T-064-15
Sentencia
T-064/15
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por cuanto no se desconoció precedente jurisprudencial en materia de falla
médica en obstetricia, en proceso de reparación directa
Referencia:
Expediente T-4520399
Acción de tutela
instaurada por la señora Tatiana Andrea Cárdenas Ospino contra la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos
mil quince (2015)
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y, previas al
cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA[1]
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos, en primera instancia, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
el tres (3) de abril de dos mil catorce (2014) y, en segunda instancia, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado el treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce
(2014), dentro de la acción de tutela promovida por señora Tatiana Andrea
Cárdenas Ospino contra la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. El diecinueve (19) de diciembre de dos
mil trece (2013), la señora Tatiana Andrea Cárdenas Ospino instauró acción de
tutela contra el fallo proferido el veintiséis (26) de septiembre de dos mil
trece (2013) por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, por
cuanto a su juicio le violó sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la justicia al absolver al Estado de responsabilidad por
la muerte de su señora madre, Mónica Estella Ospino Beltrán, en una decisión en
la cual: (i) desconoció su propia línea jurisprudencial en materia de falla
médica en obstetricia, (ii) incumplió con su deber de motivación, (iii) se
inhibió de señalar la causa de la muerte de la señora Ospino Beltrán, y (iv)
dejó de aplicar la lex artis. El caso planteado en la tutela se
fundamenta en los siguientes hechos:
Sentencia del 26 de septiembre de 2013,
expedida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado –demandada
en la tutela-
2. Mediante sentencia del veintiséis (26)
de septiembre de dos mil trece (2013), la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado resolvió una acción de reparación directa instaurada por el
señor Francisco Cárdenas Gómez –padre de la tutelante- y otros contra el
Instituto de Seguros Sociales y otros. Con la demanda pretendía una declaración
de responsabilidad de la institución estatal referida, a causa de la muerte de
la señora Mónica Estella Ospino Beltrán y de las lesiones sufridas por el menor
Santiago Cárdenas Ospino, quienes son respectivamente la madre fallecida y el
hermano de la hoy tutelante. La señora Mónica Estella Ospino murió el treinta (30)
de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), dos días después de dar a
luz a su hijo Santiago Cárdenas Ospino, quien nació en condiciones médicas que
luego condujeron al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a
dictaminar que presentaba “secuelas de encefalopatía hipóxica isquémica neonatal:
parálisis cerebral espástica. Epilepsia de difícil manejo. Retardo mental y del
lenguaje”. En el proceso de responsabilidad, en primera instancia, la
sentencia del doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009) del Tribunal Administrativo
de Santander declaró responsable al ISS por la muerte de la señora Ospino
Beltrán y por las lesiones que sufrió el menor Santiago Cárdenas Ospino al
nacer. En segunda instancia, por medio de sentencia del veintiséis (26) de
septiembre de dos mil trece (2013), la Sección Tercera Subsección C del Consejo
de Estado modificó la decisión, entre otros puntos, en lo relativo a la condena
del ISS por la muerte de la señora Estella Ospino. En la parte resolutiva de la
sentencia –demandada en este caso- se puede leer:
“Primero:
EX[O]NÉRESE al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (HOY ISS EN LIQUIDACIÓN) de
responsabilidad administrativa y patrimonial por la muerte de MÓNICA ESTELLA OSPINO
BELTRÁN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.[2]
3. La decisión se fundó – según la Sección
Tercera Subsección C del Consejo de Estado- en una regla de la jurisprudencia
contencioso administrativa en virtud de la cual un asunto como el que estaba
bajo examen debía resolverse conforme al régimen de “falla probada”. A
la luz de este régimen, dijo, el Estado puede ser declarado responsable
patrimonialmente de un daño “en la medida en que el demandante alegue que
existió una falla del servicio médico asistencial que produjo el daño
antijurídico por el cual reclama indemnización [y logre] acreditar los
tres extremos de la misma: la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y
el nexo de causalidad entre aquella y ésta”[3]. Con base en estos
criterios, en el caso concreto, en el fallo cuestionado se manifestó que no era
jurídicamente posible declarar patrimonialmente responsable al Estado por la
muerte de la señora Mónica Estella Ospino Beltrán, toda vez que en el proceso
contencioso los demandantes no demostraron “que el daño ocasionado a la
paciente Mónica Ospino provino de la atención brindada por el cuerpo de
especialistas del Instituto de Seguros Sociales”. Y agregó que, “por el
contrario, de las pruebas recaudadas se evidencia una eficiente, prudente y
pronta prestación del servicio” que requería la señora madre de la hoy
tutelante.
4. Los fundamentos de hecho de la decisión
fueron en esencia los siguientes. El Consejo de Estado dio por probado que la
señora Mónica Ospino murió el  treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa
y ocho (1998), a los dos días de nacer su segundo hijo, Santiago Cárdenas
Ospino, fruto del segundo embarazo. Antes de nacer este último, desde el veinticinco
(25) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), la señora Ospino había
presentado un cuadro clínico con diversas características, descritas en detalle
en la providencia demandada. Sobre la base de diversos medios de prueba, la
Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado extrajo tres conclusiones
respecto de la atención y la forma en que murió la señora Ospino Beltrán. Primero,
sostuvo que el historial médico de la paciente y los conceptos técnicos
aportados al proceso evidenciaban que el personal del ISS “le prestó la
atención oportuna y necesaria”, pues le hizo desde el comienzo un
seguimiento médico y le practicó diversos estudios para determinar el foco del
problema que presentaba. Segundo, dijo que según el Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, en concordancia con lo resuelto por el Tribunal de Ética
Médica – Seccional Santander, la muerte de la señora Mónica Ospino no fue
producto de un corte realizado durante la cesárea. Tercero y último, que según
la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, si bien el desenlace de la patología de la señora Ospino fue fatal
–dice el Consejo de Estado en su Sección Tercera-, el resultado se debió a que “la
[paciente] presentó [p]eritonitis generalizada ocasionada por la
perforación del colon [y] fue tan agresiva y fulminante, que le ocasionó
una falla orgánica multisistemática, como lo conceptuó el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses –Regional Nororiente. […] Siendo relevante
señalar, que adicionalmente a la peritonitis que le generó el shock séptico a
la paciente, esta padecía un cáncer en la región pancreática en estado
metastásico, del cual no se tenía evidencia previa”. En suma, dijo:
“[s]e puede concluir
de lo antes expuesto, que de las pruebas obrantes en el proceso no se puede
inferir la falla en la prestación del servicio médico, debido a que los
actores no lograron probar que el daño ocasionado a la paciente Mónica Ospino
provino de la atención brindada por el cuerpo de especialistas del Instituto de
Seguros Sociales, por el contrario, de las pruebas recaudadas se
evidencia una eficiente, prudente y pronta prestación del servicio, dando cabal
cumplimiento a los planteamientos de la lex artis” (énfasis añadido).
5. Estas conclusiones sobre los hechos y la
muerte de la señora madre de la hoy tutelante las extrajo el Consejo de Estado a
partir de diversos medios de prueba: (i) la historia clínica de la paciente
–hoja de urgencias, notas de enfermería, notas médicas-, (ii) declaraciones de
tres profesionales de la medicina que participaron en el tratamiento de la
señora Mónica Estella Ospino Beltrán, (iii) información y conclusiones
contenidas en la epicrisis de la paciente, (iv) dictámenes forenses del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, (v) un fallo del Tribunal de
Ética Médica sobre el proceder de los profesionales de la medicina que
atendieron antes, durante y después del parto a la señora Ospino Beltrán. Dada
su trascendencia para la valoración de los argumentos que presenta la
peticionaria y debido a la significación que tienen en la sentencia
cuestionada, se trascriben a continuación los siguientes apartes relevantes:
5.1. Historia clínica de la paciente –hoja
de urgencias, notas de enfermería, notas médicas-:
“[al proceso] se
allegó la hoja de urgencias de la paciente Mónica Ospino Beltrán del 25 de
marzo de 1998 – hora 2:000 p.m., cuando se decidió hospitalizarla en la ciudad
de Barrancabermeja, ya que presentaba la siguiente sintomatología:
‘Paciente de 27
años de edad (ilegible) refiere presenta contracciones x lo que llama a su G.O
y le prescribe brycanil le dijo que la llevaran al ISS para que la
incapacitaran mientras él llegaba del congreso (ilegible)’.
Una vez
hospitalizada, la paciente no presentó mejoría a pesar del tratamiento que se
le brindó, por el contrario sus síntomas se acentuaron y le diagnosticaron
amenaza de parto prematuro, motivo por el cual fue remitida a la ciudad de
Bucaramanga – Clínica Los Comuneros-, así consta en las notas de enfermería de
los días 25 al 28 de marzo de 1998:
‘03-25.98.
Ingresa paciente al Sx de urgencias por sus propios medios es valorada por el
DR. (ilegible) el cual remite valoración x g.o (ilegible).
(…) Ingresa pte
bigestante al servicio de partos manifiesta contracciones esporádicas.
16:30 La valora
el Dr. Beleño y ordena hospitalizar para tto con bricanyl.
[…]
Pte refiere
dolor bajito
[…]
Pte que durante
la noche (ilegible) dice haber tenido contracciones leves y esporádicas
03-26-98
Paciente en unidad afectada
6:50 Taquicardia
[…]
14 Pcte durante
la tarde ha permanecido en reposo relativo xq la pte refiere que no puede
miccionar en pato. Presenta mancha negruzca por vagina. RF presenta
contracciones leves irregulares
[…]
21:00 Pte que
vuelve y manifiesta tener taquicardia y dolor en hombro izq.
Se le informa
al Dr. Martínez el cual (ilegible) y ordena suspender bricanyl, y ordena
beroten tab.
[…]
Sangrado vagina
oscuro (ilegible)
III-27-98
uterina esporádica
(…) 7:30
paciente manifiesta contracciones leves
[…]
9AM Ingresa pte
en camilla con LEV permeables (250 cc) TA 120/70 P: 80x FCF: 148 x, la pte
manifiesta dolor en cadera y contracciones esporádicas, presenta manchas de
color café. Se asigna cama.
[…]
03-27-09 Recibo
pte en camilla con LEV permeable (ilegible) manifiesta contracciones cada 15
minutos se le informa al G.O de turno quien habla con la pte y le explica el
reposo que debe tener
[…]
III-28-98
6:30 pte que
fue valorada x G.O Dr. González el cual ordena suspender bricanyl amp y
administrar indometasina 50 mg.
[…]
7AM Recibo pte
orientada consciente (ilegible) que tiene contracciones seguidas (ilegible)
ginecóloga valora y ordena ecografía (ilegible) Llegas reporte con tiempo de
gestación 35 semanas el ginecólogo ordena reposo absoluto.
12:30 Pte llama
y (sic) informa que sigue con contracciones seguidas y (ilegible) llama al
ginecólogo y el viene valora pte y ordena traslado a B7ga con ecografía pte con
contracciones y expulsando un poco sangrado (ilegible)
[…]
2/30 Presenta
taquicardia
Contracciones
uterinas ocasionales
Sangrado
vaginal oscuro y escaso
[…]
14:45
Contracciones. Expulsión de tapón mucoso
Embarazo *- 35
semanas
Biometría fetal’
[…] al no presentar
síntomas satisfactorios frente al tratamiento dado, y la inminencia de un parto
prematuro, se tomó la decisión de trasladarla a la ciudad de Bucaramanga, en
donde se le podían brindar mejores condiciones al bebé que venía en camino y a
su madre.
[…] una vez ingresa
la paciente a la Clínica Los Comuneros [de Bucaramanga] el 28 de marzo de 1998
es atendida por el personal médico de la institución, entra a la sala de partos
para que se le practique la cesárea y el mismo día nace hacia las 11:00 p.m. el
niño Santiago Cárdenas:
‘28-03-98 23+30
R.N Procedente
de sala de cirugía nacido por cesárea anterior –Nació meconiado- y deprimido –
No figura apagar al nacer en H.C. Presenta cianosis leve peribucal y distal,
frío, leve (ilegible) intercostal inferior auscultación C.P. sin sobre
agregados hígado aumentado de tamaño y consistencia ligeramente amoratada.’
Una vez la señora
Mónica Ospino Beltrán da a luz a su bebé, es llevada a una habitación para que
se recupere de la cirugía (cesárea) que se le practicó, pues no se presentó
complicación alguna durante la intervención quirúrgica, como lo demuestra su
historia clínica.
No obstante, en las
horas siguientes a su intervención, la paciente empieza a presentar un cuadro
clínico de deterioro general de su salud, ante lo cual los galenos inician una
serie de exámenes para determinar la causa de tal situación. Las notas médicas
de los 29 y 30 de marzo de 1998 informan lo siguiente:
‘(…) III-29-98 (…)
Dx Hepatitis viral
1. Iniciar L.M
5cc/3h
(…)
29-III-98
8:00 Cesárea a las
22:40 por RCIN Cesárea anterior
Distendido palida
diuresis 50cc/hora TA90/60
Abdomen (ilegible)
distendido
9:55 Laboratorio CH
TA (ilegible)
Bun creatinina íleo
de (ilegible)
Lactato de ringer
(…)
Horas 14:15 Junta
G.O turno
[…]
DX: Hepatitis
viral?
Valoración por
medicina interna (ilegible)
(…) Encuentra
paciente pálida consciente refiere hambre y sed (…)
[…]
No lactancia
(ilegible)
29-03-98 19:30
Valoro paciente en
pos operatorio (20 horas por cesárea) (ilegible) según informa la paciente
presentó dolor (ilegible) y en hombros después de la cesárea
Se le realizó CH+-
horas después de la cirugía y reporta (ilegible) lucocitos 5
Durante el día de
hoy ha presentado empeoramiento de su estado general con dificultad
respiratoria progresiva y distensión abdominal.
Fueron solicitados
nuevos exámenes que descartan sind. Anémico, hepatitis, la patología renal (…)’
[…]
Peri pancreática
(…)
Abdomen: distendido
(ilegible) defensible uterina
Herida normal
Sangrado
transvaginal escaso (ilegible)
Plan: 1. Valoración
por medicina interna
2. Rx de tórax
3. Dx de abdomen
simple
4. Ecografía abd.
5. CH –glicemia-
gases arteriales electrolitos (ilegible)
6. Traslado a la
UVI
[…]
Hoy mala
respiración periférica (…)
Rx de tóraz:
Condensación en la base de HI
EKG: taquicardia
(ilegible) plaquetas 335.000 glicemia 112 creatinina 0.6 electrolitos 14
Dx: 1. Sepsis
2. Hemorragia basal
izq. Embolismo de líquido amniótico
3. Pop cesárea
4. Deficiencia
respiratoria secundaria a sepsis mexita (…)
[…]
A las 23 horas con
la colaboración de anestesiólogo se practicó intubación orotraqueal con tubo 7
½ aplicando precisamente (ilegible) se conecta a ventilador con UT: 500 cc (…)
la intubación fue rápida y sin problemas pero a los 5’ la pte presentó arritmia
cardiaca consistente en (ilegible) se da masaje cardiaco se aplica adrenalina,
atropina y la infusión de dopamina (ilegible) se logró actividad cardíaca.
Se deja infusión de
dopamina
III-30-98
9:40 Dx sepsis
abdominal –POP cesárea
Líquido libre en
cavidad (ilegible)
Ante la
inestabilidad de la paciente y previendo que el líquido que se observó sea pus
se decide en conjunto con cirugía + G.O + UCI llevar de urgencia a cirugía
Coordinación UCI
10:00 Problemas
shock (séptico?)
Falla orgánica
múltiple
P.O.P Cesárea
Peritonitis
secundaria de causa por aclarar
(…) Se ha realizado
valoración x:
1 G.O 2 Radiología
3 Cirugía general
(…)
10:50 Paciente que
ingresa a cirugía en cama en malas condiciones generales procedente de la UCI
con tubo endotraqueal, sonda nasográstica –sonda vesical (…)
12:20 Recuento de
compresas completo
Termina
procedimiento qco
30 3 98 12:45 Nota
post gca
Pte sepsis origen
abdominal + F.O post (ilegible) + peritonitis generalizada secundaria a
perforación de colon
Laparatomía drenaje
de peritonitis
Colostomía en asa
lavado de cavidad
Cirujano Dr.
Orlando Navas
Ayudantes Dr. David
Motta
Dra. Gladys Pereira
Anestesia Dr.
Gustavo Solano
(…) Múltiples paros
cardiorrespiratorios de pre operatorio # 2 intra operatorio #1 y pos operatorio
#1
Plan: 1. Traslado
UCI (…)
13:15 Cirugía Pte
en UCI presentó paro cardiorrespiratorio que no responde a manejo en UCI
Autopsia M. Legal”
5.2. Declaración rendida por el Doctor
Antonio José Gómez Serrano, quien valoró a la señora Ospino Beltrán en el pos
operatorio:
“PREGUNTADO: Por
favor sírvase manifestar al despacho si tuvo conocimiento de los hechos que
rodearon la muerte de la señora MÓNICA ESTELLA OSPINO, en caso afirmativo
establezca en razón a qué motivo conoce de ello y narre todo lo que le conste y
sepa al respecto. CONTESTADO: Yo le agradezco me d[é] la historia clínica
puesto que yo sólo participé en la valoración correspondiente al pos-operatorio
inmediato en la fecha del 29 de [marzo] de [1998]. El despacho le pone de
presente la historia clínica al testigo el cual nos manifiesta: A las 8 de la
mañana hice la evaluación en el piso 6 de un pos- operatorio inmediato según
nota quirúrgica cirugía sin complicaciones, recuperándose de la anestesia y
bajo los efectos de analgésicos como todo pos –quirúrgico inmediato, en este
momento lo único que me llamó la atención fue la distensión abdominal que
interpret[é] como un HILEO (sic) secundario a la cirugía y la presencia de una
orina colúrica o hematúrica, por lo cual y teniendo en cuenta que en la
valoración previa había un diagnóstico de retraso de crecimiento uterino con
cifras tensionales ligeramente elevadas, de 130 a 90 siempre como aparece en un
informe de la historia que hay un retraso de crecimiento intrauterino lo usual
es que hay una patología que esté produciendo daño en la placenta algo lo está
dañando puede ser una impertensión (sic) inducida por el embarazo o una
impertensión (sic) preexistente u otra enfermedad sistemática que está
produciendo deterioro en la madre ejemplo un tumor pero lo más frecuente es
preclancia, solicité al laboratorio correspondiente a una preclancia una
hipertensión inducida por el embarazo le solicite (sic) pruebas de función
renal y acido (sic) úrico y orden hidratación, a las nueve y cincuenta hice una
nueva valoración es decir una hora y cincuenta más tarde donde se encontró la
contención estable adecuada diuresis es decir orina normal y se quedó en espera
de laboratorio se pidieron a las ocho y llego a las dos de la tarde y ordene
tramadol 50 miligramos para manejo del dolor. Anotó que toda paciente en un
post-operatorio inmediato siempre estaba efectos de los analgésicos porque en
el primer día post-quirúrgico todo paciente acusa dolor de moderado a severo en
las primeras 24 horas de la cirugía, a las 14:15 en conjunto con el otro
ginecólogo de turno revisamos las pruebas de laboratorio donde se encontró un
cuadro hemático normal en lo concerniente a hemoglobina y plaquetas llamando la
atención la presencia de un recuento leopositario muy bajo y la presencia de
pigmentos piliares (sic) en orina con pruebas de función renal normal y pruebas
de coagulación normales por lo que se sospechó una patología viral que son las
que más frecuentemente producen disminución del recuento leucositario o
glóbulos blancos, por tal razón solicité pruebas de función hepática y solicité
valoración por el internista de turno esa es toda mi participación el proceso
evolutivo siguiente (…) PREGUNTADO: Debemos entender por sus respuestas
anteriores y lo manifestado en la contestación del llamamiento en garantía que
usted considera que antes del a (sic) cesárea la paciente ya presentaba ruptura
del colon sigmoide explique su respuesta. CONTESTADO. No la nota del cirujano
describe una cesárea completamente normal sin ninguna complicación quirúrgica
por tanto la perforación debió ocurrir posteriormente a la cesárea a menos que
por omisión del cirujano saque el útero y se dé cuenta y revise el fondo por
detrás del útero, yo como cirujano siempre saco el útero pero por técnica mía
pero la mayoría de ellos cirujanos no lo hace (…) PREGUNTADO. Según la
literatura médica al cuanto tiempo de perforado el colon se invade la cavidad
abdominal. CONTESTADO. La perforación no tiene nada que ver con la extensión
tumoral pero sí con la infección”
5.3. Declaración del Doctor David Motta
Sepúlveda quien, según el Consejo de Estado, “le practicó la cesárea a la
señora Mónica Estella”:
“[a la paciente] se
le practica cesárea, nace un niño a las 22:30, con apgar de 10/10, peso de
2.000 grs y líquido meconiado. La cesárea se describe como un procedimiento sin
complicaciones. La paciente pasa a recuperación, a las dos y media de la mañana
se informa de dolor de la paciente se recomienda diclofenaco y se solicita
laboratorio (cuadro hemático). En la madrugada la paciente continúa con dolor y
signos vitales estables, salvo un pulso de alrededor de 100-10. En la revista
de la mañana, es valorada por el médico de turno Doctor ANTONIO GÓMEZ, quien
solicita laboratorio completo: cuadro hemático, transaminasas, plaquetas, creatinina,
ácido úrico y luego de examinar la paciente se encuentra con signos vitales
estables, tensión arterial -/6. A las 9:30 hace una nueva valoración y anota
diuresis 50 cms. Por hora, tensión arterial 120/70, pendiente exámenes de
laboratorio esta valoración corresponde al 29 de marzo, 9:30 de la mañana. A
las dos de la tarde, los ginecólogos de turno, Doctor Gómez y Doctor Meneses,
revisan nuevamente la paciente y valoran los exámenes de laboratorio (…)
Solicitan valoración por medicina interna y nuevo control de bilirrubina y transaminasas.
Más tarde es valorada por medicina interna, quien encuentra una paciente
pálida, consciente, refiere hambre y sed, tensión arterial 80/50, frecuencia
cardiaca 128, frecuencia respiratoria 20, no itericia, abdomen blando, útero
contraído, no consideró que había una hepatopatía y recomendó vía oral y
observación, el Doctor ALFONSO CASTILLO. 29 de marzo: 7:30 de la noche:
valorada por el laboratorio y encontró una paciente consciente, somnolienta,
cianosis distal, frecuencia respiratoria 40 por minuto, con abdomen distendido
sin peritastismo, herida ormal (sic), sangrado transvaginal escaso y con el
diagnóstico de ileo paraclínico y tromboembolismo pulmonar solicita valoración
por medicina interna, placa de tórax y abdomen, ecografía abdominal, nuevo
laboratorio y traslado a la UCI. Se traslada a la UCI (…) se hace el
diagnóstico de sepsis, neumonía basal por embolismo, insuficiencia respiratoria
secundaria a la neumonía y acidosis mixta secundaria a la sepsis. A las 22:00
se valora nuevamente por ginecología, se dejan antibióticos, quinolonas,
flagil, la placa de abdomen simple: no niveles hidroereos. A las 10:30: Se
toman gases arteriales nuevamente en los que se observa un aumento de la
acidosis mixta y se decide pasar a la ventilación mecánica (…) A las 23 con
colaboración del anestesiólogo se practica intubación orotraqueal, se conecta a
ventilador, la intubación fue rápida y sin problemas, presenta taquicardia
central, se da manejo cardíaco, se aplicó adrenalina, atropina y se logra
recuperar actividad cardíaca, se deja infusión de dopamina. El 30 de marzo a
las seis de la mañana, se encuentra paciente en shock séptico, a las 9:40 se
valora con el cirujano, se revisa la ecografía que muestra líquido en cavidad y
ante la inestabilidad de la paciente, se decide en conjunto cirugía,
ginecología y UCI, llevarla a urgencias. A las 19 (sic) de la mañana se hace
reunión en la coordinación de la UCI con médicos y familiar, con los
diagnósticos de shock, falla orgánica múltiple, peritonitis secundaria a
perforación de colon sigmoide en borde antimesentrico de más o menos 1.3”.
5.4. Declaración del Doctor Orlando Navas
Quintero:
“Valoro la paciente
el día 30 de marzo de 1998 a las nueve y cincuenta horas de la mañana en la
Unidad de Cuidados Intensivos, donde hay una paciente de veintisiete años de
edad en post operatorio de cesárea por indicación obstétrica quien había
presentado compromiso del estado general por lo que requirió manejo en la
unidad de cuidados intensivos, al examen paciente en mal estado tensión
arterial 97/50 frecuencia cardiaca 150 por minuto, frecuencia respiratoria con
soporte de 22, abdomen distendido con salida de líquido verdoso por herida
quirúrgica y ecografía abdominal que documenta abundante líquido intrabdominal.
PREGUNTADO. Sírvase decirle a este despacho a qué le atribuye la existencia de
líquido verdoso al que hace referencia. CONTESTO. Dos condiciones pueden
presentar ese signo con infección de la herida quirúrgica o dos la
manifestación de una peritonitis. (…) PREGUNTADO. Sabe usted la causa de la
perforación del colon sigmoide. CONTESTO. Por la evolución macroscópica en vivo
no es posible determinar la etiología de dicha perforación (…). PREGUNTADO. Según
el grado de sepsis encontrado cuál era el tiempo aproximado de evolución, es
decir, al momento de la parotomía (sic) hacia cuanto tiempo debió producirse la
ruptura del colon. CONTEXTO. Determinar cuánto tiempo antes se ha producido la
perforación no es fácil de determinar porque hay múltiples factores del
paciente que pueden acelerar o retardar los síntomas de una peritonitis,
usualmente hablamos de horas de evolución”.
5.5. Epicrisis de la señora Mónica Estella
Ospino, suscrita el treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998)
por el Doctor Alejandro Uribe Carvajal, médico de la unidad de cuidados
intensivos:
“[p]aciente que
ingresa a la institución remitida de Barrancabermeja en donde inició trabajo de
parto prematuro con DX de retardo en crecimiento fetal, lo[s] familiares refieren
que la paciente presentó en esa ciudad ruptura de membranas las cuales no lo
habían hecho según nota de ingreso A.G.O de esta clínica y valoración previa de
cirugía (G.O) la paciente fue llevada a cirugía en donde [se le] realizó
cesárea sin ninguna complicación el producto único vivo de 2000gr. Que no
presentó alteraciones. En el POP inmediato la paciente se hipotensiona de forma
severa realiza dificultad respiratoria por lo que es traída a la UCI en donde
se evidencia una acidosis metabólica en fase co compensación, los parámetros de
ventilación antes de la intubación se llevaron a sus más altos requerimientos
sin lograr la estabilidad por lo que se decide realizar intubación orotraqueal
con la asistencia de anestesia. Dr. Rodríguez. La paciente se conecta a
ventilación mecánica en vien[tr]e. Modalidad asistida en donde la paciente
realiza frecuencias de 20 por minuto con programación de 12 se toma unos gases
arteriales que muestran la acidosis respiratoria a la mejoría. La inestabilidad
hemodinámica continua se da soporte con dopamina que requiere a d[ó]sis máximas
de 15 mcg/k/mint., sin lograr estabilizarla se decide iniciar goteo de
adrenalina para tratar de bajar la dopamina la (sic) no se logra incluso a la
adrenalina hay la necesidad de incrementarla a dosis tope 0.4mcg/k/mint., se
decide que el cuadro ha sido muy agresivo se toma ecografía abdominal y pélvica
a la que muestra que hay abundante líquido en la cavidad abdominal se pide
valoración por cirugía y G.O. quienes deciden en conjunto con la UCI pasar a
cirugía a explorar lo que se realiza en forma urgente en donde la inducción
anestésica la paciente realiza paro cardíaco se da masaje externo se logra
sacar del paro que lo realiza en otra ocasión antes de iniciar la Cx y dos
veces más en el POP y trans O.P según refieren en el acto quirúrgico la
paciente se mantiene sin tensión arterial con dosis máximas de adrenalina y
atropina sale de cirugía y es traída a UCI a donde llega en paro cardiaco se
inician maniobras por más de 15 minutos sin encontrar respuestas a estas se
suspenden dando por fallecida a la paciente. Los hallazgos operatorios fueron
pus en cavidad abdominal en aproximadamente 4000 cc y una perforación de colon
sigmoide. El DX de muerte, sepsis de origen abdominal con perforación de
sigmoide. POP cesárea. La paciente es llevada a la morgue para realizar
levantamiento de cadáver sugerido por el cirujano de turno Dr. Navas”.
5.6. La necropsia realizada por el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Nororiente, el día primero
(1º) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998):
“CAVIDAD ABDOMINAL
PERITONEO, MESETERIO
(sic), RETROPERITONEO: Adherencias interasas. Abundante líquido ascítico.
Material purulento en cavidad.
LENGUA, FARINGE,
ESOFAGO, ESTOMAGO, INTESTINOS Y APENDICE: Lengua, faringe estómago y apéndice:
sin alteraciones. Petequias en pared esofágica. Estómago sin alteraciones.
HÍGADO, VÍAS
BILIALES: Hígado congestivo, aumentado de tamaño. Vesícula y vías biliales
(sic) sin alteraciones.
PÁNCREAS: En región
pancreática se aprecia masa amarillenta de 6x6 cms de contenido lechoso.
(…) ÚTERO, ANEXOS:
Útero aumentado de tamaño, de color pardo. Trompas pardo oscuro. Ovarios pardos
de 4x2, 5cms.
(…) CONCLUSIÓN:
Adulto del género
femenino, que según acta de levantamiento falleció luego de cesárea y laparotomía,
con diagnóstico de peritonitis secundaria a perforación de colon.
Como hallazgos
positivos a la necropsia: colostomía izquierda, peritonitis generalizada, edema
pulmonar, congestión visceral, masa peri pancreática. Correlacionando los
hallazgos de necropsia y los aportes de acta de levantamiento, se concluye como
muerte natural una falla orgánica multisistémica por sepsis debida a
peritonitis.”
5.7. Estudio de patología forense realizado
por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el catorce (14) de
agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998):
“DIAGNÓSTICO
HISTÓRICO:
1.
ADENOCARCINOMA METASTÁSICO
2.
PERITONITIS
3.
CONGESTIÓN VISCERAL”
5.8. Sentencia del Tribunal de Ética Médica
– Seccional Santander, expedida el 6 de noviembre de 2004, en la cual se
declaró, de acuerdo con el Consejo de Estado, “que no existía mérito para
formular cargos por violación de las normas ética médica a los Dres. Adolfo
Martínez Sánchez, David Motta Sepúlveda y Orlando Navas Quintero, por cuanto el
diagnóstico, manejo e intervención que se le brindó a la paciente fue el
adecuado”. Dice el fallo:
“[respecto de la
señora Mónica Estella Ospino] Tanto el diagnóstico, manejo y reintervención que
el Servicio Gineco-obstetra de la Clínica Comuneros brindó a esta paciente, fue
el adecuado, correcto y el que se sigue con alguien en sepsis, shock séptico y
falla multiorgánica. Desde el acto quirúrgico hasta su traslado oportuno a la
UCI la paciente fue valorada en 7 oportunidades. Su intervención quirúrgica a
tiempo y las maniobras de reanimación fueron las acostumbradas en estos casos
de pario cardio-respiratorio.
(…) El estudio de
patología forense, de la autopsia practicada a la señora MONICA OSPINO reveló
como dato importante, en los ganglios linfáticos, el siguiente reporte ‘se
aprecia metástasis de adenocarcinoma con células cilíndricas ciliadas a
ganglios peri pancreáticos’ (…)
Desafortunadamente,
Patología Forense no nos dice nada de la perforación y su rafia. No hicieron
múltiples cortes anatomo-patológicos, que nos hubiesen aclarado el origen de la
perforación. ¿En todo el intestino grueso o el delgado, no había otra u otras
perforaciones? ¿Habría algún foco de necrosis que estaba comenzando a
perforarse? ¿Existía en toda la extensión colónica, alguna neoplasia, primaria
o metástasis?
Ahora cabe
preguntarse, ¿Dónde estaba la neoplasia primaria? En la autopsia no se encontró
el primero. (…) Faltaron más cortes en el páncreas, para haber buscado
exhaustivamente el primario. A veces el cáncer de páncreas es muy elusivo y
reducido a áreas pequeñísimas”.
6. Por su parte, en lo que se refiere a la
pretensión de responsabilidad por las lesiones que sufrió en su estadio
neonatal el menor Santiago Cárdenas Ospino, el Consejo de Estado advirtió que
estaban debidamente probados los tres elementos necesarios para conceder una
reparación directa. En su caso, tras nacer “con unas especiales condiciones
de salud”, ya que era entre otras “un bebé prematuro”, resultaba
necesario que se le ofreciera “inmediatamente un servicio especializado”
para poder concluir que su tratamiento médico fue diligente. No obstante, se
observó a partir de las pruebas que hubo “una falla en la prestación del
servicio médico brindado al menor” pues trascurrieron dos días, antes de
que se decidiera por parte del personal médico tomar medidas “tendientes a
mejorar la deficiencia respiratoria que venía presentando Santiago”. Fue
entonces “sólo cuando [los médicos] observaron que el estado del
paciente era crítico, [que] se decidió remitirlo a una institución que
le prestara los servicios que Santiago requería por su especial condición”.
Así, el daño, la falla y la causalidad entre ambos se probaron en ese caso.
La acción de tutela que origina este
proceso
7.  Contra el fallo recién referido se
instauró la tutela que origina este proceso, sólo en cuanto a la exoneración de
responsabilidad por la muerte de la señora Mónica Estella Ospino Beltrán. En
concepto de la hija de esta última, la tutelante Tatiana Cárdenas Ospino, en la
sentencia del veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013) la Sección
Tercera del Consejo de Estado (i) desconoció su propia línea jurisprudencial en
materia de falla médica en obstetricia y en esa medida incurrió en un defecto
sustantivo que a su turno la condujo a cometer un defecto fáctico;
(ii) incumplió con su deber de motivación; (iii) se inhibió de señalar la causa
de la muerte de la señora Ospino Beltrán y (iv) dejó de aplicar la lex artis.
Por estos defectos, violó sus propios derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y a acceder a la administración de justicia. Como fundamentos de
sus alegaciones presentó los que se sintetizan a continuación:
7.1. Supuesto desconocimiento de la
jurisprudencia sobre responsabilidad por falla médica en obstetricia. En
criterio de la accionante, en materia de responsabilidad del Estado por falla
médica en la prestación de servicios de obstetricia, la jurisprudencia del
Consejo de Estado conserva una línea “en la que se rechaza la
responsabilidad objetiva, y se acoge la prueba indiciaria. El indicio lo
constituye la normalidad en la salud de la gestante y luego, [si] inexplicablemente
aparecen enfermedades, lo que lleva a considerar por inferencia que hay una
conducta negligente”.[4]
Considera que esta postura jurisprudencial fue desconocida por la Sección
Tercera en el caso de la pretensión de responsabilidad por la muerte de su
señora madre. Dice que la señora Mónica Ospino falleció tras la intervención
médica en el nacimiento del menor Santiago Cárdenas, a pesar de que no presentó
problemas de ninguna naturaleza durante su embarazo. Fue en el procedimiento de
cesárea que –en su opinión- un médico adscrito al ISS le “perfora (sin darse
cuenta) el intestino a mi mamá”. Señala entonces lo siguiente sobre los
indicios:
“En ese
procedimiento, en esa cesárea, el doctor Motta, le perfora (sin darse cuenta)
el intestino a mi mamá Mónica. El debate jurídico giró en torno al origen de la
perforación y al tratamiento médico dado a mi mami para advertir lo que había
pasado y darle una solución. Lo advirtieron cuando después de 24 horas de
síntomas, por fin le realizan una ecografía abdominal pélvica, donde observan
abundante líquido en la cavidad abdominal; le hacen la cirugía exploratoria
encontrando 400 cc de pus en su cavidad abdominal y la perforación del colon
sigmoide. […] La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
su decisión del 26 de septiembre […] no parte ni menciona, ningún indicio con
relación al tratamiento de obstetricia que fue la única razón de ser para que
mi mami Mónica acudiera, a la atención del ISS como arriba se demostró y para
citarle unos cortos ejemplos, se repite:
1.
Indicio de cambio de droga: sin explicación
alguna el 25 de marzo de 1998, de BRYCANIL a BEROTEC, está en la Historia
Clínica de Barrancabermeja, que puede verse a Folios 23/51 de Expediente
principal. Y ahí es donde le pronostica el riesgo de parto.
2.
Indicio de retraso en la cesárea: mi mamá, rompe
fuente (expulsión del tapón mucoso) a las 2 y 45 de la tarde 28 de marzo, y le
diagnostican cesárea urgente pero sólo se la practican a las 10 de la noche de
ese mismo día, es decir después [de] siete horas.
3.
Indicio del excesivo tiempo en ubicar el
diagnóstico + sintomatología (-) la realización de ecografía, como lo señala su
historia médica. Pero desde las 2:30 a.m. del día 30 de marzo, el doctor MOTTA
le observa el abdomen distendido. Lo mismo que a las 8:00 a.m. del 29 de marzo,
pero solo hasta las 2:15 de la tarde, con una Junta de turno. Junta de turno
para revisar los exámenes de laboratorio; se toman dos determinaciones, una
descartar la hepatitis viral y dos, valoraciones por medicina. La siguiente
anotación se registra a las 7:15, de la noche, cuando es ingresada [a] la UCI,
[y] se consigna: ‘recibimos paciente en Sala de partos en camilla, se
observa pálida, consciente, trae sonda vesical eliminados 100 cc de orina
amarillo concentrado. TA 139/71, se observa con cianosis entre uñas y dedos, se
aplica 02.5 litros. Trae LEV permeables, ausencia de sangrado vaginal, herida
quirúrgica cubierta por apósito seco’.
4.
Esta anotación de la Historia clínica, no es
tenida en cuenta en la transcripción que se hizo en la sentencia del 26 de
septiembre del H. Consejo de Estado. ‘Valoro paciente en pos operatorio (20
horas pos cesárea) (ilegible poscesárea) según informa la paciente presentó
dolor epigástrico y en hombros después de la cirugía. Se realizó CH más o menos
tres horas después de la cirugía y reporta Hb 10.06 y Hto con leucocitos.
Durante el día de hoy ha presentado empeoramiento de su estado general con
dificultad progresiva distensión abdominal’”.
7.2. Falta de motivación. En la
acción de tutela se sostiene igualmente que la Sección Tercera del Consejo de
Estado no motivó adecuadamente sus valoraciones probatorias. Señala
especialmente el hecho de que en la Epicrisis que se le practicó a la señora
Mónica Ospino Beltrán se le encontró como hallazgo post operatorio “pus
cavidad abdominal en aproximadamente 400 cc” y además de eso “una
perforación del colon sigmoide… sepsis de origen abdominal con perforación del
colon sigmoide”. A juicio de la accionante, esto último en especial “indica
que algo pasó en ese procedimiento (cesárea)”, pues una lesión de esa
naturaleza debe tener alguna explicación en la intervención que se le practicó.
Al respecto, dice que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
formuló dos hipótesis que –en opinión de la peticionaria- “no pudo sustentar
científicamente”. La una, es que su señora madre, Mónica Ospino Beltrán,
tenía cáncer de páncreas no diagnosticado con antelación a su embarazo, el cual
le ocasionó la lesión. No obstante, el cáncer no pudo haber sido el causante de
la lesión en el colon, pues “su arquitectura está histológicamente
conservada [es decir, que no se desplegó a otros órganos], según el
mismo informe histopatológico”. La segunda hipótesis, es que la paciente
tenía un parásito no clasificado el cual, según el Consejo de Estado, “pud[o]
ser [e]l origen primario de la perforación intestinal, una
inmigración larvaria visceral”. Lo cual tampoco podía –a juicio de la
actora- considerarse como suficiente para exonerar de responsabilidad al ente
estatal. Dice, para sustentar su discrepancia con esta conclusión probatoria:
“este punto,
constituye otra flagrante causal de procedibilidad de la acción de tutela,
porque hay un claro error fáctico, por falta de valoración; […] el juzgador no
valoró, debiendo hacerlo. [L]astimosamente el Juzgador, no valora en casi toda
la providencia: de la declaración de los médicos, por ejemplo, trascribe sus
palabras pero no dice del por qué lo convencen; de dónde obtiene su sinceridad
(la de los galenos), o la verosimilitud del contenido de sus palabras; por qué
les cree […]. Igualmente, es insuficiente la motivación que da el sentenciador
para concluir se cumplió con el principio de integralidad que enmarca el
derecho a la salud. [¿D]ónde está el análisis de que esos medicamentos,
exámenes diagnósticos y supuesto seguimiento fueron los adecuados?”.
7.3. Supuesto defecto por haberse
abstenido, como juez de responsabilidad del Estado, de señalar la causa de la
muerte de la señora Mónica Ospino. La accionante considera además que ni el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ni los médicos adscritos al
ISS, ni tampoco el Consejo de Estado, lograron determinar cuál fue la causa de
la muerte de su señora madre, Mónica Ospino Beltrán.  La pretensión de
responsabilidad se edificaba sobre la base de que “fue en la cesárea, como
único procedimiento por el que mi mamá ingresa al ISS, donde necesariamente se
presentó la ruptura del colon sigmoide y que el fallador”. A juicio de la
tutelante, había suficientes indicios de que fue en la cesárea donde ocurrió la
lesión, y de que fue esta la que desencadenó la muerte. Si bien no había una
prueba directa de estas conclusiones (como por ejemplo una grabación
audiovisual), no es posible hacer depender la responsabilidad de que se
presente una evidencia así, dada la imposibilidad de practicarla y obtenerla en
la época en que ocurrieron los hechos. Luego, al no probarse que hubiese sido
otra la causa, debía tenerse como evidencias los indicios de que fue a causa
del procedimiento operatorio que se produjo la perforación del colon. No
obstante, en su concepto, el Consejo de Estado falló de otro modo:
“El Honorable Consejo
de Estado, en su Sección Tercera sub sección C, en su fallo del 26 de
septiembre de 2013, sencillamente, evadió el tema. Simplemente, manifestó que
los actores no probamos que el daño ocasionado a Mónica Ospino provino de la
atención brindada por el Cuerpo de especialistas del ISS; y que por el contrario
de las pruebas recaudadas se evidencia una eficiente, prudente y pronta
prestación del servicio, dando cabal cumplimiento a los planteamientos de la
lex artis. [P]ero […] no concluyó, no reconoció, de qué murió mi mamá Mónica
Ospino. [S]i murió por la existencia del parásito ‘anónimo’ o de cáncer, no lo
dijo el Honorable Consejo de Estado y mucho menos explicó una razón. […] No se
pregunta qué le produjo ese parásito, acaso no serían 4000 cc de pus, producto
de una ruptura del colon sigmoide en una lesión ocurrida seguramente por
accidente, pero ocurrida en el único procedimiento que se le realizó […]. Viola
mi derecho a la justicia, el hecho de que el sentenciador, obviando inferencias
y deducciones lógicas, no reconozca […] que mi mamá murió a consecuencia de la
lesión en su colon producida en el procedimiento de cesárea y deje en el aire
la razón que le causó su deceso”.
7.4. Violación de la lex artis. Sostiene
la tutelante además que la Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció en
su providencia la lex artis, por varios motivos: primero, consideró como
normal la realización de la cesárea sin advertir el origen de la falla orgánica
multisistémica que presentaba la paciente; segundo, dio por cierto que el
estado del útero impedía al médico acceder al intestino y perforarlo como fruto
de un hecho culposo; tercero, no tomó en cuenta que el pus en la cavidad
abdominal fue lo que produjo la perforación, y no la migración larvaria que fue
producto y no causa de la misma; cuarto, sostuvo que se le había garantizado a
la señora Ospino el derecho a un diagnóstico, cuando en realidad se omitieron
exámenes diagnósticos. Este cuestionamiento lo fundamenta esencialmente del
siguiente modo:
“La lesión del colon
es una complicación quirúrgica. No hay explicación diferente, lógica y
explicable medicamente de ruptura del colon en paciente joven en pop inmediato
de cesárea, que no sea iatrogénica. [E]l colon tiene 4 capas de tejido [q]ue
protegen completamente toda la estructura. No hay que analizarlo mucho, para
concluir con la obviedad, de que el colon no es tan sensible, como para que se
rompiera de la noche a la mañana. La ruptura del colon tiene que obedecer a una
lesión traumática. No es cierto que el útero se disponga de una forma tal que
esconda los intestinos como para que sea imposible su lesión, mírese la
longitud del colon sigmoide que va de 12 a 60 cms de longitud […] lo cual hace
que la porción intraperitoneal del colon en este segmento pueda ser tan grande
que ocupe cualquier parte de la cavidad abdominal ya sea con embarazo o sin él.
Además del aumento de tamaño del útero había anatomía alterada por cesárea
anterior de su primer embarazo por lo que sí era posible o no descartable el
acceso por parte del ginecólogo al intestino. [S]e viola [l]a ley de la ciencia
médica [c]uando se toma una consecuencia, como causa de la patología; pues
decir después de encontrarse 4000 cc de pus que es evidentemente materia fecal
y además, encontrarse roto el colon sigmoide; decir, o concluir que fue la
migración larvaria visceral la que produjo la ruptura del colon, es mirar el
mundo al revés. [Además] a mi mami Mónica el 29 de marzo de 1998, [s]e [le]
omitieron exámenes diagnósticos dentro de un margen de tiempo absolutamente
razonable [de] acuerdo a la sintomatología que ella presentaba”.
8. Con base en estos argumentos, la señora
Tatiana Cárdenas Ospino solicita dejar sin efecto la sentencia del veintiséis (26)
de septiembre de dos mil trece (2013), en lo referente a la imputación en el
caso de su señora madre, Mónica Estella Ospino Beltrán, para que el accionado
decida conforme a la dignidad de los hijos de la mujer fallecida y, dentro del
margen derivado de la línea jurisprudencial sobre la materia, con arreglo a las
pruebas indiciarias que a su juicio demuestran de forma razonable las fallas
del servicio médico prestado a la señora Ospino Beltrán.
Respuesta de la autoridad judicial
accionada, del Ministerio del Trabajo y del Instituto de Seguros Sociales –en
liquidación
9. La tutela le correspondió por reparto a
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, autoridad que la admitió y ordenó
notificarle, entre otros, a la Sección Tercera de la misma Corporación, al
Ministerio del Trabajo y al Instituto de Seguros Sociales –en liquidación-. Las
contestaciones se sintetizan enseguida:
9.1. Sección Tercera del Consejo de Estado
solicita negar la tutela. Sostiene al respecto que la tutela no revela en
primer lugar que plantee un asunto de evidente relevancia constitucional, pues
la sentencia demandada la expidió un juez competente, dentro del procedimiento
previsto, con arreglo a las normas vigentes, y sin desconocer el derecho de
defensa. En segundo lugar, agrega que la tutela tampoco cumple el requisito de
inmediatez, pues la accionante tardó cerca de dos (2) meses para presentar el
amparo. Por último, se pronuncia sobre los argumentos de fondo. De un lado,
manifiesta que no se desconoció el precedente judicial sobre la materia. Se
refiere en particular a los pronunciamientos expresamente mencionados por la tutelante
en respaldo de sus cargos, y dice que ninguno de ellos fue violado o ignorado,
así:
- Sentencia del veintidós (22) de abril de dos
mil dos (2002), Exp. 13675. Señala que para la época en la cual se expidió
dicha providencia (2002) prevalecía un régimen de responsabilidad regido por
los postulados de falla presunta, tesis bajo la cual bastaba con demostrar dos
elementos para extraer una conclusión de responsabilidad del Estado, a saber,
el daño y la relación de causalidad, sin necesidad de acreditar una conducta
irregular de la administración. En el caso concreto de la señora Ospino Beltrán
no se desconocieron las implicaciones de dicha doctrina, sino que se dio por
probada la diligencia y cuidado del ente demandado. Además, los actores,
teniendo la carga de probar que la entidad no prestó la debida atención médica
a la paciente, se abstuvieron de emplear todos los medios probatorios otorgados
por la ley para satisfacerla.
- Sentencia del 31 de agosto de 2006, Exp.
15.772. En esta providencia, según el Consejo de Estado, “a diferencia de lo
que dice la accionante en la tutela”, se señala la necesidad de acudir a
los medios probatorios existentes con el fin de demostrar la falla en la
prestación de un servicio médico. En ese contexto se observó que los indicios
pueden cobrar vital importancia, pero específicamente “en aquellos casos en
que dichos medios indiquen que un determinado resultado, procedimiento o
intervención fue contrario a lo que se esperaba”, o cuando el ente
demandado “se niegue o sea renuente a aportar por ejemplo la historia
clínica del paciente, y cuando de los dictámenes oficiales rendidos por las
entidades competentes se evidencia una falla en el servicio”. Por lo cual,
en el caso de la señora Ospino Beltrán “no h[abía] lugar a indicios,
ya que de las pruebas directas obrantes en el material probatorio del sub lite,
[fuer]on suficientes parta que en la sentencia recurrida se llegara a la
conclusión de que no se configuró una falla en la prestación del servicio
médico”.
- Sentencias del once (11) de mayo de dos
mil seis (2006), Exp. 14.400, y del veintiséis (26) de marzo de dos mil seis (2006),
Exp. 16.085. En esta providencia, el Consejo de Estado ciertamente admitió la
posibilidad de demostrar la relación de causalidad entre el daño y la presunta
falla del servicio por medio de indicios. No obstante, por tratarse estos de
una prueba indirecta, deben ceder en importancia ante la prueba directa, como
ocurrió en el caso bajo examen. En el proceso de responsabilidad por la muerte
de la señora Ospino Beltrán obraban en el expediente “dictamen pericial,
testimonios, historia clínica, concepto del Tribunal de Ética Médica, que
acredita que la muerte de la señora Mónica Estella Ospino Beltrán se presentó
por causas naturales no atribuibles a la cesárea practicada”.
La Sección Tercera señala también que en la
sentencia demandada no hubo un defecto derivado de la falta de motivación, o de
la falta de señalamiento de la causa del fallecimiento de la señora Mónica
Ospino Beltrán. La decisión, para empezar, se sustentó a su juicio “de
manera extensa, clara y comprensible”. Tampoco cabe aducir un error por
haberse abstenido, como juez, de indicar cuál fue la causa del deceso de la
señora Ospino, pues “no es competencia de esta Corporación señalar las
causas de la muerte de un paciente, en primer lugar, porque quienes toman las
decisiones son abogados, no médicos [y] en segundo lugar, porque es
deber del demandante demostrar a través de los medios probatorios que la causa
de la muerte de su familiar fue una falla médica ocasionada por la falta o
indebida prestación del servicio de salud”. Finalmente, señala que existe
en el examen de responsabilidad por la función médica una presunción de
seguimiento de la lex artis, lo cual no fue desconocido en el asunto que
origina esta acción de tutela.
9.2. El Ministerio del Trabajo solicita
declarar improcedente la tutela en lo que respecta a esa cartera, por cuanto no
tiene legitimidad en la causa por pasiva y sus funciones no se relacionan con
las pretensiones del amparo. Aparte, el ISS en liquidación es una Empresa
Industrial y Comercial del Estado que goza de personería jurídica y autonomía
administrativa y financiera, y está vinculada al Ministerio de Salud y
Protección Social, según el Decreto 4107 de 2011.
9.3. El Instituto de Seguros Sociales –en
liquidación- solicita negar la tutela. Invoca en primer término la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Instituto en el presente proceso, pues
no es la entidad competente para resolver la solicitud promovida por la
accionante. Asimismo, sostiene que en el caso bajo control no se está ante una
tutela que cumpla con todos los requisitos generales y específicos de
procedibilidad. La sentencia fue expedida por órgano judicial competente y
dentro de los procedimientos previstos en la ley. El Consejo de Estado absolvió
de responsabilidad patrimonial al demandado sobre la base de las pruebas y con
arreglo a una motivación razonable, de modo que no hubo violación de los
derechos fundamentales que reivindica la actora.
Decisiones de tutela sujetas a revisión
10. La Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante fallo del tres (3) de abril de dos mil catorce (2014), declaró
improcedente la tutela. Tras hacer un recuento de los hechos considerados como
relevantes por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
advirtió que las conclusiones probatorias y jurídicas extraídas en la sentencia
se ajustaron a los medios de prueba, además porque los actores no allegaron
medios de convicción que demostraran que a la señora Mónica Ospino se le
hubiesen realizado mal los procedimientos o que se le hubieran dejado de
suministrar los medicamentos y prestaciones necesarias para tratar de salvarle
la vida. Indicó asimismo que la tutela invocaba un desconocimiento del
precedente horizontal, pero sin exponer con suficiencia el contenido de los
fallos que consideraba vinculantes para el caso. Aparte, sostuvo no haberse
mostrado con argumentos en la acción que la Sección Tercera del Consejo de
Estado hubiera adoptado una decisión caprichosa o arbitraria, ni tampoco que
este sea un asunto de derechos fundamentales más que una tercera instancia en
un proceso de responsabilidad patrimonial.
11. Impugnado el fallo, en segunda
instancia lo modificó la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
sentencia del treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014). En lugar
de declararlo improcedente, decidió negar de fondo el amparo. Dijo que en la
sentencia cuestionada no se incurrió en defecto sustantivo, fáctico o en
desconocimiento del precedente toda vez que, por el contrario, se analizaron
los extremos del litigio y se justificaron de manera razonada las conclusiones
de hecho y de derecho. La Subsección C de la Sección Tercera –a su juicio-
mostró desde un comienzo que el régimen a aplicar sería el de falla probada, y
en concordancia con esta premisa resolvió de forma consistente el asunto. El
amparo parece más orientado, en este caso, a abrir un debate de instancia, para
revivir asuntos que son propios de un juez natural y escapan al proceso de
tutela.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en el
trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86,
inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
Reiteración de jurisprudencia. Procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales
2. La acción de
tutela es un medio de protección de derechos fundamentales cuando “resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”
(art. 86, C.P.). La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
interpretado que esta disposición autoriza promover el amparo contra todas las
autoridades, incluidas judiciales, cuando violen o amenacen derechos
fundamentales. Así lo indicó la sentencia C-543 de 1992:[5]
“[…] nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que
ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo
que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales,
ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se
desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).”
3. La misma regla ha sido reiterada por la
Sala Plena de la Corte Constitucional, por ejemplo, en las sentencias C-037 de
1996,[6]
SU-159 de 2002[7]
y más adelante en la sentencia C-590 de 2005.[8]
También la han reiterado las diversas Salas de Revisión de tutela, y desde el
comienzo, como se evidencia por ejemplo en las sentencias T-079[9] y T-158 de
1993.[10]
De modo que la jurisprudencia Constitucional ha sido coherente desde sus
inicios, al sostener que algunos actos judiciales en determinadas condiciones
pueden ser cuestionados mediante tutela si violan derechos fundamentales.
Aunque, debe anotarse, la magnitud del defecto judicial que amerita una
intervención del juez de tutela para proteger derechos fundamentales violados,
no ha sido valorada durante todo el tiempo de igual manera. Actualmente, y como
lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, la tutela
contra providencias procede siempre y cuando satisfaga dos grupos de causales:
por una parte, las denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de
procedibilidad’, mediante las cuales se establece si la providencia
judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de tutela; y por otra
las causales ‘especiales’, ‘específicas’, o ‘de procedibilidad
propiamente dichas’, mediante las cuales se establece si una providencia
judicial violó los derechos fundamentales de una persona.
4. En cuanto a las causales de procedibilidad generales
o requisitos de procedibilidad han sido presentadas en los siguientes
términos. Es preciso (a) Que el tema sujeto a discusión sea de evidente
relevancia constitucional.  (b) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,[11]
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable,[12]
o de proteger a un sujeto de especial protección constitucional que no fue bien
representado.[13]
(c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.[14] (d) En el
evento de hacer referencia a una irregularidad procesal, debe haber claridad en
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.[15]
(e) Que la acción identifique de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre y cuando hubiere sido posible.[16] (f) Que no se
trate de sentencias de tutela.[17]
5. Las causales de procedibilidad especiales,
específicas o propiamente dichas son, de acuerdo con la Sala
Plena de la Corporación (C-590 de 2005), los defectos en los que el funcionario
judicial puede incurrir, y han sido clasificados así: (i) defecto orgánico;[18]
(ii) defecto procedimental;[19]
(iii) defecto fáctico;[20]
(iv) defecto material y sustantivo;[21]
(v) error inducido;[22]
(vi) decisión sin motivación;[23]
(vii) desconocimiento del precedente;[24]
(viii) violación directa de la Constitución.
5. Así las cosas, a continuación la Sala
determinará si en este caso se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad, y en caso afirmativo estudiará si la autoridad demandada
incurrió en una causal especial de procedibilidad y violó uno o más derechos
fundamentales de la señora Tatiana Cárdenas Ospino.
Sobre el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad en este caso concreto
6. A juicio de Sala en este caso se
cumplen los requisitos de procedibilidad general, por las siguientes razones.
Primero, el asunto debatido es de evidente relevancia constitucional. En
efecto, sin definir en este punto su mérito, los cuestionamientos de la
accionante están orientados a mostrar que la Sección Tercera Subsección C del
Consejo de Estado incurrió en diversos defectos, en tanto (i) desconoció su
propia línea jurisprudencial en materia de falla médica en obstetricia; (ii)
incumplió su deber de motivación; (iii) se inhibió de señalar la causa de la
muerte de la señora Ospino Beltrán y (iv) dejó de aplicar la lex artis.
Es de evidente relevancia constitucional definir si el Consejo de Estado
resolvió una pretensión de responsabilidad de ese modo, pues tal como están los
cargos indican que podrían estar comprometidos principios constitucionales como
la igualdad de trato (CP art 13), la confianza legítima (CP art 83), la
seguridad jurídica (CP arts 1, 2 y 93), el derecho fundamental al debido
proceso (CP art 29) y posiblemente el acceso a una administración de justicia
pública y efectiva (CP art 229). Dado que la función de la Corte es guardar la
supremacía e integridad de la Constitución (CP art 241), y los argumentos
presentados prima facie plantean una violación de la misma, el primer
requisito de procedibilidad general debe considerarse satisfactoriamente
superado.
7.
Segundo, la tutelante no tenía recursos ordinarios ni extraordinarios para
cuestionar el fallo del veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013). En
primer lugar, por ser una sentencia proferida además en segunda
instancia por una Sección del Consejo de Estado, no eran procedentes
los recursos de reposición, apelación, queja o súplica (CPACA arts. 242 y ss.).[25]
En segundo lugar, tampoco procedía el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, toda vez que este sólo cabe interponerlo contra sentencias
dictadas por tribunales administrativos en única o segunda instancia (CPACA art
257). Finalmente, no era posible promover un recurso extraordinario de
revisión, pues las razones por las cuales se cuestiona la sentencia no se subsumen
en ninguna causal de revisión (CPACA art 250 nums 1 a 8). En efecto, no se centran
en plantear el hallazgo o recuperación posteriores al fallo de documentos
decisivos para el asunto contencioso (num 1). Tampoco se sostiene que la
sentencia se hubiese dictado con base en documentos falsos o adulterados, o
dictámenes de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición (nums 2 y 3). No se alega, de otro lado, la existencia de un fallo
penal que declare que hubo
violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia (num 4), o que
hubiese motivo de nulidad originado en la sentencia (num 5). Los argumentos de
la tutela tampoco plantean que haya aparecido, después de la sentencia
demandada, una persona con mejor derecho para reclamar (num 6), ni se trata de
una prestación periódica (num 7), ni se aduce que el asunto resuelto por el
Consejo de Estado estuviera cubierto por cosa juzgada (num 8). En síntesis, no
procedía entonces recurso ordinario o extraordinario alguno contra el fallo.
8. Tercero, la acción de tutela cumple con
el requisito de inmediatez. Efectivamente, la providencia cuestionada fue
expedida el veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013) y la acción
de tutela se promovió el diecinueve (19) de diciembre del mismo año. Es decir,
trascurrieron menos de tres (3) meses entre el acto supuestamente violatorio de
los derechos fundamentales y la presentación del amparo. Este término no es
irrazonable en un contexto en el cual el acto impugnado es una sentencia de
reparación. La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha considerado que no
se desconoce el principio de inmediatez cuando el actor se toma, como en este
caso, un término tan corto para interponer la acción de tutela contra un acto
judicial de contenido complejo como es una sentencia en un proceso de
reparación contra el Estado. La sentencia SU-353 de 2013, por ejemplo, juzgó
que cumplía con la inmediatez la tutela contra el fallo de responsabilidad
estatal proferido por un tribunal administrativo, aun cuando el amparo se había
instaurado cerca de ocho meses después de proferirse la providencia judicial cuestionada.[26]
La sentencia T-102 de 2014 sostuvo igualmente que era procedente y podía
fallarse de fondo, en tanto no presentaba problemas de inmediatez, una tutela
instaurada tres meses después de haberse dictado un fallo contencioso
administrativo por la Sección Tercera del Consejo de Estado.[27]
9. Cuarto, en este caso no se alega una
irregularidad procesal sino supuestos vicios predicables específicamente de la
sentencia. Quinto, la Sala observa que la accionante identificó con suficiente
claridad y extensión el acto que a su juicio viola sus derechos fundamentales,
y además expuso las razones por las cuales en su concepto es una violación. En
cuanto a la identificación del acto, señala como origen de la violación la
sentencia de segunda instancia, proferida por la Sección Tercera Subsección C
del Consejo de Estado, en el proceso de reparación. En lo que respecta a los
motivos por los cuales dicho fallo lo considera violatorio de sus derechos,
expone según se dijo cuatro argumentos, sintetizados en un supuesto desconocimiento
de su propia jurisprudencia, incumplimiento a su deber de motivación,
abstenerse de señalar la causa de la muerte de la señora Ospino y dejar de
aplicar la lex artis en el juicio. Esto es suficiente para satisfacer el
cuarto requisito general de procedibilidad. El quinto requisito también lo
cumple, pues la providencia demandada no es de tutela.
10. En definitiva, la solicitud de amparo
supera todas las exigencias generales de procedibilidad. Por tanto, a
continuación la Sala pasará a pronunciarse sobre los cargos. El primero de los
cuestionamientos, por su superior importancia dentro de las alegaciones de la
actora, será examinado de forma individual. Las demás acusaciones se evaluarán
posteriormente y en conjunto.
Primer
cuestionamiento. Supuesta violación de la línea jurisprudencial en materia de
falla médica en obstetricia. Defectos por desconocimiento del precedente y por
omisiones en la actividad probatoria
11. La acción de tutela sostiene que la
Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado desconoció, con el fallo del
veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013), una línea
jurisprudencial de esa Corporación, “en la que se rechaza la responsabilidad
objetiva, y se acoge la prueba indiciaria. El indicio lo constituye la
normalidad en la salud de la gestante y luego, [si] inexplicablemente
aparecen enfermedades, [s]e lle[g]a a considerar por inferencia
que hay una conducta negligente”.[28]
Esta jurisprudencia es a su juicio sostenida en las sentencias 15332 del catorce
(14) de julio de dos mil cinco (2005), 14400 del once (11) de mayo de dos mil
seis (2006), 16085 del veintiséis (26) de marzo de dos mil ocho (2008), 15033
del trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009) y 18364 del diecinueve (19) de
agosto de dos mil nueve (2009). Se habría violado esta postura cuando el
Consejo de Estado, en la sentencia que se demanda, ignoró los indicios de que
la señora Ospino Beltrán, antes de ser tratada por el personal médico del ISS
el veinticinco (25) de marzo de 1998, no había presentado ningún problema
durante su embarazo. Los indicios muestran además –en su criterio- que fue en
la cesárea que un médico adscrito al ISS le “perfora (sin darse cuenta) el
intestino” a su señora madre, hecho que le produce la muerte. La Sección
Tercera se opone a este argumento y dice que el fallo del veintiséis (26) de
septiembre de dos mil trece (2013) se ajusta a la jurisprudencia sobre la
materia, pues para procesos como el que origina esta tutela lo aplicable es un
régimen de responsabilidad estatal por falla probada.
12. Para tomar una decisión, la Corte debe
comenzar por señalar que la tutelante no especifica en detalle, en ninguna de
sus intervenciones, tres elementos que resultan de suma importancia en toda
acusación contra    una sentencia por haber desconocido la jurisprudencia
vinculante. En concreto, la actora no señala: (i) de modo específico en qué
casos se expidieron las sentencias que invoca, (ii) qué se decidió en ellas y
(iii) en qué es, de forma puntual, que se asemeja el caso bajo examen a los
asuntos resueltos en cada uno de los fallos citados. Ahora bien, aunque no
precisa en detalle estos puntos, la tutelante sí hace una descripción a grandes
rasgos del universo jurisprudencial al que se refiere. Dice, por una parte, que
las decisiones mencionadas resuelven asuntos de responsabilidad del Estado por
fallas en la prestación del servicio médico y, más específicamente, gran parte
de ellas a fallas en el servicio de obstetricia. Por otra parte, sostiene que
en general esa jurisprudencia era vinculante para el proceso en que se resolvió
la responsabilidad por la muerte de su señora madre, porque en este asunto
también se aducía una falla de esa naturaleza. Finalmente, sostiene en general
que en las decisiones invocadas se admitía la prueba mediante indicios de los
elementos de la responsabilidad, lo cual no se aceptó en el fallo del veintiséis
(26) de septiembre de dos mil trece (2013). Manifiesta que en la sentencia
demandada no se tuvieron en cuenta los indicios que demostraban la falla y su
causalidad con el daño, por lo cual a su caso no se aplicó la jurisprudencia.
13.  La Sala de
Revisión procederá a referirse al contenido de los fallos invocados por la
peticionaria, con el fin de establecer si tenían algún grado de fuerza
vinculante para el caso que resolvió la sentencia demandada, si en esta última
se desconoció la jurisprudencia citada y, supuesto que se hubiese desconocido,
si ese hecho puede considerarse como un defecto que determine la prosperidad
del amparo contra la providencia:
12.1. En la sentencia
del catorce (14) de julio de dos mil cinco (2005), expediente 15332, la
Sección Tercera del Consejo de Estado conoció la acción de reparación directa
originada en un contexto de prestación de servicios médicos. En ese caso, la
demanda presentada sostenía que la muerte de una mujer luego de su parto, en
una institución hospitalaria, se había debido específicamente a fallas médicas.
El Consejo de Estado les dio la razón a los accionantes y declaró responsable
de la muerte de la mujer a una entidad territorial. En cuanto al régimen por el
cual se debía resolver el asunto, la providencia sostuvo que estaba conformado
por un conjunto de reglas relacionadas con la carga probatoria de cada elemento
de la responsabilidad, en función del caso concreto:
“[…] la Sala ha
precisado los criterios en materia de responsabilidad médica para señalar que:
(i) corresponderá al demandante probar la falla del servicio, salvo en los
eventos en los cuales le resulte “excesivamente difícil o prácticamente
imposible” hacerlo; (ii) de igual manera, corresponde al demandante aportar la
prueba de la relación de causalidad, la cual podrá acreditarse mediante
indicios en los eventos en los cuales le “resulte muy difícil –si no
imposible–...la prueba directa de los hechos que permiten estructurar ese
elemento de la obligación de indemnizar”; (iii) en la valoración de los
indicios tendrá especial relevancia la conducta de la parte demandada, sin que
haya lugar a exigirle en todos los casos que demuestre cuál fue la causa real
del daño; (iv) la valoración de esos indicios deberá ser muy cuidadosa, pues no
puede perderse de vista que los procedimientos médicos se realizan sobre personas
que presentan alteraciones en su salud, y (v) el análisis de la relación causal
debe preceder el de la falla del servicio. || En providencia reciente, la Sala
consideró que los eventos de responsabilidad patrimonial del Estado por la
prestación del servicio médico de obstetricia no pueden ser decididos en el
caso colombiano bajo un régimen objetivo de responsabilidad; que en tales
eventos, la parte demandante no queda relevada de probar la falla del servicio,
sólo que el hecho de que la evolución del embarazo hubiera sido normal, pero
que el proceso del alumbramiento no hubiera sido satisfactorio constituye un
indicio de dicha falla”.
Con fundamento en estos estándares, la
Sección Tercera del Consejo de Estado consideró en ese caso que estaban
suficientemente probados tanto el daño como la “falla durante la atención
del parto de la señora”. En esa ocasión dos fallas en específico advirtió
en la actividad médica. Por una parte señaló que a la mujer no se le brindó “una
valoración previa por parte de un médico de su estado de salud y de los
antecedentes que tenía al momento en que ingresó al hospital básico”. Por
otra, resaltó que como consecuencia de lo anterior a la paciente “[s]e
le restó [l]a posibilidad de haber tenido un parto con asistencia
profesional que sus riesgos particulares exigían”, pues “era su primer
parto, [t]enía 42 semanas de embarazo y [e]ra portadora de un
episodio anémico que la colocaban en un parto de alto riesgo”. En esta
sentencia a continuación se indica que con base en estos hechos era posible
concluir que las fallas indicadas causaron la muerte de la mujer, premisa que
resultaba suficiente entonces para imputarle la responsabilidad patrimonial al
ente estatal que atendió el parto:
“[d]e lo anterior
puede inferirse que existen indicios evidentes que permiten concluir que [las
fallas antes citadas] fueron la causa de la muerte de la señora Mónica Irene
Suárez Canaval, los cuales conocían las entidades demandadas y que pudieron
prever, de haberle brindado la atención que su parto requería, por las
circunstancias que lo hacían de alto riesgo”.
12.2. En la sentencia
del 11 de mayo de 2006, expediente 14400, la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró responsable a la Nación- Ministerio de Defensa – Policía
Nacional por la muerte una mujer en un contexto de prestación de servicios
médico asistenciales. La paciente, quien estaba casada con un agente de
Policía, ingresó a la Policlínica para ser intervenida quirúrgicamente de la
vesícula biliar, y a los siete días falleció a causa de “depresión
respiratoria tromboembolismo pulmonar”, según el certificado de defunción.
Los demandantes sostuvieron entonces que la mujer murió por una falla del
servicio médico asistencial, y la Sección Tercera del Consejo de Estado les concedió
la razón. En cuanto al régimen de responsabilidad que debía aplicarse en ese
caso, dijo específicamente:
“[…] en
la medida en que el demandante alegue que existió una falla del servicio médico
asistencial que produjo el daño antijurídico por el cual reclama indemnización,
como sucede en el sub-lite, deberá en principio, acreditar los tres
extremos de la misma: la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y el
nexo de causalidad entre aquella y ésta, por lo cual, resulta procedente ahora,
analizar cuáles hechos fueron probados en el [c]aso”.
Tras examinar en cada caso las pruebas, el
Consejo de Estado en concreto encontró que la parte demandante había logrado
probar la falla, el daño antijurídico y el nexo causal entre ambos. Dijo, en
uno de los apartados de conclusiones, por lo mismo: “[t]odo lo
anterior, a juicio de la Sala, permite inferir la existencia del nexo causal,
por cuanto conduce a la conclusión de que el daño antijurídico por el cual se
reclama en el presente proceso, derivado de la muerte de la señora Torres
López, efectivamente se produjo como consecuencia de la falla del
servicio en que incurrió la entidad demandada”. En lo que respecta al uso
de indicios dentro de la actividad probatoria que le incumbe a la parte
demandante en procesos de esta naturaleza, si bien el Consejo de Estado sostuvo
que eran admisibles, aclaró que esto no suponía desvirtuar la necesidad de
demostrar debidamente el nexo causal entre la falla y el daño:
“[c]on relación al nexo
causal entre el daño y la actividad de la Administración, también ha reiterado
la Sala que el mismo debe aparecer debidamente acreditado puesto que el mismo
no se presume, aunque en reconocimiento de la dificultad que surge en no pocas
ocasiones para lograr tal prueba, por los elementos de carácter científico que
pueden estar involucrados y que resultan de difícil comprensión y demostración
por parte del interesado, se admite para ello “...que la demostración de la
causalidad se realice de manera indiciaria, siempre que, dadas las
circunstancias del caso, resulte muy difícil -si no imposible- para el
demandante, la prueba directa de los hechos que permiten estructurar ese
elemento de la obligación de indemnizar”[29]”.
12.3. En la sentencia
del veintiséis (26) de marzo de dos mil ocho (2008), expediente 16085, se
resolvía también una acción de reparación directa en un contexto de atención
médica a una mujer en estado de embarazo. Se solicitaba declarar la
responsabilidad del ente estatal por la muerte de un niño antes de nacer. Los
hechos relevantes se trascriben a continuación:
“[e]l 30 de diciembre
de 1992, a las 10:15 p.m., la señora Caballero Corredor se trasladó a la
Clínica El Bosque Ltda. para que le prestaran atención médica especializada
para el parto. [F]ue recibida por el médico de turno Iván Garzón, quien le
practicó un tacto vaginal y le informó que el bebé venía de pie y que, por lo
tanto, no era necesario realizar el monitoreo sugerido por el gineco-obstetra
tratante. [E]l médico de turno ordenó trasladar la paciente a uno de los
cuartos de la Clínica, en espera de la llegada del obstetra de CAPRECOM Álvaro
Medina Molano. [A]proximadamente a la una de la mañana, la señora Caballero
Corredor presentó abundante hemorragia, pero ni el médico de turno, ni el
personal paramédico le prestaron atención. Sólo a las tres de la mañana llegó
el obstetra a practicarle la cesárea, pero el feto había fallecido por
ahogamiento.”
La Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró responsable a la entidad estatal entonces demandada, “por la muerte
de la criatura que llevaba en su vientre” la señora. En ese caso, el
régimen de responsabilidad aplicable esencialmente radicaba en la parte
demandada la carga de probar el daño, la falla y el nexo causal. Aclaraba, no
obstante, la admisibilidad de presentar indicios para demostrar estos elementos.
Decía en específico:
“bajo […] la tesis
que actualmente orienta la posición de la Sala en torno a la deducción de la
responsabilidad de las entidades estatales frente a los daños sufridos en el
acto obstétrico, a la víctima del daño que pretende la reparación le
corresponde la demostración de la falla que acusa en la atención y de que tal
falla fue la causa del daño por el cual reclama indemnización, es decir, debe
probar: (i) el daño, (ii) la falla en el acto obstétrico y (iii) el nexo
causal. La demostración de esos elementos puede lograrse mediante cualquier
medio probatorio, siendo el indicio la prueba por excelencia en estos casos
ante la falta de una prueba directa de la responsabilidad, dadas las especiales
condiciones en que se encuentra el paciente frente a quienes realizan los actos
médicos, y se reitera, la presencia de un daño en el momento del parto cuando
el embarazo se ha desarrollado en condiciones normales, se constituye en un
indicio de la presencia de una falla en el acto obstétrico, así como de la
relación causal entre el acto y el daño”.
Con arreglo a estos criterios, la Sección
Tercera del Consejo de Estado concedió la reparación, sobre la base de que se
había logrado demostrar el daño, la falla y la causalidad. No obstante,
advirtió que como el embarazo de la mujer en ese contexto no se había producido
en condiciones de total normalidad, debía adjudicarse “en la parte
demandante la carga de la prueba de demostrar que la muerte del feto obedeció a
una falla en el acto obstétrico por cuanto las circunstancias que rodearon el
embarazo no llevan a inferir que el nacimiento debió presentarse normal, sin
contratiempo”. Con todo, consideró que la causalidad estaba suficientemente
probada y por lo mismo señaló que “se accederá parcialmente a las
pretensiones de la demanda, por encontrarse demostrado en el plenario que ese
daño es imputable a CAPECROM, al haber incurrido en fallas en la prestación del
servicio, fallas que abarcaron sucesivas omisiones, retardos y errores durante
la permanencia de la madre en la Clínica El Bosque Ltda., los cuales causaron
la muerte del ser que estaba por nacer”.
12.4. En la sentencia del trece (13) de
mayo de dos mil nueve (2009), expediente 15033, el Consejo de Estado
abordaba el examen de una acción de reparación directa instaurada contra un
ente estatal, por un supuesto daño antijurídico ocurrido en un contexto de
prestación de servicios médico asistenciales. La pretensión de responsabilidad
patrimonial se fundaba en el hecho de que diversas personas, al ser atendida en
una unidad hospitalaria en específico, fueron contagiadas con VIH y algunas
perdieron la vida como consecuencia. La Sección Tercera de la Corporación
mencionada les dio entonces parcialmente la razón a los demandantes en cuanto
declaró responsable en ese caso al hospital por “la contaminación con el
Virus de Inmunode[fi]ciencia Humana VIH” de los pacientes. En cuanto al
juicio sobre la demostración de los elementos de responsabilidad, se consideró
que habían sido suficientemente probados el daño y la falla. En lo que respecta
al nexo de causalidad entre estos, indicó que era carga también del demandante
demostrarlo, pero que el mismo podía acreditarse también con apoyo en indicios,
como se observa en los siguientes párrafos:
“de manera más reciente se precisó que la exigencia de “un grado
suficiente de probabilidad”, no implica la exoneración del deber de demostrar
la existencia del vínculo causal entre el daño y la actuación médica, que haga
posible imputar responsabilidad a la entidad que presta el servicio, sino que
esta es una regla de prueba, con fundamento en la cual el vínculo causal puede
ser acreditado de manera indirecta, mediante indicios[30].
Así la Sala ha
acogido el criterio según el cual si bien para demostrar el nexo de causalidad
entre el daño y la intervención médica, en la mayoría de los casos resulta
idónea la prueba directa, esto es, el dictamen de expertos, también es posible
en muchos eventos llegar a la certeza sobre la existencia de dicha relación a través de indicios, para cuya construcción es necesaria la
aplicación de reglas de experiencia de carácter científico, objetivo o
estadístico.”
En el examen del caso concreto, la Sección
Tercera consideró ya específicamente que si bien se habían acreditado
directamente el daño y la falla, no se contaba sin embargo con una “prueba
científica […] sobre la relación causal entre las actuaciones imputables
a las entidades demandadas y el daño”. No obstante, observó que sí había
indicios a partir de los cuales se le podía imputar al Estado la
responsabilidad por el daño sufrido: “es posible declarar la responsabilidad
patrimonial demandada, porque existen varios indicios que permiten inferir
que la causa del daño lo fue la falta del cumplimiento de las normas de
bioseguridad”. Y agregó:
“[e]se factor [de incumplimiento de los estándares de bioseguridad] no
fue descartado [como causante del contagio] en ninguno de los estudios
científicos y técnicos practicados, posibilidad que para la Sala resulta
confirmada, con la constatación de otras circunstancias, como las de que el
contagio se hubiera producido en una misma época en pacientes de esa Unidad y
que no se hubiera demostrado otras formas de contagio de esos pacientes, como
se pasa a señalar”.
12.5. En la sentencia del diecinueve (19)
de agosto de dos mil nueve (2009), expediente 18364, el Consejo de Estado
en su Sección Tercera conocía de la acción de reparación directa originada en
la muerte de unas trillizas el mismo día de su nacimiento, en el contexto de
una intervención médico asistencial. El Consejo de Estado constató que la
cesárea por medio de la cual fueron dadas a luz, se efectuó en las semanas veinticinco
(25) y veintiséis (26) de gestación, y sobre la convicción médica de que
estaban ante un embarazo de feto único, pues por negligencias en el seguimiento
a la gestante no se advirtió desde el comienzo que se trataba de trillizas. La
Sección Tercera consideró entonces que concurrían los tres elementos de la
responsabilidad patrimonial, y los enunció del siguiente modo:
“[…] el
daño (deceso de las trillizas Echeverry Giraldo) constituye un suceso que
normalmente no ocurriría y se presentó por la ausencia de un parámetro mínimo
de diligencia y cuidado; fue originado a causa de la valoración de los agentes
de la entidad demandada, quienes erraron de manera crasa en el diagnóstico y
valoración inicial del cuadro clínico, al afirmarse sin la menor anfibología
que se trataba de embarazo con feto único, cefálico, en posición transversa, y
que se hallaba a término, cuando la realidad era diametralmente disímil”.
Para demostrar la concurrencia de estos
elementos, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo manifestó que
estaba ante un caso en que debía dar aplicación al principio res ipso
loquitur, en virtud del cual -en un escenario probatorio dado- los hechos hablan
por sí solos. Dice entonces que en ese caso, la Sección debía juzgar como
acreditados los elementos de la responsabilidad a partir de un hecho
debidamente demostrado como era la práctica de una cesárea sobre el
convencimiento de que estaba a término y era una gestación de feto único en
posición transversal, cuando esto distaba de ajustarse a la realidad:
“[l]a
sola circunstancia de haberse practicado una cesárea con la férrea convicción
de que se estaba en presencia de un único feto transverso, con tiempo de
alumbramiento, para luego llevarse la sorpresa de que la paciente tenía un
embarazo de trillizas de 24 o 25 semanas de gestación, aproximadamente, refleja
la dimensión del daño antijurídico causado lo que permite afirmar [que] se
trata de un supuesto en el que las cosas o circunstancias hablan por sí solas,
como quiera que son demostrativas de que existió un yerro flagrante en la etapa
de atención, valoración y diagnóstico de la gestante. Como se aprecia, la
única forma de explicar la generación del daño está radicada en la culpa o
negligencia de la entidad demandada, por cuanto, según se desprende del
acervo probatorio, dada la congestión de la Clínica Rafael Uribe Uribe en la
sala de partos, se generó un diagnóstico y orden médica por completo errados,
que fueron el factor determinante en la producción de la muerte de las tres
bebés Echeverry Giraldo”.
13. Lo anterior,
permite entonces concluir que en efecto, como lo dice la peticionaria, las
sentencias indicadas versan sobre casos en los cuales se discute la
responsabilidad del Estado por la prestación de servicios médico asistenciales.
Asimismo, entre las providencias que menciona, hay un subconjunto constituido
específicamente por fallos de responsabilidad a causa de la prestación de servicios
de obstetricia. En ellas se trata además, como lo sostiene la tutelante, un
punto de derecho que resultaba relevante para el caso que debía resolver el
Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C en el fallo del veintiséis (26)
de septiembre de dos mil trece (2013). En la jurisprudencia antes relacionada,
se discute no sólo lo relativo a la distribución de la carga probatoria, en
contextos en los cuales se pretende una reparación por daños causados por
fallas en la prestación de servicios médicos, sino que en especial se aborda
también lo atinente a la admisibilidad de los indicios para demostrar
uno o más elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado. Era en
consecuencia, por los casos que resolvía, y la materia que abordó en su problemática,
una jurisprudencia relevante y pertinente para el fallo del veintiséis (26) de
septiembre de dos mil trece (2013).
14. En cuanto a
su vigencia temporal para cuando se expidió la sentencia demandada, en la
contestación de esta tutela la Sección Tercera Subsección C del Consejo de
Estado no sostuvo que se hubiese desmontado, aunque efectuó algunas precisiones
relativas a su interpretación y alcances y, ante todo, señaló que en su
concepto no se había desconocido. Sostuvo en concreto que la jurisprudencia
sobre la materia, en vigor para cuando se profirió el fallo cuestionado, no
relevaba al demandante de su carga de demostrar los elementos de la responsabilidad,
y ciertamente admitía el empleo de los indicios para acreditarlos, si bien con
determinadas precisiones. Considera en general que el valor probatorio de uno o
más indicios depende ante todo del caso, de las dificultades probatorias y de
su relación con los demás medios de convicción que se aporten al proceso. En
referencia al caso concreto, sostiene que en el proceso de responsabilidad por
la muerte de la señora Ospino Beltrán, no se cambió ni desconoció tampoco esa
jurisprudencia, ni se les restó validez probatoria a los indicios, sino que se
aplicó a un caso en el cual existían pruebas directas de que los profesionales
del ente estatal obraron con diligencia y no cometieron una falla que hubiese
sido la causante del daño antijurídico alegado.
15. La Corte
Constitucional, tras revisar los argumentos de la tutelante y la contestación
del Consejo de Estado, llega a las siguientes conclusiones: En Colombia la
propia Constitución define los elementos necesarios para condenar al Estado a
responder patrimonialmente (CP art 90). Dice, en concreto, que “[e]l
Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
Cada uno de los términos empleados en este precepto por la Constitución debe
tener un efecto útil.[31]
Por lo tanto, de acuerdo con la Carta, el Estado sólo debe responder
patrimonialmente (i) “por los daños antijurídicos”, (ii) “que le sean
imputables”, cuando además hayan sido (iii) “causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas”. En cuanto a la pregunta por quién
debe correr con la carga de probar la concurrencia o ausencia de estos
elementos, o qué valor y eficacia deben tener los indicios como medios de
prueba en cada proceso, la Constitución no prevé sin embargo en principio ninguna
regla puntual. Por ende, el juez contencioso administrativo está en este
contexto ante un margen de actuación dentro del cual puede, sin desconocer los
derechos fundamentales, establecer criterios jurídicos razonables sobre
distribución de cargas y valoración probatoria en función de diversos factores
como por ejemplo la equidad, la dificultad de acreditar ciertos hechos, la
jurisprudencia vigente, entre otros.
16. La
jurisprudencia en vigor es, conforme a lo anterior, un criterio para adjudicar
cargas probatorias o para definir el valor y la eficacia demostrativa del
indicio. No es este un criterio opcional, que el juez pueda definir con
absoluta libertad si observa o no, sino que se trata de un dato normativo con
fuerza vinculante cuando quiera que verse sobre casos iguales en lo relevante
al que está bajo examen. Esto se justifica ante todo en los principios
constitucionales de igualdad (CP art 13), confianza legítima (CP art 83) y
seguridad jurídica (CP arts 1, 2 y 93). Un juez no puede, sin justificación
suficiente, tratar dos casos iguales en lo relevante de un modo distinto, ni
aún en temas probatorios como son los de la carga probatoria y la eficacia y
validez de los medios de pruebas.  No obstante, sin perder de vista estos
principios, el juez que está ante un caso cuenta con la facultad que le es
inherente de valorar, en primer lugar, si el asunto es igual en lo relevante al
resuelto en la jurisprudencia antecedente. Supuesto que en efecto lo sea, el
juez puede incluso tomar la decisión de apartarse de su ratio decidendi,
lo cual estará facultado para hacer cuando cuente con razones poderosas y
suficientes. Como ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo en la sentencia
T-698 de 2004:[32]
“[e]n el caso del precedente
horizontal, es decir aquel determinado por un mismo cuerpo colegiado o por
una misma autoridad judicial de igual jerarquía, se concluye que tanto los
jueces, como los magistrados pueden apartarse sabiamente del precedente de otra
sala o de un pronunciamiento establecido por s[í] mismos, siempre y cuando se
expongan argumentos razonables para ello. De allí que se requiera que el juez
en su sentencia, justifique de manera suficiente y razonable el cambio de
criterio respecto de la línea jurisprudencial que su mismo despacho había
seguido en casos sustancialmente idénticos, quedando resguardadas con ese
proceder  tanto las exigencias de la igualdad y como las garantías
de  independencia judicial exigidas.”
17. En la sentencia del veintiséis (26) de
septiembre de dos mil trece (2013), demandada en este proceso, no observa la
Corte Constitucional que la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado se
hubiese apartado injustificadamente de la jurisprudencia invocada por la demandante.
Para empezar, las decisiones mencionadas por la accionante sostienen –como lo
hace la sentencia cuestionada por la acción de tutela- que en el régimen de
responsabilidad patrimonial del Estado por fallas en la prestación de servicios
médicos la regla general en materia de distribución de cargas probatorias consiste
en adjudicarle en primera posición al demandante el interés de demostrar los
tres elementos de la responsabilidad (daño, falla y nexo de causalidad). En el
grupo de sentencias que cita en su apoyo la peticionaria, puede advertirse por
el contrario, y con la mayor claridad, que este entendimiento está expresamente
o a la base en especial de las sentencias del once (11) de mayo de dos mil seis
(2006) -expediente 14400- del veintiséis (26) de marzo de dos mil ocho (2008)
-expediente 16085- y del trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009) -expediente
15033-. Las dos sentencias restantes son las del catorce (14) de julio de dos
mil cinco (2005) -expediente 15332- y del diecinueve (19) de agosto de dos mil
nueve (2009) -expediente 18364-, y en ellas no se niega totalmente esta
doctrina sino que se le introducen algunas precisiones a título de excepción
restringida.
18. En efecto, en la sentencia del catorce
(14) de julio de dos mil cinco (2005) -expediente 15332-, por una parte, el
Consejo de Estado reconoce que el demandante tiene la carga de probar la falla
en el servicio, salvo cuando “resulte ‘excesivamente difícil o prácticamente
imposible’ hacerlo”. En el evento de que exista entonces una dificultad de
esa naturaleza, la jurisprudencia del momento le reconocía al actor una suerte
de alivio probatorio. Pero esto no significaba, ni siquiera tácitamente, una
inversión total de la carga de la prueba sobre la falla en el servicio, sino la
admisibilidad de pruebas indirectas de la misma. Por eso es que tan pronto el
Consejo de Estado se refiere en dicha providencia a esa hipótesis excepcional,
de extrema dificultad o imposibilidad probatoria, asevera con fines de claridad
que, en todo caso, en “los eventos de responsabilidad patrimonial del Estado
por la prestación del servicio médico de obstetricia […] la parte
demandante no queda relevada de probar la falla del servicio”. En tales
casos, por la imposibilidad o escasa factibilidad de probarla directamente, el
juez puede asumir que el hecho de que “la evolución del embarazo hubiera
sido normal, pero [e]l proceso del alumbramiento no hubiera sido
satisfactorio constituye un indicio de dicha falla”. En la sentencia del diecinueve
(19) de agosto de dos mil nueve (2009) -expediente 18364-, por otra parte, los
hechos probados fueron tan claros que el Consejo de Estado encontró en la
prueba de los mismos un indicio necesario de que la causa de la muerte de las
trillizas había sido una falla del servicio médico. ¿Se desconoció esta
jurisprudencia en el fallo de 26 de septiembre de 2013?
19. En concepto de la Sala, el asunto
resuelto por la Sección Tercera Subsección C distaba de considerarse análogo a las
hipótesis antes referidas bien sea en la sentencia del catorce (14) de julio de
dos mil cinco (2005) -expediente 15332- o bien en la del diecinueve (19) de
agosto de dos mil nueve (2009) -expediente 18364-. En primer lugar, en la
sentencia del catorce (14) de julio de dos mil cinco (2005) se admite como
prueba indiciaria de la falla médica un embarazo normal con proceso de
alumbramiento insatisfactorio, cuando existe una dificultad o imposibilidad
probatoria. En el caso de la señora Ospino Beltrán, no obstante, supuesta la
dificultad de probar la falla, no es claro que el embarazo se hubiese
desarrollado de forma totalmente normal. Tras la cesárea se advirtió que había
presentado al menos un problema no detectado con anterioridad, en tanto se
observó que tenía cáncer de páncreas – en su etapa final en estado
metastásico-. Igualmente, se detectó al final una peritonitis, “generalizada
[p]or la perforación del colon”. No se probó, ni en el proceso de
reparación ni tampoco en la tutela, que la primera de estas características del
estado de salud de la señora Ospino Beltrán fuera irrelevante para el desenlace
fatal de esta última. Tampoco es claro si la peritonitis se originó en la
perforación del colon o si existía antes pero en un estado distinto al que
acabó con la vida de la paciente. Fuera de ello, incluso si era inexorable
admitir la existencia de un indicio de falla, el hecho de que se hubiese
exonerado de responsabilidad al ente demandado no implica en este caso que ese
indicio se hubiese ignorado. Lo que ocurrió, como se explicará más adelante,
fue que además de las pruebas indiciarias había otros medios de prueba, que el
Consejo de Estado valoró razonablemente como más idóneas y eficaces para
definir si se daban o no, en el caso concreto, los tres elementos constitutivos
de la responsabilidad.
20. En segundo lugar, el caso que debía
resolver la Sección Tercera Subsección C en la sentencia del veintiséis (26) de
septiembre de dos mil trece (2013) no se asemejaba sino en el orden global del
tema al asunto que decidió el Consejo de Estado en la providencia del diecinueve
(19) de agosto de dos mil nueve (2009), pero los hechos eran radicalmente
distintos en cuanto al accionar del personal médico. En esta última, los hechos
del caso eran lo suficientemente elocuentes de una falla en la
prestación del servicio, y de allí que la Sección Tercera hubiera aplicado el
principio res ipso loquitur. En efecto, en ese caso, sólo cuando los
médicos estaban practicando la cesárea advirtieron que el embarazo estaba
apenas en su semana veinticinco (25) o veintiséis (26), y que la gestación no
era de feto único sino de trillizas, quienes murieron entonces el mismo día en
el que fueron dadas a luz. Ese caso presentaba entonces la situación trágica de
una negligencia evidente e inocultable de los prestadores del servicio médico,
notoriedad que –en el concepto razonable del Consejo de Estado- no se aprecia
en contraste en el caso resuelto por la sentencia del veintiséis (26) de
septiembre de dos mil trece (2013). En esta última, por el contrario, el
Consejo de Estado observó –y la Corte no encuentra en esto defecto alguno- que no
había una falta de cuidado ostensible, y que aparte la historia clínica de la
paciente, los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, así como el fallo del Tribunal de Ética Médica- Seccional Santander,
ponían de presente que los profesionales de la medicina encargados de atender a
la señora Mónica Ospino Beltrán obraron con la debida diligencia y dentro de
las prácticas adecuadas.
21. Más allá de
lo anterior es verdad, como lo señala la tutelante Tatiana Cárdenas Ospino, que
conforme a la jurisprudencia administrativa mencionada era necesario admitir
para el caso bajo examen la posibilidad de presentar pruebas indiciarias de los
elementos de la responsabilidad. Esto es especialmente claro a partir de la
sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil ocho (2008) –expediente
16085-, en la cual el Consejo de Estado señaló que “[l]a demostración
de esos elementos [de la responsabilidad] puede lograrse mediante
cualquier medio probatorio, siendo el indicio la prueba por excelencia en
estos casos ante la falta de una prueba directa de la responsabilidad, dadas
las especiales condiciones en que se encuentra el paciente frente a quienes
realizan los actos médicos” (énfasis añadido). La demandante considera,
además, que había suficientes indicios en el proceso para concluir que fue en
el procedimiento de cesárea que –en su opinión- un médico adscrito al ISS le “perfora
(sin darse cuenta) el intestino a mi mamá”, lo que produce a esta la
muerte. Por lo mismo, de acuerdo con esos indicios, considera la accionante que
el Consejo de Estado debía ineluctablemente acceder a las pretensiones de
responsabilidad y condenar al ente estatal accionado en ese contexto a reparar
la muerte de la señora Ospino Beltrán.
22. La Corte,
sin embargo, no comparte del todo este razonamiento. Sin valorar si existieron
o no indicios –y de qué clase- de la falla en el servicio, asunto que
correspondía dilucidar al juez contencioso, la Sala no observa que en la
jurisprudencia citada, además de admitirse la prueba indiciaria de los
elementos de la responsabilidad, se les conceda a estos un valor probatorio
preponderante o inderrotable frente a los restantes medios de demostración. En
ninguna de las providencias mencionadas se señala, siquiera de forma tácita,
que una vez se obtenga un indicio demostrativo de un elemento de la
responsabilidad el asunto se deba tener por resuelto y resulten entonces
ineficaces los demás medios de prueba, incluso si estos presentan una versión
científica no cuestionada oportuna y debidamente en el proceso. Una cosa es por
tanto que el Consejo de Estado hubiese estado vinculado por la jurisprudencia
sobre admisibilidad de la prueba indiciaria en procesos de responsabilidad
médica. Esto es cierto, y en concepto de la Corte no la desconoció. Asunto
distinto es que, en el caso concreto, la Sección Tercera Subsección C hubiese
decidido –de forma razonable- concederle precedencia probatoria –incluso sobre
los posibles indicios de falla en el servicio médico que según la actora había
en el proceso- al dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
del treinta (30) mayo de dos mil siete (2007), y al fallo del Tribunal de Ética
Médica del seis (6) de noviembre de dos mil seis (2006).
23. En efecto,
el Consejo de Estado en primer lugar le reconoció valor explicativo suficiente
al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del treinta
(30) de mayo de dos mil siete (2007), en el cual señaló que la causa de la
perforación del colon –y de la ulterior muerte de la paciente- no pudo ser un
corte humano sino posiblemente, según los exámenes de laboratorio, una
migración larvaria visceral. En palabras de la Sección Tercera: “[…]
no es posible que la perforación que presentaba el colon fuera producto de un
corte realizado durante la cesárea que se le practicó, por cuanto el útero
grávido desplaza los intestinos hacia arriba y atrás, y el recto sigmoide es
una asa fija al retroperitoneo, encontrándose por debajo y a la izquierda del
útero y al momento del parto es muy difícil que el médico tenga acceso a ellos”.
Igualmente, el Consejo de Estado les da crédito a las conclusiones del patólogo
del Instituto, quien señala que tras examinar los cortes del intestino grueso,
sobre el sitio de la perforación primaria y con base en las coloraciones
especiales, se podía identificar en dicha área “la presencia de parásito”,
que pudo ser la causa de la perforación, la cual habría entonces sido
ocasionada por una “migración larvaria visceral”, pero no por un corte
humano directo.
24. La Sección Tercera tuvo en cuenta
también, en la definición de si hubo diligencia suficiente en los profesionales
que atendieron a la señora Ospino Beltrán, que en la sentencia del seis (6) de
noviembre de dos mil cuatro (2004) el Tribunal de Ética Médica – Seccional
Santander, tras revisar las actuaciones, sostuvo lo siguiente:
“Tanto el
diagnóstico, manejo y reintervención que el Servicio Gineco-obstetra de la
Clínica Comuneros brindó a esta paciente, fue el adecuado, correcto y el que se
sigue con alguien en sepsis, shock séptico y falla multiorgánica. Desde el acto
quirúrgico hasta su traslado oportuno a la UCI la paciente fue valorada en 7
oportunidades. Su intervención quirúrgica a tiempo y las maniobras de
reanimación fueron las acostumbradas en estos casos de pario
cardio-respiratorio”.
25. Este razonamiento en torno a las
pruebas no constituye un desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, pues no ignora ni les resta validez a los indicios como medios de
prueba de los elementos de la responsabilidad, ni expresa ni tácitamente. El
hecho de que la Sección Tercera Subsección C de esa Corporación hubiese
exonerado al ente estatal demandado de responsabilidad patrimonial por la
muerte de la señora Mónica Estella Ospino Beltrán no es tampoco fruto de un juicio
en el cual hubiese pasado por alto las pruebas indiciarias, que según la
accionante señalaban que un error humano de los médicos que la trataron fue el
causante de la muerte de su señora madre. El fallo de exoneración de
responsabilidad, en este punto, se explica es como el resultado de un análisis
en conjunto de la totalidad de los medios de pruebas válidamente incorporados
al proceso, y de la concesión de una precedencia en su valor para los medios de
convicción de orden científico y técnico, que a su juicio tenían un mayor
impacto sobre el esclarecimiento de las causas de la muerte de la paciente. No
hay entonces, en definitiva, un defecto por desconocimiento de la
jurisprudencia administrativa sobre la materia
26. Ahora bien, lo anterior muestra además
que en su fallo el Consejo de Estado no sólo no desconoció los fallos invocados
por la actora, sino que tampoco emitió entre sus conclusiones juicios de hecho
contraevidentes o manifiestamente opuestos a la realidad probatoria, que
constituyan un defecto fáctico. La jurisprudencia constitucional ha sostenido
que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos probatorios,
que presenta dos dimensiones. Una dimensión negativa, ocasionada por omisiones
del juez consistentes en (i) ignorar o no valorar, injustificadamente,
una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso,[33]
(ii) decidir sin el “apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[34] o (iii)
abstenerse de decretar pruebas de oficio, aun cuando estuviera legal o
constitucionalmente obligado a hacerlo.[35]
Y una dimensión positiva, que tiene lugar por actuaciones del juez, en la que
incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas
ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión[36]
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no
conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.[37]
27. El
cuestionamiento contra la sentencia demandada parece sostener que en ella el
Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico del primer tipo; es decir, en
su dimensión negativa y, específicamente, en sus dos primeras versiones, las
cuales se configuran cuando el juez ignora o deja de valorar una realidad
probatoria determinante para el desenlace del proceso, o cuando toma una
decisión sobre la base de que se da un supuesto previsto en la ley pero sin
contar con fundamentos probatorios de su aserto. No obstante, la sentencia del veintiséis
(26) de septiembre de dos mil trece (2013) no presenta a juicio de esta Sala
ninguno de tales defectos. Por una parte, la providencia hace un detallado
examen de los medios de prueba lícita y debidamente allegados al proceso, y
funda sus aserciones sobre los hechos en (i) la historia clínica de la paciente
–hoja de urgencias, notas de enfermería, notas médicas-, (ii) declaraciones de
tres profesionales de la medicina que participaron en el tratamiento de la
señora Ospino Beltrán, (iii) información y conclusiones contenidas en la
epicrisis, (iv) dictámenes forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, (v) un fallo del Tribunal de Ética Médica sobre el proceder de los
profesionales de la medicina que atendieron antes, durante y después del parto
a la señora Ospino Beltrán. No puede entonces decirse que hubiera tomado la
decisión sin apoyo probatorio suficiente para exonerar de responsabilidad al
ente estatal demandado.
28. Por otra
parte, la Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado no ignoró ni dejó
de valorar los hechos e indicios que menciona la tutelante. Distinto es que
sobre la base del estatuto científico y la idoneidad técnica de los dictámenes
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del fallo del Tribunal de
Ética Médica – Seccional Santander, hubiera resuelto concederles un peso
comparativamente superior a estos en la explicación de la muerte de la señora
Mónica Estella Ospino Beltrán. Por eso mismo el Consejo de Estado Sección
Tercera señala en su contestación a esta acción de tutela que no fue el desconocimiento
de los indicios lo que condujo a la decisión demandada, sino la concurrencia de
otras pruebas directas, en virtud de las cuales no se podía concluir que la
causa de la muerte fuera una falla médica.[38]
29. En vista de
que no hay entonces defecto fáctico ni se desconoció la jurisprudencia, la Sala
procederá a examinar los restantes cargos en conjunto.
Cargos por
falta de motivación, no indicación de la causa de la muerte de la señora Ospino
Beltrán y falta de aplicación de la lex artis
30. La
tutelante Tatiana Cárdenas Ospino sostiene que hubo además otros tres defectos,
pues por una parte el Consejo de Estado faltó a su deber de motivar las
conclusiones de hecho sobre las causas de la muerte de su señora madre; por
otra dejó de indicar con exactitud y certeza cuál fue entonces la causa de su
deceso; y se abstuvo de incorporar a su razonamiento algunas obvias violaciones
de la lex artis, que a su juicio se cometieron en el tratamiento de la señora
Ospino Beltrán. En criterio de la Sala, los dos defectos mencionados en primer
lugar dentro de este párrafo se pueden agrupar en uno solo, y traducirse en un
cuestionamiento contra el fallo del veintiséis (26) de septiembre de dos mil
trece (2013) por no haber señalado con certeza la causa de la muerte de la
señora madre de la peticionaria. La última de las censuras indicadas, sobre el
supuesto desconocimiento de la lex artis, tiene carácter independiente y
será examinado en último lugar.
31. Sobre la
supuesta falta de motivación de la providencia cuestionada, la Sala observa lo
siguiente. La sentencia del veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013),
es objeto de crítica en cuanto a su valoración probatoria. Tras observar con
detalle el contenido del fallo, se puede concluir sin embargo que no sólo se
hizo un minucioso estudio de los medios de prueba, sino además que las
conclusiones extraídas a partir de estos son razonables. La actora sostiene, no
obstante, que en concreto su falta de motivación se origina en que el Consejo
de Estado no pudo demostrar con certeza cuál fue la causa de la muerte de la
señora Mónica Estella Ospino Beltrán, pues cuando dice la Sección Tercera que fue
una migración larvaria visceral la que causó la perforación intestinal, se
limita a señalar que esa pudo ser la causa, en concordancia con el
dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que también
indicó que tal era una causa posible del destino fatal de la señora madre de la
peticionaria. Esto, en criterio de la actora, demuestra la carencia de
motivación pues se señala como causa lo que no es más que un hecho que
posiblemente ocasionó la muerte, y que no descarta por sí mismo entonces una
falla en el servicio médico.
32. La Corte
ciertamente comparte, aunque sólo de forma parcial, la premisa de la cual surge
el cuestionamiento de la accionante. La providencia acusada no dice que en el
proceso se hubiera probado con absoluta certeza que la muerte de la señora
Ospino Beltrán se hubiese producido como efecto indiscutible de la migración
larvaria. Ese punto de partida es entonces cierto y se ajusta a la realidad de
la sentencia demandada. En ese punto la Sección Tercera del Consejo de Estado
obró con total transparencia al sostener que según el dictamen del Instituto de
Medicina Legal, expedido el treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007), el
patólogo había juzgado que la perforación intestinal pudo haber sido
efecto de la migración larvaria visceral. Ahora bien, cuando el Consejo de
Estado concluye que no hubo responsabilidad del Estado por la muerte de la
señora Ospino, no lo hace únicamente sobre la base de esta conclusión asintótica
del dictamen forense, sino también con fundamento en una explicación médica
suscrita igualmente por el mismo Instituto de acuerdo con la cual, más allá de
cuál hubiese sido la causa exacta de la perforación, debía descartarse que
fuera un acto humano del personal médico, debido al posicionamiento espacial de
los intestinos durante el embarazo y el parto. Descartado esto, se sumaba
además el hecho, acreditado por las conclusiones del Tribunal de Ética Médica,
de que en el tratamiento de la señora madre de la accionante se observaron las
reglas técnicas y las prácticas adecuadas en este tipo de intervenciones
quirúrgicas.
33. Por lo
cual, el Consejo de Estado estaba entonces ante un escenario probatorio con
estas características: (i) una prueba científicas, de idoneidad no desvirtuada,
le señalaba que la perforación del intestino no pudo haber sido efecto de un
corte del personal médico que practicó la cesárea; (ii) un fallo del Tribunal
de Ética Médica le indicaba que los profesionales de medicina pertenecientes a
la entidad estatal demandada obraron de un modo ajustado a las reglas técnicas
de la profesión, para casos como el de la señora Ospino; (iii) la necropsia
evidenciaba que la paciente, al morir, presentaba un cuadro con cáncer de
páncreas en estado metastásico, peritonitis y congestión visceral; (iv) y
finalmente la misma prueba mencionada en primer lugar le mostraba también que,
según la revisión efectuada por el patólogo, “pu[d]o ser […] el
origen primario de la perforación intestinal, una inmigración larvaria
visceral”. No considera la Corte que a partir de este acervo resulte
irrazonable, ni carente de motivación, una conclusión en la cual se señale que
la causa de la muerte no fue una falla en la prestación de los servicios
de medicina. Al decidir entonces que el ente estatal demandado no era
responsable, el Consejo de Estado no incurrió en un defecto por falta de
motivación de sus conclusiones.
34. Descartado
entonces que una falla del servicio fuera la causa de la muerte de la señora
Mónica Ospino Beltrán, el Consejo de Estado como juez de responsabilidad no
tenía la obligación constitucional de señalar cuál fue, en consecuencia, la
verdadera y definitiva causa del fallecimiento de la señora madre de la
tutelante. Esta no es una función propia de un juez en un proceso de reparación
directa. Al juez contencioso administrativo, en esta clase de procesos, le
corresponde exclusivamente determinar si un demandado es responsable de reparar
un daño antijurídico y, en cualquier caso, cuáles son las consecuencias
jurídicas que deben seguirse a partir de esa conclusión. Esta concepción
limitada de las funciones del juez no viola el derecho a la verdad, como lo
dice la actora, pues al obrar en este margen el juez está contribuyendo con sus
poderes al esclarecimiento de lo ocurrido cuando señala que –a diferencia de lo
sostenido por los demandantes- el fallecimiento de un ser humano no puede
imputársele jurídicamente al ente estatal accionado. Más allá de ese punto, el esclarecimiento
de lo ocurrido escapa del ámbito del juez, y le corresponde esencialmente a la
ciencia. No puede entonces sostenerse que la Sección Tercera Subsección C hubiese
incurrido en defecto por falta de motivación por dejar de señalar cuál era la causa
de la muerte de la señora Ospino, cuando había descartado con base en la
valoración probatoria, que la misma hubiese sido efecto de una falla en el
servicio atribuible al ente demandado en el proceso de reparación.
35. Finalmente,
para concluir, la Corte estima que la demandante no pone en evidencia ningún
defecto en sus alegaciones sobre una supuesta infracción de la lex artis
en la sentencia del veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013). En
sus argumentos, sostiene en esencia que el Consejo de Estado, a pesar de
haberse fundado en esto en un dictamen del Instituto de Medicina Legal y en un
fallo del Tribunal de Ética Médica, ignoró el profundo desconocimiento de las
reglas técnicas tanto en la explicación de la causa de la muerte dolorosa de su
señora madre, como en la valoración de las prácticas realizadas por los
profesionales de la medicina que la trataron justo antes, durante y después del
parto. Esta trasgresión de los estándares de la lex artis se habría
evidenciado, primero, en que el Consejo de Estado consideró como normal la
realización de la cesárea sin advertir el origen de la falla orgánica
multisistémica que presentaba la paciente; segundo, dio por cierto que el
estado del útero impedía al médico acceder al intestino y perforarlo como fruto
de un hecho culposo; tercero, no tomó en cuenta que la pus en la cavidad
abdominal fue lo que produjo la perforación, y no la migración larvaria que fue
producto y no causa de la misma; cuarto, al supone que a la señora Ospino  se
le había garantizado el derecho a diagnóstico, cuando en realidad se omitieron
exámenes diagnósticos.
36. Tras
examinar estas alegaciones y las pruebas allegadas al expediente, la Sala
considera no obstante que la tutela plantea en este punto, nuevamente, una pregunta
por la adecuación técnica de las prácticas de medicina durante el procedimiento
médico, sin dejar a la vista que la forma como la resolvió el Consejo de Estado
hubiese presentado un defecto orgánico, procedimental, fáctico, sustantivo, por
error inducido, sin motivación, un desconocimiento del precedente o una
violación directa de la Carta. La Sección Tercera del Consejo de Estado tomó
una decisión con argumentos razonables, con base en las pruebas debida y
oportunamente aportadas al proceso de reparación, y no se apartó –según se
dijo- ni de la Constitución ni de la jurisprudencia sobre la materia. Al
definir si el personal médico obró con diligencia, tuvo en consideración no
sólo la historia clínica, sino además el fallo del Tribunal de Ética Médica, autoridad
que tras una valoración detenida de las prácticas cuestionadas consideró que se
ajustaban a los estándares de la técnica. Más allá de eso, la actora no
presenta tampoco pruebas idóneas de carácter científico que refuten las
conclusiones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en torno a la
explicación de las causas de la muerte de la señora Ospino, sino que se limita
a presentar opiniones, muy respetables y comprensibles, no aptas para privar de
valor o para restárselos siquiera a las pruebas científicas en que se fundó el
fallo demandado. Este argumento entonces tampoco prospera.
37. Por lo anterior, la Sala confirmará la
sentencia de segunda instancia, expedida el treinta y uno (31) de julio de dos
mil catorce (2014) por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que a su vez
modificó la proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el tres (3)
de abril de dos mil catorce (2014). En consecuencia, procederá a negar la
tutela de los derechos fundamentales invocados por la señora Tatiana Cárdenas
Ospino.
III. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la
sentencia de segunda instancia, expedida el treinta y uno (31) de julio de dos
mil catorce (2014) por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que a su vez
modificó la proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el tres (3)
de abril de dos mil catorce (2014). En consecuencia, NEGAR la tutela de
los derechos fundamentales invocados por la señora Tatiana Andrea Cárdenas
Ospino.
Segundo.- Por
Secretaría General, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (E)
[1] El expediente de
la referencia fue escogido para revisión por medio de auto del seis (6) de
octubre de dos mil catorce (2014), proferido por la Sala de Selección Número
Diez, integrada por los Magistrados Mauricio González Cuervo y Martha Victoria
Sáchica Méndez.
[2] Cuaderno de pruebas, p. 204.
[3] El fallo cuestionado cita en este punto: “Sentencia
de 23 de septiembre de 2009, Exp. 17.986”. Refiere también la siguiente
jurisprudencia: “Sentencias de agosto 31 de 2006, Exp. 15772; octubre 3 de 2007.
Exp. 16.402; 23 de abril de 2008, Exp. 15.750; 1 de octubre de 2008, Exp. 16843
y 16933; 15 de octubre de 2008, Exp. 16270; 28 de enero de 2009, Exp. 16.700;
19 de febrero de 2009, Exp. 16080; 18 de febrero de 2010, Exp. 20536; 9 de
junio de 2010, Exp. 18.683”.
[4] A sustentar la afirmación de la existencia de esta
línea jurisprudencial dedica un párrafo: “Sobre esta posición del Honorable
Consejo de Estado hay varios pronunciamientos como son: la Sentencia 14400 del
11 de mayo de 2006, 15332 del 14 de julio de 2005, 16085 del 26 de marzo de
2008 (radicado 2500-23-26-000-1993-09477-01); la Sentencia 18364 del 19 de
agosto de 2009, rad- 76001-23-31-00-00-1997-03225-01 con Ponencia del Dr. Enrique
Gil Botero. La sentencia del 13 de mayo de 2009, expediente 15033 con ponencia
de la Dra. Ruth Stella Correa Palacios”.
[5] (MP José Gregorio Hernández Galindo. SV Ciro Angarita
Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero).
[6] (MP Vladimiro Naranjo Mesa. SPV Vladimiro Naranjo
Mesa, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Hernando
Herrera Vergara. SV José Gregorio Hernández Galindo, AV. Vladimiro Naranjo
Mesa, Hernando Herrera Vergara, José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo
Cifuentes Muñoz). Al controlar el proyecto de ley estatutaria de administración
de justicia, la Corte evaluaba la constitucionalidad del artículo 66, que
contemplaba la posibilidad de condenar al Estado por ‘error jurisdiccional’. La
Corte señaló que no cabía predicar responsabilidad del Estado por cualquier
error jurisdiccional, sino sólo por el que constituyera una actuación
subjetiva, arbitraria, caprichosa y violatoria del derecho al debido proceso. Y
que frente de las decisiones de las altas Cortes o de los tribunales supremos
de cada jurisdicción no cabría predicar el ‘error jurisdiccional’. Pero hizo
énfasis en que la Corte, por ser el intérprete máximo de los derechos
constitucionales fundamentales, podía controlar las decisiones judiciales que
se apartaran groseramente del Derecho.
[7] (MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV Jaime Araujo
Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra). En esta ocasión, si
bien la Corte no revocó una sentencia adoptada por la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, reiteró la doctrina sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en caso de que con ella se infringieran
derechos fundamentales, como consecuencia de una interpretación caprichosa y
arbitraria del Derecho objetivo aplicable.
[8] (MP Jaime Córdoba Triviño). En ella,  la Corte
estudiaba la constitucionalidad de una norma del Código de Procedimiento Penal,
que aparentemente proscribía la acción de tutela contra los fallos dictados por
las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia. La Corte consideró que
esa limitación contrariaba no sólo la Constitución, sino además los precedentes
de esta Corte, que nunca han deshecho completamente la posibilidad de impetrar
el amparo contra actuaciones ilegítimas de las autoridades judiciales, así
revistan el nombre de providencias.
[9] (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En esa ocasión, la
Corte decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de acción de tutela estudiado,
mediante el cual confirmó la decisión que había adoptado el juez de tutela de
primera instancia (Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena). Para la Sala
de Casación Civil fue evidente la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso de la accionante, ya que las declaraciones allegadas al expediente del
proceso acusado, no podían ser fundamento de la decisión por haber sido
rendidas como versiones libres y espontáneas y no bajo la gravedad del
juramento, según las exigencias de los artículos 175 C.P.C. y 55 del Código del
Menor. La Corte Suprema había aducido, por lo demás, que las pruebas
testimoniales debían ser ordenadas mediante auto del funcionario instructor,
con el fin que contra ellas fuera posible ejercer el derecho de contradicción.
[10] (MP Vladimiro Naranjo Mesa). La Corte, en ese caso,
consideró procedente confirmar la decisión de un Tribunal Superior, de conceder
el amparo solicitado contra una providencia judicial, por haber sido
quebrantado el derecho fundamental al debido proceso al negar el recurso de
apelación bajo el entendimiento de que faltaba un requisito inexistente en el
Código de Procedimiento Civil. En la providencia, el Tribunal Superior de
Popayán invocó una doctrina sobre quebrantamiento del debido proceso por
providencias judiciales, que aceptaba la Corte Suprema de Justicia.
[11] Sentencia T-202 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio). La Corte no concedió una tutela contra sentencias, porque el
peticionario no agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial en el curso del proceso ordinario, sino que lo asumió con actitud de
abandono.
[12] Corte Constitucional, sentencia T-504 de 2000 (MP
Antonio Barrera Carbonell; AV Alfredo Beltrán Sierra).
[13] Por ejemplo se han tutelado los derechos de un menor
en un proceso de filiación [T-329 de 1996 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo)]; de personas privadas de la libertad representadas por defensores de
oficio [T-573 de 1997 (MP. Jorge Arango Mejía); T-068 de 2005 (MP. Rodrigo
Escobar Gil)]; de un pensionado en torno al reclamo de su pensión [T-289 de
2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa)]; o de trabajadores sindicalizados en
procesos disciplinarios [T-851 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil)].
[14] Ver entre otras la sentencia T-315 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño).
[15] Sentencia T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[16] Sentencia T-658 de 1998 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[17] Sentencia T-282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). En ella la Corte recordó la improcedencia de la tutela contra
providencias de tutela.
[18] Defecto orgánico: “Se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello”
[19] Defecto procedimental: “Se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido”. Sentencia C-590
de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño. Unánime).
[20] Defecto fáctico: “Surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión”. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño.
Unánime).
[21] Defecto material y sustantivo: “Son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [T-522 de 2001]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión”. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño. Unánime).
[22] Error inducido: “Se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”. Sentencia C-590
de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[23] Decisión sin motivación: “Implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional”. Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba
Triviño).
[24] Desconocimiento del precedente: “Esta hipótesis se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado”. Sentencia C-590 de 2005 (MP.
Jaime Córdoba Triviño).
[25] De acuerdo con los artículos 242 y 246 del
CPACA, los recursos de reposición y súplica proceden contra autos. El de
apelación, según el artículo 243 del CPACA, procede contra providencias de
jueces y tribunales, y no contra fallos del Consejo de Estado. El recurso de
queja es procedente contra las providencias que nieguen la apelación o cuando esta se conceda en un efecto diferente, y también
procede cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y
unificación de jurisprudencia previstos en el Código (art 245).
[26] Sentencia SU-353 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa. SV Jorge Iván Palacio Palacio). En ese caso sostuvo: “la acción de tutela cumple con el requisito de
inmediatez. Efectivamente, la providencia cuestionada es primordialmente la
expedida el cinco (5) de agosto de dos mil diez (2010), […]  y el amparo
se instauró ocho meses después, el cuatro (4) de abril de dos mil once (2011)”.
[27] Sentencia T-102 de 2014 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub). En esa ocasión la Corte dijo: “n relación con el presupuesto de inmediatez consistente en que la
acción de tutela debe presentarse en un término razonable que permita inferir
la urgencia de protección de los derechos fundamentales invocados. En este
orden, advierte la Sala que la acción de tutela fue ejercida en un plazo
razonable, toda vez que fue presentada el 8 de noviembre de 2012, y la decisión
cuestionada data del 8 de agosto de 2012, es decir, fue interpuesta 3 meses
después de proferida la providencia que consideran vulneratoria de sus derechos
fundamentales”.
[28] A sustentar la afirmación de la existencia de esta
línea jurisprudencial dedica un párrafo: “Sobre esta posición del Honorable
Consejo de Estado hay varios pronunciamientos como son: la Sentencia 14400 del
11 de mayo de 2006, 15332 del 14 de julio de 2005, 16085 del 26 de marzo de
2008 (radicado 2500-23-26-000-1993-09477-01); la Sentencia 18364 del 19 de
agosto de 2009, rad- 76001-23-31-00-00-1997-03225-01 con Ponencia del Dr.
Enrique Gil Botero. La sentencia del trece (13) de mayo de dos mil nueve
(2009), expediente 15033 con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacios”.
[29] Cita de la sentencia del once (11) de mayo de dos mil
seis (2006): “Sentencia de 14 de junio de 2001. Expediente 11.901”.
[30] Cita de la sentencia del 13 de mayo de 2009: “Ver,
por ejemplo, sentencias de 14 de julio de 2005, exps: 15.276 y 15.332”.
[31] Sentencia SU-353 de 2013. En esa ocasión la Corte
señaló justamente lo mismo, en un contexto en el cual debía definir si se había
violado el artículo 90 de la Constitución. El del ‘efecto útil’ es un principio
de interpretación de acuerdo con el cual los términos de un texto normativo
deben ser interpretados en el sentido de que produzcan efectos, o de que no
produzcan efectos absurdos. Ese canon lo ha usado esta Corte para interpretar
la Constitución, por ejemplo en la sentencia C-024 de 1994 (MP. Alejandro
Martínez Caballero. Unánime), al resolver una aparente antinomia entre las
cláusulas permanentes de la Constitución (art. 28 –reserva judicial para
ordenar privaciones de la libertad), y sus disposiciones transitorias (art. 28
transitorio –competencia provisional de las autoridades de policía para conocer
de los hechos punibles sancionables con arresto). La misma regla hermenéutica
ha sido usada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos para interpretar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en el  Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 29 de
julio de 1988, Serie C, No. 4. Consideración 64. También la ha utilizado esta
Corte para interpretar las normas infra constitucionales, por ejemplo en la
sentencia T-007 de 2009 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Del mismo modo, esa
regla es reconocida por la doctrina y la jurisprudencia extranjera,
especialmente al momento de interpretar la Constitución. Ver, Ezquiaga Ganuzas,
Francisco Javier. La argumentación en la justicia constitucional.
Bogotá, Diké, Javeriana, 2008, pp. 349 y ss.
[32] Sentencia T-698 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes).
[33] En la sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera
Carbonell), la Corte concedió la tutela contra una sentencia, porque en ella el
juez “ignoró, sin motivo serio alguno, la realidad probatoria objetiva que
mostraba el proceso”, siendo que, de haberla tenido en cuenta,
razonablemente habría tomado una decisión diferente.
[34] Véase la citada sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño. Unánime). Se refiere específicamente a fallar sin las pruebas
suficientes.
[35] La Corte en la sentencia T-417 de 2008 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), tuteló los derechos fundamentales de la peticionaria,
que habían sido violados por providencia judiciales en las cuales se veían
desfavorecidos sus intereses, a causa precisamente de que los jueces omitieron
decretar de oficio una prueba pericial, en un supuesto en que estaban
habilitados por la ley y obligados por los derechos fundamentales.
[36] En la sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo
Beltrán Sierra) la Corte no concedió la tutela contra una sentencia penal,
porque la prueba ilícitamente obtenida no era la única muestra de culpabilidad
del condenado. Pero consideró que había un defecto fáctico cuando el juez “aprecia
pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.).”.
[37] En la sentencia T-1082 de 2007 (MP Humberto Sierra
Porto) prosperó una tutela contra providencia judicial, porque había declarado
la existencia de un contrato de arrendamiento partiendo de una prueba que no
era conducente, según la ley, para probar ese hecho.
[38] Dice la Sección Tercera Subsección C, en su contestación
a la solicitud de amparo: “De lo anterior se puede extractar que si bien es
cierto, la relación de causalidad entre el daño y la presunta falla del
servicio puede ser acreditada a través de prueba indiciaria, no lo es menos que
ante la prueba directa de la ocurrencia del daño, esta deba preferirse sobre
aquella, tal y como ocurrió en el caso concreto, por cuanto obra en el
expediente dictamen pericial, testimonios, historia clínica, concepto del
Tribunal de Ética Médica, que acredita que la muerte de la señora Mónica
Estella Ospino Beltrán, se presentó por causas naturales”.