C-464-93
Sentencia No
Sentencia
No. C-464/93
CONMOCION
INTERIOR-Prórroga/SISTEMAS
DE RADIOCOMUNICACION
La
prórroga de algunos de los decretos legislativos dictados durante el Estado de
Conmoción Interior, es constitucional, por la evidente conexidad que existe con
las causas que determinaron la declaratoria del Estado de Conmoción Interior y
porque el Gobierno hizo uso de una expresa atribución constitucional, dentro de
unos límites de discrecionalidad, que se juzgan razonables y proporcionales a
las circunstancias que le sirven de causa, pues aún subsisten los factores de
anormalidad en materia de orden público, que justificaron la expedición de
dichos decretos.
Sala
Plena
REF.
EXPEDIENTE
R.E. 053.
TEMA:
Revisión
Constitucional del Decreto 1515 de agosto 4 de 1993, "Por el
cual se prorroga la vigencia de algunos decretos expedidos en desarrollo del
Estado de Conmoción Interior".
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Aprobada
en Santafé de Bogotá D. C., mediante acta No 64, correspondiente al veintiuno
(21) de octubre de mil novecientos novena y tres (1993).
I.
ANTECEDENTES
En
cumplimiento del numeral 6o. del artículo 214 de la Carta Política, el
Presidente de la República, por intermedio de la Secretaría General, envió a
esta Corporación copia auténtica del Decreto 1515 del cuatro (4) de agosto de
mil novecientos noventa y tres (1993), expedido por el Gobierno Nacional.
De
conformidad con lo estipulado por el numeral 7o. del artículo 214 de la Carta
Política y el artículo 10 del decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional
avocó el conocimiento del proceso de la referencia y ordenó su fijación en
lista por el término de cinco (5) días, para efectos de la intervención
ciudadana.
De
acuerdo con los artículos 242 y 277 de la Carta, se dispuso por esta
Corporación que, una vez fijado en lista el negocio, se corriera traslado al
señor Procurador General de la Nación para que dentro del término de rigor,
rindiera concepto; de igual manera, se ordenó informar al señor Presidente de
la República la iniciación del presente proceso.
II.
TEXTO DEL DECRETO.
REPUBLICA
DE COLOMBIA.
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA.
Decreto
numero 1515 del 4 de agosto de 1993.
Por
el cual se prorroga la vigencia de algunos decretos expedidos en desarrollo del
Estado de Conmoción Interior.
EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución
Política, y
CONSIDERANDO:
Que
mediante Decreto 1793 del 18 de noviembre de 1992, se declaró el Estado de
Conmoción Interior en todo el territorio nacional por el término de noventa
(90) días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
Que
a pesar de que las disposiciones excepcionales dictadas por el Gobierno
Nacional han contribuído a hacer frente a la perturbación del orden público, la
persistencia de las causas de agravación de la misma hizo indispensable que el
Gobierno Nacional prorrogara el Estado de Conmoción Interior en dos ocasiones,
por períodos de noventa (90) días calendario cada uno, el último de los cuales
vence el cuatro (4) de agosto de 1993.
Que
no obstante la eficacia de las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en
desarrollo del Estado de Conmoción Interior es necesario
prorrogar la vigencia de algunas de ellas, a fin de que se cumplan cabalmente
los objetivos de las mismas y de este modo garantizar a todos los habitantes
del territorio nacional el mantenimiento del orden público.
Que
el artículo 213 de la Constitución Política autoriza al Gobierno Nacional para
prorrogar la vigencia de los decretos dictados durante el Estado de Conmoción
Interior hasta por noventa (90) días.
DECRETA:
ARTICULO
1o.  De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 213 de la Constitución Política,
levántese a partir del día cinco de agosto de 1993, el estado de conmoción
interior declarado por Decreto 1793 de 1992.
ARTICULO
2o. Prorrógase
por el término de noventa (90) días calendario, contados a partir de 5 de
agosto de 1993, la vigencia de los decretos legislativos números 1810, 1811,
1812, 1833, 1834, 1835, 1874, 1940, 1941, 1942, 2006, 2007, 2009, 2094 de 1992;
y 05, 06, 07, 262, 265, 266, 444, 446, 542, 543, 624, 682, 828, 1400, 1495,
1496 y 1497 de 1993.
PARAGRAFO.
Por
razón de la prórroga de los decretos Legislativos 266, 624 y 682 de 1993 a que
se refiere el inciso anterior, durante el término de la misma continuará
suspendida en el Area Metropolitana de Medellín y Envigado la prestación y
utilización de los siguientes servicios de radiocomunicaciones: buscapersonas,
sistemas de telefonía móvil, sistema de telefonía satelital, sistema monocanal
y "trunking".
La
suspensión a que hace referencia el inciso anterior no se aplicará a los
servicios de radiocomunicaciones por sistemas previstos en el Decreto 682 de
1993.
ARTICULO
3o. Prorrógase
por el término de noventa (90) días calendario, contados a partir del 5 de
agosto de 1993, la vigencia del Decreto Legislativo 1873 de 1992 en los
términos en que dicho decreto fue declarado exequible por la H. Corte
Constitucional. Por consiguiente, el texto del decreto que se prorroga no
incluye las expresiones "... y de los demás organismos que determine el
Gobierno Nacional" y "... cuando existiere culpa grave",
contenidas en los artículos 11 y 12 del mismo, respectivamente.
ARTICULO
4o. Prorrógase
por el término de noventa (90) días calendario, contados a partir del 5 de
agosto de 1993, la vigencia del Decreto Legislativo 1875 de 1992 en los
términos en que dicho decreto fue declarado exequible por la H. Corte
Constitucional. Por consiguiente, el texto del decreto que se prorroga no
incluye el inciso segundo del artículo 5o. que fue declarado inexequible.
ARTICULO
5o. Prorrógase
por el término de noventa (90) días calendario, contados a partir del 5 de
agosto de 1993, la vigencia del Decreto Legislativo 2008 de 1992 en los
términos que dicho decreto fue declarado exequible por la H. Corte
Constitucional. Por consiguiente, el texto del decreto que se prorróga no
incluye la expresión "... de lo contrario el Gobierno o el alcalde podrá
crearlos por decreto, dentro de los 8 días siguientes al vencimiento del plazo
mencionado", contenida en el artículo 2o. del mismo.
ARTICULO
6o. Prorrógase
por el término de noventa (90) días calendario, contados a partir del 5 de
agosto de 1993, la vigencia del Decreto Legislativo 2010 de 1992 en los
términos que dicho decreto fue declarado exequible por la H. Corte
Constitucional. Por consiguiente, el texto del decreto que se prorroga no
incluye el artículo 5o del mismo que fue declarado inexequible.
ARTICULO
7o. El
presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLIQUESE
Y CUMPLASE.
Dado
en Santafé de Bogotá, D. C. 4 Agosto 1993"
III.
INTERVENCION CIUDADANA.
Dentro
del término de fijación en lista, el ciudadano ALIRIO URIBE MUÑOZ, solicitó la
declaratoria de inexequibilidad del decreto 1515 de 1.993, por considerar que
viola el artículo 213, en concordancia con los demás artículos del Capítulo 6
del título VII de la Constitución Nacional; al respecto, expresa como motivos
de la vulneración alegada, los siguientes:
"La
Nueva Constitución en materia de control del orden público, quiso eliminar los
efectos nocivos para la democracia de la anterior figura del Estado de Sitio. Y
sin duda que en comparación con el art. 121 de la Carta del 86, las actuales
disposiciones de la Constitución son un progreso significativo en el control y
límites del ejercicio de las facultades extraordinarias y en el respeto de los
derechos ciudadanos".
"Unido
a lo anterior, se impone un plazo que no puede superar los 270 días durante el
cuatrienio de Gobierno, divididos en tres períodos de máximo 90 días cada uno,
el último de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado. No
puede tolerarse una interpretación distinta como la que sostiene de que el
límite es en el lapso de un año o de que se puede declarar más de tres veces en
el mismo período presidencial siempre y cuando no se sobrepasen los 270
días";
"Frente
a las prórrogas, al leer las Gacetas Constitucionales y escuchar los debates
que se transmitían por televisión en directo desde el seno de la Asamblea
Constituyente, se esclarece que el fin era transformar radicalmente la nefasta
figura del ESTADO DE SITIO. Con el Decreto 1515 se esta reeditando esta figura
al pretender prorrogar por encima de los 270 días los decretos expedidos
durante la conmoción interior, lo cual es contrario al espíritu de la Carta,
cosa diferente es que el Gobierno Nacional al no utilizar la totalidad de los
270 días pueda prorrogar hasta por 90 días la vigencia de los mismos pero sin
sobrepasar ese limite, es decir, si el Gobierno Nacional utiliza la CONMOCION
INTERIOR por cualquier término inferior a los 270 días, puede prorrogar los
decretos hasta por 90 días pero nunca sobrepasar esos 270 días".
"A
partir de lo anterior, en el caso que nos ocupa, el Gobierno Nacional ya
utilizó la totalidad de los 270 días de conmoción interior y por tanto los
decretos son improrrogables por haber agotado en su totalidad los 270 días de Conmoción
Interior. De no ser así estaríamos frente al hecho de que de facto el Gobierno
Nacional pueda decretar múltiples conmociones incluso de apenas un día y
proferir decretos para que a su vez se prorroguen por noventa días lo cual nos
llevaría a un estado de conmoción sin solución de continuidad, es decir
permanente, recogiendo exactamente los mismos vicios del ESTADO DE SITIO de la
Carta de 1986".
Por
otra parte, resalta, que "el decreto impugnado que es para levantar y
prorrogar los decretos de conmoción, termina tomando nuevas medidas con nuevas
normas y prorrogándolas automáticamente, lo cual viola la preceptiva
constitucional; ello se observa en el parágrafo del artículo segundo del
decreto que se revisa, el cual establece que por razón de la prórroga de los
Decretos Legislativos 266, 624 y 682 de 1993 a que se refiere el inciso
anterior, durante el término de la misma continuará suspendida en el Area
Metropolitana de Medellín y Envigado la prestación y utilización de los
siguientes servicios de radio comunicaciones: buscapersonas, sistemas de
telefonía móvil, sistema de telefonía satelital, sistema monocanal y
'trunking'. La suspensión a que hace referencia el inciso anterior no se
aplicará a los servicios de comunicaciones por sistemas previstos por el
Decreto 682 de 1993".
IV.
INTERVENCION DEL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
El
Secretario General de la Presidencia, Dr. Miguel Silva Pinzón, justifica la
constitucionalidad del decreto en revisión, entre otras, por las siguientes
razones:
"La
posibilidad de prórroga de la vigencia de los decretos dictados durante el
estado de conmoción interior está consagrada en la norma que se ha transcrito y
parte de la consideración de que en muchos casos una vez adoptada una medida
para resolver la crisis, es necesario que la vigencia de la misma se prolongue
con el fin de que la misma cumpla plenamente su objetivo y así evitar que los
hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de conmoción puedan volver
a convertirse en un factor perturbador. En efecto, si bien durante el estado de
conmoción pueden sentarse las bases para lograr la normalidad, el
restablecimiento definitivo de la paz supone con frecuencia que las decisiones
adoptadas continúen produciendo efectos durante un término adicional".
"A
lo anterior se agrega que ciertos hechos pueden llegar a perturbar gravemente
el orden público debido a que en algunos eventos la legislación ordinaria no
contempla instrumentos adecuados para luchar contra ellos, lo cual da lugar a
que se produzca una crisis que debe ser resuelta accediendo a las facultades
que confiere al Gobierno el artículo 213 de la Constitución Política.
Así
sucedió bajo la Constitución de 1886 en materia de terrorismo. En efecto, la
gravedad de las conductas antijurídicas de los grupos guerrilleros y de la
delincuencia organizada dió lugar a que el ejercicio de las facultades del
estado de sitio el Gobierno dictara medidas para luchar contra el terrorismo,
las cuales fueron convertidas posteriormente, por expresa autorización del
Constituyente, en legislación permanente".
"No
sobra recordar que para atacar las causas de la perturbación del orden público
no es suficiente tomar medidas para reprimir uno o más actos violentos, sino
adoptar disposiciones que permitan controlar los factores por los cuales dichos
actos producen y adquieren su capacidad perturbadora. Esta razón impone adoptar
normas jurídicas que a la postre deben convertirse en permanentes para evitar
que vuelva a afectarse el orden público".
"En
efecto, en aquellos eventos en que determinados grupos perturban el orden
aprovechándose de la ausencia de una legislación apropiada, es claro que si
bien el Gobierno puede hacer frente a la crisis ejerciendo las facultades que
le confiere el artículo 213, la solución definitiva de las causas de
perturbación sólo se logra a través de medidas de carácter permanente. Es por
ello que una de las finalidades de la autorización constitucional de prorrogar
las medidas consiste en permitir que el Congreso de la República disponga de un
lapso adecuado para estudiar la medida y si lo considera conveniente
convertirla en legislación permanente. De esta manera el constituyente buscó
eliminar un factor que impedía el levantamiento del estado de sitio y que
consistía en la pérdida de la vigencia de medidas dictadas para luchar contra
determinados hechos perturbadores del orden público".
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
El
señor Procurador General de la Nación, conceptuó que el decreto materia de
estudio es exequible, toda vez que la normatividad objeto de control, además de
que cumple con los requisitos de forma exigidos por el artículo 213 de la
Constitución Nacional, materialmente es constitucional. En cuanto a este último
aspecto, señaló:
"Es
evidente que las medidas que se prorrógan no riñen con preceptiva
constitucional alguna, puesto que su conformidad con el Ordenamiento Superior
fue verificada por esa H Corporación, en sentencias Nos. C-033, C-034, C-035,
C-052, C-059, C-059, C-060, C-066, C-068, C-069, C-072, C-073, C-076, C-077,
C-082, C-083, C-098, C-153, C-155, C-169, C-197, C-206, C-214, C-261, C-266,
C-267 y C-271".
"Como
bien se advierte (art. 3o. y s.s.), en aquellos casos en que la Corte determinó
la inconformidad constitucional parcial, el Gobierno en el decreto 1515 excluyó
de la prórroga las expresiones halladas inexequibles ajustando la prolongación,
como en el decreto 1875 de 1992, a los términos en que dicho ordenamiento fue
declarado exequible (C-058, C-136, C-075, C-175)".
"Ahora
bien, según se lee en la parte considerativa del decreto 1515 de 1993, el
Gobierno sostiene que a pesar de la eficacia de las medidas dictadas en
desarrollo del estado de conmoción interior, es indispensable aún prorrogar la
vigencia de algunas de ellas, con el propósito de que se cumplan cabalmente los
objetivos de las mismas y de este modo garantizar a la comunidad el
mantenimiento del orden público".
"Para
este despacho, supuesta la eficacia parcial de las medidas adoptadas en procura
de restablecer el orden público, que como lo hemos dicho en otras
oportunidades, es difícil de determinar (y se dice parcial, porque si lo fuera
totalmente, el Gobierno no tendría que haber acudido al expediente de su
extensión en los términos del inciso tercero del articulo 213), y supuesto, asi
mismo, que la teleología de las medidas de orden público es impedir la
extensión de sus efectos, lo cierto es que en esta coyuntura donde el Ejecutivo
demandará al Congreso la adopción con carácter permanente de muchas de esas medidas,
el órgano legislativo debe asumir su papel de orientador de la política
criminal a corto y en largo plazo, como foro natural para estas
determinaciones, y así evitar, el riesgo de que se creen regímenes paralelos,
eventualmente lesivos de la Carta. Ademas, como ya se ha dicho, de acuerdo con
el tercer inciso del artículo 213, es facultad del Gobierno Nacional prorrogar
la vigencia de los decretos dictados durante el estado de conmoción interior
hasta por noventa días más".
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1.
La Competencia.
De
conformidad con los artículos 214 numeral 6 y 241 numeral 7 de la Carta
Política, corresponde a la Corte Constitucional, decidir definitivamente sobre
la constitucionalidad del decreto legislativo que levanta el estado de conmoción
interior y prorroga la vigencia de los decretos dictados por el Gobierno con
fundamento en el artículo 213 de la Norma Superior.
2.
El decreto 1515 de 1993 es un decreto legislativo.
Es
incuestionable que el decreto que se revisa, esto es, el decreto por el cual se
levanta el Estado de Conmoción Interior y prorroga la vigencia de algunas
medidas dictadas bajo su amparo, exhibe el carácter de decreto legislativo,
pues, se trata de un conjunto normativo, dictado por el Presidente de la
República dentro del mismo proceso de dicho estado, y la decisión obedece al
mandato de la Carta Política que prevé la declaratoria de restablecimiento del
orden público, cuando cesen las causas que originaron la conmoción interior;
restauración que comporta la extinción de los decretos de Conmoción Interior,
sin perjuicio de que pueda prorrogarse la vigencia de los decretos proferidos
bajo el estado excepcional de conmoción, por 90 días más. Además, atendiendo el
principio del paralelismo de las formas, tienen el carácter de legislativos,
tanto el decreto que declara el Estado de Conmoción Interior, como el que le
pone fin a dicho estado.
Adicionalmente
cabría agregar que, cuando el numeral 7o del artículo 241 de la Constitución
Nacional le confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y
supremacía de la Carta Política y con tal fin la faculta para revisar y decidir
definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que
dicte el Gobierno, con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la
Constitución, no excluye de dicha revisión y decisión los decretos legislativos
que se profieran para levantar el estado de excepción.
3.
Constitucionalidad del decreto 1515 de 1993 desde el punto de vista formal.
En
lo que respecta al aspecto formal, la Corte encuentra que no existe vicio de
forma alguno que afecte la constitucionalidad del Decreto 1515 de 1993, pues,
en primer lugar, su expedición se produjo dentro del término previamente
señalado por la Constitución Política, esto es, antes de que vencieran los 270
días que suman los términos de vigencia de los decretos 1793 del 8 de noviembre
de 1992 (por el cual se declaró el Estado de Conmoción Interior en todo el
territorio nacional), 261 del 5 de febrero de 1993 y 829 del 6 de mayo de 1993,
(por los cuales se prorrogó el Estado de Conmoción Interior); los cuales fueron
declarados constitucionales por esta Corporación, en las sentencias C-031,
C-154 y C-294 de 1993, respectivamente.
Igualmente,
en cuanto a los requisitos de forma, la Corte constata lo siguiente: * El
artículo 213 de la Constitución Política autoriza al Gobierno Nacional para
levantar el Estado de Conmoción Interior y prorrogar la vigencia de los
decretos dictados durante dicho estado; * la extensión temporal que el
decreto 1515 de 1993, hace de los decretos de Conmoción Interior, en él
relacionados, no excede los noventa (90) días calendario a que alude el último
aparte del inciso 3 del artículo 213 de la Carta; * el ejecutivo
presentó la correspondiente y fundada motivación para que la Corte, en
ejercicio de sus competencias como Juez y guardián de la integridad y
supremacía de la Constitución, decida si existe o no fundamento expreso y
razonable para dicha prórroga; * el decreto fue firmado por el
Presidente de la República y todos sus Ministros, entre estos, por el
Viceministro de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, encargado de las
funciones del despacho del Ministro de Desarrollo Económico.
4.
Constitucionalidad del decreto 1515 de 1993 desde el punto de vista material.
En
cuanto hace al levantamiento del estado de conmoción interior, como en lo que
respecta a la prórroga de la vigencia de los decretos dictados bajo su amparo,
se examinará el aspecto material, como es la constitucionalidad del decreto
desde el punto de vista de su conexidad fáctica, su razonabilidad y
proporcionalidad.
4.1.
Conexidad entre los hechos que determinaron la declaratoria del Estado de
Conmoción Interior, y las razones invocadas para prorrogar la vigencia de
algunas de la medidas tomadas bajo dicho estado.
Esta
Corte aprecia la existencia de una coincidencia entre los motivos expuestos por
el Gobierno nacional al declarar el Estado de Conmoción Interior y sus
prórrogas, con las razones que invoca para decretar la prórroga de algunos de
los decretos dictados durante la vigencia de dicho estado. El decreto objeto de
revisión, se inspira en la necesidad de dar cumplimiento cabal a las medidas
adoptadas durante el Estado de Conmoción Interior, a efecto de garantizar el
mantenimiento del orden público, perturbado de tiempo atrás, en razón de las
acciones de las organizaciones guerrilleras y de la delincuencia organizada
contra la fuerza pública, la población civil, la administracion de justicia y
la infraestructurta económica del país.
4.2.
La prórroga se limita a algunos de los decretos dictados durante el estado de
conmoción, y cuyas normas han sido declaradas exequibles.
De
la exacta constatación de las fechas de expedición de los decretos legislativos,
cuya vigencia a través del decreto 1515 de 1993 se prorróga, y del minucioso
examen de las decisiones que esta Corte ha proferido respecto a los mismos,
observa la Sala, lo siguiente:
Los
decretos fueron expedidos dentro del Estado de Conmoción Interior, el cual fue
declarado el 8 de noviembre de 1992, mediante el decreto 1793, y prorrogado en
dos ocasiones, por 90 días en cada oportunidad, a través de los decretos 261 y
829 de 1993; en tal virtud, el referido estado de excepción tuvo vigencia hasta
el 4 de agosto de 1993; las medidas que ahora se prorrogan, fueron tomadas en
las siguientes fechas:
Decretos
1810, 1811 y 1812 (noviembre 9 de 1992), decretos 1833, 1834 y 1835 (noviembre
13 de 1992), decretos 1873, 1874 y 1875 (noviembre 20 de 1992), decretos 1940,
1941 y 1942 (noviembre 30 de 1992), decretos 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
(diciembre 14 de 1992), decreto 2094 (diciembre 29 de 1992), decretos 05, 06 y
07 (enero 6 de 1993), decretos 262, 265 y 266 (febrero 5 de 1993), decretos 444
y 446 (marzo 8 de 1993), decretos 542 y 543 (marzo 23 de 1993), decreto 624
(abril 1 de 1993), decreto 682 (abril 12 de 1993), decreto 828 (mayo 6 de
1993), decreto 1400 (julio 14 de 1993), decretos 1495, 1496 y 1497 (agosto 3 de
1993).
Los
decretos, citados, fueron declarados constitucionales por esta Corte, asi:
Decretos
del año 1992: 1810 (Sentencia C-034, febrero 8 de 1993), 1811 (Sentencia C-032,
febrero 8 de 1993), 1812 (Sentencia C-033 febrero 8 de 1993), 1833 (Sentencia
C-C-052 febrero 18 de 1993), 1834 (febrero 8 de 1993), 1835, (Sentencia C-068,
25 de 1993), 1874 (Sentencia C-066, febrero 24 de 1993), 1940 (Sentencia C-069,
febrero 22 de 1993), 1941 (Sentencia C-059, febrero 23 de 1993), 1942
(Sentencia C-060, febrero 22 de 1993), 2006 (Sentencia C-072, febrero 25 de
1993), 2007 (Sentencia C-098, febrero 27 de 1993), 2009 (Sentencia C-083,
febrero 26 de 1993) y 2094 (Sentencia C-073, febrero 25 de 1993).
Decretos
del año 1993: 005 (Sentencia C-076, febrero 25 de 1993), 006 (Sentencia C-077,
febrero 25 de 1993), 007 (Sentencia C-082, febrero 26 de 1993), 262 (Sentencia
C-154, abril 22 de 1993), 265 (Sentencia C-155, abril 22 de 1993), 266
(Sentencia C-169, abril 29 de 1993), 444 (Sentencia C-197, mayo 20 de 1993),
446 (Sentencia C-206, junio 2 de 1993), 542 (Sentencia C-214, junio 9 de 1993),
543 (Sentencia C-261, julio 1 de 1993), 624 (Sentencia C-266, julio 8 de 1993),
682 (Sentencia C-267, julio 8 de 1993), 828 (Sentencia C-271, julio 13 de
1993), 1400 (Sentencia C-427, octubre 7 de 1993), 1495 (Sentencia C-415,
septiembre 30 de 1993), 1496 (Sentencia C-426, octubre 7 de 1993) y 1497
(Sentencia C-416, septiembre 30 de 1993).
El
decreto 1873 de 1992, "por el cual se dictan medidas para la seguridad y
protección de los Servidores Públicos de la Rama Judicial, del Ministerio
Público y se expiden otras disposiciones", se prorroga, pero en los
términos en que dicho decreto fue declarado constitucional por esta
Corporación; en consecuencia, el texto del decreto que se prorroga no incluye
las expresiones "... y de los demás organismos que determine el Gobierno
Nacional"1 y "... cuando existiere culpa
grave"[1],
contenidas en los artículos 11 y 12 del mismo, respectivamente, y que fueron
declaradas inexequibles en la Sentencia C-058 del 22 de febrero de 1993. En
consecuencia, el contenido que de dichas normas, fue declarado exequible y
ahora se prorroga, es el siguiente:
"Artículo
11. La Policía Nacional organizará un cuerpo especializado para la protección
de los funcionarios y exfuncionarios de la Rama Judicial, del Ministerio
Público, contra los riesgos a que se vean expuestos por razón de las acciones
de la delincuencia organizada y de los grupos guerrilleros".
"Parágrafo.
El funcionamiento de dicho cuerpo especial podrá ser financiado con los
recursos del Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público,
además de los asignados en el presupuesto nacional".
"Artículo
12. La nación responderá por los perjuicios que se deriven de la omisión en la
ejecución de los planes y programas de seguridad".
El
decreto 1875 de 1992, "por el cual se dictan normas de conmoción interior
sobre contratos y sanciones aplicables a los contratistas", se prorroga,
en las condiciones en que dicho decreto fue declarado constitucional por esta
Corte en la Sentencia C-136 del 15 de abril de 1993; por lo tanto, el texto del
decreto que se prorroga no incluye el inciso segundo del articulo 5o que fue
declarado inexequible en la Sentencia C- 136 del 15 de abril de 1993. El inciso
aludido señalaba: "Incurrirá en causal de mala conducta el funcionario que
no declare la caducidad del contrato dentro de los dos días siguientes a la
fecha en que se haya recibido la respectiva solicitud"[2]. Por consiguiente, el
contenido que ahora se prorroga es el siguiente:
"ARTICULO
5o. Cuando el Procurador General de la Nación o el Fiscal General de la Nación
en desarrollo de investigaciones adelantadas en ejercicio de sus funciones,
establezcan la existencia de las conductas a que se refieren los artículos 2o.
y 3o., solicitará a la autoridad competente que declare la caducidad del
contrato, con base en las circunstancias que señalen dichos funcionarios en su
solicitud.
El
decreto 2008 de 1992 "por el cual se dictan medidas presupuestales
referentes a las entidades territoriales", se prorroga, pero en los
términos en que dicho decreto fue declarado exequible por esta Corte en la
Sentencia C-075 del 25 de febrero de 1993; así entonces, el artículo 2o. del
decreto que se prorroga no incluye la expresión "... de lo contrario el
Gobierno o el alcalde podrá crearlos por decreto, dentro de los 8 días
siguientes al vencimiento del plazo mencionado"[3], contenida en el
artículo 2o. del mismo. En tal virtud, el texto que de dicho artículo se
prorroga, es el siguiente:
"ARTICULO
2o. En aquellos departamentos o municipios que señale el Gobierno de
conformidad con el artículo anterior, donde no exista Fondo de Seguridad, éste
deberá crearse dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la
determinación del Gobierno Nacional; los Fondos de Seguridad que se creen en
virtud del presente Decreto tendrán el carácter de "fondos-cuenta".
Los recursos de los mismos se distribuirán según las necesidades regionales de
seguridad y serán administrados por el Gobernador o por el Alcalde, según el
caso, o por el Secretario del Despacho en quien se delegue".
El
decreto 2010 de 1992 "por el cual se toman medidas para aumentar la
eficacia de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", se
prorroga, en las condiciones en que dicho decreto fue declarado exequible por
esta Corte; en tal virtud, el texto del decreto que se prorroga no incluye el
artículo 5o, declarado inexequible a través de la Sentencia C-175 del 6 de mayo
de 1993, y que establecía: "Quien sea sancionado con arresto severo,
habiendo sido  objeto de esta misma sanción por tres (3) veces o más durante los
cinco (5) años anteriores a la imposición de dicha sanción, incurrirá en causal
de mala conducta"[4].
El
decreto 1495 de 1993 "por el cual se expiden normas sobre concesión de
beneficios a quienes abandonen voluntariamente las organizaciones
subversivas", se entenderá prorrogado en los términos que señaló la
sentencia C-415 de 1993 del 30 de septiembre del mismo año, a través de la cual
se resolvió lo siguiente: "Primero: Declárense exequibles los artículos
1o, 2o, 3o -salvo el parágrafo-, 4o. 5o, 6o, 8o y 12o del Decreto Legislativo
1495 de 1993. Segundo: Declárese inexequible el artículo 11 del mismo Decreto.
Tercero: En lo relacionado con la constitucionalidad del Parágrafo del artículo
3o y de los artículos 7o, 9o y 10o del Decreto 1495 de 1993, estese a lo
resuelto por la Corte Constitucional en Sentencia C-207 del 3 de junio de 1993,
mediante la cual se declararon exequibles varios artículos con idéntico
contenido sustancial"[5].
4.3.
Proporcionalidad y razonabilidad en el levantamiento del Estado de Conmoción
Interior y en la prórroga de las medidas adoptadas durante su vigencia.
No
se expresó en la parte considerativa del decreto 1515 de agosto 4 de 1993,
cuáles fueron los motivos que tuvo el Gobierno para levantar el Estado de
Conmoción Interior; sin embargo, es incuestionable que la razón que dió lugar a
esa medida, fue el inaplazable vencimiento del término máximo de vigencia del
referido estado de excepción.
El
levantamiento del Estado de Conmoción Interior confirma el carácter transitorio
de los estados de excepción, que por su naturaleza no constituyen instrumentos
hábiles de defensa del poder institucional por encima de los derechos de las
personas. Por lo tanto, siempre será de buena acogida la decisión que vuelve
las cosas al estado de normalidad; máxime cuando, como se dijo antes, es un
imperioso deber constitucional del Gobierno proceder a tomar dicha medida,
cuando desaparezcan los motivos que condujeron a la declaratoria de la
conmoción interior.
Para
esta Corte, la prórroga de algunos de los decretos legislativos dictados
durante el Estado de Conmoción Interior, es constitucional, por la evidente
conexidad que existe con las causas que determinaron la declaratoria del Estado
de Conmoción Interior y porque el Gobierno hizo uso de una expresa atribución
constitucional, dentro de unos límites de discrecionalidad, que se juzgan
razonables y proporcionales a las circunstancias que le sirven de causa, pues
aún subsisten los factores de anormalidad en materia de orden público, que
justificaron la expedición de dichos decretos. En efecto, analizado el
contenido material de las medidas que regulan los referidos decretos, es
evidente que su prórroga se justifica por las siguientes razones :
a)
Las medidas fiscales y presupuestales que han servido de fuente financiera para
el mantenimiento de los organismos estatales que luchan contra los agentes de
la turbación del orden público, se justifican si se tiene en cuenta que la
acción de dichos organismos debe continuar, a pesar del levantamiento del
Estado de Conmoción Interior.
b)
Las medidas tomadas con respecto a los medios de comunicación, se estiman
útiles, en atención a que es incuestionable, que aun en situaciones de
normalidad debe evitarse que organizaciones delincuenciales se valgan de dichos
medios para alterar la tranquilidad pública.
c)
En razón de que el porte o utilización de las armas, municiones y explosivos,
constituye un elemento de perturbación del orden público, es conveniente
mantener, asi sea transitoriamente, las normas que al respecto se expidieron,
con el fín de contrarrestar las acciones de los grupos guerrilleros y del
narcotráfico.
d)
El mantenimiento de disposiciones encaminadas a fortalecer la justicia, se
justifica, dado que la pérdida de vigencia de decretos, tales como el 1810 de
1992 "por el cual se otorgan funciones de policía judicial a las unidades
que se conformen con el apoyo de las fuerzas militares", comprometería la
investigación y el juzgamiento de los graves hechos que han perturbado el orden
público.
e)
Es plausible, mantener, asi sea provisionalmente, el control a los recursos de
las organizaciones delincuenciales, que se ha hecho a través de decretos como
el 1874 de 1992, "por el cual se dictan normas sobre destinación de bienes
y embargo preventivo, en materia de delitos de competencia de jueces
regionales", pues es evidente, que la suspensión de dichas normas
permitiría que dichas organizaciones recuperen parte de la capacidad de acción
que, según el Gobierno, han perdido.
f)
Ante la persistencia de los ataques de las organizaciones guerrilleras contra
los recursos naturales no renovables, y los actos de terrorismo que pueden
afectar a la población civil, se deben conservar las disposiciones expedidas
con el fin de proteger tanto los recursos naturales aludidos, como a las
víctimas de la acción terrorista.
g)
En desarrollo del deber constitucional, de propender por el logro y el
mantenimiento de la paz (artículo 95 numeral 6 de la C.P.), es razonable la
prórroga de los decretos que prevén el diálogo con los grupos guerrilleros.
5.
El parágrafo del artículo 2 del decreto 1515 es constitucional, en cuanto a
través de él, simplemente se prorrogan las medidas de los decretos 266, 624 y
682 de 1993.
El
parágrafo del artículo 2 del decreto 1515 de 1993, establece:
"Por
razón de la prórroga de los decretos legislativos 266, 624 y 682 de 1993 a que
se refiere el inciso inciso anterior, durante el término de la misma continuará
suspendida en el Area Metropolitana de Medellín y Envigado la prestación y
utilización de los siguientes servicios de radiocomunicaciones: buscapersonas,
sistemas de telefonía móvil, sistema de telefonía satelital, sistema monocanal
y "trunking".
"La
suspensión a que hace referencia el inciso anterior no se aplicará a los
servicios de radiocomunicaciones por sistemas previstos por el Decreto 682 de
1993".
No
se trata en la disposición transcrita de establecer una nueva norma para
conjurar la perturbación, lo cual, constitucionalmente sería improcedente, ya
que en el decreto que declara restablecido el orden público y prorroga la
vigencia de los decretos dictados durante el susodicho estado de excepción,
sólo es dable la prolongación, más no la creación, de medidas de conmoción
interior.
El
inciso 2o. de la norma en cuestión, es la reafirmación de lo previsto en el
artículo 1o del decreto 682 de 1993, "por el cual se modifica el decreto
624 de 1993", que a su vez, prorrogó la vigencia del decreto 266 de 1993,
en el que se adoptaron medidas en materia de uso de sistemas de
radiocomunicaciones.
El
artículo 1o del decreto 682 de 1993, establece:
"Se
exceptúan de la prohibición establecida en el artículo 2o del decreto 624 de
1993, la utilización de servicios de radiocomunicaciones por sistemas
"trunking" destinados a prestar apoyo operativo interno a las
funciones o actividades de las empresas públicas que presten servicios de
telecomunicaciones, acueducto, alcantarillado, energía, transporte de combustibles,
así como los que utilicen las autoridades de tránsito y las entidades que
presten servicios de bomberos, siempre y cuando dichos servicios de
radiocomunicaciones operen con equipos fijos instalados en las oficinas o en
los automotores propios de las entidades"
En
conclusión, la prórroga de la normatividad a que alude el parágrafo del
artículo 2 del decreto objeto de revisión, es constitucional, además, porque
los decretos 266, 624 y 682 de 1993, se han erigido como una de las grandes
medidas para combatir a los grupos perturbadores del orden público; así lo
confirma el Gobierno Nacional, con base en informe que le enviara la Fiscalía
General de la Nación, quien opina, que el mantenimiento, así sea transitorio,
de dicha medida, "resulta necesario para lograr la desarticulación de las
organizaciones criminales a que se ha hecho referencia y coadyuvar al
restablecimiento de la paz en dicha región del país".
En
mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional, en Sala
Plena, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S
U E L V E :
Declarar
exequible el
Decreto Legislativo 1515 de 4 de agosto de 1993, por el cual se levanta el
Estado de Conmoción Interior y se prorroga la vigencia de algunos decretos expedidos
en desarrollo de dicho  Estado de  Excepción.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente
del Congreso, insértese en la Gaceta Constitucional y archívese el expediente.
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Presidente
JORGE
ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
Ponente
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO
MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
HERNAN
ALEJANDRO OLANO GARCIA
Secretario
General (E)
1 En cuanto a este aparte del artículo
11 del decreto 1873 de 1992, la Corte encontró ilógico, que se extendiera la
seguridad especial a organismos no determinados ni determinables, pues se
faltaría a la conexidad que debe obrar entre las razones que llevaron a declarar
el estado de conmoción interior y el decreto ibidem.
[1]En
cuanto a este aparte del artículo 12 del decreto 1873 de 1992, la Corte estimó
que predicar la responsabilidad de la Nación, sólo en casos de "culpa
grave", constituye un injustificado trato preferencial para el Estado, y
un desconocimiento del artículo 90 de la Carta, que no hace tal diferenciación.
[2]
Este inciso fue declarado inconstitucional porque obligaba en forma apremiante
a las autoridades administrativas, dentro del breve lapso de dos días, a
declarar la caducidad del contrato, a petición del Procurador General de la
Nación o del Fiscal General de la Nación, para apartarse del criterio prefijado
en la orden de la Procuraduria o Fiscalía, con lo cual se invadía una órbita
propia de la competencia administrativa, se vulneraba el debido proceso y el
principio de imparcialidad del artículo 209 de la Constitución Política.
[3]Este
aparte del artículo 2o del decreto decreto 2008 de 1992, fue considerado
contrario a la Carta por cuanto la facultad constitucional para crear fondos
territoriales reside exclusiva y autónomamente en las asambleas para el caso de
los departamentos (art. 330.5) y en los concejos en el caso de los municipios
(art. 313.5).
[4] El
artículo 5 del decreto 2010 de 1992 se declaró inconstitucional, pues la Corte
consideró que a  la luz del artículo 29 de la Carta, ya no es posible que las
autoridades administrativas, puedan imponer la sanción de arresto.
[5]
Sentencia que se profirio dentro del proceso de revisión constitucional del
Decreto Legislativo 445 del 8 de marzo de 1993 "Por el cual se expiden
normas sobre concesión de beneficios a quienes abandonen voluntariamente las
organizaciones subversivas".