T-013-18
Sentencia T-013/18
VIA
GUBERNATIVA ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ACCION
DE TUTELA CONTRA ELECTRICARIBE-Improcedencia por no
agotar recursos de la vía gubernativa
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente en
afirmar que el ejercicio no oportuno de los recursos de la vía gubernativa en
contra de las decisiones empresariales en materia de servicios públicos
domiciliarios torna en improcedente la acción de tutela.
Referencia:
Expedientes acumulados T-6.402.527, T-6.402.528, T-6.402.529, T-6.402.530 y
T-6.402.531.
Acciones
de tutela: (i) T-6.402.527 instaurada por el señor Jhon Jairo Sierra
Batista contra Electricaribe S.A. E.S.P.; (ii) T-6.402.528 instaurada
por Yasid Aurel
o
Sánchez Sánchez contra Electricaribe
S.A.
E.S.P.; (iii) T-6.402.529 instaurada por la señora Nubia Esther Baquero
de Ortiz contra Electricaribe S.A. E.S.P.; (iv) T-6.402.530 instaurada
por Jenny Esperanza Rivera Pérez contra Electricaribe S.A. E.S.P. y (v) T-6.402.531
instaurada por el señor Juan Bautista Cantillo Ruiz contra Electricaribe S.A.
E.S.P.
Magistrado
Ponente:
CARLOS
BERNAL PULIDO
Bogotá,
D.C., primero (1°) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Diana Fajardo Rivera y
Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Aracataca, el 24 de mayo de 2017[1],
30 de mayo de 2017[2], 2 de junio de 2017[3]
y 7 de junio de 2017[4], decisiones que no fueron impugnadas
por las partes interesadas, en los procesos de tutela promovidos por los
señores Jhon Jairo Sierra Batista, Yasid Aurelio Sánchez Sánchez, Nubia Esther
Baquero de Ortiz, Jenny Esperanza Rivera Pérez y Juan Bautista Cantillo Ruiz
contra Electricaribe S.A. E.S.P.
Conforme
a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Diez de la Corte
Constitucional, a través de autos dictados el 27 de octubre de 2017,
seleccionó, para efectos de su revisión, los asuntos de la referencia.
De
acuerdo con el artículo 34 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
I. ANTECEDENTES
Expediente T-6.402.527
1. El 12 de mayo de 2017, el
señor Jhon Jairo Sierra Batista presentó acción de tutela[5]
en contra de Electricaribe S.A. E.S.P., a fin de que se protegieran los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la intimidación, a la
honra y buen nombre.
1. Hechos
2. Los supuestos fácticos
que dieron origen a la presente acción de tutela se pueden sintetizar así:
3. Para el mes de noviembre
de 2016, la empresa Electricaribe S.A. E.S.P inició una nueva forma de facturar
el consumo de energía eléctrica, en la que se incluyó un cobro por energía
dejada de facturar. Al respecto, el actor señala: “a la izquierda del recibo
coloca el valor de $960.190,oo, con dos facturas vencidas, me acerqué para
averiguar y me dijeron que esa factura era por una energía que yo había
consumido y la empresa no había facturado, lo que me impidió cancelar porque no
me permitieron que cancelara el consumo del mes”[6].
4. Para el mes de diciembre
de 2016, la mencionada empresa emitió la factura del mes de noviembre de 2016
con el saldo antes aludido y con un cobro adicional por verificación de reconexión
por valor de $67.080,oo. Ante tal circunstancia, el señor Sierra Batista se
acercó nuevamente a las instalaciones de la empresa accionada a fin de
presentar la correspondiente reclamación, sin embargo, un funcionario de dicha
empresa le manifestó que la elevara por escrito.
5. El 4 de enero de 2017, el
tutelante presentó derecho de petición ante la empresa accionada, en el cual
solicitó el retiro, de manera provisional, de la deuda consignada en la factura
del mes de marzo de la misma anualidad. Narra el señor Sierra Batista que no
obtuvo respuesta alguna y, en consecuencia, el 13 de marzo del mismo año
solicitó ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la
configuración del silencio administrativo positivo.
6. La empresa Electricaribe
suspendió el servicio de energía eléctrica a la vivienda del tutelante, por
cuanto, adeudaba una suma de $1’059.600. Al respecto, el señor Sierra Batista
manifestó que la empresa accionada “sin dar respuesta a mi petición, omite
la copia que les hice llegar donde informaba que había solicitado el silencio
administrativo positivo a la Superintendencia de Servicios Públicos y, manda a
suspenderme el servicio. Violando el debido proceso, derecho de defensa y el
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, al no responder dentro de los 15 días
hábiles permitidos por la ley”[7].
2. Pretensiones
7. La tutelante solicitó que
i) se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la honra y al buen nombre “por la forma intimidante como
Electricaribe pretende que yo pague una energía que no he consumido”[8];
ii) se ordene a la empresa accionada que retire del sistema de
gestión comercial la factura identificada con el NIC 5930818 por la suma de un
millón cincuenta y nueve mil seiscientos pesos ($1´059.600), registrados en la
factura adicional por energía consumida dejada de facturar y verificación de
conexión por no haberse generado y, iii) se ordene a
Electricaribe S.A. E.S.P. se abstenga de suspender el servicio, mientras se
esté pagando la suma que no es objeto de reclamo.
8. El 12 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Aracataca admitió la acción de tutela incoada por el señor Jhon Jairo Sierra
Batista y, en consecuencia, ofició a la empresa accionada para que rindiera un
informe sobre los hechos y pretensiones sobre los cuales versa la mencionada
acción constitucional[9].
3. Respuesta del accionado
9. La empresa Electricaribe
S.A. E.S.P. guardó silencio al respecto.
4. Decisión
objeto de revisión
10. El 24 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Aracataca amparó los derechos fundamentales invocados por la tutelante. La
anterior decisión tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:
“Se
observa que al suscriptor no se le dio la oportunidad de asesorarse de un
técnico, lo que conlleva inexorablemente a una violación al derecho de petición
y defensa, toda vez que su patrimonio económico se vio afectado al facturársele
un consumo que no corresponde a su consumo real. La empresa está en la
obligación de indagar e instalar un medidor con las debidas garantías al
usuario respetándose su derecho de defensa y
debido proceso; es más, está en la obligación de instalar un segundo medidor
para establecer si verdaderamente el medidor instalado cumple con las
exigencias de una medición perfecta, cosa que no ha sucedido en esta ocasión
sino que le facturan un valor que no ha consumido.
(…).
En este sentido, el respeto del principio de contradicción implica
que tanto usuario como empresa deben estar en posición de igualdad, de forma
tal que dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar los
fundamentos de las decisiones que en desarrollo de la actuación administrativa
se profieran. En el caso sub judice, la empresa toma una posición dominante,
por mucho que los usuarios interpongan sus recursos estos no son tenidos en
cuenta, ni siquiera le son leídos, sino que mediante un formato prefabricado le
contestan como si todos los casos fueran iguales, esto es violación al debido
proceso.
(…).
En este sentido, el desarrollo de la actuación de las empresas de
servicios públicos es reglado y por lo mismo, es deber de estas observar
estrictamente las disposiciones que contienen garantías para los usuarios de
sus servicios, de forma tal que la comunidad no quede sometida a la
arbitrariedad o capricho de los contratistas de la entidad prestadora del
servicio público domiciliario. De esta manera se materializa el mandato
constitucional contenido en el artículo 4° superior en cuenta es deber de toda
persona en Colombia acatar la Constitución y las leyes.
Es de resaltar, que en estas condiciones, resulta contrario al
ordenamiento constitucional que la empresa de servicios públicos, a pesar de
conocer que está violando los derechos fundamentales del usuario afectado con
la actuación administrativa al no garantizarle material y efectivamente ante la
Superintendencia del ramo con el fin de agotar la vía gubernativa, el afectado
inicie un proceso judicial ante la jurisdicción contenciosa, seguramente durará
varios años y cuya protección de los derechos fundamentales, en el evento en
que la acción prospere.
En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al DEBIDO
PROCESO y el DERECHO DE DEFENSA, al señor JHON JAIRO SIERRA BATISTA (…),
ordenándose a ELECTRICARIBE que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes
a la notificación de esta providencia deje sin efecto la actuación surtida para
el cobro por valor de: UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($1’059.600)”[10].
11.
La sentencia no fue impugnada.
Expediente T-6.402.528
12. El 15 de mayo de 2017, el señor Yasid Aurelio Sánchez Sánchez presentó
acción de tutela[11] en contra de la empresa Electricaribe
S.A. E.S.P., a fin de que se protegieran los derechos fundamentales a la
igualdad, a la vida digna, al acceso a los servicios públicos y de petición.
7. Hechos
13. Los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción
de tutela se pueden sintetizar de la siguiente manera:
14. El tutelante es propietario de una vivienda ubicada en la
calle 8 No. 5ª – 8 apto. 1 del barrio El Centro del municipio de Aracataca,
Magdalena. Narra el señor Sánchez que llevó a cabo una remodelación del bien
inmueble aludido, dividiendo el predio en dos, a fin de poner en funcionamiento
un local comercial y de continuar residiendo en la otra parte.
15. Una vez realizadas las señaladas adecuaciones, el local
construido “se quedó con el medidor de energía con el que contaba la
vivienda inicialmente, quedando la misma sin el servicio de energía por cuanto
no poseía un segundo contador”[12].
16. El 27 de marzo de 2017, el tutelante le solicitó a
Electricaribe S.A. E.S.P. la instalación de un medidor de 220 voltios, sin que
hasta la fecha se hubiere dado cumplimiento a tal requerimiento.
17. Se narra en el recurso de amparo que varios vecinos del
tutelante han elevado la misma solicitud, la cual fue “resuelta de manera
oportuna por la entidad”[13], razón por la cual, adujo
que se le está vulnerando el derecho a la igualdad, “así como el de la vida
digna porque en la vivienda donde resido no hay el servicio de energía lo que
hace que la misma sea inhabitable”[14].
8. Pretensiones
18. El tutelante solicitó que i) se amparen los
derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al acceso a los
servicios públicos y de petición; ii) se ordene a Electricaribe
S.A. E.S.P. que proceda a instalar el medidor en la vivienda del tutelante y, iii)
se prevenga a la entidad accionada para que “en ningún caso vuelvan
a incurrir en las acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela y que si lo
hacen serán sancionadas conforme lo dispone el art. 52 del Decreto 2591/91
(arresto, multa, sanciones penales)”[15].
19. El 17 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Aracataca admitió la acción de tutela incoada por el señor Yasid Aurelio
Sánchez Sánchez y, en consecuencia, ofició a la empresa accionada para que
rindiera un informe sobre los hechos y pretensiones sobre los cuales versa la
mencionada acción constitucional[16].
9. Respuesta del accionado
20. La empresa Electricaribe
S.A. E.S.P. guardó silencio al respecto.
10. Decisión objeto de revisión
21. El 30 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Aracataca amparó los derechos fundamentales invocados por el tutelante. La
anterior decisión tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:
“En
el presente caso se observa que el usuario ha solicitado a la empresa de
energía la instalación de un medidor a su vivienda ya que por motivos de
remodelación el medidor que poseía quedó instalado en el local y a pesar de las
múltiples solicitudes hechas a través de la línea de atención al cliente no se
le ha instalado el medidor ni le resuelven la instalación de la energía en su
vivienda, padeciendo el derecho a la igualdad y a los servicios públicos.
(…).
En este sentido, el respeto del principio de contradicción implica
que tanto usuario como empresa deben estar en posición de igualdad, de forma
tal que dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar los
fundamentos de las decisiones que en desarrollo de la actuación administrativa
se profieran.
En este sentido, el desarrollo de la actuación de las empresas de
servicios públicos es reglado y por lo mismo, es deber de estas observar
estrictamente las disposiciones que contienen garantías para los usuarios de
sus servicios, de forma tal que la comunidad no quede sometida a la
arbitrariedad o capricho de los contratistas de la entidad prestadora del
servicio público domiciliario. De esta manera se materializa el mandato
constitucional contenido en el artículo 4° superior en cuenta es deber de toda
persona en Colombia acatar la Constitución y las leyes.
En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, IGUALDAD, PETICIÓN y el DERECHO DE
DEFENSA, al señor YASID AURELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, (…), ordenándosele a
ELECTRICARIBE que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia PROCEDA A LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR A 220
VOLTIOS, solicitado el día 27 de marzo de la presente anualidad”[17].
22.
La sentencia no fue impugnada.
Expediente T- 6.402.529
23. El 18 de mayo de 2017, la señora Nubia Esther Baquero de Ortiz
presentó acción de tutela[18] en contra de la empresa Electricaribe
S.A. E.S.P., a fin de que se protegieran los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la honra.
11. Hechos
24. Los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción
de tutela se pueden resumir de la siguiente manera:
25. Unos contratistas de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P. iniciaron
un proceso administrativo en contra de la hoy tutelante por supuestas
instalaciones fraudulentas, el cual se originó debido a una visita efectuada a
la vivienda de dicha ciudadana sin que ella estuviera presente.
26. Agregó que la empresa accionada ha debido avisarle, de manera
oportuna, acerca de la realización de la mencionada visita
“para
que hubiera sido asistida por una persona idónea y conocedora del servicio de
energía, y para controvertir las presuntas conexiones alteradas o invertidas
supuestamente encontradas en la práctica de la visita técnica, aun cuando en
acta dejan constancia de haber comunicado el derecho a ser asistido por un
técnico particular, cosa que nunca ocurrió, no se me puso en conocimiento en mi
calidad de usuaria del servicio domiciliario de energía que se me iba a
practicar la visita técnica como lo ordena el artículo 31 del Decreto 1842 de
1991, por el contrario actúan de manera ilegal, no aparece firmada el acta de
visita técnica practicada, por mí en calidad de usuaria o cliente, (…) la cual
generó una obligación llamada energía dejada de facturar por un valor de
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($653.740,oo)
mediante el procedimiento de una actuación administrativa realizada por
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (ELECTRIFICADORA), teniendo como pruebas
de soporte, fotografías anexas al acta de visita técnica realizada ilegalmente,
practicada en mi residencia no se dio cumplimiento al artículo 31 del Decreto
No. 1842 de 1991, VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO”[19].
12. Pretensiones
27. La tutelante solicitó que i) se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la honra; ii)
se ordene a Electricaribe S.A. E.S.P. que deje sin efecto la factura o decisión
empresarial No. 34401703001040, mediante la cual se impuso una sanción por
valor de seiscientos cincuenta y tres mil setecientos cuarenta pesos ($653.740,oo)
por la supuesta adulteración de energía y, iii) se declare la
terminación del proceso administrativo que cursa en contra del tutelante.
28. El 19 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Aracataca admitió la acción de tutela incoada por la señora Nubia Esther
Baquero de Ortiz y, en consecuencia, ofició a la empresa accionada para que
rindiera un informe sobre los hechos y pretensiones sobre los cuales versa la
mencionada acción constitucional[20].
13. Respuesta del accionado
29. La empresa Electricaribe
S.A. E.S.P. guardó silencio respecto de la demanda de tutela impetrada en su
contra.
14. Decisión objeto de revisión
30. El 2 de junio de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Aracataca amparó los derechos fundamentales invocados por la tutelante. La
anterior decisión tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:
“Tenemos
que la usuaria nunca fue notificada de ninguna inspección técnica por parte de
los empleados de la empresa de energía, violándosele todos sus derechos
fundamentales al no notificarle de diligencia alguna, como tampoco ninguna
persona que habita el inmueble.
No
sobra recordar que la usuaria tiene derecho a solicitar la práctica de pruebas
en su favor, siendo deber de la entidad resolver sobre esa solicitud positiva o
negativamente, siempre motivando su decisión, en ninguno de sus actos se le da
esa garantía al usuario.
En
todo caso, tratándose tanto de anomalías como de fraudes deberá garantizarse de
forma real y efectiva los derechos al debido proceso, a la defensa, a la
presunción de inocencia y a la contradicción de la prueba del usuario, (…).
(…).
Es
de resaltar, que en estas condiciones, resulta contrario al ordenamiento
constitucional que la empresa de servicios públicos, a pesar de conocer que
está violando los derechos fundamentales del usuario afectado con la actuación
administrativa al no garantizarle material y efectivamente ante la
Superintendencia del ramo con el fin de agotar la vía gubernativa, el afectado
inicie un proceso judicial ante la jurisdicción contenciosa, en el evento en
que la acción prospere.
En
consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y el DERECHO
DE DEFENSA, a la señora NUBIA ESTHER BAQUERO DE ORTÍZ, (…), ordenándose a
ELECTRICARIBE que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia deje sin efecto la actuación surtida para el
cobro de energía sin justificación alguna por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($653.740)”[21].
31.
La mencionada providencia judicial no fue impugnada.
Expediente T- 6.402.530
32. El 24 de mayo de 2017, la señora Jenny Esperanza Rivera Pérez
presentó acción de tutela[22] en contra de la empresa
Electricaribe S.A. E.S.P., a fin de que se protegieran los derechos fundamentales
al debido proceso, al buen nombre y a la igualdad.
15. Hechos
33. Los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción
de tutela se pueden resumir de la siguiente manera:
34. La tutelante es usuaria del servicio de energía eléctrica en
su inmueble de residencia identificado con el NIC 3837614. Se narra en la
acción constitucional que se encuentra a paz y salvo con las correspondientes
facturas.
35. Adujo que:
“según
la factura del mes anterior la cual anexo a la presente, todo estaba bien con
la empresa, en la nueva factura que viene este mes, aparece un monto por la
suma de $612.010,oo, por facturas por pagar, que sacando el valor del consumo
que la suma de $37.140,oo, quedaría un monto pendiente de factura (sic), que es
lo que manifiesta la empresa de Electricaribe debo cancelar”[23].
36. Sostuvo que la empresa accionada actúa en forma injusta, por
cuanto, “no es autoridad judicial para establecer sumas arbitrarias por
montos no adeudados, ni tampoco sanciones o multas, por lo que me siento
atropellada y dejando por el suelo mi buen nombre y honra, violando mis
derechos fundamentales tales como el debido proceso, el buen nombre, a la
igualdad”[24].
16. Pretensiones
37. La tutelante solicitó que se ordene a la empresa Electricaribe
S.A. E.S.P. que deje sin efecto “la suma de dinero $574.870.oo impuesta,
para que su cobro no se haga efectivo, ya que de ser así me acarrearía
suspensiones en el servicio si no accedo a sus pretensiones de cancelar esa
suma determinada por ella, que no adeudo, ya que tengo mi medidor que determina
la energía consumida y me encuentro al día con el servicio de energía”[25].
38. El 24 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Aracataca admitió la acción de tutela incoada por la señora Jenny Esperanza
Rivera Pérez y, en consecuencia, ofició a la empresa accionada para que
rindiera un informe sobre los hechos y pretensiones sobre los cuales versa la
mencionada acción constitucional[26].
17. Respuesta del accionado
39. La empresa Electricaribe S.A. E.S.P. guardó silencio respecto
de la demanda de tutela impetrada en su contra.
18. Decisión objeto de revisión
40. El 7 de junio de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Aracataca amparó los derechos fundamentales invocados por la tutelante. La
anterior decisión tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:
“El
desarrollo de la actuación de las empresas de servicios públicos es reglado y
por lo mismo, es deber de estas observar estrictamente las disposiciones que
contienen garantías para los usuarios de sus servicios, de forma tal que la
comunidad no quede sometida a la arbitrariedad o capricho de los contratistas
de la entidad prestadora del servicio público domiciliario. De esta manera se
materializa el mandato constitucional contenido en el artículo 4º superior en
cuanto es deber de toda persona en Colombia acatar la Constitución y las leyes.
Es de resaltar, que en estas condiciones, resulta contrario al ordenamiento
constitucional que la empresa de servicios públicos, a pesar de conocer que está
violando los derechos fundamentales del usuario afectado con la actuación
administrativa al no garantizarle material y efectivamente ante la
Superintendencia del ramo con el fin de agotar la vía gubernativa, el afectado
inicie un proceso judicial ante la jurisdicción contenciosa, seguramente durará
varios años y cuya protección de los derechos fundamentales, en el evento en
que la acción prospere.
En
consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, y el
DERECHO DE DEFENSA, a la señora JENNY ESPERANZA RIVERA PÉREZ, (…), ordenándose
a ELECTRICARIBE que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia deje sin efecto la actuación surtida para el
cobro de energía dejada de prestar sin justificación alguna por valor de
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($574.870,oo)”[27].
41.
La mencionada providencia judicial no fue impugnada.
Expediente T- 6.402.531
42. El 25 de mayo de 2017, el señor Juan Bautista Cantillo Ruiz
presentó acción de tutela[28] en contra de la empresa
Electricaribe S.A. E.S.P., a fin de que se protegieran los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la honra.
19. Hechos
43. El 24 de enero de 2017, funcionarios de la empresa accionada
arribaron a la residencia del tutelante, a fin de llevar a cabo una inspección
en el mencionado predio. Una vez realizada la revisión aludida, le informaron
al tutelante que todo se encontraba en orden y “que no había ningún
inconveniente pues no habían encontrado hallazgo”[29].
44. No obstante, en esa misma fecha le informaron al tutelante que
sí era necesario realizar el cambio del medidor, situación ante la cual se
opuso, debido a que los funcionarios de dicha empresa le habían informado que
el citado equipo se encontraba en buen estado. El señor Cantillo accedió al
cambio del contador, por el cual, tuvo que cancelar $40.000.
45. Posteriormente, el tutelante fue notificado personalmente de
un proceso administrativo adelantado por la empresa accionada, debido a que,
con ocasión de la referida visita técnica, se habían detectado anomalías en el
medidor, por lo tanto, Electricaribe S.A. E.S.P. concluyó que existía una “anomalía
fraudulenta – acometida aérea intervenida”[30].
46. Adujo que nunca se le puso en conocimiento que se iba a
practicar la visita técnica aludida.
20. Pretensiones
47. El tutelante solicitó que i) se ampararan los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la honra; ii) se
ordene a la empresa Electricaribe S.A. E.S.P. deje sin efecto la factura No.
4782292 de marzo 28 de 2017, mediante la cual se impuso una sanción por valor
de $827.710.
48. El 26 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Aracataca admitió la acción de tutela incoada por el señor Juan Bautista
Cantillo Ruiz y, en consecuencia, ofició a la empresa accionada para que
rindiera un informe sobre los hechos y pretensiones sobre los cuales versa la
mencionada acción constitucional[31].
21. Respuesta del accionado
49. La empresa Electricaribe S.A. E.S.P. guardó silencio respecto
de la demanda de tutela impetrada en su contra.
22. Decisión objeto de revisión
50. El 7 de junio de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Aracataca amparó los derechos fundamentales invocados por la tutelante. La
anterior decisión se adoptó con sustento en las siguientes razones:
“En este sentido, el respeto del principio de contradicción
implica que tanto usuario como empresa deben estar en posición de igualdad, de
forma tal que dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar los
fundamentos de las decisiones que en desarrollo de la actuación administrativa
se profieran. En el caso sub judice, la empresa toma una posición dominante,
por mucho que los usuarios interpongan sus recursos estos no son tenidos en
cuenta, ni siquiera le son leídos, sino que mediante un formato prefabricado le
contestan como si todos los casos fueran iguales, esto es, violación al debido
proceso. (…).
En este sentido, el desarrollo de la actuación de las empresas de
servicios públicos es reglado y por lo mismo, es deber de estas observar
estrictamente las disposiciones que contienen garantías para los usuarios de
sus servicios, de forma tal que la comunidad no quede sometida a la
arbitrariedad o capricho de los contratistas de la entidad prestadora del
servicio público domiciliario. De esta manera se materializa el mandato
constitucional contenido en el artículo 4° superior en cuanto es deber de toda
persona en Colombia acatar la Constitución y las leyes.
Es de resaltar, que en estas condiciones, resulta contrario al
ordenamiento constitucional que la empresa de servicios públicos, a pesar de conocer
que está violando los derechos fundamentales del usuario afectado con la
actuación administrativa al no garantizarle material y efectivamente ante la
jurisdicción contenciosa, seguramente durará varios años y cuya protección de
los derechos fundamentales, en el evento en que la acción prospere.
En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al DEBIDO
PROCESO, y el DERECHO DE DEFENSA, al señor JUAN BAUTISTA CANTILLO RUIZ, (…),
ordenándose a ELECTRICARIBE que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia deje sin efecto la actuación
surtida para el cobro por valor de: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS
DIEZ PESOS ($827.710)”[32].
51. La mencionada providencia judicial no fue impugnada.
23. Trámite en sede de revisión de tutela
52. Mediante auto de 28 de noviembre de 2017 se requirió, por
medio de la Secretaría General, a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios – Dirección Territorial Norte con sede en la ciudad de
Barranquilla, para
que informe
si los señores Jhon Jairo Sierra Batista, Yasid Aurelio Sánchez Sánchez, Nubia
Esther Baquero de Ortiz, Jenny Esperanza Rivera Pérez y Juan Bautista Cantillo
Ruiz formularon alguna queja con ocasión de las reclamaciones presentadas ante
la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
53. El 14 de diciembre de 2017, la Superintendencia de Servicios
Públicos, Domiciliarios, a través de oficio No. 20178203287911 dio respuesta al
requerimiento aludido en el numeral anterior[33].
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
54.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de los citados expedientes
acumulados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2. Identificación de los problemas
jurídicos
55. Le corresponde a
esta Sala de Revisión resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿Las acciones de
tutela presentadas por los usuarios de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P. en
contra de la mencionada sociedad, cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela?
56. Dado el evento
en que la respuesta al anterior interrogante fuere afirmativa, esta Corporación
pasará a resolver el siguiente problema jurídico:
¿La empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. desconoció los derechos fundamentales
invocados por los tutelantes, como consecuencia de los cobros por el supuesto consumo
de energía eléctrica no facturada, al igual que por la no instalación de un
medidor y, por la imposición de sanciones administrativas?
57. De manera previa a la
resolución del problema jurídico debe la Corte Constitucional determinar si, en
el asunto sub judice, se acreditan los requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela.
3.
Procedibilidad de la acción de tutela
3.1.
Requisitos de procedibilidad (reiteración jurisprudencial)
58.
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo de protección inmediato,
oportuno y adecuado para las garantías fundamentales, frente a situaciones de
amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas o,
de los particulares en casos excepcionales. De lo dispuesto por el artículo 86
de la Constitución Política y el Decreto Ley 2591 de 1991 se ha considerado,
pacíficamente, por esta Corte, que son requisitos para la procedencia o estudio
de fondo de la acción de tutela la acreditación de i) la
legitimación en la causa, ii) un ejercicio oportuno (inmediatez)
y iii) un carácter subsidiario respecto de otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se trate de un supuesto de perjuicio
irremediable, o cuando existiendo, dichos medios carezcan de idoneidad y
eficacia para proteger los derechos fundamentales en cada caso.
3.1.1.
Legitimación en la causa por activa
59.
En lo que tiene que ver con la legitimidad e interés en la acción de tutela, el
artículo 86 de la Carta Política de 1991 dispuso que toda persona puede
reclamar ante las autoridades judiciales la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales. Asimismo, el artículo 10 del Decreto
Ley 2591 de 1991 establece que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante”.
60. Pues
bien, a fin de determinar si los tutelantes se encuentran legitimados en la
causa por activa, esta Sala de Revisión advierte que en materia de servicios
públicos domiciliarios, el artículo 130 de la Ley 142 de 1994[34],
estableció un régimen de responsabilidad solidaria entre el propietario del
inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio respecto de sus
obligaciones y derechos contenidos en el correspondiente contrato.
61. Así,
pues, esta Sala verificará la calidad en la cual actúan los tutelantes, esto
es, si cada uno de ellos funge como propietario del inmueble o, en calidad de suscriptor
o usuario del servicio de energía eléctrica suministrado por Electricaribe S.A.
E.S.P., con el fin de establecer si se encuentran legitimados en la causa por
activa para actuar en las acciones de tutela incoadas en tanto resulten ser las
personas vulneradas o amenazadas en sus derechos fundamentales.
Expediente
T-6.402.527
62. A
folios 3-7 del cuaderno 1 del expediente T-6.402.527 obra un derecho de
petición elevado por el señor Jhon Jairo Sierra Bautista ante ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P., en calidad de usuario del servicio de energía eléctrica, en cuya
virtud elevó la siguiente petición:
“(…)
por medio del presente, obrando en mi calidad de usuario del servicio de
energía eléctrica del inmueble identificado en su sistema de gestión
comercial con el NIC 5930818, con todo respeto y a través del presente escrito
y actuando en mi propio nombre presento ante esta empresa Derecho de Petición
en Interés Particular y Rango Constitucional y Administrativo, teniendo en
cuenta lo establecido por el artículo 23 de nuestra Constitución Nacional, (…).
1.
La reconexión del servicio inmediatamente.
2.
Retirar el cobro de la verificación de reconexión por la suma de $67.080,oo.
3.
Retirar la factura por la suma de $960.190,oo, hasta tanto no me hagan llegar
las pruebas que se demuestre que sí se presentó la irregularidad.
4.
Artículo 155. Del pago y de los recursos. Ninguna empresa de servicios públicos
podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un
recurso relacionado con ésta.
Sin
embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las
sumas que no han sido objeto de recurso, por lo cual hago el pago
correspondiente que no es objeto de reclamación por la suma de $41.190,oo”[35].
(Negrillas adicionales fuera del texto original).
63. Habida
cuenta que dentro del presente proceso de acción de tutela, el señor Sierra
Bautista actúa como usuario del servicio de energía eléctrica en la vivienda
ubicada en la calle 3 No. 7-75 del corregimiento de Sampués en el municipio de
Aracataca, y alega que en tal condición resulta afectado en sus derechos
fundamentales, se impone concluir que el mencionado tutelante se encuentra
legitimado en la causa por activa para actuar dentro del asunto de la
referencia.
Expediente
T-6.402.528
64. A
folio 7 del cuaderno 1 del expediente T-6.402.528 obra copia de la solicitud
presentada por el señor Yasid Aurelio Sánchez Sánchez ante la empresa
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., a fin de que le fuera instalado un medidor A 220 en
el bien inmueble ubicado en la calle 8 No. 5A – 8 Apto. 1.
65. Al
efecto, se destaca que el tutelante, en el escrito de la acción constitucional,
afirmó que es el propietario del citado bien raíz, razón por la cual, se concluye
que el tutelante se encuentra legitimado en la causa por activa, ya que alega
que en tal condición resulta afectado en sus derechos fundamentales.
Expediente
T-6.402.529
66. A
folios 7-9 del cuaderno 1 reposa copia de la factura por concepto de energía eléctrica
consumida dejada de facturar, dirigida a la señora Nubia Baquero, en su calidad
de usuaria del mencionado servicio público domiciliario, por lo tanto, se
encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la tutelante
aludida, en tanto aduce que en tal condición resulta afectada en sus derechos
fundamentales.
Expediente
T-6.402.530
67. En
el escrito de la acción de tutela, la señora Jenny Esperanza Rivera Pérez
manifestó que actúa en calidad de usuaria del servicio de energía eléctrica,
así:
“Soy
usuaria del servicio de energía y con residencia en el inmueble identificado
con el NIC 3837614 en esta localidad, desde hace doce años, actualmente me
encuentro a paz y salvo con la energía, según la factura del mes anterior la
cual anexo a la presento, todo estaba bien con la empresa, en la nueva factura
que viene este mes, aparece un monto por la suma de $612.010,oo, por facturas
por pagar, que sacando el valor del consumo que es la suma de $37.140, quedaría
un momento pendiente de factura $574.870,oo, que es lo que manifiesta la
empresa Electricaribe debo cancelar. Señor Juez como usted puede ver yo me
encuentro al día con la energía, no tengo ni compromiso de pagos con la empresa
por ningún concepto, es decir no sé dónde Electricaribe S.A. E.S.P., saca esa
deuda a mi nombre” (Negrillas adicionales fuera del texto original).
68. De conformidad con el aparte antes transcrito, esta Sala de
Revisión concluye que la señora Jenny Esperanza Rivera Pérez, en su calidad de
usuaria del servicio de energía eléctrica, se encuentra legitimada en la causa
por activa para actuar dentro del proceso de la referencia, en tanto que es en
tal condición que alega la vulneración de sus derechos fundamentales.
Expediente T-6.402.531
69. A folios 7-11 del cuaderno 1 del expediente T-6.402.531 obra
copia del oficio No. 4782292 de marzo 28 de 2017, en cuya virtud la Empresa
Electricaribe S.A. E.S.P. le da respuesta a una reclamación presentada por el
señor Juan Bautista Cantillo Ruiz, en su calidad de usuario del servicio de
energía eléctrica en el bien inmueble ubicado en el Sector 1, Manzana L-6 del
municipio de Aracataca, por lo tanto, se impone concluir que el tutelante se
encuentra legitimado en la causa por activa dentro del asunto de la referencia,
ya que es en esa condición que alega la vulneración de sus derechos
fundamentales.
3.1.2. Legitimación
en la causa por pasiva
70. Como quiera
que las acciones de tutela se presentaron en contra de la empresa ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P., esta Sala de Revisión considera que dicha persona jurídica se
encuentra legitimada en la causa por pasiva conforme lo disponen el inciso 5
del artículos 86[36]
de la Carta Política y el numeral 3° del artículo 42[37] del
Decreto Ley 2591 de 1991, en tanto que es la encargada de prestar el servicio
público domiciliario de energía eléctrica en el municipio de Aracataca,
Magdalena, y, por ende, le corresponde asumir el conocimiento de las
inconformidades planteadas en cada una de las acciones constitucionales
aludidas.
3.1.3. Inmediatez
71.
El requisito de inmediatez le impone al tutelante el deber de formular la
acción de tutela en un término prudente y razonable, respecto del hecho o la
conducta que se aduce como causante de la vulneración de derechos fundamentales[38].
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha sostenido
que no existe un plazo de caducidad para incoar la referida acción constitucional,
tal como se indicó en la sentencia C-543 de 1992, en cuya virtud se declaró la
inconstitucionalidad de los artículos 11[39], 12[40]
y 40[41] del Decreto Ley 2591 de 1991.
72.
Empero, la inexistencia de un término de caducidad de la acción de tutela no
implica per se que dicha acción pueda presentarse en cualquier tiempo,
por cuanto una de las principales características de este mecanismo de
protección es la inmediatez, por consiguiente, esta Corporación ha señalado que
el recurso de amparo aludido debe formularse dentro de un plazo razonable que
permita la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente
transgredido y/o amenazado[42].
73.
Esta limitación de carácter temporal reprocha la negligencia, el descuido o la
incuria en la utilización de este mecanismo, debido a que constituye un deber
del tutelante evitar que transcurra un lapso excesivo, irrazonable o
injustificado entre el momento de ocurrencia de la actuación u omisión que
causa la amenaza o vulneración de las garantías constitucionales y la
presentación de la acción de tutela[43].
74.
A su turno, esta Corporación[44], de manera reiterada, ha identificado
algunos aspectos que permiten determinar la razonabilidad del tiempo
transcurrido entre el desconocimiento de la atribución fundamental y el reclamo
ante el juez constitucional, entre las cuales se destacan las siguientes:
i) Que
existan razones válidas para justificar la inactividad de los accionantes.
Pueden ser situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y en general la
incapacidad del accionante para ejercer la acción en un tiempo razonable[45].
ii) Que
la amenaza o la vulneración permanezca en el tiempo, a pesar de que el hecho
que la originó sea antiguo[46].
iii) Que
la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable, no
resulte desproporcionada por una situación de debilidad manifiesta del
accionante, por ejemplo, en casos de interdicción, minoría de edad, abandono, o
incapacidad física[47].
75.
A continuación, esta Sala entrará a determinar si el principio de inmediatez se
cumple dentro de cada uno de las acciones de tutela que se revisan en los expedientes
acumulados, así:
No. del Expediente
Última actuación en sede de empresa
Fecha de la factura de energía eléctrica, Fecha de la respuesta
a la reclamación y/o fecha de la solicitud de instalación del medidor[48]
Fecha de presentación de la acción de tutela
Lapso transcurrido entre la fecha de expedición de la sentencia
impugnada y la fecha de formulación de la acción de tutela
Expediente T-6.402.527
Expedición de la factura No. 34401612008982 (Folio 13 cuaderno
1)
9 de diciembre de 2016
12 de mayo de 2017
Cinco (5) meses y tres (3) días
Expediente T-6.402.528
Solicitud de instalación de un segundo medidor en la vivienda
del usuario
27 de marzo de 2017
15 de mayo de 2017
Un (1) mes y 18 días
Expediente T-6.402.529
Respuesta a la reclamación presentada por el usuario (Folios 7-9
cuaderno 1)
23 de marzo de 2017
18 de mayo de 2017
Un (1) mes y 25 días
Expediente T- 6.402.530
Expedición de la factura No. 34401705017254 (Folio 4 cuaderno 1)
17 de mayo de 2017
24 de mayo de 2017
Siete (7) días
Expediente T-6.402.531
Respuesta a la reclamación presentada por el usuario (Folios
7-11 cuaderno 1)
28 de marzo de 2017
25 de mayo de 2017
Seis (6) meses y 4 días
76. Visto
lo anterior, esta Sala de Revisión evidencia que las acciones de tutela
contenidas en los expedientes acumulados fueron presentadas dentro de un
término razonable con posterioridad a la expedición de las facturas de
servicios públicos o, a la respuesta a la reclamación contra una factura o, a
la solicitud de instalación de un medidor, término que, jurisprudencialmente,
se ha tenido como un plazo límite para formular este tipo de acciones
constitucionales.
3.1.4. Subsidiariedad
77.
El principio de subsidiariedad de la acción de tutela se encuentra consagrado
en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política. A su turno, el
numeral 1° del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que la
solicitud de amparo será improcedente “cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
78.
De antaño, la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado la naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela como un mecanismo constitucional contemplado
para dar una solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u
omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el ordenamiento jurídico no tiene contemplado otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a fin de obtener la
correspondiente protección del derecho[49].
79.
A su turno, resulta menester destacar el pronunciamiento jurisprudencial
contenido en la sentencia C-590 de 2005, según el cual, constituye un deber del
tutelante:
“… desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga
para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última”[50] (Negrillas
adicionales fuera del texto original).
80.
Así, pues, esta Sala de Revisión, en esta oportunidad, reafirma la importancia
de la subsidiariedad de la acción de tutela, como una forma de incentivar que
los ciudadanos acudan oportunamente a las vías judiciales pertinentes y agoten
en ese principal escenario judicial los recursos ordinarios y/o extraordinarios
a que haya lugar, a fin de lograr la defensa de sus derechos fundamentales
dentro del mismo proceso judicial.
81. Ahora
bien, en el asunto sub judice se reitera que los tutelantes, en su
calidad de usuarios de la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., pretenden que se
le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
intimidad, a la honra, al buen nombre, a la igualdad, vida digna, petición y al
acceso a los servicios públicos.
82. Así
las cosas, esta Sala de Revisión procederá a analizar si en cada uno de los
expedientes de tutela se cumple con el requisito de subsidiariedad aludido,
para tales efectos, se destacará el procedimiento administrativo que debe
surtirse con ocasión de las quejas, peticiones y/o reclamos que se formulen
ante las empresas de servicios públicos domiciliarios.
3.1.4.1.
Vía gubernativa ante empresas de servicios públicos domiciliarios
83.
Ab initio, esta Sala de Revisión destaca que la Ley 142 de 1994[51]
definió el contrato de servicios públicos como un contrato uniforme,
consensual, en cuya virtud una empresa de servicios públicos, los presta a un
usuario a cambio de una remuneración (precio) en dinero, de conformidad con las
estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a usuarios no
determinados[52].
84. A
su turno, se entiende que se está frente a este tipo de contrato desde que la
empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el
servicio y el propietario, o quien utiliza determinado inmueble, solicita la
recepción de un servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las
condiciones previstas por la empresa[53].
85. En
lo atinente al cobro de la prestación del servicio, el capítulo VI del título VII
de la Ley 142 de 1994 regula el tema de las facturas y, en su artículo
147, consagró que dichos instrumentos deben ponerse en conocimiento de los
suscriptores o usuarios para determinar el valor de los bienes y servicios
provistos en desarrollo del contrato de servicios públicos.
86. Ahora
bien, la aludida ley de servicios públicos domiciliarios contempla la
posibilidad de que, con ocasión del mencionado contrato, el usuario y/o
suscriptor formule a la correspondiente empresa peticiones, quejas y recursos
relativos al negocio jurídico respectivo[54].
87. Al
respecto, debe explicarse que existen ciertas decisiones empresariales respecto
de las cuales se pueden presentar inconformidades por parte de los usuarios,
así: i) actos de negativa del contrato, ii)
suspensión, iii) terminación, iv) corte y v) facturación[55].
88.
Pues bien, la Ley 142 de 1994, en su artículo 154, estableció que el
recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar
ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del
contrato. Así, pues, los usuarios de servicios públicos domiciliarios tienen a
su disposición los recursos de reposición y apelación para controvertir los referidos
actos administrativos. A continuación, para mayor claridad y precisión, se
indicarán los recursos procedentes respecto de cada una de tales decisiones
empresariales.
Decisión empresarial
Recursos de la vía gubernativa
procedentes
Oportunidad
Negativa
del contrato
Reposición
En subsidio apelación
(obligatorio)
(facultativo)
5
días
Suspensión
Reposición
En subsidio apelación
(obligatorio)
(facultativo)
5
días
Terminación
Reposición
En subsidio apelación
(obligatorio)
(facultativo)
5
días
Corte
Reposición
En subsidio apelación
(obligatorio)
(facultativo)
5
días
Facturación
Reclamación
5
meses
Acto
administrativo que resuelve reclamación contra una factura
Reposición
En subsidio apelación
(obligatorio)
(facultativo)
5
días
89.
Se advierte que el recurso de apelación sólo puede interponerse como
subsidiario del de reposición, en ningún caso de manera directa, ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios[56].
90.
A su turno, la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios estableció que no eran procedentes
los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos
se pretendía discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso
oportuno[57].
91.
Aunado a ello, se advierte que en materia de servicios públicos domiciliarios
opera el silencio administrativo positivo, esto es, la empresa respectiva debe
responder los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15)
días hábiles contabilizados a partir de la fecha de su presentación. Una vez
vencido el término sin que la empresa hubiere dado respuesta, se entenderá que
el recurso ha sido resuelto en forma favorable al usuario, salvo que se
demuestre que aquel auspició la demora[58].
92. Ahora bien, la jurisprudencia de
esta Corporación ha sido consistente en afirmar que el ejercicio no oportuno de
los recursos de la vía gubernativa en contra de las decisiones empresariales en
materia de servicios públicos domiciliarios torna en improcedente la acción de
tutela, así:
“En el presente caso,
como quedó demostrado con las certificaciones enviadas a la Corte
Constitucional tanto por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.P.S., como por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios –Dirección Territorial Norte-, la accionante no impugnó la
decisión adoptada por la demandada, pretendiendo que mediante la acción de
tutela se declare la violación del derecho al debido proceso. El no ejercicio
oportuno de los recursos en la vía gubernativa y en los procesos judiciales,
hace improcedente la acción de tutela”[59] (Se destaca).
93. De conformidad con lo anterior,
esta Sala de Revisión advierte que a luz del artículo 86[60]
de la Constitución Política, tanto la vía gubernativa como la sede judicial
resultan efectivas para darle solución a las inconformidades que puedan sufrir
los usuarios con ocasión del contrato de servicios públicos.
94. Por su
parte, la sentencia T-224 de 2006 indicó lo siguiente:
“… la empresa decidió imponer sanción pecuniaria por las irregularidades
encontradas y lo hizo a través de la decisión empresarial N° 1388692 de
diciembre 30 de 2004, en la que se informa que contra la misma procedían los
recursos de reposición y en subsidio de apelación ante la Superintendencia. A
efectos de realizar la notificación personal de esta determinación, la empresa
citó a las instalaciones de la electrificadora a la propietaria y/o usuarios
del inmueble a través de correo certificado y que fue recibido por el señor
Ever Aroom el día 5 de enero de 2005 (folios 49, 50 y 51).
Al no acercarse ninguna de las personas involucradas a la empresa de
energía para realizar la notificación personal, la empresa procedió a hacer la
notificación de la decisión empresarial sancionatoria a través de edicto fijado
el día 14 de enero de 2005 y desfijado el día 27 del mismo mes y año, con lo
cual respetó el debido proceso, toda vez que se surtió la actuación conforme lo
establece el C.C.A. y el Contrato de Condiciones Uniformes (folio 52). Pese a
todas estas etapas, ni la suscriptora, ni los usuarios, entre ellos el
accionante, interpusieron los recursos de vía gubernativa.
En ese orden, dado el respeto al debido proceso por parte de la
electrificadora como pudo establecerse, el accionante dejó vencer los términos
para la interposición de los recursos, buscando posteriormente a través de la
acción de tutela el reconocimiento de un derecho que habría podido obtener de
haber ejercido los medios de impugnación que tuvo a la mano. (…).
En el presente caso, ni
el accionante ni los demás usuarios del servicio de energía en el inmueble
impugnaron la decisión adoptada por la demandada, pretendiendo que mediante la
acción de tutela se declare la violación del derecho al debido proceso. El no
ejercicio oportuno de los recursos en la vía gubernativa y en los procesos
judiciales, hace improcedente la acción de tutela, (…)” (Negrillas adicionales
fuera del texto original).
95. Por su
parte, la sentencia T-122 de 2015 estableció los eventos en los cuales procede
la acción de tutela en materia de servicios públicos domiciliarios, así:
“En lo que respecta al asunto de los servicios públicos
domiciliarios, se hace necesario precisar que los usuarios cuentan, además de
los recursos por vía gubernativa, con las acciones ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, para controvertir las actuaciones de las empresas
de servicios públicos que lesionen sus intereses y derechos, en orden a obtener
su restablecimiento. De ello se advierte la existencia de una vía especial para
dirimir los conflictos que puedan surgir entre las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios y los suscriptores potenciales, los
suscriptores activos, o los usuarios. Sin embargo, en los eventos en que con
la conducta o las decisiones de las empresas de servicios públicos
domiciliarios se afecten de manera evidente derechos constitucionales
fundamentales, como la dignidad humana, la vida, la igualdad, los derechos de
los desvalidos, la educación, la seguridad personal, la salud, la salubridad
pública etc., el amparo constitucional resulta procedente”.
96. Desde
la anterior perspectiva jurisprudencial, esta Sala de Revisión reitera la
obligación del propietario, usuario y/o suscriptor del servicio público
domiciliario de agotar los recursos de la vía gubernativa en contra de las
decisiones empresariales, puesto que ello garantiza el derecho fundamental al
debido proceso de cada uno de los sujetos involucrados en el correspondiente
contrato de servicios públicos.
97. No
obstante lo anterior, esta Corporación ha destacado que la acción de tutela
resulta procedente contra aquellas decisiones empresariales que llegaren a
afectar, de manera evidente, derechos constitucionales fundamentales, tales
como la dignidad humana, la
vida, la igualdad, los derechos de los desvalidos, la educación, la seguridad
personal, la salud, la salubridad pública, etc.
3.1.4.2. Control de legalidad ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
98. El Título II de la Ley 142 de 1994 regula el régimen de actos
y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios y, en su
artículo 38[61], distinguió, de manera expresa, los
efectos de la nulidad sobre actos y contratos relacionados con servicios
públicos y, en tal sentido, señaló que la anulación judicial de un acto
administrativo sólo produce efectos hacia el futuro.
99. Aunado a ello, dicho precepto normativo prevé que el
restablecimiento del derecho o la reparación del daño que se ordene como
consecuencia de la declaratoria de la nulidad, se hará en dinero si es
necesario, a fin de no perjudicar la prestación del servicio al público ni los
actos o contratos celebrados de buena fe.
100.
En esa medida, esta Sala de Revisión advierte que las facturas expedidas por
las empresas de servicios públicos domiciliarios, así como también las
respuestas a reclamaciones, además de ser recurribles en sede administrativa,
son atacables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en
el artículo 138[62]
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
101.
Por último, se advierte que el artículo 155[63] de la Ley 142
de 1994 le prohíbe a las empresas de servicios públicos exigirle a los usuarios
el pago de la factura como requisito para atender la reclamación relacionada
con esta, razón por la cual, para esta Sala de Revisión no existe obstáculo
alguno que le impida a los usuarios agotar la vía gubernativa en materia de
servicios públicos.
3.1.4.3.
Caso concreto
102.
Descendiendo al asunto sub judice, esta Corporación procederá a analizar
si en cada uno de los expedientes de tutela se cumple con el requisito de
subsidiariedad aludido, para lo cual, se identificará el tipo de decisión
empresarial respecto de la cual el tutelante esgrime una vulneración de sus
derechos fundamentales.
Expediente T-6.402.527
103.
Esta Sala de Revisión recuerda que dentro del presente asunto el tutelante
adujo que formuló la referida acción constitucional en contra de la empresa
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. por la “expedición de la factura del mes de
noviembre de 2016, por Energía Consumida Dejada de Facturar por valor de
$925.440,oo más $134.160,oo por verificación de reconexión facturados en los
meses de diciembre de 2016 y abril de 2017, para un total de $1´059.600,oo”[64].
104.
Pues bien, a folios 12-15 del cuaderno 1 obra copia de las facturas de los
siguientes períodos de consumo con el correspondiente valor a cancelar, así:
Factura No.
Período de facturación
Total a pagar mes // Total facturas por pagar
34401611008958
10/10/2016 - 09/11/2016
$34.750     //   $960.100
34401612008982
09/11/2016 - 09/12/2016
$108.270     //   $1’068.460
34401702008873
10/01/2017 - 07/02/2017
$27.080  //   $27.080
34401703009517
07/02/2017 - 09/03/2017
$29.440      //   $1’021.960
105.
Ahora bien, esta Sala de Revisión reitera que el tutelante, en el
correspondiente escrito de la acción constitucional, advirtió que había elevado
derecho de petición ante la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., a través del
cual solicitó las pruebas obtenidas por dicha empresa para afirmar que estaba
cobrando el consumo de energía no facturada, sin embargo, según el ciudadano
aludido, tal petición no fue contestada. En consecuencia, el señor Sierra
Bautista solicitó ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la
configuración del silencio administrativo positivo, sin que exista prueba
acerca de lo que resolvió la mencionada superintendencia.
106.
Pues bien, una vez revisado el expediente de la referencia, esta Sala de
Revisión no encontró elemento probatorio alguno que acreditara la supuesta
solicitud de configuración del silencio administrativo positivo, ni mucho menos
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hubiere resuelto de
fondo dicha petición.
107.
A propósito de lo anterior, se advierte que el 14 de diciembre de 2017, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante oficio No.
20178203287911, dio respuesta al requerimiento efectuado por esta Corporación,
en el cual manifestó lo siguiente:
“Expediente
T-6.402.527
Nombre
del usuario:                 JHON JAIRO SIERRA BAUTISTA
Cédula
de ciudadanía:                       (…)
Número
de identificación del usuario:         (…)
Para
el lapso comprendido entre el primero de enero de 2016 y [el]
7 de diciembre de 2017, la Dirección Territorial Norte de la Superintendencia
revisó en el sistema de gestión documental Orfeo y no se encontró recibido
en nuestras dependencias petición, queja o recurso (PQR) o solicitud de
investigación por silencio administrativo (SAP) por el accionante contra
decisión administrativa proferida por la Empresa Electrificadora del Caribe
S.A. E.S.P.” (Se destaca).
108. Obsérvese cómo la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios corrobora aún más el incumplimiento del requisito de subsidiariedad
por parte del tutelante, habida cuenta de que una vez revisó el Sistema de
Gestión Documental Orfeo no encontró petición alguna elevada por el señor Jhon
Jairo Sierra Batista en cuya virtud mostrase inconformidad alguna respecto de
las facturas aludidas.
109. Tampoco se encuentra que haya acudido a la vía
jurisdiccional.
110.
Ahora bien, a fin de establecer la condición socioeconómica del señor Jhon
Jairo Sierra Batista, esta Sala de Revisión verificó en la página web del
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN–
el puntaje asignado a dicho ciudadano, el cual es de 19,06[65]. Al
respecto, debe advertirse que aun cuando este puntaje es indicativo de un nivel
de pobreza extrema, lo cierto es que tal situación, en el caso concreto, no constituye per se una condición suficiente de
vulnerabilidad y, en esa medida, para efectos de analizar la eficacia de los
medios o recursos judiciales con que formalmente cuenta para la protección de
sus derechos constitucionales fundamentales se debe analizar un contexto de
múltiples situaciones confluyentes, como por ejemplo, si el tutelante hace
parte de algún grupo de especial protección constitucional.
111. Adicionalmente, debe advertirse que de los hechos descritos
en la demanda de tutela no se infiere en modo alguno la posible configuración de
un perjuicio irremediable que justifique considerar siquiera la procedibilidad
excepcional de la tutela con miras a otorgar un amparo transitorio.
Expediente T-6.402.528
112.
Dentro del presente asunto, el tutelante formuló la referida acción
constitucional en contra de la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., debido a la
supuesta negativa de la empresa en instalarle un segundo medidor en la vivienda
ubicada en la calle 8 No. 5ª-8 apto. 1 del barrio El Centro del municipio de
Aracataca. Señala el tutelante que hasta la fecha, la empresa accionada no ha
efectuado la instalación aludida.
113.
Ahora bien, una vez examinado el acervo probatorio, esta Corporación observó
que a folio 7 del cuaderno 1 reposa una constancia elaborada por ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P. en la cual se indicó que el señor Yasid Aurelio Sánchez Sánchez
solicitó la instalación de un medidor de 220 voltios en el bien inmueble
aludido. No obstante, no obra respuesta alguna a tal solicitud por parte de la
empresa accionada.
114.
De igual forma, se tiene que no existe medio de acreditación alguno que dé
cuenta de que el señor Sánchez Sánchez hubiere solicitado la configuración del
silencio administrativo positivo, el cual resulta procedente en asuntos de
servicios públicos domiciliarios, tal como lo dispone el artículo 158 de la Ley
142 de 1994.
115.
Pero es más, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante
oficio No. 20178203287911, dio respuesta al requerimiento efectuado por esta
Corporación, de la cual se desprende la siguiente información:
“Expediente
T-6.402.528
Nombre
del usuario:       YASID AURELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Cédula
de ciudadanía:                       (…)
Número
de identificación del usuario:         (…)
Para
el lapso comprendido entre el primero de enero de 2016 y [el]
7 de diciembre de 2017, la Dirección Territorial Norte de la Superintendencia
revisó en el sistema de gestión documental Orfeo y no se encontró recibido
en nuestras dependencias PQR o SAP, por el accionante contra decisión
administrativa proferida por la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.”
(Se destaca).
116.
La anterior transcripción evidencia el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad por parte del tutelante, toda vez que fue la entidad encargada
de la inspección, vigilancia y control a la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, la que certificó que el señor Sánchez Sánchez no había
formulado solicitud alguna relacionada con los hechos a los cuales se refiere
la presente acción de tutela.
117.
Una vez consultada la página web del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN– se observó que el puntaje asignado
a dicho ciudadano es de 29,00[66].
En efecto, se advierte que si bien este puntaje es indicativo de un nivel de
pobreza, lo cierto es que tal situación, en el caso concreto, no constituye per se una condición suficiente de
vulnerabilidad y, en consecuencia, para efectos de analizar la eficacia de los
medios o recursos judiciales con que formalmente cuenta para la protección de
sus derechos constitucionales fundamentales resulta necesario evaluar un
contexto de múltiples situaciones confluyentes, como por ejemplo, si el
tutelante hace parte de algún grupo de especial protección constitucional.
118. Además, debe advertirse que de los supuestos fácticos
descritos en la acción de tutela no se desprende la posible configuración de un
perjuicio irremediable que amerite la procedencia excepcional de la tutela para
otorgar una protección transitoria.
Expediente T-6.402.529
119.
En el correspondiente libelo se indicó que unos contratistas
de la empresa Electricaribe S.A. E.S.P. iniciaron un proceso administrativo en
contra de la señora Nubia Esther Baquero de Ortiz por supuestas instalaciones fraudulentas,
el cual tuvo su origen como consecuencia de una visita efectuada a la vivienda
de dicha ciudadana sin que ella estuviera presente.
120.
Pues bien, a folios 7-9 del cuaderno 1 obra el siguiente oficio elaborado por
la empresa ELECTRICARIBE S.A E.S.P. del cual se desprende lo siguiente:
“La empresa
Electricaribe S.A. E.S.P. en ejercicio de las facultades conferidas por la
Ley 142 de 1994, el contrato de condiciones uniformes y demás normas que
regulan la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, realizó
una revisión de la instalación eléctrica el día MARTES 21 DE MARZO DE 2017 en
las instalaciones eléctricas del inmueble ubicado en la CL 4 No. 17E-69 del
municipio de Aracataca, identificado en el sistema comercial, con el NIC
3839152, levantándose acta de revisión e instalación eléctrica No. 23660232 en
la cual se dejó constancia de la anomalía técnica detectada y de haber
comunicado el cliente/usuario el derecho que tienen de ser asistido por un
técnico particular.
La revisión técnica
se realizó conforme a lo establecido en las cláusulas 43 ‘VERIFICACIÓN EN SITIO
DE INSTALACIÓN Y DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA’ y 44 ‘GARANTÍAS
PARA LA VERIFICACIÓN EN SITIO’ del contrato de condiciones uniformes de
ELECTRICARIBE y las normas técnicas, concediéndoles incluso al usuario el
derecho de ser asistido por un técnico particular.
Teniendo en
cuenta lo anterior, ELECTRICARIBE procedió a la valoración de las siguientes
pruebas y soportes, los cuales se encuentran adjuntos (sic) al
presente documentos (sic), para su conocimiento:
1. Acta de
revisión: Dentro del expediente, se encuentra como prueba documental el acta de
revisión con orden de servicio No. 23660232 de fecha 3/21/2017 en la cual se
plasmaron los resultados evidenciados en la revisión técnica desarrollada en
las instalaciones técnicas del inmueble en mención, en esta acta se consignó
la anomalía consistente en ACOMETIDA FRAUDULENTA – SERVICIO DIRECTO ANTES DE
EQUIPO DE MEDIDA (MI/ME), datos del cliente, datos del predio, censo de carga
de los aparatos eléctricos susceptibles de conexión encontrándose 1.97 Kw.
2. Fotografías
que evidencian la anomalía técnica detectada: En desarrollo de la revisión se
obtuvieron registros fotográficos que soportan el procedimiento adelantado el
día de la revisión técnica y evidencian la anomalía detectada.
3. Formato de
liquidación: Es la cuantificación de la energía consumida dejada de facturar, a
causa de la anomalía detectada.
FUNDAMENTOS PARA
DETERMINAR EL CONSUMO FACTURABLE NO MEDIDO O REGISTRADO
De conformidad
con lo establecido en la presente comunicación, se prueba por parte de
Electricaribe S.A. E.S.P. la existencia de la anomalía técnica encontrada en el
inmueble en mención, la cual originó la existencia de una energía consumida
dejada de facturar.
Determinación
del consumo facturable no medido o registrado por acción u omisión del usuario:
El consumo facturable no medido o registrado por causa de la anomalía
detectada, se determinará por período de facturación (C2), que será la
diferencia entre el consumo calculado para el inmueble en condiciones normales
(C1) y el consumo medido por ELECTRICARIBE y efectivamente facturado durante el
tiempo que permaneció la conducta irregular, si no se logra determinar esto último,
durante los últimos cinco (5) meses, (C0), será la sumatoria de los consumos
facturados irregulares antes de la revisión, según la siguiente fórmula: (…).
De acuerdo a lo
consignado en el formato de liquidación adjunto, se procede a cuantificar la
energía consumida dejada de facturar en pesos de acuerdo a la tarifa vigente al
momento de la detección de la irregularidad, así:
(C2) Energía
consumida dejada de facturar = 1841 kWh
(VL) Tarifa
vigente ($/kWh) = 401.73
Importe del
consumo = 1841 kWh x 401.73 $/kWh = $739.584,94
Adjunto encontrará
la factura con la descripción detallada de los conceptos facturados en la
misma. La empresa Electricaribe S.A. E.S.P., conforme a sus políticas
comerciales, le ofrece algunos planes para que usted pueda financiar esta
deuda; en virtud a ello le solicitamos se sirva hacer presencia en los centros
de atención más cercano a su residencia o llamar la línea de atención 115.
Según lo
dispuesto en el inciso 2° del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, modificado
por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, el propietario, el suscriptor y
usuario del servicio son solidarios en los derechos y obligaciones derivados
del contrato de servicios públicos.
Finalmente,
contra esta factura y sus anexos procede reclamación escrita, que será resuelta
por Electricaribe S.A. E.S.P. y contra esa decisión usted podrá presentar los
recursos de reposición ante Electricaribe S.A. E.S.P. y en subsidio el de
apelación, el cual será decidido por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994 y en el
contrato de condiciones uniformes de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.”[67] (Negrillas
adicionales fuera del texto original).
121. Aunado a
ello, a folio 10 del cuaderno 1 obra copia de la factura de consumo de energía
eléctrica por valor de $653.740, el cual corresponde al período comprendido
entre el 22 de octubre de 2016 y el 21 de marzo de 2017.
122.
Dilucidado lo anterior, esta Sala de Revisión encuentra que en el presente
asunto no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, por cuanto, no se
agotó la vía gubernativa, esto es, como bien se señaló en el oficio transcrito,
contra esa decisión administrativa procedía reclamación escrita, sin embargo,
no se demostró que la tutelante hubiere elevado reclamación alguna ante la
citada empresa de servicios públicos.
123.
Al respecto, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, mediante oficio No. 20178203287911, manifestó lo
siguiente:
“Expediente
T-6.402.529
Nombre
del usuario:       NUBIA ESTHER BAQUERO DE ORTIZ
Cédula
de ciudadanía:                       (…)
Número
de identificación del usuario:         (…)
Para
el lapso comprendido entre el primero de enero de 2016 y [el]
7 de diciembre de 2017, la Dirección Territorial Norte de la Superintendencia
revisó en el sistema de gestión documental Orfeo y no se encontró recibido
en nuestras dependencias PQR o SAP, por el accionante contra decisión
administrativa proferida por la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.”
(Se destaca).
124. Adicionalmente, debe advertirse que de los hechos descritos
en la acción de tutela no se desprende la posible configuración de un perjuicio
irremediable que amerite un amparo transitorio.
125.
Una vez consultada la página web del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN– se observó que el puntaje asignado
a dicho ciudadano es de 28.70[68].
Al respecto, debe advertirse que si bien este puntaje es indicativo de un nivel
de pobreza, lo cierto es que tal situación, en el caso concreto, no constituye per se una condición suficiente de
vulnerabilidad y, en esa medida, para efectos de analizar la eficacia de los
medios o recursos judiciales con que formalmente cuenta para la protección de
sus derechos constitucionales fundamentales se debe examinar un contexto de
múltiples situaciones confluyentes, como por ejemplo, si el tutelante hace
parte de algún grupo de especial protección constitucional.
126.
Así las cosas, para esta Sala de Revisión resulta claro que la tutelante no
cumplió con el requisito de subsidiariedad, por lo tanto, se impone concluir que
la acción constitucional impetrada es improcedente.
Expediente T-6.402.530
127. En el escrito de tutela se adujo que la señora Jenny
Esperanza Rivera Pérez es usuaria del servicio de energía eléctrica en su
inmueble de residencia identificado con el NIC 3837614. Se narra en el
correspondiente libelo que la tutelante se encuentra a paz y salvo con las
facturas respectivas. No obstante, señaló que en la factura del período
comprendido entre el 12 de abril y el 16 de mayo de 2017 “aparece un monto
por la suma de $612.010,oo, por facturas por pagar, que sacando el valor del
consumo que es la suma de $37.140,oo, quedaría un monto pendiente de factura
$574.870,oo, que es lo que manifiesta la empresa Electricaribe debo cancelar”[69].
128.
Revisado el expediente, a folios 3-4 del cuaderno 1 obra copia de las facturas
de los siguientes períodos de consumo con el correspondiente valor a cancelar,
así:
Factura No.
Período de facturación
Total a pagar mes // Total facturas por pagar
34401704017527
14/03/2017 - 12/04/2017
$33.940     //   $33.940
34401705017254
12/04/2017 – 16/05/2017
$37.140     //   $612.010
129.
Al respecto debe señalarse que dentro de los medios probatorios disponibles
ninguno de estos da cuenta que contra las facturas aludidas se hubiere agotado
la vía gubernativa, esto es, no existe constancia alguna de la utilización de
los mecanismos de defensa del usuario en sede de empresa , tal como lo exige el
inciso tercero del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, tan es así, que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el oficio No.
20178203287911 de diciembre 13 de 2017, precisó lo siguiente:
“Expediente
T-6402530
Nombre del
usuario:       JENNY ESPERANZA RIVERA PÉREZ
Cédula de
ciudadanía:                       (…)
Número de
identificación del usuario:         (…)
Para
el lapso comprendido entre el primero de enero de 2016 y [el]
7 de diciembre de 2017, la Dirección Territorial Norte de la Superintendencia
revisó en el sistema de gestión documental Orfeo y no se encontró recibido
en nuestras dependencias PQR o SAP, por el accionante contra decisión
administrativa proferida por la empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.”
(Se destaca).
130.
En este orden de ideas, esta Sala de Revisión considera que en el presente
proceso no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, habida consideración
de que no se agotó la vía gubernativa, motivo por el cual, se declarará la
improcedencia de la acción de tutela.
131.
Una vez consultada la página web del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN– se observó que el puntaje asignado
a dicho ciudadano es de 44.94[70].
Al respecto, debe advertirse que si bien este puntaje es indicativo de un nivel
de pobreza, lo cierto es que tal situación, en el caso concreto, no constituye per se una condición suficiente de
vulnerabilidad y, en esa medida, para efectos de analizar la eficacia de los
medios o recursos judiciales con que formalmente cuenta para la protección de
sus derechos constitucionales fundamentales se debe examinar un contexto de
múltiples situaciones confluyentes, como por ejemplo, si el tutelante hace
parte de algún grupo de especial protección constitucional.
132. Adicionalmente, debe advertirse que de los hechos descritos
en la acción de tutela no se desprende la posible configuración de un perjuicio
irremediable que amerite un amparo transitorio.
Expediente T-6.402.531
133.
En la acción de tutela de la referencia se narró que el
24 de enero de 2017, funcionarios de la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
acudieron a la residencia del señor Juan Bautista Cantillo Ruiz, a fin de practicar
una inspección en el mencionado predio. Una vez realizada la revisión aludida,
le informaron al citado usuario que todo se encontraba en orden y “que no
había ningún inconveniente pues no habían encontrado hallazgo”[71].
134. Sin embargo, esa misma fecha la empresa accionada le informó
al tutelante que sí era necesario efectuar el cambio del medidor respectivo,
situación ante la cual se opuso, debido a que los funcionarios de dicha empresa
le habían manifestado que el citado equipo se encontraba en buen estado. El
señor Cantillo Ruiz accedió al reemplazo del correspondiente contador, por el
cual, canceló la suma de $40.000.
135. Luego, el tutelante fue notificado personalmente de un
proceso administrativo adelantado por la empresa accionada, en tanto que, con
ocasión de la referida visita técnica, se habían detectado anomalías en el citado
medidor, razón por la cual, Electricaribe S.A. E.S.P. concluyó que existía una “anomalía
fraudulenta – acometida aérea intervenida”[72].
136. Una vez verificado el escaso acervo probatorio, a folios 7-11
del cuaderno 1, esta Sala de Revisión observa el siguiente oficio elaborado por
la empresa ELECTRICARIBE S.A E.S.P. del cual se lee lo siguiente:
“En atención
a su escrito presentado en nuestro centro de atención presencial el día 21 de
marzo de 2017, reclamando por el cobro de energía dejada de facturar emitido con
radicación 234711733838113 de fecha 26 de enero de 2017, al respecto informamos
lo siguiente:
La empresa
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en ejercicio de las facultades
conferidas por la Ley 142 de 1994, el contrato de condiciones uniformes y demás
normas que regulan la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica, realizó el día 24 de enero de 2017 una revisión en las
instalaciones eléctricas del inmueble ubicado en el SECTOR 1 No (sic) Manzana
L-6 del municipio de ARACATACA, identificado en el sistema comercial, con el
NIC. 3838113.
En desarrollo de
esta visita técnica y para efectos de acreditar las actuaciones adelantadas
durante esta visita se levantó el acta de instalación de eléctrica No. 23471173
encontrándose la anomalía consistente en: ACOMETIDA FRAUDULENTA – ACOMETIDA
AÉREA INTERVENIDA (DERIVACIÓN). Así mismo, se obtuvieron las
siguientes pruebas acta de censo de carga, fotografías y/o videos y formato de
liquidación que soportan el cobro por la energía consumida dejada de facturar.
(…).
Teniendo en
cuenta lo anterior, ELECTRICARIBE procedió a la valoración de las pruebas y
soportes recaudados, se evidenció la situación anómala detectada y la forma
como esta afectó el registro de la energía consumida en el suministro; se
resalta en el análisis del caso.
Consideraciones
a los fundamentos del cliente.
La empresa
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley
142 de 1994 en su artículo 150, el contrato de condiciones uniformes, y con
fundamento en la sentencia SU-1010/08, por medio de la cual la Corte
Constitucional hace mención de la facultad que tienen las empresa de servicios
públicos para cobrar los servicios no facturados en caso de desviaciones
significativas frente a consumos anteriores, procede a emitir el cobro de la
energía dejada de facturar sin que se haga necesario agotar un proceso
administrativo.
En el acta de
revisión e instalación eléctrica se dejó constancia de la irregularidad
detectada de haber comunicado al cliente/usuario el derecho que tiene de ser
asistido por un técnico particular, y en general del procedimiento adelantado,
lo anterior de acuerdo a lo establecido en la cláusula 44 –GARANTÍAS PARA LA
VERIFICACIÓN EN SITIO del contrato de condiciones uniformes.
(…).
En consecuencia,
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. confirma la energía consumida dejada de facturar,
Factura No. 3838113205, por valor de $827.710, Radicación No. 234711733838113,
toda vez que las pruebas recaudadas demuestran una energía consumida pero no
facturada como consecuencia de la anomalía encontrada. Sin embargo, no se
emitirá cobro ni suspensión del servicio en relación a dicho valor hasta no
estar debidamente agotada la vía gubernativa:
De conformidad
con lo establecido en la cláusula 48 del mencionado contrato, la metodología
para el cálculo de la energía consumida dejada de facturar es la siguiente:
(…).
Teniendo en
cuenta lo anterior, en el formato de liquidación adjunto se determina la forma
en que se liquida la energía en su caso particular y el método empleado, tal y
como se establece en la cláusula 48 ‘METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA ENERGÍA
CONSUMIDA DEJADA DE FACTURAR’ del contrato de condiciones uniformes de la
empresa, la cual se resume de la siguiente manera:
(C2) Energía
consumida dejada de facturar = 2025 kWh
(VL) Tarifa
vigente ($/kWh) = 434.03
Importe del
consumo = 2025 kWh x 434.03 $/kWh = $878.910,75
Discriminación
factura:
Consumo                                                     $878.910,75
Impuesto de IVA                                          $4.592,00
Subsidio                                                      $-85.353,06
Costos de
inspección – Irregularidades       $28.700,00
Aproximación a
decenas                             $-0.69
TOTAL                                                       $827.710
Por lo anterior,
su reclamación ha sido resuelta de manera desfavorable.
Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio, el de
apelación para que sea resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. La presentación de los recursos deberá realizarla, por escrito y
simultáneamente, ante ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de conocimiento de la presente.
No obstante de
conformidad con el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, para presentar los
anteriores recursos se deberá acreditar el pago de las sumas que no son objeto
de reclamo”[73] (Negrillas
adicionales fuera del texto original).
137. Adicionalmente,
a folio 12 del cuaderno 1 obra copia de la factura de consumo de energía
eléctrica por valor de $910.560, el cual corresponde al período comprendido
entre el 12 de abril de 2017 y el 16 de mayo de 2017.
138.
Establecido lo anterior, esta Sala de Revisión observa que en el asunto de la
referencia no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, toda vez que, no
se agotó la vía gubernativa, esto es, como bien se señaló en el oficio
transcrito, contra esa decisión administrativa procedía reclamación escrita,
sin embargo, no se encuentra acreditado que el tutelante hubiere elevado tal
reclamación ante la citada empresa.
139.
En efecto, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios corroboró la omisión del tutelante, a través de oficio No.
20178203287911, en el cual señaló expresamente que el señor Cantillo Ruiz no
agotó la vía gubernativa en debida forma, lo anterior, para mayor claridad y
precisión, se manifestó en los siguientes términos:
“Expediente
T-6402531
Nombre
del usuario:       JUAN BAUTISTA CANTILLO RUIZ
Cédula
de ciudadanía:                       (…).
Número
de identificación del usuario:         (…).
Para
el lapso comprendido entre el primero de enero de 2016 y [el]
7 de diciembre de 2017, la Dirección Territorial Norte de la Superintendencia
revisó en el sistema de gestión documental Orfeo y recurso administrativo o
solicitud de investigación por silencio administrativo positivo, por el
accionante contra decisión administrativa proferida por la empresa Electrificadora
del Caribe S.A. E.S.P.
El
22 de marzo de 2017, el señor JUAN BAUTISTA CANTILLO RUIZ presentó en sede de
la Superintendencia una petición que quedó radicada bajo el número
20178200235932 y mediante la cual puso en conocimiento de este organismo una
inconformidad respecto de la facturación del servicio de energía eléctrica;
pero sin el agotamiento del mecanismo de defensa legalmente establecido según
el capítulo VII del título VIII de la Ley 142, artículos 152 y siguientes.
La
Superintendencia mediante la comunicación número 20178200509411 del 23 de marzo
de 2017, dirigida al señor JUAN BAUTISTA CANTILLO, suscrita por la doctora
JENNY ELIZABETH LINDO DÍAZ, en su calidad de Directora Territorial Norte (E),
dio respuesta a la petición y aclaró el procedimiento legalmente establecido
en el régimen especial de los servicios públicos para que este organismo, en
segunda instancia, pueda avocar conocimiento y revisar vía recurso de apelación
las decisiones empresariales de que tratan el artículo 154 de la Ley 142, esto
es, actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y
facturación.
Hasta
aquí las cosas, la Superintendencia aporta la información requerida por la
Honorable Corte Constitucional” (Se destaca).
140.
Una vez consultada la página web del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN– se observó que el puntaje asignado
a dicho ciudadano es de 33.33[74].
Al respecto, debe advertirse que si bien este puntaje es indicativo de un nivel
de pobreza, lo cierto es que tal situación, en el caso concreto, no constituye per se una condición suficiente de
vulnerabilidad y, en esa medida, para efectos de analizar la eficacia de los
medios o recursos judiciales con que formalmente cuenta para la protección de
sus derechos constitucionales fundamentales se debe examinar un contexto de
múltiples situaciones confluyentes, como por ejemplo, si el tutelante hace
parte de algún grupo de especial protección constitucional.
141. Adicionalmente, debe advertirse que de los hechos descritos
en la acción de tutela no se desprende la posible configuración de un perjuicio
irremediable que amerite un amparo transitorio.
142.
Ante tal panorama, para esta Sala de Revisión no hay asomo de duda respecto del
incumplimiento del requisito de subsidiariedad por parte del tutelante y, en
tal sentido, declarará la improcedencia de la presente acción de tutela.
143. Al descender a los casos
concretos, esta Sala de Revisión observa que los tutelantes no expusieron
razones que justificaran por qué los mecanismos ordinarios disponibles, tales
como los recursos de la vía gubernativa y/o medios de control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativa, i) no resultaban
eficaces para la protección de los derechos fundamentales que se alegaron como vulnerados,
ni tampoco ii) adujeron qué perjuicio irremediable se configuraría
durante el lapso que tardara el trámite de tales mecanismos, distintos al recurso
de amparo, ni muchos menos iii) alegaron y/o probaron situación
de vulnerabilidad alguna.
144. Ante tal perspectiva fáctica, probatoria
y jurisprudencial, esta Sala de Revisión concluye que las acciones de tutela
formuladas resultan improcedentes para obtener la protección de los derechos fundamentales
alegados en los cinco casos analizados y, por ende, los tutelantes deberán
acudir a los mecanismos ordinarios para elevar las reclamaciones
correspondientes, de conformidad con las reglas y procedimientos previstos en
la Ley 142 de 1994. Ello no es óbice, para que, ulteriormente, si consideran
que en el ejercicio de tales mecanismos ordinarios se vulneran sus derechos
fundamentales, o en otras circunstancias que lo ameriten, acudan eventualmente
a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos.
5. Síntesis de la decisión
145. En el asunto de la referencia, la Sala Primera de Revisión
declarará la improcedencia de las acciones de tutela formuladas por unos
ciudadanos dentro los expedientes acumulados Nos. T-6.402.527, T-6.402.528,
T-6.402.529, T-6.402.530 y T-6.402.531, porque en ninguno de los casos se
cumplió con el requisito de subsidiariedad.
146.
En las acciones de tutela contenidas en los procesos Nos. T-6.402.527,
T-6.402.528, T-6.402.529, T-6.402.530 y T-6.402.531, la Sala Primera de
Revisión concluyó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, habida
consideración de que los propietarios, usuarios y/o suscriptores <<dependiendo
el caso>> no agotaron los recursos de la vía gubernativa en contra de
cada una de las facturas y/o decisiones empresariales emitidas por la empresa
Electricaribe S.A. E.S.P., ni mucho menos acudieron ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para cuestionar tales actos administrativos.
147.
Aunado a ello, en los correspondientes libelos de tutela no acreditaron la
configuración de un perjuicio irremediable, ni mucho menos demostraron
situación de vulnerabilidad alguna por parte de los tutelantes.
III.
DECISIÓN
148. Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca, los días 24 y 30 de mayo de
2017, los días 2 y 7 de junio de la misma anualidad dentro de los expedientes
T-6.402.527, T-6.402.528, T-6.402.529, T-6.402.530 y T-6.402.531 que concedieron
el amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR improcedentes las acciones
de tutela interpuestas por los usuarios de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en cada de
uno de los procesos aludidos.
Segundo.- LIBRAR, por la Secretaría General
de esta Corporación, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto Ley
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, comuníquese, y cúmplase.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA
FAJARDO RIVERA
A LA
SENTENCIA T-013/18
ACCION DE TUTELA CONTRA
ELECTRICARIBE-Se debió flexibilizar requisito de
subsidiariedad, por cuanto accionantes son sujetos de especial protección
constitucional en condición de vulnerabilidad económica
(Salvamento de voto)
Si el juez constitucional estima que la
condición de vulnerabilidad económica de los accionantes no se corresponde
completamente con la realidad (pues es posible que el Sisbén se equivoque), lo
que le corresponde no es pasar por alto aquello que sugieren estos puntajes. Es
su deber justificar las razones que lo llevan a las conclusiones que deja
plasmadas en sus fallos; no basta con afirmar que una persona no es vulnerable
pese a estar en una situación de pobreza extrema para negar el amparo de sus
derechos fundamentales. Por tanto, considero que, si la Sala tenía dudas sobre
la verdadera necesidad de flexibilizar el requisito de subsidiariedad para el
caso concreto de los accionantes de estas tutelas, debió hacer uso de las
amplias facultades con las que cuenta el juez constitucional en materia
probatoria
M.P.
CARLOS BERNAL PULIDO
Con el respeto acostumbrado por las
providencias de la Corte, me permito expresar las razones por las cuales me
aparto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala de Revisión en el
asunto de la referencia.
En el presente caso, la Sala analizó las
tutelas interpuestas por cinco ciudadanos en contra de Electricaribe S.A.
E.S.P. (en adelante, “Electricaribe”), por considerar que la empresa vulneraba
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la honra, al buen nombre, a la
vida en condiciones dignas, a la igualdad, al acceso a los servicios públicos y
de petición. Los accionantes alegaban que la empresa vulneró sus derechos
fundamentales al incluir en sus respectivas facturas del servicio público de
energía cobros presuntamente indebidos por consumo de energía dejada de
facturar, por verificación de reconexión del servicio y por la instalación de
un medidor de energía. En algunos casos, los accionantes presentaron derechos
de petición a Electricaribe solicitando su revisión, pero no recibieron
respuesta por parte de la empresa. Además, la empresa suspendió el servicio de
energía eléctrica en la vivienda de dos accionantes, por falta de pago.
Los cinco casos fueron fallados en única
instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca, autoridad judicial
que decidió, en todos ellos, amparar los derechos fundamentales de los
accionantes y dejar sin efecto las cuentas de cobro objeto de la controversia.
La Sala Primera de Revisión resolvió revocar dichas sentencias y, en su lugar,
declarar improcedentes las acciones de tutela interpuestas contra
Electricaribe.
El motivo por el que me aparto de la
decisión mayoritaria tiene que ver con la forma en que se abordó el estudio de
la condición de vulnerabilidad de los accionantes, para evaluar si era viable
flexibilizar el requisito de subsidiariedad en la determinación de la
procedencia de las tutelas; pues desconoce el mandato expreso constitucional de
protección a las personas en condición de vulnerabilidad económica. A
continuación expongo las razones que me llevan a dicha conclusión.
1. Antes de entrar a estudiar el asunto
de fondo que planteaba cada caso concreto, la Sentencia T-013 de 2018 analizó
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, como es usual, y
encontró satisfechos los de legitimación en la causa por activa y pasiva, y el
de inmediatez. Posteriormente, se concentró en el principio de subsidiariedad.
El estudio de este requisito inició señalando que la importancia del mismo
radica en que es una “forma de incentivar que los ciudadanos acudan
oportunamente a las vías judiciales pertinentes y agoten en ese principal
escenario judicial los recursos ordinarios y/o extraordinarios a que haya
lugar, a fin de lograr la defensa de sus derechos fundamentales dentro del
mismo proceso judicial”[75].
La Sentencia continuó con una exposición de los medios de defensa que considera
procederían en este caso para garantizar los derechos fundamentales que los
actores consideraban vulnerados, estos son, (i) la interposición de recursos en
vía gubernativa ante las empresas de servicios públicos domiciliarios y, (ii)
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
2. Sentadas las consideraciones
generales sobre el principio de subsidiariedad y luego de una breve
caracterización de los dos medios ordinarios de defensa mencionados, la
Sentencia constató que éstos no fueron agotados por ninguno de los accionantes.
Luego, con el fin de conocer la situación socioeconómica de los peticionarios,
consultó el puntaje Sisbén y encontró las siguientes calificaciones: 19.06 (John
Jairo Sierra Batista),
29.00 (Yasid
Aurelio Sánchez Sánchez),
28.70 (Nubia
Esther Baquero de Ortiz),
44.94 (Jenny
Esperanza Rivera Perez)
y 33.33 (Juan
Bautista Cantillo Ruiz).
3. La mayoría de la
Sala consideró que, si bien los puntajes de los peticionarios eran indicativos
de niveles de pobreza o de pobreza extrema, tal situación no constituía per
se una condición suficiente de vulnerabilidad que ameritara flexibilizar el
estudio de la eficacia de los medios o recursos judiciales con los que contaban
para la protección de los derechos fundamentales. Por el contrario, de acuerdo
con la posición mayoritaria, “se debe analizar un contexto de múltiples
situaciones confluyentes, como por ejemplo, si el tutelante hace parte de algún
grupo de especial protección constitucional”.
4. Esta aproximación pasa por alto que
la base del principio de subsidiariedad se consolida con el principio de
igualdad (artículo 13, C.P.), el cual exige dar un trato favorable a los “sujetos
de especial protección” y a quienes se encuentran en situación de
vulnerabilidad o en circunstancias de debilidad manifiesta[76].
En efecto, el artículo 13 de nuestra
Constitución establece que “[e]l Estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan.” (Énfasis añadido)
Al consagrar el derecho
a la igualdad, la Constitución Política prohíbe al Estado propiciar tratos
discriminatorios con base en cuestiones de raza, etnia, sexo, género, ideas
políticas o filosóficas; al mismo tiempo que le impone la obligación de salvaguardar
de manera reforzada los derechos de quienes se encuentren en condiciones de
debilidad manifiesta, que puede estar dadas por razones económicas, físicas o
mentales. En consecuencia, la protección especial de las personas que son
vulnerables económicamente, es un mandato directo de la norma Superior, que
opera sin necesidad de que en la persona concurran otras circunstancias
adicionales que agraven esa situación.
5. La Sentencia
T-013 de 2018 utilizó el puntaje asignado a cada accionante en el Sisbén, que
es un sistema que clasifica a la población de acuerdo con sus
condiciones económicas, en una escala de 0 a 100, y sirve para identificar de
una manera técnica y objetiva a quienes se encuentran en situación de pobreza y
vulnerabilidad, con el fin de focalizar la inversión social[77].
Lo anterior, en tanto se trata de una medición de las condiciones económicas de
los ciudadanos, que ha servido como herramienta a la Corte para determinar
estados de vulnerabilidad. Así pues, en los casos concretos, encontró que los
peticionarios oscilaban entre puntajes de 19.06 y 44.94, se reitera, sobre 100.
No obstante, sostuvo
que lo anterior no constituía una condición de vulnerabilidad que ameritara una
protección reforzada por parte del juez constitucional. En
este orden de ideas, me pregunto: ¿cuál es el nivel de pobreza que debe
demostrar un accionante, para poder ser considerado como una persona en
condición de vulnerabilidad? ¿No es acaso la pobreza una situación lo
suficientemente extenuante para ameritar que los jueces hagan uso de una visión
amplia de los requisitos de procedencia?
6. La Sentencia T- 013
de 2018 resulta indiferente a las condiciones de pobreza en las que viven miles
de colombianos. El hecho de que, en nuestro país, un gran número de personas vivan
en condiciones de pobreza no debe llevarnos a normalizar esta situación. La
pobreza no es normal ni debe serlo. Es transversal a cada uno de
los aspectos de la vida de las personas y afecta su dignidad. Esta es la razón
por la que, por mandato constitucional, el Estado debe proteger a la población
en situación de pobreza y promover medidas para lograr la igualdad material de
los colombianos. En este sentido, no me cabe duda de que
quienes se encuentran en estas circunstancias son sujetos de especial protección
constitucional, y no comparto la posición de quienes sostienen que, además de
soportar las exigencias propias de la pobreza y de la pobreza extrema, estos
ciudadanos deban demostrar circunstancias adicionales de vulnerabilidad para
lograr acceder a la administración de justicia.
7. Adicionalmente, me parece importante
resaltar que las afirmaciones realizadas en la sentencia también desconocen la
jurisprudencia constante y reiterada de la Corte Constitucional. Esta
Corporación, en numerosas oportunidades, ha optado por aplicar un criterio más
amplio sobre los requisitos de procedibilidad de las acciones de tutela, cuando
quienes las interponen son sujetos de especial protección constitucional y, al
hacerlo, ha reconocido que las personas en condición de pobreza extrema tienen
esta calidad. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-789 de 2003[78]
se dijo que
“en
ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento deberá
ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio
más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial
protección constitucional, esto es, cuando quiera que la acción de tutela sea
presentada por niños, mujeres cabeza de familia, discapacitados, ancianos,
miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En
estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar
con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así
materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y
protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones
de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”.
8. Antes bien, si el juez constitucional
estima que la condición de vulnerabilidad económica de los accionantes no se
corresponde completamente con la realidad (pues es posible que el Sisbén se
equivoque), lo que le corresponde no es pasar por alto aquello que sugieren
estos puntajes. Es su deber justificar las razones que lo llevan a las
conclusiones que deja plasmadas en sus fallos; no basta con afirmar que una
persona no es vulnerable pese a estar en una situación de pobreza extrema para
negar el amparo de sus derechos fundamentales. Por tanto, considero que, si la
Sala tenía dudas sobre la verdadera necesidad de flexibilizar el requisito de
subsidiariedad para el caso concreto de los accionantes de estas tutelas, debió
hacer uso de las amplias facultades con las que cuenta el juez constitucional
en materia probatoria, con el fin de conocer la situación de estos cinco
ciudadanos y sus posibilidades reales de hacer uso de los medios judiciales
idóneos con los que contaban para la defensa de sus derechos.
9. En suma, no comparto el análisis del
requisito de subsidiariedad efectuado en la Sentencia T-013 de 2018, pues
desconoce lo consagrado por el artículo 13 constitucional y la reiterada
jurisprudencia constitucional sobre el mismo, sin que se hubiere cumplido con
la carga argumentativa que ello supone.
Estas breves observaciones fueron
puestas en consideración de la Sala, sin embargo otra apreciación tuvo la
mayoría, y por esa razón, salvo mi voto en los términos indicados.
Fecha ut supra,
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
[1] Folios
21-23 cuaderno 1 del expediente T-6.402.527.
[2] Folios
14-16 cuaderno 1 del expediente T-6.402.528.
[3] Folios
16-18 cuaderno 1 del expediente T-6.402.529.
[4] Folios
14-16 cuaderno 1 del expediente T-6.402.530. Folios 19-21 cuaderno 1 del expediente
T-6.402.531.
[5] Folios
1-2 cuaderno 1 del expediente T-6.402.527.
[6] Folio
1 cuaderno 1 del expediente T-6.402.527.
[7] Ibídem.
[8] Ibídem.
[9] Folio 16 cuaderno 1 del expediente T-6.402.527.
[10] Folios
21-23 cuaderno 1 del expediente T-6.402.527.
[11]
Folios 1-5 cuaderno 1 del expediente T-6.402.528.
[12] Folio
1 cuaderno 1 del expediente T-6.402.528.
[13] Ibídem.
[14] Ibídem.
[15] Ibídem.
[16] Folio 9 cuaderno 1 del expediente T-6.402.528.
[17] Folios
14-16 cuaderno 1 del expediente T-6.402.528.
[18]
Folios 1-5 cuaderno 1 del expediente T-6.402.529.
[19] Folio
2 cuaderno 1 del expediente T-6.402.529.
[20] Folio 11 cuaderno 1 del expediente T-6.402.529.
[21] Folios
16-18 cuaderno 1 del expediente T-6.402.529.
[22] Folios 1-2 cuaderno 1 del expediente T-6.402.530.
[23] Folio 1 cuaderno 1 del expediente T-6.402.530.
[24] Folio 1 cuaderno 1 del expediente T-6.402.530.
[25] Folio 1 cuaderno 1 del expediente T-6.402.530.
[26] Folio 6 cuaderno 1 del expediente T-6.402.530.
[27] Folios 14-16 cuaderno 1 del expediente T-6.402.530.
[28] Folios 1-5 cuaderno 1 del expediente T-6.402.531.
[29] Folio 1 cuaderno 1 del expediente T-6.402.531.
[30] Folio 2 cuaderno 1 del expediente T-6.402.531.
[31] Folio 14 cuaderno 1 del expediente T-6.402.531.
[32] Folios 19-21 cuaderno 1 del expediente T-6.402.531.
[33] Folios
23 y 24 cuaderno principal
[34] Artículo 130 de la Ley 142 de 1994: “Son partes
del contrato la empresa de servicios públicos, y los usuarios. // El
propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son
solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios”.
[35] Folios
3-7 cuad.
[36] Artículo
86 de la Carta Política: “(…). La ley establecerá los casos en los que la
acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión”.
[37] Artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991: “La acción
de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos: (…). 3. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la
solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos. (…)”.
[38]
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999.
[39]
Decreto Ley 2591 de 1991, Artículo 11: “[l]a acción de tutela podrá ejercerse
en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales
que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada
la providencia correspondiente”.
[40]
Decreto Ley 2591 de 1991, Artículo 12: “[l]a caducidad de la acción de tutela
no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación mediante otra acción, si
fuere posible hacerlo de conformidad con la ley”
[41] La
declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma se fundó en la unidad
normativa con los artículos 11 y 12 declarados inconstitucionales. Corte
Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[42]
Corte Constitucional, sentencia T-291 de 2017.
[43]
Corte Constitucional, sentencia T-172 de 2013.
[44] T 575 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-526
de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-890
de 2006 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-243 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-691 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-100 de 2010 M.P.
Juan Carlos Henao Pérez, T-047 de 2014 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
T-899 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[45] Corte
Constitucional, sentencia T-299 de 2009.
[46] Corte
Constitucional, sentencia T-788 de 2013.
[47] Corte
Constitucional, sentencia T-410 de 2013.
[48] Dependiendo del caso.
[49]
Corte Constitucional, sentencia T-543 de 1992.
[50]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
[51] Por
la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones.
[52] Artículo
128 de la Ley 142 de 1994.
[53] Artículo 129 de la Ley 142 de 1994.
[54] Artículo
152 de la Ley 142 de 1994.
[55] Artículo
154 de la Ley 142 de 1994.
[56] Artículo
159 de la Ley 142 de 1994.
[57] Artículo
154 de la Ley 142 de 1994.
[58] Artículo
158 de la Ley 142 de 1994.
[59] Corte
Constitucional, sentencia T-1144 de 2003.
[60] Artículo
86 de la Constitución Política: (…) “Esta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
[61]
Artículo 38 de la Ley 142 de 1994: Efectos de
nulidad sobre actos y contratos relacionados con servicios públicos. “La anulación judicial de un acto administrativo
relacionado con servicios públicos solo producirá efectos hacia el futuro. Si
al declararse la nulidad se ordena el restablecimiento del derecho o la
reparación del daño, ello se hará en dinero si es necesario, para no perjudicar
la prestación del servicio al público ni los actos o contratos celebrados de
buena fe”.
[62] Artículo 138 del CPACA: “Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La
nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del
artículo anterior. // Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente
violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a
dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en
tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si
existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el
término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
[63] Artículo 155 de la Ley 142 de 1994: “Ninguna empresa de servicios públicos
podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un
recurso relacionado con ésta. Salvo en los casos de suspensión en interés del
servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio, tampoco
podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya notificado al
suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen
sido interpuestos en forma oportuna. // Sin embargo, para recurrir el
suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos”.
[64] Folio
1 del cuaderno 1 del expediente T-6.402.527.
[65]
https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
[66] https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
[67] Folios
7-9 cuaderno 1 del expediente T-6.402.529.
[68]
https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
[69] Folio
1 cuaderno 1 del expediente T-6.402.530.
[70] https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
[71] Folio 1 cuaderno 1 del expediente T-6.402.531.
[72] Folio 2 cuaderno 1 del expediente T-6.402.531.
[73] Folios
7-11 cuaderno 1 del expediente T- 6.402.531.
[74]
https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
[75] Fundamento jurídico no. 80.
[76] En este mismo sentido me pronuncié
recientemente en el Salvamento de voto a la Sentencia T-029 de 2018, el cual
incluye un análisis extenso y detallado sobre el principio de subsidiariedad.
[77] Ver https://www.sisben.gov.co/sisben/Paginas/Que-es.aspx.
[78] Sentencia T-789 de 2003. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa. Esta posición ha sido reiterada en numerosas sentencias,
como: T-456 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-1109 de 2004. M.P. Jaime
Córdoba Triviño; T-1182 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-381 de
2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-497 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-833 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-183 de 2013. M.P. Nilson
Pinilla Pinilla; T-125 de 2014. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; y T-654 de 2016.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre muchas otras.