T-190-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-190/13
(Bogotá, D.C., abril
8)
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION
ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Garantía y respeto de derechos fundamentales
del interno
La Corte Constitucional ha considerado que los internos de los centros
penitenciarios y carcelarios del país, se encuentran en una especial relación
de sujeción con el Estado, en particular con las autoridades legalmente
constituidas para dirigir dichos establecimientos, vista la clara situación de
subordinación en la que se encuentran. El respeto y garantía de derechos como la vida, la
integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud, al debido
proceso, y el derecho de petición, entre otros, no se afectan de manera alguna;
su libre ejercicio y protección mantienen plena vigencia, a pesar de la
privación de la libertad que padece su titular. El Estado tiene dicha carga de asegurar, en el marco
de su política carcelaria, la efectiva protección y garantía de sus derechos,
ya que el interno sigue siendo titular de derechos cuya satisfacción no puede
ser asumida por ellos mismos. En suma, el Estado debe garantizar de manera primordial
la seguridad en las condiciones de reclusión, y por otra parte, ofrecer a sus
internos condiciones mínimas para llevar una existencia digna.
DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Fundamental autónomo/DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Atención
médica de manera oportuna, adecuada y efectiva
Esta Corporación ha considerado la salud como un derecho
fundamental autónomo con especial énfasis cuando se trata de amparar a sujetos
de especial protección como los discapacitados y los reclusos en
establecimientos penitenciarios y carcelarios, entre otros. Respecto de
la atención en salud de las personas recluidas en estos establecimientos la Ley
65 de 1993, o Código Penitenciario y Carcelario, señala la responsabilidad y
obligación estatal de asumir la prestación y atención en salud de toda la
población carcelaria y establece las formas bajo las cuales ésta se debe
desarrollar. La atención médica debe llevarse a cabo de manera oportuna,
adecuada y efectiva, toda vez que el pleno goce del derecho fundamental a la
salud de los internos depende de la oportuna y eficiente gestión del Estado en
la prestación de la misma.
DERECHO A LA SALUD Y PRINCIPIO
DE ATENCION INTEGRAL-Atención en salud comprende todo cuidado, medicamento,
intervención quirúrgica, prácticas de rehabilitación y exámenes de diagnóstico
necesarios para el restablecimiento de la salud del paciente
DERECHO AL DIAGNOSTICO DEL
INTERNO-Vulneración por EPS al omitir atender de manera oportuna, adecuada
y eficiente para tratar problemas de salud oral que padece el accionante
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD
DEL INTERNO-Orden a EPS valoración por odontología y determinar si se
requiere prótesis para proteger la salud oral del accionante
Referencia: expediente T-3.714.171
Fallo de
tutela objeto revisión: Sentencia del veintitrés (23) de agosto de dos
mil doce (2012) del Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito de
Popayán (Cauca).
Accionante: Diego Mavisoy Chindoy.
Accionado: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- y Caprecom EPS.
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Magistrado sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1. Demanda de tutela[1].
1.1. Elementos de la demanda:
1.1.1. Derechos fundamentales invocados: dignidad
humana y salud.
1.1.2. Conducta que causa la vulneración: la
omisión de Caprecom EPS de valorar el estado de salud oral del accionante.
1.1.3. Pretensión: ordenar a Caprecom EPS hacerle
entrega de una próstesis dental al recluso.
1.2. Fundamento de la pretensión[2].
1.2.1 El accionante, quien se encuentra recluido en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad –EPCAMS-
de Popayán,  expuso en la demanda de tutela que adolece de un problema dental
consistente en que perdió un diente superior, lo cual le ha generado problemas
en su capacidad de masticar con normalidad.
1.2.2 El actor manifestó haberle solicitado en diversas
oportunidades al INPEC y Caprecom EPS prestarle la atención odontológica y que
se han limitado a informarle que a ellos no les corresponde su atención médica.
1.3. Respuesta de las entidades accionadas.
1.3.1. QBE Seguros S.A.[3]:
Afirmó no haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante pues no
tiene dentro de sus funciones la prestación del servicio de salud; tan solo
cubre los riesgos económicos de la atención integral en salud de la población
reclusa, no cubierta por el POS-S.
1.3.2. Caprecom EPS-S[4]:
Manifestó no haber vulnerado los derechos fundamentales del peticionario, porque
no le ha negado los servicios de salud incluidos en el POS. Expuso que para
garantizar la salud integral del actor el 14 de agosto de 2012 ordenó una
valoración del estado de salud dental del accionante, con el fin de determinar
la necesidad de una prótesis.
1.3.3. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-:
No se pronunció respecto de los hechos de la presente acción de tutela.
1.4. Decisiones de tutela objeto de revisión:
1.4.1 Sentencia del veintitrés (23) de agosto de dos mil
doce (2012) del Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito de Popayán
(Cauca)[5]:
Concedió el amparo solicitado al considerar que Caprecom EPS vulnera los
derechos fundamentales del actor, “al no realizarle oportunamente la
valoración odontológica solicitada, a fin de determinar el tratamiento
odontológico integral a seguir y la necesidad de la prótesis dental”[6].
Por ello, procedió a ordenarle a Caprecom EPS la realización de una valoración
por odontología a fin de establecer el tratamiento a seguir y la necesidad de
implantar una prótesis dental y la prestación integral del servicio odontológico
que sea ordenado, incluido el suministro de la prótesis dental, si es formulada.
Asimismo, le ordenó al INPEC tramitar oportunamente ante Caprecom EPS y ante
QBE Seguros los servicios asistenciales y económicos a que hubiere lugar.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es
competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la
Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto
2591 de 1991 -artículos 31 a 36-[7].
2. Procedencia de la demanda de tutela.
2.1. Alegación de afectación de un derecho fundamental:
Se alega la vulneración al derecho fundamental a la salud.
2.2. Legitimación por activa: El accionante interpuso
de manera personal la acción de tutela como titular de los derechos
fundamentales invocados[8].
2.3. Legitimación por pasiva: El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y
Caprecom EPS, en su condición de autoridades públicas o de empresas que tienen
a su cargo la prestación del servicio público de salud de la EPCAMS en la que
se encuentra recluido el actor, se encuentran legitimadas como parte pasiva en
el presente proceso de tutela -de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1º,
5° y 42 del Decreto 2591 de 1991 y 86 de la Constitución Política-, debido a
que se les atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.
2.4. Inmediatez:
2.4.1. Constituye un requisito para la procedibilidad de la
acción el que ésta sea interpuesta en forma oportuna. Es decir, que se realice
dentro de un plazo razonable[9],
toda vez que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales,
frente a su vulneración o amenaza, debiéndose de esta forma presentar dentro de
un ámbito temporal de ocurrencia de la misma.
2.4.2. En el presente caso, la acción de tutela fue
instaurada por el accionante debido a que, según él, su salud oral se encuentra
comprometida hasta el punto en que le dificulta masticar, sin que las entidades
encargadas de la prestación del servicio de salud en el establecimiento
carcelario y penitenciario hayan tomado medida alguna para tratar sus problemas
orales. La Sala considera que la presunta vulneración alegada por el señor
Mavisoy Chindoy a sus derechos fundamentales es actual pues hasta la fecha de
interposición de la demanda no le ha sido realizada una valoración odontológica
para determinar su estado de salud oral y el tratamiento que se debe seguir, si
es que hay lugar a ello.
2.5. Subsidiariedad.
2.5.1. La Constitución Política en su artículo 86, instituyó
la acción de tutela como mecanismo judicial para reclamar la protección de los
derechos fundamentales constitucionales cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o por los particulares en determinadas
circunstancias. Ésta procede en los casos en que el afectado carezca de
otro medio de defensa judicial, o se utilice como mecanismo transitorio,
tendiente a evitar un perjuicio irremediable.
2.5.2. El
legislador en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 –modificado por la Ley 1438
de 2011-[10], confirió a la Superintendencia
Nacional de Salud, potestades jurisdiccionales para resolver, con las
facultades propias de un juez, algunas controversias entre las entidades
promotoras en salud (o entidades que se les asimilen) y sus usuarios.
2.5.3 En el presente caso, la
Sala considera que, dado que el accionante no cuenta con un diagnostico de su
estado de salud oral y que manifiesta tener un problema dental que le impide
masticar con normalidad, el procedimiento jurisdiccional ante la
Superintendencia Nacional de Salud[11]
no es un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para conjurar los
efectos de la alegada falta de atención en salud de las entidades accionadas,
con la celeridad que el caso amerita.
2.5.4 En consecuencia, la acción
de tutela es el mecanismo idóneo para verificar si el derecho fundamental a la
salud del accionante se encuentra amenazado o si fue efectivamente vulnerado
por las entidades accionadas, al no realizar una valoración de su estado de
salud oral y adoptar las medidas adecuadas y necesarias para tratarlo.
3. Problema Jurídico.
¿Caprecom EPS vulneró el derecho fundamental a la salud del
accionante al omitir prestarle la debida atención en salud con el fin de
solucionar los problemas de salud oral que lo aquejan?
4. Los derechos de los internos. Relación de
especial sujeción entre los reclusos y el Estado. Reiteración de
jurisprudencia.
La
Corte Constitucional ha considerado que los internos de los centros
penitenciarios y carcelarios del país, se encuentran en una especial
relación de sujeción[12]
con el Estado, en particular con las autoridades legalmente constituidas
para dirigir dichos establecimientos, vista la clara situación de subordinación
en la que se encuentran.
La
reclusión en un centro penitenciario y carcelario implica para el interno en
estado de detención preventiva la suspensión de sus derechos a la libertad
física y a la libre locomoción, y adicionalmente, de derechos políticos si ha
sido condenado por sentencia judicial. De otra parte, derechos como la libertad
de reunión o asociación, la intimidad personal y familiar, el libre desarrollo
de la personalidad, el derecho al ejercicio libre de una profesión u oficio y
la libertad de expresión se encuentran seriamente restringidos, en tanto la
privación de la libertad conlleva impedimentos a su libre ejercicio.
El
respeto y garantía de derechos como la vida, la integridad personal, la
dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso, y el derecho de
petición, entre otros, no se afectan de manera alguna; su libre ejercicio y
protección mantienen plena vigencia, a pesar de la privación de la libertad que
padece su titular[13].
Con
base en esta especial relación de sujeción entre internos y el Estado, éste
tiene la posibilidad de imponer un conjunto de condiciones y reglas de conducta
cuya finalidad primordial es garantizar la seguridad y el orden al régimen
penitenciario y carcelario. Correlativamente el Estado tiene dicha carga de
asegurar, en el marco de su política carcelaria, la efectiva protección y
garantía de sus derechos, ya que el interno sigue siendo titular de derechos
cuya satisfacción no puede ser asumida por ellos mismos. En suma, el Estado
debe garantizar de manera primordial la seguridad en las condiciones de
reclusión, y por otra parte, ofrecer a sus internos condiciones mínimas para
llevar una existencia digna.
Las
condiciones mínimas de vida digna comprenden elementos básicos de la existencia
de cualquier ser humano, partiendo de las obligaciones más esenciales como la
alimentación, la habitación, el suministro de útiles de aseo, hasta la
prestación de servicio de sanidad, etc., requerimientos mínimos que no pueden
ser asumidos con la sola iniciativa del interno, en razón a restricción de
algunos de sus derechos. Así, la responsabilidad estatal en estas materias es
ineludible y plenamente exigible por los reclusos[14], máxime cuando la misma
Constitución Política en su artículo 12 señala que nadie puede estar sometido a
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[15].
Bajo
estas consideraciones, la garantía mínima de los derechos a la vida, a la
integridad física, a la salud, etc., se asegura mediante acciones positivas por
parte del Estado.
5. El derecho fundamental a
la salud de los internos.
Se
debe señalar previamente que son numerosos los fallos en los cuales la Corte
Constitucional ha señalado que el derecho a la salud se caracteriza por ser:
(i) un servicio público a cargo del Estado, y además por (ii) ser un derecho
susceptible de protección constitucional. De esta manera, y en tanto servicio
público, el derecho a la salud se orienta en su prestación por los principios
de eficiencia, universalidad, y solidaridad, tal y como lo prevé la Ley 100 de
1993 que desarrolla la materia.
Esta Corporación ha considerado
la salud como un derecho fundamental autónomo con especial énfasis cuando se
trata de amparar a sujetos de especial protección como los discapacitados y los
reclusos en establecimientos penitenciarios y carcelarios, entre otros[16].
Respecto
de la atención en salud de las personas recluidas en estos establecimientos la
Ley 65 de 1993, o Código Penitenciario y Carcelario, señala la responsabilidad
y obligación estatal de asumir la prestación y atención en salud de toda la
población carcelaria y establece las formas bajo las cuales ésta se debe
desarrollar[17].
Así, esta Corporación ha establecido:
“Por la salud del interno debe
velar el sistema carcelario, a costa del tesoro público, y la atención
correspondiente incluye, también a su cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos,
hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los derechos fundamentales del preso
resultarían gravemente violados por la negligencia estatal en estas materias,
así como por la falta de cuidado y asistencia requeridos para la prevención,
conservación y recuperación de su salud. […]
El cuidado de la salud, a cargo
del establecimiento, en los campos médico, quirúrgico, asistencial, o el que
implique tratamientos o terapias debe ser oportuno, es decir, ha de darse de
tal modo que no resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del
paciente; aun en los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre
dolores intensos la atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por
razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla efectivamente no
se convierta en una modalidad de tortura.”[18]
En consecuencia del anterior marco legal y jurisprudencia se
tiene que la atención médica debe llevarse a cabo de manera oportuna, adecuada
y efectiva, toda vez que el pleno goce del derecho fundamental a la salud de
los internos depende de la oportuna y eficiente gestión del Estado en la
prestación de la misma.
6. El derecho al diagnóstico como componente
esencial del derecho fundamental a la salud.
En múltiples pronunciamientos, esta Corporación ha señalado
que el derecho a la salud no sólo incluye la potestad de solicitar atención
médica, es decir, tratamientos, procedimientos quirúrgicos o terapéuticos,
medicamentos o implementos correspondientes al cuadro clínico, sino, también el
derecho a un diagnóstico efectivo[19].
El derecho al diagnóstico[20],
ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como “la seguridad de
que, si los facultativos así lo requieren, con el objeto de precisar la
situación actual del paciente en un momento determinado, con miras a
establecer, por consecuencia, la terapéutica indicada y controlar así oportuna
y eficientemente los males que lo aquejan o que lo pueden afectar, le serán
practicados con la prontitud necesaria y de manera completa los exámenes y
pruebas que los médicos ordenen”[21].
En esta línea, la Corte ha determinado que el derecho al
diagnóstico está compuesto por tres preceptos: “(i) la práctica de las
pruebas, exámenes y estudios médicos ordenados a raíz de los síntomas
presentados por el paciente, (ii) la calificación igualmente oportuna y
completa de ellos por parte de la autoridad médica correspondiente a la
especialidad que requiera el caso, y (iii) la prescripción, por el personal
médico tratante, del procedimiento, medicamento o implemento que se considere
pertinente y adecuado, a la luz de las condiciones biológicas o médicas del
paciente, el desarrollo de la ciencia médica y los recursos disponibles.”[22]
Sobre este punto, es preciso tener en cuenta que el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –cuyo criterio es relevante a la
hora de determinar el alcance de los derechos sociales[23]-, en su Observación
General No. 14[24]
al interpretar el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, estableció como “elementos esenciales e
interrelacionados” del derecho a la salud, (i) la disponibilidad, (ii)
accesibilidad, (iii) aceptabilidad y (iv) calidad.
En este orden de ideas, la Corte ha determinado que:
“Forma parte del principio de calidad
en la prestación del servicio de salud la exigencia de especificar desde el
punto de vista médico, la condición de salud de los afiliados al sistema. Así,
existe en estricto sentido, un derecho al diagnóstico, cuyo contenido normativo
se refiere a que las empresas prestadoras del servicio están obligadas a
determinar la condición médica de sus usuarios. […] Forma parte de los deberes
de quienes prestan el servicio, emitir estas calificaciones, sin las cuales no
podría existir prescripción médica alguna que soportara la necesidad de una
prestación (medicamento o tratamiento). El servicio de salud no podría
prestarse de manera satisfactoria, atendiendo el principio de calidad, si no
existiera la obligación de emitir un diagnóstico médico del estado de salud de
los afiliados”[25]
(énfasis fuera del texto).
En relación con el derecho al
diagnóstico en la prestación del servicio de salud dentro los establecimientos
penitenciarios y carcelarios, la jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido:
“Parte fundamental del conjunto
de prestaciones que en el plano del servicio médico deben asumir los
establecimientos carcelarios está constituida por la oportuna práctica de los
exámenes y pruebas técnicas que permitan establecer o descartar si la persona
presenta cierta afección o irregularidad en su estructura corporal o funcional
en cualquiera de los múltiples aspectos integrantes del equilibrio orgánico.
[…]
Es el sistema carcelario el que tiene a su cargo, a
falta de antecedentes y ante el hecho innegable de deficiencias acusadas en la
salud del recluso, el que debe propiciar con eficiencia y de manera oportuna
los mecanismos indispensables para esclarecer el estado real en que se
encuentra aquél, para prodigarle los cuidados médicos, asistenciales,
terapéuticos o quirúrgicos, según el caso, y garantizarle así la preservación
de una vida digna durante su permanencia en el penal.”[26]
A
manera de conclusión, la entidad encargada de la prestación del servicio de
salud, independientemente del régimen de salud del cual forme parte, debe velar
por brindar una atención integral y de calidad a todos sus afiliados. Por
consiguiente, dicha entidad, ante la disfuncionalidad de algún órgano o sistema
del cuerpo humano de alguno de sus usuarios, tiene la obligación de emitir un
diagnóstico y de suministrar los tratamientos, medicamentos, intervenciones,
procedimientos, exámenes, seguimiento y demás requerimientos que un médico
tratante considere necesarios para atender el estado de salud de ese
determinado usuario.
7. Caso Concreto.
Le corresponde a la Sala en esta oportunidad establecer si Caprecom
EPS vulneró el derecho fundamental a la salud del señor Diego
Mavisoy Chindoy, al no prestarle la atención médica que requiere para tratar los
problemas de salud oral que padece.
Como se expuso en las consideraciones que preceden, por
virtud de la privación de la libertad de la que son objeto las personas como
consecuencia de la aplicación del poder punitivo del Estado, nace una relación
de especial de sujeción entre aquellas y éste, que las ubica bajo la tutela
de la administración carcelaria y penitenciaria. Esto conlleva a que algunos de
sus derechos se ven limitados por causa de la pena impuesta; otros se restrinjan
parcialmente por razones de la reclusión, siempre que sea razonable y
proporcionado, de acuerdo con la ley; y que un tercer grupo permanezca
incólume, correspondiéndole al Estado velar por su pleno ejercicio y goce.
Dentro de este último grupo de derechos se encuentra el derecho fundamental a
la salud.
En
esta línea, el Estado está obligado
a garantizar a aquellas personas que se encuentren privadas de la libertad en
un establecimiento penitenciario o carcelario, el goce del más alto nivel
posible de salud física y mental, mediante la prestación oportuna, adecuada y
eficiente de los servicios de salud incluidos y no incluidos en el POS[27];
erigiéndose como un componente esencial de la atención en salud con calidad el
derecho al diagnóstico en los términos reseñados anteriormente[28].
Esta
Sala considera que Caprecom EPS vulneró el derecho fundamental a la salud del
actor, al omitir prestarle el
servicio de salud de manera oportuna,
adecuada y eficiente. Esto por cuanto, el actor actualmente padece de unos
problemas de salud oral que inciden de manera negativa sobre su capacidad de masticar,
y por ende de alimentarse, que no han sido debidamente diagnosticados y que por
esta misma razón no han sido objeto de tratamiento alguno.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito
de Popayán (Cauca) del
veintitrés (23) de agosto de dos mil doce (2012).
5. Razón de la decisión.
5.1. Síntesis del caso.
La Sala confirmará el fallo de tutela revisado, el cual
amparó los derechos fundamentales del actor, por cuanto considera que las
entidades accionadas no le han prestado al señor Mavisoy Chindoy un servicio de
salud acorde con el postulado de calidad, al haber omitido realizar de manera
oportuna una valoración de su estado de salud oral, sin la cual no es posible
determinar el tratamiento a implementar, de llegar a necesitarse.
La entidad encargada de la prestación del servicio de salud
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, debe velar por
brindar una atención integral y de calidad a toda la población carcelaria. Por
consiguiente, dicha entidad, ante la disfuncionalidad de algún órgano o sistema
del cuerpo humano de alguno de los internos, tiene la obligación de emitir un
diagnóstico y de suministrar los tratamientos, medicamentos, intervenciones,
procedimientos, exámenes, seguimiento y demás requerimientos que el médico
tratante considere necesarios para atender el estado de salud de ese
determinado recluso.
5.2. Regla de decisión.
La omisión de la entidad de llevar a cabo la prestación del
servicio de salud acorde con los lineamientos anteriormente expuestos,
constituye una vulneración al derecho fundamental a la salud de los internos en
estos establecimientos pues ellos,
dada la especial relación de sujeción en la que se encuentran respecto del
Estado, dependen única y exclusivamente de los servicios de salud que el
sistema carcelario ofrece.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR
la sentencia del Juzgado
Quinto (5º) Administrativo del Circuito de Popayán (Cauca), del veintitrés (23) de agosto de
dos mil doce (2012).
Líbrese por la Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUÍS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA         MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
La acción de tutela fue interpuesta por el accionante el ocho (8) de agosto de
dos mil doce (2012). Folio 1 del cuaderno 1. En adelante, los folios a los que
se haga mención en la presente providencia forman parte del cuaderno 1 salvo
que se exprese lo contrario.
[2]
Folio 1.
[3]
Folios 18-19.
[4]
Folios 25-28.
[5]
Folios 29-38.
[6]
Folio 37.
[7]En Auto del siete (7) de diciembre de dos mil doce
(2012) de la Sala de Selección de tutela No. 12 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su
reparto.
[8]Artículo
86 de la Constitución Política y 1º del Decreto 2591 de 1991.
[9]De conformidad con la Sentencia SU-961 de 1999: “la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que
debe ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos,
entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro
de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de
terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es
susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en
la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera
razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna
forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la
acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’. [...] Si el elemento de la
inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos
de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal
naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo:
la interposición oportuna y justa de la acción”.
[10]Artículo
41 “Función jurisdiccional de la superintendencia nacional de salud. Con
el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del
artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades
propias de un juez, en los siguientes asuntos: a) Cobertura de los
procedimientos, actividades e intervenciones del plan obligatorio de salud
cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o entidades
que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario;[...]  e)
Sobre las prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes
para atender las condiciones particulares del individuo;”
[11]
Ibíd. “[…] PARÁGRAFO 2o. La función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud se desarrollará mediante un procedimiento preferente y
sumario, con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia, garantizando debidamente los
derechos al debido proceso, defensa y contradicción. La solicitud dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud, debe expresar con la mayor claridad, la causal que la
motiva, el derecho que se considere violado, las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, así como el nombre y residencia del solicitante. La acción podrá ser
ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u
otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se
gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado. Dentro
de los diez días siguientes a la solicitud se dictará fallo, el cual se
notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento.
Dentro de los tres días siguientes a la notificación, el fallo podrá ser impugnado.
En el trámite del procedimiento jurisdiccional prevalecerá la informalidad”.
[12] Los rasgos distintivos de esta especial relación, de
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, son: “(i) El nacimiento
de una relación de subordinación entre el recluso y el Estado, causada en el
deber del interno de cumplir la orden de reclusión proferida por la autoridad
judicial correspondiente. (ii)                                El efecto de tal
subordinación es que el recluso se somete a un régimen jurídico especial que
implica controles disciplinarios y administrativos, inclusive la posibilidad de
limitar el ejercicio de derechos, algunos fundamentales. Sin embargo, esta
última posibilidad, relativa a la restricción de ciertos derechos, debe tener
por objeto garantizar los derechos de toda la población carcelaria, como por
ejemplo medidas que se adopten para garantizar la disciplina, la seguridad y la
salubridad, con miras a lograr su resocialización, como finalidad de la pena.
(iii) En el contexto específico de esa relación especial de sujeción, el Estado
es responsable de la garantía de los derechos fundamentales de los reclusos.
Por ello, está obligado a brindarles las condiciones necesarias para una vida
digna, particularmente, en lo que tiene que ver con la provisión de alimentos,
la asignación de un lugar para su habitación y el disfrute de servicios
públicos, entre otros.”. Sentencia T-190 de 2010.
[13]
“Tal persona a pesar de tener suspendido su derecho a la libertad física,
aún es titular y ejerce sus otros derechos fundamentales, los cuales sólo
pueden ser restringidos en menor o mayor magnitud debido a su nexo con la
reclusión, pero permanecen intactos en su núcleo esencial.” Sentencia T-065
de 1995.
[14]“[…]
de la específica condición de recluso surgen ciertos derechos, contenidos
especialmente en la ley penitenciaria y que tienen que ver con la alimentación,
la salud, la seguridad social, etc., y que, como contrapartida constituyen
deberes a cargo del Estado”. Sentencia T-424 de 1992.
[15] Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos - también conocida como el Pacto de San José, y
que fue aprobada por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972 - como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que los reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma
digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de personas
[16]
Sentencia T-1175 de 2008.
[17]
Ley 65 de 1993: “ARTÍCULO 104. SERVICIO DE SANIDAD. En cada establecimiento se
organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de los internos,
examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y cuando se
decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e higiene,
supervisará la alimentación suministrada y las condiciones de higiene laboral y
ambiental. Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse directamente a
través del personal de planta o mediante contratos que se celebren con
entidades públicas o privadas. ARTÍCULO 105. SERVICIO MÉDICO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO. El servicio médico penitenciario y carcelario estará integrado por
médicos, psicólogos, odontólogos, psiquiatras, terapistas, enfermeros y
auxiliares de enfermería. ARTÍCULO 106. ASISTENCIA MÉDICA. Todo interno en un
establecimiento de reclusión debe recibir asistencia médica en la forma y
condiciones previstas por el reglamento. Se podrá permitir la atención por
médicos particulares en casos excepcionales y cuando el establecimiento no esté
en capacidad de prestar el servicio.”
[18]
Sentencia T-535 de 1998.
[19]
Sobre el concepto y alcances del derecho al diagnóstico, ver, entre otras, las
sentencias T-366 de 1992, T-849 de 2001, T-775 de 2002, T-867 de 2003, T-364 de
2003, T-343 de 2004, T-178 de 2003, T-101 de 2006, T-346 de 2006, T-887 de
2006.
[20]
El literal 10 del artículo 4 del Decreto 1938 de 1994 define el diagnóstico
como “todas aquellas actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a
demostrar la presencia de la enfermedad, su estado de evolución, sus
complicaciones y consecuencias presentes y futuras para el paciente y la
comunidad”.
[21]
Sentencia T-849 de 2001.
[22]
Sentencia T-717 de 2009.
[23]
Para precisar el contenido del derecho a la Salud, la Corte, tomando pie en lo prescrito por el artículo 93 de la Constitución Política el cual establece que: “Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia”, ha acudido a los tratados internacionales de derechos humanos
suscritos y ratificados por el Estado colombiano relacionados con la materia,
en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales -aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 74 de 1968-, y a las interpretaciones que de éste ha hecho su órgano autorizado: el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Ver, entre otras, las sentencias T-345 de 2011 y T-398 de 2008
[24]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Observación General No. 14, adoptada durante el 22ª
periodo de sesiones en el año 2000.
[25]
Sentencia T-398 de 2008.
[26]
Sentencia T-606 de 1998.
[27]
Decreto 2777 de 2010, artículo 2º: “La prestación de los servicios de salud
a los reclusos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud unificado será
financiada con cargo a los recursos del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario-INPEC.”
[28]
Ver acápite 4.3 de las consideraciones de la presente providencia.