C-538-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-538/08
CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACION DEL CONSENTIMIENTO
FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS
OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Características del control constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Alcance del control constitucional
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY
APROBATORIA-Suscripción del tratado y aprobación
presidencial
CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACION DEL CONSENTIMIENTO
FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS
OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL-Objeto
El Convenio de Rotterdam es un instrumento internacional diseñado
con el fin de promover la responsabilidad
compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio
internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la
salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su
utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información
acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de
decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a
las Partes.
CONVENIO DE ROTTERDAM-Disposiciones
sustanciales desarrollan preceptos constitucionales
Para esta
Corte, las disposiciones sustanciales del Convenio bajo estudio desarrollan los
preceptos constitucionales que consagran la cooperación internacional en campos
indispensables para la preservación de la salud y la vida de las personas,
contenidos en el Preámbulo y en los artículos 1, 2 y 9 de la Carta. De igual forma,
se tiene que garantiza y respeta la equidad, la reciprocidad y la conveniencia
nacional, que deben inspirar las relaciones internacionales en materia
política, económica, social y ecológica, de conformidad con lo establecido en
el artículo 226 de la Constitución.
TRATADO INTERNACIONAL-Condicionamiento
de enmiendas al Convenio
La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de manera
reiterada que los instrumentos internacionales que creen nuevas obligaciones,
modifiquen o adiciones un Convenio inicialmente suscrito, deberán someterse a
los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y revisión de
constitucionalidad por esta Corporación
Referencia: expediente LAT-316
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1159 de 2007, “por medio
de la cual se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del
consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos
peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en Rotterdam el diez
(10) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)”.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C.,
veintiocho (28) de mayo de dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 10, de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión de la Ley 1159 de 2007, “por
medio de la cual se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del
consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos
peligrosos objeto de comercio internacional” hecho en Rotterdam el diez (10) de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)”, (en adelante Convenio de Rotterdam).
I. TEXTO DE LA
NORMA
La Ley objeto
de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario
Oficial No. 46.757 de 20 de septiembre de 2007, es la siguiente:
“LEY 1159 DE 2007
(Septiembre
20)
Diario
Oficial No. 46.757 de 20 de septiembre de 2007
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por medio de
la cual se aprueba el “Convenio de Rotterdam para la Aplicación del
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y
Productos Químicos Peligrosos, Objeto de Comercio Internacional”, hecho en
Rotterdam el diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el
texto del “Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos
Peligrosos, Objeto de Comercio Internacional”, hecho en Rotterdam el diez (10)
de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), que a la letra dice:
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento
Internacional mencionado).
CONVENIO DE
ROTTERDAM PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO
PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO
INTERNACIONAL
Las Partes en el presente Convenio,
Conscientes
de los efectos perjudiciales para la salud
humana y el medio ambiente de ciertos plaguicidas y productos químicos
peligrosos objeto de comercio internacional,
Recordando
las disposiciones pertinentes de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el capítulo 19 del
Programa 21, sobre “Gestión ecológicamente racional de los productos químicos
tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de productos
tóxicos y peligrosos”,
Conscientes
de la labor realizada por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación con miras al funcionamiento del
procedimiento de consentimiento fundamentado previo establecido en las
Directrices de Londres para el intercambio de información acerca de productos
químicos objeto de comercio internacional, en su forma enmendada (en adelante
denominadas “Directrices de Londres en su forma enmendada”) y el Código
Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas, de
la FAO (en adelante denominado “Código Internacional de Conducta”),
Teniendo
en cuenta las circunstancias y las
especiales necesidades de los países en desarrollo y los países con economías
en transición, en particular la necesidad de fortalecer la capacidad nacional
para el manejo de los productos químicos, inclusive mediante la transferencia
de tecnologías, la prestación de asistencia financiera y técnica y el fomento
de la cooperación entre las Partes,
Tomando
nota de las necesidades específicas de
algunos países en materia de información sobre movimientos en tránsito,
Reconociendo
que las buenas prácticas de manejo de los
productos químicos deben promoverse en todos los países, teniendo en cuenta,
entre otras cosas, los estándares voluntarios establecidos en el Código
Internacional de Conducta sobre la distribución y utilización de plaguicidas y
el Código Deontológico para el Comercio Internacional de productos químicos del
PNUMA,
Deseosas de asegurarse de que los productos químicos peligrosos que se
exporten de su territorio estén envasados y etiquetados en forma que proteja
adecuadamente la salud humana y el medio ambiente, en consonancia con los
principios establecidos en las Directrices de Londres en su forma enmendada y
el Código de Conducta Internacional de la FAO,
Reconociendo
que el comercio y las políticas ambientales
deben apoyarse mutuamente con miras a lograr el desarrollo sostenible,
Destacando
que nada de lo dispuesto en el presente
Convenio debe interpretarse de forma que implique modificación alguna de los
derechos y obligaciones de una Parte en virtud de cualquier acuerdo
internacional existente aplicable a los productos químicos objeto de comercio
internacional o a la protección del medio ambiente,
En el
entendimiento de que lo expuesto más arriba
no tiene por objeto crear una jerarquía entre el presente Convenio y otros
acuerdos internacionales,
Resueltas a proteger la salud humana, incluida la salud de los consumidores y
los trabajadores, y el medio ambiente frente a los posibles efectos
perjudiciales de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de
comercio internacional,
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO 1o. OBJETIVO.
El objetivo
del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos
conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos
productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio
ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente
racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus
características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones
sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes.
ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES.
A los efectos del presente Convenio:
a) Por
“producto químico” se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o
preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los
organismos vivos. Ello comprende las siguientes categorías: plaguicida,
(incluidas las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas) y producto
químico industrial;
b) Por
“producto químico prohibido” se entiende aquel cuyos usos dentro de una o más
categorías han sido prohibidos en su totalidad, en virtud de una medida
reglamentaria firme, con objeto de proteger la salud humana o el medio
ambiente. Ello incluye los productos químicos cuya aprobación para primer uso
haya sido denegada o que las industrias hayan retirado del mercado interior o
de ulterior consideración en el proceso de aprobación nacional cuando haya
pruebas claras de que esa medida se haya adoptado con objeto de proteger la
salud humana o el medio ambiente;
c) Por
“producto químico rigurosamente restringido” se entiende todo aquel cuyos usos
dentro de una o más categorías hayan sido prohibidos prácticamente en su
totalidad, en virtud de una medida reglamentaria firme, con objeto de proteger
la salud humana o el medio ambiente, pero del que se sigan autorizando algunos
usos específicos. Ello incluye los productos químicos cuya aprobación para
prácticamente cualquier uso haya sido denegada o que las industrias hayan
retirado del mercado interior o de ulterior consideración en el proceso de
aprobación nacional cuando haya pruebas claras de que esa medida se haya
adoptado con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente;
d) Por
“formulación plaguicida extremadamente peligrosa” se entiende todo producto
químico formulado para su uso como plaguicida que produzca efectos graves para
la salud o el medio ambiente observables en un período de tiempo corto tras
exposición simple o múltiple, en sus condiciones de uso;
e) Por
“medida reglamentaria firme” se entiende toda medida para prohibir o restringir
rigurosamente un producto químico adoptada por una Parte que no requiera la
adopción de ulteriores medidas reglamentarias por esa Parte;
f) Por
“exportación” e “importación”, en sus acepciones respectivas, se entiende el
movimiento de un producto químico de una Parte a otra Parte, excluidas las
operaciones de mero tránsito;
g) Por
“Parte” se entiende un Estado u organización de integración económica regional
que haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el presente
Convenio y en los que el Convenio esté en vigor;
h) Por
“organización de integración económica regional”, se entiende una organización
constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus
Estados miembros hayan transferido competencias en asuntos regulados por el
presente Convenio y que haya sido debidamente facultada, de conformidad con sus
procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el Convenio
o adherirse a él.
i) Por
“Comité de Examen de Productos Químicos” se entiende el órgano subsidiario a
que se hace referencia en el párrafo 6o del artículo 18.
ARTÍCULO 3o.AMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO.
1. El
presente Convenio se aplicará a:
a) Los
productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos; y
b) Las
formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas.
2. El
presente Convenio no se aplicará a:
a) Los
estupefacientes y las sustancias sicotrópicas;
b) Los
materiales radiactivos;
c) Los desechos;
d) Las armas
químicas;
e) Los
productos farmacéuticos, incluidos los medicamentos humanos y veterinarios;
f) Los
productos químicos utilizados como aditivos alimentarios;
g) Los
alimentos;
h) Los
productos químicos en cantidades que sea improbable afecten a la salud humana o
el medio ambiente, siempre que se importen:
i) Con fines
de investigación o análisis; o
ii) Por un
particular para su uso personal en cantidades razonables para ese uso.
ARTÍCULO 4o. AUTORIDADES NACIONALES DESIGNADAS.
1. Cada Parte
designará una o más autoridades nacionales que estarán facultadas para actuar
en su nombre en el desempeño de las funciones administrativas requeridas en
virtud del presente Convenio.
2. Cada Parte
procurará que esas autoridades cuenten con recursos suficientes para desempeñar
eficazmente su labor.
3. Cada
Parte, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para
ella, comunicará a la Secretaría el nombre y la dirección de esas autoridades.
Comunicará asimismo de inmediato a la Secretaría cualquier cambio que se
produzca posteriormente en el nombre o la dirección de esas autoridades.
4. La
Secretaría comunicará de inmediato a las Partes las notificaciones que reciba
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3.
ARTÍCULO 5o. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PROHIBIDOS O
RIGUROSAMENTE RESTRINGIDOS.
1. Cada Parte
que haya adoptado una medida reglamentaria firme lo comunicará por escrito a la
Secretaría. Esa comunicación se hará lo antes posible, pero a más tardar en un
plazo de noventa días a partir de la fecha en que la medida reglamentaria firme
haya entrado en vigor, e incluirá, de, ser posible, la información estipulada
en el anexo I.
2. Cada
Parte, en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para ella, comunicará
por escrito a la Secretaría las medidas reglamentarias firmes que haya adoptado
y estén en vigor en ese momento, con la salvedad de que las Partes que hayan
presentado notificaciones de medidas reglamentarias firmes en virtud de las
Directrices de Londres en su forma enmendada o del Código Internacional de
Conducta no tendrán que presentarlas de nuevo.
3. La
Secretaría verificará, tan pronto como sea posible, pero a más tardar en un
plazo de seis meses a partir de la recepción de una notificación en virtud de
los párrafos 1 y 2, si la notificación contiene la información estipulada en el
anexo I. Si la notificación contiene la información requerida, la Secretaría
enviará de inmediato a todas las Partes un resumen de la información recibida,
y si no fuese así, lo comunicará a la Parte que haya enviado la notificación.
4. La
Secretaría enviará cada seis meses a las Partes una sinopsis de la información
recibida en virtud de los párrafos 1 y 2, incluida información relativa a las
notificaciones que no contengan toda la información estipulada en el anexo I.
5. La
Secretaría, cuando haya recibido al menos una notificación de cada una de las
dos regiones de consentimiento fundamentado previo acerca de un producto
químico que le conste cumple los requisitos estipulados en el anexo I, enviará
esas notificaciones al Comité de Examen de Productos Químicos. La composición
de las regiones de consentimiento fundamentado previo se definirá en una
decisión que se adoptará por consenso en la primera reunión de la Conferencia
de las Partes.
6. El Comité
de Examen de Productos Químicos examinará la información facilitada en esas
notificaciones y, con arreglo a los criterios establecidos en el anexo II,
formulará una recomendación a la Conferencia de las Partes sobre si ese
producto químico debe quedar sujeto al procedimiento de consentimiento
fundamento previo y por consiguiente incluirse en el anexo III.
ARTÍCULO 6o. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS FORMULACIONES PLAGUICIDAS
EXTREMADAMENTE PELIGROSAS.
1. Cualquier
Parte que sea un país en desarrollo o un país con economía en transición y
experimente problemas causados por una formulación plaguicida extremadamente
peligrosa en las condiciones en que se usa en su territorio podrá proponer a la
Secretaría la inclusión de esa formulación plaguicida en el anexo III. Al
preparar una propuesta, la Parte podrá basarse en los conocimientos técnicos de
cualquier fuente pertinente. En la propuesta se incluirá la información
estipulada en la parte 1 del anexo IV.
2. La
Secretaría verificará lo antes posible, pero a más tardar en un plazo de seis
meses a partir de la recepción de una propuesta con arreglo a lo dispuesto en
el párrafo 1, si la propuesta incluye la información estipulada en la parte 1
del anexo IV. Si la propuesta contiene esa información, la Secretaría enviará
de inmediato a todas las Partes un resumen de la información recibida. Si no
fuese así, la Secretaría lo comunicará a la Parte que haya presentado la
propuesta.
3. La
Secretaría reunirá la información adicional que se indica en la parte 2 del
anexo IV en relación con las propuestas que se envíen con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 2.
4. Cuando se
hayan cumplido los requisitos establecidos en los párrafos 2 y 3 supra en relación con una
formulación plaguicida extremadamente peligrosa, la Secretaría remitirá la
propuesta y la información conexa al Comité de Examen de Productos Químicos.
5. El Comité
de Examen de Productos Químicos examinará la información facilitada en la
propuesta y la información adicional reunida y, con arreglo a los criterios
establecidos en la parte 3 del anexo IV, formulará una recomendación a la
Conferencia de las Partes sobre si esa formulación plaguicida extremadamente
peligrosa debe quedar sujeta al procedimiento de consentimiento fundamentado
previo y, por consiguiente, incluirse en el anexo III.
ARTÍCULO 7o. INCLUSIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL ANEXO III.
1. El Comité
de Examen de Productos Químicos preparará un proyecto de documento de
orientación para la adopción de decisiones sobre cada producto químico cuya
inclusión en el anexo III haya decidido recomendar. Ese documento de
orientación se basará, como mínimo, en la información especificada en el anexo
I o, en su caso, en el anexo IV, e incluirá información sobre los usos del
producto químico en una categoría distinta de aquella a la que se aplique la
medida reglamentaria firme.
2. La
recomendación a que se hace referencia en el párrafo 1, junto con el proyecto
de documento de orientación para la adopción de decisiones, se remitirá a la
Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes decidirá si ese
producto químico debe quedar sujeto al procedimiento de consentimiento
fundamentado previo y, por consiguiente, incluirse en el anexo III, y si debe
aprobarse el proyecto de documento de orientación.
3. Cuando la
Conferencia de las Partes haya adoptado una decisión de incluir un producto
químico en el anexo III y haya aprobado el documento de orientación para la adopción
de decisiones correspondiente, la Secretaría lo comunicará inmediatamente a
todas las Partes.
ARTÍCULO
8o. INCLUSIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL
PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO.
Cuando un
producto químico distinto de los enumerados en el Anexo III haya sido incluido
en el procedimiento voluntario de consentimiento fundamentado previo antes de
la primera reunión de la Conferencia de las Partes, la Conferencia decidirá en
esa reunión incluir el producto químico en dicho anexo si considera que se han
cumplido todos los requisitos establecidos para la inclusión en el anexo III.
ARTÍCULO
9o. RETIRADA DE PRODUCTOS QUÍMICOS DEL ANEXO
III.
1. Si una
Parte presenta a la Secretaría información de la que no se disponía cuando se
decidió incluir un producto químico en el anexo III y de esa información se
desprende que su inclusión podría no estar justificada con arreglo a los
criterios establecidos en los anexos II o IV, la Secretaría transmitirá la información
al Comité de Examen de Productos Químicos.
2. El Comité
de Examen de Productos Químicos examinará la información que reciba en virtud
del párrafo 1. El Comité de Examen de Productos Químicos, con arreglo a los
criterios establecidos en el anexo II o, en su caso, en el anexo IV, preparará
un proyecto de documento de orientación para la adopción de decisiones revisado
sobre cada producto químico cuya retirada del anexo III haya decidido
recomendar.
3. La
recomendación del Comité mencionada en el párrafo 2 se remitirá a la
Conferencia de las Partes acompañada de un proyecto de documento de orientación
revisado. La Conferencia de las Partes decidirá si el producto químico debe
retirarse del anexo III y si debe aprobarse el documento de orientación
revisado.
4. Cuando la
Conferencia de las Partes haya adoptado una decisión de retirar un producto químico
del anexo III y haya aprobado el documento de orientación revisado, la
Secretaría lo comunicará inmediatamente a todas las Partes.
ARTÍCULO
10. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN
DE PRODUCTOS QUÍMICOS ENUMERADOS EN EL ANEXO III.
1. Cada Parte
aplicará las medidas legislativas o administrativas necesarias para garantizar
la adopción oportuna de decisiones relativas a la importación de los productos
químicos enumerados en el anexo III.
2. Cada Parte
transmitirá a la Secretaría, lo antes posible, pero a más tardar en un plazo de
nueve meses a partir de la fecha de envío del documento de orientación para la
adopción de decisiones a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo
7o, una respuesta sobre la futura importación del producto químico de que se
trate. Si una Parte modifica su respuesta, remitirá de inmediato la respuesta
revisada a la Secretaría.
3. Si
transcurrido el plazo a que se hace referencia en el párrafo 2 una Parte no
hubiera proporcionado esa respuesta, la Secretaría enviará inmediatamente a esa
Parte una solicitud escrita para que lo haga. Si la Parte no pudiera
proporcionar una respuesta, la Secretaría, cuando proceda, le prestará
asistencia para que lo haga en el plazo estipulado en la última frase del
párrafo 2 del artículo 11.
4. Las
respuestas en aplicación del párrafo 2 adoptarán una de las formas siguientes:
a) Una
decisión firme, conforme a las normas legislativas o administrativas, de:
i) Permitir la
importación;
ii) No
permitir la importación; o
iii) Permitir
la importación con sujeción a determinadas condiciones expresas; o
b) Una
respuesta provisional, que podrá contener:
i) Una
decisión provisional de permitir la importación con o sin condiciones expresas,
o de no permitir la importación durante el período provisional;
ii) Una
declaración de que se está estudiando activamente una decisión definitiva;
iii) Una
solicitud de información adicional a la Secretaría o a la Parte que comunicó la
medida reglamentaria firme; o
iv) Una
solicitud de asistencia a la Secretaría para evaluar el producto químico.
5. Las
respuestas formuladas con arreglo a los incisos a) o b) del párrafo 4 se
referirán a la categoría o categorías especificadas para el producto químico en
el anexo III.
6. Toda
decisión firme irá acompañada de información donde se describan las medidas
legislativas o administrativas en las que se base.
7. Cada
Parte, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para
ella, transmitirá a la Secretaría respuestas con respecto a cada uno de los
productos químicos enumerados en el anexo III. Las Partes que hayan transmitido
esas respuestas en aplicación de las Directrices de Londres en su forma
enmendada o del Código Internacional de Conducta no tendrán que hacerlo de
nuevo.
8. Cada Parte
pondrá las respuestas formuladas en virtud del presente artículo a disposición
de todos los interesados sujetos a su jurisdicción, de conformidad con sus
disposiciones legislativas o administrativas.
9. Las Partes
que, con arreglo a los párrafos 2 y 4 del presente artículo y al párrafo 2 del
artículo 11, tomen la decisión de no otorgar su consentimiento a la importación
de un producto químico, o de consentirla sólo bajo determinadas condiciones,
simultáneamente prohibirán o someterán a las mismas condiciones, si no lo
hubieran hecho con anterioridad:
a) La
importación del producto químico de cualquier fuente; y
b) La
producción nacional del producto químico para su uso nacional.
10. La
Secretaría informará cada seis meses a todas las Partes acerca de las
respuestas que haya recibido. Esa información incluirá, de ser posible, una
descripción de las medidas legislativas o administrativas en que se han basado
las decisiones. La Secretaría comunicará además a las Partes los casos en que
no se haya transmitido una respuesta.
ARTÍCULO
11. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA EXPORTACIÓN
DE PRODUCTOS QUÍMICOS ENUMERADOS EN EL ANEXO III.
1. Cada Parte
exportadora:
a) Tomará las
medidas legislativas o administrativas adecuadas para comunicar a los
interesados sujetos a su jurisdicción las respuestas enviadas por la Secretaría
con arreglo al párrafo 10 del artículo 10;
b) Tomará las
medidas legislativas o administrativas adecuadas para que los exportadores
sujetos a su jurisdicción cumplan las decisiones comunicadas en esas respuestas
a más tardar seis meses después de la fecha en que la Secretaría las comunique
por primera vez a las Partes con arreglo al párrafo 10 del artículo 10;
c) Asesorará
y ayudará a las Partes importadoras que lo soliciten, cuando proceda, para:
i) Obtener
más información que les permita tomar medidas de conformidad con el párrafo 4
del artículo 10 y el inciso c) del párrafo 2 infra; y
ii)
Fortalecer su capacidad para manejar en forma segura los productos químicos
durante su ciclo de vida.
2. Cada Parte
velará por que no se exporte desde su territorio ningún producto químico
enumerado en el anexo III a ninguna Parte importadora que, por circunstancias
excepcionales, no haya transmitido una respuesta o que haya transmitido una
respuesta provisional que no contenga una decisión provisional, a menos que:
a) Sea un
producto químico que, en el momento de la importación, esté registrado como
producto químico en la Parte importadora; o
b) Sea un
producto químico respecto del cual existan pruebas de que se ha utilizado
previamente en la Parte importadora o se ha importado en esta sin que haya sido
objeto de ninguna medida reglamentaria para prohibir su utilización; o
c) El
exportador solicite y obtenga el consentimiento expreso de la autoridad
nacional designada de la Parte importadora. La Parte importadora responderá a
esa solicitud en el plazo de 60 días y notificará su decisión sin demora a la
Secretaría.
Las
obligaciones de las Partes exportadoras en virtud del presente párrafo entrarán
en vigor transcurridos 6 meses desde la fecha en que la Secretaría comunique
por primera vez a las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10
del artículo 10, que una Parte no ha transmitido una respuesta o ha transmitido
una respuesta provisional que no contiene una decisión provisional, y
permanecerán en vigor durante un año.
ARTÍCULO
12. NOTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN.
1. Cuando un
producto químico que haya sido prohibido o rigurosamente restringido por una
Parte se exporte desde su territorio, esa Parte enviará una notificación de
exportación a la Parte importadora. La notificación de exportación incluirá la
información estipulada en el anexo V.
2. La
notificación de exportación de ese producto químico se enviará antes de la
primera exportación posterior a la adopción de la medida reglamentaria firme
correspondiente. Posteriormente, la notificación de exportación se enviará
antes de la primera exportación que tenga lugar en un año civil. La autoridad
nacional designada de la Parte importadora podrá eximir de la obligación de
notificar antes de la exportación.
3. La Parte
exportadora enviará una notificación de exportación actualizada cuando adopte
una medida reglamentaria firme que conlleve un cambio importante en la
prohibición o restricción rigurosa del producto químico.
4. La Parte
importadora acusará recibo de la primera notificación de exportación recibida
tras la adopción de la medida reglamentaria firme. Si la Parte exportadora no
recibe el acuse en el plazo de 30 días a partir del envío de la notificación de
exportación, enviará una segunda notificación. La Parte exportadora hará lo
razonablemente posible para que la Parte importadora reciba la segunda
notificación.
5. Las
obligaciones de las Partes que se estipulan en el párrafo 1 se extinguirán
cuando:
a) El
producto químico se haya incluido en el anexo III;
b) La Parte
importadora haya enviado una respuesta respecto de ese producto químico a la
Secretaría con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10; y
c) La
Secretaría haya distribuido la respuesta a las Partes con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 10 del artículo l0.
ARTÍCULO
13. INFORMACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS EXPORTADOS.
1. La Conferencia
de las Partes alentará a la organización Mundial de Aduanas a que asigne,
cuando proceda, códigos específicos del Sistema Aduanero Armonizado a los
productos químicos o grupos de productos químicos enumerados en el anexo III.
Cuando se haya asignado un código a un producto químico cada Parte requerirá
que el documento de transporte correspondiente contenga ese código cuando el
producto se exporte.
2. Cada
Parte, sin perjuicio de cualesquiera requisitos impuestos por la Parte
importadora, requerirá que los productos químicos enumerados en el anexo III y
los que estén prohibidos o rigurosamente restringidos en su territorio estén
sujetos, cuando se exporten, a requisitos de etiquetado que aseguren la
presencia de información adecuada con respecto a los riesgos y/o los peligros
para la salud humana: o el medio ambiente, teniendo en cuenta las normas
internacionales pertinentes.
3. Cada
Parte, sin perjuicio de cualesquiera requisitos impuestos por la Parte
importadora, requerirá que los productos químicos sujetos a requisitos de
etiquetado por motivos ambientales o de salud en su territorio estén sujetos,
cuando se exporten, a requisitos de etiquetado que aseguren la presencia de
información adecuada con respecto a los riesgos y/o los peligros para la salud
humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta las normas internacionales
pertinentes.
4. En
relación con los productos químicos a que se hace referencia en el párrafo 2
del presente artículo que se destinen a usos laborales, cada Parte exportadora
requerirá que se remita al importador una hoja de datos de seguridad, conforme
a un formato internacionalmente aceptado, que contenga la información más
actualizada disponible.
5. En la
medida de lo posible, la información contenida en la etiqueta y en la hoja de
datos de seguridad deberá figurar al menos en uno de los idiomas oficiales de la
Parte importadora.
ARTÍCULO 14. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
1. Cada Parte,
cuando proceda y de conformidad con los objetivos del presente Convenio,
facilitará:
a) El
intercambio de información científica, técnica, económica y jurídica relativa a
los productos químicos incluidos en el ámbito de aplicación del presente
Convenio, incluida información toxicológica, ecotoxicológica y sobre seguridad;
b) La
transmisión de información de dominio público sobre medidas reglamentarias
nacionales relacionadas con los objetivos del presente Convenio;
c) La
transmisión de información a otras Partes, directamente o por conducto de la
Secretaría, sobre las medidas que restrinjan sustancialmente uno o más usos del
producto químico, según proceda.
2. Las Partes
que intercambien información en virtud del presente Convenio protegerán la
información confidencial según hayan acordado mutuamente.
3. A los
efectos del presente Convenio no se considerará confidencial la siguiente
información:
a) La
información a que se hace referencia en los anexos I y IV, presentada de
conformidad con los artículos 5 y 6, respectivamente;
b) La
información que figura en la hoja de datos de seguridad a que se hace
referencia en el párrafo 4 del artículo 13;
c) La fecha
de caducidad del producto químico;
d) La
información sobre medidas de precaución, incluidas la clasificación de los
peligros, la naturaleza del riesgo y las advertencias de seguridad pertinentes;
y
e) El resumen
de los resultados de los ensayos toxicológicos y ecotoxicológicos.
4. La fecha
de producción no se considerará normalmente confidencial a los efectos del
presente Convenio.
5. Toda Parte
que necesite información sobre movimientos en tránsito de productos químicos
incluidos en el anexo III a través de su territorio deberá comunicarlo a la
Secretaría, que informará al efecto a todas las Partes.
ARTÍCULO
15. APLICACIÓN DEL CONVENIO.
1. Cada Parte
tomará las medidas necesarias para establecer y fortalecer su infraestructura y
sus instituciones nacionales para la aplicación efectiva del presente Convenio.
Esas medidas podrán incluir, cuando proceda, la adopción o enmienda de medidas
legislativas o administrativas nacionales, y además:
a) El establecimiento
de registros y bases de datos nacionales, incluida información relativa a la
seguridad de los productos químicos;
b) El fomento
de las iniciativas de la industria para promover la seguridad en el uso de los
productos químicos; y
c) La promoción
de acuerdos voluntarios, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 16.
2. Cada Parte
velará por que, en la medida de lo posible, el público tenga acceso adecuado a
la información sobre manipulación de productos químicos y gestión de accidentes
y sobre alternativas que sean más seguras para la salud humana o el medio
ambiente que los productos químicos enumerados en el anexo III del presente
Convenio.
3. Las Partes
acuerdan cooperar, directamente o, si procede, por conducto de las
organizaciones internacionales competentes, para la aplicación del presente
Convenio a nivel subregional, regional y mundial.
4. Nada de lo
dispuesto en el presente Convenio se interpretará en forma que restrinja el
derecho de las Partes a tomar, para proteger la salud humana y el medio
ambiente, medidas más estrictas que las establecidas en el presente Convenio,
siempre que sean compatibles con las disposiciones del Convenio y conformes con
el derecho internacional.
ARTÍCULO
16. ASISTENCIA TÉCNICA.
Las Partes,
teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los países en desarrollo y
los países con economías en transición, cooperarán en la promoción de la asistencia
técnica para el desarrollo de la infraestructura y la capacidad necesarias para
el manejo de los productos químicos a efectos de la aplicación del presente
Convenio. Las Partes que cuenten con programas más avanzados de reglamentación
de los productos químicos deberían brindar asistencia técnica, incluida
capacitación, a otras Partes para que estas desarrollen la infraestructura y la
capacidad de manejo de los productos químicos a lo largo de su ciclo de vida.
ARTÍCULO
17. INCUMPLIMIENTO.
La
Conferencia de las Partes desarrollará y aprobará lo antes posible
procedimientos y mecanismos institucionales para determinar el incumplimiento
de las disposiciones del presente Convenio y las medidas que hayan de adoptarse
con respecto a las Partes que se encuentren en esa situación.
ARTÍCULO
18. CONFERENCIA DE LAS PARTES.
1. Queda
establecida una Conferencia de las Partes.
2. El
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación convocarán conjuntamente la primera reunión de la
Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor
del presente Convenio. De ahí en adelante, las reuniones ordinarias de la
Conferencia de las Partes se celebrarán con la periodicidad que determine la
Conferencia.
3. Las
reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando
esta lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por
escrito, siempre que se sumen a esa solicitud un tercio de las Partes, como
mínimo.
4. La
Conferencia de las Partes, en su primera reunión, acordará y aprobará por consenso
un reglamento interno y un reglamento financiero para sí y para los órganos
subsidiarios que establezca, así como disposiciones financieras para regular el
funcionamiento de la Secretaría.
5. La
Conferencia de las Partes mantendrá en examen y evaluación permanentes la
aplicación del presente Convenio. La Conferencia de las Partes desempeñará las
funciones que se le asignen en el Convenio y, con este fin:
a)
Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la
aplicación del Convenio;
b) Cooperará,
en su caso, con las organizaciones internacionales e intergubernamentales y los
órganos no gubernamentales competentes; y
c) Estudiará
y tomará las medidas adicionales que sean necesarias para alcanzar los
objetivos del Convenio.
6. En su
primera reunión, la Conferencia de las Partes establecerá un órgano
subsidiario, que se denominará Comité de Examen de Productos Químicos, para que
desempeñe las funciones que se le asignan en el presente Convenio. A este
respecto:
a) Los
miembros del Comité de Examen de Productos Químicos serán nombrados por la
Conferencia de las Partes. El Comité estará integrado por un número limitado de
expertos en el manejo de productos químicos designados por los gobiernos. Los
miembros del Comité se nombrarán teniendo presente el principio de distribución
geográfica equitativa y velando por el equilibrio entre las Partes que sean
países desarrollados y las que sean países en desarrollo;
b) La
Conferencia de las Partes decidirá acerca del mandato, la organización y el
funcionamiento del Comité;
c) El Comité
hará todo lo posible por que sus recomendaciones se adopten por consenso. Si se
agotan todos los esfuerzos por llegar a un consenso sin lograrlo, las
recomendaciones se adoptarán, como último recurso, por mayoría de dos tercios
de los miembros presentes y votantes.
7. Las
Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica, así como cualquier Estado que no sea Parte en el presente
Convenio, podrán estar representados como observadores en las reuniones de la
Conferencia de las Partes. Cualquier órgano u organismo nacional o
internacional, gubernamental o no gubernamental con competencia en las esferas
contempladas en el Convenio que haya informado a la Secretaría de su deseo de
estar representado como observador en una reunión de la Conferencia de las
Partes podrá ser admitido salvo que un tercio, como mínimo, de las Partes
presentes se oponga a ello. La admisión y la participación de observadores
estarán sujetas a lo dispuesto en el reglamento aprobado por la Conferencia de
las Partes.
ARTÍCULO
19. SECRETARÍA.
1. Queda
establecida una Secretaría.
2. Las
funciones de la Secretaría serán las siguientes:
a) Hacer
arreglos para las reuniones de la Conferencia de las Partes y de sus órganos
subsidiarios y prestarles los servicios que precisen;
b) Ayudar a
las Partes que lo soliciten, en particular a las Partes que sean países en
desarrollo y a las Partes con economías en transición, a aplicar el presente
Convenio;
c) Velar por
la necesaria coordinación con las secretarías de otros órganos internacionales
pertinentes;
d) Concertar,
con la orientación general de la Conferencia de las Partes, los arreglos
administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño
eficaz de sus funciones; y
e) Desempeñar
las demás funciones de secretaría que se especifican en el presente Convenio y
cualesquiera otras que determine la Conferencia de las Partes.
3.
Desempeñarán conjuntamente las funciones de secretaría del presente Convenio el
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, con sujeción a los arreglos que acuerden entre
ellos y sean aprobados por la Conferencia de las Partes.
4. Si la
Conferencia de las Partes estima que la Secretaría no funciona en la forma
prevista, podrá decidir, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y
votantes, encomendar las funciones de secretaría a otra u otras organizaciones
internacionales competentes.
ARTÍCULO
20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
1. Las Partes
resolverán toda controversia sobre la interpretación o la aplicación del
Convenio mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección.
2. Al
ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a él, o en
cualquier momento posterior, toda Parte que no sea una organización de
integración económica regional podrá declarar en un instrumento escrito
presentado al Depositario que, en lo que respecta a cualquier controversia
sobre la interpretación o la aplicación del Convenio reconoce como
obligatorios, en relación con cualquier Parte que acepte la misma obligación,
uno o los dos siguientes medios para la solución de controversias:
a) El
arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las
Partes se adoptará en un anexo lo antes posible; y
b) La
presentación de la controversia a la Corte Internacional, de Justicia.
3. Una Parte
que sea una organización de integración económica regional podrá hacer una
declaración de efecto análogo en relación con el arbitraje con arreglo al procedimiento
a que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 2 del presente artículo.
4. Las
declaraciones que se formulen de conformidad con el párrafo 2 del presente
artículo seguirán en vigor hasta el momento que en ellos figure para su
expiración o hasta tres meses después de la fecha en que se haya entregado al
Depositario notificación escrita de su revocación.
5. La
expiración de una declaración, una notificación de revocación o una nueva
declaración no afectará en modo alguno a los procedimientos pendientes ante un
tribunal de arbitraje o ante la Corte Internacional de Justicia, a menos que
las partes en la controversia acuerden otra cosa.
6. Si las
Partes en la controversia no han aceptado el mismo procedimiento de los
establecidos en el párrafo 2 del presente artículo y no han conseguido resolver
su controversia en los doce meses siguientes a la fecha en que una de ellas
haya notificado a la otra la existencia de dicha controversia, esta se someterá
a una comisión de conciliación a petición de cualquiera de las partes en la
controversia. La comisión de conciliación presentará un informe con
recomendaciones. En un anexo que la Conferencia de las Partes adoptará a más tardar
en su segunda reunión se establecerán procedimientos adicionales para regular
la comisión de conciliación.
ARTÍCULO
21. ENMIENDAS DEL CONVENIO.
1. Cualquier
Parte podrá proponer enmiendas del presente Convenio.
2. Las
enmiendas del presente Convenio se aprobarán en una reunión de la Conferencia
de las Partes. La Secretaría comunicará el texto de cualquier propuesta
enmienda a las Partes al menos seis meses antes de la reunión en que se
proponga su aprobación. La Secretaría comunicará también las enmiendas
propuestas a los signatarios del presente Convenio y, a efectos de información
al Depositario.
3. Las Partes
harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por consenso sobre cualquier
propuesta de enmienda del presente Convenio. Si se agotan todos los esfuerzos
por alcanzar el consenso sin lograrlo las enmiendas se aprobarán, como último
recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la
reunión.
4. El
Depositario transmitirá la enmienda a todas las Partes para su ratificación,
aceptación o aprobación.
5. La
ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas se notificará al
Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo
3 del presente artículo entrarán en vigor para las Partes que las hayan
aceptado, el nonagésimo día después de la fecha de depósito de los instrumentos
de ratificación, aceptación o aprobación por al menos tres cuartos de las
Partes. De ahí en adelante, las enmiendas entrarán en vigor para cualquier otra
Parte el nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte haya depositado su
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas.
ARTÍCULO
22. APROBACIÓN Y ENMIENDA DE ANEXOS.
1. Los anexos
del presente Convenio formarán parte integrante de él y, salvo que se disponga
expresamente otra cosa, se entenderá que toda referencia al presente Convenio
se aplica igualmente a cualquiera de sus anexos.
2. Los anexos
solo tratarán de cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas o
administrativas.
3. Para la
propuesta, aprobación y entrada en vigor de nuevos anexos del presente Convenio
se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Los nuevos
anexos se propondrán y aprobarán de conformidad con el procedimiento
establecido en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21;
b) Toda Parte
que no pueda aceptar un nuevo anexo lo notificará por escrito al Depositario en
el plazo de un año a partir de la fecha de comunicación por el Depositario de
la aprobación del nuevo anexo. El Depositario comunicará sin demora a todas las
Partes cualquier notificación recibida. Una Parte podrá en cualquier momento
retirar una declaración anterior de no aceptación de un nuevo anexo, y en tal
caso los anexos entrarán en vigor para esa Parte según lo dispuesto en el
inciso c) del presente párrafo; y
c)
Transcurrido un año desde la fecha de comunicación por el Depositario de la
aprobación de un nuevo anexo, el anexo entrará en vigor para todas las Partes
que no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto en el
inciso b) del presente párrafo.
4. Salvo en
el caso del anexo III, la propuesta, aprobación y entrada en vigor de las
enmiendas a los anexos de este Convenio se someterán a los mismos
procedimientos que la propuesta, aprobación y entrada en vigor de los anexos
adicionales del Convenio.
5. Para
enmendar el anexo III se aplicarán los siguientes procedimientos de propuesta,
aprobación y entrada en vigor:
a) Las
enmiendas del anexo III se propondrán y aprobarán con arreglo al procedimiento
que se establece en los artículos 5 a 9 y en el
párrafo 2 del artículo 21;
b) La
Conferencia de las Partes adoptará por consenso sus decisiones sobre su aprobación;
c) El
Depositario comunicará inmediatamente a las Partes toda decisión de enmendar el
anexo III. La enmienda entrará en vigor para todas las Partes en la fecha que
se estipule en la decisión.
6. Cuando un
nuevo anexo o una enmienda de un anexo guarden relación con una enmienda del
presente Convenio, el nuevo anexo o enmienda no entrará en vigor hasta que
entre en vigor la enmienda del Convenio.
ARTÍCULO
23. DERECHO DE VOTO.
1. Con sujeción
a lo establecido en el párrafo 2 infra, cada Parte en el presente
Convenio tendrá un voto.
2. Las
organizaciones de integración económica regional, en los asuntos de su
competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al número
de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Convenio. Esas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados
miembros ejerce el suyo, y viceversa.
3. A los
efectos del presente Convenio, por “Partes presentes y votantes” se entiende
las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.
ARTÍCULO
24. FIRMA.
El presente
Convenio estará abierto a la firma en Rotterdam para todos los Estados y
organizaciones de integración económica regional el 11 de septiembre de 1998, y
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 12 de septiembre de
1998 hasta el 10 de septiembre de 1999,
ARTÍCULO
25. RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN O
ADHESIÓN.
1. El
presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por los
Estados y las organizaciones de integración económica regional. Quedará abierto
a la adhesión de los Estados y las organizaciones de integración económica
regional a partir del día en que quede cerrado a la firma. Los instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del
Depositario.
2. Toda
organización de integración económica regional que pase a ser Parte en el
presente Convenio sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea quedará sujeta
a todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio. En el caso de
dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Partes
en el presente Convenio, la organización y sus Estados miembros decidirán
acerca de sus responsabilidades respectivas en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones contraídas en virtud del Convenio. En tales casos, la organización
y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los
derechos conferidos por el Convenio.
3. Las
organizaciones de integración económica regional expresarán en sus instrumentos
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el alcance de su competencia
con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio. Esas
organizaciones comunicarán asimismo al Depositario, quien a su vez comunicará a
las Partes, cualquier modificación sustancial en el alcance de su competencia.
ARTÍCULO
26.ENTRADA EN VIGOR.
1. El
presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que
se deposite el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
2. Para cada
Estado u organización de integración económica regional que ratifique, acepte o
apruebe el Convenio o se adhiera a él una vez depositado el quincuagésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio
entrará en vigor el nonagésimo
día después
de la fecha en que el Estado u organización de integración económica regional
deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3. A los
efectos de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, los instrumentos
depositados por una organización de integración económica regional no se
considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa
organización.
ARTÍCULO
27. RESERVAS.
No se podrán
formular reservas al presente Convenio.
ARTÍCULO
28. DENUNCIA.
1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Convenio, mediante
notificación escrita al Depositario, transcurridos tres años a partir de la
fecha en que el Convenio haya entrado en vigor para esa Parte.
2. La
denuncia surtirá efecto al cabo de un año desde la fecha en que el Depositario
haya recibido la notificación correspondiente, o en la fecha que se indique en
la notificación de denuncia si esta fuese posterior.
ARTÍCULO
29. DEPOSITARIO.
El Secretario
General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Convenio.
ARTÍCULO
30. TEXTOS AUTÉNTICOS.
El original
del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO
DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado el
presente Convenio.
Hecho en
Rotterdam el diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.
ANEXO I.
INFORMACION
QUE HA DE ADJUNTARSE A LAS NOTIFICACIONES HECHAS CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 5o.
Las
notificaciones deberán incluir:
1. Propiedades,
identificación y usos
a) Nombre
común;
b) Nombre del
producto químico en una nomenclatura internacionalmente reconocida (por ejemplo
la de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA)), si tal
nomenclatura existe;
c) Nombres
comerciales y nombres de las preparaciones;
d) Números de
código: número del Chemicals Abstract Service (CAS), código aduanero del
Sistema Armonizado y otros números;
e)
Información sobre clasificación de peligros, si el producto químico está sujeto
a requisitos de clasificación;
f) Usos del
producto químico.
g)
Propiedades físico-químicas, toxicológicas y ecotoxicológicas.
2. Medida
reglamentaria firme
a)
Información específica sobre la medida reglamentaria firme;
i) Resumen de
la medida reglamentaria firme;
ii)
Referencia al documento reglamentario;
iii) Fecha de
entrada en vigor de la medida reglamentaria firme;
iv)
Indicación de si la medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una
evaluación de los riesgos o peligros y, en caso afirmativo, información sobre
esa evaluación, incluida una referencia a la documentación pertinente;
v) Motivos
para la adopción de la medida reglamentaria firme relacionados con la salud
humana, incluida la salud de los consumidores y los trabajadores, o el medio
ambiente;
vi) Resumen
de los riesgos y peligros que el producto químico presenta para la salud
humana, incluida la salud de los consumidores y los trabajadores, o el medio
ambiente, y del efecto previsto de la medida reglamentaria firme;
b) Categoría
o categorías con respecto a las cuales se ha adoptado la medida reglamentaria
firme y, para cada categoría:
i) Usos
prohibidos por la medida reglamentaria firme;
ii) Usos
autorizados;
iii)
Estimación, si fuese posible, de las cantidades del producto químico
producidas, importadas, exportadas y utilizadas;
c) Una
indicación, en la medida de lo posible, de la probabilidad de que la medida
reglamentaria firme afecte a otros Estados o regiones;
d) Cualquier
otra información pertinente, que podría incluir:
i) La
evaluación de los efectos socioeconómicos de la medida reglamentaria firme;
ii)
Información sobre alternativas y, cuando se conozcan, sus riesgos relativos,
tal como:
– Estrategias
para el control integrado de las plagas;
– Prácticas y
procesos industriales, incluidas tecnologías menos contaminantes.
ANEXO II.
CRITERIOS
PARA LA INCLUSION DE PRODUCTOS QUIMICOS PROHIBIDOS O RIGUROSAMENTE RESTRINGIDOS
EN EL ANEXO III.
El Comité de
Examen de Productos Químicos, al examinar las notificaciones que le haya
enviado la Secretaría con arreglo al párrafo 5 del artículo 5o:
a) Confirmará
si la medida reglamentaria firme se ha adoptado con el fin de proteger la salud
humana o el medio ambiente;
b)
Establecerá si la medida reglamentaria firme se ha adoptado como consecuencia
de una evaluación del riesgo. Esta evaluación se basará en un examen de los
datos científicos en el contexto de las condiciones reinantes en la Parte de
que se trate. Con ese fin, la documentación proporcionada deberá demostrar que:
i) Los datos
se han generado de conformidad con métodos científicamente reconocidos;
ii) El examen
de los datos se ha realizado y documentado con arreglo a principios y
procedimientos científicos generalmente reconocidos;
iii) La
medida reglamentaria firme se ha basado en una evaluación del riesgo en la que
se tuvieron en cuenta las condiciones reinantes en la Parte que adoptó la
medida;
c)
Considerará si la medida reglamentaria firme justifica suficientemente la
inclusión del producto químico en el anexo III, para lo que tendrá en cuenta:
i) Si la
medida reglamentaria firme ha supuesto, o cabe prever que suponga, una
reducción significativa de la cantidad del producto químico utilizada o del
número de usos;
ii) Si la
medida reglamentaria firme ha supuesto, o cabe prever que suponga, una
reducción real del riesgo para la salud humana o el medio ambiente en la Parte
que ha presentado la notificación;
iii) Si las
razones que han conducido a la adopción de la medida reglamentaria firme solo
rigen en una zona geográfica limitada o en otras circunstancias limitadas;
iv) Si hay
pruebas de que prosigue el comercio internacional del producto químico;
d) Tendrá en
cuenta que el uso indebido intencional no constituye de por sí razón suficiente
para incluir un producto químico en el Anexo III.
ANEXO III.
PRODUCTOS
QUIMICOS SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO.
Producto químico
No. o números CAS
Categoría
2, 4, 5 - T
93-76-5
Plaguicida
Aldrina
309-00-2
Plaguicida
Cactafol
2425-06-1
Plaguicida
Clordano
57-74-9
Plaguicida
Clordimeformo
6164-98-3
Plaguicida
Clorobencilato
510-15-6
Plaguicida
DDT
50-29-3
Plaguicida
Dieldrina
60-57-1
Plaguicida
Dinoseb y sales
de Dinoseb
88-85-7
Plaguicida
1,2 -
dibromoetano (EDB)
106-93-4
Plaguicida
Fluoroacetamida
640-19-7
Plaguicida
HCH (mezcla de
isómeros)
608-73-1
Plaguicida
Heptacloro
76-44-8
Plaguicida
Hexaclorobenceno
118-74-1
Plaguicida
Lindano
58-89-9
Plaguicida
Compuestos de
mercurio, incluidos compuestos inorgánicos de mercurio, compuestos alquílicos
de mercurio y compuestos alcoxialquílicos y arílicos de mercurio
Plaguicida
Pentaclorofenol
87-86-5
Plaguicida
Monocrotophos
(formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepase los 600 g/l de
ingrediente activo)
6923-22-4
Formulación plaguicida extremadamente peligrosa
Metamidophos
(formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepase los 600 g/l de
ingrediente activo)
10265-92-6
Formulación plaguicida extremadamente peligrosa
Fosfamidón
(formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepase los 1000 g/l
de ingrediente activo)
13171-21-6
(mezcla, isómeros (E) y (Z) ) 23783-98-4 (isómero (Z)) 297-99-4 (isómero (E)
)
Formulación plaguicida extremadamente peligrosa
Metil-paratión
(concentrados emulsificables (CE) con 19,5%, 40%, 50% y 60% de ingrediente
activo y polvos que contengan 1,5%, 2% y 3% de ingrediente activo)
298-00-0
Formulación plaguicida extremadamente peligrosa
Paratión (se
incluyen todas las formulaciones de esta sustancia aerosoles, polvos secos
(PS), concentrado emulsificable (CE), gránulos (GR) y polvos humedecibles (PH)
– excepto las suspensiones en cápsula (SC)
56-38-2
Formulación plaguicida extremadamente peligrosa
Crocidolita
12001-28-4
Industrial
Bifenilos
polibromados (PBB)
36355-01-8
(hexa-) 27858-07-7 (octa-)
13654-09-6 (deca-)
Industrial
Bifenilos
policlorados (PCB)
1336-36-3
Industrial
Terfenilos
policlorados (PCT)
61788-33-8
Industrial
Fosfato de tris
(2,3- dibromopropil)
126-72-7
Industrial
ANEXO IV.
INFORMACION
Y CRITERIOS PARA LA INCLUSION DE FORMULACIONES PLAGUICIDAS EXTREMADAMENTE
PELIGROSAS EN EL ANEXO III.
Parte 1.
Documentación que habrá de proporcionar una Parte proponente
En las
propuestas presentadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6o se
incluirá documentación que contenga la siguiente información:
a) El nombre
de la formulación plaguicida peligrosa;
b) El nombre
del ingrediente o los ingredientes activos en la formulación;
c) La
cantidad relativa de cada ingrediente activo en la formulación;
d) El tipo de
formulación;
e) Los
nombres comerciales y los nombres de los productores, si se conocen;
f) Pautas
comunes y reconocidas de utilización de la formulación en la Parte proponente;
g) Una
descripción clara de los incidentes relacionados con el problema, incluidos los
efectos adversos y el modo en que se utilizó la formulación;
h) Cualquier
medida reglamentaria, administrativa o de otro tipo que la Parte proponente
haya adoptado, o se proponga adoptar, en respuesta a esos incidentes.
Parte 2.
Información que habrá de recopilar la Secretaría
De
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6o, la
Secretaría recopilará información pertinente sobre la formulación, incluidas:
a) Las
propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y ecotoxicológicas de la formulación;
b) La
existencia de restricciones a la manipulación o aplicación en otros Estados;
c)
Información sobre incidentes relacionados con la formulación en otros Estados;
d)
Información presentada por otras Partes, organizaciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales u otras fuentes pertinentes, ya sean
nacionales o internacionales;
e)
Evaluaciones del riesgo y/o del peligro, cuando sea posible;
f)
Indicaciones de la difusión del uso de la formulación, como el número de
solicitudes de registro o el volumen de producción o de ventas, si se conocen;
g) Otras
formulaciones del plaguicida de que se trate, e incidentes relacionados con
esas formulaciones, si se conocieran;
h) Prácticas
alternativas de lucha contra las plagas;
i) Otra
información que el Comité de Examen de Productos Químicos estime pertinente.
Parte 3.
Criterios para la inclusión de formulaciones plaguicidas extremadamente
peligrosas en el anexo III
Al examinar
las propuestas que remita la Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 5 del artículo 6o, el
Comité de Examen de Productos Químicos tendrá en cuenta:
a) La
fiabilidad de las pruebas de que el uso de la formulación, con arreglo a
prácticas comunes o reconocidas en la Parte proponente, tuvo como resultado los
incidentes comunicados;
b) La
importancia que esos incidentes pueden revestir para otros Estados con clima,
condiciones y pautas de utilización de las formulaciones similares;
c) La
existencia de restricciones a la manipulación o aplicación que entrañen el uso
de tecnologías o técnicas que no puedan aplicarse razonablemente o con la
suficiente difusión en Estados que carezcan de la infraestructura necesaria;
d) La
importancia de los efectos comunicados en relación con la cantidad de
formulación utilizada; y
e) Que el uso
indebido intencional no constituye por sí mismo motivo suficiente para la
inclusión de una formulación en el Anexo III.
ANEXO V.
INFORMACION
QUE HA DE ADJUNTARSE A LAS NOTIFICACIONES DE EXPORTACION.
1. Las
notificaciones de exportación contendrán la siguiente información:
a) El nombre
y dirección de las autoridades nacionales designadas competentes de la Parte
exportadora y de la Parte importadora;
b) La fecha
prevista de la exportación a la Parte importadora;
c) El nombre
del producto químico prohibido o rigurosamente restringido y un resumen de la
información especificada en el anexo I que haya de facilitarse a la Secretaría
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o. Cuando
una mezcla o preparación incluya más de uno de esos productos químicos, se
facilitará la información para cada uno de ellos;
d) Una
declaración en la que se indique, si se conoce, la categoría prevista del
producto químico y su uso previsto dentro de esa categoría en la Parte
importadora;
e)
Información sobre medidas de precaución para reducir las emisiones del producto
químico y la exposición a este;
f) En el caso
de mezclas o preparaciones, la concentración del producto o productos químicos
prohibidos o rigurosamente restringidos de que se trate;
g) El nombre
y la dirección del importador;
h) Cualquier
información adicional de que disponga la autoridad nacional designada
competente de la Parte exportadora que pudiera servir de ayuda a la autoridad
nacional designada de la Parte importadora.
2. Además de
la información a que se hace referencia en el párrafo 1, la Parte exportadora
facilitará la información adicional especificada en el anexo I que solicite la
Parte importadora
I hereby certify that the foregoing
text is a true copy of
The Rotterdam Convention on the
Prior Informed Consent Procedure for
Certain Hazardous Chemicals and
Pesticides in International Trade,
adopted at Rotterdam, Netherlands,
on 10 September 1998, the original
of which is deposited with the
Secretary-General of the United
Nations.
Je certifie que le texte qui
précéde est une copie conforme de
la Convention de Rotterdam sur la
procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable
dans le cas de certains produits
chimiques et pesticides dangereux
qui font l'objet du commerce
international, adoptée á Rotterdam
(Pays-Bas) le 10 septembre 1998, et
dont l'original se trouve déposé
auprés du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)
Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)
Hans Corell
United Nations, New York
17 November 1998
Organisation des Nations Unies
New York, le 17 novembre 1998
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 16 de marzo de 2005
Aprobado. Sométase a la consideración
del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Carolina Barco Isakson
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el
“Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento
Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos,
Objeto de Comercio Internacional”, hecho en Rotterdam el diez (10) de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Rotterdam
para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a
ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos, Objeto de Comercio
Internacional”, hecho en Rotterdam el diez (10) de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998), que por el artículo 1o de esta
ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente Ley rige
a partir de la fecha de su publicación.
Dada
en Bogotá, D. C., a los…
Presentado
al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores,
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministro de la Protección
Social, y la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA
BARCO ISAKSON.
El
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
ANDRÉS
FELIPE ARIAS LEIVA.
El
Ministro de la Protección Social,
DIEGO
PALACIO BETANCOURT.
La
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
SANDRA
SUÁREZ PÉREZ.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 16 de marzo de 2005
Aprobado. Sométase a la consideración
del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Carolina Barco Isakson
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el
“Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento
Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos,
Objeto de Comercio Internacional”, hecho en Rotterdam el diez (10) de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Rotterdam
para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a
ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos, Objeto de Comercio
Internacional”, hecho en Rotterdam el diez (10) de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998), que por el artículo 1o de esta
ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente Ley rige
a partir de la fecha de su publicación.
La
Presidenta del honorable Senado de la República,
NANCY
PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA.
El
Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO
RAMÓN OTERO DAJUD.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
OSCAR
ARBOLEDA PALACIO.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino
Lizcano Rivera.
REPUBLICA
DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese
y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada
en Bogotá, D. C., a 20 de septiembre de 2007.
ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
FERNANDO
ARAÚJO PERDOMO.
El
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
JUAN
LOZANO RAMÍREZ”
II.
INTERVENCIONES
1. Ministerio
de Agricultura.
La Jefe (e) de la
Oficina Jurídica del Ministerio de Agricultura intervino en el presente proceso
con el fin de defender la constitucionalidad del instrumento internacional y de
su ley aprobatoria. Para hacerlo dividió su intervención en dos apartados: El
primero lo destinó al análisis formal de la Ley 1159 de 2007 y el segundo, al
análisis material de sus disposiciones.
En la primera
parte, después de describir cada una de las etapas legislativas que surtió el
Proyecto de Ley al interior del Congreso luego de que fuera radicado por el Gobierno,
concluyó que la Ley 1159 de 2007 “cumplió con los requisitos de orden
constitucional y legal para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 154, 157, 158, 160 y 165 de la Constitución Política”.
En el segundo
apartado, luego de la descripción del articulado del tratado, la representante
del Ministerio de Agricultura sostuvo que su contenido respeta los preceptos
constitucionales. Afirmó que el Proyecto de Ley desarrolla algunas
disposiciones de la Carta Política como sus artículos 226 y 227. Por último,
expresó las razones por las cuales considera que la ratificación de este
instrumento es conveniente para el país, entre ellas que “promueve la
responsabilidad compartida entre países desarrollados y economías en
transición”, “[p]roporciona un sistema de detección anticipada para el
comercio de pesticidas peligrosos, facilitando que el país importador sea
informado cuando el pesticida importado está prohibido en otros países”, permite
“orientar el control técnico en el país [sobre el uso de plaguicidas] y
tomar las medidas encaminadas a la disminución del riesgo, la protección de la
salud, especialmente de los agricultores”, desarrollar una mayor “[c]apacidad
para controlar las importaciones de productos químicos no deseados” y “[c]omunicar
a los demás países (…) sobre las restricciones y prohibiciones tomadas
en el país con respecto a los productos objeto del Convenio”.
2. Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
El ciudadano William
Hernando Sabogal Torres, actuando como apoderado especial del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, presentó un escrito mediante el cual se pronunció a favor
de la constitucionalidad de la Ley 1159 de 2007. Para ello, describió el
proceso legislativo del proyecto de Ley que precedió a la norma analizada y
concluyó que el trámite se había ajustado a las disposiciones de la Carta
Política. En cuanto al aspecto material del instrumento internacional, el apoderado
del Ministerio resaltó algunas “razones de conveniencia” por las cuales considera
importante incluir dentro de nuestro ordenamiento jurídico el Convenio de
Rotterdam. Posteriormente, en un capítulo titulado “Presupuestos de
legalidad y constitucionalidad” el apoderado del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo realizó un recorrido por diferentes disposiciones
constitucionales e internacionales en las cuales, según él, se encuentra enmarcado
el Convenio objeto de análisis. En ese orden de ideas, concluye que “el [convenio]
constituye un instrumento eficaz para controlar el alto riesgo para la salud
humana y la amenaza para el ecosistema que genera la aplicación y distribución
de determinados plaguicidas y productos químicos destinados al mercado
internacional”.
3. Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
El ciudadano
Tito Simón Ávila Suárez, en calidad de apoderado del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, intervino dentro del presente asunto
manifestando su acuerdo con la exequibilidad del Convenio de Rotterdam y su Ley
aprobatoria. En su intervención especificó el marco jurídico “para la
gestión integral de las sustancias y residuos peligrosos en Colombia” describiendo
en detalle las disposiciones que lo componen. Posteriormente, refirió algunos
precedentes jurisprudenciales de esta Corporación con el objeto de resaltar la
importancia que para la protección del medio ambiente representa la
incorporación del instrumento internacional bajo estudio al ordenamiento
jurídico colombiano. En relación al estudio de fondo de los enunciados normativos
que integran el Convenio bajo examen, dispuso que “se encuentra acorde con
el artículo 150 de la Constitución Política” al igual que con otras
disposiciones ambientales de la legislación colombiana, siempre y cuando se
entienda que “la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado
previo para el comercio de ciertos plaguicidas y productos químicos, no
sustituye o modifica el régimen de licenciamiento consagrado en la ley 99 de
1993 (…) y el Decreto 1220 de 2005”. Finalmente, destaca la necesidad de
desarrollar e implementar las disposiciones del Convenio para su aplicación
real, enumerando algunos de sus beneficios.
III. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador
General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en el artículo
242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite
de la referencia, en el que solicita a la Corte que declare la exequibilidad de
la Convención, así como la de su ley aprobatoria.
Luego de
realizar el estudio formal del proyecto de ley que finalizó como la Ley 1159 de
2007, el Ministerio Público concluyó que dicho trámite cumplió con las
exigencias constitucionales y legales, por lo que no encuentra reparo alguno
desde los requisitos constitucionales aplicables al procedimiento legislativo.
Posteriormente,
el Ministerio Público indicó las razones por las cuales considera que las
materias tratadas en el Convenio de Rotterdam configuran un “mecanismo
adecuado para que los países partes tengan información suficiente sobre los
plaguicidas y productos químicos peligrosos, para adoptar las disposiciones
pertinentes”. Para ello el Procurador General describió en detalle el
alcance de cada una de las disposiciones que integran el Convenio en estudio.
Acto seguido, sostuvo que los tópicos contenidos en el instrumento
internacional (i)Afianza[n] el proceso de integración, toda vez que promueve
la protección y conservación de la salud y el medio ambiente a través del
control en el comercio y manejo de plaguicidas y productos químicos peligrosos,
así como el intercambio tecnológico y científico entre los Estados Partes (…)”.
(ii) Constituyen un avance en la protección del “medio ambiente frente a
posibles daños causados por plaguicidas y productos químicos peligrosos” y
(iii) “Salvaguarda[n] la soberanía nacional del Estado Colombiano, en
la medida que su aplicación está sujeta al ordenamiento jurídico interno” como
lo dispone el artículo 15 del Convenio. Por todo lo anterior, el
Ministerio Público considera que el Convenio y su Ley aprobatoria se ajustan a
los preceptos constitucionales, razón por la cual, solicitó a la Corte pronunciarse
a favor de la exequibilidad de estas normas.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.
1. Naturaleza
del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados.
De conformidad
con lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta Política, la Corte
Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su
ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación
es completo, automático y versa tanto sobre el contenido material de la
Convención y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite
legislativo y las normas constitucionales aplicables.
En relación con
el aspecto formal corresponde a la Corte examinar dos aspectos: De un lado, la
validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de
negociación, celebración y suscripción del tratado. De otro lado, la
observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación
de la ley sujeta a análisis.
Al respecto,
esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un
procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de
un tratado internacional, de tal manera que debe seguir, en términos generales,
el mismo trámite que una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República,
por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.P.);
y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte
del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.P.).
Desde esta
perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la
publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del
procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del
Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates
de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv)
que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y
que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v)
la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los
debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art. 241-10 C.P.).
Por último,
frente los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley
aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan
o no a la Carta Política.
De acuerdo con
este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio del tratado.
2. La
revisión del aspecto formal.
2.1. Representación del Estado, suscripción del tratado y aprobación
presidencial.
2.1.1. El
Ministerio de Relaciones Exteriores informó a esta Corporación, mediante
comunicación del veinticinco (25) de octubre de dos mil siete (2007) [1],
firmada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación al “Convenio de Rotterdam
para la aplicación del consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas
y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional” que “el
siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), el Presidente
de la República confirió plenos poderes al Embajador de Colombia ante el
Gobierno del Reino Unido de los Países Bajos, Dr. Pedro Alejo Gómez Villa, [para]
que en representación del Gobierno Nacional procediera a la suscripción del
mencionado Convenio.”
Al revisar el
documento que anexa el Ministerio de Relaciones Exteriores para acreditar tal
afirmación, encuentra esta Corporación que se reunieron las formalidades
requeridas para el ejercicio de la representación necesaria para la suscripción
del Convenio de Rotterdam.
2.1.2 En
relación a la aprobación presidencial del Convenio de Rotterdam, el Ministerio
de Relaciones Exteriores informó[2] que “mediante Aprobación
Ejecutiva del 16 de marzo de 2005, el Presidente de la República ordenó someter
a aprobación del Congreso de la República el Convenio de Rotterdam (…)” de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2, de la Constitución.
En ese sentido, en lo que tiene que ver con la aprobación presidencial de la
Convención, se tiene que el Presidente de la República cumplió con este
requisito y ordenó la remisión del texto correspondiente al Congreso, con el
fin que fuera discutido y aprobado.
2.2. Examen
del trámite de la Ley 1159 de 20 de septiembre de 2007 ante el Congreso de la
República.
Con
fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las
Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte
Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes,
esta Corporación estableció que el Proyecto de Ley Nº 56
de 2006 Senado y Nº 225 de 2007 Cámara, que finalizó con la expedición de la
Ley 1159 de 2007 “por medio de la cual se aprueba el
Convenio de Rotterdam para la aplicación del consentimiento fundamentado previo
a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional” hecho en Rotterdam el diez (10) de septiembre de mil novecientos
noventa y ocho (1998)”, surtió el siguiente trámite:
2.2.1. Trámite
en el Senado de la República.
2.2.1.1. El texto
del proyecto de ley correspondiente fue presentado al Congreso de la República
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural , el Ministro de la Protección Social y el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Su texto y la respectiva exposición
de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 284 del 11 de agosto de
2006[3].
2.2.1.2. La
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República
fue presentada por la senadora Adriana Gutiérrez Jaramillo y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No 375 del dieciocho (18) de septiembre de 2006.
2.2.1.3. De
acuerdo a la certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión
Segunda del Senado de la República[4], el Proyecto de Ley fue
anunciado para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del veintiséis
(26) de septiembre de 2006, según consta en el Acta n.° 09 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No 603 del 1 diciembre de 2006 (págs. 18 y
19). Al revisar este documento puede verificarse el anuncio, así:
“Y se anuncian para la próxima sesión
los siguientes proyectos de ley: (…) Proyecto de Ley número 56 de
2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Rotterdam para la aplicación del consentimiento fundamentado previo a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional
hecho en Rotterdam el diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho
(1998)”. (Negrillas originales).[5]
Del mismo modo,
finalizada la sesión, la presidenta, Alexandra Moreno Piraquive, convocó la Comisión
así: “para el día de mañana queda convocada la Comisión a las 9:00 a.m. para
debatir los proyectos de ley (…). Se levanta la sesión”.[6]
En ese sentido, la discusión del proyecto de ley fue anunciada para el día veintisiete
(27) de septiembre de 2006.
2.2.1.4. De
acuerdo a la certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda
del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el
(27) de septiembre de 2006, según consta en el Acta N° 10 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No 604 del 1 de diciembre de 2006, con un
quórum deliberatorio y decisorio integrado por doce (12) de los (13) senadores
que conforman esa Comisión.
2.2.1.5. La
ponencia para segundo debate fue presentada por la senadora Adriana Gutiérrez
Jaramillo, y publicada en la Gaceta del Congreso No 461 del 18 de octubre de
2006.
2.2.1.6. Según
certificación expedida el primero de noviembre de 2007 por el Subsecretario
General del Senado de la República[7], el proyecto de ley fue
anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del seis
(6) de diciembre de 2006, según consta en el Acta de Plenaria N° 35 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 57 del 1 de marzo de 2007.
Estudiado el texto de la referida acta, se encuentra que:
“[P]or instrucciones de la presidencia
y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría
anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima semana. (...)
Proyecto de ley número 56 de 2006 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Convenio de Rótterdam para la aplicación del procedimiento de con
sentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos
peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en Rótterdam el diez (10) de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1988)”. (Negrillas
originales).
Revisado en
detalle el contenido del Acta de Plenaria N° 35, se
estableció que la sesión finalizó así: “Siendo las
8:35 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día 11 de
diciembre de 2006, a las 10 a. m”.
2.2.1.7. Según la certificación referida en el numeral anterior,[8]
el Proyecto de Ley fue considerado en segundo debate el once (11) de diciembre de
2006 con un quórum deliberatorio y decisorio de 97 de los 102 senadores que
conforman la Plenaria y aprobado por mayoría como consta en el Acta 36 de la
misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No 58 del primero de marzo de
2007.
2.2.1.8. El
texto definitivo del Proyecto de Ley
56 de 2006 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No 30 del siete (7) de febrero
de 2007.
2.2.2 Trámite
en la Cámara de Representantes.
2.2.2.1. Radicado
el Proyecto de Ley en la Cámara de Representantes con el número 225 de 2007, se
le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designada
como ponente la Representante Nancy Denise Castillo García. El informe de
ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 188 del jueves
diecisiete (17) de mayo de 2007.
2.2.2.2. De
acuerdo al certificado allegado a esta Corporación, el ocho (8) de noviembre de
2007, por la Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente “el
proyecto fue anunciado en sesión del día 22 de mayo de 2007 acta No 33, sin
publicar, en cumplimiento del artículo 8 del acto legislativo No 1 de 2003”[9].
Confrontada por
esta Corporación la copia[10] incluida en el
expediente legislativo del Acta No 33, se pudo constatar que el anuncio para la
discusión en el primer debate se realizó de la siguiente manera:
“Anuncio de Proyectos de Ley para dar
cumplimiento al Artículo 8 del Acto Legislativo No 1 de 2003. Proyectos que
serán discutidos y aprobados en la próxima Sesión de la Comisión.
(…) 2). Proyecto de Ley No 56/06 Senado,
225/07 Cámara ‘Por medio del cual se aprueba el Convenio de Rotterdam para la
aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional’
hecho en Rotterdam el 10 de septiembre de 1998”.
(…) Agotado el Orden del Día (sic) quedan invitados para el día 29 a
las diez de la mañana”.[11]
2.2.2.3. En la
misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral anterior, la
Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente hizo constar “[q]ue
en sesión del día 29 de mayo de 2007, con la asistencia de dieciséis (16)
Honorables Representantes se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en
votación ordinaria el Proyecto de Ley No 56/06 Senado y 225/07 Cámara ‘POR
MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL’ HECHO EN
ROTTERDAM EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1998’. Acta No 34, sin publicar”.[12]
La copia del
Acta No 34 fue allegada por la Secretaria General de la Comisión Segunda
Permanente[13]. Esta Corporación estableció que el Acta No 34 del 29 de mayo de 2007
fue publicada en la Gaceta del Congreso 537 de 2007 del veintitrés (23) de
octubre de 2007.
2.2.2.4. Para
segundo debate la ponencia fue presentada por la representante Nancy Denise
Castillo García y fue publicada en la Gaceta del Congreso 254 del 7 de junio de
2007[14].
2.2.2.5. Según
certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de
Representantes,[15] en sesión del miércoles
veinticinco (25) de julio de 2007 se anunció la discusión y aprobación del
Proyecto de Ley objeto de estudio, tal como quedó consignado en el Acta N° 61
de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 398 del diecisiete (17) de
agosto de 2007.
Revisada el acta
de esta sesión, se encuentra que el anuncio de que trata el artículo 160 C.P.
se realizó del siguiente modo:
“Dirección de la sesión por la
Presidencia, doctor Berner Zambrano Erazo: Señor Secretario anuncie los
proyectos por favor para el próximo martes a las 3 de la tarde”
“Secretario General, doctor Jesús
Alfonso Rodríguez C., informa:
Si señor Presidente, se anuncian los
siguientes Proyectos:
(…) . Proyecto de ley número 225 de 2007
Cámara, 056 de 2006 Senado.”[16]
Finalizada la
sesión, fue convocada nuevamente para su siguiente sesión, a realizarse “el próximo
martes 31 de julio de 2007, a las 3 de la tarde”.[17]
2.2.2.6. Según
certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes[18],
el Proyecto de Ley fue considerado y aprobado el 31 de julio de 2007 con
asistencia de ciento cuarenta y nueve (149) de los representantes (Acta No 62
de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 435 del 7 de septiembre
de 2007).
2.2.3. Descrito el procedimiento surtido por el Proyecto de Ley, la
Corte concluye que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto
formal. En efecto:
(i) El Proyecto de Ley inició su trámite en el Senado de la República
Ver GC* 284 del 11/08/2006; supra 2.2.1.1.
(ii) El Proyecto de Ley fue publicado previamente al inicio del proceso
legislativo
Ver GC 284 del 11/08/2006; supra 2.2.1.1.
(iii) El Proyecto de Ley fue aprobado en primero y segundo debate en cada
una de las cámaras legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Constitución
Política y el Reglamento del Congreso
En Senado:
Primer debate: Ver GC 604 del 01/12/2006; supra 2.2.1.4.
Segundo debate: Ver GC 58 del 01/03/2007; supra 2.2.1.7.
En Cámara
Primer debate: Ver GC 537 del 23/10/2007; supra 2.2.2.3.
Segundo debate: Ver GC 435 del 07/09/2007; supra 2.2.2.6.
(iv) Las ponencias tanto en comisiones como en plenarias fueron
publicadas antes de iniciarse los debates;
En Senado:
Primer debate: Ver GC 375 del 18/09/2006; supra 2.2.1.2
Segundo debate: Ver GC 461 del 18/10/2006; supra 2.2.1.5.
En Cámara
Primer debate: Ver GC 188 del 17/05/2007; supra 2.2.2.1.
Segundo debate: Ver GC 254 del 07/06/2007; supra 2.2.2.4.
(v) Entre el primer y segundo debate en cada Cámara, así como entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en
la otra transcurrieron los términos señalados en el inciso primero del
artículo 160 Superior. [ocho y quince días respectivamente]
En Senado
El primer debate en el Senado tuvo lugar el 27 de
septiembre de 2006 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 11 de
diciembre de 2006; supra 2.2.1.4 y 2.2.1.6.
En Cámara
El primer debate en Cámara tuvo lugar el 29 de mayo
de 2007 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 31 de julio de 2007; supra
2.2.1.4 y 2.2.1.6.
Entre la aprobación del Proyecto en el Senado (11 de
diciembre de 2006) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes
(29 de mayo de 2005) transcurrió un lapso no inferior a quince días.
(vi) Fue cumplido en cada una de las etapas del trámite legislativo el
requisito del anuncio previo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003, que adicionó el artículo 160 C.P.
En Senado
El anuncio para el Primer debate se
produjo el 26/09/2006 y la aprobación se llevó a cabo el 27/09/2006; Ver supra
2.2.1.3.
El anuncio para el Segundo debate se
produjo el 6/12/2006 y la aprobación se llevó a cabo el 11/12/2006; Ver supra
2.2.1.6.
En Cámara
El anuncio para el Primer debate se
produjo el 22/05/2007 y la aprobación se llevó a cabo el 29/05/2007; Ver supra
2.2.2.2.
El anuncio para el Segundo debate se
produjo el 25/07/2007 y la aprobación se llevó a cabo el 31/07/2007; Ver supra
2.2.2.6.
*GC: Gaceta del Congreso
2.3. Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional
La Ley 1159 de 2007 fue sancionada por el Presidente de la República
el 20 de septiembre de 2007, remitiéndose para su estudio a la Corte el 25 de septiembre
del mismo año, a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico (E) de la
Presidencia,[19] cumpliéndose con ello el
término de seis días al que refiere el artículo 241-10 de la Constitución.
En consecuencia,
la Corte concluye que para el asunto bajo examen resultan acreditados los
requisitos propios del trámite de las leyes ordinarias; razones por las que no
existe defecto alguno en cuanto al análisis formal. Así, superada esta primera
etapa del estudio de constitucionalidad, la Corte procederá a realizar el
análisis sobre la materia del instrumento internacional.
3. Análisis
de constitucionalidad de la Ley 1159 de 2007 en sus aspectos de fondo.
3.1. Composición
y estructura del Convenio de Rotterdam.
El Convenio de Rotterdam “para la aplicación del consentimiento
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos
objeto de comercio internacional”, aprobado mediante la Ley 1159 de 2007 está
compuesto por treinta (30) artículos y cinco (5) anexos. Estos anexos están destinados
a definir algunas particularidades -de procedimiento, científicas, técnicas o
administrativas -del proceso de implementación del Convenio en los territorios
de las partes contratantes. Así: el Anexo I hace referencia a la “Información
que ha de adjuntarse a las notificaciones hechas con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 5ª”; el Anexo II a los “Criterios para la inclusión
de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos en el Anexo III”,
el cual a su vez define una lista de “Productos químicos sujetos al
procedimiento de consentimiento fundamentado previo”. Por su parte, el
Anexo IV define la “Información y criterios para la inclusión de
formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas en el Anexo III. Por
último, el Anexo V establece la “Información que ha de adjuntarse a las
notificaciones de exportación”.
Teniendo en cuenta la composición del Convenio descrita, la Corte
realizará el estudio de la constitucionalidad material de la norma a partir de
sus ejes temáticos, haciendo un recorrido por sus disposiciones, como pasa a
desarrollarse en los apartados siguientes.
3.1.1. Contenido de las disposiciones normativas del Convenio
De acuerdo a su artículo 1, el Convenio de Rotterdam es un
instrumento internacional diseñado con el fin de “promover
la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la
esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a
fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y
contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio
de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional
de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas
decisiones a las Partes”.
Con el Convenio de Rotterdam se diseñan y configuran una serie de
procedimientos encaminados a establecer un sistema de comunicación eficiente
entre las partes contratantes, para activar y estimular el flujo de información
sobre plaguicidas y productos químicos peligrosos dentro de sus territorios.
Para coordinar las labores propias de su implementación, este instrumento
internacional crea una Secretaría que hace las veces de órgano administrativo
del Convenio (Art. 19). Esta Secretaría tiene la misión institucional de impulsar
la ejecución del Convenio a través de unas funciones específicas (Art. 19.2),
las cuales, de acuerdo a los propios términos del Convenio, se “[d]esempeñarán
conjuntamente [con el] Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con
sujeción a los arreglos que acuerden entre ellos y sean aprobados por la
Conferencia de las Partes” (Art. 19.3).
El Convenio de Rotterdam hace referencia a varios procedimientos
para satisfacer el fin para el cual fue creado. Así, se encuentran:
(i)
Los “Procedimientos relativos a los
productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos” (Art. 5): En
virtud de los cuales, cada vez que un Estado contratante adopte una “medida
reglamentaria firme”, esto es, una medida destinada a “restringir
rigurosamente un producto químico”[20] en su
territorio, debe comunicar por escrito, de acuerdo a los parámetros definidos
en el Anexo I, a la Secretaría, para que ésta, a su vez, informe
a todas las partes.
(ii)
Los “Procedimientos relativos las
formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas” (Art. 6): A través de
los cuales cada Parte que presente “problemas causados por una formulación
plaguicida extremadamente peligrosa en las condiciones que se usa en su
territorio” podrá proponer a la Secretaría que se incluya dicha formulación
plaguicida en el Anexo III. Para ello, en la proposición deberá suministrar la
información requerida de acuerdo a los parámetros establecidos en el Anexo IV.
Posteriormente, la Secretaría deberá remitir la propuesta de inclusión y la
información que la sustenta al Comité de Examen de Productos Químicos. Este
órgano tendrá la obligación de evaluar la información remitida y al final de su
análisis deberá formular una recomendación a la Conferencia de las Partes -cuyo
estructura y funcionamiento están definidos en el art. 18-, en la cual se
pronuncie sobre si “esa formulación plaguicida extremadamente peligrosa debe
quedar sujeta al procedimiento de consentimiento fundamentado previo y, por
consiguiente, incluirse en el anexo III”. El propio convenio define la
metodología de inclusión (Art.7) y de retiro (Art. 8) de productos químicos en
el Anexo III.
El Convenio define las obligaciones relativas a la importación (Art.
10) y exportación (Art. 11) de productos químicos enumerados en el Anexo III.
En general, estas disposiciones describen los procedimientos para la
realización de estos eventos con base en las disposiciones generales del
Convenio. De esta manera, por ejemplo, se describe la forma en que un Estado
debe pronunciarse sobre si permite o no la realización de la importación y define
las formalidades que debe respetar dicha manifestación. En relación a las
obligaciones del exportador, establece que “cada Parte velará por que (sic)
no se exporte desde su territorio ningún producto químico enumerado en el
anexo III a ninguna parte importadora que, por circunstancia excepcionales no
haya transmitido una respuesta provisional que no contenga una decisión
provisional” a menos que se presenten determinadas excepciones. (Art. 10.2)
En relación a la realización de exportaciones de productos químicos,
el Convenio resalta la importancia de la forma en que debe realizarse el
procedimiento de la Notificación, en tanto constituye uno de los ejes vitales
de aplicación del instrumento. Sobre este aspecto, dispone que cuando un Estado
Parte hubiere prohibido o rigurosamente restringido un producto químico y desde
su territorio se exporte dicho producto, ese Estado deberá enviar una
notificación de la exportación a la Parte importadora incluyendo la información
descrita en el Anexo V. En el artículo 12 del Convenio se describen las
especificidades que componen el trámite de la notificación, las cuales, en
últimas pretenden garantizar el flujo y acceso real de la información
relacionada con los productos químicos dispuestos a realizar tránsito.
En el mismo sentido, el Convenio de Rotterdam dispone, como política
entre los Estados contratantes, el impulso del intercambio de información (Art.
14) y la obligación de cooperación entre éstos (Art. 16). En el ejercicio de
intercambio de información científica, técnica, económica y jurídica de los
productos a los que hace referencia el Convenio, dispone que se respetarán las
medidas internas de protección de la información. Para tal efecto, el propio
Convenio define qué tipo de información no se considera confidencial (Art.
14.3) a fin de evitar restricciones innecesarias o indebidas por parte de los
Estados contratantes.
Del artículo 15 se desprenden unas obligaciones puntuales para los
Estados que permitan gestionar la puesta en marcha del Convenio. Esta norma
establece que cada Parte tomará las medidas
legislativas o administrativas necesarias para establecer y fortalecer su
infraestructura de tal manera que permitan aplicar efectivamente el
Convenio. Como ejemplos de esas medidas se tienen el “establecimiento
de registros y bases de datos nacionales, incluida información relativa a la
seguridad de los productos químicos; el “fomento de las iniciativas de
la industria para promover la seguridad en el uso de los productos químicos;” y
la “promoción de acuerdos voluntarios, teniendo presente lo dispuesto en el
artículo 16”.
Esta misma
disposición establece la cláusula según la cual “Nada de lo dispuesto en el
presente Convenio se interpretará en forma que restrinja el derecho de las
Partes a tomar, para proteger la salud humana y el medio ambiente, medidas más
estrictas que las establecidas en el presente Convenio, siempre que sean
compatibles con las disposiciones del Convenio y conformes con el derecho
internacional.”
3.1.2
Consideraciones sobre la exequibilidad de las disposiciones sustanciales del
Convenio de Rotterdam.
Una vez realizado el recorrido por
las disposiciones que componen el Convenio bajo examen, esta Corporación no
encuentra disconformidad alguna con los postulados Constitucionales. Al
contrario, la lectura del Convenio permite identificar como el texto del
instrumento internacional se erige como una herramienta útil en el desarrollo
de varios preceptos constitucionales como se describirá brevemente a
continuación.
3.1.2.1. La
Constitución Política de 1991 definió un conjunto de principios, deberes y
derechos que evidenciaban la importancia que revestía para la configuración
empírica de la noción de estado social de derecho la inclusión de garantías
para la protección del medio ambiente.
Al respecto, esta Corporación ha
sostenido que:
“El medio ambiente desde el punto de vista
constitucional, (…) involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de
ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por
nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos
para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias
para su garantía y su desarrollo. En efecto, la protección del medio ambiente
ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al
estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios
públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la
supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como
una prioridad dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos” [21](Artículo
366 C.P.)”
Dentro de este
marco, se inscribe la entrada en nuestro ordenamiento jurídico del Convenio de
Rotterdam. Como se examinó, en su articulado se contemplan una amplia gama de
disposiciones que aportan en la misión de materializar los postulados de los
artículos 79 y 80 superiores, que estipulan el derecho de todas las personas a
gozar de un ambiente sano y el deber estatal de adoptar las disposiciones
necesarias para la consecución de dichos fines de gran relevancia constitucional[22].
3.1.2.2. Ahora,
es importante resaltar que la realización de acuerdos internacionales que
apuntan en dirección a la adopción de medidas que garanticen la protección del
medio ambiente, responde a un objetivo común de las Naciones. Dicho objetivo ha
sido inscrito en el marco del derecho internacional de los derechos humanos
como un campo específico que se ha intensificado
paralelamente con el desarrollo de la legislación interna de la mayoría de los
países, como respuesta a los daños que ha sufrido el medio ambiente y ante las
amenazas de que la producción de dichos daños se acelere.
Sobre este punto
en particular, esta Corporación sostuvo:
“[e]n este orden de ideas, ya muy pocos
países consideran la política ambiental un asunto interno en sentido estricto,
pues la protección del medio ambiente requiere una regulación internacional que
permita consolidar instrumentos bilaterales y multilaterales para afrontar
dicho propósito común de manera efectiva, no sólo jurídicamente sino social,
política y económicamente. (…) En el mismo sentido, ha sostenido que el derecho ambiental “es
un asunto que escapa las fronteras de cualquier país para convertirse en una
preocupación que requiere, siempre, el compromiso universal.”[23]
Tal compromiso impone al Estado adoptar medidas de cooperación con otros
países, que a su vez se traducen en la suscripción de instrumentos jurídicos de
carácter internacional, como el que aquí se revisa.”[24]
Estos
postulados se inscriben dentro de la obligación constitucional del artículo 226
según la cual, “[e]l Estado promoverá la internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional”.
Dentro de este
panorama, el Convenio de Rotterdam no desconoce ninguna disposición
constitucional, por el contrario, tiene pleno sustento en la Carta Política
pues, como lo sostuvo esta Corporación en la sentencia C-379 de 1993, "La
Constitución Política, además de consagrar la función ecológica de la propiedad
y reconocer a todas las personas el derecho a gozar de un ambiente sano, obliga
al Estado a: (...) cooperar con otras naciones en la protección del medio
ambiente, así como en la preservación de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas. (artículos 49, 58, 78, 79 y 80 C.P.)". Por ello, para esta Corte, las disposiciones sustanciales del Convenio
bajo estudio desarrollan los preceptos constitucionales que consagran la
cooperación internacional en campos indispensables para la preservación de la
salud y la vida de las personas, contenidos en el Preámbulo y en los artículos
1, 2 y 9 de la Carta. De igual forma, se tiene que garantiza y respeta la
equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, que deben inspirar las
relaciones internacionales en materia política, económica, social y ecológica,
de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución.
3.1.3. Disposiciones finales. Enmiendas al Convenio y los anexos, Derecho
al voto, Ratificación y adhesión, y entrada en vigor. Análisis de
constitucionalidad.
3.1.3.1. El artículo 21 del Convenio dispone la posibilidad de que cualquiera
de las partes proponga enmiendas del instrumento. El estudio y aprobación de
las solicitudes de enmienda serán estudiadas por la Conferencia de las Partes,
previa comunicación de la Secretaría, la cual debe realizarse con seis meses de
anticipación a la reunión en que serán decididas las solicitudes de enmiendas
(Art. 21.2). En el proceso decisorio, dispone el Convenio que, las partes
preferirán el consenso y en caso de no ser posible, serán decididas con la
aprobación de al menos tres cuartos de las partes (Art. 21.3). Esta
decisión será transmitida al depositario del instrumento, que para el caso se
trata del Secretario General de las Naciones Unidas (Art. 29). Posteriormente,
el Depositario deberá transmitir la enmienda a todas las Partes para su
ratificación, aceptación o aprobación. Por su parte, el artículo 22 establece
un procedimiento especial para la aprobación y enmienda de los anexos del Convenio
bajo estudio (Art. 22.3.a y 22.5).
Sobre este punto específico, la jurisprudencia de esta Corporación
ha sostenido de manera reiterada que los instrumentos internacionales que creen
nuevas obligaciones, modifiquen o adiciones un Convenio inicialmente suscrito,
deberán someterse a los procedimientos constitucionales de aprobación del
Congreso y revisión de constitucionalidad por esta Corporación, en respeto de
lo establecido en el numeral 16 del artículo 150, el numeral 2 del artículo 189
y el artículo 241 de la Constitución Política.[25]
3.1.3.2. En relación al derecho al voto en los escenarios decisorios
de cada una de la partes, el Convenio dispone que cada una tendrá derecho a un
(1) voto. (Art. 23) No obstante, contemplando la práctica del derecho
internacional, el instrumento previó que las Organizaciones de integración
económica regional, “ejercerán su derecho al voto con un número igual de sus
Estado miembros que sean partes en el presente Convenio”. De la misma
manera quedó establecido que si alguno de los Estados miembros del Convenio ejerce
su derecho al voto, la organización no podrá ejercer el suyo, y viceversa.
3.1.3.3. (i) El artículo 25 del Convenio de Rotterdam
recoge la regulación que regula la ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión del instrumento internacional; (ii) El artículo 26 dispone lo relacionado
con la entrada en vigor del instrumento internacional; (iii) El artículo
27 establece un régimen que proscribe la interposición de reservas al Convenio
y (iv) El artículo 28 define el procedimiento de denuncia del
instrumento. Respecto de estas disposiciones, la Corte advierte que su
contenido reitera las fórmulas comúnmente utilizadas para los instrumentos
multilaterales y acatan las previsiones del derecho internacional público, en
especial las contenidas en la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados. Por ende, no presentan reparo alguno respecto de su
constitucionalidad.
4. CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta la revisión del procedimiento legislativo
descrito en el fundamento jurídico dos (2) de esta sentencia, esta Corporación
determina que la aprobación de la Ley 1159 de 2007 cumplió con los requisitos
constitucionales exigidos para el efecto. De igual manera, revisadas las
disposiciones contenidas en la Convención, se tiene que éstas se ajustan a la
Carta Política, en la medida en que diseñan, regulan y establecen
procedimientos que respetan y desarrollan postulados constitucionales
relacionados con la protección del medio ambiente en el territorio colombiano,
convirtiéndose en una herramienta útil para la garantía de los derechos
establecidos en el Capítulo III del título II de la Constitución.
En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad del Convenio
de Rotterdam para la aplicación del consentimiento fundamentado previo a
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional, hecho en Rotterdam el diez (10) de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998) y su ley aprobatoria.
DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio de Rotterdam
para la aplicación del consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas
y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en
Rotterdam el diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1159 del 20
de septiembre de 2007, aprobatoria del instrumento internacional mencionado en
el numeral anterior.
Tercero.- COMUNÍQUESE
esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio
de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíesele copia
auténtica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral
10 del artículo 241 de la Carta Política.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
AUSENTE EN COMISIÓN
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
AUSENTE EN COMISIÓN
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-538 DE 2008 DEL MAGISTRADO
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación en primer
debate en el Senado y segundo en la Cámara de Representantes (Salvamento de
voto)
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento
constituye vicio insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente LAT-316
Revisión de constitucionalidad de la
Ley 1159 de 2007, “por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Rotterdam para la aplicación del consentimiento fundamentado previo a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional”,
hecho en Rótterdam el diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho”
Magistrado
Ponente:
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me
permito salvar mi voto a la presente decisión, por cuanto considero que en el
trámite de aprobación de la Ley 1159 de 2007 se incurrió en un vicio de
procedimiento insubsanable, por cuanto no se dio cabal cumplimiento en el
primer debate en el Senado y segundo debate de la Cámara, al aviso previo de la
votación del proyecto de ley, tal y como lo exige el artículo 160 Superior, por
lo cual la citada ley es inconstitucional. Adicionalmente, es de observar que
no basta la certificación, sino que era necesario examinar el acta de la sesión
correspondiente, la cual no se publicó. Por lo expuesto, manifiesto mi
discrepancia con esta decisión que declara constitucional la ley 1159 de 2007
que aprueba el Convenio de Rótterdam para la aplicación del consentimiento
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos
objeto de comercio internacional.
Por
consiguiente, me permito reiterar los argumentos en punto al requisito del
anuncio previo para votación con el lleno de todas las exigencias constitucionales,
el cual es fundamental para la validez de las normas jurídicas y su falta
constituye un vicio insubsanable. A este respecto me referiré (i) en primer
lugar, al problema de teoría del derecho respecto de la producción de las
normas jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control
constitucional; y (ii) en segundo lugar, a la naturaleza del anuncio previo
para votación de los proyectos como requisito constitucional.
1. El
problema de la producción de las normas jurídicas, la validez de las mismas, y su
importancia en el control constitucional
El problema de
la producción de las normas jurídicas dentro de un sistema jurídico, el cual
apareja a su vez el de la validez de las normas jurídicas, supone una posición
de principio de teoría y filosofía del derecho, que tiene importantes
consecuencias teóricas y prácticas para el tema del control constitucional.
Se hace
necesario entonces tomar una postura clara de teoría y filosofía del derecho,
en relación con el concepto de norma jurídica, el cual entraña el concepto de
validez de las mismas, lo cual a su vez conlleva necesariamente la pregunta por
el modo de producción jurídico-institucional de las normas. De este modo,
tenemos que en un sistema jurídico es fundamental determinar en primer término,
qué es norma jurídica, elemento básico y esencial del derecho, como el concepto
de “célula” para la biología. Por ello, la primera parte de teoría del
derecho se encuentra dedicada al análisis y determinación de lo que es norma jurídica,
parte esencial de la cual, es la pregunta de cuándo un enunciado normativo hace
parte del sistema jurídico, o en otros términos, a la pregunta por la validez
de los preceptos jurídicos[26]. Esta problemática corresponde a la teoría de las normas y aborda
la parte estática del derecho[27].
No obstante, el
derecho no está compuesto por una sola norma sino por una pluralidad de normas
jurídicas. En consecuencia, la segunda parte de la teoría del derecho es la que
se refiere a la teoría del ordenamiento jurídico que aborda la parte dinámica
de las normas[28]. En esta parte se encuentra el análisis de lo que son las
antinomias jurídicas, para resolver las cuales hay que acudir a los criterios
de vigencia en el tiempo y/o jerarquía de los enunciados jurídicos validos, así
como los problemas de unidad, coherencia y plenitud de los ordenamientos
jurídicos.
Vista la
estructura fundamental de la teoría del derecho, es claro entonces que el
primer problema fundamental del sistema jurídico es la determinación de qué es
una norma jurídica, cuándo una norma nace al ordenamiento jurídico, o en otros
términos, qué normas pertenecen y cuáles no al sistema jurídico, problema que
se encuentra analítica e intrínsecamente ligado al problema de la validez de la
norma jurídica, el cual es un problema tan fundamental y esencial en el derecho
que es anterior al problema de la vigencia y de la eficacia de las normas,
puesto que la respuesta a este primer interrogante permite esclarecer la
cuestión de la carta de nacimiento o naturaleza jurídica propiamente dicha
de las normas, la pertenencia de las normas a un sistema jurídico, o con
otras palabras, la cuestión del reconocimiento de las normas como
jurídicas o pertenecientes a un sistema jurídico, es decir, como enunciados
normativos jurídicos-positivos.
En este orden de
ideas, aparece claro que la pregunta fundamental en el derecho es la pregunta
por la existencia y validez de las normas jurídicas, por qué es norma jurídica,
cuestiones que determinan la teoría de los actos jurídicos y la teoría de la
nulidad en el derecho, desde la inexistencia de norma, la nulidad de la norma,
hasta la existencia de norma con vicio o sin vicio de producción o formación.
De manera que el cuestionamiento esencial en el derecho es entonces el de cómo
surgen las normas en el mundo jurídico, esto es, cuándo una norma ha surgido
correctamente en el mundo jurídico, es decir, con el lleno o cumplimiento de
todos los requisitos establecidos para su creación. Este cuestionamiento
corresponde exactamente a la pregunta por la validez.
La pregunta por
la validez de las normas jurídicas, es decir, por la cuestión de si un
enunciado normativo es norma jurídica, o en otros términos, si  pertenece al
sistema jurídico, de conformidad con las reglas prefijadas por el propio
sistema para su reproducción, es la pregunta fundamental que se debe hacer en
el derecho, para posteriormente, y sólo si es contestada afirmativamente esta
pregunta por la validez, se pueda continuar preguntando por la vigencia y la
eficacia de las normas jurídicas válidas.
Esta
característica propia de las normas jurídicas como válidas, es lo que llevó  a
Hans Kelsen a afirmar que el derecho pertenece al mundo del “deber ser”
y no al mundo del “ser”, ya que la pregunta por el derecho es la
pregunta por la validez de la norma jurídica, es decir, por la existencia
deontológica, y no la pregunta por la existencia fenomenológica de las cosas,
lo que condujo al filósofo del derecho austriaco a sostener que por ello mismo
la lógica formal no funciona para el derecho, por cuanto su finalidad es la
constatación de una correspondencia con un fenómeno del mundo del ser, mientras
que en cambio en el derecho de lo que se trata es de constatar si una norma es
válida, es decir de si existe en el mundo del derecho o del “deber ser”
y ello de acuerdo con aquellas reglas que estipulan y prevén los presupuestos
para su producción jurídica[29].  Así mismo, esta característica de la validez, propia del derecho,
es lo que permite explicar, según Kelsen, que se puedan encontrar normas
válidas que se opongan entre sí y sin embargo sigan siendo válidas.
A este respecto,
hay que recordar que el sistema jurídico es como el ave fénix que se crea y se
reproduce a sí mismo, y contiene por tanto normas que estipulan la forma de la
reproducción de las normas jurídicas, las cuales Hart denomina “reglas
secundarias”[30]. Así mismo, a este problema fundamental del derecho acerca de la
determinación de la pertenencia o no de una norma a un sistema jurídico de
conformidad con las normas o reglas previstas por el propio sistema para su
reproducción, es lo que Hart identificó como el problema del reconocimiento de
las normas jurídicas como tales, a cuyo problema contribuyó con su teoría de la
“regla de reconocimiento y validez jurídica”[31].
Así entonces, el
derecho será válido siempre y cuando satisfaga los requisitos que se establecen
para la producción del mismo derecho y que están señalados por las reglas de
producción del derecho en la Constitución.
Lo anterior, lo
ejemplifica el filósofo del Derecho H.L.A. Hart de la siguiente manera: “Si
se plantea la cuestión sobre si una cierta  regla es jurídicamente válida, para
resolverla debemos usar un criterio de validez suministrado por otra regla. ¿Es
válida esta pretendida ordenanza del County Council de Oxfordshire? Sí:  porque
fue dictada en ejercicio de potestades conferidas y de acuerdo con el
procedimiento especificado, por un decreto del Ministerio de Salud Pública. A
este primer nivel, el decreto suministra los criterios para apreciar la validez
de la ordenanza.  Puede no haber necesidad práctica de seguir adelante; pero
existe la posibilidad de hacerlo.  Podemos cuestionar la validez del decreto y
apreciarla en términos de la ley que faculta al Ministro a adoptar tales
medidas“[32]
Así también
nuestra Constitución contempla para la producción de normas con fuerza de ley,
por ejemplo, el requisito de publicación previa del proyecto de ley (inc.1 art.
157 CN);  cuatro (4) debates, dos en cada una de las cámaras, y en cada una de
ellas un primero en la comisión correspondiente y un segundo en plenaria (inc.
2 art. 57, 165); la existencia de quórum deliberatorio y de determinadas
mayorías (p.e. art. 153); el cumplimiento del anuncio de votación del proyecto
en cuestión, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la propia
Carta (art. 160 C.P); términos específicos entre cada debate en cada Cámara y
entre los debates en una y otra Cámara (art. 160); límites de trámite en los
periodos legislativos (art. 162), la sanción presidencial (art.168), entre
otros.
Ahora bien,
cuando se hace control de constitucionalidad, éste apunta en primerísimo lugar
a comprobar la validez de la norma jurídica, a constatar si se respetó o no el
camino demarcado por el propio sistema jurídico, esto es, los procedimientos de
producción del derecho, para que pueda catalogarse tal norma como norma válida.
El control constitucional en este aspecto no es por tanto cosa de poca monta,
ya que cuando el constituyente dice que exige ciertos requisitos para poder
otorgar carta de validez a las normas jurídicas, al Tribunal Constitucional le
corresponde controlar y verificar que dichos requisitos se hayan respetado y
cumplido a cabalidad. Por tanto esta labor es de suma importancia, este control
constitucional sobre la forma de producción de las normas jurídicas y sobre la
validez de las mismas, es lo más importante, porque a partir de este control se
debe determinar qué norma es reconocida como válida, es decir, qué norma
pertenece al sistema jurídico, o en otros términos, qué enunciado normativo es
en realidad norma jurídica. En este sentido, el control constitucional formal
no es una cuestión de simple formalismo, por cuanto no puede existir derecho
sin que se respeten las condiciones procedimentales de formación de las normas
jurídicas preestablecidas por el propio ordenamiento, lo cual es una
característica fundamental de un Estado de Derecho.
La pregunta por
la validez jurídica de las normas y el control constitucional respecto de dicha
validez jurídica, sigue siendo por tanto un tema de trascendental importancia
para el derecho y esto es precisamente lo que controla en primera instancia el
Tribunal Constitucional, la pregunta sobre cuáles enunciados normativos
pertenecen efectivamente o no al ordenamiento jurídico. Todos los demás temas
son por tanto posteriores al tema de la validez, es decir, el tema de la
vigencia, de la eficacia y el análisis de si el contenido sustancial de la
norma es acorde o no con la Constitución.
Es por esta
razón que la producción del Derecho y sus formas, permiten entender al pueblo
que el producto realizado está acorde con el objetivo popular y con la misma
existencia del Estado, y les otorga una presunción de validez.  Los trámites y
cauces en los cuales se encamina la producción normativa deviene de la misma
legitimidad que el pueblo otorga al producto final, es decir el Derecho.
En consecuencia,
sólo pueden valorarse o reconocerse como válidas y legítimas las reglas de
obligación si provienen de las reglas de reconocimiento y de su aplicación
adecuada. Situación del Estado de Derecho totalmente contraria al Estado
absolutista donde el único criterio para identificar algo como derecho era
aquello sancionado por el rey.   En palabras más sencillas, debe decirse que la
manera para identificar el derecho aceptado por los individuos esta basada en
aquel derecho que provenga o sea el resultante de las reglas de reconocimiento
o formas de producción establecidas en la Constitución.
Cualquier otra
cosa que se obtenga como resultado sin el cumplimiento de estas reglas de
reconocimiento constitucionales no puede avalarse como derecho legítimo
aceptado por los individuos. Es decir, existe la posibilidad de que el
legislador produzca “derecho” sin el cumplimiento de las reglas de
reconocimiento.  Evento en el cual, este “derecho” no es válido, a la luz de
poder político en cabeza del pueblo.
En síntesis, la
suplantación de la forma de producción de derecho, sin dudas elimina la
legalidad y legitimidad que éste debe tener, afecta inmediatamente su validez y
hace no obligatorio su cumplimiento.  Y esto es así, por cuanto es el propio
derecho el que determina su forma de producción y ello es la garantía que el
pueblo mismo tiene que la producción de parámetros de convivencia social
pacífica se realice acorde con lo preestablecido por él mismo, en cabeza del
Estado de Derecho y su ordenamiento jurídico y no por fruto del capricho o el
deseo de quien produzca normas, lo que estaría más cercano a la vivencia del
Estado absolutista y el poder de dictar parámetros de un ente diferente del
soberano.
2. El
anuncio previo como requisito constitucional
para votación de los proyectos de ley (Artículo 160 C. P)
Respecto de la
trascendencia constitucional del requisito establecido en el artículo 160
constitucional, esta Corte ha manifestado:
“El inciso
final del artículo 160 de la Constitución Política dispone que ningún proyecto
de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente
se haya anunciado.  En el mismo sentido, establece que el aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.
Como lo ha
señalado la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia,[33]
el anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios
constitucionales primordiales para la actividad legislativa.  En efecto, el
anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué
proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para
la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional
y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior
de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la
actuación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de
aprobación de los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia
participativa y el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo
40 C.P.
Este
precedente ha previsto, además, las condiciones fácticas requeridas para
acreditar el cumplimiento de la obligación del anuncio de la votación.  Así,
resultará comprobado el requisito cuando (i) el anuncio de la votación de un
proyecto de ley se realiza en sesión anterior y, por ende, distinta a la que se
lleve a cabo la aprobación de la iniciativa (ii) la Presidencia de la cámara
correspondiente informa expresa y claramente a sus integrantes que determinado
proyecto de ley será sometido a votación en sesión posterior; y (iii) la fecha
de esa sesión posterior para la cual fue convocada la votación sea determinada
o, al menos, determinable.
En el mismo
sentido, la Corte ha estimado que el incumplimiento del requisito mencionado es
un vicio de naturaleza insubsanable, que acarrea la inexequibilidad de la
disposición.  Ello debido a que se trata de una instancia del procedimiento
legislativo prevista de forma expresa por la Carta Política.  Por ende, hace
parte de las disposiciones que conforman el parámetro superior para la validez
del procedimiento legislativo destinado a la creación de normas jurídicas, por
lo cual debe ser aplicada de forma preferente en virtud del principio de
supremacía constitucional (Art. 4 C.P.).
Bajo la misma
perspectiva y de conformidad con lo expresado anteriormente, esta exigencia
busca hacer eficaces tanto el principio de publicidad y transparencia en el
trámite legislativo, como la democracia participativa y el respeto de las
minorías parlamentarias. Así, se trata de un presupuesto formal relevante para
la adecuada formación de la voluntad democrática de las cámaras legislativas,
esto es, que hace parte del mínimo de requisitos exigibles para que el
procedimiento de formación de las leyes cumpla con sus propósitos
constitucionales.
Por último,
la omisión del anuncio para la votación es un vicio de procedimiento que afecta
el trámite subsiguiente puesto que, en atención del principio de
consecutividad, la validez de cada una de las etapas del procedimiento para la
formación de las leyes depende, a su vez, de la validez de las actuaciones
antecedentes.  En esa medida, no sería posible aplicar la facultad de
subsanación prevista en el parágrafo del artículo 241 C.P.
( … ) La Sala
insiste en que el requisito para el procedimiento legislativo previsto en el inciso
final del artículo 160 C.P. obliga a que al interior de las cámaras
legislativas sean anunciados, de manera específica, cierta y expresa, cuáles
son los proyectos de ley que serán sometidos a votación en la siguiente sesión
y la fecha, determinada o determinable, en que se realizará esa reunión (…)”[34](Negrilla fuera de texto)
En conclusión,
el cumplimiento del anuncio previo con el lleno de las exigencias
constitucionales hace efectivo al interior del trámite parlamentario de leyes y
actos legislativos una serie de principios constitucionales, dentro de los que
se realza el Estado Social de derecho. Principios éstos que pretenden que los
congresistas conozcan qué proyectos van a ser sometidos a debate y
votación.  Lo anterior, como resultado del principio de contradicción, pilar de
las sociedades democráticas, el cual busca que las normas que rigen la sociedad
sean debatidas, discutidas y posteriormente sean votadas. Para lo anterior, es
indispensable que los congresistas conozcan de manera cierta y clara en qué
momento del trámite parlamentario los proyectos serán debatidos, discutidos y
votados.
Ahora bien, de
no cumplirse dicho conocimiento antecedente por parte de los congresistas, no
existiría la idónea formación de la ley o del acto legislativo como expresión
de la voluntad democrática. Esto por cuanto dicho desconocimiento impediría la
oportunidad de debatir, discutir y hasta votar dichos proyectos por parte de
los congresistas. En consecuencia, la norma resultante de un proceso que
adolece del requisito señalado, no responde a la expectativa cierta de los
asociados quienes depositan su confianza en los órganos del Estado, en este
caso el Congreso, de que las normas se guiarán por los causes de producción que
la Constitución, como norma de normas, establece para su fabricación.
Adicionalmente,
otras cuatro razones fortalecen y ratifican la exigencia, dentro del trámite de
aprobación de una ley, del requisito establecido en el artículo 160
Constitucional.  Estas son:
a.  La
Constitución Política de Colombia establece en su artículo 183 las causales de
pérdida de  investidura de los congresistas; dentro de las cuales se encuentra
la señalada en el numeral segundo que indica: “Por la inasistencia, en un
mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten
proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. “  (Negrilla
fuera de texto)
Así las cosas,
el ordenamiento superior prevé que un congresista de la República puede perder
su investidura por el hecho de no asistir en un mismo período de sesiones a
seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de ley.  En este orden
de ideas, el anuncio previo de los proyectos de ley que serán debatidos y
votados en sesión posterior cierta y determinada (artículo 160 constitucional)
es sin duda una garantía que la misma norma superior estableció para los
congresistas, los cuales, conocedores de que un proyecto se debatirá y votará
en sesión posterior cierta y determinada y, de las consecuencias señaladas en
el artículo 183 numeral 2 de la Constitución, asumen las responsabilidades que
la propia Constitución y la ley les exigen.
Por el
contrario, el no cumplimiento del anuncio previo de que trata el artículo 160
constitucional, deja sin sustento la garantía constitucional que la norma
superior ha otorgado a los congresistas para que asuman sus funciones con la
responsabilidad que les es debida.  En otras palabras, el no cumplimiento del
requisito esbozado impediría exigir responsabilidad a los congresistas con base
en el artículo 183 numeral 2 constitucional, por falta de conocimiento de la
reunión plenaria en la que se votaría un proyecto de ley.
b. En este mismo
orden de ideas, cualquier ciudadano necesita conocer, de manera cierta y
determinada, cuándo se va a votar un proyecto de ley que lo puede afectar, ya
que se debe legislar consultando el interés general. Lo anterior, con el
propósito de que pueda hacer valedero el principio constitucional de
participación en las decisiones políticas en cabeza de todos los ciudadanos,
consagrado entre otros artículos en el 2, 40, 103, 153, 154, 155, 159 de la
Constitución Nacional.  Así las cosas, el ciudadano puede ejercer no sólo la
vigilancia y el control social sobre la producción de las normas jurídicas que
le van a ser aplicadas sino que igualmente puede participar de manera activa en
la toma de esas decisiones, lo cual es un presupuesto del ordenamiento jurídico
democrático y la cultura participativa.
Así pues, el
desconocimiento del anuncio previo expresado en la norma constitucional ya
mencionada con anterioridad, impide que el ciudadano vigile y controle socialmente
la producción de las normas jurídicas y que participe, como lo señala la
Constitución Política, y asista, como  lo permite el artículo 71 de la Ley 5ª
de 1992 al desarrollo de las sesiones y toma de decisiones por parte del
Congreso. Específicamente, el ciudadano, carecería del conocimiento respecto de
la sesión cierta en la cual se va a debatir y aprobar un proyecto de ley que
sin dudas le incumbe.
c.  El artículo
160 de la Constitución al exigir que ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente de aquella que previamente se haya anunciado y que
por consiguiente dicho aviso debe realizarse en sesión distinta a aquella en la
cual se realiza la votación, en realidad lo que está señalando es un prerrequisito
de competencia del Congreso de la República para votar proyectos de ley y
actos legislativos.
En otras
palabras, la Constitución establece que el Congreso de la República, sea las
comisiones o sea las Cámara en pleno, será competente para votar un
proyecto de ley, como en el presente caso, solamente y de manera única cuando
se haya efectuado en debida forma el anuncio de que trata el artículo 160
constitucional.  De no ser así, el congreso carece de la competencia
constitucional necesaria para votar un proyecto de ley. Lo anterior por falta
del anuncio previo exigido en la norma de la Constitución mencionada.
Por tanto, si el
Congreso vota un proyecto de ley sin la realización o la mala realización del anuncio
previo, tantas veces mencionado, estaría actuando por fuera de las competencias
asignadas constitucionalmente y por consiguiente el acto constituye una
irregularidad superlativa a la luz de la Constitución por ser contrario a ésta,
lo cual acarrea una sanción mayor por no respetar el procedimiento establecido,
sanción ésta consistente en la expulsión del ordenamiento jurídico.
Así pues, al
señalar la Constitución de manera expresa una prohibición – que ningún
proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente de aquella que
previamente se haya anunciado y que por consiguiente dicho aviso debe
realizarse en sesión distinta a aquella en la cual se realiza la votación – su
no cumplimiento genera de manera inmediata la incompetencia del Congreso de la
República – comisiones o Cámara en pleno – para votar dicho proyecto de ley. En
consecuencia, de votarse un proyecto de ley sin el cumplimiento pleno de los
requisitos exigidos para el anuncio previo para votación consagrado en el
artículo 160 constitucional se estaría violando la prohibición constitucional
anotada, se estaría actuando sin competencia y dicho acto traería consigo un
vicio mayor que aparejaría como sanción su expulsión del ordenamiento jurídico.
d.
Adicionalmente, el inciso adicionado al artículo 160 por el Acto Legislativo 01
del 2003, consagra que “(e)l aviso de que un proyecto será sometido a votación
lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación” (negrilla fuera de texto), con el
fin de darle mayor seriedad, solemnidad y certeza a la determinación de la
sesión en la cual se llevará a cabo la votación.
De conformidad
con esta disposición superior es claro que la obligación del anuncio para
votación tiene que ser realizada por la presidencia de cada Cámara o de la
comisión correspondiente, de lo cual resulta evidente que el cumplimiento de
este requisito constitucional es tan importante que el mismo constituyente no
se lo dejó a cualquier persona sino que lo asignó al propio presiente(a) de
cada Cámara o de la comisión respectiva.
A juicio de la
Corte, la exigencia de que el anuncio lo haga la presidencia de cada Cámara o
comisión trae importantes consecuencias jurídicas a saber: (i) en primer lugar,
que si el anuncio no lo hace la presidencia de cada Cámara o comisión, entonces
no existe anuncio alguno; (ii) en segundo lugar, que si se llega a presentar
una discrepancia entre lo anunciado por la presidencia frente a lo anunciado
por el secretario, prevalece en todo momento el anuncio hecho por la
presidencia; (iii) en tercer lugar, que esta función se le otorgó a la
presidencia de la Cámara o comisión correspondiente, con el fin de que no
existiera duda respecto de cuándo se va a votar de forma cierta y determinada
el proyecto legislativo, al otorgarle mayor seriedad, solemnidad y certeza al
anuncio.
Pues bien, en
síntesis la exigencia constitucional establecida en el artículo 160 determina
como norma de producción del derecho, que “ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado.  El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación“
Así las cosas,
requisitos de producción del derecho, como el del anuncio previo,  establecido
en la propia Constitución hace que el vicio que respecto de éste se presente
sea insubsanable, por la alta trascendencia que al interior de un Estado
de Derecho posee la decisión popular vertida en la Constitución Política, al
optar por  la forma de producción del derecho que va a seguir.
3. Con fundamento en lo anterior, el suscrito magistrado reitera,
como lo he sostenido en innumerables oportunidades, que la exigencia de
cumplimiento del anuncio para votación contenido en el artículo 160 Superior no
es un simple formalismo sino que es de fundamental importancia en un Estado
constitucional y democrático de Derecho puesto que atañe directamente al
problema de la  validez de las normas jurídicas y de su legitimidad
democrática, y que su falta o irregularidad constituye un vicio procedimental
insubsanable por ser una exigencia de origen constitucional que insisto, se
encuentra fundamentada en la exigencia de validez de las normas jurídicas y en
la garantía de la transparencia y la participación en el procedimiento
democrático de creación de leyes.
En consecuencia, discrepo de la declaratoria de exequibilidad
adoptada en la presente sentencia.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 1.
[2] Ibídem.
[3] Cfr. Folios
349-359 del cuaderno de pruebas 3.
[4]
Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 2.
[5] Cfr. Gaceta del
Congreso 603/06, p. 19.
[6] Ibídem.
[7] Cfr. Folio 3 del
cuaderno de pruebas 3.
[8] Cfr. Ibídem.
[9] Cfr. Folio 1
del Cuaderno de pruebas 5.
[10] Cfr. Folios 225-263
del Cuaderno de pruebas 5. La Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente, mediante certificado del 7 de noviembre de 2007 manifestó que “las
fotocopias del Acta No 33, correspondiente a la sesión del día veintidós (22)
de Mayo (sic), fueron tomadas del original que reposa en nuestros
archivos”. Cfr. Folio 223 del Cuaderno de pruebas 5. || Esta
Corporación estableció que el Acta No 33 del 22 de mayo de 2007 fue publicada
en la Gaceta del Congreso 537 de 2007 del veintitrés (23) de octubre de 2007.
[11] Cfr. Folios 253 y
ss. del Cuaderno de pruebas 5.
[12] Cfr. Supra nota
9.
[13] Cfr. Folios 193 a 201 del Cuaderno de pruebas 5. La Secretaria
de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, mediante certificado del 7 de
noviembre de 2007 manifestó que “las fotocopias del Acta No 34,
correspondiente a la sesión del día veintinueve (29) de Mayo (sic), fueron
tomadas del original que reposa en nuestros archivos”. Cfr. Folio
133 del Cuaderno de pruebas 5.
[14]
Cfr. Folio 90 y 172 del cuaderno de pruebas 4.
[15]
Cfr. Folio 2 del cuaderno de pruebas 4.
[16] Cfr. Gaceta del
Congreso 398/07 p. 22.
[17] Ibidem p. 27
[18] Cfr. Folio 3 del
cuaderno de pruebas 4.
[19] Cfr.
Folio 1 del cuaderno principal.
[20] Cfr. Art. 2 del
Convenio
[21] Sentencia T-254/93. Antonio Barrera
Carbonell.
[22] Al respecto consultar:
Sentencia T-092 de 1993 (M. P. Simón Rodríguez Rodríguez) y C-058 de 1994. (M.P
Alejandro Martínez Caballero).
[23] Sentencia C-418 de 1995
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
[24] Sentencia C-671 de 2001
(M.P. Jaime Araujo Rentería.
[25] Al respeto consultar
C-926 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-671 de 2001 (M.P Jaime Araujo
Rentería) y C-303 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), entre otras.
[26] Sobre el concepto y la
validez de las normas jurídicas ver Hans Kelsen, Contribuciones a la Teoría
Pura del Derecho, Fontamara, México, 1992, Págs. 52-60, 62-65. Así mismo,
Riccardo Guastini, Distinguiendo, estudios de teoría y metateoría del
derecho, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, págs. 92-110, 307-343.
[27] Norberto Bobbio, Teoría
del Derecho, Editorial Temis, 2007, Págs. 3-139.
[28] Ibidem, Págs. 143-265.
[29] Sobre este tema
consultar Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Porrua, 1998.
[30] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 99-125.
[31] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 125-137.
[32] Ibidem, Pág. 133.
[33] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencias C-533/04, C-644/04,  C-333/05,  C-400/05, y
C-473/05.
[34] Corte
Constitucional Sentencia C- 930 de 2005.