T-521-10
Sentencia T-521/10
Sentencia T-521/10
ACCION DE
TUTELA-Procedencia excepcional para el reconocimiento y pago de acreencias
pensionales
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE-Improcedencia por
cuanto la actora no se encuentra en peligro de que ocurra un perjuicio
irremediable
ACCION DE
TUTELA-No procede amparo constitucional por cuanto la peticionaria cuenta
con mecanismos ordinarios eficaces para la defensa de sus derechos
Referencia:
expediente T-2.554.390
Demandante:
Blanca Sofía Riaño de Velásquez
Demandado:
ARP Compañía de
Seguros Bolívar S.A.
Magistrado
Ponente:
Dr.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá,
D.C., veintiuno (21) de junio dos mil diez (2010)
La Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías
Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en la
revisión del fallo de tutela proferido el 14 de diciembre de 2009, por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, por medio de la
cual se confirmó el fallo dictado el 11 de noviembre de 2009, por el Juzgado
Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de amparo
constitucional promovida por la señora Blanca Sofía Riaño de Velásquez, por
intermedio de apoderado judicial, contra la ARP Compañía de Seguros Bolívar
S.A..
I.       ANTECEDENTES
1. La solicitud
El 27 de
octubre de 2009, la ciudadana Blanca Sofía Riaño de Velásquez presentó, por
intermedio de apoderado judicial, acción de tutela contra la ARP Compañía de
Seguros Bolívar S.A., con el propósito de obtener la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la seguridad
social, a la vivienda digna, a la salud y al debido proceso, que considera,
fueron vulnerados por la entidad, al negarse a reconocer en su favor la pensión
de sobrevivientes a causa de la muerte de uno de sus hijos, de la que estima es
beneficiaria.
2. Reseña
fáctica
2.1. El 8 de
noviembre de 1969, la señora Blanca Sofía Riaño contrajo matrimonio con el
señor Bernardo de Jesús Velásquez Arbeláez.
2.2. Fruto
de esa unión, el 3 de mayo de 1972, nació Ferney Velásquez Riaño.
2.3. El 1 de
junio de 2009, el señor Ferney Velásquez Riaño, hijo de la accionante, falleció
como consecuencia de un accidente de trabajo, al encontrándose vinculado, para
ese momento, a la empresa Inversiones Adelmar S.A., y afiliado al Sistema de
Seguridad Social en Riesgos Profesionales a la ARP Compañía de Seguros
Bolívar.
2.4. Por lo
anterior, la demandante solicitó a la ARP Compañía de Seguros Bolívar ARP, el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por la muerte de su hijo.
Petición, que fue negada por la entidad, el 25 de septiembre de 2009, por
considerar que la accionante no cumplía con los requisitos previstos en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
Ello, en la
medida en que no acreditó dependencia económica de su hijo fallecido, como quiera
que se pudo establecer que vive en un apartamento de propiedad de quien fue su
cónyuge, “en el cual no cancela ningún canon de arrendamiento…”, así
mismo, que “es beneficiaria de la sustitución de asignación mensual de
retiro a partir del 27 de mayo de 2003, reconocida por la Dirección de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional originada en el fallecimiento del Sr. Bernardo
de Jesús Velásquez Arbeláez”, la cual, a la fecha, asciende a la suma de
quinientos setenta y seis mil setecientos ochenta y seis pesos ($576.786),
además, que su hijo menor de edad es beneficiario de la “sustitución de
asignación mensual de retiro a partir del 27 de mayo de 2003 otorgada por la
Dirección General de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional originada por el
fallecimiento del Sr. Bernardo de Jesús Velásquez Arbeláez”, en cuantía de
quinientos setenta y seis mil setecientos ochenta y seis pesos ($576.786).
Adicionalmente,
indicó que “el salario base de ingreso de cotización reportado por el
empleador del trabajador para su afiliación fue el de 1SMLMV.”
Por lo
expuesto, la entidad concluyó que la accionante no dependía económicamente de
su hijo fallecido, y, en consecuencia, procedió a negar el reconocimiento de la
prestación.
2.5. La
demandante asegura que es deudora de diferentes créditos. Por lo tanto, afirma
que sólo recibe como mesada, la suma de doscientos setenta y cinco mil
setecientos veintitrés pesos ($275.723), con los cuales paga los servicios
públicos, suma que asciende a trescientos mil pesos ($300.000). Así mismo,
asevera que convive con un hijo, con su madre, y que tiene a su cargo a una de
sus nietas, en razón a que sus padres no pueden satisfacer sus necesidades.
2.6. Por lo
tanto, el 27 de octubre de 2009, la señora Blanca Sofía Riaño de Velásquez presentó
acción de tutela, contra el la ARP Compañía de Seguros Bolívar para que le
fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la
seguridad social, a la vivienda digna, a la salud y al debido proceso, que, según
afirma, le son vulnerados por la entidad, al no reconocerle la pensión de
sobrevivientes que reclama, a causa de la muerte de su hijo.
3.
Pruebas relevantes que obran en el expediente
·
Copia del Registro Civil de Nacimiento del señor Ferney Riaño
Velásquez (Folio 18).
·
Copia de la certificación expedida por la Caja de Sueldos de la
Policía Nacional, conforme con la cual la señora Blanca Sofía Riaño de
Velásquez devenga una asignación mensual de retiro que corresponde a la suma de
quinientos setenta y seis mil setecientos ochenta y seis pesos ($576.786)
(Folio 20).
·
Copia de recibos de servicios públicos domiciliarios de energía,
acueducto, gas, teléfono (Folios 22, 23, 24 y 25).
·
Copia de la certificación expedida por la Caja de Sueldos de la
Policía Nacional, conforme con la cual Juan Pablo Velásquez Riaño devenga una
asignación mensual de retiro que corresponde a la suma de quinientos setenta y
seis mil setecientos ochenta y seis pesos ($576.786) (Folio 48).
·
Copia del Certificado de Tradición y Libertad, expedido por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, del inmueble identificado con el
número de matricula inmobiliaria 50S-446937, en el que aparece como propietario
y sin gravamen alguno, el señor Bernardo de Jesús Velásquez Arbeláez (Folios 44
a 46).
·
Poder para actuar en esta causa, otorgado por la señora Blanca
Sofía Riaño de Velásquez a la abogada Ruby Yanira Rojas González (Folio 1).
4.
Fundamentos de la solicitud
La señora
Blanca Sofía Riaño de Velásquez estima que la ARP Compañía de Seguros Bolívar
S.A., vulneró sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la
seguridad social, a la vivienda digna, a la salud y al debido proceso, al negar
la solicitud de pensión de sobrevivientes, a la que considera tiene derecho,
por el fallecimiento de su hijo Ferney Riaño Velásquez.
Señala que,
conforme con el literal d), del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, tienen
derecho a la pensión de sobrevivientes los padres que dependían económicamente
del causante, a falta de otros beneficiarios.
Con
fundamento en esa norma, la demandante considera que dependía económicamente de
su hijo fallecido, en la medida en que “le colaboraba con $90.000, oo
mensuales, para la ayuda de los alimentos congruos y necesarios de su sobrina
menor YESICA MILENA VELASQUEZ VARGAS y los gastos de la casa…”, y por esa
razón, asevera que tiene derecho a la prestación que reclama.
Por ello,
con la negativa en su reconocimiento, estima que la entidad vulnera su derecho
fundamental al mínimo vital, el cual afirma estaba compuesto por las
asignaciones de retiro que recibe, más la colaboración que su hijo le
entregaba, con lo cual satisfacía sus necesidades básicas y las de su familia.
Señala que
la mesada correspondiente a la sustitución pensional que recibe uno de sus
hijos, se utiliza para satisfacer sus necesidades correspondientes a “estudios,
alimentos, vestuario, recreación…”.
Indica que
otro de sus hijos, fue víctima de “un atraco y le ocasionaron heridas por
arma de fuego”, por lo que ha debido incurrir en gastos por cuenta del
tratamiento médico al que está sometido, para tratar las heridas que sufrió por
ese hecho.
Con el objeto de sustentar su solicitud, la accionante cita
jurisprudencia constitucional, relacionada con la afectación del derecho
fundamental al mínimo vital y con el derecho a la sustitución pensional.
5.
Pretensiones de la demandante
La
accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, al
mínimo vital, a la seguridad social, a la vivienda digna, a la salud y al
debido proceso, y en consecuencia, que se ordene a la ARP Compañía de Seguros
Bolívar S.A., reconocer en su favor la pensión de sobrevivientes que reclama a
causa del fallecimiento de su hijo Ferney Riaño Velásquez.
6.
Respuesta del ente accionado
El 27 de
octubre de 2009, el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, admitió
la acción de tutela y ordenó ponerla en conocimiento de la entidad demanda,
para que se pronunciara con respecto a los hechos y pretensiones en ella
planteados.
La ARP
Compañía de Seguros Bolívar S.A., solicitó que se declara la improcedencia de
la acción de tutela, por estimar que la demandante no es beneficiaria de la
prestación que reclama, y por existir otros mecanismos de defensa judicial, a
los que puede acudir para buscar la protección de los derechos que considera le
son vulnerados.
Indicó que
la accionante no dependía económicamente del causante, en tanto recibe por
sustitución pensional un asuma correspondiente a un millón ciento cincuenta y
tres mil quinientos setenta y tres pesos ($1.153.573), valor correspondiente a
su mesada y la de su hijo menor de edad, conforme con las certificaciones
expedidas por la Caja de Sueldos de la Policía Nacional.
Señaló que
no está probado que el señor Ferney Riaño Velásquez realizara algún aporte a su
progenitora, y por el contrario, sí está acreditado que recibe ingresos propios
por la suma anotada previamente.
Así mismo,
destaca que la demandante vive en un apartamento de propiedad de su difunto
esposo, Bernardo de Jesús Velásquez Arbeláez, que está libre de cualquier
gravamen, conforme con el Certificado de Tradición y Libertad del
correspondiente inmueble, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, razón por la cual, no debe pagar un canon de arrendamiento.
Por otra
parte, manifiesta que, conforme con los recibos de servicio públicos que la
demandante adjunta a su escrito de tutela, el valor que paga por ese concepto,
asciende a doscientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y tres pesos
($227.473), lo cual no corresponde a lo que afirma, debe pagar mensualmente.
Finalmente,
señala que, dado el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, la
analizada en este caso no es procedente, en razón a que resulta desplazada por
las demás acciones judiciales con las que cuenta la accionante para defender
sus derechos.
II.      DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado
Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante la sentencia dictada el 11
de noviembre de 2009, resolvió “DECLARAR improcedente la acción de tutela
incoada por la señora BLANCA SOFIA RIAÑO DE VELÁSQUEZ…”.
Al efecto,
estimó que la acción de tutela no es un medio sustituto de los mecanismos que
el ordenamiento jurídico consagra para la defensa de los derechos de las
personas. En ese orden de ideas, señaló que la acción de tutela tiene por
objeto la protección de derechos fundamentales, cuando quiera que aquellos
requieran de una protección urgente.
Por lo
anterior, consideró que “la situación fáctica estudiada en el presente
juicio, no es suficiente para que por la vía de la tutela se ordene a la ARP
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes de conformidad con la ley 100 de 1993, por cuanto este mecanismo
judicial no es ni paralelo ni subsidiario de los mecanismos legales ordinarios
o especiales, para tal fin.”
Y a renglón
seguido, concluyó que, en la medida en que se discute la existencia de un
derecho de contenido prestacional, la acción de tutela, “no es la vía
procesal adecuada y la accionante debe acudir a la jurisdicción competente, para
que mediante un procedimiento pleno de garantías dirima el debate en cuestión…”.
2.
Impugnación
Inconforme
con la decisión de primera instancia, la accionante presento impugnación en su
contra, sustentada en los argumentos que se exponen a continuación:
Considera
que el fallador no tuvo en cuenta las pruebas que, en el proceso, acreditan que
se encuentra en una “situación de pobreza”, lo que, en su criterio,
impone la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, como quiera que sus
circunstancia exigen una protección urgente de sus derechos.
Así mismo,
aseveró que, con claridad, se puede apreciar que dependía económicamente de su
hijo fallecido, razón por la cual es beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes que reclama, conforme con las normas en la materia, y con la
jurisprudencia constitucional relacionada.
3. Sentencia de segunda instancia
La Sala
Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, por medio de la
sentencia proferida el 14 de diciembre de 2009, decidió confirmar el fallo de
primera instancia, por el cual se negó la protección de los derechos
fundamentales de la accionante.
Luego de
analizar la materia de la procedibilidad de la acción de tutela, consideró que
en “el caso de auto no se prueba que se configuren los requisitos necesarios
para la protección de los derechos invocados a través del mecanismo excepcional
como es la acción de tutela, como quiera que del actuar del accionante (sic),
no se establece de manera clara la configuración del perjuicio irremediable ni
la gravedad exigida; ya que la accionante habita en un apartamento en el cual
no cancela ningún canon de arrendamiento, ya que habita en la casa de su esposo
fallecido, señor BERNARDO DE JESÚS VELÁSQUEZ; que es beneficiaria de la
sustitución de asignación mensual de retiro a partir del 27 de mayo de 2003,
reconocida por la Dirección General de sueldo de retiro de la Policía Nacional,
originada por el fallecimiento de su esposo, cn (sic) una asignación mensual de
$576.786, oo; que por el mismo tiene asegurada su afiliación a los servicios
médico asistenciales; así las cosas, visto como esta (sic), deberá confirmarse
el fallo por el A- quo en primera instancia.”
III.    FUNDAMENTOS JURIDICOS
1.      Competencia
La Corte
Constitucional es competente, a través de esta Sala, para revisar la sentencia
proferida por el juez de segunda instancia, dentro del proceso de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral
9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, y en cumplimiento de lo ordenado por el Auto del
26 de febrero de 2010, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Dos
de esta Corporación.
2.      Procedibilidad de la Acción de Tutela
2.1.   Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución
Política, establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales. En este caso, la señora Blanca Sofía Riaño de Velásquez
una persona mayor de edad que actúa, por intermedio de apoderado judicial, en
defensa de sus derechos, razón por la cual, está legitimada para presentar la
acción.
2.2.   Legitimación pasiva
La ARP
Compañía de Seguros Bolívar S.A., en su condición de entidad de naturaleza
privada, encargada de la prestación del servicio público de seguridad social en
riesgos profesionales, está legitimada como parte pasiva en el presente asunto,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 42 del Decreto 2591 de 1991,
debido a que a esa entidad se le atribuye la violación de los derechos
fundamentales en discusión.
3. Problema jurídico
Vista la situación fáctica
descrita, en el presente caso le corresponde a la Sala establecer si la ARP
Compañía de Seguros Bolívar vulneró los derechos fundamentales de la accionante
a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social, a la vivienda digna, a la
salud y al debido proceso, al no reconocer en su favor la pensión de
sobrevivientes que reclama, a causa de la muerte de su hijo Ferney Riaño
Velásquez.
Ahora bien, como quiera que en
este caso la acción de tutela se presenta con el propósito de que se ordene a
la entidad el reconocimiento y pago de una prestación, como es la pensión de
sobrevivientes, la Sala debe analizar sí, a la luz de las normas en la materia
y de la jurisprudencia constitucional, ella resulta procedente, y de lo que
allí se concluya, si hay lugar a ello, se estudiará el problema jurídico
planteado.
4. Procedencia excepcional
de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de pensiones
4.1. De conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
judicial, preferente y sumario, establecido para proteger los derechos
fundamentales de las personas cuando quiera que se amenacen o vulneren, por las
acciones u omisiones de las autoridades públicas y, excepcionalmente, por los
particulares. Es de la naturaleza de esta acción, ser subsidiaria y residual,
lo que implica que, frente a un caso concreto, sólo será procedente para
obtener la protección de derechos fundamentales, en la medida en que no exista
otro mecanismo de defensa judicial para el efecto, o cuando existiendo no sea
eficaz, o en situaciones en las que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Ahora bien, de acuerdo con el
artículo 48 del Ordenamiento Superior, la seguridad social es un derecho
irrenunciable, reconocido a todas las personas. La Corte ha indicado, con
respecto a esta garantía, que tiene un contenido prestacional, de tal forma que
al no ser fundamental, su protección, por regla general, no puede obtenerse por
medio del ejercicio de la acción de tutela[1].
Aplicando las reglas de
procedibilidad de la acción de tutela descritas, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que, por regla general, los conflictos atinentes al
reconocimiento y pago de prestaciones sociales, específicamente de pensiones,
deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria laboral o por la jurisdicción
contencioso administrativa, de acuerdo al caso de que se trate, como quiera que
el amparo constitucional, no es, en principio, el mecanismo idóneo para buscar
la protección de esa clase de derechos[2].
Sentadas esas reglas en la
materia, la Corte también ha admitido que, excepcionalmente, la acción de
tutela procede para buscar la protección de derechos de contenido prestacional,
como en el caso de pensiones, cuando con la acción u omisión de que se trate,
se ocasione una vulneración de derechos fundamentales, que amerite de una
protección urgente para aquellos. Esto es, cuando se presenta como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o cuando el
mecanismo de defensa judicial ordinario establecido por el ordenamiento
jurídico para el efecto, es inocuo o ineficaz, o no es lo suficientemente
expedito para ofrecer una protección adecuada de los derechos, aspecto que debe
ser valorado por el juez de tutela de cara a las circunstancia especificas de
cada caso concreto[3].
Específicamente, con respecto a
la eficacia del medio de defensa judicial ordinario de los derechos, el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual
se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”, establece que la
acción de tutela será improcedente, “Cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante.”
Sobre este particular, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que “la acción de tutela procede a pesar de
existir otro medio de defensa judicial, cuando: i) se considera que éste es
ineficaz debido a que no resuelve el conflicto de manera integral,[4]
o ii) éste no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia particular
de una protección inmediata...”.[5]
En esa medida, es posible que
esta Sala concluya que la acción de tutela es procedente, de forma excepcional,
para solicitar el reconocimiento y pago de derechos pensionales, cuando no
exista otro mecanismo de defensa judicial para el efecto, o cuando existiendo,
de cara al caso concreto, no resulta eficaz para procurar su amparo, eventos en
los que la acción de tutela se erige como instrumento judicial principal, ante
la imposibilidad material de obtener una protección real y concreta de los
derechos fundamentales por otra vía. Adicionalmente, también procederá como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
mientras que la autoridad judicial competente decida de fondo al respecto[6].
4.2. Expuestas las
consideraciones precedentes, la Sala entra a analizar si en el caso bajo
análisis la acción de tutela es procedente.
4.2.1. En el presente caso se
advierte que la accionante solicitó a la ARP Compañía de Seguros Bolívar S.A.,
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por la muerte de su hijo
Ferney Riaño Velásquez, argumentando que cumplía con los requisitos previstos
por la ley para el efecto, ya que afirma, que dependía económicamente de aquel.
4.2.2. Por lo anterior, es
claro que el derecho cuyo reconocimiento solicita la accionante es de contenido
prestacional, el cual, como se expuso, no es posible reclamar en ejercicio de
la acción de tutela, como quiera que, dado su carácter residual y subsidiario,
resulta desplazada, en la medida que cuenta con las acciones ante la
jurisdicción ordinaria, para procurar la protección de sus derechos, al
tratarse de una controversia de naturaleza legal. Razón por la cual, la acción
de tutela en este caso es improcedente.
4.2.3. Ahora bien, le
corresponde a la Sala analizar si, vista la situación fáctica de la demandante,
la acción de tutela procede, en el evento en el que el mecanismo ordinario de
defensa de sus derechos no le proporcione un amparo eficaz de los mismos.
De las
pruebas que obran en el expediente, este Tribunal encuentra acreditado que la
accionante vive en un apartamento de propiedad de su difunto esposo, y que por
esa causa no debe pagar un canon de arrendamiento, ni que sea deudora de algún
crédito relacionado con ese inmueble, de conformidad con el certificado de
tradición y libertad de aquel.
De la misma
forma, se observa que los ingresos familiares, de los que dispone para
satisfacer sus necesidades y las de quienes conviven con ella, ascienden a la
suma de un millón ciento cincuenta y tres mil quinientos setenta y tres pesos
($1.153.573), valor correspondiente a su mesada y la de su hijo menor de edad,
por concepto de la sustitución pensional, de la que son beneficiarios por la
muerte de su esposo y padre correspondientemente, y a cargo de la Caja de
Sueldos de la Policía Nacional, conforme con las certificaciones expedidas.
Adicionalmente, la accionante
afirma, que cada mes debe incurrir en los gastos relacionados con el pago de
servicios públicos, por valor de trescientos mil pesos ($300.000).
De lo anterior, la Sala puede
concluir que los ingresos familiares con los que cuenta la accionante, para
satisfacer sus necesidades, y las de las personas que con ella conviven, su
hijo, su sobrina y su madre, son suficientes, y por esa circunstancia, no se
observa que, vista su situación fáctica, esté abocada a una crisis económica,
que demandara de una protección urgente de sus derechos fundamentales a través
de la acción de tutela, y que por ello, los mecanismos ordinarios de defensa de
sus garantías no fueran eficaces para el efecto. Por esa razón, en la medida en
que, analizada la situación de la accionante, los mecanismos ordinarios de
defensa de sus derechos son eficaces, la acción de tutela también resulta
improcedente en este escenario, para reclamar el reconocimiento de la
prestación que solicita la demandante.
Por las mismas
consideraciones, la Sala no advierte que la acción de tutela en este caso sea
procedente como mecanismo transitorio, mientras que la autoridad judicial
competente se pronuncia de fondo y definitivamente con respecto al derecho de
la demandante, como quiera que no se acreditó que la accionante se encuentre en
peligro de que ocurra un perjuicio irremediable.
4.2.4. Por las razones
expuestas, la Sala confirmará la decisión de segunda instancia, en la medida en
que la acción de tutela de la referencia es improcedente.
IV.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la sentencia
proferida el 14 de diciembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Bogotá, por medio de la cual se confirmó el fallo
dictado el 11 de noviembre de 2009, por  el Juzgado Veintiocho Laboral del
Circuito de Bogotá, que declararon improcedente la acción de tutela presentada
por la señora Blanca Sofía Riaño de Velásquez, a través de apoderado judicial.
Segundo. Por Secretaría
General líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
Ausente en comsión
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver Sentencia T-1260 del 16 de diciembre de 2008, M. P.
Rodrigo Escobar Gil.
[2] Ver
entre otras las sentencias: T-371
del 14 de agosto de 1996, M. P. Hernando Heerera Vergara, T-78 del 10 de marzo
de 1998, M. P. Hernando Herrera Vergara, T-476 del 7 de mayo de 2001, M. P.
Rodrigo Escobar Gil, T-1083 del 11 de octubre de 2001, M .P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y T- 634 del 8 de agosto de 2002, M. P. Eduardo Montelagre Lynett.
[3] Ver Sentencia T-052 del 24 de enero de 2008, M. P.
Rodrigo Escobar Gil.
[4] “Por ejemplo, sobre la ineficacia de ciertos
mecanismos ordinarios de defensa para la protección de derechos fundamentales, la
Corte ha determinado que la acción electoral y la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho carecen de la eficacia necesaria para proveer un
remedio pronto e integral en los casos en que no se ha proveído un cargo en la
rama judicial al primero en la lista de elegibles. Al respecto, ver Sentencia SU-961
del 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-388 del 13 de julio
de 1998, M.P. Fabio Morón.”
[5] Sentencia
T-076 del 5 de febrero de 2003, M .P. Rodrigo Escobar Gil
[6] Ver,
entre otras, la Sentencia T-052 del 24 de enero de 2008, M. P. Rodrigo Escobar
Gil.