SU310-17
NOTA DE RELATORIA: Mediante Auto 320 de fecha 23 de mayo del 2018, el cual se
anexa en la parte final, se dispuso declarar la NULIDAD de la presente
providencia por resultar violatoria del debido proceso, como consecuencia de no
abordar el estudio del Acto Legislativo 01 de 2005, ni analizar los argumentos
de Colpensiones dentro del trámite de revisión. Se dispone la expedición de la
sentencia de reemplazo por parte de la Sala Plena de la Corporación
Sentencia SU310/17
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE
TUTELA EN MATERIA DE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONA
A CARGO-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia
excepcional por tratarse de persona de la tercera edad
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Inaplicación
cuando violación persiste en el tiempo
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
La vulneración directa de la
Constitución ha sido concebida como una causal autónoma de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, que tiene lugar en aquellos
casos en que “el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política”. Específicamente, esta causal se
produce cuando, existiendo una violación o amenaza de un derecho fundamental, “(i) el juez da un alcance a una disposición normativa que contradice
abiertamente un precepto constitucional, (ii) cuando no se aplica la excepción
de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna
de las partes en el proceso, o (iii) cuando no existiendo precepto legal
directamente aplicable a la situación, deja de acudirse directamente a las
normas constitucionales”. En todo caso debe
estar de por medio la vulneración de derechos fundamentales, pues el único
propósito de la acción de tutela es salvaguardarlos.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL E IN DUBIO PRO OPERARIO-Hace
referencia al deber de los operadores jurídicos de aplicar, en caso de duda, la
fuente formal de derecho vigente más favorable al trabajador, o la
interpretación de esas fuentes que le sea más favorable
Los principios de favorabilidad laboral
e in dubio pro operario son mandatos constitucionales reconocidos en el
artículo 53 constitucional, conforme al cual, el juez laboral debe interpretar
el estatuto del trabajo teniendo en cuenta la “(…) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho”. En otras palabras, no importa cuál sea la fuente formal
del derecho, pues en su aplicación e interpretación, siempre se ha de preferir
la situación o el estado de cosas más favorable a los trabajadores. Ocurre así
con la jurisprudencia o con la ley, por ejemplo, cuando hay varios enunciados
normativos que regulan una misma situación jurídica (favorabilidad) o cuando
respecto de un mismo texto legal existen distintas interpretaciones (in dubio
pro operario); casos en los cuales le corresponde al operador jurídico aplicar
el más favorable al trabajador. Tales mandatos constitucionales se reflejan en
el ámbito legal, pues el Código Sustantivo del Trabajo (artículo 21) los
reconoce como principios generales aplicables a toda “norma vigente del
trabajo”.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL
FUERZA VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA DE ORGANOS JUDICIALES DE
CIERRE-Jurisprudencia constitucional
AUTONOMIA INTERPRETATIVA DEL JUEZ-Vinculación de interpretación del órgano máximo de la
jurisdicción/PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ-Importancia de la aplicación del precedente para
definir una situación jurídica
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Concepto
PRECEDENTE JUDICIAL-Jueces pueden apartarse si exponen razones que justifiquen su decisión
OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE-Carga argumentativa que debe asumir el juez de tutela para apartarse del
precedente constitucional
PRECEDENTE HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias
La Corte
ha diferenciado dos tipos de precedentes judiciales; el horizontal y el
vertical. El primero se relaciona con las sentencias que las autoridades de la
misma jerarquía o el mismo operador judicial han proferido, mientras que el
segundo se refiere a los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de las respectivas jurisdicciones.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO FUNDAMENTAL IRRENUNCIABLE-Reiteración
de jurisprudencia
IMPRESCRIPTIBILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Reiteración
de jurisprudencia
IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A)
PERMANENTE A CARGO-Jurisprudencia
constitucional
UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A)
PERMANENTE A CARGO
La
Sala Plena decide que: la interpretación que resulta más acorde a la
Constitución Política por ser favorable a los intereses de los trabajadores
pensionados en el caso concreto, es aquella según la cual los incrementos
pensionales de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, no prescriben
con el paso del tiempo, esto es, la primera que dio la jurisprudencia al
problema analizado. Esta es la respuesta más acorde con el orden constitucional
vigente por cuatro razones básicas. (i) Encuadra en el marco de la disposición
normativa contenida en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, al reconocer que
al subsistir el derecho al incremento perduran las causas que le dieron origen,
y corresponde con la interpretación autorizada por las normas constitucionales,
ya que es respetuosa del principio de in dubio pro operario. (ii) Fue la
primera respuesta que se dio al problema jurídico y es la que más se ha
reiterado por parte de más magistradas y magistrados (sentencias T-217 de 2013,
T-831 de 2014, T-319 de 2015, T-369 del 2015 y T-395 de 2016). (iii) Es
la postura que más ha justificado por qué, constitucionalmente es preferible
asumir la primera y no la segunda opción; las sentencias que han dado la
segunda respuesta al problema jurídico (la más restrictiva de los derechos
constitucionales involucrados), se preocuparon más en argumentar y demostrar
que no existía un precedente claro y fijo a seguir en la jurisprudencia, y que por
tanto podían decidir distinto, a como ya se había hecho inicialmente, que a
argumentar y demostrar que la segunda respuesta era más acorde con los
principios constitucionales aplicables, en especial el derecho al mínimo vital
y a la dignidad humana. (iv) Finalmente, la primera de las respuestas, al
basarse en los principios de imprescriptibilidad de los derechos pensionales y
favorabilidad en materia laboral, es, precisamente, la respuesta que mejor y
con mayor suficiencia se encuentra motivada a la luz de los principios del
orden constitucional vigente. Como la propia Constitución lo dice, el derecho a
la irrenunciabilidad social es de todos los habitantes. Ni siquiera es un
presupuesto o una contraprestación de la ciudadanía. Es una condición básica que,
como parte de la dignidad humana, se reconoce a toda persona que está en
Colombia (art. 48, CP). Además, la Sala considera que se suma una quinta razón
adicional (v) pues es deber de las autoridades judiciales y administrativas
cumplir con el deber de protección a sujetos de especial protección y en
condiciones de debilidad física o económica (art. 13, CP) así como con el deber
de solidaridad (Artículos 1°, 48 y 95.2 de la Constitución Política) frente a
los familiares de los accionantes que podrían verse beneficiados por el
reconocimiento de los incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del
Acuerdo 049 de 1990. En su mayoría, además de las condiciones económicas
precarias, son personas de especial protección constitucional en razón a su
edad o situación de discapacidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que los
incrementos pensionales en mención están encaminados a garantizar una vida
digna y el mínimo vital de los integrantes de un núcleo familiar.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por vulneración
directa de la Constitución, al desconocer el principio in dubio pro operario
y declarar prescrito derecho a incremento pensional del 14% por persona a
cargo
DERECHO
AL DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL MINIMO VITAL-Orden a
Colpensiones reconocer incremento pensional del 14% por cónyuge o compañera(o)
a cargo, según Acuerdo 049 de 1990
Referencia:
Expedientes T-5.647.921, T-5.647.925, T-5.725.986, T-5.755.285, T-5.766.246, T-5.840.729,
T-5.841.624, T-5.844.421, T-5.856.779, T-5.856.793 y T-5.870.489, acumulados.[1]
Magistrado
Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo
Guerrero Pérez, quien la preside, Alejandro Linares Cantillo, Aquiles Arrieta
Gómez, Hernán Leandro Correa Cardozo, Iván Escrucería Mayolo, Antonio José
Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Alberto Rojas Ríos y José Antonio
Cepeda Amarís, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos por los juzgados de instancia, dentro del
trámite de las acciones de tutela acumuladas.[2]
I.    ANTECEDENTES
Los once expedientes de la referencia fueron seleccionados
para su revisión por las Salas de Selección de Tutelas Números Uno, Siete,
Nueve y Once, respectivamente, disponiendo además su acumulación para que
fueran fallados en una sola sentencia, por presentar unidad de materia.[3]
Los antecedentes, en extenso, y pruebas correspondientes de cada uno de los
expedientes bajo estudio, así como las actuaciones surtidas en sede de
revisión, se encuentran recogidos en un anexo a la presente sentencia, el cual
forma parte integral de la misma. A continuación, la Sala dará una explicación
breve de cada caso, en la cual ya se advierte el patrón fáctico común:
1.  Expediente T-5.647.921. El señor Mardoqueo Silva Alfonso dirige
la acción de tutela contra la providencia judicial que declaró prescrito el
derecho al incremento pensional del 14% por persona a cargo, al considerar que
se desconoció el precedente jurisprudencial. El juez de instancia negó el
amparo constitucional porque consideró que el fenómeno prescriptivo opera de
forma total sobre el incremento pensional cuando este derecho no se reclama
dentro de los tres años siguientes a la fecha de reconocimiento de la pensión.
2.  Expediente T-5.647.925. Los
señores Samuel Vargas Vargas y David Hernández Olaya consideran que en el marco
de un proceso ordinario laboral contra Colpensiones, los jueces de conocimiento
desconocieron el precedente jurisprudencial al declarar prescrito el derecho al
incremento pensional del 14% por persona a cargo. El juez de instancia negó el amparo constitucional al
considerar que las autoridades judiciales acusadas acogieron el precedente
sentado por el órgano de cierre en materia laboral, la Corte Suprema de
Justicia.
3.  Expediente T-5.725.986. El señor Urias Carrillo Parejo considera que en
el marco de un proceso ordinario laboral contra Colpensiones, los jueces de
conocimiento desconocieron el precedente jurisprudencial al declarar prescrito
el derecho al incremento pensional del 14% por persona a cargo. El juez de
primera instancia tuteló los derechos fundamentales invocados por el actor y
ordenó el reconocimiento del incremento pensional. El juez de segunda instancia
revocó esa decisión porque el precedente del Tribunal de cierre en materia
laboral, Corte Suprema de Justicia, predica que los incrementos pensionales por
persona a cargo sí prescriben.
4.  Expediente T-5.755.285. El señor Mario Ernesto Velasco, hombre de 83
años de edad, solicita el reconocimiento del incremento pensional del 14% por
persona a cargo. El accionante no
agotó la vía judicial ordinaria y pone de manifiesto su situación de
vulnerabilidad por ser una persona de la tercera edad cuyo único ingreso para
solventar las necesidades de él y de su esposa deviene de la pensión de vejez. El
juez de instancia declaró improcedente la acción de tutela al considerar que el
actor no agotó los medios ordinarios de defensa judicial a su alcance,
desconociendo el requisito de subsidiariedad.
5.  Expediente T-5.766.246. El señor Jorge Enrique Farías Castañeda considera que en el marco de un proceso ordinario laboral
contra Colpensiones, los jueces de conocimiento desconocieron el precedente
jurisprudencial al declarar prescrito el derecho al incremento pensional del
14% por persona a cargo. El juez de instancia negó el amparo constitucional
invocado al considerar que las autoridades judiciales accionadas expusieron con
suficiencia los motivos de la decisión adoptada. El juez de segunda instancia
confirmó el fallo señalando que además, no se cumplió con el requisito de
inmediatez propio de la acción de tutela, pues fue interpuesta luego de diez
meses de haberse proferido la sentencia acusada.
6.  Expediente T-5.840.729. El señor José Eugenio Flautero Torres, hombre
diagnosticado con enfermedad pulmonar que requiere de dotación de bala de
oxígeno periódicamente, interpuso acción de tutela contra la Administradora
Colombiana de Pensiones, solicitando el reconocimiento del incremento pensional
del 14% por persona a cargo, tras haber agotado la vía judicial ordinaria ante
la jurisdicción laboral y haber interpuesto una acción de tutela contra las
providencias judiciales proferidas por los jueces laborales.[4] El
juez de primera instancia denegó el amparo constitucional porque consideró que no
se probó afectación alguna al mínimo vital del accionante. El juez de segunda
instancia confirmó el fallo y agregó que, dado el choque de criterios jurídicos
de las Salas de Revisión de la Corte Constitucional sobre la
imprescriptibilidad de los incrementos pensionales, no puede el juez
constitucional imponer criterios que a la fecha no han sido unificados por el
máximo tribunal de la jurisdicción.
7.  Expediente T-5.841.624. El señor
Miguel Ángel Alayon Cotrino considera
que en el marco de un proceso ordinario laboral contra Colpensiones, los jueces
de conocimiento desconocieron el precedente jurisprudencial al declarar
prescrito el derecho al incremento pensional del 14% por persona a cargo. El
juez de primera instancia negó el amparo argumentando que no puede afirmarse
que existió desconocimiento del precedente jurisprudencial en cuanto a los
incrementos pensionales, si se tiene en cuenta que el órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria ha admitido que estos prescriben con el paso del tiempo.
El juez de segunda instancia confirmó esa decisión y agregó que el precedente
jurisprudencial traído a colación por el accionante, deviene de las sentencias
de tutela proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión las cuales
tienen efectos inter partes, es decir, que tienen efectos frente a las
partes involucradas en los trámites correspondientes.
8.  Expediente T-5.844.421. Los señores Luis Carlos León Díaz, Sara María
Velasco, Fausto Perea y Emérito Mera
consideran que en el marco de un proceso ordinario laboral contra Colpensiones,
los jueces de conocimiento desconocieron el precedente jurisprudencial al
declarar prescrito el derecho al incremento pensional del 14% por persona a
cargo.[5]
El juez de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela al
considerar que la decisión de negar el reconocimiento de los incrementos
pensionales se sustentó en la cosa juzgada, ya que la misma pretensión había
sido resuelta por otro juez ordinario. El juez de segunda instancia confirmó
esa decisión agregando que no hubo desconocimiento del precedente
jurisprudencial teniendo en cuenta que la Corte Constitucional no ha unificado
su criterio frente a la prescripción de los incrementos pensionales.
9.  Expediente T-5.856.779. El señor Julio Gómez Iglesias considera que en el marco de un proceso
ordinario laboral contra Colpensiones, los jueces de conocimiento desconocieron
el precedente jurisprudencial al declarar prescrito el derecho al incremento
pensional del 14% por persona a cargo. El juez de primera instancia negó el
amparo porque en su criterio no se cumplió con el requisito de inmediatez
propio de la acción de tutela, pues esta fue interpuesta luego de cinco años de
haberse proferido la providencia judicial acusada. El juez de segunda instancia
confirmó esa decisión reiterando los mismos argumentos.
10.  Expediente T-5.856.793. La accionante, María Emma Rincón Loaiza, considera que en el marco de un proceso
ordinario laboral contra Colpensiones, los jueces de conocimiento desconocieron
el precedente jurisprudencial al declarar prescrito el derecho a los incrementos
pensionales del 14% y del 7% por persona a cargo. El juez de primera instancia
negó el amparo argumentando la falta de inmediatez en la acción de tutela,
porque fue interpuesta después de dieciséis meses de haber ocurrido la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados. El juez de segunda
instancia confirmó esa decisión reiterando los mismos argumentos.
11.
Expediente
T-5.870.489. El accionante,
Carlos Vidal Segura Rodríguez, considera
que en el marco de un proceso ordinario laboral contra Colpensiones, los jueces
de conocimiento desconocieron el precedente jurisprudencial al declarar
prescrito el derecho al incremento pensional del 14% por persona a cargo. El
juez de primera instancia negó el amparo argumentando la falta de inmediatez en
la acción de tutela, porque fue interpuesta después de diez meses de haberse
proferido la sentencia que denegó el reconocimiento de las prestaciones
sociales solicitadas. El juez de segunda instancia confirmó esa decisión
reiterando los mismos argumentos, agregó que frente a la imprescriptibilidad de
los incrementos pensionales no existe una postura uniforme de la Corte
Constitucional.
II.     CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala Plena de la
Corte Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241
de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de
tutela adoptados en los procesos de la referencia.
2.
Análisis de
procedibilidad de las acciones de tutela en el caso concreto
2.1.
Presentación general de los casos.
Preliminarmente,
debe advertirse que en esta ocasión se revisan once acciones de tutela, de entre
las cuales nueve fueron instauradas contra providencias judiciales y dos contra
la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por la negativa a
reconocer y pagar a favor de los accionantes los incrementos pensionales por
persona a cargo, con fundamento en la prescripción del derecho. En este
sentido, a continuación la Sala abordará el análisis de procedibilidad de las
acciones de tutela de la referencia, de la siguiente manera: (i) procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, en los casos de
Mardoqueo Silva Alfonso (T-5.647.921), Samuel Vargas Vargas y David
Hernández Olaya (T-5.647.925), Urias Carrillo Parejo (T-5.725.986), Jorge
Enrique Farías Castañeda (T-5.766.246), Miguel Ángel Alayon Cotrino (T-5.841.624),
Luis Carlos León Díaz, Sara María
Velasco, Fausto Perea y Emérito Mera
(T-5.844.421), Julio Gómez Iglesias
(T-5.856.779), María Emma Rincón Loaiza (T-5.856.793) y Carlos
Vidal Segura Rodríguez (T-5.870.489);
(ii) evaluación de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez frente a todos
los expedientes; y (iii) finalmente se harán unas consideraciones generales de
procedencia.
2.2.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.2.1. La jurisprudencia constitucional, en pro de los
principios de autonomía judicial y cosa juzgada, ha admitido excepcionalmente
que la acción de tutela pueda controvertir una providencia judicial. Como
sostuvo esta Corporación en la sentencia C-590 de 2005, para que el juez de
tutela pueda hacerlo debe, a la luz de la jurisprudencia, verificar los
denominados “requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, criterios que permiten establecer si el
asunto es de aquellos en los que el juez constitucional puede conocer el caso.
Por otra parte, en caso de cumplirse tales requisitos, el juez podrá analizar
el caso de fondo y determinar si se da alguna de las “causales especiales de procedibilidad” (C-590 de 2005), las cuales determinan si en
efecto se verificó o no una violación al derecho al debido proceso.[6]
2.2.2. En esta
ocasión, los señores Mardoqueo
Silva Alfonso (T-5.647.921), Samuel
Vargas Vargas y David Hernández Olaya (T-5.647.925), Urias Carrillo Parejo
(T-5.725.986), Jorge Enrique Farías Castañeda (T-5.766.246), Miguel Ángel
Alayon Cotrino (T-5.841.624), Luis
Carlos León Díaz, Sara María Velasco, Fausto Perea y Emérito Mera (T-5.844.421), Julio Gómez Iglesias (T-5.856.779), María
Emma Rincón Loaiza (T-5.856.793) y Carlos Vidal Segura Rodríguez (T-5.870.489) acusan distintas providencias
judiciales de haber incurrido en desconocimiento del precedente jurisprudencial
y en vulneración directa de la Constitución, por no admitir la
imprescriptibilidad de los incrementos pensionales por persona a cargo.
La Sala considera que, en términos generales, las acciones
de tutela de la referencia cumplen con las condiciones necesarias para declarar
su procedencia frente a las providencias judiciales acusadas, pues: (i) la
imprescriptibilidad de los incrementos pensionales por persona a cargo es un
asunto que goza de suficiente relevancia constitucional, al tener incidencia en
la materialización de los derechos fundamentales de los pensionados; (ii) cada
uno de los accionantes identificó razonablemente los hechos causantes de la
vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales; (iii) las sentencias
impugnadas no son de tutela, sino que son providencias judiciales proferidas en
el marco de procesos ordinarios laborales; (iv) los accionantes alegan como
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, el desconocimiento del precedente jurisprudencial y la
vulneración directa de la Constitución.
2.3.
Evaluación de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
2.3.1. En virtud de lo previsto en el artículo 86 Superior,[7]
la acción de tutela se caracteriza por ser un mecanismo judicial inmediato y subsidiario,
dada su naturaleza efectiva, actual y supletoria tendiente a proteger los
derechos fundamentales contra toda acción u omisión que los amenace o afecte. Lo
cual se explica en que: (i) “(…) ha sido instituida como remedio de
aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad
concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza” (inmediatez);[8]
(ii) “(…) no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o
procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el
de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de
competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes”[9]
(subsidiariedad).
2.3.2.
La Sala evidencia que la condición de subsidiariedad propia de la acción de
tutela, se cumplió en los casos de los señores Mardoqueo Silva Alfonso (T-5.647.921), Samuel Vargas Vargas y David Hernández
Olaya (T-5.647.925), Urias Carrillo Parejo (T-5.725.986), Jorge Enrique Farías
Castañeda (T-5.766.246), José
Eugenio Flautero Torres (T-5.840.729), Miguel Ángel Alayon Cotrino (T-5.841.624), Luis Carlos León Díaz, Sara María Velasco,
Fausto Perea y Emérito Mera
(T-5.844.421), Julio Gómez Iglesias
(T-5.856.779), María Emma Rincón Loaiza (T-5.856.793) y Carlos
Vidal Segura Rodríguez
(T-5.870.489), pues ellos agotaron los mecanismos judiciales de defensa ante la
jurisdicción ordinaria laboral, antes de instaurar las acciones de tutela
correspondientes. En efecto:
(i) El señor Mardoqueo Silva Alfonso instauró una demanda
ordinaria laboral contra Colpensiones por la negativa a reconocer el incremento
pensional solicitado, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Treinta y Dos
Laboral del Circuito de Bogotá D.C. en primera instancia, y al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. en segunda instancia.
(ii) Los señores Samuel Vargas Vargas y David Hernández
Olaya presentaron demandas ordinarias laborales contra Colpensiones, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá
D.C. y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.
(iii) El señor Urias Carrillo Parejo también agotó la vía
judicial ordinaria, pues interpuso demanda laboral contra Colpensiones, frente
a la cual asumió competencia el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Barranquilla, Atlántico.
(iv) El señor Jorge Enrique Farías Castañeda agotó la vía
judicial ordinaria, al haber demandado a Colpensiones ante la jurisdicción
ordinaria; el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. fueron los juzgados de
conocimiento en primera y segunda instancia.
(v) El señor José Eugenio Flautero Torres instauró demanda
ordinaria laboral contra Colpensiones, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del
Circuito de Bogotá D.C., en primera instancia, y a la Sala de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en segunda
instancia. Cabe precisar que en el año dos mil trece (2013), el accionante
interpuso acción de tutela contra las providencias judiciales proferidas dentro
del proceso ordinario laboral, siendo ésta denegada. Frente a la posible temeridad
en que pudo incurrir el señor Flautero Torres tras interponer nuevamente una
acción de tutela, se deben tener en cuenta cuatro aspectos.  (1) De conformidad
con los elementos probatorios obrantes en el expediente, el accionante instauró
demanda ordinaria laboral contra Colpensiones por su negativa a reconocer el
derecho al incremento pensional por persona a cargo, que fue resuelta por la
Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá D.C. en el año 2013, declarando probada la excepción de prescripción propuesta
por la parte demandada.  (ii) El accionante interpuso acción de tutela contra
dicha decisión, cuyo conocimiento correspondió a las Salas de Casación Laboral
y Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia y en segunda
instancia respectivamente, las cuales decidieron negar el amparo constitucional
al considerar que las decisiones acusadas fueron fruto de una interpretación
razonada y ponderada.  (iii) Tras haberse proferido la sentencia T-369 de 2015
por parte de esta Corte, el accionante consideró que hubo un cambio de
jurisprudencia frente a la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales,
por lo que solicitó nuevamente a Colpensiones su reconocimiento. Ante lo cual se
le contestó de forma negativa.  (iv) El señor Flautero Torres, instauró acción
de tutela contra Colpensiones al considerar que su reclamación no fue
contestada de fondo, al no haberse mencionado “la prescripción del derecho,
sino que se ocupó de otras situaciones”, y solicitó el reconocimiento del
incremento pensional. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que no
hubo temeridad en las actuaciones desplegadas por el señor José Eugenio
Flautero Torres, pues las dos acciones de tutela que interpuso, no tuvieron
como sustento los mismos hechos y pretensiones. En la primera oportunidad, el
accionante pretendió la revocatoria de las providencias judiciales proferidas
en el marco de un proceso ordinario laboral instaurado contra Colpensiones.
Mientras que en esta ocasión, la acción de tutela la dirigió directamente
contra Colpensiones solicitando el reconocimiento del derecho al incremento pensional
por persona a cargo, por estar claro ahora que, en efecto, se le está privando
de gozar un derecho fundamental.
(vi) El señor Miguel  Ángel Alayon Cotrino también agotó
los medios ordinarios de defensa judicial; el Juzgado Segundo Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C. y el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral
del Circuito de Bogotá D.C. fueron los juzgados de conocimiento en el proceso
ordinario laboral que inició contra Colpensiones.
(vii) Los señores Luis Carlos León Díaz, Sara María
Velasco, Fausto Perea y Emérito Mera formularon demandas ordinarias laborales
contra Colpensiones, en dos oportunidades distintas, agotando así los medios
ordinarios de defensa judicial que tenían a su alcance; los jueces de
conocimiento fueron la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Cauca, y el Juzgado
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Popayán, Cauca.
(viii) El señor Julio Gómez Iglesias agotó la vía judicial
ordinaria, al reclamar el reconocimiento y pago del incremento pensional por
persona a cargo ante el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, Atlántico, que conoció en primera
instancia del proceso. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, Atlántico, conoció
del caso en segunda instancia.
(ix) La señora María Emma Rincón Loaiza agotó la vía
judicial ordinaria al interponer demanda ordinaria laboral contra Colpensiones,
cuyo conocimiento correspondió al
Juzgado Cuarto de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín, Antioquia, en
primera instancia, y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
Antioquia, en segunda instancia.
(x) El señor Carlos Vidal Segura Rodríguez agotó la vía
judicial ordinaria al haber interpuesto demanda ordinaria laboral contra Colpensiones,
cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de
Bogotá D.C., en primera instancia, y al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá D.C., en segunda instancia.
2.3.3.
A diferencia de los casos anteriores, el señor Mario Ernesto Velasco (T-5.755.285)
no agotó la vía judicial ordinaria, por lo que en principio no cumpliría con el
requisito de subsidiariedad propio de la acción de tutela. Sin embargo, y
conforme a la fotocopia de la cédula de ciudadanía aportada al expediente, se
observa que el accionante es una persona de la tercera edad de 85 años.[10]
Frente a lo cual, cabe mencionar que la Corte ha admitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela, aun cuando no se han agotado los medios ordinarios
de defensa judicial para el reconocimiento de derechos pensionales, si se
demuestra que los accionantes son personas de la tercera edad que: (i) han
visto una afectación a su mínimo vital; (ii) han desplegado cierta actividad administrativa
y judicial para obtener la protección de sus derechos; (iii) acreditan,
siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario
es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales
presuntamente afectados.[11]
Si
bien las acciones laborales son mecanismos eficaces para obtener el
reconocimiento de las prestaciones sociales, en algunos casos y atendiendo las
circunstancias fácticas del caso concreto o la situación personal del
interesado, su trámite procesal puede no resultar idóneo para la obtención de
los fines que se persiguen. La Corte ha reconocido que ante situaciones de este
tipo, “(…) el conflicto planteado puede trascender el nivel legal para
convertirse en un problema de rango constitucional, por lo que el juez de
tutela está obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas
necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado”.[12]
Debe recordarse que conforme al escrito de tutela, el único ingreso que percibe
el señor Velasco para solventar sus necesidades básicas y las de su esposa, es
la pensión de vejez que percibe; así bien, y ante la negativa de Colpensiones a
reconocerle el incremento pensional por persona a cargo, su mínimo vital puede
estar afectado. Aunque el actor no agotó las vías judiciales ordinarias que
tenía a su alcance para el reclamo de sus derechos fundamentales, sí solicitó
ante Colpensiones el reconocimiento de sus prestaciones sociales y ante la
negativa, decidió instaurar acción de tutela. De manera que sí desplegó cierta
actividad administrativa para obtener la protección de sus derechos. Por otro
lado, y dada su avanzada edad, las acciones judiciales ordinarias resultan
ineficaces, ya que existe una situación de desprotección actual que no da
espera a la culminación de un proceso judicial ordinario. En este sentido, y
considerando que los adultos mayores son sujetos de especial protección
constitucional, la acción de tutela resulta procedente en el caso concreto.
2.3.4. En cuanto al cumplimiento
del requisito de inmediatez propio de la acción de tutela, debe hacerse una precisión
frente a los casos de los señores Julio Gómez Iglesias (T-5.856.779), María
Emma Rincón Loaiza (T-5.856.793) y Urias
Carrillo Parejo (T-5.725.986): a
pesar del tiempo transcurrido desde que los jueces ordinarios laborales
profirieron las sentencias acusadas,[13] esta Sala considera que la vulneración
de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de los accionantes
permanece en el tiempo, por lo que la intervención del juez de tutela es
necesaria a efectos de evitar la continua afectación de sus garantías fundamentales.
En el pasado, la Corte ha explicado que es aceptable un extenso espacio de tiempo transcurrido
entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la acción de
tutela, bajo dos circunstancias específicas:[14] “(i) que se demuestre que la
vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual, (ii) que la especial situación de aquella
persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por
ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros”.[15]
En
este sentido, y frente a los casos en mención, puede decirse que la vulneración
del derecho al mínimo vital de María Emma Rincón Loaiza, Urias Carrillo Parejo y Julio Gómez Iglesias permanece en el tiempo y es actual,
pues no han podido obtener el reconocimiento del incremento pensional por
persona a cargo, no obstante que siguen teniendo a cargo a sus respectivos
cónyuges y/o compañeros permanentes. Por lo que la Sala considera que la acción
de tutela resulta procedente.
2.4.
Consideraciones generales de procedencia
2.4.1.
Con relación a los derechos de los señores Luis Carlos León Díaz, Sara María Velasco, Fausto Perea y
Emérito Mera (T-5.844.421), cabe
hacer una aclaración. La Sala no puede desconocer que la misma autoridad
judicial que fue accionada fungió como juez de tutela en segunda instancia. En
efecto, la tutela se dirigió contra las providencias judiciales proferidas
dentro de los procesos ordinarios laborales incoados contra Colpensiones por el
Juzgado Municipal de Pequeñas Causas de Popayán, Cauca y la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Cauca. Es claro que fue
este último despacho el que tuvo conocimiento de la acción de tutela en segunda
instancia. Si bien la acción fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia, ésta,
con fundamento en el Decreto 1382 del 2000 que establece las reglas de reparto entre
todos los jueces competentes,[16] consideró que “no era competente”
para conocerla. En lugar de entrar a resolver el asunto asumiendo la competencia
a prevención,[17] como corresponde en estos casos según
la regulación y la jurisprudencia respectiva, ordenó la remisión del expediente
a reparto de los Juzgados Laborales del Circuito de Popayán, pues: “(…) aun
cuando en los hechos narrados por el apoderado de los accionantes se menciona
al Tribunal Superior de Popayán y las decisiones que tomó en los primeros
procesos adelantados, lo cierto es que el quebranto de las garantías
constitucionales no se endilga a esa autoridad judicial, pues en la realidad la
inconformidad planteada radicada en las decisiones tomadas por el Juzgado
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de la citada ciudad”.[18]
Correspondiéndole el conocimiento de la misma a la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán, Cauca, en segunda instancia.[19]
Teniendo
en cuenta los hechos del caso y la normativa aplicable, en especial el artículo
39 del Decreto 2591 de 1991,[20] es probable que la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Cauca, haya tenido que presentar
algún impedimento para conocer sobre las acciones de tutela interpuestas por
los señores Luis Carlos León Díaz, Sara María Velasco, Fausto Perea y Emérito
Mera.[21]
No
obstante la situación expuesta, en virtud del mandato de prevalencia del
derecho sustancial en las actuaciones judiciales,[22]
esta Sala reconoce su deber de conocer y resolver de fondo la acción de tutela.
De lo contrario, se estaría causando una afectación mayor a los derechos
fundamentales de los cuatro accionantes, sujetos de especial protección
constitucional, al dilatar aún más el procedimiento. Sin embargo, y para que
las autoridades competentes valoren la situación y procedan como corresponda,
esta Sala remitirá copias de este expediente a la Sala Disciplinaria del
Consejo de la Judicatura, para lo de su competencia, teniendo en cuenta las
actuaciones surtidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán, Cauca, dentro de la acción de tutela de la referencia.[23]
2.4.2. Por último, debe
agregarse que el criterio para que la tutela prospere en este tipo de contextos,
es la afectación al mínimo vital de los accionantes, es decir, la existencia de
una vulneración o amenaza de un derecho fundamental. Esta circunstancia se
acredita en los casos bajo análisis. Los accionantes han explicado, en mayor o
menor medida, de manera razonada y aportando elementos de prueba, que sus
condiciones mínimas de vida se han visto mermadas como consecuencia de la
negativa de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a
reconocerles los incrementos pensionales por persona a cargo que han solicitado.[24]
En el pasado, a través de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha
protegido el derecho fundamental al mínimo vital, aclarando expresamente que es
“un aspecto
cualitativo y no cuantitativo”.[25]
La valoración
no puede ser una calificación discrecional, sino que depende de las situaciones
concretas, así “el concepto de mínimo vital no se identifica con el salario
mínimo ni con  una valoración numérica de las necesidades biológicas
mínimas por satisfacer y para subsistir”.[26] El derecho al mínimo
vital garantiza a toda persona una vida digna, ajena a la pobreza y más allá de
la mera subsistencia. Esta posición, ha sido reiterada recientemente,[27] resaltando además que a partir de una valoración
cualitativa del mínimo vital, es preciso concluir que éste “(…) no está
constituido, necesariamente, por el salario mínimo mensual legalmente
establecido y se requiere una labor valorativa del juez constitucional en la
cual entre a tomar en consideración las condiciones personales y familiares del
peticionario, así como sus necesidades básicas y el monto mensual al que ellas
ascienden”.[28] Por supuesto, el mínimo vital y su
relación con la dignidad humana es un concepto que ha jugado un papel central
en casos relativos a la protección del derecho irrenunciable a la seguridad
social de todos los habitantes, concretamente del derecho a la pensión en un
sentido amplio.[29]
3.  Problema jurídico
3.1.
Habiéndose establecido la procedibilidad de la
acción de tutela en cada caso concreto, corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico: ¿viola una autoridad judicial el derecho al debido
proceso, por desconocer la Constitución Política y un precedente judicial
vinculante, al considerar que un derecho pensional, como el incremento del 14%
por cónyuge a cargo, se pierde por completo a los tres años de no ser
reclamado, en lugar de considerar que se perdieron sólo las mesadas no
reclamadas, interpretación más favorable al trabajador (in dubio pro operario)?
3.2. Para resolver el
problema jurídico planteado, se analizarán a continuación las siguientes cuestiones: (i) la vulneración directa de la Constitución
como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, a propósito de los principios constitucionales de favorabilidad y de
duda en favor del trabajador (in dubio pro operario); (ii) el desconocimiento
del precedente jurisprudencial como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (iii) imprescriptibilidad de los
derechos a la seguridad social; y (iv) unificación de jurisprudencia sobre la imprescriptibilidad
de los incrementos pensionales. Finalmente, la Sala realizará un análisis de
los casos concretos y atenderá las pretensiones presentadas a las que haya
lugar.
4.
La vulneración
directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, a propósito de los principios constitucionales
de favorabilidad y de duda en favor del trabajador (in dubio pro operario)
4.1.
Muchos de los accionantes
alegaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en vulneración
directa de la Carta Política, al desconocer los principios constitucionales de
igualdad y favorabilidad. Al respecto, la Corte ha señalado que los principios
constitucionales “consagran prescripciones jurídicas generales que suponen
una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia,
restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de
aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional”.[30]
En este sentido, y en virtud del principio de supremacía constitucional
previsto en el artículo 4º Superior,[31] la vulneración directa de la
Constitución ha sido concebida como una causal autónoma de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales,[32]
que tiene lugar en aquellos casos en que “el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política”.[33]
4.2.
Específicamente, esta
causal se produce cuando, existiendo una violación o amenaza de un derecho
fundamental, “(i) el juez
da un alcance a una disposición normativa que contradice abiertamente un
precepto constitucional[34], (ii) cuando no se aplica la
excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido
solicitada por alguna de las partes en el proceso[35],
o (iii) cuando no existiendo precepto legal directamente aplicable a la
situación, deja de acudirse directamente a las normas constitucionales”.[36] En todo caso debe estar de por medio
la vulneración de derechos fundamentales, pues el único propósito de la acción
de tutela es salvaguardarlos.[37]
4.3.
En estos términos, los
accionantes alegaron que las autoridades judiciales acusadas que aplicaron el
término de prescripción a los incrementos pensionales solicitados, incurrieron
en vulneración directa de la Constitución, pues la interpretación que dieron de
las reglas laborales aplicables no fue la más favorable a los trabajadores. En
su concepto, se contradijo abiertamente el precepto constitucional según el
cual, cuando una fuente formal del derecho permite varias interpretaciones
razonables, el intérprete debe elegir aquella que resulte más favorable a los
intereses del trabajador (duda en favor del trabajador o in dubio pro
operario).[38]
4.4.
Los principios de
favorabilidad laboral e in dubio pro operario[39]
son mandatos constitucionales reconocidos en el artículo 53 constitucional, conforme
al cual, el juez laboral debe interpretar el estatuto del trabajo teniendo en
cuenta la “(…) situación más favorable al trabajador en caso de duda
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.[40]
En otras palabras, no importa cuál sea la fuente formal del derecho, pues en su
aplicación e interpretación, siempre se ha de preferir la situación o el estado
de cosas más favorable a los trabajadores. Ocurre así con la jurisprudencia o
con la ley, por ejemplo, cuando hay varios enunciados normativos que regulan
una misma situación jurídica (favorabilidad) o cuando respecto de un mismo
texto legal existen distintas interpretaciones (in dubio pro operario);
casos en los cuales le corresponde al operador jurídico aplicar el más
favorable al trabajador.[41] Tales mandatos constitucionales se
reflejan en el ámbito legal, pues el Código Sustantivo del Trabajo (artículo
21) los reconoce como principios generales aplicables a toda “norma vigente del
trabajo”.[42]
4.5.
Concretamente, la
jurisprudencia constitucional ha dado aplicación al principio de
duda en favor del trabajador (in dubio pro
operario) en los casos en que se ha negado el
derecho a la indexación de la primera mesada de los pensionados,[43]
cuando se ha pretendido acreditar la existencia de un vínculo de carácter
laboral[44]
o en los eventos en que un afiliado ha solicitado el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez, y el fondo de pensiones le ha exigido cotizar por lo menos el 75% de las
semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, sin que dicho
porcentaje se calcule sobre el total de semanas exigidas a los beneficiarios
del régimen de transición.[45]
4.6.
Cualquiera sea el caso, se
ha aclarado que la “duda” que da lugar a la aplicación de los principios
de favorabilidad e in dubio pro operario, debe estar revestida de
seriedad y objetividad “(…) pues no sería dable que ante una posición
jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo el argumento que la primera
es la más favorable al trabajador”.[46] En este sentido, en la sentencia T-545
de 2004 se identificaron tres criterios básicos que permiten identificar una
interpretación razonable y objetiva; (i) una fundamentación jurídica que no
incurra en errores o contradiga las reglas básicas del sistema;[47]
(ii) criterios judiciales o administrativos reiterados;[48]
y (iii) la corrección y suficiencia de la argumentación.[49]
Asimismo se indicó que, además de la razonabilidad, las interpretaciones deben
ser concurrentes al caso concreto, pues “no sería admisible hablar de dos
interpretaciones divergentes cuando se pueda establecer que las mismas no son
aplicables a un mismo supuesto de hecho o que no consulten los límites fácticos
de los casos por resolver”.[50]
4.7.
Se observa que el problema
jurídico bajo estudio, surge, entre otras razones, de las dos posibles
interpretaciones que se pueden dar a la disposición contenida en el artículo 22
del Acuerdo 049 de 1990, conforme al cual, los incrementos pensionales no
forman parte integrante de la pensión y el derecho a ellos subsiste mientras
perduren las causas que le dieron origen. En efecto, y como se explicará más
adelante: (i) algunos han considerado que el hecho de que los incrementos
pensionales no formen parte integrante de la pensión, significa que no gozan de
los atributos del derecho pensional, entre ellos, la imprescriptibilidad; (ii)
otros han argumentado que al subsistir el derecho mientras perduren las causas
que le dieron origen, este es imprescriptible, lo cual se refuerza con el
principio de favorabilidad en materia laboral. A continuación se referirá la
Sala a la procedencia de acción de tutela contra providencias judiciales, para
luego hacer referencia al “derecho irrenunciable a la seguridad social”
que la Constitución da a “todos los habitantes” (art. 48, CP), a
propósito de incrementos a la pensión por persona a cargo.
5.  El desconocimiento del precedente jurisprudencial como causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
5.1.
Los accionantes alegan que
las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente
jurisprudencial sobre la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales por
persona a cargo, al haber decidido que el derecho prescribió y, por tanto,
consideran que se les vulneró el derecho constitucional a la igualdad (artículo
13 CP). Frente a esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, cabe mencionar que la Corte ha reconocido que el mandato
de sujeción de los jueces al imperio de la ley (artículo 230 CP),[51]
no puede ser entendido estrictamente como el sometimiento a la legislación en
sentido formal, sino como la sujeción al ordenamiento jurídico como conjunto
integrado y armónico de normas.[52]
5.2.
Las autoridades judiciales están
sujetas al imperio de la ley. No obstante, en virtud de los principios de
igualdad, debido proceso y buena fe, también tienen el deber de: “(i) acoger
las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las
jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional) cuando
éstas constituyen precedentes, y/o (ii) sus propias decisiones en casos
idénticos, por el respeto del trato igual al acceder a la justicia”.[53]
Los funcionarios judiciales pueden tener comprensiones diferentes sobre el contenido
de una misma norma jurídica, pero a la vez, como lo ha señalado la Corte, la
independencia interpretativa “es un principio relevante pero que se
encuentra vinculado por el respeto del derecho a la igualdad en la aplicación
de la ley y por otras prescripciones constitucionales que fijan criterios para
la interpretación del derecho”.[54]
5.3.
En estos términos, y sin
perder de vista los principios de autonomía e independencia judicial, los
jueces en sus providencias se encuentran vinculados por el precedente de una
Corte de cierre, en aras de garantizar que situaciones iguales sean falladas
igual. Según la sentencia T-292 de 2006,[55] una jurisprudencia relevante debería
ser aplicada por el juez competente, siempre que: (i) en la ratio decidendi
de la sentencia anterior se encuentra una regla jurisprudencial aplicable al
caso a resolver; (ii) esta ratio resuelve un problema jurídico semejante
al propuesto en el nuevo caso; y (iii) los hechos del caso son equiparables a
los resueltos anteriormente (patrón fáctico).[56] Sin embargo, y para efectos de evitar
una petrificación del ordenamiento jurídico, se ha aclarado que los jueces
tienen la posibilidad de apartarse de la jurisprudencia vigente, siempre y
cuando hagan referencia al precedente que van a inaplicar y ofrezcan una
justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que dé cuenta de
las razones de por qué se apartan de la regla jurisprudencial previa.[57]
La jurisprudencia es una fuente de derecho vinculante, no deliberatoria como lo
es la ley.[58]
5.4.
Siguiendo la teoría
jurídica, la Corte ha diferenciado dos tipos de precedentes judiciales; el horizontal
y el vertical. El primero se relaciona con las sentencias que las autoridades
de la misma jerarquía o el mismo operador judicial han proferido, mientras que
el segundo se refiere a los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de las respectivas jurisdicciones.[59]
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, al ser
órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones, determinan el precedente
vertical vinculante al que deben, en principio,  apegarse los funcionarios
judiciales. En cuanto al precedente fijado por la Corte Constitucional, [60]
su desconocimiento “(…) puede llegar a vulnerar en sede judicial los
derechos ciudadanos a la igualdad y al  acceso a la justicia (C.P. Art. 13 y
29), (…) teniendo en cuenta que si la aplicación de la ley y la Constitución
dependen de la libre interpretación de cada juez, el resultado final puede
llevar a que casos idénticos se resuelvan de forma diferente por diversos
falladores, lo que a la postre desvirtuaría por completo la seguridad jurídica
en materia nada menos que constitucional”.[61] Sin embargo, los jueces tienen la
facultad de apartarse del precedente, en la medida en que la autoridad judicial
correspondiente ofrezca motivos razonables, serios, suficientes y
proporcionados que sustenten el cambio de jurisprudencia.[62]
6.
El derecho
irrenunciable a la seguridad social, a propósito de incrementos a la pensión
por persona a cargo
Teniendo
en cuenta que en el fondo del asunto se debate, entre otros asuntos, la
imprescriptibilidad de los incrementos pensionales, a continuación se expondrán
breves consideraciones sobre este atributo en materia pensional.
6.1.
La Corte, en sede de control
de constitucionalidad abstracto y concreto, ha reiterado que “(…) el derecho
a solicitar la pensión de jubilación es imprescriptible, con sujeción a los
mandatos constitucionales consagrados en la Carta Política de 1991; basta con
recordar el artículo 48 constitucional que garantiza el derecho irrenunciable a
la seguridad social y el 53 que obliga al pago oportuno de las pensiones”.[63]
No obstante, se ha precisado que las mesadas pensionales derivadas del derecho a
la seguridad social, prescriben si no son reclamadas en tiempo, conforme el
término de prescripción de tres años previsto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Esta posición pondera el
principio de primacía de los derechos fundamentales involucrados y la seguridad
jurídica, pues (i) lo resuelto queda resuelto; (ii) la protección que se puede
dar se mantiene; y (iii) se sabe que es así: hay certeza y seguridad sobre esta
solución.
6.2.
Así las cosas, las
pensiones derivadas del derecho a la seguridad social, no admiten una
prescripción extintiva del derecho en sí mismo, ya que “(…) el derecho
adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda
cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia
Constitución lo garantiza y protege” y “(…) tan pronto una persona reúne
los requisitos establecidos en el ordenamiento legal para obtener el mencionado
´status´ de pensionado, el derecho adquirido no puede ser desconocido, y se
enmarca dentro de la categoría de los derechos que no prescriben en relación
con su reconocimiento”.[64] Lo cual no ocurre con las mesadas
pensionales, cuyo reconocimiento sí está sujeto a su reclamación oportuna.
6.3.
Concretamente, la jurisprudencia
constitucional se ha referido a la imprescriptibilidad en materia de seguridad
social, en aquellos casos en los que, con fundamento en la prescripción del
derecho, las entidades competentes se han negado a reliquidar las pensiones de
sus afiliados[65] y cuando se ha negado el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de vejez.[66] Además,
y como se verá a continuación, la imprescriptibilidad de los derechos a la
seguridad social también ha sido debatida por las Salas de Revisión de esta
Corporación en varias oportunidades, en los casos en los que se ha solicitado
el reconocimiento de los incrementos pensionales por persona a cargo.
7.
Unificación de
jurisprudencia sobre la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales
7.1.
El Acuerdo 049 de 1990,
emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorio y aprobado por el
Decreto 758 de 1990 en el mes de abril, expidió el Reglamento General del
Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte. En su artículo 21
reconoció el derecho al incremento pensional por persona a cargo, disponiendo
que las pensiones de vejez e invalidez se incrementan en un 7% y/o en un 14%
sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos menores de edad o por el
cónyuge o compañero del beneficiario, siempre que dependan económicamente de
éste y no disfruten de una pensión.[67] Acerca de las normas que se
encontraban vigentes antes de la entrada en vigencia de la Constitución
Política de 1991, la Corte ha aceptado que si bien en principio solo tienen “aplicabilidad
a situaciones que tuvieron lugar con posterioridad a su vigencia, ello no
presenta impedimento alguno para que, en los casos en los que la situación
jurídica no se ha consolidado o, sus efectos siguen surtiéndose, una nueva
norma pueda entrar a regular y a modificar situaciones surtidas con
anterioridad a su vigencia”.[68] De manera que las controversias
jurídicas que se presenten en torno a las normas contenidas en el Acuerdo 049
de 1990, muchas de las cuales aún siguen produciendo efectos, deben ser
resueltas de conformidad con los principios que rigen la Constitución actual.
7.2.
Ahora bien, esta
Corporación no ha sido pacífica frente a la imprescriptibilidad de los
incrementos pensionales reconocidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. En
efecto, la Corte ha desarrollado dos líneas jurisprudenciales diferentes con
relación al problema jurídico en cuestión: (i) según la primera,[69]
que integra la posición
mayoritaria,[70] en virtud del principio de
imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, los incrementos que por
ley se desprenden de la pensión, son imprescriptibles (sentencias T-217 de
2013, T-831 de 2014, T-319 de 2015, T-369 del 2015, T-395 de 2016 y T-460 de
2016); (ii) de conformidad con la segunda,[71] que representa la posición minoritaria,[72]
debe aplicarse el precedente sentado por el órgano de cierre en materia laboral
(Corte Suprema de Justicia), en virtud del cual, los incrementos pensionales no
hacen parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez, por lo que no
gozan de sus atributos, entre esos, la imprescriptibilidad (sentencias T-791 de
2013, T-748 de 2014, T-123 de 2015, T-541 del 2015 y T-038 de 2016). Para evidenciar que el tema ha sido debatido al
interior de esta Corporación, a continuación se recogen los precedentes jurisprudenciales
que las distintas Salas de Revisión de Tutelas han adoptado y a partir de ello,
se precisará el alcance del derecho a los incrementos pensionales, con el fin de
sentar una posición uniforme en la materia.[73]
7.2.1.  En la sentencia T-217 de 2013,[74] la
Corte dio la primera respuesta al problema jurídico en cuestión, unánimemente.[75]
En aquella oportunidad, la Sala Octava  de Revisión se ocupó de estudiar los
fallos proferidos en el marco de dos procesos ordinarios laborales, en los que
se reclamaba el reconocimiento del incremento pensional del 14% por cónyuge y/o
compañero permanente a cargo. Los juzgados laborales de conocimiento habían
decidido absolver al Fondo de Pensiones de los Seguros Sociales y al Instituto
de Seguros Sociales de pagar dicha prestación, con fundamento en que operó la
prescripción del derecho.[76] Al respecto la Corte indicó que, en
sede de control abstracto y concreto de constitucionalidad, se ha mantenido una
posición uniforme en cuanto a considerar que los derechos a la seguridad social
son imprescriptibles.[77] Se precisó que el atributo de la
imprescriptibilidad “(…) se predica del derecho considerado en sí mismo,
pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que él genera y que no han
sido cobradas”.[78] En este sentido, la Sala consideró que
las sentencias acusadas incurrieron en desconocimiento del precedente
jurisprudencial.[79]
La
Sala agregó que dar aplicación a los artículos 488 del Código Sustantivo del
Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social a los
incrementos pensionales por persona a cargo, “constituye una decisión que
vulnera los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad con sujeción
a los cuales el Estado tiene la obligación de prestar el servicio público de la
seguridad social”,[80] pues equivale a perder una fracción de
recursos del derecho a la pensión o parte del mismo. En consecuencia, la Sala
resolvió, declarar que los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y a la seguridad social de los accionantes
fueron vulnerados. La orden que se adoptó en ese caso fue la de dejar sin
efectos las sentencias acusadas y proferir sentencias nuevas conforme a la
parte motiva del fallo.[81]
7.2.2.  En la sentencia T-791 de 2013,[82] se
puso a consideración de la Corte un caso similar al fallado en la sentencia
T-217 de 2013, en el que el accionante se dolía de la negativa de los jueces
laborales a reconocer el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, con
fundamento en la prescripción del derecho.[83] En aquella ocasión, la Sala Tercera de
Revisión se dividió, fijando una nueva respuesta al problema jurídico,
contraria a la desarrollada en la sentencia T-217 de 2013, por considerar que
aquella: (i) no había sido una posición ampliamente desarrollada o reiterada en
múltiples ocasiones por la Corte Constitucional; (ii) no era acertada, toda vez
que a la luz del precedente del órgano de cierre en materia laboral (Corte
Suprema de Justicia), el incremento pensional objeto de estudio sí prescribe
con el paso del tiempo;[84] (iii) resulta ceñido a la Constitución
y a la jurisprudencia constitucional, “otorgar un trato disímil y consagrar
la prescripción extintiva de un derecho patrimonial que surge del ejercicio de
un derecho constitucional fundamental (como lo son el derecho pensional y la
seguridad social)”.[85]
Lo anterior, no obstante que la misma Sala reconoció que,
de forma consolidada, la jurisprudencia constitucional ha ratificado la regla
de la imprescriptibilidad e irrenunciabilidad del derecho a la seguridad
social, con base en lo previsto en el artículo 48 Superior, constituyendo ello
una interpretación, clara, unívoca, constante y uniforme.[86] Sin
embargo, y con respecto al incremento pensional del 14% por cónyuge o compañero
permanente a cargo, consideró que en virtud de lo previsto en el artículo 22
del Acuerdo 049 de 1990, éste y los demás incrementos pensionales no hacen
parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez, por lo que no gozan de los
atributos que el ordenamiento jurídico ha señalado para las pensiones de vejez
e invalidez, entre ellos la imprescriptibilidad.[87] Esta
decisión, se reitera, no fue unánime, precisamente porque existía un precedente
que ya había resuelto un caso idéntico con una solución más protectora de los
derechos a la seguridad social y al mínimo vital.[88]
7.2.3. En Sentencia T-748 de 2014,[89] la
Sala Segunda de Revisión se pronunció nuevamente sobre la violación del
precedente constitucional que consagra la imprescriptibilidad de los derechos
de la seguridad social, por la negativa de las accionadas a reconocer el
incremento adicional al monto de la mesada pensional con base en la
prescripción del derecho.[90] Los accionantes invocaron como
precedente jurisprudencial vulnerado, el contenido en la Sentencia T-217 de
2013.[91]
La Sala Segunda de Revisión se separó de ese precedente al considerar que “no
caracteriza un antecedente trascendental”, pues en una sentencia posterior (T-791
de 2013) no fue tenido en cuenta, a pesar de haberse reconocido expresamente
que era “un caso idéntico fallado con posterioridad”. En efecto, en la sentencia
T-791 de 2013 (posterior a la T-217 de 2013), no se acogió el precedente que
para el momento existía y se falló de manera opuesta, pues se consideró que el
incremento pensional no goza del atributo de la imprescriptibilidad. Conforme a
lo expuesto, unánimemente, la Corte aplicó el precedente constitucional de la sentencia
T-791 de 2013, el cual consideró “mayoritario”, y denegó el amparo solicitado.[92]
7.2.4. En Sentencia T-831 de 2014,[93]
la Sala Séptima de Revisión estudió si en las providencias emitidas por las
autoridades judiciales accionadas se desconoció el precedente constitucional,
al sostener que los incrementos pensionales por persona a cargo de que trata el
Artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, son objeto de prescripción.[94] Al
respecto, consideró que existen dos interpretaciones normativas diferentes que
conducen a conclusiones opuestas; la contenida en la sentencia T-217 de 2013 y
la prevista en la sentencia T-791 de 2013. En virtud del principio de
favorabilidad, la Sala consideró que “(…) la interpretación que mejor
realiza los derechos fundamentales de los actores es aquella que se aplicó en
la sentencia T- 217 de 2013”, pues en esa oportunidad la Corte reconoció
que el incremento pensional no se encuentra sometido a la regla de prescripción
trienal de las acreencias laborales. Además, ni el artículo 21 ni el artículo
22 del Acuerdo 049 de 1990, en los cuales se regula el incremento bajo estudio,
se establece que el derecho prescriba, “(…) pues al definirse la naturaleza
del mismo, solo se señala que tal derecho subsiste mientras perduren las causas
que le dieron origen al mismo”. En este sentido, unánimemente, se concedió
el amparo constitucional solicitado y se concluyó que aceptar la prescripción
del derecho a los incrementos pensionales, en perjuicio de los peticionarios,
contraría el mandato de favorabilidad e implica una violación directa de la
Constitución.[95]
7.2.5. En Sentencia T-123 de 2015,[96]
la Sala Tercera de Revisión analizó si el juzgado accionado incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial al aplicar la prescripción
trienal del derecho al incremento pensional del 14%.[97]
Sobre el asunto bajo análisis, se precisó que esta Corporación no ha proferido
pronunciamientos constitucionales reiterados ni posturas uniformes al respecto,
por lo que no podría considerarse que “(…) una providencia judicial
desconoce el precedente constitucional cuando, de conformidad con la jurisprudencia
reiterada por la Corte Suprema de Justicia, decide que el incremento del 14%
por personas a cargo está sujeto a prescripción”.[98] No
obstante, la Sala no se detuvo a explicar por qué el precedente desarrollado
por la Corte Suprema de Justicia, resulta más acorde con los principios
constitucionales frente al precedente fijado por algunas Salas de Revisión de
esta Corporación. Finalmente, y en mérito de lo expuesto, en aquella
oportunidad se resolvió denegar el amparo constitucional solicitado.[99]
7.2.6. En Sentencia T-319 de 2015,[100]
la Sala Cuarta de Revisión se enfrentó a un caso parecido al que actualmente se
analiza, y al respecto planteó el siguiente problema jurídico: “determinar
si las providencias judiciales atacadas por los accionantes en sede de tutela,
no solo desconocieron los lineamientos jurisprudenciales ya sentados por esta
Corporación en torno al tema de la imprescriptibilidad en la reclamación de
derechos pensionales, y además, si dichas decisiones judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales”. La Sala repasó la jurisprudencia constitucional en
la materia y, atendiendo la similitud fáctica y jurídica de los expedientes
objeto de revisión con los casos que fueron decididos en las sentencias T-217
de 2013 y T-831 de 2014, decidió atenerse a sus fundamentos jurídicos y a lo
resuelto en tales precedentes. En este sentido, concluyó que el derecho a
reclamar los ajustes, aumentos y/o reliquidación de la pensión está
estrechamente vinculado con el derecho a la pensión en sí misma, por lo tanto
también es imprescriptible.[101] La Sala se dividió,[102]
optando por amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y a la seguridad social de los accionantes y por dejar sin efecto las
providencias judiciales acusadas de desconocer el precedente jurisprudencial.[103]
7.2.7. La Sala Séptima de Revisión de esta Corporación,
en Sentencia T-369 de 2015,[104] conoció sobre una acción de tutela
interpuesta por el señor Omar Sánchez en virtud de la cual se alegó un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, en tanto el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, desconoció la
imprescriptibilidad del incremento del 14% de la mesada pensional. En aquella
oportunidad, la Sala consideró, unánimemente, que existiendo dos posibles
interpretaciones del artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, la que mejor realiza
los derechos fundamentales del actor es aquella aplicada en la Sentencia T- 217
de 2013 y posteriormente reiterada en la Sentencia T-831 de 2014, que resulta
más favorable al peticionario, por cuanto en esas oportunidades la Corte
consideró que el derecho en mención no se encuentra sometido a la regla de
prescripción de las acreencias laborales de tres años. Así pues, se ampararon
los derechos fundamentales invocados y se dejó sin efecto la sentencia acusada,
ordenándose al Tribunal proferir una nueva providencia conforme a las
consideraciones expuestas.[105]
7.2.8. En la sentencia T-541 de 2015,[106]
la Sala Segunda de Revisión de Tutelas revisó un caso similar al que se analiza
en esta oportunidad.[107] Sin explicar por qué consideraba más adecuado
a los fines constitucionales aplicar el precedente sentado por la Corte Suprema
de Justicia en la materia, la Sala se apartó del precedente adoptado en la sentencia
T-217 de 2013 invocado por el actor, considerando que los incrementos pensionales
por persona a cargo no gozan de la imprescriptibilidad establecida para el
derecho a la pensión. Lo cual se fundamenta en que “(…) son pretensiones
económicas y están sometidas a requisitos legales, cuyo cumplimiento genera su
extinción inmediata, mientras que la pensión de vejez está destinada a asegurar
de forma vitalicia y sucesiva el mínimo vital y la subsistencia digna del
actor, por eso no puede considerarse que los mencionados incrementos hagan
parte integral del derecho a la pensión”. En este sentido, y tras indicar
que la decisión adoptada en la sentencia T-217 de 2013 no tiene la “(…) trascendencia
necesaria para constituir un precedente cuyo desconocimiento genere la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso”, resolvió denegar el
amparar los derechos fundamentales invocados por el actor y confirmar la
sentencia acusada.[108]
7.2.9. En la sentencia T-038 de 2016,[109]
y a propósito de un caso parecido a los anteriormente expuestos, la Sala
Tercera de Revisión indicó que el juzgado accionado no incurrió en un defecto
por desconocimiento del precedente constitucional.[110]
Ello teniendo en cuenta que el precedente de la Corte se encuentra dividido, en
tanto no existe una “(…) línea jurisprudencial concordante, uniforme y, por
ende, vinculante de las Salas de Revisión, como tampoco existe una
jurisprudencia en vigor que resulte de obligatorio acatamiento para el operador
jurídico demandado”.[111] La Sala consideró que no se configura
el desconocimiento del precedente constitucional cuando, al no existir un
precedente único, la autoridad judicial resuelve un caso siguiendo una de las
posiciones adoptadas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional, que
además coincide con la jurisprudencia dictada por el tribunal de cierre de la
jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. Sin embargo, no se detuvo a
explicar por qué el precedente fijado por la Corte Suprema de Justicia, en el
que se basó, es más acorde con los principios constitucionales que el
precedente desarrollado por la misma Corte Constitucional a través de varias de
sus Salas de Revisión. Además, la Sala no se pronunció sobre la posible
configuración de una violación directa de la Constitución, como causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial invocada por
el accionante. A pesar de ser situación advertida en el salvamento de voto de
la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.[112] Con fundamento en lo expuesto, la
Sala resolvió negar la protección de los derechos fundamentales invocados,[113]
pero la decisión no fue acogida unánimemente, precisamente porque no se hizo
alusión a la posible configuración de la violación directa de la Constitución,
como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.[114]
7.2.10. A propósito de un caso similar al que se estudia
en esta oportunidad,[115] la Sala Tercera de Revisión, en la sentencia
T-395 de 2016,[116] reiteró que las diferentes Salas de
Revisión de esta Corporación se han venido pronunciando en dos sentidos diferentes
respecto del tema de la prescripción del incremento pensional del 14% por
cónyuge o compañero permanente a cargo: (i) por un lado, se encuentran las
sentencias en las que se sostiene que los incrementos pensionales son objeto de
prescripción, y por otro, (ii) aquellas que defienden el carácter
imprescriptible del mismo. En este sentido, la Sala consideró que: (i) aunque “(…)
no se configuró la causal específica de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial por desconocimiento del precedente constitucional,
ante la ausencia de una línea jurisprudencial clara y expresa, y de una postura
reiterada y uniforme de esta Corporación sobre la prescripción del incremento
pensional”,[117] (ii) si existió defecto por violación
directa de la Constitución, puesto que, “(…) ante la existencia de dos
interpretaciones razonables de la Corte Constitucional sobre una misma norma de
seguridad social, el tribunal tenía la obligación de considerar lo dispuesto en
el  artículo 53 de la Constitución Política, en lo relacionado con el
principio de favorabilidad laboral y, por consiguiente, motivar la postura
adoptada en el caso concreto”. De manera que resolvió amparar los derechos
fundamentales invocados por el accionante y ordenó a la autoridad judicial
accionada proferir nueva sentencia aplicando el principio de favorabilidad
laboral.[118] Sin embargo, la decisión no fue
unánime.[119]
7.2.11.
En la sentencia T-460 de
2016, en virtud de una acción de tutela muy similar a la que se estudia en esta
oportunidad,[120] la Sala Sexta de Revisión explicó que
la Corte se encuentra dividida en dos posiciones antagónicas frente a los
incrementos pensionales por persona a cargo: (i) algunos fallos señalan
que el incremento es un derecho patrimonial, no fundamental, pues no está
orientado a satisfacer necesidades del actor, por lo que no hace parte de la
pensión; (ii) la otra tesis considera que el incremento pensional es un aspecto
de la seguridad social y, en esas condiciones, es un derecho de carácter
imprescriptible. En aquella ocasión, la Sala se acogió a la segunda teoría, argumentando
que “(…) si bien el precepto contenido en el artículo 22 del Acuerdo 049 de
1990 señala que el incremento no hace parte de la pensión, no es menos cierto
que a renglón seguido, como ya se indicó, expresa que `el derecho a ellos
subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen`. Es decir, se trata
de un mandato posterior, que prevalece sobre el anterior, de acuerdo con las
reglas de aplicación de la ley, contenidas en la Ley 153 de 1887”.[121]
En ese orden de ideas, la Corte decidió, unánimemente, que la interpretación
que mejor materializa los fines del Estado, como el de garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, es
la última, pues acoge la máxima de la favorabilidad en materia laboral.[122]
7.3.
La primera respuesta
jurisprudencial que dio la Corte al problema que se analiza, se encuentra en
las sentencias T-217 de 2013,[123] T-831 de 2014,[124]
T-319 de 2015,[125] T-369 del 2015,[126]
T-395 de 2016[127] y T-460 de 2016.[128]
Como se dijo, se consideró que en virtud del principio de imprescriptibilidad
del derecho a la seguridad social, los incrementos que por ley se desprenden de
la pensión son imprescriptibles, salvo las mesadas no reclamadas en tiempo
conforme a la regla general de prescripción de las acreencias laborales contenida
en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente, en algunas de
estas sentencias se sostuvo que la prescripción del incremento pensional del
14%, es una interpretación contraria y violatoria del artículo 53 de la
Constitución Política, pues al existir dos interpretaciones posibles de una
misma norma jurídica, debe acogerse aquella que resulta más favorable al
trabajador (principio de duda en favor del trabajador o in dubio pro
operario). Esta conclusión, se consideró, se impone con más fuerza, pues se
trata de garantías que comprometen el mínimo vital en dignidad de las personas.
Esta primera respuesta ha sido respaldada por la mayoría de los Magistrados y
Magistradas de la Corte Constitucional.[129]
Por
otra parte, en las sentencias T-791 de 2013,[130] T-748 de 2014,[131]
T-123 de 2015,[132] T-541 del 2015[133]
y T-038 de 2016[134] se indicó que, conforme al precedente
jurisprudencial sentado por la Corte Suprema de Justicia, si bien los
incrementos pensionales nacen del reconocimiento de la prestación, estos no
forman parte integrante de ella ni del estado jurídico de la persona
pensionada, por lo que no gozan del atributo de la imprescriptibilidad. Además
precisaron que aunque el precedente constitucional “tiene la fuerza de
instituir interpretaciones que ciñan la aplicación del ordenamiento legal a lo
consagrado por la Carta Política”,[135] la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia tiene fuerza de precedente y es una garantía para que las
decisiones de los jueces estén apoyadas en una interpretación uniforme y sólida
del ordenamiento jurídico, por lo que no es posible afirmar que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente
constitucional.[136]
Debe
agregarse frente a este último grupo de sentencias, que las Salas de Revisión
que en su momento tuvieron conocimiento del asunto, omitieron realizar una
valoración sobre la posible configuración de la violación directa de la
Constitución como causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, limitando su análisis al desconocimiento del precedente constitucional.
Ello no obstante que en algunos casos, dicha causal fue alegada por los
accionantes.[137] Esta situación evidencia que en los
fallos en mención, no se hizo un examen completo de constitucionalidad y que el
principio de congruencia de las decisiones judiciales fue desconocido al no
existir un pronunciamiento sobre todos los cargos esgrimidos por los
accionantes, en algunos de los casos.[138]
7.4.
La interpretación jurídica
más razonable, considera la Sala, debe tener en cuenta una correcta
fundamentación jurídica, a la luz de los referentes jurídicos aplicables (que
no sea errada), la aplicación judicial y administrativa que se da (que se
acople mejor a cómo se ha entendido el derecho) y, además, una argumentación
suficiente (la que mejor dé cuenta de los aspectos involucrados en el caso). Son
justamente los criterios de razonabilidad de la interpretación que tuvo en
cuenta esta Corte para determinar la “seriedad y objetividad” de la “duda”
que da lugar a aplicar los principios de favorabilidad e in dubio pro operario.[139]
Por eso, la Sala Plena decide que: la interpretación que resulta más acorde a
la Constitución Política por ser favorable a los intereses de los trabajadores pensionados
en el caso concreto, es aquella según la cual los incrementos pensionales de
que trata el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, no prescriben con el paso del
tiempo, esto es, la primera que dio la jurisprudencia al problema analizado.
Esta es la respuesta más acorde con el orden constitucional vigente por cuatro
razones básicas. (i) Encuadra en el marco de la disposición normativa contenida
en el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, al reconocer que al subsistir el
derecho al incremento perduran las causas que le dieron origen, y corresponde
con la interpretación autorizada por las normas constitucionales, ya que es
respetuosa del principio de in dubio pro operario. (ii) Fue la primera
respuesta que se dio al problema jurídico y es la que más se ha reiterado por
parte de más magistradas y magistrados (sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 de 2015,
T-369 del 2015 y T-395 de 2016).
(iii) Es la postura que más ha justificado por qué, constitucionalmente es
preferible asumir la primera y no la segunda opción; las sentencias que han
dado la segunda respuesta al problema jurídico (la más restrictiva de los
derechos constitucionales involucrados), se preocuparon más en argumentar y
demostrar que no existía un precedente claro y fijo a seguir en la
jurisprudencia, y que por tanto podían decidir distinto, a como ya se había
hecho inicialmente, que a argumentar y demostrar que la segunda respuesta era
más acorde con los principios constitucionales aplicables, en especial el derecho
al mínimo vital y a la dignidad humana. (iv) Finalmente, la primera de las
respuestas, al basarse en los principios de imprescriptibilidad de los derechos
pensionales y favorabilidad en materia laboral, es, precisamente, la respuesta
que mejor y con mayor suficiencia se encuentra motivada a la luz de los
principios del orden constitucional vigente. Como la propia Constitución lo
dice, el derecho a la irrenunciabilidad social es de todos los habitantes. Ni
siquiera es un presupuesto o una contraprestación de la ciudadanía. Es una
condición básica que, como parte de la dignidad humana, se reconoce a toda
persona que está en Colombia (art. 48, CP).
Además,
la Sala considera que se suma una quinta razón adicional (v) pues es deber de
las autoridades judiciales y administrativas cumplir con el deber de protección
a sujetos de especial protección y en condiciones de debilidad física o
económica (art. 13, CP) así como con el deber de solidaridad (Artículos 1°, 48
y 95.2 de la Constitución Política)[140] frente a los familiares de los
accionantes que podrían verse beneficiados por el reconocimiento de los
incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. En
su mayoría, además de las condiciones económicas precarias, son personas de
especial protección constitucional en razón a su edad o situación de
discapacidad. Sobre todo si se tiene en cuenta que los incrementos pensionales
en mención están encaminados a garantizar una vida digna y el mínimo vital de
los integrantes de un núcleo familiar.
7.5.
Por último, debe advertirse que fueron conculcados los derechos al debido
proceso y a la igualdad de aquellas personas que, en su momento, acudieron a la
acción de tutela reclamando la misma protección otorgada por algunas Salas de
Revisión en cuanto a la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales, y
que por no existir una sentencia unificada en la materia, obtuvieron una
negación a sus derechos fundamentales.[141] Situación que se debe a los cambios
jurisprudenciales entre las mismas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional, que como se vio en los numerales anteriores, no siempre fueron
lo suficientemente razonados y justificados.[142] Máxime cuando en virtud del artículo
34 del Decreto 2591 de 1991, todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido
por la Sala Plena, y “(…) si una de las Salas de Revisión se apropia dicha
función, se extralimita en el ejercicio de sus competencias con grave violación
del debido proceso”.[143]
8.  Los jueces de instancia y Colpensiones,
respectivamente, violaron los derechos fundamentales de los accionantes
8.1.
En virtud de lo anterior,
no puede alegarse que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente jurisprudencial en los casos bajo análisis, pues
además de que muchas de ellas aplicaron y respetaron el precedente
jurisprudencial sentado por la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre en
materia laboral, la Corte Constitucional no había proferido una posición
uniforme en cuanto a la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales por
persona a cargo, hasta ahora.
8.2.
Sin embargo, y como se
expondrá a continuación, existen razones para concluir que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en vulneración directa de la Constitución, desconociendo
el principio de in dubio pro operario al momento de declarar prescrito
el derecho al incremento pensional por persona a cargo, pues eligieron aplicar
la interpretación de la norma que menos favorecía a los intereses de los señores
Mardoqueo Silva Alfonso (T-5.647.921),[144] Samuel Vargas Vargas y David Hernández
Olaya (T-5.647.925),[145] Urias Carrillo Parejo (T-5.725.986),[146]Jorge
Enrique Farías Castañeda (T-5.766.246),[147] Miguel Ángel Alayon Cotrino
(T-5.841.624),[148] Luis Carlos León Díaz, Sara María
Velasco, Fausto Perea y Emérito Mera (T-5.844.421),[149]
Julio Gómez Iglesias (T-5.856.779),[150] María Emma Rincón Loaiza
(T-5.856.793)[151] y Carlos Vidal Segura Rodríguez
(T-5.870.489)[152].
8.3. Frente a los señores Mario Ernesto Velasco
(T-5.755.285) y José Eugenio Flautero Torres (T-5.840.729), debe anotarse que ellos
no dirigieron la acción de tutela contra alguna providencia judicial, sino
contra la negativa de Colpensiones a reconocerles el derecho al incremento
pensional por persona a cargo. En este sentido, se considera que quien incurrió
en vulneración directa de la Constitución por desconocimiento del principio de in
dubio pro operario, fue la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, al negar el reconocimiento del incremento pensional solicitado
por dos hombres de la tercera edad cuyo
único ingreso deviene de las pensiones de vejez que devengan, con fundamento en
que el derecho prescribió al no ser reclamado dentro del término de prescripción
de tres años que consagra la ley. Acto que viola directamente la Constitución y
que si es grave dado el contexto judicial, también lo es en este caso.
9.  Conclusiones y órdenes a impartir
9.1.
Las autoridades judiciales accionadas no
incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial en materia de
imprescriptibilidad de los incrementos pensionales, en tanto la Corte
Constitucional no había proferido una posición uniforme en la materia hasta
este momento.
9.2.
En virtud del mandato
constitucional de in dubio pro operario, la interpretación que resulta
más favorable a los intereses de los pensionados, es aquella según la cual los
incrementos pensionales de que tratan los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de
1990, no prescriben con el paso del tiempo. Aclarándose que las mesadas
causadas y no reclamadas oportunamente, sí prescriben conforme a la regla
general de prescripción de las acreencias laborales contenida en el artículo 488
del Código Sustantivo del Trabajo. En esa medida, las accionadas incurrieron en
violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, porque desconocieron el principio
constitucional de in dubio pro operario.
9.3.
En virtud del deber de
solidaridad (Artículos 1°, 48 y 95.2 de la Constitución Política), las
autoridades judiciales y administrativas accionadas debieron aplicar la
interpretación más favorable de la norma, teniendo en cuenta que las personas a
cargo de los accionantes son en su mayoría sujetos de especial protección
constitucional, en razón a su edad y/o situación de discapacidad, y que los
incrementos pensionales solicitados están encaminados a garantizarles una vida
digna y su mínimo vital.
9.4.
El derecho a la igualdad de
las personas que acudieron a la acción de tutela en el pasado para solicitar el
reconocimiento de los incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del
Acuerdo 049 de 1990, fue conculcado como consecuencia de la división al
interior de las Salas de Revisión de Tutelas de esta Corporación, frente a la
prescripción del derecho.
9.5.
En consecuencia, a
continuación la Sala:
(i) Revocará las sentencias proferidas por los jueces de
tutela en cada uno de los expedientes de la referencia, para en su lugar
amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y
al mínimo vital de los accionantes.
(ii)
Inaplicará las providencias judiciales proferidas por las autoridades
judiciales accionadas en los procesos ordinarios laborales, en lo referente a
la decisión de negar el reconocimiento de los incrementos pensionales por
persona a cargo, con fundamento en la prescripción del derecho. Estas
decisiones judiciales serán inoponibles ante cualquier trámite relacionado con
los incrementos pensionales.[153]
(iii)
Le ordenará a la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que, aplicando el orden constitucional y
legal vigente, reconozca los incrementos pensionales a favor de los accionantes
que cumplan con las condiciones previstas en el artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990 para acceder a ellos, en los términos expuestos en la presente sentencia y
sin negar la prestación, en ningún caso, bajo el pretexto de que el derecho
prescribió o con fundamento en las decisiones judiciales que se inaplicaron. La finalidad de esta orden es reducir la
litigiosidad innecesaria en la materia, lo cual conllevará a reducir las
violaciones a los derechos fundamentales de los pensionados así como la
necesidad de iniciar trámites burocráticos y judiciales que generan a la
administración y a la justicia costos reales (manifestados en los trámites
procesales), costos de oportunidad (por los trámites burocráticos y judiciales
que se dejan de adelantar) y costos simbólicos (al dar la impresión de que la
administración no respeta los derechos fundamentales).
(iv)
Le ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, realizar
a favor de los accionantes que resulten beneficiarios de los incrementos
pensionales previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, los pagos
retroactivos no prescritos, comprendidos en los tres años anteriores contados a
partir de la notificación de la presente sentencia de unificación.[154]
(v)
Solicitará al Gobierno Nacional que, a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y del Ministerio del Trabajo, tome las medidas adecuadas y
necesarias para asegurar que la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, cuente con la capacidad financiera necesaria para asumir los
costos derivados de la protección efectiva de los derechos fundamentales
analizados. Para el efecto, deberá identificar los impactos reales que puedan
poner en riesgo la inclusión de este u otros derechos fundamentales y, si esto
ocurre, tomar las medidas para proveer a Colpensiones de las herramientas
necesarias para que pueda cumplir con las órdenes aquí proferidas;[155]
(vi)
Finalmente, se remitirá copias del expediente T-5.844.421 a la Sala
Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, para lo de su competencia, teniendo
en cuenta las actuaciones surtidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Popayán, Cauca, dentro de la acción de tutela correspondiente.[156]
La
Sala se abstiene de dar efectos inter pares a esta decisión, debido a
las particularidades propias de cada caso. No obstante, como unificación de
jurisprudencia que es, esta sentencia cierra el debate judicial sobre la
existencia de los derechos irrenunciables a la seguridad social que fueron
objeto de protección. Por eso, los casos similares, tratados o por tratar,
deben ser resueltos por la administración o las autoridades judiciales
correspondientes, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales decantados.
III.  DECISIÓN
Una
autoridad judicial o administrativa vulnera el derecho al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital de un pensionado, por desconocer
directamente la Constitución Política, al considerar que un derecho pensional
como los incrementos por persona a cargo, se pierde por completo a los tres
años de no ser reclamado, en lugar de considerar que se perdieron sólo las
mesadas no reclamadas, como se sigue de la interpretación más favorable al
trabajador (in dubio pro operario).
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el proceso y REVOCAR los fallos proferidos por: (i) la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el dieciocho (18) de mayo de
dos mil dieciséis (2016), dentro del trámite de tutela instaurado por Mardoqueo
Silva Alfonso contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C. y la Administradora Colombiana de Pensiones; (ii) la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el veinticinco (25)
de mayo de dos mil dieciséis (2016), dentro del trámite de tutela instaurado
por David Hernández Olaya y Samuel Vargas Vargas contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. y la Administradora
Colombiana de Pensiones; (iii) la
Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, Atlántico, el
veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dentro del trámite de
tutela instaurado por Urias Carrillo Parejo contra el Juzgado Tercero Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, Atlántico, y la Administradora
Colombiana de Pensiones; (iv) el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán,
Cauca, el veinte (20) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dentro del trámite
de tutela instaurado por Mario Ernesto Velasco contra la Administradora
Colombiana de Pensiones; (v) la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), dentro del
trámite de tutela instaurado por Jorge Enrique Farías Castañeda contra la Sala
de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.;
(vi) la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C. el quince (15) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), dentro del trámite de tutela instaurado por José Eugenio
Flautero Torres contra la Administradora Colombiana de Pensiones; (vii) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciséis (2016),
dentro del trámite de tutela instaurado por Miguel Ángel Alayon Cotrino contra el Juzgado Segundo
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C., el Juzgado Treinta y
Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y la Administradora Colombiana de
Pensiones; (viii) la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán, Cauca, el once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), dentro
del trámite de tutela instaurado por Luis Carlos León Díaz, Sara María Velasco,
Fausto Perea y Emérito Mera contra el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Popayán, Cauca; (ix) la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, el seis (06) de octubre de dos mil dieciséis (2016), dentro del
trámite de tutela instaurado por Julio Gómez Iglesias contra el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Barranquilla, Atlántico, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico y la Administradora
Colombiana de Pensiones; (x) la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el once (11) de octubre de dos mil dieciséis (2016), dentro del
trámite de tutela instaurado por María Emma Rincón Loaiza contra el Juzgado
Cuarto de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín, Antioquia, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Antioquia, y la
Administradora Colombiana de Pensiones; (xi) la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, el veinte (20) de octubre de dos mil dieciséis
(2016), dentro del trámite de tutela instaurado por Carlos Vidal Segura
Rodríguez contra el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá D.C., la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. y la
Administradora Colombiana de Pensiones. En su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de los
accionantes.
Segundo.- INAPLICAR las decisiones judiciales adoptadas
por: (i) la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el treinta (30) de
julio de dos mil quince (2015) dentro del proceso ordinario laboral promovido
por Jorge Enrique Farías Castañeda contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (Expediente
T-5.766.246); (ii) la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá D.C., el quince (15) de octubre de dos mil quince (2015), dentro del
proceso ordinario laboral promovido por Carlos Vidal Segura Rodríguez contra la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones (Expediente T-5.870.489); (iii) la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el
doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), dentro del proceso ordinario
laboral promovido por Mardoqueo Silva Alfonso contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (Expediente
T-5.647.921); (iv) la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá D.C., el veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016), dentro
del proceso ordinario laboral promovido por Samuel Vargas Vargas y David Hernández Olaya contra la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (Expediente T-5.647.925); (v) el Juzgado Treinta y Cuatro
Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el once (11) de julio de dos mil dieciséis
(2016) dentro del proceso ordinario laboral promovido por Miguel Ángel Alayon
Cotrino contra la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (Expediente
T-5.841.624); (vi) la Sala Quinta Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, Antioquia, el dieciséis (16) de
diciembre de dos mil catorce (2014) dentro del proceso ordinario laboral
promovido por María Emma Rincón Loaiza contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (Expediente T-5.856.793); (vii) el Juzgado
Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, Atlántico, el
siete (07) de octubre de dos mil catorce (2014) dentro del proceso ordinario
laboral promovido por Urias
Carrillo Parejo contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (Expediente
T-5.725.986); (viii) la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, Atlántico, el veintisiete (27) de julio de dos mil
once (2011) dentro del proceso ordinario laboral promovido por Julio Gómez
Iglesias contra la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (Expediente T-5.856.779); (ix) el Juzgado Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Popayán, Cauca, el veinte (20) de enero de dos mil
quince (2015) en el caso de Fausto Perea, el veintiocho (28) de julio de dos
mil quince (2015) en los casos de Luis Carlos León Díaz y Sara María Velasco y
el cuatro (04) de diciembre de dos mil quince (2015) en el caso de Emérito
Mera, dentro de los procesos ordinarios laborales promovidos contra la Administradora Colombiana
de Pensiones, Colpensiones (Expediente T-5.844.421). Estas decisiones judiciales
son inoponibles ante cualquier trámite relacionado con asuntos pensionales.
Tercero.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, que, en el plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta sentencia, aplicando el orden constitucional y legal
vigente, reconozca los incrementos pensionales a favor de los accionantes que
cumplan con las condiciones previstas en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990
para acceder a ellos, en los términos expuestos en la presente sentencia y sin
negar la prestación, en ningún caso, bajo el pretexto de que el derecho
prescribió o con fundamento en las decisiones judiciales que se inaplicaron. De
igual manera, ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, realizar a favor de los accionantes que resulten beneficiarios de
los incrementos pensionales previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990, los pagos retroactivos no prescritos, comprendidos en los tres años
anteriores contados a partir de la notificación de la presente sentencia de
unificación.
Cuarto.- SOLICITAR al Gobierno Nacional que, a través del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio del Trabajo, tome las
medidas adecuadas y necesarias para asegurar que la Administradora Colombiana
de Pensiones, Colpensiones, cuente con la capacidad financiera necesaria para
asumir los costos derivados de la protección efectiva de los derechos
fundamentales analizados en esta sentencia. Para el efecto, deberá identificar
los impactos reales que puedan poner en riesgo la inclusión de este u otros
derechos fundamentales y, si esto ocurre, tomar las medidas para proveer a
Colpensiones de las herramientas necesarias para que pueda cumplir con la orden
proferida.
Quinto.- REMITIR copias del expediente
T-5.844.421 a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para
lo de su competencia, teniendo en cuenta las actuaciones surtidas por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Cauca, dentro
de la acción de tutela de la referencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
HERNÁN LEANDRO CORREA
CARDOZO
Magistrado (e)
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de
voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de
voto
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA
MAYOLO
Magistrado (e)
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ ANTONIO CEPEDA
AMARÍS
Magistrado (e)
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
Anexo 1
A continuación se
presentan los antecedentes de cada uno de los expedientes bajo estudio que han
sido acumulados por presentar unidad de materia, además de las actuaciones
surtidas en sede de revisión. Este anexo forma parte integral de la presente
sentencia.
I.    ANTECEDENTES
Los accionantes
solicitan el reconocimiento del incremento pensional del 14% por persona a
cargo, el cual, en diez de los casos, les fue negado por las autoridades
judiciales que conocieron de las demandas ordinarias laborales presentadas
contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y en uno de
ellos, directamente por esa administradora de pensiones.
1.  Expediente T-5.647.921
1.1.
Hechos y solicitud
1.1.1. El señor Mardoqueo Silva Alfonso instauró demanda ordinaria
laboral contra Colpensiones pretendiendo que le fuera reconocido y pagado el
incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo.[157]
El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá que conoció del proceso
en primera instancia, decidió reconocer los incrementos pensionales a partir
del cuatro (04) de diciembre de dos mil diez (2010), debidamente indexados,
declarando prescritos los anteriores a dicha fecha.[158]
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.
revocó la orden proferida por considerar que el derecho reclamado se encontraba
prescrito.[159]
1.1.2. El actor precisa que durante el trámite del proceso ordinario
laboral, se logró demostrar que cumplió a cabalidad con los requisitos
establecidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a los
incrementos pensionales solicitados, por lo que la decisión proferida en
segunda instancia es contraria a derecho y vulnera sus derechos fundamentales.
Aclara que en varios pronunciamientos la Corte Constitucional ha sostenido que
los incrementos pensionales por persona a cargo, no prescriben de manera total,
sino parcial, por lo que debió el Tribunal confirmar la decisión del juez de
primera instancia. Solicita el reconocimiento del incremento pensional.
1.2.
Contestación de la
entidad accionada
Admitida la tutela el cinco (05) de mayo de dos
mil dieciséis (2016), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia corrió traslado a la parte accionada para que ejerciera su derecho de
defensa y rindiera informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela
dentro de los dos días siguientes a la notificación del oficio. Asimismo
vinculó a la actuación a los intervinientes dentro del proceso ordinario
laboral controvertido, por tener interés en la acción constitucional. Sin
embargo, el término anterior venció, sin que la parte accionada ni los
intervinientes rindieran el informe requerido.
1.3.
Decisión judicial
objeto de revisión
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia resolvió negar la acción de tutela de la referencia al considerar
que la providencia censurada es el resultado de una labor de hermenéutica
propia de la autoridad judicial que la profirió. Ello teniendo en cuenta que el
juez de conocimiento actuó bajo criterios mínimos de razonabilidad, a la luz de
lo que arrojaba la situación fáctica planteada al interior del proceso y de las
normas legales y jurisprudenciales aplicables al asunto debatido. En relación
con la prescripción del derecho a los incrementos pensionales por cónyuge a
cargo, consideró acertados los argumentos expuestos por el Tribunal en la
providencia acusada, conforme a los cuales el fenómeno prescriptivo opera de
forma total sobre el incremento peticionado cuando este derecho no se reclama
dentro de los tres años siguientes a la fecha de reconocimiento de la pensión.[160]
2.  Expediente T-5.647.925
2.1.
Hechos y solicitud
2.1.1. Los señores Samuel Vargas Vargas y David Hernández Olaya
indican que, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, les fue reconocida su
pensión de vejez.[161] Que mediante
derecho de petición le solicitaron a Colpensiones el reconocimiento y pago del
incremento del 14% por cónyuge a cargo, y que en vista a que no recibieron respuesta
de fondo a lo planteado en la solicitud, presentaron demanda ordinaria laboral
en su contra, de la cual conoció el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de
Bogotá.
2.1.2. Sostienen que el Juzgado de conocimiento, ordenó a
Colpensiones reconocer a su favor las sumas de $6.671.756 y $6.880.454,
respectivamente, equivalente al 14% de la pensión mínima legal mensual,
debidamente indexada.[162] La Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, que conoció del proceso en segunda instancia,
revocó la orden proferida para en su lugar negar el reconocimiento del
incremento pensional solicitado, al considerar que dicha prestación estaba afectada
por el fenómeno de la prescripción de los tres años.[163]
2.1.3. Solicitan el reconocimiento del incremento pensional.
Advierten que son personas de la tercera edad y que la reclamación del
reconocimiento y pago del incremento pensional se mantiene en la actualidad,
siendo la pensión que perciben el único ingreso con el que cuentan para
solventar sus necesidades básicas y las de sus esposas.[164]
2.2.
Contestación de la
entidad accionada
Admitida la demanda el dieciocho (18) de mayo de
dos mil dieciséis (2016), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia corrió traslado a la parte accionada para que dentro del término de
los dos días siguientes a la notificación del oficio, rindiera informe sobre
los hechos expuestos en el escrito de tutela, asimismo vinculó a la actuación a
los intervinientes dentro del proceso ordinario laboral controvertido, por
tener interés en la acción constitucional. Sin embargo, el término venció sin
que la parte accionada ni los intervinientes rindieran el informe requerido.
2.3.
Decisión judicial
objeto de revisión
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia resolvió denegar el amparo deprecado al considerar que el Tribunal
accionado acogió los precedentes jurisprudenciales en la materia, por lo que no
se puede tildar de arbitraria o caprichosa su decisión, “ni si quiera por el
hecho de que otras corporaciones judiciales tengan distinto criterio sobre el
asunto”. Sobre el particular, advirtió que los incrementos pensionales
solicitados por los accionantes no forman parte de las pensiones de vejez.
Asimismo citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia conforme a la cual
“bien puede aplicarse para efectos de estos incrementos la tesis de que los
mismos prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su
exigibilidad, debiendo entenderse que son exigibles desde el momento en que se
produjo el reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez”[165].[166]
3.  Expediente T-5.725.986
3.1.
Hechos y solicitud
3.1.1. El señor Urias Carrillo Parejo manifiesta que el Instituto
de los Seguros Sociales reconoció a su favor la pensión de jubilación y que en
consecuencia, elevó reclamación administrativa ante Colpensiones para obtener
el reconocimiento del incremento del 14% correspondiente al auxilio de su
esposa.[167] La petición fue resuelta
desfavorablemente a sus intereses, por lo que promovió demanda laboral de única
instancia. El Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla, Atlántico, que conoció de la demanda, absolvió a Colpensiones al
declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada.[168]
3.1.2. Considera que la decisión proferida por la autoridad
judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente constitucional,
por lo que solicita el reconocimiento y pago del incremento pensional del 14%
de su mesada pensional a partir del doce (12) de septiembre de dos mil diez
(2010).
3.2.
Contestación de la
entidad accionada
3.2.1. Admitida la demanda el día diecisiete (17) de julio de dos
mil quince (2015), el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Barranquilla, Atlántico, corrió traslado a los accionados para que se
pronunciaran sobre los hechos materia de tutela, dentro de los tres días
siguientes a la notificación del proveído.
3.2.2. El Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas de
Barranquilla, Atlántico, informó que no existió vulneración de ningún derecho
fundamental en la sentencia proferida, pues se procedió respetando las
prescripciones constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables al caso
concreto. Al estudiar la excepción de prescripción propuesta oportunamente por
la accionada, se observó que el término de tres años para reclamar los derechos
pensionales derivados de su condición de pensionado por vejez, no fue
interrumpido oportunamente, puesto que la reclamación administrativa fue
presentada el doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), cuando ya habían
transcurrido más de tres años desde la fecha del reconocimiento pensional.
Asimismo, adujo que se separó del precedente sentado en la sentencia T-217 de
2013 para apegarse al precedente de la Corte Suprema de Justicia, conforme al
cual, los incrementos pensionales no forman parte de la pensión, por lo que
pueden quedar afectados por el fenómeno de la prescripción.[169]
3.3.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
3.3.1. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla,
Atlántico decidió tutelar los derechos fundamentales invocados por el actor y
ordenar a la autoridad judicial accionada proferir nueva sentencia dentro del
proceso ordinario laboral de única instancia iniciado, reconociendo a su favor
el incremento del 14% sobre la mesada pensional por cónyuge dependiente. Aclaró
que de aplicar el fenómeno prescriptivo, lo sería por los incrementos
pensionales no reclamados en el tiempo estipulado en el artículo 488 del Código
Sustantivo del Trabajo,[170] teniendo en cuenta el precedente
sentado por la Corte Constitucional en la sentencia T-217 de 2013.[171]
3.3.2. La Jueza Tercera Municipal de Pequeñas Causas Laborales,
Sandra Margarita Rojas Agudelo, impugnó el fallo de primera instancia teniendo
en cuenta que en virtud del artículo 230 Superior, los jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. En su concepto, la
jurisprudencia es un criterio meramente auxiliar de la actividad judicial que
no constituye una “camisa de fuerza” capaz de atar al juzgador de instancia. Sostuvo
que la sentencia T-217 de 2013 invocada por el actor, al ser una sentencia de
tutela, tiene carácter obligatorio únicamente para las partes (inter partes)
y su motivación solo constituye un criterio auxiliar para la actividad de los
jueces; a diferencia de aquellas sentencias proferidas en sede de control
abstracto de constitucionalidad, cuyos efectos se extienden a todos (erga
omnes). Por último, aclaró que el precedente referente a la prescripción de
los incrementos pensionales previsto en esa dependencia judicial desde el año
2007, ha sido el criterio reiterado desde que se creó el Juzgado Tercero
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla.
3.3.3. La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico, revocó la sentencia de
primera instancia para en su lugar denegar el amparo constitucional. Consideró
que el precedente del Tribunal de cierre en materia laboral, Corte Suprema de
Justicia, predica que los incrementos pensionales por personas a cargo sí
prescriben. Por otra parte adujo que la acción de tutela no llena el requisito
de la inmediatez, toda vez que la sentencia atacada fue proferida el siete (07)
de agosto de dos mil catorce (2014) y la acción fue presentada hasta el dos (02)
de marzo de dos mil quince (2015), después de seis meses y veinticinco días de
haberse proferido el fallo acusado.[172]
4.  Expediente T-5.755.285
4.1.
Hechos y solicitud
4.1.1. El señor Mario Ernesto Velasco manifiesta que Colpensiones
le negó el reconocimiento del incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo
que solicitó, con fundamento en que operó la prescripción del derecho, al
haberse presentado la solicitud por fuera del periodo de tres años que concede
la legislación laboral.[173]
4.1.2. Aduce que conforme a la jurisprudencia constitucional, los
derechos pensionales son imprescriptibles, por lo que existió una vulneración
de sus derechos fundamentales. Además pone de presente que es una persona de la
tercera edad cuyo único ingreso para solventar las necesidades básicas propias
y de su esposa, es la pensión de vejez que percibe.[174]
Solicita el reconocimiento del incremento pensional.
4.2.
Contestación de la
entidad accionada
4.2.1. Admitida la demanda el día seis (06) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, Cauca,
vinculó al trámite de tutela a la Gerencia Nacional de Reconocimiento y a la
Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana de
Pensiones y solicitó un informe sobre los hechos expuestos por el accionante.
4.2.2. Carlos Alberto Parra Aristizábal, Vicepresidente Jurídico y
Secretario General de Colpensiones, informó que mediante Resolución GNR-358558
de 2015 se resolvió la solicitud presentada por el accionante sobre el
reconocimiento del incremento pensional del 14% por persona a cargo. Además, en
virtud de las Resoluciones GNR-4782 y VPB-15045 de 2016 se resolvieron los
recursos de reposición y apelación interpuestos por el actor. Por lo que si
todavía presenta desacuerdo frente a lo resuelto, debe agotar los
procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para tal fin y no
reclamar su solicitud vía acción de tutela. En este sentido, consideró que no
es competencia del juez de tutela realizar un análisis de fondo frente al
reconocimiento de la prestación económica solicitada.
4.3.
Decisión judicial
objeto de revisión
El Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Popayán, Cauca, resolvió declarar improcedente el amparo
constitucional invocado, manifestando que el accionante no ha acudido a los
medios ordinarios que tiene a su alcance para lograr el reconocimiento y pago
del incremento pensional del 14% por persona a cargo. Correspondiéndole al juez
ordinario y no al juez de tutela determinar si la entidad tiene la obligación
de reconocer o no la prestación económica solicitada. Además precisó que no
existe en el expediente prueba alguna que demuestre la existencia de un
perjuicio irremediable que sustente transitoriamente el amparo constitucional.
[175]
5.  Expediente T-5.766.246
5.1.
Hechos y solicitud
5.1.1. Jorge Enrique Farías Castañeda sostiene que Colpensiones reconoció a su favor la pensión de
vejez, por lo que solicitó el reconocimiento y pago del incremento pensional
del 14% por persona a cargo, teniendo en cuenta que convive con la señora María
Nayith Amaya Urueña, quien depende económicamente de él.[176]
Su solicitud fue negada con fundamento en que el derecho prescribió.[177]
5.1.2. Menciona que en consecuencia, acudió ante la jurisdicción ordinaria
laboral a fin de obtener el reconocimiento del incremento pensional. El Juzgado
Veinte Laboral del Circuito de Bogotá D.C. resolvió declarar probada la
excepción de prescripción propuesta por la parte demandada y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. que conoció del asunto en segunda
instancia, decidió confirmar el fallo apelado.[178]
Solicita el reconocimiento del incremento pensional.
5.2.
Contestación de la
entidad accionada
5.2.1. Admitida la demanda el veintidós (22) de junio de dos mil
dieciséis (2016), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
dispuso vincular a las partes, intervinientes y autoridades judiciales en el
proceso controvertido, y se les corrió traslado para que, si lo estimaban
pertinente, ejercieran el derecho de réplica.
5.2.2. Gustavo Adolfo Reyes Medina, apoderado judicial del
Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, solicitó desvincular a su
representado de la acción de tutela de la referencia, a raíz de la orden de
supresión y liquidación de dicha entidad. Siendo la Administradora Colombiana
de Pensiones, Colpensiones, la competente como nueva administradora del Régimen
de Prima Media con Prestación Definida.[179]
5.2.3. Carlos Alberto Parra Satizábal, Vicepresidente Jurídico y Secretario
General de Colpensiones, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción
de tutela, al considerar que ésta no es la vía adecuada para la reclamación que
pretende el accionante.
5.3.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
5.3.1. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
resolvió negar el amparo constitucional invocado al considerar que en las
providencias acusadas no se configuró un yerro de entendimiento manifiesto u
ostensible, que justifique la intervención del juez constitucional. Pues las
autoridades judiciales accionadas expusieron con suficiencia los motivos de la
decisión adoptada, con apoyo en la estimación que le dio al material probatorio
recopilado.[180]
5.3.2. El accionante impugnó el fallo argumentando que el Tribunal
acusado desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional
respecto de la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales por persona a
cargo, vulnerando así los derechos fundamentales invocados.
5.3.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
resolvió confirmar el fallo de primera instancia, indicando que además, no se
cumplió con el requisito de inmediatez propio de la acción de tutela, pues la
misma fue interpuesta diez meses después de haberse proferido la providencia
acusada. Lo cual desconoce la esencia de ese mecanismo constitucional, que es
la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando son objeto de
violaciones inminentes.[181]
6.  Expediente T-5.840.729
6.1.
Hechos y solicitud
6.1.1. El señor José Eugenio Flautero Torres,[182]
casado con Leonor Romero desde hace cincuenta años,[183]
solicitó el reajuste de su mesada pensional con su respectivo incremento por
concepto de cónyuge a cargo ante Colpensiones, teniendo en cuenta que cuando
fue reconocida la pensión de vejez a su favor, no tenía conocimiento de que
tenía derecho a reclamarlo.[184] Colpensiones negó el reajuste
pensional considerando que operó la prescripción del derecho.
6.1.2. En consecuencia, instauró demanda ordinaria
laboral contra Colpensiones, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto
Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C., que resolvió declarar
probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada;[185]
decisión confirmada en segunda instancia por la Sala de Descongestión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.[186]
6.1.3. El actor interpuso acción de tutela en el año
dos mil trece (2013) contra Colpensiones y las autoridades judiciales que
resolvieron sobre el proceso ordinario laboral, cuyo conocimiento correspondió
a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en primera
instancia denegó el amparo constitucional invocado al considerar que las
providencias judiciales acusadas fueron fruto de una interpretación razonada y
ponderada; en segunda instancia, la Sala de Casación Penal confirmó el fallo.[187]
6.1.4. El accionante considera que hubo un cambio de
jurisprudencia en torno a la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales
desde que la Corte Constitución profirió la sentencia T-369 de 2015, por lo que
solicitó nuevamente ante Colpensiones el reconocimiento del incremento
pensional con fundamento en dicho fallo.[188] Colpensiones negó nuevamente el
derecho pensional, pero “no mencionó la prescripción del derecho sino que se
ocupó de otras situaciones, por lo que considero que no fue contestada la
reclamación sobre mi petición pensional”. Solicita el reconocimiento del incremento pensional.
6.2.
Contestación de la
entidad accionada
6.2.1. Admitida la tutela el veintiuno (21) de julio de
dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Octavo Penal para Adolescentes con Función
de Conocimiento de Bogotá D.C., le corrió traslado de la demanda y sus anexos a
Colpensiones, para que dicha entidad ejerciera su derecho de defensa.
6.2.2. El Vicepresidente Jurídico y Secretario General
de Colpensiones, Carlos Alberto Parra Satizábal, sostuvo que la acción de tutela es improcedente
teniendo en cuenta que la entidad ya dio respuesta a la petición del actor
mediante oficio que es de su conocimiento, en el que se indicaron los motivos
por los cuales no es procedente el incremento del 14% que reclama. Alegó
también su improcedencia por falta de subsidiariedad.
6.3.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
6.3.1. El Juzgado Octavo Penal para Adolescentes con
Función de Conocimiento de Bogotá D.C. resolvió denegar el amparo
constitucional deprecado, al considerar que: (i) el accionante no probó
afectación alguna a su mínimo vital, porque ostenta la condición de pensionado
y percibe una mesada pensional en forma permanente que le permite sufragar los
gastos necesarios de manutención de su núcleo familiar; (ii) la entidad
accionada atendió el requerimiento del actor y resolvió de fondo su pretensión
tendiente a obtener el reconocimiento del incremento pensional por cónyuge a
cargo.[189]
6.3.2. El accionante impugnó el fallo de instancia
reiterando que la reclamación administrativa ante Colpensiones obedeció al
cambio de jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de la sentencia
T-369 de 2015, que permite la reclamación de los incrementos pensionales en cualquier
tiempo. Adicionó que Colpensiones no dio respuesta de fondo a su petición, ya
que no se refirió al tema de la imprescriptibilidad de los incrementos
pensionales.
6.3.3. La Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. resolvió confirmar el
fallo de primera instancia, indicando que en virtud del “choque de criterios
jurídicos de las Salas de Revisión de la Corte Constitucional” sobre la
imprescriptibilidad de los incrementos pensionales, no puede el juez
constitucional vía tutela imponer a los jueces naturales, ni a las entidades
que administran el sistema de pensiones, criterios que a la fecha no han sido
unificados por el máximo tribunal de la jurisdicción, pues ello atentaría
contra los principios de autonomía e independencia judicial.[190]
7.
Expediente
T-5.841.624
7.1.
Hechos y solicitud
7.1.1.  Una vez reconocida la pensión de vejez a favor del señor
Miguel Ángel Alayon Cotrino,[191] éste procedió a solicitarle a
Colpensiones el reconocimiento del incremento pensional por cónyuge a cargo;[192]
pretensión que fue denegada, por lo que instauró demanda ordinaria laboral en
su contra.
7.1.2.  El Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Bogotá D.C., que conoció en primera instancia sobre el asunto laboral,
resolvió absolver a Colpensiones con fundamento en que encontró probada la
excepción de prescripción alegada por la parte demandada.[193]
Esta decisión fue confirmada por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del
Circuito de Bogotá D.C.[194]
7.1.3. Alega que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente
a la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales en sede de revisión,
por lo que solicita el acogimiento de dicho precedente y que en este sentido,
se reconozca a su favor la prestación pensional en mención. Solicita el
reconocimiento del incremento pensional.
7.2.
Contestación de la entidad accionada
7.2.1. Admitida la tutela,  el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C. vinculó a Colpensiones y corrió traslado a los
accionados para que se pronunciaran sobre los hechos expuestos en la acción de
tutela, además requirió al Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Bogotá D.C. para que remitiera, en calidad de préstamo, el
expediente No. 2015-36000.
7.2.2. El Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Bogotá D.C. allegó el expediente solicitado en calidad de préstamo y se
ratificó en todos los argumentos expuestos en la sentencia acusada, en donde se
declaró probada la excepción de prescripción; indicó que el fallo se profirió
con base en las pruebas allegadas oportuna y legalmente al proceso, siendo
estas documentales, por lo que consideró que la decisión se encuentra
suficientemente soportada jurídica y probatoriamente.
7.2.3. Carlos Alberto Parra Satizábal, Vicepresidente Jurídico y Secretario
General de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, solicitó la
declaratoria de improcedencia de la acción de tutela de la referencia, en tanto
existen otros mecanismos para solicitar el incremento pensional solicitado, por
lo que no es competencia del juez constitucional realizar un análisis de fondo
frente al reconocimiento del mismo.
7.3.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
7.3.1. La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C. resolvió negar el amparo constitucional
solicitado, al considerar que la sentencia objeto de reproche fue
razonablemente motivada y que no adolece de vicios o errores que ameriten la
intervención excepcional del juez de tutela. No puede afirmarse que existió
desconocimiento del precedente jurisprudencial, si se tiene en cuenta que el
órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha admitido que los incrementos
pensionales sí prescriben con el paso del tiempo.[195]
7.3.2. El accionante, por medio de su apoderada judicial, impugnó
el fallo de primera instancia al considerar que las autoridades judiciales
accionadas dieron prelación al precedente jurisprudencial sentado por la Corte
Suprema de Justicia, sobre el de la Corte Constitucional, en materia de
prescripción de incrementos pensionales. Lo cual, en su concepto, resulta
vulneratorio de sus derechos fundamentales, en especial el de igualdad, pues en
sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014 y T-369 de 2015 la Corte manifestó que
los incrementos pensionales son imprescriptibles.
7.3.3. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
confirmó el fallo de primera instancia, precisando que la decisión acusada fue
acorde a los pronunciamientos que ha realizado esta Corte en asuntos de
similares contornos, como máximo órgano de la jurisdicción laboral encargado
por la Constitución Política de unificar la jurisprudencia en la especialidad
normativa, en los cuales ha reiterado que los incrementos pensionales por
cónyuge o compañero permanente prescriben en el término trienal establecido en
el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Además advirtió, sobre
la aplicación del precedente jurisprudencial sentado por la Corte
Constitucional en las sentencias traídas a colación en la impugnación, que por
regla general, las sentencias proferidas por esa Corporación en sede de
revisión, dentro de una acción de tutela, tienen efectos en el caso concreto
respecto a las partes involucradas en el trámite; máxime si se tiene en cuenta
que los juzgados accionados sí ofrecieron un mínimo razonable de argumentación
para abstenerse de aplicar dicho precedente al caso sometido a su escrutinio.[196]
8.
Expediente
T-5.844.421
8.1.
Hechos y solicitud
8.1.1.
Los señores Luis Carlos
León Díaz, Sara María Velasco, Fausto Perea y Emérito Mera, pensionados del
Instituto de Seguros Sociales, formularon demanda ordinaria laboral de única
instancia contra Colpensiones por la negativa a reconocerse a su favor el
incremento pensional del 14% por persona a cargo.[197]
8.1.2.
El Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Popayán, Cauca, conoció de la demanda laboral en
primera instancia, y en tres de los cuatro casos reconoció y ordenó el pago del
incremento pensional del 14% por persona a cargo a favor de Sara María Velasco,
Luis Carlos León Díaz y Fausto Perea. En el caso de Emérito Mera, el Juzgado
negó las pretensiones de la demanda, pues para la época ya había cambiado de
criterio jurídico y había acogido la tesis de la prescripción del derecho a los
incrementos pensionales.
8.1.3.
El Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, Cauca, conoció de los cuatro procesos en segunda
instancia. Frente a los casos de Sara María Velasco, Luis Carlos León Díaz y
Fausto Perea resolvió revocar el fallo de primera instancia declarando probada
la excepción de prescripción de la acción y de los derechos laborales de los
pensionados. En el caso de Emérito Mera el Tribunal confirmó la providencia de
primera instancia pero su fundamento para negar el reconocimiento de la
prestación no fue la prescripción del derecho, sino el hecho de que no se
acreditó la calidad de compañera permanente del pensionado.[198]
8.1.4.
Los accionantes afirman
que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Cauca, cambió de
criterio frente a la prescripción de los incrementos pensionales por persona a
cargo a partir de la sentencia del dieciséis (16) de febrero de dos mil doce
(2012), en la cual se consideró que en materia pensional, el derecho no
prescribe, pues lo que prescribe son las mesadas pensionales. Esto los motivó a
demandar nuevamente a Colpensiones.
8.1.5.
Por último, el Juzgado
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Popayán, Cauca, que conoció de las
demandas laborales en única instancia, en cada caso consideró probada la
excepción previa de cosa juzgada, por lo que negó las pretensiones de los
accionantes.[199]
8.1.6.
El apoderado judicial de
los accionantes alega que éstos son personas mayores que padecen de enfermedades
propias de la edad: (i) Luis Carlos León Díaz tiene 79 años de edad y su esposa
tiene 80 años;[200] (ii) Sara María Velasco tiene 79 años
de edad y su compañero permanente tiene 67 años;[201]
(iii) Fausto Perea tiene 72 años de edad y su esposa tiene 69 años;[202]
(iv) Emérito Mera tiene 76 años y su compañera permanente tiene 63 años.[203]
8.1.7.
Solicita que se dejen
sin efectos los autos interlocutorios proferidos por el Juzgado Municipal de
Pequeñas Causas Laborales dentro de los procesos laborales respectivos, para
que en su lugar sea reconocido el derecho al incremento pensional a favor de
los accionantes.
8.2.
Contestación de la
entidad accionada
8.2.1.
La demanda fue radicada
en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual,
mediante auto del dos (02) de junio de dos mil dieciséis (2016) consideró que “(…)
aun cuando en los hechos narrados por el apoderado de los accionantes se
menciona al Tribunal Superior de Popayán y las decisiones que tomó en los
primeros procesos adelantados, lo cierto es que el quebrando de las garantías
constitucionales no se endilga a esa autoridad judicial, pues en la realidad la
inconformidad planteada radicada en las decisiones tomadas por el Juzgado
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de la citada ciudad”. En este
sentido ordenó la remisión del expediente a reparto de los Juzgados Laborales
del Circuito de Popayán, para que se tramite y se adopte el fallo a que haya
lugar, ello por ser el superior funcional del despacho accionado.
8.2.2.
Mediante auto
interlocutorio No. 461 del veintiuno (21) de junio de dos mil dieciséis (2016),
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán, Cauca, avocó conocimiento
del asunto y admitió la acción de tutela. Vinculó como tercero interesado a
Colpensiones y ordenó al Juzgado de Pequeñas Causas Laborales de Popayán
remitir un informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela y copia
de los expedientes correspondientes.
8.2.3.
La jueza de pequeñas
causas laborales de Popayán, Doctora Diana Milena Merchán Hamon, consideró que
la acción de tutela no comporta una alternativa procesal válida para
controvertir aquellas sentencias judiciales sobre las cuales recae el efecto de
la cosa juzgada material, salvo que por su intermedio el operador jurídico haya
desconocido de manera flagrante y arbitraria alguno de los elementos
constitutivos del derecho fundamental al debido proceso. Lo cual no ocurrió en
el caso concreto, pues su despacho no incurrió en vía de hecho alguna. Explicó
que en efecto hubo cosa juzgada sobre el asunto sometido a su conocimiento, en
tanto:
“Los demandantes que interpusieron las demandas en este
Despacho con antelación habían promovido un proceso en contra de la misma
entidad en este caso COLPENSIONES, por lo tanto se puede hablar de una
identidad de partes.
Lo que se pretendía era el reconocimiento  pago del
incremento del 14% por cónyuge, pretensiones que ya habían sido objeto de
estudio por parte del Juzgado que conoció por primera vez de los procesos.
3. Los procesos se fundaban en la misma causa anterior es
decir el hecho de ser beneficiarios del Art. 21 del Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 del mismo año”.
Por último argumentó
que la acción no cumple con el principio de inmediatez que la caracteriza, pues
“(…) las audiencias en las que se declaró probada la excepción de cosa
juzgada se realizaron una el 20 de enero, dos el 28 de julio y la última el 04
de diciembre del año 2015, y solo hasta la fecha se interpone la presente
tutela”.[204]
8.2.4.
El Vicepresidente de
Financiamiento e Inversiones de la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, solicitó su desvinculación del trámite de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Ello con fundamento en que la entidad “solo
puede asumir asuntos relativos a la Administración del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida en materia pensional, ya que éste es el marco de su
competencia y en consecuencia, no puede asumir otros temas diferentes, ya que
COLPENSIONES no se encuentra legalmente facultada para ello”.
8.3.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
8.3.1. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Popayán, Cauca, resolvió declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia, al considerar que las decisiones acusadas fueron proferidas “(…)
dentro del rigor que impone el procedimiento de trabajo y de la seguridad
social, pero además las mismas se sustentan en argumentos serios y razonables
por los cuales se declaró la cosa juzgada (…)”. Indicó que la decisión de
negar los incrementos pensionales no comporta un error caprichoso o contrario
al ordenamiento jurídico, pues se sustentó en la cosa juzgada, ya que la misma
pretensión había sido resuelta de manera definitiva por el juez ordinario, sin
que el cambio de posición pueda considerarse una vía de hecho. Por otra parte
indicó que no se cumplió con el principio de inmediatez propio de la acción de
tutela.[205]
8.3.2. El apoderado judicial de los accionantes impugnó
el fallo de primera instancia reiterando los argumentos esgrimidos en el
escrito de tutela. Frente al supuesto incumplimiento del requisito de
inmediatez, arguyó que los cuatro casos “(…) tratan de una prestación
periódica, imprescriptible e irrenunciable y si queda en firma la improcedente
de la acción de tutela, a mis representados se les está quitando el derecho a
solicitar esta prestación, lo cual es ilógico y absurdo en un estado social de
derecho como el nuestro en el cual priman los derechos sustanciales sobre los
formales, por lo cual esta es una excepción al requisito de procedibilidad de 6
meses para que pueda considerarse la viabilidad de la tutela”. En cuanto al
caso de Emérito Mera, precisó que la tutela sí fue presentada dentro de los
seis meses desde que se profirió la providencia acusada, ya que se radicó en la
Corte Suprema de Justicia el veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis
(2016).
8.3.3. La Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, Cauca, confirmó el fallo de primera instancia al
considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en vía de hecho,
pues hizo bien en declarar probada la excepción de cosa juzgada, al tener la
nueva demanda los mismos hechos y pretensiones de las demandas de instancia que
fueron resueltas por este Tribunal. Precisó que no hubo desconocimiento del
precedente jurisprudencial en tanto la Corte Constitucional no ha unificado su
criterio frente a la prescripción de los incrementos pensionales.[206]
9.
Expediente T-5.856.779
9.1.
Hechos y solicitud
9.1.1. El accionante, Julio Gómez Iglesias, formuló
demanda ordinaria laboral contra Colpensiones por la negativa a reconocérsele
el incremento pensional por cónyuge a cargo, cuyo conocimiento correspondió al
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, Atlántico, en primera
instancia. El juzgado resolvió declarar probada la excepción de prescripción
formulada por la parte demandada; decisión confirmada en segunda instancia por
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
Atlántico.[207]
9.1.2. Considera que los fallos acusados desconocieron
el principio de favorabilidad y el precedente jurisprudencial sentado por la
Corte Constitucional en la materia. En este sentido solicita el amparo de sus
derechos fundamentales y en consecuencia, el reconocimiento del incremento
pensional solicitado.
9.2.
Contestación de la
entidad accionada
9.2.1.
Admitida la demanda el
primero (1º) de agosto de dos mil dieciséis (2016), la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia vinculó al trámite al Juzgado Tercero Laboral
del Circuito y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico
y a Colpensiones.
9.2.2.
Heidi Cristina Guerrero
y María Olga Henao Delgado, integrantes de la Sala Tercera de Decisión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico,
solicitaron la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela teniendo en
cuenta que: (i) la decisión judicial fue adoptada conforme los lineamientos
trazados por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la prescripción de los
incrementos pensionales; y (ii) no se cumple con el requisito de inmediatez,
pues la acción de tutela fue interpuesta después de dos años y cuatro meses de
haber sido proferida la sentencia objeto de reproche.[208]
9.2.3.
Carlos Alberto Parra
Satizábal, Vicepresidente Jurídico y Secretario General de
Colpensiones, consideró que el accionante desnaturaliza la acción de tutela al
pretender el reconocimiento de un incremento pensional por medio de un proceso
caracterizado por su inmediatez y subsidiariedad.
9.3.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
9.3.1. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia resolvió negar el amparo constitucional al considerar que en el
caso concreto no se cumplió con el requisito de inmediatez propio de la acción
de tutela, pues esta fue interpuesta cerca de cinco años después de haberse
proferido la providencia judicial acusada, sin que se hubiere ofrecido una
razón objetiva para justificar la tardanza. Por otra parte, las sentencias
acusadas se ajustan al precedente jurisprudencial sentado por esa Corte, en lo
que tiene que ver con la prescripción de los incrementos pensionales.[209]
9.3.2. El accionante impugnó el fallo de primera
instancia indicando que las interpretaciones opuestas sobre una misma norma
jurídica no pueden atentar contra el principio de favorabilidad en materia
laboral. En cuanto a la inmediatez, precisó que la acción de tutela no cuenta
con un término de caducidad, además la vulneración de sus derechos
fundamentales continúa y es actual.
9.3.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia resolvió confirmar el fallo de instancia en consideración a que si
bien no existe un plazo perentorio para el ejercicio de la acción de tutela, su
finalidad es la protección inmediata de los derechos fundamentales, de manera
que su interposición debe tener lugar dentro de un plazo razonable, oportuno y
justo. En este sentido, y al haber transcurrido casi cinco años desde la
presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor, la acción de
tutela es improcedente.[210]
10.
Expediente
T-5.856.793
10.1.
Hechos y solicitud
10.1.1. La accionante, María Emma Rincón Loaiza,[211]
solicitó ante Colpensiones el reconocimiento del incremento pensional del 21%
por cónyuge e hija menor de edad a cargo.[212] Petición que fue negada por la
entidad.[213]
10.1.2. En consecuencia, instauró demanda ordinaria
laboral contra Colpensiones, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto
de Descongestión Laboral del Circuito de Medellín, Antioquia, el cual resolvió
declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada;[214]
decisión confirmada en segunda instancia por la Sala Quinta Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
Antioquia.[215]
10.1.3. Considera que los juzgados accionados
incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial, teniendo en
cuenta que en el pasado, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter
imprescriptible de los incrementos pensionales. Solicita el reconocimiento de los incrementos pensionales.
10.2.
Contestación de la
entidad accionada
10.2.1. Admitida la demanda mediante auto del diecisiete
(17) de mayo de dos mil dieciséis (2016), la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia corrió traslado a las partes y terceros involucrados
en el proceso ordinario laboral promovido por la accionante contra el ISS, para
que se pronunciaran sobre los hechos materia de petición de amparo.
10.2.2. Gustavo Adolfo Reyes Medina, apoderado judicial
del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales,
informó que a raíz de la supresión y liquidación del extinto Instituto de
Seguros Sociales, dicha entidad perdió competencia para resolver peticiones
relacionadas con la administración del régimen de prima media con prestación
definida, por lo que solicitó su desvinculación del proceso de tutela. Asimismo
indicó que el ISS, hoy liquidado, remitió la historia laboral de la accionante
en donde se consolida la relación de los aportes por ella efectuados.[216]
10.3.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
10.3.1. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia resolvió negar el amparo constitucional solicitado al considerar
que no se cumplió con el principio de inmediatez propio de la acción de tutela,
pues ésta fue interpuesta luego de dieciséis (16) meses de haber ocurrido la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, lo cual desvirtúa
la existencia de un perjuicio irremediable.[217] Agregó que no existe una línea
jurisprudencial consistente y uniforme en cuanto a la imprescriptibilidad de
los incrementos pensionales por personas a cargo.[218]
10.3.2. La accionante impugnó el fallo de primera
instancia reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
10.3.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó el fallo de primera instancia al considerar que en efecto no
se cumplió con el principio de inmediatez, ya que se interpuso la acción de
tutela luego de diecisiete (17) meses de proferida la sentencia de segunda instancia
dentro del proceso ordinario laboral instaurado, sin haberse evidenciado ningún
motivo válido para la inactividad de la actora.[219]
11.
Expediente
T-5.870.489
11.1.
Hechos y solicitud
11.1.1.
El accionante, Carlos
Vidal Segura Rodríguez,[220] solicitó ante Colpensiones el
reconocimiento del incremento pensional por compañera permanente a cargo.[221]
Petición frente a la cual no obtuvo respuesta de fondo, por lo que instauró
proceso ordinario laboral contra dicha entidad.
11.1.2.
El Juzgado Veintitrés
Laboral del Circuito de Bogotá D.C. que conoció del proceso en primera
instancia, resolvió absolver a Colpensiones de pagar la prestación social
solicitada, pues en su concepto el derecho se encontraba prescrito; [222]
decisión confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C.[223]
11.1.3.
Considera que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente constitucional y solicita el amparo de sus
derechos fundamentales.
11.2.
Contestación de la
entidad accionada
11.2.1.
Admitida la demanda el
ocho (08) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia vinculó al trámite de tutela a
Colpensiones y corrió traslado a las partes e intervinientes en el proceso
ordinario laboral instaurado por el accionante, para que se pronunciaran sobre
los hechos materia de petición de amparo.
11.2.2.
Carlos Alberto Parra
Satizábal, Vicepresidente Jurídico y Secretario General de la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, solicitó la declaratoria
de improcedencia de la acción de tutela de la referencia al considerar que ésta
no es la vía adecuada para la reclamación que se pretende, pues la tutela solo
procede ante la inexistencia de otro mecanismo judicial.
11.3.
Decisiones judiciales
objeto de revisión
11.3.1. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia resolvió negar el amparo constitucional solicitado teniendo en
cuenta que no se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la tutela fue
interpuesta después de diez (10) meses de haberse proferido la sentencia de
segunda instancia que denegó el reconocimiento de las prestaciones sociales
solicitadas. Se aclaró que aun cuando la queja se hubiera formulado en tiempo,
ésta no tiene la vocación de prosperar pues la providencia judicial acusada no
es arbitraria ni caprichosa; se evidenció que los incrementos solicitados
quedaron afectados por la prescripción extintiva.[224]
11.3.2. El accionante impugnó el fallo de instancia al
considerar que a pesar de que la acción de tutela fue interpuesta después de
diez meses de proferido el fallo acusado, la afectación de sus derechos
fundamentales se mantiene en el tiempo. Además reiteró que la Corte
Constitucional ha admitido la imprescriptibilidad de los incrementos
pensionales por persona a cargo.
11.3.3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó el fallo de primera instancia al considerar que en el caso
concreto no se cumplió con el requisito de inmediatez. Frente a la
imprescriptibilidad de los incrementos pensionales por persona a cargo indicó
que no existe una postura uniforme de la Corte Constitucional.[225]
12.
Actuaciones surtidas
en sede de revisión
12.1.
En cumplimiento de los
dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se
unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, el suscrito
Magistrado presentó informe ante la Sala Plena de esta Corporación, poniendo de
manifiesto la necesidad de unificar jurisprudencia en el caso concreto,
teniendo en cuenta que no existe una posición uniforme sobre la prescripción de
los incrementos pensionales por persona a cargo. Por lo que sometió a
consideración de la Sala, la posibilidad de que asumiera el conocimiento del
caso.
12.2.
La Sala Plena, en sesión
llevada a cabo el día dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016),
decidió asumir el conocimiento del expediente de la referencia, con fundamento
en el artículo 61 del Reglamento Interno de esta Corporación.[226]
12.3.
Mediante Oficio
BZ201612919040 del dos (02) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la
Gerente Nacional de Doctrina de Colpensiones, Edna Patricia Rodríguez Ballén,
presentó escrito de intervención frente a las acciones de tutela contenidas en
los expedientes T-5.647.921 y T-5.647.925, en el cual sostuvo que si bien los
accionantes son sujetos de especial protección constitucional al ser personas
de la tercera edad, esa circunstancia no es un principio de razón suficiente
para que se les pueda excepcionar el requisito de la subsidiariedad propio de
la acción de tutela, pues todos devengan mensualmente la pensión de vejez que
les fue reconocida. Además, las decisiones judiciales objeto de reproche no
desconocen el precedente jurisprudencial en vigor, ya que no existe una
posición unificada de la Corte Constitucional sobre la prescripción de los
incrementos pensionales. Por otra parte, no se ha desconocido el precedente
reiterado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la
materia. En este sentido, solicitó que se niegue el amparo constitucional
deprecado por los accionantes y adjuntó los certificados expedidos por la
Gerencia Nacional de Nómina de Pensionados de la entidad a favor de los señores
Mardoqueo Silva Alfonso, David Hernández Olaya y Samuel Vargas Vargas.
12.4.
Con respecto al expediente T-5.844.421, la Corte, mediante auto del primero (1°) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), resolvió darle la oportunidad al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, Cauca, de pronunciarse sobre los hechos expuestos
en el escrito de tutela y presentar los informes pertinentes, en su calidad de
parte accionada. El Tribunal guardó silencio.[227]
12.5.
Mediante auto del
diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la Corte suspendió los
términos para proferir el respectivo fallo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 59 del Acuerdo 02 de 2015.[228] Los términos se suspendieron desde el
dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), fecha en la que la
Sala Plena de esta Corporación asumió conocimiento sobre el asunto.
12.6.
Mediante Oficio
BZ-2017-2732-463 recibido el veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete
(2017) en la Secretaría de esta Corporación, la Jefe de la Oficina de
Asesoramiento Legal de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones,
presentó escrito de intervención frente a las solicitudes de amparo contenidas
en los expedientes T-5.766.246, T-5.841.624, T-5.840.729, T-5.755.285,
T-5.725.986, T-5.856.779, T-5.856.793 y T-5.870.489. Tras resumir los antecedentes
de cada caso y exponer la situación actual de cada pensionado, precisó que:
“-
Los incrementos pensionales no forman parte de la pensión de invalidez o de
vejez, y el derecho persiste mientras perduren las causas que le dieron origen.
-
No existe uniformidad en el precedente jurisprudencial de las altas cortes
respecto al carácter imprescriptible de los incrementos pensionales, razón por
la cual no existe una regla clara y única que pueda ser aplicada.
-
Es claro que en este caso aplica la prescripción del incremento pensional, pues
se trata de un beneficio económico que no forma parte de la pensión y su
existencia depende de que persistan las causas que le dieron origen. Razón por
la cual no pueden predicarse de los mismos características que son exclusivas
de las pensiones de vejez o invalidez reconocidas dentro del régimen de prima
media con prestación definida.
-
El asunto objeto de debate no puede ser considerado como de relevancia
constitucional, ya que los casos sometidos a la revisión de la Corte se reducen
a una discusión meramente económica, sin que se verifique afectación de derecho
fundamental alguno. Más aun cuando quienes persiguen el reconocimiento de los
incrementos pensionales gozan de una prestación económica que se viene pagando
mes a mes, con lo cual se desvirtúa la afectación al mínimo vital y a la
seguridad social.
-
No existe violación directa de la Constitución, toda vez que las decisiones
judiciales adoptadas se emitieron a la luz del ordenamiento legal y constitucional
vigente.
-
No existe violación el precedente jurisprudencial, como quiera que las
decisiones de los jueces se basaron en los pronunciamientos y tesis vigentes de
la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia que establecen la
procedencia de la prescripción de los incrementos pensionales, si los mismos no
se reclaman dentro de los tres años siguientes al reconocimiento de la pensión.
-
El reconocimiento de incrementos pensionales viola directamente la
Constitución, dada la prohibición expresa contenida en el Acto Legislativo 01
de 2005, incorporado a la Carta Política, en el sentido de no permitir el
reconocimiento de prestaciones económicas o beneficios pensionales que no
tengan respaldo en cotizaciones o aportes.
-
A la fecha se encuentra en curso ante la Sección Segunda del Consejo de Estado
una acción de nulidad por inconstitucionalidad en contra de los artículos 21 y
22 del Decreto 758 de 1990 por violación de preceptos constitucionales, por lo
que resulta procedente que dicha Corporación en uso de las facultades legales y
constitucionales, sea quien resuelva acerca de la constitucionalidad de las
disposiciones demandadas.
-
El reconocimiento de incrementos pensionales implica un aumento significativo y
grave de las obligaciones pensionales para el sistema, afectándose la
sostenibilidad financiera del mismo, en la medida en que dicho beneficio no
encuentra respaldo alguno en cotizaciones y representa una grave afectación de
derechos de los actuales afiliados, que a diferencia de los accionantes, no
cuentan a la fecha con el reconocimiento de prestación económica. Lo anterior
en casos en los que las personas gozan ya de un reconocimiento.
-
La estimación financiera más conservadora en caso de que se llegaran a
reconocer los incrementos pensionales, sería del orden de 3.2 billones de
pesos.
-
Es una obligación del Estado destinar los recursos no solo a una población que
ya es beneficiaria de una prestación económica, sino que en virtud del
principio de solidaridad, el Estado también debe atender aquella parte de la
población que no tiene acceso a este tipo de garantías”.[229]
En mérito de lo
expuesto, la representante de Colpensiones solicitó, que previo a decidir de
fondo la acción de tutela, se ordene la vinculación del Ministerio del Trabajo,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la
Nación, como quiera que el asunto les incumbe, por tratarse de la definición de
derechos cuyo contenido económico y social tiende a repercutir en materias
propias de su competencia.
12.7.     El Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
mediante escrito radicado en esta Corporación el veinticinco (25) de abril de
dos mil diecisiete (2017) (después del registro de esta sentencia), presentó
los siguientes argumentos en relación con los incrementos pensionales
contemplados en los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990:
“- No hacen parte integral de la pensión de
vejez.
- Eran una prestación económica accesoria a la
pensión de vejez, es decir, que buscaban incrementar, en unos porcentajes
establecidos, el monto de la pensión por personas (cónyuge o compañero e hijos
menores de edad o inválidos) a cargo.
- Desaparecieron de la vida jurídica en el
momento en el cual entró a regir la Ley 100 de 1993, al no haber sido
expresamente contemplados dentro de las disposiciones legales que de forma
ultractiva se aplican en virtud del régimen de transición del artículo 36
ibídem.
- El esquema financiero del sistema pensional
fue concebido sobre la base de que cada persona construye su pensión con los
aportes que de su salario realmente realiza, razón por la cual, incorporar a su
valor unos incrementos sobre los cuales no ha sido cotizado, afecta la
estabilidad financiera del SGP y viola el derecho a la igualdad (Acto
Legislativo 01 de 2005).
- El precedente judicial de la Corte Suprema de
Justicia se encuentra conciliado en cuanto a que todos los derechos pensionales
de un beneficiario del Régimen de Transición, son todos los que se derivan de
la regulación vigente antes de entrar a regir las nuevas disposiciones, no
obstante, no sucede lo mismo con el término de prescripción (…)”.
La representante legal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público solicitó que al momento de fallar, se tengan en cuenta las anteriores consideraciones,
y precisó que se debe defender la sostenibilidad financiera del Sistema General
de Pensiones. Por último dispuso que en el caso concreto, lo que se pretende es
el reconocimiento de unos incrementos pensionales que: “i) fueron derogados
por la ley 100 de 1993; ii) no hacen parte del régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la ley 100 de 1993; iii) no tienen respaldo alguno en
cotizaciones al Sistema; iv) ninguno de los tutelantes ostenta el derecho
porque sus pensiones exceden la pensión mínima legal; y v) en todos los casos
ha ocurrido el fenómeno de la prescripción del derecho”.
Anexo 2 – Índice
I. ANTECEDENTES
1.   Expediente T-5.647.921.
2.   Expediente T-5.647.925.
3.   Expediente T-5.725.986.
4.   Expediente T-5.755.285.
5.   Expediente T-5.766.246.
6.   Expediente T-5.840.729.
7.   Expediente T-5.841.624.
8.   Expediente T-5.844.421.
9.   Expediente T-5.856.779.
10.  Expediente T-5.856.793.
11.  Expediente T-5.870.489.
II. CONSIDERACIONES
1.  Competencia
2.  Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial en el caso concreto
3.  Problema jurídico.
4.  La vulneración directa de la Constitución como causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales a
propósito de los principios constitucionales de favorabilidad e in dubio pro
operario.
5.  El desconocimiento del precedente jurisprudencial como
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
6.  El derecho irrenunciable a la seguridad social, a propósito
de incrementos a la pensión por persona a cargo
7.  Unificación de jurisprudencia sobre la imprescriptibilidad
de los incrementos pensionales.
8.  Los jueces de instancia y Colpensiones, respectivamente,
violaron los derechos fundamentales de los accionantes.
9.  Conclusiones y órdenes a impartir.
III. DECISIÓN
Anexo 1 – Antecedentes
detallados
Anexo 2 – Índice
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ANTONIO  JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
A LA SENTENCIA SU310/17
Referencia: Expedientes acumulados
T-5.647.921, T-5.647.925, T-5.725.986,
T-5.755.285, T-5.766.246, T-5.840.729,
T-5.841.624, T-5.844.421, T-5.856.779,
T-5.856.793 y T-5.870.489
Asunto: Acciones de tutela en las que se reclama el pago
del incremento del 14% por cónyuge a cargo establecido en el Acuerdo 049 de
1990, respecto a los cuales ya había operado la figura de la prescripción.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Con el debido respeto
me aparto de la decisión adoptada por la mayoría en el sentido de tutelar los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de los accionantes y ordenar a Colpensiones que, teniendo en cuenta los
requisitos constitucionales y legales, proceda a reconocer el incremento del 14
% sobre la pensión mínima legal, por cónyuge, compañero o compañera permanente
a su cargo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 21 del decreto 758
de 1990.
Lo anterior, teniendo
en cuenta que tal decisión desconoce que a partir de la Ley 100 de 1993 tal
incremento no se encuentra actualmente vigente.
Adicionalmente  pone en riesgo el equilibrio
económico del sistema general de pensiones, por una parte, y, por otra, se
contraría el entendimiento lógico y jurídico sobre las diferencias entre el
derecho a la pensión, los factores salariales, los incrementos legales,
incrementos adicionales, los demás derechos laborales y la teoría sobre la
prescripción respecto de cada uno de ellos. Estas diferenciaciones son sólidas
y han sido expuestas por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y la doctrina, de forma permanente, como pasa a verse:
1.
Los
incrementos por personas a cargo, mantienen su vigencia respecto de quienes
tienen una pensión reconocida en los términos del Decreto 758 de 1990.
2.
Prevén una
ayuda al pensionado quien todavía tiene personas a su cargo, cuyo aumento sólo
se calcula con base en la pensión mínima, en consideración a los requisitos
previstos para acceder a la prestación y el monto de la pensión.
3.
Conforme a
la naturaleza y finalidad del incremento, este no hace parte de la pensión,
pues se trata de un valor agregado a la mesada, en proporción a la pensión
mínima legal y que se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos
exigidos por ley, no es una acreencia que nace de manera automática con la
pensión de vejez, razón por la cual se enmarca en los casos en que se aplica la
prescripción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
4.
Los
incrementos pensionales constituyen una prerrogativa que aumenta la mesada
pensional; sin embargo, no pueden asimilarse a un ajuste legal, “pues la
norma legal que los consagra, señala que no constituyen un factor salarial”.
5.
La
posibilidad de reclamarlos nace por las causas que le dan origen que no son
automáticas sino circunstanciales así:
(i)
Nace desde
la fecha en la que se reconoce el derecho pensional, únicamente para las
pensiones que fueron reconocidas con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990;
(ii)
Que a la
fecha en que se adquiere el status de pensionado, este tenga persona a cargo,
cónyuge o compañero (a)  permanente;
(iii)
La persona
a cargo debe depender económicamente en su integridad del pensionado.
6.
En la
exposición de motivos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del
mismo año, se observa que la justificación de la creación de este incremento
pensional es que la persona cuando tenía la calidad de trabajador ya poseía una
carga familiar, y luego al adquirir el status de pensionado sigue con la misma
carga familiar.
7.
Ahora bien,
la Sentencia C-230 de 1998, citada en la providencia, expuso el concepto sobre
la naturaleza jurídica del derecho a la “pensión de vejez o jubilación”
el cual es imprescindible.  En ningún momento se consideró que los incrementos
pensionales hagan parte de esta, principalmente, porque no son factores
salariales, sino derechos totalmente independientes y adicionales.
8.
Por
consiguiente, el incremento no es parte de la pensión, por cuanto para su
reconocimiento requiere del cumplimiento de unos requisitos legales
completamente independientes.
9.
El
incremento no es un factor salarial.
Fecha ut supra,
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
AMCG/LEGD
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
A
LA SENTENCIA SU310/17
En sesión del diez (10) de mayo de dos mil
diecisiete (2017) esta corporación resolvió el caso de catorce acciones de
tutela promovidas en contra de sendas providencias judiciales, en algunos casos
proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y
en otros por jueces o magistrados de la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Los
fallos fueron acusados de incurrir en un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente constitucional. No obstante, sin hacer uso de las facultades extra
y ultra petita la sentencia de la que me aparto, planteó como causal
de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial la  violación
directa del artículo 53 constitucional, “[e]n virtud del mandato
constitucional de in dubio pro operario, la interpretación que resulta más
favorable a los intereses de los pensionados, es aquella según la cual los
incrementos pensionales de que tratan los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de
1990, no prescriben con el paso del tiempo”[230]. Al considerar probada esta causal, en consecuencia ordenó
inaplicar las providencias judiciales atacadas, en lo referente a la decisión
de negar el reconocimiento de los incrementos pensionales por persona a cargo,
con fundamento en la prescripción del derecho[231].
Con el
acostumbrado y debido respeto a la decisión adoptada por la mayoría, fundamento
mi apartamiento total en: (i) la falta de técnica en el planteamiento de la
causal de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial analizada y
la resolución de los casos; (ii) la indebida aplicación del principio in
dubio pro operario; y (iii) la extensión ultractiva de la norma derogada a
pensiones superiores al salario mínimo.
I.
Técnica en la resolución de la tutela
contra providencia judicial
La Corte
Constitucional pacíficamente ha reiterado que la acción de tutela interpuesta
en contra de una sentencia judicial procede en excepcionalísimos casos dada la
ponderación entre la autonomía judicial, la seguridad jurídica y los efectos de
cosa juzgada frente a los derechos de los accionantes vulnerados por una
providencia abiertamente arbitraria[232]. En ese sentido, se exige a los accionantes indicar al menos una de
las causales identificadas por la jurisprudencia como causal específica de
prosperidad, los cuales, en el caso resuelto en la sentencia SU-310 de 2017
alegaron un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
constitucional. Vicio que fue impróspero, al manifestar el mismo fallo que “[l]as
autoridades judiciales accionadas no incurrieron en desconocimiento del
precedente jurisprudencial en materia de imprescriptibilidad de los incrementos
pensionales, en tanto la Corte Constitucional no había proferido una posición
uniforme en la materia hasta este momento”[233]. No obstante, y sin hacer expreso si se obraba con fundamento en
las facultades extra y ultra petita, se resolvió modificar el
vicio aducido por los demandantes e invocar la causal de prosperidad de
violación directa de la Constitución.
Adicional a lo
anterior, la sentencia de unificación sobre la cual salvo mi voto, empleó una
fórmula de resolutivo ajena a las empleadas cuando se trata de tutela contra
providencia judicial, pues en vez de dejar sin efectos los fallos
acusados, resolvió inaplicarlos. Al respecto, esta Corte en la sentencia
SU-691 de 2011 unificó los distintos mecanismos que tiene a su alcance el juez
de tutela para asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales
cuando hayan visto vulnerados por una autoridad judicial. En esa oportunidad se
sintetizaron de la siguiente forma:
“- La primera
hipótesis se presenta cuando en el proceso ordinario o ante la jurisdicción
contencioso administrativa uno de los fallos de instancia ha sido conforme a la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional. En tal caso, el juez de
tutela debe dejar sin efecto la sentencia contraria al precedente y, en su
lugar, confirmar el fallo de instancia que se ajusta a la jurisprudencia
constitucional (…)
- La segunda
hipótesis se presenta cuando no es posible dejar en firme ninguna decisión de
instancia porque todas van en contravía de la jurisprudencia constitucional. En
tal caso corresponderá al juez de tutela dejar sin efecto el fallo de última
instancia y ordenar que se dicte uno nuevo ajustado al precedente constitucional
(…)
- Finalmente, la
tercera hipótesis se presenta cuando en oportunidades precedentes se ha
ordenado dictar un nuevo fallo pero el juez de instancia se niega a proferirlo
o lo hace en contravía las reglas fijadas en la jurisprudencia constitucional,
existiendo la certidumbre de que la protección efectiva de los derechos
fundamentales resultará afectada” (todas las subrayas fuera de texto).
Conforme a
la anterior sentencia de unificación de 2011, la decisión de inaplicar las
providencias de la Jurisdicción Ordinaria Laboral que negaron el reconocimiento
del 14% por persona a cargo carece de toda técnica, pues la inaplicación afecta
la eficacia de la sentencia en el caso concreto, mientras que dejarla sin
efectos perturba su validez debido a la ocurrencia de un vicio, como se supone,
fue el caso resuelto en la sentencia SU-310 de 2017.
II.  Indebida aplicación de la tesis del principio in
dubio pro operario
Como bien
lo indica la sentencia de unificación de la referencia, el principio in
dubio pro operario se encuentra reconocido en el artículo 53
constitucional, conforme al cual, el juez laboral debe interpretar el estatuto
del trabajo teniendo en cuenta la “(…) situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho”[234].
Al respecto presento dos consideraciones: (i) respecto de la aplicación de un
mandato previsto en principio para las relaciones laborales (artículo 53, C.P)
a un asunto pensional, existiendo norma constitucional expresa en materia
pensional (artículo 48, C.P); y (ii) en relación con la inexistencia de una
fuente formal de derecho respecto de la cual se predicara la duda
interpretativa.
En cuando a la
primera, la Corte Constitucional en la sentencia C-571 de 2017 al estudiar los
mecanismos de protección del cesante -precedente con efectos erga omnes- expresó
que “el sustento normativo del régimen jurídico laboral se ubicó en el
artículo 53 Superior, el cual no tiene aplicación en relaciones contractuales
originadas en vínculos civiles y comerciales. (…) Por una parte, si bien las
relaciones laborales tienen ciertos aspectos propios de la autonomía privada,
tales como la libertad de selección, de configuración y de conclusión, dichas
relaciones se enmarcan en términos del artículo 53 Superior en el estatuto de
trabajo o Código Sustantivo del Trabajo, en línea con el mandato constitucional
propio de garantizar ciertos mínimos en dicha relación de subordinación entre
empleado y empleador”.
En ese sentido, es
claro que el mandato de interpretar en favor del trabajador las normas vigentes
sobre las cuales exista duda sobre su alcance, es propio de las relaciones
subordinadas derivadas de un contrato laboral, por lo que para resolver las
controversias respecto de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990 el
artículo 53 Superior no era la norma superior pertinente, máxime ante la
existencia de un articulado constitucional específico en materia pensional,
como lo es el artículo 48 constitucional modificado por el Acto Legislativo 1
de 2005, el cual dispone que: i) a partir del 25 de julio de 2005 no habrá
regímenes especiales ni exceptuados; resolviendo la sentencia de
unificación revivir un beneficio pensional previsto en un régimen especial
derogado, ii) para la liquidación de las pensiones sólo se tendrá en cuenta
los factores sobre los cuales las personas hubieren cotizado; estableciendo
un aumento en el monto de la mesada con fundamento en el cumplimiento de una condición,
como lo es tener a cargo cónyuge o compañero o compañera permanente o hijo
menor de edad, hecho sobre el cual, naturalmente no se cotiza, y iii) los
requisitos y beneficios pensionales para todas las personas serán los
establecidos en las leyes del sistema general de pensiones; desbordando con
ello los criterios de ultractividad de edad, monto y semanas de cotización
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para el régimen de
transición.
En cuanto al
segundo elemento para aplicar el principio in dubio pro operario, es
decir, la existencia de una norma formal sobre la cual recaiga una duda
interpretativa, estimo que la sentencia SU-310 de 2017 incurrió en un yerro
determinante, toda vez que no analizó si los beneficios establecidos en los
artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990 se encontraban vigentes, pues la Ley
100 de 1993 consagró un régimen pensional de transición
en su artículo 36, disponiendo la continuidad taxativa de algunos beneficios
del régimen derogado, consistentes en: (i) edad, (ii) monto y (iii)
semanas o tiempo de servicio del régimen anterior.
En ese sentido, si
en gracia de discusión se interpretara que el incremento adicional del 14% por
cónyuge o compañero o del 7% por hijo menor a cargo, afecta la liquidación del monto
de la mesada de los beneficiarios de la transición del Acuerdo 049 de 1990 y su
decreto aprobatorio (Decreto 758 de 1990), era necesario acudir al tenor de la
norma que lo regulaba, es decir, a los artículos 20 y 23 del mencionado
Acuerdo, de los cuales se puede apreciar que el incremento adicional no era
considerado parte integral del monto, tal y como se evidencia en el siguiente
cuadro:
ACUERDO 049 DE
1990 APROBADO POR EL DECRETO 758 DE 1990
Monto
de la pensión
Incrementos
adicionales
ARTÍCULO 20. INTEGRACION DE LAS
PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ.
a) Con una cuantía básica igual al
cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base y,
b) Con aumentos equivalentes al
tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con
posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización. El valor
total de la pensión no podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser
inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a quince veces este
mismo salario.
PARÁGRAFO 1o. El salario mensual de
base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la
suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las
últimas cien (100) semanas. El factor 4.33 resulta de dividir el número de
semanas de un año por el número de meses.
ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS
PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y VEJEZ. Las
pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así:
a) En un siete por ciento (7%)
sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de
16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los
hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan
económicamente del beneficiario y,
b) En un catorce por ciento (14%)
sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del
beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.
Los incrementos mensuales de las
pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del
cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal.
ARTÍCULO 23. MONTO
MINIMO Y MAXIMO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. Las
pensiones mensuales de invalidez y de vejez integradas de conformidad con el
artículo 20 del
presente Reglamento, no podrán superar el 90% del salario mensual de base, ni
ser inferiores al salario mínimo legal mensual, ni ser superiores a quince
veces este mismo salario mínimo legal mensual.
ARTÍCULO 22. NATURALEZA DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES. Los
incrementos de que trata el artículo anterior no forman parte integrante de
la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros
Sociales y el derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que les
dieron origen. El Director General del ISS establecerá los mecanismos
necesarios para su control (resaltado fuera de texto).
De lo anterior se evidencia que
incluso en vigencia del Decreto 758 de 1990 el incremento del 14% o 7%
respectivamente, no hacía parte de la pensión y estaba sujeto a la condición
de tener compañera o cónyuge o hijo menor a cargo que dependa económicamente
del beneficiario. En ese sentido, si el beneficio adicional, no contaba con
la vocación de permanencia del derecho principal -pensión de vejez-, dicho
incremento se extinguió con la derogatoria del régimen especial al que
pertenecía. En consecuencia, el aumento de la mesada por persona a
cargo, al no ser parte integral del monto, tampoco es susceptible
de ultractividad por virtud del régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993. Ello además, en armonía con el espíritu del constituyente
de desmontar regímenes pensionales especiales con la expedición del Acto
Legislativo 1 de
2005, por medio del cual se dispuso que, a partir de su vigencia, no habrá más
regímenes especiales ni exceptuados.
III.
Extensión ultractiva de la norma derogada a pensiones superiores
al salario mínimo
Adicional a que no
se verificó la vigencia de las normas legales aplicadas, la sentencia SU-310 de
2017 amplió el rango de beneficiarios, pues de conformidad con los literales a)
y b) del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 el incremento del 7% o 14%, según
el caso, recae exclusivamente “sobre la pensión mínima legal”. Sobre el
particular, la decisión mayoritaria no tuvo en consideración la advertencia
realizada por Colpensiones respecto de la existencia de mesadas superiores al
salario mínimo (21 smmlv) a las que se le aplica el beneficio derogado,
existiendo el riesgo de aumentar la inequidad del sistema pensional, al tener
que destinar 3.2 billones de pesos para sufragar el extinto beneficio a favor
de pensiones que superan el salario mínimo[235].
Así, con el
acostumbrado respeto, dejo expuestas las razones de mi apartamiento.
Cordialmente,
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Auto 320/18
Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia SU-310 de 2017,
expediente No. T-5.647.921 AC
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D. C.,
veintitrés (23) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Sala Plena
de la Corte Constitucional a resolver las nulidades solicitadas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante, algunas veces,
simplemente el “Ministerio de Hacienda”), el Ministerio del Trabajo y la Administradora
Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES (“Colpensiones”) contra la Sentencia
SU-310 del diez (10) de mayo de 2017; solicitud de nulidad ésta que, así mismo,
fuera coadyuvada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (la
“ANDJE”). Para el efecto, la Sala Plena tiene en cuenta los siguientes
I.
ANTECEDENTES
1.       Síntesis de los hechos y
actuaciones que culminaron con la expedición de la sentencia SU-310/17
1.1.
Con
ocasión de la diversidad de posiciones defendidas por diferentes salas de
revisión de tutela de la Corte alrededor de la prescriptibilidad del incremento
pensional del catorce por ciento (14%) en relación con el cónyuge o compañero/a
permanente a cargo (incremento éste que previeron los artículos 21 y 22 del
Acuerdo 049/90, aprobado por el Decreto 758/90[236]),
el Magistrado (e) Aquiles Arrieta Gómez le puso de presente a la Sala Plena la
necesidad de sentar una posición uniforme sobre el tema a través de una
sentencia de unificación. En este orden, por unidad de materia, la Corte dispuso
la acumulación de los expedientes de tutela T-5.647.921,
T-5.647.925, T-5.725.986, T-5.755.285, T-5.766.246, T-5.840.729, T-5.841.624,
T-5.844.421, T-5.856.779, T-5.856.793 y T-5.870.489; expedientes
atinentes a diversas acciones de tutela presentadas por una pluralidad de
accionantes contra diversas autoridades judiciales de la jurisdicción laboral
ordinaria.
1.2.
El
Ministerio de Hacienda presentó escrito extemporáneo (ver infra 9.2) en
el que expuso diversos argumentos en torno a los incrementos pensionales que
regularon los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049/90. Según la sentencia
SU-310/17 tales argumentos consistieron en que los mentados incrementos:
“- No hacen parte integral de la
pensión de vejez.
- Eran una prestación económica
accesoria a la pensión de vejez, es decir, que buscaban incrementar, en unos
porcentajes establecidos, el monto de la pensión por personas (cónyuge o
compañero o hijos menores de edad o inválidos) a cargo.
- Desaparecieron de la vida
jurídica en el momento en el cual entró a regir la Ley 100 de 1993, al no haber
sido expresamente contemplados dentro de las disposiciones legales que de forma
ultractiva se aplican en virtud del régimen de transición del artículo 36
ibídem.
- El esquema financiero del sistema
pensional fue concebido sobre la base de que cada persona construye su pensión
con los aportes que de su salario realmente realiza, razón por la cual,
incorporar a su valor unos incrementos sobre los cuales no ha sido cotizado,
afecta la estabilidad financiera del SGP y viola el derecho a la igualdad (Acto
Legislativo 01 de 2005).
- El precedente judicial de la
Corte Suprema de Justicia se encuentra conciliado en cuanto a que todos los
derechos pensionales de un beneficiario del Régimen de Transición, son todos
los que se derivan de la regulación vigente antes de entrar a regir las nuevas
disposiciones, no obstante, no sucede lo mismo con el término de prescripción
(…)”.
La representante legal del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público solicitó que al momento de fallar, se tengan en cuenta las
anteriores consideraciones, y precisó que se debe defender la sostenibilidad
financiera del Sistema General de Pensiones. Por último dispuso que en el caso
concreto, lo que se pretende es el reconocimiento de unos incrementos
pensionales que: “i) fueron derogados por la ley 100 de 1993; ii) no hacen
parte del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de
1993; iii) no tienen respaldo alguno en cotizaciones al Sistema; iv) ninguno de
los tutelantes ostenta el derecho porque sus pensiones exceden la pensión
mínima legal; y v) en todos los casos ha ocurrido el fenómeno de la
prescripción del derecho”.
Del mismo modo, según la referida sentencia, en ejercicio
del referido derecho de intervención la Jefe de la Oficina de Asesoramiento
Legal de Colpensiones presentó escrito alegando que:
“- Los incrementos pensionales no forman parte de la
pensión de invalidez o de vejez, y el derecho persiste mientras perduren las
causas que le dieron origen.
- No existe uniformidad en el precedente jurisprudencial de
las altas cortes respecto al carácter imprescriptible de los incrementos
pensionales, razón por la cual no existe una regla clara y única que pueda ser
aplicada.
- Es claro que en este caso aplica la prescripción del
incremento pensional, pues se trata de un beneficio económico que no forma
parte de la pensión y su existencia depende de que persistan las causas que le
dieron origen. Razón por la cual no pueden predicarse de los mismos
características que son exclusivas de las pensiones de vejez o invalidez
reconocidas dentro del régimen de prima media con prestación definida.
- El asunto objeto de debate no puede ser considerado como
de relevancia constitucional, ya que los casos sometidos a la revisión de la
Corte se reducen a una discusión meramente económica, sin que se verifique
afectación de derecho fundamental alguno. Más aun cuando quienes persiguen el
reconocimiento de los incrementos pensionales gozan de una prestación económica
que se viene pagando mes a mes, con lo cual se desvirtúa la afectación al
mínimo vital y a la seguridad social.
- No existe violación directa de la Constitución, toda vez
que las decisiones judiciales adoptadas se emitieron a la luz del ordenamiento
legal y constitucional vigente.
- No existe violación el precedente jurisprudencial, como
quiera que las decisiones de los jueces se basaron en los pronunciamientos y
tesis vigentes de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia que
establecen la procedencia de la prescripción de los incrementos pensionales, si
los mismos no se reclaman dentro de los tres años siguientes al reconocimiento
de la pensión.
- El reconocimiento de incrementos pensionales viola
directamente la Constitución, dada la prohibición expresa contenida en el Acto
Legislativo 01 de 2005, incorporado a la Carta Política, en el sentido de no
permitir el reconocimiento de prestaciones económicas o beneficios pensionales
que no tengan respaldo en cotizaciones o aportes.
- A la fecha se encuentra en curso ante la Sección Segunda
del Consejo de Estado una acción de nulidad por inconstitucionalidad en contra
de los artículos 21 y 22 del Decreto 758 de 1990 por violación de preceptos
constitucionales, por lo que resulta procedente que dicha Corporación en uso de
las facultades legales y constitucionales, sea quien resuelva acerca de la
constitucionalidad de las disposiciones demandadas.
- El reconocimiento de incrementos pensionales implica un
aumento significativo y grave de las obligaciones pensionales para el sistema,
afectándose la sostenibilidad financiera del mismo, en la medida en que dicho
beneficio no encuentra respaldo alguno en cotizaciones y representa una grave
afectación de derechos de los actuales afiliados, que a diferencia de los
accionantes, no cuentan a la fecha con el reconocimiento de prestación
económica. Lo anterior en casos en los que las personas gozan ya de un
reconocimiento.
- La estimación financiera más conservadora en caso de que
se llegaran a reconocer los incrementos pensionales, sería del orden de 3.2
billones de pesos.
- Es una obligación del Estado destinar los recursos no
solo a una población que ya es beneficiaria de una prestación económica, sino
que en virtud del principio de solidaridad, el Estado también debe atender
aquella parte de la población que no tiene acceso a este tipo de garantías”.[229]
En mérito de lo expuesto, la representante de Colpensiones
solicitó, que previo a decidir de fondo la acción de tutela, se ordene la
vinculación del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Procuraduría General de la Nación, como quiera que el asunto les
incumbe, por tratarse de la definición de derechos cuyo contenido económico y
social tiende a repercutir en materias propias de su competencia.”
1.3.
Surtido
el trámite previo la Sala Plena convino en expedir la sentencia SU-310/17.
De la parte motiva de dicha sentencia se desprende que el
problema jurídico central que la Corte identificó para resolver la respectiva
controversia constitucional refirió a si una autoridad judicial “¿viola
[…] el derecho al debido proceso, por desconocer la Constitución Política y un
precedente judicial vinculante, al considerar que un derecho pensional, como el
incremento del 14% por cónyuge a cargo se pierde por completo a los tres años
de no ser reclamado, en lugar de considerar que se perdieron solo las mesadas
no reclamadas, interpretación más favorable al trabajador (in dubio pro
operario)?”.
Así mismo, con miras a  resolver el problema jurídico atrás
transcrito, la Corte se planteó estudiar: “(i)
la vulneración directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, a propósito de los principios
constitucionales de favorabilidad y de duda en favor del trabajador (in
dubio pro operario);
(ii) el desconocimiento del precedente jurisprudencial como causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii)
[la] imprescriptibilidad de los derechos a la seguridad social; y (iv) [la]
unificación de jurisprudencia sobre la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales”.
Tras discurrir sobre las anteriores cuestiones la Corte
resolvió amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social y al mínimo vital de los accionantes.
Las razones que asistieron a la Corte para decidir el
sentido de su fallo las resume el numeral 9 de la parte motiva de la sentencia sub
judice (“Conclusiones y órdenes a impartir”), según el cual:
“9.1. Las autoridades judiciales accionadas no
incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial en materia de
imprescriptibilidad de los incrementos pensionales, en tanto la Corte
Constitucional no había proferido una posición uniforme en la materia hasta
este momento.
9.2. En virtud del mandato constitucional
de in dubio pro operario, la interpretación que resulta más favorable a los
intereses de los pensionados, es aquella según la cual los incrementos
pensionales de que tratan los artículos 21 y 22 del Acuerdo 49 de 1990, no
prescriben con el paso del tiempo. Aclarándose que las mesadas causadas
y no reclamadas oportunamente, sí prescriben conforme a la regla general de
prescripción de las acreencias laborales contenida en el artículo 488 del
Código Sustantivo del Trabajo (sic). En esa medida, las accionadas
incurrieron en violación directa de la Constitución como causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, porque
desconocieron el principio constitucional de in dubio pro operario.
9.3. En virtud del deber de solidaridad (C.P.,
arts. 1º, 48 y 95.2), las autoridades judiciales y administrativas
accionadas debieron aplicar la interpretación más favorable de la norma,
teniendo en cuenta que las personas a cargo de los accionantes son en su
mayoría sujetos de especial protección constitucional, en razón a su edad y/o
situación de discapacidad, y que los incrementos pensionales
solicitados están encaminados a garantizarles una vida digna y su mínimo vital.
9.4. El derecho a la igualdad de las personas
que acudieron a la acción de tutela en el pasado para solicitar el
reconocimiento de los incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del
Acuerdo 49 de 1990, fue conculcado como consecuencia de la división al interior
de las Salas de Revisión de Tutelas de esta corporación, frente a la prescripción
del derecho.” (El énfasis no es
del texto original)
Más
concretamente, en palabras de la misma sentencia SU-310/17, el sentido del
fallo consistió en amparar los derechos fundamentales de los accionantes pues
“Una autoridad judicial o administrativa vulnera el derecho
al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de un pensionado,
por desconocer directamente la Constitución Política, al
considerar que un derecho pensional como los incrementos por persona a cargo,
se pierde por completo a los tres años de no ser reclamado, en lugar de
considerar que se perdieron sólo las mesadas no reclamadas, como se sigue de la
interpretación más favorable al trabajador (in dubio pro operario).” (El énfasis no es del texto original)
Es decir, la causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales que la Corte verificó para amparar los
derechos fundamentales de los accionantes fue la violación directa de la
Constitución por parte de las autoridades demandadas. Consecuentemente, la
Corte dispuso la inaplicación de las providencias proferidas por la
jurisdicción laboral ordinaria y que fueran impugnadas en vía de tutela dentro
de los expedientes acumulados. Así mismo, esta Corporación le ordenó a
Colpensiones que “[reconociera] los incrementos pensionales a favor de los
accionantes que cumplan con las condiciones previstas en el artículo 21 del
Acuerdo 049 de 1990 para acceder a ellos […] y sin negar la prestación, en
ningún caso, bajo el pretexto de que el derecho prescribió […]” así como “realizar
a favor de los accionantes que resulten beneficiarios de los incrementos
pensionales previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, los pagos
retroactivos no prescritos, comprendidos en los tres años anteriores contados a
partir de la notificación de la presente sentencia de unificación”. Finalmente,
la Corte le solicitó al Gobierno Nacional que, por medio del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y del Ministerio del Trabajo, “tome las medidas
adecuadas y necesarias para asegurar que la Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, cuente con la capacidad financiera necesaria para
asumir los costos derivados de la protección efectiva de los derechos
fundamentales analizados en esta sentencia. […]”
2.       Las solicitudes de nulidad de
la sentencia SU-310/17
2.1.
Mediante
escrito radicado el 20 de septiembre de 2017, la representante legal del
Ministerio de Hacienda solicitó la nulidad de la sentencia SU-310/17. En su
solicitud, se reprochó que en la sentencia no se hubieran estudiado los
argumentos expuestos por dicho ministerio en su intervención en sede de
revisión. Más concretamente la entidad sostuvo que en la sentencia sub
judice la Corte: (a) no hubiera reparado en las razones por las cuales las
normas que soportaban los incrementos pensionales del caso se encontrarían
derogadas con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, careciendo de
cualquier efecto ultractivo; y (b) no hubiera estudiado si el reconocimiento de
unos incrementos que no fueron efectivamente cotizados por cada uno de los
accionantes amparados con la decisión de tutela implicaría una violación del
Acto Legislativo No. 01 de 2005, lo que, en parecer del Ministerio, afectaría
la sostenibilidad del Sistema General de Pensiones.
2.2.
Por
otra parte, a través de escrito presentado el 22 de septiembre de 2017,
Colpensiones también solicitó la nulidad de la sentencia en comento. Tras
sugerir que la Corte arbitrariamente habría dejado de analizar asuntos de
relevancia constitucional con efectos trascendentales sobre el sentido del
fallo de la sentencia SU-310/17, Colpensiones inicialmente sostuvo que la
providencia habría dejado analizar tres asuntos que, dentro del respectivo
trámite de revisión, se le habían puesto de presente a la Corte tanto por el
Ministerio de Hacienda como por ella misma. Tales asuntos fueron, en palabras
de Colpensiones: “a) La prohibición expresa contenida en el Acto Legislativo
01 de 2015 respecto al pago de beneficios como los autorizados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-310 de 2017, b) la derogatoria de los
incrementos pensionales a través de la Ley 100 de 1993 y c) la sostenibilidad
financiera del sistema pensional”. Posteriormente, Colpensiones se enfiló a
atacar la sentencia por: (d) un eventual desconocimiento del precedente
jurisprudencial ya sentado por la Corte en materia de la sostenibilidad
financiera del sistema general de pensiones, particularmente frente del
precedente sentado en las sentencias C-258 de 2013 , SU-230 de 2015 y SU-210 de
2017.
2.3.
La
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) también presentó
escrito coadyuvando la solicitud de nulidad presentada por Colpensiones. En su
memorial, la ANDJE censuró que la Corte no se hubiera pronunciado sobre los
argumentos que tanto el Ministerio de Hacienda como Colpensiones esgrimieron
dentro del trámite revisión de los expedientes acumulados en torno a: (a) “La
omisión en el análisis del artículo 48 de la Constitución el Acto Legislativo
01 de 2005 (sic)”, normas superiores éstas que propenderían a garantizar la
sostenibilidad del sistema pensional así como a exigir que la liquidación de
las pensiones reconocidas se hiciera únicamente teniendo en cuenta los factores
sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotizaciones “por lo que no
es posible otorgar una pensión que no tenga un respaldo en los aportes
pensionales del sujeto durante su vida laboral”; (b) La derogatoria de los
incrementos pensionales por medio de la Ley 100 de 1993 “siendo posible su
aplicación únicamente para aquellas personas beneficiarias del régimen de
transición, según lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (…)”; c)
El desconocimiento del precedente jurisprudencial sin el cumplimiento de los
requisitos previstos en la jurisprudencia para el efecto[237],
específicamente aludiendo al contenido de las sentencia C-258 de 2013 y SU-230
de 2015.
2.4.
Finalmente,
mediante escrito presentado el 13 de octubre de 2017, la Asesora de la oficina
Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo presentó escrito solicitando la
nulidad de la sentencia SU-310/17. En su memorial, la referida agente del
Ministerio del Trabajo se limitó a acusar la sentencia de no garantizar la
sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones tal y como lo
previera el Acto Legislativo 01 de 2005.
3.       El trámite previo dentro del
incidente de nulidad
Mediante Auto del 19 de
enero de 2018 la Corte dispuso comunicarle a las partes accionantes y a los
demás interesados en la Sentencia SU-310/17 de las solicitudes de nulidad
presentadas contra dicha sentencia.  A tal comunicación respondieron las
siguientes personas:
3.1.
Mediante
apoderada los accionantes Samuel Vargas Vargas y David Hernández Olaya
solicitaron no acceder a la nulidad planteada. Como fundamento de su solicitud
se planteó que “no se han presentado argumentos SÓLIDOS, NOVEDOSOS, SERIOS
NI CONTUNDENTES, que demuestren CLARA Y COHERENTEENTE la vulneración al debido
proceso por parte de Corte Constitucional (sic)”. Señalaron además
que lo que en realidad pretende el Ministerio de Hacienda es “que se vuelva
a realizar un estudio de sus argumentos de tal suerte que esta vez se logre
convencer a los Honorables Magistrados de acceder a sus razones”. Así
mismo, frente del escrito de Colpensiones, tales accionante indicaron que
–contrario a lo manifestado por dicha entidad – el fallo de la Corte “si se
encuentra debidamente motivado y fundamentado”, para lo cual exponen cinco
razones que, a su entender, darían cuenta de ello. Finalmente, respecto de la
intervención de la ANDJE, los mentados accionantes indicaron que las
disposiciones del acuerdo 049 de 1990 se encuentran vigentes tal y como lo han
comúnmente aceptado la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional y
que los procedentes judiciales a que aludió tal entidad “no aplican ni son
del resorte del asunto en discusión”.
3.2.
La
Asesora de la oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo coadyuvó la
solicitud de nulidad presentada por el Ministerio de Hacienda y señaló que
mediante la sentencia acusada de nulidad se reconocen unos incrementos
pensionales que ya habían sido derogados por la Ley 100 de 1993 y que no hacen
parte del régimen de transición contemplado en dicha norma, que no tienen
respaldo en cotizaciones al Sistema y que los accionantes carecen de derecho al
respecto debido a que sus pensiones exceden la mínima legal.
3.3.
A
través de apoderado el señor Mardoqueo Silva Alfonso solicitó despachar
desfavorablemente las solicitudes de nulidad de que trata esta providencia,
Como fundamento de su petición, el apoderado del señor Silva Alfonso se refiere
a las competencias de la Corte en torno a la facultad de revisar sentencias de
tutela, a la imposibilidad de decretar la nulidad deprecada por cuanto ello
equivaldría a “entrar a dilucidar bajo la órbita del mecanismo de tutela
asuntos que deben ser enjuiciados bajo la egida de otros procedimientos”, justificar
la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales estudiados en la
sentencia SU-310/17. En escrito posterior el mentado apoderado del señor Silva
Alfonso señaló que “ya existe un pronunciamiento previo por parte del
Consejo de Estado que negó las pretensiones de Nulidad de los artículos 21 y 22
del Acuerdo 049 de 1990”, con lo cual se configura una cosa juzgada
material con efectos erga omnes que le impedirían a la Corte entrar a “analizar
el asunto planteado por los accionantes (sic)”, pronunciamiento judicial
éste del cual anexa copia.
II.
CONSIDERACIONES
4.       Competencia
La Sala Plena de la Corte Constitucional es
competente para conocer de las solicitudes de nulidad formuladas en el presente
asunto, según se deduce de lo previsto en el artículo 49 del Decreto 2067 de
1991.
5.
Plan
del caso
Para resolver las
solicitudes de nulidad presentadas contra la sentencia SU-310/17 se comenzará
por explicar la posibilidad de solicitar y obtener la nulidad de sentencias
dictadas por la Corte Constitucional (i). Luego se pasará a reiterar la
jurisprudencia atinente a los requisitos formales que deben cumplir las
referidas solicitudes de nulidad, así como sobre las diferentes causales que ha
identificado la Corte como constitutivas de violación al debido proceso con
fuerza suficiente para decretar la nulidad de las mentadas providencias (ii).
Finalmente, se procederá a estudiar la vocación de prosperidad de los cargos de
nulidad alegados en el caso concreto (iii).
6.       Procedencia excepcional de la
solicitud de nulidad de sentencias proferidas por la Corte Constitucional
6.1.
Sin
perjuicio del carácter de cosa juzgada que ampara la firmeza de las sentencias
dictadas por la Corte Constitucional (Const. Pol, art. 243), la jurisprudencia
ha señalado -con apoyo en el art. 49 del Decreto 2067/91- la posibilidad
extraordinaria y excepcional de obtener la nulidad de tales providencias. En
efecto, aun cuando una interpretación restringida del inciso segundo de la
norma reglamentaria en cita limitaría la posibilidad de solicitar la nulidad de
los procesos tramitados por la Corte Constitucional cuando ésta fuera alegada “antes
de proferido el fallo”, la jurisprudencia ha precisado que tal
posibilidad se extiende a procesos en donde ya se ha fallado, siempre que las
irregularidades alegadas surjan de la misma sentencia[238].
Esto sin perjuicio de que, por una parte, la norma atrás citada sea clara
cuando limita las irregularidades susceptibles de anular los procesos ante la
Corte a aquellas que provengan de una eventual violación al derecho al debido
proceso y que, por otra parte, tal vulneración tenga una verdadera incidencia
en la decisión que se haya proferido. Las anteriores condiciones propenden por
la prevalencia del derecho sustancial si se tiene en cuenta que, como dijera en
una ocasión la Corte: “Dada la imposibilidad general de
interponer una acción de tutela contra una sentencia de tutela y, menos aún si
ésta es proferida por la Corte Constitucional, en caso de que se presenten
irregularidades sustanciales que nacen de la providencia judicial, la única vía
para corregirlas es la nulidad del fallo viciado”.[239]
6.2.
Ahora
bien, cabe explicar que, en materia de tutela, aunque la jurisprudencia se ha
referido ocasionalmente a que la referida solicitud de nulidad se predica es de
las sentencias de las Salas de Revisión de esta Corporación - esto es, como se
entiende comúnmente, las Salas integradas por tres magistrados de acuerdo con
lo previsto en el artículo 34 del Decreto 2591/91-, cuando la Sala Plena
asume el estudio de una acción de tutela para dictar una sentencia tipo SU (de
unificación), esta última asume el carácter de Sala de Revisión (Sala Plena
de Revisión), posibilitando que la misma Sala Plena pueda asumir el análisis de
una solicitud de nulidad sobre una sentencia de tutela previamente dictada por
ella misma[240].
7.  Requisitos formales que deben
cumplir las solicitudes de nulidad que se presenten contra las sentencias
dictadas por la Corte
Como
requisitos formales de las solicitudes de nulidad que se presenten contra
sentencias proferidas por la Corte la jurisprudencia ha establecido las
siguientes tres exigencias:
7.1.
Temporalidad
La
solicitud de nulidad debe presentarse de manera oportuna, dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación de la sentencia[241].
Si dicho término vence en silencio, cualquier nulidad quedará automáticamente
saneada “por las
siguientes razones: (i)
en primer lugar, atendiendo el principio de seguridad jurídica y de
necesidad de certeza del derecho (Corte Constitucional, Auto 232 del 14 de
junio de 2001 (…)); (ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad de
presentar acción de tutela contra las providencias de tutela (Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001(…)). Y finalmente, (iii) porque es
razonable establecer un término de caducidad frente a las nulidades de tutela,
si incluso esa figura aplica en las acciones de inconstitucionalidad por vicios
de forma (Según el artículo 242-3 de la Carta, las acciones por vicios de
forma caducan en el término de un año contado a partir de la publicación del
respectivo acto).” (Negrilla fuera del texto original).”[242]
7.2.
Legitimación
en la causa por activa
A diferencia de las
sentencias dictadas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad
–esto es, las sentencias en donde se estudia el apego del derecho positivo a la
Constitución y en donde la legitimación en la causa por activa es abierta[243]
– en materia de tutela, la referida legitimación se reduce a quienes tengan un
interés legítimo en el resultado concreto del proceso. Tal interés
necesariamente incluye a las partes de la litis y eventualmente y como
coadyuvantes de cualquiera de los extremos enfrentados, a los terceros que
demuestren tener un interés directo en el resultado del proceso. Eso es lo que
se desprende del artículo 86 de la Constitución Política y del artículo 13 del
Decreto 2591/91.
En efecto, por una
parte el artículo 86 Superior hace alusión a la acción constitucional de tutela
que tiene toda persona para reclamar
“la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales”.
Por otro lado, el
artículo 13 del Decreto 2591/91 prevé en su inciso segundo que:
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso
[de tutela] podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”
En palabras de la Corte
la legitimación en la causa es “una calidad subjetiva de las partes en
relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” [244],
calidad que “cuando una de las partes carece de [ella], no puede
el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo”[245].
No obstante, aunque en principio el interés
legítimo pertenece exclusivamente a las partes, puede ocurrir que en un
determinado caso tal interés pueda predicarse de un tercero, caso en el cual
éste se encontraría legitimado para intervenir dentro del proceso, tal y como
lo prevén los artículos 13 y 16 del Decreto 2591/91. Es más, el juez
constitucional tiene el deber de integrar el contradictorio involucrando a los
terceros que puedan tener un interés legítimo en el mismo, so pena de que se
incurra en una nulidad, así esta sea susceptible de sanearse[246].
La regla atrás esbozada aplica tanto para
el trámite de la acción de tutela como para la solicitud de nulidad que se
alegue contra su trámite o contra su resultado. Ciertamente, en torno a la
legitimación en la causa por activa dentro de una solicitud de nulidad de las
que trata el artículo 49 del Decreto 2067/91, la Corte ha dicho que “Quien
proponga el incidente de nulidad debe contar con legitimación activa para tal
efecto, esto es, debe ser incoado por quien haya sido parte en el trámite del
amparo constitucional o por un tercero que resulte afectado por
las órdenes proferidas en sede de revisión”. (La subraya no es del texto
original)[247].
7.3.
Carga
argumentativa
Dado el carácter
excepcional y extraordinario de la nulidad que se alegue contra una sentencia
dictada por la Corte al interesado en ella se le exige una rigurosa carga
argumentativa en la cual exprese, de manera clara y precisa, la violación al
debido proceso en que se habría incurrido y la forma en que tal vulneración
habría incidido en el resultado del proceso. Razones como aquella que soporta
la autonomía judicial (Const. Pol., art. 230) excluyen definitivamente del
debate cualquier diferencia argumentativa o hermenéutica que el interesado
pueda tener con la decisión que ataca, así como cualquier posibilidad para que
se reabra el debate probatorio del caso.
En efecto, por razones
de seguridad jurídica y de garantía en la certeza del derecho, la declaratoria
de nulidad de una sentencia de esta Corporación tiene características muy
particulares, en virtud a que “se trata de situaciones jurídicas especialísimas
y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando
los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y
cierta que las reglas procesales aplicables a los procesos
constitucionales, que no son otras que las previstas en los Decretos 2067 y
2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante
vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y
trascendental en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas
repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar” (El
énfasis no es del texto original)”[248].
8.       Causales de violación al debido
proceso dentro del trámite de nulidad de una sentencia dictada por la Corte
Constitucional
La
carga argumentativa recién referida debe encuadrarse dentro de ciertas
causales. Así, jurisprudencia reiterada mediante reciente Auto 020 de 2017
circunscribió las “situaciones bajo las cuales procede la nulidad contra
fallos de revisión de tutela, así [7][249]:
“(i) Cuando una Sala de Revisión modifica o
cambia el criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por
la Sala Plena frente a una misma situación jurídica. En la medida en que el
art. 34 del Decreto 2591 de 1991 dispone que todo cambio de jurisprudencia debe
ser decidido por la Sala Plena de la Corporación, el cambio de jurisprudencia
por parte de una Sala de Revisión desconoce el principio del juez natural y
vulnera el derecho a la igualdad.
(ii) Cuando las decisiones no sean tomadas por
las mayorías legalmente establecidas. Esto ocurre, en los casos en que se dicta
sentencia sin que haya sido aprobada por las mayorías exigidas en el Decreto
2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre 15 de 1992 y la Ley 270 de 1996.
(iii) Cuando se presente una incongruencia
entre la parte motiva y resolutiva del fallo, generando incertidumbre con
respecto a la decisión tomada. Esto ocurre, en los casos en que la decisión es
anfibológica o ininteligible, cuando se contradice abiertamente o cuando carece
totalmente de fundamentación en la parte motiva. Cabe precisar que los
criterios utilizados para la adecuación de la sentencia, tanto de redacción
como de argumentación, no configuran violación al debido proceso. Al respecto,
señaló la Corte que: ‘El estilo de las sentencias en cuanto puedan ser más o
menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en nada para una
presunta nulidad. Además, en la tutela, la confrontación es entre hechos y la
viabilidad de la prosperidad de la acción y nunca respecto al formalismo de la
solicitud como si se tratara de una demanda de carácter civil’.
(iv) Cuando en la parte resolutiva se
profieran órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que no
tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa.
(v) Cuando la Sala de Revisión desconoce la
existencia de la cosa juzgada constitucional respecto de cierto asunto, caso en
el cual lo que se presenta de parte de ésta es una extralimitación en el
ejercicio de las competencias que le son atribuidas por la Constitución y la
ley.”
[vi] Adicionalmente, la Corte ha reconocido
que de manera excepcional puede suceder que la omisión del examen de ciertos
argumentos y pretensiones de la demanda, o de defensas propuestas por la parte
accionada, llegue a configurar violación al debido proceso, “si de
haber sido analizados esos puntos se hubiese llegado a una decisión o trámite
distintos, o si por la importancia que revestía en términos constitucionales
para la protección de derechos fundamentales, su estudio no podía dejarse de
lado por la respectiva Sala” [8][250].[251]
Aunque
la Sala Plena comparte la anterior enumeración, con fundamento en lo señalado
en Auto  223 de 2006[252] a las anteriores suma otra causal
de nulidad que se configura:
vii) “Cuando de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos
de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el
sentido de la decisión.”[253]
Es decir, a diferencia de lo señalado bajo la última causal
de la lista enunciada por el Auto 020 de 2017, para intentar la anulación de
una sentencia de la Corte Constitucional no sería necesario que el asunto cuya
relevancia constitucional se hubiera dejado de analizar por la Corte hubiera
sido previamente advertido por las partes en el curso del proceso de tutela. Es
así como, aunque no cualquier asunto tiene el vigor de determinar el rumbo de
un fallo de la Corte, si lo llegare a tener por razones de relevancia
constitucional, éste no podría ser ignorado por la Corporación, quien tendría
incluso el deber oficioso de advertirlo y estudiarlo.[254]
Conforme a lo anterior, serían siete (7) las situaciones
que, en este momento, identifica la Corte como constitutivas de violaciones al
debido proceso susceptibles de fundamentar la nulidad de una sentencia dictada
por ella misma.
9.
Análisis
del caso concreto
9.1.
El
cumplimiento del requisito de temporalidad
Conforme se señaló bajo
el numeral 7.1 de esta providencia, la oportunidad para alegar la nulidad de
una sentencia de la Corte Constitucional vence al finalizar el tercer día luego
de notificada dicha sentencia.
En el presente caso
tenemos que la comunicación de la sentencia SU-310/17 al Ministerio de Hacienda
la efectuó la Secretaría de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia mediante Oficio OSSCL No. 43824 del 28 de septiembre de 2017 enviado
por Servicios Postales Nacionales S.A. en esa misma fecha. A su vez, el escrito
mediante el cual se solicita la nulidad por parte de dicho Ministerio data del
20 de septiembre de 2017, varios días antes inclusive de la comunicación del 28
de septiembre de ese mismo año. De lo anterior se deduce el cumplimiento de
este requisito de temporalidad por parte del referido ministerio mediante la
figura de la notificación por conducta concluyente[255];
todo ello sin perjuicio de que en su escrito el Ministerio de Hacienda sostenga
que la notificación de la referida sentencia habría ocurrido desde el 15 de
septiembre de 2017: situación esta última en la que, de todos modos, se habría
cumplido con dicho requisito de temporalidad.
Por otra parte el 22 de
septiembre de 2017 Colpensiones presentó escrito solicitando la nulidad de la
sentencia SU-310/17. Tal fecha de radicación permite concluir que en este caso
también se cumplió con el requisito de temporalidad toda vez que en el Oficio
S.523 de la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá se
informa que la notificación de la sentencia a Colpensiones habría ocurrido tan
sólo un día antes, el 21 de septiembre de ese año.
Respecto de la
solicitud de nulidad efectuada por el Ministerio del Trabajo, la misma no será
analizada en esta providencia puesto que no se cumplió con el requisito de
temporalidad. Ciertamente, mientras que la notificación de la sentencia
SU-310/17 fue efectuada mediante Oficio OSSCL No. 43799 del 28 de septiembre de
2017, enviado por Servicios Postales Nacionales S.A. en esa misma fecha o por
la misma sala de la Corte Suprema de Justicia mediante correo electrónico el 02
de octubre de 2017, el escrito del Ministerio del Trabajo sólo fue presentado
hasta el 13 de octubre de 2017, mucho después de los tres (3) días que la
jurisprudencia prevé para que se presente en oportunidad la solicitud de
nulidad del caso.
Finalmente, no es
necesario analizar el cumplimiento del requisito de temporalidad respecto de la
ANDJE toda vez que, por disposición legal, la referida agencia está
expresamente facultada  para intervenir “en cualquier estado del proceso”
en aquellos “asuntos donde sea parte una entidad pública o donde se
considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado”[256].
9.2.
Legitimación
en la causa
Para
la Sala es claro que solo dos de los tres intervinientes cumplieron con el
requisito de temporalidad; esto es, Colpensiones y la ANDJE. Por ende, sólo
tales entidades tienen legitimación en la causa para solicitar la nulidad de la
sentencia SU-310/17.
En
lo que respecta a Colpensiones, tal legitimación en la causa surge de bulto. En
efecto, al asumir tal entidad la condición de parte pasiva afectada
negativamente y de manera directa por el numeral Tercero de la parte resolutiva
de la sentencia sub judice, el interés sustancial para solicitar la
nulidad de dicha sentencia se encuentra plenamente demostrado.
En
tratándose del Ministerio de Hacienda, a pesar de no haber sido parte dentro
del proceso que culminó con la expedición de la sentencia SU-310/17, sumado a
que su intervención dentro del mismo fue extemporánea, se trataría  de un
tercero con interés sustancial en la nulidad de una sentencia que le afectó
directamente. De hecho, el numeral Cuarto de la parte resolutiva de la
providencia atacada ubica al Ministerio de Hacienda en la condición de
corresponsable, junto al Ministerio del Trabajo, de “(tomar) las medidas
adecuadas y necesarias para asegurar que (Colpensiones), cuente con la
capacidad financiera necesaria para asumir  los costos derivados de la
protección efectiva de los derechos fundamentales analizados en (la
sentencia)”. No obstante lo anterior, debido a que la intervención de la
representante de este ministerio dentro del proceso que dio lugar a la
providencia cuya anulación se solicita sólo vino a ocurrir luego de expirado el
término de intervención
ciudadana, cuando el proyecto de fallo ya se había registrado ante la
Secretaría de esta Corporación, su solicitud devino en extemporánea[257],
lo que despoja a dicho ministerio de legitimación en la causa para solicitar la
nulidad de la sentencia SU-310/97.
Por
último, en lo que trata de la ANDJE, la legitimidad de su interés en el
resultado del proceso y legitimación en la causa para solicitar la nulidad de
la sentencia es de orden legal. Ciertamente, es la ley misma –por medio del
artículo 610 del Código General del Proceso –la que legitima a la ANDJE para
intervenir en “asuntos donde sea
parte una entidad pública o donde se considere necesario defender los intereses
patrimoniales del Estado”;
situación ésta última que evidentemente se configura en el presente caso, en
donde la orden impartida por la Corte tiene, sin lugar a dudas, un contenido
económico relevante con cargo al fisco nacional.
9.3.
Carga
argumentativa
Adentrándonos
finalmente en el análisis en los argumentos sustanciales presentados por los
intervinientes que cumplieron con los requisitos de temporalidad y de
legitimación en la causa, la Sala Plena desde ya advierte la vocación de
prosperidad de dichas solicitudes por las siguientes razones:
9.3.1. No se abordó el estudio del Acto
Legislativo 01 de 2005
Como lo advirtieron los
intervinientes, en la SU-310/17 la Corte se abstuvo de analizar normas
constitucionales de alta relevancia constitucional y directamente relacionadas
con la controversia de tutela.  Concretamente, al desatar la litis, la Corte
omitió referirse a todas aquellas modificaciones que sufrió el artículo 48 de
la Carta Política con ocasión del Acto Legislativo 01 de 2005.
Con el Acto Legislativo
01 de 2005, el legislativo pretendió dar remedio a diversas dificultades que
amenazaban la viabilidad del sistema de seguridad social, particularmente en su
segmento pensional. En efecto, como ya lo advirtió la jurisprudencia al
estudiar las finalidades de la referida reforma legislativa:
“3.4.2.1. Como se indicó en la sentencia C-258 de 2013, para la fecha
de promulgación del Acto Legislativo 1 de 2005, “Colombia tenía el cuarto
pasivo pensional más alto del mundo con un 170 % del Producto Interno Bruto
(PIB)  con un nivel de cobertura muy bajo que correspondía al 23% de las
personas mayores de 60 años. Del mismo modo, la reforma legislativa se
justificaba ya que las cifras macroeconómicas indicaban que en Colombia el
número de afiliados era de 11.5 millones de personas, de los cuales solamente
eran cotizantes activos 5,2 millones, frente a una población económicamente
activa de 20,5 millones de personas. Estas cifras daban lugar a que el número
de pensionados en Colombia alcanzara solo a un millón de personas, frente a
cuatro millones de personas en edad de jubilación”.
La exposición de motivos del proyecto de acto legislativo,
explica las razones que justificaban la necesidad imperiosa de llevar a cabo
una reforma constitucional que sentara unas nuevas reglas en materia del
régimen de pensiones. En ella se puede advertir que el principal objetivo de la
reforma de 2005 fue homogeneizar los requisitos y beneficios pensionales en
aras de lograr una mayor equidad y sostenibilidad en el sistema.  Esta
finalidad se buscó de la siguiente manera[258]: “(i)
la eliminación de los regímenes especiales; (ii) la anticipación de la
finalización del régimen de transición reglamentado en la Ley 100 de 1993
-acortó su finalización del 2014 al 2010, salvo en la hipótesis de personas que
tenían cotizadas al menos 750 semanas a la entrada en vigencia de la reforma-;
eliminación de la mesada 14; y (iii) el establecimiento de la regla para
las personas que no estuvieran cobijadas por el régimen de transición, de que
las semanas cotizadas necesarias para pensionarse irían en un incremento
constante, estableciéndose 1.200 semanas para el 2011, 1.225 para el 2012,
1.250 para el 2013, 1.275 en 2014 y de 2015 en adelante, 1.300 semanas o lo
equivalente a 26 años.”
3.4.2.2 Debe tenerse en consideración que el principal objetivo de la reforma
de 2005 fue homogeneizar los requisitos y beneficios pensionales
en aras de lograr una mayor equidad y sostenibilidad en el sistema.
De igual manera, se establecen presupuestos básicos para el
funcionamiento del sistema general de pensiones, entre los que se encuentran: (i)
la garantía de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, es
decir, las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la
entrada en vigencia de este Acto Legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad
financiera de lo establecido en ellas; (ii) cumplimiento de los
requisitos legales para adquirir el derecho a la pensión será necesario
cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el
capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin
perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los
requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o
de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de
Pensiones; (iii) unificación de requisitos y beneficios pensionales.
Todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto
riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones.
No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo
allí establecido, (iv) imposibilidad de hacer pactos o convenciones
colectivas con beneficios pensionales superiores. A partir de la vigencia
del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones
colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales
diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones,
(v) liquidación sobre los factores efectivamente cotizados. En relación
con la liquidación de las pensiones, el Acto Legislativo dispuso que sólo se
tendrán en cuenta para determinar la base de liquidación, los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones y (vi) Límite en
el valor de las pensiones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario
mínimo legal mensual vigente. El artículo 48 también señala, de forma tajante
en el parágrafo 10, que a partir del 31 de julio de 2010 no podrán causarse
pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública.
Finalmente, es importante resaltar que la sostenibilidad
financiera del Sistema General de Pensiones fue una preocupación
transversal a la reforma. Ella motivó la unificación de las reglas y la
eliminación de beneficios desproporcionados. El establecimiento expreso de que
el Estado debe garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y
de que las leyes futuras deben guiarse por este criterio, además buscó prevenir
la práctica de creación de beneficios pensionales desproporcionados con cargo a
los aportes de las generaciones venideras.
Ese criterio –del que ya se venía hablando desde antes de
la reforma constitucional-, en conjunto con principios constitucionales de la
seguridad social como la universalidad y la solidaridad, ha entendido la Corte,
justifica importantes medidas tales como la obligatoriedad de la afiliación al
Sistema General de Pensiones[259], la limitación temporal del
régimen de transición y la posibilidad de variar algunas de las reglas
aplicables a sus beneficiarios[260], y el establecimiento de
requisitos estrictos para el retorno al régimen de prima media en el caso de
personas próximas a reunir los requisitos para pensionarse[261].”[262]
No obstante lo anterior, como se explicó atrás en el
numeral 1.3., la ratio decidendi de la SU-310/17 estuvo exclusivamente
determinada por la aplicación del principio in dubio pro operario, sin
que se llegara siquiera a contrastar tal fuente jurídica con el resto del texto
constitucional aplicable; situación que permite vislumbrar desde ahora la
prosperidad de los cargos de anulación.
Es decir, si bien la aplicación el principio in dubio
pro operario utilizado por la sentencia SU-310/17 para acoger las
pretensiones de los accionantes podría ser un criterio válido para dirimir otra
clase de litigios laborales[263], en tratándose de pretensiones que
atañen directamente al sistema de seguridad social en su rubro pensional, la
aplicación de tal principio no podía pasar por alto el análisis relativo a su
eventual compaginación con contenido el artículo 48 Superior tal y como éste
quedó luego de expedido el Acto Legislativo 01 de 2005. Lo anterior, entre
otras razones, por el simple deber jurídico de propender por una interpretación
integradora y sistemática[264] del ordenamiento jurídico[265].
En el sentido atrás expuesto, si bien es cierto que el
principio in dubio pro operario (favorabilidad en sentido amplio[266])
posee rango constitucional por cuenta de su incorporación en el artículo 53
Superior[267], también lo es que, como se afirmó en
la propia SU-310 de 2017, “la “duda” que da lugar a la aplicación de los
principios de favorabilidad e in dubio pro operario, debe estar revestida de
seriedad y objetividad “(…) pues no sería dable que ante una posición
jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo el argumento que la primera
es la más favorable al trabajador”(46)[268].” Es
decir, por redundante que parezca, requisito sine qua non para la
aplicación del principio in dubio pro operario es la existencia de una
duda en la interpretación de las fuentes formales del derecho; duda cuya
solución requiere de, por lo menos, dos opciones hermenéuticas que, “por
un lado deben encuadrar en el marco semántico de las disposiciones de las
fuentes formales, y de otro, deben estar en consonancia con las disposiciones
de la Constitución. Sólo serán admisibles como razonables, aquellas
interpretaciones de las fuentes formales, que además de encuadrarse en el marco
de las disposiciones normativas respectivas, también se correspondan con la
interpretación autorizada de las normas constitucionales”[269].
Más genéricamente, la libertad interpretativa de una determinada norma
jurídica, por constitucional que sea, puede ser amplia pero debe guardar
armonía con su propio contexto jurídico y con el marco constitucional.
No obstante lo
anterior, se reitera, en la sentencia sub judice la Corte omitió
confrontar el principio in dubio pro operario con una serie de
disposiciones que, más allá de tener el mismo rango constitucional de dicho
principio, eran especiales al sistema de seguridad social, particularmente en
su elemento pensional; cuestión que, al menos en principio, debió suscitar
algún tipo de pugna normativa cuya solución podía encontrarse mediante la
aplicación de las reglas del sistema hermenéutico que contempla el numeral 1 el
artículo 5º de la Ley 57 de 1887[270].
Más concretamente pero
sólo en vía de ejemplo, al darle solución a la controversia constitucional del
caso con base en la aplicación del principio in dubio pro operario, pero
omitir cualquier análisis de la reforma que desarrolló el Acto Legislativo 01
de 2005, la sentencia SU-310/17 prescindió de confrontar dicho principio con:
i) el inciso primero del artículo 48 Superior, relativo al aseguramiento de la
sostenibilidad financiera del sistema pensional; ii) con el inciso quinto
ibídem, que refiere a la concordancia de los beneficios pensionales con las
leyes del sistema general de pensiones; y/o iii) con el inciso sexto del mismo
artículo 48 Superior, que establece una relación de proporcionalidad entre la
liquidación pensional y los factores sobre los cuales cada persona hubiera
cotizado al sistema: cotejo que, para todos los ejemplos citados, cuando menos
era necesario a fin de despejar dudas sobre, bien la legítima prevalencia del
mentado principio, o bien su adecuado acoplamiento con el resto del
ordenamiento constitucional.
En suma, dado que el objeto de esta providencia no es el
de analizar la hermenéutica adecuada para la solución de la controversia
constitucional de fondo - lo cual será del caso estudiar en la sentencia de
reemplazo que se surta con posterioridad a que la presente providencia adquiera
firmeza – en este momento la Corte se limita a verificar la ocurrencia de
la causal que acontece “Cuando de manera arbitraria, se dejan de analizar
asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para
el sentido de la decisión.”
Cabe reiterar que mediante la presente providencia la
Sala no hace juicio alguno sobre el sentido que habría tenido el fallo de la
sentencia sub judice si, en su momento, la Corte hubiera contrastado el
principio in dubio pro operario consagrado en el artículo 53 de la Carta
Política con las disposiciones que adicionaron el artículo 48 Superior con
ocasión del Acto Legislativo 01 de 2005. Hacer tal juicio en la presente
providencia sería prematuro pues hacer tal análisis le corresponde a la Sala
Plena al momento de estudiar la sentencia de reemplazo de la sentencia que
mediante el presente auto se anula.
9.3.2.  No se analizaron los argumentos de
Colpensiones dentro del trámite de la revisión
Sin perjuicio de lo atrás expuesto, no sobra reiterar que la omisión
en el estudio del Acto Legislativo 01 de 2005 por parte de la sentencia
SU-310/17 fue una cuestión alegada por Colpensiones de manera clara y precisa
dentro del trámite previo al fallo, sin que en dicha sentencia la Corte
procediera siquiera a detenerse sobre el particular; situación que también
atenta contra el debido proceso de Colpensiones pues, como ya se ha explicado,
de haber analizado tales cuestiones que le fueron expresamente puestas de
presente a la Corte, bien podría haberse llegado a una decisión distinta o, por
lo menos, se habría satisfecho el derecho de tales entidades a que sus
argumentos fueran tenidos en cuenta.
La Corte
considera que la anterior situación igualmente ocurrió respecto de cada uno de
los demás argumentos esgrimidos por la interviniente legitimada dentro del
trámite de revisión. En efecto, además de lo expuesto en el párrafo anterior,
en la sentencia SU-310/17 la Corte ignoró cualquier reflexión en torno a: i) la
incorporación de los incrementos contemplados en los artículos 21 y 22 del
Acuerdo 049/90, aprobado por el Decreto 758/90, como elementos integrales de la
pensión de vejez;   ii) si los incrementos contemplados por los mentados
artículos 21 y 22 del Acuerdo 049/90, formaban parte o no del Régimen de
Transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; iii) la
justificación de efectos ultractivos de los mentados artículos 21 y 22 del
referido Acuerdo 049/90; iv) el desconocimiento del precedente constitucional
fijado en las sentencias aludidas por los intervinientes dentro del trámite del
proceso; y v) la armonización de la sentencia que expida la Corte
Constitucional al resolver la litis con los efectos de la sentencia que llegara
a expedir el Consejo de Estado cuando resuelva sobre la constitucionalidad de
los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049/90.
Reiterando que
mediante esta providencia la Corte no hace juicio alguno sobre el sentido
del fallo que incorporará la sentencia de reemplazo a la que ahora se anula,
cabe señalar que mediante sentencia del pasado 16 de noviembre de 2017 –más de
seis meses luego de proferida la sentencia SU-310/17- la Sección Segunda
Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado[271]
denegó la nulidad de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por
medio del Decreto No. 758 de 1990 y negó su desaparición del ordenamiento
jurídico con la expedición de la Ley 100/93. Mediante dicha providencia el
Consejo de Estado precisó que “a quienes les asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación o de invalidez a partir de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir a quienes son beneficiarios de la
misma, no tienen derecho a los incrementos de que trata el Acuerdo 049
de 1990 (…)”(La subraya corresponde al texto original), situación que
eventualmente será del caso analizar al momento de estudiar la procedibilidad
de la solicitud de amparo para cada uno de los accionantes que se beneficiaron
de lo dispuesto en la sentencia SU-310/17.
III.
DECISIÓN
La sentencia SU-310 de
2017 de la Corte Constitucional viola el debido proceso por: i) haber fundado
su decisión en aplicación del principio in dubio pro operario sin haber
analizado su compaginación con el artículo 48 de la Constitución Política, tal
como el mismo quedó luego de proferido el Acto Legislativo 01 de 2005; y ii)
haber omitido de su análisis los argumentos presentados por Colpensiones dentro
del trámite de revisión de tutela de los expedientes acumulados para el efecto.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR
LA NULIDAD de
la Sentencia SU-310 de 2007, solicitada por la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones.
SEGUNDO.- Por Secretaría General de la Corte
Constitucional, REMITIR el expediente al despacho del
Magistrado sustanciador del presente asunto, para que proyecte la nueva
sentencia, que deberá ser adoptada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional.
TERCERO.- Por Secretaría General de la Corte
Constitucional, vincular como tercero interesado en este proceso al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, para que exprese lo que tenga a bien dentro del
trámite de expedición de la sentencia de reemplazo.
CUARTO.- por Secretaría General de la Corte
Constitucional, solicitar a los jueces de instancia remitir a esta Corporación
los expedientes T-5.647.925, T-5.725.986, T-5.755.285, T-5.766.246,
T-5.840.729, T-5.841.624, T-5.844.421, T-5.856.779, T- 5.856.793 y T-5.870.489,
con el fin de emitir la sentencia de reemplazo.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Acciones de tutela instauradas, respectivamente, por Mardoqueo Silva Alfonso contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. y la Administradora Colombiana de
Pensiones; David Hernández Olaya y Samuel Vargas Vargas contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. y la Administradora
Colombiana de Pensiones; Urias Carrillo Parejo contra el Juzgado Tercero
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, Atlántico, y la
Administradora Colombiana de Pensiones; Mario Ernesto Velasco contra la
Administradora Colombiana de Pensiones; Jorge Enrique Farías Castañeda contra
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.; José Eugenio
Flautero Torres contra la Administradora Colombiana de Pensiones; Miguel Ángel
Alayon Cotrino contra el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Bogotá D.C., el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá D.C.
y la Administradora Colombiana de Pensiones; Luis Carlos León Díaz, Sara María
Velasco, Fausto Perea y Emérito Mera contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán, Cauca, y el Juzgado Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Popayán, Cauca; Julio Gómez Iglesias contra el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, Atlántico, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico y la Administradora
Colombiana de Pensiones; María Emma Rincón Loaiza contra el Juzgado Cuarto de
Descongestión Laboral del Circuito de Medellín, Antioquia, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, Antioquia, y la Administradora Colombiana de
Pensiones; Carlos Vidal Segura Rodríguez contra el Juzgado Veintitrés Laboral
del Circuito de Bogotá D.C., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C. y la Administradora Colombiana de Pensiones.
[2] A saber: (i) la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia [18 de mayo de
2016], dentro del trámite de tutela instaurado por Mardoqueo Silva Alfonso;
(ii) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia [25 de mayo de
2016], dentro del trámite de tutela instaurado por David Hernández Olaya y
Samuel Vargas Vargas; (iii) la Sala
Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, Atlántico [25 de mayo de 2016], dentro del trámite de tutela instaurado por Urias Carrillo
Parejo; (iv) el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, Cauca, [20 de mayo de
2016], dentro del trámite de tutela instaurado por Mario Ernesto Velasco; (v)
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia [25 de agosto de 2016], dentro del
trámite de tutela instaurado por Jorge Enrique Farías Castañeda; (vi) la Sala
de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C. [15 de septiembre de 2016], dentro del trámite de tutela instaurado por
José Eugenio Flautero Torres; (vii) la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia [28 de septiembre de
2016], dentro del trámite de tutela instaurado por Miguel Ángel Alayon Cotrino; (viii) la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Cauca [11 de agosto de 2016], dentro del
trámite de tutela instaurado por Luis Carlos León Díaz, Sara María Velasco,
Fausto Perea y Emérito Mera; (ix) la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia [6 de octubre de 2016], dentro del trámite de tutela instaurado por
Julio Gómez Iglesias; (x) la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia [11 de octubre de 2016], dentro del trámite de tutela instaurado por
María Emma Rincón Loaiza; y (xi) la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia [20 de octubre de 2016], dentro del trámite de tutela instaurado por
Carlos Vidal Segura Rodríguez.
[3] La selección y acumulación de los expedientes
de la referencia se dispuso en virtud de los siguientes autos: (i) auto del
veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016) proferido por la Sala de
Selección Número Siete; (ii) auto del diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016) proferido por la Sala de Selección Número Nueve; (iii) auto del
veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) proferido por la
Sala de Selección Número Siete; (iv) auto del diecisiete (17) de noviembre de
dos mil dieciséis (2016) proferido por la Sala de Selección Número Once; (v)
auto del veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) proferido
por la Sala de Selección Número Once; (vi) auto del veintisiete (27) de enero
de dos mil diecisiete (2017) proferido por la Sala de Selección Número Uno.
[4] Explica la multiplicidad de acciones de tutela
en que la Corte Constitucional cambió de jurisprudencia desde la sentencia
T-369 de 2015, lo cual lo llevó a presentar una nueva solicitud ante
Colpensiones que no fue contestada de fondo; omisión que lo motivó a interponer
la reciente acción de tutela.
[5] Los accionantes interpusieron demanda ordinaria
laboral contra Colpensiones invocando los mismos hechos y pretensiones en dos
oportunidades distintas. Justificaron este proceder en el cambio de jurisprudencia
respecto a la prescripción de los incrementos pensionales.
[6] A mediados de la primera década del Siglo XXI, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, sistematizó y unificó los requisitos de
procedencia y las razones o causales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales. Tema que había sido tratado, entre muchas otras, en
las Sentencias T-079 de 1993 y T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-118 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-055 de 1997 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-204 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara), T-001 de 1999
(MP José Gregorio Hernández Galindo), T-1009 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz),
T-025 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-188 de 2002 (MP Alfredo
Beltrán Sierra). De esta manera, la Corte en la Sentencia C-590 de 2005 (MP
Jaime Córdoba Triviño) señaló como requisitos generales de procedencia los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. (…) b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(…) c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración. (…) d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (…). e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible. (…) e. Que no se trate de
sentencias de tutela”. Estos criterios establecidos en la Sentencia C-590 de
2005, han sido reiterados uniformemente en múltiples pronunciamientos, por
ejemplo, en las Sentencias T-950 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-905
de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-203 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-583 de 2009 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-453 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-589 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), T-464 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla), T-872 de 2012 (MP Mauricio
González Cuervo), SU-918 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Nilson Elías Pinilla Pinilla), T-103 de 2014 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio), T-213 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa),
SU-297 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-060 de 2016 (MP Alejandro
Linares Cantillo; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Gloria Stella Ortiz
Delgado) y T-176 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Iván Palacio
Palacio). || En la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), además
de los requisitos generales de procedencia, se señalaron también las causales
especiales de procedibilidad.
[7] Constitución Política, Artículo 86: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La
protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita
la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la
solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la
acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión”.
[8] Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992
(MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes
Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). A propósito de la demanda de
constitucionalidad presentada contra los artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591
de 1991, que reglamenta la acción de tutela, en la sentencia se explicó que
ésta ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de
hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza
de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces ordinarios,
a objeto de lograr la protección del derecho.
[9] Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992
(MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes
Muñoz y Alejandro Martínez Caballero).
[10] El accionante nació el diecisiete (17) de enero
de mil novecientos treinta y cuatro (1934) y su esposa, señora Ana Cecilia, el
dieciocho (18) de abril de mil novecientos treinta y nueve (1939).
[11] Corte Constitucional, Sentencias T-456 de 1994
(MP Alejandro Martínez Caballero), T-801 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-076 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-904 de 2004 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-149 de 2012 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-063 de 2013 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez, SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En estas
sentencias la Corte fijó los supuestos bajo los cuales, la acción de tutela es
procedente a pesar de la existencia de los medios ordinarios de defensa
judicial.
[12] Corte Constitucional, Sentencia T-076 de 2003
(MP Rodrigo Escobar Gil). En esta sentencia la Corte se pronunció sobre la
regla general de improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de
derechos pensionales, haciendo énfasis en la excepción a dicha regla general,
por la ineficacia o falta de idoneidad de los medios ordinarios de defensa
judicial.
[13] Las providencias judiciales que acusaron fueron
proferidas el dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014), el siete
(07) de octubre de dos mil catorce (2014) y el veintisiete (27) de julio de dos
mil once (2011), respectivamente.
[14] En el
pasado, la Corte ha considerado procedente la acción de tutela a pesar de la
cantidad de tiempo transcurrido entre la presunta vulneración del derecho
fundamental y la interposición de la acción de tutela; los casos más
representativos de esta situación se encuentran en las tutelas en las que se ha
solicitado el reconocimiento de prestaciones periódicas. Por ejemplo, en la
sentencia T-1178 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño) la Corte resolvió de fondo
un asunto laboral en el cual, entre la terminación de los contratos de trabajo
y la fecha de interposición de la acción de tutela transcurrieron más de tres
años, lapso que se consideró justificado teniendo en cuenta el riesgo en la
integridad física que corrían los accionantes por la presentación de la tutela
en oportunidad. En sentencia T-164 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
la Corte declaró procedente la acción de tutela de un ciudadano que solicitaba
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, luego de diez años de
haberle sido negada. En la sentencia SU-189 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) la Corte concedió el amparo del derecho fundamental a la seguridad
social, a pesar del transcurso de nueve meses desde que se profirió la
resolución que negó el derecho pensional solicitado por el accionante. Por otro
lado, en las sentencias T-109 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez, AV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-374 de 2012 (MP María Victoria Calle
Correa), T-463 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Jorge Iván
Palacio Palacio, AV Nilson Pinilla Pinilla) y T-488 de 2015 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), en las que se solicitó el reconocimiento de la indexación de
la primera mesada pensional, la Corte pasó por alto el paso del tiempo (7
meses, 6 años, 10 años, 25 años, respectivamente), al considerar que “por
tratarse de un caso de indexación de la primera mesada pensional, debe
señalarse que la violación iusfundamental que se plantea se extiende
indefinidamente en el tiempo y es, por lo tanto, de carácter permanente”.
[15] Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006
(Humberto Antonio Sierra Porto). En esta sentencia la Corte explicó en qué
casos la acción de tutela procede, a pesar de haber transcurrido un tiempo
considerable entre la afectación o amenaza del derecho fundamental y la
interposición de la acción de tutela. Posición reiterada en las sentencia T-246
de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), T-332 de 2015 (MP Alberto Rojas
Ríos) y T-060 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo), entre otras.
[16] La Corte Constitucional ha considerado que las
normas del Decreto 1382 de 2000 contienen reglas de reparto y no aquellas que
determinan la competencia. Al respecto pueden revisarse las sentencias de la
Corte Constitucional C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), Sentencia C-713
de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SPV Humberto Sierra Porto y Nilson
Pinilla Pinilla y SV Jaime Araújo Rentería), Autos A-166 de 2014 (MP Nilson
Pinilla) y A-205 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa), entre otros. || También
ha considerado esta Corporación que dichas normas no son presupuesto para que
una autoridad se aparte del conocimiento de un asunto. Al respecto consultar
los Autos A-203 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), reiterado por el Auto
069 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otros.
[17] De conformidad con el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991, “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la
solicitud”. La Corte ha explicado el alcance del término a prevención, así: “Esta
nueva interpretación consiste en entender que el término ‘competencia a
prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de
acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991,
está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la
especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los
jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de
tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad
seleccionada por el demandante. De manera que el alcance de la expresión
competencia ‘a prevención’, en los términos de las disposiciones
precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto
1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el
demandante de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con
jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare
o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se
produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la
oficina judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación
de estos casos, en los lugares donde exista”. (Corte Constitucional, Auto 142
de 2011, MP Humberto Antonio Sierra Porto)
[18] Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, Auto del dos (02) de junio de dos mil dieciséis (2016).
[19] Al constatar esta situación, la Corte profirió
auto del primero (1°) de marzo de dos mil diecisiete (2017) en el cual resolvió
darle la oportunidad al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán,
Cauca, de pronunciarse sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela y
presentar los informes pertinentes, en su calidad de parte accionada. El
Tribunal guardó silencio.
[20] Decreto 2591 de 1991, Artículo 39: “En ningún
caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando
concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena
de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de
la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para
que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso”.
[21] La jurisprudencia constitucional ha explicado
que en materia de tutela, no existe la figura de la recusación, pues en virtud
del principio de celeridad que la caracteriza, no se admiten dilaciones en la
protección de los derechos fundamentales por ritualidades procesales. Para
compensar la ausencia de esa figura jurídica, el juez de tutela tiene la
obligación de declararse impedido cuando concurran en él las causales previstas
en el Código de Procedimiento Penal, a fin de evitar una afrenta contra el
principio de imparcialidad judicial. También se ha precisado que la
declaratoria del impedimento no modifica la competencia del juez de tutela,
pues: “(...) cuando un juez unipersonal se halla inmerso en una causal de
impedimento, debe remitir el expediente al funcionario judicial siguiente del
mismo nivel o jerarquía para que inmediatamente adelante el proceso constitucional.
Del mismo modo, si el evento que obliga a apartarse del asunto sometido a su
conocimiento le acontece a un juez colegiado, éste no modifica su competencia,
por lo cual lo enviará a la Sala siguiente o nombrará conjueces dentro de la
misma Sala que deberán adelantar el proceso de tutela”. Sobre impedimentos del
juez de tutela ver sentencias T-266 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-800 de
2006 (MP Jaime Araújo Rentería), T-386 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y
autos A-094 de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería), A-039 de 2010 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), A-013 de 2012 (MP Juan Carlos Henao Pérez), A-093 de 2012 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), A-296 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos), A-444 de
2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado) entre otros.
[22] Constitución Política, Artículo 228: “La
Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
[23] Según el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991,
al constatarse la existencia de una causal de impedimento en cabeza del juez de
tutela, el juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario
si fuere el caso.
[24] En
cuatro de los once casos se pusieron de presente las precarias condiciones
económicas de los accionantes y cómo la falta de reconocimiento del derecho
pensional, afecta su mínimo vital; (i) Samuel Vargas Vargas y David Hernández
Olaya (T-5.647.925) advirtieron que son personas de la tercera edad y que la
reclamación del reconocimiento y pago del incremento pensional se mantiene en
la actualidad, siendo la pensión que perciben el único ingreso con el que
cuentan para solventar sus necesidades básicas y las de sus esposas; (ii) Mario
Ernesto Velasco (T-5.755.285) manifestó que es una persona de la tercera edad
cuyo único ingreso para solventar las necesidades básicas propias y de su
esposa, es la pensión de vejez que percibe; (iii) Jorge Enrique Farías
Castañeda (T-5.766.246) indicó que convive con la señora María Nayith Amaya
Urueña, quien depende económicamente de él; (iv) el apoderado judicial de Luis
Carlos León Díaz, Sara María Velasco, Fausto Perea y Emérito Mera (T-5.844.421)
afirmó que los accionantes son personas mayores que padecen de enfermedades
propias de la edad y que sus esposos (as) y compañeros (as) permanentes
dependen económicamente de sus pensiones. En los casos restantes no se hizo
referencia expresa a tal afectación, sin embargo no cabe duda que la falta de
reconocimiento del incremento pensional por persona a cargo puede llegar a
afectar a los pensionados en su mínimo vital.
[25] Corte
Constitucional, sentencia T-338 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). En
este caso se tuteló el derecho al mínimo vital de una persona a la que se le
estaba pagando parcialmente su mesada pensional. En esta oportunidad la Corte
recogió la jurisprudencia sentada, entre otras, en las sentencias T-011 de 1998
(MP José Gregario Hernández Galindo), SU-995 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz;
AV Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-439 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[26] Corte
Constitucional, sentencia T-338 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). Sobre
la cuestión, la jurisprudencia ha precisado
que el mínimo vital supone tener en cuenta las dimensiones cuantitavitas del
derecho [“(…) está constituido por
los requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia
de la persona y de su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y
vestuario sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y
medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una
calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más
elementales del ser humano”] y, ante todo, las cualitativas [“(…) la idea de un
mínimo de condiciones decorosas de vida (v.gr. vestido, alimentación,
educación, salud, recreación), no va ligada sólo con una valoración numérica de
las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la
apreciación material del valor del trabajo, de las circunstancias propias de
cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida”.] Corte Constitucional,
Sentencia SU-995 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz, AV Eduardo Cifuentes Muñoz);
en aquella ocasión, la Sala Plena se preguntó si el incumplimiento en el pago
de las sumas salariales constituye una violación de derechos fundamentales que
amerita la intervención del juez de tutela.
[27] La
Corte ha reiterado esta posición
jurisprudencial, indicando que el concepto de
mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, tiene que ser evaluado “(…)
desde un punto de vista de la satisfacción de las necesidades mínimas del
individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las
circunstancias de cada caso concreto, haciendo una valoración que se encamine
más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo, verificándose que quien alega
su vulneración tenga las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de
necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la
vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la
dignidad humana”. Corte Constitucional, sentencia T-581a de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo). En este caso se consideró que se violaba el derecho al mínimo
vital del accionante, por cuanto se le estaban haciendo descuentos superiores
al 50% a su mesada pensional y, en el caso concreto, se consideró “recibir
menos de la mitad de su asignación de retiro no es suficiente para garantizar
su digna subsistencia”.  Al respecto ver también, entre otras, la
sentencias T-629 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SV Gloria Stella
Ortiz Delgado), T-059 de 2017 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SV Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[28] Corte
Constitucional, Sentencia T-385 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). En
esta sentencia, la Corte estudió un caso en el que se alegaba la vulneración
del mínimo vital, por la aplicación de la regla de compartibilidad pensional
por parte del fondo de pensiones accionado. Se resolvió denegar el amparo
constitucional al verificarse que la accionante estaba recibiendo el mayor
valor pensional, por lo que, desde una percepción cualitativa del derecho, su
mínimo vital no estaba afectado.
[29] Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias,
algunas de ellas citadas previamente: T-011 de 1998 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), T-554 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz), SU-995 de 1999 (MP Carlos
Gaviria Díaz, AV Eduardo Cifuentes Muñoz), T-439 de 2000 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-581A de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), T-217 de 2013 (MP
Alexei Julio Estrada, AV Luis Ernesto Vargas Silva), T-831 de 2014 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-319 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado, SV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-369 del 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-199 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-385 de 2016 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado), T-395 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo, SV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-460 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio). Todas estas decisiones son ejemplos de casos en los que la Corte
estudió el alcance del derecho al mínimo vital en el marco de la cesación
prolongada e indefinida de pagos de las mesadas pensionales.
[30] Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992
(MP Ciro Angarita Barón, AV José Gregorio Hernández Galindo). En aquella
ocasión, la Corte se enfrentó a la decisión del juez de instancia tendiente a
denegar el amparo constitucional, por considerar que los derechos invocados por
el accionante no eran fundamentales, al no estar en el capítulo primero del
título segundo de la Constitución Política. La Corte explicó la sujeción que
tienen los jueces, no solo al imperio de la ley, sino también a los principios
constitucionales, en virtud del principio de supremacía constitucional.
[31] Constitución Política, Artículo 4º: “La
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia
acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.
[32] En la sentencia T-949 de 2003 se incluyó como
causal autónoma de procedibilidad de la acción de tutela, la vulneración
directa de la Constitución, en los siguientes términos: “(…) todo
pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es
decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo,
orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv)
decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación
directa de la Constitución”. Corte Constitucional, Sentencia T-949 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett).  En la sentencia SU-1722 de 2000 (MP Jairo Charry
Rivas, SV Fabio Morón Díaz, Álvaro Tafur Galvis, Cristina Pardo Schlesinger) se
precisó que: “La razón anterior, ha llevado a la Corte a precisar que en
aquellos eventos en que se acredite de manera clara y manifiesta, que la
autoridad judicial ha violado un principio constitucional al proferir una
decisión de esta estirpe, procede la acción de tutela como medio idóneo para
garantizar los derechos de las personas”.
[33] Corte Constitucional, Sentencia T-555 de 2009
(MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esta sentencia la Corte reiteró que es
plausible que una decisión judicial pueda ser cuestionada a través de la acción
de tutela, por desconocer o inaplicar los postulados constitucionales.
[34] Corte Constitucional, Sentencias T-064 de 2010
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), SU-1184 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett)
y T-1625 de 2000 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez).
[35] Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[36] Corte Constitucional, Sentencia T-927 de 2010
(MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esta sentencia la Corte explicó la
caracterización de la violación directa de la Constitución, reiterando los
casos en los eventos en los que se ha producido.
[37] En Sentencia T-462 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett) se explicó que: “Para la Corte, es claro que en todas estas
situaciones la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones
judiciales está condicionada a la existencia de una violación de un derecho
fundamental (art. 86 Superior) como quiera que no fue otro el propósito del
constituyente al crear la acción de tutela y al consagrar entre los principios
fundamentales del Estado el de la eficacia de los derechos fundamentales (art.
2 Superior)”.
[38] Constitución Política, Artículo 53: “El
Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: (…)
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho (…) El Estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos
de los trabajadores”.
[39] El principio in dubio pro operario
también ha sido llamado “favorabilidad en sentido amplio”. Al respecto ver:
Corte Constitucional, sentencias T-832A de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva);
T-730 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-569 de 2015 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez), entre otras, en las que la Corte diferenció y
definió el alcance de los principios de favorabilidad e in dubio pro
operario.
[40] Constitución Política, Artículo 53.
[41] Corte Constitucional, Sentencia C-168 de 1995
(MP Carlos Gaviria Díaz). En esta sentencia se dijo: “De conformidad con este
mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas
fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc.), o en
una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger
aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad
opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta
fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando
existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida
debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir
de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría
convirtiendo en legislador”.
[42] Código Sustantivo del Trabajo, Artículo 21: “En
caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo,
prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse
en su integridad”.
[43] Corte Constitucional, sentencia SU-120 de
2003 (MP Álvaro Tafur Galvis; SV Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araújo
Rentería), reiterada en las providencias T-1169 de 2003 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), T-663 de 2003 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-805 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-815
de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes) y T-098
de 2005 (MP Jaime Araújo Rentería), en la que esta Corporación resolvió tres acciones de tutela en las que los
accionantes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales y que se
dejara sin efecto las decisiones de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia que les negó el reconocimiento de la indexación de la
primera mesada. En esta oportunidad, la Corte protegió los derechos de los
actores pues la decisión de la autoridad judicial accionada desconoció “la
prevalencia del derecho sustancial, en cuanto no se sujetan a los dictados
constitucionales de la igualdad, favorabilidad, y conservación del poder
adquisitivo de las pensiones”. Adicionalmente, la providencia reconoció que en
virtud del artículo 230 de la Carta
Política, “el principio pro operario es un recurso obligado del
fallador en su labor de determinar el referente normativo para solventar
asuntos del derecho del trabajo no contemplados explícitamente en el
ordenamiento”. Sobre la aplicación del principio in dubio pro operario tratándose de indexación
de la primera mesada también pueden consultarse las siguientes sentencias T-045 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-362 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), SU-131 de
2013 (MP Alexei Julio Estrada; AV Nilson Pinilla Pinilla), T-074 de 2013 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-445 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV
Jorge Iván Palacio Palacio, AV Nilson Elías Pinilla Pinilla, AV Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-887 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) y SU-415 de
2015 (MP María Victoria Calle Correa).
[44] Corte
Constitucional, sentencia T-883 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto) en la que se concedió el amparo de los derechos de una mujer que
solicitó la protección de sus derechos luego de ser despedida pese a
encontrarse en estado de gravidez. En el caso analizado, se presumió la
existencia del vínculo laboral entre las partes en virtud del principio in dubio pro operario. Por su
parte, la sentencia T-519 de 2009 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) se
estudió el caso de un señor de 89 años de edad, quien señaló que las Empresas Públicas Municipales de Cali- EMCALI- se negaron
a reconocer el tiempo que había laborado en dicha entidad, pese a la existencia
de pruebas y testimonios que así lo demostraban. El accionante indicó que
debido a dicha situación el ISS negó la pensión de vejez por no acreditar las
1000 semanas cotizadas requeridas. La Corte presumió la existencia de una
relación laboral entre el tutelante y la empresa demandada a la luz del
principio de realidad sobre las formas y el principio in dubio pro operario “según el cual, se impone al operador
jurídico el deber de dar a las fuentes formales del derecho una lectura que
tenga en cuenta los principios constitucionales sobre protección al trabajo, de
tal manera que cualquier duda sobre su aplicación e interpretación sea absuelta
a favor del trabajador”. En vista de lo anterior, concedió el amparo
transitorio de los derechos hasta que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo decidiera la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesta por el accionante. A su vez, ordenó a EMCALI que reconociera el
tiempo laborado y que aparecía acreditado en el expediente y que enviara dicha
información al ISS para el reconocimiento pensional.
[45] Corte Constitucional, sentencia T-509 de
2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Iván Palacio Palacio), en la que
se estudió el caso de una accionante de 80 años de edad, con pérdida de
capacidad laboral del 52.07%, a la que se le
negó reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por no acreditar el
requisito de 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez. La accionante solicitó la aplicación del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860
de 2003 y, de esta manera, se le exigiera haber cotizado “por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la
pensión de vejez” y acreditar 25 semanas cotizadas dentro de los tres años
anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez. Adicionalmente, advirtió que, por ser
beneficiaria del régimen de transición, el estudio del 75% de las semanas
mínimas requeridas debía hacerse de acuerdo al artículo
12 del Acuerdo 049 de 1990 que exigía 1000 semanas cotizadas en cualquier
tiempo. Para el caso particular, la Sala concedió el amparo de los derechos y
ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez debido a que la duda con
respecto a la aplicación del parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 860 de 2003
debía resolverse a la luz del principio
in dubio pro operario.
[46] Corte Constitucional, Sentencia T-1268 de 2005
(MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esta sentencia la Corte precisó los
elementos del principio de favorabilidad laboral, así: “La favorabilidad opera
no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o
entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma
que admite varias interpretaciones dentro de los parámetros de razonabilidad y
partiendo de la jurisprudencia y doctrina pertinentes. De conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, los elementos del principio de
favorabilidad laboral son: (i) la noción de ´duda´ ante la necesidad de elegir
entre dos o más interpretaciones, y (ii) la noción de ´interpretaciones
concurrentes´”.
[47] Corte Constitucional, Sentencia T-545 de 2004
(MP Eduardo Montealegre Lynett). En esta sentencia la Corte precisó que: “El
criterio de razonabilidad de la interpretación como producto de una correcta
fundamentación jurídica, es un desarrollo del artículo 53 de la Constitución,
en la medida en que la duda debe surgir a partir de una divergencia
interpretativa sobre las fuentes formales del derecho. Esto implica que las
opciones hermenéuticas, por un lado deben encuadrar en el marco semántico de
las disposiciones de las fuentes formales, y de otro, deben estar en
consonancia con las disposiciones de la Constitución. Sólo serán admisibles
como razonables, aquellas interpretaciones de las fuentes formales, que además
de encuadrarse en el marco de las disposiciones normativas respectivas, también
se correspondan con la interpretación autorizada de las normas
constitucionales”.
[48] Corte Constitucional, Sentencia T-545 de 2004
(MP Eduardo Montealegre Lynett). Se consideró al respecto que: “El criterio de
razonabilidad de la interpretación como producto de su aplicación
administrativa y judicial reiterada, es un desarrollo del artículo 13 de la
Constitución, en la medida en que garantiza uniformidad en la forma en que el
derecho objetivo se concreta en las prácticas sociales: ya sea en la decisión
judicial de controversias o en el funcionamiento ordinario de la
administración. Además, la aplicación reiterada de ciertas interpretaciones de
las disposiciones jurídicas ofrece un elemento de objetividad que permite a su
vez cualificar, en los casos problemáticos, cuando se está en presencia de una
duda objetiva y no se trata en cambio de un eventual capricho del operador
jurídico”.
[49] Corte Constitucional, Sentencia T-545 de 2004
(MP Eduardo Montealegre Lynett). La Corte explicó que: “(…) el criterio de
razonabilidad de la interpretación como resultado de un proceso de
argumentación suficiente, es un desarrollo del artículo 29 de la Constitución,
en la medida en que se proscribe la arbitrariedad del operador jurídico y se
exige que su actuación esté debidamente motivada. El control racional del
discurso jurídico está determinado entonces por la posibilidad real de
escrutinio sobre las razones para la decisión de los operadores jurídicos: que
sea posible un juicio sobre la suficiencia de los argumentos, su idoneidad, su
corrección, y su pertinencia”.
[50] Corte Constitucional, Sentencia T-545 de 2004
(MP Eduardo Montealegre Lynett).
[51] Constitución Política, Artículo 230: “Los
jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina
son criterios auxiliares de la actividad judicial (…)”.
[52] La Corte ha dicho al respecto: “La sujeción al
imperio de la ley, como se dijo anteriormente, no puede reducirse a la
observancia minuciosa y literal de un texto legal específico, sino que se
refiere al ordenamiento jurídico como conjunto integrado y armónico de normas,
estructurado para la realización de los valores y objetivos consagrados en la
Constitución”. Corte Constitucional, Sentencia C-836 de 2001 (MP Rodrigo
Escobar Gil, SV Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis, SV Jaime Araújo
Rentería, SPV Clara Inés Vargas Hernández, AV Manuel José Cepeda Espinosa y
Marco Gerardo Monroy Cabra). En este caso se estudió la constitucionalidad del
artículo 4° de la Ley 169 de 1896 “sobre reformas judiciales”, que disponía la
teoría de la doctrina probable conforme a la cual, tres decisiones uniformes
dadas por la Corte Suprema como tribunal de casación, sobre un mismo punto de
derecho, constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos
análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que
juzgue erróneas las decisiones anteriores. La Corte Constitucional declaró la
exequibilidad de la norma de la norma demandada, condicionándola a que la Corte
Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás jueces que conforman la
jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por
aquella, están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión.
[53] Corte Constitucional, Sentencia T-285 de 2013
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En aquella oportunidad la Corte conoció de
la acción de tutela que interpuso la Contraloría General de la República contra
las providencias proferidas en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
de Santander en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, que ordenaron el reconocimiento de la prima técnica y la consiguiente
nulidad de los oficios que negaban su reconocimiento. La Corte centró su
análisis en determinar si las sentencias acusadas incurrieron en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, y para esos efectos recordó la
necesidad de reparar en  varios criterios: “(i) determinar la existencia de un
precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y
distinguir las reglas decisionales contenidas en ellos; (ii) comprobar que el fallo
judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes, pues
de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; (iii)
verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente
judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso
analizado, bien por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra
manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los
principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los
derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine”. Se
concluyó que el precedente invocado, relacionado con el pago de la prima
técnica, no era riguroso y consolidado, pues no existía dentro del Consejo de
Estado una línea de precedentes aplicables a situaciones similares a la
estudiada.
[54] Corte Constitucional, Sentencia T-330 de 2005
(MP Humberto Antonio Sierra Porto). La Corte estudió la posible vulneración del
derecho fundamental a la igualdad de los accionantes, con ocasión de los fallos
contradictorios proferidos por diferentes autoridades judiciales, en demandas
de fuero sindical. Se recordó el carácter vinculante de la jurisprudencia
constitucional y la posibilidad de separarse del precedente en ejercicio de la
autonomía judicial, siempre que el juez cumpla con una carga de argumentación
mínima en la que demuestre de manera adecuada y suficiente las razones por las
cuales se aparta. Frente al caso concreto se concluyó que la Corte
Constitucional ha desarrollado una doctrina constante respecto del derecho al
fuero sindical en general, y en particular el de los representantes del
sindicato del INPEC, y que dado el carácter vinculante de la jurisprudencia
constitucional en materia de interpretación de derechos fundamentales, tanto
los operadores judiciales como los directivos del INPEC deben ceñirse a las
reglas jurisprudenciales que al respecto ha desarrollado esta Corporación en la
materia.
[55] Corte
Constitucional, Sentencia T-292 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En aquella ocasión, la
Corte se preguntó si la empresa accionada incurrió en violación manifiesta de
la Constitución, al suspender el pago de la mesada pensional de la accionante
por contraer nuevas nupcias, existiendo en apariencia jurisprudencia
constitucional vinculante que consideraba que las cláusulas extintivas del
derecho a la sustitución pensional en razón del matrimonio posterior, son
violatorias del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la igualdad.
Para resolver el problema jurídico, la Corte se pronunció acerca del carácter
vinculante del precedente constitucional.
[56] Estos criterios fueron desarrollados por la
Corte Constitucional, en las sentencias T-158 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-292 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-711 de 2007
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1026 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-934 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
[57] La Corte Constitucional explicó la posibilidad
de apartarse del precedente jurisprudencial mediante una justificación seria,
razonable, suficiente y proporcionada en las sentencias T-123 de 1995 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-698 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), T-330 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras.
[58] Corte Constitucional, Sentencia T-621 de 2015
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV Luis Ernesto Vargas Silva). En esta
sentencia la Corte reiteró el valor vinculante del precedente judicial de los
órganos de cierre jurisdiccional y la posibilidad de apartamiento.
[59] La Corte Constitucional precisó los tipos de precedente
jurisprudencial (horizontal y vertical) y su vinculatoriedad en las sentencias
T-292 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-766 de 2008 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra, AV Nilson Pinilla Pinilla), T-209 de 2011 (MP Juan Carlos Henao
Pérez) y T-794 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[60] En las sentencias T-292 de 2006 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), T-1112 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño),  SU-917 de 2010
(MP Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla), T-351 de 2011 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), T-656 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
C-816 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), la Corte Constitucional explica el
alcance del precedente constitucional, identificándolo como un defecto
sustantivo o como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
[61] Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[62] Al respecto, en Sentencia C-400 de 1998 (MP
Alejandro Martínez Caballero, SV José Gregorio Hernández Galindo, SPV Hernando
Herrera Vergara, SPV Vladimiro Naranjo Mesa) se consideró que: “(…) para que un
cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte
razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen
no sólo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado
sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que
fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de
derecho”.
[63] Corte Constitucional, sentencias C-230 de 1998
(MP Hernando Herrera Vergara), SU-430 de 1998 (MP Vladimiro Naranjo Mesa),
C-198 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-624 de 2003 (MP Rodrigo
Escobar Gil), T-746 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-972 de 2006 (MP
Rodrigo Escobar Gil), T-099 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), SU-298 de
2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado, AV María Victoria Calle Correa, SV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio). En estas
sentencias, la Corte, a partir del control abstracto y concreto de
constitucionalidad, reiteró que el reconocimiento de las pensiones es un
derecho imprescriptible, en virtud de los mandatos constitucionales que
expresamente disponen que dicho derecho es irrenunciable (art. 48 C.P) y que
obligan a su pago oportuno (art. 53 C.P).
[64] Corte Constitucional, Sentencia C-230 de 1998
(MP Hernando Herrera Vergara). En esta sentencia la Corte discutió la
constitucionalidad de la disposición jurídica que estipulaba una prescripción
para el reconocimiento de la pensión de jubilación, “(…) por considerar que con
ello se violaba el deber de protección y asistencia constitucional especial en
favor de las personas de la tercera edad, el derecho a la seguridad social y el
pago oportuno de las pensiones legales, en cuanto restringe la oportunidad de
obtener, en avanzada edad, un sustento económico para garantizar unas
condiciones mínimas de vida digna”.
[65] Corte
Constitucional, Sentencia SU-298 de
2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado, AV María Victoria Calle Correa, SV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio). En aquella
oportunidad, la Corte se pronunció sobre la acción de tutela interpuesta contra
algunas decisiones judiciales proferidas en el marco de procesos ordinarios
laborales, en virtud de las cuales se había considerado que el derecho a la
reliquidación pensional, en cada caso concreto, había prescrito. La Corte
concluyó que las solicitudes de reclamación con el fin de obtener la
reliquidación de la pensión para la inclusión de factores salariales, no
prescriben, pues una interpretación contraria es violatoria del artículo 53 de
la Constitución
[66] Corte
Constitucional, Sentencia T-972 de
2006 (MP Rodrigo Escobar Gil). En aquella oportunidad, la Corte consideró
inocuo el argumento brindado por la entidad accionada según el cual “(…) la
negativa en el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez pudo atender al hecho de que el accionante cumplió la edad mínima para
pensionarse desde 1998, es decir, que la solicitud fue extemporánea”. Ello en
consideración a que los derechos a la seguridad social son imprescriptibles.
[67] Acuerdo 049 de 1990, Artículo 21: “Las pensiones
mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así:// a) En un siete por
ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas
menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno
de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan
económicamente del beneficiario y,// b) En un catorce por ciento (14%) sobre la
pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario
que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.// Los
incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos
conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión
mínima legal.”
[68] La Corte, en sentencia SU-1073 de 2012 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), aclaró que “son inconstitucionales todas
aquellas situaciones que a pesar de haberse consolidado bajo la égida de la
Carta anterior, sus efectos se proyectan en futuro y generan vulneración de los
derechos y garantías fundamentales, tal y como sería el caso de la indexación
de la primera mesada pensional”. En el mismo sentido, en la sentencia T-564 de
2015 (MP Alberto Rojas Ríos) se explicó los efectos que puede tener el
ordenamiento jurídico en el tiempo, precisando que la figura de la
retrospectividad consiste en  “la posibilidad de aplicar una determinada norma
a situaciones de hecho que, si bien tuvieron lugar con anterioridad a su
entrada en vigencia, nunca vieron definitivamente consolidada la situación
jurídica que de ellas se deriva, pues sus efectos siguieron vigentes o no
encontraron mecanismo alguno que permita su resolución en forma definitiva”.
Puntualmente se analizó el derecho a la pensión de sobrevivientes reconocido en
el Acuerdo 049 de 1990 y su aplicación a situaciones surtidas antes de su
entrada en vigencia, concluyendo que: “(…) al existir situaciones
pre-constitucionales cuyos efectos jurídicos siguen vigentes, es necesario
entender que estos se encuentran regidos y permeados por la Constitución de
1991. De este modo, a partir de la aplicación de la Carta Política, es posible
impedir la materialización de verdaderos anacronismos vivientes que, por el
contexto legal y constitucional del que provienen, pueden, no solo legitimar y
avalar situaciones que actualmente resultan evidentemente inconstitucionales,
sino que, en adición a ello, permiten que estas se perpetúen en el tiempo y
encuentren un marco de exención a los postulados de la actual constitución”.
[69] Se dice que es la primera, porque fue la línea
jurisprudencial que desarrolló la Corte la primera vez que debió resolver el
problema jurídico en cuestión,  a través de la sentencia T-217 del diecisiete
(17) de abril de dos mil trece (2013).
[70] Se dice que es la tesis mayoritaria, porque al
menos tres magistrados encargados y siete magistrados titulares de la Corte
Constitucional la apoyaron, de los cuales dos magistrados habían avalado la
posición contraria y por último se adhirieron a ella.
[71] Se dice que es la segunda, porque fue la línea
jurisprudencial que desarrollo la Corte en la sentencia T-791 el doce (12) de
noviembre de dos mil trece (2013), proferida inmediatamente después de la
sentencia T-217 de 2013.
[72] Se dice que es la posición minoritaria porque
solo cinco magistrados titulares de la Corte Constitucional apoyaron la tesis
de la prescriptibilidad de los incrementos pensionales, de los cuales dos
finalmente se adhirieron a la posición mayoritaria.
[73] Debe precisarse que las distintas Salas de
Revisión de la Corte Constitucional que han conocido sobre el asunto en
mención, no siempre han estado conformadas ni presididas por los mismos
magistrados. Lo cual se explica en los reemplazos temporales de algunos
magistrados titulares por magistrados encargados, y por los reemplazos
definitivos de los magistrados titulares debido a la terminación de sus
periodos individuales.
[74] Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2013
(MP Alexei Julio Estrada, AV Luis Ernesto Vargas Silva). En aquella ocasión, la
Sala Octava de Revisión de Tutelas estuvo presidida por un magistrado encargado
(Alexei Julio Estrada), que en su momento reemplazaba temporalmente al
magistrado Humberto Sierra Porto.
[75] La decisión fue unánime teniendo en cuenta que
solo tuvo una aclaración de voto (no manifestada expresamente), que no aportó
algún elemento diferente al sentido de la decisión ni a la orden impartida.
[76] Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2013
(MP Alexei Julio Estrada, AV Luis Ernesto Vargas Silva). En esa oportunidad la
Corte reseñó el caso concreto así: “El
ciudadano Salgado Herrera elevó reclamación administrativa para obtener el
incremento del 14 % de su prestación el tres (03) de diciembre de dos mil ocho
(2008), por tener a cargo a su compañera permanente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, petición que se resolvió de
forma desfavorable. En consecuencia, a través de apoderado judicial, promovió
demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, la cual conoció,
por reparto, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla quien, en
sentencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil diez (2010), absolvió al
ISS al declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la
demandada, decisión que confirmó la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de la misma ciudad, el veintinueve (29) de julio de dos mil
once (2011)”.
[77] En la sentencia T-217 de 2013(MP Alexei Julio
Estrada, AV Luis Ernesto Vargas Silva) se citaron las sentencias C-230 de 1998
(MP Hernando Herrera Vergara), SU-430 de 1998 (MP Vladimiro Naranjo Mesa),
C-624 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil) y T-274 de 2007 (MP Nilson Pinilla
Pinilla) para sustentar que la imprescriptibilidad en materia de seguridad
social ha sido debatida en sede de control abstracto y concreto de
constitucionalidad.
[78] Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2013
(MP Alexei Julio Estrada, AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[79] Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2013
(MP Alexei Julio Estrada, AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[80] Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2013
(MP Alexei Julio Estrada, AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[81] Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2013
(MP Alexei Julio Estrada, AV Luis Ernesto Vargas Silva). La Corte resolvió lo
siguiente: “Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y la Corte Suprema de
Justicia Sala Penal, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela
iniciado por Alfredo Constante Gutiérrez contra el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Barranquilla y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de la misma ciudad. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del
señor Alfredo Constante Gutiérrez. Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Barranquilla el  veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), dentro del
proceso ordinario laboral iniciado por el señor Alfredo Constante Gutiérrez
contra el Instituto de Seguros Sociales. Tercero.- ORDENAR a la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, proferir una nueva
sentencia dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor Alfredo
Constante Gutiérrez, en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas
en la presente providencia. Cuarto.- REVOCAR las sentencias proferidas por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  en primera instancia, y la Corte
Suprema de Justicia Sala Penal, en segunda instancia, dentro del proceso de
tutela iniciado por Eduardo Enrique Salgado Herrera contra el Juzgado Octavo
Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de la misma ciudad. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso del señor Eduardo Enrique Salgado Herrera. Quinto.- DEJAR SIN EFECTO la
sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Barranquilla el  veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012),
dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor Eduardo Enrique
Salgado Herrera contra el Instituto de Seguros Sociales. Sexto.- ORDENAR a la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla,
proferir una nueva sentencia dentro del proceso ordinario laboral iniciado por
el señor Eduardo Enrique Salgado Herrera, en la que se tengan en cuenta las
consideraciones hechas en la presente providencia”.
[82] Corte Constitucional, Sentencia T-791 de 2013
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Iván Palacio Palacio).
[83] Corte Constitucional, Sentencia T-791 de 2013
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Iván Palacio Palacio). Los hechos
de la acción de tutela fueron reseñados, así: “Con fundamento en los hechos
expuestos, el accionante consideró que el ad
quem incurrió en un defecto sustantivo o material, pues aduce que el
´derecho pensional no prescribe, que lo que prescriben son las mesadas
pensionales, de manera que la sentencia acusada es constitutiva de vía de
hecho´. Asimismo, indicó que ´por la ínfima cuantía de las pretensiones, no
procede recurso extraordinario de casación lo que hace que no disponga de otro
mecanismo de defensa judicial diferente a la tutela´. Por lo anterior, mediante
acción de tutela interpuesta el día 14 de marzo de  2013, solicitó al juez
constitucional tutelar su derecho fundamental al debido proceso, y en
consecuencia, revocar la sentencia del 17 de octubre de 2012 proferida por el
Tribunal accionado, y decretar que se dicte ´la sentencia sustitutiva que en
derecho corresponda, tomando en consideración la jurisprudencia sobre la
imprescriptibilidad del derecho pensional y sus incrementos, accediendo en
consecuencia a las súplicas de la demanda ordenando el reconocimiento del
incremento pensional desde el 18 de noviembre de 2007´”.
[84] Al respecto, en la sentencia T-791 de 2013 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Iván Palacio Palacio) se citó la
sentencia del 12 de diciembre de 2007 (Rad. No. 27923) de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral (MP Elsy Del Pilar Cuello Calderón).
[85] Corte Constitucional, Sentencia T-791 de 2013
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Iván Palacio Palacio). En resumen,
estas fueron las consideraciones que expuso la Sala en esa oportunidad: “Al
respecto de la posición arriba planteada, que vale aclarar, no ha sido una
posición ampliamente desarrollada o reiterada en múltiples ocasiones por la
Corte Constitucional, esta Sala, por las razones suficientemente explicadas en
la presente providencia, no considera acertada la aplicación que en aquella
oportunidad se le dio al precedente constitucional en materia de imprescriptibilidad
pensional, toda vez que a la luz de lo trazado por la jurisprudencia dada al
interior de la Jurisdicción Ordinaria, encargada de definir los conflictos, y
el alcance de los derechos de la seguridad social y de tipo laboral, el
incremento pensional objeto de estudio no reviste las características que hacen
aplicable el precedente de la imprescriptibilidad a una acreencia económica
relacionada con la seguridad social; y , por otra parte, como bien se explicó,
resulta ceñido a la constitución y a la jurisprudencia constitucional, otorgar
un trato disímil y consagrar la prescripción extintiva de un derecho
patrimonial que surge del ejercicio de un derecho constitucional fundamental
(como lo son el derecho pensional y la seguridad social)”.
[86] Corte Constitucional, Sentencia T-791 de 2013
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Iván Palacio Palacio). “En efecto,
la imprescriptibilidad de este derecho, que protege el riesgo de invalidez,
muerte y vejez, parte de la protección vitalicia del mínimo vital de las
personas, pues ´normalmente se trata de contingencias que ocurren en la vida de
un sujeto y permanecen para siempre en sus condiciones de existencia,
afectándola notablemente´”.
[87] Corte Constitucional, Sentencia T-791 de 2013
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Iván Palacio Palacio). “Los
incrementos de que trata el artículo anterior no forman parte integrante de la
pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales y
el derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que les dieron
origen”.
[88] En
efecto, el Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio salvó el voto en los siguientes términos: “(…) considero que la
decisión adoptada por la mayoría dejó de lado que en este caso se configura una
vulneración directa de la Constitución, específicamente en relación con los
artículos 48, 49 y 53 Superiores, a partir de los cuales la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha establecido que el principio de favorabilidad es un
pilar fundamental en la interpretación y aplicación de las normas que regulan
la seguridad social. Entonces, si bien los jueces cuentan con un amplio margen
de interpretación en las normas laborales, cuando un precepto admite varias interpretaciones,
se debe dar cabida a aquella que le resulte más favorable y no la que
desfavorece o perjudica. Una conducta contraria configura un defecto que viola
los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por
desconocimiento directo de la Carta Política. Así, la interpretación hecha en
la sentencia T-217 de 2013, resulta más favorable para el actor, por cuanto se
consideró que el derecho en mención no se encuentra sometido a la regla de
prescripción de las acreencias laborales de 3 años, en la medida que subsiste
de manera autónoma mientras perduren las causas que le dieron origen. En
conclusión, la imprescriptibilidad del referido derecho se encuentra en armonía
con el principio de favorabilidad, por lo que establecer en este caso el
fenómeno de la prescripción contraría este principio y, por lo tanto, implica
una violación directa de la Constitución, así como (i) la solidaridad que debe
regir el sistema de seguridad social en pensiones; (ii) la protección y
asistencia especial a las personas de la tercera edad para mantener unas
condiciones de vida digna; y (iii) el derecho irrenunciable a la seguridad
social”.
[89] Corte Constitucional, Sentencia T-748 de 2014
(MP Mauricio González Cuervo). En aquella oportunidad, el Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez estuvo ausente en comisión.
[90] Corte Constitucional, Sentencia T-748 de 2014
(MP Mauricio González Cuervo). El caso se resumió, así: “Derechos fundamentales
invocados por los demandantes: igualdad, mínimo vital, vida, acceso a la
administración de justicia, seguridad social, derechos adquiridos y protección
de la tercera edad. Conducta que causa la vulneración: negativa de las
autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria laboral en reconocer para
los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, el incremento adicional en la mesada pensional del 14%, por
tener cónyuge a cargo previsto en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990.
Pretensión: se dejen sin efectos los fallos judiciales que negaron el
incremento del 14% por estar a cargo de su cónyuge y ordenar dicho
reconocimiento, junto con el respectivo retroactivo”.
[91] Corte Constitucional, Sentencia T-748 de 2014
(MP Mauricio González Cuervo). “Coinciden los
actores de las demandas de tutela al solicitar que se dejen sin efectos los
fallos de la jurisdicción ordinaria, en tanto que no aplicaron la Sentencia
T-217 de 2013”.
[92] Corte Constitucional, Sentencia T-748 de 2014
(MP Mauricio González Cuervo). La Corte resolvió lo siguiente: “La Sala Segunda
de Revisión confirmará los fallos que negaron la protección de los derechos
presuntamente afectados por los jueces ordinarios al no otorgar un incremento
del 14% de su mesada pensional, por no encontrar configurada la causal de
desconocimiento del precedente. De lo visto en las consideraciones, la
Sentencia T-217 del 17 de abril de 2013 no caracteriza un antecedente
trascendental para consolidar la causal específica de vulneración del debido
proceso por desconocimiento del precedente constitucional, en tanto que, no fue
relevante para resolver un caso idéntico fallado con posterioridad. De acuerdo
con los postulados indicados, una decisión en sede de revisión es relevante
cuando: (i) su ratio decidendi contiene una regla relacionada con el caso
posterior. Si bien, la razón de la decisión en ambos casos se centró en la
imprescriptibilidad de los derechos a la seguridad social, la sentencia
ulterior se apartó de la vinculación del incremento como un derecho principal,
definiéndolo como una acreencia meramente patrimonial, que no forma parte
integrante de la pensión. (ii) Ésa ratio debió servir de base para resolver un
problema jurídico semejante. Aunado a lo anterior, la Sala Tercera especificó
que la tesis adoptada en la T-217 de 2013 pertenecía a una posición
minoritaria. (iii) Los hechos del caso o las normas juzgadas son semejantes o
plantean un punto de derecho semejante al que debe resolverse en el caso
posterior.  La situación fáctica –pensionado bajo la transición del D-758/90 y
con sociedad conyugal vigente- y la norma jurídica juzgada –Art. 21 D-758/90-
son idénticas al caso resuelto con posterioridad en Sentencia T-791 del 12 de
noviembre de 2013. Conforme a lo expuesto la Sala Segunda de Revisión, reitera
el precedente mayoritario recopilado en la Sentencia T-791 de 2013, y (i)
confirmará los fallos de tutela que declararon improcedente la demanda por no
cumplir con el requisito de inmediatez inferior a seis meses, (ii) confirmará
la negativa de amparo, pero por improcedente, en los casos de demandas
interpuestas en un término superior a seis meses, y (iii) negará el amparo
solicitado al no configurarse la causal específica de procedibilidad de
vulneración del precedente constitucional, en tanto que la sentencia T-217 de
2013 invocada como precedente, no constituye un antecedente relevante en
materia de incrementos adicionales”.
[93] Corte Constitucional, Sentencia T-831 de 2014 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub). En aquella ocasión, la Sala Séptima de Revisión de
Tutelas estuvo integrada por dos magistrados titulares y una magistrada
encargada (Martha Victoria Sáchica Méndez), que en su momento reemplazaba
temporalmente al Magistrado Alberto Rojas Ríos.
[94] Corte Constitucional, Sentencia T-831 de 2014
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En este sentido, la Corte se planeó el
siguiente problema jurídico: “¿Desconocen los
jueces de instancia los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital,
a la seguridad social, a la vida digna, al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso de los accionantes, al negarles el reconocimiento
y pago de los incrementos pensionales del 14% por cónyuge o compañera(o)
permanente a cargo y del 7% por hijo(a) en situación de discapacidad, bajo el
argumento de que los mismos se encuentran prescritos?”.
[95] Corte Constitucional, Sentencia T-831 de 2014
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). La Corte concluyó que: “En los casos bajo estudio la Sala determinó que las
autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso de los señores Jaime
Jiménez Arévalo (Expediente T-4.368.893), Juan Manuel Batista Palacio
(Expediente T-4.423.557), Jaime Antonio Higuita Jiménez (Expediente T-
4.423.843), Pedro Pablo Sierra Cano (Expediente T-4.430.213), Elena Loaiza
Osorio (Expediente T-4.434.249) y Walter Rincón Picott (Expediente
T-4.435.280). Lo anterior por cuanto las autoridades judiciales accionadas
negaron reconocimiento y pago del incremento pensional del 14% por cónyuge o
compañero(a) permanente a cargo, al interpretar la norma aplicable al caso, es
decir el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, en perjuicio de los actores,
contrariando así el principio de favorabilidad en materia laboral y violando de
tal manera la Constitución Política directamente”.
[96] Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2015
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[97] Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2015
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez). Al respecto se explicó que: “En el presente
caso la Sala advierte que Ángel Guerrero Chiquillo pretendía obtener el
incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo a través del proceso ordinario
laboral de única instancia que adelantó. En aquel trámite el Juzgado Cuarto
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla profirió sentencia
negando dicha pretensión y declarando probada la excepción de prescripción
conforme lo establecen los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, al haber
transcurrido el tiempo de tres años que la legislación prevé para iniciar la
acción laboral. De esta manera, y de acuerdo con lo planteado por el accionante
en el escrito de tutela, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la
sentencia proferida por el juzgado accionado desconoció el precedente
constitucional sentado por esta Corte, al sostener que el incremento del 14%
sobre la pensión mínima legal de que trata el Artículo 21 del Acuerdo 49 de
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es objeto de prescripción. Y
si en consecuencia, con dicha providencia se vulneraron los derechos
fundamentales del demandante al debido proceso, a la seguridad social y al
mínimo vital”.
[98] Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2015
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[99] Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2015
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez). En aquella oportunidad se consideró que:
“Si bien hay un conjunto de sentencias previas al caso que hoy nos ocupa en las
que se ha abordado la imprescriptibilidad del derecho fundamental a la
seguridad social, específicamente en lo que concierne al derecho pensional,
esta Sala no encuentra que el Juzgado accionado, al proferir la sentencia que
puso fin al proceso ordinario laboral de única instancia adelantado por el
actor, haya a) contrariado la ratio decidendi de las sentencias de
constitucionalidad que han estudiado el tema objeto de controversia, o haya b)
desconocido el alcance del derecho fundamental a la seguridad social fijado por
esta Corte a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela. A la
anterior conclusión se arriba, puesto que, como quedó dicho, el precedente
constitucional sobre la imprescriptibilidad de las pensiones no incluye una
consideración sobre la naturaleza del incremento pensional del 14% por personas
a cargo, asunto que, en principio, corresponde establecer a la jurisdicción
ordinaria laboral. Por lo anterior, no cabe señalar que hubo un desconocimiento
del precedente constitucional cuando, ante la ausencia de pronunciamientos
repetidos y posturas uniformes dentro de esta Corporación, con sujeción a
reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, el Juzgado Cuarto
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla determinó que el
incremento pensional pretendido por el accionante estaba sujeto a prescripción,
por no revestir un carácter fundamental, esencial o vital, al no ir dirigido,
de forma vitalicia y sucesiva, a amparar la subsistencia digna y a sufragar el
mínimo vital del actor. Por todo lo expuesto, la Sala no observa que las
actuaciones del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla constituyan alguna arbitrariedad, o que abierta y caprichosamente
hayan desconocido el precedente en esta materia, dado que su decisión se
encuentra en consonancia con las normas y la jurisprudencia (tanto de esta
Corporación como de la Corte Suprema de Justicia) aplicables al caso concreto.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela proferida por el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, a través de la cual se
denegó el amparo solicitado, pero por las razones expuestas en esta
providencia”.
[100] Corte Constitucional, Sentencia T-319 de 2015
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[101] Corte Constitucional, Sentencia T-319 de 2015
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). “Es
posible concluir entonces que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el
derecho a reclamar los ajustes, aumentos y/o reliquidación de la pensión están
estrechamente vinculados con el derecho a la pensión en sí misma, por lo tanto
también es imprescriptible (…) Bajo estas consideraciones, las sentencias de
tutela de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional han dejado sin efectos
decisiones de la jurisdicción ordinaria laboral que han declarado la
prescripción de la acción a través de la cual se solicita la reliquidación
pensional, lo cual constituye un precedente aplicable al caso”.
[102] Corte Constitucional, Sentencia T-319 de 2015
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). El
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo salvó el voto conforme a las
siguientes consideraciones: “Conforme la naturaleza y finalidad del incremento
por persona a cargo, este no hace parte de la pensión, pues se trata de un
valor agregado a la mesada, en proporción a la pensión mínima legal y que se
encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley,
se deriva del carácter de pensionado, más no es una acreencia que nace de
manera automática con la pensión de vejez, razón por la cual se enmarca en los
casos en que se aplica la prescripción de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  Los
incrementos pensionales constituyen una prerrogativa que aumenta la mesada
pensional, sin embargo, no pueden asimilarse a un reajuste legal, pues la norma
legal que los consagra, señala que no constituyen un factor salarial. La
posibilidad de reclamarlos nace una vez se reconoce el derecho. Y conforme las
normas previstas en el Decreto 758 de 1990, su pago, obedece a que se cumplan
condiciones tales como: tener personas a cargo, siempre y cuando se acredite la
dependencia económica. Asimismo, única y exclusivamente, pueden tasarse sobre
la pensión mínima legal.  No es una prerrogativa vitalicia, situaciones, que sin
duda, tal y como lo advirtió la sentencia T-791-2013, ubica a los incrementos
dentro de las acreencias que son prescriptibles. Ahora bien, el precedente de
la Corte hasta ahora se encuentra dividido, y el tema no ha sido pacífico, pues
la Corporación tiene dos criterios el primero que sostiene que los incrementos
prescriben, y el segundo que los considera imprescriptibles. Así las cosas,
estimo que no existen pronunciamientos constitucionales reiterados ni posturas
uniformes dentro de la Corte en torno al incremento pensional del 14%, razón
por la cual no puede considerarse que una providencia judicial desconoce el
precedente constitucional cuando, de conformidad con la jurisprudencia
reiterada de la Corte Suprema de Justicia, el incremento del 14% por personas a
cargo está sujeto a prescripción, en consecuencia, una autoridad judicial que
actuó en desarrollo de los principios de independencia y autonomía propios de
la actividad jurisdiccional, no incurre en desconocimiento del precedente
constitucional al tomar una decisión debidamente sustentada en una hermenéutica
del derecho positivo, pero contraria a una interpretación de algunas salas de
la Corporación, posición que no ha sido unánime”.
[103] Corte Constitucional, Sentencia T-319 de 2015
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). La Sala concluyó que: “De conformidad con las consideraciones aquí expuestas, y
atendiéndose al hecho de que en esta providencia se reitera lo decidido en las
sentencias T-762 de 2011, T-217 de 2013 y T-831 de 2014, que concluyó que las
solicitudes de reclamación para obtener la reliquidación de la pensión y la
inclusión de factores salariales no prescriben. Para esta Corporación, la
prescripción de las pretensiones dirigidas a obtener la reliquidación de
pensiones es una interpretación contraria y violatoria del artículo 53 de la
Constitución Política. Se aclara de todos modos, como se hiciera en el
precedente constitucional que se reitera, que las mesadas pensionales si deben
ser reclamadas como máximo dentro de los tres años siguientes a haberse
causado, so pena de perderse el derecho a recibirlas. Por lo tanto, los jueces
deberán acceder a analizar las reliquidaciones pensionales para la inclusión de
nuevos factores para su correcta liquidación, pero las mesadas pensionales
siguen siendo objeto de la prescripción que estipula la ley”.
[104] Corte Constitucional, Sentencia T-369 de 2015
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En aquella ocasión, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas estuvo integrada por dos magistrados titulares y una
magistrada encargada (Myriam Ávila Roldán), que en su momento reemplazaba al
Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
[105] Corte Constitucional, Sentencia T-369 de 2015
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). “La Corte Constitucional se ha pronunciado
respecto del reconocimiento y pago del incremento a la pensión mínima del 14%
por cónyuge o compañero (a) permanente a cargo, de dos maneras, una negando
dicho reconocimiento al considerar que el incremento señalado no hace parte
integrante de la pensión, por lo tanto no sigue la misma suerte de ella, siendo
susceptible de prescripción cuando no se solicita dentro de los tres (3) años
siguientes al reconocimiento de la pensión, posición que coincide con la
interpretación que, de manera reiterada, ha realizado la Corte Suprema de Justicia;
otra, que consideró que el incremento por persona a cargo es un elemento de la
pensión, que sigue la suerte de las causas que le dieron origen, por lo tanto
al ser la pensión imprescriptible, dicha prestación también lo es, siendo
afectadas por ese fenómeno sólo las mesadas que no se reclamaron antes de los
tres años previos al reconocimiento de dicho incremento. En esta ocasión,
teniendo en cuenta que las personas involucradas (el actor y su cónyuge) son
personas de la tercera edad, cuyo único ingreso para solventar sus necesidades
básicas, es la pensión mínima del peticionario, y en aplicación del principio
de favorabilidad, precepto constitucional, que debe ser utilizado para dirimir
conflicto de interpretaciones sobre una misma norma, y así aplicar al caso
concreto la que sea más beneficiosa para el trabajador o pensionado, se acogerá
la postura de la Sentencia T-831 de 2014. En virtud de ello, la Sala concederá
la acción de tutela al observar que la sentencia acusada incurrió en causal
específica de violación directa de la Constitución, al no aplicar el principio
de favorabilidad en materia laboral. En consecuencia, protegerá los derechos al
mínimo vital y móvil y a la seguridad social en pensiones invocados por el
actor”.
[106] Corte Constitucional, Sentencia T-541 de 2015
(MP Mauricio González Cuervo).
[107] Corte Constitucional, Sentencia T-541 de 2015
(MP Mauricio González Cuervo). El caso se sintetizó así: “El actor solicita mediante acción de tutela, dejar sin
efectos la providencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual se revocó la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado 15 Laboral de Descongestión del
Circuito de Medellín, en la que se había otorgado al actor los incrementos del
14% adicional a la mesada pensional por compañera permanente a cargo y un 7%
adicional a la mesada pensional por hijo menor a cargo, argumentando que,
había ocurrido el fenómeno de la prescripción consignado en los artículos 488
del CST y 151 del CPTSS. Por lo anterior, el accionante consideró que la Sala
de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, vulneró sus
derechos fundamentales al desconocer el precedente jurisprudencial de esta
Corporación sobre la imprescriptibilidad del derecho a la pensión y,
particularmente, la tesis contenida en la sentencia T-217 de 2013”.
[108] Corte Constitucional, Sentencia T-541 de 2015
(MP Mauricio González Cuervo). La Sala explicó la decisión y la razón de la
decisión, así: “No se accede al amparo por vía
de tutela de  los derechos fundamentales del actor, y por consiguiente, se
confirman las sentencias proferidas en primera instancia por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y en segunda instancia por la Sala de
Casación Penal de esa misma Corporación. No se vulneran los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital y
acceso a la administración de justicia al no configurarse el desconocimiento de
precedente como causal especifica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial”.
[109] Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gloria Stella Ortiz Delgado).
[110] Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gloria Stella Ortiz Delgado). El caso se
sintetizó así: “El señor Horacio Restrepo Londoño presentó acción de tutela
contra el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia (Quindío),  por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad
social, al debido proceso, al mínimo vital y a la vida digna, con ocasión del
defecto por desconocimiento del precedente constitucional en el que incurrió el
juzgado accionado al proferir la sentencia del 18 de junio de 2015, mediante la
cual declaró probada la excepción de prescripción respecto del incremento del
14% sobre la mesada pensional, por cónyuge o compañera permanente a cargo”.
[111] Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gloria Stella Ortiz Delgado).
[112] Salvamento de voto a la sentencia T-038 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gloria Stella Ortiz Delgado): “Considero que en la ponencia se desarrollan ampliamente
las distintas posiciones asumidas por la Corte en relación con la
imprescriptibilidad del incremento del 14% de la mesada pensional por compañera
permanente a cargo, establecido en los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de
1990, motivo por el cual se acredita la improcedencia de la causal específica
de procedibilidad por desconocimiento del precedente judicial debido a que la Corte
no ha definido una línea clara y unívoca respecto de la procedencia del
incremento pensional mencionado por vía de tutela. No obstante lo anterior,
respecto de la causal especifica de procedibilidad relacionada con la violación
directa de la Constitución, en la ponencia se guarda silencio sobre este
aspecto. Estimo que prescindir del análisis de este defecto es contrario al
principio de congruencia de las decisiones judiciales, en razón a que no hay un
pronunciamiento sobre todos los cargos esgrimidos por el actor, bien sea favor
o en contra”.
[113] Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gloria Stella Ortiz Delgado). La Sala
explicó la decisión y las reglas de la decisión, así: “Decisión: Revocar la
sentencia de tutela de segunda instancia, que confirmó el fallo de primera
instancia, que a su vez declaró improcedente la acción de tutela y, en su
lugar, negar la protección de los derechos fundamentales invocados por el
actor. Reglas de decisión. No se configura la causal específica de tutela
contra providencia judicial denominada defecto por desconocimiento del
precedente constitucional, cuando (i) al no existir un precedente único, (ii)
la autoridad judicial resuelve un caso siguiendo una de las posiciones
adoptadas por las Salas de Revisión de la Corte Constitucional, que además
coincide con la jurisprudencia dictada por el tribunal de cierre de la
jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral”.
[114] Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gloria Stella Ortiz Delgado). En efecto, la
Magistrada Gloria Stella Ortiz salvó el voto en los siguientes términos:
“Considero que en la ponencia se desarrollan ampliamente las distintas
posiciones asumidas por la Corte en relación con la imprescriptibilidad del
incremento del 14% de la mesada pensional por compañera permanente a cargo,
establecido en los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, motivo por el
cual se acredita la improcedencia de la causal específica de procedibilidad por
desconocimiento del precedente judicial debido a que la Corte no ha definido
una línea clara y unívoca respecto de la procedencia del incremento pensional
mencionado por vía de tutela. No obstante lo anterior, respecto de la causal
especifica de procedibilidad relacionada con la violación directa de la
Constitución, en la ponencia se guarda silencio sobre este aspecto. Estimo que
prescindir del análisis de este defecto es contrario al principio de
congruencia de las decisiones judiciales, en razón a que no hay un
pronunciamiento sobre todos los cargos esgrimidos por el actor, bien sea favor
o en contra”.
[115] Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). El caso
fue reseñado, así: “El señor José Dustano Romero Peña, a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral. Considera el accionante que el tribunal
accionado vulneró su derecho fundamental al debido proceso, como consecuencia
de la sentencia proferida el 26 de mayo de 2015, por medio de la cual se
declaró probada la excepción de prescripción del incremento pensional del 14%
por cónyuge a cargo, desconociendo con ello el precedente constitucional que
reconoce el carácter imprescriptible de dicho incremento y el principio
constitucional de favorabilidad laboral. Por lo anterior, solicita que se
revoque el fallo emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, ordenando la aplicación de la interpretación más favorable
respecto del incremento pensional del 14% sobre su pensión de vejez, por tener
cónyuge a cargo”.
[116] Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[117] Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[118] Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). “En
consecuencia, la Corte accederá a la pretensión del accionante, consistente en
dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, ordenándole que profiera un nuevo fallo
aplicando el principio de favorabilidad laboral; y, por consiguiente, la Sala
revocará el fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral”.
[119] Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). El
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza salvó el voto en los siguientes términos: “A
mi juicio, los incrementos por personas a cargo, mantienen su vigencia respecto
de quienes tienen una pensión reconocida en los términos del Decreto 758 de
1990. Prevén una ayuda al pensionado quien todavía tiene personas a su cargo,
cuyo aumento solo se calcula con base en la pensión mínima, en consideración a
los requisitos previstos para acceder a la prestación y el monto de la pensión.
Conforme la naturaleza y finalidad del incremento, este no hace parte de la
pensión, pues se trata de un valor agregado a la mesada, en proporción a la
pensión mínima legal y que se encuentra condicionado al cumplimiento de los
requisitos exigidos por la ley, se deriva del carácter de pensionado, más no es
una acreencia que nace de manera automática con la pensión de vejez, razón por
la cual se enmarca en los casos en que se aplica la prescripción de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social. Los incrementos pensiónales constituyen una prerrogativa que
aumenta la mesada pensional, sin embargo, no pueden asimilarse a un reajuste
legal, pues la norma legal que los consagra, señala que no constituyen un
factor salarial. La posibilidad de reclamarlos nace una vez se reconoce el
derecho. Finalmente, en lo que tiene que ver con el principio de favorabilidad
como mandato constitucional y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
21 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, debe incluirse
en su análisis el principio de inescindibilidad, o conglobamiento, que implica
que al momento de elegir la norma más favorable, esta debe aplicarse en su
totalidad, sin escindir su contenido, argumento que aún más reafirma la postura
de prescriptibilidad de los incrementos pensiónales, como quiera que el mismo Acuerdo
049 de 1990, señala expresamente que no hacen parte del monto de la pensión”.
[120] Corte Constitucional, Sentencia T-460 de 2016
(MP Jorge Iván Palacio Palacio). El caso se expuso así: “Mediante escrito
radicado el 15 de febrero de 2016 ante la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el señor Jorge Humberto Díaz Prieto, actuando a nombre
propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado 15 Laboral del Circuito y
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, invocando la protección de sus
derechos fundamentales a la “favorabilidad”, “ratio decidendi” de la jurisprudencia
constitucional e “imprescriptibilidad en materia pensional”. Lo anterior, al
considerarlos vulnerados por las autoridades demandadas, porque en sus
decisiones le negaron el incremento pensional por tener a cargo la cónyuge y un
hijo discapacitado, bajo el argumento que se hallaba prescrito”.
[121] Corte Constitucional, Sentencia T-460 de 2016
(MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[122] Corte Constitucional, Sentencia T-460 de 2016
(MP Jorge Iván Palacio Palacio). La Sala resolvió que: “(…) se accederá a la
protección de los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones,
debido proceso y favorabilidad, vulnerados por las accionadas. Así las cosas,
se ordenará a los despachos judiciales que conocieron de las demandas laborales
que, dentro de un término de 15 días, contados a partir de la notificación de
esta decisión, profiera nueva sentencia, en la que reconozca los incrementos
pensionales, atendiendo las consideraciones y criterios de interpretación
expuestos en esta providencia”.
[123] Corte Constitucional, Sentencia T-217 de 2013
(MP Alexei Julio Estrada, AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[124] Corte Constitucional, Sentencia T-831 de 2014
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[125] Corte Constitucional, Sentencia T-319 de 2015
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[126] Corte Constitucional, Sentencia T-369 de 2015
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[127] Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[128] Corte Constitucional, Sentencia T-460 de 2016 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio).
[129] La
primera respuesta jurisprudencial dada al problema jurídico ha sido respaldada
por seis Magistrados (María Victoria Calle Correa, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Sivla) y por
tres Magistrados encargados (Alexei Julio
Estrada, Martha Victoria Sáchica Méndez, Myriam Ávila Roldán),
siendo uno de estos quien fijó la línea jurisprudencial. A este grupo se suma
un Magistrado más, que en el pasado había acompañado la segunda respuesta (Luis
Guillermo Guerrero Pérez) y cuatro Magistrados encargados (Aquiles Ignacio
Arrieta Gómez, José Antonio Cepeda Amarís, Hernan Leandro Correa Cardozo e Ivan
Humberto Escrucería Mayolo). Todos respaldan la primera respuesta dada al problema
jurídico, para unificar la jurisprudencia. En total catorce Magistrados (cuatro
Magistradas y diez Magistrados).
[130] Corte Constitucional, Sentencia T-791 de 2013
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Iván Palacio Palacio).
[131] Corte Constitucional, Sentencia T-748 de 2014
(MP Mauricio González Cuervo).
[132] Corte Constitucional, Sentencia T-123 de 2015
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[133] Corte Constitucional, Sentencia T-541 de 2015
(MP Mauricio González Cuervo).
[134] Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gloria Stella Ortiz Delgado).
[135] Corte Constitucional, Sentencia T-791 de 2013
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Jorge Iván Palacio Palacio).
[136] Esta segunda respuesta al problema
jurídico ha sido
respaldada por cinco Magistrados Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Mauricio González Cuervo, Alejandro Linares Cantillo y Antonio José
Lizarazo Ocampo. El magistrado Alejandro Linares Cantillo
defendió en una ocasión la primera respuesta (T-395 de 2016), pero en esta
oportunidad decidió respaldar nuevamente la segunda respuesta, según la cual el
incremento del 14% sí prescribe. El Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez
por su parte decidió modificar su posición y acompañar a la mayoría de la Sala
Plena en la presente unificación de jurisprudencia.
[137] Como en el caso de la sentencia T-038 de 2016
(MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gloria Stella Ortiz Delgado).
[138] En
efecto: (i) en la sentencia T-791 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV
del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio), se puso de manifiesto esta
situación en el salvamento de voto presentado por el Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio, en el que se precisó que “(…) considero que la decisión
adoptada por la mayoría dejó de lado que en este caso se configura una
vulneración directa de la constitución, específicamente en relación con los
artículos 48, 49 y 53 Superiores, a partir de los cuales la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha establecido que el principio de favorabilidad es un
pilar fundamental en la interpretación y aplicación de las normas que regulan
la seguridad social”; (ii) en las sentencias T-748 de 2014 (MP Mauricio
González Cuervo) y T-123 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez) ni siquiera
se hizo mención a la posible configuración de la violación directa de la
Constitución, por el desconocimiento de los principios de favorabilidad e in
dubio pro operario consagrados en el artículo 53 Superior; (iii) en la
sentencia T-541 del 2015 (MP Mauricio González Cuervo), a pesar de haberse
citado los precedentes constitucionales que desarrollaban el tema de la
violación directa de la Constitución por desconocimiento de los principios de
favorabilidad laboral e in dubio pro operario, la Sala se limitó a estudiar el
desconocimiento del precedente jurisprudencial como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, en el caso concreto; (iv) en la
sentencia T-038 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo, SV Gloria Stella Ortiz
Delgado), no obstante que se alegó por parte del accionante que “(…) existe una
violación directa de la Constitución por aplicación desfavorable del principio
de favorabilidad, en la medida que, habiendo dos interpretaciones respecto de
la imprescriptibilidad del incremento pensional, el accionado resolvió escoger
la menos favorable para el pensionado”, la Sala se limitó a analizar la causal
de desconocimiento del precedente constitucional. Omisión que también fue
puesta de manifiesto en el salvamento de voto de la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado en los siguientes términos: “Considero que en la ponencia se
desarrollan ampliamente las distintas posiciones asumidas por la Corte en
relación con la imprescriptibilidad del incremento del 14% de la mesada
pensional por compañera permanente a cargo, establecido en los artículos 21 y
22 del Acuerdo 049 de 1990, motivo por el cual se acredita la improcedencia de
la causal específica de procedibilidad por desconocimiento del precedente
judicial debido a que la Corte no ha definido una línea clara y unívoca
respecto de la procedencia del incremento pensional mencionado por vía de
tutela. No obstante lo anterior, respecto de la causal especifica de procedibilidad
relacionada con la violación directa de la Constitución, en la ponencia se
guarda silencio sobre este aspecto. Estimo que prescindir del análisis de este
defecto es contrario al principio de congruencia de las decisiones judiciales,
en razón a que no hay un pronunciamiento sobre todos los cargos esgrimidos por
el actor, bien sea favor o en contra”.
[139] Corte Constitucional, Sentencia T-545 de 2004
(MP Eduardo Montealegre Lynett).
[140] Constitución Política, Artículo 1°: “Colombia es
un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general”. // Constitución Política, Artículo 48: “(…) La Seguridad
Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley”. //Artículo 95.2: “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros
de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades (…) 2. 2. Obrar conforme al principio de
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que
pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
[141] En concreto, la Corte otorgó un trato
desigual a personas que se encontraban en la misma situación jurídica frente al
reconocimiento de los incrementos pensionales por persona a cargo. En este
sentido, el derecho a la igualdad de los señores Carlos
Arnulfo Sánchez Pineda (sentencia T-791
de 2013), Orlando
Rafael Márquez, Julio Vicente Rodríguez Martínez,  Miguel Antonio Díaz,
Jesús Hernando García, Félix Modesto Beltrán de la Hoz, Joselín Amador
Corredor, Eduardo Ramírez Pérez, José Oliverio Cano,  Alonso Giraldo, Ana Ruth
Alegría Salcedo, Jorge Julio Agudelo Trujillo, Olmedo Chávez Trochez, Guillermo
de la Cruz González Monroy, José Franco Correcha, Pedro Julio Castañeda Gómez,
Carlos Paul Narváez León, Misael León Guzmán, Carmen Emilia Galeano de Sánchez
y José Erney Noreña Gómez (sentencia T-748 de 2014), Ángel Guerrero Chiquillo
(sentencia T-123 de 2015), Luis
Alberto González Montoya (sentencia T-541 de 2015), Horacio Restrepo Londoño
(sentencia T-038 de 2016) fue conculcado.
[142]
Sobre la razonabilidad en la argumentación para cambiar de jurisprudencia, ver
sentencias C-400 de 1998 (MP
Alejandro Martínez Caballero, SV José Gregorio Hernández Galindo, SPV Hernando
Herrera Vergara, SPV Vladimiro Naranjo Mesa), SU-047 de 1999 (MP Carlos Gaviria
Díaz y Alejandro Martínez Caballero, SV Hernando Herrera Vergara, SV Eduardo
Cifuentes Muñoz), C-836 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil, AV Manuel José Cepeda
Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, SPV Clara Inés Vargas Hernández, SV
Jaime Araújo Rentería, SV Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis),  C-228
de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, AV Jaime
Araújo Rentería), entre otras.
[143] Corte Constitucional, Auto 279 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto). En aquella ocasión la Corte resolvió sobre una
solicitud de nulidad presentada contra la sentencia T-819 de 2009, porque,
según el solicitante, la Sala de conocimiento “cambió la jurisprudencia sin
tener competencia para ello”. //El desconocimiento de la jurisprudencia en
vigor como causal de nulidad contra las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional,  ha sido admitido cuando el precedente desconocido ha sido
fijado por la Sala Plena o cuando lo ha sido por las Salas de Revisión de
Tutelas, siempre y cuando se trate de decisiones reiteradas y uniformes acerca
de problemas jurídicos análogos. Al respecto ver los Autos 060 de 2006 (MP
Jaime Córdoba Triviño), 310 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), 175 de
2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), 279 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto),  entre otros.
[144] La
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. que
falló en segunda instancia dentro del proceso laboral instaurado por Mardoqueo
Silva Alfonso contra Colpensiones, desconoció que en materia laboral debe
aplicarse la interpretación normativa que resulte más favorable a los intereses
de los trabajadores (principio in dubio pro operario). Incurriendo así en
vulneración directa de la Constitución.
[145] La
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. que
falló en segunda instancia dentro del proceso laboral instaurado por Samuel
Vargas Vargas y David Hernández Olaya contra Colpensiones, desconoció que en
materia laboral debe aplicarse la interpretación normativa que resulte más
favorable a los intereses de los trabajadores (principio in dubio pro
operario). Incurriendo así en vulneración directa de la Constitución.
[146] El
Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla,
Atlántico, que fungió como juez de instancia dentro del proceso laboral
instaurado por Urias Carrillo Parejo contra Colpensiones, desconoció que en
materia laboral debe aplicarse la interpretación normativa que resulte más
favorable a los intereses de los trabajadores (principio in dubio pro
operario). Incurriendo así en vulneración directa de la Constitución.
[147] La Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C. que falló en segunda instancia dentro del
proceso laboral instaurado por Jorge Enrique Farías Castañeda contra
Colpensiones, desconoció que en materia laboral debe aplicarse la
interpretación normativa que resulte más favorable a los intereses de los
trabajadores (principio in dubio pro operario). Incurriendo así en
vulneración directa de la Constitución.
[148] El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito
de Bogotá D.C. que falló en segunda instancia dentro del proceso laboral
instaurado por Miguel Ángel Alayon Cotrino contra Colpensiones, desconoció que
en materia laboral debe aplicarse la interpretación normativa que resulte más
favorable a los intereses de los trabajadores (principio in dubio pro
operario). Incurriendo así en vulneración directa de la Constitución.
[149] La Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Cauca, que
fungió como juez de segunda instancia dentro de los procesos laborales
instaurados por Luis Carlos León Díaz, Sara María Velasco, Fausto Perea y
Emérito Mera contra Colpensiones, desconoció que en materia laboral debe
aplicarse la interpretación normativa que resulte más favorable a los intereses
de los trabajadores (principio in dubio pro operario), incurriendo así en
vulneración directa de la Constitución. Frente a la sentencia del Juzgado
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Popayán, Cauca, que fue proferida
dentro de un segundo proceso laboral que también tenía como fin el
reconocimiento del incremento pensional, cabe decir que fue denegada por
considerarse que había operado el fenómeno de cosa juzgada. En este sentido no
es plausible afirmar que incurrió en vulneración directa de la Constitución.
[150] La
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
Atlántico, que fungió como juez de instancia dentro del proceso laboral
instaurado por Julio Gómez Iglesias contra Colpensiones, desconoció que en
materia laboral debe aplicarse la interpretación normativa que resulte más
favorable a los intereses de los trabajadores (principio in dubio pro
operario). Incurriendo así en vulneración directa de la Constitución.
[151] La
Sala Quinta Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, Antioquia, que fungió como juez de instancia dentro del
proceso laboral instaurado por María Emma Rincón Loaiza contra Colpensiones,
desconoció que en materia laboral debe aplicarse la interpretación normativa
que resulte más favorable a los intereses de los trabajadores (principio in
dubio pro operario), al negar el reconocimiento de los incrementos pensionales
del 7% y del 14% por hijo menor y cónyuge o compañero permanente a cargo,
respectivamente. Incurriendo así en vulneración directa de la Constitución.
[152] La Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C. que fungió como juez de instancia dentro del
proceso laboral instaurado por Carlos Vidal Segura Rodríguez contra
Colpensiones, desconoció que en materia laboral debe aplicarse la
interpretación normativa que resulte más favorable a los intereses de los
trabajadores (principio in dubio pro operario). Incurriendo así en
vulneración directa de la Constitución.
[153] En el pasado, cuando se ha puesto a
consideración de esta Corporación acciones de tutela contra providencias
judiciales, la Corte ha protegido los derechos fundamentales invocados, no
obstante que las decisiones judiciales no han incurrido en algún defecto
reprochable a la luz de la Constitución Política: (i) en la sentencia T-013 de
2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), la Corte consideró que las providencias
reprochadas no incurrían en algún defecto, por lo que no había lugar a
revocarlas. Sin embargo, y con base en las condiciones específicas del caso
(edad del actor, tiempo que laboró y su pertinencia inequívoca al régimen de
transición), se estimó necesario concederle al accionante el reconocimiento de
su pensión, a pesar de que las decisiones de la jurisdicción ordinaria, en
estricto sentido, no adolecían de reproche alguno; (ii) en sentencia T-492 de
2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV
Jorge Iván Palacio Palacio), se consideró que la autoridad judicial accionada
no vulneró el derecho al debido proceso del accionante, pues su decisión se
basó en una interpretación razonable de las normas aplicables al caso y del
precedente constitucional, sin embargo, y en uso de sus facultades ultra
y extra petita, la Corte analizó “(…) si de la aplicación de los
principios contemplados en la Constitución se deriva alguna hermenéutica no
alegada durante el proceso ordinario, y por tanto no examinada en respecto de
las reglas de congruencia y consonancia aplicables al mismo, que asegure el
goce del derecho pensional de una persona que trabajó por más de 24 años para
distintas empresas, pero que en virtud del tránsito legislativo, ve menguada
sus posibilidades de disfrutar de una mesada de jubilación”, concluyendo que
los derechos del accionante si fueron conculcados por Colpensiones; (iii) en
sentencia T-115 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo, SV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), la Corte consideró que no se demostró ninguna de las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
sin embargo, y en uso de sus facultades ultra y extra petita,
constató la vulneración del derecho a la seguridad social de la accionante por
la falta de reconocimiento de su indemnización sustitutiva. Conducta atribuible
a Colpensiones; (iv) en sentencia T-722 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, AV Jorge Iván Palacio Palacio), la Corte consideró que la acción de
tutela resultaba improcedente para controvertir el sentido y alcance de las
decisiones judiciales reprochadas, sin embargo persistía la vulneración de los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante,
en la medida en que continuaba sin poder disfrutar de la pensión de vejez que
reclamaba y a la que podría tener derecho. En este sentido, y en atención a las
facultades ultra y extra petita del juez constitucional, la Corte
analizó si dentro del ordenamiento jurídico existía alguna interpretación
normativa, a la luz de los principios consagrados en la Carta, que permitiera
proteger dichas prerrogativas. //En el caso bajo análisis, la Sala constató que
las decisiones judiciales acusadas no incurrieron en desconocimiento del
precedente jurisprudencial, porque para el momento en que fueron proferidas, no
había una posición unificada sobre la imprescriptibilidad de los incrementos
pensionales; sin embargo, existió una vulneración directa de la Constitución
por no haberse aplicado la interpretación más favorable al trabajador. Estos
argumentos motivan la decisión de inaplicar las providencias judiciales que han
sido reprochadas.
[154] Esto teniendo en cuenta que solo a partir de la
publicación de esta providencia de unificación, se generó la certeza sobre la
imprescriptibilidad del derecho a los incrementos pensionales del 14% por
persona a cargo.
[155] Esto teniendo en cuenta el escrito allegado a
la Corte extemporáneamente, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en
el que se expusieron algunas preocupaciones en cuanto a las implicaciones que
tendría reconocer la imprescriptibilidad del derecho a los incrementos
pensionales en el presupuesto de la Nación y sobre cómo ello podría afectar la
sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
[156] Según el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991,
al constatarse la existencia de una causal de impedimento en cabeza del juez de
tutela, el juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento
disciplinario si fuere el caso.
[157] Conforme a lo previsto en el artículo 21 del
Acuerdo 049 de 1990 “por el cual se expide el Reglamento General del Seguro
Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte”.
[158] Esta decisión se tomó mediante sentencia del
siete (07) de julio de dos mil quince (2015).
[159] Esta decisión se adoptó en la sentencia del
doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015).
[160] En efecto, en la sentencia del dieciocho (18)
de mayo de dos mil dieciséis (2016) se adujo que: “(…) el derecho pensional del
demandante se reconoció a partir del 1 de marzo de 2004, tal como se infiere de
la resolución número 2941 de 2004 vista a folio 13 del plenario y tan solo
vinieron a ser reclamados los incrementos pensionales el 24 de noviembre de
2011, lo anterior conforme al escrito de reclamación administrativa obrante a
folio 19 del expediente”.
[161] Las pensiones de vejez de los accionantes
fueron reconocidas a través de Resoluciones Nos. 042727 del diecinueve (19) de
diciembre de dos mil cinco (2005) y 003878 del treinta (30) de enero de dos mil
seis (2006), respectivamente.
[162] La decisión se adoptó mediante providencia del
veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015).
[163] Esta decisión se tomó en la sentencia del
veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016).
[164] Conforme las cédulas de ciudadanía aportadas al
expediente, David Hernández Olaya y Samuel Vargas Vargas tienen 71 años de edad
cada uno.
[165]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del doce (12) de
diciembre de dos mil siete (2007), Rad. 27923, MP Elsy del Pilar Cuello
Calderón.
[166] El caso se falló en sentencia del veinticinco
(25) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
[167] La pensión del accionante fue reconocida
mediante Resolución No. 001686 del veintitrés (23) de abril de mil novecientos
noventa y seis (1996), y presentó la solicitud de incremento pensional el doce
(12) de septiembre de dos mil trece (2013).
[168] Decisión tomada mediante sentencia del siete
(07) de octubre de dos mil catorce (2014).
[169] El memorial fue remitido por el Juzgado el
cuatro (04) de agosto de dos mil quince (2015); en éste se advirtió que se
anexaba el proceso ordinario laboral No. 00442-2013 para que fuera tenido en
cuenta dentro de la acción de tutela, sin embargo, este no se encuentra en el
expediente.
[170] Código Sustantivo del Trabajo, Artículo 144:
“Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código
prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales
establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.”
[171] Esta decisión fue adoptada mediante sentencia
del cuatro (04) de agosto de dos mil quince (2015).
[172] Mediante fallo del veinticinco (25) de mayo de
dos mil dieciséis (2016) se tomó tal decisión, además se decidió compulsar
copias a la Sala Disciplinaria Jurisdiccional de la Judicatura del Atlántico y
al Director de Administración Judicial para que se iniciaran las
investigaciones pertinentes a que hubiere lugar, pues existió un retardo en el
trámite procesal de la acción de tutela, ya que el expediente se remitió al
despacho nueve meses después de haber sido proferido el auto que admitió la
impugnación.
[173] A través de la Resolución No. GNR-358558 del
2015 se le negó al accionante el reconocimiento del incremento pensional
solicitado.
[174] El accionante aporta al expediente Resolución
No. 003702 de 1994, por la cual el Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, reconoció a su favor la pensión de vejez. Asimismo, adjuntó
fotocopia de la cédula de ciudadanía suya y de su esposa; el actor nació el
diecisiete (17) de enero de mil novecientos treinta y cuatro (1934) y la señora
Ana Cecilia el dieciocho (18) de abril de mil novecientos treinta y nueve
(1939),  acreditándose que ambos son personas de la tercera edad.
[175] Tal decisión se tomó en sentencia del veinte
(20) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
[176] La pensión de vejez le fue reconocida al actor
mediante Resolución  No. 127725 del doce (12) de noviembre de dos mil diez
(2010).
[177] Decisión comunicada mediante oficio del siete
(07) de febrero de dos mil catorce (2014).
[178] Decisiones adoptadas mediante sentencias del
seis (06) de mayo y treinta (30) de julio de dos mil quince (2015),
respectivamente.
[179] Asimismo anexó el extracto de la base de datos
donde se evidencia la entrega del expediente del accionante a Colpensiones,
copia simple del Acta de Entrega No. 20 del 28 de noviembre de 2014 a Colpensiones,
copia simple de la Historia Laboral del 11 de octubre de 2012.
[180] Mediante sentencia del seis (06) de julio de
dos mil dieciséis (2016) se tomó la decisión de negar la protección constitucional
solicitada, precisándose que el Tribunal atacado estudió la excepción de
prescripción propuesta por Colpensiones y estableció que para que se surtan los
efectos de la reclamación de incremento del 14% por persona a cargo, se
requiere además de cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 21 del
Acuerdo 049 de 190, que la prestación deba ser reclamada dentro del término de
exigibilidad de los derechos laborales, en razón a que por el paso del tiempo
sin reclamar, pueden extinguirse del mundo jurídico. En ese orden de ideas, se
dedujo que el demandante dejó operar el fenómeno prescriptivo pues la
Resolución que reconoció la prestación pensional es del 1º de enero de 2010, y
fue notificada el 30 de diciembre del mismo año, y el actor elevó la reclamación
administrativa el 7 de febrero de 2014.
[181] Decisión tomada mediante sentencia del
veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
[182] Hombre de 77 años de edad que sufre de una
enfermedad pulmonar que le impide trabajar y quien  manifiesta tener como único
sustento los $812.000 que recibe por concepto de pensión de vejez. El actor
aporta al expediente una orden médica de dotación de bala de oxígeno de fecha
veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015) y una factura del siete (07)
de julio de dos mil dieciséis (2016) que da cuenta del recibo de las balas de
oxígeno.
[183] Mujer que siempre se ha dedicado al hogar y que
depende económicamente del accionante.
[184] La pensión de vejez le fue reconocida al actor
mediante Resolución No. 015686 del treinta (30) de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
[185] Mediante sentencia del treinta y uno (31) de
enero de dos mil doce (2012).
[186] Mediante sentencia del veintisiete (27) de
junio de dos mil trece (2013).
[187] Mediante sentencia del seis (06) de marzo de
dos mil catorce (2014).
[188] Solicitud remitida por el actor el siete (07)
de marzo de dos mil dieciséis (2016).
[189] Mediante sentencia del dos (02) de agosto de
dos mil dieciséis (2016).
[190] Mediante sentencia del quince (15) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016).
[191] Mediante Resolución No. 106410 del doce (12) de
abril de dos mil once (2011).
[192] El día veintiuno (21) de mayo de dos mil quince
(2015).
[193] El actor aporta el acta de audiencia del doce
(12) de abril de dos mil dieciséis (2016) y el CD que la contiene.
[194] El actor aporta el acta de audiencia del once
(11) de julio de dos mil dieciséis (2016) y el CD que la contiene.
[195] Decisión adoptada en sentencia del seis (06) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016).
[196] Mediante sentencia del veintiocho (28) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016).
[197] Las pensiones les fueron reconocidas mediante
resoluciones Nos. 003673 del veintitrés (23) de julio de mil novecientos
noventa y siete (1997), 000033 del veintiséis (26) de enero de dos mil uno
(2001), 000500 del veintidós (22) de abril de dos mil cuatro (2004) y 000837
del treinta (30) de marzo de dos mil uno (2001), respectivamente.
[198] En la sentencia se sostuvo que: “(…) brilla por
su ausencia prueba que sirva válidamente para acreditar que en realidad de
verdad la señora CARMEN YOLANDA RENGIFO es la compañera permanente del
demandante, pues si bien es cierto en aras de demostrar tal hecho, se solicitó
el testimonio de las señoras BLANCA ADELA CAMPO y ANA DELIA SUÁREZ, pese a que
esta  prueba fue debidamente decretada en la etapa procesal oportuna, la
práctica de la misma no se hizo efectiva, por inasistencia injustificada a la
misma de las requeridas –en dos oportunidades-, en consecuencia, la juez de
instancia, por estimar que no quedaban pruebas por practicar, declaró probado
el debate probatorio (…)”.
[199] Las providencias judiciales acusadas fueron
proferidas el veinte (20) de enero de dos mil quince (2015) en el caso de
Fausto Perea, el veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015) en los casos
de Luis Carlos León Díaz y Sara María Velasco y el cuatro (04) de diciembre de
dos mil quince (2015) en el caso de Emérito Mera.
[200] El accionante padece de enfermedad coronaria,
diabetes y gastritis. Su esposa tiene problemas de cadera a causa de un
accidente que sufrió en casa.
[201] La accionante padece de osteoporosis, artrosis
y fibromialgia. Su compañero padece de fractura bilateral, “comprensiónclural”
y artrosis de columna lumbar.
[202] Aporta al expediente fórmula médica, carnet de
control de hipertensión y carnet de control de hipertensión de su esposa.
[203] El accionante aporta orden de hospitalización
para estudio “HTA de origen endocrino” y consulta externa en la que se puede
leer “PACIENTE CON HTA EN RELACIÓN CON UN TUMOR SUPRARENAL QUE NECESITA
REALIZAR UN ESTUDIO DE HPT”.
[204] Junto con su memorial, la jueza aportó copia
íntegra de los expedientes correspondientes a los procesos laborales acusados.
[205] Mediante sentencia del cinco (05) de julio de
dos mil dieciséis (2016).
[206] Mediante sentencia del once (11) de agosto de
dos mil dieciséis (2016).
[207] Mediante sentencia del veintisiete (27) de
julio de dos mil once (2011).
[208] La sentencia acusada fue proferida el
veintinueve (29) de junio de dos mil once (2011).
[209] Mediante sentencia del diez (10) de agosto de
dos mil dieciséis (2016).
[210] Mediante sentencia del seis (06) de octubre de
dos mil dieciséis (2016).
[211] Pensionada mediante Resolución No. 014139 del
dos mil cuatro (2004).
[212] La solicitud fue presentada el once (11) de
febrero de dos mil once (2011). La accionante indicó que está casada con el
señor Darío de Jesús Arango Giraldo desde el cinco (05) de junio de mil
novecientos ochenta y ocho (1988), quien depende económicamente de la
accionante. Su hija se llama Isabel Cristina Arango Rincón. Cabe aclarar que no
hay prueba dentro del expediente que evidencie su minoría de edad.
[213] Mediante Resolución No. 01058 del primero (1º)
de marzo de dos mil once (2011).
[214] Mediante sentencia del dieciséis (16) de marzo
de dos mil doce (2012).
[215] Mediante sentencia del dieciséis (16) de
diciembre de dos mil catorce (2014).
[216] Mediante acta de entrega No. 18 del diecinueve
(19) de noviembre de dos mil catorce (2014).
[217] Como quiera que los hechos que motivaron la
presentación de esta acción de tutela se remiten al dieciséis (16) de diciembre
de dos mil catorce (2014), fecha en la que la Sala Laboral de Descongestión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió la sentencia de
segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral.
[218] La decisión fue adoptada mediante sentencia del
veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
[219] Mediante sentencia del once (11) de octubre de
dos mil dieciséis (2016).
[220] Pensionado mediante Resolución No. 029852 del
veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009).
[221] La solicitud fue presentada el dos (02) de
abril de dos mil catorce (2014), junto con la cual presentó declaración
juramentada rendida ante la Notaría Cincuenta y Siete del Círculo de Bogotá
D.C. en donde consta que desde el doce (12) de enero de dos mil cinco (2005)
convive en unión marital de hecho con la señora María Claudia Segura Castillo.
[222] Mediante sentencia del cuatro (04) de
septiembre de dos mil quince (2015).
[223] Mediante sentencia del quince (15) de octubre
de dos mil quince (2015).
[224] En la sentencia del catorce (14) de septiembre
de dos mil dieciséis (2016) se tomó esa decisión, y frente a la inmediatez se
precisó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. profirió
sentencia el quince (15) de octubre de dos mil quince (2015) y el actor
interpuso la acción de tutela el seis (06) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016).
[225] Mediante sentencia del veinte (20) de octubre
de dos mil dieciséis (2016).
[226] Acuerdo 02 de 2015, Artículo 61: “Cuando a
juicio de la Sala Plena, por solicitud de cualquier magistrado, un proceso de
tutela dé lugar a un fallo de unificación de jurisprudencia o la transcendencia
del tema amerite su estudio por todos los magistrados, se dispondrá que la
sentencia correspondiente sea proferida por la Sala Plena. Adicionalmente, para
los fines establecidos en las normas vigentes, después de haber sido escogidos
autónomamente por la Sala de Selección competente, los fallos sobre acciones de
tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda
en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si asume su conocimiento con
base en el informe mensual que le sea presentado a partir de la Sala de
Selección de marzo de 2009. En tal evento, el magistrado ponente registrará en
la Secretaría el proyecto de fallo respectivo y se procederá a cumplir el mismo
trámite previsto por el artículo 59 del Reglamento de la Corporación para el cambio
de jurisprudencia, en materia de sentencias de revisión de tutela.”
[227] Mediante oficio del veintidós (22) de marzo de
dos mil diecisiete (2017), la Secretaría General de esta Corporación informó
que el auto del primero (1º) de marzo de dos mil diecisiete (2017) fue
comunicado mediante estado No. 126 del 2017 y oficio OPTB-887 de dos mil
diecisiete (2017) y no se recibió comunicación alguna del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, Cauca.
[228] Acuerdo 02 de 2015, Artículo 59: “En caso de
cambio de jurisprudencia, en un término no mayor de dos (2) meses contados
desde el momento en que la Secretaria General entregó el expediente al
despacho, el Magistrado Sustanciador deberá poner a consideración de la Sala
Plena la posibilidad de que ésta asuma el conocimiento del asunto. La Sala
decidirá en dicha sesión o en la siguiente si avoca su estudio. Las propuestas
que sobre el tema realice un Magistrado, deberán ser sometidas junto con las
ponencias respectivas, a consideración y análisis de la Sala Plena, si así lo
solicita, para lo cual registrará en la Secretaría oportunamente, el
correspondiente escrito sustentatorio. En este caso, el Magistrado comunicará
al Presidente su propósito de intervenir de la manera indicada, con el fin de
que se prepare el debate. A solicitud de cualquier Magistrado, para los efectos
de cambio de jurisprudencia, la Sala Plena podrá decretar la celebración de una
audiencia pública, con participación de personas y entidades nacionales y
extranjeras convocadas para tal fin. Tal audiencia deberá realizarse con una
anticipación no menor a diez (10) días antes del vencimiento del término para
decidir. Mientras la Sala Plena adopta la decisión sobre cambio de
jurisprudencia, se suspenderán los términos de los respectivos procesos. En
todo caso, el proceso deberá ser decidido en el término máximo de tres (3)
meses previstos para los casos de tutela, contado a partir del momento en que
la Sala Plena asume la competencia. Sin perjuicio de lo anterior, el magistrado
sustanciador deberá presentar y registrar el proyecto de fallo a la Sala de
Plena por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo para decidir”.
[229] En el escrito se presenta un cuadro en el que
se exponen cifras concretas, representativas de lo que económica y
actuarialmente generaría el eventual reconocimiento de los incrementos
pensionales. Ello a partir de dos escenarios: (i) el grupo poblacional que
actualmente tiene reconocidas las pensiones de vejez con base en lo dispuesto
en el Acuerdo 049 de 190, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; (ii) los
procesos en curso en contra del ISS o Colpensiones en los que se demanda el
reconocimiento de incrementos pensionales del 7% y 14% por cónyuge, compañero
permanente o hijos a cargo. Los cálculos arrojan una suma de 3.2 billones de
pesos para garantizar el pago a favor de los pensionados que no cuentan con el
referido incremento en su mesada.
[230]
Numeral 9.2 del acápite de conclusiones de la sentencia SU-310 de 2017.
[231]
Resolutivo segundo de la sentencia SU-310 de 2017.
[232]
En la sentencia de unificación SU-770 de 2014 esta corporación indicó que “En
repetidas oportunidades este tribunal ha reiterado que la acción de tutela
procede contra providencias judiciales. Este aserto se funda en el artículo 86
de la Constitución, al tenor del cual la acción de tutela procede contra
cualquier autoridad pública cuando se haya vulnerado o se amenace con vulnerar
derechos fundamentales. Como intérprete autorizada de la Constitución y
guardián de su integridad (art. 241 C.P.), la Corte ha desarrollado una
consistente doctrina sobre esta materia, sobre la base de un equilibrio
adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia
judicial, por una parte, y la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales,
por otra”.
[233]
Numeral 9.1 del acápite de conclusiones de la sentencia SU-310 de 2017.
[234]
Numeral 4.4 de la sentencia SU-310 de 2017.
[235]
Escrito de intervención de Colpensiones del 15 de marzo de 2017 aportado
durante el trámite de revisión.
[236] Decreto 758 de 1990.-
ARTÍCULO 21. INCREMENTOS
DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y VEJEZ. “Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se
incrementarán así:
a) En un siete por ciento
(7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores
de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los
hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan
económicamente del beneficiario y,
b) En un catorce por ciento
(14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del
beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.
Los incrementos mensuales de
las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder
del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal.
ARTÍCULO
22. NATURALEZA DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES. Los incrementos de que trata el artículo anterior no
forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el
Instituto de Seguros Sociales y el derecho a ellos subsiste mientras perduren
las causas que les dieron origen. El Director General del ISS establecerá los
mecanismos necesarios para su control.”
[237] En este sentido, aludiendo a la sentencia T-688 de
2003, el escrito de la ANDJE afirma que “en el evento en que quieran
apartarse del precedente los jueces deben: i) hacer referencia expresa a su
existencia y ii) justificar de manera suficiente las razones por las cuales se
apartan de las decisiones anteriores y, en consecuencia, la necesidad del
cambio”
[238] Ver Autos 026, 059, 063 y 074 de 2010; 050 y 107 de
2013 y 020 de 2017 entre otros.
[239] Auto 111 de 2016.
[240] Mediante Auto 244 de 2012, la Corte distinguió entre
las dos categorías de Sala cuando se refirió a la posibilidad que tenía la Sala
Plena para acometer el estudio de una solicitud de nulidad sobre una sentencia
suscrita por ella misma, siempre y cuando la causal de nulidad alegada remitiera a la variación jurisprudencial
injustificada que la Sala Plena hiciera respecto de la jurisprudencia
anteriormente sostenida por ella misma. En tal ocasión la Sala Plena sostuvo: “(…)
se debe aceptar que cuando la Sala Plena
de la Corte Constitucional se aleja de manera arbitraria y caprichosa del
precedente sentado por ella misma, omitiendo justificar la modificación
jurisprudencial, vulnera de manera grave y ostensible el derecho al debido
proceso y procede entonces el incidente de nulidad. A diferencia de las
hipótesis de variación de jurisprudencia por la Sala de Revisión, en este
caso el fundamento jurídico de la nulidad no son los principios de competencia
y de juez natural, sino la vulneración del derecho al debido proceso por la
omisión de las cargas de transparencia y argumentación, en detrimento de los
valores antedichos.” (El
subrayado no es del texto original).
[241] Para una explicación sobre el término de tres (3)
días escogido por la jurisprudencia como plazo para presentar la solicitud de
nulidad se puede consultar el A-163A de 2003.
[242] A-031A de 2002, citada al pie en A-015 de 2017.
[243]
“La
función de adelantar el control abstracto de constitucionalidad reposa
principalmente en la Corte Constitucional, instituida como el órgano principal
al que “se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución”, labor que debe ser desarrollada en “los estrictos y precisos
términos” del artículo 241 superior,  el cual prescribe de manera taxativa
las funciones que le competen. Al Consejo de Estado, corresponde proteger la
integridad y supremacía de la carta política a través de las “las acciones de nulidad por
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno nacional, cuya
competencia no corresponda a la Corte Constitucional”, según el mandato del
precepto 237-2 ib. Así, esta corporación siempre ha afirmado que la Corte Constitucional
tiene la más amplia competencia sobre el control abstracto de
constitucionalidad y que el Consejo de Estado, por vía residual, conoce de
todos aquellos actos que no le hayan sido atribuidos.” (C-400/13, M.P. Nelson Pinilla
Pinilla)
[244] Ver, por ejemplo. T-799 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-416 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[245] Además de las providencias señaladas en la anterior
nota al pie, ver: T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[246] SU-658 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos y Auto 025A
de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[247] A-186 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa (nota
al pie 12 en dicha providencia).
[248]  Autos del 22 de junio de 1995 y del 18 de mayo
de 2004. Jurisprudencia reiterada en A-170 de 2009 y A-290 de 2016.
[249] Auto A-162 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil). Cfr.
A-013 de 2008 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[250] Auto 031A de 2002 (M. P. Eduardo Montealegre Lynett),
ampliamente reiterado.
[251] Esta situación guarda íntima relación con la función
democrática, participativa y pacificadora que cumple la jurisdicción dentro de
un Estado Social de Derecho. Por ejemplo, al tratar sobre el Estado
Constitucional Democrático como determinante cualitativo del Estado Social de
Derecho, de antaño la Corte estableció que, entre otros, aquel “se
manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de
democracia participativa, de control político y jurídico  en el ejercicio
del poder” (T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón) (La subraya no es
del texto original), juicio que rechaza la posibilidad de que la
jurisdicción se entienda como un órgano deificado e infalible, capaz de dar
respuesta idónea a las controversias que resuelve, sin requerir ni valorar la
visión ciudadana sobre decisiones que determinan su destino. Ciertamente, como
en otra ocasión dijo la Corte “el derecho obedece a un proceso dialéctico de
argumentar y contraargumentar y, en ese orden de ideas, los argumentos
expuestos por las dos partes de un proceso deben ser tenidos en cuenta al
momento de producir la sentencia”(T-656 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra). O como más claramente dijera el doctor Alejandro Martínez
Caballero en salvamento de voto a la sentencia C-572 de 1997:
“(…) según mi criterio, la
primera virtud del juez es la imparcialidad, la cual implica la capacidad
de tomar en consideración todos los puntos de vista y todos los intereses en
juego, a fin de ponderarlos cuidadosamente a la luz de la normatividad
que debe aplicar, para de esa manera tomar la mejor decisión posible. A fin de
cuentas, nuestra función como jueces es hacer justicia conforme a derecho.
Esta imparcialidad del
juez debe reflejarse no sólo en la justicia y corrección de la decisión sino
también en la fundamentación  misma de la sentencia, esto es, en la
argumentación y en el propio lenguaje de la parte motiva. Por ello, como dice
acertadamente Perelman,  “en una sociedad democrática, es imposible
mantener la visión positivista según la cual el derecho no es otra cosa que la
expresión arbitraria de la voluntad del soberano. Para funcionar
eficazmente, el derecho debe ser aceptado, y no sólo impuesto por medio de la
coacción, " y eso implica que las decisiones judiciales deben ser
adecuadamente fundamentadas a fin de ganar el mayor consenso social posible.
Por ello el juez no puede alinearse con una de las partes, y desconocer los
argumentos, intereses y pretensiones de la otra parte, por cuanto dejaría de
jugar el papel mediador que le es consustancial.  Esto obviamente
no significa que el juez no pueda dar la razón a una de las partes, puesto que
su función es decidir el asunto, lo cual implica en la mayor parte de los
casos, adjudicar la victoria a alguna de las pretensiones en juego. Pero debe
hacerlo guardando y demostrando su imparcialidad, lo cual implica un lenguaje
ponderado, que demuestre que verdaderamente se tuvieron en cuenta todos los
puntos de vista y todos los intereses.” (El
resaltado no es del texto original).
Y de la misma opinión ha sido
la Corte Suprema de Justicia, cuando dijo que:
“Desde una perspectiva constitucional, el
debido proceso se concibe como un límite al poder punitivo del Estado, y como
un método para la preservación de las garantías constitucionales de los
sujetos procesales, entre las cuales se incluye la debida fundamentación de las
resoluciones judiciales.
“La fundamentación de las resoluciones
judiciales, como expresión del núcleo del derecho al debido proceso y de
cortapisa a la arbitrariedad del poder punitivo, encuentra en la fuerza
persuasiva de la argumentación judicial la fuente de su legitimidad, al punto
que bien se puede expresar que no existe decisión sin argumentación. Tanto lo
será, que en guarda del derecho al debido proceso y de la adecuada motivación
de las decisiones judiciales, la Corte en sede de casación ha trazado una
sólida línea jurisprudencial para solucionar desviaciones que atentan contra la
seguridad y certeza de las decisiones.
“Pues bien, de la
mano de exigencias formales y materiales que hacen de una sentencia una
decisión judicial, en estados democráticos el análisis de los supuestos
fácticos y la consideración de los argumentos de los sujetos procesales y de
las razones por las cuales se estima que una o más normas jurídicas asumen el
supuesto que se juzga, se consideran esenciales en la construcción de la
respuesta judicial.” (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia 22412 del 24 de enero de
2007.M.P. Mauro Solarte Portilla, citando: Corte Suprema de Justicia, sentencia
del 28 de noviembre de 1984) (El énfasis no es del texto original).
[252] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[253] Además del referido Auto 223 de 2006, puede
confrontarse el Auto 31A de 2002.
[254] Por ejemplo, en Auto 187 de 2015 (M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado) se manifestó que “La
Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia ha señalado que, al ejercer
la función de revisión, no está obligada a estudiar todos los puntos planteados
en la acción de tutela. No obstante, no puede omitir el análisis de (i)
los asuntos que tengan relevancia constitucional (…)” (El énfasis no es del texto original)
[255] Código General del Proceso, Art. 301. Inc. Primero –
“La notificación por conducta concluyente surte los mismos efectos de la
notificación personal. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce
determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente
durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará
notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de
presentación del escrito o de la manifestación verbal.”
[256]
Art. 610 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)
[257]
La Sala Plena avocó conocimiento del asunto el 16 de noviembre de 2016 y
registró proyecto de fallo ante la Secretaría el 21 de marzo de 2017. No
obstante, la intervención el Ministerio de Hacienda sólo se presentó hasta el
26 de abril de ese año.
[258] Sentencia C-258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[259] Ver sentencias C-1089 de 2003. M.P. Álvaro Tafur
Galvis, y T-138 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo. De esta última, se
destaca el siguiente aparte: “Tanto en el régimen de prima media con
prestación definida como en el régimen de ahorro individual con solidaridad,
esa irrenunciabilidad de la pensión de vejez, y más precisamente de las figuras
alternas de la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes, tiene otra
finalidad relacionada con la sostenibilidad financiera del sistema, que también
es un propósito constitucional explícito. De permitirse la renuncia a estos
derechos en casos individuales, se empezaría a desmoronar gradualmente el
delicado diseño técnico, financiero y actuarial del sistema, que presupone un
tiempo suficiente de aportes, y unos requisitos de edad mínimos, de tal manera
que, en promedio, sea dable pagar pensiones en forma que no se imponga una
carga excesiva sobre el sistema que pondría en riesgo los derechos pensionales
de la gran mayoría de quienes a él contribuyen. La renuncia voluntaria a la
pensión de vejez implicaría, por ejemplo, la desaparición de la obligación de
cotizar al sistema, con grave riesgo para el fondo común y solidario en que se
basa el sistema de prima media, y también para la satisfacción de las garantías
ofrecidas por el sistema de ahorro individual, el cual, por lo demás, también
tiene un componente solidario que depende de la disciplina en los aportes.”
[260] Ver Sentencia C-242 de 2009. M.P. Mauricio González
Cuervo.
[261] Ver Sentencia T-489 de 2010. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[262] SU-555 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[263] “Ante la claridad de la doctrina constitucional de
la Sala Plena de la Corte en materia de favorabilidad laboral, la Sala de
Revisión no tendría argumentos que agregar. En efecto, el punto parece no
admitir mayores controversias: en caso de duda y ante la existencia de dos o
más interpretaciones de una disposición jurídica contenida en una fuente formal
del derecho (ley, acto administrativo, convención colectiva) debe preferirse
aquella interpretación que mejor satisfaga los intereses del trabajador. Este y
no otro es el entendido que le ha otorgado la jurisprudencia a la disposición
pertinente del artículo 53 de la Constitución.” (T-545 de 2004, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett)
[264] Código Civil, art. 30.—“El contexto de la
ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.(…)”
[265] Ver, entre otras: SU-047 de 1999, M.P. Carlos Gaviria
Díaz y Alejandro Martínez Caballero; C-373 de 2016, M.P. Alejandro Linares
Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-593 de 2012, M.P. María Victoria
Calle Correa.
[266] Ver T-823A de 2013, T-730 de 2014, T-774 de 2015 y
T-157 de 2017.
[267] Const. Pol., Art. 53 —El Congreso expedirá el
estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El Estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales
del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los
acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores”
[268] (46) Corte Constitucional, Sentencia T-1268 de 2005
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En esta sentencia la Corte precisó los
elementos del principio de favorabilidad laboral, así: “La favorabilidad opera
no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o
entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma
que admite varias interpretaciones dentro de los parámetros de razonabilidad y
partiendo de la jurisprudencia y doctrina pertinentes. De conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, los elementos del principio de
favorabilidad laboral son: (i) la noción de ´duda´ ante la necesidad de elegir
entre dos o más interpretaciones, y (ii) la noción de ´interpretaciones
concurrentes´”.
[269] Corte Constitucional, Sentencia T-545 de 2004 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett). Acápite jurisprudencial citado como nota al pie 47
en la propia SU-310 de 2017.
[270] Código Civil,
ART. 10.—Derogado.L.57/887, art. 45. Subrogado.L.57/887, art.5º. “Cuando haya
incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá
aquélla. Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:
La disposición
relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter
general.
(…)”
[271]
Radicación: 11001-03-25-000-2008-00127-00 (2741-08). Actor: Instituto de
Seguros Sociales. Demandado: Nación, Ministerio de la Protección Social. C.P.
Gabriel Valbuena Hernández