T-716-96
Sentencia T-716/96
Sentencia
T-716/96
EXEQUATUR-Alcance
Las sentencias
dictadas por los jueces y tribunales extranjeros pueden ser ejecutadas en
Colombia, siempre que de acuerdo con las formalidades de la ley procesal se
tramite el correspondiente exequátur. Aun cuando bien puede el legislador darle
eficacia a una sentencia de un país extranjero, sin necesidad de exequátur. La
sentencia constitutiva del exequátur, es decir, de la autorización judicial
para darle efecto jurídico y asegurar el efectivo cumplimiento de las referidas
sentencias, es resultado de un proceso judicial dentro del cual deben
observarse las reglas propias del debido proceso desarrolladas por el
legislador con arreglo al marco normativo superior que comprenden básicamente
las siguientes fases: demanda en forma; admisión y traslado al demandado y
demás intervinientes, contestación de la demanda, probatoria, de alegaciones y
decisoria.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia general/VIA DE HECHO-Procedencia excepcional de
tutela
la acción de
tutela no es una vía alterna, ni menos un mecanismo para rectificar decisiones
judiciales en firme, ni para desautorizar interpretaciones jurídicas que se
hacen dentro del marco de la autonomía y de la independencia propia de los
jueces. No es un instrumento que pueda ser utilizado indiscriminadamente para
atacar o impugnar decisiones judiciales que tienen fuerza ejecutoria, a menos
que la decisión respectiva configure una vía de hecho. La acción de tutela en
ningún caso puede convertirse en una justificación para que el juez encargado
de ordenar la protección de los derechos fundamentales entre a resolver la
cuestión objeto de litigio en el proceso. Su labor sólo se circunscribe a
analizar la conducta  del funcionario que dictó la providencia, y solamente si
esta conducta se refleja como abusiva, caprichosa o arbitraria entraría a
determinar si con ella se ha violado algún derecho fundamental y en especial el
debido proceso, y consecuencialmente a impartir la orden destinada a buscar su
restablecimiento o efectivo goce.
EXEQUATUR/RECIPROCIDAD
LEGISLATIVA
No observa la
Sala que en el presente caso lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en la
sentencia de fecha 29 de febrero de 1996 constituya una vía de hecho. Se hizo
un análisis exhaustivo, serio, objetivo, razonado, producto de un acabado y
bien ponderado análisis de la prueba incorporada al proceso. Ningún reparo
merece el análisis probatorio hecho por la Corte, el cual le permitió dar por
establecida la procedencia de exequátur, porque actuó dentro de la autonomía e
independencia de que goza para apreciar la prueba y formar libremente su
convencimiento, sin que se pueda apreciar que hubiera incurrido en errores
manifiestos y protuberantes que le puedan restar objetividad y seriedad a su
juicio, ni mucho menos que se evidencie una intención torcida o manipuladora de
la prueba. El análisis probatorio que los jueces deben hacer para sustentar sus
providencias resulta intangible, inmune e incuestionable, es decir, es
intocable por el juez de tutela, a menos que aquél comporte la negación o
valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba. Se encuentran
ponderados y razonables los argumentos de la Corte, válidos a la luz de los
principios de la autonomía e independencia  de que goza para resolver sobre el
exequátur de la sentencia en referencia, en cuanto consideró aplicable la
reciprocidad legislativa, probada la jurisdicción del Tribunal Inglés y
acreditados todos los requisitos que la ley procesal exige para adoptar una
decisión de esta naturaleza. Son posibles diversas interpretaciones de una
norma jurídica por los juzgadores dentro del ámbito de su autonomía e
independencia si ellas son serias, objetivas, racionales y razonables, sin que
por ello una determinada posición interpretativa que no se comparta por algún
interesado pueda configurar una vía de hecho.
Referencia: Expediente
T-106993
Peticionario: Marco
Gerardo Monroy Cabra, apoderado de la Compañía Agrícola de Seguros S.A.
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé de Bogotá
D.C., diez y seis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y CARLOS GAVIRIA DIAZ,  procede a
revisar el proceso a que dio lugar la acción de tutela instaurada por la
Compañía Agrícola de Seguros S.A. contra la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, según la competencia que le ha sido conferida por los artículos 86
inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES.
1. La pretensión.
La Compañía Agrícola
de Seguros S.A., por conducto de apoderado,  promovió acción de tutela con el
fin de que se le protegiera su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente violado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia al proferir la sentencia del 29 de febrero de 1996, por medio de la
cual resolvió la demanda de exequátur de la sentencia proferida el 13 de mayo
de 1988 por la Alta Corte de Justicia, División del Despacho de la Reina,
Tribunal Comercial de Inglaterra, dentro del proceso que contra ella
instauraron las firmas FAI Insurances Limited, FAI General Insurances Company
Limited, FAI Cars Owners Mutual Insurances Company Limited. En consecuencia,
solicitó la suspensión de  los efectos jurídicos de dicha sentencia, por ser
manifiestamente violatoria del artículo 29 de la Constitución y de los
artículos 693 a 695 del Código de procedimiento Civil.
2. Hechos.
2.1. El 13 de mayo
de 1988 la Alta Corte de Justicia, División del Despacho de la Reina, Tribunal
Comercial de Inglaterra, dictó sentencia condenando a la Compañía Agrícola de
Seguros S.A. a pagarle a las firmas demandantes FAI Insurances Limited, FAI
General Insurances Company Limited, FAI Cars Owners Mutual Insurances Company
Limited las sumas de $ 257.933,89 dólares australianos, más intereses por valor
de $46.290 dólares australianos.
2.2. Mediante
demanda presentada ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia con fecha
30 de agosto de 1991, las firmas  FAI Insurances Limited, FAI General
Insurances Company Limited, FAI Cars Owners Mutual Insurances Company Limited,
sociedades constituidas de acuerdo con las leyes de Australia y con domicilio
en Nueva Gales del Sur, Australia, solicitaron el exequátur de la sentencia
proferida por la Alta Corte de Justicia, División del Despacho de la Reina,
Tribunal Comercial de Inglaterra.
2.3. La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 29 de
febrero de 1996 decidió conceder el exequátur a la referida sentencia y condenó
en costas a la parte opositora.
2.4. La Compañía
Agrícola de Seguros S.A. solicitó aclaración y adición de la mencionada
sentencia, pero estas peticiones fueron resueltas en forma negativa por la
referida Corporación.
2.5. En la sentencia
de fecha 29 de febrero de 1996 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia se configuran violaciones del ordenamiento jurídico que conllevan
vías de hecho y que determinan la existencia de la violación al derecho
fundamental al debido proceso. En efecto, la vía de hecho que hace procedente
la acción de tutela se produjo, porque:
- Al aplicar
indebidamente la reciprocidad legislativa, la Corte Suprema de Justicia violó
el derecho que tenía la Agrícola de Seguros al debido proceso en la tramitación
del exequátur, y por consiguiente, transgredió el artículo 29 de la
Constitución.
- La Corte Suprema
consideró erróneamente que la simple existencia de una sentencia de un Tribunal
inglés era suficiente para decretar el exequátur, sin analizar la competencia
internacional, si se respetó el derecho de defensa de la Compañía Agrícola de
Seguros S.A., y las implicaciones de orden jurídico derivadas de la
circunstancia de haberse pactado arbitraje.
- Se le dio pleno
valor probatorio al testimonio de dos abogados que rindieron su declaración
contra el texto de la sección 33 (1) literal (b) de la Ley de 1982 sobre
jurisdicción civil,  lo cual condujo a que se violara el derecho de defensa de
la Agrícola de Seguros.
- la Corte dedujo
que la Compañía Agrícola de Seguros se había opuesto a las pretensiones de la
demanda e intervenido por medio de abogado, sin que este hecho sea cierto, lo
cual implica que se desconoció el debido proceso en la tramitación del
exequátur por error esencial de hecho.
- La Corte aceptó
como demostración de la existencia de la sentencia del Tribunal Inglés un
documento que contiene sólo la parte resolutiva de la sentencia, cuando ha
debido solicitar oficiosamente la parte motiva de la misma.
- La jurisdicción
internacional del Tribunal Inglés no podía ser reconocida por la Corte Suprema
de Justicia por haberse pactado arbitraje por las partes en litigio, que
excluía la jurisdicción inglesa y la colombiana.
- La sentencia del
Tribunal Inglés violó el orden público internacional colombiano y por tanto no
podía ser reconocida mediante exequátur.
3. Actuación
Procesal.
3. 1. Primera
instancia.
El Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en
sentencia de julio 16 de 1996, decidió no acceder a la tutela solicitada, con
fundamentos en los argumentos que se sintetizan así:
No existe duda en
cuanto a la competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia para conocer de la demanda de exequátur.
El trámite de
exequátur se desarrolló conforme a los requisitos exigidos por el artículo 695
del Código de Procedimiento Civil. Se escucharon las partes, se recepcionaron
las pruebas solicitadas y se decretaron oficiosamente las que se consideraron
pertinentes, y se corrieron los traslados para alegar, todo conforme a los
términos y procedimientos establecidos en la ley para el trámite de esta clase
de asuntos.
En relación con las
afirmaciones del actor acerca de la apreciación de las pruebas, dijo el
juzgador de instancia, que el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que conoce
ordinariamente de un asunto según las reglas generales de competencia, porque
ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de
defensa judicial y se invadiría la órbita de competencia y la autonomía de que
son titulares las otras jurisdicciones.
Según la
Jurisprudencia de la Corte Constitucional la acción de tutela no prospera
cuando la persona que la invoca cuestiona la acción de las autoridades por
errónea interpretación de la ley, ni en el caso de que la decisión de la
autoridad pública o del particular hayan definido el derecho dentro de sus
competencias constitucionales y legales.
La arbitrariedad que
constituye el fundamento para que una decisión judicial sea considerada una vía
de hecho, debe encontrarse patente en el fallo atacado. En el caso concreto, de
acuerdo con las pruebas, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, para
conceder el exequátur, practicó las pruebas pertinentes y dio todas las
garantías a las partes para que ejercieran sus derechos, posteriormente, en la
sentencia, sopesó cada uno de los argumentos esgrimidos, así como el acervo
probatorio, llegando a la conclusión de la procedencia de la demanda. En dicha
decisión, que es la atacada por el tutelante, no se observa que la Corte
hubiese actuado con criterio personalista y caprichoso, elementos fundamentales
para que una decisión pueda calificarse como una verdadera vía de hecho.
Además, aunque en el
análisis de la Corte se hubiera incurrido en error, este no es suficiente para
conceder la tutela, toda vez que esta protección está reservada para aquéllos
casos en que la administración de justicia de manera protuberante y por encima
del derecho, mediante una providencia, viole derechos fundamentales, hecho que
en manera alguna se observa en el presente caso.
3.2. Segunda
instancia.
El Consejo Superior
de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en sentencia de fecha 8 de
agosto de 1996, decidió confirmar la sentencia de primera instancia, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
Respecto a la
afirmación del demandante de que la Corte Suprema de Justicia incurrió en una
vía de hecho al interpretar y aplicar de forma improcedente e indebida el
principio de reciprocidad legislativa, la realidad procesal demuestra que si se
tuvo en cuenta el análisis de la legislación inglesa, para determinar si
existía o no en ese país la reciprocidad legislativa, ya que a folio 59 de la
sentencia que decidió el exequátur, hace la Corte el análisis de ese aspecto.
En cuanto al hecho
de que la Agrícola de Seguros sólo se limitó a impugnar la jurisdicción del
tribunal inglés, situación ésta que según la ley inglesa no se aceptaría una
sentencia extranjera, por lo tanto no podría cumplir el principio de la
reciprocidad legislativa exigida por la ley colombiana, se observa claramente
que la decisión de la Corte se fundamentó en un análisis probatorio suficiente
que la llevó a considerar con plena validez, que si se cumplía, para el caso,
el requisito de la reciprocidad legislativa. Así, esa Corporación hizo uso de
la facultad de libre examen de las pruebas y de interpretación autónoma de la
ley que le otorga la Constitución en los artículos 228 y 230.
En relación al
argumento de que no estaba en el expediente copia completa de la sentencia de
la Corte Inglesa, no aparece prueba tampoco de que esa afirmación sea cierta,
pues el hecho de que el estilo de la sentencia, muy breve, sea diferente al uso
corriente de nuestro medio, no autoriza a afirmar que esté incompleta. Es más,
en estricto sentido la parte de la sentencia que podía ser objeto de exequátur,
era la resolutiva, toda vez que en ella estaban contenidas las obligaciones que
eran oponibles a la Compañía Agrícola de Seguros, cuya exigibilidad se
demandaba a través de este trámite.
Aún en la hipótesis
de que dicha sentencia no hubiese sido aportada integralmente, ese error no
tendría la virtualidad de lo injusto y arbitrario pues es la parte resolutiva
de las sentencias la que en rigor legal presta mérito para la ejecución de la
decisiones judiciales, para lo cual se efectuó el trámite de exequátur en el
presente caso.
En el caso de la
evaluación de testimonios que podrían considerarse sospechosos, por haber
tenido quienes los rindieron, algún vínculo con la parte actora, es una
calificación que corresponde hacerla privativamente al juez del asunto, en este
caso, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo
preceptuado por el artículo 217 del C. de P.C. quien haciendo uso de esa
discrecionalidad consideró que el testimonio de los profesionales extranjeros
ofrecía credibilidad.
II.
CONSIDERACIONES DE LA SALA.
1. El problema
planteado.
Debe la Sala
resolver, siguiendo estrictamente las objeciones expuestas en la demanda de
tutela sobre la forma en que se configuró la vía de hecho, si la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia incurrió en una vía de hecho y,
en consecuencia, desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la
Compañía Agrícola de Seguros S.A. al proferir la sentencia de fecha 29 de
febrero de 1996, mediante la cual se concedió el exequátur de la sentencia
dictada el 13 de mayo de 1988 por la Alta Corte de Justicia, División del
Despacho de la Reina, Tribunal Comercial de Inglaterra, a la cual se hizo
referencia antes.
2. El exequátur
de sentencias extranjeras.
2.1. La función
pública de administrar justicia, como manifestación de la soberanía estatal,
está confiada, en principio, a las corporaciones, entidades, tribunales y
jueces a que alude el art. 116 de la Constitución Política. Es decir, que la
potestad de expedir resoluciones judiciales -sentencias o autos- en ejercicio
de la función jurisdiccional, y de asegurar y efectivizar su ejecución, corresponde
a las referidas autoridades. No se reconoce en forma expresa por la
Constitución la posibilidad de la eficacia jurídica de las resoluciones
judiciales dictadas por los jueces y tribunales extranjeros.
Ante la
globalización del comercio y del tráfico jurídico, de la necesidad de reconocer
y amparar situaciones que tienen origen o nacimiento por fuera de los límites
territoriales, y de perseguir y sancionar el delito sin que importe el lugar
donde se cometa, es necesario darle validez, seguridad y eficacia a las
correspondientes relaciones o situaciones jurídicas, y reconocer la eficacia y
la aplicabilidad o ejecución a las decisiones de los jueces y tribunales
extranjeros, dado que estas autoridades no tienen poder coercitivo en el
territorio de los otros estados.
Aun cuando se ha
aceptado el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales
extranjeras, acudiendo a diversas teorías, entre otras, la noción de comity
o cortesía internacional, el respeto a los derechos adquiridos en virtud de la
sentencia judicial, o "el valor internacional de la justicia", según
la jurisprudencia española, lo cierto es que por las razones antes expresadas
existe una razón o necesidad práctica para admitir dicho reconocimiento, la
cual indudablemente tiene un sustento constitucional en los arts. 9, 226 y
227.
Las sentencias
dictadas por los jueces y tribunales extranjeros pueden ser ejecutadas en
Colombia, siempre que de acuerdo con las formalidades de la ley procesal se
tramite el correspondiente exequátur. Aun cuando bien puede el legislador darle
eficacia a una sentencia de un país extranjero, sin necesidad de exequátur. Tal
situación la contempla el art. 537 del Código de Procedimiento Penal.
La sentencia
constitutiva del exequátur, es decir, de la autorización judicial para darle
efecto jurídico y asegurar el efectivo cumplimiento de las referidas
sentencias, es resultado de un proceso judicial dentro del cual deben
observarse las reglas propias del debido proceso desarrolladas por el
legislador con arreglo al marco normativo superior que comprenden básicamente
las siguientes fases: demanda en forma; admisión y traslado al demandado y
demás intervinientes, contestación de la demanda, probatoria, de alegaciones y
decisoria.
2.2. El artículo 693 del C. de P. C. reconoce
efectos y fuerza obligatoria a las sentencias extranjeras y otras providencias
que tengan tal carácter pronunciadas en procesos contenciosos o de jurisdicción
voluntaria, conforme a lo que dispongan los tratados existentes con el respectivo
país "y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en
Colombia", lo cual igualmente se predica con respecto a los laudos
arbitrales proferidos en el exterior.
Con respecto al
alcance de esta norma la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 2 de
febrero de 1994 (expediente 4150 M.P. Hector Naranjo Marín), dijo lo siguiente:
"Como reflejo
de la soberanía del Estado, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil
consagra que "las sentencias" y otras providencias que revistan tal
carácter, pronunciadas en un país extranjero en proceso contencioso o de
jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los
tratados existentes con ese país, y en defecto la que allí se reconozca a las
proferidas en Colombia".
"Se traduce lo
anterior en que, por regla general, las decisiones judiciales extranjeras no se
pueden hacer valer en Colombia y en que, por excepción, cobran vigor siempre y
cuando exista con el país extraño un tratado que así lo consagre -reciprocidad
diplomática- o falta de convenio internacional, exista ley, allá mismo, que le
otorgue valor a las sentencias proferidas oír los jueces colombianos
-reciprocidad legislativa-".
"Por virtud del
principio de la carga probatoria que impone el artículo 177 del CPC, en
cualquiera de las hipótesis de excepción mencionadas, le corresponde al
solicitante del exequátur demostrar, previas las formalidades legales
pertinentes, la existencia del respectivo tratado o de la ley extranjera,
presupuesto indispensable para que pueda la Corte examinar otras condiciones e
incidencias propias de la solicitud de la que se trata".
2.3. Según el art. 694 del Código de
Procedimiento Civil, para que una sentencia o laudo extranjero surta efectos en
el país, deberá reunir los siguientes requisitos:
"1. Que no
verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en
territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia
se profirió".
"2. Que no
se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público,
exceptuadas las de procedimiento".
"3. Que se
encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y que se
presente en copia debidamente autenticada y legalizada".
"4. Que el
asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces
colombianos".
"5. Que en
Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces
nacionales sobre el mismo asunto".
"6. Que si
se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la
debida citación y contradicción del demandado, conforme a la ley del país de
origen, lo que se presume por la ejecutoria".
"7. Que se
cumpla el requisito del exequátur".
Por su parte, el
artículo 695 regula el proceso relativo al exequátur, que comprende las fases
antes mencionadas, con lo cual se busca garantizar el derecho fundamental al
debido proceso para el reconocimiento de la eficacia, el carácter de cosa
juzgada de la sentencia extranjera y su fuerza obligatoria.
3. La procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y las denominadas vías de
hecho por errónea interpretación de la ley.
En diversas
oportunidades ha advertido esta Corporación que la acción de tutela no es una
vía alterna, ni menos un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en
firme, ni para desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del
marco de la autonomía y de la independencia propia de los jueces. Por
consiguiente, tampoco es un instrumento que pueda ser utilizado
indiscriminadamente para atacar o impugnar decisiones judiciales que tienen
fuerza ejecutoria, a menos que la decisión respectiva configure una vía de
hecho.
Sobre el particular ha señalado esta
Corporación:
"No hay lugar a que prospere la acción de
tutela, cuando la persona que la invoca cuestione la acción de las autoridades
por errónea interpretación de la ley, ni en el caso de que la decisión de la
autoridad pública o del particular hayan definido el derecho dentro de sus
competencias constitucionales y legales".
(....)
"De manera que el juez de la tutela no
puede reemplazar al juez competente para fallar en lo que autoriza la ley, sino
que su accionar es un medio de protección de derechos propios de la persona
humana en su primacía".[1]
Específicamente la
Corte se ha referido a la vía de hecho en las actuaciones judiciales en los
siguientes términos:
"Una
actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del
control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente
carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene
como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona[2].
La acción de tutela
en ningún caso puede convertirse en una justificación para que el juez
encargado de ordenar la protección de los derechos fundamentales entre a
resolver la cuestión objeto de litigio en el proceso. Su labor sólo se
circunscribe a analizar la conducta  del funcionario que dictó la providencia,
y solamente si esta conducta se refleja como abusiva, caprichosa o arbitraria
entraría a determinar si con ella se ha violado algún derecho fundamental y en
especial el debido proceso, y consecuencialmente a impartir la orden destinada
a buscar su restablecimiento o efectivo goce.
4. La situación
concreta que se analiza.
4.1. Dice el peticionario que para otorgar el
exequátur hay que tener en cuenta si existe reciprocidad diplomática, esto es,
si hay tratados entre Colombia y el Estado que originó la respectiva sentencia,
pues a falta de estos es preciso aplicar la reciprocidad legal, o sea que hay
que analizar si en el otro Estado se le reconocen valor a las sentencias
proferidas en Colombia en el mismo caso o situación.
Dado que en el
presente caso no existía tratado con Inglaterra, había que acudir a la
reciprocidad legislativa.
"La vía de
hecho en que incurrió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
consistió en darle validez al testimonio de los abogados presentados por la
parte que pidió el exequátur cuando existía ley escrita que se acompañó al
proceso y que ha debido aplicarla. Es decir que los abogados con su testimonio
no pueden desvirtuar el contenido del art. 33 de la ley de jurisdicción civil
de 1982, cuya existencia se acreditó que está debidamente traducida en el
expediente".
(.....)
"Si la Sala de
Casación Civil de la Corte hubiera aplicado la ley inglesa de 1982, sección 33
(1) párrafo 2, y no el testimonio de los dos abogados hubiera rechazado el
exequátur porque hubiera encontrado que la Compañía Agrícola de Seguros se
limitó a objetar la jurisdicción por haberse pactado arbitraje, pero no se
refirió al mérito o fondo del litigio".
Dentro del mismo
orden de ideas igualmente el peticionario argumenta:
- No bastaba la
simple existencia de la sentencia del Tribunal Inglés para decretar el
exequátur; era necesario analizar la competencia internacional, frente a la circunstancia
de haberse pactado arbitraje.
"La
reciprocidad legislativa en exequátur consiste en que la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil le otorga a la sentencia del Tribunal Inglés
el mismo valor que en Inglaterra le otorgan a una sentencia Colombiana
proferida en iguales circunstancias".
La vía de hecho
consistió en que la Corte no analizó estas circunstancias, sino que por la mera
existencia de la sentencia del Tribunal Inglés consideró que era necesario
darle exequátur, sin detenerse a indagar si estaba probada o no la reciprocidad
legislativa y si, además, el tribunal extranjero tenía jurisdicción para
decidir el caso y no se había desconocido el orden público.
- La vía de hecho se
configuró, además, porque:
La Corte incurrió en
error esencial de hecho al deducir, sin ser ello cierto, que la Compañía
Agrícola de Seguros se había opuesto a las pretensiones de la demanda e
intervenido por medio de abogado. En este punto, la peticionaria cuestiona la
apreciación que la Corte hizo en relación con el valor que le merecía la
declaración jurada que presentó la demandante ante el Tribunal Inglés por
conducto de William Humphreys-Evans, pues éste "no fue apoderado ni
representante legal de Agrícola de Seguros S.A. en el proceso en el Tribunal
Inglés. Ahora bien sin ser su apoderado Humphreys-Evans, no podía comprometerse
ni operar a nombre de la Compañía Agrícola de Seguros S.A.".
Aceptó la Corte como
demostración de la existencia de la sentencia del Tribunal Inglés un documento
que sólo contiene la parte resolutiva de ésta.
No analizó dicha
Corte "si una sentencia proferida en Colombia en las mismas condiciones
que se obtuvo ante el Tribunal Inglés hubiera podido ser objeto de exequátur
ante un Tribunal Inglés".
La sentencia de dicho
tribunal "violó el orden público internacional colombiano y por tanto no
podía ser reconocida mediante exequátur", al desconocer el arbitraje
pactado por las partes.
No se encontraban
reunidos los requisitos del art. 694 del C.P.C. y a pesar de ello se otorgó el
exequátur.
4.2. A juicio de la
Sala la Corte en la sentencia de exequátur se analizaron y resolvieron cada uno
de los cuestionamientos hechos por el peticionario de la tutela. En efecto:
- Invocó la Corte el
art. 693 del Código de Procedimiento Civil sobre los efectos jurídicos de las
sentencias y laudos arbitrales dictados en el exterior para explicar cuando es
procedente acudir, para efectos del exequátur, a la reciprocidad diplomática o
a la reciprocidad legislativa. Dice sobre el punto la Corte:
"En pos del
criterio precedente, la actividad del actor del exequátur debe estar orientada
a demostrar la existencia de la reciprocidad diplomática o, en su defecto, de
la legislativa, de conformidad con lo establecido por el art. 177 del C. de
P.C., que impone a las partes "probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen". Si se cumplen esas
exigencias el exequátur deberá otorgarse siempre que se den además los
restantes requisitos previstos en el art. 694 de la misma obra, requisitos cuyo
sentido general no es otro que el de establecer la regularidad internacional de
la sentencia, sin entrar a calificar la justicia intrínseca de primera decisión
jurisdiccional mediante dicha providencia adoptada".
Al quedar
establecido dentro del proceso la inexistencia de tratado entre Colombia y el
Reino Unido de la Gran Bretaña relativo a la ejecución y o efectos de
sentencias proferidas por una de las partes en el territorio de la otra, la
Corte entró a considerar como apoyo de la pretensión del demandante del
exequátur la reciprocidad legislativa. Al efecto expresó:
"2. Relativo a
la seguridad legislativa, sobre la que, descartada aquella, descansaría
entonces la pretensión, la parte actora se acogió a los requerimientos  del
art. 188 del C. de P.C. para establecerla, adjuntando con tal propósito a la
demanda certificaciones expedidas por los abogados ingleses George Robert
Clarke y Andrew Midsomer Leggat (fls. 31 a 72 C. 1 y 25 a 50 C.3), las que
ciertamente establecen la existencia de normas legales que permiten ese
recíproco tratamiento. De acuerdo con esas certificaciones, las sentencias
emitidas por un Tribunal extranjero pueden ser aplicadas en Inglaterra en los
siguientes casos:
"a) Cuando el
demandado, para la época de presentación de la demanda, se hallaba residenciado
en el país de localización del Tribunal o si, tratándose de una compañía, ésta
estaba tramitando allí negocios en forma 'razonablemente permanente'".
"b) Si el
demandado se sometió a la jurisdicción del tribunal extranjero mediante un
contrato o presentándose voluntariamente al proceso, o contestando la demanda
para oponerse a "sus méritos"; lo que no se entiende, sucedió cuando
se haya limitado a impugnar la jurisdicción del Tribunal".
"c) Si la
sentencia es por una suma específica de dinero o determinable por simple
cálculo matemático y no está referida a impuestos, multas o cualquier otra
sanción".
"d) Si la
sentencia es definitiva y concluyente, lo que no ocurre cuando el Tribunal
extranjero que la emitió puede modificarla o revocarla".
"e) Que la
sentencia no haya sido proferida bajo fraude del Tribunal o de la parte, no sea
contraria a la "política pública" ni a la justicia natural,
circunstancias éstas por las que únicamente puede ser re-examinada "sobre
sus méritos" por un Tribunal de Inglaterra".
La referida
certificación fue ratificada, mediante declaración rendida por los citados
abogados quienes además explicaron "que el sometimiento a la jurisdicción
de los Tribunales ingleses está regido en ese país por el art. 33 de la ley
civil de jurisdicción civil de 1982", y señalaron los requisitos que
gobiernan su aplicación.
Igualmente la Corte
ordenó incorporar al proceso el texto de la referida ley, el cual es del
siguiente tenor:
"(1) Para
los fines de determinar si una sentencia dada por un Tribunal de un oasis (sic)
ultramarino debe ser reconocida o cumplida en Inglaterra.., la persona contra
la cual se dio la sentencia no será considerada como habiendo sometido o dejado
a la jurisdicción del país por razón únicamente del hecho de que ella parecía
(condicionalmente o de otro modo) en los procedimientos para todos o para uno o
más de los siguientes propósitos, es decir:
"(a)
Impugnar la jurisdicción del Tribunal;
(b) Pedir al
Tribunal desechar o suspender los procedimientos para la razón de que la
disputa en cuestión debía ser sometida a arbitraje o a la determinación de los
tribunales de otros país;
(c) Proteger u
obtener la libertad de propiedades tomadas o amenazadas de ser tomadas o
embargadas en los procedimientos...".
Concretamente, la
Corte se refirió a la oposición de la peticionaria de la tutela en el sentido
de que en el presente caso no podía haber reciprocidad legislativa y la
desechó, con los siguientes argumentos:
"3. No obstante
lo anterior, la parte demandada, invocando el transcrito artículo 33, sostiene
que en este caso no puede darse la reciprocidad legislativa, puesto que no
estando ella residenciada en Inglaterra ni atendiendo allí negocios en forma
razonablemente permanente, tampoco se sometió a la jurisdicción del tribunal
inglés, pues según sus propias expresiones acudió al proceso adelantado por
éste únicamente para cuestionar su jurisdicción en razón de haberse pactado por
las partes cláusulas de arbitramento en los contratos de reaseguro, lo que en
su opinión le restaba toda atribución para actuar al Tribunal sentenciador y,
por lo mismo, no sería posible la aplicación de dicho fallo en Colombia porque,
de suceder aquí algo semejante, allá no se le reconocerían efectos a ese
pronunciamiento. Con todo, es lo cierto que el planteamiento atinente a la
falta de jurisdicción es aspecto de la controversia que frente a la legislación
colombiana sobre reconocimiento de sentencias extranjeras pierde toda
relevancia en esta oportunidad, pues la realidad es que el Tribunal inglés se
pronunció sobre el fondo de la pretensión y si así ocurrió fue porque estimó
que tenía jurisdicción para hacerlo, lo cual basta, en frente de la consagrada
reciprocidad legislativa en el derecho inglés, para que pueda demandarse el
exequátur, todavía con mayor razón si se toma en cuenta que no acreditó la
aseguradora interesada que ese pronunciamiento se opone a la jurisdicción
nacional, es decir que versaba sobre un asunto que de conformidad con la
legislación colombiana ha debido ser juzgado de modo exclusivo por jueces o
tribunales también colombianos".
Y adicionalmente, la
Corte como para abundar en razones en relación con la aplicación de la
reciprocidad legislativa se refirió extensamente a los testimonios de los
abogados ingleses Alexander Layton, Richard Jhon Hugo Fleck y Michael Jhon
Grattan, aducidos por la parte demandada, peticionaria de la tutela; a la
actuación adelantada por las partes ante el Tribunal Inglés, y "a una
tercera declaración jurada" que presentó Agrícola ante el Tribunal Inglés
por conducto de William lan Humphreys  Evans, Presidente de la Junta Directiva
y Ejecutivo Jefe de Jardines Reinsurance Consultants Limited a cuyo cargo
estuvo entre las partes el proceso de negociación directa, en relación con la
aplicación del art. 33 de la ley de juicio y jurisdicción civil inglesa de 1982
y con el sometimiento de la peticionaria de la tutela a la jurisdicción del
mencionado tribunal, para llegar a la siguiente  conclusión:
"De manera que
si, como se advirtió fuera pertinente entrar en el estudio de los reparos
hechos por la parte demandada alusivos a la ausencia y reciprocidad legislativa,
habría  que concluir, cual también se anticipó, que aún colocada esta
Corporación en el ámbito de las consideraciones planteadas por esa parte, el
citado requisito del exequátur si se cumple".
Se refirió la Corte
a la supuesta falta de imparcialidad de algunos testigos que declararon en el
proceso en relación con la reciprocidad legislativa, así:
"e) Es preciso
advertir que no obstante el reconocimiento hecho por los testigos Clarke y
Midsomer en el sentido de haber tenido conexión con el proceso en el que se
profirió la sentencia materia de exequátur como miembros de la firma
"Cameron Markby" que tuvo a su cargo la representación de la parte
actora ante el Tribunal Inglés, esta Corporación no encuentra  motivos de parcialidad
en sus dichos, por los cuales deba restárseles credibilidad. Igual apreciación
tiene la Corte respecto de la declaración rendida por Michael John Graltam,
socio de la firma "Lawrence Graltmam Co.", que participó en la
defensa de Agrícola en el proceso adelantado ante el Tribunal".
- Analizó la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en forma extensa y  luego de
dilucidado el punto de la reciprocidad, si frente a los requisitos exigidos por
el art. 694 del C.P.C. la sentencia extranjera era apta para surtir efectos en
Colombia, y concluyó que ellos estaban plenamente satisfechos. Asi, dicha Corte
estableció, en lo que interesa para esta decisión, los requisitos previstos en
los numerales 3 y 4 del mencionado artículo de la siguiente manera:
- Dicha sentencia no
se opone a las leyes colombianas de orden público distintas de las de
procedimiento, pues no se contraría con la condena que se hace efectiva en
Colombia ninguna norma de dicho linaje ni tampoco se presenta una solución
injusta para la demandada "quien en la etapa de negociación directa con la
parte actora no desconoció la obligación a su cargo ni tuvo en esencia reparos
sobre el monto de la reclamación pecuniaria de orden contractual. No es, pues
verdad que dicho fallo extranjero quebrante las disposiciones internas que
gobiernen el carácter vinculante del contrato particularmente  en aspectos
tales como el de arbitramento pactado, o que viole asi mismo la prescripción de
acciones y derechos derivados de los acuerdos de seguro y reaseguro celebrados,
toda vez que, en primer lugar, se trata de convenciones perfeccionadas por
fuera del marco de la legislación nacional que involucran partes extranjeras
frente a las cuales sería cuando menos discutible la aplicación de la
normatividad interna del país, y en segundo lugar, preciso es no perder de
vista que teniendo su origen en estipulaciones entre partes, en materia de
arbitraje privado internacional rige por norma el principio dispositivo y por
lo tanto los efectos de un pacto arbitral previo bajo la modalidad
característica de la cláusula compromisoria, pueden desaparecer o perder
vigencia ante el abandono tácito que se configura cuando una demanda es
presentada ante la justicia común y el demandado no objeta, con la contundencia
necesaria y basado exclusivamente en dicho pacto, la jurisdicción en favor de
su derecho a obtener la formalización del arbitraje, el cual en estas
condiciones ha de entenderse renunciado".
Precisamente, en
punto a la cuestión relativa a la no violación por la sentencia  objeto de
exequátur de las normas de orden público, la Corte hace un extenso estudio
sobre este concepto y su alcance, con cita de diferentes autores extranjeros de
derecho internacional privado, para concluir lo siguiente:
"Aún en el
remoto evento en que fuere pertinente observar la normatividad interna con
miras al estudio de los reproches de la parte demandada, sería de ver que
conforme a la voluntad de los contratantes el lugar de arbitraje convenido fue
Sidney, Nueva Gales del Sur, Australia y, de otra parte, que a términos del
testimonio rendido por Efraín Zamora Ruiz (fl. 134 a 139 C. 1) el grupo FAI
presentó reclamaciones oportunas, formales y técnicas a Agrícola, tal como se
desprende asi mismo de la comunicación visible al folio 92 del cuaderno 2 bis,
en virtud de la cual firma Cameron Markby formuló el 17 de mayo de 1995 a
Agrícola por conducto del Pool Latinoamericano de reaseguro PLAR las
reclamaciones correspondientes por el acaecimiento de siniestros, y se deduce
igualmente de la comunicación de respuesta dada a aquélla el 7 de junio del
mismo año por la firma Estudio Consultivo de Seguros S.A.  ECSSA, manejadora
del Pool en Panamá (fl. 94 a 98 C.2 bis), al igual que de la declaración
rendida por Charles Evelyn Shaddock de la firma H.J. Sy mondos obrante a folio
193 C.2 bis. De suerte que aún en las circunstancias mencionadas, no habría
lugar al quebranto de las normas internas aludidas".
- El fallo materia
de exequátur se encuentra ejecutoriado con arreglo a la ley inglesa y lo en él
decidido tampoco es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, porque
"los contratos de reaseguros involucran una parte (el grupo FAI) de
nacionalidad australiana, fueron celebrados en Londres, en ellos se pactó que
las reclamaciones por siniestros las harían en Panamá las reaseguradoras por
conducto  de la firma H.J. Symons con sede en la misma ciudad y, como ya se
indicó, la sede del arbitramento convenida fue Sidney, Nueva Gales del Sur,
Australia".
4.3. No observa la
Sala que en el presente caso lo decidido por la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Civil- en la sentencia de fecha 29 de febrero de 1996 constituya
una vía de hecho, por las siguientes razones:
- La mencionada
Corte hizo un análisis exhaustivo, serio, objetivo, razonado, producto de un
acabado y bien ponderado análisis de la prueba incorporada al proceso.
- Ningún reparo le
merece a la Sala el análisis probatorio hecho por la Corte, el cual le permitió
dar por establecida la procedencia de exequátur en los términos de los arts. 693,
694 y 695 del Código de Procedimiento Civil, porque actuó dentro de la
autonomía e independencia de que goza para apreciar la prueba y formar
libremente su convencimiento, sin que se pueda apreciar que hubiera incurrido
en errores manifiestos y protuberantes que le puedan restar objetividad y
seriedad a su juicio, ni mucho menos que se evidencie una intención torcida o
manipuladora de la prueba.
En cuanto a la
valoración de las pruebas y su incidencia en la configuración de la vía de
hecho, dijo esta Sala en la sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994[3]:
"Evidentemente,
si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su
actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios
objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum,
la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que
se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o
sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial
en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la
presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad
de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales,
porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe
realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios,
derechos y valores constitucionales".
Es más, aun en el
caso de que la Sala pudiera estar en desacuerdo con dicho análisis probatorio,
esa sola circunstancia no alcanzaría a estructurar una vía de hecho, conforme a
la precisión que de esta figura ha hecho la Corte Constitucional.
El análisis
probatorio que los jueces deben hacer para sustentar sus providencias resulta
intangible, inmune e incuestionable, es decir, es intocable por el juez de
tutela, a menos que aquél comporte la negación o valoración arbitraria,
irracional y caprichosa de la prueba.
- Encuentra
ponderados y razonables los argumentos de la Corte, válidos a la luz de los
principios de la autonomía e independencia  de que goza para resolver sobre el
exequátur de la sentencia en referencia, en cuanto consideró aplicable la
reciprocidad legislativa, probada la jurisdicción del Tribunal Inglés y
acreditados todos los requisitos que la ley procesal exige para adoptar una
decisión de esta naturaleza.
- Los reparos que
opone la parte demandante a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia,
constituyen opiniones o pareceres o una concepción particular sobre como debe
aplicarse el derecho en el caso concreto del exequátur a la sentencia del
Tribunal Inglés, que son respetables, e incluso pueden llegarse a compartir,
pero apartarse de ellos, como lo hizo dicha Corte en forma razonada y
razonable, no por ello implica que se pueda estructura una vía de hecho, pues
reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido que son posibles
diversas interpretaciones de una norma jurídica por los juzgadores dentro del
ámbito de su autonomía e independencia si ellas son serias, objetivas,
racionales y razonables, sin que por ello una determinada posición
interpretativa que no se comparta por algún interesado pueda configurar una vía
de hecho.
Por las
consideraciones anteriores, se confirmará la sentencia proferida por el Consejo
Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
III. DECISION.
En mérito de lo
expuesto la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:
CONFIRMAR la sentencia de fecha 8 de agosto de 1996 proferida por el
Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Segundo: ORDENAR
que por la Secretaría General de la Corte se comunique esta providencia en
la forma y para los fines previstos en el art. 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto 037/97
NULIDAD SENTENCIA
DE REVISION DE TUTELA-Improcedencia
para el caso
EXEQUATUR-Procedencia
JURISDICCION
ARBITRAL-No admisión para
aceptación Jurisdicción del Tribunal Inglés
Es evidente, que
según el ponderado razonamiento de la Corte Suprema de Justicia, la conducta
procesal asumida por la Compañía Agrícola de Seguros, no se limitó a objetar la
jurisdicción del Tribunal inglés, sino que expresamente se refirió a los
méritos o pretensiones de la demanda, aceptando con ello la jurisdicción de
dicho Tribunal, a juicio de dicha Corporación. La Corte Suprema de Justicia consideró que el
Tribunal inglés si tenía jurisdicción para desatar la controversia planteada y
no había lugar, por consiguiente, al arbitramento. La Sala Segunda de Revisión
no halló acreditada la vía de hecho, en el sentido  de que dentro de la
autonomía e independencia que la Constitución reconoce a los jueces, encontró
válidos y razonables los argumentos expuestos por la Corte para no admitir  la
jurisdicción arbitral y en cambio aceptar la jurisdicción del Tribunal inglés.
Un cambio de jurisprudencia, porque no se discutió la facultad de los árbitros
para dirimir una controversia cuando se pacta la cláusula compromisoria, pues
no existía propiamente una controversia que debiera ser dirimida por dichos
árbitros, dado que la Compañía Agrícola de Seguros, según el análisis hecho por
la Corte en su sentencia, se sometió a la jurisdicción del Tribunal inglés. Es
más, la Corte Suprema de Justicia no ignoró la existencia de la cláusula
compromisoria, fue consciente de que ella fue pactada y que era de obligatoria
observancia; solo que igualmente estimó que no era procedente que el asunto se
sometiera a la jurisdicción arbitral, porque la Compañía Agrícola de Seguros se
había sometido a la jurisdicción del Tribunal inglés.
Referencia:
Petición de nulidad
de la sentencia T-716/96, proferida por la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional. Expediente No. T-106.993
Magistrado Ponente:
Dr. Antonio Barrera
Carbonell
Santa Fe de Bogotá
D.C., octubre nueve (9) de mil novecientos noventa y siete (1997).
La Compañía Agrícola
de Seguros S.A., a través de apoderado solicita la declaración de nulidad de la
sentencia T-716 del 16 de diciembre de 1996 proferida por la Sala Segunda de
Revisión.
Es de observar, que
el proyecto original relativo a la decisión de la nulidad, elaborado por el
Magistrado Alejandro Martínez Caballero, a quien le correspondió el reparto del
asunto,  no fue aprobado por la Sala Plena de la Corporación, razón por la cual
dicha Sala resolvió que el auto contentivo de la decisión mayoritaria fuera
elaborado por el Magistrado Antonio Barrera Carbonell.
En tal virtud,
procede la Sala Plena de la Corte a resolver lo que en derecho corresponde,
previas las consideraciones que se consignan a continuación.
I. ANTECEDENTES.
1. Los hechos que motivaron la acción de
tutela a que dio lugar a la sentencia T-716 de 1996, cuya nulidad se pide,
están resumidos en dicha sentencia de la siguiente forma:
"2.1. El 13
de mayo de 1988 la Alta Corte de Justicia, División del Despacho de la Reina,
Tribunal Comercial de Inglaterra, dictó sentencia condenando a la Compañía
Agrícola de Seguros S.A. a pagarle a las firmas demandantes FAI Insurances
Limited, FAI General Insurances Company Limited, FAI Cars Owners Mutual
Insurances Company Limited las sumas de $ 257.933,89 dólares australianos, más
intereses por valor de $46.290 dólares australianos".
"2.2.
Mediante demanda presentada ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
con fecha 30 de agosto de 1991, las firmas  FAI Insurances Limited, FAI General
Insurances Company Limited, FAI Cars Owners Mutual Insurances Company Limited,
sociedades constituidas de acuerdo con las leyes de Australia y con domicilio
en Nueva Gales del Sur, Australia, solicitaron el exequátur de la sentencia
proferida por la Alta Corte de Justicia, División del Despacho de la Reina,
Tribunal Comercial de Inglaterra".
"2.3. La
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del
29 de febrero de 1996 decidió conceder el exequátur a la referida sentencia y
condenó en costas a la parte opositora".
"2.4. La
Compañía Agrícola de Seguros S.A. solicitó aclaración y adición de la
mencionada sentencia, pero estas peticiones fueron resueltas en forma negativa
por la referida Corporación".
"2.5. En la
sentencia de fecha 29 de febrero de 1996 de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia se configuran violaciones del ordenamiento jurídico
que conllevan vías de hecho y que determinan la existencia de la violación al
derecho fundamental al debido proceso. En efecto, la vía de hecho que hace
procedente la acción de tutela se produjo, porque:
- Al aplicar
indebidamente la reciprocidad legislativa, la Corte Suprema de Justicia violó
el derecho que tenía la Agrícola de Seguros al debido proceso en la tramitación
del exequátur, y por consiguiente, transgredió el artículo 29 de la
Constitución".
"- La Corte
Suprema consideró erróneamente que la simple existencia de una sentencia de un
Tribunal inglés era suficiente para decretar el exequátur, sin analizar la
competencia internacional, si se respetó el derecho de defensa de la Compañía
Agrícola de Seguros S.A., y las implicaciones de orden jurídico derivadas de la
circunstancia de haberse pactado arbitraje".
"- Se le dio
pleno valor probatorio al testimonio de dos abogados que rindieron su
declaración contra el texto de la sección 33 (1) literal (b) de la Ley de 1982
sobre jurisdicción civil,  lo cual condujo a que se violara el derecho de
defensa de la Agrícola de Seguros".
"- La Corte
dedujo que la Compañía Agrícola de Seguros se había opuesto a las pretensiones
de la demanda e intervenido por medio de abogado, sin que este hecho sea
cierto, lo cual implica que se desconoció el debido proceso en la tramitación
del exequátur por error esencial de hecho".
"- La Corte
aceptó como demostración de la existencia de la sentencia del tribunal inglés
un documento que contiene sólo la parte resolutiva de la sentencia, cuando ha
debido solicitar oficiosamente la parte motiva de la misma".
"- La
jurisdicción internacional del tribunal inglés no podía ser reconocida por la
Corte Suprema de Justicia por haberse pactado arbitraje por las partes en
litigio, que excluía la jurisdicción inglesa y la colombiana".
"- La
sentencia del tribunal inglés violó el orden público internacional colombiano y
por tanto no podía ser reconocida mediante exequátur."
2. La acción de tutela no prosperó en las
instancias, ni en la revisión.
2.1. El Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que conoció en primera instancia, fundamentó
la negativa de la tutela en las consideraciones que aparecen resumidas en la
sentencia de la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, así:
“No existe duda
en cuanto a la competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia para conocer de la demanda de exequátur.
El trámite de
exequátur se desarrolló conforme a los requisitos exigidos por el artículo 695
del Código de Procedimiento Civil. Se escucharon las partes, se recepcionaron
las pruebas solicitadas y se decretaron oficiosamente las que se consideraron
pertinentes, y se corrieron los traslados para alegar, todo conforme a los
términos y procedimientos establecidos en la ley para el trámite de esta clase
de asuntos.
En relación con
las afirmaciones del actor acerca de la apreciación de las pruebas, dijo el
juzgador de instancia, que el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que conoce
ordinariamente de un asunto según las reglas generales de competencia, porque
ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de
defensa judicial y se invadiría la órbita de competencia y la autonomía de que
son titulares las otras jurisdicciones.
Según la
Jurisprudencia de la Corte Constitucional la acción de tutela no prospera
cuando la persona que la invoca cuestiona la acción de las autoridades por
errónea interpretación de la ley, ni en el caso de que la decisión de la
autoridad pública o del particular hayan definido el derecho dentro de sus
competencias constitucionales y legales.
La arbitrariedad
que constituye el fundamento para que una decisión judicial sea considerada una
vía de hecho, debe encontrarse patente en el fallo atacado. En el caso
concreto, de acuerdo con las pruebas, la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, para conceder el exequátur, practicó las pruebas pertinentes y dio
todas las garantías a las partes para que ejercieran sus derechos,
posteriormente, en la sentencia, sopesó cada uno de los argumentos esgrimidos,
así como el acervo probatorio, llegando a la conclusión de la procedencia de la
demanda. En dicha decisión, que es la atacada por el tutelante, no se observa
que la Corte hubiese actuado con criterio personalista y caprichoso, elementos
fundamentales para que una decisión pueda calificarse como una verdadera vía de
hecho.
Además, aunque en
el análisis de la Corte se hubiera incurrido en error, este no es suficiente
para conceder la tutela, toda vez que esta protección está reservada para aquéllos
casos en que la administración de justicia de manera protuberante y por encima
del derecho, mediante una providencia, viole derechos fundamentales, hecho que
en manera alguna se observa en el presente caso.”
2.2. La sentencia de
segunda instancia, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, negó la tutela con fundamentos que la Sala
Segunda de Revisión resumió en su sentencia de la siguiente manera:
“Respecto a la
afirmación del demandante de que la Corte Suprema de Justicia incurrió en una
vía de hecho al interpretar y aplicar de forma improcedente e indebida el
principio de reciprocidad legislativa, la realidad procesal demuestra que si se
tuvo en cuenta el análisis de la legislación inglesa, para determinar si
existía o no en ese país la reciprocidad legislativa, ya que a folio 59 de la
sentencia que decidió el exequátur, hace la Corte el análisis de ese
aspecto".
"En cuanto
al hecho de que la Agrícola de Seguros sólo se limitó a impugnar la
jurisdicción del tribunal inglés, situación ésta que según la ley inglesa no se
aceptaría una sentencia extranjera, por lo tanto no podría cumplir el principio
de la reciprocidad legislativa exigida por la ley colombiana, se observa
claramente que la decisión de la Corte se fundamentó en un análisis probatorio
suficiente que la llevó a considerar con plena validez, que si se cumplía, para
el caso, el requisito de la reciprocidad legislativa. Así, esa Corporación hizo
uso de la facultad de libre examen de las pruebas y de interpretación autónoma
de la ley que le otorga la Constitución en los artículos 228 y 230".
"En relación
al argumento de que no estaba en el expediente copia completa de la sentencia
de la Corte Inglesa, no aparece prueba tampoco de que esa afirmación sea
cierta, pues el hecho de que el estilo de la sentencia, muy breve, sea
diferente al uso corriente de nuestro medio, no autoriza a afirmar que esté
incompleta. Es más, en estricto sentido la parte de la sentencia que podía ser
objeto de exequátur, era la resolutiva, toda vez que en ella estaban contenidas
las obligaciones que eran oponibles a la Compañía Agrícola de Seguros, cuya
exigibilidad se demandaba a través de este trámite".
"Aún en la
hipótesis de que dicha sentencia no hubiese sido aportada integralmente, ese
error no tendría la virtualidad de lo injusto y arbitrario pues es la parte
resolutiva de las sentencias la que en rigor legal presta mérito para la
ejecución de la decisiones judiciales, para lo cual se efectuó el trámite de
exequátur en el presente caso".
"En el caso
de la evaluación de testimonios que podrían considerarse sospechosos, por haber
tenido quienes los rindieron, algún vínculo con la parte actora, es una
calificación que corresponde hacerla privativamente al juez del asunto, en este
caso, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo
preceptuado por el artículo 217 del C. de P.C. quien haciendo uso de esa
discrecionalidad consideró que el testimonio de los profesionales extranjeros
ofrecía credibilidad.”
2.3. Por su parte,
la Corte Constitucional, en la sentencia que confirmó lo ya decidido en
instancias, dijo:
“No observa la
Sala que en el presente caso lo decidido por la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Civil- en la sentencia de fecha 29 de febrero de 1996 constituya
una vía de hecho, por las siguientes razones:
- La mencionada
Corte hizo un análisis exhaustivo, serio, objetivo, razonado, producto de un
acabado y bien ponderado análisis de la prueba incorporada al proceso.
- Ningún reparo
le merece a la Sala el análisis probatorio hecho por la Corte, el cual le
permitió dar por establecida la procedencia de exequátur en los términos de los
arts. 693, 694 y 695 del Código de Procedimiento Civil, porque actuó dentro de
la autonomía e independencia de que goza para apreciar la prueba y formar
libremente su convencimiento, sin que se pueda apreciar que hubiera incurrido
en errores manifiestos y protuberantes que le puedan restar objetividad y
seriedad a su juicio, ni mucho menos que se evidencie una intención torcida o
manipuladora de la prueba.
En cuanto a la
valoración de las pruebas y su incidencia en la configuración de la vía de
hecho, dijo esta Sala en la sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994:
"Evidentemente,
si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su
actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios
objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum,
la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que
se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o
sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial
en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la
presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad
de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales,
porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe
realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios,
derechos y valores constitucionales".
Es más, aun en el
caso de que la Sala pudiera estar en desacuerdo con dicho análisis probatorio,
esa sola circunstancia no alcanzaría a estructurar una vía de hecho, conforme a
la precisión que de esta figura ha hecho la Corte Constitucional.
El análisis
probatorio que los jueces deben hacer para sustentar sus providencias resulta
intangible, inmune e incuestionable, es decir, es intocable por el juez de
tutela, a menos que aquél comporte la negación o valoración arbitraria,
irracional y caprichosa de la prueba.
- Encuentra
ponderados y razonables los argumentos de la Corte, válidos a la luz de los
principios de la autonomía e independencia  de que goza para resolver sobre el
exequátur de la sentencia en referencia, en cuanto consideró aplicable la
reciprocidad legislativa, probada la jurisdicción del tribunal inglés y acreditados
todos los requisitos que la ley procesal exige para adoptar una decisión de
esta naturaleza.
- Los reparos que
opone la parte demandante a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia,
constituyen opiniones o pareceres o una concepción particular sobre como debe
aplicarse el derecho en el caso concreto del exequátur a la sentencia del
tribunal inglés, que son respetables, e incluso pueden llegarse a compartir,
pero apartarse de ellos, como lo hizo dicha Corte en forma razonada y
razonable, no por ello implica que se pueda estructura una vía de hecho, pues
reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido que son posibles
diversas interpretaciones de una norma jurídica por los juzgadores dentro del
ámbito de su autonomía e independencia si ellas son serias, objetivas,
racionales y razonables, sin que por ello una determinada posición
interpretativa que no se comparta por algún interesado pueda configurar una vía
de hecho.
II. LA PETICION
DE NULIDAD.
1. La Compañía
Agrícola de Seguros S.A. formuló, por conducto de apoderado, ante  la Sala
Plena de la Corporación,  las siguientes peticiones:
"Primera.
Declarar la nulidad de la sentencia No. T-716 de 16 de diciembre de 1996 de la
Corte Constitucional, Expediente No. 106993, Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional integrada por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz (Magistrado Ponente: Dr. Antonio
Barrera Carbonell) que confirmó la sentencia de 8 de agosto de 1996 proferida
por el Consejo Superior de la Judicatura- Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y
por ende negó la tutela que instauró la Compañía Agrícola de Seguros S.A., por
cuanto hubo violación al debido proceso debido a que dicha sentencia cambio la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y por tanto la tutela ha debido ser
decidida por la Sala Plena de la Corte Constitucional".
"Segunda. Que
una vez declarada por auto la nulidad de la sentencia de la Sala de Revisión
presidida por el Magistrado doctor Antonio Barrera Carbonell, se entre por la
Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir la revisión de la sentencia de
fecha 8 de agosto de 1996 proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura".
"Tercera. Que
si la Secretaría de la Corte informa que el expediente regresó a la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, órgano
que decidió la tutela en primera instancia, se solicite la remisión del
expediente a dicho Consejo para mayor ilustración de la Honorable Corte Constitucional."
2. La Compañía
Agrícola de Seguros S.A., fundamentó su petición de nulidad de la sentencia
T-716 de 1996, con arreglo a las  consideraciones, que se sintetizan de la
siguiente manera:
- La Sala Plena de
la Corte Constitucional, expresó en auto de 3 de noviembre de 1994 (petición de
nulidad de la sentencia T-341 de 1994), lo siguiente:
“Se pregunta aquí
si los cambios de jurisprudencia no definidos por la Sala Plena, causarían
nulidad de la sentencia. Para responder se considera: el artículo 241 de la
C.P., numeral 9, indica que la revisión de los fallos de tutela se hará “en la
forma que determina la ley”. El Decreto 2591 de 1991 se expidió con fundamento
en el artículo transitorio 5 de la misma Constitución. Luego es la ley a la
cual se refiere el artículo 241 de la C.P. Pues bien, el artículo 34 del
mencionado decreto exige para los cambios de jurisprudencia una decisión de la
Sala Plena de la Corte. Es decir, esta formalidad está sustentada en la misma
Constitución y habrá violación al debido proceso si se pasa por alto”.
-"La sentencia
de 16 de diciembre de 1996 no se ajustó a la ley dado que fue decidida por una
Sala de Revisión no competente usurpando la competencia que le correspondía a
la Sala Plena de la Corte Constitucional por cuanto se produjo un cambio de
jurisprudencia."
- "El cambio de
jurisprudencia consistió en que la sentencia de fecha 16 de diciembre de 1996
cuya nulidad se impetra decidió aplicar una tesis contraria a la sostenida en
sentencia No. T-299/96, Expediente T-87.302, peticionario: Sociedad G.B.
Construcciones Ltda, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, lo que
conlleva una modificación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En efecto, en la
sentencia T-299/96 de 8 de julio de 1996, la Corte Constitucional revocó el
fallo proferido por la Sección primera de la Sala de lo contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el día 9 de noviembre de 1995 y en su lugar
concedió la tutela pedida.
El fundamento
jurídico de esta sentencia fue que era procedente la tutela por vía de hecho en
que incurrió el señor Juez Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, al haber
librado mandamiento de pago y decretado medidas cautelares contra la Sociedad
G.B. Construcciones Ltda., con base en un contrato de promesa de compraventa,
no obstante la existencia en dicho contrato de una cláusula
compromisoria."
-"En el caso de
la Tutela T-716 decidida por sentencia de 16 de diciembre de 1996, cuya nulidad
se pide este escrito, se negó la tutela por vía de hecho a pesar de ser un caso
en que también se planteaba la eficacia de la cláusula compromisoria fue
desconocida."
- La sentencia T-299
de 1996 consideró que se configura la vía de hecho cuando un juez conoce de una
controversia civil pese a la existencia de cláusula compromisoria.  Mientras
que en la sentencia T-716 de 1996, se dio valor a un fallo de un juez inglés no
obstante existir cláusula compromisoria.
La nulidad es
evidente porque la sentencia T-716 implicó un cambio de jurisprudencia en el
cual no intervino la Sala Plena. Corresponde, por lo tanto, a la Sala Plena de
la Corporación conocer de la petición de nulidad.
- Se violó el
derecho fundamental al debido proceso. Dice la sociedad peticionaria :
"En efecto, la
Compañía Agrícola de Seguros S.A., sociedad colombiana con domicilio en
Colombia, fue condenada por un tribunal inglés sin haber podido defenderse y a
pesar de la existencia de la cláusula compromisoria en todos los contratos
objeto del litigio. Esto significa que se le desconoció el derecho al debido
proceso ante el tribunal inglés".
- La violación del
debido proceso, sirve como argumento a la referida sociedad para solicitar que
el asunto sea definido  por la Sala Plena de la Corte.  En efecto,
manifiesta :
"La Corte
Constitucional debe proteger el debido proceso no sólo en procesos que cursen
en Colombia sino también en procesos que se realicen en el exterior cuando
quiera que sean partes personas naturales o jurídicas colombianas".
"Las personas
colombianas en el exterior  no puede estar huérfanas de la protección de sus
derechos fundamentales, y la Corte Constitucional tiene competencia para
analizar por la vía de hecho si hubo desconocimiento al debido proceso ante
tribunal extranjero, y si también se desconoció el debido proceso en la
sentencia que reconoce y ordena la ejecución de una sentencia o laudo arbitral
extranjero".
"Estos
argumentos no intentan entrar al fondo de la tutela sino simplemente demostrar
que hubo cambio de jurisprudencia que conlleva violación al debido proceso al
no haberse dictado sentencia por el juez competente que en este caso era la
Sala Plena de la Corte Constitucional.”
- En síntesis, las
ideas centrales de la solicitud de nulidad son: El tribunal inglés "dictó
sentencia no obstante que en todos los contratos objeto de la controversia
estaba pactada la cláusula compromisoria". La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia que otorgó el exequátur “tampoco tuvo en cuenta la
cláusula compromisoria”, omisión que constituye vía de hecho.  Y, la Corte
Constitucional no estudió la vía de hecho, pues asumió como válida la
competencia del tribunal inglés, pese a la existencia de una cláusula
compromisoria, constituyéndose así la modificación de jurisprudencia respecto
de lo expuesto en la sentencia T-299 de 1996.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. El problema
jurídico planteado.
1.1.  La
peticionaria de la nulidad de la sentencia T-716 de 1996, considera que se
cambió la jurisprudencia de esta Corporación, sin que se hubiera dado
cumplimiento al trámite previsto en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 y
en el Reglamento de la Corporación, lo cual implicó la violación de su derecho
al debido proceso.
1.2. Le corresponde
a la Corte determinar, atendiendo las razones expuestas por la peticionaria
para fundamentar la nulidad  cuya declaración invoca, si existió el cambio de
jurisprudencia que hubiera ameritado que la decisión fuera adoptada por la Sala
Plena de la Corporación. Y para ello procede a examinar las decisiones que esta
ha proferido en  relación con el arbitramento, con el propósito de establecer,
luego de confrontar, igualmente, lo decidido por la Corte Suprema de Justicia
en la sentencia de fecha 29 de febrero de 1996 y por la Sala Segunda de
Revisión, si se produjo o no el referido cambio de jurisprudencia.
2. La solución
del Problema.
2.1. En concreto, la
peticionaria de la tutela considera que la sentencia T-716 de 1996, se apartó
de la jurisprudencia contenida en la Sentencia T-299 de julio 8 de 1996. (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), cuando expresa:
"En efecto, en
la sentencia T-299/96 de 8 de julio de 1996, la Corte Constitucional revocó el
fallo proferido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el día 9 de noviembre de 1995 y en su
lugar concedió la tutela pedida".
"El fundamento
jurídico de esta sentencia fue que era procedente la tutela por vía de hecho en
que incurrió el señor Juez Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, al haber
librado mandamiento de pago y decretado medidas cautelares contra la Sociedad
G.B. Construcciones Ltda., con base en un contrato de promesa de compraventa,
no obstante la existencia en dicho contrato de una cláusula
compromisoria".
"En el caso de
la Tutela T-716 decidida por sentencia de 16 de diciembre de 1996, cuya nulidad
se pide en este escrito, se negó la tutela por vía de hecho a pesar de ser un
caso similar en que también se planteaba la eficacia de la cláusula
compromisoria que fue desconocida".
"La sentencia
de fecha 16 de diciembre de 1996 cuya nulidad pido,  cambio la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre los efectos de la cláusula compromisoria y por
tanto ha debido ser revisada por la Sala Plena para definir si era pertinente o
no el cambio de jurisprudencia".
"El Tribunal
inglés en el caso de la Tutela T-716 objeto de la petición de nulidad, dictó
sentencia ano obstante que en todos los contratos objeto de la controversia
estaba pactada la cláusula compromisoria y la Compañía Agrícola de Seguros  no
se defendió limitándose a alegar la falta de jurisdicción y por ende se le
desconoció el debido proceso".
"Pero además,
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el
exequátur a la sentencia del tribunal inglés tampoco tuvo en cuenta la cláusula
compromisoria y ordenó el reconocimiento y ejecución de dicha sentencia
causando perjuicio irremediable a la Compañía Agrícola de Seguros que está
siendo objeto de un proceso ejecutivo para el cobro de la sentencia de
condena".
2.2. En la aludida
sentencia, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional estudió una
acción de tutela contra el Juzgado 10 Civil del Circuito de Barranquilla, el
cual se declaró competente para conocer de un proceso de ejecución, con base en
un contrato, a pesar de haberse pactado en éste el arbitramento.
La Sala de Revisión
concedió la tutela y consecuentemente ordenó  al Juzgado revocar el mandamiento
de pago y levantar las medidas cautelares y declarar "la falta de
jurisdicción de la justicia ordinaria para conocer del proceso ejecutivo de
AMADH  ISSA en contra de G.B. Construcciones  Limitada, en razón de existir,
relacionado con el mismo, un pacto arbitral y de ser expresa la voluntad  de
una de las partes de hacer efectivo tal pacto".
La referida decisión
de tutela fue una reiteración de la sentencia de Sala Plena C-294/95. En esta
sentencia la Corte consideró que según el inciso 4° del artículo 116 de la
Constitución los árbitros administran justicia en los términos que determine la
ley, cuando en cada caso concreto son habilitados por las partes para proferir
fallos en derecho o en equidad. Corresponde al legislador establecer las reglas
a las cuales debe someterse el proceso arbitral y como la Constitución no
establece ninguna limitación es obvio que los árbitros pueden conocer tanto de
procesos declarativos como ejecutivos.
En conclusión, según
lo expresado en la sentencia de tutela T-299 de 1996, si se encuentra vigente
una cláusula compromisoria el juez ordinario no tiene jurisdicción y por ende
sin necesidad de que las partes interpongan excepciones previas, el juez debe
pronunciarse en el sentido de abstenerse de conocer del asunto. Por
consiguiente, la iniciación del proceso ejecutivo sin tener en cuenta la
vigencia de una cláusula compromisoria, es una vía de hecho que hace procedente
la acción de tutela.
2.3. En la sentencia
de la Corte Suprema de Justicia que concedió el exequátur, se aplicó la
reciprocidad legislativa, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores
certificó que no existía "ningún tratado suscrito entre Colombia y el
Reino Unido de la Gran Bretaña relativo a la ejecución y/o efectos de
sentencias proferidas por una de las partes en el territorio de la otra".
Para ello dicha Corte le dio valor a las certificaciones expedidas por los
abogados ingleses George Robert Clarke y Andrew Midsomer Leggat, en relación
con la existencia de normas legales que permiten ese recíproco tratamiento, que
luego ratificaron bajo testimonio. Conforme a dichas pruebas, dice la Corte
Suprema "las sentencias emitidas por un tribunal extranjero pueden ser
aplicadas en Inglaterra en los siguientes casos :
"a) Cuando el
demandado, para la época de presentación de la demanda, se hallaba residenciado
en el país de localización del Tribunal o, si tratándose  de una compañía, ésta
estaba tramitando allí negocios  en forma 'razonablemente
permanentes'"
"b) Si el
demandado se sometió a la Jurisdicción del tribunal extranjero mediante un
contrato o presentándose voluntariamente al proceso, o contestando la demanda
para oponerse a  'sus méritos' ; lo que no se entiende, sucedió cuando se
haya limitado a impugnar la jurisdicción del Tribunal".
"c) Si la
sentencia es por una suma específica de dinero o determinable por simple
cálculo matemático y no está referida a impuestos, multas o cualquier otra
sección".
"d) Si la
sentencia es definitiva y concluyente lo que no ocurre cuando el tribunal
extranjero que la emitió  puede modificarla o revocarla".
"e) Que la
sentencia no haya sido proferida bajo fraude del Tribunal o de la parte, no sea
contraria a la "política pública" ni a la justicia natural,
circunstancias éstas por la que únicamente puede ser re-examinada "sobre
sus méritos" por un Tribunal de Inglaterra".
2.4. Durante el
trámite de la nulidad, a instancia del Magistrado Sustanciador, Dr. Alejandro
Martínez Caballero, se incorporó al proceso copia de la "Convención Sobre
el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras", suscrita en Nueva York el 10 de junio de 1958. Dicha
Convención  fue aprobada por Colombia mediante Ley 37 de 1979, y el
correspondiente el instrumento de adhesión fue debidamente depositado. Como
esta Ley fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, el
Congreso de la República, expidió Ley 39 de 1990 que nuevamente le dio aprobación
a dicha Convención.
El artículo II de la
aludida Convención dice:
"1. Cada uno de
los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las
partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas
diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una
determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un
asunto que pueda ser resuelto por arbitraje".
"2. La
expresión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula compromisoria
incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos
en un canje de cartas o telegramas".
"3. El tribunal
de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del
cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo,
remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que
compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable."
2.5. Igualmente, se
comprobó que La Gran Bretaña ratificó la "Convención Sobre el
Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras" de
Nueva York, pues, dicho país depositó el respectivo instrumento de adhesión,
con fecha  25 de septiembre de 1975.
2.6. Es de anotar,
según los antecedentes que obran dentro del proceso, que en razón del
ordenamiento dualista inglés para que un tratado entre en vigor se requiere que
sus disposiciones recogidas o incorporadas en una ley. Fue así como la ley
sobre arbitraje de 1975, que la Corte Suprema de justicia trae a colación con
su sentencia, sancionó en el derecho inglés la Convención de Nueva York del 10
de junio de 1958.
2.7.  Aun cuando la
Corte Suprema de Justicia expresamente no se refirió a la Convención  para
analizar la procedencia del exequátur, si la tuvo en cuenta, en la medida en
que aludió a la ley de arbitramento que incorporó al derecho inglés dicha
Convención.
2.8. Cabe ahora
analizar, si para la Corte Suprema de Justicia era obligatorio rechazar el
exequátur  ante la existencia de la cláusula compromisoria en los contratos que
dieron origen a la controversia.
Dicha Corporación,
expuso extensamente en su sentencia las razones por la cuales consideró válida
la decisión del Tribunal inglés de asumir la competencia para decidir sobre la
controversia sometida a su consideración, no obstante la existencia de la
cláusula compromisoria. En efecto, la Corte Suprema de Justicia luego de
analizar prolijamente la prueba testimonial y las disposiciones de la ley
inglesa de 1982 "sobre jurisdicción civil  y sentencias", expresó:
"Con todo, lo
cierto es que el planteamiento atinente a la falta de jurisdicción  es aspecto
de la controversia  que frente a la legislación colombiana sobre reconocimiento
de sentencias extranjeras pierde  toda relevancia en esta oportunidad, pues la
realidad es que el Tribunal inglés se pronunció sobre el fondo de la pretensión
y si así ocurrió fue porque  estimó que tenía jurisdicción para hacerlo, lo
cual basta, en frente de la consagrada reciprocidad  legislativa en el derecho
inglés, para que pueda demandarse el exequátur, todavía con mayor razón si se
toma en cuanta que no acreditó la aseguradora interesada que ese
pronunciamiento se opone a la jurisdicción nacional, es decir  que versaba
sobre un asunto que de conformidad con la legislación colombiana ha debido ser
juzgado de modo exclusivo por jueces o tribunales también colombianos."
(...)
"III Dilucidado
el punto de la reciprocidad, pasa esta Corporación a estudiar si la sentencia
extranjera materia de la demanda es apta para surtir efectos en Colombia, por
lo cual debe examinarse si cumple los requerimientos del artículo 694 del C. de
P.C.,  tal como se procede a continuación".
"1. La
sentencia materia de exequátur no versa sobre derechos reales y menos aún
constituidos sobre bienes que al momento de iniciarse el proceso en que ella se
profirió se encontraban en territorio colombiano".
"2. Tampoco se
opone a leyes colombianas de orden público distintas de las de procedimiento.
En efecto, al hacerse efectiva en Colombia, la condena dineraria impuesta en la
sentencia extranjera no se contraría en absoluto norma alguna de dicho linaje,
ni tampoco se presenta una solución injusta para Agrícola, quien en la etapa de
negociación directa con la parte actora no desconoció la obligación a su cargo
ni tuvo en esencia reparos sobre monto de la reclamación pecuniaria de orden
contractual. No es, pues, verdad que dicho fallo extranjero quebrante las
disposiciones internas que gobiernan el carácter vinculante del contrato
particularmente en aspectos tales como el del arbitramento pactado, o que viole
asi mismo la prescripción de acciones y derechos derivados de los acuerdos de
seguro y reaseguro celebrados, toda vez que, en primer lugar, se trata de
convenciones perfeccionadas por fuera del marco de la legislación nacional que
involucran partes extranjeras frente a las cuales sería cuando menos discutible
la aplicación de la normatividad interna del país, y en segundo lugar, preciso
es no perder de vista que teniendo su origen en estipulaciones entre parte, en
materia de arbitraje privado internacional rige por norma el principio
dispositivo y por lo tanto los efectos de un pacto arbitral previo bajo la
modalidad característica de la cláusula compromisoria, puede desaparecer o
perder vigencia ante el abandono tácito que se configura cuando una demanda, es
presentada ante la justicia común y el demandado no objeta, con la contundencia
necesaria y basado exclusivamente en dicho pacto, la jurisdicción en favor de
su derecho a obtener la formalización del arbitraje, el cual en estas
condiciones ha de entenderse renunciado".
(....)
"Aun en el
remoto evento en que fuere pertinente observar la normatividad interna con
miras al estudio de los reproches de la parte demandada, sería de ver que
conforme a la voluntad de los contratantes el lugar de arbitraje convenido fue
Sidney, Nueva Gales del Sur, Australia y, de otra parte, que términos del
testimonio rendido por Efraín Zamora Ruíz (fl. 134 a 139 C. 1) el grupo FAI
presentó reclamaciones oportunas, formales y técnicas a Agrícola, tal como se
desprende asi mismo de la comunicación visible al folio 92 del cuaderno 2 bis,
en virtud de la cual la firma Cameron Markby formuló el 17 de mayo de 1995 a
Agrícola por conducto del Pool Latinoamericano de Reaseguro PLAR las
reclamaciones correspondientes por el acaecimiento de siniestros, y se deduce
igualmente de la comunicación de respuesta dada a aquella el 7 de junio del
mismo año la firma Estudio Consultivo de Seguros S.A. ECSSA, manejadora del
Pool de Panamá (fl. 94 a 98 C.2 bis), al igual que de la declaración rendida
por Charles Evelyn Shaddock de la firma H.J.S y monds obrante a folios 193 C. 2
bis. De suerte que, aún en las circunstancias mencionadas no habría lugar al
quebranto de las normas internas aludidas" :
"3. De
conformidad con la certificación visible a folio 21 cuaderno 1, el fallo
materia de exequátur se encuentra ejecutoriado con arreglo a la ley inglesa, y
fue presentado en copia debidamente autenticada y legalizada".
"4. Lo decidido
por el fallo extranjero sobre el cual versa el exequátur tampoco es de
competencia exclusiva de los jueces colombianos. Los contratos de reaseguro
involucran una parte (el grupo FAI) de nacionalidad australiana, fueron
celebrados en Londres, en ellos se pactó que las reclamaciones por siniestros
las harían en Panamá las reaseguradoras por conducto de la firma H.J. Symons
con sede en la misma ciudad y, como ya se indicó, la sede del arbitramento
convenida fue Sidney, Nueva Gales del Sur, Australia".
"5. Por lo
demás, tampoco obra en autos prueba alguna de que en Colombia existe  proceso
en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el presente
asunto, y en el  proceso contencioso dentro del cual se pronunció la sentencia por
parte del Tribunal inglés, se cumplió el requisito de la debida citación y
contradicción de la sociedad demandada, de acuerdo con la ley de ese
país".
2.9. Es evidente,
que según el ponderado razonamiento de la Corte Suprema de Justicia, la
conducta procesal asumida por la Compañía Agrícola de Seguros, no se limitó a
objetar la jurisdicción del Tribunal inglés, sino que expresamente se refirió a
los méritos o pretensiones de la demanda, aceptando con ello la jurisdicción de
dicho Tribunal, a juicio de dicha Corporación.
2.10. Como puede
verse, la Corte Suprema de Justicia consideró que el Tribunal inglés si tenía
jurisdicción para desatar la controversia planteada y no había lugar, por
consiguiente, al arbitramento.
La Sala Segunda de
Revisión no halló acreditada la vía de hecho, por las razones que aparecen
consignadas en su sentencia, en el sentido  de que dentro de la autonomía e
independencia que la Constitución reconoce a los jueces, encontró válidos y
razonables los argumentos expuestos por la Corte para no admitir  la
jurisdicción arbitral y en cambio aceptar la jurisdicción del Tribunal inglés.
2.11. No existió,
según las consideraciones precedentes, un cambio de jurisprudencia, porque en
el presente caso no se discutió la facultad de los árbitros para dirimir una
controversia cuando se pacta la cláusula compromisoria, pues no existía
propiamente una controversia que debiera ser dirimida por dichos árbitros, dado
que la Compañía Agrícola de Seguros, según el análisis hecho por la Corte en su
sentencia, se sometió a la jurisdicción del Tribunal inglés.
Es más, la Corte
Suprema de Justicia no ignoró la existencia de la cláusula compromisoria, fue
consciente de que ella fue pactada y que era de obligatoria observancia; solo
que igualmente estimó que no era procedente que el asunto se sometiera a la
jurisdicción arbitral, porque la Compañía Agrícola de Seguros se había sometido
a la jurisdicción del Tribunal inglés.
En tal virtud, no es
procedente acceder a la nulidad pedida.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero. No
acceder a la declaración de nulidad pedida por la Compañía Agrícola de
Seguros S.A..
Segundo.
COMUNICAR el contenido del presente auto al Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, quien conoció en primera instancia de la acción de
tutela interpuesta por la Compañía Agrícola de Seguros S.A, apoderado de la
Compañía Agrícola de Seguros S.A.
Cópiese,
Notifíquese, Cúmplase y Publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJÍA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ  GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de voto al Auto 037/97
CAMBIO DE
JURISPRUDENCIA-Determinación/PRINCIPIO
DE RATIO DECIDENDI
¿Qué debe entenderse por cambio de
jurisprudencia? La decisión del juez en derecho se encuentra estrechamente
ligada con la obligación de motivar el fallo, a través del cual se explican los
motivos que condujeron a tomar una decisión y no otras.  En efecto, el fallo
cuenta con la ratio decidendi que es el principio de la regla de derecho que
usa el juez para llegar a su decisión, esto es, la parte esencial del fallo.
Así como también, con aquellas razones que son fundamentos secundarios de la
decisión y que la acompañan.  En tales circunstancias, para determinar si
existió o no cambio de jurisprudencia, debe remitirse a la ratio decidendi de
la jurisprudencia.
CLAUSULA
COMPROMISORIA-Primacía
para resolver conflictos particulares según la jurisprudencia
PACTO ARBITRAL-Exclusión de jurisdicción ordinaria/CONVENCION
SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCION DE SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS-Aplicación
Es claro en la jurisprudencia, que en los
procesos declarativos el pacto arbitral excluye la jurisdicción ordinaria.
Luego, existe vía de hecho cuando un juez ordinario decide de fondo un asunto
en donde se pactó cláusula compromisoria. Tanto para el estudio de la
procedencia del exequátur como para el análisis de la vía de hecho en ese
trámite, la aplicación de la Convención de Nueva York era ineludible, toda vez
que por disposición legal (la ley que ratifica la Convención) y por obligación
internacional, en controversias suscitadas por la aplicación de cláusulas
compromisorias entre personas jurídicas o naturales colombianas y extranjeras,
el acuerdo arbitral excluye la jurisdicción del juez ordinario, lo cual está
conforme con la tesis de la prevalencia de la cláusula compromisoria que ha
desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  Ha debido hacerse el análisis material
de la vigencia de la cláusula compromisoria.
EXEQUATUR-Normas sustanciales aplicables para decidir
la homologación/RECIPROCIDAD DIPLOMATICA Y POSITIVA-Homologación de
sentencia extranjera
Para saber cuales son las normas
sustanciales aplicables en la homologación debe tenerse en cuenta:  En primer
lugar, la reciprocidad diplomática, o criterio convencional, según el cual un
tratado internacional bilateral o multilateral suscrito entre los Estados que
buscan el reconocimiento y aplicación de las decisiones extranjeras, es quien
fija las condiciones y los requisitos sustanciales para el exequátur.  Nuestra
legislación le da primacía a este criterio, pues de acuerdo con el artículo 693
del Código de Procedimiento Civil, las sentencias pronunciadas en un país
extranjero "tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados
existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las
proferidas en Colombia".  En segundo lugar, en defecto de tratado, la
sentencia extranjera puede ser homologada si existe reciprocidad positiva, que
es legislativa o jurisprudencial, esto es, la decisión se homologa en Colombia
si en el Estado de origen de la sentencia, se concede el exequátur a las
sentencias Colombianas.  En otras palabras, existe reciprocidad positiva si se
alega y prueba el trato actual bilateral de las decisiones judiciales o
arbitrales.  Y, en tercer lugar, en defecto de tratado y de reciprocidad, podrá
obtenerse el exequátur si la legislación interna así lo determina.
DEBIDO PROCESO-Violación Juez ordinario si decide asunto
donde se pactó cláusula compromisoria
Con nuestro
acostumbrado respeto, nos permitimos salvar nuestro voto de la presente
providencia que decidió no acceder a la declaración de nulidad de la sentencia
T-716 de 1996, solicitada por la Compañía Agrícola de Seguros S.A, quien
consideró que dicha decisión cambió la jurisprudencia sin contar con la
aprobación del Pleno de esta Corporación, tal y como lo dispone el artículo 34
del Decreto 2591 de 1991 y, el Reglamento de esta Corporación. En nuestro concepto, la Corte debió acceder a la
petición de nulidad, por las razones que estaban consignadas en la ponencia
inicial y que no fueron suficientemente rebatidas en la providencia, por lo
cual resumimos a continuación:
¿qué debe entenderse
por cambio de jurisprudencia? La decisión del juez en derecho se encuentra
estrechamente ligada con la obligación de motivar el fallo, a través del cual
se explican los motivos que condujeron a tomar una decisión y no otras.  En
efecto, el fallo cuenta con la ratio decidendi que es el principio de la
regla de derecho que usa el juez para llegar a su decisión, esto es, la parte
esencial del fallo. Así como también, con aquellas razones que son fundamentos
secundarios de la decisión y que la acompañan.  En tales circunstancias, para
determinar si existió o no cambio de jurisprudencia, debe remitirse a la ratio
decidendi de la jurisprudencia de esta Corporación en relación con la
eficacia de la cláusula compromisoria.  Para ello, se entra a analizar las
providencias que se refieren al tema objeto de estudio.
Pronunciamientos
de la Corte Constitucional sobre la primacía de la cláusula compromisoria para
resolver conflictos particulares.
Sentencia T-057
de febrero 20 de 1995:
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Eduardo
Cifuentes Muñoz, estudió la procedencia de una acción de tutela contra
providencias de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y del
Juzgado 15 Civil del Circuito, en la cual se sostenía que el juez ordinario no
tiene competencia para conocer de un proceso ejecutivo hasta tanto no se
derogue por las partes, una cláusula compromisoria.  Aquella acción de tutela
fue resuelta en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, quien anuló
los fallos acusados por considerarlos que configuraron vías de hecho, pues a su
juicio, el poder jurisdiccional de ejecución se reserva única y exclusivamente
a los jueces.
La Sala de Revisión
de la Corte Constitucional confirmó la decisión de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia que concedió la tutela, por cuanto consideró que la omisión
de los jueces ordinarios de conocer la pretensión ejecutiva del peticionario,
constituye una abdicación ilegítima de la jurisdicción y de una competencia
exclusiva del Estado, por ende constituye una vía de hecho.
A juicio de la Sala
de Revisión, para resolver el asunto debían analizarse las normas legales que
regulan el arbitramento a la luz de la Constitución de 1991, es por ello que
las confrontó con el artículo 116 de la Constitución que autoriza el ejercicio
de la función jurisdiccional de los árbitros, siempre y cuando la atribución
sea transitoria, excepcional, las partes gocen de capacidad de disposición y la
controversia verse sobre asuntos susceptibles de arbitramento.  En este orden
de ideas, no todo asunto de competencia de los jueces ordinarios puede ser
trasladado a la justicia arbitral, toda vez que la coercibilidad que acompaña
al derecho requiere de la existencia de un aparato institucionalizado que
administre la coacción.  Entonces pues, el Estado no puede desplazar a los
particulares la facultad de disponer el poder coercitivo, pues si lo hace
coloca en peligro la paz y el orden público.
Bajo estas
circunstancias, en el caso que motivó la tutela T-057/95, se imponía examinar
la naturaleza jurídica y el alcance del proceso ejecutivo que se orienta, no al
reconocimiento de un derecho, sino que procura el cumplimiento, la efectividad
del mismo.  Por lo tanto, con el proceso ejecutivo se busca la intervención de
quien goza de la facultad coercitiva para imponer el cumplimiento.  Dice
expresamente:
"Al rededor
del título ejecutivo bien puede darse un debate sobre su existencia y validez,
pero éste tiene una connotación distinta. En primer término, con base en el
título su beneficiario o tenedor solicita al juez se decrete y lleve a efecto
su cumplimiento coactivo, no la mera definición de un derecho, como quiera que
en su favor obra la presunción de titularidad del respectivo derecho. Si la
contraparte opone excepciones, su resolución positiva o negativa es puramente
incidental y, por tanto, se inscribe en un momento que todavía pertenece al
curso de acción que ha de seguir el Estado cuando se propone aplicar la
coacción y que consiste en determinar previamente si existen las condiciones de
validez y de eficacia establecidas en la ley para seguir adelante con la
ejecución. En todo caso, dado que los factores de competencia se toman en
cuenta en el momento de entablar la acción, desde la perspectiva del tenedor
del título ejecutivo que se apresta a requerir la intervención de la
jurisdicción, no existe diferencia ni controversia sobre la existencia y
extensión de su derecho, sino necesidad de la intervención del Estado para
procurar su cumplimiento."
Finalmente, cabe
anotar que aquella acción de tutela no se discutió la efectividad de la
cláusula compromisoria para atribuir competencia a los árbitros en tratándose
de conflictos declarativos, pues se parte de la base que en aquellos casos si
opera el acuerdo fruto de la voluntad privada.
Auto del 22 de
febrero de 1996, que resolvió la petición de nulidad de la sentencia
precitada.  M.P. Antonio Barrera Carbonell.
En la tutela
T-057/95, se solicitó la nulidad de la sentencia, porque se modificaría, en dos
aspectos la jurisprudencia constitucional, sin que se hubiese dado cumplimiento
a las exigencias del Decreto 2591 de 1991 y del Reglamento de la Corporación.
De un lado, el peticionario de la nulidad consideró que la sentencia T-057/95
conoció de un asunto netamente contractual, por lo que desconoció la
jurisprudencia que expresamente ha manifestado que la acción de tutela no es
procedente para resolver conflictos de naturaleza eminentemente contractual.
De otra parte, para el peticionario la sentencia T-057/95 desconoció la
jurisprudencia relacionada con la excepcionalidad de la acción de tutela cuando
se dirija contra providencias judiciales ejecutoriadas.  A su juicio, la vía de
hecho se originó en una discrepancia de criterios entre los aplicadores del
derecho.
Un año después de la
sentencia T-057/95, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió negar la
petición de nulidad de esa providencia, con base en los siguientes argumentos:
No existe
contradicción de jurisprudencia, pues en primer lugar, la sentencia no se
pronunció sobre el fondo de la controversia contractual de las partes, pues
nunca se discute la existencia o no de una obligación concreta derivada del
contrato de seguros, lo que en efecto se examina es la naturaleza y alcance de
la cláusula compromisoria que origina la vulneración de los derechos al debido
proceso y al acceso a la justicia, que tienen relevancia constitucional.
Prueba de aquello, es que la sentencia T-057/95 es la primera decisión de la
Corte Constitucional que fija el alcance constitucional de la jurisdicción
arbitral, en la cual manifestó que las controversias originadas en un título
ejecutivo escapan de la jurisdicción arbitral.  Al respecto, la Sala Plena de
la Corte dijo:
"No es
admisible el argumento de la sociedad peticionaria en el sentido de que no es
equiparable una vía de hecho a discrepancias de criterios entre el juez que
dictó la providencia cuestionada en tutela y el juez que conoce de la petición
de amparo del derecho fundamental violado o amenazado, porque la decisión del
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá no fue un simple error de criterio, sino
la renuncia pasiva a su competencia, dentro del ámbito de la jurisdicción de
que es titular, para conocer de una clase especial de acción, como la
ejecutiva. Ni el tribunal podía en este caso resignar su competencia en el
tribunal de arbitramento ni al señor Orlando Yidi Dacarett podía imponérsele la
renuncia a que su pretensión fuera actuada por conducto de la justicia
ordinaria. Luego, el error del tribunal constituyó una verdadera "vía de hecho",
generada por el desconocimiento arbitrario del ordenamiento jurídico, al
desconocer los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia ante el
juez natural que debía conocer de la pretensión ejecutiva del demandante en
tutela. "
Y, en segundo lugar,
a juicio de la Sala Plena, la Sala de Revisión expone argumentos razonados y
sólidos que explican cómo la omisión de los jueces para conocer la pretensión
ejecutiva, generaba una manifiesta denegación de justicia que vulneró el debido
proceso del actor, que es una auténtica vía de hecho.  Por lo tanto, la
sentencia T-057/95 no sólo expone un criterio diferente a la posición del juez
de instancia, sino que la consideró una renuncia a su competencia que es
insostenible, toda vez que por desconocimiento arbitrario de la ley y de la
Constitución, abdica su competencia.
De la anterior
decisión se apartaron los Magistrados Jorge Arango Mejía y Vladimiro Naranjo
Mesa, pues consideraron que la Sala Tercera de Revisión cambió la
jurisprudencia de la Corporación, desde dos puntos de vista.  El primero, en
cuanto se refiere a la improcedencia de la acción de tutela para resolver
conflictos contractuales.  Según sus criterios, cuando la Sala de Revisión
llevó a cabo la valoración sobre los alcances constitucionales del
arbitramento, determinó la validez, eficacia y aplicabilidad de la cláusula
compromisoria en el caso particular, asunto de competencia de la justicia
ordinaria y no del juez de tutela.  Igualmente, a juicio de los Magistrados
disidentes,  la sentencia T-057/95 modificó la jurisprudencia relativa a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, puesto que
la decisión de la que se apartaron consideró que no se trataba de vía de hecho,
sino de una discrepancia en la interpretación de las normas legales que se
aplicaban al caso concreto.  Incluso, una de las normas fue posteriormente
declarada exequible por esta Corporación en sentencia C-294 de 1995, la cual
por gozar de efectos erga omnes debe prevalecer a la decisión de tutela que
tiene efectos interpartes.
Sentencia C-294
de julio 6 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía.
La Sala Plena de la
Corte Constitucional decidió la constitucionalidad del artículo 2º del Decreto
2651 de 1991, el cual dispone la competencia de la jurisdicción arbitral para
conocer de controversias declarativas y ejecutivas cuando se hubiese pactado o
se pacte la cláusula compromisoria.  La sentencia cobijó a todo el artículo
pese a que se demandó solamente el inciso referente a los procesos ejecutivos.
Para la Sala Plena,
la hermenéutica del artículo 116 de la Constitución permite concluir que los
límites a la jurisdicción arbitral son los ahí establecidos y los que señala la
ley, pues la diferencia fundamental entre la justicia administrada por jueces y
la administración de justicia por árbitros, radica en la habilitación de las
partes, toda vez que para actuar, los jueces no requieren de expresa voluntad
particular, mientras que la jurisdicción arbitral necesita habilitación
particular.  Por consiguiente, si la jurisdicción arbitral tan sólo se limita
por la Constitución y la ley y, en aquellas normas no se establece una
diferencia sustancial entre los dos formas de administrar justicia, no existen
motivos razonables que excluyan del conocimiento de los árbitros las
controversias que surgen de títulos ejecutivos, a menos de que se traten de
conflictos que surjan de títulos ejecutivos en favor del fisco, pues por
expresa disposición constitucional (art. 268 C.P.) su conocimiento corresponde
a la jurisdicción coactiva.  Nótese que la jurisprudencia da particular
importancia a la norma constitucional.
Así mismo, la Corte
consideró que de los artículos 15 y 16 del Código Civil, se desprende que todas
las obligaciones civiles de contenido económico se rigen por el principio de
autonomía de la voluntad, por ende este tipo de obligaciones dan derecho a
exigir su cumplimiento.  Este es un criterio jurisprudencial general que no
admite excepciones.
En síntesis, para la
Corte, la cláusula compromisoria pactada para resolver controversias en donde
se discute un derecho o donde se pretenda hacerlo efectivo, excluye el
conocimiento de la justicia ordinaria.
La providencia
precedente contó con dos salvamentos de voto.  Los Magistrados Antonio Barrera
Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz se apartaron de la decisión mayoritaria,
por cuanto consideraron que las funciones constitucionales de administrar
justicia deben ser expresas y no pueden deducirse por inferencia, más aún
cuando la Constitución no le otorga a los árbitros la potestad coactiva.  En
general, el salvamento de voto reitera la posición de la sentencia T-057/95.
Sentencia T-299
de julio 8 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional estudió una acción de tutela interpuesta en
contra de dos autos proferidos por el Juzgado 10 civil del circuito de
Barranquilla que asumía el conocimiento de un proceso ejecutivo, pese a la
existencia de una cláusula compromisoria.  La Sala de Revisión concedió la
tutela y solicitó la nulidad de los autos, puesto que a su juicio, la vigencia
de la cláusula arbitral excluye el conocimiento de la jurisdicción ordinaria.
Los argumentos centrales de la decisión fueron los siguientes:
Esta decisión de
tutela es reiteración de la sentencia de Sala Plena C-294/95 en donde se
dispuso que la Constitución no prohibe que los árbitros conozcan de procesos
declarativos y ejecutivos.  Por consiguiente, si se encuentra vigente una
cláusula compromisoria, el juez ordinario no tiene jurisdicción y por ende sin
necesidad de que las partes interpongan excepciones previas, el juez debe
pronunciarse al respecto, de lo contrario desconoce los principios procesales
de celeridad y de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.
La iniciación del
proceso ejecutivo sin tener en cuenta la vigencia de una cláusula
compromisoria, es una vía de hecho que hace procedente la acción de tutela,
pues esta última, en el asunto estudiado, es el medio judicial más efectivo,
toda vez que la vulneración del derecho fundamental al debido proceso se
origina por el desconocimiento del principio de la celeridad, por ende el juez
de tutela debe tomar medidas rápidas y efectivas que terminen con la
transgresión del derecho fundamental.
El Magistrado
Antonio Barrera Carbonell aclaró su voto en la presente decisión, pues pese a
que comparte la existencia de una vía de hecho, no está de acuerdo con la
eficacia del pacto arbitral para sustraer de la jurisdicción ordinaria el
conocimiento de procesos ejecutivos.
CONCLUSIÓN,
RESPECTO A ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES
El tema central que
ahora se estudia ha sido objeto de grandes discusiones tanto en el interior de
esta Corporación como en la doctrina especializada, eso explica que existan
varias decisiones de la Corte que buscan esclarecer el tema de la primacía de
la jurisdicción arbitral respecto de la jurisdicción ordinaria.  Sin embargo, lo
que es claro en la jurisprudencia, es que en los procesos declarativos el pacto
arbitral excluye la jurisdicción ordinaria.  Luego, existe vía de hecho
cuando un juez ordinario decide de fondo un asunto en donde se pactó cláusula
compromisoria.  Por ello, aquí surge un interrogante obvio: ¿los hechos de la
tutela decidida en la sentencia cuya nulidad se pide, son, en esencia, iguales
a los que se tuvieron en cuenta para resolver los asuntos descritos, por esta
Corte?
En primer lugar, la
Sala Segunda de Revisión en la sentencia T-716 de 1996,  cuya nulidad se pedía,
reconoció implícitamente la competencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia para conocer del exequátur que solicitaban las compañías
Australianas.  Esta apreciación resulta del aparte que la sentencia T-716 de
1996 transcribe, reiterando lo expresado por la Corte Suprema de Justicia.  Al
tenor literal, se dijo:
"(...) dicha
Corte estableció, en lo que interesa para esta decisión, los requisitos
previstos en los numerales 3 y 4 del mencionado artículo de la siguiente
manera:
- Dicha sentencia
no se opone a las leyes colombianas de orden público distintas de las de
procedimiento, pues no se contraría con la condena que se hace efectiva en
Colombia ninguna norma de dicho linaje ni tampoco se presenta una solución
injusta para la demandada "quien en la etapa de negociación directa con la
parte actora no desconoció la obligación a su cargo ni tuvo en esencia reparos
sobre el monto de la reclamación pecuniaria de orden contractual. No es, pues
verdad que dicho fallo extranjero quebrante las disposiciones internas que
gobiernen el carácter vinculante del contrato particularmente  en aspectos
tales como el de arbitramento pactado, o que viole asi mismo la prescripción de
acciones y derechos derivados de los acuerdos de seguro y reaseguro celebrados,
toda vez que, en primer lugar, se trata de convenciones perfeccionadas por
fuera del marco de la legislación nacional que involucran partes extranjeras
frente a las cuales sería cuando menos discutible la aplicación de la
normatividad interna del país, y en segundo lugar, preciso es no perder de
vista que teniendo su origen en estipulaciones entre partes, en materia de
arbitraje privado internacional rige por norma el principio dispositivo y por
lo tanto los efectos de un pacto arbitral previo bajo la modalidad
característica de la cláusula compromisoria, pueden desaparecer o perder
vigencia ante el abandono tácito que se configura cuando una demanda es
presentada ante la justicia común y el demandado no objeta, con la contundencia
necesaria y basado exclusivamente en dicho pacto, la jurisdicción en favor de
su derecho a obtener la formalización del arbitraje, el cual en estas
condiciones ha de entenderse renunciado".
Se tiene entonces
que, las partes acordaron una cláusula compromisoria cuyo cumplimiento se
reclama por una de ellas, la Compañía Agrícola de Seguros S.A., quien solicita
la instalación de un tribunal de arbitramento en Australia.   Ahora,  la
sentencia T-716 de 1996 consideró que el juez inglés debía conocer del asunto,
pese a la existencia de una cláusula compromisoria, decisión que resulta
contraria a la sentencia de tutela T-299 de 1996 que reiterando la sentencia de
Sala Plena C-294 de 1995, consideró que la vigencia de la cláusula arbitral
excluye el conocimiento de la jurisdicción ordinaria.
Con todo, podría
argumentarse que este caso es diverso a los asuntos decididos con anterioridad
por la Corte, pues se trata de un exequátur que plantea conflictos entre
personas jurídicas con nacionalidades diferentes a las colombianas.  Por ello,
pese a que en el escenario de la nulidad de la sentencia no era posible entrar
a decidir el fondo del problema, el control de la competencia judicial del
tribunal inglés era relevante, toda vez que la competencia del juez para
decidir conflictos, es una garantía sustancial de defensa del derecho
fundamental al debido proceso, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación.
Exequátur y
cláusula compromisoria
Para entender si a
los supuestos fácticos de la sentencia T-716 de 1996, sometida a análisis,
debía aplicarse la jurisprudencia de esta Corporación, debe resolverse una
pregunta obvia: ¿la existencia de una cláusula compromisoria obliga al juez que
estudia un exequátur?.
En primer lugar,
resulta claro que el control del respeto a la regularidad del proceso que rige
el procedimiento interno de exequátur, que es una condición sine qua non
para la ejecutabilidad y efectividad en Colombia de una resolución extranjera,
debe efectuarse a partir del estudio de cuales son las normas sustanciales
aplicables para decidir la homologación y, si el juez que profiere la decisión
cuyo reconocimiento y ejecución se solicita a través del exequátur era
competente, puesto que la competencia es el factor que legitima y autoriza la
efectividad de una decisión que resuelve controversias.   Además, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, para
resolver la homologación de una sentencia o laudo extranjero, las normas
procesales del exequátur son iguales para todos los casos,
independientemente del criterio que sustente la petición.
Pues bien, para
saber cuales son las normas sustanciales aplicables en la homologación debe
tenerse en cuenta:  En primer lugar, la reciprocidad diplomática, o criterio
convencional, según el cual un tratado internacional bilateral o multilateral
suscrito entre los Estados que buscan el reconocimiento y aplicación de las
decisiones extranjeras, es quien fija las condiciones y los requisitos
sustanciales para el exequátur.  Nuestra legislación le da primacía a este
criterio, pues de acuerdo con el artículo 693 del Código de Procedimiento
Civil, las sentencias pronunciadas en un país extranjero "tendrán en
Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en
su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia".  En
segundo lugar, en defecto de tratado, la sentencia extranjera puede ser
homologada si existe reciprocidad positiva, que es legislativa o
jurisprudencial, esto es, la decisión se homologa en Colombia si en el Estado
de origen de la sentencia, se concede el exequátur a las sentencias
Colombianas.  En otras palabras, existe reciprocidad positiva si se alega y
prueba el trato actual bilateral de las decisiones judiciales o arbitrales.  Y,
en tercer lugar, en defecto de tratado y de reciprocidad, podrá obtenerse el exequátur
si la legislación interna así lo determina.
En el asunto materia
de examen, se anexó al expediente certificación expedida por el jefe de la
oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde consta la
ausencia de tratados suscritos entre Colombia y el Reino Unido de la Gran
Bretaña relativo a la ejecución y/o efectos de las sentencias proferidas por
una de las partes en el territorio de la otra.
Ahora bien, como se
probó la inexistencia de tratados bilaterales, el anterior Magistrado Ponente,
en ejercicio de la facultad de decretar pruebas de oficio, solicitó al
Ministerio de Relaciones Exteriores información sobre si Colombia suscribió
convenios multilaterales que regulen el tema en estudio.  Así, el jefe de la
oficina jurídica allegó copia de la "Convención Sobre el Reconocimiento y
la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras", hecho en Nueva
York el 10 de junio de 1958, la cual fue aprobada por Colombia mediante Ley 37
de 1979, y el Gobierno Nacional depositó el Instrumento de Adhesión ante el
Secretario General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 1979.  Dicha
ley fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, por vicios de
forma.  Posteriormente, fue nuevamente sometida a consideración del Congreso de
la República, quien mediante Ley 39 de 1990 la aprobó.  La ley se publicó en el
Diario Oficial número 39.587.  En su artículo II dispone:
"1. Cada uno
de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual
las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas
diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una
determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un
asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.
2. La expresión
"acuerdo por escrito" denotará una cláusula compromisoria incluída en
un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje
de cartas o telegramas.
3. El tribunal de
uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual
las partes hayan concluído un acuerdo en el sentido del presente artículo,
remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que
compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable."
Igualmente, se
solicitó información sobre si la Gran Bretaña ratificó la "Convención
Sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras" de Nueva York.  En efecto, dicho país depositó el instrumento
en las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 1975.
Esto significa que,
tanto para el estudio de la procedencia del exequátur como para el análisis de
la vía de hecho en ese trámite, la aplicación de la Convención de Nueva York
era ineludible, toda vez que por disposición legal (la ley que ratifica la
Convención) y por obligación internacional, en controversias suscitadas por la
aplicación de cláusulas compromisorias entre personas jurídicas o naturales
colombianas y extranjeras, el acuerdo arbitral excluye la jurisdicción del juez
ordinario, lo cual está conforme con la tesis de la prevalencia de la cláusula
compromisoria que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.  En efecto, el Convenio de Nueva York impone igual trato que a
los casos sometidos a las normas de derecho interno, dentro de los cuales es
predicable la doctrina constitucional uniforme de esta Corporación.
La mayoría de la
Sala Plena, ha debido hacer el análisis material de la vigencia de la cláusula
compromisoria, para así asumir criterios que sean congruentes con la
jurisprudencia anterior. Pero, al considerar que la sentencia T-716 de 1996, no
modificó jurisprudencia, en la práctica hubo reiteración de la tesis de que el
juez inglés tuvo competencia para conocer del caso concreto, lo cual llevó a
abandonar la decisión mayoritaria anterior de esta Corporación, sobre la plena
eficacia de la cláusula compromisoria para resolver controversias declarativas
y ejecutivas, pues partió del supuesto que el pacto arbitral quedó sin efectos
por leyes extranjeras, y como hubo modificación jurisprudencial, la medida no
podía ser tomada por la Sala de Revisión.  Como ello no ocurrió, la conclusión
es que la sentencia de la Corte Constitucional violó el debido proceso y por
ende, es nula.
Finalmente,
consideramos que es indispensable realizar anotaciones puntuales que demuestran
claramente la equivocación de la mayoría en el asunto sub iudice
a) El numeral 2.3.
del auto manifiesta que La Corte Suprema de Justicia aplicó la reciprocidad
legislativa "para ello dicha Corte le dio valor a las certificaciones
expedidas por los abogados ingleses George Robert Clarke y Andrew Midsomer
Leggat, en relación con la existencia de normas legales que permiten el
recíproco tratamiento". Sin embargo, en el aparte 2.7. del auto se dice
que  "aun cuando la Corte Suprema de Justicia expresamente no se refirió a
la Convención para analizar la procedencia del exequátur, sí la tuvo en cuenta,
en la medida en que aludió a la ley de arbitramento que incorporó al derecho
inglés dicha Convención".
En estas
circunstancias, nos quedan inquietudes que no se resolvieron en la sentencia
¿si se tuvo en cuenta la Convención de Nueva York, que excluye la jurisdicción
ordinaria en caso de existir cláusula compromisoria, por qué se le dio valor a
certificaciones de abogados ingleses?; ¿por qué se reconoció a la jurisdicción
inglesa si era claro el pacto arbitral?; ¿por qué no se solicitó copia completa
del expediente inglés para analizar los argumentos ingleses en torno al tema?
¿la ley inglesa de arbitramento incorporó la Convención de Nueva York?, pues
dentro del expediente no obra ninguna referencia que permita llegar a esa
conclusión. Y, si, en gracia de discusión, así fuera, ¿puede una ley interna,
la ley inglesa de 1982 "sobre jurisdicción civil y sentencias",
contrariar un tratado multilateral ratificado por ese país sin que hubiesen
realizado reservas?
b) En el numeral
2.8. del auto, la Sala Plena de la Corte Constitucional trae a colación un
aparte de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que estudia la
procedencia del exequátur en lo que hace referencia a la objeción, por falta de
jurisdicción, de la Compañía Agrícola de Seguros. Se dijo: "con todo, lo
cierto es que el planteamiento atinente a la falta de jurisdicción es aspecto
de la controversia que frente a la legislación colombiana sobre reconocimiento
de sentencias extranjeras pierde toda relevancia en esta oportunidad, pues la
realidad es que el Tribunal inglés se pronunció sobre el fondo de la pretensión
y si así ocurrió fue porque estimó que tenía jurisdicción para hacerlo…"
Esto muestra una
incongruencia en la argumentación, pues precisamente se discute que el Tribunal
inglés se arrogó arbitrariamente la jurisdicción. Por lo tanto, ¿cómo puede ser
irrelevante el estudio de la jurisdicción, por el sólo hecho de que el Tribunal
inglés estimó que sí la tenía?
c) De acuerdo con lo
expuesto por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional,
"la conducta procesal asumida por la Compañía Agrícola de Seguros, no se
limitó a objetar la jurisdicción del Tribunal inglés, sino que expresamente se
refirió a los méritos o pretensiones de la demanda, aceptando con ello la
jurisdicción de dicho Tribunal". Pero, ¿como podía conocerse la verdadera
actuación si no existen copias del proceso que se adelantó en Inglaterra?. La
conclusión se dedujo de dos testimonios de abogados ingleses, sin que se
hubiesen tenido en cuenta otros testimonios que manifestaban exactamente lo
contrario. Esto muestra claramente que la Corte Suprema de Justicia desechó la
Convención de Nueva York que imponía la reciprocidad convencional antes que la
reciprocidad positiva.
d) Si la Corte
Suprema de Justicia "no ignoró la existencia de la cláusula
compromisoria" y "fue consciente de que ella fue pactada y que era de
obligatoria observancia" ¿cómo puede asumir que la Compañía demandada se
sometió a la jurisdicción del Tribunal inglés si desde antes de iniciar el
juicio, y en el proceso mismo, objetó la jurisdicción?
Por los argumentos
anteriormente expuestos, consideramos que la Corte debió decretar la nulidad de
la sentencia T-716 de 1996 para entrar a conocer de fondo el asunto planteado,
pues a nuestro entender, el Tribunal inglés y la Corte Suprema de Justicia, violaron
el debido proceso.
Fecha ut supra,
JORGE ARANGO MEJÍA
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
[1]T- 008/92 M.P. Fabio Morón Díaz
[2]T-079/93 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[3] M.P. Antonio Barrera Carbonell.