C-709-96
Sentencia C-709/96
Sentencia C-709/96
PRINCIPIO DE MORALIDAD DE LA FUNCION PUBLICA-Prevalencia/EXTINCION DE LA ACCION
PENAL-Impunidad sobre denunciante autor del delito
Debe darse
prevalencia al principio de moralidad de la función pública, sobre el principio
de eficacia de la actividad estatal. En este sentido, se considera que la norma
acusada no se justifica constitucionalmente, porque el beneficio de la
extinción de la acción penal es un factor que genera impunidad, en cuanto
exonera de la acción a quien denuncia no obstante ser autor o participe del
delito.
COHECHO POR DAR U
OFRECER-Extinción
injustificada de pena/AMNISTIA POR DELITOS COMUNES-Inconstitucionalidad/EXTINCION
DE LA ACCION PENAL-Impunidad en favor de quien delinque
La norma acusada
carece de un componente y una justificación moral y ética. El ofrecimiento del
Estado, la extinción de la pena a cambio de la denuncia de uno de los autores o
participes del delito, es un trueque inadmisible, irrazonable, injustificado y
no proporcionado a la finalidad que se persigue, la eficacia de la acción penal
contra el otro autor o participe, que como se dijo antes, genera impunidad.
Adicionalmente, la norma consagra en la práctica o disfraza una especie de
amnistía por un delito común que no se aviene con los preceptos de la
Constitución.
Referencia: Expediente
D-1337
Demanda de
inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 24 de la Ley 190 de 1995,
que modificó el artículo 143 del Decreto 100 de 1980 (Código Penal).
Actor: Jose
Euripides Parra Parra.
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL.
Santafé de Bogotá,
D.C., diciembre nueve (9) de mil novecientos noventa y seis (1996).
I. ANTECEDENTES.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de la acción pública de
inconstitucionalidad, procede la Corte a proferir la sentencia correspondiente,
en relación con la demanda presentada por el ciudadano José Eurípides Parra
Parra, en contra del Parágrafo del artículo 24 de la Ley 190 de 1995, que
modificó el artículo 143 del decreto 100 de 1980 (Código Penal), afirmando su
competencia en lo establecido por el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución.
II. TEXTO DE LA
NORMA ACUSADA
El tenor literal de
la norma demandada es el siguiente:
LEY 190 de 1995
(Junio 6)
'Por la cual se dictan normas tendientes a
preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones
con el objeto de erradicar la corrupción administrativa'.
"ARTICULO
24. El artículo 143 del Código Penal quedará así:
Artículo 143.
Cohecho por dar u ofrecer. El que de u ofrezca dinero u otra utilidad a
servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a
cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de
derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal y
prohibición de celebrar contratos con la administración por el mismo
término."
Parágrafo. Si
la investigación se iniciare por denuncia del autor o partícipe particular,
efectuada dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del hecho
punible, acompañada de prueba que amerite la apertura de la investigación en
contra del servidor que recibió o aceptó el ofrecimiento, la acción penal
respecto del denunciante se extinguirá. A este beneficio se hará acreedor el
servidor público si denunciare primero el delito.
En todo caso,
si el funcionario judicial no estimare suficiente la prueba aportada para
iniciar la investigación, la denuncia correspondiente no constituirá prueba en
su contra".
III. LA DEMANDA
Según el actor, la
disposición acusada vulnera los artículos 4, 6, 13, 29, 113, 121, 250, 277 y
278 de la Constitución Política. Como argumentos para sustentar su pretensión,
en resumen, expuso los siguientes:
En la realización de
ciertas conductas delictivas relativas al ofrecimiento o entrega de dineros o bienes
para la omisión, retardo o cumplimiento de actos oficiales intervienen
particulares y servidores públicos, eventos en los cuales todos los implicados
merecen el reproche punitivo "porque es tan responsable quien ofrece como
quien recibe, quien pide como quien da", sin que sea posible eximir de
responsabilidad penal al denunciante por el solo hecho de la denuncia, pese a
estar involucrado en la comisión de un delito.
El principio de
igualdad ante la ley impone castigar a quien ofrece y a quien recibe dichos
dineros o bienes o acepta la promesa remuneratoria, es decir, a "las dos
personas" que intervienen en el ilícito, sin perjuicio de los beneficios a
que pueda hacerse el acreedor el denunciante; en consecuencia, es contrario a
la igualdad que en relación con uno de los autores se extinga la pena mientras
que se castiga al otro, ya que ambos incurrieron en una de las modalidades del
hecho punible denominado cohecho.
No es admisible,
entonces, que quien participa en el ilícito y denuncia al resto de los
transgresores de la ley penal resulte premiado con la extinción de la acción
penal; en tal virtud, es necesario "establecer mecanismos más
adecuados" para descubrir la comisión del delito y para evitar que los
servidores públicos y los particulares quebranten la ley. Además, la norma
acusada, al favorecer al denunciante participante en el hecho ilícito con la
extinción de la acción penal, induce a que reitere su nocivo comportamiento.
La norma cuestionada
propicia la figura del "agente provocador" y genera impunidad, pues
"queda libre quien comete el acto y denuncia" y también "quien
se dice provocado por la conducta de la otra persona" e igualmente
denuncia, lo cual contradice el aforismo romano que impide alegar la propia
culpa.
El debido proceso
impone la vinculación de "todas las personas que incurrieron en la
vulneración del régimen penal", y por lo tanto cuando no se ha adelantado
un proceso en contra de la totalidad de los implicados "es nulo el acto de
autoridad judicial que no haya cumplido este propósito del Estado Social de
Derecho".
En este orden de
ideas, apunta que no se puede confundir "lo que es una denuncia y lo que
es una confesión", enfatiza que "la decisión que no este tomada con
base en un proceso se convierte en arbitraria" y puntualiza que se debe
legislar no para premiar a los transgresores de la ley penal sino para
sancionarlos, "dentro de un proceso y contra cada uno de los copartícipes,
determinador, autor material, cómplices y encubridores".
Finalmente, dice que
la norma acusada cercena las competencias de la Fiscalía General de la Nación,
en cuanto a que desconoce las facultades de policía judicial que ésta tiene y
la obligación de investigar lo favorable y lo desfavorable en relación
"con todos y cada uno de los que cometieron un hecho punible".
Asimismo, desatiende las competencias del Ministerio Público y en concreto de
la Procuraduría General de la Nación, a la que priva de "su capacidad
disciplinaria establecida en los artículos 277 y 278 de la Constitución Nacional
y de su función de defensora de la sociedad...".
IV. INTERVENCION
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.
El ciudadano Alvaro
Namén Vargas, actuando como apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho,
se opone a las pretensiones del demandante, con base en los argumentos que se
resumen a continuación:
- En primer término,
solicita a la Corte que se inhiba para proferir fallo de fondo, toda vez que la
demanda adolece de defectos de técnica jurídica y "no presenta definidos
los cargos en que se sustenta, sino que ellos deben ser inferidos de los
argumentos que el actor esgrime en todo su escrito", habiéndose dejado de
cumplir lo establecido en el artículo 2, numeral 3 del decreto 2067 de 1991, en
el sentido de exponer con claridad las razones o motivos de la
inconstitucionalidad.
- En segundo lugar,
y refiriéndose a la extinción de la acción penal anota el interviniente que la
facultad para señalar las causales de extinción de la acción penal corresponde
al legislador y, en esa medida, la norma acusada "no sobrepasó los límites
que su misma naturaleza impone". La limitación "que la ley hace del
poder punitivo del Estado, o la modificación, aligeración o supresión de este,
no responde al ejercicio arbitrario de la función legislativa del Estado, sino
que busca un fin ajustado a la política criminal del Estado".
La potestad punitiva
del Estado toma en consideración diversos eventos y circunstancias y es
susceptible de experimentar cambios, de ahí que "consagrar la extinción de
la pena a aquel que dentro de los supuestos de hecho y de derecho que contempla
la norma demandada, denuncie la comisión del ilícito, puede corresponder a una
política criminal del Estado que no es controvertible ante los tribunales si no
viola preceptos constitucionales o legales".
Así pues, el
legislador se halla asistido de un alto grado de discrecionalidad al momento de
fijar, con base en la cláusula general de competencia prevista en el artículo
150-1 de la Carta, los delitos, las penas y también las causales de extinción
de la acción penal, por lo cual se debe presumir que el Congreso de la
República tiene en cuenta "consideraciones políticas y jurídicas que
desechan de plano consideraciones de carácter aleatorio". No existiendo un
límite en la Constitución Política, atañe al legislador determinar los casos en
los que se extingue la acción penal.
- En cuanto a la
supuesta vulneración de los principios de la tipicidad, la igualdad y la
legalidad, y el derecho al debido proceso, por la sola circunstancia de no
involucrar en la investigación a todas las personas que incurrieron en la
violación del régimen penal, el interviniente manifiesta que aquéllos no se
vulneran, pues tanto el denunciado como el denunciante están sujetos a la ley
penal y ambos tienen "la misma posibilidad de denunciar a la otra parte
para exonerarse de la acción penal" y, este otro principio básicamente
consiste en la existencia de ley previa para sancionar y no en que la
investigación en contra del denunciante continúe hasta la sentencia.
- Anota que el
objetivo perseguido por el legislador, mediante la norma acusada, no es
permitir el uso reiterativo de la medida por su beneficiario sino disminuir los
niveles de impunidad que, tratándose del cohecho, son elevados, porque en la práctica
la prueba es difícil y no había quien denunciara el hecho. Además dicha norma
consagra un tipo penal no solamente represivo sino preventivo ya que la
desconfianza que genera entre los delincuentes, "por la obvia sospecha de
que el coautor o cómplice puede convertirse en denunciante y beneficiarse con
ello", tiene un efecto disuasivo.
- En relación con
los funcionarios públicos beneficiados con la extinción de la acción, tampoco
es posible admitir que ello propicia la comisión reiterada de este tipo de
delitos, puesto que recibir dinero para realizar funciones propias del cargo o
para omitir su realización constituye, además, falta disciplinaria sancionable
por la Procuraduría General de la Nación.
- Tampoco la norma
acusada propicia la figura del agente provocador, porque la norma acusada
supone la efectiva comisión de un hecho punible que involucra al sujeto que
ofrece y entrega dinero y a quien lo recibe, entonces, "no podría el
denunciado alegar en su favor que el denunciante lo indujo a la comisión del
delito para exonerarse de responsabilidad, porque no puede presumirse que éste
cometió la falta con el único fin de acusar al otro".
- Y finalmente, no
es cierto que por ese hecho se limite la competencia constitucionalmente
asignada a la Fiscalía General de la Nación para investigar a todos y cada uno
de los que cometieron un hecho punible, pues pese a la vigencia de la norma
impugnada, la Fiscalía mantiene su competencia investigadora para esclarecer la
verdad aún frente al que denuncie; cuestión diferente es que el legislador
señale límites a esa investigación. También estima que no se limita la función
disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación, ya que si bien
la acción penal se extingue respecto del denunciante, ello no implica que
también se extinga la acción disciplinaria contra el funcionario que, de
conformidad con el artículo 2 de la ley 200 de 1995, es independiente de la
acción penal, fuera de lo cual, al tenor de lo dispuesto por el artículo 4 de
la ley citada, todas las normas que establezcan o extingan sanciones tienen
alcance restringido y son taxativas.
V. INTERVENCION
DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.
El ciudadano Alfonso
Valdivieso Sarmiento en su condición de Fiscal General de la Nación, defiende
la constitucionalidad de la norma demandada.
Sostiene que a
diferencia de los particulares los servidores públicos tienen un alto grado de
responsabilidad y debido a ello sus conductas punibles se encuentran rodeadas
de mayores exigencias. El Estatuto anticorrupción busca "asegurar esa
responsabilidad a través de la ley tanto en el plano disciplinario como
penal".
De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional sobre el principio de igualdad, debe dispensarse
un tratamiento legal idéntico a situaciones iguales y diferente a situaciones
diversas. Cuando el legislador otorga un beneficio para el autor o partícipe en
un delito y lo hace extensivo al servidor público, "indudablemente se
establece un equilibrio de orden legal".
En criterio del
señor Fiscal General de la Nación, la norma acusada no quebranta el principio
de igualdad pues no introduce "discriminaciones ni preferencias", ya
que el servidor público, lo mismo que el particular, pueden quedar exentos de
acción penal, "siempre y cuando se den las exigencias legales".
Manifiesta el
interviniente que la norma acusada cumple con las exigencias del principio de
legalidad del delito y de la pena, "atendiendo a consideraciones
criminológicas que centenariamente han hecho que nuestro Código Penal tenga un
título dedicado a combatir la corrupción administrativa"; además, el
legislador está facultado para "crear, modificar o suprimir tipos penales,
delitos o contravenciones" y "en ejercicio de ese poder se puede
agravar o suavizar cualquier hecho punible".
VI. CONCEPTO DEL
MINISTERIO PUBLICO.
El señor Procurador
General de la Nación (E) rindió el concepto de su competencia y solicitó a la
Corte declarar exequible la norma cuestionada, con base en los argumentos que a
continuación se resumen.
La ley 190 de 1995
fue expedida "dentro de un contexto de moralización administrativa" y
en su capítulo II, con el propósito de enfrentar las actuaciones que pervierten
la labor del funcionario público, "se previó la modificación y agravación
punitiva de ciertas conductas ya tipificadas dentro del ordenamiento penal,
consideradas como lesivas de los intereses de la administración pública y en
esa medida, de la sociedad en general".
Después de reseñar
la manera como se define por la doctrina la figura penal del cohecho y advertir
que ella se reguló en los artículos 22, 23 y 24 del Estatuto Anticorrupción,
concluye que la respectiva conducta constitutiva del hecho punible es de
naturaleza dual y cobra entidad cuando ante la oferta o dación del particular,
"el servidor público acepta o recibe para sí o para otro el beneficio
otorgado o prometido", comprometiéndose a ejecutar, retardar u omitir un
acto propio del cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales.
Conceptúa entonces,
que si bien la evidente vileza del hecho atenta contra los principios que guían
la actuación administrativa y el principio de la igualdad, el cual debe
prevalecer entre los particulares que acuden a los organismos estatales en
procura de obtener la prestación de un servicio público, debe aceptarse que la
prescripción contemplada por la norma acusada en favor de quien denuncia la
comisión del hecho "apunta de forma directa a romper el convenio efectuado
entre los infractores del orden jurídico, de modo que, bajo la amenaza de la
delación, el particular no ofrezca ni dé dádivas y el servidor se abstenga de
aceptarle o recibirle".
En esas condiciones
la disposición es preventiva, ya que busca "desestimular la celebración
del contrato ilícito y, en esencia, motivar al funcionario a que no reciba
prebenda alguna proveniente de la iniciativa del particular". Anotándose
que "sólo en tanto el funcionario está libre de culpa le es posible elevar
la denuncia en contra del particular por su comportamiento, en cuanto éste
apunta a corromper el servicio. Pues la transparencia no es una obligación
unilateral de la administración pública, sino una exigencia aplicable por igual
a quien a ella accede".
Por último, anota el
señor Procurador que la decisión del legislador en términos de política
criminal, "aún estando limitada por la preservación de las garantías
ciudadanas y la atención a obvios criterios de razonabilidad o proporcionalidad
propios de toda regulación -pero especialmente relevantes en el ámbito de la
legislación punitiva-, es libre".
VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. La ineptitud
sustantiva de la demanda planteada por el apoderado del Ministerio de Justicia
y del Derecho.
Solicita el
apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho que la Corte se declare
inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, por presunta ineptitud
sustantiva de la demanda, al no precisar el actor el concepto de la violación
de las normas constitucionales cuyo desconocimiento se invoca.
Considera la Corte
que no es procedente acceder a lo pedido, pues el concepto de la violación de
algún modo se expone en la demanda, aun cuando no responda a la técnica
usualmente utilizada en las demandas de constitucionalidad.
2. El problema
jurídico que plantean los cargos de la demanda.
El demandante
censura el aparte normativo acusado con varios argumentos, que se estructuran
bajo las ideas de que él desconoce los principios de legalidad e igualdad, el
derecho al debido proceso, afecta substancialmente las competencias de la
Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, en cuanto
permite excluir de la acción penal y por ende de la investigación y el
correspondiente juzgamiento, a quien participa del delito de cohecho y luego
denuncia al funcionario, igualmente autor o participe del mismo, y estimula la
figura del "agente provocador", generando la impunidad, al extinguir
la acción penal a quien delinque y luego denuncia a quien también es autor o
participe del delito.
3. Análisis de
los cargos de la demanda.
3.1. La norma de la cual hace parte el Parágrafo
acusado regula en su primer inciso el delito de cohecho por dar u ofrecer, en
el sentido de que quien de u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público
en los casos previstos en los dos artículos anteriores, es decir, para que éste
retarde u omite un acto propio de su cargo o ejecute uno contrario a sus
deberes oficiales (cohecho propio) o por realizar un acto que deba ejecutar en
el desempeño de sus funciones (cohecho impropio), incurrira en prisión de tres
(3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones públicas por
el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos con
la administración por el mismo término.
No obstante, que el
delito de cohecho se estructura por el hecho de que alguien de u ofrezca dinero
u otra utilidad a servidor público, como tambien cuando éste la recibe, el
segmento normativo acusado prevé la extinción de la acción penal en favor del
autor o participe particular cuando se den las siguientes circunstancias: que
la investigación se inicie por denuncia de éste; que ésta se efectue dentro de
los quince días siguientes a la ocurrencia del hecho punible, y que con dicha
denuncia se proporcione la prueba necesaria que amerite la apertura de la
investigación en contra del servidor que recibió o aceptó el ofrecimiento. Pero
igualmente, puede hacerse acreedor a este beneficio el servidor público cuando
denunciare primero el hecho delictivo.
3.2. La discrecionalidad que la propia
Constitución le reconoce al legislador para diseñar la política criminal, lo
autoriza, consecuentemente, para expedir normas penales con la finalidad
especifica de combatir la corrupción y afirmar de este modo los principios de
eficiencia, eficacía y moralidad, sobre los cuales se edifican los pilares que
hacen acordes las funciones estatales con los imperativos del buen servicio y
de la legitimidad de sus actuaciones frente a la comunidad.
Las normas que
estructuran el delito de cohecho en sus diferentes modalidades tienen como
sustrato un valor moral y etico en cuanto persiguen una finalidad util a la
comunidad, como es la combatir los fenomenos de corrupción asociados a las
acciones que ponen a precio la función pública, es decir, la venta concluida
entre un particular y un servidor público de un acto u omisión perteneciente al
haz de funciones o competencias que en desrrollo de aquélla le han sido
asigndas y para los cuales el ordenamiento jurídico no autoriza una
contraprestación.
Sin embargo, es
preciso valorar la persecución de fines utilitaristas en benefico del interes
general, como sería el de combatir la corrupción, a cambio de la extinción de
la pena cuando uno de los autores o participes del delito de cohecho -el
particular o el servidor público- denuncia el hecho delictuoso.
3.3. La norma del artículo 143 del Código Penal
denota una falta de coherencia interna, en el sentido de que el sujeto que da u
ofrece la ventaja económica y, por consiguiente comete el delito, es el mismo
que posteriormente denuncia el hecho punible y obtiene como beneficio la
extinción de la acción penal. Por su parte, el otro sujeto, el servidor público
que acepta o recibe dicha ventaja, y por lo tanto támbien comete el delito, es exonerado
de la referida acción. De este modo, se premia en ambos casos a quien delinque
y luego denuncia el hecho.
Pero además la norma
coloca a dichos sujetos en una especie de competencia, según el especial
interes y beneficio particular que cada cual quiera hacer valer dentro de su
especifica situación. No se denuncia con la finalidad de hacer efectivo el
principio de solidaridad ciudadana y de cumplir con el deber de colaborar para
el buen funcionamiento de la administración de justicia (arts. 1 y 95-7. C.P.),
es decir, con miras a atender la satisfación de los intereses públicos o
sociales, sino de proporcionar una ventaja para quien delinque y denuncia.
3.4. La norma acusada plantea un conflicto
entre la eficacia y la impunidad. En efecto, dentro del deber que tiene el
Estado de perseguir y sancionar el delito, indudablemente las acciones que
despliegue con este propósito se vinculan con la idea de eficiencia y eficacia,
de modo que los hechos delictuosos no queden impunes. En este orden de ideas, podría
admitirse que dicha norma es eficaz en cuanto tiende a debilitar o romper el
acuerdo o concierto entre el particular y el funcionario en lo relativo a la
negociación de actos propios de la función pública y de todas maneras persigue
punitivamente a uno de los autores o participes del hecho ilicito. No obstante,
la ganancia que se produce en términos de eficacía, se convierte en una perdida
por la impunidad que se genera al no perseguir penalmente a una de las personas
que participaron en el ilícito.
La lucha del Estado
contra la impunidad de los hechos delictuosos tiende una relevancia
constitucional, porque se vincula con  el principio de moralidad de la función
pública que esta consagrado en el artículo 209 de la Constitución y se infiere
igualmente de diferentes preceptos de ésta, entre otros, los que consagran la
obligación que tienen los funcionarios públicos al tomar posesión del cargo y
retirarse del mismo o cuando la autoridad competente lo solicite, de declarar
el monto de sus bienes y rentas; la inhabilitación perpetua del servidor
público que sea condenado por delitos contra el patrimonio público para el
desempeño de funciones públicas; la figura de la extinción del derecho de
dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio
del interés público o grave deterioro de la moral social y, en general, el
régimen de inhabilidades previstas en la Constitución o que ésta impone al
legislador desarrollar.
La Corte considera
que debe darse prevalencia al principio de moralidad de la función pública,
sobre el principio de eficacia de la actividad estatal. En este sentido, se
considera que la norma acusada no se justifica constitucionalmente, porque el
beneficio de la extinción de la acción penal es un factor que genera impunidad,
en cuanto exonera de la acción a quien denuncia no obstante ser autor o
participe del delito.
3.3. No se escapa a la Corte la problemática
que la norma encierra, porque so pretexto de combatir el cohecho, estimulando
la denuncia, a efecto de romper el acuerdo ilícito, se podrían generar
situaciones que desnaturalizarían dicha finalidad, esto es, combatir la
corrupción que genera el cohecho. En efecto:
Se estimularía el
cohecho por el propio legislador y la impunidad, por lo menos con respecto a
uno de los autores o partícipes, cuando el particular puede dar u ofrecer
bienes o ventajas económicas al funcionario, o cuando los recibe, y luego se
produce la denuncia para extinguir la acción penal.
Se cohonestaría la
conducta del particular que por enemistad con el funcionario, le hace la dación
o el ofrecimiento de bienes y luego lo denuncia, o cuando lo denuncia porque no
cumplió con los términos del acuerdo.
Se premiaría el
enrinquecimiento ilícito del funcionario cuando la norma le permite -de ella no
se infiere nada distinto- aceptar o recibir el bien que configura el cohecho y
luego denunciar para extinguir la acción penal, pues no se le impone como
condición para dicha extinción la obligación  de devolver lo percibido.
Las situaciones
descritas, entre otras que podrían darse, conducen a la Corte a señalar que la
norma acusada carece de un componente y una justificación moral y ética. El
ofrecimiento del Estado, la extinción de la pena a cambio de la denuncia de uno
de los autores o participes del delito, es un trueque inadmisible, irrazonable,
injustificado y no proporcionado a la finalidad que se persigue, la eficacia de
la acción penal contra el otro autor o participe, que como se dijo antes,
genera impunidad.
3.4. Adicionalmente, a juicio de la Corte la
norma consagra en la práctica o disfraza una especie de amnistía por un delito
común que no se aviene con los preceptos de la Constitución y, por
consiguiente, se encuentra en abierta contradicción con los artículos 150-17 y
201-2, que consagran los requisitos bajo los cuales se pueden conceder
amnistias generales, unicámente por delitos políticos.
En relación con la
inconstitucionalidad de las normas penales que otorgan beneficios equivalentes
a amnístias o indultos por delitos comunes, se pronunció la Corte en los
siguientes términos:
"4.- El
delito común no puede homologarse al delito político
Considera la Corte
que algunos de los beneficios contemplados en el Decreto 264 tienen el alcance
de un indulto, gracia ésta reservada exclusivamente a los delitos políticos.
Constituye flagrante quebrantamiento de la justicia, y de la propia
Constitución, el dar al delincuente común el tratamiento de delincuente
político. La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos
comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con
lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria, pero en
ningún caso autoriza al legislador, ya sea ordinario o de emergencia para establecer
por vía general un tratamiento más benigno para cierto tipo de delitos comunes,
con exclusión de otros. El Estado no puede caer en el funesto error de
confundir la delincuencia común con la política. El fin que persigue la
delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia
narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad
civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus
proditorios designios. La acción delictiva de la criminalidad común no se
dirige contra el Estado como tal, ni contra el sistema político vigente,
buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas,
sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas
indiscriminadas de esa delincuencia. Los hechos atroces en que incurre el
narcoterrorismo, como son la colocación de carrobombas en centros urbanos, las
masacres, los secuestros, el sistemático asesinato de agentes del orden, de
jueces, de profesionales, de funcionarios gubernamentales, de ciudadanos
corrientes y hasta de niños indefensos, constituyen delito de lesa humanidad,
que jamás podrán encubrirse con el ropaje de delitos políticos."
"Admitir tamaño
exabrupto es ir contra toda realidad y contra toda justicia. La Constitución es
clara en distinguir el delito político del delito común. Por ello prescribe
para el primero un tratamiento diferente, y lo hace objeto de beneficios como
la amnistía o el indulto, los cuales sólo pueden ser concedidos, por votación
calificada por el Congreso Nacional, y por graves motivos de conveniencia
pública (art. 50, num. 17), o por el Gobierno, por autorización del Congreso
(art. 201, num. 2o.). Los delitos comunes en cambio, en ningún caso pueden ser
objeto de amnistía o de indulto. El perdón de la pena, así sea parcial, por
parte de autoridades distintas al Congreso o al Gobierno, -autorizado por la
ley, implica un indulto disfrazado."
"Como si el
anterior razonamiento no fuera suficiente, el artículo transitorio 30 de la
Constitución, que autoriza el Gobierno para conceder indultos o amnistías por
delitos políticos o conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación de la
Constitución de 1991, a miembros de grupos guerrileros que se incorporen a la
vida civil en los términos de la política de reconciliación, excluye
expresamente de tal beneficio a quienes hayan incurrido en delitos atroces:
Artículo transitorio
30. Autorízase al Gobierno Nacional para conceder indultos o amnistías por
delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación del
presente Acto Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se
incorporen a la vida civil en los términos de la política de reconciliación.
Para tal efecto el Gobierno Nacional expedirá las reglamentaciones
correspondientes. Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a
homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de
indefensión  de la víctima".
En conclusión, por
avenirse el precepto acusado con los preceptos de la Constitución será declarado
inexequible.
VIII. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar INEXEQUIBLE
el Parágrafo del artículo 24 de la ley 190 de 1995, que modificó el artículo
143 del decreto 100 de 1980 (Código Penal).
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia C-709/96
EXTINCION DE LA
ACCION PENAL-Reducción
corrupción administrativa (Salvamento de voto)
La extinción de
la pena que se decreta en favor de quien delinque y con posterioridad denuncia
el hecho y aporta la prueba respectiva, puede ser altamente eficaz para reducir
y combatir la corrupción administrativa. En principio, la idoneidad y eficacia
de las normas penales, no son motivos válidos para declarar su
inconstitucionalidad. Para que ella se decrete es necesario que se compruebe
que los principios constitucionales y las garantías del debido proceso se
vulneran por la norma “eficaz e idónea”. En este caso, la Corte no expone el
argumento de orden constitucional para sustentar la inconstitucionalidad. Han
debido explorarse de manera minuciosa los límites constitucionales o cotas
máximas aplicables a las estrategias de una determinada política criminal. En este
sentido, el examen forzosamente tenía que llegar a establecer si a través de
normas procesales -como la extinción de la pena- era viable en el plano
constitucional articular medios destinados a disolver y desestimular el
concierto criminal, especialmente en tipos penales que lo requieren
sustancialmente y cuya persecución resulta extremadamente necesaria, pero
también extremadamente difícil. Si no cabe negar al legislador la acción
estratégica para cumplir objetivos sociales deseables y constitucionales, el
análisis ha debido recaer sobre la constitucionalidad del medio empleado para
el efecto. La amnistía no agota el fenómeno de la extinción de la acción penal.
La norma no pretende amnistíar a las personas que cometen el delito de cohecho.
Corresponde, en efecto, a la ley establecer las condiciones de ejercicio de la
acción penal.
Referencia:
Expediente No. D-1337
Actor:José Euripides
Parra Parra
Demanda de
inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 24 de la Ley 190 de 1995,
que modificó el artículo 143 del Decreto 100 de 1980 (Código Penal).
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Con todo respeto me
aparto de la sentencia de la Corte Constitucional, por las razones que
brevemente expongo a continuación.
Ciertamente la norma
demandada plantea un conflicto entre la eficacia y la impunidad. En realidad
ése es el trasfondo de toda política criminal. La Corte, sin adelantar ningún
análisis, luego de identificar el problema, concluye abruptamente que debe darse
prevalencia al principio de moralidad sobre el principio de eficacia de la
actividad estatal. Según la sentencia, la norma demandada carece de
justificación moral y ética.
La extinción de la
pena que se decreta en favor de quien delinque y con posterioridad denuncia el
hecho y aporta la prueba respectiva, puede ser altamente eficaz para reducir y
combatir la corrupción administrativa. En principio, la idoneidad y eficacia de
las normas penales, no son motivos válidos para declarar su inconstitucionalidad.
Para que ella se decrete es necesario que se compruebe que los principios
constitucionales y las garantías del debido proceso se vulneran por la norma
“eficaz e idónea”. En este caso, la Corte no expone el argumento de orden
constitucional para sustentar la inconstitucionalidad. La inexequibilidad de la
norma obedece a la supuesta carencia de “justificación moral y ética”. La Corte
Constitucional se ha convertido en guardián de la moral y de la ética. Sin
desconocer que en las normas constitucionales y legales se encuentran
positivizadas aspiraciones de orden moral y ético, la Corte debe tener clara la
diferencia entre la dimensión moral y la jurídica. Igualmente, en esta materia
un espacio importante de decisión le corresponde al Congreso como órgano legitimado
democráticamente para asumir o desechar posiciones relativas a la moral social.
Sin apoyo en la Constitución Política, el discurso moral de la Corte se me
ocurre descaminado. La Corte, en lugar de ocuparse de profundizar el cargo de
la igualdad en materia punitiva, prefirió fundar la inconstitucionalidad en la
repulsa moral que aparentemente le causa la traición o la deslealtad, así ella
se produzca entre delincuentes y pese a que ésta sirva eficazmente a la causa -
promovida por la propia Constitución - de combatir la inmoralidad
administrativa. Este ideal caballeresco - “la nobleza obliga” -, se lleva hasta
el extremo de que se impone intuitivamente, sin agotar el más mínimo esfuerzo
dialéctico. Tal es su fuerza.
Los sentimientos de
nobleza, recíproca lealtad entre compañeros de una misma causa lícita o
ilícita, amistad y otros del mismo género, pueden ser dignos de estímulo y
encomio. No obstante, su exaltación y sublimación no se encuentra entre las
funciones atribuidas a la Corte. A mi juicio han debido explorarse de manera
minuciosa los límites constitucionales o cotas máximas aplicables a las
estrategias de una determinada política criminal. En este sentido, el examen
forzosamente tenía que llegar a establecer si a través de normas procesales - como
la extinción de la pena - era viable en el plano constitucional articular
medios destinados a disolver y desestimular el concierto criminal,
especialmente en tipos penales que lo requieren sustancialmente y cuya
persecución resulta extremadamente necesaria, pero también extremadamente
difícil. Si no cabe negar al legislador la acción estratégica para cumplir
objetivos sociales deseables y constitucionales, el análisis ha debido recaer
sobre la constitucionalidad del medio empleado para el efecto. A este respecto
no creo que desde todo punto de vista moral o ético el instrumento disuasorio
introducido por el legislador pueda ser desestimado; pero, por lo dicho, esto
no es decisivo. Lo importante, en este caso, es que pese a las objeciones que
algunos sujetos morales puedan tener sobre este punto, el mismo no es objeto de
consideración constitucional y, por lo tanto, su consagración positiva
correspondía a la libertad configurativa de la política criminal propia del
Congreso.
La amnistía no agota
el fenómeno de la extinción de la acción penal. La norma no pretende amnistíar
a las personas que cometen el delito de cohecho. Corresponde, en efecto, a la
ley establecer las condiciones de ejercicio de la acción penal. En este
sentido, se han determinado circunstancias y situaciones cuyo acaecimiento -
que no tiene relación alguna con el indulto o la amnistía -, indefectiblemente
pone término a la acción penal. Por vía de ilustración cabe citar a este
respecto la prescripción, la muerte del sindicado, el matrimonio entre los
sujetos activos y pasivos de los tipos penales contra la libertad y el pudor
sexual, la retractación  en los delitos contra la integridad moral, el
desistimiento del querellante y, en fin, la reparación del daño en ciertos
delitos. Se observa que, además de la conveniencia pública (amnistía), la ley
autoriza la extinción de la acción penal en eventos distintos en los que juegan
una serie de factores objetivos o subjetivos que la hacen procedente, sin que
pueda pensarse que por ello se viola la Constitución.
Fecha ut supra.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado