (a) su derecho a ser tratada con respeto y consideración
en espacios de confianza para evitar una segunda victimización y (b)
su
derecho a que se valore el contexto en el que ocurrieron los hechos
independientemente de prejuicios sociales contra la mujer.[144] En esa medida,
para la Sala los
casos en los que el juzgador invoca juicios de valor sustentados en
estereotipos sociales o culturales sobre el comportamiento de la mujer
desvalorizando su testimonio, genera sin duda una revictimización que hace más
vulnerable a la víctima.
5.3.3. Pues bien,
conforme a los anteriores parámetros, la Sala encuentra que las decisiones
judiciales, tanto de primera como segunda instancia, emitidas en el proceso
penal de los hechos denunciados por Bárbara, incurren en juicios de valor que
afectan sus derechos a la dignidad humana, intimidad y buen nombre y en
consecuencia, las decisiones violan directamente la Constitución.
5.3.3.1.   La Sala observa
que los accionantes citaron unos apartes de la sentencia de segunda instancia
que consideraron revictimizantes. No obstante, más allá de los apartes precisos
que ellos señalaron, las providencias de primera y segunda instancia cuentan
con extractos que denotan un lenguaje irrespetuoso contra las declaraciones de
Bárbara. Estos apartes son consideraciones que no son objetivas y tampoco
meramente descriptivas, sino que emiten juicios de valor contra la dignidad e
intimidad de la presunta víctima. Para la Sala estos apartes no pueden quedar
intactos en una sentencia emitida en el marco de un Estado Social de Derecho,
en el que los jueces también se encuentran sometidos a los valores y principios
constitucionales. A continuación se hará una transcripción de los párrafos que
la Sala considera violatorios de los derechos fundamentales de Bárbara,
debido a que se denotan juicios de valor que atentan contra las declaraciones
de la víctima y llevan a considerar la mala fe de la víctima.
5.3.3.2.
La
sentencia del 18 de julio de 2016 proferida por el Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Cundinamarca, autoridad que conoció el caso en
primera instancia,[145]
contiene en la parte considerativa del fallo los siguientes párrafos:
“y
en lo que tiene que ver con el delito de desplazamiento forzado tipificado en
el artículo 180 del Código Penal, se observa que aunque se tiene por cierto que
[Bárbara], abandonó el país, no se cuenta con la certeza de que ello haya sido
consecuencia del constreñimiento ejecutado por un tercero, ni derivado de los
punibles de secuestro extorsivo agravado y acceso carnal violento en persona
protegida, que fueran denunciados, que como se anotó, existen dudas sobre su
tipificación.
En
su defecto, obra prueba testimonial de personas pertenecientes a la
organización de mujeres de las que hacía parte [Bárbara] – ANMUCIC, que dan
cuenta no solo de la mitomanía de ella de sobreactuarse y decir mentiras, sino
que la comisión de los punibles denunciados se trató de un montaje para
agilizar la salida del país de la mencionada y su grupo familiar, mismo
procedimiento que se realizó a otras personas y que fuera a algunas de las
integrantes del grupo ofrecido. (…)
De
la relación con [Bárbara] aduce que aunque se colaboraban para la elaboración
de proyectos, su desempeño en la organización era conflictivo y con
tendencias a decir mentiras, observando una baja autoestima, tal vez por su
aspecto físico, por cuanto presentaba serios problemas dentales por los que se
tapaba permanentemente la boca con su mano o una bufanda.
Luego,
existe incertidumbre si el motivo del exilio de la señora [Bárbara], obedeció a
los ataques y amenazas de que se aduce era víctima por parte de grupos
paramilitares como represalia a su desempeño como líder de la asociación de
mujeres, o si por el contrario, junto con terceras personas líderes o asesores
de la misma organización, se ideó la comisión de los punibles aquí
denunciados (…)” (folios 29 y 30 de la sentencia)[146]
5.3.3.3.
Como
puede verse las consideraciones vertidas por el juez en este aparte de la
sentencia atacan y subestiman directamente las versiones de la víctima de
violencia sexual. Las expresiones que se utilizan tales como “mitomanía” o
“sobreactuarse” o “montaje”, restan toda veracidad a las declaraciones de la
señora Bárbara, y en cambio, dan por ciertos hechos o comportamientos en su
contra que tampoco han sido fehacientemente demostrados. Precisamente por
existir una “duda razonable” sobre la existencia de los hechos y los
responsables de su comisión, no le es posible al juez afirmar con certeza que
Bárbara “ideo” los hechos para ganar un beneficio. Es decir, el hecho de que no
se haya logrado demostrar la versión de la víctima en un proceso penal no
quiere decir necesariamente que los hechos no ocurrieron, sino que, llanamente,
no pudieron ser probados en el marco de un proceso judicial.
5.3.3.4.
Cabe
recordar que esta modalidad de violencia se ve agravada, por el hecho de que
las víctimas se sienten avergonzadas y humilladas a tal punto que prefieren
ocultar el acto y olvidarse de denunciarlo. Pero en los casos en los que
deciden hacerlo se vuelven objeto de amenazas constantes, muchas veces, las
mismas autoridades no les creen o subvaloran la situación. Como fue expuesto en
las consideraciones de esta providencia, en los informes del Centro Nacional de
Memoria Histórica se recogieron testimonios que dan cuenta que los roles de
género establecidos en el entorno social de la víctima “sesgan la percepción
del hecho victimizante como hecho de violencia”[147].
5.3.3.5.
En
la misma medida, la Sala observa que estos apartes de la sentencia no son
esenciales para la decisión a la que se llega, y por tanto, corresponden a un obiter
dicta que, en cambio, ofenden la versión de la víctima. En consecuencia, la
Sala ordenará al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Cundinamarca, eliminar los apartes subrayados de los párrafos consignados, y en
su lugar, citar de forma literal los testimonios a los que se refiere y solo la
parte pertinente que tenga relación con la existencia o no de los ingredientes
del tipo penal de desplazamiento forzado. Igualmente deberá evitar la redacción
de frases afirmativas, y en cambio, apelar por frases meramente descriptivas e
hipotéticas. La Sala advierte nuevamente en este punto que esta modificación de
la parte motiva no afecta en nada la parte resolutiva de la sentencia penal.
5.3.3.6.
Ahora
bien, en relación con la sentencia de segunda instancia,[148]
la Sala nota que los accionantes atacaron unos apartes específicos como
violatorios de los derechos fundamentales de Bárbara. Sin embargo, de la
lectura integral de la sentencia pueden extraerse otros extractos adicionales
que también configuran una violación a sus derechos. Por tanto, la Sala hará
primero el análisis sobre la parte motiva señalada por los accionantes, y
luego, transcribirá los párrafos adicionales.
5.3.3.7.
Los accionantes alegan como revictimizantes concretamente los
siguientes apartes de la parte motiva de la sentencia del Tribunal:[149]
·
El problema jurídico planteado: “¿Las
diferentes manifestaciones de [Bárbara], las cuales no son armónicas ni
congruentes entre sí, son suficientes para demostrar, más allá de toda duda
razonable la existencia de las conductas punibles de secuestro extorsivo
agravado, acceso carnal violento en persona protegida y desplazamiento forzado y,
adicionalmente, son idóneos sus señalamientos para predicar la responsabilidad
penal de los acusados en los hechos objeto de estudio?”.[150]
·
“Así las cosas, no se demostró ni acreditó que la señora [Bárbara]
haya sido privada de la libertad, menos que hubiera sido un grupo
delincuencial, tampoco que el mismo hubiera realizado exigencias con miras a la
obtención de un provecho y/o utilidad y, menos se acreditó que la citada
hubiera sido objeto de amenazas por algún grupo delincuencial previo al día en
que se dijo ocurrieron los hechos materia de estudio, pues no obran denuncias
ni pruebas que permitan dar por acreditadas tales amenazas”.[151]
·
“Sumado a ello, desvirtúa lo anterior el hecho que la
violencia que refiere la precitada señora indiscutiblemente tuvo que generar
secuelas claramente visibles para quienes tuvieron contacto con Bárbara,
pues se dijo que los vejámenes se perpetraron el 21 de julio de 2003 y, se
demostró que ésta apareció dos días después, esto es, el día 23 de julio de esa
misma anualidad; lo que permite concluir que los signos de violencia
necesariamente tenían que estar todavía reflejados y palpables para quienes la
vieron y auxiliaron y, como se dijo, ninguna de tales personas dejó constancia
de la existencia de las mismas en razón a que sencillamente las mismas nunca de
perpetraron. No se puede llegar a otra conclusión distinta, encontradas tales
inconsistencias”.[152]
·
“Esta Sala de decisión debe señalar que no existe duda sobre
las garantías que le asisten a quienes son víctimas de abuso sexual. Empero,
dentro de cada actuación se debe realizar un análisis concreto con la finalidad
de determinar la existencia de los presupuestos necesarios para proferir una
sentencia de condena; razón por la cual, en este asunto si bien Bárbara
dio cuenta de hechos inhumanos y degradantes que indudablemente ameritarían una
severa sanción, lo cierto es que sus dichos no son dignos de credibilidad,
no solo por carecer de respaldo probatorio, sino porque en los mismos se ven
reflejadas inconsistencias sustanciales que no resultan suficientes para con
fundamento en ellas, emitir una sentencia de condena como lo pretendieron las
recurrentes”.[153]
·
“Por consiguiente, no se puede predicar que la salida de Bárbara
fue consecuencia ineludible de los hechos por ella relatados, pues no se logró
corroborar la veracidad de los mismos y, por el contrario, los demás medios
probatorios referidos en manera alguna corroboraron sus dichos”.[154]
5.3.3.8.
Los párrafos transcritos muestran apartes conclusivos sobre
la valoración probatoria realizada por el Tribunal. Esta descripción establece
que las pruebas allegas al proceso penal, contrastadas con la declaración de la
víctima, no permiten establecer la ocurrencia de los hechos y la
responsabilidad de los procesados. Adicionalmente establece que las diferentes
declaraciones de la víctima fueron inconsistentes y contradictorias entre sí,
circunstancia que no permite dilucidar con claridad los hechos objeto de juzgamiento.
Para la Sala estas motivaciones, en principio, no resultan revictimizantes,
toda vez que se limitan a concluir que no existe suficiente verdad procesal
para condenar a los responsables y dar por ciertos los hechos.
5.3.3.9.
No obstante lo anterior, la única expresión que la Sala de
Revisión halla como problemática es aquella que ha sido subrayada en la
transcripción. Afirmar que los “dichos de la víctima no son dignos de
credibilidad”, implica un juicio de valor sobre las declaraciones de la víctima
que excede la descripción objetiva de la valoración probatoria. Esta expresión
erosiona la confianza en la administración de justicia, pues la versión de la
víctima es casi desechada por la autoridad judicial por “no ser digna de
credibilidad”. Lo cierto es que Bárbara acudió al aparato judicial para
denunciar unos hechos cuya denuncia es tan digna de credibilidad que el aparato
judicial adelantó una serie de actividades y diligencias en las que dichos
hechos fueron objeto de investigación y juzgamiento. El hecho de que en el
proceso no se haya logrado comprobar la veracidad de las declaraciones de la
víctima para concluir la existencia de los hechos o la determinación de los
autores de los presuntos ilícitos, no indica que los dichos de Bárbara sean
“indignos”, sino más bien, “no probados” o “no demostrados”.
5.3.3.10.   Por otra parte,
la Sala encuentra que existen otros extractos de la parte motiva de la
sentencia que son violatorios de los derechos fundamentales de Bárbara. El
Tribunal retoma algunas de las afirmaciones del juez de primera instancia que
ya fueron analizadas, y por tanto, deberán ser excluidas de las consideraciones
de la sentencia de segunda instancia. Así, es necesario que el Tribunal también
omita estos apartes en su providencia. Al hacer la síntesis de las
consideraciones del juez de primera instancia, la Sala Penal del Tribunal
estableció lo siguiente:
“Que
sobre el particular, obra prueba testimonial de personas pertenecientes a la
organización de mujeres de las que hacía parte [Bárbara] – ANMUCIC, que dan
cuenta no solo de la mitomanía de ella de sobreactuarse y decir mentiras, sino
que la comisión de los punibles denunciados se trató de un montaje para
agilizar la salida del país de la mencionada y su grupo familiar, mismo
procedimiento que se realizó a otras personas. De lo anterior, dieron cuenta
Aleyda Barreto Feo y Luz Marleni Jaimes.
Para
el a quo existió incertidumbre sobre si el motivo del exilio de
[Bárbara], obedeció a los ataques y amenazas de que se aduce era víctima por
parte de grupos paramilitares como represalia a su desempeño como líder de la
asociación de mujeres, o si por el contrario, junto con terceras personas
líderes o asesores de la misma organización, se ideó la comisión de los
punibles aquí denunciados, como se anotó señalando como sus autores a grupos de
autodefensas, empero con la única finalidad de llenar requisitos para adelantar
el proceso de salida del país, que finalmente obtuvo.” (fl. 16).
En
las consideraciones propias de la Sala Penal del Tribunal, se evidencian los
siguientes apartes:
“Pero sobre el
particular, recuérdese que Luz Marleni Jaimes, informó en su declaración que
[Bárbara] era una persona con tendencia a decir mentiras, hasta el punto de
decir que le constaba que para la fecha en que se dice fueron perpetrados tales
hechos atroces, Isolina estaba embarazada y residía en Manizales y que
inclusive estuvo hospitalizada y, por ello, consideró falso el señalamiento que
[Bárbara] hizo contra ésta última.
Además, Miriam
de Jesús Burgos Martínez, en declaración rendida durante el trámite de la
audiencia pública (agosto de 2015), señaló que las directivas de la asociación
de mujeres, le ofrecieron en una oportunidad salir del país en compañía de su
familia, con la condición que tenía que hacer señalamientos en contra de grupos
de autodefensa; que le constaba que ese ofrecimiento se lo hicieron también a
otras mujeres que ocupaban cargos directivos y, advierte que como ella no
aceptó le retiraron las ayudas. Que [Bárbara] siempre tuvo un desempeño
conflictivo en la organización, tenía tendencia a decir mentiras, presentaba
baja autoestima derivado de su aspecto físico, pues inclusive tenía serios
problemas dentales que hacían que permanentemente se tuviera que tapar la boca
con su mano o bufanda.” (fl. 70).
5.3.3.11.
Es
posible notar que el juez hace suyas afirmaciones de testimonios que no son
relevantes para esclarecer los hechos denunciados. Para la Sala las apreciaciones
sobre la forma de ser y el aspecto físico de Bárbara son un obiter dicta
de la decisión que pueden ser excluidas del todo sin afectar las conclusiones a
las que llegaron los jueces penales.  De esa forma, los anteriores extractos
deben ser también excluidos de la motivación de la sentencia de segunda
instancia y reemplazados por una descripción general de los testimonios citados,
y solo en lo pertinente, evitando hacer referencia al aspecto físico de
Bárbara, que por lo demás, no tiene ninguna relevancia para determinar la
existencia de los delitos denunciados.
5.3.3.12.
En
síntesis, la Sala considera que las sentencias sí contienen unos extractos que
desconocen la condición de especial vulnerabilidad de Bárbara, atendiendo a su
pertenencia a una organización social campesina y vulneran sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre, a la intimidad y las
garantías de no repetición. En consecuencia, los jueces incurrieron en una
violación directa de la Constitución al utilizar un lenguaje soez, desdeñoso y
descalificante contra la versión de la víctima del proceso penal. Lo anterior
implicó un desconocimiento concreto a la garantías que deben observarse cuando
se tiene conocimiento de hechos de violencia sexual contra la mujer, estas son,
su
derecho a ser
tratada con respeto y consideración en espacios de confianza para evitar una
segunda victimización y su derecho a que se valore el contexto en
el que ocurrieron los hechos independientemente de prejuicios sociales contra
la mujer.
5.3.3.13.
Por
lo tanto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional
ordenará excluir de la parte motiva las frases y expresiones subrayadas en esta
providencia,[155]
y en su lugar, los jueces deberán reemplazar tales consideraciones teniendo en
cuenta los siguientes criterios: (a) evitar juicios de valor que hagan
referencia a la personalidad o aspecto físico de la presunta víctima de
violencia sexual, (b) citar de forma literal aquellos testimonios pertinentes y
sus apartes relevantes que tengan relación estricta a la conducta del tipo
penal que se esté analizando y (c) realizar las descripciones de la valoración
probatoria realizada en un tono objetivo y respetuoso de las declaraciones de
la presunta víctima.
Al
excluir y modificar los apartes estrictamente señalados en esta providencia,
las autoridades judiciales deberán realizar los ajustes de redacción y estilo
que sean necesarios para mantener la comprensión del texto de las sentencias.
Una vez se realicen las modificaciones pertinentes se comunicarán nuevamente a
las partes del proceso penal las sentencias sin que esta actuación dé lugar a
revivir términos legales.
La Sala resalta nuevamente que la
modificación o exclusión de estos apartes no afecta la parte resolutiva de las
sentencias, y por ende, no se afectan las conclusiones a las que llegaron los
jueces naturales en relación con la existencia de una duda razonable sobre la
configuración de los delitos investigados y la responsabilidad de los presuntos
autores.
III. DECISIÓN
La
acción de tutela contra providencias judiciales es procedente cuando se han
agotado todos los recursos judiciales que resulten adecuados y efectivos para
solventar la pretensión principal. Excepcionalmente, procederá la acción de
tutela en el caso en que se logre demostrar la existencia de un perjuicio
irremediable y ante la imposibilidad de presentar el recurso judicial ordinario
o extraordinario. En casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben
asumir el deber de motivar sus sentencias con la mayor seriedad, consideración
y respeto con los derechos fundamentales de las víctimas cuyo relato se está investigando
con miras a evitar su revictimización.
Como
se pudo determinar, en el caso de Bárbara, las pretensiones sobre la
errónea valoración probatoria en asuntos de violencia sexual, pueden ser
resueltas a la luz del recurso extraordinario de casación, mecanismo idóneo
ante los contenidos desarrollados por la jurisprudencia de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, las pretensiones
relacionadas con el uso del lenguaje de las autoridades judiciales, es
procedente, y en consecuencia, aquellos extractos de la parte motiva de las
sentencias que deconocen los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
intimidad de la víctima y las garantías de no repetición, deberán ser excluidos
y modificados.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR parcialmente
la sentencia de segunda instancia proferida el tres (03) de agosto de dos mil
diecisiete (2017) por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, que confirmó la sentencia de primera instancia emitida el trece (13)
de junio del mismo año por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación,
en el sentido de declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la
Comisión Colombiana de Juristas en representación de la señora Bárbara,
en relación con el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente, y en
consecuencia, negar el amparo del derecho fundamental al debido proceso, por
las consideraciones vertidas en esta providencia.
Segundo.- REVOCAR
parcialmente la sentencia de segunda instancia proferida el tres (03) de agosto
de dos mil diecisiete (2017) por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, que confirmó la sentencia de primera instancia emitida el trece
(13) de junio del mismo año por la Sala de Casación Penal de la misma
Corporación, en el sentido de declarar procedente la acción de tutela
interpuesta por la Comisión Colombiana de Juristas en representación de la
señora Bárbara, en lo relacionado con modificar la parte motiva de las
sentencias emitidas por el
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca el 18 de julio
de 2016 y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca el 18 de enero de 2017,[156] y en su lugar, conceder
el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad,
al buen nombre y a las garantías de no repetición de Bárbara.
Tercero.-
ORDENAR al
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y a la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que en el
término de cinco (5) días hábiles a partir de la comunicación de la presente
providencia, excluyan y modifiquen los apartes motivos de las sentencias del 18
de julio de 2016 y del 18 de enero de 2017, respectivamente, en los términos
establecidos en esta decisión. Para el efecto, excluir y modificar los apartes
subrayados en los considerandos 5.3.3.2, 5.3.3.7 y 5.3.3.10 y realizar las
modificaciones pertinentes con observancia de los parámetros concretamente
señalados por la Sala en el considerando 5.3.3.13.
Acorde
con lo anterior, una vez las autoridades judiciales den cumplimiento a este
numeral, deberán comunicar y poner en conocimiento las sentencias, con el señalamiento
preciso de las modificaciones realizadas, a la señora Bárbara o quien
obre como su apoderado en el proceso penal y a las demás partes del proceso
penal. Igualmente deberán remitirlas a la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional.
Cuarto.-
ADVERTIR a
la parte accionante, la Comisión Colombiana de Juristas, que la comunicación de
las sentencias con las modificaciones realizadas en la parte motiva, conforme
al numeral anterior, no revive ningún término legal.
Quinto.-
ADVERTIR al
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y a la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que las
sentencias del proceso penal se encuentran en firme y que la presente
providencia no modifica en ningún sentido la parte resolutiva de aquellas, ni
afecta las conclusiones sobre la existencia de los hechos y la presunta
responsabilidad de los investigados.
Sexto.-
ORDENAR por
Secretaría General a todas las instituciones y entidades que de una u otra
manera han intervenido en este proceso,[157] que se
encarguen de salvaguardar la intimidad de la accionante, manteniendo la reserva
sobre todos los datos que permitan su identificación.
Séptimo.-
Por
intermedio de la Secretaría General DEVOLVER al Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca el expediente del
proceso penal No. Rad. 25001 – 310700120130029 – 00, el cual fue remitido en
calidad de préstamo.
Octavo.-
LIBRAR
las comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así
como DISPONER las notificaciones a las partes -a través del Juez de
tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La
Sala de Selección No. 10 de 2017 fue integrada por los magistrados Diana
Fajardo Rivera y Antonio José Lizarazo Ocampo. Cabe precisar que el expediente
T-6.326.145 fue excluido de revisión por parte de la Sala de Selección No. 9 de
14 de septiembre de 2017. El Magistrado Alberto Rojas Ríos presentó insistencia
a favor del asunto de la referencia a la siguiente Sala.
[2]
Escrito de la acción de tutela, folio 1 del cuaderno principal del expediente.
[3]
Escrito de la acción de tutela, folio 3 del cuaderno principal del expediente.
[4]
Escrito de la acción de tutela, folio 4 del cuaderno principal del expediente.
[5]
Escrito de la acción de tutela, folio 5 del cuaderno principal del expediente.
[6]
Escrito de la acción de tutela, folio 5 del cuaderno principal del expediente.
[7]
Escrito de la acción de tutela, folio 5 del cuaderno principal del expediente.
[8]
Escrito de la acción de tutela, folio 10 y 11 del cuaderno principal del
expediente.
[9]
Escrito de la acción de tutela, folio 12 del cuaderno principal del expediente.
[10]
Escrito de la acción de tutela, folio 13 del cuaderno principal del expediente.
[11]
Escrito de la acción de tutela, folio 20 del cuaderno principal del expediente.
[12]
Escrito de la acción de tutela, folio 31 del cuaderno principal del expediente.
[13] Mediante auto
del 1º de junio de 2017 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, admitió la acción de tutela y ordenó dar traslado las entidades
demandadas (Expediente,
cuaderno principal, folio
102).
[14]
Cuaderno principal, folio 118 del expediente.
[15]
Cuaderno principal, folio 184 del expediente.
[16]
Cuaderno principal, folio 184 del expediente.
[17]
Cuaderno principal, folio 185 del expediente.
[18]
Cuaderno principal, folio 202 del expediente.
[19]
Cuaderno principal, folio 207 del expediente.
[20]
Cuaderno principal, folio 207 del expediente.
[21]
Cuaderno de segunda instancia, folio 6 del expediente.
[22]
Cuaderno de primera instancia, folio 42 del expediente.
[23]
Cuaderno de primera instancia, folio 125 del expediente.
[24]
Expediente de revisión, folio 26.
[25]
Expediente de revisión, folio 36.
[26]
Expediente de revisión, folios 39 y 40.
[27]
Escrito allegado a la Secretaría de la Corte Constitucional el 20 de febrero de
2018. Cuaderno de revisión del expediente.
[28]
Escrito allegado a la Secretaría de la Corte Constitucional el 20 de febrero de
2018. Cuaderno de revisión del expediente.
[29]
Escrito allegado a la Secretaría de la Corte Constitucional el 20 de febrero de
2018. Cuaderno de revisión del expediente.
[30]
Escrito allegado a la Secretaría de la Corte Constitucional el 20 de febrero de
2018. Cuaderno de revisión del expediente.
[31]
Escrito de la acción de tutela, folio 11 del expediente.
[32]
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas,
no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la
función  de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para
los particulares y también para el Estado.  En esa condición no están
excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o
amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción
contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta para que por
la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver
o  que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con
los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las
cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando
la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí  está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario
competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591
de 1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.” Corte Constitucional, Sentencia
C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo; SV Ciro Angarita Barón, Alejandro
Martínez Caballero y Eduardo Cifuentes Muñoz).
[33]
Corte Constitucional, Sentencia T-078 de 2010 (MP Luis Ernesto
Vargas).
[34]
Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra;
AV Nilson Pinilla Pinilla). Este alcance excepcional y restringido “se
justifica en razón a los principios constitucionales de los que se desprende el
respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica,
la garantía de la independencia y autonomía de los jueces y el sometimientos
general de los conflictos a las competencias ordinarias de éstos”.
[35]
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[36]
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[37] “Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-324 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “… sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte
ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria y evidente falta de
idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea
abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio
del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución
ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez
constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la
profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico”.
[38] “Cfr.
Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: “… opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha
sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador.”
[39] “Cfr.
Corte Constitucional, sentencia SU-014 de 2001 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez: “Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos
fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía
de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de
manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como
consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la
orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de
justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos
constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible
al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[40]
“Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.”
[41]
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[42]
Corte Constitucional, Sentencia T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[43]
Corte Constitucional, entre otras, sentencias SU-053 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa; AV Jorge Iván Palacio Palacio;
AV Luis Ernesto Vargas Silva), T-256 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo).
[44]
Corte Constitucional, sentencia T-830 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub). Esta providencia analiza la diferencia entre el desconocimiento del
precedente judicial y el desconocimiento del precedente constitucional en
estricto sentido y destaca que el deber de acatamiento del precedente se hace
más estricto cuando se trata de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
virtud del artículo 241 de la Carta Política.
[45]
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
AV María Victoria Calle Correa; AV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Luis Ernesto
Vargas Silva).
[46] “En
lo referente a las sentencias de control abstracto de constitucionalidad, la
obligatoriedad de la jurisprudencia se desprende de los efectos erga omnes y
de la cosa juzgada constitucional. De un lado, cualquier norma que sea
declarada inconstitucional por parte de la Corte por ser contraria a la Carta,
debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por ninguna
autoridad. De otro lado, la ratio decidendide todas las sentencias de
control abstracto de constitucional  –bien declaren o no inexequible una
disposición-, debe ser también atendida por todas las autoridades para que la
aplicación de la ley sea conforme a la Constitución”. Corte Constitucional,
sentencia T-830 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[47]
Corte Constitucional, sentencias T-566 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-292 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y T-830 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[48]
Corte Constitucional, sentencia SU-915 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Nilson Pinilla Pinilla; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[49]
Corte Constitucional, sentencia SU-915 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Nilson Pinilla Pinilla; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[50]
Ratificada por Colombia mediante Ley 51 de 1981.
[51]
Ratificada por Colombia mediante Ley 248 de 1995. Los artículos 1º y 2º
establecen la definición y el ámbito de aplicación: “Artículo 1. Para
los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado.
Artículo 2. Se entenderá que
violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: ||
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato
y abuso sexual; || b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por
cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual,
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en
el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de
salud o cualquier otro lugar, y || c. que sea perpetrada o tolerada por el
Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.” OEA. Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (“Convención de Belem Do Pará”) (1994).
[52]
Artículo 2º de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las
Naciones Unidas (1979) y Artículo 7º de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (“Convención de Belem Do Pará”) (1994).
[53] ONU.
Secretario General de las Naciones Unidas. “Poner Fin a la Violencia contra la
Mujer. De las palabras a los hechos”. Estudio del Secretario General de
Naciones Unidas (2007).
[54]
Recomendación General núm. 19 del Comité de la Convención  sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las
Naciones Unidas (1979), estableció que “la violencia contra la
mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos
y libertades en pie de igualdad con el hombre”.
[55]
“¿Justicia Desigual? Género y derechos de las víctimas en Colombia”. Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM. (2009) Disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_177.pdf Por otra parte,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante Resolución No. 1820 de
2008 reconoció la violencia sexual como una táctica de guerra “destinada a
humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros
civiles de una comunidad o grupo étnico” que agudiza los conflictos armados.
[56]
Centro Nacional de Memoria Histórica. “La Guerra Inscrita en el Cuerpo”.
Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto Armado. Noviembre de 2017.
Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017
[57]
Centro Nacional de Memoria Histórica. “La Guerra Inscrita en el Cuerpo”.
Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto Armado. Noviembre de 2017.
Pág. 24. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017
[58]
Centro Nacional de Memoria Histórica. “La Guerra Inscrita en el Cuerpo”.
Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto Armado. Noviembre de 2017.
Pág. 26. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017
[59] Esta
apreciación también es compartida por la Sala de Seguimiento de la Sentencia
T-025 de 2004, mediante consideraciones emitidas en los Autos 092 de 2008 y 009
de 2015.
[60]
Sobre este punto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos
Humanos ha establecido que “el deber de investigar efectivamente, siguiendo los
estándares establecidos por el Tribunal […] tiene alcances adicionales cuando
se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad
personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En
similar sentido, la Corte Europea ha dicho que cuando un ataque es motivado por
razones de raza, es particularmente importante que la investigación sea
realizada con vigor e imparcialidad, teniendo en cuenta la necesidad de
reiterar continuamente la condena de racismo por parte de la sociedad y para
mantener la confianza de las minorías en la habilidad de las autoridades de
protegerlas de la amenaza de violencia racial. El criterio anterior es
totalmente aplicable al analizarse los alcances del deber de debida diligencia
en la investigación de casos de violencia por razón de género.” Corte IDH. Corte
IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.
Párr. 293.
[61]
Específicamente los artículos 83, 138A, 139A, 139B, 139C, 139D, 139E, 141,
141A, 141B, 212A y numeral 5 del artículo 216 de la Ley 599 de 2000.
[62]
Específicamente 7, 11, 34m entre otros de la Ley 906 de 2004.
[63] Artículo 17. Obligación de adelantar las investigaciones en un
plazo razonable y bajo el impulso de los funcionarios judiciales. || Artículo 18. Recomendaciones para los funcionarios
judiciales en el tratamiento de la prueba. || Artículo
19. Recomendaciones para la conducción de la investigación y apreciación
de las pruebas en casos de violencia sexual.
[64]
Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-554 de 2003 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), T-453 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-458 de 2007
(MP Álvaro Tafur Galvis), T-1015 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV
María Victoria Calle Correa); T-418 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-271 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
En el año 2017 las sentencias de la Corte Constitucional se concentran en
analizar la violencia contra la mujer como una discriminación estructural en el
marco de violencia intrafamiliar, véase por ejemplo las sentencias T-027 de
2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez (e)), T-145 de 2017 (MP María Victoria Calle
Correa) y T-264 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos; AV Hernán Correa Cardozo (e)).
[65]
Corte Constitucional, Sala de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, Auto
092 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y Auto 009 de 2015 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva). Igualmente, las sentencias de tutela, T-496 de 2008 (MP
Jaime Córdoba Triviño), T-667 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-234 de
2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[66]
Corte Constitucional, sentencia T-843 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[67]
Corte Constitucional, sentencia T-843 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva). En este mismo sentido la Corte
Interamericana de Derechos Humanos lo ha establecido en casos como Penal Miguel
Castro Castro contra Perú (2006). Párr. 306. “La Corte, siguiendo la línea de
la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
considera que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza
sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de
comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no
involucren penetración o incluso contacto físico alguno”.
[68]
Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[69] “Regla
70. Principios de la prueba en casos de violencia sexual: || En
casos de violencia sexual, la Corte se guiará por los siguientes principios y,
cuando proceda, los aplicará: || a) El consentimiento no podrá inferirse
de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la
fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan
disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; || b) El
consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima
cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; || c) El
consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de
la víctima a la supuesta violencia sexual; || d) La
credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un
testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior
o posterior de la víctima o de un testigo.” || “Regla 71. Prueba
de otro comportamiento sexual || Teniendo en cuenta la definición y la
naturaleza de los crímenes de la competencia de la Corte, y a reserva de lo
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 69, la Sala no admitirá pruebas del
comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo.”
[70]
Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[71]
Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[72]
Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-1015 de 2010 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa), T-205 de 2011 (MP Nilson Pinilla
Pinilla) y T-973 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[73]
Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-554 de 2003 (MP Clara Inés
Vargas Hernández) y T-458 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[74]
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva;
AV María Victoria Calle Correa).
[75] Los
artículos 4.c de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer y 7.b Convención de Belem do Pará, establecen el deber de debida
diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de conductas de violencia
contra la mujer. Por su parte la CEDAW estableció en la Recomendación General
No. 19 que “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no
adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los
derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las
víctimas”. Concretamente, la Corte Interamericana ha establecido que en los
casos de violencia contra la mujer en contextos de discriminación estructural
las autoridades judiciales deben adelantar las diligencias con perspectiva de
género. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de
noviembre de 2009. Párr. 258.
[76]
Corte Constitucional, sentencias T-967 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado)
y T-271 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SPV Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[77] Los
casos más relevantes sobre violencia sexual contra la mujer de la
jurisprudencia interamericana son los siguientes. Corte IDH. Caso del Penal
Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2006; aso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de
noviembre de 2009; Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010;
Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010; aso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo
de 2014; Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014; Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de
noviembre de 2015; Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017;
Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017.
[78]
Corte Constitucional, sentencia T-843 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[79]
Corte Constitucional, sentencia T-843 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[80] Corte
Constitucional, sentencia T-234 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[81] Corte Constitucional,
sentencia T-234 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). La Corte
adujo que “el hecho de denunciar este tipo de ilícitos, no tiene en la mujer un
efecto reparador, debido a que debe enfrentarse a revictimizaciones
producidas en los exámenes médico-legales que deben ser practicados, la
incredulidad o culpabilización de los funcionarios que reciben la denuncia, el
tener que repetir constantemente su relato en condiciones poco dignas (personal
sin técnicas básicas de escucha responsable, lugares inadecuados, incómodos,
ruidosos y concurridos).”
[82]
Corte Constitucional, Sentencia T-878 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[83]
Corte Constitucional, Sentencia T-878 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[84]
Corte Constitucional, Sentencia T-878 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[85]
Corte Constitucional, Sentencia T-698 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[86]
Corte Constitucional, Sentencia T-698 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[87]
Corte Constitucional, Sentencia T-698 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[88]
Corte Constitucional, sentencias T-1015 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva;
AV María Victoria Calle Correa) y T-698 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[89]
Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[90]
Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[91]
Corte Constitucional, Auto 092 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[92]
Corte Constitucional, Auto 009 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[93] Se
reconoce en el Auto 092 que la violencia sexual en el marco del conflicto ha
cumplido con varios objetivos para los actores armados: “Actos
deliberados de violencia sexual cometidos ya no en el marco de acciones
violentas de mayor alcance, sino individualmente por los miembros de todos los
grupos armados que toman y han tomado parte en el conflicto, que en sí mismos
forman parte (i) de estrategias bélicas enfocadas en el amedrentamiento de la
población, (ii) de retaliación contra los auxiliadores reales o presuntos del
bando enemigo a través del ejercicio de la violencia contra las mujeres de sus
familias o comunidades, (iii) de retaliación contra las mujeres acusadas de ser
colaboradoras o informantes de alguno de los grupos armados enfrentados, (iv)
de avance en el control territorial y de recursos, (v) de coacción para
diversos propósitos en el marco de las estrategias de avance de los grupos
armados, (vi) de obtención de información mediante el secuestro y sometimiento
sexual de las víctimas, o (vii) de simple ferocidad”. Corte Constitucional,
Auto 092 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[94] “se
pueden citar (a) el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949
establece en su numeral 1-c que los ataques contra la dignidad personal de
quienes no participan en los combates estarán prohibidos en cualquier tiempo y
lugar; (b) el artículo 4-2-e del Protocolo Adicional II de 1977 a los Convenios
de Ginebra de 1949 incluye, entre las garantías fundamentales inherentes al
principio humanitario, la prohibición de “los atentados contra la dignidad
personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la
prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor”; y (c) el Estatuto
de la Corte Penal Internacional dispone en su artículo 7-1-g que serán crímenes
de lesa humanidad, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, la
“violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad
comparable”; en su artículo 7-1-h tipifica el crimen de lesa humanidad de
persecución, crimen que también se puede configurar a través de la violencia
sexual[51];
en su artículo 8-2-c-i establece que los ultrajes contra la dignidad personal,
en tanto violaciones graves del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra,
constituyen crímenes de guerra en conflictos armados no internacionales; y en
su artículo 8-2-e-vi dispone que será, igualmente, un crimen de guerra en
conflictos armados no internacionales el “cometer actos de violación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, (…) esterilización
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una
violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra”. Por su
parte, los tribunales internacionales –en particular los Tribunales Penales
para Ruanda y la Antigua Yugoslavia- han confirmado que la prohibición de la
violencia sexual en tanto crimen de guerra en conflictos armados no
internacionales, o en tanto crimen de lesa humanidad, constituye una norma
consuetudinaria de Derecho Internacional Humanitario.” Corte Constitucional,
Auto 092 de 2008.
[95]
Corte Constitucional, Auto 092 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[96]
Corte Constitucional, Auto 092 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[97]
Corte Constitucional, Auto 009 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[98]
Corte Constitucional, Auto 009 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[99]
Dicho de otra manera, la investigación debe intentar evitar en
lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia
traumática cada vez que la víctima recuerde o declare sobre lo ocurrido.
[100]
Organización de Naciones Unidas, Asamblea General. Principios relativos a la
Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (Principios de Estambul), Resolución 55/89,
U.N. Doc. A/RES/55/89. 22 de febrero de 2001. Párr. 6(a). Manual para la
Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, Protocolo de Estambul presentado a la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, U.N. Doc.
HR/P/PT/8. 9 de agosto de 1999. Párrs. 153, 218, 261, 273.
[101]
Organización de Naciones Unidas. Manual de las Naciones Unidas para la Efectiva
Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y
Sumarias. U.N. Doc. E/ST/CSDHA/12 (1991) Párrs. 29-30.
[102]Corte IDH. Caso
Rosendo Cantú vs. México. Sentencia del 31 de Agosto de 201. Párr. 180; Corte
IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Sentencia del 30 de agosto de 2010.
Párr. 196. Asimismo, en varios de sus pronunciamientos de tutela, esta Corte
Constitucional ha destacado el papel de las recomendaciones de algunos de los
órganos consultivos del sistema universal de los derechos humanos como el
Comité de los Derechos del Niño y el Consejo Económico y Social en tanto pautas
interpretativas autorizadas para la determinación del alcance de los derechos
de las víctimas y las ha aplicado directamente en sus fallos. Igualmente, la
Corte ha empleado precedentes relevantes de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre actos de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres
para resolver controversias sobre la procedencia de acciones de tutela en
investigaciones y juicios por delitos sexuales cometidos contra niñas y
mujeres. En ese orden, en la sentencia T-453 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), al examinar una acción de tutela contra un juez penal que
ordenó y
practicó pruebas que se referían al comportamiento y vida personal de la
víctima anterior y posterior a los hechos objeto de investigación, y que además
admitió la práctica de pruebas sobre asuntos sobre los que ya existían
otras pruebas científicas y testimonios sobre asuntos que no guardaban relación
directa con los hechos objeto de investigación,  la Corte Constitucional señaló
que las pruebas que pueden afectar el derecho a la intimidad de la víctima
únicamente pueden ser decretadas cuando en el caso concreto se superen todos
los pasos del juicio de proporcionalidad.
En
la Sentencia T-453 de 2005, la Corte revocó los fallos de instancia y concedió
al tutela, por encontrar que varios materiales probatorios cuya práctica había
sido decretada por la autoridad accionada, como la historia clínica sobre la
interrupción de un embarazo de la tutelante y declaraciones sobre su conducta y
relaciones amorosas anteriores a los hechos, constituían una intromisión
desproporcionada en su intimidad, razón por la cual ordenó su exclusión del
acervo probatorio.
[103]
Corte Constitucional, Auto 009 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[104]
Corte Constitucional, Auto 009 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[105] La
Sala de Seguimiento señaló al respecto que “El valor
probatorio que se le suele otorgar a los testimonios de las sobrevivientes por
parte de los funcionarios judiciales, se mide en razón de la información
precisa que se pueda obtener en relación con la identificación de los
victimarios y su ubicación, lo que como fue observado en secciones precedentes,
resulta excepcional debido al modus operandi de los actores armados en
la comisión de este tipo de delitos, en la que ocultan su identidad física,
trasladan a las sobrevivientes a lugares desolados de difícil recordación para
ellas, o las amenazan de muerte a ellas y sus familias a fin de no declarar los
hechos a las autoridades”. Corte Constitucional, Auto 009 de 2015
(MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[106] La
Sala de Seguimiento señaló al respecto que “El énfasis en la
evidencia física, que parte de los resultados de los exámenes sexológicos que
realizan médicos forenses, puede llegar a erigirse como barrera para la
investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de violencia sexual
en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, en razón a que en
amplias zonas del país no hay presencia de médicos forenses que practiquen
dichos exámenes; en los sitios controlados por actores armados ilegales acudir
a estas instancias supone un riesgo enorme para la vida y seguridad de las
víctimas y sus familias; además, en algunos casos en los que la violencia
sexual precede el homicidio, los exámenes se orientan a las evidencias
alrededor de las causas del deceso, más que a la visibilización de los demás
actos de violencia, entre estos los actos de violencia sexual”.
Corte Constitucional, Auto 009 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[107] “El
trauma e intimidación del acto de violencia extrema que supone la violencia
sexual, puede alterar la memoria y el juicio sobre el episodio violento en las
sobrevivientes. Esta situación se agrava aún más para las mujeres
sobrevivientes de violencia sexual con discapacidades y las mujeres indígenas,
para las que el sistema de justicia no provee personal experto en la recepción
adecuada de estos testimonios, tales como: siquiatras forenses, intérpretes,
psicólogos, antropólogos, entre otros; o en el caso de las mujeres con
discapacidad, una metodología de investigación sensible a las particularidades
de las víctimas”. Corte Constitucional, Auto 009 de 2015 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva).
[108] Los
casos más relevantes sobre violencia sexual contra la mujer de la
jurisprudencia interamericana son los siguientes. Corte IDH. Caso del Penal
Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2006; Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de
noviembre de 2009; Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010;
Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010; Caso Veliz Franco y otros Vs.
Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
19 de mayo de 2014; Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014; Caso Velásquez Paiz y otros Vs.
Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
19 de noviembre de 2015; Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017;
Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. (supra nota al
pie 70).
[109]
Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 150.
[110]
Corte IDH.  Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Párr. 153.
[111]
Escrito de la acción de tutela, folio 11 del expediente.
[112] Escrito
de la acción de tutela, folio 31 del expediente.
[113]
Escrito de la acción de tutela, folio 11 del expediente.
[114] La
sentencia de segunda instancia quedó en firme el 24 de febrero de 2017, luego
de vencerse el término para presentar recurso de casación. Expediente de
revisión, folio 118.
[115]
Corte Constitucional, Sentencia T-352 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[116]
Expediente de revisión, folio 118.
[117]
Escrito de tutela, folio 20 del expediente de revisión.
[118]
Escrito de tutela, folio 20 del expediente de revisión.
[119]
Escrito de tutela, folio 22 del expediente de revisión.
[120]
Escrito de tutela, folio 23 del expediente de revisión.
[121]
Escrito de tutela, folio 25 del expediente de revisión.
[122]
Escrito de tutela, folio 25 del expediente de revisión.
[123]
Escrito de tutela, folio 20 del expediente de revisión.
[124]
Escrito de tutela, folio 24 del expediente de revisión.
[125]
Escrito de tutela, folio 25 del expediente de revisión.
[126] Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 12 de
noviembre de 2014 (SP15512-2014). Rad. 39.392; Sentencia de 20 de noviembre de
2014 (SP15901-2014). Rad. 41.373;
[127] Ley
600 de 2000. “Artículo 207. Causales. En materia penal la casación
procede por los siguientes motivos: 1. Cuando la sentencia sea violatoria de
una norma de derecho sustancial. Si la violación de la norma sustancial
proviene de error de hecho o de derecho en la apreciación de determinada
prueba, es necesario que así lo alegue el demandante.”
[128] Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de noviembre
de 2014 (SP15901-2014). Rad. 41.373.
[129] Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 12 de
noviembre de 2014 (SP15512-2014). Rad. 39.392; Sentencia del 23 de septiembre
de 2009. Rad. 23508.
[130] Como
fue establecido en las consideraciones, la Sala de Seguimiento de la Sentencia
T-025 de 2004 a través del Ato 0092 de 2008 afirmó que las mujeres y niñas en
el marco del conflicto armado están expuestas a un riesgo subjetivo (por la
pertenencia  un grupo particular) y a un riesgo contextual.
[131] “Así
las cosas, es indudable que el Tribunal ignoró, como lo sostiene la demandante,
que cuando un grupo armado ilegal ejerce control sobre una determinada zona, el
mismo suele extenderse a la población civil y en concreto a las mujeres,
conforme incluso lo han reconocido tribunales internacionales, según quedó
consignado en precedencia, y que por tal motivo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional (…)”. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Sentencia del 12 de noviembre de 2014 (SP15512-2014). Rad. 39.392.
[132]
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Sentencia de 3 de marzo de
2005, Rad. 21.762; Sentencia del 26 de enero de 2006, Rad. 23706; Sentencia del
1º de noviembre de 2007, Rad. 25386; Sentencia 27 de marzo de 2009, Rad. 31103;
Sentencia del 1º de septiembre de 2010, Rad. 29369; Sentencia del 10 de marzo
de 2010, Rad. 32868, entre otras.
[133]
Incluso la CCJ en el escrito de tutela expresa que No se controvierte la responsabilidad de los hechos “sino al enfoque del
Tribunal al analizar las pruebas relacionadas con la existencia misma del hecho
y la consecuente condición de víctima de Bárbara”. Folio 25 del expediente de
revisión.
[134]
Artículo 207 de la Ley 600 de 2000, ley vigente para la época de los hechos
investigados en el proceso penal del caso de Bárbara.
[135]
Corte Constitucional, sentencia SU-396 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado). Esta sentencia reitera las consideraciones de la sentencias SU-047 de
1999 (MP Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz; SV Hernando
Herrera Vargara; SV Eduardo Montealegre Lynett) y C-104 de 1993 (MP Alejandro
Martínez Caballero) en relación con la causal especifica de proecedibilidad de
tutela contra providencia judicial sobre “violación directa de la
Constitución”.
[136]
Sobre la importancia de la motivación de las sentencias en el Estado Social de
Derecho, el profesor Rodrigo Uprimny afirma que “Una buena motivación no es
entonces un preciosismo académico sino que deriva de la relación democrática
que debe existir entre el juez  y su entorno en el Estado social y democrático
de derecho. De un lado, ella es un mecanismo de autocontrol del propio juez, ya
que le debe permitir mostrar no solo la consistencia de su decisión con la
evolución del ordenamiento (respecto a la seguridad jurídica y al principio
democrático) sino que su decisión es adecuada a la especificidad del asunto
(búsqueda de justicia material en el caso concreto). De otro lado, ella evita
tener una visión puramente voluntarista o dogmática del derecho y de la
actividad judicial, al mostrar que la “verdad” jurídica no es el resultado de
una deducción lógica, o una expresión del puro arbitrio judicial, sino que
aparece como el resultado de la confrontación de puntos de vista en un debate
argumental ritualizado. (…) por medio de una buena motivación el aparato
judicial busca funcionar de la manera más consensual posible, al mostrar que su
decisiones deben ser acatadas (…) porque ellas son razonables y están fundadas
en los mejores argumentos y criterios que podía suministrarle el ordenamiento y
la realidad social al juez”. Uprimny Yepes, Rodrigo. “La motivación de las
sentencias y el papel del juez en el estado social y democrático de derecho”.
Pensamiento Jurídico, Número 4, 1995 (págs. 131-139)  ISSN electrónico
2357-6170.
[137]
Corte Constitucional, sentencia C-147 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[138]
Corte Constitucional, sentencia T-804 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[139]
Corte Constitucional, sentencia T-804 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[140] “Al respecto, la
Corte [IDH] reitera que el estereotipo de género se refiere a una
pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que
son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es
posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en
estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes. En este sentido,
su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la
violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se
reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente
en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales.” Corte IDH. Caso
Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Párr. 169. Por
su parte, la misma Convención de Belém Do Pará establece las siguientes
obligaciones: “Tomar todas las medidas
apropiadas […] para modificar las prácticas jurídicas o consuetudinarias que
respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer” Convención de Belem
do Pará Artículo 7) Lit e); “fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de
la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se
respeten y protejan sus derechos humanos” Convención de Belem do Pará
Artículo 8) Lit a), especialmente dentro los funcionarios públicos encargados
de garantizar y velar por estos derechos.”
[141]
Corte Constitucional, Auto 092 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[142]
Corte IDH. Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Párr. 97 y subsiguientes.
[143] Por
la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de
2000, 906 de
2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las
víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del
conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.
[144]
Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[145] El
texto integral de la sentencia de primera instancia hace parte del cuaderno de revisión
de la acción de tutela con el nombre ficticio de la accionante para efecto de
ser consultado.
[146]
Cuaderno de revisión, folio 56 del expediente.
[147] Centro
Nacional de Memoria Histórica. “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y
dignidad”. Informe general, Grupo de memoria histórica, 2013.Pag. 77.
[148] El
texto integral de la sentencia de segunda instancia hace parte del cuaderno de
revisión de la acción de tutela con el nombre ficticio de la accionante para
efectos de ser consultado.
[149] Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Sentencia
del 18 de enero de 2017. Expediente del proceso penal. Cuaderno de segunda
instancia.
[150] Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Sentencia
del 18 de enero de 2017. Expediente del proceso penal. Cuaderno de segunda
instancia. Folio 47.
[151] Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Sentencia
del 18 de enero de 2017. Expediente del proceso penal. Cuaderno de segunda
instancia. Folio 76.
[152] Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Sentencia
del 18 de enero de 2017. Expediente del proceso penal. Cuaderno de segunda
instancia. Folio 76.
[153] Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Sentencia
del 18 de enero de 2017. Expediente del proceso penal. Cuaderno de segunda
instancia. Folio 77.
[154] Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Sentencia
del 18 de enero de 2017. Expediente del proceso penal. Cuaderno de segunda
instancia. Folio 77.
[155]
Concretamente, las citadas y subrayadas en esta providencia de la Corte
Constitucional en sus numerales 5.3.3.2, de la sentencia de primera instancia
del proceso penal y las citadas y subrayadas en los numerales 5.3.3.7 y
5.3.3.10, de la sentencia de segunda instancia del proceso penal.
[156]
Dentro del proceso
penal No. Rad. 25001 – 310700120130029 – 00.
[157]
Principalmente las partes y los terceros interesados, a saber:  la Comisión
Colombiana de Juristas, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Cundinamarca y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y todas las entidades que presentaron intervenciones al proceso de
revisión, las cuales fueron resumidas en los antecedentes de esta providencia.