T-430-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-430/13
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ-No debe impedir acceso a la justicia
para la defensa de los derechos humanos
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ-Debe analizarse en cada caso el tiempo
transcurrido entre la presentación de la tutela y las circunstancias del caso
Constatar que el tiempo que ha
transcurrido entre el acto que se acusa de violar o amenazar un derecho
fundamental y la interposición de la acción de tutela es superior a un año, no
implica, per se, un desconocimiento del principio de inmediatez. Es preciso que
el juez de tutela valore las condiciones concretas que habrían llevado a la
persona a diferir la interposición de la acción durante ese tiempo.
LIBERTAD DE
CONCIENCIA-Vulneración por Ejército cuando no
reconoce condición de objetor de conciencia al servicio militar obligatorio
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Derecho
fundamental derivado de la libertad de conciencia y religiosa
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Ejercicio
no requiere desarrollo legislativo específico según sentencia C-728/09
La decisión de la sentencia C-728 de
2009 es una aplicación directa de la regla según la cual “la
Constitución es norma de normas” (art. 4°, CP). Esta disposición
constitucional ha sido desarrollada, dentro del conjunto de reglas que fijan
las competencias del juez de tutela, de la siguiente manera: “no se podrá
alegar la falta de desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político
para impedir su tutela.” (art. 41, Decreto 2591 de 1991).  En otras palabras,
un juez de tutela no puede negarse a reconocer el derecho fundamental de toda
persona a objetar la prestación del servicio militar por razones de conciencia,
con base en el argumento de que falta ‘desarrollo legal’ del derecho. Que el
juez de tutela se considere incompetente con base en tal razón implica una
violación (i) del derecho fundamental del accionante a acceder a una justicia
pronta y cumplida, (ii) de la obligación de protegerle a éste el goce efectivo
de su derecho (en este caso, a la libertad de conciencia) y también, (iii)
implica la violación de la supremacía de la constitución como norma de normas,
en el orden jurídico vigente.
LIBERTAD DE
CONCIENCIA-Contenido/DERECHO A LA
LIBERTAD DE CONCIENCIA-Facultad que tienen las personas para actuar,
profesar y difundir sus convicciones de manera individual o colectiva
La protección de la libertad de
conciencia tiene funciones y propósitos estructurales en un estado social y
democrático de derecho. Aunque no le corresponde a la
Corte Constitucional establecer una definición completa y definitiva de lo que
se ha de entender por ‘libertad de conciencia’ y menos aún por ‘conciencia’, si
se ha referido a algunas de las maneras de usar el concepto en el campo de los
derechos fundamentales.  La jurisprudencia constitucional se ha referido al
ejercicio de la libertad de conciencia en diferentes contextos y ámbitos
humanos. La libertad de conciencia, en tanto derecho fundamental, se protege
ante todo como una facultad individual, propia de cada persona, sin perjuicio
de las protecciones propias de comunidades étnicas y tradicionales de la
nación. Desconocer la libertad de conciencia de una persona, obligándola a
revelar sus creencias o a actuar en contra de ellas, es una de las maneras más
graves e impactantes de violentar un ser humano. La conciencia requiere que el
estado, la sociedad y las instituciones en general, den el espacio que todo ser
humano necesita para poder reflexionar, atender su conciencia y actuar según
ella. Este espacio amplio de libertad busca, como dijo la jurisprudencia,
asegurar la posibilidad de realizar ‘aquellas acciones que la conciencia ordena
sin estorbo o impedimento’.
SERVICIO
MILITAR Y LIBERTAD DE CONCIENCIA-Testigo de Jehová
LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA-Diferencias
La clara distinción que hace la
Constituyente entre la libertad de conciencia y la libertad de religión, es
una especificidad constitucional colombiana, que reitera y explicita la
protección a las creencias de tipo secular, no religiosas, tal como se advirtió
en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Esta posición
representó un gran cambio en cuanto a la redacción del texto de la
Constitución de 1886, que no diferenciaba claramente entre una y otra
libertad, y las reconocía conjuntamente en un mismo artículo. Pero el cambio no
fue de la misma envergadura frente a la manera como la jurisprudencia
constitucional había pasado de interpretar la norma como el fundamento de una
sola libertad, a diferenciar claramente la protección constitucional a la
libertad de conciencia, de la protección a las creencias y cultos religiosos.
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA-Protección
al objetor para prestar servicio militar obligatorio
La libertad de conciencia es un derecho
fundamental que cumple funciones estructurales en un estado social y
democrático de derecho. Se protege como una facultad humana individual, que no
se limita al pensar. La conciencia determina el actuar de las personas, les
permite definir el sentido de su vida y establecer cuál es la forma correcta
como ha de actuar.  Actuar según los dictados de la conciencia, en libertad, es
un presupuesto de la construcción de una sociedad democrática, respetuosa de la
dignidad humana. Por eso, se trata de una frágil facultad humana, que necesita
el espacio suficiente para desarrollarse. En tal medida, se ha de conceder el
derecho de objeción de conciencia cuando sea irrazonable y desproporcionado
imponer el deber legal en cuestión a una persona que se vea compelida actuar en
contra de sus creencias profundas y sinceras, sean o no de carácter religioso.
Por ello, es inconstitucional obligar a prestar servicio militar obligatorio a
una persona, cuando va a verse compelida a actuar en contra de los mandatos de
su conciencia. Por tanto, que se sigan repitiendo violaciones a la libertad de
conciencia en los procesos de incorporación del ejército es una grave violación
a la Constitución Política que debe ser total y completamente erradicada.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Reiteración de jurisprudencia
Teniendo en cuenta la jurisprudencia
constitucional aplicable, esta Sala de Revisión decide reiterar que el Ejército
Nacional viola la libertad de conciencia de un joven al desconocerle la
posibilidad de declararse objetor de conciencia a prestar el servicio militar
obligatorio, debido a que el proceso para ejercer tal derecho no ha sido
regulado legislativa y reglamentariamente. Cuando se obra de esta manera, se
pretende condicionar la aplicación de un derecho fundamental a desarrollos
normativos ulteriores, desconociendo abiertamente el carácter de norma de
normas que tiene la Constitución Política en el orden jurídico vigente.
Corresponde por tanto a las autoridades respectivas, en cada caso concreto,
establecer si la persona que reclama la condición de objetor de conciencia,
está amparada constitucionalmente.
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Reconocimiento
como objetor a Testigo de Jehová
Para los Testigos de Jehová, ciertas prácticas
sociales pueden implicar cultos paganos que, según su percepción, conllevan
actuar en contra de los mandatos de Dios, en especial, el deber de ponerlo por
encima de todas las cosas. Así, no celebran la navidad, la pascua ni el
cumpleaños. Se oponen a la posibilidad de que se hagan transfusiones de sangre,
se oponen a jurar a la bandera y se rehúsan a prestar servicio militar. Fueron
famosos por presentar este tipo de posiciones a reclutamientos forzados, como
por ejemplo durante la segunda guerra mundial. En general, es conocida su
posición de rechazo al cumplimiento de este tipo de servicio, en todo aquellos
países en que prestarlo tiene un carácter obligatorio, como ocurre en Colombia.
Desde antes que se promulgara la
Constitución de 1991, las personas que son Testigos de Jehová han intentado el
reconocimiento por parte de las autoridades, al igual que ha ocurrido en otras
latitudes, de su condición de objetores a la prestación del servicio militar
por razones de conciencia. Esta situación se ha repetido en otras ocasiones. Se
trata pues de una creencia de carácter religioso, que se inscribe dentro de una
Iglesia para la cual el no tomar las armas, no matar, ni usar uniformes de las
fuerzas armadas son creencias y mandatos centrales y determinantes. Por tanto,
hacer parte de la iglesia de los Testigos de Jehová, es razón suficiente para
considerar que una persona tiene una creencia profunda de carácter
antimilitarista.
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-No
aplicación de exención como objetor a miembro de Iglesia Pentecostal Unida de
Colombia, por cuanto dedicación al culto no es permanente
Debe la
Sala reiterar que la exención para clérigos y religiosos, es para personas que
se dediquen a las funciones de la Iglesia de forma constante y de forma
principal. En el presente caso no existen razones para considerar que el joven
se dedica permanentemente al culto. Su labor es de acompañamiento musical en
ciertas ceremonias, no de manera permanente. Además, de acuerdo con lo relatado
y probado por la madre mediante declaraciones bajo juramento, no cuestionadas
por el Ejército Nacional, el trabajo que desarrolla el joven rutinariamente es
de donde proviene el sustento de su núcleo familiar, en especial, de su hermano
de 6 años de edad. Así, teniendo en cuenta que nunca se alegó que el joven
tuviera el tiempo de dedicación al culto contemplado por la exención para
clérigos y religiosos, y que los hechos probados indican que no era así,
concluye la Sala de Revisión, al igual que el Ejército, que en el presente caso
no hay lugar a aplicar la exención reclamada por el accionante.
AGENCIA
OFICIOSA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Requisitos para determinar la legitimidad del padre o madre del hijo
que presta el servicio militar
SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO-Exención para clérigos incluye
a similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados
permanentemente a su culto
OBJECION DE
CONCIENCIA FRENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Caso en que el demandante pertenece a la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
En un caso previo se consideró que las
creencias de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, son profundas y dan
lugar a una confrontación de tal entidad con la prestación del servicio
militar, que dan lugar a considerar legítimamente una objeción por razones de
conciencia (T-018 de 2012). En tales casos, se trata de personas que ven
comprometido también su libertad religiosa y que pertenecen a un grupo
minoritario de la sociedad. Adicionalmente, las creencias profesadas por el
hijo reclutado de la accionante son fijas y sinceras. Se trata de creencias
fijas en la medida que no son transitorias o superficiales. Hace tiempo que el
joven hace parte de su Iglesia, y si bien es cierto que no ejerce funciones
ministeriales que conlleven una dedicación al menos equivalente a un medio
tiempo, también lo es que tales actividades ministeriales que realiza
evidencian que se trata de creencias que articulan su vida y definen
actividades rutinarias de su día a día. Pertenece a una comunidad religiosa en
la que se comparten dictados de conciencia, contrarios a la prestación del
servicio militar obligatorio. Pero son creencias además sinceras, serias. No
son estratégicas o amañadas. De acuerdo con las afirmaciones presentadas dentro
del proceso, para la Sala es claro que el joven actúa de acuerdo a sus
convicciones religiosas y que son éstas las que, sincera y seriamente, generan
un conflicto con las actividades y deberes propios del servicio militar. No hay
ningún elemento de juicio que lleve al Ejército o a esta Sala a desconfiar o
dejar de creer en las afirmaciones del accionante y de su señora madre.
DERECHO A LA
LIBERTAD DE CONCIENCIA Y SERVICIO MILITAR-No tiene
limitaciones temporales en su ejercicio cuando ha sido incorporado a las filas
del Ejército
Se podría cuestionar el hecho de que el
joven no hubiera presentado su objeción de conciencia al momento de ser
incorporado a las filas, pero esto supondría considerar que la protección del
goce efectivo del derecho a la libertad de conciencia tiene limitaciones
temporales en su ejercicio, lo cual no es aceptable. Como se ha dicho, mientras
que las creencias en que se funde la objeción de conciencia sean profundas,
fijas y sinceras, hay lugar a la protección del derecho fundamental. En efecto,
un joven puede tener una serie de creencias profundas, fijas y sinceras que se
enfrenten de manera radical con la prestación del servicio militar obligatorio,
y no saberlo hasta tanto se incorpore al Ejército Nacional. Lo que importa no
es el momento o el instante en que la persona haya presentado la objeción, sino
la profundidad, la fijeza y la sinceridad de las creencias en las que se funde.
Que se trate de dictados de la conciencia que se enfrenten de manera
irresoluble con la permanencia en fuerzas armadas.  Un joven no pierde su
derecho constitucional, o legal, a no prestar servicio militar, por el hecho de
no haber invocado su condición al inicio del proceso de incorporación.
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Creencias
deben ser profundas, fijas y sinceras
SERVICIO
MILITAR-Exención para hijo de madre cabeza de hogar
que contribuye con el mínimo vital de su núcleo familiar
SERVICIO
MILITAR-Orden al Ejército Nacional proceda a la desincorporación
del soldado y expida la respectiva libreta militar, con pago de cuota de
compensación familiar proporcional al tiempo que le faltare
SERVICIO
MILITAR-Cobro de cuota de compensación familiar sin
afectar mínimo vital del grupo familiar/CUOTA DE COMPENSACION MILITAR E
INFORMACION FINANCIERA DE NUCLEO FAMILIAR-Cobro debe efectuarse en términos
y condiciones que permitan cumplir y no se afecte el mínimo vital del núcleo
familiar
El cobro de una compensación a quienes no prestan el servicio militar
(art. 22, Ley 48 de 1993) es constitucional, siempre y cuando en el caso
concreto no se afecte el mínimo vital de las personas, en especial, en aquellos
casos en que la exención tiene en cuenta precisamente, las condiciones de
urgencia económica del grupo familiar. Cuando ello ocurra, no deja de ser
constitucional el cobro de la compensación económica por la no prestación del
servicio militar, pero los términos y plazos en que se hagan, deben acomodarse
a la situación del núcleo familiar respectivo sin afectar su mínimo vital en
dignidad.
OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO-Orden al
Ministerio de Defensa para que adelante campaña de divulgación de la
Sentencia C-728/09
Se ordenará al Ministerio de Defensa Nacional que en
conjunto con el Ejército Nacional, informe por escrito a la
Corte Constitucional (i) si ha implementado a la fecha campañas de divulgación
de la sentencia C-728 de 2009 dirigida a todos los
integrantes de la fuerza pública, en particular, a quienes tienen responsabilidades
relacionadas con el reclutamiento para la prestación del servicio militar
obligatorio;  (ii) remitir
un informe en el que indiquen cuáles son las pautas que se le han indicado a
las autoridades encargadas de adelantar el reclutamiento en Colombia, para
informar adecuadamente sobre el proceso de objeción de conciencia, indicando
especialmente, como se valoran, por una parte, las fundadas en creencias de
carácter religioso y, por otra, las creencias de carácter no religioso.  En la
información se deberán incluir los nombres de las comunidades religiosas o
civiles que claramente defienden creencias que puedan ser contrarias a la
prestación del servicio militar obligatorio como lo es, por ejemplo, la
Iglesia de los Testigos de Jehová o la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
Referencia: expedientes
T-3274619, T-3282832 y T-3861068
Acciones de tutelas
instauradas por Luis Fernando Salas Rodelo y por Yeison y Wilmer Medina Venegas
contra el Distrito Militar N° 46 de Facatativá, Cundinamarca y por Robinson
Norbey Ciro Gómez contra el Batallón de Artillería N° 27 de Putumayo.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil
trece (2013)
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y previo el cumplimiento de
los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las siguientes
decisiones judiciales: las sentencia del 31 de agosto de 2011 de la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, y la sentencia del 20 de
octubre de 2011 de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso T-3274619. La sentencia del 8 de
septiembre de 2011, de la Juez Primera Penal del Circuito de Facatativá,
Cundinamarca, y la sentencia del 12 de octubre de 2011, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro del proceso
T-3282832. Y la sentencia del 13 de febrero de 2013, Del Tribunal Superior de
Mocoa, dentro del proceso T-3861068. El expediente T-3274619 fue escogido para
revisión por la Sala de Selección Número Once. El expediente T-3282832 fue escogido
para revisión por la Sala de Selección Número Dos, luego de haber solicitado su
selección el Defensor del Pueblo y un Magistrado de la
Corte Constitucional. El expediente T-3861068 fue escogido para revisión por la
Sala de Selección Número Cuatro.
I. ANTECEDENTES
Los tres expedientes seleccionados y
acumulados para ser resueltos en la presente sentencia, plantean los casos de
cuatro jóvenes, [Luis Fernando Salas Rodelo (T-3274619), Yeison y Wilmer Medina
Venegas (T-3282832) y Robinson Norbey Ciro Gómez (T-3861068)] que plantean una
misma cuestión: el derecho a ejercer la objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio por medio de la acción de tutela. Se trata de situaciones
con particularidades propias y específicas pero que, esencialmente, plantean el
mismo punto de derecho. A continuación se hace referencia a los antecedentes de
cada uno de los tres expedientes.
1. Proceso de Luís Fernando Salas Rodelo
(Expediente T-3274619)
Luís Fernando Salas Rodelo presentó acción
de tutela contra el Mayor Raúl Enrique Ramos Rosas o quien haga sus veces en su
calidad de Comandante del Distrito Militar N° 46 del Batallón de Comunicaciones
de Facatativá, Cundinamarca, por considerar que se le violan sus derechos a la
libertad de conciencia por no reconocérsele su condición de objetor de
conciencia a la prestación del servicio militar.
1.1. Hechos
El 16 de agosto de 2011, Luis Fernando
Salas Rodelo presentó los hechos que lo llevaron, en su calidad de miembro de la
Iglesia de los Testigos de Jehová, a interponer su acción de tutela ante los
Magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca, por no habérsele reconocido
su condición de objetor de conciencia. Dijo en la acción de tutela,[1]
“Soy hijo de Luis
Francisco Sala y Nurys Rodelo, nací el día 1° de noviembre de 1992.  ||
Profeso la fe como Testigo de Jehová desde el día 10 de febrero de 2001, cuando
me bauticé públicamente, condición que estoy probando como la certificación
expedida por la entidad ‘Iglesia Cristiana de Los Testigos de Jehová’ reconocida
por la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior mediante Resolución 361 del
28 de marzo de 1996.  ||  Como ministro bautizado y ordenado, tengo creencias
religiosas, profundas, fijas y sinceras, es decir, mi conciencia ha determinado
y condicionado mi actuar de tal forma, que prestar el servicio militar
obligatorio implicaría actuar en contra de mi conciencia. Por este motivo,
mediante la presente acción de tutela, invoco a mi favor el derecho
constitucional fundamental de la libertad de conciencia para objetar y prestar
el servicio militar […]”.
El joven Salas Rodelo considera que la
autoridad militar ahora accionada, verbalmente ha desestimado la objeción de
conciencia que propuso para no cumplir con el servicio militar, actitud que,
sostiene, “[…] hasta me ha impedido obtener la tarjeta militar, documento
necesario para ingresar al campo laboral.” Manifestó estar dispuesto a “[…]
exponer ante [los Magistrados del Tribunal Superior sus] creencias
religiosas profundas, fijas y sinceras”, si así ellos lo consideraban
necesario.
1.2. Argumentos y solicitud de la tutela
El accionante funda su petición en los
artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional, en los tratados internacionales de derechos humanos al
respecto, suscritos por Colombia y en la jurisprudencia constitucional;
concretamente, en la sentencia C-728 de 2009. Consideró que se le está
limitando de manera flagrante su derecho constitucional fundamental a objetar
la prestación del servicio militar por razones de conciencia. Además, dice, “[…]
se me está limitando el ejercicio de mis derechos civiles y judiciales (art.
36, Ley 48 de 1993), y exponiendo a convertirme en infractor de la ley, al
hacerme acreedor a multas y sanciones, amenazando violar el ejercicio de mi
derecho fundamental a obtener el sueldo mínimo vital, si se tiene en cuenta la
Ley 48 de 1993, art. 37 prohíbe a las empresas nacionales, extranjeras o
particulares disponer la vinculación laboral con personas mayores de edad que
no hayan definido su situación militar.” En consecuencia, solicita (i) que
“se le reconozca la condición de objetor de conciencia al servicio militar
obligatorio y”  (ii) que “se ordene al comandante del Distrito
Militar N° 46 […] con sede en Facatativá, Cundinamarca, me defina en un
plazo razonable, expedito y perentorio mi situación militar y se me expida la
respectiva libreta militar.”
1.3. Decimatercera Brigada de
Reclutamiento, Distrito Militar N° 46
El 25 de agosto de 2011, el Mayor Raúl
Enrique Rosas Ramos, Comandante del Distrito Militar, participó en el proceso
de acción de tutela, para solicitar que se negara la acción de tutela
presentada por el accionante.[2]
1.3.1. En primer lugar, consideró que en la
acción de tutela se omitió advertir al juez de tutela que en la actualidad, la
situación del accionante es la de ‘remiso’, de acuerdo con las normas legales
aplicables. Al respecto señaló,
“[…] inicialmente he
procedido a verificar en el Sistema de Información de Reclutamiento (SIIR) la
información del ciudadano Luis Fernando Salas Rodelo, en aras de observar el
estado actual de su situación militar, encontrando que el ciudadano sí existe
en el sistema, lo que indica que realizó la inscripción el día 11 de agosto del
2008, de que trata el artículo 14 de la Ley 48 de 1993. […]  ||  Así las cosas,
es lógico que el ciudadano no manifieste […] que en la actualidad se encuentra
remiso, dado que en primer lugar fue citado a incorporación  el día 23 de
agosto del 2011, el ciudadano remiso al tenor de lo dispuesto en el artículo 41
literal g) de la Ley 48 de 1993 es aquel conscripto que habiendo sido citado a
concentración no se presenta en la fecha, hora y lugar indicados por las
autoridades de Reclutamiento. Cabe anotar que dicho ciudadano es reincidente en
esta conducta de infracción ya que según acta N° 149 éste alistó a una junta de
remisos el día 20 de junio del 2011 en donde se le había levantado dicha
condición siendo citado al próximo contingente y a presentarse el día 23 de
agosto del 2011 cita o presentación que volvió a omitir adquiriendo nuevamente
la condición de remiso infractor.”
1.3.2. Posteriormente, la intervención del
Distrito Militar sostuvo que la negativa a reconocer el derecho a objeción de
conciencia del servicio militar, hasta tanto el Congreso no regule la materia,
es una posición jurídica que no desconoce la
Constitución ni la jurisprudencia constitucional invocada por el accionante.[3]
1.3.3. Para el Distrito Militar la
situación de remiso en que se encuentra el accionante es el resultado de sus
propias acciones. Es él mismo, se sostiene, quién se ha puesto en una situación
que implica limitaciones y restricciones a sus derechos.[4] A juicio del Distrito Militar, lo que corresponde, es que el
accionante concluya adecuadamente su proceso de incorporación.
1.3.4. La intervención adjuntó varios
documentos al proceso para probar lo dicho.[5]
Entre ellos se encuentra  (i) un modelo de resolución, mediante la cual se
sanciona al señor Luis Fernando Salas Rodelo, indicando únicamente su documento
de identidad y el origen del mismo. Se deja el espacio en blanco para el número
de la resolución, el monto por el cual se le sanciona al accionante, el número
del comprobante del banco donde se ha de cancelar, la fecha en que se dio la
resolución, y la firma y nombre de quienes la dictan.[6] (ii) Un
registro de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas, en la que se
clasifica al accionante como remiso.[7]
(iii) Un documento incompleto, mediante el cual el joven Salas Rodelo solicita
que su condición de remiso sea levantada y explica por qué espera que ello sea
así [De los siete renglones escritos a mano por él, sólo medio de ellos es legible
en la copia aportada al proceso por el Distrito Militar accionado].[8]
(iv) Se adjunta copia de un segundo manuscrito en el cual el accionante
justifica por qué no se le puede tener como remiso. Sin embargo, en este caso
nuevamente la copia aportada al expediente es incompleta; sólo se pueden leer
tres renglones de todo el escrito realizado por el joven Salas Rodelo para
explicar su situación y su condición personal.[9]
1.3.5. El Distrito Militar acusado solicitó
que se negara la acción de tutela en cuestión, pues de acuerdo con lo expuesto,
considera claro que en el proceso de incorporación no se ha actuado de ‘manera
caprichosa’, como lo pretende hacer ver ante el Tribunal de conocimiento el
accionante. El Distrito solicita que se reconozca que se ha actuado de acuerdo
a los parámetros legales establecidos para adelantar el proceso de
incorporación y que, en tal medida, se declare que es necesario que se agote el
conducto regular legal y administrativo establecido para el efecto.
1.4. Decisión de primera instancia
El 31 de agosto de 2011, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, resolvió negar la tutela por
considerar que el Distrito Militar acusado no ha violado los derechos
fundamentales del accionante. A su juicio, han sido las decisiones del joven
accionante de no asistir al proceso de incorporación las que han imposibilitado
resolver su situación y tener que mantenerlo como remiso.[10] Según los
Magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca, no es la acción de tutela el
medio judicial indicado para realizar su reclamo. A su parecer, el joven ha de
justificar su condición de objetor de conciencia ante el Ejército.
“[…] la situación que aquél
plantea respecto a su condición de objetor de conciencia que le impide prestar
el servicio militar, debe ser alegada ante la autoridad militar competente para
que evalúe su caso y agotar todo el procedimiento previsto para la definición
de su situación militar con base en su alegación, y no ante el juez de tutela,
máxime si se tiene en cuenta que la simple manifestación de objeción de
conciencia por una creencia religiosa no implica per se una decisión favorable
a su petición, toda vez que el servicio militar que el accionante pretende no
prestar en razón de su condición religiosa, puede ser suplido con otras
actividades al interior de la autoridad militar, que no implique el manejo de
armas, aspecto en el cual basa su objeción (funciones sociales).  ||  Sumado a
lo anterior, conforme la jurisprudencia [constitucional aplicable], no basta
con la simple manifestación de predicar determinado credo religioso sino que
tal condición debe estar debidamente acreditada ante la autoridad militar
competente en razón al por qué se le impide asumir la obligación de prestar el
servicio militar, lo cual no se encuentra debidamente probado en la demanda de
tutela, ni se acreditó dicha calidad ante el Distrito Militar accionado.  ||
Por lo tanto, no puede por vía de tutela invocarse la protección de un derecho
que aún no ha sido vulnerado, y a que la misma es procedente cuando se advierte
de manera evidente un menoscabo en sus derechos fundamentales, y en el presente
caso, el accionante Luis Fernando Salas Rodelo, a pesar de que se encuentra en
proceso de definición de su situación militar, ha evadido su responsabilidad de
asistir a la fechas programadas para consolidar su situación, lo cual permite
establecer que no ha sido por conducto del Distrito Militar N° 46 que no ha
obtenido su libreta militar, sino por su desidia de asistir a los trámites
pertinentes, y no haber puesto en debido forma en conocimiento su condición de
objetor de conciencia a las autoridades militares competentes.”
Con base en tales consideraciones, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga resolvió negar la acción de
tutela presentada por el joven Salas Rodelo.
1.5. Impugnación
El 16 de septiembre de 2011, mediante
apoderado,[11]
Luis Fernando Salas Rodelo impugnó la sentencia de primera instancia, proferida
el 31 de agosto de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Cundinamarca.[12]
1.5.1. En primer término, se advierte que el
accionante se encuentra en la situación de remiso por decisión del Ejército,
pues él sí ha cumplido con presentarse como corresponde ante las autoridades castrenses,
en varias ocasiones.[13]
1.5.2. La impugnación resalta que el joven
accionante fue víctima de reclusión durante el término de tres días por parte
del Ejército en su último paso por un proceso de incorporación en el que,
nuevamente, se le desconoció su derecho a presentar objeción de conciencia. Se
alega que por eso el temor que tiene el joven de presentarse al proceso de
incorporación, como lo indica el Distrito Militar en su respuesta a la acción
de tutela, es real.[14]
1.5.3. Se aclara que el accionante sí había
acreditado su calidad de ministro de Testigo de Jehová ante la autoridad
militar accionada. El apoderado aclara que cuando su “[…]
asistido acudió ante dicha autoridad el pasado 12 de abril [2011] exhibió
las certificaciones anexas que lo acreditan como ministro de dicha fe
religiosa, documentos que no fueron tenidos en cuenta por la accionada e
incluso, le colocaron a mano alzada la palabra ‘aplazado’ y se los devolvieron.”[15]
1.5.3.1. El joven accionante acreditó su
condición de Testigo de Jehová mediante una carta de Richard Brown,
Representante legal en Colombia de la congregación. En ella se “[…] certifica
que el señor Luis Fernando Salas Rodelo […] ha completado los estudios
requeridos, y ejerce como ministro ordenado desde el 10 de febrero de 2001.
|| Según nuestro Estatutos Internos, aprobados por el Ministerio del
Interior, cada Ministro ordenado efectúa los estudios necesarios contemplados
por Los Testigos de Jehová, y demuestra, mediante presentación de exámenes, ser
apto para predicar y enseñar ‘las buenas nuevas del Reino de Dios’. […].
||  El Comité  de Evangelización de la
Congregación Central de Funza, de Los Testigos de Jehová, confirma que la
persona indicada arriba ha aprobado satisfactoriamente dichos estudios. Además,
cada semana el ministro efectúa en la congregación local un curso de cuatro
horas para su actualización como evangelizador.”[16]
1.5.3.2. Se adjuntó también un certificado
del Ministerio del Interior, mediante el cual se acredita a Richard Lawrence
Brown, identificado con la cédula de extranjería 695.46 expedida en Bogotá.[17]
1.5.3.3. El joven Salas Rodelo también
había presentado una carta personal, del 12 de abril de 2011, en los siguientes
términos,
“Respetado señor comandante,
||  Mediante la presente, haciendo uso del derecho fundamental de petición,
reconocido por el artículo 23 de la
Constitución Nacional, respetuosamente solicito a usted la exención del
servicio militar obligatorio.
Esta solicitud está
soportada en el hecho de que soy un ministro ordenado de los Testigos de
Jehová.  ||  Como tal, tengo creencias religiosas profundas, fijas y sinceras,
las cuales estoy dispuesto a exponer ante usted o ante quien esté realizando la
incorporación.  ||  Mi solicitud también se basa en lo expresado en los
artículos 18, 19 y 93 de la
Constitución Política y en el artículo 16 de la
Ley 133 de 1994. ||  Con todo respeto, […]”[18]
1.5.4. El Tribunal negó la protección
invocada, porque se consideró que las afirmaciones del accionante con relación
a sus creencias no se habían probado. Se reclamó que si la
Sala Penal del Tribunal tenía dudas con relación a la seriedad de las
creencias, no hubiese practicado más pruebas y hubiera llamado a declarar el
accionante. Se reclamó que se hubiese negado la tutela por no haber llevado a
cabo la labor probatoria necesaria.
1.5.5. Se afirma que el accionante sí
presentó los exámenes médico, odontológico y sicológico (según consta en la
copia del formato del proceso de concentración N° 3042 anexo y firmados por los
profesionales de la salud Juan Eduardo Rocha A. y María Antonieta Gómez M.).[19]
1.5.6. Por tales razones, el escrito de
impugnación solicita que se revoque el fallo de primera instancia y que se
tutele el derecho del joven Salas Rodelo. Se pide que se ordene al Distrito
Militar correspondiente respetar la condición de objetor de conciencia que él
ostenta y resolver su situación militar.
1.6. Decisión de segunda instancia
El 20 de octubre de 2011, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera
instancia que negó la tutela de los derechos fundamentales del accionante, pero
por razones diferentes.[20]
Luego de indicar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la
procedencia de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio
a partir de la sentencia C-728 de 2009, sostuvo que en el caso concreto la
tutela no es procedente porque no fue presentada respetando el principio de
inmediatez. Según la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que el proceso de incorporación del
joven Salas Rodelo se inició el 11 de agosto de 2008, indicó que no es
aceptable que la acción de tutela sólo haya sido interpuesta tres años después.[21]
2. Proceso de Yeison y Wilmer Medina
Venegas (Expediente T-3282832)
El
18 de agosto de 2011, Yeison y Wilmer Medina Venegas, dos hermanos gemelos
nacidos el 31 de marzo de 1993, presentaron acción de tutela en contra del
Distrito Militar N° 46 de Facatativá, Cundinamarca, por considerar que se les violan
sus derechos a la libertad de conciencia al no reconocérseles su condición de
objetores de conciencia a la prestación del servicio militar.[22]
2.1.
Hechos
La
acción de tutela presentada por los dos jóvenes hermanos, sustenta su solicitud
en los siguientes hechos:
2.1.1.
Los dos hermanos indican que son ministros bautizados y ordenados de los
Testigos de Jehová. En tal medida, comparten las creencias de esta religión las
cuales entran en clara confrontación con la posibilidad de presentar servicio
militar obligatorio. Dicen en la acción de tutela:
“Ambos profesamos la fe
Testigos de Jehová desde el día cuando nos bautizamos públicamente como tales,
calidad que probamos con al certificación expedida por la
Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová, la cual está reconocida por la
Oficina Jurídica del Ministerio del Interior y de Justicia, mediante
Resolución 361 del 28 de marzo de 1996 (Ley 133 de 1994, art. 16).  ||  Como
ministros bautizados y ordenados de la fe Testigos de Jehová, poseemos creencias
religiosas profundas, fijas y sinceras que gozan de manifestaciones externas,
es decir, nuestra conciencia ha determinado y condicionado nuestro actuar de
tal forma, que prestar el servicio militar obligatorio implicaría actuar en
contra de nuestra conciencia y creencias religiosas. […]”
2.1.2.
Los accionantes solicitaron al Ejército que reconociera su derecho a objetar
por razones de conciencia el servicio militar, pero la respuesta que recibieron
fue negativa. Las autoridades de reclutamiento, como se evidenció en el
anterior proceso también, consideran que hasta tanto la objeción de conciencia
no sea legislada y reglamentada, no puede ser reconocida por el Ejército como
causal de exención a la prestación del servicio militar.
2.2.
Argumentos y solicitud de la tutela
Los
accionantes invocaron la protección de su derecho a la libertad de conciencia
para fundar su derecho constitucional a objetar por razones de conciencia la
prestación al servicio militar. Tal libertad se encuentra reconocida en la
Constitución Política, y también en tratados internacionales. Se advirtió que
la jurisprudencia constitucional (C-728 de 2009) ya se ha pronunciado al
respecto.
2.2.1.
A juicio de los accionantes, la renuencia del Ejército a hacer efectivo su
derecho a objetar la prestación del servicio militar les está limitando el
ejercicio de sus derechos civiles, comerciales y judiciales (Art. 36, Ley 48 de
1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de
Reclutamiento y Movilización”), y los está exponiendo a convertirlos
en infractores de la ley, al hacerlos acreedores a multas y sanciones.
Especialmente, alegaron, se les viola el ejercicio de su derecho al trabajo, si
se tiene en cuenta que la Ley 48 de 1993, artículo 37, prohíbe expresamente a
las empresas nacionales o extranjeras, oficial o particular disponer
vinculación laboral con personas mayores de edad que no hayan definido su
situación militar.
2.2.2.
Concretamente, en su acción de tutela los hermanos Medina Vanegas presentaron
las siguientes solicitudes:
“Se nos reconozca la condición de objetores de conciencia al servicio
militar obligatorio.  ||  Se ordene al Comandante del Distrito Militar N°46,
Mayor Raúl Enrique Rosas Ramos o a quien haga sus veces, [ubicado] en las
instalaciones del Batallón de Comunicaciones con sede en el Municipio de
Facatativá, Cundinamarca, se nos defina en plazo razonable, expedito y
perentorio nuestra situación militar y se nos expidan las respectivas tarjetas
militares.”
2.2.3.
Nuevamente los accionantes manifestaron su intención de presentarse al juzgado
para que se pudiera verificar de primera mano y viva voz la seriedad y
sinceridad de sus creencias, si se seguía dudando de ellas y no bastaba lo
dicho a lo largo del proceso.
2.3.
Participación del Ejército Nacional
El
Mayor Raúl Enrique Rosas Ramos, Comandante del Distrito Militar N° 46[23]
participó en el proceso, ante el juez de primera instancia, para solicitar que
se negara el reclamo de tutela presentada por los hermanos.[24]
2.3.1.
En primer lugar, el Ejército Nacional advirtió que los accionantes deben
resolver su situación militar, so pena de las sanciones penal y disciplinarias,
además de las otras consecuencias que ello acarrearía (imposibilidad de
continuar estudios o ingresar al mercado laboral). A su juicio, no tienen
ninguna razón válida por la cual puedan dejar de prestar servicio militar.[25]
El Ejército acusó a los accionantes de edificar su tutela “[…] mediante
supuestos de hecho y argucias, dándole a entender de manera cierta al Juzgado
de Conocimiento que, la Autoridad del Servicio de Reclutamiento y Movilización
en cumplimiento de sus funciones […] ha conculcado sus Derechos
Fundamentales consignados en los artículos 18 y 19 de la
Constitución Política de Colombia […]”, cuando en realidad la institución
castrense lo que ha hecho es cumplir con la
Constitución y la Ley.
2.3.2.
El Ejército Nacional consideró que los accionantes afirman tener una condición
de ministros de la fe que no han probado debidamente. No han demostrado que su
situación de ‘ministros’ de su Iglesia sea equivalente a la de un sacerdote o a
la de un clérigo, tal como es concebido en la ley de reclutamiento (Ley 48 de
1993).[26]
2.3.3.
El Mayor Rosas Ramos consideró en su intervención en el proceso de tutela que
los accionantes pretenden “evadir” su obligación de prestar el servicio militar
obligatorio. A su parecer, él si dio respuesta de fondo y clara a la petición
por ellos presentada para que se les reconociera su objeción de conciencia. Que
no fuera en el sentido que ellos esperaban, considera el Mayor, no implica que
hubiese sido una respuesta ‘desmeritoria’, como lo alegaron ante el juez
de instancia.[27]
2.3.4. Con relación a la sentencia citada
por los accionantes, el Ejército Nacional indica que no es cierto que la
jurisprudencia constitucional pueda obligar a los jueces a tomar una decisión
en un sentido u otro. Dicen expresamente: “[…] Olvidan los accionantes que,
la jurisprudencia es fuente indirecta del derecho y sirven como criterios
auxiliares de la actividad judicial como lo dispone el artículo 230 de la
Constitución Política de Colombia. Así las cosas, los jueces en sus
providencias están sometidos al imperio de la ley y en el caso sub judice los
señores […] deben definir su situación militar con el Estado Colombiano
acatando y respetando lo dispuesto en la Ley 48 de 1993 sobre el Servicio
Militar Obligatorio, […]”
2.3.5.
Finalmente, se hace referencia a la situación específica de cada uno de los dos
accionantes, a los cuales, según la documentación aportada al proceso, se les
consideró aptos para ser incorporados a prestar servicio militar.[28]
El Ejército concluye su intervención en el proceso por la acción de tutela de
los hermanos Medina Vanegas solicitando negar la acción de tutela, debido a que
los derechos constitucionales invocados no han sido violados.
2.4.
Decisión de primera instancia
El
8 de septiembre de 2011, la Juez Primera Penal del Circuito de Facatativá,
Cundinamarca, resolvió negar la tutela invocada, por considerar que el Ejército
Nacional no había violado el derecho a la libertad de conciencia de los
hermanos Yeison Medina Vanegas y Wilmer Medina Vanegas, pues se había limitado
a adelantar el trámite de incorporación de acuerdo a lo establecido en la ley y
los reglamentos aplicables.[29]
A su parecer, si bien existen casos excepcionales en que se ha concedido la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, esto ha sido cuando se
demuestre que su prestación implicaría actuar en contra de la conciencia, de
convicciones profundas, fijas y sinceras, lo que a su juicio no ocurre en el
presente caso.
2.4.1.
Para la Juez Primera Penal del Circuito de Facatativá, Cundinamarca, la
jurisprudencia constitucional considera que fuera de las exenciones de ley,
todo varón tiene la obligación de prestar servicio militar obligatorio, como
regla general. Sin embargo, reconoció que la
Corte Constitucional ha encontrado casos en los que excepcionalmente se ha
reconocido la objeción de conciencia al servicio militar, así como resalta la
tensión que existen en la actualidad, en razón a la falta de regulación del
proceso de reconocimiento de la condición de objetor de conciencia.[30]
2.4.2.
Para la Juez de instancia la condición de objetores de conciencia de los
accionantes no ha sido acreditada de ninguna manera. Dice al respecto,
“Pues bien frente a la
realidad fáctica, se releva que conforme a los criterios jurisprudenciales,
para predicar la objeción de conciencia como parte inherente al derecho
fundamental a la libertad de conciencia, por creencias religiosas, a fin de
obtener su protección por Juez Constitucional, no basta la simple manifestación
de los accionantes, se requiere como conditio sine qua non que éstas se
haya exteriorizado y se demuestre con las características que indica nuestra
máxima Corporación Constitucional, en su jurisprudencia, profundas, fijas y
sinceras, condición que no se observa en el presente caso.”
2.5.
Impugnación
Mediante
apoderado,[31]
los accionantes impugnaron la sentencia de primera instancia que negó su
protección a la libertad de conciencia, por cuanto consideran que sus creencias
sí cumplen con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional
para ser objetores de conciencia al servicio militar obligatorio.[32]
2.5.1.
Se sostuvo que la sentencia de tutela desconoció la situación real de los accionantes,
los hermanos Medina Vanegas. Se argumentó esta posición de la siguiente manera,
“[… La] argumentación
[de la sentencia] está muy distante de la realidad expuesta por los ciudadanos
Medina Vanegas, no sólo ante el Comandante hoy accionado, sino también ante [la
juez de instancia], pues desde la presentación del derecho de petición ante el
primero y en su respuesta al mismo, éste reconoce que en el derecho de petición
aludido mis asistidos estuvieron dispuestos a exponer ante él sus creencias
profundas, fijas y sinceras que como Testigos de Jehová les impedían prestar el
servicio militar, sin que se les hubiese escuchado, más sí, desestimar per
se su petición. Lamentablemente incurre en la misma falencia la señora Juez
Primera Penal del Circuito en el fallo ahora impugnado, pues considera también per
se que las creencias religiosas de mis poderdantes no alcanzan a ser
profundas, fijas y sinceras como lo exige el fallo de la
Corte Constitucional en su sentencia C-728 de 2009, pero sin soportar
probatoriamente dicha repulsa, no obstante haber pedido los ciudadanos
accionantes en su escrito de tutela en el acápite pruebas que si a bien lo
tenía el fallador, y previo por supuesto al fallo, se les citara para exponer
el por qué sus creencias les impedían prestar el servicio militar. Esto no
ocurrió.
La grave falencia
acabada de desnudar, y en la que incurrió no sólo el Comandante ahora
accionado, sino también [la juez de instancia], violentan el debido proceso que
en materia probatoria debe orientar también la acción de tutela, violación que
por supuesto debía concluir con el fallo que ahora se impugna pues el juez al
aceptar indebidamente descartar el tomarse el trabajo de valor críticamente las
creencias de los accionantes, prefirió concluir apresuradamente que las
creencias de los accionantes para nada deben ser consideradas fijas, profundas
y sinceras. Y esto jamás debió de ocurrir, pues si bien es cierto que con base
en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la acción de tutela
el juez tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa
puede proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas, no
menos cierto es, que en el contenido del fallo que ahora se impugna, no se
menciona en él por parte de [la Juez de primera instancia] una prueba más allá
de toda duda razonable que le haya permitido descartar fulminantemente, como lo
hizo, la profundidad, fijeza y sinceridad de las creencias religiosas de mis
patrocinados. […]”.
2.5.2. En conclusión, el texto de la
impugnación solicitó “Se revoque el fallo impugnado, se reconozca por el
[Juez de segunda instancia] la omisión por parte [de la
Juez de primera instancia], consistente en no haber citado para escuchar a
los accionantes respecto de sus creencias profundas, fijas y sinceras que lo
llevaron a descartarlas sin conocerlas y en consecuencia, se profiera un fallo
sustitutivo […].”
2.6.
Decisión de segunda instancia
El
12 de octubre de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca
resolvió confirmar la decisión de negar la acción de tutela presentada por los
hermanos Medina Vanegas, por considerar que no habían aportado pruebas suficientes
que probaran sus creencias, junto con la acción de tutela.[33] Dice al
respecto la sentencia,
“Es cierto que los
accionantes, en el acápite de pruebas de la acción interpuesta, solicitaron ser
escuchados con el fin de probar que sus creencias religiosas les impiden
prestar el servicio militar, y que [la Juez de primera instancia], sin explicar
por qué, no les otorgó dicha oportunidad procesal.  ||  Sin embargo, también es
cierto que la simple declaración de los accionantes, según la cual fueron
bautizados bajo la fe de los ‘Testigos de Jehová’ y que pertenecen a esa
iglesia, no es prueba suficiente para que el fallador pueda concluir con grado
de certeza que las creencias que les impiden prestar el servicio militar, son
profundas, fijas y sinceras (como lo exige la jurisprudencia), y que por lo
tanto, deben ser eximidos de dicha obligación.”[34]
3. Proceso de Robinson Norbey Ciro Gómez (Expediente T-3861068)
El
21 de enero de 2013, Nubia Gómez Duque presentó una acción de tutela en nombre propio
y de sus dos hijos (Robinson Norbey y Jhon Anderson Ciro Gómez) contra del
Batallón de Artillería N° 27, General ‘Luis Ernesto Ordóñez Castillo’, en Santa
Ana, corregimiento del Municipio de Puerto Asís, por considerar que les viola
sus derechos a la libertad, a la familia y a la dignidad humana, al haber
incorporado irregularmente al mayor de sus hijos (Robinson Norbey) a prestar
servicio militar obligatorio, a pesar de las creencias religiosas y la conciencia
que él tiene, y a pesar de que tal decisión afecta el mínimo vital de su núcleo
familiar, pues era el trabajo de él el que proveía lo necesario a ella y a su
hijo menor (Jhon Anderson) para su digna subsistencia.
3.1.
Hechos
La
acción de tutela interpuesta por la madre del joven Ciro Gómez y su pequeño
hermano, sustenta su solicitud en los siguientes hechos.[35]
3.1.1.
La madre de Robinson Norbey Ciro Gómez comienza indicando cómo fue incorporado
su hijo a las filas del Ejército Nacional a pesar de sus creencias. Dice la
tutela,
“El día 8 de enero del
presente año el joven Robinson Norbey Ciro Gómez, con 18 años de edad,[36]
mayor de edad, bachiller, fue retenido en contra de su voluntad en una batida
hecha por el Batallón de Artillería N° 27 […], en el restaurante Juan al carbón
por el barrio Kennedy del municipio de Puerto Asís (P).  ||  Hasta la fecha
lleva 14 días detenido por estas autoridades, y a quien se le ha practicado
exámenes, obligándolo incorporarse en las filas. Y además, por su formación
religiosa él manifiesta constantemente al batallón que no quiere incorporarse
puesto que éste posee título de bachiller académico con profundización en educación
religiosa, lo cual hace que desde muy pequeño quiera seguir por el recto camino
pero sin alzar ningún arma ni combatir poniendo en riesgo su vida y la
integridad del mismo.”
3.1.2.
Añade en la acción, que ella ha llevado al Ejército Nacional documentos que
prueban la precaria situación de su familia, y el especial rol que su hijo
cumple en ella, en especial, en relación con su hermano.[37] Los hechos
alegados por ella, fueron declarados, bajo juramento, ante notario.[38]
3.1.3.
La madre de Robinson Norbey Ciro Gómez se refiere a las convicciones religiosas
de él en los siguientes términos,
“Mi hijo […] asiste
como ministro de música en la iglesia pentecostal unida de Colombia del 20 de
julio, todos los días, enseñándole a su hermanito menor de edad […] las
enseñanzas divinas, y el recto camino desde muy temprana edad, y por eso cada
vez que voy al batallón a visitarlo me informa que no quiere prestar servicio
militar, porque la violencia y el mal trato que se le está imponiendo va en
contra de toda su formación personal.”
Adicionalmente,
adjunta una certificación del Supervisor de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de Putumayo, Bernardo Canamejoy Ruales,
en la cual manifiesta,
“Que el joven Robinson
Norbey Ciro Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1123308990 de
Puerto Asís, cumple funciones ministeriales en la
Iglesia Central del Barrio 20 de julio en Puerto Asís, se desempeñan en el
trabajo de asistencia ministerial como músico.  ||  Razón esta por la cual
invocamos la causal de exención consagrada en el artículo 28, literal a de la
ley 43 de 1993, que trata de reclutamiento y del servicio militar en Colombia
que dice así: ‘a) los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios
concordatarios vigentes, así mismo las similares jerarquías de otras religiones
o iglesias dedicadas permanentemente al culto.’  ||  Además, por la calidad
que le asiste como ministro de música no queda impedido para que éste pueda
hacer efectiva la consagración constitucional de la objeción de conciencia frente
al manejo de armas y formación para la guerra.”[39]
3.1.4.
Finalmente sostiene que su hijo recibe muy maltrato en el ejército, según su
propio dicho,[40]
que la institución no ha respondido adecuadamente sus solicitudes y peticiones
para que no se le mantenga prestando servicio,[41]
y que cuando se tome una decisión, se tenga en cuenta que ella carece de los
recursos económicos para poder pagar el costo de la tarjeta militar.
Expresamente dice: “manifiesto que no poseo la capacidad económica para
pagar la libreta militar, y con mi hijo queremos que se tenga en cuenta esto,
respetando nuestra familia, y el mínimo vital de nosotros.”
3.2.
Argumentos y solicitud
Para
la madre de Robinson Norbey Ciro Gómez, la incorporación de su hijo al Ejército
y la posterior decisión de no desvincularlo de la institución violan sus
derechos a la libertad, a la familia y a la dignidad humana. Además de haber
presentado los argumentos en materia religiosa al momento de relatar los hechos
del caso, la acción de tutela presentó las siguientes razones jurídicas para
fundamentar su solicitud.
3.2.1.
Luego de señalar la importancia que tienen los derechos de las niñas y los
niños en el orden constitucional vigente, la acción de tutela se refirió a la
importancia que tiene la familia como derecho del menor. Sostuvo que en tal
sentido que “las medidas estatales que impliquen la separación del niño de
su familia, deben ser entendidas como excepcionales, requiriendo su aplicación
el sometimiento a los principios de graduación y racionalidad.  ||  […]
el niño tiene derecho a vivir con su familia, la cual está llamada a satisfacer
sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda
persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su
familia, forma parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia
y del niño […]”.  En la tutela se sostuvo que la jurisprudencia
constitucional [C-879 de 2011], “ha recalcado sobre el procedimiento que
deben adoptar para el ingreso a prestar el servicio militar obligatorio,
señalando que esos reclutamientos no pueden ser callejeros e indiscriminados.
Si estos ciudadanos no tuvieren los documentos en regla, deberán ser citados
por medio de un boleta de citación a efectos de que comparezcan a definir su situación
militar.  ||  La conducción involuntaria por estos procedimientos es una
violación al derecho constitucional de habeas corpus, pues la
Corte señala además que quedan prohibidas las redadas en lugares públicos y
que están encaminadas a encontrar persona que no hayan resuelto su situación
militar, ya que estas podrían conducir a realizar detenciones arbitrarias, cosa
que también está prohibida por la ley y la
Constitución. ||  […] la Corte advirtió que quienes no se hayan
inscrito para definir su situación militar no puede ser retenidos
indefinidamente en cuarteles o distritos militar, ni ser incorporados
automáticamente a las Fuerzas Militares o a la
Policía […]”.
3.2.2.
Finalmente, la acción de tutela presentó dos peticiones concretas. A saber: (i)
“que se proteja el derecho a la familia del menor Jhon Anderson Ciro Gómez,
como de quien se encuentra indebidamente reclutado y de la suscrita tutelante”;
(ii) “que se defina la situación militar del joven Robinson Norbey Ciro
Gómez declarando que no debe prestar servicio militar en razón de la protección
de los derechos ya mencionada y en su lugar se realice el pago de la
compensación sustitutiva.”
3.3.
Intervención del Batallón de Artillería N° 27, General Luis Ernesto Ordóñez
Castillo, del Ejército Nacional
Luego
de señalar que es cierto que el joven Robinson Norbey Ciro Gómez se encuentra
en la unidad militar presentando el servicio militar obligatorio, el Comandante
del Batallón, Teniente Coronel Luis Fernando Mendoza Flórez, intervino en el
proceso de tutela para defender que no se ha violado derecho alguno del
accionante.[42]
3.3.1.
Reconoció que la madre del joven que fue incorporado ha informado al Batallón
que su hijo, debido a su formación religiosa, “no quiere estar dentro de las
filas”, pero indica al respecto que “[…] el servicio militar es de
carácter obligatorio como lo establece la norma […]”. Advirtió además, que
la accionante no ha aportado ninguna prueba fehaciente que diga que el joven
tiene las calidades de un clérigo o religioso, para tener derecho a ese tipo de
exención. Sostiene que, en cualquier caso, la ley, en ninguno de sus apartes,
menciona que se debe excluir o exonerar de prestación de servicio militar por
asistir a una iglesia en calidad de músico.
3.3.2.
Sostuvo que el hijo de la accionante tampoco tiene derecho a la exención contemplada
para el huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia
de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento, por cuanto no tiene la
calidad de huérfano. Por eso señala: “La accionante arguye que el joven
[…] es el único hijo que vela por su hermano menor.  ||  La norma
expresa claramente quienes están exentos de presentar el servicio militar por
la condición anteriormente citada y el joven Robinson Norbey Ciro Gómez no cumple
con dicha calidad.”
3.3.3. Con relación al supuesto
reclutamiento ilegal del hijo de la accionante, el Batallón se limitó a señalar
lo siguiente: “[…] en ningún momento se ha reclutado
de manera ilegal al joven […] ya que se ha actuado bajo el amparo de la
norma y siempre respetando los derechos constitucionales de la población.”
3.3.4.
Finalmente, el Batallón advirtió que no es cierto que a los conscriptos se les
trate mal y mucho menos que se le den los alimentos a deshoras y que a través
del oficio 0485 del cuatro de febrero de 2013 se dio respuesta a la
intermediación ciudadana en donde la accionante manifiesta que el joven
Robinson Norbey Ciro Gómez es quien vela por ella y por su hermano menor. “La
respuesta enviada es que el mencionado joven no cumple con las calidades que
menciona y es por ello que no se accede a su petición.”
3.4.
Decisión de instancia
El
13 de febrero de 2013, el Tribunal Superior de Mocoa, resolvió negar la acción
de tutela por considerar que los derechos invocados no han sido violados por el
Ejército Nacional.[43]
El Tribunal negó la tutela “[…] por cuanto  (i) la ‘asistencia ministerial’
como músico y la condición de ser sustento económico de la madre y un menor
hermano, no son causales previstas por la ley como suficientes para exonerar la
prestación del servicio militar; y  (ii) la objeción de conciencia en este caso
quedó huérfana de material probatorio que le diera el respaldo suficiente, en
los términos definidos por la doctrina constitucional.
3.4.1.
La primera razón que analiza la sentencia –el ser una persona reconocida como
clérigo o su equivalente–, lo hace en los siguientes términos,
“[…] ser trabajador que
se desempeña y que realiza ‘asistencia ministerial’ como músico en la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y al efecto obra una certificación
expedida por el supervisor de la Iglesia […]  ||  Confrontada la calidad
alegada por el señor Ciro Gómez con las causales enlistadas en la
Ley 48, con claridad advierte esta Corporación que no encajan en las previstas
por la normativa y dado su carácter taxativo, esto es, que sólo con causales
aquella que ha previsto el legislador, mal puede extenderse su efecto
liberatorio a otras situaciones como la alegada. La exigencia del enunciado
normativo es la [de] tener la condición de ‘clérigo’ o ‘religioso’, conceptos
que no son asimilables al de asistente en el ministerio de música, tampoco se
aprecia que se subsuma la situación en la hipótesis del artículo 29, literal
a), atrás transcrito.  ||  En suma, con el material probatorio acercado no se
acredita la condición reclamada por la norma para predicar que se encuentra
incurso en la causal legal de exención, y por ende en este sentido esta acción
debe denegarse.”
3.4.2.
Con relación al alegato de estar afectándose el mínimo vital de su familia, el
Tribunal se pronunció en los siguientes términos,
“La otra razón que se
formula dice relación con su calidad de ser el ‘único’ sustento económico de su
señora madre y un hermano menor, para lo cual allega declaración extrajuicio (folio
20, de este cuaderno), pero esta circunstancia tampoco aparece consagrada por
el legislador, como suficiente para lograr la exención de la prestación del
servicio militar, por ende está llamado al fracaso el amparo constitucional
deprecado, con apoyo en este argumento. Enseña el pensamiento constitucional
[T-363 de 1995].”
3.4.3.
Finalmente, con relación a la objeción de conciencia y al deber de
fundamentarla, dice la sentencia,
“En lo referente a la
objeción de conciencia debe indicarse que el actor no atendió en debida forma
la carga que le incumbía, impuesta por la doctrina constitucional ya reseñada,
en lo referente a demostrar ‘las manifestaciones externas de sus convicciones y
de sus creencias’, en esta acción. […]”
El
Tribunal recordó que según la jurisprudencia constitucional el objetor debe
fundarse en convicciones y creencias que determinen y condicionen su conducta,
a través de manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento que
sean profundas, fijas y sinceras.
4.
Medidas cautelares
Teniendo
en cuenta la jurisprudencia constitucional aplicable, la
Sala Primera de Revisión adoptó una serie de medidas cautelares en torno a los
dos primeros procesos (expedientes T-3274619 y T-3282832). No se tomaron
medidas cautelares con relación al tercer y último proceso acumulado en el
presente caso, para ser resueltos mediante esta sentencia (a saber: el
expediente T-3861068), por cuanto este último fue remitido a la
Sala para su revisión, el 23 de mayo del presente año.
4.1.
En Auto de 21 de junio de 2012, la
Sala Primera de Revisión adoptó, entre otras, las siguientes medidas: ordenar
al Distrito Militar N° 46 de Facatativá, Cundinamarca, que se abstuviera “[…] de
adelantar cualquier trámite o acción orientada a la incorporación al Ejército
de los jóvenes Luis Fernando Salas Rodelo, Wilmer Medina Vanegas y Yeison
Medina Vanegas, para la prestación del servicio militar.” También se ordenó
al Distrito Militar en comento, “[…] comunicar esta decisión a las demás
autoridades de reclutamiento militar en general, para que se abstenga de
realizar cualquier acción en el sentido indicado.” No obstante, indicó la
Sala, “[…] cualquier acción orientada a reconocer la objeción de conciencia
presentada por los accionantes sí puede ser llevada a cabo, con la respectiva
comunicación a la presente Sala de Revisión.” La
Sala indicó al Ejército que debería establecer si tenía alguna prueba o
evidencia que demostrara que las objeciones de conciencia presentadas por los
jóvenes accionantes, no se fundan en creencias profundas, fijas y sinceras.  La
Sala tomó su decisión teniendo en cuenta, entre otras consideraciones: (i) los
hechos de cada uno de los casos y  (ii) en el orden constitucional vigente, en
especial, lo decidido por la Sala Plena de la
Corte Constitucional en la Sentencia C-728 de 2009.[44]
4.2.
El 13 de julio de 2012, el Capitán Ricardo Arturo Díaz Casallas, Comandante (e)
Distrito Militar N° 46, informó a la Sala de Revisión que lo que correspondía a
los accionantes, en su calidad de objetores de conciencia, era seguir el
trámite correspondiente para la definición de su situación militar, con los
pagos que ello implica.[45]
Advirtió que los jóvenes deberían presentarse el día 22 de junio de 2013.[46]
La Sala de Revisión fue informada de esta comunicación, el 17 de julio de 2012.
4.3.
En comunicación del 24 de agosto de 2012, el apoderado de los tres Testigos de
Jehová (el joven Salas Rodelo y los hermanos Medina Vanegas) informó a la
Sala de Revisión que a pesar de lo dispuesto en el Auto 21 de junio de 2012,
el comandante “[…] persiste en citar al joven Wilmer Medina Venegas para
someterlo al trámite regular que manda la
Ley 48 de 1993 para resolverle su situación militar tal como consta en la
boleta de citación número 99378 cuya fotocopia simple anexo a este memorial. De
hecho, para cuando su despacho reciba este memorial, el joven mencionado
compareció ante la autoridad citante sin que ésta haya tenido en cuenta lo
exigido por su despacho, volviéndolo a citar para el día 11 de septiembre de la
anualidad que transcurre.”[47]
4.4.
Mediante Auto de 14 de noviembre de 2012, la
Magistrada sustanciadora solicitó a la
Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, Decimotercera Zona de
Reclutamiento, Distrito Militar N° 46, que informara “[…] los términos en
que […] han reconocido [a los tres jóvenes] su condición de
objetores de conciencia y la manera como su situación militar fue resuelta
[…].”[48]
4.5.
El 23 de noviembre de 2012, el Mayor César Augusto Rojas, Comandante del
Distrito Militar N° 46, informó que el Ejército reconoce el derecho
constitucional fundamental de los tres accionantes (el joven Salas Rodelo y los
hermanos Medina Vanegas) a objetar por conciencia la obligación de prestar
servicio militar.[49]
Se advirtió que se habían tomado las medidas adecuadas para que se tramitara de
manera ágil su situación militar, luego del pago de los costos legal y
reglamentariamente establecidos.[50]
El
mayor indicó que, jurídicamente, la decisión de exención se fundamentó en el
literal a, del artículo 28 de la Ley 48 de 1993 (exención en tiempo de
paz para prestar el servicio militar, para los clérigos y religiosos).
4.5.1.
Con relación al reconocimiento expreso a la condición de objetor de conciencia
de Luis Fernando Salas Rodelo, el Distrito Militar informó lo siguiente:
“[…] una vez revisados
los sistemas de información dispuestos por la
Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, esto
es, (SIIR) Sistema Integral de Información de Reclutamiento y (SIR) Sistema de
Información de Reclutamiento, se constata en las bases de datos el registro de
inscripción a nombre del señor Luis Fernando Salas Rodelo, siendo su situación
de Clasificado sin recibo, en razón a la exención debidamente aplicada
al interior del Sistema (SIIR) de concepto jurídico consistente en la objeción
de conciencia deprecada.  ||  Siendo entonces claro que se ha dado
reconocimiento a la exención de objetor de conciencia tratada en autos, siendo
clasificado para realizar la liquidación de los consecuentes valores a su cargo
para la expedición de la tarjeta militar; se requiere de su comparecencia al
Distrito Militar N° 46, para que por parte de las autoridades de reclutamiento
se proceda de manera expedita, a dar reconocimiento formal inmediato a la
calidad de objetor de conciencia reconocida y de discusión en autos, recibiendo
la orientación necesaria para llevar a cabo la actuación de aporte de
diligencia de expedición de los recibos de pago a su cargo, respecto de los
cuales y previa verificación del pago, se procederá a expedir la tarjeta
militar.”
4.5.2.
El Distrito Militar informó que también se había dado un reconocimiento expreso
a la condición de objetores de conciencia a los hermanos Wilmer Medina Venegas[51]
y Yeison Medina Venegas,[52]
pero advirtió que “[…] como en el caso anterior, se requiere de su
comparecencia al Distrito Militar N° 46, para que por parte de las autoridades
de reclutamiento se proceda de manera expedita, a dar reconocimiento formal
inmediato a la calidad de objetor de conciencia reconocida y de discusión en
autos, recibiendo la orientación necesaria para llevar a cabo la actuación de
aporte de documentos requeridos por el Decreto 2124 de 2008, arts. 8 y 9, así
como la posterior diligencia de expedición de los recibos de pago a su cargo,
respecto de los cuales y previa verificación del pago, se procederá a expedir
la tarjeta militar, pues se ha dado reconocimiento a la exención de objetor de
conciencia tratada en autos, siendo clasificado para realizar la liquidación de
los consecuentes valores a su cargo para la expedición de la tarjeta militar.”
4.5.3.
El Distrito Militar informó a la Corte que había realizado llamadas telefónicas
a los accionantes y les había remitido oficios, para solicitarles que se
presentaran y tramitaran su condición de objetores de conciencia. También
solicitó a esta la Sala de Revisión de la
Corte Constitucional a que instara a los accionantes a culminar el trámite
respectivo para definir completamente su situación militar. No obstante, el
Distrito Militar N° 46, advirtió expresamente, a pesar de no haber concluido el
trámite aún para definir su situación militar, es un ‘hecho superado’ el que a
los accionantes ya se les reconoció, efectivamente, su condición de objetores
de conciencia. Se informó que había sido un error su comparecencia el día 22 de
junio de 2013, así:
“[…] se ha incurrido en
un error de citación, pues de los actores se determinó solicitar su
comparecencia el día 22 de junio de 2013, obviando la condición de clasificados
sin recibo ante el sistema SIIR del señor Wilmer Medina Venegas y del señor
Fernando Salas Rodelo, no obstante se destaca como hecho superado la obligación
de haber sido reconocida la exención para la prestación del servicio militar
obligatorio, pues los actores actualmente obran como clasificados sin recibo
con fundamento en la condición de objetores de conciencia reconocida, y sólo
resta su comparecencia respecto de la cual se ha instado respetuosamente a los
actores mediante oficios anexos y a su apoderado, para que aporten los
documentos a que tengan lugar y determinar los valores a cancelar para la
expedición de su tarjeta militar.”
4.5.5.
El Distrito Militar N° 46 remitió a la Sala de Revisión, copia de los oficios
enviados a los accionantes, así como a su apoderado, al igual que copia de los
reportes del Sistema de información en los cuales los accionantes aparecen
registrados como clasificados sin recibo. El Distrito Militar remite
copia de seis reportes del Sistema de información, dos por cada uno de los tres
jóvenes accionantes.[53]
En segundo lugar, se adjunta copia de tres reportes posteriores, todos ellos del
22 de noviembre de 2012.[54]
4.6.
El informe presentado por el Distrito Militar N° 46 fue respaldado por el
Subdirector de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército, Coronel Javier
Hernando Rojas Manosalva, quien solicitó a la
Sala tener en cuenta las acciones que se han adelantado para poder resolver la
situación de los accionantes.
II. Consideraciones y
fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela
proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
2.1. En el presente proceso se acumularon
tres expedientes para ser resueltos conjuntamente, que contemplan cuatro casos distintos;
el de Luis Fernando Salas Rodelo, el de Wilmer Medina Venegas, el de su
hermano, Yeison Medina Venegas, y el de Robinson Norbey Ciro Gómez. Los cuatro
casos plantearon una cuestión fundamental a los jueces de tutela –salvadas, por
supuesto, las diferencias de cada una de las situaciones particulares–: ¿puede
el Ejército Nacional incorporar a prestar servicio militar obligatorio a un
joven, a pesar de que objete por razones de conciencia la prestación de ese deber
constitucional? Las partes, por diversas razones y para justificar diversas
solicitudes, pidieron a los jueces de tutela tener en cuenta los
pronunciamientos que en la materia ha hecho la jurisprudencia constitucional y
el hecho de que en la actualidad no se ha regulado el trámite para el
reconocimiento de la condición de objetor de conciencia, al momento de dictar
sentencia.
El cuarto de los casos acumulados –la
acción de tutela de Luis Fernando Salas Rodelo y la de Robinson Norbey Ciro
Gómez–[55]
plantean una cuestión adicional: ¿la condición de objetor de conciencia sólo
puede ser presentada al inicio del proceso de reclutamiento; no puede ser
manifestada después, durante la prestación misma del servicio?  Este cuarto y último
caso (el del joven Ciro Gómez), plantea otro problema, a saber: se alega que el
núcleo familiar del joven (la mamá y el hermano, que es menor edad) se ven
afectados pues dependían del sustento que obtenía su hermano e hijo, quien
actualmente presta el servicio militar obligatorio.
2.2. Teniendo en cuenta los antecedentes
expuestos, la presente Sala de revisión considera que ha de resolver tres problemas
jurídicos.
2.2.1. En primer problema es: ¿viola el
Ejército Nacional la libertad de conciencia y la libertad de religión de un
joven al desconocerle la posibilidad de declarase objetor de conciencia a
prestar el servicio militar obligatorio, debido a que el proceso para ejercer
tal derecho no ha sido regulado legislativa y reglamentariamente, incluso si el
joven ha afirmado que prestar el servicio militar implicaría actuar en contra de
las creencias profundas, fijas y sinceras en que se funda su conciencia?
2.2.2. El segundo problema jurídico,
planteado por el cuarto de los casos acumulados, es el siguiente: ¿viola el
Ejército Nacional la libertad de conciencia y la libertad de religión de un
joven al desconocerle la posibilidad de declarase objetor de conciencia a
prestar el servicio militar obligatorio, aunque haya afirmado a la autoridad
castrense que prestarlo implicaría actuar en contra de las creencias profundas,
fijas y sinceras en que se funda su conciencia, debido a que tal manifestación
no se hizo pública al inicio del proceso de incorporación?
2.2.3. Finalmente, el último de los casos
plantea un tercer problema jurídico: ¿viola el Ejército Nacional el Derecho a
la igualdad de un joven, al negarse a eximirlo de la prestación del servicio
militar obligatorio, a pesar de que el mínimo vital de su familia (su señora
madre y su hermano, menor de edad) dependen del sustento que él les proveía, teniendo
en cuenta que la ley sí consagra tal beneficio (eximir de la prestación
servicio) pero para aquellos casos en los que la ausencia del padre se deba a
que falleció?
2.3. En el tercer capítulo de la sentencia,
se resolverán cuestiones previas de procedibilidad, en especial el cumplimiento
del principio de inmediatez, supuestamente violado por el accionante en el primero
de los casos seleccionados.  En el cuarto capítulo, se reiterara lo dicho por la
Corte sobre el derecho de objeción de conciencia que tiene todo joven frente
al servicio militar, en los términos que ha sido reconocido y protegido por la
jurisprudencia constitucional, de acuerdo con lo señalado en la
Carta Política de 1991 y en el bloque de constitucionalidad.  En el capítulo
quinto, se analizara el caso de los jóvenes Luis Fernando Salas Rodelo, Wilmer
Medina Venegas y Yeison Medina Venegas. En el capítulo sexto se analiza el
desconocimiento del derecho de objeción de conciencia al servicio militar, en
el caso de Robinson Norbey Ciro Gómez, y en el séptimo el desconocimiento de su
derecho al mínimo vital y el de su grupo familiar. En el capítulo octavo se
hará referencia a órdenes generales que habían sido dictadas por la sentencia
T-018 de 2012, y que ahora es necesario reiterar. Finalmente, en el capítulo
noveno se concluye con las decisiones adoptadas por la
Sala en la presente sentencia.
Como se dijo, antes de entrar a resolver
los problemas jurídicos de fondo, la Sala hará referencia en el tercer capítulo
de las consideraciones de esta sentencia, a uno de los criterios de
procedibilidad de la acción de tutela (el principio de inmediatez) que fue
objeto de análisis por parte de uno de los jueces de instancia (el expediente T-3274619), y que le llevó a justificar con base en éste, la
decisión de negar por improcedente la acción de tutela.
3. El principio de inmediatez que rige
la acción de tutela es una herramienta para evitar usos estratégicos e ilegítimos
del mecanismo, no es un obstáculo rígido y formal que impide el acceso a la
justicia para la defensa de los derechos fundamentales
3.1. Aunque prácticamente todas las
decisiones judiciales que hacen parte de los procesos acumulados reconocen el
derecho constitucional de todo joven objetor de conciencia, a reclamar la
protección judicial de su derecho mediante tutela, no lo hizo así la sentencia
de segunda instancia dentro el primero de los procesos acumulados (Luis
Fernando Salas Rodelo, Expediente T-3274619).
3.2. Como se dijo en los antecedentes de
dicho proceso,[56] la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia que negó
la tutela de los derechos fundamentales del accionante, pero no por razones de
fondo, como las había dado el Tribunal Superior de Cundinamarca en primera
instancia, sino por razones procedimentales. Se consideró que en el caso
concreto la tutela del joven Salas Rodelo no era procedente porque no fue
presentada respetando el principio de inmediatez. Para la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que el proceso
de incorporación se había iniciado el 11 de agosto de 2008, no era aceptable
que la acción de tutela sólo hubiese sido interpuesta tres años después.
3.3. La
Sala de Revisión de Tutela de esta Corte no comparte la decisión de negar por
improcedente la acción del joven Salas Rodelo con base en la supuesta violación
del principio de inmediatez, por dos razones.
3.3.1. No se puede exigir a una persona que
reclame un derecho constitucional en un determinado momento (agosto de 2008),
cuando tan sólo fue reconocido en virtud de un cambio de jurisprudencia
constitucional que sólo ocurrió más de un año después. No es coherente
reconocer, por una parte, que la posibilidad de invocar el derecho a objetar
por razones de conciencia el deber de prestar servicio militar obligatorio, se
debe a un cambio jurisprudencial en la materia adoptado por la
Corte Constitucional al finalizar el año 2009 (en la sentencia C-728 de 2009,
a la cual se hará referencia posteriormente), y, al mismo tiempo, considerar
que el accionante ha debido reclamar tal derecho más de una año antes, cuando
la jurisprudencia constitucional no se había pronunciado al respecto. En
efecto, en un primer momento, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia afirmó que “[…] es válido precisar que [en la
sentencia C-728 de 2009] el máximo Tribunal Constitucional no limitó el
derecho de acudir a la acción de tutela para invocar la protección del derecho
a la libertad de conciencia, respecto de quienes, como el actor, se les exige
prestar el servicio militar obligatorio a pesar de que su credo se los impide,
evento en el cual la procedencia del amparo constitucional está condicionada al
cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad, los cuales en el asunto
examinado no se satisfacen, ya que como se analizará, el actor no acudió al
juez dentro de un tiempo razonable […]  ||  En efecto, si el actor fue
inscrito desde el 11 de agosto de 2008 para definir su situación militar,
advierte la Sala que sólo hasta cuando [se] le comunicó que había sido
seleccionado para ser soldado de Colombia […] decidió acreditar su
condición de Ministro de la iglesia cristiana Los Testigos de Jehová […]”.[57]
3.3.2. Constatar que el tiempo que ha
transcurrido entre el acto que se acusa de violar o amenazar un derecho
fundamental y la interposición de la acción de tutela es superior a un año, no
implica, per se, un desconocimiento del principio de inmediatez. Es
preciso que el juez de tutela valore las condiciones concretas que habrían
llevado a la persona a diferir la interposición de la acción durante ese tiempo.
El hecho de que hayan transcurrido tres años, según la interpretación de la
Corte Suprema de Justicia, no es razón suficiente para concluir, de forma casi
objetiva, que el tiempo transcurrido entre el momento en que empezaron a
ocurrir los actos que se cuestionan mediante tutela y la interposición de la
acción es demasiado e irrazonable. La
Corte Constitucional ha entendido que el principio de inmediatez debe valorarse
en las condiciones específicas del caso concreto. Así, por ejemplo, ha
aceptado, excepcionalmente, que se controvirtieran decisiones judiciales, incluso
17 y 15 años después de proferidas, teniendo en cuenta las particularidades de
la situación concreta que se analizaba.[58]
3.3.3. En el presente caso, con base en las
pruebas aportadas al proceso, es posible concluir  (i) que durante el trámite
de incorporación ante el Ejército, el joven Salas Rodelo sí presentó los
documentos que lo acreditaba como objetor de conciencia y  (ii) que la acción
de tutela se presentó en agosto del año 2011, pocos días después de que le
hubieran dejado en claro que su condición de objetor de conciencia,
definitivamente no sería reconocida.[59]
3.4. En los otros dos procesos, esto es,
los casos de los hermanos Medina Vanegas, y en el caso del joven Ciro Gómez,
también se constata que se respeta el principio de inmediatez. En los casos de
los hermanos Medina Vanegas, la acción de tutela se interpuso una vez se
estableció claramente que el Ejército no reconocería su condición de objetores
de conciencia.
En el último de los casos, la acción de
tutela fue interpuesta por la señora madre del joven Ciro Gómez, una vez le
comunicó a ella su deseo de no continuar prestando servicio militar. En el
pasado, la jurisprudencia constitucionalidad ha avalado la posibilidad de que
un tercero agencie oficiosamente la defensa de los derechos fundamentales de un
joven acuartelado, como ocurre precisamente en este último proceso.[60]
3.5. Resueltas las cuestiones
procedimentales de admisibilidad, pasa la
Sala de Revisión a dar respuesta a los problemas jurídicos planteados.
4. Reiteración de jurisprudencia: el
Ejército desconoce la libertad de conciencia de una persona, cuando no le
reconoce su condición de objetor de conciencia, en razón a que no existe una
regulación concreta y específica que desarrolle la institución
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el primer problema jurídico planteado debe ser resuelto
afirmativamente. Es decir, el Ejército Nacional viola la libertad de conciencia
y la libertad de religión de un joven cuando le desconoce la posibilidad de
declarase objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, fundado en
creencias profundas, fijas y sinceras, así tal derecho no haya sido regulado
legislativa y reglamentariamente aún.
4.1. La objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio es un derecho fundamental derivado de la libertad
de conciencia y, eventualmente, de la libertad religiosa
La solución la adoptó expresa y
unánimemente la Sala Plena de la
Corte Constitucional en la sentencia C-728 de 2009, al indicar que “[…] a
partir de una lectura armónica de los artículos 18 (libertad de conciencia) y
19 (libertad de religión y cultos) de la
Constitución, a la luz del bloque de constitucional, es posible concluir que
de los mismos sí se desprende la garantía de la objeción de conciencia frente
al servicio militar”.[61]
4.1.1. Para la
Corte, “[…] no es razonable obligar a una persona a prestar el servicio
militar, cuando los fines imperiosos que se buscan por tal medio, como
retribuir a la patria los beneficios recibidos, contribuir a la protección de la
Nación y el Estado, así como propiciar la cohesión social, son fines
constitucionales que pueden conseguirse por otros medios.”[62] En tal
sentido, insiste la sentencia, “[…] no es necesario que [contribuir a la
protección de la Nación y el Estado tenga que ser] mediante la prestación
del servicio militar, que, en el caso de los objetores de conciencia, plantea
un conflicto muy profundo entre el deber constitucional y las convicciones o
las creencias que profesan”.[63]
4.1.2. La defensa cerrada y unánime que dio
la Corte Constitucional al derecho que le asiste a las personas para objetar
la prestación del servicio militar por razones de conciencia, supuso una
variación de la jurisprudencia constitucional proferida en la materia al inicio
de la década de los años noventa (T-409 de 1992, T-224
de 1993, y C-511 de 1994, por ejemplo).[64] El cambio
jurisprudencial, cuya posibilidad desde hace mucho tiempo dejó abierta la Corte,[65]
se dio teniendo en cuenta los avances y desarrollos que se habían consolidado
al inicio del siglo XXI en materia de protección a la libertad de conciencia.[66]
En efecto, en el año 2009, cuando se tomó la decisión de reconocer expresa y
categóricamente la objeción de conciencia al servicio militar, la
jurisprudencia ya había reconocido el derecho que asistía a las personas, a no
cumplir determinadas obligaciones en igualdad de condiciones con los demás
ciudadanos, cuando exigir tal cumplimiento implica demandar, irrazonable y
desproporcionadamente, que una persona actúe en contra de los dictados de su
conciencia, fundados en creencias profundas y serias, no acomodaticias.[67]
Este cambio de jurisprudencia se hace evidente, por ejemplo, en la protección judicial
que se da al Sabbath. De no proteger el derecho de una estudiante
universitaria a dejar de asistir a una clase el día sábado, en razón a sus
creencias como Adventista del Séptimo Día (T-539A de 1993), la jurisprudencia
constitucional pasó a tutelar el derecho a guardar el Sabbath a varias
personas, en diferentes tipos circunstancias. En el ámbito laboral,[68]
en el ámbito educativo,[69]
o en el ámbito de promoción y formación, en el ejercicio de un cargo público.[70]
Es en el contexto de esta tendencia jurisprudencial,
sensible a la protección de la libertad de conciencia, que la
Sala Plena de la Corte Constitucional decidió modificar lo dispuesto con
relación al servicio militar obligatorio y reconocer expresamente el derecho
fundamental a objetar su prestación por razones de conciencia (sentencia C-728
de 2009).
4.2. La objeción de conciencia es un
derecho fundamental de aplicación inmediata que no requiere desarrollos
normativos ulteriores para ser reconocido, respetado, protegido y tutelado
4.2.1. Ahora bien, aunque es clara la
competencia reguladora del poder legislativo y el ejecutivo en la materia, esto
no implica que el derecho constitucional dependa de la existencia de dicha
regulación. El goce efectivo de los derechos constitucionales no puede depender
de leyes posteriores que las desarrollen. Por tanto, la
Sala Plena de la Corporación indicó que el derecho de objeción de conciencia
al servicio militar, en principio, debería ser aplicado según los parámetros
que el legislador establezca al respecto, pero que, en cualquier caso, se trata
de un auténtico derecho constitucional que puede ser ejercido y disfrutado, aún
si el legislador no ha desarrollado normativamente la cuestión. La sentencia
sostuvo al respecto: “[…] una cosa es que las condiciones para el ejercicio
del derecho deban ser definidas por el legislador, y otra que cuando se den los
supuestos que, a la luz de la Constitución, le dan piso, el mismo puede
ejercerse por sus titulares, aún sin que el legislador haya fijado las
condiciones para ese ejercicio;” en tal medida, añade, “el derecho
constitucional de objeción de conciencia, puede ser objeto de protección por
parte de los jueces de tutela.”[71]
Por eso se indica que “[…] hasta tanto no se considere un proceso especial,
reglamentado por el legislador, las objeciones de conciencia que presenten los
jóvenes, deberán ser tramitadas de forma imparcial y neutral, de acuerdo con
las reglas del debido proceso.”[72]
4.2.2. La decisión de la sentencia C-728 de
2009[73]
es una aplicación directa de la regla según la cual “la Constitución es norma de normas” (art. 4°, CP). Esta disposición constitucional
ha sido desarrollada, dentro del conjunto de reglas que fijan las competencias
del juez de tutela, de la siguiente manera: “no se podrá alegar la falta de
desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político para impedir su
tutela.” (art. 41, Decreto 2591 de 1991).  En otras palabras, un juez de
tutela no puede negarse a reconocer el derecho fundamental de toda persona a
objetar la prestación del servicio militar por razones de conciencia, con base
en el argumento de que falta ‘desarrollo legal’ del derecho. Que el juez de
tutela se considere incompetente con base en tal razón implica una violación
(i) del derecho fundamental del accionante a acceder a una justicia pronta y
cumplida, (ii) de la obligación de protegerle a éste el goce efectivo de su
derecho (en este caso, a la libertad de conciencia) y también, (iii) implica la
violación de la supremacía de la constitución como norma de normas, en el orden
jurídico vigente.
4.2.3. En otras palabras, la posibilidad de
dejar de cumplir la obligación constitucional de prestar el servicio militar
obligatorio encuentra sustento, fundamentalmente, en la ley, esto es, la
decisión expresa, en democracia, de los legisladores (concretamente, las
exenciones contempladas en el artículo 27 de la
Ley 48 de 1993). Sin embargo, esta obligación también se puede dejar de
cumplir con fundamento en la aplicación directa de la
Constitución, como lo es la posibilidad de objetar la prestación del servicio
militar por razones de conciencia, cuando cumplir con tal obligación implicaría
a la persona actuar en contra de sus creencias y convicciones profundas, fijas
y sinceras.[74]
Los Magistrados que se apartaron
parcialmente de la decisión de la mayoría de la
Sala Plena en la sentencia C-728 de 2009, indicaron que se había sugerido
inicialmente a la Corte aceptar el cargo de omisión legislativa relativa
presentado por la demanda, para que fuera claro que las exenciones al servicio
militar obligatorio sólo podrían tener sustento en leyes expedidas por el
Congreso de la República, en democracia. La mayoría de la
Sala consideró que no existía el deber de incluir la objeción de conciencia en
la ley de reclutamiento, porque la posibilidad de ejercerla efectivamente en un
estado social de derecho que reconoce las libertades de conciencia, de religión
y de culto, y que reconoce el imperio de la
Constitución Política por ser norma de normas, no depende de su desarrollo
legal o reglamentario. Si bien la Sala Plena reconoció que corresponde al
legislador y al regulador desarrollar las normas que aseguren el goce efectivo
de las libertades mencionadas, indicó expresamente, que el ejercicio de éstas
no depende, en modo alguno, de que existan o no tales disposiciones normativas.[75]
4.2.4. Fundándose en la jurisprudencia
constitucional citada (C-728 de 2009), varias Salas de Revisión de la
Corte han reiterado que “el ejercicio de la objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio no requiere un desarrollo legislativo específico.”[76]
Expresamente, la Corte indicó que “previendo las dificultades que podrían
presentarse en ese escenario, la Corte advirtió sobre la posibilidad de que los
objetores de conciencia acudan a la acción de tutela para reclamar la
protección de su derecho fundamental a no ser obligados a actuar en contra de
sus convicciones, cuando quiera que el mismo sea desconocido por las
autoridades competentes.” (T-357 de 2012).[77]
4.3. La libertad de conciencia, elemento
indispensable de una sociedad democrática, respetuosa de la dignidad humana
Es tan claro el reconocimiento del derecho
a la objeción de conciencia, y su importancia en el orden constitucional
vigente, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el
desconocimiento generalizado de las reglas aplicables en materia de objeción de
conciencia al servicio militar obligatorio, por parte de las autoridades
encargadas de adelantar los procesos de reclutamiento, representa una amenaza
constante a los derechos de libertad de conciencia y libertad de religión y
cultos, de aquellas personas cuyas creencias se ven gravemente afectadas por el
cumplimiento de dicho deber constitucional.  En la sentencia T-018 de 2012, al
igual que ocurre en el presente caso, “diversas dependencias del Ejército
Nacional […] contestaron de forma disímil la presente acción de tutela.”
En consecuencia, se ordenó al Ministerio de Defensa que adelantara una campaña
de divulgación de la sentencia C-728 de 2009 dirigida a “[…] todos los
integrantes de la fuerza pública, en particular, a quienes tienen
responsabilidades relacionadas con el reclutamiento para la prestación del
servicio militar obligatorio […]”.[78]
En razón a que los procesos estudiados en
la presente sentencia evidencian que las dificultades y obstáculos para el
pleno reconocimiento de la libertad de conciencia continúan en los procesos de
incorporación al ejército, la Sala de Revisión resaltará a continuación la
importancia de la libertad de conciencia en un estado social y democrático de
derecho, respetuoso de la diversidad étnica y cultural.
4.3.1. La protección de la libertad de
conciencia tiene funciones y propósitos estructurales en un estado social y
democrático de derecho. Aunque no le corresponde a la
Corte Constitucional establecer una definición completa y definitiva de lo que
se ha de entender por ‘libertad de conciencia’ y menos aún por ‘conciencia’, si
se ha referido a algunas de las maneras de usar el concepto en el campo de los
derechos fundamentales.  La jurisprudencia constitucional se ha referido al
ejercicio de la libertad de conciencia en diferentes contextos y ámbitos humanos.
Además de los casos que se han mencionado en la presente sentencia, se ha
pronunciado sobre el ejercicio de la libertad de conciencia, cuando se ejerce
el derecho político de ser un representante ante el Congreso de la República,[79]
o a propósito de la obligación de prestar servicios judiciales o servicios
médicos que puedan dar lugar a controversias, como ciertos casos de
interrupción del embarazo.[80]
4.3.2. La libertad de conciencia, en tanto
derecho fundamental, se protege ante todo como una facultad individual,[81]
propia de cada persona, sin perjuicio de las protecciones propias de
comunidades étnicas y tradicionales de la nación.[82]  La
fundamentaciones y las justificaciones de este derecho son entrecruzadas,
provienen de diferentes perspectivas del pensamiento (filosóficas o religiosas,
por ejemplo) o de diversas visiones políticas (liberales o conservadoras, por
ejemplo), en las cuales se han construido fuertes y poderosos argumentos en
favor de garantizar a toda persona su libertad de conciencia.[83] Bien sea
desde perspectivas humanistas, respetuosas de las facultades que determinan el
accionar de toda persona, o desde perspectivas religiosas, respetuosas del
libre albedrio concedido a todo espíritu, se ha dado apoyo a la defensa de la
libertad de conciencia que tiene todo ser humano.[84]
4.3.3. Así, desde diferentes orillas de pensamiento,
se estableció la necesidad de defender la libertad de conciencia como uno de
los derechos básicos e inalienables de toda persona, sin la cual no es posible
construir una sociedad abierta, democrática y fundada en la dignidad humana. Diferentes
textos constitucionales, así como tratados de derechos humanos, regionales o
internacionales, han consagrado una defensa expresa y amplia de la libertad de
toda persona de actuar y vivir de acuerdo a los mandatos de su conciencia. De
hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza reconociendo
la conciencia como una facultad propia de todo ser humano, diferente a su
razón. Por eso dice: “Todos los seres humanos nacen libre e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.” (art. 1°, Declaración
Universal de los Derechos Humanos).
4.3.4. Reconocer la conciencia propia como
una facultad de cada persona, es uno de los elementos nucleares de la dignidad
humana. La dignidad humana, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
tiene al menos tres ámbitos de protección claros: la autonomía individual, las
condiciones materiales de existencia y la intangibilidad de los bines no
patrimoniales, en especial la integridad física y mental. El desconocimiento de
la conciencia, el exigir a una persona que actúe en contra de sus dictados, es
someter a una persona a un trato indigno y, dependiendo de la gravedad de la
afectación que se cause en ella, puede suponer además, un trato cruel.[85]
4.3.5. Desconocer la libertad de conciencia
de una persona, obligándola a revelar sus creencias o a actuar en contra de
ellas, es una de las maneras más graves e impactantes de violentar un ser
humano. Por ello ha indicado la Corte que “la ratio iuris de la
libertad de conciencia es la inmunidad de toda fuerza externa que obligue a
actuar contra las propias convicciones y que impida la realización de aquellas
acciones que la conciencia ordena sin estorbo o impedimento.”[86]
La jurisprudencia constitucional ha resaltado que la protección a la conciencia
tiene que ver ante todo con una facultad humana que gobierna el actuar, el
obrar. Siguiendo la posición fijada al respecto desde la
Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha indicado que la conciencia no
sólo tiene que ver con la facultad de pensar. Expresamente ha indicado al
respecto,
“[…] la libertad de
conciencia se ha distinguido de las libertades de pensamiento y opinión, y
también de la libertad religiosa, considerándose que ella no tiene por objeto
un sistema de ideas, ni tampoco la protección de una determinada forma de
relación con Dios, sino la facultad del entendimiento de formular juicios
prácticos en relación con lo que resulta ser una acción correcta frente a una
situación concreta que se presenta de facto. En otras palabras, es la facultad
de discernir entre lo que resulta ser el bien o el mal moral, pero en relación
con lo que concretamente, en determinada situación, debemos hacer o no hacer.
Por eso se dice que es un conocimiento práctico.  ||  Por consiguiente, a
diferencia de la libertad de opinión o de la libertad religiosa, la de
conciencia, se ejerce siempre de modo individual. En cuanto prerrogativa
personal, la conciencia a la que se refiere la libertad constitucionalmente
protegida, es la conciencia subjetiva, o mejor, la regla subjetiva de
moralidad. No se trata pues de la protección abstracta de un sistema moral
determinado, o de una regla objetiva de moralidad”.[87]
4.3.6. La intención del Constituyente de
1991 de reconocer un amplio espacio a las personas, para que atiendan a su
conciencia y se guíen por sus dictados, en libertad, se refleja en la redacción
misma del texto constitucional del artículo 18.[88] Así lo
reconoció uno de los Constituyentes, al indicar que a
la libertad de conciencia se le dio “una redacción amplia, no rodeada de
talanqueras o de obstáculos para hacerla inocua”.[89].[90]
La conciencia requiere que el estado, la
sociedad y las instituciones en general, den el espacio que todo ser humano
necesita para poder reflexionar, atender su conciencia y actuar según ella.
Este espacio amplio de libertad busca, como dijo la jurisprudencia, asegurar la
posibilidad de realizar ‘aquellas acciones que la conciencia ordena sin
estorbo o impedimento’ (T-547 de 1993).[91]
4.3.7. La cuestión constitucional que
enmarca el problema jurídico que se analiza en el presente caso es: ¿qué ocurre
cuando un deber jurídico entra en contradicción o en tensión con un dictado de
la conciencia? ¿La persona ha de obedecer el mandato jurídico por encima del
mandato de la conciencia, o por el contrario debe ser el jurídico el que ha de
ceder ante la orden que dicta la conciencia? ¿Y qué ha de hacer el Estado, ha
de dispensar a la persona del cumplimiento de aquella obligación jurídica y
respetar la conciencia, o por el contrario, ha de someter a la persona a que
respete la ley? Se trata del viejo dilema que planteó Sófocles en la antigua
Grecia, 442 años antes de que iniciara nuestra era, en su tragedia Antígona,
la cual ha dado lugar a reflexiones variadas y diversas sobre la libertad de
conciencia y religión y su enfrentamiento con las leyes estatales.[92]
La respuesta de la jurisprudencia constitucional no es unívoca al respecto.
Cuál deber debe prevalecer, si el impuesto por el derecho o el impuesto por la
conciencia, es una cuestión que la jurisprudencia constitucional ha determinado
a partir de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, como lo muestran
muchos de los casos citados. Esto es, la jurisprudencia constitucional ha
protegido el derecho a la libertad de conciencia, cuando insistir en el
cumplimiento del deber jurídico no encuentra una justificación suficiente, a la
luz del orden constitucional. De lo contrario, se deberá considerar
alternativas de cumplimiento que no conlleven una carga desproporcionada,
innecesaria, inadecuada o ilegítima sobre la persona. En tal sentido, la
objeción de conciencia es la figura que les permite a las personas y a las
autoridades ajustar las leyes generales, a los casos en los que aplicarla sin
consideraciones, supone violar la libertad de conciencia de una persona.  Por
eso la Corte Constitucional se ha referido desde el inicio de su jurisprudencia
a la objeción de conciencia como ‘la resistencia a obedecer un imperativo
jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide
sujetarse al comportamiento descrito’.[93]
En el caso del servicio militar
obligatorio, la jurisprudencia ha tenido en cuenta que se trata de una
obligación que impone una serie de cargas y deberes de gran envergadura para
todo joven. Supone ingresar a una institución bajo estrictas reglas
disciplinarias y de jerarquía. Cuando esta obligación se impone a una persona
cuyas creencias profundas, fijas y serías se verían desconocidas, se está
imponiendo una carga irrazonable y desproporcionada. Irrazonable, por cuanto es
una medida que no es necesaria para cumplir los fines propuestos (aportar un
año de servicio a la patria se puede hacer por otros medios) y de hecho, en
ocasiones incluso inadecuado (una persona a la que se le viola su conciencia
por incorporarla, no va a prestar un adecuado servicio a la patria). Y es
desproporcionada la medida, por cuanto se sacrifica en altísimo grado los
derechos fundamentales del joven objetor, a cambio de una protección menor del
Estado. El que el objetor de conciencia no entre a prestar servicio militar, no
pone en riesgo la institución del ejército ni la seguridad nacional.
4.3.8. La doctrina también ha reconocido la
conexión inescindible que existe entre la democracia y la libertad de
conciencia de toda persona, señalamiento que ha sido resaltado por la propia
jurisprudencia constitucional al indicar que “la Constitución reconoce que en un régimen democrático, pluralista y participativo la
libertad de conciencia debe ser respetada, ‘puesto que ninguna democracia
puede tenerse auténtica y completa sin en ella se desconoce o se menosprecia el
derecho de todo ser humano a seguir su propio sentido ético: a no traicionar
esa voz apremiante que le dicta, desde su interior, la regla del comportamiento’[94].”[95]
La relación inescindible entre la libertad de conciencia y la democracia, fue
resaltada explícitamente durante los debates de la
Asamblea Nacional Constituyente.[96]
También ha sido resaltada a propósito del contexto militar y castrense por la
propia jurisprudencia, en un caso de objeción de conciencia parcial, no total
al servicio militar obligatorio.[97]
En una sociedad abierta, diversa y plural, en la cual el Estado juega un rol
determinante en la vida social, el respeto por lo otro, por visiones distintas,
es un elemento estructural.[98]
Las autoridades en general, y las
judiciales en especial, deben ser especialmente deferentes, con aquellas creencias
y posiciones de conciencia que pertenecen a grupos minoritarios de la sociedad
y que difieren de las posiciones de las mayorías.  La probabilidad de que
existan tensiones entre las normas legales y los dictados de la conciencia de
grupo minoritarios es mayor, puesto que es más probable que las normas
aprobadas por las mayorías, en democracia, no hayan sido fijadas, teniendo en
cuenta tales dictados. Así ocurre, precisamente con las personas que guardan el
Sabbath en una sociedad como la colombiana, que siguiendo una tradición
cristiana mayoritaria, ha fijado el domingo como día de descanso general para
toda la nación. En tales casos, como se indicó al citarlos, la jurisprudencia
tuvo en cuenta que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una minoría en el
país. Casos en los que los católicos enfrenten dilemas similares suelen darse
en países en los cuales éstos constituyen una religión minoritaria, como
ocurrió en los Estados Unidos de América, a propósito del sacramento de la
confesión, a propósito de un juicio penal.[99]
No revelar secretos de confesión en sistemas jurídicos de países tradicional y
mayoritariamente católicos, no suele ser un dictado de conciencia que entre en
tensión con las normas penales. Usualmente se respeta y acoge en las leyes
generales.
4.3.9. También debe resaltar la
Sala que desde el inicio de la jurisprudencia se estableció que en el orden
constitucional vigente la conciencia y las creencias de carácter estrictamente
religioso, no son las únicas que encuentran protección. Así lo indicó la
Corte Constitucional desde 1992, en una sentencia en la cual tuteló el derecho
a no recibir clases de religión en una escuela pública, si tal era la decisión
de sus padres (T-421 de 1992).[100]
En aquella oportunidad retomó las discusiones al respecto en la
Asamblea Nacional Constituyente, y en las cuales se resaltó la decisión de
establecer dos artículos distintos e independientes respecto de la libertad de
conciencia (art. 18, CP), por una parte, y la libertad religiosa por otra (art.
19, CP).[101]
La clara distinción que hace la
Constituyente entre la libertad de conciencia y la libertad de religión, es
una especificidad constitucional colombiana, que reitera y explicita la
protección a las creencias de tipo secular, no religiosas, tal como se advirtió
en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.[102] Esta
posición representó un gran cambio en cuanto a la redacción del texto de la
Constitución de 1886, que no diferenciaba claramente entre una y otra
libertad, y las reconocía conjuntamente en un mismo artículo.[103] Pero el
cambio no fue de la misma envergadura frente a la manera como la jurisprudencia
constitucional había pasado de interpretar la norma como el fundamento de una
sola libertad, a diferenciar claramente la protección constitucional a la
libertad de conciencia, de la protección a las creencias y cultos religiosos.[104]
La jurisprudencia de la
Corte, bajo la Constitución de 1991 ha seguido esta tradición. Así, por
ejemplo, ha tutelado el derecho a la libertad de conciencia de un estudiante
universitario de una institución confesional, a no asistir a una clase de
religión en la cual se le obligaba a revelar sus creencias.[105]  La Corte
reiteró que la libertad religiosa también protege a las personas ateas o
agnósticas, dos posturas que históricamente han sido objeto de fuertes
discriminaciones y persecuciones, de forma similar a como lo han sido otras
religiones a lo largo de la historia, en diferentes periodos y momentos.[106]
Concretamente, a propósito de la objeción
de conciencia al servicio militar obligatorio, la
Corte indicó que: “[…] las convicciones o creencias susceptibles de ser
aleadas pueden ser de carácter religioso, ético, moral o filosófico. Las normas
constitucionales e internacionales, como fue expuesto, no se circunscriben a
las creencias religiosas, contemplan convicciones humanas de otro orden, que
estructuran la autonomía y la personalidad de toda persona” (sentencia
C-728 de 2009). Siguiendo esta decisión,
la Corte reconoció expresamente que las creencias en
la ‘no violencia’ pueden dar lugar a sustentar una objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio.[107]
4.3.10. Finalmente, debe la
Sala indicar que no toda objeción de conciencia al servicio militar implica un
rechazo completo y vertical al servicio militar obligatorio.  Si bien existen
personas que fundan su objeción de conciencia en creencias religiosas o de otro
tipo, que excluyen o se contraponen de forma radical a lo castrense, ello no
necesariamente es así. Algunas de las personas que presentan una objeción de conciencia
al servicio militar obligatoria, lo hacen de manera parcial, relativa a ciertas
actividades o funciones propias de la actividad castrense, no a toda labor que
allí se realiza, ni al hecho mismo de pertenecer a las fuerzas armadas.
De hecho, existen casos como el de Desmond
Thomas Doss que, además de objetor de conciencia, fue un gran soldado. Doss se
presentó a formar parte del Ejército estadounidense en el momento en que su
nación había entrado a participar en la segunda guerra mundial, pues consideró
tener dos deberes. Uno frente a la patria, que le obligaba a defender su
nación, y otro frente a sus creencias religiosas que le impedían tomar las
armas o dejar de consagrar el sábado a Dios. El dilema lo resolvió
presentándose al ejército y solicitando que no se le exigiera empuñar armas o
hacer algo diferente a orar el día sábado. Aunque en un principio sus
compañeros y superiores lo atacaron e intentaron propiciar su salida, Doss
soportó pacientemente los ataques y se llegó a convertir en uno de los mejores
soldados del batallón encargados de prestar servicios de salud. Fue tal su
coraje y valentía para rescatar y curar a sus compañeros heridos en el campo de
batalla (incluso, a soldados enemigos), arriesgando en no pocas veces su vida,
sin estar armado, que al regresar de la guerra el Presidente Harry Truman lo
condecoró, junto a 14 compañeros más, con la máxima medalla de honor que ofrece
el ejército estadounidense a sus héroes.
4.3.11. En resumen, la libertad de
conciencia es un derecho fundamental que cumple funciones estructurales en un
estado social y democrático de derecho. Se protege como una facultad humana individual,
que no se limita al pensar. La conciencia determina el actuar de las personas,
les permite definir el sentido de su vida y establecer cuál es la forma
correcta como ha de actuar.  Actuar según los dictados de la conciencia, en
libertad, es un presupuesto de la construcción de una sociedad democrática,
respetuosa de la dignidad humana. Por eso, se trata de una frágil facultad
humana, que necesita el espacio suficiente para desarrollarse. En tal medida,
se ha de conceder el derecho de objeción de conciencia cuando sea irrazonable y
desproporcionado imponer el deber legal en cuestión a una persona que se vea
compelida actuar en contra de sus creencias profundas y sinceras, sean o no de
carácter religioso. Por ello, es inconstitucional obligar a prestar servicio
militar obligatorio a una persona, cuando va a verse compelida a actuar en
contra de los mandatos de su conciencia. Por tanto, que se sigan repitiendo
violaciones a la libertad de conciencia en los procesos de incorporación del
ejército es una grave violación a la
Constitución Política que debe ser total y completamente erradicada.
4.4. Casos de objeción de conciencia al servicio
militar obligatorio resueltos por la
Corte Constitucional
La Corte ha
analizado la condición de objetores de conciencia en casos concretos y
específicos, reconociéndola en algunas ocasiones y negándola en otras.
4.4.1. Así, en la sentencia ya citada,
T-018 de 2012, se tuteló el derecho de un joven perteneciente a la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y se ordenó al Ejército Nacional que lo
desincorporara, si no lo había hecho aún y le expidiera su libreta militar.[108]
Reiterando esta posición, la Corte ha reconocido expresamente el derecho que le
asiste a un joven para objetar la prestación del servicio militar por razones
de conciencia, incluso en aquellas ocasiones en que, por el paso del tiempo, se
pueda tratar de un hecho superado (sentencia T-357 de 2012).[109]
4.4.2. Pero como se dijo, la jurisprudencia
constitucional también ha negado el derecho a objetar por razones de conciencia
la prestación del servicio militar obligatorio, cuando las personas no han
logrado demostrar, siquiera mínimamente, que su posición se funda en creencias
profundas, fijas y sinceras. Así, por ejemplo, en la sentencia T-603 de 2012[110]
se negó el derecho a objetar por razones de conciencia su incorporación al
ejército, teniendo en cuenta que el accionante  (i) nunca se refirió a sus
creencias de forma concreta, sólo de forma vaga y general, y  (ii) presentó su
solicitud luego de cometer varias faltas disciplinarias y tener que enfrentar
los correspondientes procesos y sanciones.[111]
4.5. En conclusión, teniendo en cuenta la
jurisprudencia constitucional aplicable, esta Sala de Revisión decide reiterar
que el Ejército Nacional viola la libertad de conciencia de un joven al
desconocerle la posibilidad de declarase objetor de conciencia a prestar el
servicio militar obligatorio, debido a que el proceso para ejercer tal derecho
no ha sido regulado legislativa y reglamentariamente. Cuando se obra de esta
manera, se pretende condicionar la aplicación de un derecho fundamental a
desarrollos normativos ulteriores, desconociendo abiertamente el carácter de
norma de normas que tiene la
Constitución Política en el orden jurídico vigente. Corresponde por tanto a
las autoridades respectivas, en cada caso concreto, establecer si la persona
que reclama la condición de objetor de conciencia, está amparada
constitucionalmente.
5. El Ejército Nacional desconoció los
derechos de los jóvenes Luis Fernando Salas Rodelo, Wilmer Medina Venegas y
Yeison Medina Venegas, al no reconocerles su condición de objetores de
conciencia.
La actuación del Ejército en los casos de
los tres jóvenes Luis Fernando Salas Rodelo, Wilmer Medina Venegas y Yeison
Medina Venegas vulneró las libertades de conciencia de cada uno de ellos, pues
se les negó un derecho constitucional fundamental, bajo el argumento de que no ha
tenido desarrollo legal, contrariando las reglas que imponen el imperio de la
Constitución Política y, en especial, del goce efectivo de los derechos
fundamentales.
5.1. El desconocimiento de la libertad
de conciencia de los accionantes, es una violación grave y evidente
5.1.1. En los tres casos, el Ejército
Nacional se negó a reconocerles la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio, bajo el argumento de que el procedimiento para solicitarla y
concederla no ha sido regulado aún, ni legislativa ni reglamentariamente. Se
trata de una violación del derecho fundamental a la libertad de conciencia, tal
como lo ha indicado la jurisprudencia constitucional expuesta y aplicable al
presente caso. El Distrito Militar N° 46 de Facatativá
no podía negar la protección del derecho constitucional a objetar la prestación
del servicio militar por razones de conciencia de los accionantes, bajo el
argumento de que aún no se cuenta con desarrollo legal ulterior. Ello implica,
ni más ni menos, pretender que la
Constitución Política no impera en el orden jurídico vigente y que su
aplicación depende de que alguna ley o algún decreto reglamentario le de vida.
5.1.2. En consecuencia, la violación de la
libertad de conciencia en el presente caso implica, además, la violación grave
y evidente de un mandato que estructura el orden jurídico vigente, a saber: ‘la Constitución es norma de normas’ (art. 4, CP). Cuando una autoridad deja de
reconocer un derecho constitucional fundamental, en especial, cuando (i) se ha
reconocido judicialmente y  (ii) expresamente se ha indicado que su respeto,
protección y garantía no requiere desarrollo normativo ulterior,[112]
comete una violación grave y evidente a la regla de supremacía constitucional.
Justamente esa es la situación que ocurrió en el presente caso.
5.1.3. Sin embargo, para la
Sala de Revisión se debe dar un mayor reproche al desconocimiento de la
libertad de conciencia de los accionantes por parte de los jueces de tutela de
instancia.
5.1.3.1. El 31 de
agosto de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, resolvió
negar la tutela de Luis Fernando Salas Rodelo (Expediente
T-3274619) por considerar que el Distrito Militar
acusado no ha violado los derechos fundamentales del accionante, en tanto se
consideró que era deber de él probar que era un objetor de conciencia real. Por
eso indicó que “[…] la
situación que aquél plantea respecto a su condición de objetor de conciencia
que le impide prestar el servicio militar, debe ser alegada ante la autoridad
militar competente para que evalúe su caso y agotar todo el procedimiento
previsto para la definición de su situación militar […]”. El argumento de la
Sala del Tribunal no es aceptable. ¿Cómo se puede negar el derecho a la
objeción de conciencia de una persona por no haber alegado tal situación ante
las autoridades de reclutamiento, cuando  (i) la persona sí lo hizo [como fue
el caso de Luis Fernando Salas Rodelo], y, además,  (ii) las autoridades
castrenses ya habían manifestado claramente que a su juicio tal condición no
puede ser reclamada, hasta tanto no se desarrolle legalmente?  No es
consistente solicitar a un accionante declarar su condición de objetor de
conciencia a autoridades castrenses que consideran expresamente que tal petición
no podía ser tramitada.[113]
La decisión de
instancia es aún más reprochable si se tiene en cuenta que el Distrito Militar
acusado, en su respuesta a la acción de tutela, si bien había sido categórico
en no poder reconocer autónomamente la condición de objetor de conciencia, aceptaba
la posibilidad de hacerlo ante una solicitud judicial.[114]
No tiene sentido que la
Sala Plena del Tribunal, juez de primera instancia, no hubiera ordenado al
Ejército tramitar la solicitud de objeción de conciencia del accionante, a
pesar de que la propia autoridad castrense desde un inicio había aceptado que
eso sí era posible.
La sentencia de
instancia sostuvo que “[…] no puede por vía de
tutela invocarse la protección de un derecho que aún no ha sido vulnerado”, a pesar de que claramente se desconocía la
Constitución Política y la jurisprudencia constitucional aplicable. Y, además,
indicó que “[…] el accionante Luis Fernando Salas Rodelo, a pesar de que se
encuentra en proceso de definición de su situación militar, ha evadido su
responsabilidad de asistir a la fechas programadas [para su
incorporación…]”. Es decir, no sólo se deja de proteger la libertad de
conciencia del accionante, sino que también se le acusa de haber actuado
irresponsablemente, a pesar del contexto fáctico ya citado, promoviendo mayores
violaciones posteriores a su libertad de conciencia, por parte de las
autoridades castrenses. Que un joven defienda su libertad de conciencia en un
estado social y democrático de derecho dentro del proceso de incorporación a
prestar servicio militar no puede ser considerado una irresponsabilidad. Es el
ejercicio de un derecho fundamental que lo beneficia y reivindica como una persona
digna, y, a la vez, que ayuda a construir una sociedad democrática, que respeta
a toda persona por igual.
5.1.3.2. El 20 de octubre de 2011, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera
instancia que negó la tutela de los derechos fundamentales de Luis Fernando
Salas Rodelo, porque no fue presentada respetando el principio de inmediatez.
Como se indicó previamente, el argumento claramente no es de recibo, por cuanto
la última vez que el accionante intentó que su
condición de objetor fuera reconocida por el Ejército Nacional, fue el 12 de abril de 2011, cuatro (4) meses después optó, como último
recurso, por emplear la acción de tutela. Esto, sumado al hecho de que la
sentencia de constitucionalidad que reconoció expresamente la objeción de
conciencia al servicio militar, sólo fue dictada por la
Corte un año después del momento en que, según la sentencia de segunda
instancia, se ha debido presentar la acción de tutela.[115]
5.1.3.3. Por otra parte, el 8 de septiembre de 2011, la
Juez Primera Penal del Circuito de Facatativá, Cundinamarca, resolvió negar la
tutela presentada por los hermanos Yeison y Wilmer Medina Venegas (Expediente
T-3282832), por considerar que el Ejército Nacional no había violado su derecho
a la libertad de conciencia.  Sostuvo que si bien existen casos excepcionales
en que se ha concedido la objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio, esto ha sido cuando se demuestre que su prestación implicaría
actuar en contra de la conciencia; de convicciones profundas, fijas y sinceras,
lo que a su juicio no ocurre en el caso de los hermanos Medina Vanegas. Por
tanto, concluye la sentencia, las autoridades castrenses se limitaron a
adelantar el trámite de incorporación de acuerdo a lo establecido en la ley y
los reglamentos aplicables.  La Sala de Revisión, no comparte la decisión de
instancia por las razones antes expuestas.  No puede afirmar un juez de tutela
de la República, que una autoridad castrense está actuando de acuerdo a lo que
manda el orden jurídico vigente cuando, expresamente, desconoce la supremacía
de la Constitución, su carácter de ‘norma de normas’ (art. 4, CP), y el
carácter fundante de los derecho fundamentales, al negarse a proteger alguno
(en el presente caso, la libertad de conciencia), con la excusa de que el mismo
no ha sido desarrollado normativamente por disposiciones jurídicas de rango
inferior. El ejercicio y el respeto de la libertad de conciencia, son
presupuestos de una democracia, no eventuales políticas legislativas.
Tampoco era de recibo
que el juez de tutela en esta ocasión se hubiese negado a tutelar el derecho,
sobre la base de que, en cualquier caso, los accionantes no habían demostrado
su condición de objetores de conciencia. En primer lugar, esa no era la
cuestión planteada. El Ejército Nacional no dejó de reconocer la libertad de
conciencia de los accionantes porque sus pruebas fueron insuficientes o
presentadas de manera inadecuada. El argumento presentado por las autoridades
castrenses era simple y sencillo, pero constitucionalmente inaceptable, a
saber: en la medida que la objeción de conciencia no ha sido regulada legal o
reglamentariamente, no puede ser reconocida por el Ejército Nacional. En tal
sentido, lo que procedía era reconocer que en efecto sí se había impuesto un
obstáculo al reconocimiento del derecho de libertad de conciencia y, en
consecuencia, haber ordenado que las autoridades castrenses tramitaran
debidamente las solicitudes de los hermanos Medina Venegas. Ahora bien, en
segundo lugar, el juez de tutela no puede tomar una decisión sin las evidencias
y las pruebas suficientes, en especial, cuando tiene noticia de que los
derechos han sido desconocidos o amenazados. En tal medida, no es aceptable que
la Juez de instancia hubiera negado la tutela, por considerar que el
accionante no había probado adecuadamente su condición de objetor de
conciencia, a pesar de que las autoridades castrenses eran claras en no haberle
dado nunca la oportunidad de hacerlo ni haber adelantado un debido proceso al
respecto, por considerar que éste no existe y no era su obligación implementarlo.
Si el juez de tutela consideraba que requería más pruebas en torno a la
condición de objetores de conciencia de los hermanos Medina Venegas ha debido
tomar las medidas adecuadas y necesarias para solicitar a los jóvenes que las
presentaran. De hecho, como su abogado lo resaltó durante el proceso, ellos ofrecieron
al Ejército Nacional, al igual que a los jueces de tutela, aportar todas las
pruebas adicionales que se consideraran necesarias, así como hacer las declaraciones
que se requirieran. La juez de tutela consideró que no contaba con evidencia
suficiente y, a pesar de la posición del Ejército Nacional, prefirió no tomar
acciones que le permitiera practicar las pruebas que acabaran con la
incertidumbre. El derecho fundamental de una persona no puede ser desconocido,
por falta de pruebas, cuando se cuenta con una evidencia suficiente para
concluir que hay una amenaza cierta y presente a la libertad de conciencia del
accionante.
5.1.3.4. El 12 de octubre de 2011, la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca resolvió confirmar la
decisión de negar la acción de tutela presentada por los hermanos Medina
Vanegas, por la misma razón dada en primera instancia. Se consideró que las
afirmaciones que se habían hecho con relación a la pertenencia a la
Iglesia de los Testigos de Jehová por parte de los hermanos accionantes no eran
suficientes para considerar que eran realmente objetores de conciencia.
Nuevamente, a pesar de las declaraciones adicionales hechas por el abogado en
la impugnación al fallo de primera instancia y los ofrecimientos adicionales de
los hermanos Medina Venegas para ser escuchados directamente por el juez de
tutela, no se tomaron medidas o acciones para practicar las pruebas necesarias
para tomar una decisión adecuada. El juez de tutela tiene el deber de verificar
que no se estén violando o amenazando los derechos fundamentales que les son
reclamados, cuando se le han presentado indicios y elementos de juicios que
permiten concluir que es posible que sí esté ocurriendo está violación o
amenaza a la Constitución Política.
La Sala Penal del
Tribunal Superior de Cundinamarca, en el fallo de segunda instancia que
resolvió la tutela de los hermanos Medina Venegas, hace alusión al artículo 22
del Decreto 2591 de 1991 en los siguientes términos: “El artículo […]
señala que el fallador, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la
situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las
pruebas solicitadas.” Para esta Sala de Revisión no es aceptable que una
regla que autoriza al fallador a no practicar las pruebas solicitadas por las
partes, ‘tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación
litigiosa’, sea aplicada cuando el juez de tutela reconoce, expresamente,
que no cuenta con las pruebas suficientes para poder tener un convencimiento
suficiente sobre la situación litigiosa.  Si el juez de tutela considera que
las pruebas presentadas no le permiten tener un convencimiento suficiente sobre
cuáles son los hechos del caso, lo que el artículo 22 del Decreto 2591 ordena,
es ‘practicar las pruebas solicitadas’. La
Sala Penal del Tribunal ha debido, por lo menos, atender las solicitudes de
los accionantes y llamarlos a ser confrontados acerca de sus creencias.
5.1.3.5. En resumen,
ninguna de las sentencias proferidas por los jueces de tutela en los dos primeros
expedientes analizados (T-3274619, T-3282832), que resuelven tres de los cuatro casos estudiados (los
de los jóvenes Luís Fernando Salas Rodelo y los hermanos Yeison y Wilmer
Medina Venegas), protegió la libertad de conciencia
de los accionantes, de una evidente y clara violación del derecho fundamental:
considerar que el derecho no puede ser reconocido hasta tanto no sea
desarrollado legal y reglamentariamente. Por esto, al irrespeto a la libertad
de conciencia cometido por el Ejército Nacional a los accionantes, se sumó la
desprotección judicial por parte de los jueces de tutela de instancia. La
Sala, en consecuencia, revocará los fallos de tutela de instancia dentro de
los procesos indicados.
5.2. La
Sala de Revisión debe confirmar las medidas cautelares ordenadas, de
manera definitiva, y reconocer la condición de objetores de conciencia, ya
otorgada por el Ejército Nacional a los accionantes
Teniendo en cuenta la claridad que existe
en la jurisprudencia constitucional con relación al primer problema jurídico
planteado y analizado en la presente sentencia, la
Sala de Revisión adoptó una medida cautelar, como fue indicado previamente,
con relación a los tres casos de los dos primeros
procesos (expedientes T-3274619 y T-3282832).[116]
5.2.1.
En Auto de 21 de junio de 2012, la
Sala Primera de Revisión adoptó, entre otras, las siguientes medidas: (i) ordenar
al Distrito Militar N° 46 de Facatativá, Cundinamarca, que se abstuviera de
adelantar cualquier trámite o acción orientada a la incorporación al Ejército
de los jóvenes,  (ii) ordenarle comunicar esta decisión a las demás autoridades
de reclutamiento militar en general, para que se abstenga de realizar cualquier
acción en el sentido indicado, y  (iii) advertir que cualquier acción orientada
a reconocer la objeción de conciencia presentada por los accionantes sí puede
ser llevada a cabo, con la respectiva comunicación a la presente Sala de
Revisión.[117]
5.2.2.
El 13 de julio de 2012, el Distrito Militar N° 46 respondió que lo que
correspondía a los accionantes era continuar con su proceso de incorporación,
dentro del cual se establecería si tenían o no el derecho de objeción de
conciencia alegado. Teniendo en cuenta que los jóvenes, a través de su
apoderado indicaron que las medidas cautelares no se estaban cumpliendo
adecuadamente solicitaron a la Sala de Revisión insistir en las mismas.
5.2.3.
El 23 de noviembre de 2012, el Distrito Militar N° 46, informó que el Ejército había
reconocido el derecho constitucional fundamental de los tres accionantes (el joven
Salas Rodelo y los hermanos Medina Vanegas) a objetar por conciencia la
obligación de prestar servicio militar.[118]
Se advirtió que se habían tomado las medidas adecuadas para que se tramitara de
manera ágil su situación militar, luego del pago de los costos legal y
reglamentariamente establecidos.[119]
5.2.4.
Concluye entonces la Sala de Revisión, que las medidas cautelares ordenadas por
la Corte Constitucional fueron cumplidas. El Ejército Nacional advirtió que
(1) no se había continuado con el proceso de incorporación o de persecución en
calidad de remisos de los accionantes, pero además,  (2) que se había resuelto
reconocer la condición de objetores de conciencia a los tres accionantes.  En
tal medida, lo que corresponde a los accionantes es acercarse a las autoridades
castrenses respectivas y adelantar el trámite de su situación.
5.3.
Tramitar las excepciones al servicio militar con base en el derecho
fundamental de objeción de conciencia, ‘como si’ fueran exenciones a
clérigos, es una decisión constitucionalmente aceptable
Las
autoridades castrenses accionantes, teniendo en cuenta, por una parte, el deber
de reconocer el derecho de todo joven a objetar la prestación del servicio
militar por razones de conciencia, cuando sea del caso por el grado de afectación
sobre su conciencia, y teniendo en cuenta, por otra parte, que en la actualidad
no existen normas legales y reglamentarias que establezcan parámetros para
implementar en la práctica la condición de objetor de conciencia, tomaron la
siguiente decisión: tramitar las objeciones de conciencia, como si fueran casos
de exenciones al servicio militar para clérigos (literal a del artículo
28 de la Ley 48 de 1993, sobre reclutamiento). Para la
Sala de Revisión se trata de una decisión constitucionalmente aceptable.
5.3.1. En primer lugar, debe resaltar esta
Sala de Revisión que las autoridades de reclutamiento nunca han considerado que
los casos de exención al servicio militar por razones de libertad de
conciencia, sean casos de exenciones a clérigos en tiempos de paz, lo cual
coincide con la jurisprudencia constitucional al respecto.[120] Lo que se
considera es que, ante el vacío existente en la legislación y la reglamentación
de la objeción de conciencia al servicio militar, lo que corresponde es que la
institución castrense les dé a tales peticiones, un trámite como el que se le
da a la a la exención para clérigos y religiosos, un caso  (i) que es análogo
y  (ii) que sí está legislado y regulado.
5.3.2.
En tal medida, se trata de una aplicación analógica de la ley, que le permite al
Ejército Nacional respetar la libertad de conciencia a los objetores,
asegurándoles el goce efectivo del derecho, pero a la vez, permitiéndole a la
Institución actuar bajo parámetros normativos, regidos por reglas jurídicas
previas.  En otras palabras, la propuesta del Ejército respecto a cómo tratar y
tramitar las objeciones de conciencia, concilia el deber de reconocer y
respetar el derecho fundamental de libertad de conciencia con el deber de
actuar de acuerdo con el principio de legalidad (esto es, fundando las
actuaciones en normas legales y reglamentarias previamente establecidas).
5.4.
El amplio espacio de libertad que requiere la conciencia de toda persona para
poder desarrollarse, fue desconocido por el Ejército Nacional
Uno
de los aspectos que debe resaltar la Sala de Revisión, es que las actuaciones
del Ejército Nacional dentro de los procesos de la referencia tienen un
altísimo impacto sobre la conciencia y su ejercicio, que, como se dijo, es una
facultad humana frágil, que demanda el suficiente espacio y tranquilidad para
poder desarrollarse correctamente.
5.4.1.
En primer lugar, sea cual sea la situación de un joven objetor de conciencia
obligado a prestar el servicio militar obligatorio, es claro que se va a enfrentar
con problemas graves en caso de que no se someta al cumplimiento de la
obligación. En efecto, si una persona se niega a prestar servicio militar sabe
que las consecuencias que enfrentará por querer dar prelación a los dictados de
la conciencia, es incurrir en actos que son considerados contrarios a la
disciplina militar y que pueden acarrear sanciones pecuniarias, disciplinarias
e incluso penales. En tal media, ante la incertidumbre del reconocimiento de su
condición de objetor de conciencia, y las eventuales sanciones a que habría
lugar, un joven se ve enfrentado a graves coacciones a su libertad de
conciencia. No cuenta con ese espacio amplio y generoso que garantiza la
Constitución de 1991 para proteger la frágil conciencia humana.
5.4.2.
En segundo lugar, en el presente caso existe evidencia de que los accionantes
han visto reducido ese amplio espacio de libertad que se concede a la
conciencia. En su respuesta ante el juez de primera instancia en el caso de
Luís Fernando Salas Rodelo, por ejemplo, el Distrito Militar N° 46 consideró
que entendía que el accionante, en su calidad de remiso, tuviera miedo de
presentarse al proceso de incorporación, precisamente por las consecuencias
sancionatorias que recibirían sus actos. De forma similar, cuando el Distrito
Militar N° 46 le informaba a la Sala de Revisión el cumplimiento de las medidas
normativas, reconoció que, por error se había citado a los hermanos Yeison y
Wilmer Medina Venegas a que se presentarán a incorporación, como si se tratara
de un caso más de reclutamiento, y no como una citación para hacer operativa
una condición de objetor de conciencia que ya les fue reconocido.
5.4.3.
Adicionalmente, el Ejército indicó que según reportes del 22 de noviembre de
2012, el Sistema Nacional de información registra a los accionantes en los
siguientes términos:  (i) Luis Fernando Salas Rodelo tiene ahora como estado
ciudadano la condición de ‘clasificado sin recibo’, en el acta aparece como
‘remiso con multa’;  (ii) Wilmer Medina Vanegas también tiene ahora como estado
ciudadano ‘clasificado sin recibo’ y en el Acta la calidad de ‘remiso con
multa’;  (iii)  Yeison Medina Vanegas tiene en este segundo reporte como estado
ciudadano la condición de ‘clasificado sin recibo’ y en cuanto al Acta aparece
como ‘remiso con multa’.[121]
Esto quiere decir que existen razones adicionales para que los accionantes
consideren que su situación no está claramente resuelta y definida, pues, en la
segunda comunicación del Distrito Militar ante esta Sala de Revisión, a
propósito del cumplimiento de las medidas cautelares, en la cual se supone que aceptó
y reconoció la condición de objetores de conciencia, se siguen manteniendo
multas en cabeza de ellos, en razón a ser clasificados como remisos.
5.4.4.
Por lo anterior, aunque el Ejército considera que la situación de
desconocimiento de la libertad de conciencia de los accionantes es un asunto
superado, porque a los argumentos y razones inicialmente expuestos por los
ciudadanos, finalmente siguen apareciendo reportados como “remisos con multa”.
Al igual que Luís Fernando Salas Rodelo, los hermanos Yeison y Wilmer Medina
Venegas tiene razones para temer sobre su situación militar y considerar que es
posible que sus libertades de conciencia sigan siendo desconocidas.
Es
cierto, como lo indican las autoridades castrenses, que no es posible concluir el
trámite respectivo para poderles reconocer formalmente a los accionantes su condición
de objetores de conciencia y poder definir completamente su situación militar
al respecto, si no se presentan a realizar las acciones que correspondan. Pero parte
de lo que debe hacer la institución castrense es, por lo tanto, restablecer la
comunicación con los accionantes y restaurar la confianza en ellos.
Demostrarles de que la libertad de conciencia no es un derecho fundamental que
dejará de ser reconocido bajo la excusa de no haber sido desarrollado legal o
reglamentariamente.
Con
el objeto de promover dicha confianza, se ordenará al Distrito Militar N° 46
que finiquite el reconocimiento formal de la condición de objetores de
conciencia de Luís Fernando Salas Rodelo y de los hermanos Yeison y Wilmer
Medina Venegas, en un día distinto a los destinados para cualquier tipo de
reclutamiento o incorporación al Ejército. El trámite que se realice, por tanto,
sólo podrá acumularse con el trámite de otros casos, en los cuales se busque
formalizar una condición de objetor de conciencia que ya haya sido reconocida,
como ocurre en el presente caso. De esta manera, se reducirá el temor de los
tres accionantes, de que al presentarse ante el Distrito Militar en cuestión
podrían ser incorporados, desconociendo nuevamente su condición de objetores.
5.5. Los casos de los jóvenes Luis
Fernando Salas Rodelo, Wilmer Medina Venegas y Yeison Medina Venegas son, prima
facie, casos de objeción de conciencia reconocidos constitucionalmente
Establecer si un joven tiene derecho a no
prestar servicio militar obligatorio con base en su libertad de conciencia es
un asunto que compete, en primer lugar, a las autoridades castrenses. Son
éstas, dadas las normas vigentes, las autoridades competentes para adelantar
los procedimientos de reclutamiento. Es su deber llevarlos a cabo y, en esa
media, establecer y considerar los casos de exenciones al servicio, entre las
cuales figura, por supuesto, la objeción de conciencia. Por tal razón, no le es
dado controvertir al juez de tutela el análisis hecho por el Ejército Nacional,
en virtud del cual se les reconoció a los tres jóvenes accionantes (Luis
Fernando Salas Rodelo, Wilmer Medina Venegas y Yeison Medina Venegas), la
condición de objetores de conciencia al servicio militar obligatorio. Sin
embargo, la Sala de Revisión advierte que, prima facie, puede concluirse
que el razonamiento del Ejército es consistente con la jurisprudencia constitucional
aplicable.
5.5.1. Según la sentencia C-728 de 2009, “las
convicciones o creencias que se invoquen, además de tener manifestaciones
externas que se puedan probar, deben ser profundas, fijas y sinceras.”[122]
5.5.2. Los tres accionantes son miembros de
la Iglesia de los Testigos de Jehová. Esto es, son tres personas que comparten
una creencia de carácter religioso que estructura su existencia. No se trata
por tanto, de creencias superficiales, que establecen dictados más o menos
fuertes en la persona. Se trata de una visión omnicomprensiva de la existencia
y de la realidad (en este caso una visión de carácter religioso), que afecta y
está presente en las consideraciones que ellos hagan sobre cualquier aspecto de
la vida.
Para los Testigos de Jehová, ciertas
prácticas sociales pueden implicar cultos paganos que, según su percepción,
conllevan actuar en contra de los mandatos de Dios, en especial, el deber de
ponerlo por encima de todas las cosas. Así, no celebran la navidad, la pascua
ni el cumpleaños. Se oponen a la posibilidad de que se hagan transfusiones de
sangre, se oponen a jurar a la bandera y se rehúsan a prestar servicio militar.
Fueron famosos por presentar este tipo de posiciones a reclutamientos forzados,
como por ejemplo durante la segunda guerra mundial. En general, es conocida su
posición de rechazo al cumplimiento de este tipo de servicio, en todo aquellos
países en que prestarlo tiene un carácter obligatorio, como ocurre en Colombia.
Desde antes que se promulgara la
Constitución de 1991, las personas que son Testigos de Jehová han intentado el
reconocimiento por parte de las autoridades, al igual que ha ocurrido en otras
latitudes, de su condición de objetores a la prestación del servicio militar
por razones de conciencia.[123]
Esta situación se ha repetido en otras ocasiones.[124]
Se trata pues de una creencia de carácter
religioso, que se inscribe dentro de una Iglesia para la cual el no tomar las
armas, no matar, ni usar uniformes de las fuerzas armadas son creencias y
mandatos centrales y determinantes. Por tanto, hacer parte de la iglesia de los
Testigos de Jehová, es razón suficiente para considerar que una persona tiene
una creencia profunda de carácter antimilitarista. En tales circunstancias
corresponderá al Ejército Nacional desvirtuar esta presunción.
5.5.3. Se debe tratar de creencias fijas,
esto es que no son variables ni modificables con gran facilidad. Es preciso
tener en cuenta que la libertad de conciencia protege las concepciones que
pueda tener una persona en un momento determinado de su vida, pero también,
protege su derecho a que tales concepciones evoluciones y cambien.  En tal
sentido, establecer que las creencias en las que se funda el objetor de
conciencia deben estar fijas en la persona, no implica decir que sólo creencias
petrificadas e inmodificables pueden ser objeto de protección constitucional.
Lo que se busca con este requisito no es impedir la evolución y el cambio en la
conciencia de las personas, sino que las creencias en las que se funde el
objetor no sean pasajeras o momentáneas. En otras palabras, si el requisito de
profundidad busca establecer que la creencia que alega el objetor implique una
contradicción grave e irresoluble con el deber de prestar servicio militar, el
requisito de que la creencia sea fija, es evitar que se trate de una posición
tan sólo pasajera. No tiene que ser una creencia eterna, pero tampoco efímera.
Los jóvenes Luis Fernando Salas Rodelo,
Wilmer Medina Venegas y Yeison Medina Venegas no tienen una posición efímera al
respecto. No fue una protesta de un día o una noche. La posición defendida por
ellos se mantiene desde mucho antes de iniciar el proceso de reclutamiento,
hasta la actualidad.
5.5.4. Por último, la
Sala de Revisión advierte que, prima facie, las creencias de los tres accionantes
en mención son sinceras, son serías. No son falsas, meramente estratégicas o
acomodaticias. Ninguno ha cambiado de parecer, a pesar de las consecuencias de
gran envergadura que la condición de remiso puede acarrearles. La negativa por
parte del Ejército Nacional, lejos de alejar a los accionantes de su propósito,
les ha dado fuerza y deseo de llegar hasta el final en su lucha. Ni la negativa
reiterada por parte de las instituciones castrenses, ni la falta de protección
judicial de sus derechos, así como tampoco las amenazas que se impartieron, al
advertir que se entendía que los ‘remisos’ tuvieran miedo de las consecuencias
que podrían sufrir al realizar el proceso de incorporación, han hecho mella o
han llevado a cambios en sus posturas.
5.5.5. El análisis del carácter profundo,
fijo y serio de las creencias, que afectan el comportamiento de los accionantes
Luis Fernando Salas Rodelo (expediente T-3274619) y los hermanos Wilson y
Yeison Medina Vanegas (expediente T-3282832) hecho por el Ejército no es objeto
de análisis de constitucionalidad en el presente proceso, en tanto no ha sido
cuestionado. No obstante, la Sala de Revisión advierte que, prima facie,
en los tres casos se trata de jóvenes que encuentran un conflicto irresoluble
entre el respeto al deber de prestar servicio militar, por una parte, y el
deber de atender los mandatos que le dicta su conciencia, fundándose en
creencias profundas, fijas y serias, de acuerdo con la manera como la
jurisprudencia constitucional ha evaluado y analizado este tipo de creencias.[125]
5.6. Protección a una religión
minoritaria
El que los accionantes sustenten sus
objeciones de conciencia al servicio militar en creencias de carácter
religioso, propias de la Iglesia de los Testigos de Jehová en Colombia implica
dos razones adicionales de protección.
5.6.1. En primer lugar, al estar
involucradas creencias de tipo religioso, la objeción de conciencia presentada
en esta ocasión vulnera la libertad de conciencia, pero además, la libertad
religiosa. Una razón adicional para que el juez de tutela brindara su
protección.
5.6.2. En segundo lugar, se trata de una
creencia religiosa que pertenece a un grupo minoritario, por lo cual existen
razones adicionales para protegerlo. El juez de tutela debe ser especialmente celoso
con aquellos grupos cuyas creencias pueden ser dejadas de lado deliberadamente
por las mayorías parlamentarias, o simplemente, no son comprendidas ni
consideradas al momento de legislar. Es decir, se trata de una persona que
además de ejercer su libertad de conciencia y ejercer su libertad de religión,
se ve obligada a enfrentar los desconocimientos a los que son sometidos por la
posición mayoritaria, que puede ver con extrañeza e incomprensión las creencias
y prácticas de este grupo religioso minoritario.
5.7. Se violaron los derechos de los
accionantes
Concluye entonces la
Sala que el Ejército Nacional, a través del Distrito
Militar N° 46 de Facatativá, violó la libertad de conciencia de los jóvenes
Luis Fernando Salas Rodelo, Wilmer Medina Venegas y Yeison Medina Venegas al
desconocerles la posibilidad de declarase objetores de conciencia a prestar el
servicio militar obligatorio, porque el proceso para ejercer tal derecho no ha
sido regulado legislativa y reglamentariamente. Esta violación es especialmente
grave si se tienen en cuenta que se violó, además, la libertad religiosa de
personas que forman parte de un grupo religioso minoritario de la sociedad. En
tal medida, la Sala de Revisión revocará las decisiones de instancia y tutelará
los derechos de los tres jóvenes. Teniendo en cuenta que las medidas cautelares
que fueron ordenadas encuentran justificación adecuada y suficiente para ser
mantenidas de forma definitiva, la Sala las reiterará y confirmará, advirtiendo
que se reconoce la condición de objetores de conciencia ya definida por el
propio Ejército Nacional.
Resueltos los casos de los tres jóvenes que
se plantean en los dos primeros expedientes acumulados para ser resueltos
conjuntamente mediante esta sentencia, pasa la
Sala de Revisión a analizar el último de los expedientes, el caso de Robinson
Norbey Ciro Gómez.
6. El Ejército Nacional desconoció el
derecho de objeción de conciencia al servicio militar, en el caso de Robinson
Norbey Ciro Gómez
Robinson Norbey Ciro Gómez, por intermedio
de su señora madre, solicitó al Ejército Nacional que se le desacuartelara con
por dos razones. Que sus creencias religiosas, como miembro de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y como Ministro encargado de asuntos
musicales, se estrellan irresolublemente con la prestación del servicio
militar. Y que el sustento de su familia (su señora madre y su hijo menor)
depende de él.
6.1. La objeción de conciencia al
servicio militar presentada por el joven Ciro Gómez  (i) es total y no parcial
o relativa, y  (ii) se funda en creencias profundas, según la jurisprudencia
constitucional
Al igual que en el caso de los tres
primeros jóvenes, la oposición presentada por el joven Robinson Norbey Ciro
Gómez, a través de su señora madre, es total al servicio militar, no sólo
parcial o relativa. Según lo señala la acción de tutela, el joven Ciro Gómez
fue obligado a ingresar a la prestación del servicio militar obligatorio.
Luego, una vez vio a qué se enfrentaba dentro de la institución castrense,
confirmó que sus creencias le imponían dictados de conciencia que se
enfrentaban de forma grave e inevitable con los deberes propios de la
prestación del servicio militar. Se trata de una declaración de objeción de
conciencia sobreviniente, fundada en creencias religiosas (las de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia), las cuales ya han sido reconocidas en
el pasado por la Corte Constitucional como creencias profundas que entran en
conflicto con la prestación del servicio militar y que son suficientes para
reconocer la objeción, siempre y cuando se trate, además, de creencias fijas y
sinceras.[126]
El principal argumento presentado por el
Ejército en contra de la petición del joven Ciro Gómez es el hecho de que se
considera que el caso presentado no se enmarca dentro de la exención de clérigo
o religioso. No obstante, el Ejército nunca pone en duda  (i) que el joven
profesa la creencias religiosas que alega tener (las de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia) y  (ii) que las mismas entran en
conflicto con las actividades que supone la prestación del servicio militar.
6.2. El joven Ciro Gómez no está exento
como clérigo o sacerdote
El Supervisor de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, certificó que el joven es miembro de la
congregación y que ‘cumple funciones de asistencia ministerial como músico’.
Alega que con base en esta situación, debería reconocerse la causal de exención
consagrada en el artículo 28, literal a de la ley 43 de 1993.
6.2.1. Frente a este primer cargo, debe la
Sala reiterar que la exención para clérigos y religiosos, es para personas que
se dediquen a las funciones de la Iglesia de forma constante y de forma
principal. Como se indicó previamente, en la sentencia T-363 de 1995 se
resolvió que la exención para clérigos contemplada en el literal a del artículo
27 de la Ley 48 de 1993 incluye a “los similares jerárquicos de otras
religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto"
(se subrayó en la sentencia).
6.2.2. En el presente caso no existen
razones para considerar que el joven se dedica permanentemente al culto. Su
labor es de acompañamiento musical en ciertas ceremonias, no de manera
permanente. Además, de acuerdo con lo relatado y probado por la madre mediante
declaraciones bajo juramento, no cuestionadas por el Ejército Nacional, el trabajo
que desarrolla el joven Ciro Gómez rutinariamente es de donde proviene el
sustento de su núcleo familiar, en especial, de su hermano de 6 años de edad.
Así, teniendo en cuenta que nunca se alegó que el joven tuviera el tiempo de
dedicación al culto contemplado por la exención para clérigos y religiosos, y
que los hechos probados indican que no era así, concluye la
Sala de Revisión, al igual que el Ejército, que en el presente caso no hay
lugar a aplicar la exención reclamada por el accionante.
6.3. La acción de tutela es el medio
adecuado para que la accionante abogara por la tutela de los derechos de sus
hijos
Podría alegarse que no tiene sentido que
sea la madre y no el joven, quien interponga la acción de tutela para invocar
la defensa de su libertad de conciencia. Pero la
Sala no encuentra reproche alguno en tal situación.
6.3.1. La situación de sujeción en la que
se encuentra un joven que ha sido incorporado a las filas implica que la
defensa de sus derechos fundamentales pueda ser agenciada por quienes sean sus
allegados más cercanos. En este caso, su señora madre, quien durante las
visitas a su hijo se ha enterado de su situación y de sus opiniones sobre lo
que está enfrentando, decidió actuar en nombre de su hijo. Para la
Sala de Revisión, como se indicó previamente [ver capítulo tercero de las
consideraciones de la presente sentencia], la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la pertinencia de la acción de tutela para tutelar los derechos de
una persona incorporada en el Ejército, bien sea de manera directa, o a través
de una persona que agencie sus derechos. Concretamente, se ha reconocido la
procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho de objeción de
conciencia (C-728 de 2009).
6.3.2. La señora madre del joven reclutado
no sólo actúa en defensa de su hijo en filas, sino de su hijo menor (de 6
años), cuyo mínimo vital se ha visto afectado, debido a que los ingresos
producidos por el hijo mayor ya no se reciben.
6.4. Las creencias profundas del joven
Ciro Gómez son, además, fijas y sinceras
Como se dijo, en un caso previo se
consideró que las creencias de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, son profundas y dan lugar a una
confrontación de tal entidad con la prestación del servicio militar, que dan
lugar a considerar legítimamente una objeción por razones de conciencia (T-018
de 2012). En tales casos, se trata de personas que ven comprometido también su
libertad religiosa y que pertenecen a un grupo minoritario de la sociedad.
Adicionalmente, las creencias profesadas por el hijo reclutado de la accionante
son fijas y sinceras.
6.4.1. Se trata de creencias fijas en la
medida que no son transitorias o superficiales. Hace tiempo que el joven hace
parte de su Iglesia, y si bien es cierto que no ejerce funciones ministeriales
que conlleven una dedicación al menos equivalente a un medio tiempo, también lo
es que tales actividades ministeriales que realiza evidencian que se trata de
creencias que articulan su vida y definen actividades rutinarias de su día a
día. Pertenece a una comunidad religiosa en la que se comparten dictados de
conciencia, contrarios a la prestación del servicio militar obligatorio.
6.4.2. Pero son creencias además sinceras,
serias. No son estratégicas o amañadas. De acuerdo con las afirmaciones presentadas
dentro del proceso, para la Sala es claro que el joven actúa de acuerdo a sus
convicciones religiosas y que son éstas las que, sincera y seriamente, generan
un conflicto con las actividades y deberes propios del servicio militar. No hay
ningún elemento de juicio que lleve al Ejército o a esta Sala a desconfiar o
dejar de creer en las afirmaciones del accionante y de su señora madre.
6.5. El derecho a la libertad de
conciencia no tiene limitaciones temporales en su ejercicio
Se podría cuestionar el hecho de que el
joven Ciro Gómez no hubiera presentado su objeción de conciencia al momento de
ser incorporado a las filas, pero esto supondría considerar que la protección
del goce efectivo del derecho a la libertad de conciencia tiene limitaciones
temporales en su ejercicio, lo cual no es aceptable. Como se ha dicho, mientras
que las creencias en que se funde la objeción de conciencia sean profundas,
fijas y sinceras, hay lugar a la protección del derecho fundamental.
6.5.1. En efecto, un joven puede tener una
serie de creencias profundas, fijas y sinceras que se enfrenten de manera
radical con la prestación del servicio militar obligatorio, y no saberlo hasta
tanto se incorpore al Ejército Nacional. Lo que importa no es el momento o el
instante en que la persona haya presentado la objeción, sino la profundidad, la
fijeza y la sinceridad de las creencias en las que se funde. Que se trate de
dictados de la conciencia que se enfrenten de manera irresoluble con la
permanencia en fuerzas armadas.
6.5.2. Un joven no pierde su derecho
constitucional, o legal, a no prestar servicio militar, por el hecho de no
haber invocado su condición al inicio del proceso de incorporación. Se ha
establecido así con relación a razones etnoculturales.[127] De forma
similar, en la sentencia T-603 de 2012, citada previamente, la
Corte Constitucional consideró la objeción de conciencia presentada por una
persona que ya había sido incorporada. En la sentencia en cuestión se resolvió
no tutelar el derecho a la objeción de conciencia del accionante, porque no se
estableció que las creencias en que se fundaba fueran profundas, fijas y
sinceras. El accionante hizo referencia a que tenía creencias cristianas, pero
nunca indicó cuáles de forma concreta. Tampoco indicó si hacia parte de una Iglesia
Cristiana específica, y si las creencias de ésta implicaban una confrontación
irresoluble con las obligaciones propias derivadas de la prestación del
servicio militar.  En el presente caso la situación es diferente.
6.5.3. Esta posición que fija la
Sala de Revisión, siguiendo el precedente establecido en la sentencia citada,
coincide plenamente con la posición que al respecto han señalado los órganos de
naciones unidas encargados de la interpretación de la carta de derechos
humanos, en concreto, acerca de la objeción de conciencia. La
Comisión de Derechos Humanos recordó en 2006,[128] que en la
“[…] resolución 1998/77 la Comisión señaló que las personas que están
cumpliendo el servicio militar pueden transformarse en objetores de conciencia.
[…]”. Por eso, insistió la Comisión aquella vez, que “[…] en principio,
no deben aplicarse plazos para solicitar ese estatuto [el de objetor de
conciencia]”.
6.5.4. En resumen, la respuesta al segundo
de los problemas jurídicos planteados, es que el Ejército Nacional viola la
libertad de conciencia y la libertad de religión de un joven al desconocerle la
posibilidad de declarase objetor de conciencia a prestar el servicio militar
obligatorio, aunque haya afirmado a la autoridad castrense que prestarlo
implicaría actuar en contra de las creencias profundas, fijas y sinceras en que
se funda su conciencia, debido a que tal manifestación no se hizo pública al
inicio del proceso de incorporación. Como se dijo, el derecho a la libertad de
conciencia no tiene limitaciones temporales en su ejercicio.
6.6. El pago de la compensación no viola
el derecho al mínimo vital, siempre y cuando no se impongan condiciones de pago
que representen un obstáculo para la persona
6.6.1. La jurisprudencia de esta
Corporación consideró que es constitucional el cobro de una compensación a
quienes no prestan el servicio militar (art. 22, Ley 48 de 1993).[129]
En aquella oportunidad consideró que si bien es posible que el legislador
hubiera establecido la prestación de un servicio social alternativo para los
casos de exenciones, estableció una compensación económica.[130]
6.6.2.  La
Sala de Revisión reitera esta posición jurisprudencial y advierte que el
legislador es libre de establecer como contraprestación a las exenciones a la
prestación al servicio militar obligatorio, el pago de una compensación
económica. No obstante ello no quiere decir que en ciertos casos específicos,
las condiciones de precariedad económica de las personas, impliquen que el pago
de la compensación en los términos que lo hace todo el mundo, conlleve un
obstáculo irrazonable y desproporcionado, o simplemente insalvable. En tales
eventos de precariedad, condicionar la solución de la situación militar al pago
de la compensación tiene un impacto enorme sobre los derechos fundamentales del
joven que no ha podido resolverla. Afecta su derecho a la educación y al
trabajo, por mencionar sólo los principales impactos. En tales casos se debe
armonizar el deber de pagar la compensación económica, con el derecho al mínimo
vital.
6.7. El Ejército Nacional desconoció el
derecho de objeción de conciencia al servicio militar de Robinson Norbey Ciro
Gómez
Teniendo en cuenta las consideraciones
previas, la Sala de Revisión concluye que Robinson Norbey Ciro Gómez no se
exime de prestar el servicio militar obligatorio, con base en la cláusula
contemplada en la ley de reclutamiento (ley 48 de 1993) para clérigos y
religiosos. Pero sí tiene derecho a que se reconozca su condición de objetor de
conciencia, tal como lo reclamó a través de su señora madre. En tal medida, el
Ejército violó el derecho a la libertad de conciencia del joven Ciro Gómez, en
tanto dejó de considerar y tramitar adecuadamente la solicitud de objeción de
conciencia que había presentado, fundándose en creencias profundas, fijas y sinceras,
como miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
Finalmente, la
Sala pasa a analizar el segundo de los argumentos en los cuales funda el joven
Ciro Gómez su acción de tutela.
7. El Ejército Nacional desconoce el
derecho de igualdad de un joven que sostiene su familia, así como el derecho al
mínimo vital de las personas que la componen, cuando no se le exime de prestar
el servicio militar obligatorio con base en una lectura restrictiva y literal de
las normas aplicables
7.1. Son varias las razones por las cuales
el legislador, en democracia, ha considerado que es justo, que una persona no
debe prestar servicio militar obligatorio. Algunas de aquellas causales son de
carácter permanente, sin importar cuál sea la situación de orden público (art.
27, Ley 48 de 1993), y otras dependen de que el país esté en situación de paz
(art. 28, Ley 48 de 1993). Dentro de las primeras, por ejemplo, se ha
contemplado una excepción etnocultural a la prestación del servicio militar
obligatorio.[131]
Dentro de las segundas, se encuentran distintas hipótesis, como por ejemplo, la
causal citada con relación a clérigos y religiosos.
7.2. Junto a la causal destinada a los
clérigos y religiosos, existen varias causales orientadas a proteger distintos
núcleos familiares, que pueden ver afectado su mínimo vital, concretamente, las
causales contempladas en los literales c, d, e, del
artículo 28 de la Ley 48 de 1993.[132]
Con base en estas reglas, la acción de
tutela interpuesta por la señora madre del joven Ciro Gómez, considera que se
viola el derecho a la igualdad y al mínimo vital de su núcleo familiar, en
especial el de su hijo menor de 6 años.   Por eso, se indicó que el tercer
problema jurídico a resolver es:  ¿viola el Ejército Nacional el Derecho a la
igualdad de un joven, al negarse a eximirlo de la prestación del servicio
militar obligatorio, a pesar de que el mínimo vital de su familia (su señora
madre y su hermano, menor de edad) dependen del sustento que él les proveía,
teniendo en cuenta que la ley sí consagra tal beneficio (eximir de la
prestación servicio) pero para aquellos casos en los que la ausencia del padre se
explique porque falleció?
En otras palabras ¿violó el Ejército
Nacional el derecho a la igualdad de un núcleo familiar por negar la exención a
un hijo de una madre cabeza de hogar que cuenta con un hermano menor, cuando la
exención sí se concede al hijo huérfano de padre o madre que se encuentre en la
misma situación con relación a sus hermanos?
7.3. La justificación que otorga el
Ejército Nacional al trato diferente es sencilla: el estricto cumplimiento de
la ley. Las normas citadas, se alega, exigen que el padre o la madre que no esté
presente, hayan muerto. En tal situación, y sólo en tal situación, se da la
exención. Es cierto que el hermano del joven Ciro Gómez es menor de edad (6
años) y que según se afirmó bajo la gravedad del juramento y no se
controvirtió, éste depende del trabajo de aquél. Pero también es cierto,
reclama el Ejército, que la norma legal exige que uno de los dos padres haya
fallecido para que la excepción se pueda aplicar.
7.4. Aunque la norma legal no es objeto de
análisis de constitucionalidad en el presente proceso y las autoridades de
reclutamiento no lo argumentaron, la Sala de Revisión advierte que la norma
tiene una razonabilidad que justifica en principio el trato diferente. El
criterio en que se funda el trato distinto es que en un caso, el cubierto por la
Ley sólo hay uno de los dos padres (el padre o la madre), pues el otro
necesariamente falleció. En el segundo caso, el no cubierto por la
Ley están los dos padres, ninguno de los dos ha fallecido.
El trato diferente se funda, por tanto, en
una consideración de carácter objetivo y razonable. Mientras que en un grupo
familiar están el padre sobreviviente y el hijo que va a ser reclutado,
únicamente, para ver por el resto de hermanos que no pueden proveerse su propio
sustento, en el segundo caso ambos padres existen, por cuanto ninguno de ellos
ha fallecido. Ambos, en principio, pueden cumplir con sus deberes de padre o
madre.
7.5. Para la
Sala de Revisión, establecer el trato diferente entre estos dos grupos de
familias, en principio es razonable, y la ley se advierte, prima facie,
razonable constitucionalmente.  Sin embargo, en el presente caso, la situación
tiene una particularidad especial. La madre, cabeza de familia, señaló que el
padre nunca ha estado presente. Ella crio a sus hijos como madre soltera, sin
la ayuda del padre de ellos. En el sustento de la familia, es justamente el
hijo reclutado por el ejército, quien era necesario para asegurar el mínimo
vital familiar, y, en especial, la protección de su hermano menor.
Así, si bien establecer un trato diferente
con base en la aplicación literal de las normas que reconocen las exenciones es
normalmente un acto razonable y adecuado de parte de las autoridades de
reclutamiento, en el caso concreto de la referencia no lo es así. En el
presente caso, la posibilidad de que el padre o madre no fallecido, pero
ausente del hogar, cumpla su deber de proveer la congrua subsistencia de sus
hijos, implica que, en términos materiales, las diferencias que existían en
principio entre uno y otro caso se desvanecen. En efecto, aunque el padre del
joven Ciro Gómez y su hermano no haya fallecido (de hecho no ha sido identificado),
nunca ha hecho parte del hogar y tampoco ha colaborado con él.
7.6. En tal medida, en el presente caso no
es razonable someter a un trato diferente al grupo familiar accionante, por
cuanto en su condición específica y particular, no es posible establecer una
diferencia objetiva y razonable con el caso contemplado por la
Ley 48 de 1993 en el artículo 28, literal (d). En ambas situaciones uno de los
progenitores se encuentra sólo y únicamente cuenta con el apoyo del hijo
reclutado para ver por el sustento de su hermano que no puede proveérselo a sí
mismo, por ser menor.
7.7. No es la primera vez que la
Corte Constitucional cuestiona a los jueces de tutela por dejar de reconocer
los derechos las personas, debido a que no se valora la materialidad de la
situación, sino sólo se aplica el derecho de manera formal y literal. Así, por
ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha cuestionado al Ejército Nacional,
por no dar el adecuado valor a las pruebas que les son presentadas por los
jóvenes que realizan el proceso de definición de su situación militar. Así lo
ha considerado a propósito de los derechos de los indígenas a no prestar
servicio militar obligatoriamente,[133]
o de los derechos de los bachilleres a no ser reclutados como soldados
regulares. En la sentencia T-667 de 2012, por ejemplo, se decidió que las
autoridades militares de reclutamiento violan los derechos fundamentales a la
familia y a la igualdad, cuando se niegan a desincorporar a un joven, a pesar
de que él y su compañera presentaron una declaración extrajuicio que demostraba
la existencia de la unión de hecho.[134]
La jurisprudencia constitucional ha
tutelado el derecho al mínimo vital y a la protección de la familia, incluso de
manera sobreviniente. En la sentencia T-923 de 2011, por ejemplo, se definió
que la incorporación al servicio militar obligatorio de un joven mayor de edad,
hijo único, y su permanencia en las fuerzas militares vulnera su derecho
fundamental al debido proceso, así como el derecho al mínimo vital de su señora
madre, quien dependía de él. Se trata de una jurisprudencia constitucional que
ha protegido, de forma clara y decidida, a la mujer madre soltera,[135]
resaltando la importancia de la protección a la materialidad de los derechos, a
su goce efectivo.
7.8. Por lo tanto, el Ejército Nacional el
Derecho viola el derecho a la igualdad de un joven, al negarse a eximirlo de la
prestación del servicio militar obligatorio, a pesar de que el mínimo vital de
su familia (su señora madre y su hermano, menor de edad) dependen del sustento
que él les proveía, teniendo en cuenta que la ley sí consagra tal beneficio
(eximir de la prestación servicio) para aquellos casos en los que la ausencia
del padre se explique porque falleció. Aunque, prima facie, la
Sala de Revisión considera que un trato diferente es adecuado cuando al menos
uno de los padres no ha fallecido, cuando materialmente sólo está presente en
términos económicos y de soporte emocional uno de los dos padres, en términos
prácticos y de goce efectivo del derecho, situación es la misma y compromete
los derechos fundamentales del núcleo familiar en el mismo modo.
7.9. Así pues, además de que se violó el
derecho a la libertad de conciencia del joven Ciro Gómez al no reconocer su
condición de objetor de conciencia, se desconoció su derecho a la igualdad
puesto que, a pesar de que su grupo familiar ésta materialmente en la misma
situación de los grupos familiares contemplado por la excepción (familias que
sólo tienen un padre y en las que el sustento de los hermanos menores que no pueden
proveerse a sí mismos, depende del hermano en proceso de reclutamiento).
En consecuencia, se revocará la decisión de
instancia, y en su lugar se tutelaran los derechos del señor Robinson Norbey
Ciro Gómez. Se ordenará que, en el término de 48 horas, sea desacuartelado y se
tomen las medidas adecuadas y necesarias para que se establezca su condición de
objetor de conciencia.
7.10. Finalmente, antes de concluir la
sentencia, la Sala advierte que en el presente caso se tendrá que tener en
cuenta dos aspectos para el cobro de la compensación económica en cabeza de
Robinson Norbey Ciro Gómez.
7.10.1. Por una parte, se debe tener en
cuenta que Ciro Gómez sí ha prestado servicio militar obligatorio a diferencia
de los casos de los tres jóvenes analizados previamente.  Por tanto, si la
razón para que sea adecuado el cobro de la compensación económica es el no
haber prestado servicio militar, el hecho de que el joven Ciro Gómez sí haya
cumplido con buena parte de la obligación (más o menos la mitad), implica que
no sería equitativo cobrarle completo el valor de la compensación económica. En
tal medida, se reconocerá que el Ejército Nacional tiene derecho a cobrar el
valor de la compensación económica a la familia del joven Ciro Gómez pero sólo
por el monto proporcional al tiempo que no va a prestar el servicio militar.
Así, si le quedaba la mitad del servicio, pagará la mitad de la compensación, y
si sólo le quedaba una tercera parte de tiempo por prestarlo, sólo pagará la
tercera parte de la misma.
7.10.2. En este caso, como en todos
aquellos en los que un joven se exime de prestar el servicio militar
obligatorio, el cobro de la compensación económica no puede implicar
violaciones al derecho al mínimo vital. Esto no implica en forma alguna que la
persona no tenga que pagar o que el Ejército Nacional no deba cobrar el monto
que corresponda. Lo que significa es que la en tales circunstancias no se puede
cobrar todo el monto de una sola vez, en un solo momento, si ello afecta la
estabilidad económica del grupo familiar. Lo que procede en este caso es llegar
a acuerdos de plazos en términos y condiciones que permitan cumplir a las
personas con sus obligaciones para con el Estado, sin que ello implique
desatender de forma grave obligaciones de mayor relevancia constitucional,
tales como proveer del sustento necesario a aquellas personas que se tiene a
cargo.
7.10.3. Por tanto, se ordenará al Ejército
que al joven Ciro Gómez sólo le cobre el monto proporcional al tiempo que le
faltaría por cumplir la totalidad del servicio militar obligatorio una vez
salga. Y, en cualquier caso, se deberán acordar formas de pago, con montos y
con plazos que no afecten el mínimo vital del accionante ni el de su grupo
familiar.
8. Necesidad de hacer seguimiento a las
acciones que temporalmente se realicen
En la sentencia T-018 de 2012, la
Corte tomó una decisión de carácter general dirigida al Ministerio de Defensa,
con el propósito de advertir sobre el derecho de objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio. Varios meses después, la
Corte constata que la situación sigue representando una amenaza para los
derechos de los jóvenes sometidos a los procesos de incorporación (tal como
ocurrió en los casos que fueron objeto de análisis en la presente sentencia).
En consecuencia, la Sala de Revisión insistirá en las órdenes impartidas en
aquella oportunidad, requiriendo se informe a la
Corte Constitucional sobre las gestiones realizadas.
8.1. Se ordenará al Ministerio de Defensa Nacional que en conjunto con el
Ejército Nacional, informe por escrito a la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional (i) si ha implementado a la fecha campañas de divulgación
de la sentencia C-728 de 2009 dirigida a todos los
integrantes de la fuerza pública, en particular, a quienes tienen responsabilidades
relacionadas con el reclutamiento para la prestación del servicio militar
obligatorio;  (ii) remitir un
informe en el que indiquen cuáles son las pautas que se le han indicado a las
autoridades encargadas de adelantar el reclutamiento en Colombia, para informar
adecuadamente sobre el proceso de objeción de conciencia, indicando
especialmente, como se valoran, por una parte, las fundadas en creencias de
carácter religioso y, por otra, las creencias de carácter no religioso.  En la
información se deberán incluir los nombres de las comunidades religiosas o
civiles que claramente defienden creencias que puedan ser contrarias a la
prestación del servicio militar obligatorio como lo es, por ejemplo, la
Iglesia de los Testigos de Jehová o la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
9. Conclusión
En conclusión, (i)
el Ejército Nacional viola la libertad de conciencia de un joven al
desconocerle la posibilidad de declarase objetor de conciencia a prestar el
servicio militar obligatorio, debido a que el proceso para ejercer tal derecho
no ha sido regulado legislativa y reglamentariamente.
(ii) Cuando una autoridad deja de reconocer
un derecho constitucional fundamental, en especial, si ya ha sido reconocido
judicialmente y  se ha indicado que su respeto, protección y garantía no
requiere desarrollo normativo ulterior, comete una violación grave y evidente a
la regla de supremacía constitucional, según la cual ‘la Constitución es norma de normas’ (art. 4, CP) y, en especial el goce efectivo
de los derechos fundamentales, no requiere desarrollo legal ulterior para ser
garantizado.
(iii) El Ejército Nacional viola la
libertad de conciencia y la libertad de religión de un joven al desconocerle la
posibilidad de declarase objetor de conciencia a prestar el servicio militar
obligatorio, aunque haya afirmado a la autoridad castrense que prestarlo
implicaría actuar en contra de las creencias profundas, fijas y sinceras en que
se funda su conciencia, debido a que tal manifestación es sobreviniente y no se
hizo pública al inicio del proceso de incorporación.
(iv) Se reitera
que la exención para clérigos contemplada en el literal
a) del artículo 27 de la Ley 48 de 1993 incluye a los similares jerárquicos de
otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto. No obstante,
hasta tanto se regule el trámite y procedimiento de la condición de objetor de
conciencia, es razonable constitucionalmente, aplicar análogamente el trámite
de dicha excepción para clérigos y religiosos, a personas que presenten una
objeción de conciencia fundada en creencias profundas, fijas y sinceras.
(v) Finalmente, el
cobro de una compensación a quienes no prestan el
servicio militar (art. 22, Ley 48 de 1993) es constitucional, siempre y cuando
en el caso concreto no se afecte el mínimo vital de las personas, en especial,
en aquellos casos en que la exención tiene en cuenta precisamente, las
condiciones de urgencia económica del grupo familiar. Cuando ello ocurra, no
deja de ser constitucional el cobro de la compensación económica por la no
prestación del servicio militar, pero los términos y plazos en que se hagan,
deben acomodarse a la situación del núcleo familiar respectivo sin afectar su
mínimo vital en dignidad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Levantar los términos suspendidos dentro del trámite de
la referencia.
Segundo.-
REVOCAR la
sentencia del 31 de agosto de 2011 de la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, en primera instancia, y la
sentencia del 20 de octubre de 2011 de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso
T-3274619, en el cual se le negó la tutela de la referencia.  En su lugar, TUTELAR
la libertad de conciencia, la libertad de religión y, concretamente, su derecho
a objetar por razones de conciencia la prestación del servicio militar
obligatorio de Luis Fernando Salas Rodelo desconocidos por el Distrito Militar
N° 46 de Facatativá, Cundinamarca; Ejército Nacional.
Tercero.-
REVOCAR la
sentencia del 8 de septiembre de 2011, de la
Juez Primera Penal del Circuito de Facatativá, Cundinamarca y la sentencia del
12 de octubre de 2011, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca,
dentro del proceso T-3282832, en el cual se negó la acción de tutela de la
referencia. En
su lugar, TUTELAR la libertad de conciencia, la libertad de religión y,
concretamente, el derecho a objetar por razones de conciencia la prestación del
servicio militar obligatorio, de los hermanos Yeison Medina Venegas y Wilmer
Medina Venegas desconocidas por el Distrito Militar N° 46 de Facatativá,
Cundinamarca; Ejército Nacional.
Cuarto.- DECLARAR, de
acuerdo con la decisión adoptada por el Distrito Militar N° 46 de Facatativá,
Cundinamarca, que los jóvenes Luis Fernando Salas Rodelo, Wilmer Medina Vanegas
y Yeison Medina Vanegas tienen derecho a objetar la prestación del servicio
militar obligatorio, en la medida que siguen dictados de su conciencia,
profundos, fijos y sinceros, que se verían gravemente afectados o desconocidos,
en caso de que tuvieran que prestar dicho servicio.
Quinto.-
CONFIRMAR
de manera definitiva las medidas cautelares adoptadas por la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional dentro de los expedientes T-3274619 y T-3282832, en el
Auto de 21 de junio de 2012. En consecuencia, se ORDENA al Distrito
Militar N° 46 de Facatativá, Cundinamarca, dejar suspendido de forma
definitiva, “cualquier trámite o acción orientada a la incorporación al
Ejército de los jóvenes Luis Fernando Salas Rodelo, Wilmer Medina Vanegas y
Yeison Medina Vanegas, para la prestación del servicio militar”. Cualquier
acto que pretenda incorporar a los accionantes será nulo de pleno derecho.  Se
ordena también que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
presente sentencia, el Distrito Militar N° 46 de Facatativá, Cundinamarca, iniciará
la toma de las medidas adecuadas y necesarias para resolver definitivamente la
situación militar de los jóvenes Luis Fernando Salas Rodelo, Wilmer Medina
Vanegas y Yeison Medina Vanegas. En cualquier caso la definición de su
situación militar deberá resolverse plenamente antes de dos meses, a partir de
la notificación de este fallo, en citas acordadas previamente y de común
acuerdo, en días y horas en que no se esté llevando a cabo ningún tipo de
trámite general de incorporación o reclutamiento a otras personas, de forma
general y masiva. Una vez la situación militar sea resuelta, se deberá informar
a la Sala Primera de la
Corte Constitucional. Las autoridades castrenses se abstendrán de cobrar
cualquier tipo de sanción o multa a los jóvenes Luis Fernando Salas Rodelo,
Wilmer Medina Vanegas y Yeison Medina Vanegas a título de sanción por haber sido
tenidos como remisos, o cualquier otra razón relacionada con el proceso de
incorporación.
Sexto.- REVOCAR la sentencia del 13 de
febrero de 2013, del Tribunal Superior de Mocoa, dentro del expediente
T-3861068, en el cual se negó la acción de tutela de la referencia. En su lugar, TUTELAR
la libertad de conciencia, la libertad de religión, el derecho a objetar por
razones de conciencia la prestación del servicio militar obligatorio, y el
derecho a la igualdad de Robinson Norbey Ciro Gómez por parte del batallón de
Artillería N° 27 de Putumayo; Ejército Nacional.
Séptimo.-
RECONOCER
el derecho fundamental de Robinson Norbey Ciro Gómez a objetar por razones de
conciencia la prestación del servicio militar obligatorio, en tanto él sigue
dictados de su conciencia, profundos, fijos y sinceros, que están siendo
desconocidos, porque está siendo obligado a prestar el servicio militar
obligatorio.
Octavo.- ORDENAR al Batallón de
Artillería N° 27 de Putumayo que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, desincorpore del Ejército a Robinson
Norbey Ciro Gómez. Cualquier acto que pretenda mantener en filas al accionante
será nulo de pleno derecho. Adicionalmente, se deberá llegar a un acuerdo de
pago sobre el porcentaje que corresponda de la compensación económica a la que
haya lugar, siempre y cuando sea proporcional al tiempo que le restaba al joven
Robinson Norbey Ciro Gómez para finalizar la prestación del servicio militar
obligatorio. En cualquier caso la definición de su situación militar deberá
resolverse plenamente antes de dos meses una vez notificado la presente
sentencia. Al día siguiente que Robinson Norbey Ciro Gómez sea desincorporado
el Batallón de Artillería N° 27 de Putumayo deberá avisar a la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional que así ocurrió.  También deberá informar a la
Sala, una vez la situación militar sea resuelta definitivamente.
Noveno.- ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército
Nacional que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la
presente sentencia, informe por escrito a la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional: (1) si a la fecha a implementado una campaña de divulgación de la sentencia C-728 de 2009 dirigida a
todos los integrantes de la fuerza pública, en particular, a quienes tienen
responsabilidades relacionadas con el reclutamiento para la prestación del
servicio militar obligatorio.
Adicionalmente (2) el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, deberán
remitir un informe en el que indiquen cuáles son las pautas que se le han
indicado a las autoridades encargadas de adelantar el reclutamiento en
Colombia, para informar adecuadamente sobre el proceso de objeción de
conciencia, precisando especialmente, como se valoran, por una parte, las
fundadas en creencias de carácter religioso y, por otra, las creencias de
carácter no religioso.  En la información se deberán incluir los nombres de las
comunidades religiosas o civiles que claramente defienden creencias que puedan
ser contrarias a la prestación del servicio militar obligatorio. Este informe
deberá remitirse a la Sala de Revisión Primera de la
Corte Constitucional, un mes después de notificada la presente sentencia.
Décimo.- ORDENAR a la Sala Penal
del Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro del proceso T-3274619; a la
Juez Primera Penal del Circuito de Facatativá, Cundinamarca, dentro del
proceso T-3282832; y a la Sala Única del Tribunal Superior de Mocoa, dentro del
proceso T-3861068, que notifiquen la presente sentencia dentro del término de cinco (05) días después
de haber recibido la comunicación, de conformidad con el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Décimo primero.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Expediente
T-3274619, folio 3 y siguientes. Cuando no se indique cuaderno diferente, se ha
de entender que se trata de un folio que hace parte del cuaderno principal del
expediente.
[2] Expediente
T-3274619, folio 9 y siguientes.
[3] Dijo al
respecto:  “[…] frente a la manifestación de objeción de conciencia y la
respuesta emitida por el Comando del Distrito Militar N° 46, no encuentra este
comando que la respuesta haya sido contraria a la normatividad y los
pronunciamientos jurisprudenciales vigentes, pues la
Corte Constitucional, mediante sentencia C-728 de 2009, estableció que no es
la institución castrense la llamada a reconocer o no dicho derecho
constitucional, pues ésta alta corporación exhortó al Congreso de la
República para que mediante el trámite legislativo ordinario regule este tema.
Así mismo fue claro en indicar que a través del mecanismo tutelar serán los
jueces quienes precisen las circunstancias y los titulares específicos de éste
derecho, mientras el Congreso expide la norma que lo reglamente.  ||  Así las
cosas, hasta tanto no se emita una normatividad que regule la objeción de
conciencia al interior de las Fuerzas Militares, este derecho no podrá ser
reconocido por ésta Entidad dentro del proceso de definición de la situación
militar como una causal de exención a la prestación del servicio militar
obligatorio, salvo que de manera excepcional por vía de tutela sea declarado y
protegido tal derecho.”
[4] Expresamente
sostuvo: “Considera éste Comando que no ha vulnerado o menoscabado los derechos
fundamentales del accionante, dado que, si el accionante en la actualidad no ha
definido su situación militar, no ha sido por causas directas de las
autoridades de Reclutamiento, pues como ya se indicó anteriormente, el joven
Luis Fernando Salas Rodelo ni siquiera ha agotado el proceso de definición de
su situación militar; por otra parte reiteramos que la declaración de objeción
de conciencia manifestada por el accionante, no es una causal de exención que
impida a un ciudadano cumplir con la obligación constitucional de prestar el
servicio militar, pues hasta tanto no se emita una normatividad que regule la
objeción de conciencia al interior de las Fuerzas Armadas, este derecho no
podrá ser reconocido por ésta Entidad dentro del proceso de definición de la
situación militar como una causal de exención a la prestación del servicio
militar obligatorio.  ||  Ahora bien, entendemos el temor que el accionante
tiene de adelantar el proceso de definición de la situación militar, sin
embargo, es necesario y conveniente que el joven Luis Fernando Salas Rodelo
continúe el proceso de definición de su situación militar, la cual no sólo
comprende la práctica de los exámenes de aptitud física sino también
psicológica, en los cuales este ha resultado APTO y en el estudio de exenciones
o causales que eximen a los ciudadanos de prestar el servicio militar
contempladas en los artículos 27 y 28 de la
Ley 48 de 1993, este no se encuentra inmerso.  ||  Así mismo, si el accionante
considera que se encuentra inmerso en alguna de la pruebas documentales, además
si a bien lo considera, cuenta con la oportunidad de manifestarle al comando
del distrito militar su deseo de asistir a una nueva junta de remisos para lo
cual deberá solicitar cita, donde podrá justificar las excusas o razones por
las cuales incumplió en segunda oportunidad la cita a incorporación, con el
propósito de que la junta las evalúe y determine si le levanta dicha
condición.”
[5] Copia del Acta
de junio 20 de 2011, en el cual se incluye a “Luis Fernando Solas [sic]
Rodelo” como remiso sin multa, al cual se le ha de citar con el próximo
contingente [23-08-2011]. Copia de los documentos presentados por el accionante
durante su incorporación, tales como copia de la tarjeta de identidad y la
cédula de ciudadanía, copia de la identificación de su señor padre y su señora
madre. [Expediente T-3274619, folio 14 y siguientes.]
[6] Expediente
T-3274619, folio 23.
[7] Expediente
T-3274619, folio 24.
[8] El documento,
firmado el 20 de junio de 2011, indica lo siguiente (en cursiva y con subrayas
las inscripciones hechas a mano por el accionante): “Yo Luis Fernando
Salas Rodelo  , identificado con cédula de ciudadanía N° 1.073.511-592
de Funza, solicito me sea levantada la condición de Remiso [por]
los motivos que a continuación expongo: me he presentado a todas la
diligencias    […]” Debido a la calidad de la fotocopia no es
posible establecer si los renglones adicionales escritos a mano por el
accionante no pueden ser leídos debido a que fueron deliberadamente tachados
con un corrector de color blanco o debido, simplemente a la mala calidad de la
fotocopia aportada. Expediente T-3274619, folio 25.
[9] La copia
aportada por el Distrito Militar sólo permite leer la siguiente parte del
documento: “La siguiente es para informar que mi condición de remiso fue
obtenida el 14 de abril, después de haber presentado los exámenes y salir apto,
[…]”. El resto del manuscrito que continúa después de la coma no se encuentra
en el texto. La copia presentada por el Distrito Militar está incompleta,
claramente.
[10] La sentencia
del Tribunal Superior de Cundinamarca dentro del proceso dice al respecto:
“Vistas las piezas procesales que se allegaron al expediente y conforme el
precedente jurisprudencial en cita, de acuerdo a la respuesta emitida por la
entidad accionada, se tiene que el accionante se encuentra en proceso de
definición de su situación militar, pues se halla inscrito en la
Dirección de Reclutamiento desde el 11 de agosto de 2008, y ha sido convocado
en repetidas oportunidades por parte de la autoridad accionada a efectos de
definir su situación militar, a las cuales no ha asistido, ostentado en la
actualidad la condición de remiso.”
[11] El abogado
Jesús Rafael Camargo Polo.
[12] Expediente
T-3274619, folio 46 y siguientes.
[13] Dijo al
respecto la impugnación: “[…] mi asistido ha comparecido a las convocatorias
para incorporación que se le han hecho, una el día 12 de abril de 2011 como
consta en la fotocopia simple anexa de la citación para ese día; mi asistido da
fe y así debe aceptarse mientras no se demuestre lo contrario, que asistió a
tres (3) pre juntas de remisos en los meses de enero, febrero y marzo de la
anualidad que transcurre, y que como había muchos ciudadanos para ser
atendidos, se le conminó a presentarse en meses posteriores, siendo uno de
ellos el mes de abril. Mientras, jamás la autoridad ahora accionada dio
alternativas serias, claras y precisas a mi poderdante para obtener resolución
a su petición de exención por razones de conciencia.”
[14] La impugnación
dice al respecto: “Mi asistido da fe […] de que estuvo recluido por espacio de
tres (3) días en las instalaciones del Batallón de Servicios N° 13 ‘Cacique
Tisquesusa’ perteneciente a la Brigada 13 del Ejército, y sólo hasta el día 14
de abril de 2011 lo dejaron salir, previo hacerle firmar un Acta de Buen Trato,
como consta en la fotocopia simple de dicha acta anexa.  ||  Todos estos ires y
venires, pueden ser corroborados no sólo por mi asistido sino también por su
señora madre Nurys Leonor Rodelo Otálvarez y Daniel Gama.” Expediente
T-3274619, folio 60. La constancia, de 14 de abril de 2011 dice: “Se hace
constar que yo SALAS RODELO LUIS FERNANDO con cédula N° CC 1073511592 se me
trató bien tanto de palabra y obra y no fui víctima de abuso de mi integridad física,
moral y psicológico [sic] durante el tiempo del proceso de incorporación
de las instalaciones del batallón de servicios N°13 ‘Cacique Tisquesusa’,
perteneciente a la Brigada 13.”
[15] La carta de
Los Testigos de Jehová dirigida al Ejército, con la anotación de aplazado se
encuentra en el Expediente T-3274619, a folio 57.
[16] Expediente
T-3274619, folio 57.
[17] Expediente
T-3274619, folio 58. El documento, cuya validez es de un año, fue dado el 11 de
enero de 2011.
[18] Expediente
T-3274619, folio 59.
[19] La impugnación
resalta al respecto: “[…] Llama la atención, que aun cuando dichos
profesionales evaluaron a mi asistido como él da fe, nada dijeron sobre su
estado de salud en dicho formato, negándole a éste saber de manera bien
definitiva o provisional, qué resultaría de su examen y si dicho resultado le
iba a permitir insistir en su postura de solicitar exención por razones de
conciencia; […]”. Copia del ‘Formato Proceso Concentración’ firmada por los
profesionales de la salud en Expediente T-3274619, folio 56.
[20] Expediente
T-3274619, tercer cuaderno, folio 3 y siguientes.
[21] Dijo la
sentencia al respecto: “De lo anterior surge evidente, que si para el 11 de
agosto de 2008 cuando fue inscrito para definir su situación militar ya era
‘ministro ordenado de Los Testigos de Jehová’ y la solicitud de amparo la
presentó el 17 de agosto de 2011, luego de haber transcurrido más de tres (3)
años desde la referida fecha, carece de interposición oportuna y razonable.
||  Lo anterior, por cuanto el principio de inmediatez que rige la procedencia
de la acción de tutela exige que quien se sienta lesionado o amenazado en sus
derechos fundamentales la interponga en un término razonable, pues no de otra
forma se explicaría la necesidad de acudir a este instituto preferente y sumario,
caracterizado por la celeridad y la protección  inmediata que demanda,
argumento suficiente para negar el amparo solicitado.”
[22] Expediente T-3282832 folio 2 y siguientes.
[23] El 1° de septiembre de 2011.
[24] Expediente
T-3282832 folio 6 y siguientes.
[25] Dice en su
intervención el Ejército: “[…] son ciudadanos colombianos y por lo tanto deben
dar estricto cumplimiento a la Ley 48 de 1993 sobre el Servicio Militar
Obligatorio si quieren definir su situación militar de manera regular y la
Autoridad del Servicio de Reclutamiento y Movilización está obligada a Definir
la situación militar de los Colombianos cumpliendo la
Ley sobre el Servicio Militar Obligatorio, de lo contrario está llamado a
responder penal y disciplinariamente por no hacerlo ante el Estado Colombiano.
Lo anterior con fundamento en los siguientes artículos de la
Constitución Política de Colombia […]  ||  […] los accionantes] pasan por alto
que son sujetos de derechos pero también de obligaciones y entre estas se
encuentran la de Definir su Situación Militar con el Estado Colombiano conforme
a lo dispuesto en la Ley 48 de 1993 sobre el Servicio Militar Obligatorio,
teniendo en cuenta el hecho notorio que, estos no se encuentran inmersos en
ninguna exención de ley, según el artículo 27 y 28 que les impida prestar su
Servicio Militar Obligatorio, cómo efectivamente lo hacen los ciudadanos
varones mayores de 18 años en Colombia que, profesan la religión Católica,
apostólica y romana. Olvidan los accionantes que, todas las personas en
Colombia nacen libre e iguales ante la Ley como se desprende del artículo 13 de
la Constitución Política de Colombia, norma de normas y por tanto, el hecho
que profesen una religión diferente a la
Católica los accionantes, esto no justifica de ninguna manera que, con ello
pretendan evadir sus obligaciones constitucionales y legales en el sentido de
prestar su Servicio Militar Obligatorio, como lo pretenden los señores Medina
Vanegas dentro del presente trámite tutelar que, en últimas es su objeto
principal […]”.
[26] Dicen al respecto:
“[…] Los señores Median Vanegas en su calidad de accionantes profesan la
religión que pregona la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová, pero no
son ni han demostrado ser clérigos, religiosos o similares jerárquicos
dedicados permanentemente a su culto ante el DIM 46 para poderle reconocer la
[…] exención de ley […].  ||  La prestación del Servicio […] no trae como
resultado que éstos […] al momento de ser incorporados a filas teniendo en
cuenta sus aptitudes físicas y psicológicas actúen en contra de sus derechos
fundamentales inalienables como personas a su libertad de conciencia y de
religión y cultos, por el contrario el Ejército Nacional de Colombia ha sido
garante y respetuoso de las creencias y convicciones de esta clase de personas
a quienes se les da los permisos necesarios para que sigan profesando dentro de
la Institución sus Creencia Religiosas y acudan a sus diferentes iglesias
respetando durante el tiempo que dure la incorporación desde el primer momento
el Ejército Nacional de Colombia la Libertad de Cultos de las personas y que
ellos profesen libremente su religión sin ninguna clase de discriminación.”
[27] El Mayor
insiste en su intervención en el proceso en los siguientes términos:  “[… los
accionantes] quieren evadir sus obligaciones […], argumentando que profesan la
religión de la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová, lo que no tiene
asidero fáctico ni legal alguno que les impida prestar su servicio militar
obligatorio. Así las cosas, la Autoridad del Servicio de Reclutamiento y
Movilización invita a los accionantes [a] agotar el conducto regular y
administrativo […]”
[28] Se dice lo
siguiente de cada uno de los accionantes:  “Medina Vanegas Wilmer   Aplazado
para el 26 de mayo de 2012. El ciudadano es citad por la
Autoridad del Servicio de Reclutamiento y Movilización, Distrito Militar N° 46
para esta fecha de acuerdo a lo ordenado en el artículo 20 de la
Ley 48 de 1993 sobre Servicio Militar Obligatorio y en cumplimiento de sus
funciones establecidas en el artículo 9 literal a de la misma normatividad.
||  Medina Vanegas Yeison   Aplazado para el 22 de junio de 2013. El
ciudadano es citado por la autoridad del Servicio de Reclutamiento y
Movilización Distrito Militar N° 46 para esta fecha de acuerdo a lo ordenado en
el artículo 20 de la Ley 48 de 1993 sobre Servicio Militar Obligatorio y en
cumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 9 literal a de la
misma normatividad.  ||  Si los obligados en definir y resolver [su] situación
militar no cumplen con la citación para efectos de su concentración e
incorporación conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley 48 de 1993 sobre Servicio Militar Obligatorio serán objeto de las
sanciones establecidas en el artículo 41 literal g y artículo 42 literal e de
la misma normatividad.” Ver al respecto el folio 13 del expediente (siempre que
la Sala de Revisión no aclare expresamente otra cosa, se hará referencia a los
folios del cuaderno principal del expediente).
[29] Sentencia de 8
de septiembre de 2011 de la Juez Primera Penal del Circuito. La acción de
tutela fue instaurada inicialmente ante el Tribunal Superior de Cundinamarca,
Sala Penal, despacho judicial que por razones de reparto (Decreto 1382 de 2000)
remitió el expediente al Juzgado Penal del Circuito correspondiente. Expediente
T-3282832 folio 15 y siguientes.
[30] Dice
expresamente la sentencia de instancia al respecto:  “De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por fuera del ámbito de las
exenciones previstas en la ley, existe un deber ineludible de prestar el servicio
militar, máxime cuando, como se observa a partir del recuento legislativo
realizado, al regular las exenciones al servicio militar obligatorio el
legislador no se ocupó de la objeción de conciencia, razón por la cual cabría
decir que el ordenamiento jurídico, ni consagra, ni excluye la objeción de
conciencia al servicio miliar y aunque la
Corte Constitucional ha admitido el amparo constitucional en alguno de éstos
casos, relevando su criterio en el sentido que las convicciones o las creencias
que son objeto de protección constitucional, tienen que definir y condicionar
la actuación de las personas. Esto es, su obrar, comportamiento externo.
No puede tratarse de convicciones o de creencias que tan sólo estén en el fuero
interno y vivan allí, que no trasciendan a la acción. Por tanto si la
convicción o creencia han permanecido en el fuero interno durante algún tiempo,
al llegar el momento de prestar el servicio militar obligatorio, tal convicción
o creencia puede seguir limitada a ese ámbito interno. No existe en tal caso,
en principio, un deber constitucional de garantizar el derecho a no ser
obligado a actuar en contra de su conciencia.  ||  […]  ||  La existencia de un
deber ineludible de prestar el servicio militar que recae sobre quienes no se
encuentran en los supuestos de exención previstos en la ley conduce al
interrogante acerca de la posibilidad de sustraerse de esa obligación por
consideraciones de conciencia. Esto es, en ausencia de regulación, se plantea
la existencia de una tensión entre el carácter obligatorio del servicio
militar, que tiene asidero en la propia Constitución, y la garantía conforme a
la cual nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia, a la luz de la
cual puede fundarse una objeción a la prestación del servició militar.”
[31] El abogado
Jesús Rafael Camargo Polo.
[32] Expediente
T-3282832 folio 55 y siguientes.
[33] Tribunal
Superior de Cundinamarca, Sala Penal; sentencia de 12 de octubre de 2011.
Expediente T-3282832, segundo cuaderno, folio 5 y siguientes.
[34] La sentencia
continuó de la siguiente manera: “Así las cosas, puesto que no se aportaron
medios probatorios adicionales, como declaraciones de clérigos u otros
‘testigos de Jehová’, certificados de bautismo (al cual ellos mismos se
refieren en el escrito de la acción impetrada, pero que no anexan) o
reglamentos que señalen, al menos, que los accionantes son miembros de dicha
iglesia, y que, acompañados de las manifestaciones de éstos, permitan concluir
que efectivamente sus creencias les impiden prestar el servicio militar, las
simples declaraciones de los accionantes (por carecer de respaldo probatorio
adicional) se tornan inútiles, y, en consecuencia, la actuación [de la juez de
primera instancia] de fallar la tutela sin necesidad de practicar tales
pruebas, resulta adecuada y conforme a derecho.  ||  El artículo 22 del Decreto
2591 de 1991 señala que el fallador, tan pronto llegue al convencimiento
respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de
practicar las pruebas solicitadas.”
[35] Expediente
T-3861068, folio 2 y siguientes.
[36] Robinson
Norbey Ciro Gómez nació el 3 de febrero de 1994; cumplió 18 años el 3 de
febrero de 2012.
[37] Dice la tutela
al respecto: “Yo […] he ido a entregarles soportes que demuestren que es el
único hijo que vela por su hermano menor Jhon Anderson Ciro, con 6 años de
edad, quien ve en él un modelo a seguir, quien está pendiente de su hermano
para hacer posible su desarrollo integral puesto que es quien ayuda con sus
ingresos producto de su trabajo de mecánico. Lo anterior se lo sustenta en la
declaración extra juicio ante la notaria única. ||  Como familia siempre hemos
estado únicamente los tres, puesto que el padre de ellos los abandonó, por eso
desde muy temprana edad, mi hijo mayor Norbey Ciro Gómez, reclutado ilegalmente,
es quien nos ha ayudado no sólo económicamente sino también con el buen ejemplo
de superación personal, con moralidad y actos positivos a imitar. Por eso mi
hijo menor de edad Jhon Anderson Ciro, por no haber tenido la oportunidad de
haber convivido con su padre, ve su hermano mayor como el ejemplo a seguir, y
quien lo ayuda y comprende, jugando con él, y enseñándole sobre la vida. Puesto
que en un futuro Norbey Ciro Gómez, quiere estudiar y para ello quiere seguir
trabajando y poder seguir ayudando a su madre y a su hermano, puesto que no
tengo empleo.”
[38] Declaración
para fines extraproceso de Nubia Gómez Duque ante la
Notaría Única de Puerto Asís, Putumayo. Dice: “[…] Bajo la gravedad del
juramento y en honor a la verdad declaro que como ya dije, soy soltera y madre
cabeza de hogar de dos hijos y entre ellos el mayor de nombre Robinson Norbey
Ciro Gómez […] quien es mecánico y soldador. Declaro así mismo que tanto la
suscrita como mi menor hijo de nombre Jhon Anderson Ciro Gómez, quien tiene 6
años de edad y es estudiante, dependemos para nuestra subsistencia de los
ingresos de mi hijo mayor, ya que es él quien nos suministra vivienda,
alimentación, vestuario, salud, estudio y todo lo que necesitemos para poder
sobrevivir. Esta declaración la rindo con el objeto de ser presentada ante las
autoridades militares donde mi hijo se encuentra tramitando su libreta militar.
[…].” Expediente, folio 20.
[39] Expediente,
folio 12.
[40] Dice al
respecto la acción de tutela: “Mi hijo […] me informa que los maltratan sicológicamente
y físicamente, puesto que los tratan con malas palabras, no les dan agua ni
para cepillarse y que los alimentos les brindan a deshoras.”
[41] Dice al
respecto la acción de tutela: “Mi hijo […] y yo, le hemos dicho a saber todo
esto, pero no ha dado respuesta el teniente coronel de ese batallón, y él no
quiere seguir allá, porque es quien vela por mi y por su hermano menor de
edad.” La acción de tutela adjunta copia de una solicitud presentada por el
Personero Municipal de Puerto Asís, Juan Manuel Arango, al Batallón de
Artillería N° 27, para que “se valore la información suministrada [por la madre
de Robinson Norbey Ciro Gómez], con el fin de que se le dé una solución al
presente caso.” Expediente, folio19.
[42] Expediente
T-3861068, folio 36 del expediente.
[43] Expediente
T-3861068, folio 41 y siguientes. Según la sentencia el problema jurídico que
el caso plantea es el siguiente: “¿El Batallón de Artillería ha vulnerado o
amenazado los derechos fundamentales del accionante, al desestimar que ‘presta asistencia
ministerial’ como músico en la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, del departamento del Putumayo, y que
vela por un hermano menor de edad?”
[44] Expediente
T-3274619, tercer cuaderno, folio 13 y siguientes.
[45] Dijo expresamente: “Así mismo para indicarles a los accionantes
el procedimiento a seguir para la definición de su situación militar exentos
objetores de conciencia y los pasos a seguir para solicitar cita para la
correspondiente liquidación de decreto y cuota de compensación (si a ello hay lugar)
y una vez expedidos los correspondientes recibos de pago que a su vez deberán
ser aportados por los usuarios debidamente cancelados proceder a la elaboración
y expedición de las respectivas tarjetas militares de los mismos, conforme las
normas legales vigentes.”
[46] Dijo al
respecto el Ejército en su participación: “[…] los jóvenes accionantes deberán
hacer presentación den las instalaciones del Distrito que comando, el día 22 de
junio del 2013 para que se les reconozca el derecho de objetores de conciencia
y continuar con el proceso que cita la Ley 48 de 1993 para que defina su
situación militar con el estado colombiano.” Expediente T-3274619, tercer
cuaderno, folio 29 y siguientes.
[47] Expediente
T-3274619, tercer cuaderno, folio 31, 32 y 33.
[48] Expediente
T-3274619, tercer cuaderno, folio 35 y siguientes.
[49] Dijo el
Ejército a la Sala de Revisión: “Respecto de los términos en que por parte de
las autoridades de reclutamiento del Distrito Militar N° 46 se ha reconocido la
condición de objetores de conciencia a los señores [accionantes], es preciso
destacar que tal reconocimiento se ha iniciado en primera medida, mediante el
oficio del 17 de julio de 2012, de donde se colige el reconocimiento expreso a
los actores respecto a la prerrogativa constitucional que les asiste.”
Expediente T-3274619, tercer cuaderno, folio 61 y siguientes.
[50] Se informó al
respecto: “Así mismo, se procedió a llevar a cabo las actuaciones
Administrativas necesarias e impartir las órdenes pertinentes para que por
parte del equipo de funcionarios Administrativos, se direccionara la atención a
los actores Luis Fernando Sala Rodelo, Wilmer Median Vanegas y Yeison Medina
Vanegas, para que al momento de acudir ante el Distrito Militar N° 46, se
llevarán a cabo las actuaciones necesarias para liquidar los valores a cargo
teniendo clara la clasificación en virtud de la objeción de conciencia fundada
y reconocida mediante fallo de tutela de la
Corte Constitucional del 21 de junio de 2012.”
[51] Se informó al
respecto: “[…] teniendo en cuenta la supra necesidad de resolver la situación
decidida en la Tutela de Autos, es menester informar que el señor Wilmer Medina
Vanegas una vez revisados los Sistemas de información dispuestos […], se
constata en las bases de datos el registro de inscripción a su nombre, siendo
su situación actual de clasificado sin recibo, en razón a la exención
debidamente aplicada al interior del Sistema (SIIR) de concepto jurídico
consistente en la objeción de conciencia deprecada.”
[52] Se informó al
respecto: “[…] su ha impartido la orden pertinente para ser consignada la
exención deprecada a partir del Oficio del 17 de julio de 2012, en razón a que
el señor Yeison Medina Venegas, se encuentra cobijado por la exención
consagrada en el art. 28, literal (a) de la
Ley 48 de 1993, […].”
[53] En primer lugar se presentan tres reportes de los días 19 y 21 de
noviembre de 2012, en los cual aparecen registrados los accionantes en los
siguientes términos:  (i) Luis Fernando Salas Rodelo tiene como estado
ciudadano la condición de ‘remiso’ y en cuanto a la
Condición Acta Junta Remiso, aparece citado al próximo contingente;  (ii)
Wilmer Medina Vanegas tiene como estado ciudadano ‘remiso’ y en cuanto a la
Condición Acta Junta Remiso, también aparece citado al próximo contingente;
(iii)  Yeison Medina Vanegas tiene como estado ciudadano ‘citado a
incorporación’ y en cuanto a la
Condición Acta Junta Remiso, no se indica nada. Expediente
T-3274619, tercer cuaderno, folios 68, 72 y 70, respectivamente.
[54] En éstos, el Sistema de información registra a los accionantes en
los siguientes términos:  (i) Luis Fernando Salas Rodelo tiene ahora como
estado ciudadano la condición de ‘clasificado sin recibo’, pero en cuanto a la
Condición Acta Junta Remiso, ahora aparece como ‘remiso con multa’;  (ii)
Wilmer Medina Vanegas también tiene ahora como estado ciudadano ‘clasificado
sin recibo’ y como Condición Acta Junta Remiso la calidad de ‘remiso con
multa’;  (iii)  Yeison Medina Vanegas tiene en este segundo reporte como estado
ciudadano la condición de ‘clasificado sin recibo’ y en cuanto a la
Condición Acta Junta Remiso ahora aparece como ‘remiso con multa’. Expediente T-3274619, tercer cuaderno, folios 67, 71 y 69,
respectivamente.
[55] Acciones de
tutela contenidas en el primero (T-3274619) y el tercero (T-3861068) de los
expedientes acumulados para ser resueltos mediante la presente sentencia.
[56] Al respecto,
ver el apartado (1.6) de los antecedentes de la presente sentencia.
[57] Corte Suprema
de Justicia, Sala Penal, sentencia de octubre 20 de 2011 dentro del proceso
T-3274619.
[58] Así ocurrió en
la sentencia T-294 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual se
resolvió, entre otras cosas, advertir que la entidad competente podría
presentar demanda de revisión contra dos sentencias que 15 y 17 años atrás habían
declarado que la propiedad de dos terrenos de bajamar, de uso público, había
sido adquirida por prescripción extraordinaria.
[59] La última vez
que el accionante intentó que su condición de objetor fuera reconocida, fue el 12 de abril de 2011, fecha en que había presentado una carta
personal insistiendo en la cuestión.
[60] En la
sentencia T-667 de 2012 (MP Adriana María Guillén Arango) se ordenó
desacuartelar a un joven, con ocasión de la acción de tutela que había
presentado su compañera permanente, como agente oficioso.
[61] Corte
Constitucional, sentencia C-728 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV
María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio Palacio y
Luis Ernesto Vargas Silva). El salvamento de voto versó sobre la existencia de
una omisión legislativa relativa, no con relación a la existencia de la
objeción de conciencia en el orden constitucional vigente.
[62] Corte
Constitucional, sentencia C-728 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV
María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio Palacio y
Luis Ernesto Vargas Silva).
[63] Corte
Constitucional, sentencia C-728 de 2009.
[64] En las
primeras sentencias en las que se abordó la cuestión no se reconocía el derecho
a objetar la prestación del servicio militar por razones de conciencia. En la
sentencia T-409 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo) se confirmó las
decisiones de instancia de negar a un joven el derecho a objetar por conciencia
el servicio militar, por considerar que el mismo no se encontraba reconocido
por la Constitución Política. En la sentencia T-224 de 1993 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa) se confirmó la decisión de negar el derecho de un joven a ser
desincorporado de las filas del ejército, por no haberse constatado una
supuesta situación de necesidad económica que había sido alegada; en esta
ocasión la Corte indicó que la objeción de conciencia al servicio militar
podría reconocerse, pero sólo si llegase a ser regulada legalmente.
Posteriormente, en una decisión dividida de Sala Plena (C-511 de 1994), la
Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de varias normas de la ley
de reclutamiento (Ley 48 de 1993) por considerar, entre otras razones, que
según lo establecido en la sentencia T-409 de 1992, la libertad de conciencia
no implicaba el derecho a objetar por razones de conciencia la prestación del
servicio militar obligatorio. Tres Magistrados se apartaron de la decisión de
la mayoría por considerar, precisamente, que la libertad de conciencia
reconocida en la Constitución Política sí implica el derecho de objeción de
conciencia aludido [sentencia C-511 de 1994 (MP Fabio Morón Díaz, SV Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero)] Sobre
servicio militar obligatorio ver también las sentencias C-561 de 1995 (MP José
Gregorio Hernández Galindo) [en este caso se declaró exequible la norma legal
que establece la obligatoriedad de prestar servicio militar (art. 3, Ley 48 de
1993)]. En otros ámbitos, la defensa de la libertad de conciencia no era clara.
Mientras que en la sentencia T-539A de 1993 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV Eduardo
Cifuentes Muñoz), se negó el derecho de una estudiante universitaria,
Adventista del Séptimo Día, a no asistir a algunas asignaturas que se llevaban
a cabo el día sábado, a pesar de que por sus creencias religiosas, debía
guardar el Sabbath; en la sentencia T-547 de 1993 (MP Alejandro Martínez
Caballero) se había tutelado el derecho de una persona que se negaba a jurar,
en razón a sus creencias cristianas; la
Corte ordenó al Jefe de Policía respectivo, permitir al accionante dar fe de
la veracidad de lo dicho, recurriendo a expresiones distintas a ‘jurar’.
[65] De hecho, en
la sentencia C-740 de 2001 (MP. Álvaro Tafur Galvis; AV Rodrigo Escobar Gil, SV
Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett), la
Corte se había pronunciado específicamente con relación a la posibilidad de
considerar el derecho de objeción de conciencia al servicio militar
obligatorio, en tanto la cuestión fuera debidamente presentada ante la
Corte. Dijo la sentencia al respecto: “Finalmente precisa la
Corte que si bien esta materia hace relación a una serie de elementos
complejos que, como el de la objeción de conciencia, merecerían eventualmente
ser objeto de estudio por esta Corporación, un debate en este sentido solo
podría realizarse en el marco de un proceso en el que con base en un cargo
específico planteado en la respectiva demanda se de aplicación a la plenitud de
las formas propias del juicio de constitucionalidad.” Los Magistrados Cepeda
Espinosa y Montealegre Lynett se apartaron de la decisión de la mayoría, entre
otras razones, por considerar que el orden constitucional sí contempla la
objeción de conciencia para un reservista llamado a incorporación.
[66] El nuevo rumbo
que tendrá la jurisprudencia en la materia, se ve, por ejemplo, en la sentencia
T-588 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual se resolvió tutelar el
derecho de una pareja de padres, miembros de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a asistir a una clase de baile en el cual
se enseñaban tipos de danzas, que para ellos, eran de carácter ‘inmoral’. La
Corte consideró que los fines de enseñanza podían ser cumplidos mediante otro
tipo de danzas o bailes que no implicaran una carga sobre los menores. No
obstante, para entonces no se trataba de una jurisprudencial pacífica, como lo
sería luego [Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-899 de 1999 (MP Antonio
Barrera Carbonell, SV Eduardo Cifuentes Muñoz); en este caso se negó el derecho
a la educación de tres personas que habían sido expulsadas de sus colegios por
no haber asistido a las izadas de bandera, a pesar de que habían alegado no
hacerlo, en respeto a sus creencias religiosas (Testigos de Jehová)].
[67] Tales son los
criterios analizados por la jurisprudencia constitucional en la sentencia T-588
de 1998 y retomados en varias ocasiones posteriores. Por ejemplo, ver las
sentencias T-982 de 2001(MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-327 de 2009
(MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-839 de 2009 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-018 de
2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-603 de 2012 (MP Adriana María Guillén
Arango; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[68] En la
sentencia T-982 de 2001(MP Manuel José Cepeda Espinosa) la
Corte decidió que “el derecho fundamental a la libertad
religiosa de toda persona,  incluye la protección de guardar un día de
descanso para la adoración de Dios cuando (i) éste constituye un elemento
fundamental de la religión que se profesa y (ii) la creencia de la persona es
seria y no acomodaticia, y no puede ser desconocido por el patrono imponiendo
horario de trabajo el día de adoración, cuando existen medios alternativos a su
alcance menos onerosos para la libertad y proporcionados al beneficio buscado
por él.” Esta decisión ha sido reiterada, entre otros casos, en la
sentencia T-327 de 2009 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[69] En la
sentencia T-026 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; AV Álvaro
Tafur Galvis) se resolvió entre otras cosas, tutelar la
libertad religiosa de una estudiante adventista y, en consecuencia, ordenar
al director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA regional Valle, Santiago
de Cali, que en el término de cuarenta y ocho horas, presentara alternativas de
acuerdo con la estudiante, para determinar la manera en que serían recuperadas
las horas académicas que son dictadas durante el Sabbath. Al
respecto ver también las sentencias T-448 de 2007 (MP. Nilson Elías Pinilla
Pinilla) y T-044 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[70] En la
sentencia T-839 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa, AV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo) se decidió: “[1] la libertad de
religión de una persona se viola cuando se le obliga a realizar actividades
durante el día consagrado al descanso, como requisito para participar en
un curso-concurso para acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, por
ser un medio prohibido, salvo que éste sea estrictamente necesario. Si
ni siquiera se considera la posibilidad de llegar a un acuerdo con la persona
que debe realizar dichas actividades es claro que se presenta la vulneración.
También concluye la Sala de Revisión que [2] se viola el derecho a la igualdad
de una persona cuando se le obliga, dentro de un curso-concurso para acceder a
un cargo público, a realizar actividades en contra de una creencia religiosa,
que el Estado y las instituciones que lo conforman están obligadas expresamente
a respetar (v.gr. guardar el sabath); especialmente prohibido se
encuentra este medio, cuando, además, es inadecuado y contraproducente para
alcanzar el fin buscado por la medida. La
Sala de revisión toma esta decisión teniendo en cuenta que mediante ella se
protege la libertad religiosa de una persona que pertenece a una Iglesia,
reconocida por el Estado, que tiene un carácter minoritario dentro de la
sociedad colombiana, y teniendo en cuenta que la creencia protegida es una de
aquellas que son consideradas como fundamentales y estructurales en el culto y
práctica de su religión.”
[71] Corte
Constitucional, sentencia C-728 de 2009.
[72] Corte Constitucional,
sentencia C-728 de 2009.
[73] MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo (SV. María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao
Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva).
[74] Corte
Constitucional, sentencia C-728 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV
María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao, Jorge Iván Palacio Palacio y
Luis Ernesto Vargas Silva).
[75] Aplicando el
precedente fijado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-728 de 2009, los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria Calle Correa han
acompañado la decisión de tutelar el derecho de objeción de conciencia al
servicio militar, por aplicación directa de la
Constitución, sin que exista necesariamente un procedimiento específico y
particular para tal efecto.
[76] En tales
términos, se citó la posición jurisprudencial en la sentencia T-357 de 2012 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva). Previamente, la sentencia T-018 de 2012 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva) había dicho al respecto: “En conclusión, [el accionante]
tiene derecho a ejercer la objeción frente a la prestación del servicio militar
obligatorio, mediante la acción de tutela y sin que pueda desconocérsele como
objetor con el argumento de la inexistencia de un desarrollo legislativo de
este derecho.”
[77] MP. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[78] Corte
Constitucional, sentencia T-018 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). Así los
dispuso en el tercer numeral de la parte resolutiva de la sentencia; se indicó
que la divulgación de la jurisprudencia constitucional debe hacer énfasis en
“(i) la existencia del derecho a la objeción de conciencia frente a la
prestación del servicio militar obligatorio;  (ii) el respeto por las
libertades de conciencia, cultos y religión;  (iii) el reconocimiento constitucional
de los derechos del objetor de conciencia frente al servicio militar
obligatorio aunque no exista una legislación que reglamente la objeción de
conciencia en estos casos; y  (iv) el derecho que le asiste a los objetores de
conciencia para que su petición sea tramitada de forma imparcial y neutral, de
acuerdo con las reglas del debido proceso.”
[79] Corte
Constitucional, sentencia C-859 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño; SPV Humberto
Antonio Sierra Porto). En esta oportunidad, al revisar una norma del reglamento
del Congreso (art. 5, Ley 5ª de 1992), dijo la
Corte: “[…] las bancadas encuentran un límite en el derecho – de configuración
reglamentaria – de sus miembros, de votar individualmente los asuntos de
conciencia definidos por el propio partido o movimiento. En este sentido cabe
indicar que cuando la Carta se refiere a los ‘asuntos de conciencia’ no se está
limitando exclusivamente a las cuestiones que pueden dar lugar a la objeción de
conciencia de que trata el artículo 18 de la
Carta. Compete a cada partido o movimiento, en virtud de su autonomía, definir
los asuntos de conciencia que queden eximidos del régimen de bancadas.” Al
respecto ver también, la sentencia C-036 de 2007 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[80] Corte
Constitucional, sentencia T-388 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto, AV
Juan Carlo Henao Pérez); en este caso se indicó que “[sólo] el personal médico
cuya función implique la participación directa en la intervención conducente a
interrumpir el embarazo puede manifestar objeción de conciencia; contrario
sensu, ésta es una posibilidad inexistente para el personal administrativo,
el personal médico que realice únicamente labores preparatorias y el personal
médico que participe en la fase de recuperación de la paciente.” Además se
señaló que: “Las personas que ostentan voluntariamente la calidad de
autoridades judiciales no pueden excusarse en la objeción de conciencia para
dejar de cumplir una norma que ha sido adoptada en armonía con los preceptos
constitucionales y que goza, en consecuencia, de legitimidad y validez pues
ello supone desconocer el mandato establecido en el artículo 2º Superior de
acuerdo con el cual dentro de los fines estatales se encuentra ‘garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución’ así como proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.”
[81] En varias
ocasiones se ha manifestado el carácter individual de la conciencia. En la
sentencia T-409 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo), por ejemplo, se
dijo al respecto: “[…] la doctrina  ha clasificado a la libertad de conciencia
como individual, por cuanto antes de ser un ciudadano libre frente a la
sociedad, el [ser humano] tiene derecho a ser un individuo libre, esto es,
exento de coacciones y atentados arbitrarios que afecten, impidan o sancionen
la exteriorización de sus convicciones íntimas, mientras ellas en sí mismas no
causen daño a la colectividad.  ||  Las constituciones políticas de la mayoría
de los estados democráticos garantizan la libertad de conciencia, lo cual
implica dos efectos: que cada individuo tiene derecho a regular su vida de acuerdo
con sus creencias y que el Estado no tiene facultad para imponérselas; él debe
tener en cuenta tales creencias para permitirle ejercer su libertad.” La
sentencia T-547 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero) dijo al respecto: “El
derecho a la libertad de conciencia tiene un doble destinatario: de un lado la
persona que pretende actuar conforme a su fuero interno y el deber de los demás
de respetarle. No existiría una protección integral en la medida en que no se
obligue a las demás personas a respetar las opiniones diferentes.” Ver también,
por ejemplo, las sentencias T-363 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo),
T-588 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-327 de 2009 (MP. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) o T-603 de 2012 (MP Adriana
María Guillén Arango, AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). La cuestión fue
analizada, en profundidad en la sentencia T-388 de 2009 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), citada previamente.
[82] La
Sala no se refiere a la protección jurídica que se da a la ‘conciencia’ colectiva
o social de diversas comunidades de la nación, en tanto Colombia es un estado
social de derecho, pluriétnico y multicultural (art. 7, CP).
[83] La defensa de
la libertad de conciencia ha encontrado sustento en diversas fuentes. En
Alemania, las luchas campesinas y religiosas del siglo XVI, a través de
pensadores como Martín Lutero o Thomas Müntzer, abogaron por nuevos espacios y
ámbitos de libertad para la conciencia humana, fundándose de hecho en la
religión. En el contexto anglosajón, se defendieron los argumentos racionales,
fundados en tradiciones filosóficas liberales, pero también argumentos fundados
en argumentos republicanos o de tipo religioso. En la tradición estadounidense,
una de las más importantes, por su antigüedad y por su desarrollo, es
especialmente relevante el aporte de Roger Williams, líder religioso y político
fundador de la colonia de Rhode Island y autor de El sangriento dogma de la
persecución (1644). Sobre el caso estadounidense ver, por ejemplo, Nussbaum, Martha C. (2008) Libertad
de conciencia. Tusquets. Barcelona, 2009. Sobre la tradición
estadounidense, la tradición francesa y la española, ver por ejemplo: Vázquez Alonso, Víctor J. (2012) Laicidad
y Constitución. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid,
2012. Respecto a la luchas campesinas en Alemania ver, por ejemplo, Engels,
Friedrich (1850) La guerra campesina en Alemania. Capitán Swing. España,
2009. Los revolucionarios campesinos de las primeras décadas del siglo XVI
reclamaban que se reconocieran, entre otras, las siguientes normas: “Artículo
1°- Nuestro deseo es, ante todo, que desde hoy toda comuna tenga derecho a
poder elegir por sí misma a su pastor y de revocar su mandato si su conducta
fuera reprensible. […]  ||  Artículo 3°- Hasta ahora hemos sido considerados
como siervos de los cuales había que apiadarse y, sin embargo, Cristo nos ha
salvado y redimido con su preciosa sangre, derramada por todos, tanto por el
pastor como por el más grande señor, sin excepción alguna.  ||  Hemos nacido
libres, según nos enseña la Palabra de las Santas Escrituras, seamos libres
entonces, lo cual no significa que nosotros exijamos la libertad absoluta, ni
que rechacemos todo tipo de autoridad. Eso, Dios no nos lo enseña. […]”.  La
defensa de la objeción de conciencia desde la tradición filosófica católica es
retomada, por ejemplo, en: Madrid-Malo
Garízabal, Mario (1994) El derecho a la objeción de conciencia.
Librería Ediciones del Profesional. Bogotá, 2003.
[84] La protección
al derecho que tiene toda persona a guardad el Sabbath en las
situaciones y casos indicados en la jurisprudencia, han sido protecciones a la
libertad de conciencia de cada uno de los accionantes, así como de su libertad
de religión. Es decir, se trata de protecciones a las personas en tanto individuos,
en tanto seres gobernados en su vida y su actuar por los dictados de su
conciencia. En ninguna de esas decisiones judiciales la protección se fundó en
una protección a la iglesia o a la agremiación que como tal congrega a los
accionantes de cada uno de esos casos (la
Iglesia Adventista del Séptimo Día).
[85] Corte
Constitucional, sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett). Ver
del apartado número 23 de las consideraciones de la sentencia en adelante.
[86] Corte
Constitucional, sentencia T-547 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[87] Corte
Constitucional, sentencia C-616 de 1997 (MP Vladimiro Naranjo Mesa). En esta
sentencia se estudió la constitucionalidad de varias normas legales que obligan
a las personas a hacer ciertas declaraciones y afirmaciones, bajo la gravedad
del juramento.
[88] Constitución
Política, artículo 18.- Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será
molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas
ni obligado a actuar contra su conciencia.
[89] Constituyente
Diego Uribe Vargas. Plenaria, Primer debate, 5 de junio de 1991.
[90] La amplia protección a la conciencia se justifica, entre otras
razones, en que se trata de una facultad frágil, que puede ser afectada
gravemente. Toda persona necesita el espacio y la tranquilidad suficientes para
poder ejercer su conciencia y poder seguir sus dictados.  El propio General
George Washington participó en el debate de objeción de conciencia,
reconociendo que la calidad humana de la comunidad de cuáqueros no se ponía en
duda por el hecho de no compartir la carga común de la defensa de la patria.
Por eso les dijo en una carta: “os aseguro muy explícitamente que, en mi
opinión, los escrúpulos de conciencia de todo hombre deben ser tratados con
gran delicadeza y ternura; y es mi afán y deseo que las leyes se acomoden a
ellos de forma tan amplia como lo permita y justifique la debida preocupación
por la protección y los intereses esenciales de la nación”. Citada por Nussbaum,
Martha C. (2008) Libertad de conciencia. Tusquets. Barcelona, 2009.
[91] MP. Alejandro
Martínez Caballero.
[92] ¿Debía cumplir Antígona con la ley impuesta por el Gobernante,
Creonte, que le ordenaba no enterrar a su hermano por haberse levantado en
contra de la ciudad (Tebas), o debía darle la sepultura que le demandaban los
dictados de su conciencia, a la luz de sus creencias religiosas?
[93] Así lo señaló
en la sentencia T-409 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo), citando la
definición de Rodolfo Venditti.
[94] En Madrid-Malo Garízabal, Mario (1994) El
derecho a la objeción de conciencia. Librería Ediciones del Profesional.
Bogotá, 2013.
[95] Corte
Constitucional, sentencia C-859 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño, SPV Humberto
Antonio Sierra Porto). En este caso se estudia la libertad de conciencia de los
representantes políticos elegidos para el Congreso de la
República, dentro del régimen de bancadas.
[96] Dijo al
respecto el Constituyente Diego Uribe Vargas: “[la libertad de conciencia] es
uno de los derechos más sagrados de la persona, que debe tener derecho a creer
en lo que quiera. La libertad de conciencia tiene un refuerzo universal, no
puede darse una democracia política, ni una democracia de ninguna forma, sin
reconocer la libertad de conciencia. […]” Plenaria, Primer debate, 5 de junio
de 1991.
[97] El comentario
doctrinal resaltado por la Sala Plena de la
Corte en la sentencia C-859 de 2006, ya había sido retomado por una Sala de
Revisión en la sentencia T-332 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño); en esa
ocasión se decidió confirmar la decisión de los jueces de instancia que habían
negado la tutela interpuesta por un civil que alegaba ser obligado por sus
empleadores (miembros de la fuerzas armadas), a asistir a misa, en razón a que
la realidad que se había encontrado a través de la pruebas era que ello no era
así. En todo caso, la Sala de Revisión indicó categóricamente en aquella
oportunidad que: “las entidades oficiales no podrán imponer a sus funcionarios
la asistencia obligatoria a ceremonias religiosas, por nobles que sean sus
ideales. De hacerlo, el Estado estará vulnerando los derechos a la libertad
religiosa y de cultos que contempla la carta política.”
[98] La complejidad
de las relaciones entre las religiones y la
Constitución, en un contexto de diversidad y multiplicidad de manifestaciones
de fe, con un estado que interviene y regula la sociedad han sido resaltadas
desde hace varios años. Ver por ejemplo:  Kauper, Paul G. (1964) Religion and
the Constitution. Louisiana State University Press. USA, 1964.
[99] El caso del
padre Anthony Kohlmann, primera sentencia religiosa que ha llegado hasta estos
días, estableció que el secreto de confesión católico podría ser guardado en un
caso penal, teniendo en cuenta que el permitirle al sacerdote guardar el
secreto no ponía en riesgo valores superiores de igual o mayor importancia. La
profesora Martha Nussbaum presenta el caso así: “A James Cating, un católico de
la ciudad de Nueva York, le robaron. Poco tiempo después, su sacerdote, el
padre Kolhmann, le devolvió lo que le habían sustraído. Cuando la policía lo
interrogó, el sacerdote se negó a hablar sobre cómo había recibido los efectos
robados, argumentando que la información le había llegado a través de una
confesión. […] Convocado a testificar, el padre Kohlmann se negó, declarando lo
siguiente: ‘si se me convoca a testificar en calidad de ministro de un
sacramento, en lo cual mi propio Dios me ha impuesto un secreto perpetuo e
inviolable, debo declarar a este honorable Tribunal que no puedo, no debo
responder pregunta alguna relacionada con la restitución en cuestión. Pues, si
actuase de otra forma; y que debería preferir la muerte instantánea o cualquier
infortunio temporal antes que revelar el nombre del pendiente en cuestión. Pues
si actuase de otra forma, me convertiría en traidor a mi iglesia, a mi sagrado
ministerio y a mi Dios. Como sanción, debería declararme culpable de
condenación eterna’.  ||  Así pues, el padre Kolhmann, como Atígona, se ve
obligado a desobedecer la ley general debido a las más profundas razones de
conciencia. […]” Nussbaum, Martha
C. (2008) Libertad de conciencia. Tusquets. Barcelona, 2009. Pág. 134.
[100] En la
sentencia T-421 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero) se confirmó la
decisión de tutelar los derechos de un menor, representado por sus padres, a no
recibir clase de religión
[101] En la
sentencia T-421 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero), se recordó la
intervención del Constituyente Augusto Ramírez Ocampo ante la
Asamblea Nacional Constituyente y recogida por la
Gaceta Constitucional N° 112 (pág. 16): “Tema que produjo intensos debates fue
el de las libertades de conciencia, religión y cultos, fruto de los cuales fue
la separación deliberada que la Asamblea hizo de estas libertades en dos
artículos diferentes. La Constitución vigente (la de 1886) la consagraba en una
sola norma que limita su campo al religioso. En el nuevo ordenamiento, la
libertad de conciencia se predica también de toda creencia o ideología.  ||  En
cuanto a la libertad religiosa sobresalen dos aspectos esenciales: su
consagración absoluta sin limitaciones y el tratamiento igualitario que se
otorga a todas las confesiones religiosas. A lo anterior se agrega la supresión
de la incompatibilidad del ministerio sacerdotal con el ejercicio de funciones
públicas, a cual obedecía a las circunstancias históricas en que se expidió la
Constitución de 1886.”
[102] Cepeda Espinosa, Manuel José (1992) Los
derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Temis. Bogotá, 1997.
[103] Constitución
Política de 1886, Artículo 53 - ARTICULO 53. El Estado garantiza la libertad de
conciencia.  Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni
compelido a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su
conciencia.  ||  Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean
contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral
cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten con ocasión o
pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común.  ||  El
Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la posterior
aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca deferencia y
mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la
Iglesia Católica.
[104] En la obra se
sostuvo: “Antes de 1969 la Corte Suprema entendió la libertad de conciencia desde
un punto de vista estrictamente religioso. Tan solo algunos magistrados
hicieron una diferenciación entre la libertad de conciencia, entendida como la
formación filosófica individual, de la libertad de cultos, referida a la
profesión de prácticas religiosas.  ||  A partir de 1969, la
Corte interpretó el art. 53 de la
Constitución anterior con un alcance relativamente amplio en la medida en que
reconoció la libertad de conciencia no sólo en materia religiosa sino también
relacionada con la libertad de pensamiento y opinión. Sin embargo, es posible
afirmar que este reconocimiento fue puramente teórico por cuanto ninguno de los
fallos declaró la inconstitucionalidad de la ley por violación de la libertad
de conciencia. […]” Cepeda Espinosa,
Manuel José (1992) Los derechos fundamentales en la
Constitución de 1991. Temis. Bogotá, 1997. Al respecto ver, por ejemplo:
Corte Suprema de Justicia, sentencia de Sala Plena, 16 de diciembre de 1969 (MP
José Gabriel de la Vega).
[105] Corte
Constitucional, sentencia T-345 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); es
este caso se decidió que “constituye una amenaza grave y real a la libertad de
conciencia, exigirle a un estudiante universitario que curse una asignatura que
por su contenido, finalidad y metodología, lo lleva a revelar sus creencias y
convicciones.”
[106] Sobre la
discriminación histórica de las comunidades católicas en países anglosajones
ver, por ejemplo, Nussbaum, Martha
C. (2008) Libertad de conciencia. Tusquets. Barcelona, 2009. Pág. 172.
[107] Si bien en el
caso concreto no se tuteló el derecho del accionante, por considerar que no
había demostrado profesar las creencias alegadas, la
Sala consideró que en principio las convicciones de conciencia fundadas en la
no violencia podría dar lugar a una objeción de conciencia. Al respecto ver el
apartado (3.3.7.) de las consideraciones de la sentencia T-603 de 2012. En éste
se indica, entre otras cosas: “[…] son varios los motivos por los cuales puede
objetarse el cumplimiento de un deber por causa de la conciencia, en razón al
pluralismo inmanente al Estado Social de Derecho colombiano […] lo único que se
exige es que tales motivos sean serios, sinceros, profundos y fijos.”
[108] Corte
Constitucional, sentencia T-018 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esta
oportunidad se resolvió, entre otra cosas, ordenar al Ejército Nacional,
Batallón de Infantería N° 32, Coronel Pedro Justo Berrio, que si aún no lo ha
hecho proceda a la desincorporación del [accionante] y a la expedición de la
respectiva libreta militar.
[109] Corte Constitucional,
sentencia T-357 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[110] MP. Adriana
María Guillen Arango.
[111] La
Sala constató que algunos de los comportamientos del accionante (“idearios
suicidas asuidos una vez ingresó al ejército”) podían generar una razón de
desacuartelamiento distinta a la objeción de conciencia, a saber, no apto
psicológicamente. Por ello, se resolvió, entre otras cosas, instar al Batallón
respectivo a valorar la salud mental del accionante.  Corte Constitucional,
sentencia T-603 de 2012 (MP Adriana María Guillén Arango; AV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[112] En el
presente caso ocurre, tanto por las normas del Decreto 2591 de 1991 (en
especial, artículo 41 sobre falta de desarrollo legal) como por la
jurisprudencia constitucional citada.
[113] En su
respuesta a la acción de tutela el Distrito Militar fue categórico en su
posición: “[…] hasta tanto no se emita una normatividad que regule la objeción
de conciencia al interior de las Fuerzas Militares, este derecho no podrá ser
reconocido por ésta Entidad […]”
[114] En su
respuesta a la acción de tutela, el Distrito Militar indicó que “[…] este
derecho no podrá ser reconocido por ésta Entidad dentro del proceso de
definición de la situación militar como una causal de exención a la prestación
del servicio militar obligatorio, salvo que de manera excepcional por vía de
tutela sea declarado y protegido tal derecho.” (acento fuera del texto
original).
[115] Al respecto,
ver el tercer apartado de la presente sentencia.
[116] No se tomaron medidas cautelares con relación al tercer y último
proceso acumulado en el presente caso, para ser resueltos mediante esta
sentencia (a saber: el expediente T-3861068), por cuanto este último fue
remitido a la Sala para su revisión, el 23 de mayo del presente año.
[117]
La Sala indicó al Ejército que debería establecer si
tenía alguna prueba o evidencia que demostrara que las objeciones de conciencia
presentadas por los jóvenes accionantes, no se fundan en creencias profundas,
fijas y sinceras.  La Sala tomó su decisión teniendo en cuenta, entre otras
consideraciones:  (i) los hechos de cada uno de los casos y  (ii) en el orden
constitucional vigente, en especial, lo decidido por la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la
Sentencia C-728 de 2009.
[118] Dijo el
Ejército a la Sala de Revisión: “Respecto de los términos en que por parte de
las autoridades de reclutamiento del Distrito Militar N° 46 se ha reconocido la
condición de objetores de conciencia a los señores [accionantes], es preciso
destacar que tal reconocimiento se ha iniciado en primera medida, mediante el
oficio del 17 de julio de 2012, de donde se colige el reconocimiento expreso a
los actores respecto a la prerrogativa constitucional que les asiste.”
Expediente T-3274619, tercer cuaderno, folio 61 y siguientes.
[119] Se informó al
respecto: “Así mismo, se procedió a llevar a cabo las actuaciones
Administrativas necesarias e impartir las órdenes pertinentes para que por
parte del equipo de funcionarios Administrativos, se direccionara la atención a
los actores Luis Fernando Sala Rodelo, Wilmer Median Vanegas y Yeison Medina
Vanegas, para que al momento de acudir ante el Distrito Militar N° 46, se
llevarán a cabo las actuaciones necesarias para liquidar los valores a cargo
teniendo clara la clasificación en virtud de la objeción de conciencia fundada
y reconocida mediante fallo de tutela de la
Corte Constitucional del 21 de junio de 2012.”
[120] En la
sentencia T-363 de 1995 se resolvió que la exención para clérigos contemplada
en el literal a del artículo 27 de la
Ley 48 de 1993 incluye a “los similares jerárquicos de otras religiones o
iglesias, dedicados permanentemente a su culto" (se
subrayó en la sentencia). La Corte indicó que esta “[…] exención no se
alcanza por el sólo hecho de alegar que se posee la dignidad sacerdotal. Se requiere
probarla ante la autoridad que tiene a su cargo el reclutamiento y, si se
ejerce acción ante los jueces, como en el presente caso, debe acreditarse tal
calidad en el proceso […]”. Corte Constitucional, sentencia T-363 de 1995 (MP
José Gregorio Hernández Galindo); en este caso se resolvió confirmar el fallo
de segunda instancia y, como consecuencia de ello, el Ejército Nacional quedó
expresamente facultado para exigir que el conscripto volviera a filas, para
cumplir en toda su extensión el tiempo del servicio militar, dentro del cual
observará la debida obediencia a sus superiores.”
[121] Expediente
T-3274619, tercer cuaderno, folios 67, 71 y 69, respectivamente.
[122] Dijo al
respecto la Corte: “Que sean profundas implica
que no son una convicción o una creencia personal superficial, sino que afecta
de manera integral su vida y su forma de ser, así como la totalidad de sus
decisiones y apreciaciones. Tiene que tratarse de convicciones o creencias que
formen parte de su forma de vida y que condicionen su actuar de manera
integral.  ||  Que sean fijas, implica que no son móviles, que no se
trata de convicciones o creencias que pueden ser modificadas fácil o
rápidamente. Creencias o convicciones que tan sólo hace poco tiempo se alega
tener.  ||  Finalmente, que sean sinceras implica que son honestas, que
no son falsas, acomodaticias o estratégicas. En tal caso, por ejemplo, el
comportamiento violento de un joven en riñas escolares puede ser una forma
legítima de desvirtuar la supuesta sinceridad, si ésta realmente no existe.”
[123] El 2 de
febrero de 1991, el diario El Tiempo reportaba la siguiente noticia: “Se
sostuvieron en sus creencias, y ahora están condenados a pagar cárcel. Tres
miembros de la organización cristiana Testigos de Jehová fueron reclutados hace
cinco meses por el Ejército Nacional pero, según su convicción (se acreditan
como ministros), no empuñarán voluntariamente un arma ni vestirán uniforme
militar. Ayer, un consejo verbal de guerra los declaró culpables y los condenó
a dos años de prisión por insubordinación.  ||  La posición de Mauricio
Murillo Pama, Germán Montenegro Soto y Rolando Chará Rodríguez, suscitó
polémica desde hace varios meses.  ||  En el Batallón Número Nueve Boyacá con
sede en Pasto, la juez 18 de Instrucción Penal Militar, Yolanda Arturo de
Bolaños, adelantó el expediente. El comandante de la unidad militar, coronel
Pedro Castiblanco, dijo hace varias semanas que la desobediencia sería juzgada
conforme a las normas vigentes para los militares.  ||  El castigo inicial
implicó que mientras los insubordinados no se uniformaran no podrían recibir
visitas. EL TIEMPO pidió que le fuera permitido un diálogo, pero no fue posible
por cuanto ninguno de ellos accedió a vestir las prendas militares.  ||  Algo
raro operó en los tres jóvenes que hasta hace tres meses aceptaban vestir
prendas militares y realizar oficios varios en el interior de la guarnición,
dijo Castiblanco. Sin embargo, los allegados de los remisos señalan que estos
han mantenido su idea desde que fueron reclutados.  ||  Reynaldo Lame, vocero
de esta religión, dijo que son personas honestas y practicantes de su fe. Los
Testigos de Jehová se dividen en predicadores, precursores, siervos y
superintendentes.  ||  Los tres se presentaron el 24 de julio pasado en Cali
para definir su situación militar. Murillo, 19 años; Montenegro, 20 y Chará,
21, expresaron sus impedimentos al teniente Niño y el cabo Robledo, del
Batallón de Pasto.  ||  Somos ministros cristianos de los Testigos de Jehová y
nuestra misión es difundir nuestra creencia en Cali. El primero de ellos se
presentó como un bachiller del Colegio General Alfredo Vásquez Cobo, que oficia
como Siervo en Literatura de la comunidad religiosa, y los otros dos
provenientes de hogares humildes y que debieron abandonar sus estudios, se
desempeñan como predicadores. […]”.
[124] Por ejemplo,
el 14 de marzo de 1998 el diario El Tiempo presentaba otra noticia al respecto:
“ARRESTAN A TESTIGO DE JEHOVÁ POR NO PRESTAR SERVICIO. Aduciendo
ser ministro ordenado de la iglesia cristiana de los Testigos de Jehová desde
hace 5 años, Juan Carlos Vargas Godoy se negó a prestar el servicio militar.  ||
Su argumento no fue aceptado por la
Policía que lo denunció por desobediencia ocasionando que el juez 78 de
Instrucción Penal Militar le dictara medida de aseguramiento, consistente en
auto de detención. Juan Carlos, de 19 años de edad, lleva mes y medio en la
cárcel de Facatativá.  ||  El 5 de diciembre del año pasado se presentó en el
Distrito Militar número 2, con sede en el barrio 20 de Julio de Bogotá, para
definir su situación militar.  ||  Allí fue incorporado en las filas de la
Policía, en la compañía del Inem, pese a haber mostrado al capitán Alexey
Trujillo, comandante del Distrito, los papeles que lo acreditaban como ministro
religioso. Además, basó su defensa diciendo que enseñaba la
Biblia a las personas todos los días, que dedicaba 90 horas mensuales y mil
anuales de su tiempo a predicarla.  ||  Me engañaron Vargas asegura en la
indagatoria, que ente un juez rindió el pasado 10 de febrero, que su
incorporación a la Policía fue un acto de engaño por parte del capitán
Trujillo. Yo estaba haciendo la fila donde están los exentos de ley para
registrar mi firma y dejar constancia de que había asistido a la concentración.
El capitán, con gritos, me sacó de la fila a empujones y de manera solapada me
hizo firmar un papel donde yo quedaba comprometido con la
Policía. Me dijo que allá me resolverían mi situación militar.  ||  Juan
Carlos no hizo caso al reglamento. En esa situación duró hasta los primeros días
de febrero, cuando finalmente la Policía lo denunció por desobediencia a las
órdenes militares.  ||  El no obedeció porque su conciencia y su fe no le
permiten actuar conforme lo hace cualquier persona que no conoce los principios
de Jehová. El actuó por objeción de conciencia, dijo Humberto Polo, abogado
defensor.”
[125] En la
sentencia T-018 de 2012 cada uno de estos aspectos se analizó de la siguiente
manera: “Por tanto, es razonable concluir que las convicciones y/o creencias
del accionante respecto de la obligación de prestar el servicio militar
obligatorio están respaldadas por manifestaciones externas de su
comportamiento, en particular a partir de las actividades y vivencias con las
que asume su fe cristiana.  ||  […]  Análogamente, sus convicciones y/o
creencias pueden ser calificadas como profundas en tanto condicionan de manera
integral su forma de actuar. Esto, porque como se evidenció permiten al
accionante desempeñarse en el área de la evangelización dentro de su iglesia.
||  […] La pertenencia de Wilmar Darío Gallo Alcaraz a la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, desde el catorce (14) de febrero de dos
mil cuatro, y su posterior compromiso con la evangelización demuestran que se
trata de unas creencias y/o convicciones fijas que lo han vinculado más
seriamente con su credo. En efecto, en el presente caso la
Corte advierte que el accionante es un miembro activo de su iglesia.  ||  […]
Es posible valorar como sinceras las creencias y convicciones del accionante ya
que de forma coherente lo han acompañado durante años. De hecho, las mismas no
aparecen de repente para justificar la negativa de ser reclutado como una
estrategia de evadir el deber legal que representa el servicio militar
obligatorio ni pueden evaluarse como acomodaticias frente a las circunstancias
en que fue incorporado. De hecho, no se aprecian contradicciones entre su dicho
y su forma de actuar, lo cual bajo el amparo de la presunción de buena fe
reafirman la honestidad de sus convicciones.  ||  […] En conclusión, el
análisis de las creencias y/o convicciones que expone el señor Wilmar Darío
Gallo Alcaraz para declararse como un objetor de conciencia frente a la
prestación del servicio militar obligatorio cumplen con los requisitos exigidos
por la jurisprudencia constitucional para relevarlo del cumplimiento de ese
deber legal. […]”
[126] En la
sentencia T-018 de 2012, citado previamente, se tuteló el derecho a la objeción
de conciencia de un joven de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
[127] La
Corte Constitucional se pronunció acerca de los límites y alcances de la
excepción etnocultural en la sentencia T-113 de 2009 (MP Clara Elena Reales
Gutiérrez). Se decidió, entre otras cosas, que: “en ejercicio de la excepción
etnocultural para el servicio militar obligatorio indígena, un joven indígena
que haya ingresado voluntariamente a prestar servicio en el Ejército o en la
Policía, conserva su derecho para voluntariamente retirarse de la institución
‘en todo tiempo’.” En este caso se tuteló el derecho de un indígena a
ser desacuartelado, incluso si sólo decidió solicitar la exención etnocultural
a la obligación de prestar el servicio militar hasta después de su
incorporación, mientras lo prestaba.
[128] Comisión de
Derechos Humanos, 62° período de sesiones. Los derechos Civiles y Políticos, en
particular las cuestiones relacionadas con la objeción de conciencia al
servicio militar. E/CN.4/2006/51.
[129] Corte
Constitucional, sentencia C-621 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil, AV Manuel José
Cepeda Espinosa); en este caso se resolvió “inhibirse para emitir un
pronunciamiento de fondo sobre el inciso primero del artículo 22 de la
Ley 48 de 1993, por ineptitud sustantiva de la demanda, salvó la expresión “el
Gobierno determinará su valor y las condiciones de liquidación y recaudo”,
contenida en el artículo 22 de la Ley 48 de 1993.”
La aclaración de voto versa sobre la clasificación tributaria de la
compensación económica.
[130] La sentencia
C-621 de 2007 dijo expresamente al respecto: “En Colombia […] basta reparar en
que resultar eximido o estar exento significa ser librado o liberarse de cargas
u obligaciones, para entender que aun cuando la prestación que se llegue a
exigir al ciudadano a consecuencia de la exención debe cumplirse en lugar del
servicio militar, no se confunde con este, ni tiene que compartir o conservar
su índole personal.  ||  […] aunque nada se opone a estimar que el Congreso de la
República hubiera podido imponer el cumplimiento de una prestación social
sustitutoria a quienes resultaran eximidos del servicio militar por haberse
configurado alguna de las causales de exención o por inhabilidad o falta de
cupo, lo cierto es que no lo hizo así y que, en cambio, previó el pago de una
suma de dinero, denominándola ‘cuota de compensación militar’.”
[131] Ley 48 de
1993, artículo 27, literal b. La
Corte Constitucional se pronunció acerca de los límites y alcances de la
excepción etnocultural en la sentencia T-113 de 2009 (MP Clara Elena Reales
Gutiérrez).
[132] El artículo 28 de la
Ley 48 de 1993, en sus literales c, d, e, establece: “c. El hijo único, hombre
o mujer. (En la sentencia C-755 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla, SV Jaime
Araujo Rentería) se decidió declarar inexequible las expresiones “de
matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada, separada o madre
soltera”, contenidas en el literal c) del artículo 28 de la
Ley 48 de 1993).
d.
El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de
sus hermanos incapaces de ganarse el sustento.
e.
El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando
éstos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho
hijo vele por ellos.”
[133] Corte
Constitucional, sentencia T-792 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, AV María
Victoria Calle Correa); en este caso se tuteló el derecho de un joven indígena
a ser reconocido como tal y, en consecuencia, a no ser obligado a prestar
servicio militar obligatorio. Sobre la excepción etnocultural para la
prestación del servicio militar obligatorio ver, entre otras, la sentencia
T-113 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez).
[134] Corte
Constitucional, sentencia T-667 de 2012 (MP Adriana María Guillén Arango); en
este caso se resolvió ordenar, entre otras cosas, que se desacuartelara en el
término de 48 horas al accionante; la Sala constató que el Ejército no le había
dado el debido valor a los documentos que él había presentado para demostrar su
la existencia de una familia que dependía de él, conformada como unión de
hecho.
[135] Corte
Constitucional, sentencia T-923 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). Ver
al respecto también las sentencias T-166 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara)
y T-302 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero).