T-550-16
Sentencia T-550/16
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Derecho a la tutela judicial efectiva
El derecho a la
administración de justicia, también denominado derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido como “la posibilidad reconocida a
todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de
igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la
integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento
de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las
garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS JURIDICAS-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE
LAS PERSONAS JURIDICAS-Protección a
través de la acción de tutela
Las personas
jurídicas tienen la posibilidad de buscar la protección a su derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia a través de la acción de
tutela (previo examen del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia) cuando (i) consideren que la
posibilidad de acudir físicamente ante una jurisdicción está siendo restringida
o (ii) cuando se crean obstáculos o barreras insuperables que no les permiten
poner en marcha el aparato judicial y que la autoridad competente resuelva el
asunto que le ha sido planteado, respetando el debido proceso y de manera
oportuna.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LAS
PERSONAS JURIDICAS-Vulneración por
parte COLFUTBOL a Club
Deportivo al inadmitir la demanda por indemnización por formación presentada,
argumentando falta de competencia
Al Club Deportivo Juventud Las
Américas se le vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia,
pues a pesar de que una norma señala el órgano competente para adelantar el
trámite de su demanda, éste no ha sido conformado impidiéndosele acceder a un
recurso judicial efectivo.
DERECHO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Orden a la Federación Colombiana de Fútbol resolver la
demanda de indemnización por formación presentada por el Club Deportivo
accionante
Referencia: Expediente T – 5.489.438.
Acción de tutela instaurada por
Carmelo Herazo Tous en calidad de Presidente y Representante Legal del Club
Deportivo Juventud Las Américas contra la Federación Colombiana de Fútbol -
COLFUTBOL.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil dieciséis
(2016).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto
Vargas Silva y Aquiles Arrieta Gómez –quien la preside–, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de
la Constitución Política, profiere la
siguiente,
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos
proferidos por el Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá[1]
y por el Juzgado catorce (14) Civil del Circuito de Bogotá,[2]
dentro de la acción de tutela instaurada por Carmelo Herazo Tous, en calidad de Presidente y
Representante Legal del Club Deportivo Juventud Las Américas contra la
Federación Colombiana de Fútbol – COLFUTBOL.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución Política (arts. 86 y 241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y
el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de Selección Número Siete de la Corte Constitucional escogió,
para efectos de su revisión, la acción de
tutela de la referencia.[3] De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1. Solicitud y hechos
El señor Carmelo Herazo Tous, en
calidad de Presidente y Representante Legal del Club Deportivo Juventud Las
Américas, presentó acción de tutela contra la Federación Colombiana de Fútbol –
COLFUTBOL,[4]
por considerar que dicha entidad vulneró su derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, por cuanto se inadmitió una demanda de
indemnización por formación contra el Club Junior FC S.A., argumentando que
ésta fue interpuesta ante la Comisión del
Estatuto del Jugador, organismo que se constituyó en una fecha posterior a los
hechos que dieron lugar a la indemnización reclamada y que, por tanto, es
incompetente para conocer el asunto. Funda su solicitud en los siguientes
hechos:
1.1. El representante del Club accionante comenta que
Jarlan Junior Barrera Escalona (21 años de edad) es un jugador de fútbol
profesional, educado y formado deportivamente por el Club Deportivo Juventud
Las Américas[5] desde el
primero (01) de enero de dos mil siete (2007) hasta el veintiséis (26) de
agosto de dos mil once (2011).[6] A sus 17
años,[7] el jugador
firmó su primer contrato laboral como futbolista profesional con el Club
Deportivo Popular Junior  FC S.A., razón por la cual el club accionante envió solicitud de pago y factura a cargo de
Junior FC, por concepto de indemnización por formación, elevada a una suma de
$36.960.000.[8]
1.2. El actor alega que como el Junior FC S.A. no hizo
devolución de la factura de venta, ni dirigió reclamo alguno contra el club
accionante dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción,
la factura de venta se entiende irrevocablemente aceptada de acuerdo con la
ley.[9]
Al no cancelarse el valor adeudado, el 27 de enero de 2015, cumpliendo con los
requisitos legales establecidos en el Código General del Proceso y
el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol,[10]
interpuso demanda contra el  Club Junior FC S.A. ante la Comisión del
Estatuto del Jugador.[11]
1.3. En Auto de 27 de febrero de 2015,[12]
aclarado mediante Auto del 06 de marzo del mismo año, la Comisión del Estatuto
del Jugador inadmitió la demanda por falta de competencia, pues dicha entidad
señaló que “solo podrá decidir reclamaciones de indemnización por formación
interpuestas con posterioridad a la publicación y entrada en vigor del Estatuto
del Jugador FCF ([17 de abril de] 2013) (…)”, por lo que el Club
accionante, el 18 de marzo de 2015, presentó recurso de reposición alegando que
en virtud del artículo 37 del Estatuto del Jugador, la Federación Colombiana de
Fútbol por intermedio de la Comisión del Estatuto del Jugador cumple funciones
de administración de justicia y tiene competencia para conocer sobre el pago de
indemnizaciones por formación de jugadores,[13]
pero el treinta (30) de abril de 2015, la Comisión decidió no reponer el Auto
de Inadmisión, con el argumento de que únicamente tenía competencia para
conocer de los casos de indemnización por derechos de formación en contratos
firmados después del 17 de abril de 2013.[14]
Además, se dijo, el principio de irretroactividad en la ley impide que la nueva
ley se aplique hacia atrás en el tiempo, pues sus efectos solo operan después
de la fecha de su promulgación. En ese sentido, expresó que el demandante debía
remitir el caso a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación
Colombiana de Fútbol.
1.4. Manifiesta que el 15 de mayo de 2015, presentó
solicitud de aclaración del Auto mediante el cual no se repuso la inadmisión,
en el sentido de indicar la conformación y existencia de la Cámara de
Resolución de Disputas de dicha Federación, puesto que se tiene conocimiento
que ese órgano no ha sido constituido. En esa medida, informa que el 22 de mayo
de 2015, la Comisión profirió respuesta donde se limitó a recalcar que el Auto
que negó la reposición se ajustaba a derecho y que el peticionario debía
atenerse a lo allí dispuesto. Lo anterior, sin aclarar la existencia y conformación
de la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol.
1.5. El accionante solicita se tutele el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia del Club Deportivo
Juventud Las Américas aparentemente vulnerado por la Comisión del Estatuto del
Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, con ocasión al auto de
inadmisión de la demanda por indemnización por derechos de formación del
jugador Jarlan Barrera y, en consecuencia, se ordene la revocatoria del auto referido,
así como el Auto de 30 de abril de 2015, a través del cual se responde el
recurso de reposición en el que se confirma la decisión del Auto de 27 de
febrero de 2015.
1.6. Sumado a ello, solicita que se ordene a la
Comisión del Estatuto del Jugador admitir la demanda del Club Deportivo Las
Américas contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. y finalmente,
declarar la suspensión del término de prescripción de la demanda a partir del
27 de febrero de 2015, hasta la fecha de ejecutoria del último auto proferido
por la Comisión de fecha 2 de junio de 2015.
2. Contestación de la demanda[15]
2.1. Respuesta de la Federación Colombiana de
Fútbol  (FCF) y la Comisión del Estatuto del Jugador de la FCF.
Luis Herberto Bedoya Giraldo, actuando como
representante legal de la Federación Colombiana de Fútbol y Álvaro Carreño
Carreño como Presidente de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FCF,
solicitaron se deniegue la protección constitucional procurada, por las
siguientes razones:[16]
2.1.1. En primer lugar, la tasación de la
indemnización se realizó de manera equivocada pues no se hizo teniendo en
cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para el momento en que se firmó
el contrato.
2.1.2. La Comisión del Estatuto del Jugador no puede
conocer de reclamaciones por hechos acaecidos con anterioridad a la vigencia de
ese organismo, el cual empezó a regir desde el 19 de abril de 2013 pues, hacer
lo contrario, ocasionaría un grave perjuicio al ordenamiento jurídico y a la
estabilidad y a la seguridad jurídica.
2.1.3. Por otro lado, la Comisión realizó un análisis
del escrito de demanda y, a partir de ello, el motivo de inadmisión de la
demanda se relacionó con la falta de competencia de ese órgano, pues se trata
de hechos acaecidos con anterioridad a la normativa que faculta a esa Comisión
para darle trámite a las reclamaciones de indemnización por formación.
2.1.4. No obstante lo anterior, manifiestan que el
demandante tenía la posibilidad de acudir a la Cámara Nacional de Resolución de
Disputas de la FCF como órgano jurisdiccional que resuelve las controversias
suscitadas entre clubes pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte en las
que el fundamento sean contratos firmados con anterioridad al 19 de abril de
2013.
2.1.5. Finalmente, advierten que el Estatuto del
Jugador (art. 36) establece un término de prescripción extintiva del derecho
respecto de las reclamaciones ante la Comisión del Estatuto del Jugador y la
Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación, de 2 años contados
desde la ocurrencia de los hechos. En el caso del accionante, manifiestan que
la prescripción extintiva de sus derechos para reclamar la indemnización por
formación acaeció el 12 de marzo de 2015, sin embargo con la presentación de la
demanda el 28 de enero de 2015 se suspendieron los términos de dicha
prescripción.
2.2. Respuesta de la Cámara Nacional de Resolución
de Disputas (CNRD).
Andrés Tamayo Iannini, actuando como agente oficioso
de Luis Herberto Bedoya Giraldo (argumentó para el efecto que éste último “se
encuentra [en] imposibilidad física para responder personalmente a la presente
acción habida cuenta de compromisos internacionales en el exterior”),
Representante Legal de la Federación Colombiana de Fútbol y que para el caso en
particular obra en nombre de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas,
solicita sean desestimadas las pretensiones objeto de esta acción de tutela,
por los siguientes motivos:
2.2.1. La Cámara Nacional de Resolución de Disputas es
el órgano jurisdiccional deportivo creado por la Federación Colombiana de
Fútbol con el fin de resolver los litigios surgidos entre clubes y jugadores,
incluyendo las reclamaciones de indemnización por formación. En ese sentido, de
conformidad con el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de
la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), en sus artículos
22 y 24, los tribunales de resolución de disputas como la CNRD deben tener una
representación paritaria de jugadores y clubes.[17]
2.2.2. Frente a lo expuesto, manifiesta que la
Federación Colombiana de Fútbol ha instado a la Asociación Colombiana de
Futbolistas Profesionales “ACOLFUTPRO” para que postule tres (3)
miembros que representen a los jugadores en la CNRD. Sin embargo, a la fecha
dicha asociación no ha elegido a sus representantes, alegando estar inconformes
con el reglamento de la CNRD en cuanto a la integración de la misma.
2.2.3. No obstante, la falta de conformación formal de
la CNRD, manifiesta que la FCF viene garantizando el derecho a elevar
reclamaciones ante la CNRD, radicando los escritos de demanda respectivos,
dejando constancia de la fecha de presentación, de tal forma que no siga
corriendo el término de prescripción de la acción. Sobre el caso concreto,
afirma que el accionante no ha radicado ninguna reclamación ante dicha entidad.
3. Decisión judicial inicial y declaratoria de nulidad
de la misma
3.1. El Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá, concedió
el amparo ordenando a la Federación Colombiana de Fútbol, nombrar y/o conformar
la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, para que, como organismo
competente, entre a conocer y resolver  de fondo la situación fáctica planteada
por el club deportivo accionante.[18]  Lo
anterior, por cuanto el juez natural del accionado es la CNRD pero al no
haberse integrado ese ente cameral, no puede el interesado quedar a la deriva
frente a la defensa de sus pretensiones.
3.2. La Federación Colombiana de Fútbol impugnó el
fallo manifestando su desacuerdo con la orden emitida pues considera que no se
tuvo en cuenta que la FCF en repetidas ocasiones indicó al Juez los
inconvenientes que han surgido para la conformación de la CNRD, principalmente
porque se trata de un órgano paritario en donde deben participar en igualdad de
condiciones los representantes de los clubes profesionales y los representantes
de los jugadores profesionales.[19] En ese orden
de ideas, el juez debió vincular dentro del trámite a la DIMAYOR y ACOLFUTPRO,
pues son las entidades encargadas del nombramiento de los miembros del órgano
jurisdiccional para el funcionamiento de la CNRD.
3.3. El Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogotá
decidió declarar la nulidad de todo lo actuado y ordenó remitir el expediente
al Juzgado [Setenta y Cinco (75)][20] Civil
Municipal por cuanto se omitió la vinculación de la División Mayor del Fútbol
Colombiano “DIMAYOR”  y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales
“ACOLFUTPRO”, por lo que la única forma de remediar esa omisión es decretar la
nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia proferida el 09 de
septiembre de 2015.[21]
3.4. El Juzgado Sesenta y Cinco (65) Civil Municipal
de Bogotá, en cumplimiento de lo ordenado, profirió auto en el que vinculó a la
División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y a la Asociación Colombiana de
Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), además hizo lo propio con el Ministerio
de Trabajo, a fin de que se pronuncie sobre los hechos objeto de la tutela.
4. Respuesta de las entidades vinculadas al proceso
4.1. Asociación Colombiana de Futbolistas
Profesionales – ACOLFUTPRO
Por intermedio de su representante legal, Carlos
Francisco González Puche, se pronunció, solicitando que se vincule al
Ministerio de Trabajo y manifestando que según el reglamento sobre el estatuto
y la transferencia de jugadores de la FIFA, los estatutos de sus asociaciones
miembro como la FCF, deben incluir disposiciones para la resolución de disputas
entre jugadores y clubes.[22] En ese
sentido, indica que en el caso de Colombia la competencia para resolver
disputas por derechos de formación está en cabeza de la Comisión del Estatuto
del Jugador y no en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, como debería
ser, con lo cual se incumplen los parámetros establecidos por la FIFA.
Siguiendo esa misma línea, argumenta que para que la
Cámara Nacional de Resolución de Disputas tenga fuerza vinculante a través de
sus decisiones, es indispensable que se pacte por un acuerdo colectivo. En ese
sentido, informa que ACOLFUTPRO ha realizado distintas solicitudes para que se
realice dicho acuerdo, pero las mismas no se han tenido en cuenta, por lo que
formuló queja ante la Organización Internacional del Trabajo con el número
2481.
4.2.  La División Mayor del Fútbol Colombiano
(DIMAYOR)
La División Mayor del Fútbol Colombiano, por
intermedio de apoderado judicial, se pronunció sobre el proceso de la
referencia, solicitando se desestimen las pretensiones del actor y se ordene al
Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol que efectué las
modificaciones del caso con el fin de hacer posible el trámite de la solicitud
del accionante.[23] Ello, por
cuanto la DIMAYOR no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante,
pues la única obligación de esta entidad es la de designar tres representantes
de los clubes para integrar la CNRD, cuestión tal que hasta la fecha no ha
podido surtirse como quiera que ACOLFUTPRO no ha aceptado el reglamento de la
Cámara Nacional de Resolución de Disputas. De otra parte, considera que las
sanciones establecidas en el reglamento del Estatuto del Jugador no son de
naturaleza jurisdiccional, sino que son procedimientos de orden sancionatorio.
Así pues, si en efecto no se ha conformado la CNRD, en virtud del principio de
autonomía de las organizaciones deportivas reconocido en la sentencia C – 226
de 1997,[24] corresponde
al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol modificar o aclarar
las competencias de sus órganos sancionatorios a fin de darle trámite a la
solicitud del accionante.
4.3. Ministerio del Trabajo
Por intermedio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
de esa entidad, el Ministerio de Trabajo solicitó se declare la improcedencia
de la acción de tutela respecto del Ministerio del Trabajo y, en consecuencia,
se le exonere de cualquier tipo de responsabilidad que pretenda endilgársele.[25]
Además, manifestó que dicha cartera no tiene la potestad de injerencia en la
realización de un pacto colectivo que rija las relaciones laborales de los
empleadores y sus trabajadores no sindicalizados, por cuanto el mismo debe ser
producto consensuado de las partes en conflicto ajustado a lo establecido en el
CST. Finalmente, trae a colación el artículo 45 del Estatuto del Jugador, según
el cual la aplicación de la competencia de la Cámara Nacional de Resolución de
Disputas, frente a la jurisdicción laboral es subsidiaria y de carácter
residual. Es decir, que cualquier jugador o club deportivo puede acudir
directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral o ante la CNRD, según bien
lo disponga.
5. Decisiones judiciales posteriores a la declaratoria
de nulidad
5.1. El Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá, actuando
como juez de primera instancia, tuteló el derecho fundamental del accionante y
como consecuencia, ordenó a la Federación Colombiana de Fútbol en conjunto con
la DIMAYOR y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales “ACOLFUTPRO”
nombrar y/o conformar la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, para que,
como organismo competente, entre a conocer y resolver  de fondo la situación
fáctica planteada por el club deportivo accionante. Esto, argumentando que al
no haberse integrado ese ente cameral, no puede el interesado quedar a la
deriva frente a la defensa de sus pretensiones, es por ello, que concede el
amparo respecto del derecho fundamental a la administración de justicia y al
debido proceso, para que sea la CNRD una vez integrada la que dirima el
conflicto de fondo.[26]
5.2. La Asociación Colombiana de Futbolistas
Profesionales (ACOLFUTPRO), por intermedio de su representante legal, impugnó
el fallo solicitando sea revocada integralmente la providencia.[27]
En similar sentido, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) presentó recurso
contra la misma providencia y solicitó fueran revocados los numerales 1 y 2 de
la misma.[28] Lo anterior,
atendiendo a las siguientes razones: (i) la Asociación Colombiana de
Futbolistas Profesionales no debe hacer parte de la Cámara Nacional de
Resolución de Disputas, pues al ser ésta una entidad privada no pueden
obligarla para que la integre, más aun cuando se está en desacuerdo con sus
políticas de conformación; (ii) ACOLFUTPRO no puede ni está en la obligación de
subordinarse a la Federación Colombiana de Fútbol o a cualquier otra entidad
por ésta creada, como lo es la Cámara Nacional de Resolución de Disputas ya que
dicha cámara de resolución no fue concretada en su reglamento y conformación
con la asociación, por lo que no acatan la decisión unilateral de la federación
para integrarla. Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol argumenta que
la acción debe ser desestimada como quiera que el actor tiene otros mecanismos
de defensa judicial, como lo es el proceso ejecutivo, el proceso disciplinario
contra el club deudor, o en su defecto y de manera residual, el proceso
declarativo civil en la jurisdicción ordinaria, según lo establecido en el
artículo 16 y 396 del Código de Procedimiento Civil. Alega además, que la orden
emitida en el fallo reprochado desconoce el hecho de que la FCF no ostenta una
posición de autoridad o control sobre la CNRD, pues si bien esa entidad cumplió
con su obligación de conformarla a través de la Resolución 1934 de 2008, la
integración de la misma se debe realizar con la necesaria participación de la
DIMAYOR y COLFUTPRO, entidad última que reiteradamente se ha negado a postular
a sus miembros, con lo cual se imposibilita el funcionamiento de la Cámara
Nacional de Resolución de Disputas.
5.3. El Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, en
providencia del 26 de enero de 2016, decidió revocar la sentencia de primera
instancia y en su lugar, denegar la protección constitucional procurada, al
considerar que el asunto analizado es de raigambre económico, frente al cual
existen otros mecanismos ordinarios fijados por la ley para la defensa de sus
derechos. Por otro lado, si el tema a proteger es la administración de
justicia, es de saber que la entidad accionada informó a ese despacho que la
Comisión del Estatuto del Jugador ya profirió decisión que admitió la demanda
propuesta por el club accionante, con lo cual cualquier posible vulneración a
tal derecho se
desvaneció.
6. Actuaciones surtidas en sede de revisión
Mediante Auto del veintitrés (23) de junio de dos mil
dieciséis (2016), el
Magistrado Sustanciador ordenó: (i) a COLFUTBOL, a la Comisión del Estatuto del
Jugador, a la DIMAYOR, a ACOLFUTPRO y al Ministerio del Trabajo que se
pronuncien respecto de las pretensiones de la acción de tutela; (ii)  vincular
al Club Deportivo Popular Junior FC S.A. y ordenarle que se pronuncie respecto
de la presente solicitud; (iii) invitar a la Cámara de Resolución de Disputas
de la FIFA, a CONMEBOL, al Ministerio de Cultura,  a COLDEPORTES y a la
División Aficionada del Fútbol Colombiano (DIFUTBOL), para que intervengan en
el proceso de la referencia conceptualizando la problemática que allí se
plantea; y, finalmente (iv) invitar a la Defensoría del Pueblo y a la
Procuraduría General de la Nación, para que, si lo consideran pertinente,
emitan su opinión sobre la acción de tutela de la referencia.
6.1. La Federación Colombiana de Fútbol – FCF
Ramón Jesurun Franco, en su calidad de Representante
Legal y en nombre de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación
Colombiana de Fútbol (“CEJ FCF”) se ratifica en su postura relacionada con los
principios de economía procesal, eficiencia y celeridad y reitera su solicitud
de negar la acción de tutela por la supuesta vulneración del derecho al acceso
a la administración de justicia, la cual fue manifestada en la contestación de
la acción de tutela. Aclara que el tutelante mediante oficio del 16 de octubre
de 2015 señaló que “El Club Deportivo Juventud de las Américas NO es un
afiliado directo a la Federación Colombiana de Fútbol”, afirmación que
ratifica que ni la Cámara de Resolución de Disputas ni la Comisión son los
órganos encargados de dirimir la controversia motivo de estudio, pues queda
claro que “el accionante desconoce las competencias de los órganos
disciplinarios de la FCF y no es su voluntad solucionar sus controversias al
interior de dichos cuerpos colegiados”. Además, recuerda que en Colombia
las únicas jurisdicciones que tienen reconocimiento Constitucional son: (i) la
ordinaria, (ii) contencioso administrativa, (iii) constitucional y (iv) las
especiales como la de paz y especial indígena. Finalmente, y en relación con la
procedencia de la acción reafirma su posición de considerarla completamente
improcedente ya que salta a la vista que el actor eleva la necesidad de acudir
a la acción de tutela alegando un perjuicio irremediable, pero hay que
recordar, que no bastan las afirmaciones que hace la parte demandante, sino son
necesarias las pruebas judiciales para concluir que se conculcaron derechos
fundamentales.
6.2. La División Mayor del Fútbol Colombiano –
DIMAYOR
Por intermedio de Jorge Fernando Perdomo Polanía, en
su calidad de representante legal, se pronunció en relación con las
pretensiones de la acción de tutela señalando que de los antecedentes se puede
deducir que lo que busca el actor puede reflejarse en tres alternativas: “(i)
impetró demanda ante la Comisión del Estatuto del Jugador para solicitar el
pago por indemnización por la formación deportiva; (ii) impetró demanda por
otra razón o (iii) impetró demanda pretendiendo una sanción disciplinaria al
club que no se había pagado la indemnización por formación deportiva”, pero
en ninguno de los tres casos se presentó una vulneración del derecho al acceso
a la administración de justicia del tutelante ya que si lo que pretendía era
obtener el pago de la factura que ya había sido aceptada por el Club, pudo
iniciar un proceso ejecutivo para hacer efectivo el cobro de dicho título valor
ante la jurisdicción ordinaria, teniendo en cuenta la Ley 1231 de 2008, y que
ni la Cámara Nacional de Resolución de Disputas ni la Comisión del Estatuto del
Jugador pueden llevar a cabo procesos ejecutivos ni adelantar cobros coactivos
de facturas, lo que sí pueden hacer dichos órganos es sancionar deportivamente
a la parte que “incumpla un convenio de trasferencia o el cumplimiento de
una disposición reglamentaria relacionada con el pago de un derecho por
formación de un jugador como sucede en el presente caso”. Si en cambio, lo
que buscaba era obtener una respuesta “jurisdiccional” distinta al cobro
de la factura, “el artículo 16 y 296 del Código de Procedimiento Civil
establece en cabeza del juez civil la competencia residual de cualquier otro
asunto que no tenga asignado un trámite especial y lo somete al proceso
ordinario”. Por lo anterior, concluye que el juez natural de la reclamación
no es ninguno de los órganos de la Federación Colombiana de Fútbol, sino la
jurisdicción ordinaria, ya sea a través del proceso ejecutivo o por la vía de
un proceso ordinario.
Ahora bien, en su momento el juez obligó a la FCF,
Dimayor y Acolfutpro a nombrar y conformar la Cámara señalada, desconociendo
que es un proceso que se ha intentado llevar a cabo desde el año 2008 pero no
ha sido posible porque no se ha llegado a un acuerdo con Acolfutpro para que
cooperen en la integración de este organismo, lo cual constituye un imposible,
y la Corte Constitucional ha sido consistente en manifestar que un juez de
tutela no puede impartir una orden que se encuentre fuera del alcance fáctico
del accionado, pues afirmar lo contrario supondría violar el principio de que
no existen obligaciones irredimibles.
6.3. La Asociación Colombiana de Futbolistas
Profesionales – ACOLFUTPRO
A través de Carlos Francisco González Puche en calidad
de Director Ejecutivo y representante legal, la Asociación reitera su posición
aportada cuando fue vinculada por la segunda instancia en sede de tutela, en
cuanto a la imposibilidad de conformar la Cámara de Resolución de disputas y,
además, hace algunos comentarios frente a éste organismo, indicando que llama
la atención sobre lo manifestado por la apoderada del Club tutelante en
relación con su vinculación a un proceso disciplinario por parte de la
Federación, en virtud de lo establecido en el artículo 12 del código
disciplinario de Colfutbol, (vigente por el Acuerdo 025 de marzo 27 de 2002),
para que el Despacho establezca los límites constitucionales y prerrogativas
que corresponden a una federación frente a los derechos fundamentales de los
futbolistas, técnicos y clubes que pueden afectar dichos reglamentos.
En cuanto a la normativa expedida por la FCF,
considera que se ha podido ver cómo esta entidad a su voluntad, y sin que
COLDEPORTES que es la entidad responsable de la inspección y vigilancia permita
la expedición de reglamentos “que vulneran los derechos fundamentales de
acceso a la justicia y la reglamentación de la Federación Internacional que
está obligados a respetar”  ya que por más reconocimiento de la autonomía
de la federación de fútbol para expedir sus normas, éstos no pueden atentar
contra el libre acceso que se debe garantizar a un futbolista o a un club
cuando considere que una determinación de los órganos jurisdiccionales o
disciplinarios de la FCF vulnere sus derechos, so pena de aplicarles el
artículo 12 del Código Disciplinario, que por demás, restringe, limita y
vulnera la posibilidad de recurrir ante los jueces de la República cuando se
considera que una organización privada vulnera sus derechos. En la presente
acción queda demostrado que el solo hecho de recurrir ante los jueces de la República
no puede ser motivo para que a un club se le someta a resignarse a que le
vulneren sus derechos o acatar una determinación injusta.
De acuerdo con la normativa internacional, es la
Cámara de Resolución de Disputas la competente para dirimir las diferencias que
se presentan, pero para que ésta cámara o cualquier mecanismo que se acuerde en
Colombia funcione, “es necesario que el mecanismo o alternativa se pacte
mediante un acuerdo colectivo”, petición que se incluyó en un pliego de
peticiones en julio de 2005, las cuales no fueron negociadas por los
representantes de los clubes en su oportunidad y por esa razón, ACOLFUTPRO
presentó en marzo de 2006 una queja ante la OIT tramitada con el número 2481, a
la cual, esta organización internacional hizo algunas recomendaciones, entre
las cuales estaba: “el Comité pide a ACOLFUTPRO, DIMAYOR y COLFUTBOL, que
realicen los esfuerzos a su alcance para reanudar las negociaciones sobre el
Estatuto del Jugador Colombiano” pero por años han solicitado el Ministerio
de Trabajo que convoque a los clubes profesionales de fútbol y a los
representantes de ACOLFUTPRO y DIMAYOR para concertar el estatuto del jugador y
un acuerdo colectivo para negociar las condiciones de trabajo y las
regulaciones deportivas, pero a la fecha no se ha dado cumplimiento a esto.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que no ha sido
posible la negociación colectiva de las peticiones que presentó ACOLFUTPRO ante
COLFUTBOL y la DIMAYOR, mantendrán la omisión del cumplimiento de las
recomendaciones de la OIT y “es la oportunidad para que el H. Magistrado
dirima en la decisión que adopte para resolver la presente tutela, que se
constituya estableciendo de manera perentoria para que el Ministerio del
Trabajo convoquen a todas las partes a negociar las peticiones pendientes entre
las cuales se encuentra la entrada en vigencia de la Cámara Nacional de
Resolución de Disputas y las disputas sobre las materias que establece la FIFA
en su reglamento puedan ser resueltas derogando en materia contractual la
jurisdicción de los jueces laborales”. Finalmente, solicita se ordene un
plazo perentorio al Ministerio del Trabajo para que convoque a los
representantes de COLFUTBOL, DIMAYOR y los 36 clubes profesionales para
adelantar la negociación del pliego de peticiones que se encuentra pendiente de
ser negociado, en cumplimiento de las recomendaciones de la OIT y de las
conclusiones del informe de la Procuraduría General de la Nación.
6.4. El Ministerio del Trabajo
Erminda Díaz Pulido en calidad de Asesora asignada a
la Oficina Asesora Jurídica y Coordinadora del Grupo Interno del Trabajo de
Acciones de Tutelas, con facultad de ejercer la representación y defensa de los
intereses del Ministerio del Trabajo solicita declarar la improcedencia de la
presente acción de tutela por existir un medio judicial ordinario, teniendo en
cuenta que de acuerdo con la Resolución No. 2798 de 2011 modificada por la
Resolución No. 3049 de 2013 o Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana
de Fútbol, en sus artículos 36 y 45 establece que los clubes o jugadores pueden
someter sus diferencias laborales o deportivas ante los organismos de COLFUTBOL
“Sin perjuicio del derecho de cualquier jugador a elevar un caso ante la
jurisdicción laboral ordinaria” y “[sin] perjuicio del derecho que le asiste
a cualquier jugador o club o club de recurrir ante la justicia ordinaria en
procura de solución a sus demandas laborales derivadas del contrato de
trabajo(...)”.
6.5. El Ministerio de Cultura
A través de Nelson Ballén Romero, en condición de
Coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio, hace un recuento
normativo para indicar que COLDEPORTES es una entidad autónoma y principal de
la administración pública con vocería técnica para conceptualizar sobre estos
temas, ya que es ella quien debe emitir un concepto referente al tema deportivo
y no el Ministerio de Cultura. Teniendo en cuenta lo anterior, pide se
desvincule a ese Ministerio del proceso de tutela de la referencia.
6.6. El 9 de agosto de 2016 se profirió Auto en el
que: (i) se reiteró la solicitud hecha al Club Deportivo Popular Junior FC S.A.
y a COLDEPORTES teniendo en cuenta que no se recibió comunicación alguna en
respuesta del auto anterior; (ii) se solicitaron nuevas pruebas: 1) Ordenar a
COLDEPORTES que se permita contestar ¿en qué ha consistido su intervención
respecto de la queja No. 2481 interpuesta por ACOLFUTPRO ante la OIT, y de las
correspondientes recomendaciones hechas por ese organismo internacional,
teniendo en cuenta que COLDEPORTES es la entidad rectora y coordinadora del
Sector Deporte, según la Ley 181 de 9 1995 y las demás normas que la han
desarrollado?, 2) Ordenar a COLFUTBOL dé respuesta a los siguientes
interrogantes: a) ¿Cuál fue el trámite que se le dio a la demanda por
indemnización por formación presentada por el Club Deportivo Juventud Las
Américas contra el Club Deportivo Popular Junior FC S.A. y en qué estado se
encuentra a la fecha? b) ¿Cuál ha sido el trámite que se les ha dado a las
reclamaciones o demandas por indemnización por formación que se han presentado
desde la creación de la Federación Colombiana de Fútbol? c) ¿Qué trámite se le
dio a las recomendaciones hechas por la OIT, en cuanto a la queja No. 2481
presentada por ACOLFUTPRO en marzo de 2006 y, de ser el caso, qué medidas se
adoptaron?. 3) Ordenar a la DIMAYOR dé respuesta al siguiente interrogante:
¿Qué trámite se le dio a las recomendaciones hechas por la OIT, en cuanto a la
queja No. 2481 presentada por ACOLFUTPRO en marzo de 2006 y, de ser el caso,
qué medidas se adoptaron?); y, (iii) se suspendió el término para decidir en un
(1) mes.
6.6.1. El apoderado del Club Deportivo
Juventud de las Américas,[29]afirma que
considera pertinente que el Despacho conozca que mediante Resolución 3406 del
18 de noviembre de 2015 proferida por la Federación Colombiana de Fútbol,[30]
se extendió la competencia de la Comisión del Estatuto del Jugador y, en
consecuencia, la demanda interpuesta por indemnización por jugador se admitió.[31]
Sin embargo, en auto del 8 de abril de 2016, se ordenó archivar la demanda
interpuesta porque la resolución expedida donde se extendió su competencia era
un acto administrativo, por lo tanto, había perdido su ejecutoria de acuerdo al
artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 Considera que es un “yerro jurídico”
teniendo en cuenta que ellos mismos se definen como un organismo de derecho
privado, por lo tanto, interpusieron recurso de reposición contra dicho auto
señalando que los actos administrativos solo pueden ser emitidos por entidades
públicas. Así, a pesar de haber sido admitida la demanda por orden judicial del
fallo de tutela de primera instancia, a la fecha de este escrito, el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, aún está siendo
vulnerado ya que el accionado no se ha pronunciado de fondo sobre la demanda,
ni sobre el recurso interpuesto. Además, alega que está presente la posible
causación de un perjuicio irremediable en tanto que (i) puede operar la
prescripción de la acción que es de dos años, (ii) se ha dilatado por más de un
año la controversia sin decisión definitiva, (iii) lo que se busca es la
protección del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de
un organización privada, y (iv) la tutela es la garantía que el accionante
tiene de conocer una decisión de fondo.
6.6.2. La Directora de Inspección,
Vigilancia y Control de COLDEPORTES,[32] previa
advertencia de que dicha entidad no conoce de fondo el asunto, considera que la
controversia (litis) debe ser resuelta por la justicia laboral en cuanto
se refiere a la definición de unos derechos económicos originados en un
contrato laboral. Ahora bien, respecto de la pregunta hecha por el Despacho en
cuanto a la intervención de COLDEPORTES sobre la queja 2481 de ACOLFUTPRO ante
la OIT y de las correspondientes recomendaciones, ésta se lideró por el
Ministerio de Trabajo a través de la Oficina de Cooperación y Relaciones
Internacionales, por lo que no tienen conocimiento alguno de dicha actuación.
Por último, recalca además, que al analizar el certificado de existencia y
representación legal de ACOLFUTPRO no se registra que en esta entidad exista un
documento suscrito por los trabajadores en donde se les confiera poder para
representar sus intereses.
6.6.3. El Representante Legal de la
División Mayor del Fútbol Colombiano[33] intervino
indicando que no tuvieron conocimiento directo de las recomendaciones hechas
por la OIT en cuanto a la queja 2481 presentada por ACOLFUTPRO ante la OIT, sin
embargo entienden que la oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
del Ministerio de la Protección Social dio respuesta a dicha queja. Advierte
también que en concordancia con el artículo 38 de la Constitución Política de
Colombia, el artículo 66 de los estatutos de la Federación Internacional de
Fútbol Asociado y el artículo 92 de los estatutos de la Federación Colombiana
de Fútbol, los litigios en los que se encuentre involucrado cualquier afiliado
respecto de la aplicación de los reglamentos deportivos debe ser sometido a la
decisión del Tribunal de Arbitraje deportivo con sede en Lausagne, Suiza,
entendido este órgano como la última instancia que en materia deportiva tiene
la jurisdicción para conocer de este tipo de asuntos.[34]
Lo anterior, evidencia que no existe una denegación de justicia cuando se
prevé una cláusula arbitral diseñada para resolver de forma jurisdiccional los
conflictos en los que se encuentren inmersos los afiliados al fútbol asociado.
6.6.4. El apoderado del Club Deportivo
Juventud las Américas[35] aduce
que la Federación archivó el caso ya admitido, por considerar que la resolución
que había permitido la admisión de la demanda perdió fuerza ejecutoria puesto
que la segunda instancia de tutela declaró un hecho superado revocando la orden
de tutela de primera instancia, lo cual, advierte, es un grave error, pues es
una evidente confusión ya que la segunda instancia declaró un hecho superado en
tanto se había admitido la demanda, y la Federación lo que hace con ello es
archivar el caso porque la resolución que había admitido la demanda había sido
proferida en cumplimiento de una orden de tutela, y al ser revocada por la
segunda instancia ya no estaría en la obligación de tramitarla, de tal manera
que continuaría la vulneración del derecho al acceso a la administración de
justicia del Club accionante.
6.6.5. El Representante Legal de la
Federación Colombiana de Fútbol[36] señala
que en virtud de la sentencia de segunda instancia de tutela que revocó por
subsidiariedad la primera instancia, la Resolución No. 3406 del 18 de noviembre
de 2015 proferida en cumplimiento de una orden judicial,[37]
perdió ejecutoriedad por la extinción de los fundamentos de derecho que dieron
origen a la misma, por lo cual mediante auto del 8 de abril de 2016 se procedió
a ordenar el archivo de la demanda. El 19 de abril de 2016, el apoderado del
Club demandante allegó recurso de reposición contra el anterior auto, y en la
actualidad se está a la espera de la notificación correspondiente del auto que
resuelve el recurso.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución, es competente para revisar las sentencias de los Juzgados
65 Civil Municipal de Bogotá y 14 Civil del Circuito de Bogotá, en primera y
segunda instancia respectivamente, adoptadas dentro del proceso de tutela de la
referencia.
2. Problema jurídico
De conformidad con los hechos narrados con antelación,
la Corte Constitucional deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿se vulnera
el derecho fundamental al acceso a la administración de Justicia de un club de
formación deportiva por parte de la Comisión del
Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, al inadmitir la
demanda por indemnización por formación presentada, argumentando falta de
competencia por cuanto no puede conocer de reclamaciones por hechos
acaecidos con anterioridad a la vigencia de esa normativa, existiendo un
organismo que sí es competente para ello pero que nunca se ha conformado?
Para resolver el problema jurídico anterior, la Sala
reiterará la jurisprudencia constitucional sobre los siguientes temas: (i) el
derecho al acceso a la administración de justicia; (ii) los derechos
fundamentales de las personas jurídicas; (iii) el derecho al acceso a la
administración de justicia de las personas jurídicas; para finalmente (iv)
abordar el caso concreto.
3.
Derecho al acceso a la administración de justicia
3.1.
El derecho a la administración de justicia, también denominado derecho a la tutela judicial efectiva[38] se ha definido como “la
posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder
acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia,
para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección
o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia
de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”.[39] La
jurisprudencia Constitucional, ha concluido que el derecho a acceder a la
justicia tiene una significación múltiple y compleja, pues es un pilar esencial
del Estado Social de Derecho[40]
y un derecho fundamental de aplicación inmediata,[41] que hace parte del
núcleo esencial del debido proceso,[42]
pues el proceso es el medio para la concreción del derecho a la jurisdicción.[43] A su vez,
este derecho, está directamente relacionado con la justicia como valor
fundamental de la Constitución[44]
y otorga a los individuos una garantía real y efectiva que busca asegurar
la realización material de éste, previniendo en todo caso que pueda existir
algún grado de indefensión.[45]
En este sentido, el derecho a acceder a la justicia contribuye de manera
decidida a la realización material de los fines esenciales e inmediatos del
Estado, tales como los de garantizar un orden político, económico y social
justo, promover la convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y
a la dignidad humana y asegurar la protección de los asociados en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas.[46] En un medio
a través del cual se asegura el acceso al servicio público de la administración
de justicia, pues sin su previo reconocimiento, no podrían hacerse plenamente
efectivas el conjunto de garantías sustanciales e instrumentales que han sido
estatuidas para gobernar y desarrollar la actuación judicial.[47] El fundamento del
derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra principalmente en los
artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política, así como también en los
artículos 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[48]
3.2.
De otra parte, la garantía de acceder a la administración de justicia, no está
restringida a la facultad de acudir físicamente ante una jurisdicción, sino que
es necesario comprenderla desde un punto de vista material, entendida como la
posibilidad que tiene toda persona de poner en marcha el aparato judicial y de
que la autoridad competente resuelva el asunto que le ha sido planteado,
respetando el debido proceso y de manera oportuna.[49] Tal garantía no se
entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las
pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales, debe ser
efectiva.[50]
No cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y
procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente idóneos y
eficaces, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
al afirmar que: “(...) la inexistencia de un recurso efectivo contra las
violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una
transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación
tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista,
no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea
formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para
establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer
lo necesario para remediarla”.[51]
3.3.
Teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reconocido que el derecho a la administración de justicia no es una garantía
abstracta, sino que tiene efectos y condiciones concretas en los procesos:
-
El derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad
que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos
que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en
defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares.[52]
-
El derecho a que subsistan en el
orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales para la
efectiva resolución de los conflictos.[53]
-
Contar con la posibilidad de
obtener la prueba necesaria a la fundamentación de las peticiones que se eleven
ante el juez.[54]
-
El derecho a que la promoción de
la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las
pretensiones que han sido planteadas.[55]
-
El derecho a que existan
procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas.[56]
-
El derecho a que los procesos se
desarrollen en un término razonable sin dilaciones injustificadas y con
observancia de las garantías propias del debido proceso.[57]
3.4.
En suma, el derecho al acceso de administración de justicia contribuye de manera decidida a la realización
material de los fines esenciales e inmediatos del Estado. No está restringido a
la facultad de acudir físicamente ante una jurisdicción, sino que es necesario
comprenderlo desde un punto de vista material, entendido como la posibilidad
que tiene toda persona de poner en marcha el aparato judicial y de que la autoridad
competente resuelva el asunto que ha sido planteado, respetando el debido
proceso y de manera oportuna. Deja de ser una garantía abstracta para tener
efectos concretos en los procesos, tales como: (i) el derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, (ii) el derecho a que subsistan en el
orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales para la
efectiva resolución de los conflictos, (iii) contar con la posibilidad de
obtener la prueba necesaria a la fundamentación de las peticiones que se eleven
ante el juez, (iv) el derecho a una decisión de fondo a sus pretensiones, (v) el
derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la
definición de las pretensiones y excepciones debatidas, y (vi) el derecho a que
los procesos se desarrollen en un término razonable.
4. Los derechos fundamentales de las personas
jurídicas
4.1. En principio, son los derechos inherentes al ser
humano los que debe el Estado procurar por su protección y promoción, como uno
de sus fines primordiales. De ahí que la dignidad humana sirva de fundamento a
la proclamación constitucional e internacional de los derechos fundamentales,
razón por la cual, aun en el caso de derechos que no se encuentren enunciados
expresamente, existe una garantía en el más alto nivel normativo para su
protección y efectividad (art. 94 C.P.).
4.2. Lo anterior no quiere decir que sean las
garantías constitucionales predicables del ser humano, las que agoten por
completo “el núcleo de vigencia y validez de los derechos constitucionales
de carácter fundamental, cuando en la sociedad actúan -y cada vez representando
y comprometiendo de manera más decisiva los derechos de aquélla- las
denominadas personas jurídicas, surgidas merced al ejercicio de la libertad de
asociación entre las naturales o por creación que haga o propicie el Estado”.[58]
4.3. Hay algunos derechos que las personas jurídicas
pueden reclamar dentro del Estado Social de Derecho que, además, las
autoridades judiciales están llamadas a respetar y velar por que sean
respetados. Dentro de esta gama de garantías, las hay también de raigambre
fundamental cuando están “estrechamente ligados a su existencia misma, a su
actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece y, por
supuesto, al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de
manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en
que tienen interés directo o indirecto”,[59]
lo cual permite concluir que la naturaleza de las personas jurídicas, su
función y el contenido de los derechos constitucionales hacen que no todos los
que están consagrados en la Carta o que se derivan de ella en favor de las
personas naturales, les resultan aplicables.
4.4. Al mismo tiempo, esta Corporación ha reconocido “que
las personas jurídicas tienen todas, sin excepción, los enunciados derechos y
que están cobijadas por las garantías constitucionales que aseguran su
ejercicio, así como por los mecanismos de defensa que el orden jurídico
consagra”.[60] De
allí que la Corte Constitucional haya sostenido desde sus inicios, que las
personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales y, además, de la
acción de tutela, para obtener su efectividad cuando les sean conculcados o
estén amenazados.[61]
5. El derecho a la administración de justicia de las
personas jurídicas
5.1 La jurisprudencia de la Corte Constitucional, como
ya se dijo, ha reconocido que la acción de tutela también puede ser un
instrumento utilizado para proteger los derechos fundamentales de personas jurídicas
y se ha identificado el derecho al acceso a la administración de justicia como
una de esas garantías reclamables a través de este mecanismo.[62]
5.2. Concretamente, ha indicado que el derecho al
acceso a la administración de justicia implica no solo el poder presentar sus
pretensiones, solicitudes y demás, ante la autoridad competente, sino que
también conlleva a que sean consideradas efectivamente y se llegue a una
decisión de fondo, independientemente de si el resultado sea o no conforme a lo
pedido por el actor del proceso. Así, el acceso a la administración de justicia
es la garantía de poder presentar peticiones y argumentos y que los mismos sean
evaluados razonablemente, independientemente de que al final la persona que
ejerza como juez, acepte o no las razones esgrimidas por el petente.
5.3. Es por lo anterior, que la Corte Constitucional
señala que si se imponen barreras y obstáculos irracionales o insuperables para
que una persona jurídica pueda acceder y presentar sus pretensiones y a que se
resuelvan efectivamente, se puede estar en presencia de una vulneración al
derecho al acceso a la administración de justicia. Por ejemplo, en la sentencia
T-572 de 1994[63] se evidenció
que se había presentado una vulneración de este derecho a la Alcaldía Mayor de
Bogotá, al impedírsele ser parte en un proceso de embargo de un bien, dentro
del cual estaba un lago de uso público propiedad del distrito, argumentándose “de
un lado, en que el certificado de libertad indicaba que el bien embargado era
de propiedad privada; de otro lado, en que no se presentaba ninguna de las
causales previstas por el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil
relativas al levantamiento del embargo y secuestro; finalmente, según el
Juzgado, el Distrito nunca presentó título de propiedad sobre el predio que fue
objeto de las medidas cautelares”. En esa ocasión, la Corte Constitucional
concluyó que:
“Por todo lo anterior, la Sala concluye que las vías
de hecho ocurrieron desde cuando se negó al Distrito toda posibilidad de
defensa de los bienes de uso público. Eso aconteció a partir del auto del 28 de
agosto de 1992 inclusive, pues no había causal para impedir el acceso a la
justicia, ni menos para esquivar el análisis de si se había o no embargado un
inmueble que incluía un bien de uso público. Tampoco podía el Juzgado
anticiparse a definir una cuestión sin practicar pruebas, ni tramitar el
correspondiente incidente.
Todo ello ha violado la Constitución (CP art. 63) y ha
vulnerado los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia del
Distrito. Y es obvio que el Distrito no cuenta con otro medio judicial de
defensa diferente a la tutela, por cuanto, al no haber sido admitido en el
proceso hipotecario, no tiene como controvertir las actuaciones del Juzgado 27
Civil del Circuito. Por todo ello la tutela prosperará para proteger el derecho
fundamental al acceso a la justicia y al debido proceso del petente, puesto que
le asiste derecho al Alcalde para instaurar la tutela en defensa de su derecho
a participar en el proceso ejecutivo para proteger bienes que han sido
judicialmente embargados y que aspira a que sean desembargados, por considerar,
con fundamentos razonables, que son de uso público.”
5.4. También se ha considerado que el derecho al
acceso a la administración de justicia resulta vulnerado cuando a pesar de
permitirse el acceso a un proceso, ventilar sus pretensiones, sustentarlas y
debatirlas, surgen trabas para que se produzca un resultado de fondo o se
resuelvan recursos que den impulso a un proceso. Así por ejemplo, en la
sentencia T-200 de 2004 se estudió el caso de una sociedad que inició un
proceso por competencia desleal, en donde se interpuso recurso de apelación
ante la Superintendencia correspondiente, pero ésta no dio trámite ni lo
resolvió, por lo que la empresa interpuso acción de tutela para que se
garantizara su derecho al acceso a la justicia. La entidad demandada adujo que
sí se había pronunciado en un oficio, por lo que negó el recurso de reposición
y la solicitud de copias que se solicitaron para interponer queja, pero mucho
tiempo después del que permite la norma.[64]
En esta ocasión la Corporación concluyó que se presentó una actitud omisiva por
parte de la Superintendencia al tramitar un recurso de apelación interpuesto,
que pasa de la mora judicial a una vulneración del derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia, por lo tanto, concedió el amparo.
5.5. En la sentencia T-637 de 2010,[65]
la Corte estudió un caso en el que una empresa consideraba que sus derechos
fundamentales, entre ellos el acceso a la administración de justicia, habían
sido vulnerados por un juez que notificó una actuación por estado, después de
10 años, al señalar que al inicio del proceso ya habían sido notificados
personalmente. En ese momento la Corte indicó que:
“A partir del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, y de la obligación de dar prevalencia al derecho
sustancial (artículo 228 de la Constitución), la Corte ha encontrado que puede
producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario
judicial, por un apego excesivo a las formas, se aparta de sus obligaciones de
impartir justicia, buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial
que se acerque lo más posible a la verdad real, garantizar la efectividad de
los derechos constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que
trunquen la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia  y de
los derechos materiales, pues los procedimientos judiciales son medios para
alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos.”
De lo anterior se concluye que poner barreras al
correcto ejercicio de impartir justicia para que las sentencias se aparten de
una verdad lo más cercana de la realidad, u oponer obstáculos que trunquen la
eficacia de las providencias judiciales vulnera el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia. Por lo tanto, en ese caso la
Corporación amparó los derechos de la compañía accionante al verificar que no
se garantizó su concurrencia material al proceso. Esta razón, que le había
impedido tener noticia real y  oportuna de la reanudación del proceso ejecutivo
iniciado en el año 1996, así como del trámite de liquidación de perjuicios y su
cobro subsiguiente y, por tanto, le había impedido ejercer las acciones legales
previstas por el régimen procesal.[66]
5.6. De igual manera, en varias ocasiones la Corte ha
tenido que negar el amparo invocado por personas jurídicas por varias razones.
Por ejemplo (i) por encontrarse que no se constituyó una vía de hecho (causal
de procedencia de acción de tutela contra providencia judicial),[67]
(ii) por cuanto no se impidió el acceso a la justicia ya que se contaba con
medios de los cuales no se hizo uso por parte de la accionante,[68]
o (iii) porque simplemente sí se tuvo acceso a un proceso justo, pero el actor
no estuvo de acuerdo con los resultados del mismo y alega una vulneración de
sus derechos.[69]
6. Al Club Deportivo Juventud Las Américas se le
vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia, pues a pesar de
que una norma señala el órgano competente para adelantar el trámite de su
demanda, éste no ha sido conformado impidiéndosele acceder a un recurso
judicial efectivo
6.1. Teniendo en cuenta que la acción de tutela puede
ser promovida por personas jurídicas a través de sus representantes legales, el
señor Carmelo Herazo Tous está legitimado para interponer dicha acción en
nombre del Club Deportivo Juventud Las Américas dada su calidad de Presidente y
Representante Legal. Igualmente, el Club Deportivo Juventud Las Américas se
encuentra legitimado para procurar el amparo de su derecho al acceso a la
administración de justicia pues es una prerrogativa fundamental que, según lo
alegado, está siendo vulnerada por otra persona jurídica, al impedirle ejercer
sus intereses y acceder a un proceso, juicio y decisión bajo la normativa
interna actual. De otro lado, se observa que la última actuación en el proceso
se surtió el 11 de junio de 2015 y la interposición de la acción de tutela se
llevó a cabo el 26 de agosto de la misma anualidad, así que, en efecto, entre la
fecha de la contestación de la Federación y la fecha de la tutela que hoy se
revisa, trascurrieron poco más de dos meses, un tiempo considerado razonable.
En cuanto a la existencia de otros mecanismos ordinarios para la defensa
judicial del derecho fundamental involucrado y su idoneidad para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, es de anotar que el Club accionante pretende que la Comisión del Estatuto
del Jugador admita y dé trámite a su demanda por indemnización por formación
del jugador Jarlan Barrera. Para esto, no existe un mecanismo que le garantice
su derecho a acceder a la administración de justicia y le permita ejercer sus
demás prerrogativas dentro de un procedimiento justo, y que le garantice un
proceso legal en donde pueda ventilar sus pretensiones. Así, la acción de
tutela se hace el mecanismo idóneo para proteger la posible vulneración del
derecho fundamental alegado por el accionante ya que no cuenta con ningún
mecanismo judicial idóneo y eficaz para solucionar la controversia planteada
ante el juez constitucional.
6.2. Las personas jurídicas tienen la
posibilidad de buscar la protección a su derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia a través de la acción de tutela (previo examen del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia) cuando (i) consideren
que la posibilidad de acudir físicamente
ante una jurisdicción está siendo restringida o (ii) cuando se crean obstáculos
o barreras insuperables que no les permiten poner en marcha el aparato judicial
y que la autoridad competente resuelva el asunto que le ha sido planteado,
respetando el debido proceso y de manera oportuna. Lo
anterior permite concluir que no se vulnera dicha garantía constitucional
cuando dichos obstáculos y dificultades son generados por acciones erradas pero
autónomas de quienes propenden por la protección de su derecho, es decir, son
producto de su propia culpa.
6.3. En el presente caso, se tiene que las
divisiones, ligas, clubes o miembros de clubes y ligas (es decir, todos los
afiliados a la Federación Colombiana de Fútbol) han acordado, de acuerdo con
sus estatutos, acudir a los tribunales
deportivos competentes para dirimir las controversias que tengan que ver con la
federación o con otros afiliados, teniendo en cuenta que la justicia ordinaria
se reservaría a demandas laborales derivadas de un contrato de trabajo.[70]
Tratándose de demandas para solicitar la indemnización por formación, la
normativa deportiva tiene un procedimiento específico, así como unos órganos
competentes para conocer de dichos asuntos. Es así como en el estatuto del
jugador, se señala que es la Cámara
Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) como órgano jurisdiccional
deportivo, el encargado de resolver las disputas entre clubes y jugadores,
incluida la indemnización por formación según la Resolución 1934 de 2008.[71]
6.4. Es cierto que el organismo en cuestión no ha sido
conformado, a pesar de los esfuerzos de las diferentes organizaciones afiliadas
y de decisiones judiciales que así lo han ordenado. Pero también es cierto, que
la Cámara Nacional de Resolución de Disputas no se ha eliminado de la normativa
deportiva vigente, ni se ha derogado, ni mucho menos suprimido. Esto, a pesar
de que se hizo una modificación
al Estatuto del Jugador[72]
y se le otorgó a la
Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación la competencia para conocer
de las reclamaciones de indemnización por formación que versen sobre hechos
acaecidos a partir de la fecha de publicación de la modificación de dicho
estatuto.
6.5. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que
(i) el órgano competente para tramitar una demanda por indemnización por
formación, donde los hechos que dieron el origen sucedieron antes de la
conformación de la Comisión del Estatuto del Jugador, es la Cámara de
resolución de Disputas de la FCF. Y (ii) que dicha Cámara, a pesar de que se
creó esa nueva Comisión, no perdió vigencia, ni fue derogada, ni fue suprimida.
Tanto así, que en el artículo que sigue a la creación de la Comisión, se señala
que se puede acudir a ella en los términos de la resolución que le dio origen.[73]
6.6. En el caso bajo análisis, a pesar de que el
órgano competente era la Cámara de Resolución de disputas, el club accionante
presentó demanda ante la Comisión
del Estatuto del Jugador de la Federación. Pese a que los hechos se presentaron
el trece (13) de marzo de dos mil trece
(2013) (con la firma del primer contrato laboral como futbolista profesional de
Jarlan Barrera con el Club Deportivo Popular Junior  FC S.A.), es decir, un mes antes de la expedición de
la Resolución 3049 de 2013. Por tal razón, la demanda le fue inadmitida por
falta de competencia. Posteriormente, y en razón de una orden judicial, se extendió la competencia de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación a
hechos cometidos antes de su creación. Como consecuencia de ello se admitió la
demanda presentada, pero luego esa decisión perdió
ejecutoriedad. Así, se procedió a ordenar el archivo de la demanda. Ante esta
situación, el apoderado del Club accionante interpuso el recurso de reposición,
el cual no ha sido resuelto a la fecha. Es pertinente aclarar que según el Estatuto del Jugador, los recursos
que proceden en estos casos son el de reposición y apelación.[74]
6.7. Ya en precedencia y en jurisprudencia constitucional se ha señalado
que “la realización de dicho
derecho no se agota en la posibilidad real que debe tener cualquier persona de
presentar sus solicitudes o de plantear sus pretensiones ante las respectivas
instancias judiciales, ese es apenas uno de los componentes de dicho derecho,
el efectivo acceso a la administración de justicia”,[75] sino que éste se logra “...cuando, dentro de
determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza igualdad
a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la
Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y realización de
los derechos amenazados o vulnerados. Es dentro de este marco que la
Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho al que hace alusión
la norma que se revisa -que está contenida en los artículos 29 y 229 de la
Carta Política- como uno de los derechos fundamentales, susceptible de
protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela
prevista en el artículo 86 superior”.[76]
6.8. Por lo tanto al examinar si se
presentan los supuestos para que se esté en presencia de una garantía material
del derecho a la administración de justicia se tiene que:
En primer lugar, si el derecho de acción o de promoción de la actividad
jurisdiccional se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte
en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para
plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus
intereses particulares,[77]
es preciso anotar que en el presente caso, este primer postulado no se dio dada
la coyuntura que no permitió que el actor utilizara los instrumentos
proporcionados por la normativa, como lo era el proceso de solicitud de
indemnización por formación, teniendo en cuenta que la norma habla de la Cámara
Nacional de Disputas, organismo que nunca se conformó. De lo que se concluye
que el accionante no tenía un verdadero derecho de acceder a una justicia real
que se viera materializada en una oportunidad para ventilar sus pretensiones y
usar los instrumentos proporcionados para el efecto.
En segundo lugar, si el derecho a la administración de
justicia es aquel que señala que deben subsistir en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos
judiciales –acciones y recursos- para la efectiva resolución de los
conflictos”.[78]
En el presente caso existe un proceso adecuado para resolver las pretensiones
del actor, el cual es la solicitud de indemnización por formación, que está
específicamente señalado en el Estatuto del Jugador, además de su detallado
procedimiento. También está el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en
Lausagne, Suiza, entendido este órgano como la última instancia que en materia
deportiva tiene la competencia para conocer de este tipo de asuntos, y como
otros jugadores y clubes ya lo han hecho para solucionar sus conflictos.[79]
Ante este tribunal ya se han surtido algunos procesos, que ya se decidieron o
que están por fallarse de fondo, lo cual indica que está activo y en
funcionamiento.[80]
En tercer lugar, para materializar el derecho
analizado se debe contar con la posibilidad de obtener la prueba necesaria a la
fundamentación de las peticiones que se eleven ante el juez,[81] se recuerda que no fue
posible llegar a la etapa probatoria teniendo en cuenta que la Comisión del
Estatuto del Jugador, en un primer momento inadmitió la demanda interpuesta por
el Club accionante, lo cual no le permitió avanzar en el proceso, presentar
pruebas que fundamentaran sus peticiones ni controvertir las que las
contrariaran. Y ahora el proceso fue archivado sin haber dado una respuesta de
fondo, pudiendo valorar pruebas y llegar a un verdadero convencimiento.
En cuarto lugar, si el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya
con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas[82] es parte de la concreción del mismo, en este caso no
se cumplió pues, como ya se dijo, ni si quiera se le permitió al actor iniciar
el proceso que estaba señalado en la norma, sin importar la decisión a que se
pudiera llegar, pues al momento de la interposición de la demanda no estaba
conformado el órgano jurisdiccional que debía admitir, dar impulso y decidir
sobre el conflicto.
En quinto lugar, si el derecho a acceder a la
administración de justicia implica el derecho a que existan procedimientos
adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y
excepciones debatidas,[83]
en el presente caso existe el procedimiento adecuado, como lo es la solicitud
de indemnización por formación. Es el idóneo para ventilar la litis, y muy
seguramente es el más efectivo para la definición de las pretensiones del
accionante, pero solo cuando se tramite ante un organismo materialmente
existente, lo cual en este caso no puede darse teniendo en cuenta que por ahora
no es posible una decisión de fondo ni debatir excepciones, ya que no se ha
conformado el órgano competente para esto.
En sexto y último lugar, es el derecho a que los
procesos se desarrollen en un término razonable sin dilaciones injustificadas y
con observancia de las garantías propias del debido proceso.[84] Acá es necesario indicar
que el proceso no se ha desarrollado en un término razonable, pues un proceso
que podría durar menos de un mes se ha dilatado por no tener claro, la entidad
demandada, qué hacer cuando el órgano interno que debe resolver el problema no
existe, y se inadmite una demanda dejando sin amparo procesal a un Club
Deportivo.
6.9. Es por lo anterior que, teniendo en
cuenta que no se cumplen los supuestos para que el derecho al acceso a la
administración de justicia se materialice de forma completa,[85]
y que la Cámara de Resolución de Disputas, que es el órgano que debería conocer
de la demanda interpuesta por el actor, nunca se logró conformar ni funcionó. Es
decir, materialmente nunca existió ni existe, se presentó una vulneración del
derecho al acceso a la administración de justicia del Club accionante pues, a
pesar de que se le informó que era ante ese estamento ante quien podía dirigir
su pretensión, esto nunca iba a garantizar los demás factores que componen la
materialización de este derecho, esto es, igualdad de partes, análisis de
pruebas, y lograr una decisión, porque simplemente no estaba ni está conformado
el órgano jurisdiccional que debía adelantar el proceso, por lo tanto sus
pretensiones nunca pasarían de una recepción formal del documento de la
demanda, porque ni si quiera se podría proferir algún acto o resolución porque
no habría miembros que la suscribieran, ya fuera de admisión, inadmisión o
rechazo.
6.10. Así las cosas, esta Sala podría darle
competencia a la Comisión del Estatuto del Jugador que actualmente funciona
para que dirimiera el asunto, pero la Corte prefiere no interferir en la
autonomía de autorregulación que tienen entidades como la Federación Colombiana
de Fútbol, y respeta las competencias distribuidas bajo esa concepción. Por lo
tanto, se reiteran y aclaran algunos puntos en este caso:
(i) Quien tiene la competencia para tramitar
la demanda de indemnización por formación que instauró el Club Deportivo
Juventud Américas es la Cámara de Resolución de Disputas, como órgano jurisdiccional
deportivo, encargado de resolver las disputas entre clubes y jugadores,
incluida esta indemnización, según la Resolución 1934 de 2008.[86]
(ii) Según lo señalado en el artículo 36 del
Estatuto del Jugador, la Comisión y la Cámara sólo pueden conocer casos en
donde no hayan transcurrido más de dos años desde la ocurrencia del hecho
generador, creándose así la figura de prescripción extintiva del derechos
determinando un tiempo límite para analizar e interponer las demandas
incluyendo la de indemnización por formación. El jugador firmó su primer
contrato el 13 de marzo de 2013, es decir, el plazo final para reclamar el
derecho ante la Cámara de Resolución de Disputas era el 13 de marzo de 2015,
sin embargo el Club accionante presentó la demanda de indemnización por
formación el 28 de enero de 2015 con lo cual se suspendieron los términos de la
prescripción.
6.11. Teniendo claros estos dos puntos, y que
en el presente caso se configura la vulneración del derecho al acceso a la
administración de justicia del Club Deportivo Juventud Las Américas, la Corte
debe tomar las medidas necesarias dentro de sus competencias, para que el actor
no quede a la deriva en la resolución de su demanda por la inexistencia del
órgano competente para ello, cuando existe y está vigente una norma que le
entrega esa función a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la
Federación Colombiana de Fútbol.
7. Órdenes a impartir
7.1. Esta Sala concederá el amparo al derecho
fundamental a la administración de justicia del Club accionante y ordenará a la
Federación Colombiana de Fútbol para que en un término no mayor a seis (6) meses
siguientes a la notificación de la presente providencia, lleve a cabo todas las
gestiones necesarias y conforme, teniendo en cuenta sus estatutos y la Resolución
1934 de 2008, la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación
para que, como órgano competente, conozca, tramite, y resuelva la demanda de
indemnización por formación presentada por el Club Deportivo Juventud Las
Américas contra el Club Deportivo Popular Junior FC SA.
7.2. Teniendo en cuanta que ya la primera
instancia de tutela había dado esta orden a la Federación pero ésta consideró
mejor entregarle competencia a un órgano que no había sido creado para el
momento en que se configuró el derecho del Club accionante antes que conformar
la Cámara de Resolución de Disputas, esta Sala debe prever qué pasa si el
derecho no es garantizado. Si no se conforma la Cámara Nacional de Resolución
de Disputas, el Club accionante puede acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo
con sede en Suiza, pero este proceso implicaría unos costos adicionales muy
diferentes a los que se generarían si la demanda se tramitara en Colombia,
entre ellos, traslados aéreos internacionales, hospedajes, alimentación, incluso
una asesoría jurídica de otro nivel teniendo en cuenta factores como la
normativa internacional y el idioma, los cuales podrían constituirse en
obstáculos adicionales para que se pueda efectivizar el derecho. [87]  En tal medida, se ordenará que en caso
de que se supere el término de seis (6) meses y no se haya conformado dicho
ente, y en aras de garantizar un recurso judicial efectivo, se ordenará a la
Federación Colombiana de Fútbol sufragar los costos adicionales en que
incurriere el Club Deportivo Juventud Las Américas (incluido trasporte,
alojamiento, alimentación, asesoría y defensa jurídica), para poder presentar
su caso, no en Colombia, sino ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausagne, Suiza, para
garantizar de manera efectiva y sin obstáculos el acceso a un Tribunal
competente, dentro de la jurisdicción deportiva, en un plano de igualdad frente
a otros clubes y casos presentados.
III. DECISIÓN
La
Sala reitera que el acceso a la administración de justicia implica el derecho (i)
de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, (ii) a que subsistan
en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales para
la efectiva resolución de los conflictos, (iii) a contar con la posibilidad de
obtener la prueba necesaria a la fundamentación de las peticiones que se eleven
ante el juez, (iv) a una decisión de fondo a sus pretensiones, (v) a que
existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas, y (vi) a que los procesos se desarrollen
en un término razonable. Si no se verifica el cumplimiento de estos postulados
se presenta una vulneración a un recurso judicial efectivo.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo judicial del veintiséis (26) de enero de dos mil dieciséis
(2016), proferido por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del
Expediente T- 5.489.438, y en su lugar CONCEDER el amparo al derecho a
la administración de justicia invocado por el Club Deportivo Juventud Las
Américas.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Federación Colombiana de Fútbol para que
en un término no mayor a seis (6) meses siguientes a la notificación de la
presente providencia conforme, teniendo en cuenta sus estatutos y la Resolución
No. 1934 de 2008, la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación
para que, como órgano competente, conozca, tramite, y resuelva la demanda de
indemnización por formación presentada por el Club Deportivo Juventud Las
Américas contra el Club Deportivo Popular Junior FC SA.
TERCERO.- de
no cumplirse la anterior orden en el plazo indicado ORDENAR a la Federación Colombiana de Fútbol sufragar los
costos adicionales en que incurriere el Club Deportivo Juventud Las Américas
(incluido trasporte, alojamiento, alimentación, asesoría y defensa jurídica),
para poder presentar su caso, no en Colombia, sino ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausagne,
Suiza, para que se pueda garantizar de manera efectiva y sin obstáculos el
acceso a un Tribunal competente, dentro de la jurisdicción deportiva, en un
plano de igualdad frente a otros clubes y casos presentados.
CUARTO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente con permiso
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Fallo
del trece (13) noviembre de dos mil quince (2015).
[2] Fallo del veintiséis de enero (26)  dos mil dieciséis (2016).
[3] Sala de
Selección número siete (7) de 2014, integrada por los Magistrados Luis Ernesto
Vargas Silva y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[4] Entidad
de derecho privado, sin ánimo de lucro, afiliada a la Fédération Internationale
de Football Association (FIFA), y a la Confederación Sudamericana de Fútbol –
CONMEBOL.
[5] Copia de la Resolución 007 de 3 de mayo de
2012, expedida por la Alcaldía de Santa Marta, mediante la cual otorgó
reconocimiento deportivo al Club Deportivo Juventud Las Américas. Folio 19, Cuaderno Principal.
[6] Ver Copia del pasaporte del jugador Jarlan Junior Barrera Escalona,
expedido por la Federación Colombiana de Fútbol. Folio 21, Cuaderno Principal.
[7] El trece (13) de marzo de dos mil trece
(2013).
[8] Copia de solicitud de pago de indemnización enviada por el accionante
al Club Deportivo Junior FC S.A., con fecha de 14 de octubre de 2014. Folios 22
a 24, Cuaderno Principal. || Copia de la factura de venta número 0233
emitida por el Club Deportivo Juventud Las Américas y dirigida al Club
Deportivo Popular Junior FC S.A. Folio 25, Cuaderno Principal. || Este valor se calcula de
conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 35 del Estatuto del
Jugador, expedido por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de
Fútbol.
[9] De acuerdo con lo establecido  en el artículo 773 del Código de
Comercio, modificado por el artículo 2º de la Ley 1231 de 2008.
[10] Resolución 3049 de 2013.
[11] Copia de la demanda interpuesta por el accionante ante la Comisión del
Estatuto del Jugador, de 27 de enero de 2015. Folios 27 a 30, Cuaderno
Principal.
[12] Copia de Auto fechado el 27 de febrero de 2015, mediante el cual la
Comisión del Estatuto del Jugador inadmite la demanda presentada por el
accionante. Folio 37, Cuaderno Principal.
[13] Copia del recurso de reposición interpuesto
por el accionante el 18 de marzo de 2015. Folios 40 a 49, Cuaderno Principal.
[14] Copia de Auto de 30 de abril de 2015,
mediante el cual la Comisión del Estatuto del Jugador no repone y confirma el
Auto de 27 de febrero de 2015. Folios 51 a 53, Cuaderno Principal.
[15] El Juzgado Sesenta y Cinco (65) Civil Municipal de Bogotá, mediante
Auto con fecha de veintiséis (26) de agosto de 2015, admitió la acción de
tutela, ordenó vincular como accionado a la Comisión del Estatuto del Jugador
de la Federación Colombiana de Fútbol y mediante Auto de 07 de septiembre de
2015 ordenó la vinculación de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de
la Federación Colombiana de Fútbol.
[16] Escrito
de contestación de la acción de tutela, fechado 28 de agosto de 2015.
[17] “Reglamento de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) de
la Federación Colombiana de Fútbol. Artículo 3. Composición 1. La CNRD estará
integrada así: (a) Un presidente y un suplente, elegidos de común acuerdo por
los representantes de los jugadores y clubes escogidos de una lista de al menos
cinco (5) personas elaborada por el comité ejecutivo de la federación.  Si
treinta (30) días antes de la iniciación de la primera competencia oficial del
fútbol profesional colombiano del primer semestre del año no hubiere acuerdo
entre los representantes de los jugadores y clubes, el presidente de la CNRD y
su vicepresidente serán nombrados por el Comité Ejecutivo de la Federación
Colombiana de Fútbol. (b) Tres (3) representantes de los jugadores y sus suplentes,
elegidos o nombrados a propuesta de la asociación de jugadores colombianos
miembros de la FIFPro o nombrados mediante un proceso de selección reconocido
por FIFA y la FIFPro. Tres (3) representantes de los clubes y sus suplentes,
elegidos en Asamblea General de la DIMAYOR.”
[18] Sentencia de nueve (09) de septiembre de dos
mil quince (2015).
[19] Escrito presentado el 17 de septiembre de 2015.
[20] Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de
Bogotá, Cundinamarca.
[21] Sentencia de veintisiete (27) de octubre de
dos mil quince (2015).
[22] Escrito de 09 de noviembre de 2015.
[23] Escrito con fecha de 09 de noviembre de 2015.
[24]Corte Constitucional, sentencia C-226 de 1997
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[25] Escrito con fecha del 12 de noviembre de
2015.
[26] Sentencia del 13 de noviembre de 2015.
[27] Escrito de 28 de noviembre de 2015.
[28] Escrito de 28 de noviembre de 2015.
[29] Escrito recibido el día doce (12) de agosto
de dos mil dieciséis (2016).
[30] Copia de la Resolución No. 3406 de 18 de noviembre de 2015, expedida
por el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, mediante la cual
se extienden temporalmente las competencias de la Comisión del Estatuto del
Jugador. Folio 381, Cuaderno principal.
[31] Copia de Auto de 19 de noviembre de 2015,
proferido por la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana
de Fútbol, mediante el cual se admite la demanda presentada por el Club
Juventud Las Américas en contra del Club Deportivo Popular Junior FC S.A. Folios 382 a 383, Cuaderno Principal.
[32] El dieciocho (18) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), la doctora Claudia E. Guerrero Sánchez, en respuesta al
oficio B-781/16, remite oficio.
[33] El veintidós (22) de agosto de dos mil
dieciséis (2016), el doctor Jorge F. Perdomo Polanía, en respuesta al oficio
OPTB-692/16, radica oficio.
[34] En relación con este procedimiento, adjuntan
un documento en donde señalan diferentes litigios en donde los afiliados han
acudido al Tribunal mencionado. Algunos de estos son:
Proceso CAS 2015-A-3927 FIFA Vs FCF y JHON STIVEN
RIVERA MURILLO. Apelante: FIFA, Apelado: FCF y Jhon Stiven Rivera Murillo.
Archivado.
Proceso CAS 2016-A-4630 BRAYAN FERNÁNDEZ Vs FCF.
Apelante: Bryan Fernández Garcés, Apelado: FCF. Activo a la espera de decisión
que adopte Árbitro.
[35] El doctor César Mauricio Giraldo Hernández,
en escrito radicado el veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciséis (2016),
da respuesta a la solicitud.
[36] El doctor Ramón Jesurun Franco, en escrito
fechado 17 de agosto de 2016, da respuesta a la solicitud.
[37] Esta
Resolución fue la que amplió las competencias de la Comisión del Estatuto del
Jugador, y admitió la demanda de indemnización por formación instaurada por el
Club Deportivo Juventud Las Américas.
[38] Corte Constitucional, sentencias C-426 de 2002 (MP
Rodrigo Escobar Gil), T-957 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), C-086
de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y Auto 100 de 2008, entre otros, han
abordado el tema del derecho a la tutela judicial efectiva.
[39] Corte Constitucional, sentencia C-426 de 2002
(MP Rodrigo Escobar Gil), reiterada en las sentencia C-279 y C-437 de 2013 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[40] La Corte Constitucional ha indicado que el
derecho al acceso a la administración de justicia es una columna esencial del
Estado Social de Derecho, por ejemplo en las sentencias C-059
de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-544 de 1993 (MP Antonio Barrera
Carbonell), T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-268 de 1996 (MP Antonio Barrera Carbonell), C-215 de 1999 (MP (E) Martha Victoria Sáchica Méndez), C-163 de 1999 (MP Alejandro
Martínez Caballero) SU-091 de
2000 (MP Álvaro Tafur Galvis),
C-330 de 2000  (MP Carlos Gaviria Díaz), C- 426 de 2002
(M.P Rodrigo Escobar Gil).
[41] Corte Constitucional, sentencia T-006 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), C-059 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), C-215 de 1999 (MP (E) Martha Victoria Sáchica Méndez) y C-1195 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). En estas sentencias se concluyó
que el acceso a la justicia es un derecho de aplicación inmediata.
[42] En la sentencia T-268 de 1996
(MP Antonio Barrera Carbonell) la Corte sostuvo que  el “acceso a la justicia
se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que
su garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta
que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de
las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice
adecuadamente dicho acceso”. Lo anterior ha fue señalado también en la
sentencia T-006 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y reiterado en las sentencias C-059 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero),   T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), C-215 de 1999 (MP (E) María Victoria Sáchica de
Moncaleano), C-1195 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra), C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil)
y C-1177 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño)
entre otras.
[43] Corte Constitucional, sentencia C-1083 de
2005 (MP Jaime Araujo Rentería).
[44] Corte Constitucional, sentencia C-416 de 1994 (MP
Antonio Barrera Carbonell): “El orden constitucional que entroniza la Carta de
1991 tiene como valor fundamental, entre otros, la justicia, la cual constituye
uno de los pilares para garantizar un orden político, económico y social justo.
La idea de justicia permea toda la normatividad constitucional que se construye
a partir del reconocimiento de Colombia como un Estado Social de Derecho,
organizado en forma de República democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”
[45] Para estos efectos, se entiende por
indefensión la ausencia del derecho a alegar y la imposibilidad de defender en
juicio los propios derechos.
[46] Corte Constitucional, sentencias C-426 de
2002 (MP Rodrigo Escobar Gil)
y C-1177 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[47] Corte Constitucional, sentencia C-426 de 2002 (MP
Rodrigo Escobar Gil).
[48] La Corte Constitucional en sentencia C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar
Gil) indicó que: “Cabe puntualizar que el fundamento del derecho a la
protección judicial efectiva no sólo se encuentra en los artículos 1, 2, 29 y
229 de la Constitución Política. También aparece consagrado en las normas de
derecho internacional, concretamente, en los tratados y declaraciones de
derechos que han sido suscritas y ratificadas por Colombia. Así, por ejemplo,
el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos declara que: “Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. En igual medida, el artículo
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara que: “Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con todas las garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.”
[49] Corte Constitucional, sentencias C-985 de 2005 (MP
Alfredo Beltrán Sierra) y T-292
de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[50] Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa) y C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[51] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías
Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8, Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987,
Serie A No. 9, párr. 24. La Corte Constitucional ha reiterado lo dicho por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la necesidad de idoneidad
y eficacia de los recursos, por ejemplo en las sentencias: C-1195 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda espinosa y Marco Gerardo Montoy Cabra), C-454 de 2006 (MP
Jaime Córdoba triviño), T-301 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-799
de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; AV María Victoria Calle Correa),
C-222 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), C-279 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y AV Luis Ernesto Vargas
Silva), C-437 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-957 de 2014 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado), T-772 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-241 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Alberto Rojas Ríos y Luis
Ernesto Vargas Silva). || En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 25.1 de la
Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos para definir cuándo no
existe recurso judicial efectivo: “... no pueden considerarse efectivos
aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las
circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede
ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la
práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para
decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus
decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación
de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la
decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso
al recurso judicial.” (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en estados de
emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párr. 24.).
Esta opinión ha sido reiterada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos,  en los Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y
Godínez Cruz).
[52] Respecto del derecho de acción o de promoción de la actividad
jurisdiccional se pueden consultar, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-067 de 1993 (MP Ciro Angarita Barón y Fabio Morón
Díaz), T-275 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-416 de 1994 (MP Antonio
Barrera Carbonell), T-502 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara), C-652 de 1997
(MP Vladimiro Naranjo Mesa), C-742 de 1999 MP José Gregorio Hernández, T-240 de
2002 (MP Jaime Araujo Rentería), C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil),  C-483
de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[53] Respecto del derecho a que subsistan
mecanismos judiciales para la efectiva resolución de los conflictos se pueden
consultar, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-240 de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería),
C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-662 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny
Yepes) y C-1177 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[54] Sentencia T-240 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería en lo referente a
el derecho a contar con la posibilidad de obtener la prueba necesaria a la
fundamentación de las peticiones que se eleven ante el juez.
[55] Respecto al derecho a que la promoción de la
actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo se pueden consultar
las sentencias de la Corte Constitucional SU-067 de 1993 (MP Ciro Angarita Barón y Fabio Morón
Díaz), C-093 de 1993 (MP Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero),
C-301 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), C-544 de 1993 (MP Antonio Barrera
Carbonell), T-275 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-416 de 1994 (MP
Antonio Barrera Carbonell), T-046 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-268
de 1996  (MP Antonio Barrera Carbonell), T-502 de 1997 (MP Hernando Herrera
Vergara), C-652 de 1997 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), C-742 de 1999 (MP José
Gregorio Hernández), C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil)  y C-1177 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[56] Respecto del derecho a que existan
procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas se pueden consultar las sentencias de la
Corte Constitucional T-046 de
1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), C-093 de 1993 (MP Fabio Morón Díaz y
Alejandro Martínez Caballero), C-301 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
C-544 de 1993 (MP Antonio Barrera Carbonell), T-268 de 1996 (MP Antonio Barrera
Carbonell), C-742 de 1999 (MP José Gregorio Hernández), C-426 de 2002 (MP Rodrigo
Escobar Gil) y C-1177 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[57] Respecto del derecho a que los procesos se
desarrollen en un término razonable y con observancia de las garantías propias
del debido proceso se pueden consultar las sentencias de la Corte
Constitucional T-046 de 1993
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz), C-093 de 1993 (MP Fabio Morón Díaz y Alejandro
Martínez Caballero), C-301 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),  C-544 de
1993  (MP Antonio Barrera Carbonell), T-268 de 1996 (MP Antonio Barrera
Carbonell), C-742 de 1999 (MP José Gregorio Hernández, C-426 de 2002 (MP
Rodrigo Escobar Gil), C-1177 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño) y C-483 de 2008
(MP Rodrigo Escobar Gil).
[58] La sentencia SU 182 de 1998 (MP
Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo) recogió la
jurisprudencia que hasta el momento se había producido sobre los derechos
fundamentales de las personas jurídicas, tales como T-411 de 1992 (MP Alejandro
Martínez Caballero), T-441 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-241 de
1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-003 de 1993 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-016 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara), T-138 de 1995 (MP
Alfredo Beltrán Sierra), T-133 de 1995 (MP Fabio Morón Díaz), C-360 de 1996 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz). Posteriormente, dicha sentencia de unificación fue
reiterada, entre otras, en las sentencias SU 447 de 2011 (MP Mauricio González
Cuervo) y T-1066 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada).
[59] Corte Constitucional, sentencia SU 182 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio
Hernández Galindo).
[60] Corte
Constitucional., sentencia SU 182 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz y José
Gregorio Hernández Galindo).
[61] En la sentencia T-411 de 1992 (MP Alejandro
Martínez Caballero) se señaló: “Para los efectos relacionados con la
titularidad de la acción de tutela se debe entender que existen derechos
fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como el
derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11);
prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar
(artículo 15); entre otros. Pero otros derechos ya no son exclusivos de los
individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran
insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de
defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes. En
consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales
fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino en tanto que vehículo
para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas
naturales, en  caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela. Otros
derechos constitucionales fundamentales, sin embargo, las personas jurídicas
los poseen directamente: es el caso de la inviolabilidad de la correspondencia
y demás formas de comunicación privada (artículo 15 de la Constitución), la
libertad de asociación sindical (artículo 38); el debido proceso (artículo 29),
entre otros. Luego las personas jurídicas poseen derechos constitucionales
fundamentales por dos vías: a) indirectamente: cuando la esencialidad de la
protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas naturales asociadas. b) directamente: cuando las
personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúen en
sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro
está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas”.
En el mismo sentido, la Sentencia T-551
del 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo) “Una vez más debe insistir la
Corte en que la forma de protección que a los derechos constitucionales
fundamentales brinda el artículo 86 de la Carta Política no comprende
únicamente a las personas naturales, (...) sino que se extiende a las personas
jurídicas”.
[62] Ver por ejemplo los siguientes casos, entre otros, en los que se ha
analizado la posible vulneración del derecho a la administración de justicia de
personas jurídicas: Corte Constitucional, sentencias T-572 de 1994 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-875 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-607 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-192 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-200 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T405 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-230 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-972 de 2007 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-009 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
T-637 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-023 de 2012 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; AV Nilson Pinilla Pinilla), T-061 de 2012 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-658 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa), T-835 de 2014
(MP Jorge Iván Palacio Palacio), SU 686 de 2015 (MP Gloria Stella Ortíz
Delgado; AV María Victoria Calle Correa y Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV
Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva),
T-060 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo; AV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; SV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[63] Corte Constitucional, sentencia T-572 de 1994, (MP Alejandro Martínez Caballero).
[64] Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[65] Corte Constitucional, sentencia T-637 de 2010
(MP Juan Carlos Henao Pérez).
[66] Ver también la sentencia T-405 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño) en el
tema de causales de procedencia de acción de tutela contra providencias
judiciales, por adolecer de algún defecto que conlleve a la violación del
derecho al acceso a la administración de justicia. En este caso específico se
trató el desconocimiento de la ley que impidió el cumplimiento de una
obligación no desvirtuada, de tal manera que se concedió la tutela; y la
Sentencia T-835 de 2014 (MP Jorge Iván palacio Palacio), en donde se consideró
que una errada interpretación normativa producía un defecto sustantivo que
desencadenaba una vulneración al derecho en mención, de igual manera se
concedió el amparo.
[67] Ver las sentencias T-607 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-009 de
2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-230 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño),
T-023 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en este caso hay un
acumulado de dos expedientes, en uno se concede el amparo y en el otro se niega
por no configurarse algún defecto, T-658 de 2014 (MP María Victoria Calle
Correa).
[68] Ver las sentencias T-875 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), SU 686
de 2015 (MP Gloria Stella Ortíz Delgado; AV María Victoria Calle Correa y Luis
Guillermo Guerrero Pérez; SV Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos y
Luis Ernesto Vargas Silva).
[69] Ver las sentencias T-972 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-192 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-061 de 2012 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto)
[70] Estatutos Federación Colombiana de Fútbol. “ARTÍCULO 92.- Las
divisiones, ligas, clubes o miembros de clubes y ligas y en general todos los
afiliados no estarán autorizados a presentar ante los tribunales ordinarios los
litigios que tengan con la federación o con otros afiliados, comprometiéndose a
someter cada uno de estos litigios a los tribunales deportivos competentes.”
(Subraya y negrilla fuera de texto)
[71] Resolución 2798 de 2011, modificada por la Resolución 3049 de 2013.
“Artículo 45º. CÁMARA NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS – CNRD. Sin perjuicio
del derecho que le asiste a cualquier jugador o club de recurrir ante la
justicia ordinaria en procura de solución a sus demandas laborales derivadas
del contrato de trabajo, las partes podrán someter sus discrepancias a la
CÁMARA NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS -CNRD- cuya competencia y
funcionamiento se recoge específicamente en documento separado aprobado por el
Comité Ejecutivo de COLFUTBOL” || Resolución 1934 de 2008 “Por la cual se
expide el  Reglamento de la Cámara de Resolución de Disputas (CNRD) de la
Federación Colombiana de Fútbol -  I. Disposiciones generales. Artículo 1.
Competencia de la CNRD. (...). 2. Igualmente para conocer y decidir los asuntos
que sobre indemnización por formación le sean formulados”.
[72] Resolución 3049 de 2013, publicada el 19 de abril del mismo año.
[73] “B.- CÁMARA NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE
DISPUTAS – CNRD.
Artículo 45º.- Sin perjuicio del derecho que le asiste
a cualquier jugador o club de recurrir ante la justicia ordinaria en procura de
solución a sus demandas laborales derivadas del contrato de trabajo, las partes
podrán someter sus discrepancias a la CÁMARA NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
-CNRD- cuya competencia y funcionamiento se recoge específicamente en documento
separado aprobado por el Comité Ejecutivo de COLFUTBOL (Resolución Número 1934,
de 24 de Junio de 2008, por la cual se expide el Reglamento de la Cámara de
Resolución de Disputas –CNRD- de la Federación Colombiana de Fútbol).”
[74] Estatuto del Jugador: “Artículo 43º. Recursos. Exceptuando los fallos
proferidos en única instancia por la Comisión del Estatuto del Jugador de
COLFUTBOL, respecto de los que procede el recurso de reposición ante el mismo
órgano y el de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS/CAS), se
podrán interponer los siguientes recursos: 1. Recurso de Reposición. Contra las
decisiones de la Comisión del Estatuto del Jugador procede el recurso de
reposición ante la misma Comisión. El recurso se podrá interponer y sustentar
por escrito, por el representante legal del club o el jugador afectado, dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. La
reposición se resolverá de plano, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes.2. Recurso de Apelación. Contra las decisiones de la Comisión del
Estatuto del Jugador también procede el recurso de apelación ante la Comisión
jerárquicamente superior de acuerdo a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Del escrito que sustente la apelación se dará traslado a la otra parte, si la
hubiere, por un término de cinco (5) días hábiles para la contestación. Vencido
el término anterior, la Comisión resolverá el recurso dentro de un término de
cinco (5) días hábiles y contra esta decisión no procede recurso alguno”.
[75] Sentencia T-476 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
[76] Sentencia
T-006 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[77] Sentencias SU-067 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz;
T-275 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-416 de 1994, M.P. Antonio
Barrera Carbonell; T-502 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-652 de 1997,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; T-240
de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil;
C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[78] Sentencias T-240 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-426 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y C-1177 de
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[79] Así, como lo prescribe el artículo 66 de los Estatutos de la FIFA -
Reglamento de Aplicación de los Estatutos Reglamento del Congreso Edición julio
de 2013: “66 Tribunal de Arbitraje Deportivo. || 1. La FIFA reconoce el derecho
a interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAD), un tribunal de arbitraje independiente con sede en Lausana, Suiza, para
resolver disputas entre la FIFA, los miembros, las confederaciones, las ligas,
los clubes, los jugadores, los oficiales, los agentes de partidos y los agentes
de jugadores con licencia. 2. El procedimiento arbitral se rige por las disposiciones
del código de arbitraje en materia deportiva del TAD. El TAD aplica en primer
lugar los diversos reglamentos de la FIFA y, adicionalmente, el derecho suizo.”
[80] Proceso CAS 2015-A-3927 FIFA Vs FCF y JHON
STIVEN RIVERA MURILLO. Apelante: FIFA, Apelado: FCF y Jhon Stiven Rivera
Murillo. Archivado.
Proceso CAS 2016-A-4630 BRAYAN FERNÁNDEZ Vs FCF.
Apelante: Bryan Fernández Garcés, Apelado: FCF. Activo a la espera de decisión
que adopte Árbitro.
[81] Sentencia T-240 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[82] Sentencias SU-067 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz;
C-093 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero; C-301 de
1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-544 de 1993, M.P. Antonio Barrera
Carbonell; T-275 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-416 de 1994,
M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-046 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-268 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-502 de 1997, M.P. Hernando
Herrera Vergara; C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-742 de 1999, M.P.
José Gregorio Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil  y C-1177 de
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[83] Sentencias T-046 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-093 de 1993,
M.P. Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero; C-301 de 1993, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; C-544 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-268
de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil  y C-1177 de 2005, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[84] Sentencias T-046 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-093 de 1993,
M.P. Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero; C-301 de 1993, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; C-544 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-268
de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1177 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño y C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[85] La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha
resaltado la importancia y lo que conlleva el derecho al recurso judicial efectivo. Por ejemplo: en la
Opinión consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003 se indicó sobre la
condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados lo siguiente: “En
una relación laboral regida por el derecho privado, se debe tener en cuenta que
existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares.
Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos
humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en
relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por
la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según
la 118 cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los
poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares”.
(Opinión Consultiva citada por la Corte Constitucional en la sentencia C-288 de
2009 MP Jorge Iván Palacio Palacio). || En el caso Nadege Dorzema y otros vs.
República Dominicana, sentencia de 24 de octubre de 2012, (Fondo, Reparaciones
y Costas) se indicó: “Por otra parte, la Corte ya
había resaltado la "importancia de la asistencia letrada en casos [...] en
que se trata de una persona extranjera, que puede no conocer el sistema legal
del país y que se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad al
encontrarse privada de libertad, lo cual requiere que el Estado receptor
tome en cuenta las particularidades de su situación, para que goce de un acceso
efectivo a la justicia en términos igualitarios". Impedir a la persona
sometida a un proceso administrativo sancionatorio de contar con la asistencia
de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que
ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al
ejercicio del poder punitivo. Por lo tanto, en casos donde la consecuencia del
procedimiento migratorio pueda ser una privación de la libertad de carácter
punitivo, -como en el presente caso lo era la expulsión-, "la asistencia
jurídica gratuita se vuelve un imperativo del interés de la justicia"
(Subraya fuera de texto) (Sentencia citada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-537 de 2016 MP Alejandro Linares Cantillo). De lo anterior se puede
concluir que tratándose del derecho los migrantes, la Corte Interamericana ha
reconocido que se debe garantizar la efectividad de sus derechos y, en esa
medida, la garantía del acceso a la justicia en condiciones de igualdad, de
manera que aspectos como el lenguaje, los costos y el acceso a un abogado para
que ejerza su defensa no sean factores que vayan en contra de los intereses de
esos sujetos. ||Sobre el acceso a la administración de justicia – recurso
judicial efectivo – la Corte Interamericana, en el caso Castillo
Petruzzi y otros Vs. Perú Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones
y Costas) señaló que: “El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la
Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado
superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda
tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el
sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna
las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso
concreto.” (Caso citado por la Corte Constitucional por ejemplo en la sentencia
C-537 de 2016 MP Alejandro Linares Cantillo). || En el fallo dentro del caso
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), la CIDH afirmó dentro del acápite
denominado “Derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior (artículo
8.2.h. de la Convención)” que: “El juez o tribunal superior encargado de
resolver el recurso interpuesto contra la sentencia penal tiene el deber
especial de protección de las garantías judiciales y el debido proceso a todas
las partes que intervienen en el proceso penal de conformidad con los
principios que lo rigen. La posibilidad de ‘recurrir del fallo’ debe ser
accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho.
Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para
recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice una examen
integral de la decisión recurrida”. (Subraya
fuera de texto) (Caso citado por la Corte Constitucional, por ejemplo en las
sentencias C-934 de 2006 MP Manuel José Cepeda Espinosa, T-146 de 2010 MP María
Victoria Calle Correa, SU198 de 2013 MP Luís Ernesto Vargas Silva). || En el
caso Yvon
Neptune vs. Haití, Sentencia de 6 mayo de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas)
la CIDH indicó: “La
falta de acceso del señor Neptune a un tribunal competente ha prolongado
indebidamente el estado de incertidumbre -que normalmente genera un proceso
penal- y no le ha permitido obtener un pronunciamiento definitivo de un juez
competente acerca de los cargos que le fueron imputados. En tal sentido,
este Tribunal ha señalado que cualquier norma o medida del orden interno que
imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos
a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de
la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado
artículo 8.1 de la Convención”. (Subraya
fuera de texto). || Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 6 de agosto de 2008
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) señaló: “El artículo 25.1 de la
Convención establece, en términos generales, la obligación de los Estados de
garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos
fundamentales. Al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la
Corte ha sostenido que la obligación del Estado de proporcionar un recurso
judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o
procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales,
sino que los recursos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la
persona la posibilidad real de interponer un recurso, en los términos de aquel
precepto.  La existencia de esta garantía "constituye uno de los
pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de
Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención".
Asimismo, conforme al artículo 25.2.b de la Convención, los Estados se
comprometen a desarrollar las posibilidades del recurso judicial”. Más adelante
la Corte Interamericana advierte: “Este Tribunal considera que el sentido de la
protección otorgada por el artículo 25 de la Convención es la posibilidad real
de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de
emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a
algún derecho que la persona que reclama estima tener y que, en caso de ser
encontrada una violación, el recurso sea útil para restituir al interesado en
el goce de su derecho y repararlo. Sería irrazonable establecer dicha garantía
judicial si se exigiera a los justiciables saber de antemano si su situación
será estimada por el órgano judicial como amparada por un derecho específico”.
(Caso citado por la Corte Constitucional, por ejemplo en la sentencia T-241 de
2016 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[86] Resolución 2798 de 2011, modificada por la Resolución 3049 de 2013.
“Artículo 45º. CÁMARA NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS – CNRD. Sin perjuicio
del derecho que le asiste a cualquier jugador o club de recurrir ante la
justicia ordinaria en procura de solución a sus demandas laborales derivadas
del contrato de trabajo, las partes podrán someter sus discrepancias a la
CÁMARA NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS -CNRD- cuya competencia y
funcionamiento se recoge específicamente en documento separado aprobado por el
Comité Ejecutivo de COLFUTBOL” || Resolución 1934 de 2008 “Por la cual se
expide el  Reglamento de la Cámara de Resolución de Disputas (CNRD) de la
Federación Colombiana de Fútbol -  I. Disposiciones generales. Artículo 1. Competencia
de la CNRD. (...). 2. Igualmente para conocer y decidir los asuntos que sobre
indemnización por formación le sean formulados”.
[87] La Corte Constitucional, ha dado órdenes
similares cuando el resarcimiento del derecho fundamental implica costos, los
cuales deberán ser asumidos por la entidad o persona que los vulnera. Por
ejemplo: en la Sentencia T-1000 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil) la Corte
estudió una tutela interpuesta contra el Parqueadero Los Arias, por negarse a
devolverle al accionante el vehículo de su propiedad, del cual derivaba su
sustento diario al usarlo como taxi, que le fue inmovilizado al momento de su
detención como presunto autor del delito de hurto agravado y calificado. La
Corte amparó el derecho al trabajo del accionante, ordenando al parqueadero la
entrega incondicional del vehículo de su propiedad, y consideró que quien debía
responder por los costos del servicio de patios era el Juzgado 24 Penal del
Circuito, a través de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. ||
En la sentencia T-1084 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett) la Corte estudió
la legalidad del despido de la accionante, en tanto a partir del mismo
aparentemente se vulneraron sus derechos fundamentales por haberse realizado en
circunstancias inciertas acerca del conocimiento o no del estado de embarazo de
la trabajadora por parte del empleador. Se evidenció que la desvinculación
laboral ocurrió durante el periodo amparado por el fuero maternal. La Corte
ordenó el reintegro laboral, el pago de la licencia de maternidad y el pago de
todos los gastos realizados con ocasión de la maternidad que, de no haberse
presentado el despido, hubiesen sido cubiertos por la respectiva E.P.S. || En
la sentencia T-749 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) la Corte estudió la
acción de tutela interpuesta contra la Previsora S.A. Compañía de Seguros por
la vulneración a los derechos de un menor que fue víctima de un accidente de
tránsito, al negarse a autorizar el procedimiento quirúrgico ordenado por el
médico tratante. La Corte reiteró la obligación de los establecimientos
hospitalarios y de las entidades de seguridad y previsión social del sector
salud de prestar atención a las víctimas de accidentes de tránsito, y la
obligación de asumir el costo del respectivo servicio. Se ordenó a la Clínica
de Urabá S.A., autorizar la cirugía ordenada por el médico tratante sin exigir
ningún requisito adicional a su familia. Se le ordenó a La Previsora S.A.
Compañía de Seguros cubrir todos los gastos en los que incurra La Clínica de
Urabá S.A por la cirugía y demás tratamientos que requiera el menor, con cargo
al SOAT. || En la sentencia T-560 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez) la
Corte se preguntó si una Entidad Promotora de Salud –EPS- vulnera el derecho a
la salud de una persona de la tercera edad al: (i) autorizar, en otra ciudad y
sin servicio de transporte, los servicios de salud que le fueron prescritos,
(ii) negarle el suministro de un tipo especial de transporte (taxi) que de
acuerdo con sus condiciones de salud le permita asistir a un procedimiento
médico prescrito en otro municipio al de su residencia. La Corte aclaró que
solo si no hay IPS que puedan prestar los servicios en el lugar de residencia
del actor, la accionada podría remitir a los pacientes al lugar más cercano que
cuenta con la capacidad técnica y humana para atenderlo, suministrando todos
los gastos por traslado y alojamiento. Con respecto al segundo caso, se
consideró que el servicio de taxi es el que mejor permitiría salvaguardar su
estado de salud. Se ordenó a las entidades accionadas autorizar el suministro
de transporte y alojamiento cuando no se pueda prestar el servicio de salud en
el lugar de residencia del actor y, autorizar el suministro de transporte en
taxi particular a favor del actor y un acompañante para la asistencia a las
sesiones médicas programadas tres veces por semana. || En la sentencia T-462 de
2015 (MP Gloria Stella Ortíz Delgado, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) la
Corte estudió un caso en el que el accionante, había sido objeto de
discriminación por parte de la Embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte en
Colombia, al haberse iniciado un proceso disciplinario en su contra, que
terminó en despido, por aspectos relacionados con su identidad étnica y racial,
y con sus creencias religiosas. La Corte ordenó el reintegro a la Embajada y
advirtió que en caso de no cumplirse con esta orden, le corresponderá al
Ministerio de Relaciones Exteriores mediar en la situación, bien sea a través
de acciones diplomáticas dirigidas a la obtención del reintegro o por medio de
las acciones legales pertinentes ante las instancias administrativas y
judiciales del Reino Unido, reclamando la protección inmediata y efectiva de
los derechos fundamentales vulnerados. Se indicó que el Ministerio tendría que
sufragar todos los gastos necesarios para garantizar que el demandante cuente
con todos los medios necesarios y suficientes para agotar todas las instancias
y recursos administrativos y judiciales disponibles para la protección efectiva
de sus derechos, incluyendo gastos de representación por parte de una firma de
abogados, así como todos los costos y gastos asociados con la práctica de
pruebas y los demás que sean necesarios y suficientes para su adecuada
representación. || En la sentencia T-274 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio, SV Martha Victoria Sáchica Méndez) la Corte consideró que la negativa
por parte del Estado de brindar la posibilidad a los pacientes o parejas de
acceder a procedimientos como la fertilización in vitro, como única posibilidad
de procrear biológicamente, supone una limitación al ejercicio de los derechos
a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a conformar una
familia. La Corte ordenó a las Entidades Promotoras de Salud –EPS accionadas
autorizar el tratamiento de fertilización in vitro siempre y cuando se acredite
el estricto cumplimiento de los lineamientos fijados en la providencia,  y
además ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social iniciar los estudios
de impacto fiscal sobre la inclusión de los tratamientos de reproducción
asistida en el Plan Obligatorio de Salud, entre otras cosas. || En la sentencia
T-148 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo AV Gloria Stella Ortiz
Delgado) la Corte indicó que si bien el servicio de transporte no es una
prestación médica, si es un medio que permite el acceso a los servicios de
salud, y por ende la materialización del derecho. Existen casos en los que,
pese a encontrase excluidos, el traslado se torna de vital importancia para
garantizar la salud de la persona, y le corresponde al juez constitucional
analizar la situación particular a fin de evidenciar si es obligatorio para la
EPS cubrir los gastos de transporte. La Corte decidió tutelar los derechos
fundamentales invocados en uno de los expedientes y ordenó a Coomeva EPS
autorizar el traslado y viáticos del paciente y de su acompañante, siempre que
haya lugar a su desplazamiento.