T-658-01
Sentencia T-658/01
Sentencia T-658/01
DERECHO AL PAGO
OPORTUNO DEL SALARIO-Fundamental
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL TRABAJADOR-Pago
oportuno de salarios
EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es
óbice para desconocer pago de salarios
Referencia: expedientes: T- 425972, 426499 y 426077
Actores: Alberto
Martínez Salas, Victor Martínez Martínez y Rogelio Daza Ariza y otros
Procedencia: Juzgado
Segundo Penal del Circuito Barranquilla y Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Barranquilla
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C.,
veintiuno (21) de junio de dos mil uno (2001)
La Sala Sexta de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores, Eduardo
Montealegre Lynet, Alvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy, quien la
preside,  en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales han
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los siguientes fallos contenidos en casos de tutela que se
ordenaron acumular en el auto de fecha 13 de marzo de 2001:
En la T-425972, la
sentencia del 06 de diciembre de 2000 proferida por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Barranquilla.
En la T-426077, la
sentencia de 16 de enero de 2000, del Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Barranquilla.
En la T-426499, la
sentencia de 17 de noviembre de 2000, del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Barranquilla.
ANTECEDENTES
1.    HECHOS:
-Los accionantes:
Alberto Martínez Salas, Victor Martínez Martínez y Rogelio Daza Ariza se
encuentran vinculados a la Asamblea Departamental del Atlántico como funcionarios
de la unidad de apoyo.
-Desde junio del
2000 se les están adeudando los salarios y subsidios familiares
correspondientes a los meses de junio hasta la fecha de interpuesta la demanda
y las primas de servicios correspondientes de enero a junio de 2000.
-Comentan los
accionantes anteriormente mencionados que las entidades de la Gobernación del
Atlántico, Tesorería Departamental, Tesorería de la Asamblea Departamental y
Presidencia de la Asamblea Departamental del Atlántico,  les han ocasionado
perjuicios a los servidores de dichas entidades al no cancelar los salarios con
los recursos departamentales en su totalidad, que no sólo se le están
vulnerando el derecho de recibir una remuneración pronta, digna y acorde con
sus servicios prestados, sino que también se les ha privado de satisfacer las
primeras necesidades de orden personal y familiar, como son la salud,
alimentación vestido, los servicios públicos, cánones de arrendamiento.
2. CONTESTACION
DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS
En las sentencias se
resumió la posición de la Gobernación del Atlántico, Tesorería Departamental,
Tesorería de la Asamblea Departamental y Presidencia de la Asamblea
Departamental del Atlántico, quienes respondieron así:
"Que la
Administración departamental en ningún momento en el ejercicio de sus funciones
ha vulnerado derechos alguno, señalando al respecto que los accionantes no
hacen parte de la planta de personal no de la Gobernación ni de la Asamblea
sino que están adscritos a esta última dentro de las llamadas unidades de apoyo
a quienes por los servicios que le prestan se les reconoce unos
honorarios…"
Alega también la
accionada, que los tutelantes en el libelo, en ningún momento demuestran o
acreditan la carencia de otros medios de ingreso que afecten su mínimo vital,
recordando que en materia de salario no ocurre lo mismo que con las mesadas
pensionales donde la carga de la prueba de demostrar la existencia de otros
ingresos se encuentra relevada a la entidad pública accionada, ello dada las
circunstancias de disminución física, anímica y mental en la que por lo general
se encuentran las personas de la tercera edad."
"La
Tesorería de la Asamblea Departamental:
…que es cierto
que los actores están vinculados como servidores públicos a esa corporación,
que son ciertos todos los puntos señalados en la demanda, que no se les ha
cancelado los salarios a los accionantes que mencionan en las tutelas, porque
el señor Gobernador no ha realizado las transferencias económicas necesarias
para cancelar los meses adeudados, que esa corporación depende en forma
absoluta de los giros mencionados, por tal motivo no se ha hecho efectivo el
pago de los servidores públicos que laboral en esa corporación…"
"El
Presidente de la Asamblea Departamental:
…contesta
igualmente que los mencionados accionantes se encuentran vinculados como
servidores públicos de esa corporación.
Que los puntos
2º, 3º y 4º son ciertos, que no se le han cancelado los meses adeudados,
relacionados en la demanda, porque el señor Gobernador no ha realizados las
transferencias económicas necesarias y que esa corporación pública depende en
forma absoluta de los giros mencionados y no se ha podido hacer efectivo el
pago de los servidores públicos."
3. PRUEBAS
-Certificado
expedido por la Asamblea Departamental Secretaria General (fecha 24 de
noviembre de 2000), en el que consta que el señor Rogelio Daza Ariza trabaja en
la Asamblea Departamental desde el 18 de enero de 2000 hasta la fecha de
emitida la certificación, que ocupa el cargo de miembro honorario de apoyo, con
una asignación mensual de $1.418.760,oo.
-Carta de la
Asamblea Departamental, Secretaría General, (fecha 30 de diciembre de 1999),
dirigida al señor Rogelio Daza Ariza en la que se le comunica que mediante la
Resolución Nº 000381, ha sido nombrado en el cargo de miembro de la unidad de
apoyo del diputado Pedro Cantillo Araujo, con una asignación mensual de un
$1.418.760,oo.
-Recibos de pago de
servicios públicos y créditos por pagar del señor Rogelio Daza Ariza.
-Oficios donde la
Secretaría de Hacienda del Atlántico conmina a entidades como la Contraloría
Departamental y la misma Asamblea del Departamento para que ajusten sus
presupuestos y en general los gastos de operación y funcionamiento.
- Certificado de
fecha 29 de noviembre de 2000 de la Asamblea Departamental donde consta que al
señor Alberto Martinez Salas, se le adeudan los meses de Junio, Julio, Agosto,
Septiembre y Octubre, vacaciones y primas de vacaciones y las primas de
servicio.
-Copia de las
transferencias económicas que la Gobernación le adeuda a la Asamblea
Departamental del Atlántico.
SENTENCIAS OBJETO
DE REVISION
Los fallos de
tutelas fueron dictados por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Barranquilla de fecha diciembre seis de 2000, en el caso de Alberto Martínez
Salas y del mismo Juzgado el fallo de enero dieciséis de 2000, en el caso del
señor Rogelio Daza Ariza y otros y del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Barranquilla de fecha noviembre diecisiete de 2000 en el caso del señor Victor Martínez
Martínez. Los mencionados juzgados negaron las acciones de tutelas, ya que no
encontraron elementos o pruebas que se exigen en estos casos para que proceda
la tutela.
II.
CONSIDERACIONES  Y FUNDAMENTOS
A. Competencia.
Esta Corte es
competente para revisar los presentes fallos de tutela, de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591
de 1991 y las demás disposiciones pertinentes. Y por la selección y acumulación
decretadas.
B.
TEMAS JURIDICOS
Con
respecto a los temas de pago oportuno de salarios y la afectación al mínimo
vital, la Corte en la sentencia T-1035/00[1]
analizó los criterios a seguir basándose en pronunciamientos anteriores. Dijo:
"… a) El derecho de los trabajadores al pago oportuno de los
salarios no sólo es una garantía constitucional (art. 53) sino que es un
derecho fundamental, como quiera
que deriva directamente de los derechos a la vida, salud y al trabajo. Sentencias
T-089 de 1999, T-211, T-213 de 1998, T-234 de 1997 y T-426 de 1992.
b) Para la protección judicial del derecho al pago oportuno, el concepto
de salario debe entenderse en un sentido genérico, pues lo integran “todas las
sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador,
sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o
las partes contratantes”[1].
En consecuencia, y acogiendo la Sentencia SU-995/99, el pago de viáticos debe
ser incluido dentro de las sumas que deben ser canceladas en caso de ser
concedida la acción de tutela. No así los gastos de transporte, ya que se
diferencian del auxilio de
transporte, y  no constituyen salario.
c) Por regla general, el derecho al pago oportuno del salario debe
reclamarse ante la jurisdicción laboral. Sin embargo, excepcionalmente este
derecho puede protegerse por medio de la acción de tutela, pues “la no
cancelación de los salarios a un trabajador por parte de su empleador,
configura un perjuicio irremediable que, como se ha anotado, pone en peligro el
derecho fundamental a la subsistencia”[1].
Sentencias T-144 de 1999, T-210 de 1998, T-01 de 1997, T-527 de 1997, T-063 de
1995.
d) En efecto, en
cuanto a la viabilidad de la acción de tutela como mecanismo
transitorio, para reclamar los salarios en mora, la Corte consideró en la sentencia SU-995/99, que ello es posible
si se está ante un perjuicio irremediable que pone en peligro el derecho
fundamental a la subsistencia y los demás derechos conexos, claro está, que
mientras "no se encuentre debidamente acreditado que el trabajador cuenta
con rentas suficientes y distintas de las que provienen de su trabajo”. En efecto,
si hay elementos de juicio que indican que el trabajador tiene otros ingresos
que le permiten subsistir dignamente sin el salario, la tutela no puede
prosperar.
e) Así mismo, en principio no procede la acción de tutela para el
reconocimiento, liquidación o reliquidación de obligaciones laborales. Por lo
tanto, la tutela sólo puede proteger el derecho al pago oportuno del salario
cierto e indiscutible. Sentencia T-01 de 1997 y SU-995 de 1999.
f)
La acción de tutela procede sólo para proteger el mínimo vital del
accionante, esto es, “para evitar que el trabajador sufra una situación crítica
económica y psicológica”[1].
Sentencias SU-342 de 1995, T-019 de 1997, T-081 de 1997, T-261 de 1997.
g) El concepto de mínimo vital del trabajador no debe confundirse con la
noción de salario mínimo, como quiera que la “garantía de percibir los salarios
y las demás acreencias laborales,
se asienta en una valoración cualitativa, antes que en una consideración
meramente cuantitativa”. De ahí pues, que la valoración del mínimo vital
corresponde a las condiciones especiales de cada caso concreto y no al monto de
las sumas adeudadas o a “una valoración numérica de las necesidades biológicas
mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del
valor de su trabajo”. Para entender lo anterior con precisión, puede
consultarse también la sentencia T-220 de 1998 y la T-439 de 2000.
h) En aquellos casos en los que el trabajador cumple con los requisitos
legalmente establecidos para declarar renta y complementarios, el juez de
tutela podrá evaluar si el tiempo de la mora patronal le cause un perjuicio
irremediable. (Sentencia SU-995 de 1999). Sin embargo, si la mora patronal no
resulta amplia en el tiempo, - caso en el cual se presume la violación al
mínimo vital -,  puede  valorarse si al ser la única entrada de recursos,
genera una obstrucción en el normal fluir de los ingresos de las personas al
punto de perjudicar sus derechos. Al  respecto deben verse las sentencia T-071
de 2000 y T-403 de 2000.
i) El accionante debe indicar la vulneración al mínimo vital que
alega, y el juez podrá valorar las condiciones expuestas, con base en la
buena fe, que deberá presumirse (C.P. art. 83). Sentencia SU-995 de 1999.
j) La situación económica del empleador, sea este público o privado, no
es un motivo justificado para incumplir el deber legal y constitucional de
pagar oportunamente los salarios de los trabajadores. No obstante, si la
deudora es una entidad pública, la orden del juez de tutela “deberá ser que, en
un término razonable fijado por el juez, se cree una partida presupuestal, si
no existiere, o se realicen las operaciones necesarias para obtener los fondos,
bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital,
gozan de prelación constitucional”[1].
Sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998.
k) La orden que imparte el juez de tutela para proteger el derecho
fundamental al pago oportuno de los salarios podrá extenderse a la totalidad de
las sumas debidas. En otras palabras, en
la
sentencia SU-995/99 se precisó, que para lograr la completa protección de los derechos
fundamentales comprometidos, la orden  debe extenderse no sólo a las sumas
adeudadas, sino a la garantía de pago de las mesadas  futuras. Tratándose de
entidades públicas, si hay carencia de recursos, también el juez de tutela debe
ordenar que se cree la partida presupuestal correspondiente.
l) La prima semestral,
según la SU-995/99 también es protegible por tutela, no así otras prestaciones
que previamente deben ser reconocidas y decretadas. Los aportes a la seguridad
social, consecuencia lógica de la relación laboral, también se deben proteger
en la decisión."
CASO CONCRETO
Esta Sala, encuentra
probada la vulneración a los derechos solicitados por señor Rogelio Daza Ariza.
En efecto, esta vulneración se demuestra con las siguientes pruebas anexó a la
demanda: a) certificado expedido por la Asamblea Departamental, Secretaria
General en el que consta que trabaja allí desde el 18 de enero de 2000 hasta la
fecha de emitida la certificación, que ocupa el cargo de miembro honorario de
apoyo, con una asignación mensual de $1.418.760,oo, b) carta de la Asamblea Departamental,
Secretaría General, dirigida al señor Rogelio Daza Ariza en la que se le
comunica que mediante la Resolución Nº 000381, ha sido nombrado en el cargo de
miembro de la unidad de apoyo del diputado Pedro Cantillo Araujo, con una
asignación mensual de un $1.418.760,oo y c) los recibos de pago de servicios
públicos y créditos por pagar por el peticionario. Amparan estos recibos: el
acueducto de fecha 22 de diciembre de 2000, gases del Caribe S.A. de fecha 4
de enero de 2001 y además dice que son dos meses de deuda, Electricaribe S.A.
de fecha 2 de enero de 2001, TELECOM de fecha 9 de octubre de 2000, dichos
recibos no tienen sello, ni fecha de haber sido cancelados oportunamente y una
carta del almacén Maza Mieles Electrodomésticos de Baranoa donde al accionante
le recuerdan la deuda que tiene con ellos y le dan una fecha límite de pago (15
de enero de 2001) o sino pasará a cobro judicial. Estas pruebas demuestran la
afectación al mínimo vital teniendo en cuenta las circunstancias especiales del
accionante como han sido probadas en este proceso. Como se dijo en la parte
considerativa en lo referente al tema del pago oportuno de salarios, gla situación económica del empleador, sea este
público o privado, no es un motivo justificado para incumplir el deber legal y
constitucional de pagar oportunamente los salarios de los trabajadores. No
obstante, si la deudora es una entidad pública, la orden del juez de tutela “deberá
ser que, en un término razonable fijado por el juez, se cree una partida
presupuestal, si no existiere, o se realicen las operaciones necesarias para
obtener los fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados
al mínimo vital, gozan de prelación constitucional"[1].
En los casos de los
señores Alberto Martínez Salas y Victor Martínez Martínez no se encuentra
probada vulneración alguna que permita llegar a un conocimiento de que
efectivamente a los actores y a sus familias se les están afectando los derechos al mínimo vital, igualdad y al
trabajo, por lo que considera esta Sala que no se les esta causando un
perjuicio irremediable. Al no existir
pruebas o afirmaciones que permitan llevar al convencimiento de que exista una
violación del mínimo vital de los actores o de sus familias, o de sus derechos
fundamentales, esta Sala considera pertinente confirmar las sentencias en estos
casos.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión  de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO.
CONFIRMAR los fallos de
tutelas que fueron dictados por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Barranquilla de fecha diciembre seis de 2000 y el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito de Barranquilla de fecha noviembre diecisiete de 2000, los cuales
denegaron las acciones de tutela interpuestas por los señores ALBERTO MARTÍNEZ
SALAS y VICTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
SEGUNDO. REVOCAR el fallo dictado por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Barranquilla de fecha enero dieciséis de 2000 y en
consecuencia CONCEDER la tutela en el caso del señor ROGELIO DAZA ARIZA
y otros, la cual fue denegada por dicho Juzgado.
TERCERO. ORDENAR que en el término de cinco (5) dias se
cree una partida presupuestal, si no existiere, o se realicen las operaciones
necesarias para que se paguen los salarios y demás acreencias laborales que se
le adeudan, si es que ello no se ha efectuado, a los peticionarios.
CUARTO. Por Secretaría líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Martínez Caballero.
[1]
Folios 15 y 34
de los
expedientes T-424016 y T-432711, respectivamen
e.
[1]
Foli
s 9 y  8 de
los expedientes T-424016 y T-432711, resp
ctivamente.
[1]
Folios 38 y 39 de los expedientes T-42
016 y
T-432711, respectivamente.
[1]
Ver sentencia SU-995 d