T-096-10
Sentencia T-096/10
Sentencia
T-096/10
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia/ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por no existir otro
medio de defensa judicial
FUERO
SINDICAL-Garantía constitucional/FUERO SINDICAL-Término de
prescripción de dos meses para las acciones que emanan de éste
La imposición de un término de
prescripción en torno a las acciones emanadas del fuero sindical, ha dicho esta
Corte, es legítima y razonable, ya que con ella se pretende lograr mayor
seguridad jurídica y promover la paz social evitando reclamos desfasados; a la
par que da sentido a la figura del fuero sindical, por cuanto la
imprescriptibilidad de los reclamos podría hacer perder a esta garantía constitucional
su significado, cual es, proteger el derecho de asociación.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clasificación de defectos para que
prosperen acciones emanadas del fuero sindical
FUERO SINDICAL-Justas
causas para despedir a trabajadores aforados/FUERO SINDICAL Y NATURALEZA
DESPIDOS COLECTIVOS
DERECHO DE
ASOCIACION-Finalidad real y material
La
garantía constitucional de fuero a los representantes sindicales está
estrechamente ligada con la protección al ejercicio del derecho de asociación
sindical, cuya finalidad es procurar que los sindicatos, mediante sus
representantes, puedan ejercer la función para la cual fueron constituidos,
esto es, la defensa de los intereses económicos y sociales de sus afiliados. La
garantía foral va dirigida a la protección del fin más alto que es el amparo
del grupo organizado, mediante la estabilidad de las directivas, lo cual
redunda en la estabilidad de la organización, como quiera que el representante
está instituido para ejecutar la voluntad colectiva.
FUERO
SINDICAL Y AUTORIZACION DADA POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL NO
CONSTITUYE UNA JUSTA CAUSA-Caso en que se levantó y trabajadores fueron
despedidos
DERECHO DE
ASOCIACION-Vulneración cuando mediante autorización para despido colectivo
se suprimen únicamente cargos de trabajadores aforados
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia por
cuanto las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo al no hacer
análisis riguroso de la justa causa aducida por el empleador para solicitar el
levantamiento del fuero sindical
Referencia: expediente
T-2.125.771
Acción de
tutela instaurada por Orlando Díaz Lizarazo,
Álvaro Castañeda, Norberto Durán Navarro, Eddison Porras Acevedo, Belcen
Alejandro Bohórquez, Horacio Ortíz Rueda, Jaime Castillo Ordóñez, Yolanda Baez
Lizarazo, Isnardo Jaimes Alvarado, Juan Evangelista Moreno, César Manuel Niño
Lineros, Manuel Prada Carvajal, Hugo Reyes Archila, Salomón Baez González, Luis
Ernesto Hernández, Luis Francisco Farias Barrera, Obed Ortiz, Esteban Niño
Rueda, Erney García, Pedro Pablo Cruz, Luís Ernesto Sequeda, Ruth Monsalve de
Rojas, Pedro José Gómez Velandia y Manuel Antonio Sánchez contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad.
Magistrado
Ponente:
Dr. JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Bogotá, D.C.,
quince (15) de febrero de dos mil diez (2010)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS HENAO PÉREZ quien la
preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del
trámite de revisión de los fallos emitidos por la Sala de Casación Laboral y la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primera y segunda
instancia, respectivamente.
I.     ANTECEDENTES.
1.    Hechos.
Orlando Díaz
Lizarazo, Álvaro Castañeda, Norberto Durán Navarro, Eddison Porras Acevedo,
Belcen Alejandro Bohórquez, Horacio Ortiz Rueda, Jaime Castillo Ordóñez,
Yolanda Baez Lizarazo, Isnardo Jaimes Alvarado, Juan Evangelista Moreno, César
Manuel Niño Lineros, Manuel Prada Carvajal, Hugo Reyes Archila, Salomón Baez
González, Luis Ernesto Hernández, Luis Francisco Farias Barrera, Obed Ortiz,
Esteban Niño Rueda, Erney García, Pedro Pablo Cruz, Luis Ernesto Sequeda, Ruth
Monsalve de Rojas, Pedro José Gómez Velandia y Manuel Antonio Sánchez
formularon acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
la misma ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la defensa, al trabajo y a la asociación
sindical, aparentemente transgredidos por los despachos judiciales accionados
en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido por
Telebucaramanga S.A. E.S.P., contra Ricardo Aldana León y otros.
Los gestores
de la acción de tutela señalaron que Telebucaramanga S.A. E.S.P., amparada en la
Resolución A 668 del 21 de julio de 2004 del Ministerio de la Protección
Social, por la cual se autorizó el despido colectivo de 95 trabajadores,
presentó acción especial de levantamiento de fuero sindical, con el fin de
obtener permiso judicial para concretar el mencionado despido.
En
consideración a que algunos de los accionantes ostentaban cargos de directivos
sindicales y, otros, de socios fundadores,  se hicieron parte en el trámite
objeto de censura y formularon “como excepción previa y de fondo la
prescripción de la acción e inexistencia de la causa para pedir (sic),
por cuanto la demanda fue presentada luego de los 2 meses establecidos por las
normas procesales laborales y por que la causal esgrimida por TELEBUCARAMANGA
que propició el despido colectivo no daba lugar al levantamiento del fuero
sindical”.
Mediante
providencia del 24 de septiembre de 2007 el Juez Tercero Laboral del Circuito
de Bucaramanga, declaró no probada la excepción de prescripción de la
acción  de levantamiento de fuero sindical y concedió el permiso para su
despido, por considerar que los hechos de la autorización se encuadraban a las
justas causas del despido; apelada esa decisión, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 22 de febrero de 2008,
confirmó la sentencia impugnada; con lo cual se configuraron los “despidos
en (…) condición de directivos sindicales… mediante cartas de terminación
unilateral e individual de fecha 11 de marzo de 2008”.
Estiman los
solicitantes que los juzgadores de instancia no tuvieron en cuenta en relación
con la excepción de prescripción, que la Empresa Telebucaramanga “se había
notificado de manera personal de la resolución… el día 21 de julio de 2004 y
por tanto el término de prescripción debía contarse a partir del 22 de julio
de 2004 y no a partir de la notificación por edicto del acto administrativo, es
decir del 19 de octubre de 2004, como evidentemente sucedió en el caso de
autos”; adicionalmente,  “no tuvieron en cuenta en sus decisiones
de fondo, que no existía justa causa para despedir a los aforados sindicales
desconociendo la jurisprudencia que sobre el tema ha establecido la Corte
Constitucional…”.
En
consecuencia, concluyen que las autoridades accionadas “no debieron
autorizar nuestro despido masivo por ser directivos sindicales de las
organizaciones… SINTRATEL,…SINTRAINCOAMETRO… y USTC- Seccional Bucaramanga y
Floridablanca...”, pues la medida resulta discriminatoria. Adicionalmente
señalaron que “no se cumplían en su momento con los motivos establecidos en
los artículos 406 y 410 del C. S. del T., como lo eran la suspensión parcial o
total de actividades por más de 120 días o el incumplimiento grave y culpable
de una cualquiera de las obligaciones que nos correspondían como trabajadores”,
de forma que la autorización de despido colectivo que otorga el Ministerio de la
Protección Social “no comprende a los sindicales aforados, porque el
artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo no lo considera”.
En esos
términos, las autoridades judiciales accionadas desconocieron, en su entender,
la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia que expresa que el despido colectivo “…en sentir mayoritario de la
Sala…se trata de una terminación unilateral sin justa causa…”.
Finalmente,
recuerdan que a propósito de un caso similar al aquí planteado, la Corte
Constitucional en sentencia de tutela T-249 de 2008 amparó los derechos
invocados por Paulino Barrera Beltrán, y declaró nula la sentencia de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por la cual
se confirmó la sentencia que autorizó el despido del mencionado accionante
luego de levantar el fuero sindical, de manera que ordenó a la Empresa de
Telecomunicaciones de Bucaramanga -Telebucaramanga S.A.-, reintegrar al señor
Barrera.
En cuanto a
la procedencia de la acción de tutela, indican los accionantes que el asunto es
de relevancia constitucional, al tratarse del levantamiento del fuero sindical
que dio lugar al despido masivo de los directivos sindicales; que fueron
agotados los medios ordinarios de defensa; que la acción de tutela se interpuso
en un término razonable y que no se está censurando una sentencia de tutela.
2.    Solicitud
de tutela.
Por lo expuesto, los
accionantes solicitaron: “declarar nula, sin valor y efecto la sentencia
proferida por la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de Bucaramanga de
fecha 27 de febrero de 2008, al resolver el recurso de apelación instaurado
contra el fallo de 24 de septiembre de 2007, proferido por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bucaramanga, dentro de la acción de levantamiento de
fuero sindical promovida por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA
TELEBUCARAMANGA S.A…” y “ordenar a la Empresa de Telecomunicaciones de
Bucaramanga TELEBUCARAMANGA… reintegrarnos a los cargos que veníamos
ocupando el 11 de marzo de 2008, sin solución de continuidad…, pagarnos los
salarios, prestaciones sociales y demás derechos laborales dejados de percibir,
desde el momento en que se produjeron nuestros despidos y hasta cuando se hagan
efectivamente nuestros reintegros”.
3.    Intervención
de la parte demandada.
3.1 El Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bucaramanga señaló que el “Sindicato de Trabajadores
de la Industria de las Comunicaciones del Área Metropolitana de Bucaramanga
-SINTRAINCOAMETRO- no fue parte en el proceso especial que conoció este
Juzgado, sino la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones USTC y
SINTRATELEBUCARAMANGA …”.
3.2 Por su parte, la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, indicó
que: “[…] el asunto que se controvierte difiere sustancialmente del que
abrevan los actores - T-249 de 2008 - para plantear la nulidad del fallo
proferido el 22 de febrero de 2008 y el consecuente reintegro a sus cargos,
toda vez que en esta decisión se hizo un amplio examen de la enervante de
prescripción, el término para su proposición y los aspectos jurídicos que
llevaron a la Sala a declararla fallida” y en el caso en que se pretende
igualar la “Corte Constitucional… dispuso el reintegro del trabajador bajo
la consideración de no haberse pronunciado la Sala sobre la excepción de
prescripción propuesta en el citado proceso”.
4.
Intervención de tercero interesado.
4.1 La Empresa de
Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P., por medio de apoderado judicial,
solicitó que “se deniegue el amparo impetrado, pues las decisiones
judiciales cuestionadas se ajustan a la Constitución y la ley”,  en tanto
los demandantes no han probado, ni siquiera en forma sumaria, la vulneración de
ningún derecho fundamental.
En sus términos, se adelantó
un procedimiento administrativo ajustado a la Constitución y a la ley, en
virtud del cual el Ministerio de la Protección Social la autorizó mediante la
Resolución No. 0668 de 21 de julio de 2004, despedir a 95 trabajadores, y que
como dentro de éstos se encontraban directivos sindicales, adelantó el proceso
de levantamiento de fuero sindical, en el cual se garantizó el debido proceso a
los accionantes.
Concluye  que “en relación
con la pretensión tendiente a obtener el reintegro en la planta de personal de
telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P., la aplicación del fuero sindical
y el reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir…se trata de
asuntos de orden eminentemente laboral, así las cosas es la justicia ordinaria
quien está llamada a prestar su servicio para resolver la presente
controversia, máxime si se tiene en cuenta que los trabajadores retirados del
servicio fueron indemnizados, tal como lo ordenó el Ministerio de Protección
Social, en la resolución que autorizó el despido colectivo”.
4.2 El 27 de noviembre
de 2009 el apoderado de Telebucaramanga S.A. E.S.P. solicitó “oficiar al
Consejo de Estado para que con destino al proceso remita copia de la totalidad
del expediente contentivo de la acción de nulidad iniciada por UNIÓN SINDICAL
DE LOS TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES –SUBDIRECTIVA BUCARAMANGA, contra
las resoluciones A-0668 del 21 de julio de 2004, A-0887 del 15 de septiembre de
2004 y A-0003398 del 15 de octubre de 2004, por medio de las cuales el
Ministerio de la Protección Social autorizó a TELEBUCARAMANGA para el despido
colectivo de 95 de trabajadores de la empresa”.
Al respecto señaló que es “de
especial interés que al momento de proferir sentencia dentro del presente
proceso, tenga en cuenta la Sala que el acto administrativo que originó el
despido de los accionantes fue demandado por la organización sindical de la
cual forma parte, hecho que demuestra la existencia de otro mecanismo de
defensa judicial, lo que de plano descarta la procedencia del amparo
solicitado, pues ya la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce del
asunto, que, por lo demás, es propio de su competencia”.
Finalmente, manifestó que “es
preciso llamar la atención de la Sala, en otro aspecto fundamental: los
demandantes dejaron caducar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
que procedía contra las resoluciones del Ministerio, y ahora pretenden dejarlas
sin efecto a través del ejercicio indebido de la acción de tutela, a pesar de
haber iniciado la acción de nulidad”.
5.    Pruebas
aportadas al proceso.
Las pruebas aportadas y
valoradas son las siguientes:
a. Sentencia del 24 de
septiembre de 2007, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bucaramanga en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido
por Telebucaramanga S.A. E.S.P., contra Ricardo Aldana León y otros (fl.20-37
cdno. de pruebas)
El mencionado juzgado
partiendo de la “existencia de la relación laboral y la vinculación gremial
dentro de los amparados por la misma”, consideró respecto de la excepción
de prescripción propuesta por la parte demandada que:
“…efectivamente para el 15 de
octubre de 2004 no había quedado en firme y ejecutoriada la resolución por
medio de la cual se autorizó el despido de los trabajadores por parte del
Ministerio de la Protección Social, pues como consta en los documentos sólo a
través del edicto de fecha 05 de noviembre de 2004 y por el término de diez
días hábiles contados a partir de dicha fecha se notificó a los interesados.
En consecuencia y tal como lo
asegura la parte demandante el término que debe correr para efectos de la
prescripción de la acción inicia a partir del 22 de noviembre de 2004;
es decir, que el empleador contaba con dos meses a partir de dicha fecha para
dar inicio a la acción judicial en contra de los trabajadores y para el caso
éste iría hasta el 22 de enero de 2005. Pero si se observa el calendario
del año 2005 dicha fecha corresponde a un sábado, día no hábil y por ello tiene
razón el demandante al señalar que su término corrió hasta el 24 de enero de
2004 (sic).
En ese orden de ideas como la
demanda fue presentada el día 17 de enero de 2005(fl.57) y el plazo
legal para iniciar la acción vencía el 24 de enero de 2004 (sic),
se actuó bajo los límites legales y por ende no se encuentra prescrita la
acción judicial presentada”.
Afirmó el despacho, con base
en antecedentes jurisprudenciales respecto de la naturaleza del despido
colectivo que: “ (…) es necesario señalar que existiendo la
justificación de la solicitud que efectuó el demandante y siendo esta aceptada
por el Ministerio de la Protección Social a través de la Resolución citada en
varias oportunidades, el empleador estaba facultado para dar trámite al despido
de sus trabajadores que en este caso por estar amparados bajo un fuero
sindical, necesitan indispensablemente la autorización del Juez Laboral” y
concluyó que “dadas las anteriores consideraciones y existiendo prueba
contundente de la autorización dada por el Ministerio de la Protección Social,
es imperioso el levantamiento de los fueros sindicales y el permiso de despido
perseguido por la parte demandante”.
b. Sentencia del 22 de febrero
de 2008 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, en el proceso especial de levantamiento de fuero
sindical promovido por Telebucaramanga S.A. E.S.P. contra Ricardo Aldana León y
otros (fl.38-52 cdno de pruebas).
Esta autoridad judicial adujo
argumentos idénticos a los mencionadas por el Juez Tercero Laboral del Circuito
de Bucaramanga acerca de la excepción de prescripción propuesta en el proceso
de levantamiento de fuero sindical referenciado y, por otra parte, señaló que “la
autorización ministerial otorgada al empleador para el despido de los
trabajadores señalados en la demanda, constituye un móvil legítimo para
demandar el levantamiento de la garantía foral y autorizar el despido, por
manera que la determinación patronal no fue producto de una decisión arbitraria
o contraria a la estabilidad laboral de los trabajadores aforados y por tanto,
la petición de levantamiento de la garantía foral y permiso para despedir,
dispuesta por el cognoscente, se ajusta a derecho y por tanto se confirmará”.
c. Certificaciones emanadas
del Coordinador Grupo Archivo Sindical del Ministerio de la Protección Social,
en las que consta que los accionantes ocupan diversos cargos como directivos en
diversos sindicatos (fl. 87-94 cdno. de pruebas).
d. Copia de la notificación
personal realizada el 19 de octubre de 2004 al apoderado de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P               -Telebucarmanga-,
del contenido de la Resolución número 003398 del 15 de octubre de 2004
proferida por el  Ministerio de la Protección Social, por medio de la cual se
resuelve el recurso de apelación presentado contra la Resolución número 668 del
21 de julio de 2007, que autorizó el despido colectivo de 95 trabajadores de la
mencionada empresa (fl. 95 cdno. de pruebas). En la notificación personal se
lee:
“En Bogotá, D.C.; a los
diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004) siendo las
2:45 p.m., notifiqué personalmente al doctor ARGEMIRO ALVAREZ JIMENEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía 9.525.069 de Sogamoso (Boyacá) y T.P.
No. 60947 del C.S.J., en su condición de apoderado de la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. ‘TELEBUCARAMANGA’, el contenido
de la resolución número 003398 del 15 de octubre de 2004, por la cual se
resuelve un recurso de apelación. Se le hace entrega de la mencionada
resolución. EL NOTIFICADO: ARGEMIRO ALVAREZ JIMENEZ; Secretaria ad-hoc: ELISA
RONCANCIO PARDO”.
e. Comunicación del 11 de
marzo de 2008, mediante la cual se informa la terminación del contrato de
trabajo a cada uno de los accionantes por parte del gerente de Telebucaramanga
y constancias emitidas por la Subgerente de Gestión Humana de Telebucaramanga
de que los contratos de los accionantes eran a término indefinido (fl. 97-175
cdno. de pruebas).
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN.
1.    Sentencia
de primera instancia.
La Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia el 2 de septiembre de 2008 resolvió “NEGAR la
tutela impetrada”.
Consideró que “las
sentencias de los juzgadores de instancia, cuestionadas por los accionantes, se
encuentran sustentadas en las normas que regulan la prescripción de las
acciones que emanan del fuero sindical” y que no se puede inferir que a los
accionantes se les haya dado un trato discriminatorio, pues su situación es
diferente a la expuesta en la sentencia de tutela T-249 de 2008 de la Corte
Constitucional, como quiera que en ésta “se protegió ‘el derecho y libertad
sindical’ respecto de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES
USTC, que según las constancias visibles a folios 91 y 92, fue registrada el 13
de diciembre de 1993, mientras que la agremiación sindical a la cual dicen
pertenecer los accionantes, SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., ‘SINTRATELEBUCARAMNGA’, fue
creada el 15 de octubre de 2004, ‘el mismo día que se dictó la resolución
mediante la cual se resolvía confirmatoriamente el recurso de apelación contra
la resolución que autorizaba el despido de los noventa y cinco trabajadores de
la demandante’” (fl. 20 cdno. 1ª instancia).
2.    Impugnación.
Los demandantes impugnaron el
fallo de primera instancia. Consideraron que en la sentencia de tutela T-249 de
2008 la Corte Constitucional no sólo protegió “el derecho a la igualdad,
sino el derecho al debido proceso, al trabajo y los derechos humanos y a la
asociación sindical” y reiteraron que se encuentran en la misma situación
del accionante en la sentencia de tutela atrás citada “ya que fuimos
despedidos en el mismo momento, con la misma autorización objeto de debate y en
las mismas condiciones de directivos sindicales…”.
Señalaron que con la decisión
las autoridades accionadas no “sólo desconocieron el artículo 39 de la
Constitución Política, sino además las Convenciones de la OIT sobre derechos de
sindicación y negociación colectiva, en especial el Convenio 87 y 98”.
Indicaron que pertenecen a
tres organizaciones sindicales: el Sindicato de Trabajadores de Telebucaramanga
SINTRATEL, Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Comunicaciones del
Área Metropolitana de Bucaramanga SINTRAINCOAMETRO y Unión Sindical de
Trabajadores de las Comunicaciones USTC- Seccional Bucaramanga y
Floridablanca-.
Finalmente, adujeron que la
empresa Telebucaramanga “no desvirtuó el carácter discriminatorio y
antisindical de la medida, con lo que violó los derechos y libertades
constitucionales de los aquí demandantes”  y “que el hecho que se
advierte como causal para autorizar el despido, no está autorizado de manera
taxativa en el artículo 410”.
3.    Sentencia
de segunda instancia.
La Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia el 11 de noviembre de 2008 resolvió “CONFIRMAR el
fallo impugnado”.
Argumentó la Sala que “para
los efectos de lo que interesa a la presente decisión, los presupuestos
fácticos de la providencia que se pone de presente como parámetro de
referencia, no son similares a los del acto jurisdiccional cuestionado, pues
los hechos que condujeron a la Corte Constitucional a amparar los derechos
fundamentales al debido proceso, asociación sindical, trabajo e igualdad, del
entonces demandante, mediante sentencia T-249 de 2008, fueron básicamente: 1.
El Tribunal demandado no se pronunció sobre la excepción de prescripción de la
acción de levantamiento de fuero sindical y 2. El trabajador despedido estaba claramente
amparado por el instituto del fuero, por cuanto la organización de la cual
hacía parte, fue registrada el 13 de diciembre de 1993. Por el contrario, en el
caso sub examine, el sindicato al cual pertenecen los accionantes fue creado el
mismo día de la resolución mediante el cual el Ministerio de la Protección
Social resolvió el recurso de apelación contra el acto administrativo que
autorizó el despido de los mismos y el Tribunal accionado se pronunció sobre
todas las excepciones planteadas por los trabajadores” (fl.12-13 cdno. 2ª
instancia).
III.  REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Remitido el
expediente a esta Corporación, la Sala de Selección Número Doce, mediante auto
de doce (12) de diciembre de dos mil ocho (2008), dispuso su revisión por la
Corte Constitucional.
1.
Competencia.
Esta Corte
es competente para conocer de los fallos materia de revisión de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en las demás disposiciones
pertinentes, así como por la escogencia que del caso hizo la Sala de Selección.
2. Trámite surtido ante la
Corte Constitucional – suspensión del término para resolver la revisión.
2.1 Mediante auto de 5 de marzo de 2009, esta Sala
de Revisión en razón a que la censura en la demanda de tutela se basa en la
decisión adoptada en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical
promovido por Telebucaramanga S.A. E.S.P. contra Ricardo Aldana León y otros,
ordenó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga allegar a esta
Corporación el expediente número 0007-2005 contentivo del proceso mencionado.
De igual
manera, solicitó al Ministerio de la Protección Social allegar copia  íntegra
del proceso adelantado ante esa entidad por Telebucaramanga S.A. E.S.P., a fin
de conseguir la autorización para efectuar el despido colectivo que concluyó
con la expedición de la Resolución No. 003398 del 15 de octubre de 2004, por la
cual se confirmó la autorización contenida en la Resolución No. 0668 del 21 de
julio de 2004.
Igualmente,
dispuso suspender el término para la resolución del trámite de revisión de los
fallos proferidos dentro del expediente
de la referencia, hasta tanto se recibiera y evaluara por esta Sala la
información antes citada.
2.2 El Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bucaramanga allegó el expediente solicitado (Exp. No.
2005-0007). De su inspección se resaltan los siguientes documentos:
2.2.1 Resolución No. A-
0668 del 21 de julio de 2004, proferida por la Dirección Territorial de
Santander del Ministerio de la Protección Social por medio de la cual se
expresó que “es claro que el empleador requiere la modernización de procesos
y sistemas de trabajo que incrementen la productividad y la calidad de sus
servicios para sostenerse en el mercado de las telecomunicaciones y con el
tiempo, su situación financiera no se vea afectada dado que además presenta una
carga nominal y pensional costosa de acuerdo a los balances y soportes
financieros que fueron estudiados y analizados por las Doctoras ERSINDA TORRES
SABOGAL (Ingeniera Industrial), ROSA INÉS PERALTA (Economista) y LUZ DARY
GUTIÉRREZ (Economista)”, resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA –TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. … ,
para el Despido Colectivo de noventa y cinco (95) trabajadores del total de 220
que fueron solicitados; propendiendo por mantener la relación de equilibrio
entre el personal Técnico-Operativo (Misional) y el Administrativo (de apoyo),
cuya distribución será así: 28 trabajadores que ocupan cargos asignados al área
comercial y 63 trabajadores que ocupan cargos de las áreas técnico-operativos,
una vez se encuentre en firma la presente providencia…” (fl. 10-18 cdno.
1).
2.2.2 Resolución No.
003398 de 15 de octubre de 2004 por medio de la cual la Jefe de Unidad Especial
de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo del Ministerio de la Protección
Social, previa interposición del recurso de apelación, resolvió “ARTÍCULO
PRIMERO- Confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución Número 0668
del 21 de julio de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído. ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar a las partes jurídicamente interesadas
el presente acto administrativo, por intermedio de la Dirección Territorial de
Santander, advirtiendo que con este, queda agotada la vía gubernativa, de
conformidad con el Decreto 01 de 1984” (fl. 19-38 cdno. 1).
2.2.3 Resolución G-1061 de
10 de noviembre de 2004, emitida por la Dirección Territorial de Santander, por
medio de la cual se resolvió “ARTÍCULO PRIMERO: INSCRIBIR en el registro
sindical a la organización sindical de Primer Grado y de Empresa, denominada
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA
S.A. E.S.P. ‘SINTRATELEBUCARAMANGA’, con domicilio en el municipio de
Bucaramanga, Departamento de Santander”  (fl. 39 cdno. 1).
2.2.4  Copia del Edicto:
A-0033 de 5 de noviembre de 2004 “PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN 003398 DEL 15
DE OCTUBRE DE 2004. En mérito de lo expuesto, este Despacho: RESUELVE: ARTÍCULO
PRIMERO: Confirmar en todas y en cada una de sus partes la Resolución número
00668 del 21 de julio de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de
este proveído…. Para notificar a los jurídicamente interesados doctor ALFREDO
CASTAÑO MARTÍNEZ, Apoderado de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LAS
COMUNICACIONES U.S.T.C., y a los demás TRABAJADORES DE LA EMPRESA
Telebucaramanga S.A. E.S.P., se fija el edicto en un lugar público de la
Secretaría del Despacho de la Dirección Territorial por el término de diez (10)
días hábiles, contados a partir de hoy cinco (5) de noviembre de dos mil cuatro
(2004), siendo las siete y quince de la mañana (7:15)…”  (fl. 208 cdno. 3) “CONSTANCIA
DE DESFIJACIÓN: A-0042 El presente edicto se defija hoy diecinueve (19) de
noviembre de dos mil cuatro (2004) siendo las seis (6:00) pm” (fl. 208
cdno. 3 reverso).
2.3 La Dirección
Territorial de Santander del Ministerio de la Protección Social, por medio de
oficio DTS-A-14311-0422 allegado a esta Corporación el 24 de marzo de esta
anualidad, señaló que “el expediente A-0038 de 1° de diciembre de 2003,
relacionado con la solicitud de despido colectivo de la empresa
TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA consta de 16
cuadernos (más de 6.454 folios útiles) los cuales se encuentran a su
disposición y/o en su defecto ordenar a quien corresponda aportar los recursos,
en virtud a que esta entidad carece de presupuesto para la toma de fotocopias y
el flete del mismo” (Resaltado en el texto original) (fl. 22 cdno. Corte).
En razón a lo expuesto por la
Dirección Territorial de Santander, esta Sala considera que no es necesario que
a este proceso de tutela sea allegada la copia íntegra del proceso adelantado
en dicha dependencia por Telebucaramanga S.A. E.S.P., que concluyó con la
expedición de la Resolución No. 003398 del 15 de octubre de 2004 que confirmó la
Resolución No. 0668 del 21 de julio de 2004, en razón a que estos actos
administrativos se encuentran en el expediente No. 0007-2005 remitido a esta
Sala por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, contentivo del
proceso especial de levantamiento de fuero sindical adelantado por
Telebucaramanga S.A. E.S.P. contra Ricardo Aldana León y otros.
2.4 Sandra Carolina Corzo Zarate actuando en
representación de Edgar Alejandro Badillo (T-2065339), Donaldo Díaz Correa
(T-2083224), Carlos Humberto Santos Méndez (T-2047289), Pablo Rodríguez Florez
(T-2087206), Lorenzo Betancourt, Carlos Julio Mejía Pinto, Jhon Jairo Arenas
Obregón, Humberto Suárez Vargas, Luis Enrique Osses García, Efraín Carrillo
Puentes, Amalia Vanegas Herreño (T-2214223) y Telmo Sanguino Porras, intervino
en esta acción constitucional a fin de que, en caso de proferir un fallo
favorable, se extienda sus alcances a sus poderdantes.
La interviniente señaló que:
a. [L]a Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga,
Telebucaramanga, desde el año 2004, soportada en una falsa motivación de
inviabilidad económica inicia una política de reestructuración ofreciendo a sus
trabajadores a través de escritos, suma dinerarias a cambio de renuncias, so
pena de ser desvinculados unilateralmente, anunciándoles de esta forma el
adelantamiento del trámite correspondiente ante el Ministerio de la Protección
Social para obtener el permiso de despido colectivo.
b. [E]l fallador de instancia no advirtió los
resultados que la Coordinación del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia
y Control de la Dirección Territorial de Santander, del Ministerio de la
Protección Social, obtuvo dentro de la investigación que se inició contra la
Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga, al establecer conforme a lo
probado que la accionante vulneró el derecho a la Asociación Sindical y a lo
dispuesto en el artículo 25 del decreto legislativo 2351 de 1965 en
concordancia con el artículo 36 del decreto reglamentario 1469 de 1978, por lo
cual mediante Resolución DQ0110 del 11 de febrero de 2005, el Ministerio de la
Protección Social, SANCIONÓ a Telebucaramanga por haber indebidamente el
permiso otorgado”.
3.    CONSIDERACIONES.
3.1  Problema jurídico y esquema de resolución.
Esta Sala pasa a determinar, con
base en el supuesto de hecho anteriormente descrito, si en las sentencias proferidas
por las autoridades accionadas se  incurrió en una causal genérica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales capaz de
vulnerar los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo y a la asociación sindical de los accionantes, en razón a
que en el curso del proceso especial de levantamiento de fuero sindical, las
instancias judiciales estimaron que la acción impetrada por Telebucaramanga
S.A. E.S.P., no había prescrito y, consideraron como justa causa para autorizar
el despido de los trabajadores aforados, la autorización de despido colectivo
emitida por el Ministerio de la Protección Social.
Previo a la resolución de los
problemas jurídicos que se derivan de esta solicitud de amparo, esta Sala
analizará la procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales.
Procedencia de la acción de
tutela frente a providencias judiciales –Reiteración jurisprudencial.
1. El artículo 86 de la
Constitución Política señala que “[t]oda persona tendrá acción de tutela
para reclamar (…) la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazadas por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. La acción de tutela “sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
2. Esta Corporación en diversas
ocasiones[1] ha establecido que la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional,
por cuanto: a) las autoridades judiciales, al igual que todas las autoridades
de la República, están instituidas para proteger los derechos fundamentales de
todas las personas (artículo 2° de la C.P.), por ende sus determinaciones “constituyen
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales”[2]; b) al estar las
autoridades judiciales sujetas al imperio de la ley, sus decisiones están
amparadas por los principios de independencia y autonomía (artículo 228[3]
y 230[4] de la C.P. y artículo 5°
de la Ley 270 de 1996[5]), los cuales excluyen la
posibilidad de injerencia de alguna otra autoridad en la adopción de sus
decisiones y c) sus pronunciamientos están cobijados por el principio de cosa
juzgada, que implica que una vez ejecutado el procedimiento para la resolución
de un conflicto, la determinación adoptada, no puede ser revisada nuevamente,
generando de esta forma seguridad en el ordenamiento jurídico.
3. Así, las actuaciones
judiciales deben ser la expresión de los principios que gobiernan el Estado
Social de Derecho, esto es, deben estar acordes con el imperio de la ley y
propender por la realización de los derechos fundamentales.
De este modo, sólo cuando en las
decisiones judiciales se configure una ostensible desviación de las normas
sustanciales o procesales, es procedente su anulación a fin de dar primacía al
derecho sustancial y salvaguardar los derechos fundamentales de los
administrados. En otros términos, la acción de tutela contra providencias
judiciales se constituye en un mecanismo idóneo, cuando no habiendo otro
mecanismo de defensa judicial o ante la configuración de un perjuicio
irremediable, éstas han sido “el resultado de una actuación arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial, contraria al orden jurídico preestablecido
y violatoria de las garantías constitucionales y legales que integran los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia”[6].
4. Con base en lo expuesto, esta
Corporación ha determinado que la competencia del juez de tutela para
pronunciarse sobre la validez constitucional de las decisiones judiciales es
excepcional y procede cuando: a. La cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional; b. Se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable; c. Se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d. La parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal transgresión
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y que e.
No se trate de sentencias de tutela.
5. En el presente caso, esta Sala
considera que la acción de tutela es procedente, como quiera que: a. La
cuestión que se discute es de relevancia constitucional, pues se pretende con
esta acción de tutela el amparo de los derechos a la asociación sindical
(artículo 39 de la C.P) y al debido proceso (artículo 29 de la C.P.), los
cuales han sido reconocidos como fundamentales en este ordenamiento jurídico; b.
Los accionantes dentro del proceso especial de levantamiento de fuero sindical
que se censura, agotaron los medios de defensa judicial ordinarios que tenían a
su disposición, ya que presentaron recurso de apelación contra la decisión
adoptada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, la cual
fue confirmada  por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad,
providencia que hoy se controvierte por medio de esta acción constitucional y
frente a la cual no procede recurso extraordinario (artículo 117 del C.P.L[7].);
c. La acción de tutela fue presentada (21 de agosto de 2008)
transcurridos seis (6) meses luego de la sentencia de segunda instancia  (22 de
febrero de 2008) que concluyó el proceso que se censura; d. Los
argumentos y las pruebas que se invocan en esta solicitud de amparo, fueron
igualmente mencionados por los accionantes en el proceso que se reprocha y e.
no se trata de la controversia contra una sentencia de tutela.
6. Con ocasión de la intervención
realizada el 27 de noviembre de 2009 por el apoderado de Telebucaramanga S.A.
E.S.P., se ha de resaltar que la acción de tutela fue presentada contra las
sentencias producidas en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical
promovido en primera instancia ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bucaramanga (Exp. No. 2005-0007) y no contra las Resoluciones proferidas por el
Ministerio de la Protección Social por medio de las cuales se autorizó la
realización del despido colectivo de 95 trabajadores de la mencionada empresa.
De este modo, el hecho de que
hubiesen sido demandadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
las resoluciones mencionadas, no constituye dentro del marco de esta acción de
tutela la existencia de otro medio de defensa judicial que la haga
improcedente, como quiera que el objeto de análisis de esta acción
constitucional no lo son las mencionadas resoluciones.
En efecto, la competencia del
juez constitucional está determinada, como en general sucede en todo proceso
judicial, por los hechos que advierten los accionantes en su demanda como
causantes de la vulneración de un derecho fundamental, pues es ésta la que hace
patente la naturaleza del conflicto, y permite el ejercicio del derecho a la
defensa de la parte demandada y la configuración del contradictorio base de la
decisión final del juez. En razón a lo anterior, reitera esta Sala que en las
sentencias de tutela que se revisan, el centro de la litis lo configura las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en el proceso especial de
levantamiento de fuero sindical y no las resoluciones emitidas por el
Ministerio de la Protección Social, de allí que la impugnación de éstas ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no constituya el centro de
atención en este debate constitucional.
7. Ahora bien, esta Corporación
ha dispuesto que el amparo de un derecho fundamental contra una providencia
judicial prospera cuando se satisfaga alguno de los siguientes defectos:“i)
Defecto orgánico: si el funcionario judicial que profirió la providencia
cuestionada, carece por completo de competencia para surtir dicha actuación;
ii) Defecto procedimental: si la autoridad judicial adelanta el proceso
judicial cuestionado por fuera del procedimiento establecido en las normas
correspondientes; iii) Defecto fáctico: si el supuesto legal del cual se deriva
la providencia judicial, no tiene sustento en el material probatorio allegado
al proceso; iv) Defecto sustantivo: si las normas acogidas para tomar la
decisión judicial, no son aplicables al caso concreto, o la interpretación que
de ellas hace el juez, desborda en perjuicio de los derechos fundamentales del
actor”.
8. Determinada la procedencia de
esta acción de tutela y las reseñadas causales de prosperidad del amparo contra
una decisión judicial, esta Sala pasa a definir si los hechos que inspiran esta
solicitud de amparo configuran alguna de las causales que ameriten la
protección de los derechos fundamentales invocados.
Prescripción de la acción de
levantamiento del fuero sindical.
9. El primer problema jurídico que
debe resolver la Sala se centra en determinar, a partir de qué momento se
contabilizaba el término de prescripción para que el empleador formulara la
acción de levantamiento de fuero sindical, si se tiene en cuenta que la justa
causa que se invocó tiene origen en un acto administrativo proferido por el
Ministerio de la Protección Social.
9.1 Lo anterior, por cuanto la
prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical fue alegada por
los accionantes como excepción en el proceso que se censura. En su concepto,
los dos (2) meses con que contaba el empleador para adelantar el proceso de
levantamiento de fuero sindical debían contarse “a partir del 15 de octubre
de 2004 fecha en que quedó agotada la vía gubernativa y en firme la resolución
A-0668 del 21 de julio del año 2.004 que autoriza el despido colectivo de
trabajadores en Telebucaramanga y el cual invoca la actora como causa para
deprecar el permiso de parte de la justicia ordinaria laboral, (…) lo que
significa que tenía como plazo máximo para presentar la demanda el día 15 de
diciembre de 2004. La demanda contra los trabajadores demandados fue presentada
el 17 de enero de 2005 fecha en la cual la acción había prescrito”.
9.2 El Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Bucaramanga, al momento de resolver sobre estos argumentos,
consideró que “…efectivamente para el 15 de octubre de 2004 no había quedado
en firme y ejecutoriada la resolución por medio de la cual se autorizó el
despido de los trabajadores por parte del Ministerio de la Protección Social,
pues como consta en los documentos sólo a través del edicto de fecha 05 de
noviembre de 2004 y por el término de diez días hábiles contados a partir de
dicha fecha se notificó a los interesados.
En consecuencia y tal como
lo asegura la parte demandante el término que debe correr para efectos de la
prescripción de la acción inicia a partir del 22 de noviembre de 2004;
es decir, que el empleador contaba con dos meses a partir de dicha fecha para
dar inicio a la acción judicial en contra de los trabajadores y para el caso
éste iría hasta el 22 de enero de 2005. Pero si se observa el calendario
del año 2005 dicha fecha corresponde a un sábado, día no hábil y por ello tiene
razón el demandante al señalar que su término corrió hasta el 24 de enero de
2004 (sic).
En ese orden de ideas como
la demanda fue presentada el día 17 de enero de 2005(fl.57) y el plazo
legal para iniciar la acción vencía el 24 de enero de 2004 (sic),
se actuó bajo los límites legales y por ende no se encuentra prescrita la
acción judicial presentada”  (fl. 256 cdno. 3 Exp. No. 2005-0007) (Resalta la
Sala)
Consideraciones que fueron
confirmadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, una vez apelada por los hoy accionantes la decisión de primera
instancia.
10. Con base en lo expuesto, la
Sala pasa a determinar si las autoridades accionadas vulneraron el derecho al
debido proceso de los accionantes, en el curso del trámite especial de
levantamiento de fuero sindical, al decidir que no prosperaba la excepción de
prescripción,  teniendo en cuenta que el término comenzaba a correr desde la
fecha de desfijación del edicto de 5 de noviembre de 2004, fecha a partir de la
cual el acto administrativo que fue la causa para solicitar el levantamiento
del fuero sindical quedó en firme y ejecutoriado.
11. A fin de resolver la cuestión
jurídica esbozada, esta Sala se referirá a la importancia de la prescripción en
las acciones derivadas de la garantía constitucional del fuero sindical, al
deber de notificar las decisiones que concluyen una actuación administrativa
como aspecto esencial del derecho fundamental al debido proceso y, finalmente
desatará el asunto puesto a consideración.
12. El Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social respecto de la prescripción de las acciones
derivadas de la garantía constitucional del fuero sindical establece:
“Artículo 118 A: Adicionado L.712/2001 Las acciones
que emanan del fuero sindical prescriben en dos (2) meses. Para el trabajador
este término se contará desde la fecha del despido, traslado o desmejora. Para
el empleador desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca
como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional
o reglamentario correspondiente, según el caso (…)” (Resalta la Sala).
12.1 La imposición de un término
de prescripción en torno a las acciones emanadas del fuero sindical, ha dicho
esta Corte[8], es legítima y razonable,
ya que con ella se pretende lograr mayor seguridad jurídica y promover la paz
social evitando reclamos desfasados; a la par que da sentido a la figura del
fuero sindical, por cuanto la imprescriptibilidad de los reclamos podría hacer
perder a esta garantía constitucional su significado, cual es, proteger el
derecho de asociación, pues “¿qué beneficio tiene para la libertad sindical
reintegrar a un trabajador treinta años después de ocurridos los hechos?”[9],
es decir, la prescripción de estas acciones se acompasan con la garantía
constitucional del fuero sindical que implica la resolución rápida de los
conflictos, a fin de evitar que el daño ocasionado al sindicato sea
irreversible.
12.2 La contabilización del
término de prescripción de la acción de levantamiento del fuero sindical a
favor del empleador, según dispone la norma mencionada, se contabiliza a partir
de “la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa
causa…”. En anterior oportunidad esta Corporación señaló que la misma
naturaleza de las acciones emanadas del fuero sindical, implica que sea lo más
cercanamente posible al conocimiento de la existencia de la justa causa, pues
su desconocimiento conllevaría a desvirtuar la protección constitucional al
fuero sindical, cual es, “la estabilidad o la definición de una situación
jurídica relacionada con un trabajador aforado y con los derechos sindicales”[10].
De allí que si esta justa causa se esgrime en momentos diversos a los que
dieron origen a la posibilidad de levantar el fuero sindical, “el fundamento
mismo o la causal que autorizaba legítimamente el levantamiento desaparece y en
consecuencia se controvierte la razón misma de su consagración”.
13. En el presente caso,
Telebucaramanga S.A. E.S.P., invocó como justa causa para ejercer la acción de
levantamiento de fuero sindical, la autorización otorgada por el Ministerio de la
Protección Social para el despido colectivo de 95 trabajadores.
Al respecto, se ha de señalar que
el proceso adelantado ante el Ministerio de la Protección Social concluyó con la
Resolución No. 003398 de 15 de octubre de 2004, por medio de la cual la Jefe de
Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo, previa
interposición del recurso de apelación, resolvió confirmar en todas y cada una
de sus partes la resolución Número 0668 del 21 de julio de 2004, por medio de
la cual se autorizó a Telebucaramanga S.A. E.S.P. despedir colectivamente a 95
trabajadores. En dicho acto dispuso “[n]otificar a las partes jurídicamente
interesadas el presente acto administrativo, por intermedio de la Dirección
Territorial de Santander, advirtiendo que con este, queda agotada la vía
gubernativa, de conformidad con el Decreto 01 de 1984” (fl. 19-38 cdno. 1).
14. El artículo 29 de la
Constitución Política consagró el derecho fundamental al debido proceso y
determinó que éste: “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas” y que “[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa
y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho”.
El derecho al debido proceso
ha definido esta Corte “no es solamente poner en
movimiento mecánico las reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con
este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante
tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los
principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la
prueba, y, lo mas importante: el derecho mismo”[11]
(Resalta la Sala).
Al respecto, ha dicho esta
Corporación que “el principio de publicidad de las decisiones judiciales
hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, como
quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia
de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y
obligaciones jurídicas. De hecho, sólo si se conocen las decisiones judiciales
se puede ejercer el derecho de defensa… controvertir pruebas que se alleguen en
su contra,… aportar pruebas para su defensa… impugnar la sentencia condenatoria
y…no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”[12].
15. La publicidad es un elemento
esencial del derecho al debido proceso en el desarrollo de la función
administrativa. Así lo dispone el artículo 209 de la Constitución Política al
señalar que “[l]a función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, claridad, imparcialidad y publicidad (…)”.
Por su parte el artículo 3° del
Código Contencioso Administrativo señala que “[e]n virtud del principio de
publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las
comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la
ley” y que “[e]n virtud del principio de contradicción, los interesados
tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios
legales”.
16. El acto administrativo, aún
el que pone término a una actuación administrativa agotando la vía gubernativa,
debe ser notificado. Así lo dispone el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo al señalar que “[l]as demás decisiones que pongan término a
una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su
representante o apoderado (…)”.
La notificación es un acto de
comunicación que constituye una condición de eficacia del acto
administrativo, por cuanto una vez el administrado conoce el acto, puede la
Administración coaccionar a su cumplimiento, de lo contrario, resulta imposible
obligar a alguien a acatar una resolución que desconoce. En este sentido la
notificación del acto administrativo dista del contenido del propio acto y de
este modo su irregularidad constituye un factor de su ineficacia, más no de su
nulidad, pues “el acto administrativo que nació viciado no se sanará, porque
con posterioridad, se notifique legalmente; y al revés, el acto que nace válido
no pierde validez porque se deje de notificar o porque la notificación sea
irregular”[13].
17. La notificación no sólo
constituye un factor que da eficacia al acto administrativo en el sentido de
que una vez surtida, el contenido de éste resulta oponible al notificado, sino
que también es un elemento indispensable para determinar la firmeza[14],
como quiera que una vez surtida la comunicación se le da al interesado la
oportunidad de impugnar lo dispuesto por la administración o se le otorga
certeza sobre el agotamiento de la vía gubernativa y la posibilidad de acudir a
las instancias judiciales para impugnar dicho acto.
18. La notificación de un acto
administrativo de carácter particular constituye un elemento indispensable para
la ejecutoria del mismo, ya que sólo puede producir efectos cuando se ha dado a
conocer a los interesados en virtud del principio de publicidad inmerso en la
garantía constitucional al debido proceso. De este modo, hasta tanto se surta
la notificación del acto administrativo particular, éste se hace obligatorio y
exigible al notificado.
Lo anterior, se deduce asimismo
del artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, que inmerso en el
capítulo X de la parte primera título I correspondiente a publicaciones,
comunicaciones y notificaciones, dispone que: “Artículo 48: Falta o
irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos
no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la
decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente
enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales. Tampoco
producirá efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones
respectivas en el caso del artículo 46” (Resalta la Sala).
19. Con base en lo expuesto, esta
Sala considera que:
19.1 No es admisible la razón
aducida por los accionantes en cuanto señalan que el término de prescripción de
la acción del empleador para solicitar el levantamiento del fuero sindical
debía contarse “a partir del 15 de octubre de 2004 fecha en que quedó
agotada la vía gubernativa y en firme la resolución A-0668 del 21 de julio del
año 2.004 que autoriza el despido colectivo de trabajadores en
Telebucaramanga” (Resalta la Sala).
19.1.1 Lo anterior por cuanto la
Resolución No. 003398 del 15 de octubre de 2004, que concluyó el proceso
surtido en el Ministerio de la Protección Social para autorizar el despido
colectivo de trabajadores de Telebucaramanga S.A. E.S.P., debía ser notificada
(artículo 44 del Código Contencioso Administrativo) a los interesados a efecto
de ser vinculante, así con ella se concluyera el procedimiento administrativo.
19.1.2 Además, la norma que
establece la prescripción de la acción de levantamiento de fuero sindical
expresamente dispone que el término de prescripción para el empleador corre
desde la fecha en que tuvo conocimiento de la justa causa. Si  se tiene
en cuenta que la justa causa invocada tiene origen en acto administrativo, el
mismo debe ser vinculante a todos los destinatarios, es decir, debe estar
produciendo efectos.
19.2 En torno a la excepción de
prescripción las autoridades judiciales accionadas en el proceso objeto de
censura argumentaron que “…efectivamente para el 15 de octubre de 2004 no
había quedado en firme y ejecutoriada la resolución por medio de
la cual se autorizó el despido de los trabajadores por parte del Ministerio de la
Protección Social, pues como consta en los documentos sólo a través del edicto
de fecha 05 de noviembre de 2004 y por el término de diez días hábiles contados
a partir de dicha fecha se notificó a los interesados” (Resalta la Sala).
19.2.1 En lo que atañe a la
ejecutoria de la Resolución No. 003398, esta Sala considera que dicho acto
administrativo sólo era exigible hasta tanto las partes interesadas se hubieran
notificado de su contenido. Esto es, que dicho acto administrativo podía
ejecutarse una vez surtida la notificación a todas las partes interesadas, ya
que sólo de esa forma se podía hacer exigible a ambas partes la facultad
otorgada a una de éstas en armonía con el principio de publicidad que gobierna
las actuaciones procesales de la administración.
19.2.1.1 Es así como la
Resolución No. 003398 de 15 de octubre de 2004 resolvió “ARTÍCULO PRIMERO-
Confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución Número 0668 del 21 de
julio de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar a las partes jurídicamente interesadas el
presente acto administrativo, por intermedio de la Dirección Territorial de
Santander, advirtiendo que con este, queda agotada la vía gubernativa, de
conformidad con el Decreto 01 de 1984” (fl. 19-38 cdno. 1).
Y la Resolución No. A- 0668 del
21 de julio de 2004 resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA –TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. (…) , para el
Despido Colectivo de noventa y cinco (95) trabajadores del total de 220 que
fueron solicitados; propendiendo por mantener la relación de equilibrio entre
el personal Técnico-Operativo (Misional) y el Administrativo (de apoyo), cuya
distribución será así: 28 trabajadores que ocupan cargos asignados al área
comercial y 63 trabajadores que ocupan cargos de las áreas técnico-operativos,
una vez se encuentre en firma la presente providencia (…)ARTÍCULO QUINTO; NOTIFICAR
a las partes jurídicamente interesadas, el contenido de la presente
resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo y siguientes (…)” (fl. 10-18 cdno. 1).
19.2.1.2 En desarrollo de dicha
disposición, esta Sala constató que a folio 95 del cuaderno de tutela está el
documento por medio del cual se notificó personalmente al apoderado de
Telebucaramanga S.A. E.S.P., de la resolución que puso fin al proceso de
autorización de despido colectivo. Dice el mencionado documento:
“En
Bogotá, D.C.; a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil cuatro
(2004) siendo las 2:45 p.m., notifiqué personalmente al doctor ARGEMIRO ALVAREZ
JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 9.525.069 de Sogamoso
(Boyacá) y T.P. No. 60947 del C.S.J., en su condición de apoderado de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. ‘TELEBUCARAMNAGA’, el
contenido de la resolución número 003398 del 15 de octubre de 2004, por la cual
se resuelve un recurso de apelación. Se le hace entrega de la mencionada
resolución. EL NOTIFICADO: ARGEMIRO ALVAREZ JIMENEZ; Secretaria ad-hoc: ELISA
RONCANCIO PARDO”.
19.2.1.3 Igualmente constató la
Sala que el edicto al que se refieren las autoridades judiciales a efectos de
contabilizar el término de prescripción del empleador para presentar la acción
de levantamiento de fuero sindical es el siguiente:
Edicto: A-0033 de 5 de noviembre de 2004
PARA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN 003398 DEL 15 DE OCTUBRE
DE 2004.  En mérito de lo expuesto, este Despacho: RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO:
Confirmar en todas y en cada una de sus partes la Resolución número 00668 del
21 de julio de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído…. Para notificar a los jurídicamente interesados doctor ALFREDO
CASTAÑO MARTÍNEZ, Apoderado de la UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LAS
COMUNICACIONES U.S.T.C.,  y a los demás TRABAJADORES DE LA EMPRESA
Telebucaramanga S.A. E.S.P., se fija el edicto en un lugar público de la
Secretaría del Despacho de la Dirección Territorial por el término de diez (10)
días hábiles, contados a partir de hoy cinco (5) de noviembre de dos mil cuatro
(2004), siendo las siete y quince de la mañana (7:15)…”  (fl. 208 cdno. 3) “CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN:
A-0042 El presente edicto se desfija hoy diecinueve (19) de noviembre de dos
mil cuatro (2004) siendo las seis (6:00) pm” (fl. 208 cdno. 3 reverso) (Resalta
la Sala).
19.2.1.4 Con base en lo expuesto,
el acto administrativo por medio del cual se confirmó la autorización a
Telebucaramanga S.A. E.S.P., para el despido colectivo de 95 trabajadores,
podía ser ejecutado una vez surtidas las notificaciones a las partes
interesadas, pues la referida empresa sólo podía hacer efectiva esta facultad
una vez los empleados estuviesen notificados de la resolución a efectos de
serle exigible a éstos, en armonía con el principio de publicidad que gobierna
las actuaciones procesales de la administración.
19.2.1.5 De allí que el acto
administrativo invocado como justa causa para iniciar la acción de
levantamiento de fuero sindical, sólo se hizo exigible a partir de la
notificación de  su contenido a todas las partes interesadas, en este caso, una
vez desfijado el edicto del 5 de noviembre de 2004, por lo que las
consideraciones acerca de la excepción de prescripción realizadas por las
autoridades accionadas no transgreden las normas constitucionales y legales que
rigen la materia, con lo cual no se estructura defecto alguno que autorice
revocar o modificar por vía de tutela las providencias materia de demanda..
19.3 En ese orden y a efecto de
responder el interrogante planteado en el fundamento jurídico 9 de estos
considerandos, el término de prescripción para que el empleador formule la
acción de levantamiento de fuero sindical, en consideración a que la justa
causa invocada deviene de la decisión de una autoridad administrativa, estima la
Sala que el mismo debe contarse a partir del momento en que se surte la
notificación a todas las partes interesadas, pues sólo hasta ese momento
es ejecutable el acto correspondiente.
De este modo, las autoridades
judiciales accionadas no vulneraron el derecho al debido proceso de los
accionantes, sino que en el marco de su autonomía e independencia realizaron
una interpretación razonable y acorde con la Constitución y las normas legales
que regulan la materia. Lo anterior, de manera independiente a que la
autorización de despido colectivo, otorgada por el Ministerio de la Protección
Social pueda ser considerada o no como justa causa para iniciar una acción de
levantamiento de fuero sindical, punto respecto del cual esta Sala se
pronunciará a continuación.
Justas causas para despedir a
los trabajadores aforados
20. El segundo problema jurídico,
que debe esta Sala resolver es si la autorización de despido colectivo emanada
por el Ministerio de la Protección Social constituye justa causa para levantar
el fuero sindical.
20.1 Los
accionantes señalaron que la medida que faculta al Ministerio de la Protección
Social para autorizar el despido colectivo a los trabajadores “no comprende
a los sindicales aforados, porque el artículo 410 del Código Sustantivo del
Trabajo no lo considera”.
20.2 Las autoridades
accionadas consideraron que “la autorización ministerial otorgada al
empleador para el despido de los trabajadores señalados en la demanda,
constituye un móvil legítimo para demandar el levantamiento de la garantía
foral y autorizar el despido, por manera que la determinación patronal no fue
producto de una decisión arbitraria o contraria a la estabilidad laboral de los
trabajadores aforados y por tanto, la petición de levantamiento de la garantía
foral y permiso para despedir, dispuesta por el cognoscente, se ajusta a
derecho(…)”.
21. A fin de
resolver el problema jurídico expuesto, esta Sala se referirá a la garantía
constitucional del fuero sindical, a la naturaleza de los despidos colectivos
en los procesos de modernización y, finalmente, resolverá el problema jurídico
puesto a su consideración.
22. El artículo 39 de la
Constitución Política dispone que:
“Artículo 39: Los trabajadores y los empleadores
tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del
Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del
acta de constitución.
(..)
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y
las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.
(…)” (Resalta la Sala).
Por su parte,
el artículo 405 y 410 del Código Sustantivo del Trabajo dispone:
“Artículo 405: Modificado. D.204/57, art. 1°. Definición. Se denomina ‘fuero sindical’ la
garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni
desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros
establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa
causa, previamente calificada por el juez del trabajo”.
“Artículo 410: Son justas causas para que el juez
autorice el despido de un trabajador amparado por fuero.
a)
La liquidación o clausura
definitiva de la empresa o establecimiento y la suspensión total o parcial de
actividades por parte del patrono durante más de ciento veinte (120) días, y.
b)
Las causales enumeradas en
los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo para dar por terminado
el contrato”.
La garantía
constitucional de fuero a los representantes sindicales está estrechamente
ligada con la protección al ejercicio del derecho de asociación sindical, cuya
finalidad es procurar que los sindicatos, mediante sus representantes, puedan
ejercer la función para la cual fueron constituidos, esto es, la defensa de los
intereses económicos y sociales de sus afiliados[15].
La garantía foral va dirigida a la protección del fin más alto que es el amparo
del grupo organizado[16], mediante la estabilidad
de las directivas, lo cual redunda en la estabilidad de la organización, como
quiera que el representante está instituido para ejecutar la voluntad
colectiva.
De este modo,
el reconocimiento del fuero a los representantes sindicales constituye un
elemento esencial para el ejercicio del derecho a la asociación sindical.
23. La garantía del fuero
sindical implica la intervención obligatoria del juez para evaluar la justa
causa que se invoca por el empleador a efectos de despedir, desmejorar o
trasladar a un trabajador representante de la asociación sindical.
Al respecto, esta Corporación ha
señalado que la garantía “no comporta que los trabajadores aforados no
puedan ser despedidos, desmejorados o trasladados con justa causa, sino que
ésta deberá ser valorada por el juez del trabajo, para resolver en consecuencia
si el fuero se mantiene”[17].
Por ende, la garantía de
intervención del juez debe aplicarse en todos los eventos en que se pretenda
despedir, desmejorar o trasladar a un trabajador aforado incluso cuando se está
ante un proceso de reestructuración[18], pues la misma ley no
señala que ello no se deba hacer así.
24. La garantía del fuero
sindical no constituye de por sí un derecho absoluto. Su alcance en algunos
eventos puede verse limitado por efecto de la reestructuración de la empresa.
Al respecto, señala esta Sala que
en los procesos de reestructuración de una empresa, es factible que se den los
supuestos previstos por la ley para autorizar despidos colectivos, esto es, que
se presenten “ hechos tales como la necesidad de adecuarse a la
modernización de procesos, equipos y sistemas de trabajo que tengan por objeto
incrementar la productividad o calidad de sus productos; la supresión de
procesos, equipos o sistemas de trabajo y unidades de producción; o cuando
éstos sean obsoletos o ineficientes, o que hayan arrojado pérdidas
sistemáticas, o los coloquen en desventaja desde el punto de vista competitivo
con empresas o productos similares que se comercialicen en el país o con los
que se deba competir en el exterior; o cuando se encuentre en una situación
financiera que lo coloque en peligro de entrar en cesación de pagos, o que
hecho así haya ocurrido; o por razones de carácter técnico o económico como la
falta de materias primas u otras causas que se puedan asimilar en cuanto a sus
efectos; y en general los que tengan como causa la consecución de objetivos
similares a los mencionados”[19].
Sobre este punto esta Corporación
ha determinado que “en principio, una reestructuración no debe mirarse como
algo que permita afectar los derechos, pero tampoco puede mirarse como una
justificación para violarlos”[20] y ha concluido
que, “dado que los procesos de reestructuración suponen, entre muchas
opciones, la posibilidad de suprimir cargos y, por ende, despedir personal,
resulta natural a tales procesos la afectación de los sindicatos, pues su
fortaleza –y, claro está, su existencia- dependen del número de trabajadores
afiliados”, por lo que ante la pregunta ineludible de si “¿violan los
procesos de reestructuración el derecho de asociación sindical?, [l]a respuesta
ha de ser negativa”[21].
24.1 La anterior conclusión, es a
la que ha llegado esta Corporación[22] en eventos en los que,
por ejemplo, en un proceso de reestructuración fue suprimida la planta de
personal y por ello consideró que la garantía del fuero sindical desapareció,
pues “dadas las particularidades del caso, en este proceso lo que se puede
observar es que la creación del sindicato no tiene por fin fortalecer la
posición de los trabajadores para entrar a debatir sobre las condiciones de
trabajo con la administración. De hecho, como la planta fue suprimida dichas
condiciones también están llamadas a desaparecer”[23].
Además señaló esta Corporación en
esa ocasión que “[d]e acuerdo con el artículo 209 de la Constitución,
la ‘función administrativa está al servicio de los intereses generales...’, y
si en un momento determinado los organismos competentes llegan a la conclusión
de que es necesario reestructurar una entidad pública, y ajustan su
determinación a las normas legales vigentes, esta decisión no puede ser
deliberadamente truncada de manera indefinida por los empleados con miras a
promover su interés, también legítimo pero no prevaleciente, en mantener los
cargos a los cuales se encuentran vinculados[24]”[25]
(Resalta la Sala)
24.2
Asimismo, esta Corte ha considerado que “los procesos de reestructuración de
las entidades públicas no constituyen una restricción ilegítima al derecho
de asociación, en la medida en que, con ellos, no se persigue la reducción de
la planta de personal a fin de impedir la constitución de un sindicato de
trabajadores, ni tienen el propósito de que este último incurra en una causal
de disolución por quedar reducido a un número inferior a 25 afiliados. En
relación con la justificación de dichos procesos de reestructuración, la Corte
ha sostenido que ‘el Estado, para cumplir con sus fines, debe reajustar la
estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo
tanto, en lo que respecta a la administración pública, resulta razonable que se
produzca la correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la
conforman, a fin de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc.,
y adecuarlas a los objetivos demarcados constitucionalmente”[26]
(Resalta la sala)
De este modo,
el derecho a la asociación sindical y más específicamente el derecho al fuero
sindical frente a procesos de reestructuración necesarios en las empresas, no
se consideran afectados si con estos procesos no se persigue impedir la
constitución o el ejercicio del derecho a la asociación sindical.
25. En lo que atañe con la
autorización emanada por el Ministerio de la Protección Social para realizar un
despido colectivo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
la ha calificado como una causa legal pero no justa para terminar el contrato
de trabajo, debido a que “el mismo artículo 67-1 define que debe
obedecer a motivos diversos de las justas causas contempladas en la ley para
terminar los contratos de trabajo, lo cual es natural, pues eventos de tipo
económico y organizacional como los que contempla el ordinal 3 (del aludido
artículo), mal puede constituir una justa causa de terminación contractual por
parte del empleador en tanto provienen de éste, máxime si se toma en
consideración a que con arreglo al artículo 28 del C.S.T., el trabajador nunca
asume los riesgos o pérdidas del empresario”[27].
Como se observa la jurisprudencia laboral estima que los despidos colectivos no
configuran una justa causa, pero no por ello dejan de ser legales, esto es, de
surtir efectos la autorización para ejecutarlos.
25.1 La referida autoridad
judicial ha definido que la estabilidad en el empleo consagrada para los
trabajadores por la ley, las convenciones o los pactos colectivos, no subsiste
ante despidos colectivos autorizados, ya que aunque “la autorización
administrativa para despidos colectivos no se encuentra citada entre los modos
de terminación legal del contrato de trabajo del artículo 61 del Código
Sustantivo del Trabajo, ni dentro de las justas causas para el despido
previstas por el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, también lo es que el
efecto que la ley le otorga a aquélla es que el empleador pueda dar por
finalizado el contrato. Por lo tanto, siendo la autorización administrativa un
móvil legítimo para despedir al trabajador, ello permite que así en su
literalidad el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 aluda a ‘justa causa
comprobada’, la misma tenga operancia en conflictos colectivos, ya que la
finalidad de tal precepto cuando hace esa exigencia, es evitar que el
rompimiento de los contratos sea represalia del empleador a raíz del conflicto,
supuesto que obvia y lógicamente queda descartado cuando se invoca la
autorización administrativa para el despido”[28]
(Resalta la Sala).
Establecida esta regla general, la
Corte Suprema de Justicia en la jurisprudencia reseñada no avaló el despido
colectivo de la persona que en este caso se encontraba cobijada por fuero
circunstancial, por cuanto consideró que “existe una circunstancia que
impide concluir que el objetivo que se busca con la protección del artículo
25 del decreto 2351 de 1965 no se infrinja con el despido del demandante,
como es que, según se colige del documento de folio 247 del expediente, el
mismo se produjo transcurrido más de un año de haber obtenido la empresa
autorización para despido colectivo y sólo lo concretó para éste precisamente
en una época en que la empresa se desarrollaba un conflicto colectivo. Para la
Sala, al igual que lo ha sostenido para el caso del rompimiento del contrato
invocándose justa causa, tratándose de despido colectivo con autorización
administrativa, la efectividad de tal determinación debe ser oportuna, en
forma tal que no quede dudas que el rompimiento del contrato sea producto de
los motivos que justificaron la autorización y no por otro móvil”[29]
(Resalta la Sala)
De este modo, en la referida
providencia se estudio el uso que de la autorización de despido colectivo hizo
el empleador, para concluir que ese ejercicio vulneraba el amparo del derecho a
la asociación sindical que se pretende amparar con el artículo 25 del Decreto
2351 de 1965, e impuso al empleador el condicionante de que el uso de esta
facultad debía ser oportuno.
25.2 Además, “[e]l
permiso expresa el reconocimiento del Estado de haber comprobado que existe
para el empleador alguno de los motivos calificados en la ley que le permiten
efectuar despidos de trabajadores en los porcentajes requeridos…de no ser así
carecería de sentido que el patrono solicitara permiso para el despido
colectivo de trabajadores, ajustándose a los requisitos que contemplan los
preceptos legales, pues el despido previamente autorizado y el que no fue
tendrían la misma consecuencia, esto es, quedarían sin efecto, lo que  resulta
contrario a la interpretación lógica y sistemática de las normas que regulan la
institución, que obliga a entender que la autorización regularmente expedida
por el Ministerio de Trabajo tiene precisamente la virtud de hacerle producir
plenos efectos a los despidos colectivos, que de otra manera resultarían
ineficaces”[30].
25.3 De lo considerado por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano en la
Jurisdicción Ordinaria Laboral, se extrae que la ejecución de despidos
colectivos corresponde a una facultad legal que previo procedimiento puede
desarrollar el empleador, y que por ello no deja de ser un despido sin justa
causa, pues esta característica no impide que el empleador no pueda dar por
finalizado el contrato, por cuanto ello sería tanto como que el despido
previamente autorizado y el que no lo fue tendrían la misma consecuencia, esto
es, que sería ineficaz el trámite y la autorización dada por la autoridad administrativa,
razón que contraviene la interpretación lógica y sistemática de las normas que
regulan esta institución.
En lo que respecta a la
estabilidad en el empleo otorgada por la ley, las convenciones o los pactos
colectivos, este derecho, según la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, no subsiste ante despidos colectivos autorizados, siempre que no se
transgreda la finalidad del derecho atribuido por la ley, las convenciones o
los pactos colectivos, esto es, por ejemplo, que no subsiste el derecho si el
rompimiento de los contratos no es represalia del empleador a raíz del
conflicto.
26. Ahora
bien, cuando se aduce como justa causa para levantar el fuero sindical la
autorización dada por el Ministerio de realizar un despido colectivo[31],
en el marco de un proceso de reestructuración, esta Corte en sentencia de
tutela T-249 de 2008, señaló:
“Es de anotar, entonces, que el ordenamiento no prevé
el despido de trabajadores aforados ‘en los casos en que el empleador se vea
afectado por hechos tales como la necesidad de adecuarse a la modernización de
procesos, equipos y sistemas de trabajo que tengan por objeto incrementar la
productividad o calidad de sus productos; la supresión de procesos, equipos o
sistemas de trabajo y unidades de producción; o cuando éstos sean obsoletos o
ineficientes, o que hayan arrojado pérdidas sistemáticas, o los coloquen en
desventaja desde el punto de vista competitivo con empresas o productos
similares que se comercialicen en el país o con los que deba competir en el
exterior; o cuando se encuentre en una situación financiera que lo coloque en
peligro de entrar en estado de cesación de pagos, o que de hecho así haya
ocurrido; o por razones de carácter técnico o económico como la falta de
materias primas u otras causas que se puedan asimilar en cuanto a sus efectos;
y en general los que tengan como causa la consecución de objetivos similares’.
Lo anterior, porque si bien el artículo 67 del
Decreto-Ley 2351 de 1965 faculta al Ministerio de la Protección Social para
autorizar el despido colectivo de trabajadores, en los casos antes señalados,
la medida no comprende a dirigentes y militantes sindicales aforados, porque el
artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo no lo considera. Sin perjuicio
de las actuaciones que el empleador interesado debe adelantar ante las
autoridades administrativas del trabajo para conformar la justa causa de despido,
por terminación o suspensión de labores, a que se refiere la misma disposición.
Efectivamente, el citado artículo 67, subrogado por el
artículo 40 de la Ley 50 de 1990, a la par que asigna al Ministerio de la
Protección Social la autorización de despidos colectivos por razones
económicas, técnicas, financieras, estructurales y de producción, confía a la
entidad la decisión de autorizar los despidos por suspensión o clausura total o
parcial de la empresa, que dan lugar al levantamiento del fuero sindical, a la
luz del artículo 410, varias veces citado.
(…)
Quiere decir, entonces, que la decisión del empleador
de realizar despidos colectivos por razones económicas, técnicas, financieras,
operativas, de producción o análogas no desplaza el derecho de los
representantes de los trabajadores a permanecer en el empleo, así la medida
cuente con la aquiescencia de  las autoridades administrativas del trabajo.
(…)
Lo anterior, si se considera que el empleador solicitó
y obtuvo permiso para despedir a 95 trabajadores sin afectar la continuidad en
el desarrollo de sus actividades, razón por la cual tenía que dar prioridad a
la permanencia de los representantes de los trabajadores y privilegiar así el
desarrollo de su labor.
(…)
Además, en consideración a que el despido adolece de
nulidad, porque el empleador prescindió de los servicios del trabajador sin
desvirtuar el carácter discriminatorio y antisindical de la medida, violando
los derechos y libertades constitucionales del actor y de la Unión Sindical de
Trabajadores de las Comunicaciones USTC, la Empresa de Telecomunicaciones de
Bucaramanga Telebucaramanga S. A. reintegrará al actor al cargo que ocupaba el
25 de mayo de 2007 o a uno de igual o superior categoría, sin solución de
continuidad”.
En esta
sentencia, concluye la Corte que “la decisión del empleador de realizar
despidos colectivos por razones económicas, técnicas, financieras, operativas,
de producción o análogas, no desplaza el derecho de los representantes  de los
trabajadores a permanecer en el empleo (…)”, por cuanto esta causal no está
prevista en el artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo.
27. Con base en lo anteriormente
expuesto, esta Sala considera que bajo una interpretación exegética del
artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo, la autorización emanada del
Ministerio de la Protección Social no constituye una justa causa para levantar
el fuero sindical, como quiera que así lo dispone el mencionado artículo.
28. Empero, advierte esta Sala
que la aplicación exegética de esta norma, bajo el contexto descrito,
conduciría a la inefectividad de la autorización emanada legítimamente por una
autoridad administrativa para realizar un despido colectivo, lo que
indirectamente conduciría a la afectación del interés general que se pretende
salvaguardar en los procesos de reestructuración. Además, como quedó definido,
no necesariamente la autorización de despido colectivo constituye una afrenta
al derecho de asociación sindical.
28.1. Ahora bien, considera esta
Sala que el derecho a la asociación sindical se transgrede cuando mediando una
autorización para efectuar un despido colectivo, el empleador en uso de esta
facultad[32] suprime únicamente los
cargos en los que se encuentran trabajadores aforados, teniendo la posibilidad
de prescindir de otros cargos reduciendo injustificadamente la planta de
personal a fin de impedir la constitución de un sindicato de trabajadores; o
teniendo el propósito de que éste último incurra en una causal de disolución,
esto es, cuando exista alguna manifestación que implique la clara intención del
empleador de afectar el derecho de asociación sindical y los elementos que
constituyen su esencia como lo es la garantía constitucional al fuero sindical.
Así, en estos supuestos, este uso desproporcionado de la medida implicaría una
afectación al derecho de asociación sindical y por ende podría ser amparado por
medio de la acción constitucional de tutela.
Lo anterior
está acorde con la jurisprudencia de esta Corporación, la cual señala que “en
materia de despidos y violación del derecho de asociación sindical [se debe
proteger] el derecho de asociación sindical cuando los despidos, aún dentro de
procesos de reestructuración, se han realizado con el objetivo o como
consecuencia de actividades antisindicales. Es decir, si tal propósito no se
descubre, no existe violación al derecho de asociación sindical”[33].
Empero, el empleador cuando despide debe demostrar que este hecho no fue
influenciado por la circunstancia de ser sindicalista y por su parte el
trabajador sindicalizado debe ofrecer algún indicio razonable de que el despido
ha estado condicionado por consideraciones relativas a la actividad sindical.
De este modo, la autorización de
ejercer el despido colectivo no puede ser usada como un medio para afectar intencionalmente
el derecho a la asociación sindical.
28.2 Así, con el propósito de
evitar el mal uso por parte del empleador de la facultad de despedir
colectivamente a los trabajadores aforados, constitucionalmente se impone la
intervención del juez como una garantía para evaluar, precisamente, si el
actuar del empleador amparado por una autorización de despido colectivo y la
pretensión de levantar el fuero sindical se realiza con ánimo persecutorio a
quienes hacen uso del ejercicio del derecho de asociación sindical.
En otros términos, es el juez
laboral la autoridad llamada a garantizar en primera instancia el derecho de
asociación sindical en un proceso de levantamiento de fuero sindical; a él le
corresponde indagar la afectación del derecho de asociación cuando está en
curso un proceso de reestructuración en el cual el Ministerio de la Protección
Social autorizó un despido colectivo. En efecto como ha quedado visto en el
fundamento jurídico 23, hace parte de la garantía foral que, un ente
independiente, evalúe la justicia de la causa aducida, esto es, que con su
ejercicio no se vulnere el derecho a la asociación sindical.
29. Teniendo en cuenta las
anteriores consideraciones, las autoridades judiciales accionadas debieron
haber hecho un análisis más profundo de las razones aducidas por el empleador
para solicitar el levantamiento del fuero sindical y no considerar per se
que la autorización emanada por el Ministerio de la Protección Social para
ejecutar un despido colectivo constituye una justa causa para levantar la
mencionada garantía constitucional, más aún cuando en dicho proceso
administrativo, como da cuenta las resoluciones analizadas para autorizar el
despido colectivo, no se consideró la situación de los trabajadores aforados y
cuando la Sala de Casación Laboral[34] ha avalado el hecho de
que en la autorización de despido colectivo no se especifiquen los nombres de
trabajadores a los cuales se les va a aplicar el despido.
Por dicha ausencia de análisis
incurrieron en lo que la jurisprudencia constitucional denomina  defecto
sustantivo[35], el cual se
tradujo en que las autoridades accionadas en uso de la facultad que le atribuye
el artículo 408[36] del Código Sustantivo
del Trabajo no hicieron un análisis riguroso de la justa causa aducida por el
empleador para solicitar que se levantara el fuero sindical de los hoy
accionantes, esto es, no evaluaron la facultad otorgada por el Ministerio de la
Protección Social al empleador.
29.1 Por lo expuesto, esta Sala
considera que en la valoración realizada acerca de la justa causa aducida por
el empleador para levantar el fuero sindical, las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en un defecto sustantivo que se tradujo en una
transgresión al derecho fundamental de asociación de los hoy accionantes, en el
proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido por
Telebucaramanga S.A. E.S.P. contra Ricardo Aldana y otros.
29.1.2 En
consecuencia, esta Sala revocará la sentencia de tutela proferida por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por medio de la cual se
confirmó el fallo emitido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia que negó la tutela impetrada. En su lugar, concederá el amparo del
derecho de asociación sindical y ordenará al Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Bucaramanga que de acuerdo con los lineamientos expuestos en esta
providencia (28.1) en lo que atañe con el análisis en torno a si mediante la
autorización de despido colectivo obtenida se vulnera o no el derecho a la
asociación sindical, resuelva la demanda de levantamiento de fuero sindical
promovida por Telebucaramnaga S.A. E.S.P. respecto de los hoy accionantes.
En
concordancia con lo anterior, se dejará sin efecto la providencia del 22 de
febrero de 2008 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga y la providencia de 24 de septiembre de 2007
proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, en
segunda y primera instancia respectivamente, en el proceso especial de
levantamiento de fuero sindical promovido por Telebucaramanga S.A. E.S.P.
contra Ricardo Aldana León y otros y se ordenará al Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Bucaramanga que dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta decisión, resuelva atendiendo los lineamientos expuestos
en esta providencia, la demanda de levantamiento de fuero sindical promovida
por Telebucaramnaga S.A. E.S.P. respecto de los hoy accionantes.
30. Esta Sala advierte que en el
proceso que se censura la orden de levantamiento de fuero sindical afecta,
además de los hoy accionantes, a Alexandra Piedad García, Fernando Gelves
Arevalo y Leonidas Gutiérrez Olarte, personas que no se acercaron en esta
solicitud de tutela para el amparo de sus derechos fundamentales. Empero, es
evidente que esta providencia de tutela, afecta a estas personas, al dejar sin
efecto las sentencias proferidas en el proceso de levantamiento de fuero
sindical.
Ante esta especial circunstancia,
esta Sala considera pertinente extender los efectos de esta sentencia de tutela
a Alexandra Piedad García, Fernando Gelves Arevalo y Leonidas Gutiérrez Olarte,
aplicando para ello lo que se conoce por la jurisprudencia constitucional como
el efecto inter pares o inter comunis[37]
de las sentencias de tutela.
31.
Finalmente, esta Sala considera que no es posible acceder a la pretensión de Sandra
Carolina Corzo Zarate quien solicitó en representación de Edgar Alejandro
Badillo Donaldo Díaz Correa, Carlos Humberto Santos Méndez, Pablo Rodríguez
Florez, Lorenzo Betancourt, Carlos Julio Mejía Pinto, Jhon Jairo Arenas
Obregón, Humberto Suárez Vargas, Luis Enrique Osses García, Efraín Carrillo
Puentes, Amalia Vanegas Herreño y Telmo Sanguino Porras, que en caso de
proferir un fallo favorable se extienda sus alcances a sus poderdantes, como
quiera que sobre éstos no recayó la sentencia del proceso de levantamiento de
fuero sindical que se censura.
IV. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero: LEVANTAR la
suspensión de términos decretada para decidir el asunto de la referencia.
Segundo: REVOCAR
la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia por medio de la cual se confirmó el fallo emitido por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negó la tutela impetrada
y, en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho a la asociación sindical
de los accionantes y a Alexandra Piedad García, Fernando Gelves Arevalo y
Leonidas Gutiérrez Olarte.
Tercero:
DEJAR sin efecto la providencia del 22 de febrero de 2008 proferida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y la
providencia de 24 de septiembre de 2007 proferida por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bucaramanga, en segunda y primera instancia respectivamente,
en el proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido por
Telebucaramanga S.A. E.S.P. contra Ricardo Aldana León y otros
Cuarto:
ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga que dentro
de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta decisión, de
acuerdo con los lineamientos expuestos en esta providencia, resuelva la demanda
de levantamiento de fuero sindical promovida por Telebucaramnaga S.A. E.S.P.
respecto de los hoy accionantes.
Quinto:
Por la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR al Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga el expediente contentivo del
proceso especial de levantamiento de fuero sindical No. 007-2005 promovido por
Telebucaramanga S.A. E.S.P. contra Ricardo Aldana León y otros.
Sexto: Por
la Secretaría General de esta Corporación, COMUNÍQUESE lo resuelto a la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
Séptimo:
DAR por secretaría cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado Ponente
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Salvamento
de voto
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA
SENTENCIA T-096 del 15 de febrero de 2010
FUERO
SINDICAL-Carácter autónomo e independiente del permiso administrativo por
medio del cual se configura el levantamiento del fuero sindical (Salvamento de
voto)
La sentencia de la que me
aparto, aun cuando admite que el permiso administrativo es una causa legal para
autorizar el levantamiento del fuero sindical, le desconoce al mismo un
carácter autónomo e independiente, en el sentido de considerar que, en todo
caso, es deber del juez de la causa entrar a evaluar una posible violación del
derecho de asociación sindical, es decir, establecer “si el actuar del
empleador amparado por una autorización de despido colectivo y la pretensión de
levantar el fuero sindical se realiza con ánimo persecutorio a quienes hacen
uso del ejercicio del derecho de asociación sindical”.
FUERO
SINDICAL-La autorización para despido colectivo no puede ser desconocida o
limitada en sus efectos por el operador judicial (Salvamento de voto)
El juez que tenga a su cargo
el proceso de levantamiento de fuero sindical, no está en capacidad de desconocer
o limitar el permiso de despido colectivo, pues el mismo se constituye en una
causa legítima y plena prueba para terminar los contratos de trabajo, en cuanto
éste ha sido expedido con el lleno de los requisitos legales, previa
comprobación de los móviles objetivos que lo inspiran.
DERECHO DE
ASOCIACION-La garantía del fuero sindical no puede ser oponible frente al
despido colectivo cuando éste esta fundamentado en causas objetivas ajenas al
empleador (Salvamento de voto)
El permiso de despido colectivo
constituye una causal legal para autorizar judicialmente el levantamiento del
fuero sindical, la cual opera con plena autonomía e independencia, sin que sea
necesario llevar a cabo una actividad probatoria adicional, dirigida a
establecer un posible ánimo persecutorio del empleador, violatorio del derecho
de asociación sindical. Teniendo en cuenta la filosofía que inspira la figura
del despido colectivo, frente a ella no es oponible ni exigible la garantía del
fuero sindical, ni ninguna otra garantía laboral, en tanto dicho permiso se
funda en causas objetivas, ajenas al empleador, dirigidas exclusivamente a
lograr la optimización en términos de calidad, idoneidad, productividad y
eficiencia de la empresa como unidad de explotación económica, frente a las
distintas variables y fenómenos económicos que la puedan afectan.
Referencia: expediente
T-2.125.771
Acción de
tutela instaurada por Orlando Díaz Lizarazo y otros contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de la misma ciudad.
Magistrado
Ponente:
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Con el debido
respeto, me permito presentar las razones que me llevaron a salvar el voto en
el asunto de la referencia.
1. Le
correspondió a la Sala en este caso, revisar la tutela promovida contra las
sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado
Tercero Laboral de la misma ciudad, que resolvieron favorablemente, en primera
y segunda instancia, un proceso especial de levantamiento de fuero sindical,
iniciado por Telebucaramanga contra algunos trabajadores de la empresa,
sindicalizados y amparados por fuero especial.
2. Los fallos cuestionados,
autorizaron el levantamiento del fuero, apoyando tal decisión en el permiso
para llevar a cabo un despido colectivo, previamente otorgado por el Ministerio
de Protección Social a la empresa demandada.
3. Para lo actores en tutela, los
citados fallos incurrieron en un defecto sustantivo, por cuanto la orden de
levantamiento del fuero no se tomó con base en las causales previstas en los
artículos 406 y 410 del CST, que son las únicas que pueden invocarse para el
efecto, no siendo el permiso previo otorgado por el Ministerio, una causal
legalmente aceptada.
4. La sentencia de la que me
aparto, aun cuando admite que el permiso administrativo es una causa legal para
autorizar el levantamiento del fuero sindical, le desconoce al mismo un
carácter autónomo e independiente, en el sentido de considerar que, en todo
caso, es deber del juez de la causa entrar a evaluar una posible violación del
derecho de asociación sindical, es decir, establecer “si el actuar del
empleador amparado por una autorización de despido colectivo y la pretensión de
levantar el fuero sindical se realiza con ánimo persecutorio a quienes hacen
uso del ejercicio del derecho de asociación sindical”.
Con base en ello, concluyó
señalando que los jueces laborales que fallaron el proceso objeto de
cuestionamiento por vía de tutela, incurrieron en un defecto sustantivo, por
cuanto que, “debieron haber hecho un análisis más profundo de las
razones aducidas por el empleador para solicitar el levantamiento del fuero
sindical y no considerar per se que la autorización emanada por el Ministerio
de la Protección Social para ejecutar un despido colectivo constituye una justa
causa para levantar la mencionada garantía constitucional.”
5. En contraposición a lo
resuelto por la mayoría de los miembros de la Sala, soy de la opinión de que no
había lugar a conceder la tutela, en razón a que las decisiones que pusieron
fin al proceso de levantamiento de fuero sindical, se adoptaron conforme a
derecho, siguiendo la jurisprudencia uniforme de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, la cual a su vez, resulta de la
interpretación sistemática de la ley.
6. Inicio por
recordar, que la figura del despido colectivo se encuentra consagrada en el artículo
67 de la Ley 50 de 1990, en el que se describen las reglas que determinan su
aplicación. De acuerdo con dicho precepto, el despido colectivo conlleva la desvinculación de un conjunto significativo de
trabajadores de una determinada empresa, en virtud de la decisión unilateral
del patrono, fundada en “razones técnicas o económicas u otras
ajenas a su voluntad”. Así entendido, el despido colectivo tiene lugar
por causas distintas a la terminación del contrato de trabajo, a la terminación
de la obra o labor contratada, o a la decisión unilateral de cualquiera de los
sujetos del contrato de ponerle fin por las justas causas previstas en la ley,
de manera que éstas no pueden invocarse para justificar un despido colectivo.
Ahora bien,
para que el despido colectivo produzca
efectos jurídicos, se requiere la autorización del Ministerio de Protección Social,
previa solicitud que le haga el empleador, la cual debe estar soportada con los
medios de prueba de carácter financiero, contable, técnico,
comercial o administrativo que así la demuestren. De la actuación se corre
traslado a los trabajadores para intervengan en la misma y presenten sus puntos
de vista. Presentada la respectiva solicitud, el Ministerio procede a examinar
las situaciones objetivas aducidas por el empleador, y sólo si las encuentra
satisfechas imparte la debida autorización. Precisa la norma que, por tener
origen un una decisión unilateral del patrono, cuando éste obtenga la
autorización del­ Ministerio de Protección Social para efectuar un despido
colectivo, “deberá pagar a los trabajadores afectados con la medida, la
indemnización legal que le habría correspondido al trabajador si el despido se
hubiera producido sin justa causa legal”.
7. Según lo precisa la
jurisprudencia, la filosofía y el espíritu que inspira la figura del despido
colectivo, “están orientados primordialmente hacía el empleador que
en términos generales procura mejorar la productividad de la empresa como
unidad de explotación económica teniendo en cuenta diversos fenómenos propios
de la economía…”.[38]
8. Atendiendo al contenido de la
citada norma, de manera
uniforme, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
sostenido que el despido colectivo debidamente autorizado, comporta un móvil
legítimo para despedir trabajadores de una determinada empresa,
independientemente de las condiciones de estabilidad laboral en que éstos se
encuentren, con la única salvedad de que el mismo sea utilizado de forma
oportuna para no desnaturalizar el fin que se persigue con su
institucionalización[39]. Ha aclarado, que si
bien dicho instituto no aparece dentro de los modos de terminación legal del
contrato (C.S.T., art 61), ni dentro de las justas causas para el despido (C.S.T.
arts. 62 y 410), sí constituye un instrumento válido para despedir, en
consideración a los efectos que le reconoce la ley, cual es el de permitirle al
empleador finalizar el vínculo laboral existente con los trabajadores cuando se
presenten causas objetivas que no puedan ser superadas por otra vía.
9. Ha destacado la misma jurisprudencia,
que en razón a sus características, el despido colectivo debidamente autorizado
prima sobre las diversas formas de protección de la estabilidad del empleo que
puedan derivarse de la ley, la convención o el pacto colectivo. Ello para
significar, que los mecanismos de protección laboral instituidos por el
ordenamiento jurídico, como ocurre por ejemplo con la institución del fuero
sindical, no son oponibles ni exigibles ante despidos colectivos debidamente
autorizados, dadas las circunstancias objetivas muy especificas que dan lugar a
consentir ese tipo de despidos, las cuales son ajenas a la voluntad del
empleador y, por tanto, descartan de plano aquellos móviles que puedan estar
relacionados con actuaciones arbitrarias del mismo o en actos de persecución
laboral o sindical.
10. Sobre esa base, la
jurisprudencia ha sostenido que el permiso colectivo puede ser tenido en cuenta
por la autoridad competente para autorizar el levantamiento del fuero sindical,
e incluso, que el mismo puede ser invocado frente a conflictos colectivos. Ha
explicado al respecto que, aun cuando las normas que protegen a los
trabajadores amparados con fuero (C.S.T. art. 410), o que se encuentran
negociando un pliego de peticiones (Decreto 2351 de 1965, art. 25), solo
autorizan su retiro cuando medie “justa causa comprobada”,  el propósito
perseguido por tales preceptos, cual es el de evitar que la supresión de los
contratos sea represalia del empleador, no tiene cabida cuando se invoca la
autorización de despido colectivo, precisamente, por cuanto ésta se concede por
la autoridad administrativa, únicamente si se acreditan razones de naturaleza
económica, técnica, administrativa o financiera.
11. Esta
postura inicial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
ha sido expuesta, entre otras, en las Sentencias Números: 21338, del 12 de mayo
de 2004; 23284, del 15 de septiembre de 2004; y 24470, del 24 de mayo de 2005, en
las que, precisamente, se pronunció la Corporación sobre el siguiente punto
jurídico: ¿si la autorización otorgada por el Ministerio de Protección Social
para un despido colectivo es ineficaz frente a trabajadores amparados con fuero
circunstancial? Como ya se anotó, la Corte absolvió tal interrogante a favor
del despido colectivo debidamente autorizado, precisando que el mismo prevalece
sobre las distintas formas de protección laboral. Al respecto, se dijo en la
Sentencia N° 21338:
“En relación con lo anterior hay que empezar por
anotar que, como lo advierte el recurrente, esta Sala de la Corte en las
providencias que éste cita y transcribe, ha sostenido que la estabilidad en el
empleo que para los trabajadores consagra bien sea la ley, las convenciones y
pactos colectivos, no subsiste ante despidos colectivos autorizados.
Por lo tanto, con base en el precitado criterio, que
se reitera, se tiene que aunque se esté en conflicto colectivo, la autorización
administrativa para despido colectivo puede invocarse para dar por terminado el
contrato de trabajo, sin que ello implique vulneración a la protección que
consagra el artículo 25 del decreto 2351 de 1965.
Y no implica infracción a la estabilidad que esa norma
prevé  porque aunque el Tribunal haya concluido fundado, se repite, en
jurisprudencia de la Corte, que la autorización administrativa para despidos
colectivos no se encuentra citada entre los modos de terminación legal del
contrato de trabajo del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, ni
dentro de las justas causas para el despido previstas por el artículo 7 del
decreto 2351 de 1965, también lo es que el efecto que la ley le otorga a
aquélla es que el empleador pueda dar por finalizado el contrato. Por lo tanto, siendo la autorización administrativa
para despido colectivo un móvil legitimo para despedir al trabajador, ello
permite que así en su literalidad el artículo 25 del decreto 2351 de 1965 aluda
a “justa causa comprobada”, la misma tenga operancia en conflictos
colectivos, ya que la finalidad de tal precepto cuando hace esa exigencia, es
evitar que el rompimiento de los contratos sea represalia del empleador a raíz
del conflicto. Supuesto que obvia y lógicamente queda descartado cuando se
invoca la autorización administrativa para el despido”. Negrillas y subrayas
fuera de texto original).
12. Considerando que el despido
colectivo debidamente autorizado sólo tiene fundamento en causas objetivas, la
misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia le ha reconocido a tal
institución un alcance jurídico autónomo e independiente, en el sentido de
considerar que el permiso de despido colectivo constituye en elemento de juicio
suficiente para invocar la terminación de los contratos de trabajo y, por esa
vía, plena prueba para autorizar judicialmente el levantamiento del fuero
sindical.
13. Consistente con ello, ha sido
suficientemente clara la jurisprudencia en afirmar que, una vez producida la
autorización para despido colectivo, la misma no puede ser desconocida o
limitada en sus efectos por el operador judicial, en los casos de trabajadores
que reclaman ser titulares de una protección de estabilidad laboral, como
ocurre frente a quienes están amparados por fuero sindical. De no ser así, "
carecería de sentido que el patrono solicitara permiso para el despido
colectivo de trabajadores, ajustándose a los requisitos que contemplan los
preceptos legales, pues el despido previamente autorizado y el que no lo fue
tendrían la misma consecuencia, esto es, quedarían sin efecto, lo que resulta
contrario a la interpretación lógica y sistemática de las normas que regulan la
institución, que obliga a entender que la autorización regularmente expedida
por el Ministerio de Trabajo tiene precisamente la virtud de hacerle producir
plenos efectos a los despido colectivos, que de otra manera resultarían
ineficaces…”[40].
En ese orden, el juez que tenga a
su cargo el proceso de levantamiento de fuero sindical, no está en capacidad de
desconocer o limitar el permiso de despido colectivo, pues el mismo se
constituye en una causa legítima y plena prueba para terminar los contratos de
trabajo, en cuanto éste ha sido expedido con el lleno de los requisitos
legales, previa comprobación de los móviles objetivos que lo inspiran.
14. Esta línea de jurisprudencia,
ha sido desarrollada por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia,
entre otras, en las Sentencias radicadas bajo los Números: 9159, del 12 de
marzo de 1997; 27582, del 17 de agosto de 2006; y 31686, del 19 de septiembre
de 2007, en las que se estudió el alcance del artículo 67 de la Ley 50 de 1990,
que, precisamente, consagra la figura del despido colectivo. Cabe citar al
respecto, la Sentencia Número 27582, del 17 de agosto de 2006, en la que se
explico:
“Ahora bien, en ninguna de las circunstancias
anteriores se exhibe como supuesto expreso o tácito, que para autorizar el
cierre de la empresa en forma total o parcial o para el despido colectivo, el
Ministerio de la Protección Social o el juez del trabajo, deban tener en cuenta
la situación específica de algunos trabajadores que por razones de antigüedad o
de beneficio extralegal tengan una relativa garantía de estabilidad. En
el trámite administrativo, el ministerio examinará las situaciones aducidas por
el empleador de modo que si las encuentra satisfechas, impartirá la
correspondiente autorización, la cual producida no le es dable al operador
judicial desconocerla o limitar sus efectos frente a algunos asalariados que se
encuentren en las situaciones descritas.
Si como puede verse, la filosofía y el espíritu de la
norma están orientados primordialmente hacía el empleador que en términos
generales procura mejorar la productividad de la empresa como unidad de
explotación económica teniendo en cuenta diversos fenómenos propios de la
economía, o el cierre total de la misma cuando ya no es viable, no resulta
ajustado al sentido común que la autorización administrativa, que es fruto de
un proceso complejo, sea enervada frente a un asalariado que estuviera cobijado
por la acción de reintegro que contemplaba el artículo 8º del Decreto 2351 de
1965, o por una garantía igual prevista en un convenio colectivo. Son las
circunstancias alegadas por la empresa, las cuales deben estar debidamente
acreditadas, las que debe tener en cuenta el Ministerio cuando tramita la
solicitud del empleador y no otras distintas o que se relacionen con la
situación de un asalariado individualmente considerado.
La claridad del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, no
permite que su espíritu pretenda buscarse en otras disposiciones normativas
como las que invoca la censura a favor de su tesis. Pues, no puede haber
aplicación del principio de favorabilidad cuando la norma con la cual se
soluciona la controversia judicial es diáfana en su intención, espíritu y tenor
literal. Tampoco puede decirse que el mencionado precepto tenga vacíos o
lagunas, ya que en cuanto a las situaciones que regula no distingue entre
trabajadores nuevos o antiguos para los efectos del despido colectivo con
autorización previa legal, distinción que tampoco compete al administrador de
justicia, pues, se repite, no es ello lo que impone la citada disposición, sino
una situación general que envuelve a trabajadores  sin distinción sobre su
antigüedad o sobre la estabilidad que le confiere un convenio colectivo.
(Negrillas y subrayas fuera de texto original).
15. El criterio hasta aquí
expuesto es plenamente concordante con la jurisprudencia sentada por la Corte
Constitucional sobre la materia, en cuanto ésta también ha venido avalado los
despidos colectivos frente a procesos de reestructuración, que incluyen
trabajadores sindicalizados y aforados, cuando aquellos tienen lugar por causas
objetivas ajenas a la voluntad del patrono. Coincidiendo con la posición
adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esta
Corporación ha desestimado la eficacia del proceso de levantamiento de fuero
sindical, sosteniendo que, tratándose de procesos de reestructuración, ni si
quiera es necesario acudir a la autorización judicial, antes de suprimir cargos
de trabajadores que gocen del mismo, pues las causas que los generan apareja
entre otras consecuencias la de suprimir cargos por razones de interés general.
16. Así, por
ejemplo, en la Sentencia T-426 de 2003, la Corte Constitucional conoció de una
acción de tutela promovida por trabajadores de empresa Metro de Medellín, que
fueron despidos dentro de un proceso de reestructuración, a pesar de estar
amparados por fuero sindical, en su condición de fundadores y adherentes del
sindicato SINTRAESTATALES. En dicha oportunidad, la Corte entró a determinar si
la terminación unilateral del vínculo contractual con trabajadores que gozan de
fuero sindical, por causa de una reestructuración administrativa, da lugar a
reintegro mediante proceso judicial.
Citando lo
decidido previamente por la Corporación en las Sentencias C-370 de 1999 y T-512
de 2002, se afirmó en dicho fallo que, no obstante la especial protección
constitucional con que el constituyente de 1991 rodeó a la libertad de
asociación sindical, la misma no es absoluta y admite limitaciones, de manera
que en los casos de terminación unilateral del contrato de trabajo por causas
objetivas relacionadas con procesos de reestructuración, no se vulnera el
derecho de asociación sindical. Con base en tal planteamiento, concluyó
señalando, que si el despido del trabajador aforado obedece verdaderamente a
políticas de  reestructuración, es decir, está basado en causas ajenas a la
voluntad del empleador, no resulta necesario acudir al juez ordinario laboral
con el fin de levantar el fuero sindical. En la sentencia referenciada se
explicó sobre el particular:
“Como ya había quedado referido en párrafos que
precedieron, esta Corporación ha sostenido que, es natural el hecho de que
cuando se trate de verdaderas reestructuraciones administrativas de entidades
estatales, implique entre muchas opciones, la de suprimir cargos, lo que desde
luego conlleva el tener que despedir personal, y que dentro de este podrían
estar empleados que hacían parte del sindicato, con la consecuencia lógica de
la reducción del número de afiliados al mismo o, inclusive, la desaparición de
la organización sindical. Situación que en manera alguna vulnera el derecho de
asociación sindical (Sent- T-512/01), pues lo que se pretende con estos
procesos es aplicar políticas de modernización del Estado, buscando, entre
otros fines, la prestación más eficaz de los servicios públicos, “objetivos
que deben dirigirse exclusivamente a lograr la optimización en términos de
calidad, idoneidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general, sin
dejar de lado la protección de los derechos de los trabajadores”. (Sent.
C-370/99).
Ahora bien, siguiendo la doctrina constitucional
sostenida por esta Corte en la sentencia C-262/95, reiterada por la sentencia
T-575 de 2002, con ponencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, cuando se trate de
verdaderas reestructuraciones administrativas, no es necesario acudir a la
autorización judicial, antes de suprimir cargos de  trabajadores que gocen del
fuero sindical, pues las consecuencias jurídicas relacionadas con la relación o
vínculo laboral se predican de una definición legal de carácter general y
porque la facultad de reestructurar entidades estatales tiene sustento en las
propias normas constitucionales (artículos 150, num. 16, 300, num 7, y 313, num
6) y apareja entre otras consecuencias la de suprimir cargos. Siendo lógico
entonces que si el proceso de supresión de los cargos se realizó conforme a las
disposiciones constitucionales y legales, no es obligatorio acudir al
levantamiento del fuero sindical”.
17. De lo expuesto, no queda duda
que el permiso de despido colectivo constituye una causal legal para autorizar
judicialmente el levantamiento del fuero sindical, la cual opera con plena
autonomía e independencia, sin que sea necesario llevar a cabo una actividad
probatoria adicional, dirigida a establecer un posible ánimo persecutorio del
empleador, violatorio del derecho de asociación sindical.
18. Teniendo en cuenta la
filosofía que inspira la figura del despido colectivo, frente a ella no es
oponible ni exigible la garantía del fuero sindical, ni ninguna otra garantía
laboral, en tanto dicho permiso se funda en causas objetivas, ajenas al
empleador, dirigidas exclusivamente a lograr la optimización en términos de
calidad, idoneidad, productividad y eficiencia de la empresa como unidad de
explotación económica, frente a las distintas variables y fenómenos económicos
que la puedan afectan.
19. Tal hecho descarta, entonces,
que en los procesos de levantamiento de fuero sindical, promovidos con base en
la autorización de despido colectivo, deba el juez evaluar una posible
persecución sindical, pues tal hipótesis ya ha sido del todo desechada en el
trámite administrativo que da lugar a la expedición de la citada autorización.
Precisamente, porque el permiso sólo es otorgado por el Ministerio de
Protección Social, cuando ha quedado plenamente acreditado que la petición de
despido colectivo tiene fundamento en causas objetivas ajenas al empleador.
20. Siendo ello así, no cabía
atribuirle a las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Bucaramanga y
el Juzgado Tercero Laboral de la misma ciudad, el haber incurrido en un defecto
sustantivo, violatorio de derechos fundamentales, pues las mismas se limitaron
a autorizar el levantamiento del fuero sindical de los actores, con base en el
despido colectivo previamente otorgado por el Ministerio de Protección Social a
la empresa Telebucaramanga, el cual fue expedido con el lleno de los requisitos
legales. Con tal proceder, las autoridades cuestionadas actuaron conforme con
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que, al interpretar las
disposiciones que regulan el despido colectivo y el conjunto de las garantías
de estabilidad en el empleo, han dejado en claro que el permiso opera de pleno
derecho, no resultándole oponible ninguna de tales garantías.
21. No puede considerarse
contraria a la Constitución, ni violatoria de derechos fundamentales,
decisiones judiciales que como las cuestionadas en sede de tutela, se amparan
en el precedente judicial sentado por el órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria, e incluso de la propia Corte Constitucional.
22. Resulta abiertamente
contradictorio, que al tiempo que se reconoce legitimidad al permiso colectivo,
se le exija al juez llevar a cabo un análisis fáctico adicional, en torno a
aspectos que ya han sido evaluados en sede administrativa, relacionados con una
posible persecución sindical. Como ha sido explicado, tal hecho es previamente
valorado en el trámite administrativo que antecede el permiso, pues esta visto
que éste sólo se concede, cuando se encuentra plenamente acreditado que el
despido se invoca por razones de orden económico, financiero, técnico o
administrativo, relacionadas con la estabilidad y productividad de la empresa.
23. En este sentido, imponerle al
juez de la causa, la carga de tener que llevar a cabo una nueva valoración de
los hechos, hace del todo inoperante la figura del despido colectivo como causa
legalmente reconocida para terminar los contratos de trabajo. Con tal decisión,
se le está exigiendo al operador judicial que desconozca la autorización
administrativa de despido colectivo, esto es, se le obliga a que actúe por
fuera de la ley y de la línea de jurisprudencia sobre la materia.
24. La afirmación que hace la
sentencia, en el sentido de sostener, que para poder desvincular trabajadores
amparados por fuero sindical, se requiere, además de la autorización de despido
colectivo, una valoración adicional sobre la posible violación del derecho de
asociación sindical, obedece en realidad a una interpretación equivocada de la
jurisprudencia. Lo que sostiene ésta, es que el permiso expresa el
reconocimiento del Estado de haber comprobado que la solicitud de despido
colectivo tiene fundamento en unas causales objetivas, ajenas a la voluntad del
empleador; razón por la cual el permiso es causa suficiente para levantar el
fuero, pues previo a su reconocimiento, ya se ha verificado que la razón del
despido no se relaciona con una posible persecución sindical.
25. En el caso bajo estudio, el
empleador no pudo hacer uso oportuno de la autorización de despedir
colectivamente al número de trabajadores que le fue autorizado, debido que
muchos de los eventualmente afectados con la medida, decidieron constituir un
sindicato con el fin de proteger su estabilidad en el empleo a través de la
figura del fuero sindical, en su condición de fundadores o miembros de junta
directiva. Tal hecho, obligó al empleador a solicitar al juez laboral el
levantamiento de dicha garantía en relación con algunos trabajadores,
posibilidad que se logro sólo cuatro años después, a través de las decisiones
que fueron objeto de controversia. Frente a esta circunstancia, cabe el
siguiente cuestionamiento ¿el despido de los trabajadores aforados afecta al
sindicato creado y, por ende, el derecho de asociación sindical? Es posible que
ello sea así, sin embargo, tal afectación no deviene de una medida arbitraria
del empleador, fundada en un ánimo persecutorio contra la organización
sindical, sino de un hecho objetivo y probado, cual es la necesidad de llevar a
cabo una reestructuración administrativa de la empresa para garantizar su
funcionamiento y operatividad.
Cabe preguntarse entonces ¿esa
eventual afectación del sindicato torna nugatorios los efectos jurídicos de la
autorización para despedir colectivamente? La respuesta es por supuesto
negativa, pues el impacto en el sindicato de la decisión del empleador, de
hacer valer la autorización para despedir, es casi inevitable, pero
jurídicamente justificada[41]. De manera general, la
justificación se funda en el reconocimiento dado por la ley y la jurisprudencia
a la institución del despido colectivo debidamente autorizado, en el sentido de
considerar que el mismo prima sobre las diversas formas de protección de la
estabilidad del empleo y de imponerle al operador judicial la carga de
reconocer sus efectos. En el caso concreto, la justificación deviene también de
la manera en que se presentaron los hechos. Recuérdese que el sindicato se creo
después de autorizado el despido colectivo, por lo que no puede hacerse depender
la validez de la autorización del despido colectivo, ni la legalidad de la
decisión de levantar el fuero sindical, de una afectación del derecho de
asociación sindical que en el caso presente está plenamente justificada. De ahí
mi discrepancia  con que se haya ordenado la comentada verificación al juez
ordinario, pues si éste concluye que la autorización para despedir
colectivamente, junto con la solicitud de levantamiento del fuero, afecta el derecho
de asociación sindical, bien podría negarse a levantar el fuero, no obstante
existir una causal legal indiscutible para verse abocado a adoptar esta última
medida. ¿Me pregunto entonces? qué razones en particular justifican que se
verifique una situación que no es relevante para la decisión por adoptar? y
que, por ende, difícilmente conducirían a que esta última se varíe.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Entre muchas sentencias ver: T-381-04,
T-363-06, T-565-06, T-661-07, T-213-08,T-210-08, T-249-08, T-027-08.
[2] C-590-05.
[3] Artículo 228: La Administración de Justicia es función
pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo.
[4] Artículo 230: Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos
al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales
del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
[5] Artículo 5° de la Ley 270 de 1996: La Rama Judicial es
independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal
de administrar justicia. Ningún superior jerárquico en el orden administrativo
o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un
funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba aportar
a sus providencias.
[6] T-565-06.
[7] Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Capítulo
XVI: Procedimientos Especiales, II. Fuero Sindical, Artículo 117: “La
sentencia será apelable en el efecto suspensivo. El tribunal decidirá de plano
dentro de los cinco (5) días siguientes al que sea recibido el expediente.
Contra le decisión del tribunal no cabe recurso alguno”.
[8] En sentencia C-381-00 se analizó la constitucionalidad de los
artículos 3° y 6° del Decreto 25 de 1957 por medio del cual se modificó el
Código Procesal del Trabajo. En lo que atañe con la prescripción, el artículo
6° disponía que la acción de reintegro a favor del trabajador emanada del fuero
sindical prescribía en dos meses a partir de la fecha del despido. Esta
disposición no hacía mención a la prescripción de la acción de levantamiento de
fuero sindical en cabeza del empleador.
[9] C-381-00.
[10] Ídem.
[11] T-280-98 reiterada entre otras en la T-621-05.
[12] T-489-06.
[13] Tesis presente en diversos pronunciamientos de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Sección Primera 22 de febrero
de 2004 Exp. 5743; Sección Tercera 20 de septiembre de 2007 Exp. 29285; Sección
Cuarta 20 de noviembre de 2008 Exp. 16374.
[14] Código Contencioso Administrativo: “Artículo 62: Firmeza de los
actos administrativos. Los actos administrativos quedaran en firme: 1.
Cuando contra ellos no proceda recurso alguno. 2. Cuando los recursos
interpuestos se hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando
se renuncie expresamente a ellos. 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando
se acepten los desistimientos”.
[15] T-809-05, T-326-99.
[16] En este sentido, esta Corporación al analizar
la facultad del trabajador aforado de conciliar en el proceso de fuero
sindical, señaló que “el derecho al fuero sindical reconocido por la propia
constitución (art. 39) se vincula íntimamente con el derecho fundamental de
asociación sindical, siendo por consiguiente un aspecto nuclear de éste. De
modo que, en principio, no parece procedente que se puede negociar o renunciar
un derecho que es esencial para la vigencia efectiva del derecho fundamental de
asociación, es más en este evento, por aparecer involucrado este derecho, el
asunto trasciende al simple interés personal del trabajador, de naturaleza
económica, para internarse en el ámbito de una cuestión vinculada a la vigencia
y realización efectiva de un derecho fundamental, el cual no es susceptible de
negociación(C-160-99). [Empero]…la corte admite ese acuerdo siempre y
cuando el sindicato afectado pueda participar en el proceso…”(C-381-00).
[17] T-285-06.
[18]T-731-01, T-1189-01, T-1334-01, T-1061-02, T-205-04, T-203-04.
[19] Numeral 2° Artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, modificado por
el artículo 67 de la Ley 50 de 1990
[20] T-326-02.
[21] T-729-98, T-223-01, T-512-01, T-426-03.
[22] C-954-01
[23] T-809-05.
[24] Sobre este punto se expresó en la sentencia T-077 de 2003, M.P.
Rodrigo Escobar Gil, al conocer sobre una demanda contra una reestructuración
adelantada en el municipio de Sabaneta, que condujo al despido de varios
servidores:  “Ahora bien, en el momento de determinar si la conducta
desplegada por el empleador se ajusta a los mandatos constitucionales, esta
Corporación ha tenido en consideración  si el despido masivo se circunscribe
dentro de un proceso de reestructuración, teniendo en cuenta los principios e
intereses que rigen este tipo de actuaciones administrativas. En consecuencia,
partiendo de la base que el derecho a la estabilidad laboral no es absoluto, se
ha sostenido que los derechos sindicales no impiden que por motivos de interés
general y de eficacia de la función pública, la Administración pueda suprimir y
hacer los ajustes necesarios en su planta de personal. Esta Corporación ha
manifestado en diversas oportunidades, y ahora lo reitera, que los procesos de
reestructuración efectuados por las entidades públicas corresponden a un
ejercicio legítimo del Estado, en beneficio del interés general y de las
necesidades del servicio, por lo que no se viola ningún derecho sindical al
suprimir cargos que vienen siendo desempeñados por empleados públicos, incluso
amparados con fuero sindical.En anteriores oportunidades, se ha
dicho también que no hay lugar a declarar la existencia de una persecución
sindical por el hecho de que se hayan suprimido cargos en virtud de un proceso
de reestructuración y cuyos afectados sean empleados aforados sindicalmente o
inclusive, la misma organización sindical.”
[25] T-809-05.
[26] C-201-02.
[27] Exp. No. 26764 del 30 de marzo de 2006 M.P. Luis Javier Osorio López.
En igual sentido las sentencias Exp. No. 2500 del 25 de mayo de 2005; Exp. No.
8242 del 9 de mayo de 1996.
[28] Exp.
No. 21338 del 12 de mayo de 2004 M.P. Fernando Vásquez Botero. En igual sentido
sentencia Exp. No. 16641del 8 de febrero de 2002;  Exp No. 23510 del 4 de
febrero de 2005, en esta última sentencia se agregó: “de conformidad con lo
discurrido, entonces, la expresión “sin justa causa comprobada” utilizada en el
artículo 25 que se viene analizando no puede entenderse literalmente como si en
ella quedara comprendida cualquier terminación de contrato de trabajo originada
en la iniciativa patronal, quedando excluidas del ámbito normativo únicamente
aquellas hipótesis en que la decisión se basa en algunas de las conductas
consignadas en el literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo,
siempre que se encuentre debidamente demostrada. La Corte no comparte ese
entendimiento porque hay eventos en que se produce la terminación del contrato
de trabajo estando en trámite un conflicto colectivo, y como consecuencia de
esa extinción el patrono incluso paga la indemnización de perjuicios
respectiva, sin que en tal circunstancia se esté ante un despido sin justa
causa a los  que  refiere  el  mentado  artículo  25,  por cuanto  es  posible
que  en   dicha  decisión  no  se  vislumbre, por   parte   alguna,   la
intención   de  provocar   un debilitamiento de la posición de los trabajadores
en el proceso de la negociación colectiva” (Resalta la Sala).
[29] Exp. No. 21338 del 12 de mayo de 2004.
[30] Exp. No. 24791 del 16 de agosto de 2005 M.P. Isaura Vargas
Díaz.
[31] El despido colectivo en el régimen laboral se
configura cuando:
“Artículo 40 del Decreto Ley 2351 de 1965: Artículo
modificado por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990. 1. Cuando algún empleador
considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores, o terminar
labores, parcial o totalmente, por causas distintas a las previstas en los
artículos 5°, ordinal 1°, literal d) de esta Ley y 7° del Decreto Ley 2351 de
1965, deberá solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social explicando los motivos y acompañando las correspondientes
justificaciones, si fuere el caso. Igualmente deberá comunicar en forma
simultánea, por escrito, a sus trabajadores de tal solicitud. 2. Igual
autorización se requerirá cuando el empleador por razones técnicas o económicas
u otras independientes de su voluntad necesite suspender actividades hasta por
ciento veinte (120) días. En los casos de suspensión de los contratos de
trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, el empleador debe dar inmediato aviso
al inspector del trabajo del lugar o en su defecto a la primera autoridad política,
a fin de que se compruebe esa circunstancia. 3.La autorización de que trata el
numeral 1 de este artículo podrá concederse en los casos en que el empleador se
vea afectado por hechos tales como la necesidad de adecuarse a la modernización
de procesos, equipos y sistemas de trabajo que tengan por objeto incrementar la
productividad o calidad de sus productos; la supresión de procesos, equipos o
sistemas de trabaja y unidades de producción; o cuando éstos sean obsoletos o
ineficientes, o que hayan arrojado pérdidas sistemáticas, o los coloquen en
desventaja desde el punto de vista competitivo con empresas o productos
similares que se comercialicen en el país o con los que deba competir en el
exterior; o cuando se encuentre en una situación financiera que lo coloquen en
peligro de entrar en estado de cesación de pagos, o que de hecho así haya
ocurrido; o por razones de carácter técnico o económico como la falta de
materias primas u otras causas que se puedan asimilar en cuanto a sus efectos;
y en general los que tengan como causa la consecución de objetivos similares a
los mencionados.(…)”
[32]La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en pronunciamiento del 25 de julio de 2000 Radicado No.
13886, del 25 de mayo de 2005 Rad. 25000 y del 8 de febrero de 2002 Rad.: 16641
hace evidente que el empleador es el que selecciona a los trabajadores a los
que se les va a aplicar el despido colectivo, es decir, que es el único quien
en últimas decide a quien retira, en otros términos, el empleador es quien voluntaria
y autónomamente resuelve terminar los contratos de los trabajadores que el
mismo selecciona por sus propios intereses, manteniendo el vínculo con otros
empleados.
[33] T-512-01
[34] Exp:7781 del 28 de agosto de 1997.
[35] Con respecto al defecto sustantivo se ha dicho
que T-565-06 “si bien es cierto que al juez de conocimiento le compete fijar
el alcance de la norma que aplica, no puede hacerlo en contravía de los
valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo
seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente escoger
aquél que se adecue de la mejor manera a los preceptos constitucionales, o lo
que es lo mismo, aquél que resulte acorde con el principio de interpretación
conforme”.
[36] Artículo 408: Contenido de la sentencia. “El juez negará el
permiso que hubiere solicitado el patrono para despedir a un trabajador
amparado por el fuero sindical, o para desmejorarlo, o para trasladarlo si no
comprobare la existencia de una justa causa. (…)”.
[37] Respecto de los efectos inter comunis de la sentencia de tutela, esta
Corporación en sentencia SU-1023-01 determinó: “Como la tutela no puede
contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de
vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante
suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han
acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se
encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y
cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera
directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no
tutelantes”.
[38] Sentencia radicada bajo el Número 27582, del 17 de agosto de 2006.
[39] En Sentencia del 12
de mayo de 2004, expediente 21338, dijo la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia sobre el particular: “Para la Sala, al igual que lo ha
sostenido para el caso del rompimiento del contrato invocándose justa causa,
tratándose de despido colectivo con autorización administrativa, la efectividad
de tal determinación debe ser oportuna, en forma tal que no quede dudas que el
rompimiento del contrato sea producto de los motivos que justificaron la
autorización y no por otro móvil”.
[40] Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, del 12 de marzo de 1997, con número de radicación 9159.
[41] Imaginémonos el caso de cincuenta trabajadores cuyo despido ha
sido autorizado validamente por el Ministerio del Trabajo y Protección Social
mediante decisión debidamente ejecutoriada quienes para protegerse de tal
determinación deciden constituir un sindicato con lo cual adquieren fuero de
fundadores y algunos como miembros de junta directiva. Si el empleador, a
objeto de hacer valer la autorización de despido colectivo, pide el
levantamiento del fuero de todos o de parte de los trabajadores implicados
¿afecta o no con su pretensión al sindicato?. La respuesta obvia es que sí pero
con la salvedad de que en este caso el empleador actúa de manera legítima, esto
es, jurídicamente válida o justificada.