T-113-12
Sentencia T-972/10
Sentencia
T-113/12
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedibilidad
DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO/PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMAS-Reiteración de jurisprudencia
LEY 1395/10-A
partir de su entrada en vigencia las copias de  documentos privados se presumen
auténticas siempre que sean aportadas a un proceso judicial por la persona que
los haya manuscrito, firmado o elaborado y no provengan de un tercero
Se advierte que a partir de la
expedición de la Ley 1395 de 2010 tanto el original como la copia de los
documentos privados que provengan de las partes y que sean allegados al proceso
judicial con fines probatorios, se presumen auténticos, sin que se pueda exigir
constancia o certificación adicional. Así lo reconoció la Sala Cuarta de
Revisión de esta Corporación en la ratio decidendi de la sentencia T-018 de
2011, en la cual adujo lo siguiente: “En suma, solo a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 1395 de 2010, las copias de los documentos privados se
presumen auténticas y, en esa medida, adquieren mérito probatorio, siempre que
sean aportadas a un proceso judicial por la persona que los haya manuscrito,
firmado o elaborado y no provengan de un tercero (…)”.  Con este norte, la Sala
de Revisión concluye que (i) la regla general sobre la aportación de documentos
privados, es que las partes los alleguen en original al expediente cuando
reposen en su poder, y solo por vía de excepción pueden adosarlos en copia autenticada
cuando, por ejemplo, no se encuentren bajo su órbita de disponibilidad para
allegarlos al proceso judicial; (ii) antes de la expedición de la Ley 1395 de
2010, solo los documentos privados originales aportados por las partes se
presumían auténticos, es decir, existía certeza sobre la persona que los había
elaborado, manuscrito o firmado, sin exigencia adicional; (iii) por
consiguiente, en tratándose de las copias de los mismos, para que tuvieran el
mismo valor probatorio que el original, era necesario que se configurara alguna
de las hipótesis que consagra el artículo 254 del CPC; y, (iv) con la
modificación que introdujo la Ley 1395 de 2010 al artículo 252 del CPC, desde
el 12 de julio de aquella anualidad, los documentos que provengan de las partes
y que fuesen presentados en original o en copia para ser tenidos en cuenta como
prueba dentro de un proceso judicial, se presumen auténticos sin necesidad de
presentación personal, esto es, se tiene certeza sobre la parte que obra como
su creador, salvo que dentro de la debida oportunidad procesal el interesado lo
cuestione mediante la tacha de falsedad
VALOR
PROBATORIO DE DOCUMENTOS PRIVADOS APORTADOS DENTRO DE UN PROCESO JUDICIAL SIN
CUESTIONAMIENTO DE LA CONTRAPARTE
La Sala
concluye que cuando la copia informal de prueba documental es de pleno
conocimiento de la contraparte sin que sea cuestionada en algún momento, total
o parcialmente su autenticidad y contenido, esta adquiere plena eficacia
jurídica para militar dentro del proceso bajo la presunción de autenticidad que
le otorga el artículo 252 del C.P.C., como quiera que el óbice para su revisión
-que se concreta en la salvaguarda del derecho de contradicción de la
contraparte- queda manifiestamente superado. Considera la Sala Cuarta de
Revisión que, de entrada, no puede ser cercenada la validez probatoria de los
documentos públicos aportados en copia simple al proceso contencioso
administrativo cuando quien los presenta atribuye su elaboración y suscripción
a la contraparte y esta no los controvierte en lo más mínimo, menos aún cuando
su consideración por parte del Juez constituye piedra angular del litigio a definir,
sobre todo cuando existió reconocimiento de los hechos que en ellos se
plantean, situación que ocurrió en el presente caso, con la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Particularmente,
advierte la Sala que la Nación - Ministerio de Defensa -Ejército Nacional si
bien consideró que las pruebas documentales aportadas en copias al proceso no
son idóneas, no cuestionó ni desvirtuó la verdad que de ello se deduce,
corroborada por otras evidencias que claramente emanaban de la parte
demandada (aportados en copia simple)
DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO-Caso en que se
revocó sentencia de primera instancia por no haberse allegado al proceso
las pruebas documentales en original o en copias auténticas
Es
importante tener en cuenta que la Corte ha señalado que una persona en estado
de invalidez tiene la calidad de sujeto de especial protección constitucional,
por las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta en que se
halla por estar impedida para acceder a una labor debidamente remunerada y sin
la posibilidad de valerse por sí misma. Situación predicable del actor.  Ahora,
respecto de los documentos obrantes en el proceso, aportados en copia simple,
para la Sala, no cabe duda de que Tribunal accionado debió escoger otro camino
para garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia de la parte
actora, ejerciendo su poder para ordenar que se allegara las pruebas
documentales, en debida forma, de manera tal que una vez aportadas, se
prosiguiera con el trámite procesal y así se profiriera la decisión de fondo en
torno a las pretensiones planteadas respecto de la reparación directa. En
efecto, esta Corporación ha expresado que “los jueces de la República deben
desplegar sus poderes oficiosos cuando de los hechos de la demanda se observa
con nitidez que su utilización permite dictar justicia sin ataduras
formalistas, que solo llevan a vulnerar la confianza legítima que los usuarios
tienen en el sistema judicial”. De la lectura de los hechos, se infiere
que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander tenía el deber de
preservar el principio de equidad, justicia y debido proceso, lo cual ha debido
motivarlo a hacer uso de sus facultades inquisitivas, con el fin de decretar el
recaudo de las pruebas de oficio sobre los hechos y circunstancias en torno al
evento que causó las lesiones del accionante. Es decir, aun cuando las pruebas
no fueron tachadas de falsas por las entidades demandadas, la autoridad
judicial accionada pudo efectuar su valoración o dictar de oficio un auto para
mejor proveer con el fin de que se allegaran en copia auténtica los documentos
que desestimó por estar en copia simple. Según la jurisprudencia de esta Corte,
el decreto oficioso de pruebas, no es una atribución o facultad potestativa del
juez: es un verdadero deber legal, siempre que a partir de los hechos narrados
por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer: (i)
surja en el operador jurídico la necesidad de aclarar oscuridades en la
controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir, o (iii)
cuando existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede
abandonar el sendero de la justicia material. Reitera la Sala que la omisión en
la práctica de pruebas está relacionada con los defectos fáctico y
procedimental, de donde se infiere que la procedencia de la acción de tutela en
estos casos, está condicionada a la configuración de cualquiera de las
mencionadas causales específicas de procedibilidad, así como a la acreditación
de los requisitos formales que autorizan acudir a la solicitud de protección
constitucional
Referencia: Expediente
T-3.163.147
Demandante: Luis Jesús Villamizar
Demandado:
Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C.,
veinte (20) de febrero de dos mil doce (2012)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla
Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
del fallo de tutela proferido el 23 de junio de 2011, por la Sala de lo
Contencioso Administrativo -Sección 5ª- del Consejo de Estado, en la que
modificó el fallo del 3 de febrero de 2011, proferido por la Sala de lo
Contencioso Administrativo -Sección 4ª- del Consejo de Estado.
I.
ANTECEDENTES
El señor Luis Jesús Villamizar,
mediante apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la dignidad
humana, los cuales considera vulnerados por la referida Corporación al proferir
sentencia revocatoria del fallo favorable de primera instancia.
1.-  Reseña fáctica de la demanda
1.1. De los
hechos que dieron origen al proceso contencioso administrativo de reparación
directa contra el Ejército Nacional de Colombia
El actor y sus
familiares promovieron demanda por las lesiones graves sufridas en un accidente
de tránsito, el 15 de mayo de 2001, al caerse de un vehículo en movimiento
(placas BIA-902), en pleno ejercicio de sus funciones.
Mediante acta
del 10 de abril de 2002, la junta Médica Laboral diagnosticó que (i)
sufrió trauma cráneo-encefálico con hematoma subdural y trastorno del
comportamiento, tratado por siquiatría y neurocirugía con drenaje de hematoma
subdural, del cual se derivó como secuela un trastorno mental del
comportamiento y (ii) debe permanecer en controles y no suspender los
medicamentos siquiátricos.
Consecuentemente,
le determinan incapacidad absoluta y permanente, no apto para actividad
militar y evalúan que tiene una pérdida del cien por ciento (100%)  de su
capacidad laboral, por “lesión ocurrida en el servicio por causa y razón del
mismo”.
Mediante
Resolución 3474 del 26 de septiembre de 2002, el Ministerio de Defensa Nacional
le reconoce y ordena el pago de una pensión mensual de invalidez, equivalente
al 95% del sueldo básico que devengue en todo tiempo un Cabo Tercero.
1.2. De las
sentencias proferidas en el proceso contencioso administrativo de reparación
directa contra el Ejército Nacional de Colombia
1.2.1.
Del fallo de primera instancia - Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta - 16 de marzo de 2009
Dicho
funcionario accedió a las pretensiones del demandante al considerar que se
encontraba plenamente demostrado en el proceso el daño sufrido por el actor,
las consecuencias y lesiones permanentes del trauma cráneo encefálico, la
disminución de su capacidad laboral del 100%, así como, los daños causados a
los familiares, en calidad de esposa, hijos y hermanos.
Igualmente, el
a quo encontró demostrado en el expediente que:
“el señor
LUIS JESÚS VILLAMIZAR, el día 15 de mayo de 2001 sufrió un accidente de tránsito
que tuvo como causa y razón el servicio militar. Accidente que le generó Trauma
Cráneo Encefálico con Hematoma Subdural y trastorno mental y del
comportamiento, así como una disminución de la capacidad laboral del cien por
ciento (…)
Sus
lesiones permanentes se produjeron como consecuencia de un accidente de
tránsito, ocurrido el día 15 de mayo de 2001, cuando iba en misión de servicio,
en compañía de otros compañeros del ejército y se da la orden de rodar el
vehículo que los transportaba por cuanto el mismo no encendía fácilmente,
encontrándose en la carrocería del automotor el señor VILLAMIZAR quien ante tal
operación fue lanzado del mismo”.
El juez de
primera instancia dedujo tal consideración del informe de accidente rendido por
el Teniente Miller Jairo Hurtado Vergara que obraba a folio 28 del expediente
2003-00632, en copia simple, según el cual la lesión del demandante se produjo
en accidente de tránsito. En consecuencia, estudió el asunto a la luz de la
responsabilidad objetiva por riesgo excepcional[1],
por tratarse del ejercicio de actividades peligrosas.
Por lo
expuesto, el juez resolvió declarar que la Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional, era administrativamente responsable de los perjuicios
morales, materiales y de vida de relación, sufridos por  Luis Jesús Villamizar
(víctima directa), Leonilde Carvajal Rolón (esposa), Liseth Karina Villamizar
Carvajal y Jesús Albeiro Villamizar Carvajal (hijos), José del Rosario
Villamizar y Jaime Villamizar (hermanos) a causa de las lesiones padecidas por
el soldado profesional Luis Jesús Villamizar, con ocasión del accidente de
tránsito ocurrido el 15 de mayo de 2001. Consecuentemente, el juez condenó a la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar las siguientes
cantidades, representadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes:
Nombre
Perjuicios
Morales
Daños
a la vida de relación
Luis Jesús Villamizar
80
60
Leonilde Carvajal Rolón
80
40
Liseth Karina Villamizar
Carvajal
60
30
Jesús Albeiro Villamizar
Carvajal
60
30
José del Rosario Villamizar
25
-
Jaime Villamizar
25
-
Adicionalmente,
a título de perjuicios materiales (lucro cesante e indemnización debida) la
suma de $145’979.149 a Luis Jesús Villamizar, valor equivalente a 294 SMLMV
para el año 2009[2].
1.2.2.
Recurso de Apelación
La Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional presentó recurso de apelación contra
la providencia del 16 de marzo de 2009, con el  argumento de la inexistencia de
imputabilidad de la entidad demandada por “culpa exclusiva de la víctima”.
Afirmó que “el
daño padecido tiene su causa en la imprudencia proveniente de la misma víctima
directa por su ‘exposición al daño’; lo que significa, dicho de otra
manera, que el daño sufrido por éste no tiene nexo de causalidad con la conducta
Estatal y, de otra parte, el daño fue producto en su propia conducta; razón por
la cual, no se configura responsabilidad de la Entidad en los hechos acaecidos,
ni se puede aplicar la teoría de responsabilidad objetiva, ya que no se puede
imputar el daño al Ministerio de Defensa Nacional, sino a la irresponsabilidad
misma del mencionado soldado”.
En síntesis,
manifestó que hay lugar a la exoneración de responsabilidad a la entidad
demandada, debido a que “la conducta negligente de la víctima fue la causa
exclusiva del daño sufrido por el soldado profesional, pues no se demostró la
intervención de otro miembro de la institución armada, ni de un tercero, ni
falla del servicio alguna”.
1.2.3.
Audiencia de conciliación - 24 de febrero y 26 de abril de 2010
La audiencia
de conciliación se celebró a solicitud de la apoderada judicial de la parte
demandada. Las partes, luego de discutir las propuestas planteadas, llegaron al
acuerdo de que la entidad demandada reconocerá y cancelará el 85% de la condena
proferida en primera instancia, dentro de los 18 meses siguientes a la
ejecutoria del auto que apruebe la conciliación.
Mediante auto
del 2 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
resolvió improbar el acuerdo conciliatorio judicial total, en consideración a
que no se encuentran demostrados todos los hechos necesarios que permitan
concluir la existencia de responsabilidad estatal.
1.2.4.
Del fallo de segunda instancia -Tribunal Administrativo de Norte de Santander -
19 de julio de 2010 (providencia atacada por vía de tutela)
El tribunal
accionado resolvió revocar la sentencia del 16 de marzo de 2009, proferida por
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta y, en su
lugar, deniega las súplicas de la demanda, argumentando que “la parte actora
teniendo la carga probatoria de acreditar el daño invocado no logró hacerlo
debido a que los documentos allegados, en los que se amparan las pretensiones y
que a su vez sirvieron de sustento al fallo apelado, no pueden ser valorados
por tratarse de copias simples, las que de conformidad con la ley no tienen
ningún valor probatorio”.
Para el ad
quem, los documentos (Informativo Administrativo por Lesión, Informe de
Accidente, Acta de Junta Médica Laboral No. 975 de abril de 2002) allegados en “fotocopia
simple” no cumplen con los requisitos de ley para demostrar el daño causado
y para poder endilgar responsabilidad a la accionada y, por ende, no permite
confirmar la decisión de instancia, al no poder ser valorados judicialmente.
2.-
Fundamento de la acción de tutela contra la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Teniendo como
fondo lo anteriormente descrito, el tutelante, mediante apoderado, afirma que
con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander al
proferir sentencia de segunda instancia del 19 de julio de 2010, revocando el
fallo de primera instancia, se le vulneran los derechos de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, a la dignidad humana.
Como
fundamento de esta vulneración, manifiesta que el tribunal accionado desechó la
decisión de primera instancia “sin asidero jurídico alguno”, ocasionando
defecto fáctico y procedimental al omitir la valoración de las
pruebas documentales allegadas al proceso en copia simple, en franca
contraposición al precedente constitucional (T-599 de 2009), legal (Art.252
CPC) y jurisprudencial (C.E. Sentencia 1413-08 de 2010) en cuanto a que las
pruebas documentales allegas en copia simple se presumen auténticas y adquieren
plena validez dentro del proceso, en caso de no ser controvertidas por la
contraparte.
De manera
que si bien, en principio, las copias simples de un documento público o de un
acto administrativo carecen de valor probatorio dentro del proceso, una vez
conocidas por la contraparte sin que esta efectúe manifestación negativa o
cuestionamiento alguno respecto de su legitimidad, estas adquieren plena
validez dentro del proceso, por cuanto milita a su favor de conformidad con el
artículo 252 del C.P.C., una presunción de autenticidad que bajo tal
presupuesto le corresponde desvirtuar total o parcialmente a la demandada,
situación que ocurrió en el presente caso y que no fue tenida en cuenta en la
providencia acusada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
3.-  Pretensiones
de la demanda
El señor Luis
Jesús Villamizar, mediante apoderado, pretende que le sean protegidos sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la dignidad humana y, como consecuencia de ello, se ordene a su
favor que (i) se revoque el fallo de segunda instancia proferido el 19
de julio de 2010 y (ii) ordene al tribunal accionado la revisión de los
hechos y la plena valoración de las pruebas documentales dentro del proceso de
reparación directa con radicado 54-001-33-31-001-2003-00632, de manera tal que
profiera nueva sentencia acorde con los precedentes constitucionales y
jurisprudenciales aplicables al caso.
4.-  Documentos
relevantes cuyas copias obran en el expediente (Cuaderno 1)
·
Demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, anexos y actuaciones dentro del proceso (folios 1 al
29, 74 al 82, 90 al 97, 100 al 143, 214 al 218).
·
Historia médica del señor Luis Jesús Villamizar, la cual incluye
consultas y formatos de evolución médica (folios 30 al 66).
·
Acta de Junta Médica Laboral #975 de 2002 (folios 67 al 70).
·
Resolución #3474 del 26 de septiembre de 2002, por la cual se
reconoce y ordena el pago de pensión mensual de invalidez al señor Luis Jesús
Villamizar (folios 71 al 73).
·
Contestación a la demanda de reparación directa por parte del
Ministerio de Defensa Nacional (folios 83 al 89, 98 al 99).
·
Sentencia de primera instancia, del 16 de marzo de 2009,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Cúcuta, dentro del proceso de reparación directa del señor Luis Jesús
Villamizar (folios 144 al 177).
·
Recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte
demandada (folios 178 al 208).
·
Memorial de alegatos de conclusión presentado por el apoderado
del demandante Luis Jesús Villamizar (folios 209 al 213).
·
Solicitud, fijación y actas de audiencia de conciliación dentro
del proceso de reparación directa del señor Luis Jesús Villamizar contra la
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional (folios 219 al 237).
·
Auto del 2 de junio de 2010, mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander no aprueba el acuerdo conciliatorio
judicial total celebrado entre las partes (folios 238 al 242).
·
Sentencia de segunda instancia, del 19 de julio de 2010,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del
proceso de reparación directa del señor Luis Jesús Villamizar (folios 243 al
251).
·
Poder para actuar en representación del señor Luis Jesús
Villamizar (folio 252).
5.-
Respuesta de los entes accionados
El 6 de
diciembre de 2010, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 4ª del
Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y ordenó ponerla en conocimiento
de las entidades accionadas.
5.1.
Tribunal Administrativo de Norte de Santander
El
magistrado ponente de la providencia judicial atacada por vía de tutela
solicitó denegar las pretensiones de la demanda debido a que la decisión
tomada, a su juicio, es razonable y se ajustó al ordenamiento. Sin ser
caprichosa ni arbitraria, corresponde a un criterio de interpretación y
valoración probatoria dentro del marco jurídico aplicable.
Señaló
que la decisión, tampoco obedece a “la prioridad de las formas sobre la
esencia, puesto que no estamos en presencia de un asunto meramente ritual, se
trata por el contrario de la acreditación de un derecho o de una pretensión que
se busca sea declarada con las consecuencias reclamadas, por tanto, estamos
ante una situación de fondo como lo es la acreditación del fundamento de la
consecuente indemnización solicitada, para lo cual se requiere una
participación activa de quien demanda (…)”. [3]
Explicó
que era necesario que la parte demandante asumiera la carga probatoria al
pretender una indemnización, “carga que no asumió y de ahí las consecuencias
de la decisión que se controvierte”.
5.2. Nación
- Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
La
coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la Dirección de Asuntos
Legales del Ministerio de Defensa se opone a la prosperidad de la acción de
tutela. Considera que no se ha presentado vulneración constitucional alguna y
que el tribunal accionado actuó bajo el poder discrecional y principios de la
sana crítica.
II.      SENTENCIAS
OBJETO DE REVISIÓN
1.-
Decisión de primera instancia
A través de
sentencia del tres (3) de febrero de 2011, la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 4ª, del Consejo de Estado  negó por improcedente la
acción de tutela presentada por el señor Luis Jesús Villamizar, al considerar
que no se configuró vulneración constitucional alguna, dado que el tribunal
accionado realizó una interpretación razonada de las normas jurídicas aplicables,
mediante a libre apreciación probatoria, debidamente sustentada.
Explicó que “durante
el proceso contencioso incoado por el señor VILLAMIZAR aquél debía allegar la
prueba documental en original o en copias auténticas y no en copias simples
como al efecto lo hizo”.
2.-
Impugnación
El actor,
mediante apoderado, presentó escrito de impugnación en el que solicita el
amparo constitucional por violación del derecho a la igualdad en la decisión
impugnada por desconocimiento del precedente horizontal y que, en consecuencia,
se tenga en cuenta la doctrina constitucional sobre la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.-
Decisión de segunda instancia
Mediante
sentencia del 23 de junio de 2011, la Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección 5ª, del Consejo de Estado, rechazó la acción de tutela por
improcedente, argumentando que no cabe contra providencias judiciales.
Estimó que “aceptar
la acción de tutela contra providencias judiciales, so pretexto de perseguir el
amparo de derechos fundamentales, desconoce los principios de cosa juzgada,
seguridad jurídica e independencia y autonomía de las autoridades judiciales”.
III.  INSISTENCIA PRESENTADA
POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
El doctor
Vólmar Pérez Ortiz, en calidad de defensor del pueblo e invocando las
facultades conferidas en los artículos 86 y 282 de la Constitución Política y
33 del Decreto Ley 2591 de 1991, insistió en la selección del expediente de la
referencia, al considerar que “(…) la jurisprudencia del Consejo de Estado,
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue
desechada por el Tribunal accionado al revocar la sentencia favorable al
accionante, por un aspecto meramente formal, en contra del derecho sustancial,
y sin tener en cuenta que el demandado nunca se opuso a la prueba documental
allegada en copias, ni tacho como falsa, por lo cual los documentos adquirieron
plena validez dentro del proceso”.
IV.    FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE LA SALA
1.- Competencia
La Corte
Constitucional es competente, a través de esta Sala, para revisar la sentencia
proferida por el juez de segunda instancia, dentro del proceso de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral
9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por el auto del 13
de octubre de 2011, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Nº 10 de esta
Corporación.
2.-
Problema jurídico
2.1. De
acuerdo con el acontecer fáctico descrito, la problemática de índole jurídico
constitucional por resolver, en sede de revisión, se contrae a la necesidad de
establecer si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del
proceso de reparación directa, promovido por Luis Jesús Villamizar (a través de
apoderado) contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional,
violó los derechos fundamentales del accionante de acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, por el hecho de haber revocado la sentencia de
primera instancia, por no haberse allegado al proceso las pruebas documentales
en original o en copias auténticas.
2.2. Tal
panorama conduce a la Sala de Revisión, indefectiblemente, a examinar si, en
efecto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander (i) respetó las
normas procedimentales básicas aplicables al caso concreto y (ii) si
examinó adecuadamente las pruebas allegadas al proceso.
2.3. Con ese
objetivo entonces, se iniciará por (i) reiterar la doctrina de la Corte
Constitucional en torno a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, para luego (ii) verificar si en el caso bajo
examen, se cumplen con los requisitos generales y específicos de procedibilidad
de la misma. Por último, se resolverá el caso concreto.
3.-  De la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de Jurisprudencia
3.1. El
asunto de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales es un tema que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples
ocasiones, por lo que procederá la Sala a reiterar las premisas en que se
fundamenta esta posibilidad, y las reglas establecidas para el examen de su
procedibilidad en un caso concreto[4].
Según se ha
expresado en la jurisprudencia de esta Corte, la tutela contra decisiones
judiciales, encuentra un claro fundamento en la implementación de un nuevo
modelo de justicia constitucional basado, concretamente, (i) en el
carácter normativo y supremo de la Carta Política, que vincula a todos los
poderes públicos -C.P. art. 4°-; (ii) en el reconocimiento de la
efectividad y primacía de los derechos fundamentales -C.P. arts. 2° y 85-; (iii)
en la existencia de la Corte Constitucional, a quien se le confía la guarda de
la integridad y supremacía de la Carta Política, y dentro de tal función, la de
interpretar el alcance de las normas superiores y proteger los derechos
fundamentales -C.P. art. 241-; y (iv) en la posibilidad reconocida a
toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad
pública, en defensa de sus derechos fundamentales -C.P: art. 86-[5].
3.2. No
obstante, ha sido la propia jurisprudencia la que también ha dejado en claro,
que la posibilidad de controvertir las providencias judiciales mediante el
recurso de amparo constitucional es, en todo caso, de alcance excepcional y
restrictivo, en atención a que están de por medio los principios
constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la
necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y
autonomía de los jueces, y el sometimiento de los conflictos a las competencias
ordinarias de éstos[6].
Comprensión
que, desde luego, encuentra particular sustento en la condición supletiva que
el artículo 86 superior le ha atribuido a la acción de tutela, lo que ha
llevado justamente a entender que su ejercicio sólo sea procedente de manera
residual, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se
pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable[7].
En tal virtud,
a la acción de tutela no puede admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley
para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar
los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos
dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten[8].
3.3.
Conforme con lo anterior, la tarea inicial de este Tribunal se orientó,
principalmente, por la elaboración y fijación de parámetros a partir de los
cuales el operador jurídico pudiera identificar aquellos escenarios en los que
la acción de tutela resultara procedente para controvertir los posibles
defectos de que puedan adolecer las decisiones judiciales, para con ello
determinar si hay o no lugar a la protección, excepcional y restrictiva, de los
derechos fundamentales por vía del recurso de amparo constitucional[9].
Y, en efecto,
la Corte, partiendo de la necesidad de armonizar intereses constitucionales
tales como la autonomía de la actividad jurisdiccional del Estado y la
seguridad jurídica, junto con la efectiva prevalencia y eficacia de los
derechos fundamentales, ha consolidado una doctrina en torno a los eventos y
condiciones para disponer sobre su protección, cuando éstos han resultado
ilegítimamente afectados con una decisión judicial[10].
Así las cosas,
producto de una labor de sistematización sobre la materia, en las SU-813 de
2007 y SU-811 de 2009, la Sala Plena de la Corte Constitucional, siguiendo los
parámetros consignados en la sentencia C-590 de 2005, distinguió entre
requisitos generales y causales específicas de procedibilidad.
En cuanto a
los primeros, también denominados requisitos formales, debe decirse que son
aquellos presupuestos cuyo cumplimiento habilitan al juez de tutela para que
pueda entrar a evaluar, en el caso concreto, si se ha presentado alguna causa
específica de procedibilidad del amparo constitucional contra una decisión
judicial. Dicho de otro modo, son condiciones sin las cuales no sería posible
abordar el estudio del fallo objeto de reproche. Ellas son:
(i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional a la luz de la protección de los derechos fundamentales de las
partes. Exigencia que busca evitar que la acción de tutela se torne en
instrumento apto para involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones.
(ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial existentes para dirimir la controversia,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
(iii)
Que la acción de tutela sea interpuesta en un término razonable
a partir del momento en que se produjo la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cumpliendo con el denominado requisito de la inmediatez. Lo
anterior, con el objeto de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica.
(iv)
Que si se trata de una irregularidad procesal, ésta tenga un
efecto determinante en la sentencia que se impugna y que conculque los
derechos fundamentales del actor.
(v)
Que la parte actora haya advertido tal vulneración de sus derechos
fundamentales en el trámite del proceso ordinario, siempre que esto hubiere
sido posible.
(vi)
Que no se trate de sentencias proferidas en el trámite de una
acción de tutela. De forma tal, que se evite que las controversias
relativas a la protección de los derechos fundamentales se prolonguen de forma
indefinida.
Superada la
observancia de los anteriores supuestos, el juez debe comprobar que se
configura por lo menos uno de los requisitos de procedibilidad especiales, o
defectos materiales, identificados por la jurisprudencia constitucional y
definidos en la misma como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales.
La Sala Cuarta
de Revisión de esta Corporación tuvo la oportunidad de invocar la
jurisprudencia relacionada con estos últimos requisitos de procedibilidad,
refiriéndose a los mismos, así:
“a. En
un defecto orgánico. El cual se configura cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. Dicho en otras palabras, tal defecto se estructura en los eventos en
que la decisión cuestionada vía tutela, ha sido proferida por un operador
jurídico jurídicamente incompetente.
b. En un
defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha
actuado completamente al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando
éste se aparta abiertamente y sin justificación válida, de la normatividad
procesal que era aplicable al caso concreto. Sobre este defecto, ha expresado
la Corte, que al ignorar completamente el procedimiento determinado por
la ley, el juez termina dictando una sentencia contraria a derecho, arbitraria,
que vulnera derechos fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha
precisado que para configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento
debe atender a los siguientes requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y
manifiesto, que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a
su vez una influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la
deficiencia no resulte atribuible al afectado.
Así, por
ejemplo, la Corte ha encontrado que se configura un defecto procedimental, en
los siguientes casos: (i) cuando se deja de notificar una decisión judicial a
raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir
dicha decisión. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos
procesales importantes, o si se deriva de un error del afectado, o si la misma
no produjo verdaderamente un efecto real, lo cual puede ocurrir porque el
afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios, no procederá la
tutela; (ii) cuando existe una dilación injustificada, tanto en la adopción de
decisiones como en el cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando la
autoridad judicial pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya
práctica previamente había sido ordenada; y (iii) cuando  resulta evidente
que una decisión condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de
una clara deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al
Estado.
c. En un
defecto fáctico. Este surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales
en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso.
Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por
deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias
facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis
del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la
sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. En ese
contexto, La Corte ha explicado que las deficiencias probatorias pueden
generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la
falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido,
presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción
positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al
proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son
totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer caso, un
defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e
ilegalidad de la prueba.
(…)
d. En un
defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial
adoptada por el juez, desborda el marco de acción que la Constitución y la ley
le reconocen, al sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables
al caso concreto. Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que
cuando una decisión judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente
equivocada, que la excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica,
aquella pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad,  que debe dejarse
sin efectos, para lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y
apropiado. Al respecto, ha explicado la Corte que tal situación de
arbitrariedad se presenta cuando se aplica: (i) una norma inexistente; (ii) o
que ha sido derogada o declarada inexequible; (iii) o que estando vigente,
resulta inconstitucional frente al caso concreto y el funcionario se haya
abstenido de aplicar la excepción de inconstitucionalidad; (iv) o que estando
vigente y siendo constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto
de definición judicial.
f. En
error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que
el juez o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese
engaño lo conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos
fundamentales. En estos eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o
situaciones en cuya realización participan personas obligadas a colaborar con
la administración de justicia -autoridades o particulares-, y cuyo manejo
irregular induce en error al funcionario judicial, con grave perjuicio para los
derechos fundamentales de alguna de las partes o de terceros.
g. En
una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las
providencias que les competen proferir.
h.
En desconocimiento del precedente judicial. Se presenta en aquellos
casos en los cuales la autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se
aparta del precedente jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin
ofrecer un mínimo razonable de argumentación jurídica que justifique tal cambio
de jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se presenta
igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley, fijado por
la Corte Constitucional con efectos erga omnes.
i. En
violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre
otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa,
la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de
los asociados amparados por la Carta Política”[11].     (Negrilla propia
del texto)
3.4. En
los términos referidos, para que proceda la acción de tutela contra
providencias judiciales, resulta imprescindible: (i) no sólo que se
cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii) sino también,
que la decisión cuestionada por vía de tutela, haya incurrido en uno o varios
de los defectos o vicios específicos, y, finalmente, (iii) que el
defecto sea de tal magnitud que implique una lesión o afectación a derechos
fundamentales.
3.5.
Todo lo anteriormente expuesto armoniza con lo previsto en el artículo 86 de la
Constitución, que dispone que los fallos de tutela deberán ser remitidos a la
Corte Constitucional “para su eventual revisión”, y con el artículo
241-9 del mismo estatuto, según el cual corresponde a esta Corporación “revisar,
en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas
con la acción de tutela de los derechos constitucionales”.
En este orden
de ideas, es preciso llamar la atención sobre la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales. Al respecto, esta Corporación ha explicado por
qué la tutela contra providencias judiciales no vulnera los principios de
seguridad jurídica y de autonomía funcional del juez, como erradamente podría
pensarse:
“El valor
de cosa juzgada de las sentencias y el principio de seguridad jurídica suponen
que los fallos son respetuosos de los derechos y ese respeto no se determina a
partir de la visión que cada juez tenga de ellos sino del alcance que les fije
la Corte Constitucional, pues esta es la habilitada para generar certeza sobre
su alcance. Y ello es lógico ya que si algo genera inseguridad jurídica es
la promoción de diferentes lecturas de la Carta Política por los jueces y, en
particular, sobre el alcance de los derechos fundamentales.  Este es
precisamente el peligro que se evita mediante la excepcional procedencia de la
tutela contra sentencias pues a través de ella se promueven lecturas uniformes
sobre el alcance de tales derechos y de la Carta Política como su soporte
normativo. Y en lo que atañe a la autonomía e independencia de los jueces y
tribunales, ellas deben entenderse en el marco de la realización de los fines
estatales inherentes a la jurisdicción y, en especial, de cara al cumplimiento
de su deber de garantizar la efectividad de los derechos a todas las personas”.[12] (Resaltado
fuera de texto).
3.6. De
conformidad con lo dicho, pasa esta Sala a verificar si los hechos que se
alegan en la presente causa, se enmarcan en el test de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales y hacen factible, por consiguiente, la
adopción de medidas de protección del derecho fundamental invocado.
4.-
Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso
concreto
En la línea de
las consideraciones plasmadas, encuentra la Corte que en el presente asunto,
pueden tenerse como cumplidos los requisitos generales de procedencia
establecidos por la jurisprudencia constitucional.
Evidencia la
Sala que la cuestión que se debate es, prima facie, (i) de
indiscutible relevancia constitucional, puesto que se persigue la efectiva protección
del derecho fundamental al debido proceso frente a una actuación del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que ha adquirido firmeza. Así mismo, es
claro que dentro del proceso contencioso de reparación directa, (ii) el accionante
agotó todos los medios ordinarios de defensa que tenía a su disposición para
procurar la salvaguarda de la prerrogativa iusfundamental que estima
vulnerada. En efecto, la providencia que se reprocha en sede de tutela se
decide la segunda instancia, dando por concluido el proceso de reparación
directa, de manera desfavorable a sus pretensiones.
De igual manera, la Sala advierte
que (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, dado que la acción de
tutela es presentada[13]
antes de los cinco meses de la última sentencia impugnada[14]. En el caso objeto de
estudio, (iv) se trata presuntamente de una irregularidad procesal por
exceso ritual manifiesto, que podría tener incidencia en la decisión consignada
en la providencia reprochada, así como de un defecto fáctico, cuyo examen
detallado se hará luego de acreditarse los requisitos genéricos de
procedibilidad de la acción de tutela. (v) No le fue posible a la parte
actora advertir la vulneración de su derecho fundamental en el trámite del
proceso ordinario, toda vez que la providencia  atacada por vía de tutela es la
decisión de cierre. No obstante, en el escrito de tutela, aparecen claramente
identificados por el actor, tanto los hechos que en su sentir originaron la
vulneración atribuida a la entidad judicial demandada, como los derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad que considera
vulnerados[15].
Por último, (vi) no se trata de una acción de tutela contra un fallo de
tutela.
5.-
Cumplimiento de causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales en el caso concreto
Precisado lo
anterior y una vez verificado que se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, corresponde a la Sala Cuarta de Revisión
determinar si se ha configurado alguna de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Con la
observación que se abordará el estudio de la forma que considera más cercana a
las acusaciones elevadas por el apoderado del peticionario; así: (i) defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y (ii) defecto fáctico
por ausencia de valoración probatoria.
6.- Prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas. Defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto. Caracterización del defecto fáctico. Reiteración de
jurisprudencia
Dentro de un
Estado de Derecho, el derecho procesal es de vital importancia, en cuanto las
normas que lo conforman son la certeza de que los funcionarios judiciales al
cumplirlas estarán sirviendo como medio para la realización del derecho
sustancial mientras que respetan el debido proceso judicial[16].
El procedimiento
no es un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe
tender a la realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía
para la solución de controversias sobre los mismos.
En efecto, cuando
surge un conflicto respecto de un derecho subjetivo, es el derecho procesal el
que entra a servir como solución de la diferencia entre las partes. Se debe
tener siempre presente que la norma procesal propende hacia la búsqueda de la
garantía del derecho sustancial.
En la Constitución
de 1991, la citada preeminencia quedó establecida, en el artículo 228, como  un
principio de la administración de justicia, al consagrar que en las actuaciones
de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”.
Esta Corporación al establecer el alcance de la mencionada norma ha dicho: “Cuando
el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la
Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está
reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la
realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo,
y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses.  Es evidente
que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos,
el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.”[17]
6.1. Dependiendo
de las garantías procesales que involucre, el defecto procedimental
puede ser de dos tipos: (i) de carácter absoluto, que se presenta
cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya
sea porque sigue un proceso ajeno al autorizado o porque omite una etapa
sustancial de éste, caso en el cual afecta directamente el derecho al debido
proceso[18],
o cuando escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso
concreto[19]
y, (ii) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la
administración de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de
preferir el tenor literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez
asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los
derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda[20].
Ahora bien,
esta Corporación ha sostenido que se configura un “exceso ritual manifiesto”
cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente
en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.  La
línea jurisprudencial[21]
relativa al “exceso ritual manifiesto” tuvo su inicio en la sentencia
T-1306 de 2001[22].
En esa oportunidad la Corte precisó:
“[L]os
jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el
derecho procesal en cuanto medio garantizador de los derechos materiales dentro
del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser
guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que
en un marco jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole
material.
Sin
embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva
realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal
haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del
cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando
a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la
efectiva realización del derecho material (art. 228).
De lo
contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual
manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una
renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así
en una inaplicación de la justicia material.”   (Negrillas  fuera de
texto original)
Esa posición
fue reiterada por esta Corporación en la Sentencia T-1123 de 2002[23], al
considerar que se configuró una ruptura deliberada del equilibrio procesal,
haciendo que una de las partes quedara en absoluta indefensión frente a las
determinaciones que adoptó el juez, atendiendo con exclusividad al ritualismo y
sacrificando valores de fondo. Sostuvo que la prevalencia del derecho
sustancial constituye el fin principal de la administración de justicia y que “la
validez de una decisión judicial de carácter procesal debe necesariamente
juzgarse a partir del problema de fondo de derecho sustantivo a cuya resolución
ella se enderece”. Así mismo, en Sentencia T-264 de 2009[24], esta Corporación
precisó que puede “producirse un defecto procedimental en una sentencia
cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las formas” se
aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en cuenta que los
procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del derecho y
no fines en sí mismos.
Ulteriormente,
en las sentencias T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-599 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-268 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-893 de
2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-950 de 2011 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), entre otras, la Corte Constitucional ha recogido la línea
jurisprudencial trazada sobre el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, concluyendo que el mismo se presenta “cuando el funcionario
judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos,
derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del
principio de prevalencia del derecho sustancial”.
Por último, la
Sala Cuarta de Revisión reitera que para que la tutela resulte procedente por
la configuración de un error procedimental deben concurrir los siguientes
elementos: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por
ninguna otra vía, de acuerdo al carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii)
que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa
de ser violatorio de los derechos fundamentales; (iii) que la
irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que hubiere
sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso y, (iv) que
como consecuencia de lo anterior, se presenta afectación de los derechos
fundamentales. [25]
6.2. Así mismo, la Corte ha
establecido que el defecto procedimental tiene una amplia relación con el
denominado defecto fáctico, que se refiere a la existencia de
problemas de hecho y de apreciación de pruebas que llevan a una conclusión
errada al juez natural.[26]
Para la Corte[27], el defecto
fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva[28], que comprende los
supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación
de una decisión en una prueba no apta para ello, así como en una dimensión
negativa[29],
es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en
el decreto de pruebas de carácter esencial[30].
Al respecto,
esta corporación ha precisado:
“En punto a
los fundamentos y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para
configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha fijado los
siguientes criterios de aplicación:
- La
intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de
autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de
tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.
- Las
diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía
e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del
proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone
al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que
acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél
es razonable y legítima”.[31]
Por último, la
Sala Cuarta de Revisión reitera que para que la tutela resulte procedente por
la configuración de un error fáctico, “El error en el juicio valorativo de
la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y
el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” [32]
7.-
El valor probatorio de los documentos privados aportados en copia dentro de un
proceso judicial, sin cuestionamiento de la contraparte
7.1. A
continuación se transcriben los artículos del Código de Procedimiento Civil[33] relevantes
al caso bajo estudio, por ser la normatividad vigente aplicable al momento de
la providencia atacada, así:
ARTÍCULO 251. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS.
Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías,
cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías,
talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto
mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en
lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los
documentos son públicos o privados.
Documento
público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con
su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el
respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un
notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo
protocolo, se denomina escritura pública.
Documento
privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público.
ARTÍCULO 252. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El
documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario
mediante tacha de falsedad.
El
documento privado es auténtico en los siguientes casos:
1. Si ha
sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo
por reconocido.
2. Si fue
inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó.
3. Si
habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido
manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso
oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de
hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289.
Esta norma
se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de
la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella.
4. Si fue
reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276.
5. Si se
declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con
audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la
diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274.
Se presumen
auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal
forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus
primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos
de crédito y contratos de prenda con éstos, cartas de crédito, contratos de
cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de éstas y de cuentas
con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de
créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos
establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos
emitidos por estas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes
generales de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley otorgue
tal presunción.
En todos
los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por
las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un
expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin
necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción
no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva.
Se presumen
auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos establecidos en el
artículo 488, cuando de ellos se pretenda
derivar título ejecutivo.
Los
memoriales presentados para que formen parte del expediente se presumirán
auténticos salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en
litigio y los poderes otorgados a apoderados judiciales que, en todo caso,
requerirán de presentación personal o autenticación.
ARTÍCULO 253. APORTACIÓN DE DOCUMENTOS. <Artículo  modificado por el
artículo 1, numeral 116 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el
siguiente:> Los documentos se aportarán al proceso originales o en
copia. Esta podrá consistir en transcripción o reproducción mecánica del
documento.
ARTÍCULO 254. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. <Artículo  modificado por el
artículo 1, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el
siguiente:> Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, en los siguientes casos:
1. Cuando
hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de
policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se
encuentre el original o una copia autenticada.
2. Cuando
sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia
autenticada que se le presente.
3. Cuando
sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección
judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.
ARTÍCULO 277. DOCUMENTOS EMANADOS DE TERCEROS.[34] Salvo disposición en contrario los documentos
privados de terceros sólo se estimarán por el juez.
1. Si
siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de
conformidad con el artículo 252.
2. Los
documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin
necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite
ratificación.
ARTÍCULO 289. PROCEDENCIA DE LA TACHA DE FALSEDAD.
La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá
tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta,
y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del
auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido
aportado en audiencia o diligencia.
Los
herederos a quienes no les conste que la firma o manuscrito no firmado proviene
de su causante, podrá expresarlo así en las mismas oportunidades.
No se
admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia
en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por
la parte a quien perjudica.
Así las cosas, se advierte que a
partir de la expedición de la Ley 1395 de 2010[35]
tanto el original como la copia de los documentos privados que provengan de las
partes y que sean allegados al proceso judicial con fines probatorios, se
presumen auténticos, sin que se pueda exigir constancia o certificación
adicional. Así lo reconoció la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación en
la ratio decidendi de la sentencia T-018 de 2011[36], en la cual adujo lo
siguiente: “En suma, solo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1395
de 2010, las copias de los documentos privados se presumen auténticas y, en esa
medida, adquieren mérito probatorio, siempre que sean aportadas a un proceso
judicial por la persona que los haya manuscrito, firmado o elaborado y no
provengan de un tercero (…)”.
Con este norte, la Sala de
Revisión concluye que (i) la regla general sobre la aportación de
documentos privados, es que las partes los alleguen en original al expediente
cuando reposen en su poder, y solo por vía de excepción pueden adosarlos en
copia autenticada cuando, por ejemplo, no se encuentren bajo su órbita de
disponibilidad para allegarlos al proceso judicial; (ii) antes de la
expedición de la Ley 1395 de 2010, solo los documentos privados originales
aportados por las partes se presumían auténticos, es decir, existía certeza
sobre la persona que los había elaborado, manuscrito o firmado, sin exigencia
adicional; (iii) por consiguiente, en tratándose de las copias de los
mismos, para que tuvieran el mismo valor probatorio que el original, era
necesario que se configurara alguna de las hipótesis que consagra el artículo
254 del CPC; y, (iv) con la modificación que introdujo la Ley 1395 de
2010 al artículo 252 del CPC, desde el 12 de julio de aquella anualidad, los
documentos que provengan de las partes y que fuesen presentados en original o
en copia para ser tenidos en cuenta como prueba dentro de un proceso judicial,
se presumen auténticos sin necesidad de presentación personal, esto es, se
tiene certeza sobre la parte que obra como su creador, salvo que dentro de la
debida oportunidad procesal el interesado lo cuestione mediante la tacha de
falsedad.
7.2. En
efecto, la exigencia legal y carga procesal a cargo de la parte demandante no
genera la imposibilidad jurídica de resolver de fondo el asunto, pues aun
cuando un documento se aporte en copia simple por la parte demandante, la parte
demandada debe y puede pronunciarse dentro de su escrito de oposición aceptando
la veracidad y autenticidad del mismo o tachándolo de falso.
Sobre el
particular, el Consejo de Estado en providencia del 4 de marzo de 2010[37], manifestó:
“(…)debe
precisarse que el escrito de contestación en estos casos no es simplemente un
acto formal y de simple oposición a una pretensión subjetiva sino que su
contenido se constituye, dentro del proceso y para fines probatorios, en una
declaración de parte o confesión espontánea plenamente valorable por el juez,
como en efecto se deduce del contenido del artículo 194 del C.P.C.
Aunado a lo
anterior se dirá que si bien en principio las copias simples de un documento
público o de un acto administrativo carecen de valor probatorio dentro del
proceso, una vez conocidas por la contraparte sin que ésta efectúe manifestación
negativa o cuestionamiento alguno en su contra respecto de su legitimidad,
éstas adquieren plena validez dentro del proceso, por cuanto milita a su favor
de conformidad con el artículo 252 del C.P.C. una presunción de autenticidad
que bajo tal presupuesto le corresponde desvirtuar total o parcialmente a la
demandada.[38]”
De lo expuesto, la Sala concluye
que cuando la copia informal de prueba documental es de pleno conocimiento de
la contraparte sin que sea cuestionada en algún momento, total o parcialmente
su autenticidad y contenido, esta adquiere plena eficacia jurídica para militar
dentro del proceso bajo la presunción de autenticidad que le otorga el artículo
252 del C.P.C., como quiera que el óbice para su revisión -que se concreta en
la salvaguarda del derecho de contradicción de la contraparte- queda
manifiestamente superado.
8.-  El
Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y en defecto fáctico
por ausencia de valoración probatoria, al no darle valor probatorio a documentos
allegados en copias simples, sin haber sido controvertidos por la contraparte. Análisis
del caso concreto
8.1. Luego
de un análisis detallado de las circunstancias que precedieron a la providencia
del 19 de julio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, al decidir no darle valor probatorio a documentos allegados en
copias simples, sin haber sido controvertidos por la contraparte, está
renunciando conscientemente a la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos
y, a juicio de esta Sala de Revisión, la entidad judicial demandada incurrió en
(i) defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”
al aplicar una formalidad eminentemente procesal, renunciando de manera
consciente a la verdad jurídica y objetiva latente en los hechos y (ii)
en defecto fáctico por ausencia de valoración probatoria.
Para el caso
que nos ocupa, la autoridad judicial accionada, mediante providencia del 19 de
julio de 2010, por medio de la cual revocó la sentencia del 16 de marzo del
2009, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta, concluyó
que los documentos en que se amparan las pretensiones, allegados en copias
simples, no pueden ser valorados, dado que la parte demandante no cumplió con
la carga probatoria de acreditar el daño invocado. Al respecto, concluyó:
“7.2.8. El
daño
(…)
Ahora bien,
valorados los documentos relacionados anteriormente, al cumplir con los
requisitos de ley y ser aportados e incorporados al expediente en debida forma,
se deduce de los mismos que el señor Luis Jesús Villamizar, estando al servicio
del Estado, sufrió un accidente el día 15 de mayo de 2001, al caer de un
vehículo, accidente del cual fue atendido médicamente y posteriormente fue
pensionado por invalidez; de los mismos no se infiere las condiciones modales,
de lugar y los efectos del accidente sufrido por el accionante, los cuales se
pretendieron demostrar por la actora con base en los documentos allegados con
la demanda obrantes a folios 27 a 28, 31 a 54, 58, 65 y 67 a 69, los cuales no
pueden ser valorados por la Sala debido a que se trata de documentos
incorporados en fotocopia simple, por lo que no tienen ningún valor probatorio
de conformidad con el art.254 C.P.C.
(…)
6.1.3.
Imputabilidad del daño
(…) es
claro para la Sala que la parte actora no fue acuciosa en el manejo de este
aspecto, toda vez que allegó al proceso fotocopias simples del
Informativo Administrativo por Lesión, del Informe de Accidente y del Acta de
junta Médica Laboral No. 975 de 10 de abril de 2002 del demandante, hecho
advertido por el A quo, sin que de otra parte, la actora los solicita
auténticos; documentos importantes para establecer el daño sufrido por el
accionante y las circunstancias espacio temporales en que ocurrió el accidente
alegado; documentos, reitera la Sala, que de haberse aportado en debida forma
posiblemente el resultado de la decisión sería la que se tomó en primera
instancia; pero tal como fueron allegados no cumplen con los requisitos de ley
para poder endilgar responsabilidad a la accionada y por ende no permiten
confirmar la decisión de instancia, por cuanto no pueden ser valorados en este
momento, pues no encajan en las hipótesis previstas en el art. 254 C.P.C. para
poderlos valorar como si se tratase del original, debiéndose desechar.
(…)
En ese
orden de ideas, resulta entonces que se habrá de revocar el fallo apelado,
porque los derechos reconocidos no se encuentran probatoriamente respaldados
por las pruebas allegadas al plenario, puesto que no se probó la falla del
servicio que permitiera endilgarle la responsabilidad a la demandada. (…)”
8.2. En
atención a lo previamente expuesto entiende la Sala que el asunto sub
examine gira en torno a la validez probatoria de las copias de los
documentos públicos allegados a un proceso judicial en el que la parte que los
expidió tuvo la oportunidad de conocerlos y refutar su autenticidad, y sobre la
valoración, pertinencia o mérito probatorio de estos, lo cual corresponde al
juzgador de conocimiento de acuerdo al sistema jurídico de la sana crítica.
En efecto, de lo
probado en el proceso de tutela se observa que Luis Jesús Villamizar presentó
acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional, tendiente a obtener el reconocimiento y pago de la
indemnización de los perjuicios que le fueron causados por las lesiones sufridas
el día 15 de mayo de 2001, a causa de un accidente de tránsito, en cumplimiento
de sus funciones como soldado profesional.
Si bien en primera instancia el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta, mediante sentencia del
16 de marzo de 2009, accedió a las pretensiones de la demanda al declarar
responsable administrativa y patrimonialmente de los perjuicios morales,
materiales y de vida de relación sufridos por los demandantes y condenó al
reconocimiento y pago de los mismos, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, en fallo de 19 de julio de 2010, revocó tal decisión argumentando
que, la parte actora no logró acreditar el daño invocado debido a que los
documentos allegados no podían ser valorados por cuanto habían sido aportados
en copias simples, por ende, sin valor probatorio.
8.3. Ahora
bien, advierte la Sala que obran en el expediente de tutela, en copia simple,
los siguientes documentos:
·
Mayo 16 de 2001 - suscrito por el Teniente Miller Jairo Hurtado
Vergara: en el que le informó al señor Teniente Coronel Comandante del Batallón
los hechos ocurridos el día 15 de mayo de 2001, en la ciudad de Cúcuta en donde
el soldado profesional Luis Jesús Villamizar se accidentó al caer del vehículo
en el que se desplazaba, cumpliendo órdenes de búsqueda, así:
(…) ordené
embarcar al personal de soldados y al Subteniente Breton Vargas Andrés en la
carrocería del vehículo recordándoles las medidas de seguridad, luego el
conductor procedió a prender el vehículo rodando por que se recalentaba y era
difícil que prendiera, al hacer ese ejercicio el soldado Villamizar cayó del
vehículo golpeándose la cabeza. (…)
·
Septiembre 11 de 2001 - Informativo Administrativo por Lesión:
Contiene el concepto del comandante de la unidad táctica a la que pertenecía el
actor en el que expuso:
“(…) el día
15 de mayo de 2001, se encontraba en una escolta de Pamplona a Cúcuta y el
soldado profesional VILLAMIZAR LUIS JESÚS CM 8940184, se cayó cuando el
vehículo que se movilizaba en Cúcuta en búsqueda de un soldado que se
encontraba retardado.
Mencionado
soldado recibió un golpe en la cabeza (…), permaneció por 15 días con pérdida
de conocimiento. Luego se recupero y le dieron de alta determinándole trauma
cerebral (…)
De acuerdo
a lo estipulado en el Decreto 1796 del 2000, Articulo No.21, Literal D, la
lesión sufrida por el soldado profesional, ocurrió en el servicio por causa y
razón del mismo.”
Esta
información fue reiterada y ampliada, mediante Oficio No. 2501 del 27 de junio
de 2007, por el Teniente Coronel Jaime Oswaldo Bermúdez Vanegas, en calidad de
comandante del Batallón de Infantería No.13, a solicitud del Juzgado Primero Administrativo
de Cúcuta.
·
Abril 10 de 2002 - Acta de junta Médica Laboral: en la que se
diagnosticó la lesión del señor Luis Jesús Villamizar de la siguiente manera:
“en
accidente de tránsito sufrió trauma cráneo encefálico con hematoma subdural y
transtorno [sic] del comportamiento tratado por neurocirugía con drenaje
de hematoma subdural y psiquiatría, que deja como secuela                   A)
transtorno [sic] mental y del comportamiento, debe permanecer en
controles y no suspender medicamentos psiquiátricos (…)”.
Consecuentemente,
la junta calificó su incapacidad como absoluta y permanente y determinó que
esta le produjo una disminución de la capacidad laboral del cien por ciento
(100%).
Al momento de
determinar la imputabilidad del servicio, la junta estableció: “Lesión 1
ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo, literal B, at informativo
No.07 de 2001”.
8.4.
Así las cosas, considera la Sala Cuarta de Revisión que, de entrada, no puede
ser cercenada la validez probatoria de los documentos públicos aportados en
copia simple al proceso contencioso administrativo cuando quien los presenta atribuye
su elaboración y suscripción a la contraparte y esta no los controvierte en lo
más mínimo, menos aún cuando su consideración por parte del Juez constituye
piedra angular del litigio a definir, sobre todo cuando existió reconocimiento
de los hechos que en ellos se plantean, situación que ocurrió en el presente
caso, con la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
Particularmente,
advierte la Sala que la Nación - Ministerio de Defensa -Ejército Nacional si
bien consideró que las pruebas documentales aportadas en copias al proceso no
son idóneas, no cuestionó ni desvirtuó la verdad que de ello se deduce,
corroborada por otras evidencias que claramente emanaban de la parte demandada
(aportados en copia simple), así:
·
En la Resolución No. 3474 del 26 de septiembre de 2002, el
Ministerio de Defensa le reconoce y ordena el pago de pensión mensual de
invalidez, “por lesión ocurrida en el servicio por causa y razón del mismo”
[39]
·
En la contestación de la demanda contenciosa de reparación
directa, el apoderado de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
manifestó: “(…) las lesiones  sufridas por el soldado profesional Luis Jesús
Villamizar fueron producto de un accidente laboral cuando se encontraba
laborando. Siendo por lo tanto que le adelantó el respectivo informativo
prestacional donde se le reconoce una pensión, además de habérsele prestado y
brindado todas las atenciones médicas necesarias que requería (…)”[40]
Como punto de
mayor relevancia, encuentra la Sala que obra en el expediente de tutela[41], copia
simple[42]
del oficio No. 2501 del 27 de junio de 2007, mediante el cual el
comandante del Batallón de Infantería No.13, a solicitud del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Cúcuta, reitera y amplia lo manifestado en
el Informativo Administrativo por Lesión de 11 de septiembre de 2001, así:
“(…) esta
unidad informa que el SLP VILLAMIZAR LUIS JESÚS se encontraba en una escolta de
Pamplona a Cúcuta, cayendo del vehículo en el que se movilizaba, cuando se
efectuaba la búsqueda de un soldado que se encontraba retardado, recibiendo un
golpe en la cabeza, (…), permaneció por 15 días con pérdida del conocimiento,
recuperándose y dándosele de alta. Se le dictaminó Trauma Cerebral (…), de
acuerdo a lo estipulado en el decreto 1796 del 2000, Articulo 24, Literal B, la
lesión sufrida por el SLP ocurrió en el servicio, por causa y razón del mismo.”
Por último, es
importante tener en cuenta que la Corte ha señalado que una persona en estado
de invalidez tiene la calidad de sujeto de especial protección constitucional,
por las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta en que se halla
por estar impedida para acceder a una labor debidamente remunerada y sin la
posibilidad de valerse por sí misma. Situación predicable del actor.
8.5. Ahora,
respecto de los documentos obrantes en el proceso, aportados en copia simple,
para la Sala, no cabe duda de que Tribunal accionado debió escoger otro camino
para garantizar el efectivo acceso a la administración de justicia de la parte
actora, ejerciendo su poder para ordenar que se allegara las pruebas documentales,
en debida forma, de manera tal que una vez aportadas, se prosiguiera con el
trámite procesal y así se profiriera la decisión de fondo en torno a las
pretensiones planteadas respecto de la reparación directa. En efecto, esta
Corporación ha expresado que “los jueces de la República deben desplegar sus
poderes oficiosos cuando de los hechos de la demanda se observa con nitidez que
su utilización permite dictar justicia sin ataduras formalistas, que solo
llevan a vulnerar la confianza legítima que los usuarios tienen en el sistema
judicial”[43].
De la lectura
de los hechos, se infiere que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
tenía el deber de preservar el principio de equidad, justicia y debido proceso,
lo cual ha debido motivarlo a hacer uso de sus facultades inquisitivas[44], con el fin
de decretar el recaudo de las pruebas de oficio sobre los hechos y
circunstancias en torno al evento que causó las lesiones del accionante. Es
decir, aun cuando las pruebas no fueron tachadas de falsas por las entidades
demandadas, la autoridad judicial accionada pudo efectuar su valoración o
dictar de oficio un auto para mejor proveer con el fin de que se allegaran en
copia auténtica los documentos que desestimó por estar en copia simple.
Según la jurisprudencia de esta Corte, el decreto oficioso de pruebas[45], no es una
atribución o facultad potestativa del juez: es un verdadero deber legal,
siempre que a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de
prueba que estas pretendan hacer valer: (i) surja en el operador
jurídico la necesidad de aclarar oscuridades en la controversia; (ii)
cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir, o (iii) cuando
existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede
abandonar el sendero de la justicia material[46].
Reitera la Sala que la omisión en la práctica de pruebas está
relacionada con los defectos fáctico y procedimental, de donde se infiere que
la procedencia de la acción de tutela en estos casos, está condicionada a la
configuración de cualquiera de las mencionadas causales específicas de
procedibilidad, así como a la acreditación de los requisitos formales que
autorizan acudir a la solicitud de protección constitucional[47].
8.6. En
conclusión, la entidad judicial demandada, al proferir la sentencia del 19 de
julio de 2010, revocando la decisión favorable de primera de instancia, por
considerar como no probado el daño y las circunstancias del accidente que
endilga responsabilidad estatal, alegando que tales supuestos estaban
consignados en simples copias (sin autenticar) y desconociendo otras evidencias
que corroboran los hechos controvertidos, contradice abiertamente esa realidad
objetiva demostrada en el expediente e incurrió en las siguientes
irregularidades que afectan los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso del señor Luis Jesús Villamizar:
(i) en defecto fáctico por omisión de valoración probatoria y (ii)
en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al aplicar con
extremo rigor el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en la medida
en que decidió tener por no auténticos, no válidas, las pruebas documentales
allegadas en copias simples al proceso, sin que hubiesen sido controvertidas
por la contraparte y sin decretar pruebas de oficio para esclarecer sus dudas.
Por las
razones expuestas, la Sala de Revisión, tutelará los derechos al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso del señor Luis Jesús Villamizar,
revocará las sentencias de tutela emitidas por el Consejo de Estado y dejará
sin efecto la providencia del 19 de julio de 2010 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
V.      DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, el 23 de junio de 2011, que
a su turno confirmó lo resuelto en primera instancia por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta, en sentencia del 3 de
febrero de 2011, por medio de la cual se negó el amparo solicitado. En su lugar, CONCEDER el amparo a los
derechos al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del
señor Luis Jesús Villamizar
SEGUNDO.-
En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 19 de julio de 2010.
TERCERO         .-
ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que en un término
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de
esta providencia, dicte nuevo fallo de mérito de segunda instancia dando valor
probatorio a los documentos cuyo análisis expresamente omitió por haber sido
presentados en copia simple, dando prevalencia al derecho sustancial y con
plena observancia a lo acordado por las partes en el acta de conciliación del
26 de abril de 2010.
CUARTO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-113/12
Referencia:
expediente T-3163147.
Acción de tutela
presentada por Luis Jesús Villamizar contra el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander.
Magistrado
sustanciador:
Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado sustanciador, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
la tutela fue presentada, en este caso, como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, a
fin de permitir la valoración probatoria de los documentos presentados en copia
simple, debo aclarar mi voto, pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado
de la noción de “vía de hecho” y en relación con algunas de las
argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[48], no comparto
el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte
de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales
(consideración 3ª), a partir de las cuales podría evocarse la sentencia C-590
de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones
discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi desacuerdo con dicha
sentencia, que el actual fallo invoca directamente como parte de la
fundamentación, al referirse a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales (páginas 9 a 23), radica en el hecho de que, en la
práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de procedibilidad”
a que dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles
situaciones que podrían justificar la impugnación común contra una decisión
judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción de
tutela constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en el
proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y
trámite de la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene
simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien
se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo
que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s)
en absoluto en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos,
del propósito de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó
al constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86
superior.
Además, no sobra acotar
que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce
sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las
consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello
no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[49], de suyo sólo argüible
frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto
parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha
interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la
C-543 de 1992.
En efecto, mientras que
en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada
constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada, que la tutela
contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra
otros importantes valores constitucionales, como el “principio democrático
de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que
la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas
consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto en
el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado
respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1] Consejo de Estado, sentencia 29 de agosto de 2007
(C.P. Ruth Stella Correa Palacio): “Ha sido reiterada la tesis de la Sala,
según la cual en los eventos en que el daño es producido por las cosas o
actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores,
conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter
objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal a que el
Estado expone a los administrados. De tal manera que basta la realización del
riesgo creado por la Administración para que el daño resulte imputable a ella.
”.
[2] Para el año 2009 el salario mínimo mensual era de
$497.000 COP, al calcularlo con el valor de los perjuicios materiales,  la suma
de $145.979.149 equivale a 293.72 SMLMV.
[3] Folio 285 del cuaderno 1 del expediente T-3.163.147.
[4] Sobre el tema se
pueden consultar, entre muchas otras sentencias, las siguientes: SU-014 de
2001; T-705 de 2002; T-949 de 2003; T-774 de 2004; C-590 de 2005; T-565 de
2006; T-661 de 2007; T-249 y T-594 de 2008; T-264, T-425 y T-537 de 2009;
T-167, T-105, T-214 y T-285 de 2010 y T-419 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[5] Consultar, entre otras,
la Sentencia T-217 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[6] Sentencia T-233 de
2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[7] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-608 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[8] Sobre el
particular, consultar, entre otras, las Sentencias SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo
Escobar Gil, T-280 de 2009,    T-565 de 2009, T-715 de 2009, T-049 de 2010,
T-136 de 2010 y T-524 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[9] Consultar, entre
otras, la Sentencia T-462 de 2003.
[10] Al
respecto, consultar, entre otras, la Sentencia T-1275 de 2008.
[11]
Sentencia T-419 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[12] Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Cordoba Triviño).
La Corte declaró inexequible la norma que impedía interponer la acción de
tutela contra sentencias de casación en materia penal, por considerar que dicha
restricción vulneraba, entre otras normas, el artículo 86 de la Constitución.
Los criterios allí expuestos son plenamente aplicables para reivindicar la
procedencia de la tutela contra las sentencias de todos los órganos máximos en
las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional
disciplinaria.
[13] 30 de noviembre de 2010.
[14] 19 de julio de 2010.
[15] A este respecto, en la Sentencia T-1222 de 2005,
recordó la Corte que en las acciones de tutela contra providencias judiciales,
el acccionante tiene la carga de señalar claramente “los hechos en los
cuales se fundamenta su petición y los derechos fundamentales que considera
violados. Si no lo hace y la violación no aparece de manera evidente o
manifiesta, el juez queda relevado de estudiar en detalle el expediente
judicial y puede proceder a declarar la improcedencia de la acción. Así mismo,
cuando el actor reduce el cargo a un tipo de violación – por ejemplo
violación de la Constitución por tratarse de una vía de hecho material – el
juez, salvo evidencia en otro sentido, puede contraer su estudio a dicho cargo,
sin que resulte necesario que verifique en detalle si no existe en el
expediente respectivo algún otro vicio o defecto que pueda comprometer la
decisión judicial”.
[16] El debido proceso garantiza la igualdad de las partes
en el terreno procesal, posibilita el derecho de defensa, da seguridad jurídica
y frena posibles arbitrariedades o parcialidades del juez.
[17] Ver sentencia C-029/95 (M.P.Jorge Arango Mejía):
Correspondió a la Corte determinar la constitucionalidad del artículo 4º del Código
de Procedimiento Civil que establece la interpretación de las normas procesales
teniendo en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los
derechos reconocidos por la ley sustancial. La Corte, al declarar la
constitucionalidad del texto demandado, reiteró la naturaleza de medio que
tiene el derecho procesal con respecto al material y su importancia en cuanto a
tal.
[18] Sentencias T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva) y T-599 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[19] Sentencia T-289 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[20] Esta Corporación en sentencia T-264 de 2009 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva), a la cual se hará referencia más adelante, señaló que “a
partir del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, y de
la obligación de dar prevalencia al derechos sustancial (artículo 228 de la
Constitución), la Corte ha encontrado que puede producirse un defecto
procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego
excesivo a las formas, se aparta de sus obligaciones de impartir justicia,
buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más
posible a la verdad real, garantizar la efectividad de los derechos
constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que trunquen la
eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia, y de los derechos
materiales, pues los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la
efectividad del derecho y no fines en sí mismos”.
[21] Ver en este sentido, las siguientes sentencias:
• T-974 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil): la Corte amparó los
derechos fundamentales del accionante al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en armonía con los principios constitucionales de
celeridad procesal y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, al
concluir que el juez (i) al ignorar manifiesta y ostensiblemente una prueba,
cuya valoración tenía la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo
y, (ii) al hacer una interpretación incorrecta y desproporcionada de las normas
aplicables al caso y otorgarle a la oponibilidad mercantil un efecto
sancionatorio no previsto en el ordenamiento procesal, había incurrido en una
vía de hecho “en la interpretación judicial”, en desmedro de los
derechos sustantivos en litigio.
• T-1091 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): la Corte
Constitucional revisó un proceso de simulación de un contrato celebrado por el
padre en perjuicio de su menor hijo, en el cual el juez de segunda instancia
negó la declaratoria de simulación por considerar que, a pesar de estar probada
la simulación relativa, el actor había pedido la declaratoria de simulación
absoluta o total. La Corte tuteló los derechos fundamentales del menor de edad,
en especial el derecho al debido proceso por “exceso ritual manifiesto”,
pues el juez civil del circuito, no obstante reconocer que el contrato era
simulado, por aplicar con excesivo rigor una regla de carácter procesal omitió
amparar el derecho sustancial.
• T-052 de 2009 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) esta
Corporación amparó al accionante el derecho fundamental al debido proceso en
conexidad con el principio de primacía del derecho sustancial, por considerar
que las entidades accionadas incurrieron “en un exceso de ritualismo”, a
propósito del caso de un participante en un concurso de notarios que, pese a
haber cursado una especialización, no la acreditó de la forma señalada
(mediante acta de grado y diploma), sino por medio de certificación expedida
por la universidad.
[22] (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) En este caso, la
Corte Suprema de Justicia, a pesar de afirmar claramente que el accionante sí
debería gozar del derecho a pensión, según la jurisprudencia unificada de esa
Corporación, no casó la sentencia objeto del recurso por falta de técnica de
casación. La Corte Constitucional decidió conceder el amparo impetrado al
considerar que, aun cuando los requisitos formales y técnicos de la casación
son constitucionalmente legítimos, en el caso concreto la Corte Suprema de
Justicia, tras constatar que efectivamente el actor cumplía con todos los
requisitos para acceder a la pensión de vejez (derecho constitucional) decidió
no casar la sentencia por razones puramente formales incurriendo en un “exceso
ritual manifiesto”.
[23] (M.P. Álvaro Tafur Galvis) La Corte en ese caso amparó
a favor de varios accionantes los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y primacía del derecho sustancial
vulnerados por los jueces laborales de primera y segunda instancia que
inadmitieron primero y después rechazaron la demanda presentada por el
apoderado de varias personas, por no haber corregido la demanda en el término
otorgado para que dirigieran los poderes al juez laboral y no al juez civil del
circuito, como había ocurrido.
[24] (M.P.Luis Ernesto Vargas Silva) En ese pronunciamiento, la Corte analizó un caso de una
acción de tutela en donde la accionante consideró vulnerados sus derechos
fundamentales por el Tribunal Superior de Bogotá, al proferir el fallo de
segunda instancia dentro de un proceso ordinario de responsabilidad civil
extracontractual iniciado por ella, mediante el cual el Tribunal revocó el
fallo de primera instancia con base en dos consideraciones centrales: (i) la
falta de legitimidad por activa de la peticionaria pues, aparte de las
afirmaciones de la demanda, no se aportó prueba alguna sobre la relación de
parentesco; y (ii) la falta de legitimidad por pasiva de uno de los demandados,
pues el vehículo de servicio público que se encontraba en el accidente no era
de su propiedad.
[25] Ver, entre muchas otras, las sentencias SU-159 de 2002
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
T-737 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva), T-599 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-386 de 2010
(M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-637 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y
T-950 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[26] Eso mismo se dijo
en las siguientes sentencias que estudiaron brevemente la interrelación de
estos dos defectos:
* T-386 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). En esa oportunidad  la Corte revisó la acción de tutela
que interpuso una ciudadana contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
quien dentro de un proceso de reparación administrativa incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto toda vez que estimó, al igual que el
juzgado a-quo, que el registro civil de nacimiento de un menor
demandante, al haber sido aportados en copias simples, carecían de valor
probatorio y, por ende, no existía legitimación en la causa para demandar. Esta
Corporación tuteló el derecho al debido proceso y dispuso que se dictara un
nuevo fallo haciendo una adecuada valoración probatoria.
* T-637
de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez). En
esa sentencia la Corte revisó la acción de tutela que presentó la sociedad
Cartón de Colombia S.A. contra el Juzgado 1° Civil del Circuito de
Buenaventura, por considerar lesionado su derecho fundamental al debido proceso
dentro de un incidente de regulación de perjuicios en el cual se tuvo en cuenta
un dictamen pericial sin soportes probatorios del perjuicio y se negó el
desembargo de un establecimiento comercial de propiedad de la accionante. Esta
Corporación concedió el amparo y ordenó reiniciar todo el trámite del incidente
de regulación de perjuicios.
[27] Extracto de la Sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[28] Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-538 de 1994   y
T-061 de 2007.
[29] Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de
1996 y SU – 159 de 2002, T-244 de 1997.
[30] Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
[31] Sentencia T-590 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[32] Sentencia T-008 de 1998 y T-636 de 2006,
citadas en la sentencia T-264 de 2009.
[33] Modificado por Dec. 2282 de 1989, art. 1°, mod. 115;
por la Ley 794 de 2003, art.26 y por la Ley 1395 de 2010, art. 11.
[34] Artículo modificado por el artículo 27 de la
Ley 794 de 2003.
[35] Por la cual se adoptan medidas en materia de
descongestión judicial.
[36] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esa
oportunidad, la Corte estudió una acción de tutela dirigida contra providencia
judicial del Tribunal Administrativo de Magdalena, el cual negó las súplicas de
una demanda al estimar que los títulos valores que respaldaban el pago de la
cláusula penal pactada en el contrato incumplido y cuyo valor determinó el
monto de la indemnización por concepto de daño emergente, carecían de valor
probatorio, toda vez que fueron allegados en copia simple y no en copia
auténtica, de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 254 del Código
de Procedimiento Civil. Allí confirmó la denegatoria de amparo porque no se
configuró en defecto fáctico en la valoración probatoria de los cheques
aportados en copia simple.
[37] Consejo de Estado,  Sección Segunda – Subsección “A”.
Consejero Ponente: Dr.  Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia de 4 de
marzo de 2010. Radicación N° 2003-00015-01 (1413-08). Actor: Erika María Novoa
Caballero. Demandado: Capresoca E.P.S.  En esta providencia se cita la
sentencia de 22 de mayo de 2008. Exp. No. 1371-06, de la Sección Segunda.
Subsección A, de la cual fue ponente el Consejero Dr. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, la cual fue proferida en el mismo sentido.
[38] Consejo de Estado. Sentencia del 22 de mayo de 2008.
Exp. No. 1371-06. Sección Segunda. Subsección A. C.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
[39]  Ver folio 71 del expediente de tutela T-3.163.147.
[40] Ver folios 84 y 85 del expediente de tutela
T-3.163.147.
[41] Ver folio 114 del cuaderno 1 del expediente
T-3.163.147.
[42] Se advierte el sello de recibido en el juzgado citado,
con fecha del 5 de julio de 2007, de lo que se deduce que fue aportado en
original al proceso contencioso seguido en el Juzgado Primero Administrativo de
Cúcuta.
[43] Extracto de la sentencia T-599 de 2009 (M.P. Juan
Carlos Henao Pérez).
[44] “El operador jurídico como director del proceso,
ostenta un poder –deber, fundados, en su orden, en el interés público que lo
motiva y en la garantía de una debida administración de justicia, para
desplegar su facultad oficiosa, como medio práctico y útil tendiente a suplir
ciertos vacíos no cubiertos por la parte, en quien recae en principio el
impulso del proceso, para recaudar un dato sensible que lleve certeza a favor
de la garantía del derecho sustancial”.  Ibídem
[45] Aunque esta consideración en la Sentencia T-264 de
2009 sobre la facultad oficiosa del juez de decretar la práctica de pruebas se
refirió al Código de Procedimiento Civil, es aplicable a las controversias
Contencioso Administrativas por remisión del propio estatuto adjetivo en esta
materia (art. 267 C.C.A.).
Ver también la sentencia T-950 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[46] Sentencia T-264 de 2009.
[47] Sentencias T-264 y T-599 de 2009; y T-950 de 2011.
[48] Ver, entre otros, los
salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las sentencias T-590, T-591,
T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007; T-402, T-417, T-436 y
T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256 de 2006 y A-045 de
2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las sentencias T-987 y
T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925, T-945, T-1029, T-1263
y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364, T-517, SU-811, T-904 y
T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703 y T-786 y T-867 de 2011 y
T-010 de 2012.
[49]
C-590 de 2005.