T-676-16
Sentencia T-676/16
ACCION DE
TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia
excepcional cuando prestan un servicio público o actividad de interés público
ACCION DE
TUTELA CONTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA-Procedencia
para el pago de póliza cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional y los medios ordinarios no son idóneos
CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Naturaleza
El seguro de vida grupo deudores es una modalidad de seguro
colectivo, que se dirige a que distintos sujetos –que comparten la condición de
deudores respecto de un mismo acreedor- cubran el riesgo de su muerte o la
eventual incapacidad permanente. El interés asegurable en este tipo de
contratos se ubica de forma principal y directa en cabeza del deudor, así al acreedor
también le asista un eventual interés en el seguro de vida grupo deudores.
CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Características
El contrato de seguro de vida grupo
deudores se caracteriza por ser una modalidad de seguro colectivo, el cual no
es obligatorio pero representa una garantía adicional de carácter personal, que
depende del consentimiento del deudor y de las políticas de riesgo de las
entidades financieras. En todo caso, se debe garantizar en favor del
deudor-asegurado (i) la debida información acerca de las condiciones pactadas
con la aseguradora y (ii) la libertad para contratar con otras compañías de
seguros, teniendo en cuenta que el interés principal es el del asegurado y no el
de la entidad crediticia.
ACTIVIDAD
ASEGURADORA Y BANCARIA-Límites constitucionales
Los particulares que desarrollan la actividad bancaria y aseguradora
se deben someter a la Constitución (arts. 4 y 6). La eficacia de los derechos
fundamentales en las relaciones entre particulares se encuentra expresamente
reconocida en la Carta al establecer, en el artículo 86, que la acción de
tutela procede contra cualquier persona que tenga a su cargo la prestación de
un servicio público, o en los casos en los que su actividad afecte gravemente
un interés colectivo o respecto de los cuales un determinado sujeto se
encuentre en una situación de indefensión o subordinación. El reconocimiento de
esta eficacia supone la asignación a los particulares de deberes iusfundamentales,
que pueden tener como efecto la restricción al ejercicio de la libertad que
rige como punto de partida en las relaciones que, usualmente se identifican
como de derecho privado.
ACTIVIDAD
ASEGURADORA Y BANCARIA-Límites legales
ACTIVIDAD
ASEGURADORA Y BANCARIA-El contrato, la buena fe y
los deberes de conducta como límites
DEBER DE
INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Obligación especial de información y acompañamiento a los
consumidores financieros
El ejercicio de la actividad bancaria y de la aseguradora, sin lugar
a dudas, comporta una responsabilidad significativa de quienes la tiene a su
cargo. Esto explica por qué deben suministrar en favor del usuario información
cierta, suficiente, clara y oportuna, además de estar obligados a abstenerse de
engañar o inducir en error al otro contratante.
DEBER DE
INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Vulneración al omitir suministrar información oportuna y completa
acerca de la sociedad aseguradora a la que podía reclamar pago de saldo
insoluto
DERECHO A LA
INFORMACION DEL CONSUMIDOR FINANCIERO, DEBIDO
PROCESO Y MINIMO VITAL-Orden a Banco asumir el 90% del saldo insoluto de la
deuda del accionante y el 10% restante a cargo de éste
Referencia: Expediente
T-5.679.143.
Acción de tutela instaurada mediante
apoderado judicial por Enrique Pérez Astudillo, en contra del Banco Corpbanca
S.A. y Mapfre Seguros de Vida S.A.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo
proferido en primera instancia por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Neiva
(Huila), del quince (15) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que a su vez
fue confirmado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva (Huila),
mediante sentencia de segunda instancia, el treinta y uno (31) de marzo de dos
mil dieciséis (2016).
I. ANTECEDENTES
A. LA DEMANDA DE TUTELA[1]
1. Mediante apoderado judicial, Enrique
Pérez Astudillo[2]
interpuso acción de tutela contra el Banco Corpbanca S.A. y Mapfre Seguros de
Vida S.A. por el presunto desconocimiento de los derechos fundamentales de
petición, dignidad humana, no discriminación y mínimo vital, tras la negativa
de las accionadas en pagar la póliza de seguro grupo deudor, que cubría el
riesgo de invalidez permanente superior a 50% y la muerte del asegurado. En
consecuencia, el accionante solicitó que se efectuara el trámite necesario para
el pago de la póliza, que garantiza el crédito adquirido con el Banco Corpbanca
S.A.
B. HECHOS RELEVANTES
2. El 16 de marzo de 2012, el señor Enrique Pérez Astudillo solicitó un crédito por libranza en el Banco Corpbanca[3] y como exigencia para el
otorgamiento de éste, se vinculó como asegurado en un contrato grupo deudores preexistente,
que había sido celebrado entre Mapfre y esta entidad financiera. Según se
afirmó por el actor, este seguro cubriría el riesgo de la muerte del deudor o la
incapacidad permanente que fuera equivalente o superior al 50% de pérdida de
capacidad laboral.
3.
El 20 de noviembre de 2013, se efectuó una Junta Médico Laboral Militar en la
ciudad de Bogotá, con el fin de realizarle una serie de exámenes a Enrique
Pérez Astudillo para determinar su capacidad sicofísica. En el Acta de la Junta
Médica Laboral No. 65120, la cual fue registrada en la Dirección Nacional del
Ejército, se estableció que el actor sufre de esquizofrenia, presenta trauma
lumbar y de rodilla como consecuencia de haber sido víctima de un campo minado,
escoliosis lumbar y cefalea postraumática crónica. Por ende, se concluyó que el
actor contaba con una disminución de la capacidad laboral del 76,91%[4].
4.
El 17 de febrero de 2014, mediante dictamen
de la Junta Regional de Calificación del Huila, le fue otorgado un PCL de 71,96%
y se fijó como fecha de estructuración el cinco (5) de mayo de dos mil ocho (2008)[5].
5.
El 28 de febrero de 2014, Enrique Pérez Astudillo –en calidad de deudor del
crédito adquirido con el Banco Corpbanca- solicitó, mediante petición radicada
en Helm Corredor de Seguros, que (i) se hiciera efectivo el seguro por
haberse concretado el riesgo de invalidez, como así lo acreditaba el dictamen
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila y (ii) le
devolvieran las cuotas que, con posterioridad a dicha reclamación, fueran descontadas
por nómina[6].
6.
El 6 de mayo de 2014, Mapfre Colombia Seguros de Vida en respuesta a la
anterior solicitud, después de revisar nuevamente la documentación referida a
esta reclamación, afirmó que no podía acceder de forma favorable a su petición.
Esta decisión se sustentó en que el Banco Santander S.A. omitió reportar como
asegurado al señor Enrique Pérez Astudillo dentro del listado del grupo
asegurable, como así lo exigía la póliza: “[e]s claro que el tomador desentendió
una de sus obligaciones a cargo, la cual era reportar dentro del listado del
grupo asegurable al señor Pérez. Por los argumentos anteriormente esgrimidos
esta compañía no está llamada a cancelar dinero alguno por la reclamación de la
referencia”[7].
7.
El 13 de junio de 2014, mediante resolución No. 2927, proferida por la
Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, se resolvió reconocer y
pagar con cargo al Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional la pensión mensual
de invalidez en favor del ex soldado profesional, por la suma de setecientos
setenta y un mil ciento sesenta y un pesos (771.161)[8].
8.
El 1° de febrero de 2016[9],
su apoderado interpuso acción de tutela[10]
con el fin de que fueran protegidos los derechos fundamentales de Enrique Pérez
Astudillo. En particular, se solicitó el amparo del derecho de petición, a la
dignidad humana, a la no discriminación y al mínimo vital, por considerar que
las accionadas desconocieron que:
(i)
La empresa aseguradora le está
trasladando el incumplimiento de una obligación que le correspondía a la
entidad bancaria.
(ii)
Las entidades financieras al
momento de otorgar un seguro tienen la posibilidad de consultar la historia
clínica y los antecedentes que sean necesarios para decidir si amparan o no el
riesgo.
(iii)
La reclamación se presentó a
tiempo.
(iv)
La negativa de pagar la póliza
agrava la situación de invalidez permanente del actor, dado que el banco
Corpbanca le continuó realizando los descuentos por nómina y en la actualidad
existen los riesgos de que se efectúen cobros jurídicos y embargos.
Agregó
el actor que convive en unión marital de hecho con Julieth Ortiz Hernández[11] y de este
vínculo nacieron dos hijos que en la actualidad son menores de edad[12]. Todo su
núcleo familiar, según se afirma en la acción constitucional interpuesta,
depende económicamente de él.
C. RESPUESTA
DE LA ENTIDADES ACCIONADAS
9. Mediante
auto del nueve (9) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Noveno
Civil Municipal de Neiva puso en conocimiento de Mapfre Seguros de Vida S.A. y del
Banco Corpbanca Colombia S.A. –antes Banco Santander Colombia S.A.- la acción
de tutela instaurada en su contra[13].
Mapfre
Seguros de Vida S.A.[14]
10. El
representante legal de esta compañía de seguros se opuso a las pretensiones de
la acción de tutela interpuesta en su contra. Como sustento en la contestación
se indicó que, mediante comunicación del 7 de mayo de 2015, se le dio respuesta
a la petición presentada y por tanto se ha configurado un hecho superado. No
obstante, se precisó que esta petición fue radicada en Crezcamos en el año de
2014, por lo que quien debió haber resuelto esta solicitud fue Helm Corredores
de Seguros. Además, informó la accionada que es Helm Corredores “(…) con
quien se tiene suscrita la Póliza de Vida de Grupos deudor (y) quien ostenta la
calidad de tomador del contra de seguro”[15].
En
consecuencia, al habérsele suministrado al peticionario una respuesta clara, en
la que se le indicó que no es posible realizar el pago de la póliza por no
haber sido reportado por el tomador en la lista de asegurados, se solicitó la
improcedencia de la acción constitucional:
“Es claro que el tomador desentendió una de sus obligaciones a
cargo, la cual era reportar dentro del listado del grupo asegurable al señor
Pérez. Por los argumentos anteriormente esgrimidos esta compañía no está
llamada a cancelar dinero alguno por la reclamación de la referencia”[16].
Para la
accionada tampoco se cumplió con el presupuesto de subsidiariedad, dado que en
el caso particular se pretende que por medio de esta acción se tutelen derechos
que están relacionados con el contrato de seguros que, como típico acuerdo de
voluntades, corresponde a la órbita mercantil. De modo que, la discusión
estudiada no se debe agotar a través de la acción de tutela, la cual tiene un
carácter residual y fue consagrada para la defensa de derechos con una estrecha
relación con la naturaleza humana, pero no para dirimir controversias de
carácter contractual.
Banco
Corpbanca Colombia S.A.[17]
11. La
representante legal para efectos judiciales y administrativos del Banco
Corpbanca solicitó que se negara la protección de los derechos invocados por el
actor. Manifestó que si bien a Enrique Pérez Astudillo se le aprobó el crédito
en la modalidad de libranza No. 0650-950000110734, por un valor de veintiún millones
setecientos veintiséis mil quinientos quince pesos (21´726.515), no existió en
la reclamación un interés asegurable.
De acuerdo con
la reclamación que en su momento fue presentada por el accionante, la
calificación de invalidez expedida por la Junta Regional de Calificación del
Huila, fijó como fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral el
cinco (5) de mayo de dos mil ocho (2008). En ese sentido, se aclaró que el
siniestro ocurrió cuatro años antes del desembolso del crédito y por tanto esta
empresa no vulneró los derechos fundamentales de Enrique Pérez Astudillo.
Asimismo,
advirtió la accionada que el último pago que se reportó en este crédito fue el
ocho (8) de junio de dos mil catorce (2014) y en razón de ello “(…) el Banco
procedió con la venta de cartera en el mes de diciembre de 2015 a Sistemcobro,
siendo este el actual acreedor del accionante”[18].
D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Noveno Civil
Municipal de Neiva, el quince (15) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
12. El juez de instancia declaró
improcedente la acción constitucional interpuesta en contra de Mapfre Seguros
de Vida S.A. y del Banco Corpbanca Colombia S.A.
Se advirtió que según la documentación
allegada, la petición fue presentada por Enrique Pérez Astudillo en marzo de
dos mil catorce (2014) -con el fin de hacer efectiva la póliza de seguro grupo
deudores-, por lo que al haber trascurrido casi dos (2) años entre dicho hecho
y la acción de tutela, no se acreditó el presupuesto de inmediatez:
“En efecto, si su
pensión es su única fuente de ingresos, no se entiende como al verse disminuida
por los descuentos para el pago del crédito, casi dos años después venga a
interponer el amparo constitucional que nos ocupa, invocándola afectación al
mínimo vital, pues si como antes se enunció, éste se caracteriza por una
inminencia y una gravedad de tal envergadura que crean la necesidad de adoptar
medidas urgentes e impostergables para la protección del derecho amenazado (…)”[19].
Además, la solicitud radicada fue resuelta
por Mapfre Seguros y comunicada por Helm Corrredores de Seguros, en donde se
explicó con claridad que no se podía hace efectiva la póliza dado que “(…)
el tomador, el antiguo Banco Santander, no reportó al señor Enrique Pérez
Astudillo como asegurado dentro del grupo de personas asegurables, respuesta
que en consideración de este despacho satisface de fondo la petición, si además
se tiene en cuenta que no aparece prueba del contrato de seguro o la póliza
respectiva, de manera que en este punto se presenta en realidad un hecho
superado que igualmente hace improcedente el amparo invocado”[20].
Impugnación[21]:
13. Mediante apoderado, Enrique Pérez Astudillo
impugnó la decisión del Juzgado Noveno Civil Municipal de Neiva, por considerar
que la sentencia no fue congruente al no ajustarse a los antecedentes que
motivaron la interposición de la acción de tutela. En ese orden de ideas, fue
cuestionable que (i) el juez de primera instancia le hubiera trasladado al
actor el error administrativo de las entidades, (ii) se hubiera desconocido su pérdida
de capacidad laboral que lo hace ser un sujeto de especial protección, (iii) no
se hubiera tenido en cuenta que el presupuesto de inmediatez no se aplica
cuando existe una vulneración continua y actual a los derechos fundamentales y
(iv) si bien es cierto que existen medios ordinarios para reclamar el
cumplimiento de la obligación a su cargo, no se valoró en el presente caso que ellos
resultan ineficaces dadas las condiciones de vulnerabilidad que presenta.
Segunda instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Neiva, el treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
14. El ad quem compartió las razones
expuestas por el juez de primera instancia, dado que Enrique Pérez Astudillo
puede acudir a la jurisdicción civil para demandar a la aseguradora y por tanto
le asiste la razón a la providencia que declaró improcedente el amparo. Con mayor
razón, si no se hizo referencia al motivo por el que tardó tanto tiempo en
acudir a esta acción constitucional.
Con todo, si en gracia de discusión se
estudiara de fondo la acción constitucional interpuesta, existen serias dudas
acerca de la existencia de un derecho en favor del actor. En efecto, (i) la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del accionante es
anterior al crédito de libranza adquirido con el Banco Corpbanca y por
supuesto, previo a la suscripción del contrato de seguro con Mapfre. Aunado a
ello (ii) no existe prueba que acredite su buena fe, no se allegó copia de la
póliza para verificar las condiciones en las que fue otorgada y no se probó el
pago de alguna de las primas del seguro.
E. ACTUACIONES ADELANTADAS EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
15. Mediante auto del doce (12) de octubre
de dos mil dieciséis (2016)[22],
proferido por el Magistrado Sustanciador, se ofició a Enrique Pérez Astudillo
para que  ratificara los hechos y las pretensiones contenidas en la acción de
tutela de la referencia y suministrara cierta información adicional a la ya
recaudada en el expediente.
Del mismo modo, se ofició al Banco
Corpbanca con el fin de que, entre otras cuestiones, precisara por qué Mapfre
Colombia se había negado a pagar el siniestro tras aducir que esta entidad
financiera había desatendido una de sus obligaciones, al no haber reportado al
actor en el listado del grupo asegurable. Además, para que remitiera los
formularios que precedieron el otorgamiento del crédito, así como la
vinculación al contrato de seguro correspondiente.
También se ofició a Mapfre Seguros de Vida
S.A. a fin de que aclarara si había recibido alguna de las primas que, por
concepto del aseguramiento del accionante, habían sido entregadas al banco y
para que remitiera todo la información relacionada con este contrato. También
se ofició y vinculó a Helm Corredores de Seguros y a Sistemcobro para que resolvieran
los mismos interrogantes que se le formularon a esta entidad financiera.
Finalmente, sobre la base del primer
problema jurídico, que al parecer tenía que ver con que la entidad financiera
no había reportado al accionante en la lista del grupo asegurable que había
sido remitida a Mapfre Compañía de Seguros, se ofició a Fasecolda, a
Asobancaria y al Defensor del Consumidor Financiero del Banco Corpbanca, para
que precisara si en el caso de que la anterior situación se hubiera dado, el
seguro adquirido produciría efectos y si podría existir alguna responsabilidad
de la entidad financiera, que habiendo recibido las primas pagadas por el
accionante no lo reportó a la entidad aseguradora.
17. En
respuesta a los anteriores requerimientos del auto de pruebas, se recibieron
las siguientes comunicaciones y documentos aportados por los intervinientes:
Enrique
Pérez Astudillo[23].
18. En relación con la información solicitada
por esta Corporación, Enrique Pérez Astudillo ratificó los hechos y las
pretensiones de la acción constitucional y el poder otorgado a su nombre. Del
mismo modo, aclaró que estuvo en servicio activo en el Ejército Nacional
durante más de nueve años, al haber prestado el servicio militar obligatorio y por
haber sido soldado profesional[24].
Manifestó que no ha podido acudir al
proceso ordinario para resolver su controversia, pues no ha contado con los
recursos económicos para el pago de un abogado y en virtud de que sus
especiales circunstancias de salud se lo impiden[25]. En
consecuencia, la tardanza en interponer la acción de tutela se fundó en que no
tenía conocimiento de que podía acudir de forma directa a esta acción
constitucional y además existió la confianza de que la entidad financiera iba a
dar cumplimiento al contrato de seguro. Sin embargo, nunca se atendieron de
fondo las diferentes peticiones y las respuestas otorgadas siempre fueron
evasivas.
Aportó una solicitud radicada en el Banco
Corpbanca el día ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014), en la que solicitó
hacer efectiva la póliza correspondiente[26],
la cual se suma a la radicada el veinticinco (25) de marzo del mismo año. Esta
última petición fue remitida por Helm Corredores de seguros a Mapfre Colombia
Vida de Seguros S.A., quien negó el derecho al afirmar que el actor no fue
reportado en la lista que incluía el grupo asegurable.
También se indicó que en numerosas
oportunidades Sistemcobro y el Banco Corpbanca lo han requerido para que
realice un acuerdo de pago, le han informado que van a iniciar el proceso de
cobro jurídico en su contra y que será reportado en las centrales de riesgo.
Cuestionó que a partir del momento en el que Sistemcobro adquirió la cartera,
reciba a diario llamadas telefónicas y mensajes de textos intimidatorios en los
que se les requiere el pago del crédito.
Finalmente, el accionante indicó que (i)
los recursos del crédito fueron destinados a comprar la dotación del hogar, sin
embargo nunca se le entregó ningún tipo de documentación, ni la póliza que
cubría el crédito –pese a habérsela solicitado al Banco Corpbanca-; (ii) al
momento de adquirir el crédito y el contrato de seguros no se realizó ninguna
pregunta sobre su estado de salud; (iii) el monto básico de la pensión que
recibe es de ochocientos sesenta y tres mil pesos ($863.000) y una bonificación
por pérdida psicofísica equivalente a doscientos quince mil setecientos setenta
y nueve pesos ($215.779); y (iv) el crédito se dejó de pagar en febrero de 2014,
cuando empezó a recibir la pensión.
Banco Corpbanca[27]
19. La representante legal para efectos
judiciales del Banco Corpbanca Colombia S.A. manifestó que el crédito le fue
aprobado al actor el dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012) por un
valor de veintiún millones setecientos veintiséis quinientos quince pesos
(21.726.500), a un plazo de ochenta y cuatro (84) meses.
Se aclaró por parte de esta entidad que la
aseguradora con quien se contrató el seguro que cubría el crédito del actor fue
Allianz Compañía de Seguros S.A. y no Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. Por
tanto, a ella se le transfirió la prima y se reportó la lista de asegurables.
Aunque la reclamación del accionante se hubiere
radicado en Allianz es necesario precisar que la incapacidad total y permanente
del señor Enrique Pérez Astudillo, de acuerdo con el dictamen de invalidez de
la Junta Regional de Calificación del Huila, fue fijada el cinco (5) de mayo de
dos mil ocho (2008), momento que es anterior a la adquisición del crédito y por
tanto no se encontraba cubierto por el seguro.
Frente al crédito y al seguro contratado, se
indicó que en la póliza pactada con Allianz Compañía de Seguros S.A. se incluyó
el “amparo automático”, es decir que sin sobrepasar un límite de valor de la
deuda y uno de edad, el deudor quedaba asegurado por cumplir con los requisitos
de asegurabilidad. Como el actor no excedió el límite de edad, ni del monto máximo
de la deuda, el amparo fue automático frente a la póliza. En consecuencia, se
concluyó que esta entidad financiera no ha actuado de forma negligente o
evasiva y no ha vulnerado derecho fundamental alguno, por cuanto es claro que
el crédito sí quedó cobijado con el seguro. Sin embargo, se afirmó que el actor
no puede pretender hacer uso de una póliza para un siniestro que ya presentó,
porque ya no se trataría de un riesgo, sino de un hecho cumplido.
Con sustento en los anteriores argumentos,
el Banco Corpbanca requirió que se declarara la improcedencia de la presente
acción, en consideración a que (i) se trata de una discusión contractual que
debe ser resuelta por el juez ordinario y además (ii) la aseguradora es quien
debe asumir la carga de la prueba y aceptar, si así lo considera, que debe
pagar el siniestro. Además, (iii) por mandato legal, los bancos no asumen
riesgos asegurables pues ello le corresponde a las compañías de seguros ya que
las entidades financieras “(…) sólo actúan como un intermediario para captar
el pago de las primas y transferirlas a la aseguradora a las aseguradoras,
igual que sólo sirve como intermediario, en el momento de presentarse una
reclamación. Por tanto resulta improcedente la solicitud del cliente cuando se
insta (a) que se le tutelen los derechos fundamentales puesto que el Banco
CorpBanca Colombia S.A. no está violando ningún derecho”.
Pese a lo expuesto, no se entregó la póliza
correspondiente, aun cuando se le solicitó de forma explícita en el auto de
pruebas[28].
Mapfre Colombia Vida de Seguros S.A.[29]
20. El representante legal para asuntos
judiciales, extrajudiciales y administrativos de Mapfre indicó que Enrique
Pérez Astudillo no se encuentra, ni se ha encontrado registrado como asegurado
por cuenta del crédito adquirido originalmente con el Banco Santander –ahora
Corpbanca- y por tanto esta aseguradora no recibió ninguna prima para asegurar
al accionante. En efecto, junto con la respuesta a la solicitud de pruebas se
envió (i) un disco compacto en donde se encuentra el listado del grupo
asegurable remitido por la entidad financiera y (ii) toda la información del
contrato de seguro de vida grupo deudores contratado con dicho banco, en el que
se reitera que el actor nunca fue asegurado por Mapfre.
Helm Corredor de Seguros S.A.[30]
21. El representante legal suplente agregó
que esta entidad “(…) no es una aseguradora y por lo tanto las pólizas no se
toman directamente con Helm Corredores de Seguros, la función de éste es actuar
como intermediario y administrar el programa de seguros de los clientes del
banco CorpBanca, tramitando oportunamente modificaciones, cobros, renovaciones
y siniestros de pólizas frente a las aseguradoras con las cuales se tiene convenio”.
Advirtió que para la fecha en la que se desembolsó el crédito del actor,
esto es el dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012), la aseguradora de la
Póliza de Vida Grupo Deudores era Allianz Seguros, no Mapfre.
Con todo, se cuestionó que la fecha de
estructuración de la enfermedad y en consecuencia el siniestro, de acuerdo con
el dictamen de pérdida de la capacidad laboral del actor, se hubiere
estructurado en el año dos mil ocho (2008). Así, a la fecha de ocurrencia del
siniestro el señor Pérez Astudillo no era cliente del banco.
En similar sentido, se informó que al
momento de adquirir el crédito no se le solicitó al actor la declaración del
estado de salud puesto que éste no excedió el monto previsto para los créditos
de libranza, ni la edad. No obstante, dentro del mismo contrato de seguros se
determinó que la fecha del siniestro corresponde a la de la estructuración de
la invalidez.
Sin embargo, no se entregó la póliza
correspondiente, pese a habérsela solicitado de forma explícita en el auto de
pruebas.
Sistemcobro S.A.S.[31]
22. El apoderado general de Sistemcobro dio
respuesta al auto de pruebas y confirmó que esta empresa adquirió del Banco
Corpbanca una serie de obligaciones en su favor, entre las que se encuentra el
crédito de consumo a cargo de Enrique Pérez Astudillo. En razón de lo expuesto,
Sistemcobro en la actualidad actúa como acreedor de buena fe y los registros
recibidos como parte de esta compraventa de cartera son datos que gozan de
credibilidad. Por ende, la gestión de cobranza se continúa generando respecto
de la obligación a cargo del titular.
En relación con la gestión de cobro se
agregó que ésta se inició el catorce (14) de enero del presente año y que ella
se ha ajustado a la Circular Externa 048 de 2008 de la Superintendencia
Financiera que, con el fin de evitar abusos, reglamentó esta actividad. A su
vez, la cesión de cartera realizada por el Banco Corpbanca tuvo como origen una
compraventa masiva de cartera improductiva, la cual se perfeccionó en diciembre
de dos mil quince (2015) y en ella se incluyeron, además de la trasferencia de
los créditos, las prendas o hipotecas que hubieren.
Finalmente, se aportó la evolución del
crédito adquirido por el actor, en la que consta que el saldo actual de la
deuda es de aproximadamente veinticuatro millones novecientos cincuenta mil
pesos (24`950.000). Del mismo modo, se allegó toda la información que se tenía
a su disposición, pese a que se aclaró que se desconocen los hechos acaecidos
con anterioridad a la compraventa de cartera celebrada.
Fasecolda, Superintendencia Financiera,
Asobancaria y el Defensor del Consumidor Financiero del Banco Corpbanca[32]
23.1. La Federación de Aseguradores
Colombianos –Fasecolda- y la Superintendencia Financiera de Colombia
respondieron de forma exhaustiva a las preguntas que habían sido formuladas en
el auto de pruebas.
Sobre la base del problema jurídico que
había sido advertido, concluyó Fasecolda -entre otras cosas- que el seguro de
vida grupo deudor es de aquéllos que, según el artículo 1039 del Código de
Comercio, es contratado por cuenta de un tercero determinado o determinable.
Del mismo modo, se indicó que si el impago de la prima por parte de la entidad
financiera ocasiona que un deudor no haga parte del grupo asegurable, implica
que el banco debe retornar esas sumas de dinero, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda generar su actuación.
23.2. La Superintendencia Financiera de
Colombia informó que una vez revisadas las bases de datos del Sistema de
Gestión Documental, no se encontró queja o reclamación alguna formulada por
Enrique Pérez Astudillo. No obstante frente a los interrogantes, se indicó que  este
tipo de seguros protege al grupo de asegurados que son deudores de un mismo
acreedor y su finalidad es garantizar el pago de las obligaciones adquiridas
con él. Esta clase de pólizas se han concebido como una seguridad adicional a los
créditos que otorgan los establecimientos financieros –la cual es una decisión
que puede adoptar dentro del marco de la autonomía de la voluntad-. Sin
embargo, existe libertad del deudor en escoger la compañía aseguradora, la cobertura
y demás condiciones establecidas en cada caso por la entidad financiera.
Por regla general, entre la entidad
financiera y la compañía de seguros se establecen condiciones regulatorias a
través de manuales operativos e instructivos, en aras de determinar las
responsabilidades derivadas del convenio o contrato y la forma en la que deben
ser cumplidas las obligaciones a cargo de las partes.
Además, afirmó que los elementos esenciales
del contrato de seguro se encuentran contemplados en el artículo 1045 del
Código de Comercio, que exige (i) un interés asegurable, (ii) el riesgo
asegurable, (iii) la prima o precio del seguro y (iv) la obligación condicional
del asegurador que se activa en el momento de acaecer el siniestro. Ante la
ausencia de uno de estos elementos, el contrato de seguros no existiría. En
consecuencia, se indicó que bajo el supuesto en el que la entidad financiera no
hubiere trasladado los dineros de la prima a la aseguradora podría existir una
responsabilidad, la cual se enmarcará en el contrato de seguro, siempre que
hubiere existido prueba de su existencia o confesión por parte de la
aseguradora.
23.4. La Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras –Asobancaria- en respuesta a las preguntas formuladas en el auto de
pruebas advirtió que ella es “(…) una entidad gremial, de naturaleza privada
y sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es representar y defender los
intereses de sus miembros frente a las autoridades y demás personas y entidades
de carácter público o privado, nacionales e internacionales. Además,
Asobancaria por esta naturaleza y objeto no puede realizar pronunciamientos
técnicos sobre los contratos entre particulares, ni ejercer funciones de
control y vigilancia sobre sus agremiados, ni determinar la forma de proceder
de dichas entidades en el devenir de sus negocios”.
23.5. El Defensor del Consumidor Financiero
del Banco Corpbanca indicó que todo el análisis del presente caso debe partir
de los términos acordados entre la aseguradora y el tomador de la respectiva
póliza. En el mercado existen al menos tres modalidades del seguro de vida
grupo deudor: (i) el primero que tiene una cobertura automática para todos los
créditos otorgados por la entidad financiera dentro de la vigencia del seguro,
en donde sólo queda pendiente un reporte periódico sobre las particularidades
de la persona asegurada y el respectivo crédito; (ii) una segunda opción, en
donde la cobertura sólo comienza cuando el asegurador recibe la declaración
periódica del tomador sobre las particularidades de las personas y los créditos
asegurados; (iii) una tercera vía es aquel seguro que se encuentra sujeto a una
condición suspensiva que determina su nacimiento, y que consiste en la
realización de un examen médico. Esta última opción por regla general se
estipula para aquellos deudores que exceden determinada edad o que en la
declaración de asegurabilidad han manifestado contar con algún antecedente
clínico.
Allianz Compañía
de Seguros S.A.[33]
24. Dado que sólo hasta el momento en que
se recibieron las pruebas solicitadas, el Banco Corpbanca y Helm Corredores
aclararon que el contrato de seguro que cubría el riesgo de invalidez y muerte
del actor no se había suscrito con Mapfre sino con Allianz Compañía de Seguros S.A., fue necesario vincular a esta última
compañía mediante auto del dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)[34].
En particular, se le solicitó que informara
si analizada la información que reposa en el expediente (i) es procedente
conceder el pago de la suma asegurada, (ii) si ha recibido prima alguna por
concepto del aseguramiento de Enrique Pérez Astudillo y (iii) si tuvo
conocimiento de que el actor padeciera de una enfermedad con anterioridad a la
adquisición del seguro o en algún momento se le preguntó sobre su estado de
salud. Por último, se solicitó que remitiera toda la información relacionada
con dicho contrato, en particular los documentos que permitieron adquirirlo y
la póliza respectiva.
25. En respuesta al anterior auto de
pruebas y de vinculación, esta compañía de seguros afirmó que la acción de
tutela estudiada debería declararse improcedente por cuanto (i) existen otros
medios de defensa judicial y (ii) las discusiones acerca de las obligaciones y
los derechos surgidos de un contrato no pueden ventilarse a través de este tipo
de acción.
Desde el artículo 86 de la Constitución
Política de 1991 se advirtió que la acción de tutela es un mecanismo
excepcional. De modo que, si un asegurado tiene o no derecho a una
indemnización proveniente de un contrato de seguros es un asunto que puede ser
conocido a través de una acción por responsabilidad contractual, que además de
poderse presentar ante los jueces civiles, también se puede plantear ante la
Superintendencia Financiera de Colombia mediante un proceso verbal sumario.
Entonces, por existir otro mecanismo judicial expedito la acción constitucional
se consideró improcedente. En efecto, según lo que consideró Allianz Compañía
de Seguros, ésta ha sido la postura que se ha asumido por esta Corte
Constitucional que ha buscado evitar la intromisión del juez de tutela en la
órbita de decisión del juez natural.
Según se afirmó, cuando el asunto que se va
a discutir tenga únicamente efectos contractuales deberá regirse por las
cláusulas del contrato y por el Código de Comercio. En consecuencia, las
materias o diferencias surgidas entre las partes por causa o con ocasión de un
contrato no pueden someterse al estudio y la decisión del juez de tutela. En
efecto, para el interviniente son  múltiples los pronunciamientos de esta
Corporación que se han referido a este asunto y que han confirmado que todas
las relaciones se encuentran regidas por los principios constitucionales, pero
“(…) ello no significa la constitucionalización de los derechos de las
partes, ni de las relaciones subjetivas que surjan de la relación contractual”.
Pese a lo expuesto, se consideró que aun
analizando el asunto de fondo no existió legitimación en la causa dado que esta
compañía es ajena a la situación fáctica que dio origen a la acción
constitucional. De modo que, al haberse fijado en el año dos mil ocho (2008) la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del señor Enrique
Pérez Astudillo, la póliza No. 111000426 en favor del Banco Corpbanca no cubrió
este riesgo pues su vigencia empezó el treinta y uno (31) de agosto de dos mil
once (2011). Por ende, según consta en certificado expedido por la entidad
financiera, para la fecha del siniestro el actor no tenía obligaciones vigentes
con Corpbanca y por tanto no existe el interés asegurable como elemento
esencial de este tipo de contratos.
Finalmente se agregó que “(…) Allianz es
una Compañía distinta a MAPFRE SEGUROS DE VIDA, entidad accionada, con póliza
vigente para la fecha de los hechos, así mismo se reitera que la póliza de
seguro de Vida Grupo Deudores inicia vigencia con ALLIANZ el 31 de agosto de
2011 a las 00:00 horas, por lo tanto, no está llamada, ni le asiste obligación
alguna para resolver la solicitud indemnizatoria formulada por Enrique Pérez
Astudillo”.
II. FUNDAMENTOS
A. COMPETENCIA
26. Esta Corte es competente para conocer
de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
y en el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del auto del once
(11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), proferido por la Sala de Selección
de Tutelas Número Ocho de esta Corte, que decidió someter a revisión la
decisión adoptada los jueces de instancia.
B. CUESTIONES PREVIAS- PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA
28. Legitimación por activa: Enrique Pérez Astudillo interpone acción de tutela mediante
apoderado, acorde con el artículo 86 de la Carta Política[35], que
establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han
sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá acudir a la acción de tutela
en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. Es
preciso advertir que en un principio el poder había sido otorgado por Julieth
Ortiz Hernández, en calidad de compañera permanente del actor. No obstante, por
requerimiento del auto de pruebas, el accionante de manera explícita confirmó
los hechos, las pretensiones de la acción de tutela[36] y el mandato
otorgado en su nombre.
29. Legitimación por pasiva: El inciso
5° del artículo 86 de la Constitución dispone que “[l]a ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede
contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
Los numerales 1º y 2º del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991, en un principio, indicaron que la acción de tutela
procedía contra acciones u omisiones de los particulares, cuando contra quien
se dirigía la solicitud estuviera encargado de la prestación del servicio
público de educación o de salud y siempre que mediante dicha acción se buscara
la protección de los derechos constitucionales que allí se encontraban
enunciados. Tales disposiciones fueron demandadas, por considerar que el hecho
de que ciertos derechos fundamentales no hubieren sido consagrados en el
decreto, no implicaba que ellos no pudieran ser protegidos mediante este recurso.
En la sentencia C-134 de 1994[37]
se declaró que la acción de tutela era procedente contra cualquier particular
que se encuentre prestando un servicio público y con independencia del derecho
fundamental invocado:
“(…) esta Corporación considera que, respecto de los numerales
1o. y 2o. del artículo 42 del decreto 2591, la acción de tutela debe proceder
contra cualquier particular que preste un servicio público. Lo anterior porque,
como se ha establecido, el servicio público de interés general prestado por un
particular hace que éste asuma una posición de primacía material, con
relevancia jurídica, que hace que ese particular, al trascender el plano de la
justicia conmutativa que enmarca una relación de igualdad entre todos los seres
de un mismo género, pueda, por medio de sus actos, cometer "abusos de
poder" que atenten contra algún derecho fundamental de una o varias
personas. Por ello ese "particular" debe ser sujeto de las acciones
pertinentes, dentro de las cuales se encuentra la acción de tutela, que
determinan la responsabilidad de quienes, se repite, han vulnerado o amenazado
un derecho constitucional fundamental de cualquier persona”.
Del mismo modo, el numeral 4º del artículo
42 del Decreto 2591 de 1991[38]
establece que la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de los
particulares, cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o
indefensión con la organización o con una persona natural.
29.1. En consideración a lo expuesto, se
debe estudiar la procedencia de esta acción constitucional contra las entidades
bancarias, para determinar si en este caso existe legitimación por pasiva
respecto del Banco Corpbanca. La Corte encuentra que, sin perjuicio de la
existencia de otras, es posible identificar tres posiciones básicas respecto
del fundamento de la procedencia de la acción de tutela en su contra.
a) Una de las aproximaciones sobre el tema
quedó estructurada en la sentencia T-520 de 2003[39] en donde se analizó si la
actividad que realizan los bancos constituye un servicio público, dado que en
esa oportunidad los jueces de instancia cuestionaron la naturaleza jurídica de
esta actividad. La Corte, después de analizar la evolución del concepto de
servicio público, advirtió que la actividad bancaria sí encaja dentro de esta
noción y por tanto la acción de tutela era procedente, de conformidad con el
inciso 5° del artículo 86[40].
Para llegar a esta conclusión se indicó que
esta actividad cumple una función de vital importancia para el Estado, en
consideración a que es la forma de canalizar la mayor parte del flujo de
capitales en el sector real de la economía, de modo que como se establece en el
artículo 335 de la Constitución -de forma genérica- la actividad financiera es
de interés público y el gobierno podrá intervenir en ella. Además, se consideró
que el literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución y los
numerales 24 y 25 de la Constitución configuran un esquema de intervención del
Estado en la actividad financiera que es muy similar al propio de los servicios
públicos (artículo 365 de la Carta Política). Conforme a ello, le corresponde
al Congreso de la República la regulación general, mientras que al Presidente
de la República se le asignan unas facultades de inspección, vigilancia,
control e intervención sobre esta actividad.
Finalmente, se advirtió que, pese a que
esta argumentación no era suficiente para concluir que la actividad financiera es
un servicio público, esta categoría había sido otorgada legislativamente, en
particular por el artículo 1° del Decreto 1593 de 1959 -no obstante que este
artículo ya había sido derogado por el artículo 3° de la Ley 48 de 1968- y
jurisprudencialmente a través de las sentencias T-443 de 1992[41] y SU-157 de
1999[42].
b) La sentencia T-587 de 2003[43]
asumió que la acción de tutela procede contra las entidades bancarias en virtud
del servicio público que prestan, pero para ello además se requiere que se
demuestre una posición de indefensión o subordinación. Sobre el particular la
Corte señaló “(…) en el caso de las actividades bancarias, la procedencia
de la tutela se justifica en la medida en que (i) la entidad presta un servicio
público, (ii) en el servicio prestado se presenta una disparidad de la posición
contractual de las partes, o el banco tiene una posición dominante negocial, y
(iii) se afecta con la actividad un derecho fundamental”.
c) Por último, en la
sentencia T-468 de 2003[44]
se estudió la solicitud de amparo de una cooperativa dedicada a la distribución
de medicamentos, a quien una serie de bancos le terminaron los contratos de
depósito en cuentas de ahorro y corriente por hacer parte de “la lista
Clinton”. En esta ocasión, se concluyó que si bien ciertas funciones que
prestan los bancos son servicios públicos, no toda actividad puede considerarse
como tal, sino sólo aquéllas que impliquen una relación de usuario-servidor que
traspase la simple relación contractual o legal. Es decir que la vulneración
del derecho fundamental se produzca con ocasión de la prestación de dicho
servicio.
En consecuencia, debe analizarse en cada
caso si la acción de tutela que se dirige en contra de una entidad bancaria es
procedente con sustento en que (i) el acto o la omisión cuestionada es
expresión de una manifestación que implique un servicio público -numerales 1º y 2º del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991- o por el contario, (ii) lo es en virtud de una relación
de indefensión o subordinación con la parte accionante - numeral 4º del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991-.
29.2. Para esta Corporación la última
postura expuesta se adecúa de mejor forma no sólo a las funciones que son
ejercidas por las entidades bancarias, sino también al concepto de servicio
público y a su noción funcional.
Frente a dicha noción, de forma legislativa
se consagra en el inciso segundo del artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo
que servicio público es toda actividad organizada que tienda a satisfacer
necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un
régimen jurídico especial. Por su parte, en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993[45]
se denominan servicios públicos a aquéllos que se encuentran destinados a “(…) satisfacer
necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la
dirección, regulación y control del Estado, así como aquéllos mediante los
cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus
fines”.
Como ha sido establecido
por esta Corporación, el concepto de servicio público está estrechamente vinculado
con el cumplimiento de los fines del Estado y el bienestar general de los
asociados[46]. De modo que tal tipo de
servicios se erigen en “(…) como instrumentos que le
permiten al Estado alcanzar el ideal de justicia social y promover condiciones
de igualdad real y efectiva, bien sea que los preste directa o indirectamente,
o que autorice a los particulares para hacerlo, en todo caso siempre serán su
responsabilidad, la cual deberá cumplir de acuerdo con las disposiciones de la
ley que rija su prestación, tal como lo dispone el artículo 365 de la
Constitución (…)”[47].
En
razón a la importancia y las consecuencias que tiene tal calificación, no
cualquier servicio debe ser considerado como público. Sin embargo, tampoco es
posible ignorar la naturaleza jurídica de aquéllos que son inherentes a la
finalidad del Estado y que de conformidad con el artículo 365 de la Constitución,
exigen un control y una vigilancia especial a cargo de la organización
estatal.  De allí que deba decirse que la noción de servicios públicos no es
estática dado que, como se expuso en la sentencia T-520 de 2003[48], se encuentra atada a las transformaciones
sociales que implican que el Estado intervenga en mayor o menor medida en
cierta actividad para darle cumplimiento a los fines sociales:
“Este concepto permite que el Estado
regule tales actividades, otorgándoles a las personas que las ejercen una serie
de derechos, facultades y prerrogativas, y permite que a la vez ejerza sobre
ellos la vigilancia, inspección y control, necesarios para garantizar el
cumplimiento de sus finalidades sociales. En esa medida, el aumento de la
complejidad social y la creciente interdependencia entre actividades económicas
y finalidades estatales, hacen que cada vez sean más las actividades privadas
que interesan al Estado, y a las cuales éste les da un carácter institucional,
clasificándolos jurídicamente como servicios públicos”[49].
Así,
en los casos en los cuales la interposición de la acción de tutela en contra de
las entidades financieras tenga sustento en funciones relacionadas con los
fines del Estado o estrechamente vinculados a ellos, procederá contra
particulares con ocasión del servicio público prestado. Así por ejemplo, el
otorgamiento de los créditos para la adquisición de vivienda y educación así
como los contratos de depósito en cuenta de ahorros y cuenta corriente,
materializa y promueve una igualdad real y efectiva asegurando, por ejemplo, el
acceso al crédito (arts. 64, 66 y 335) de modo que encaja en la noción
analizada. La definición de cuando ello ocurre no es fácil, sin embargo la
jurisprudencia deberá establecer, en cada oportunidad, la relación entre el
servicio de que se trate y su relación con los fines del Estado
Contrario
a esto, si la relación entre los sujetos –fijada por la finalidad del servicio
que es prestado por el particular- es simplemente contractual, se deberá
determinar en cada caso si existe una posición de subordinación o indefensión,
que del mismo modo hará procedente la acción de tutela, pero no ya por la
prestación del servicio público que realiza el particular, sino porque el
solicitante se encuentra en una relación de subordinación o indefensión
respecto de la actuación u omisión cuestionada[50].
29.3.
Descendiendo al estudio del caso concreto es posible advertir que la relación
existente entre el Banco Corpbanca y el señor Enrique Pérez Astudillo se
dio con ocasión de un crédito de libre inversión adquirido –en la modalidad de
libranza-. De modo que, al menos en principio, no puede considerar esta
Corporación que cualquier crédito cumple un fin social y por tanto hace parte
de la prestación de un servicio público.
Sin embargo, ello no implica desconocer que en un caso particular
exista una relación asimétrica entre las partes que haga procedente la acción
de tutela por la condición de indefensión en la que se encuentre el accionante.
Así, se reconoció en la sentencia T-576 de 2015[51] al afirmar que:
“(…) en estos casos existe una relación
asimétrica entre las partes, toda vez que los bancos y las aseguradoras tienen
atribuciones que les otorgan ciertas ventajas sobre los particulares que
suscriben sus servicios. Esta situación se evidencia, por ejemplo, en la
naturaleza de los contratos que usualmente ofrecen estas entidades, toda vez
que la gran mayoría son contratos de adhesión que no permiten la participación
o discusión de los usuarios y que son realizados por la entidad bancaria o
aseguradora, de acuerdo a sus intereses”.
En ese sentido, la acción de tutela debe
declararse procedente en relación con el Banco Corpbanca, en virtud de la
situación de accionante quien en la actualidad cuenta con una pérdida de
capacidad laboral del 71,96% y quien pretende reclamar el pago de un seguro de
vida grupo deudor, del cual es asegurado. Con todo, debe resaltar esta
Corporación que las restricciones que ha tenido que soportar el actor con el
fin de acceder a la información, refuerzan la asimetría entre de las partes.
Esto, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 4º del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
30. Las mismas consideraciones permiten determinar que la acción de
tutela también es procedente contra Sistemcobro, por cuanto fue esta entidad
quien adquirió la cartera del Banco Corpbanca y con ello el crédito de Enrique
Pérez Astudillo. Pese a que Sistemcobro no fue parte de la relación contractual
del accionante y no tiene ninguna relación directa con el pago de la póliza
-que mediante esta acción constitucional se reclama- es la encargada de
realizar todas las gestiones para que se cumpla con la obligación, en virtud de
la cesión de cartera realizada por el Banco Corpbanca, lo que sin duda implica
una presión lícita sobre el accionante que determina su legitimación por
pasiva.
La indefensión en la que se encuentra quien es destinatario del cobro
de un crédito y que además padece una enfermedad mental grave puede llegar a
ser moralmente tan extenuante e invasiva en la esfera personal que la acción de
tutela, en estos casos, puede resultar procedente. Ello ocurrirá si, como
sucede con el actor, se constata que sufre de otros padecimientos de salud. De
modo que, en el caso objeto de estudio, la relación de indefensión se proyecta sobre
quien adquirió la cartera.
31. Del mismo modo, puede determinarse que existe legitimación por
pasiva frente a las entidades aseguradoras y la corredora de seguros que, o
bien estuvieron accionadas desde un principio, como lo es el caso de Mapfre Seguros de Vida S.A., o fueron vinculadas por esta
Corporación en Sede de Revisión, de la manera en que sucedió con Helm
Corredores y con Allianz Compañía de Seguros S.A. Esto, a pesar de que Enrique
Pérez Astudillo no hace parte del contrato de seguro.
De acuerdo
con el artículo 1037 del Código de Comercio, las partes de este contrato son el
asegurador -que es la persona jurídica que asume los riesgos- y el tomador,
quien obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos. Así, en el
presente caso el Banco Corpbanca es el tomador y beneficiario, quien por cuenta
ajena, trasladó un riesgo. Mientras que el asegurado, en quien concurre el
interés asegurable, es el accionante.
Pese a no
existir un vínculo contractual previo entre el señor Enrique Pérez Astudillo y
las entidades aseguradoras, sin duda el actor se encuentra en una situación de
indefensión respecto de ellas, pues el no reconocimiento del siniestro acrecienta
de los intereses moratorios del crédito cubierto, que según afirma el actor ya
no puede pagar. Esta situación implica que el actor no tiene la capacidad
efectiva de reaccionar frente a las entidades aseguradoras, al tener en
consideración su situación actual que lo pone en un plano de desequilibrio
frente a ellas.
El hecho de
no hacer parte del contrato de seguro y de someterse a las condiciones pactadas
entre el Banco Corpbanca y la aseguradora evidencian una asimetría de la
relación que hace procedente la acción constitucional, pues es el asegurado
quien en este tipo de contratos se ha encargado de pagar la prima y quien es el
titular del interés asegurable, pero quien a su vez se puede ver enfrentado al
impago de la póliza, no obstante que -a su juicio- se concretó el siniestro[52].
32. Subsidiariedad: Según se señaló,
el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 establece que la acción de
tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo en los casos en los cuales sea interpuesta como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. De igual
forma, se ha aceptado la procedencia del amparo de tutela en aquellas
situaciones en las que existiendo recursos judiciales, los mismos no sean
idóneos para evitar la vulneración del derecho constitucional fundamental.
32.1. La primera cuestión que se debe
analizar, es si en abstracto el señor Enrique Pérez Astudillo podía haber
acudido a otro medio de defensa judicial, distinto al de la acción de tutela
para resolver la controversia suscitada con el Banco Corpbanca y con las
entidades aseguradoras en contra de las cuales se dirigió la acción de tutela o
fueron vinculadas en Sede de Revisión por esta Corporación.
En ese sentido, es posible advertir que el
actor hubiera podido acudir al proceso ordinario civil, con el fin de
solicitarle a la compañía de seguros correspondiente el pago de la póliza en
favor del Banco Corpbanca. Sin embargo, en virtud de las condiciones especiales
de vulnerabilidad del actor y de su grupo familiar se debe determinar que este
proceso no es eficaz[53].
En efecto, para llegar a esta conclusión se
deberá analizar que (i) Enrique Pérez Astudillo es un sujeto de especial
protección constitucional y por tanto los requisitos de procedencia de esta
acción deben flexibilizarse con el fin de responder materialmente a las
circunstancias particulares que lo rodean, (ii) los precedentes proferidos por
esta Corte en la materia y (iii) el estigma social que implica el padecimiento
de una enfermedad mental, que exigen del juez constitucional la adopción de
medidas urgentes para proteger un derecho fundamental.
32.2. La Corte Constitucional ha determinado que en razón del
delicado estado de salud y del contexto adverso en el que se puede encontrar
una persona, es posible considerar a los mecanismos judiciales ordinarios como
ineficaces “(…) en
consideración a que las acciones ordinarias o ejecutivas civiles requieren del
cumplimiento de unos términos mucho más extensos y de la evacuación de una
etapas procesales que podrían tardar un tiempo en el cual se generen perjuicios
a las condiciones dignas de vida de los accionantes”. En la sentencia T-240
de 2016[54],
en la que se estudió una acción de tutela que buscó cuestionar la falta de pago
de una póliza, se declaró que el amparo era procedente para conocer los casos
de dos sujetos que tenían una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y en
relación con los cuales se indicó que el juez constitucional debe ser más
flexible, con el fin de ajustar el pronunciamiento a los postulados de igualdad
material que exigen un tratamiento especial a las personas en condición de
debilidad manifiesta.
Además, de conformidad con esta providencia, debe tenerse en cuenta
que tal clase  de asuntos pese a que la pretensión puede ser económica, va
dirigida no sólo a resolver cuestiones estrictamente negociales, sino a
proteger una presunta vulneración de un derecho fundamental. De modo que, en esta
clase de controversias también se hace relevante el análisis de la presunta
vulneración y (…) la
relación inescindible que tiene la misma con los derechos fundamentales a la
vida digna y al mínimo vital de los núcleos familiares aquí representados. La
afectación física que sufren los accionantes hace posible que la valoración del
juez constitucional sea más comprensiva en estos eventos, pues no se trata de
resolver cuestiones estrictamente negóciales, sino de atender al llamado de
protección ante una posible vulneración de derechos fundamentales”[55].
Incluso se ha indicado que el juez de tutela puede declarar la
procedencia de la acción constitucional, a pesar de que no se hubieren ejercido
los mecanismos judiciales ordinarios, siempre que el accionante -con sustento
en una enfermedad grave o en una discapacidad- no se encuentre en condiciones
de adelantar este tipo de procesos. En la sentencia T-282 de 2016[56]
se concluyó que la acción de tutela era procedente en el caso de una persona
con una pérdida de capacidad del 78,8%, quien dependía de los pocos ingresos de
su familia -que no permitían cubrir la deuda y el tratamiento de la enfermedad-
por cuanto “(…) si bien la demanda se dirige a cuestionar un aspecto, en
principio, de carácter contractual, lo cierto es que éste tiene una incidencia
directa en los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y
vivienda digna de la accionante, los cuales no son susceptibles de ser
protegidos de forma eficaz en un proceso ordinario. Pese a que la petición
principal es el reconocimiento y pago de un seguro de vida, lo cierto es que la
omisión de la aseguradora supone una amenaza del mínimo vital de la accionante,
toda vez que actualmente se adelanta un proceso ejecutivo sobre la vivienda en
la que habita junto con su familia, la cual, además, ya es objeto de embargo”.
En la sentencia T-402 de 2015[57]
se aclaró que existe una regla de decisión de la Corte que establece la
procedencia de la acción de tutela contra aseguradoras y entidades financieras
cuando las categorías de derecho privado no explican de forma integral el
problema jurídico surgido. Es decir, en los casos en los cuales la relación
entre el derecho privado y la Constitución es tan inescindible, que las fuentes
del derecho privado pueden llegar a ser insuficientes para dar respuesta a un
problema jurídico con evidente relevancia constitucional. En particular, en los
contratos de seguros suele presentarse una relación entre sujetos dispares, y
por ende la acción de tutela debería ser procedente:
“En cuanto al
requisito de subsidiariedad, esta Corte ha destacado que, si bien en principio
las diferencias que surjan con las compañías aseguradoras deben tramitarse ante
los jueces ordinarios dado el carácter contractual y económico de la
controversia, cuando estén amenazados derechos fundamentales como la vida, la
salud o el mínimo vital, resulta procedente el amparo constitucional. Por lo
tanto, si la controversia sobre el objeto asegurado es puramente económica no
tendría cabida la tutela, pues el conflicto se dirimiría ante la
jurisdicción ordinaria, pero si tiene efectos sobre la vida o el mínimo vital
de una persona, puede ser viable la acción de tutela para amparar tales
derechos fundamentales, sobre todo si la persona está en una condición de salud
que pone en peligro su vida y sus posibilidades de sobrevivir a un proceso
ordinario son pocas, haciendo necesaria la intervención del juez constitucional”[58].
32.3. En el caso
que se examina el medio ordinario no es eficaz para ventilar la pretensión del
señor Enrique Pérez Astudillo dada la pérdida de
capacidad laboral con la que cuenta –equivalente al 71,96%-. Si bien la
finalidad de la acción de tutela es que la aseguradora asuma una deuda por
haberse estructurado el siniestro, no se trata de una simple pretensión
económica, sino de una que podría proyectarse en la esfera irreductible del
mínimo vital y de la dignidad humana.
El cambio de situación del accionante a partir del momento en que
adquirió la deuda es evidente, pasó de recibir una asignación mensual
determinada a una pensión de invalidez de setecientos setenta y un mil ciento
sesenta y un pesos ($771.161), a partir de la cual perciben su sustento su
compañera permanente y sus dos hijas menores de edad[59]. Del mismo modo,
con el trascurrir del tiempo el riesgo de un cobro por las vías jurídicas y de
un embargo se incrementa y exige de esta Corte el estudio, con carácter
definitivo, de la presente acción de tutela.
32.4. Aunadas a las anteriores circunstancias, el señor Enrique
Pérez Astudillo adquirió su pérdida de capacidad laboral cuando era soldado y
cayó en un campo minado, producto de lo cual sufre de trastorno postraumático
diagnosticado, enfermedad que se suma a la esquizofrenia con la que tiene que
convivir.
Las dificultades de cualquier grupo familiar para enfrentar este
tipo de situaciones y del estigma social que se genera en torno a estas
afecciones de salud, conducen a la Corte a llamar la atención sobre este tema. Los
problemas de salud mental, con frecuencia, terminan por generar un aislamiento
social derivado de la concepción errada de que este tipo de afecciones son
esporádicas y de la idea generalizada de que esta circunstancia no llegará
nunca a ser parte de la vida personal[60].
Esta cuestión se opone la realidad de que la ansiedad, el estrés y la depresión
son comunes. Sobre el particular, la Organización Mundial de la Salud advirtió,
en un informe de salud mental del año 2004:
“(…) los problemas de la salud mental afectan a la sociedad en su
totalidad, y no sólo a un segmento limitado o aislado de la misma y por lo
tanto constituyen un desafío importante para el desarrollo general. No hay
grupo humano inmune, empero el riesgo es más alto en (las personas) pobres, los sin techo, el desempleado, en las
personas con poco nivel de escolaridad, las víctimas de la violencia, los
migrantes y refugiados, las poblaciones indígenas, las mujeres maltratadas y el
anciano abandonado. En todos los individuos, la salud mental, la física y la
social están íntimamente imbricadas. Con el creciente conocimiento sobre esta
interdependencia, surge de manera más evidente que la salud mental es un pilar
central en el bienestar general de los individuos, sociedades y naciones.
Desafortunadamente, en la mayor parte del mundo, no se le acuerda a la salud
mental y a los trastornos mentales la misma importancia que a la física; en
rigor, han sido más bien objeto de ignorancia o desatención”[61].
Todas las instituciones y el Estado en general deben comprometerse a
la transformación cultural que rodea a la persona con problemas mentales[62]
y a su familia. Como lo destacó la OMS, el difícil contexto de estas
enfermedades se ha traducido en estereotipos negativos, temor, incomodidad,
rabia, rechazo y evitación. Con fundamento en lo anterior, es posible tomar
medidas especiales en favor de un sujeto que sufre de esquizofrenia y de un
trastorno postraumático, que en el caso en particular, refuerzan la procedencia
de la acción de tutela por los motivos que se pasan a explicar.
No se puede ignorar que Enrique Pérez Astudillo, su compañera
permanente y su hijo menor de edad pueden afrontar una problemática vital mayor,
no sólo por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral tan alto, sino por
factores como los siguientes: (i) la carga económica de los trastornos mentales
que supone un peso emocional y financiero importante para la familia y el
afectado; (ii) la falta de atención adecuada, los altos costos de los
tratamientos y (iii) las barreras que impiden que las personas accedan a una
atención apropiada[63].
De modo que los jueces constitucionales deben adoptar medidas que
estén dirigidas analizar las enfermedades mentales padecidas por los
accionantes sin minimizar su condición, pero sin estigmatizar a la persona que
no sólo la sufre, sino que ha tenido la valentía de hacerla explícita, como es
el caso del accionante.
33. Inmediatez: En relación con el
presupuesto de inmediatez exigido para la procedencia de la demanda presentada
en ejercicio de la acción de tutela, que presupone que ella se interponga en un
término razonable desde la afectación del derecho, se tiene que -en principio-
la acción de tutela interpuesta por Enrique Pérez Astudillo no cumpliría con
este presupuesto, como así fue desarrollado por los jueces de instancia.
Sin embargo, no es posible olvidar que la Corte
Constitucional ha definido un conjunto de supuestos que justifican adelantar un
examen flexible de este requisito de procedencia. Uno de ellos se presenta
cuando “(…) a pesar del paso del tiempo es evidente que la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece,
es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus
derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la
finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de
prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate
de de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata”[64].
La
situación descrita fue precisamente la acontecida en el presente caso, ya que
sólo se pudo establecer en Sede de Revisión -en virtud de las pruebas que
fueron ordenadas por esta Corporación-, que Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.
no había sido la aseguradora con quien se había contratado el seguro, sino con Allianz Compañía de Seguros S.A. Es decir que, si bien la acción se
presentó en contra de la aseguradora Mapfre para reclamar el pago del
siniestro, la nueva información de la que dispone la Corte Constitucional –como
así se precisará en el siguiente acápite- apunta a un nuevo problema jurídico
por violación al derecho a la información y al mínimo vital en relación con el
Banco Corpbanca. En ese sentido, es claro que el pago del siniestro, de
cualquier forma, no se hubiera podido efectuar en consideración a que la
reclamación se dirigió a una aseguradora que no correspondía, circunstancia que
sin lugar a dudas altera las condiciones previas en las que se estudió la
inmediatez y hacen procedente esta acción constitucional, con sustento en que
se trata de una vulneración que se ha extendido en el tiempo y en la actualidad
del daño.
En concreto, el accionante –en la actualidad- se enfrenta a una
serie de cobros por concepto del crédito adquirido con el Banco Corpbanca y de
los intereses –que continúan causándose-, además de los potenciales reportes
negativos en las centrales de riesgo. Estas circunstancias se proyectan, con
especial intensidad, en contra de Enrique Pérez Astudillo quien sufre de
trastorno postraumático diagnosticado y esquizofrenia, haciendo que la acción
de tutela en el presente caso sea procedente.
Debe advertir la Corte que esta información fue recopilada en Sede
de Revisión, y por tanto, no se encontraba a disposición de los juzgadores al
momento en el que se analizó el cumplimiento de este requisito de procedencia.
C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA
DECISIÓN
34. En esta oportunidad le correspondería a la Sala Tercera de
Revisión determinar si Mapfre Seguros de Vida vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital del accionante por haberse
negado a pagar la póliza que cubría el riesgo de invalidez permanente o muerte
del señor Enrique Pérez Astudillo y si el Banco Corpbanca, Helm Corredores o
Sistemcobro realizaron alguna conducta que contribuyera a esta negativa. No
obstante, a partir de las pruebas recaudadas en Sede de Revisión, es posible
constatar que el problema jurídico a estudiar es diferente por las razones que
a continuación se exponen.
34.1. De los hechos relevantes de la acción de tutela se puede
concluir que Enrique Pérez Astudillo solicitó un crédito por libranza en el
Banco Corpbanca y como exigencia para el otorgamiento de éste, según se afirmó
por el accionante, fue asegurado en un contrato de seguro grupo deudor que
cubría el riesgo de invalidez y muerte. No obstante, después de que el 17 de
febrero de 2014, mediante Dictamen de la Junta Regional de Calificación del
Huila, se le otorgara un 71,96% de PCL, el accionante solicitó a Mapfre
Colombia Seguros de Vida el pago del siniestro.
34.2. Mapfre Colombia Seguros de Vida indicó en varias oportunidades
que no podía acceder al pago correspondiente, por cuanto el actor nunca figuró
en la lista del grupo asegurable, que en su oportunidad fue reportada por el
Banco Santander –ahora Corpbanca-.
34.3. Por su parte el Banco Corpbanca se pronunció, al conocer de la
acción de tutela que se había presentado en su contra, con el fin de (i)
cuestionar que la fecha de estructuración de la enfermedad del accionante se
hubiera fijado cuatro años antes de adquirir el crédito y (ii) para informar
que la cartera por el pago de este crédito había sido cedida a favor de
Sistemcobro. Pese a la intervención de esta entidad bancaria en los dos años
anteriores, con ocasión de la solicitud del pago del siniestro formulada por el
accionante, hasta el veinte (20) de octubre del presente año consiguió precisar
que, en realidad, el aseguramiento se encontraba a cargo de Allianz Compañía de
Seguros. Llama la atención de la Corte que tal circunstancia sólo se manifestó
a raíz del requerimiento efectuado por este Tribunal, dado que ello ni siquiera
ocurrió, durante el trámite de las instancias de tutela.
Esto evidencia entonces, que la vinculación de Mapfre al presente
proceso nunca ha debido ocurrir.
34.4. Allianz Compañía de Seguros S.A. fue vinculada mediante auto
del dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) dado que era ella, según
la información extemporánea presentada por Corpbanca, la aseguradora con la que
se había contratado el seguro que cubría el riesgo de invalidez y muerte de
Enrique Pérez Astudillo. En su respuesta solicitó la improcedencia de la acción
y advirtió que en este caso el siniestro no le fue reclamado a esta
aseguradora, sino a Mapfre Compañía de Seguros.
34.5. A partir de lo expuesto encuentra la Corte, sin perjuicio de
las consideraciones que más adelante se presentarán, que en esta oportunidad no
procede efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la obligación de
Allianz Compañía de Seguros S.A. de efectuar el pago. En efecto, de las pruebas
que obran en el expediente se puede concluir que ya han corrido los términos de
prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros, como así se
indica en el inciso 2º del artículo 1081 del Código de Comercio al establecer: [l]a
prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en
que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base
a la acción”[65].
Lo anterior, dado que fue el 17 de febrero de 2014 la fecha en el que la Junta
Regional de Calificación del Huila le otorgó al accionante una pérdida de
capacidad laboral del 71,96%[66].
En consecuencia, los dos años -que hubieran dado sustento a la reclamación-
vencieron el 17 de febrero de 2016, sin que el actor o el Banco Corpbanca
hubieran acudido a las acciones que a su disposición tenían en contra de la
aseguradora.
En consecuencia, si bien el accionante podría iniciar un proceso
ordinario orientado a solicitar que se declare el cumplimiento por parte de la
aseguradora, es claro que la posibilidad de proponer la referida excepción,
casi que elimina la oportunidad de obtener un pronunciamiento de fondo. En
adición a ello, el accionante nunca adelantó reclamo alguno dado que consideró
–de forma errónea y por razones imputables a la entidad bancaria- que era con
otra aseguradora con quien se había suscrito el contrato. De modo que no puede
presumirse que de haber tenido conocimiento del acaecimiento del siniestro
Allianz hubiera negado su pago y menos vulnerado algún derecho fundamental del
accionante.
En consecuencia, el problema jurídico que en realidad le corresponde
resolver a esta Corporación es si el Banco Corpbanca, de forma directa o través
de Helm Corredores de Seguros, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la información y al mínimo vital del accionante, al mantener en
error al señor Enrique Pérez Astudillo acerca de cuál era la aseguradora que
cubría su riesgo de invalidez o muerte, y en definitiva, al haberle afectado la
posibilidad de reclamar judicial o de extrajudicialmente y de forma oportuna el
pago de la póliza.
Con la finalidad de resolver la anterior cuestión, la Corte (i) se
referirá a las características del seguro de vida grupo deudores; (ii) se
ocupará de definir algunos aspectos que limitan en el ejercicio de las
actividades financiera y aseguradora, con el fin de estudiar en qué casos se
debe recurrir a la Constitución como fuente directa y específica para resolver ciertas
controversias contractuales; por último precisará  (iii) el deber de
información a cargo de estas entidades. Luego de ello, la Corte procederá a
resolver la situación planteada por el accionante.
D. El SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDOR. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
35. Las principales características de este tipo de contrato han
sido desarrolladas en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia. En particular en la sentencia del treinta (30) de
junio de dos mil once (2011)[67] dicha Corporación se ocupó del asunto y
apoyándose en diversas fuentes, se refirió a los principales aspectos de este
contrato, que en decisiones subsiguientes de la Corte Constitucional han sido
reiterados.
35.1. La celebración de este contrato no es obligatoria y no
constituye un requisito indispensable para el otorgamiento de un crédito. El
artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero[68] dispone que
sólo podrán crearse por la ley seguros obligatorios. En este caso no existe
dicha exigencia del legislador y por tanto esta forma de aseguramiento, señaló
la Corte Suprema, “(…) representa una
garantía adicional de carácter personal, cuyo acogimiento depende de la
aquiescencia del deudor y de las políticas sobre manejo de riesgo de las
entidades financieras, todo, sin perjuicio de que el mismo obligado decida
adquirir dicho amparo por iniciativa propia”.
35.2. Cuando se constituye dicha garantía, el deudor-asegurado normalmente
se adhiere a las condiciones propuestas por el acreedor, quien en todo caso
debe garantizar que el deudor adquiera la debida información acerca de las
condiciones acordadas con la aseguradora. La Superintendencia Financiera, en la
Circular Externa 029 de 2014[69],
señaló que “(…) cuando el deudor opte por su adhesión como asegurado a la
póliza tomada por la entidad de crédito, esta debe suministrarle información
sobre los requisitos y el procedimiento para el perfeccionamiento de su
inclusión. Para tal efecto, deben establecerse mecanismos expeditos, objetivos
y claros, que consten en los correspondientes manuales de procedimiento y que
permanezcan a disposición de esta Superintendencia en la respectiva sede social
de la entidad vigilada”[70].
35.3. Cuando le sean exigidos este tipo de seguros al deudor, éste
tendrá la posibilidad de adquirir la póliza con otras aseguradoras. De forma
explícita se indicó en el numeral 2º del artículo 100 del Decreto 663 de 1993
que en los casos en los que “(…) las instituciones
financieras actúen como tomadoras de seguros, cualquiera que sea su clase, por
cuenta de sus deudores, deberán adoptar procedimientos de contratación que
garantice la libre concurrencia de oferentes. La Superintendencia Bancaria
protegerá la libertad de tomadores y asegurados para decidir la contratación de
los seguros y escoger sin limitaciones la aseguradora y, en su caso, el
intermediario y aplicará las sanciones correspondientes cuando verifique
conductas o prácticas que contraríen lo dispuesto en este Estatuto”.
35.4. El seguro de vida grupo deudores es una modalidad de seguro
colectivo, que se dirige a que distintos sujetos –que comparten la condición de
deudores respecto de un mismo acreedor- cubran el riesgo de su muerte o la
eventual incapacidad permanente.
35.5. El interés asegurable en este tipo de contratos se ubica de
forma principal y directa en cabeza del deudor, así al acreedor también le
asista un eventual interés en el seguro de vida grupo deudores. En ese sentido,
advirtió la Corte Suprema que existe una concurrencia de intereses, no excluyentes,
entre los cuales predomina el del deudor asegurado. Esto explica porque se
considera una práctica restrictiva de la competencia que los funcionarios de
las entidades aseguradoras, intermediarios de seguros o instituciones
financieras diligencien las solicitudes de seguro o las declaraciones de
asegurabilidad, sin permitir que el consumidor financiero lo haga o lo conozca[71].
35.7. El tomador del seguro es el acreedor, quien obra por cuenta de
un tercero determinado. El acreedor obra por cuenta ajena pues traslada a la
aseguradora un riesgo que -en principio- no es propio, sino que está en cabeza
del deudor. De conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio, el
acreedor está a cargo de las primas causadas[72].
35.8. En síntesis, este tipo de contratos se caracteriza por
ser una modalidad de seguro colectivo, el cual no es obligatorio pero
representa una garantía adicional de carácter personal, que depende del
consentimiento del deudor y de las políticas de riesgo de las entidades
financieras. En todo caso, se debe garantizar en favor del deudor-asegurado (i)
la debida información acerca de las condiciones pactadas con la aseguradora y (ii)
la libertad para contratar con otras compañías de seguros, teniendo en cuenta
que el interés principal es el del asegurado y no el de la entidad crediticia.
D. RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL Y LÍMITES A LA ACTIVIDAD
FINANCIERA Y ASEGURADORA.
36. La Corte Constitucional ha establecido que, en razón de la naturaleza
de las actividades que desempeñan las entidades bancarías y las aseguradoras,
ellas se encuentran especialmente vinculadas (i) por las disposiciones
constitucionales (arts. 4, 6, 86, 333, 334 y 335), (ii) por los límites fijados
en la ley y en el reglamento (arts. 150.19 y 189.24) y (iii) por las
obligaciones que se adscriben al deber de actuar conforme a la buena fe (art.
83).
a)
La Constitución como límite general al
ejercicio de la actividad bancaria y aseguradora
37. Los particulares que desarrollan la actividad bancaria y
aseguradora se deben someter a la Constitución (arts. 4 y 6). La eficacia de
los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares se encuentra
expresamente reconocida en la Carta al establecer, en el artículo 86, que la
acción de tutela procede contra cualquier persona que tenga a su cargo la
prestación de un servicio público, o en los casos en los que su actividad
afecte gravemente un interés colectivo o respecto de los cuales un determinado sujeto
se encuentre en una situación de indefensión o subordinación. El reconocimiento
de esta eficacia supone la asignación a los particulares de deberes iusfundamentales,
que pueden tener como efecto la restricción al ejercicio de la libertad que
rige como punto de partida en las relaciones que, usualmente se identifican
como de derecho privado.
En esa dirección, la actuación de los particulares no sólo se
encuentra sometida a los límites que son fijados en las leyes que tienen por
objeto disciplinar sus actuaciones –código civil o código de comercio, por
ejemplo-, sino también, y por expresa decisión constituyente, a los derechos
fundamentales. En otras palabras, las disposiciones que se refieren a los
derechos inherentes e inalienables a la persona humana no sólo autorizan al
legislador para regular las relaciones de derecho privado, sino también que
constituyen fuentes normativas directamente aplicables en las relaciones entre
particulares.
38. La Carta Política de 1991 establece en el artículo 333 –entre
otras cosas-  que la actividad económica y la iniciativa privada son libres,
dentro de los límites del bien común y que la empresa, como base de desarrollo,
tiene una función social que implica obligaciones. Conforme a ello, se le
asigna a la ley la función de delimitar el alcance de la libertad económica,
cuando así lo exija el interés social. A su vez, el artículo 335 de la
Constitución indica que las actividades financieras, bursátiles y aseguradoras“(…)
son de interés público[73]
y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la
ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y
promoverá la democratización del crédito”.
39. Las tensiones que surgen entre los derechos fundamentales y las
normas que amparan la libre iniciativa privada suscitan complejos problemas,
cuya solución no es posible a través de la formulación de relaciones
incondicionadas de precedencia. En efecto, en esta materia es necesario
armonizar la libertad general de acción de los particulares para el desarrollo
de actividades relativas a la producción, intercambio y consumo de bienes y
servicios -la libre iniciativa privada, libertad de empresa y libertad de
competencia- con la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de las
personas que concurren al mercado, a fin de obtener lo requerido para la
realización de los derechos fundamentales.
Esta tensión entre la libre iniciativa privada, la libertad de
empresa y la libre competencia se agudiza cuando en este tipo de relaciones
participan sujetos con relaciones dispares y quienes además tienen por objeto
asegurar prestaciones que inequívocamente se encuentran garantizadas por una
norma de derecho fundamental. Puede decirse, en otros términos, que la
relevancia iusfundamental de una controversia entre particulares es
directamente proporcional al grado de asimetría de los sujetos involucrados y a
la importancia constitucional de los bienes, derechos, pretensiones,
expectativas o intereses que se encuentran en juego en la relación de la que se
trate.
b)
La Constitución como fuente directa o
específica para resolver las controversias de derecho privado
40. La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido algunos
criterios que resultan relevantes a efectos de establecer la posibilidad e
intensidad de irradiación o incidencia de las normas de derechos fundamentales en
una relación contractual. Tales criterios que han sido empleados en diferentes
oportunidades, pueden sintetizarse en los siguientes términos.
40.1. El cambio de concepción del Estado implica la revisión de las
relaciones jurídicas contractuales, ya que los derechos fundamentales se
propagan y deben prevalecer frente a cualquier tipo de vínculo. Esto permite
que el juez constitucional intervenga en este tipo de relaciones entre
particulares. No obstante, esta intromisión no puede ser absoluta pues podría
terminar por anular la libertad contractual.
40.2. En consideración a lo anterior, en cada controversia se debe
analizar si la Constitución adquiere una relevancia directa o específica para
abordar la disputa contractual o si, por el contrario, se trata únicamente de
una relevancia genérica. Acerca de la diferencia de estos dos conceptos -imprescindible
para identificar el impacto de las normas de derecho fundamental en relaciones
entre particulares- la Corte indicó desde sus primeras providencias:
“La
situación materia de la tutela, nacida al amparo de un contrato y regulada por
éste, sólo tiene una relevancia constitucional genérica en el sentido de que la
fuente pertinente para resolver la controversia es la regla contractual, la
cual como toda fuente normativa debe interpretarse de conformidad con la
Constitución, sin que por ello la misma o su presupuesto normativo adquieran
carácter constitucional. Tampoco se está en presencia de una decisión judicial
que en el caso planteado haya omitido una consideración constitucional
fundamental que permita concederle al asunto relevancia constitucional directa
como para ser avocada por esta Jurisdicción. De hecho, el demandante equivocó
la Jurisdicción pues tratándose de un asunto puramente contractual ha debido
acudir a la Jurisdicción ordinaria.
En
el fondo el error del actor se originó en estimar que la innegable relevancia
genérica de la Constitución y su capacidad de irradiación dentro del
ordenamiento jurídico, era suficiente para elevar incluso hasta el nivel
constitucional la resolución directa de una situación para la cual la norma
pertinente era una de menor jerarquía (el contrato). No tuvo presente que la
relevancia genérica aludida, aunada a la falta de un pronunciamiento de la
justicia ordinaria, no autoriza para atraer a la órbita constitucional - cuyas
peculiares técnicas de positivación no son las predicables del resto del
ordenamiento - los supuestos de hecho que ésta no ha contemplado expresa ni
implícitamente ni en los que no están en juego los valores y principios
constitucionales. Adicionalmente, los aludidos supuestos tampoco son
susceptibles de incorporarse razonablemente a las cláusulas abiertas de la
Constitución. No hay duda que su incumbencia directa se liga a otras normas
específicas del ordenamiento.
Es
importante advertir que no es suficiente para "desconstitucionalizar"
- expresión que denota la ausencia de aplicación directa de la Constitución
como quiera que la "genérica" se postula con carácter necesario
habida consideración de la obligada interpretación de todo el ordenamiento
conforme a la Constitución - un asunto encontrar en el ordenamiento una norma
de rango no constitucional que de manera directa lo regule y que, por lo tanto,
sea la más próxima a la materia controvertida. Deberá primeramente descartarse,
como se ha hecho en este caso, la pertinencia directa de la Constitución. Desde
luego si la autoridad pública aplica la norma inferior, prescindiendo de
interpretarla de conformidad con la Constitución, sus normas, valores y
principios, de modo que por ese motivo su decisión los contradiga, puede
eventualmente presentarse, por este concepto, una violación directa de la
Carta.”
La relevancia directa o específica de la Constitución que se traduce
en la mayor pertinencia de sus normas para resolver una determinada cuestión
gobernada -prima facie- por la libre iniciativa privada y las normas que
legalmente disciplinan sus manifestaciones, se incrementará cuando el vínculo
contractual tenga su punto de partida en una relación significativamente
desigual. Por el contrario, dicha relevancia se modificará -tornándose genérica-,
cuando el vínculo se configure y se ejecute en un contexto de simetría, paridad
o igualdad[74]
que justifica la realización en la mayor medida posible de la libre iniciativa
privada y, en esa dirección, de las normas legales que configuran su ejercicio.
40.3. En síntesis, con el fin de determinar si una controversia de
derecho privado se debe resolver a partir de las normas que consagran los
derechos fundamentales –relevancia constitucional directa o especifica- se debe
adelantar un juicio doble, en el que resulta relevante (i) establecer el grado
de igualdad o desigualdad de los sujetos cuya disputa se somete al juez de
tutela y (ii) determinar la importancia constitucional de los bienes, derechos,
pretensiones, expectativas o intereses en juego. Cuando se acentúan los rasgos
igualitarios de la relación y es reducida la trascendencia constitucional de lo
que se encuentra en juego, la relevancia de la Carta es apenas genérica y la
pertinencia de las otras fuentes formales se intensifica. Cuando las variables
operan en la dirección opuesta la relevancia directa de la Carta se incrementa.
40.4. Conforme a lo señalado, la relevancia constitucional de la
actuación de una entidad aseguradora o bancaria, se incrementará –haciendo
posible la aplicación directa de las normas con contenidos iusfundamentales y
justificando la intervención del juez de tutela- cuando la relación sea de consumo
y las prestaciones alrededor de las cuales gire la disputa se encuentren
comprendidas por las normas que reconocen o concretan los derechos
fundamentales. En buena medida, aunque ello no puede ser generalizado, es ello
lo que ocurre con algunas de las actividades que la Constitución califica como
de interés público y que, en razón de su naturaleza, habilitan profundas intervenciones
de las autoridades públicas[75].
La definición de la responsabilidad por parte del juez
constitucional en estos casos demanda, además de las pautas señaladas
anteriormente, (a) identificar la actuación activa o pasiva de la aseguradora o
de la entidad financiera, prima facie, contraria a la Constitución, (ii)
determinar el deber incumplido y su vinculación con las normas constitucionales
y (iii) definir el grado de incidencia de la actuación en la afectación de los
derechos fundamentales del actor. Frente a este último aspecto es
particularmente diciente la jurisprudencia constitucional, que ha exigido, como
causa y justificación necesaria para la intervención del juez de tutela en
asuntos contractuales, la evidente trasgresión de un derecho fundamental[76].
40.5. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que las
actividades aseguradora y financiera deben desarrollarse de acuerdo con los
límites derivados del respeto al bien común, la dignidad humana y la
solidaridad social, conforme lo prevé el artículo 1° de la Constitución que
irradia cualquier actuación en el Estado Social de Derecho[77]. En esa
dirección ha señalado que existen “(…) entonces unos límites a las
actividades financiera y aseguradora que por mandado constitucional fueron
declaradas de interés público. En esa medida, gozan de libertad contractual y
autonomía privada, pero, deben desarrollarse en observancia de los valores y
principios consagradas en la Constitución”[78].
Así, pues “(…) en un Estado Social y Democrático de Derecho, los
derechos fundamentales tienen tal magnitud, que sus efectos no se agotan frente
a actuaciones que provengan exclusivamente de autoridades públicas. Así, las
dinámicas sociales, culturales, políticas, jurídicas, económicas, entre otras,
llevan a particulares a lesionar o agredir derechos fundamentales que no pueden
quedar desprotegidos (…)”[79].
c)
La ley como límite
41. Las entidades financieras y aseguradoras también deben someter
sus actuaciones a los preceptos legales. A partir de la calificación de estas
actividades como de interés público (art. 335), la Constitución le reconoce al
Estado la posibilidad de ejercer -en relación con los particulares que las desarrollan-
las funciones de (i) regulación, (ii) autorización, (iii) intervención, así
como la de (iv) inspección, vigilancia y control[80].
41.1. Sobre la función de regulación, la sentencia C-909 de 2012[81],
al estudiar una demanda de inconstitucionalidad que se dirigía a cuestionar algunas
disposiciones de la Ley 1328 de 2009[82] -en
especial la definición amplia de consumidor financiero y la facultad de delegar
en la Superintendencia Financiera la posibilidad de definir cuáles son las
cláusulas y prácticas abusivas- indicó:
“(…) la libertad económica prevista en la Constitución, conforme a
los modelos político y de mercado instituidos, se encuentra ampliamente
protegida, pero a su vez requiere de delimitaciones legislativas, las cuales se
insertan entre el reconocimiento de las garantías necesarias para el
intercambio económico y la supremacía del bien común, en función de intereses
generales que el constituyente ha identificado. De esta forma, mediante la
intervención estatal, se garantiza la igualdad de oportunidades, corrigiendo
las imperfecciones de dicho mercado, con el fin de permitir el acceso a los
bienes y servicios de todas las personas, particularmente, de aquellas que
cuentan con menores ingresos o se hallan en condiciones de debilidad
manifiesta”[83].
41.2. En consideración a la relevancia que tiene regular este tipo
de actividades es que, sobre el particular, se ha reconocido una amplia
potestad del legislador y del ejecutivo. Esta Corporación, al referirse al
sistema financiero –siendo también aplicables los mismos argumentos para la
actividad aseguradora- agregó que su regulación es “(…) compartida entre el Congreso y el Presidente de la República, con
fundamento en leyes marco depositarias de pautas generales y en procesos de
ejecución y supervisión administrativas, para la inspección, vigilancia y
control de las personas que realicen tal actividad u otra relacionada,
enfocadas al manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados al
público”[84].
Lo anterior, explica por qué se expidió la Ley 35
de 1993, por medio de la cual se dictaron normas generales y se señalaron los
objetivos y los criterios a los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para reglar
las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y
se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora.
41.3. En este contexto se adoptó el Decreto Ley 663 de 1993 que
reguló (i) la organización del sistema financiero y asegurador y, de forma
detallada, definió las características, las condiciones mínimas, el patrimonio
y el tipo de sociedad que puede desempeñar cada una de estas actividades. Por
su parte, la Ley 1328 de 2009[85],
tuvo por objeto (ii) establecer los principios y las reglas que rigen la
protección del consumidor financiero, en la que se incluyó un listado de
cláusulas y prácticas abusivas, las cuales se deben complementar -en virtud del
literal d) del artículo 12- con las demás que establezca, de manera previa y
general, la Superintendencia Financiera de Colombia[86].
d)
El contrato, la buena fe y los deberes
secundarios de conducta como límites
42. En consideración a la naturaleza
jurídica de las actividades financiera y aseguradora, así como en atención al tipo
de relaciones que se establecen con los clientes-consumidores, el deber
contractual de actuar de buena fe adquiere una importancia significativa. Sobre
el alcance de dicho deber, la Corte Constitucional ha sostenido que “[e]l
artículo 83 de la Constitución Política reconoce el principio de buena fe en
las actuaciones de los particulares” siendo objeto de “desarrollo
legislativo concreto, en materia contractual, en los artículos 1603 de Código
Civil (…) y 871 del Código
de Comercio (…)”[87].
Para la Corte, por virtud de la buena fe contractual “las partes obligadas por un acto jurídico actúan bajo los
parámetros de la recta disposición de la razón dirigida al cumplimiento fiel de
las obligaciones derivadas del acto. Se trata de reconocer que al momento de
aceptar la realización de una determinada prestación, se procederá con
honestidad, lealtad y moralidad”[88].
43. Este deber que, en efecto, supone la obligación de actuar de
manera leal y honesta, se traduce además en el reconocimiento de los
denominados deberes secundarios de conducta. Esta clase de deberes, por oposición a los que en estricto sentido se derivan de un
contrato, son aquéllos que pese a no haber sido pactados de forma expresa por
las partes se incorporan al acto jurídico en virtud del principio de buena fe
–que se funda en la Constitución-. Entre estos deberes complementarios – o
contiguos, como también se les han conocido- se encuentran el de información,
protección, consejo, fidelidad y secreto.
Tales deberes, según lo ha puntualizado la
doctrina especializada[89],
tienen como finalidad la realización del interés común perseguido por las
partes. Por tal motivo le son impuestos tanto al deudor como al acreedor, no
sólo en la ejecución del contrato, sino también en la etapa precontractual y
poscontractual. Si bien estas exigencias tienden a hacer más complejas las
relaciones jurídicas entre las partes, reformulan el presupuesto de la igualdad
formal, con el fin de reconocer la actuación de profesionales, productores o
distribuidores de bienes y servicios que tienen la capacidad de imponer a su
contraparte las condiciones contractuales.
A partir de lo anterior, destaca la Corte,
estos deberes secundarios pueden manifestarse de forma más intensa en aquellos
casos en los cuales la relación contractual puede calificarse también como una
relación de consumo. En ese sentido y a modo de ejemplo, la celebración de
contratos bancarios impone por su naturaleza –circunstancia que además suele
ser reconocida por la ley- unos deberes especiales de acompañamiento, consejo e
información. Tal exigencia encuentra fundamento en el deber constitucional de
protección al consumidor (art. 78), en la función social de la empresa (art.
333) y en el bien común en tanto límite de la libre iniciativa privada (art.
333).
En consecuencia, el respeto de los preceptos derivados de la buena
fe son imperativos y su infracción puede justificar la intervención de
autoridades administrativas e incluso judiciales. En esa dirección y
considerando su relevancia constitucional, la violación puede tornarse
relevante desde la perspectiva de los derechos fundamentales y justificar, en
eventos excepcionales, la intervención del juez de tutela.
E. El DEBER DE INFORMACIÓN A CARGO DE LA
ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS.
44. Un deber particular que limita el
ámbito de acción de las entidades financieras y aseguradoras, de notable
importancia en el asunto que ahora examina la Corte, se concreta en la
obligación especial de información y acompañamiento a los consumidores financieros.
Dicha obligación encuentra apoyo en la Constitución (arts. 20, 78, 83 y 333),
en la Ley 1328 de 2009 (arts. 3, 5, 7 y 8) y, como se ha dejado explicado, en
los deberes secundarios de conducta vinculados a la buena fe.
Sobre este deber se ha indicado que cuenta
con dos facetas. La primera exige del profesional el suministro de información
en favor de la otra persona que o bien desconoce la materia objeto de
contratación, o no tiene el conocimiento suficiente. La segunda, su
manifestación negativa, implica “(…) el deber jurídico de abstenerse de
engañar o de inducir en error al otro contratante. Se considera que quien tiene
la información debe tomar la iniciativa para efectos de suministrarla a la otra
parte de la relación e, incluso, debe indagar sus necesidades y su estado de
conocimiento sobre el tema materia del respectivo contrato”[90]. En
razón de su naturaleza, es necesario resaltar que el deber de informar y el derecho
a recibir información en el marco de la actividad financiera no se encuentra a
disposición de las partes, en tanto constituye una garantía con un inequívoco
fundamento constitucional.
45. El literal c) del artículo 3° de la Ley 1328 de 2009 fija a la
transparencia y al suministro de información cierta, suficiente y oportuna, como
unos de los principios orientadores que rigen las relaciones entre los
consumidores financieros y las entidades vigiladas:
“Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores
financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita,
especialmente, que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus
derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las
entidades vigiladas”.
Esta disposición impone entonces la obligación de que las entidades
bancarias y aseguradoras suministren información (i) que corresponda
efectivamente a la realidad jurídica y fáctica del vínculo del que se trate;
(ii) que sea completa y no parcial, de manera tal que su destinatario pueda
tener una imagen integral y detallada de la posición en la que se encuentra y
de las posibilidades de actuación que tiene en la relación; y (iii) que sea
plenamente comprensible, incluso en aquellos casos en los que su naturaleza
técnica imponga dificultades para ser explicada. En adición a ello (iv) la
información debe ser entregada en el momento en que resulta relevante y no
después, de manera tal que con fundamento en ella, el cliente o usuario –según
el caso- pueda tomar las decisiones correspondientes.
46. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación, constituye una forma de equilibrar la relación desigual y permite
al consumidor el ejercicio pleno de sus derechos. Así fue puesto de presente en
la sentencia T-277 de 2016[91]:
“(…) la exigencia a las entidades
que conforman el sistema financiero para que entreguen a los consumidores datos
claros y oportunos, no es otra que equilibrar la situación de indefensión en la
que estos últimos se encuentran ante ellas, para que reconozcan y ejerciten sus
derechos como usuarios, permitiéndoles tomar mejores decisiones, facilitándoles
la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado,
propendiendo porque conozcan tanto sus derechos como las obligaciones
adquiridas” [92].
La Superintendencia Financiera estableció en la Circular 038 de
septiembre de 2011 que la información tiene distintas connotaciones, con
fundamento en la estudiada ley, entre las que se resaltan las siguientes: “(…)
(i) un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal b)
del artículo 5°; (ii) una obligación especial de las entidades vigiladas de
acuerdo con lo establecido en los literales a), b), c), f), g), h), j), o), p)
y s) del artículo 7°; (iii) un principio orientador que debe regir las
relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las
entidades al tenor de lo previsto por el literal c) del artículo 3° de la misma
norma y (iv) un elemento constitutivo del Sistema de Atención al Consumidor
Financiero al que se refiere el literal c) del artículo 8 de la misma
disposición”.
47. En síntesis, la actividad financiera y aseguradora, pese a estar
cobijadas por la garantía de la libre iniciativa privada, debe respetar la
Constitución[93].
Son intolerables las conductas que vayan en detrimento del marco jurídico
previamente referido, pues si bien la libertad contractual “(…) permite a la
persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria,
pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de la
Constitución que incorpora como principio fundamental el de la solidaridad
social y la prevalencia del interés general”[94]. La
infracción de cualquier límite constitucional, legal o de alguno que se pueda
derivar de la buena fe en la ejecución del contrato de seguro, puede ser objeto
de control jurisdiccional con el fin de que el Estado de Derecho, el interés
público y los derechos fundamentales se realicen, de manera efectiva, en todos
los ámbitos de actuación humana.
El ejercicio de la actividad bancaria y de la aseguradora, sin lugar
a dudas, comporta una responsabilidad significativa de quienes la tiene a su
cargo. Esto explica por qué deben suministrar en favor del usuario información
cierta, suficiente, clara y oportuna, además de estar obligados a abstenerse de
engañar o inducir en error al otro contratante.
F. SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO
48. Tal y como quedó planteado, el problema jurídico a resolver en
el presente caso consiste en determinar si el Banco Corpbanca -de forma directa
o través de Helm Corredores de Seguros- vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la información y al mínimo vital del actor, al mantener en
error al señor Enrique Pérez Astudillo acerca de cuál era la aseguradora que
cubría su riesgo de invalidez o muerte, y en definitiva, al haberle afectado la
posibilidad de reclamar judicial o extrajudicialmente y de forma oportuna el pago
correspondiente.
Lo anterior, de conformidad con los hechos probados,
según los cuales el accionante se vinculó a un contrato de seguro grupo deudor
–como así lo confirmó Allianz Compañía de Seguros en su intervención- con
vigencia desde el treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011), el que
cubría el riesgo de invalidez física superior al 50% de pérdida de capacidad
laboral o su muerte. Además, se pudo constatar que el 17 de febrero de 2014 a
Enrique Pérez Astudillo, mediante
dictamen de la Junta Regional de Calificación del Huila, le fue otorgado un PCL
de 71,96% y se fijó como fecha de estructuración el cinco (5) de mayo de dos
mil ocho (2008)[95].
A partir de lo anterior, el actor reclamó el pago del siniestro tanto al Banco
Corpbanca y a Helm Corredores de Seguros, quienes se limitaron a remitir esta
reclamación a Mapfre que siempre adujo no tener vínculo alguno con el
accionante. Sin embargo, sólo hasta que esta Corporación, en Sede de Revisión,
solicitó que se aclarara la situación Helm Corredores y el Banco Corpbanca
aclararon que el accionante figuraba como asegurado en un contrato suscrito con
Allianz Compañía de Seguros. Es decir, que el accionante estuvo más de dos (2)
años reclamando el pago del siniestro a la aseguradora equivocada.
49. La Corte encuentra que la respuesta al problema jurídico es
positiva: Corpbanca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
contractual, al derecho a la información y al mínimo vital de Enrique Pérez
Astudillo, debido a la omisión de suministrar información oportuna y completa acerca
de la sociedad aseguradora ante la cual podía adelantar la reclamación judicial
y extrajudicial. La infracción de este deber implica una violación iusfundamental
dado que, además de desconocer la existencia de normas que reconocen el derecho
a la información de los consumidores (arts. 20 y 78), vulneró las reglas
legales que rigen la actividad contractual de las entidades bancarias y que, en
tanto protegen a sujetos en situación de notable inferioridad contractual, se
integran al contenido del debido proceso contractual.
El comportamiento asumido por la entidad bancaria tuvo como efecto,
finalmente, la imposición de una restricción intensa a las posibilidades del
accionante de reclamar -de forma oportuna- el pago del siniestro. Esto terminó
por generar que al momento de conocer el nombre de la aseguradora, hubieran ya
transcurrido los términos de prescripción establecidos en el artículo 1081 del
Código de Comercio y el accionante se encontrara obligado a cubrir un saldo
cuyo pago le correspondía, prima facie, a la aseguradora.
A continuación se fundamenta esta conclusión.
49.1. El Banco Corpbanca –con la participación de Helm Corredores-
no obstante las reclamaciones del actor e incluso de la interposición de la
acción de tutela en su contra, nunca le indicó con precisión la sociedad
aseguradora con la que se había celebrado el contrato de seguro grupo deudor.
Sólo hasta que la Corte Constitucional asumió el conocimiento y solicitó
pruebas, esta entidad financiera verificó la información y la suministró, pese
a que el actor llevaba más de dos años solicitándola.
Para la Corte esta conducta desconoció los límites constitucionales,
legales y los derivados de la buena fe en el contrato de seguro, que rigen la
actuación de las entidades que desarrollan actividades financieras. La ausencia
de una indicación precisa acerca de la aseguradora a quien podría reclamarse el
pago del saldo insoluto, en caso de demostrarse la ocurrencia del siniestro, le
impidió al demandante no sólo formular adecuadamente la reclamación en los términos
del inciso primero del artículo 1075 del Código de Comercio[96], sino
también iniciar las acciones judiciales en contra de las sociedades
aseguradoras. En particular, se desconoció el deber de información, el cual se encuentra
consagrado en distintas disposiciones de la Ley 1328 de 2008, que exigen el
suministro de información cierta, oportuna, suficiente y clara. El
incontestable desconocimiento de este deber se dio a pesar de que el suministro
de información en favor del consumidor financiero es una obligación especial de
las entidades vigiladas y un elemento constitutivo del sistema.
Ni el banco -de forma directa- o por intermedio de Helm Corredores
orientaron de forma clara al actor sobre cuál era la aseguradora obligada. Tampoco
se le ofreció ninguna información acerca del trámite que podía iniciar en
contra de la aseguradora, en caso de que se hubiere negado a pagar el
siniestro. Enrique Pérez Astudillo se enfrentó a un contexto de desinformación
que fue propiciado por las entidades que, teniendo la información, nunca la
verificaron y mucho menos la suministraron.
Como consecuencia de esta omisión, también se quebrantaron los
límites constitucionales del bien común, de la solidaridad social y de la
prevalencia del interés general. Dado que las actividades financiera y
aseguradora constituyen expresión del interés público, su actuación de manera
contraria a dicho interés o abusando de su posición de supremacía contractual,
justifica la intervención de las autoridades a fin de corregir la actuación y
restablecer el equilibrio entre el consumidor financiero y las sociedades.
49.2. La Corte constata que el Banco Corpbanca siendo tomador del
seguro no ha tomado acciones ciertas contra la aseguradora. Contrario a esto,
se ha esforzado por cuestionar la reclamación del accionante, pese a que éste
no es su papel y a que tal circunstancia termina por agravar la situación del
actor y de profundizar la desigualdad que caracteriza el acceso a este tipo de
información. No estaba al alcance de Enrique Pérez Astudillo conocer cuál era
la aseguradora a la que debía reclamar, si se tiene en cuenta que nunca se le
entregó la copia de la póliza y los términos a los que se sujetó este contrato,
aun cuando fueron explícitamente solicitados[97].
Este proceder ignoró de manera absoluta que el interés principal asegurado por
este contrato es el del deudor y, en consecuencia, la debida información acerca
de las condiciones pactadas con la aseguradora revestía una significativa
trascendencia.
49.3. Esta Corporación advierte que (i) la deuda con el Banco
Corpbanca ha aumentado, ya que el actor no ha podido cubrirla debido a la
disminución de sus ingresos cuando se le otorgó la pensión de invalidez y (ii)
en relación con esta falta de pago es probable que el actor sea objeto de
procesos jurídicos en su contra, en detrimento suyo y de su núcleo familiar,
que incluye a dos menores de edad.
49.4. A raíz de lo anterior, el incumplimiento del deber de
información adquiere, en el contexto del actor, una significativa importancia
constitucional. En primer lugar, (i) la omisión de la entidad financiera privó
al accionante –quien sufre de serios padecimientos de salud, fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral del 71,96% y de quien dependen dos menores de
edad- de la posibilidad de reclamar efectivamente el pago de la póliza y en su
defecto de demandar judicialmente la reclamación. En segundo lugar (ii) la
infracción del deber de información en este caso tiene adquiere una
trascendencia iusfundamental al adscribirse a los artículos 20 y 78 de
la Constitución[98].
En tercer lugar (iii) la actuación cuestionada en esta oportunidad impacta los
derechos al debido proceso[99]
y al mínimo vital[100]
del actor, por cuanto el monto adeudado se acrecienta sin que exista una
alternativa viable para evitar las consecuencias dañinas de la negligencia del
Banco Corpbanca.
50. Identificada la vulneración de los derechos fundamentales del
actor, le corresponde a la Corte establecer las medidas que deben ser adoptadas
a fin de proteger los derechos violados. El problema que enfrenta la Corte no
es sencillo. De una parte, podría aducirse que a la entidad bancaria no se le
puede imponer carga alguna en relación con la deuda del accionante, dado que el
obligado en este caso sería la aseguradora. Sin embargo, de otro lado, la Corte
ha constatado que establecer en esta sede la obligación de la aseguradora de
efectuar el pago, desconocería el hecho de que prima facie han
transcurrido los términos de prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguro.
50.1. En el escrito remitido a esta Corporación por el Banco
Corpbanca, el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis (2016), en el que se advirtió
que el contrato de seguro grupo deudor había sido suscrito con una aseguradora
diferente, también se informó que la póliza cobija a Enrique Pérez Astudillo
como asegurado con un “amparo automático”. Como así lo reconoció esta entidad
financiera, esto implicó que dado que el actor al momento de adquirir el
crédito no sobrepasó el valor máximo y tampoco la edad establecida, adquirió de
inmediato la condición de asegurado, sin que fuera necesario que realizara
declaración alguna sobre su estado de salud.
No es comprensible que más adelante en el mismo escrito se afirme
que la labor de esta entidad se limita a trasladar las solicitudes que los
clientes realizan a las aseguradoras, así como las respuestas de ellas a los
primeros y por tanto la entidad financiera no es la encargada de asumir los
riesgos asegurables, pues esta función es exclusiva de las aseguradoras. Esta
argumentación supone una grave inconsistencia dado que se está admitiendo que
la vía para realizar una reclamación es a través del Banco -quien remite la
información-, pero al parecer se descarta que de la omisión de su deber se
pueda derivar algún tipo de responsabilidad.
Así su objeto social no lo contemple y la regulación actual no le permita
desarrollar  actividades de aseguramiento, una entidad financiera puede estar
obligada a reparar un daño por haber roto -de forma absoluta- la comunicación
entre la aseguradora y el usuario. Existen funciones que se otorgan a entidades
especializadas y el seguro es un ejemplo de ellas, sin embargo ello no exime de
responsabilidad a quien, incumpliendo un deber que le es propio, impide que el
pago del siniestro se dé con normalidad.
La omisión de reportar la reclamación a la aseguradora adecuada y mantener
en el error al accionante –no obstante que era esta entidad financiera la que
tenía el acceso a la información y estaba en el deber de suministrarla-, le
quitó la oportunidad al señor Enrique Pérez Astudillo de reclamar el siniestro
a Allianz Compañía de Seguros y/o de demandar judicialmente su reconocimiento,
antes de que hubieren corrido los términos de la prescripción ordinaria. La
actuación del Banco Corpbanca, al no haber suministrado la información
suficiente pese a las dos solicitudes radicadas por el actor[101] y a los
múltiples reclamos realizados –según lo afirmó el Enrique Pérez Astudillo y no
fue controvertido-, determinó que el demandante hubiera perdido la oportunidad
de realizar la reclamación dentro de los términos estipulados para ello.
50.3. La jurisprudencia y la doctrina más autorizada han señalado
que la  responsabilidad por pérdida de la oportunidad[102] implica que
si una persona tenía una posibilidad de beneficiarse o al menos de no agravar
su situación y como consecuencia de una conducta o una omisión de un tercero,
dicha oportunidad se pierde, éste deberá reparar el daño. No obstante, como es
tan sólo una oportunidad –por oposición a la certeza absoluta sobre la
prestación- el daño a indemnizar deberá calcularse en razón de las
posibilidades fácticas y jurídicas de la ocurrencia del resultado esperado, por
cuanto esto fue lo que el responsable frustró con su conducta.
50.4. Encuentra la Corte que de la información recaudada, y en
particular de la que fue aportada por la entidad bancaria, es posible concluir
que al actor al momento de adquirir el crédito y el seguro que lo amparaba, no
se le preguntó si sufría un padecimiento de salud. Por tanto, debía entenderse
que con el aseguramiento automático se asumió por la entidad aseguradora cualquier
riesgo derivado de esta decisión, con mayor razón si no existe prueba de
exclusión alguna.
De modo que al no habérsele preguntado al actor si sufría de una
enfermedad previa -para que fuera excluida de la póliza del seguro grupo deudor-
no existió ninguna inexactitud en la información suministrada por el accionante
y mucho menos la existencia de mala fe por parte de quien, en su oportunidad, no
pudo declarar un riesgo. Hipotéticamente hablando, si se le hubiere reclamado
el pago del siniestro a la aseguradora, no es posible que ella indicara que
existía una reticencia en el caso estudiado[103],
cuando la situación de salud de Enrique Pérez Astudillo no hizo parte de los
términos del contrato de adhesión. Se opone al principio de buena fe limitar
los riesgos que se amparan en un contrato de seguro, cuando no se han fijado
previamente sus exclusiones.
La Corte debe advertir además, y esto resulta de gran importancia, que
el seguro de vida grupo deudores tiene por objeto enfrentar el riesgo de que el
deudor no pueda pagar la obligación como consecuencia de un hecho sobreviniente,
asociado a su muerte o a su incapacidad. En esa medida, si al momento en que la
aseguradora asume el riesgo, el deudor cuenta con plena capacidad de pagar y
por ello es que la entidad bancaria celebra el contrato de mutuo, resulta
incomprensible afirmar que la imposibilidad de pago sobreviniente -ocurrida
justamente al momento de que su invalidez es calificada- se encuentra excluida
de la cobertura porque su fecha de estructuración sea un hecho anterior.
Razonar en este sentido desconoce que, en verdad, el hecho detonante
de la obligación de la aseguradora de pagar el saldo insoluto se desprende de
la declaración contenida en el acta de calificación de invalidez, sin que sea
posible compartir el argumento de Helm Corredores, quien indicó que dentro del
contrato de seguros se había determinado que la fecha del siniestro
correspondería a aquélla en la cual se estructurara la invalidez. En el auto de
pruebas esta Corporación le solicitó la póliza al Banco Corpbanca, a este
corredor de seguros y a la aseguradora, quienes se negaron a allegarla. En
consecuencia, mal haría esta Corte al admitir un argumento que favorece a la
accionada con fundamento en un contrato que se desconoce y que pese a haber
sido solicitado, nunca se aportó. En ese sentido además de incumplirse una
orden judicial, las accionadas no asumieron la carga de probar el supuesto de
hecho que las favorecía.
50.5. La Corte estima que no existía, prima facie, ninguna
razón jurídica para negar el pago del siniestro por parte de la aseguradora. Esta
probabilidad de reconocimiento del daño, en caso de que la pretensión hubiera
sido planteada oportunamente ante la jurisdicción, fue frustrada por el Banco
Corpbanca al (i) romper y casi impedir la comunicación entre el usuario y la
entidad aseguradora y (ii) haber mantenido en error al actor respecto de la
aseguradora con quien se había contratado el seguro. De acuerdo con ello la
Corte juzga apropiado ordenar a la entidad bancaria que asuma el 90% del saldo
insoluto de la deuda de Enrique Pérez Astudillo, por cuanto con su conducta lo
privó de la posibilidad de reclamar la configuración del siniestro.
Si bien en términos jurídicos la Corte constata una probabilidad
jurídica muy alta de que la aseguradora se hubiere visto obligada a efectuar el
pago correspondiente, es necesario advertir que el daño que se indemniza por la
pérdida de la oportunidad también se encuentra atado a una incertidumbre
fáctica. En ese sentido, esta pérdida se encuentra sujeta a una probabilidad de
obtener el pago del siniestro. Conforme a ello, esta Corporación juzga –de
acuerdo a las exigencias de la equidad- que el deudor debe asumir el diez por
ciento (10%) del saldo insoluto. Sin embargo, considerando las circunstancias
actuales del accionante, Sistemcobro deberá establecer un acuerdo de pago respecto
de dicho saldo, en el cual el actor contará con el término mínimo de un (1) año
para realizarlo.
Adicionalmente y como mecanismo para enfrentar la violación de los
derechos fundamentales, se ordenará que una vez que el actor asuma con el
porcentaje que le corresponde del saldo de la deuda, se retire de forma
inmediata el reporte negativo de las bases de datos de las centrales financieras
y crediticias en las que hubiera podido ser reportado. No obstante, a partir de
la notificación de esta sentencia se deberá actualizar la información a efectos
de que se indique que el saldo debido equivale al diez por ciento (10%) del
saldo insoluto.
50.6. Por último, en relación con la responsabilidad de Helm
Corredores de Seguros
que, en su calidad de intermediario y de profesional,
recibió la petición del actor y la remitió a Mapfre Compañía de Seguros y no a
Allianz, considera esta Corporación que tal actuación requiere su examen por la
autoridad competente a efectos de establecer si con ella se incumplió alguno de
sus deberes. En consecuencia, se ordenará remitir esta providencia a la
Superintendencia Financiera de Colombia, para que, en ejercicio de sus
funciones y si así lo estima pertinente, adelante las actuaciones que estime
procedentes.
G. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
51. Le correspondió a la Sala Tercera de Revisión determinar si el Banco Corpbanca, de forma directa o través de Helm Corredores
de Seguros, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
información y al mínimo vital del accionante, al mantener en error al señor
Enrique Pérez Astudillo sobre cuál era la aseguradora que cubría su riesgo de
invalidez o muerte y en definitiva, al haberle impedido reclamar de forma
oportuna el siniestro.
52. Como resultado de las sub-reglas
jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia, observa la
Sala lo siguiente:
(a)  En
el análisis de legitimación por pasiva contra las entidades financieras se debe
tener en consideración si la acción de tutela es procedente dado que cierta
actividad pueda catalogarse como (i) un servicio público, o si por el
contrario, (ii) lo es por encontrarse el accionante en una relación de
indefensión con alguna entidad bancaria. En el caso de las entidades
aseguradoras, la acción de tutela será procedente siempre que se demuestren las
condiciones necesarias para declarar la indefensión.
(b) El contrato de seguro grupo
deudor se caracteriza por ser una modalidad de seguro colectivo, el cual no es
obligatorio pero representa una garantía adicional de carácter personal, que
depende del consentimiento del deudor y de las políticas de riesgo de las
entidades financieras. En todo caso, se debe garantizar en favor del
deudor-asegurado (i) la debida información acerca de las condiciones pactadas
con la aseguradora y (ii) la libertad para contratar con otras compañías de
seguros, teniendo en cuenta que el interés principal es el del asegurado y no
el de la entidad crediticia.
(c)  En
razón de la naturaleza de las actividades que desempeñan las entidades bancarias
y las aseguradoras, ellas se encuentran especialmente vinculadas (i) por las
disposiciones constitucionales (arts. 4, 6, 86, 333, 334 y 335), (ii) por los
límites fijados en la ley y en el reglamento (arts. 150.19 y 189.24) y (iii)
por las obligaciones que se adscriben al deber de actuar conforme a la buena fe
(art. 83).  En ese sentido, el ejercicio de la actividad bancaria y de la
aseguradora, sin lugar a dudas, comporta una responsabilidad significativa de
quienes la tiene a su cargo. Esto explica por qué deben suministrar en favor
del usuario información cierta, suficiente, clara y oportuna, además de estar
obligados a abstenerse de engañar o inducir en error al otro contratante.
Esta cuestión también es relevante
para determinar la responsabilidad de las entidades aseguradoras y bancarias,
en las que se deberán tener en consideración tres factores: (i) el primero es
el grado en el que incidió la conducta u omisión de la aseguradora o de la
entidad financiera en la situación desfavorable del actor, (ii) el deber
omitido y su vinculación con la Constitución, la ley u otros principios y (iii)
si como consecuencia de lo anterior existe una afectación en los derechos
fundamentales del actor. Frente a este último aspecto es particularmente
diciente la jurisprudencia constitucional, que ha exigido, como causa y
justificación necesaria para la intervención del juez de tutela en asuntos
contractuales, la evidente trasgresión de un derecho fundamental.
53. Sobre la base
de lo anterior, la Sala concluyó que se deben tutelar los derechos
fundamentales de información, debido proceso –en su modalidad contractual- y el
mínimo vital del actor, por cuanto el monto adeudado se acrecentó, mientras que
el accionante nunca pudo reclamar a Allianz Compañía de Seguros S.A. por cuenta
de la omisión del Banco Corpbanca en suministrar información veraz, cierta,
completa y oportuna. Para el momento en que la entidad financiera informó con
claridad cuál era la entidad aseguradora responsable de cubrir el riesgo, ya
habían corrido los términos de prescripción de la acción ordinaria derivada del
contrato de seguro y por tanto el banco debe asumir el 90% del saldo no pagado
de la deuda por haber privado al señor Enrique Pérez Astudillo de la
oportunidad de reclamar o de demandar que se hiciera efectivo el pago del siniestro.
54. Finalmente, en relación con Sistemcobro se le ordenará que realice
un acuerdo de pago con el accionante para que se efectúe el correspondiente
pago del saldo de la deuda, el cual se encuentra sujeto a un término mínimo de
un año.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, que a su vez confirmó la
providencia del Juzgado Noveno Civil Municipal de Neiva, en la
que se declaró improcedente el amparo solicitado por el actor. En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a la información, al debido proceso contractual
y al mínimo vital de Enrique Pérez Astudillo.
Segundo.- ORDENAR al Banco Corpbanca que asuma el asuma el 90% del saldo insoluto de
la deuda de Enrique Pérez Astudillo a la fecha de notificación de esta
providencia, como consecuencia de haber privado al actor de la pérdida de la
oportunidad de reclamar o demandar el pago del siniestro a la aseguradora, con
la cual se había adquirido el contrato de seguro de vida grupo deudor.
Tercero.- ORDENAR a Sistemcobro
que realice un acuerdo de pago con el accionante para que se efectúe el
correspondiente pago del saldo de la deuda, el cual se encuentra sujeto a un término
mínimo de un año. Además, como medida para resarcir el daño que se la ha
causado a Enrique Pérez Astudillo, una vez que el actor cumpla con el pago del porcentaje
que le corresponde de la deuda, Sistemcobro deberá retirar el reporte negativo
de las bases de datos de las centrales financieras y crediticias, en las cuales
el actor hubiera podido ser reportado. No obstante, a partir de la notificación
de esta sentencia se deberá actualizar la información a efectos de que se
indique que el saldo debido equivale al diez por ciento (10%) del saldo
insoluto.
Cuarto.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Quinto.-
Por Secretaría General, REMÍTASE esta providencia a la
Superintendencia Financiera de Colombia, para que, en ejercicio de sus
funciones y si así lo estima pertinente, adelante las actuaciones que estime
procedentes a fin de analizar el comportamiento de Helm Corredores de Seguros
en el presente caso.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ausente con
permiso
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Acción de tutela presentada el 1° de febrero de 2016 (Folio 54 del
cuaderno principal).
[2] Folio 1 cuaderno principal. Poder otorgado por la señora Julieth
Ortiz Hernández, en nombre y representación de su compañero permanente.
[3] Si bien el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se refirió a
este tipo de entidades como establecimientos bancarios, por simplicidad, se
hará referencia  a la expresión “bancos” a lo largo de esta providencia.
[4] En el folio 18 del cuaderno principal consta el Acta de la Junta
Médica Laboral No. 6512.
[5] Folio 12 a 16 del cuaderno principal. Dictamen de la Junta
Regional de Calificación del Huila.
[6] Folio 8 del cuaderno principal. Copia de la petición radicada en Helm
Corredor de Seguros.
[7] Folio 9 a 11 del cuaderno principal. Respuesta a reclamación
administrativa de pago de la póliza.
[8] Folio 19 a 22 del cuaderno principal. Resolución No. 2927
del 13 de junio de 2014
[9] Folio 54 del cuaderno principal. Acta Individual de Reparto.
[10] Folios 3 a 7 del cuaderno principal.
[11] Se aporta fotocopia de la cédula de su compañera permanente.
[12] Entre las pruebas que fueron recaudadas en
Sede de Revisión se aportaron tanto el registro civil de nacimiento de la menor
Sara Valentina Ortiz –de 5 años de edad y quien figura como hija del
accionante- y de Mariana Lucia Pérez Ortiz- de un año de edad y quien figura
como hija del accionante-. Folios 48 y 49 del cuaderno de Revisión.
[13] Folio 56 a 59 del cuaderno principal.
[14] Folio 64 a 71 del cuaderno principal.
[15] Folio 66 del cuaderno principal.
[16] Folio 70 del cuaderno principal.
[17] Folio 81 a 84 del cuaderno principal.
[18] Folio 81 del cuaderno principal.
[19] Folio 77 del cuaderno principal.
[20] Folio 78 del cuaderno principal.
[21] Folio 88 a 89 del cuaderno principal.
[22] Folios 20 a 23 del cuaderno de Revisión.
[23] Folios 42 a 92 del cuaderno de Revisión.
[24] Resolución No. 2927 de junio de 2014. Ministerio de Defensa
Nacional. Folios 57 a 60 del cuaderno de Revisión.
[25] Se aportó parte de la historia Clínica. Folios 22 a 92 del cuaderno
de Revisión.
[26] Folio 44 del cuaderno de Revisión.
[27] Folios 93 a 122 del cuaderno de Revisión.
[28] En los folios 256 a 265 del cuaderno de Revisión consta una última
intervención realizada por el Banco Corpbanca, el veintidós (22) de noviembre
del presente año, en la que se insistió en la improcedencia de la acción
constitucional interpuesta por Enrique Pérez Astudillo y se aportó una
certificación de BNP Paribas Cardif, en la que se indicó que los amparos de la
póliza comprendían la muerte por cualquier causa y la incapacidad total
permanente.
[29] Folios 123 a 158 del cuaderno de Revisión.
[30] Folios 159 a 167 del cuaderno de Revisión.
[31] Folios 168 a 202 del cuaderno de Revisión.
[32] Folios 203 a 216 del cuaderno de Revisión.
[33] Folios 226 a 229 del cuaderno de Revisión.
[34] Folios 230 a 248 del cuaderno de Revisión.
[35] El artículo 86 de la Constitución Política
dispone que: “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública (…)”.
[36] Folio 42 del cuaderno de Revisión.
[37] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[38] De conformidad con esta disposición “la
acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos: (…) 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una
organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el
beneficiario real de la situación que motivo la acción, siempre y cuando el
solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal
organización”.
[39] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[40] Sin que de forma explícita se
indique en esta providencia, esta cuestión concuerda con los numerales 1° y 2°
de del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
[41] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[42] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[43] Marco Gerardo Monroy Cabra.
[44] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[45] “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública”.
[46] Sentencia C-378/10 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio).
[47] Sentencia T-578/98 (M.P. Fabio Morón Díaz).
[48] M.P. Rodrigo Escobar Gil. En dicha providencia se estudió la
naturaleza jurídica de los servicios públicos para determinar si existía
legitimación por pasiva contra dos entidades financieras, quienes se negaron a
refinanciar los créditos adquiridos por un sujeto que fue secuestrado y a quien
por el contrario se le inició un proceso ejecutivo en su contra.
[49] Ibídem.
[50] En varias oportunidades la Corte ha considerado procedente la
acción de tutela al verificar la indefensión. Entre ellas se encuentran las
sentencias T-832/10 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-751/12 (M.P. María
Victoria Calle Correa) y T-826/12 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[51] M.P. Mauricio González Cuervo. En dicha oportunidad se estudió la
legitimación por pasiva en contra de una entidad aseguradora que se negó a
pagar una póliza de seguro de vida e invalidez, por considerarse que los
antecedentes de las enfermedades sufridas por el actor se presentaron antes de
la vigencia del contrato. En atención al desequilibrio contractual que existió,
al haberse firmado un contrato de adhesión y en virtud de la situación de
indefensión del accionante se declaró que existía legitimación por pasiva contra
las accionadas.
[52] La Corte Constitucional ha reconocido que, bajo ciertas
circunstancias, la acción de tutela procede en contra de entidades aseguradoras
para reclamar el pago de un contrato de seguro grupo deudor. Al respecto son
relevantes las sentencias T-577/15 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-770/15
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-240/16 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub) y T-282/16 (Gloria Stella Ortiz Delgado).
[53] Es
necesario considerar que a partir de la Ley 1480 de 2011, por medio de la cual
se expide el estatuto del Consumidor, se creó una nueva acción de protección al
consumidor y para esto se le dio facultades jurisdiccionales a la
Superintendencia Financiera de Colombia en aplicación del artículo 116 de la
Constitución. Sobre el particular el artículo 57 de esta ley dispone que: “(…)
los
consumidores financieros de las entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia podrán a su elección someter a conocimiento de esa
autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y las entidades
vigiladas sobre las materias a que se refiere el presente artículo para que
sean fallados en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias
de un juez. /En
desarrollo de la facultad jurisdiccional atribuida por esta ley, la
Superintendencia Financiera de Colombia podrá conocer de las controversias que
surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas
relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera,
bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento inversión de los recursos captados del público”. No obstante, al
plantearse como una acción que se encuentra a elección del accionante, debe
tenerse por satisfecho el requisito de subsidiariedad. .
[54] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[55] Ibídem.
[56] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[57] M.P. María Victoria Calle Correa.
[58] Con sustento en lo expuesto se concluyó en
esta providencia que la acción de tutela era procedente pues estaba dirigida a
solicitar la protección del derecho al mínimo vital, por cuanto el solicitante
era un persona con una pérdida de capacidad laboral del 74,4%, quien recibía
unos escasos ingresos para su sostenimiento del de su familia, compuesta por su
esposa y dos menores de edad. De modo que “(…) dadas sus circunstancias de invalidez la cancelación de la cuota
de crédito amparado por la póliza de vida grupo deudores afecta directamente el
derecho a la vida digna y al mínimo vital de una familia que ni siquiera cuenta
con ingresos para suplir sus necesidades más esenciales, representadas en pago
de vivienda, servicios públicos, alimentación, educación y salud”.
[59] No obstante, debe indicarse que el actor percibe un ingreso
adicional de doscientos quince mil pesos ($215.000), que corresponde a una
bonificación que otorga el Ejército Nacional por concepto de la pérdida
psicofísica sufrida por el actor.
[60] En la sentencia T-933/13 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) se estudió la negativa del ICETEX en condonar una
deuda adquirida -dentro de un programa especial para personas con afecciones
físicas, psíquicas y sensoriales-  por cuanto se consideró que no existió una
invalidez sobreviniente al otorgamiento del crédito. La Corte decidió tutelar
los derechos fundamentales a la salud, a la educación inclusiva, a la igualdad
y al mínimo vital del accionante. En consecuencia, se ordenó a la accionada que
suspendiera el cobro de las cuotas, mientras se definía si el actor podía
seguir o no trabajando. Para llegar a esta conclusión, se indicó que los
trastornos mentales esquizoafectivos deben comprender (i) atención médica, (ii)
rehabilitación –tal como el apoyo social, educación y formación -, (iii) la
transformación cultural de la comunidad y (iv) el apoyo de la familia.
[61] Organización Mundial de la Salud. “Invertir en Salud Mental”. 2004.
En: <<http://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf
>>
[62] En este informe se indicó que “[l]os
conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia,
dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse
intelectual y emocionalmente. También ha sido definido como un estado de
bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son
capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma
productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades. Salud mental se
refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y
comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos. Salud mental es
materia de interés para todos, y no sólo para aquellos afectados por un
trastorno mental”.
[63] Ibídem.
[64] Algunos de los supuestos en que se ha flexibilizado el estudio de
la inmediatez fueron recopilados en la sentencia T-1028 de 2010.
[65] En la sentencia T-662/13 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva) se estudió la prescripción -como una de las cargas
procesales que el presunto titular del derecho debe soportar- la cual (i) busca
generar certidumbre entre las relaciones jurídicas, (ii) incentiva y garantiza que las situaciones no queden en suspenso lo
largo del tiempo fortaleciendo la seguridad jurídica y (iii) genera
consecuencias desfavorables que pueden llegar incluso a la pérdida del derecho.
En esta oportunidad, se diferenció entre las dos prescripciones del contrato de
seguro: “[e]xisten dos tipos de prescripción para las acciones derivadas del
contrato de seguros; la ordinaria (2 años) y la extraordinaria (5 años). La
primera de ellas comienza a contar desde que la persona razonablemente pudo
conocer el hecho que da origen a la acción (el siniestro) y la extraordinaria
corre desde que ocurre el siniestro. Ambas clases de prescripción pueden
comenzar a correr paralelamente. La diferencia radica en que una (la ordinaria)
se aplica para personas que por su condición (incapaces) o por otras razones
justificables no pueden tener conocimiento del hecho, y la otra
(extraordinaria) aplica para cualquier tipo de personas independientemente su
calidad.
[66] Folio 12 a 16 del cuaderno principal. Dictamen de la Junta
Regional de Calificación del Huila.
[67] Expediente No. 76001-31-03-006-1999-00019-01 M.P. Edgardo Villamil
Portilla.
[68] Decreto 663 de 1993.
[69] También conocida como Circular Básica Jurídica.
[70] Parte I, Título III, Capítulo I. Deber de información y manuales de
procedimiento.
[71] Numeral 6.2.3. de la Parte I, Título III, Capítulo I de la Circular
Externa 018 de 2016.
[72] Tal disposición establece lo siguiente: “El seguro puede ser contratado por cuenta de un
tercero determinado o determinable. En tal caso, al tomador incumben las
obligaciones y al tercero corresponde el derecho a la prestación asegurada. // No obstante, al asegurado corresponden aquellas
obligaciones que no puedan ser cumplidas más que por él mismo”.
[73] En la sentencia T-919/14 (M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez) se expuso que el interés público supone que se encuentra encaminado a
la materialización del bienestar general de la comunidad, por lo que al
involucrar las actividades financieras este interés, la libertad en su
ejercicio está determinada y puede restringirse cuando están de por medio
valores y principios constitucionales, así como la protección de derechos
fundamentales o consideraciones de interés general. En consecuencia, después de
analizar una serie de providencias de esta Corporación, se agregó que “(…)
la libertad contractual si bien permite a la
persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria,
pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de la
Constitución que incorpora como principio fundamental el de la solidaridad
social y la prevalencia del interés general”.
[74] Al respecto, la sentencia T-222/04 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett) indicó: “En el plano constitucional estas distintas situaciones de
desigualdad inicial tienen consecuencias distintas. En los ámbitos que
ordinariamente funcionan sobre la base de un modelo de igualdad formal, la
posibilidad de que las condiciones de igualdad negocial se tornen en asuntos de
relevancia constitucional es reducida. Por el contrario, cuando se trata de
espacios en los cuales la desigualdad negocial se torna en elemento central
para la definición de las modalidades contractuales y la definición de cargas,
la posibilidad de que el asunto sea considerado en clave constitucional aumenta”.
[75] Esta es precisamente la situación en la que se enmarca
el contrato de seguro, como así se reconoció en la sentencia T-902/13 (M.P.
María Victoria Calle Correa) -tras retomar lo indicado por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia- y en la que se indicó que en este
contrato existe muy poca participación de una de las partes, una potestad
amplia del empresario de imponer las condiciones y unas particulares
circunstancias que rodean el consentimiento.
[76] En la sentencia T-865/14 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado) se advirtió que: “No obstante, si bien el punto de partida de la jurisprudencia
rechaza que a través de la acción de tutela se conozcan y decidan de fondo
asuntos contractuales provenientes de negocios jurídicos privados, las
providencias de esta Corporación han aceptado que, de forma excepcional, la
tutela es procedente, incluso si la orden está encaminada a reconocer la
prestación económica de forma definitiva. La
línea divisoria entre una petición con contenido patrimonial que surge de un
acuerdo privado y una petición para la protección de los derechos
fundamentales, puede resultar difusa. Es posible que la afectación a derechos
fundamentales dependa del no reconocimiento de la prestación económica, y, en
consecuencia, haga indispensable la intervención del juez constitucional. / En esa medida, la tarea que
tiene el juez encargado de resolver la tutela, es examinar si existe un derecho
fundamental involucrado en las circunstancias en las que hacen procedente la
acción de tutela. Esto, porque la tutela fue creada como un mecanismo de
protección de derechos fundamentales, en general, no sólo para ciertos
escenarios en los que puedan verse afectados. Entonces, si los derechos
fundamentales son amenazados o vulnerados con ocasión de una controversia
contractual privada, suscita un interés del Estado, y podría la persona cuyos
derechos están en peligro, pedir a través de la tutela, la protección de los
mismos”.
[77] Corte Constitucional. Sentencia
T-058/14 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[78] Corte Constitucional. Sentencia
T-398/14 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[79] Corte Constitucional. Sentencia T-830/14. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[80] Estas funciones, en consideración a su importancia y al carácter
técnico que exige este mercado, se ejecutan a través de la Superintendencia
Financiera. En la sentencia C-909/02 se concluyó que “ [c]ompete
entonces al Presidente de la República, entre otras funciones propias de su
condición de suprema autoridad administrativa (art. 189 Const.), ejercer la
intervención estatal en la economía, de acuerdo con los parámetros
constitucionales y según lo dispuesto en la ley, lo cual, al servicio de los
intereses generales, con apego a los principios de la función administrativa
(art. 209 ib.) y a la cabeza de la estructura de la administración determinada
por el legislador (art. 150-7 ib.), desarrolla especialmente a través de las
superintendencias, organismos técnicos especializados dependientes del Gobierno
central”.
[81] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[82] “Por la cual se dictan normas en
materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”.
[83] En la sentencia T-490/09, después de
estudiar el artículo 335 de la Constitución, se concluyó que “(…) la propia Constitución prevé que la ley señale un
régimen que sea compatible con la autonomía de la voluntad privada y el interés
público proclamado, régimen que no puede anular la iniciativa de las entidades
encargadas de tales actividades y naturalmente en contrapartida ha de
reconocerse a éstas una discrecionalidad en el recto sentido de la expresión,
es decir, sin que los actos de tales entidades puedan responder a la simple
arbitrariedad”.
[84] Ibídem.
[85] “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros,
del mercado de valores y otras disposiciones”.
[86] Al respecto consultar la Circular Externa 018 de 2016.
[87] Sentencia C-865/04 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[88] Ibídem.
[89] Arturo Solarte Rodríguez. “La buena fe contractual y los deberes
secundarios de conducta”. Vuniversitas, núm. 108, diciembre, 2004, pp.
282-315.
[90] Ibídem.
[91] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[92] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[93] Al respecto ver sentencia T-058/14 (M.P. Nilson
Pinilla Pinilla). En la sentencia T-490/09 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
por su parte, se afirmó que: “(…) la
autonomía de la voluntad y la libertad contractual en el ejercicio de las
relaciones privadas en materia de seguros gozan de garantía constitucional, sin
embargo, se encuentran limitadas o condicionadas por las exigencias propias del
Estado Social de Derecho, el interés público y el respeto de los derechos
fundamentales de los asegurados-beneficiarios”.
[94] Corte Constitucional. Sentencia
T-490/09 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[95] Folio 12 a 16 del cuaderno principal. Dictamen de la Junta
Regional de Calificación del Huila.
[96] Esta disposición expone que “El asegurado o el beneficiario
estarán obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro,
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido
conocer. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes”.
[97] El inciso 2° del artículo 1046 del Código de Comercio determinó que
“(…) el asegurador está obligado a entregar
en su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de
su celebración el documento contentivo del contrato de seguro, el cual se
denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el
asegurador”.
[98] En la sentencia C-488/93 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), en la que estudió la demanda de inconstitucionalidad que se dirigía en
contra del inciso 2° del artículo 23 de la Ley 58 de 1958 se afirmó que el
derecho “(…) [e]s un derecho que expresa la
tendencia natural del hombre hacia el conocimiento. El ser humano está abierto
a la aprehensión conceptual del entorno para reflexionar y hacer juicios y
raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a toda
persona se le debe la información de la verdad, como exigencia de su ser personal./El
sujeto de este derecho es universal: toda persona -sin ninguna distinción- y el
objeto de tal derecho es la información veraz e imparcial, como
lo consagra el artículo 20 de la Carta Política. De ahí que el
derecho a la información puede entenderse como aquel derecho fundamental que
tiene toda persona a ser informada y a informarse de la verdad, para juzgar por
sí misma sobre la realidad con conocimiento suficiente”.
[99] En la sentencia T-769/05 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) se
reconoció el debido proceso en materia contractual. Si bien se afirmó que el
artículo 29 tiene como destinatario principal al Estado, nada impide que este
derecho sea aplicado a relaciones entre particulares: “[e]n la medida en que la Ley defina las formas que
deben acompañar las actuaciones que deben regir las relaciones particulares o
que delegue determinadas competencias a los ciudadanos para que sean
satisfechas en los vínculos privados, sobre todo en aquellos en donde existe
algún tipo de subordinación o indefensión, es posible aplicar las subreglas
propias del debido proceso como pautas de un trato idóneo, es decir, acordes al
numeral 1 del artículo 95 de la Carta.  En efecto, teniendo en cuenta que
en el ámbito particular se concreta habitualmente el ejercicio de los derechos
fundamentales y que el debido proceso constituye medio garantista para la
efectividad de aquellos, es apropiado decir que también constituye un medio
para evitar su abuso”.
[100] Al tener en cuenta el monto actual de la deuda que corresponde a veinticuatro
millones novecientos cincuenta mil pesos (24`950.000) y pensando en un
escenario extremadamente favorable en donde se disponga que este saldo deberá
pagarse en cuatro años, sin que se cobren intereses adicionales, el actor
tendría que consignar más de quinientos mil pesos (500.000) por mes y siendo su
ingreso mensual  total de un millón ochenta mil pesos (1.080.000)
aproximadamente, tendría apenas quinientos ochenta mil pesos (580.000) para
sufragar sus gastos –que incluyen los propios de su enfermedad-, los de su
compañera permanente y de sus dos hijas menores de edad.
[101] De las pruebas recaudadas se advierte que
el (25) de marzo del dos mil catorce (2014) el accionante radicó en Helm
Corredores una solicitud para que se hiciera efectivo el pago de la póliza, la
cual fue remitida a Mapfre Colombia Vida de Seguros S.A., y que el día ocho (8)
de julio de dos mil catorce (2014) se radicó otra petición en el Banco
Corpbanca.
[102] El daño por pérdida de la oportunidad o pérdida
del chance ha sido estudiado por autores como Gastón Salinas Ugarte –en el Tomo
I de su libro Responsabilidad Civil Contractual- y por Juan Carlos Henao –en el
libro El daño: Análisis Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del
Estado en Derecho Colombiano y Francés-. La Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia en sentencia del dieciocho (18) de noviembre de dos mil
catorce (2014), que resolvió el proceso con Radicado No.
11001-31-03-039-2003-00674-01- reconoció de forma explícita este tipo de daño
en favor de una persona que había perdido la oportunidad de recuperar su salud
visual. De forma más reciente la Sala de Casación Civil, mediante sentencia del
quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016), al conocer el proceso con
Radicado No. 11001-31-03-029-2006-00272-01 indicó que “(…) las pretensiones
del impugnante respecto a la situación de la demandante y su reclamo por la
reducción de ingresos ante un nuevo empleo, no pueden referir a la modalidad
dañina de lucro cesante; de otro, de darse las circunstancias necesarias para
estructurar un perjuicio, lo sería bajo la modalidad ‘pérdida de oportunidad’,
empero, para ello, como se dejó visto, al damnificado le correspondía acreditar
la presencia de los requisitos que la doctrina ha enlistado para tornar viable
tal súplica, asunto que no aparece, siquiera, reclamado por esa senda”.
[103] En la sentencia T-919/14 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez) que retomó lo dicho en la sentencia T-222/14, se
indicó que la reticencia (…) significa la inexactitud en la información entregada
por el tomador del seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta figura es
castigada con la nulidad relativa. En otras palabras, sanciona la mala fe en el
comportamiento del declarante. Ello implica que, (i) no necesariamente los
casos de preexistencias son sinónimo de reticencia. El primer evento es
objetivo mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de
la aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias, pues solo ella
es la única que sabe si ese hecho la haría desistir de la celebración del
contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será sancionada si el
asegurador conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a la supuesta
reticencia”.