T-589-03
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-589/03
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Tesis de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
A juicio de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el juez de tutela no tiene la facultad de inmiscuirse en
las decisiones adoptadas autónomamente por los jueces ordinarios. En ese
sentido, predicar la existencia de decisiones judiciales que incurren en vías
de hecho, es darle cabida en el sistema jurídico a la vulneración de los
principios de autonomía judicial y de cosa juzgada.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Tesis de la
Corte Constitucional
La acción de tutela es un mecanismo de origen
constitucional, cuya finalidad es proteger los derechos constitucionales
fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o por un particular. No se entiende por qué la Sala de
Casación Laboral sustrae de este control a los jueces de la República. Si el
artículo 86 dispone que el amparo de los derechos fundamentales tendrá lugar
frente a cualquier autoridad pública, las decisiones que los operadores
judiciales tomen en ejercicio de sus funciones también forman parte de esta
categoría, no basta mencionar los principios de seguridad jurídica y autonomía
judicial, combinados con el argumento de “la potencialidad de error humano”,
para negar al juez de tutela la posibilidad de determinar si en cierta
actuación judicial fueron vulnerados de manera grave los derechos fundamentales
del demandante. Ahora bien, esto no implica que la acción de tutela devenga en
una tercera instancia, ante la cual se puedan discutir nuevamente todos los
asuntos ordinarios. Para salvaguardar los principios arriba mencionados de
autonomía judicial y cosa juzgada, la Corte ha especificado cuáles son las
causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela frente a decisiones
judiciales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Vulneración o
amenaza de derechos fundamentales
La condición necesaria, común a las diversas hipótesis
es la violación o amenaza de derechos fundamentales que hagan precisa la
intervención inmediata del juez constitucional para contrarrestar los efectos
vulneratorios de la decisión judicial en cuestión. el presupuesto básico para
la procedencia del amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a un
derecho fundamental, en ese sentido puede anotarse que las causales genéricas
de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar
inescindiblemente relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales, lo
que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la
concurrencia de una de las vulneraciones genéricas arriba señaladas –que bien
podrían ser subsanadas a través de los mecanismos y recursos ordinarios- es
necesario también, que tal defecto en la providencia vulnere derechos
fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Causales de
procedencia/VIA DE HECHO-Clases de defectos en la actuación/VIA DE
HECHO-Defecto sustantivo
VIA DE HECHO-Defecto fáctico
VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-Alcance
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Decisión carece
de fundamentación adecuada y razonable/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Desconocimiento del precedente judicial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Características
del defecto sustantivo
El defecto sustantivo tiene lugar cuando una
providencia desconoce las normas que son evidentemente aplicables al caso,
cuando realiza una interpretación de la normatividad que contraría los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de
una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto
sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico.
SUSPENSION DE PROCESOS-Taxatividad de las causales
Las causales de suspensión de los procesos se rigen
por el principio de taxatividad, es decir, son de interpretación restrictiva y
por lo mismo no pueden ser ampliadas por parte del juez de conocimiento. Esta
limitación obedece a la necesidad de garantizar a los ciudadanos el derecho al
acceso a la administración de justicia y, en ese mismo sentido, otorgar certeza
sobre el normal desarrollo procesal de un litigio que puede ser válidamente
aplazado.
PROCESO EJECUTIVO-Presupuestos
Los procesos ejecutivos tienen como presupuesto la
existencia de un título ejecutivo que contenga la obligación cuyo cumplimiento
se pretende exigir por esta vía. En este sentido, debe estar también plenamente
demostrada la calidad de parte procesal -existencia de acreedor o titular de la
obligación y de deudor u obligado al cumplimiento de la obligación-. Si falta
alguno de los presupuestos anteriormente mencionados, lo que está en cuestión
no es el cumplimiento de una obligación clara expresa y exigible, sino la
determinación de un derecho incierto y controvertible.
ACCION DE CLASE O DE GRUPO-Alcance/ACCION DE CLASE O DE GRUPO-Finalidad
ACCION DE CLASE O DE GRUPO-Titularidad
ACCION DE CLASE O DE GRUPO-No se configuran las condiciones para
inferir que se está frente a un proceso ejecutivo
Si en las acciones de grupo se desarrolla un litigio
respecto de derechos inciertos y controvertibles, no es posible inferir que se
está frente a un proceso ejecutivo, puesto que no existe el título
indispensable para iniciarlo. En este sentido, la sentencia con la cual culmina
el proceso constitucional -si es favorable a las pretensiones de la parte
demandante- será declarativa de la responsabilidad del demandado por los daños
ocasionados por éste. En ese orden de ideas, dado que no están configuradas las
condiciones necesarias para afirmar que las acciones de grupo se surten
mediante el proceso ejecutivo, no se pueden aplicar  las mismas causales de
suspensión previstas de manera particular para los procesos de ejecución contra
empresas en vía de suscribir un acuerdo de reestructuración.
PROCESO EJECUTIVO-Suspensión con la acción de grupo
DEFECTO SUSTANTIVO-Aplicación causales de suspensión a
procesos no previstos en la norma/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Vulneración por interrupción del proceso con base en una norma no
aplicable
Para la Corte es claro que no es posible, vía
interpretación, aplicar causales de suspensión a procesos no previstos en la
norma. El juzgador que así lo haga, incurre en un defecto sustantivo por
aplicar una hermenéutica normativa que no resulta razonable para el caso
concreto. El defecto sustantivo en el cual incurrió el juzgador de instancia,
vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia de los actores,
por cuanto aplazó ilegítimamente el normal desarrollo del proceso iniciado por
ellos mediante acción de grupo, basado en la extensión de los efectos de una norma
no aplicable a este tipo de procesos. Es precisamente esta afectación del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, como
consecuencia de la configuración de un defecto sustantivo, el que es protegido
mediante la acción de tutela. La negación de la posibilidad de tramitar
normalmente un proceso, su interrupción con base en una norma que no le es
aplicable, aplaza ilegítimamente el ejercicio de un derecho fundamental que no
encuentra respaldo en la normatividad aplicable a los supuestos de hecho.
Referencia: expediente T-722417
Acción de tutela instaurada por José Araque Fuentes
y otros contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil tres
(2003).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Álvaro Tafur Galvis y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,  específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la
siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del  fallo dictado  por
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en primera
instancia, y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
segunda instancia, en el  asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
José Manuel Fuentes Araque y otros veintiún (21)
ciudadanos (fl.1) confirieron poder a un abogado (fls.1 a 22 ), para que en su
nombre y representación interpusiera acción de tutela contra la decisión
adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá con el objeto de que se ampararan sus derechos al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia.
1. Hechos
1.- Por
intermedio de apoderado, el señor José Manuel Fuentes Araque interpuso acción
de grupo en contra de la Sociedad Acerías Paz del Río S.A., a fin de que dicha
empresa fuera condenada a cancelar al Grupo demandante la indemnización
compensatoria y moratoria, y los perjuicios morales causados por el no pago
oportuno de sus mesadas pensionales.
2.- El juzgado
30 civil del circuito de Bogotá, -a quien correspondió por reparto el
conocimiento de este proceso- admitió la acción de grupo en la cual se
pretendía la condena de la demandada a pagar la indemnización al grupo actor,
por el no pago de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 4 de
septiembre de 2000.
3.- El 14 de
noviembre de 2001, el juzgado 30 civil del circuito de Bogotá negó la solicitud
de suspensión de la acción de grupo elevada por la entidad demandada. Sostuvo
el juzgador que el artículo 14 de la ley 550 de 1999, permite la suspensión de
los procesos ejecutivos iniciados contra las empresas que se encuentran en vía
de suscribir un acuerdo de reestructuración -como la Sociedad Paz del Río
S.A.-, pero no de procesos que tienen un carácter distinto al ejecutivo -como
las acciones de grupo-.
4.- La
decisión que negó la solicitud de suspensión de la acción de grupo de la
referencia fue apelada por el representante legal de la empresa ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Circuito de Bogotá. A juicio del
recurrente, el no revocar la decisión atacada vulneraría flagrantemente el
espíritu y los fines de la ley 550 de 1999, entre los cuales se cuentan la
reactivación económica de las empresas y la satisfacción de los créditos
reconocidos en el acuerdo de reestructuración.
El apelante
recuerda que, celebrada la reunión de acreedores de la empresa demandada para
la determinación de acreencias y derechos de voto el 17 de septiembre de 2001,
los pensionados no presentaron ninguna objeción frente a la determinación de
las acreencias y los pagos que a futuro se harían.
Ello
implicaría que, según su parecer, la indemnización que ahora pretenden cobrar
por intermedio de la acción de grupo, estaría por fuera de los créditos determinados
en el acuerdo y, en ese sentido, debería suspenderse en tanto lo que busca, en
el fondo, es el pago de intereses moratorios por la no cancelación de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 4 de septiembre de 2000, a
través de una demanda que persigue los mismos fines de una acción ejecutiva.
En conclusión,
solicita que se ordene la suspensión de la acción de grupo interpuesta por los
pensionados por cuanto recae sobre un punto sustancial del proceso de
reestructuración y, por ello mismo, se configura la causal prescrita en el
artículo 170, numeral 2 del código de procedimiento civil.
5.- Por auto
del 15 de enero de 2003, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Circuito de Bogotá resolvió revocar el auto recurrido y, en consecuencia,
ordenar la suspensión del proceso hasta tanto se suscriba el acuerdo de
reestructuración (fl. 5).
A juicio del
Tribunal, los fines que orientan la ley 550 de 1999 se dirigen a estimular la
reactivación de las empresas. En ese sentido debe entenderse el artículo 14 de
la ley en mención, que ordena la suspensión de los procesos ejecutivos
iniciados contra las empresas en reestructuración, dado que estos pueden
entorpecer el normal desarrollo del acuerdo en la medida en que buscan la
satisfacción de acreencias por fuera del mismo. Señala el juzgador de
instancia, que la suspensión del proceso iniciado mediante la acción de grupo,
es razonable y necesaria en tanto con ella se persigue el pago de una
indemnización de perjuicios al sujeto plural demandante, con iguales efectos a
los que tendría un típico proceso de ejecución. Lo anterior tendría como
consecuencia la desarticulación del proceso de reestructuración al que se
acogió la empresa, mediante la persecución de sus activos por fuera de dicho proceso.
Dijo el
Tribunal al respecto: “Las consecuencias  que tendría una decisión favorable
en este proceso (la acción de grupo) serían idénticas a las de un
proceso de ejecución, pues supondría obligar al pago inmediato como se solicita
en la demanda. Por lo tanto, resulta contradictorio que en un proceso se busque
un pago exactamente como se daría en un proceso ejecutivo y que no se trate
dicho proceso como tal para efectos de permitir a la empresa encontrar su
recuperación mediante la suspensión de pagos. Por eso, siendo buscados los
mismos efectos deberá darse el mismo tratamiento ya que la interpretación de la
ley no puede darse en forma literal sino encaminada a la obtención de sus fines
y en este caso resulta más útil, incluso para los pensionados demandantes, que
la empresa salga adelante y obtenga su recuperación” (fl. 4).
Señala también
la Sala que los derechos fundamentales del grupo actor no se encuentran
amenazados, por cuanto el decreto de suspensión de la acción de grupo lo único
que hace es aplazar la continuidad del proceso hasta tanto se inicie el
acuerdo de recuperación de la empresa (fl. 4). De darse una respuesta
negativa a la solicitud de suspensión, lo que podría ocurrir es la terminación
del proceso con un fallo eventualmente favorable a las pretensiones del sujeto
plural demandante. Si se configurara dicha hipótesis, la orden que se
impartiría a la empresa Paz del Río sería la del pago inmediato de la
indemnización moratoria -lo que equivale a ordenar la ejecución proscrita por
la ley 550 de 1999-. En conclusión, la interpretación de las causales de
suspensión prescritas tanto en los artículos 14 de la ley 550 de 1999 y 170 del
código de procedimiento civil, debe ser finalista, en atención a los objetivos
que persiguen los acuerdos de reestructuración -cual es la reactivación de las
empresas- y no simplemente exegética, respetando la literalidad de un enunciado
que pertenece a un cuerpo normativo más amplio y que requiere, para su cabal
entendimiento, llevar a cabo un ejercicio hermenéutico más complejo.
6.- La
magistrada Liana Aída Lizarazo presentó aclaración de voto frente a la decisión
de suspender la acción de grupo en comento. Según la magistrada, las causales
de suspensión de los procesos se rigen por el principio de taxatividad. En ese
sentido, considera que sólo son aplicables las causales generales contempladas
en el artículo 170 del código de procedimiento civil y en las normas especiales
que regulan el tema. Se sigue de lo anterior que el artículo 14 de la ley 550
de 1999 debe ser entendido de manera restrictiva, es decir, prescribiendo la
suspensión solamente para procesos ejecutivos. Una manera de entender lo que
sucede con los procesos declarativos que se presentan luego de iniciado el
acuerdo de reestructuración es el oficio 400-30034 del 28 de abril de 2000, en
el cual la Superintendencia de Sociedades analizó los efectos del acuerdo de
reestructuración sobre los procesos de restitución de tenencia (fl. 7). Según
tal entidad, el carácter declarativo del proceso en cuestión no impide que,
aunque sea indirectamente, lo que persiga el actor sea el cumplimiento de la
obligación cuya insatisfacción dio lugar a la iniciación del litigio. Es por
ello que el artículo 17 de la ley que regula la celebración de acuerdos de
reestructuración, prohíbe la satisfacción de créditos por parte del deudor
fuera del acuerdo y de manera separada. Es comprensible entonces que se
suspendan no sólo los procesos de ejecución, sino todos aquellos que busquen el
pago de lo debido por la empresa con mecanismos procesales y contractuales que
no se sometan a lo pactado colectivamente en el acuerdo de reestructuración.
Finalmente,
afirma la Magistrada que lo procedente en este caso, a la luz del artículo 14
de la ley 550 de 1999, era decretar la nulidad de la acción de grupo adelantado
con posterioridad a la iniciación del acuerdo de reestructuración, Por ello,
la actuación que se surtió en el caso sub-exámine quedó viciada de nulidad,
como quiera que la demanda se inició con posterioridad a la admisión de la
demanda al acuerdo de reestructuración (fl. 12) En todo caso, a juicio de
la magistrada, la suspensión del proceso consigue la misma finalidad que la
declaratoria de nulidad de la acción de grupo, -cual es subordinar el pago de
las acreencias al acuerdo-.
2. Solicitud de
tutela
Los
demandantes consideran que la decisión del 15 de enero de 2003 del Tribunal, en
el sentido de suspender la acción de grupo presentada por ellos, vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso material a la
administración de justicia. A juicio de los actores, la violación se configuró
tras la decisión del Tribunal demandado de suspender el proceso iniciado
mediante acción de grupo por ellos, con base en la causal contemplada en el
artículo 14 de la ley 550 de 1999, la cual sólo es aplicable a procesos de
carácter ejecutivo. Solicitan, en consecuencia, que sean tutelados sus derechos
y que se “impartan las órdenes que sean necesarias para su protección y que
lleven a reestablecer la juridicidad, la legalidad y la vigencia del Sistema
Jurídico (…) sin aplicar el artículo 14 de la ley 550 de 1999 a procesos no
contemplados en la norma” (fl. 7).
II.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia.
El
conocimiento de la tutela correspondió en primera instancia a la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que por sentencia del siete (7)
de febrero de dos mil tres (2003) decidió denegar el amparo solicitado.
Consideró la sala que, en atención a los principios de autonomía judicial y
desconcentración de funciones, las decisiones tomadas por quienes administran
justicia no pueden ser revocadas vía acción de tutela. Según su criterio, la
única excepción a esta regla general la constituyen aquellas decisiones que han
sido tomadas de manera arbitraria por el juez, que vulneran derechos
fundamentales y donde, además, no existe ningún otro mecanismo para
contrarrestar el daño que ocasionan.
A juicio de la
sala, tal defecto mayúsculo no se ha configurado en la actuación cuestionada.
Al contrario, la decisión se basó en un análisis juicioso de la ley 550 de
1999, en concordancia con el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.
Aunque puede no estarse de acuerdo con la interpretación dada por el Tribunal a
las normas en cuestión, ello no implica por sí solo que la decisión acusada
adolezca de un grave error subsanable por vía del recurso de amparo. Concluye
entonces la Sala de Casación Civil que, “Al basarse la decisión cuestionada
en una hermenéutica objetiva de la ley y las circunstancias del caso concreto,
no procede el amparo constitucional, pues esta acción no puede emplearse para
reinterpretar los aspectos jurídicos y probatorios analizados por los
funcionarios judiciales  en la resolución de los asuntos de su competencia, en
tanto no sean claramente arbitrarios, ya que de lo contrario se echarían por
tierra los principios de autonomía e independencia de esta función pública”.
Impugnación
Los actores
impugnaron la decisión de primera instancia. Alegaron que las causales de
suspensión de los procesos están regidas por el principio de taxatividad
legislativa. En tal sentido, no le es permitido a los jueces hacer extensiva su
interpretación a supuestos de hecho no contemplados en la normatividad
correspondiente. Por esta razón, la decisión cuestionada vulnera flagrantemente
los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso. Al hacer extensiva la suspensión contemplada en el artículo 14
de la ley 550 de 1999 a procesos que no son de carácter ejecutivo, se usurparon
las competencias del legislador en esta materia y además, se asimilaron de
manera ilegítima las acciones de grupo a los procesos ejecutivos.
Segunda
instancia
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia del 17 de enero
de 2003, confirmó, pero por razones diferentes, la decisión impugnada.
Argumentó que al juez de tutela no le es permitido inmiscuirse en asuntos de
competencia del juez ordinario ni pronunciarse sobre decisiones tomadas en
ejercicio de sus funciones (fl. 5). Por lo tanto, no podía el juez de
primera instancia pronunciarse sobre la legalidad de las providencias dictadas
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado treinta
civil del circuito, en la acción de grupo promovida por los demandantes contra
Acerías Paz del Río S.A. Finaliza el juzgador de segunda instancia afirmando
que “Una decisión jurisdiccional adoptada como culminación de un proceso
será siempre una sentencia judicial y nunca podrá configurar una “vía de
hecho”. Ello será así aun en aquellos casos en que pudiera pensarse que el
fallo resulta equivocado, pues de la probabilidad del error no está exenta
ninguna decisión humana (Providencia N° 3103 de 2 de marzo de 1998, Sala de Casación
Laboral)”
Revisión
por la Corte
Remitida a esta Corporación, mediante auto
del veinte (20) de marzo de 2003, la Sala de Selección Número Cuatro dispuso su
revisión por la Corte Constitucional.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Esta Corte es competente para revisar
los presentes fallos de tutela de conformidad con lo previsto en los artículos
86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás
disposiciones pertinentes.
Problemas
jurídicos objeto de estudio
2. El grupo
actor estima que el Tribunal demandado amplió de manera ilegítima las causales
de suspensión de procesos, contempladas en los artículos 170 del código de
procedimiento civil y 14 de la ley 550 de 1999. A juicio de los demandantes,
las acciones de grupo tienen un carácter meramente declarativo, razón por la
cual no pueden serle aplicadas las normas previstas de manera restrictiva a
procesos ejecutivos. En ese sentido señalan, se estarían vulnerando sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso. Por su parte, el Tribunal demandado alega que, por medio de la acción
de grupo, la parte demandante pretende obtener el pago de una indemnización de
perjuicios -tal como si fuera un proceso ejecutivo- por fuera del acuerdo de
reestructuración al cual está sometida Acerías Paz del Río S.A.
Las decisiones
de instancia denegaron el amparo solicitado. La primera de ellas -Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia- encontró razonable la
interpretación dada a la normatividad por el Tribunal demandado. La segunda
instancia -Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia- confirmó
la decisión, pero por ser improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales.
3. Los
problemas jurídicos que la Corte estudiará son los siguientes: (i) ¿Se
configura un defecto sustantivo cuando el juez de conocimiento amplía -vía
interpretación- las causales de suspensión de los procesos? (ii) ¿el decretar
la suspensión de un proceso por una causal no contemplada en la normatividad
constituye también un defecto procesal, que genera la violación del derecho al
acceso a la administración de justicia? (iii) si dicho yerro tiene lugar,
¿existe una vulneración de derechos fundamentales de tal magnitud que tenga que
ser contrarrestada mediante la acción de tutela?.
Para responder
estos interrogantes primero se hará un breve recuento de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En
segundo lugar se analizará si es posible extender -vía interpretación- las
causales de suspensión de un proceso a otro que se considera tendrá similares
consecuencias  al taxativamente contemplado en la normatividad. En este punto
se estudiará si específicamente pueden serle aplicadas las causales de
suspensión del proceso ejecutivo a las acciones de grupo. En tercer y último
lugar se determinará si para el caso concreto se configura alguna de las
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales
y, de ser así, si existe vulneración de derechos fundamentales que amerite la
intervención del juez constitucional.
Causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
4. Antes de analizar el problema de fondo que se
plantea en la presente acción de tutela, es necesario reseñar las condiciones
de procedibilidad de la misma. En primer lugar, la Corte estudiará la tesis de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, una
decisión judicial nunca puede constituir una vía de hecho. En segundo lugar, se
reiterará la jurisprudencia de esta Corte respecto de la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales y sus causales.
La tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia
4.1 A juicio de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el juez de tutela no tiene la facultad de
inmiscuirse en las decisiones adoptadas autónomamente por los jueces
ordinarios. En ese sentido, predicar la existencia de decisiones judiciales que
incurren en vías de hecho, es darle cabida en el sistema jurídico a la
vulneración de los principios de autonomía judicial y de cosa juzgada.
Como ya ha sido reiterado por esta Corte en numerosas
oportunidades[1],
la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es
proteger los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados
por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular
(Art. 86 C.P).
No se entiende porqué la Sala de Casación Laboral
sustrae de este control a los jueces de la República. Si el artículo 86 dispone
que el amparo de los derechos fundamentales tendrá lugar frente a cualquier
autoridad pública, las decisiones que los operadores judiciales tomen en
ejercicio de sus funciones también forman parte de esta categoría, no basta
mencionar los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial, combinados
con el argumento de “la potencialidad de error humano”, para negar al juez de
tutela la posibilidad de determinar si en cierta actuación judicial fueron
vulnerados de manera grave los derechos fundamentales del demandante. Ahora
bien, esto no implica que la acción de tutela devenga en una tercera instancia,
ante la cual se puedan discutir nuevamente todos los asuntos ordinarios. Para
salvaguardar los principios arriba mencionados de autonomía judicial y cosa
juzgada, la Corte ha especificado cuáles son las causales genéricas de
procedibilidad de la acción de tutela frente a decisiones judiciales.
4.2 La condición necesaria, común a las diversas
hipótesis es la violación o amenaza de derechos fundamentales que hagan precisa
la intervención inmediata del juez constitucional para contrarrestar los
efectos vulneratorios de la decisión judicial en cuestión, “La acción de
tutela procede contra decisiones judiciales que violen derechos
fundamentales, como se desprende de la sentencia C-543 de 1992. Este es el
criterio básico que subyace a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Esta idea incluye, claro está, la situación de carencia de fundamentación legal
de la decisión judicial, por cuanto constituye violación del principio de
legalidad y del derecho fundamental al debido proceso, a él asociado.”[2]
La primera hipótesis de procedibilidad de la acción de
tutela es la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales
cuya causa es el desconocimiento de normas de rango legal. Este desconocimiento
puede configurar, básicamente, tres tipos de errores: sustantivo –categoría en
la cual se enmarca la falta de aplicación de las sentencias con efectos erga
omnes- , orgánico y procedimental. En este punto es necesario aclarar que
los arriba mencionados no son conceptos cuyas fronteras hayan sido enunciadas
de manera definitiva por la Corte Constitucional. Muchos de los defectos
presentes en las decisiones judiciales son un híbrido de las tres hipótesis
mencionadas, y muchas veces, resulta difícil definir las fronteras entre unos y
otros. Por ejemplo, el desconocimiento de la ley aplicable al caso concreto
debido a una interpretación caprichosa (sin el fundamento argumentativo
adecuado) o arbitraria (sin justificación alguna) de la normatividad, muy
seguramente dará lugar a la vulneración de derechos fundamentales como consecuencia
de (i) la actividad hermenéutica antojadiza del juez (defecto sustantivo) y
(ii) de la denegación del derecho al acceso a la administración de justicia que
tal entendimiento de la normatividad genera (defecto procesal).
El segundo supuesto está relacionado con los graves
inconvenientes que  afectan el soporte fáctico de los procesos. Puede
configurarse debido a la falta de decreto y práctica de pruebas, por la
equivocada interpretación de las mismas o por la asunción como elementos de
juicio de pruebas nulas de pleno derecho. Se le denomina a este error, defecto
fáctico.
La tercera hipótesis da cuenta de las decisiones que
aunque son adoptadas con respeto pleno de la normatividad aplicable y valorando
de manera razonable todas las pruebas allegadas al proceso, vulneran gravemente
los derechos fundamentales del actor, por causa que no le es imputable al juez
de conocimiento. Esto sucede cuando, pese a las diligencia y pericia jurídica
del juzgador, otras instancias públicas poseedoras de información vital para
alguna de las partes, no la allegan al proceso cuando es requerida. Esta
omisión –no imputable al operador jurídico- lo lleva a comprometer de manera
grave derechos fundamentales. Se denomina a este supuesto, defecto por
consecuencia.
En cuarto lugar, procede la acción de tutela contra
las providencias judiciales cuando la decisión que en ellas se adopta carece de
fundamentación adecuada y suficiente (razonable) y cuando desconoce el
precedente judicial –especialmente el que la Corte Constitucional ha sentado en
la materia-.
De otro lado se encuentran las decisiones judiciales
que vulneran directamente la Constitución y que, como consecuencia de ello,
menoscaban de manera grave los derechos fundamentales de las partes. Esto
ocurre cuando se presentan las siguientes hipótesis: (i) que el juez realice
una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución
y (ii) que el juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos
constitucionales y que, además, su declaración ha sido solicitada expresamente
por una de las partes.
Ahora bien, la Sala resalta que el presupuesto básico
para la procedencia del amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a
un derecho fundamental, en ese sentido puede anotarse que las causales
genéricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben
estar inescindiblemente relacionadas con la vulneración de derechos
fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no
basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones genéricas arriba
señaladas –que bien podrían ser subsanadas a través de los mecanismos y
recursos ordinarios- es necesario también, que tal defecto en la providencia
vulnere derechos fundamentales (Art. 86).
En este sentido debe ser entendida la relación que
guardan los principios de autonomía judicial (Art. 246) y primacía de los
derechos fundamentales (Art. 2). Las normas constitucionales no tienen la
estructura de reglas que se excluyen de manera absoluta y que fungen como
premisa mayor autoevidente en la elaboración de silogismos jurídicos. Por el
contrario, la estructura abierta y elástica de tales normas vincula al operador
jurídico con la obligación, no de encontrar una única solución al caso concreto
como conclusión necesaria de una deducción, sino de realizar una labor
hermenéutica de ponderación entre las normas en conflicto y justificar,
mediante la fundamentación razonable de la decisión, cómo se concilian aquellos
preceptos o cómo con la solución propuesta se menoscaba en menor medida el
principio que resulta derrotado. Uno de los mecanismos para conservar la
integridad del principio de autonomía judicial frente a la posibilidad de tutela
contra sentencias judiciales es el carácter excepcional de este tipo de amparo,
al condicionar su procedibilidad a la configuración de alguno de los cinco
defectos genéricos arriba mencionados.
Por estas razones, resulta inaceptable la
fundamentación de la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia como juez de tutela. La afirmación universal: “En
ningún caso habrá tutela contra sentencias judiciales, en atención a los
principios de autonomía judicial y cosa juzgada” con base en la cual justifica
su decisión, hace caso omiso de su obligación como juez constitucional, cual
es, –entre otras-, velar por que ninguno de los principios en conflicto sea
derogado implícitamente en su decisión.
El no estar exentos como seres humanos de errores, no
implica que el sistema jurídico tenga que descargar sobre los ciudadanos el
potencial errático de quienes administran justicia, por el contrario, debe
diseñar –y de hecho ha diseñado- mecanismos y recursos para subsanar hasta donde
sea posible tales defectos. Otro de los motivos por los cuales es razonable -y
hasta necesario- comprender en el ordenamiento jurídico la posibilidad de
interponer tutela contra sentencias judiciales, no es corregir ad infinitum
las fallas que comprendan las providencias, sino unificar los parámetros y
lineamientos interpretativos de los derechos fundamentales por parte de un solo
ente (la Corte Constitucional), de tal manera que en su respeto y protección
queden comprendidos no solamente los jueces de tutela y el Tribunal
constitucional, sino todos los entes que administran justicia en el Estado.
Defecto sustantivo y taxatividad de las causales de
suspensión de los procesos.
Antes de analizar si la ampliación de las causales de
suspensión de los procesos por parte del juez de conocimiento constituye un
defecto sustantivo, se recordará brevemente cuáles son las características de
esta condición de procedibilidad de la acción de tutela.
El defecto sustantivo tiene lugar cuando una providencia
desconoce las normas que son evidentemente aplicables al caso, cuando realiza
una interpretación de la normatividad que contraría los postulados mínimos de
la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso
concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico. “Una providencia judicial
adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador (Sentencia T-573 de 1997), (ii)
cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (Sentencia
T-567 de 1998.)(interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes (
Sentencia T-001 de 1999)
(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”.[3]
Como ya ha sido brevemente señalado en qué consiste el
defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
sentencias judiciales, es necesario determinar si, como sucede en el caso que
nos ocupa, la ampliación de las causales de suspensión de los procesos
previstas en la normatividad por parte del juzgador, es suficiente para
considerar configurado tal error.
Las causales de suspensión de los procesos se rigen
por el principio de taxatividad, es decir, son de interpretación restrictiva y
por lo mismo no pueden ser ampliadas por parte del juez de conocimiento. Esta
limitación obedece a la necesidad de garantizar a los ciudadanos el derecho al
acceso a la administración de justicia y, en ese mismo sentido, otorgar certeza
sobre el normal desarrollo procesal de un litigio que puede ser válidamente
aplazado. Ahora bien, con base en estas afirmaciones, ¿cuál es el entendimiento
constitucional más adecuado de la causal de suspensión prevista en el artículo
14 de la ley 550 de 1999?
El artículo 14 de la ley que regula los procesos de
reestructuración de pasivos de las empresas y de las entidades territoriales
prescribe que, a partir de la fecha de iniciación del acuerdo de
reestructuración y hasta tanto hayan transcurrido los cuatro meses previstos en
dicha ley (i) no podrán iniciarse procesos de ejecución contra el empresario;
(ii) se suspenderán los procesos ejecutivos que se encuentren en curso; (iii)
el promotor del acuerdo de reestructuración o el empresario quedan legalmente
facultados para solicitar la nulidad de los procesos de ejecución que se
inicien y la suspensión de los que estén en curso, con la mera presentación de
una certificación de la cámara de comercio, donde conste la inscripción del
aviso de iniciación de la negociación; (iv) queda así adicionado el artículo
170 del código de procedimiento civil (suspensión del proceso).
Es claro que el artículo 14 de la ley 550 de 1999, da
cuenta de la necesidad de suspender o declarar la nulidad -según sea el caso-
de los procesos ejecutivos sin hacer alusión alguna a procesos de otra índole.
¿Por qué, entonces, si entre las finalidades que persigue la ley en comento se
encuentra “iii) (…)promover la reactivación de la economía y
del empleo mediante el eficiente uso de los recursos vinculados a la actividad
empresarial; la mejora de su competitividad, el restablecimiento de su
capacidad de pago, el acceso al crédito y al redescuento, la fortaleza de su
dirección y sistemas de control, la adecuada estructura administrativa,
financiera y contable, la calidad, suficiencia y oportunidad de la información
que suministren a socios, accionistas y terceros. ”[4], la ley 550 sólo se
refirió a la suspensión de los procesos ejecutivos?
Los procesos ejecutivos tienen como presupuesto la
existencia de un título ejecutivo que contenga la obligación cuyo cumplimiento
se pretende exigir por esta vía. En este sentido, debe estar también plenamente
demostrada la calidad de parte procesal -existencia de acreedor o titular de la
obligación y de deudor u obligado al cumplimiento de la obligación-. Si falta
alguno de los presupuestos anteriormente mencionados, lo que está en cuestión
no es el cumplimiento de una obligación clara expresa y exigible, sino la
determinación de un derecho incierto y controvertible.
El artículo 14 de la ley 550 de 1999 busca resguardar
al patrimonio del empresario que se sometió a la realización de un acuerdo de
reestructuración del pago de obligaciones por fuera del mismo. Esto no implica
que se limite de la misma manera la posibilidad a los acreedores que no poseen
un título de iniciar procesos en los cuales se pretenda la declaración de una
obligación a través del litigio. Así lo ha entendido esta Corte, respecto de la
situación particular en la cual se encuentra la empresa Paz del Río S.A. En
efecto en numerosos fallos de tutela ha ordenado el pago de las mesadas pensionales
adeudadas a sus extrabajadores, del 4 de septiembre de 2000 en adelante. Sin
embargo, para las mesadas causadas y no pagadas con anterioridad a esa fecha,
determinó que los pensionados deberían acudir a los medios judiciales
ordinarios para reclamarlas.
Pasa la sala a reseñar algunas de las sentencias
proferidas por esta Corte, respecto del reconocimiento de mesadas pensionales
no canceladas por empresas que se encuentran en curso de suscribir un acuerdo
de reestructuración:
- En la sentencia T-971 de 2002, la Corte sostuvo que
el actor podía acudir a la justicia ordinaria para reclamar el pago de las
mesadas pensionales que se le adeudaban o hacer efectivo el acuerdo de pago que
debía celebrarse entre el representante de los pensionados y el promotor del
acuerdo; “El tutelante podrá acudir, si lo desea, ante la justicia ordinaria
laboral a reclamar el pago de las mesadas que aún se le adeudan, o  hacer
efectivo  el acuerdo de pago al que deberán llegar el representante de los
pensionados y el Promotor Designado para la empresa Acerías Paz del Río S.A.,
en cumplimiento de lo establecido por la Ley 550 de 1999.”
- En la sentencia T-1023 de 2002, la Corte negó la
posibilidad de que la suspensión de procesos ejecutivos, tras la iniciación del
acuerdo de reestructuración vulnerara per se derechos fundamentales de
los acreedores. Lo anterior en atención a la finalidad que persigue tal
procedimiento, cual es lograr la recuperación de las empresas mediante la
reestructuración de sus pasivos de manera consensuada por parte de los
acreedores de la misma, “la suspensión de los procesos ejecutivos o de la
imposibilidad de promover una ejecución contra una entidad acogida a la Ley 550
de 1999, no puede inferirse, per se, vulneración de derechos fundamentales.  Si
así fuera, ya que la imposibilidad temporal de promover ejecuciones o la
suspensión de las ejecuciones en curso afecta a todos los acreedores, todos
ellos podrían, por ese solo hecho, argumentar la vulneración de sus derechos de
acceso a la administración de justicia y debido proceso y pretender su amparo
constitucional.”
- En la sentencia T-099 de 2002, la Corte prescribió
que, respecto de las mesadas pensionales adeudadas por la empresa Acerías Paz
del Río S.A., con anterioridad al 4 de septiembre de 2000, los pensionados
debían acudir a los medios ordinarios para reclamar su reconocimiento. “Respecto
de las mesadas adeudadas con anterioridad  al 4 de septiembre de 2000, el
accionante(…), si lo estima pertinente, deberá acudir al medio de defensa
judicial ordinario”.
- En conclusión, la Corte ha determinado que (i) las
mesadas pensionales adeudadas por la empresa Paz del Río S.A., con anterioridad
al 4 de septiembre de 2000, debían ser perseguidos por los medios ordinarios.
Esta afirmación fue hecha estando ya tal empresa sometida a un acuerdo de
reestructuración; (ii) la suspensión de los procesos ejecutivos que cursan
contra empresas sometidas a ley 550, no vulnera de por sí el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso. Cabe
resaltar también que en la sentencia T-138 de 2003, el representante legal de
Acerías Paz del Río S.A esgrimió como uno de sus argumentos en contra de la
procedibilidad del amparo, la existencia de otro medio de defensa judicial: la
acción de grupo.
Ahora bien, ya que para poder suspender o declarar la
nulidad de un proceso -según sea el caso- con fundamento en el artículo 14 de
la ley 550 de 1999, aquél debe ser de carácter ejecutivo, dado el principio de
taxatividad que rige las causales de suspensión de los procesos, se estudiará
en el siguiente aparte si puede considerarse a los procesos adelantados en
ejercicio de acciones de grupo como procesos de ejecución.
Breve consideración sobre las acciones de grupo
Las acciones de grupo tienen origen en los
artículos 78, 88 y 89 constitucionales. Están destinadas a que se declare
responsable y se ordene el pago de una indemnización de perjuicios por el daño
ocasionado a un número plural de personas. Esta acción constitucional fue
desarrollada por la ley 472 de 1998. Según el diseño establecido por el
legislador, el grupo debe estar compuesto por no menos de 20 individuos cuyas
condiciones uniformes den lugar a la configuración del daño originado en una
misma causa y con condiciones de responsabilidad similares. Ha dicho al
respecto esta Corte que “Las acciones de grupo o de clase (art. 88, inciso
segundo, C.P.), (…) se originan en los daños ocasionados a un número plural de personas
que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la respectiva
reparación y que a pesar de referirse a intereses comunes, se pueden
individualizar en relación con el daño cuya indemnización se persigue. En este
caso, se trata de proteger intereses particulares de sectores específicos de la
población (por ejemplo, consumidores), de ahí su denominación original de class
action.”[5]
Son titulares de la misma (i)las personas
que individualmente hayan sufrido un daño que afecta de igual manera a no menos
de 20 personas en similares condiciones, (ii)el defensor del pueblo y (iii)los
personeros. Se trata, entonces, de un proceso que se inicia con el fin de
demostrar que las causales de responsabilidad están configuradas, para lo cual
es necesario surtir todas las etapas procesales, aunque con términos más
cortos, debido a la particular relevancia constitucional reconocida a estos
intereses. Es claro, entonces, que la acción de grupo es asimilable por su
finalidad a los procesos declarativos, en los cuales lo que está en cuestión es
la disputa entre dos partes respecto de la existencia  de responsabilidad civil
que se discute por el daño presuntamente ocasionado a un número plural de
personas.
Si como arriba se anotó, en las acciones de grupo
se desarrolla un litigio respecto de derechos inciertos y controvertibles, no
es posible inferir que se está frente a un proceso ejecutivo, puesto que no
existe el título indispensable para iniciarlo. En este sentido, la sentencia
con la cual culmina el proceso constitucional -si es favorable a las
pretensiones de la parte demandante- será declarativa de la responsabilidad del
demandado por los daños ocasionados por éste. En ese orden de ideas, dado que
no están configuradas las condiciones necesarias para afirmar que las acciones
de grupo se surten mediante el proceso ejecutivo, no se pueden aplicar  las
mismas causales de suspensión previstas de manera particular para los procesos
de ejecución contra empresas en vía de suscribir un acuerdo de
reestructuración. Se configura, en consecuencia, un defecto sustantivo cuando
el juez de conocimiento aplica una causal de suspensión a un proceso para el
cual evidentemente no es procedente. No existe sustento constitucional ni legal
para afirmar que se pueda aplazar el derecho al acceso a la administración de
justicia, debido a que -vía interpretación- el juzgador decidió que -en
atención a la finalidad de la ley- puedan extenderse los precisos efectos
previstos para procesos ejecutivos a otra clase de procesos con trámite y
objetivos diferentes.
En conclusión, no existe fundamento legal
ni constitucional para sostener que si una empresa se acoge al trámite de
reestructuración, regulado por la ley 550 de 1999, esta situación traiga como consecuencia
la extensión de los efectos previstos para el desarrollo de procesos ejecutivos
a procesos de otro tipo -como las acciones de grupo-.
Caso concreto
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en sede de apelación, resolvió suspender el proceso iniciado mediante
acción de grupo, promovida por algunos pensionados de Acerías Paz del Río S.A,
quienes solicitaban el reconocimiento de una indemnización por los daños
ocasionados debido al no pago de las mesadas pensionales con anterioridad al 4
de septiembre de 2000. En aplicación del artículo 14 de la ley 550 de 1999, que
prescribe la suspensión de los procesos ejecutivos promovidos con anterioridad
al inicio del acuerdo de reestructuración, suspendió el proceso iniciado con la
acción de grupo en comento. Argumentó para ello que, debido a los similares
efectos que tendría una sentencia favorable a las pretensiones del demandante
en una acción de grupo y en un proceso ejecutivo para garantizar la finalidad
de la ley 550 de 1999 lo más adecuado era suspender el trámite de la acción
constitucional. Para la Corte es claro que no es posible, vía interpretación,
aplicar causales de suspensión a procesos no previstos en la norma.
El juzgador que así lo haga, incurre en un defecto
sustantivo por aplicar una hermenéutica normativa que no resulta razonable para
el caso concreto. Por tal razón, la causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra la decisión judicial demandada se configuró. El defecto
sustantivo en el cual incurrió el juzgador de instancia, vulneró el derecho al
acceso a la administración de justicia de los actores, por cuanto aplazó
ilegítimamente el normal desarrollo del proceso iniciado por ellos mediante
acción de grupo, basado en la extensión de los efectos de una norma no aplicable
a este tipo de procesos.
Es precisamente esta afectación del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, como consecuencia de la
configuración de un defecto sustantivo, el que es protegido mediante la acción
de tutela. La negación de la posibilidad de tramitar normalmente un proceso, su
interrupción con base en una norma que no le es aplicable, aplaza
ilegítimamente el ejercicio de un derecho fundamental que no encuentra respaldo
en la normatividad aplicable a los supuestos de hecho. En conclusión, tanto la
causal de procedibilidad de la acción de tutela -defecto sustantivo- como la
vulneración del derecho fundamental del acceso a la administración de justicia,
se configuraron.
En el caso concreto, se constata que los
actores no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial a su alcance, para
contrarrestar la vulneración del derecho fundamental que el defecto sustantivo
en el cual incurrió el Tribunal demandado les ocasionó. Por tal razón, la
tutela resulta ser el único medio a su disposición para salvaguardar sus
derechos fundamentales vulnerados.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. -REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de
Casación Laboral y Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de
la referencia, y en su lugar, CONCEDER el amparo invocado del derecho al
acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, DECLARAR la nulidad
de la decisión tomada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá -Sala Civil- el día 15 de enero de 2003, en el sentido de revocar el
auto recurrido, proferido por el juzgado 30 civil del circuito de Bogotá el día
14 de noviembre del año 2002 y ordenar la suspensión del proceso de la
referencia.
ORDENAR a la sala demandada desatar la segunda instancia de
conformidad con lo resuelto en esta sentencia
SEGUNDO. -LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Corte Constitucional, sentencias T-179 de
2003, T-620 de 2002, T-999 de 2001, T-968 de 2001, T-875 de 2001, T-037 de
1997, entre otra es.
[2] Sentencia T-441 de 2003
[3]
Sentencia T-462 de 2003
[4] Sentencia C-586 de 2001
[5] Sentencia C-215 de 1999