T-044-19
Sentencia T-044/19
DERECHO DE PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-Ejercicio
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE
TUTELA-Establece reglas de simple reparto y no de competencia
DERECHO DE PETICION-Concepto
y alcance
NUCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICION-Elementos
(i)Prontitud. Que se traduce en la obligación de la persona a quien
se dirige la comunicación de darle contestación en el menor tiempo posible, sin
que exceda los términos fijados por la Ley 1755 de 2014. En aras de fortalecer
esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar
a “falta para el servidor público y (…) a las sanciones correspondientes
de acuerdo con el régimen disciplinario.” (ii)Resolver de fondo la
solicitud. Ello implica que es necesario que sea clara, es decir,
inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa de modo que
atienda lo solicitado y excluya información impertinente, para evitar
respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a
lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el
trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un proceso
administrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede concebirse como
una petición aislada. (iii)Notificación. No basta con la emisión de la
respuesta sino que la misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y,
ante el juez de tutela. Ello debe ser acreditado.
DERECHO DE PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-Responsabilidad del Estado de
garantizar su protección de manera eficaz
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Elementos
característicos
DERECHO DE PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-Reglas
El ejercicio del derecho de petición en escenarios penitenciarios,
no puede estar sometido exactamente a las mismas pautas y directrices que el
previsto para las personas que no están privadas de la libertad. Sus
especificidades se sustentan en (i) las limitaciones físicas y materiales
derivadas de esa privación, (ii) en la obligación que tiene el Estado de
agenciar los derechos de los internos, conforme a la relación de especial sujeción
y (iii) en el papel que cumple el ejercicio del derecho de petición en la
resocialización del accionante, entendida como el fin de la pena que tiene
un “sentido transformador de las relaciones sociales, al momento del
retorno a la libertad, de modo que la comunidad y el sujeto que retoma su vida,
se reencuentren armónicamente cuando este recobre el ejercicio pleno de sus
derechos”, en el marco de las instituciones vigentes
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reglas
jurisprudenciales
(i) existe un vínculo entre el derecho a la salud y la
resocialización, al ser condición necesaria para ella; (ii) “la atención
médica debe ser proporcionada regularmente”; (iii) las condiciones de
salubridad e higiene indignas son causas permanentes de enfermedades y
complicaciones de salud de los internos; (iv) la provisión oportuna de
medicamentos está directamente relacionado con el principio de dignidad humana
y con la ausencia de tratos o penas crueles o inhumanos; y (v) la continuidad
es un elemento definitorio de la salud, en tanto “la interrupción de un
tratamiento médico por razones presupuestales o administrativas vulnera los
derechos fundamentales del paciente pues supedita su atención al cumplimiento
de una serie de trámites burocráticos que obstaculizan su acceso al servicio”
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Marco
normativo
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Importancia
del examen médico de ingreso
El examen médico de ingreso es el punto de partida para el acceso a
los servicios médicos a los que tiene derecho la PPL. Sin embargo, su
importancia trasciende ámbito subjetivo de cada uno de las personas recluidas,
y se consolida como la base de los sistemas de información en materia de salud,
pues a través de él es posible consolidar cifras, hacer proyecciones, diseñar
mecanismos preventivos y reportar resultados por parte las entidades
concernidas en el estado de cosas inconstitucional en materia penitencia y
carcelaria
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCION DE
MATERIA-Configuración
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Alcance
Este derecho es (i) universal, por cuanto todos los seres
humanos precisan de él para subsistir; (ii) inalterable, porque no puede
reducirse o modificarse más allá de los topes biológicos; y (iii) objetivo, al
ser condición para la subsistencia de cada persona, pues “ningún ser vivo,
puede existir o sobrevivir sin agua. Toda persona, individualmente, tiene
derecho a acceder, por lo menos, a la calidad y cantidad de agua adecuada y
suficiente para poder calmar la sed y asearse”
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAS PRIVADAS
DE LA LIBERTAD EN CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD-Reglas jurisprudenciales
DERECHO AL AGUA POTABLE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Desarrollo jurisprudencial
DERECHO DE PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-Orden a la Secretaría de Salud y a la Secretaría Departamental dar
contestación clara, completa, de fondo y congruente a la petición suscrita por
el accionante
DERECHO DE PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-Orden
a Establecimiento Penitenciario y Carcelario remitir la solicitud radicada por
el accionante a las respectivas entidades
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCION DE
MATERIA-Se trasladó al accionante a un centro de reclusión
en otra ciudad
Referencia:
Expediente T-6.662.244.
Acción
de tutela interpuesta por John Edison Zapata Chaves contra la Secretaría de
Salud de Yopal (Casanare).
Procedencia:
Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal.
Asunto:
Reglas de competencia y reparto en materia de tutela, derecho de petición,
servicios de salud y derecho al agua de las personas privadas de la libertad,
temeridad y carencia de objeto por sustracción de materia.
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Bogotá, D. C., seis (6) de  febrero de dos mil diecinueve
(2019).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las
Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de única
instancia del 30 de agosto de 2018 en el que el Juzgado Segundo Penal Municipal
de Yopal concedió el amparo de modo parcial.
El asunto llegó a esta Corporación por remisión que
hizo el juez de instancia, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo
86 de la Constitución y del inciso 1° del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
como de lo ordenado por esta Sala en el Auto 487 de 2018. Fue escogido para
revisión por la Sala de Selección N°3[1],
mediante auto del 23 de marzo de 2017.
I.
ANTECEDENTES
A. Hechos y pretensiones
1. John Edison Zapata
Chaves es una persona privada de la libertad. El 4 de abril de 2017 entró al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal y para entonces no se le
practicó el examen médico de ingreso[2].
La ausencia de tal procedimiento llevó a
que las autoridades penitenciarias obviaran el hecho de que el accionante
presentaba una fractura en su brazo izquierdo y dos estomas en la parte
abdominal como quiera que mientras estuvo en libertad se le practicó una
cirugía de colon; por lo tanto no se le suministró el servicio médico requerido
y ello le impide “llevar una vida corriente en el presidio”[3].
2. El actor considera
que su salud está en riesgo no solo por la falta de atención médica, sino además
por las condiciones sanitarias del establecimiento penitenciario. Así lo hizo
saber “en derecho de petición (sic.) enviado a la Secretaría de Salud
del Casanare en escritos de 15 de mayo de 2017 y 10 de julio del mismo año”[4],
relativos a la precariedad de las condiciones del establecimiento carcelario en
cuanto a (i) la carencia de agua potable “y la restricción de la misma”[5];
(ii) el hacinamiento; (iii) el mal estado de las tuberías de aguas negras; (iv)
la insuficiencia de sanitarios; y (v) la proliferación de insectos. Sin
embargo, “a la fecha la Secretaría de Salud de Yopal, Casanare no se ha
manifestado por ningún medio”[6].
3. Por lo anterior, el 21
de septiembre siguiente, el señor Zapata acudió al juez de tutela a quien le solicitó
ordenarle a la Secretaría de Salud de Yopal (Casanare) que responda sus
solicitudes, resuelva la problemática de salubridad en el centro de reclusión
de Yopal y que, así, proteja sus derechos a la vida, la dignidad humana y la
salud.
B. Actuación procesal
4. Repartido el escrito de tutela al Juzgado Segundo
Penal Municipal de Yopal, éste admitió la demanda mediante auto del 22 de
septiembre de 2017. Notificó a la accionada y vinculó al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Yopal; a ambas instituciones les puso en
conocimiento las pretensiones y los hechos en los que se sustenta esta acción.
Respuesta de las entidades
demandadas
5. La Alcaldía de Yopal informó que, en efecto, según el modelo
actual de atención primaria en salud para la población privada de la libertad
(en adelante PPL) es necesario que el INPEC abra una historia clínica para su
atención médica.
Cuando la
atención intramural no es posible, se acude a la red de prestación de servicios
de la EPS a la que se encuentra afiliada la persona privada de la libertad. En
cualquier caso, la programación de las citas médicas le corresponde al INPEC, quien
debe asumir la coordinación técnica y administrativa con las EPS para ese
efecto. Es aquella entidad de orden nacional la que debe garantizar el
cumplimiento de las citas médicas y la seguridad para llevarlas a cabo, tanto para
los internos como para los profesionales de la salud que presten el servicio.
Sobre las responsabilidades
municipales que tiene Yopal en materia carcelaria, aseveró que son cumplidas a
través de las visitas efectuadas en el establecimiento penitenciario en el que
se encuentra el accionante.
Finalmente, el
municipio sostuvo que las peticiones a las que alude el escrito de tutela nunca
llegaron a la Secretaría de Salud[7].
Si bien se radicaron en la prisión, no fueron presentadas a la administración
municipal, por lo que alegó que no existe ninguna vulneración que pueda
atribuírsele.
6. Por su parte, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Yopal guardó silencio.
Decisiones declaradas nulas en el Auto 487 de 2018
7. Mediante Sentencia del 6 de octubre de 2017, el
Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal, amparó los derechos a la salud y de
petición del actor. Encontró que dada la falta de respuesta de la parte
demandada no era posible establecer que la petición del demandante se hubiera
radicado en las dependencias de la Secretaría de Salud accionada. De tal suerte
le ordenó al establecimiento carcelario garantizar el reenvío de la
comunicación y requirió al municipio para que asegure una adecuada prestación
del servicio de salud al demandante, que incluye obligaciones en materia de salubridad,
agua potable, asistencia y acceso a citas médicas.
8. Apelada la decisión por el municipio de Yopal, el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal en sentencia del 17 de noviembre de
2017, revocó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no es
posible obligar a las autoridades públicas a responder una petición que no
conocen y la Secretaría de Salud de Yopal solo recibió el escrito remitido por
el demandante el 12 de octubre de 2017, tras la decisión del juez de primera
instancia[8].
Destacó además que la acción de tutela no procede para
defender intereses colectivos como lo es la salubridad en los establecimientos
penitenciarios y, en relación con el derecho a la salud, es el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) quienes deben garantizar su ejercicio y no
la entidad demandada. Desde ese punto de vista negó el amparo de los derechos invocados.
9. El
asunto fue remitido a esta Corporación por el juez de segunda instancia. Fue escogido
para revisión por la Sala de Selección N°3[9], mediante auto del 23 de
marzo de 2017 en el que se acumuló al expediente T-6.657.734.
10. La
Magistrada sustanciadora, mediante el auto del 8 de junio de 2018, vinculó
a terceros interesados que no habían sido llamados a participar de este debate
constitucional[10]
y solicitó pruebas.
10.1.
En calidad de entidad pública vinculada, la Gobernación
de Casanare solicitó la nulidad de lo actuado dentro de
10.2.
10.3.
este proceso mediante comunicación remitida por correo
electrónico el 21 de junio de 2018.
10.4.
En ese mismo auto se formularon preguntas al accionante, John Edison
Zapata Chaves[11],
la EPS Compensar (a la que aquel se encontraba afiliado para
el momento de la privación de su libertad)[12] y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal[13].
Al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Consorcio Fondo
de Atención en Salud PPL 2017, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia
de Salud se les formuló un solo cuestionario[14] que cada una
de ellas debía resolver por separado. Como se verá más adelante, el Auto 487 de
2018 dispuso expresamente que la declaratoria de nulidad no afectaba la validez
de las pruebas recaudadas en sede de revisión.  La respuesta a dichos
cuestionamientos fue la siguiente:
10.4.1. El accionante manifestó que recibió en forma tardía (el 22
de junio de 2018) el auto de pruebas emitido por esta Corporación. Informó que
se encuentra recluido como persona condenada y que desde que ingresó al centro
penitenciario solo ha sido valorado en una oportunidad por ortopedia y en otra
ocasión se le hizo un cierre fallido de la cirugía inicial; todo ello se ha
efectuado fuera del penal. Asegura haber sido atendido pero cuestiona la
precariedad de los servicios.
En relación con su afiliación a
la EPS Compensar, el actor sostuvo que él hacía los aportes económicos, pero su
compañera permanente era quien figuraba como cotizante[15].
Así las cosas, la mora en las cotizaciones se debió a su reclusión, y con
ocasión de ella, doce días luego de ingresar al establecimiento penitenciario,
se le desafilió de la promotora de salud para afiliarlo a la Fiduprevisora.
Sobre la petición, precisó que “la
Secretaría de Salud de Yopal no respondió en ningún momento ni el derecho de
petición elevado del 15 de mayo ni tampoco el 15 de junio (sic.)”[16].
Advirtió que las condiciones
sanitarias del establecimiento penitenciario inciden negativamente en su estado
de salud, a tal punto que luego de la interposición de la acción de tutela ha sido
hospitalizado en dos oportunidades, una por infección gastrointestinal y otra
por cuanto fueron halladas en su lesión abdominal larvas de moscas.
10.4.2. El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017,
representado por la Fiduprevisora S.A., precisó que no tiene competencia alguna
para la prestación de servicios médico asistenciales según el contrato de
fiducia mercantil N°331 de 2016, que le dio vida jurídica a ese consorcio y le
asignó las funciones de garantizar la contratación del talento humano y del
pago de sus honorarios. La prestación de los servicios de salud está reservada
a las entidades promotoras y a las instituciones prestadoras de salud del
sistema de seguridad social.
En relación con el proceso de
atención en salud de la población privada de la libertad, destacó que su papel
en el modelo creado por el Decreto 1069 de 2015 y modificado por el Decreto
1142 de 2016 es el de administrador fiduciario de los recursos. Por instrucción
del Consejo Directivo del Fondo de Salud, es el Consorcio quien suscribe la
contratación para asegurar la prestación de los servicios.
El Modelo de Atención en Salud
para la PPL fue adoptado mediante la Resolución 5159 de 2015 que le impuso a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC- la obligación de
conservar las instalaciones en modo higiénico y salubre. Además con ocasión de
él, el INPEC, a través de su personal administrativo de Sanidad, tramita las autorizaciones
a las que haya lugar mediante el “contact center Milenium [CRM, ERON
MILLENIUM BPO S.A.], operador contratado bajo órdenes de la USPEC, cada
servicio se debe solicitar por medio de la plataforma CRM”[17]
y tarda cinco días hábiles en hacer efectiva la autorización, sin necesidad de
la intervención del Consorcio. La responsabilidad de la solicitud de servicios
es de cada centro penitenciario y es en sus dependencias donde reposan las
historias clínicas de los internos a su cargo. Aclaró que el centro carcelario
de Yopal cuenta con nueve profesionales de la salud y un dispensario de
medicamentos para atender las necesidades del accionante, en calidad de
beneficiario de la cobertura en salud que ofrece el Fondo Nacional de Salud PPL.
Sin dar mayores detalles al
respecto, el Consorcio afirmó que la acción de tutela promovida por el señor
Zapata es temeraria en tanto él presentó otra solicitud de amparo con
fundamento en los mismos hechos, con las mismas pretensiones y contra las
mismas partes. Aseguró que dicha solicitud de amparo fue resuelta por el
Juzgado Primero de Familia de Yopal, sin precisar los pormenores de la decisión.
Por último, en respuesta al
cuestionario formulado en el auto, manifestó que las directrices de las que
depende el examen médico de ingreso en los establecimientos penitenciarios,
están contenidas en el Manual Técnico Administrativo para la Prestación del
Servicio de Salud a la PPL a cargo del INPEC. Su propósito es identificar el
estado de salud física y mental del interno, y su práctica es obligatoria
porque de sus resultados depende la asignación del patio y del programa de
salud de cada una de las personas recluidas. Para hacerlo, el personal médico
depende del “grupo de reseña”[18]
que aporta el listado de los ingresos a la prisión.
El hecho de que el interno
conserve la afiliación a una EPS ajena al Fondo de Salud PPL, no implica que el
examen de ingreso pueda dejar de practicarse; en todos los casos es
obligatorio. Así también el personal de sanidad está en la obligación de
identificar a las personas privadas de la libertad que tengan procedimientos
pendientes y en caso de quienes conservan la afiliación a una EPS, es deber de
ellas solicitar colaboración en la prestación extramural de los servicios.
En el caso de la población
beneficiaria de los recursos del Fondo Nacional de Salud PPL, es
responsabilidad del personal de sanidad valorar sus necesidades y desarrollar
la prestación de los servicios de salud en forma continua. Cuando el interno
continúa en el régimen contributivo, es preciso la articulación entre el INPEC
y las EPS, a través de canales de comunicación que el Consorcio desconoce, y de
conformidad con el trámite de referencia y contrarreferencia definido en la
Resolución 3047 de 2008 para la prestación extramural de los servicios médicos.
Sostuvo que no es necesario que los
internos soliciten servicios médicos mediante el ejercicio del derecho de
petición, pues ellos tienen derecho a una atención inicial de urgencias o
prioritaria, incluso fuera del centro carcelario. A partir del esquema de
atención en salud obtienen todos los servicios clínicos que requieran durante
la privación de la libertad.
10.4.3. La EPS Compensar manifestó que para el 20 de junio de 2018
el actor se encontraba “RETIRADO en su afiliación”[19].
Según sus bases de datos, mientras aquel ha estado privado de la libertad, se
le atendió en tres oportunidades, en una cita médica y en dos atenciones de
urgencia en Yopal, a pesar de que nunca se hizo el cambio en el domicilio del
actor, que era atendido en la ciudad de Bogotá.
Ahora bien, la Sentencia
T-762 de 2015 estableció la necesidad de que en caso de que la persona
privada de la libertad tuviera tratamientos en curso, se les diera continuidad
mediante su historia clínica, lo cual no se hizo, pues en ningún momento se
comunicó su reclusión ni su traslado permanente a Yopal. Con todo, a la fecha
no existe un procedimiento para alertar al INPEC sobre la existencia de
tratamientos en curso y el examen de ingreso es el único mecanismo que existe
para conocerlos.
En relación con los mecanismos
de comunicación que tiene con el INPEC para asegurar la prestación de los
servicios de salud a los afiliados que se encuentran recluidos, la EPS informó
que “ha entablado una serie de reuniones (…) con el fin de censar toda la
población”[20],
pero no reportó resultados sobre el particular. Aseguró que no es necesario que
los internos reclamen los servicios mediante una solicitud escrita, tan solo
deben acudir al INPEC para que éste sirva de intermediario con la EPS.
10.4.4. La Superintendencia Nacional de Salud recordó la normativa
en la materia y expresó que en el marco del modelo de atención en salud actual
para las personas privadas de la libertad, le ordenó a las distintas IPS que
les aseguren la prestación del servicio de salud, so pena de incurrir en las
sanciones y multas del caso, y requirió a la Fiduprevisora S.A. para que
informe cuáles de estas entidades se niegan a prestar el servicio de salud. De
esta manera, realizó visitas a la USPEC, Fiduagraria y Fiduprevisora S.A., de
las que resultó la exigencia de un plan de mejoramiento.
En todo caso, la contratación y
la fiducia deben incluir la elaboración del examen médico de ingreso, puesto
que la información sobre el estado de salud de cada interno y el plan de salud
correspondiente, se logra a través de aquel. Posteriormente, la persona privada
de la libertad tiene derecho a acceder a servicios médicos por dos vías: la
primera, a través de la Unidad de Atención Primaria y, la segunda, mediante la
Atención Inicial de Urgencias. Ambas generan el tratamiento médico
correspondiente que debe ser asegurado por el centro de reclusión, en cuanto al
manejo que se requiera para completarlo.
10.4.5.
El Ministerio de Salud y Protección Social[21]
informó que con la reforma a la Ley 65 de 1993, introducida mediante la Ley
1709 de 2014, se creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la
Libertad que se financia con recursos del Presupuesto General de la Nación y en
cuyo Consejo Directivo participa esta cartera ministerial.
El modelo de atención
en salud fue regulado en los Decretos 1069 de 2015 y 2245 de 2015, y luego
adoptado a través de la Resolución 5159 de 2015, modificada por la 3595 de
2016. Posteriormente, el Decreto 1142 de 2016, junto con aquel último decreto,
reguló la permanencia de la población privada de la libertad  en el régimen
contributivo de salud e incluyó en el modelo de atención en salud a las EPS. A
ellas les adjudicó la prestación de servicios intramurales[22]
y, junto con el INPEC y la USPEC, les asignó un ejercicio de coordinación con
ese fin que se detalla en el Anexo Técnico de la Resolución 3595 de 2016.
Con ese propósito de
coordinación y comunicación se han desarrollado varias sesiones de trabajo
entre estas instituciones. Como resultado de ello se estableció un mecanismo de
comunicación con la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES) que entraría en funcionamiento a partir de
junio de 2017 (Resolución 4005 de 2016), con el fin de que cada EPS ubique la PPL
a su cargo y gestione los mecanismos financieros y operativos con el INPEC y la
USPEC para asegurar la prestación del servicio[23].
Sin embargo, sobre el proceso de
traslado o “portabilidad” de las personas privadas de la libertad
aseguró que las normas que lo rigen están de forma general en el Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, que establece las reglas
correspondientes a nivel nacional en materia de obligaciones de las promotoras
de salud. Al respecto, el Decreto 1142 de 2016 establece que el afiliado
conserva su afiliación y la de su núcleo familiar, mientras pueda hacerlo; es
el interno quien debe reportar las novedades del caso “directamente ante la
EPS”[24]
y es responsabilidad de la EPS prever los mecanismos para ello, entre los que
se encuentran la línea telefónica, el correo electrónico, la solicitud escrita
y la atención personal, última que en cualquier caso no es exigible a la PPL[25].
Al resolver el cuestionario
planteado, el Ministerio sostuvo que el modelo contempla la obligatoriedad del
examen médico de ingreso como el de egreso de los establecimientos
penitenciarios. Los aspectos operativos deben definirse por parte del INPEC y
la USPEC en relación con cada uno de los establecimientos mediante Manuales
Técnicos. Para la práctica de dichos exámenes las autoridades penitenciarias y
las EPS deben articularse.
En relación con los mecanismos y
trámites que debe agotar la PPL, advirtió que ello no es materia de regulación
del modelo de salud. Compete al INPEC y a la USPEC determinar esos aspectos
logísticos para garantizar la atención en salud conforme a las particularidades
de cada uno de los establecimientos penitenciarios.
El Ministerio precisó que entre
sus funciones no se encuentra hacer vigilancia alguna sobre la implementación
de dichas reglas, lo que compete por completo a la USPEC y al INPEC. Sostuvo
esta entidad que su papel en el modelo de atención en salud a la PPL se limita
a su diseño y se agotó con la emisión de la Resolución 5159 de 2015, y su
modificación en 2016.
10.4.6. La USPEC aseguró que los servicios de salud son
responsabilidad del Consorcio Fondo de Atención en Salud, encargado de
contratar la red de atención requerida y del INPEC que debe asegurar las
condiciones logísticas y de seguridad para lograr la atención médica
correspondiente. La responsabilidad de la USPEC es la de garantizar que los
recursos asignados para la salud de los internos sean administrados, razón por
la que suscribió un contrato de fiducia mercantil para tal efecto[26].
10.4.7. Adicionalmente
el Ministerio de Justicia y del Derecho fue convocado a este trámite con
el fin de que precisara el estado del diseño del esquema de tratamiento
a las solicitudes de los internos ordenado en el Auto 121 de 2018[27],
emitido por la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas
inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria. Concretamente se le
pidió describirlo y señalar cómo ha sido implementado en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Yopal.
En respuesta a dicho requerimiento esa entidad
señaló que en cumplimiento del Auto 121 de 2018 expidió la Resolución
00378 de 17 de febrero de 2017 por medio de la cual el INPEC adoptó el
aplicativo GESDOC como sistema de radicación de las comunicaciones oficiales de
la entidad. El primer piloto de esta herramienta tuvo lugar en mayo de 2018 y
están pendientes las capacitaciones sobre el mismo en cada establecimiento
penitenciario a cargo del INPEC.
11. El 25 de junio de 2018, la Sala Sexta de Revisión resolvió suspender los términos para decidir este asunto
por 20 días hábiles. Insistió en la respuesta al cuestionario por parte de las
entidades que no la habían remitido en su integralidad[28],
efecto para el cual se solicitó la colaboración del Ministerio de Justicia y
del Derecho[29].
Además, se le solicitó a esta última entidad su intervención para lograr la
notificación oportuna del actor[30]
y la ampliación de las respuestas inicialmente suministradas[31].
Adicionalmente se le
ofició (i) al Ministerio de Justicia y del Derecho, al INPEC y a la USPEC, para
que explicaran el motivo por el que, a pesar de contar con los recursos para
hacer el examen de ingreso, de conformidad con lo reportado a la Sala Especial
de Seguimiento del ECI en materia carcelaria y penitenciaria en junio del año
en curso[32],
no se llevó a cabo el examen médico de ingreso en el caso de John Edison Zapata
Chaves; y, (ii) al Juzgado Primero de Familia como también al Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Yopal para que, ante las denuncias de temeridad hechas
por la Fiduprevisora S.A. por una acción de tutela tramitada por aquellos,
remitieran copia de todas las decisiones judiciales que hayan proferido en
acciones de tutela promovidas por John Edison Zapata Chaves, en 2017.
11.1. El INPEC se manifestó en relación con el caso del señor
Zapata. Aseguró que no es cierto que se haya omitido el examen de ingreso, pues
fue llevado a cabo dos días después de la entrada del actor al establecimiento
penitenciario[33].
En el examen se encontró una fractura y heridas asociadas a colostomías laparotomía
del 12 y 13 de mayo de 2016; ambos diagnósticos llevaban un año sin manejo
médico[34].
Una vez se analizó la
situación del actor el personal médico recomendó su ubicación en la Unidad de
Medidas Especiales, pero el interno se negó y prefirió conservar la celda que ya
se le había asignado.
La autoridad
penitenciaria sostuvo que desde el ingreso del interno se le han hecho
controles periódicos y el recambio de las bolsas de colostomía, conforme la
necesidad médica establecida por el personal de sanidad. Al advertir su
afiliación al régimen contributivo se recomendó el traslado para ser atendido
en Yopal. Posteriormente “se determinó no realizar los copagos establecidos
en el monto de cotización por tal motivo se afilio (sic.) al CONSORCIO FONDO DE
ATENCIÓN EN SALUD PARA LA PPL”[35].
Para acreditar lo dicho remitió la historia clínica del actor y la constancia
de rechazo de la recomendación médica de reubicación.
Precisó que las
solicitudes de servicios médicos requeridos por los internos no necesitan
ninguna petición escrita. El médico tratante establece las necesidades médicas
y el INPEC se encarga de gestionarlas. En relación con el agua y la sanidad, indicó
que el establecimiento cumple con los parámetros estipulados por la Secretaría
de Salud Municipal de Yopal, de modo que se hacen los monitoreos y evaluación
de las condiciones del establecimiento en forma periódica, sin tener resultados
adversos. Remitió material fotográfico para acreditar su dicho.
11.2. La USPEC reiteró sus argumentos e hizo consideraciones
adicionales sobre la regulación en materia carcelaria.
11.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho remitió una
comunicación en la que precisó que el sistema GESDOC ya es operativo y funciona
de conformidad con el filtro que hace la oficina de correspondencia sobre el
destino de la petición en solicitudes externas e internas y se dividen por “módulos”:
ER (Externa recibida); EE (Externas enviadas); IE (internas enviadas). En cada
módulo es posible ingresar la información primordial de la comunicación y hacer
la trazabilidad de la misma a través del programa SIPOST, que aun presenta
deficiencias[36].
En caso en el que el programa referido no se encuentre instalado el proceso se
lleva a cabo a través de la planilla de imposición de envíos.
Advirtió que acató la
orden de cumplimiento de lo ordenado mediante auto del 8 de junio de 2018, a
pesar de que el INPEC, la USPEC y los establecimientos penitenciarios no pueden
considerarse inferiores jerárquicos suyos.
En relación con el
examen médico de ingreso se destacó que “el Ministerio de Justicia y del
derecho no cuenta con las herramientas para monitorear que se les realice el
examen médico de ingreso a todas las personas que ingresan al sistema
penitenciario y carcelario, lo anterior debido a su complejidad y expansión”[37].
11.4. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Yopal remitió
los documentos que tenía a su disposición, relativos a la acción de tutela
identificada con el radicado N°2017-0421 y formulada por el actor. Aportó como
pruebas en el marco de aquel proceso constitucional peticiones del 17 y 24 de
abril de 2017[38],
dirigidas al Establecimiento Penitenciario de Yopal, a quien el accionante
demandó en esa oportunidad. La pretensión era que:
“en vista de que el médico del EPC
Yopal anexa en documento escrito a la historia clínica que el PPL no es apto
para estar en este presidio (…) sea trasladado a un centro carcelario donde se
brinden las garantías y halla (sic.) agua potable como un sitio específico para
personas discapacitadas como el patio piloto de la Cárcel Modelo de Bogotá”[39]
Dicha sede judicial
remitió además la sentencia de primera instancia, del 2 de octubre de 2017, en
la que amparó el derecho a la salud y ordenó la entrega de suministros y la
práctica de procedimientos asociados a las mismas patologías que pone de
presente en esta ocasión. En segunda instancia, el 23 de octubre de 2017, el
fallo fue confirmado y adicionado, en el sentido de ordenar hacer las
remisiones de atención extra mural a las que hubiera lugar[40].
También remitió copia
de la sentencia de segunda instancia dentro del expediente de tutela que es
objeto de la presente decisión.
11.5. En el caso de John Edison Zapata Chaves, el INPEC a través del
Asesor Jurídico del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal,
como respuesta al auto que anunciaba la puesta a disposición de los documentos,
aclaró que las comunicaciones provenientes del actor fueron remitidas por
correo electrónico el 26 de junio de 2018[41].
Dicha autoridad adjuntó
un escrito firmado por el interno en el que insiste en la precariedad de los
servicios prestados y en la amenaza a su derecho a la salud, como consecuencia
de las condiciones sanitarias de la prisión y por la falta de sanitarios
suficientes en él. El señor Zapata puso de presente que era la segunda vez en
que remitía la información correspondiente y aportó la comunicación, que
coincide con aquella reseñada en el numeral 10.2.1. de estos antecedentes y ya
incorporada en el expediente.
12. Ante la solicitud hecha por la Gobernación del Casanare y como se
expresó anteriormente, la Sala Sexta de Revisión a través del Auto 487 de
2018, declaró la nulidad de lo actuado en el expediente T-6.662.244.
Como quiera que el
vicio detectado afectaba únicamente el trámite constitucional del expediente de
la referencia, procedió a desacumularlo del T-6.657.734. Acto seguido, ordenó
rehacer la actuación y garantizar el derecho de defensa a las personas
interesadas en este asunto, sin perjuicio de la validez de los elementos
probatorios recaudados en sede de revisión. Dispuso además que el expediente
fuera remitido directamente al despacho de la Magistrada sustanciadora para
continuar el trámite de revisión[42].
Adecuación del
trámite constitucional de instancia
13. Devuelto el expediente al juzgado de primera instancia, este profirió
el auto del 14 de agosto de 2018 en el que resolvió declarar su falta de
competencia en razón de que fueron vinculadas entidades del orden nacional
al presente asunto. Asumió que su categoría de juzgado municipal le impedía
asumir el conocimiento de esta acción de tutela, de modo que optó por remitirla
a la Oficina de Apoyo Judicial de Yopal para que hiciera el reparto del caso
entre los juzgados de circuito, con fundamento en las previsiones del Decreto
1983 de 2017 que si bien constituyen reglas de reparto, “la misma Corte en
reciente pronunciamiento ha aceptado la real existencia de factores que
establecen la competencia en determinada autoridad judicial, derivado de las
reglas allí fijadas, refiriéndose específicamente a la competencia en virtud de
la jerarquía y a la especialidad”[43].
14. Repartida la presente acción al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia
de Yopal, a través del auto del 14 de agosto de 2018[44], resolvió
no avocar el conocimiento de la solicitud de amparo de la referencia en la
medida en que (i) las reglas de reparto que contiene el Decreto 1983 de 2017 no
pueden alterar la competencia de los jueces de tutela y (ii) en el Auto 487 de
2018 la Corte Constitucional fue clara en ordenar la adecuación del trámite
constitucional al Juzgado Penal Municipal de Yopal, que está en la obligación
de rehacerlo.
15. Así las cosas el Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal admitió la
demanda mediante auto del 17 de agosto de 2018, en el que vinculó a las
autoridades convocadas en sede de revisión e incluyó a la Gobernación del
Casanare.
Respuesta de las entidades demandadas[45]
16. La Alcaldía de Yopal explicó que la atención en salud para la
PPL parte de la identificación de las necesidades de la población, conforme la
Ley 1438 de 2011, de modo que inicia con el examen médico de ingreso y con la
apertura de la historia clínica. Ese examen es el punto de partida para la
adopción de las acciones de “demanda inducida”[46],
de promoción, prevención y vigilancia de situaciones médicas. Adicionalmente se
prestan los servicios de urgencias, referencia y contra referencia a través de
las EPS de forma intra y extramural, por lo que el INPEC coordina con ellas las
citas médicas a las que haya lugar.
En relación con las
solicitudes del 15 de mayo y 10 de julio de 2017 a las que alude al accionante,
ninguna de ellas fue radicada en las dependencias de esa entidad territorial,
por lo que es imposible asumir que comprometió el derecho de petición del
actor.
17. La Gobernación del Casanare afirmó que no es la entidad
llamada a solucionar la situación denunciada por el demandante, ni en lo
relativo al derecho a la salud del mismo, ni en lo referente a las condiciones
sanitarias del establecimiento penitenciario de Yopal. Propuso en consecuencia
la falta de legitimación por pasiva respecto de ella.
18. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)
sostuvo que la acción es improcedente para buscar la adecuación de la
infraestructura y las tuberías del establecimiento penitenciario en la medida
en que el actor dispone de la acción popular para ese fin, que no es más que la
protección de los intereses colectivos de una comunidad. Por otro lado, afirmó
que el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable en la
medida en que tan solo presenta “afirmaciones subjetivas, que ni siquiera
pueden ser calificados de indicios que puedan acreditar la grave e inminente
violación de los derechos que se invocan en la acción de tutela”[47].
Sobre las solicitudes
remitidas por el actor precisó que (i) contestó la del 15 de mayo de
2017 mediante oficio N° E-2018-010183 del 25 de junio de 2018[48], pues
le fue remitida por el Director del Grupo de Política Criminal y Carcelaria;
mientras (ii) no conoció la del 10 de julio de 2017.
En relación con las condiciones
del establecimiento penitenciario destacó que esa entidad tiene proyectado
priorizar la intervención en los distintos establecimientos penitenciarios, conforme
los hallazgos del INPEC. Para las obras en el centro de reclusión de Yopal se
designó al Consorcio Carcelario para la ejecución de las obras y la
interventoría al Consorcio Gavinco ING, y como consecuencia se tiene proyectado
el mantenimiento del rancho y del sistema eléctrico y de iluminación
perimetral. No está prevista la intervención, mantenimiento o cambio de las
tuberías del establecimiento, pero sí la consolidación de un sistema de
captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y un
sistema de tratamiento de agua residual a través de un proyecto que se
encuentra en etapa precontractual[49].
En lo que refiere a la cantidad
de sanitarios, informó que el establecimiento penitenciario de Yopal cuenta con
142 y sobre el suministro de agua potable adujo que “la disposición del
recurso hídrico para la población privada de la libertad del establecimiento,
se encuentra sujeto (sic.) a los horarios de distribución que establezca y
considere necesario la Dirección del Establecimiento, por cuanto es su (sic.)
disponer del tiempo que brinda el agua a sus internos”[50].
Agregó que “el deterioro de los dispositivos hidrosanitarios como grifos,
regaderas, lavamanos y similares, es producto del mal uso por parte de los
internos. Y es por ello que, el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC en busca
de disminuir el desperdicio de agua y, por ende el alto costo del servicio de
acueducto, estableció la racionalización como un medio de ahorro para así
disminuir el desperdicio de agua y aumentar la calidad de la misma”[51].
19. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
aseguró que la competencia para atender los reclamos del actor es de la USPEC,
entidad a quien solicitó vincular como responsable de aquello relacionado con
las instalaciones locativas de los centros penitenciarios y la garantía de los
recursos necesarios para la atención en salud de la PPL recluida en ellos. Solicitó
la desvinculación del INPEC de este asunto en la medida en que, además de lo
anterior, los temas asociados al manejo interno de los establecimientos
carcelarios son “responsabilidad exclusiva de las Direcciones de los Establecimientos
de Reclusión, que como lo menciona la normatividad anterior son los Jefes de
Gobierno de cada centro de reclusión”[52].
20. El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 alegó
falta de legitimación en la causa por pasiva en la medida en que no tiene
ninguna competencia en relación con la prestación de los servicios médico asistenciales;
su participación se reduce a la destinación de los recursos a la celebración y
el pago de contratos para asegurar la atención en salud de los internos.
En relación con el
caso concreto del señor Edison Zapata Chaves adujo que es el INPEC la entidad
competente para resolver su situación, conforme lo establecido en el Manual
Técnico Administrativo para la Prestación del Servicio de Salud a la Población
Privada de la Libertad a cargo del INPEC[53]
en el que se precisan las funciones de cada participante en el sistema de
atención intra y extramural en salud. Por lo tanto, se comunicó con dicha
entidad y logró establecer que se han hecho dos autorizaciones a nombre del actor,
una en Casanare el 4 de julio de 2018[54]
para consulta de primera vez con un especialista en cirugía general y otra en
Bogotá, el 5 de julio de 2018, por cirugía de colon y recto.
Por último, esta
entidad enfatizó en que no comprometió el derecho de petición del accionante pues
la petición de la que busca respuesta “se dirigió ÚNICAMENTE a la
SECRETARÍA DE SALUD DEL CASANARE y no al Consorcio”[55]
(Énfasis de la entidad).
Por todo lo anterior
el Consorcio encontró que no existe ninguna conducta de su parte que comprometa
los derechos fundamentales del accionante por lo que solicitó ser desvinculado
de este trámite constitucional y que se le ordene al Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Bogotá brindar la atención médica necesaria en el caso del
señor Zapata.
21. El Ministerio de Justicia y del Derecho adujo la falta de legitimación
por pasiva para resolver la problemática planteada por el accionante que, tal y
como fue presentada en el escrito de tutela, no guarda relación con sus
competencias constitucionales y legales. Sostuvo que si bien las entidades
encargadas de la administración penitenciaria –INPEC y USPEC- están adscritas a
él, ellas son autónomas y respecto de ellas no tiene ninguna posición
jerárquica.
22. La Superintendencia Nacional de Salud también sostuvo que
en relación con ella no hay legitimación por pasiva, pues las afirmaciones del
accionante sugieren una falta de prestación de servicios de salud, únicamente
atribuible a las EPS responsables. En el marco de sus facultades ha ordenado a
las distintas IPS garantizar el acceso real de la PPL a los servicios de salud,
les advirtió la existencia de multas (por una vez o sucesivas) de hasta 200 SMLMV
y sanciones de incluso la cancelación del registro de la institución que se
niegue a prestar los servicios médicos a los internos y le solicitó a la
Fiduprevisora S.A. reportar cualquier negativa injustificada al respecto.
23. El Ministerio de Salud y Protección Social[56]
argumentó que no es responsable directo de la prestación de los servicios de
salud para la PPL, motivo por el cual no hay legitimación por pasiva en su caso
y no puede atribuírsele responsabilidad alguna en los hechos denunciados por el
demandante.
24. El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal
reiteró los argumentos ya expuestos. Sostuvo enfáticamente que:
“no es cierto lo que manifiesta el accionante en su
escrito de tutela, pues el PPL ingreso (sic.) al EPC Yopal el día 3 de abril de
2017 y de acuerdo con el procedimiento establecido, se realizó el examen médico
de ingreso por parte del Doctor RAFAEL HUMBERTO ROZO medico (sic.) general (…)
el día 5 de abril de 2017 (…) Con diagnóstico FX radio y cúbito izquierdo por
arma de fuego, no cirugía ni yeso, herida en el abdomen 02 colostomías
laparotomía realizadas el 12 y 13 de mayo de 2016 en u n (sic.) hospital de
argentina ciudad de Avellaneda. // Es importante resaltar que el PPL al
momento de ingresar al penal llevaba aproximadamente un año con dicho
diagnóstico sin manejo médico, no aporta historia clínica”[57].
Agregó que desde el ingreso del actor se
efectuaron controles periódicos de su estado de salud, se llevaron a cabo citas
prioritarias y se hizo el recambio de las bolsas de colostomía según el
criterio médico. Al constatar que se encontraba afiliado al régimen
contributivo pero que estaba en mora, fue remitido al servicio de urgencias el
27 de abril de 2017 por gastroenteritis de origen infeccioso. En relación con
su diagnóstico inicial se hicieron varios procedimientos y finalmente el 6 de
enero de 2018 se le practicó una cirugía que presentó complicaciones propias
del procedimiento, de modo que requirió una nueva intervención quirúrgica y su
evolución ha sido satisfactoria. Finalmente, el 14 de junio de 2018 en un
control por cirugía general se le ordenó valoración y manejo integral que ya
fue tramitada ante el Consorcio Fondo de Atención en Salud a la PPL para su
autorización.
Con relación al derecho fundamental de
petición del accionante, el centro carcelario precisó que el 12 de octubre de
2017 dio cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Yopal, en tanto remitió la comunicación al Municipio de Yopal. Respecto de la
solicitud del 10 de julio de 2017 se le dio el trámite correspondiente en la
oficina de reseña en el sentido de verificar de la huella dactilar del
remitente, sin detallar ningún otro particular al respecto[58].
Sobre las condiciones de suministro de
agua y las condiciones sanitarias del establecimiento penitenciario, el EPC
destacó que se hace seguimiento y control de calidad al agua a través de un
laboratorio certificado que ha corroborado que la misma es “apta para el
consumo humano”[59].
Además se realizan frecuentemente actividades de control higiénico sanitario y
limpieza. Así las cosas “los quebrantos de salud del accionante han sido por
falta de compromiso de higiene personal”[60].
Finalmente sostuvo que no ha conocido de
una denuncia formal por la pérdida de bolsas de colostomía, pero su suministro
y el recambio mismo están a cargo del área de sanidad e informó que “el PPL
Zapata Chaves Jhon Edison, fue trasladado para el Establecimiento Penitenciario
de Bogotá La Modelo el día dos (02) de agosto de 2018”[61].
C. Decisión objeto de
revisión
25. El 30 de agosto de 2018, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal
profirió decisión de única instancia en la que concedió parcialmente el amparo
solicitado por el señor Zapata.
En relación con el derecho de
petición del accionante, el juzgado encontró que este hizo dos solicitudes
escritas, una del 15 de mayo de 2017 y otra del 10 de julio de 2017 y, conforme0
lo manifestó el actor en el trámite de revisión, ninguna fue resuelta.
La primera fue radicada por el
establecimiento penitenciario de Yopal ante el Municipio respectivo el 12 de
octubre de 2017 con el radicado N°41826, lo que desestima los argumentos del
Municipio de Yopal, respecto de que no había recibido ninguna solicitud suscrita
por el actor. Sobre la segunda no existe prueba de radicación alguna por parte
del centro carcelario, de modo que pudo concluir que aquel omitió redireccionar
el escrito del actor.
Con fundamento en ello el a quo
encontró vulnerada dicha garantía ius fundamental y, en consecuencia, le
ordenó al Municipio de Yopal responder la solicitud que fue radicada el 12 de
octubre de 2017 en las dependencias de su administración y al establecimiento
penitenciario radicar la comunicación del 10 de julio de 2017 tanto ante la
Secretaría de Salud de Yopal, como ante la del Casanare, a la que el accionante
afirmó haberla dirigido en su escrito de tutela.
Respecto de la vulneración de los
derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad encontró que del
expediente quedaba claro que el actor ha sido atendido por las autoridades penitenciarias
en varias oportunidades y destacó que fue trasladado a la cárcel La Modelo de
Bogotá.
No obstante lo anterior, consideró
que la condición de salud del actor ameritaba la adopción de medidas
impostergables. Por lo tanto le ordenó a la USPEC adelantar las gestiones
necesarias, a través del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 o de la
prestadora de servicios del establecimiento penitenciario La Modelo de Bogotá o
de cualquiera en el que se encuentre el accionante, para que se le presten los
servicios de salud que requiere conforme lo prescriba su médico tratante.
Finalmente, sobre la pretensión de
que solución a la problemática de salubridad del establecimiento penitenciario,
la juez negó la protección en la medida en que con ella se busca la protección
de un derecho colectivo para el cual la acción popular es el mecanismo idóneo.
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. En virtud
de las disposiciones contenidas en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política de 1991, como en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta
Sala es competente para decidir el presente asunto.
Cuestión preliminar. Normas de competencia y
reparto de las acciones de tutela. Reiteración[62].
2. La
Corte Constitucional en numerosos pronunciamientos[63] ha destacado que en materia de acción de tutela las reglas sobre
la competencia y el reparto pueden distinguirse entre sí. No es
admisible que se confundan o se traslapen sus efectos.
Los parámetros para
establecer la competencia de los jueces de tutela se encuentran
únicamente en los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de
1991. Según esa última disposición, “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención,
los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la
violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”. El factor de competencia de los jueces de amparo es,
por lo tanto, preferencialmente de tipo territorial.
Entretanto el Decreto 1382 de 2000 y ahora el 1069 de 2015
(modificado por el Decreto 1983 de 2017), que derogó el primero[64],
contiene las “reglas de reparto de la acción de tutela” que, en
ningún caso, definen o alteran la competencia de los despachos judiciales para
asumir el conocimiento de las mismas[65]. Como consecuencia de lo
anterior, no es posible que ninguna de estas normas sirva a ningún funcionario
judicial como fundamento para alegar su falta de competencia y negarse a asumir
el conocimiento de un caso. “Una
interpretación en sentido contrario, transforma[ría] sin justificación válida
el término constitucional de diez (10) días, (…) lesionándose de esa manera la
garantía de la efectividad (...) de los derechos constitucionales al acceso a
la administración de justicia (…) y al debido proceso de los accionantes”[66].
En
consecuencia, la falta de competencia no puede fundamentarse jurídicamente a través
de los esquemas de reparto administrativo de las acciones de tutela[67].
Es decir, el juez puede ser competente para conocer de la solicitud de amparo,
aunque los mecanismos de reparto hayan sido inobservados por la autoridad
encargada del mismo. El juez, en consecuencia,  no puede negarse a tramitar el
asunto bajo el argumento de un error en el reparto del escrito de tutela y no
es viable que la competencia se rehúse mediante las reglas de reparto, según lo
ha expresado reiteradamente esta Corporación[68]
3. En
el caso concreto, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal a través del auto
del 14 de agosto de 2018, rehusó asumir el conocimiento del asunto al haber
encontrado que en el curso del trámite se vinculó a entidades del orden
nacional, por lo que estimó que los juzgados de circuito eran los competentes
para conocer el caso, según el Decreto 1983 de 2017. En relación con esta norma,
esa sede judicial consideró que esta Corporación, en recientes pronunciamientos
que no identificó, admite que dicho decreto regula la competencia en materia de
tutela.
De tal suerte y de
conformidad con lo expuesto en líneas precedentes, el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Yopal desconoció los lineamientos de esta Corporación sobre el
particular, con lo cual postergó la decisión del asunto de la referencia. En
consecuencia, es necesario llamar su atención y ordenarle que, en lo sucesivo,
se abstenga de eludir el estudio de acciones de tutela por factores de reparto
y no de competencia, como lo eran en su momento los preceptos del Decreto 1382
de 2000[69],
y ahora lo son los contenidos en el Decreto 1069 de 2015[70],
modificado por el 1983 de 2017[71].
Asunto objeto de revisión y problemas jurídicos
4. Para efectos de
resolver este asunto es importante recordar que el accionante acude al juez de
tutela para que este proteja su derecho de petición, asociado a las garantías
constitucionales a la vida digna y a la salud, que estima comprometidas.
Denuncia que sus solicitudes
escritas, una del 15 de mayo y otra del 10 de julio de 2017, no han sido
atendidas y que el centro carcelario se ha abstenido de atender sus
padecimientos en forma oportuna y adecuada. Alrededor de ello pone de presente que
la falta de examen médico de ingreso imposibilitó un tratamiento penitenciario adecuado
y su atención médica continua.
5. Conforme
los argumentos expuestos por las entidades que participaron de este trámite
constitucional pudo establecerse que:
5.1.
El accionante fue trasladado a otro centro penitenciario y que, desde el 2 de
agosto de 2018, no se encuentra recluido en el EPC Yopal, ni sujeto a las
condiciones de salubridad y de suministro de agua potable de ese centro de
reclusión.
Sin embargo, en
relación con la disponibilidad de agua potable en los establecimientos
penitenciarios, llama la atención las aseveraciones de la USPEC en el sentido
de que el INPEC administra el recurso hídrico como un mecanismo de sanción o
resguardo de los dispositivos de acceso a él, de modo que impone horarios de
suministro.
5.2.
Existe controversia sobre los hechos denunciados, pues en sede de revisión las
autoridades penitenciarias se pronunciaron en el sentido de que no es cierto
que no se practicó el examen médico de ingreso, como lo asegura el demandante y
adjuntaron la historia clínica correspondiente.
5.3.
Hubo dos solicitudes suscritas por el accionante. Una de ellas fue remitida por
el establecimiento penitenciario al Municipio de Yopal y al Departamento de
Casanare, sin que ellas hayan emitido una respuesta de fondo en relación con
ella, mientras la otra se tramitó en la oficina de reseña sin que se haya
redirigido por parte de las autoridades penitenciarias.
6. Además
de lo anterior, comoquiera que el juez de instancia resolvió abstenerse de
conocer los hechos relacionados con la salubridad del establecimiento penitenciario,
al estar ligada con los derechos colectivos de una comunidad y no con los
derechos fundamentales del actor, la subsidiariedad de esta acción de tutela fue
cuestionada durante su trámite.
7. Planteada así la
situación, la Sala debe resolver varios problemas jurídicos: el primero es si
¿la acción de tutela en el presente caso cumple los requisitos de procedencia y,
en especial, si el accionante tenía la acción popular como mecanismo principal
de defensa jurídica de los derechos cuya protección persigue, para determinar
si se cumple el requisito de subsidiariedad?; el segundo, es si ¿el
establecimiento penitenciario de Yopal comprometió el derecho de petición del
accionante al dejar de remitir una petición suscrita por él a las autoridades
externas a la que estaba dirigida y si estas últimas lo vulneraron al no  resolver
la cuestión planteada por el señor Zapata?
En relación con el derecho a la
salud del actor, la Sala habrá de analizar dos cuestiones. Por un lado, en lo
relativo a la prestación de servicios médicos precisará si ¿el establecimiento
penitenciario de Yopal vulneró tal garantía constitucional al no haber valorado
al accionante al momento de su entrada y si se ha abstenido de atender
médicamente los padecimientos que presenta?; y, por el otro, en lo que atañe al
riesgo que sugieren la insalubridad y las condiciones de suministro de agua
dentro del penal para la salud del accionante, si ¿el traslado del señor Zapata
a otro centro de reclusión sustrae el objeto de la presente acción de tutela?
Finalmente, vistas las
manifestaciones de la USPEC sobre la limitación generalizada al acceso al agua
en los distintos establecimientos penitenciarios del país, debe responderse si ¿la
denuncia que hizo el accionante sobre la restricción al agua se deriva de esa
situación y si, con fundamento en las directrices del INPEC, los establecimientos
carcelarios comprometen el derecho al agua de la población privada de la
libertad cuando la somete a horarios de distribución del recurso hídrico como
una medida correctiva?
Para efectos de determinar
estos asuntos, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia sobre el derecho de
petición, en general y en espacios carcelarios; (ii) su relación con el debido
proceso; (iii) el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad; y
(iv) su derecho al agua. Finalmente abordará y definirá el caso concreto.
Análisis de
procedencia formal
Legitimación
por activa[72]
8. El
artículo 86 de la Constitución, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de esta Corporación han reiterado que todas las personas cuyos
derechos fundamentales son amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular están habilitadas para solicitar el
amparo constitucional.
De este modo, conforme al desarrollo
jurisprudencial que ha hecho esta Corporación, las personas podrán acudir a la
acción de tutela (i) en forma directa o (ii) por medio de un representante
legal (los menores de edad, los incapaces absolutos y los interdictos), (iii)
de un apoderado judicial, (iv) de un agente oficioso o (v) del Ministerio
Público.
9. En el
asunto que se analiza el accionante acude al juez de tutela como titular de los
derechos que reclama, de modo que este requisito se satisface.
Legitimación
por pasiva[73]
10. La legitimación
por pasiva se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se
dirige la acción para responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental[74].
Según el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°[75]
y 5°[76]
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier
autoridad pública.
11. En el caso objeto de estudio se advierte
que la acción de tutela fue interpuesta contra una entidad pública. Además se
convocó a autoridades penitenciarias del orden nacional y a los Ministerios de
Justicia y del Derecho y de Salud, a causa de la relación que tienen con el
objeto del amparo. Todas las entidades que fueron llamadas a atender los
reclamos del accionante son autoridades públicas.
Si
bien algunas de ellas plantearon que no existía legitimación por pasiva en su
contra, al no ser responsables directas de la amenaza, en la medida en que no
recibieron ninguna solicitud de parte del actor ni pueden prestarse por sí
mismas servicios de salud, y al considerar que otras entidades debían responder
por ella, lo cierto es que ese es un argumento de fondo y no alude a su falta
de capacidad jurídica para ser parte de este trámite constitucional.
Inmediatez[77]
12. Esta Corporación ha resaltado
que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela
puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de
caducidad[78].
No obstante, la Corte también ha sido consistente al señalar
que la misma debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir
del hecho que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales[79].
El requisito de
la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal
entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos
fundamentales”[80],
de manera que se preserve la naturaleza de la acción de
tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una
protección efectiva y actual de los derechos invocados[81].
13. Sobre el particular es preciso señalar
que el actor en su escrito de tutela, como en las comunicaciones aportadas con
posterioridad, alude a una situación continua en el tiempo, pues (i) puso de presente
la falta de examen médico de ingreso del accionante (desde el 4 de abril de
2017), no como garantía en sí misma considerada, sino como el hecho a partir
del cual no se le otorgó al actor un trato penitenciario diferenciado, en
resguardo de su derecho a la salud, ni atención médica continua; (ii) denunció
la incidencia de las condiciones de salubridad del EPC Yopal en su estado de
salud; y (iii) aludió a la falta de respuesta de sus solicitudes.
Esta Sala considera
que, por lo tanto, la solicitud de amparo cumple con el requisito de
inmediatez, pues la presunta vulneración de los derechos invocados por el
accionante era actual para el momento de la interposición de la misma, esto es,
el 21 de septiembre de 2017.
Subsidiariedad[82]
14. Por último, es preciso señalar que la
utilización de la acción de tutela, como mecanismo orientado a la defensa de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por una autoridad pública o
un particular, es excepcional y su interposición solo es jurídicamente viable
cuando no se encuentre un medio ordinario eficaz para la protección de los
derechos y, por tanto, no exista un mecanismo judicial que brinde un amparo
oportuno y evite una afectación grave e irreversible de las garantías
constitucionales.
El principio de subsidiariedad implica el resguardo de las
competencias jurisdiccionales, de la organización procesal básica, del debido
proceso y de la seguridad jurídica, propias del Estado Social de Derecho. De
este modo, “siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que
la tutela no es un medio adicional o complementario, pues su carácter y esencia
es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos
fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”[83].
El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la
tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”.
Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el
principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los
recursos ordinarios o extraordinarios de defensa[84],
ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contencioso
administrativa[85].
La inobservancia de tal principio es causal de improcedencia de la
tutela a la luz de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto
2591 de 1991[86],
declarado exequible en la Sentencia C-018 de 1993[87].
La consecuencia directa de ello es que el juez constitucional no puede entrar a
discernir el fondo del asunto planteado.
15. En el asunto que se analiza en esta
oportunidad el juez de instancia consideró que la acción de tutela era
procedente en relación con el derecho de petición, pero no con los derechos a
la salud, la vida y la dignidad humana. Su conclusión se sustentó en que la
petición de intervención en el centro penitenciario de Yopal para adecuar las
condiciones de salubridad y suministro de agua en el mismo, obedecía al ánimo
de materializar un interés colectivo de la población carcelaria recluida en él.
16. La Sala advierte que si bien una de
las pretensiones del accionante busca solución a la problemática de salubridad
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, en este caso puntual
la misma no busca el ejercicio de un derecho colectivo, sino de los derechos
fundamentales sobre los cuales el accionante busca protección.
No
puede desconocerse que en todas las intervenciones del actor, este considera
que la atención al problema sanitario y de suministro de agua tiene una
incidencia en su condición de salud al momento de interposición de la acción de
tutela. Es la vía que encuentra el accionante para enfrentar su condición de
salud, pues incluso en sus heridas se encontraron larvas de moscas, situación
que atribuye a las condiciones estructurales de hacinamiento e insalubridad del
centro carcelario.
Por
ende, resulta admisible pensar que el ánimo del accionante no es conjurar una
situación ligada a una garantía para el conjunto de la población carcelaria del
EPC Yopal, sino asegurar el ejercicio de sus derechos a la salud y a la vida
digna. Esto sin perjuicio de lo que eventualmente deba resolverse de fondo
acerca de cómo afecta la pretensión planteada las dinámicas particulares que se
presentan al interior de este centro carcelario, y como ellas inciden en la
materialización de los derechos fundamentales del actor.
Lo
cierto es que el señor Zapata no buscó la protección de ningún interés
colectivo y que sus pretensiones, vistas en conjunto con el resto de su escrito
de tutela, estaban concentradas en la protección de sus propios derechos
fundamentales. Por lo tanto, no tenía el deber de acudir a la acción popular
para lograr su cometido, pues no es idónea para la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad, en relación con los cuales
no cuenta con ningún otro medio judicial de defensa. En razón de ello, necesariamente
debe deducirse que la única vía judicial para hacer cesar la presunta
vulneración de estas garantías ius fundamentales es la acción de tutela,
de modo que esta cumple el requisito de subsidiariedad.
17. En vista de la satisfacción de cada
uno de los requisitos de procedencia en las acciones de tutela, la Sala pasará
a considerar el fondo de los asuntos planteados por cada una de ellas.
El derecho de petición. Reglas generales y
precisiones sobre su ejercicio en escenarios carcelarios[88]
18. El derecho de
petición es una garantía constitucional recogida en el artículo 23 del texto
superior[89].
Con arreglo a él, ha sido definido por parte de esta Corporación[90]
como la facultad que tiene toda persona en el territorio colombiano[91]
para formular solicitudes –escritas o verbales[92]-, de modo respetuoso[93],
a las autoridades públicas, y en ocasiones a los particulares y, al mismo
tiempo, para esperar de ellas la respuesta congruente a lo pedido.
Se trata de una garantía que ha de
materializarse con independencia del interés para acudir a la administración
–privado o público-, o de la materia solicitada –información, copias,
documentos o gestión. Y su ejercicio no puede depender de formalidades.
En todo caso, conforme lo señaló la Sala
Plena de esta Corporación en la Sentencia C-007 de 2017, la respuesta
debe cumplir en forma concomitante con las siguientes características para
considerar satisfecho el derecho de petición:
(i)
Prontitud. Que se traduce en la obligación de la persona a quien
se dirige la comunicación de darle contestación en el menor tiempo posible, sin
que exceda los términos fijados por la Ley 1755 de 2014. En aras de fortalecer
esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar
a “falta para el servidor público y (…) a las sanciones correspondientes de
acuerdo con el régimen disciplinario.”[94]
(ii)
Resolver de fondo la solicitud. Ello implica que es necesario que
sea clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa
de modo que atienda lo solicitado y excluya información impertinente, para
evitar respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre
conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente
con el trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un
proceso administrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede
concebirse como una petición aislada.
(iii)
Notificación. No basta con la emisión de la respuesta sino que la
misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela.
Ello debe ser acreditado.
Esta Corporación ha destacado además que la
satisfacción del derecho de petición no depende, en ninguna circunstancia de la
respuesta favorable a lo solicitado. De modo tal se considera que hay
contestación, incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los
motivos que conducen a ello. Así las cosas se ha distinguido y diferenciado el
derecho de petición del “el derecho a lo pedido”[95], que se
emplea con el fin de destacar que “el ámbito de protección constitucional de
la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una
contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar la materia de la
solicitud como tal.”[96]
19. Si bien su
aplicación es inmediata, el Legislador lo ha regulado mediante la Ley
Estatutaria 1755 de 2014. En la que recoge, además de las reglas señaladas en
la jurisprudencia, distintos tiempos de respuesta, asociados a las diferentes
modalidades de solicitudes que estableció. En su artículo 14, dispuso un
término de 15 días para las solicitudes, como regla general.
Fijó un término distinto de 10 días para
las peticiones de documentos e información y de 30 para las consultas a las
autoridades en relación con las materias a su cargo. En relación con ellos impuso
la obligación de informarle al peticionario en caso de que resolver el asunto
le llevara más tiempo del legalmente fijado en la norma en cita, como una
obligación adicional de la administración y de los particulares en relación con
este derecho.
20. El derecho
fundamental de petición, así concebido, en el marco del Estado Social y
Democrático de Derecho, si bien lo precede (pues surge con formas estatales
anteriores a él[97]),
se convierte en una herramienta de participación ciudadana, de control político
y social de la actividad del Estado y de retroalimentación de la gestión
administrativa, que termina por coadyuvar al logro de los fines y a la
materialización de los principios constitucionales y de los demás derechos
fundamentales.[98]
En relación con este último aspecto, la Corte Constitucional ha reconocido que
el derecho de petición tiene un “carácter instrumental”[99]
y un papel trascendental en la democracia participativa.
21. Lo anterior cobra
gran relevancia en escenarios penitenciarios, en los que a partir de la
privación de la libertad de personas condenadas o sindicadas, estas quedan a
disposición del Estado en relación con el cual, se crea una relación de
especial sujeción.
La relación de especial sujeción se define como el
nexo que surge entre la persona privada de la libertad y el Estado,
representado principalmente en las autoridades penitenciarias, con ocasión del
cual el ejercicio de algunos de los derechos fundamentales de la persona puede
ser restringido o limitado, pues está sometida al régimen disciplinario del
establecimiento penitenciario del caso[100], siempre de forma
razonable, útil, necesaria y proporcional[101]. Surge entonces por la
intensidad de la regulación de los derechos que el Estado debe hacer en
contextos penitenciarios[102].
Correlativamente, impone al Estado la obligación de
posicionarse como garante de aquellos derechos que no son restringidos
jurídicamente por el hecho de la reclusión[103]; como es el caso del
derecho de petición[104].
La Sentencia T-153 de 1998 llamó la atención sobre el hecho de que tales
garantías son imprescindibles para el proceso de resocialización del interno.
Aquella posición de garante se fundamenta desde un
punto de vista fáctico y material, en el “fuerte control o dominio sobre las
personas que se encuentran sujetas a [la] custodia”[105] del
aparato estatal. Dada la limitación física para su desplazamiento, al interno
no le es posible buscar el goce de los derechos fundamentales por sí mismo, de
modo que son las autoridades públicas las encargadas de buscar canales para su
ejercicio como la búsqueda, el mantenimiento y la procura de las condiciones
básicas de la existencia digna de la PPL. De no ser de ese modo, la privación
de la libertad redundaría en la negación de los derechos de las personas
sometidas a ella.
De cualquier forma, la especial sujeción que es
consustancial a las relaciones carcelarias entre las autoridades y los
reclusos, no significa que el interno es ajeno a la defensa de sus derechos ni
tampoco que está exento de un mínimo deber de agencia de sus propios derechos,
en el marco de sus posibilidades fácticas al interior de la cárcel.
22. Según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, las personas privadas de la libertad para
el ejercicio del derecho de petición, pueden formular solicitudes (i)
individual o colectivamente, y (ii) personalmente o a través de terceras
personas, incluidas organizaciones para la defensa de sus derechos[106],
dada la reclusión.
23. Varias veces se ha
pronunciado esta Corporación en relación con el derecho de petición de las
personas privadas de la libertad, para señalar las características que lo hacen
singular. Por ejemplo, la Sentencia T-705 de 1996 se profirió con
ocasión del amparo solicitado por un interno en contra del cual, por haber
hecho una petición, se tomaron represalias. En esta decisión se estableció que “el
derecho de petición es uno de aquellos derechos fundamentales que los reclusos
ostentan en forma plena (…) [y l]a única razón que justificaría una eventual
limitación del derecho fundamental de petición de un recluso consistiría en que
el titular del mencionado derecho abusara de éste en detrimento de los derechos
fundamentales de otras personas”. Además puntualizó que “[l]as
autoridades penitenciarias están en la obligación de motivar, en forma
razonable, las decisiones que adoptan frente a las peticiones que un recluso ha
elevado”.
Tiempo después en la Sentencia T-1074 de 2004,
se precisó que en todo caso el derecho a recibir una respuesta por parte del
interno no puede afectarse por razones administrativas internas del centro
carcelario, de modo que la remisión interna y externa es un deber de la autoridad
penitenciaria.
La Sentencia T-479 de 2010
estudió el caso de un interno que alegó que el establecimiento penitenciario en
el que se encontraba recluido vulneró su derecho de petición porque se abstuvo
de resolver una solicitud con la que buscaba redimir la pena en rancho o
granjas. En esta decisión se asumió con vehemencia que (i) a una persona
privada de la libertad no le son exigibles los mismos requisitos para demostrar
la afectación del derecho de petición porque depende del Estado para su ejercicio;
de tal suerte que (ii) es excesivo exigirle al interno probar que la
comunicación llegó efectivamente a su destino externo al penal. (iii) La falta
de certeza sobre ese particular implica que “el juez de tutela debe
verificar si dicho recibo no se cumplió por la inactividad, omisión o
negligencia en la entrega por parte de las autoridades o funcionarios
estatales”.
En la Sentencia T-154 de 2017[107],
se valoró la situación de una mujer privada de la libertad que le solicitó al
juez constitucional el amparo de los derechos de petición y unidad familiar. La
accionante relató que en el establecimiento penitenciario en el que se
encontraba pidió su traslado, sin recibir respuesta alguna. El
juez de instancia negó la protección al derecho de petición por cuanto encontró
que la accionante no probó haber radicado en forma efectiva la solicitud, y no
la aportó tras haberla requerido para ello. Así las cosas concluyó que no había
ninguna omisión por parte del centro carcelario demandado. Ello a pesar de que
el centro carcelario guardó silencio.
Para la Sala Octava de
Revisión el razonamiento del juez de instancia sobre el derecho de petición,
desconoció las circunstancias materiales que rodean la privación de la libertad
y le asignó a la accionante una carga de la prueba que no debía asumir.
24. Finalmente, la Sala
Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia
carcelaria y penitenciaria, mediante Auto 121 de 2018 recordó que el
principio de especial sujeción es una característica de la declaratoria del
estado de anormalidad constitucional en las cárceles del país, que irradia el
alcance de cada derecho fundamental en la vida en reclusión y debe servir para
establecer su alcance en contextos carcelarios.
Así, sobre el derecho de petición recalcó su papel
como mecanismo de acceso a la administración pública y al aparato de justicia.
Su enfoque general fue el brindar un carácter especial al derecho de petición
en escenarios carcelarios, de modo que reiteró la regla según la cual, “no
es posible exigir los mismos requisitos que a una persona en libertad para
ejercerlo, ya que, en virtud de la relación de especial sujeción que las
vincula con el Estado, las personas privadas de la libertad dependen de la
administración carcelaria y penitenciaria para el trámite de sus solicitudes en
ejercicio del mencionado derecho”.
Con arreglo a las consecuencias de la privación de
la libertad, sostuvo que en un contexto carcelario, “la petición se
constituye en el principal y, en ocasiones, en el único mecanismo jurídico con
el que cuentan los internos para comunicarse con las autoridades públicas y
para garantizar otros bienes constitucionalmente protegidos”[108].
25. De conformidad con
lo reseñado hasta este punto, es posible concluir que el derecho de petición
tiene un valor democrático que se acentúa en espacios carcelarios en los que,
además de él, conlleva la posibilidad de ejercer otros derechos y se cumplen
los fines asociados a la resocialización de las personas privadas de la
libertad, y a la recomposición de sus relaciones con las sociedad y con el
Estado mismo.
El ejercicio del derecho de petición
depende en el caso de las personas privadas de la libertad, de la gestión de la
administración penitenciaria, encargada de la recepción, clasificación y
remisión de las solicitudes. Por lo tanto, desde el punto de vista de la
dimensión objetiva de esta garantía ius fundamental es imperativo que el
establecimiento penitenciario resguarde los procedimientos y asegure que las
garantías constitucionales de los internos, sin perder de vista las
limitaciones y características propias de la vida carcelaria.
26. Ahora bien, la
concepción del derecho de petición como una comunicación escrita que persigue
información, parecería limitada en escenarios en los cuales se desarrolla la
vida cotidiana de las personas, como lo es el contexto carcelario.
El derecho de petición es además uno de
los mecanismos para emprender un proceso administrativo, de conformidad con las
pautas legales y reglamentarias al respecto[109]. Ello implica que la solicitud
de entrega o suministro de implementos, servicios o prestaciones asociadas a la
vida diaria de las personas recluidas, no siempre generará una respuesta
administrativa ceñida a los términos de respuesta de la Ley 1755 de 2014, sino
que desenvolverá los procedimientos internos previstos para cada tipo de
solicitud, de modo que sin excederlos preste atención pronta a situaciones
urgentes. Sería excesivo, por ejemplo que una solicitud en salud estuviera
sujeta al término general de 15 días de respuesta.
27. Finalmente conviene
precisar que la concepción del derecho de petición como una garantía
instrumental, cuyo compromiso puede permitir el ejercicio de otros derechos u
obstaculizarlo, implica el análisis no solo del derecho de petición, en sí
mismo considerado, sino además de la garantía ligada a él en el caso concreto.
Síntesis de las especificidades
del derecho de petición en escenarios carcelarios
28. Conforme lo
expuesto, el ejercicio del derecho de petición en escenarios penitenciarios, no
puede estar sometido exactamente a las mismas pautas y directrices que el
previsto para las personas que no están privadas de la libertad. Sus
especificidades se sustentan en (i) las limitaciones físicas y materiales
derivadas de esa privación, (ii) en la obligación que tiene el Estado de
agenciar los derechos de los internos, conforme a la relación de especial
sujeción y (iii) en el papel que cumple el ejercicio del derecho de petición en
la resocialización del accionante, entendida como el fin de la pena que tiene
un “sentido transformador de las relaciones
sociales, al momento del retorno a la libertad, de modo que la comunidad y el
sujeto que retoma su vida, se reencuentren armónicamente cuando este recobre el
ejercicio pleno de sus derechos”[110], en el marco de las instituciones vigentes.
En ese sentido, el derecho de petición
de las personas privadas de la libertad además de otorgar una facultad para formular
solicitudes respetuosas a las autoridades públicas, o a los particulares
según sea el caso, implica la garantía de gestión por parte de las autoridades
penitenciarias. Estas deberán (i) recibir y (ii) dirigir las comunicaciones de
los internos en forma efectiva y célere a las autoridades, internas al
establecimiento penitenciario o externas, a las que se encuentre dirigida la
comunicación, sin barreras administrativas para ese efecto.
Respecto de la contestación,
además de la respuesta de fondo, clara, oportuna y congruente con lo
solicitado, es preciso que las personas privadas de la libertad obtengan una contestación
motivada y particularmente sustentada, de modo que puedan reconocer su
situación jurídica y fáctica con claridad, y contradecir si así lo desean la
respuesta otorgada por la persona o autoridad requerida. Por ende, dicha
respuesta debe incluir los anexos en los que se sustenta, para que el interno
pueda tener información suficiente sobre la voluntad de la administración.
Ahora bien, al hacer exigible el derecho
de petición por vía de acción de tutela (i) a la
persona privada de la libertad no le son exigibles los mismos requisitos que a
la generalidad de las personas para demostrar la afectación del derecho de
petición, por lo cual (ii) resulta excesivo pedirle al interno probar que la
comunicación llegó efectivamente al destino externo al penal, precisamente en
razón de las consecuencias propias de las privación de la libertad. En todo
caso, cuando existan dudas sobre ello, el juez está en la obligación de
verificar ese hecho con el establecimiento penitenciario responsable de la
respuesta y/o de la remisión del documento. En todo caso ante la falta de
respuesta del centro de reclusión, es imperativo la aplicación del principio de
veracidad contenido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
El derecho a la salud de la
población privada de la libertad
29. El
derecho a la salud en escenarios carcelarios, es como el derecho de petición,
una garantía ius fundamental cuyo ejercicio no puede ser restringido por
el Estado[111],
a personas sindicadas o condenadas por autoridad judicial[112].
Así las cosas, en
los centros penitenciarios los internos deben poder conservar y recuperar,
según sea el caso, el mayor nivel de salud posible, o “la normalidad
orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y
de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica
y funcional de su ser”[113].
El Auto 121 de
2018 precisó sobre el derecho a la salud, que conforme la jurisprudencia:
(i) existe un vínculo entre el derecho a la salud y la resocialización, al ser
condición necesaria para ella; (ii) “la atención médica debe ser
proporcionada regularmente”; (iii) las condiciones de salubridad e higiene
indignas son causas permanentes de enfermedades y complicaciones de salud de
los internos; (iv) la provisión oportuna de medicamentos está directamente
relacionado con el principio de dignidad humana y con la ausencia de tratos o
penas crueles o inhumanos; y (v) la continuidad es un elemento definitorio de
la salud, en tanto “la interrupción de un tratamiento médico por razones
presupuestales o administrativas vulnera los derechos fundamentales del
paciente pues supedita su atención al cumplimiento de una serie de trámites
burocráticos que obstaculizan su acceso al servicio”.
30. La
Ley 65 de 1993, modificada por la 1709 de 2014, en su artículo 104 establece
las condiciones de acceso a la salud de la PPL. Señala que tendrán acceso a
todos los servicios, de modo que deben disfrutar de planes preventivos, de
diagnóstico y de tratamiento, sin necesidad de decisión judicial que lo ordene.
Al mismo tiempo, y para efectos de lo anterior, establece la necesidad de que
en cada establecimiento penitenciario se encuentre una Unidad de Atención
Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y
Carcelaria.
En su artículo 105,
la ley le atribuye al Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la
USPEC, la responsabilidad de diseñar un modelo de atención específico para
personas privadas de la libertad.
31. El
modelo fue diseñado en 2015, mediante el Decreto 2245 de 2015. En su primera
versión apelaba a la “prevalencia de este esquema sobre la afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud o a los regímenes exceptuados o
especiales”[114].
Con la expedición del Decreto 1142 de 2016, las EPS del régimen
contributivo fueron incorporadas en el modelo de atención, en la medida en que
conforme su artículo primero “la población privada de la libertad que se
encuentre afiliada al Régimen Contributivo o a regímenes exceptuados o
especiales, conservará su afiliación y la de su grupo familiar mientras
continúe cumpliendo con las condiciones establecidas para pertenecer a dichos
regímenes”. Así las cosas, la prevalencia y la responsabilidad del Estado
sobre el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, cede para
fijar un deber de corresponsabilidad de la familia en relación con él.
La inclusión de las
EPS en el modelo de atención en salud, como lo destacó el Ministerio de Salud y
Protección Social, precisa un esquema de articulación y comunicación entre
promotoras y autoridades penitenciarias, que se encuentra en desarrollo.
32. Tal y como
lo destacó la Sala Quinta de Revisión en la Sentencia T-762 de 2015, el
examen médico de ingreso es el punto de partida para el acceso a los servicios
médicos a los que tiene derecho la PPL. Sin embargo, su importancia trasciende
ámbito subjetivo de cada uno de las personas recluidas, y se consolida como la
base de los sistemas de información en materia de salud, pues a través de él es
posible consolidar cifras, hacer proyecciones, diseñar mecanismos preventivos y
reportar resultados por parte las entidades concernidas en el estado de cosas
inconstitucional en materia penitencia y carcelaria.
Solución al
caso concreto
33. John
Edison Zapata Chaves instauró la presente acción de tutela contra la Secretaría
de Salud de Yopal (Casanare), por considerar que comprometió su derecho de
petición al no contestar las solicitudes que le hizo el 15 de mayo y 10 de
julio de 2017. En su escrito de tutela denuncia la falta de examen médico de
ingreso, de atención clínica en el establecimiento penitenciario, de condiciones
mínimas de salubridad en el penal, las limitaciones en el suministro de agua y
las implicaciones que ello tiene en su estado de salud.
34. En
primer lugar es preciso recordar que La Fiduprevisora S.A. alertó sobre la
posible existencia de una conducta temeraria por parte del accionante. Sin
embargo, de la comparación entre el fallo[115] de tutela emitido por
el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Yopal con ocasión de
una solicitud de amparo anterior, formulada por el demandante contra el
establecimiento penitenciario de Yopal, y este asunto, es posible concluir que
no se presenta temeridad.
La temeridad, de
conformidad con la Sentencia SU-168 de 2017[116], se
presenta “cuando concurren los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii)
identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia
de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar
doloso y de mala fe por parte del libelista[[117]]”.
En este caso puede
apreciarse con fundamento en los fallos y el escrito de tutela aportados por el
Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Yopal, correspondientes a
otra solicitud de amparo promovida por el actor, que la tutela que esa sede
judicial conoció y la que ahora se analiza, no son idénticas. La razón es que
la pretensión del actor en aquella oportunidad, no es la misma que la que lo
llevó a formular esta petición de protección constitucional. Ahora solicita la
intervención de la Secretaría de Salud para la preservación de su derecho a la
salud, mientras que en esa oportunidad requirió el traslado hacia la ciudad de
Bogotá por razones de salud.
La petición de
amparo anterior fue resuelta en forma favorable y se le ordenó al establecimiento
penitenciario no trasladar al actor, sino asegurar la prestación de los
servicios de salud en atención a los padecimientos que presentaba, que son los
mismos que alega en esta oportunidad.
35. Todo ello
lleva a la Sala a concluir que en este asunto no existe temeridad, de modo tal
que proseguirá con el análisis del caso concreto, en relación con el derecho de
petición y el derecho a la salud del accionante.
Derecho de petición
36. En
relación con la protección al derecho de petición es preciso destacar que de
conformidad con la información obrante en el expediente, el accionante hizo dos
solicitudes, en relación con las cuales las secretarías de salud de Yopal y
Casanare como el EPC Yopal comprometieron aquella garantía ius fundamental, como
pasa a explicarse.
36.1. La
primera solicitud, fue hecha el 15 de mayo de 2017 y estaba dirigida tanto
a la Secretaría de Salud de Yopal, como a la de Casanare[118]. El
accionante no aportó copia de ella, pero la misma fue entregada en el juzgado
de instancia el 17 de octubre de 2017, para acreditar el cumplimiento de la
sentencia que fue anulada por esta Corporación.
Conforme consta en
los folios 63 y siguientes del cuaderno principal, la petición del 15 de mayo
de 2017 fue radicada por el establecimiento penitenciario en la Gobernación del
Casanare ese mismo día, con el radicado N°11574[119]. Luego,
el 12 de octubre de 2017 fue radicada en la Alcaldía de Yopal con radicado
N°41826[120],
en cumplimiento de lo dispuesto por el juez de primera instancia del trámite
constitucional anulado.
De ello puede
inferirse que, en la actualidad, el centro de reclusión en el que se encuentra
el actor garantizó su derecho de petición y resguardó la garantía que le asiste
para formular solicitudes, al haber remitido su solicitud a las autoridades
externas a las que estaba dirigida, a pesar de no haberlo en forma oportuna en
relación con la Alcaldía de Yopal.
Sin embargo el
juzgado de instancia, al momento de rehacer el trámite constitucional, en la
orden segunda de la sentencia objeto de revisión, le ordenó al establecimiento
penitenciario remitir a la Secretaría de Salud Departamental de Casanare esta
comunicación, cuando ya lo había hecho en su debida oportunidad. Por ende, la
Sala modificará esa orden en lo relativo a la petición del 15 de mayo de 2017,
en tanto el centro carcelario asumió las cargas administrativas que le
correspondían para que el actor ejerciera su derecho de petición.
No puede concluirse
lo mismo de las entidades destinatarias de la solicitud, pues a pesar de que las
autoridades penitenciarias radicaron la solicitud del accionante en la
Gobernación de Casanare y en la Alcaldía de Yopal, la primera insiste en que no
tiene legitimación por pasiva en este asunto y la segunda afirma que en sus
dependencias no se presentó ninguna petición, por lo que no han resuelto la
cuestión planteada por el señor Zapata. Ambas entidades se abstuvieron de darle
a él una respuesta de fondo, clara, oportuna y congruente y, con ello, cercenaron
la posibilidad que constitucionalmente tiene de conocer la decisión de la administración
en relación con la situación que le había planteado, para definir las acciones
a seguir.
36.2. La
segunda solicitud, de la cual el actor anexó una copia a su escrito de
tutela[121],
fue dirigida a la “Secretaria de Salud Departamental de Yopal Casanare
(sic.)”[122]
y radicada en el establecimiento penitenciario el 10 de julio de 2017. Sobre
esta comunicación el establecimiento carcelario manifestó haber hecho un
trámite de seguridad en la oficina de reseña para comprobar que el remitente
fuera quien decía ser. Así, se limitó a informar sobre la ejecución de este
procedimiento sin referir sus resultados y sin hacer ninguna manifestación
sobre el redireccionamiento de dicha petición.
De tal suerte, el
establecimiento penitenciario no acreditó haber redirigido la solicitud a las
autoridades externas a las que estaba dirigida, y sometió el escrito a un
escrutinio sobre su autenticidad que le llevó más de un año sin lograr
resultados, por lo que su gestión lejos de asegurar el derecho de petición, en
su fase de la formulación de la solicitud, se convirtió en una barrera para su
concreción.
Esta situación fue
advertida por el juez de instancia, que resolvió ordenar la remisión de esta
última comunicación tanto a la Secretaría de Salud de Yopal, como a la
Departamental del Casanare.
36.3. Visto lo
anterior, la Sala concluye que el derecho de petición del accionante sí fue
vulnerado tanto por el establecimiento penitenciario como por la Gobernación de
Casanare y la Alcaldía de Yopal. En relación con la solicitud del 15 de mayo de
2017, ambas entidades territoriales se abstuvieron de darle respuesta a la solicitud
del actor, mientras en relación con la del 10 de julio de 2017, las autoridades
penitenciarias impidieron que el actor formulara su solicitud en forma efectiva.
Derecho a la salud del accionante
37. En
relación con el compromiso del derecho a la salud del accionante, la Sala
dividirá el análisis del caso concreto en dos partes. La primera se enfocará en
la satisfacción de esta garantía constitucional, en relación con la prestación
de los servicios de salud al accionante, incluida la práctica del examen médico
de ingreso; la segunda, se ocupará de la vulneración al derecho a la salud, por
el riesgo que suponen para el accionante las condiciones de salubridad y de
suministro de agua potable al interior del penal.
38. En
primer lugar cabe aclarar que se accedió a la historia clínica del accionante y
en ella se observa que sus afirmaciones sobre la falta de examen médico de
ingreso no corresponden a la verdad. Ello debido a que sí se le practicó tal
procedimiento el 5 de abril de 2017[123].
Según su resultado, el accionante sufrió una fractura de radio y cúbito
izquierdo, y dos heridas de colostomía por una cirugía practicada en un
hospital de Argentina[124]
que se identifican gráficamente[125].
Además, existen
comprobantes de atención y valoración médica del 4, 15 y 27 de abril del mismo
año en el Hospital de Yopal[126],
entre otros, y constancias de entrega de medicamentos a su favor. Las
atenciones médicas recibidas son continuas, en contravía de lo manifestado por
el tutelante para el momento de interponer la acción de tutela. En tal sentido
no puede concluirse la afectación al derecho a la salud del accionante por no
habérsele practicado examen médico de ingreso, ni por la falta de atención que
aquel denuncia.
Sobre la idoneidad
de los procedimientos, las aseveraciones efectuadas por el señor Zapata no son
lo suficientemente específicas y claras como para abrir un debate
constitucional al respecto. Tal y como fueron planteadas sus denuncias, tan
solo puede deducirse su inconformidad general con los servicios médicos y, así
las cosas, esta Corporación no puede hacer conclusiones sobre este aspecto puntual.
39. Ahora
bien, el compromiso al derecho a la salud del accionante como consecuencia de
las condiciones de insalubridad y del suministro limitado de agua potable en el
ECP de Yopal, tendría que ser objeto de análisis de esta Sala si no fuera
porque en el curso del trámite de esta acción constitucional, el accionante fue
remitido a un centro penitenciario distinto a aquel.
De tal modo, las
condiciones a las que estuvo expuesto y de las que derivaba un riesgo para su
salud, su dignidad y su vida fueron modificadas a tal punto que un
pronunciamiento sobre el particular sería inocuo, en tanto el escenario
penitenciario cambió y las condiciones fácticas que sirvieron para la
interposición de la acción de tutela fueron, en principio, suprimidas.
En relación con el
panorama actual del caso concreto, se tiene en principio que actualmente la
acción de tutela carece de objeto. Los motivos que llevaron a la interposición
de la solicitud de amparo se han sustraído, no porque la
amenaza se concretara hasta el punto en que el daño se materializara de forma
irreparable por el juez de tutela (daño consumado[127]),
ni porque las circunstancias que le dieron lugar cesaran por la satisfacción de
las pretensiones o la intervención de las autoridades públicas en pro del
ejercicio de los derechos fundamentales comprometidos (hecho superado[128]).
En este asunto, aunque tales circunstancias puedan persistir en el
establecimiento penitenciario de Yopal, por la evolución de los hechos, ya no
tienen la vocación de afectar las garantías constitucionales del actor, como
consecuencia de su traslado de centro de reclusión.
Al respecto, la Corte ha
explicado que además de las figuras del daño consumado y del hecho superado, la
carencia actual de objeto de una acción de tutela puede devenir de la
sustracción de la materia de la cual debía ocuparse el juez. Aquella se
presenta ante “una situación sobreviniente que modificó los hechos, la cual
genera que la orden que podría ser impartida por el juez de tutela, relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo, no surta ningún efecto; ya que, se puede
inferir razonadamente que la accionante perdió todo el interés en la
satisfacción de su pretensión.”[129]
En este caso puntual, se configura la denominada sustracción de materia en
relación con los derechos a la vida, dignidad humana y salud, relacionados con
las condiciones de salubridad y de suministro de agua potable en el centro
carcelario de Yopal, pues el traslado del actor supone una variación extrema de
los supuestos de hecho en los que se fundó su solicitud de amparo.
No obstante lo anterior, esta Corporación
puede pronunciarse sobre el caso concreto
aunque la acción carezca de objeto para el momento de su decisión, con el
propósito de cumplir los cometidos de la revisión, que no se agotan en la
satisfacción de los derechos del accionante, en su dimensión subjetiva y
particular, pues a la Corte Constitucional, como
órgano de cierre e intérprete autorizado de la Constitución, le corresponde
también determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se
reclama[130] y determinar si, con atención de
las particularidades del caso, procede el amparo, ya no en la dimensión
subjetiva de los derechos conculcados, sino en la objetiva[131]
Así las cosas la Sala llama la
atención sobre las afirmaciones efectuadas por la USPEC en comunicación
dirigida al juez de primera instancia, en la que puntualizó que el suministro
de agua, en general y no solo en relación con el EPC Yopal, se encuentra sujeto
a las disposiciones del INPEC, que limita el acceso de los internos al fluido
hídrico ante la mala utilización que estos hacen de las griferías que tienen a su
disposición.
Es preciso hacer
mención en este punto de la Sentencia C-220 de 2011[132], en la
que se refirió el alcance subjetivo y objetivo del derecho al agua. Este último
alude al carácter vinculante de esta garantía en relación con el poder público,
que no puede desprenderse de las obligaciones que subyacen a él.
40. Antes de abordar este asunto en el caso concreto es importante
recordar que la Corte ha reconocido distintas dimensiones del derecho al agua
potable:
“como parte del derecho al
medio ambiente sano, al considerar que es un recurso hídrico concebido como
derecho colectivo susceptible de protección constitucional[;] (…) como un servicio
público esencial a cargo del Estado, y (…) como
un derecho fundamental de naturaleza subjetiva, sobre el cual, se
cimientan otros derechos del mismo rango constitucional (vgr., el derecho
a la salud y a la vida en condiciones dignas), cuando se trata en
particular, del agua destinada al consumo humano” [133].
En
esa medida únicamente se ha reconocido la existencia de un derecho fundamental
al agua potable cuando es destinada para el consumo humano[134], con
el fin de satisfacer las necesidades asociadas a la salud, a la vida y a la
vida digna de las personas naturales[135].
Dado lo anterior, este derecho es (i) universal, por cuanto todos los seres humanos
precisan de él para subsistir; (ii) inalterable, porque no puede
reducirse o modificarse más allá de los topes biológicos; y (iii) objetivo, al
ser condición para la subsistencia de cada persona[136], pues “ningún ser vivo, puede
existir o sobrevivir sin agua. Toda persona, individualmente, tiene derecho a
acceder, por lo menos, a la calidad y cantidad de agua adecuada y suficiente
para poder calmar la sed y asearse”[137].
41. Este derecho ha
sido entendido por esta Corporación, de la mano de la Observación General N°15,
como “[la prerrogativa] de todos a disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”[138].
De esta definición se han
extraído tres facetas del derecho al agua: (i) la disponibilidad, (ii) la
calidad y (iii) la accesibilidad. La primera de ellas implica que cada persona
disponga de este fluido en “cantidades suficientes, esenciales y continuas
del líquido vital”[139] que
pueden aumentar conforme características particulares de la persona, por
ejemplo en atención a su condición de salud, o del entorno, como lo sería la
ubicación del centro penitenciario en una zona de clima cálido[140].
La segunda, la calidad, se
refiere a que (a) el líquido disponible sea salubre, de modo que no contenga
microorganismos, sustancias químicas o radiactivas que pongan en riesgo la
salud de quienes lo ingieren y (b) que tenga color, olor y sabor aceptable para
su consumo.
La tercera, finalmente, alude
a que se encuentre a disposición de todos, sin discriminación, mediante
instalaciones que, física y económicamente, permitan su disfrute universal, sin
desconocer tratos diferenciales para quienes lo ameriten.
42. En escenarios
carcelarios, la Sentencia T-762 de 2015 que reiteró el estado de cosas inconstitucional
en el Sistema Penitenciario y Carcelario, declarado en la Sentencia T-388 de
2013, destacó que el suministro de agua debía ser suficiente y constante.
Para identificar cuándo el líquido es proporcionado de modo suficiente, fijó
una cantidad mínima de litros (de 15 o 25 según sea el caso, y sin perjuicio de
las cantidades adicionales que deban ser suministradas a la PPL con condiciones
médicas particulares) que debe brindarse a cada interno.
La Sala especial de
seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y
penitenciaria, destacó en el Auto 121 de 2018 que la garantía al agua
potable tiene unas particularidades derivadas de la especial sujeción que hay
entre la PPL y el Estado, y del deber de este último de asegurar la dignidad
humana al interior de cada uno de ellos. En esa decisión se encontró que la
jurisprudencia de esta Corporación había definido varias reglas en relación con
el suministro de agua potable.
Por un lado, las medidas que
comprometen los niveles mínimos de agua por persona no pueden justificarse “en
el hecho de estar referida[s] a personas que han cometido delitos contra la
sociedad” ni en la falta de pago del servicio público de acueducto por
parte del centro de reclusión[141].
A cerca de las limitaciones del derecho al agua en el interior de
los establecimientos penitenciarios, la provisión de esta debe ser ininterrumpida.
La prestación de los servicios públicos de agua en los establecimientos
carcelarios debe asegurar un flujo continuo de ella, pues de lo contrario se
arriesga la salud pública e individual de la PPL.
Las reglas mencionadas en dicho auto sobre disponibilidad del agua
potable en establecimientos penitenciarios se sustentan en un línea pacífica,
conforme la cual el suministro de agua por cortos periodos de tiempo (de 8 a 30
minutos) durante el día, no asegura por sí misma el acceso al agua potable
cuando los internos lo requieran. Esta conclusión fue extraída de las
consideraciones expuestas por salas de revisión de esta Corporación y, en
especial, de las sentencias T-1134 de 2004[142], T-322 de 2007[143], T-764 de 2012[144] y T-077 de 2013[145], en las que se señaló puntualmente que
el derecho al agua es de aquellas garantías que no pueden ser suspendidas ni
restringidas en la vida en reclusión; en los asuntos abordados en los fallos
referidos se encontró que los periodos de suministro fueron insuficientes para
asegurar la dignidad de la PPL, por lo que se ordenó el suministro constante y
permanente de agua.
43. En la Sentencia T-143
de 2017[146], que
definió la situación de los internos de uno de los Pabellones del EPC Yopal, se
consideró que esa entidad vulneró los derechos de los accionantes en la medida
en que consideró horarios de flujo de agua en las celdas, dos veces al día y en
el exterior de tres veces, por veinte minutos, que si bien fueron concertados
con los representantes de derechos humanos de los internos recluidos allí, no
aseguraban que “los internos pudieran acceder de manera suficiente al agua o,
al menos al mínimo diario de agua.”
La restricción del suministro
de agua fue justificada por el accionada en el desperdicio de ese líquido por
parte de los internos, en relación con lo cual la sentencia en cuestión precisó
que “la medida (…) no es ajustada si se contrasta con los efectos negativos
que genera el hecho de no tener acceso a las cantidades básicas de ella: olores
nauseabundos, exposición a enfermedades debido a los olores, a la falta de
hidratación apropiada así como a problemas cutáneos. Si bien los reclusos deben
ser conscientes de la escasez del líquido vital, deben hacerse precisamente
campañas al interior del penal las que creen un sentido de buen uso del líquido
y no hacer uso de mecanismos restrictivos de derechos fundamentales”.
44. Recientemente la Sentencia
T-208 de 2018[147],
en la misma línea, al abordar la situación de los internos recluidos en el
Pabellón Séptimo del Establecimiento de Mediana Seguridad de Acacías (Meta) que
denunciaron el establecimiento de horarios para específicos de suministro de
agua recordó los niveles mínimos de suministro establecidos por la
jurisprudencia y destacó que ellos varían el relación con la condición de la
PPL a cargo de los distintos establecimientos penitenciarios.
Adicionalmente precisó que la
falta de suministro continuo del líquido implica para el establecimiento
penitenciario obligaciones en torno al almacenamiento del agua por persona[148], y que solo así a pesar de disponer
de un horario para el flujo del agua, podía asegurar la cantidad mínima de agua
por interno y tal restricción no vulneraría los derechos fundamentales de la
PPL.
45. Considerado lo
anterior queda claro que la jurisprudencia constitucional ha rehusado admitir
la racionalización del suministro de agua en horarios definidos, como un
mecanismo para promover el buen comportamiento de los internos en relación con el
suministro del agua potable, ante la existencia de mecanismos, por ejemplo
pedagógicos, que pueden alcanzar el mismo fin con un menor compromiso de las
garantías y principios constitucionales.
Así mismo, es claro que el
establecimiento de horarios de suministro del líquido vital no es contrario a
la Constitución, siempre que se cumpla con la provisión mínima de agua por
persona y se disponga de mecanismos para su almacenamiento, a través de los
cuales la PPL pueda tener un acceso continuo al agua durante el día. Dicho
acceso debe responder a las necesidades diferenciales de la población que
presenta una condición de salud que amerite una adición en la cantidad de
litros de agua suministrados.
46. Al examinar el caso
concreto la Sala encuentra que el accionante, en el escrito de tutela, se
refirió a las restricciones en el suministro de agua que existían en el
establecimiento penitenciario de Yopal.
Este último, si bien informó
las gestiones adelantadas para asegurar el derecho al agua de la PPL recluida
en él y, con ese propósito se refirió al control de la calidad del agua potable
y a la limpieza de los contenedores con los que cuenta para su almacenamiento,
no se refirió en forma específica a la faceta de disponibilidad a la que se
refería el actor, ni aportó prueba alguna que contradiga lo manifestado por el
accionante. En esa medida, guardó silencio sobre el reclamo del accionante
sobre las limitaciones en el suministro de agua, por lo que en relación con él,
la Sala aplicará la presunción de veracidad.
Dicha presunción, tal y como
lo ha aclarado esta Corporación, es aplicable como consecuencia del silencio de
las autoridades comprometidas o denunciadas por la parte accionante, en
relación con los supuestos de la demanda[149], en “desarrollo de
los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se
orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y
el cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha impuesto a las  de
autoridades estatales”[150].
Considerado ello, en este caso
en particular se ha de concluir que en el EPC Yopal existen restricciones de
acceso al agua. Al respecto la USPEC, en el quinto punto de la comunicación que
envió al juzgado de instancia titulado “EN CUANTO AL SUMINISTRO PERMANENTE
DE AGUA POTABLE Y SU RACIONALIZACIÓN”, se expresó en el siguiente sentido:
“es importante
informarle al H. Juez de tutela que, la disposición del recurso hídrico para la
población privada de la libertad del establecimiento, se encuentra sujeto a los
horarios de distribución que establezca y considere necesario la Dirección del
establecimiento, por cuanto es su (sic.) disponer del tiempo que se brinda agua
a sus internos. // Lo anterior teniendo en consideración que el deterioro de
los dispositivos hidro-sanitarios como grifos, regaderas, lavamanos y
similares, es producto del mal uso por parte de los internos. Y es por ello
que, el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC en busca de
disminuir el desperdicio de agua y, por ende el alto costo del servicio de
acueducto, estableció la racionalización como un medio de ahorro para así
disminuir el desperdicio de agua y aumentar la calidad de la misma”[151].
Según lo precisó esta entidad
pública, entonces uno de los mecanismos de corrección que ha adoptado el INPEC
ante el mal uso de los dispositivos de acceso al agua con los que cuentan los
diferentes establecimientos penitenciarios, por parte los internos, es la
restricción del acceso al agua. Ha optado por reducir su suministro a algún
lapso de tiempo durante el día, con el fin de proteger el patrimonio público. Sobre
este asunto ni el INPEC ni el establecimiento penitenciario comprometido
hicieron aclaración alguna que desvirtuara esta afirmación, por lo que se
colige que corresponde a la realidad actual del manejo en el agua potable de
las cárceles del país y no solo del EPC Yopal. Además, es preciso llamar la
atención sobre el hecho de que las manifestaciones en este sentido provienen de
una entidad pública, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales,
por lo que sin otro elemento de juicio al respecto, ha de presumirse la
veracidad de las mismas.
Así las cosas, es posible
concluir que la dimensión objetiva el derecho al agua se encuentra comprometida,
pues las autoridades penitenciarias que tienen el deber de poner a disposición
el líquido, han optado por un esquema de restricción al suministro de la misma
como un mecanismo correctivo ante las malas prácticas de la PPL, no solo en el
centro de reclusión de Yopal sino en general en todos, sin hacer referencia a
la garantía de la cantidad mínima de agua por persona y de los mecanismos para
asegurar el almacenamiento y acceso continuo a ella, además con enfoque diferencial
en relación con las personas cuya situación amerite un suministro adicional de
ese líquido.
La garantía de este suministro
mínimo queda en tela de juicio, adicionalmente, porque la medida restrictiva,
según las afirmaciones de la USPEC, busca ser un estímulo negativo para
corregir la conducta generalizada de la PPL. Si bien no se tiene información detallada
sobre las limitaciones internas que institucionalmente se hayan adoptado para
resguardar los derechos de las personas que se encuentran a cargo del INPEC, si
es claro que al ser una sanción busca limitar los derechos de la PPL, sin tener
presente que el derecho al agua no es un derecho de aquellos que puedan ser
objeto de tal límite.
47. Por lo tanto, en
atención a la dimensión objetiva del derecho al agua de las personas privadas
de la libertad, ante las manifestaciones de la USPEC, conviene advertirle al
INPEC, y a través de él a cada uno de los establecimientos penitenciarios del
país, que en desarrollo de la administración de la vida penitenciaria, deben (i)
abstenerse de fijar horarios de suministro de agua como una medida
sancionatoria por el mal uso de los mecanismos físicos de acceso a ella; (ii)
establecer horarios de provisión del recurso potable solo cuando tengan la
capacidad de garantizar el suministro mínimo de agua por persona, y de tener
plena certeza y demostrar la disposición permanente y diferenciada a dicho
recurso a favor de las personas recluidas en cada uno de ellos.
Es preciso aclarar que la facultad
de gobierno que tienen los directores sobre las dinámicas internas de los establecimientos
penitenciarios, no son absolutas y encuentran límite constitucional en los
derechos fundamentales, sobre todo en aquellos que no pueden ser suprimidos o
limitados en el espacio penitenciario, y en los mínimos asegurables que han
sido reconocidos en el marco del estado de cosas inconstitucional en el sistema
penitenciario y carcelario del país.
Conclusiones y
órdenes a proferir
48. La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional analizó la acción de tutela
interpuesta por John Edison Zapata Chaves contra la Secretaría de Salud de
Yopal (Casanare). Para hacerlo estudió y resolvió cuatro problemas jurídicos.
49. De
modo preliminar fueron abordadas las reglas de reparto y competencia en materia
de tutela, para advertir que la posición del juez de instancia no se sustenta
en los parámetros constitucionales sobre la materia. Sobre este punto la Sala le
ordenará a esa sede judicial que, en lo sucesivo, se abstenga de eludir el
reparto de acciones de tutela por factores de reparto como lo son los
contenidos en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el 1983 de 2017.
50. Sobre
el primer problema jurídico planteado, relativo al cumplimiento de los
requisitos formales de procedencia de la acción de tutela, se llegó a la
conclusión de que se satisfacen todos aquellos presupuestos. En particular, se precisó
que la demanda no estaba orientada a la protección de derechos colectivos, como
lo dedujo el a quo, sino que busca la protección del derecho a la salud
del interesado, a través de medidas estructurales.
51. En
relación con la cuestión de si ¿un establecimiento penitenciario compromete el
derecho de petición de las personas privadas de la libertad cuando deja de
remitir una solicitud a la autoridad externa a la que está dirigida y cuando
esta última deja de resolver la cuestión planteada por la persona privada de la
libertad?, encontró a través de la jurisprudencia que, en ambos casos la
respuesta es afirmativa.
En el caso concreto
encontró que el actor presentó dos solicitudes ante el centro carcelario de
Yopal. La primera de ellas, pese a que se encontraba dirigida a dos entidades,
solo fue remitida oportunamente a una de ellas y tardíamente a la otra. Ninguna
de las entidades a las que fue enviada, esto es ni la Secretaría de Salud de
Yopal, ni la de Casanare, a la fecha de presentarse la tutela resolvieron su
solicitud, por lo que comprometieron su derecho de petición. En este caso son
estas dos secretarías quienes comprometieron el derecho de petición del actor,
mas no el establecimiento de reclusión como erróneamente lo consideró la
instancia.
La segunda, fue
presentada ante las autoridades penitenciarias el 10 de julio de 2017, pero
este se abstuvo de remitir la comunicación a sus destinatarios externos. En
este caso las autoridades a las que iba dirigida la comunicación no
comprometieron el derecho de petición del actor como si lo hizo la cárcel de
Yopal.
Por ende, la Sala
confirmará la decisión de conceder el amparo al derecho de petición que adoptó
el juez de instancia, pero variará las órdenes emitidas.
52. En
relación con el derecho a la salud del actor, la Sala encontró que de la
historia clínica de aquel es claro que (i) sí se llevó a cabo el examen médico
de ingreso y (ii) sí ha tenido atención permanente para atender su condición de
salud. Por lo tanto revocará las órdenes de instancia relativas a la garantía
de un tratamiento integral de los padecimientos del accionante, dirigida a la
USPEC.
Respecto del riesgo
que sugieren la insalubridad y las condiciones de suministro de agua dentro del
penal para la salud del accionante, consideró que el traslado del señor Zapata
a un centro de reclusión en Bogotá, sustrae el objeto de la presente acción de
tutela, pues transformó considerablemente las circunstancias de hecho en las
que se apoyaba el escrito de tutela.
53. No
obstante lo anterior, la Sala consideró pertinente pronunciarse sobre las
afirmaciones de la USPEC en relación con las limitaciones generalizadas de
acceso al agua, como medida de corrección del mal uso que la PPL le da a los
grifos y sanitarios. Al respecto hizo énfasis en que las facultades de gobierno
de la vida carcelaria que tienen los directores de las distintas prisiones en
el país no puede sugerir la fijación de horarios de suministro que desconozcan
las cantidades mínimas de agua diaria por persona. Así se lo advertirá al INPEC
y, a través de él a los distintos establecimientos penitenciarios.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.
CONFIRMAR el
fallo proferido el 30 de agosto de 2018 por el Juzgado Segundo Penal Municipal
de Yopal, únicamente en relación con la protección al derecho fundamental de
petición de John Edison Zapata Chaves (contenida en un apartado de la orden
primera de dicha sentencia) y REVOCARLO en todo lo demás, de conformidad
con las consideraciones expuestas en esta decisión.
Segundo.
ORDENAR a la
Secretaría de Salud de Yopal y a la Secretaría Departamental del Casanare que,
de no haberlo hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta sentencia, den contestación clara, completa, de fondo y
congruente a la petición suscrita por John Edison Zapata Chaves que fue
radicada en cada una de sus dependencias con los números N°41826 y N°11574, el 15 de mayo y el 12
de octubre de 2017, respectivamente.
Tercero.
ORDENAR al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal que, si no lo hubiere
hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta sentencia, remita la solicitud radicada por el accionante el 10 de
julio de 2017 con destino tanto a la Secretaría de Salud Departamental de
Casanare, como a la Secretaría de Salud de Yopal y haga llegar copia del
radicado correspondiente al señor John Edison Zapata Chaves. Es preciso además ADVERTIR
a esa misma entidad que en adelante, deberá efectuar la remisión de las
peticiones dirigidas a autoridades y personas externas, con la debida
oportunidad, sin dilaciones y omisiones como las que dieron origen a la
presente orden.
Cuarto.
DECLARAR la
carencia de objeto por sustracción de materia en relación con los derechos a la
vida, la dignidad humana y la salud de John Edison Zapata Chaves, conforme se
explicó en la parte motiva de esta sentencia.
Quinto. ADVERTIR al Juzgado
Segundo Penal Municipal de Yopal que, en lo
sucesivo, debe abstenerse de declarar su incompetencia para conocer asuntos de
tutela por factores de reparto, como lo son las normas contenidas en el Decreto
1983 de 2017.
Sexto. ADVERTIR al INPEC y, a través de él,
a los diferentes centros de reclusión, que la
prestación del servicio de agua debe hacerse en forma permanente y continua, de
modo que la fijación de horarios de suministro (i) no puede emplearse como una
medida correctiva para asegurar el buen uso del flujo hídrico y de los
dispositivos de acceso a él, (ii) es constitucionalmente válida, siempre que se
asegure la disposición continua del agua en las cantidades mínimas diarias del
líquido que se han fijado por persona, y atendiendo las necesidades
diferenciales de las personas privadas de la libertad.  Todo ello de
conformidad con las reglas fijadas en la presente sentencia.
Séptimo.
Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación
a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase,
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Conformada
por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo.
[2] Cuaderno 1.
Folio 1.
[3] Cuaderno 1.
Folio 1.
[4] Cuaderno 1.
Folio 1.
[5] Cuaderno 1.
Folio 1.
[6] Cuaderno 1.
Folio 2.
[7] Cuaderno 1. Folio 28.
[8] El juez de segunda instancia advirtió que el cumplimiento del INPEC
fue en relación con la solicitud del 15 de mayo de 2017 y nada dijo sobre la
del 10 de julio siguiente.
[9] Conformada
por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo.
[10] Fue vinculada la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (USPEC), al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),
al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, a la EPS Compensar (de Bogotá
y Yopal), a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y
Protección Social y al Departamento del Casanare. A esta
última entidad territorial se le vinculó, en especial porque el demandante
propuso que había radicado en sus dependencias, solicitudes dirigidas a su
Secretaría de Salud. Cuaderno 1. Folio 1. Es de aclarar que a todas estas
entidades les advirtió que podían solicitar la nulidad de lo actuado.
[11] “a) ¿El
motivo de la privación de la libertad que tiene vigente es una condena o una
medida preventiva? // b) ¿Cuál es su estado de salud actual? // c) ¿Ha sido
atendido al interior del penal por la afecciones que presenta (fractura de
brazo izquierdo y secuelas de cirugía de colón)? // d) ¿Al interior del penal
se le han suministrado servicios médicos por parte de la Unidad de atención
Primaria y Atención inicial de Urgencias? // e) Dado que en los documentos
aportados por usted como anexos a su escrito de tutela registra que su edad es
de 29 años, que su estado civil es soltero y es beneficiario del sistema de
seguridad social en salud (régimen contributivo), expliqué cómo sufraga y a
través de quien hace los aportes a salud de los que deriva su vínculo con la
EPS Compensar. // f) En la comunicación remitida por Compensar EPS al
establecimiento penitenciario accionado, se informa que su afiliación registra
una mora, explique a qué se debe y si ya pudo ponerse al día. Indique también
si a causa de la mora se le ha impedido el acceso a los servicios de salud. //
g) Especifique en qué forma las condiciones sanitarias y la falta de agua
potable han incidido en su estado de salud y en el tratamiento de su
padecimiento. // h) ¿Qué respuesta le dio la Secretaría de Salud de Yopal a su
petición del 15 de junio de 2017? // i) ¿Qué peticiones ha presentado al establecimiento
penitenciario demandado para atienda sus padecimientos de salud o para que éste
remita la comunicación a las autoridades externas encargadas de hacerlo?”
[12] “a)
¿Cuál es el estado de la afiliación del accionante? // b) Relacione los
servicios médicos prestados desde el momento del ingreso del actor al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal. ¿Cuál es la IPS a través
de la cual le presta los servicios desde entonces? // c) ¿La reclusión del
actor ha generado algún cambio en el centro de prestación de servicios médicos
del actor o aún se le prestan los servicios en la sede de la EPS ubicada en la
calle 42 de la ciudad de Bogotá, en la que mediante comunicación del 27 de
abril de 2017 informó que el accionante tenía una cita asignada para el 28 de
abril de ese mismo año? // d) ¿Al momento del ingreso al establecimiento
penitenciario qué mecanismos de consulta de la historia clínica del accionante
hizo con el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, con el fin de
que éste tuviera en cuenta los padecimientos del actor en su trato
penitenciario? // e) ¿Cuáles son los mecanismos de intercambio de información
con los que cuenta para responder a las demandas de la población privada de la
libertada recluida en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal?
// f) ¿Los servicios, insumos y procedimientos médicos que presta deben ser
reclamados por la población privada de la libertad a través de comunicaciones
escritas, en desarrollo del derecho de petición? En caso negativo ¿qué otros
protocolos para solicitarlos existen y cómo operan? // g) ¿La afiliación a las
EPS del régimen contributivo, incide en la decisión de no practicar el examen
médico de ingreso? ¿En ese caso cuáles son los mecanismos para alertar a las
autoridades penitenciarias de las condiciones médicas que deban tener en
consideración durante el tratamiento penitenciario, de conformidad con la
Sentencia T-762 de 2015? // h) ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación y
comunicación que se han propiciado con las EPS del régimen contributivo para
dar aplicación al Decreto 1142 de 2016 y a la Resolución 3595 de 2016?”
[13] “a)
Partiendo de la aplicación del principio de veracidad, dado que no hizo
manifestación alguna en el trámite de esta acción aun cuando fue vinculado al
proceso y enterado del mismo, ¿cuál es la razón para que no se haya practicado
el examen médico de ingreso al accionante? // b) ¿Cuál es el porcentaje de la
población privada de la libertad a la que no se le ha practicado el examen
médico de ingreso en ese establecimiento penitenciario? // c) ¿La afiliación a
las EPS del régimen contributivo, incide en la decisión de no practicar el
examen médico de ingreso? ¿En ese caso cuáles son los mecanismos para alertarse
de condiciones médicas que deban tener en consideración durante el tratamiento
penitenciario, de conformidad con la Sentencia T-762 de 2015? // d) ¿Las
solicitudes de los internos que tienen que ver con procedimientos, servicios o
insumos de salud, requieren ejercer el derecho de petición para su trámite? ¿Lo
requieren cuando aquellos conservan la afiliación a las EPS del régimen
contributivo? // e) ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación y comunicación
que se han propiciado con las EPS del régimen contributivo para dar aplicación
al Decreto 1142 de 2016 y a la Resolución 3595 de 2016? // f) ¿Qué mecanismos
internos existen para que las personas privadas de la libertad soliciten los
procedimientos, servicios y medicamentos al establecimiento penitenciario? ¿Qué
modificaciones sufren dichos mecanismos cuando el interno está afiliado al
régimen contributivo? // g) ¿Con qué procedimientos o alertas cuenta para
identificar cuando la prestación del servicio de salud se ve suspendida o
retirada por causa de la mora del cotizante del que se beneficia el actor, y
cómo responde a tales eventos para asegurar la prestación del servicio de
salud? En caso de requerir desafiliación, ¿quién la solicita y de qué
mecanismos dispone para hacerlo al interior del penal? // h)             ¿Es el
accionante quien debe solicitar a la EPS a través del ejercicio del derecho de
petición los insumos, procedimientos y servicios médicos que requiera, como
también los servicios administrativos de estas entidades? ¿Qué papel juega en
ese proceso el establecimiento penitenciario? // i) ¿Existen mecanismos
distintos al examen médico de ingreso para determinar los procedimientos y
atención en salud que precisan las personas privadas de la libertad en ese
establecimiento? // j) ¿Ha procurado un tratamiento diferencial en favor del
accionante dadas las condiciones médicas que presenta? ¿Se han procurado
cuidados especiales y condiciones sanitarias adecuadas, como el suministro de
agua potable en consideración de sus padecimientos (fractura en el brazo
izquierdo y secuelas de cirugía de colon)? // k) ¿Qué servicios le ha prestado
al actor la Unidad de Atención Primaria y Atención Inicial de Urgencias a la
que alude la Resolución 5159 de 2015? En caso de que no le hayan prestado
servicios médicos indique la razón. // l) ¿Qué investigaciones abrió por la pérdida
de las bolsas de colostomía denunciada por el actor en sus peticiones? ¿en qué
estado se encuentran dichas investigaciones? // m) Aporte todas las peticiones
que el actor ha radicado en sus dependencias para lograr atención en salud, sin
importar si fueron dirigidas al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Yopal o a una entidad externa. Relaciónelas y precise el trámite que ha dado a
cada una de ellas y los tiempos de respuesta.”
[14]
“a) ¿Qué directrices han impartido para llevar a cabo el examen médico de
ingreso en los distintos establecimientos penitenciarios del país? ¿qué
mecanismos de seguimiento a su cumplimiento han dispuesto y cuáles son los
resultados en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal? // b) ¿La
afiliación a las EPS del régimen contributivo, incide de algún modo en el
examen médico de ingreso, es decir es posible que se prescinda del mismo por la
conservación de la afiliación que tenía el interno antes de ingresar al centro
de reclusión? ¿En ese caso cuáles son los mecanismos para alertarse de
condiciones médicas que deban tener en consideración durante el tratamiento
penitenciario, de conformidad con la Sentencia T-762 de 2015, para las personas
afiliadas al régimen contributivo? // c) ¿Las solicitudes de los internos que
tienen que ver con procedimientos, servicios o insumos de salud, requieren la
formulación de una petición para su trámite al interior de los establecimientos
penitenciarios? ¿Lo requieren cuando quien pide la intervención es una persona
privada de la libertad que conservó la afiliación a las EPS del régimen
contributivo? // d) ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación y comunicación
que se han propiciado entre las autoridades penitenciarias y las EPS del
régimen contributivo para dar aplicación al Decreto 1142 de 2016 y a las
Resoluciones 3595 de 2016, 5159 de 2015, 4005 y 5512 de 2016, en el marco del
modelo de atención en salud previsto en el Decreto 2245 de 2015? // e) ¿Qué
mecanismos internos existen para que las personas privadas de la libertad soliciten
los procedimientos, servicios y medicamentos al establecimiento penitenciario?
¿Qué modificaciones sufren dichos mecanismos cuando el interno está afiliado al
régimen contributivo? // f) ¿La reclusión de los afiliados genera algún cambio
en el centro de prestación de servicios médicos (o IPS) cuando la privación de
la libertad se ejecuta en un lugar distinto a aquel en el que la EPS tiene la
cobertura para su atención? ¿Cómo proceden las modificaciones y a cargo de
quién están las novedades del caso? // g) ¿Al momento del ingreso al
establecimiento penitenciario qué mecanismos de interoperabilidad de la
información relacionada con la historia clínica del paciente, existen para que
las autoridades médicas penitenciarias puedan reconocer padecimientos del actor
que puedan generar un trato penitenciario diferencial? // h) ¿Los servicios,
insumos y procedimientos médicos que presta deben ser reclamados por la
población privada de la libertad a través de comunicaciones escritas, en
desarrollo del ejercicio del derecho de petición? En caso negativo ¿qué otros
protocolos para solicitarlos existen y cómo operan en la práctica?”
[15] Cuaderno
de Revisión. Folio 316 vto. Al respecto sostuvo que “era el
suscrito en mención quien hacía los aportes económicos y la cotizante era mi
pareja”.
[16] Cuaderno
de Revisión. Folio 316 vto.
[17] Cuaderno de Revisión. Folio 56.
[18] Cuaderno de revisión. Folio 57 vto.
[19] Cuaderno de Revisión. Folio 130.
[20] Cuaderno de revisión. Folio 133.
[21] La comunicación remitida por el Ministerio de Salud y Protección
Social no está suscrita por el funcionario que la remite.
[22] Cuaderno de revisión. Folio 175.
[23] Cuaderno de Revisión. Folio 177.
[24] Cuaderno de Revisión. Folio 177 vto.
[25] Ídem.
[26] Cuaderno de Revisión. Folio 249 vto.
[27] “Noveno.
ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho que, dentro de los tres (3)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, diseñe un sistema de
registro, trámite y respuesta de las solicitudes que las personas privadas de
la libertad realizan a través de la oficina jurídica de cada establecimiento
carcelario que identifique claramente la fecha de: i) recepción de la solicitud
en la oficina jurídica, ii) el envío y la radicación de la solicitud en caso de
estar dirigida a entidades externas, iii) la recepción de la respuesta, iv) la
entrega de la respuesta al peticionario. // Tal sistema debe prever la entrega
de una constancia al peticionario de la recepción de su solicitud en la oficina
jurídica del centro carcelario, así como la forma en que el solicitante puede
acceder al conocimiento del trámite de su petición. // Con el fin de garantizar
la operatividad del mencionado sistema de registro y trámite de peticiones en
las oficinas jurídicas, ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que, en ejercicio de
sus funciones constitucionales y legales, acompañe el cumplimiento de esta
orden y, en el reporte de contraste semestral que entregará a esta Corporación,
de conformidad con el fundamento jurídico 50 de esta providencia, informe
acerca del funcionamiento de dicho sistema.”
[28] “Tercero. REQUERIR al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Yopal, al Ministerio de Salud y Protección Social (sic.), a la a
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para que en el término de tres (3)
días siguientes a la notificación del presente auto den respuesta completa y
detallada al cuestionario formulado en el auto del 8 de junio de 2018 en este
asunto y cumplan íntegramente lo ordenado en él. Para efecto de lo anterior
remítasele copia de esta providencia y del mencionado auto.”
[29] “Quinto.
OFICIAR al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en calidad de superior
jerárquico del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar, del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Yopal, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), requiera a estas
instituciones para que envíen la contestación completa y detallada al
cuestionario que se les formuló en el auto del 8 de junio de 2018 y para que
cumplan todo lo ordenado en él. Para efecto de lo anterior remítasele copia de
esta providencia y del mencionado auto, y otórguesele el término de cuatro (4)
días contados a partir de la notificación de este auto para informar las
acciones desplegadas para asegurar la respuesta de dichas entidades a estos
asuntos.”
[30] “Sexto.
ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho que, a través del INPEC, en el
término de un (1) día siguiente a la notificación de esta decisión, asegure la
notificación de esta decisión y del auto del 8 de junio de 2018 a (…) (ii) John
Edison Zapata Chaves, privado de la libertad en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Yopal. Además garantizará la comunicación entre
ellos y esta Corporación, durante el trámite de revisión, de modo que los
escritos relacionados con los expedientes acumulados, deberán ser prioritarios
y entregados a los accionantes en forma inmediata, y los escritos provenientes
de ellos deberán tramitarse en forma preferente con el fin de que lleguen a la
Secretaría General de esta Corporación lo antes posible. Las gestiones
emprendidas al respecto deberán ser puestas en conocimiento de esta Corporación
en cuatro (4) días contados a partir de la notificación de este auto.”
[31] “Segundo. OFICIAR al Ministerio de Justicia y del Derecho para que,
en el término de tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto
complete su respuesta al auto del 8 de junio de 2018, en los términos
explicados en el presente Auto y (i) especifique el estado de la operación del
esquema de atención de peticiones para la PPL en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar; y (ii)
con el fin de caracterizar dicho sistema, precise de qué forma opera y cómo
distingue entre las solicitudes de información y de actuación en los distintos
componentes de la vida carcelaria: en especial sobre kits de aseo, atención en
salud y salubridad. Además deberá precisar (iii) cómo opera el aplicativo
GESDOC frente a las solicitudes pendientes hasta el momento de su
implementación y (iv) si dicho aplicativo tiene algún mecanismo de seguimiento
sobre el número de peticiones hechas en contraste con las atendidas, en cabeza
de quién está y cómo asegura el derecho de petición de la población privada de
la libertad. Para ese efecto deberá precisar las características del sistema y
enviar los resultados de la prueba piloto del mismo.”
[32] Ver informe en www.politicacriminal.gov.co
[33] Cuaderno de revisión. Folio 386.
[34] Cuaderno
de revisión. Folio 387.
[35] Cuaderno
de revisión. Folio 390.
[36] Cuaderno
de revisión. Folios 1047 a 1049 vto. Afirmación hecha de conformidad con los
resultados de la prueba piloto.
[37] Cuaderno
de revisión. Folio 1051.
[38] Cuaderno de revisión. Folio 805 y 808.
[39] Cuaderno
de Revisión. Folio 815 vto. Escrito de tutela expediente 2017-0421.
[40] Cuaderno
de Revisión. Folio 830.
[41] La misma
comunicación fue remitida a través de correos electrónicos del 24 y 25 de
julio, remitidos por el Establecimiento penitenciario y por “Katerine
Mayerli Rojas Rojas esposa de PPL Jonh Edison Zapata Chaves (…) envio
documentacion del oficio OPT-A-1757/2018; Ya que este tramite (sic.) mi esposo
lo realizo el dia (sic.) 25 de junio del 2018 por medio del área jurídica de
Yopal Casanare”.
[42] Esta determinación obedeció a que “el análisis propuesto por la
Sala de Selección N°3 de 2018, que resolvió seleccionarlo, lo hizo con base en
dos criterios. De una lado, el criterio complementario “grave afectación del
patrimonio público” y, de otro, el objetivo relacionado con la “exigencia de
aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental”. Como estos criterios
subsisten incluso ante el saneamiento del trámite en el caso de uno de los
expedientes acumulados, entonces es necesario que el asunto retorne a la Corte
para que se decida sobre la revisión de los fallos de tutela correspondientes.”
[43] Cuaderno 4. Folio 4. No se hace mención de la decisión de la Corte
Constitucional a la que se refiere el juzgado de primera instancia.
[44] Cuaderno
4. Folio 2
[45] Además de las respuestas reseñadas en este apartado han de tenerse
como tales las comunicaciones referidas en los numerales 5, 6 y 10.2.1 a 11.5.
de los antecedentes, como quiera que la declaratoria de nulidad no afectó las
pruebas recaudadas en este asunto.
[46] Sin especificar a qué se refiere con ello.
[47] Cuaderno
4. Folio 69 vto.
[48] En el mencionado
oficio se le hizo saber al actor, que conforme los mecanismos
interinstitucionales con los que cuentan el INPEC y la USPEC, es el
establecimiento penitenciario el que debe verificar el estado de las baterías
sanitarias y la infraestructura, con el fin de comunicarlo al INPEC para que
este haga la solicitud de intervención necesaria ante la USPEC. Mencionó que el
contrato de intervención en el EPC Yopal había sido declarado desierto y que se
encontraba en etapa precontractual.
[49] Sin
embargo el proceso contractual correspondiente ha resultado fallido en dos
oportunidades (el 9 de abril y el 15 de mayo de 2018), en virtud de lo
dispuesto en la Guía de contratación del Fondo Financiero de Proyectos de
desarrollo (FONADE) -a quien solicitó vincular-, por lo que el proyecto está en
etapa precontractual.
[50] Cuaderno
4. Folio 70.
[51] Ídem.
[52] Cuaderno
4. Folio 83.
[53] Publicado por la USPEC el 19 de febrero de 2016 en su dominio web.
[54] Cuaderno
4. Folio 98.
[55] Cuaderno
4. Folio 96.
[56] Su comunicación deviene de un documento sin la firma del Director
Jurídico del que dice proceder. (Cuaderno 112 y 113)
[57] Cuaderno
4. Folio 114.
[58] Cuaderno
4. Folio 115.
[59] Cuaderno
4. Folio 117 vto. y 118.
[60] Cuaderno
4. Folio 118.
[61] Ídem.
[62] Apartado
elaborado a partir de las consideraciones hechas al respecto en la Sentencia
T-629 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[63] Autos
140 de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza; 079 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio;
211 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio; 272 de 2015, M.P. Gloría Stella Ortiz, entre
otros.
[64] Autos 113
de 2018 M.P. Carlos Bernal Pulido; 180 de 2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez; y 105 de 2018 M.P. Alberto Rojas Ríos. En ellos se destaca la
derogatoria que pesa sobre el Decreto 1382 de 2000.
[65] Auto 113
de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido. En cita del Auto 124 de 2009, señaló que la
reglamentación sobre el reparto, “no tiene por objeto definir reglas de
competencia, sino de reparto, las cuales, ‘[...] se encaminan de forma
exclusiva a la estructuración de pautas que deben ser utilizadas por las
oficinas de apoyo judicial, cuando distribuyen las acciones de tutela entre los
distintos despachos judiciales a los que les asiste competencia. Las reglas de
reparto organizan la distribución de los asuntos entre varios jueces competentes
por razón del principio de desconcentración, más no determinan concretamente el
juez o jueces’.”
[66] Autos 230 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, 340 de 2006. M.P,
Jaime Córdoba Triviño, 124 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto y 033 de 2014,
M.P. María Victoria Calle.
[67] Autos 113
de 2018 M.P. Carlos Bernal Pulido.
[68] Autos 154 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas; 112 de 2006 M.P. Jaime
Córdoba Triviño; 158 de 2006 M.P. Alfredo Beltrán Sierra; 278 de 2006 M.P.
Rodrigo Escobar Gil; 054 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 174 de
2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 287 de 2007 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; 056 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda; 022 de 2009 M.P. Mauricio
González Cuervo; 012 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 003 de 2014 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; 015 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa; 123 de
2013 M.P. Mauricio González Cuervo; 092 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo;
166 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa; 046 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; 337 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 402 de 2016
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y 482 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[69] Las normas
contenidas en el Decreto 1382 de 2000, expedido por el Presidente de la
República a través de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo
189.11 superior, fueron expresamente derogadas por el artículo 3.1.1. del
Decreto 1069 de 2015. Según esta última disposición, el Decreto 1069 “regula
íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad
con el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las
disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Justicia y
del Derecho que versan sobre las mismas materias, con excepción,
exclusivamente, de los siguientes asuntos: // 1) No quedan cobijados por la
derogatoria anterior los decretos relativos a la creación y conformación de
comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos,
comités, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la
estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del
sector administrativo. En particular se exceptúan de la derogatoria integral
las siguientes normas reglamentarias: Decretos 2817 de 1974, 1320 de 1997, 3110
de 2007, 697 de 1999, 1733 de 2009, 261 de 2010 modificado por el Decreto 491
de 2012, 2374 de 2010, 1829 de 2013 artículos 62 a 79, 20 de 2013 y 2055 de
2014. // 2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos
que desarrollan leyes marco. // 3) Igualmente, quedan excluidas de esta
derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de este sector
administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, se
encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las
cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia
jurídica. //Los actos administrativos expedidos con fundamento en las
disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y
ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en
el presente decreto compilatorio.” En ese sentido la Sala Plena de esta
Corporación se ha pronunciado, entre otros, en el Auto 293 de 2018 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado), en el que a pie de página N°20 destacó que “[e]l
Decreto 1382 de 2000 fue derogado por el artículo 3.1.1. del Decreto 1069 de
2015, norma que a su vez y en virtud de su carácter compilatorio, consagró en
los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5. las disposiciones de naturaleza
reglamentaria relacionadas con las reglas de reparto de las acciones de tutela.
Posteriormente, mediante el Decreto 1983 de 2017 se modificaron los artículos
2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015.”
[70] “Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y
del Derecho”.
[71] “Por el
cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”
[72] Apartado sustentado en las consideraciones de la Sentencia T-279 de
2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[73] Apartado sustentado en las consideraciones de la Sentencia T-279 de
2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[74] Sentencia
T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[75] Artículo 1. Objeto. “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto
(…)”.
[76] Artículo 5.
“Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace
violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley (…)”.
[77] Apartado sustentado en las consideraciones de la Sentencia T-279 y
T-345 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[78] Sentencia SU-961 de 1999. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa
[79] Sentencia
T-038 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[80] Sentencia SU-241 de 2015. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado
[81] Sentencia
T-091 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[82] Apartado sustentado en las consideraciones de la Sentencia T-279 y
T-345 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[83] Sentencia
T-106 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[84] Sentencia
T-480 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[85] Sentencia
SU-424 de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[86] “Artículo
6º. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante (…) Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser
reparado en su integridad mediante una indemnización”.
[87] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[88] Apartado sustentado en las consideraciones de la Sentencia T-345 de
2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[89] “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.”
[90] Sentencia C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[91] Sentencia C-818 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[92] En
principio la posibilidad de ejercer el derecho de petición en forma verbal
derivo de la inexistencia de norma estatutaria que restringiera su uso (Sentencia T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. “La
ausencia de norma jurídica - legal, reglamentaria o estatutaria - que obligue a
la peticionaria a presentar en forma escrita la solicitud de afiliación a la entidad
demandada, le resta fuerza y validez a la argumentación del juez de tutela,
quien estima improcedente la interposición de la acción de tutela por no
haberse dado a la autoridad la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud
de inscripción. La tendencia racionalizadora de la actividad estatal, que
propugna la formalización de los asuntos que se suscitan entre el Estado y los
particulares, debe ser morigerada, en lo posible, con la posibilidad
constitucional y legal de ejercer verbalmente o por escrito el derecho
fundamental de petición conforme cabe esperar del estado social de derecho y de
la consideración de los funcionarios como servidores públicos, amén de que el
principio de la buena fe ampara, en principio, salvo norma positiva en
contrario, la invocación verbal de petición.”). Tras la expedición de la
Ley 1755 de 2015, la solicitud verbal quedó legalmente consagrada como una de
las modalidades del ejercicio del derecho de petición, en el entendido de que
debe haber constancia de aquella.
[93] Sentencia C-951 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
[94] Ley 1755 de 2014. Artículo 31.
[95] Sentencias
T-242 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-510 de 2004 M.P. Álvaro
Tafur Galvis, T-867 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos; C-951 de 2014 M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez; y T-058 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
[96] Sentencia
C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[97] GARCÍA
CUADRADO, Antonio. El derecho de petición. Revista de derecho político,
1991, N° 32.
[98] BERMUDEZ
SOTO, Jorge y MIROSEVIC VERDUGO, Camilo. El acceso a la información pública
como base para el control social y la protección del patrimonio público.
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 2008,
N°31, pp.439-468.
[99] Sentencia
C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[100] Sentencia T-154 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[101] Sentencia T-049 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[102] CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs.
Paraguay.
[103] Sentencias
T-153 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y T-276 de 2017 M.P. Aquiles
Arrieta Gómez.
[104] Sentencia
T-815 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos. Los derechos de las personas privadas
de la libertad se han clasificado en “(i) aquellos derechos suspendidos como
consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica
constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Dentro de este
grupo encontramos derechos como la libre locomoción, y los derechos políticos
como el derecho al voto. (ii) Los derechos intocables conformados por los
derechos fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran
intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad del ser humano, son
ejemplo de éstos: los derechos a la vida y el derecho al debido proceso, y por
último, (iii) se encuentran los derechos restringidos o limitados por la
especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello se
pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado y garantizar la
disciplina, seguridad y salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los
derechos a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre
desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la
educación. Respecto de los derechos fundamentales de los reclusos que admiten
restricción, es importante tener en cuenta que su limitación es
constitucionalmente válida en la medida en que se ajuste a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad”. Sobre el derecho de petición en esta
clasificación de derechos, ver Sentencia T-266 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[105] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Instituto de
Reeducación del Menor Vs. Paraguay.
[106] CIDH.
Resolución 1 de 2008. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las
Personas Privadas de Libertad en las Américas.
[107] M.P. Alberto Rojas Ríos
[108] A esta conclusión llegó la Sala de Seguimiento en el Auto 121 de
2018, a través de las Sentencias T-470 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y
T-439 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[109]
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Compendio de Derecho Administrativo.
Universidad Externado de Colombia, 2018. P. 377 y ss.
[110] Auto 121
de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Además se
señaló que “Es a través de
la resocialización que la estadía en los establecimientos penitenciarios pasa
de ser una simple consecuencia jurídica por las conductas del pasado, a
convertirse en una oportunidad de integración social de la persona que ha
incurrido en una conducta lesiva de un bien jurídico penalmente relevante.”
[111] Sentencia
T-662 de 2014, T-132 de 2016 y T-020 de 2017 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[112] Auto 121 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[113] Sentencia T-184 de 2011. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva
[114] Auto 121 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[115] Cuaderno
de Revisión. Folio 826 y ss.
[116] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[117] SU-168 de
2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. “El último
de los elementos mencionados se presenta cuando la actuación del actor resulta
amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende
a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra
justicia”
[118] Cuaderno
1. Folio 63.
[119] Cuaderno
1. Folio 64.
[120] Cuaderno
1. Folio 63.
[121] Cuaderno
1. Folio 17. La copia de la petición es ilegible en su mayor parte.
[122] Cuaderno
1. Folio 17.
[123] Cuaderno de Revisión. Folio 401.
[124] Cuaderno de Revisión. Folio 401.
[125] Cuaderno
de Revisión. Folio 401.
[126] Cuaderno
de Revisión. Folio 401.
[127] Sentencia T-213 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[128] Sentencia T-213 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[129] Sentencia T-419 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[130] Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[131] Sentencia T-576 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[132] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[133] Sentencia T-103 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[134] Ver entre
otras las sentencias T-406 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón; T-578 de 1992 M.P.
Alejandro Martínez Caballero; T-539 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; T-523 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T -092 de 1995 M.P.
Hernando Herrera Vergara; T-481 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz; SU-442 de 1997
M.P. Hernando Herrera Vergara; T-1104 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería; T-022
de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-616 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-740 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-028 de 2014 M.P.
María Victoria Calle Correa; T-139 de 2016 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y
T-131 de 2016 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[135] Así lo ha sostenido esta Corporación en las sentencias T-413 de 1995
M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-381 de 2009 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-888 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-546 de 2009 M.P.
María Victoria Calle Correa; T-717 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa;
T-532 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-179 de
2013 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-028 de 2014 M.P. María Victoria
Calle Correa; y T-103 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[136] Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[137] Sentencia T-143 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
[138] Sentencia T-208 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[139] Ídem.
[140] Ídem.
[141] Al respecto ver la Sentencia T-639 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[142] M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[143] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[144] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[145] M.P.
Alexei Julio Estrada.  En ella se ordenó al INPEC y a la dirección del
establecimiento carcelario se proveer diariamente el fluido potable en una
cantidad de 25 litros y de 5, para su almacenamiento por parte de los internos.
[146] M.P. María Victoria Calle Correa.
[147] M.P. Diana Fajardo Rivera
[148] “Las autoridades involucradas en el asunto no vulneran los derechos
fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana de
personas privadas de la libertad (Ferney Casallas Daza, Julio César Salum Sejin
y Víctor Alfonso Galindo) cuando, en el marco de un estado de cosas
inconstitucional del Sistema Penitenciario, (i) garantizan un abastecimiento
diario de fluido que si bien no es continuo y permanente permite la
satisfacción de requerimientos primarios de consumo, aseo e higiene personal en
cantidades razonables (disponibilidad); (ii) se verifica que en la prestación
del servicio se aseguran parámetros de potabilidad regulares que se alcanzan
mediante controles periódicos a las características fisicoquímicas y
microbiológicas del líquido proporcionado (calidad) y (iii) se constatan
esfuerzos relevantes para contar con la presencia de instalaciones físicas y
servicios de agua adecuados cuyo estado de sanidad contribuye a unas
condiciones respetuosas de un mínimo esencial para quienes allí permanecen
recluidos (accesibilidad física) sin que razones de orden presupuestal impidan
lograr tal propósito (accesibilidad económica).”
[149] Sentencias T-644
de 2003 y T-707 de 2011
[150] Sentencias T-278 de 2018 y T-825 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo.
[151] Cuaderno 4. Folio 70