T-317-15
Sentencia T-317/15
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR
ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos
Para el ejercicio de la agencia oficiosa, deben constatarse de manera
puntual los siguientes requisitos: (i) que el directamente afectado se encuentre
imposibilitado para interponer directamente la acción y (ii) una manifestación
expresa donde conste que se obra en calidad de agente oficioso. Solo cuando estos
dos requisitos sean satisfechos, se afirma que el agente goza de legitimación
por activa para agenciar los derechos fundamentales de su titular.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Es inconstitucional supeditar el reconocimiento a la existencia de
una sentencia que le asigne un curador definitivo al solicitante en situación
de discapacidad
La
jurisprudencia constitucional ha establecido que es contrario a la Constitución
exigir requisitos adicionales a los dispuestos en la normativa vigente para el
reconocimiento pensional. Supeditar el reconocimiento de la sustitución
pensional frente a quien ostenta la calidad de hijo inválido dependiente a la
tramitación de un proceso de interdicción a través del cual se nombre un
curador definitivo que represente sus intereses, se erige en un obstáculo
irrazonable para el goce efectivo de sus derechos fundamentales al mínimo vital
y a la seguridad social. El derecho a determinada prestación nace cuando se
reúnen los requisitos dispuestos en la normativa vigente para considerase
beneficiario, y exigirle a una persona en situación de discapacidad el
cumplimiento de presupuestos adicionales que implican actuaciones judiciales
resulta desproporcionado, si se tienen presentes sus desventajas para acudir en
condiciones de igualdad a la administración de justicia.
DERECHO A LA SUSTITUCION
PENSIONAL-Caso en que Alcaldía Municipal le exigió
al actor un requisito no dispuesto en las normas vigentes para el
reconocimiento de la sustitución pensional
DERECHO A LA PENSION DE
SOBREVIVIENTES PARA HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Requisitos
Tienen
derecho a la pensión de sobrevivientes los hijos en condición de discapacidad del pensionado, si acreditan las
siguientes condiciones: (i) ser hijos del causante; (ii) presentar
incapacidad por razón de invalidez y, (iii) haber estado bajo la dependencia
económica del pensionado.
DERECHO A SEGURIDAD SOCIAL,
MINIMO VITAL Y AL DEBIDO PROCESO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD-Orden a Alcaldía
Municipal reconocer el 100% de la sustitución pensional
Referencia: Expediente T-4689721
Acción de tutela
presentada por Claudio Andrés Rúales en calidad de agente oficioso de Luis
Edmundo Rodríguez Burbano contra el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses- Dirección Seccional Nariño con vinculación oficiosa del
Juzgado Sexto de Familia del Circuito Judicial de Pasto, la Alcaldía Municipal
de El Tambo, Nariño y la EPS Asmet Salud
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos
mil quince (2015).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Pasto, el doce (12) de septiembre de dos mil catorce (2014) dentro de la acción
de tutela promovida por Claudio Andrés Rúales en calidad de agente oficioso de
Luis Edmundo Rodríguez Burbano contra el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses- Direccional Seccional Nariño con vinculación oficiosa del
Juzgado Sexto de Familia del Circuito Judicial de Pasto, la Alcaldía Municipal
de El Tambo, Nariño y la EPS Asmet Salud.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por medio de Auto del veintisiete (27) de enero de
dos mil quince (2015), proferido por la Sala de Selección Número Uno.
I.  ANTECEDENTES
El señor Claudio Andrés Rúales, en calidad
de agente oficioso de Luis Edmundo Rodríguez Burbano (quien está en situación
de discapacidad mental), presentó acción de tutela tras considerar vulnerados
los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, vida
digna, mínimo vital y seguridad social de su agenciado. Afirma que el señor
Rodríguez solicitó ante la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño, el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pero que dicha autoridad se la
negó porque aún no se había nombrado judicialmente a algún curador con quien se
pudiera efectuar el reconocimiento de la prestación aludida.
Precisa que iniciado el trámite de
interdicción exigido, el juzgado que asumió el conocimiento del asunto solicitó
la práctica de una valoración médica psiquiátrica del paciente a cargo de dos
(2) peritos forenses adscritos al Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, Seccional Pasto, desconociendo que por la enfermedad que
padece el señor Rodríguez y los constantes episodios de auto y hetero
agresividad no les es posible trasladarse hacia un lugar diferente al de su
residencia ubicada en El Tambo, Nariño.
1. Hechos
1.1. Luis Edmundo Rodríguez, quien tiene
sesenta y siete (67) años de edad[1]
y una pérdida de capacidad laboral del 50.2% causada por un diagnóstico de
esquizofrenia residual,[2]
solicitó a la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño, el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su padre. [3] La
solicitud se fundamentó en los siguientes argumentos:
(i) Su padre, el señor Luis Rodríguez
Zarama, era pensionado de la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño,[4]
y falleció el dos (2) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993).[5]
(ii) Ante su fallecimiento, su madre, la
señora Julia Burbano de Rodríguez, accedió a la sustitución pensional de
jubilación, la cual le fue reconocida mediante Resolución No. 038 del dieciséis
(16) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993), con base en lo
dispuesto en la Ley 33 de 1973[6]
y el Decreto 690 de 1974,[7]
vigentes al momento de la muerte del causante. Luis Edmundo Rodríguez no se presentó para reclamar su derecho pensional,
aunque era hijo en situación de discapacidad del causante.
(iii) El siete (7)
de noviembre de dos mil diez (2010) falleció la señora Julia
Burbano de Rodríguez,[8]
por lo que la pensión de sobrevivientes quedó sin beneficiarios reconocidos y
el accionante se enfrentó a una situación de desamparo económico debido a que
su madre velaba por sus erogaciones, con el dinero de la pensión.
(iv) Asegura el actor que frente al
fallecimiento de su madre, es la persona que debe asumir la titularidad de la
pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su padre, pues no existen
otros beneficiarios y desde los treinta y tres (33) años de edad se encuentra
en condición de discapacidad, por lo que desde entonces ha estado bajo la
atención y manutención de sus progenitores.
(v) Con fundamento en lo anterior, el nueve
(9) de diciembre de dos mil diez (2010), solicitó ante la Alcaldía Municipal de
El Tambo, Nariño el reconocimiento de la prestación aludida.
(vi) Presentada la solicitud, mediante
oficios del treinta (30) de agosto y dieciséis (16) de septiembre de dos mil
once (2011), la Alcaldía Municipal de El Tambo le informó sobre la necesidad de
tramitar un proceso judicial de interdicción para el nombramiento de un curador
que representará sus intereses y de esta manera proceder con el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes.[9]
(vii) Expone que para adelantar el
procedimiento referido ante un Juez de Familia, se requirió un examen médico
que diera cuenta del estado mental del paciente y en el cual se certificará su
discapacidad absoluta por parte de un psiquiatra.
(viii) Debido a la ausencia de servicios de
psiquiatría en el Hospital del municipio de El Tambo, Nariño[10] y la
imposibilidad de trasladar al paciente hacia otro lugar diferente al de su
residencia a fin de agotar la valoración requerida, mediante una acción de
tutela presentada contra la EPS Asmet Salud del régimen subsidiado, entidad a
la que se encuentra afiliado el paciente,[11]
se logró la realización de la misma en su casa de habitación ubicada en el
municipio mencionado.[12]
(ix) Agotado lo anterior, se procedió a
instaurar la demanda de interdicción y nombramiento de curador ante el Juzgado
Sexto de Familia del Circuito Judicial de Pasto. Asumido el conocimiento del
asunto, mediante auto del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014),
la referida autoridad judicial solicitó la práctica de un dictamen pericial a
cargo de dos médicos adscritos al Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses- Dirección Seccional Pasto, es decir en un lugar distinto al
de residencia del agenciado.[13]
(x) Señala el accionante que, ante la
imposibilidad de proceder a lo anterior debido  a los constantes episodios de
resistencia y agresividad del paciente[14]
y la falta de recursos económicos, se solicitó ante el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, la autorización de valoración en su
domicilio,[15]
petición que fue negada por la entidad aduciendo que ello no hacía parte de los
servicios prestados y que acceder a ello supondría alterar el normal desarrollo
de la actividad pericial forense.[16]
(xi) Con fundamento en lo expuesto, el
señor Claudio Andrés Rúales en calidad de agente oficioso de Luis Edmundo
Rodríguez presentó acción de tutela invocando la protección de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, vida digna, mínimo
vital y seguridad social. Solicitó como objeto material de protección, se le
ordene al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- Direccional
Seccional Nariño, adelantar las gestiones necesarias y proveer los medios
indispensables para la realización de la valoración del paciente en su lugar de
residencia con la finalidad de lograr una sentencia favorable de interdicción y
nombramiento de curador definitivo, necesaria para el reclamo de la sustitución
pensional a favor del señor Rodríguez Burbano.
2. Respuesta de la entidad accionada y
vinculada de oficio
Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Pasto, el veintinueve (29) de agosto de dos mil catorce (2014), el Despacho
ordenó notificar a la entidad accionada para que ejerciera el derecho de
defensa y contradicción. Así mismo, ordenó la vinculación del Juzgado Sexto de
Familia del Circuito Judicial de Pasto. Finalmente, decretó de oficio una
prueba en la cual la autoridad judicial vinculada debía informar si la
valoración psiquiátrica ordenada dentro del proceso de interdicción  debía ser
realizada exclusivamente por un perito especialista adscrito al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o dicha actuación podía ser
suplida por una valoración de un profesional certificado de la misma
especialidad o por un dictamen completo y técnico realizado por un equipo
interdisciplinario.[17]
2.1. Respuesta
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
La Jefe de la Oficina Jurídica del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[18] dio
contestación al requerimiento judicial. Como primera medida solicitó su
desvinculación del presente trámite aduciendo falta de legitimación en la causa
por pasiva y ausencia de vulneración a los derechos fundamentales invocados.
Sobre el fondo del asunto, señaló que no es
posible acceder a la petición de valoración domiciliaria incoada por el
accionante en tanto (i) no existe documento alguno que indique que el Juzgado
Sexto de Familia del Circuito de Pasto, autoridad que asumió el conocimiento
del proceso de interdicción del señor Luis Edmundo Rodríguez, haya dispuesto el
traslado del perito psiquiatra forense al lugar de residencia del paciente; (ii)
no hace parte del portafolio de servicios del Instituto disponer el traslado de
peritos para realizar valoraciones domiciliarias, entre otras razones por que
ello podría poner en riesgo la integridad personal de los funcionarios; (iii)
la Dirección Seccional del Instituto cuenta con un solo perito médico, de
suerte que acceder a lo pretendido por el actor acarrearía la afectación del
derecho a la igualdad de los demás pacientes que previamente han solicitado ser
atendidos; (iv) conforme los procedimientos institucionales, el paciente debe
ser trasladado a las instalaciones de la sede de la Seccional Pasto a efectos
de realizar la respectiva valoración. Previo a ello, es necesario que el
interesado se encuentre debidamente compensado en su patología (es decir debe
haber recibido tratamiento clínico de estabilización), circunstancia que no se
acredita en el caso concreto.
Para concluir, expuso que dentro del acervo
probatorio existe certificación de la médica psiquiatra Rosemary Vallejo Suárez
en la cual se señala la condición mental del señor Luis Edmundo Rodríguez, por
lo que se trata de un documento que tiene plena validez para ser aportado al
proceso de interdicción que actualmente se encuentra en curso. Indicó además
que debido a la urgencia de valoración del agenciado, las autoridades
judiciales que conocen de la actuación, podrán acceder a las prerrogativas
legales que permiten que otras instancias realicen el examen requerido.[19]
2.2. Respuesta del Juzgado Sexto de
Familia del Circuito Judicial de Pasto[20]
Durante el término de traslado de la
presente acción de tutela, el titular del Despacho[21] dio
contestación al requerimiento judicial. De manera preliminar solicitó su
desvinculación del trámite habida cuenta de la ausencia de vulneración a los
derechos fundamentales del accionante.
Sobre el fondo del caso, sostuvo que una
vez fue admitida la demanda de jurisdicción voluntaria de interdicción judicial
por causa de discapacidad mental absoluta y designación de guardador al señor Luis
Edmundo Rodríguez Burbano, se procedió a decretar la práctica de un dictamen
pericial a cargo de dos (2) profesionales en neurología o psiquiatría que dieran
cuenta del estado mental del paciente y que fueran designados por la Dirección
Seccional Nariño del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
por ser una entidad del orden nacional, idónea y calificada conforme su
criterio.
Indica que ante la demostrada imposibilidad
del paciente para trasladarse hasta la sede de la mencionada entidad ubicada en
Pasto, debido a su enfermedad mental y las graves características de
agresividad, el Despacho le ordenó al Instituto Nacional de Medicina Legal
designar un perito forense que se desplazará hasta el lugar de residencia del
paciente ubicada en el municipio de El Tambo, Nariño con el fin de practicarle
el examen médico ordenado. Precisa  que frente a este hecho la entidad se opuso
indicando que en ninguno de los apartes del texto guía de la atención forense
se establece el desplazamiento del perito al domicilio del usuario. Aclaró que
una vez se tuviera conocimiento con soporte médico especializado que el señor
Rodríguez Burbano se encontraba debidamente compensado del estado de su
patología, se procedería a la asignación de una nueva cita para la valoración requerida
considerando la cancelación de aquella inicialmente asignada ante la no
comparecencia del interesado.
Agrega que la Ley 1306 de 2009[22]
nada dice respecto a qué entidad debe realizar el peritaje técnico de la
persona a quien se pretende declarar interdicto. Bajo esta premisa, es dable
proceder a la designación de peritos que integren la lista de auxiliares de la
justicia para la valoración psiquiátrica. Sin embargo, precisa  que verificada
la misma, únicamente figura para este tipo de actuaciones, la Fundación “Mis Derechos.”
Por ende se le solicitó al agente oficioso del señor Rodríguez indagar en dicho
lugar acerca de la posibilidad de traslado de alguno de sus psiquiatras hasta
el domicilio del paciente o en su efecto y debido al alto costo que podría
implicar el pago de honorarios a estos funcionarios, se le recomendó acudir
ante la EPS a la que este se encontraba afiliado con el fin de solicitar una
posible valoración domiciliaria, sin que a la fecha se conozcan avances en tal
sentido.
Concluye que a la fecha no se cuenta con
una entidad o un equipo interdisciplinario de especialistas que pueda suplir o
reemplazar la función que inicialmente se le encomendó al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses. Señaló que una vez se verifique lo anterior
o se cuente con dos (2) profesionales de la medicina dispuestos a llevar a cabo
la valoración domiciliaria, el Despacho lo ordenará.[23]
2.3. Concepto emitido por la médico
psiquiatra Rosemary Vallejo Suárez
Vale precisar que el Despacho de primera
instancia decretó de oficio una prueba en la cual le solicitó a la Doctora
Rosemary Vallejo Suárez, psiquiatra contratada por la EPS Asmet Salud para
efectuar consulta domiciliaria al señor Luis Edmundo Rodríguez, que informará
sobre la posibilidad o imposibilidad de trasladar al paciente hasta la ciudad
de Pasto a efectos de ser valorado por un profesional forense del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- Seccional Nariño en virtud de
la orden emitida por el Juzgado de Familia dentro del proceso de interdicción
que se adelanta, con un manejo médico y medicamentos adecuados previos o
concomitantes para controlar o estabilizar la patología psiquiátrica del
paciente.[24]
Mediante escrito del cuatro (4) de julio de
dos mil catorce (2014), la médico psiquiatra sostuvo lo siguiente: “yo
valoré de forma particular al paciente en mención, para lo cual, debí
desplazarme hasta El Tambo, donde reside el Sr. Luis Edmundo, ya que él es
negativo a salir de su municipio. Por lo anterior, considero que no es posible
su traslado para la valoración referida. Como lo anoté en mi concepto; el
paciente no acepta ningún medicamento. Si bien, para el día de la valoración se
encontraba tranquilo, el riesgo de presentar agitación psicomotora, auto o
heteroagresividad; es latente. Adicionalmente, por su deterioro cognitivo es
muy complicado lograr que colabore para su desplazamiento.”[25]
3. Trámite de la acción de tutela
3.1. El
conocimiento de la presente acción correspondió en primera instancia al Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Pasto, quien mediante providencia del catorce
(14) de julio de dos mil catorce (2014) declaró improcedente el amparo de
tutela invocado. Dentro de sus argumentos, señaló que la realización de una
valoración clínica en salud requiere de un espacio de privacidad, tranquilidad y
seguridad, condiciones que solo pueden satisfacerse en la sede de un servicio
forense o de salud y no en el lugar de domicilio del paciente quien además cuenta
con riesgo latente de auto y hetero agresividad. Agregó que en el caso
concreto, no se acreditan los supuestos que excepcionalmente permiten el
traslado del psiquiatra forense a otros lugares fuera de la sede, como sería
que el paciente se encontrara hospitalizado o privado de la libertad. Concluye
que acceder a la pretensión del actor supondría imponerle a la administración
una carga adicional que no le corresponde asumir y por esta vía afectaría la
prestación del servicio de psiquiatría forense.
Contra la
anterior decisión el agente oficioso del señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano
presentó impugnación. En su escrito básicamente sostuvo que el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe cumplir con la orden de
valoración emitida por el Juzgado que conoce del proceso de interdicción donde
quiera que se encuentre el paciente ya que oportunamente se le informó sobre la
imposibilidad de trasladar el señor Luis Edmundo Rodríguez hasta la ciudad de Pasto.
Agregó que no se pretende con la tutela que el ente accionado realice
valoraciones médicas domiciliarias a todos los pacientes, sino que se atienda
de manera oportuna y eficiente la situación particular del agenciado
considerando la discrecionalidad de medicina legal para programar citas que no
alteren su normal funcionamiento.[26]
3.2.
Declaratoria de Nulidad
La Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante fallo del
veintiuno (21) de agosto de dos mil catorce (2014) con ponencia de la
Magistrada Elsy Alcira Segura Díaz, declaró la nulidad de todo lo actuado a
partir del auto que avocó conocimiento por considerar que se omitió la
vinculación del Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Pasto, quien tiene un
interés legítimo en los resultados de la actuación.
En virtud de
lo anterior, se ordenó la remisión del proceso al juzgado de origen a fin de
que se subsanará la actuación viciada.[27]
4. Decisión que se revisa
4.1. Decisión de primera instancia
Subsanada la irregularidad, el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Pasto, mediante fallo del doce (12) de
septiembre de dos mil catorce (2014) declaró improcedente el amparo invocado. Como
sustento de la decisión, sostuvo que no puede el Despacho suplir la inactividad
de las partes en el trámite procesal considerando que el accionante tenía la
obligación de verificar la posibilidad de realización de la valoración
psiquiátrica domiciliaria del agenciado por parte de la Fundación “Mis
Derechos” o de la EPS Asmet Salud, sin que a la fecha se tenga certeza alguna sobre
tal aspecto. Añadió que la actuación de la entidad accionada ha sido conforme a
derecho.
Contra la anterior decisión no se presentó
impugnación.[28]
5. Actuaciones en sede de revisión
5.1. Mediante auto del veintinueve
(29) de abril de dos mil quince (2015), el Despacho ordenó la vinculación de la
Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño, la EPS Asmet Salud y el Juzgado Sexto
de Familia del Circuito Judicial de Pasto para que se pronunciarán sobre las
pretensiones y el problema jurídico planteado.
5.2. Durante el término de traslado,
la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño dio contestación oportuna al
requerimiento impartido. Mediante escrito del trece (13) de mayo de dos mil
quince (2015) suscrito por el alcalde encargado del municipio,[29] la entidad
territorial sostuvo que mediante Resolución No. 038 del dieciséis (16) de abril
de mil novecientos noventa y tres (1993), le fue reconocida a la señora Julia
Burbano de Rodríguez, madre del agenciado, la sustitución pensional de
jubilación de su esposo, el señor Luis Rodríguez Zarama, pensionado del
municipio del El Tambo. Aclara que frente a dicho reconocimiento no hubo
ninguna otra persona que reclamará tal derecho por lo que se dio cabal
cumplimiento a lo dispuesto por las normas respecto a la pensión de
sobrevivientes.
Sobre el fondo del asunto, sostuvo que no
se ha reconocido sustitución pensional alguna a favor del señor Luis Edmundo
Rodríguez Burbano, toda vez que este no ha demostrado su calidad de discapacitado
mental, sumado al hecho de no haberse acreditado la plena dependencia de quien
en vida era su madre así como tampoco la condición de curador del señor Rúales.[30]
5.3. Mediante oficio del trece (13) de mayo
de dos mil quince (2015), el titular[31]
del Juzgado Sexto de Familia del Circuito Judicial de Pasto emitió respuesta al
requerimiento judicial impartido. Señaló que el proceso de interdicción
adelantado respecto del señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano aún no ha sido
fallado, por lo que no se ha designado un curador definitivo. Sin embargo hasta
el momento y desde el día diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014),
el señor Claudio Andrés Rúales Rodríguez ostenta la calidad de guardador
provisional del interdicto.
Sostuvo que mediante auto del siete (7) de
octubre de dos mil catorce (2014),[32]
el Despacho le ordenó a la Fundación “Mis Derechos”, entidad adscrita a la
lista de auxiliares de la justicia, designar un perito neurológico o psiquiatra
que efectuará el dictamen pericial ordenado en el lugar de residencia del señor
Rodríguez Burbano. Como consecuencia de lo anterior, la referida entidad,
designó al Doctor Álvaro Chaves Cabrera, médico cirujano, especialista en
psiquiatría quien emitió concepto pericial de fecha treinta (30) de octubre de dos
mil catorce (2014),[33]
el cual se encuentra en firme debido a que las partes no presentaron objeción
alguna al mismo. Expuso que una vez terminado el periodo probatorio y efectuada
la revisión de rigor, se procedería a dictar sentencia dentro del proceso civil
de interdicción y nombramiento de curador.[34]
5.4. Por escrito del quince (15) de
mayo de dos mil quince (2015), la EPS-S Asmet Salud dio contestación a la
solicitud por conducto de apoderado judicial.[35]
De antemano sostuvo que el señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano se encuentra
afiliado a la entidad con sede en el municipio de El Tambo, Nariño. Por esta
razón se le han brindado los servicios médicos que ha requerido a raíz de la
patología que presenta, incluida la valoración psiquiátrica domiciliaria
ordenada mediante un fallo de tutela.
Precisó que no está llamada a efectuar
dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral, teniendo que en
cuenta que dicha valoración corresponde directamente a las Juntas Regionales
del Trabajo o al médico calificador del fondo de pensiones en que se encuentre
afiliado la persona interesada, quienes son los encargados de determinar el
grado de discapacidad física y funcional del paciente.[36]
iI. Consideraciones y
fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro
del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas Jurídicos
2.1. Sin lugar a desconocer la pretensión
principal de amparo incoada por el accionante en su escrito de tutela,  relacionada
directamente con la realización de una valoración médico psiquiátrica en el
domicilio del señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano por parte del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Dirección Seccional Nariño, como
parte del requisito exigido al interior de un trámite de interdicción y
designación de guardador, la Sala advierte que, conforme, las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y la
información obtenida en sede de revisión, el asunto analizado pone de presente
una discusión constitucional que trasciende la esfera enunciada. La
controversia en torno a la valoración domiciliaria del señor Rodríguez Burbano
surge a raíz de los intentos que ha efectuado el actor para cumplir con los
requisitos que la Alcaldía Municipal del El Tambo le ha impuesto para acceder
al reconocimiento de la pensión que antes devengaba su madre, y de la que
depende la garantía de su mínimo vital. En ese orden de ideas, la Sala debe
examinar, si al señor Rodríguez Burbano le asiste derecho a acceder a la
sustitución pensional reclamada considerando que antes del fallecimiento de su
padre ya padecía una discapacidad mental y que ante su deceso, su madre fue
quien asumió los cuidados personales y económicos que su estado demandaba con
el producto de la mesada pensional que le fue adjudicada en calidad de cónyuge
del causante. En esta línea, deberá establecer si las entidades demandadas han
vulnerado los derechos fundamentales del actor, (i) al condicionar el
reconocimiento de la prestación aludida al trámite de un proceso judicial de
interdicción y nombramiento de curador; (ii) al negarse a practicar la
valoración psiquiátrica domiciliaria ordenada en el curso de dicho proceso;
(iii) al no adoptar medidas alternas para efectuar la valoración médica
solicitada.
2.2. Considerando lo anterior, le
corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas
jurídicos:
(i) ¿Una autoridad administrativa (Alcaldía
Municipal de El Tambo, Nariño) vulnera los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital de un ciudadano en situación de discapacidad
(Luis Edmundo Rodríguez), al condicionar el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes derivada de la muerte de su padre, al desarrollo de un proceso
de interdicción en donde se determine la persona que asuma su guarda en forma definitiva,
a pesar de que ese no es un requisito dispuesto en la normativa aplicable y
puede establecerse que le asiste derecho al beneficio reclamado?
(ii) ¿El Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses-Dirección Seccional Nariño, vulnera el derecho
fundamental de acceso a la seguridad social de una persona que padece una
enfermedad mental crónica (esquizofrenia residual), al negarse a realizar una
valoración médica en su lugar de residencia, a pesar de haberse demostrado su
imposibilidad de desplazamiento?
(iii) Finalmente debe establecerse ¿si el
Juzgado Sexto de Familia del Circuito Judicial de Pasto vulneró el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia del señor Luis Edmundo
Rodríguez Burbano al no adoptar medidas alternas para agotar en forma oportuna
la valoración médica ordenada al paciente?
2.3. Con el fin de resolver los problemas
jurídicos, la Sala de Revisión analizará (i) la procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto y, de encontrarla apta para ser fallada de fondo, (ii)
resolverá los asuntos planteados.
3. Cuestión previa: procedencia de la acción de tutela en el caso
concreto
3.1. El
señor Claudio Andrés Rúales Rodríguez  en su calidad de agente oficioso está
legitimado para interponer la acción de tutela en nombre y representación del
señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano
3.1.1. De conformidad con el inciso 1º del
artículo 86 de la Constitución Política,  la acción de tutela puede ser
instaurada por la persona directamente afectada o por quien actúe en su nombre.[37]
De igual manera, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,[38] establece: “[l]a
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará
por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
De los artículos citados, se deriva la
posibilidad de que la demanda de tutela sea instaurada por quien, si bien no es
el titular de los derechos amenazados o vulnerados, sí ostenta
un interés legítimo para solicitar el amparo de los derechos de otra persona. En ese orden de ideas, para el ejercicio de la agencia oficiosa,
deben constatarse de manera puntual los siguientes requisitos: (i) que el directamente
afectado se encuentre imposibilitado para interponer directamente la acción y
(ii) una manifestación expresa donde conste que se obra en calidad de agente
oficioso. Solo cuando estos dos requisitos sean
satisfechos, se afirma que el agente goza de legitimación por activa para
agenciar los derechos fundamentales de su titular.
3.1.2.
Para el caso concreto, se cumplen los requisitos constitucionales para el
ejercicio de la agencia oficiosa. En efecto, (i) el accionante manifestó
explícitamente en su escrito de demanda que está actuando en nombre del señor
Luis Edmundo Rodríguez Burbano, con quien además tiene una relación de
consanguinidad al ser sobrino del mismo.[39]
Adicionalmente, conforme se desprende del expediente,
mediante auto del diecisiete (17) de marzo del año dos mil catorce (2014),
debido a las condiciones actuales del señor Rodríguez, el Juzgado Sexto de
Familia del Circuito de Pasto, designó como guardador provisional al
accionante, quien tomó posesión de dicho cargo el veintidós (22) de abril de
dicha anualidad.[40]
(ii) De otro lado, el señor Claudio Andrés Rúales afirma
que su agenciado no puede instaurar la acción constitucional a nombre propio,
comoquiera que según se extrae del escrito de tutela y de las pruebas obrantes
en el expediente, el señor Rodríguez Burbano padece en la actualidad de una
patología mental crónica, denominada esquizofrenia residual, la cual incluso es
manifiesta desde los treinta y tres (33) años de edad y por la cual ha sido
declarado interdicto provisorio.[41]
A la fecha, no ejerce actividad regular alguna, depende totalmente de sus
familiares y no se encuentra en condiciones de realizar ningún trámite de tipo
legal, transacciones económicas y negocios.[42] En tanto tales afirmaciones no fueron
cuestionadas por la entidad accionada ni por aquellas vinculadas de oficio, deben
tenerse por ciertas con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991.[43]
Finalmente,
el agenciado no hizo manifestación alguna de no querer que la acción se
interponga en su nombre, ni existe ninguna evidencia dentro de las pruebas
disponibles de tal ausencia de voluntad.
En
estas condiciones, la Sala reconoce el derecho que tiene el accionante de
promover la presente acción de tutela, pues le asiste el interés legítimo y
actual de buscar la protección inmediata de los derechos fundamentales de un
sujeto de especial protección constitucional. En consecuencia, se configura en
el presente caso la legitimación por activa y se
torna procedente la presente acción de tutela.
3.2. En el presente asunto se cumple con
el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela
3.2.1. De acuerdo con el artículo 86 de la
Constitución Política, la jurisprudencia constitucional, y los artículos
concordantes del Decreto 2591 de 1991,[44]
la acción de tutela sólo procede (i) cuando el presunto afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial; (ii) cuando existiendo, ese medio carece de
idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los
derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto;[45]
o (iii) cuando se interpone para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable en un derecho fundamental, evento en el que el amparo procede de
manera transitoria, es decir, mientras se produce una decisión definitiva por
parte del juez natural.
A partir de las reglas establecidas, esta
Corporación ha venido desarrollando subreglas que permiten estudiar la
idoneidad y eficacia que ofrecen los mecanismos disponibles desde el punto de
vista constitucional, dependiendo de la materia de que se trate y de las
particularidades de cada asunto. Por ello, es indispensable que en todos los
casos analizados, el juez constitucional realice previamente
una valoración de la realidad fáctica y de los elementos de juicio con trascendencia
para el examen del asunto objeto de estudio, y de esta manera pueda determinar
si es o no necesario proteger urgente e inmediatamente los derechos afectados a
través del mecanismo constitucional.
3.2.2 El caso objeto de estudio plantea una
controversia que reviste especial relevancia constitucional, en tanto (i) están
en juego los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de
una persona que padece una enfermedad mental crónica que afecta gravemente su
estado de salud y genera dependencia permanente en terceros al momento de
realizar actividades cotidianas y lograr su sustento económico. En efecto,
conforme certificación emitida por el Hospital San Luis del municipio de El
Tambo, Nariño presenta una pérdida de la capacidad laboral equivalente al
50.2%;[46]
(ii) la Constitución Política consagra una protección especial para las
personas en situación de discapacidad, que en hechos concretos debe traducirse
en un tratamiento singularizado que se ajuste a sus necesidades y
requerimientos. El artículo 47 superior prescribe que “[e]l Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. Y esta no es una cláusula meramente retórica
sino que tiene un contenido específico dentro del ordenamiento jurídico, que en
materia de estudio de procedibilidad de la acción de tutela impone a las
autoridades judiciales especial diligencia, cuidado, atención y flexibilidad en
el examen formal, teniendo presente que estas personas han sufrido una
disminución en sus aptitudes físicas que les impide acceder en condiciones de
igualdad a las necesidades más básicas; (iii) no se han adoptado por parte de
las entidades involucradas en el asunto las acciones que resultan
indispensables para la satisfacción efectiva de los derechos fundamentales en
tensión, pese a que por disposición legal y constitucional es su obligación y,
(iv) la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la procedencia
excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago del
derecho a la pensión de sobrevivientes, cuando a causa del desconocimiento
prestacional se ven afectados de manera directa los derechos fundamentales de
los beneficiarios del causante, en particular el mínimo vital, considerando que
ante la ausencia de la persona encargada de proveer la manutención del hogar,
quienes dependían económicamente de éste, quedan desprovistos de lo necesario
para una congrua subsistencia.[47]
Adicionalmente, en ocasiones anteriores, la
Corte ha considerado procedente la tutela en situaciones similares a la que hoy
es objeto de controversia. Así, por ejemplo, en la sentencia T-140 de 2013,[48]
la Sala Novena de Revisión declaró procedente como mecanismo principal una
acción de tutela presentada por una señora de sesenta y siete (67) años de edad
que padecía una discapacidad física relevante, y quien reclamaba la defensa de
su derecho al mínimo vital y el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
La Corte estableció que en su caso los medios ordinarios de defensa judicial
eran ineficaces e inidóneos, por lo que la tutela procedía como medio principal
de defensa judicial. En palabras de la Corte:
“[…] el caso sub-judice supera el requisito de
la subsidiariedad porque  la acción de tutela se erige como el mecanismo
idóneo para reclamar la pensión de sobrevivencia, que además es considerado
como derecho fundamental (Supra 4.1). Lo expuesto se basa en que la accionante
es una persona en situación de vulnerabilidad manifiesta, comoquiera que tiene
una disminución física, producto de una enfermedad de nacimiento. Además, la
actora nunca ha desempeñado una labor que genere algún ingreso.
Por consiguiente, el asunto bajo estudio es procedente
al cumplirse las reglas jurisprudenciales sobre la posibilidad de ordenar prestaciones
a través de amparo […]”.
De otra parte, en la sentencia T-491 de
2013,[49]
la Sala Tercera de Revisión determinó que las acciones de tutela presentadas
por dos (2) personas en situación de discapacidad eran procedentes para
reclamar la defensa de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital, y
solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de hijos
del causante. Para el caso que nos interesa, en uno de los asuntos analizados, se estableció que la tutela procedía definitivamente,
porque el accionante estaba sometido a un estado de debilidad manifiesta que
hacía desproporcionado hacerlo acudir a la jurisdicción ordinaria en defensa de
sus derechos. Para ello, se comprobó que con la negativa de reconocer la
prestación se ponía en riesgo el mínimo vital del peticionario, y que aun
cuando adelantaron algunas actuaciones tendientes a proteger sus intereses, los
mecanismos de defensa judiciales no eran idóneos y eficaces dadas sus
circunstancias personales.
Atendiendo este precedente, la Sala
considera además que no existe otro medio de defensa judicial al alcance del
señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano, toda vez que precisamente la vulneración
de derechos fundamentales que alega su agente oficioso sucede en el contexto de
un proceso judicial dentro del cual no se han adoptado las medidas encaminadas
a remediar esta situación.
En este orden de ideas, dada la inminencia
requerida para salvaguardar contenidos básicos de los derechos fundamentales en
tensión y considerando que las prerrogativas planteadas en esta oportunidad
pueden y deben ser reclamadas mediante la acción de tutela, particularmente por
la presencia de sujetos especialmente protegidos, el juez de tutela está en la
obligación de apresurarse a su amparo, y ordenar los mecanismos de protección
que sean necesarios.
Expuesto lo anterior, pasa la Sala a
estudiar cada uno de los problemas jurídicos planteados, con base en la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación en materia de pensión de
sobrevivientes.
4. Primer problema. Es inconstitucional supeditar el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a la existencia de una
sentencia que le asigne un curador definitivo al solicitante en situación de
discapacidad
En
este apartado la Sala debe establecer si la Alcaldía Municipal del El Tambo,
Nariño, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y
seguridad social del señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano, al condicionar el
estudio de fondo en torno al posible reconocimiento de la prestación pensional
solicitada a que se profiriera una sentencia que designara un curador
definitivo al actor.
4.1. La jurisprudencia constitucional ha
establecido que es contrario a la Constitución exigir requisitos adicionales a
los dispuestos en la normativa vigente para el reconocimiento pensional
4.1.1 La jurisprudencia constitucional ha
establecido que supeditar el reconocimiento de la sustitución pensional frente
a quien ostenta la calidad de hijo inválido dependiente a la tramitación de un
proceso de interdicción a través del cual se nombre un curador definitivo que
represente sus intereses, se erige en un obstáculo irrazonable para el goce
efectivo de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.
El derecho a determinada prestación nace cuando se reúnen los requisitos
dispuestos en la normativa vigente para considerase beneficiario, y exigirle a
una persona en situación de discapacidad el cumplimiento de presupuestos
adicionales que implican actuaciones judiciales resulta desproporcionado, si se
tienen presentes sus desventajas para acudir en condiciones de igualdad a la
administración de justicia.
4.1.2. La sentencia T-471 de 2014[50] consolida
esta regla jurisprudencial y constituye precedente aplicable a este caso, en
razón de la cercanía entre el asunto allí decidido y el que ahora se somete a
consideración de la Sala. En ella se realizó un análisis juicioso de los
requisitos que se deben exigir para reconocer una pensión de
sobrevivientes como hijo inválido, a propósito de una acción de tutela en la
que se estudiaba si una administradora de fondos de pensiones, vulneraba los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y
a la vida digna de la accionante como consecuencia de su decisión de negar el reconocimiento a su favor de la sustitución pensional y por
esta vía la reactivación del pago de las mesadas pensionales, aun cuando
previamente ya se había reconocido su calidad de beneficiaria de dicha
prestación , aduciendo no haber presentado junto con su solicitud (i) la
sentencia proferida en juicio de interdicción en donde se determinará la
persona que asumiera su guarda y (ii) el acta de posesión y discernimiento del
curador o guardador o la copia del registro civil con dicha anotación.
En esta oportunidad, la Sala Tercera de
Revisión señaló que la exigencia de requisitos adicionales, cuando los mismos
no tenían un soporte previsto en el ordenamiento jurídico, se erigían en un
obstáculo irrazonable de carácter meramente formal, que conducía a una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso administrativo, y por la
misma vía una afectación grave al mínimo vital y a la vida digna. Lo anterior
considerando que la pensión de sobrevivientes tenía por finalidad garantizar
las condiciones mínimas de subsistencia de quienes dependían económicamente del
causante para atender sus necesidades básicas.  Precisó con fundamento en esta
misma línea, que los únicos documentos que se podían exigir para reconocer una
pensión de sobrevivientes como hijo inválido, eran aquellos que resultarán
idóneos y pertinentes para acreditar los supuestos que daban lugar a su
reconocimiento. Textualmente sostuvo lo siguiente:
“Como consecuencia de lo anterior, cuando se proceda al
reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es posible exigir
más requisitos que aquellos previstos en la ley, así como tampoco puede
reclamarse la entrega de documentos o elementos de prueba que no guarden una
estrecha relación de necesidad (en términos de idoneidad y pertinencia) con la
verificación de dichos requisitos. Precisamente, al respecto, el parágrafo del
artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, advierte que no se podrá estimar como incompleta una petición
por falta de documentos que: “no se encuentren
dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para resolverla.”
Por lo anterior, no cabe duda de que más allá de los
documentos que el marco jurídico vigente permite solicitar para proceder al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes (sin que técnicamente exista
tarifa legal), el resto de exigencias probatorias deben someterse al criterio
de necesidad, conforme al cual tan sólo resultarán válidas aquellas que tengan
la virtualidad de dar por demostrado alguno de los requisitos de los cuales
depende la obtención del mencionado derecho prestacional.”
Siguiendo esta línea, aclaró que las entidades del Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, no se encontraban imposibilitadas, para solicitar o exigir
en ciertos casos, el cumplimiento de requisitos adicionales, en la medida en
que estos ya no estuvieran vinculados con el reconocimiento del derecho, sino
con su inclusión en nómina y pago, como ocurría, por ejemplo, con los
requerimientos destinados a verificar la subsistencia de una persona
particularmente en el caso de los connacionales que residían fuera del país,[51]
o cuando se pretendiera proteger a las personas que carecían de la posibilidad
de disponer libremente de sus bienes, evento que tenía lugar en relación con
quienes padecían discapacidad mental absoluta[52] y ya hubieren llegado a la
mayoría de edad. Frente a ellos, el ordenamiento jurídico imponía la condición
de actuar a través de un curador.
Precisó que cuando
las administradoras de fondos de pensiones se enfrentarán a situaciones como
las expuestas, de antemano debían pronunciarse sobre la titularidad o no del
interesado frente al derecho pensional y en caso favorable, supeditar o
condicionar la inclusión en nómina y posterior pago, a la providencia judicial
en la que se designará al curador definitivo o provisional.
En atención a las
premisas mencionadas y refiriéndose al caso concreto, la Sala concluyó que
Colpensiones había errado al negar el estudio de fondo
y el reconocimiento del derecho pensional con fundamento en exigencias no
previstas en la ley, ni tampoco acordes con el criterio de necesidad pues la
sentencia en la que se designará un curador y su respectiva posesión, no era un
requerimiento probatorio que tuviera la virtualidad de dar por demostrado
alguno de los requisitos de los cuales dependía la obtención de la sustitución
pensional. Aclaró que existía un deber de protección a favor de las personas con
discapacidad[53],
por virtud del cual cuando las mismas debían someterse a un proceso de
interdicción, como ocurría en este caso por tratarse de una persona con
limitaciones mentales absolutas, los recursos reconocidos como consecuencia de
alguna prestación debían ser puestos a disposición de la persona habilitada
para su cuidado personal y la administración de sus bienes, pues a su cargo se
encontraba la protección integral de sus derechos, con las responsabilidades
que al respecto señalará el ordenamiento jurídico.
Partiendo de lo expuesto, concedió el
amparo definitivo después de verificar el cumplimiento pleno de los requisitos
para acceder a la prestación invocada y encontrar afectado el derecho al mínimo
vital. En consecuencia, le ordenó a la administradora de fondos de pensiones
reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes de la accionante en calidad
de hija inválida del causante desde el momento en que se interrumpió o
suspendió su pago. Así mismo, dispuso que el pago de las mesadas pensionales debían
efectuarse al curador provisional que en un primer momento determinará el juez[54]
y, en lo sucesivo, una vez se profiriera la sentencia respectiva, al curador
definitivo, quien además era el encargado de recibir el pago del retroactivo a
que hubiera lugar.
4.1.3. Ahora bien, sobre este último
aspecto, esta Corporación se ha pronunciado en casos similares al que hoy se
analiza, sobre la posibilidad de autorizar el pago y entrega de prestaciones
pensionales generadas a favor de personas con imposibilidad para administrar
directa y autónomamente sus bienes, a quienes provisionalmente han sido
nombrados como guardadores y han condicionado el reconocimiento de pagos
futuros y el mismo retroactivo a la sentencia definitiva en tal sentido.
En la sentencia T-043 de 2008[55],
la Sala Segunda de Revisión estudió el caso de una persona a quien la
administradora de fondos de pensiones le condicionó el ingreso a la nómina de
pensionados y el pago de las mesadas reconocidas por concepto de la pensión de
sobrevivientes en calidad de hijo inválido dependiente, al hecho de aportar
copia de la sentencia mediante la cual fuera declarado interdicto y se
procediera a la designación de un curador.
Después de realizar un amplio recorrido
jurisprudencial relativo a la protección reforzada de las personas en situación
de discapacidad, en aras de garantizar plenamente el derecho fundamental al
mínimo vital del accionante, y considerando su condición de sujeto de especial
protección constitucional en atención a sus limitaciones y dependencia para su
cuidado y atención, permitió que a partir de la remisión de la copia del auto
admisorio de la demanda en que se designará un curador provisional, se
procediera a incluir en la nómina la pensión de sobrevivientes del accionante
y, por esta vía, se dispusiera la reactivación del pago de las mesadas
pensionales y su afiliación al sistema de salud, dejando pendiente el pago del
retroactivo pensional hasta que se remitiera copia de la sentencia definitiva.
En esta misma línea, en la sentencia T-674
de 2010[56],
la Sala Séptima de Revisión permitió que el reconocimiento y pago  de la
pensión de sobrevivientes causada en beneficio de una persona con trastornos
mentales se realizará una vez se iniciará el proceso de interdicción en el que
provisionalmente se designará un curador y condicionó el pago del retroactivo
hasta tanto se presentara al ISS la sentencia definitiva del proceso.
Para sustentar lo anterior, tomo como base
la jurisprudencia constitucional conforme la cual es posible el reconocimiento
de un derecho prestacional de una persona discapacitada que no cuenta con
representación legal, siempre y cuando se inicie el respectivo proceso de
interdicción. Ello, por cuanto en estos casos, las personas que solicitan el
amparo normalmente requieren de un tratamiento especializado, lo cual hace
necesaria una protección preferente y especial, pues su estado le apareja una
manifiesta condición de indefensión y limitación. [57]
4.1.4. En conclusión, “si bien no se
puede condicionar el reconocimiento del derecho pensional a la sentencia en la
que se designe un curador y a su respectiva posesión, estas exigencias sí
resultan razonables cuando lo que se busca es proceder a la respectiva
inclusión en nómina y pago de la prestación, ya que se debe asegurar que los
recursos se destinen a la finalidad de protección para la cual se previó la
pensión de sobrevivientes a favor de los hijos inválidos.”[58] Sin
embargo, en este último evento, en aras de asegurar en forma efectiva los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, es
perfectamente posible proceder a la entrega del dinero producto de la
prestación pensional a quien ha sido provisionalmente designado como guardador
hasta tanto se profiriera una decisión definitiva en la materia.
4.2. Al señor Luis Edmundo Rodríguez le
exigieron un presupuesto no consagrado en las normas vigentes para examinar si
le asistía o no su derecho a la pensión de sobrevivientes
4.2.1.  En el caso objeto de revisión, se
estudia la acción de tutela interpuesta por el señor Claudio Andrés Rúales
Rodríguez en calidad de agente oficioso y sobrino del
señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano. De los hechos de la demanda y las pruebas
obrantes en el expediente, se evidencia que el citado señor solicitó ante la
Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño, la sustitución pensional en su
condición de hijo inválido dependiente, determinándose por parte de dicha
entidad que para efectos de su reconocimiento debía tramitarse un proceso
judicial que culminara con la asignación de un curador que lo representará en
tal efecto.
Reposa en el expediente escrito del treinta
(30) de agosto de dos mil once (2011), suscrito por el Alcalde Municipal de El
Tambo, Nariño, donde se sostiene lo siguiente:
“En respuesta a
la solicitud de la referencia, con todo respeto me permito informarle que
después de haber revisado la documentación aportada y teniendo en cuenta la
enfermedad padecida por su mandante, es necesario tramitar un proceso judicial
mediante el cual se nombre un curador al señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano,
con quien se podrá efectuar el reconocimiento de la sustitución pensional a
favor del mismo. Lo anterior, teniendo en cuenta lo consagrado en la ley 1306
de 2009, que reglamenta lo concerniente a las personas con discapacidad mental.”[59]
Así mismo, obra oficio del dieciséis (16)
de septiembre de dos mil once (2011), donde se confirma lo anterior en los
siguientes términos:
“Se deja en
claro que no se está desconociendo el derecho que le asiste al señor Luis
Edmundo Rodríguez, sino que se está sugiriendo el cumplimiento de unos
requisitos exigidos por la Ley, que en el caso concreto es tramitar un proceso
judicial mediante el cual se nombre un curador al señor Luis Edmundo Rodríguez
Burbano, con quien se podrá efectuar el reconocimiento de la sustitución
pensional a favor del mismo, tal como lo ordena la Ley 1306 de 2009, que
reglamenta lo concerniente a las personas con discapacidad mental.”[60]
4.2.2. Al analizar el contenido de los
citados oficios, la Sala encuentra que la Alcaldía Municipal de El Tambo,
Nariño, le exigió al actor un requisito no dispuesto en las normas vigentes
para el reconocimiento de la sustitución pensional.
En efecto, ningún aparte de la Ley 33 de
1973[61]
ni del Decreto 690 de 1974[62]
(normas sobre las cuales se fundamentó el reconocimiento de la sustitución
pensional) disponen como presupuesto para acceder a la pensión de
sobrevivientes en calidad de hijo en situación de discapacidad, la de efectuar
las reclamaciones mediante curador asignado por sentencia judicial. Allí
únicamente se establece que tienen derecho al beneficio en cuestión los ‘hijos
inválidos’ del causante que dependan económicamente del mismo. La Constitución en
su artículo 84 establece que cuando un derecho ha sido reglamentado de manera
general, las autoridades públicas deben abstenerse de imponer requisitos
adicionales para su reconocimiento. Esto lleva a que la situación pensional de
los ciudadanos solo pueda definirse en aplicación de la constitución, la ley y
la jurisprudencia. En eso está fundamentado el principio de legalidad que
orienta toda actividad administrativa, el cual protege a los asociados de
decisiones arbitrarias que se apartan de la voluntad del constituyente primario
y del legislador democráticamente elegido.
Pero además, la decisión judicial mediante
la cual se le nombra un guardador a un incapaz, no varía su posición jurídica
frente a la titularidad de la pensión reclamada. Por este motivo, carece de
sentido que se le exija que previamente se lleve a cabo ese proceso como una situación
que le impone al actor una barrera de acceso a la pensión de sobrevivientes.
En consecuencia, considerando que la
jurisprudencia constitucional ha sido clara al momento de precisar que las
administradoras de fondos de pensiones no pueden condicionar el estudio de
fondo en torno al posible reconocimiento de la sustitución pensional a este
tipo de requerimientos, y que tan solo podrán solicitar el cumplimiento de
presupuestos adicionales en la medida en que estos estén orientados a tramitar la
inclusión en nómina y pago efectivo de la prestación, la actuación desplegada
por la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño, se erigió en un obstáculo de
tipo formal que a su vez condujo a una grave afectación del mínimo vital y
seguridad social del señor Rodríguez Burbano, pues de entrada limitó la
posibilidad de acceso a esta prerrogativa económica protegida
constitucionalmente (artículo 48 de la Carta Política) con fundamento en
argumentos carentes de respaldo legal y constitucional.
4.3. El accionante es titular del
derecho a la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su padre.
Vulneración de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital
4.3.1. La tarea del juez constitucional
consiste en analizar cuáles podrían ser, prima facie, las garantías
constitucionales que eventualmente han sido afectadas con la actuación
desplegada por la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño. Sin embargo,
considerando que en oportunidades anteriores, en casos similares al presente,
la Corte ha examinado de manera directa la titularidad del derecho a la
sustitución pensional de sujetos de especial protección constitucional cuyo
mínimo vital estaba gravemente afectado, [63]
la Sala pasará a estudiar si al actor le asiste el derecho a la pensión de
sobrevivientes.
4.3.2. El padre del agenciado falleció el
dos (2) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993), esto es, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.[64]
Las normas con fundamento en las cuales la entidad reconoció la sustitución
fueron la Ley 33 de 1973[65]
y el Decreto 690 de 1974.[66]
Para la fecha se encontraba vigente además el Decreto 758 de 1990, [67] cuyos artículos 27[68]
y 28[69]
consagran lo concerniente al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Según estos cuerpos normativos, tienen
derecho a la pensión de sobrevivientes los hijos en condición de discapacidad del pensionado, si acreditan
las siguientes condiciones: (i) ser hijos del causante; (ii) presentar
incapacidad por razón de invalidez y, (iii) haber estado bajo la dependencia
económica del pensionado.
En el oficio de respuesta a la Corte, del
trece (13) de mayo de dos mil quince (2015), la Alcaldía Municipal de El Tambo
indicó que no ha procedido al reconocimiento de la pensión a favor del señor
Luis Edmundo Rodríguez Burbano, toda vez que este no ha demostrado su calidad
de discapacitado mental, sumado al hecho de no haberse acreditado la plena
dependencia de quien en vida era su madre así como tampoco la condición de
curador del señor Rúales. En contra de lo afirmado por esta entidad, la Sala
constata que en el caso de Luis Edmundo se
reúnen plenamente las condiciones establecidas en las normas, por lo que es
procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. En efecto:
(i) El señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano
es hijo del causante, el señor Luis Rodríguez Zarama, tal como se desprende de
la copia del registro civil de nacimiento aportado al expediente de tutela.[70]
Además, está acreditado que este último falleció el dos (2) de marzo de mil
novecientos noventa y tres (1993) siendo beneficiario de una pensión de vejez.
[71]
(ii) Se encuentra
demostrado que el peticionario es una persona en situación de invalidez pues
así lo acredita la certificación médica emitida por el Hospital San Luis E.S.E
de El Tambo, Nariño, el once (11) de agosto de dos mil once (2011), en la cual
consta que el señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano, padece enfermedad
psiquiátrica de tipo esquizofrenia y que teniendo en cuenta sus déficits,
discapacidades y minusvalías, tiene invalidez del 50.2.%[72] Además, obra
en el expediente valoración médico psiquiátrica realizada por la Doctora
Rosemary Vallejo Suarez, en la cual se señala que el “el paciente en mención
padece de enfermedad mental crónica manifiesta desde los 33 años de edad
aproximadamente. Requirió varias hospitalizaciones en el Hospital San Rafael.
En la actualidad persiste con síntomas psicóticos residuales, dados por
(hipobulia, aislamiento social, soliloquios, risas inmotivadas, anhedonia,
lenguaje incoherente), no realiza ninguna actividad regular; depende afectiva y
económicamente de los familiares. Requiere tratamiento farmacológico permanente.
Teniendo en cuenta lo anterior, certifico que el paciente padece de
esquizofrenia residual.”[73]
Así mismo, durante el término de traslado
de la presente tutela, se allegó un dictamen pericial suscrito por el médico
psiquiatra, Álvaro Chaves Cabrera en el cual sostuvo lo siguiente en torno al
estado de salud del paciente:
“Manifestaciones
clínicas: Presenta alteraciones neurológicas y mentales con compromiso de
orientación, lenguaje, pensamiento y facultades mentales superiores, descritas
en examen mental.
Etiología:
Alteraciones de las neuronas cerebrales que producen crisis denominadas
psicóticas que impiden el buen funcionamiento mental. Compromiso del cerebro de
forma severa con afectación principal del área neurológica y mental.
Diagnóstico:
Esquizofrenia paranoide crónica. Pronostico: Reservado (mal pronóstico) por
tener alteración de áreas cerebrales importantes para el funcionamiento corporal
y mental, incapacidad mental y neurológica de carácter permanente, que no se
modifica con tratamiento ni presente ni futuro.
No es curable,
por ser una enfermedad irreversible, de carácter permanente. Los tratamientos
que recibe no modifican la conducta ni área mental ni neurológica alterada
debido a que los sistemas funcionales no tienen recuperación. Los tratamientos
realizados propenden por mantenerlo estabilizado pero no tienen carácter
curativo y no modificará la base de la enfermedad sino que evitará mayores
complicaciones, incluida la muerte que se puede producir en alguna crisis de
agitación psicomotriz.”[74]
(iii) Puede establecerse que el señor
Rodríguez Burbano dependía económicamente de los aportes del causante para
cubrir sus necesidades básicas, y que esa situación no ha cambiado en la
actualidad. En efecto, como se ha indicado, desde los treinta y tres (33) años
de edad, el accionante representado ha padecido de una discapacidad mental
relevante que le ha impedido competir en el mercado de trabajo en condiciones
de igualdad y, por ende, se ha visto en dificultades para generarse
autónomamente una fuente de ingresos alterna a la que le brindaban sus padres.
Antes del fallecimiento, su padre le brindaba junto con su esposa los bienes
necesarios para el sostenimiento de una vida en condiciones dignas. Al fallecer
este, quedó al cuidado de la madre que recibió la sustitución pensional, y a su
muerte, los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas han
desaparecido, al punto que actualmente se encuentra en situación de extrema
vulnerabilidad.[75]
De otra parte, en el expediente obra
concepto médico en el cual se señala que el señor Rodríguez Burbano ha sido
“totalmente dependiente de sus familiares por su discapacidad mental, por lo
tanto, no está en condiciones de hacer ningún trámite de tipo legal,
transacciones económicas, negocios, etc.”[76]
En igual sentido, reposa dictamen pericial emitido por un médico psiquiatra[77],
en el que se precisa que el paciente “no tiene capacidad de autodeterminación
ni capacidad de comprensión de eventos importantes de la vida, ni mucho menos
manejo de dinero ni bienes.”[78]
Tampoco “tiene la capacidad de manejarse por sí mismo.”[79]
Adicionalmente, está demostrado que el accionante, para la
época del fallecimiento de su padre, ya estaba imposibilitado para valerse por
sí mismo, pues este último falleció el dos (2) de marzo de mil novecientos
noventa y tres (1993), y el accionante agenciado, desde el año mil novecientos
ochenta y uno (1981), momento para el cual contaba con treinta y tres (33) años
de edad, ya padecía la enfermedad crónica mencionada según se acreditó en líneas
anteriores e incluso ya había sido objeto de múltiples hospitalizaciones por su
condición de salud.[80]
De lo anterior, se desprende con claridad que el señor
Rodríguez Burbano siempre ha estado bajo el cuidado y protección de terceras
personas, “en todos los aspectos socioeconómicos y otros necesarios para la
subsistencia.”[81]
4.3.3. Ahora bien, ya se precisó con claridad que el señor
Rodríguez Burbano efectivamente es titular de la pensión de sobrevivientes en
el porcentaje que la ley reconoce para los hijos discapacitados dependientes.[82] Sin embargo,
corresponde a la Sala analizar un asunto adicional.
Conforme se indicó en los hechos de la tutela, mediante
Resolución No. 038 del dieciséis (16) de abril de mil novecientos noventa y
tres (1993), la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño le reconoció a la señora
Julia Burbano de Rodríguez, madre del agenciado, la totalidad de la sustitución
pensional de jubilación de su cónyuge, el señor Luis Rodríguez Zarama. Ante el
fallecimiento de este último, Luis Edmundo Rodríguez no se presentó para reclamar su derecho pensional en
calidad de hijo discapacitado. Sin embargo, con el producto de la pensión reconocida,
la señora Burbano se encargó de brindarle a su hijo el apoyo económico
necesario para cubrir sus necesidades básicas, considerando que para el momento
del reconocimiento de este derecho prestacional, Luis Edmundo ya se encontraba
en condición de invalidez y con alta imposibilidad de valerse por sí mismo. Es
decir, si bien el señor Rodríguez Burbano no solicitó directamente la porción
del derecho prestacional que le asiste, de los medios obrantes en el expediente
se desprende, que a su madre le fue adjudicada la totalidad de la sustitución
entendiendo que esta velaba por las necesidades de su hijo, también
beneficiario quien además para ese momento ya se encontraba en condición de
discapacidad.
Entonces,
atendiendo el carácter imprescriptible del derecho a la seguridad social,[83]
el agenciado no solo está facultado para acceder a la sustitución pensional en
calidad de hijo inválido a partir del análisis realizado sino también está
legitimado para acceder al porcentaje que por ley le corresponde a su madre.
Por esta razón, la Sala considera que ante
el fallecimiento de su madre, Luis Edmundo Rodríguez es la persona que debe
asumir la titularidad integral de la pensión de sobrevivientes derivada del
fallecimiento de su padre, pues (i) en vida siempre dependió económicamente de
su progenitora, tal como se deriva de un análisis conjunto del material
probatorio obrante en el expediente y de las declaraciones que el agente
oficioso hiciera en tal sentido.[84]
Además si bien, la Alcaldía Municipal de El Tambo afirma que este aspecto no
fue probado, hay suficientes documentos ya particularizados para afirmar lo
contrario; (ii) si bien le fue asignado a su
madre el cien por ciento (100%) de la prestación, en la práctica, tanto la
señora Julia como su hijo, Luis Edmundo en su condición de beneficiarios
directos  “gozaban” y dependían de tal pensión para vivir; (iii) no
existe prueba alguna de que la titularidad sobre el derecho haya sido objeto de
algún tipo de controversia por parte de alguna persona diferente al señor
Rodríguez Burbano que alegue su condición de beneficiaria;  (iv) está
plenamente demostrado su derecho sobre la prestación aludida; (v) obra
certificación médica y dictamen pericial que informan que la patología que
padece el actor agenciado es crónica, incurable e irreversible;[85] (vi) en la
actualidad requiere de la pensión para garantizar el goce efectivo de su
derecho al mínimo vital.
El parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 33
de 1973,[86]
norma sobre la cual se fundamentó el reconocimiento prestacional, establece que
“la cuota parte de la pensión que devenguen los beneficiarios acrecerá a la
que perciben las demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge
contraiga nuevas nupcias o haga vida marital”(subraya la Sala). En igual
sentido, el parágrafo 1 del artículo 28 del Decreto 758 de 1990,[87]
vigente también para el momento del reconocimiento, preceptúa que “cuando
por extinción o pérdida del derecho, faltare alguno de los beneficiarios del
respectivo orden, la cuota parte de su pensión, acrecerá en forma proporcional
a la de los demás.”
Adicionalmente, en oportunidades
anteriores, la Corte ha impartido este tipo de órdenes. En la sentencia T-894
de 2010,[88]
la Sala Sexta de Revisión estudió el caso de una persona que solicitaba
mediante tutela el acrecimiento del derecho a la
pensión de sobrevivientes que le fuere reconocida por la muerte de su hijo el
Cabo Segundo de Infantería de Marina de la Armada Nacional, en proporción del
50% para cada uno de los padres, por considerarse con derecho, en razón a que
su cónyuge falleció y era beneficiario del otro 50% de la pensión. La entidad
accionada negó lo solicitado argumentando que la figura del acrecimiento de la
cuota pensional, solo procedía entre el cónyuge y los hijos del causante, más
no entre los padres del mismo.
La Sala estimó que la decisión del ente
accionado de negar el aumento de la pensión de sustitución y ordenar por esta
vía la extinción de la porción que le correspondía a su fallecido cónyuge,
vulneraba sus derechos fundamentales y desconocía el principio de legalidad y
favorabilidad, por cuanto se trataba de una prerrogativa previamente
contemplada en el ordenamiento jurídico. Con fundamento en lo expuesto, ordenó
el reajuste de la sustitución pensional reconocida a la accionante, disponiendo
en su favor el acrecimiento de la mesada pensional.
4.3.4. Con fundamento en lo expuesto, se
revocará la sentencia proferida en única instancia por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Pasto, el doce (12) de septiembre de dos mil
catorce (2014) que declaró improcedente el amparo invocado. En su lugar, se
protegerán los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y
seguridad social del señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano.
En virtud de lo anterior, la Sala le
ordenará a la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño reconocer el cien por
ciento (100%) del derecho a la sustitución pensional del señor Luis Edmundo
Rodríguez Burbano en calidad de hijo inválido dependiente del causante, el
señor Luis Rodríguez Zarama.
La referida entidad territorial deberá
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia,
expedir el acto administrativo a través del cual se le reconozca al señor Luis
Edmundo Rodríguez Burbano su derecho a la sustitución pensional.
4.4. La Alcaldía Municipal de El Tambo,
Nariño no podrá condicionar su inclusión en nómina y posterior pago a la
designación de un curador definitivo
Con base en las consideraciones
precedentes, está claro que el accionante tiene derecho a la pensión de
sobrevivientes, surge la siguiente pregunta: ¿puede la Alcaldía Municipal de El
Tambo condicionar la inclusión en nómina y posterior pago de la pensión a la
designación de un curador definitivo?
4.4.1. Para la
Sala, la exigencia relativa a la designación de un curador cuando se pretende
la respectiva inclusión en nómina y pago de la prestación pensional a favor de
quién padece una discapacidad mental absoluta, persigue fines
constitucionalmente plausibles encaminados, entre otras cosas, a asegurar que
los recursos causados a favor de los hijos inválidos se destinen a la finalidad
de protección para la cual se previó la pensión de sobrevivientes y por esta
vía se resguarde el patrimonio y en general los bienes de quienes no están en
capacidad de disponer de ellos directa y autónomamente. Se trata además de un
presupuesto expresamente contemplado en el ordenamiento jurídico que en todo
caso busca la protección integral de los derechos de estas personas, con lo
cual se descarta que su exigencia obedezca a un mero capricho.
A propósito de lo anterior, en la sentencia
T-855 de 2006[89]
se sostuvo lo siguiente: “Precisamente con miras a velar por los intereses
de las personas incapaces, el legislador creo las guardas, dentro de las cuales
se encuentran las tutelas y las curadurías, que consisten en cargos impuestos a
ciertas personas a favor de aquellas que, según la ley, no pueden dirigirse a
sí mismas o administrar sus negocios (art. 428 C.C.).” Agrega: “Las
incapacidades se han instituido con el objeto de proteger los intereses de
ciertas personas que por una u otra razón no tienen el total discernimiento o
carecen de la experiencia necesaria para poder expresar su voluntad, adquirir
derechos y obligarse con la claridad suficiente y por tal motivo están
inhabilitados para celebrar actos jurídicos.”
Atendiendo la importancia de esta figura,
la jurisprudencia de esta Corporación, conforme se indicó en líneas anteriores,
ha avalado la entrega de prestaciones pensionales generadas en beneficio de
quienes padecen alguna discapacidad mental absoluta a quienes han sido
designados como curadores provisionales en aras de no prolongar las menguadas
condiciones de vida a las que pueden estar enfrentándose los interesados y con
la finalidad única de garantizar su derecho fundamental a la seguridad social.
4.4.2. En el caso concreto, obra en el expediente
copia del auto del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014) proferido
por el Juzgado Sexto de Familia del Circuito Judicial de Pasto, a partir del
cual debido a las condiciones mentales del señor Rodríguez
Burbano y con fundamento en la valoración médica emitida por la psiquiatra
Rosemary Vallejo Suarez, se designó como guardador provisional al señor Claudio
Andrés Rúales Rodríguez, quien tomó posesión de dicho cargo el veintidós (22)
de abril de dicha anualidad. En la misma decisión, se declaró la interdicción
provisoria del agenciado.[90]
Adicionalmente, durante el término de
traslado de la acción de tutela, el Juzgado Sexto de Familia del Circuito
Judicial de Pasto, señaló que “hasta el momento y desde el diecisiete (17)
de marzo de 2014, el señor Claudio Andrés Rúales Rodríguez, ostenta la calidad
de guardador provisional del presunto interdicto.”[91]
En este sentido, contrario a lo indicado
por la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño según la cual “respecto a las
peticiones hechas por el señor Claudio Andrés Rúales en su calidad de agente
oficioso del señor Luis Edmundo Rodríguez, la administración no ha realizado un
estudio concienzudo y legal de ello, en razón en que el señor Rúales no ha
acreditado su condición de curador”[92]
sí existen elementos de juicio suficientes que dan cuenta de esta
situación.
Por ende, siguiendo la línea
jurisprudencial mencionada en el acápite número 4 de esta providencia, en particular
el precedente fijado en la sentencia T-471 de 2014,[93] una vez
expedido el acto administrativo que reconoce la sustitución pensional al señor
Luis Edmundo Rodríguez Burbano, la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño no
podrá supeditar su inclusión en nómina y posterior entrega a la sentencia
definitiva de interdicción y nombramiento de curador, pues a la fecha se cuenta
con un guardador provisional legitimado y facultado para representar los
intereses del señor Rodríguez Burbano y en consecuencia reclamar el dinero producto
de la prestación solicitada.
No existe justificación constitucionalmente
válida para continuar dilatando el reconocimiento y posterior entrega de la
sustitución pensional, máxime cuando está de por medio la garantía fundamental
al mínimo vital del agenciado. No puede olvidarse que se trata de una persona
que desde los treinta y tres (33) años de edad padece una enfermedad mental
crónica, situación que le ha impedido valerse por sí mismo y obtener los
ingresos autónomos para satisfacer sus necesidades básicas incluidos los
medicamentos y servicios para tratar su enfermedad. Tampoco puede pasarse por
alto que mientras sus padres vivieron, siempre estuvo sometido a su ayuda y
dependencia económica, razón por la cual en la actualidad se encuentra inmerso en
una situación evidente de desprotección y precariedad habida cuenta que especialmente
desde el fallecimiento de su madre hasta la fecha, los medios económicos para
vivir han estado ausentes.[94]
Como lo indica el señor Claudio Andrés Rúales, “el señor Luis Rodríguez se
encuentra atravesando graves crisis y necesidades, ya que no posee solvencia
económica para subsistir.”[95]
Bajo esta premisa, no se puede esperar que
el señor Luis Edmundo se encuentre en situación de total indigencia y sin
recurso alguno, para que pueda acceder al derecho prestacional del que es
titular, más aún cuando se trata de un sujeto de especial protección
constitucional que depende de aquella prestación para garantizar su
subsistencia en condiciones de dignidad. Por esta razón, una actuación que no consulte los postulados expuestos, resulta contraria
a los fines esenciales del Estado social de derecho y al principio
constitucional de solidaridad. Pero sobretodo se erige en una clara afectación
al mínimo vital y a la seguridad social.
4.4.3. Con fundamento en lo expuesto, y
atendiendo las órdenes previamente impartidas, una vez proferido el acto administrativo
que le reconoce el derecho a la sustitución pensional al señor Luis Edmundo
Rodríguez Burbano, la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño, deberá dentro de
los diez (10) días calendario siguientes, incluir en nómina dicha prestación y
proceder al pago de las mesadas pensionales a quien actualmente ostenta la
guarda provisional. En todo caso, se dejará pendiente el desembolso del retroactivo
pensional a que hubiere lugar hasta cuando se presente la sentencia definitiva
en el proceso de interdicción y se tome posesión del cargo por parte del
curador o se acompañe copia del registro civil con dicha anotación.
Una vez proferida la sentencia de
interdicción en la que se designe definitivamente la persona para ejercer la
guarda del señor Luis Edmundo Rodríguez, el señor Claudio Andrés Rúales
Rodríguez en su condición de agente oficioso deberá remitir copia de la misma,
a la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño.
Así
mismo, la presente decisión será comunicada al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – Regional Nariño- para que, por intermedio del Defensor de
Familia, preste la asistencia personal y jurídica que el señor Luis Edmundo Rodríguez
Burbano requiera.[96]
5. En relación con la valoración
siquiátrica solicitada en el proceso civil de interdicción se presenta un hecho
superado.
5.1. El
Juzgado Sexto de Familia del Circuito Judicial de Pasto, informó durante el
término de traslado que en cumplimiento a la orden proferida mediante auto del siete
(7) de octubre de dos mil catorce (2014),[97]
la Fundación “Mis Derechos,” entidad adscrita a la lista de auxiliares de la
justicia, designó al Doctor Álvaro Chaves Cabrera, médico cirujano, especialista
en psiquiatría para que realizará valoración psiquiátrica en el domicilio del
señor Luis Edmundo Rodríguez. Con fundamento en lo anterior, el  (30) de
octubre de dos mil catorce (2014),[98]
se emitió dictamen pericial sobre el estado de salud mental del paciente, el
cual se encuentra en firme debido a que las partes no presentaron objeción
alguna al mismo. Expuso que una vez terminado el periodo probatorio y efectuada
la revisión de rigor, se procedería a dictar sentencia dentro del proceso civil
de interdicción y nombramiento de curador.
Bajo esta premisa, la Sala considera que se
ha presentado un hecho superado en relación con la posible vulneración del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, toda vez que la
pretensión invocada por el accionante en torno a la valoración médica de su
agenciado en su lugar de residencia se encuentra satisfecha.
La Corte ha entendido que cuando las
situaciones de hecho que amenazan o vulneran los derechos fundamentales de las
personas cesan o desaparecen durante el trámite de la tutela, esta acción, como
mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales, pierde su razón de
ser. Concretamente se ha dicho que cuando entre la interposición del amparo y
el momento del fallo se ha satisfecho por completo la pretensión contenida en
la demanda de tutela, se debe declarar la presencia de un hecho superado, lo
cual implica que cualquier orden que se imparta en la materia resulta inocua.
Sin embargo, la declaratoria de hecho
superado no le impide al juez pronunciarse de fondo sobre el asunto y exponer
las razones por las cuales se produjo un perjuicio en cabeza del accionante,
además de realizar las advertencias respectivas para indicar la garantía de no
repetición. Por esta razón, la Sala realizará unas consideraciones adicionales
sobre este específico aspecto.
5.2. El numeral 1 del
artículo 586 del Código General del Proceso[99]
establece que a la demanda de interdicción y rehabilitación presentada por una
persona con discapacidad mental absoluta debe acompañarse el certificado de un
médico psiquiatra o neurólogo que dé cuenta del estado del presunto interdicto.[100]
Con fundamento en esta disposición, la Sala
no cuestiona en modo alguno la exigencia planteada por el Juzgado Sexto de
Familia del Circuito de Pasto pues se trata de un requisito que el legislador
estimó conveniente a efectos de certificar el estado mental de quien acude a la
justicia justamente en aras de obtener de ella una protección integral y
efectiva de sus derechos habida cuenta de su natural indefensión.
Sin embargo, lo que resulta reprochable en
punto de la garantía del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia es circunscribir la práctica del examen médico a las facultades de una
sola institución, aun cuando la norma no ofrece tarifa legal alguna en ese
sentido. Una interpretación integral de la citada disposición, permite concluir
que tan solo se requiere la presentación de un certificado expedido por un
médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto. Es decir
que la única exigencia en estricto sentido es que quien suscriba dicho
documento sea un profesional en la medicina especializado en las áreas
referidas.
La misma autoridad judicial señala en su
escrito de respuesta a la acción de tutela que “Ley 1306 de 2009 por la cual
se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se
establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados, nada
dice con respecto a qué entidad debe realizar el peritaje completo y técnico de
la persona a quien se pretende declarar la interdicción.”[101] Aclara
que a su criterio, se decreta la práctica de la valoración por dos (2) peritos
médicos neurológicos y/o psiquiátricos de medicina legal por ser una entidad
del orden nacional, “la más idónea y calificada para el Despacho para emitir
un concepto imparcial y de acuerdo a los parámetros”.[102] Es decir la
designación de funcionarios adscritos al Instituto de Medicina Legal obedece a
una decisión discrecional del Juzgado y no al cumplimiento estricto de una
normativa que así lo establezca.
Aunado a lo anterior, resulta contrario a
los postulados constitucionales que propugnan por la protección reforzada de
las personas en condiciones de debilidad manifiesta, exigirle a quien padece
una enfermedad crónica severa de la cual constantemente se derivan episodios de
resistencia, violencia y agresividad, trasladarse hacia otro lugar distinto al
de su residencia, aun cuando ello puede poner en riesgo su integridad personal
y alterar o incluso empeorar sus condiciones de vida actual. Los elementos
probatorios que reposan en el expediente, dan cuenta cierta de esta
imposibilidad física[103]
e incluso económica ante la precariedad actual del señor Rodríguez. [104]
Finalmente, no puede perderse de vista que
en las actuaciones judiciales debe prevalecer el derecho sustancial por encima
del derecho formal. Por disposición del artículo 228 Superior,[105] las formas no deben convertirse en un obstáculo para
la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su
realización. Es decir, que las normas procesales son  un medio para lograr
la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas.
5.3.
Adicionalmente, la Sala estima pertinente advertirle al
Juzgado Sexto de Familia del Circuito Judicial de Pasto, que en ocasiones
futuras, no podrá trasladar a los ciudadanos interesados en el asunto, la carga
de lograr la prosperidad de una prueba como la valoración médica de una persona
esquizofrénica, decretada de oficio, pues ello hace parte de sus competencias constitucionales
y legales.
5.4. En relación con la respuesta dada por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Dirección Seccional
Nariño, la Sala concluye que esta se ajusta a la normatividad que define las
funciones y competencias de esta entidad comoquiera que (i) conforme el
artículo 31[106]
de la Ley 270 de 1996[107]
y los artículos 35[108]
y 36[109]
de la Ley 938 de 2004,[110]
la función central de la entidad corresponde en prestar el auxilio y el soporte
científico y técnico que requiera la administración de justicia en todo el
territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias
forenses, actividades que fueron debidamente desplegadas en esta oportunidad, toda
vez que en atención a la orden impartida por el Juzgado Sexto de Familia del
Circuito Judicial de Pasto, la entidad procedió de manera inmediata a designar
una cita de valoración para el señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano. Situación
diferente es que el paciente no haya acudido a la misma, por las razones médicas
previamente anunciadas y acreditadas; (ii) siguiendo los protocolos
institucionales de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense que
obran como prueba dentro del expediente y a los cuales debe ceñirse la
actuación del instituto, no es posible autorizar el desplazamiento de sus
funcionarios para desarrollar valoraciones médicas domiciliarias, pues ello
solo ocurre en situaciones excepcionales que en el caso concreto no se
verifican.[111]
De ahí, la negativa impartida por la entidad en tal sentido y, (iii) ya se
indicó que el Instituto Nacional de Medicina Legal no es la única entidad
facultada para emitir el certificado médico que dé cuenta del estado del
interdicto, de manera que con su actuación no se está obstaculizando
tajantemente el acceso del agenciado a la administración de justicia,
considerando las alternativas previamente enunciadas para su goce efectivo.
Sin embargo, debe precisarse que habrá
ocasiones en las cuales la valoración psiquiátrica a la que se hizo mención en
líneas anteriores solo pueda ser realizada por parte de los funcionarios
adscritos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en tanto puede
suceder que no se cuente con medios alternos para tal fin. Cuando ello ocurra,
la entidad deberá valorar las circunstancias particulares del solicitante y
adoptar las medidas pertinentes para proceder a la práctica del examen médico
sin dilación alguna y sin obstáculos de tipo formal que impidan la prestación
del servicio a su cargo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida en única instancia por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Pasto, el doce (12) de septiembre de dos mil catorce
(2014) que declaró improcedente el amparo invocado. En su lugar, AMPARAR
los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y seguridad social
del señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano.
Segundo.- ORDENAR a la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño que en el término de
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, expida a favor
del señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano, el acto administrativo en el que le reconozca
el 100% de la sustitución pensional, conforme a lo indicado en esta
providencia.
Tercero.- ORDENAR
a la Alcaldía Municipal de El Tambo, Nariño que
una vez expedido el acto administrativo de reconocimiento del derecho a la sustitución pensional a
favor del señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano, deberá dentro de los diez (10)
días calendario siguientes a la ejecutoria del acto, incluirlo en nómina y
proceder al pago de las mesadas pensionales a quien actualmente ostenta la
guarda provisional del agenciado, el señor Claudio Andrés Rúales Rodríguez. En
todo caso, se dejará pendiente el desembolso del retroactivo pensional a que
hubiere lugar hasta cuando se presente la sentencia definitiva en el proceso de
interdicción y tome posesión del cargo por parte del curador o se acompañe
copia del registro civil con dicha anotación.
Cuarto.- ADVERTIR al señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano para que por conducto de su
agente oficioso, el señor Claudio Andrés Rúales Rodríguez, una vez proferida la
sentencia de interdicción en la que conste la persona designada definitivamente
para ejercer su guarda, remita copia de la misma a la Alcaldía Municipal de El
Tambo, Nariño.
Quinto.- DECLARAR  la carencia actual de objeto por
hecho superado en relación con la pretensión relativa a la realización de una
valoración médico psiquiátrica en el domicilio del señor Luis Edmundo Rodríguez
Burbano, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Sexto.-
INFORMAR la presente decisión al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Nariño- para que en virtud del
artículo 18 de la Ley 1306 de 2009, y por intermedio del Defensor de Familia,
preste la asistencia personal y jurídica que el señor Luis Edmundo Rodríguez
Burbano requiera.
Séptimo.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, y cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Obra en el expediente copia de la cédula de ciudadanía del señor
Luis Edmundo Rodríguez Burbano donde consta que nació el nueve (9) de febrero
de mil novecientos cuarenta y ocho (1948) (Folio 36 del cuaderno de Revisión)
(En adelante, cuando se cite un folio, debe entenderse que hace parte del
cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa).
[2] Obran en el expediente certificados de fecha doce (12) de octubre
de dos mil trece (2013) y diez (10) de junio de dos mil catorce (2014) expedido
por la médico psiquiatra Rosemary Vallejo Suárez mediante los cuales indica
que: “el paciente en mención padece de enfermedad mental crónica manifiesta
desde los 33 años de edad aproximadamente. Requirió varias hospitalizaciones en
el Hospital San Rafael. En la actualidad persiste con síntomas psicóticos
residuales, dados por (hipobulia, aislamiento social, soliloquios, risas
inmotivadas, anhedonia, lenguaje incoherente), no realiza ninguna actividad
regular; depende afectiva y económicamente de los familiares. Requiere
tratamiento farmacológico permanente. Sin embargo por la nula conciencia de
enfermedad de Don  Edmundo, rechaza todo tratamiento y asistir a controles.
Teniendo en cuenta lo anterior, certifico que el paciente en mención padece de
esquizofrenia residual, es totalmente dependiente de sus familiares por su
discapacidad mental, por lo tanto, no está en condiciones de hacer ningún
trámite de tipo legal, transacciones económicas, negocios, etc.” (Folios 20, 21
y 86).
[3] Folios 15 al 17.
[4] Folio 40 del cuaderno de Revisión.
[5] Folio 43 del cuaderno de Revisión.
[6] “Por la cual se
transforma en vitalicias las pensiones de las viudas.”
[7] “Por el cual se reglamenta la ley 33 de 1973.”
[8] Obra en el expediente copia del Registro Civil de Defunción de la
señora Julia Burbano de Rodríguez (folio 12).
[9] Folios 18 y 19.
[10] Mediante certificado del diez (10) de junio de dos mil catorce
(2014) emitido por el Subgerente Científico del Centro Hospital San Luis
Empresa Social del Estado de El Tambo, Nariño se puso de presente que en dicho
centro de salud no se presta atención de psiquiatría ni neurología por ser una
institución de salud de primer nivel de atención (folio 22).
[11] Obra en el expediente copia del carné de afiliación del señor Luis
Edmundo Rodríguez Burbano a la EPS Asmet Salud del régimen subsidiado nivel 2
desde el 01/10/2001 (folio 8).
[12] Mediante providencia del cinco (5) de marzo de dos mil trece
(2013), el Juzgado Promiscuo Municipal de El Tambo, Nariño tuteló los derechos
fundamentales de petición, salud, vida digna, mínimo vital y acceso a la
administración de justicia del señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano. En
consecuencia le ordenó a la EPS Asmet Salud, que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del fallo, iniciara los trámites
médico-científicos y administrativos que fueren pertinentes y necesarios a fin
de lograr la expedición del certificado médico psiquiatra en el que se
efectuara la valoración de las condiciones mentales del agenciado. En virtud
del fallo proferido, la Doctora Rosemary Vallejo Suárez, médica psiquiatra, fue
contratada por la EPS Asmet Salud para realizar la valoración domiciliaria al paciente
y se fijó como fecha para ello el doce (12) de octubre de dos mil trece (2013)
(folios 28 al 37).
[13] Folio 39 y folios 171 al 175.
[14] Mediante oficio del treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece
(2013), el Centro Hospital San Luis Empresa Social del Estado de El Tambo,
Nariño informó que: “el 31 de mayo de 2013, funcionarios del Centro Hospital
San Luis ESE del municipio de El Tambo, Nariño, se hicieron presentes en la
residencia del Sr. Luis Rodríguez, paciente psiquiátrico, usuario de Asmet Salud
EPS, con el objeto de brindarle apoyo para su traslado a atención especializada
en la ciudad de Pasto. Dadas las condiciones de salud del paciente y su
negativa y dificultad para ser trasladado, el desplazamiento del mencionado
paciente a la ciudad de Pasto en un vehículo del Centro Hospital San Luis ESE
no se pudo realizar” (folio 38).
[15] Folios 43 y 44.
[16] Mediante respuesta del diez (10) de junio de dos mil catorce (2014)
el Director Seccional Nariño del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses expresó lo siguiente: “Por medio del presente se da respuesta
a su requerimiento el cual fue radicado en esta unidad básica el día 27 de mayo
del 2014. Analizando la situación no es posible en este caso en particular
realizar una valoración en el domicilio del usuario, no hace parte de los
servicios prestados a la comunidad acudir al lugar donde viven las personas,
genera un riesgo para el funcionario en su integridad personal, puede ocasionar
malas interpretaciones en el actuar del instituto y altera el normal desarrollo
de la actividad pericial forense, solo contamos con un psiquiatra y su salida
fuera de la unidad causa la cancelación de citas de otros usuarios y la nueva
reasignación con una oportunidad que en el momento está a más de 60 días. Encuentro
que el problema para el desplazamiento del usuario hasta el instituto radica en
su negativa y su actitud agresiva y violenta, lo cual también indica que lo más
probable es que no esté recibiendo el manejo médico ni los medicamentos de
forma adecuada, por tal razón se sugiere que reciba atención médica por el
servicio de urgencias psiquiátricas, para que se inicie una terapéutica
ordenada por un especialista, lo que llevará a que se estabilice su cuadro
patológico psiquiátrico y de esta forma acuda normalmente a la cita que se le
programe dentro de las instalaciones del instituto” (folio 45).
[17] Folios 160 al 165.
[18] Luz Mary Rincón Romero.
[19] Folios 53 al 81.
[20] Debe advertirse que inicialmente durante el trámite de la acción de
tutela, se ordenó por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto la
vinculación oficiosa del Juzgado Sexto de Familia del Circuito Judicial de
Pasto. Sin embargo, al adoptarse una decisión de fondo en la materia mediante
providencia del doce (12) de septiembre de dos mil catorce (2014) se ordenó su
desvinculación por considerar que con su actuación no se habían vulnerado los
derechos fundamentales del accionante. El Despacho mediante auto del
veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015) ordenó nuevamente su vinculación
al proceso tras considerar que dicha autoridad judicial tenía interés legítimo
en los resultados del mismo.
[21] German Eduardo Pérez Sepúlveda.
[22] “Por la cual se dictan normas para la
Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la
Representación Legal de Incapaces Emancipados.”
[23] Folios 166 al 190.
[24] Folios 47 al 51.
[25] Folio 52.
[26] Folios 123 al 151.
[27] Folios 152 al 159.
[28] Folio 238.
[29] Jorge Abraham Arteaga Arcos.
[30] Folios 38 al 46 del cuaderno de Revisión.
[31] German Eduardo Pérez Sepulveda.
[32] Folio 27 del cuaderno de Revisión.
[33] Folios 29 al 31 del cuaderno de Revisión.
[34] Folios 22 al 35 del cuaderno de Revisión.
[35] Wilman Arbey Moncayo Arcos.
[36] Folios 18 al 21 del cuaderno de Revisión.
[37] Constitución Política, artículo
86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…).”
[38] "Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política."
[39] Folio 1. En la sentencia T-471 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez) se admitió la actuación como agente oficioso de un familiar de la
persona en cuyo favor se solicitaba el amparo. Sobre este aspecto, la Sala
Tercera de Revisión sostuvo lo siguiente: “Al respecto, como lo ha hecho en
otras oportunidades, la Sala reitera que los deberes de la familia de las
personas con este tipo de discapacidad mental no se limitan al cuidado físico,
sino que también incluyen la obligación de agenciar correctamente sus intereses,
lo que implica el compromiso de adelantar los trámites administrativos o
judiciales necesarios para garantizar la debida representación y protección de
sus derechos, como lo es, en este caso, a través de la iniciación del proceso
de interdicción judicial.” Dicha providencia será analizada con posterioridad.
[40] Folios 41, 172 y 174.
[41] Obra en el expediente auto del diecisiete (17) de marzo de dos mil
catorce (2014) proferido por el Juzgado Sexto de Familia del Circuito Judicial
de Pasto, por medio del cual, atendiendo las condiciones de salud mental del
señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano y con fundamento en la valoración médica
emitida por la psiquiatra Rosemary Vallejo Suarez, fue declarado interdicto
provisorio hasta tanto se profiriera sentencia definitiva en la materia que
definiera su situación de interdicción y designará un curador permanente
(folios 41, 172 y 174).
[42] Folio 21 y 172.
[43] "Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política."
[44] “Por la cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política.”
[45] De conformidad con el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 “Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de
la Constitución Política,” la
acción de tutela será improcedente en aquellos casos en que existan otros
medios de defensa judicial al alcance del accionante. Ello significa que
existiendo tales medios, corresponde al actor agotarlos, antes de acudir a la
vía constitucional; a esto se refiere el carácter subsidiario de la acción de
tutela. Ahora bien, la idoneidad y eficacia del medio
judicial ordinario debe ser analizada en cada caso concreto y respecto de los
derechos fundamentales cuya protección se reclama. Esta afirmación está
respaldada en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en el que se establece
que la existencia de otro medio de defensa judicial “será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.”
[46] Folios 13 y 14.
[47] Sentencia T-471 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez). Será
explicada más adelante.
[48] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[49] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[50] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[51] El artículo 22 del Decreto 019 de 2012, “Por el cual se dictan
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública”
establece que: “En todos los casos, la fe de vida (supervivencia) de los
connacionales fuera del país, se probará ante las entidades que forman parte
del Sistema General de Seguridad Social Integral, cada seis (6) meses. // Se
podrá acreditar mediante documento expedido por parte de la autoridad pública
del lugar sede donde se encuentre el connacional en el que se evidencie la
supervivencia. Los trámites de apostillaje se podrán realizar ante el consulado
de la respectiva jurisdicción, a través de medios electrónicos o correo postal,
conforme a lo establecido en el presente Decreto y en el reglamento que expida
el Gobierno Nacional. // Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el
presente artículo, los connacionales se deberán presentar una vez al año al
consulado de la respectiva jurisdicción donde residan para acreditar su
supervivencia. El certificado de fe de vida (supervivencia) el cual se presume
auténtico, se remitirá por parte de las autoridades consulares a través de
medios electrónicos, a la entidad del Sistema General de Seguridad Social
Integral que indique el ciudadano.”
[52] Ley 1306 de 2009, “Por la cual se
dictan normas para la protección de las personas con discapacidad mental y se
establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados”, artículo
17. “El sujeto con discapacidad mental absoluta: Se consideran con discapacidad mental absoluta
quienes sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de
comportamiento o de deterioro mental. La
calificación de la discapacidad se hará siguiendo los parámetros científicos
adoptados por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación y
utilizando una nomenclatura internacionalmente aceptada.”
[53] El artículo 5 de la Ley 1306 de 2009 dispone: “Obligaciones
respecto de las personas con discapacidad: Son obligaciones de la sociedad
y del Estado colombiano en relación con las personas con discapacidad mental:
(…) 3. Proteger especialmente a las personas con discapacidad
mental.”
[54] El numeral 7° del artículo 659 del Código de
Procedimiento Civil, el cual corresponde ahora al numeral 6° del artículo 586
del Código General del Proceso, establece lo siguiente: “6. En el curso de la
primera instancia se podrá decretar la interdicción provisoria del
discapacitado mental absoluto, de conformidad con lo dispuesto en la ley,
teniendo en cuenta el certificado médico acompañado a la demanda. En el auto
que decrete esta medida se designará el curador provisorio.”
[55] MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[56] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SVP Humberto Antonio Sierra
Porto.
[57] En el mismo sentido, en la sentencia T-645 de 2008 (MP Jaime
Córdoba Triviño), la Sala Tercera de Revisión fue más allá en la protección de
los derechos de las personas con discapacidad mental absoluta, y dispuso que
mientras se adelantarán las diligencias judiciales de interdicción y designación
de guardador provisional, el Instituto de Seguros Sociales debía proceder al
reconocimiento e inclusión en nómina de la pensión de sobrevivientes causada en
beneficio de quien padecía un retraso mental severo y tenía una condición de
dependencia con el causante.
[58] T-471 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez). Ya fue analizada
en líneas anteriores.
[59] Folio 19.
[60] Folio 18.
[61] “Por la cual se
transforma en vitalicias las pensiones de las viudas.”
[62] “Por el cual se reglamenta la ley 33 de 1973.”
[63] Véase la sentencia T-471 de 2014 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez). En esta ocasión, la Sala Tercera de Revisión
concedió el amparo definitivo y ordenó reconocerle a la accionante la pensión
de sobrevivientes considerando que (i) se trataba de un sujeto de especial
protección constitucional; (ii) existía plena certeza de que la accionante
cumplía con los requisitos para acceder a la sustitución pensional; (iii) la
misma no había sido objeto de ningún tipo controversia por parte de alguna
persona que alegará su condición de beneficiaria; (iv) el no reconocimiento de
la prestación había causado una vulneración de los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la vida digna y, (v) el motivo por el cual Colpensiones había
negado la prestación no estaba relacionado con alguno de los requisitos para el
reconocimiento del derecho, si no con un requisito necesario para la inclusión
en nómina y el pago de las mesadas. Textualmente se ordenó lo siguiente: “ORDENAR a Colpensiones, por conducto de su representante legal o de
quien haga sus veces, que en el término de cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, proceda a expedir a favor de la señora
Karina Cañón Casas la resolución de reconocimiento del 50% de la pensión de
sobrevivientes en calidad de hija inválida del señor Ignacio Cañón, desde el
momento en que se interrumpió o suspendió su pago, sin perjuicio de la
prescripción establecida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.”
[64] “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones.” La referida normativa entró a regir el
primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
[65] “Por la cual se
transforma en vitalicias las pensiones de las viudas.”
[66] “Por el cual se reglamenta la ley 33 de 1973.”
[67] “Por el cual se aprueba el acuerdo No. 049 de febrero 1 de 1990
del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios.”
[68] Artículo 27. Beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los siguientes derecho
habientes: “2. Los hijos legítimos, naturales y adoptivos menores de 18 años,
los inválidos de cualquier edad, los incapacitados por razón de sus estudios,
siempre que dependan económicamente del asegurado y mientras subsistan las
condiciones de minoría de edad, invalidez y los estudiantes aprueben el
respectivo período escolar y no cambien o inicien nueva carrera o profesión por
razones distintas de salud.”
[69] Artículo 28. Cuantías de
las pensiones de sobrevivientes por riesgo común. “1. El cónyuge sobreviviente
o compañero o compañera permanente del causante, tendrá derecho a recibir en
concurrencia con los hijos menores, inválidos de cualquier edad y estudiantes
de 18 o más años de edad, el 50% de la pensión, correspondiéndoles a estos
beneficiarios el otro 50% que se distribuirá en forma proporcional entre
ellos.”
[70] Obra en el expediente registro civil de nacimiento del señor Luis
Edmundo Rodríguez Burbano, en el cual consta que nació el nueve (9) de febrero
de mil novecientos cuarenta y ocho (1948), producto de la relación entre Julia
Burbano de Rodríguez y Luis Rodríguez Zarama (folios 10 y 11.
[71] Folio 43 del cuaderno de Revisión.
[72] Folios 13 y 14.
[73] Folios 20, 21 y 86.
[74] Folios 30 y 31 del cuaderno de Revisión.
[75] Folios 1 al 3, folios 20 y 21 y folios 15 y 172.
[76] Folios 20, 21 y 86.
[77] Álvaro Chaves Cabrera.
[78] Folio 30 del cuaderno de Revisión.
[79] Folio 31 del cuaderno de Revisión.
[80] Obra dictamen pericial de fecha treinta (30) de octubre de dos mil
catorce (2014) suscrito por el médico psiquiatra, Álvaro Chaves Cabrera quien
señaló que se trata de un paciente “con antecedente de varias hospitalizaciones
en Hospital Mental San Rafael de la ciudad de Pasto. La primera hospitalización
la realiza el 15 de octubre de 1979” (folio 29 del cuaderno de Revisión).
[81] Dictamen pericial emitido por el Doctor Álvaro Chaves Cabrera
(folio 31 del cuaderno de Revisión).
[82] El artículo 2 del Decreto 690 de 1974, “Por el cual se
reglamenta la ley 33 de 1973” establece que  “concurrirán con la viuda, con
derecho al 50 por ciento del valor de la pensión, los hijos legítimos y
naturales del causante menores de veintiún años y los incapacitados para
trabajar por razón de sus estudios o de invalidez. La participación de los
hijos legítimos y naturales es igualitaria.” Por su parte, el artículo 28 del
Decreto 758 de 1990, “Por el cual se aprueba el acuerdo No. 049 de febrero 1
de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios” establece
que “el cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente del causante,
tendrá derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores, inválidos de
cualquier edad y estudiantes de 18 o más años de edad, el 50% de la pensión,
correspondiéndoles a estos beneficiarios el otro 50% que se distribuirá en
forma proporcional entre ellos.”
[83] En diversas oportunidades esta Corporación
ha establecido que los derechos pensionales son imprescriptibles, lo cual
implica que los mismos pueden reclamarse en cualquier tiempo, siempre que se
llenen los requisitos legales establecidos. El carácter imprescriptible de los
derechos pensionales se deriva de la protección de los derechos adquiridos, la
irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social (art. 48 CP), y los
mandatos de protección especial y solidaria hacia los sujetos en circunstancias
de debilidad manifiesta (art. 13 CP). El derecho a determinada pensión nace
cuando una persona cumple los presupuestos legales vigentes al momento de
causarse el mismo, y ese derecho es irrenunciable. Un beneficiario puede
abstenerse de reclamar el pago efectivo de las mesadas, pero no despojarse de
la titularidad del derecho, ni de la facultad de reclamar en el futuro el pago
periódico de su prestación. La imprescriptibilidad del derecho a la seguridad
social se refuerza en la dimensión de derecho fundamental que adopta cuando,
por ejemplo, está orientada a garantizar el mínimo vital de personas en
situación de debilidad manifiesta, que dependían en gran medida de los aportes
del causante para satisfacer las necesidades más básicas de vida, como la
alimentación, el vestido y la vivienda. En estos casos el derecho a la
seguridad social adquiere dimensiones de derecho fundamental, y la garantía de
imprescriptibilidad se hace un tanto más importante, precisamente porque se
constituye en un presupuesto para el goce efectivo de otros bienes superiores,
como la vida y la dignidad humana. El carácter imprescriptible del derecho a la
seguridad social se extiende, por supuesto, a la pensión de sobrevivientes.
Diversas salas de revisión de la Corte Constitucional han reiterado esa
postura, señalando, por tanto, que los beneficiarios pueden reclamar el pago de
las mesadas derivadas de esa prestación en cualquier tiempo. En la sentencia
T-427 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), la Sala Tercera de Revisión reiteró
la jurisprudencia relativa a la imprescriptibilidad de la pensión de
sobrevivientes como una consecuencia del carácter irrenunciable del derecho a
la seguridad social, y concluyó que “una persona que cumple con los
requisitos establecidos por la ley para ser beneficiario de una pensión de
sobreviviente o sustitutiva, no pierde el derecho a favorecerse de la pensión
por no haberla reclamado en el momento en el que se causó la prestación.”
[84] Al respecto sostuvo: “El señor Luis Edmundo Rodríguez ostenta la
calidad de hijo dependiente de la señora Julia Burbano de Rodríguez (q.e.p.d)
por ser persona discapacitada mentalmente y que se encontraba bajo el cuidado y
manutención de su madre fallecida” (folio 1).
[85] Folios 30, 31 y 61 del cuaderno de Revisión.
[86] “Por la cual se
transforma en vitalicias las pensiones de las viudas.”
[87] “Por el cual se aprueba el acuerdo No. 049 de febrero 1 de 1990
del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios.”
[88] MP Nilson Pinilla Pinilla; SVP Humberto Antonio Sierra Porto.
[89] MP Álvaro Tafur Galvis. En esta
oportunidad, la Sala Octava de Revisión consideró que la Resolución que le
negaba a la accionante su derecho a la sustitución pensional por cuanto de la
copia simple del dictamen de invalidez emitido por la Junta Regional se infería
la necesidad de someter a esta última a un proceso de interdicción judicial por
causa de demencia, violaba sus derechos fundamentales a la seguridad social, a
la vida digna y al debido proceso toda vez que (i) la acción de tutela era el
único instrumento eficaz para restablecer los derechos vulnerados habida cuenta
de su alto grado de vulnerabilidad y, (ii) la capacidad legal se predicaba de
todas las personas mayores de edad, excepto de las personas sometidas a
interdicción por causa de deficiencia que comportará incapacidad de
discernimiento o sordomudez, acompañada de la imposibilidad de hacerse
entender, circunstancias que no resultaban aplicables en el caso concreto. Con
fundamento en lo expuesto se concedió el amparo y se ordenó el reconocimiento
de la prestación solicitada.
[90] Folios 41, 172 y 174.
[91] Folio 25 del cuaderno de Revisión.
[92] Folio 41 del cuaderno de Revisión.
[93] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[94] Obra oficio emitido por el Equipo Interdisciplinario de la
Comisaría de Familia de El Tambo, Nariño del siete (7) de julio de dos mil
nueve (2009) suscrito por la psicóloga y la trabajadora social en el que se
indica que la señora Julia Burbano de Rodríguez, madre del paciente, es quien
asumía los gastos y requerimientos tanto del tratamiento de su hijo como de su
sustento diario (folio 13).
[95] Folio 2.
[96] El artículo 18 de la Ley 1306 de 2009 preceptúa: “Corresponde al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de Familia, prestar asistencia
personal y jurídica a los sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier
edad, de oficio o por denuncia que cualquier persona haga ante la Entidad. El funcionario del ICBF o cualquier otro ciudadano que reciba noticia o
denuncia sobre alguna persona con discapacidad mental absoluta que requiera
asistencia, deberá informar inmediatamente al Defensor de Familia, a efectos de
que este proceda a tomar las medidas administrativas de restablecimiento de
derechos o a interponer las acciones judiciales pertinentes. Parágrafo. Las normas sobre vulneración de los derechos, procedimientos
y medidas de restablecimiento de los derechos contenidas en el Código de la
Infancia y la Adolescencia, serán aplicables a las personas con discapacidad
mental absoluta, en cuanto sea pertinente y adecuado a la situación de estas.”
[97] Folio 27 del cuaderno de Revisión.
[98] Folios 29 al 31 del cuaderno de Revisión.
[99] Ley 1564 de 2012.
[100] “Artículo 586. Interdicción y
Rehabilitación de la persona con discapacidad mental absoluta. Para la
interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta se observarán las
siguientes reglas: 1. A la demanda se acompañará un certificado de un médico
psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto.”
[101] Folio 169.
[102] Folio 169.
[103] Obra certificado del siete (7) de julio de
dos mil nueve (2009) emitido por el Equipo Interdisciplinario de la Comisaría
de Familia de El Tambo, Nariño mediante el cual precisa que el señor Luis
Edmundo Rodríguez Burbano, padece una enfermedad mental que demanda la atención
y el cuidado de otras personas con el fin de asegurar su bienestar (folio 13).
Así mismo obra certificado del once (11) de agosto de dos mil once (2011)
emitido por el Hospital San Luis E.S.E de El Tambo, Nariño mediante el cual
consta que el señor Luis Edmundo Rodríguez Burbano, padece enfermedad
psiquiátrica de tipo esquizofrenia y que teniendo en cuenta sus déficits,
discapacidades y minusvalías, tiene invalidez del 50.2% (folios 13 y 14).
También obra constancia emitida por el Centro Hospital San Luis de El Tambo,
Nariño del treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013), mediante el cual
certifican la imposibilidad del paciente para ser trasladado a valoración a la
ciudad de Pasto, dadas sus condiciones actuales, su negativa y dificultad para
desplazarse (folio 38). Finalmente mediante escrito del cuatro (4) de julio de
dos mil catorce (2014), la médico psiquiatra Rosemary Vallejo Suarez sostuvo lo
siguiente: “yo valoré de forma particular al paciente en mención, para lo cual,
debí desplazarme hasta El Tambo, donde reside el Sr. Luis Edmundo, ya que él es
negativo a salir de su municipio. Por lo anterior, considero que no es posible
su traslado para la valoración referida. Como lo anoté en mi concepto; el
paciente no acepta ningún medicamento. Si bien, para el día de la valoración se
encontraba tranquilo, el riesgo de presentar agitación psicomotora, auto o
heteroagresividad; es latente. Adicionalmente, por su deterioro cognitivo es muy
complicado lograr que colabore para su desplazamiento” (folio 52)
[104] Folios 2 y 3.
[105] Constitución Política, artículo 228. “La administración de justicia
es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo.”
[106] “Artículo 31. Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Adscrito a la Fiscalía General de la
Nación funciona el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
como una entidad de derecho público, dotada de personería jurídica, con
autonomía administrativa y patrimonial y organizado con el carácter de
establecimiento público de orden nacional. El instituto está encargado de
prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia
en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal y las
ciencias forenses, de organizar y dirigir el Sistema Único de Medicina Legal y
Ciencias Forenses y controlar su funcionamiento y de cumplir las demás
funciones que le atribuya la ley.”
[107] Estatutaria de la Administración de Justicia.
[108] “Artículo 35. La misión fundamental del Instituto es prestar
auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo
el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias
forenses.”
[109] “Artículo 36. En desarrollo de su misión, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene las siguientes funciones: “2. Prestar
los servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados por
los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás
autoridades competentes de todo el territorio nacional.”
[110] “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía
General de la Nación.”
[111] Conforme el Protocolo de Evaluación Básica en Psiquiatría y
Psicología Forenses, “dadas las condiciones específicas que se requieren para
realizar una valoración clínica en salud mental, se debe realizar en la sede de
un servicio forense o de salud. En aquellos casos en los cuales la persona por
examinar se encuentre hospitalizada y sus condiciones de salud no permitan el
desplazamiento, el perito se trasladará al respectivo centro hospitalario. No
se recomienda que se haga en el domicilio. Excepcionalmente, si la persona por
examinar está privada de la libertad y a juicio de la autoridad competente su
desplazamiento pone en riesgo la seguridad pública, el perito se trasladará al
centro de reclusión para efectuar este tipo de valoración, siempre y cuando se
disponga de un consultorio adecuado para la realización del examen y se
garantice la seguridad y el acompañamiento del perito por parte del personal de
custodia y vigilancia encargado. En estos casos el desplazamiento del perito a
la cárcel, debe ser coordinado por el jefe del respectivo servicio forense o de
salud, con la autoridad carcelaria correspondiente” (folios 77 y 78).