T-179-98
Sentencia T-179/98
Sentencia
T-179/98
PRINCIPIO NO
REFORMATIO IN PEJUS-Competencia
sobre aspectos objeto de impugnación y en lo que sea desfavorable
PRINCIPIO NO
REFORMATIO IN PEJUS-Consecuencias
civiles del ilícito
VIA DE HECHO EN
PROCESO CON SENTENCIA ANTICIPADA-Prohibición de condena por perjuicios materiales
Referencia:
Expediente T-151.649
Accionante: Julio
Rangel Mena
Demandado: Sala
Penal del Tribunal Superior del Chocó
Tema:
Reiteración de
jurisprudencia sobre reformatio in pejus.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa
Fe de Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Fabio Morón
Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso
de tutela identificado con el número de radicación  T-151.649, instaurado mediante apoderado por Julio Rangel Mena, en contra de la Sala de decisión Penal del
Tribunal Superior del Chocó.
I. ANTECEDENTES
1. La Solicitud
El
actor interpone acción de tutela en contra de los Magistrados de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Quibdó, por cuanto considera vulnerados sus derechos a
la igualdad, al debido proceso y, los principios de la favorabilidad y de la no
reformatio in pejus. En consecuencia, solicita que se ordene a los
demandados que cesen de inmediato la transgresión de sus derechos
fundamentales.
2. Los hechos
-
Mediante sentencia anticipada del 7 de mayo de 1997, el accionante fue
condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó. La sanción penal
correspondió a la pena principal de 33 meses y 24 días de prisión y, a la pena
accesoria de interdicción de derechos y ejercicio de cargos públicos, por igual
término.
-
Como único impugnante, el peticionario interpuso recurso de apelación en contra
de la decisión antes mencionada.
-
El proceso penal se decidió en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Quibdó, quien mediante sentencia de julio 8 de 1997 decidió
confirmar la decisión impugnada y adicionarla en el sentido de condenar a
"pagar en forma solidaria el equivalente a 80 gramos oro por concepto de
daño material ocasionado con el punible" a favor de las víctimas del
ilícito.
-
El solicitante afirma que, en fechas anteriores y en casos similares, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Quibdó confirmó decisiones semejantes, sin que
se condene al pago por responsabilidad civil.
II. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN
2.1.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia
de agosto 19 de 1997, decidió conceder la tutela,  y ordenó "que en el
término improrrogable de cinco (5) días, contados a partir de la comunicación o
notificación de la presente providencia, revoquen el numeral segundo de la
decisión tomada en la sentencia proferida dentro de la causa 2347".
El
juez de tutela afirmó que la presente acción procede contra providencias
judiciales cuando son el resultado de actuaciones puramente materiales de quien
la profiere, y con ello se transgreden derechos fundamentales. Por
consiguiente, entra a estudiar el fondo de la acción incoada. Sin embargo,
consideró que no se violenta el artículo 13 superior, pues el peticionario no
aporta ninguna información que sustente el desconocimiento del derecho a la
igualdad ni tampoco se probó tal aseveración.
De
otro lado, el juez de instancia consideró que la simple comparación de la parte
resolutiva entre las sentencias de primera y segunda instancia, permite deducir
que el ad quem agravó la sanción para el apelante único, lo cual, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, transgrede la regla
de la no reformatio in pejus, que es una prohibición expresa que no
admite excepciones. Agrega el juzgador de instancia, que la condena al pago de
los perjuicios materiales fruto del ilícito sí se vincula con la pena, pues el
artículo 31 de la Carta "no distingue entre las consecuencias puramente
civiles y las meramente penales del delito, sino que sencillamente proscribe al
superior "agravar la pena impuesta" y es bien sabido que donde el
Legislador no hace diferencia, no le está dado hacerla al intérprete"
Además
de lo anterior, el juez de tutela señala que el Tribunal, contra quien se
dirige esta acción, desconoció el principio de la doble instancia y el derecho
de defensa del condenado, puesto que el carácter de segunda instancia de su
decisión impide una revisión del proceso y con ello la posibilidad de
controvertir la forma y el monto de los perjuicios materiales.
Finalmente,
el juez de tutela considera que el fallo del Tribunal demandado constituye otra
vía de hecho, pues al condenar por el daño material desconoció la prohibición
expresa contenida en el numeral 5º del artículo 37B del Código de Procedimiento
Penal que fue modificado por el artículo 12 de la Ley 365 de 1997, según la
cual cuando se profiere sentencia anticipada no deberá resolver lo referente a
la responsabilidad civil.
2.2.
Los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Quibdó impugnaron la
decisión, pues opinaron que la acción de tutela no era procedente en este caso,
como quiera que no se vislumbra violación de derecho o principio constitucional
alguno, por lo cual no es factible asegurar la presencia de una vía de hecho.
2.3.
En segunda instancia conoció el Consejo de Estado, quien mediante sentencia de
noviembre 7 de 1997, decidió revocar el fallo impugnado y en consecuencia
rechazar la acción de tutela. La Sección cuarta de esa H. Corporación reiteró
su jurisprudencia sobre la improcedencia de la acción de tutela contra
sentencias y demás providencias judiciales.
III. FUNDAMENTOS
JURÍDICOS
Competencia
1.
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para
revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9o. de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto
2591 de 1991.
Asunto bajo revisión
2.
El problema jurídico a resolver en esta sentencia, es si el principio de la no reformatio
in pejus se aplica a apelantes únicos cuya decisión en segunda instancia
adicionó, con relación a la providencia del a quo, consecuencias civiles
del ilícito. Para ello, se deberá estudiar el alcance del concepto
constitucional que prohibe que el superior agrave la pena impuesta cuando el
condenado sea apelante único. Finalmente, la Sala analizará si, como lo afirma
el juez de tutela de primera instancia, existe vía de hecho por desconocimiento
de la Ley 365 de 1997.
Principio de la no reformatio in pejus y consecuencias civiles
del ilícito
3.
Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, el artículo 31
superior constitucionalizó la no reformatio in pejus, el cual es un
"principio general del derecho procesal y una garantía constitucional que
hace parte del debido proceso"[1]. Consiste en la prohibición de que el
superior jerárquico agrave la situación del condenado que actúa como apelante
único. Mediante sentencia que unificó jurisprudencia, esta Corporación dijo:
"Es una manifestación del principio de
congruencia, según el cual  las pretensiones del recurrente y su voluntad de
interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del
mismo.  Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito
exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “Tantum devolutum quantum
appellatum”. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda
pronunciarse, no sólo debe mediar un recurso válido, sino que él debe ser
presentado por parte legítima, esto es, aquélla que padezca un perjuicio o
invoque un agravio y persevere en el recurso.
En otros términos, la apelación siempre se
entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra
una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta
por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la
causa.  Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único interés
(o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación
del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión
impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior
funcional."[2]
En
consecuencia, la competencia del juez de segunda instancia se adquiere sólo en
los aspectos objeto de impugnación y en lo que pueda ser desfavorable para el
condenado.
4.
Ahora bien, en relación con el tema de si el principio de la no reformatio
in pejus se extiende a la sanción de indemnización de perjuicios causados,
esto es, a las consecuencias civiles derivadas del ilícito, esta Sala reitera
su jurisprudencia, en especial la señalada en las sentencias T-643 de 1997 y
T-400 de 1996. Esta última decisión expresó:
"No se trata
aquí de una pena en el sentido estricto del término pero sí de una condena y si
ha ocurrido que, habiéndose otorgado la tutela, en primera instancia aquélla se
había denegado sin mediar impugnación del solicitante, lo que indica que quedó
satisfecho con la protección concedida, no puede el juez de segunda instancia
-que adquiere competencia sólo a partir de la impugnación y ésta ha sido
presentada únicamente por el condenado- hacer más gravosa su situación
ordenando indemnizaciones o pagos nuevos".
5. Finalmente, la
Sala coincide plenamente con el juez de tutela de primera instancia, cuando señala
que la Sala Penal del Tribunal Superior de Quibdó también incurrió en una vía
de hecho cuando condenó al pago de indemnización de perjuicios en un proceso
que finalizó con sentencia anticipada. En efecto, la decisión de los
Magistrados objeto de esta tutela se produjo el 8 de julio de 1997, fecha en la
cual ya estaba vigente el artículo 12 de la Ley 365 de 1997, pues de acuerdo
con el artículo 26 de la ley en cita, dicha norma entraría a regir a partir de
la fecha de su promulgación y aquello se produjo el 21 de febrero de 1997, tal
y como aparece en el Diario Oficial número 42.987. El inciso 4º de esta norma
dispone:
"Exclusión
del tercero civilmente responsable y de la parte civil. Cuando se profiera
sentencia anticipada en los eventos contemplados en los artículos 37 ó 37A de
este código, en dicha providencia no se resolverá lo referente a la
responsabilidad civil" [los
artículos 37 y 37A del Código de Procedimiento Penal se refieren a la sentencia
anticipada y audiencia especial]
Como puede observarse, a la fecha de la
sentencia de segunda instancia existía norma expresa que, por el principio de
favorabilidad de la ley penal, prohibía condena por perjuicios materiales en
procesos que culminan con sentencia anticipada. Con lo cual, se demuestra que los
Magistrados del Tribunal no aplicaron la disposición y su decisión
"obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales de la persona”[3]. Por consiguiente, se
constituyó una vía de hecho que transgredió el derecho al debido proceso y la
garantía constitucional de la no reformatio in pejus.  Por todos estos motivos,
habrá de revocarse la sentencia del Consejo de Estado y confirmarse la del
Tribunal Administrativo de Quibdó.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala  Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
la sentencia del Consejo de Estado, del 7 de noviembre de 1997. En
consecuencia, CONFIRMAR en todas su partes la providencia del Tribunal
Contencioso Administrativo del Chocó de octubre 7 de 1997, que concedió la
tutela de los derechos fundamentales del señor Julio Rangel Mena.
Segundo.- COMUNICAR la presente sentencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Quibdó y
al actor de la tutela.
Tercero. LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Corte Constitucional. Sentencia T-474 de
1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2] Corte Constitucional. Sentencia SU-327
de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[3] La Corte Constitucional así definió el
concepto de vía de hecho en la Sentencia T-79 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.