T-435-18
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Sentencia T-435/18
APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS
BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Vulneración a la seguridad
social y mínimo vital de la accionante, por no reconocer pensión de invalidez
UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE APLICACION
DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Aplicación de la tesis “más amplia” según la cual no
existe límite temporal para determinar la norma pensional
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA
PENSION DE INVALIDEZ-No se restringe
exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente
anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior
bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una expectativa
legítima
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA,
DEGENERATIVA O CONGENITA-Se deberán tener en cuenta las semanas cotizadas
con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez
Esta Corporación ha
establecido que ignorar en estos casos los aportes realizados con posterioridad
a la fecha de estructuración no solo no se compadece con la realidad de estos
padecimientos, sino que es constitutivo de un inadmisible enriquecimiento sin
justa causa por parte del fondo pensional que, pese a verse beneficiado con la
contribución del afiliado, actúa como si este último no hubiera sido solidario
con el sistema
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON
ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la
invalidez desde el momento de la pérdida permanente y definitiva de la
capacidad laboral
PENSION DE INVALIDEZ-Reconocimiento
de pago extemporáneo de aportes por empleador para cumplir requisito de semanas
cotizadas
DERECHO A LA PENSION DE
INVALIDEZ-Orden a
Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez
Referencia:
expedientes acumulados T-6546704, T-6570630, T-6583898 y T-6704865.
Expediente
T-6546704: acción de tutela instaurada por Gertrudy Cañate Berrío contra la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Expediente
T-6570630: acción de tutela instaurada por Remberto Rafael Bedoya Plaza contra
la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Expediente
T-6583898: acción de tutela instaurada por Gavy
Mariela Muñoz Pasuy contra el Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A.
Expediente
T-6704865: acción de tutela instaurada por Juan Guillermo Quiroz Zapata contra la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
Magistrada
ponente:
DIANA
FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de
dos mil dieciocho (2018).
La Sala Segunda de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera
–quien la preside–, y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro
Linares Cantillo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y previo
cumplimiento de los requisitos, y trámites legales y reglamentarios, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los siguientes fallos:
Expediente
Sentencias
de instancia
T-6546704
Primera
instancia: sentencia del 12 de junio de 2017,
proferida por el Juzgado Segundo de Familia - Oral de Barranquilla
(Atlántico).
Segunda
instancia: sentencia del 20 de septiembre de 2017,
proferida por la Sala Séptima de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla (Atlántico).
T-6570630
Primera
instancia: sentencia del 19 de septiembre de 2017,
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Montería (Córdoba).
Segunda
instancia: sentencia del 27 de octubre de 2017,
proferida por la Sala Tercera de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería (Córdoba).
T-6583898
Única
instancia: sentencia del 5 de octubre de 2017, proferida
por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de San Juan de Pasto (Nariño).
T-6704865
Primera
instancia: sentencia del 22 de diciembre de 2017,
proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chinchiná (Caldas).
Segunda
instancia: sentencia del 22 de enero de 2018,
proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná (Caldas).
Mediante auto del 26 de enero de 2018, la Sala de Selección Número Uno de la Corte
Constitucional decidió seleccionar para su revisión el expediente T-6545704 y disponer su acumulación al expediente T-6522376, respecto del cual la Sala de Selección
Número Doce de la Corte Constitucional, en auto del 15 de diciembre de 2017,
había resuelto su selección y reparto a la Sala de
Revisión presidida por la Magistrada Diana Fajardo Rivera.
A su vez, a través de auto del 20 de marzo de 2018, la Magistrada sustanciadora
decretó la desacumulación procesal de los expedientes T-6522376 y T-6545704, tras advertir la necesidad de
que los mismos sean fallados de manera separada, por no presentar unidad
sustancial de materia.
Por su parte, la Sala de Selección Número Dos de la Corte
Constitucional, en auto del 16 de febrero de 2018, escogió y acumuló los
expedientes T-6566783, T-6570630 y T-6583898, cuyo reparto le correspondió a la
Sala Segunda de Revisión de esta Corporación. Sin embargo, luego de encontrar
que el primero de estos tres asuntos no guardaba unidad de materia con los
otros dos, en auto del 20 de marzo de 2018 la Magistrada sustanciadora
determinó la desacumulación de dicho expediente, a fin de que sea fallado por
separado. Adicionalmente, en la misma providencia, por tratarse de casos con
identidad de problemas jurídicos, se resolvió la acumulación de los radicados T-6570630
y T-6583898 al expediente T-6545704.
Finalmente, a través de auto del 27 de abril de 2018, la Sala de Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional decidió seleccionar para su revisión el expediente
T-6704865 y repartir su conocimiento a la Sala Segunda de Revisión. Luego de
observar la unidad sustancial de materia, la Magistrada sustanciadora dispuso
la acumulación de este último asunto a los expedientes T-6545704, T-6570630 y T-6583898, a fin de que sean resueltos en la presente sentencia.
I.
ANTECEDENTES
1. Expediente T-6546704: acción de tutela instaurada por Gertrudy Cañate
Berrío, a través de apoderado judicial, contra la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones
1.1. Hechos
1.1.1. La señora Gertrudy Cañate
Berrío (accionante) es una persona de 54 años de edad,[1]
a quien, por tratarse de “paciente con cuadro secuela hemorragia
subaracnoidea de inicio en el 2013, con secuela de epilepsia con crisis 5-6
veces mes (sic) […] hipertensa sin daño renal, con depresión y deterioro
cognitivo leve, […] cefalea constante persistente y severa e insuficiencia
venosa sin anticoagulación en miembros inferiores”, el 29 de marzo de 2016 Colpensiones
le dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral correspondiente al 56.1%,
con fecha de estructuración el 17 de febrero de 2016, causada por enfermedad
degenerativa de alto costo, catastrófica y de origen común.[2]
1.1.2. Posteriormente, la peticionaria
controvirtió la fecha de estructuración fijada por Colpensiones, lo cual fue
resuelto por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Atlántico, mediante dictamen del 10 de agosto de 2016, en el que finalmente se dispuso
que la pérdida de capacidad laboral conceptuada por la administradora pensional
se estructuró el 25 de noviembre de 2014.[3]
1.1.3. Teniendo en cuenta lo
anterior, la señora Cañate Berrío solicitó ante la accionada el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez en su favor. Este requerimiento fue negado mediante
Resolución del 20 de enero de 2017, luego de considerar que: (i) “no se
cumple con el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres (3) años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez”, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003; y (ii) no era
aplicable el régimen pensional inmediatamente anterior (artículo 39 de la Ley
100 en su redacción original), pues la actora no había cotizado 26 semanas
durante el año previo a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral.[4]
Decisión que fue confirmada en Resolución del 3 de abril de 2017, en la que
Colpensiones, al conocer el recurso de reposición instaurado por la accionante,
insistió en negar la pensión de invalidez, pues “el parámetro de referencia
tenido en cuenta que para la fecha de validación de los requisitos legales y
contabilización de semana es la fecha del dictamen, esto es, el 29 de marzo de
2016, es decir que cuenta con 0,0 semanas de cotización dentro de los 3 años
anteriores a la fecha del dictamen, requiriéndose, como ya se mencionó, 50
semanas cotizadas en ese periodo”.[5]
1.1.4. Solicitud. Ante
la negativa de la entidad demandada, el 17 de abril de 2017 la señora Gertrudy
Cañate Berrío, a través de apoderado judicial, instauró la acción de tutela de
la referencia, en la que solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la
seguridad social y el mínimo vital, entre otros, que estima vulnerados por
parte de Colpensiones al negarse a otorgarle la pensión de invalidez, sin tener
en cuenta que en su historia laboral se registran más de 1300 semanas de
cotización, lo cual, desde su perspectiva, debería ser suficiente para acceder
a la prestación, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.
1.2. Respuesta de la accionada
y de las entidades vinculadas[6]
1.2.1. Colpensiones: solicitó
declarar la improcedencia del recurso de amparo, por considerar que se incumple
el requisito de subsidiariedad, ante la aparente disponibilidad de los medios
de defensa susceptibles de ser ejercidos ante la jurisdicción ordinaria.[7]
Posición que fue reiterada por parte del Director de Acciones Constitucionales
– Gerencia de Defensa Judicial de Colpensiones, mediante memorial del 7 de
junio de 2017.[8]
1.2.2. Superintendencia de
Sociedades – agente liquidador de la empresa Plásticos Vandux de Colombia S.A.
en Liquidación Judicial: con ocasión de la vinculación realizada por el a
quo,[9]
la Coordinadora del Grupo de Liquidaciones de la Superintendencia de Sociedades
dio respuesta a la acción de tutela, en el sentido de señalar que en la misma no
se hace alusión a hechos que sean responsabilidad de su representada, por lo
que no es posible endilgarle la vulneración de los derechos fundamentales de la
actora. Además, insistió en que la entidad sólo funge como juez de insolvencia
de la sociedad vinculada.[10]
1.3. Decisiones objeto
de revisión
1.3.1. Primera instancia: el Juzgado Segundo de
Familia – Oral de Barranquilla, en fallo del 12 de junio de 2017, decidió “denegar
por improcedente” la acción de tutela de la referencia, luego de establecer
que en este caso no se evidenciaba la necesidad de conjurar un perjuicio
irremediable, por lo que la peticionaria contaba con la jurisdicción ordinaria
laboral como escenario natural ante el cual ejercer la defensa de sus
intereses.
1.3.2. Segunda instancia: impugnado el fallo de
primer grado por la accionante, la Sala Séptima de
Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla resolvió “confirmar” la sentencia controvertida, tras
indicar que en este asunto no era posible aplicar el principio de la condición
más beneficiosa, pues, desde su perspectiva, “la normatividad anterior a la
Ley 860 de 2003 solo tiene aplicación en aquellos casos en que la
estructuración del estado de invalidez se produzca en el periodo de los tres
años anteriores a la vigencia de dicha ley, esto es, entre el 26 de diciembre
de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, cuando ésta comenzó a regir”[11].
2. Expediente T-6570630: acción de tutela instaurada por Remberto Rafael
Bedoya Plaza contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
2.1. Hechos
2.1.1. El señor Remberto Rafael
Bedoya Plaza (accionante) es una persona de 65 años de edad,[12]
a quien el 15 de abril de 2008 la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Bolívar dictaminó pérdida de capacidad laboral correspondiente al 55.92%,
con fecha de estructuración el 8 de mayo de 2007,[13]
causada por el diagnóstico de “amputación traumática de miembro inferior –
nivel no especificado, trastorno de estrés postraumático, dolor en articulación
y trastorno depresivo recurrente – episodio depresivo grave presente sin
síntomas psicóticos”[14].
2.1.2. Con base en lo anterior,
el 6 de diciembre de 2016, el señor Remberto Rafael, a través de apoderado
judicial, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de pensión de
invalidez en su favor,[15]
la cual fue negada definitivamente mediante Resolución del 21 de diciembre de
2016, en la que se consideró que: (i) el actor no cumple los requisitos
establecidos en la Ley 860 de 2003; (ii) no es posible dar lugar al principio
de la condición más beneficiosa, pues tampoco se satisfacen  los requisitos
exigidos en la legislación inmediatamente anterior (Art. 39 original de la Ley
100 de 1993); y (iii) mediante acto administrativo del 10 de septiembre de 2013,
la accionada reconoció a favor del demandante una indemnización sustitutiva de
pensión de vejez, basándose en 600 semanas de cotización y por la suma de
$7.819.838.[16]
Esta decisión fue confirmada integralmente por la entidad accionada, a través
de Resolución del 16 de marzo de 2017, en la que se resolvió un recurso de
reposición promovido por el accionante.[17]
2.1.3. Solicitud. Con
base en lo anterior, el 6 de septiembre de 2017 el señor Bedoya Plaza, a través
de apoderado, promovió la acción de tutela de la referencia, con la que busca
el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital, entre otros, los cuales considera vulnerados por Colpensiones al no
reconocer en su favor la pensión de invalidez de la referencia, pese a que, desde
su perspectiva, es titular de la prestación requerida por cumplir los
requisitos del Acuerdo 049 de 1990, el cual resulta aplicable en virtud del
principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez.
2.2. Respuesta de la entidad
accionada: pese a que el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Montería – Córdoba corrió traslado de la acción de
tutela a Colpensiones para que se pronunciara sobre la misma,[18]
dicha entidad guardó silencio.
2.3. Decisiones objeto de
revisión
2.3.1. Primera instancia: mediante
sentencia del 19 de septiembre de 2017, el Juzgado Tercero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería (Córdoba) decidió “tutelar” los derechos invocados en el recurso
de amparo, tras observar que:
“el
tutelante acreditó un total de 600 semanas cotizadas en toda su vida laboral,
desde el 25 de enero de 1978 hasta el 29 de septiembre de 1997, y que así las
cosas, de las 600 semanas cotizadas, se acreditan 592,14 entre el 25 de enero
de 1978 y el 31 de mayo de 1998, es decir, más de 300 semanas cotizadas antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, estando en
aplicación del Acuerdo 049 de 1990, por lo cual se hace merecedor el accionante
del principio de condición más beneficiosa aplicado en la jurisprudencia de la
honorable Corte Constitucional, aunado a que el citado señor Remberto Rafael
Bedoya Plaza es una persona inválida, con 63 años de edad, no ha podido volver
a laborar lo cual lo tiene sumido en una precaria condición económica,
dependiendo de su hijo para su sostenimiento económico”[19].
Como consecuencia, ordenó a
Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en favor del
accionante, así como de las mesadas pensionales causadas a partir del 8 de mayo
de 2007, fecha en la cual se estructuró la pérdida de capacidad laboral.
2.3.2. Segunda instancia: impugnado
el fallo por parte de la entidad accionada, la Sala Tercera de
Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería (Córdoba), a través de fallo del 27 de octubre de 2017, revocó la
decisión del a quo, y en su lugar resolvió “negar” la tutela de
la referencia, por considerar que la posición asumida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el principio de la
condición más beneficiosa es posible aplicarlo de manera que la “Ley 860 de
2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 26 de diciembre de 2006,
exclusivamente para las personas con una expectativa legítima”, lo cual,
según el ad quem, no ocurre en este caso, pues la estructuración de la
invalidez se generó con posterioridad a esa fecha.
3. Expediente T-6583898: acción de tutela instaurada por Gavy Mariela Muñoz Pasuy contra el
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
3.1. Hechos
3.1.1. Gavy Mariela Muñoz Pasuy
(accionante) es una persona de 54 años de edad.[20]
Mediante dictamen del 7 de octubre de 2015, la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Nariño fijó porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la
actora correspondiente a 66.33%, con fecha de estructuración el 27 de junio de
2013, causada por el diagnóstico de “trastorno depresivo recurrente,
episodio grave presente, hipotiroidismo, gastritis crónica, várices en MMII”[21].
3.1.2. A raíz de lo anterior, la
señora Muñoz Pasuy solicitó a la entidad accionada el reconocimiento y pago de
pensión de invalidez, la cual fue negada mediante actuación del 22 de febrero
de 2016, luego de indicar que “no se encuentra acreditado al momento de la
estructuración de la invalidez el requisito de 50 semanas de cotización,
previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003”[22].
3.1.3. Solicitud. Con
base en lo expuesto, el 26 de septiembre de 2017 Gavy Mariela Muñoz Pasuy
instauró la acción de tutela de la referencia, a fin de obtener la salvaguarda
de sus derechos fundamentales a, entre otros, la seguridad social y mínimo
vital, los cuales estima vulnerados por la accionada al negar la pensión de
invalidez requerida, sin considerar que si bien la fecha de estructuración de
la pérdida de capacidad laboral se dio el 27 de junio de 2013, lo cierto es
que, por el progreso de su enfermedad, fue el 30 de octubre de 2015 el momento
exacto en el que dejó de trabajar, tal como se ve reflejado en su historial
laboral. Para la actora, entonces, debe ser esta última fecha la que sirva como
parámetro de verificación de los requisitos pensionales, en aplicación del
principio de la condición más beneficiosa.
3.2. Respuesta de la entidad
accionada: al pronunciarse frente a la acción de tutela de la referencia,
la Directora de Litigios del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
solicitó al juez de primera instancia declarar improcedente el amparo, por
considerar que, en primer lugar, se incumple el principio de subsidiariedad,
pues la actora no promovió ni siquiera los recursos de la vía administrativa
disponibles para controvertir la negación de la prestación; en segundo lugar,
se desconoce el requisito de inmediatez, pues el recurso de amparo fue
instaurado 18 meses después de haberse resuelto la solicitud de pensión de
invalidez.[23]
3.3. Decisión de única
instancia objeto de revisión: en sentencia del 5 de octubre de 2017, el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de San Juan de Pasto (Nariño) “negó por improcedente”
la acción de tutela, luego de advertir el incumplimiento de los requisitos de
procedencia alegados por parte de la entidad accionada.
4. Expediente T-6704865: acción de tutela instaurada por Juan Guillermo
Quiroz Zapata contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A.
4.1. Hechos
4.1.1. Juan
Guillermo Quiroz Zapata (accionante) es una persona de 40 años de edad,[24]
a quien la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, a través de
dictamen del 15 de noviembre de 2016, determinó pérdida de capacidad laboral en
porcentaje del 63.57%, con fecha de estructuración el 22 de septiembre de 2014,
causada por “secuela de enfermedad Cerebro Vascular no especificada, otras
isquemias cerebrales transitorias – enfermedad de origen común”.[25]
4.1.2. Teniendo en cuenta lo
anterior, el señor Quiroz Zapata solicitó a la accionada el
reconocimiento y pago de pensión de invalidez. Sin embargo, en respuesta del 18
de septiembre de 2017, la entidad negó el requerimiento, tras advertir el
incumplimiento de haber cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años
anteriores a la estructuración de la invalidez,  según el artículo 1º de la Ley
860 de 2003.[26]
El demandante promovió recurso de reposición, el cual fue resuelto el 31 de
octubre de 2017, en el sentido de confirmar la negativa de la pensión, con base
en los mismos argumentos esgrimidos en la actuación controvertida.[27]
4.1.3. Solicitud. Teniendo
en cuenta las anteriores circunstancias, el 11 de diciembre de 2017 el señor Juan Guillermo Quiroz Zapata promovió la acción de tutela de la
referencia, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social, entre otros, los cuales estima vulnerados porque
en su criterio la accionada no consideró que, si bien es cierto al momento de
la estructuración de la invalidez sólo tenía cotizadas 29.48 semanas durante
los 3 años inmediatamente anteriores, actualmente dispone de 58.91 semanas
aportadas, pues los “periodos 2012 (parcial), 2013 (parcial) y enero de 2014”[28]
fueron sufragados de forma extemporánea durante los años 2016 y 2017, y
computados en la historia laboral por parte del fondo pensional a dichos
periodos.
4.2. Respuesta de la entidad
accionada: en escrito del 15 de diciembre de 2017, la entidad pidió
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, tras indicar que el
actor dispone de la jurisdicción ordinaria como escenario en el cual debería
ejercerse la defensa de sus intereses, en virtud del principio de
subsidiariedad. Asimismo, advirtió que las cotizaciones extemporáneas no pueden
ser tenidas en cuenta, pues el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, modificatorio
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es claro en establecer que la pensión de
invalidez se adquiere, entre otros requisitos, luego de haberse cotizado 50
semanas anteriores a la fecha de la estructuración y no con posterioridad a
ésta.
4.3. Decisiones objeto de
revisión
4.3.1. Primera instancia:
en sentencia del 22 de diciembre de 2017, el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Chinchiná (Caldas) resolvió “declarar improcedente”
la acción de tutela, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad. Para el a
quo, el actor dispone de la jurisdicción ordinaria, debido a que no se
encuentra acreditada la necesidad de conjurar un perjuicio irremediable.
4.3.2. Segunda instancia: a
través de fallo del 22 de enero de 2018, el Juzgado Promiscuo de
Familia de Chinchiná (Caldas) decidió “confirmar” integralmente la
sentencia de primera instancia.
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro de los trámites de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.[29]
2. Planteamiento
del problema jurídico
Con base en lo
expuesto, en caso de verificarse el cumplimiento de los requisitos de
procedencia de cada una de las acciones de tutela de la referencia, corresponde
a la Sala Segunda de Revisión ocuparse de resolver el
siguiente problema jurídico:
¿Vulnera una
entidad administradora de pensiones los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo fundamental de un afiliado, al negarse a reconocer y pagar
la pensión de invalidez, con base en alguna de las siguientes razones: (i) que,
en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa, sólo es
posible verificar el cumplimiento del requisito de tiempo de cotización para acceder
a la pensión de invalidez, de acuerdo con el régimen inmediatamente anterior al
vigente al momento del acaecimiento de la pérdida de capacidad laboral; (ii)
que los aportes pensionales que deben tenerse en cuenta para determinar el
cumplimiento de los requisitos legales de la pensión son exclusivamente
aquellos realizados antes de la fecha en que, según la entidad de calificación,
se estructuró la invalidez, pese a que se hayan realizado con posterioridad a
esa fecha; o (iii) que la titularidad de este tipo de pensión no admite considerar
los aportes cancelados de forma extemporánea por parte de un trabajador
independiente, pese a que corresponden a periodos causados luego de la entrada
en vigencia de la Ley 797 de 2003?
Con el fin de resolver
el anterior interrogante, se reiterará la jurisprudencia constitucional sobre
las distintas materias que integran la cuestión objeto de pronunciamiento, y
con base en ello se resolverán los casos concretos.
3. Verificación
de los requisitos de procedencia de las acciones de tutela objeto de estudio
De acuerdo con el
artículo 86 de la Constitución Política,[30] la acción de tutela es un
mecanismo constitucional de carácter residual, preferente y sumario, cuyo
objeto es la protección judicial inmediata de los derechos fundamentales de la persona
que lo solicita directa o indirectamente (legitimación por activa),[31] con ocasión de la
vulneración o amenaza que sobre los mismos ha causado cualquier autoridad
pública o excepcionalmente particulares (legitimación por pasiva).[32] El recurso de amparo se
encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad, como pautas formales de procedibilidad, de las que se hace
depender un pronunciamiento sobre el fondo del asunto por parte del juez
constitucional.
A continuación, la
Sala verificará el cumplimiento de los mencionados requisitos formales de las
acciones de tutela de la referencia, no sin antes advertir que en las mismas se
ha actuado con plena legitimación, pues han sido instauradas directamente, o a
través de apoderado judicial, por las personas que estiman vulnerados los
derechos fundamentales invocados, y en contra de una autoridad pública, como lo
es Colpensiones, o de particulares que administran el servicio público de
pensiones, como lo son los fondos Porvenir S.A. y Protección S.A.
3.1. Las
acciones de tutela de la referencia cumplen el requisito de inmediatez
En atención al citado
artículo 86, la acción de tutela puede promoverse “en todo momento”. No
obstante, debido al carácter inmediato de la protección que persigue este
mecanismo judicial, la razonabilidad del plazo transcurrido entre la
presentación de la solicitud y el acaecimiento de la vulneración constituye un
requisito para la validación de su ejercicio. Esto admite que en caso de
presentarse lapsos prolongados, sea indispensable observar la existencia de
razones suficientes que justifiquen válidamente la tardanza en la activación de
la jurisdicción constitucional.
Tratándose,
entonces, de un criterio de procedibilidad de un recurso sumario e informal,
como lo es la tutela, cuya finalidad corresponde primordialmente a la realización
oportuna de los derechos fundamentales contenidos en la Carta, la “inmediatez”
se aleja de ser una regla rígida, de aplicación automática e inflexible. No se
trata del establecimiento de un término de caducidad del recurso de amparo,[33] sino de un parámetro
mediado por el mandato de protección actual y efectiva de las garantías
constitucionales (Art. 2 CP).
De ahí que esta
Corte haya insistido en dos subreglas jurisprudenciales que, por su
pertinencia, resulta importante reiterar en esta ocasión. Por un lado, en
virtud de la cláusula de igualdad constitucional (Art. 13 CP), la necesidad de flexibilizar
el estudio del requisito de procedencia cuando el asunto integre un debate
alrededor de la satisfacción de los derechos de un sujeto de especial
protección o que se encuentra en situación de debilidad manifiesta.[34]
Por otro lado, en
atención al mandato de realización efectiva de las garantías superiores, es
necesario valorar la vigencia de la vulneración, según la naturaleza del
derecho susceptible de salvaguarda. Con base en ello, la jurisprudencia ha sido
clara en indicar que en los eventos en los que la violación es continua, pues
no está determinada por el acaecimiento concreto de una única acción u omisión,
sino que el solo paso del tiempo constituye una afectación permanente del
derecho, el requisito de inmediatez es susceptible de superarse de forma
automática, en razón, justamente, de la vigencia de la vulneración. Ocurre
principalmente en el caso de la seguridad social, en el que se ha observado que
la no cancelación de las respectivas mesadas mantiene en el tiempo la presunta
conculcación del derecho.[35]
Esto no se opone a la aplicación de las reglas legales de prescripción a que
haya lugar al momento de estudiar el fondo de la controversia, según el caso.
A partir de lo
anterior, la Sala observa que las acciones de tutela de la referencia cumplen
el requisito de inmediatez. En el caso del radicado T-6546704, la solicitud de
amparo fue instaurada 15 días después de que la entidad accionada confirmara la
negativa de la pensión de invalidez requerida por la demandante; en el
expediente T-6570630 transcurrieron 5 meses y 20 días; y en el T-6704865 apenas
un mes y 11 días. Se trata, por tanto, de lapsos razonables.
Con todo, no puede
perderse de vista que el objeto y causa de los recursos de amparo en esta
ocasión circunscriben controversias sobre la garantía de la seguridad social,
por prestaciones pensionales que no han sido reconocidas por las entidades
accionadas y de las que, según los peticionarios, son titulares. En ese
sentido, de conformidad con lo expuesto, se trata de aparentes vulneraciones de
“tracto sucesivo”, que por tanto hacen superable el requisito de
inmediatez, incluso respecto del expediente T-6583898, sobre el cual el juez de
única instancia consideró adecuado determinar su incumplimiento, sin tener en
cuenta el tipo de afectación. Aunado a ello, no puede dejarse de lado que,
respecto de este último expediente, la historia clínica de la demandante
demuestra (como se detalla más adelante, al momento de verificar el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad) que ha sido durante los últimos
años, especialmente desde el 2018, que su estado de salud ha presentado un
grave deterioro progresivo, registrado por los médicos tratantes en las respectivas
epicrisis, lo cual pone en evidencia la existencia de elementos de juicio
recientes, que conducen en el caso concreto a la necesidad de validar el
cumplimiento de la inmediatez.
3.2. Las
acciones de tutela de la referencia cumplen el requisito de subsidiariedad
De acuerdo con el principio de subsidiariedad derivado del
carácter residual de la acción de la acción de tutela (Art. 86 CP) y el
desarrollo que sobre el mismo ha adelantado pacíficamente la Corte, este
mecanismo constitucional procede como medio principal de protección de
los derechos invocados cuando (i) el afectado no dispone de otro recurso
judicial dentro del ordenamiento jurídico; o (ii) pese a disponer del mismo,
éste no resulte idóneo o eficaz para la defensa de los derechos amenazados
o vulnerados. Adicionalmente, la acción de tutela opera como medio
transitorio cuando, aunque existan mecanismos ordinarios vigentes, sea
imperioso evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el cual se
configura ante la prueba siquiera sumaria[36] de su inminencia,
urgencia, gravedad e impostergabilidad.[37]
En cuanto a las
acciones de tutela bajo revisión, la Sala observa que, en principio, en todos
los casos los y las accionantes cuentan con la jurisdicción ordinaria como
medio judicial disponible para hacer exigibles sus derechos constitucionales.
No obstante, en esta ocasión las acciones de tutela se tornan procedentes como
mecanismo principal porque, de acuerdo con las particularidades de los asuntos,
si bien se trata de mecanismos idóneos de defensa judicial, los mismos no
son eficaces para lograr la garantía de los derechos fundamentales
presuntamente afectados. Es decir, se trata de recursos que, en concreto, no
responden de manera integral y oportuna a la necesidad de la salvaguarda invocada.
El concepto de eficacia, entonces, no corresponde simplemente a un elemento
temporal, sino a su aptitud concreta para garantizar la salvaguarda del
derecho, perseguida por quien ejerce el recurso de amparo.
Lo expuesto lleva a
establecer de entrada que, tratándose de asuntos en los que se debate la
salvaguarda de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital, en el marco del reconocimiento de pensiones de invalidez, el análisis de
procedencia formal de la acción de tutela no opera de manera automática por el
simple hecho de que el actor o beneficiario presente una pérdida de capacidad
laboral igual o superior al 50%. De lo contrario, el mecanismo de amparo se
convertiría irrazonablemente en el único medio judicial de defensa, en desconocimiento
de la jurisdicción laboral como escenario natural de definición de este tipo de
litigios. La procedencia a la que se está haciendo alusión, entonces, exige
necesariamente una valoración de cada una de las circunstancias concretas de
las solicitudes de amparo, de manera que, sólo cuando de ellas se desprenda la
necesidad imperativa de acceder a su estudio por parte del juez constitucional,
será viable desplazar el agotamiento de la vía ordinaria, con base en las
reglas generales de procedibilidad.
Dicho lo anterior,
a continuación la Sala adelantará el estudio concreto de procedencia respecto
de las acciones de tutela de la referencia.
Expediente T-6546704: en este caso se evidencian condiciones que llevan a
la imposibilidad de que la actora asuma las cargas y demoras procesales propias
de un trámite judicial ordinario, en consideración de su situación de debilidad
manifiesta. Según se encuentra acreditado en el expediente, la peticionaria, además
de presentar una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, como
consecuencia de la cual hoy se halla desempleada –por tanto no percibe ingreso
alguno–, enfrenta un cuadro clínico complejo, causado por el padecimiento de
una enfermedad “degenerativa de alto costo y catastrófica”[38], por su
diagnóstico de “secuela hemorragia subaracnoidea de inicio en el 2013, con
secuela de epilepsia con crisis 5-6 veces mes, paciente hipertensa sin daño
renal, con depresión y deterioro cognitivo”[39].
Asimismo, en cumplimiento del requerimiento proferido por esta Corporación
durante el trámite de revisión,[40]
la accionante allegó declaración juramentada rendida ante la Notaría Segunda
del Círculo de Barranquilla, en la que señaló lo siguiente: “mi estado de
salud cada día se agrava porque me dan convulsiones y constantes mareos, además
no me encuentro trabajando actualmente. No tengo fuente de ingreso por mi
estado de salud y por mi edad. Vivo con mi hermano que me da la comida. (…) en
estos momentos tengo los servicios públicos suspendidos y los vecinos me pasan
una manguera para darme el agua y la luz”[41].
Estas circunstancias, pese a haber sido puestas en conocimiento de la
entidad demandada,[42]
no fueron controvertidas, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991 y dado que se encuentran razonable y sumariamente
acreditadas, gozan de presunción de veracidad. En ese sentido, para la Sala concurren
situaciones particulares que, por la necesidad de garantizar un acceso eficaz a
la administración de justicia constitucional, validan el desplazamiento de los
recursos ordinarios disponibles en el ordenamiento jurídico.
Expediente T-6570630: en este caso los medios ordinarios de defensa
judicial también son ineficaces, en razón de la situación de especial sujeción
constitucional de la que es titular el actor. Se trata de una persona en
condición de discapacidad, pues la amputación de su miembro inferior izquierdo
le ha significado la estructuración de una pérdida de capacidad laboral
superior al 50%. Esto, además, lo ha dejado inmerso en una situación de
desempleo, por lo que carece de ingresos para sufragar los gastos propios y de
su núcleo familiar. Este último conformado por su esposa, también desempleada,
y dos hijos gemelos que actualmente cuentan con 17 años de edad.[43] Se
trata de un hogar con puntaje del Sisbén correspondiente a 26.60,[44] lo que
contribuye a la acreditación de la precaria condición económica que enfrenta el
actor.[45]
La difícil situación personal del demandante está documentada también
con las declaraciones notariales rendidas bajo la gravedad de juramento por los
señores Miguel Puch Yañez y Hernando Enrique Páez, quienes manifestaron conocer
al señor Remberto Rafael Bedoya y constarles que ni él ni los demás miembros de
su grupo familiar perciben ingreso alguno, por lo que atraviesan una condición
económica sin duda adversa.[46]
En ese sentido, al estar razonable y sumariamente acreditada la condición de
debilidad manifiesta del peticionario, necesariamente se torna desproporcionada
la exigencia de agotar los trámites y demoras de los recursos judiciales
ordinarios, y por tanto la acción de tutela se configura como el medio
principal de defensa de los derechos del petente.
Expediente T-6583898: la señora Gavy Mariela Muñoz Pasuy, al igual que
ocurre con los accionantes de los demás expedientes, enfrenta una situación
particularmente gravosa, que hace necesario admitir el ejercicio de la tutela
como la alternativa principal de protección judicial de sus derechos
fundamentales, debido a la ineficacia que, en concreto, representa el
agotamiento de los mecanismos ordinarios. A la accionante se le dictaminó una
pérdida de capacidad laboral superior al 50%, la cual le ha impedido emplearse
y por tanto recibir ingresos que garanticen su subsistencia. Cuenta con un
puntaje Sisbén correspondiente al 14.83, como muestra de su realidad
socioeconómica.[47]
Aunado a ello, se acreditó durante el trámite de revisión que la
condición de salud mental de la peticionaria ha tenido graves complicaciones. A
inicios del año 2018, en la historia clínica se registraron diagnósticos por “trastorno
depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas
psicóticos”, a raíz de lo cual el psiquiatra tratante, el 6 de febrero de
2018, conceptuó: “paciente con evolución con tendencia muy desfavorable, por
tener aumento de riesgos previstos, incluso suicidio, por empeoramiento de las
funciones del pensamiento, afectividad y juicio, quien por ahora seguirá en el
programa para fortalecimiento de procesos cognitivos y ocupaciones, seguirá
para contención de riesgos y disminución de daños”[48]. Con
posterioridad, el 30 de mayo de 2018, el acompañamiento médico dio como
resultado el diagnóstico de “cefalea progresiva, más trastorno de la memoria
relacionado con demencia”[49],
muestra de una indiscutible condición de discapacidad mental.
Se trata de presupuestos fácticos que, en su conjunto, ponen en
evidencia la debilidad especial que enfrenta la solicitante, y por tanto la
necesidad de autorizar la activación de la jurisdicción constitucional como
medio que, de la manera más eficaz, responde a la defensa de sus garantías
constitucionales.
Expediente T-6704865: la importancia de asumir la acción de tutela como
único recurso eficaz para el estudio judicial de la protección invocada en este
caso se deriva, al igual que en los anteriores asuntos, de la sujeción
constitucional reforzada del actor. Esta se estructura no sólo por la
significativa pérdida de capacidad laboral superior al 50%, sino por su grave
condición de salud mental y la precariedad económica que enfrenta él y su
núcleo familiar compuesto por su esposa, hijo menor de edad y madre.[50]
Como sustento de lo anterior, se tiene que la deficiencia funcional del
actor se generó a partir del diagnóstico de “enfermedad cerebrovascular no
especificada, otras isquemias cerebrales transitorias”[51], con
concepto neurológico, desde el año 2016, de “1) accidente de infarto
talámico izquierdo de origen cardioembólico sin recurrencia de lesiones
isquémicas – 2) trastorno depresivo crónico - 3) trastorno cognitivo secundario
a 1) y 2)”[52].
Se trata entonces de una persona que presenta una discapacidad mental, por
tanto titular de especial protección constitucional. Esta condición se agrava
aún más si se considera que, por un lado y según manifestó el demandante ante
esta Corporación, su esposa, al igual que él, se encuentra desempleada;[53] y por
otro lado, tal como se constata en la base de datos actualizada del Sisbén, se
le ha asignado un puntaje igual a 19.26, lo que pone de presente su difícil
contexto económico[54].
Verificados así los requisitos de procedencia de las acciones de tutela
de la referencia, la Sala procede a estudiar el fondo de los asuntos y resolver
los problemas jurídicos formulados.
4. El principio constitucional de la condición más
beneficiosa en materia de pensión de invalidez. Sentencia SU-442 de 2016[55]
El contenido y alcance jurídico del principio constitucional de la
condición más beneficiosa en pensión de invalidez fue objeto de unificación por
parte de esta Corte, mediante la sentencia SU-446 de 2016.  En ésta, la Sala
Plena estudió la acción de tutela promovida por una persona que solicitaba la
protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital, los cuales estimaba vulnerados por parte de Colpensiones, al negar el reconocimiento
y pago de la prestación mencionada por incumplimiento de los requisitos
contenidos en la Ley 860 de 2003, constitutiva del régimen pensional vigente al
momento de la estructuración de la pérdida de capacidad laboral superior al 50%
que presentaba el demandante.
El principio de la condición más beneficiosa, de conformidad con lo
establecido por parte de este Tribunal en la sentencia mencionada, responde a
la necesidad de amparar la igualdad y la confianza legítima, en favor de los
afiliados al Sistema de Pensiones que, por un cambio intempestivo de
legislación y en ausencia de un régimen de transición, ven abruptamente
alteradas las condiciones normativas para adquirir la prestación, pese a que ya
han estructurado una expectativa legítima para ser titulares de la misma. En
ese contexto, se justifica constitucionalmente mantener las condiciones legales
que aunque han sido derogadas, resultan más beneficiosas, en cumplimiento del
mandato superior según el cual “[l]a ley, los contratos, los acuerdos y
convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad ni los
derechos de los trabajadores”.[56]
De esta forma, la expectativa legítima es quizá el elemento más
importante al momento de valorar en concreto la condición más beneficiosa, por ser
su principal objeto de protección y por determinar el alcance de dicho
principio. Frente a su configuración, la Corte señaló que “[q]uien ha
reunido la densidad de semanas de cotización para pensionarse por invalidez en
vigencia de un régimen, aun cuando no haya perdido aún la capacidad laboral en
el grado exigido por la Ley, se forma una expectativa legítima consistente en
la posibilidad de pensionarse en caso de que sobrevenga la ocurrencia del
riesgo”.[57]
Aun cuando lo anterior fuera suficiente para dilucidar el marco de
aplicación de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez,
la Sala Plena encontró necesario unificar su jurisprudencia, en razón de la
disparidad de criterios existente con la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, pues para esta última institución el principio
constitucional en alusión sólo admitía la aplicación del régimen inmediatamente
anterior al vigente durante el acaecimiento del riesgo, esto es, la
estructuración de la pérdida de capacidad laboral en el porcentaje exigido por la
norma respectiva.
Lo expuesto,  en un contexto en el que, a partir de la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991, el acceso a la pensión de invalidez ha
sido objeto de regulación sucesiva en tres regímenes legales, sin incorporación
de fórmulas de transición, así:
Régimen
pensional
Requisitos
pensión de invalidez
Fecha
en que pierde vigencia
Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año
ARTÍCULO 6.
Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que
reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido
permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,
b) Haber cotizado
para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas
dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de
invalidez.
Vigente
hasta el 22 de diciembre de 1993
Ley
100 de 1993 en su redacción original.
ARTÍCULO 39. Tendrán
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los
siguientes requisitos:
a. Que el
afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
b. Que habiendo
dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos
veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca
el estado de invalidez.
Vigente
hasta el 25 de diciembre de 2003.
Ley
860 de 2003, que modifica la Ley 100 de 1993
Artículo 1°. El
artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Artículo 39.
Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión
de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes
condiciones:
1. Invalidez
causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
2. Invalidez
causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la
misma.
Actualmente
vigente
Al zanjar la discusión, la Corte Constitucional unificó el contenido y
alcance de la condición más beneficiosa en materia pensión de invalidez, en el
siguiente sentido:
“en concepto de la Sala Plena de la Corte,
el principio de la condición más beneficiosa no se restringe exclusivamente a
admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la
vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo
amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una expectativa legítima,
concebida conforme a la jurisprudencia. Por lo demás, una vez la jurisprudencia
ha interpretado que la condición más beneficiosa admite sujetar la pensión de
invalidez a reglas bajo cuya vigencia se contrajo una expectativa legítima, no
puede apartarse de esa orientación en un sentido restrictivo”[58].
Con base en ello, se encontró
que el accionante si bien no cumplía los requisitos exigidos por la Ley 860 de
2003, que estaba vigente al momento en que se causó la pérdida de capacidad
laboral superior al 50%, sí había cumplido la densidad de cotizaciones exigida
por el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 del mismo año), durante
la vigencia de esta norma. En ese sentido, accedió a la tutela invocada y
ordenó al fondo pensional accionado reconocer en favor del demandante la
pensión requerida, así como el pago de las mesadas dejadas de percibir desde la
fecha de estructuración de la invalidez, por ser el momento en que se consolidó
el derecho.
5. Valoración especial
de la fecha de estructuración de la invalidez en el caso de las enfermedades
crónicas, degenerativas y congénitas
Según se desprende de lo expuesto, el amparo pensional por riesgo
de invalidez exige, además del cumplimiento de la densidad de cotizaciones, la
estructuración de la deficiencia funcional que afecta significativamente el
desarrollo de las actividades laborales del afiliado. El artículo 38 de la Ley
100 de 1993 establece que “se considera ‘inválida’ la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”, y en ese sentido,
corresponde a las entidades respectivas la calificación de la invalidez, en los
términos del artículo 41 (ibídem), y especialmente de acuerdo con el
Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y
Ocupacional (Decreto 1507 de 2014).
La fecha de la estructuración ha sido un asunto controversial a la
hora de reconocer la titularidad del derecho a la pensión de invalidez;
particularmente cuando se trata de padecimientos cuyo diagnóstico inicial no
necesariamente acarrea la imposibilidad definitiva para el afiliado de
continuar trabajando y aportando al Sistema de pensiones. Es el caso de las
llamadas enfermedades congénitas, degenerativas y crónicas. No obstante, esta
no es propiamente una materia novedosa en la Corte Constitucional, pues
histórica y pacíficamente los pronunciamientos de las distintas Salas de
Revisión han constituido una línea jurisprudencial clara que, por su extensión,
resulta innecesario presentar detalladamente en esta ocasión.[59]
Es pertinente, eso sí, aludir a continuación a las subreglas que han sido
decantadas por este Tribunal.
A lo largo de su jurisprudencia, la Corte ha identificado como
situación común el que la determinación de la fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral, derivada de enfermedades congénitas,
degenerativas o crónicas, suela estar asociada al primer síntoma registrado en
la historia clínica o a un instante cercano al momento en que se profiere el
dictamen de calificación. Esto ha causado que, al ser tal fecha el parámetro
formal del cual se hace depender la verificación de la densidad de cotizaciones
exigidas en el régimen pensional, se ignoren injustamente no sólo los aportes
realizados con posterioridad a esta fecha, sino realidades que lógicamente
imposibilitan exigirle al afiliado el cumplimiento retroactivo de las semanas cotizadas,
como cuando se trata específicamente de enfermedades congénitas, en las que la
sintomatología o primer registro médico, por antonomasia, data del nacimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal Constitucional ha
insistido en que, cuando se encuentra acreditado el carácter progresivo del
padecimiento que deviene en invalidez, la fecha formal de estructuración fijada
por la entidad médica respectiva es susceptible de verificación por parte de
las autoridades encargadas de determinar el cumplimiento de los requisitos
pensionales.[60] Esto porque se ha entendido que es
altamente probable que a quien se le ha conceptuado una invalidez superior al
50%, causada por una contingencia médica degenerativa, la pérdida definitiva
y permanente de la capacidad laboral no necesariamente coincida con la
fecha establecida en el dictamen, sino con el momento en el que, en efecto, el
afiliado se ha visto materialmente imposibilitado para seguir haciendo uso de
su fuerza de trabajo y por tanto de contribuir al Sistema de pensiones a través
de sus aportes.
Para la Corte, eventos como que el afiliado haya aportado durante
varios años antes de la fecha de expedición del dictamen, o que cuente con un
lapso prolongado de cotizaciones con posterioridad a la fecha de estructuración
fijada por la autoridad técnica, han sido indicativos sobre la necesidad de
constatar materialmente la pérdida definitiva y permanente de la capacidad
laboral.[61] En estas circunstancias, se ha
dicho, resulta necesario asumir que cuando se evidencia una deficiencia
funcional de consolidación gradual, la fecha de la que debe hacerse depender el
cumplimiento de los requisitos de cotización para adquirir la pensión de
invalidez no es la formalmente registrada en el concepto técnico, sino aquella
en la que se ha realizado el último aporte al Sistema, por ser ello
verdaderamente demostrativo de la cesación de la capacidad de trabajo.[62]
Desconocer el concepto de pérdida definitiva y permanente
de la capacidad laboral en el caso de las enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social (Art. 48
CP) y a la igualdad (Art. 13 CP) de los afiliados. Esta Corporación ha
establecido que ignorar en estos casos los aportes realizados con posterioridad
a la fecha de estructuración no sólo no se compadece con la realidad de estos
padecimientos, sino que es constitutivo de un inadmisible enriquecimiento sin
justa causa por parte del fondo pensional que, pese a verse beneficiado con la
contribución del afiliado, actúa como si este último no hubiera sido solidario
con el Sistema.
Ahora bien, a partir de la sentencia SU-588 de 2016,[63]
la Sala Plena de esta Corporación sistematizó las reglas jurisprudenciales de
cuyo cumplimiento se hace depender la aplicación de la denominada pérdida definitiva
y permanente de la capacidad laboral. La Corte fue clara en definir que,
con el propósito de evitar prácticas fraudulentas contra el Sistema, la entidad
pensional se encuentra llamada a constatar que los aportes realizados con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, en el caso de
enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, fueron sufragados
efectivamente como consecuencia de una “capacidad laboral residual”, que
demuestra el carácter “definitivo y permanente” al que ya se ha hecho
referencia, y no bajo el propósito de obtener deslealmente el acceso a la
prestación. En ese sentido, el Tribunal señaló lo siguiente:
“cuando la persona solicita el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez, a estas entidades [fondos pensionales] les
corresponderá verificar: (i) que la solicitud pensional fue presentada por una
persona que padece una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, (ii) que
con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez fijada por la
autoridad médico laboral, la persona cuenta con un número importante de semanas
cotizadas; y, (iii) que los aportes fueron realizados en ejercicio de una
efectiva y probada capacidad laboral residual, es decir que, en efecto, la
persona desempeñó una labor u oficio y  que la densidad de semanas
aportadas permite establecer que el fin de la persona no es defraudar al
Sistema”.
Así, estas tres reglas constituyen los criterios para valorar,
siempre en consideración de las particularidades de cada caso y nunca como
raceros absolutos y/o rígidos –propio de las reglas jurisprudenciales–, la
aplicación de la figura de la pérdida “definitiva y permanente” de la
capacidad laboral y que impiden evitar prácticas que atentan ilegítimamente
contra el régimen pensional, como ocurre cuando se evidencia que los aportes
sufragados con posterioridad a la fecha de estructuración han tenido como único
objeto el cumplimiento forzoso de los requisitos legales.
6. Cómputo de aportes
pensionales realizados extemporáneamente por parte de trabajadores
independientes
El Sistema General de
Pensiones, contenido en la Ley 100 de 1993[64], no especificó
la manera como deberían efectuarse los aportes a los que se encuentran
obligados los afiliados en calidad de trabajadores independientes. Ante esta
omisión, en una primera oportunidad, por vía de los Decretos 692 de 1994[65]
y 1406 de 1999[66], se reglamentó la materia. En el
artículo 28 del primero de estos cuerpos normativos se estableció que “[t]ratándose
de afiliados independientes, no habrá lugar a la liquidación de intereses de
mora, toda vez que las cotizaciones se abonarán por mes anticipado y no por
mes vencido”. Asimismo, el segundo de estos Decretos  dispuso en su
artículo 35 que “los trabajadores independientes deberán presentar la
declaración de novedades y realizar el pago de las respectivas cotizaciones
por periodos mensuales y en forma anticipada. Las novedades que ocurran y no se
puedan reportar anticipadamente, se reportarán al mes siguiente”.
Lo anterior
configuraba un marco normativo en el que era claro que, tratándose de personas
que fungen como su propio empleador o que asumen “motu proprio” el
riesgo económico de su productividad, éstos se obligaban a realizar los
respectivos aportes por mes anticipado, de manera que, dada la imposibilidad
legal de causar intereses por mora, nunca las cotizaciones extemporáneas
podrían computarse retroactivamente.[67]
El contexto jurídico cambió
con la aparición del Decreto 3085 de 2007[68], en cuyo
artículo 7º se dispuso que “[l]os intereses de mora, se generarán a partir de la fecha de vencimiento
del plazo para efectuar el pago de los aportes, salvo que el trabajador
independiente realice este pago a través de entidades autorizadas por la Ley
para realizar el pago en su nombre, caso en el cual los intereses de mora se
causarán teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los pagos de la entidad
que realice los aportes por cuenta del trabajador independiente”. Con ello, se derogó
tácitamente la imposibilidad de causar intereses moratorios sobre los aportes
tardíos realizados directamente por el trabajador, de modo que, con la entrada
en vigencia de esta normatividad, es posible que quien se encuentra afiliado
como independiente ante el Sistema, y haya dejado de sufragar los aportes
respectivos en la oportunidad correspondiente, salde el pasivo pensional a
través del pago de los intereses moratorios a que haya lugar, y de esta forma
obtenga el reconocimiento de los periodos adeudados.
A raíz de lo expuesto,
surgió la necesidad de aclarar la aplicación en el tiempo de la regla
introducida por el Decreto 3085 de 2007, lo cual ha sido uniformemente resuelto
por la jurisprudencia de esta Corporación. En la reciente sentencia T-150 de
2017,[69] la Sala Primera de Revisión se ocupó
de sistematizar las subreglas que definen esta cuestión.[70]
La Corte recordó que fue a partir de la entrada en vigencia de la Ley 797 de
2003,[71] el 29 de enero de dicho año, que la
afiliación al Sistema de pensiones empezó a ser obligatoria para los
trabajadores independientes,[72] por lo que sólo respecto de los
periodos causados a partir de ese momento es posible constituirse en mora por
incumplimiento de la obligación legal de sufragar los aportes pensionales, en
tanto rubros parafiscales. De este modo, se estableció lo siguiente:
“en el marco del Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, (i) antes de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003
la vinculación y cotización para trabajadores independientes era voluntaria,
por tanto, conforme a los Decretos 692 de 1994[73] y 1406 de 1999, el aporte debía ser anticipado, so pena de que se
aplicara a periodos futuros; y, (ii) con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 797 de 2003 la vinculación y cotización para trabajadores
independientes es obligatoria, por tanto, conforme al Decreto 3085 de
2007, la cotización sigue siendo mes anticipado,
pero el no hacerlo en la oportunidad  debida no determina la imputación al mes
posterior, sino que permite convalidar el aporte con el pago debido de la
sanción por mora”.
Con base en lo
anterior, se estudió la acción de tutela instaurada por un
ciudadano al que Colpensiones le había negado el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, por no tener
en cuenta el pago extemporáneo, realizado en el año 2008, de las cotizaciones
adeudadas durante los periodos pensionales comprendidos entre junio de 1999 y
diciembre de 2002. En concreto, la Sala determinó que, al tratarse de aportes
causados antes de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, resultaba jurídicamente
imposible computar la cancelación extemporánea de manera retroactiva. No
obstante, de acuerdo con lo indicado en los Decretos 692 de 1994 y 1406 de 1999, dispuso la aplicación de
dicho pago a los periodos futuros, pues así el demandante resultaba titular de
la prestación requerida.
De esta forma, aun cuando el desarrollo antes
descrito se dio en el marco de controversias relacionadas con la pensión de
jubilación o vejez, esta Sala encuentra necesario indicar que,
justamente, la construcción jurisprudencial ha recaído sobre la forma en
la que pueden validarse los aportes al sistema general de seguridad social en
pensiones de los trabajadores independientes, cuando se hacen de modo
extemporáneo. Tal discusión, en consecuencia, no ha dependido ni girado en
torno al tipo de riesgo pretendido. Por tanto, dado que no hay razón para
efectuar una diferenciación, pues el aporte mensual al sistema se efectúa
globalmente para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, resulta
obligatorio aplicar el mismo criterio en cada uno de estos eventos.
7. Estudio de los
casos concretos
7.1. Expediente
T-6546704: Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital de la señora Gertrudy Cañate Berrío, al negarse a
reconocer la pensión de invalidez de la que es titular, en aplicación del
principio de la condición más beneficiosa
Mediante concepto técnico
del 29 de marzo de 2016, Colpensiones dictaminó pérdida de capacidad laboral de
la señora Gertrudy Cañate Berrío, en porcentaje del 56.1%, causada por “enfermedad
degenerativa, de alto costo, catastrófica y de origen común”[74].
La fecha de estructuración de la invalidez correspondió al 25 de noviembre de
2014, la cual fue definida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Atlántico, en dictamen del 10 de agosto de 2016.[75]
Al estudiar la
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez elevada por la
accionante, Colpensiones advirtió el incumplimiento del requisito de semanas de
cotización de que trata el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, relativo a haber
“cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, el 29 de marzo de 2016”.
Con base en esa misma razón, estableció que no era aplicable el régimen
previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (en su redacción original),
pues tampoco acreditaba el cumplimiento de 26 semanas de cotización antes de la
mencionada fecha.[76] Para la actora, esta decisión
vulnera sus derechos fundamentales, pues, si bien es cierto incumple los
requisitos señalados por la accionada, desde su perspectiva es titular de la
pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición más
beneficiosa.
De entrada la Sala
encuentra necesario poner de presente una primera situación contraria a los
derechos de la actora: Colpensiones, en un claro desconocimiento de la garantía
fundamental de la seguridad social e inclusive del debido proceso, ha tomado
como parámetro de estudio de los requisitos para acceder a la pensión de
invalidez requerida por la demandante, la fecha de estructuración fijada en una
primera oportunidad por parte de dicha entidad, mediante dictamen 29 de marzo
de 2016, según la cual la invalidez se consolidó el 17 de febrero de 2016 .
Esta situación ignora,
sin ninguna razón, que la señora Gertrudy Cañate Berrío controvirtió ante la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico la fecha de
estructuración determinada por Colpensiones, y que, en tal virtud, se definió que
el 25 de noviembre de 2014 corresponde verdaderamente al momento que debe
servir como criterio para verificar el cumplimiento de los demás requisitos
pensionales.[77]
Luego de la anterior
aclaración necesaria, encuentra la Sala que, según la historia laboral obrante
en el expediente, la peticionaria cotizó por última vez al Sistema de pensiones
el 30 de noviembre de 2013.[78] Asimismo, que durante los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral (25
de noviembre de 2014), la actora sólo cotizó 12,87 semanas[79],
por lo que, en efecto, incumple los requisitos contenidos en el artículo 1º Ley
860 de 2003.
En ese sentido, esta
Corporación se halla abocada a analizar si, en virtud del principio de la
condición más beneficiosa, la petente es titular del derecho pensional
requerido. De acuerdo con lo señalado previamente, la aplicación de este
mandato constitucional exige del afiliado haber consolidado una expectativa
legítima de pensión, a través del cumplimiento del requisito de densidad de semanas de cotización para obtener
amparo por invalidez, en vigencia de un régimen distinto al existente al
momento de estructurarse la pérdida de capacidad laboral.
En el caso de la señora Gertrudy Cañate Berrío, al
verificarse los requisitos contenidos en el artículo 39 original de la Ley 100
de 1993 (anterior al régimen introducido por el artículo 1º de la Ley 860 de
2003), la Sala, nuevamente, constata su incumplimiento. De los hechos
debidamente probados se desprende que al momento de estructurarse la pérdida de
capacidad laboral, la accionante no cotizaba al sistema de pensiones, por lo
que le resultaría aplicable el literal b) del mencionado artículo 39 original,
que exige haber aportado “por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”.
Como ya se indicó, la actora dejó de cotizar al Sistema el 30 de noviembre de
2013, por lo que claramente no satisface el requisito bajo estudio.
No se llega a la misma
conclusión si se analiza el régimen pensional contenido en el Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 de mismo año, vigente hasta el 22 de
diciembre de 1993. El literal b) de su artículo 6º exigía como requisito para
obtener pensión de invalidez, haber cotizado “ciento cincuenta (150) semanas
dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o
trescientas (300) semanas en cualquier época, con anterioridad al estado de
invalidez”. La señora Gertrudy Cañate Berrío formó una expectativa legítima
de pensión, en el sentido que el requisito de semanas exigidas para cubrir la
contingencia por invalidez le sería respetada, pues antes de que este régimen
pensional fuera derogado por la Ley 100 de 1993, reunió 2.989 días de
cotización,[80] equivalentes a más de 400 semanas
aportadas.
La accionante,
entonces, es titular del derecho a la pensión de invalidez, puesto que, por un
lado, cuenta con la calificación de su pérdida de capacidad laboral superior al
50%; y por otro lado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, aplicable en el caso
concreto en razón del principio constitucional de la condición más beneficiosa,
la demandante cotizó más de 300 semanas durante la vigencia de dicho régimen
pensional.
Con base en lo
anterior, la Sala Segunda de Revisión concluye que Colpensiones vulneró los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora
Gertrudy Cañate Berrío, por dos hechos concretos: primero, porque irrespetó la
fecha de estructuración fijada de manera definitiva por parte de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, mediante dictamen del 10
de agosto de 2016; y segundo, porque, en desconocimiento del principio de la
condición más beneficiosa, se negó a reconocer y pagar la pensión de invalidez
requerida por la actora, pese a que es titular de la misma, en razón de
acreditar los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 del mismo año.
En tal virtud, se
revocará la sentencia del 20 de septiembre de 2017, proferida
por la Sala Séptima de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla (Atlántico), que confirmó el fallo de primera
instancia, proferido el 12 de junio de 2017 por parte del Juzgado Segundo de
Familia - Oral de Barranquilla (Atlántico). En su lugar, se concederá el amparo
de los derechos fundamentales invocados por la señora Gertrudy Cañate Berrío y, como se procedió en la sentencia
SU-442 de 2016, se ordenará a Colpensiones que, en el término máximo de 15 días
contados a partir de la notificación de esta providencia, reconozca a la
demandante la pensión de invalidez a la que tiene derecho, de acuerdo con lo
expuesto en esta sentencia, la incluya en la nómina respectiva y cancele en su
favor las mesadas causadas desde el 25 de noviembre de 2014, fecha en la cual
se estructuró la pérdida de capacidad laboral superior al 50% de la actora.
7.2. Expediente T-6570630: Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la seguridad
social y mínimo vital del señor Remberto Rafael Bedoya Plaza, al negarse a
reconocer la pensión de invalidez de la que es titular, en aplicación del
principio de la condición más beneficiosa
El 15 de abril de 2008,
la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar dictaminó
pérdida de capacidad laboral del accionante en un porcentaje del 55.92%, con
fecha de estructuración el 8 de mayo de 2007.[81]
Luego de que el actor solicitara el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez ante Colpensiones, la entidad, mediante Resolución del 16 de marzo de
2017,[82]
confirmó la negativa de tal requerimiento por considerar que: (i) se incumplen
no sólo los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003, sino también los
exigidos en la legislación inmediatamente anterior (Art. 39 original de la Ley
100 de 1993); y (ii) mediante acto administrativo del 10 de septiembre de 2013
se reconoció a favor del demandante una indemnización sustitutiva de pensión de
vejez por la suma de $7.819.838.
Al analizar la
situación del accionante, se evidencia que, aun cuando la estructuración de su
pérdida de capacidad laboral se dio en vigencia de la Ley 860 de 2003, en
efecto no se cumplen ni los requisitos contenidos en dicha legislación para
obtener la pensión de invalidez, ni los de la Ley inmediatamente anterior a dicho
Régimen, correspondiente al artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, pues
según se constata en su historial laboral, después de septiembre de 1997 el
actor no realizó cotizaciones ante el Sistema de pensiones.
No obstante, antes de
que perdiera vigencia el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del
mismo año, el actor cotizó 4.145 días,[83]
correspondientes a más de 500 semanas aportadas, por lo que consolidó una
expectativa legítima de pensión en el marco de dicha legislación, susceptible
de ser amparada en virtud del principio constitucional de la condición más
beneficiosa, y que se consolidó en derecho adquirido cuando, el 8 de mayo de
2007, se estructuró la pérdida de su capacidad laboral superior al 50%. Esto es
suficiente para considerar que Colpensiones vulneró los derechos fundamentales
a la seguridad social y al mínimo vital del señor Remberto Rafael Bedoya Plaza,
al negarse a reconocer la prestación solicitada por el demandante, pese a que
éste era titular de la misma.
En atención a lo
expuesto, se revocará la sentencia del 27 de octubre de
2017, proferida por la Sala Tercera de Decisión Civil-Familia-Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería (Córdoba), que decidió
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, se
confirmará parcialmente el fallo de primera instancia, proferido el 19 de
septiembre de 2017 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Montería (Córdoba), en el que se ampararon los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital invocados por la
actora.
Al respecto, debe aclararse que la confirmación parcial del
fallo de primera instancia obedece a que, si bien se concedió la salvaguarda a
que tiene derecho el actor, se ignoraron dos situaciones que merecen especial pronunciamiento y que
determinan el alcance de la protección otorgada: por un lado, el reconocimiento
previo de una indemnización sustitutiva por valor de $7.819.838 que, mediante acto del
10 de septiembre de 2013, Colpensiones hizo en favor del demandante; y por
otro lado, el lapso transcurrido entre el momento en que se profirió el
dictamen de calificación de la invalidez (el 15 de abril de 2008) y la solicitud
de reconocimiento de la prestación realizada por el actor el 6 de diciembre de
2016.[84]
Aunque durante
el trámite de la acción de tutela no se logró tener certeza sobre si la
indemnización sustitutiva antes referida fue materialmente recibida por el
accionante, lo cierto es que, en caso de que ello hubiera ocurrido, el
reconocimiento de la pensión de invalidez que se dispondrá en esta sentencia
necesariamente dejará sin efectos el otorgamiento de ese primer emolumento, en
razón de la incompatibilidad que presentan estas dos prestaciones (Art. 6 del Decreto
1730 de 2001[85]).[86]
Por ello, corresponderá a la entidad accionada gestionar la compensación de
dicha suma de dinero al Sistema de pensiones, a través de un acuerdo de pago
que, de manera razonable, será celebrado entre ésta y el señor Remberto Rafael Bedoya Plaza,
atendiendo a lo expuesto en la presente providencia.[87]
En relación
con la segunda cuestión, no puede perderse de vista que aun cuando el
reconocimiento de la titularidad del derecho a la pensión de invalidez se
perfeccionó en el momento en que se estructuró la pérdida de capacidad laboral,
el 8 de mayo de
2007, ha transcurrido un lapso significativo entre ese instante y la fecha en
la cual se encuentra acreditado que el actor solicitó ante la entidad demandada
el reconocimiento de la prestación, esto es, el 6 de diciembre del año 2016. Bajo
estas circunstancias, es necesario dar aplicación a la prescripción trienal de
que trata el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo,[88]
de modo que la entidad pensional deberá pagar las mesadas causadas de manera
retroactiva, sin perjuicio de que se aplique la prescripción antes referida.[89]
Aclarado lo anterior,
la Sala Segunda de Revisión, entonces, confirmará parcialmente el fallo de
primer grado, en el sentido de tutelar los derechos fundamentales invocados por
el actor y, en consecuencia, ordenar a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones que, en el término máximo de 15
días contados a partir de la notificación de esta sentencia: (i) reconozca al
demandante la pensión de invalidez a la que tiene derecho, de acuerdo con lo
expuesto en esta sentencia, (ii) le incluya en la nómina respectiva, y (ii) cancele
en su favor las mesadas causadas desde el 8 de mayo de 2007, sin perjuicio de la prescripción trienal
de que trata el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
Asimismo, se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y al señor
Remberto Rafael Bedoya Plaza que, en el término máximo de 20 días siguientes a
la notificación de esta sentencia, y en caso que efectivamente el actor hubiera
recibido la indemnización sustitutiva reconocida mediante acto del 10
de septiembre de 2013, celebren un acuerdo de pago mediante el cual se
garantice la compensación del valor otorgado por dicho concepto.
7.3. Expediente T-6583898: el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de
la señora Gavy Mariela Muñoz Pasuy, al negar el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez de la que es titular la accionante, sin tener en cuenta la
valoración especial que debe realizar frente a la fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral, cuando se trata de enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas
El 7 de octubre de 2015, la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Nariño dictaminó la pérdida de capacidad laboral de la accionante en un
porcentaje igual al 66.33%, con fecha de estructuración el 27 de junio de 2013,
causada por diagnóstico de “trastorno depresivo recurrente, episodio grave
presente, hipotiroidismo, gastritis crónica, várices en MMII”[90]. Al conocer la solicitud
de reconocimiento de la pensión de invalidez elevada ante la accionada, esta
entidad, mediante acto del 22 de febrero de 2016, negó el requerimiento, por
incumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º de la Ley 860 de
2003. Específicamente, indicó que, al momento en que se estructuró la
invalidez, la demandante no acreditaba 50 semanas de cotización.
Constatada la información disponible en el expediente, se encuentra que,
si bien en este caso el dictamen de calificación de la invalidez definió como
fecha de estructuración de la misma el 27 de junio de 2013, el historial
laboral de la accionante demuestra que, con posterioridad a esa fecha, se conservó
su capacidad laboral. Efectivamente, se registran cotizaciones por lo menos
durante los tres años siguientes, siendo el último periodo de aportes
realizados, por parte de su empleador, el correspondiente al mes de octubre del
año 2015.[91]
Igualmente, conforme a las pruebas con las que cuenta la Sala, se tiene
que el padecimiento del cual se derivó la pérdida de capacidad laboral de la
actora responde no sólo a “gastritis crónica”, sino a un complejo
padecimiento de salud mental (“trastorno depresivo recurrente”) que
progresivamente se ha agravado. Así, por ejemplo, para el mes de febrero del
año 2018, el concepto médico-psiquiátrico registró: “paciente con evolución
con tendencia muy desfavorable, por tener aumento de riesgos previstos, incluso
de suicidio, por empeoramiento de las funciones del pensamiento afectividad y
juicio”[92].
Y en el mes de mayo del mismo año se documentaron “olvidos 2 años-cefalea
pte con evolución progresiva de gran intensidad en región occipital.
Además pérdida de la memoria de forma lentamente progresiva”, a raíz de lo
cual se diagnosticó “cefalea progresiva, más trastorno de la memoria
relacionado con demencia ft.s depresivo”[93]. Se trata, sin duda, de
una enfermedad con claras manifestaciones crónicas y degenerativas.
En ese sentido, no resulta razonable de ninguna manera avalar que
Porvenir S.A., pese a ser consciente del tipo de padecimiento que enfrenta la
accionante y el número significativo de cotizaciones realizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración fijada en el dictamen de
calificación, desconozca sin ningún motivo la jurisprudencia pacífica que sobre
la materia ha construido este Tribunal. Como se explicó con antelación, en este
tipo de eventos, en los que la invalidez se deriva de una enfermedad crónica y degenerativa,
le es exigible a las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de los
requisitos pensionales constatar el momento en el cual ocurrió el cese definitivo
y permanente de las funciones laborales del afiliado.
En el caso de la señora Gavy Mariela Muñoz Pasuy, debe admitirse que
ello ha ocurrido en el mes de octubre de 2015, no sólo por ser éste el último
periodo de cotizaciones evidenciado en su historia laboral, sino sobre todo por
no tratarse de un asunto en el que se observe un actuar fraudulento por parte
de la demandante. Como ya se indicó en consideraciones previas, en la sentencia
SU-588 de 2016[94]
la Sala Plena se refirió a  la necesidad de constatar que, en asuntos como el
que ahora se estudia, la pérdida “definitiva y permanente” de la
funcionalidad laboral se ha causado tras el agotamiento de la capacidad
residual de trabajo de la que disponía el afiliado luego de la fecha de
estructuración registrada en el dictamen correspondiente, lo cual exige aplicar
de las reglas allí definidas, como a continuación se adelanta respecto del
expediente de la referencia.
(i) La solicitud pensional fue presentada por una persona que padece
una enfermedad congénita, crónica o degenerativa: como
ya se dijo, la accionante es una persona que, de acuerdo con su historia
clínica, enfrenta complejos diagnósticos de padecimientos crónicos y con claras
manifestaciones degenerativas.
(ii) Que con posterioridad a
la fecha de estructuración de la invalidez fijada por la
autoridad médico-laboral, la persona cuente con un número importante de semanas
cotizadas: previamente se advirtió que estas reglas
son, en estricto sentido, criterios jurisprudenciales, y por tanto exigen una
valoración “caso a caso”. Dicho esto, en el asunto bajo estudio se
observa que la señora Gavy Mariela Muñoz Pasuy cotizó con posterioridad a la
fecha de estructuración un total de 115.83, tal como se detalla más adelante al
momento de valorar el cumplimiento de los requisitos.
(iii) Que los aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y
probada capacidad laboral residual, es decir que, en efecto, la persona
desempeñó una labor u oficio y que la densidad de semanas aportadas permite
establecer que el fin de la persona no es defraudar al Sistema: de acuerdo con lo evidenciado en la historia laboral de la accionante,[95] luego del 27 de junio de
2013 (fecha de estructuración fijada en el dictamen) se realizaron cotizaciones
ininterrumpidas, siempre como afiliada dependiente de la empresa “Editora
Académica de Lectura Sináptica Colombiana S.A.S. – Sináptica S.A.S.”[96], hasta el mes de octubre
de 2015, en la que definitivamente cesaron los aportes. Aunado a esto, no hay
referencia alguna por parte del fondo pensional destinada a hacer evidente
algún tipo de accionar fraudulento por parte de la demandante. Es así que, en
virtud del principio de buena fe y con base en los elementos de juicios antes
referidos, resulta ciertamente necesario concluir que el actuar de la
accionante nunca ha tenido como único propósito el cumplimiento forzoso y
desleal de los requisitos para acceder a la pensión pretendida.
Precisada la valoración de la fecha de estructuración de la invalidez
de la accionante, corresponde ahora a esta Corporación resolver si se cumplen
los requisitos para ser titular de la pensión de invalidez. Para tal efecto,
debe recordarse que, según el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, quien ha
perdido la capacidad laboral en un porcentaje igual o mayor al 50% por
enfermedad, debe haber “cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración”. La señora Gavy
Mariela Muñoz Pasuy, de acuerdo con lo expuesto, tiene derecho a la pensión de
invalidez, pues si bien no cuenta con las 50 semanas cotizadas durante el año
inmediatamente anterior a la estructuración fijada en el dictamen emitido por
la autoridad médico-laboral, lo cierto es que en los tres años previos al
momento en que se causó la pérdida definitiva y permanente de su
capacidad laboral (octubre de 2015) cotizó ante el Sistema de pensiones
muchas más de las referidas 50 semanas: un total de 115,83.[97]
Así las cosas, la Sala Segunda de Revisión concluye que el Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. vulneró los derechos fundamentales de la
señora Gavy Mariela Muñoz Pasuy, al negarse a reconocer la pensión de invalidez
de la que era ella titular, en desconocimiento de las reglas jurisprudenciales
que este Tribunal ha fijado en materia de valoración de la fecha de
estructuración de la pérdida de la capacidad laboral cuando se trata de
enfermedades crónicas degenerativas o congénitas.
En razón de lo dicho,
se revocará la sentencia del 5 de octubre de 2017,
proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función
de Control de Garantías de San Juan de Pasto (Nariño), que en única instancia
resolvió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia. En su
lugar, se dispondrá el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital de la señora Gavy Mariela Muñoz Pasuy, y como consecuencia
se ordenará a la entidad accionada que, en el término máximo de 15 días
contados a partir de la notificación de esta providencia, reconozca a la
demandante la pensión de invalidez a la que tiene derecho, de acuerdo con lo
expuesto en esta sentencia, la incluya en la nómina respectiva y cancele en su
favor las mesadas causadas desde el 31 de octubre de 2015, fecha en la cual se
estructuró la pérdida definitiva y permanente de capacidad laboral de la
actora.
7.4. Expediente T-6704865: la Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Protección S.A. vulneró los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital del señor Juan Guillermo Quiroz Zapata, al negar el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de la que es titular el accionante,
sin tener en cuenta los pagos extemporáneos de los aportes que, al corresponder
a periodos causados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de
2003, deben ser incluidos en el estudio de los requisitos
El 15 de noviembre de
2016, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas dictaminó la
pérdida de capacidad laboral del actor en un porcentaje del 63.57%, con fecha
de estructuración el 22 de septiembre de 2014, causada por enfermedad de origen
común.[98] Al resolver la solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez elevada por el demandante, Protección
S.A. resolvió negar la prestación, por encontrar que el actor no cumple el
requisito de cotización de que trata el artículo 1º de la Ley 830 de 2003. Para
el señor Quiroz Zapata, la decisión de la entidad
accionada desconoce que, si bien al momento de la estructuración de la
invalidez sólo había cotizado 29.48 semanas durante los 3 años inmediatamente
anteriores, actualmente dispone de 58.91 semanas de aportes, debido a que los “periodos
2012 (parcial), 2013 (parcial) y enero de 2014”[99]
fueron cancelados extemporáneamente durante los años 2016 y 2017.
La Sala
observa que, de acuerdo con la comunicación proferida por la Administradora
de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., el 31 de octubre de 2017,
los periodos excluidos en el estudio de su pensión de invalidez, por haber sido
cancelados directamente por el afiliado de forma extemporánea, fueron
computados por este fondo pensional en su historia laboral, así:
Periodo
de cotización
Fecha
de pago
2012-02
2017-01-02
2012-03
2017-01-02
2013-09
2016-12-23
2013-10
2017-01-02
2013-11
2017-01-02
2013-12
2017-01-02
2014-01
2017-01-02
Lo anterior
condujo a que el accionante tan sólo dispusiera de 29.48 semanas cotizadas
durante los 3 años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez,
lo que determinó la negativa para acceder a la prestación solicitada.
En virtud de
lo indicado en esta sentencia, con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003
la afiliación al sistema de pensiones se convirtió en una obligación para los
trabajadores independientes, por lo que a partir de ese momento es
jurídicamente posible la constitución en mora por incumplimiento de deber de
cotizar. Con ello, y en atención a lo dispuesto el artículo 7º del Decreto 3085
de 2007, se abandonó el criterio según el cual los aportes realizados por parte
de este tipo de afiliados necesariamente deben ser anticipados.
Así, se introdujo
la regla según la cual los aportes pensionales adeudados por trabajadores
independientes pueden ser cancelados de forma extemporánea y computados de
manera retroactiva, siempre que no se trate de periodos transcurridos antes de
la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, pues de lo contrario la aplicación
del pago se hará de forma futura.
En el caso de
la referencia, se observa que los periodos adeudados y cancelados
de forma extemporánea por el actor, en calidad de trabajador independiente, no
sólo se causaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de
2003, sino que la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección
S.A. recibió y aceptó el pago de los mismos. En ese sentido, no hay razón para
impedir que éstos sean automáticamente tenidos en cuenta para verificar el cumplimiento
de la pensión de invalidez requerida por el demandante.
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.,
entonces, vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital del señor Juan Guillermo Quiroz Zapata, quien tiene derecho a la pensión
de invalidez porque, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003: (i) presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%,
estructurada el 22 de septiembre de 2014, y (ii) durante los 3 años anteriores
a dicha fecha, cumplió un total de 59,51 semanas de cotización (29,43 oportunas
y 30,03 extemporáneas).
Ahora bien, debe advertirse que en este caso no es posible señalar que
la titularidad del derecho a la pensión de invalidez se perfeccionó, como suele
ocurrir, con el acaecimiento del riesgo susceptible de amparo pensional (la
invalidez), sino con la efectiva superación del pasivo adeudado por el actor,
ocurrida el 2 de enero de 2017, por lo que sólo desde ese momento es exigible el
pago de la prestación requerida.
En tal virtud, se
revocará la sentencia del 22 de enero de 2018, proferida
por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná (Caldas), que decidió
confirmar la improcedencia declarada en la sentencia de primera instancia,
proferida el 22 de diciembre de 2017 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Chinchiná (Caldas). En su lugar, se ampararán los derechos fundamentales que
le han sido vulnerados al demandante, y en consecuencia se ordenará a la Administradora
de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. que, en el término máximo de
15 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca al
demandante la pensión de invalidez a la que tiene derecho, le incluya en la
nómina respectiva y cancele en su favor las mesadas causadas desde el 2 de
enero de 2017, fecha en la cual se perfeccionó la titularidad del derecho a la
pensión de invalidez.
8. Síntesis de la decisión
En esta Sentencia, la Sala Segunda de Revisión ha estudiado cuatro
acciones de tutela relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, negada por parte de los fondos administradores respectivos con base
en distintas razones que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, no
son constitucionalmente admisibles. Las subreglas que han determinado la
solución de los asuntos pueden sintetizarse así:
i. Una entidad administradora
de pensiones vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo
vital de un afiliado cuando niega el acceso a la pensión de invalidez, bajo el
argumento según el cual el principio constitucional de la condición más
beneficiosa sólo admite la verificación de los requisitos contenidos en el
régimen legal inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral. Esto es así, pues de conformidad con la
unificación de jurisprudencia adelantada en la sentencia SU-442 de 2016,[100]
el principio bajo referencia tiene como propósito la protección de las
expectativas legitimas de pensión que se han consolidado en vigencia de un
régimen distinto al del momento en que acaece la invalidez. Dichas expectativas
se configuran cuando el afiliado haya cumplido la densidad de semanas exigidas
por determinada ley para ser titular de amparo pensional antes de que ésta haya
perdido vigencia.
ii. Una entidad administradora
de pensiones vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo
vital de un afiliado cuando, a sabiendas de que (i) la pérdida de capacidad
laboral igual o superior al 50% ha sido dictaminada a causa de una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, y (ii) existe reporte de cotizaciones
posteriores a la fecha de estructuración dictaminada por la autoridad técnica,
se niega a reconocer y pagar la pensión de invalidez. En estos casos, es
obligación del fondo pensional constatar la pérdida definitiva y permanente
de las funciones laborales del afiliado, siendo la fecha de la última
cotización el mayor reflejo de dicha situación y por tanto constitutiva del
parámetro para valorar la superación del requisito de semanas de cotización
exigido por el régimen correspondiente.
iii. Una entidad
administradora de pensiones vulnera los derechos fundamentales a la seguridad
social y mínimo vital de un afiliado cuando decide negar el acceso a la pensión
de invalidez, sin tener en cuenta el pago extemporáneo de aportes realizados
por un trabajador independiente, siempre que: (i) se trate de periodos causados
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003; (ii) el pago
haya sido recibido por parte del Fondo Pensional; y (iii) los aportes no sólo
hayan sido incluidos en la historia laboral del afiliado, sino computados a los
periodos adeudados. Tener en cuenta la Ley 797 de 2003 es un criterio
determinante, pues es sólo a partir de ésta que en Colombia le es obligatorio a
quienes fungen como su propio empleador o asumen directamente el riesgo
económico de su actividad productiva encontrarse afiliados al Sistema de
pensiones, y así cumplir el deber de cotización. La desatención de esta
obligación constituye un pasivo pensional que, por tanto, es susceptible de
pago por parte del afiliado moroso, siendo procedente, entonces, el cómputo
retroactivo los aportes sufragados extemporáneamente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-  En relación con el
expediente T-6546704, REVOCAR la sentencia de
segunda instancia, proferida el veinte (20) de septiembre
de dos mil diecisiete (2017) por la Sala Séptima de Decisión Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (Atlántico), en la que
se decidió confirmar el fallo de primera instancia, proferido el doce (12) de
junio de dos mil diecisiete (2017) por parte del Juzgado Segundo de Familia -
Oral de Barranquilla (Atlántico). En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Gertrudy Cañate Berrío, los
cuales han sido vulnerados por la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones, de acuerdo con las razones expuestas en esta Sentencia.
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones que, en el término máximo de quince (15)
días contados a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia:
(i) reconozca a la señora Gertrudy Cañate Berrío la pensión de invalidez a la que tiene
derecho, (ii) la incluya en la nómina respectiva, y (iii) cancele en su favor
las pesadas causadas desde el veinticinco (25) de noviembre de dos mil catorce
(2014), fecha en la cual se estructuró la pérdida de capacidad laboral superior
al 50% de la actora.
Tercero.- En
relación con el expediente T-6570630, REVOCAR la sentencia de segunda
instancia, proferida el veintisiete (27) de octubre de dos mil
diecisiete (2017) por parte de la Sala Tercera de Decisión
Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería
(Córdoba), en la que se declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia. En su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo de primera
instancia, proferido el diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017) por parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Montería (Córdoba), en el sentido de amparar los
derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del señor Remberto Rafael Bedoya Plaza,
que han sido vulnerados
por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, de acuerdo
con las razones expuestas en esta Sentencia. En consecuencia, ORDENAR:
(i) A la Administradora Colombiana
de Pensiones – Colpensiones que, en el término máximo de
15 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca al
señor Remberto Rafael
Bedoya Plaza la pensión de invalidez a la que tiene derecho, le incluya
en la nómina respectiva, y cancele en su favor las mesadas causadas desde el
ocho (8) de mayo de dos
mil siete (2007), sin perjuicio de la prescripción trienal de que trata
el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
(ii) A la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones y al señor Remberto Rafael Bedoya Plaza
que, en el término máximo de veinte (20) días siguientes a la notificación de
esta Sentencia, en caso que el actor efectivamente hubiera recibido la
indemnización sustitutiva reconocida mediante acto del diez (10)
de septiembre de  dos mil trece (2013), celebren un acuerdo de pago mediante el
cual el accionante garantice la compensación del valor otorgado por concepto de
la mencionada indemnización.
Cuarto.- En relación con el expediente T-6583898, REVOCAR la sentencia del cinco
(5) de octubre de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Juzgado Segundo
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de San
Juan de Pasto (Nariño), que en única instancia resolvió declarar improcedente
la acción de tutela de la referencia. En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a la seguridad social y mínimo vital de la señora Gavy Mariela Muñoz
Pasuy, que han sido
vulnerados por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., de
acuerdo con las razones expuestas en esta Sentencia.
Quinto.- Como
consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. que, en el término
máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente a la
notificación de esta sentencia, reconozca a la señora Gavy Mariela Muñoz Pasuy la
pensión de invalidez a la que tiene derecho, la incluya en la nómina respectiva
y cancele en su favor las mesadas causadas desde el 31 de octubre de 2015,
fecha en la cual se estructuró la pérdida definitiva y permanente de la capacidad
laboral de la actora.
Sexto.- En relación con el expediente T-6704865, REVOCAR la sentencia de segunda instancia, proferida el
veintidós (22) de enero de dos mil dieciocho (2018) por parte del Juzgado
Promiscuo de Familia de Chinchiná (Caldas), en la que se decidió confirmar la
improcedencia declarada en la sentencia de primera instancia, proferida el
veintidós (22) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) por parte del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Chinchiná (Caldas). En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital del señor Juan
Guillermo Quiroz Zapata, que han sido vulnerados por parte de la Administradora
de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., por las razones expuestas
en esta sentencia.
Séptimo.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. que, en el término máximo de
quince (15) días contados a partir de la notificación de esta sentencia,
reconozca al señor Juan Guillermo Quiroz Zapata la pensión de invalidez a la
que tiene derecho, le incluya en la nómina respectiva y cancele en su favor las
mesadas causadas desde el dos (2) de enero de dos mil diecisiete (2017), fecha
en la cual se perfeccionó la titularidad de la prestación.
Octavo.- A través de la Secretaría General de esta
Corporación, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Vid. Folio 73 del cuaderno principal (en adelante, siempre que se haga alusión a un folio
deberá entenderse que corresponde al cuaderno principal, a menos que se diga
otra cosa).
[2] Vid. Dictamen proferido por
Colpensiones. Folios 22 a 31.
[3] Vid. Folios 32 y 33.
[4]
Artículo 1º de la Ley 860 de 2003 (“Por la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se dictan otras disposiciones”): “[e]l artículo 39 de la Ley 100 quedará
así: || Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las
siguientes condiciones: || 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración (…)”.
[5] Cfr. Folio 18.
[6] Mediante auto del 19 de abril de 2017, el
Juzgado Segundo de Familia – Oral de Barranquilla resolvió, entre otros,
vincular a: (i) la empresa Plásticos Vandux de Colombia S.A. en Liquidación
Judicial, a través de la Superintendencia de Sociedades; y (ii) la Junta de
Invalidez del Atlántico (folios 95-96) Sin embargo, esta última institución
guardó silencio frente a la acción de tutela de la referencia, por lo que sólo
se hará alusión a la respuesta otorgada por la primera entidad.
[7] Vid. Folios 117-119.
[8] Vid. Folios 251-252.
[9] Auto del 19 de abril de 2017. Vid. Folios
95-96.
[10] Vid. Folios 152-153.
[11] Cfr. Folio 16 del Cuaderno de Segunda
Instancia.
[12] El accionante nació el 20 de marzo de 1953,
según copia del documento de identidad obrante en el folio 17.
[13] Vid. Folios 25-28.
[14] Cfr. Folio 25.
[15] Vid. Folio 18-22.
[16] Vid. Folios 51-56.
[17] Vid. Folios 68-70.
[18] Vid. Folio 106.
[19] Cfr. Folio 120.
[20] Vid. Folio 9, en el que obra copia del
documento de identidad, según el cual la accionante nació el 5 de enero de
1964.
[21] Cfr. Folios 16-17.
[22] Cfr. Folio 39.
[23] Vid. Folios 31-42.
[24] Vid. Folio 8, en el que consta que el
actor nació el 2 de septiembre de 1978.
[25] Cfr. Folios 9 a 25.
[26] Vid. Folios 16-17.
[27] Vid. Folios 23-25.
[28] Cfr. Folio 4.
[29] “Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[30] Artículo 86: “[t]oda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública. || La protección consistirá en una orden para que
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión. || Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. || En ningún caso podrán
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. ||
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
[31] En desarrollo de lo anterior, esta Corporación ha
sistematizado cuatro alternativas para contar con legitimación en la causa por
activa en materia de tutela: (i) por parte de la persona que se considera
lesionada en sus derechos fundamentales; (ii) por “representación legal”,
cuando los supuestos afectados son menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos o personas jurídicas; (iii) a través de apoderado judicial
debidamente acreditado por medio de mandato y con título profesional de
abogado; y (iv) en uso de la fórmula jurídica de la agencia oficiosa.
[32] Ver artículos 86 de la Constitución y 42 del
Decreto 2591 de 1991,  según los cuales la acción en referencia puede ser
ejercida contra cualquier
autoridad pública, o excepcionalmente particulares. En este último caso, cuando
(i) están a cargo de la prestación de un servicio público, (ii) su conducta
afecta grave y directamente el interés colectivo o (iii) el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión respecto de
éstos.
[33] En la sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, se estudió la constitucionalidad de, entre otros aspectos,
la introducción de un término de caducidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, los
cuales fueron declarados inexequibles. La Corte señaló lo siguiente: “prever un
tiempo de caducidad para el ejercicio de la acción de tutela implica
necesariamente que tan solo dentro de él puede tal acción interponerse. En
otras palabras, quiere decir la norma cuestionada que la acción de tutela
cuando se dirija contra sentencias que pongan fin a un proceso no puede
ejercerse en cualquier tiempo sino únicamente dentro de los dos meses
siguientes a la ejecutoria. || En la presente providencia se resolverá también
si procede la tutela contra fallos ejecutoriados pero, independientemente de
ello, resulta palpable la oposición entre el establecimiento de un término de
caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la
Constitución cuando señala que ella puede intentarse "en todo
momento", razón suficiente para declarar, como lo hará esta Corte, que por
el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991”.
[34] Como ejemplos, las sentencias T-719 de 2003.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-456 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería;
T-015 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-515A de 2006. M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-700 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1088 de 2007.
M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-953 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1042 de
2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-167 de 2011. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-352 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-225 de 2012. M.P. Humberto
Sierra Porto; T-206 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y
T-269 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.
[35] Ver, por ejemplo, la sentencia SU-1073 de
2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Sala Plena estudió un grupo de
acciones de tutela en las que se buscaba la salvaguarda de, entre otros
derechos, la seguridad social, presuntamente vulnerada por la negativa del
fondo pensional respectivo a adelantar la indexación de la primera mesada
pensional. Específicamente respecto del requisito de inmediatez, la Corte
reiteró lo dicho en la sentencia T-402 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, así: “la negativa a su reconocimiento
[de la indexación] puede
originar la vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho que implica
una prestación periódica, por lo que su afectación, en caso de presentarse
alguna, se habría mantenido durante todo el tiempo, siendo soportada incluso
hoy en día por los extrabajadores y ahora pensionados de la accionada. Son
estas las razones que llevan a la Sala a concluir que la vulneración señalada,
en caso de presentarse, tiene un carácter de actualidad, lo que confirma que en
esta específica situación se cumple con el requisito de la inmediatez y, por
consiguiente, se satisfacen los presupuestos exigidos para declarar procedente
la acción”. Asimismo,
en la sentencia SU-499 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, estudió la
acción de tutela instaurada por una ciudadana, contra un fondo primado de
pensiones, con el fin de obtener la salvaguarda del derecho a la seguridad
social, vulnerado por la negativa de la accionada para reconocer la pensión de
sobrevivientes de la que la demandante era titular. Al abordar el requisito de
inmediatez, la Sala Plena dispuso lo siguiente: “la violación de los
derechos ha permanecido en el tiempo, dado que la accionante no ha recibido la
mesada mensual que le permita mantener unas condiciones de subsistencia con las
garantías mínimas de vida digna, pues como quedó demostrado en la etapa
probatoria de la jurisdicción ordinaria, la ciudadana dependía económicamente
de su hija fallecida. Se trata pues de un caso en el que la satisfacción de las
necesidades básicas depende de manera exclusiva de las mesadas pensionales; y,
en consecuencia, la falta de estas amenaza el goce efectivo del derecho
fundamental al mínimo vital. En otros términos, dado que la pensión es de
tracto sucesivo, su carencia tiene como consecuencia una vulneración
permanente; es decir, es continua y actual, dado que de mes a mes la accionante
se encuentra en una situación en la que carece de las posibilidades de
satisfacer, de manera mínima, condiciones de dignidad humana y, por ende, ve
afectado su derecho al mínimo vital. En el presente caso se concluye que la
accionante depende únicamente de
la pensión de sobreviviente con base en la afirmación de la accionante,
conforme con la que no tiene las condiciones necesarias para ser autosuficiente
en términos económicos, toda vez que, como lo afirmó en el proceso ordinario y
en el escrito de la acción de tutela, sus recursos provienen de la labor que
desempeña esporádicamente como empleada del servicio doméstico. Las
consideraciones anteriores, llevan concluir que la vulneración de derechos de
la accionante es continua y actual”. En igual sentido, ver las recientes sentencias SU-069 de 2018.
M.P. José Fernando Reyes Cuartas; T-090 de 2018. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas; T-199 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; entre muchas otras.
[36] En sentencia T-1068
de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero, se dijo: “(…) para demostrar el perjuicio
irremediable, al menos se deben señalar los hechos concretos que permitan
deducir que ocurre dicho perjuicio el juez no se los puede imaginar, por
supuesto que no se necesitan términos sacramentales pero al menos alguna
indicación que le permita al juzgador tener la confianza de que en verdad se
halla el peticionario en una situación que lo afecta a él y a su familia”.
Posteriormente, en sentencia T-1316 de
2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, se señaló: “(…) tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de
perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más amplia y desde
una doble perspectiva.  De un lado, es preciso tomar en consideración las
características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten
en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender
las particularidades de la persona individualmente considerada (…). De
cualquier manera, no todos los daños constituyen un perjuicio irremediable por
el simple hecho de tratarse de sujetos de trato preferencial”. De
igual forma, sobre la flexibilidad en la valoración del perjuicio pueden
observarse las sentencias T-719 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-456 de
2004. M.P. Jaime Araujo Rentería;
T-167 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-352 de 2011. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-796 de 2011. M.P.
Humberto Sierra Porto; T-206 de 2013.
M.P. Jorge Iván Palacio; T-269 de 2013 y T-276 de 2014. M.P. María Victoria
Calle Correa, entre otras.
[37] Estas reglas de aplicación fueron
desarrolladas en la sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa, la cuales se han convertido en un criterio jurisprudencial
consolidado en esta Corporación.
[38] Cfr. Folio 31.
[39] Ibídem.
[40] Auto del 5 de julio de 2018.
[41] Cfr. Folio 39 del cuaderno de
revisión.
[42] Auto del 5 de julio de 2018, proferido por la
magistrada sustanciadora (folio 35-36 del cuaderno de revisión). Además, así
fue certificado por la Secretaría General de la Corporación, según constancia
de traslado por estado obrante en el folio 42 del cuaderno de revisión.
[43] A folios 90 y 91 obra copia de los Registros Civiles de
Nacimiento respectivos.
[44] Vid. Folio 52 del cuaderno de
revisión.
[45] Tal como lo indicó el juez de primera
instancia, el accionante señaló en el recurso de amparo que actualmente él y su
hogar procuran sobrevivir con una suma de $200.000, la cual es suministrada por
su hijo mayor, quien no hace parte de su núcleo familiar, pues integra un hogar
independiente (vid. Folio 6).
[46] Vid. Folio 53 del cuaderno de
revisión.
[47] Vid. Folio 26.
[48] Cfr. Folio 42 del cuaderno de
revisión.
[49] Cfr. Folio 35 del cuaderno de
revisión.
[50] La conformación de su núcleo familiar fue
dada a conocer a esta Corporación, en cumplimiento del requerimiento realizado
por el despacho sustanciador mediante Auto del 5 de julio de 2018.
[51] Cfr. Folio 14.
[52] Cfr. Folio 10.
[53] Vid. Folios
[54] Así se ha verificado en la página web
oficial:
https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.aspx
[55] M.P. María Victoria Calle Correa.
[56] Artículo 53 de la Constitución Política.
[57] Sentencia SU-442 de 2016. M.P. María Victoria
Calle Correa.
[58] Sentencia SU-442 de 2016. M.P. María Victoria
Calle Correa.
[59] Sentencias T-699A de 2007. M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-561 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-432 de 2011. M.P.
Mauricio González Cuervo; T-671 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
T-240 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-427 de 2012. M.P. María Victoria
Calle Correa; T-143 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa; T-627 de 2013.
M.P. Alberto Rojas Ríos; T-070 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-483
de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-789 de 2014. M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez, entre otras.
[60] A modo ilustrativo, en la sentencia T-561 de
2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo que “este  aspecto debe ser
entonces cuidadosamente valorado por la entidad que decide sobre el otorgamiento
del derecho pensional, pues la inadvertencia sobre la fecha de estructuración
puede implicar el desconocimiento del debido proceso administrativo y de otros
derechos fundamentales de la persona que busca la prestación”. Asimismo, en
la sentencia T-671 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, se indicó que “cuando
una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez
de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita
deberá establecer como fecha de estructuración de la invalidez el momento en
que la persona haya perdido de forma definitiva y permanente su capacidad
laboral igual o superior al 50% y a partir de ésta verificar si la persona que
ha solicitado la pensión de invalidez cumple con los requisitos establecidos
por la normatividad aplicable para el caso concreto”.
[61] V. gr. Sentencia T-420 de 2011. M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[62] Así se ha procedido en todos los casos que
constituyen la línea jurisprudencial antes enlistada. En la sentencia T-143 de
2013. M.P. María Victoria Calle Correa, la Sala expuso con cierta precisión
esta subregla, por lo que resulta pertinente traer a colación lo que allí se
dijo: “[n]o pueden desconocerse las circunstancias particulares de este caso
y tomar como punto de partida la fecha de estructuración dictaminada sobre
conceptos técnico-científico, cuando está demostrado que el interesado pudo
cotizar a pensiones luego del dictamen que estructuró su pérdida de capacidad
laboral desde el mes de octubre de 2010. Para este caso debe considerarse el
momento en que realmente al actor no le resultó posible continuar desarrollando
su actividad económica, el cual se infiere a partir del instante en que cesa su
cotización al sistema de seguridad social”.
[63] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[64] “Por el cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
[65] “Por el cual se reglamenta parcialmente la
ley 100 de 1993”.
[66] “Por el cual se adoptan unas disposiciones
reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91
de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta
en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social
Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho
Sistema y se dictan otras disposiciones”.
[67] Tesis sostenida constantemente por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Ver, por ejemplo, la
sentencia del 5 de diciembre de 2005. Rad. 26728. M.P. Isaura Vargas Díaz.
[68] “Por medio del cual se reglamenta
parcialmente el artículo 44 de la Ley 1122 de 2007”.
[69] M.P. María Victoria Calle Correa. En esa
ocasión se estudió el caso un ciudadano al que Colpensiones se había negado a
reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71
de 1988, por no tener en cuenta las cotizaciones extemporáneas realizadas
directamente por el afiliado en el año 2008, respecto de aportes adeudados de
los periodos causados desde junio de 1999  hasta diciembre de 2002.
[70] En reiteración de lo dicho en la sentencia
T-377 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[71] “Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”.
[72] El artículo 2º de la Ley 797 de 2003 modificó
y adicionó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, de modo que en su literal a)
se dispuso que “la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores
dependientes e independientes”.
[73] “Por el cual se reglamenta parcialmente la
ley 100 de 1993”.
[74] Cfr. Folios 22 a 31.
[75] Vid. Folio 32 a 33.
[76] Resolución del 20 de enero de 2017 (folios
9-14), confirmada por la del 3 de abril de 2017 (folios16-18). Folio
[77] Vid. Folios 32 y 33.
[78] Vid. Folio 12.
[79] Ibídem.
[80] Vid. Folio 9.
[81] Vid. Folios 25-28.
[82] Vid. Folios 68-70.
[83] Vid. Folio 49.
[84] Vid. Folios 18 a 22.
[85] “Por medio del cual se reglamentan los
artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnización
sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida”.
[86] Artículo 6º: “las indemnizaciones
sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de
vejez y de invalidez”. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-002A
de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-150 de 2017. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[87] Al
respecto, debe consultarse la pacífica línea jurisprudencial respecto del
tratamiento jurídico que debe recibir la incompatibilidad pensional que se
deriva del previo reconocimiento de la indemnización sustitutiva y sus efectos.
A modo de ilustración, en la sentencia T-596 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, se indicó lo siguiente: “Ahora bien, en relación con la
incompatibilidad que establece el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 entre las
indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, y las pensiones que
cubren dichos riesgos, cabe señalar que esta Corporación, en su jurisprudencia,
ha considerado que dicho precepto no constituye una impedimento para que los
fondos de pensiones estudien nuevamente el derecho de un afiliado, al que le
fue reconocida una indemnización sustitutiva, de percibir una pensión que cubra
de manera más amplia las mencionadas contingencias, pues sucede que hay casos
en que
se demuestra que desde el primer acto que resolvió la solicitud pensional la
persona interesada tenía el derecho a la pensión, y sin embargo, no se le
reconoció ya sea porque le exigieron un requisito inconstitucional o porque se
le aplicó equivocadamente una norma sustantiva. En consecuencia, la
incompatibilidad de los beneficios pensionales no es una barrera para evaluar
nuevamente los casos, ni efectuar un reconocimiento pensional, sino que debe
interpretarse como una imposibilidad de que los aportes al sistema financien
dos prestaciones simultáneamente, cuando una de ellas se otorga con apego a las
normas legales y a la Constitución. || Dicha doctrina
constitucional se fundamenta en el carácter irrenunciable e imprescriptible del
derecho a la seguridad social (art. 48 CP), en el sentido de que el
reconocimiento de una indemnización sustitutiva no puede significar la renuncia
a percibir una pensión a la cual se tenía derecho desde el principio. El
derecho a determinada prestación nace cuando una persona cumple los
presupuestos legales vigentes al momento de causarse el mismo, y ese derecho es
irrenunciable. El afiliado puede abstenerse de reclamar el pago efectivo de las
mesadas, e inclusive puede aceptar otra prestación sustituta, pero no despojarse
de la titularidad del derecho, ni de la facultad de reclamar en el futuro el
pago periódico de su prestación. || La irrenunciabilidad del derecho a la
seguridad social se refuerza en la dimensión de derecho fundamental que adopta
cuando, por ejemplo, está orientada a garantizar el mínimo vital de personas en
situación de debilidad manifiesta, que dependen, en gran medida, de un ingreso
regular para satisfacer las necesidades más básicas de vida, como la
alimentación, el vestido y la vivienda. En estos casos el derecho a la
seguridad social adquiere dimensiones de derecho fundamental, y la garantía de
irrenunciabilidad se hace un tanto más importante, precisamente porque se
constituye en un presupuesto para el goce efectivo de otros bienes superiores,
como la vida y la dignidad humana. || De otra parte, cabe precisar que un
eventual reconocimiento de la pensión de invalidez o de vejez a un afiliado que
ha recibido una indemnización sustitutiva por alguna de las dos contingencias
no afecta la sostenibilidad financiera del sistema, pues existen mecanismos
para que pueda deducirse de las mesadas lo pagado por concepto de indemnización
sustitutiva, y así asegurar que los aportes del asegurado financien solamente
una prestación. De esta forma, se cumple con el objetivo del mandato de
incompatibilidad de las prestaciones y con el respeto a los derechos adquiridos
y el carácter irrenunciable de la seguridad social. En diferentes
oportunidades, la Corte ha utilizado este mecanismo para armonizar los
postulados descritos, autorizando a la demandada, por ejemplo, a que descuente
lo pagado por indemnización sustitutiva de las mesadas pensionales, sin que se
afecte el derecho al mínimo vital”. En ese mismo
sentido, ver, entre otras, las siguientes sentencias: T-682 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado; T-065 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-069 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-606 de 2014. M.P. María
Victoria Calle Correa; T-937 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; entre
otras.
[88] Artículo 488: “Las acciones
correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3)
años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible,
salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código
Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.
[89] La aplicación oficiosa de la prescripción en
este caso se fundamenta no sólo en el lapso significativo que ha transcurrido
entre la constitución del derecho y la reclamación administrativa para la obtención
de la prestación, sino en el tipo de protección otorgada en esta ocasión. El
reconocimiento del derecho que aquí se decide se hace en el marco del control
constitucional que ejerce la Corte, de carácter excepcional, y que justifica
una revisión amplia del asunto. Además, no puede perderse de vista que, del
estudio de los requisitos de procedencia de la tutela, surgió la necesidad de
disponer el amparo definitivo de las garantías invocadas, lo que deviene en la
resolución permanente del derecho pensional del que es titular el demandante.
Esta Corte ha autorizado la aplicación oficiosa en materia de pensiones en
varios casos en los que, al igual que en este, se ha ordenado el reconocimiento
y pago inmediato de la prestación; ver, por ejemplo, las sentencias T-480 de
2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-722 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-471 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-538 de 2015. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-111 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez; T-721 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-315 de 2017. M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo; T-431 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo; T-532 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-703 de 2017. M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo; T-273 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[90] Cfr. Folios 16-17.
[91] Vid. Folios 10 a 14.
[92] Cfr. Folio 42 del cuaderno de
revisión.
[93] Cfr. Folio 35 del cuaderno de
revisión.
[94] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[95] Vid. Folios 10 a 14.
[96] Ibídem.
[97] Vid. Historia laboral obrante en los
folios 10 a 14.
[98] Vid. Folio 9 a 17.
[99] Cfr. Folio 4.
[100] M.P.
María Victoria Calle Correa.