T-264-01
Sentencia T-264/01
Sentencia
T-264/01
REVOCACION
DIRECTA DE ACTO ADMNISTRATIVO PARTICULAR Y CONCRETO-Consentimiento expreso y escrito del
titular
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Suspensión
DERECHO A LA
EDUCACION-Suspensión de
pensión por llegar hijo a los dieciocho años/PENSION DE SOBREVIVIENTES-Procedencia
de tutela por cuanto interrupción impide a joven continuar educándose
Referencia:
expediente T-411.020
Acción de tutela de
Kelly María Gutiérrez Vivius en contra del Seguro Social - Seccional
Barranquilla-.
Procedencia:
Tribunal Superior de Barranquilla,  Sala Laboral.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Sentencia aprobada
en Bogotá, en sesión del ocho (8) de marzo de dos mil uno (2001).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel
José Cepeda y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
adoptado por la Sala Laboral, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, dentro de la acción de tutela instaurada por la señorita Kelly
María Gutiérrez Vivius, en contra del Seguro Social, -Seccional Barranquilla-.
La Sala de Selección No. 1 de la Corte
Constitucional, por auto del treinta (30) de enero del año en curso, seleccionó
para su revisión el fallo de la referencia. El expediente fue allegado al
despacho del Magistrado ponente, por la Secretaría General, el día cinco de
febrero de 2001.
I.- ANTECEDENTES.
La actora, por
intermedio de apoderado, presentó el once (11) de septiembre de 2000, acción de
tutela ante el Juzgado Civil del Circuito de Barranquilla (reparto),  por las
razones que a continuación se exponen.
A. Hechos.
1.
Por resolución número 02414 de
21 de junio de 1990, la Comisión de Prestaciones del Seguro Social, concedió el
25% de la pensión de sobrevivientes a la actora, en virtud de la muerte de su
progenitora, siendo repartido el 50% a su padre y a su hermano el 25% restante.
2. En mayo 21 de
2000, la actora cumplió 18 años de edad, razón por la que el Seguro Social,
suspendió automáticamente el pago de la pensión reconocida.
3. Con anterioridad
al cumplimiento de la mayoría de edad,  la señorita Gutiérrez Vivius, solicitó
a la Institución que continuara con el pago de la pensión, por cuanto, se
encuentra estudiando administración de empresas en la Universidad del Atlántico.
4. Sin embargo, el
Seguro Social mediante oficio 002904, respondió su solicitud, manifestando que
no es procedente reanudar el pago de su pensión, de conformidad con el acuerdo
224 de 1966 aprobado por el decreto 3141 de 1966 artículos 20 y 22, que
contemplan el pago de la pensión de sobrevivientes, únicamente, hasta que el
beneficiario cumpla 18 años de edad.
B. La demanda de
tutela.
La actora considera
que el Seguro Social -Seccional Barranquilla- al interrumpir el pago de su
pensión de sobrevivientes, vulneró ostensiblemente su derecho al debido proceso
(artículo 29 de la
Constitución), toda vez que
como estudiante tiene derecho a seguir disfrutando de su pensión.
C. Pretensión.
Se solicita ordenar
al Seguro Social - Seccional Barranquilla- que continúe con el pago de la
pensión de la actora, en los términos que le fue reconocida en el año de 1990.
Así mismo, se solicita que en caso de no reconocer la pensión a su favor, el
porcentaje que a ella le corresponde acreciente la pensión de su familia, pues
según la actora, esta sería una alternativa para lograr continuar con sus
estudios.
D. Sentencia de
primera instancia.
Mediante sentencia
del veintidós (22) de septiembre de dos mil (2000), el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Barranquilla, concedió como mecanismo transitorio el amparo
solicitado por la actora y ordenó al Seguro Social -Seccional Barranquilla-,
que en el término de 48 horas, restablezca el pago de la  mesada pensional de
la señorita Kelly María Gutiérrez Vivius.
En concepto del
mencionado Juzgado, es ostensible la violación del derecho al debido proceso de
la señorita Gutiérrez Vivius, quien ha debido prestar su consentimiento para
que la entidad acusada hubiese podido suspender el pago de la pensión de
sobreviviente, tal como lo ordena el artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo. Igualmente, la entidad demandada no tuvo en cuenta que la
actora es estudiante de tercer semestre de administración de empresas, hecho
que le permitiría seguir disfrutando de su pensión.
No obstante lo
anterior, para "salvaguardar los intereses del Seguro Social, concede
la protección como mecanismo transitorio, advirtiendo a la actora que en el
término de cuatro meses deberá interponer la correspondiente acción ante la
jurisdicción laboral ordinaria".
E. Impugnación.
El apoderado del
Seguro Social -Seccional Barranquilla-, impugnó la anterior decisión, pues, en
su concepto, la entidad obró legalmente al suspender el pago de la pensión de
sobrevivientes a la actora. El fundamento legal, se encuentra en el artículo 22
del acuerdo 224 de 1966, aprobado por el decreto 3041 del mismo año, según el
cual el goce de la pensión de sobrevivientes es hasta los 18 años de edad, siempre
y cuando compruebe el beneficiario estar asistiendo regular y
satisfactoriamente a un establecimiento educativo o de formación profesional y
demuestre que carece de otros medios de subsistencia.
Afirma, igualmente,
que por tratarse del mismo núcleo familiar, la cuota de la actora acrecerá a
los demás beneficiarios.
F. Sentencia de
segunda instancia.
Mediante sentencia
del treinta y uno (31) de octubre de dos mil (2000), la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla, revocó el fallo del Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, al considerar que las
pretensiones de la actora son susceptibles de ser reconocidas por vías
judiciales diversas a la acción de tutela, razón suficiente para declarar su
improcedencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
La Sala es competente para decidir, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9o., de la
Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se debate.
Como se desprende de los antecedentes, la
actora solicita la protección de su derecho fundamental al debido proceso, por
considerar que la institución acusada ha debido contar con su autorización para
proceder a suspender de manera arbitraria la pensión de sobreviviente que le
fue reconocida.
Corresponde a esta Sala de Revisión
analizar, entonces,  si existió vulneración o no de derecho fundamental alguno
de la actora.
Tercera. La vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la actora, como consecuencia de la arbitraria
interrupción de un derecho ya reconocido.
3.1. La jurisprudencia de esta Corporación
ha sido clara en establecer que es un requisito esencial para la revocatoria o
modificación de actos de carácter particular o concreto por parte del Seguro
Social y que reconoce un derecho en cabeza de uno de sus pensionados o
afiliados, el consentimiento expreso y por escrito de la persona favorecida con
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.
Sobre el particular basta citar los
fundamentos que dieron origen a la sentencia T-283 de 2000 por resultar
pertinentes y aplicables al caso que ahora ocupa la atención de esta Sala de
Revisión. En la mencionada sentencia se dijo:
“En efecto, el
Seguro Social ha revocado unilateralmente un derecho individual y concreto,
radicado en cabeza de Juan Pablo Vivas Rosero, sin contar con su autorización
expresa y escrita, como lo exige la legislación colombiana.
(..)
“En cuanto a la
revocación que la administración haga de sus propios actos, la Corte reitera
que no puede tener cabida cuando mediante ellos se han creado situaciones
jurídicas de carácter particular y concreto o se han reconocido derechos de la
misma categoría, salvo que medie el consentimiento expreso y escrito del mismo
titular. La decisión unilateral del ente público toma de sorpresa al afectado,
introduce un pernicioso factor de inseguridad y desconfianza en la actividad
administrativa, quebranta el principio de la buena fe y delata indebido aprovechamiento
del poder que ejerce, sobre la base de la debilidad del administrado".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-246 del 3 de
junio de 1996).
(..)
“Es claro para la
Sala que no se daba el caso de un reconocimiento logrado por medios o
procedimientos manifiestamente ilegales, y que, si algo tenía que decir la
Administración en torno a él, ha debido proceder a demandar su propio acto,
como también lo ha exigido la jurisprudencia en eventos como los descritos.
En el mismo sentido,
sobre el argumento del Seguro Social, para interrumpir el pago de la pensión de
sobrevivientes, manifestó:
“Del mismo modo, la
Corte encuentra que ha sido aplicada al caso en controversia una norma hace
tiempo derogada, tanto por la Constitución como por la Ley 100 de 1993.
Así resulta de lo ya
dicho por la Sala en situaciones anteriores, de estas mismas características:
“...el Seguro Social
se refiere a una disposición contenida en decreto muy anterior a la vigencia de
la Constitución del 91 y a la Ley 100 de 1993, que introdujeron profundos
cambios en materia de derechos fundamentales y en particular en la seguridad
social. El artículo 48 de la Carta consagra precisamente, en el inciso segundo
el derecho irrenunciable a la seguridad social por parte de todos los
habitantes, concepto que comprende la parte asistencial de atención de la salud
y la prestacional a la que se refiere la acción de tutela objeto de examen.
El texto de la Ley
100 de 1993,  que recoge lo referente  a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, consagra en el artículo 47, literal b), lo siguiente:
“Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión
de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
(…)
b) Los hijos menores
de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados
para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del
causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez…”.
(Subrayado fuera de texto).
La disposición
transcrita consagró con exactitud la voluntad del legislador, que coincide con
la del Constituyente y persigue la protección de los hijos menores de edad o de
los mayores que se encuentren inválidos o incapacitados para trabajar por razón
de sus estudios, situación esta última que se presenta en el caso del
peticionario.
(...)
La conducta del
Seguro Social invocando una disposición que regía cuando murió el causante y
que ha perdido toda vigencia a la luz de las nuevas reglas constitucionales y
legales, vulnera derechos fundamentales del actor, no solamente el derecho a
la educación, sino fundamentalmente el derecho a una vida en condiciones dignas
y justas". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-196 del 28 de febrero de 2000).
De tal suerte que,
si hubiesen sido observadas las reglas legales pertinentes, que favorecían la
continuidad del actor en el disfrute de la pensión hasta el momento de su
arribo a los 25 años, siempre que siga estudiando, y no las que -derogadas- le
negaban tal derecho, habría sido respetado el derecho fundamental al debido
proceso. En las condiciones probadas en este trámite sumario, es evidente la
vulneración del artículo 29 de la Carta.
(...)
Forzoso es concluir,
entonces, a la luz de las precedentes reflexiones y según las pruebas que
aparecen en el expediente, que al solicitante, titular de un derecho radicado
en su cabeza al morir su progenitora y cuyo disfrute estaba asegurado según las
disposiciones legales, le fue desconocida la garantía del debido proceso, al
haber interrumpido el Seguro Social, de manera abrupta y arbitraria, sin
trámite ni fórmula de juicio, el pago de las mesadas pensionales que recibía en
sustitución de la madre".
Aplicado al caso de la señorita Kelly María
Gutiérrez Vivius, lo dicho en la sentencia parcialmente transcrita es claro lo
siguiente:
3.2. El Seguro Social -Seccional
Barranquilla-, decidió suspender arbitrariamente el pago de la pensión de
sobrevivientes, legalmente reconocida, a la señorita Gutiérrez Vivius, sin
tener en cuenta que se encuentra estudiando tercer semestre de administración
de empresas en la Universidad del Atlántico, hecho que se encuentra plenamente
demostrado a folio 9 del expediente.
Los funcionarios del
Instituto demandado, consideran que es válido suspender el pago de la pensión
legalmente reconocida, en virtud del acuerdo 224 de 1966 aprobado por el
decreto 3141 del mismo año, artículos 20 y 22, que contemplan el pago de la
pensión de sobrevivientes, únicamente, hasta que el beneficiario cumpla 18 años
de edad.
3.3. Esta Sala de Revisión no
comparte la anterior afirmación del ente acusado, afirmación que fue la misma
que le sirvió de sustento a esta Corporación para conceder otras tutelas (T-336 de 1997, T-196 de 2000 y T-323 de
2000)  que, en su momento, interpusieron otras
personas invocando los mismos hechos y derechos, pues en dicha oportunidad, la
Corte consideró que no se puede aplicar disposiciones contenidas en una
normatividad anterior a la Constitución para desconocer derechos fundamentales.
En el caso en
estudio, es evidente que la decisión del Seguro Social - Seccional
Barranquilla-, al suspender el pago de la pensión de sobrevivientes a la
actora, con fundamento en una norma derogada, desconoce no sólo su derecho al
debido proceso, sino también su derecho a la educación, pues, es claro que la
actora se encuentra incapacitada para trabajar, en razón de los estudios que
adelanta en la Universidad del Atlántico, por ende, es beneficiaria de la
pensión de sobrevivientes, según lo dispuesto en el artículo 47 literal b) de
la ley 100 de 1993.
3.6. Debe, por consiguiente, reiterarse la
jurisprudencia de esta Corporación en la materia, y, en consecuencia, revocarse
el fallo que le sea contrario, como es el caso de la sentencia objeto de
revisión.
Entonces, se
ordenará al Seguro Social -Seccional Barranquilla-, que en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, reanude
el pago de las mesadas correspondientes a la pensión de sobrevivientes que le
fueron reconocidas a la señorita Kelly María Gutiérrez Vivius, hasta que cumpla
los 25 años de edad, siempre que continúe estudiando, circunstancia que deberá
acreditar periódicamente, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de
1993. El Seguro Social pagará a la actora las mesadas dejadas de cancelar desde
el momento en que los pagos fueron interrumpidos, sumas que deberán ser
indexadas.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por  mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVÓCASE la sentencia proferida por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Barranquilla que revocó el fallo del Juzgado 1 Laboral
del Circuito de Barranquilla, en la acción de tutela instaurada por la señorita
Kelly María Gutiérrez Vivius, en contra del Seguro Social -Seccional
Barranquilla-.
En consecuencia, ORDÉNASE
al Seguro Social -Seccional Barranquilla-, que en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, reanude
el pago de las mesadas correspondientes a la pensión de sobrevivientes que le
fueron reconocidas a la señorita Kelly María Gutiérrez Vivius, hasta que cumpla
los 25 años de edad, siempre que continúe estudiando, circunstancia que deberá
acreditar periódicamente, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de
1993. El Seguro Social pagará a la actora las mesadas dejadas de cancelar desde
el momento en que los pagos fueron interrumpidos, sumas que deberán ser
indexadas.
Segundo: Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General