T-342-15
Sentencia
T-342/15
DERECHO
A LA EDUCACION-Importancia
La
jurisprudencia constitucional ha caracterizado a la educación como uno de los
fines esenciales del Estado, como un derecho de especial protección por parte
del mismo que tiene también la calidad de deber, del que depende la concreción
de otros derechos fundamentales y que permite a sus titulares reclamar el
acceso y la permanencia en el sistema educativo.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRINCIPIO
DE CONFIANZA LEGITIMA Y PRINCIPIO DE RESPETO AL ACTO PROPIO-Reiteración
de jurisprudencia
Cuando el emisor de un acto que genera
confianza y una posición jurídica determinada en la otra parte de la relación,
revoca esa decisión sin estar además autorizado para ello por el ordenamiento y
sin atender a parámetros razonables y exista identidad entre las partes
respecto de la primera disposición dictada y la segunda con la que fue
modificada, se estará vulnerando el respeto por el acto propio.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRINCIPIO
DE CONFIANZA LEGITIMA Y PRINCIPIO DE RESPETO AL ACTO PROPIO EN EL AMBITO DE LA
EDUCACION-Caso
de persona que aplicó para ser beneficiaria de beca de estudios en educación
superior en el exterior
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Señala
parámetros específicos en relación con sus programas académicos y requisitos de
admisión
El
ordenamiento otorga a los entes universitarios un marco de autonomía para
señalar los parámetros específicos en relación con sus programas académicos y
los requisitos de admisión entre otros aspectos, que de no ser cumplidos
permite negar la admisión de los interesados, sin considerarse ello
vulneratorio de derechos.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRINCIPIO
DE CONFIANZA LEGITIMA Y PRINCIPIO DE RESPETO AL ACTO PROPIO EN EL AMBITO DE LA
EDUCACION-No
vulneración, por cuanto accionante no cumplió con el perfil profesional
requerido para ser beneficiaria de beca en otro país
Referencia:
Expediente T-4.822.295
Acción
de tutela interpuesta por Liz Mary Almanza Moreno contra la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC)
y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea Oficina en Colombia (KOICA
Colombia).
Magistrado
Ponente:
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO.
Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil
quince (2015)
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos
y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la presente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la acción de tutela
interpuesta por Liz Mary Almanza Moreno en el asunto de la referencia
I. ANTECEDENTES.
Liz Mary Almanza Moreno, por intermedio de apoderado, presentó acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
a la educación, la confianza legítima, buena fe y respeto del acto propio,
contra la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) y
la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Oficina en Colombia (KOICA
Colombia).
1. Hechos:
1.1. Manifiesta
la accionante que a principios del año 2014 el ICETEX ofreció una beca para
estudiar una maestría en administración pública en la Universidad Nacional de
Seúl, en Corea del Sur.
1.2.
Pone de presente que el día 13 de marzo de 2014 entregó en la oficina del
ICETEX de Cartagena (Bolívar) la documentación requerida para postularse a la
beca.
1.3.
Señala que el 26 de marzo de 2014 Diana María Quimbay Valencia, coordinadora de
proyectos y estrategias de KOICA Colombia, mediante comunicación enviada vía
email, le programó para el día siguiente una entrevista telefónica para evaluar
su nivel de inglés.
1.4.
Expone que el 17 de abril de 2014 Seulkie Lee, funcionario de KOICA Colombia, le
anunció mediante correo electrónico que el 23 de ese mes debía presentar examen
escrito y entrevista virtual con la Universidad Nacional de Seúl.
1.5. Explica
que el 5 de mayo de 2014 recibió un correo electrónico de Diana María Quimbay
Valencia, en el que le anunciaban que había sido “seleccionada para ser beneficiaria
de la beca para cursar la maestría en administración pública, que ofrece Koica
y la Universidad Nacional de Seúl con fecha agosto 13 de 2014 a diciembre 17 de
2015(…)”. Además, que en la misma comunicación le indicaron que sería “contactada
pronto para conocer los trámites y demás información necesaria para el viaje a
Corea”. Comunicado al cual manifiesta haber dado respuesta de aceptación y
agradecimiento de forma inmediata.
1.6. Puntualiza
que el 6 de junio de ese mismo año envió un correo electrónico solicitando le
informaran los detalles del viaje a Corea, debido a que no había recibido
información al respecto, a lo que la coordinadora de proyectos y estrategias de
KOICA Colombia respondió (el 11 de junio de 2014) que a partir de ese momento
todo trámite administrativo lo realizaría directamente la Universidad Nacional
de Seúl con el estudiante.
1.7. Advierte
que el 18 de junio de 2014, a raíz de lo anterior, se comunicó por correo
electrónico con la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur para solicitar
indicaciones respecto del viaje, a lo que le respondieron –según manifiesta- que
“cualquier asunto relacionado con la beca debe ser manejado a través de la
oficina de Koica Colombia”.
1.8. Indica
que el 1º de julio de 2014, debido a que no recibió instrucciones por parte de
KOICA Colombia, decidió comunicarse directamente con Diana Quimbay para ponerla
al tanto de que KOICA Colombia sería la encargada de avisarle sobre todo lo
relacionado con la beca, según le anunció la Universidad Nacional de Seúl, y
para solicitarle información al respecto ya que debía aclarar asuntos tales
como la renuncia al cargo y la preparación de los compromisos económicos y
personales que debía resolver antes de salir del país.
1.9.
Precisa que el 4 de julio de 2014 la Coordinadora le contestó que se “[estaban]
haciendo las averiguaciones pertinentes con la universidad y que se comunicarían
cuando [tuvieran] información, esperando que [fuera] pronto”.
1.10.
Comenta que al no recibir información al respecto, se comunicó vía telefónica
con la coordinadora, Diana Quimbay, quien le dijo que “la beca estaba en
marcha y que [sería] prudente dar aviso del retiro laboral, ya que el trámite
restante correspondía a la solicitud de la visa, de lo cual se informaría en
los próximos días”.
1.11. Afirma
que el 14 de julio de 2014 recibió un correo dirigido a varios becarios en el
que se enlistaban los documentos requeridos para tramitar la visa en la Embajada
de Corea en Bogotá y en el que se informaba que “ya solo se [encontraban] a
la espera del original de la carta de admisión de las universidades”.
1.12. Narra
que el 15 de julio de 2014, teniendo en cuenta la información recibida, presentó
su carta de renuncia a partir del 30 de ese mes, la cual fue aceptada por su
empleador (la Sociedad Portuaria de Cartagena) a partir de esa fecha.
1.13. Asevera
que el 21 de julio se comunicó nuevamente con la organización para preguntar
sobre la fecha del viaje a Bogotá para tramitar la visa, a lo que Diana Quimbay
contestó “que [esperaban] tener la carta original esa misma semana”.
1.14. Aduce
que el 28 de julio de 2014 escribió un nuevo mensaje por correo electrónico a
Diana Quimbay para recordarle que el viaje a Corea tendría lugar en dos semanas
y por ello era importante tramitar la visa lo antes posible. Dice que al día
siguiente la funcionaria le informó que “desde KOICA [estaban] contactando
urgentemente con su sede para saber [por qué] la Universidad no les ha enviado
la documentación, solicitándole a la actora se comunique con una compañera de
Koica, llamada Kang Mi, quien estaba pendiente de todo el tema”.
1.15. Menciona
que el 30 de julio de 2014 se comunicó con Kang Mi, “quien le [indicó] que,
por error de algún funcionario, se le había informado erróneamente que estaba
seleccionada para la beca, cuando ello no había sido así”.
1.16. Asegura
que fue víctima de un engaño durante casi tres meses, “haciéndole creer que
había sido seleccionada para la beca, se le hizo renunciar a un empleo estable,
del cual dependía para subsistir y se le generaron elevados gastos en
desplazamientos a Bogotá a adelantar trámites de una beca inexistente”.
1.17. Relata
que el 30 de julio solicitó una respuesta formal a su domicilio en cuanto a la
novedad de no haber sido beneficiaria de la beca, y que al día siguiente viajó
a Bogotá para hablar con la Subdirectora y el Director General de KOICA
Colombia para exponerles lo acontecido con respecto al tema.
1.18. Como
resultado de la visita mencionada, cuenta que la Subdirectora se disculpó por
la situación en la que se encontraba “a causa de la mala comunicación al
interior de la organización, exponiendo que fue un error de ellos darle
aceptación a la beca -y sostenerla a lo largo de todo el proceso- cuando en realidad
no tenían total certeza. Pero que para el país de Corea, la información por
correo electrónico no tiene efecto legal, así que ella debió esperar el
documento oficial […]”.
1.19. Manifiesta
que KOICA Colombia le dijo que buscaría una solución lo antes posible ofreciéndole
como alternativa temporal postularse a la beca que se encontraba abierta en ese
momento, para lo cual le tendrían en cuenta los documentos que ya había
radicado y sería necesario tan solo llenar el nuevo formulario, tal como
ocurrió. Añade que KOICA Colombia le dijo que intentaría que recibieran sus
documentos debido a que la recepción de candidatos había cerrado unos días
atrás, pero que por la gravedad de la situación trataría de ayudarla con este
asunto.
1.20.
Comenta que en los días 8 y 13 de agosto de 2014 envió correos electrónicos a
Diana Quimbay averiguando sobre el estado de su proceso de aplicación para la
segunda beca a la que se había presentado, respecto de la cual le comunicó que
no había sido seleccionada por no cumplir con los requisitos exigidos.
1.21. Señala
que el día 3 de septiembre de 2014 solicitó las comunicaciones oficiales de no
aceptación a la maestría, y como únicamente recibió documentación respecto del
segundo proceso al que se presentó, requirió nuevamente a KOICA Colombia el 9
de septiembre de 2014 para que le enviaran la información oficial en relación
con el programa de beca al que inicialmente se postuló, a lo que le
respondieron que el área jurídica de KOICA Colombia se haría cargo y le enviaría
lo correspondiente a su domicilio.
1.22.
Finalmente, expone que ni la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, ni KOICA Colombia,
han hecho nada para asegurarle el derecho que tiene a cursar una maestría en
las condiciones en las que le fue aprobada la primera a la que aplicó. Además,
que al haber renunciado a su trabajo en razón de la beca otorgada, el cual era su
única fuente de ingresos, se ha visto afectado su mínimo vital.
Por lo
anterior, en aras de proteger los derechos presuntamente vulnerados, la
demandante pretende que se condene a los accionados a asegurarle una beca para
maestría en condiciones similares a la que en un inicio aplicó.
2. Trámite de
instancia y argumentos de la entidad demandada.
2.1.
La acción de tutela fue interpuesta el día 1º de octubre de 2014 y su
conocimiento correspondió al Juez Octavo Administrativo del Circuito de
Cartagena, quien mediante auto de 2 de octubre de ese mismo año admitió la demanda
y ordenó notificar a las entidades accionadas. Surtido dicho trámite se obtuvo la respuesta que se reseña a
continuación.
2.2. A través de escrito recibido
el 20 de octubre de 2014 (de forma extemporánea al término establecido para
presentar la contestación de la tutela) el Director de la Agencia de
Cooperación Internacional de Corea (KOICA), expuso que las pretensiones de la
accionante no eran procedentes, por cuanto dicha entidad no tenía la
competencia ni las facultades para incidir en la elección de los beneficiarios
de las becas otorgadas por las universidades.
2.3. Mediante contestación de la demanda,
recibida el 20 de octubre de 2014 (de forma extemporánea), la Directora General
de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia sostuvo que
la Agencia no contaba con las facultades para otorgar becas, de conformidad con
lo establecido en el Decreto 4152 de 2013, referente a la creación de Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
de Colombia; así mismo, que los países oferentes de becas cuentan con
total autonomía para designar a los beneficiarios de las mismas, por lo cual la
Agencia no puede realizar injerencia alguna en la decisión final de asignación
de las becas de cooperación internacional.
3. Pruebas.
Dentro del trámite inicial de la tutela se
allegaron los siguientes documentos:
- Poder otorgado por Liz Mary Almanza
Moreno para promover la acción de tutela en contra de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia y
KOICA Colombia (folio 8 del cuaderno principal).
- Copia de la constancia de recepción de
los documentos requeridos para la aplicación a la convocatoria núm. 6204914 en
el programa “Master’s degree in public administration” (primera
convocatoria en la que participó) en la que se evidencia la información
de la aspirante (de fecha 13 de marzo de 2014, visible a folios 10-11 del
cuaderno principal).
- Copia del documento de aplicación de la
demandante al programa “Master´s degree in public administration”
(primer proceso de beca en el que participó, visible a folios 115-150 del
cuaderno principal).
- Copia de la comunicación emitida por
Casa Central (Koica en la República de Corea) en coreano y la traducción al
español en la que se detalla el resultado de la prueba documental “Master´s
degree in public administration” (folio 156-158 del cuaderno principal).
- Copia de la carta
de renuncia suscrita por Liz Mary Almanza Moreno entregada el 15 de julio de
2014 a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A (Folio 12 del cuaderno
principal).
- Copia de la aceptación de la carta de renuncia
suscrita el 16 de julio de 2014 (folio 9 del cuaderno principal).
- Copia de las comunicaciones sostenidas
entre Liz Mary Almanza Moreno y las demandadas dentro del trámite de asignación
de la beca.[1]
- Copia del documento de aplicación de Liz
Mary Almanza Moreno para el programa “KOICA – PSPS Master´s Degree Program
in Community Development Leadership Saemaul Undong” (segundo proceso de
beca en el que participó, visible a folios 151-154 del cuaderno principal).
- Copia del documento suscrito por el
Director de KOICA a Casa central (Koica en la República de Corea) con la
traducción del idioma al español en el cual KOICA recomienda a la señorita
Almanza para la maestría “Master´s Degree Program in Community Development
Leadership Saemaul” (folio 159-161 del cuaderno principal).
- Copia de la comunicación emitida por
Casa Central (Koica en la República de Corea), a través de la Cancillería
Coreana (de fecha 17 de septiembre de 2014) junto con la traducción no oficial
del idioma coreano al español por parte de KOICA, en el cual se informan los
resultados de la prueba documental a los candidatos del programa “Master´s
Degree Program in Community Development Leadership Saemaul” (folio 162-164
del cuaderno principal).
- Copia de la comunicación dirigida a la
actora de fecha 3 de septiembre de 2014, suscrita por el Director de KOICA
Colombia, en la que se informa a Liz Mary Almanza Moreno sobre la no aprobación
a la candidatura a la beca de maestría “Master´s Degree Program in Community
Development Leadership Saemaul Undong” (folio 155 del cuaderno principal).
- Copia de la comunicación emitida por Casa
Central (Koica en la República de Corea) a través de la cancillería coreana (de
fecha 7 de octubre de 2014) junto con el documento de traducción no oficial del
idioma coreano al español por parte de KOICA, “en el cual se informa las
personas aprobadas para la maestría Master´s Degree Program in Community
Development Leadership Saemaul” (folios 165-167 del cuaderno principal).
- Copia de la certificación expedida por
la Embajada de la República de Corea en la que se informa que la Agencia
Cooperación Internacional de Corea – KOICA hace parte del cuerpo diplomático de
la misma y el nombre del actual Director (folio 172 del cuaderno principal).
II.
DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.
1.
Sentencia de primera instancia.
En
fallo de primera instancia, proferido el 16 de octubre de 2014, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) concedió el amparo de los
derechos fundamentales a la buena fe, confianza legítima, respeto del acto
propio y educación.
Lo
anterior, al considerar que a la accionante “se le generó una expectativa
válida, pues KOICA le informó vía e-mail que había sido seleccionada como
beneficiaria de la beca para la cual se postuló, lo cual fue convalidado con el
cruce de información que se realizaba vía e-mail, y en razón de ello se vio en
la obligación de tomar ciertas decisiones, entre ellas su renuncia al trabajo
que ejercía, y del cual obtenía su sustento básico; y a pesar de la
trascendencia de las mencionadas decisiones KOICA, con posterioridad a ello
solo atinó en manifestar que uno de sus funcionarios se había equivocado, pues
realmente ella no había sido seleccionada para dicha beca”.
Por lo
anterior, ordenó a las accionadas realizar las actuaciones necesarias para que
se le reconociera a la señora Liz Mary Almanza una beca para maestría en condiciones
similares a aquella en la que aparentemente había sido seleccionada.
2.
Impugnación.
2.1. KOICA Colombia impugnó la decisión de
primera instancia bajo el argumento de que el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) vulneró su derecho al debido
proceso, como quiera que no tuvo en cuenta el memorial de contestación
presentado por la Agencia ni valoró el material probatorio aportado por la
misma.
Respecto de lo
primero, explicó que el día 14 de octubre de 2014 fue notificada del auto
admisorio de la demanda, en el que le concedieron dos (2) días para contestar
la misma, es decir, hasta el día 16 de octubre, fecha en la que se expidió el
fallo, desconociendo, en su parecer, su derecho de defensa y contradicción.
Anota la Agencia
que la contestación se remitió al juzgado el día 17 de octubre del mismo año
vía email, y que por problemas en la red no fue recepcionada, razón por la que se
comunicó por teléfono con el juzgado donde una empleada del despacho reconoció
que el correo estaba presentando problemas, manifestando que bien podían enviar
la comunicación el día lunes 20 de octubre de 2014, como en efecto lo hizo.
En segundo lugar, declaró que es cierto
que a la accionante se le comunicó que “había sido seleccionada para ser
beneficiaria de una beca para cursar la maestría en Administración Pública de
la Universidad Nacional de Seúl, sin embargo nunca se le informó a la señorita
Almanza que su postulación había sido aprobada por cuanto la selección final de
los candidatos ganadores corresponde a una facultad discrecional de las
Universidades que ofrecen las becas, lo cual se oficializa a través de la
correspondiente carta de admisión; en este sentido es de precisar que a Koica
no le corresponde otorgar becas, como tampoco realizar exámenes a los
aspirantes durante el proceso de selección, como así lo manifiesta el despacho,
ya que los exámenes que le fueron practicados a la accionante el día 23 de
abril de 2014 en las instalaciones de KOICA en la ciudad de Bogotá, D.C.,
estuvieron a cargo de la Universidad Nacional de Seúl, y consistieron en un
examen escrito y una entrevista virtual practicada por esta Universidad”.
Por lo anterior, considera que no hubo vulneración
de la confianza legítima ni de ningún derecho de la accionante por parte de
KOICA Colombia, ya que la Agencia como intermediaria en los procesos de entrega
de becas no tiene a su disposición la facultad de asignación de las mismas.
2.2. La Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia cuestionó la
decisión de primera instancia argumentando que el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena (Bolívar) omitió valorar el memorial
de contestación enviado el 6 de octubre de 2014, dentro del término legal, en
el que manifestó que la “[…] Agencia no posee la facultad para otorgar o
asegurar a la señora Liz Mary Almanza una beca para maestría en reemplazo de la
que le fue denegada por el Gobierno Coreano, como lo solicita en su petición
principal, pues carece de competencia para hacerlo a la luz del Decreto 4152 de
2011 (…)”.
En este sentido, aclara que el rol de Colombia
en cuanto a la oferta de programas de estudio que ofrezca la comunidad
internacional es de apoyo en su divulgación y participación en la Comisión
Nacional de becas, de manera que la Agencia no posee la facultad para otorgar
una maestría en reemplazo de la que le fue denegada a la accionante por el Gobierno
Coreano.
3.
Sentencia de segunda instancia.
El
Tribunal Administrativo de Bolívar, en fallo de fecha 4 de diciembre de 2014, revocó
la providencia emitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Cartagena (Bolívar) y en su lugar negó el amparo solicitado.
Una
vez valoradas las pruebas allegadas al expediente, el juez de segunda instancia
determinó que no existe vulneración alguna de derechos fundamentales por cuanto
las agencias
de cooperación, como meros entes colaboradores, son ajenos a los procesos de
selección y en el caso en concreto actuaron de conformidad con las funciones
a ellas asignadas.
En
segundo lugar, determinó que la actora tenía conocimiento de que la
adjudicación de la beca se encontraba supeditada a los trámites dispuestos por
la Universidad de Corea, debiendo esperar la hoja de admisión suscrita
directamente por la universidad coreana, institución que de conformidad con su
autonomía y los estándares exigidos para asignar a los beneficiarios de las
becas, consideró que la actora no cumplía con los requisitos requeridos para
ser admitida.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala es competente para analizar el fallo materia de revisión.
2.
Problema jurídico.
Corresponde
a esta Sala de Revisión establecer si una agencia de cooperación nacional
vulnera el derecho a la educación de una persona cuando le comunica que fue
seleccionada para cursar una beca en otro país, pero no le otorga el beneficio
porque la Universidad oferente del programa educativo no acredita la admisión.
Para
ello esta Sala entrará a analizar los siguientes ejes temáticos: (i) el derecho
fundamental a la educación, (ii) la buena fe, confianza
legítima y respeto por el acto propio y (iii) su alcance en el ámbito de la
educación. Con
base en dicho análisis,
(iv) resolverá el caso concreto.
3.
El derecho fundamental a la educación.
3.1. En virtud de lo dispuesto en los artículos 67 y 365 de la
Constitución de 1991, se confiere a la educación una doble calidad, considerándosele
un derecho de todas las personas y un servicio público con función social, cuya
prestación y vigilancia se encuentra a cargo del Estado para asegurar a todos
el acceso en condiciones de igualdad. A partir de la función social que se ha
asignado a la educación, la Corte ha precisado lo siguiente:
“En
efecto, el derecho a la educación debe entenderse como factor de desarrollo
humano, su ejercicio es uno de los elementos indispensables para que el ser
humano adquiera herramientas que le permitan en forma eficaz desempeñarse en el
medio cultural que habita, recibir y racionalizar la información que existe a
su alrededor y ampliar sus conocimientos a medida que se desarrolla como
individuo; es por ello que la educación cumple una función social que hace que
dicha garantía se considere como un derecho deber que genera para las partes
del proceso educativo obligaciones recíprocas de las que no pueden sustraerse
porque realizan su núcleo esencial."[2]
Como se anotó, es
el Estado el encargado de garantizar los medios para otorgar el acceso a este
derecho en condiciones de calidad e igualdad, lo que ha dado lugar a que este
Tribunal trace unos lineamientos de acción institucional:
“De este modo, la
jurisprudencia constitucional ha establecido cuatro dimensiones del derecho a
la educación, por medio de las cuales el Estado debe actuar: (i) disponibilidad,
que consiste en la existencia de los medios para que se satisfaga la demanda
educativa de las personas, como por ejemplo escuelas, docentes calificados,
materiales de enseñanza, entre otros; (ii) accesibilidad, que pone en cabeza
del Estado el deber de garantizar en los niños el ingreso a la educación
básica, de manera obligatoria y gratuita; (iii) permanencia en el sistema
educativo, que protege el derecho a conservar la educación básica sin que
existan criterios de exclusión irrazonables y finalmente, (iv) calidad, que
consiste en brindarle a los estudiantes una educación que les permita adquirir y
producir conocimientos suficientes para desarrollar sus planes de vida, sin
importar el nivel socioeconómico.”[3]
De lo anterior se
deriva su importancia en la sociedad, que como herramienta dignificadora del
hombre permite a este la adquisición de conocimientos encaminados a facilitar
su interacción y evolución en la comunidad, ayudando a eliminar las barreras
diferenciadoras entre las personas.
Ahora bien, aun cuando la Corte
Constitucional ha reconocido una dimensión prestacional[4] de este
derecho, debido a que su eficacia implica erogaciones económicas para los
adultos, se le ha dotado con el carácter de autónomo como derecho fundamental,
lo que ha permitido hacer uso de la acción de tutela para invocar su
protección.[5]
Muestra de ello lo consignado en la sentencia T-642 de 2004, en la que sostuvo;
“Esta Corporación, en diversos pronunciamientos, ha
establecido que el carácter fundamental de un derecho no está dado
exclusivamente por su consagración en la Constitución Política dentro del
título de los derechos fundamentales. Por ello, a pesar de que el derecho a la educación
no se encuentra consagrado como tal, la Corte le ha otorgado ese carácter y,
por consiguiente, lo ha calificado como fundamental, entre otros, en los
siguientes eventos: (i) cuando quien exige la prestación del servicio es un
menor de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Carta
Fundamental, (ii) cuando la amenaza o vulneración del derecho a la educación
apareja la amenaza o vulneración de otro derecho de carácter fundamental, como
la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso.”[6]
En
esta medida, se tiene que el Estado debe garantizar a los asociados el goce
efectivo y real del derecho a la educación tanto en su calidad de servicio público
como de derecho fundamental autónomo, y que su protección, puede solicitarse
mediante la acción de tutela.
Como corolario de
lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha caracterizado a la educación
como uno de los fines esenciales del Estado, como un derecho de especial
protección por parte del mismo que tiene también la calidad de deber, del que
depende la concreción de otros derechos fundamentales y que permite a sus
titulares reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo.[7]
4. Buena fe, confianza legítima y respeto por el acto propio.
4.1.
En el caso sub júdice tanto la accionante como las demandadas ejecutaron
actuaciones con relación a una beca ofertada por una universidad, por lo que
resulta relevante para el estudio del mismo analizar algunos conceptos
invocados por la actora y que rigen las relaciones entre las personas.
4.2. La doctrina ha
conceptuado que la buena fe es “un modelo de conducta social o, si se
prefiere, una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una
conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado”.
[8]
En otras palabras, se refiere a una conducta que socialmente es aceptada y enmarcada
dentro del marco conceptual de lo correcto o adecuado.
4.3. Respecto de la buena fe, cabe
recordar que con anterioridad a la Constitución de 1991 era considerada como
principio general del derecho[9];
pero con la nueva Carta adquirió rango constitucional[10]
y se convirtió en un elemento esencial al interior de las relaciones jurídicas,
bien se trate de públicas o privadas, permitiendo presumir que las actuaciones
de las partes son serias y habrá coherencia en el proceder de las autoridades a
medida que transcurre el tiempo.[11]
De este modo,
recién proferida la nueva Carta Política esta Corte tuvo a bien establecer que
sobre la buena fe se desarrollarían las relaciones de todas las instituciones
colombianas, al punto que ninguna relación amparada por la Constitución podría desconocer
dicho principio. Sobre el particular puntualizó lo siguiente:
“El principio de la buena fe se erige en arco toral de
las instituciones colombianas dado el especial énfasis que en esta materia
introdujo la Carta del 91, a tal punto que las relaciones jurídicas que surjan
a su amparo no podrán participar de supuestos que lo desconozcan. En el diario
acontecer de la actividad privada, las personas que negocian entre sí suponen
ciertas premisas, entre las cuales está precisamente el postulado que se
enuncia, pues pensar desde el comienzo en la mala fe del otro sería dar vida a
una relación viciada”.[12]
De manera que,
trátese de relaciones entre particulares o de estos con el Estado, siempre se
partirá de la premisa de que las actuaciones de la otra parte se ejecutan con
sana intención y sobre la base de la lealtad.
La Corte expresó
que lo consignado en el artículo 83 de la Constitución, a saber que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante ésta”, consagra
un derecho para todas las personas y a su vez una directiva para el desarrollo
de las actuaciones por parte de las instituciones estatales. Es así como se
estableció que la buena fe como derecho busca dotar de credibilidad las
actuaciones de todas las personas, lo que es esencial al interior de las
relaciones jurídicas. [13]
Este Tribunal
también consagró que la buena fe bien fuera vista desde un punto de vista
pasivo o activo, es decir, como derecho o deber, respectivamente, implica una
conducta acorde al ordenamiento jurídico consistente en actuar con lealtad y
que se presume en la relaciones, por ser la forma en como normalmente las
personas se deben comportar. [14]
En la sentencia T-974 de 1999, por ejemplo, la Corte resolvió el
caso de un estudiante que solicitaba la protección de sus derechos a la educación, debido proceso, defensa e igualdad, debido a que no pudo formalizar su matrícula dentro de los plazos previstos por la
Universidad, a razón de una tardanza de dos profesores en reportar sus notas. La
secretaria de la facultad le permitió el pago extemporáneo de la matrícula y la
inscripción de materias, pero posteriormente el vicerrector de la institución
revocó la matrícula e informó verbalmente al estudiante que ya no se encontraba
inscrito en esa universidad, argumentando que el proceso de inscripción no se
hizo en término.
La Corte consideró que cuando la institución accionada da validez
a la matrícula o a la formalización extemporánea de la misma mediante
actuaciones sobre las cuales es posible inferir con claridad que la situación del
estudiante ha sido normalizada, aún en contra de lo dispuesto por las normas
reglamentarias de la institución, la anulación de la inscripción en un programa
educativo desconoce el principio de buena fe en sus dimensión de respeto por el
acto propio y confianza legítima, y constituye una trasgresión al derecho
fundamental al debido proceso. Así mismo, manifestó que comportamientos como el
descrito en el caso resuelto se oponen al principio de buena fe.
Por lo anterior,
en el caso referido, la Corte decidió revocar las sentencias de primera y
segunda instancia, que negaban el amparo solicitado, y conceder la protección
de los derechos a la educación, al debido proceso, a la defensa y a la igualdad,
ordenando
al
rector de la Universidad de Córdoba reintegrar al actor a la facultad de
ciencias sociales para que continuara con sus estudios. [15]
También ha
contemplado la buena fe como un principio guía tanto de las actuaciones de los
particulares entre sí como de las de estos con el Estado, consagrando que el
mismo se encuentra en la base de la interpretación del ordenamiento jurídico. Por
consiguiente, se presume que las acciones de las personas están permeadas de
lealtad y recto proceder, al sostener que:
“El mencionado principio es entendido, en términos
amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y
credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas
actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante
éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema
jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento
jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y
el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la
confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de
voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los
mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual
manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la
administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.”[16]
Ha recalcado la importancia de la buena fe
como directriz del comportamiento al interior de las relaciones entre
particulares y el Estado, en los siguientes términos:
“La Corte
Constitucional [consideró]que en tanto la buena fe ha pasado de ser un
principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional,
su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su
función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los
particulares y entre estos y el Estado, y en tanto postulado constitucional,
irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también
pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que
entre ellos se desarrollen.”[17]
La buena fe ha
fungido como la base para el desarrollo de teorías como la de la
confianza legítima y la del respeto por el acto propio, lo
que supone la obligación de los agentes del Estado de no trasgredir las
expectativas jurídicas legítimas que su actuar haya generado a los asociados, de
manera que no pueda cambiar intempestivamente el sentido de sus decisiones sin
entregarle al afectado las herramientas adecuadas para sobrellevar el cambio y
ajustarse a las nuevas circunstancias. [18]
Se concluye que la
jurisprudencia de la Corte presume la buena fe desde el principio hasta el fin de
cada relación jurídica y que sobre ella se erige todo el sistema jurídico, por
lo que debe entenderse como un “imperativo de honestidad, confianza, rectitud,
decoro y credibilidad que acompaña a la palabra comprometida”.[19]
Ahora bien, cuando
en uno de los extremos de la relación se encuentre el Estado, el principio
servirá como guía para la aplicación de otros conceptos que funcionan de la
mano de éste, y que permiten que la interacción entre aquel y los particulares se
permee de seguridad y confianza, descartando que la superioridad del primero
devenga en posibles abusos por su posición dominante.
De ahí que aunados
al principio de la buena fe se tengan los de confianza legítima y el respeto
por el acto propio, indispensables para orientar el desarrollo de las
relaciones jurídicas entre los administrados y el Estado.[20]
4.4.
En cuanto al primero, esta Corporación ha señalado que se trata de la seguridad que
generan las actuaciones de las autoridades estatales respecto a que sus actos
no serán transmutados sin consulta o de manera unilateral y abrupta, respetándose
las reglas que gobiernan sus relaciones con los particulares[21]. En otras
palabras, ha consagrado lo siguiente:
“(…) es
un corolario de aquel de la buena fe y consiste en que el Estado no puede
súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los
particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición
para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata,
por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar
unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en
acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de
comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones
legales o interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera, como
cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso
concreto, con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y
el principio democrático.”[22]
La confianza legítima sienta sus bases en
el principio de la buena fe y se fundamenta de igual manera en la seguridad
jurídica[23],
limitando las actuaciones de la Administración Pública en procura de garantizar
los derechos de los asociados.
Cuando se genera a los particulares la
convicción de estabilidad en torno a una situación determinada y la
de que su actuar se desarrolla dentro de la legalidad, la Administración no
puede crear cambios intempestivos que atenten contra la confianza del
particular, por lo que de hacerlo será necesario ofrecer periodos de transición
para que se ajusten a las nuevas condiciones.
La
jurisprudencia constitucional ha establecido los siguientes presupuestos para
que se configure el principio de la confianza legítima: “a) la necesidad de
preservar de manera perentoria el interés público; b) la demostración de que el
particular ha desplegado su conducta de conformidad con el principio de la
buena fe; c) la desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación
entre la Administración y el particular y, finalmente; d) la obligación de
adoptar medidas transitorias para que el particular se pueda acomodar a la
nueva situación creada por el cambio sorpresivo de actitud por parte de la
Administración.” [24]
Ahora
bien, la Corte ha sostenido que la aplicación del principio de confianza legítima
presupone la existencia de expectativas serias y fundadas originadas en
actuaciones anteriores de la Administración, que otorgan a los asociados una
sensación de estabilidad. Es por esto que el principio de confianza legítima
dista de ser aplicado en el ámbito de los derechos adquiridos; contrario
sensu, se refiere a situaciones jurídicas que pueden ser modificadas, lo
que no significa que ello pueda hacerse de manera sorpresiva abrupta e
intempestiva, sin que se adopten las medidas adecuadas para brindar al
particular herramientas para sobrellevar el cambio de la manera menos
traumática.[25]
4.5. Para lograr una mejor comprensión de
este principio es menester reparar en el significado de los conceptos de derechos
adquiridos y mera expectativa. Los primeros aluden a situaciones
jurídicas consolidadas en cabeza de un particular; las segundas, por el
contrario, no se refieren a situaciones definidas sino a intereses que pueden no
llegar a concretarse, así que se encuentran sin consolidarse, imposibilitando que
se realicen exigencias por parte de sus titulares, pues no son un derecho como
tal, pero su vulneración si puede trasgredir derechos. [26]
Es así como un derecho adquirido no puede afectarse
por actuaciones no contempladas desde el inicio de la relación jurídica, por lo
cual se ha consagrado la irretroactividad y se ha prohibido que las autoridades
modifiquen las disposiciones jurídicas sin atender a los procedimientos
establecidos, o que revoquen sus actos administrativos sin observancia de las
exigentes condiciones impuestas para ello.[27]
Por su parte, las meras expectativas[28] carecen de ese
nivel de estabilidad, pero implican que el Estado debe prever medidas de
transición adecuadas para que la modificación en las relaciones que tiene con
los particulares no genere lesiones excesivas de los derechos de los afectados.[29]
Al
respecto, por ejemplo, se destaca la sentencia T-689 de 2005. El demandante
consideró que después de haberle sido aprobado y entregado un crédito durante
tres semestres de forma continua, suspenderle el mismo de manera intempestiva
por parte del ICETEX[30]
vulneraba sus derechos a la educación, al trabajo, al debido proceso
administrativo así como sus derechos adquiridos. En esa sentencia la Corte analizó
lo siguiente:
“Inicialmente,
la Corte considera, al igual que los jueces de instancia, que no existe un
derecho adquirido por el actor frente al ICETEX en lo que se refiere al
otorgamiento del crédito educativo. Esto se explica porque la concesión
de un crédito de cualquier clase exige el cumplimiento de unos requisitos.
En materia educativa, se debe cumplir con requerimientos académicos y
administrativos, de conformidad con el reglamento de crédito educativo.
Adicionalmente, el crédito está sometido a un plazo que corresponde a un
período académico determinado (normalmente un semestre académico).
Ahora
bien, el hecho de que no se creen derechos adquiridos frente al otorgamiento
de un crédito educativo, no conlleva necesariamente a afirmar que no pueda
existir una violación de derechos de carácter fundamental cuando los
particulares se han creado expectativas legítimas frente a la actuación de la
administración. En este caso, la expectativa del actor era que la renovación de
su crédito educativo se produjera para continuar realizando sus estudios en la
Escuela de diseño de Arturo Tejada Cano, lugar en el cual había estudiado
durante tres semestres. De hecho, obra prueba en el expediente de que la
primera solicitud de crédito del actor al ICETEX así como las dos solicitudes
de renovación fueron presentadas para estudiar en la Escuela de diseño de
Arturo Tejada Cano (Cuaderno 3, Folios 3, 5 y 6).
No
obstante lo anterior, durante estos tres semestres el ICETEX nunca manifestó al
actor que su solicitud de crédito no era procedente, por no encontrarse la
institución educativa registrada en el SNIES. Esta omisión del establecimiento
público accionado no puede ser endilgada al actor pues para que procediera la
renovación del crédito educativo, éste debía adjuntar la liquidación de la
matrícula y las calificaciones del semestre cursado; documentos en los que
claramente debe constar la institución educativa en la cual realizaba sus
estudios el accionante. Esto lleva a concluir que el ICETEX durante estos tres
semestres conocía o debía conocer que el actor cursaba sus estudios en la
Escuela de diseño de Arturo Tejada Cano, sin que hubiese una actuación de su
parte tendiente a suspender el crédito educativo concedido. Es precisamente en
este punto en el cual se considera que hubo una violación del principio de la
confianza legítima con la actuación del ICETEX en este caso, pues el actor
tenía unas expectativas válidas con base en un comportamiento pasivo del
establecimiento público accionado, prolongado en el tiempo.”(subrayado
fuera del texto).
En esa ocasión, la Corte
advirtió que el crédito debía seguir siendo renovado siempre y cuando el
solicitante cumpliera con todos los requisitos exigidos para ello, con
excepción de aquél que obliga a que el programa educativo se encuentre inscrito
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior[31],
por lo que aplicó la excepción de inconstitucionalidad, debido a que la
negligencia del ICETEX conducía a un desconocimiento del principio de confianza
legítima en las actuaciones de la Administración y vulneraba directamente el
derecho a la educación del actor. Así concedió el amparo una vez concluyó
que hubo vulneración del principio de confianza legítima.
Así las cosas, el principio de la
confianza legítima no busca proteger los derechos adquiridos de los asociados
sino salvaguardarlos frente a la modificación sorpresiva de una expectativa por
parte de cualquier autoridad pública. [32]
4.6. Por último,
en relación con el concepto de acto propio, en la sentencia T-618 de 2007 se
dijo que “la teoría del respeto del acto propio encuentra su fundamento en
la confianza que una autoridad pública o un particular despierta en otro sujeto
de buena fe en razón de una primera conducta realizada, buena fe que resultaría
vulnerada si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria del primer sujeto”.
En otras palabras,
cuando un sujeto de derecho emite un acto que deriva en una situación
particular a favor de otro, no puede luego de manera unilateral revocar esa
decisión, lo que limita el ejercicio de los derechos al restringir las decisiones
que adoptan los individuos, más aún cuando el cambio se fundamenta en
argumentos desproporcionados irrazonables o extemporáneos.[33]
En la Sentencia T-089 de 2007, esta
Corporación indicó que el acto propio implica el deber de actuar de conformidad
con el postulado de buena fe, de manera que los actos ejecutados no podrán
luego contradecirse ni desconocerse con actuaciones posteriores.[34]
Así, la Corte se ha referido al principio del respeto al acto propio de la
siguiente forma:
"Un
tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del
respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares
y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe.
Principio Constitucional, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita,
pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento
efectuado por el sujeto. Se trata de una limitación del ejercicio de derechos
que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las
circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser
contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el
ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del
derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho”[35].
Este principio opera cuando los actos de
un sujeto de derecho generan a favor de otro una situación particular, concreta
y definida, lo que le impide modificar de manera unilateral sus decisiones, por
cuanto la confianza de la otra parte de la relación que se ha visto beneficiada
no reposa en la apariencia de legalidad de una actuación, sino en la convicción
y seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un
acto que creó situaciones particulares y concretas a su favor.
La jurisprudencia de esta Corte ha
enumerado algunos eventos en los que es dable la aplicación del principio del
respeto por el acto propio. En sentencia T-006 de 2005 expresó lo siguiente:
“Como
lo viene reiterando la jurisprudencia constitucional, el principio del respeto
al acto propio es aplicable en las disputas que se susciten entre las entidades
financieras y los usuarios del sistema a propósito de las controversias por
errores en el cálculo de la reliquidación de deudas hipotecarias, de acuerdo
con lo dispuesto por la Ley 546 de 1999. Según la jurisprudencia, el principio
de respeto del acto propio, “(…) resulta aplicable cuando (i) se ha proferido
un acto que contenga una situación subjetiva concreta y verificable que conceda
confianza a su beneficiario de la titularidad de una posición jurídica
determinada, esto es, que la disposición sea eficaz y jurídicamente vinculante;
(ii) la decisión sea revocada unilateralmente por su emisor sin que esté
autorizado por el ordenamiento para ello y con base en parámetros irrazonables
o desproporcionados y (iii) exista identidad entre el sujeto que emite la
decisión y su beneficiario tanto en la disposición inicial como en la posterior
que la modifica, a la vez que ambos actos regulen la misma
situación jurídica subjetiva.”
Como corolario de lo anterior, cuando el
emisor de un acto que genera confianza y una posición jurídica determinada en
la otra parte de la relación, revoca esa decisión sin estar además autorizado
para ello por el ordenamiento y sin atender a parámetros razonables y exista
identidad entre las partes respecto de la primera disposición dictada y la
segunda con la que fue modificada, se estará vulnerando el respeto por el acto
propio.
5.
Buena fe, confianza legítima y respeto por el acto propio en el ámbito de la
educación.
5.1. Teniendo
en cuenta que el problema jurídico a resolver se relaciona con la posible
vulneración del derecho a la educación de una persona que aplicó para ser
beneficiaria de una beca de estudios de educación superior en otro país,
resulta relevante para esta Sala de Revisión hacer algunas anotaciones en torno
al acceso a este derecho.
Si bien es cierto que el Estado se encuentra en la obligación
de poner a disposición de las personas los medios necesarios para satisfacer la
demanda educativa, facilitar el acceso a la misma, otorgar estabilidad y además
brindarla con calidad, no lo es menos que quienes pretenden hacer parte del
sistema de educación deben cumplir con los requerimientos establecidos,
respetando los procedimientos y lineamientos administrativos impuestos por la
respectiva institución.
Esta Corporación ha recalcado que no basta con radicar la
documentación solicitada para participar en la obtención de beneficios
educativos, ya que este solo requisito no implica per se que los
participantes sean aptos para ser beneficiarios, hayan adquirido un derecho, o
que el mismo les será concedido. Al respecto la Corte Constitucional en
sentencia T-1221 de 2003 sostuvo:
“El simple hecho de que un candidato presente la documentación
requerida para participar en un proceso de selección para la asignación de una
beca, no le otorga un derecho adquirido respecto del cual se pueda reclamar su
protección. Por el contrario, en la etapa inicial de selección de los
candidatos, sólo existe una mera expectativa y nada más. Cosa distinta sería
que asignada la beca a una persona, posteriormente esta no le sea pagada, con
lo cual se afectaría eventualmente un derecho ya adquirido, legitimando así su
posible protección. No obstante lo anterior, también cabe prever que, cuando el
Estado garantiza la educación de un menor al otorgarle una beca para adelantar
sus estudios en una institución educativa de carácter privado, suspendiendo
posteriormente tal ayuda por razones de orden económico y presupuestal, y a su
vez los padres del educando no pueden tampoco asumir el costo económico que
implica la educación en un plantel privado, deberá el Estado ante dicha
circunstancia, garantizar el acceso del estudiante a una de las instituciones
públicas de educación, tal y como lo establece la misma Constitución en su
artículo 67.”
En
la sentencia referida la
accionante alegaba que la Secretaría de Educación de Cartagena no seleccionó a
su hijo como beneficiario de uno de los subsidios de estudio que se estaba
otorgando por el Gobierno de la ciudad, aun cuando había radicado toda la
información indicada.
Además, que todos los documentos
señalados fueron aportados por ella dos veces, en aras de conseguir el
mencionado beneficio. Sin embargo, uno de los funcionarios de la Secretaría
informó que no existía registro ni documento alguno que permitiera concluir que
el menor estuviese inscrito como solicitante de uno de los subsidios de
estudio.
Ante esto, la Corte consideró que
independientemente de que se hubiese radicado o no la documentación exigida
para acceder a alguno de los subsidios, “la sola presentación de los
documentos, si ello realmente aconteció, no generaba un derecho en cabeza del
educando ni de sus familiares al punto de intentar un reclamo por vía de
tutela, alegando una supuesta violación del derecho a la educación”, por lo
que concluyó que no existió violación de derecho fundamental alguno.
5.2. En la misma perspectiva, este
Tribunal ha señalado que las equivocaciones de la Administración Pública no
pueden generar derechos cuando el afectado no cumple con los requisitos
exigidos para ello.[36] En la
Sentencia T-208 de 2008, estableció que el actor no adquiría el derecho a ser incluido como beneficiario de un
auxilio educativo por no reunir los requisitos legales.
En concreto, el demandante se había inscrito en la convocatoria
para obtener un crédito de educación superior, pero una vez consultado su
estado de solicitud se percató de que no le habían aprobado el mismo en razón a
que no era egresado de una institución oficial de educación, sino de una
privada, y por tanto no pertenecía al sistema educativo oficial de Bogotá, a pesar de que al
momento de postularse al referido
beneficio tal condición no aparecía invocada.
Si bien es claro que
la Administración había incurrido en un error al no precisar en la publicación
de la convocatoria, el referido requisito para aspirar al beneficio económico, la Corte determinó
que esta circunstancia no generaba derechos adquiridos en las personas que se
inscribieron. Explicó que si un acto administrativo es expedido en contra de la
normatividad que lo rige, el mismo no servirá de base para que los interesados
exijan su cumplimiento. Al respecto concluyó:
“En ese orden de
ideas, la falta cometida por la administración, en la indebida publicación de
los requisitos para acceder al reseñado crédito, no puede generar en el actor
un derecho a exigir su inclusión dentro de los beneficiarios del mismo, pues de
ser así, se estaría actuando en contravía de la normatividad sobre la cual se
desarrolló el citado auxilio.”
Resulta acertado entonces que se permita a la Administración,
corregir algunos errores en los que incurra, porque de otra manera los mismos
tendrían que quedar intactos y permitir su cumplimiento sobre la ilegalidad que
los circunda, lo cual carecería de lógica cuando el mismo ordenamiento señala
conveniente y necesario enmendar las equivocaciones, sobre todo sí con ellas se
atenta contra los derechos de las personas.
Ahora, si bien es cierto que al actor se le generó la
expectativa de que podía ser beneficiario del crédito de educación, no lo es
menos que la sola entrega de los documentos exigidos, no implicaba per se la
escogencia del mismo, mucho menos si no cumplía con los requisitos requeridos
cuando escogerlo a él podría atentar contra los derechos de otros que sí los
tienen.
Además, teniendo en cuenta que la Administración Pública se
desenvuelve mediante las actuaciones que despliegan sus agentes, no es dable
que ante la equivocación de estos se pretermitan las normas que rigen las
relaciones y que ella no pueda corregir sus propios errores, ya que mantenerse
en el error sí vulneraría de manera directa las disposiciones normativas.
Sin embargo, si estas actuaciones generan una desestabilización
cierta, razonable y evidente en sus relaciones con los particulares de manera
que se vulnere la confianza legítima de los asociados, ella debe resarcir en lo
posible el daño que ocasione.
5.3.
Como se mencionó anteriormente, la Corte Constitucional ha interpretado que el
principio de buena fe comporta la base sobre la cual se estructuran los de
confianza legítima y el de respeto por el acto propio. Justamente por ello, ha
considerado que conjuntamente previenen a las autoridades y a los
particulares para que mantengan un actuar coherente, el respeto por sus
actuaciones y por los compromisos que adquieren, una garantía de permanencia, estabilidad y durabilidad de la
situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas que
normalmente rigen el tráfico jurídico.[37]
Sobre el particular se ha expresado en los siguientes términos:
“A
partir de los postulados del principio de buena fe, la Corte Constitucional ha
desarrollado la teoría del respecto por el acto propio y la confianza legítima,
según los cuales la administración está obligada a respetar las expectativas
jurídicas y legítimas que el actuar de la Administración haya generado a una
persona, de tal forma que no puede cambiar súbitamente el sentido de sus
decisiones. La administración no puede modificar
los actos que expide sin que medie razón alguna y sin los procedimientos que la
ley determina cuando hay lugar ello, dado que puede afectar las situaciones
jurídicas que se generan de la confianza de los actos administrativos expedidos
conforme a derecho. La Corte Constitucional ha aplicado el principio del
respeto al acto propio en los eventos en que la Administración modifica sus
propias decisiones y con ello afecta situaciones jurídicas ya creadas. Para tal
efecto ha señalado tres condiciones que se deben verificar: (i) la ejecución de
un acto o una serie de actos jurídicamente relevantes que generen una
expectativa legítima a una persona. (ii) La expedición de una actuación
posterior que contradice a la anterior. (iii) La identidad de emisor-receptor
en la actuación administrativa, en el sentido que ambas conductas sean ejecutadas
por “la misma persona o centros de interés”. Una autoridad pública desconoce el
principio de respeto al acto propio y, por ende, el de buena fe, cuando
adelanta actuaciones contradictorias respecto de otras anteriores, emitidas por
ella misma, que han creado una situación jurídica y concreta o una expectativa
legítima a una persona.”[38]
5.4. Para ilustrar lo señalado, cabe
mencionar que en providencia dictada por esta Corte en el 2010[39],
se estableció que a los niños representados en la acción de tutela, quienes
habían sido beneficiados para estudiar en dos colegios privados en la ciudad de
Bucaramanga, a razón de un convenio suscrito entre los mismos y la Secretaría
Distrital de esa ciudad, con el objeto de ofrecer cupos educativos en dichas
instituciones y dar cobertura al servicio, se les vulneró su derecho a la
educación cuando la Secretaría decretó que debían continuar sus estudios en
colegios oficiales, debido a que se había determinado que era innecesario
seguir contratando la cobertura del servicio con particulares.
Entre otras razones, sus representantes
manifestaron que, las becas se habían recibido con la expectativa seria y
fundada de que podrían graduarse de esas instituciones escolares, obteniendo
una mejor educación, siempre y cuando mantuvieran el buen promedio académico y
cumplieran con los requisitos escolares exigidos, por lo que trasladar a los
menores a otras instituciones cambiaba las reglas de juego y lesionaba la
confianza legítima. Con este argumento la Corte concluyó que:
“Analizada
la situación fáctica previamente descrita, la Sala considera que la medida
tomada por la Administración vulneró el derecho a la educación de los niños en
la faceta de permanencia, los principios de buena fe, confianza legítima,
respeto del acto propio y el derecho fundamental al debido proceso; la medida
no tomó en serio el derecho a la educación, porque a pesar de que los
estudiantes aprobaron académica y disciplinariamente el año escolar, no fue dada
a conocer oportunamente a sus representantes legales y se le comunicó a los
planteles educativos, únicamente, al comenzar el nuevo año académico; esto
constituye también un irrespeto del derecho a la educación, y específicamente
la obligación del Estado de evitar tomar “medidas que obstaculicen o impidan el
disfrute del derecho a la educación”. (Fundamento 4).”
En
suma, concedió el amparo de los derechos invocados para brindar a los menores, estabilidad
y permanencia en los colegios en los que inicialmente se encontraban estudiando,
siempre que cumplieran académica y disciplinariamente las exigencias impuestas
por cada institución, otorgando a los niños que se hubieran cambiado de colegio
al momento de proferir el fallo la opción de regresar a la institución en la
que inicialmente se encontraban.
5.3.
Otro ejemplo donde se examinan estos principios se encuentra en la sentencia T-375
de 2013, caso en el que la alcaldía de un municipio se negó a entregar a un
estudiante el incentivo educativo que le fue reconocido mediante decreto, bajo
el argumento de no haber sido expedido el acto administrativo que concedía
dicho beneficio bajo su mandato, razón por la cual el estudiante decidió
interponer acción de tutela solicitando la protección de sus derechos a la
educación y al debido proceso.
Si bien la Sala determinó que el
solicitante reclamaba el reconocimiento y pago de dicho beneficio económico,
admitió la tutela por tratarse del derecho a la educación, y por ende, su
continuidad en el sistema educativo, de manera que si acudiera a la
jurisdicción ordinaria tendría que interrumpir sus estudios hasta que el
problema fuera resuelto.
Por lo anterior, concluyó que se
encontraba de por medio la obligación progresiva del Estado en torno a la
garantía del acceso económico en el nivel superior de educación y a su
permanencia.
La
Sala encontró no solo que al estudiante le habían adjudicado el beneficio, sino
que se lo había ganado con méritos al superar el promedio exigido para ser
beneficiario y al cumplir con los requisitos establecidos, por lo que no
consideró válido el argumento del alcalde.
Este
Tribunal recordó
que el respeto al acto propio como una expresión del principio de buena fe no
puede soslayarse, señalando que las decisiones que fueron adoptadas por un
alcalde a través de un acto administrativo que creó una situación jurídica de
carácter particular y concreto, no pueden ser desconocidas por la nueva administración
bajo razones de carácter administrativo ajenas al ciudadano, quien como parte
más débil de la relación, no tiene por qué soportar la carga de perder el
beneficio que ya ha adquirido.
5.4. En materia de educación universitaria, el ordenamiento
jurídico colombiano ha consagrado algunas garantías a las instituciones, entre
ellas la autonomía suficiente para que ofrezcan la posibilidad de poder acceder
a una formación académica por fuera de las interferencias del poder público,
tanto en el campo administrativo y financiero como en el académico e
ideológico, dentro de los límites que fija la Constitución Política y la ley.
En desarrollo de dicha autonomía se ha estipulado que las
instituciones universitarias pueden constituir sus propias directivas, regir
sus actuaciones por sus estatutos, desarrollar sus programas académicos y
planes de estudio, entre otras facultades.[40]
Verbigracia, en sentencia T-642 de 2004, la
actora consideró que la universidad a la que se presentó para cursar su
carrera, al expedir recibo de pago de la matrícula financiera con su nombre, y
haber practicado las pruebas parciales de algunas de las asignaturas que
comenzó a ver, la admitió tácitamente en el programa educativo en el que se
presentó, aun cuando su nombre no aparecía en ninguna de las listas de
admitidos, por lo que estimó que la institución vulneró sus derechos a la
educación y a la igualdad, al no permitirle terminar el trámite de la matrícula
académica.
En el caso en mención, la Corte consideró
que el
error secretarial cometido por la administración no configuró una situación
jurídica consolidada, puesto que el nombre de la actora no fue publicado en
ninguno de los tres listados dispuestos para informar quiénes habían sido seleccionados
para cursar carrera en la universidad, que por el contrario la actora al
obtener el recibo de pago se apresuró a cancelarlo sin esperar a que se
publicara la última lista de admitidos.
Por lo descrito, no cabe la posibilidad de
referirse a un acto administrativo que hubiese dado lugar a consolidar una
situación jurídica concreta, debido a que nunca se expidió documento alguno que
certificara su admisión, lo que descarta la posibilidad de que la actora
basándose únicamente en la expedición del recibo de pago con su nombre, asegure
que adquirió el derecho a cursar su carrera en dicha universidad, menos aún,
cuando no se identificó ningún daño irremediable, debido a que la universidad
realizó dentro de los seis días siguientes a la comisión del error el reembolso
del dinero, de manera que no se configuraron los supuestos para concluir que se
trasgredieron los principios de buena fe, confianza legítima o respeto por el
acto propio.
Por lo descrito, esta Corporación negó el
amparo solicitado, argumentando la inexistencia de un daño irremediable, de
tratos desiguales y la falta de vulneración de un derecho fundamental, ya que
la actora no fue seleccionada por no cumplir los requisitos mínimos exigidos
para ser admitida por la universidad.
En suma, el ordenamiento otorga a los
entes universitarios un marco de autonomía para señalar los parámetros
específicos en relación con sus programas académicos y los requisitos de
admisión entre otros aspectos, que de no ser cumplidos permite negar la
admisión de los interesados, sin considerarse ello vulneratorio de derechos
como los acá estudiados.
5.5. En Sentencia T-202 de 2000 por
ejemplo, la
accionada, después de otorgar una subvención por valor del 70% del costo de la
matrícula para que el demandante cursara estudios superiores en cualquier
centro universitario del país, decidió suspender unilateralmente el pago de la
misma debido a un concepto emitido por la Superintendencia de Subsidio
Familiar, según el cual el beneficio sólo podría seguir pagándose y otorgarse
únicamente a los afiliados beneficiarios al sistema directo de subsidio
familiar que cubre la Caja Familiar demandada; y como el actor no se encontraba
inscrito en el sistema de subsidio de esa entidad, no tenía el derecho a ser
favorecido. En esa ocasión, la Sala de Revisión manifestó lo siguiente:
“Observa la Sala,
que en el caso sub lite, al accionante se le otorgó una beca, que no puede ser
suspendida, unilateralmente, sino conforme a las causas o motivos plasmados en
el negocio jurídico celebrado por las partes, pues, recuérdese que al tenor de
lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, el contrato es ley para las
partes y no puede ser invalidado sino por causas legales o por mutuo
consentimiento. Por lo tanto, para la Corporación es claro que no habiéndose
declarado nulo el mismo, éste tiene plenos efectos y por lo mismo obliga al
pago de las prestaciones en él estipuladas, hasta tanto, las partes de común
acuerdo o el juez ordinario no dispongan lo contrario. Luego, ha de
concluirse, que la suspensión de las obligaciones de hacer y de dar por parte
de Comfenalco, constituyen un comportamiento violatorio del principio de la
confianza legítima y de la buena fe que se presume en la celebración de todo
negocio jurídico civil o comercial (art. 83 C.N); que esta Corte no
puede aceptar, sino hasta cuando el juez ordinario se pronuncie ordenando su
nulidad o invalidez sobre la base de que éste carece de causa o de objeto
lícito, o las partes contratantes así lo decidan, tomando por ejemplo, el
concepto rendido por la Superintendencia de Subsidio Familiar en el sentido de
que a los becados sólo se les podrá pagar sus estudios si estos son
beneficiarios directos del subsidio familiar de Comfenalco. En consecuencia,
estima la Sala que le correspondería a la Caja demandar su propio contrato ante
la justicia ordinaria por carencia de causa o de objeto lícito, pero no puede
alegar su propia culpa o torpeza para desconocer unilateralmente obligaciones
claras, expresas y exigibles, afectando el núcleo esencial del derecho a la
educación del becario, máxime cuando del tenor literal del negocio jurídico
celebrado se desprende que en éste no se estipuló la condición de ser
beneficiario directo del subsidio por parte del actor. Así las cosas, en
criterio de la Sala, tal conducta de la Caja lesiona el derecho fundamental a
la educación del actor, con mayor razón, cuando tal condición, alegada por la
entidad, no figuraba ni siquiera en los reglamentos de adjudicación de becas
para los mejores bachilleres del plantel que constituían los criterios previos
que en su momento regían cuando otorgó la beca al actor de esta acción.” (subrayado fuera
del texto  original).
La Corte en el caso referido, al
encontrarse involucrado el derecho a la educación de un estudiante con méritos
académicos, decidió otorgar total protección de conformidad con los postulados
de Estado Social de Derecho y por encima de las consideraciones de orden legal.
Esto, bajo el argumento de que la condición reclamada para otorgar el crédito
no se encontraba estipulada desde un inicio, lo cual vulneraba los derechos del
estudiante, el principio de confianza legítima y el de la buena fe que se
presumen incluidos en todos los negocios civiles o comerciales.
Por lo anterior,
tuteló el derecho fundamental
a la educación invocado por el actor y en consecuencia ordenó que se restableciera
la beca que se había otorgado al mismo conforme al contenido del contrato beca
celebrado entre los dos, hasta que la justicia ordinaria decidiera sobre su
validez y eficacia.
5.6. En otro caso, esta Corporación
concedió el amparo de los derechos al debido proceso y la buena fe del actor,
quien consideraba se le estaban vulnerado por la universidad, al negarle la
asignación de jurados para sustentar el trabajo de grado y al excluirlo del
programa de maestría por no culminarlo en el tiempo establecido en el
reglamento de posgrados, desconociendo la prórroga que le habían concedido y
además la expedición del recibo de pago de matrícula para el semestre en el que
realizó la petición.[41]
La Sala encontró que las actuaciones de la
institución educativa accionada, fueron contrarias al debido proceso y el
respeto de los principios de la buena fe, confianza legítima y respeto al acto
propio al desconocer injustificadamente lo establecido en el reglamento en
materia de plazos, así como lo inicialmente aprobado por el Consejo, de lo cual
le era posible al accionante inferir con claridad que tenía la posibilidad de
culminar la totalidad del plan curricular, lo que incluía la designación de
jurados, la aprobación del trabajo de grado y la obtención del grado. La Corte
estableció que:
“[…],
la decisión adoptada por el Consejo el 3 de diciembre de 2009 (acta 117) que
contiene la negativa para la asignación de jurados y la exclusión de la
Maestría por exceder los términos establecidos en los acuerdos 001 de 1994 y
acuerdo 001 de 2009, después de haber proferido las autorizaciones contenidas
en las actas 087 y 097 y expedido el recibo de pago de matrícula es también
arbitraria, en la medida en que desconoce el principio de buena fe, en su
dimensión de respeto por el acto propio y de la confianza legítima lo que
constituye una violación del derecho fundamental al debido proceso, puesto que
lo autorizado, así estuviera fuera del reglamento, creaba una situación
jurídica individual, particular y concreta que lo beneficiaba y por tanto, no
podía ser revocada de plano de forma irrazonada y sin fundamento legal.”
Atendiendo entonces a que la misma
universidad había concedido unas garantías y posteriormente de manera
unilateral pretendía desconocerlas, la Corte concedió el amparo solicitado y
ordenó a la universidad accionada disponer lo necesario para incluir en la maestría
al accionante y consecuencialmente permitirle que su trabajo de grado fuera
sometido a sustentación y evaluación por parte de los jurados y de las
instancias que correspondiera.
En definitiva, puede concluirse que este Tribunal
ha tenido a bien proteger las vulneraciones a los derechos derivadas de la
pretermisión del principio de buena fe, confianza legítima y respeto por el acto
propio, los cuales en últimas expresan la necesidad de que los particulares y
las autoridades estatales, eviten recaer en comportamientos u omisiones
contradictorias, que serían legítimos, de no ser porque con una o varias acciones
precedentes generaron reglas conforme a las cuales otros sujetos desplegaron su
actividad con la convicción de estar actuando dentro de la legalidad y lo
previamente acordado.
6. Caso concreto.
6.1.
En el asunto en estudio se tiene que la accionante radicó el 3 de
marzo de 2014 en el ICETEX[42]
de Cartagena la información requerida para participar en la convocatoria núm.
6204914, cuyo objeto era la asignación de una beca para cursar el programa “Master´s
degree in public administration”, una maestría en administración ofertada
por la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur, en virtud de lo cual
presentó además algunas entrevistas.
Afirma
que mediante correo electrónico le anunciaron que había sido “seleccionada
para ser beneficiaria de la beca para cursar la maestría en administración
pública, que ofrece Koica y la Universidad Nacional de Seúl con fecha agosto 13
de 2014 a diciembre 17 de 2015(…)”.
Además,
cuenta que en dicha comunicación le indicaron que “[sería] contactada pronto
para conocer los trámites y demás información necesaria para el viaje a Corea”.
Comunicado al cual manifiesta haber dado respuesta de aceptación y
agradecimiento de forma inmediata.
Sostiene
que durante varios días mantuvo contacto con la Coordinadora de Proyectos y
Estrategias de KOICA Colombia, quien le manifestaba que aún no tenía información
detallada pero que pronto le sería enviada, quien después de varias
comunicaciones le confirmó que a partir de esa fecha (11 de junio de 2014) la
encargada de responder sus inquietudes y de llevar todos los trámites administrativos
pendientes sería la Universidad Nacional de Seúl en Corea (folios 34 y 95 del
primer cuaderno).
Como no
obtuvo respuesta alguna por parte de los encargados en Corea, cuenta que se
comunicó nuevamente con la Coordinadora en Colombia que, según manifiesta, le
dijo vía telefónica que “la beca estaba en marcha y que [sería] prudente dar
aviso del retiro laboral, ya que el trámite restante correspondía a la
solicitud de la visa, de lo cual se informaría en los próximos días” (folio
2 del cuaderno principal - numeral 13).
Expone
que el 15 de julio de 2014, teniendo en cuenta la información recibida,
presentó su carta de renuncia a partir del 30 de ese mes, la cual fue aceptada
por su empleador (la Sociedad Portuaria de Cartagena) a partir de esa fecha. Sin
embargo, manifiesta que una semana después le dijeron “[…] que, por error de
algún funcionario, se le había informado erróneamente que estaba seleccionada
para la beca, cuando ello no había sido así” (folio 3 del cuaderno
principal).
Por lo anterior, instauró
la presente acción de tutela, con la pretensión de que se ordenara a las Agencias
demandadas la entrega de una beca en condiciones similares a aquella a la que
aspiró en un inicio.
Las demandadas
manifiestan no haber vulnerado ningún derecho de la accionante, ya que solo
actúan como intermediarias entre las entidades educativas en el exterior que
ofrecen becas para programas de estudios y quienes aplican a las convocatorias desde
Colombia. Además, afirman no tener la competencia para seleccionar o incidir en
la escogencia de los becarios, por lo que tampoco sería posible satisfacer las
pretensiones de la demandante de que le sea asignada una beca en condiciones
similares a aquella en la que aplicó en un inicio.
6.2.
Como
pasa a explicarse, en el caso sub júdice no se acredita el menoscabo que alega la
accionante, por lo que no es dable que se predique la vulneración de su derecho
fundamental a la educación.
Lo
anterior, porque una vez analizadas las pruebas allegadas al expediente, la
Corte no encuentra elementos de juicio suficientes para considerar, al menos
por vía de tutela, que a la accionante se le hubiera impedido participar en la
convocatoria referida u otras, en igualdad de condiciones que los demás aspirantes, o que se le haya
discriminado o exigido requisitos diferentes a los solicitados a los otros
participantes.
Tampoco
se encuentra confirmación dirigida a ella comunicándole la obtención del
beneficio de manera oficial y que luego, abruptamente, este fuera revocado, o
que no se le hubiera informado que debía contar con la carta de admisión
emitida por la Universidad Nacional de Seúl. A su turno, se le indicó que la
Universidad le enviaría la información correspondiente.
6.3.
En primer lugar, si bien es cierto que radicó la documentación requerida para
participar en la convocatoria, no lo es menos que, como bien lo ha dicho la
jurisprudencia de este Tribunal, no puede pretenderse que con la sola entrega
de documentos para participar en la asignación de un beneficio educativo se adquiera
el derecho; en cualquier caso debe cumplirse con los requerimientos exigidos y
darse trámite a todo el procedimiento según corresponda.
Ahora
bien, la Agencia KOICA Colombia, mediante comunicación de 5 de mayo de 2014,
envió a la accionante el siguiente anuncio:
“Por medio del
presente mensaje te informamos que has sido seleccionada para ser beneficiaria
de la beca para cursar la maestría en administración pública, que ofrecen KOICA
y la Universidad de Seúl, con fecha Agosto 13 de 2014 a Diciembre 17 de 2015”.
De
esta comunicación se derivan dos interpretaciones que denotan falta de claridad
en la misma. Por una parte, que efectivamente la señora Liz Mary Almanza obtuvo
el beneficio educativo, como ella lo asumió, y por otra, que solo era una
potencial beneficiaria como lo indican las accionadas, lo que dio lugar a que
se generara confusión en torno al tema.
6.4.
Junto con ese mensaje, se encuentran en el expediente, otros en los que KOICA
Colombia informó a la actora, que la agencia no había recibido información de
la Universidad Nacional de Seúl en Corea, pero que se encontraba pendiente de
ello para continuar con el proceso. En uno de ellos se lee:[43]
“Estamos haciendo
las averiguaciones pertinentes con la universidad. En cuanto tenga más
información te lo comunicaré. Espero que muy pronto. Saludos.”
En
otras respuestas se evidencia igualmente, que la Agencia KOICA Colombia estuvo
pendiente del proceso de la accionante sin recibir información de la
universidad a cargo, en los siguientes términos: [44]
“Hola Liz,
Perdona la
tardanza en contestar.
Estamos
contactando urgentemente con nuestra sede para saber el por qué la universidad
no nos ha enviado tu documentación.
Por favor esta
semana comunícate también con mi compañera Kang mi (ella habla inglés y es la
pasante de esta oficina) que ella está muy pendiente de este tema. Su extensión
es 104.
Saludos
Diana María
Quimbay Valencia.”
En
otra comunicación se lee en el mismo sentido:
“Estimada Liz,
Agradecemos el
estar atenta a los resultados de la Universidad de Corea, pero como
comprenderás, esto tiene un proceso interno que KOICA no puede saltarse ni
mucho menos presionar. La universidad no nos ha contestado nada y por ese
motivo no podemos darte la información que solicitas. Tampoco se nos ha
informado si es necesaria más información o documentación respecto de tu
aplicación.
Desde KOICA
estamos atentos a cualquier notificación por parte de la Universidad. Una vez
la tengamos, nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad.
Saludes cordiales.
Diana María
Quimbay Valencia
Subgerente de
Programa.”[45]
Al
efecto, en varias ocasiones se le comunicó a la accionante que aún la
Universidad no se había manifestado, por lo que a la señora Liz nunca se le participó
sobre fechas de viaje o información para tramitar la visa de manera que pudiera
continuar con el proceso de la beca, de lo que se evidencia que las agencias
dieron respuesta a las inquietudes de la actora y estuvieron pendientes de su
proceso.
6.5.
En cuanto a la carta de admisión que debía ser emitida por la Universidad
Nacional en Seúl, en las pruebas se allega copia de un correo electrónico de
fecha 21 de julio de 2014 enviado a varios becarios en el que se informa sobre
los requisitos para solicitar la visa, y en el que se recalca que quienes
contaran a la fecha con la carta de admisión de la universidad correspondiente
podían ir tramitando dicho documento (la visa).[46] En esa comunicación
se manifiesta lo siguiente:
“Estimados becarios de KOICA,
Reciban un cordial saludo
Nos ponemos en
contacto con ustedes para informarles que es requisito imprescindible tramitar
la visa de estudios para su estancia en la República de Corea.
En este sentido,
le informo los documentos que deben presentar en la Embajada de Corea en Bogotá
(Calle 94 # 9 - 39):
1.
Pasaporte
vigente (de ser posible el nuevo pasaporte)
2.
Hoja
de admisión enviada por la universidad coreana
3.
Pasado
judicial
4.
Foto
3.5 x 4.5 en fondo blanco sin sonreír
5.
Fotocopia
autenticada del Registro Civil
6.
Extracto
bancario de los últimos 3 meses
En estos momentos
nos encontramos solicitando el envío de la hoja de admisión a las universidades
que no la han enviado, esperando tener una respuesta lo antes posible para que
puedan tramitar su visa. Por favor informarme en cuanto reciban este documento
desde sus respectivas universidades. Quienes ya tengan la hoja de admisión pueden
iniciar sus trámites ante la embajada.
(…)
Diana María
Quimbay Valencia
Subgerente de
Programa” (Resaltado fuera del texto original.)
Se
infiere, entonces, que la peticionaria tenía conocimiento de que no debía
iniciar ningún trámite concreto sin tener información, ni el proceso de
solicitud de la visa, puesto que no contaba con la carta de admisión expedida
por la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur.
Se
evidencia también, que en respuesta a los mensajes dirigidos a las demandadas por
parte de la actora, se le informó que se encontraban a la espera de información
enviada por parte de la Universidad, con la cual aún no se habían podido
comunicar, por lo que escapaba a la órbita de dominio de las agencias poder
manifestar con certeza que ella había sido admitida y dar lugar a que fuera
tramitando la visa requerida, como ella esperaba.
6.6.
Así mismo, no puede obviarse que cuando se le comunica a la actora “[…] que,
por error de algún funcionario, se le había informado erróneamente que estaba
seleccionada para la beca, cuando ello no había sido así”[47]
ella aún no contaba con ningún documento oficial que certificara su
selección como beneficiaria de la beca referida, por lo que no es dable hacer
alusión a derechos adquiridos ni a la vulneración del principio de confianza
legítima.
En
el caso en concreto, no se observa la configuración de una circunstancia
determinada que permita deducir que la actora haya adquirido un derecho y que
posteriormente le haya sido arrebatado abruptamente, como para sostener que se
le vulneró su derecho a la educación y se trasgredieron los principios de buena
fe y confianza legítima.
Tampoco
es posible afirmar que se generó una desestabilización cierta, razonable y
evidente en la relación entre la accionante y las agencias, como para
establecer que se le creó una expectativa seria y fundada, por cuanto se le manifestó,
en diferentes ocasiones, que se esperaba información de la universidad en Seúl
la cual no se había puesto en contacto con las agencias, incluso después de
semanas, y que debía contar con la carta de admisión suscrita por la misma para
poder tramitar la visa, lo cual nunca ocurrió.
No
puede soslayarse, como se estudió en la parte considerativa, que las
expectativas no comportan en sí mismas un derecho, aunque su vulneración si
pueda derivar en la trasgresión de uno o más de ellos, cuando sean serias y
fundadas.
Si
bien puede hablarse de un eventual error, esta circunstancia de ninguna manera
permite que se predique que se configuró la vulneración de un derecho
fundamental. Por una parte, porque no fue aceptada en la universidad para
cursar los programas ofertados a los cuales se postuló, y en segundo lugar,
porque no se encuentran elementos determinantes que muestren que su renuncia se
derivó directamente de algún requisito para obtener las becas, como para aseverar
que se trasgredieron en concreto los derechos a la educación y al trabajo como
aduce la demandante.
En
consecuencia, un eventual error de comunicación en el que incurrieron los
funcionarios de las agencias de cooperación puede haber ocasionado un daño, pero
dista de ser una trasgresión de un derecho fundamental que requiera de protección
mediante tutela.
6.7.
Si bien el Estado tiene el deber de asegurar la prestación eficiente y continua
de los servicios públicos a todas las personas, en este caso no se evidencia
que haya vulnerado este derecho y mucho menos que sus agentes hayan actuado de
mala fe.
Se
observa, además, que la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)
procedió mediante correo de fecha 01 de agosto de 2014 a brindar las disculpas
correspondientes por el malentendido que se había surtido, recalcando de todas
formas, que la accionante debió esperar a tener la comunicación oficial por
parte de la institución educativa, manifestando entre otras, que los mensajes
mediante correo electrónico no surten efectos legales para la República de
Corea.
En
el caso, la entidad ofreció a la señora Liz Mary Almanza Moreno la posibilidad
de que se postulara a otra de las becas, que aunque ya había cerrado las
inscripciones de candidatos, era posible comunicarse con la casa central de
KOICA en Corea con el fin de colaborarle, teniendo en cuenta la penosa
situación por la que estaba pasando. En esta comunicación se lee lo siguiente:
“Estimada señora
Almanza,
De parte de la oficina
de KOICA-Colombia, lamentamos por lo que le ha pasado con su aplicación a la
beca de KOICA.
Hubo una serie de
mala comunicación.
Cuando se le mandó
el correo adjuntado donde le indican que Ud. había sido aceptada para la beca
de la Universidad Nacional de Seúl, no estaba terminado el proceso de
selección, así que solo Ud. había pasado la prueba de documentos.
Fue nuestro error
que le informamos que estaba aceptada.
Como no nos
llegaban los documentos oficiales de la Universidad Nacional de Seúl, la oficina
KOICA también pidió los documentos a la universidad y a la casa central desde
julio, lamentamos por lo que ha pasado por la falta de comunicación entre
nosotros.
Sin embargo, por
su parte, debería confirmar su aceptación a la beca a través de un comunicado
oficial (para las entidades estatales, el correo electrónico no tiene efectos
legales).
De todas maneras
otra vez lamentamos por lo que ha pasado.
Por ende le
sugerimos que aplique a la beca de una maestría en Corea que es la única
convocatoria abierta en este momento, es la maestría Saemaul movimiento
(programa del desarrollo rural de Corea) de la Universidad de Young Nam.
Como no tenemos la
autoridad de seleccionar los beneficiarios del programa de beca, no le podemos
garantizar la aceptación. Pero, de parte de la oficina en Colombia, vamos a
comunicarnos esta noche con Casa central en Corea para que le den la
oportunidad de aplicar a esta maestría porque ya su fecha de trámite de
aplicación terminó.
(…)”
Como
se advierte en el comunicado anterior, se tiene además que las agencias como
intermediarias entre países, no tienen competencia ni la facultad de escoger o
incidir en la selección, en este caso, de los becarios, por lo que tampoco
sería posible satisfacer la pretensión de la actora.
Desafortunadamente
la actora no cumplió con el perfil profesional requerido, por lo que no fue
seleccionada para continuar en el proceso de beca.[48]
6.8.
Por último, no se evidencia prueba que respalde las afirmaciones de la
demandante en relación con las afectaciones sufridas por los gastos erogados en
el proceso de participación para la asignación de la beca de maestría.
De
esta manera, la Corte considera que si la actora pretende reclamar el reembolso
de los gastos en los que haya incurrido para efectos de obtener la beca o la
reparación de daños que pudo haber tenido, la accionante puede acudir ante la
jurisdicción ordinaria para solicitar el reconocimiento de los valores
sufragados durante el proceso de asignación de la beca desde el momento en que
le enviaron el mensaje en el que aparentemente la seleccionaron como
beneficiaria de la beca, de considerarlo necesario.
En
virtud de lo anterior, esta Sala procederá a confirmar el fallo proferido por
el Tribunal
Administrativo de Bolívar en la acción de tutela interpuesta por Liz Mary
Almanza Moreno.
V.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR el fallo proferido
por el Tribunal
Administrativo de Bolívar dentro de la tutela interpuesta por Liz
Mary Almanza Moreno contra la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) y la Agencia de
Cooperación Internacional de Corea Oficina en Colombia (KOICA Colombia), en el
que se niega el amparo solicitado.
Segundo.-
LÍBRESE
por la Secretaría General de esta Corporación la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO
ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA T-342/15
INDEBIDA
INTEGRACION DEL CONTRADICTORIO-Se debió vincular al Icetex por
cuanto fue la entidad que ofertó beca de estudios en el exterior (Aclaración de
voto)
Referencia:
Expediente T-4.822.295
Acción
de tutela presentada por Liz Mary Almanza Moreno contra la Agencia Presidencial
de Cooperación Internacional de Colombia (APC) y la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea, Oficina en Colombia (KOIKA, Colombia)
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Con el acostumbrado respeto por las
providencias emitidas por esta Corporación, formulo aclaración
de voto en relación con algunos argumentos que llevaron a la Sala a tomar la
decisión contenida en la sentencia de la referencia. Mi discrepancia no tiene
fundamento en el sentido del fallo adoptado, por cuanto estimo que no le
asistía la razón a la peticionaria, sino en dos aspectos relacionados con la
integración del contradictorio y el planteamiento del problema jurídico, que
paso a explicar.
1.
La
integración del contradictorio.
Según el relato de los hechos, a comienzos
del año 2014, el ICETEX ofreció una beca para cursar una maestría en
administración pública en la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur.
El 13 de marzo de 2014, la accionante
radicó en la oficina del ICETEX, Seccional Cartagena, la documentación
requerida para postularse a la beca. Posteriormente, recibió un correo
electrónico de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Oficina en
Colombia (KOICA), indicándole que había sido seleccionada “para ser
beneficiaria de la beca para cursar la maestría en administración pública, que
ofrece KOICA y la Universidad Nacional de Seúl, con fecha agosto 13 de 2014 a diciembre
17 de 2015”.
El
11 de junio de 2014, los funcionarios de KOIKA le informaron que el trámite de
la beca estaba en marcha y que era necesario ir adelantando lo referente a la
solicitud de la visa.
El
30 de julio de 2014, la peticionaria recibió una comunicación de KOICA, en el
sentido de que, por un error involuntario, se le había informado que había sido
seleccionada para cursar una beca, cuando ello no era así.
Como
puede advertirse, era necesario vincular en el trámite de amparo al ICETEX, por
cuanto: (i) fue la entidad que ofertó la beca de estudios en el exterior; (ii)
la peticionaria radicó toda su documentación ante ella; y (iii) era muy
importante que dicha institución aclarara cuáles eran condiciones para
postularse.
Así
las cosas, no se integró debidamente el contradictorio por pasiva.
2.
El
planteamiento del problema jurídico.
En
los términos de la sentencia, el problema jurídico por resolver era el
siguiente:
“Corresponde a esta Sala de Revisión establecer si una
agencia de cooperación nacional vulnera el derecho a la educación de una
persona cuando le comunica que fue seleccionada para cursar una beca en otro
país, pero no le otorga el beneficio porque la Universidad oferente del
programa no acredita la admisión”.
A
mi juicio, no se entiende por qué razón si la mayoría de hechos relatados en la
sentencia guardan relación con la conducta de la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea, Oficina en Colombia (KOIKA), el problema jurídico se
orientó, exclusivamente, hacia las actuaciones de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia (APC).
De
haberse examinado el comportamiento de KOIKA, la Sala tendría que haber
examinado si procede una petición de amparo dirigida contra una agencia de
cooperación de un país extranjero. En otras palabras, habría sido necesario
analizar un tema clásico en derecho internacional, como lo es aquel de la
inmunidad de Estados.
Fecha
ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Copia
de las comunicaciones intercambiadas entre la accionante y las accionadas de
fecha 26 y 27 de marzo, 17 y 18 de abril, 5 y 6 de mayo, 6, 7, 11 y 18 de
junio, 1, 4,14, 21, 22, 28, 29, 30 y 31 de julio, 8, 9, 13 y 14 de agosto y 3 y
9 de septiembre de 2014. Visibles entre folios 13 y 43 del cuaderno principal.
[2] Sentencia T-452 de 1997.
[3] Sentencia T-562 de
2013.
[4] Sentencias T-002 de 1992, T-236 de
1994, T-467 de 1994, T-100 de 1995, T-388 de 1995, T-235 de 1997, T-029 de
2002, T-550 de 2007, T-533
de 2009 y T-428 de 2012, entre otras.
[5] Ver las sentencias
T-002 de 1992, T-467 de 1994, T-1227 de 2005, T-428 de 2012 y T-603 de 2013,
entre otras.
[6] Ver también sentencias
T-367 de 2010 y T-390
de 2011.
[7] Sentencia T-153 de
2013.
[8] Sistema de Derecho
Civil, vol.I, 10ª edición., Edit. Tecnos, Madrid, 2001, p. 424). Ver también,
El Principio de la Buena Fe Procesal. Joan Picó Junoy. Edición 2003. J.M. BOSH
EDITOR.
[9] En la
Sentencia C-68 de 1999 se lee que “Con anterioridad a la
expedición de la Constitución de 1991, la buena fe tuvo en el derecho
colombiano el carácter de principio jurídico que informa la normatividad, y al
que se le dio aplicación como regla general de derecho, por la jurisprudencia
nacional, con fundamento en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.”
[10] Sentencia T-475 de
1992. Constitución Política de Colombia “Artículo 83. Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante éstas.”
[11] Sentencia T-180A de 2010.
[12] Sentencia T-460 de
1992.
[13] Sentencia T-575 de
1992.
[14] Sentencia C-544 de
1994. Ver también sentencia C-540 de 1995.
[15] Ver caso similar en la
sentencia T-672 de 1998.
[16] Sentencia C-131 de
2004.
[17] Sentencia C-1194 de
2008.
[18] Sentencia T-375 de
2013.
[19] Ver sentencias C-131 de
2004 y T-248 de 2008.
[20] Ver sentencia T-248 de
2008.
[21] Sentencia T-689 de 2005
y C-1194 de 2008 entre
otras.
[22] Sentencia C-131 de 2004
en la que se declaró la constitucionalidad de la norma que consagraba la
obligación de realizar la revisión técnico mecánica de los automóviles privados
cada dos años.
[23] En sentencia T-617 de 1995 la
Corte manifestó que “El
principio de confianza legítima se fundamenta en los principios de la buena fe,
seguridad jurídica y respeto al acto propio. Consiste en que la administración no
puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella
se relacionan”.  Ver
también sentencia T-698 de 2010, entre otras.
[24] Sentencia T-437 de
2012. En relación con los presupuestos de la confianza legítima, ver también
las sentencias SU-360 de 1999, T-364 de 1999, SU-601 de 1999, T-706 de 1999, T-754 de 1999, T-961 de 2001, T-046 de 2002, T-660 de 2002, T-807 de 2003, T-034 de 2004, C-131 de 2004, T-483 de 2004, T-642 de 2004, T-1204 de 2004, T-892 de 2006 y T-021 de 2008, entre muchas otras.
[25] Cfr. Sentencias T-1228 de 2001, C-130 de 2004, T-340 de 2005, T-689 de
2005, T-075 de 2008, T-248 de 2008, T-1179
de 2008, T-268 de 2009, T-566 de 2009 y T-698 de 2010, entre otras.
[26] Sentencia T-845 de
2010.
[27] Sentencia T-180A de
2010.
[28] En sentencia T-655 de
2002, en relación con las meras expectativas, la Corte señaló “[…] el
eventual desempeño de un empleo público no pasa de ser una mera expectativa del
accionante, lo cual no permite deducir un perjuicio irremediable cierto y
concreto, que imponga la medida de protección transitoria. Los mecanismos
judiciales de defensa, incluida la tutela, no están instituidos para proteger o
garantizar meras expectativas de derechos. Además de lo anterior, la condición
de pensionado por invalidez absoluta, decretada luego de la valoración de los
componentes biológico, funcional, psíquico y social, no le permitirían
desempeñar un empleo público, a menos, claro está, que hayan desaparecido los
motivos con base en los cuales se reconoció y se paga mensualmente la pensión
de invalidez. Si tales causas permanecen, el accionante no podría tener
simultáneamente la calidad de servidor público y la de pensionado por invalidez
absoluta pues los diferentes regímenes consagran la incapacidad física
permanente como causal de retiro definitivo del servicio y como fuente para el
reconocimiento de la pensión de invalidez.”
[29] Sentencia T-845 de
2010.
[30] Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior.
[31] SNIES.
[32] La Corte en la sentencia C-131 de
2004 sostuvo lo siguiente: "En este sentido, no se trata de amparar
situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido,
ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la
Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una
determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas
intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre,
en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo
razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación.”
[33] Sentencia T-079 de
2004.
[34] La Corte ha manifestado
que del respeto al acto propio se deriva la imposibilidad de desconocer sus
propios actos y vulnerar con ello los principios de buena fe y confianza
legítima. Ver al respecto sentencias
T-544 de 2003 y T-079 de 2004, entre otras.
[35] Sentencia T-295 de
1999.
[36] Sentencia T-208 de
2008.
[37] Cfr. sentencia T-617 de 1995, T-606 de 2002, T-956 de
2011.
[38] Sentencia T-375 de
2013.
[39] Sentencia T-698 de 2010.
[40] Sentencias T-513 de 1997,
T- 310 de 1999 y C-1245 de 2000.
[41] Sentencia T-850 de
2010.
[42] “El ICETEX es una
entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del otorgamiento
de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de terceros, a la
población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico.
Igualmente, facilita el acceso a las oportunidades educativas que brinda la
comunidad internacional para elevar la calidad de vida de los colombianos y así
contribuir al desarrollo económico y social del país”. Como entidad del
Gobierno Colombiano se encarga de canalizar la oferta de becas de cooperación
internacional que ofrecen al país los Gobiernos y Organismos Internacionales
(Ley 30 - 1992). ICETEX no fue vinculado a la demanda de tutela por cuando el
problema jurídico se relaciona con las entidades que tienen directamente la
facultad de otorgar las becas.
[43] Comunicación del 4 de
julio de 2014 (folio 97). Comunicación del 21 de julio de 2014 (folio 99).
[44] Comunicación del 29 de
julio de 2014 (folio 100).
[45] Ver otra comunicación a
folio 108, en la que manifiesta nuevamente el 22 de agosto de 2014 que aún no
han recibido respuesta de la universidad de Corea.
[46] Folios 23, 25, 26, 29 y 98 del
cuaderno principal.
[47] Folio 3 del cuaderno
principal. Comunicado de fecha 1º de agosto de 2014.
[48] Folio 110 del primer cuaderno.