T-019-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-019/11
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER
REINTEGRO LABORAL DE TRABAJADOR DISCAPACITADO-Procedencia excepcional
Esta
Corporación ha precisado que, excepcionalmente, el mecanismo de amparo
constitucional puede ser procedente, de manera transitoria, cuando se
involucren los derechos de personas que se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta por causa de su condición económica, física o mental  y,
adicionalmente, en los casos en los cuales se predica el derecho a la
estabilidad laboral reforzada. Este Tribunal ha señalado que, en las
situaciones de excepcionalidad anotadas, resulta necesario, en todo caso, para
que proceda la acción de tutela, acreditar la condición de trabajador
discapacitado o con alguna limitación en su estado de salud y demostrarse la
existencia de una relación de causalidad entre las condiciones de salud del
trabajador y su desvinculación, de forma tal que pueda predicarse la
configuración de un trato discriminatorio.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LAS
PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Reiteración de jurisprudencia/ACCIONES AFIRMATIVAS
A FAVOR DE PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS O MENTALES Y ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA
Esta Corporación ha establecido que de las acciones
afirmativas a favor de las personas con limitaciones físicas o mentales se
deriva una estabilidad laboral reforzada, la cual, implica: (i) el derecho a
permanecer en el empleo; a (ii) no ser despedido por causa de la situación de
vulnerabilidad; a (iii) permanecer en el empleo hasta que se requiera y hasta
tanto no se configure una causal objetiva que imponga la terminación del
vínculo y a (iv) que la correspondiente autoridad laboral autorice el despido,
con fundamento en la previa verificación de la ocurrencia de la causal que se
alega para finiquitar el contrato laboral, so pena de que el despido se
considere ineficaz. En relación con el desarrollo legal que ha tenido el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas con limitaciones, el
legislador estableció una serie de garantías orientadas, por un lado, a
permitir que estas personas ingresen a la actividad laboral y, del otro, a
asegurar que sus limitaciones no se constituyan en causales para que sean
excluidas de la misma
ARTICULO 26 DE LA LEY 361/97-Establece mecanismos de integración social para
personas en condición de discapacidad/IGUALDAD EN EL ACCESO AL MERCADO
LABORAL
Este último apartado fue declarado exequible de manera
condicionada por esta Corporación en Sentencia C-531 de 2000, en el entendido
de que el pago de la indemnización al trabajador discapacitado no convierte el
despido en eficaz, si éste no se ha hecho con previa autorización de la Oficina
de Trabajo. De ahí que, la indemnización se constituye en una sanción para el
empleador, mas no en una opción para éste de despedir sin justa causa a un
trabajador discapacitado. De igual manera, en Sentencia T-198 de 2006, la Corte
señaló que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 contiene una protección laboral
reforzada que se proyecta en dos ámbitos: uno positivo, que implica la
prohibición de que las limitaciones físicas o mentales de una persona sean la
causa para obstaculizar su vinculación laboral, a menos que dicha limitación
resulte claramente  incompatible con el cargo que va a desempeñar, y uno
negativo, según el cual, ninguna persona discapacitada podrá ser despedida o su
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
Oficina de Trabajo. Sin embargo, quienes hayan sido retirados de su empleo por
este motivo, tendrán derecho a una indemnización, sin perjuicio de las demás
prestaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en las normas
correspondientes. Conforme con lo anterior, el artículo mencionado, propende
por la igualdad en el acceso al mercado laboral y establece, además, una
evidente limitación a la facultad de los empleadores para despedir a los
trabajadores que adolecen de algún tipo de discapacidad. Resulta conveniente
advertir que, el ámbito negativo de protección
establecido por la norma en cita, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, se circunscribe a aquellos eventos en los cuales la
desvinculación laboral se produce por causa de la enfermedad o
discapacidad del trabajador
PROTECCION LABORAL PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
La especial protección laboral de las personas
discapacitadas, en el ámbito  positivo y negativo, ocurre cuando quiera que la
imposibilidad de acceder al mercado laboral o la exclusión del mismo se
produzcan como consecuencia de su estado de debilidad manifiesta, por cuanto la
protección se dirige a evitar precisamente que ellos sean objeto de
discriminación con ocasión de sus limitaciones. Ahora bien, resulta necesario
destacar que, para la Corte, están amparados por la protección prevista en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no solamente aquellas personas que tienen la
condición de discapacitados, de acuerdo con la calificación efectuada por los
organismos competentes, sino también, quienes se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta, ya sea por acaecimiento de un evento que afecta su salud,
o de una limitación física, sin importar si ésta tiene el carácter de
accidente, enfermedad profesional, o enfermedad común, ni si es de carácter
transitorio o permanente. No obstante lo anterior, aún cuando la situación de
los trabajadores calificados como discapacitados es distinta a la de aquellos
que padecen una afectación significativa de su salud pero aún no han sido
objeto de calificación por los organismos establecidos para el efecto, la Corte
ha sostenido que en ambos casos existen razones que justifican la existencia de
una especial protección laboral
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
TRABAJADORES EN CONDICIONES DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Protección/DERECHO A LA REUBICACION LABORAL
En
aplicación de la jurisprudencia constitucional reseñada, la Corte ha protegido
en diversas oportunidades el derecho de las personas con limitaciones
-independientemente de que haya sido o no calificada su discapacidad- a no ser
discriminadas en el ámbito laboral con ocasión de sus condiciones particulares
y ha señalado, en forma enfática, que son  merecedoras de un trato especial.
Ahora bien, tal y como quedó expuesto,  la protección a la estabilidad laboral
reforzada de los trabajadores que se encuentren en situación de debilidad
manifiesta, por causa de una disminución en la capacidad física o mental, no
solamente comprende la prohibición impuesta al empleador de dar por terminado
el contrato de trabajo en razón de dicha discapacidad del trabajador, sino que,
además, implica, la reubicación si se requiere, hasta tanto no surja una causal
objetiva y la misma no sea verificada previamente por la autoridad laboral
competente. El derecho a la reubicación, ha sido entendido por la Corte como la
prerrogativa que tiene el trabajador de que le sean asignados labores que estén
acordes con su condición física, cuando ésta ha disminuido, como consecuencia
de una enfermedad, y mientras se recupera. Sobre el particular esta Corporación
ha dicho: “el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores no
puede ser entendido como la simple imposibilidad de retirara un trabajador que
ha sufrido una merma en su estado de salud, sino que comporta el derecho a la
reubicación en un puesto de trabajo en el que el discapacitado pueda
potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no
obstante la discapacidad que le sobrevino, de forma que se concilien los
intereses del empleador de maximizar la productividad de sus funcionarios y los
del trabajador en el sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas”. Es
precisamente en aplicación del principio de solidaridad que el empleador tiene
la obligación de reubicar al trabajador que adolece de una discapacidad o una
incapacidad física o mental, en una actividad digna y conforme con su estado de
salud, salvo que demuestre que “existe un principio de razón suficiente que lo
exonera de cumplirla. Corporación ha señalado que en algunos eventos, la
reubicación laboral como consecuencia del estado de salud del trabajador,
implica no solamente el simple cambio de labores, sino que comporta la
proporcionalidad entre las tareas y los cargos previamente desempeñados y los
nuevos asignados, así como el deber del empleador de brindar la capacitación
necesaria para que las nuevas funciones sean desarrolladas adecuadamente. Conforme
a lo anterior, fuerza concluir que el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de trabajadores que se encuentren en situación de debilidad
manifiesta, por causa de una disminución de la capacidad física o mental,
implica el derecho a permanecer en el empleo o a ser reubicado si se requiere,
asignándole unas funciones acordes con su estado de salud, lo cual debe
incluir, de ser necesario, la capacitación para el adecuado cumplimiento
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN CONTRATO
A TERMINO FIJO
En
relación con esta clase de contratos, la Corte ha señalado, que no obstante lo
anterior, en ciertas circunstancias especiales, el derecho a la estabilidad
laboral reforzada puede oponerse, incluso, a la terminación del contrato de
obra o labor determinada. En la Sentencia T-1046 de 2008 dijo: “(…) la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la simple finalización de un
contrato laboral de tales características, arguyendo la culminación de la
labor, no es una razón suficiente para dar por terminado un vínculo de esta
naturaleza, en especial, si la empresa escudada en la finalización del contrato
de obra, desconoce los requisitos legales para su terminación o finiquita un
contrato bajo supuestos que denoten discriminación. Estas consideraciones
resultan particularmente relevantes cuando se trata de la terminación de
contratos laborales celebrados con personas en condiciones de debilidad
manifiesta.”. La Corte también advirtió que el vencimiento del plazo pactado o
la culminación de la obra, no es suficiente para legitimar la determinación de
un empleador de no renovar esa clase de contratos o darlo por terminado: (i)
si subsiste la materia del trabajo, las causas que lo originaron o la necesidad
del empleador; (ii) si el trabajador ha cumplido efectivamente sus obligaciones
contractuales y (iii) se trate de una persona en una situación de debilidad. De
ahí que, cuando una persona goza de estabilidad laboral reforzada, no puede ser
desvinculada sin que exista una razón objetiva para terminar el vínculo laboral
y medie la autorización de la oficina del trabajo, que avale dicha decisión
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Derecho a la estabilidad laboral reforzada
RELACIONES LABORALES EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
TEMPORALES
Referencia: expedientes T-2.526.737, T-2.544.038,
T-2.550567, T-2.606.661 T-2.699.407, T-2.782.772 (Acumulados)
Accionantes: Ana Isabel Orozco Torres, Ana de Dios
Martín Barrera, Justa Deissy Moreno Rodríguez, Nancy Patricia Cañón Fraile,
Jhon Oscar Molina Sandoval y Efraín Fernando Espejo Franco
Accionados: Empresa de Servicios Temporales del
Atlántico, Protex S.A., Comercializadora Rumbos LTDA, Activos S.A, Cooperativa
de Trabajo Asociado Apoyo, Desarrollo y Gestión Tecnológica, E.P.S. Sura,
Consorcio ITS, Aseo Técnico del Caribe S.A. E.S.P., en liquidación y A.R.P.
Seguros Bolívar
Magistrado Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C.,  diecisiete (17) de enero de dos mil once
(2011)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván
Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos proferidos por
el Juzgado Sesenta y Uno Penal  Municipal  con  Función  de  Control de
Garantías de  Bogotá  (T-2.526.737); el  Juzgado  Segundo  Promiscuo  de
Familia  de Zipaquirá (T-2.544.038);  el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Bogotá (T- 2.550.667); el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá
(T-2.006.661), el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja
(T-2.699.407) y el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla
(T-2.782.772).
Los expedientes de la referencia fueron repartidos a la
Sala Cuarta de Revisión   por las Salas de Selección Nos Dos, Cuatro, Siete y
Nueve, mediante los Autos de fechas 9 y 26 de febrero de 2010 (T-2.526.737, -2.544.038
y T-2.545.947); 23 de abril del citado año (T-2.606.661); 7 de julio del
mencionado año (T-2.699.407) y 7 de septiembre de la misma anualidad (T-2.782.772).
Una vez examinó los expedientes la Sala Cuarta de
Revisión, mediante Autos del 10 y 13 de junio, 13 de agosto y 26 de octubre del
2010, decidió acumularlos por encontrar
que guardaban unidad de materia.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-2.526.737
1.1. La solicitud
El 27 de noviembre de 2009, la señora Ana Isabel
Orozco Torres, interpuso acción de tutela, en nombre propio, para que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones
dignas, a la dignidad humana, a la seguridad social y a la estabilidad laboral
reforzada, en su calidad de persona incapacitada que, según afirma, le fueron
vulnerados por Protex S.A., y Servicios Temporales del Atlántico Ltda., en
adelante SERVITLAN LTDA al terminar el contrato laboral pactado en la modalidad
de duración de obra o labor determinada[1],
suscrito entre ella y la empresa de servicios temporales mencionada.
1.2. Los hechos
La accionante los narra, en síntesis, así:
1.2.1. El 19 de enero de 2009, celebró
un contrato de trabajo de obra o labor contratada con SERVITLAN LTDA, para
prestar sus servicios como operaria, en calidad de trabajadora en misión,
siendo asignada a la empresa Protex S.A.
1.2.2. En el mes de junio de 2009, cuando
estaba ejerciendo sus labores en la empresa Protex S.A., realizó una indebida
fuerza de tracción al fallar una de las máquinas que estaba operando, lo cual
le ocasionó un fuerte dolor en el hombro.
Al día siguiente, como el dolor
fue aumentando progresivamente, le informó al supervisor de la empresa lo
sucedido, quien decidió remitirla a la E.P.S. Este incidente no fue reportado a
la A.R.P.
1.2.3. Dicho dolor en el hombro le
generó varias incapacidades, la mayoría, con duración de dos o tres días.
1.2.4. El 9 de julio de 2009, le fue
diagnosticada una “tendinitis de bíceps”, razón por la cual el médico
tratante le ordenó varias terapias.
1.2.5. El 12 de agosto de 2009, Protex
S.A., le comunicó que había concluido la obra o labor que venía desempeñando en
desarrollo del contrato con SERVITLAN LTDA, sin tener en cuenta que no había
recuperado su estado de salud y que se encontraba en tratamiento médico.
1.2.6. Después de la desvinculación
siguió con las terapias pero no presentó mejoría alguna, por el contrario, el
dolor en la zona afectada fue aún más intenso.
Posteriormente, tuvo cita con el
médico ortopedista, quien luego de realizarle una resonancia, le diagnosticó “síndrome
de manguito rotatorio”, ordenándole la correspondiente cirugía, la cual no
se le practicó, porque los exámenes prequirúrgicos no le fueron autorizados al
ser suspendida su afiliación al Sistema de Seguridad Social con ocasión de su
desvinculación laboral.
1.3. Oposición a la demanda
El Juzgado Sesenta y Uno  Penal  Municipal  con
Función  de  Control de Garantías de  Bogotá,  mediante proveído del 30 de noviembre
de 2009, admitió la demanda y corrió traslado a las entidades demandadas para
que ejercieran su defensa.
1.3.1.
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, Protex S.A., a través de
apoderado, esgrimió las razones por las cuales considera que la acción de
tutela resulta improcedente para lograr la protección de los derechos fundamentales
de la accionante.
Como fundamento de su oposición, Protex S.A. señaló:
·
La inexistencia de vínculo laboral
entre la accionante y Protex S.A.
-Entre Protex S.A. y SERVITLAN LTDA existió un vínculo
comercial en virtud del cual esta última prestaba servicios de carácter
temporal en los incrementos de la producción con sus propios medios y riesgos.
-Conforme al Acuerdo Marco que registra el vínculo
mencionado, SERVITLAN LTDA, se obligó a prestar los servicios contratados con
su propio personal, siendo entonces, el verdadero empleador de quienes
desempeñan labores de operarios temporales.
-Como consecuencia de la prestación de los servicios
de carácter temporal a SERVITLAN LTDA, la accionante tiene legitimidad para
ejercer cualquier reclamación laboral contra dicha empresa y no frente a Protex
S.A., con quien no existe ningún vínculo laboral.
·
Inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales por parte de Protex S.A.
Por las razones anteriormente expuestas, es decir, la
inexistencia de un vínculo laboral entre la accionante y Protex S.A., se
infiere que la empresa no ha vulnerado ningún derecho fundamental; en caso de
que esta vulneración se hubiere verificado, le corresponde a la directa
empleadora garantizar la protección del mismo.
·
Falta de legitimación en la causa
por pasiva
La falta de legitimación tiene como fundamento en que
no existió un vínculo laboral o contractual de ninguna clase entre Protex S.A.
y la señora Ana Isabel Orozco Torres.
·
Existencia de otro medio de
defensa judicial
El presente conflicto debe ser planteado ante la
jurisdicción ordinaria y no por la vía de la tutela, la cual es un mecanismo
excepcional.
1.3.2. Dentro
de la oportunidad procesal correspondiente, SERVITLAN LTDA, a través de
apoderado, esgrimió las razones por las cuales considera que la acción de
tutela resulta improcedente, las cuales pueden sintetizarse, así:
-La señora Ana Isabel Orozco Torres prestó sus
servicios, a partir del 19 de enero de 2009, en la empresa usuaria Protex S.A.,
a través de un contrato de trabajo suscrito entre ella y SERVITLAN LTDA, el
cual finalizó el 15 de agosto de 2009.
El acuerdo celebrado fue un contrato de trabajo por la
duración de la obra o labor contratada. Ello significa que las partes
anticipadamente y de mutuo consenso, establecieron el término en el que regiría,
en el entendido de que finiquitaría una vez se terminara la obra o labor, sin
que ello pueda considerarse como un despido, sino un modo legal de terminación
del contrato.
En el presente caso, la obra o labor para la cual fue
contratada la accionante terminó, por cuanto la empresa Protex S.A. en la cual
fue enganchada con ocasión de una sobreproducción, concluyó la labor que
ella desempeñaba. Al momento de terminársele el contrato de trabajo, la accionante
no se encontraba incapacitada.
1.4. Pretensiones
La señora Ana Isabel Orozco Torres solicita que se
tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones
dignas, a la dignidad humana, a la seguridad social y a la estabilidad laboral
reforzada, en su calidad de persona incapacitada.
1.5. Pruebas
En el expediente obran como pruebas.
-Copia del Acta de no conciliación Nº 31 del Ministerio
de la Protección Social (Folio 8 del cuaderno principal).
-Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ana
Isabel Orozco Torres (Folio 9 del cuaderno principal).
-Copia de la historia clínica de la señora Ana Isabel
Orozco Torres (Folios 10-13 del cuaderno principal).
-Copia del estudio de RNM efectuado a la señora Ana
Isabel Orozco Torres (Folio 14 del cuaderno principal).
-Copia de las órdenes médicas a nombre de la señora
Orozco Torres para la realización de una Acromioplastia Vía Abierta y de
exámenes prequirúrgicos (Folios 15-18 del cuaderno principal).
-Copia de certificados de incapacidades médicas
(Folios 20-21 del cuaderno principal).
-Copia
del Contrato de Trabajo de obra o labor contratada suscrito entre la empresa
SERVITLAN LTDA y la señora Ana Isabel Orozco Torres  (Folios 43-44 del cuaderno
principal).
-Copia
de la Comunicación de la empresa Protex S.A. a SERVITLAN LTDA en el que le
informa que la señora Ana Isabel Torres Orozco “ha concluido la obra o labor
que de manera particular venía desempeñando en el desarrollo del contrato con
Servitlan Ltda.” (Folio 45 del cuaderno principal)
2. Expediente T-2.544.038
2.1. La solicitud
El 27 de julio de 2009, Ana de Dios Martín Barrera,
presentó acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos
fundamentales a la vida, a la igualdad, a la integridad física y mental, a la
seguridad social, a la salud, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo
vital que, según afirma, le fueron vulnerados por la empresa Comercializadora
Rumbos Ltda al terminar el contrato de trabajo a término indefinido, suscrito
entre ella y la mencionada compañía.
2.2. Los hechos
La accionante los narra, en
síntesis, así:
2.2.1. Fue vinculada por la empresa Comercializadora Rumbos Ltda.
para realizar oficios varios, mediante contrato de trabajo a término indefinido,
desde el día 1 de junio de 2001 hasta el día 6 de junio de 2009, fecha en la
cual, le fue terminado su vínculo laboral de manera unilateral y sin existir
una justa causa de despido.
Los oficios que diariamente realizaba eran: barrer,
trapear, preparar jugo de mandarina (cinco canastas), preparar sesenta
cacerolas, alistamiento de pulpas, ayudar en el aseo, limpiar vidrios y
muebles.
2.2.2. Como consecuencia de las labores desempeñadas en la
empresa, su estado de salud se fue deteriorando por las múltiples enfermedades
que empezó a padecer: síndrome del túnel
del carpo, epicondilitis bilateral, tendinitis de extensores bilateral,
enfermedad de meniere y varices grado II,  las cuales le generaron varias
incapacidades.[2]
2.2.3. No
obstante su deteriorado estado de salud y la necesidad de recibir tratamiento
médico, estando incapacitada, la empresa terminó, de manera unilateral, su contrato
de trabajo, lo cual generó no sólo su desafiliación al régimen de seguridad social
sino la afectación de su mínimo vital.
2.2.4. Después
de finalizada su vinculación laboral, elevó una petición a la empres por medio
de la cual solicitó, entre otros, su reintegro, en  virtud de la estabilidad
laboral reforzada que ostenta con ocasión de las múltiples enfermedades que
padece y que son de conocimiento de la compañía, sin obtener una respuesta
satisfactoria.
2.3. Oposición a la demanda
El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía,
mediante proveído del 29 de julio de 2009, admitió la demanda y corrió traslado
a la entidad demandada para que ejerciera su defensa.
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
demandada, a través de apoderado, esgrimió las razones por las cuales considera
que la acción de tutela resulta improcedente para lograr la protección de los
derechos invocados, las cuales pueden sintetizarse, así:
-La señora Ana de Dios Martín Barrera fue empleada al
servicio de la empresa Comercializadora Rumbos Ltda, en el cargo de auxiliar de
cafetería,  desde el 1 de enero de 2005, cargo del cual fue despedida con justa
causa, a partir del día 9 de junio de 2009.
- La accionante reincidió en la violación del
reglamento interno de trabajo incumpliendo las obligaciones del trabajador
contempladas en el régimen laboral colombiano.
-El día 4 de junio de 2009, la Gerencia de la empresa
intentó hacerle a la accionante un llamado de atención a través de un memorando
esta se rehusó a recibirlo.
-La empresa se vio obligada a utilizar los
procedimientos establecidos en el reglamento interno del trabajo y en la ley
con el fin de notificarle, todas las actuaciones tendientes a dar por terminada
la relación laboral.
-La empresa no tenía conocimiento de ninguna enfermedad
profesional que padeciera la accionante, toda vez que ni la A.R.P. ni la E.P.S.
le notificó tal hecho.
La empresa desconoce la solicitud de “presupuesto
Quirúrgico” que la accionante allega al proceso, pero cabe anotar que en la
misma no se establece que las enfermedades que padece sean de origen
profesional.
-Cuando se tomó la decisión de despedir a la
accionante, se tuvo en cuenta la incapacidad que por enfermedad general se le
había concedido para los días 6 y 7 de junio de 2009. Se aclara que el despido
tuvo lugar el día 9 de junio.
-Como consecuencia de la terminación del contrato se
le cancelaron a la señora Martín Barrera, los salarios pendientes, prestaciones
y demás acreencias a las que tenía derecho, mediante la diligencia de pago por
consignación ante la renuencia de aquella de recibirlos.
-Las certificaciones de despido, estado de pagos y
demás documentos que se requieren para el retiro de las cesantías y demás
emolumentos a favor de la accionante le fueron remitidas por correo certificado
y devuelto con la nota de rehusado.
-Frente al desamparo económico que alega la actora
después de terminada la relación laboral con la compañía, se advierte que ella
es propietaria del Restaurante Bar La fonda, que funciona en el mismo lugar de
su residencia.
2.4. Pretensiones
La señora Ana de Dios Martín Barrera solicita se
tutelen sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la
empresa Comercializadora Rumbos Ltda. su reintegro, la afiliación al sistema de
seguridad social y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el momento de su despido.
2.5. Pruebas
-Copia del Certificado de existencia y representación
legal de la empresa Comercializadora Rumbos Ltda. (Folios 16-18 cuaderno
principal).
-Copia de la Carta de terminación del contrato de
trabajo suscrito entre la señora Ana de Dios Martín Barrera y la empresa accionada
(Folio 19 cuaderno principal).
-Copia de la incapacidad de dos días otorgada por
Famisanar E.P.S. a la actora por enfermedad general de fecha 6 de junio de 2009
(Folio 20 cuaderno principal).
-Copia de una solicitud de presupuesto
quirúrgico/clínico de la cirugía liberación del túnel del carpo derecho y neurólisis
expedido por la Clínica Cafam (Folio 21 cuaderno principal).
-Copia de la liquidación definitiva del contrato de
trabajo suscrito entre la demandante y la Comercializadora Rumbos Ltda. (Folio
22 cuaderno principal).
-Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ana de
Dios Martín Barrera (Folio 23 cuaderno principal).
-Copia de la petición elevada por la señora Martín
Barrera a la Comercializadora Rumbos LTDA reclamando la garantía a su
estabilidad laboral reforzada (Folios 25-27 cuaderno principal).
-Copias de los registros civiles de nacimiento de
Adriana y Patricia Franco Martín, hijas de la accionante (Folios 28-29 cuaderno
principal).
-Copia del memorando llamado de atención de
fecha 4 de junio de 2009 dirigido a la demandante por incumplimiento del
reglamento interno de trabajo Capitulo IX artículo 38. (Folios 36-37 cuaderno
principal).
-Constancia de la citación para el día 6 de junio de 2009 a la señora Martín Barrera a la oficina de la administración de la Comercializadora Rumbos LTDA
para que reciba un memorando de llamado de atención y responda el acta de
descargos (Folio 38 cuaderno principal).
-Copia del depósito judicial realizado por la entidad
accionada a la señora Martín Barrera por concepto de prestaciones sociales (Folio
39 cuaderno principal).
-Copia del envío por correo certificado del estado de
pagos de las cotizaciones al régimen de seguridad social y parafiscalidad sobre
los salarios de los tres meses anteriores a la terminación del contrato, entre
otros (Folio 42 cuaderno principal)
-Copia de la respuesta dada por la entidad accionada a
la petición elevada por la señora Martín Barrera (Folios 59-63 cuaderno
principal).
-Copia del
contrato individual de trabajo a término indefinido suscrito entre la señora
Ana de Dios Martín Barrera y la Comercializadora Rumbos LTDA (Folio 23 segundo
cuaderno).
-Copia del
memorando llamado de atención de fecha 19 de septiembre de 2007 dirigido
a la demandante por incumplimiento en el horario de trabajo (Folio
26 segundo cuaderno).
-Copia del
memorando llamado de atención de fecha 5 de abril de 2006 dirigido a la
demandante por incumplimiento en el horario de trabajo (Folio 27
segundo cuaderno).
-Copia del
memorando llamado de atención de fecha 12 de diciembre de 2005
dirigido a la demandante “por la pésima atención” que prestó al
propietario del establecimiento (Folio 28 segundo cuaderno).
-Copia de la citación a la Unidad Seccional de Fiscalías
de Zipaquirá dirigido a la señora Ana de Dios Martín Becerra por el presunto
delito de injuria y calumnia (Folio 28 segundo cuaderno).
-Copia de la
incapacidad de dos días otorgada por Famisanar E.P.S. a la actora por
enfermedad general de fecha 24 de enero de 2009 (Folio 30 segundo cuaderno).
- Copia de la incapacidad de dos días otorgada por
Famisanar E.P.S. a la actora por enfermedad general de fecha 8 de julio de 2009
(Folio 31 segundo cuaderno).
-Copia del Dictamen de Origen proferido por la
Dependencia Técnica de Salud Ocupacional de Famisanar E.P.S. de fecha 20 de
agosto de 2009 (Folios 10-15 del tercer cuaderno).
-Copia del Dictamen de Calificación de Origen
proferido por el Equipo Interdisciplinario de Calificación de Invalidez de la A.R.P.
Colpatria (Folios 19-20 del tercer cuaderno).
3. Expediente T-2.550.567
3.1. La solicitud
El 22 de septiembre de 2009, la señora Justa Deissy
Moreno Rodríguez, presentó acción de tutela, para que le fueran protegidos sus
derechos fundamentales al trabajo, a la vida, al mínimo vital, a la estabilidad
laboral reforzada, en su calidad de persona incapacitada, derechos que, según
afirma, le fueron vulnerados por Activos S.A. al terminar el contrato laboral
pactado en la modalidad de duración de obra o labor determinada[3], que suscribió con dicha empresa.
3.2. Los hechos
La accionante los narra, en síntesis, así:
3.2.1. Desde
el año 2005 fue vinculada a la empresa de servicios temporales -Activos S.A.-
para atender requerimientos de empresas usuarias.
3.2.2. Su
vinculación laboral con la empresa Activos S.A., se prolongó en el tiempo a
través de varios contratos de trabajo. El último fue suscrito el 24 de marzo de
2009, en la modalidad de contrato de trabajo por obra o labor contratada para prestar sus servicios con la empresa C.I.
Comercializadora Caribbean Ltda.
3.2.3.
Durante la vinculación con Activos S.A. adquirió la enfermedad del túnel del
carpo, la cual le fue diagnosticada cuando prestaba sus servicios para la
empresa C.I. Comercializadora Caribbean
Ltda, recibiendo tratamiento en la E.P.S. Sura.
3.2.4. Durante
la ejecución del último contrato de trabajo tuvo varias incapacidades en razón
de la enfermedad que padece.
3.2.5. El 15
de septiembre de 2009, la empresa Activos S.A. le informó, por escrito, que la
labor para la cual fue contratada había finalizado.
3.2.6. Debido
a su desvinculación laboral, su situación económica se encuentra seriamente
afectada por cuanto el salario que devengaba constituía su único ingreso.
3.3. Oposición a la demanda
El Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Bogotá,
mediante proveído del 23 de septiembre de 2009, admitió la demanda y corrió
traslado a la entidad demandada para ejerciera su defensa.
Dentro de la oportunidad legal prevista, la empresa de
servicios temporales Activos S.A., a través del representante legal, se opuso a
las pretensiones de la accionante arguyendo lo siguiente:
-La demandante ha sido contratada por la empresa en
varias ocasiones para atender requerimientos de empresas usuarias cuando
requieren de mano de obra adicional para el desarrollo de sus actividades
económicas. Su última vinculación, como las anteriores, fue mediante un
contrato de trabajo por la duración de la obra o labor contratada, el cual tuvo
una vigencia del 24 de marzo de 2009 al 15 de septiembre de 2009. En desarrollo
de dicho vínculo laboral fue asignada como trabajadora en misión a la empresa
usuaria C.I. Comercializadora Caribbean Ltda., con un salario mensual de
$496.900 y un promedio de $574.732 mensuales.
-El vínculo laboral con la señora Moreno Rodríguez  terminó
por configurarse una causal legal que así lo permitía, que en este caso, se
estructuró como consecuencia de la finalización de la temporada con la empresa
usuaria donde había sido asignada, es decir, concluyó la misión para la cual fue
contratada (literal d del artículo 5° de la Ley 50 de 1990). Por este motivo,
no se requería autorización del Ministerio de la Protección Social. Sumado a
ello, para la fecha de retiro, la demandante, no se encontraba incapacitada.
-Advierte que, independientemente de la situación
laboral actual de la accionante, la E.P.S. está en la obligación de calificar
el origen de la enfermedad que padece, para luego remitir el dictamen a la A.R.P.,
si ello es lo que corresponde.
-En este caso la petente debe acudir al mecanismo de
defensa previsto para dirimir controversias como la aquí dilucidada, es decir,
a la jurisdicción ordinaria laboral y no a la acción de tutela, dado su
carácter residual y subsidiario.
3.4. Pretensiones
La señora Justa Deissy Moreno Rodríguez solicita que sean
protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, a la vida, al mínimo vital y
a la estabilidad laboral reforzada, en su calidad de persona incapacitada y, en
consecuencia, se ordene a la empresa Activos S.A. efectuar su reintegro.
Así
mismo, solicita se condene a Activos S.A. al pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculada de
la empresa.
3.5. Pruebas
-Copia del comprobante de cédula de ciudadanía en
trámite de la señora Justa Deissy Moreno Rodríguez y del carné de afiliación a la
IPS Asistir (Folio 7).
-Copia del carné expedido por la empresa Activos S.A.
a nombre de la demandante y de la Administradora de Riesgos Profesionales
-Colpatria- (Folio 8).
-Copia de la carta por medio de la cual se le informa
a la señora Justa Deissy Moreno Rodríguez de su retiro de Activos S.A. (Folio
9).
-Copia de la historia clínica ocupacional (Folios 10 -
11).
-Copia de las órdenes de interconsulta proferidas por la
IPS Asistir (Folios 12 - 13).
-Copia del Concepto Médico de los interconsultores-tratantes
(Folios14-15).
-Copia del documento “Recomendaciones de la
consulta” proferido por un médico adscrito a la IPS Asistir (Folio 16).
-Copia de la historia clínica de la señora Justa
Deissy Moreno Rodríguez en la Clínica San Rafael. (Folios 17-18).
-Copia de las prescripciones de incapacidad proferidas
por la E.P.S. Sura a nombre de la señora Moreno Rodríguez (Folios 19-27).
-Copia del “CONTRATO DE TRABAJO DE TRABAJADOR EN MISIÓN
POR EL TÉRMINO QUE DURE LA OBRA O LABOR” suscrito entre la empresa activos S.A.
y la señora Justa Deissy Moreno Rodríguez, celebrado el 24 de marzo de 2009 (Folio
42).
-Copia de la liquidación de prestaciones sociales de
la señora Moreno Rodríguez (Folios 43-44).
-Copia de la Orden de Compra de Servicios a la empresa
Activos S.A. suscrita por el representante legal de C.I. Comercializadora
Caribbean Ltda. (Folio 48).
-Copia de la oferta de servicios de la empresa Activos
S.A. dirigida a C.I. Comercializadora Caribbean Ltda (Folios 48-68).
-Historial de incapacidades laborales de la demandante
(Folio 70).
4. Expediente T-2.006.661
4.1. La solicitud
El 22 de diciembre de 2009, la señora Nancy Patricia
Cañón Fraile, en nombre propio, formuló acción de tutela contra la Cooperativa
de Trabajo Asociado Apoyo, Desarrollo y Gestión Tecnológica, en adelante ADETEK
CTA y la E.P.S. SURA, por una presunta violación de sus derechos fundamentales
a la salud, en conexidad con la vida, a la seguridad social, al mínimo vital y
a la protección especial de las personas discapacitadas o en condiciones de
inferioridad.
4.2. Los hechos
Los narra la accionante, en síntesis, así:
4.2.1 El 23 de octubre de 2008, ingresó a laborar en
Transmilenio como Auxiliar de Estación por cuenta de ADETEK CTA, en el horario
comprendido desde la 5 A.M. hasta las 2. P.M., con una asignación mensual
correspondiente al salario mínimo legal vigente.
4.2.2 Fue afiliada, en salud, a la E.P.S. SURA y, en
riesgos profesionales, a SURATEP A.R.P.
4.2.3. En el mes de abril de 2009 le fue diagnosticado
Linfoma de Hodgkin (cáncer en los ganglios) tipo esclerosis nodular con
compromiso pulmonar, hepatico y gástrico.
4.2.4. Por decisión unilateral de ADETEK CTA, a partir del
30 de octubre de 2009, se terminó su vínculo laboral con la cooperativa, sin
tener en cuenta su deteriorado estado de salud, como consecuencia del cáncer
que le fue diagnosticado y estando en incapacidad.
4.2.5. El tratamiento que le fue ordenado para combatir
dicha enfermedad, consistió, básicamente, en quimioterapias, el cual culminó
el  2 de diciembre de 2009.
4.2.6. A la finalización del mencionado tratamiento el
Hemato-oncólogo tratante, le ordenó la práctica de unos exámenes de
laboratorio, un Tac de Tórax, abdomen y pelvis con contraste, Endoscopia
Digestiva Alta y Pet Scan para evaluación definitiva de lesión, los cuales no
fueron autorizados por la E.P.S. SURA, en razón a la cesación de aportes que
hiciera ADETEK CTA como consecuencia de la terminación de su contrato laboral.
4.3. Oposición a la demanda
El
Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá,
mediante auto del  23 de diciembre de 2009, admitió la demanda y corrió
traslado a ADETEK CTA y la E.P.S. SURA para que ejerciera su defensa.
4.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, ADETEK
CTA, a través de apoderado, esgrimió las razones por las cuales considera que
la acción de tutela resulta improcedente para lograr la protección de los
derechos invocados, las cuales pueden sintetizarse, así:
-La
señora Nancy Patricia Cañón Fraile, ingresó a ADETEK CTA, el 23 de octubre de
2008, mediante un convenio de asociación.
-La
naturaleza del vínculo jurídico que rigió la relación entre la accionante y ADETEK
CTA, es de índole solidaria, es decir, enmarcado dentro de la figura de trabajo
asociado cooperativo y por lo tanto, su marco normativo se circunscribe a la Ley
79 de 1988 y al Decreto 4588 de 2006, los cuales remiten a los estatutos, el
acuerdo cooperativo, el régimen de trabajo asociado y de compensaciones de la
cooperativa, regímenes todos excluyentes de la legislación laboral ordinaria.
-Por
lo anterior, no es cierto que entre la señora Cañón Fraile y ADETEK CTA exista
un contrato de trabajo a término indefinido y por ello no es posible aplicar
figuras propias del régimen laboral, tales como el reintegro.
-La
accionante presentó ante la cooperativa sendas incapacidades médicas por
enfermedad general, las cuales sumaron un total superior a los 180 días,
configurándose una causal de terminación del vínculo de trabajo asociado según
el artículo 49 del Régimen de Trabajo Asociado.
-ADETEK
CTA no desafilió a la accionante del Régimen de Seguridad Social en Salud
teniendo en cuenta su grave estado de salud y según los principios de
solidaridad y ayuda mutua que rigen a la cooperativa. Para ello,  previamente
le informó que debía acudir a la E.P.S. Sura para diligenciar un formulario
como trabajadora independiente y que el costo de los aportes sería asumido por
la entidad con cargo a los recursos del fondo de seguridad social que la
entidad tiene destinado para estos eventos.
-Advierte
que si la señora Cañón Fraile ha tenido inconvenientes en la prestación de los
servicios médicos ha sido por su propia negligencia al no diligenciar el
formulario correspondiente en la E.P.S.
-Aclara
que al momento de dar por terminado el vínculo de trabajo asociado con la
señora Cañón Fraile, la misma no se encontraba en incapacidad médica, pues la
última radicada en la cooperativa, comprendía desde el 27 de septiembre al 21
de octubre de 2009 y la terminación del vínculo ocurrió el 30 de octubre del
citado año.
-Finalmente,
señala que la acción de tutela no es le mecanismo apropiado para dirimir el
asunto sino la jurisdicción ordinaria laboral.
4.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
E.P.S. Sura, en escrito dirigido al juez de primera instancia, señaló:
-La
señora Nancy Patricia Cañón Fraile, estuvo afiliada inicialmente a la E.P.S.
SURA, desde el 28 de marzo de 2007 hasta el 30 de junio del citado año en
calidad de cotizante independiente.
Posteriormente,
a través del empleador Cooperativa de Trabajo Asociado, Apoyo, Desarrollo y
Gestión Tecnológica, ADETEK CTA, estuvo afiliada desde el 7 de enero de 2009
hasta el 30 de octubre del citado año, cuando el empleador registró la novedad
de retiro.
-Con
base en la fecha de la novedad de retiro, la señora Cañón Fraile tuvo cobertura
integral hasta el 29 de noviembre de 2009 y protección laboral hasta el 29 de
diciembre del mismo año.
-A
30 de diciembre de 2009 la señora Nancy Patricia Cañón Fraile no tiene ningún
tipo de afiliación con la E.P.S. SURA por haberse terminado el periodo de
protección laboral.
-
Advierte que la accionante tiene la posibilidad de tramitar la pensión de
invalidez ante el fondo de pensiones donde se encontraba afiliada.
4.4. Pretensiones
La señora Nancy Patricia Cañón Fraile solicita que se
ordene el amparo definitivo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, se ordene a ADETEK CTA que la reintegre al cargo de Auxiliar de
Estación que venía desempeñando y le cancele los salarios y prestaciones
sociales dejados de pagar desde la fecha del despido hasta que se efectúe el
reintegro.
Así mismo, solicita que se ordene a la cooperativa que
realice los aportes en salud que adeude y que estén a su cargo con ocasión de
la vigencia del contrato de trabajo, entre el despido y el reintegro. También
que pague las incapacidades médico legales que la E.P.S. Sura le niegue como
consecuencia de la falta de pago de las cotizaciones.
La señora Cañón Fraile también le solicita al juez
constitucional que ordene a la E.P.S. Sura le preste la totalidad de los
servicios médicos, asistenciales, de diagnóstico y quirúrgicos que requiere con
prioridad y urgencia por el Linfoma Hodkin IV B (cáncer en los ganglios), tipo
esclerosis nodular con compromiso pulmonar, hepático y gástrico que le fue diagnosticado.
En particular, los exámenes solicitados por el Hemato-oncólogo tratante:
exámenes de laboratorio, Tac de Tórax, abdomen y pelvis con contraste,
Endoscopia Digestiva Alta y Pet Scan para evaluación definitiva de lesión.
4.5. Pruebas
En el expediente obran como pruebas:
-Copia de la Cédula de ciudadanía de la señora Nancy
Patricia Cañón Fraile (Folio 14 del cuaderno principal).
-Copia del carné de afiliación a Susalud E.P.S. de la
demandante (Folio15 del cuaderno principal).
-Copia de las órdenes médicas para la realización de
los exámenes de Bon, Creatinina y Endoscopia Digestiva Alta (Folios 16-17 del
cuaderno principal).
-Copia de la orden para el control por oncología
(Folio 18 del cuaderno principal).
-Copia de la orden para la realización de Torax de
Abdomen y Pelvis con contraste (Folio 19 del cuaderno principal).
-Copia de la historia Clínica de la accionante en
Hematología y Oncología Clínica  Ltda (Folios 20-23 del cuaderno principal).
-Copia de la solicitud y justificación del médico
tratante del uso de medicamentos no P.O.S. (Folio 24 del cuaderno principal).
-Copia de la terminación del convenio de trabajo
asociado celebrado entre ADETEK CTA y la señora Nancy Patricia Cañón Fraile
(Folios 26-28 del cuaderno principal)
-Copia de la solicitud de la Gerente de ADETEK CTA al
Consejo de Administración para sufragar los costos de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud de la actora y su aceptación (Folios 29-30 del
cuaderno principal).
-Copia de la liquidación de derechos económicos (Folio
31 del cuaderno principal).
-Copia de la solicitud de prestación económica ante
Pensiones y Cesantías Protección (Folio 32 del cuaderno principal).
-Certificado de afiliación al P.O.S. de E.P.S. Sura (Folio
33 del cuaderno principal).
-Copia del historial de incapacidades de la demandante
(Folios 34-35 del cuaderno principal).
-Copia de las incapacidades otorgadas a la petente
(Folios 36-47 del cuaderno principal).
-Copia del resultado de los exámenes de laboratorio,
del Tac de Tórax, abdomen y pelvis con contraste, Endoscopia Digestiva Alta y
Pet Scan para evaluación definitiva de lesión, practicados a la señora Cañón
Fraile (Folios 10-13 del tercer cuaderno).
-Copia del escrito dirigido a la señora Cañón Fraile
por parte de la Jefe del Departamento de Beneficios y Pensiones de Pensiones y
Cesantías Protección, por medio de la cual le comunica que la Comisión Médico
Laboral determinó una pérdida de la capacidad laboral del 0.0% con fecha de
estructuración del 29 de marzo de 2010 (Folio 14 del tercer cuaderno).
-Copia de la notificación del dictamen sobre el
porcentaje de pérdida de la capacidad laboral (Folios 15-19 del tercer
cuaderno).
5. Expediente T-2.699.407
5.1. La solicitud
El 11 de febrero de 2010, el señor Jhon Oscar Molina
Sandoval interpuso acción de tutela en nombre propio para que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones
dignas, a la dignidad humana, a la seguridad social y a la estabilidad laboral
reforzada, en su calidad de persona incapacitada que, según afirma, le fueron
vulnerados por el Consorcio ITS al terminar el contrato laboral pactado en la
modalidad de duración de obra o labor determinada[4], suscrito entre el y la
empresa demandada.
5.2. Los hechos
Los describe el accionante así:
5.2.1. El 9 de marzo de 2009 suscribió un contrato de
trabajo por duración de la obra o labor contratada con el Consorcio ITS para
desempeñar el cargo de Metlamecánico B4 Ayudante Técnico de Montajes en
ECOPETROL GCB -CONTRATO VRP 005-2006 BARRANCABERMEJA (HDT) con un salario de
$41.760 diarios convencional.
5.2.2. El 27 de abril de 2009, estando en ejecución el
contrato de trabajo mencionado, sufrió un accidente laboral del cual la A.R.P.
Seguros Bolívar tuvo conocimiento, el mismo día en que ocurrió, a través del
empleador, mediante el informe individual de accidente de trabajo en el que se
indicó la intoxicación por un gas no especificado.
5.2.3. Como
consecuencia de ese siniestro, sus condiciones de salud se han visto seriamente
mermadas al presentar irritación ocular, mareo, disnea y ardor epigástrico con
cefalea y posteriormente cefalea hemicránea izquierda episódica, pulsátil,
trastorno de sueño, sensación de adormecimiento y hormigueo en las extremidades
y alteración de la memoria, siendo atendido en varias ocasiones en el servicio
de urgencias de la Unidad Clínica San Nicolás.
5.2.4. Así
mismo, debido a las graves afecciones que padece le han sido concedidas varias
incapacidades médicas y  ha tenido que ser valorado por médicos de distintas
especialidades como toxicología, neuropsicología, neurología y neumología.
5.2.5. El Consorcio ITS, sin considerar su estado de salud,
decidió terminar de manera unilateral su vínculo laboral, el 8 de enero de
2010, al día siguiente de la terminación de una de sus incapacidades.
5.3. Oposición a la demanda
El Juzgado Segundo Penal de Barrancabermeja, mediante
proveído del 11 de febrero de 2010, admitió la demanda y corrió traslado a la
entidad demandada para que ejerciera su defensa. Así mismo ordenó vincular a la
E.P.S. Saludcoop y Seguros Bolívar.
5.3.1.
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el consorcio ITS, a través
de apoderado, esgrimió las razones por las cuales considera que la acción de
tutela resulta improcedente para lograr la protección de los derechos fundamentales
de la accionante y que pueden sintetizarse de la siguiente manera:
-El señor
Jhon Oscar Molina Sandoval durante la vigencia de la relación laboral recibió
el pago completo y oportuno de sus salarios, y estuvo afiliado al sistema de
seguridad social.
-El señor Molina Sandoval no fue despedido sino que su
contrato concluyó por la configuración de una causa legal de terminación de
contrato, cual es la finalización de la obra o labor contratada.
-La terminación del contrato de obra o labor
contratada que se había celebrado con el actor no ocurrió, como deliberadamente
afirma el accionante, por causas diferentes a las mencionadas en la carta explicativa
del por qué finalizó dicho vínculo.
-Al momento de terminación del contrato, el accionante
no estaba incapacitado, ni tampoco se le había dictaminado pérdida de la
capacidad laboral por lo tanto no gozaba de estabilidad laboral reforzada ni se
requería para su desvinculación de la autorización del Ministerio de la Protección
Social.
-El consorcio ITS al momento de presentarse el
accidente de trabajo procedió a reportar el siniestro a la A.R.P.
-Una vez reportado el accidente de trabajo ante la A.R.P
Seguros Bolívar, al accionante se le ha suministrado toda la atención médica
necesaria.
-El demandante, como consecuencia de la terminación
del vínculo, no quedó desprotegido, pues la A.R.P. Seguros Bolívar seguirá
suministrándole la atención médica que requiere.
5.3.2. Dentro
de la oportunidad procesal correspondiente, la Administradora de Riesgos
Profesionales de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., a través de apoderado,
esgrimió las razones por las cuales considera que la acción de tutela resulta
improcedente, las cuales pueden resumirse así:
- El actor estuvo afiliado a la A.R.P. desde el 19 de
febrero de 2009 al 7 de enero de 2010, a través de la empresa Consorcio ITS.
-El 27 de abril de 2009 el actor sufrió un accidente
laboral del cual la ARP tuvo conocimiento el mismo día de su ocurrencia, a
través del empleador,  Consorcio ITS, mediante el informe individual de
accidente de trabajo en el que se indicó la intoxicación del actor
presuntamente por un gas no especificado.
La A.R.P. no tiene conocimiento del gas que generó la
intoxicación del actor, por cuanto, a pesar de que se solicitó al empleador
copia de la investigación y la información de la sustancia al que fue expuesto
el trabajador, esta aún no ha sido suministrada.
-Como consecuencia del accidente de trabajo las únicas
patologías generadas al actor fueron cefalea y síndrome anémico conforme fue
indicado por la especialidad de toxicología.
-Frente a los diagnósticos generados como consecuencia
del mencionado accidente, la A.R.P. le ha suministrado al señor Molina Sandoval
las prestaciones asistenciales a través de la especialidad de neurología,
neuropsicología, toxicología, neumología, psiquiatría. Adicionalmente se le han
practicado exámenes de diagnóstico y suministrado la medicación prescrita por
el médico tratante.
- El examen de diagnóstico (resonancia magnética
cerebral) y la valoración con la especialidad de neuropsicología fueron
autorizados por la A.R.P. y se realizaron el 19 de febrero de 2009 en
Bucaramanga y el 12 de marzo del mismo año, en Bogotá. En lo concerniente al
examen de neumología, no ha sido autorizado porque el actor, no obstante se le
solicitó copia de la historia clínica donde este se ordena, no la allegó.
-El proceso de rehabilitación integral será suministrado
por la administradora hasta su rehabilitación, aún cuando se encuentre
vinculado con otro empleador, conforme lo reglamenta el Decreto Ley 1295/94 y la
Ley 776/02.
-La administradora ha reconocido al actor todas las
prestaciones que ha requerido para su rehabilitación y no tiene ninguna
autorización de medicamentos u otra prestación pendiente, razón por la cual no
existe vulneración alguna por parte de la entidad a los derechos invocados por
el actor.
5.3.3. El Director
Seccional de Saludcoop E.P.S. dentro de la oportunidad procesal prevista,
señaló:
-El señor Jhon Oscar Molina Sandoval actualmente se
encuentra en estado “SUSPENDIDO SIN VINCULO LABORAL VIGENTE”, toda vez
que su empleador Consorcio ITS lo retiró a partir del 8 de enero de 2010.
-Advierte que en caso de existir estabilidad laboral
reforzada, las consecuencias patrimoniales de su retiro no se pueden trasladar
a un tercero, como en este caso es Saludcoop E.P.S., sino que, en estricta
lógica, dicha responsabilidad correspondería a su empleador.
-El actor acude al mecanismo de la tutela solicitando
servicios médicos y los gastos de transporte para el tratamiento derivado de un
accidente de trabajo, los cuales no están a cargo de la E.P.S. sino de la
A.R.P., entidad encargada de atender las contingencias de los trabajadores
ocurridas por ocasión o como consecuencia directa de sus actividades laborales,
así como de garantizar a sus afiliados el reconocimiento y pago oportuno de las
prestaciones económicas contenidas en el Decreto 1295 de 1994.
5.4. Pretensiones
El
demandante le pide al juez de tutela conceder el amparo definitivo de sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene a la entidad accionada que
efectúe su reintegro, sin solución de continuidad, en el mismo cargo o
categoría para el cual fue contratado, reconociendo todos los derechos
laborales estipulados por las leyes y los que se aplican por extensión, en
virtud del Decreto 284 de 1957, de la convención colectiva de trabajo vigente
suscrita entre la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. y la Unión Sindical
Obrera.
Así
mismo, solicita se ordene a la empresa demandada que efectúe el pago de aportes
al sistema general de seguridad social, mientras se le desvinculó de la empresa
y realice el proceso de rehabilitación y reubicación laboral.
Igualmente,
pide al juez de tutela que la empresa demandada le pague los viáticos que le
adeuda a la fecha de presentación de la demanda de tutela, causados en los
meses de mayo y noviembre de 2009 y se comprometa a pagar los que se llegaren a
causar por concepto de citas, exámenes y chequeos médicos.
5.5. Pruebas
En el expediente obran como pruebas:
-Copia del resultado de función pulmonar (Folio 10
cuaderno principal).
-Copia del informe de estudio neurofisiológico (Folio
11 cuaderno principal)
-Copia de la consulta en la clínica psiquiátrica Isnor
(Folio 12 cuaderno principal).
-Copia de la incapacidad laboral a nombre del actor
expedida en la Unidad Clínica la Magdalena (Folios 13-16 cuaderno principal).
-Orden de resonancia magnética (Folio 17 cuaderno
principal).
-Orden de consulta prioritaria por neumología (Folio
19 cuaderno principal).
-Copia de la relación de las incapacidades otorgadas
al actor (Folio 62 cuaderno principal).
-Copia del Contrato de Trabajo por duración de la obra
o labor contratada (Folio 70 cuaderno principal).
-Copia del resumen de afiliación P.O.S. (Folio 75
cuaderno principal)
-Copia del comprobante de entrega de documentos de
afiliación (Folio 78 cuaderno principal).
-Copia de la planilla de aportes al sistema de
seguridad social en salud (Folios 80-88 cuaderno principal).
-Copia de la comunicación de terminación
del contrato de trabajo suscrito entre el señor Jhon Oscar Molina Sandoval y el
Consorcio ITS (Folio 89 cuaderno principal).
-Copia de la Liquidación Final de Contrato (Folio 90
cuaderno principal).
-Copia del Formulario Único de Reporte de Accidente de
Trabajo (Folio 108 cuaderno principal)
-Copia de la Historia Clínica Toxicológica (Folios
115-116 cuaderno principal).
-Copia del Informe de Evaluación Neuropsicológica (Folios
118-119 cuaderno principal).
-Copia de la Historia Clínica San Nicolás Ltda. (Folios
121-127 cuaderno principal).
-Copia del resultado de RX de Tórax (Folio 128
cuaderno principal).
-Copia de la autorización para valoración por
neumología expedida por la A.R.P. Seguros Bolívar (Folio 129 cuaderno principal).
-Copia del resultado de TAC de senos paranasales
(Folio 133 cuaderno principal).
-Copia del resultado de la valoración en la Unidad de
Neumología de la Clínica Marly (Folio 135 cuaderno principal).
-Copia de la autorización para valoración por
psiquiatría expedida por la A.R.P. Seguros Bolívar (Folio 139 cuaderno
principal).
-Copia de la autorización para valoración y control
por neurología expedida por la A.R.P. Seguros Bolívar (Folio 137 cuaderno
principal)
-Copia del resultado de la consulta por neurología (Folio
138 cuaderno principal).
-Copia del Informe de estudio neurofisiológico (Folio
139 cuaderno principal).
-Copia de la autorización de examen S.S. EMG +NC de 4
extremidades expedida por la A.R.P. Seguros Bolívar (Folio 140 cuaderno
principal).
-Copia de la solicitud de informe del evento ocurrido
el  27 de abril 2009 solicitado por la A.R.P. Seguros Bolívar al Consorcio ITS (Folio
141 cuaderno principal).
6. Expediente T-2.782.772
6.1. La Solicitud
El 5 de marzo de 2010, el señor Efraín Fernando Espejo
Franco interpuso acción de tutela en nombre propio para que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales a la seguridad social, en conexidad con
el derecho a la vida,  mínimo vital, igualdad, dignidad, debido proceso y a la
salud, pues, según afirma, le fueron vulnerados por la Empresa Empleos y
Servicios Especiales S.A., Aseo Técnico del Caribe S.A. E.S.P. en liquidación,
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Triple A S.A. E.S.P. y la A.R.P.
Seguros Bolívar S.A.
6.2. Los hechos
Los narra el accionante, en síntesis, así:
6.2.1. El 21 de noviembre de 2007,
celebró contrato de trabajo con la empresa contratista Tecnipersonal;
posteriormente con la empresa Asear Pluriservicios S.A. y, finalmente, con la
empresa Empleos y Servicios Especiales S.A. para prestar sus servicios como
conductor de volqueta y como recolector de escombros, basuras y podas.
6.2.2. A pesar de que laboraba para las
empresas contratistas antes mencionadas, el servicio era finalmente prestado a la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. y a la
empresa Aseo Técnico del Caribe S.A. E.S.P., actualmente en liquidación.
6.2.3. El día 12 de diciembre de 2009
sufrió un fuerte dolor lumbar cuando ayudaba en el cargue de un tanque de
desperdicio de piel de pollo, y de peso aproximado de 40 kg, el cual se resbala y le cae encima, por lo que debió hacer un esfuerzo para evitar ser
golpeado. Lo sucedido fue puesto en conocimiento del superior pero este no
realizó el reporte respectivo a la A.R.P. Dos días después de aquel episodio
fue atendido por la E.P.S. Cafesalud, encontrándose aún en tratamiento con
medicina para el dolor porque, según el médico tratante, tiene concepto no
quirúrgico.
6.2.4. Posteriormente, el 3 de enero de
2009, estando también cumpliendo con sus labores al servicio de la empresa
Asear Pluriservicios S.A., sufrió un accidente de trabajo, el cual le originó
lesiones en el ojo, específicamente, una fractura de córnea en la órbita
externa e inflamación de la mácula y herida en la retina del ojo izquierdo.
6.2.5. El 12 de enero de 2010, la
empresa Empleos y Servicios Especiales S.A., le informó por escrito que su
contrato de trabajo terminaría a partir del 15 de abril de 2010.
6.2.6. Al producirse una disminución de
su capacidad laboral, solicitó a la Administradora de Riesgos Profesionales una
valoración por medicina laboral o por la junta regional de invalidez.
6.2.7. El 22 de febrero de 2010 la A.R.P.
Bolívar negó lo solicitado, bajo el argumento según el cual no existía un
concepto médico desfavorable de recuperación o mejoría, pues se encontraba en
tratamiento con el médico especialista en retinología. Argumento que
debe ser descartado, toda vez que tres de los cuatro especialistas de
dicha administradora han proferido un concepto desfavorable de recuperación,
faltando el diagnóstico del médico retinólogo, quien anualmente lo controla sin
efectuarle ninguna clase de tratamiento quirúrgico u hospitalario.
6.2.8. Su estado de salud se encuentra
cada vez más afectado, pues sufre de fuertes dolores de cabeza,
disminución o pérdida total de la visión de manera esporádica y caída del
párpado del ojo afectado.
6.3. Oposición a la demanda
El Juzgado Trece, con Función de Control de Garantías
de Barranquilla, mediante proveído del 12 de marzo de 2010, admitió la demanda
y corrió traslado a la  empresa Empleos y Servicios Especiales S. A., Aseo
Técnico del Caribe S.A. E. S. P., Sociedad de Acueducto, Aseo y Alcantarillado
de Barranquilla S.A. E.S.P. y a la A.R.P. Seguros Bolívar S.A. para ejercieran
su defensa.
6.3.1.
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P., a través del representante legal,
señaló:
- El señor Efraín Fernando Espejo Franco, no es ni ha
sido empleado de la sociedad, en consecuencia se desconoce la situación
planteada en el trámite de tutela.
-Revisada la demanda de tutela se observa que el señor
Espejo Franco demanda la protección del derecho a la estabilidad laboral
reforzada y solicita este amparo de forma transitoria. No obstante en el
informativo no figuran pruebas que conduzcan a demostrar la existencia de tal
perjuicio, razón por la cual no procede su pretensión.
-De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que,
por una parte, la pretensión del actor no tiene la calidad de derecho
fundamental y, por la otra, que Triple A de Barranquilla S.A. E.S.P., es ajena
a los hechos planteados en la acción de tutela, se solicita declarar su
improcedencia.
6.3.2. Dentro
de la oportunidad procesal correspondiente, la empresa Empleos y Servicios
Especiales S.A., a través de apoderado, esgrimió las razones por las cuales
considera que la acción de tutela resulta improcedente, las cuales pueden
sintetizarse, así:
-La empresa Empleos y Servicios Especiales S.A. tiene
por objeto la prestación de servicios varios entre los que se encuentra: la
prestación de servicios de aseo público domiciliario y actividades relacionadas
con dicho servicio, así como la contratación de esta actividad con las empresas
prestadoras de servicio público, sus concesionarias y contratistas y no como es
catalogada por el actor como “bolsa de empleo”.
-El señor Efraín Fernando Espejo Franco y la empresa,
suscribieron un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el cual
inició el 16 de abril de 2009, siendo prorrogado por periodos iguales al inicialmente
pactado, en tres ocasiones para ejercer sus funciones en la empresa usuaria,
Aseo Técnico S.A., el cual terminó por causa imputable a la empresa y por ello
al demandante se le canceló la respectiva indemnización.
-Las funciones de conductor para las que fue
contratado el accionante, fueron realizadas únicamente para la empresa Aseo
Técnico S.A, siendo exclusivamente trabajador de la empresa Empleos y Servicios
Especiales S.A., quien requiere del servicio. Advierte que el demandante jamás
desempeñó funciones con las empresas Aseo Técnico del Caribe S.A. E.S.P. ni con
la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.
-Destaca que entre Aseo Técnico S.A. y la empresa se
encuentra vigente un contrato de tipo comercial en el  que se establece que la
planta de personal depende en su totalidad de la empresa contratista, Empleos y
Servicios Especiales S.A., a quien le corresponde exclusivamente la vigilancia
y control sobre los trabajadores.
-En el momento de terminación del vínculo laboral el
actor no se encontraba incapacitado, mucho menos limitado físicamente por lo
tanto el despido no fue consecuencia de su estado de salud.
-No está plenamente demostrado el estado de limitación
física del actor, no existe calificación de autoridad competente y tampoco
puede predicarse  que se encuentra en estado de invalidez.
-La empresa al dar por terminado el contrato laboral
sin justa causa, cumplió a cabalidad, con las normas laborales reconociendo el
pago de la indemnización respectiva.
-La atención de las eventualidades, en el caso que las
hubiera, ocasionadas por el accidente sufrido por el demandante debe ser
prestada por la A.R.P. Seguros Bolívar y por la E.P.S. Cafesalud, entidades a
las que fue afiliado.
-La acción de tutela no procede para la solución de
controversias jurídicas producidas dentro del ámbito de las relaciones
laborales, la competencia para dirimir tales conflictos está radicada en la
jurisdicción ordinaria.
6.3.3. Dentro
de la oportunidad procesal correspondiente, el liquidador de la sociedad Aseo
Técnico del Caribe S.A. E.S.P. en liquidación, señaló:
-A la sociedad no le consta que el señor Efraín Espejo
Franco hubiere sido contratado por las empresas de Servicios temporales
denominadas Tecnipersonal, Asear Pluriservicios S.A, y Empleos y Servicios
Especiales S.A.
-No es cierto que el demandante hubiere prestado sus
servicios laborales para Aseo Técnico del Caribe S.A. E.S.P., en liquidación, y
menos en el cargo de conductor de volqueta, toda vez que la empresa no ha
empleado hasta la fecha personal alguno para dicho cargo.
- La entidad desconoce la hoja de vida laboral del
señor Espejo Franco, razón por la cual no le consta las fechas de ingreso y
retiro del trabajador de las empresas señaladas, tampoco le consta la labor
desempeñada y mucho menos que se le haya afiliado o desafiliado a la EPS o a la
ARP, sufrido un accidente de tipo laboral o realizado un trámite para la
calificación de la pérdida de su capacidad laboral, toda vez que nunca ha sido,
ni es, directa o indirectamente empleado de la sociedad, por lo que esta última
no está llamada a responder solidariamente ni dentro de esta acción ni dentro
de cualquier otro proceso.
-Aseo Técnico del Caribe S.A. E.S.P., en liquidación,
nunca ha celebrado contrato civil, comercial, o de cualquier otro tipo con las
otras empresas accionadas, por tanto, el señor Espejo Franco nunca ha ejercido
cargo alguno para la sociedad.
6.3.4 AR.P.
Seguros Bolívar en forma extemporánea señaló:
-El señor Efraín Fernando Espejo Franco, estuvo afiliado
a la aseguradora por su empleador Asear Pluriservicios S.A., desde el día 3 de
marzo de 2008 hasta el 2 de marzo de 2009 y posteriormente fue vinculado por la
empresa Empleos y Servicios Especiales S.A. desde el 16 de abril de 2009 hasta
la fecha.
-El día 3 de enero de 2009, el señor Efraín Fernando
Espejo Franco, sufrió un accidente de trabajo del cual se tuvo conocimiento, el
día 6 de enero del mismo año, a través de su empleador ASEAR PLURISERVICIOS
S.A., mediante informe individual de accidente de Trabajo Nº 2953331. En la
descripción del accidente fue redactado: “[p]restando mis servicios como
conductor en recolección de barrido, me encontré con un carro de mula, le
solicité permiso para pasar y uno de ellos se molestó y me agredió con una
piedra.”
Este evento fue aceptado por la aseguradora y como
consecuencia del trauma, el señor presentó como diagnóstico contusión facial,
de conformidad con la historia clínica Nº 72.143.146, lo que generó como
consecuencia, una fractura de la pared externa de la órbita izquierda.
-Por las lesiones ocasionadas como consecuencia del mencionado
accidente, la aseguradora le reconoció al señor Espejo prestaciones económicas
por subsidio de incapacidad temporal por un valor de $597.680 y le brindó
prestaciones médico-asistenciales a través de su red de proveedores en las
especialidades de oftalmología, especialista en retina y neurocirujano. Así
mismo se le han efectuado varios exámenes de diagnósticos.
-Actualmente el señor Espejo se encuentra en
tratamiento activo por la especialidad de oftalmología. De ahí que la A.R.P. le
ha suministrado todas las prestaciones médico-asistenciales requeridas como
consecuencia del siniestro mencionado.
-En relación con la solicitud del actor de ser
valorado por medicina laboral con el fin de determinar la pérdida de la
capacidad laboral, señala que tal y como se le informó al señor Espejo Franco,
ello es posible una vez sea concluido el tratamiento de rehabilitación de las
lesiones que padece, lo cual debe ser debidamente acreditado por los médicos
tratantes, a través del concepto de alta, para así determinar las secuelas
definitivas de la lesión que serán determinantes para establecer el grado de
mengua de la capacidad laboral. Lo anterior con fundamento en el inciso 2 del
artículo 9 del Decreto 917 de 1999 que señala: “la calificación de la
pérdida de capacidad laboral del individuo deberá realizarse una vez se conozca
el diagnóstico definitivo de la patología, se termine el tratamiento y se hayan
realizado los procesos de rehabilitación integral, o cuando aún sin terminar
los mismos, exista un concepto médico desfavorable de recuperación o mejoría.”
En la última valoración efectuada por el médico
tratante, Dr. Carriazo, médico oftalmólogo, no determinó un nuevo periodo de
incapacidad debido a que la condición del trabajador no lo amerita;
adicionalmente cabe indicar que en la valoración realizada el día 29 de enero
de 2010 por la especialidad de oftalmología, el galeno determinó que el próximo
control se realizaría en un año.
-Una vez el actor finalice todo su proceso de
rehabilitación integral y los médicos emitan los conceptos de alta y de
secuelas del trabajador, esta Administradora de Riesgos Profesionales,
procederá a solicitar ante la instancia calificadora pertinente, el estudio y
evaluación de la presencia o no de secuelas definitivas.
6.4. Pretensiones
El señor Efraín Espejo Franco solicita que se tutelen
sus derechos fundamentales invocados y, como consecuencia de ello, el juez de
tutela decrete la inexistencia o ilegalidad de la terminación de su relación laboral
con la empresa Empleos y Servicios Especiales S.A. y ordene a las empresas
solidariamente responsables, abstenerse de realizar cualquier conducta que
implique una violación de sus derechos, hasta tanto no exista una decisión en
firme de la A.R.P. Seguros Bolívar en relación con su estado de invalidez.
Igualmente, el demandante solicita se ordene a la A.R.P.
Seguro Bolívar, iniciar todos los trámites legales y reglamentarios frente al
accidente de trabajo que sufrió, relacionados con el tratamiento para la
rehabilitación, reubicación o readaptación, trámite para la incapacidad
permanente parcial o para la pensión de vejez.
6.5. Pruebas
En el expediente obra como pruebas.
-Copia del Certificado de Cámara y Comercio de la
Compañía Seguros Bolívar S.A. (Folio 10).
-Copia del Certificado de Cámara y Comercio de la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. (Folio
18).
-Copia del Certificado de Cámara y Comercio de la
Sociedad Empleos y Servicios Especiales  S.A. (Folio 31).
- Copia del Certificado de Cámara y Comercio de Aseo
Técnico del Caribe S.A. E.S.P. en liquidación (Folio 34).
-Copia de la comunicación de la terminación de
contrato a término fijo inferior a un año suscrito entre la empresa Empleos y
Servicios Especiales y el señor Efraín Espejo Franco. (Folio 37).
-Copia de la respuesta proferida por Seguros Bolívar a
la solicitud elevada por el señor Efraín Espejo Franco. (Folio  38).
-Copia del formato “INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO
DEL EMPEADOR O CONTRATANTE” (Folio 39).
-Copia de orden médica a nombre de Efraín Espejo para
control por oftalmología y copia del resumen de la historia clínica del
mencionado señor en la clínica Nova Visión. (Folio 40).
-Copia de la incapacidad laboral otorgada por la
clínica Nova Visión al señor Espejo Franco desde el 21 de enero al 4 de febrero
de 2009 (Folio 41).
-Copia del control por la especialidad de oftalmología
efectuado al señor Espejo Franco (Folio 42).
-Copia
de las autorizaciones por parte de Seguros Bolívar de los exámenes tomografía
óptica coherente de ambos ojos y valoración por retinólogo con resultado de
angiografía y tomografía a nombre del señor Espejo Franco (Folios 43 y 44).
-Copia
del Resultado del examen Angiografía Fluoescénica de Ojo Izquierdo practicado
al señor Espejo Franco (Folio 45)
-Copia
de la incapacidad laboral otorgada por la clínica Nova Visión al señor Espejo
Franco del 22 de diciembre  de 2009 (Folio 46).
-Copia
del control efectuado por la especialidad de neurocirugía al señor Efraín
Espejo Franco.(Folio 47)
-Copia
de la incapacidad laboral otorgada por la clínica Nova Visión al señor Espejo Franco
del 17 de febrero de 2010 (Folio 48)
II. TRAMITE PROCESAL
1. Expediente T-2.526.737
1.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Sesenta y Uno  Penal  Municipal  con
Función  de  Control de Garantías de  Bogotá, mediante sentencia del 11 de
diciembre de 2009, consideró que la acción de tutela es improcedente ya que el
accionante dispone de otro medio de defensa judicial, cual es la jurisdicción
ordinaria. Esto dijo el a quo:
“… es claro para el Despacho que la accionante cuenta
con otros medios judiciales para que le sea estudiado y resuelto el conflicto
laboral puesto a nuestro conocimiento, además, porque no es este procedimiento
de rango constitucional, un medio adicional o complementario, a que se deba
recurrir para solucionar una situación como la planteada, por su carácter y
esencia de la misma, la de ser el único medio de protección de que disponga un
afectado dentro de todo el ordenamiento jurídico a su alcance”.
Dicha decisión no fue impugnada.
2. Expediente T-2.544.038
2.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía,
mediante sentencia del 13 de agosto de 2009, decidió tutelar los derechos
fundamentales invocados como vulnerados por la accionante por las siguientes
razones:
-De conformidad con la legislación laboral, se exigen
tres llamados de atención,  por escrito, para que el empleador justifique el
despido basado en la conducta del trabajador. En el presente caso, la
empresa accionada sólo allegó y mencionó un memorando de ese carácter, razón
por la cual no puede fundamentar el despido de la accionante en dicha causal.
-Es claro que el mínimo vital de la señora Ana de Dios
Martín se vulnera ostensiblemente “al no poder aportar los ingresos
habituales a su hogar, afectando así la vida no sólo propia sino de su familia,
esposo e hijas, las cuales se encuentran actualmente estudiando como claramente
quedó especificado en la declaración rendida ante este Despacho (…). En dicha
declaración, la accionante menciona que en este tiempo que se encuentra
desvinculada de sus labores, ha subsistido del ´rebusque´ realizado por su
esposo, quien actualmente vende arepas, pero esta actividad no deja ningún tipo
de ganancias.”
-La entidad accionada sí tenía conocimiento de la
enfermedad de origen profesional (síndrome del túnel del carpo) que padece la
accionante porque tal y como lo manifestó la señora Martín Barrera recibió
tratamiento médico cuando estaba vinculada laboralmente a la compañía y en el
expediente reposa solicitud de presupuesto quirúrgico expedido por la clínica
Cafam con fecha 28 de mayo de 2008, época en la que aún estaba vigente el
contrato de trabajo.
2.2. Impugnación
La entidad accionada impugnó el fallo de primera
instancia por las siguientes razones:
-Existe un hecho incontrovertible en virtud del cual el
empleador podía dar por terminado el contrato de trabajo pues el trabajador
incurrió en una justa causa de despido contemplada en la ley.
La empresa puso a disposición del juez de tutela sólo
el último memorando o llamado de atención contra la trabajadora, en el cual se
dejó constancia, por escrito, de su grave indisciplina y su continuo
incumplimiento a sus deberes y obligaciones. Por otro lado, también allegó el
acta de descargos fallida por la renuencia de la trabajadora.
-Para la empresa Comercializadora Rumbos LTDA, “el
reintegro laboral ordenado, como consecuencia de la inconformidad laboral, la
valoración de hechos inexactos y la calificación indebida del despido por parte
del a quo, deberá ser dirimido mediante proceso ordinario laboral y no mediante
fallo de tutela, toda vez que el presente caso no se encuadra dentro de las
excepciones que al respecto y jurisprudencialmente suelen considerarse.
-Considera que “el juez de tutela dio por probada
la existencia de una enfermedad sin plena demostración o calificación de la
misma por parte del organismo competente basado en las simples declaraciones
del trabajador y en una solicitud de presupuesto quirúrgico clínico del cual el
patrono no ha tenido conocimiento, como no ha tenido ninguna enfermedad,
profesional o no, porque no ha sido notificado de la misma por parte de la
E.P.S., de la A.R.P., ni del trabajador hasta la fecha. Por el contrario, en la
hoja de vida de la accionante no existe ninguna incapacidad médica superior a
dos días y las pocas que existen, hacen referencia a enfermedad común”.
-Sostiene que el mecanismo de la tutela no es la vía
para resolver el presente caso, pues “la accionante, dada sus condiciones
actuales de vida, sociales y económicas, no es cabeza de familia, no está
embarazada, no es sujeto de fuero sindical, no tiene estabilidad laboral
reforzada, no existe desprotección a la salud, no se encuentra en debilidad
manifiesta y no esta ante un peligro inminente.”
2.3. Sentencia de segunda instancia
El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá,
mediante providencia del 9 de diciembre de 2009, revocó el fallo impugnado al
considerar: que la accionante no goza de la estabilidad laboral reforzada. No
existe prueba alguna de la enfermedad profesional que dice padecer. En el
expediente simplemente se observa una incapacidad por enfermedad general, la
cual es insuficiente para considerar que la trabajadora se encuentra
discapacitada, y por ende sea sujeto de especial protección.
3. Expediente T-2.550.567
3.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Bogotá,
mediante sentencia del 6 de octubre de 2009, decidió no tutelar los derechos
fundamentales invocados como vulnerados por la accionante al considerar que la
finalización del contrato de trabajo suscrito entre ella y la entidad accionada
obedeció a la terminación de la labor por la que había sido contratada y no
como consecuencia de la enfermedad que la señora Moreno Rodríguez padece.
3.2. Impugnación.
La parte actora impugnó el fallo proferido por el
Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Bogotá al considerar que el a quo
desconoció la jurisprudencia constitucional, según la cual, el beneficio de la
protección laboral reforzada, se ha extendido, incluso, a los contratos de
obra, en los casos en que como el suyo, el trabajador padece de un deterioro en
su estado de salud.
3.2. Sentencia de segunda instancia
El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia del 7 de diciembre de 2009, decidió confirmar el fallo
impugnado por las siguientes razones:
- Si bien, alega la accionante que es una persona
discapacitada, no aparece ningún dictamen médico que así lo confirme, sino
únicamente que se le otorgaron incapacidades laborales temporales y por corto
plazo generalmente de tres días. Precisamente la última se generó por ese
término y hasta el 12 de agosto de 2009.
No existe prueba que para el momento de la terminación
del contrato de trabajo, la accionante estuviera incapacitada, o se le hubiere
declarado alguna invalidez originada por enfermedad profesional, ni que
presentara una disminución parcial o definitiva en algunas de sus funciones u
órganos.
De tal manera que, como lo consideró el fallo de
primera instancia, no se establece una conexidad entre la enfermedad que se le
diagnosticó a la señora Moreno Rodríguez, la cual se denomina Tenosinovitis de
Quervain o Tenosinovitis de Flexoextensores de Antebrazos y de Quervain
Bilateral, de predominio derecho, y su actividad laboral.
-La razón por la cual la entidad accionada dio por
terminado el contrato de trabajo con la accionante fue porque la Comercializadora
Caribbean Ltda, le comunicó, por escrito, que por una baja productividad no
requería personal adicional y que la labor de la señora Moreno Rodríguez había
terminado. Como consecuencia de ello, la entidad accionada aplicó la cláusula
del contrato suscrito con esta trabajadora, según la cual, si el usuario
declaraba terminada la labor para la trabajadora en misión el acuerdo celebrado
de ésta con Activos S.A. igualmente podía seguir la misma suerte, como en
efecto ocurrió en este caso.
-Concluye el ad quem: “Por tanto, no
encuentra el Juzgado que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de la
señora Justa Deyssi Moreno Rodríguez al dársele por terminado su contrato de
trabajo, pues esa terminación fue ajustada a la ley y como la señora en mención
no era disminuida o inválida física o psíquica, o por lo menos no había
declaración médica de ello, no se hacía necesario obtener la licencia del
Ministerio de la Protección Social, Área del Trabajo.”
4. Expediente T-2.006.661
4.1. Sentencia de primera instancia
El
Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá,
mediante providencia del 12 de enero de 2010, negó el amparo solicitado por las
siguientes razones:
-Como
consecuencia del tiempo en que duró incapacitada la accionante se configuró una
de las causales para dar por terminado el vínculo asociado que ella tenía con ADETEK
CTA, el cual se concretó el 30 de octubre de 2009 y no el 24 de octubre como lo
afirma la señora Cañón Fraile.
-Pese
a la terminación del vínculo asociado, la accionante no quedó desamparada en
salud por cuanto continuó con la cobertura integral hasta el 29 de noviembre de
2009 y protección laboral hasta el 29 de diciembre, según la certificación
expedida por la E.P.S. Sura. Así mismo, obra en el expediente escrito de la
Gerente de la entidad accionada en el que solicita al Consejo de Administración
que se sufraguen los costos de los aportes al Régimen de Seguridad Social en
Salud de la asociada Nancy Patricia Cañón Fraile, en razón de su delicado
estado de salud hasta que la entidad Administradora de Fondos de Pensiones se
haga cargo de la misma. Así se desdibuja la afirmación realizada por la
accionante según la cual la cooperativa cesó en el pago de los aportes en salud
y pensión y que por ello no puede acceder a los servicios médicos.
-La
cooperativa le informó a la accionante que debía acudir ante la E.P.S. para
diligenciar el formulario de afiliación como trabajadora independiente, pero
que el costo de los aportes serían asumidos por cuenta de la empresa. Sin
embargo, la señora Cañón no atendió dicho requerimiento o no lo entendió, pues
en el escrito de tutela refiere que no puede asumir los costos de una
afiliación de salud como independiente.
-
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la accionante no
presentó la documentación necesaria en la IPS Punto de salud de Chapinero para
que su caso fuera remitido a la Administradora del Fondo de Pensiones, ni
acudió a la diligencia administrativa laboral ante el Ministerio de la
Protección Social.
-Concluye
el juzgado de primera instancia que “… las entidades demandadas han estado
prestas a brindarle a la accionante su protección en salud, informándose
igualmente por la EPS SURA que la señora NANCY CAÑON tiene la posibilidad de
tramitar pensión de invalidez ante el Fondo de Pensiones al que está afiliada y
con eso se podría garantizar la continuidad del tratamiento y afiliación al
Sistema General de Salud, pero como al 30 de diciembre de 2009 la accionante no
se encuentra afiliada a EPS SURA no es acreedora de los servicios de salud
hasta tanto no reporte nueva afiliación ya sea del empleador o como cotizante
independiente, obviamente en los términos ofrecidos por la cooperativa, es
decir cubriendo la entidad el valor de los aportes, o tramite su pensión y sea
el Fondo de Pensiones que realice el aporte, hecho éste que depende ya de la
voluntad de la accionante.”
4.2.
Impugnación
La
accionante impugnó el fallo de primera instancia, reiterando lo expuesto en la
demanda de tutela.
4.3.
Sentencia de segunda instancia
El
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 25 de
febrero de 2010, confirmó parcialmente el fallo impugnado acogiendo las razones
expuestas por el juez de primera instancia, adicionándolo en el sentido de que ADETEK
CTA, una vez la señora Cañón Fraile realice el trámite  del formulario de
afiliación ante la E.P.S. Sura, continué pagando los aportes en salud hasta que
la demandante se haga acreedora de la pensión de invalidez.
5. Expediente T-2.699.407
5.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja,
mediante Sentencia del 25 de febrero de 2010, negó el amparo solicitado al
considerar que existen otros mecanismos de defensa. Al respecto señaló que:
“… el accionante se encuentra en el derecho de acudir
a otras instancias a fin de resolver su dificultad o su litigio, ya que la
acción no es el mecanismo adecuado para esto y menos para la protección de este
Derecho, ya que existe la jurisdicción ordinaria que debe entrar a dirimir
dicho conflicto, al encontrarse el derecho que se reclama un derecho en litigio
que se fundamenta por el empleador en un despido justo por terminación de obra
y de manera contraria por el empleado en un despido injusto.”
En lo concerniente a la afectación del mínimo vital se
tiene que en este caso no puede predicarse, puesto que “el señor JHON OSCAR
MOLINA SANDOVAL recibió un mínimo de liquidación el cual le ha dado la
oportunidad de sobre llevar (SIC) la subsistencia de su familia, dineros estos
que fueron recibidos no menos de un mes que le pueden ayudar a salir adelanta
(SIC) con su familia y hasta que comience el trámite de su proceso laboral
correspondiente.”
Respecto de la vulneración del derecho a la salud, se
observa que la ARP viene prestando todos los servicios médicos que el
accionante ha requerido.
5.2. Impugnación
La parte demandante impugnó el fallo de primera
instancia por las siguientes razones:
-Si bien, la A.R.P. Seguros Bolívar, le ha brindado
atención médico-asitencial, no lo ha hecho respecto de los problemas de pérdida
de audición y visión parcial y fotofobia y la consulta de neumología aún no ha
sido autorizada.
-Sí se ha causado un perjuicio irremediable porque él
y su familia derivaban su sustento exclusivamente del salario que devengaba en
la empresa accionada porque su esposa padece de insuficiencia renal crónica y
está en tratamiento de hemodiálisis.
-El Consorcio ITS, sí le adeuda los costos de los
viáticos y de transporte de los días 15, 16 y 17 de mayo de 2009, cuando se
desplazó a Bogotá para la práctica de unos exámenes.
5.3. Sentencia de segunda instancia
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Barrancabermeja, mediante providencia del 29 de abril de 2010, confirmó el
fallo impugnado por las siguientes razones:
-Si bien es cierto podría pensarse que el señor Jhon
Oscar Molina Sandoval se encuentra en  un estado de debilidad manifiesta, también
lo es que de conformidad con las pruebas contenidas en el expediente, su contrato
concluyó por la configuración de una causal legal de terminación de contrato,
cual es la finalización de la obra o labor contratada, asunto que no es
susceptible que sea discutido por vía de tutela, sino ante la vía ordinaria, en
razón del amplio debate probatorio que al respecto se requiere. Además, en
principio, no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, toda vez que a pesar de su condición, para el momento en que
terminó el contrato de trabajo, aquél no se encontraba incapacitado.
-En relación con la atención que ha recibido el
accionante por parte de la A.R.P. Seguros Bolívar, si bien para el momento de
promover la tutela el actor no había recibido autorización  para la cita
prioritaria de medicina especializada de neumología, durante el traslado de la
demanda, la aseguradora confirmó la autorización del trámite solicitado, tal
como se adjuntó en la contestación del líbelo petitorio, sin que pueda verificarse
la desatención alegada por el demandante.
-Por otra parte, no es posible determinar con
exactitud lo relacionado con los viáticos, que según el accionante, la empresa
demandada le adeuda, toda vez que no existe prueba dentro del expediente de que
éstos se hubieren causado.
6. Expediente T-2.782.772
6.1. Sentencia de primera
instancia
El
Juzgado Trece, con Función de Control de Garantías de Barranquilla, mediante
providencia del 26 de marzo de 2010, negó el amparo solicitado al considerar
que no se observa en la situación planteada circunstancias constitutivas de
violación o amenaza de derechos constitucionales.
Para
el a quo, la solicitud de amparo no procede en este caso, por cuanto el
accionante cuenta con otro medio de defensa judicial para hacer valer sus
derechos como lo es la acción laboral ante la jurisdicción ordinaria, “mecanismo
éste en el cual se presentan todas las garantías procesales y además, rapidez y
efectividad, ya que de conformidad con el artículo 118 del Código Procesal del
Trabajo, la ACCION DE RENTEGRO se tramitará conforme al procedimiento señalado
en el artículo 114 y siguientes de ese Código”. Tampoco puede concederse la
tutela como mecanismo transitorio porque no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable.
6.2.
Impugnación
El
demandante impugnó el fallo proferido en primera instancia, señalando
básicamente que cuando se trata de estabilidad laboral reforzada el perjuicio
irremediable se deriva de la imposibilidad que tiene el limitado físicamente de
poder satisfacer sus necesidades básicas.
6.3.
Sentencia de segunda instancia
El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla,
mediante providencia del 11 de junio de 2010, confirmó parcialmente el fallo
proferido en primera instancia al considerar que, de conformidad con los
dictámenes proferidos por los especialistas, entre enero de 2009 y marzo de
2010, la A.R.P. Seguros Bolívar, debió enviar al señor Espejo Franco, al médico
laboral, para que emitiera un dictamen definitivo y diagnosticara la pérdida de
su capacidad para laborar.
En virtud de lo anterior, ordenó a la A.R.P. Seguros Bolívar,
que el señor Efraín Fernando Espejo Franco fuera remitido al médico laboral a
objeto de que emita una evaluación respecto del siniestro acaecido y dictamine
su estado de capacidad para laboral.[5]
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
A través de esta Sala de Revisión, la Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los
procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículo 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Corresponde
a esta Sala de Revisión determinar si las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por las señoras Ana Isabel Orozco Torres, Ana de Dios Martín Barrera, Justa Deissy
Moreno Rodríguez,  Nancy Patricia Cañón Fraile, Jhon Oscar Molina Sandoval y
Efraín Fernando Espejo Franco al terminar los contratos de trabajos que habían
suscrito, a pesar de las condiciones de salud en que se encontraban y sin la
previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
Para
tal fin, esta Sala se referirá, en primer lugar, a la jurisprudencia
constitucional existente en relación con la procedencia de la acción de tutela
para ordenar el reintegro laboral en los casos de trabajadores discapacitados,  en
segundo término, a la estabilidad laboral reforzada de las personas con
limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, para luego, finalmente, dar
solución al caso objeto de estudio.
3. Procedencia de la
acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los casos de trabajadores
discapacitados. Reiteración de jurisprudencia.
Este
Tribunal en forma reiterada  ha señalado que, en principio, la acción de tutela
es improcedente para reclamar el reintegro laboral, en la medida en que el
ordenamiento jurídico prevé para el efecto, acciones judiciales específicas
cuyo conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y a la
de lo contencioso administrativo, según la forma de vinculación de que se
trate.
Sin
embargo, esta Corporación ha precisado que, excepcionalmente, el mecanismo de
amparo constitucional puede ser procedente, de manera transitoria, cuando se
involucren los derechos de personas que se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta por causa de su condición económica, física o mental  y,
adicionalmente, en los casos en los cuales se predica el derecho a la
estabilidad laboral reforzada. Frente al particular la Corte ha dicho[6]:
“Esta Corporación[7]
ha señalado en su reiterada jurisprudencia que, en principio, la acción de
tutela no es el instrumento procesal idóneo para solicitar de una autoridad
judicial la orden de reintegro a determinado empleo, pues el ordenamiento
jurídico ofrece a los trabajadores acciones judiciales específicas cuya
competencia ha sido atribuida a la jurisdicción laboral y a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.
La Corte ha indicado con precisión[8], que esta regla
general, la cual se sigue del principio de subsidiariedad que condiciona la
procedibilidad de la acción de tutela, debe ser matizada en aquellos eventos en
los que el solicitante se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta
y, adicionalmente, en los supuestos en los cuales el ordenamiento jurídico
confiera al sujeto estabilidad laboral reforzada.
Se arribó a esta conclusión debido a que, si bien no
existe un derecho fundamental que asegure a los empleados la conservación del
trabajo o un término mínimo de permanencia en él, gracias a la acentuada
protección que el texto constitucional ofrece a algunos sujetos en atención a
las circunstancias particulares en que se encuentran, las cuales dificultan el
pleno goce de los derechos fundamentales, se impone el reconocimiento del “derecho
a una estabilidad laboral reforzada”. Es éste el caso de las mujeres en estado
de embarazo, los trabajadores aforados y las personas con limitaciones, entre
otros, cuyo despido debe ser previamente autorizado por la oficina del trabajo
o el juez. En este caso, por ser sujetos de especial protección, como ya ha
sido señalado, la Corte considera procedente su solicitud de reintegro en sede
de tutela.
Ahora bien, como ya fue indicado, la acción de tutela
resulta procedente en un evento adicional, en el cual el sujeto que solicita el
amparo de sus derechos fundamentales se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta cuya seriedad impone al juez de tutela conceder la petición de
tutela como mecanismo transitorio hasta tanto la autoridad judicial competente
tome las decisiones respectivas.”
Ahora
bien, este Tribunal ha señalado que, en las situaciones de excepcionalidad
anotadas, resulta necesario, en todo caso, para que proceda la acción de
tutela, acreditar la condición de trabajador discapacitado o con alguna
limitación en su estado de salud y demostrarse la existencia de una relación de
causalidad entre las condiciones de salud del trabajador y su desvinculación,
de forma tal que pueda predicarse la configuración de un trato discriminatorio.
4. El derecho a la estabilidad laboral reforzada de
las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Reiteración de
jurisprudencia
Conforme con el artículo 13 de la Constitución Política
todas las personas son iguales ante la ley,  y debe el Estado propiciar las
condiciones necesarias, con el fin de que ese mandato sea real y efectivo. De
ahí que la Corte, haya entendido que: “el principio de igualdad deja de ser
un concepto jurídico de aplicación formal, para convertirse en un criterio
dinámico, que debe interpretarse de conformidad con las circunstancias
particulares que rodean a cada persona, pretendiendo con ello el logro de una
igualdad material y no formal[9].
Así mismo, dicha Norma Superior establece que las
personas que por su condición económica, física o mental, estén en un estado de
debilidad manifiesta, gozan de una especial protección constitucional por parte
del Estado.
En armonía con lo anterior, el artículo 47 Superior, dispone que le
corresponde al Estado adelantar una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se les debe brindar la atención especializada que necesiten.
Bajo una orientación similar, la Carta en el artículo 53 prevé, que uno
de los principios mínimos que debe orientar las relaciones laborales, es la
estabilidad en el empleo y la garantía de la seguridad social. En concordancia
con esta disposición, el artículo 54 Superior, establece que es una obligación
del “Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación
profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.
En relación con el compromiso que de conformidad con la Constitución
tiene el Estado para con las personas discapacitadas, la jurisprudencia de la
Corte ha señalado que es doble, pues “por una parte, debe abstenerse de
adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el
principio de igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar la
igualdad de oportunidades, debe remover todos los obstáculos que en los ámbitos
normativo, económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que
se opongan al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal
sentido, impulsar acciones positivas.” [10]
(subrayado fuera del texto original)
En torno a las acciones afirmativas, este Tribunal ha
dicho que son aquellas que están orientadas a proteger a ciertas personas o
grupos para eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o
económico que los afectan y procurar que los miembros de un grupo discriminado
tengan una mayor representación en el escenario político o social[11]. Al respecto
la Corte en la Sentencia C-371 de 2000[12]
señaló:
“Con la expresión acciones afirmativas se designan
políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya
sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural
o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo
subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor
representación”
Precisamente, esta Corporación ha establecido que de
las acciones afirmativas a favor de las personas con limitaciones físicas o
mentales se deriva una estabilidad laboral reforzada, la cual, implica: (i) el
derecho a permanecer en el empleo; a (ii) no ser despedido por causa de la
situación de vulnerabilidad; a (iii) permanecer en el empleo hasta que se
requiera y hasta tanto no se configure una causal objetiva que imponga la
terminación del vínculo y a (iv) que la correspondiente autoridad laboral
autorice el despido, con fundamento en la previa verificación de la ocurrencia
de la causal que se alega para finiquitar el contrato laboral, so pena de que
el despido se considere ineficaz.[13]
En relación con el desarrollo legal que ha tenido el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas con limitaciones, el
legislador estableció una serie de garantías orientadas, por un lado, a permitir
que estas personas ingresen a la actividad laboral y, del otro, a asegurar que
sus limitaciones no se constituyan en causales para que sean excluidas de la
misma.
En efecto, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, mediante el cual se
establecieron los mecanismos de integración social para personas en condición
de discapacidad, textualmente dice:
“En ningún caso la limitación de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie
autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato
terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito
previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente
a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.”[14]
Cabe aclarar que este último apartado fue declarado exequible de manera
condicionada por esta Corporación en Sentencia C-531 de 2000[15], en el entendido de que
el pago de la indemnización al trabajador discapacitado no convierte el despido
en eficaz, si éste no se ha hecho con previa autorización de la Oficina de
Trabajo. De ahí que, la indemnización se constituye en una sanción para el
empleador, mas no en una opción para éste de despedir sin justa causa a un
trabajador discapacitado.[16]
De igual manera, en Sentencia T-198 de 2006[17], la Corte
señaló que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 contiene una protección laboral
reforzada que se proyecta en dos ámbitos: uno positivo, que implica la
prohibición de que las limitaciones físicas o mentales de una persona sean la
causa para obstaculizar su vinculación laboral, a menos que dicha limitación
resulte claramente  incompatible con el cargo que va a desempeñar, y uno
negativo, según el cual, ninguna persona discapacitada podrá ser despedida o su
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
Oficina de Trabajo. Sin embargo, quienes hayan sido retirados de su empleo por
este motivo, tendrán derecho a una indemnización, sin perjuicio de las demás
prestaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en las normas
correspondientes.
Conforme con lo anterior, el artículo mencionado,
propende por la igualdad en el acceso al mercado laboral y establece, además,
una evidente limitación a la facultad de los empleadores para despedir a los
trabajadores que adolecen de algún tipo de discapacidad.
Resulta conveniente advertir que,
el ámbito negativo de protección establecido por la norma en cita, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, se circunscribe a aquellos
eventos en los cuales la desvinculación laboral se produce por causa de la enfermedad
o discapacidad del trabajador. En este sentido, esta Corporación ha sostenido:
“Para esta Corporación, como lo ha indicado la Sala
Plena, lo que resulta reprochable desde el punto de vista constitucional no es
el despido en sí mismo –al que puede acudir todo patrono siempre que lo haga en
los términos y con los requisitos fijados por la ley- sino la circunstancia
-que debe ser probada- de que la terminación unilateral del contrato por parte
del patrono haya tenido origen precisamente en que el empleado esté afectado
por el virus o padezca el síndrome del que se trata (SIDA).
(...) En el presente asunto, al no hallarse la relación
causal entre el padecimiento del accionante y la terminación del contrato de
trabajo a término fijo, el juez constitucional se encuentra ante un asunto que
no le compete resolver, por cuanto de lo aportado al proceso no se deduce la
violación de los derechos fundamentales de aquél, en el sentido de que haya
podido ser discriminado o estigmatizado por el patrono.
En este orden de ideas, al no establecerse la
vulneración del derecho a la igualdad del accionante, estima la Sala que se
trata de una controversia ordinaria, y que quienes están llamados a resolverla
son los jueces laborales, en aplicación del principio de subsidiariedad que
rige el amparo constitucional (art. 86 C.P.).”[18]
De lo anteriormente expuesto, se concluye que la
especial protección laboral de las personas discapacitadas, en el ámbito
positivo y negativo, ocurre cuando quiera que la imposibilidad de acceder al
mercado laboral o la exclusión del mismo se produzcan como consecuencia de su
estado de debilidad manifiesta, por cuanto la protección se dirige a evitar
precisamente que ellos sean objeto de discriminación con ocasión de sus
limitaciones.
Ahora bien, resulta necesario destacar que, para la
Corte[19],
están amparados por la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997, no solamente aquellas personas que tienen la condición de discapacitados,
de acuerdo con la calificación efectuada por los organismos competentes, sino
también, quienes se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, ya sea
por acaecimiento de un evento que afecta su salud, o de una limitación física,
sin importar si ésta tiene el carácter de accidente, enfermedad profesional, o
enfermedad común, ni si es de carácter transitorio o permanente.[20]
No obstante lo anterior, aún cuando la situación de
los trabajadores calificados como discapacitados es distinta a la de aquellos
que padecen una afectación significativa de su salud pero aún no han sido
objeto de calificación por los organismos establecidos para el efecto, la Corte
ha sostenido que en ambos casos existen razones que justifican la existencia de
una especial protección laboral. Precisamente, en sentencia T-351 de 2003[21], esta
Corporación dijo:
“* En la actualidad el ordenamiento jurídico
colombiano distingue entre trabajadores discapacitados calificados como tales
por las normas legales[22],
frente a los trabajadores que sufren una disminución en su condición física
durante la ejecución del contrato de trabajo, quienes a partir de lo dispuesto
en el artículo 13 Superior, exigen una protección especial por parte del Estado
dada su situación de debilidad manifiesta[23].
* El alcance y los mecanismos legales de protección -
en cada caso - son distintos, en primer lugar, porque la Ley 361 de 1997, en su
artículo 26, consagra un sistema de estabilidad laboral reforzada y, en segundo
término, porque la protección de los trabajadores en situación de debilidad
manifiesta se deriva de la aplicación inmediata de la Constitución junto con
algunas normas de rango legal que constituyen el denominado sistema normativo
integrado[24].
* Por ello, en tratándose de trabajadores puestos en
circunstancias de debilidad manifiesta, el juez de tutela puede, al momento de
conferir el amparo constitucional, identificar y ponderar un conjunto más o
menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal
circunstancia y, a su vez, goza de un amplio margen de decisión para proteger
el derecho fundamental amenazado o vulnerado. Esto significa, en otras
palabras, que la protección laboral de los trabajadores que se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba de las condiciones
de salud que impidan o dificulten el desempeño regular de sus labores.
* Con todo, el alcance constitucional de la protección
especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al empleador. De
suerte que, como regla general, le corresponde al empleador reubicar a los
trabajadores en estado digno y acorde con sus condiciones de salud, en atención
al carácter vinculante del principio constitucional de solidaridad. Sin
embargo, ‘el empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que
existe un principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera
de cumplirla’ [25]
(…)”
En aplicación de la jurisprudencia constitucional
reseñada, la Corte ha protegido en diversas oportunidades el derecho de las
personas con limitaciones -independientemente de que haya sido o no calificada
su discapacidad- a no ser discriminadas en el ámbito laboral con ocasión de sus
condiciones particulares y ha señalado, en forma enfática, que son  merecedoras
de un trato especial.
Ahora bien, tal
y como quedó expuesto,  la protección a la estabilidad laboral reforzada de los
trabajadores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, por causa
de una disminución en la capacidad física o mental, no solamente comprende la
prohibición impuesta al empleador de dar por terminado el contrato de trabajo
en razón de dicha discapacidad del trabajador, sino que, además, implica, la
reubicación si se requiere, hasta tanto no surja una causal objetiva y la misma
no sea verificada previamente por la autoridad laboral competente.
El derecho a la reubicación, ha sido entendido por la
Corte como la prerrogativa que tiene el trabajador de que le sean asignados
labores que estén acordes con su condición física, cuando ésta ha disminuido,
como consecuencia de una enfermedad, y mientras se recupera. Sobre el
particular esta Corporación ha dicho:
“el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los
trabajadores no puede ser entendido como la simple imposibilidad de retirara un
trabajador que ha sufrido una merma en su estado de salud, sino que comporta el
derecho a la reubicación en un puesto de trabajo en el que el discapacitado
pueda potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no
obstante la discapacidad que le sobrevino, de forma que se concilien los
intereses del empleador de maximizar la productividad de sus funcionarios y los
del trabajador en el sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas”.[26]
Es precisamente en aplicación del principio de
solidaridad que el empleador tiene la obligación de reubicar al trabajador que
adolece de una discapacidad o una incapacidad física o mental, en una actividad
digna y conforme con su estado de salud, salvo que demuestre que “existe un
principio de razón suficiente que lo exonera de cumplirla.”[27]
Precisamente, la Sentencia T-1040 de 2001[28], señaló que
el derecho a la reubicación laboral tendrá diversas implicaciones, según el
ámbito en el que se aplique, debiendo valorar una serie de elementos, entre los
cuales se destacan (i) la clase de labores encomendadas al trabajador; (ii) la naturaleza
jurídica del empleador, y (iii) las condiciones de la empresa y/o capacidad del
empleador para efectuar los movimientos de personal.
Lo anterior, con el fin de determinar si dicha medida
excede la capacidad del empleador o impide el desarrollo de su actividad, pues
en estos eventos, este derecho debe ceder ante el interés legítimo del
empleador, debiendo en todo caso comunicar al trabajador esa circunstancia, y
brindarle la posibilidad de proponer soluciones razonables.
Sobre el particular la Corte dijo[29]:
“Por supuesto, el alcance constitucional de la
protección especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al
empleador.  En situaciones como éstas, en principio corresponde al empleador
reubicar al trabajador en virtud del principio constitucional de solidaridad,
asegurándole unas condiciones de trabajo compatibles con su estado de salud,
para preservar su derecho al trabajo en condiciones dignas.  Sin embargo, el
empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que existe un
principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera de
cumplirla.
En efecto, el alcance del derecho a ser reubicado por
condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito en el
cual opera el derecho.  Para tales efectos resultan determinantes al menos tres
aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de función que desempeña el
trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del empleador.  Si la
reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta
excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su
cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del
empleador.  Sin embargo, éste tiene la obligación de poner tal hecho en
conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer
soluciones razonables a la situación”[30].
Igualmente,
esta Corporación ha señalado que en algunos eventos, la reubicación laboral
como consecuencia del estado de salud del trabajador, implica no solamente el
simple cambio de labores, sino que comporta la proporcionalidad entre las
tareas y los cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como
el deber del empleador de brindar la capacitación necesaria para que las nuevas
funciones sean desarrolladas adecuadamente[31]
Conforme
a lo anterior, fuerza concluir que el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de trabajadores que se encuentren en situación de debilidad
manifiesta, por causa de una disminución de la capacidad física o mental,
implica el derecho a permanecer en el empleo o a ser reubicado si se requiere,
asignándole unas funciones acordes con su estado de salud, lo cual debe
incluir, de ser necesario, la capacitación para el adecuado cumplimiento.
Otros
asuntos que debe abordar la Sala antes de decidir, son los relacionados con el
significado y efecto de las relaciones que se presentan en casos como los que
se analizan donde (i) el trabajador es contratado a través de un contrato de
obra o labor determinada, (ii) el asociado celebra un convenio asociativo y (iii)
la vinculación se realiza a través una empresa de servicios temporales.
5. Contrato a término fijo
El artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo,
prevé que los contratos de trabajo podrán celebrarse por el tiempo que dure la
realización de una obra o labor determinada. Así, se determina en general, el
momento en el que ocurre el vencimiento o la terminación de la relación de
trabajo, de tal suerte que el vínculo laboral subsiste mientras el empleador
requiera los servicios del trabajador o no se haya finalizado la obra para la
cual fue contratado.
En relación con esta clase de contratos, la Corte ha
señalado, que no obstante lo anterior, en ciertas circunstancias especiales, el
derecho a la estabilidad laboral reforzada puede oponerse, incluso, a la
terminación del contrato de obra o labor determinada.
Esta Corporación sobre el particular en la Sentencia
T-1046 de 2008[32]
dijo:
“(…) la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la simple finalización de un contrato laboral de tales características,
arguyendo la culminación de la labor, no es una razón suficiente para dar por
terminado un vínculo de esta naturaleza, en especial, si la empresa escudada en
la finalización del contrato de obra, desconoce los requisitos legales para su
terminación o finiquita un contrato bajo supuestos que denoten discriminación[33].
Estas consideraciones resultan particularmente relevantes cuando se trata de la
terminación de contratos laborales celebrados con personas en condiciones de
debilidad manifiesta.”
En la sentencia citada, la Corte también advirtió que
el vencimiento del plazo pactado o la culminación de la obra, no es suficiente
para legitimar la determinación de un empleador de no renovar esa clase de
contratos o darlo por terminado: (i)  si subsiste la materia del trabajo, las
causas que lo originaron o la necesidad del empleador; (ii) si el trabajador ha
cumplido efectivamente sus obligaciones contractuales y (iii) se trate de una
persona en una situación de debilidad. De ahí que, cuando una persona goza de
estabilidad laboral reforzada, no puede ser desvinculada sin que exista una razón
objetiva para terminar el vínculo laboral y medie la autorización de la oficina
del trabajo, que avale dicha decisión.
6. Las cooperativas asociativas de trabajo
La
cooperativa de trabajo asociado es una forma de organización solidaria, que
permite agrupar a varias personas para emprender una actividad sin ánimo de
lucro a través del aporte de la capacidad laboral de sus integrantes.
El artículo 70 de la Ley 79 de 1998 “por la cual se
actualiza la legislación cooperativa” define a las cooperativas como “aquellas
que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes,
ejecución de obras o la prestación de servicios”
El
artículo 3 del Decreto 4588 de 2006 “Por el cual se reglamenta la
organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado” dispone que la actividad de los cooperados, está “encaminada a
efectuar actividades económicas, profesiones o intelectuales con el fin de
producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer
las necesidades de sus asociados.”
Por
su parte, el término de cooperativa, según la Recomendación R193 de 2002 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la promoción de las cooperativas,
debe interpretarse como: “la asociación autónoma de personas unidas
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y
de gestión democrática.”
Del
anterior recorrido normativo es dado afirmar que, las cooperativas de trabajo
asociado a través de la agrupación de personas y el aporte de la capacidad de
trabajo tienen como finalidad la producción y ejecución de obras o la
prestación de servicios, la cual deberá prestarse dentro de los lineamientos
establecidos en los estatutos y en la normatividad existente en la materia.
La
Corte en la Sentencia C-211 de 2000[34]
además de señalar las características sobresalientes de las cooperativas de
trabajo asociado[35]
destacó que dada la entidad entre el asociado y el trabajador, la relación
entre éste y la cooperativa no se regula en principio por el Código Sustantivo
del Trabajo, sino por los estatutos que definen entre otras materias, el manejo
y administración de la organización, su funcionamiento, el régimen de trabajo,
seguridad social y compensaciones, el reparto de excedentes y todos los demás
asuntos atientes al cumplimiento del objeto social.[36]
Con
todo, este Tribunal ha hecho hincapié en que la capacidad de autorregulación de
las cooperativas de trabajo, implica, el respeto por las garantías
constitucionales que consagra la Constitución y la ley. En tal sentido, estas
organizaciones, en virtud de su autonomía configurativa no podrán contrariar
los principios y valores superiores, e infringir las normas que regulan los
mínimos que deben contener los contratos de asociación, pues se encuentran
supeditadas a la vigilancia de las autoridades competentes[37].
Precisamente,
el artículo 7° numeral 3 de Ley 1233 de 2008 señaló que cuando se utilice la
cooperativa de trabajo asociado para cohonestar una relación laboral, se
disuelve el vínculo cooperativo, lo cual origina una responsabilidad solidaria
entre la organización infractora y el tercero contratante en relación con las
obligaciones prestacionales que surjan a favor del trabajador.
Específicamente,
la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que si durante la ejecución del
contrato de trabajo asociado, la cooperativa desconoce la prohibición
consistente en que estas organizaciones solidarias no pueden actuar como
empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados
para proveer mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que respecto de
sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar aplicación
la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial, por cuanto bajo
tales supuestos fácticos convergen elementos esenciales que dan lugar a la
existencia de un contrato de trabajo simulado por el contrato cooperativo.
Sobre el particular, esta Corporación en la Sentencia T-962 del 7 de octubre de
2008[38]
precisó que: “la facultad para contratar con terceros no es absoluta. En
efecto, por expreso mandato legal, las cooperativas y precooperativas no podrán
actuar como intermediarios laborales o empresas de servicios temporales.”
En
el contexto señalado, la intermediación trasforma el vínculo cooperativo o,
dicho en otros términos, la relación horizontal que debe existir entre los asociados
cooperados en una verdadera relación laboral pues el cooperado no ejerce sus
funciones directamente en la cooperativa sino que presta un servicio a un
tercero, quien le da ordenes y le impone un horario de trabajo, surgiendo así
una clara relación de subordinación.
Ahora
bien, con relación a los supuestos que permiten identificar la transformación
de la relación entre los asociados cooperados en un contrato de trabajo, la
Corte, en la Sentencia T- 445 del 2 de junio de dos mil seis (2006)[39],
dijo:
“En relación con los elementos que pueden conducir a
que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación
horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de
la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado
de subordinación, se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo (i)
el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene
derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones
indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el
poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo
con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte
del asociado a la designación [que]
la Cooperativa [haga] del tercero a favor del cual se va a ejecutar la
labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará; entre otros.”
Bajo
este contexto, cuando se presenten estos supuestos fácticos, u otros que
permitan determinar la existencia de una relación de trabajo, el juez de tutela
debe proteger los derechos fundamentales del trabajador encubierto tras la
calidad de asociado, y aplicar los principios del derecho laboral[40] y las demás
garantías laborales dispuestas por la Constitución.
7. Relaciones laborales en
las empresas de servicios temporales
La
Ley 50 de 1990 reglamentada por el Decreto 4369 de 2006, define a la empresa de
servicios temporales como aquella que contrata la prestación con terceros
beneficiarios para colaborar de manera temporal en el desarrollo de sus
actividades, a través de la labor ejecutada por personas naturales contratadas
directamente por la empresa, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de
empleador. La persona natural o jurídica que contrata los servicios se denomina
usuario.
Dicha
normativa, señala que los trabajadores vinculados a estas empresas pueden ser de
“planta”, quienes desarrollan su actividad en las dependencias propias
de las empresas de servicios temporales y de “misión” que son aquellos
enviados por la empresa a las dependencias de los usuarios con el fin de
cumplir la tarea o el servicio contratado por éstos cuando sea menester
reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad, para atender incrementos en la producción, el transporte, las
ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales en cosechas o en la
prestación de servicios, por un termino de 6 meses prorrogable hasta por 6
meses más[41].
Servicios que se refieren a labores ocasionales, accidentales o transitorias.
A
los trabajadores en misión, se les aplica, en lo pertinente, las disposiciones
del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral y tienen
derecho a un salario ordinario, equivalente al de los trabajadores de la
empresa usuaria que ejecuten la misma labor, a los mismos beneficios que
aquella tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo en lo
relacionado con transporte, alimentación y recreación, a la compensación
monetaria por vacaciones y primas de servicios proporcional al tiempo laborado,
cualquiera que éste sea. En materia de salud ocupacional es responsable la
empresa de servicios temporales.
Los
contratos celebrados entre las empresas de servicios temporales y sus usuarios
deberán extenderse por escrito y cumplir con las especificaciones contempladas
en el artículo 81 de la Ley 50 de 1990. El Ministerio de la Protección Social,
al tener a su cargo el control y vigilancia de esas empresas,  le corresponde
aprobar las solicitudes de autorización de funcionamiento, sus reformas y el
reglamento interno.
De
lo anteriormente expuesto, se concluye que quienes celebren un contrato de
trabajo con una empresa de servicios temporales establecen con ella una
relación de índole laboral de carácter subordinado, siendo esta su empleador
para todos los efectos legales. Relación diametralmente diferente de la que
establece dicha empresa con los usuarios, en la que se obliga a remitirle
personal a cambio de un precio determinado para lo cual deberá vincular
trabajadores mediante la modalidad contractual que se adecue a la necesidad del
servicio y duración de la misión.
La
Corte, de forma reiterada,  ha reconocido el carácter laboral de la relación
jurídica entre el trabajador y la empresa de servicios temporales, precisando
que subsiste mientras el usuario requiera de los servicios del trabajador o haya
finalizado la obra para el cual fue contratado. Así mismo, ha señalado que
cuando el usuario necesite de la contratación permanente del servicio de los
trabajadores en misión, debe acudir a otra forma de contratación distinta a la
que se cumple a través de dichas empresas.
También
ha sostenido este Tribunal que la garantía de la estabilidad en el empleo
cobija todas las modalidades de contratos, incluidos los que suscriben las
empresas de servicios temporales, los cuales tienen, en principio, una vigencia
condicionada al cumplimiento pactado o a la finalización de la obra. Lo
anterior, por cuanto el principio de estabilidad en el empleo se predica de
todos los trabajadores, sin distingo de la naturaleza del vínculo contractual,
“en tanto lo que se busca es asegurar al empleado la certeza mínima de que el
vínculo laboral contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de manera
tal que este no quede expuesto, en forma permanente, a perder su trabajo y con
el los ingresos que permiten su propio sustento y el de su familia, por la
decisión arbitraria del empleador.”[42]
La
jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la calidad de empleador de la
empresa de servicios temporales respecto de los trabajadores que envía en
misión a las dependencias de los usuarios “brinda la debida seguridad a una y
otros y principalmente en beneficio de la clase asalariada, pues, como la
vinculación en primer termino se hace directamente con la empresa, la cual
posteriormente remite al trabajador al usuario, era menester precisar
responsabilidades y por lo tanto identificar al patrono, quien se incorpora a
la categoría de contratista independiente prevista en el artículo 34 del C.S.T.,
lo cual no obsta para que a su vez surja la responsabilidad solidaria de los
beneficiarios del servicio.” [43]
8.
Casos concretos
Esta
Corporación ha considerado que la terminación de una relación laboral, esté o
no justificada, no constituye en sí misma, un problema de relevancia
constitucional. Lo que resulta inadmisible desde el punto de vista de los
derechos fundamentales es que este despido ocurra como consecuencia de la
utilización abusiva de una facultad legal para ocultar una trato discriminado
hacia un empleado, pues de acuerdo con el principio de igualdad, no puede darse
un trato igual a una persona sana que a una que se encuentra en condición de
debilidad manifiesta.[44]
Dicha discriminación se acredita cuando en el caso
particular se compruebe:
-Que el peticionario pueda considerarse una persona
discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta;
-Que el empleador tenga conocimiento de tal situación;
-Que
se halle probado el nexo causal entre el despido y el estado de salud del
trabajador; y
-Que
no medie la autorización del inspector del trabajo en los casos en que ella
resulta menester.
8.1.
Expediente T- 2.526.737
De
las pruebas que reposan en el expediente la Sala encuentra que están acreditados
los siguientes hechos:
-Que
la señora Ana Isabel Orozco Torres, estuvo vinculada a la empresa de servicios
temporales SERVITLAN LTDA desde el 19 de enero de 2009 hasta el 15 de agosto
del mismo año, mediante contrato de trabajo cuya duración estaba sujeta a una labor
determinada, prestando sus servicios como trabajadora en misión en la empresa
Protex S.A. y recibiendo como remuneración mensual la suma de $496.900.
-Estando en ejecución el contrato de trabajo, el 9 de
julio de 2009, le fue diagnosticada una tendinitis de bíceps, ocasionada, al
decir de la accionante, por realizar una
indebida fuerza de tracción al fallar una de las máquinas que estaba operando
en la empresa donde realizaba sus funciones como operaria, lo cual le ocasionó
un fuerte dolor en el hombro que fue aumentando progresivamente.
En relación con el supuesto accidente de trabajo que
sufrió la demandante, la sociedad Protex S.A. en la contestación de la demanda
señaló que le corresponde a su directa empleadora verificar la ocurrencia y
tratamiento. Por su parte, SERVITLAN LTDA manifestó, en la diligencia de intento
de conciliación efectuada en la Inspección Segunda de Trabajo, que no fue
informada de ello y que la enfermedad que padece la accionante es de origen
común.
-El 23 de julio del citado año, la E.P.S. Humana Vivir
le otorgó una incapacidad inicial a la demandante por tres días; posteriormente
el 28 de julio del mismo mes y año, le otorgó otra incapacidad por el mismo
término.
-El
12 de agosto de 2009, Protex S.A., informó a SERVITLAN LTDA, en relación con la
señora Ana Isabel Torres Orozco, quien presta sus servicios como trabajadora en
misión, que“ha concluido la obra o labor que de manera particular venía
desempeñándose en el desarrollo del contrato…”
-Según
SERVITLAN LTDA, la terminación del vínculo laboral con la señora Torres Orozco
obedeció a que la empresa Protex S.A, a la cual fue vinculada, terminó la labor
por ella desempeñada debido a una sobreproducción.
De
los hechos relatados y probados se colige que la desvinculación de la señora
Ana Isabel Torres Orozco, por parte de su empleador, la empresa de servicios temporales
SERVITLAN LTDA constituye un grave desconocimiento de sus derechos
fundamentales, por las siguientes razones:
(i) cuando SERVITLAN LTDA terminó de manera unilateral su
contrato de trabajo la demandante se encontraba en condición de
debilidad manifiesta por el deterioro en su estado de salud, como consecuencia
del constante y agudo dolor que padecía  en el hombro, diagnosticado
inicialmente como una “tendinitis de bíceps” y, posteriormente, como “manguito
rotatorio” en proceso de valoración por parte del Área de Medicina Laboral
de Humana Vivir al momento del despido.
(ii)
La discapacidad sufrida por la señora Orozco Torres era de pleno conocimiento
de SERVITLAN LTDA, si se tiene en cuenta que  el desarrollo de la enfermedad
que aqueja a la actora acaeció durante la vigencia de la relación laboral.
(iii)
En el expediente no existe una elemento probatorio que demuestre que la empresa
SERVITLAN LTDA no obstante conocer que la actora presentaba una disminución de
su capacidad física haya solicitado la autorización del Ministerio de la
Protección Social, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, con lo cual se
desconoció, tal y como quedó reseñado en esta providencia, que se trataba de un
sujeto de especial protección constitucional, respecto de quien se predica la
garantía de una estabilidad laboral reforzada.
El
alcance de esta protección especial ha logrado en la jurisprudencia de esta
Corporación un reconocimiento amplio, tanto así, que se ha resaltado que la
misma debe otorgarse con independencia del tipo de contrato de trabajo de que
se trate, bien sea a término fijo, indefinido, por obra o labor.
Para
la Corte en el presente caso, el vínculo laboral de la accionante fue terminado
de manera unilateral por parte del empleador, no obstante las afecciones de
salud que padecía, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada. Ello, por cuanto SERVITLAN LTDA tenía
conocimiento de la condición de incapacidad de la trabajadora y no cumplió con
el procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
Oficina de Trabajo.
En
virtud de lo anterior, la Sala de Revisión considera necesario proteger los
derechos invocados, que fueron vulnerados por la conducta discriminatoria de la
empresa SERVITLAN LTDA. Este amparo, se concederá como mecanismo transitorio,
mientras se adelanta el respectivo proceso ante la jurisdicción laboral para
establecer, con carácter definitivo, la procedencia del reintegro.
Por todo lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión,
revocará el fallo de fecha 11 de diciembre de 2009, proferido por el Juzgado Sesenta
y Uno con Función de Control de Garantías de Bogotá y, en su lugar, concederá
el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y la estabilidad
laboral reforzada de la demandante. En consecuencia, ordenará a la empresa
SERVITLAN LTDA., por intermedio de su representante legal o quien haga sus
veces, que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda
a reintegrar, a la señora Ana Isabel Torres Orozco, si ella está de acuerdo, a un cargo  igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le despidió, acorde con su estado de salud actual y bajo la
misma modalidad laboral contractual anterior, vinculación que solo podrá
terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud de la
trabajadora, previa autorización del inspector del trabajo.
Para el cumplimiento de dicha orden, se debe precisar
que el reconocimiento y pago de las prestaciones y demás emolumentos que se
deriven del reintegro de la señora Ana Isabel Torres, podrán ser exigidos ante
la jurisdicción ordinaria, pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que
fundamentan el presente caso y la jurisprudencia de la Corte, la acción de
amparo constitucional resulta improcede frente a una pretensión en ese sentido.
Adicionalmente, la Sala de Revisión, advierte que en este caso la salvaguarda
de los derechos fundamentales invocados por la demandante, no implica que la
orden de reintegro tenga efectos retroactivos con relación a dichas
prestaciones y emolumentos, pues tal y como quedó expuesto, su reconocimiento y
pago podrán ser ordenados por un juez laboral.[45]
Así las cosas, queda claro que para efectos de este
fallo, la protección constitucional sólo se extiende hasta la orden de
reintegro de la accionante a un cargo que pueda desempeñar de acuerdo con su
condición de salud actual.
8.2.
Expediente T- 2.544.038
Del
material probatorio allegado al expediente, se desprenden los siguientes hechos:
-La
señora Ana de Dios Martín Barrera, fue vinculada a la empresa Comercializadora
Rumbos Ltda., a través de un contrato a término indefinido, desde el 1 de enero
de 2005 hasta el día 6 de junio de 2009, fecha en la cual le fue terminado su
vínculo laboral de manera unilateral.
-A
la accionante le fueron diagnosticadas las siguientes enfermedades: Síndrome
del túnel carpiano, tendinitis de flexores de muñecas, epicondilitis medial y
lateral bilateral, enfermedad de meniere, hipoacusia neurosensorial bilateral,
varices de miembros inferiores y dermatitis en manos. Algunas de origen
profesional, otras de origen común, tal y como se expondrá más adelante.
-Para
la Sala el diagnóstico de dichas enfermedades ocurrió durante la ejecución del
contrato de trabajo suscrito entre la señora Martín Barrera y la
Comercializadora Rumbos Ltda. Ello en razón de que los exámenes paraclínicos
que le fueron practicados a la accionante se realizaron entre el 14 de mayo de
2008 y el 23 de abril de 2009. Lo anterior de conformidad con la relación que
de ellos se hace, la cual hace parte del dictamen de origen emitido por la E.P.S.
Famisanar, en el que, además, consta que la historia clínica de la demandante que
se tuvo en cuenta, se completó el 20 de abril del mencionado año.
-A pesar de que al expediente no se allegaron las
incapacidades médicas que según la accionante le fueron concedidas por la EPS a
la que se encontraba afiliada, con ocasión de las múltiples enfermedades que
padece y que permitirían categóricamente concluir que la accionada, sabía de
ellas, para la Sala, es claro que la entidad empleadora sí conocía el deteriorado
estado de salud de la señora Martín Barrera, quien tenía afectada la
funcionalidad de varios de sus órganos como el oído, los brazos, las manos y
las piernas. En efecto si bien en el escrito contentivo de la impugnación,  la
empresa señala que no conoce de ninguna enfermedad profesional que aqueje a la
demandante, porque no ha sido notificada al respecto, señala que en la hoja de
vida de la trabajadora, sí existen incapacidades no superiores a dos días que
hacen referencia a enfermedades pero de origen común.
-Según
la empresa Comercializadora Rumbos Ltda. el vínculo laboral finalizó porque la
trabajadora incurrió en una justa causa de despido al incumplir continuamente
con sus obligaciones.[46]
Con
fundamento en la reseña fáctica expuesta y las pruebas que obran dentro del
expediente, la Sala infiere que la desvinculación de la señora Ana de Dios
Martín Barrera, por parte de su empleador, la empresa Comercializadora Rumbos
Ltda. desconoció los derechos fundamentales invocados, por las siguientes
razones:
(i)
Cuando la empresa demandada, terminó de manera unilateral el contrato de
trabajo suscrito con la demandante, esta se encontraba en condición de
debilidad manifiesta por el deterioro en su estado de salud debido al menoscabo
visible en la funcionalidad de algunos de sus órganos por las enfermedades que
padece: Síndrome del túnel carpiano, tendinitis de flexores de muñecas,
epicondilitis medial y lateral bilateral, enfermedad de meniere, hipoacusia
neurosensorial bilateral, varices de miembros inferiores y dermatitis en manos,
en proceso de valoración por parte del Área de Medicina Laboral de la E.P.S.
Famisanar al momento del despido.
Refuerza la anterior consideración, el hecho de que el
dictamen emitido por la E.P.S. Famisanar tiene como fecha el 9 de agosto de
2009. Según dicho dictamen algunas enfermedades fueron catalogadas de origen
común y otras como de origen profesional.[47]
Por su parte, el Dictamen de Calificación de Origen de
la A.R.P. Colpatria fue proferido el 12 de diciembre de 2009. En la
calificación adelantada por el Equipo Interdisciplinario de Calificación de
Invalidez de dicha entidad, fueron consideradas la sinovitis y tenosinovitis,
el síndrome del túnel carpiano y la epicondilitis media como enfermedades de
origen profesional.
(ii)
La discapacidad sufrida por la señora Martín Barrera debió conocerla la
empresa, además, si se tiene que no era una sino varias las enfermedades que la
aquejaban, las cuales se desarrollaron durante la vigencia de la relación
laboral.
(iii)
En el expediente no se incorpora ninguna prueba que revele que la empresa
demandada, no obstante conocer que la actora presentaba una disminución de su
capacidad física haya solicitado la autorización del Ministerio de la
Protección Social, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. Lo anterior,
significa que si para Comercializadora Rumbos Ltda., existía una justa causa
de despido, aquella debió ser verificada por la autoridad laboral
correspondiente.
Para
la Corte, en el presente caso, se presume que el vínculo laboral de la
accionante fue terminado de manera unilateral por parte del empleador, en razón
de las afecciones de salud que padece, con lo que se vulneró su derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Ello, por cuanto debió demostrar
la existencia de argumentos objetivos y razonables que evidenciaran la
necesidad de la ruptura de la relación laboral, es decir, debió acreditar la
ausencia de conexidad entre la condición de la trabajadora y la terminación del
contrato de trabajo ante la autoridad laboral correspondiente.
En
virtud de lo anterior, la Sala de Revisión considera necesario proteger los
derechos invocados, que fueron vulnerados por la conducta discriminatoria de la
empresa Comercializadora Rumbos Ltda. Este amparo, se concederá como mecanismo
transitorio, mientras se adelanta el respectivo proceso ante la jurisdicción
laboral para establecer, con carácter definitivo, la procedencia del reintegro.
Por todo lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión,
revocará el fallo de fecha  6 de octubre de 2009 proferido por el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá y, en su lugar, concederá el amparo
de los derechos a la vida digna y la estabilidad laboral reforzada de la
demandante. En consecuencia, ordenará a la empresa Comercializadora Rumbos
Ltda., por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que, si
aún no lo ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a reintegrar, a
la señora Ana de Dios Martín Barrera, si ella está de acuerdo, a un cargo  igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le despidió, acorde con su estado de salud actual y bajo la
misma modalidad laboral contractual anterior, vinculación que solo podrá
terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud de la
trabajadora, previa autorización del inspector del trabajo.
Para el cumplimiento de dicha orden, se debe precisar
que el reconocimiento y pago de las prestaciones y demás emolumentos que se
deriven del reintegro de la señora Ana de Dios Martín Barrera, podrán ser
exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues, de acuerdo con los supuestos
fácticos que fundamentan el presente caso y la jurisprudencia de la Corte, la
acción de amparo constitucional resulta improcedente frente a una pretensión en
ese sentido. Adicionalmente, la Sala de Revisión, advierte que en este caso la
salvaguarda de los derechos fundamentales invocados por la demandante, no
implica que la orden de reintegro tenga efectos retroactivos con relación a
dichas prestaciones y emolumentos, pues tal y como quedó expuesto, su
reconocimiento y pago podrán ser ordenados por un juez laboral.[48]
Así las cosas, queda claro que para efectos de este
fallo, la protección constitucional sólo se extiende hasta la orden de
reintegro de la accionante a un cargo que pueda desempeñar de acuerdo con su
condición de salud actual.
8.3.
Expediente T-2.550.567
Con
base en las pruebas incorporadas al plenario la Sala tiene por demostrado:
-La
señora Justa Deissy Moreno Rodríguez, suscribió varias vinculaciones con la
empresa de servicios temporales Activos S.A. para atender requerimientos de
empresas usuarias. La última vinculación, como las anteriores, fue mediante un
contrato de trabajo por la duración de la obra o labor contratada, la cual
estuvo vigente del  24 de marzo de 2009 al 15 de septiembre del mismo año,
prestando sus servicios como trabajadora en misión en la empresa C.I.
Comercializadora Caribbean Ltda., con un salario básico mensual de $496.900 y
un promedio de $574.732.
-Estando
en ejecución el último contrato de trabajo, le fue diagnosticada una
Tenosinovitis de flexoextensores de antebrazos y de Quervain bilateral de
predominio derecho, enfermedad que le generó varias incapacidades, como se
muestra a continuación:
Fecha
de inicio
Fecha
de terminación
Número
de días
2009/04/11
2009/04/18
8
días
2009/04/25
2009/04/29
5
días
2009/05/01
2009/05/02
2
días
2009/05/04
2009/05/11
8
días
2009/05/12
2009/05/14
3
días
2009/05/15
2009/05/17
3
días
2009/05/18
2009/05/20
3
días
2009/05/21
2009/05/28
8
días
2009/05/29
2009/06/07
10
días
2009/06/08
2009/06/22
15
días
2009/07/01
2009/07/03
3
días
2009/07/04
2009/07/13
10
días
2009/07/14
2009/07/15
2
días
2009/07/16
2009/07/18
3
días
2009/07/21
2009/07/25
5
días
2009/07/27
2009/07/29
3
días
2009/07/30
2009/08/08
10
días
2009/08/10
2009/08/12
3
días
2009/08/13
2009/08/13
1
día
2009/08/14
2009/08/20
7
días
-Según
la empresa Activos S.A., el vínculo laboral se extinguió por haber concluido la
temporada en la empresa usuaria donde había sido asignada la trabajadora, es
decir, finalizó la misión para la cual fue contratada.
De
los hechos relatados y probados es posible concluir que la desvinculación de la
señora Justa Deissy Moreno Rodríguez, por parte de su empleador, la empresa de
servicios temporales Activos S.A. vulnera gravemente los derechos fundamentales
invocados, por las siguientes razones:
(i) cuando la empresa de servicios temporales Activos S.A.,
terminó, de manera unilateral, el contrato de trabajo suscrito con la
demandante, aquella se encontraba en condición
de debilidad manifiesta por el deterioro en su estado de salud debido al agudo
dolor e inflamación que padecía en las manos, diagnosticado inicialmente como Tenosinovitis
de flexoextensores de antebrazos y de Quervain bilateral y posteriormente como
síndrome del túnel del carpo bilateral en proceso de valoración por parte del Área
de Medicina Laboral de E.P.S. Sura, al momento del despido.
(ii)
La discapacidad que deteriora el estado de salud de la señora Moreno Rodríguez
era de pleno conocimiento de Activos S.A., si se tiene en cuenta que la
enfermedad se desarrolló durante la vigencia del vínculo laboral y originó una
serie de incapacidades.
(iii)
En el informativo no existe prueba alguna que acredite que la empresa de
servicios temporales Activos S.A., no obstante conocía que la actora presentaba
una disminución de su capacidad física haya solicitado la autorización del
Ministerio de la Protección Social en los términos del artículo 26 de la Ley
361 de 1997, para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, con
lo cual se desconoció, tal y como quedó reseñado en esta providencia, que se
trataba de un sujeto de especial protección constitucional, respecto de quien
se predica una estabilidad laboral reforzada, extensiva a todos los contrato de
trabajo, bien sea a término fijo, indefinido, por obra o labor contratada.
Para
la Corte, en el presente caso, el vínculo laboral de la accionante, se presume
fue terminado de manera unilateral por parte del empleador, en razón de las
afecciones de salud que padece, con lo que se vulneró su derecho fundamental a
la estabilidad laboral reforzada. Ello, por cuanto Activos S.A. tenía
conocimiento de la condición de discapacidad de la trabajadora y no cumplió con
el procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
Oficina de Trabajo.
En
virtud de lo anterior, la Sala de Revisión considera necesario proteger los
derechos invocados por la demandante, que fueron vulnerados por la conducta
discriminatoria de la empresa Activos S.A. Este amparo, se concederá como mecanismo
transitorio, mientras se adelanta el respectivo proceso ante la jurisdicción
laboral para establecer, con carácter definitivo, la procedencia del reintegro.
Por todo lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión,
revocará el fallo de fecha 7 de diciembre 2009, proferido por el Juzgado Sexto
Penal del Circuito de Bogotá y,en su lugar, concederá el amparo de los derechos
a la vida digna y la estabilidad laboral reforzada de la demandante. En
consecuencia, ordenará a la empresa Activos S.A., por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces, que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, proceda a reintegrar, a la señora Justa
Deissy Moreno Rodríguez, si ella está de acuerdo, a
un cargo  igual o superior al que venía desempeñando cuando se le despidió,
acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral
contractual anterior, vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las
condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa autorización del
inspector del trabajo.
Para el cumplimiento de dicha orden, se debe precisar
que el reconocimiento y pago de las prestaciones y demás emolumentos que se
deriven del reintegro de la señora Justa Deissy Moreno Rodríguez, podrán ser
exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues, de acuerdo con los supuestos
fácticos que fundamentan el presente caso y la jurisprudencia de la Corte, la
acción de amparo constitucional resulta improcedente frente a una pretensión en
ese sentido. Adicionalmente, la Sala de Revisión, advierte que en este caso la
salvaguarda de los derechos fundamentales invocados por la demandante, no
implica que la orden de reintegro tenga efectos retroactivos con relación a
dichas prestaciones y emolumentos, pues tal y como quedó expuesto, su
reconocimiento y pago podrán ser ordenados por un juez laboral[49].
Así las cosas, queda claro que para efectos de este
fallo, la protección constitucional sólo se extiende hasta la orden de
reintegro de la accionante a un cargo que pueda desempeñar de acuerdo con su
condición de salud actual.
8.4. Expediente T-2.006.661
Con base en las pruebas incorporadas al plenario, la Sala tiene
por demostrado:
-El 23 de octubre de 2008, la señora Nancy Patricia Cañón Fraile y
la Cooperativa de Trabajo Asociado Apoyo, Desarrollo y Gestión Tecnológica, -ADETEK
CTA-, celebraron, en principio, un convenio de asociación.
-A la accionante le fue diagnosticado en el mes de abril de 2009
Linfoma de Hodgkin (cáncer en los ganglios) tipo esclerosis nodular con
compromiso pulmonar, hepático y gástrico que le generó una serie de
incapacidades por término superior a 180 días.
-Por decisión unilateral de ADETEK CTA, a partir del 30 de
octubre de 2009, se terminó el vínculo de trabajo asociado celebrado con
la señora Nancy Patricia Cañón Fraile con fundamento en el artículo 50 de los
estatutos que rigen a esta cooperativa, que dispone lo siguiente:
“Artículo 50.- El trabajador asociado
perderá su condición de tal cuando no pueda continuar desempeñando su puesto de
trabajo asociado en la cooperativa, por razones ajenas a su voluntad. Se
entenderán razones ajenas a la voluntad del trabajador asociado las siguientes:
1.
Enfermedad
contagiosa o crónica que no tenga carácter profesional o laboral, así como
cualquier otra enfermedad que le incapacite para el trabajo, cuya curación no
haya sido posible durante 180 días.”
- La E.P.S. Sura le proporcionó el tratamiento médico a señora
Cañón Fraile durante su vinculación a ADETEK CTA y hasta que terminó la
protección laboral originada por la novedad de retiro.
-Posteriormente y bajo una nueva afiliación, esta vez como
trabajadora independiente, a la accionante le fueron practicados los exámenes
de laboratorio, el tac de tórax, abdomen y pelvis con contraste, la endoscopia
digestiva alta y el pet scan para evaluación definitiva de lesión, ordenados
por el Hemato-oncólogo tratante.
-Es posible deducir que en este caso, bajo la perspectiva de la
figura del denominado “contrato realidad” se configuran los
supuestos fácticos que dan lugar al surgimiento de una relación de
intermediación laboral, no obstante, que, aparentemente el vínculo entre la
accionante y ADETEK CTA, se enmarcó en un convenio de asociación.
Para la Corte, las circunstancias que determinaron el curso del
vínculo entre las partes, permitieron la configuración de una relación que
contradice el plano de horizontalidad que debe existir entre las partes de un
contrato de asociación, el cual impone que los dos sujetos se muevan en un
mismo nivel, determinado por los roles normativos.
Tal
consideración, de manera preliminar, surge a partir de lo siguiente: (i) Lo
manifestado por la accionante y que no fue controvertido por la demandada, en
el sentido de que prestaba sus servicios como Auxiliar de Estación Turno I en el
Sistema de Transporte Masivo Urbano de Bogotá; (ii) La copia del CONVENIO DE
TRABAJO ASOCIADO suscrito entre la accionante y la mencionada cooperativa,
establece que la señora Nancy Patricia Cañón Fraile desempeñará las funciones
propias del cargo de Auxiliar de Estación Turno I; (iii) El mencionado
vínculo, estaba condicionado por las oportunidades de índole laboral que ADETEK
CTA ofrecía al punto que de no existir un puesto de trabajo para la trabajadora
asociada, la relación surgida entre ellas se terminaría con las implicaciones
que de ello se derivan[50].
Conforme con las inequívocas previsiones del artículo 24 del Código Sustantivo
del Trabajo “se presume que toda relación de trabajo personal está regida
por un contrato de trabajo”. En virtud de la mentada presunción cabe darle
aplicación a la consideración descrita ante la ausencia de prueba sobre el
hecho contrario al que el legislador ha presumido. En esas condiciones la
organización solidaria dejó de actuar conforme las normas que regulan el objeto
social propio de las cooperativas de trabajo asociado y violó las prohibiciones
consagradas en el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006.
En
efecto, el mencionado artículo textualmente dice:
“Las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni
disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a
usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión
con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o
tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se
generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando se configuren prácticas de
intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios
temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo
Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las
obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.”
Sobre la base de que en el presente caso estarían presentes los
elementos propios de una relación laboral y que, por ende, habría que darle
alcance de manera provisional a todo lo que ello supone, la Sala advierte que no
se tuvo en cuenta la situación de debilidad manifiesta de la demandante,
producto del cáncer que le fue diagnosticado y, en consecuencia, la estabilidad
laboral derivada de ella. Enfermedad que le generó a la accionante una serie de
incapacidades, superior a los 180 días y en las que fundamentó ADETEK CTA la
terminación del vínculo de trabajo asociado celebrado con la señora
Cañón Fraile con fundamento en el artículo 50 de los estatutos que rigen a la
cooperativa.
La mencionada organización solidaria permitió que con respecto a
una de sus asociadas se generara una relación de subordinación y dependencia
con un tercero contratante y cuando decidió terminar tal relación no se llevó a
cabo el procedimiento consagrado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es
decir, no medió autorización previa del inspector del trabajo, para que el
despido pudiese tener eficacia. Lo anterior, por cuanto de la situación fáctica
analizada, se vislumbran los elementos esenciales de una relación laboral  encubierta
bajo la modalidad de un contrato cooperativo.[51]
En virtud de lo anterior, la Sala de Revisión considera necesario
proteger los derechos fundametales invocados, que fueron vulnerados por la
conducta discriminatoria de de ADETEK CTA. Este amparo, se concederá como
mecanismo transitorio, mientras se adelanta el respectivo proceso ante la
jurisdicción laboral para establecer, con carácter definitivo, la procedencia
del reintegro y demás implicaciones del asunto a partir de lo que aquí provisionalmente
se deja considerado.
Por todo lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el
fallo de fecha 25 de febrero de 2010, proferido por el Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Bogotá y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la
vida digna y la estabilidad laboral reforzada de la demandante. En
consecuencia, ordenará a la Cooperativa de Trabajo Asociado Apoyo, Desarrollo y
Gestión Tecnológica -ADETEK CTA-, por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces, que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, proceda a reintegrar, a la  señora  Nancy Patricia Cañón Fraile, si ella está de acuerdo.
Dicha vinculación solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud de la trabajadora, previa autorización del inspector del
trabajo.
Para el cumplimiento de dicha orden, se
debe precisar que el reconocimiento y pago de las prestaciones y demás
emolumentos que se deriven del reintegro de la señora Nancy Patricia Cañón
Fraile, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues, de acuerdo
con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y la jurisprudencia
de la Corte, la acción de amparo constitucional resulta improcedente frente a
una pretensión en ese sentido. Adicionalmente, la Sala de Revisión, advierte
que en este caso la salvaguarda de los derechos fundamentales invocados por el
demandante, no implica que la orden de reintegro tenga efectos retroactivos con
relación a dichas prestaciones y emolumentos, pues tal y como quedó expuesto,
su reconocimiento y pago podrán ser ordenados por un juez laboral.[52]
Así las cosas, queda claro que para
efectos de este fallo, la protección constitucional sólo se extiende hasta la
orden de reintegro del accionante a un cargo que pueda desempeñar de acuerdo
con su condición de salud.
8.5.
Expediente T- 2.699.407
Con
base en las pruebas incorporadas al informativo la Sala encuentra que están acreditados
los siguientes hechos:
-Que
el señor Jhon Oscar Molina Sandoval, suscribió el 9 de marzo de 2009 un
contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada con el Consorcio
ITS para desempeñar el cargo de Metlamecánico B4 Ayudante Técnico de Montajes
en ECOPETROL GCB-CONTRATO VRP 005-2006 BARRANCABERMEJA (HDT) con un salario de
$41.760 diarios convencional.
-Estando
en ejecución este contrato de trabajo, el 27 de abril de 2009, el actor sufrió
un accidente laboral del cual la A.R.P. Seguros Bolívar tuvo conocimiento, el
mismo día de su ocurrencia, a través del empleador, mediante el informe
individual de accidente de trabajo en el que se indicó la intoxicación del
actor presuntamente por un gas no especificado.
-Como consecuencia del accidente de trabajo, el actor,
en varias ocasiones, fue atendido en el servicio de urgencias de la Unidad
Clínica San Nicolás por presentar inicialmente irritación ocular, mareo, disnea
y ardor epigástrico con cefalea y posteriormente cefalea hemicránea izquierda episódica,
pulsátil, trastorno de sueño, sensación de adormecimiento y hormigueo en las
extremidades y alteración de la memoria.
El demandante como consecuencia de las anotadas
alteraciones en su estado de salud ha debido ser atendido no solamente en la especialidad
de toxicología sino también de neuropsicología, neurología y neumología.
-Según
el Consorcio ITS, el vínculo laboral finalizó el 7 de enero de 2010 por
terminación de la obra o labor contratada.
De
conformidad con la reseña fáctica  expuesta y las pruebas arrimadas al
plenario, la Sala determina  que la desvinculación del señor Jhon Oscar Molina
Sandoval, por parte de su empleador, Consorcio ITS vulneró los derechos
fundamentales invocados, por las siguientes razones:
(i) Cuando el Consorcio ITS, terminó de manera unilateral el
contrato de trabajo suscrito con el demandante, aquel se encontraba en
condición de debilidad manifiesta por su deteriorado estado de salud debido a
las múltiples dolencias que presentó después del accidente laboral, las cuales
venían siendo atendidas por la A.R.P. Seguros Bolívar.
(ii)
El menoscabo en el estado de salud del actor era ampliamente conocido por el
Consorcio ITS, si se tiene en cuenta que tanto el accidente, como la atención
médica brindada al actor, se desarrollaron durante la vigencia de la relación
laboral y fue suministrada por la A.R.P. Seguros Bolívar a la que se encuentra
afiliado.
(iii)
No obra en el informativo un elemento probatorio que acredite que el Consorcio
ITS, a pesar de tener conocimiento que el demandante presentaba una disminución
de su capacidad física haya solicitado la autorización del Ministerio de la
Protección Social en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, desconociéndose, tal
y como quedó reseñado en esta providencia, que se trataba de un sujeto de
especial protección constitucional, respecto de quien se predica una
estabilidad laboral reforzada, extensiva a todos los contrato de trabajo, bien
sea a término fijo, indefinido, por obra o labor contratada.
Para
esta Corporación, en el presente caso, el vínculo laboral del accionante, se
presume fue terminado de manera unilateral por parte del empleador, en razón de
las condiciones de salud en que se encuentra, con lo que se vulneró su derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto el
Consorcio ITS tenía conocimiento de la situación de incapacidad del  trabajador
y no cumplió con el procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26
de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie
autorización de la Oficina de Trabajo.
En
virtud de lo anterior, la Sala de Revisión considera necesario proteger los
derechos invocados, que fueron vulnerados por la conducta discriminatoria de del
consorcio ITS. Este amparo, se concederá como mecanismo transitorio, mientras
se adelanta el respectivo proceso ante la jurisdicción laboral para establecer,
con carácter definitivo, la procedencia del reintegro.
Por todo lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión,
revocará el fallo de fecha 29 de abril de 2010, proferido por el Juzgado
segundo Penal del circuito de Barrancabermeja y, en su lugar, concederá el
amparo de los derechos a la vida digna y la estabilidad laboral reforzada del demandante.
En consecuencia, ordenará al Consorcio ITS, por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces, que, si aún no lo ha efectuado, dentro del
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente sentencia, proceda a reintegrar, al  señor  Jhon Oscar Molina Sandoval,
si el está de acuerdo, a un cargo igual o superior
al que venía desempeñando cuando se le despidió, acorde con su estado de salud
actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior, vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud de
la trabajadora, previa autorización del inspector del trabajo.
Para el cumplimiento de dicha orden, se debe precisar
que el reconocimiento y pago de las prestaciones y demás emolumentos que se
deriven del reintegro del señor Jhon Oscar Molina Sandoval, podrán ser exigidos
ante la jurisdicción ordinaria, pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que
fundamentan el presente caso y la jurisprudencia de la Corte, la acción de
amparo constitucional resulta improcedente frente a una pretensión en ese
sentido. Adicionalmente, la Sala de Revisión, advierte que en este caso la
salvaguarda de los derechos fundamentales invocados por el demandante, no
implica que la orden de reintegro tenga efectos retroactivos con relación a
dichas prestaciones y emolumentos, pues tal y como quedó expuesto, su
reconocimiento y pago podrán ser ordenados por un juez laboral.[53]
Así las cosas, queda claro que para efectos de este
fallo, la protección constitucional sólo se extiende hasta la orden de
reintegro del accionante a un cargo que pueda desempeñar de acuerdo con su
condición de salud actual
8.6.
Expediente T- 2.782.772
Las
pruebas obrantes en el proceso demuestran que:
-El
12 de diciembre de 2009, el actor, cuando ejercía sus funciones, se vio
involucrado en un episodio que afectó su región lumbar al realizar un esfuerzo
indebido para evitar que le cayera material de aproximadamente 40 kg de peso.
-El 3 de enero de 2009, el señor Efraín Fernando Espejo
Franco, cuando prestaba sus servicios a la empresa Pluriservicios S.A. sufrió un accidente laboral,  el cual le originó
lesiones en el ojo, específicamente, una fractura de córnea en la órbita
externa e inflamación de la mácula y herida en la retina del ojo izquierdo.
El
demandante, como consecuencia de estos dos episodios, ha visto seriamente
mermadas sus condiciones de salud hasta el punto de que ha requerido consultas
médicas con varios especialistas, le han practicado una serie de exámenes y ha
sido sometido a varios tratamientos sin que haya logrado una recuperación
plena.
-El
señor Efraín Fernando Espejo Franco, suscribió, el 16 de abril de 2009, un
contrato de trabajo a término fijo inferior a un año con la empresa Empleos y
Servicios Temporales S.A. para desempeñar el cargo de Conductor de Volteo, el
cual fue prorrogado en varias ocasiones hasta el 17 de marzo de 2010[54]. El
demandante, tal y como lo afirma la entidad accionada, ejercía sus funciones en
la empresa usuaria Aseo Técnico S.A., en virtud de un contrato de tipo
comercial celebrado entre las mencionadas empresas, según el cual, el personal
dependía, en su totalidad, de la empresa contratista.
-Al demandante le fueron concedidas varias
incapacidades médicas, en razón a su estado de salud, antes y durante su última
vinculación laboral con la empresa Empleos y Servicios Temporales S.A.
Para lo que interesa a la presente causa, en el
expediente obran las siguientes incapacidades:
Fecha
de inicio
Fecha
de terminación
Número
de días
2009/07/07
2009/07/07
1
día
2009/07/28
2009/07/28
1día
2009/12/22
2009/12/22
1
día
2010/02/17
2010/02/17
1
día
-Según,
la empresa Empleos y Servicios Temporales S.A., en este caso acudió a la
posibilidad legal que tiene el empleador para terminar unilateralmente y sin
justa causa el contrato de trabajo.
De
los hechos relatados y probados se colige que la desvinculación del señor
Efraín Fernando Espejo Franco, por parte de su empleador, constituye un grave
desconocimiento de los derechos fundamentales reclamados, por las siguientes
razones:
(i) cuando la empresa Empleos y Servicios Temporales
S.A., terminó de manera unilateral el contrato
de trabajo suscrito con el demandante, era evidente que aquel se encontraba en situación de debilidad manifiesta
porque sus condiciones de salud se hallaban aminoradas por las afecciones que
padece tanto en la región lumbar como en uno de sus ojos después de los
episodios ya narrados. Solo uno de ellos fue reportado como accidente laboral,
razón por la cual las atenciones médicas venían siendo atendidas por la  E.P.S.
Saludcoop y por la A.R.P. Seguros Bolívar.
(ii)
El deterioro en el estado de salud del actor era suficientemente conocido por
la empresa Empleos y Servicios Temporales S.A., si
se tiene en cuenta que la atención médica brindada ocurrió durante la vigencia
de la relación laboral y en vista de que se generaron al menos cuatro
incapacidades cuando el actor fue sometido a la práctica de algunos exámenes.
Además los servicios de salud fueron suministrados por la EPS Saludcoop y por la
A.R.P. Seguros Bolívar, entidades a las que el demandante estaba afiliado.
(iii)
Las pruebas del proceso demuestran que la empresa Empleos y Servicios
Temporales S.A no obstante conocer que el señor Espejo Franco presentaba una
disminución de su capacidad física, no solicitó la autorización del Ministerio
de la Protección Social en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, desconociendo,
tal y como quedó reseñado en esta providencia, que se trataba de un sujeto de
especial protección constitucional, respecto de quien se predica la garantía de
una estabilidad laboral reforzada, extensiva a los contratos a término fijo
inferior a un año.
Para
esta Corporación, en el presente caso, el vínculo laboral del accionante fue
terminado de manera unilateral por parte del empleador, como consecuencia de su
deteriorado estado de salud, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto la empresa Empleos y
Servicios Temporales S.A tenía conocimiento de la condición de discapacidad
del  trabajador y no cumplió con el procedimiento establecido en el inciso 1°
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona limitada
puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo
que medie autorización de la Oficina de Trabajo.
En
virtud de lo anterior, la Sala de Revisión considera necesario proteger los
derechos invocados, que fueron vulnerados por
la conducta discriminatoria de la empresa Empleos y Servicios Temporales S.A. Este
amparo, se concederá como mecanismo transitorio, mientras se adelanta el
respectivo proceso ante la jurisdicción laboral para establecer, con carácter
definitivo, la procedencia del reintegro.
Por todo lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión,
revocará el fallo de fecha 11 de junio de 2010, proferido por el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla y, en su lugar, concederá el amparo de
los derechos a la vida digna y la estabilidad laboral reforzada de la demandante.
En consecuencia, ordenará a la empresa Empleos y Servicios Temporales S.A., por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, proceda a reintegrar, al señor Efraín
Fernando Espejo Franco, si el está de acuerdo, a un
cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se le despidió, acorde
con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral
contractual anterior, vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las
condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa autorización del
inspector del trabajo.
Para el cumplimiento de dicha orden, se debe precisar
que el reconocimiento y pago de las prestaciones y demás emolumentos que se
deriven del reintegro del señor Efraín Fernando Espejo Franco, podrán ser
exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues, de acuerdo con los supuestos
fácticos que fundamentan el presente caso y la jurisprudencia de la Corte, la
acción de amparo constitucional resulta improcedente frente a una pretensión en
ese sentido. Adicionalmente, la Sala de Revisión, advierte que en este caso la
salvaguarda de los derechos fundamentales invocados por el demandante, no
implica que la orden de reintegro tenga efectos retroactivos con relación a
dichas prestaciones y emolumentos, pues tal y como quedó expuesto, su
reconocimiento y pago podrán ser ordenados por un juez laboral.[55]
Así las cosas, queda claro que, para efectos de este
fallo, la protección constitucional sólo se extiende hasta la orden de
reintegro del accionante a un cargo que pueda desempeñar de acuerdo con su
condición de salud actual.
IV.
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo de fecha 11 de diciembre de 2009, proferido
por el Juzgado Sesenta y Uno con Función de Control de Garantías de Bogotá en
el trámite del proceso de tutela T-2.526.737. En su lugar, CONCEDER como
mecanismo transitorio, por las razones y en los términos de esta sentencia, el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral
reforzada de la señora Ana Isabel Torres Orozco y, en consecuencia, ORDENAR
a la empresa SERVITLAN LTDA., por intermedio de su representante legal o quien
haga sus veces, que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, proceda a reintegrar, a la demandante, si ella está de acuerdo, a un cargo  igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le despidió, acorde con su estado de salud actual.
SEGUNDO.-ADVERTIR
a la señora Ana Isabel Torres Orozco que de no interponer la
acción laboral de reintegro dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
notificación de esta sentencia cesarán los efectos de lo dispuesto en el
numeral anterior.
TERCERO.-  REVOCAR el fallo de fecha  9 de diciembre de 2009, proferido
por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá, el cual confirmó el
dictado por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía, el 13 de agosto de
2009 negando la tutela solicitada por la señora Ana de Dios Martín Barrera en
el trámite del proceso de tutela T-2.544.038.  En su lugar, CONCEDER como
mecanismo transitorio, por las razones y en los términos de esta sentencia,  el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral
reforzada de la señora Ana de Dios Martín Barrera y, en consecuencia,   ORDENAR
a la empresa Comercializadora Rumbos Ltda., por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces, que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, proceda a reintegrar, a la demandante,
si ella está de acuerdo, a un cargo  igual o superior
al que venía desempeñando cuando se le despidió, acorde con su estado de salud
actual.
CUARTO.-
ADVERTIR a la señora Ana de Dios
Martín Barrera que de no interponer la acción laboral de reintegro dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta sentencia cesarán los
efectos de lo dispuesto en el numeral anterior.
QUINTO.- REVOCAR el fallo de fecha 7 de diciembre 2009, proferido por
el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá, el cual confirmó el dictado por
el Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Bogotá, el 6 de octubre de 2009 negando
la tutela solicitada por la señora Justa Deissy Moreno Rodríguez en el trámite
del proceso de tutela T-2.550.567. En su lugar, CONCEDER como mecanismo
transitorio, por las razones y en los términos de esta sentencia,  el amparo de
los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada
de la señora Justa Deissy Moreno Rodríguez y, en consecuencia, ORDENAR a
la empresa Activos S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga
sus veces, que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda
a reintegrar, a la demandante, si ella está de acuerdo, a un cargo  igual o superior al que venía desempeñando cuando se le
despidió, acorde con su estado de salud actual.
SEXTO.-
ADVERTIR a la señora Justa Deissy Moreno Rodríguez que de no interponer la
acción laboral de reintegro dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
notificación de esta sentencia cesarán los efectos de lo dispuesto en el
numeral anterior.
SEPTIMO.- REVOCAR el fallo de fecha 25 de febrero 2010, proferido por
el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá, el cual confirmó el dictado
por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, el
12 de enero de 2010 negando la tutela solicitada por la señora Nancy Patricia
Cañón Fraile en el trámite del proceso de tutela T-2.606.661. En su lugar, CONCEDER
como mecanismo transitorio, por las razones y en los términos de esta
sentencia,  el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la
estabilidad laboral reforzada de la señora Nancy Patricia Cañón Fraile y, en
consecuencia, ORDENAR la Cooperativa de Trabajo Asociado Apoyo,
Desarrollo y Gestión Tecnológica -ADETEK CTA-, por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces, que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de la presente sentencia, proceda a reintegrar, a la demandante, si ella está
de acuerdo, a un cargo que pueda desempeñar de acuerdo con su condición de
salud actual.
OCTAVO.-
ADVERTIR a la señora Nancy Patricia Cañón Fraile que de no interponer la
acción laboral de reintegro dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
notificación de esta sentencia cesarán los efectos de lo dispuesto en el
numeral anterior.
NOVENO.- REVOCAR
el fallo de fecha 29 de abril de
2010, proferido por el Juzgado Segundo Penal del circuito de Barrancabermeja,
el cual confirmó el dictado por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja,
el 25 de febrero de 2010 negando la tutela solicitada por el señor Jhon Oscar
Molina Sandoval en el trámite del proceso de tutela T-2.699.407. En su lugar, CONCEDER
como mecanismo transitorio, por las razones y en los términos de esta
sentencia,  el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a
la estabilidad laboral reforzada del señor John Oscar Molina Sandoval y, en
consecuencia, ORDENAR a la empresa Consorcio ITS, por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces, que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, proceda a reintegrar, al demandante,  si
el está de acuerdo, a un cargo  igual o superior al
que venía desempeñando cuando se le despidió, acorde con su estado de salud
actual.
DÉCIMO.-
ADVERTIR al señor Jhon Oscar Molina
Sandoval que de no interponer la acción laboral de reintegro dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta sentencia cesarán los
efectos de lo dispuesto en el numeral anterior.
DECIMO PRIMERO.- REVOCAR el fallo de fecha 11
de junio de 2010, proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Barranquilla, el cual confirmó el dictado por el Juzgado Trece, con Función de  Control
de Garantías de Barranquilla, el 26 de marzo de 2010 negando la tutela solicitada
por el señor Efraín Fernando Espejo Franco en el trámite del proceso de tutela
T-2.782.772. En su lugar, CONCEDER como mecanismo transitorio, por las
razones y en los términos de esta sentencia,  el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor
Efraín Fernando Espejo Franco y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa Empleos
y Servicios Temporales S.A., por intermedio de su representante legal o quien
haga sus veces, que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, proceda a reintegrar, al demandante, si el está de acuerdo, a un cargo  igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le despidió, acorde con su estado de salud actual.
DECIMO
SEGUNDO. ADVERTIR al señor Efraín
Fernando Espejo Franco que de no interponer la acción laboral de reintegro
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta sentencia
cesarán los efectos de lo dispuesto en el numeral anterior.
DECIMO TERCERO.-LÍBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación, las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Artículo 45, Código Sustantivo del Trabajo.
[2] En la declaración que rindió la accionante el 12 de agosto de 2009
ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía, manifestó, entre otros
hechos, que el deterioro en su sentido de la audición obedeció al estrés
laboral y el túnel del carpo es consecuencia del desempeño de sus funciones.
Sostuvo
que le fueron practicados varios exámenes y le realizaron diferentes terapias
en Famisanar. Que todos los documentos que hacen parte de su historia clínica
le fueron solicitados para ser evaluados por salud ocupacional.
Así mismo,
en la mencionada declaración, la demandante narra episodios que a su juicio
representan acoso laboral por parte de una de las directivas de la empresa accionada.
En
relación con su situación económica, la señora Martín Barrera, señala que
después de la terminación de su vínculo laboral, los gastos de alimentación y
arriendo han sido asumidos por su esposo con los pocos ingresos que devenga y
del producto de la venta de arepas que realiza en una caseta ubicada al lado de
su vivienda. Manifiesta que no posee bienes y que tiene a su cargo dos hijas
que estudian en el SENA y en el Colegio Jorbalán.
[3] Artículo 45, Código Sustantivo del Trabajo.
[4] Artículo 45, Código Sustantivo del Trabajo.
[5] La A.R.P. Seguros Bolívar, mediante escrito del 1 de julio
de 2010, informó al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla que en
cumplimiento del fallo de tutela, dio aval para realizar valoración por la
especialidad de Medicina Laboral con el DR. Arturo Benitez Peña, con el objeto
de realizar una evaluación del accidente de trabajo sufrido por el señor Efraín
Espejo Franco y dictaminar la pérdida de capacidad laboral, respecto de las
patologías que padece.
[6]Véase, Sentencia T-125 del 24 de febrero de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[7]Véanse, entre otras, las sentencias T-198 del 16 de marzo de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1038 del 4 de diciembre de 2007.M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[8] En el mismo sentido, Sentencia T-576 del
14de octubre de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[9] Ver Sentencia T-871 del 21 de julio de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] Véase, Sentencia T-1167 del 17 de noviembre de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[11] Ibid.
[12] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[13] Véase, Sentencia T-337 de 2009. M.P.
[14]Sin embargo, cabe señalar que en pronunciamientos anteriores a la
promulgación de la Ley 361 de 1997, esta Corte ya había sostenido que las
personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales tienen derecho a la estabilidad
laboral reforzada, en directa aplicación de los mandatos constitucionales. Al
respecto, puede consultarse, entre otras, la sentencia T-427 de 1992,
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[15] M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[16]Véase, Sentencia T-129 del 24 de febrero de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra.
[17] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[18] Sentencia  T-826 del 21 de octubre de 1999. M.P. José Gregorio Hernández. En esta ocasión se negó la tutela interpuesta por un enfermo de
VIH que había sido desvinculado de su cargo; en este caso, la Corte encontró que no se encontraba acreditado que la desvinculación se hubiera producido por
razón de su enfermedad.
En el
mismo sentido, en sentencia T-434 del 28 de mayo de 2002 (Magistrado Ponente:
Rodrigo Escobar Gil), la Corte Constitucional negó la tutela a una persona portadora de VIH a quien la empresa despidió unilateralmente, por considerar
que durante más de un año después del aviso de la enfermedad, el empleador
había apoyado solidariamente al accionante, aun cuando después, por razón de
una reestructuración empresarial, el cargo del peticionario fue suprimido.
Similares hechos se analizaron en la sentencia T-066 de 2000, (Magistrado
Ponente: Alfredo Beltrán Sierra); en esa ocasión, la accionante, portadora de
VIH y quien había sido despedida por la empresa, solicitaba que ésta continuara
asumiendo sus gastos de afiliación al Seguro Social. La Corte denegó la tutela por encontrar que el motivo del despido no fue la enfermedad de la
actora, sino el indebido comportamiento de la accionante en el sitio de
trabajo.
[19] Véanse, Sentencias T-1040 del 27 de septiembre de 2001y T-256 del
24 de marzo de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-1183 del 24 de noviembre de 2004. M.P.Manuel José Cepeda.
[20] Véase, Sentencia T-830 del 28 de agosto de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo.
[21] Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[22] El artículo 5 de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan
otras disposiciones”, establece que para hacerse acreedores a la protección
legal especial que consagra, es necesaria la previa calificación médica que
acredite la discapacidad.  Dice: “Las personas con limitación deberán
aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad
en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las
empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva
limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de
afiliación la información respectiva y la verificarán a través de diagnóstico
médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.”
[23]El artículo 13 de la Constitución establece: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
[24] En efecto, en Sentencia SU-480 del 25 de septiembre de 1997 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación manifestó que: “La
realización del servicio público de la Seguridad Social (art. 48) tiene como sustento un sistema normativo integrado no solamente
por los artículos de la Constitución sino también por el conjunto de reglas en
cuanto no sean contrarias a la Carta. Todas esas normas contribuyen a la
realización del derecho prestacional como status activo del Estado. Es decir,
el derecho abstracto se concreta con reglas y con procedimientos prácticos que
lo tornan efectivo. Lo anterior significa que si se parte de la base de que la
seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la
igualdad material y el Estado social de derecho, se entiende que las reglas
expresadas en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos no están para restringir
el derecho (salvo que limitaciones legales no afecten el núcleo esencial del
derecho), sino para el desarrollo normativo orientado hacia la optimización del
mismo, a fin de que esos derechos constitucionales sean eficientes en gran
medida. Es por ello que, para dar la orden con la cual finaliza toda acción de
tutela que tenga que ver con la salud es indispensable tener en cuenta esas
reglas normativas que el legislador desarrolló en la Ley 100/93, libro II y en los decretos, resoluciones y acuerdos pertinentes. Lo importante es
visualizar que la unidad de los principios y las reglas globalizan e informan
el sistema y esto debe ser tenido en cuenta por el juez de tutela”.
[25]Recuérdese que los trabajadores forman parte de una empresa, la cual
se encuentra sujeta a la dirección, manejo y coordinación del correspondiente
empresario (artículo 25 del C.Co). Por ello, en estos casos, debe apelarse a la
adopción de medidas de protección que no limiten irrazonable o desproporcionadamente
los derechos a la libertad de empresa y a la libertad de establecimiento.
[26] Véase, Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[27] T-1040 del 27 de septiembre de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[28] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[29] Véase, Sentencia T-1040 del 27 de septiembre de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[30]Ibid.
[31] Véase, Sentencia T-198 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[32] M.P. Mauricio González Cuervo.
[33] Sentencias T-1101 del 18 de octubre de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-739 del 1 de diciembre de 1998. M.P.  Hernando Herrera Vergara.
[34] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[35] Según esta
sentencia entre las características sobresalientes de las cooperativas de
trabajo asociado se encuentran: la asociación voluntaria y libre de personas,
igualdad de los cooperados, ausencia de ánimo de lucro, organización
democrática, trabajo de los asociados, desarrollo de actividades
económico-sociales, solidaridad en la compensación o retribución y autonomía
empresarial.
[36] T-632 de 2004.
[37] T-962 del 7 de octubre de 2008.
[38] M.P. Mauricio González Cuervo
[39] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[40] Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[41] Esta Corporación con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad
presentada contra la expresión “por un término de seis (6) meses prorrogable
hasta por seis (6) meses más” contenida en el numeral 3 del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 en Sentencia C-330 de 1995 consideró que ese límite temporal para que los
usuarios de las empresas de servicios temporales contraten con éstas, es
constitucional pues su finalidad es proteger a los trabajadores para que las
empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores temporales, con
perjuicio de los permanentes
[42] Sentencia T-889 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[43] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, N° 1019 de septiembre 19 de 1991, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[44]  Véase, Sentencia T-812 del 21 de agosto de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[45] Similar decisión se adoptó en la Sentencia T-337 del 14 de mayo de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[46] Durante la ejecución del contrato de trabajo de la señora Ana de
Dios Martín Barrera con la Comercializadora Rumbos Ltda, iniciado el 1 de enero de 2005 y terminado el 6 de junio de 2009, la empresa le realizó una
amonestación el 12 de diciembre de 2005 a la señora Martín Barrera  “por la pésima atención brindada al propietario del establecimiento, el Dr. Horacio
Barbosa”; tres llamados de atención, el 5 de abril de 2006, el 19 de
septiembre de 2007 y el 4 de junio de 2009, los dos primeros por
“incumplimiento del horario de trabajo por retraso en la hora de llegada” y el
último “por el incumplimiento del reglamento interno de trabajo CAPITULO IX
Artículo 38” por haber asumido actitudes groseras durante “la última semana”
con el Gerente General y la Auxiliar Contable.
[47] Dicho dictamen fue proferido el 20 de
agosto de 2009 y en el se concluyó que el síndrome de túnel carpiano bilateral,
tendinitis de flexores de muñecas, epicondilitis medial y lateral bilateral de
origen profesional. Enfermedad de meneire, hipoacusia neurosensorial bilateral,
varices de miembros inferiores y dermatitis  en manos de origen común.
[48] Ibid.
[49] Similar decisión se adoptó en la Sentencia T-337 del 14 de mayo de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[50] Precisamente, en el convenio celebrado entre la Cooperativa de Trabajo Asociado, Apoyo, desarrollo y Gestión Tecnológica, ADETEK CTA y la
señora Nancy Patricia Cañón Fraile, se establece como una de las causales de
terminación del vínculo: “cuando la cooperativa no cuente con un puesto de
trabajo para el Trabajador Asociado”.
[51] Véase, Sentencia T-198 del 23 de marzo de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
[52] Ibid
[53] Ibid
[54] En la demanda de tutela el señor Espejo
Franco manifiesta que su vínculo laboral con la empresa Empleos y Servicios Temporales S.A. de acuerdo con la comunicación
de enero 12 de 2010 terminaría el 15 de abril de 2010. No obstante de
conformidad con otro escrito adosado a folio 133, la terminación se dio el 17
de marzo de 2010. Corrobora lo anterior, el hecho de que la  liquidación de
dicho contrato establece dicha fecha como terminación de la relación laboral.
[55] Ibid.