T-831-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-831/14
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
La procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales tiene un carácter excepcional y
está supeditada, entre otras cosas, a que los efectos de determinada decisión
judicial vulneren o amenacen derechos fundamentales así como a que no exista
otro medio judicial idóneo para proteger el derecho comprometido.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
Puede originarse por una
interpretación legal inconstitucional o bien, porque la autoridad competente
deja de aplicar la denominada excepción de inconstitucionalidad. Tiene lugar
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política,
ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a
un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de
la Constitución.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
LABORAL-Condición
más beneficiosa al trabajador
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
LABORAL-Elementos
En el caso en que una norma admita
varias interpretaciones, para la aplicación de la favorabilidad deben
presentarse, además, dos elementos, a saber: (i) la duda seria y objetiva ante
la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la
razonabilidad argumentativa y solidez jurídica de una u otra interpretación; y,
(ii) la efectiva concurrencia de las interpretaciones en juego para el caso
concreto, es decir, que las mismas puedan ser aplicables a los supuestos
fácticos concretos de las disposiciones normativas en conflicto.
IMPRESCRIPTIBILIDAD EN
MATERIA PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia/IRRENUNCIABILIDAD E
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DERECHOS PENSIONALES
El carácter
imprescriptible del derecho a la pensión se deriva del artículo 48 de la
Constitución Política. En efecto, la Corte Constitucional ha
indicado, en reiterada jurisprudencia, que el derecho a la pensión, como
integrante del concepto de la seguridad social, es imprescriptible. De la misma
forma, el artículo 53 superior dispone que corresponde al Estado la garantía
del derecho al pago oportuno de las pensiones y al reajuste periódico de tales
prestaciones. La Corte Constitucional ha sentado
un amplio precedente jurisprudencial respecto de la prescripción del derecho a
reclamar prestaciones pensionales. En este sentido, esta Corporación ha
reiterado el carácter irrenunciable e imprescriptible del derecho a la pensión.
IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA
PENSION-Se
predica del derecho en sí pero no de las prestaciones periódicas o mesadas no
cobradas
La jurisprudencia de la Corte tiene
sentada la posición según la cual, el derecho a la pensión es imprescriptible,
mientras que las mesadas pensionales pueden extinguirse si no son reclamadas en
los plazos señalados por la ley. De manera que el interesado tiene derecho
a reclamar lo debido en cualquier tiempo, puesto que los derechos adquiridos no
pueden ser desconocidos por decisiones de las instituciones administradoras de
pensiones, pues los mismos son irrenunciables e imprescriptibles.
IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A)
PERMANENTE A CARGO Y DEL 7% POR HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
Los incrementos pensionales referidos
constituyen una prerrogativa, aplicada a la pensión mínima legal, a la cual se
accede cuando el cónyuge o compañero(a) permanente del beneficiario depende de
este y no disfruta de pensión alguna, o cuando se trata de un hijo en situación
de discapacidad que depende económicamente del beneficiario de la pensión.
Adicionalmente, el derecho a tales incrementos subsiste mientras perduren las
causas que les dieron origen, con lo cual se entiende que el mismo puede ser
reclamado en la medida en que persistan las condiciones que a él dieron lugar,
por lRo cual tal prerrogativa no se vería afectada por el fenómeno de la
prescripción.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Vulneración al negar reconocimiento y pago del incremento pensional del
14%, al haberse interpretado la norma aplicable al caso en perjuicio de los
actores, vulnerando el principio de favorabilidad en materia laboral
Referencia: expedientes T-4.368.893;
T-4.423.557; T-4.423.843; T-4.430.213; T-4.434.249 y T-4.435.280
Peticionarios:
Jaime Jiménez Arévalo, contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y Colpensiones;
Jaime Antonio Higuita Jiménez, contra el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Medellín; Juan Manuel Batista Palacio, contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena  y el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Cartagena; Pedro Pablo Sierra Caro, contra Colpensiones
y el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá; Elena Loaiza Osorio contra la
Sala Laboral de Descongestión de Medellín,  y Walter Rincón Picott, contra el
Juzgado Cuarto Laboral de Cartagena de Descongestión del Circuito de Cartagena
y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
Derechos fundamentales invocados: Igualdad,
mínimo vital, seguridad social, favorabilidad, vida digna, acceso a la
administración de justicia y debido proceso.
Temas: Incremento pensional del 14 % por cónyuge
o compañero permanente a cargo,  e Incremento pensional del 7% por hijos en
situación de discapacidad.
Problema Jurídico:
¿Desconocen los jueces de instancia los
derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, a
la vida digna, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de
los accionantes, al negarles el reconocimiento y pago de los incrementos
pensionales del 14% por cónyuge o compañera(o) permanente a cargo y del 7% por
hijo(a) en situación de discapacidad, bajo el argumento de que los mismos se
encuentran prescritos?
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos
mil catorce 2014
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub - quien la
preside-, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución
Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos
proferidos (i) por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 28 de enero de
2014 (Expediente T-4.368.893);  (ii) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 26
de febrero de 2014, en primera instancia y por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, el 3 de junio de 2014, en segunda instancia (Expediente
T-4.423.557); (iii) por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de
Medellín, el 28 de febrero de 2014, en
primera instancia y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el
25 de abril de 2014, en segunda instancia (Expediente
T-4.423.843); (iv) por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de abril de 2014 (Expediente
T-4.430.213); (v) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, el 10 de abril de 2014 (Expediente T-4.434.249);
(vi) por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el 12 de marzo de 2014, en primera instancia y por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de junio de 2014, en
segunda instancia (Expediente T-4.435.280).
Conforme a lo consagrado en los artículos
86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de
Selección Número Cinco de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su
revisión, los asuntos de la referencia.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
EXPEDIENTE
T-4.368.893
1.1.1. Hechos
1.1.1.1.
El señor Jaime
Jiménez Arévalo de 79 años de edad señala que mediante resolución No. 010762 de
1996, el Seguro Social le reconoció la pensión de vejez, la cual ascendía a ciento
dieciocho mil novecientos treinta y cuatro pesos  $118.934, efectiva a partir
del 02 de octubre de 1995.
1.1.1.2.
Indica que como se
encuentra amparado por el régimen de transición se le aplicó la normatividad
anterior a la Ley 100 de 1993, es decir, el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto
Reglamentario 758 de 1990.
1.1.1.3.
Manifiesta que el
02 de agosto de 2012 presentó ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS)
solicitud tendiente al reconocimiento y pago de incremento del 14%, adicional a
su mesada pensional, por cónyuge o compañera permanente a cargo.
1.1.1.4.
Asegura que
mediante resolución No. 30552 del 19 de septiembre de 2012, notificada el 21 de
diciembre de 2012, el entonces ISS negó el incremento solicitado.
1.1.1.5.
Sostiene que el 01
de marzo de 2013 radicó demanda ordinaria laboral, de la cual conoció el
Juzgado 03 Laboral de Bogotá.
1.1.1.6.
Expresa que el
fallo de primera instancia resultó desfavorable a sus pretensiones, pues el
juez consideró que dicho incremento había prescrito en el caso del actor, y que
el mismo no tiene naturaleza pensional, de la cual se deriva su
imprescriptibilidad. Por esta razón, adujo, se le debe aplicar el término
trienal de prescripción. Ante su inconformidad con la decisión del a
quo, el actor presentó apelación argumentando que por tratarse de temas
relacionados con la pensión, la figura de la prescripción no es aplicable.
1.1.1.7.
Manifiesta que la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el
fallo impugnado mediante sentencia del 19 de septiembre de 2013 y determinó que
la prestación del incremento pensional en un 14%, efectivamente podía ser
afectada por el fenómeno de la prescripción, según la tesis que la Corte
Suprema de Justicia en este respecto.
1.1.1.8.
Sin embargo, cuenta
que el salvamento de voto del fallo de segunda instancia se fundamenta en “que
si el 14% no forma parte de la pensión, siendo accesorio a la misma, corre la
suerte de la principal, por tanto prescriben las mesadas mas no el derecho.”
1.1.1.9.
Resalta que las
circunstancias que dieron origen a la reclamación del aumento del 14% por
cónyuge o compañera permanente a cargo están presentes desde la fecha en que el
accionante adquirió el estatus de pensionado y se mantienen en la actualidad.
1.1.1.10.
Por lo anterior,
solicita que se deje sin efecto la providencia proferida por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y se ordene proferir una
nueva sentencia dentro del proceso ordinario laboral.
1.1.2. Traslado y contestación de la demanda
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, admitió la acción de tutela
mediante auto del 16 de enero de 2014, requirió a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, la Administradora Colombiana de Pensiones y al Juzgado
Tercero Laboral del Circuito, para que en el término de un (1) día se
pronunciaran sobre los hechos expuestos por el accionante.
Dentro del término de traslado
ninguna de las accionadas realizó pronunciamiento alguno en relación con los
hechos que motivaron la interposición de la acción de amparo.
1.1.2.1. Respuesta de Colpensiones
La entidad accionada presentó escrito de
manera extemporánea pronunciándose sobre los hechos de la acción de tutela. Solicitó
que se declarara improcedente la solicitud elevada, que se ordenara el archivo
definitivo y se le desvinculara como tercero interesado.
Los argumentos esbozados por la entidad se
centran en que el peticionario pretende desnaturalizar la tutela y a que la
acción de amparo no puede remplazar las acciones ordinarias que fueron creadas
por el legislador para resolver este tipo de controversias.
1.1.3. Pruebas y Documentos
En el expediente obran como pruebas, entre
otros, los siguientes documentos:
1.1.3.1.
Copia de la cédula
de ciudadanía del señor Jaime Jiménez Arévalo[1].
1.1.3.2.
CD con copia de la
Sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 19 de septiembre de 2013[2].
1.1.3.3.
Copia de la resolución
No. 30552 del 19 de septiembre de 2012, por medio de la cual el ISS negó el
reconocimiento y pago del incremento del 14% por cónyuge o compañera permanente
a cargo[3].
1.1.4. Decisiones Judiciales
1.1.4.1.
Decisión de
única instancia – Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
Mediante
fallo de única instancia del 28 de enero de 2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia negó el amparo solicitado, señalando que el despacho
judicial accionado no actuó de manera negligente, ni omitió realizar un
análisis de las realidades fácticas y jurídicas puestas a su conocimiento.
Expuso que “el
termino de prescripción contenido en los  artículos 488 del C.S. del T. y el
151 del C.P. del T. y de la S.S., resultaban aplicables a efectos de extinguir
el derecho solicitado”.
Por último, adujo
que la providencia atacada siguió el precedente fijado por esa misma Sala el 12
de diciembre de 2007, en el cual se expuso que el incremento en mención puede
resultar afectado por el fenómeno de la prescripción al no hacer parte
integrante de la pensión. Por tal razón, no existe una actuación subjetiva o
arbitraria del juez que haga procedente la acción de tutela.
1.2.
EXPEDIENTE
T-4.423.557
1.2.1. Hechos
1.2.1.1.
El señor Juan
Manuel Batista Palacio señala que el ISS le reconoció su pensión de vejez, mediante
resolución No. 012074 de 2007.
1.2.1.2.
Indica que es
beneficiario del régimen de transición y que en agosto de 2011, presentó
solicitud con el propósito de que se le reconociera y pagara el incremento
pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge, según lo establecido en el
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990.
1.2.1.3.
Manifiesta que la
entidad demandada negó las pretensiones del accionante. Por consiguiente,  presentó
demanda ordinaria laboral que correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Cartagena.
1.2.1.4.
Aduce que mediante sentencia
del 11 de julio de 2012, el juzgado absolvió a la entidad demandada y negó el
reconocimiento y pago del incremento solicitado al encontrar probada la
excepción de prescripción propuesta por la parte accionada, pues consideró que
el incremento del 14% por cónyuge o compañero(a) permanente a cargo no hace
parte integrante de la pensión y, por tanto, es una prestación a la que se le
debe aplicar las reglas de la prescripción.
1.2.1.5.
Asegura que
presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y que la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmó
el fallo impugnado mediante sentencia del 24 de septiembre de 2013, al
considerar que la prestación solicitada prescribió.
1.2.1.6.
Por lo anterior,
solicita le sea reconocido y pagado el incremento pensional del 14% por cónyuge
o compañero(a) permanente a cargo.
1.2.2. Traslado y contestación de la demanda
Mediante auto del 19 de febrero de 2014, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena,
a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y a
la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, para que en el
término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de petición.
Dentro del término de traslado
ninguna de las autoridades judiciales cuestionadas, ni los intervinientes en el
proceso ordinario laboral se pronunciaron sobre los hechos que motivaron la
interposición de la acción de amparo.
1.2.3. Pruebas y documentos
En el expediente obran como pruebas, entre
otros, los siguientes documentos:
1.2.3.1.
Copia de la
sentencia del 25 de noviembre de 2011, proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín, en que reconoce el incremento del 14% en favor
de otro pensionado bajo las mismas circunstancias fácticas del actor. En la
providencia judicial se sostiene que “los incrementos pensionales, en su
concepto abstracto, no pueden prescribir, mas sí, los que se causan y no se
reclamen en la oportunidad que establecen las normas procesales respectivas”[4].
1.2.4. Decisiones Judiciales
1.2.5. Decisión de primera instancia
Mediante sentencia del 26 de febrero de
2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo
de los derechos invocados por el accionante al considerar que la tutela contra
sentencias judiciales no puede ser un medio para abolir la independencia de los
jueces, principio consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política.
Por otra parte, basó su negativa en el
hecho de que las providencias de primera y segunda instancia no se anexaron al
expediente, aún cuando su remisión fue solicitada a las autoridades judiciales
accionadas.
Aseguró que la carga probatoria recaía en
el accionante y que la sola afirmación de los hechos no es suficiente para
acreditar la vulneración de los derechos del peticionario.
1.2.6. Impugnación
Mediante escrito remitido vía
fax el 27 de marzo de 2014, el accionante impugnó el fallo proferido por el Juez Constitucional
de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:
Sostiene que  las autoridades accionadas
estaban en la obligación de remitir las providencias de primera y segunda
instancia motivo de controversia, pues las mismas fueron requeridas para ello.
Asegura que con la decisión de la Sala de
Casación Laboral se minimiza el comportamiento del Juzgado y el Tribunal
accionados y por el contrario, se castiga al actor por un error que no le es
atribuible.
1.2.7. Decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia
Mediante providencia judicial del 3 de
junio de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se
abstuvo de conocer la impugnación debido a que el recurso se presentó de manera
extemporánea.
Señaló que la Secretaría de la Sala de
Casación Laboral, libró telegramas de notificación el 12 de marzo de 2014, por
lo que el término para presentar el recurso vencía el 17 de marzo del 2014 y el
escrito fue remitido vía fax por el accionante hasta el 27 de marzo del mismo
año.
1.3.
EXPEDIENTE T-
4.423.843
1.3.1. Hechos
1.3.1.1.
El señor Jaime
Antonio Higuita Jiménez, relata que convive con su cónyuge Teresa de Jesús
Santa Chalarca, desde el 26 de enero de 1974, relación producto de la cual
nació su hija Marcela Yovanna Higuita Santa.
1.3.1.2.   Manifiesta que mediante resolución No.
006801 de 2007, le fue reconocida una pensión de vejez por el Instituto de
Seguros Sociales (ISS) efectiva a partir del 15 de mayo de 2007.
1.3.1.3.
Asegura que su hija
presenta una pérdida de capacidad laboral del 60% y que tanto ella como su
esposa dependen económicamente y, en forma exclusiva del sustento que aporta al
hogar.
1.3.1.4.   Relata que presentó petición ante
COLPENSIONES solicitando el reconocimiento y pago del incremento, pero sus
pretensiones fueron desestimadas.
1.3.1.5.
Indica que presentó
demanda ordinaria laboral en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES.
1.3.1.6.
Señala que el
objeto de la demanda era el reconocimiento y pago de los incrementos
pensionales por tener a cargo a su cónyuge y a una hija en situación de
discapacidad, la indexación de las sumas de dinero, las costas de proceso y lo
que resultare probado ultra y extra petita.
1.3.1.7.
Expone que el conocimiento
del proceso le correspondió asumirlo al Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Medellín, quien mediante sentencia de única instancia del
22 de enero de 2014, no accedió a las pretensiones del accionante.
1.3.1.8.
Indica dicha
providencia que entre la fecha en que adquirió el estatus de pensionado en el
año 2007 y la fecha en que solicitó por primera vez a COLPENSIONES el
incremento pensional por personas a cargo, es decir, el 14 de marzo de 2011,
transcurrieron más de 3 años, 2 meses y 14 días, por lo que se configuró el
fenómeno extintivo del derecho.
1.3.1.9.
Adicionalmente, el
Juzgado resaltó que conforme a la jurisprudencia, los incrementos no forman
parte de la pensión y por lo tanto, según lo consagrado en el artículo 22 del
Decreto 758 de 1990, no gozan del privilegio de imprescriptibilidad.
1.3.1.10.
Por lo anterior, el
actor solicita el reconocimiento del incremento pensional del 14% por cónyuge o
compañero(a) permanente a cargo y aquel del 7% por hijo en situación de
discapacidad.
1.3.2. Traslado y contestación de la demanda
Mediante auto del 24 de febrero de 2014, el
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín admitió la acción de tutela y
ordenó notificar al Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Medellín y a la Administradora Colombiana de Pensiones  para que en el término
de dos (2) días rindieran informe detallado sobre los hechos alegados.
1.3.2.1.
Respuesta del
Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín
El Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Medellín mediante escrito del 26 de febrero de 2014 dio respuesta a la
acción de tutela. Señaló que “no existe fundamento legal o factico que
permita establecer la existencia de una causal genérica de procedibilidad
derivada de la decisión proferida”.
Indicó que en virtud de la autonomía e
independencia conferida a los operadores judiciales, se acogió la tesis
planteada por la Corte Suprema de Justicia respecto del fenómeno jurídico de la
prescripción.
Sostuvo que la sentencia atacada no
incurrió en la causal genérica de procedibilidad por defecto sustantivo, en la
modalidad de desconocimiento del precedente judicial sentado por la Corte
Constitucional.
Resaltó que mediante Sentencia T-698 de
2004, la Honorable Corte Constitucional  preceptuó que “los jueces laborales
ordinarios tienen la obligación prima facie de estarse a lo resuelto por el
máximo tribunal de la justicia ordinaria que es la Corte Suprema de Justicia”. Por
lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.
1.3.2.2.
Respuesta de la
Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES dio contestación a la acción
de tutela mediante escrito presentado dentro del término de traslado. Se opuso
a la prosperidad de las pretensiones del actor y solicitó que se le absuelva de
todo cargo y se condene en costas al peticionario.
Expuso que en el Régimen de Transición
establecido en la Ley 100 de 1993 no quedaron contemplados los incrementos por
personas a cargo y estos tampoco se previeron para las pensiones consagradas en
el Régimen General.
Adicionalmente, sostuvo que no procede la
condena en costas, ni la indexación de la misma, y que el actor tiene la carga
de acreditar los supuestos de hecho que relata en el escrito de tutela.
1.3.3. Pruebas y documentos
En el expediente obran como pruebas, entre
otros, los siguientes documentos:
1.3.3.1.
Copia de la
sentencia No. 019 de única instancia, proferida el 22 de enero de 2014 por el
Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín[5].
1.3.3.2.
Copia de la demanda
ordinaria laboral presentada por el señor Jaime Antonio Higuita Jiménez,
radicada el 13 de septiembre de 2013[6].
1.3.3.3.
Copia de la resolución
No. 006801 de 2007, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales le
reconoció al señor Higuita Jiménez una pensión de vejez, efectiva a partir del
15 de mayo de 2007[7].
1.3.3.4.
Copias de las cédulas de ciudadanía de Jaime Antonio Higuita
Jiménez, Teresa de Jesús Santa Chalarca y Marcela Yovanna Higuita Santa[8].
1.3.3.5.
Copia de la
calificación de pérdida de capacidad laboral expedida por el Centro Médico
Santa María, de la paciente Marcela
Yovanna Higuita Santa[9].
1.3.3.6.
Copia del Registro
Civil de Nacimiento de Marcela Yovanna Higuita Santa[10].
1.3.3.7.
Copia del Registro
Civil de matrimonio de Jaime Antonio Higuita Jiménez[11].
1.3.3.8.
Copia del
certificado de afiliación al POS de EPS SURA de Jaime Antonio Higuita Jiménez[12].
1.3.3.9.
Copia del derecho
de petición presentado por el accionante ante el ISS solicitando el aumento del
14% por cónyuge e hija en situación de discapacidad a cargo[13].
1.3.4. Decisiones Judiciales
1.3.4.1.
Decisión de
primera instancia
Mediante sentencia del 28 de febrero de
2014, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín denegó el amparo de los
derechos del accionante al considerar que las actuaciones que se adelantaron y
que son motivo de controversia estuvieron enmarcadas en el principio de libre
formación del convencimiento consagrado en el artículo 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad
Social.
Además de lo anterior, asegura
que el proceso adelantado por el a quo siguió las ritualidades de ley y
que no existe fundamento legal o fáctico que permita establecer la existencia
de una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra la
providencia judicial atacada.
1.3.4.2.   Impugnación
Mediante escrito del 7 de marzo de 2014, el
accionante presentó recurso de impugnación y adujo que efectivamente existió un
desconocimiento del precedente sentado por la Honorable Corte Constitucional,
específicamente, en lo que el Alto Tribunal estableció mediante sentencia T-217
de 2013[14].
Adicionalmente, el actor señaló que el juez
de primera instancia “se limita a afirmar que el proceso adelantado por el
Juzgado accionado siguió la ritualidad de ley y sus consideraciones siguen la
sana crítica. Sin embargo, lo que se afirma o discute no es la ritualidad sino
el hecho de haber contrariado abiertamente de la jurisprudencia
constitucional”.
1.3.4.3.
Decisión de
Segunda Instancia
Mediante sentencia del 25 de abril de 2014,
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín confirmó el fallo de primera
instancia al considerar que la decisión adoptada por la accionada constituye
una interpretación razonable de las normas que regulan la materia.
Expuso que el inconformismo de la parte
accionante con la decisión no permite calificarla como vía de hecho susceptible
de ser examinada por el juez constitucional.
Adicionalmente, expresó que la equivocación
del actor reside en su desconocimiento del precedente vertical de la Corte
Constitucional y de la distinción de las “sentencias de órganos de cierre,
los obiter dicta o afirmaciones dichas de paso de la ratio decidendi o
fundamentos jurídicos suficientes”.
Para terminar, el Tribunal añadió
que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, establecida como máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral, ha sostenido la
prescriptibilidad de los incrementos pensionales.
1.4.
EXPEDIENTE
T-4.430.213
1.4.1. Hechos
1.4.1.1.
El señor Pedro
Pablo Sierra Caro señala que mediante resolución No. 02248 del 24 de abril de
1995, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) le reconoció una pensión a partir
del 16 de agosto de 1994.
1.4.1.2.
Manifiesta que
solicitó al I.S.S. el reconocimiento del incremento del 14% por cónyuge a cargo
y, debido a que la entidad despachó de manera negativa su solicitud, presentó
demanda ordinaria laboral que correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bogotá.
1.4.1.3.
Sostiene que
mediante sentencia proferida el 30 de julio de 2010, el juzgado resolvió negar
el reconocimiento del incremento pensional por considerar que había operado el
fenómeno de la prescripción sobre la prestación solicitada.
1.4.1.4.
Expresa que
presentó recurso en contra de la sentencia proferida en primera instancia y
expone que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá confirmó el fallo objeto de impugnación mediante sentencia del 17 de
septiembre de 2010.
1.4.2. Tramite surtido ante el Juzgado 15 Penal del Circuito
con Función de Conocimiento y posterior remisión a la Corte Suprema de Justicia
De manera preliminar debe advertirse que la
presente acción de tutela surtió su trámite normal ante el Juzgado 15 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
En segunda instancia, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá mediante un análisis jurídico - procesal determinó
que carecía de competencia y remitió el expediente a la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia para que se surtiera la segunda instancia. A continuación
se presenta el recuento de todo el trámite surtido.
El Juzgado 15 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento avocó conocimiento de la acción por auto del 22 de
enero de 2014. Así mismo, ordenó correr traslado únicamente a la Administradora Colombiana de Pensiones
– COLPENSIONES.
Mediante
sentencia del 04 de febrero de 2014, el Juzgado 15 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento declaró improcedente la acción de tutela y por escrito del 11 de
febrero de 2014 se impugnó el fallo de primera instancia.
La Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, se pronunció sobre la impugnación interpuesta y
determinó que del contenido de la demanda se extraía que el accionante pretendía
controvertir las sentencias proferidas por el Juzgado 2 Laboral del Circuito de
Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Por esta razón, declaró la existencia de
una falta de competencia “al tenor del artículo 1, numeral 2, aparte final,
del decreto 1382 de 2000, reglamentario a su vez del artículo 37 del decreto
2591 de 1991, cuando la acción de tutela se promueva contra funcionario o
corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del
accionado; disposición con fundamento en la cual se colige que la competencia
para conocer del presente asunto queda radicada en la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia”.
1.4.3. Traslado y contestación de la demanda
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, avocó conocimiento de la acción
de tutela mediante auto del 29 de abril de 2014,  ordenó correr traslado a la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, a la Sala laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y al Juzgado Segundo Laboral
del circuito  para que en el término de (1) día ejercieran su derecho de
defensa y contradicción.
Dentro del término de traslado,
las autoridades accionadas no se
pronunciaron sobre los hechos que motivaron la interposición de la acción de
amparo.
1.4.4. Pruebas y documentos
En el expediente obran como pruebas, entre
otros, los siguientes documentos:
1.4.4.1.
Copia de la
certificación expedida el 22 de marzo de 2013, por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP en que consta que Blanca Lilia Peñaloza de Sierra, cónyuge del
actor, no se encuentra pensionada[15].
1.4.4.2.
Copia del Registro
Civil de Matrimonio de Pedro Pablo Sierra Caro y Blanca Lilia Peñaloza de
Sierra[16].
1.4.4.3.
Copias de las cédulas de ciudadanía de Pedro Pablo Sierra Caro y Blanca Lilia
Peñaloza de Sierra[17].
1.4.5. Decisiones Judiciales
1.4.5.1.
Decisión de
única instancia – Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Mediante sentencia del 7 de mayo de 2014,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo de
los derechos del accionante.
Señaló que en el caso objeto de estudio no se
cumple con el requisito de inmediatez de la acción de tutela, pues de los
hechos se desprende que el accionante presentó solicitud de amparo el 9 de
agosto de 2013 y las providencias atacadas datan del 30 de julio y 17 de
septiembre de 2007.
1.5.
EXPEDIENTE
T-4.434.249
1.5.1. Hechos
1.5.1.1.
La señora Elene
Loaiza Osorio señala que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció
una pensión de vejez mediante resolución No. 000856 de 2000.
1.5.1.2.
Indica que el 06 de
noviembre de 2009, presentó reclamación administrativa ante el I.S.S.
solicitando el incremento pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge,
Jesús Noé Ocampo Valencia.
1.5.1.3.
Expone que la
entidad negó sus pretensiones por lo cual, el 12 de enero de 2010, presentó
demanda ordinaria laboral en contra del I.S.S.
1.5.1.4.
Manifiesta que el
proceso le correspondió por reparto al Juzgado 18 Laboral del Circuito de
Medellín, quien mediante sentencia judicial del 7 de julio de 2011, reconoció
el derecho solicitado, aplicó en forma parcial la prescripción y por
consiguiente, ordenó el pago de los incrementos desde tres años antes a la
fecha en que se presentó la reclamación.
1.5.1.5.
Aduce que la
entidad demandada recurrió el fallo de primera instancia y que mediante
sentencia de febrero 28 de 2014, la Sala Tercera Dual de Descongestión del
Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión de primera instancia, absolvió
a la entidad demandada y declaró la prescripción de los incrementos, pues los
mismos no se reclamaron dentro de los 3 años siguientes al momento en que se
produjo el reconocimiento de la pensión.
1.5.1.6.
Solicita que se
deje sin efectos la sentencia del 28 de febrero de 2014, proferida por la Sala
Tercera Dual de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín y, en su
defecto, se ordene proferir una nueva decisión acorde con el debido proceso y
donde se acoja el precedente judicial adoptado por la sentencia T-217 de 2013.
1.5.2. Traslado y contestación de la demanda
Mediante auto del 10 de abril de 2014, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín, a la
Sala Tercera Dual de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín y a la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES para que en el término de un (1) día rindieran informe
detallado sobre los hechos alegados.
Dentro del término de
traslado, ninguna de las accionadas realizó pronunciamiento en relación con los
hechos que motivaron la interposición de la acción de amparo.
1.5.3. Pruebas y documentos
En el expediente obran como pruebas, entre
otros, los siguientes documentos:
1.5.3.1.
Copia de la
resolución No. 000856 de 2000, mediante la cual el Instituto de Seguros
Sociales reconoció una pensión de vejez a la señora Elena Loaiza Osorio[18].
1.5.3.2.
Copia del Registro
Civil de Matrimonio[19].
1.5.3.3.
Copia de la demanda
ordinaria laboral presentada el 12 de enero de 2010[20].
1.5.3.4.
Copia del acta de
la audiencia de trámite y juzgamiento surtida ante el Juzgado 18 Laboral del Circuito
de Medellín, mediante la cual se reconoció el incremento del 14% por cónyuge a
cargo a la accionante[21].
1.5.3.5.
Copia de la
sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala laboral del Tribunal
Superior de Medellín, mediante la cual se revocó el fallo que reconocía el
incremento a la accionante[22].
1.5.3.6.
Copias de las cédulas de ciudadanía de los cónyuges, Jesús
Noé Ocampo Valencia y Elena Loaiza Osorio[23].
1.5.4. Decisiones Judiciales
1.5.4.1.
Decisión de
única instancia – Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Mediante fallo
de única instancia del 30 de agosto de 2012, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia negó la tutela impetrada al considerar que el análisis del Tribunal en
segunda instancia “se realizó sin quebrantamiento de derechos superiores,
amén que se soportó de manera razonable y con amparo en el ordenamiento
jurídico”.
Señaló que en virtud del principio de
autonomía de los jueces el  Tribunal basó su decisión en la jurisprudencia de
esa misma Sala respecto de los incrementos.
Aseguró que del material probatorio
recaudado se extrajo que “el I.S.S. reconoció la pensión de vejez mediante
resolución 00856 del 22 de febrero de 2000, y la actora reclamó por los
incrementos el 6 de noviembre de 2010, de allí que se estimó configurada la
prescripción según lo establecido en los artículos 488 del Código Sustantivo
del Trabajo y 151 del Código procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.
1.6.
EXPEDIENTE
T-4.435.280
1.6.1. Hechos
1.6.1.1.
El señor Walter
Rincón Picott indica que mediante resolución 000196 de 2001, el ISS le
reconoció una pensión de vejez.
1.6.1.2.
Asegura que la
pensión se le reconoció al amparo del régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993, aplicándosele el acuerdo 049 de 1990 y que mediante la resolución
antes mencionada no se reconoció el incremento al que tenía derecho por tener a
cargo a su cónyuge.
1.6.1.3.
Manifiesta que
presentó reclamación administrativa ante el ISS el 07 de diciembre de 2009,
solicitud que se despachó de manera desfavorable a  sus intereses.
1.6.1.4.
Relata que presentó
demanda ordinaria laboral que correspondió por reparto al Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Cartagena y luego fue remitida al Juzgado Cuarto
Laboral de Descongestión del Circuito de Cartagena.
1.6.1.5.
Expone que mediante
sentencia del 19 de julio de 2012, el juzgado resolvió declarar probada la
excepción de prescripción formulada por la accionada, pues a su juicio el
incremento pensional en mención no hace parte integrante de la pensión.
1.6.1.6.
Sostiene que
mediante sentencia de 17 de abril de 2013, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena resolvió confirmar en su integridad la sentencia que fue
objeto de impugnación, al considerar que el incremento referido no hace parte
integrante de la pensión, por lo que puede ser afectado por el fenómeno de la
prescripción.
1.6.1.7.
Por lo anterior,
solicita que se deje sin efecto la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Cartagena, confirmada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena y, en su defecto, se ordene al Tribunal emitir
un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta las consideraciones hechas por la
Honorable Corte Constitucional.
1.6.2. Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela,  la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 28
de febrero de 2014  admitió la acción y ordenó notificar del asunto a la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES, al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena y  al
Juzgado Cuarto Laboral de Descongestión del Circuito de Cartagena para
que en el término de un (1) día rindieran informe detallado sobre los hechos
alegados.
Dentro del término de
traslado, ninguna de las accionadas realizó pronunciamiento en relación con los
hechos que motivaron la interposición de la acción de amparo.
1.6.3. Pruebas y documentos
En el expediente obran como pruebas, entre
otros, los siguientes documentos:
1.6.3.1.
Copia de la demanda
ordinaria laboral presentada por el accionante[24].
1.6.3.2.
Copia de la
solicitud administrativa presentada por el accionante ante el I.S.S. el 07 de
diciembre de 2009[25].
1.6.3.3.
Copia de la
respuesta a la solicitud administrativa presentada por el accionante, fechada
el 13 de diciembre de 2009[26].
1.6.3.4.
Copia de la
resolución No.00196 de 2001 por medio de la cual se reconoce la pensión al señor
Walter Rincón Picott[27].
1.6.3.5.
Copia de la
declaración extraprocesal surtida ante la Notaria Tercera Principal de
Cartagena  por Regina Stevenson García, cónyuge del accionante[28].
1.6.3.6.
Copias de las cédulas de ciudadanía de los cónyuges, Walter
Rincón Picott y Regina
Stevenson García[29].
1.6.3.7.
Copia del Certificado
de Supervivencia de Walter Rincón Picott, expedido por la Notaria Segunda del
Circulo de Cartagena[30].
1.6.3.8.
Copia del
Certificado de Supervivencia de Regina Stevenson García,  expedido por la
Notaria Tercera del Circulo de Cartagena[31].
1.6.3.9.
Copia del Carnet de
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, régimen
contributivo, de Walter Rincón Picott, en calidad de cotizante[32].
1.6.3.10.
Copia del Carnet de
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, régimen
contributivo, de Regina Stevenson García, en calidad de beneficiaria[33].
1.6.3.11.
Copia del
comprobante de pago de la pensión de Walter Rincón Picott[34].
1.6.3.12.
Copia de la
sentencia No. 161 de primera instancia, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral
de Cartagena el 19 de julio de 2012[35].
1.6.3.13.
Copia de la
sentencia de segunda Instancia proferida el 17 de abril de 2013, por la Sala
Segunda Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena[36].
1.6.4. Decisiones Judiciales
1.6.4.1.
Decisión de
primera instancia
La Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia denegó el amparo solicitado al considerar que no se cumple con la
inmediatez como presupuesto de procedencia.
Asegura que con la inmediatez se atiende la
“finalidad de protección urgente y perentoria” y que en el caso concreto,
las providencias atacadas fueron proferidas el 12 de julio de 2012 y 17 de
abril de 2013. Por lo cual, al momento de interponer la acción constitucional
habían pasado 10 meses, tiempo que supera el término de 6 meses indicado vía
jurisprudencial como prudente y razonado.
Por último, señala que las sentencias
motivo de controversia contienen criterios de interpretación que se encuentran
dentro del marco de la hermenéutica jurídica.
1.6.4.2.
Impugnación
Mediante escrito del 28 de marzo de 2014,
el accionante presentó recurso de impugnación y señaló respecto del requisito
de inmediatez que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que tratándose
de reclamaciones de índole pensional y ante la subsistencia de una vulneración
de derechos fundamentales, no es procedente alegar la inmediatez en la
interposición de la acción.
Sostuvo que el incremento pensional es un
derecho de carácter irrenunciable e imprescriptible.
Agregó que la providencia impugnada
desconoció el precedente jurisprudencial sentado por la Honorable Corte
Constitucional en Sentencia T-217 de 2013.
1.6.4.3.
Decisión de
Segunda Instancia
La Sala Penal de La Corte Suprema de
Justicia resolvió la impugnación interpuesta mediante sentencia del 12 de junio
de 2014, decidió confirmar el fallo de primera instancia y se refirió al
alcance excepcional y restringido de la acción de tutela.
Expuso que la parte accionante debe
entender que la sola inconformidad con el fallo adoptado no significa per se
la violación a sus derechos fundamentales.
Para terminar, manifestó que el argumento
de la inmediatez,  esbozado en primera instancia resulta valido al tenor de lo
expuesto mediante jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema.
1.7.
ACTUACIONES DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante auto del 15 de octubre de 2014,
ante la necesidad de decretar algunas pruebas con el fin de contar con mayores
elementos de juicio para revisar el caso, se ordenó al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, al
Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, Sala Laboral, y al señor Pedro Pablo
Sierra Cano (Expediente T- 4.430.213), por un lado, y, al Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Cartagena, al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena y al señor Juan Manuel Batista Palacio (Expediente T-4.423.557),
por otro lado, aportar copias de las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas dentro de los procesos ordinarios laborales iniciados por los
actores en mención, pues las mismas no obran en los expedientes.
2.
CONSIDERACIONES
2.1.
COMPETENCIA
Con base en las facultades conferidas por
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar
los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
En atención a lo expuesto, corresponde a la
Sala determinar si en las
providencias emitidas por las autoridades judiciales accionadas se desconoció
el precedente constitucional sentado por esta Corte, al sostener que el
incremento del 7% por hijo en situación de discapacidad y del 14% sobre la
pensión mínima legal de que trata el Artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es objeto de prescripción. Y si
por tanto, con dichas sentencias fueron vulnerados los derechos fundamentales
de los accionantes  al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital.
Con el fin de dar solución al problema
jurídico planteado, la Sala entrará a estudiar los siguientes temas: i) la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales; ii) la violación directa de la
Constitución, como causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; iii) el
principio de favorabilidad como mandato constitucional;  iv)la imprescriptibilidad en
materia pensional; v)la
imprescriptibilidad respecto del incremento pensional del 14% por cónyuge o
compañera(o) permanente a cargo. Posteriormente, con base en dichos
presupuestos, abordará el caso concreto.
2.3.
PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
La procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales tiene un carácter excepcional[37]
y está supeditada, entre otras cosas, a que los efectos de determinada
decisión judicial vulneren o amenacen derechos fundamentales así como a que no
exista otro medio judicial idóneo para proteger el derecho comprometido.
A este respecto, la Corte ha sentado una
abundante jurisprudencia en torno a lo que ha sido llamado vía de hecho y
que más recientemente ha experimentado una evolución terminológica hacia el
concepto de causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción
de tutela, en cuanto a la procedencia de esta acción constitucional para
controvertir providencias judiciales (sentencias y autos)[38].
Así, en sentencia T-231 de 1994[39]
se señaló, reiterando lo establecido en sentencia T-079 de 1993[40],
en cuanto a la tutela contra providencia judicial, lo siguiente:
"Una actuación de la autoridad pública
se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la
acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo,
obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración
de los derechos fundamentales de la persona.”
En la misma providencia, se indicó:
“Si este comportamiento - abultadamente
deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de
un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la
disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un
órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho
sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto
fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto
procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado
por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad
del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación
como acto judicial.”
En efecto, como se manifestó en sentencia
T-1031 de 2001[41],
y se reiteró en sentencia T-774 de 2004[42],
esta Corporación ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad
judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Así,
señaló:
“No sólo se trata de los casos en que el
juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino
que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin
argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa
se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados
(arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda
actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a
lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez),
ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución”.
De tal manera, y como se estableció en
sentencia T-419 de 2011[43],
la acción de tutela contra providencias judiciales sólo puede ser valorada por
el juez constitucional, en aquellos eventos en los que logre comprobarse que la
actuación del funcionario judicial fue “manifiestamente contraria al orden
jurídico, o al precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos
fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia”[44]
Teniendo en cuenta lo anterior, producto de una labor de sistematización sobre la
materia, en las sentencias C-590 de 2005[45] y SU-913
de 2009[46],
se unificaron los requisitos de procedencia y las razones de procedibilidad de
la tutela contra sentencia[47].
De tal forma, la Corte ha distinguido entre requisitos generales y causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En cuanto a los primeros, llamados “requisitos formales”, son
aquellos presupuestos cuyo cumplimiento faculta al juez de tutela para que
entre a analizar, en el caso concreto, si se ha presentado alguna causal
específica de procedibilidad del amparo constitucional contra una providencia
judicial. Así, en sentencia T-117 de 2013[48] se
indicó que son condiciones que deben ser examinadas por el juez, antes
de pasar a analizar las causales materiales que podrían dar lugar al amparo, a
saber:
“Que el asunto objeto de debate sea de
evidente relevancia constitucional.
Que se haya hecho uso de todos los
mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- a disposición del
afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental
irremediable.
Que se cumpla el requisito de la
inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un término razonable
y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la vulneración del derecho
fundamental.
Cuando se trate de una irregularidad
procesal, que ésta tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de
controversia y afecte los derechos fundamentales de la parte actora.
En la solicitud del amparo tutelar se deben
identificar los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y
que se hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que
ello hubiere sido posible.
Que no se trate de sentencias de tutela,
por cuanto los debates sobre derechos fundamentales no pueden prolongarse
indefinidamente.”
En la misma providencia se hace referencia,
como fundamento esencial de las causales de procedencia específicas de la
acción de tutela contra providencias judiciales, a la violación de la
Constitución por parte de la decisión examinada. Esta vulneración del derecho
al debido proceso se evidencia en aquellos defectos identificados por la
jurisprudencia, entre los que se cuentan los siguientes, explicados en
sentencia T-117 de 2013[49],entre otras, así:
1.
Defecto
orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión
carece, de manera absoluta, de competencia para ello.
2.
Defecto
procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el Juez actuó al margen del
procedimiento establecido.
3.
Defecto material
o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una
evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
4.
Defecto fáctico
por no haberse decretado, practicado o valorado pruebas debidamente solicitadas
o recaudadas en el curso del proceso, o por haberse valorado pruebas nulas o
vulneradoras de derechos fundamentales.
5.
Error inducido,
que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de
terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales.
6.
Decisión sin
motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en
donde reposa la legitimidad de sus providencias.
7.
Desconocimiento
del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce
o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado,
también cuando se aparta del precedente sentado por los órganos de cierre de su
respectiva jurisdicción o de su propio precedente.
8.
Violación
directa de la Constitución, tiene lugar, entre
otros eventos, cuando, amparada en
la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la Carta
Política.”(Énfasis fuera del texto).
Finalmente, debe señalarse que para que
proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, resulta
imprescindible: (i) no sólo que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad, (ii) sino también, que la decisión cuestionada por vía
de tutela, haya incurrido en uno o varios de los defectos o vicios específicos,
y, finalmente, (iii) que el defecto sea de tal magnitud que implique una
lesión o afectación a derechos fundamentales[50].
2.4.
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, COMO CAUSAL DE
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
Es necesario mencionar que todas las
causas, a las que ya se hizo referencia en esta providencia, que originan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales entrañan en
sí mismas un quebrantamiento de la Carta Fundamental. No obstante, se
estableció específicamente una causal denominada: violación directa de la
Constitución, la cual puede originarse por una interpretación legal
inconstitucional o bien, porque la autoridad competente deja de aplicar la
denominada excepción de inconstitucionalidad[51].
De tal manera, en la Sentencia T – 949 de
2003[52],
la Corte determinó que la violación directa a la Constitución constituía una
causal autónoma de procedibilidad de la acción de tutela y que la misma gozaba
de un carácter independiente, a pesar de tener relación directa con el defecto
sustantivo. En dicha ocasión se reiteró lo concerniente a los defectos fáctico,
procedimental, sustantivo y orgánico, y se mencionó otros defectos adicionales,
entre los cuales se incluyó el derivado del desconocimiento de una norma
constitucional aplicable al caso concreto.
En tal oportunidad dijo la Corte:
“todo pronunciamiento de fondo por parte
del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales
con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos
fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible,
solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la
existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la
jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto
fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v)
desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”[53] (Énfasis
fuera del texto).
En el mismo sentido, en la Sentencia T-462
de 2003[54]
la Corte Constitucional consideró como independiente la causal atinente a la
violación directa de la Constitución. En dicha oportunidad, se indicó que:
“… En quinto lugar, se encuentran las
situaciones en las cuales el juez incurre en una violación directa de la
Constitución y desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna
de las partes. Se trata de los casos en los cuales la decisión del juez se
apoya en la interpretación de una disposición en contra de la Constitución
(Sentencias SU – 1184 de 2001, T – 1625 de 2000 y T – 1031 de 2001)…”
Así, como se señaló en sentencia T-1143 de
2003[55]:
“La exigencia de razonabilidad y de
proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la
interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le
corresponde  a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente
la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales ´vulneran
directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una interpretación de la
normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión
quebrantaría preceptos constitucionales…´[56].”[57]
En efecto, esta causal de procedencia de la
acción de tutela encuentra fundamento en que el actual modelo de ordenamiento
constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de tal
forma que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las
distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. En
consecuencia, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda
cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida
e irrazonablemente tales postulados[58].
La mencionada causal tiene lugar cuando el
juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea
porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a
un caso concreto[59];
o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución[60].
Con relación al primer supuesto, la Corte
ha dispuesto que procede la tutela contra providencias judiciales por violación
directa de la Constitución cuando (a) en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata[61]y
(c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución[62].
En lo concerniente al segundo caso, la
Corte ha establecido que el juez debe tener en cuenta en sus providencias que, con
base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que por
tal razón, en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una
norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad[63].
2.5.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD COMO MANDATO CONSTITUCIONAL.
Teniendo como punto de partida los artículos
48, 49 y 53 de la Constitución Política, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que“(…) los principios generales del derecho al
trabajo que la doctrina ha establecido y que en Colombia adquieren rango
constitucional en el artículo 53  de la C.P., conllevan la primacía de la
realidad, la irrenunciabilidad, la favorabilidad, la condición más
beneficiosa, el principio pro operario, la justicia social y la
intangibilidad de la remuneración.”[64](Énfasis
fuera del texto.)
En efecto, el principio de favorabilidad,
además de ser un mandato constitucional, tiene respaldo en toda la doctrina y
jurisprudencia laboral y de la seguridad social. Así, el artículo 21 del Código
Sustantivo del Trabajo lo reconoce como un principio general, y lo define en
los siguientes términos: “NORMAS MAS FAVORABLES. En caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable
al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.”[65]
El alcance de tal precepto ha sido definido
por esta Corporación, que en Sentencia C-168 de 1995[66]
expresó:
“La favorabilidad opera, entonces, no sólo
cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos
normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite
varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su
integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más
ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.
(…)
Y en punto a la aplicación del principio de
favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es
labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios
de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada
una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes
pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el
sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a
determinado trabajador.” [67]
Posteriormente, la Corte sostuvo que
so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable a
los jueces desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores
por la Constitución Política y las leyes. De igual forma, las autoridades
judiciales tampoco se encuentran en posibilidad de actuar en contra de los
principios superiores como son, entre otros, los de igualdad de trato y
favorabilidad. En este sentido, “puede afirmarse que el Estatuto Superior se
ha preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los trabajadores, los
cuales no pueden ser ignorados, disminuidos o transgredidos por las autoridades
públicas y, en particular, por los jueces y magistrados de la República en su
función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la ley”[68].
A este respecto, en la Sentencia T-001 de
1999[69],
se señaló:
“Pero además, la regla general -prohijada
por esta Corte-, que rechaza como improcedente la tutela cuando se trata de
controvertir interpretaciones judiciales acogidas por el juez en detrimento de
otras igualmente válidas, admite, por expreso mandato constitucional, la
excepción que surge del artículo 53 de la Constitución.
En la indicada norma el Constituyente
consagró derechos mínimos de los trabajadores, es decir, derechos inalienables,
que no pueden disminuirse, renunciarse, ni es factible transigir sobre ellos;
que se imponen inclusive al legislador y desde luego a los jueces y a los
funcionarios administrativos.
Entre tales derechos se encuentra el que
surge de la aplicación del principio de favorabilidad, que la Constitución
entiende como "...situación más favorable al trabajador en caso de duda en
la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho...".
Siendo la ley una de esas fuentes, su
interpretación, cuando se presenta la hipótesis de la cual parte la norma -la
duda-, no puede ser ninguna diferente de la que más favorezca al trabajador.
Ella es obligatoria, preeminente e ineludible para el juez.
Allí la autonomía judicial para interpretar
los mandatos legales pasa a ser muy relativa: el juez puede interpretar la ley
que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es,
seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente
lo desfavorece o perjudica.” (Énfasis fuera del texto)
De tal manera, en cuanto al principio de
favorabilidad en materia laboral, esta Corte ha sostenido que la aplicación del
mismo, obedece a uno de  los dispositivos que  la Constitución ha
establecido para la resolución de conflictos surgidos con ocasión de la
interpretación o aplicación de las normas que regulan las relaciones del
trabajo[70].
Igualmente, debe tenerse en cuenta que el
principio en comento apunta a superar controversias respecto de la aplicación
de dos normas y cuando un precepto admite diversas interpretaciones[71].
Así, en sentencia T-290 de 2005[72], la
Corte señaló que “la favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe
conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de
idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones…”.
En tal sentido, en sentencia T-599 de 2011[73]
se indicó que en el caso en que una norma admita varias interpretaciones, para
la aplicación de la favorabilidad deben presentarse, además, dos elementos, a
saber: (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más
interpretaciones, ello, en función de la razonabilidad argumentativa y solidez
jurídica de una u otra interpretación; y, (ii) la efectiva concurrencia de las
interpretaciones en juego para el caso concreto, es decir, que las mismas
puedan ser aplicables a los supuestos fácticos concretos de las disposiciones
normativas en conflicto.
Finalmente,  como se estableció en sentencia
T- 350 de 2012[74]
la jurisprudencia constitucional ha reiterado que las autoridades judiciales se
encuentran sujetas a la aplicación del principio constitucional de
favorabilidad en materia laboral. En este orden, si bien los jueces, incluyendo
las Altas Cortes, cuentan con un amplio margen de interpretación en las normas
laborales, no le es dable hacerlo en contra del trabajador, es decir,
seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquél que ostensiblemente
lo desfavorece o perjudica. En conclusión, una conducta contraria configura un
defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social, por desconocimiento directo del artículo 53 Constitucional.
2.6.
LA
IMPRESCRIPTIBILIDAD EN MATERIA PENSIONAL.
El carácter
imprescriptible del derecho a la pensión se deriva del artículo 48 de la
Constitución Política. En efecto, la Corte Constitucional ha indicado, en reiterada
jurisprudencia, que el derecho a la pensión, como integrante del concepto de la
seguridad social, es imprescriptible. De la misma forma, el artículo 53
superior dispone que corresponde al Estado la garantía del derecho al pago
oportuno de las pensiones y al reajuste periódico de tales prestaciones[75].
La Corte
Constitucional ha sentado un amplio precedente jurisprudencial respecto de la
prescripción del derecho a reclamar prestaciones pensionales. En este sentido,
esta Corporación ha reiterado el carácter irrenunciable e imprescriptible del
derecho a la pensión.[76]
Así, en
sentencia t-230 de 1998[77],
la Corte precisó:
“Así las cosas, la pensión de
jubilación, vejez e invalidez, entre otras, no admiten una prescripción
extintiva del derecho en sí mismo como cualquier otra clase de derechos, lo
cual no significa que se atente contra el principio de seguridad jurídica; por
el contrario, constituye un pleno desarrollo de principios y valores
constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad,
la protección y asistencia especial a las personas de la tercera edad, para
mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho irrenunciable a
la  seguridad  social  (C.P., arts. 1, 46 y 48),
determinando  a su vez una realización efectiva del valor fundante que
impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de un Estado
social de derecho.
(…)
Cabe agregar,
que dada la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las
pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los
créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres
años anteriores al momento en que se presente la reclamación del derecho”.
En
ese orden, en
sentencia C-198 de 1999[78]
la Corte señaló que la ley no puede consagrar la prescripción del derecho
a la pensión como tal, aunque sí puede establecer un término temporal
para la reclamación de las distintas mesadas, es decir, solo se podrá consagrar
la prescripción extintiva de derechos patrimoniales que surgen del ejercicio de
un derecho constitucional, cuando dicho término sea proporcionado y no afecte
el contenido esencial mismo.
En otras palabras,
la jurisprudencia de la Corte tiene sentada la posición según la cual, el
derecho a la pensión es imprescriptible, mientras que las mesadas pensionales
pueden extinguirse si no son reclamadas en los plazos señalados por la
ley. De manera que el interesado tiene derecho a reclamar lo debido en
cualquier tiempo, puesto que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos
por decisiones de las instituciones administradoras de pensiones, pues los
mismos son irrenunciables e imprescriptibles.
De la misma forma, en la sentencia T-155
de 2011[79] se estableció que el derecho a
cobrar las mesadas pensionales sí puede someterse al fenómeno de la
prescripción porque no atenta contra el derecho fundamental a la seguridad
social y establece un ambiente de seguridad jurídica, lo cual beneficia los dos
extremos de la relación laboral.
Para
concluir, debe señalarse que la imprescriptibilidad de la pensión se predica
del derecho considerado en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas
o  mesadas que él implica y que no han sido cobradas, las cuales se
encuentran sometidas a la regla general de prescripción de las acreencias
laborales de 3 años, prevista en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad
Social[80].
2.7.
LA
IMPRESCRIPTIBILIDAD EN MATERIA PENSIONAL, RESPECTO DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL
14% POR CÓNYUGE O COMPAÑERA(O) PERMANENTE A CARGO Y DEL 7% POR HIJO EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Tal y como se
plasmó en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, mediante
el cual se expidió el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte[81],
las pensiones de invalidez y vejez se incrementarían  “En un siete por ciento (7%) sobre la
pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de
dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no
pensionados de cualquier edad, siempre que dependan económicamente del
beneficiario” y
“en un catorce
por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o
compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de
una pensión”.
De la misma forma,
el Acuerdo en comento estableció en su artículo 22: “NATURALEZA DE LOS
INCREMENTOS PENSIONALES. Los
incrementos de que trata el artículo anterior [entre ellos el del 14% por cónyuge o
compañero o compañera a cargo] no forman parte integrante de
la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros
Sociales y el derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que les
dieron origen. El Director General del ISS establecerá los mecanismos
necesarios para su control”(Énfasis fuera del texto.)
A este respecto,
resulta necesario hacer referencia a lo establecido por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto de la naturaleza de los
incrementos pensionales bajo análisis. Dicha Corporación, ha entendido que los mismos
no pueden participar de los atributos que el ordenamiento jurídico ha señalado
para la pensión de invalidez y vejez, entre ellos “el de la
imprescriptibilidad del estado jurídico del pensionado, y que se justifican
justamente por el carácter
fundamental y vital de la
prestación, reafirmado por la Constitución de 1991, y además por el hecho de
ser de tracto sucesivo,
por regla general, y de carácter vitalicio” (negrilla fuera del texto
original)[82].
En el mismo
sentido, dicha Corporación, considerada como el órgano de cierre de la
Jurisdicción Ordinaria, señaló que si bien los incrementos nacen del
reconocimiento de la prestación, estos no forman parte integrante de la
pensión, ni del estado jurídico de la persona pensionada no sólo porque así lo
consignó la ley, “sino porque
se trata de una prerrogativa cuyo surgimiento no es automático frente a dicho
estado, pues está condicionado al cumplimiento de unos requisitos, que pueden
presentarse o no”[83],
o simplemente extinguirse en el tiempo. Tales requisitos, ajenos a las
contingencias de invalidez o vejez que buscan amparar el derecho a la seguridad
social, y sobre las cuales se garantiza la prestación pensional
(imprescriptible) en aras de salvaguardar el mínimo vital y el auto
sostenimiento en condiciones dignas de las personas afectadas por la
contingencia de que se trate[84].
A este respecto,
la Corte Suprema de Justicia indicó:
“(…)No puede negarse que los incrementos
nacen del reconocimiento de la pensión vejez, pero ello no quiere decir que
formen parte integrante de la prestación, ni mucho menos del estado jurídico
del pensionado, (…) La alusión normativa atinente a que el derecho a los
incrementos “subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen”, antes
de favorecer la imprescriptibilidad, obran en su contra por cuanto
implícitamente parte de la hipótesis de que se trata de un derecho que no es
vitalicio en tanto su persistencia requiere que se sigan dando las causas que
le dieron origen, de modo que aunque, parezca redundante, la desaparición de
estas provoca su extinción.” [85]
Al
respecto, también vale la pena mencionar lo establecido por la Corte Constitucional,
que señaló, en sentencia T-217 de 2013[86], que “el
derecho a la pensión o los incrementos que por ley se desprendan de éste son
imprescriptibles, en esa medida la prescripción solo es aplicable a  las
mesadas no reclamadas con anterioridad a los 3 años de solicitadas, por lo
tanto, de acoger la tesis que al reajuste a la pensión de vejez del 14%, en
relación con el cónyuge o compañero o compañera permanente del beneficiario de
dicha pensión, que dependiese económicamente de éste y que no esté disfrutando
de una pensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo
49 de 1990, se le puede aplicar prescripción, equivale a perder una fracción de
recursos de este derecho o parte del mismo”[87].
En
efecto, en la misma providencia, al estudiar el caso de varios pensionados que
solicitaban uno de los incrementos pensionales en mención, el cual les había
sido negado bajo el argumento de que sobre tal prestación había operado el
fenómeno de la prescripción, la Corte indicó que dicha circunstancia configuraba un trato diferente
e injustificado frente a otras personas en igualdad de circunstancias,
incurriendo con sus decisiones en un trato discriminatorio, con la consecuente
vulneración del derecho fundamental a la igualdad de los peticionarios, pues a
juicio de la Sala, se estaba violando lo estipulado en el artículo 48 de la
Constitución Política.
Además de lo
anterior, añadió que  la errada decisión de negar el pago del referido
incremento pensional, no solo compromete el derecho a la igualdad de los
actores, sino que igualmente vulnera sus derechos a la vida digna y a la
seguridad social, pues el no reconocimiento de dicha prestación, tal y como el
ordenamiento jurídico lo está autorizando, compromete las condiciones mínimas
de vida de los accionantes.
Sin embargo, en
sentencia T-791 de 2013[88],
se
consideró que el incremento
pensional del 14% por cónyuge o compañera(o) permanente a cargo, que pretendía
el accionante, no reviste un carácter fundamental, esencial o vital, toda vez
que no va dirigido, de forma vitalicia y sucesiva, a amparar la subsistencia
digna y sufragar el mínimo vital del actor, quien por una contingencia sufrida
(la vejez), vio menguada de forma permanente su capacidad de sostenimiento.
Además de lo expuesto, en tal ocasión se señaló que  dicho incremento es un
derecho patrimonial que no forma parte integrante de la pensión que recibe el
accionante, y que está condicionado al cumplimiento de unos requisitos
subsidiarios y ajenos a la contingencia de vejez, que es la que se busca
amparar a través del derecho fundamental a la seguridad social.
En suma, los incrementos
pensionales referidos constituyen una prerrogativa, aplicada a la pensión
mínima legal, a la cual se accede cuando el cónyuge o compañero(a) permanente
del beneficiario depende de este y no disfruta de pensión alguna, o cuando se
trata de un hijo en situación de discapacidad que depende económicamente del
beneficiario de la pensión. Adicionalmente, el
derecho a tales incrementos subsiste mientras perduren las causas que les
dieron origen, con lo cual se entiende que el mismo puede ser reclamado en la
medida en que persistan las condiciones que a él dieron lugar, por lo cual tal
prerrogativa no se vería afectada por el fenómeno de la prescripción.
Así, esta Sala considera
que la interpretación que mejor realiza los derechos fundamentales de los
actores es aquella que se aplicó en la sentencia T- 217 de 2013[89], la cual es aquella que resulta
más favorable para los accionantes, por cuanto en esa oportunidad la Corte consideró
que el derecho en mención no se encuentra sometido a la regla de prescripción
de las acreencias laborales de 3 años. En efecto, en ninguna de las normas
citadas, en las cuales regula el incremento bajo estudio, se establece que
dicha regla deba ser la aplicada al incremento en mención, pues al definirse la
naturaleza del mismo, sólo se señala que tal derecho subsiste mientras perduren
las causas que le dieron origen al mismo. De tal forma, lo considerado en dicho
fallo respecto de la imprescriptibilidad del derecho en comento se encuentra en
consonancia con el principio de favorabilidad, razón por la cual concluir que
tal derecho se encuentra afectado por el fenómeno de la prescripción, en
perjuicio de los peticionarios, contraría el principio de favorabilidad, y por
lo tanto, implica una violación directa de la Constitución.
3.
CASOS CONCRETOS
3.1.
EXPEDIENTE
T-4.368.893
3.1.1. Resumen de los hechos
De los hechos narrados en el
escrito de tutela y según se evidencia de los documentos aportados en el
trámite de la acción, la Sala encuentra probados los siguientes sucesos:
3.1.1.1.
Al señor Jaime
Jiménez Arévalo, de 79 años, se le reconoció una pensión mediante resolución
No. 010762 de 1996, expedida por el Instituto de Seguros Sociales (ISS).
3.1.1.2.
Señala que su
cónyuge depende económicamente de él, por lo que presentó reclamación
administrativa solicitando el incremento por tener a su cónyuge a cargo y
mediante resolución No. 30552 del 19 de septiembre de 2012, se negó el
reconocimiento del incremento solicitado.
3.1.1.3.
Radicó demanda
ordinaria laboral el 01 de marzo de 2013, solicitando el reconocimiento del
incremento y mediante sentencia de primera instancia del Juzgado 3 Laboral de
Bogotá se denegaron sus pretensiones.
3.1.1.4.
Debido a que el
fallo de primera instancia resultó desfavorable presentó recurso de apelación.
3.1.1.5.
La Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo impugnado
mediante sentencia del 19 de septiembre de 2013. Determinó que debía aplicarse
la prescripción trienal al incremento pensional solicitado, en virtud de lo
señalado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
3.1.1.6.
Adicionalmente, la
Sala señaló que no hubo desconocimiento de la sentencia T-217 de 2013, pues a
su modo de ver, la Corte Constitucional solo trajo a colación sentencias de
constitucionalidad en las que se afirma que el derecho a la pensión no
prescribe, posición que comparte el tribunal pues son las mesadas a las que se
les aplica el fenómeno extintivo. Del mismo modo, indicó que la Corte no hizo
alusión en su estudio al artículo 22 del acuerdo 049 de 1990, ni analizó si los
aumentos por personas a cargo tienen o no connotación de accesorios o si forman
o no parte de la pensión.
3.2.
EXPEDIENTE
T-4.423.557
3.2.1. Resumen de los hechos
De los hechos narrados en el escrito de
tutela y los documentos aportados en el trámite de la acción, la Sala encuentra
probados los siguientes sucesos:
3.2.1.1.
Al señor Juan
Manuel Batista Palacio, le fue reconocida una pensión de vejez, mediante
resolución No. 012074 de 2007 expedida por el Instituto de Seguros Sociales.
3.2.1.2.
Presentó
reclamación administrativa para que se le reconociera el incremento pensional
por tener a cargo a su cónyuge, quien depende de él económicamente y no recibe
ningún tipo de ingresos.
3.2.1.3.
Debido a que
COLPENSIONES resolvió la solicitud de manera desfavorable a los intereses del
actor, presentó demanda ordinaria laboral.
3.2.1.4.
Mediante sentencia
del 11 de julio de 2012, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena
absolvió a la entidad demandada y negó el reconocimiento y pago del incremento
solicitado al encontrar probada la excepción de prescripción propuesta por la
parte accionada.
3.2.1.5.
Presentó recurso de
apelación que fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena. Mediante sentencia del 24 de septiembre de
2013, confirmó el fallo impugnado.
3.3.
EXPEDIENTE T-
4.423.843
3.3.1. Resumen de los hechos
De los hechos narrados en el escrito de
tutela y los documentos aportados en el trámite de la acción, la Sala encuentra
probados los siguientes sucesos:
3.3.1.1.
El señor Jaime
Antonio Higuita Jiménez contrajo nupcias con Teresa de Jesús Santa Chalarca el
26 de enero de 1974.
3.3.1.2.
Fruto del
matrimonio nació Marcela Yovanna Higuita Santa el 01 de febrero de 1981.
3.3.1.3.
La hija del
accionante, mayor de edad, se encuentra en situación de discapacidad, pues
sufre de Trastorno de Pánico, Depresión Recurrente y Trastorno de Personalidad
Límite. Fue calificada el 17 de marzo de 2006, con Pérdida de Capacidad Laboral
del 60.75% por el Centro Médico Santa maría.
3.3.1.4.
El Instituto de
Seguros Sociales le reconoció al actor una pensión de vejez mediante resolución
No. 006801 de 2007.
3.3.1.5.
Tanto su cónyuge,
como su hija con discapacidad dependen económicamente del actor. Así mismo,
ninguna de las dos tiene ingreso alguno del cual puedan derivar su sustento.
3.3.1.6.
El 14 de marzo de
2011, presentó solicitud a COLPENSIONES, tendiente al reconocimiento y pago del
incremento pensional por cónyuge a cargo e hija a cargo en situación de
discapacidad.
3.3.1.7.
La solicitud
administrativa resultó desfavorable a las pretensiones del accionante por lo
que promovió proceso ordinario laboral el 13  de septiembre de 2013.
3.3.1.8.
Mediante sentencia
de única instancia del 22 de enero de 2014, el Juzgado Cuarto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Medellín, negó el amparo a las pretensiones del
accionante bajo el argumento de que había operado la figura extintiva de la
prescripción.
3.4.
EXPEDIENTE
T-4.430.213
3.4.1. Resumen de los hechos
De los hechos narrados en el
escrito de tutela y los documentos aportados en el trámite de la acción, la
Sala encuentra probados los siguientes sucesos:
3.4.1.1.
El señor Pedro
Pablo Sierra Caro se encuentra casado con Blanca Lilia Peñaloza de Sierra desde
el 7 de noviembre de 1959.
3.4.1.2.
Se le reconoció una
pensión de vejez mediante resolución del Instituto de Seguros Sociales (ISS)
No. 02248 del 16 de agosto de 1994.
3.4.1.3.
El actor solicitó
al ISS el incremento pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge y debido
a que la misma no recibe pensión alguna, pero la entidad negó el derecho
reclamado.
3.4.1.4.
Presentó demanda
ordinaria laboral, la cual se falló en contra de sus intereses mediante
sentencia proferida el 30 de julio de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Bogotá, en la que se consideró que sobre la prestación solicitada
había operado el fenómeno de la prescripción.
3.4.1.5.
Mediante sentencia
del 17 de septiembre de 2010, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, confirmó el fallo impugnado.
3.5.
EXPEDIENTE
T-4.434.249
3.5.1. Resumen de los hechos
De los hechos narrados en el
escrito de tutela y los documentos aportados en el trámite de la acción, la
Sala encuentra probados los siguientes sucesos:
3.5.1.1.
La señora Elena
Loaiza Osorio se encuentra casada con Jesús Noé Ocampo Valencia desde el 13 de
febrero de 1975.
3.5.1.2.
Mediante resolución
No. 000856 de 2000, expedida por el Instituto de Seguros Sociales se le
reconoció a la tutelante pensión de vejez.
3.5.1.3.
Presentó petición
el 06 de diciembre de 2009, solicitando el reconocimiento del incremento
pensional de 14%, pues su cónyuge depende económicamente de ella, pues los dos
subsisten solo con la pensión que recibe la accionante.
3.5.1.4.
Debido a que la
entidad negó el reconocimiento solicitado, presentó demanda ordinaria laboral
el 12 de enero de 2010.
3.5.1.5.
El Juzgado 18
Laboral del Circuito de Medellín, condeno al ISS a pagar a la actora el
incremento pensional del 14%, mediante sentencia del 7 de julio de 2011, en la
cual aplicó en forma parcial la prescripción. Así, ordenó el pago de los
incrementos desde tres años antes a la fecha en que se presentó la reclamación.
3.5.1.6.
La Sala Tercera
Dual de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, revocó el fallo
impugnado por la entidad demandada por medio de providencia judicial del 28 de
febrero de 2014. Basó sus consideraciones en la jurisprudencia en materia de
prescripción, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual
el incremento pensional mencionado, al no hacer parte integrante de la pensión,
puede ser objeto de la prescripción.
3.6.
EXPEDIENTE
T-4.435.280
3.6.1. Resumen de los hechos
De los hechos narrados en el
escrito de tutela y los documentos aportados en el trámite de la acción, la
Sala encuentra probados los siguientes sucesos:
3.6.1.1.
El señor Walter
Rincón Picott, se encuentra casado desde hace 28 años con Regina Stevenson
García.
3.6.1.2.
Al actor le fue
reconocida una pensión de vejez mediante resolución 000196 de 2001 expedida por
el I.S.S.
3.6.1.3.
La cónyuge del
peticionario no recibe rentas o pensiones, por lo cual depende económicamente
de su esposo.
3.6.1.4.
Mediante
reclamación administrativa presentada el 7 de diciembre de 2009, el accionante
solicitó el reconocimiento del aumento del 14% por tener a cargo a su esposa.
3.6.1.5.
Dado que la
pretensión de su solicitud no prosperó, acudió a la jurisdicción ordinaria
laboral para dirimir su conflicto.
3.6.1.6.
El Juzgado Cuarto
Laboral de Descongestión del Circuito de Cartagena, negó el amparo del derecho
y declaró probada la excepción de prescripción mediante sentencia del 19 de
julio de 2012.
3.6.1.7.
El actor presentó
recurso contra la sentencia de primera instancia, y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena confirmó el fallo objeto de censura mediante sentencia
de 17 de abril de 2013, en la cual señaló que el incremento pensional
solicitado por el actor, al no hacer parte de la pensión, había prescrito.
3.7.
PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA
Como se anotó en líneas
anteriores, la Corte Constitucional ha establecido como regla general la
improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin
embargo, ha establecido causales genéricas y especiales de procedibilidad
contra providencias judiciales como mecanismo excepcional de procedencia de la
acción de tutela, en aras de salvaguardar principios constitucionales de gran
valor como la autonomía judicial y la seguridad jurídica.
En los casos estudiados, la Sala observa
que se encuentran acreditados los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales que ha establecido la
jurisprudencia constitucional.
En primer lugar, el asunto que se debate es de evidente relevancia
constitucional, pues se trata de la vulneración de los derechos
fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, y a la seguridad social de
los actores debido a la negativa de las accionadas a reconocerles el incremento
pensional del 14% por cónyuge o compañero(a) permanente a cargo y del 7% por
hijo en situación de discapacidad, bajo el argumento de que dicha prestación,
al no compartir la misma naturaleza de las pensiones, se encuentra sometida a
las reglas de la prescripción extintiva. Según la línea jurisprudencial de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la prestación económica contenida
en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 debe solicitarse dentro de los 3 años
siguientes al momento en el cual se efectúa el respectivo reconocimiento
pensional, so pena de que sobre este acaezca el fenómeno jurídico de la
prescripción.
Como se expondrá más adelante, esta
Corporación considera que la interpretación otorgada al artículo 22 del Acuerdo
049 de 1990 desconoce el derecho consagrado a favor de quienes tienen la
expectativa de acceder a dichos incrementos y desconoce el principio de la
favorabilidad.
En efecto, al no establecer dicha norma la
prescripción trienal del mencionado incremento, generándose así duda sobre la
aplicación de la disposición a ese respecto, el hecho de interpretar la misma en
contra de los intereses de los trabajadores al concluir que esa prestación
efectivamente prescribe dentro de los 3 años siguientes al reconocimiento de la
pensión, aunque el artículo no lo contemple expresamente, podría configurar una
violación directa de la Constitución por contrariar el principio de
favorabilidad en materia laboral.
Lo anterior cobra relevancia constitucional
teniendo en cuenta que se trata de un derecho cuya finalidad es proteger a la
persona que no cuenta con fuente alguna de ingresos y que depende económicamente
de la pensión mínima recibida por  su cónyuge o compañero(a) permanente, como
también de sus hijos a cargo por encontrarse en situación de discapacidad,
sumado a la pérdida de capacidad laboral, que les impide desempeñarse en el
campo laboral y procurarse su propio sustento.
En segundo lugar, frente al agotamiento de los recursos
legales ordinarios y extraordinarios, es importante advertir que en los casos
bajo estudio los accionantes presentaron, inicialmente, solicitud ante
Colpensiones con el fin de acceder a la prestación en mención. Así, al recibir
respuesta negativa, cada uno de los actores instauró demanda ordinaria laboral
reclamando el reconocimiento y pago del incremento pensional referido.
De tal forma, al negarse sus pretensiones
en las sentencias de primera instancia, los peticionarios procedieron a
presentar, dentro del término previsto, sendas apelaciones contra dichos fallos
(Expedientes T- 4.368.893, T-4.423.557,  T-4.430.213, T-4.435.280).
Específicamente, en el caso de la señora Elena Loaiza Osorio (Expediente
T-4.434.249), a quien le fueron concedidas sus pretensiones en primera
instancia, la entidad demandada presentó recurso de apelación, razón por la
cual, mediante fallo de segunda instancia, se negó el reconocimiento y pago de
la prestación solicitada. Igualmente, en el caso del señor Jaime Antonio
Higuita Jiménez (T-4.423.843), cuyo asunto correspondió el Juzgado Cuarto
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, no se presentó recurso de apelación
por tratarse de un proceso de única instancia.
Conforme a lo anterior, es evidente que los
accionantes agotaron de manera diligente los recursos legales a que podían
acudir en defensa de sus derechos. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que
se trata de adultos mayores, pues todos cuentan con edades comprendidas entre
los 69 y 80 años.
En tercer lugar, frente al principio de inmediatez es
importante realizar las siguientes precisiones:
En los casos de los señores Jaime Jiménez Arévalo
(T -4.368.893), Juan Manuel Batista Palacio (T-4.423.557), Jaime Antonio
Higuita Jiménez (T-4.423.843) y  Elena Loaiza Osorio (T-4.434.249) se evidenció
que entre la última actuación procesal y la interposición de la acción de
tutela transcurrieron términos inferiores a los 6 meses, razón por la cual se
concluye que los actores en mención satisfacen el requisito de procedencia de
la inmediatez.
En cuanto a los casos de los señores Pedro Pablo Sierra Caro
(Expediente T- 4.430.213) y Walter Rincón Picott (Expediente T- 4.435.280) se
consideró, en  las instancias de tutela, que no se había cumplido con el requisito
de la inmediatez por cuanto en el primer caso, transcurrieron alrededor de 2 años
y 10 meses entre la interposición de la acción de tutela y la notificación de la
providencia atacada. En cuanto al caso del señor Rincón Picott, se argumentó
que la acción de tutela fue interpuesta 10 meses después de haberse emitido el
fallo controvertido.
Al respecto, es imperioso señalar que el estudio riguroso del examen
de procedibilidad debe ceder, siendo flexible ante situaciones concretas con el
fin de propender por la eficacia de los derechos fundamentales. En este orden
de ideas, esta Corporación ha establecido que existen dos excepciones al
principio de inmediatez, bajo las cuales se justificaría el amplio lapso que
hubiese transcurrido entre la vulneración de los derechos fundamentales y la
solicitud del amparo deprecado[90].
Éstas son:
“(i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.[91]Y
(ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado
sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.”[92]
Así, en los casos señalados, debe tenerse en cuenta que la
vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes en comento se ha
mantenido en el tiempo, pues aun cuando las sentencias atacadas fueron
proferidas varios meses antes de la interposición de las tutelas
correspondientes, la vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital
continúa debido a la decisión que les negó el reconocimiento y pago del incremento
pensional solicitado. Tal negativa por parte de las autoridades accionadas se
basó en una interpretación de la norma aplicable evidentemente desfavorable a
los actores. De tal manera, los peticionarios aun no reciben el incremento
citado, el cual les es necesario para subsistir, pues sus respectivos cónyuges
o compañero(as) permanentes dependen económicamente de ellos y no cuentan con
ninguna fuente de ingresos, adicionales a la pensión de vejez, que según se
desprende de la normativa en estos casos, no supera un salario mínimo legal.
En cuarto lugar, en cuanto al requisito consistente en que en la
solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que generaron la
vulneración y los derechos afectados y que se hubiere alegado tal vulneración
dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible, es
necesario recordar que en todos los casos analizados los accionantes alegaron,
dentro de la etapa procesal correspondiente, el hecho vulneratorio, expuesto
igualmente en cada una de las acciones de tutela.
En quinto lugar, se cumple también con el requisito según el cual las
providencias censuradas no deben ser sentencias de tutela, pues en todos
los casos se controvirtieron sentencias emitidas dentro de procesos laborales
ordinarios.
Finalmente, en sexto lugar, la
condición consistente en que cuando se trata de una irregularidad procesal, es
necesario que ésta tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de
controversia y afecte los derechos fundamentales de la parte actora, debe
aclararse que en los casos bajo estudio, las sentencias controvertidas no
fueron censuradas por irregularidad procesal alguna, por lo que tal requisito
no debe ser analizado.
En suma, la Sala evidencia que las causales genéricas de
procedibilidad contra providencias judiciales como mecanismo excepcional de
procedencia de la acción de tutela se cumplen en los casos bajo análisis.
3.8.
LAS DECISIONES
ESTUDIADAS VULNERAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ACCIONANTES AL VIOLAR
DIRECTAMENTE LA CONSTITUCIÓN.
Esta Corporación debe
pronunciarse sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de los actores por parte de
las accionadas, al negarse a reconocer el incremento pensional del 14% por
cónyuge o compañero(a) permanente a cargo, y en un caso, el incremento del 7%
por tener a cargo una hija en situación en discapacidad con pérdida de
capacidad laboral del 60% (Expediente T-4.423.843), por considerar que el
derecho a tal prestación se encuentra prescrito.
En efecto, los jueces
laborales señalaron que la solicitud elevada ante el ISS no debía prosperar
porque sobre dicha prestación ha acaecido el fenómeno jurídico de la
prescripción. Sin embargo, el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín, en
primera instancia del proceso laboral promovido por la señora Elena Loaiza
Osorio (Expediente T- 4.434.249), accedió a las pretensiones de los actores al
considerar que, aunque las mesadas no reclamadas en la oportunidad establecida
por ley son aquellas que prescriben, el derecho a los mencionados incrementos
no se encuentra sometido a tal fenómeno, por lo cual la prestación puede ser
reclamada cuando los requisitos para acceder a ella tengan lugar, sin que se aplique
la regla trienal de prescripción.
De lo anterior puede
concluirse que existen dos interpretaciones posibles en el marco de la
solicitud de incremento pensional del 14% y del 7%, contenidos en el artículo
22 del Acuerdo 049 de 1990:
(i) Aquella que sostiene que el incremento pensional
estudiado, al no hacer parte integrante  de la pensión, no comparte su misma
naturaleza y por eso, está sometido a las reglas de prescripción. Dicha
interpretación es la acogida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y por la sentencia T-791 de 2013[93],
en la cual se afirmó que se trata de un incremento que no va dirigido, de
forma vitalicia, a amparar la subsistencia digna y a sufragar el mínimo vital
del peticionario. Así, en tal oportunidad  se consideró que dicho incremento es
un derecho patrimonial que no forma parte integrante de la pensión, y que está
condicionado al cumplimiento de unos requisitos subsidiarios y ajenos a la
contingencia de vejez, que es la que se busca amparar a través del derecho fundamental
a la seguridad social.
(ii)    La interpretación según la cual, si bien el
incremento mencionado no hace parte integrante de la pensión, el fenómeno
jurídico de la prescripción sólo tiene lugar respecto del pago de las mesadas.
Por tal razón, el derecho al reclamar el incremento pensional bajo estudio no
se encuentra sometido a la regla trienal de prescripción. Dicha tesis es la
acogida en sentencia T-217 de 2013[94],
en la cual se expuso que los incrementos que por ley se desprenden de la
pensión son imprescriptibles, por tanto, en tal ocasión se señaló que la tesis según
la cual al reajuste de la pensión de
vejez del 14% se le puede aplicar prescripción, equivale a perder una fracción
de recursos de este derecho o parte del mismo.
Teniendo en cuenta que no
existe una interpretación unívoca sobre el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990,
esta Sala debe pasar a analizar si en los casos objeto de revisión se configuró
la causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial por violación
directa de la Constitución en virtud de que los jueces laborales y de tutela,  al
fallar los distintos casos que hoy son revisados por esta Corporación, dejaron
de aplicar el principio de favorabilidad en los casos concretos.
Para iniciar, el artículo 53
Superior establece que debe preferirse la interpretación más favorable al trabajador.
En ese orden de ideas, el juez, ante diversas opciones interpretativas debe
elegir la que mejor realice sus derechos.
Tal como se anotó en esta
providencia, el incremento pensional es una prestación, contenida en el
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, según la cual, las pensiones de vejez o de
invalidez se incrementan en un 14% sobre la pensión mínima legal cuando el
cónyuge o compañero(a) permanente del beneficiario dependa económicamente de
este y no se encuentre disfrutando de pensión alguna. Asimismo, el derecho
a dicho incremento, tal como lo indica el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990,
subsiste mientras “perduren las causas que les dieron origen.”
De lo anterior se concluye
que estos incrementos sólo se consolidan a favor del solicitante si (i) tiene
una pensión mínima, (ii) tiene a su cargo cónyuge o compañero(a) permanente;
siempre y cuando (iii) exista dependencia económica y no se encuentre
recibiendo ingreso alguno. Es decir, siendo íntegramente cumplidos los
anteriores requisitos, es posible acceder a la prestación, al punto que si no
concurren los mismos, tal como se advierte en la disposición mencionada, tal
derecho se extinguiría.
De tal forma, la prestación
referida busca proteger a aquellas personas que, por desarrollar sus labores en
el hogar en muchos casos, no se vincularon formalmente al mercado laboral,
razón por la cual no efectuaron cotizaciones al ISS o por lo menos no las
necesarias para consolidar su derecho pensional.
En conclusión, la
consagración de dichos incrementos está dirigida a núcleos familiares que sólo
tienen como ingreso un salario mínimo legal. Es decir, que su reconocimiento se
encamina a realizar el contenido de los derechos fundamentales a la vida digna
y al mínimo vital de la familia, como en los casos revisados, en los cuales los
accionantes tienen a su cargo a sus cónyuges o compañeros(as) permanentes -en
uno de los asuntos, el accionante tiene a su cargo, además, a su hija en
situación de discapacidad (Expediente T-4.423.843)-, quienes, siguiendo el
parámetro de la norma, según lo expuesto en los hechos de las acciones de
tutela y demandas ordinarias, sólo reciben un salario mínimo legal, con el cual
deben cubrir todas las necesidades básicas de su hogar.
Aunque en estos casos las
decisiones judiciales, que decidieron de forma definitiva acerca de las
pretensiones elevadas por los actores sobre el reconocimiento de los
incrementos pensionales, siguieron el precedente sentado por la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, aplicaron el mismo sin tener en cuenta que
estaban sacrificando otros postulados constitucionales.
En
efecto, en las sentencias proferidas dentro de los diferentes procesos
laborales iniciados por los accionantes, mediante las cuales se negó el
reconocimiento y pago del incremento pensional del 14% a que se ha hecho
referencia, y las cuales se atacan en este asunto, se consideró que dicha
prestación había prescrito para el caso de todos los actores, pues al haber
transcurrido el término trienal de prescripción entre el momento en que se
produjo el reconocimiento de sus pensiones de vejez y aquel en que se
presentaron las solicitudes de la prestación en comento, los actores ya no
tenían derecho a reclamarlo. Dicha tesis, concordante con aquella de la
Corte Suprema de Justicia, bajo la cual se entiende que tal incremento no hace
parte integrante de la pensión, por lo que puede ser afectado por el fenómeno
de la prescripción, resulta contraria al principio de favorabilidad (artículo
53 de la Constitución), al cual se debe acudir, en caso de existir duda sobre
la aplicación de las normas vigentes aplicables al caso, pues cuando eso ocurre
debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador.
No
obstante, existe una interpretación favorable a las pretensiones de los peticionarios,
expuesta por el Juzgado 18
Laboral del Circuito de Medellín, en primera instancia del proceso laboral
promovido por la señora Elena Loaiza Osorio (Expediente T- 4.434.249), en el
sentido de que la prestación en comento, aunque no integra la pensión, sí es un
derecho que no prescribe dentro de los tres años siguientes al momento en que
se da el reconocimiento de la pensión de vejez.
En este misma perspectiva, en
la sentencia T- 217 de 2013[95] se consideró que el derecho a la pensión o los incrementos que
por ley se desprendan de éste son imprescriptibles, en esa medida la
prescripción solo es aplicable a  las mesadas no reclamadas con anterioridad
a los 3 años de solicitadas. Así, en esa oportunidad se indicó que de acoger la
tesis que al reajuste a la pensión de vejez del 14%, se le puede aplicar
prescripción, equivale a perder una fracción de recursos de este derecho o
parte del mismo. De tal forma, el incremento mencionado, siendo accesorio a la
pensión, correría la suerte de la misma, prescribiendo así las mesadas más no
el derecho, pues respecto de estas sí resulta viable la prescripción dentro de
los tres años anteriores al momento en que se presente la reclamación del
derecho, tal como se explicó en las consideraciones de este fallo.
Igualmente,
debe tenerse en cuenta que de lo interpretado por la Corte en sentencia T- 217 de 2013[96] respecto de la
prescripción del incremento pensional del 14%, se desprende que se trata de un
derecho que el peticionario puede reclamar en cualquier tiempo, pues los
derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por decisiones de las
instituciones administradoras de pensiones.
Dicha
interpretación del artículo 22
del Acuerdo 049 de 1990 resulta evidentemente
la más favorable a los peticionarios,  y por lo mismo, es aquella que mejor
realiza los derechos fundamentales de los actores, tal como se explicó en la
parte motiva de esta sentencia.
Así,
al no encontrarse dispuesto en la norma lo atinente al término trienal de
prescripción del incremento pensional del 14%, y teniendo en cuenta que en tal
disposición se indica que dicha prestación subsiste mientras “perduren las causas que les
dieron origen”, considerar que lo buscado con la norma es establecer el
sometimiento de la prestación aludida a la regla general de prescripción trienal
de las acreencias laborales, en perjuicio de los peticionarios, violando así el
principio de favorabilidad, sería
una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la
Constitución.
Al
respecto, y tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia, si bien
los jueces cuentan con un amplio margen de interpretación en las normas
laborales, no les es dable hacerlo en contra del trabajador, seleccionando,
entre dos o más entendimientos, aquél que ostensiblemente lo desfavorece o
perjudica.
De
tal manera, esta Sala concluye que en las decisiones judiciales ordinarias
laborales (Expedientes T- 4.368.893, T-4.423.557, T-4.423.843, T-4.434.249,
T-4.435.280) y administrativa (Expediente T-4.430.213), atacadas por los
accionantes, en las cuales se negaron las solicitudes de los mismos, se incurre
en el desconocimiento directo del artículo 53 de la Constitución.
Además,
debe señalarse que en dichas decisiones no se tuvo en cuenta que las causas que
dieron lugar a la configuración del derecho al incremento bajo estudio en
cabeza de los accionantes, subsisten, pues en los casos de cada uno de los
actores se trata de peticionarios beneficiarios de  pensiones mínimas de vejez,
cuyos cónyuges o compañeros(as) permanentes y la hija de uno los actores
(Expediente T-4.423.843), quien tiene una pérdida de capacidad laboral del 60%,
se encuentran  actualmente dependiendo de ellos económicamente al no disfrutar
de pensión alguna.
Con
lo anterior se evidencia que, al negar el incremento pensional solicitado, por
las razones que expusieron las autoridades accionadas, se vulnera el derecho
fundamental al mínimo vital de los accionantes, quienes actualmente se
encuentran cumpliendo con las mencionadas condiciones para acceder a la
prestación en comento.
Adicionalmente,
debe tenerse en cuenta que, como ya se anotó,  los accionantes son adultos
mayores, pues se trata de personas entre los 67 y los 80 años de edad, quienes satisfacen
sus necesidades básicas y de sus cónyuges o compañeros(as) permanentes con las
pensiones de vejez de que son beneficiarios. En particular, en el caso de uno
de los actores, el del señor Jaime Antonio Higuita Jiménez, su hija, quien se
encuentra en situación de discapacidad y cuya pérdida de capacidad laboral fue
calificada con el 60% también se encuentra a su cargo.
En
conclusión, la Sala concluye que las decisiones, tanto administrativas, como
judiciales, censuradas por los accionantes, que negaron el reconocimiento y
pago del incremento pensional del 14%, solicitado por los actores, vulneraron
los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y al debido
proceso al haberse interpretado la norma aplicable al caso en perjuicio de los
actores, vulnerando así el principio de favorabilidad en materia laboral y por
lo tanto, violando directamente la Constitución.
Cabe
anotar que no se trata de una prestación económica vitalicia, sino que el
reconocimiento y la persistencia de la misma requieren que se sigan dando las
causas que le dieron origen, pues de lo contrario tal derecho se extingue.
4.     CONCLUSIÓN Y DECISIÓN A ADOPTAR
En los casos bajo estudio la Sala determinó
que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales
a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso de los señores Jaime
Jiménez Arévalo (Expediente T-4.368.893), Juan Manuel Batista Palacio
(Expediente T-4.423.557), Jaime Antonio Higuita Jiménez (Expediente T-
4.423.843), Pedro Pablo Sierra Cano (Expediente T-4.430.213), Elena Loaiza
Osorio (Expediente T-4.434.249) y Walter Rincón Picott (Expediente
T-4.435.280).
Lo anterior por cuanto las autoridades
judiciales accionadas negaron reconocimiento y pago del incremento pensional
del 14% por cónyuge o compañero(a) permanente a cargo, al interpretar la norma
aplicable al caso, es decir el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, en
perjuicio de los actores, contrariando así el principio de favorabilidad en
materia laboral y violando de tal manera la Constitución Política directamente.
En consecuencia, la Sala revocará las
sentencias (i) de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 28 de enero de 2014 (Expediente
T-4.368.893), (ii) de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, emitida el 3 de junio de 2014 (Expediente T-4.423.557), (iii) de la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín del 25 de abril de 2014
(Expediente T-4.423.843), (iv) de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, proferida el 7 de mayo de 2014 (Expediente T-4.430.213), (v)
de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 30 de agosto de 2012 (Expediente T-4-434-249), (vi) de
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 12 de junio de 2014
(Expediente T-4.435.280), y por lo tanto concederá el amparo de los derechos
fundamentales invocados por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
Adicionalmente, la Sala dejará sin efectos
las sentencias (i)  de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, proferida el 19 de septiembre de 2013 (Expediente
T-4.368.893), (ii) de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, emitida el 24 de septiembre de 2013 (Expediente
T-4.423.557), (iii) del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Medellín, del 22 de enero de 2014 (Expediente T-4.423.843), (iv) de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, proferida el 17
de septiembre de 2010 (Expediente T-4.430.213), (v) de la Sala Tercera Dual de
Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, del 28 de febrero de 2014
(Expediente T-4.434.249), y (vi) del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, emitida el 17 de abril de 2013 (Expediente T-4.435.280). En su
lugar, ordenará que el juez competente, en cada caso, profiera una nueva
sentencia teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
De la misma manera, la Sala ordenará a
Colpensiones reconocer y pagar el incremento solicitado al señor Pedro Pablo
Sierra Cano en un plazo no mayor a quince (15) días posteriores a la
notificación de esta providencia.
5.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 28 de enero de 2014 dentro del
trámite de la acción de tutela promovida por Jaime Jiménez Arévalo contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y
Colpensiones (Expediente
T-4.368.893) y en su lugar, CONCEDER el amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, proferida el 19 de
septiembre de 2013 (Expediente T-4.368.893), dentro del proceso ordinario
laboral promovido por Jaime Jiménez Arévalo contra Colpensiones. En
consecuencia, se ORDENARÁ a la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, que en un plazo máximo de diez (10) días contados
a partir de la notificación de este fallo, profiera una nueva sentencia
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.
TERCERO.- REVOCAR la sentencia la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, emitida el 3 de junio de 2014, dentro del trámite
de la acción de tutela promovida por Juan Manuel Batista Palacio contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (Expediente
T-4.423.557), y en su lugar, CONCEDER
el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO.- DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, emitida el 24 de
septiembre de 2013 dentro del proceso ordinario laboral promovido por Juan
Manuel Batista Palacio contra Colpensiones (Expediente T-4.423.557). En
consecuencia,  se ORDENARÁ a la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, que en un plazo máximo de diez (10) días
contados a partir de la notificación de este fallo, profiera una nueva
sentencia teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.
QUINTO.- REVOCAR la sentencia de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín del 25 de abril de 2014, dentro del trámite de la
acción de tutela promovida por Jaime Antonio Higuita Jiménez contra el Juzgado
Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín (Expediente
T-4.423.843), y en su lugar, CONCEDER
el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEXTO.- DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, del 22 de enero de 2014
(Expediente T-4.423.843), dentro del trámite del proceso ordinario laboral
promovido por Jaime Antonio Higuita Jiménez contra Colpensiones. En
consecuencia  se ORDENARÁ al Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Medellín, que en un plazo máximo de diez (10) días contados a
partir de la notificación de este fallo, profiera una nueva sentencia teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
SÉPTIMO.- REVOCAR la sentencia de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 7 de mayo de 2014, dentro del
trámite de la acción de tutela promovida por Pedro Pablo Sierra Cano contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (Expediente
T-4.430.213) y en su lugar, CONCEDER
el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
OCTAVO.- DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, proferida el 17 de
septiembre de 2010 (Expediente T-4.430.213), dentro del proceso ordinario
laboral promovido por Pedro Pablo Sierra Cano contra Colpensiones. En
consecuencia  se ORDENARÁ a la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, que en un plazo máximo de diez (10) días contados
a partir de la notificación de este fallo, profiera una nueva sentencia
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.
NOVENO.- REVOCAR la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, emitida el 30 de agosto de
2012, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por Elena
Loaiza Osorio contra la Sala Tercera Dual de Descongestión del Tribunal
Superior de Medellín (Expediente
T-4-434-249) y en su lugar, CONCEDER el amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
DÉCIMO.- DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por la Sala Tercera
Dual de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, del 28 de febrero de
2014 (Expediente T-4.434.249), dentro del proceso ordinario laboral promovido
por Elena Loaiza Osorio contra Colpensiones. En consecuencia  se ORDENARÁ
a la Sala Tercera Dual de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, que
en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la notificación de
este fallo, profiera una nueva sentencia teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
UNDÉCIMO.- REVOCAR la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del
12 de junio de 2014 dentro del trámite de la acción de tutela promovida por
Walter Rincón Picott contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena (Expediente T-4.435.280) y
en su lugar, CONCEDER el amparo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
DUODÉCIMO.- DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, emitida el 17 de abril de 2013
(Expediente T-4.435.280), dentro del proceso ordinario laboral promovido por
Walter Rincón Picott contra Colpensiones. En consecuencia  se ORDENARÁ
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que en un plazo máximo
de diez (10) días contados a partir de la notificación de este fallo, profiera
una nueva sentencia teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
DÉCIMO TERCERO.- Por Secretaría General líbrese las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARÍA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General
[1] Folio 2, Cuaderno No.2.
[2] Folio 1, Cuaderno No.2.
[3] Folios 3-4,
Cuaderno No.2.
[4] Folios 5-14, Cuaderno No.2.
[5] Folios 11-17, Cuaderno No.2.
[6] Folios 28-30, Cuaderno No. 2.
[7] Folios 31-32, Cuaderno No. 2.
[8] Folios 34-36, Cuaderno No. 2.
[9] Folios 37-38, Cuaderno No. 2.
[10] Folio 39, Cuaderno No.2.
[11] Folio 40, Cuaderno No.2.
[12] Folios 41-42, Cuaderno No. 2.
[13] Folios 44-45, Cuaderno No. 2.
[14] M.P.
Alexei Julio Estrada
[15] Folio 7, Cuaderno No.2.
[16] Folio 8, Cuaderno No.2.
[17] Folios 9-10, Cuaderno No. 2.
[18] Folio 5, Cuaderno No.2.
[19] Folio 6, Cuaderno No.2.
[20] Folios 7-9, Cuaderno No. 2.
[21] Folios 10-11, Cuaderno No. 2.
[22] Folios 12-18, Cuaderno No. 2.
[23] Folios 19-20, Cuaderno No. 2.
[24] Folios 8-9, Cuaderno No. 2.
[25] Folio 11, Cuaderno No. 2.
[26] Folio 12, Cuaderno No. 2.
[27] Folio 13, Cuaderno No. 2.
[28] Folio 14, Cuaderno No. 2.
[29] Folios 15-16, Cuaderno No. 2.
[30] Folio 17, Cuaderno No. 2.
[31] Folio 18, Cuaderno No. 2.
[32] Folio 19, Cuaderno No. 2.
[33] Folio 20, Cuaderno No. 2.
[34] Folio 21, Cuaderno No. 2.
[35] Folios 50-54, Cuaderno No. 2.
[36] Folio 55-60, Cuaderno No.2
[37] Al respecto, ver sentencia C-543 de 1992,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[38] Al respecto, ver sentencia T-117 de 2013,
M.P. Alexei Julio Estrada
[39]M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[40] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[41] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[42] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[43] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martela
[44] Sentencia T-419 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[45] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[46] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[47] Al respecto, ver sentencia T-125 de 2012,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[48] M.P.Alexei Julio Estrada
[49] M.P. Alexei Julio Estrada
[50] Al respecto, ver sentencia T-419 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[51] Al respecto, ver sentencia T-551 de
2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[52] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[53] Sentencia T – 949 de 2003, M.P.
Eduardo Montealegre Lynnet
[54] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[55] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
“[56] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1143 de 2003.
M. P. Eduardo Montealegre Lynett.”
[57] Al respecto, ver Sentencia T-1045 de 2008.
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[58] Al respecto, ver Sentencias  SU-198
de 2013, T-310 de 2009  y T-555 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[59] Al respecto, ver Sentencia SU-198 de
2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[60] Al respecto, ver Sentencia T-490 de
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[61] Al respecto, ver Sentencias
T-765 de 1998 y T-001 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández.
[62] Al respecto, ver entre otras, las
Sentencia T – 199 de 2005 ,M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009  y
SU-198 DE 2013, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, y T-809 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[63] Al respecto, ver Sentencia SU-198 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva
[64] Sentencia T-631 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[65] Al respecto, ver Sentencia T-350 de
2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[66] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[67] Al respecto, ver Sentencia T-350 de
2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
[68] Sentencia T- 545 de 2004 M.P. Eduardo
Montealegre Lynnet
[69] M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[70] Al respecto, ver Sentencia T- 792 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio
[71] Al respecto, ver Sentencia T-559 de
2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[72] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[73] M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[74] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[75] Al respecto, ver Sentencia T-217 de 2013, M.P. Alexei Julio
Estrada
[76] Al respecto, ver Sentencia
T-217 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada
[77] M.P. Hernando Herrera Vergara
[78] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[79] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[80] Al respecto, ver sentencia T-932 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[81] Tal normativa es anterior al régimen
pensional vigente consignado en la Ley 100 de 1993
[82] Sentencia
del 12 de diciembre de 2007, Rad. No. 27923, M.P. Elsy Del Pilar Cuello
Calderón. Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, citada en
Sentencia T- 791 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[83] Sentencia
del 12 de diciembre de 2007, Rad. No. 27923, M.P. Elsy Del Pilar Cuello
Calderón. Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, citada en
Sentencia T- 791 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[84] Al respecto, ver Sentencia T-791 de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[85] Sentencia
del 12 de diciembre de 2007, Rad. No. 27923, M.P. Elsy Del Pilar Cuello
Calderón. Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, citada en
Sentencia T- 791 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[86] M.P. Alexei Julio Estrada
[87] Sentencia T-217 de 2013,
M.P. Alexei Julio Estrada
[88] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
[89] M.P. Alexei Julio Estrada
[90] Al respecto, ver Sentencia T-429 de
2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[91] Al respecto, ver Sentencia T-1110 de
2005, entre otras.
[92] Al respecto, ver Sentencia T-158 de
2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[93] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
[94] M.P. Alexei Julio Estrada
[95] M.P. Alexei Julio Estrada
[96] M.P. Alexei Julio Estrada