C-556-92
Sentencia No
Sentencia No.
C-556/92
ESTADOS DE
EXCEPCION/ABUSO DEL DERECHO-Noción
Los estados de
excepción son excepcionales, y sólo se conciben como mecanismo transitorio e
inevitable. Recurrir al Estado de Excepción con el propósito de solucionar
problemas de crisis menores o de crisis meramente gubernamentales, no significa
otra cosa que un abuso del derecho constitucional que pone en tela de juicio el
Estado de derecho.  La noción de abuso del derecho hace alusión a  ciertas
situaciones en las cuales las normas jurídicas son aplicadas de tal manera que
se desvirtúa el objetivo jurídico que persigue la norma, y esto es justamente
lo que sucede cuando la norma del estado de excepción es aplicada
estratégicamente para solucionar problemas sociales menores o problemas
políticos. El Decreto 1155 de 1992 es exequible por dos motivos:  primero,
porque se reunieron los presupuestos formales que se requieren para su
declaratoria; segundo, porque las facultades de la declaratoria de la conmoción
interior eran idóneas para  conjurar la crisis.
ESTADOS DE
EXCEPCION-Ausencia de
reglamentación
El hecho de que
aún no se haya expedido la ley estatutaria para regular las facultades del
Gobierno durante los estados de excepción, de que trata el artículo 152 literal
e) de la Carta, no impide la declaratoria de la conmoción interior, pues ella
no es un presupuesto para la declaratoria  sino un instrumento para el control
de su ejercicio. Ahora, la falta de dicha ley estatutaria no comporta tampoco
una ausencia de control de las competencias exceptivas del Ejecutivo.
DERECHOS
FUNDAMENTALES
La comunidad
internacional ha establecido en este artículo que los derechos fundamentales
constituyen el núcleo esencial mínimo del hombre, y ni siquiera en los estados
de excepción pueden ser desconocidos,  de tal manera que es razonable limitar
las libertades y los derechos, pero existe un espacio que el Estado debe
respetar porque afecta la dignidad del hombre. En las situaciones de crisis, el
Estado es revestido de poderes excepcionales, pero en ningún caso dichos
poderes podrían desconocer esa zona mínima e intocable de los derechos humanos.
REF:      Expediente
RE-006
Revisión
Constitucional del Decreto No. 1155 de julio 10 de 1992, "Por el cual se
declara el Estado de Conmoción Interior".
Aprobado por Acta
No.
Santafé de Bogotá
D.C., Octubre quince (15) de mil novecientos noventa y dos (1992).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión constitucional del Decreto 1155 de 1992, "Por el cual se declara
el Estado de Conmoción Interior."
1. ANTECEDENTES
1.1. De la revisión constitucional
El día 10 de julio
de 1992 el Presidente de la República, con la firma de todos sus Ministros,
decretó el Estado de Conmoción Interior, de que trata el artículo 213 de la
Constitución Política -CP-.
Acatando lo
preceptuado en el parágrafo del artículo 215 CP, el Gobierno Nacional, por
intermedio del Secretario General de la Presidencia de la República, remitió a
la Corte Constitucional, el mismo día de su expedición, el Decreto 1155 de 1992,
para efectos de su revisión constitucional.
1.2. Del texto del Decreto objeto de
revisión
El siguiente es el
texto íntegro del Decreto 1155 del día 10 de julio de 1992:
"Decreto Número 1155
10 DE JULIO 1992
Por el cual se declara el Estado de Conmoción
Interior
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades que le
confiere
el artículo 213 de la Constitución
Política, y
CONSIDERANDO:
Que durante los
últimos años la sociedad colombiana ha tenido que enfrentar modalidades
criminales que han perturbado en forma grave el orden público, tales como el
terrorismo y los magnicidios.
Que para hacer
frente a dichos factores de perturbación se dictaron disposiciones excepcionales
al amparo de la figura del Estado de Sitio, en virtud de las cuales se
tipificaron hechos punibles y se sometió su conocimiento a la jurisdicción de
orden público, creada y regulada por normas especiales.
Que la jurisdicción
de orden público ha venido conociendo de hechos delictivos que causaron
profunda conmoción social y grave perturbación del orden público.
Que la eficaz
aplicación del régimen especial de la jurisdicción de orden público fortalece
la administración de justicia en su acción contra la impunidad, y contribuye
así a asegurar la convivencia ciudadana.
Que habida cuenta de
que las causas y los efectos de estos factores de perturbación no han
desaparecido y de la importancia de mantener la vigencia de las medidas
mencionadas para procurar el restablecimiento del orden público, la Asamblea
Nacional Constituyente dispuso que los decretos expedidos en ejercicio de las
facultades de estado de sitio hasta la fecha de promulgación de la
Constitución, continuarían rigiendo por un plazo de noventa días, durante los
cuales el Gobierno Nacional podía convertirlos el legislación permanente
siempre y cuando la Comisión Legislativa Especial no los improbara.
Que en desarrollo de
lo anterior se adoptaron como legislación permanente diversas disposiciones
dictadas para restablecer y mantener el orden público entre ellas las relativas
a la jurisdicción de orden público y el régimen que la regula.
Que la continua
vigencia de tales medidas fue reiterada por el artículo 5º transitorio del
nuevo Código de Procedimiento Penal que expresamente señala que "La
jurisdicción de orden público se integrará a la jurisdicción ordinaria desde el
momento en que comience a regir este nuevo Código. Los jueces de orden público
se llamarán jueces regionales y el Tribunal Superior de Orden Público se
llamará Tribunal Nacional. La competencia de estos despachos no se modifica,
continuarán conociendo de los mismos hechos punibles que han venido conociendo
hasta ahora de acuerdo con los decretos que no impruebe la Comisión Especial
para convertir normas expedidas en ejercicio de facultades de Estado de Sitio
en legislación permanente."
Que el señor Fiscal
General de la Nación envió al Presidente de la República una carta en la cual
dice:
"Teniendo en
cuenta lo dispuesto por los artículos 251, numeral 5º, de la Constitución
Política y 8º del Decreto 2699 de 1991, me permito informarle que hoy y en los
días inmediatamente anteriores, se han presentado numerosas solicitudes de
libertad provisional y acciones de "Habeas Corpus" por parte de
procesados por delitos cuyo conocimiento corresponde a la antigua jurisdicción
de orden público, hoy jueces regionales y Tribunal Nacional, todo ello motivado
en interpretaciones de la legislación adoptada como permanente por la Comisión
Especial Legislativa y del Código de Procedimiento Penal expedido por la misma
Comisión, que en mi concepto no corresponde al recto entendimiento de dicha
legislación y Estatuto.
"La situación
anterior en mi concepto está causando serias perturbaciones al orden público,
razón por la cual he considerado conveniente ponerla en su conocimiento para
que dentro de su competencia el Gobierno adopte las medidas que estime
pertinentes."
Que al no existir
una precisión acerca de la aplicación de la normatividad de orden público
frente al ordenamiento ordinario se hace inocua la operancia de la justicia,
orientada en los últimos años hacia el sometimiento de la justicia de los
autores y cómplices de delitos de narcotráfico, magnicidios, homicidios con
fines terroristas, entre otras conductas perturbadoras del orden público, todo
lo cual genera situaciones de impunidad que atentan de manera inminente contra
la estabilidad de las instituciones y la seguridad del Estado.
Que las
circunstancias mencionadas, en tanto hacen inoperantes las medidas de
aseguramiento dirigidas a proteger a la sociedad, atentan de manera inminente
contra la convivencia ciudadana.
Que por todo lo
anterior se hace necesario adoptar medidas extraordinarias tendientes a
asegurar la debida aplicación de tales normas especiales y así conjurar las
causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Que la
situación planteada no puede ser conjurada mediante el uso de las atribuciones
ordinarias de las autoridades de la policía.
Que de conformidad
con el artículo 213 de la Constitución Política corresponde al Presidente de la
República declarar el Estado de Conmoción Interior cuando exista una grave
perturbación del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad,
la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada
mediante el uso de atribuciones ordinarias de las actividades de policía.
DECRETA
Artículo 1º: declarar el Estado de Conmoción Interior
en todo el territorio Nacional a partir de la vigencia del presente Decreto y
hasta las veinticuatro horas del día jueves 16 de julio del presente año.
Artículo 2º: el presente decreto rige a partir de la
fecha de su expedición.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., 10 de
julio de
1991"
(siguen firmas del
Señor Presidente de la República, de doce ministros y dos viceministros
encargados de los respectivos ministerios)
1.3. Del trámite
En Sala Plena de la
Corte Constitucional, llevada a efecto el día 16 de julio del año en curso, se
decidió realizar ponencia conjunta de este negocio por parte de todos los
Magistrados de la Corporación.
En el Auto por medio
del cual se avocó el conocimiento de esta revisión se ordenó la práctica de
pruebas, las cuales ya han sido cumplidos y obran en el expediente.
Así mismo se
permitió la intervención ciudadana, se allegó oportunamente la Vista Fiscal y
se realizaron las comunicaciones de rigor, en los términos del Decreto 2067 de
1991.
1.4. Del concepto del Procurador General
de la Nación
Dentro del término
establecido en el artículo 2067 de 1.991, el Procurador General de la Nación
rindió el concepto de rigor a través del oficio número 066 de septiembre 7 de
1.992.
Inicialmente se
refirió el Ministerio Público al eventual impedimento para conceptuar sobre la
constitucionalidad del Decreto 1155 de 1.992. Al respecto argumentó lo
siguiente:
"En ningún
momento el Procurador General se manifestó sobre la viabilidad de tornar
auténtica tal interpretación mediante la expedición de un decreto legislativo
de conmoción interior, previa utilización del instituto exceptivo del artículo
213 de la Constitución. Por eso, nada ha dicho sobre la constitucionalidad de
los decretos 1155 y 1156 de 10 de julio del presente año y siendo ello así,
como en efecto lo es, no puede declararsele (sic) incurso en las causales a que
se refiere el artículo 25 del decreto 2067 de 1.991, pues no ha conceptuado
sobre la constitucionalidad de los decretos 1155 y 1156, ni ha intervenido en
su expedición, ni tiene interés personal en la decisión que adopte finalmente
la Corte".
Agrega el Procurador
al respecto que el Ministerio Público se pronuncia a través de diversas
modalidades  por disposición de la Constitución y la ley, de suerte que el
cumplimiento de una función concreta no lo puede inhabilitar para cumplir las
funciones restantes.
Seguidamente el
Procurador entra al análisis de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto
1155 de 1.992.
En este sentido el
Ministerio Público sostiene que el Decreto cumple con los requisitos de forma y
que el hecho de que no se haya expedido aún la ley estatutaria de los estados
de excepción no es óbice para que el Presidente de la República no pueda
declarar el estado de conmoción interior.
En cuanto al estudio
del fondo del asunto, la vista fiscal sostiene:
"Para el
Procurador General de la Nación, el Decreto Legislativo 1155 de 1.992 es
inconstitucional por dos grupos de razones opuestas, las cuales se expondrán
separada y subsidiariamente:
a) Porque mediante
el mismo se violaron los artículos 113, 116, 228, 214 num 3º y 213 de la
Constitución Política, en tanto que el Decreto 1155 se expidió por el Gobierno
para regular de manera concreta y no general la forma como los jueces
debían interpretar, en casos particulares y específicos, el alcance del
parágrafo del artículo 415 del Nuevo Código de Procedimientos (sic) Penal,
transgrediendo con ello los principios constitucionales de la separación
funcional de los órganos y ramas del poder público, y la independencia de las
decisiones de la administración de justicia, y desconociendo que durante los
estados de excepción no es posible interrumpir el normal funcionamiento de las
ramas del poder público, ni variar la estructura del Estado. Igualmente, se
violó el artículo 83 al suponer que los jueces no obrarían razonablemente en
derecho.
Para sustentar este
primer argumento la vista fiscal, sostiene lo siguiente:
"Estos dos
principios cardinales de organización de la estructura del Estado, no son susceptibles
de suspenderse durante los estados de excepción, no sólo por el riesgo que
devendría, sino también por la disposición normativa del numeral 3º del
artículo 214 de la nueva Carta, que en lo relativo a las reglas generales
aplicables en los estados de excepción, y recogiendo una larga tradición
jurisprudencial, ha dispuesto que durante éstos, "no se interrumpirá el
anormal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del
Estado"...
...Esas medidas
extraordinarias estaban dirigidas a impedir que las "numerosas solicitudes
de libertad provisional y acciones de ´Habeas Corpus´ interpuestas por parte de
los procesados por delitos cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción de
orden público", (Considerando número 8 del Decreto 1155), no fueran
resueltas por los jueces de una manera que no correspondiera  al "recto
entendimiento" de la legislación de orden público y al Nuevo Código de
Procedimiento Penal.
Ello quiere decir,
entonces, que la supuesta perturbación del orden público que el Gobierno
Nacional adujo para declarar al país en estado de conmoción interior, estuvo
dirigida, según se deduce también del Informe Gubernamental presentado al
Congreso de la República el 15 de julio de 1.992 a que se resolviera de un modo
determinado (que después se concretaría en el articulado del Decreto 1156) el
"torrente de solicitudes" de libertad presentados en Medellín (592),
Cali (192), Cúcuta (88), Bogotá (312) y Barranquilla (80). Igualmente, a
impedir que los jueces de la República al resolver dicho "torrente de
solicitudes", dejarán virtualmente de "aplicar la normatividad propia
de la antigua jurisdicción de orden público", riesgo que se tornó real
"cuando comenzaron a expedirse en el país ordenes de libertad basados en
el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal con desconocimiento total de
la vigencia de las normas especiales"; concretamente, después de que
fueran liberadas "diez personas". Como el riesgo podría presentarse
en las demás solicitudes, el Gobierno no "podía esperar a que fueran
liberados centenares de sindicados de los procesos penales...", según se
manifiesta en el citado Informe del 15 de julio.
En consecuencia,
pues, el Decreto Legislativo 1155 se expidió para que, mediante otro decreto
legislativo, la jurisdicción de orden público rechazara la interpretación que
el Gobierno, la Fiscalía General de la Nación y este Organismo consideraban
injurídica, y se aplicara por los jueces la que dichos entes consideraban como
la correcta".
Y el segundo de los
ataques del Procurador General se resume en las siguientes líneas:
"b) Porque, en
caso de que la Corte Constitucional no acepte los anteriores predicamentos,
mediante el Decreto 1155 de 1.992 se violaron los artículos 213, 189 inc. 1º,
189.4, 189.11 y 115 de la Constitución Política, en razón de que si de lo que
se trataba con su expedición era regular de manera general y abstracta
la aplicación del parágrafo 415  (sic) del Nuevo Código de Procedimiento Penal,
el Presidente de la República podía conjurar la eventual alteración del orden
público suscitada con una interpretación errónea de éste, a través de una
atribución ordinaria de policía que debió concretarse en la expedición de un
decreto reglamentario, mecanismo a través del cual hubiera podido armonizarse
la inteligencia del parágrafo del citado artículo, con la de los artículos 2 y
5 y transitorios de dicho Código de Procedimiento Penal".
El Procurador afirma
que el Presidente puede reglamentar los códigos procesales a través de un
decreto reglamentario, por medio del cual incluso puede interpretarse la ley
reglamentada. En este sentido el Ministerio Público afirma que un decreto
reglamentario habría podido conjurar la crisis en el sentido de hacer claridad
acerca de la inaplicabilidad del parágrafo del artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal a los procesados por cuenta de la justicia regional.
Luego de explicar
ambas razones, el Procurador solicita en consecuencia a la Corte Constitucional
"declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 1155 de 10 de julio de 1.992".
1.5. De las pruebas
1)
Presidencia de la República.
En dos escritos
dirigidos a la Corte Constitucional de fechas agosto 5 y 13 de 1.992,
respectivamente, la Presidencia de la República presentó  las razones que
justifican la constitucionalidad del Decreto 1155 de 1992.
En relación a  las
preguntas formuladas por esta Corporación, la Presidencia de la República,
respondió, a cada una de ellas lo siguiente:
a) Causas que
generaron la declaratoria de conmoción interior:
En los últimos ocho
años el país ha vivido un clima de perturbación del orden público político que
se ha manifestado en el asesinato de jueces (más de doscientos en los últimos
años), y de otros ciudadanos en estado de indefensión, magnicidios, atentados
con carro bomba y otros actos terroristas.
Para hacer frente a
dichos actos de perturbación que pusieron en juego la sobrevivencia misma de la
democracia, el Gobierno Nacional, en desarrollo de las facultades que le
otorgaba el artículo 121 de la Constitución Política de 1886, dictó una serie
de medidas que no se limitaron a la represión del delito sino que ante todo
estuvieron dirigidas a fortalecer las instituciones que tenían que hacer frente
a tal amenaza y particularmente la administración de justicia. Dentro de dichas
medidas es del caso destacar, la creación de una jurisdicción de orden público,
sujeta a unas reglas particulares destinadas a asegurar la eficiencia de la
acción de la justicia frente al crimen organizado y a las modalidades
delincuenciales con mayor capacidad de perturbación del orden público, como son
el terrorismo, el narcotráfico y magnicidios.
La Asamblea
Constituyente era consciente de que las causas de perturbación continuaban
latentes y que por ello era necesario mantener las medidas adoptadas para
lograr el restablecimiento del orden público, razón por la cual dispuso que los
decretos dictados en ejercicio de las facultades de sitio continuarían rigiendo
por un plazo de noventa días, durante el cual el Gobierno podía convertirlos en
legislación permanente siempre y cuando la Comisión Legislativa Especial no los
improbara.
Esta previsión de la
Asamblea Constituyente permitió que se levantara el Estado de Sitio, pues
subsistía una legislación que permitía hacer frente a los factores
perturbadores, haciendo las veces de dique contenedor de los mismos.
En desarrollo de la
facultad mencionada, el Gobierno Nacional adoptó como legislación permanente
diversas disposiciones relativas a la jurisdicción de orden público.
No obstante la
existencia de los artículos 2º y 5º transitorios del Código de Procedimiento
Penal, surgió la interpretación de que en materia de libertad provisional era
posible aplicar a los hechos punibles de conocimiento de los jueces y fiscales
regionales, las causales previstas por el artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal, sin tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 59 del
Decreto 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271
de 1991.
Esta interpretación no
se ajustaba al conjunto de las normas que regulaban la materia y por ello no
era compartida ni por el Gobierno ni por la Fiscalía General de la Nación ni
por la Procuraduría General de la Nación.
La no aplicación de
las normas legales especiales relativas a los delitos de competencia de los
jueces regionales y del Tribunal Nacional, desvertebrada el orden jurídico
previsto para afrontar los delitos más graves, situación que afectaba
gravemente el orden público, al hacer nugatorios los mecanismos dispuestos para
conservarlo.
b) La
materialización de la perturbación del orden público y sus efectos:
La perturbación del
orden público se materializo de la siguiente forma; al sentir de la Presidencia
de la República.
De acuerdo con la
información enviada por la Fiscalía General de la Nación entre el jueves nueve
y el viernes diez de julio del año en curso, se presentaron más de mil
solicitudes de libertad provisional respecto de procesados o sindicados por
delitos de competencia de los jueces regionales y del Tribunal Nacional, en las
cuales se invocaba el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal y por
consiguiente se hacía caso omiso de la vigencia y aplicabilidad del artículo 59
del Decreto 2271 de 1991. Igualmente se presentaron más de cincuenta
solicitudes de  "Habeas Corpus".
Según el cuadro
informativo de la Presidencia, de la República en la ciudad de Medellín se
presentaron quinientas noventa y dos (592) solicitudes de libertad provisional
con fundamento en el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, de las
cuales cinco (5) fueron concedidas y el resto  negadas. También se presentaron
veintinueve (29) solicitudes de Habeas Corpus, de las cuales cuatro (4) fueron
concedidas y una (1) negada.
En la ciudad de Cali
se solicitaron ciento noventa y dos (192) libertades provisionales, pero allí
ninguna prosperó, al igual que las cuatro (4) solicitudes de Habeas Corpus. En
la ciudad de Cúcuta el número de solicitudes fué de ochenta y ocho (88),
concedidas cinco (5) y el resto negadas. En Santa Fe de Bogotá se presentaron
trescientas doce (312) solicitudes y fueron concedidas cuatro (4). Finalmente,
en Barranquilla fueron presentadas ochenta (80) solicitudes pero no fué
concedida ninguna.
Manifiesta lo
siguiente la Presidencia de la República:
"Vale la pena
resaltar que entre las personas que presentaron las solicitudes se encontraban
los procesados y sindicados por un gran número de actos terroristas, entre
ellos por el atentado contra las instalaciones del Departamento Administrativo de
Seguridad DAS, el cometido en la Corporación Las Villas, los sufridos por Luis
Carlos Galán, Carlos Mauro Hoyos, Jorge Enrique Pulido, las masacres de Caloto.
También presentaron solicitudes los señores Juan David y Jorge Luis Ochoa. De
la misma manera en Cúcuta solicitaron su libertad los procesados por los
homicidios de Oscar Jairo Vélez, Angel Vera y Héctor Correa.
De acuerdo con las
informaciones que recibió el Gobierno, con anterioridad a la expedición del
Decreto 1155 de 1992, por lo menos diez sindicados o procesados por los delitos
de competencia de la jurisdicción de orden público habían recobrado su libertad
con fundamento en el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal."
La liberación de
estos sindicados en las circunstancias anotadas -continúa la Presidencia-,
constituía la materialización de una grave perturbación del orden público, la
cual podría agudizarse si se tiene en cuenta en gran número de solicitudes de
libertad presentadas.
El volumen de
solicitudes de libertad y el hecho de que las primeras de ellas habían sido
decididas favorablemente, comportaba una situación imprevista y de graves
repercusiones sobre el mantenimiento del orden público, a saber, la
inaplicación del régimen especial destinado a regular los procesos de conocimiento
de los jueces regionales y del Tribunal Nacional.
La libertad de los
sindicados o procesados por la inaplicación de las normas especialmente
previstas para el efecto, afectaba gravemente la administración de justicia,
por cuanto permitía a los sindicados o procesados por los delitos más graves
rehuír el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas. Todo lo anterior
atentaba de manera inminente contra la estabilidad institucional y la
convivencia ciudadana, al causar inseguridad social y jurídica, intranquilidad
pública, desestabilizar la labor que venía cumpliendo la administración de
justicia y generar desconfianza en la efectividad de la misma.
Ante la ausencia de
facultades ordinarias que le permitieran hacer frente a la grave perturbación,
era la responsabilidad del Gobierno, en desarrollo del mandato constitucional
de mantener el orden público, tomar sin dilaciones medidas extraordinarias para
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, las cuales por su
naturaleza debían referirse a los problemas de interpretación que se habían
planteado.
c) Información sobre
el aporte de pruebas por parte de  organismos oficiales en Colombia y en el
exterior:
Sobre este punto
fueron anexados sendos documentos titulados "Informes sobre trámite de
traslado de pruebas por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de
la República (Decretos 1303 de 1991) realizado hasta el 1 de julio de
1992" y "Relación de actividades cumplidas en apoyo a la jurisdicción
de orden público y el sometimiento a la justicia", en los cuales aparace
la forma como se realizó el aporte de pruebas por parte de otros países y del
Departamento Administrativo de Seguridad, respectivamente, a los procesos de
competencia de la antigua jurisdicción de orden público.
d) Razones que
llevaron al Gobierno a presentar a la Comisión Especial Legislativa el proyecto
de lo que hoy es el parágrafo del artículo 415 del Código de Procedimiento
Penal:
El nuevo Código de
Procedimiento Penal reprodujo la tradicional norma de la libertad provisional,
cuando vencido el término de ciento veinte días de privación efectiva de la
libertad, no se hubiere calificado el mérito del sumario, aplicable a los casos
generales, exceptuando los excluidos por normas especiales.
Actualmente el artículo
59 del Decreto 099 de 1991 regula de manera íntegra y especial las causales de
libertad provisional tratandose de los delitos sometidos a la antigua
jurisdicción de orden público.
El parágrafo del
artículo 415 apunta al propósito fundamental de dictar un precepto que surta
efectos luego de que pierda vigor la legislación que regula los procesos de
conocimiento de los jueces regionales y del Tribunal Nacional.
Uno de los Decretos
de Estado de Sitio que recibió carácter permanente fué el 2790 de 1990,
modificado por el 099 de 1991 y adoptado como legislación permanente en virtud
del Decreto 2271 de 1991.
Lo anterior dió
lugar a que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 415 y las normas
especiales de orden público, particularmente el artículo 59 del Decreto 099 de
1991, regularan de manera diferente y autónoma las causales de libertad
provisional; aplicándose el primero a los delitos ordinarios y el segundo a los
delitos de que venía conociendo la jurisdicción de orden público, lo que resulta
lógico tratándose de conductas vinculadas al terrorismo y al narcotráfico.
Al ser temporal la
competencia de los jueces regionales, como lo es la misma legislación que
regula los procesos de su competencia, el parágrafo del artículo 415 está
llamado a operar una vez se extinga la competencia de tales jueces. Así, la
posición del Gobierno propendía para que una vez desaparecida la legislación de
orden público, el término para que proceda la libertad condicional no fuera
único para todos los delitos. En efecto, respecto de los delitos especiales de
orden público empezaría a operar el específico lapso previsto por el parágrafo
del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal.
El parágrafo busca
servir de enlace entre dos sistemas cuando uno de ellos, el especial,
desaparezca para siempre del mundo jurídico, para darle efectos totales al
sistema genérico del Código de Procedimiento Penal.
Es evidente que la
naturaleza de los delitos de los cuales conocen los jueces regionales y las
circunstancias en que se cometen dichos hechos punibles, implican obstáculos
enormes para la recaudación de las pruebas correspondientes, lo cual conduce a
la necesidad de prever un lapso mayor que el consagrado por el Código para los
otros delitos con el fin de adelantar la investigación correspondiente.
Fueron presentados
como anexo al escrito, por parte de la Presidencia de la República, los
siguientes documentos:
1. Informe
presentado por el Señor Fiscal General de la Nación al Señor Doctor César
Gaviria Trujillo, Presidente de la República, el diez de julio de 1992, con
fundamentos en los artículos 251, numeral 5º, de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2699 de 1991, sobre las numerosas solicitudes de libertad
provisional y acciones de "Habeas Corpus" por parte de procesados por
delitos cuyo conocimiento corresponden a la antigua jurisdicción de orden
público hoy jueces regionales y Tribunal Nacional.
2. Circular Nº 11
del Señor Fiscal General de la Nación para los directores regionales de
fiscalías, de diez de julio de 1992, en desarrollo de los principios de
uniformidad de actuación, unidad de gestión y dependencia jerárquica contenidos
en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía.
3. Informe del Jefe
de la División Legal de la Dirección General de Prisiones del 15 de julio de
1992, sobre las personas que recobraron la libertad con fundamento en el
artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, que se resume en el siguiente
cuadro.
4. Informe del Señor
Vicefiscal de la Nación sobre el volumen de solicitudes de
e libertad
provisional y de Habeas Corpus presentado en las cinco regionales de fiscalías.
5. Informe del
Director de la Cárcel de "Bellavista" del Distrito Judicial de
Medellín sobre el nombre y las situaciones jurídicas de los internos que
salieron en libertad por aplicación del artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal.
6. Informe sobre
trámite de traslado de pruebas por conducto de las Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República (Decreto 1303 de 1991), realizado hasta el 1° de
julio de 1992.
7. Informe del
Departamento Administrativo de Seguridad  sobre la relación de actividades
cumplidas en apoyo a la jurisdicción de orden público y el sometimiento a la
justicia.
8. Declaración leida
por el Señor Presidente de la República. Doctor César Gaviria Trujillo, sobre
el Decreto de julio 9 de 1992.
"A juicio del
Gobierno Nacional, estas disposiciones no son, de ninguna manera, aplicables a
las circunstancias reguladas por la legislación de orden público...
... Mientras sea
Presidente de la República, haré lo que esté a mi alcance para evitar que,
mediante la manipulación de un inciso descubierto por un abogado malicioso,
recobren la libertad sindicados de actos  tan atroces como estos.
Ese es mi deber como
Jefe del Estado y sé que en ello me acompañan treinta millones de colombianos
que mirarían con horror la salida de la cárcel, en pocos días, de quienes son
reconocidos por el país como los más peligrosos criminales"1 .
9. Anteproyecto del
Código de Procedimiento Penal del Centro de Investigaciones Socio-jurídicas
(CIJUS), de la Universidad de los Andes.
10. Gaceta
Legislativa Nº 7 del 30 de agosto de 1991 que contiene el Proyecto de Código de
Procedimiento Penal.
11. Informe motivado
acerca de las causas que determinaron la declaración del estado de conmoción
interior en virtud del Decreto 1155 de 10 de julio del año en curso dirigido a
los señores Carlos Espinosa Facio Lince, Presidente del H. Senado de la
República y Rodrigo Turbay C. Presidente de la H. Cámara de Representantes,
firmado por el Señor Presidente de la República y el Señor Ministro de
Justicia.
El 13 de agosto de
1992 el Secretario General de la Presidencia de la República presentó a la
Secretaría General de la Corte Constitucional el memorial de los señores
Ministros de Gobierno y de Justicia en el cual se exponen las razones que
justifican la constitucionalidad del Decreto 1155 de 1992, que se resume en los
siguientes puntos:
1. La existencia de
una gran perturbación del orden público.
De la lectura del
artículo 213 de la Constitución Política resulta claro que para determinar
cuándo es posible declarar el estado de conmoción interior es necesario
establecer en  cuándo existe una grave perturbación del orden público.
a) La multiplicidad
de factores de perturbación en la superación del concepto de "guerra
interna".
La Constitución de
1991 creó un régimen diferente en materia de estados de excepción, sin imitar
modelos extranjeros sino partiendo de nuestra realidad, desafortunadamente rica
en factores de perturbación del orden público. El objetivo fue dejar atrás los
vicios del antiguo estado de sitio sin caer en la ingenuidad de maniatar al
Ejecutivo, ni en la ilusión de pensar que la democracia no requería
instrumentos para defenderse.
El análisis que hace
recaer la perturbación del orden público en la existencia de actos de guerra,
es insuficiente frente al régimen de conmoción interior previsto por la
Constitución Política de 1991 y a la finalidad que tiene los estados de
excepción.
La Constitución
Política de 1991 establece un régimen diferente para la guerra exterior y para
la conmoción interior en razón a las diferencias fundamentales que existen
entre la guerra exterior y la perturbación del orden público interno. La
Constitución considera entonces que el estado de conmoción interior no
necesariamente corresponde a la guerra "interna" como podía
sostenerse en la Constitución de 1886.
2. La Constitución
de 1991 respondió a la realidad colombiana. Amplitud en las causas, enunciación
de los bienes jurídicos especialmente protegidos y garantías contra el síndrome
del estado de sitio:
En primer lugar, el
artículo 213 de la Constitución preserva un margen de apreciación de las
circunstancias concretas para declarar estado de conmoción, en cabeza del
Presidente de la República, como responsable que es del mantenimiento y
restablecimiento del orden público. En segundo lugar permite que la democracia
pueda defenderse de los diversos factores de perturbación del orden público
interno, lo cual sería muy difícil si de manera taxativa y específica se
hubieran enumerado las múltiples y variadas hipótesis de hecho en las cuales el
Ejecutivo podría declarar el estado de conmoción interior.
Con el propósito de
diferenciar el estado de conmoción interior del anterior estado de sitio, la
Constitución establece requisitos como los de la temporalidad.
3. El límite entre
lo normal y lo grave en la perturbación del orden público.
La vida social
implica por su naturaleza conflictos y en algunos casos violación de las normas
legales, sin que tales hechos constituyan per se alteraciones del orden público
que permitan acudir a los estados de excepción. Es sólo cuando los conflictos
superan un determinado límite que el Estado puede acudir a dichos mecanismos
excepcionales.
Es evidente que las
autoridades públicas y en particular el Presidente no cumpliría sus deberes de
conservar el orden público, asegurar la convivencia pacífica, la vigencia de un
orden justo y de proteger la vida honra y bienes de los habitantes, si conoce
que se va a presentar un grave hecho que afecta la estabilidad institucional o
la convivencia ciudadana y no toma las medidas ordinarias o extraordinarias
necesarias para neutralizarlo.
4. La no existencia
de otros medios eficaces ante la inminente salida de más de mil supuestos
delincuentes:
Era imposible
adoptar medidas ordinarias dirigidas a asegurar la futura comparecencia de
todos y cada uno de los indicados en los procesos respectivos.
De otra parte, no
era posible adoptar por la vía de un decreto reglamentario la interpretación
que finalmente fué consagrada por el Decreto 1155 de 1992, pues como lo ha
sostenido reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
interpretación auténtica de la ley corresponde al legislador y por ello no
puede el Gobierno arrogarse dicha atribución so pretexto de ejercer la potestad
reglamentaria.
De igual manera la
interpretación adoptada por el Señor Fiscal General de la Nación no era
obligatoria para los jueces de la República, razón por la cual podían apartarse
de la misma.
Finalmente, no sobra
señalar que habida cuenta de la imperiosa necesidad de resolver rápidamente el
problema planteado no era posible acudir al H. Congreso para que decidiera
sobre una interpretación auténtica del texto legal.
De esta forma no se
disponían de mecanismos ordinarios para hacer frente a la perturbación de orden
público, razón por la cual el Gobierno debió declarar el estado de conmoción
interior y adoptar las medidas estrictamente necesarias para conjurar la
crisis, las cuales obviamente consistían en adoptar una interpretación
auténtica del Código del Procedimiento Penal y en expedir las disposiciones
complementarias que eran del caso para evitar una abuso de las vías legales.
5. Los eventuales
errores de la administración y los estados de excepción.
El Gobierno no
cometió errores en la expedición del Código de Procedimiento Penal. En efecto,
los artículos 2º y 5º transitorios del Código regularon claramente la situación
de la antigua jurisdicción de orden público. Simplemente por interpretaciones
equivocadas se puso en tela de juicio la aplicación de las normas pertinentes.
El aforismo según el
cual nadie puede alegar en su favor su propia culpa no es aplicable por cuanto
el Gobierno esta en la obligación de preservar y restablecer el orden público
si es del caso declarando un estado de excepción cuando se presenten los
supuestos constitucionales. Si los factores que dan lugar a la declaratoria del
estado de conmoción obedecen a hechos del propio Estado, tal circunstancia no
puede conducir a que no se pueda declarar el estado de conmoción, porque ello
implicaría que la autoridad se ve exonerada del cumplimiento de un deber
constitucional por su propio hecho.
5. La ausencia de
una ley estatutaria:
La norma
constitucional no subordina la posibilidad de acudir a un estado de excepción a
la existencia de una ley estatutaria. La ley estatutaria simplemente va a
regular las facultades del Gobierno, pero mientras ella no exista el Gobierno
puede adoptar todas las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos, teniendo, en cuenta en materia de derechos
fundamentales los límites que imponen los tratados internacionales sobre
derechos humanos.
Con los argumentos
anteriormente expuestos los señores Ministros de Gobierno y de Justicia
solicitan declarar ajustado a la Carta el Decreto 1155 de 1992.
2)
Fiscalía General de la Nación.
En dos escritos
presentados los días 5 y 6 de agosto del año en curso, la Fiscalía General de
la Nación dió respuesta a los interrogantes planteados por la Corte
Constitucional.
En el primero de
ellos se ocupó de la competencia del  Fiscal General de la Nación para impartir
a los Fiscales Delegados instrucciones por medio de las cuales se les fijan
criterios funcionales de orden jurisdiccional.
Las razones jurídicas
de tal competencia son las siguientes:
a)Antecedentes
legislativos del Decreto 2699 de 1.991.
Los antecedentes
legislativos del Decreto 2699 de 1.991, por el cual se organizó la Fiscalía
General de la Nación, muestran claramente que para el desarrollo de la función
básica de la entidad, cual es la investigación de los delitos y acusación de
los presuntos infractores, la intención del legislador fue la de darle
autonomía administrativa, dotada de mecanismos de control y soportes técnicos y
administrativos.
Fue así como se
concibió el desarrollo de la función investigativa y acusatoria en cabeza del
Fiscal General y los Fiscales Delegados, éstos últimos actuando en Unidades
adscritas en los distintos niveles de la organización, al Fiscal General y a las
Direcciones de Fiscalía respectivas, bajo la dependencia de sus superiores
jerárquicos y del Fiscal General.
De otra parte, al
Fiscal General se le asignó, entre otras, la función de "Dirigir,
coordinar y controlar el desarrollo de la función acusatoria...", la cual
posteriormente se amplió al aspecto investigativo.
b) Organización de
la Fiscalía.
Para el desarrollo
de las funciones a cargo de la Fiscalía, el Decreto 2699 de 1991, consagró un
sistema de organización basado en el principio de unidad de actuación y
dependencia jerárquica.
Este modelo
organizativo corresponde a lo que la doctrina denomina centralización, en donde
todas las funciones se radican en cabeza de la persona jurídica y sus ejercicio
se hace a través de agentes que actúan a nombre de ésta bajo la dependencia de
sus superiores jerárquicos.
La descentralización
funcional se da en la Fiscalía General a partir de las Unidades de Fiscalía las
cuales actúan a nivel nacional, regional, seccional y local, y a través de los
delegados especiales que el Fiscal General designe para casos particulares.
c) Unidad de
Actuación y Dependencia Jerárquica de la función de Investigación y Acusación:
La Fiscalía General
de Nación fué creada como un organismo autónomo administrativa y
financieramente, bajo la dirección del Fiscal General, quien tiene la
representación de la Entidad frente a las autoridades del poder público y a los
particulares, y como tal es el vocero y responsable por las actuaciones de la
Fiscalía ante los demás estamentos del Estado y de la sociedad.
En razón de lo
anterior, corresponde al Fiscal General "dirigir, coordinar y controlar el
desarrollo de la función investigativa y acusatoria contra los presuntos
infractores de la ley penal directamente o a través de sus delegados".
Por su parte, el
ejercicio de la función investigativa y acusatoria, radicada en cabeza del
Fiscal General, se realiza en los distintos niveles de la organización a través
e sus delegados, quienes actúan con competencia en todo el territorio nacional,
bajo su dependencia y representación.
Este principio de
dependencia y subordinación se reproduce en cada una de la instancias
territoriales en que actúa la Fiscalía. Así, a los Directores de Fiscalías, en
sus niveles nacional, regional y seccional, les corresponde "velar porque
las actuaciones asociadas con el cumplimiento de las funciones de investigación
y acusación se adelanten de conformidad con la Constitución, la ley, los
reglamentos establecidos y las políticas del Fiscal General.
d) Control de la
función investigativa y acusatoria:
Si la ley otorga al
Fiscal General la facultad de dirigir, coordinar y controlar la función
investigativa y acusatoria, también establece los medios para hacerla efectiva.
Así por ejemplo el Fiscal puede en cualquier momento asumir directamente las
investigaciones que ameriten su atención personal, si es del caso desplazando a
cualquier Fiscal Delegado; designar Fiscales Especiales cuando la naturaleza
del asunto lo requiera; otorgar a entes públicos atribuciones transitorias de
Policía Judicial; ordenar la remisión de la actuación ordenada por un Fiscal al
despacho de cualquier otro para asegurar la eficiencia de la actuación.
e) Unidad de
criterios en el ejercicio de la Función Judicial:
La unidad de actuación
que la ley ordena en el ejercicio de la función judicial, esto es, la
investigativa y acusatoria, implica que la gestión de la Fiscalía General de la
Nación se adelante con unidad de propósitos, unidad de sistemas de
investigación, unidad de políticas en materia criminal y, desde luego, unidad
de criterios en materia de interpretación y aplicación de la ley.
Si esto no se
cumpliere, la actuación de la Fiscalía se haría difusa, incoherente y
contradictoria, desconociendo así los postulados legales que ordenan su
actuación como un todo, bajo la dirección, dependencia y control del Fiscal
General de la Nación y de sus delegados en los distintos niveles de la
organización.
En cumplimiento del
mandato Constitucional y legal el Fiscal General de la Nación consideró que las
consecuencias jurídicas derivadas, en su concepto, de la errónea interpretación
de la legislación adoptada como permanente y del Código de Procedimiento Penal,
causaría serias perturbaciones de orden público, lo cual justificaba que tal
situación fuera puesta en conocimiento del Gobierno Nacional.
Los alcances
jurídicos de tal interpretación se evidenciaron en la liberación de personas
procesadas por conductas delictivas de competencia de los jueces regionales,
situación que podía generalizarse ante el cúmulo de solicitudes de Habeas
Corpus y libertad provisional, con las consecuencias de que se generara la
impunidad de los delitos investigados y que el Estado viera disminuida la
posibilidad de procurar la readaptación social y en general los objetivos y
propósitos de la sanción.
Las razones
anteriores llevaron al Fiscal General de la Nación a considerar que la
situación indicada era generadora de perturbación del orden público.
En el segundo
escrito la Fiscalía General da respuesta a los restantes interrogantes
contenidos en el auto de solicitud de pruebas de la Corte, en relación con los
datos estadísticos suministrados por la Dirección Nacional de Fiscalías:
a) Razones por las
que no se han calificado los sumarios en los procesos adelantados por los
jueces regionales.
Estas razones pueden
ser de dos clases:
1.) De orden
cualitativo. La denominada jurisdicción de orden público fué creada para
contrarrestar jurídicamente situaciones generalizadas de violencia tendientes a
desestabilizar las instituciones democráticas, a crear zozobra en la población
y en general aquellos comportamientos relacionados directamente con la
situación de orden público. El campo de competencia fué ampliándose al
conocimiento de procesos referidos a delitos contra la existencia y seguridad
del Estado, rebelión, sedición y conexos; al incremento patrimonial no
justificado o enriquecimiento ilícito; a los delitos de narcotráfico y conexos
y más recientemente a los procesos de sometimiento a la justicia.
La especial
naturaleza de los delitos de competencia de los jueces fiscales regionales hace
que la investigación demande requerimientos técnicos o científicos propios, lo
que conlleva que el proceso se dilate en el tiempo a fin de lograr el
perfeccionamiento de los elementos probatorios.
En el curso de las
investigaciones se ha detectado que muchas de las conductas investigadas
presuponen la conexidad entre ellas, lo que requiere de especial análisis, para
determinar si son hechos aislados o si por el contrario corresponden a la
acción de organizaciones criminales.
2.) Relación con
autoridades extranjeras. La valoración de la colaboración de las autoridades en
la recolección de pruebas puede calificarse de aceptable, entendiendo que no
siempre se aportan con la agilidad esperada, lo que es explicable por los
trámites burocráticos que normalmente se surten en los organismos a donde se
solicita.
Finalmente la
Fiscalía General de la Nación responde que prosperaron diez y nueve (19)
solicitudes de libertad provisional de las mil trescientas cuarenta y siete
(1.347) que se presentaron. Y a las personas que se beneficiaron con la
libertad provisional se les impuso caución y diligencia de compromiso.
Se presentó como
anexo al informe un cuadro de estadística general por el período comprendido
entre el 1° de enero y el 30 de junio del presente año de la gestión realizada
por cada una de las seccionales de las Fiscalías Regionales de Orden Público.
3)
Tribunal Nacional.
De los informes
estadísticos enviados por las diferentes Regionales que funcionan en el país,
se tiene que los juzgados de conocimiento a ellos adscritos dictaron un total
Setecientas setenta (770) sentencias. Sinembargo, estos datos son incompletos
teniendo en cuenta que varias de estas oficinas no cuantificaron las sentencias
dictadas desde el mes de junio de 1988, cuando se creó la jurisdicción de orden
público, como al parecer sí lo hizo globalmente la Regional de Barranquilla.
A continuación se
presenta la relación de las sentencias por Regionales,
a) Regional de Santa
Fe de Bogotá.
Sentencias dictadas
desde el 1º de noviembre de 1991 hasta el 10 de julio de 1992:
Absolutorias                                             11
Condenatorias                                          73
Mixtas                                                       9
Sub total                                         93
Total                                                    184
b) Regional de
Medellín.
Sentencias
Absolutorias                            38
Condenatorias                                           46
Sub total                                                   84
Desde el 1º de
noviembre de 1991 hasta el 10 de julio de 1992:
Sentencias
absolutorias                   15
Condenatorias                                           69
Sub total                                                   84
Total
168
c) Seccional de
Cali:
Sentencias
Condenatorias                         44
Absolutorias                                              4
Mixtas
8
Sub total                                         56
Total2                                                       131
d) Regional de
Barranquilla:
Sentencias
absolutorias                   19
Condenatorias                                           51
Mixtas
8
___
Subtotal                                                    78
Total
212
e) Regional de
Cúcuta:
Desde el 1º de
noviembre de 1991, hasta el 10 de julio
Sentencias
absolutorias
1
Condenatorias                                           14
Mixtas                                                       00
Sub total                                                   15
Gran total                                        85
En el Tribunal
Nacional, por su parte fueron dictadas cuatrocientas setenta y cinco (475)
sentencias absolutorias y de estas un total de trescientas dieciocho (318) se
debieron a falta de pruebas -sin más datos-.
4)
Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría
General de la Nación remitió a esta Corporación las actas de visita, informes y
conclusiones de las mismas, procesos disciplinarios en trámite y otros
documentos que reposan en la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial,
Procuraduría Delegada para la Policía Judicial y Procuradurías Departamentales
o Provinciales, según el caso, relacionados con la antigua jurisdicción de
orden público y correspondientes a las seccionales de Santa Fe de Bogotá,
Cúcuta, Cali, Barranquilla y Medellín.
El 20 de septiembre
de 1991, el Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial presentó al
Procurador General de la Nación un informe sobre el funcionamiento de la
jurisdicción de orden público, evaluación realizada mediante visita a los
juzgados de instrucción y de conocimiento de orden público por parte de los
abogados adscritos a la Delegada, en dicho informe se lee:
a) Principales
logros.
De acuerdo con el
criterio de los Magistrados del Tribunal de Orden Público, los principales
logros de la jurisdicción de orden público se circunscriben a dos:
Uno: haber conocido
de manera directa la existencia de una delincuencia altamente tecnificada, con
tres características esenciales:
-Estricta y
detallada organización, donde prima la "distribución de funciones y la
división del trabajo" en todas las tareas criminales,
-alto poder
económico, y
-asesoría técnica
externa.
Dos: haber
conseguido la desarticulación de algunos grupos de autodefensa, concretamente
en el Magdalena Medio Antioqueño y Santandereano.
Del estudio del
movimiento judicial en Santa Fe de Bogotá concluye la Procuraduría lo
siguiente:
"a) Conforme a
lo anterior se deduce claramente que cada funcionario de conocimiento profiere
menos de un fallo mensual en promedio, lo cual no se compadece con el número
total de causas para tal efecto en la sección jurisdiccional que es de 368,
puesto que a ese ritmo necesitarían aproximadamente dos años para fallar las
causas existentes en el supuesto caso de que en dicho lapso no les fueran
asignadas ninguna otra.
Respecto a los
señores Jueces de Instrucción no es mejor la situación, ya que en el mismo
lapso, los 19 Jueces sólo han producido 93 calificatorios lo que nos arroja un
promedio mensual de 0.6. Es más, como se puede observar existen Jueces  que no
han proferido ningún calificatorio.
b) Respecto al
funcionamiento administrativo de la Dirección Seccional de Orden Público y de
la Sección Jurisdiccional, también se observaron fallas que redundan en la
escasa eficiencia de esta jurisdicción; pues es así como por ejemplo de treinta
indagaciones preliminares que se revisaron al azar de las 2.388 que existen en
la actualidad, aparecen muchas de ellas con mora en la designación del Juez que
debe conocer, según se estableció en los expedientes radicados bajo los
números..., en los cuales se demoraron hasta mes y medio para hacer la
designación correspondiente.
c) Así mismo se
estableció que a los señores Jueces visitados les han sido asignados un total
de 5.159 expedientes entre indagaciones preliminares y procesos, lo cual
refleja la magnitud de la tarea que tienen por desarrollar y los pocos
resultados obtenidos hasta ahora.
d) Hubo consenso
general entre los abogados adscritos a esta Delegada respecto de las quejas de
los señores Jueces de Orden Público, quienes manifestaron su inconformidad con
el funcionamiento de la Secretaría, habida cuenta de que los despachos no
tienen ningún poder sobre ésta, a la cual le endilgan algunas irregularidades,
tales como moras en pasar los procesos al Despacho, indebidas notificaciones,
carencia de algunos libros de control como por ejemplo no existe radicador de
correspondencia recibida.
"Conclusiones.
De acuerdo con los
distintos elementos de juicio que hemos tenido: visitas practicadas por el
equipo de abogados, observación directa por parte del Delegado, diálogo con los
Magistrados, seguimiento del debate en la Comisión Especial o
"Congresito" a través de los medios de comunicación... se pueden
sacar las siguientes conclusiones:
1. La
Jurisdicción de Orden Público, no esta cumpliendo con los objetivos para los
cuales fue creada, habida cuenta del bajo rendimiento de providencias
calificatorias y sentencias, como se puede ver en el cuadro estadístico de las
actuaciones en Santa Fe de Bogotá.
2. Teniendo en
cuenta que existen investigaciones delicadas por fallar y que aún persisten
organizaciones criminales altamente técnificadas que requieren de un
tratamiento especial, consideramos que se debe mantener un equipo investigativo
especializado para conocer de dichas investigaciones, pero dependiente de la
Fiscalía General de la Nación, garantizando al máximo la seguridad de dichos
funcionarios como sería el de continuar manteniéndolos en absoluta reserva, y
apoyándolos -como hoy lo están -por las Unidades de Indagación y los cuerpos
del DAS, DIJIN, etc.
3. El traslado
masivo de los procesos a los jueces instructores y de conocimiento ordinarios,
pueden dar origen a la impunidad, por múltiples razones, pero la más común de
todas, es que si alguien como juez está instruyendo o fallando un determinado
número de negocios y a esos procesos le agregan otros, continúa evacuando
aquellos inicialmente radicados en su Despacho y deja después los que le
llegaron de último. Así no más se produciría la prescripción de muchas
acciones.
4. Las
competencias asignadas a estos funcionarios deben circunscribirse a los delitos
cometidos por aquellas organizaciones delictivas o por los hechos de
connotación nacional bien sea por las circunstancias o modalidades del delito o
en virtud de las especiales calidades de las víctimas, y no como se ha visto
que un simple campesino sea sumariado por la jurisdicción de Orden Público
porque se le encontró una pistola o un revólver, muchas veces inservibles o una
prendas de vestir deterioradas de las fuerzas militares. Creemos que no
todos los 21.000 procesos de los cuales hablan, corresponden a las
organizaciones criminales con las características anotadas en el acápite de
principales logros. Por lo tanto sería aconsejable un análisis pormenorizado
expediente para determinar cuáles requieren del equipo élite de investigadores.
5. De permitir
que continúe la inoperancia hasta ahora demostrada por la jurisdicción de Orden
Público, muy seguramente será un nuevo factor de desconfianza para la
ciudadanía en general y de animadversión para los propios procesados frente a
la demora para que se les decida en definitiva su situación jurídica".
Ahora bien, hacen
parte del informe de la Procuraduría relación de investigaciones disciplinarias
en curso que adelanta la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial
contra el Tribunal Nacional, Jueces y Fiscales Regionales y Direcciones
Seccionales de Orden Público (actuales Dirección Nacional y Seccional de
Fiscalías);
Así mismo se
relacionan en dicho informe las sanciones impuestas por la Procuraduría
Provincial para la Vigilancia Judicial. A manera de ejemplo se cita la
Resolución Nº 053 del 6 de mayo de 1992 por medio de la cual se solicita del H.
Tribunal Superior de Orden Público, imposición de la SANCION DISCIPLINARIA al
doctor ... en su condición de Juez de Orden Público.
En dicha Resolución
se establece en el punto cuarto:
"CUARTO: Que
del estudio y análisis del acervo probatorio recaudado, se deduce lo siguiente:
...5. las moras en
que incurrió el doctor ... comprenden un tiempo considerable y a pesar de
existir ciertamente excesivo recargo de trabajo en el juzgado en que se
desempeña como Juez, y en los lapsos a que se contraen tales retardos, como se
demuestra de las estadísticas de labores que se allegaron a este informativo, no
se justifican esas demoras, pues han sido ostensibles y prolongadas, a más
de que se observa que en cuanto a los procesados detenidos por más de tres años
se les está cercenando los derechos fundamentales como son: "no obtener
pronta resolución de sus peticiones", y no se les está aplicando en la
actuación judicial revisada, el debido proceso, pues se están presentando dilaciones
injustificadas, y por tanto no se está dando cumplimiento a los artículos 23 y
29 de la Constitución Nacional vigente, en cuanto hace referencia a la pronta
resolución de las peticiones ante la correspondiente autoridad, en este caso,
la autoridad judicial, y a la aplicación del debido proceso sin dilaciones
injustificadas.
6. Por otra parte,
el señor Juez acusado, como persona y como funcionario, está obligado a cumplir
la Constitución y las leyes (artículo 95 de la Constitución Nacional). El doctor
... además, no está dando cumplimiento al artículo 228 de la Constitución
Nacional; pues los términos procesales no los ha observado con diligencia, y
por tal razón se solicitará sanción para el mismo, toda vez que el artículo 228
de la Constitución Nacional dispone que "los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado".
QUINTO. Que por las
anteriores circunstancias y razones, este Despacho considera que los cargos
formulados al doctor ..., no se han desvirtuado y las moras en que incurrió no
se justifican.
En consecuencia,
esta Procuraduría Provincial, solicitará imposición de sanciones disciplinarias
para dicho funcionario, toda vez que está demostrado en autos, que dió cabal
cumplimiento a los artículos 354 y 458 del Código de Procedimiento Penal,
incurriendo por tanto en las faltas contra la eficacia de la Administración
de Justicia, señaladas en los literales a), b) y h) del artículo 9º del Decreto
1888 de 1989, lo que constituye falta disciplinaria de conformidad con el
artículo 9º bis de este Decreto (adicionado por el artículo 3º del Decreto 1975
de 1989)".
5)
Fernando Carrillo Flórez. Exministro de Justicia.
En escrito
presentado el 5 de agosto del año en curso, Fernando Carrillo Flórez,
Exministro de Justicia, da respuesta a los interrogantes planteados por la
Corte Constitucional, de la siguiente forma:
a) En el período
comprendido entre la adopción del nuevo Código de Procedimiento Penal y el
inicio de su vigencia, el Ministerio de Justicia no podía prever la grave
perturbación del orden público que, según el Decreto 1155 de 1992, se presentó
en los primeros días de su vigencia.
Es de anotar que la
conmoción provocada al momento de entrar en vigencia el Código de Procedimiento
Penal obedeció a una errada interpretación de algunas de las disposiciones en
él contenidas, particularmente del artículo 415, en armonía con los artículos
transitorios 2º y 5º. En efecto, desconociendo la normatividad existente así
como la intención del legislador, se pretendió extender los beneficios de la
libertad provisional consagrados en el artículo 415 a los sindicados de delitos
cuyo conocimiento venía adelantando la denominada jurisdicción de orden
público.
Tal problema de
hermenéutica  ha sido ya estudiado y definido por la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Penal-, la cual se pronunció sobre la materia mediante
providencia del pasado 22 de julio, ratificando las argumentaciones del
Gobierno Nacional, en cuanto a la vigencia del régimen especial relativo a la
libertad provisional, frente a los sindicados por delitos de narcotráfico y
terrorismo.
b) El parágrafo
del artículo 415 contiene el texto original que fuera presentado en el
anteproyecto del Código que              -originalmente- preveía la
desaparición de los jueces de orden público y que, en tal virtud, debía
disponer de unas normas sobre libertad provisional, en el caso de aquellos que
sometidos a una jurisdicción que iba a desaparecer, no podían ser beneficiarios
por los términos ordinarios para obtener la libertad provisional. Por ello allí
se dispuso duplicar los términos para ese particular evento.
c) En desarrollo de
los postulados básicos que informan nuestro sistema administrativo y ejerciendo
la facultad con que cuentan los Ministros del Despacho, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 1050 de 1968 para delegar determinadas funciones a
sus colaboradores inmediatos en calidad de Ministro de Justicia, y a través de
la Resolución 721 del 1º de abril de 1992, se adoptó la determinación de
delegar en el "Profesional Especializado del Despacho del Ministro
-Veedor- la función de hacerse parte dentro de los procesos instaurados por
inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, en donde el Ministerio de
Justicia haya participado en la elaboración o expedición de las normas.
En virtud de tal
decisión quedó investido el Veedor del Ministerio de la facultad de otorgar los
poderes a que hubiere lugar, a efecto de llevar la representación del Despacho
en los citados procesos. El artículo 2º de la Resolución 721 de abril de 1992
así lo establece, señalando como objeto de tales encargos la  representación
del Despacho del Ministro a fin de justificar "por escrito la
constitucionalidad de las normas que sean demandadas ante la H. Corte
Constitucional". En cumplimiento de la función al efecto delegada, el
Profesional Especializado del Despacho del Ministro -Veedor- Encargado, otorgó
poder al doctor LUIS ENRIQUE CUERVO PONTON mediante memorial presentado ante la
Secretaría General de la H. Corte Constitucional el día 26 de mayo de 1992, en
el cual se estableció con meridiana claridad el alcance del encargo, esto es,
representar al Despacho de Ministro para que "justifique por escrito la
constitucionalidad de las normas demandadas en el expediente de la
referencia".
La clara definición
del encargo permite concluír que el representaba con la obligación de
justificar el por qué las normas demandadas son constitucionales y no de
precisar la época de la vigencia de las mismas, lo cual únicamente le incumbe a
la H. Corte Constitucional.
El apoderado no
debía hacer la interpretación de "racionalización en el uso de los
recursos y el ejercicio de las funciones públicas, ANTE LA DEROGATORIA DE LAS
NORMAS DEMANDADAS", pues es claro que ello constituye un desconocimiento
de las instrucciones impartidas por el mandante, el Veedor del Ministerio de
Justicia, y una extralimitación en el ejercicio del encargo atendiendo a lo
expuesto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, según el cual
"el apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime
convenientes para beneficio del poderdante, SIEMPRE QUE SE RELACIONEN CON LAS
QUE EN EL PODER SE DETERMINAN".
Fueron presentados
como anexos los siguientes documentos:
1. Copia de la
Resolución 2603 de 17 de diciembre de 1991, por la cual se delegan unas
funciones por parte del Ministro de Justicia.
2. Copia de la
Resolución 721 del 1º de abril de 1992, por la cual el Ministro de Justicia
delega unas funciones.
3. Copia de la
Resolución 1698 del 26 de mayo de 1992, por la cual el Ministro de Justicia
hace un encargo en la planta de personal del Ministerio.
4. Copia del acta de
posesión del Doctor Carlos Eduardo Ortiz como Veedor encargado del Ministerio.
5. Copia de la
certificación expedida por el Jefe de la División de Personal del Ministerio,
acerca de los servicios prestados al Ministerio por el Doctor Carlos Eduardo
Ortiz.
6. Copia del
memorial mediante el cual el Doctor Carlos Eduardo Ortiz Rojas, Profesional
Especializado del Despacho del Ministro -Veedor- Encargado, confiere poder
especial al Doctor Luis Enrique Cuervo Ponton "para que en representación
del Despacho del Ministro, justifique por escrito la constitucionalidad de las
normas demandadas en el expediente   D-061, inconstitucionalidad del Decreto
2271 de 1991).
7. Copia del informe
escrito que presenté al H. Congreso de la República, con ocasión del debate
surgido por la declaratoria de conmoción interior por parte del Gobierno
Nacional y la expedición del Decreto 1155 de 1992 frente a una interpretación
equívoca de los artículos 415 y 2º y 5º transitorios del nuevo Código de
Procedimiento Penal.
6)
Informe de la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia
El Teniente Coronel
Venancio Galvis Galvis, subdirector (E) de la DIJIN, presentó a la Corte
Constitucional un informe sobre el apoyo prestado por la Dirección de Policía
Judicial e Inteligencia, a la jurisdicción de Orden Público, durante el año de
1.991 y el primer semestre del año de 1.992, debidamente clasificado por
Regionales de Orden Público.
Según el cuadro
informativo diligenciados en 1.991, se desprende fueron diligenciados un total
de seis mil ciento trece (6.113).
También la Policía
Judicial realizó levantamientos de cadáver, inspecciones judiciales,
elaboración de croquis, testimonios, allanamientos, indagaciones, retratos
hablados, identificación de muestras, versión libre y espontánea, denuncias,
reconocimiento en fila de personas y reconocimiento fotográfico, entre otras
diligencias.
A parte de estos
datos no anexaron evaluaciones cualitativas.
7)
Comisión Especial Legislativa.
A la Secretaría
General de la Comisión Especial Legislativa se le hizo solicitud de las actas y
de la transcripción escrita de las grabaciones escritas de los debates
realizados en la Comisión Especial sobre el artículo 415, su parágrafo;
transitorios 2º y 5º del nuevo Código de Procedimiento Penal y el 4º del
Decreto 2271 de 1.991.
En respuesta a la
solicitud, el Secretario de la Comisión Dr. Mario Ramírez Arbeláez, presentó
tres escritos los días 5, 6 y 27 de agosto.
En el primero de
ellos, se hace un análisis de la aprobación de los artículos 415, 2º y 5º
transitorio del Código de Procedimiento Penal.
a) Artículo 415:
De conformidad con
los artículos transitorios 5º, ordinal a); 6º, 7º y 8º de la Constitución
Política de Colombia y 3º del Reglamento Interno de la Comisión Especial. El
Gobierno Nacional, a través de sus Ministros de Gobierno, Dr. Humberto de la Calle
Lombana, y de Justicia, Doctor Fernando Carrillo Flórez, sometió, el 27 de
agosto de 1.991, a consideración de la Comisión Especial el "Proyecto del
Decreto de Código de Procedimiento penal, que solicita sea estudiado de manera
integral", contentivo de 567 artículos, más 15 normas transitorias y la
respectiva exposición de motivos.
El artículo 412 en
el proyecto de estatuto procesal dice:
"Causales de
Libertad Provisional. Además de lo establecido en otras disposiciones, el
sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución
juratoria o prendaria en los siguientes casos: 4. Cuando vencido el término de
los ciento veinte días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere
calificado el mérito de la instrucción. Este término se ampliará en ciento
ochenta días, cuando sean tres o más los imputados contra quienes estuviere
vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará
la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.
No habrá lugar a la
libertad provisional, cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido
calificar por causas atribuíbles al sindicado o su defensor.
Parágrafo: En los
delitos de competencia de los jueces regionales la libertad provisional
procederá únicamente en los casos previstos por los numerales 2 y 3 de este
artículo. En los casos de los numerales 4 y 5 los términos para que proceda la
libertad provisional se duplicarán".
Una vez recepcionado
el proyecto en mención por la Secretaría de la Corporación y de conformidad con
el artículo 11 literal h del reglamento interno, la Presidencia de la Comisión
Especial designó como ponentes a los comisionados Antonio José Cancino Moreno,
Alvaro Villarraga Sarmiento, Germán Sarmiento Palacio, Juan Manuel Charry Urueña,
Manuel Antonio Muñoz Uribe, Guillermo Raúl Asprilla Coronado, quienes de
conformidad con el artículo 21 del reglamento interno de la Corporación
suscribieron la respectiva ponencia, que a folios 283 a 287 (Capítulo III
-Libertad del procesado, Artículo 412-. Causales de libertad provisional en el
aparte de comentarios), aluden lo siguiente:
"En el numeral
primero, proponemos que se elímine la salvedad, toda vez que es inconsistente
con el texto del artículo propuesto, por obvias razones; lo que hace referente
a la jurisdicción regional, debe ser abolido; también creemos que debe existir
la reapertura, toda vez que es una garantía en la inmediación y en la actividad
procesal donde no se puede dejar indeterminadamente a una persona vinculada a
un proceso; debemos ser reiterativos, esta clase de providencia no puede ser
eliminada del texto de este Código de Procedimiento Penal. Frente al numeral
quinto debemos decir que no entendemos porqué existen dos lapsos para que se
produzca la libertad provisional, cuando se trata de delitos de homicidio y de
los demás delitos, creemos que la obligación del Estado es garantizar la
prontitud en la administración de justicia, y por lo tanto el término debe ser
único; además lo que atañe a los jueces regionales, debe eliminarse; y
reiteramos nuestra propuesta relacionada con los jueces de conciencia, toda vez
que no puede presentarse, doctrinaria ni jurisprudencialmente un proceso
acusatorio sin esta institución, por lo tanto una de las condiciones en que
procederá la libertad provisional es aquella en la que ordena que el
juzgamiento se adelante con jueces de conciencia, y la audiencia no se realice
en el término legal.".
De igual manera en
el mismo informe de los ponentes, proponen un artículo con el mismo enunciado y
enumeración salvo las siguientes sugerencias:
"-del numeral
1° suprimir la expresión "Salvo lo dispuesto en el artículo 414 de este
Código"; -del numeral 3 suprimir el inciso segundo y agregar
"reapertura" o sentencia absolutoria; -modificar el numeral 5° cuyo
texto quedaría "Cuando hayan transcurrido más de seis meses de privación
efectiva de la libertad contados a partir de de la ejecutoria de la resolución
de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia
pública"; -el numeral 6 quedaría: "Cuando proferido por los jueces de
conciencia veredicto absolutorio, no fuere este declarado contraevidente por el
juez dentro de los ocho días hábiles siguientes, o cuando el tribunal revoque
el auto por el cual se declaró el veredicto contrario a la evidencia de los
hechos".
Cuando al veredicto
del segundo jurado sea absolutorio, se decretará la libertad con sólo
compromiso de presentación personal del procesado para los fines ulteriores del
juicio, supresión total del parágrafo único".
Sobre dicho
parágrafo no hubo ningún comentario.
El Doctor Juan
Manuel Charry Urueña, a su turno, presentó ponencia desidente (Anexo 4), en la
que discrepó de la plural respecto de :
1. Tribunal Nacional
y Jueces Regionales; 2. Defensor del Pueblo; 3. Fiscalía General de Nación; 4.
Reiteración de normas constitucionales; 5. Derechos personalísimos de la
persona; 6. Jurado de Conciencia. Así mismo, acompañó ésta, con un cuadro en el
que artículo por artículo señaló lo que a su juicio debía modificarse o nó.
En cuanto a las
observaciones hechas por el Comisionado Germán Sarmiento Palacio -ponente-, no
hizo mención alguna al artículo en comento.
De conformidad con
los literales b, c, y m del artículo 11 del reglamento interno, el día 21 de
noviembre de 1991, en sesión plenaria, se efectuó la presentación de la
ponencia y se inició el respectivo debate.
En la sesión
plenaria programada para el 23 de noviembre de 1991, se determinó nombrar una
subcomisión que, conjuntamente con el Gobierno Nacional, analizara tanto el
proyecto  como el informe ponencia y presentaran un memorando final.
Con fecha noviembre
24 de 1991, el Gobierno Nacional, a través del doctor Fernando Carrillo Flórez,
entregó un segundo "texto" que aparece enumerado como el 415.
En las sesiones
plenarias efectuadas los días 25 y 27 de noviembre del año inmediatamente
anterior, se continuó el debate del proyecto de Código de Procedimiento Penal,
pero en éstas no se trató el tema relacionado con el artículo que versa sobre
libertad provisional.
El 28 de noviembre
de 1991 se verificó la votación al proyecto Nº 26 (codificación interna de la
Comisión Especial), Código de Procedimiento Penal, en cuya antesala fue
impugnado el artículo 415, numeral 3º, inciso 2º, por el doctor Alvaro
Villarraga Sarmiento, así como el parágrafo del mismo, aclarándose sí, por la
Presidencia, que el "415 numeral 3, inciso 2º no será votado en
bloque".
Toda vez que por
requerimiento del doctor Guillermo Raúl Asprilla Coronado, se procedió a votar
en bloque el articulado que tenía que ver con la jurisdicción del Tribunal
Nacional y los Jueces Regionales, entre los cuales se encontraba éste y otros
artículos, empero sin las expresiones "Tribunal Regional",
"Jueces Regionales", "delegados ante los jueces regionales"
y "Unidades regionales de Fiscalía", con el siguiente resultado: Por
la no improbación 21 votos; por la improbación: 11 votos y abstenciones no se
registraron.
Seguidamente, se
efectuó la votación de las expresiones "Tribunal Nacional",
"Jueces Regionales", "Delegados de la Fiscalía ante los Jueces
Regionales" y "Unidades Regionales de Fiscalía", con el
resultado siguiente: no improbado: 20 votos; y 1 abstención.
Por lo anterior y
como consta en el Acta Nº 64, el artículo 415 en su totalidad arrojó un
resultado de no improbado.
Con fecha 29 de
noviembre del año inmediatamente anterior, el señor Ministro de Justicia,
doctor Fernando Carrillo Flórez, remite a la Secretaría General un oficio
mediante el cual enuncia cuáles fueron las modificaciones que sugeridas por la
Comisión Especial fueron aceptadas por el Gobierno Nacional.
b) artículos
transitorios 2º y 5º de C.P.P:
Estos artículos
surtieron el mismo trámite enunciado en el literal a) relacionado con el
artículo 415 del estatuto procesal, observando las mismas disposiciones, a
saber:
1. En el proyecto
presentado inicialmente por el Gobierno Nacional, en ninguno de sus apartes se
hace alusión al artículo transitorio 2 del C. de P.P, denominado
"temporalidad"; empero respecto a la norma transitoria 5º se presentó
el siguiente texto:
"Integración a
la jurisdicción ordinaria de la jurisdicción de orden público. La jurisdicción
ordinaria desde el momento en que comience a regir este nuevo código, los
jueces de orden público se llamarán Jueces Regionales y el Tribunal Superior de
Orden Público se llamará Tribunal Nacional. La competencia de estos despachos
no se modifica, continuarán conociendo de los mismos hechos punibles que han
venido conociendo hasta ahora de acuerdo con los decretos que apruebe la
Comisión Especial para convertir normas expedidas en ejercicio de facultades de
Estado de Sitio en legislación permanente".
En el informe
pluralista presentado por los comisionados ponentes, se hace referencia
respecto al artículo transitorio 5º de la norma adjetiva, mas no al 2º
transitorio de la misma disposición (Decreto 2700 de 1991).
En la ponencia
suscrita por el Comisionado Juan Manuel Charry, no se hace mención al artículo
transitorio 2º. Pero en tratándose del 5º, en el numeral 1º Tribunal Nacional y
Jueces Regionales, disiente de la mayoría.
Cabe anotar que los
informes presentados por los respectivos ponentes, se analizaban, previa
entrega del texto del proyecto por parte del Gobierno Nacional, y con base en
este se efectuaba el estudio pertinente, de conformidad con el artículo 21, y
parágrafo del reglamento interno.
En la sesión
plenaria del día 21 de noviembre de 1991, plasmada en el Acta Nº 58, se
presentó e inició el debate del proyecto que nos ocupa; en el desarrollo de
éste, lo atinente con la jurisdicción de orden público, se expresó así a través
del doctor Antonio José Cancino Moreno:
"... parece
necesario hacer la presentación del informe de la Comisión respecto al
proyecto, ya que hay que tener en cuenta que existen puntos filosóficos
encontrados, como por ejemplo la inclusión en el proyecto de la jurisdicción de
Orden Público y porque la subcomisión consideró que no debía quedar
incluída".
En la sesión
plenaria del día 23 de noviembre de 1991, el señor Ministro de Justicia reiteró
que "el Gobierno se halla adelantando un análisis de los puntos
presentados en la ponencia y buscando una metodología útil en la
práctica..." a su turno el Comisionado Antonio Cancino, afirmó que
"cerca de la mitad de las normas no tiene problema, la controversia se
centrará en temas como los jueces secretos".
El 28 de noviembre
del año próximo pasado, se llevó a cabo la votación pertinente al nuevo
estatuto procesal.
Se tuvo como base el
documento final y/o tercero presentado por el Gobierno Nacional en el que no se
hace mención en ninguna de sus disposiciones a la norma reglada en el Decreto
2700 de 1991, artículo transitorio 2º "temporalidad"; pero sí al
artículo transitorio 5º.
En el transcurso de
la sesión, el señor Ministro de Justicia, doctor Fernando Carrillo Flórez,
manifiesta que "hay un texto donde se resaltan los cambios que se han
introducido a este texto".
El doctor Guillermo
Raúl Asprilla, en uso de la palabra y en tratándose de la hoy norma transitoria
2 del decreto 2400 de 1991, alude:
"... lo más
importante es el principio de que la jurisdicción especial es temporal, y
perderá vigencia en un término de 10 años, lo mismo que lo relativo a que en 5
años el Presidente de la República deberá presentar un informe al Congreso
sobre los resultados del ejercicio de los jueces regionales y el Tribunal
Nacional".
"... también es
importante que el país sepa que la justicia de orden público y la justicia
secreta no fueron objeto de acuerdo...".
Seguidamente por parte
de la Secretaría se da lectura de los artículos impugnados entre los cuales
figura el transitorio 5º por parte del doctor Alvaro Villarraga Sarmiento.
La Presidencia
aclara que no serán incluidos para votación  en bloque, entre otros, los
artículos "... transitorios 2º, 3º, 5º, 6º".
En un escrito
complementario de la información requerida de la Corte Constitucional, la
Secretaría General de la Comisión Especial Legislativa envió a esta Corporación
los siguientes documentos:
1. Fotocopia de la
transcripción de las cintas magnetofónicas de las sesiones plenarias de los
días 24 y 25 de septiembre de 1991, en el debate surtido para el proyecto de
convertir en norma permanente, las dictadas por el Gobierno Nacional en
ejercicio de las facultades de Estado de Sitio y relativas al Estatuto para la
Defensa de la Justicia, correspondientes a las intervenciones de los doctores
Antonio José Cancino Moreno; Fernando Carrillo Flórez; Manuel Antonio Muñoz;
Guillermo Raúl Asprilla Coronado; Martha Montoya y Carlos Eduardo Mejía
-Director Nacional de Instrucción Criminal, entre otros.
2. Fotocopia de las
páginas 32 y 33 del Código de Procedimiento Penal comentado, editado por el
Ministerio de Justicia, y en las cuales el doctor Luis Enrique Cuervo Pontón,
Asesor del Exministro de Justicia, hace alusión en su numeral 6º a un Unico
Procedimiento.
De las sesiones
plenarias de los días 24 y 25 de septiembre de 1991 se destaca de la
intervención del señor Exministro de Justicia, doctor Fernando Carrillo Flórez,
lo siguiente:
"En lo relativo
a la transitoriedad de toda esta legislación, cuando expresé la posibilidad de
acumular toda esta normatividad, me estaba colocando dentro del supuesto de una
discusión dentro del contexto del nuevo Código de Procedimiento Penal que se
diera, y una decisión que se tomara antes del 4 de octubre de 1991 era
absolutamente improbable desde el punto de vista práctico, porque la verdadera
discusión de una política de carácter criminológico, integral, que responda a
esa congruencia que tan legítimante reclama en doctor Cancino, pues tiene que
darse en el marco del nuevo Código de Procedimiento Penal. Quiero insistir en
la imposibilidad de expedir estatutos que tengan toda esa congruencia a la luz
de los nuevos principios constitucionales adecuadamente interpretados, a luz de
principios criminológicos que obedezcan a esos principios en el marco de una
competencia tan recortada como es la que tiene esa Comisión al amparo de los
decretos del artículo 121 de la Constitución que tienen la posibilidad de
convertirse en legislación permanente..."
Y continúa el señor
Exministro de Justicia:
..."incluso si
se examina también el proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal, porque
ese fue nuestro gran desafío, fue crear una legislación de transición que nos
permitiera llegar al objetivo último en el cual sí se deben definir
integralmente las políticas por la competencia amplia que tiene la Comisión, y
es precisamente en el contexto del nuevo Código de Procedimiento Penal, allí si
queda necesariamente cercenada esa posibilidad de administrativización a la
cual usted se refiere.
Quiero terminar
resaltando la importancia del último instrumento [Código de Procedimiento
Penal], insistiría en que el instrumento integrador, el que permite una visión
absoluta de la realidad de ese tipo de justicia, en términos prácticos,
académicos, intelectuales, pragmáticos, es precisamente el Código de
Procedimiento Penal, hemos tratado de definir unas reglas de juego, unos
parámetros que nos permitan llegar a esa gran discusión de fondo desde el punto
de vista criminológico que tiene que darse en el marco del nuevo Código de
Procedimiento Penal".
En la sesión
plenaria del 25 de septiembre de 1991, el doctor Carlos Eduardo Mejía Escobar,
Exdirector Nacional de Instrucción Criminal, manifestó:
"Partimos de la
base de que el estatuto se presenta como un estatuto de tránsito hacia una
legislación que definitivamente se tiene que terminar de depurar en el Código
de Procedimiento Penal..."
Y continúa el doctor
Mejía Escobar:
"Pero vuelvo e
insisto que esta etapa de juzgamiento, es una etapa de tránsito hacia un nuevo
Código de Procedimiento Penal, con una Fiscalía y con unos controles sobre la
actividad de los procesos porque los mecanismos de control que existen son los
que impiden la manipulación de la prueba por parte de la autoridad
policiva".
En el anexo
presentado por la Secretaría General de la Comisión Especial Legislativa,
relativo al Código de Procedimiento Penal comentado por el doctor Luis Enrique Cuervo
Pontón, editado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la página 32
se encuentra el siguiente comentario:
"6. Un único
procedimiento.
Se venía aplicando
en el país la costumbre de consagrar procedimientos especiales para el
juzgamiento de ciertos delitos. Esto generaba inseguridad jurídica e inequidad.
El Código integra el concepto de jurisdicción ordinaria, incorporando a ésta
los jueces de orden público con las denominaciones de jueces regionales y
Tribunal Nacional, e impone un procedimiento único para la investigación y el
juzgamiento de todos los delitos. De esta forma se recoge un principio
ventilado en la Asamblea Nacional Constituyente que permite que exista claridad
sobre estas materias y sea más efectivo el principio de legalidad."
Y en los comentarios
al numeral 4º del artículo 415, establece:
"La
ineficiencia de la administración de justicia no puede afectar la libertad de
un sindicado. Por eso si transcurren los plazos de 120 o 180 días y no se ha
calificado la investigación hay lugar a la libertad provisional. Conviene
precisar que si la demora de la administración de justicia puede originarse en
las dilaciones propiciadas por el sindicado o su defensor no habrá lugar a la
aplicación de esta causal. Los términos se computan a partir de la privación
efectiva de la libertad. La misma filosofía se aplica cuando se ha proferido
resolución de acusación y no se hubiera celebrado audiencia dentro de seis
meses.
Cuando se trate de
delito de conocimiento de los jueces regionales proceden las causales 2, 3, 4 y
5 pero estas dos últimas exigen términos doblados".
8)
Jaime Bernal Cuéllar.
En escrito
presentado el 5 de agosto de 1992, el doctor Jaime Bernal Cuéllar en calidad de
coautor del anteproyecto del Código de Procedimiento Penal, da respuesta a los
interrogantes formulados por la Corte Constitucional, de la siguiente forma:
a. La Universidad de
los Andes solicitó los servicios de varios profesores para configurar un grupo
de estudio dirigido por el doctor Jaime Bernal Cuéllar a fin de elaborar un
documento que pudiera servir de base al nuevo Código de Procedimiento Penal,
que debía orientarse de acuerdo a la filosofía de la Constitución Política de
Colombia, que estaba en trámite en la Asamblea Nacional Constituyente.
b. Era indispensable
revisar la legislación paralela al Código de Procedimiento Penal ordinario y
por tal motivo se sometió a severos análisis críticos los decretos 2790 de 1990
y 099 de 1991, que contenían la denominada Legislación Especial de Orden
Público.
El grupo de estudio
llegó a la conclusión de que era indispensable incorporar con profundos cambios
sustanciales al Código de Procedimiento Penal las normas que imprimían trámite
especial a algunos delitos como el terrorismo, secuestro, etc., y cuya
competencia estaba radicada en jueces especiales de orden público.
c. Se consideró que
la legislación especial debía ser derogada en varios puntos por los siguientes
fundamentos:
1. La jurisdicción
de orden público no podía continuar con plena autonomía porque los trabajos
adelantados en la Asamblea Nacional Constituyente indicaban que sólo
subsistirían algunas legislaciones especiales, dentro de las cuales no se
encontraba la normatividad a que se ha hecho referencia.
2. Las normas que
conformaban la denominada jurisdicción de orden público, fueron expedidas con
base en el estado de excepción, denominado estado de sitio, de acuerdo al
derogado artículo 121 de la Constitución Nacional.
Dichas normas en
consecuencia pudieron haberse ajustado a los preceptos que integraban la
entonces Constitución Nacional, pero al existir cambios fundamentales en la
Carta Política, en el entender del grupo de estudio, se presentaban serios
antagonismos con los nuevos preceptos de carácter constitucional.
3. Fue indispensable
tener en cuenta los Tratados Internacionales, en especial la Ley 74 de 1968,
Parte III artículo 9º, y la Ley 16 de 1972; encontrando que varios de sus
preceptos se oponían a la prohibición de excarcelar u otorgar libertad
provisional a la persona sometida a detención, por razón de posible comisión de
hechos punibles, previstos en el Decreto 2790 de 1990.
La razón para tener
en cuenta los Tratados Internacionales, no fué simplemente por su naturaleza,
sino por la prevalencia que le otorgaba la Constitución Nacional (Artículo 93)
sobre la legislación interna del país.
4. El grupo de
estudio consideró necesario regular de manera especial la libertad provisional,
por la omisión o tardanza en adoptar decisiones judiciales, como la resolución
de acusación o la sentencia en un término racional fijado en algunos casos en
120 días, en otros en 180 durante la etapa de instrucción, y de 6 meses y un
año, lapso contado entre la ejecutoria de la resolución de acusación y la
sentencia (artículo 415 numerales 4º y 5º Código de Procedimiento Penal).
5. A pesar de
entender que el tratamiento debía ser uniforme para todos los delitos, porque
se estaba frente a un retardo injustificado o supuesta ineficacia de la
justicia, se consideró sin embargo que al desaparecer la jurisdicción de orden
público, debía darse un tratamiento especial en tratándose de libertad
provisional para los casos que se tramitaban bajo la competencia de esa
jurisdicción, debido a que se pasaba de una prohibición casi absoluta de libertad
provisional, excepto cuando se hubiera cumplido la pena en detención preventiva
o el procesado fuera mayor de 70 años, a un concepto mucho más amplio de la
libertad provisional, partiendo del supuesto de que la detención debe ser
excepcional.
6. El trabajo
realizado por el citado grupo de estudio, fue presentado por la Universidad de
los Andes al Ministerio de Justicia, donde se incluía como ya se dijo el
Parágrafo citado, con el pleno convencimiento de que la jurisdicción de orden
público, o más exactamente su normatividad especial no sería aprobada por la
Comisión Legislativa, como ordenamiento de carácter permanente o al menos por
el lapso de diez (10) años, como lo expresa el artículo 2º de las normas
transitorias del Código de Procedimiento Penal.
7. El Gobierno, por
conducto del Ministro de Justicia, presentó a la Comisión legislativa el
trabajo realizado por la Universidad de los Andes, y mantuvo la regla
establecida en el hoy parágrafo del artículo 415, quizás con el propósito de
unificar la legislación y muy seguramente en el entendimiento de que
desaparecía la jurisdicción de orden público.
8. La legislación
especial fue incorporada al Código por mandato del artículo 5º de las normas
transitorias, lo que implica que el artículo 573 del Código de Procedimiento
Penal no derogó esa normatividad por hacer parte del mismo estatuto procesal,
con poder derogatorio del anterior Código de Procedimiento Penal, normas
complementarias y las que fueran contrarias al nuevo estatuto procesal.
A partir de la
entrada en vigencia del nuevo Código, subsiste un legislación paralela que
regula la misma materia en cuento a libertad provisional.
La inclusión del
parágrafo del hoy artículo 415, la hizo la Universidad de los Andes, bajo unos
parámetros y orientaciones diferentes a las que pudo tener en cuenta la
Comisión Legislativa al aprobar sucesivamente normas abiertamente
contradictorias. Si la Comisión legislativa le dió permanencia a la legislación
especial de orden público, ha debido cuando revisó el proyecto del Gobierno,
elaborado con base en el trabajo de la Universidad de los Andes, excluír el
parágrafo que se había propuesto porque se oponía a lo que días antes se había
aprobado por dicho órgano legislativo. Debe ponerse de presente que no
solamente ha debido suprimirse el parágrafo citado sino otras varias normas que
fueron incluídas en el documento de trabajo de la Universidad de los Andes bajo
el supuesto que la legislación especial no sería declarada permanente.
9)
Pruebas documentales trasladadas del Proceso D-061.
La Secretaría
General de la Corte Constitucional aportó las siguientes pruebas documentales
que forman parte del expediente de constitucionalidad D-061:
a. Poder conferido
al abogado Luis Enrique Cuervo Pontón, para que en representación del Despacho
del Ministro de Justicia, justifique por escrito la constitucionalidad de las
normas demandadas en el expediente referenciado.
b. Memorial
presentado el 29 de mayo de 1.992 por Luis Enrique Cuervo Pontón, del cual se extractan
los siguientes apartes:
"1.
Racionalización en el uso de los recursos y el ejercicio de las funciones
públicas, ante la derogatoria de las normas demandadas.
El principal
argumento es sencillamente el del ejercicio racional de los recursos y de la
función pública. Las normas demandadas desaparecerán del ordenamiento jurídico
colombiano el próximo primero de julio a raíz de la entrada en vigencia del
Decreto 2700 de 1.991, Código de Procedimiento Penal. Si observamos los
términos establecidos por el Decreto 2067 de 1.991 podremos verificar que la
Corte Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad de las normas
impugnadas después del 1º de julio, fecha para la cual estas disposiciones se
encontrarían derogadas. Establece el artículo 573 del Decreto 2700 de 1.991
tanto la derogatoria expresa del Decreto 50 de 1.987 como la derogatoria tácita
de las normas contrarias. Es evidente que el nuevo Código incorpora la
denominada "jurisdicción de orden público" a la jurisdicción ordinaria"
con los nombres de "jueces regionales" y "Tribunal
Nacional", y presenta un único procedimiento que se aplica a cualquier
ejercicio de la jurisdicción en materia penal. Las disposiciones del Decreto
2790 de 1.991 sufren una derogatoria tácita y pierden por tanto su existencia
jurídica. La Corte Constitucional debe conceptuar sobre la constitucionalidad
del derecho vigente, no sólo porque es éste el único que tiene validez
jurídica, sino también porque únicamente así logrará un ejercicio racional de
los recursos limitados y la posibilidad de garantizar un mínimo de seguridad
jurídica. De consecuencias graves y de difícil precisión sería un
pronunciamiento sobre normas derogadas. Al deporte nacional de demandar la
inconstitucionalidad de cualquier ley o decreto, se agregaría el de impugnar
legislación de simple valor histórico que ha perdido vigencia.
2. Naturaleza
eminentemente transitoria de las normas impugnadas.
La naturaleza misma
de las disposiciones atacadas demuestra su carácter eminentemente transitorio.
El Decreto 2271 de 1.991 se limitó a resolver un problema de vacío jurídico, o
ausencia de norma aplicable, que se presentaría de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 8º transitorio de la Constitución Política. Los decretos 2790 de
1.990, 99 de 1.991 y 390 de 1.991 fueron expedidos en ejercicio de las
facultades extraordinarias que el artículo 121 de la Constitución anterior le
otorgaba al Presidente de la República. Es bien sabido que la legislación
expedida en uso de tales atribuciones no derogaba la legislación preexistente y
sólo la suspendía. Levantado el estado de sitio, los decretos expedidos durante
su vigencia y en ejercicio de facultades extraordinarias perdían validez. Por
eso se explica el artículo 8º transitorio de la Carta, norma que prorrogaba por
90 días la vigencia de dichos decretos y permitía al Gobierno convertirlos en
legislación permanente previa la aprobación de la Comisión Especial
Legislativa. En todo caso, es claro que los decretos comentados fueron
expedidos como legislación de emergencia que por su misma naturaleza debía
tener una vigencia temporal. El artículo 1º del mismo Decreto 2790 de 1.990
comprueba la característica de vigencia temporal cuando prescribe: ´Mientras
subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio
nacional...´".
10)
Consejo Superior de la Judicatura.
En escrito
presentado el 31 de julio de 1.992, el Consejo Superior de la Judicatura
responde al cuestionario formulado de la siguiente forma:
a) Mediante jurisprudencia
reiterada del Consejo Superior de la Judicatura se ha considerado que la
antiguamente llamada "Jurisdicción de Orden Público", hoy juzgados
regionales y Tribunal Nacional, hacen parte de la jurisdicción ordinaria en los
términos del del Capítulo II, artículo 234 de la Constitución Nacional. Tal
interpretación jurisprudencial emerge de los distintos negocios de conflicto de
competencia entre la justicia de orden público y la justicia penal ordinaria en
los cuales el Consejo Superior de la Judicatura, se ha abstenido de conocer
aquellos conflictos entre esos dos tipos de juzgados, por considerar que su
resolución corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito o a la Corte
Suprema de Justicia, según el caso, como quiera que al Consejo Superior de la
Judicatura -Sala Disciplinaria-, le compete decidir sobre los conflictos que se
presenten entre las distintas jurisdicciones, en los términos de la
Constitución (jurisdicción constitucional, jurisdicción ordinaria, jurisdicción
contencioso-administrativa, jurisdicción penal militar y jurisdicciones
especiales -de paz e indígena-).
b) Mediante acuerdo
del 1º de julio del año en curso, la Sala Plena del Consejo Superior de la
Judicatura tomó algunas determinaciones que tienen que ver con el funcionamiento
de los juzgados regionales y del Tribunal Nacional en la presente etapa de
transición por virtud de haber iniciado labores la Fiscalía General de la
Nación y la puesta en vigor del nuevo Código de Procedimiento Penal.
c) Con respecto al
"Funcionamiento, rendimiento y diligencia de los Jueces y Fiscales
Regionales", la competencia radica en la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.
En forma
extemporánea el Consejo Superior de la Judicatura presentó en la Secretaría
General de la Corte Constitucional un escrito anexo de fecha 14 de septiembre
de 1991.
11)
Inspecciones judiciales
Las inspecciones
judiciales ordenadas por la Corte Constitucional en la Secretaría Jurídica de
la Presidencia de la República y en la Fiscalía General de la Nación, se
llevaron a cabo dentro del término establecido y los documentos y declaraciones
reposan anexos a las actas.
11.1) Secretaría Jurídica del Departamento
Administrativo           de la Presidencia de la República.
En la inspección
judicial realizada en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
se analizaron los documentos sobre la ccoperación internacional y apoyo a la
antigua jurisdicción de orden público.
El 25 de febrero de
1991, el Gobierno Colombiano y el de los Estados Unidos de América firmaron una
declaración de intención (que no tiene el carácter de Tratado), a fin de
comprometerse en la cooperación recíproca en el intercambio de información y de
elementos que puedan servir de prueba en las investigaciones y en el
procesamiento de los nacionales colombianos que se entreguen al Gobierno de
Colombia y confiesen haber cometido delitos de tráfico de narcóticos  o delitos
conexos, de conformidad con los decretos que expida el Gobierno.
Mediante el Decreto
Legislativo 1303 de 1.990, artículo 2º, adoptado como legislación permanente
por el Decreto 2265 de 1.991, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República tiene la función de suministrar los informes a los fiscales y jueces
regionales sobre los procesos en curso en otros países y las pruebas que puedan
ser aportadas a la investigación.
En la diligencia de
inspección judicial fueron puestos de presente los documentos relativos a la
recolección de pruebas provenientes del exterior y con destino a los fiscales y
jueces regionales.
Revisados los
documentos se encontró en primer lugar un archivo con el conjunto de la
correspondencia relativa al intercambio  de pruebas con otros países. En esta
primera diligencia se anexaron los siguientes documentos:
a. Hojas de vida de
los 46 sindicados en los que se requiere información sobre procesos en curso y
pruebas en el exterior.
b. Acta de entrega
de los documentos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a
la Fiscalía General de la Nación por ser competente ésta última para manejar
dicha información.
c. Declaración de
intención de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América.
De los documentos
aportados en la diligencia, y de las declaraciones del Secretario Jurídico de
la Presidencia de la República, del Asesor de Asuntos Internacionales y del
Vicefiscal General de la Nación, se puede colegir los siguiente:
a. La labor de apoyo
en la recolección de pruebas en el exterior se puede dividir en dos tipos de
actividades. La primera es la gestión directa y operativa del intercambio de
evidencias a nivel internacional que corresponde a la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República que tiene la responsabilidad de servir de
intermediario entre las autoridades judiciales nacionales y las de otros
países. La segunda corresponde a la Consejería de Asuntos Internacionales, en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores que trata de una
gestión política para facilitar la voluntad de cooperación judicial
internacional de otros países y lograr la agilización de todas las gestiones
que están a cargo de la Secretaría Jurídica.
b. En el desarrollo
de dicha gestión se han presentado inconvenientes tales como el excesivo celo
de algunos países en defender la soberanía jurídica del Estado en el manejo de
los asuntos penales, la incompatibilidad entre los sistemas jurídicos
institucionales de Colombia con los otros países a los que se les ha solicitado
cooperación judicial, falta de una experiencia común en procedimientos y
prácticas, el hecho de que en otros países las decisiones de cooperación se
encuentren en manos de jueces y fiscales que por su naturaleza constitucional
tienen un alto grado de discrecionalidad y autonomía para decidir sobre las
solicitudes concretas de evidencia y de pruebas.
Existe también
desconfianza en aquellas situaciones de cooperación judicial en donde las
pruebas contribuyeron a la impunidad de los implicados y en último lugar a la
falta de voluntad política.
c. Una evaluación
preliminar de los mecanismos tradicionales diplomáticos de cooperación
judicial, arrojó el desalentador balance de que más del 80% de las solicitudes
de los jueces colombianos al exterior, se quedaba sin respuesta y que el
trámite promedio de estas solicitudes estaría cerca de dos años. Por ello
aunque existan obstáculos, hoy en día hay nuevos mecanismos y organismos de
cooperación judicial y se puede observar una mejoría en la situación.
d. El número de
procesos que se encontraban pendientes de calificación a la espera de pruebas
provenientes del exterior es de 46, documentos que se anexaron a la diligencia
de inspección judicial.
e. Los principales
problemas del trámite de las pruebas del exterior se puede resumir así: el
primer instrumento de cooperación con los Estados Unidos que fue un memorando
de entendimiento, contiene en sí mismo limitaciones a las solicitudes  que
pueden ser atendidas por ese Gobierno en desarrollo del instrumento. En efecto,
el mismo hace referencia expresa a que son atendibles solicitudes judiciales de
cooperación en procesos de sometimiento a la justicia. Con posterioridad se
acordó con las autoridades competentes de ese Gobierno que se extendiera el
instrumento a los casos de los extraditables (13 procesos). En los demás
procesos si existían solicitudes de pruebas al exterior debía acudirse al
instrumento de las cartas rogatorias y exhortos judiciales; en consecuencia, el
número de procesos distinto a los de sometimiento a la justicia y los extraditables
en los que se habían formulado solicitudes de pruebas al exterior debe aparecer
en los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fueron anexados a la
diligencia de inspección judicial los siguientes documentos:
1. Informe sobre
solicitud de pruebas pendientes de respuesta.
2. Informe sobre
documentos recibidos en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República y entregados a la Jurisdicción de Orden Público durante el año de
1992.
3. Estudio sobre la
Cooperación Jurídica Internacional.
4. Alcances y
requerimientos de la Cooperación Judicial con Estados Unidos de Norteamérica.
11.2) Inspección Judicial en el Consejo
Nacional de Policía Judicial, Dirección Nacional de Instrucción Criminal y
Subdirección Nacional de Orden Público.
Los documentos de
estas tres dependencias reposan en la Fiscalía General de la Nación, y fueron
puestos a disposición de los Magistrados Auxiliares Comisionados, y  estudiados
en el siguiente orden:
a. Documentos del
Consejo Nacional de Policía Judicial.
-Carpeta de 1987:
Acta Nº 1 del 19 de octubre de 1987.
-Carpeta de 1989:
Actas Nº 2 del 26 de octubre de 1989 y  Nº 3 del 27 de noviembre de 1989.
-Carpeta de 1991:
Actas Nº 19 del 26 de julio de 1991 y Nº 20 del 23 de octubre de 1991.
-Carpeta de 1992:
Actas Nº 21 de marzo 13 de 1992 y Nº 22 de mayo 27 de 1992.
Del estudio de estas
actas se destacan por conducentes los siguientes apartes que a
continuación se trascriben:
En el acta número 19
se lee: "El señor Ministro de Justicia comenta que la doctora Flor
Palacios Rodríguez, ante la Asamblea Nacional Constituyente, había manifestado
que la jurisdicción de orden público sí viene asumiendo una negativa actitud
alrededor de la misma, comentando que es más gravosa, con una ostensible
confusión entre el fenómeno de la competencia con el de la favorabilidad.
Afirma el doctor Giraldo Angel que esta actitud de dicho organismo es
reiterada...".
"Afirma el
doctor Giraldo Angel que a la luz de la nueva Constitución Nacional no habrá,
frente a la ordinaria, otras jurisdicciones sino que el fenómeno lo
desarrollará el Gobierno como normas de competencia... por metodología cree el
doctor Giraldo Angel que dentro del nuevo Código de Procedimiento Penal la
Jurisdicción de Orden Público se presentará como un sistema de competencias por
las características de los tipos delictivos".
El doctor Reinaldo
Bastidas Rodríguez, Presidente (E) del Tribunal Superior de Orden Público
manifiesta su preocupación por existir una parálisis en las investigaciones; un
número bastante alto de solicitudes de Habeas Corpus prosperan, y afirma que el
Estatuto para la Defensa de la Justicia legalmente no ha dado los resultados
esperados... El General Maza Márquez anota que se observa una desmotivación de
los jueces de orden público.
En el acta Nº 22 de
mayo 27 de 1992, consta lo siguiente: "asistieron los doctores Gustavo de
Greiff (quien preside el Consejo), Carlos Gustavo Arrieta, Manuel Francisco
Becerra, Fernando Britto, Egon Lichtenberger y Norberto Murillo. El orden del
día fue el siguiente: 1. Verificación del quorum, 2. Lectura de aprobación del
acta anterior, 3. Asuntos del Presidente: "Reitero a los miembros la
armonía que debe caracterizar como órgano colegiado y asesor", 4.
Presentación, discusión y aprobación del proyecto por el cual se reglamenta el
funcionamiento del Consejo Nacional de Policía Judicial, 5. Consideración de la
proposición sobre ubicación y número de Unidades de Fiscalía, 6. Informe del
estado actual del proyecto de identificación de víctimas N.N. y desaparecidos,
7. Proposiciones y varios.
Interrogado el doctor Carlos Eduardo Mejía
Escobar, Exdirector Nacional de Instrucción Criminal, por parte de los
Magistrados Auxiliares comisionados3
, sobre las causas en la demora presunta para la calificación de los procesos
seguidos por los fiscales regionales o los jueces de orden público, expresó:
"Es muy difícil
precisar una o varias causas como criterio general para que determinadas
investigaciones y fundamentalmente las que tenían que ver con la justicia
regional o de orden público no hubieran sido clausuradas para el momento en que
se decretó la Conmoción Interior. La dificultad estriba fundamentalmente en las
circunstancia de que los actos de cierre y de calificación de los procesos
constituyen acto jurisdiccional de competencia exclusiva de los investigadores
porque es a ellos a quienes compete el impulso procesal, la dirección de la
pesquiza y porque la clausura de una investigación está concebida sobre la
existencia de un presupuesto procesal de orden sustancial como es el que la
investigación se encuentre completa. Al márgen de eso existen otras
circunstancias: una, que cuando la jurisdicción de orden público fué concebida
acudiéndose al procedimiento originariamente prescrito en el Decreto 180 de
1988, parece que se hubiese concebido en contravía con la realidad; y afirmo
esto porque a nadie que tenga sentido común se le ocurre inventar un
procedimiento brevísimo y sumario para tratar de descubrir precisamente aquello
que criminológicamente es lo más complejo en el mundo de la delincuencia, como
es la delincuencia organizada. Una organización delincuencial que invierte en
el perfeccionamiento de sus mecanismos de acción, de organización, de
jerarquización, de financiación, casi una década o cinco o más décadas como es
el caso Colombiano frente al narcotráfico y terrorismo en el primer evento y la
rebelión y conexos en el segundo, no podía ser develada por ningún investigador
a través de procedimientos penales que eran típicos juicios abreviados sin
etapas procesales bien configuradas, sin una policía judicial que trajese una
práctica investigativa especializada hacia tales bandas y hacia tales hechos, y
con una judicatura cuya tradición y cuyos esquemas mentales no le dejaban ver
más allá del capturado de ocasión, del aprehendido en flagrancia, del decomiso
de una droga en pequeñas porciones y en manos de un traficante menor...".
Al acta de la
diligencia de inspección judicial fueron anexados los siguientes documentos:
1. Orden del día
correspondiente a la sesión de julio 26 de 1991.
2. Orden del día
correspondiente a la sesión de 23 de octubre de 1991.
3. Orden del día
correspondiente a la sesión de 13 de marzo de 1992.
4. Orden del día
correspondiente a la sesión de mayo 27 de 1992.
5. Circular Nº 001
de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público para los Fiscales ante
las Unidades Investigativas y Juzgados de Instrucción de Orden Público y de
Conocimiento de Orden Público.
6. Informe de la
visita a la Seccional de Orden Público de Medellín, de fecha 16 de septiembre
de 1991. Allí se dice: "Objetivo: señalar a la Comisión la magnitud de la
responsabilidad que han asumido frente a la Rama Judicial, al país y al
exterior, y la necesidad de trabajar con dedicación absoluta, con prudencia y
con sujeción estricta a la ley, en la compleja y difícil labor
encomendada".
"Los doctores
Dídimo Páez y Reinaldo Bastidas, solicitaron a la Procuradora Delegada, la
necesidad de asignar fiscales o agentes especiales de dedicación exclusiva en
el conocimiento de estos procesos, dada, la importancia de los mismos y el
pronto vencimiento de los términos de instrucción con que se cuenta. La
Procuradora Delegada manifestó estar de acuerdo con la solicitud, y en
consecuencia dispondrá que el Agente Especial sea de dedicación exclusiva en
los procesos que se adelantan contra los recluidos en la cárcel de Envigado y
en la mimas forma, los Fiscales que conocen de los procesos de Itagüí...".
7. Memorando de la
Comisión de Apoyo a la Unidad Investigativa de Orden Público de Medellín para
el Comité Presidencial de fecha julio 26 de 1991.
8. Auto del Juzgado
de Orden Público de Barranquilla de junio 15 de 1.992, correspondiente a la
Radicación Nro. 2361, en el que consta que:
"Inmediatamente
solicítase a la U.I.O.P. comisionada en este asunto para la práctica de las
pruebas ordenadas en auto de fecha 30 de abril presente y más especialmente
exige en términos perentorios los resultados de las que fueran ordenadas en
auto de fecha 13 de mayo del presente año, cosa de lo cual pese haberse ordenado
información diaria de las labores adelantadas con sujeción a lo resuelto,
estamos a ciegas, nada conocemos, ni siquiera podemos dar fe de su práctica, y
el proceso, antes que por la naturaleza del delito investigado -la incautación
de 2.000 kilos de cocaína- avanzar en sus fines específicos de quien o quienes
fueron autores o partícipes, asome vergonzantemente lo que será su epílogo: impunidad".
9. Acta de la
reunión entre los jueces de orden público de la Seccional de Barranquilla y el
jefe de la Sección Jurisdiccional, el día 3 de octubre de 1.991. En la reunión
los distintos jueces expusieron por separado ante el Jefe de la Sección
Jurisdiccional, en forma detallada cada uno de los problemas que se han venido
presentado al respecto. Se le hizo saber al jefe de la Sección Jurisdiccional,
que de continuar las cosas en el estado en que actualmente se encuentran, su
responsabilidad estaría áltamente comprometida.
10. Sentencia del H.
Tribunal Superior de Medellín, en un Proceso de Tutela, de fecha 30 de marzo de
1.992 y del que se extraen los siguientes apartes:
"Las anteriores
normas indican que constituye un derecho fundamental a que el proceso se
adelante sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables, términos
que cobijan la restricción de la libertad de las personas y cuando ello no
sucede así es evidente que de ésa manera se están violando esas garantías.
Ahora bien, los
decretos que disciplinan la jurisdicción de Orden Público no están excentos de
esa obligación ni podrían estarlo; así, por ejemplo, el artículo 8º del Decreto
Legislativo 3030 de 1.990, adoptado como legislación permanente por el artículo
3º del Decreto 2265 de 1.991 enseña que tratándose de delitos cometidos en el
país y en el exterior, pasados nueve meses de haberse enviado el exhorto
pidiéndose la práctica de pruebas "se calificará el proceso con el
material probatorio que obra en el mismo", lo cual supone la necesidad de
cerrar la investigación y, tratándose de infracciones cometidas íntegramente en
el extranjero, el Juez dispondrá la libertad provisional del sindicado "si
las pruebas pedidas no hubieren llegado dentro del año siguiente a su petición
" y pasado un año más sin que hubieren llegado las pruebas, procederá a
calificar el mérito del sumario.
Con mayor razón la
investigación está sujeta a un término y obviamente menor cuando el delito es
cometido íntegramente en el país. Por eso el artículo 39 del Decreto 2790 de
1.990, modificado por el artículo 099 de 1.991, elevado a legislación permanente
por el Decreto 2271 de 1.991 enseña que "practicadas las diligencias
ordenadas por el Juez y las demás que fueren conducentes, la Unidad
Investigativa de Orden Público devolverá la actuación al Juez de Orden Público,
quien declarará cerrada la investigación.
... Además, difícil
justificar que la Unidad Investigativa de Orden Público haya tenido el proceso
en su poder casi tres meses con personas detenidas, sin que en ese lapso
realizara actuación alguna y que sólo después se limitara a recibir cinco (5)
testimonios, lo que llevó a comisionar de nuevo.
Lo anterior indica
que no sólo se han sobrepasado los términos, sino que ello ha sucedido de
manera injustificada".
11. Memorando de la
reunión del Comité Presidencial sobre la situación de los procesos de
sometimiento a la justicia en Medellín, del 19 de diciembre de 1.991. De la
deliberación se llegó a las siguientes conclusiones y  recomendaciones:
"a.
conclusiones:
- Los señores jueces
manifiestan no tener total conocimiento de la información aportada por los
diferentes organismos involucrados en la comisión, especialmente en cuanto a
narcotráfico donde es inexistente la prueba material.
- Aclaran que existe
un buen acervo probatorio respecto del presunto enriquecimiento injustificado.
- Se hace imperativo
concretar la información existente, en previsión de las peticiones de cierre de
investigación que se harán por la proximidad en el vencimiento de los términos
legales.
- En lo que respecta
al delito de narcotráfico se aclara que hay total dependencia de la prueba
extranjera no obstante, se apreciarán las informaciones sobre posibles pruebas
que existen en el país y que serán suministradas por la Comisión".
12. Reunión de la
Comisión de Apoyo a la Unidad Investigativa de Orden Público de Medellín de
fecha 6 de diciembre de 1.991.
13. Informe dirigido
al Dr. Manuel José Cepeda de fecha marzo 19 de 1.992, firmado por el Dr. Carlos
Eduardo Mejía Escobar, Director Nacional de Instrucción Criminal, y que
contiene cuadros de estadística en relación con la cantidad de procesos por
tipo de delito de competencia de la Jurisdicción de orden público.
14. Informe sobre
estadística actualizada de la Jurisdicción de Orden Público a 31 de Octubre de
la Subdirección Nacional de Orden Público, donde se relaciona el número de
investigaciones por cada uno de los tipos de delitos de competencia de dicha
jurisdicción, así:
CANTIDAD DE PROCESOS POR TIPO DE DELITO
TIPO DE DELITO
BOGOTA
M/LLIN
CALI
CUCUTA
B/QUILLA
TOTAL
Administración
recursos relación terrorismo.
0
20
0
0
0
20
Adquisición
ilícita bienes narcotráfico
421
200
205
3
27
856
Amenazas
personales o familiares.
248
59
185
197
20
709
Amenazas
personales.
0
18
5
0
0
23
Amenazas a
funcionarios.
0
5
0
0
1
6
Atentados terr.
contra Ind/Instal.
56
36
3
11
26
132
Auxilio
actividades terroristas.
30
24
5
5
24
88
Circunstancias
agravación punitiva.
7
5
0
1
0
13
Constrañimiento
ingreso grupos t.
18
205
0
2
4
229
Concierto para
delinquir.
337
123
29
6
1
496
Cultivo marihuana,
planta coca...
321
39
424
40
12
836
Daño medio
transporte acto terrorista.
6
36
8
14
16
80
Delitos contra el
sufragio.
0
0
0
29
0
29
Delitos contra
Magistrados, Jueces, Gobernadores.
7
5
54
1
2
69
Delitos grupo
armado ilegal.
5
32
11
4
23
75
Delitos
escuadrones bandas sicarios.
31
21
2
0
1
55
Empleo Ozmto
sust/obj de peligro.
79
33
1
5
19
137
Empleo
explosivos/armas contra vehículos.
31
79
6
17
20
153
Enriquecimiento
ilícito.
96
177
20
8
69
370
Estimular,
propagar uso drogas.
7
120
1
0
1
129
Exigencia cuotas
para terrorismo.
0
3
2
0
1
6
Extorsión.
2908
1987
1224
529
436
7084
Fab. tráfico de
armas/munición FFAA.
998
509
572
141
309
2529
Homicidio con
fines terroristas.
576
115
196
439
73
1399
Intercepción
correspond. oficial.
18
0
2
0
0
20
Instigación al
terrorismo.
4
0
0
2
0
20
Instrucción
Entrmto fines terrorismo.
2
0
0
0
0
2
Les. personas
fines terroristas.
37
71
24
51
9
192
CANTIDAD DE PROCESOS POR TIPO DE DELITO
TIPO DE DELITO
BOGOTA
M/LLIN
CALI
CUCUTA
B/QUILLA
TOTAL
Omisión informes
actividad terrorista.
3
16
0
0
2
21
Personas pert.
esc.
banda sicarios.
8
293
0
0
2
303
Rebelión y
Sedición
208
65
51
134
21
479
Secuestro
1061
531
623
231
217
2663
Secuestro Medio
trans
2
0
0
1
0
3
Suplantación de
autori-
dad.
11
10
2
2
8
33
Tenencia y Fab,
armas/sustancias tóxicas.
166
15
49
45
1
276
Terrorismo.
599
966
443
415
104
2527
Transporte, venta,
elaboración drogas.
1171
318
848
74
305
2716
Utilización ilegal
unif. insignias.
153
67
107
25
37
289
Utilización
ilícita Trans/receptor.
11
39
0
2
18
70
Uso de bien  para
trans. elab. droga.
29
46
118
0
17
210
Violación del
espacio
aéreo.
0
0
0
0
1
1
OTROS
48
0
78
235
38
399
TOTAL
9713
6288
5298
2669
1865
25833
E S T A D I S T I C A S  G E N E R A L E S
SECCIONAL
UNIDAD
INVESTIGATIVA
INSTRUCCION
CONOCIMIENTO
INICIACION
PREL.   PROC.
S.P.    C.P.
S.P.    C.P.
S.P.    C.P.
MEDELLIN
1480     1063
1495       944
168       320
1159      390
CALI
1189     1608
886       326
81       233
151      194
CUCUTA
633      313
655       329
98       113
485      181
BARRANQUILLA
287      577
778       155
62        95
74       19
BOGOTA
811      529
7238      3140
2938      2262
143      142
Convenciones: S.P.
Sin Preso. C.P. Con Preso.
G E S T I O N  R E A L I Z A D A
SECCIONAL
AUTOS
SUST.
AUTOS
INTER
OTRAS
PROV.
SENTENCIAS
COND   ABSOL
MIXTA
PERSONAS
CONDEN
ABSUEL
MEDELLIN
4389
1174
749
71      34        0
128
82
CALI
3623
1598
239
55      10       10
110
32
CUCUTA
1998
770
223
17       4        7
47
45
BARRANQUILLA
3033
491
194
18       5        0
34
16
BOGOTA
6850
2380
1174
74      15        3
107
27
TOTALES
19893
6413
2579
235      68       20
426
202
JUECES INSTRUCCION:  71.    JUECES DE CONOCIMIENTO: 25.
SECRETARIA SECCION JURISDICCIONAL
S E C C I O N A L
AUTOS DE
SUSTANCIACION
MEDELLIN
3046
CALI
10719
CUCUTA
1481
BARRANQUILLA
2069
BOGOTA
3953
E S T A D I S T I C A S  G E N E R A L E S
SECCIONAL
UNIDAD
INVESTIGATIVA
INSTRUCCION
CONOCIMIENTO
INICIACION
PREL.   PROC.
S.P.    C.P.
S.P.    C.P.
S.P.    C.P.
MEDELLIN
1480     1063
1495       944
168       320
1159      390
CALI
1189     1608
886       326
81       233
151      194
CUCUTA
633      313
655       329
98       113
485      181
BARRANQUILLA
287      577
778       155
62        95
74       19
BOGOTA
811      529
7238      3140
2938      2262
143      142
Convenciones: S.P.
Sin Preso. C.P. Con Preso.
G E S T I O N  R E A L I Z A D A
SECCIONAL
AUTOS
SUST.
AUTOS
INTER
OTRAS
PROV.
SENTENCIAS
COND   ABSOL
MIXTA
PERSONAS
CONDEN
ABSUEL
MEDELLIN
4389
1174
749
71      34        0
128
82
CALI
3623
1598
239
55      10       10
110
32
CUCUTA
1998
770
223
17       4        7
47
45
BARRANQUILLA
3033
491
194
18       5        0
34
16
BOGOTA
6850
2380
1174
74      15        3
107
27
TOTALES
19893
6413
2579
235      68       20
426
202
JUECES INSTRUCCION:  71.    JUECES DE CONOCIMIENTO: 25.
SECRETARIA SECCION JURISDICCIONAL
S E C C I O N A L
AUTOS DE
SUSTANCIACION
MEDELLIN
3046
CALI
10719
CUCUTA
1481
BARRANQUILLA
2069
BOGOTA
3953
11.3)
Acta de la inspección judicial llevada a cabo en la                 Fiscalía
Regional de Barranquilla.
La visita judicial
se centró en tres aspectos: recopilación de los documentos conducentes para el
proceso, recepción de declaraciones a los fiscales y jueces regionales y al
Director de la Regional, y en la inspección material de los documentos y
archivos conducentes.
Documentos que se
anexan:
a. Oficio número 001
del día 13 de julio de 1.991, de la Dirección Regional de Fiscalía de
Barranquilla relacionado las solicitudes de libertad.
b. Respuesta del
memorando, del día 31 de julio de 1.992.
c. Informe dirigido
al Presidente del Tribunal nacional del día 3 de agosto de 1.992.
En relación con las
declaraciones tomadas a los fiscales regionales, se les preguntó si previeron
con anterioridad al 1º de julio de 1.992 la posibilidad de que se presentaran
numerosas solicitudes de libertad en virtud de la interpretación que algunos
procesados o sus apoderados hicieron del artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal. Contestó el Fiscal Regional que:
"Si, era una
situación que desafortunadamente se veía llegar y en muchas ocasiones lo
comentamos entre los compañeros administradores de justicia pero pensábamos que
el Gobierno Nacional, antes del 1° de julio podía darle solución a esa crisis
que se veía venir, sin embargo con sorpresa recibimos el 1° de julio y
recibimos a la vez cantidad de solicitudes de libertades provisionales hechas
por los procesados y sus defensores que afortunadamente el Gobierno le puso
coto dictando o decretando la Conmoción Interior".
En relación con la
práctica de pruebas manifestó:
"En el sistema
anterior o sea antes de entrar a regir el nuevo Código de Procedimiento Penal
existían ciertos tropiezos para la práctica de pruebas, ya que como le dije
anteriormente las Unidades Investigativas encargadas de racaudar las pruebas
les faltaban cierta preparación sobre todo en los pueblos en donde única y
exclusivamente existía la policía y eran quienes debían practicar tales
pruebas; muchas veces tuvimos varias reuniones y tratamos esa falta de
preparación a ver si se podía corregir los errores que se venían cometiendo,
pero en el fondo sabíamos que con una o dos reuniones que se hicieran
únicamente no podíamos alcanzar tal fin. En cuento a la vigencia del Código de
Procedimiento Penal, pienso que esos errores tal vez se van a corregir un poco
porque van a existir o existen los Fiscales Regionales ante la Unidad
Investigativa que son los que deben velar para que se practiquen en una forma
pronta y cordial las pruebas ordenadas. Por lo tanto considero que con este
sistema las investigaciones van a culminar más rápido y se van a cometer menos
errores".
11.4)
Acta de la inspección judicial llevada a cabo en la Dirección Regional de la
Fiscalía de Cúcuta.
El Director de la
Regional colocó a disposición de la inspección judicial, cinco (5) expedientes
que se encuentran en la Fiscalía Regional. En dos de ellos fue concedida la libertad
provisional con fundamento en el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal
y en los tres restantes dicho beneficio fue negado.
En el Proceso
radicado con el número 0742 por violación de la Ley 30 de 1.986 la Fiscalía
concedió la libertad provisional con base en las siguientes consideraciones:
"Efectivamente
se encuentra detenido desde el 29 de octubre de 1.990... en reiteradas
oportunidades se solicitó por parte de la defensa el beneficio de la libertad
de su sindicado pero el mismo fue negado por cuanto para la época se hallaban
vigentes dos causales de libertad que preveía el artículo 59 del Decreto 099 de
1.991, que fuera adoptado como legislación permanente por el decreto 2271 del 4
de octubre de 1.991, sin que se incluyera dentro de ellas lo  relativo a
término perentorio para calificar el mérito del sumario.
... Pero hoy al
entrar en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal, el artículo 415
numeral 4°, contempla dentro de las causales de libertad las siguientes...
además trae la norma del artículo 415 del nuevo Código de Procedimiento Penal,
un parágrafo, en el que se estipula que para los delitos de conocimiento de los
jueces regionales, la libertad sólo procederá en los casos previstos en los
numerales 2° y 3° y, respecto del 4° y 5° los términos se duplicarán... Así las
cosas tenemos que el sindicado... hasta el momento lleva alrededor de
seiscientos diez (610) días de privación de la libertad sin que se le haya
calificado el mérito del sumario, siendo esta cifra más del doble de lo que
prevé la norma del artículo en mención...
... Entonces
atendiendo al principio de la favorabilidad, contemplado en el artículo 6º del
nuevo Código de Procedimiento Penal, es procedente otorgar el beneficio de la
libertad al sindicado, para lo cual deberá prestar caución prendaria en cuantía
de diez salarios mínimos legales...debiendo además firmar un acta de caución en
la que se le obligará a presentarse cada vez que sea requerido por este
Despacho, a observar buena conducta individual, familiar y social, a informar
todo cambio de residencia y  a no salir del país sin previa autorización de
esta Fiscalía..."
En el proceso Número
434 por el delito de Rebelión, al conceder la Fiscalía la libertad provisional,
consideró:
"Entonces desde
cuando fueron capturados hasta el día de hoy, han permanecido privados
efectivamente de la libertad por espacio de 36 meses y 24 días sin que se haya
calificado el mérito de la instrucción, cumpliendo un término que supera
ámpliamente el señalado en la norma referida para otorgar el beneficio de
libertad cuando de delitos de esta jurisdicción se trate. Ante esta situación y
dando aplicación al principio universal de favorabilidad el Despacho resolverá
concediendo la libertad a favor de los imputados, igualmente dispondrá que
éstos presten caución juratoria y suscriban diligencia de compromiso en la que
señalarán su residencia y dirección, comprometiéndose a presentarse ante esta
Seccional cuando se le solicite..."
En el proceso
radicado con el número 740 por el delito de porte de prendas militares y armas
de uso privativo de las Fuerzas Armadas, fué negada la solicitud de libertad
provisional por los siguientes motivos:
"Para efectos
de resolver la solicitud de libertad impetrada dentro de estas diligencias,
previo el traslado al Ministerio Público, esta Fiscalía Regional considera
improcedente tramitar la petición teniendo en cuenta que las normas especiales
de esta Jurisdicción de Orden Público de carácter permanente, no fueron
improbadas por la Comisión Especial a que se refiere el artículo 5º transitorio
del nuevo Código de Procedimiento Penal, por lo tanto su vigencia es aplicable
en el presente caso, así teniendo en cuenta que las causales de libertad dentro
de esta jurisdicción contempladas en el artículo 59 del decreto 2790 de 1.990,
modificado por el decreto 099 de 1.991 y adoptado como legislación permanente
por el decreto 2271 de 1.991, no son alegadas como fundamento de esta petición,
es por lo tanto improcedente así como también lo ratifica el concepto oficial
contenido dentro del decreto 1156 expedido por la Presidencia de la República
expedido con base en las facultades especiales conferidas por el artículo 213
de la Constitución Nacional."
Se deja constancia
en el acta de la diligencia de inspección judicial que en el expediente figura
una solicitud de antecedentes de los sindicados dirigida al Jefe de la
Seccional Técnica DIJIN de fecha febrero 18 de 1.991 y la respuesta fué
recibida el 3 de diciembre del mismo año -casi diez meses más tarde-, en la que
figura que no tienen antecedentes, "sólo reseña, sindicado de porte ilegal
de armas y prendas militares. Dirección Seccional de Orden Público, Sección
Jurisdiccional".
Al preguntarle al
Sr. Director (E) de la Fiscalía Regional sobre si previeron la posibilidad de
que numerosas personas solicitaran la libertad provisional con fundamento en el
artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, manifestó:
"Efectivamente
el Dr. Carlos Pardo, Director de esta Regional, convocó a varias reuniones para
que los Fiscales llegaran a la determinación de un criterio a ese respecto, sin
embargo hubo diversidad de posiciones a ese respecto y por ello no fue posible
adoptar un criterio único. Posteriormente conocimos la directriz del Sr. Fiscal
General de la Nación que es ya de público conocimiento".
Fueron anexados a la
diligencia los siguientes documentos:
1. Relación
estadística de cada uno de los procesos donde se formuló solicitud de libertad
provisional.
2. Oficio número
1.045 de julio 31 de 1.992 dirigido a la Dra. Ana Montes Calderón Directora
Nacional de Fiscalías, relacionado con la aplicación del artículo 415 del
Código de Procedimiento Penal.
3. Circular número
011 del 10 de julio de 1.992 del Sr. Fiscal General de la Nación sobre los criterios
en relación a la aplicabilidad del artículo 59 del Decreto 099 de 1991 adoptado
como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991.
11.5)
Acta de la diligencia de inspección judicial que se llevó a cabo en la
Dirección Regional de la
Fiscalía de Santa Fe de Bogotá.
Se estudiaron
algunos expedientes en los que solicitó la libertad provisional o el Habeas
Corpus, con el fín de constatar los argumentos de los fiscales regionales para
conceder o negar dichas solicitudes. En este sentido fueron anexados tres autos
de que trata el punto anterior; en los dos primeros de ellos se concedió la
libertad provisional y en el último la solicitud fue negada.
Las consideraciones
para conceder la libertad provisional fueron las siguientes:
"El Decreto
2790, modificado por el 099 de 1.991, elevado a legislación permanente por el
Decreto 2271 del 4 de octubre de 1.991 en desarrollo del artículo 8º de la
norma transitoria de la Constitución Nacional y que vemos consagra como únicas
causales de excarcelación para los procesados por delitos de competencia de la
jurisdicción de orden público las contenidas en el artículo 59 del Decreto 099
de 1.991, como son; cuando se fuere mayor de setenta años, y cuando el
procesado hubiere sufrido en detención un tiempo igual al que mereciere como
pena privativa de la libertad por el delito de que se le acusa; observando que
no se halla contemplada la causal de excarcelación invocada por el
peticionario.
Ahora, posterior a
estas normas que regían la jurisdicción de orden público se expide el Decreto
2700 de noviembre 30 de 1.991 (Código de Procedimiento Penal), y en el mismo se
integró la jurisdicción de orden público  en sus aspectos sustantivo y
adjetivo, el primero en el artículo 71 (jueces regionales) en concordancia  con
el artículo 126 para los respectivos fiscales regionales, el otro aspecto, esto
en cuanto al aspecto adjetivo como se observa en las otras normas, entre estas
el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal.
Con respecto al
principio de favorabilidad como norma rectora de la Ley penal colombiana,
tenemos que este principio hace referencia a la favorabilidad en la aplicación
de la ley penal en el tiempo y se parte del supuesto de que la vigencia de la
ley penal es hacia el futuro, pues debe estar vigente al tiempo en el que se
comete el hecho punible, es decir la ley penal no rige hacia el pasado
(retroactividad) y no tiene vigencia después de derogada (ultractiva). No
obstante, es posible su aplicación retroactiva o ultractiva cuando es favorable
al agente del hecho punible.
Vale, en el caso
materia de estudio analizar el fenómeno de la favorabilidad en las denominadas
leyes excepcionales y temporales, estas últimas cuya vida está delimitada en el
tiempo de manera expresa o tácita desde que entraron a regir y porque se
suspenden la vigencia de las que sean contrarias mientras dura la precaria
existencia. En cuanto a las excepciones, tales las que se expiden para
solucionar situaciones extraordinarias y de precaria aunque no definida duración,
como las que expide el Gobierno Nacional en ministerio del artículo 121 de la
C.N., (sic) en uno y otro caso vemos que impera el principio de favorabilidad,
porque resulta igualmente viable tanto su retroactiva como ultractiva
aplicación.
Por otra parte el
artículo 40 de la ley 153 de 1.887 establece que: "Las leyes concernientes
a la ritualidad y sustanciación de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir... y en cuanto términos que
hubiere empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de ser iniciadas,
observándose que esta excepción para nada hace relación a la competencia.
Siendo claro que respecto a ésta rige el principio general del efecto inmediato
de las leyes.
Conforme a lo
anterior, en nuestro sentir se impone la aplicación de las normas que regulan
la materia en el vigente C.P.P. por ser posteriores a las contenidas en el
Decreto 2271 de 1.991, criterio que encuentra respaldo en el artículo 2º de la
Ley  153 de 1.887 que establece: "La ley posterior prevalece sobre la
anterior".
Se anexaron a la
presente diligencia los siguientes documentos:
1. Oficio Nro.
JSC-049, del 4 de agosto de 1.992 expedido por la Dirección Regional de
Fiscalías de Santa Fe de Bogotá.
2. Estadísticas de
la Dirección Regional de Fiscalías Santa Fe de Bogotá.
3. Auto de julio 8
de 1.992, en el proceso número 6391.
4. Auto de 21 de
julio de 1.992 en el proceso 7826.
11.6) Acta de la diligencia de inspección
judicial practicada en la Dirección Regional de la Fiscalía de Medellín.
En la Regional de
Medellín se analizaron procesos en los que fue concedido el beneficio de la
libertad provisional y en el que éste fue negado. Igualmente se recibió
declaración a dos fiscales regionales.
El 1º de julio de
1.992, el apoderado de los procesados presentó escrito solicitando la libertad
provisional fundamentado en que los procesados llevaban para la fecha más de
760 días privados de la libertad sin que se hubiere calificado el mérito de la
instrucción; el apoderado se fundamentó en los siguientes artículos: numeral 4º
del artículo 415 y parágrafo del Código de Procedimiento Penal, 6º y 10 del
Código penal y 40 a 44 de la Ley 153 de 1.887.
Estimó la agencia
del Ministerio Público mediante concepto de fecha julio 8 de 1.992 que los
sindicados tenían derecho a gozar del beneficio de la libertad provisional con
fundamento en los siguientes planteamientos:
"Al entrar en
vigencia el nuevo estatuto de procedimiento penal desapareció la llamada
jurisdicción de orden público y los rituales que reglaban el procedimiento,
para dar paso al H. Tribunal Nacional, jueces regionales y fiscales delegados
ante éstos, con competencias para conocer de los procesos por los delitos que
venían conociendo los funcionarios de la antigua jurisdicción de orden
público...
En lo atinente al
derecho a la libertad provisional, el artículo 59 del Decreto 2790 de 1.990
(099 de 1.991), sólo lo permitía en dos eventos: a) cumplimiento en detención
preventiva de un tiempo igual al que mereciere como pena en caso de condena y
b) haber superado los 70 años de edad.
Ahora, con la puesta
en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal, en cuanto atañe a los
delitos de competencia de los jueces regionales, el estatuto es suficientemente
claro, cuando el parágrafo del artículo 415 preceptúa... (copia textual).
Se trata en
consecuencia de una causal objetiva de libertad.
Es claro pues, que
el Código de Procedimiento Penal que entró en vigencia el 1° de este mes,
derogó, tácitamente las normas que rituaban los procesos en la jurisdicción de
orden público y las que se referían por consiguiente, a la restringida libertad
provisional.
En el caso sometido
a consideración de la Procuraduría es evidente que se cumplen los dos
requisitos exigidos por la norma (artículo 415), han superado en mucho, el
lapso de 360 días de privación efectiva de la libertad, acorde con las
constancias del proceso y el mérito del sumario no se haya calificado toda vez
que ni siquiera se haya clausurado la investigación...
No debe olvidarse
además que para una mejor comprensión de todo aquello relacionado con normas
sustantivas en materia penal (y el derecho a la libertad es una de ellas), los
principios a que se refieren los artículos 10º del Código penal, 29 de la
Constitución Nacional vigente y los pertinentes de la Ley 153 de 1.887. Debe
observarse así mismo el mandato del artículo 6º del Código de Procedimiento
Penal..."
En el interrogatorio
a los fiscales regionales, éstos contestaron a la pregunta relacionada con la
aplicación del parágrafo del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, lo
siguiente:
"Soy del
criterio de que el Código de Procedimiento Penal del año de 1.991, es aplicable
a todos los delitos de competencia de los jueces regionales porque no pocos
artículos, y a lo largo del proceso, regulan la forma en que se deben proferir
medidas de aseguramiento, las mismas causales de libertad. Referente al Decreto
2271 de 1.991, tuvo vigencia hasta el 30 de junio del presente año en que por
mandato expreso del artículo 573 deroga todas las normas complementarias y
todas las disposiciones que sean contrarias al presente decreto. Por lo demás
dentro de la normatividad especial del Decreto 2271, afectan mandatos
constitucionales como el de la libertad, el de ser procesados en términos
sumarios e improrrogables sin dilaciones injustificadas, el debido proceso, la
presunción de inocencia al permanecer una persona sumariada por término
indefinido. Estos decretos extraordinarios traídos como permanentes se
justificaron en un momento para llenar el vacío legislativo existente entre el
momento en que se levantó el estado de sitio y los 90 días más, hasta el
momento en que empezó a regir el Decreto 2700 de 1.991...
Soy del criterio y
así también lo ha predicado la Sala Penal de la Corte Suprema en varias
oportunidades, que frente a una norma general y una especial, no se puede
alegar el principio de favorabilidad y menos aplicarlo. El Código de
Procedimiento Penal es una norma general y el Decreto 2271 de 1.991 es norma
especial, por tanto mal podría aplicarse este principio. Lo que se sostiene es
que el Decreto 2700 de 1.991, derogó el Decreto 2271 del mismo año, al regular
los casos de competencia de los jueces regionales y expresamente derogar el
decreto especial...
Si el 2271 estuviera
vigente, entonces en estos momentos no existirían los fiscales regionales sino
los jueces de orden público y no se entiende como para unas cosas se aplica el
Decreto 2271, frente al caso concreto de libertad provisional y cuando se trata
de la estructura orgánica no se observa sino se aplica el Decreto 2699 de la
Fiscalía General de la Nación. Tan cierto es el acertó que el Gobierno Nacional
tuvo que acudir a la figura de la Conmoción Interior y en el Decreto 1155 la
declaró y en el decreto 1156 usurpó la facultad interpretativa del funcionario
judicial, violando principios constitucionales de independencia de las ramas
del poder público, impuso un criterio político de carácter coyuntural de la
política general del Estado, de legislar apresuradamente y a altas horas de la
madrugada para una docena de procesados, encontrándose ante el hecho no
elegante de que en el país existen dos tipos de colombianos a quienes se les
aplican normas generales o normas especiales, dejando de aplicarse la mitad del
Código de Procedimiento Penal. Una manifestación de ésto es la intervención
televisada del Presidente de la República momentos después de declarada la
conmoción interna e irrespetando la independencia y autonomía de la Rama
Jurisdiccional, manifestaba que mientras él fuera Presidente de la República
los sindicados de los delitos de competencia de los jueces regionales no
lograrían la libertad. Esto lo digo desde el punto de vista de una interpretación
de la ley ajeno a cualquier interés particular. No es más".
Se anexaron a la
diligencia los siguientes documentos:
1. Oficio DR-0072 de
fecha julio 31 de 1.992 dirigido a la Dra. Ana Montes Calderón, Directora
Nacional de Fiscalías firmado por el Dr. Ricardo Perdomo Lince Director
Regional de Medellín.
Del oficio es
necesario resaltar lo siguiente sobre las causas que considera el Director de
la Regional que han impedido la calificación de los sumarios:
"En concepto
del suscrito, por las siguientes razones:
- Instrucción de
procesos dispendiosos.
- Insuficiencia de
fiscales instructores, durante el período a          que se refiere esta
información.
- Insuficiencia de
Unidades de Policía Judicial de Orden      Público.
- Negligencia de
algunos funcionarios o empleados.
- Incremento en los
trámites de Secretaría, ante la       necesidad de reservar la identidad de
fiscales y jueces   regionales.
- Gran cúmulo de
expedientes al iniciar la jurisdicción.
2. Oficio DR-0075 de
fecha agosto 5 de 1.992, dirigido al Dr. Alfredo del Toro Núñez, Presidente del
Tribunal Nacional, firmado por el Dr. Ricardo Perdomo Lince Director Regional
de Medellín.
3. Memorando
circular número 002 para los Fiscales Regionales  del Director general de
Fiscalías de fecha julio 29 de 1.992 sobre las "moras procesales".
4. Oficio número
0523 de fecha julio 3 de 1.992, dirigido a la Dra. Ana Montes Calderón
Directora Nacional de Fiscalías, firmado por el Dr. Arturo Velásquez Gallo,
Jefe de la Secretaría Común de la Dirección Regional de Fiscalías, por medio de
la cual se relacionan las peticiones de libertad
5. Oficio número 531
de julio 4 de 1.992, dirigido a la Dirección de Fiscalías , mediante el cual se
complementa la información del Oficio Nro. 523, en el que se relacionan 56 solicitudes
de libertad impetradas por los sindicados que están por cuenta de la Dirección
Regional.
6. Oficio número 550
de fecha julio 10 de 1.992 dirigido a la Dra. Ana Montes Calderón sobre las
peticiones de libertad impetradas en la Regional del 1° al 10 de julio de
1.992.
11.7) Acta de la diligencia de inspección
judicial practicada en la Dirección Regional de la Fiscalía de Cali.
En dichas Acta se
lee:
"PREGUNTADO
¿Sírvase manifestar si con anterioridad al primero de julio de 1992 previeron
la posibilidad de que se presentaran numerosas solicitudes de libertad en
virtud de la interpretación que algunos hicieron del artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal? CONTESTO: Si, por la cantidad de procesos y el
tiempo que había transcurrido en la tramitación de los mismos. PREGUNTADO:
¿Existía consenso al respecto entre los fiscales o anteriormente entre los
jueces de instrucción de orden público? CONTESTO: Si, el consenso era
unánime entre todos nosotros"
Se anexaron a la
diligencia los siguientes documentos:
1. Oficio número
5.250 de julio 22 de 1.992, sobre relación de peticiones de libertad.
2. Oficio número 240
del 3 de agosto de 1.992 dirigido de la Dirección Regional a la Dirección
Nacional de Fiscalías.
3. Oficio número
241, del 3 de agosto de 1.992, dirigido de la Dirección Regional al Tribunal
Nacional con su anexo.
4. Listado de
detenidos por delito, de agosto 11 de 1992, a saber:
LISTADO DE PRESOS POR DELITO
AL 11 DE AGOSTO DE 1992
D E L I T O
S                                            ACUMULADO DE
PRESOS X DELITO
_______________________________________________________________
CONCIERTO PARA
DELINQUIR                                       14
CONSTEÑIMTO. PARA
INGR. A GRUPO TERROR.
4
CULTIVAR PLANTAS
MARIH. COCAINA O AMAPOLA
85
EXTORSION
122
FAB. Y TRAF. DE
ARMAS Y MUNICIONES FFAA.                 325
HOMICIDIO CON FINES
TERRORISTAS.
30
HOMICIDIO EN PERSONA
CALIFICADA
21
LESIONES PERSONAlES
CON F. TERRORISTAS         1
OTROS
1
REBELION Y SEDICION
13
SECUESTRO
161
TENEN. FAB. TRAFICO
Y USO DE ARMAS                      9
TERRORISMO
18
TRANSP. VENDER O
ELAB. PERSONAlES QUE PROD. DEP. 390
USAR BIEN PARA ELAB.
TRANS. O VENDER DROGA             2
UTILIZACION ILEGAL
DE UNIFORMES E INSIG.            47
________
TOTAL PRESOS POR DELITOS.......
1.243
LISTADO DE PRESOS POR DELITO
AL 11 DE AGOSTO DE 1992
D E L I T O
S                                            ACUMULADO DE
PRESOS X DELITO
______________________________________________________________________
AMINIST. RECURSO
PARA TERRORISMO                              1
ADQUISICION ILICITA
DE BIENES                           109
AMENAZAS PERSONALES-
FAMILIARES                           97
CONCIERTO DEL.
TERRO. SICARIATO                               18
CONEXOS CON ORDEN
PUBLICO                                        15
CORRUPCION ALIMENTOS
Y MEDICINAS                          2
CULT. PLANTAS MARIH.
COCAINA. OTROS                              207
DEL. A MAGIST.
JUECES GOB. ETC.                              2
DESTIN. BIENACTIV.
NARCOTRAFICO                              53
EMPLEO DE SSUT.
OBJETOS PELIGROSOS                                  9
ENRIQUECIMIENTO
ILICITO
16
EXTORSION
729
FAB. ALMAC. TRAF.
ARMAS DE LAS FF.AA.                   519
FAB. ALMAC. TRAF.
ARMAS DEF. PERSONAL                  5
HOMICIDIO CON FINES
TERRORISTAS                             164
INSTIGACIÓN INGRESO
GRUP. TERRORISTA.
3
INSTRUC. ENTRENAMTO.
GRUPO TERRORIS.                      1
LESIONES CON FINES
TERRORISTAS                                13
OTROS
28
POSESION ILEGAL DE
INSUMOS
4
REBELION Y SEDICION
33
SECUESTRO
361
TERRORISMO
209
TRANSP. VEND. ELAB.
ESTUPEFACIENTES                              680
USO ILIC. EQUIP.
TRANSMIS. RECEPTORES                       1
USO ILEGAL
UNIFORMES-INSIGNEAS                                73
TOTAL PRESOS POR DELITOS.......
3.352
12)
Prueba extraproceso.
El 30 de agosto de 1991, los doctores Jorge Acevedo y Jaime
Silva
del Instituto SER de investigación remitieron al Sr.
Ministro de Justicia, Fernando Carrillo Flórez un estudio elaborado por el Sr.
Exministro de Justicia Jaime Giraldo Angel del proyecto de Código de
Procedimiento Penal, en el cual se hicieron importantes observaciones sobre la
concordancia que debía existir entre el proyecto y la Fiscalía General. De los
comentarios es necesario resaltar el que corresponde al hoy artículo 415 del
C.P.P. y su parágrafo:
"2) En el
parágrafo del artículo 412 [corresponde al 415 y esa era la numeración en el
proyecto] se dispone que en los delitos de competencia de los jueces regionales
la libertad provisional procederá "únicamente" en los casos previstos
en los numerales 2º y 3º del mismo, pero en seguida se dice que en los casos de
los numerales 4º y 5º el término para que proceda la libertad en estos delitos
se duplicará.
En realidad de estas
distintas causales sólo se debe conservar la del numeral 2º, agregando la de la
edad de 70 años, y sin perjuicio de los casos excepcionales de excarcelación
consagrados para quienes se sometan voluntariamente a la justicia, y para
quienes  no fueron extraditados y se pusieron a disposición de los jueces de
orden público por razón del delito que motivó la petición respectiva. El
parágrafo debe redactarse así:
"PARAGRAFO: Sin
perjuicio de los casos de libertad provisional previstos en los decretos 2047
de 1.990 con sus adiciones y reformas, y 1660 de 1.991, en los delitos de
competencia de los jueces regionales sólo procederá la excarcelación por la
causal contemplada en el numeral 2º de este artículo, y cuando el procesado
fuere mayor de 70 años, siempre que antes no hubiere sido procesado por uno de
los delitos de competencia de estos jueces".
1.6. De la intervención ciudadana
Se hicieron
presentes en el negocio de la referencia, en ejercicio del derecho de
intervención ciudadana en los procesos de constitucionalidad, de que trata el
artículo 242 numeral 1° de la Carta, las siguientes personas:
1) Rafael Barrios Mendivil.
Norma Acusada:
Decreto 1155 de 1992 en su totalidad, hace la trascripción.
Normas violadas: artículo 1, 3, 4, 5, 6, 13, 28, 29, 30, 50, numeral 142, 152,
literales 201, 213, 214, numeral 2, 5, 6, 230, 252 y 256 numeral 6, de la
Constitución.
Concepto:
-El
Gobierno declaró el Estado de Conmoción Interior sin tener atributos legales
para ello ya que el artículo 152 literal e) y 214 numeral 2º del Código Penal,
establece que el Congreso de la República mediante ley estatutaria es el
encargado de regular los estados de excepción, el cual le otorgaría las
facultades y controlará judicialmente al Gobierno en el eventual estado de
excepción.
Sin dicha ley el
Gobierno no podrá hacer uso de esas facultades, como así le reconoció el
Ministro de Gobierno al presentar el proyecto de ley estatutaria al Congreso de
la República (cita a Humberto de Calle en una alocución ante el Congreso).
-La
grave perturbación del orden público, condición previa e indiscutible para
declarar el Estado de Conmoción Interior, "no existió más que en la ligera
imaginación del Fiscal General de la Nación... Ya que es inconcebible que el
reclamo de la ley perturbe el orden público".
-Las
causas que llevan al Gobierno a declarar la Conmoción Interior tienen que ser
objetivos y reales. Las solicitudes de libertad provisional y de Habeas Corpus
por vencimiento del término procesal y por prolongación ilegal de la detención
de acusados por supuestos delitos de orden público, no constituye causa
legítima para implantar el Estado de Conmoción Interior. Más aún, la simple
probabilidad de que reincida un sindicado de la comisión de graves delitos, al
obtener su libertad provisional, es una mera especulación, es una simple
hipótesis porque incluso existe la posibilidad de que suceda lo contrario.
-El
Decreto 1155 de 1992 viola la libertad personal, el Habeas Corpus, el debido
proceso, términos procesales y la igualdad ante la ley.
-El
Estado de Conmoción Interior fue dictado para modificar las funciones básicas
de acusación y juzgamiento previstos en el estatuto procesal penal y por tanto
viola flagrantemente los artículos 252 y 214 numeral 5º de la Constitución.
-Cita
a Enrique Parejo González, quien en una columna escrita en el periódico El
Espectador4
,  dice:
"Ningún
ciudadano de bien desea que los presuntos autores de lo peores crímenes que se
han cometido en el país queden libres: si no quería que eso sucediera, ha
debido precaverse esa eventualidad, mediante el establecimiento de las
excepciones correspondientes en las normas procedimentales.
No lo hizo así el
Gobierno, luego a él hay que atribuirle la situación de peligro que afrontó la
sociedad, como consecuencia de su imprevisión y de su supina
negligencia..."
-La
decisión del Gobierno fue injurídica y antidemocrática. Cita a Juan Diego
Jaramillo5
.
"Mucha gente puede
pensar que la heroica actuación del gobierno para evitar la fuga judicial de
los presos fue una defensa del sentido de justicia de la sociedad.
En realidad fue todo
lo contrario una denegación de justicia en forma masiva y abrumadora que sirve
de testimonio contundente de la ineficacia del sistema judicial y de la
ineptitud de los gobiernos -especialmente el actual-..."
-Las
disposiciones transitorias de la Constitución Política facultaron al Presidente
de la República para expedir las normas que organicen la Fiscalía General y las
normas de procedimiento penal (artículo transitorio 5º) y el transitorio 8º
dispuso que el Gobierno Nacional convirtiera en legislación permanente los
decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio si la
Comisión Especial no los imprueba."
En
virtud de estas facultades fueron incorporadas total o parcialmente 45
disposiciones de la jurisdicción de orden público de los decretos que hicieron
tránsito a legislación permanente por medio del Decreto 2271 del 4 de Octubre
de 1991.
Esa
fue la voluntad del Gobierno, tanto así que el apoderado del Ministerio de
Justicia fijó la posición oficial del Gobierno ante la Corte Constitucional,
invitando a esa Corporación a declararse inhibida para decidir acerca de la
constitucionalidad del Decreto 2271 de 1991, al decir que "es evidente que
el nuevo Código incorpora la jurisdicción de orden público a la jurisdicción
ordinaria..."
La
ley no establece un procedimiento paralelo para juzgar a los sindicados de los
delitos tipificados en el estatuto para la defensa de la Democracia.
2) Asociación Nacional de Abogados Litigantes
ANDAL
Norma Acusada:
Decreto 1155 de 1991
Normas violadas:
Artículos 4, 5, 13, 29, 30, 40, 84, 189 numeral 11, 214.2, 228, 230 y 252
Constitución Nacional.
Concepto:
-El Decreto 1155 de
1991 se profirió sin existir grave perturbación del orden público, incluso si
se provocó ésta no es más que el desarrollo de la ineficacia e imprevisión del
propio Gobierno.
-La
jurisdicción de orden público quedó proscrita a partir de la vigencia de la
Constitución de 1991 ya que la Carta expresamente demarcó las jurisdicciones
especiales y entre ellas no está la de orden público.
-El
Decreto burla los términos procesales, desconoce el derecho de defensa y el
ejercicio de la profesión de abogado.
-La
actual situación se originó sin tener en cuenta la Constitución, ya que ésta
exige que para decretarse un estado de excepción debe existir una ley
estatutaria que la reglamente.
-La
ley estatutaria que ordena el Nº2 del artículo 214 Código Penal no ha sido
expedida por el legislador y sin ellas los estados de excepción no pueden
ponerse en práctica.
-El
Decreto 2700 de 1991 es un Código y por ende es Superior a los demás Decretos
como es el 1155 de 1992. Por lo mismo el artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal es el aplicable frente a aquellos simples decretos.
-El
Presidente no tiene funciones de administrar justicia; solamente tiene la
potestad reglamentaria.
-Solicita
el Procurador General, se declare impedido para conceptuar por cuanto su
posición fue fijada con anterioridad.
-Se
anexan fotocopia informal del Decreto 1155 de 1992.
3) Nelson Eduardo Vera Orozco y Hernán García
Contreras.
Norma Acusada:
Decreto 1155 y 1156 de 1992.
Normas
violadas: artículos 213, 29, 93, 94, 113 y 228    Constitución Nacional.
Concepto:
-El
Gobierno no podrá invocar confusión de normas para decretar el 1155, ya que eso
es bastante claro a la luz del artículo 3º de la Ley 153 de 1887; y el Decreto 2700
de 1991 (por ser norma posterior) derogó a partir del 1º de Julio de 1992 las
disposiciones procesales contrarias al Código de Procedimiento Penal. Por lo
tanto la jurisdicción de orden público se integraría a la ordinaria.
-Los
hechos sobre los cuales se basó el Presidente para decretar el 1155 nunca
podrán catalogarse como grave perturbación del orden público por que de ninguna
manera atentan de manera inminente contra la estabilidad institucional, la
seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. El hecho de invocar que la
libertad puede constituir grave perturbación es un absurdo contrario a
derecho.
-El
Decreto viola el artículo 29 de la Constitución al afectar el debido proceso,
la favorabilidad de la ley y la presunción de inocencia porque se establece en
los considerandos del decreto que "...se hace inocua la operancia de la
jurisdicción orientada en los autores y cómplices de delitos de narcotráfico,
magnicidios, homicidios con fines terroristas..."
-Los
dos Decretos impugnados no sólo vulneran normas constitucionales legales sino
tratados internacionales aprobados por Colombia, como:
Ley
74 de 1968 -Artículo 9º (todo individuo tiene derecho a la libertad y
seguridades personales), artículo 14 (todas las personas son iguales ante los tribunales
y cortes de justicia).
Ley
16 de 1972 -Artículo 7º (derecho a la libertad personal), Artículo 8º
(garantías judiciales), Artículo 27 (prohibición de suspender las garantías
judiciales).
Los
principios fundamentales no pueden suspenderse por causa de la inercia del
Estado en su papel juzgador.
Cita
a López Michelsen, quien critica al Gobierno6
.
4) Asociación Nacional de Abogados Litigantes
ANDAL
Concepto:
"La
agremiación como conciencia jurídica del país" reclama para que se declare
la inexequibilidad del "yerro en que incurrió el Gobierno al expedir el
Decreto 1155 de Julio 10 de 1992, mediante el cual se abstiene el Gobierno en
OCULTAR en forma TARDIA E INAPROPIADA el llamado OPORTUNO que le hiciera ANDAL.
Ratifica
ANDAL en este escrito el memorial anterior reiterando la solicitud y
transcribiendo nuevamente su texto.
5) María Consuelo del Rio, Roberto Molina
Palacio y Rodrigo             Uprimny
Norma Acusada:
Decreto 1155 y 1156 de 1992.
Normas violadas: 2, 3, 4, 5, 13, 29, 30, 93, 113, 150 ordinal 1, 213, 214, 228,
230, 252 de la Constitución Nacional.
Concepto:
-La
Interpretación Constitucional debe hacerse de tal manera que la norma
fundamental no pierda su "telos esencial" hasta el punto de
convertirse en un texto que solo sirve para justificar la arbitrariedad y
excesos de regímenes autocráticos. Aún más la interpretación de las facultades
del Ejecutivo durante un régimen de excepción debe ser restrictiva.
Como
dice el constitucionalista Argentino Linares Quintana:
"En la
interpretación constitucional debe prevalecer el contenido teleológico de la
constitución, cuya finalidad última es de dar protección y garantía a la
libertad y dignidad del hombre. Tratándose de un régimen de excepción que es
siempre limitante a los derechos fundamentales y la dignidad humana la
interpretación constitucional debe ser restrictiva no extensiva de las normas
constitucionales."
Por
lo anterior las facultades del Ejecutivo para declarar y desarrollar el Estado
de Conmoción Interior deben ser expresas y claras. Pero a pesar de ello el
Presidente interpretó de manera general la Constitución, además reformó leyes
atentando contra la independencia judicial porque la Constitución expresamente
dice que es a la rama judicial a quien le corresponde interpretar leyes.
-El
Gobierno tampoco puede establecer un sentido permanente de una norma ordinaria,
porque atentaría contra el carácter transitorio y excepcional del Estado de
conmoción interior; esto hizo el Gobierno violando la cláusula general de
competencia en materia legislativa radicada en el Congreso.
-La
aplicación que el Ejecutivo hace de normas de procedimiento penal en los
decretos de conmoción interior es equívoca, ya que el artículo 5º transitorio
del nuevo Código es explícito al establecer que la jurisdicción de orden
público se integra a la jurisdicción ordinaria a partir de la vigencia del
nuevo ordenamiento procesal penal. Tanto así que el mismo artículo 415 contiene
un parágrafo en el cual se dice que para el caso de los delitos de conocimiento
de los "jueces sin rostro" los términos previstos para que proceda la
libertad provisional, por demora en el cierre de investigación o en el
llamamiento a juicio se duplican. Así, el artículo 2º transitorio del Código de
Procedimiento Penal dice que la pérdida de competencia de los jueces de orden
público será  transcurridos 10 años de vigencia del nuevo Código, lo cual se
refiere a la desaparición futura de la jurisdicción especial. El Código trae
una separación absoluta de las dos jurisdicciones diferentes a lo que el
Gobierno establece.
-El
Decreto viola el principio de la favorabilidad.
-El
Ejecutivo no puede suspender tratados internacionales de derechos humanos por
medio del Estado de Conmoción Interior, como éstos:
El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado ley 75 de 1968),
artículo 9º: "toda persona detenida o presa... tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad..."
Convención
Americana (aprobada ley 16 de 1972), Artículo 7º: "Toda persona detenida o
retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad".
Respecto
de lo que se entiende por un plazo razonable el comité de derechos humanos de la
ONU, consideró en el caso Nº 46 de 1979 que la detención de un individuo por
más de un año pero luego ser liberado por falta de pruebas constituía una
violación del Pacto.
En
el caso 44 de 1978 estimó que la detención de un individuo por más de 6 meses
antes de que se iniciara el proceso, y por más de dos años antes de que se
dictase sentencia constituirían demoras excesivas.
El
régimen de Conmoción Interior faculta al Ejecutivo para expedir decretos
legislativos que puedan suspender leyes "que sean incompatibles" con
el régimen de excepción pero nunca suspender los tratados durante el Estado de
Sitio. Ya que por tener el carácter de supralegales no pueden ser derogados por
un legislador ordinario.
-El
decreto viola la presunción de inocencia, artículo 29 porque el Gobierno pasa a
utilizar la detención preventiva del proceso como una condena.
-La
condición de existencia del estado de Conmoción Interior está en la "grave
perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la
estabilidad institucional del Estado, o la convivencia ciudadana y que no pueda
ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades
de policía". Condición que no es real ya que el problema que se presentó
tan solo fué una amenaza.
6) Corporación Colectiva de Abogados.
-Cartas de adhesión:
Sindicato de
Trabajadores de Telecom SITTELECOM, Presidencia y Secretaría de la CUT,
Asociación Colombiana de Asistencia Social ASCODAS, Asociación Colombiana de
Juristas Demócratas, Centro e Investigación y Educación Popular, Asociación de
Abogados Laboralistas al servicio de los trabajadores, Asociación de familiares
de detenidos y desaparecidos, Fundación PERSONAlES, Investigación y Desarrollo,
Organización Nacional Indígena de Colombia. Secretaría del Partido Comunista
Colombiano, Congresistas de la U.P. y P.C.C., Alianza Social Indígena, Comité
de solidaridad con los presos políticos y la Corporación de servicios
regionales comunitarios.
Normas Violadas:
Preámbulo y principio fundamentales, artículos 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 21,
22, 28, 29, 30, 40, 83, 85, 87, 91, 92, 93, 95, 113, 114, 115, 116, 121, 122,
123, 124, 150, 175, 178, 188, 189, 192, 198, 213, 214, 228, 230, 235, 246, 247
y 252.
Concepto:
-El
Presidente de la República resquebrajó el Estado de derecho al declarar sin
justificación la Conmoción Interior.
-Nunca
existieron los motivos para declarar la conmoción ni atributos legales para
ello. La Constitución fue violada ya que la ley estatutaria es la que faculta al
Presidente para declarar estado de excepción.
-El
Gobierno pudo evitar la situación presentada actuando diligentemente.
-El
reclamo de la ley no puede perturbar el orden público.
-Para
que el Estado de Conmoción esté acorde a la Constitución requiere 3 elementos,
y son:
Que
la perturbación del orden público sea grave.
Que
atente contra la estabilidad, seguridad o convivencia ciudadana.
Que
el atentado a la estabilidad sea actualmente no hipotético o eventual. El hecho
de pensar que el otorgamiento de la libertad provisional de las personas
procesadas por la jurisdicción de orden público acarreará (en el futuro)
inestabilidad en las instituciones y convivencia ciudadana, presupone un juicio
de culpabilidad contraria a la presunción de inocencia.
-Los
Estados de excepción proceden frente a hechos reconocidos por el Gobierno como
generadores de la alteración del orden público y no frente a situaciones
creadas por el Gobierno.
-Colombia
como estado de derecho, presupone la idea de la existencia de una división de
poderes en su estructura y funcionamiento, división que se alteró por la
intromisión abusiva en el ejercicio de las funciones de la rama jurisdiccional,
por parte del Gobierno.
7) Pedro Pablo Camargo.
Norma
acusada: Decreto 1155 de 1992.
Normas violadas: 4,
5, 13, 28, 29, 30, 150 numerales 1 y 2, 201, 213, 214, 256 numeral 6, 230, 252
Constitución Nacional.
Concepto:
-El
Decreto viola el artículo 252 de la Constitución Nacional. El Decreto impugnado
en uno de sus considerandos dispone la modificación de las funciones básicas de
acusación y juzgamiento previstas en el Código de Procedimiento Penal;
atentando abiertamente contra la ley suprema.
-Transgrede
el artículo 214 numeral 5º cuando se declaró un estado de excepción sin haber
ocurrido los casos de conmoción interior.
-
También viola el artículo 213, éste exige como requisito sine qua non que
exista una "grave perturbación del orden público...". Sin embargo, el
Presidente de la República invocó una eventual amenaza, pero no una grave
perturbación, al manifestar en su alocución que con los decretos dictados (el
1155 y 1156) se buscó evitar la eventual liberación de los presuntos asesinos
de Luis Carlos Galán y de Jorge Enrique Pulido.
El
artículo 213 de la Carta Política sólo acepta como causa para dictar ese estado
de excepción "la grave perturbación del orden público que atente de manera
inminente contra la estabilidad institucional..." Nunca la acepta como
posible la interpretación gubernamental que fué el conflicto jurídico de
interpretación de normas penales procesales.
-Tal
como señala la Corte Constitucional en su fallo del 15 de Mayo de 1992, las
causas que lleven al Gobierno a declarar el Estado de excepción tienen que ser
objetivas y reales y "el Presidente debe acertar, so pena de comprometer
su responsabilidad política y penal", caso en el cual  el Presidente debe
responder.
-El
argumento central del Presidente de la República para declarar el Estado de
conmoción interior fué las consecuencias funestas acarreadas por la cantidad de
peticiones de libertad provisional y de Habeas Corpus contra detenciones
ilegales por vencimiento de términos procesales, no es válido, no es legítimo;
por el contrario dichos motivos  son conductos amparados por la Constitución
como derechos fundamentales.
-El
artículo 230 de la Constitución Nacional nos permite concluir que no es
conducta ilegítima interponer los acciones y los recursos por violación de los
términos procesales penales, lo cual es perfectamente legal. Conducta que a la
luz del artículo 13 Constitucional es permitida a todos las personas detenidas
sin distinción en sus derechos, y sin discriminación a igual protección de la
ley.
-El
decreto también viola el artículo 4º de la Carta por el cual la Constitución es
norma de normas; el artículo 5º en cuanto el Estado reconoce "sin
discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la
persona".
-El decreto viola el
artículo 250 de la Carta  al manifestar que "la situación planteada no
puede ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las
autoridades de policía" porque desconoce las atribuciones de la Fiscalía y
del Procurador General de la Nación (Artículo  278).
-El
Presidente "no tuvo escrúpulos al haber declarado el Estado de Conmoción
Interior por medio de su decreto 1155..." al hacerlo sin que el Congreso
hubiere expedido la correspondiente ley estatutaria.
8) Jaime Gaviria Bazzan.
Norma acusada:
Decreto 1155 de 1992.
Normas violadas: Artículo 213.
Concepto:
-La
existencia de una norma jurídica creada por el mismo Gobierno -C.P.P.-, y su
desarrollo como lo es que las personas soliciten su libertad, no es lógico que
provoque la declaratoria de Conmoción Interior dentro de la estructura jurídica
racional.
-El
Gobierno decretó el Estado de Conmoción Interior sobre la base de un hecho
futuro de que los procesados al obtener su libertad generaría una grave
perturbación del orden público.
9) Luis Fernando Taborda López.
Norma acusada:
Decretos 1155 y 1156 de 1992.
Normas violadas: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 11a, 16, 23, 24, 28, 29, 30, 121, 214 numeral 2, 252 Carta
Constitucional.
Concepto:
-Solicita
la suspensión provisional de los derechos demandados por los graves perjuicios
que acarrean.
-El
Gobierno pretende desconocer y desorientar las instituciones políticas y
jurídicas que se enmarcan en el nuevo orden institucional al considerar como el
origen de la Conmoción Interior la misma ley.
-Tomando
como base los fines del Estado no le es dado al Gobierno salirse de estos
parámetros institucionales, y es absurdo pensar que el Gobierno señale como
justificativo del Decreto su propio error, más aun cuando modifica los
presupuestos jurídicos en los cuales las personas pueden ejercer sus derechos
institucionales consagrados en la Constitución Nacional.
-Durante
los estados de excepción el Gobierno no podrá suprimir, ni modificar los
organismos ni las funciones básicas del juzgamiento y acusación como son el
artículo 28 y 29 Constitucional; a pesar de ello el Gobierno suspende los
efectos jurídicos procesales de las libertades que se pueden conceder al amparo
de los artículos 415, 430 y 55 del Código de Procedimiento Penal.
-El
Gobierno dictó los decretos reseñados sin la existencia de una ley estatutaria
que regule estos estados excepcionales.
10)
Alvaro Ochoa Morales.
Norma acusada:
Decretos 1156 de 1992, artículo 3.
Normas
violadas: 30 de la Carta.
Concepto:
-
El derecho de Habeas Corpus no puede ser vulnerado aún en los estados de
excepción.
-
El Gobierno sobrepasó sus facultades y en consecuencia el Decreto 1155 de 1.992
debe ser declarado inexequible para que opere la cosa juzgada constitucional.
11) Alejandro Augusto Banol Betancur y Laura
Gertrudis Banol
Betancur.
Norma Acusada:
Decretos 115 y 1156 de 1992.
Normas violadas:
Artículo 29 y 213 de la Constitución.
Concepto:
-Los
Decretos demandados presentan vicios de forma y fondo ya que fueron suscritos
por 2 viceministros, totalmente contrario a la que dice la Constitución al
exigir la firma de "todos" los ministros, contenido bastante claro
que no requiere interpretación.
-Con
los Decretos se viola el debido proceso ya que toda persona tiene derecho a la
defensa, al debido proceso sin dilaciones injustificadas, etc.
-Se
está violando también la presunción de inocencia al catalogar de un solo tajo a
las personas sometidas a la justicia como autores y cómplices de delitos de
narcotráfico, magnicidios, homicidios con fines terroristas.
12) Reclusos de la Cárcel Distrital de Pereira
sindicados  bajo la jurisdicción de orden público.
Norma
acusada: Decretos 1155 y 1156 de 1992.
Normas
violadas: 4, 5, 6.
Concepto:
-La
sustentación del Decreto está dada sobre supuestos políticos pero nunca explica
las circunstancias que perturben "la seguridad del Estado a la convivencia
ciudadana".
-Desconocen
las normas rectoras de la ley. "Y especialmente se discrimina con un
lenguaje barato y vulgar la primacia de los derechos inalienables de las
personas", de los sindicados, la unidad familiar y la personalidad de los
jueces colombianos.
-Se
viola el artículo 29 sobre el debido proceso, desconociendo la presunción de
inocencia y prejuzgando.
13) Felix Vega Pérez.
Norma
acusada: Decretos 1155 y 1156 de 1992.
Normas
violadas: 214, 29.
Concepto:
La
Constitución de 1991 contempló dos tipos de normas:
-Las
que tenían plena e inmediata vigencia.
-Las
que aplazaban su vigencia hasta la promulgación de la ley atinente. Entre este
grupo se encuentran los artículos que se refieren a los estados de excepción
que para crear situaciones jurídicos necesitan una ley complementaria.
-No
es válida la conmoción que sea creada por el mismo Gobierno.
14)
Darío González Vásquez,
Fernando Mesa Morales y Julio      González Zapata
Norma
acusada: Decretos 1155 y 1156 de 1992.
Normas
violadas: 213.
Concepto:
-El
Gobierno Nacional llevó a cabo la función de interpretación de una norma
inexistente (el Decreto 2271 de 1991) ya que el Decreto en mención fué derogado
por el nuevo Código de Procedimiento Penal emanado de la Comisión Especial.
-El
nuevo Código de Procedimiento Penal integró a la jurisdicción ordinaria la
jurisdicción de orden público, señalando las competencias del Tribunal Nacional
(antes Tribunal Superior de Orden Público) y de los jueces regionales (antes de
orden público). Y por lo mismo deroga íntegramente el anterior decreto.
Por
lo anterior se  concluye que la motivación del Gobierno para decretar el 1155 y
1156 es totalmente infundada, es inconstitucional. El Gobierno acudió a un
mecanismo ilegítimo para conjurar una supuesta crisis, afectando y violando el
principio de la favorabilidad.
Además de los
anteriores escritos, el Representante a la  Cámara Darío Martínez Betancourt
remitió a la Presidencia de esta Corporación un informe sobre la
constitucionalidad del Decreto 1155 de 1.992 solicitando se declare inexequible
por motivos similares a los anteriormente expuestos.
2.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.  Competencia
De conformidad con
los artículos 4o., 213, 215 y 241.7 de la Constitución Política, el control de
constitucionalidad del Decreto que declara el estado de conmoción interior
corresponde a la Corte Constitucional, tanto en sus aspectos de fondo como de
forma.
A este respecto la
Corporación reitera sus pronunciamientos sobre la materia contenidos en sus
fallos de mayo 7  y julio 9 de 1992.7
2.2.  De la
Ausencia de Impedimento del Procurador
Esta Corte entra a
pronunciarse sobre un eventual impedimento del señor Procurador General de la
Nación, doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla, ante el surgimiento del tema
tanto por parte de ANDAL, que intervino en el proceso -para efectos de alegar
el impedimento-, como por  parte del propio Procurador -para aducir su
improcedencia-.
Para esta
Corporación el Procurador General de la Nación no se encuentra impedido para
conceptuar en este proceso.
La Corte se basa
para arribar a tal conclusión en las siguientes palabras del Ministerio
Público, las cuales comparte y acoge:
"En ningún
momento el Procurador General se manifestó sobre la viabilidad de tornar
auténtica tal interpretación mediante la expedición de un decreto legislativo
de conmoción interior, previa utilización del instituto exceptivo del artículo
213 de la Constitución.  Por eso, nada ha dicho sobre la constitucionalidad de
los decretos 1155 y 1156 de 10 de julio del presente año, y siendo ello así,
como en efecto lo es, no puede declarársele (sic)  incurso en las causales a
que se refiere el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, pues no ha conceptuado
sobre la inconstitucionalidad de los decretos 1155 y 1156, ni ha intervenido en
su expedición, ni tiene interés personal en la decisión que adopte finalmente
la Corte."
Por otra parte el
Ministerio Público representa a la sociedad civil en su conjunto y en
consecuencia mal puede pensarse en un eventual sesgo o interés particular de
sus conceptos ante esta Corporación.
Así mismo hay que
tener presente que la Procuraduría General de la Nación cumple varias funciones
simultáneamente y por tanto los conceptos que emita en el marco de una de
ellas, las funciones del Ministerio Público no son excluyentes entre sí, no
puede comprometer a la institución en todas las demás,  máxime si se tiene en
cuenta que la vista fiscal no es  vinculante para la Corte Constitucional.
2.3.  Del Examen
de los Requisitos de Forma
El Decreto 1155 de
1992 cumple con los requerimientos formales exigidos por el artículo 213 de la
Constitución, a saber:
a)  En el texto del
Decreto se consignan las razones que dieron lugar a la declaratoria.
b)  El Decreto lleva
la firma del Presidente de la República y de doce Ministros y dos Viceministros
encargados de funciones ministeriales.
c.  El período para
el cual se declaró, -desde el 10 de julio de 1992 hasta las veinticuatro horas
del 16 de julio del mismo año, esto es, un total de siete (7) días-, se
encuentra dentro del término límite de noventa (90) días permitidos para el
efecto.
Observa la Corte que
una vez expedido el decreto de excepción con las anteriores formalidades surge
el requerimiento adicional, ya no para su expedición sino como consecuencia de
ella de convocar al Congreso de la República.  Como quiera que no se encontraba
reunido al momento de la declaratoria de la conmoción interior, fue convocado a
reunión dentro de los tres días siguientes a la fecha del Decreto 1155.
2.4.  De la
Discrecionalidad y Control de la Conmoción
Esta Corporación ya
ha afirmado lo siguiente en reiteradas ocasiones, a propósito de la revisión de
normas dictadas en períodos de excepción constitucional:
"La Corte
procede a estudiar el presupuesto objetivo de la declaración de [conmoción
interior], advirtiendo que dicho análisis se realiza a partir del marco de
referencia de la doctrina establecida en su sentencia del 7 de mayo de 1992, en
la cual tuvo oportunidad de profundizar aspectos igualmente relevantes en el
caso presente, referidos a la relación normalidad-anormalidad en la
Constitución Política y al margen de apreciación y  discrecionalidad en los
estados de excepción..."8
En la sentencia
aludida en esta cita se afirmó, por su parte,  lo siguiente:
"17.  El
relativo detalle de la regulación constitucional de los estados de
excepción...se inspira en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente se
manifestó contra el abuso del estado de sitio.
"No está
ausente del repudiado abuso de las instituciones de excepción, aparte de las
violaciones a los derechos humanos que puedan cometerse bajo su amparo, la
virtual expropiación de la función legislativa por parte del Presidente
-modificando de hecho el diseño de la organización y división del poder público
establecida en la Constitución- cuando se recurra a la declaratoria de un
estado de excepción sin reunirse objetivamente las causales para su
procedencia.
"Por esta
razón, la Corte Constitucional interpreta el conjunto de normas que el Estatuto
Fundamental dedica a los estados de excepción, en el sentido de límite y freno
al abuso de la discrecionalidad...
"19.  El
control no puede tornar anodino el  instrumento de excepción pero este no puede
tampoco acarrear la negación del Estado social de derecho y la vigencia del
principio democrático que lo sustenta, menos todavía si se tiene presente que
su designio último y primero es su defensa.  La razón de ser de los mecanismos
de control estriba en conciliar la necesaria eficacia de las instituciones de
excepción con la  máxima preservación posible, en circunstancias
extraordinarias, de los principios esenciales del ordenamiento amenazado.9
2.5.  De la
normalidad y Anormalidad en la Constitución
La democracia
constitucional prevé la posibilidad de "suspender" ciertas garantías
ciudadanas mediante la figura del estado de excepción en casos de extrema
gravedad.  Sin embargo, los estados de excepción son justamente eso,
excepcionales, y sólo se conciben como mecanismo transitorio e inevitable.  En
el Estado constitucional democrático existe, entonces, una separación
cualitativa y axiológica entre la normalidad y la anormalidad, que consiste
simple y llanamente en que lo primero es un beneficio y lo segundo un mal
necesario.  El Estado de Excepción es un mal necesario para épocas calamitosas.
Recurrir al Estado
de Excepción con el propósito de solucionar problemas de crisis menores o de
crisis meramente gubernamentales, no significa otra cosa que un abuso del
derecho constitucional que pone en tela de juicio el Estado de derecho.  La
noción de abuso del derecho hace alusión a  ciertas situaciones en las cuales
las normas jurídicas son aplicadas de tal manera que se desvirtúa el objetivo
jurídico que persigue la norma, y esto es justamente lo que sucede cuando la
norma del estado de excepción es aplicada estratégicamente para solucionar
problemas sociales menores o problemas políticos.
Así lo sostiene el
Gobierno Nacional cuando en los memoriales enviados a este proceso afirmó:
"...pero, por
otra parte, con la Constitución de 1991 también se buscó impedir que los
estados de excepción fueran declarados para tratar problemas normales en una
sociedad caracterizada por el conflicto."10
Justificar semejante
práctica con el argumento jurídico formal de que se trata de una figura
prevista en la Constitución y que por lo tanto se trata de un instrumento de
Gobierno tal como los otros, es desconocer el verdadero sentido histórico de
dicha institución, es dejar de lado la voluntad del constituyente colombiano y,
sobre todo,  significa mediatizar el principio democrático  en beneficio del
principio institucional.
Ahora bien, en
Colombia la utilización permanente del Estado de excepción durante la vigencia
de la Constitución de 1886, desvirtuó el carácter excepcional de esta figura e
hizo de ella un instrumento estratégico de defensa del poder institucional por
encima de los derechos individuales, que se acercó a los propósitos derivados
de la ética utilitarista  del estado absolutista.
Al borrar los
límites semánticos que separan lo normal de lo anormal, se desvanecen las
fronteras jurídicas que separan la regla de la excepción a la regla.  La opción
entre lo uno y lo otro queda en manos de la voluntad política y, entonces, la
norma constitucional que define la excepción se convierte en  una norma
política que define la regla. La excepción a la regla se convierte en un
mecanismo de acción gubernamental.
Lo que si resulta
intolerable para el constitucionalismo es que la normalidad y la anormalidad
sean despojadas de su sentido original y se utilicen estratégicamente con el
fin de obtener los beneficios políticos e institucionales que cada una de estas
dos situaciones pueda tener en un momento específico.  Es decir que no sea la
realidad, crítica e inmanejable, la que determine el criterio de la anormalidad
constitucional, sino el beneficio político institucional.
Para la Corte
Constitucional el Decreto 1155 de 1992 es exequible por dos motivos:  primero,
porque se reunieron los presupuestos formales que se requieren para su
declaratoria; segundo, porque las facultades de la declaratoria de la conmoción
interior eran idóneas para  conjurar la crisis, cuyas circunstancias objetivas
se exponen a continuación:
2.6 Presupuestos
Objetivos
Se analizarán aquí
los requerimientos para la declaratoria de la conmoción interior.
El artículo 213 de
la Constitución Política, al definir la conmoción interior dispone en su inciso
primero:
"En caso de
grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la
estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana,
y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de
las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la  firma de
todos los Ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior..."
Se observa que se
trata de exigencias materiales cuya existencia se deja a la discrecionalidad
razonable del Presidente de la República, verificables por la Corte
Constitucional -para efectos del control material- y por  el Congreso de la
República -para el control político-.
La Corte observa que
el hecho de que aún no se haya expedido la ley estatutaria para regular las
facultades del Gobierno durante los estados de excepción, de que trata el
artículo 152 literal e) de la Carta, no impide la declaratoria de la conmoción
interior, pues ella no es un presupuesto para la declaratoria  sino un
instrumento para el control de su ejercicio.
Ahora, la falta de
dicha ley estatutaria no comporta tampoco una ausencia de control de las
competencias exceptivas del Ejecutivo.  Tal carencia se suple, ciertamente, con
una  doble normatividad:
De un lado, la
propia Carta fija límites al ejercicio de las facultades de excepción, así:
a)  El artículo 213
establece en su inciso segundo un primer límite teleológico:
"Mediante tal
declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para
conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus
efectos" (Subrayas no originales).
b)  Un segundo
límite es el alcance legislativo parcial de  los decretos legislativos:  sólo
"pueden suspender" las leyes (vid infra), incompatibles con el estado
de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare  restablecido el
orden público.  El Gobierno podrá prorrogar su vigencia  hasta por noventa
días".
c) No podrán
suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales.
d) No se
interrumpirá el normal funcionamiento de las normas del poder público, ni de
los órganos del Estado (art. 214 C.N.).
e) En ningún caso
los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.
Como anota el
Procurador General de la Nación  "a título de consideración marginal, tal
hermenéutica no puede ser aval para que el Congreso de la República no expida
la ley estatutaria mencionada".
Ahora bien, para
analizar la conmoción interior es necesario previamente inscribir dicho tema en
la órbita del Estado social de derecho.  Colombia, ciertamente, ha sido
definida como un Estado social de derecho -artículo 1o. CP-.  De una tal
definición, que es ontológica y no retórica, se desprende que el Estado es
democrático, humanista y personalista.  El poder público se encuentra al
servicio del hombre y no al revés.  La persona es el fin último del Estado,
visto en la tensión individuo-sociedad.  Así lo ha establecido esta Corporación[1].
Y no sólo la persona, en tanto que sujeto vivo, sino la persona con dignidad,
que es un atributo adicional a la mera existencia.  El objeto del Estado no es
pues, únicamente, la vida de las personas sino también una cierta calidad de
vida de las personas.
Una de las
características propias de una vida digna es el derecho a gozar de ciertas
garantías de la persona respecto del poderío institucional, así como de los
derechos constitucionales fundamentales, "los cuales son PERSONALES para
defender al hombre solo".  El Estado civilizado tiene, por el
consentimiento del pueblo, el monopolio del poder, el cual se espera se dedique
al cumplimiento de los altos fines del Estado -artículo 2o. CP-.  El gobernado,
como contrapartida, posee un conjunto de garantías que lo protegen de tal
poder, como por ejemplo la legalidad y la tipicidad del delito y de la pena
-artículo 29 CP-, así como la responsabilidad -artículos 6o. y 90-, que se
establecen en virtud del interés general -artículo  1o. CP-.   En consecuencia
es a la luz del Estado social de derecho que es preciso leer los estados de
excepción constitucional, el cual tiene por fines esenciales, entre otros,
según el artículo 2o. de la Carta, la efectividad de los principios, derechos y
deberes; el servicio a la comunidad en aras del interés genera; la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Bajo estos
parámetros, entonces, confrontará la Corte Constitucional la reunión de los
presupuestos objetivos de la conmoción interior, de que trata el artículo 213
de la Carta.
La no Suspensión
de los Derechos Humanos en los Estados  de Excepción
El numeral segundo
del artículo 214 de la Constitución Política afirma:
"Los estados de
excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las
siguientes disposiciones:
"....2.  No
podrán  suspenderse los derechos humanos ni las libertades
fundamentales..."
Sin perjuicio de que
el Decreto 1155 hace alusión  en sus considerandos a las garantías procesales
de los sindicados de los delitos de narcotráfico, terrorismo y magnicidio y sus
nexos con las garantías procesales, la norma sólo declara  la conmoción
interior, sin entrar en su parte resolutiva a regular situaciones que
involucren los derechos humanos.
La norma es clara en
expresar la imposibilidad de "suspender" los derechos
constitucionales fundamentales en los casos de conmoción interior, como ya tuvo
ocasión de expresarlo la Corte en Sentencia No. 459 del 15 de Julio de
1992, de la Sala Tercera de Revisión.
Ello es lógico
porque en los estados de crisis el Ejecutivo  debe gozar de poderes
extraordinarios para conjurar tal situación, pero su ejercicio no debe
desconocer el contenido esencial de los derechos, sino tan sólo regular su
ejercicio, probablemente mediante la imposición de mayores limitaciones a los derechos.
Pero una cosa es canalizar una actividad y otra muy distinta es erradicarla de
plano a través de la "suspensión" de la misma.  Así lo ha afirmado ya
esta Corporación.  Como anota Haberle, "el contenido esencial es el ámbito
necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia
de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste.
Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o
de opinión sometida a la dinámica de  coyunturas o ideas políticas".
El artículo 214.2 de
la Carta debe ser leído a la luz del artículo 93 de la Constitución, que
consagra un doble carácter -vinculante e interpretativo- de los pactos
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
En este sentido el
derecho internacional vigente en Colombia  ha previsto mecanismos de protección
de los derechos  y libertades fundamentales de las personas para tiempos de
excepción constitucional, y que  resultan armónicos con los artículos 213 y 214.2
de la Carta, así:
La Convención
Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica",
ratificada por la Ley 74 de diciembre 26 de 1968, expresa en su artículo 27 lo
siguiente:
"Suspensión
de Garantías.  1.  En caso
de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia
o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en  la
medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la
situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención,
siempre que tales disposiciones no  sean incompatibles con las demás
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen
discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión
u origen social.
"2.  La
disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados
en los siguientes artículos: 3 (Derecho al  Reconocimiento de la Personalidad
Jurídica); 4 (Derecho a la Vida);  5 (Derecho a la Integridad Personal); 6
(Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de
Retroactividad);  12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a
la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derecho del Niño); 20 (Derecho a la
Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos (negrillas fuera de texto).
Luego la comunidad
internacional ha establecido en este artículo que estos derechos constituyen el
núcleo esencial mínimo del hombre, que ni siquiera en los estados de excepción
pueden ser desconocidos,  de tal manera que es razonable limitar las libertades
y los derechos, pero existe un espacio que el Estado debe respetar porque
afecta la dignidad del hombre.
En las situaciones
de crisis, el Estado es revestido entonces de poderes excepcionales, pero en
ningún caso dichos poderes podrían desconocer esa zona mínima e intocable de
los derechos humanos.
La parte motiva del
decreto que se revisa, trae una concepción global del orden público para
considerarlo, no sólo como la  manifestación de algunos hechos (bombas,
secuestros, asesinatos), sino también abordando las causas de los mismos y la
propia dinámica que  los produce.  Cada vez más, en los tiempos que corren, esa
visión del orden público en cuanto un sistema estructural, se impone para el
más adecuado diseño de su conservación.  En efecto,  como allí se señala, en la
última década la sociedad colombiana ha venido padeciendo una grave realidad
delictiva, que a pesar de su carácter ininterrumpido, de manera intermitente ha
producido alteraciones graves del orden público frente a las cuales han sido
insuficientes no sólo las "acciones ordinarias de policía", sino
también la propia organización judicial, en el  cumplimiento de sus fines
generales de persecución del delito y la consecuente defensa social.
En respuesta a lo
anterior, se organiza la denominada jurisdicción de orden público, mediante
decretos escalonados y sucesivos, que en un principio, de manera parcial y
luego de manera más definitiva, buscaban  controlar los delitos de terrorismo y
narcotráfico, magnicidio y secuestro; cuyas últimas expresiones legislativas
fueron los decretos legislativos del antiguo Estado de Sitio, números 2790,
099, 390 y 1676 de 1991. Estos decretos por virtud del mecanismo previsto en el
artículo 8o. transitorio de la Constitución Política de 1991, fueron
convertidos en legislación permanente por el Gobierno Nacional al no ser
improbados por la Comisión Especial Legislativa, mediante el Decreto 2271 de
1991.  El tratamiento  que da este artículo transitorio a la legislación
excepcional comentada, muestra de manera clara la decisión del propio
constituyente de amparar la vigencia de la misma;  amparo de constitucionalidad
por noventa (90) días hasta cuando el Gobierno Nacional decidiera,  si aún así
lo consideraba necesario para  mantener el orden público, convertirla en
legislación permanente, con la sola condición de que no fueren improbados por
la Comisión Especial.  Además del aval constitucional otorgado, de mantener su
vigencia durante el término indicado, el propio Constituyente, en el artículo
1o. transitorio ibídem, le confirió el carácter de legislación con "fuerza
de ley", cuyo control de constitucionalidad correspondería a esta
Corporación.  Por la misma época, la mencionada Comisión Legislativa expidió el
Código de Procedimiento Penal.
La gravedad de los
delitos de que conocen los hoy denominados jueces regionales y el Tribunal
Nacional, tiene características  recogidas con mayor o menor éxito, en
procedimientos especiales y de identificación de los jueces, si se les compara
con las propias de otras categorías delictivas.  Distinción que obedece a la
alta capacidad criminal de aquellos delincuentes que, además de sus conductas
antisociales mismas, han atentado de manera reiterada contra la vida de los
agentes del orden, funcionarios y particulares de distintos niveles, y de
Jueces y Magistrados de la República; han usado las cárceles como centros de
operación, se han fugado de las mismas, han destruído bienes públicos y
sembrado el pánico, alterando la convivencia pacífica de los asociados (art.
2o. C.N.), demostrando con ello un poder de desestabilización mediante
poderosas organizaciones apoyadas en la fuerza de la intimidación y del dinero.
Diversas
interpretaciones que buscaban aplicar normas del nuevo Código de Procedimiento
Penal a los delitos de que conocen los jueces regionales y el Tribunal
Nacional, pusieron en evidencia las dificultades que había para asimilar la
nueva legislación por parte de abogados y jueces (como lo demuestran
estadísticas que obran en este expediente, presentadas por el señor Fiscal
General de la Nación), en el marco también de un nuevo orden constitucional;
interpretaciones que por su gran número  llevaron al Gobierno, desde la
perspectiva propia de responsable del orden público (art. 189-4 C.N.), a
considerar que una liberación masiva de detenidos a ordenes de la jurisdicción
de los jueces regionales y del Tribunal Nacional,  podría producirse, agravando
aún más factores de perturbación de la paz ciudadana y de la convivencia
pacífica (arts. 2o. y 22  C.N.).  Las consideraciones del Gobierno al expedir
el Decreto que declaró la conmoción interior, vinieron a ser convalidadas por
hechos posteriores, vinculados con la misma etiología criminal propia de los
delitos a que se refiere la legislación penal especial.
La República de
Colombia viene ensayando distintas reformas a su aparato judicial, con el fin
de hacerlo más eficiente, o dicho de otra manera, de lograr el viejo anhelo de
una pronta y cumplida justicia.  Una realidad compleja, que no es del caso
analizar aquí, ha traído como resultado una congestión no sólo de los Despachos
Judiciales, que aplican la legislación Penal Ordinaria, sino también, los que
aplican la legislación penal especial, es decir, los jueces regionales y el
Tribunal Nacional, con grave deterioro de la situación de los sindicados en los
derechos procesales que los pueblos más civilizados han elaborado en beneficio
de la humanidad para ese tipo de sujetos procesales.  La nueva Constitución
Política con una consagración extensa de los mismos aviva el sentimiento de
inadecuado juzgamiento de buen número de sindicados, sobre todo en lo que hace
relación a la celeridad en los procesos; igualmente, y es lo más grave,
incentiva el agenciamiento profesional inescrupuloso, que busca ante las
dificultades de la justicia originadas en recursos y maniobras de la
delincuencia, aprovecharse de ellas, a fin de obtener la impunidad de personas,
cuya capacidad de daño social, no es motivo de discusión.  Los derechos
fundamentales no pueden ser convertidos, por cuanto sería una conclusión
interpretativa al absurdo, en medios para obtener la impunidad.
Las formulaciones
constitucionales presentan anhelos que debe realizar la Sociedad colombiana en
muchos puntos, que aun requieren grandes esfuerzos de todas las personas y del
Estado para convertirlos en una realidad cotidiana, un aparato judicial fuerte
y eficiente, con los recursos necesarios para someter a la delincuencia al
imperio de la ley, y evitar que los inocentes sean injustamente conducidos
procesalmente.  Este es uno de los anhelos de mejoramiento en la actual Carta
Política, que se ve traicionado en buena parte, por una delincuencia dispuesta
no sólo a subvertir el orden público, sino de manera específica a impedir la
recta aplicación de la ley. La intimidación y el asesinato de jueces de
distinta categoría, el uso del gran capital como recurso corruptor, y el
terrorismo en sus formas más extremas, a más del gran volumen y  complejidad de
las conductas delictivas, están en el origen de las dificultades de un aparato
judicial para impartir una justicia en la cual todos estamos comprometidos.
Esfuerzos en distintos sentidos se han hecho a fin de dar solución a estos
problemas, y en especial a la criminalidad específica a la que nos venimos
refiriendo, con lo que ha dado en llamarse la política de sometimiento a la
justicia, que contiene la legislación penal especial que les es aplicable.  La
decisión adoptada por la Sala Plena de la Corporación, de elaborar ponencia
conjunta, busca justamente guardar la identidad de los Magistrados Ponentes, lo
que es otra medida tendiente a lograr independencia y seguridad de la justicia
frente a la delincuencia organizada.
Visto lo anterior,
las referencias desestabilizadoras del orden público consideradas en la parte
motiva del decreto, no dejan duda sobre su existencia ni sobre la racional
apreciación hecha sobre las mismas por el Gobierno para declarar el Estado de
Conmoción  Interior, resultando el Decreto 1155 de 1992, conforme con las
exigencias objetivas o materiales requeridas por la Constitución Política para
su expedición, ya que se estaba ante una grave perturbación del orden público,
atentatoria de manera inminente contra la estabilidad institucional, la
seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, y que no podía ser conjurada
mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía.
Puntualiza la
Corporación que lo anterior no puede entenderse en el sentido de que las
facultades excepcionales impliquen una competencia suficiente a disposición del
Gobierno para atentar contra el debido proceso consagrado en el artículo 29 de
la Carta Política, ni contra los demás derechos fundamentales, toda vez que el
artículo  214 numeral 2o. ibídem, los señala como límites del Gobierno en el
uso de aquellas facultades.
Con fundamento en lo
expuesto, la Corte Constitucional, Sala Plena, administrando justicia en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Declarar CONSTITUCIONAL
el Decreto 1155 de 1992, por el cual se declaró el Estado de Conmoción
Interior.
Cópiese, publíquese,
comuníquese al señor Presidente de la República y al señor Presidente del
Congreso de la República, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-556
ESTADOS DE
EXCEPCION-Declaratoria
(Salvamento de voto)
En el caso
presente, el gobierno no declara el Estado de excepción por la existencia de
una perturbación que pudiera afectar la labor judicial, sino que declara la
conmoción por la perturbación que supuestamente se deriva del ejercicio de la
labor judicial. No es una perturbación que afecta el derecho, es, según el
gobierno, un derecho que causa perturbación. Si el derecho establece un cierto
orden social y si el estado de excepción fue previsto para restablecer el orden
social que se propone el derecho, pues simplemente es imposible que la
perturbación, el desorden social, sea el producto del instrumento ordenador. Lo
que ha sucedido en Colombia con las declaratorias de los estados de excepción,
es que la ineficacia inevitable y necesaria del derecho es presentada como
argumento para obtener los beneficios de las prerrogativas excepcionales.
ORDEN PUBLICO-Perturbación (Salvamento de voto)
La perturbación
del orden público a la que se refiere el artículo 213 de la Constitución
Política, no puede ser entendida por fuera del concepto de orden previsto por
el Estado social de derecho. Debe tratarse de una perturbación no prevista como
legítima por el derecho mismo. El gobierno, olvida que las reglas de juego de
la democracia constitucional y en especial el ejercicio de la libertad, implica
riesgos que pueden afectar de manera coyuntural algunos intereses estatales. El
ejecutivo confunde ahora la perturbación social con la perturbación
institucional. Como en el más burdo de los regímenes de concentración de
poderes, el ejecutivo condiciona la actuación de los jueces a su propia
conveniencia. La legalidad de la interpretación la supeditada a su incidencia
favorable en los propósitos trazados por la política gubernamental.
ESTADOS DE
EXCEPCION/ABUSO DEL DERECHO
(Salvamento de voto)
Recurrir al
estado de excepción con el propósito de solucionar problemas de crisis menores
o de crisis meramente gubernamentales, no significa otra cosa que un abuso del
derecho constitucional que pone en tela de juicio el Estado de derecho. La
noción de abuso del derecho hace alusión a ciertas situaciones en las cuales
las normas jurídicas son aplicadas de tal manera que se desvirtúa el objetivo
jurídico que persigue la norma y esto es justamente lo que sucede cuando la
norma del estado de excepción es aplicada estratégicamente para solucionar
problemas sociales menores o problemas políticos. Resulta intolerable para el
constitucionalismo es que la normalidad y la anormalidad sean despojadas de su
sentido original y se utilicen estratégicamente con el fin de obtener los
beneficios políticos e institucionales que cada una de estas dos situaciones
pueda tener en un momento específico. Es decir que no sea la realidad, crítica
e inmanejable, la que determine el criterio de la anormalidad constitucional,
sino el beneficio político institucional.
ORDEN PUBLICO-Perturbación (Salvamento de voto)
No son claros los
hechos constitutivos de la grave perturbación de orden público. No pueden ser
ni los magnicidios ni el terrorismo, pues según las mismas consideraciones del
Gobierno, la jurisdicción de orden público ha sido "eficaz" en el conocimiento
de esos delitos. Tampoco puede ser la vigencia del nuevo Código de
Procedimiento Penal, ni la interpretación que los jueces le estén dando a la
misma, pues es evidente que ni la entrada en vigor de una nueva ley, ni su
interpretación judicial, pueden determinar una grave perturbación del orden
público. Aún admitiendo que puede haber una verdadera perturbación, el
Gobierno, en sus consideraciones, no explica de qué manera esa perturbación
afecta la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia
ciudadana. Simplemente lo afirma sin elaborar la relación causa-efecto exigido
por la Constitución.
De los Magistrados:
CIRO ANGARITA BARON y ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO
REF: Radicación
R.E.-006
Revisión
Constitucional
Decreto 1155 de
julio 10 de 1992 "Por el cual se declara el Estado de Conmoción
Interior".
Santa Fe de Bogotá,
D.C., octubre 15 de mil novecientos noventa y dos (1992).
Los Magistrados Ciro
Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero hacemos salvamento de voto en el
proceso de la referencia, con fundamento en los siguientes argumentos:
En su momento
defendimos con toda nuestra convicción el proyecto de sentencia presentado
inicialmente por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero en el cual se proponía
la inconstitucionalidad del decreto 1155. Pero nuestras razones, fundadas en el
respeto de los derechos humanos y del estado de derecho resultaron vencidas por
argumentos en favor de la seguridad institucional y del orden. No es la primera
vez que la palabra derecho resulta vencida por la palabra orden1.
Como consecuencia
del fracaso del proyecto inicial se nombró un nuevo redactor para recoger los
argumentos de la parte mayoritaria y de allí proviene la sentencia de la Corte
que ha llegado a nuestras manos con el objeto de que podamos manifestar nuestro
disentimiento.
Al conocer el texto
de la sentencia, las razones de nuestro desacuerdo se vieron fortalecidas no
sólo por el hecho de encontrar una argumentación empobrecida e insulsa, en
relación con lo dicho al momento del examen en Sala Plena, sino también por
haber sido sorprendidos por errores inexcusables en la estructura y forma del
texto finalmente aprobado. A continuación se explica nuestra posición a partir
de estos dos tipos de razones.
I. En cuanto a la
forma
La sentencia
desconoce la regla que condena la utilización, en un escrito, de textos ajenos
como propios. Es así como la mayor parte de sus consideraciones proviene de la
ponencia inicial, en la cual el texto original se utilizaba justamente para
afirmar lo que la sentencia quiere negar. Además no se pusieron comillas ni se
citó al autor.
El nuevo ponente no
se preocupó por organizar un esquema argumentativo, un hilo conductor de ideas
para responder a las razones expuestas, no sólo por los magistrados que
salvamos el voto, sino también, y sobre todo, por los ciudadanos preocupados
ante la utilización que el gobierno ha hecho de los estados de excepción. Ni el
más leve asomo de esta preocupación aparece en el texto de la sentencia. La
falta de razones habría tenido una manifestación más digna en el silencio; con
la apropiación de argumentos ajenos la sentencia presenta unas consideraciones
insustanciales.
Lo dicho hasta el
momento explica el hecho de que entre la ponencia inicial y la sentencia final
se encuentren párrafos idénticos. Un lector cuidadoso encontrará la diferencia
entre ellos: mientras en la sentencia éstos aparecen como palabras muertas,
como razones irrelevantes, en el salvamento retoman el sentido y alcance para
el cual fueron concebidos; regresan así al ámbito discursivo del cual fueron
indebidamente extraídos.
II. Razones de
fondo
1. Conmoción por
interpretación
El Gobierno declaró
la conmoción interior como resultado de una supuesta perturbación del orden
público producida por una interpretación judicial. Al hacerlo, partió de un
supuesto inexistente para declarar la conmoción, esto es de una grave
perturbación del orden público por causa de una interpretación judicial. El
cumplimiento de una función legítima del Estado, en este caso el ejercicio de
la función judicial, no puede ser la causa de la perturbación. El gobierno
incurre en un grave error lógico al suponer una perturbación que no existe, que
no puede existir, puesto que el derecho no puede suponer una perturbación por
el hecho de su misma realización. El cumplimiento de la Constitución y de la
ley no puede perturbar el orden que ella misma se encuentra llamada a
establecer.
Así por ejemplo, una
cosa es decretar el estado de excepción por amenaza de grave perturbación del
orden público en época de elecciones y otra cosa bien diferente es decretar el
estado de excepción para suspender las elecciones arguyendo la perturbación que
se pueda derivar de su realización. En el caso presente, el gobierno no declara
el Estado de excepción por la existencia de una perturbación que pudiera
afectar la labor judicial, sino que declara la conmoción por la perturbación
que supuestamente se deriva del ejercicio de la labor judicial. No es una
perturbación que afecta el derecho, es, según el gobierno, un derecho que causa
perturbación. Y peor aún: es el gobierno el que define cuando el derecho
perturba y cuando no. De un plumazo se borra la separación de los poderes.
El gobierno en lugar
de invocar el régimen constitucional normal para hacer uso del estado de
excepción, invoca el estado de excepción para hacer uso del régimen
constitucional normal. En lugar de utilizar la regla para acceder a la
excepción, se utiliza la excepción para manipular la regla.
Si el derecho
establece un cierto orden social y si el estado de excepción fue previsto para
restablecer el orden social que se propone el derecho, pues simplemente es
imposible que la perturbación, el desorden social, sea el producto del
instrumento ordenador. Aún en el evento de que sociológicamente esto pudiera
suceder, jurídicamente sería inaceptable: otorgarle la posibilidad al gobierno
de definir cuando el derecho funciona bien y cuando funciona mal, cuando los
jueces interpretan bien y cuando lo hacen mal, es simple y llanamente suprimir
la supremacía de la constitución e instaurar un régimen de concentración del
poder en manos del ejecutivo.
2. Perturbación
del orden público
La perturbación del
orden público a la que se refiere el artículo 213 de la Constitución Política,
no puede ser entendida por fuera del concepto de orden previsto por el Estado
social de derecho. Debe tratarse de una perturbación no prevista como legítima
por el derecho mismo. El gobierno, olvida que las reglas de juego de la
democracia constitucional y en especial el ejercicio de la libertad, implica riesgos
que pueden afectar de manera coyuntural algunos intereses estatales. Aquí está
una de las grandes diferencias con el sistema de concentración de poderes, en
el cual uno sólo de los órganos puede rechazar lo que no conviene a sus
propósitos. En el Estado constitucional, en cambio, los órganos actúan a través
de competencias previamente definidas. En el caso de la función judicial, su
autonomía e independencia son la garantía de que ella logre los propósitos para
los cuales fue creada. Un poder judicial que no tiene la última palabra sobre
la interpretación de las normas, es tan inocuo como un poder ejecutivo que no
pueda administrar sin autorización previa.
De manera similar a
la confusión creada durante la anterior declaratoria de estado de emergencia, entre
crisis social y crisis gubernamental, el ejecutivo confunde ahora la
perturbación social con la perturbación institucional. Como en el más burdo de
los regímenes de concentración de poderes, el ejecutivo condiciona la actuación
de los jueces a su propia conveniencia. La legalidad de la interpretación la
supeditada a su incidencia favorable en los propósitos trazados por la política
gubernamental.
3. El control
El fortalecimiento
de la rama jurisdiccional y de la función de control judicial fue un propósito
esencial de la Asamblea Nacional Constituyente, que se manifiesta no solo en la
creación de nuevos organismos de control y de nuevos instrumentos de protección
jurisdiccional de derechos, sino también en la consagración de una nueva
concepción del juez en el estado social de derecho y del papel que juega en una
estructura política de equilibrio y control de poderes, anteriormente
desajustada por el crecimiento excesivo del poder ejecutivo.
La decisión
mayoritaria de la Corte no solo desconoce en términos generales la nueva
perspectiva constitucional sino que, además, degrada la función jurídica de los
jueces ordinarios que interpretan la ley penal y, de esta manera, deshonra su
propia función de control frente al poder ejecutivo. Todo ello en detrimento
del poder judicial; por un lado el gobierno decreta la perturbación del orden
público por considerar que una interpretación judicial es peligrosa, del otro
lado la Corte Constitucional subestima la función de los jueces penales en
beneficio del supuesto orden. A la actitud del ejecutivo se suma la de la
Corte.
3. Constitución y
Seguridad
El derecho no puede
evitar el desorden; más aún, parte de la razón de ser del derecho se encuentra
en la existencia de un cierto desorden social. En el caso concreto del derecho
penal, un cierto grado de incumplimiento de la ley penal no solo es inevitable
sino que además justifica su misma existencia. El derecho se mueve en un
intermedio entre la eficacia total y la ineficacia total, sin que pueda convivir
con ninguno de estos dos extremos.
La ineficacia es un
fenómeno previsto por el derecho. En el caso de los estados de excepción,
cierta ineficacia jurídica -que no es otra cosa que la existencia de una
perturbación social que no puede ser controlada por el derecho ordinario-
justifica la creación de procedimientos excepcionales de control y de eficacia
del derecho.
Pero lo que ha
sucedido en Colombia con las declaratorias de los estados de excepción, es que
la ineficacia inevitable y necesaria del derecho es presentada como argumento
para obtener los beneficios de las prerrogativas excepcionales.
De esta manera el
gobierno obtiene los beneficios de la excepcionalidad y de la normalidad,
combinando estratégicamente los dos estados de acuerdo con las circunstancias y
las necesidades políticas. Esto sucede porque en Colombia los gobiernos no
están dispuestos a afrontar el costo político que, en ciertas ocasiones, trae
consigo la situación de normalidad. Los gobiernos no están dispuestos a tolerar
las consecuencias desfavorables que acarrea el ejercicio pleno de los derechos
ciudadanos, la separación de los poderes, el control de las decisiones
administrativas, etc. esta intolerancia es reflejo de la democracia que
tenemos. Por eso, en un régimen constitucional firme, la buena disposición de
los gobiernos para acatar con respeto y sumisión las decisiones del poder
judicial es buen signo del talante y de la fortaleza de su régimen democrático.
Pero esto no habría
sucedido si los gobiernos no tuvieran la seguridad de contar con organismos de
control complacientes. Son ellos los que han permitido que los gobiernos de los
últimos cuarenta años dispongan del juego estratégico entre la normalidad y la
excepcionalidad según corran los vientos políticos.
De esta manera, la
Constitución de 1886 y también la actual, aparecen como documentos escritos
para ser aplicados en ciertas circunstancias y bajo ciertos supuestos. Se
derrumba así la idea de supremacía constitucional, de normas de obligatorio e
inmediato cumplimiento para todo tiempo y todo espacio. El conjunto de normas
constitucionales se convierte en una especie de arsenal que se emplea según el
enemigo y según su situación. Las normas, como las armas, están dispuestas para
la estrategia, pero no tienen un valor en si mismas. Su validez se encuentra
mediatizada, disociada de la eficacia; la validez está condicionada por la
eficacia y no a la inversa, como debe ser.
4. Normalidad
Anormalidad
La democracia
constitucional prevé la posibilidad de suspender ciertas garantías ciudadanas
mediante la figura del estado de excepción en casos de extrema gravedad. Sin
embargo, los estados de excepción son justamente eso, excepcionales, y sólo se
conciben como mecanismo transitorio e inevitable. En el Estado constitucional democrático
existe, entonces, una separación cualitativa y axiológica entre la normalidad y
la anormalidad, que consiste simple y llanamente en que lo primero es un
beneficio y lo segundo un mal necesario. El estado de excepción es un mal
necesario para épocas calamitosas, y no un bien conveniente para momentos
difíciles.
Recurrir al estado
de excepción con el propósito de solucionar problemas de crisis menores o de
crisis meramente gubernamentales, no significa otra cosa que un abuso del
derecho constitucional que pone en tela de juicio el Estado de derecho. La
noción de abuso del derecho hace alusión a ciertas situaciones en las cuales
las normas jurídicas son aplicadas de tal manera que se desvirtúa el objetivo
jurídico que persigue la norma y esto es justamente lo que sucede cuando la
norma del estado de excepción es aplicada estratégicamente para solucionar
problemas sociales menores o problemas políticos.
Justificar semejante
práctica con el argumento jurídico-formal de que se trata de una figura prevista
en la constitución y que por lo tanto se trata de un instrumento de gobierno
tal como los otros, es desconocer el verdadero sentido histórico de dicha
institución, es dejar de lado la voluntad del constituyente colombiano y, sobre
todo, significa mediatizar el principio democrático en beneficio del principio
institucional.
Ahora bien, en
Colombia la utilización permanente del Estado de excepción durante la vigencia
de la Constitución de 1886, desvirtuó el carácter excepcional de esta figura e
hizo de ella un instrumento estratégico de defensa del poder institucional por
encima de los derechos individuales, que se acercó a los propósitos derivados
de la ética utilitarista del Estado absolutista.
Al borrar los
límites semánticos que separan lo normal de lo anormal se desvanecen las
fronteras jurídicas que separan la regla de la excepción a la regla. La opción
entre lo uno y lo otro queda en manos de la voluntad política y, entonces, la
norma constitucional que define la excepción se convierte en una norma política
que define la regla. El derecho es apropiado semánticamente por la política. La
excepción a la regla se convierte en un mecanismo de acción gubernamental.
En este contexto,
resulta intolerable para el constitucionalismo es que la normalidad y la
anormalidad sean despojadas de su sentido original y se utilicen
estratégicamente con el fin de obtener los beneficios políticos e
institucionales que cada una de estas dos situaciones pueda tener en un momento
específico. Es decir que no sea la realidad, crítica e inmanejable, la que
determine el criterio de la anormalidad constitucional, sino el beneficio
político institucional.
III.
Consideraciones del Gobierno
Según el artículo
213 de la Constitución Política, en caso de grave perturbación del orden
público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la
seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurado
mediante las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el
Presidente de la República, con la firma de todos los ministros podrá declarar
el Estado de Conmoción Interior.
De acuerdo con este
artículo, en la parte motiva del decreto que declara el estado de conmoción
interior, el gobierno debe explicar los siguientes puntos:
a) Cuáles son los
hechos constitutivos de la grave perturbación del orden público.
b) De qué forma esos
hechos atentan, de manera inminente contra:
- La estabilidad
institucional
- La seguridad del
Estado, o
- La convivencia
ciudadana.
c) Porque las
atribuciones ordinarias de las autoridades de policía son insuficientes para
conjurar esa grave perturbación.
Si en la parte
motiva del decreto que declara el Estado de Conmoción no se explican estas tres
cosas, éste es inconstitucional por violar el art. 213 de la Constitución
Política. Esto es lo que sucede con el decreto 1155 de julio 10 de 1992. Las
consideraciones que determinaron la declaratoria se pueden resumir de la
siguiente manera:
1. Modalidades
criminales como el terrorismo o el magnicidio, que durante los últimos años
perturban en forma grave el orden público, determinaron, mediante facultades de
estado de sitio, que se creara la jurisdicción de orden público, que ha venido
conociendo de dichas formas de delincuencia de manera "eficaz", lo
cual ha servido para "fortalecer la administración de justicia en su
acción contra la impunidad y contribuye así a asegurar la convivencia
ciudadana".
2. Luego de
calificar a la jurisdicción de orden público de "eficaz", el gobierno
afirma que, en vista de que las causas y los efectos de estos factores de
perturbación no han desaparecido -lo cual pone en tela de juicio su
eficacia- la Asamblea Nacional Constituyente quiso que esos decretos rigieran
por noventa días más a partir de la vigencia de la Constitución, con el objeto
de que, si quería el Gobierno, los convirtiera en legislación permanente,
siempre y cuando la Comisión especial Legislativa no los improbara. En virtud
de esa facultad, las disposiciones relativas a la jurisdicción de orden público
fueron adoptadas como legislación permanente.
3. Según el
Gobierno, la vigencia de esas medidas ha sido reiterada por el Código de
Procedimiento Penal en su artículo 5o. transitorio. Al respecto, el Fiscal
General de la Nación, le advierte al Presidente del peligro para el orden
público que representa el hecho de que se estén presentando numerosas
peticiones de libertad provisional y habeas corpus por parte de procesados
sometidos a la jurisdicción de orden público, fundadas en una interpretación de
la relación entre estas normas y el Código de procedimiento Penal, que en su
concepto no corresponden al "recto entendimiento" que se les debe
dar.
4. Afirma entonces
el Gobierno que, la falta de precisión acerca de la aplicación de la
normatividad de orden público frente al régimen ordinario, hace inocua la
operancia de la justicia, la cual genera una situación de impunidad que atenta
de manera inminente contra la estabilidad de las instituciones y la seguridad
del Estado. Además, continúa, la inoperancia de las medidas de aseguramiento
atenta contra la convivencia ciudadana y la perturbación que se ve venir no
puede ser conjurada mediante el uso de las autoridades de la policía. Tal es
pues, el análisis que hace el Gobierno.
Si se analizan estas
consideraciones a la luz del texto constitucional resultan las siguientes
incongruencias:
No son claros los
hechos constitutivos de la grave perturbación de orden público. No pueden ser
ni los magnicidios ni el terrorismo, pues según las mismas consideraciones del
Gobierno, la jurisdicción de orden público ha sido "eficaz" en el
conocimiento de esos delitos. Tampoco puede ser la vigencia del nuevo Código de
Procedimiento Penal, ni la interpretación que los jueces le estén dando a la
misma, pues es evidente que ni la entrada en vigor de una nueva ley, ni su
interpretación judicial, pueden determinar una grave perturbación del orden
público.
Aún admitiendo, en
gracia de discusión, que puede haber una verdadera perturbación, el Gobierno,
en sus consideraciones, no explica de qué manera esa perturbación afecta la
estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana.
Simplemente lo afirma sin elaborar la relación causa-efecto exigido por la
Constitución. El Gobierno tampoco se toma la molestia de explicar por qué las
medidas ordinarias de policía son insuficientes para conjurar las causas de
perturbación.
De tal manera, que
al no cumplir el decreto 1155 los requisitos materiales exigidos por la
Constitución para declarar el Estado de Conmoción Interior, es clara la
incompatibilidad del mismo con la Carta.
En mérito de lo
expuesto, los suscritos salvamos el voto respecto de la decisión de la mayoría
de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Fecha ut supra.
CIRO ANGARITA
BARON ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado                               Magistrado
Aclaración de
voto a la Sentencia No. C-556
ESTADOS DE
EXCEPCION/DEBIDO PROCESO
(Aclaración de voto)
Tanto el Decreto
que declara el Estado de Conmoción Interior, como los que se dictan bajo su
amparo, deben, en efecto, aplicarse con estricta sujeción al debido proceso. En
este orden de ideas cabe señalar que así uno de dichos preceptos tenga carácter
interpretativo, su efecto se circunscribe necesariamente al periodo de
turbación del orden público, no pudiéndose aplicar retroactivamente. De otra
parte, el derecho de toda persona a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas y a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su
contra, exige del Estado-juez y del Estado-investigador una conducta diligente
que no puede únicamente sustentarse en taxativas y restrictivas causales de
libertad provisional. Por el contrario, como lo ha señalado esta Corte, aún por
fuera de las susodichas causales, procede la libertad provisional si en un
término razonable -que en abstracto no puede coincidir con el "máximo de
la pena"- no se define la situación del procesado y no se despliega una
eficiente actividad probatoria por parte del Estado, lo que sólo puede
determinarse en cada caso concreto.
Sentencia
proferida en el proceso R.E. 006 (Revisión Constitucional Decreto 1155 de julio
10 de 1992 "Por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior".
1. En la parte final
de la sentencia se expresa: "Puntualiza la Corporación que lo anterior no
puede entenderse en el sentido de que las facultades excepcionales impliquen
una competencia suficiente a disposición del Gobierno para atentar contra el
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, ni contra los
demás derechos fundamentales, toda vez que el artículo 214 numeral 2o. ibídem,
los señala como límites del Gobierno en el uso de aquellas facultades".
2. Tanto el Decreto
que declara el Estado de Conmoción Interior, como los que se dictan bajo su
amparo, deben, en efecto, aplicarse con estricta sujeción al debido proceso. En
este orden de ideas cabe señalar que así uno de dichos preceptos tenga carácter
interpretativo, su efecto se circunscribe necesariamente al periodo de turbación
del orden público, no pudiéndose aplicar retroactivamente. De otra parte, el
derecho de toda persona a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas y a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su
contra, exige del Estado-juez y del Estado-investigador una conducta diligente
que no puede únicamente sustentarse en taxativas y restrictivas causales de
libertad provisional. Por el contrario, como lo ha señalado esta Corte, aún por
fuera de las susodichas causales, procede la libertad provisional si en un
término razonable -que en abstracto no puede coincidir con el "máximo de
la pena"- no se define la situación del procesado y no se despliega una
eficiente actividad probatoria por parte del Estado, lo que sólo puede determinarse
en cada caso concreto.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
1 Declaración leída por el Señor
Presidente de la República, Cesar Gaviria Trujillo, sobre el Decreto de julio 9
de 1992.
2 El total corresponde a la suma
del subtotal más las dictadas con anterioridad en el período comprendido entre
el inicio de esta jurisdicción desde febrero de 1991 hasta el 1° de noviembre
de 1991.
3 Mediante auto de julio 30 de
1.992, la Presidencia de la Corte Constitucional comisionó a los Magistrados
Auxiliares Martha Lucía Zamora Avila y Néstor Raúl Correa Henao para la
práctica de pruebas con destino a este expediente.
4 El Espectador. Julio 19 de 1992,
págs. 3A y 4A.
5 El Espectador. Julio 19 de 1992,
pág. 5A.
6 El Tiempo, julio 12 de 1992,
pág. 7A.
7 Cfr. Sentencias de los procesos
No. R.E.-001 y No. R.E.-004 de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes  Muñoz.
8 Sentencia D-004 Op. Cit.
Argumento No. 3 de los fundamentos jurídicos
9 Sentencia No. D-001. Op. Cit.
Fundamentos Jurídicos
10 Cfr. Memorial de la Presidencia
de la República con destino a este proceso, del 13 de agosto de 1991, pag. 4.
[1]Corte
Constitucional. Sentencias C-221, C-449 y C-479.
1 Ver Sentencia #C-543 en la cual
se niega declarar inconstitucional la posibilidad de tutelar sentencias. M.P:
José Gregorio Hernández Galindo; Sala Plena, Corte Constitucional