T-008-19
Sentencia T-008/19
RESTITUCION DE TIERRAS EN EL MARCO DE
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DEFECTO FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO
Esta situación tiene lugar, cuando el operador jurídico decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico puesto a su consideración, o cuando aprecia una
prueba allegada al proceso que se encuentra viciada
DEFECTO FACTICO POR LA NO VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO
Esta hipótesis tiene lugar, cuando la autoridad judicial a pesar
de que en el respectivo proceso existen elementos probatorios, “omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para
efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta
evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del
asunto jurídico debatido variaría sustancialmente”.
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Finalidad
Todas las expresiones del defecto sustantivo buscan materializar
el artículo 230 de la Constitución Política, según el cual los jueces en sus
providencias están sometidos al imperio de la ley, es decir “al ordenamiento jurídico
como conjunto integrado y armónico de normas, estructurado para la realización
de los valores y objetivos consagrados en la Constitución”.
RESTITUCION DE TIERRAS COMO ELEMENTO ESENCIAL DE LA REPARACION DE
LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Para efectos de superar el daño acaecido como
consecuencia de los actos de violencia, la protección del derecho a la
restitución de tierras emerge como componente esencial para lograr una
reparación integral.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION-Contenido y alcance
LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Medidas de reparación
JUEZ-Atención de reglas o principios fijados en la ley 1448 de 2011
para el trámite de la acción de restitución de tierras
FORMALIZACION DE TIERRAS-Figura especial para garantizar el restablecimiento de la relación
jurídico formal de la víctima con el predio respecto del cual solicita la
restitución
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Etapas administrativa y
judicial
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Tramite acaba cuando han sido
cumplidas las órdenes de protección y restitución contenidas en la sentencia
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Jurisprudencia constitucional
sobre fundamentos del Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Distinción entre opositores y
segundos ocupantes
JUEZ DE RESTITUCION DE TIERRAS-Deberá utilizar herramientas y criterios
tanto internos como internacionales para diferenciar el estándar probatorio exigible,
y determinar quiénes son o no segundos ocupantes de buena fe o exenta de culpa
SEGUNDOS OCUPANTES EN PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
O ABANDONADAS FORZOSAMENTE-Inciden en la estabilidad, seguridad jurídica y eficacia material
de derechos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto
procedimental absoluto, por cuanto se omitió fallar de manera acumulada las
solicitudes en proceso de restitución de tierras
Referencia:
Expediente T-6.862.795.
Acción de tutela
instaurada por Orlando Cuesta Gómez, José María Cuello Torres, Manuel del
Cristo Oviedo Sequeda, Ivonne Jhojana Orozco Cabrera y Fidel Antonio Mieles
Gámez contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras.
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C., veintiuno (21) de enero
de dos mil diecinueve (2019).
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados
Cristina Pardo Schlesinger –quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y
Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9°
de la Constitución Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el
trámite de revisión de los fallos de primera y segunda instancia[1]
proferidos dentro de la acción de tutela instaurada por Orlando Cuesta
Gómez, José María Cuello Torres, Manuel del Cristo Oviedo Sequeda, Ivonne
Jhojana Orozco Cabrera y Fidel Antonio Mieles Gámez contra el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras.
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo
con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y 241-9), el Decreto
2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de Selección
Número Siete de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión,
la acción de tutela de la referencia[2]. De conformidad con el
artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la
sentencia correspondiente.
1. Hechos y solicitud
El 20 de
marzo de 2018 los señores Orlando Cuesta Gómez, José María Cuello Torres,
Manuel del Cristo Oviedo Sequeda, Ivonne Jhojana Orozco Cabrera y Fidel Antonio
Mieles Gámez, a través de la Comisión Colombiana de Juristas como su apoderado
judicial – en adelante CCJ-, presentaron acción de tutela contra el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras, por considerar que con la sentencia de fecha 29 de
marzo de 2017 se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la vivienda, al
trabajo y a la restitución de tierras, por cuanto dicha providencia incurrió
(i) en defecto procedimental al no acumular la solicitud de restitución de
tierras incoada por ellos a la iniciada por la señora Alba Lilia Flórez,
teniendo en cuenta que versaban sobre el mismo predio y que la condición de
víctimas estaba probada en ambos procesos; (ii) en defecto fáctico por darle la
calidad de segundos ocupantes a los hoy accionantes sin ningún soporte
probatorio, desconocer las pruebas que acreditaban la calidad de víctimas y negarles
la posibilidad de adelantar la etapa probatoria que les permitiera aportar
mayores elementos al proceso; y (iii) en defecto sustantivo al existir una
contradicción entre los fundamentos y la decisión tomada por el Tribunal, ya
que en las consideraciones los reconoce como víctimas de abandono pero al
momento de calificar su condición les da trato de segundos ocupantes.
1.1. De
los hechos del caso
1.1.1. Afirma
la apoderada de los accionantes, que los señores Orlando Cuesta Gómez, José
María Cuello Torres, Manuel del Cristo Oviedo Sequeda, Ivonne Jhojana Orozco
Cabrera y Fidel Antonio Mieles Gámez son adultos mayores, campesinos sin
tierra, que desde 1991 junto con otras 24 familias llegaron al predio de mayor
extensión denominado “La Esperanza” identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 190-133 y cédula catastral No. 20013000300020117000 ubicado en el
corregimiento de Llerasca, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi –
Cesar.
1.1.2. No
obstante lo anterior, comenta, en el año 2001 la posesión ejercida por los
accionantes fue interrumpida por el conflicto armado interno, teniendo que
abandonar las tierras.
1.1.3.
Posteriormente, en el año 2007, al enterarse de la desmovilización paramilitar
y debido a su precaria situación económica, la mayoría de los solicitantes
retornaron voluntariamente y sin acompañamiento del Estado a los inmuebles
abandonados, en los cuales habitan actualmente.
1.1.4. Como
consecuencia de los hechos de violencia padecidos, la Unidad de Atención y
Reparación Integral para las Víctimas – UARIV los incluyó en el registro de
víctimas.
1.1.5. Por
otra parte, la Unidad de Restitución de Tierras – UAEGRT expidió la Resolución
0159 de 2015 en la que incluyó los predios “Los Cañitos, Los Placeres, El
Plan, No hay como Dios y La Esperanza”, ubicados en el predio de mayor
extensión “La Esperanza” en el registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente. Comenta que también fue inscrita en el registro de
tierras la señora Alba Lilia Flórez Mejía como reclamante de la totalidad del
predio de mayor extensión quien además aparece como propietaria del mismo.
1.1.6. Con
base en lo anterior, fueron presentadas dos solicitudes de restitución de
tierras, una con radicado 20001-31-21-003-2015-0133 incoada por la CCJ en favor
de los hoy tutelantes, y otra con radicado 20001-31-21-002-2015-0048 iniciada
por la Unidad de Restitución de Tierras en favor de la señora Alba Lilia Flórez
Mejía.
1.1.7. La CCJ
solicitó la acumulación de ambos procesos, por tanto, fueron remitidos al
Tribunal de Cartagena para su decisión, ello a pesar de que el expediente
correspondiente a los accionantes aún se encontraba pendiente del desarrollo de
la etapa probatoria.
1.1.8.
Manifiesta que el 11 de agosto de 2016 el Tribunal Superior de Circuito
Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras
decretó la nulidad de todo lo actuado en el expediente con radicado
20001-31-21-003-2015-00133 (adelantado por los hoy accionantes), ordenó la
ruptura procesal y devolver al Juzgado de Restitución de Tierras. Frente a este
pronunciamiento se presentó recurso de reposición el cual fue negado.
1.1.9. Así
las cosas, el asunto llegó al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Valledupar en donde se le ha dado continuidad con
la admisión proferida el 10 de noviembre de 2016, se publicó el edicto
emplazatorio el 31 de enero de 2017 y otros autos interlocutorios.
1.1.10. De
tal manera, la CCJ se concentró en adelantar la etapa probatoria con el
propósito de que fuera enviado nuevamente al Tribunal de Cartagena, acumulado y
fallado en una sola sentencia. No obstante, el 31 de julio de 2017 se notificó
por correo electrónico la sentencia de fecha 29 de marzo del mismo año,
proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena a favor de la señora Alba
Flórez Mejía, ordenando amparar su derecho a la restitución de tierras,
desconociendo la calidad de víctimas y poseedores de los hoy peticionarios y de
otras personas pertenecientes a la comunidad, “pues de manera generalizada y
sin haber mediado las pruebas, les reconoce la calidad de Segundos Ocupantes y
ordena medidas de atención contempladas en el acuerdo 033 de 2016,
condicionadas a los resultados de las caracterizaciones socioeconómicas que
debía realizar la unidad a los accionantes, las cuales hasta la fecha no han
sido aportadas al proceso”.
1.1.11.
Frente a esta decisión, tanto la Unidad de Tierras como la CCJ presentaron
solicitud de modulación ya que al tratarse de personas inscritas en el “RTDAF”
sobre el mismo predio pretendido por la señora Alba Flórez, no debió “darse
aplicación a las normas de Segunda ocupación”. Sin embargo, aduce, “el
Tribunal se abstuvo de estudiar las modulaciones, pues de acuerdo a su parecer
atacan el fondo de la decisión y ameritan una modificación sustancial del fallo”.
1.1.12.
Teniendo en cuenta lo anterior, los accionantes consideran que el fallo acusado
incurre en tres causales específicas de procedencia de tutela contra
providencia judicial: “defecto procedimental, al evadir el deber de
acumulación establecido en el párrafo tercero del artículo 76 y artículo 95 de
la Ley 1448 de 2011; defecto fáctico, al atribuirle la calidad de segundos
ocupantes a las personas representadas por la Comisión Colombiana de Juristas
sin soporte probatorio alguno y; defecto sustantivo al desconocer la calidad de
víctimas sucesivas inscritas en el Registro de Tierras abandonadas de varias de
las personas que ocupan actualmente el predio, situación que era de conocimiento
del Despacho”.
1.1.13.
Afirman que esta situación, además de vulnerar el derecho fundamental al debido
proceso de los accionantes, violenta su derecho a la vivienda y al trabajo
teniendo en cuenta que son varias familias, aún sin caracterizar por parte de
la Unidad de Restitución de Tierras, y que quedarán sin habitación y sin fuente
de trabajo.
1.2. Del
predio y diferentes reclamantes
1.2.1. El
predio de mayor extensión “La Esperanza”, está ubicado en la
jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, tiene una superficie de 601
hectáreas 1.544 m2 de acuerdo con el “ITP 20 de junio 2014”. El inmueble
se identifica con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 190-133 del círculo de
Valledupar y cédula catastral No. 20-013-00-03-0002-0117-00.
1.2.2.
Señalan que de la información extraída de diferentes bases de información
(catastral, registral, INCORA) se colige que la señora Alba Lilia Flórez Mojica
ostenta la calidad jurídica de propietaria del inmueble “La Esperanza”.
1.2.3. No
obstante, comenta, se hizo una parcelación del lote de mayor extensión, de la
cual resultaron predios más pequeños que en la actualidad son objeto de
solicitud de restitución; en ese sentido, en información allegada el 8 de
febrero de 2018 por el área catastral de la Unidad de Restitución de Tierras,
se evidencia que además de los cinco solicitantes (hoy accionantes) hay otras
cuatro solicitudes de inmuebles ubicados al interior de “La Esperanza”.
1.2.4. Por
otra parte, indican que existe un grupo de solicitantes (6 personas) con predios
ubicados dentro de la parcelación a los cuales se les ha negado la solicitud de
inscripción de su petición ya que no tienen la calidad de víctimas, pero
actualmente ejercen posesión y no se tiene pleno conocimiento de su situación
de vulnerabilidad.
1.2.5.
Finalmente, manifiestan que hay otras solicitudes (11) respecto de las cuales,
en etapa preliminar, la Unidad de Restitución de Tierras decidió no dar inicio
formal al trámite.
1.3. De
los antecedentes de ocupación de los tutelantes sobre el predio “La Esperanza”
1.3.1. Narran
que a comienzos del año 1991 un grupo de familias campesinas en situación de
pobreza, sin tierras, la mayoría de ellos “migrantes ex jornaleros” de
las cosechas de algodón y café, residentes en el municipio Agustín Codazzi se
enteran que la Finca “La Esperanza” había sido abandonada por sus
propietarios que, según les contaron, eran Eduardo Girón Franco y su esposa
Lucila Barrios de Girón (para ese entonces ya fallecida) quienes residían en
Chía, Cundinamarca y, que además, dicha finca se encontraba en proceso de
negociación para su adquisición por parte del INCORA para poder ser entregada a
campesinos pobres de la región.
1.3.2.
Indican que de común acuerdo con el propietario de la finca, a través de su
administrador, ese grupo de familias deciden organizarse para de manera
pacífica “entrar a trabajar la finca y ponerla a producir con explotación
pecuaria y agrícola, en tanto la negociación entre los propietarios y el INCORA
avanzaba; para ello se organizan en un Comité de aspirantes a tierras y
contactan a otras familias campesinas igualmente pobres para que se unieran al
grupo”.
1.3.3.
Precisan que el señor Eduardo Girón Franco al establecer contacto con las
familias, a través de su administrador, “buscaba adelantar la negociación de
la Finca mediante dos opciones: La primera por oferta de venta voluntaria al
INCORA, aprovechando las ventajas del mercado de tierras que ofrecía la Ley 30
de Reforma Agraria de 1988 y la segunda según lo expresado por el
administrador, que los campesinos le fueran pagando la tierra con el producido
de sus cosechas”.
1.3.4. En
abril de 1991, señalan que el grupo sumaba 24 familias, e iniciaron el proceso
de organización colectiva para lo que conforman un “Comité de Parceleros o
Comisión para la Medición” encargado de “organizar y orientar el proceso
de hacer las trochas, medir y entregar las parcelas”, además de asignar
tareas específicas por grupos en los que todos participaban.
1.3.5.
Durante tres meses realizaron la dura labor de parcelar y se procedió al
reparto por sistema de sorteo. Aparte de las 24 parcelas, se dejó una de una
hectárea y media para uso comunitario para construir una escuela, el puesto de
salud, la iglesia, la cancha de fútbol y para que aquellas personas a quienes
les correspondieron parcelas en la parte alta de la serranía pudieran construir
sus viviendas y desde allí atender sus parcelas. También se separaron entre 20
y 24 hectáreas alrededor de la “Casa Quinta” para el mayordomo o
administrador de la finca. Aclaran que dentro del Comité había personas con
experiencia y conocimiento de procesos organizativos seguidos por la “ANUC”
y de todo lo que se hizo quedaron actas pero “cuando llegaron los grupos
armados a hacer presencia en la comunidad y a preguntar que quiénes eran los
líderes hubo que destruirlas”.
1.3.6. En
agosto de 1991 se “formalizó” el reparto y se acordó cambiar el nombre
de la parcelación a “La Nueva Esperanza” que a la vez se relacionaba con
la nueva etapa de la comunidad y con el ánimo de entrar a trabajar la tierra de
manera pacífica “pero con ánimo de señor y dueño, para obtener la posesión
sobre la tierra”.
1.3.7. A
partir de la entrega de las parcelas, cada familia fue nombrando la suya pero
además, el Comité les orientó en cuanto al trabajo en la tierra, explotándola
con cultivos de plátano, maíz, yuca, papaya, árboles frutales, fríjol, cacao,
café, además de la cría de cerdos, ganado vacuno, caballar o caprino. También
se conformó la “Junta de Parceleros de la Comunidad La Nueva Esperanza”
la cual representaba dichas familias de hecho hasta el 2006 cuando se organizó
como Junta de Acción Comunal formalizada con personería jurídica 0028 del 24 de
junio de 2009.
1.3.8. El 27
de septiembre de 1991 murió el señor Andrés Girón y el proceso con el INCORA se
detuvo. Al año siguiente, Jorge Eduardo Girón, como único hijo hereda la finca
y a su vez, cede o negocia sus derechos patrimoniales sobre el predio en favor
de su esposa, la señora Alba Lilia Flórez Mejía.
1.3.9. En
1993 se construye la escuela y se adecuaron los terrenos del puesto de salud y
la cancha de fútbol. En ese mismo año y 1994 la comunidad que ya actuaba como
Vereda La Nueva Esperanza se integra a la dinámica de la zona con diferentes
actividades comunitarias.
1.3.10. En
1993, la señora Alba Lilia López y su esposo retoman el proceso con el INCORA
de ofrecerle en venta voluntaria el predio “La Esperanza” para lo cual
contratan al abogado Francisco “Paco” Méndez, quien hace contacto simultáneo
con el INCORA y con los campesinos, llevando a cabo varias reuniones.
1.3.11. Entre
1994 y 1995, afirman que por gestiones del abogado, el INCORA practica una
visita técnica al predio. En el informe de la visita se registra que de las 603
hectáreas, 200 son de grado agrológico 7 y 8, no aptas para explotación
agropecuaria, que no debieron ser adjudicadas en 1988 y que no se pueden
incluir en el proceso de negociación actual por lo que le recomiendan a la
señora Alba Lilia que desagregue esas 200 hectáreas y haga una nueva oferta de
venta voluntaria. La señora Alba Lilia hace caso omiso de la recomendación y la
negociación nuevamente se estanca.
1.3.12. Al
finalizar el año 1999, la señora Alba Lilia desiste de los servicios del
abogado y contrata uno nuevo Carlos H. Pérez Hurtado, quien a partir del año
2000 inició una serie de denuncias contra todos los parceleros de la comunidad
“La Nueva Esperanza” ante la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, el
Batallón, la Gobernación del Cesar, el Ministerio de Agricultura, sindicándolos
“de manera temeraria y sin ningún fundamento, de ser milicianos y
colaboradores del Frente 41 de las FARC. Denuncias que por supuesto han sido
desvirtuadas en su totalidad toda vez que precisamente esta comunidad ha sido
víctima reiterada de las acciones tanto de la guerrilla como de los
paramilitares”.
1.3.13. El
nuevo abogado interpuso también querellas policivas ante la Inspección de
Policía de Llerasca y la de Codazzi, por el supuesto delito de invasión en
propiedad privada. Ante lo cual, comentan que los fallos de todas las autoridades
han sido en favor de los campesinos, “lo cual tipifica una estrategia
sistemática de hostigamientos por parte de la Sra. Alba Lilia Flórez, contra
los parceleros de la “Nueva Esperanza” cuya condición de víctimas y de
campesinos poseedores de esas tierras, está suficientemente probada”.
1.4. Del
conflicto armado y abandono sufrido
1.4.1.
Manifiestan que en los años 2001 y 2002 la presencia de guerrilleros de las
FARC y ELN se incrementó y la comunidad fue fuertemente afectada por amenazas,
exigencias económicas, vacunas, reclutamiento de niños y jóvenes, entrega de
alimentos y medicinas, etc.
1.4.2. Se
refieren a casos específicos como el de un campesino llamado Manuel del Cristo
Oviedo que tuvo que abandonar su parcela pues los guerrilleros pertenecientes
al frente 41 de las FARC le dieron 24 horas para salir. El campesino Jaime
Rafael Gámez Rodríguez fue sacado de su parcela en junio de 2001, y
posteriormente asesinado por el mismo frente. También comentan que en agosto de
2001, en la Finca El Carmen, vecina a la vereda “La Nueva Esperanza” en
emboscada del frente 41, murieron 8 soldados y varios resultaron heridos. Por
esos hechos y muchos más, las familias de la comunidad la Nueva Esperanza se
vieron obligadas a desplazarse.
1.4.3.
Señalan que el proceso de despojo de la parcelación “La Esperanza” se da
en un marco del conflicto armado y violencia generalizada, en el cual la
ubicación del predio es la causa principal del desplazamiento, no solo por la
disputa territorial entre los actores armados, sino porque colinda con la
hacienda Las Flores, una de las principales fincas de producción de aceite de
palma en el país y por tanto, “uno de los lugares de mayor confrontación
armada en el Municipio Codazzi”. Además, “La Esperanza” está al lado
de una vía de acceso a la frontera venezolana y a la Serranía del Perijá, área
estratégica para las acciones de grupos armados.
1.4.4. Ya en
el año 2006 cuando se logró la desmovilización del Bloque Norte de los
paramilitares, parte de la comunidad que no había retornado, regresa
paulatinamente a la vereda, acompañada de las autoridades.
1.4.5. En
2007, afirman que la señora Alba Lilia Flórez, a través de su nueva abogada
Carmen María Fontalvo, busca nuevamente negociar con los campesinos parceleros
para lo cual propicia una audiencia de conciliación extrajudicial que se
realiza el 24 de octubre en la Cámara de Comercio de Valledupar. En la
diligencia no hay acuerdo por cuanto las exigencias económicas de la señora
Flórez a los campesinos eran muy altas, desmesuradas y fuera de toda lógica,
pero sobre todo porque los campesinos consideran que la señora Flórez siempre
les ha perseguido, hostigado, estigmatizado, que injustamente los ha señalado
de criminales.
1.4.6. La CCJ
llevó a cabo, el 17 de agosto de 2017, un taller comunitario en donde los
campesinos expresaron que entre el 2008 y el 2014 “se evidencia el interés
de varias empresas mineras como: Forssan S.A., la OGX Petróleo y gas y la
propia Drummond USA de explorar y explotar este sector del piedemonte de la
Serranía del Perijá, donde se ubica La Parcelación La Nueva Esperanza, con
fines de explotación de carbón térmico y que éste sería el fondo o verdadero
interés que la Sra. Alba Lilia, tiene en sus pretensiones que le sean
reconocidos derechos de restitución sobre esta parcelación”.
1.4.7. El 24
de junio de 2009 la Secretaría de Gobierno del Cesar expide la Personería
Jurídica No. 0028 a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Nueva Esperanza, la
cual se había conformado de hecho desde 2006 pero no se habían hecho los
trámites de personería.
1.5. De la
identificación de los tutelantes
1.5.1. Orlando
Cuesta de 61 años de edad, con domicilio en Codazzi, cuyo núcleo familiar
se conforma así:
Nombre
Vínculo
Ismelda
Flórez Contreras
Compañera
permanente
Yeiner
Cuesta Flórez
Hijo
Jader
Cuesta Flórez
Hijo
Deybis
Cuesta Flórez
Hijo
Yennys
Cuesta Flórez
Hija
Kely Cuesta
Flórez
hija
El señor
Orlando Cuesta no reside en el predio pero deriva su sustento y el de su
familia de la explotación del mismo. En el año 2017 tramitó un crédito con el
Banco Agrario para sembrar dos hectáreas de plátano, yuca, maíz y ahuyama.
Actualmente, con su trabajo también le ayuda a su hermano, el señor Hernando
Cuesta, quien a su vez habita, junto con sus dos hijos menores de edad, el
rancho que ahí se construyó.
1.5.2. José
María Cuello Torres de 59 años de edad, con domicilio en Codazzi, cuyo
núcleo familiar se conforma así:
Nombre
Vínculo
Ludys María
Tamara Pacheco
Compañera
Permanente
Yolis
Leonor Cuello Orozco
Hija
Jorge Luis
Cuello Orozco
Hijo
Edwin José
Cuello Orozco
Hijo
Julieth
Paola Cuello Orozco
Hija
Eduardo
Cuello Orozco
Hijo
José Jorge
Cuello Orozco
Hijo
El señor José
María Cuello reside en el predio “La Esperanza” junto con su compañera
permanente, sus hijos Jorge y Edwin, la hija de este último que tiene un año,
su compañera sentimental, 4 nietos hijos de Yolis uno de ellos de 17 años que
no pudo continuar sus estudios debido a la falta de recursos y los demás nietos
están cursando la primaria. El actor explota directamente el predio y de allí
deriva su manutención y el de su familia. Actualmente tiene cultivos de
plátano, maíz, yuca, mango, limón, guanábana y cacao, 14 vacas y algunas aves
de corral.
1.5.3. Ivonne
Orozco Cabrera de 51 años de edad, domiciliada en Codazzi, cuyo núcleo
familiar se conforma así:
Nombre
Vínculo
Edilberto
Urrea Villareal
Compañero
permanente
Eddi Andrés
Urrea Mauri
Hijastra
Edilberto
Urrea Orozco
Hijo
Yessica
Paola Urrea Mauri
Hijastra
Adriana
Marcela Urrea Mauri
Hijastra
Alejandro
Urrea Orozco
Hijo
La señora
Ivonne Jhojana Orozco explota el predio “No hay como Dios” ubicado en el
predio de mayor extensión “La Esperanza”. Cuenta con un lote de 450
matas de plátano y cultivos de cacao. En el predio vive también, desde hace
aproximadamente dos años, la hijastra de la solicitante, el compañero
sentimental de esta y sus dos hijos menores de edad.
1.5.4. Manuel
del Cristo Oviedo Sequeda de 75 años de edad, domiciliado en Codazzi, cuyo
núcleo familiar se conforma así:
Nombre
Vínculo
Julia Oñate
Guerra
Compañera
permanente
Manuel
Gustavo Oviedo Oñate
Hijo
Emira
Oviedo Oñate
Hija
William
Oviedo Oñate
Hijo
Wilman
Manuel Oviedo Oñate
Hijo
Luis Oviedo
Oñate
Hijo
Robert
Oviedo Oñate
Hijo
Amir Oviedo
Oñate
Hijo
Jazmín
Oviedo Oñate
Hija
El señor
Manuel Oviedo vive en el predio “La Esperanza” junto con su compañera
permanente. Deriva su sustento de la explotación directa del predio, ha
sembrado un aproximado de 8.000 matas de yuca, 2000 de plátano y maíz, tiene
animales de corral. Su compañera permanente, en los últimos años ha sido
sometida a varias cirugías, la última de ellas para instalar un marcapasos, y
su estado de salud es delicado.
1.5.5. Fidel
Antonio Mieles Gámez de 69 años de edad, domiciliado en Codazzi, cuyo
núcleo familiar está compuesto así:
Nombre
Vínculo
José Martín
Mieles Palomino
Hijo
José
Gregorio Mieles Vanegas
Hijo
Fidel de
Jesús Mieles Vanegas
Hijo
Ledis del
Carmen Mieles Vanegas
Hija
María
Martina Mieles Gámez
Hija
Diolvis
Jovani Mieles Gámez
Hija
El señor
Fidel Antonio Mieles actualmente explota una parcela ubicada en el predio “La
Esperanza”. En el 2006 el actor regresó al predio junto con su esposa e
hijos, sin embargo desde el 2015 no reside allí permanentemente debido al
fallecimiento de su esposa pero diariamente va a trabajar la tierra y a velar
por el bienestar de sus cultivos. De su trabajo en el predio deriva el sustento
suyo y el de sus tres hijas, seis nietos todos menores de edad y una sobrina de
16 años que tiene un bebé de 1 año.
1.6. De
los defectos alegados
1.6.1.
Defecto procedimental absoluto por no acumulación
En el
presente caso, afirman, el defecto señalado “nace del incumplimiento del
tribunal de tramitar en un solo proceso todas las solicitudes correspondientes
al predio La Esperanza, exigencia establecida en el párrafo tercero del
artículo 76 de la Ley 1448 de 2011”. Dicha norma señala:
“Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o múltiples
abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro. En este
caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación en el
mismo proceso”.
Sobre el
predio “La Esperanza” existían varias solicitudes de restitución de
tierras y todas eran conocidas por el Tribunal dado que el 12 de enero de 2016
la CCJ solicitó al Juzgado Tercero la remisión del expediente para la
acumulación procesal y el Tribunal avocó conocimiento el 7 de marzo del mismo
año.
Consideran
que el asunto sería diferente si las solicitudes se hubiesen dado en tiempos
sustancialmente diferentes, “donde ni siquiera fuese posible conocer que
podría presentarse otro solicitante reclamando también el derecho a la
restitución sobre un mismo predio que ya fue restituido”, caso en el cual
solo procedería la compensación.
Para los
accionantes, la situación es más delicada si se tiene en cuenta que existe una
decisión contradictoria del Tribunal al, por una parte, no acumular y devolver
el trámite al juzgado, pero por otra, en el fallo proferido prejuzgar la
calidad de los solicitantes representados por la CCJ.
Por otro
lado, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, pasan a constatar que se
trata de a) un error trascendente que afecta de manera grave el derecho al
debido proceso y que tiene una influencia directa en la decisión de fondo y b)
que debe ser una deficiencia no atribuible al afectado.
a) Afirman
que toda la Ley 1448 de 2011, la cual regula el trámite de restitución, se
enmarca en las condiciones del artículo 29 constitucional relativo al derecho
al debido proceso. Aunado a esto, de haberse fallado el asunto de manera
acumulada “le habría permitido al tribunal identificar en mejor medida quién
debía ser sujeto de restitución y quién de compensación, y no como sucede en la
actualidad, en la que se le restituye a quien nunca ha tenido una relación
material con el predio y no tiene vocación agraria”.
b) La norma
inaplicada no es atribuible al afectado dado que, según el artículo 76 de la
señalada ley, es obligación del despacho tramitar las solicitudes de
restitución y compensación que versen sobre un mismo bien, en el mismo proceso.
Dicha obligación nace desde el momento en que ha sido informado de tal
situación.
1.6.2.
Defecto fáctico
Frente a este
defecto, los accionantes consideran que se configura en tres líneas:
a) “El
tribunal le dio la característica de segundos ocupantes a los tutelantes sin
ningún soporte probatorio”. Afirman que en el numeral sexto de la sentencia
proferida por el tribunal acusado, se indicó: “RECONOCER como segundos
ocupantes a los señores JOSÉ MARÍA CUELLO, MANUEL DEL CRISTO OVIEDO, ORLANDO
CUESTA, FIDEL ANTONIO MIELES, IVONNE OROZCO HERRERA…”, personas que de
acuerdo con las pruebas, “tienen la condición de víctimas de abandono
inscritas el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas”,
El Tribunal
tenía dudas sobre las características de las diferentes personas que hacían
parte del proceso, como lo demuestra en la sentencia cuando afirma “Sin
embargo, previo a determinar las medidas de atención a que haya lugar en cada
caso concreto de los opositores que han sido reconocidos como segundos
ocupantes, se hace necesario contar con un informe de caracterización de los
mismos…”, inquietudes que se podrían haber dilucidado haciendo uso de la
facultad establecida en el parágrafo 1 del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011,
y resueltas antes de la sentencia en un segundo periodo probatorio que le
otorga la ley, y no con posterioridad al fallo.
b) El Tribunal
“desconoció las pruebas que acreditaban la calidad de víctimas de abandono”
de los accionantes. Rechazó de plano la calidad de poseedores que tienen los
solicitantes sobre los predios, y por tanto, la calidad de víctimas de
abandono. Aseguran que “la Ley 1448 de 2011 es un mecanismo de justicia
transicional y por tanto no puede dar el mismo tratamiento de derecho civil
ordinario a las víctimas que han demostrado su relación por más de 26 años de
explotación y arraigo con el predio”.
c) “Al
darse la ruptura procesal antes descrita y devolver a etapa admisoria el
proceso de restitución de los tutelantes, se les negó la posibilidad de
adelantar la etapa probatoria, lo cual hubiese permitido al Despacho tener un
panorama más amplio de las situaciones de todos los solicitantes, en ese
sentido, no se dio una igualdad probatoria para las partes”. Los accionantes
se encontraron en un escenario probatorio de desventaja, pues las pruebas de su
posesión no fueron siquiera valoradas ya que al declararse la nulidad no se dio
apertura a la etapa probatoria del proceso 2015-0133.
1.6.3.
Defecto sustantivo
En este caso,
manifiestan que se presenta este defecto toda vez que hay una clara
contradicción entre los fundamentos y la decisión tomada por el tribunal en la
sentencia, pues por una parte, en las consideraciones reconoce la calidad de
víctimas de abandono que tienen los solicitantes, y por otra, al momento de
calificar su condición, les da el trato de segundos ocupantes, y la
jurisprudencia ha decantado las diferencias que hay entre víctima y segundo
ocupante.
Así las
cosas, la Ley 1448 de 2011 acepta en sus artículos 76 y 97 la posibilidad de
que sobre un mismo bien se presenten múltiples abandonos o despojos sucesivos,
de tal manera que el tribunal erró al negarle a los solicitantes la calidad de
poseedores y señalarlos como meros tenedores “al deslegitimar la posesión
que por más de 27 años han tenido sobre el predio”.
1.7.
Peticiones
Teniendo en
cuenta todo lo anterior, los accionantes solicitan:
“PRIMERO: Que se declare que, la sentencia de restitución sobre el predio
La Esperanza el día 29 de marzo de 2017 (notificada el 31 de julio de 2017) a
favor de la señora Alba Lilia Flórez Mejía, proferida por el Tribunal Superior
Judicial (sic) del Distrito de Cartagena – Bolívar Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras, así como el oficio del 9 de febrero de 2018 que ordena
el desalojo del predio y entrega de este, vulneran los derechos fundamentales
al debido proceso, la restitución, la vivienda y el trabajo de los tutelantes.
SEGUNDO: En consecuencia, se declare la nulidad de la sentencia y se ordene
que, una vez se tramite la etapa probatoria del proceso
20001-31-21-003-2015-0133, se acumule al proceso 20001-31-21-002-2015-0048,
para que se resuelva en una misma sentencia las órdenes de restitución y
compensación respecto de todos los solicitantes que reclaman el predio La
Esperanza.
SUBSIDIARIA PRIMERA: Suspender la orden de entrega del predio establecida
en la sentencia del proceso 2015-0048 hasta tanto no se concluyan (sic) la
situación jurídica de los actuales poseedores de los predios, esto es, hasta
que se dicte sentencia, en la que determine si tienen o no derecho a la
restitución y se decida si se entregará la restitución o la compensación; en el
segundo caso, hasta que la Unidad de Restitución de Tierras les haga entrega
efectiva del predio en compensación.
SUBSIDIARIA SEGUNDA: En caso de no proceder ninguna de las anteriores, se
solicita decretar órdenes de habitación y subsidio de trabajo del total de
personas que habitan y laboran en el predio La Esperanza hasta que les sea
resuelta su situación jurídica respecto del mismo, así como suspender la
entrega material del predio hasta tanto las mismas no se hagan efectivas”.
2.
Contestación de la acción de tutela[3]
2.1. Coadyuvancia de la acción[4]
La Procuradora Delegada para
Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, en escrito radicado el 22 de
marzo de 2018, presentó coadyuvancia a la acción de tutela presentada por la
CCJ “con el objeto de que se decrete la medida cautelar relacionada con la
suspensión de diligencia de desalojo y sean tutelados los derechos a la
vivienda, mínimo vital y trabajo de las familias que habitan el predio La
Esperanza”.
Para la Procuraduría delegada, el
caso que se tramita es de alta complejidad por diferentes razones: (i) las
personas involucradas son sujetos de especial protección constitucional, ya sea
por su calidad de víctimas o por su calidad de segundos ocupantes, (ii) se pone
en discusión la nulidad del fallo emitido por haber inobservado la existencia
de solicitudes de restitución iniciadas por algunas personas declaradas
segundos ocupantes, (iii) no se ha podido planear una estrategia de ejecución
del fallo que proteja en la mejor medida los derechos de los involucrados, y
(iv) el juez encargado de ejecutar la entrega material ha decretado adelantar la
diligencia de desalojo el miércoles 21 de marzo de 2018 sin que se cumplan los
estándares constitucionales.
De tal manera, sin perjuicio del
estudio de fondo que se dé en el marco de la acción de tutela, la Delegada
resalta la necesidad de la protección merecida por los actuales habitantes del
predio frente al desalojo y la necesidad de garantizar el derecho a la
restitución de la manera correcta.
Para el ministerio público, a
pesar de que los instrumentos internacionales “han referido que la restitución
no puede ser aplazada por la inactividad del Estado en la garantía de los
derechos de los segundos ocupantes, en este caso debe aplicarse un test
riguroso de proporcionalidad a la medida adelantada por el Juzgado (…) que
tiene serios riesgos de ser constitucionalmente inadmisible en parte por la
inactividad del Estado, pero también por otras razones de fondo. En efecto, ese
riesgo de desproporción de la medida obedece al impacto que generaría sobre un
numeroso grupo de familias que son sujetos de especial protección
constitucional, por su condición de campesinas y porque entre ellas se
encuentran varias víctimas del conflicto”.
Por otra parte, “Si la
diligencia se lleva a cabo, la institucionalidad se verá avocada a atender de
manera inmediata las necesidades que surgirían a los actuales ocupantes, por la
carencia de vivienda, tierra, medios de vida, arraigo, trabajo y por la
necesidad de evitar omisiones o actuaciones institucionales inadecuadas
terminen revictimizándolos”.
2.2. Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras[5]
El 2 de abril de 2018 el Tribunal
accionado dio contestación a la acción de tutela en los siguientes términos:
Frente a lo inicialmente expuesto
por los tutelantes sobre la configuración de un defecto procedimental por no
acumular las solicitudes como lo establece la Ley, “si bien llegaron a este
tribunal dos solicitudes de restitución de tierras acumuladas, identificadas
con los radicados 20001-31-21-003-2015-0133 presentada por la CCJ a favor de
los aquí tutelantes y la 20001-31-21-002-2015-0048 presentada por la UAEGRTD a
favor de la señora Alba Lilia Flórez Mejía y su núcleo familiar de manera
conjunta, en auto de fecha 11 de agosto de 2016, esta Sala debió decretar la nulidad
de lo actuado en el proceso (….) 2015-0133 al evidenciar que tal solicitud de
restitución nunca fue admitida por el Juzgado de Origen por lo que en ella no
se habían surtido las etapas establecidas en la Ley (…), auto en el que se
indicó que si bien es cierto se trata de una controversia jurídica que en
principio debe resolverse mediante un solo trámite procesal, en esa solicitud
se debieron dar todas las etapas del trámite judicial que garantizara el debido
proceso y el derecho de la defensa de las partes”.
En el mismo auto, comentan, se
ordenó la ruptura procesal del expediente nulicitado el cual fue devuelto al
juzgado de origen para que se surtiera el trámite correspondiente, “quedándose
esta sala con la solicitud primigenia (…) presentada por la señora Alba Lilia
Flórez (…) al estimar que en ese caso en particular se trataba de una señora
que pertenece a la tercera edad y al estado de salud de su compañero permanente
que fue certificado, quienes también son sujetos de especial protección y víctimas
de la violencia, siendo necesario aplicarle el enfoque diferencial como se
indicó”.
También resaltaron que la CCJ en
representación de los accionantes, repuso el auto anterior, recurso que fue
resuelto en providencia del 29 de agosto de 2017, en el cual se explicó que en
la solicitud 2015-0048 a favor de la señora Alba Lilia Flórez “se ordenó
vincular a los tutelantes, quienes fueron debidamente notificados e
intervinieron en tal proceso en calidad de opositores, y a quienes se les dio
la oportunidad de contestar la demanda, aportar y solicitar pruebas, resaltando
que la decisión que atañe a la ruptura procesal radica fundamentalmente en
tomar la decisión con respecto a la solicitud de la señora Alba Lilia Flórez,
máxime cuando tanto esta última como el Ministerio Público solicitó se
agilizara su proceso en atención al enfoque diferencial por su avanzada edad y
el estado de salud de su compañero permanente, dejando claro que dicha decisión
no invalidaría el derecho de los tutelantes”.
También presentaron solicitud de
modulación del fallo que fue resuelta en auto del 14 de noviembre de 2017 a la
cual no se accedió, “razones por las cuales se puede concluir que a los
tutelantes se les brindaron los recursos y los mecanismos de Ley, los que
cuales agotaron (sic) y fueron debidamente resueltos por esta Sala”.
Frente a los otros defectos,
precisaron que “el estudio surtido que se les hizo en la sentencia atacada
fue el de opositores que también resultaron víctimas como se expuso en el
fallo, quienes al no haber probado su buena fe exenta de culpa como lo
establece la Ley 1448 de 2011, se les aplicó el estudio de segundos ocupantes,
y se ordenó su caracterización a la UAEGRTD para determinar las medidas que les
asisten”.
De lo anterior concluye que la
decisión tomada en la sentencia no vulnera derechos fundamentales de los
peticionarios pues a ellos se les debe estudiar su condición y calidad de
víctimas al interior del proceso 2015-133, “aclarando que aun cuando el
fallo verse sobre el mismo predio, la Ley 1448 de 2011, en su artículo 97
establece en su literal b que cuando un proceso recaiga sobre un inmueble sobre
el cual se presentaron despojos sucesivos, y este ya se hubiese restituido a
otra víctima despojada de ese mismo bien, como acaece en el presente caso, se
les podrá otorgar un bien inmueble de similares características al despojado”.
Finaliza indicando que con la
diligencia de entrega del bien no se vulneran derechos fundamentales a la
vivienda y otros de los accionantes, quienes ya fueron reconocidos como
segundos ocupantes que se encuentran en proceso de caracterización por parte de
la Unidad de Tierras, para así determinar las medidas que les asisten en cada
caso. Aunado a lo anterior, resalta, la Ley 1448 de 2011 en su artículo 92
contempla el recurso de revisión contra la sentencia de restitución de tierras,
el cual no ha sido agotado en el presente caso.
2.3. Agencia Nacional de
Hidrocarburos[6]
El 2 de abril de 2018, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, a través de su delegado para asumir la representación
judicial de la entidad, dio contestación a la acción de tutela solicitando sea
desvinculada del trámite dado que no está legitimada en la causa por pasiva ya
que los hechos y derechos invocados no son competencia de la entidad y no hay
título alguno de imputación contra la Agencia al no participar de un asunto que
es exclusivo de un Despacho judicial.
2.4. Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República[7]
El 2 de abril de 2018, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de su
apoderada judicial, dio contestación a la acción de tutela solicitando
declararla improcedente o, en su defecto, desvincular a la entidad. Lo anterior
ya que no hay legitimación en la causa por pasiva por cuanto el DAPRE no tiene
la competencia para adoptar lo solicitado por los accionantes, esto es,
declarar la nulidad de la sentencia del 29 de marzo de 2017, ordenar que se
acumulen los procesos y suspender la entrega del predio.
2.5. Instituto Geográfico
Agustín Codazzi[8]
El 2 de abril de 2018, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través de su director territorial
Cesar, contestó la acción de tutela manifestando que sobre los hechos de la
solicitud de amparo el Instituto no tiene injerencia dada la función legal y
reglamentaria del mismo, de tal manera que no existe vulneración alguna a los
derechos fundamentales ni a los principios de la función pública por su parte.
2.6. Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural[9]
El 3 de abril de 2018, el
apoderado judicial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dio
contestación a la acción de tutela solicitando la desvinculación de la entidad
ya que la solicitud de amparo se refiere concretamente a una providencia
dictada por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior de Cartagena, hecho que le impide al Ministerio emitir alguna
manifestación en torno a dichas decisiones “por considerar que no puede
sustraerse ni oponerse a las decisiones judiciales, so pena de quebrantar el
ordenamiento jurídico y como quiera que ha de preservarse la autonomía de los
poderes al interior del Estado Colombiano”.
2.7. Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRT[10]
El 4 de abril de 2018, el
Director Territorial Cesar de la UAEGRT dio contestación a la acción de tutela
en los siguientes términos:
La Dirección Territorial del
Cesar conoció y tramitó las solicitudes que recaen sobre el predio de mayor
extensión denominado “La Esperanza”. Luego de agotadas “las etapas
que conforman el procedimiento administrativo de inscripción en el Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas, se adoptaron las respectivas decisiones, cuyo
sentido lo determinó la valoración del material probatorio recaudado”.
Señala que a través de la Resolución
1371 del 21 de octubre de 2014 se inscribió la solicitud presentada por Alba
Lilia Flórez Mejía quien alegó derechos sobre todo el globo de terreno. Con
posterioridad se inscribieron las otras solicitudes asociadas con el mismo
predio, entre las que se encuentran las de los accionantes. También realizó y
aportó la respectiva caracterización socioeconómica.
2.8. Juzgado Tercero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar[11]
El titular del Juzgado Tercero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, en
escrito del 4 de abril de 2018, se pronunció en los siguientes términos frente
a la acción de tutela de la referencia.
A dicho despacho le llegó por
reparto la solicitud de la CCJ actuando en representación de los hoy
accionantes. Al efectuar el análisis se advirtió que la apoderada de los
accionantes había presentado solicitud de acumulación procesal en la cual
informaba que en el Juzgado Segundo Especializado de Restitución de Tierras de
Valledupar también cursaba una acción sobre el mismo predio “La Esperanza”
radicada bajo el No. 2015-00048.
En consecuencia, antes de la
admisión de la solicitud se profirió auto en el que se le pidió al Juzgado
Segundo referido, la acumulación procesal en los términos del artículo 95 de la
Ley 1448 de 2011, la cual fue aceptada y comunicada por aquel despacho. Así las
cosas, el 14 de enero de 2016 se ordenó la remisión del expediente 2015-00133
al Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar para
que fuera acumulado al 2015-00048, por tanto, a partir de esa fecha la
solicitud de los hoy accionantes dejó de ser competencia del Juzgado Tercero
interviniente y pasó a ser instruida por el Juzgado Segundo.
Posteriormente, el 11 de agosto
de 2016, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena decretó la nulidad de la actuación surtida
por el Juzgado Segundo Especializado “al advertir la falta de instrucción de
la solicitud (…) 2015-00133, pues solamente se surtió el trámite
correspondiente al radicado (…) 2015-00048”.
De tal forma, al no mediar alguna
actuación en relación con la solicitud de los hoy accionantes, dicho tribunal
consideró necesario decretar la ruptura de la unidad procesal, conservando la
competencia del radicado 2015-00048 y ordenando la devolución del otro
expediente a dicho juzgado (Segundo) para lo de su competencia. Pese a esto, el
Juzgado Segundo mediante providencia del 5 de septiembre de 2016 estimó que al
decretarse la nulidad también se dejó sin efecto la orden de acumulación por
ellos emitida, y por esto ordenaron la remisión del expediente al Juzgado
Tercero para lo pertinente, el cual fue entregado el 12 de septiembre del 2017.
Teniendo en cuenta lo anterior,
el Juzgado Tercero interviniente admitió la solicitud de los hoy accionantes y
actualmente está surtiendo el emplazamiento de terceros interesados que ejercen
la explotación del predio, ya que no se logró que comparecieran personalmente.
2.9. Superintendencia de
Industria y Comercio[12]
La Coordinadora del Grupo de
Gestión Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en escrito del
9 de abril de 2018 contestó la acción de tutela de la referencia afirmando que
“se advierte que la entidad vinculada es la Superintendencia Delegada de
Tierras, la cual es una dependencia de carácter transitorio que hace parte de
la Superintendencia de Notariado y Registro”. De tal manera que, para que
se cumpla con la debida notificación, adjunta el correo de notificaciones
judiciales de la Superintendencia de Notariado y Registro.
3. Pruebas que obran en el
expediente
3.1. Poderes especiales de los
accionantes a la CCJ para promover la acción de tutela contra el Tribunal
Superior del Circuito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras[13].
3.2. Copia de la solicitud
colectiva de restitución de tierras, presentada por la CCJ el 10 de agosto de
2015, en representación de Orlando Cuesta, Manuel del Cristo Oviedo Sequeda,
José María Cuello Torres, Fidel Antonio Mieles Gámez e Ivonne Jhojana Orozco
Cabrera[14].
3.3. Copia de auto del 13 de
octubre de 2015, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, en el que antes de
decidir sobre la admisión del proceso de restitución de tierras con radicado
200013121003-2015-00133-00, pone en conocimiento del Juez Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, la solicitud de
acumulación procesal formulada por el apoderado de la parte solicitante[15].
3.4. Copia de providencia de
fecha 30 de octubre de 2015, proferida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, en la que niega
la acumulación del expediente radicado con el número 2015-0133-00 cursado en el
Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Valledupar al 2015-0048-00. Lo anterior por cuanto la más reciente se encuentra
en estudio de admisión, por lo cual, si se admite la acumulación, se estaría
vulnerando principios procesales como el de la eventualidad y la economía
procesal, teniendo que suspender la actuación que se encuentra cursando en
etapa de finalización de la etapa probatoria (2015-0048-00) para luego proceder
a realizar el estudio de admisión de la más reciente y luego dar apertura a una
nueva etapa probatoria, desconociendo los derechos de quienes presentaron la
demanda inicial[16].
3.5. Copia del recurso de
reposición interpuesto por la CCJ, contra el auto proferido por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Valledupar el 30 de octubre de 2015[17].
3.6. Copia del auto de fecha 10
de diciembre de 2015, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, en el que resuelve
reponer la decisión adoptada en el auto del 30 de octubre de 2015, y en
consecuencia, acumular la solicitud de restitución de tierras presentada por
los hoy accionantes radicado 2015-0133-00 al proceso 2015-00048-00[18].
3.7. Copia de auto de fecha 7 de
marzo de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el que
avoca conocimiento del proceso de restitución y formalización de tierras con
radicado 2015-0133-00 proveniente del Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar[19].
3.8. Copia de auto de fecha 13 de
mayo de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el que se resuelve
dar traslado por 2 días a los intervinientes para que presenten sus alegatos o
conceptos finales[20].
3.9. Copia de auto de fecha 12 de
julio de 2015, proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el que se
resuelve decretar un periodo adicional de pruebas por el término de 5 días y
ordena practicar unas pruebas adicionales, dentro del proceso 2015-00048-00, al
que estaba acumulado el 2015-0133-00[21].
3.10. Copia de auto de fecha 11
de agosto de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el que se
resuelve declarar la nulidad de lo actuado dentro de la solicitud
2015-00133-00, decretar la ruptura procesal entre los procesos y remitir el
expediente radicado 2015-00133-00 al Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar para lo de su competencia[22].
3.11. Copia del oficio de fecha
22 de agosto de 2016, suscrito por la Secretaria de la Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, dirigido al Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Valledupar, en el que se le remite el expediente con
radicado 2015-00133-00, de acuerdo con lo ordenado por el auto de fecha 11 de
agosto de 2016[23].
3.12. Copia del recurso de
reposición presentado por la CCJ contra el auto del 11 de agosto de 2016,
proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena[24].
3.13. Copia del auto de fecha 29
de agosto de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el que se
resuelve no reponer el proveído censurado de fecha 11 de agosto de 2016[25].
3.14. Copia del auto de fecha 5
de septiembre de 2016, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, en el que resuelve “OBEDÉZCASE
y CÚMPLASE” lo resuelto en el auto del 11 de agosto de 2016, proferido por
la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, y remite la solicitud de restitución presentada
por la CCJ al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución
de Tierras de Valledupar, “toda vez que a dicho juzgado le fue repartida la
referida solicitud de restitución de tierras para su conocimiento”[26].
3.15. Copia del auto de fecha 10
de noviembre de 2016, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, en el que resuelve
admitir la solicitud presentada por los hoy accionantes, reconoce los núcleos
familiares de cada peticionario, remite los oficios de trámite, vincula
terceros interesados, corre traslado a los que considera intervinientes y niega
la solicitud de medida cautelar[27].
3.16. Copia del oficio
URT-DTCG-1211 del 14 de diciembre de 2016, suscrito por el Director Territorial
Cesar – Guajira de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas, dirigido a la Secretaria del Juzgado Tercero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, en el que se da
respuesta a una petición de remisión de cartografía social relacionada con los
solicitantes (hoy accionantes), enviando lo pedido[28].
3.17. Como anexo al anterior
oficio, se encuentra un informe técnico social de la parcelación “La
Esperanza” proferido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas Cesar – La Guajira[29].
3.18. Copia del Oficio 6008, de
fecha 23 de diciembre de 2016, suscrito por el Director Territorial Cesar del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dirigido al Juzgado Tercero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, en el que da
contestación al oficio radicado el 2 de noviembre de 2016, adjuntando
información de coordenadas del predio “La Esperanza” y planos
cartográficos[30].
3.19. Certificación de fecha 18
de marzo de 2016, expedida por la Fiscalía Cuarenta y Cuatro Especializada de
la ciudad de Valledupar, a solicitud de la señora Ivonne Jhojana Orozco
Cabrera, en la que consta que actualmente adelanta la investigación penal No.
205819, la cual está en etapa de instrucción, iniciada con ocasión de la
denuncia penal presentada por la solicitante por el presunto delito de desaparición
forzada[31].
3.20. Documento sin firma, de
fecha 14 de agosto de 20176, proveniente de la CCJ, dirigido al Procurador
Delegado para la Restitución de Tierras, en el que se solicita vigilancia
especial respecto de los procesos 2015-0048-00 y 2015-0133-00 que se tramitan
en la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena y en el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en restitución de Tierras de Valledupar[32].
3.21. Tres planos de microfocalización
de fecha 6 de febrero de 2018, referente a las solicitudes de restitución
Vereda La Esperanza[33].
3.22. Copia del oficio
OFI16-00050069 de fecha 25 de noviembre y radicado en la CCJ el 2 de marzo de
2017, suscrito por el Coordinador Grupo Solicitudes de Protección de la Unidad
Nacional de Protección, en el que le informa que respecto de la solicitud
presentada por la CCJ sobre los hechos de amenaza en contra de los hoy
accionantes, solo será posible iniciar el trámite cuando se adjunten los documentos
necesarios[34].
3.23. Oficio 108961 de fecha 28
de agosto de 2017, suscrita por el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y
de Restitución de Tierras dirigido a Nury Luz Peralta Cardozo, representante de
la CCJ, en el que se le informa el nombre de la vigilante especial del
Ministerio Público designada para los procesos 2015-0048-00 y 2015-0133-00[35].
3.24. Copia de la sentencia de
fecha 29 de marzo de 2017, proferida por la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, dentro del proceso 2015-0048-00[36].
3.25. Escrito sin fecha, suscrito
por la representante de la CCJ, dirigido a la Magistrada del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras, solicitando la modulación del fallo del 29 de marzo de 2017[37].
3.26. Copia de la Constancia
Número NE 0023 del 11 de mayo de 2015 en la que la Dirección Territorial de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
de Cesar – Guajira hace constar la identificación y núcleo familiar de los
solicitantes sobre el predio “La Esperanza”[38].
3.27. Pantallazo de correo
electrónico de fecha 20 de noviembre de 2017, remitido por el Director
Territorial Cesar-Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras, a la Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena, en el que adjunta memorial dentro del proceso
2015-0048-00[39].
3.28. Copia del memorial
anunciado (3.27), suscrito por el Director Territorial Cesar Guajira de la
Unidad de Restitución de Tierras, dirigido a la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena,
en el que se solicita reconocer la calidad de víctimas del conflicto armado
interno a Armando Luis Gámez Rodríguez, Orlando Cuesta, Manuel del Cristo
Oviedo Sequeda, José María Cuello Torres, Fidel Antonio Mieles Gámez, Jaime
Figueroa Pérez e Ivonne Orozco y sus núcleos familiares, y en consecuencia,
reconocer el derecho fundamental a la Restitución de Tierras de éstos[40].
3.29. Copia de la resolución No.
0159 de febrero de 2015 en la que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas en la que se resuelve inscribir en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a los señores Armando
Luis Gámez Rodríguez, Orlando Cuesta, Manuel del Cristo Oviedo Sequeda, José
María Cuello Torres, Fidel Antonio Mieles Gámez, Jaime Figueroa Pérez e Ivonne
Orozco junto con sus núcleos familiares en calidad de poseedores de las
parcelas denominadas “Los Placeres”, “Los Cañitos”, “El Plan”, “Los
Placeres”, “La Esperanza”, “La Cosecha” y “No Hay Como Dios”[41].
3.30. Copia del Auto de fecha 14
de noviembre de 2017, proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena dentro del
proceso 2013-0048-00 en el que se resuelve abstenerse de estudiar las
solicitudes presentadas por la abogada de la CCJ  y la solicitud de modulación
de sentencia invocada por la Defensora Pública quien representa a los señores
Yolanda Aguirre, Johan Castrillo y Francia Galvis entre otras, por atacar el
fondo de la decisión judicial constituyendo una modificación sustancial al fallo[42].
3.31. Copia del oficio No. 0132
de fecha 13 de febrero de 2018, suscrito por la Procuradora Delegada para
Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, dirigido a la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Cartagena, en la que manifiesta que se debe cumplir con la entrega material
del predio “La Esperanza” a los solicitantes y agilizar el cumplimiento
de las medidas de atención a los segundos ocupantes, ya que han pasado 10 meses
de la sentencia y las personas restituidas son sujetos de especial protección
teniendo en cuenta su avanzada edad[43].
3.32. Copia del auto de fecha 12
de marzo de 2018, proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena en el que
resuelve requerir al Director de la Unidad Administrativa Especial en Gestión
de restitución de Tierras Territorial Cesar- Guajira, para que dentro de los 3
días siguientes a la notificación del auto, remitan las caracterizaciones
socioeconómicas ordenadas realizar a los opositores, tal como se dispuso en el
numeral séptimo de la sentencia, para determinar las medidas de atención a que
haya lugar. Dispuso también, oficiar al Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, para que informara en
qué estado se encuentra el cumplimiento de lo ordenado mediante Despacho
Comisorio para la diligencia de entrega material del predio “La Esperanza”[44].
3.33. Copia de “Documento de
Caracterización de Segundos Ocupantes del Predio La Esperanza Municipio de
Agustín Codazzi 2014”, realizado por el área social de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas[45].
3.34. Copia del “Acta de
Diligencia” proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, con tipo: desalojo,
radicado: 2015-0048, fecha: 21 de marzo de 2018, Hora: 10am, Predio: La
Esperanza. Dicha acta tiene una anotación manuscrita así: “La presente
diligencia de entrega de predio restituido, se suspende y posteriormente en
reprogramación, debido a que no cumplió con los requisitos para llevarse a
cabo, tal como quedó evidenciado en los registros de audio y video”[46].
3.35. Copia de nota de prensa “La
incierta ‘esperanza’ de comunidad campesina en Codazzi| Verdad Abierta”[47].
3.36. CD con rotulo “Rad:
2015-00048 Entrega de Predio La Esperanza 21-03-2018”[48].
3.37. Oficio con radicado
DTCV1-2014001468, de fecha 10 de junio de 2014, suscrito por la Directora de
Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, dirigido a la Unidad de Restitución de Tierras,
Valledupar, Cesar, en el que se informa que los señores Orlando Cuesta, José
María Cuello Torres y Manuel del Cristo Oviedo se encuentran incluidos en el
RUV y, afirma que para la fecha de la inclusión no se expedían actos
administrativos que les certificara[49].
3.38. Oficio con radicado
DTCV1-2014003269, de fecha 14 de octubre de 2014, emitido por algún funcionario
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (hace falta
la hoja de firma), dirigido a la Unidad de Restitución de Tierras, Valledupar,
Cesar, en el que se informa que los señores (accionantes) se encuentran
incluidos en el RUV e indica sus núcleos familiares[50].
3.39. Oficio con radicado
DTCV1-2014003624, de fecha 4 de noviembre de 2014, suscrito por el Director de
Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, dirigido a la Unidad de Restitución de Tierras,
Valledupar, Cesar, en el que se informa que los señores (accionantes) se
encuentran incluidos en el RUV e indica su identificación detallada y sus
núcleos familiares[51].
4. Decisiones judiciales
objeto de revisión
4.1. La Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 11 de abril de 2018,
resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la vivienda, al
trabajo y a la restitución de tierras de los accionantes.
Lo anterior por cuanto los
accionantes acudieron al proceso especial en calidad de opositores, víctimas
inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas y el Tribunal,
después de analizar el material probatorio, afirmó que no se encontraba
acreditado que el grupo de opositores (en el que se encontraban los
accionantes) hubiesen aprovechado la condición de desplazada de la solicitante
para poseer el bien , sino que se trataba de personas que son campesinos
vulnerables que llegaron a la finca por el llamado del administrador.
Considera que las conclusiones a
las que llegó el Tribunal son producto de una motivación “que no es el
resultado de su subjetividad o arbitrariedad” por lo tanto, no puede la
Sala entrar a intervenir excepcionalmente, y menos cuando lo que “realmente
pretende la peticionaria del amparo (allí opositora), es anteponer ahora su
propio criterio al de la Corporación accionada y atacar por esta vía la
decisión que considera la desfavoreció”, lo cual resulta ajeno a la acción
de tutela pues esta no puede surgir como una instancia más dentro de los
juicios ordinarios.
4.2. La representante de los
accionantes, presentó ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia un escrito en donde insiste en el decreto de la medida cautelar
urgente frente al cual la Sala señaló que como ya se pronunció frente a la
primera solicitud de la medida e incluso, ya se profirió sentencia de primera
instancia, decidir sobre esta segunda petición es competencia del fallador de
segunda instancia. De tal manera, si no es impugnado el fallo debe remitirse a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4.3. La parte accionante presentó
escrito de impugnación el 17 de abril de 2018 en los mismos términos del
escrito tutelar. Adicionalmente comentó que la diligencia de entrega material
del predio a la solicitante fue inicialmente programada para el 21 de marzo de
2018 pero no fue posible realizarse “precisamente por la condición de
vulnerabilidad en la que se encuentran los solicitantes cuya representación
adelanta la CCJ. No obstante, dicha diligencia está solo aplazada y por tanto
su materialización está por acaecer, lo cual justifica las medidas cautelares
solicitadas en la acción de tutela citada en la referencia”.
De acuerdo con lo anterior, como
petición subsidiaria, de no accederse a la declaración de nulidad de la
decisión del Tribunal, solicitan “se suspenda la entrega del predio a favor
de la señora Alba Lilia hasta tanto no culmine el proceso de restitución de
tierras de nuestros solicitantes, proceso que se adelanta en el Juzgado Tercero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, bajo
el radicado 20001-31-21-003-2015-0133”.
4.4. La Procuradora Delegada para
Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, en escrito de fecha 16 de mayo
del presente año, manifestó que coadyuva la impugnación presentada por la parte
actora, solicitando “declarar la ocurrencia de un defecto procedimental y un
defecto fáctico en el fallo del 29 de abril de 2017 de Radicado
20001-31-21-002-2015-00048-00 (…) Lo anterior habida cuenta de la falta de
acumulación con otros procesos de restitución que versan sobre el mismo predio
restituido y la calificación de la relación jurídica con el predio de los
señores [accionantes]”.
Adicionalmente, existe el riesgo
inminente de profundización de la vulneración de derechos y la consumación de
un perjuicio irremediable si “como está programado, se lleva a cabo la
diligencia de entrega material del predio con el respectivo desalojo de las
familias que habitan allí, incluidos los potenciales beneficiarios de
restitución del mismo predio”, por lo tanto, solicita también, como medida
cautelar, se decrete la suspensión de la diligencia hasta que se corrija el
error procesal y se falle conforme a la ley.
4.5. La Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia del 30 de mayo de 2018,
resolvió confirmar la decisión de primera instancia. La Sala consideró que no
se cumplió el requisito de inmediatez en tanto la acción de tutela se interpuso
el 20 de marzo de 2018 y la sentencia acusada se profirió el 29 de marzo de
2017, casi transcurrió un año entre las dos actuaciones desconociendo dicho
principio.
5. Actuaciones en sede de
revisión
5.1. Por auto del 28 de agosto de
2018, la magistrada ponente, para mejor proveer, consideró necesario ordenar al
Juzgado Tercero Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Valledupar, Cesar, que en el término de dos (2) días contados a partir de la
notificación del auto (i) informara cuál es el estado actual del proceso de
restitución de tierras iniciado por los aquí accionantes, con radicado No.
20001-31-21-003-2015-0133 y (ii) remitiera un informe detallado de las
actuaciones proferidas y llevadas a cabo desde su recepción hasta la fecha de
esta providencia, dentro del proceso referenciado.
5.1.1. Como respuesta al auto
anterior, el 4 de septiembre del año en curso, se allegó a la Secretaría
General de la Corte Constitucional por correo electrónico, un oficio suscrito
por Jorge Alberto Meza Daza, Juez Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Valledupar, en el que rinde informe sobre el estado
actual de la solicitud de restitución con radicado 2015-00133[52],
en los siguientes términos:
-
Instrucción del radicado 2015-00133:
La CCJ actuando en representación de los hoy accionantes,
presentó solicitud de restitución del predio de mayor extensión denominado “La
Esperanza”. Al efectuar el estudio del expediente, se advirtió una petición
de acumulación procesal elevada por la apoderada de los accionantes, en la que
informaba que en el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de
Valledupar también cursaba una acción sobre el mismo predio, radicada con el número
2015-00048. Así las cosas, se profirió auto, previo a la admisión, pidiendo al
Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras, la acumulación
procesal en los términos de la Ley 1448 de 2011, la cual fue aceptada y
comunicada por aquel despacho a través del oficio No. 003 del 12 de enero de
2016. El 14 de enero de 2016, se ordenó remitir el expediente 2015-00133 al
Juzgado Segundo referido para que fuera acumulado al 2015-00048, por tanto, a
partir de esa fecha la petición de los hoy accionantes dejó de ser competencia
del Juzgado Tercero.
-
Nulidad y ruptura de la unidad procesal:
El 11 de agosto de 2016, la Sala Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, decretó la nulidad de la actuación surtida por el Juzgado Segundo
Especializado en Restitución de Tierras, al advertir la falta de instrucción de
la solicitud 2015-00133, pues solo se había surtido el trámite correspondiente
al radicado 2015-00048. De tal manera, al no mediar actuación alguna frente al
expediente 2015-00133, el Tribunal estimó la necesidad de decretar la ruptura
de la unidad procesal, conservando la competencia del radicado 2015-00048 y
ordenando la devolución del expediente 2015-00133 al Juzgado Segundo para lo de
su competencia.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras, en providencia del 5 de septiembre de 2016 consideró
que al haberse decretado la nulidad, también se dejó sin efectos la orden de
acumulación por ellos emitida, de tal forma que ordenaron la remisión del
expediente al Juzgado Tercero para lo pertinente, el cual fue entregado el 12
de septiembre “del presente año”.
-
Nueva Instrucción del radicado 2015-00133:
El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras, admitió la solicitud de los hoy accionantes radicada
bajo el número 2015-00133. Se surtió el emplazamiento de terceros interesados
que explotan el predio, ya que no se logró su comparecencia personal y
actualmente está para abrir a pruebas.
-
Diligencia de entrega del predio “La Esperanza”:
La diligencia de entrega del predio no la realiza el
Juzgado Tercero ya que ésta fue ordenada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, al
interior del proceso 2015-00048, “y a la fecha este despacho ignora cuál ha
sido el trámite impartido en la etapa de post fallo”.
5.1.2. De igual manera, el 4 de
septiembre de 2018[53], a través de correo
electrónico enviado a la Secretaría General de la Corte, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos dio contestación a la acción de tutela solicitando se desvincule
a la entidad del proceso “al no tener ninguna clase de relación directa ni
indirecta, jurídica ni material con las situaciones expuestas por el accionante,
carece de legitimidad en la causa por pasiva”, y “no hay amenaza o
lesión por parte de la ANH a derechos fundamentales”.
5.1.3. El mismo 4 de septiembre
de 2018, la doctora Martha Patricia Campo Valero, Magistrada de la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, remitió respuesta a la acción de tutela por correo
electrónico dirigido a la Secretaría General de la Corte. En su escrito
manifestó que:
Si bien a ese despacho fueron allegadas
dos solicitudes de restitución de tierras acumuladas con radicados 2015-00048 y
2015-00133, “esta Sala debió decretar la nulidad de lo actuado en el proceso
20001-31-21-003-2015-0133 al evidenciar que tal solicitud de restitución nunca
fue admitida por el Juzgado de Origen por lo que en ella no se habían surtido
las etapas establecidas en la Ley 1448 de 2011”. Se indicó también que
aunque se trata de una controversia jurídica que en principio debía resolverse
mediante un solo trámite procesal, en esa solicitud se debieron dar todas las
etapas del trámite judicial “que garantizara el debido proceso y el derecho
de la defensa de las partes, entre los cuales se encuentran estipulados la
admisión de la solicitud y su traslado, impidiéndose de esta manera que los
titulares del bien o cualquier persona con interés pudiera manifestar su
oposición a la misma”.
En el mismo auto, “se ordenó
la ruptura procesal del proceso nulitado el cual fue devuelto al juzgado de
origen” para que surtiera el trámite correspondiente, quedándose la Sala
con el expediente 2015-00048 de la solicitud presentada por la señora Alba
Lilia Flórez a través de la UAEGRTD, al considerar que en ese caso “se
trataba de una señora que pertenece a la tercera edad y al estado de salud de
su compañero permanente que fue certificado, quienes también son sujetos de
especial protección y víctimas de la violencia, siendo necesario aplicarle el
enfoque diferencial como se indicó; lo cual no invalida el derecho de los aquí
tutelantes de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de la Ley 148 de 2011”.
Aunado a lo anterior, resalta que
la CCJ en representación de los hoy accionantes, repuso el auto en el que se
decretó la ruptura procesal, recurso resuelto en providencia del 29 de agosto
de 2017 en el cual se explicó que en el expediente 2015-00048 se ordenó
vincular a los hoy tutelantes, a quienes se les notificó del proceso e
intervinieron en él en calidad de opositores, se les dio la oportunidad de
contestar la demanda, aportar y pedir pruebas, argumentando la ruptura procesal
en la necesidad de tomar la decisión respecto de la solicitud de la señora Alba
Flórez “máxime cuando tanto esta última como el Ministerio Público solicitó
se agilizara su proceso en atención al enfoque diferencial por su avanzada edad
y el estado de salud de [su] compañero permanente, dejando claro que
dicha decisión no invalidaría el derecho de los tutelantes, por lo que no se
repuso la decisión, de igual forma los tutelantes presentaron solicitud de
modulación del fallo que fue resuelta en auto de fecha 14 de noviembre de 2017
a la cual no se accedió, razones por las cuales se puede concluir que a los
tutelantes se les brindaron los recursos y los mecanismos de Ley, los cuales
agotaron y fueron debidamente resueltos por esta Sala”.
Señala que con la sentencia
proferida al interior del proceso 2015-00048 no se vulneraron derechos de los
peticionarios ni se prejuzgó su situación ya que a ellos se les debe estudiar
su condición de solicitantes y calidad de víctimas en dicha condición al
interior del proceso 2015-00133, “aclarando que cuando el fallo verse sobre
el mismo predio, la Ley 1448 de 2011, en su artículo 97 establece en su literal
b que cuando un proceso recaiga sobre un inmueble sobre el cual se presentaron
despojos sucesivos, y este ya hubiese sido restituido a otra víctima despojada
de ese mismo bien, como acece en el presente caso, se les podrá otorgar un bien
inmueble de similares características al despojado”.
Advierte el Tribunal que los
tutelantes fueron reconocidos como segundos ocupantes los cuales se encuentran
en proceso de caracterización por parte de la Unidad de Restitución de Tierras,
para determinar las medidas de atención que les corresponden en cada caso
concreto, de acuerdo con el Acuerdo 033 de 2016 “los cuales van desde
proyectos productivos, inclusión de subsidios e incluso el otorgamiento de
otros predios”.
Finalmente, resalta que en auto
del 26 de junio de 2018 se ordenó al Juzgado Segundo suspender la diligencia de
desalojo y restitución del predio, “hasta tanto se resuelvan por parte de
esta Sala unas nuevas solicitudes de modulación presentadas por las UAEGRTD
–Territorial Cesar Guajira y la CCJ en representación de los señores Armando
Luis Gámez y otros quienes fungen como opositores”. Aunado a esto, contra
la sentencia acusada procede el recurso de revisión.
5.1.4. En oficio 20181130192851
recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional[54],
el Coordinador Grupo de Atención de Procesos Judiciales del Ministerio de
Agricultura, acusó recibido del oficio OPTB-2287.
5.1.5. En oficio 6.008 recibido el
17 de septiembre de 2018 en la Secretaría General de la Corte Constitucional,
el Director Territorial Cesar del Instituto Geográfico Agustín Codazzi dio
respuesta a la acción de tutela de la referencia indicando que de acuerdo con
las funciones y competencias del Instituto, no tiene injerencia sobre los
hechos presentados, de tal manera que no existe vulneración alguna de derechos
fundamentales ni a los principios de la función pública.
5.2. Por auto de fecha 4 de
septiembre de 2018 la Sala, teniendo en cuenta la gravedad del asunto y la
inminencia del perjuicio que puede sobrevenir sobre las 27 familias compuestas
por personas sujetos de especial protección constitucional que residen en el
predio “La Esperanza” con el cumplimiento de la orden de desalojo,
adoptó una medida provisional de protección de derechos consistente en la
suspensión de la diligencia hasta la fecha en que le fuera notificada la
sentencia de la referencia. Dicha orden se le impartió al Juzgado Tercero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, Cesar.
5.3. El 5 de septiembre de 2018
la Secretaría General de la Corte remitió al Despacho comunicación informando
que se allegó Oficio 4321 de la misma fecha, suscrito por la Secretaría del
Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en restitución de Tierras de
Valledupar. En dicha comunicación se indicó que el expediente que contiene la
solicitud de restitución con radicado 2015-00048-00 pertenece al Juzgado
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Valledupar.
5.4. De acuerdo con lo anterior,
por auto del 11 de septiembre de 2018, se resolvió nuevamente, ordenar la
medida provisional de suspensión de la orden de desalojo del predio “La
Esperanza”:
“PRIMERO.- DECRETAR
COMO MEDIDA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS que el Juzgado Segundo
Civil de Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, Cesar,
suspenda, si no se ha llevado a cabo todavía, la diligencia de desalojo del
predio “La Esperanza”, municipio de Codazzi, Departamento del Cesar,
dentro del proceso con Radicado No. 20001-31-21-003-2015-00048 hasta la fecha
en que le sea notificada la sentencia que decida el asunto de la referencia.
SEGUNDO.-
Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional NOTIFICAR
de manera inmediata la presente providencia al Juzgado Segundo Civil de
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, Cesar en la
Calle 16B No. 9-83 piso 2 Edificio Leslie de Valledupar, Cesar.
TERCERO.-
Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR
Y ALLEGAR copia de la presente providencia a la Comisión Colombiana de
Juristas, como apoderada de la parte accionante, al correo electrónico
coljuristas@coljuristas.org y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, como accionado,
en la Avenida Daniel Lemaitre N. 9-45 Local 5-6, Edificio Banco del Estado,
Barrio Centro, Cartagena, Bolívar”.
5.6. El 12 de septiembre, el
Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras de la
Procuraduría General de la Nación, radicó un escrito en el que presentó
concepto dentro de la acción de tutela de la referencia.
En dicho escrito “solicita
respetuosamente declarar la ocurrencia de un defecto procedimental y un defecto
fáctico en el fallo del 29 de abril de 2017 de Radicado
20001-31-21-002-2015-00048-00, proferido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena (…). Lo anterior habida cuenta de la falta de acumulación
con otros procesos de restitución que versan sobre el mismo predio restituido y
la calificación de la relación jurídica con el predio de los [accionantes]”.
Según el interviniente, el Tribunal,
de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1448 de 2011, tenía la obligación de
acumular los procesos por tres razones: (i) se trata de un caso de múltiples
abandonos en el que se debía dar aplicación al artículo 76, (ii) al existir
diferentes reclamaciones sobre el mismo predio, se encontraba en tensión el
derecho a la restitución de diferentes personas, lo cual exige la aplicación
del inciso 1 del artículo 95 y (iii) en el caso concreto, es evidente la
necesidad de obtener una decisión con criterios de integralidad que brinde
seguridad y estabilidad del fallo.
El Tribunal argumentó una regla
de acumulación inexistente como lo es haberse tenido que proferir auto de
admisión dentro de la solicitud 2015-00133, e incluso contraria a lo
establecido en la Ley 1448 de 2011. Es más, si le parecía que era muy diferente
la etapa procesal de cada uno de los expedientes, por lo menos debió suspender
el proceso de la señora Alba Lilia para proceder a acumular y poder emitir un
fallo integral con la decisión más razonable y eficiente para cada uno. Y ante
el criterio de enfoque diferencial en razón de la edad y enfermedad de los
solicitantes en el radicado 2015-00048, pues la magistrada se olvidó de
evidenciar que frente a los petentes dentro de la otra solicitud también había
personas de edad avanzada, enfermos, y además, con dependencia económica
directa del predio a restituir.
Por otra parte, para el Delegado
de la Procuraduría, el defecto fáctico se configura al no existir pruebas
suficientes para afirmar, dentro de la sentencia acusada, que los accionantes
son meros tenedores y no poseedores.
Ahora bien, el 15 de mayo de
2018, los señores Alba Lilia Flórez Mejía y su compañero Jorge Eduardo Girón
Barrios comparecieron ante el Fondo de la UAEGRTD para manifestar su deseo de
que se modulara la orden de restitución material del predio para que en su
lugar se ordene la compensación preferiblemente económica. “Lo anterior
teniendo en cuenta las condiciones de los restituidos, personas de la tercera
edad con serias dificultades para administrar el inmueble restituido y con
domicilio actual en la ciudad de Bogotá”.
Con fundamento en lo anterior, el
6 de junio de 2018, la UAEGRTD – Cesar, como apoderada de la señora Alba Flórez
presentó la solicitud de modulación ante el Tribunal para que se ordene la
compensación en su favor. El 12 de julio de 2018, la Procuradora 22 Judicial II
de Restitución de Tierras presentó ante el Tribunal también, escrito de
coadyuvancia frente a la solicitud de modulación, ampliado mediante escrito del
29 de agosto del mismo año.
Así que, teniendo en cuenta las
circunstancias de edad, salud y arraigo de los restituidos y la caracterización
de las familias que se encuentran ocupando el predio (alto grado de
vulnerabilidad, de extracción campesina, grado de pobreza multidimensional
media o alta, dependencia del inmueble para cubrir sus necesidades mínimas de
subsistencia, algunos inscritos como víctimas de despojo), solicita a la Corte
Constitucional ordenar al Tribunal emitir, en el menor tiempo posible, una
nueva sentencia dentro del proceso referido acorde con la constitución y los
precedentes jurisprudenciales.
5.7. El 17 de septiembre, la
Magistrada sustanciadora, ordenó vincular al trámite de tutela a los señores
Alba Lilia Flórez Mejía y Jorge Eduardo Girón Barrios, para que se pronunciaran
sobre los hechos, pretensiones y decisiones de instancia al interior de la
acción constitucional de la referencia.
5.7.1. El 21 de septiembre, la
Secretaría General de la Corte Constitucional allegó al despacho un documento
suscrito por la señora Alba Lilia Flórez Mejía en el que manifiesta lo
siguiente:
Después de 23 años de haber
perdido la finca “La Esperanza” se presenta un nuevo acontecimiento como
lo es la tutela de un grupo de ocupantes que ha llegado a la Corte
Constitucional, una nueva etapa de un “viacrucis” que le ha
correspondido desde cuando su finca fue usurpada por guerrilleros.
Señala que ha elevado quejas ante
todos los estamentos pero nunca fueron atendidas hasta que fue aprobada la ley
de tierras y pudieron acceder a la Unidad de Restitución que desde hace 8 años
les está ayudando para la devolución de su finca, proceso que culminó con la
sentencia que indicó que el predio es suyo y que fue víctima de invasores que “ocuparon
arbitrariamente mis terrenos”.
En dicha sentencia se les otorgó
a los actuales habitantes de la finca la calidad de segundos ocupantes y el
Tribunal, en un acto de justicia, ordenó amparar a dichas familias con la
posesión de otras tierras similares para que no quedaran desamparadas.
Teniendo en cuenta que se trata
de 23 familias con niños y ancianos que merecen una protección especial, se
hizo un acuerdo firmado por ella y la Unidad solicitando al Tribunal accionado
la modulación de la sentencia “en el sentido de legalizar la hacienda La
Esperanza a los Segundos Ocupantes y, a los propietarios legítimos, pagarles el
valor de la finca en dinero en efectivo, previa realización de un avalúo por
parte del Instituto Agustín Codazzi”.
Frente a la anterior solicitud,
ha estado pendiente pero justo cuando está para resolverse la petición, se
entera de la tutela interpuesta para que a ellos se les entregue la finca “desconociendo
el hecho cierto de ser yo la propietaria que no puede quedar por fuera de
cualquier acuerdo a que se llegue”.
Finalmente indica que ella y su
esposo son personas de avanzada edad (70 y 88 años respectivamente) lo cual
debe tenerse en cuenta para que se tomen determinaciones equitativas en el
presente proceso.
5.7.2. El 3 de octubre de 2018,
el Director Territorial Cesar – Guajira de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRT, allegó un documento en
el que contesta la acción de tutela de la referencia.
En su escrito manifiesta que la
señora Alba Lilia Flórez es beneficiaria de la restitución jurídica y material
del predio por lo que no encuentra la Unidad “motivo por el que solicitar la
nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la tutela para lograr
concurrir al trámite de instancia en defensa de sus intereses”, por parte
de los accionantes. Sin embargo, reitera que se suscribió un acta conjunta
firmada por la beneficiaria de la sentencia, el suscrito Director, y otros, en
donde es clara la manifestación de la reclamante en insistir sobre su deseo de
no recibir el predio sino de ser compensada.
De tal manera, se oponen a la
solicitud de amparo presentada, “habida cuenta que el pronunciamiento del
Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena es indispensable
para materializar la protección del derecho fundamental reconocido en la
sentencia, dado que nuestro propósito tiene efectos de modular el fallo mas no
de nulitarlo”.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y procedencia
1.1. La Sala Séptima de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades
conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es
competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta
referencia.
1.2. Ahora bien, entra la Sala a
evaluar si la solicitud constitucional analizada cumple con los requisitos
generales de procedencia contra decisiones judiciales[55],
para después, si se concluye que es posible analizar el caso de fondo, se
determinará el problema jurídico a resolver.
1.2.1. El caso bajo estudio,
tiene una evidente relevancia constitucional, pues están de por medio derechos
fundamentales, como el debido proceso, la vivienda y el trabajo, de personas en
situación de vulnerabilidad, sujetos de especial protección constitucional, dado
que se trata de personas desplazadas por la violencia y sus núcleos familiares.
1.2.2. Los accionantes, siendo sujetos de especial
protección, fueron reconocidos como opositores dentro del proceso de
restitución de tierras No. 2015-00048 que culminó con la sentencia de fecha 29
de marzo de 2017, hoy atacada. Frente a dicha sentencia, los actores
presentaron solicitud de modulación del fallo, la cual fue resuelta en auto del
14 de noviembre de 2017, a la cual no se accedió. Contra este fallo procede recurso
extraordinario de revisión, siempre y cuando se configure alguna de las
causales expresamente señaladas en los artículos 354 y siguientes del Código
general del Proceso pero el presente caso no se encuentra inmerso en ninguna de
las causales taxativas de la normativa señalada[56]. De esta manera, los
peticionarios culminaron la vía ordinaria posible que tenían a su alcance para
atacar la providencia que, consideran, vulneró sus derechos fundamentales.
Aunado a lo anterior, es necesaria una pronta intervención
del juez constitucional teniendo en cuenta que se trata de 24 familias en
condición de desplazamiento en las que se encuentran, personas de la tercera
edad, enfermas y menores de edad, por lo que es urgente la verificación de una
posible vulneración de garantías mínimas constitucionales y, el consecuente
restablecimiento de tales, dado el caso.
1.2.3. En cuanto al requisito de inmediatez[57],
se tiene que en el presente caso la sentencia proferida por el Tribunal
acusado, data del 29 de marzo de 2017, posteriormente, el auto que resuelve la
solicitud de modulación del fallo es del 14 de noviembre de 2017, por lo que,
el tiempo transcurrido entre la fecha de la última providencia y la
interposición de la acción de tutela (20 de marzo de 2018) fue de poco más de
cuatro meses. De lo anterior se puede concluir que la acción de tutela se
interpuso en un tiempo prudencial.
1.2.4. Se alegan presuntas irregularidades que, de
comprobarse, tienen un efecto decisivo en la sentencia y en todo el proceso de
restitución de tierras. Los peticionarios afirman que el Tribunal no tuvo en
cuenta el mandato legal de acumular los procesos de restitución que versen
sobre el mismo inmueble, les otorgó una calidad que, afirman, no es la
apropiada y sin prueba alguna, y en el fallo se incurrió en una contradicción
entre la parte motiva y la resolutiva. Tanto así, que los accionantes sugieren
determinar la nulidad de lo actuado en tanto son irregularidades que vulneran
sus derechos fundamentales, en especial, su debido proceso.
1.2.5. Se identificaron los derechos vulnerados, estos son,
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, vivienda,
trabajo y restitución de tierras.
1.2.6. En el caso bajo estudio no se pretende discutir una
sentencia de tutela, sino una decisión judicial al interior de un proceso de
restitución de tierras.
1.3. Teniendo en cuenta que se cumplen los presupuestos
procesales generales para estudiar la acción de tutela de fondo, se planteará
el problema jurídico a resolver.
2. Problema jurídico
En
consideración a los antecedentes planteados, corresponde a la Sala de
Revisión responder el siguiente problema jurídico:
¿La Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena violó los derechos al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la igualdad, a la vivienda y al trabajo de
los accionantes, al proferir la sentencia del 29 de marzo de 2017 en la que (i)
se falló únicamente el proceso 2015-00048 y no de manera conjunta con el
proceso 2015-00133, incurriendo en defecto procedimental absoluto al
desconocer la norma que obliga a la acumulación de solicitudes de restitución
de tierras; (ii) les endilgó la calidad de segundos ocupantes a los accionantes
sin ningún sustento probatorio incurriendo en defecto fáctico; y (iii)
existió una contradicción entre los fundamentos y la decisión incurriendo en defecto
sustantivo por cuanto en las consideraciones se les reconoce como víctimas
de abandono pero en la parte resolutiva se les da trato de segundos ocupantes?
Para resolver la
cuestión planteada, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas reiterará su
jurisprudencia sobre primero, las causales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, segundo, el defecto
procedimental absoluto, tercero, el defecto fáctico, cuarto, el
defecto sustantivo, quinto, la restitución de tierras como elemento
esencial de la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia
(reiteración de jurisprudencia), sexto, la Ley 1448 de 2011, séptimo,
los segundos ocupantes, para luego entrar a resolver el caso concreto.
3. Causales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
La Corte Constitucional, desde el
2005, recopiló la evolución jurisprudencial en sede de tutela en el tema de la
posibilidad de interponer acción de tutela contra una providencia judicial. Por
esto, la Sala Plena profirió la sentencia C-590 de 2005[58]
en donde se señaló que además de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, como mecanismo subsidiario en busca de la protección de
garantías fundamentales, se requería la presencia de alguna de las causales de
procedibilidad especiales o materiales del amparo tutelar contra las decisiones
judiciales, las cuales son:
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c. Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación
directa de la Constitución”.[59]
De tal manera que, aunque en cada
caso concreto se confirme la procedencia general de la acción de tutela, para
conceder la protección es necesario que se pueda verificar la presencia de
alguno de los defectos mencionados, teniendo en cuenta que de lo que se trata
es de controvertir una decisión judicial.
4. El defecto procedimental
absoluto como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial
4.1. En la Constitución Política,
artículos 29 y 228, se encuentran los fundamentos del defecto procedimental ya
que en estos se consagran los derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal.
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha concluido que dicho defecto se concretiza en dos escenarios: i) el absoluto, que se presenta cuando el operador judicial
desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido, y ii) el exceso
ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el goce efectivo de los derechos
de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales.
4.2. El defecto procedimental
absoluto se presenta cuando el operador judicial  “(i) sigue un trámite totalmente
ajeno al asunto sometido a su competencia[60];
(ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando
el derecho de defensa y contradicción de una de las partes[61] o (iii)
pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al
no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su
contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de
fondo y la violación a los derechos fundamentales”[62].
4.3. De igual manera, esta
Corporación ha señalado que para acreditar la configuración de este defecto se
deben verificar ciertas condiciones así: “i) [Q]ue no
haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto
procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya
sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido
imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que
como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales”[63].
4.4. El defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto se presenta cuando “la aplicación del derecho
procesal por parte del juez se convierte en un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y en ese orden, en una denegación de justicia.[64]
Así, la exigencia irreflexiva del cumplimiento de los requisitos formales[65]
o el rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas[66]
constituyen una violación al debido proceso y a la administración de
justicia”[67].
4.5. Por tanto, la Corte
Constitucional ha indicado que cuando el derecho procesal se constituye en un
obstáculo para la materialización de un derecho sustancial “mal haría este
en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual
es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su
vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva
realización del derecho material”[68]. Si ese fuera
el caso, el juez incurriría en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto,
pues sería una decisión en la que habría una renuncia consiente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales, convirtiéndose así en una aplicación de la justicia
material.[69]”[70].
4.6. En ese sentido, tanto la
justicia material como el derecho sustancial son indispensables en el proceso
valorativo que hace el juez en cada caso ya que “no existen requisitos
sacramentales inamovibles en materia probatoria o procesal, pues el juez debe
valorar cuál es el mecanismo más efectivo para proteger los derechos
fundamentales de las partes, de acuerdo con las particularidades de cada caso
concreto[71]”[72]
sin olvidar que el derecho procesal es solo un medio para la realización
efectiva de los derechos fundamentales[73].
5. El defecto fáctico como
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
5.1. La Corte Constitucional ha
sostenido que el defecto fáctico se presenta cuando “resulta evidente que el
apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado (...)”[74], o cuando “se hace
manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su
providencia[75]. Así, ha indicado
que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad
que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia
(…)”[76].
5.2. Teniendo en cuenta lo
anterior, la Corte ha concluido que en el defecto fáctico se presentan dos
dimensiones[77]:
“la primera
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional
y caprichosa[78] u omite su valoración[79]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente[80]. Esta dimensión
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[81].
La segunda se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la
Constitución”[82].
5.3. De tal manera, que el
señalado vicio se puede manifestar así:
“(i) Omisión
por parte del juez en el decreto y práctica de pruebas[83].
La Corte ha considerado que se configura, cuando el funcionario judicial omite
el decreto y la práctica de pruebas, generando en consecuencia la indebida
conducción al proceso “de ciertos hechos que resultan indispensables para la
solución del asunto jurídico debatido”[84].
(ii) No
valoración del material probatorio allegado al proceso judicial[85].
Esta hipótesis tiene lugar, cuando la autoridad judicial a pesar de que en el
respectivo proceso existen elementos probatorios, “omite considerarlos, no
los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar
la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente”[86].
(iii)
Valoración defectuosa del acervo probatorio[87]. Esta situación tiene
lugar, cuando el operador jurídico decide separarse por completo de los hechos
debidamente probados, y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico puesto a su
consideración, o cuando aprecia una prueba allegada al proceso que se encuentra
viciada”[88].
6. El defecto sustantivo como
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
6.1. La Corte Constitucional, en
su jurisprudencia, ha señalado que el defecto sustantivo (o material) se
presenta cuando “la decisión que toma el juez desborda el marco de acción
que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto”[89].
De igual forma, se concluyó que este defecto se ha erigido como tal, como
consecuencia de que la competencia asignada a los jueces para interpretar y
aplicar las normas jurídicas no es completamente absoluta, aunque se funde en
el principio de autonomía e independencia judicial. En cuanto esto se indicó:
“[p]or tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho”[90].
6.2. Esta corporación también ha
identificado ciertas situaciones en las que se puede incurrir en dicho defecto:
“(i) Norma no hace parte del sistema jurídico. El juez
aplica normas que han sido declaradas inexequible, que son inexistentes o que
han sido derogadas por los medios legalmente previstos[91].
(ii) Norma debe interpretarse sistemáticamente con otras
normas. El juez aplica una norma que requiere de interpretación sistemática
con otras normas, lo que implica que no tiene en cuenta otras normas aplicables
al caso[92].
(iii) Norma no es aplicable al caso. El juez aplica
una norma que, pese a ser constitucional, no es aplicable al caso concreto[93].
(iv) Incongruencia de la providencia. El juez
incurre en una incongruencia en la providencia entre la parte motiva y la
resolutiva[94].
(v) Norma es inconstitucional pero no ha sido declarada.
El juez aplica normas abiertamente inconstitucionales y no aplica la
excepción de inconstitucionalidad, debiendo hacerlo[95].
(vi) El sentido de la norma interpretado en una
sentencia con efectos erga omnes no es acogido. El juez desconoce una
sentencia con efectos erga omnes contrariando la ratio decidendi
de sentencias de control de constitucionalidad, o la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior[96].
(vii) Norma supone
desconocer una sentencia de exequibilidad condicionada. El juez desconoce la parte resolutiva de una sentencia
de exequibilidad condicionada[97].
(viii) Norma no es
interpretada con enfoque constitucional. Cuando el juez no
interpreta la norma que apoya su decisión con un enfoque constitucional
orientado a la protección de los derechos fundamentales y teniendo en cuenta
las particularidades del caso[98]”[99].
6.3.
En conclusión, todas las expresiones del defecto sustantivo buscan
materializar el artículo 230 de la Constitución Política, según el cual los
jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley, es decir “al
ordenamiento jurídico como conjunto integrado y armónico de normas,
estructurado para la realización de los valores y objetivos consagrados en la
Constitución”[100].
7. La
restitución de tierras como elemento esencial de la reparación de las víctimas del
conflicto armado en Colombia[101]
La Constitución
Política de 1991 establece una serie de valores y principios que ofrecen
garantía contra violaciones a los derechos humanos y afectaciones graves al
derecho internacional humanitario. En este marco, del cual hacen parte los
tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, se
consagran a favor de las víctimas del conflicto armado los derechos a la
verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, con
el fin de restablecer su situación al estado anterior de la afectación y
permitirles retornar a una vida en condiciones de dignidad[102].
Así, para efectos de superar el daño acaecido como consecuencia de los actos de
violencia, la protección del derecho a la restitución de tierras emerge como
componente esencial para lograr una reparación integral[103].
De esta manera, en Colombia, los procesos de justicia transicional adelantados
con grupos armados organizados dieron como resultado la creación de dos
regímenes jurídicos dirigidos a evacuar las reclamaciones que en el marco del
conflicto hicieran las víctimas, los cuales se concentran esencialmente en las
leyes 975 de 2004, 1448 de 2011 y 1592 de 2012[104].
7.1. El margen
descrito tiene su fundamento en el principio de respeto a la dignidad humana
consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política, el cual impone al
Estado la obligación de “proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”
(artículo 2º), así como “[v]elar por la protección de las víctimas” que
se encuentran inmersas en una reclamación de tipo penal (artículo 250, num. 7).
Por esto, a partir de la interpretación armónica del texto superior con los
tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad (artículo 93), hoy
día en Colombia se reconocen los derechos a la verdad, a la justicia, a la
reparación y a las garantías de no repetición de las personas afectadas por el
conflicto armado interno. La afectación u obstrucción en el acceso a alguno de
estos derechos genera consecuencias semejantes sobre los demás y, en ese mismo
sentido, impide que se materialice el restablecimiento integral de derechos que
guardan una conexión intrínseca con ellos, como la vida en condiciones de
dignidad.
7.2. La Sala Plena de la Corte ha presentado las
reglas jurisprudenciales sobre protección a las víctimas del conflicto armado
en Colombia, identificando los márgenes que enmarcan el deber que tiene el
Estado de procurar la efectividad de los derechos de verdad, justicia y
reparación de las personas afectadas con los actos violentos[105].
7.3. Teniendo en
cuenta los parámetros constitucionales, es claro que dentro de la órbita del
derecho a la reparación, la restitución de tierras es una piedra angular sobre
la cual se asegura la protección de muchas de las garantías básicas para
personas que fueron despojadas de sus tierras o que tuvieron que salir de ellas
por causa de la violencia[106]. Se debe garantizar, en
la mayor medida posible, que las personas que han sido víctimas de tales actos,
puedan retornar a sus tierras en unas condiciones similares a las que tenían
antes de la ocurrencia de los delitos[107]. Por esta razón, la
jurisprudencia constitucional ha calificado el derecho a la restitución como “componente
esencial del derecho a la reparación”; un ‘derecho fundamental’ de
aplicación inmediata. Desde el año 2012, al analizar la Ley 1448 de 2011[108],
expresamente la Corte dijo al respecto lo siguiente:
“En
relación con el marco jurídico nacional, la restitución se ha reconocido
igualmente como el componente preferente y principal del derecho fundamental a
la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Por tanto, el
derecho a la restitución como componente esencial del derecho a la reparación y
su conexión con los restantes derechos de las víctimas a la justicia, a la
verdad y a las garantías de no repetición (arts. 2, 29, 93, 229. 250 numeral. 6
y 7) son derechos fundamentales y por tanto de aplicación inmediata. De esta
forma, tanto la Constitución Política como la jurisprudencia de la Corte
Constitucional son consonantes en cuanto a que es deber del Estado proteger los
derechos de las víctimas de abandono, despojo o usurpación de bienes a la
restitución”[109].
7.4. La jurisprudencia
constitucional desde el año 2004, con ocasión de la decisión estructural sobre
los derechos de las personas en situación de desplazamiento, ha sido enfática
en sostener que las víctimas del conflicto armado interno tienen “todos los derechos que la Constitución y
las leyes le reconocen por esa condición para asegurar que se haga justicia, se
revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una
reparación”[110]. En
este sentido, el examen de la Corte en materia de protección a las
víctimas del conflicto armado en Colombia, ha permitido desplegar una
interpretación en favor del ser humano (pro homine) en acciones de
tutela donde se ha negado u obstruido el acceso de estas personas a sus
derechos constitucionales. Así, los reclamantes de tierras perdidas durante el conflicto
armado, de acuerdo con la jurisprudencia, son sujetos de especial protección.
7.5. En síntesis,
los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son
derechos fundamentales de aplicación inmediata para personas que han sufrido
los daños de la violencia generada por el conflicto armado. Tanto la
Constitución Política, como el marco internacional de protección a los derechos
humanos y la jurisprudencia constitucional han reconocido el deber que tiene el
Estado de brindar mecanismos para restablecer los derechos en condiciones de
dignidad. Concretamente, el derecho a la restitución de tierras es una piedra
angular del derecho a la reparación que tiene toda víctima, el cual se ha
protegido, al menos, en las dimensiones mencionadas.
8. La Ley 1448
de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
8.1. La Ley 1448
de 2011 constituye un gran avance en materia de reparación a las víctimas del
conflicto armado en Colombia. Esta tiene como objeto señalar medidas de índole
judicial, administrativa, social y económica, individual y colectiva, para
beneficiar a aquellas personas que sufrieron daños por hechos que tuvieron
lugar desde el 1º de enero de 1985, con ocasión del conflicto armado en el país[111],
en últimas, son mecanismos brindados en el marco de una justicia transicional
para “hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación con garantía de no repetición”.
8.2. La Corte
Constitucional ha señalado que, teniendo en cuenta el contexto de conflicto
armado en que se presenta el despojo y desplazamiento de tierras “(…) la Ley
de víctimas y restitución de tierras hace parte de un conjunto de medidas de
transición, caracterizadas por su carácter temporal y un objetivo específico;
superar las consecuencias de la guerra, en un marco normativo respetuoso de los
derechos de las víctimas, y consciente de la necesidad de medidas excepcionales
para alcanzar los fines propuestos y principalmente, para asegurar a los
colombianos una paz estable”[112].
Además del propósito
claro demarcado por la normativa señalada, esta indica también que su “fundamento
axiológico” lo encuentra en la dignidad humana, elemento estructural del
estado social y democrático de derecho. De tal forma que no solo busca
materializar el goce efectivo de derechos de las víctimas sino que a su vez
pretende dignificarlas[113].
8.3. El artículo
25 de la Ley 1448 de 2011, por su parte, consagra el derecho que tienen las
víctimas de ser reparadas por el daño sufrido, reparación que comprende medidas
de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición. Lo anterior se reafirma en el artículo 28, numeral 9º que consagra
el derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojada de ella.
8.4.
Posteriormente, y específicamente de los artículo 72 al 122, la ley presenta
las disposiciones que desarrollan la restitución como “el conjunto de
medidas para el restablecimiento de la situación jurídica y material de las
tierras de las personas que han sido víctimas de despojo y desplazamiento
forzado”[114].
En ese sentido,
esta Corporación ha concluido que la acción de restitución va más allá de la
simple protección del derecho a la propiedad, en sí mismo considerado, es decir
que “(…) la acción de restitución, además del restablecimiento de
condiciones materiales para la existencia digna de la persona, incide en una
amplia gama de intereses, que tienen que ver con la comprensión individual del
sentido de la existencia y con el concepto de sociedad construido
colectivamente. Así las cosas, los jueces no se ocupan únicamente de asuntos de
tierras; dentro de una visión de interdependencia e integralidad de los
derechos de las víctimas, les corresponde contribuir a la paz y a la equidad
social y propiciar la democratización del acceso a la tierra, elementos
cardinales del orden constitucional de 1991”[115].
8.5. La Corte
Constitucional estableció también que las personas que han sido víctimas de
desplazamiento forzado, pertenecen a un grupo poblacional que se encuentra en
una situación grave y masiva de vulneración de derechos fundamentales, por lo
que el proceso de restitución de tierras pretende materializar la protección de
algunas de esas garantías, por ejemplo:
“(i) el derecho a
la vida en condiciones de dignidad; (ii) el derecho a escoger el lugar del
domicilio, en la medida en que para huir de la amenaza que enfrentan las
víctimas de desplazamiento, éstas se ven forzadas a escapar de su sitio
habitual de residencia y trabajo; (iii) los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (iv) la unidad
familiar y a la protección integral de la familia; (v) la libertad de
circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio
escogido para vivir; (vi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven
forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades
habituales; y (vii) el derecho a una vivienda digna, puesto que las personas en
condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares y
someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde
se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie”[116].
8.6. De igual manera,
la ley de restitución de tierras se ha visualizado como un elemento esencial
para impulsar la construcción de la paz al establecer un procedimiento
especial, diferenciado del procedimiento común, en el que “el Legislador
buscó armonizar los derechos de las víctimas con el derecho a la justicia”[117].
Por tanto, también se consagraron garantías suficientes para que todo aquel que
tenga interés en el proceso pueda llegar a él, intervenir, solicitar, aportar y
controvertir las pruebas que considere necesarias[118].
Como evidencia de lo anterior, se dispuso que este procedimiento especial
durara 4 meses, lo cual no pone en riesgo los derechos de las víctimas y no “perpetúa
las vulneraciones que acompañan el desplazamiento”[119].
La Ley 1448 de
2011 identifica dos tipos de personas que pueden ser titulares del derecho a la
restitución (i) propietarios o poseedores de predios y (ii) explotadores de
baldíos que busquen adquirir la propiedad por la adjudicación.  En igual
sentido, y como parte de las diferencias frente al derecho común, el artículo
91 de la Ley 1448 de 2011 señala la facultad que tiene el juez de pronunciarse
sobre la declaratoria de pertenencia y además de ordenar al Incoder (hoy ANT)
la adjudicación de baldíos, si a eso hay lugar. Lo anterior teniendo en cuenta
que la tenencia informal de la tierra fue un factor facilitador para que los
actores del conflicto armado desplazaran y se apropiaran de tierras ocupadas o
poseídas por comunidades vulnerables. Es así como muchas solicitudes de
restitución recaen en inmuebles sobre los cuales no hay títulos que den prueba
de la relación entre la víctima y el terreno. Por esto, se incluyó la figura de
la formalización con el propósito de garantizar “el restablecimiento de la
relación jurídico formal de la víctima con el predio respecto del cual solicita
la restitución, es decir la titulación de la propiedad efectiva sobre la tierra”[120].
8.7. El artículo
72 de la mencionada ley señala las acciones de restitución de las víctimas: a) la acción de restitución jurídica y material de
las tierras a los despojados y desplazados y b) cuando no sea posible la restitución, el pago
de una compensación. En los casos en que la solicitud busque la declaratoria de
propiedad, posesión u ocupación del bien pretendido en restitución y su
reconocimiento como desplazado, el artículo 78 establece que la carga de la
prueba está sobre el demandado u opositor.
8.8. El artículo 74 se refiere al despojo
y al abandono, en los siguientes términos: “la acción por medio de la cual,
aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una
persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante
negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de
delitos asociados a la situación de violencia”. Por abandono forzado de tierras
entiende “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona
forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la
administración, explotación y contacto directo con los predios que debió
desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo
75”.
8.9. La Corte Constitucional ha entendido
que el proceso de restitución de tierras se compone de dos etapas, una
administrativa a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras, y otra judicial
a cargo de los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras de
cada circuito y distrito judicial.
La fase administrativa, constituida como
un requisito de procedibilidad de la acción judicial, está dirigida por la Unidad
de Restitución de Tierras, la cual debe: “(i) identificar física y
jurídicamente los predios, (ii) determinar el contexto de los hechos
victimizantes, (iii) individualizar a las víctimas y sus núcleos familiares,
(iv) establecer la relación jurídica de la víctima con la tierra y los hechos
que dieron origen al despojo o abandono forzado. Esta etapa termina con la
decisión de incluir o no a los solicitantes y a los predios objeto del trámite
en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente”[121]. En esta fase, “[l]os
propietarios, poseedores, ocupantes de predios, o los explotadores de predios
baldíos deberán presentar una solicitud ante la Unidad de Restitución de
Tierras con el fin de inscribir los predios objeto de la solicitud en el registro.
Posteriormente, la Unidad referida informará del trámite de inscripción a quien
o a quienes figuren oficialmente como propietarios, poseedores u ocupantes del
predio que se quiere registrar, con la finalidad de permitirle acreditar su
relación jurídica con éste, y que esta se configuró como resultado de su buena
fe exenta de culpa”[122].
8.10. A partir del artículo 76 se
encuentra el “procedimiento de restitución y protección de derechos de
terceros”. En este artículo se crea el “Registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente” como instrumento para la restitución de tierras.
En dicho registro se deberán inscribir también las personas que fueron
despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con
estas.
La inscripción en el registro podrá ser de
oficio o por solicitud del interesado y “cuando resulten varios despojados
de un mismo predio o múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá
individualmente en el registro. En este caso se tramitarán todas las
solicitudes de restitución y compensación en el mismo proceso”.
8.11. En el artículo 82, se señala que la
solicitud de restitución puede ser iniciada por la Unidad de Tierras quien
podrá solicitar al Juez o Magistrado la titulación y entrega del respectivo
predio. De igual manera, el artículo 83 indica que la víctima directamente,
también puede dirigirse directamente al juez o magistrado, previo cumplimiento
del requisito de procedibilidad del artículo 76 (inscripción del predio en el
registro de tierras despojadas), mediante la presentación de demanda escrita u
oral.
8.12. El artículo 87 de la Ley 1448 de 2011 indica que se
deberá dar traslado de la solicitud a quienes figuren como titulares inscritos
de derechos en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria
del predio solicitado y a la Unidad de Restitución de Tierras cuando dicha
solicitud no haya sido tramitada a través suyo. Además, “[c]on la
publicación a que se refiere el literal e) del artículo anterior se entenderá
surtido el traslado de la solicitud a las personas indeterminadas que
consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos
legítimos y a quienes se consideren afectados por el proceso de restitución”.
8.13. En el artículo siguiente, se señala
que en relación con las oposiciones, estas se deberán presentar ante el juez
dentro de los 15 días siguientes a la solicitud, las cuales se efectuarán bajo
la gravedad de juramento y se admitirán si son pertinentes. Si la oposición es
presentada por la Unidad de Tierras, deberá tenerse en cuenta por el Juez o
magistrado. El escrito de oposición deberá estar acompañado de los documentos
que se quieran hacer valer como pruebas de la calidad de despojado, de la buena
fe exenta de culpa, del justo título, y de lo demás que se quiera hacer valer.
Al terminar el periodo probatorio, el
artículo 91 indica que se pronunciará sentencia definitiva sobre la propiedad,
posesión u ocupación del baldío, y decretará las compensaciones a que haya
lugar en favor de los opositores que probaron la fe exenta de culpa. Dicho
fallo constituye título de propiedad.
Además, según el mismo artículo, la
sentencia debe referirse a los siguientes aspectos:
“(i) referirse sobre la identificación,
individualización y deslinde de los inmuebles que se restituyan.
(ii) ordenar a la oficina de registro de
instrumentos públicos inscribir la sentencia y cancelar todo antecedente
registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de tenencia,
arrendamientos de la denominada falsa tradición y las medidas cautelares
registradas con posterioridad al despojo o abandono, así como la cancelación de
los asientos e inscripciones registrales.
(iii) proferir las órdenes
correspondientes para que los inmuebles restituidos queden protegidos en los
términos de la Ley 387 de 1997, siempre y cuando los sujetos a quienes se les
restituya el bien estén de acuerdo con que se profiera dicha orden de
protección.
(iv) establecer los mecanismos necesarios
para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la sentencia de
restitución cuando no se le reconozca el derecho de dominio en la respectiva
providencia.
(v) tomar las medidas para que se
desengloben o parcelen los respectivos inmuebles cuando el bien a restituir sea
parte de uno de mayor extensión.
(vi) tomar medidas necesarias para que se
haga efectivo el cumplimiento de las compensaciones de que trata la ley, y
aquellas tendientes a garantizar los derechos de todas las partes en relación
con las mejoras sobre los bienes objeto de restitución.
(vii) declarar la nulidad de las
decisiones judiciales y/o actos administrativos que pierdan validez con la
sentencia de restitución.
(viii) cancelar la inscripción de
cualquier derecho real que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de
restitución.
(ix) proferir las órdenes pertinentes para
que la fuerza pública acompañe y colabore en la diligencia de entrega material
de los bienes a restituir y garantizar la efectividad de la restitución
jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce
efectivo de los derechos de las personas reparadas.
(x) remitir los oficios a la Fiscalía
General de la Nación en caso de que se perciba la posible ocurrencia de un
hecho punible”[123].
El mismo artículo
91 de la ley descrita, indica que “el Juez o Magistrado mantendrá la
competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado
en el proceso, prosiguiéndose dentro del mismo expediente las medidas de
ejecución de la sentencia”, lo que significa que “el trámite sólo acaba
cuando efectivamente han sido cumplidas las órdenes de protección y restitución
contenidas en la sentencia, a diferencia de lo que ocurre en otras
jurisdicciones, donde el trámite concluye con la ejecutoria de la última
decisión adoptada”[124].
8.14. El artículo 95 consagra la posibilidad de la
acumulación procesal entendida como el ejercicio de concentración de todos los
procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que
adelanten autoridades públicas o notariales en los cuales estén comprometidos
derechos sobre el predio objeto de la acción. También son susceptibles de la
acumulación las demandas en las que varias personas reclamen inmuebles
colindantes o vecinos y las impugnaciones de registros de predios en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Dicha acumulación está dirigida “a obtener una decisión
jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y
unificación para el cierre y estabilidad de los fallos”[125],
y en el caso de los predios colindantes, se dirige a materializar criterios de
economía procesal y procurar retornos de carácter colectivo de manera integral
bajo criterios de justicia restaurativa[126].
Frente a esta facultad de acumulación del juez, la Corte
Constitucional ha entendido que debe ser ejercida evaluando en cada caso
acumulado o que se pretenda acumular, “parámetros de necesidad,
impostergabilidad, procedencia y conveniencia”[127].
8.15. El artículo 97 de la Ley 1448 de 2011 prevé
compensaciones en especie y reubicación como pretensiones subsidiarias, para
que con cargo a los recursos del Fondo de la Unidad de Tierras, le sea
entregado al solicitante un bien inmueble de similares características al
despojado cuando la restitución del bien sea imposible por: (i) tratarse de un
inmueble ubicado en zona de alto riesgo o amenaza de inundación, derrumbe u
otro desastre natural, (ii) tratarse de un inmueble sobre el que se presentaron
despojos sucesivos y ya el pedido fue restituido a otra víctima despojada de
ese bien, (iii) cuando en el proceso repose prueba que acredite que la
restitución del bien implicaría un riesgo para la vida del despojado o de su
familia, y (iv) cuando se trate de un inmueble destruido parcial o totalmente y
sea imposible su reconstrucción.
8.16. Finalmente, el artículo 100 de la misma ley, consagra
que la entrega del predio restituido se hará al despojado en forma directa
cuando sea el solicitante o a la Unidad a favor del despojado “dentro de los
tres días siguientes al pago de las compensaciones ordenadas por el Juez o Magistrado,
cuando hubiera lugar a ello, o dentro de los tres días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia”.
9. Segundos ocupantes
9.1. La
relevancia de la restitución de tierras como valor jurídico en el derecho
interno y la justicia transicional fue plasmada o rescatada en la Ley 1448 de
2011 en armonía con los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a
la garantía de no repetición. Sin embargo, dicho concepto no es ajeno a los
mecanismos y sistemas regionales internacionales de garantía de los derechos
humanos. Así, la restitución de tierras y los derechos de las víctimas se han
fundamentado también, en el Derecho Internacional Humanitario[128].
Es por esto que instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos[129],
la Declaración Americana de Derechos del Hombre[130],
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[131],
la Convención Americana sobre Derechos Humanos[132]
o el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra[133],
permiten dimensionar el alcance de las obligaciones que tiene el Estado
Colombiano frente a los procesos de restitución[134].
De igual manera, instrumentos de soft
law también se han erigido como mecanismos relevantes de interpretación y
análisis en lo que tiene que ver con aquellos que pudieren resultar afectados
por desplazamientos forzados. Por ejemplo, instrumentos como los Principios
rectores de los desplazamientos internos (1998), de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (ver principio 28); los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones (Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea
General de la ONU el 16 de diciembre de 2005)[135]; o los Principios sobre la restitución
de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas
(2005) de las Naciones
Unidas, más conocidos como los “Principios Pinheiro”[136].
En
relación con estos últimos, la Corte Constitucional ha considerado en
varios pronunciamientos[137], que los Principios
Pinheiro hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato,
y que son fundamentales para comprender el derecho a la restitución de tierras.
No obstante, “[m]ás allá de su calificación normativa, estos principios
poseen innegable autoridad epistemológica para la solución de casos concretos
de manera compatible con las obligaciones estatales en lo que tiene que ver con
la restitución de tierras de víctimas de la violencia”.
9.2. En la Sentencia C-336 de 2016[138], precisamente, en donde
la Corte Constitucional hizo referencia a los segundos ocupantes
diferenciándolos de los “opositores” en el proceso de restitución de
tierras, se aclaró que dentro del extenso articulado de la Ley de víctimas
(1448 de 2011) no se les menciona en ninguna disposición, pero los segundos
ocupantes sí son analizados en los Principios Pinheiro[139]
cuyo principio 17 abarca cuatro directrices sobre su situación:
“63.1. El principio 17.1 establece la obligación de
los Estados de “velar por que los ocupantes secundarios estén protegidos
contra el desalojo forzoso arbitrario o ilegal”. Señala que en caso de que
el desplazamiento sea inevitable para efectos de restitución de viviendas,
tierras y territorios, los Estados deben garantizar que el desalojo “se
lleve a cabo de una manera compatible con los instrumentos y las normas
internacionales de derechos humanos”, otorgando a los afectados garantías
procesales, como las consultas, la notificación previa, adecuada y razonable,
recursos judiciales y la posibilidad de reparación.
63.2. El principio 17.2 señala que los Estados deben
velar por las garantías procesales de los segundos ocupantes, sin menoscabo de
los derechos de los propietarios legítimos, inquilinos u otros titulares, a
retomar la posesión de las viviendas, tierras o patrimonio abandonado o
despojado forzosamente.
63.3. El principio 17.3 indica que, cuando el desalojo
sea inevitable, los estados deben adoptar medidas para proteger a los segundos
ocupantes, en sus derechos a la vivienda adecuada o acceso a tierras
alternativas, “incluso de forma temporal”, aunque tal obligación no debe
restar eficacia al proceso de restitución de los derechos de las víctimas.
63.4. El principio 17.4 establece que los ocupantes
secundarios que han vendido las viviendas, tierras o patrimonio a terceros de
buena fe, podrían ser titulares de mecanismos de indemnización. Sin embargo,
advierte que la gravedad de los hechos de desplazamiento puede desvirtuar la
formación de derecho de buena fe”[140].
No obstante, en dichos principios
no hay una definición específica de segundos ocupantes, por lo cual, en la
sentencia referida, la Sala Plena acudió a la que se encuentra en el Manual de
aplicación de los Principios Pinheiro, publicado por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: “Se consideran
ocupantes secundarios todas aquellas personas que hubieran establecido su
residencia en viviendas o tierras abandonadas por sus propietarios
legítimos a consecuencia de, entre otras cosas, el desplazamiento o el
desalojamiento forzosos, la violencia o amenazas, o las catástrofes naturales
así como las causadas por el hombre” (Destaca la Sala).
De tal manera, la Corte concluyó que los segundos ocupantes son
aquellas personas, que por diferentes motivos, “ejercen su derecho a la
vivienda en los predios que fueron abandonados o despojados en el marco del
conflicto armado interno”[141]. No son una población
homogénea:
“tienen tantos
rostros, como fuentes diversas tiene la ocupación de los predios abandonados y
despojados. A manera ilustrativa, puede tratarse de colonizadores en espera de
una futura adjudicación; personas que celebraron negocios jurídicos con las
víctimas (negocios que pueden ajustarse en mayor o menor medida a la
normatividad legal y constitucional); población vulnerable que busca un hogar;
víctimas de la violencia, de la pobreza o de los desastres naturales;
familiares o amigos de despojadores; testaferros o ‘prestafirmas’ de
oficio, que operan para las mafias o funcionarios corruptos, u oportunistas que
tomaron provecho del conflicto para ‘correr sus cercas’ o para ‘comprar
barato’.”[142]
Desde un punto
de vista más amplio, la ocupación secundaria puede ser resultado de estrategias
de control territorial de los grupos inmersos en el conflicto, o surgir como
consecuencia de problemas históricos de equidad en el reparto de la tierra[143];
sin embargo, con independencia de esa heterogeneidad constituyen una población
relevante en procesos de justicia transicional, y especialmente en el marco de
la restitución de tierras, como lo confirma el Manual de aplicación de los
Principios Pinheiro, previamente citado:
“Los
Principios [Pinheiro] se ocupan de este fenómeno partiendo de la base de que la
ocupación secundaria de hogares de personas desplazadas a menudo constituye un
obstáculo para el retorno. En efecto, la ocupación secundaria a gran escala ha
impedido en el pasado el éxito de los esfuerzos de retorno en Azerbaiyán,
Armenia, Ruanda, Bután, Bosnia Herzegovina, Croacia, Georgia, Kósovo y otros
lugares. La posesión no autorizada de viviendas y patrimonio es frecuente tras
los conflictos armados. Si bien determinados casos de ocupación secundaria han
de ser a todas luces revocados (sobre todo si la ocupación en cuestión ha
servido como instrumento de limpieza étnica en el marco de un conflicto de este
tipo, o si es fruto del oportunismo, la discriminación, el fraude o la
corrupción), no hay que olvidar la necesidad de proteger a los ocupantes secundarios
frente a la indigencia así como frente a desalojos injustificados u otras
posibles violaciones de derechos humanos […]”[144].
Ahora bien, en
lo que concierne al tratamiento dado a los segundos ocupantes en el contexto
colombiano, se tiene que el derecho interno no contempló soluciones tempranas
para su tratamiento. Esto se extrae, por ejemplo, de la ley de víctimas la cual
fue creada bajo condiciones de violencia generalizada que solo permitieron
visualizar una lógica de despojado (víctima) y despojador (victimario), en
donde a la víctima se le entregaron numerosos “dispositivos probatorios en
el proceso de restitución mientras que al opositor se le impusieron estrictas
cargas demostrativas en orden a desvirtuar no sólo la condición de aquella sino
también a acreditar su buena fe exenta de culpa al momento de llegar al predio”[145].
Sin embargo,
después de poner en marcha el sistema y su procedimiento y al empezar a
producirse sentencias judiciales de restitución, se comenzaron a identificar
nuevas posibilidades de relaciones de terceros con el bien despojado, que no
eran ni solicitantes, pero tampoco opositores, ya que no cumplían con la carga
probatoria exigida para tal. De ahí, los segundos ocupantes que comenzaron a
ser sujetos importantes en los procesos ya que en muchos casos, su intervención
procesal daba pie a que frente a ellos se dictaran órdenes judiciales, aunque
no se probara su fe exenta de culpa[146].
Tanto así,
que fue necesario expedir el Acuerdo 018 de 2014, posteriormente derogado por
el Acuerdo 021 de 2015, y este por el 029 de 2016[147],
en el que su fin fue el de “adoptar el reglamento para el cumplimiento de
las providencias y medidas que orden[aran] la atención a Segundos Ocupantes
dentro del marco de la Acción de Restitución”. En el año 2016 se expidió el
Acuerdo 033 en el que a pesar de derogar el anterior, su contenido no varió
drásticamente pues al igual que los anteriores, dejó en manos del juez de restitución
la definición de quién es o no segundo ocupante: “Artículo 4º: Se consideran
segundos ocupantes aquellas personas naturales reconocidas como tal mediante
providencia judicial ejecutoriada,” sin decir más. Lo cual no significa
necesariamente que la calidad de segundo ocupante pueda endilgársele a
cualquiera pues, al presentarse dudas, como ya se vio, se puede acudir a
instrumentos internacionales.
Además de lo
anterior, los acuerdos expedidos han buscado proteger a (i) quienes no poseen
tierra y han ocupado el predio restituido del cual derivan su sustento, (ii)
aquellos poseedores u ocupantes de predios diferentes al restituido, pero que
extraen sus medios productivos del predio restituido, (iii) propietarios de
predios diferentes al restituido pero que derivan su sustento de este, y (iv)
personas que no habitan, ni derivan del predio restituido su subsistencia.
Frente a estos criterios, la Corte ha entendido que implica “mayor
protección que la que se desarrolla en instrumentos internacionales como los ya
citados Principios Pinheiro, pues estos se refieren esencialmente al tema del
desalojo en términos de vivienda y no a formas productivas”[148].
Como conclusión, la Sala entiende
que muchos de los opositores al interior del proceso de restitución de tierras
pueden tratarse de personas (i) igualmente víctimas (de la violencia, de la
pobreza, de desastres naturales) como quien acude a solicitar la restitución,
(ii) que por su condición de vulnerabilidad llegó al predio y se instaló allí
(bajo una conducta si bien de buena fe, no necesariamente exenta de culpa[149]),
(iii) que no tuvo relación directa ni indirecta con el despojo del bien, (iv)
que su interés no necesariamente es la titulación del predio, sino que allí
tiene su vivienda o de allí extrae su sustento, lo que lo convierte en segundo
ocupante legítimo, y que (v) como consecuencia de la sentencia de restitución
está perdiendo el lugar donde vive o del que depende su mínimo vital. Lo cual
implica que los jueces de restitución deben utilizar herramientas y criterios
tanto internos como internacionales para diferenciar el estándar probatorio
exigible, y determinar quiénes son o no segundos ocupantes de buena fe simple o
exenta de culpa[150].
9.3. En control concreto, la
Corte Constitucional ha proferido algunas sentencias en donde se ha analizado
la calidad de segundos ocupantes y las medidas de protección aplicables.
Por ejemplo, en la sentencia
T-315 de 2016[151] se estudió el
caso de una señora y su esposo que acudieron a un proceso de restitución como
opositores pero al no cumplir con la carga probatoria necesaria y exigida por
el artículo 78 de la Ley de Víctimas, ni tampoco acreditar la buena fe exenta
de culpa, en la sentencia no prosperó su oposición. Los accionantes solicitaban
ser tenidos en cuenta como segundos ocupantes dentro del proceso, ya que de
conformidad con el Acuerdo 021 de 2015 en el cual se adoptaban medidas de
atención a los segundos ocupantes, se indicaban medidas de compensación.
Es así como la Corte, al analizar
si el Tribunal accionado había incurrido en defecto sustantivo al interpretar
de forma restrictiva la Ley 1448 de 2011, que le otorga facultades para
modificar la sentencia de restitución, y en consecuencia, haber negado la
adición de la misma indicando que la solicitud de la accionante de
reconocimiento como segundo ocupante no suponía una situación que ameritara
enervar los efectos del fallo, y además, por inadvertencia de la norma
aplicable al asegurar que la solicitud de la actora como segundo ocupante ya
había sido resuelta por la vía de la oposición en el proceso, concluyó que la
autoridad sí vulneró los derechos de los accionantes en tanto los jueces de
restitución conservan su competencia después de la sentencia “(…) para
dictar todas aquellas medidas que, según fuere el caso, garanticen el uso, goce
y disposición de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan
sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su
integridad personal, y la de sus familias” lo cual le permitía al
funcionario judicial emitir nuevas y posteriores órdenes a la providencia
inicial “con el propósito de garantizar, de un lado y de forma particular,
el derecho a la restitución de las víctimas que como consecuencia de la
ocupación secundaria de los accionantes no habían logrado su retorno y, de otro
y en forma general, la edificación de remedios jurídicos a los segundos
ocupantes para cumplir con los propósitos constitucionales de la justicia
transicional, esencialmente el de la paz”. En ese sentido indicó que:
“6.3.1.1.2. En efecto,
el artículo 102 como disposición infraconstitucional debió haberse interpretado
por el Tribunal accionado a la luz de los postulados de rango constitucional
que han inspirado las políticas de restitución y la importante labor que los
jueces de tierras están haciendo como promotores de ella. Si esto hubiese sido
así, el Tribunal Superior de Cartagena no habría minimizado el reclamo de la
actora que, además de la reivindicación que hacía de sus derechos como segundo
ocupante, aparejaba importantes contenidos superiores ligados a la restitución: la recomposición del tejido social y la reconciliación;
así como la estabilización y la seguridad jurídica en tanto caminos para llegar
a arreglos estables y evitar la reproducción de la conflictividad rural”.
Por otra parte, indicó que la
intervención de la accionante como opositora no excluía su condición de segunda
ocupante que, “aun siendo alegada después de la sentencia, podía ser
reconocida por el Tribunal accionado en virtud de las facultades otorgadas por
el artículo 102 de la Ley 1448 de 2011 cuyo alcance, como se advirtió, está
dado no solo por contenidos de orden legal sino constitucional”. En este
punto reiteró la diferencia entre opositor y segundo ocupante, así:
“cabe aclarar
la diferencia conceptual que existe entre dichas categorías. Tal como ocurre en
el caso concreto, segundos ocupantes y opositores, tienden a confundirse a
nivel procesal lo que, en últimas, invisibiliza la situación de los primeros.
Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre ambos, pues mientras el
opositor reivindica la titularidad del bien objeto de restitución y lo disputa
con el solicitante durante el proceso alegando mejor derecho; el segundo
ocupante, por su parte, encarna la situación fáctica y jurídica de quien habita
o deriva de aquél bien inmueble, sus medios de subsistencia”.
Finalmente,
indicó que el Tribunal tampoco había tomado en cuenta el Acuerdo 021 de 2015 “cuando
aseguró que era la Unidad la que debía encargarse de la situación de la Meza
Martínez como segundo ocupante, puesto que, de conformidad con el artículo 1°
de dicha reglamentación, la Unidad no tiene la competencia para ordenar el
reconocimiento de una persona como segundo ocupante, puesto que sus funciones
están circunscritas particularmente a la ejecución de lo ordenado por el
funcionario judicial. Tal como se explicó desde el numeral 5.4.1. de esta
providencia, es indispensable una orden judicial para que la Unidad pueda
activar su procedimiento de atención a segundos ocupantes”.
En razón de
los argumentos anteriores, se ampararon los derechos invocados y se ordenó al
Tribunal accionado emitir una nueva decisión frente a la calidad de segundo
ocupante de la accionante, considerando lo manifestado en la sentencia de la
Corte.
En la sentencia
T-367 de 2016[152], se estudió el caso de
un señor que fungió como opositor en un proceso de restitución de tierras en el
que el Tribunal accionado profirió sentencia sin reconocerle al opositor su
buena fe exenta de culpa, ni tampoco su condición de segundo ocupante. En esa
ocasión, la Corte concluyó que la decisión incurrió en defecto sustantivo al no
interpretar el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 de conformidad con la
Constitución y los principios Pinheiro pues de acuerdo con estos, los jueces y
magistrados conservan la competencia para decretar medidas posteriores al fallo,
para garantizar la protección de derechos de quienes fungieron como opositores.
En ese sentido indicó:
“13.
La aplicación de la referida subregla constitucional no se opone a que en el
fallo de restitución de tierras, se les reconozca a las personas que cumplan
los requisitos señalados en la Sentencia C-330 de 2016 su calidad de segundos
ocupantes y se decreten las medidas de protección que debe ejecutar la Unidad
de Restitución de Tierras. Lo anterior, bien entendido, como una declaración
judicial adicional a aquella referida a los opositores de buena fe exenta de
culpa”.
En atención de
lo anterior, la Sala amparó los derechos fundamentales del actor y ordenó al
Tribunal pronunciarse sobre la condición de segundo ocupante del actor de
conformidad con la sentencia C-330 de 2016.
Recientemente,
en la sentencia T-208A de 2018[153], la Corte
Constitucional estudió el caso de unas personas que actuaron en calidad de
opositores en un proceso de restitución de tierras pero su buena fe exenta de
culpa no quedó demostrada. No obstante, en el fallo fueron reconocidos como
segundos ocupantes pero no se determinaron las medidas de atención que
correspondían. Los accionantes le solicitaron aclaración de la sentencia, pero
el Tribunal accionado la rechazó, pero en cambio sí comisionó a un juzgado para
llevar a cabo la diligencia de entrega del bien restituido, donde los
accionantes se encontraban en posesión. En sede de tutela los actores pedían
que se revocara el fallo y se ordenara determinar las medidas de protección a su
favor como segundos ocupantes, con fundamento en la caracterización.
En esa
oportunidad, la Corte Constitucional indicó que la autoridad judicial accionada
obró de forma contraria a lo que debía, en tanto “delegó a la Unidad de
Restitución de Tierras para que determinara las medidas de protección a favor
de los señores Aparicio Fernández, López Bedoya, Canchila Ramos y de la señora
Pérez Misa”. Igualmente indicó que “no existen razones por las cuales,
en estos casos, se omitió definir la medida de protección a favor de los
accionantes, pues en los pronunciamientos reprochados no se presentó una
motivación al respecto”, vulnerando los derechos fundamentales de los
actores.
Por otra parte,
reiteró que los jueces y magistrados de restitución de tierras conservan la
competencia para emitir pronunciamientos luego de proferir sentencia de
restitución.
10. Análisis del caso concreto
En el presente caso, la CCJ en
representación de los accionantes, alegó que la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras, del 29 de marzo de 2017, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a
la igualdad, a la vivienda, al trabajo y a la restitución de tierras, por
cuanto dicha providencia incurrió fundamentalmente en tres defectos a saber:
defecto procedimental absoluto, defecto fáctico y defecto sustantivo. A
continuación procede la Sala a verificar la presencia de alguna de estas causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
10.1. Defecto procedimental
absoluto por no acumular la solicitud de restitución de tierras incoada por los
tutelantes a la iniciada por la señora Alba Lilia Flórez
10.1.1. Los accionantes
aseguraron que el defecto señalado “nace del incumplimiento del tribunal de
tramitar en un solo proceso todas las solicitudes correspondientes al predio La
Esperanza, exigencia establecida en el párrafo tercero del artículo 76 de la
Ley 1448 de 2011”.
Indicaron que sobre el predio “La
Esperanza” existían varias solicitudes de restitución de tierras las cuales
eran conocidas por el Tribunal accionado, pues, el 12 de enero de 2016 la CCJ
le informó al Juzgado Tercero que ya se adelantaba un proceso sobre el mismo
bien en el Juzgado Segundo, por tanto le solicitó la acumulación procesal, de
la cual el Tribunal avocó conocimiento el 7 de marzo de 2016.
Argumentaron que la situación
sería diferente si las solicitudes se hubieren presentado en tiempos
sustancialmente diferentes, donde por ejemplo, el predio ya hubiese sido
restituido, donde solo procedería la compensación.
Finalmente, arguyeron que lo
alegado constituye un error trascendente que afecta de manera grave el debido
proceso ya que toda la Ley 1448 de 2011 se enmarca en las condiciones del
artículo 29 constitucional y, de haberse fallado de manera conjunta, esto le
habría permitido al tribunal identificar de mejor manera los beneficiarios, sus
calidades y la manera de restitución o compensación.
10.1.2. El defecto procedimental
absoluto, como ya se dijo, se presenta cuando el operador judicial (i) sigue un
trámite completamente distinto al asunto sometido a su competencia, (ii) omite
etapas sustanciales del procedimiento establecido vulnerando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes, o (iii) pasa por alto el debido
debate probatorio vulnerando el derecho a la defensa y contradicción de las
partes, con la negación de sus pretensiones en el fallo.
Lo alegado por los accionantes se
enmarcaría en el literal (ii) por cuanto, en su sentir, el Tribunal accionado
vulneró su derecho al debido proceso al omitir la acumulación procesal de las
dos solicitudes, la de la señora Alba Lilia Flórez y la presentada por los
accionantes a través de la CCJ, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 1448 de
2011.
Observa la Sala que como primera
medida, hay que aclarar que el artículo 76 de la Ley mencionada se encuentra en
el acápite del “Procedimiento de restitución y protección de derechos de
terceros”, y señala:
“ARTÍCULO 76.
REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE. Créase
el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” como
instrumento para la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán
también las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a
abandonarlas y su relación jurídica con estas, determinando con precisión los
predios objeto de despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así
como el período durante el cual se ejerció influencia armada en relación con el
predio.
El registro se
implementará en forma gradual y progresiva, de conformidad con el reglamento,
teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo
y la existencia de condiciones para el retorno. La conformación y
administración del registro estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que se crea por esta Ley.
La inscripción
en el registro procederá de oficio, o por solicitud del interesado. En el
registro se determinará el predio objeto del despojo o abandono forzado, la
persona y el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio. Cuando
resulten varios despojados de un mismo predio o múltiples abandonos, la Unidad
los inscribirá individualmente en el registro. En este caso se tramitarán todas
las solicitudes de restitución y compensación en el mismo proceso.
Una vez recibida
la solicitud de inscripción de un predio en el registro por la parte
interesada, o iniciado el trámite de oficio, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, comunicará de dicho trámite al
propietario, poseedor u ocupante que se encuentre en el predio objeto de
registro, a fin de que pueda aportar las pruebas documentales que acrediten la
propiedad, posesión u ocupación de dicho predio de buena fe, conforme a la ley.
Esta Unidad tiene un término de sesenta (60) días, contado a partir del momento
en que acometa el estudio conforme con el inciso segundo de este artículo, para
decidir sobre su inclusión en el Registro. Este término podrá ser prorrogado
hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo
justifiquen.
La inscripción
de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de
procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este
Capítulo.” (Subraya fuera de texto)
Este artículo consagra la creación
del Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente en el que se
deben inscribir además de los inmuebles, las personas que fueron despojadas de
sus tierras u obligadas a abandonarlas, determinando los predios objeto de
despojo. En esta norma se indica además, que dicha inscripción procederá de
oficio o por solicitud del interesado. En el registro se definirá el predio
objeto de despojo, la persona despojada y núcleo familiar.
Al final del tercer inciso, la
norma aclara que cuando resultaran varios despojados de un predio o múltiples
abandonos, la Unidad de Restitución de Tierras los debe inscribir de manera
individual en el registro, y en esos casos, las solicitudes de restitución y
compensación se tramitarán en el mismo proceso.
Ahora bien, la norma señalada se
está refiriendo al momento de inscripción de un predio en el registro de
tierras despojadas, el cual es requisito de procedibilidad para iniciar la
acción de restitución. Lo anterior, permite concluir que el momento procesal de
aplicación de esta prerrogativa es la etapa administrativa dirigida por la
Unidad de Restitución de Tierras.
En el presente caso, cuando la
CCJ solicita al juzgado la acumulación de los procesos, ya esta etapa había
sido superada en ambos radicados (2015-00048 y 2015-00133), tanto así que el
proceso adelantado por la Unidad, correspondiente a la señora Alba Lilia
Flórez, ya estaba en la etapa probatoria ante el Juez Segundo Civil
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar y la CCJ dirigió su
petición de acumulación al Juzgado Tercero Civil Especializado en Restitución
de Tierras, por cuanto la etapa administrativa ya había sido culminada con el
registro del predio solicitado en restitución.
Así las cosas, con base en esta
norma no se le puede endilgar al juez o magistrado la comisión de un yerro que
vulnere derechos, porque hasta este momento la acumulación no era de su
competencia sino de la Unidad.
No obstante, en la etapa judicial
la Ley 1448 de 2011, en su artículo 95 consagra la “Acumulación Procesal”.
Esta norma señala que para efectos del trámite de restitución la acumulación
procesal se entenderá como el ejercicio de concentración de todos los procesos
o actos judiciales, administrativos o de cualquier naturaleza que versen sobre
derechos sobre el predio de la acción, incluidos las demandas de vecinos de
inmuebles colindantes. Lo anterior con el propósito de llegar a una decisión
jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y
unificación para el cierre y estabilidad de los fallos.
Es entonces, en dicha norma donde
aparece la acumulación procesal de acciones de restitución de tierras
despojadas o abandonadas que versen sobre el mismo predio, por lo que debe la
Sala verificar si era imperativo en este caso observarla.
10.1.3. Ahora bien, en el
presente caso, la sentencia atacada fue, presuntamente, la materialización del
defecto procedimental, pues este se podría haber configurado con anterioridad,
cuando se expidió la providencia del 11 de agosto de 2016, que declaró una nulidad
y la ruptura procesal.
En ese sentido, los peticionarios
alegan que el defecto procedimental absoluto se dio desde la decisión de la
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, de declarar la ruptura procesal y devolver la
solicitud iniciada por los accionantes a través de la CCJ al juzgado remitente
y continuar el Tribunal, tramitando de manera independiente la solicitud de la
señora Alba Lilia Flórez, haciendo caso omiso a lo señalado por la Ley 1448 de
2011 de tramitar en un solo proceso las solicitudes que versaran sobre el mismo
predio, culminando con la sentencia de restitución.
10.1.4. Observa la Sala que el
Tribunal accionado, en el auto de fecha 11 de agosto de 2016 ordenó:
“PRIMERO:
DECLARAR la nulidad de lo actuado dentro de la solicitud de restitución de
tierras que formuló la Comisión Colombiana de Juristas a favor de los señores
ORLANDO CUESTAS, MANUEL DEL CRISTO OVIEDO SEQUEDA, JOSÉ MARÍA CUELLO, FIDEL
ANTONIO MIELES GAMEZ e IVONNE JHOJANA OROZCO CABRERA, a partir del auto
calendado 10 de diciembre de 2015 proferido por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito Especializado en restitución de Tierras de Valledupar, a fin de que se
surta el trámite correspondiente al proceso radicado con el No.
20001-31-21-003-2015-00133.
SEGUNDO:
DECRETAR LA RUPTURA PROCESAL en el presente asunto en relación con la
solicitud de los señores ORLANDO CUESTAS, MANUEL DEL CRISTO OVIEDO SEQUEDA,
JOSÉ MARÍA CUELLO, FIDEL ANTONIO MIELES GAMEZ e IVONNE JHOJANA OROZCO CABRERA.
En consecuencia se ordena que por Secretaría de esta Sala, se remita al JUZGADO
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
VALLEDUPAR, el expediente en físico identificado con el radicado No. 2001-31-21-003-2015-00133-00
para que proceda lo de su cargo, de acuerdo a lo aquí expuesto.”
Al verificar si la anterior
decisión se erige como un yerro por pretermitir etapas sustanciales del
procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de
una de las partes, se encuentra que la Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena decidió romper la acumulación que
ya había sido decretada, devolver la solicitud de los peticionarios al juzgado
instructor y seguir adelante con la solicitud primigenia. Aunado a esto,
profirió sentencia de restitución el 29 de marzo de 2017 al interior del
proceso 2015-00048 que versaba únicamente sobre la solicitud iniciada por la
señora Alba Lilia Flórez. De tal modo que pareciera que el Tribunal accionado
hubiese incurrido en el defecto alegado ya que se trataba de acciones que
versaban sobre el mismo inmueble.
No obstante, la Corte
Constitucional ha indicado, como ya se vio, que para la acreditación del
defecto procedimental absoluto es necesario, además, verificar las siguientes
condiciones: (i) “[Q]ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por
ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de
tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la
irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales”[154].
De
tal modo que es necesario examinar si en el presente caso concurren dichas
circunstancias:
(i)
“[Q]ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela”. Frente a este
aspecto, la acumulación procesal solo pudo darse antes de la sentencia, lo cual
fue solicitado por la CCJ y fue aceptado en un primer momento por el Juzgado
instructor y por el Tribunal, pero deshecho luego por este último en auto
interlocutorio en el que declaró la ruptura procesal. El auto fue objeto del
recurso de reposición, pero el mismo fue denegado. Lo anterior deja entrever
que no es posible corregir la presunta irregularidad por ninguna otra vía, pues
en el caso de la señora Alba Lilia Flórez ya se profirió sentencia, de tal modo
que la acción de tutela es el único mecanismo por el cual se puede declarar la
nulidad de lo actuado en dicho proceso y ordenar la acumulación.
Así pues, teniendo en cuenta que el fin último de
la acumulación procesal es el de, como indica la norma, obtener una
decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica
y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, en el presente caso
ya se decidió uno de los procesos (2015-00048) emitiéndose sentencia de
restitución en favor de la señora Alba Lilia Flórez lo que hace que
indefectiblemente se dicten dos sentencias sobre un mismo inmueble, con
solicitantes diferentes, las cuales pueden resultar contradictorias o
similares, pero que debilitan la integralidad y la seguridad jurídica que debe
permear los procesos de restitución de tierras.
Lo anterior se refuerza con el
hecho de que aún se encuentra en curso la solicitud 2015-00133 iniciada por la
CCJ en favor de los peticionarios, en el Juzgado Tercero instructor, el cual
está, como lo señaló dicha autoridad, surtiendo la etapa probatoria.
(ii)
“[Q]ue el defecto
procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulneratorio de los derechos fundamentales”. La no acumulación de las solicitudes tuvo
una incidencia directa en el fallo y esta fue la determinación de la señora
Alba Lilia como propietaria y beneficiaria de la restitución del bien “La
Esperanza” y los accionantes como segundos ocupantes.
(iii) “[Q]ue la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido
imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico”. Los
accionantes recurrieron el auto que decretó la ruptura procesal, advirtiendo la
necesidad de fallar las solicitudes en la misma sentencia. Recurso que fue
negado por el Tribunal. Lo cual indica que los accionantes alegaron la presunta
irregularidad al interior del proceso ordinario.
(iv) “[Q]ue como consecuencia de lo anterior
se presente una vulneración a los derechos fundamentales”. En el presente
asunto (i) la acumulación procesal ordenada, se declaró rota por el Tribunal, y
ya no es posible llevarla a cabo sin declarar una nulidad, (ii) el alegado
defecto tuvo una incidencia directa en el fallo acusado y (iii) los actores
alegaron dicha irregularidad al interior del proceso ordinario de restitución
de tierras, lo que da como resultado una vulneración del derecho fundamental al
debido proceso de los accionantes pues se inobservó el deber de concentrar los
trámites que versaban sobre el predio “La Esperanza”, desconociendo los
criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el
cierre y estabilidad de los fallos.
10.1.5. Por otra parte, la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, en el auto interlocutorio de fecha 11 de agosto de 2016,
indicó que tomó la decisión de ruptura procesal con base en que evidenció que
la solicitud de restitución presentada por los hoy accionantes no fue admitida
ni por el Juzgado Segundo ni por el Juzgado Tercero Civil Especializado en
Restitución de Tierras de Valledupar. Al no haber sido admitida, no se habían
surtido las demás etapas procesales establecidas en la ley. Frente a esto
señaló:
“si bien es
cierto, se trata de una controversia jurídica que debe resolverse mediante un
solo trámite procesal, por encontrarse comprometidas las mismas partes y el
mismo predio, no es menos cierto que a esa solicitud se le debía brindar
todas las etapas del trámite judicial que garantizaran el debido proceso y el
derecho de defensa entre las cuales se encuentran debidamente estipuladas la admisión
de la solicitud y su traslado, impidiendo de esta manera que los titulares del
bien o cualquier persona con interés pudiera manifestar su oposición a la misma”.
(Subraya fuera de texto)
De
acuerdo con lo anterior, declaró la nulidad de lo actuado en el proceso de los
accionantes para que el juzgado instructor admitiera la acción y surtiera todas
las etapas del procedimiento legal, con el fin de “garantizar los derechos
fundamentales del debido proceso y defensa”.
Frente
a la acumulación procesal, el Tribunal acepta que se trata de una controversia
jurídica que debe resolverse mediante un solo trámite procesal, por encontrarse
comprometidas las mismas partes y el mismo predio, pero decide romper la
acumulación con base en que debía tomar la decisión respecto de la solicitud
adelantada por la señora Alba Lilia Flórez Mejía ya que pertenece a la tercera
edad y su esposo, mayor que ella, se encuentra muy enfermo, prelación que
también solicitó el Ministerio Público, lo cual no “invalida el derecho de
los segundos solicitantes de acuerdo al artículo 97 de la ley 1448 de 2011”.
Ante
lo descrito, la Sala encuentra que el argumento de prelación por situación de
vulnerabilidad utilizado por el Tribunal para declarar la ruptura procesal, no
es de recibo en tanto los actores también son personas de la tercera edad, que
fueron desplazados por la violencia, que en algunos casos viven y extraen su
mínimo vital y el de su núcleo familiar del predio, por lo que ellos merecían
un resguardo equivalente.
No
se desconoce que el proceso 2015-00133 iniciado por los accionantes, no había
sido admitido por ninguno de los jueces de tierras intervinientes, y aun así
había sido remitido al Tribunal para que fuese fallado de manera conjunta con
el proceso 2015-00048. En este punto, el Tribunal accionado, en aras de
garantizar el debido proceso para las partes, sí debía declarar nulo el proceso
iniciado por los actores, ordenar su admisión, pero no ordenar la ruptura
procesal para seguir adelante con la solicitud más antigua, sino esperar a que
la solicitud incoada por los peticionarios surtiera las etapas pertinentes de
pruebas, oposiciones y demás, lo que la equiparara a la solicitud primigenia, y
así poder proferir una sentencia unificada, que atendiera los criterios de
integralidad, seguridad jurídica y estabilidad de los fallos.
10.1.6.
Así las cosas, encuentra la Sala que el Tribual Superior del Distrito Judicial
de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, incurrió en
defecto procedimental absoluto al decretar la ruptura procesal y fallar
únicamente el proceso 2015-00048, omitiendo su deber de acumular las
solicitudes de restitución que versaban sobre el predio “La Esperanza”,
y con tal decisión vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes,
aunado a que abrió la puerta a la posibilidad de que en una misma jurisdicción
existan fallos contradictorios, incluso, respecto del mismo predio.
10.2.
Defecto fáctico al darles la calidad de segundos ocupantes sin ningún
soporte probatorio
10.2.1. Los accionantes
consideran que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico por cuanto en
la sentencia proferida el 29 de marzo de 2017 se les reconoció, en la parte
resolutiva, como “segundos ocupantes”: (i) con dudas sobre las
características de las diferentes personas que hacían parte del proceso como lo
demuestra el Tribunal cuando afirma que para determinar las medidas de atención
en cada caso de los opositores, se debe contar con el informe de
caracterización de los mismos, para lo cual hubiese podido hacer uso de la
facultad establecida en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 de decretar
pruebas de oficio; (ii) desconociendo las pruebas que acreditaban la calidad de
víctimas de abandono pues rechazó de plano la calidad de poseedores que tienen
los accionantes sobre los predios; y (iii) sin haber adelantado la etapa
probatoria como segundos solicitantes, pues su proceso se devolvió al juzgado
instructor lo cual impidió que el magistrado conociera las pruebas de su
posesión.
10.2.2. Lo alegado se enmarcaría
en el defecto fáctico, en tanto este se configura cuando: (i) se omite por
parte del juez, decretar y practicar pruebas, para dilucidar hechos que son
indispensables para la solución del caso, (ii) no se valoran las pruebas
allegadas al proceso judicial que de haberlas tenido en cuenta, la solución del
asunto variaría sustancialmente, (iii) cuando se valoran de manera defectuosa
las pruebas aportadas. Pasa la Sala a verificar la configuración de alguna de
estas circunstancias en la sentencia acusada.
10.2.3. El Tribunal profiere la
sentencia de fecha 29 de marzo de 2017 en la que en su parte resolutiva señala:
“(…)
SEXTO:
RECONOCER como segundos ocupantes a los señores JOSÉ MARÍA CUELLO, MANUEL
DEL CRISTO OVIEDO, ORLANDO CUESTA, FIDEL ANTONIO MIELES, IVONNE OROZCO HERRERA,
WILMAN ENRIQUE, FELIX ANTONIO GÁMEZ RODRÍGUEZ, BLAS JOSÉ CAMACHO CANTILLO,
ONÉSIMO MARTÍN CHURIO MENDOZA, YOLANDA ISABEL AGUIRRE, JOHAN CASTILLO STRUSS,
ANA OLIVA NEIRA ASCANIO, NANCY PÉREZ DE ÁLVAREZ, FRENCIA DILIA GALVIS, MARIO
MANUEL PÉREZ SOTO, SOL MARINA ARÉVALO Y ALCIDES DE LA HOZ FERREIRA.
(…)”
10.2.3.1. Los accionantes
consideran que el Tribunal les otorgó la calidad de segundos ocupantes con
dudas sobre las características de las diferentes personas que hacían parte del
proceso, como se demostraría por la afirmación de que para determinar las
medidas de atención a los opositores en cada caso, se debía contar con el
informe de caracterización de los mismos, para lo cual hubiese podido hacer uso
de la facultad establecida en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 de decretar
pruebas de oficio, lo que supuestamente no hizo.
Frente a lo anterior la Sala
Séptima de Revisión de la Corte aclara que la caracterización ordenada por el
Tribunal no era porque existieran dudas frente a la calidad de los opositores
(como segundos ocupantes), sino porque era necesario agotar una etapa procesal
consagrada en el Acuerdo 033 de 2016, artículo 14: “Caracterización de
segundos ocupantes. Cuando el juez o magistrado ordene a la unidad realizar
caracterización socioeconómica, la dirección territorial procederá a realizarla
y posteriormente aportarla al despacho judicial, como el insumo que le permita
proveer a lo que haya lugar”, necesaria para determinar, de acuerdo con los
criterios consagrados en el mismo Acuerdo, cuál debía ser la medida de atención
para cada uno de ellos.
De tal manera, frente a este
argumento no es posible verificar la presencia de defecto fáctico ya que no es
cierto que el Tribunal les haya dado a los accionantes la calidad de segundos
ocupantes, con dudas en sus características, teniendo la posibilidad de
solicitar pruebas de oficio, ya que como se vio, lo que el Tribunal pretendía
era seguir el procedimiento determinado legalmente para identificar cada
segundo ocupante y así mismo, aplicar la medida correspondiente, de acuerdo con
la normativa vigente.
No obstante lo anterior, la Sala
encuentra que la sentencia proferida por el Tribunal el 29 de marzo de 2017 sí
incurrió en un defecto fáctico en tanto se omitió por parte del juez, decretar
y practicar pruebas para dilucidar hechos que eran indispensables para la
solución del caso, como lo era la caracterización de quienes se habían
considerado segundos ocupantes pues, dicha prueba era necesaria para determinar
las medidas de atención que se debían ordenar en la sentencia de restitución
del bien, de tal manera que debía ser practicada preliminarmente, y no como
pretendía el Tribunal, que hiciera parte de decisiones post fallo.
La Corte Constitucional, frente
al momento judicial en el que se deben determinar las medidas de atención de
los segundos ocupantes, ha señalado que “Por regla general, la medida de
protección debe ser determinada en la sentencia de restitución de tierras
siempre que el juez advierta la existencia de un segundo ocupante. Si no cuenta
con suficiente acervo probatorio tendrá que decretar, antes de proferir
sentencia, las pruebas que le permitan decidir de manera motivada, clara y
transparente frente al particular”. (Subraya fuera de texto)[155].
Así las cosas, el Tribunal debió
ordenar la caracterización de quienes serían segundos ocupantes, antes de
proferir sentencia, si es que consideraba que no contaba con la suficiente
información, para así, al momento de dictar el fallo pudiera decretar las medidas
de atención para cada uno de ellos, que protegieran sus derechos de manera
célere y eficaz.
10.2.3.2. Los accionantes
consideran que el Tribunal les otorgó la calidad de segundos ocupantes
desconociendo las pruebas que acreditaban su calidad de víctimas de abandono
pues rechazó de plano la calidad de poseedores que tienen los accionantes sobre
los predios.
Frente a lo anterior, después de
hacer un análisis de cada uno de los opositores[156],
no solo de los hoy accionantes, de sus testimonios y declaraciones, y de las
pruebas aportadas, la sentencia acusada señaló:
“De todo lo
anterior se puede concluir que los señores (…) JOSÉ MARÍA CUELLO, MANUEL DEL
CRISTO OVIEDO, ORLANDO CUESTA, FIDEL ANTONIO MIELES, IVONNE OROZCO HERRERA (…)
fueron víctimas de desplazamiento del mismo predio, por lo que no es procedente
darle aplicación a la inversión de la carga de la prueba de acuerdo con lo
establecido en el art. 78 de la Ley 1448 de 2011[157].
Ahora bien, de
las mismas pruebas se observa que los mencionados accionantes reconocieron que
entraron con autorización al predio, y que ésta según el administrador venía
del dueño y con el compromiso de pagar esa tierra con cosechas que sembrarían
en el mismo fundo. Lo que a todas luces, permite concluir que el mencionado grupo
de opositores no cumple con los requisitos mínimos para adquirir el inmueble a
través de la prescripción adquisitiva de dominio, por cuanto no se encuentra
demostrada una verdadera posesión, ya que la explotación agrícola que ejercían
sobre el fundo por sí sola no puede en modo alguno constituirse en actos de
posesión sino de mera tenencia, pues estos opositores reconocían la titularidad
de la cosa ajena por lo que no actuaban con ese señorío que emerge del derecho
de dominio tal y como lo establece el art. 777 del C.C.: “El simple lapso de
tiempo no muda la mera tenencia en posesión”, así las cosas no les asiste
derecho alguno al mencionado grupo de opositores sobre el bien objeto de
restitución.
A pesar de lo
antes expuesto, y en consideración a la condición de víctimas de desplazamiento
del mismo predio como antes se definió, resulta necesario precisar las
prerrogativas a que haya lugar en favor de los señores [hoy accionantes y
otros] por cuanto nos encontramos frente a un litigio en el cual se debaten
derechos entre víctimas de desplazamiento y abandono forzado”.
De
acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el Tribunal accionado les otorgó
la calidad de segundos ocupantes a los accionantes y a otros opositores, con
base en las pruebas aportadas al proceso que incluyeron documentos y
declaraciones aportadas por todos los intervinientes en el asunto, inclusive
las de los hoy accionantes, pruebas que le permitieron a la autoridad judicial
determinar que no les asistía la calidad de poseedores dado que reconocían la
existencia de los propietarios, lo cual impide ejercer el ánimo de señor y
dueño necesario para adquirir el derecho de dominio sobre el predio.
En
ese sentido, no es posible señalar que la sentencia atacada haya incurrido en
defecto fáctico por desconocimiento o falta de valoración de las pruebas
aportadas al proceso, pues de las consideraciones de la misma es posible
extraer, de manera contraria, que se hizo un análisis exhaustivo de ellas que
pretermitió al Tribunal determinar que los accionantes eran, al igual que la
señora Alba Lilia Flórez y su esposo, víctimas de desplazamiento y abandono
forzado, pero que no se encontró demostrada una verdadera posesión.
10.2.3.3. Los accionantes
consideran que el Tribunal les otorgó la calidad de segundos ocupantes sin
haber adelantado la etapa probatoria como segundos solicitantes, pues su
proceso se devolvió al juzgado instructor lo cual impidió que el magistrado
conociera las pruebas de su posesión.
Frente a lo anterior se entiende
que se refiere a los mismos argumentos expuestos frente a la omisión de
acumulación procesal que impidió que se surtiera la etapa probatoria de su
solicitud de manera conjunta con la solicitud de la señora Alba Lilia Flórez,
lo cual llevó a una vulneración del derecho al debido proceso. De tal manera
que este señalamiento de los accionantes ya fue dilucidado en el acápite
anterior (defecto procedimental absoluto).
10.2.4. De acuerdo con todo lo
dicho, esta Sala concluye que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, incurrió en
defecto fáctico por cuanto, omitió decretar pruebas de manera preliminar a la
sentencia, indispensables para definir las ordenes a emitir en el fallo de
restitución, como lo era la caracterización de los segundos ocupantes para
determinar las medidas de atención para cada uno, las cuales, al estar
presentes en la providencia, fueran acciones céleres y efectivas para
garantizar sus derechos.
10.3. Defecto sustantivo al
existir una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión tomada
10.3.1. Los accionantes
consideran que este defecto se manifiesta en la sentencia atacada ya que, por
una parte, en las consideraciones se reconoce la calidad de víctimas de
abandono que tienen los solicitantes, y por otra, al momento de calificar su
condición les da trato de segundos ocupantes.
10.3.2. Frente a esto, la
sentencia consideró lo siguiente:
“A pesar de lo
antes expuesto, y en consideración a la condición de víctimas de desplazamiento
del mismo predio como antes se definió, resulta necesario precisar las
prerrogativas a que haya lugar en favor de los señores [hoy accionantes y
otros] por cuanto nos encontramos frente a un litigio en el cual se debaten
derechos entre víctimas de desplazamiento y abandono forzado.
(…)
En ese sentido,
cabe destacar que la H. Corte Constitucional en múltiples fallos ha precisado
que el juicio de igualdad no puede ser un análisis abstracto, sino que el mismo
supone la necesaria comparación entre dos o más situaciones fácticas, a partir
de un criterio específico de diferenciación o tertiumcomparationis.
(…)
En el caso de
marras se advierte que no se encuentra acreditado que el grupo de opositores
(…) hubiesen aprovechado la condición de desplazada de la solicitante para
entrar a poseer el fundo en razón de vínculos con grupos armados al margen de
la ley, terroristas e ilegales que a la vez hubieran ocasionado el daño que se
aduce como hecho victimizante o intervenido a través de una actuación pactada
para tomar posesión de las tierras. Se trata de personas que tienen la
condición de campesinos vulnerables que acudieron al llamado de la persona que
tenía a cargo la administración y explotación de la Finca La Esperanza para el
año 1991, quien les aseguró que por autorización del anterior dueño del predio,
les entregaba las parcelas para que las cultivaran y pagaran las mismas con el
producto de sus cosechas, campesinos estos que en años posteriores resultaron
víctima de desplazamiento forzado de la misma parcelación.
Tenemos
entonces por un lado a la señora ALBA LILIA FLÓREZ MEJÍA, quien ostenta el
dominio del predio y a quien le asiste el derecho a la restitución de tierras,
y por el otro lado a estos opositores, quienes a pesar de que no se les puede reconocer
posesión sobre el inmueble objeto del litigio, en virtud del inciso 31 artículo
74 de la Ley 1448 de 2011, es un hecho no solo que permanecieron en el
predio por más de 10 años, sino que además fueron a su vez víctimas de
desplazamiento del mismo predio.
(…)
Ante lo
anterior, y amparando los derechos de ambas partes, al ser víctimas, se
resolverá la restitución del predio la Esperanza en favor de la señora ALBA
LILIA FLOREZ MEJÍA y en relación con los opositores (accionantes) quienes
acreditaron su condición de víctima de desplazamiento del mismo predio
reclamado por la señora (…), por lo que fundamentado en criterios de equidad y
ponderación de principios proponen que ante el enfrentamiento de intereses
constitucionales similares se optará por escoger la posibilidad que
constitucionalmente garantice más ampliamente los derechos de las víctimas
enfrentadas, es así como se encuentra evidenciado que estos señores no han
cohonestado con algún grupo armado al margen de la ley, tampoco se observó que
al entrar al predio lo hubiesen hecho de manera clandestina ni violenta, se
demostró que su ingreso al predio se produjo con anterioridad a la
macrofocalización de la zona, por tanto se les reconocerá la calidad de
segundos ocupantes y así se declarará en la parte resolutiva de esta
providencia” (Resalta la Sala).
10.3.3. De
acuerdo con lo señalado, es cierto que el Tribunal declaró a los hoy
accionantes como víctimas de desplazamiento y abandono forzado, de acuerdo con
las pruebas aportadas al proceso. También es cierto que posteriormente se les
dio la calidad de segundos ocupantes. Lo anterior no es una contradicción. El
Tribunal manifestó que se encontraba ante el enfrentamiento de derechos de
personas víctimas de desplazamiento forzado (señora Alba Lilia Flórez y los
accionantes) del mismo predio en donde una ostenta el dominio del bien y los
otros, quienes a pesar de no poder ser reconocidos como poseedores, es una
realidad innegable que permanecieron en el predio por más de 10 años.
De tal manera
que era necesario aplicar una fórmula que permitiera, en términos de verdad,
justicia y reparación, proteger de la mejor manera los derechos fundamentales
de ambos. Así que, la autoridad judicial amparó los derechos de ambas partes
resolviendo la restitución a favor de la señora Alba Lilia Flórez, como
propietaria y víctima de despojo, y declarando a los hoy accionantes como
segundos ocupantes.
10.3.4. La
declaratoria de segundos ocupantes no riñe con su calidad de víctimas de
desplazamiento y despojo, pues se recuerda lo señalado por la Corte respecto de
los segundos ocupantes, en tanto son aquellas personas que por diferentes
motivos, ejercen su derecho a la vivienda en los predios que fueron abandonados
o despojados en el marco del conflicto armado interno[158],
lo cual en el proceso de la señora Alba Lilia Flórez quedó demostrado, y que
dichas personas pueden ser “colonizadores en espera de una futura
adjudicación; personas que celebraron negocios jurídicos con las víctimas (…); población
vulnerable que busca un hogar; víctimas de la violencia, de la
pobreza o de los desastres naturales; familiares o amigos de despojadores;
testaferros o ‘prestafirmas’ de oficio, que operan para las mafias o
funcionarios corruptos, y oportunistas que tomaron provecho del conflicto para
‘ correr sus cercas’ o para ‘comprar barato’” (Resaltado fuera de texto)[159].
10.3.5.
Aunado a lo anterior, el Tribunal manifestó que la declaratoria como segundos
ocupantes de los hoy accionantes se profirió en aras de garantizar de la mejor
forma sus derechos reconociendo que por más de 10 años ocuparon el bien,
explotándolo y habitando en él, pues al otorgárseles esa calidad, en razón del
Acuerdo 033 de 2016, son beneficiarios de medidas de atención como el acceso a
tierras, proyectos productivos, gestión de priorización para el acceso a
programas de subsidio de vivienda y traslado del caso para la formalización de
la propiedad rural y el pago en dinero, para lo cual, como ya se vio, era
necesario el informe de caracterización y así poder determinar cuál era mejor
manera de atención para cada uno de ellos.
10.3.6. Así
las cosas, no es posible endilgarle a la sentencia acusada el defecto
sustantivo ya que no se presentó una contradicción entre la parte motiva y la
resolutiva, pues la calidad de víctima de despojo no impide que se hayan
calificado como segundos ocupantes, dado que la Corte Constitucional ha
señalado que este grupo de personas no es homogéneo y dentro de él se
encuentran incluso personas víctimas de la violencia que en estado de vulnerabilidad
buscan un hogar.
11.
Conclusiones
11.1. Se presentó un defecto
procedimental absoluto en tanto la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Cartagena omitió su deber de fallar de manera
acumulada las solicitudes que versaran sobre el predio “La Esperanza”,
específicamente los procesos 2015-00048 y 2015-00133, y en su lugar, decidió
romper la acumulación que ya había sido decretada, y devolver la solicitud de
los peticionarios al juzgado instructor y seguir adelante con la solicitud
primigenia, teniendo como resultado la sentencia de fecha 29 de marzo de 2017
en la que se ordenó la restitución del bien “La Esperanza” a la señora
Alba Lilia Flórez.
11.2. La sentencia de fecha 29 de
marzo de 2017, proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, también incurrió en un defecto
fáctico por no decretar la caracterización de los segundos ocupantes antes de
proferir sentencia, para en el fallo ordenar las medidas de atención
correspondientes.
11.3.
No es posible endilgarle a la sentencia acusada el defecto sustantivo ya
que no se presentó una contradicción entre la parte motiva y la resolutiva pues
la calidad de víctimas de despojo de los tutelantes no impide que se hayan
calificado como segundos ocupantes dado que, la Corte Constitucional ha
señalado, que este grupo de personas no es homogéneo, y dentro de él se
encuentran incluso personas víctimas de la violencia que en estado de
vulnerabilidad buscan un hogar, además que respecto de un mismo bien, es
posible la presencia de despojos sucesivos.
11.4. Al
incurrir en defectos procedimental absoluto y fáctico, la sentencia proferida
por el Tribunal accionado vulneró el derecho fundamental al debido proceso de
los accionantes, por lo tanto, es necesario (i) dejar sin efectos la providencia
del 29 de marzo de 2017 emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena al interior del radicado
2015-00048, (ii) ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Valledupar, que culminada la etapa anterior al fallo,
sea enviado el proceso 2015-00133 de manera inmediata a la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena,
(iii) ordenar a dicho Tribunal que al recibir el proceso 2015-00133 proceda a
acumularla al radicado 2015-00048 y emita un fallo que atienda los criterios de
integralidad, seguridad jurídica y estabilidad de los fallos.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias del treinta
(30) de mayo del dos mil dieciocho (2018) y del once (11) de abril de dos mil
dieciocho (2018) proferidas por las Salas de Casación Laboral y Civil de la
Corte Suprema de Justicia, respectivamente, dentro del proceso de la referencia.
En su lugar, AMPARAR el derecho al debido proceso de los señores Orlando
Cuesta Gómez, José María Cuello Torres, Manuel del Cristo Oviedo Sequeda,
Ivonne Jhojana Orozco Cabrera y Fidel Antonio Mieles Gámez.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de
fecha 29 de marzo de 2017 proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena al interior del radicado
2015-00048.
TERCERO.- ORDENAR al Juzgado Tercero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, que
culminada la etapa anterior al fallo, y atendiendo los términos abreviados del
proceso de restitución de tierras, sea enviado el proceso 2015-00133 de manera
inmediata a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior de Cartagena, para lo de su competencia.
CUARTO.-
ORDENAR a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Cartagena que al recibir el proceso 2015-00133 proceda a
acumularlo al radicado 2015-00048 y emita una sentencia que atienda los
criterios de integralidad, seguridad jurídica y estabilidad de los fallos.
QUINTO.- LIBRAR las comunicaciones –por la
Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral el 30 de
mayo de 2018 que a su vez confirmó la sentencia proferida por la Corte Suprema
de Justicia, Sala Civil el 11 de abril de 2018.
[2]
Sala de Selección Número Siete, conformada por los magistrados Diana Fajardo
Rivera y Alberto Rojas Ríos. Auto de selección del 27 de julio de 2018,
notificado el 13 de agosto de 2018.
[3]
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Auto del 22 de marzo
de 2018 admitió la acción de tutela, ordenó comunicar a las magistradas que
integran el Tribunal accionado, reconoció personería jurídica a la abogada de
la Comisión Colombiana de Juristas y no accedió a la petición de medida
provisional. De igual manera, se notificó del auto admisorio a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al Juzgado Tercero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, a la
Agencia Nacional de Tierras, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Valledupar, a OGX Petróleo e Gas LTDA, a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Regional Cesar, a la Unidad
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al Comité de
Justicia Transicional del Departamento del Cesar, a la Superintendencia
Delegada para la Restitución de Tierras, a la Procuraduría Judicial Delegada
para la Restitución de Tierras, a la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Folios 445 al 463,
cuaderno 2 del expediente.
[4]
Escrito radicado en la Corte Suprema de Justicia el 22 de marzo de 2018. Folios
517 al 525, cuaderno 2 del expediente.
[5]
Escrito enviado a la Corte Suprema de Justicia por correo electrónico de fecha
2 de abril de 2018. Folios 465 al 467, cuaderno 2 del expediente.
[6]
Escrito enviado a la Corte Suprema de Justicia por correo electrónico de fecha
2 de abril de 2018. Folios 471 al 476, cuaderno 2 del expediente.
[7]
Escrito enviado a la Corte Suprema de Justicia por correo electrónico de fecha
2 de abril de 2018. Folios 478 al 484, cuaderno 2 del expediente.
[8]
Escrito enviado a la Corte Suprema de Justicia por correo electrónico de fecha
2 de abril de 2018. Folios 486 al 492, cuaderno 2 del expediente.
[9]
Escrito radicado en la Corte Suprema de Justicia el 3 de abril de 2018. Folios
489 al 492, cuaderno 2 del expediente.
[10]
Escrito enviado a la Corte Suprema de Justicia por correo electrónico de fecha
4 de abril de 2018. Folios 506 al 511, cuaderno 2 del expediente.
[11]
Escrito enviado a la Corte Suprema de Justicia por correo electrónico de fecha
4 de abril de 2018. Folios 513 al 515, cuaderno 2 del expediente.
[12]
Escrito radicado en la Corte Suprema de Justicia el 9 de abril de 2018. Folio
528, cuaderno 2 del expediente.
[13]
Folios 2 al 6, cuaderno 1 del expediente.
[14]
Folios 13 al 48, cuaderno 1 del expediente.
[15]
Folio 49, cuaderno 1 del expediente.
[16]
Folios 50 al 53, cuaderno 1 del expediente.
[17]
Folios 54 al 56, cuaderno 1 del expediente.
[18]
Folios 57 al 60, cuaderno 1 del expediente.
[19]
Folios 61 y 62, cuaderno 1 del expediente.
[20]
Folios 64 al 65, cuaderno 1 del expediente.
[21]
Folios 66 al 67, cuaderno 1 del expediente.
[22]
Folios 68 al 70, cuaderno 1 del expediente.
[23]
Folios 71 al 73, cuaderno 1 del expediente.
[24]
Folios 75 al 75, cuaderno 1 del expediente.
[25]
Folios 76 al 78, cuaderno 1 del expediente.
[26]
Folios 79 al 80, cuaderno 1 del expediente.
[27]
Folios 81 al 88, cuaderno 1 del expediente.
[28]
Folio 89, cuaderno 1 del expediente.
[29]
Folios 90 al 104, cuaderno 1 del expediente.
[30]
Folios 105 al 109, cuaderno 1 del expediente.
[31]
Folio 110, cuaderno 1 del expediente.
[32]
Folios 111 al 115, cuaderno 1 del expediente.
[33]
Folios 116 al 118, cuaderno 1 del expediente.
[34]
Folios 119 al 121, cuaderno 1 del expediente.
[35]
Folio 125, cuaderno 1 del expediente.
[36]
Folios 127 al 171, cuaderno 1 del expediente.
[37]
Folios 172 al 173, cuaderno 1 del expediente.
[38]
Folios 174 al 178, cuaderno 1 de expediente.
[39]
Folio 179, cuaderno 1 del expediente.
[40]
Folios 179 (r) al 180, cuaderno 1 del expediente.
[41]
Folios 180 (r) al 213, cuaderno 1 del expediente.
[42]
Folios 218 al 221, cuaderno 1 del expediente.
[43]
Folio 216, cuaderno 1 del expediente.
[44]
Folios 214 al 215, cuaderno 1 del expediente.
[45]
Folios 223 al 300 del cuaderno 1 del expediente y 301 al 388, cuaderno 2 del
expediente.
[46]
Folios 573 al 574, cuaderno 2 del expediente.
[47]
Folios 575 al 579, cuaderno 2 del expediente.
[48]
Folio 580, cuaderno 2 del expediente.
[49]
Folio 26, cuaderno de impugnación de la acción de tutela.
[50]
Folio 28 al 29, cuaderno de impugnación de la acción de tutela.
[51]
Folio 31 al 32, cuaderno de impugnación de la acción de tutela.
[52]
Folios 66 al 70, cuaderno sede de revisión.
[53]
Folios 71 al 80, cuaderno sede de revisión.
[54]
Folio 83, cuaderno sede de revisión.
[55]A
mediados de la primera década del Siglo XXI, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las
razones o causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Tema que había sido tratado, entre muchas otras, en las Sentencias
T-079 de 1993 y T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-118 de 1995 (MP
José Gregorio Hernández Galindo), T-055 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-204 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara), T-001 de 1999 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T-1009 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-025 de 2001 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), T-188 de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra). De esta
manera, la Corte en la Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño)
señaló como requisitos generales de procedencia los siguientes: “a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional (…), b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable (…), c. Que se cumpla
el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración (…), d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…), e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…),
f. Que no se trate de sentencias de tutela”. Estos criterios establecidos
en la Sentencia C-590 de 2005, han sido reiterados uniformemente en múltiples
pronunciamientos, por ejemplo, en las Sentencias T-950 de 2006 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-203
de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-583 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-453 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-589 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa),
T-464 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-872 de 2012 (MP Mauricio
González Cuervo), SU-918 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-103 de
2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-213 de 2014 (MP María Victoria Calle
Correa), SU-297 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-060 de 2016 (MP
Alejandro Linares Cantillo) y T-176 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[56]
Artículo 355 del Código General del Proceso: “CAUSALES. Son causales de
revisión: 1. Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos
que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. 2. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que
fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. 3. Haberse
basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por
falso testimonio en razón de ellas. 4. Haberse fundado la sentencia en dictamen
de perito condenado penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha
prueba. 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida. 6. Haber existido
colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se
dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre
que haya causado perjuicios al recurrente. 7. Estar el recurrente en alguno de
los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento,
siempre que no haya sido saneada la nulidad. 8. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. 9. Ser
la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no
hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele
designado curador ad lítem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
[57]
Sobre este punto, es pertinente recordar que esta Corporación ha establecido
como requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
el principio de inmediatez, el cual se traduce en el deber de solicitar el
amparo constitucional tan pronto como sea posible, atendiendo las
particularidades del hecho que genera la violación. Al respecto, se puede
consultar entre muchas otras: sentencias T-1089 de 2004 (MP Álvaro Tafur
Galvis), T403 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), T-607 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-680 de 2010
(MP Nilson Pinilla Pinilla), T-611 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), T-323
de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-034 de 2013 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), SU-377 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) y T-539 de
2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[58]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[59]
Dichas causales han sido reiteradas y tenidas en cuenta para fallar
innumerables casos en donde la(s) providencia(s) atacada(s) presenta(n) alguno
de los defectos señalados. Por ejemplo, las sentencias SU-540 de 2007 (MP
Álvaro Tafur Galvis), T-766 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-819 de
2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-257 de 2010 (MP Mauricio González
Cuervo), T-429 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-978 de 2011 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-010 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-267 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-482 de 2013 (MP
Alberto Rojas Ríos), T-941 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-414 de
2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-574 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo), entre otras.
[60] Corte Constitucional,
sentencias T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-638 de 2011 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva) y T-781 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
entre muchas otras.
[61] Corte Constitucional,
sentencia T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[62] Corte Constitucional,
sentencia T-778 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-388 de 2015 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[63]
Ver entre otras las Sentencias SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño) y T-737 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-391 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-031 de 2016 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-459 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[64]
Corte Constitucional, sentencia T-1306 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[65]
Corte Constitucional, sentencia T-892 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[66]
Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-950 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-327 de 2001 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[67]
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[68]
Corte Constitucional, sentencia T-1306 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[69]
Corte Constitucional, sentencia T-1306 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[70]
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[71]
Corte Constitucional, sentencia T-926 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[72]
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[73]
Corte Constitucional, sentencia T-647 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera)
reiterando lo señalado entre otras en las sentencias T-429 de 2011 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) y SU-355 de 2017 (MP Iván Humberto Escrucería Mayolo).
[74]
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
reiterada en sentencias como la T-555 de 1999 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), T-1100 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-781 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras.
[75]
Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), citando la sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[76]
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[77]
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), reiterada en la sentencia SU-399 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto).
[78]
“Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz)”.
[79]
“Cfr. sentencia T-329 de 1996. Para la Corte
es claro que, “cuando un juez omite apreciar
y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere
resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por
tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de
hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal,
haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos
legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las
determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas
a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de
antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la
posición contraria”.
[80]
“Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993 (MP Jorge Arango Mejía)”.
[81]
“Ver por ejemplo la sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell)”.
[82]
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[83]
Algunas decisiones en que la Corte Constitucional ha considerado que se
configura un defecto fáctico son: T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-778 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-996 de 2003 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), T-171 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
T-908 y T-808 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-1065 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-162 de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería), T-458
de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1082 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-417 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-808 de 2009 (MP Juan
Carlos Henao Pérez), T-653 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-350 de
2011 (MP María Victoria Calle Correa), SU-424 de 2012 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), SU-950 de 2014
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado), SU-240 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica
Méndez), SU-406 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-090 de 2017 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras.
[84]
Corte Constitucional, sentencia T-902 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[85]
“Un caso en el que esta Corporación consideró que existió vía de hecho por
defecto fáctico, por haberse omitido la valoración de algunas pruebas, lo
constituye la sentencia T-039 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sobre
este mismo tópico, la sentencia T-902 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, igualmente es ilustrativa.” Otros casos en los que la Corte
Constitucional ha fallado por encontrarse un defecto fáctico por omitir la
valoración de alguna prueba son: T-458 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-747
de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-078 de 2010 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), T-360 de 2011  (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-628 de 2011 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-1100 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-803 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-261 de 2013 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva), T-734 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos), T-241 de 2016 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
[86]
“Ibídem”.
[87]
“Al respecto, puede consultarse la sentencia T-235 de 2004, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra”.
[88]
Corte Constitucional, sentencia T-916 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
reiterada, entre otras, en la sentencia SU--399 de 2012 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto).
[89]
Corte Constitucional, sentencia T- 008 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-
156 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo), SU-416
de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos).
[90]
Corte Constitucional, sentencia T- 757 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[91]
Corte Constitucional, sentencia SU-659 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos).
[92]
Corte Constitucional, sentencias SU-659 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos), T- 790
de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T- 510 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[93]
Corte Constitucional, sentencias SU-659 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos), T- 572
de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero) y SU-172 del 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[94]
Corte Constitucional, sentencias SU-659 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos) y T-100
de 1998 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[95]
Corte Constitucional, sentencias SU-659 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos) y T-572
de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[96]
Corte Constitucional, sentencias SU-659 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos) y T-459
de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[97]
Corte Constitucional, sentencia SU-659 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos).
[98]
Corte Constitucional, sentencia SU-659 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos) y T-459
de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[99]
Corte Constitucional, sentencia T-303 de 2018 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[100]
Corte Constitucional, sentencia C-836 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[101]
Consideración extraída de la sentencia SU-648 de 2017 (MP Cristina Pardo
Schlesinger) por ser pertinente para el caso de la referencia.
[102]
Corte Constitucional, Sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
En este fallo, la Sala Plena resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1448 de 2011, artículos 28 numeral 9
(parcial), 70 (parcial); 72 incisos 1, 2, 4, y 5 (parciales); 73 numeral 1 y 2
(parciales); 74 inciso 6 (parcial); 75 (parcial); 76 inciso 4 (parcial) e
inciso 5; 77 numeral 3 y 4 (parciales); 78 (parcial); 84 parágrafo 2
(parcial); 91 inciso 1 (parcial); 99, 120 inciso 3 y 207.
[103]
Sobre el derecho de restitución como componente esencial del derecho a la
reparación integral, pueden verse, entre otras sentencias de la Corte
Constitucional, las siguientes: T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa);
C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); C-180 de 2014 (MP Alberto Rojas
Ríos); C-795 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio); T-679 de 2015 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva). En estos fallos se establece la necesidad de tomar
medidas indemnizatorias que ayuden a superar el daño causado en eventos donde
no hay posibilidad de restituir materialmente el bien.
[104]
Las leyes 1448 de 2011 y 1592 de 2012 se encuentran reglamentadas por el
Decreto 3011 de 2013.
[105]
Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
Respecto al derecho a la justicia de las víctimas la Sala identificó trece
reglas básicas: “(i) la obligación del Estado de prevenir las graves
violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de violaciones
masivas, continuas y sistemáticas como el desplazamiento forzado interno; ||
(ii) la obligación del estado de luchar contra la impunidad; || (iii) la
obligación de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a
la justicia para la protección judicial efectiva de los derechos de las
víctimas de delitos. En este sentido, se fija la obligación del Estado de
diseñar y garantizar recursos judiciales efectivos para que las personas afectadas
puedan ser oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer valer los intereses
de las víctimas en el juicio; || (iv) el deber de investigar, procesar y
sancionar judicialmente a los responsables de graves violaciones de derechos
humanos como el desplazamiento forzado; || (v) el respeto del debido proceso y
de que las reglas de procedimiento se establezcan con respeto del mismo; ||
(vi) la obligación de establecer plazos razonables para los procesos
judiciales, teniendo en cuenta que los términos desproporcionadamente reducidos
pueden dar lugar a la denegación del derecho a la justicia de las víctimas y a
la no obtención de una justa reparación; || (vii) el deber de iniciar ex
officio las investigaciones en casos de graves violaciones contra los derechos
humanos; || (viii) el mandato constitucional de velar porque los mecanismos
judiciales internos tanto de justicia ordinaria, como de procesos de transición
hacia la paz, tales como amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al
ocultamiento de la verdad; || (ix) el establecimiento de limitantes y
restricciones derivadas de los derechos de las víctimas, frente a figuras de
seguridad jurídica tales como el non bis in ídem y la prescriptibilidad de la
acción penal y de las penas, en casos de violaciones protuberantes a los
derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos; || (x) la determinación de límites
frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal o de disminución de las
penas en procesos de transición, en cuanto no es admisible la exoneración de
los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, y por tanto el deber de juzgar y condenar a penas
adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes investigados.
Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede tener excepciones en
procesos de justicia transicional en los cuales se investiguen a fondo las
violaciones de derechos humanos y se restablezcan los derechos mínimos de las
víctimas a la verdad y a la reparación integral y se diseñen medidas de no
repetición destinadas a evitar que los crímenes se repitan; || (xi) la
legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para hacerse parte
civil dentro de los procesos penales con el fin de obtener la verdad y la
reparación del daño; || (xii) la importancia de la participación de las
víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 29, 229 de
la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos; || (xiii) la garantía indispensable del derecho a la justicia para que
se garantice así mismo el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas”.
Frente al derecho a la verdad que le asiste a las víctimas del conflicto, la
Sala Plena recogió las siguientes once reglas básicas: “(i) El derecho a la
verdad, se encuentra consagrado en los principios 1 a 4 de los Principios para
la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad, y encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el
deber de memoria histórica y de recordar, y en el derecho al bueno nombre y a
la imagen; || (ii) Así, las víctimas y los perjudicados por graves violaciones
de derechos humanos tienen el derecho inalienable a saber la verdad de lo
ocurrido; || (iii) este derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus
familiares y de la sociedad en su conjunto, y por tanto apareja una dimensión
individual y una colectiva; || (iv) la dimensión individual del derecho a la
verdad implica que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad sobre los
hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Este derecho
apareja por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos
delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la comisión de los
hechos criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el delito que
se investiga constituye una grave violación a los derechos humanos, un crimen
de guerra o un crimen de lesa humanidad; || (v) la dimensión colectiva del
derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la
realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un
relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las
investigaciones, e implica la obligación de contar con una “memoria pública”
sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de
derechos humanos; || (vi) el derecho a la verdad constituye un derecho
imprescriptible que puede y debe ser garantizado en todo tiempo; || (vii) con
la garantía del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la verdad
procesal y la verdad real; || (viii) este derecho se encuentra intrínsecamente
relacionado y conectado con el derecho a la justicia y a la reparación. Así, el
derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho de acceso a la justicia,
ya que la verdad sólo es posible si se proscribe la impunidad y se garantiza, a
través de investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y
sistemáticas por parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos
y la correspondiente sanción; || (ix) De otra parte, el derecho a la verdad se
encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya que el conocimiento de
lo sucedido para las víctimas y sus familiares, constituye un medio de
reparación; || (x) Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho
a conocer el destino de los desaparecidos y el estado y resultado de las
investigaciones oficiales. En este sentido, el derecho a conocer el paradero de
las personas desaparecidas o secuestradas se encuentra amparado en el derecho
del familiar o allegado de la víctima a no ser objeto de tratos crueles,
inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho, incluso, si no existen procesos
penales en contra de los presuntos responsables (por muerte, indeterminación o
cualquier otra causa); || (xi) finalmente, en cuanto al derecho a la verdad, la
Corte resalta no solo la importancia y la obligación del Estado de adelantar
investigaciones criminales con el fin de esclarecer la responsabilidad penal
individual y la verdad de los hechos, sino también la importancia de mecanismos
alternativos de reconstrucción de la verdad histórica, como comisiones de la
verdad de carácter administrativo, que en casos de vulneraciones masivas y
sistemáticas de los derechos humanos, deben servir a los fines constitucionales
antes mencionados”. Finalmente, en materia de protección del derecho a la
reparación integral de las víctimas del conflicto armado, la Sala Plena
identificó las siguientes siete reglas: “(i) La restitución debe entenderse
como el medio preferente y principal para la reparación de las víctimas al ser
un elemento esencial de la justicia restitutiva. || (ii) La restitución es un
derecho en sí mismo y es independiente de que las víctimas despojadas,
usurpadas o que hayan abandonado forzadamente sus territorios, retornen o no de
manera efectiva. || (iii) El Estado debe garantizar el acceso a una
compensación o indemnización adecuada para aquellos casos en que la restitución
fuere materialmente imposible o cuando la víctima de manera consciente y
voluntaria optare por ello. || (iv) Las medidas de restitución deben respetar
los derechos de terceros ocupantes de buena fe quienes, de ser necesario,
podrán acceder a medidas compensatorias. || (v) La restitución debe propender
por el restablecimiento pleno de la víctima y la devolución a su situación
anterior a la violación en términos de garantía de derechos; pero también por
la garantía de no repetición en cuanto se trasformen las causas estructurales
que dieron origen al despojo, usurpación o abandono de los bienes. || (vi) En
caso de no ser posible la restitución plena, se deben adoptar medidas
compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles que no se
pudieron restituir, sino también todos los demás bienes para efectos de indemnización
como compensación por los daños ocasionados. || (vii) El derecho a la
restitución de los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del
respecto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento
fundamental de la justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo de
reparación y un derecho en sí mismo, autónomo e independiente” .
[106]
Cabe señalar que cuando es materialmente imposible
reponer el predio abandonado o uno en semejantes condiciones, el legislador
dispuso la posibilidad de entregar una indemnización monetaria equivalente al
daño afrontado, como medida compensatoria para restablecer el derecho del
reclamante afectado.
[107]
Sobre el derecho a la restitución como elemento esencial de reparación a las
víctimas del conflicto armado, pueden verse, entre otros instrumentos
internacionales, los siguientes: (i) Declaración Universal de Derechos Humanos
(Arts. 1, 2, 8 y 10); (ii) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts.
1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63); (iii) Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (Arts. 2, 3, 9, 10, 14 y 15); (iv) Principios sobre la
restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas
desplazadas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; (v)
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng) del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; y (vi) Principios sobre la
Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas
Desplazadas (Principios Pinheiro) del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas.
[108]
Ley 1448 de 2011, Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.
[109] Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva).
[110]
Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[111]
Lay 1448 de 2011. Artículo 1º. “La presente ley tiene por objeto establecer
un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,
individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones
contempladas en el artículo 3o de la presente ley, dentro de un marco de
justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a
la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo
que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la
materialización de sus derechos constitucionales.”
[112]
Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa).
[113]
Corte Constitucional, sentencia SU-648 de 2017 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[114]
Corte Constitucional, sentencia T-647 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera).
[115]
Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa).
[116]
Corte Constitucional, sentencia T-034 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[117]
Corte Constitucional, sentencia T-647 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera),
reiterado también en Sentencia T-244 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado) y
T-364 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[118]
Corte Constitucional, sentencia C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva);
C-820 de 2012 (MP Mauricio González Cuervo); C-099 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa); C-794 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio); T-666 de 2015 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado); T-679 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); y
T-034 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[119]
Corte Constitucional, sentencia T-647 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera).
[120]
Corte Constitucional, sentencia T-647 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera).
[121]
Corte Constitucional, sentencia T-364 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[122]
Corte Constitucional, sentencia T-364 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[123]
Corte Constitucional, sentencia T-364 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[124]
Corte Constitucional, sentencia T-364 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[125]
Ley 1448 de 2011. Artículo 95.
[126]
Ley 1448 de 2011. Artículo 95
[127]
Corte Constitucional, sentencia T-364 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[128]
Al respecto pueden verse las sentencias C-715 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva) y C-795 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[129]
Arts. 1, 2, 8 y 10
[130]
Art. XVII
[131]
Arts. 2, 3, 9, 10,  14 y 15
[132]
Arts. 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63
[133]
Art. 17
[134]
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[135] Ver numeral 19.
[136] Establecen que “los
Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución como
medio preferente de reparación en los casos de desplazamiento y como elemento
fundamental de la justicia restitutiva. El derecho a la restitución de las
viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo y es
independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y
desplazados a quienes les asista ese derecho” (2.2). Instituyen que los Estados
garantizarán los derechos al regreso voluntario en condiciones de seguridad y
dignidad, a la propiedad del patrimonio,  al acceso, uso y control de las
viviendas, las tierras y el patrimonio, y la seguridad jurídica de la tenencia
y (4.1). Estipulan que los Estados deben adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas y judiciales apropiadas para apoyar y facilitar
el proceso de restitución (12.3), estableciendo directrices para “garantizar
la eficacia” de todos los procedimientos, las instituciones y los
mecanismos pertinentes de restitución (12.4).
[137]
Ver, principalmente, T-821 de 2007 (MP Catalina Botero Marino), C-715 de 2012
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), C-280 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla),
C-795 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-679 de 2015 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), C-035 de 2016 (SPV y AV María Victoria Calle Correa).
[138]
Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa).
[139]
Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa),
sobre los opositores: “62. Por último, los Principios Pinheiro, centrales en
este trámite, contemplan una serie de previsiones normativas más amplias y
detalladas frente a la protección del derecho a la restitución. Por un lado,
establecen que los derechos de propiedad, posesión y reparación para las
víctimas del desplazamiento constituyen un elemento central para la solución de
conflictos, la consolidación de la paz, el regreso seguro y sostenible de las
poblaciones desplazadas y el establecimiento del Estado de Derecho. Por otro
lado, señalan que tales derechos son un eje de la justicia restitutiva,
encaminada a impedir la repetición de las situaciones que generaron el
desplazamiento. A partir de esa premisa, prevén la existencia del derecho a la
restitución de toda propiedad despojada a las víctimas, a menos de que sea
fácticamente imposible, caso en el cual deberá proveerse una compensación
justa. 63. Adicionalmente, hacen referencia a los derechos de las personas que
tengan una relación jurídica con los bienes, distinta a la propiedad, como los
poseedores, ocupantes y tenedores”.
[140]
Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa).
[141]
Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa).
[142]
Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa).
[143]
“En muchos casos, las fuerzas que causaron inicialmente el desplazamiento
imponen, alientan o facilitan la ocupación secundaria, y los propios ocupantes
secundarios tal vez tengan escasas o nulas posibilidades de decisión acercad e
su realojamiento en una determinada vivienda. En otras circunstancias, puede
que las viviendas desocupadas hayan sido utilizadas para propósitos
humanitarios legítimos, por ejemplo, para alojar a otras personas desplazadas.
De este modo, son a menudo personas inocentes y de buena fe las que ocupan
viviendas que pertenecen a refugiados o desplazados”. Naciones Unidas, Consejo
Económico y Social, La devolución de bienes de los refugiados o de las personas
desplazadas, documento de trabajo presentado por el Sr. Paulo Sergio Pinheiro.
E/CN/ Sub 2/17. En similar sentido, Consejo de Derechos Humanos de 20 de
diciembre de 2010. Asamblea General de Naciones Unidas; A/HRC/16/42 Informe de
la Relatora especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del
derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a
este respecto. Sra. Raquel Rolnik, relevante en la medida en que señala las
consecuencias de la ocupación secundaria para el derecho a la vivienda: “En el
caso de los conflictos [armados], el desplazamiento y el despojamiento de
grupos específicos son con frecuencia estrategias deliberadas de un grupo o
bando del conflicto contra el otro. Ello puede acarrear la completa destrucción
u ocupación secundaria de sus tierras y hogares, y la obstaculización de sus
intentos de regresar y reclamar lo que es suyo”. El párrafo 20, a su turno,
indica: “Tanto en las situaciones posteriores a desastres como en las
situaciones que siguen a conflictos hay una tensión inevitable entre la
necesidad acuciante de actuar con rapidez y decisión para facilitar el regreso
de los desplazados a sus tierras y hogares, y la necesidad de tratar de manera
exhaustiva y minuciosa lo que en realidad son cuestiones muy complejas. En las
situaciones posteriores a los conflictos ello puede llegar a ser especialmente
complicado, con una tensión entre las demandas y compromisos de la paz a corto
plazo, y las necesidades a largo plazo de una reconciliación duradera y el proceso
de reconstrucción. Resulta muy importante encontrar formas prácticas y
localmente apropiadas de resolver el dilema. Dado el contenido expansivo del
derecho a una vivienda adecuada, la protección y el ejercicio de ese derecho
nunca constituyen un proceso nítido y lineal en el que pueda establecerse
fácilmente una relación causal evidente entre las medidas adoptadas sobre el
terreno y las repercusiones en última instancia. Los desplazamientos masivos,
la destrucción frecuente de los registros relacionados con la tierra y la
propiedad, la también frecuencia ausencia de documentación que demuestre el
historial de ocupación previa de los usuario y ocupantes no reconocidos de
tierras a largo plazo, el surgimiento de un ‘conflicto de derechos’ (Como la
ocupación frente a la restitución), la insuficiencia de los marcos jurídicos
que rigen la gestión de la tierra, la acción de los grupos de interés poderosos
que buscan aprovechar la oportunidad para hacer inversiones rentables, son
todos factores que en principio exigirían cautela y un cuidado análisis de las
opciones estratégicas. En situaciones de crisis, cuando los objetivos iniciales
y preeminentes del gobierno y de los agentes externos activos sobre el terreno
consistirían en primer lugar y ante todo en proporcionar cobijo de emergencia y
apoyo básico a los medios de subsistencia, puede parecer imposible ocuparse de
los derechos de vivienda y los retos en materia de tenencia de tierras”.
[144]
“Manual sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de refugiados
y personas desplazadas. Aplicación de los “Principios Pinheiro”. Marzo,
2007. Publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (www.ohchr.or).”
[145]
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[146]
Consultar el Acuerdo 021 de 2015: “Que a pesar del
reconocimiento que la Ley 1448 de 2011 realiza a favor de los opositores de
buena fe exenta de culpa, en las providencias de restitución se han venido
dando órdenes a favor de los segundo ocupantes”.
[147]
Acuerdos expedidos por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
[148]
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[149] De acuerdo con la sentencia
C-820 de 2012 (MP Mauricio González Cuervo), la buena fe exenta de culpa, “(…) se
acredita demostrando no solo la conciencia de haber actuado correctamente, sino
también la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad
de la situación”. Asimismo, este Tribunal en la sentencia C-740 de 2003
reiteró la distinción entre la buena fe simple y la buena fe cualificada: “La
buena fe simple, que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la
que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones. El Código
civil, al referirse a la adquisición de la propiedad, la define en el artículo
768 como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios
legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Esta buena fe se denomina
simple, por cuanto, si bien surte efectos en el ordenamiento jurídico, estos
sólo consisten en cierta protección que se otorga a quien así obra. Es así que,
si alguien de buena fe adquiere el derecho de dominio sobre un bien cuyo titular
no era el verdadero propietario, la ley le otorga ciertas garantías o
beneficios, que si bien no alcanzan a impedir la pérdida del derecho si
aminoran sus efectos. Tal es el caso del poseedor de buena fe condenado a la
restitución del bien, quien no será condenado al pago de los frutos producidos
por la cosa (C.C. art. 964 párr. 3º); o del poseedor de buena fe que adquiere
la facultad de hacer suya la cosa poseída (C.C. arts. 2528 y 2529).//”
Además de la buena fe simple, existe una buena fe con efectos superiores y por
ello denominada cualificada, creadora de derecho o exenta de culpa. Esta buena
fe cualificada, tiene la virtud de crear una realidad jurídica o dar por
existente un derecho o situación que realmente no existía.// La buena fe
creadora o buena fe cualificada, interpreta adecuadamente una máxima legada por
el antiguo derecho al moderno: “Error communis facit jus”, y que ha sido
desarrollada en nuestro país por la doctrina desde hace más de cuarenta años,
precisando que “Tal máxima indica que si alguien en la adquisición de un
derecho o de una situación comete un error o equivocación, y creyendo adquirir
un derecho o colocarse en una situación jurídica protegida por la ley, resulta
que tal derecho o situación no existen por ser meramente aparentes, normalmente
y de acuerdo con lo que se dijo al exponer el concepto de la buena fe simple,
tal derecho no resultará adquirido. Pero si el error o equivocación es de tal
naturaleza que cualquier persona prudente y diligente también lo hubiera
cometido, por tratarse de un derecho o situación aparentes, pero en donde es
imposible descubrir la falsedad o no existencia, nos encontramos forzosamente,
ante la llamada buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa.”
[150]
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[151]
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[152]
Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos).
[153]
Corte Constitucional, sentencia T-208ª de 2018 (MP Antonio José Lizarazo
Ocampo).
[154]
Ver entre otras las Sentencias SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-737 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-391 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-031 de 2016 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-459 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[155] Corte
Constitucional, sentencia T-208ª de 2018 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo)
citando la sentencia T-646 de 2017.
[156]
Folios 146 al 156, cuaderno 1 del expediente.
[157]
Ley 1448 de 2011. Artículo 78. “INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. Bastará
con la prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento
como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del
despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se
opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución,
salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados
del mismo predio”.
[158]
Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa).
[159]
Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa).