T-201-16
Sentencia T-201/16
AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y DERECHOS
INDIVIDUALES DE SUS MIEMBROS-Caso en que se realiza
cobro de dinero por uso de una servidumbre de paso, decisión tomada por la
Asamblea General de la comunidad indígena
AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y DERECHOS
INDIVIDUALES DE SUS MIEMBROS-Criterios para
solución de conflictos que puedan presentarse
COMUNIDAD INDIGENA-Reconocimiento
de la autonomía indígena exige que, en principio, el Estado y por lo tanto el
juez de tutela se abstenga de involucrarse en los conflictos internos
SOCIEDAD POS COLONIAL COLOMBIANA Y EL GIRO EN LA
CONSTITUCION DE 1991
En términos históricos la importancia de la Constitución Política de
1991 reside en que rompe con cuatrocientos noventa y nueve años de políticas de
la administración que buscaron asimilar y disolver la diferencia de las
comunidades indígenas, y por el contrario, por primera vez en nuestra historia,
buscó revertir las condiciones de marginalidad y subalternización, así como
entregar herramientas jurídicas para la participación de las comunidades
indígenas en la vida política del país. La Carta Política de 1991 quiere ser la
oportunidad para que en nuestro país, los resguardos, autoridades y miembros de
pueblos indígenas sean reconocidos como: (i) sujetos de derechos y agentes de
acción política, superando la visión paternalista que los relegaba a la
condición de menores de edad bajo la tutela de comunidades religiosas y (ii) su
autonomía reciba protección constitucional, especialmente en lo que tiene que
ver con la administración de sus propios asuntos. Todo esto en un claro giro
que los sustrae de la dirección y aculturación de la iglesia católica.
AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y OTROS
PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES-Criterios
para resolver tensiones
PRINCIPIO DE MAYOR AUTONOMIA PARA LA DECISION DE
CONFLICTOS INTERNOS-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS FUNDAMENTALES DE COMUNIDAD INDIGENA Y DE
SUS MIEMBROS-Reglas para la solución de conflictos
internos
(i) Maximización de la autonomía de las
comunidades indígenas; (ii) Mayor autonomía para
la decisión de conflictos internos; (iii) A mayor conservación mayor
necesidad de dialogo intercultural”.
PRINCIPIO DE MAXIMIZACION DE LA AUTONOMIA DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS O MINIMIZACION DE LAS RESTRICCIONES A SU AUTONOMIA-Reiteración de jurisprudencia
PRINCIPIO A MAYOR CONSERVACION DE LA IDENTIDAD
CULTURAL, MAYOR AUTONOMIA-Alcance
LIMITES A LA AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS-Parámetros que ha establecido la Corte
Constitucional
La jurisprudencia
constitucional ha indicado que existen dos límites claros a la autonomía
indígena. Por un lado, un núcleo duro, absoluto, según el cual, si un cabildo
toma una decisión en contravía de determinados derechos fundamentales o del
principio de legalidad, su determinación desborda el marco constitucional. Por
otro lado, existe un segundo  límite que previene a las autoridades de los
pueblos tradicionales para que no tomen medidas arbitrarias y que vulneren los
derechos fundamentales “en tanto mínimos de convivencia social”. En el caso del
segundo límite, la tensión entre la autonomía indígena y los derechos de los
individuos de la comunidad, se resuelve mediante la herramienta de la
ponderación de principios.
AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y DERECHOS
INDIVIDUALES DE SUS MIEMBROS-Cobro por servidumbre
de paso se considera una forma de trabajo colectivo y no un tributo
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Improcedencia de tutela para proteger derecho a la locomoción y al
trabajo, por cuanto cobro por servidumbre de paso, no afecta a la comunidad ya
que existe otro camino de ingreso
Referencia: expediente T-5.263.739
Acción de tutela instaurada por Nelly Culma de
Ducuara, Fidel Yara Conde, Fredy Santa Tique, Saray Ducuara Culma, Agustín
Urbano, Ismael Trujillo, Tomás Narváez Matoma y Orlando Conde contra Hernán
Tique Capera Gobernador del Resguardo Indígena de “El Tambo”, el Tribunal Superior
Indígena del Tolima y la Inspección Municipal de Policía de Natagaima.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RIOS
Bogotá D.C, veintiséis
(26) de abril de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por la Magistrada María
Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto
Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, especialmente las conferidas en los Artículos 86 y 241 numeral 9° de
la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso
de revisión del fallo de tutela proferido, en primera instancia el veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015), por el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Natagaima (Tolima), y en segunda instancia, el catorce (14) de
septiembre de dos mil quince (2015) por el Juzgado Primero Civil del Circuito
de El Guamo (Tolima).
I. ANTECEDENTES
El trece (13) de julio del año dos mil quince (2015), Nelly Culma de
Ducuara, Fidel Yara Conde, Fredy Santa Tique, Suray Ducuara Culma, Agustín
Urbano, Ismael Trujillo, Tomás Narváez Matoma y Orlando Conde formularon acción
de tutela en contra del Gobernador del Resguardo Indígena
Pijao “El Tambo”, el Tribunal Superior Indígena y la Inspección Municipal de
Policía de Natagaima, por los siguientes hechos:
1. Manifiestan los accionantes que a
través de Resolución No. 0023 de 1997, el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria –INCORA (hoy INCODER)- reconoció el carácter de Resguardo a la
comunidad Indígena Pijao “El Tambo”, localizada en los municipios de Natagaima
y Coyaima (Tolima).
2. Los peticionarios son miembros de la
Comunidad indígena Pijao “El Tambo” y tienen su domicilio en la finca “El
Poira” de la Vereda Balocá, ubicada al interior de los territorios del referido
Resguardo.
3. Según informan los solicitantes, al
predio “el Poíra” se ingresa a través de una servidumbre de tránsito vehicular
y peatonal que ha sido utilizada durante más de sesenta años de manera libre
por los miembros de la comunidad.
4. Señalan que desde el cuatro (4) de
diciembre de dos mil catorce (2014), las autoridades de la comunidad indígena
decidieron realizar un cobro de diez mil pesos ($10.000) a cualquier persona
que transite en la servidumbre, ya sea caminando o usando cualquier vehículo.
5. Con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de esta medida instalaron candados y cadenas en las puertas
metálicas que permiten el acceso a la servidumbre. Esto lo expresaron en los
siguientes términos:
“el señor gobernador y demás directivas del
Resguardo … colocaron en el portón de ingreso a la finca el Poira una cadena
gruesa con dos candados, con el ánimo de cobrar …la suma de DIEZ MIL PESOS,
para poder ingresar y salir con la maquinaria que requerimos para la
preparación de la tierra y nuestros trabajos.”[1].
6. Los accionantes afirman que su lugar
de residencia y trabajo es la finca “el Poira”, y a la misma solo se accede
haciendo uso de la servidumbre de tránsito, por lo cual consideran que la
decisión de realizar un cobro vulnera sus derechos fundamentales al trabajo, a
la libertad de locomoción y a la vida, “dado que han sido víctimas de
agresiones físicas y psicológicas cuando hemos llevado maquinaria para ingresar
a nuestros predios…”[2].
7. Los accionantes pusieron estos hechos
en conocimiento del Inspector de Policía de Natagaima (Tolima), el defensor del
Pueblo Regional, el Alcalde Municipal de Natagaima, y el Director Nacional de
Asuntos Indígenas, Rom y minorías del Ministerio del Interior.
2. Solicitud de tutela
Con fundamento en los hechos narrados, los peticionarios solicitaron
al juez de tutela que ordene al Gobernador del Resguardo indígena Pijao “El
Tambo”, Hernán Tique Capera, y a las demás autoridades de la comunidad permitir
el uso de la servidumbre de manera libre y sin restricciones.
La acción de tutela fue repartida en primera instancia al Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Natagaima (Tolima), autoridad judicial que por
auto de quince (15) de julio de dos mil quince (2015), ordenó: (i) escuchar en
diligencia de ampliación de tutela a la señora Nelly Culma de Ducuara; (ii) vincular
al Alcalde Municipal de Coyaima, al Defensor Regional del Pueblo, al Alcalde de
Natagaima, y al Director de Asunto Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
Interior.
2.1. Diligencia de ampliación de tutela
El dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015), en diligencia
de ampliación de solicitud de tutela, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Nataguaima escuchó a la señora Nelly Culma de Ducuara.
La accionante precisó que “desde hace como unos diez meses que se
cierra el portón de día y noche para cobrar peaje por la entrada, ese dinero es
para ellos, a nosotros nos ha tocado pagar la maquinaria, nosotros entramos por
otro camino que es como un abismo”[3].
Posteriormente insistió sobre el destino y fiscalización de los recursos y
señalo que: “no dan ningún recibo, esa plata la cogen ellos para su uso
personal”[4]
El despacho judicial interrogó a la accionante sobre “el motivo [por
el cual] instaura usted la presente acción constitucional, luego de casi un
año de estar ocurriendo los hechos antes referenciados”. Indicó: “porque
hemos venido dándole vuelta a esto para ver si el Tribunal Indígena nos
solucionaba algo, todo esto ha estado en el Ministerio del Interior”.
La peticionaria reiteró su solicitud al juez de tutela encaminada a
que la autoridad judicial ordene al gobernador de la Parcialidad interrumpir el
cobro de diez mil pesos ($10.000) por el uso de la servidumbre.
3. Respuesta de las entidades accionadas.
Dentro del término judicial para presentar escritos de contestación
de tutela, partes e intervinientes vinculados por la autoridad judicial
allegaron escritos donde dieron su concepto sobre los hechos que suscitaron la
acción constitucional de amparo.  Con el fin de hacer una adecuada presentación
de los memoriales, en primer lugar se hará referencia a la intervención de las
partes dentro del proceso, e inmediatamente después a las entidades vinculadas
por el A-quo.
3.1. Contestación de tutela del Gobernador del Cabildo Indígena “El
Tambo”, Hernán Tique Capera[5].
El Gobernador del Cabildo dividió sus argumentos en dos partes: (i)
por un lado, ofreció justificaciones de índole constitucional según las cuales los
hechos narrados por los accionantes caen bajo la órbita de la jurisdicción indígena;
(ii) por otro lado, adujo que la decisión de cobrar un peaje por el uso de la
servidumbre fue tomada por las autoridades competentes del cabildo.
Sostuvo que los hechos no deben ser conocidos por la jurisdicción
ordinaria, dado que concurren los elementos que estructuran el fuero indígena.
Señaló que los accionantes son indígenas, el accionado es una autoridad
indígena, los hechos se desarrollan dentro del territorio del resguardo, y el
bien jurídico tutelado es de interés exclusivo de la comunidad.
Manifestó que las autoridades electas del Resguardo de “El Tambo” decidieron
establecer el cobro de diez mil pesos ($10.000) por el paso a través de la
servidumbre que da ingreso a la finca “el Poira”, por lo cual el asunto cae
bajo la órbita de la jurisdicción indígena.
Resaltó que los pueblos indígenas reclaman del Estado y la Sociedad,
el respeto pleno por sus autoridades, instituciones, normas y procedimientos, esto
es: “el respeto por nuestro sistema jurídico, propio en el marco de un
Estado pluralista en el cual puedan coexistir varias jurisdicciones”[6].
La autoridad indígena precisó que el Cabildo “El Tambo”, su
gobernador e instituciones se encuentran legalmente constituidos y cumplen las
Leyes 89 de 1890 y 21 de 1991, así como del Decreto 2164 de 1995, todas ellas
referidas al derecho a que los pueblos indígenas y originarios a darse su propio
gobierno.
De esta manera, el Resguardo se encuentra registrado ante la Alcaldía
de Natagaima y el Ministerio del Interior y su territorio está debidamente
reconocido mediante Resolución No. 023 de tres (3) de octubre de mil novecientos
noventa y siete (1997) expedida por el Incora.
En relación con los hechos que motivaron la acción de tutela, el Gobernador
indicó que de conformidad a las normas y procedimiento de la comunidad, todas
las medidas que se adoptan al interior del resguardo son analizadas, discutidas
y acordadas en la instancia máxima de decisión del Resguardo, esto es,  la
Asamblea General de la Comunidad. Por tanto, si la pretensión de los
accionantes era provocar una modificación de la medida, ellos debieron acudir a
dicha institución.
Afirmó que el cabildo no ha impedido ni prohibido el paso de su
caminos comunes. No obstante anotó: “Sí es cierto que se han adoptado
algunas medidas de seguridad y de control de nuestro territorio por parte de la
Asamblea General de la Comunidad consistente en regular la salida y
entrada de personas del resguardo”. El objetivo del control sobre el camino
de entrada es: “proteger la vida e integridad física, los bienes de las
familias indígenas del resguardo y evitar que delincuentes utilicen nuestro
territorio para acciones delictivas y así procurar por la pervivencia física y
cultura de nuestra comunidad…”[7].
A manera de conclusión manifestó que: “…las autoridades indígenas
estamos facultadas por mandato constitucional para ejercer control social y
territorial dentro de nuestro ámbito del resguardo, bajo nuestras propias
normas y procedimientos legales, establecidos de conformidad a nuestros usos y
costumbres.” Para respaldar su posición, el Gobernador hizo referencia a la
Sentencia T-002 de 2012 según la cual la autonomía de las comunidades debe ser
respetada en mayor medida cuando se trata de un problema involucra miembros de
una misma comunidad.
3.2. Inspección Municipal de Policía de Natagaima (Tolima)[8].
La Inspección de Policía de Natagaima allegó escrito en relación con
los hechos que motivaron la acción de tutela, a través del cual señaló que
dicha entidad estatal no ha vulnerado ningún derecho fundamental del grupo de  accionantes,
dado que es claro que en casos de conflictos internos debe ser la Asamblea,
máxima autoridad de la comunidad, quien está encargada de dirimir los
conflictos entre los mismos, como se establece en el Decreto 1088 de 1993[9].
Agregó que la Ley 89 de 1890 facultó a los Cabildos Indígenas para
administrar lo relativo al gobierno económico de las Parcialidades.
Adujo que con el ánimo de orientar y asesorar al Resguardo Indígena,
el día siete (7) de febrero de dos mil quince (2015), la Inspección de Policía
realizó diligencia de requerimiento al señor Gobernador de la comunidad del
Tambo, German Tique y a Rubiela Alape Cuvita, todo con el objetivo de mediar
entre las partes en conflicto.
Concluyó que en la jurisdicción indígena del país, las asociaciones
indígenas son entidades de derecho público con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa, por lo cual el Despacho de la Inspección de Policía
carece de competencia para ordenar o sancionar lo que aprobó la Asamblea y en
esa medida no puede intervenir dentro de un terreno de propiedad indígena[10].
A continuación, se referencian las intervenciones de las entidades
estatales  vinculadas por el Auto del quince (15) de Julio de dos mil quince
(2015), proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Natagaima
(Tolima).
3.3. Alcaldía municipal de Coyaima[11].
La Secretaría General del Municipio de Coyaima dirigió memorial al
juzgado de primera instancia, mediante el cual manifestó que la autoridad civil
tiene conocimiento de una situación de conflicto al interior de la comunidad
indígena, y que por tanto, los hechos motivo de la demanda de tutela fueron
remitidos al Ministerio del Interior. Afirmó que “este caso se viene
ventilando en el orden Nacional a través del Ministerio del Interior y de
Justicia Nacional (Asuntos Indígenas, Rom y Minorías). El pasado 29, 30 y 31 de
mayo se presentó una gresca que generó lesiones [a] tres personas”[12].
Concluyó que la Alcaldía de Coyaima no ha tomado acciones en
relación con el ingreso al Resguardo, debido a que quien ejerce jurisdicción en
la Parcialidad es el Municipio de Natagaima.
3.4. Defensoría del Pueblo Regional del Tolima[13].
La entidad  solicitó ser desvinculada del proceso como parte accionada,
al no existir relación directa de esta con la afectación a los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados.
Sobre el asunto objeto de debate procesal, la entidad manifestó que
tiene conocimiento de un contexto de tensión al interior del Resguardo indígena
“El Tambo” cuyo origen se remonta a diferencias en el uso de la tierra entre
las autoridades indígenas y algunos de sus miembros. Como conclusión solicitó
rechazar por improcedente la acción de tutela contra la Defensoría del Pueblo
en calidad de accionado.
3.5 Ministerio del Interior. Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías[14]
En casos como el de la comunidad de “El Tambo”, la Oficina Delegada
para Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior señaló que uno de sus
lineamientos de acción consiste en la construcción de políticas públicas con
enfoque diferencial. Afirmó que a través de la Dirección se presta asesoría a
las entidades de orden nacional, departamental y municipal sobre el enfoque
diferencial con trabajo con comunidades indígenas.
Frente a los hechos alegados por los accionantes, el Ministerio
indicó que los fundamentos fácticos resultan muy ambiguos y demasiado
generales: “no basta afirmar que se les está vulnerando derechos, sino
también demostrar la vulneración de una manera sumaria”. Argumentó que en
casos como este, la jurisprudencia constitucional ha indicado que el derecho
fundamental a la autonomía de los Pueblos Indígenas prevalece sobre los derechos
fundamentales individuales de los comuneros.
Lo anterior a partir del precedente constitucional (Sentencia T-601
de 2001) el Delegado del Ministerio del Interior sostuvo que los territorios
indígenas son entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de
sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la Ley. Para tal
efecto son titulares de los siguientes derechos: (i) gobernarse por autoridades
propias; (ii) ejercer las competencias que les correspondan; (iii) administrar
los recursos; y (iv) participar en las rentas nacionales.
En el memorial, la oficina Delegada del Ministerio del Interior
indicó que en ocasiones pasadas esta cartera ministerial ha solicitado a los
accionantes “que colaboren con la nueva autoridad indígena”[15],
y precisó que tiene conocimiento del conflicto que al interior del cabildo
se viene presentando una tensión entre el Resguardo “El Tambo” y miembros de la
comunidad, por lo cual la Delegada para Asuntos Indígenas han hecho
acompañamiento con el fin “de dar gobernabilidad” al cabido.
Frente a los hechos objeto del proceso constitucional de tutela
concluyó que “valorando los derechos fundamentales de la comunidad, contra
de los comuneros considerados individualmente, se tiene que el trabajo en el
territorio del resguardo es colectivo y que a su interior no hay propiedad
privada, por ello los comuneros deben atacar las ordenes de la autoridad y de
la comunidad reunida en asamblea a efectos de desarrollar los trabajos que redunden
en beneficio de todos”. Motivo por el cual, no resulta procedente la acción
de tutela.
4. Decisiones judiciales objeto de revisión
4.1. Sentencia de primera instancia[16]
El veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Natagaima (Tolima) profirió fallo de fondo en el cual
negó el amparo constitucional de los derechos fundamentales alegados por los
accionantes.
La providencia de primera instancia sostuvo que conforme en lo
establecido en el Convenio 169 de la OIT, los principios constitucionales contenidos
en el Artículo 7 Superior y las Sentencias T-380 de 1993 y T-1253 de 2008 de la
Corte Constitucional, el juez de primera instancia consideró que la Comunidad
Indígena Pijao de “El Tambo” no vulneró los derechos fundamentales a la vida, de
petición, al trabajo, a la libertad de circulación y al mínimo vital, en virtud
a que la decisión de cerrar el portón que permite el ingreso al territorio
indigena fue tomada por la Asamblea General del Resguardo, máxima autoridad de
la Parcialidad. A la misma asisten todas las personas inscritas pertenecientes
o reconocidas como miembros de la comunidad, además es el órgano donde se reúnen
para elegir a los miembros del cabildo y tomar la decisiones encaminadas a
proteger la tranquilidad de la comunidad.
El Despacho de primera instancia advirtió que las resoluciones que
toman los Resguardos se encuentran dentro de sus facultades, por lo cual no
hace falta determinar la naturaleza jurídica de ese acuerdo para concluir que
cumple con los requisitos de la jurisprudencia constitucional sobre el respeto
por el debido proceso en las decisiones adoptadas por las autoridades
indígenas.
Concluyó que: “en virtud del principio de maximización de la
autonomía, este Despacho como juez constitucional se mantendrá ajeno a los
problemas internos de la comunidad, puesto que no le corresponde inmiscuirse en
las decisiones tomadas y adoptadas por la comunidad en Asamblea General”[17].
El Juzgado finalizó su providencia invitando a las partes para que
se reúnan nuevamente, y si es posible determinen alternativas de acercamiento
acordes con los usos y costumbres de la Comunidad Indígena. En tal sentido se sostuvo:
“Se reivindica el derecho a la autonomía de la
comunidad, en tal sentido se invita a los mismos, entre ellos las partes aquí
en litigio, para que se reúnan nuevamente y determinen posibilidades de
acercamiento acordes con los usos y costumbres de la parcialidad del
Resguardo…”[18]
4.2 Impugnación de la sentencia de primera instancia[19].
Los accionantes presentaron recurso de apelación contra la providencia
del juez promiscuo municipal de Natagaima e insistieron que se encuentran en
una situación de vulneración de sus derechos fundamentales toda vez que, en su
criterio, el Gobernador del Resguardo, señor Hernán Tique Capera, incurrió en
conductas de abuso de poder, y precisaron que la servidumbre de paso, que tradicionalmente
ha servido de ingreso al Resguardo está permanentemente cerrada con candados[20].
Indicaron que los hechos probados en primera instancia son evidencia
suficiente de que han sido víctimas de atropellos por parte de las autoridades
de la comunidad y que el Gobernador no ha emprendido las acciones pertinentes
para protegerlos. Precisó que: “se puede advertir de los elementos de juicio
descritos en la acción de Tutela, de las pruebas aportadas, que sí se nos han
vulnerado Derechos Fundamentales, porque en el resguardo se nos han negado el
acceso a la justicia que nos cobija, esos mismos preceptos han sido
desatendidos por el señor Coordinador del Tribunal Indígena, lo que implica que
no tengamos otro camino que el de apelar a la justicia ordinaria…para que
nuestros derechos fundamentales invocados, nos sean restituidos y cese todo
acto de agresión, de amenaza, insultos y por ante todo tengamos acceso al
derecho fundamental de petición, del debido proceso, del trabajo, de la vida,
de la libre locomoción…”[21].
Solicitó la revocatoria de la decisión proferida por el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Natagaima, y en su lugar tutelar los derechos
fundamentales tal como lo requirieron en la acción de tutela y de esa manera: “conminar
al gobernador del Resguardo para que en lo sucesivo seamos escuchados y
atendidas nuestras peticiones,[tal]como lo prevé la legislación indígena.”[22]
4.3 Sentencia de segunda instancia[23].
El catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015), el Juzgado
Primero Civil del Circuito profirió sentencia de segunda instancia en la cual
confirmo la decisión del a-quo.
El Juzgado de segunda instancia estimó que el Resguardo Indígena “El
Tambo” es la institución competente para conocer la controversia en virtud de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que otorga plena autonomía a las
Comunidades indígenas para conocer, entre otros asuntos, temas que pueden ser
catalogados como de derecho policivo.
La autoridad judicial concluyó que: “El conflicto del presente
asunto tuvo lugar cuando los accionantes, no pudieron acceder con maquinaria
para trabajar sus predios, al encontrar el portón de acceso a la finca “El
Poira”, con cadenas y candados, y peaje de $10.000.oo, [por lo cual]se
trata de una controversia entre personas de un mismo cabildo o resguardo
[y] por tanto tiene una relación directa con la autonomía de los pueblos
indígenas”[24].
5. Pruebas decretadas por el Despacho Sustanciador.
El proceso fue seleccionado para su revisión por la Sala de Selección
No. 12 del año 2015.
Por Auto del dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016) el
Magistrado Sustanciador decretó la práctica de pruebas, todas ellas encaminadas
a determinar la veracidad de los hechos objeto de debate probatorio.
En la providencia mencionada se ordenó que: (i) la Dirección de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior informara a esta
Corporación sobre los conflictos entre las autoridades de la comunidad indígena
“El Tambo” y sus miembros, precisando los mecanismos a través de los cuales
estos han sido resueltos; (ii) el Resguardo Indígena “El Tambo” ubicados en los
municipios de Coyaima y Natagaima (Tolima) informe sobre (a) las
actividades económicas que se desarrollan al interior de la Comunidad, (b)
las rutas de acceso al resguardo indígena, detallando cuáles de ellas son aptas
para soportar el paso de maquinaria agrícola y (c) el destino del dinero
que se recauda a través del cobro por el uso de la servidumbre de paso.
Finalmente, se ordenó que los accionantes expliquen: (a) las
actividades económicas que se desarrollan en los predios asignados; (b)
el destino que se da a los recursos económicos recaudados a través del cobro
por el uso de la servidumbre y (c) a través de qué vías han hecho ingreso
a los predios del resguardo indígena.
Por conducto de la Secretaría de la Corte Constitucional, las
autoridades del Resguardo Indígena allegaron al proceso de tutela: (i) el
reglamento interno de la comunidad indígena; (ii) registros fotográficos de un
camino alternativo de entrada al resguardo indígena; (iii) por último,
informaron que el destino de los recursos económicos era garantizar la seguridad
del territorio de la Parcialidad.
La autoridad indígena indicó que el territorio: “viene sobreponiéndose
del control y manejo que venían brindando por más de quince años estas trece
familias las cuales solo ellas les veía el desarrollo puesto que todos los
programas y proyectos exclusivamente los beneficiaba a ellos. Ahora se creen
las víctimas y tutelan al resguardo…”[25].
Informó que las anteriores autoridades indígenas del resguardo
administraron inadecuadamente los recursos económicos, lo cual a la postre tuvo
como consecuencia que la Parcialidad incurrió en mora en el pago de los
servicios públicos, los cuales, incluso, han sido suspendidos.
En relación con la pregunta sobre los caminos de ingreso a la
Comunidad, el Gobernador Indígena explicó que para entrar al territorio
indígena “existen tres entradas que facilitan el acceso de vehículos como
también de personas a caballos, burros de carga, motos y maquinaria agrícola…”.
Los miembros de la parcialidad pueden ingresar a través de un callejón que se
desprende de la carretera nacional, por lo cual se puede entrar al territorio
indígena “sin justificación de cobro siendo este paso libre por el municipio
de Coyaima por el lado de Natagaima un kilómetro antes de llegar al municipio...”[26]
Sobre el destino del dinero, el Gobernador informó que los recursos
están dirigidos a realizar “trabajos comunitarios donde participa toda la
comunidad y el sostenimiento de la guardia de turno”[27].
Finalmente, lo referido con los motivos por los cuales las autoridades
del Resguardo establecieron el cobro por el uso de la servidumbre señaló que: “los
años anteriores la portada venía haciendo de libre acceso y permanecía abierto
el portón día y noche lo que…trajo varios inconvenientes…” entre ellos un
incidente en el cual tuvieron problemas de seguridad “… de ahí que nuestro
principal trabajo es preservar lo que ya poseemos controlar la entrada de
animales a nuestro territorio [y] lleva[r] un control de carros y
tractores que entran con la hora de entrada y salida...”[28]
El nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016), los accionantes
allegaron a la Corte Constitucional un escrito en el cual explicaron la
situación que afrontaron al interior del Resguardo y respondieron a los
interrogantes que planteó la Corporación.
Frente a las actividades económicas que se desarrollan al interior
del Resguardo, los peticionarios indicaron que “son de tipo agropecuario, es decir cultivos de pancoger
como cachaco, maíz, frijol, cítricos, cacao, y en pequeña escala la explotación
ganadera y de especies menores (pollos, cerdos).”[29]
Denunciaron que el Gobernador de la Comunidad Indígena,
Hernán Tique Capera está adelantando actividades para modificar el reparto de
las parcelas que se asignaron a las familias integrantes de la Parcialidad,
debido a que según lo manifestaron se han arrendando predios de la comunidad a personas
ajenas de la misma.
Sobre el destino de los recursos que se recaudan
a través del cobro del uso de la servidumbre de paso, señalaron que “no
tiene conocimiento del destino pues ni siquiera se podría pensar que lo han
invertido para mejorar las vías de acceso”.
Por último, el treinta y uno (31)
de marzo de dos mil dieciséis (2016), la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior envió a la Corte Constitucional un
memorial en el que expone la conflictividad que vive la Parcialidad de “El
Tambo”, así como las actividades que dicha entidad ha desarrollado.
La Oficina Delegada explicó que “…en
septiembre del año 2014 fuimos requeridos por la Defensoría del Pueblo en la
ciudad de Bogotá por una toma de comuneros de este Resguardo que reclamaban
libertad para unos compañeros que se encontraban en la cárcel como consecuencia
del Tribunal Indígena del Tolima, el cual extralimitando sus competencias
ordenó varias capturas de este Resguardo por el no cumplimiento de sus órdenes.
Se anota que la Coordinadora de este Tribunal era la misma personas que fungía como
gobernadora del Resguardo”[30].
El Ministerio precisó que ante la
conflictividad entre las partes, la Entidad suspendió la mediación que prestaba
y por tanto las decisiones adoptadas por la comunidad le son ajenas.
Llamó la atención sobre la
necesidad que el Cabildo clarifique sus gastos económicos de años anteriores,
especialmente “por el manejo de los proyectos y de los recursos del Sistema
General de participaciones por parte de los aquí accionantes, quienes
estuvieron al frente del Cabildo.” Añadió el Ministerio:
“Solo con esta claridad es posible que con el
acompañamiento de la Dirección y de la Defensoría del Pueblo puedan superar sus
diferencias, que han llegado a agresiones severas entre los comuneros. Es de
anotar que la señora Adelaida Cupitra, quien fue gobernadora y manejó los
recursos de los proyectos y del Sistema General de Participaciones, es la hija
de la señora Helena Cupitra quien fungió como Coordinadora del Tribunal
indígena del Tolima…”.
La Oficina Delegada finalizó su
intervención adjuntando ocho (8) discos compactos que contienen documentos
relacionados con el cabildo indígena del Tambo, así como el contexto de tensión
que afronta la Parcialidad.
6. Pruebas relevantes que obran dentro del expediente.
1. Registro fotográfico del portón que permite el ingreso a la servidumbre
de paso cerrado con cadenas y candados (Folio 13 y 14).
2. Derecho de petición presentado por los accionantes ante el
Tribunal Superior Indígena, en el cual se ponen en conocimiento los hechos
objeto de la acción de tutela (Folio 15-20).
3. Comunicación de seis (6) de mayo de dos mil quince (2015)
dirigida al Alcalde Municipal de Coyaima, en la cual los accionantes afirman
que se han presentado amenazas al interior de la comunidad (Folio 20 – 22).
4. Comunicación de veinte (20) de abril de dos mil quince (2015) en
la que los accionantes solicitan al Gobernador del Resguardo Indígena permitir
el libre tránsito por la servidumbre. La solicitud no tiene constancia de
recibido por parte del Gobernador del Reguardo (Folio 23-27).
5. Cinco comunicados del cuatro (4) de marzo de dos mil quince (2015)
en donde los accionantes ponen en conocimiento los hechos que motivan la acción
constitucional de amparo. Los oficios fueron dirigidos a la Inspección de
Policía de Natagaima (Tolima), el Defensor Regional del Pueblo del Tolima, al
Alcalde Municipal de Natagaima, y al Director Nacional de Asuntos Indígenas,
Rom, y Minorías del Ministerio del Interior (Folio 28 – 31).
6. Resolución No. 0023 de tres (3) de octubre de mil novecientos
noventa y siete (1997), mediante la cual el Instituto Colombiano de Reforma
Agraria dio carácter legar de resguardo a la Comunidad Indígena del Tambo
(Folio 34-42).
7. Copia simple de la diligencia de descargos rendidos por la señora
Rubiela Alape Cuvita ante la Inspección de Policía del Municipio de Natagaima
(Folio 57).
8.  Copia simple de la diligencia de descargos rendidas por Germán
Tique ante la Inspección de Policía del Municipio de Natagaima (Folio 58).
9. Escrito del mes de marzo de dos mil quince (2015), en el que los
accionantes informan al Alcalde Municipal de Coyaima los hechos de conflictividad
al interior del Resguardo (Folio 63-64).
10. Memorial de diez (10) de junio de dos mil quince (2015), en el
que los accionantes informan al Alcalde Municipal y la Personería Municipal de
Coyaima (Tolima) los inconvenientes ocurridos durante la visita al resguardo de
“El Tambo” de la delegada de la Dirección Nacional y Asuntos Indígenas, Rom y Minorías,
los días 29, 30 y 31 de mayo de 2015 (Folio 77-80).
11. Copia simple de la entrevista de 17 de febrero de 2015, en la
que el Secretario del Cabildo “El Tambo” informó a la Fiscalía General de la
Nación sobre el conflicto en la Comunidad (Folio 90-106).
12. Copia simple del acta de posesión Hernán Tique Capera como
Gobernador del Resguardo indígena “El Tambo”. (Folio 108).
13. Copia simple del acta de posición de junta directiva (Cabildo)
del Resguardo Indígena de “El Tambo”. (Folio 118).
14.  Oficio dirigido por Hernán Tique Cepera, Gobernador del
Resguardo Indígena “El tambo”, en el que solicita a la Inspección de Policía de
Natagaima que requiera a Adelaida Cupitra Cupitra los libros de contabilidad
del Resguardo, pues los mismos no han sido entregados al gobernados (Folio
119-120).
16. Acta No. 002 del veintisiete (27) de enero de dos mil catorce
(2014) de la Asamblea General del Resguardo Indígena de “El Tambo”, en la que
la comunidad indígena se retira de la organización Consejo Regional Indígena de
el Tambo (CRIT), así como del Tribunal Superior del Tolima. (Folio 133-139).
17.  Reglamento Interno del Resguardo Indígena “El Tambo” (Coyaima y
Natagaima, Tolima). Cuaderno Anexo No. 1 (Folio 1-166).
18. Lista de asistentes a la Asamblea General del veintiséis (26) de
enero de dos mil quince (2015) en la cual se informa que por unanimidad toda
persona que ingrese a la comunidad y haga uso del portón principal deberá pagar
un saldo de 10.000 para ayuda de la guardia en sus turnos. (Folio 289-295)
19. Registro fotográfico de los dos caminos de ingreso al Resguardo
Indígena (Folio 216 -217)
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente
para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la
referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral
9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema Jurídico.
Teniendo en
cuenta los antecedentes reseñados, le corresponde a la Sala Octava de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional resolver dos problemas jurídicos.
En primer lugar, la
Corporación deberá determinar si la decisión de establecer  un cobro diez mil
pesos ($10.000) que aprobó la Asamblea General del Resguardo Indígena por el
uso de la servidumbre de paso, se encuentra protegida por el principio
constitucional de la autonomía de las comunidades indígenas consagrado en la Carta
Política de 1991.
Como segundo problema
jurídico, se deberá resolver si con la decisión de realizar el cobro de diez
mil pesos ($ 10.000) por el uso de la servidumbre de paso, el Resguardo Indígena
Pijao “El Tambo” vulneró los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital
y a la locomoción de los accionantes, teniendo en cuanta que la servidumbre de
paso es uno de los caminos de ingreso a la comunidad.
Con el fin de
resolver el caso, la Sala se pronunciará sobre: (i) los fundamentos constitucionales
de la autonomía de las comunidad indígenas, (ii) el precedente sobre las
competencias contenidas en la autonomía de las comunidades indígenas,
precisando dos temas: (a) los límites constitucionales de la misma; y (b)
las reglas jurisprudenciales sobre casos de conflictos entre las
autoridades indígenas y miembros de los pueblos indigenas. Finalmente (iii) se
abordará el análisis del caso en concreto de acuerdo a las solicitudes hechas
por los accionantes.
3. Fundamentos de la Autonomía Constitucional de las Comunidades Indígenas.
La Corte Constitucional ha sido consciente de la importancia y
dificultad que implica pronunciarse sobre casos en donde se deben armonizar
derechos constitucionales de individuos miembros de pueblos indígenas y el
principio de la autonomía de las comunidades[31].
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional
mostrará los cambios jurídicos que trajo consigo la Constitución de 1991 y
especialmente cuál es el significado de estas transformaciones. La Corporación
considera que una alternativa para poner en valor y evidenciar el giro
fundamental que implicó la Carta Política, es presentar un breve análisis de
las instituciones jurídicas que regulaban las poblaciones indígenas durante el
siglo XX, y cuáles han sido los cambios más importantes.
3.1. La sociedad pos colonial colombiana y el giro de la
Constitución de 1991.
Académicos de todos los continentes han explicado cuáles son las
consecuencias más importantes que deben enfrentar aquellos países que han
vivido periodos de gobierno colonial[32].
Una de los más significativas consecuencias tiene que ver con la diferenciación
social fundada en criterios raciales. Lo anterior, debido a que todos los imperios
europeos del siglo XVI y XVII (español, inglés, francés, holandés), lograron
establecer gobiernos durables y estables (algunos alcanzaron 400 años), en
virtud de la jerarquización social que se introdujo a través de ideologías
racistas[33].
En el caso de las provincias del Imperio Español, la administración
de la metrópoli organizó la sociedad con base en criterios raciales,
estableciendo en la cúspide de la sociedad colonial a súbditos de ascendencia
europea; en la mitad se ubicaron individuos mestizos o “criollos”, es decir,
aquellos que tenían antecesores europeos y americanos; finalmente, en la base,
y por ello, condenados a las más duras labores, se ubicaron las poblaciones
indígenas prehispánicas y las comunidades afro-descendientes[34].
Durante más de tres siglos, el criterio que ordenó la sociedad colonial
fue la raza o la adscripción étnica de un individuo a una comunidad. La ideología
racista de la colonialidad disponía que el ascenso y posición social dependían
de la cercanía consanguínea a ancestros europeos. Por el contrario, entre mayor
vinculación con comunidades amerindias o africanas, mayor segregación y menor
movilidad social. Asistir a Colegios Mayores, Universidades, o desempeñar
profesiones liberales, exigía algún grado de ascendencia europea[35].
Estos trecientos años de presencia colonial dejaron como herencia a
las Repúblicas americanas del siglo XIX, una sociedad profundamente vertical,
jerárquica y organizada con base a reglas raciales[36],
donde la pertenencia a una “casta”[37]
era condición previa para el disfrute de derechos dentro de la sociedad
colonial. Explican los historiadores norteamericanos Stanley Stein y Bárbara
Stein:
“La tragedia de la herencia colonial fue su
estructura social estratificada además por color y fisionomía, por lo que los
antropólogos denominan fenotipo: una elite blanca o casi blancos y una masa de
gente de color – indios y negros, mulatos y mestizos y la gama de mezclas de
blanco, indio y negro, denominadas castas.”[38]
En rasgos generales, los pueblos indígenas y afro descendientes
tuvieron tratamientos jurídicos diversos. Mientras los miembros de las comunidades
indígenas eran considerados seres humanos en situación de minoría de edad, las
poblaciones negras y afro descendientes fueron condenadas a ser tratadas como
bienes apropiables, esto es fueron sometidas  a situación de esclavitud por más
de 330 años[39].
Tras las guerras de independencia, y desde las primeras décadas de
la vida republicana de las nuevas naciones americanas, los intelectuales del
continente fueron conscientes de todas las facetas de la herencia de trecientos
años de periodo colonial. Así, de los retos que implicaba enfrentar los efectos
negativos de la presencia ibérica en América. Una de estas problemáticas tuvo
que ver con la dificultad que involucraba hacer instituciones democráticas, guiadas
por el principio de la ciudadanía igualitaria y horizontal en una sociedad en
la que existía una pirámide social basada en la raza de sus miembros[40].
La herencia colonial y los discursos de ciudadanía igualdad y
libertad que dieron fundamento teórico a las guerras de la independencia, no
resultaban compatibles. Por ello, las nacientes Repúblicas no fueron un periodo
de ruptura con el pasado, sino, en algunas ocasiones significaron una
continuidad en las formas, procedimientos e instituciones coloniales[41].
Ejemplo de ello es la Ley 89 de 1890 –“Por la cual se
determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan
reduciéndose a la vida civilizada”- que desde una posición
paternalista y aculturadora, delegó en las órdenes religiosas la tutela de los
pueblos pre hispánicos, señalando para ello que sería la Iglesia católica la
encargada de “educar” a los indígenas hasta que ellos “salieran”
de la condición de “salvajes”. Las expresiones del legislador de la
época son ilustrativas de la mentalidad e imaginarios que portaban los
gobernantes estatales. Para ellos las comunidades indígenas eran, en el mejor
de los casos, niños que debían ser civilizados.  Se lee en el texto del
Artículo 1º de dicha Ley:
“La legislación general de la República no regirá entre
los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada
por medio de misiones. En consecuencia, el gobierno, de acuerdo con la
autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes
sociedades deban ser gobernadas.” (negrillas
y subrayado fuera del texto)
La norma comentada evidencia el tratamiento que el periodo republicano
dio a las comunidades indígena. Por un lado, la Ley subalternizó a los pueblos
indígenas con términos como “salvajes” o “incipientes” y por el otro, muestra como
superior y hegemónica a la nacionalidad colombiana cuando la califica como
“vida civilizada”[42].
Las anteriores consideraciones tienen como objetivo evidenciar que
durante largos periodos de tiempo se perpetuaron en la sociedad colombiana  ideologías
racistas que defendían la jerarquización de los ciudadanos, en virtud de criterios
étnicos o raciales. Es por esto, que los pueblos indígenas, negros,
afrocolombianos y afro descendientes estuvieron condenados a sufrir
estereotipos de inferioridad y “salvajismo” y, en razón a esto mismo han estado
históricamente excluidos de espacios de estudio, formación y labores
profesionales.
En términos históricos la importancia de la Constitución Política de
1991 reside en que rompe con cuatrocientos noventa y nueve años de políticas de
la administración que buscaron asimilar y disolver la diferencia de las
comunidades indígenas, y por el contrario, por primera vez en nuestra historia,
buscó revertir las condiciones de marginalidad y subalternización, así como
entregar herramientas jurídicas para la participación de las comunidades
indígenas en la vida política del país.
La Carta Política de 1991 quiere ser la oportunidad para que en
nuestro país, los resguardos, autoridades y miembros de pueblos indígenas sean
reconocidos como: (i) sujetos de derechos y agentes de acción política,
superando la visión paternalista que los relegaba a la condición de menores de
edad bajo la tutela de comunidades religiosas y (ii) su autonomía reciba
protección constitucional, especialmente en lo que tiene que ver con la administración
de sus propios asuntos. Todo esto en un claro giro que los sustrae de la
dirección y aculturación de la iglesia católica.
3.2. Autonomía constitucional de las comunidades indígenas.
La importancia de la Constitución de 1991 puede ser observada si se
compara con la larga tradición jurídica y política de la Administración Pública
(Colonial o Republicana) del país relacionada con el tratamiento a las
poblaciones indígenas. De prácticas de subalternización, o en el mejor de los
casos de infantilización a las comunidades indígenas, se dio un paso radical
encaminado al reconocimiento de los pueblos pre hispánicos como actores y
agentes de cambio de la sociedad colombiana.
Uno de los mayores aportes de la Carta Política solo puede ser
dimensionado si la norma fundamental es confrontada con la legislación y
discursos que por más de cuatrocientos años dominaron el país. De esta manera,
partiendo de los elementos mencionados en el acápite anterior, la Sala Octava
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional considera que la Constitución
de 1991 busca asumir las consecuencias de la herencia colonial, y en esa medida,
pretende revertir los elementos adversos y discriminatorios[43].
Esto se evidenció, por ejemplo, en la elección de tres
constituyentes indígenas dentro de la Asamblea Nacional, o en la aprobación de
un amplio articulado constitucional dirigido al reconocimiento de los pueblos
indígenas como agentes sociales[44].
Los Artículos 246, 286 y 330 constitucionales establecen claramente
obligaciones del Estado frente a la protección de los pueblos indígenas. Las
normas reconocen el derecho de las comunidades a ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y de conformidad a sus propios
nreglas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a
las Leyes de la República,  por otra parte, el Artículo 330 prevé el derecho de
los territorios indígenas a darse su propio gobierno conforme los usos y
costumbres de sus comunidades.
De la misma manera, resulta pertinente hacer referencia a los
Artículos 63[45]
y 329[46]
de la Constitución Política, los cuales establecen que las tierras comunales de
los grupos étnicos y los territorios de los resguardos son de propiedad
colectiva, inalienable, imprescriptibles e inembargables.
De la misma manera, la comunidad internacional también ha modificado
normas internacionales que defendían ideas de superioridad racial de unos
pueblos sobre otros. Ejemplo de ello, fue el cambio del Convenio 107 de 1957 de
la Organización Internacional del Trabajo.
Dicho instrumento fue el primero en regular las relaciones entre los
Estados y los pueblos originarios. Sin embargo, lo hizo desde un enfoque que
pretendía la integración y aculturación de las comunidades nativas en las
naciones de las que hacían parte[47].
Este enfoque mostró que en lugar de proteger y reconocer la existencia de los
pueblos, el Convenio tuvo como consecuencia que la integración a la nación
mayoritaria se tradujo en asimilación-disolución. Por ello el Tratado
Internacional fue modificado mediante el Convenio 169 de la OIT, y muestran la
importancia y radicalidad del cambio jurídico en la comunidad internacional.
De un tratado internacional que buscaba la integración de las
comunidades pre coloniales al interior de las culturas “mayoritarias”, se dio
un viraje hacia un documento que celebra y protege la diferencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas frente a las sociedades nacionales de las que
hace parte; y garantiza la igualdad de derechos, entre las comunidades
indígenas, sus miembros y los ciudadanos de las culturas “mayoritarias”[48].
Fue por esto que el cambio que introdujo la Constitución Política de
1991 encuentra referente internacional en el Convenio 169 de la Organización
del Trabajo, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991.
El instrumento señala que los Estados partes reconocen a los pueblos
indígenas y tribales como sujetos de derechos y agentes políticos relevantes de
cada sociedad[49].
De esta manera supera la idea según la cual los pueblos son objeto de cuidado y
protección estatal hasta su “adecuada” introducción en la comunidad nacional[50].
Igualmente reconoce derechos específicos a los pueblos indígenas.
Estos están dirigidos a proteger sus costumbres, características y prácticas
propias, y que las mismas sean consideradas y tenidas en cuenta, en las decisiones
estatales que los afectan (Artículo 6.1); el derecho a conservar sus
instituciones y gobernarse por ellas (Artículo 8.2) y el derecho a participar
en las decisiones y políticas que implican a sus territorios (Artículos 7 y
15). Señala el Artículo 7 mencionado:
“Artículo 7. Los
pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible,
su propio desarrollo económico, social y cultural.”
Finalmente, el Convenio 169 de la OIT contiene un amplio capítulo
dedicado al reconocimiento y protección del derecho de propiedad y
administración de las tierras y territorios que los pueblos indígenas han
ocupado ancestralmente. Del Artículo 13 al 19 se prevén obligaciones internacionales
dirigidas a identificar los predios de las comunidades, e instituir
procedimientos para titular y proteger la propiedad de las colectividades[51].
Esta nueva posición del Derecho
occidental ha sido reforzada mediante la Declaración Universal de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007. El documento, si
bien no es un tratado internacional, refleja la opinión jurídica global[52]
referida con la protección y reconocimiento de la diferencia étnica y su
existencia como un elemento positivo y necesario de una sociedad democrática.
La Sentencia T- 376 de 2012 precisó:
“Los ejes centrales de la Declaración son (i) el
principio de no discriminación, de acuerdo con el cual (i.1) las personas
indígenas gozan de iguales derechos al resto de la población y (i.2) el goce de
sus derechos especiales, asociados a la diversidad étnica, no debe convertirse
en obstáculo para el ejercicio de los demás derechos humanos; (ii) el derecho a
la autodeterminación, principio fundacional de los derechos de los pueblos
indígenas; (iii) la relevancia del principio de no asimilación, considerado
como derecho fundamental de las comunidades; y (iv) la participación, la
consulta previa y el consentimiento libre e informado frente a las medidas que
los afecten, aspecto que será abordado con mayor detalle, en acápites
posteriores.”
Como se ve, la Declaración
Universal de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
refuerza las obligaciones internacionales y nacionales relacionadas con el
reconocimiento del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, ya que
desde sus primeros artículos insiste en dos elementos fundamentales: (i) la
histórica discriminación de la que han sido víctimas los pueblos indígenas, y
la necesidad de que la misma sea remediada con políticas encaminadas a: (a)
promover la igualdad de derechos humanos entre los pueblos indígenas y los
ciudadanos de los Estados nacionales; pero (b) esa igualdad de derecho
no puede significar la asimilación cultural de las comunidades. Para ello; (ii)
las autoridades de cada pueblo gozan de autonomía y libre desarrollo de sus intereses.
Señalan los Artículo 4 y 5:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a
disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen
derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas,
jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a
participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y
cultural del Estado.” (negrillas y subrayado fuera
del texto)
La Corte Constitucional puede
sintetizar los principios jurídicos en que se enmarca el desarrollo de las
relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado Nacional: (i) la diversidad
étnica de nuestro país es una virtud, y en esa medida, debe ser no solo
tolerada sino celebrada y protegida; (ii) la diversidad étnica no puede
traducirse en motivos de discriminación. Dicha posición puede resumirse en “el
derecho a la diferencia sin diferencia de derechos”[53].
A partir de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha desarrollado reglas precisas que deben guiar la labor del
juez constitucional al momento de abordar casos en los que una comunidad
indígena y/o alguno de sus miembros es parte dentro de un proceso de acción de
tutela.
3.3. La Autonomía de la Comunidades Indígenas y los conflictos
internos[54].
A continuación la Sala Octava de Revisión expondrá el precedente
constitucional relacionado con aquellos fallos donde se definieron conflictos
suscitados al interior de un cabildo, y en donde eran contrapartes las
autoridades indígenas y miembros de la comunidad. Se busca poner de relieve qué
decisiones se encuentran protegidas por la autonomía indígena contenida en la
Constitución Política de 1991.
En esta ocasión, tal como se hizo en la reciente sentencia C-463 de
2014[55],
la Corte acudirá a los principales fallos en los que se han fijado o unificado
reglas sobre las relaciones entre las comunidades indígenas y sus miembros. Mostrará
que a lo largo de los 20 años de la jurisprudencia de esta Corporación sobre
asuntos indígenas, las sub reglas han tenido cambios, por lo cual es necesario
establecer cuáles son las que se consideran vigentes y aplicables al caso concreto.
Así, se explicaran la SU-510 de 1998, T-514 de 2009, la T-617 de 2010 y la
T-1253 de 2008.
De esta línea jurisprudencial se derivan dos aspectos puntuales: (a)
las reglas judiciales aplicables en casos donde el juez de amparo debe
responder a una petición donde se enfrentan las autoridades indígenas y los
miembros del resguardo, y (b) los límites constitucionales a la
autonomía de los pueblos originarios.
3.3.1. Derechos fundamentales de las Comunidades indígenas y sus
miembros.
En general, el precedente jurisprudencial ha protegido las
competencias que la Constitución entregó a las comunidades indígenas y ha
buscado armonizar las facultades de estas autoridades, con los principios superiores
que eventualmente puede resultan afectados.
Con
fundamento en el marco constitucional expuesto en el acápite anterior, la
jurisprudencia de la Corporación[56]
ha reconocido que las comunidades indígenas son sujetos de derechos
fundamentales, que los mismos no son equivalentes a los derechos individuales
de cada uno de sus miembros, ni a la sumatoria de estos y que no son
asimilables a los derechos colectivos de otros grupos humanos[57].
Dos de las
consecuencias normativas de este reconocimiento tiene que ver con que la acción
constitucional de amparo es procedente no solo para la defensa de los derechos
de los miembros de las comunidades frente a las autoridades públicas, sino
también contra las misma autoridades tradicionales. No obstante, la acción de
tutela es también el mecanismo judicial para la tutela de los derechos de la
comunidad.
En segundo
lugar, las disposiciones constitucionales que consagran derechos fundamentales en
cabeza de estas comunidades son elevadas a norma iusfundamental con
todos los atributos legales y políticos que ello supone.
Con base en la anterior, la Corte
ha señalado que los derechos fundamentales de los cuales son titulares las
comunidades son: el derecho a la subsistencia, derivado de la protección
constitucional a la vida (C.P., artículo 11); el derecho a la integridad
étnica, cultural y social, el cual se desprende no sólo de la protección a la
diversidad y del carácter pluralista de la nación (C.P., artículos 1° y 7°)
sino, también, de la prohibición de toda forma de desaparición forzada (C.P.,
artículo 12); el derecho a la propiedad colectiva (C.P., artículos 58, 63 y
329); y, el derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación
de recursos naturales en sus territorios.[58]
Aunado a lo anterior, la Corte
Constitucional ha reconocido que las comunidades pueden ser parte pasiva dentro
de una acción de tutela iniciada por un miembros del Resguardo Indígena. Esto
ocurre en los eventos en que se cuestiona la constitucionalidad una decisión
tomada por una autoridad del resguardo (Asamblea General, Gobernador, Cabildo
etc.), y que afecta a individuos del pueblo.
Diversas Salas de Revisión han
indicado que la solicitud de amparo es procedente, toda vez que en un mecanismo
es idóneo y eficaz para proteger tanto los derechos fundamentales de la
comunidad indígena, como sujeto colectivo, como los derechos y libertades de
los miembros de la Parcialidad, cuando las autoridades indígenas son acusadas
de amenaza o vulneración[59].
En el este sentido la jurisprudencia ha reconocido que
los miembros de los pueblos nativos se encuentran en condición de indefensión y
subordinación frente a las autoridades tradicionales, en atención a en muchos
casos no existen procedimientos de control judicial al interior de la misma
comunidad a través de los cuales se pudiera resolver la controversia.
3.3.2. Conflictos entre las
comunidades indígenas y sus miembros.
A
continuación la Corporación expondrá las decisiones en las que el juez
constitucional ha resuelto acciones de tutela, en las que se enfrentaron
miembros de una comunidad indígena contra sus propias autoridades
tradicionales.
Debido a la
dificultad que implica resolver un caso en que se enfrenta una comunidad
indígena contra sus miembros, la Corte Constitucional ha fijado diversas reglas
de interpretación que permiten orientar la labor del juez.
Estos
cánones hermenéuticos han tenido ajustes y formas concretas de aplicación, por
lo cual, la línea jurisprudencial sobre este tópico resulta multifacética y con
avances en el establecimiento de estándares de protección a las comunidades
indígenas y a sus miembros.
La primera
ocasión en que la Corte resolvió una tensión como la descrita, fue en la
Sentencia T-254 de 1994[60],
cuando la Sala Tercera de Revisión de la Corporación estudió un caso en el
cual, al igual que en este proceso, se accionaba contra el Resguardo Indígena
de “El Tambo”.
En aquella
oportunidad, el Cabildo Indígena del Tambo había tomado la decisión de expulsar
a un indígena junto con su familia, debido a que había sido acusado de cometer
diversas faltas contra la comunidad. El peticionario estimó que la decisión de
destierro vulneró sus derechos al debido proceso y al trabajo, ya que las
autoridades sólo se basaron en rumores para decretar la sanción[61].
En esa
decisión la Corte Constitucional aclaró que la acción constitucional de amparo
es procedente cuando la misma es incoada por un indígena contra las autoridades
de su cabildo, dado que un cabildo es una persona jurídica de derecho público y
“ejerce poder sobre los miembros que las integran
hasta el extremo de adoptar su propia modalidad de gobierno y de ejercer
control social”[62].  De la misma manera indicó que los miembros de la comunidad, en
relación con sus autoridades se encuentran en situación de indefensión, en
atención a que si una de las decisiones de la comunidad afecta a uno de sus
integrantes no existen medios de defensa[63].
La
providencia recordó que las comunidades indígenas son entidades territoriales
que gozan de una amplia autonomía administrativa, presupuestal
y financiera dentro de sus territorios, puesto que se reconoce el derecho a
elegir sus propias autoridades (CP art. 330), las que pueden ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (CP art. 246).
No obstante “la autonomía política y jurídica reconocida a las
comunidades indígenas por el constituyente, por su parte, debe ejercerse dentro
de los estrictos parámetros señalados por el mismo texto constitucional.”
En relación con posibles interpretaciones restrictivas, la Corte
Constitucional estableció reglas que tiene como objetivo la armonización de la
autonomía de las comunidades indígenas y con los derechos individuales de los
miembros. Las mismas buscan conciliar los dos polos en tensión y permiten
avanzar en elementos que permiten fijar los límites de las parcialidades cuando
toman decisiones que afectan a sus miembros.
Estas reglas fueron:
“7.1 A mayor conservación de sus usos y costumbres,
mayor autonomía.
7.2 Los derechos fundamentales constitucionales
constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares.
7.3 Las normas legales imperativas (de orden
público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades
indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional
superior al principio de diversidad étnica y cultural.
7.4 Los usos y costumbres de una comunidad indígena
priman sobre las normas legales dispositivas.”
Como veremos a continuación, el contenido de cada una de estas
reglas jurisprudenciales ha variado, por lo cual resulta procedente explicarlas
a partir  de providencias más recientes, especialmente en aquellas donde han
tenido relevancia como criterio jurídico para resolver conflictos entre
indígenas y sus autoridades.
El aspecto que por lo pronto resulta más relevante es el que tiene
que ver con la concepción de debido proceso. En la providencia se define que
las comunidades indígenas pueden adoptar decisiones de carácter jurisdiccional
siempre que respeten elementos mínimos del debido proceso. En términos de la
Corte:
“El derecho fundamental al debido proceso
constituye un límite jurídico-material de la jurisdicción especial que ejercen
las autoridades de los pueblos indígenas que la realizan según "sus
propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la
Constitución y a la ley" (CP art. 246). Cualquiera sea el contenido de las
disposiciones jurídicas internas de las comunidades indígenas, estás deben respetar
los derechos y principios contenidos en el núcleo esencial del derecho
consagrado en el artículo 29 de la Carta. En efecto, el derecho fundamental al
debido proceso garantiza los principios de legalidad, de imparcialidad, de juez
competente, de publicidad, de presunción de inocencia y de proporcionalidad de
la conducta típica y de la sanción, así como los derechos de defensa y
contradicción. El desconocimiento del mínimo de garantías constitucionales para
el juzgamiento y sanción equivale a  vulnerar el derecho fundamental al debido
proceso.”
En este caso, la Corte dio la razón al accionante y consideró que se
trató de una sanción colectiva que alcanzaba a toda su familia. Por esto, en
aquella ocasión se ordenó que a los miembros del cabildo indígena de El Tambo
acoger nuevamente al peticionario y a su núcleo familiar, bajo la
responsabilidad de ésta mientras se procede nuevamente a tomar la decisión a
que haya lugar por los hechos que se imputan al indígena sin que ésta última
pueda involucrar a su familia dentro de un juicio que respete las normas y
procedimientos de la comunidad, pero con estricta sujeción a la Constitución.
Posteriormente, en la Sentencia
T-1253 de 2008[64],
a la Sala Segunda de Revisión de Tutelas le correspondió conocer un conflicto
entre las autoridades indígenas de un resguardo del municipio de Coyaima
(Tolima) y el alcalde de la localidad.
El alcalde se rehusaba a dar
posesión al nuevo gobernador del resguardo indígena debido a que al interior de
la Parcialidad existía un conflicto en relación con el censo electoral de los
miembros de la comunidad. La Corporación tuvo oportunidad de explicar el
sentido de varias reglas jurisprudenciales, y llamar la atención sobre la labor
del juez constitucional que es convocado a resolver asuntos de la autonomía
indígena. La Sala desde un primer momento advirtió:
“En este punto, la pregunta que debe orientar a la
Sala de Revisión es desde cuándo y hasta dónde puede intervenir el juez de
tutela en los asuntos y conflictos internos de las comunidades indígenas. Este
interrogante se aplica tanto al asunto acerca de si la comunidad puede vincular
nuevos miembros al resguardo como al problema de quiénes pueden participar en
la elección del cabildo.”
La Corte precisó que todos los
habitantes del país tienen el derecho constitucional a acceder a la
administración de justicia, el cual incluye el derecho a formular acciones de
tutela en defensa de las libertades fundamentales. Desde luego esta garantía
constitucional aplica a los miembros de las comunidades indígenas.
No obstante, la sentencia
comentada reitera el precedente constitucional, relacionado con la precaución
que debe tener el juez constitucional para intervenir en asuntos que son
propios de la autonomía indígena.
“Empero, al mismo tiempo, la Constitución reconoce
la autonomía de los pueblos indígenas. Estas normas constitucionales se
desnaturalizarían en la práctica si toda divergencia dentro de las comunidades
indígenas pasa a ser decidida por los jueces de tutela.”
El fallo advierte que frente a un conflicto al interior de una
comunidad indígena, un juez de tutela recurre a “conceptos propios de la
cultura jurídica predominante”, por lo cual existe la posibilidad que una
decisión de la justicia estatal imponga cánones y pautas de comportamientos que
no tengan en cuenta los procesos de diálogo y las formas de resolución de
conflictos que distinguen a las comunidades.  Tal como lo había puesto de
relieve la Sentencia SU-510 de 1998, la providencia comentada advierte sobre la
eventualidad de ejercer formas de violencia cultural.
La providencia concluye que la intromisión de un juez constitucional
en un conflicto al interior de un cabildo indígena puede convertirse en un
obstáculo para la recomposición y armonización de las identidades indígenas[65]. En
este orden de ideas, este Tribunal Constitucional  insistió en que una
intervención externa de la Parcialidad puede resultar problemática y causar
mayor distorsión entre los indígenas, que aportar a la solución de una situación
conflictiva[66].
En palabras de la Corte Constitucional:
“Al mismo tiempo, todo indica que con las
sentencias de tutela dictadas se puso punto final a cualquier intento de
acuerdo entre las mismas partes en conflicto, tanto que los grupos ya no están
pensando en ampliar el resguardo, sino en crear otro nuevo.”[67](negrillas y subrayado fuera del texto)
La Corporación tuvo en cuenta que
el conflicto surgió al interior del pueblo Pijao (misma etnia indígena de la
tutela de la referencia), y que dicha comunidad se encuentra en un proceso de
reconstitución y de reelaboración de sus usos y costumbres. Esto obliga a que
el juez constitucional ofrezca condiciones para que la Parcialidad tomo
libremente las decisiones que definen su destino, y que dichas en
determinaciones no intervengan agentes externos.
De ahí que, la Sala Segunda de
Revisión de Tutelas no accedió a la pretensión de los demandantes, y en su
lugar ordenó que se diera posesión al alcalde de la preferencia del cabildo. “Como
se ha indicado, ello implicaría que la Corte asumiera la potestad de decidir
sobre los asuntos internos de la comunidad, con lo cual avalaría la
intervención de agentes externos en ella y entorpecería el desarrollo autónomo
de un proceso de recomposición de la vida en comunidad.”
Esta providencia determinó que debe ser la comunidad indígena,
compuesta por todos sus miembros, quien debía encontrar la mejor forma para la
resolución del conflicto interno que afrontaba a partir de la identificación,
definición o rediseño de las normas que los rigen, de conformidad de sus usos,
costumbres y cosmovisión.
“En ese proceso, la comunidad decidirá cómo se
escuchará la voz de todos los indígenas interesados, respetando la diversidad
de posiciones de conformidad con sus usos y costumbres. También podrá decidir
independientemente si solicita la cooperación de instituciones del Estado,
tales como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la
Dirección de Etnias o el Instituto Colombiano de Antropología o de otras que,
en ejercicio de su autonomía,  estimen idóneas y conducentes a la resolución
del conflicto. Ellas deberán prestar su concurso en el caso de que así lo
solicite la comunidad.”
La Sentencia T-514 de 2009 fue la
providencia que definió las reglas jurisprudenciales que se encuentran vigentes
en relación a casos de conflictos entre autoridades indígenas y miembros de la
comunidad. Así, este balance constitucional es el que guiará la labor de la
Sala Octava de Revisión de Tutelas.
En aquel proceso, las autoridades
de un resguardo indígena -Chenche Buenos Aires Tradicional- habían tomado la
decisión de apartar de los beneficios del Sistema general de participaciones a
uno de sus miembros, debido a que este se había retirado del territorio de la
comunidad durante varios años.
La providencia señaló que los
pueblos indígenas gozan del derecho constitucional a la autonomía, el cual se
materializa entre otras cosas en: (i)  determinar sus
propias instituciones y autoridades de gobierno; (ii) a darse o conservar sus
normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo o proyecto de vida
y (iii) “adoptar las decisiones  internas o locales que estime más adecuadas
para la conservación o protección de esos fines”.
Igualmente se precisó que los
derechos a la autonomía y autogobierno indígena, en algunas ocasiones pueden
entrar en conflicto con convicciones o regulaciones de sectores culturalmente
hegemónicos o “mayoritarios” de la sociedad colombiana. Es ello que el juez
constitucional tiene como labor, ofrecer decisiones que articulen adecuadamente
los límites propios de la autonomía de las comunidades indígenas, a la vez que
impide que entidades estatales intervengan en conflictos que deben ser
resueltos en los propios espacios de la comunidad.
De la misma manera, la Sala de
Revisión de Tutelas recordó que resolver casos en los que se discuten
conflictos que enfrentan a indígenas con sus autoridades tradicionales, no tiene
respuesta sencilla u univoca, debido a que se definen elementos de importante
valor constitucional. No obstante, indicó, la necesidad de que el operador
judicial se “acercarse a ellos desde una perspectiva respetuosa de las
formas de vida y el concepto de dignidad de las comunidades indígenas,
consciente de la necesidad de entablar un diálogo intercultural, pero con
la cautela necesaria para evitar que esa interacción se convierta en pretexto
para intromisiones indebidas en asuntos propios de las comunidades.”
(negrillas fuera del texto)
Como se explicó más arriba, la
Sentencia T- 254 de 1994 fijó algunas reglas referidas a la interpretación de
intervención judicial en un caso de conflicto entre indígenas y sus propias
autoridades. Empero, estas reglas han sido ajustadas en atención a las
dificultades de cada caso.
En criterio de la Sala Octava de
Revisión de Tutelas, la Sentencia T-514 de 2009 establece el balance
constitucional más adecuado sobre el sentido y contenido de dichas reglas.
Estos criterios o pautas de interpretación son: (i) maximización de la
autonomía de las comunidades indígenas; (ii) mayor autonomía para la decisión
de conflictos internos; (iii) a mayor conservación de la identidad cultural,
mayor autonomía, matizado a la regla a mayor conservación mayor necesidad de
dialogo intercultural.
(i)
Maximización de la
autonomía de las comunidades indígenas[68].
Esta pauta precisa que, prima facie el juez
de tutela no puede intervenir en asuntos que sean competencia de autoridades
indígenas, esto en aplicación del principio constitucional de la autonomía de
los pueblos indígenas. La intervención de una autoridad estatal (incluido un
juez en sede de tutela), es excepcional, y es procedente cuando sea necesario
para salvaguardar un interés de mayor jerarquía que el propio principio de
autonomía; y la medidas de intervención deben ser las menos gravosas,
debiéndose preferir, medidas alternativas y maximizadoras de la autonomía de la
comunidad étnica.  Precisó la Corte Constitucional en la Sentencia T-514 de
2009 las líneas fijadas en la SU-510 de 1998:
“Esto significa que cuando un caso concreto exija
ponderar la preservación de la diversidad étnica de la Nación frente a otros intereses,
la autonomía de las comunidades podrá restringirse una vez se verifiquen las
siguientes condiciones: “a.  Que
se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior
jerarquía (v.g. la seguridad interna) [y]  b. Que se trate de la medida menos gravosa para la
autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas”[69]. Todo ello bajo el
entendido de que sopesar la jerarquía de los intereses en pugna y la posible
aplicación de medidas menos gravosas para la autonomía de las comunidades es un
ejercicio de ponderación que debe realizarse a la luz de las características y
atributos propios de cada comunidad[70].”
Respecto a
este criterio interpretativo, en las Sentencias T-349 de 1996, reiterado en la
sentencia T-523 de 1997, y SU 510 de 1998 precisó que: “El principio de la
autonomía adquiere gran relevancia en este punto por tratarse de relaciones
puramente internas de cuya regulación depende en gran parte la subsistencia de
la identidad cultural y la cohesión del grupo. Los límites a las formas en las
que se ejerce este control interno deben ser, entonces, los mínimos aceptables,
por lo que solo pueden estar referidos a lo que verdaderamente resulta
intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre. A
juicio de la Sala, este núcleo de derechos intangibles incluiría solamente el
derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la
tortura”. (negrillas fuera del texto)
(ii)
Mayor autonomía para la
decisión de conflictos internos.
Esta regla establece que ante un
conflicto al interior de una comunidad indígena, entre las autoridades de la
Parcialidad y los miembros de la misma, la autonomía debe ser respetada aún en
mayor medida. En dichos casos, el juez constitucional deberá “.. orientar su
razonamiento hacia la armonización de los principios definitorios de cuantas
culturas se encuentren en tensión”[71].
Por ello, con el fin de garantizar
la autonomía indígena, es necesario establecer que para que los miembros de
esas comunidades soliciten la intervención del juez de tutela en sus asuntos
internos, es preciso demostrar que se han agotado los mecanismos existentes
dentro de la misma comunidad para la resolución de los conflictos.
(iii)
De la regla: “a mayor
conservación mayor autonomía” a la regla “a mayor conservación mayor
necesidad de diálogo intercultural”[72]
Como ya se mencionó en la Sentencia T-254 de 1994,
la Corte Constitucional indicó que en virtud del principio constitucional de
Autonomía de las Comunidades Indígenas, el juez en sede de tutela debe tener
presente el grado de conservación de los usos y prácticas tradicionales de las
comunidades, indicando que la presencia colonial tuvo efectos diferenciados
entre las comunidades indígenas[73].
Existiendo parcialidades con  un alto grado de conservación de sus prácticas y
usos ancestrales, y otros pueblos, que a pesar de tener elementos de identidad,
en virtud de procesos de aculturación y asimilación, perdieron parte de su
derecho propio.
La regla fijada en la Sentencia T-254 de 1994, fue
posteriormente matizada por la Sentencia T-514 de 2009, en la cual se indicó
que la formulación “a mayor conservación mayor autonomía” adquiere un
sentido descriptivo y no prescriptivo. Consideró la Corte que hacer depender el
grado de autonomía de la conservación de las costumbres, usos y prácticas,
podría tener como consecuencia que algunas comunidades indígenas tuvieran
diferentes ámbitos de aplicación de su autonomía. Se observa en la providencia
comentada:
“La formulación efectuada por la Corte en el
fallo T-254 de 1994 se compone de dos partes: en la primera, se describe la
historia y la realidad social que han enfrentado los pueblos indígenas, que
“sometidos por el orden colonial” o a partir del enfoque de “integración a la
civilidad” tienen actualmente distintos grados de conservación de sus
tradiciones. La segunda parte, parece efectuar consideraciones normativas:
deber [de los grupos que no conservan sus tradiciones] de regirse en mayor
grado por las leyes de la república, como garantía a la seguridad jurídica y
para que los miembros de la comunidad no se encuentren en la incertidumbre
sobre sus derechos y deberes por la inexistencia de normatividad.”
En esta oportunidad, la Sala de
Revisión estimó que la formulación debe entenderse como una constatación
descriptiva “pues es claro que la pérdida de ciertos aspectos de la cultura
tradicional, usos y costumbres, modos de producción, formas de relacionarse con
el ambiente, visiones religiosas por parte de una comunidad indígena, no puede
servir de fundamento para disminuir su capacidad de decidir autónomamente sobre
sus asuntos. Esa posibilidad sería  incompatible con los principios
constitucionales de no discriminación e igual respeto por la dignidad de todas
las culturas.”[74]
Es por ello que la Corte consideró
que un juez constitucional debe ser sumamente cuidadoso al momento de conocer
un conflicto al interior de una comunidad indígena, y debe evitar hacer
lecturas en las que imponga categorías occidentales a prácticas indígenas,
buscando establecer un diálogo horizontal y respetuoso entre la cultura
occidental y la comunidad indígena.
3.2. Límites al principio de
autonomía de las comunidades indígenas.
De la misma manera, el precedente
constitucional ha desarrollado reglas jurisprudenciales complementarias a los
tres criterios de interpretación mencionados, estas van encaminadas a
establecer los límites de la Autonomía de las comunidades indígenas, y
armonizar, cuando sea el caso, los usos y costumbres pre hispánicos, con el
sistema jurídico estatal.
En la Sentencia T-349 de 1996[75], la
Corte Constitucional estudió el caso de un indígena Embera-Chami que fue
acusado de ser responsable de un homicidio de otro miembro de la comunidad. Las
autoridades del cabildo capturaron y privaron de la libertad a esta persona,
quien se escapó de la Parcialidad y se entregó a la Fiscalía General de la
Nación.
En la providencia mencionada, la
Sala Cuarta de Revisión de Tutelas detalló los límites constitucionales de la
autonomía de las comunidades indígenas, uno de ellos es:
“Los límites a las formas en las que se ejerce este
control interno deben ser, entonces, los mínimos aceptables, por lo que sólo
pueden estar referidos a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar
contra los bienes más preciados del hombre”
La Sentencia SU-510 de 1998
definió los derechos fundamentales que sirven de límite a la autonomía de las
Comunidades Indígenas. Precisa la providencia: “En primer lugar, tales
bienes están constituidos por el derecho a la vida (C.P., artículo 11), por las
prohibiciones de la tortura (C.P., artículo 12) y la esclavitud (C.P., artículo
17) y por legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas (C.P.,
artículo 29).”
Por su parte, la Sentencia T-514
de 2009 indicó que el principio de legalidad se proyecta sobre dos aspectos.
Solo cumpliendo estos dos elementos del principio de legalidad una decisión de
una comunidad indígena se ajusta a los marcos de la Constitución; (i) por un
lado se requiere que existan instituciones que permitan conocer a todos los
miembros de la comunidad el carácter perjudicial de las conductas que
habitualmente son sancionadas, y la forma en que son resultas estos
comportamientos; (ii) de otro lado el principio de legalidad exige que los
procedimientos aplicables sean preexistentes a los casos.
Los contenidos del principio de
legalidad pueden resumirse en:
“El respeto por el derecho fundamental al debido
proceso y al principio de legalidad se concreta en la previsibilidad de las
actuaciones de las autoridades tradicionales de la comunidad.”[76]
Para determinar qué se entiende
como previsible, el juez constitucional deberá consultar las especificidades de
cada comunidad, poniendo de relieve sus particulares formas de organización
social y política, así como los elementos propios de su ordenamiento jurídico.
“Por una parte, el reducir el principio de legalidad a una exigencia de
previsibilidad no implica abrir el paso a la arbitrariedad absoluta, ya que las
autoridades están obligadas necesariamente a actuar conforme lo han hecho en el
pasado, con fundamento en las tradiciones que sirven de sustento a la cohesión
social. Por otra parte, no puede extenderse este requerimiento hasta volver
completamente estáticas las normas tradicionales, en tanto que toda cultura es
esencialmente dinámica…”[77]
De esta manera, la Sentencia T-514
de 2009, y de manera mucho más reciente la Sentencia C-463 de 2014[78], han
concluido que existen dos límites  claros a la autonomía de las comunidades
indígenas: (i) en primer lugar un núcleo duro de derechos humanos, junto
con el principio de legalidad, y (ii) los derechos fundamentales mínimos de
convivencia, cuyo núcleo esencial debe mantenerse a salvo de actuaciones
arbitrarias.
La Sentencia C- 463 de 2014
explicó:
“La Corte explicó que el “núcleo duro” es un límite
absoluto,  que trasciende cualquier ámbito autonómico de las comunidades
indígenas y debe imponerse ante cualquier tipo de decisión que adopten, aunque
la evaluación sobre su trasgresión, en cada caso, deba tomar en consideración
los aspectos culturales relevantes. Por su parte, los derechos fundamentales
son “mínimos de convivencia” que deben ponderarse en cada caso.”
Como se ve, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que existen dos límites claros a la autonomía
indígena. Por un lado, un núcleo duro, absoluto, según el cual, si un cabildo
toma una decisión en contravía de determinados derechos fundamentales o del
principio de legalidad, su determinación desborda el marco constitucional. Por
otro lado, existe un segundo  límite que previene a las autoridades de los
pueblos tradicionales para que no tomen medidas arbitrarias y que vulneren los
derechos fundamentales “en tanto mínimos de convivencia social”.
En el caso del segundo límite, la
tensión entre la autonomía indígena y los derechos de los individuos de la
comunidad, se resuelve mediante la herramienta de la ponderación de principios.
Por ello:
“los derechos fundamentales constituyen un límite
que debe establecerse a través de un ejercicio de ponderación en cada caso
concreto, en la medida en que un conflicto entre la autonomía, la
integridad o la diversidad cultural y un derecho fundamental determinado es un
conflicto entre normas constitucionales de igual jerarquía. En estos
conflictos, sin embargo, los derechos de la comunidad gozan de un peso mayor,
prima facie, en virtud al principio de “maximización de la autonomía”[79].
(negrillas y subrayados fuera del texto)
Aunado a los tres principios o
cánones de interpretación que ya se mencionaron, el juez constitucional debe
tener presente que una decisión de una comunidad indígena puede llevar a
restringir derechos fundamentales de sus miembros. De esta manera, una
determinación de un cabildo o Asamblea General de una comunidad se enmarcan
dentro de la autonomía que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas, si
la misma, supera un juicio de ponderación en la que prima facie, se presume
constitucional la determinación, en virtud del principio de maximización de la
autonomía.
Esta posición ha sido reiterada en
la Sentencia C- 463 de 2014 donde se señaló que:
“Además, el principio interpretativo de
maximización de la autonomía de las comunidades opera en la ponderación como un
factor que aumenta el “peso en abstracto” de la autonomía indígena, lo que
significa que el desplazamiento de los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas, incluida su autonomía jurisdiccional, en un caso concreto solo es
constitucionalmente válido si existen argumentos fundados y razonables para
considerar que la afectación de los demás principios es particularmente grave,
o si existe certeza sobre la ocurrencia de esa restricción, en tanto que la
evidencia de afectación a los derechos de la comunidad es incipiente o
precaria.”
La Sentencia T-617 de 2010[80] ejemplificó
el uso de la herramienta de la ponderación en estos casos, en que se enfrentan
determinaciones de las autoridades indígenas, con los derechos fundamentales de
los miembros. En relación con la estructura del juicio balanceo, la Sala Novena
de Revisión de Tutelas indicó que el mismo está compuesto por tres niveles. En
el primero de ellos, se debe establecer la importancia de los bienes jurídicos
en conflicto, considerados en abstracto, para la sociedad y el sistema
jurídico, en un momento histórico determinado. Posteriormente se debe
determinar el grado de afectación de cada uno de los principios
en conflicto; y finalmente debe revisarse  la certeza que existe sobre
esa afectación, en relación con cada derecho.
En consecuencia y teniendo en
cuenta los principios hermenéuticos mencionados y las limitaciones constitucionales
a la autonomía de las comunidades indígenas, el juez de tutela, al resolver un
conflicto originado entre los miembros individuales de un grupo indígena y la
misma comunidad como un todo, debe consultar la “especificidad de la
organización social, política y jurídica de la comunidad en cuestión para
resolver el caso, pues cada comunidad es diferente…”[81],
de manera que cuando “se presenta una tensión entre los derechos
individuales fundamentales y el reconocimiento de la diversidad étnica y
cultural, el juez debe atender las circunstancias particulares del caso
concreto y tener en cuenta que las características de los elementos que
integran la jurisdicción especial indígena varían en función de la cultura
específica”[82].
(negrillas fuera del texto)
3.4. Recapitulación y síntesis de las reglas vigentes para fallar.
Una de las consecuencias más importantes del cambio constitucional
de 1991 fue la modificación del enfoque con que el Estado asumía y
“administraba” trata la diferencia étnica de la población de nuestro país. Bajo
las normas de la Ley 89 de 1890, la diversidad étnica debía ser anulada, integrada
y asimilada dentro de la cultura occidental hegemónica. Las leyes de finales del
siglo XIX y comienzos del XX consideraron que la diferencia cultural era
reducible al punto que, al final de un proceso de aculturación la población
colombiana sería eventualmente homogenizada.
La Constitución de 1991 parte de una nueva postura según la cual la
diferencia cultural no debe ni puede ser asimilada. Todo lo contrario, la
pluralidad cultural de nuestro país es una forma de riqueza que debe ser
celebrada y protegida.
En desarrollo de esta idea de la Constitución de 1991 y del Convenio
169 de la Organización del Trabajo, la Corte Constitucional ha establecido un
amplio precedente jurisprudencial que ha buscado garantizar la protección de la
autonomía normativa y jurisdiccional de las comunidades indígenas; armonizar
los derechos de los cabildos indígenas con los de sus miembros; y en todo caso,
establecer en qué casos es procedente la intervención de un juez constitucional
sobre las decisiones de las autoridades tradicionales.
En esa medida, ésta Corporación ha acudido a las siguientes sub
reglas que se extraen del precedente constitucional:
1. El juez constitucional está en la obligación de realizar lecturas
y diálogos interculturales de las prácticas, usos, imaginarios y costumbres de
las comunidades indígenas. En esa medida, el juez en sede de tutela debe evitar
aplicar cánones y patrones eurocéntricos y occidentales a actividades indígenas
que se caracterizan por sus propios regímenes de significado.
En efecto, en casos de conflicto entre las autoridades indígenas y
los miembros de la comunidad, se ha puesto de relieve que el juez
constitucional debe actuar con cautela y cuidado, con el fin de evitar proferir
órdenes que impliquen violencia cultural.
2. Debido a la necesidad de establecer un diálogo intercultural, el
juez constitucional está en la obligación de aplicar tres principios de
interpretación de los casos en que se enfrentan miembros de una comunidad con
sus propias autoridades. Estas reglas hermenéuticas son: (i) Maximización de la autonomía de las comunidades indígenas; (ii) Mayor autonomía para la decisión de conflictos internos; (iii)
A mayor conservación mayor necesidad de dialogo intercultural”[83].
3. La autonomía de la que gozan las autoridades indígenas encuentra
dos límites constitucionales claros:
(i) por un lado, un núcleo duro de derechos humanos (derecho
a la vida, integridad personal, prohibición de tortura y servidumbre) y el
principio de legalidad (entendido como predictibilidad de las decisiones), en
cuyo caso, cualquier decisión de una autoridad indígena que vulnere estos
principios, resulta absolutamente contraria a la Carta Política de 1991, y
(ii) los derechos fundamentales de los miembros de la
comunidad indígena contra determinaciones arbitrarias, caso en el cual se
definirá si una medida es constitucional, mediante la herramienta de la
ponderación.
4. En aquellos casos en los que la Corte Constitucional ha identificado
que existen tensiones y conflictos al interior de una comunidad indígena, es
decir, entre los miembros y sus autoridades se ha resuelto ofrecer, sugerir y
poner a disposición de las partes, espacios en los que se restablezca el diálogo
con miras a la armonización y eventual solución de las diferencias.
4. Análisis del caso en concreto.
Al formular la acción de tutela, los
peticionarios buscaron cuestionar la constitucionalidad de la decisión de la
Asamblea General del Resguardo Indígena “El Tambo” de realizar un cobro de diez
mil pesos ($10.000) por el uso de una servidumbre de paso. Sin embargo, durante
el desarrollo del proceso de amparo, diversos intervinientes, enunciaron elementos
de hechos que indican que al interior de la comunidad indígena se vive un
conflicto más amplio.
En respeto al principio de maximización de la
autonomía indígena en asuntos internos y a que el hecho que dio origen a la
acción de tutela fue la decisión de la Asamblea General de la Comunidad
Indígena de cobrar diez mil pesos ($10.000) por el uso de una servidumbre de
paso, la Sala Octava de Revisión de Tutelas se limitará a resolver los problemas
jurídicos planteados en relación con este suceso. Tocar otros asuntos, como el supuesto
conflicto interno que vive el resguardo indígena de “el Tambo”, significaría
una intromisión en asuntos del pueblo Pijao, los cuales no fueron puestos en
consideración por las partes.
4.1. Examen de procedibilidad de la acción.
La Corte Constitucional ha
indicado que es procedente que indígenas formulen acciones de tutela contra las
autoridades de sus resguardos, en aquellos casos en que decisiones de la
comunidad eventualmente afecten sus derechos fundamentales. Esto resulta
procedentes dado que no existen mecanismos de control judicial en el interior
de las comunidades, ni superiores jerárquicos de tales autoridades, por lo que
los miembros de la parcialidad, individualmente considerados, están en
situación de subordinación e indefensión frente a los órganos de poder
del resguardo.
En el caso concreto, los
accionantes no cuentan con otro recurso judicial o autoridad indígena a la cual
puedan acudir, debido a que el Resguardo Indígena “El Tambo” tomó la decisión
de separarse del Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) organización regional
a la cual pertenece el Tribunal Superior Indígena, por ello dicho Tribunal no cuenta
con competencia para estudiar este caso.  Por ello, la Sala Octava de Revisión
de Tutelas estima que es procedente la formulación de la acción de tutela.
Igualmente, la Corte encuentra que
se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que los accionantes se han comportado
de manera diligente y han puesto en conocimiento de diversas autoridades
administrativas los hechos que motivaron la tutela. Cuando los peticionarios
obtuvieron respuestas negativas de autoridades estatales como la Defensoría
Regional del Pueblo o la Inspección de Policía de Natagaima, inmediatamente
iniciaron la acción de tutela contra las autoridades indígenas.
A continuación se expondrán los
hechos que se consideran probados, y en un acápite inmediatamente posterior, se
definirá si los mismos se encuadran dentro de la órbita dentro de las
facultades que la Constitución Política de 1991. En el segundo apartado se
aplicaran las reglas jurisprudenciales definidas en la parte considerativa.
4.2.En relación con los
hechos que motivaron la tutela.
La Comunidad Indígena Pijao de “El Tambo” fue
reconocida por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria  (INCORA)
mediante Resolución 0023 de tres (3) de octubre de mil novecientos noventa y
siete (1997)[84].
La Parcialidad se ubica en diferentes veredas
pertenecientes al municipio de Coyaima y en la cabecera municipal de Natagaima
(Tolima). El resguardo está conformado por 634 hectáreas entre los cuales se
encuentra el predio “el Poira”, según el alinderamiento del INCORA. El ordinal
segundo de la parte resolutiva de la Resolución No.0023 de tres (3) de Octubre
de mil novecientos noventa y siete (1997) dispone:
“Articulo Segundo: El predio el
Poira descrito en la parte motiva de la presente resolución hace parte de los
bienes del Fondo Nacional Agrario y se entrega a título gratuito a la comunidad
indígena pijao “EL TAMBO” conforme a los estipulado en el parágrafo 1º del
artículo 85 de la Ley 160 de 1994 y el Artículo 18 del Decreto Reglamentario
2164 de 1995”
Desde el mes de enero del año dos mil quince
(2015), en cumplimiento de la orden de la Asamblea General de la comunidad, el
Gobernador del Resguardo Indígena estableció un cobro de diez mil pesos
($10.000) por el uso de una servidumbre de paso que se ubica a la entrada del
predio “El Poira” al interior del territorio del resguardo. El cobro se realiza
a aquellos miembros de la comunidad indígena que diariamente hacen uso del
camino[85].
Con el fin de garantizar el cobro de la suma de
dinero, las autoridades indígenas cerraron la entrada a la servidumbre con
cadenas y candados, los cuales impiden a los miembros de la comunidad que no
realizan el pago ingresar por este camino[86].  Así lo reconoció el Gobernador
indígena, Hernán Tique Capera en el memorial de contestación de la acción de
tutela:
“Cierto es que se ha adoptado
algunas medidas de seguridad y de control de nuestro territorio por parte de la
Asamblea General de la Comunidad, consistente en regular la salida y entrada de
personas al resguardo, con el noble propósito de proteger la vida e integridad
física, los bienes de las familias indígenas del resguardo y evitar que
delincuentes utilicen nuestro territorio para acciones delictivas…por ello se
adopta como medida mantener cerrado con vigilancia permanente con guardia
indígena una de las entradas a nuestra comunidad, asunto que fue lo
suficientemente debatido, analizado y decidido por la Asamblea General…”[87]
Como
consecuencia de esta restricción de uso de la servidumbre, los indígenas
miembros de la comunidad de “El Tambo”, Nelly Culma de Ducuara, Fidel Yara
Conde, Fredy Santa Tique, Saray Ducuara Culma, Agustín Urbano, Ismael Trujillo,
Tomás Narváez Matoma y Orlando Conde iniciaron labores administrativas y
judiciales con el fin de revertir la decisión de las autoridades indígenas.
En varias
ocasiones los accionantes dirigieron solicitudes a la Inspección de Policía del
Municipio de Natagaima[88], al alcalde Municipal de Coyaima[89],
al Defensor Regional del Pueblo y a la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Todas las entidades consideraron
que carecían de competencia constitucional para ordenar a la Comunidad indígena
Pijao de “El Tambo” suspender el cobro de diez mil pesos ($10.000) por el uso
de la servidumbre.
Los
accionantes se dirigieron al Tribunal Superior Indígena del Tolima[90],
corporación judicial que tiene como función resolver los conflictos propios la
jurisdicción indígena, en el departamento del Tolima. Sin embargo, debido a la
Comunidad de “El Tambo” se retiró de dicha institución, el Tribunal no tiene
jurisdicción para conocer del caso en estudio.
En atención a
estos antecedentes, el trece (13) de julio de dos mil quince (2015), Nelly
Culma de Ducuara, Fidel Yara Conde, Fredy Santa Tique, Saray Ducuara Culma,
Agustín Urbano, Ismael Trujillo, Tomás Narváez Matoma y Orlando Conde
formularon acción de tutela contra las autoridades de la comunidad indígena, el
Tribunal Superior Indígena del Tolima, y la Inspección de Policía de Natagaima,
por  considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, al
trabajo, a la libertad de circulación y al mínimo vital.
Así mismo, la Sala encuentra que al Resguardo
indígena se puede ingresar por otro camino diferente sobre el cual se ejerce
control el cobro. Así fue indicado por una de las ciudadanas accionantes
durante la diligencia de ampliación de la solicitud de tutela. Se observa en la
declaración de Nelly Culma de Ducura lo siguiente:
“Nos tienen vulnerados el
derecho al trabajo, esto hemos venido en una guerra no nos dejan trabajar la
parcela que nos adjudicó el Incora, la que es de 4 hectáreas larguitas, porque
no nos dejan entrar la maquinaria para preparar el terreno, como rastra, porque
dice el gobernador u otras personas que le debo mil millones de pesos, no sé
porque les debo todo eso, nosotros entramos por un camino muy estrecho, porque
los señores no nos dejan entrar por el portón, estos señores son el gobernador
Hernán Tique Capera y otros más…son treinta y dos personas, todos se unes para
impedir la entrada de nosotros...
Desde hace como unos diez meses
que se cierra el portón de día y de noche para cobrar peaje por la entrada, ese
dinero es para ellos, a nosotros nos ha tocado entrar por otro camino…”[91] (negrillas y subrayadas fuera del texto)
Esto fue informado por los accionantes y el
accionado en los memoriales de contestación al requerimiento de esta
Corporación de dos (2) de marzo del año en curso.  A folio 23 y 24 del Cuaderno
de la Corte Constitucional consta registro fotográfico allegado por las partes,
donde se observan las características de los dos caminos de ingreso al
territorio de la Parcialidad.
La anterior imagen es del camino de servidumbre
sobre el cual la Asamblea General de la Comunidad estableció el cobro.
Por su parte, esta es la vía de ingreso
alternativa al resguardo, y sobre la cual no se realiza ningún cobro.
Como lo señala la accionante: “A nivel
peatonal se cuenta con un camino real…vía mediante la cual solo se puede
transitar a pie o en moto…”[92].
En el mismo sentido indicó el Gobernador: “Para
hacer el acceso al territorio existen tres entradas que facilitan el acceso de
vehículos como también personas a caballo, burros de cargas, motos y maquinaria
agrícola siempre ha estado el callejón que se desprende de la carretera
nacional en la vereda el floral con llegada a la vereda de Acevedo y Gómez
haciendo ingreso sin justificación de cobro siendo este paso libre por el
municipio de Coyaima por el lado de Natagaima…”[93]
Como se observa, de las fotografías y
narraciones, los dos son caminos de herradura con dimensiones relativamente
cercanas y especificaciones semejantes. La Corte estima que entre las dos vías
no existen diferencias técnicas relevantes.  Es claro que el camino alternativo
para ingresar al resguardo indígena puede resultar más incómodo que la
servidumbre sobre la cual se estableció el cobro y que sirve de camino principal,
no obstante, no deja de ser cierto que existen vías alternas para ingresar al
resguardo indígena, con similares condiciones.
4.1.2. La decisión de la
Asamblea General del Cabildo Indígena de la comunidad del Tambo se encuentra
dentro de los límites de la autonomía de las autoridades indígenas.
A partir de la regla de
maximización de la autonomía en asuntos internos, la Sala Octava de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional debe determinar si con base en los hechos
probados, la decisión de la Asamblea General del Resguardo Indígena Pijao “El
tambo”, se encuentra de los límites que la Constitución y la jurisprudencia han
establecido a la autonomía indígena, y si en esa medida, si tal determinación
de cobrar diez mil pesos (10.000) por el uso de una servidumbre, vulnera algún
derecho fundamental de los accionantes.
Con el fin de resolver el
conflicto de principios entre (i) la autonomía indígena y (ii) los derechos
fundamentales de los accionantes, la Sala seguirá los lineamientos de las
Sentencias T-514 de 2009 y C-463 de 2014 que como ya se explicó, son las
providencias que contienen las reglas para el análisis de este tipo de casos.
Es necesario señalar que
la decisión de establecer el cobro por el uso de la servidumbre fue tomada por
la Asamblea General del Resguardo, órgano competente, según el reglamento de la
comunidad, para fijar las reglas fundamentales del resguardo[94].
Esto se desprende del acta de veintiséis (26) de enero de dos mil quince (2015)
sesión en la cual se determinó que “toda persona que ingrese a la comunidad
y haga uso del portón principal deberá pagar un saldo de $10.000 para ayuda de
la guardia en sus turnos…”[95].
Esto evidencia que la
decisión de establecer este cobro fue tomada por el órgano representativo de la
organización indígena. A la misma asisten los miembros de la comunidad con
derecho a participar, por lo cual no se trata de una orden caprichosa y
arbitraria de un miembro del Resguardo, o una autoridad que no tiene la
competencia para tomar esta determinación.
Como lo determinó la
Sentencia T-514 de 2009[96], las decisiones de
los órganos políticos de un resguardo gozan del mayor respeto, dado que es el
espacio donde se realiza en mayor medida, la autonomía de los pueblos
indígenas.
Aunado a ello, las
razones que ofreció el Gobernador del Cabildo para que se estableciera dicho
cobro resultan razonables y plausibles. Según se dejó consignado más arriba, la
Asamblea General tiene como objetivo garantizar seguridad y tranquilidad dentro
del territorio indígena.
A su vez, el cobro por el
uso de la servidumbre de paso, no tiene el carácter de sanción, y está dirigido
a todos los miembros de la comunidad, por lo cual no se trata de una medida
discriminatoria o caprichosa. Por el contrario, encuentra respaldo en el
Reglamento Interno de la Comunidad y se asemeja a formas de colectivización de
los esfuerzos que redundan en el bienestar de todos los miembros de la
colectividad.
La Corte encuentra que la
decisión de establecer el cobro es públicamente conocida por todos los miembros
de la Parcialidad, y tiene como finalidad garantizar la seguridad del
territorio y de quienes transitan por él[97].Aunado a ello, el
Reglamento Interno establece mecanismos de control y veeduría que están a
disposición de los indígenas de la Comunidad.
En los Artículos 80, 84,
85 del mencionado Reglamento se establece que el Cabildo Indígena tiene
funciones de control interno y debe garantizar la convivencia pacífica y el
disfrute de los derechos de los miembros. Además el Tesorero tiene como tarea
manejar y rendir cuentas a la comunidad sobre los ingresos egresos y saldos de
los recursos económicos y de todos los proyectos de tipo comunitario.
A juicio de la Sala
Octava de Revisión de Tutelas, el cobro de diez mil pesos ($ 10.000) encuadra
dentro del Reglamento Interno de la Comunidad, lo cual (i) le otorga
legitimidad a la decisión de la Asamblea General y a su vez (ii) establece los
controles y mecanismos de veeduría que garantizan que los recursos se dirijan a
la finalidad para la cual fue establecido el cobro.
Por otro lado para la
Sala de Revisión la determinación de la Asamblea General del Resguardo no
vulnera: (i) el núcleo duro de los derechos humanos (derecho a la vida,
integridad física, prohibición de esclavitud y servidumbre) y (ii) ni el
contenido de predictibilidad  del derecho al debido proceso. Se trató de una
decisión con un alcance puntual en el control del territorio y fue una medida
conocida por todos los miembros de la comunidad.
A continuación la Sala
determinará si la decisión de establecer el cobro por el uso de la servidumbre
de paso, resulta caprichosa en la medida que restringe desproporcionadamente
los derechos fundamentales de los accionantes.
Este Tribunal examinará
si la decisión de la Asamblea General del Resguardo Indígena de establecer el
cobro supera el juicio de ponderación – tal como lo exige el precedente
constitucional[98]-, con el objetivo
de verificar que la medida no sea caprichosa e irracional. En este apartado se
sigue la técnica de balanceo de principios aplicada en la Sentencia T-617 de
2010[99].
Como se mencionó en el
apartado de consideraciones, la herramienta de la ponderación, en casos de
conflictos internos entre indígenas y sus autoridades tradicionales ha tomado
especificidades propias que dan cuenta de la dificultad constitucional de
resolver casos donde se define el límite de la autonomía indígena.
En la Sentencia T-617 de
2010 la Corte precisó que el juicio de ponderación en estos casos se integra
por los siguientes elementos:
“En tal sentido, es pertinente recordar que, con el fin
de solucionar las tensiones que pueden darse entre los distintos derechos
constitucionales, la Corte ha utilizado, desde tempranos fallos, la técnica de
la ponderación, operación que
consiste en evaluar, en el marco  del caso en que se presenta el conflicto
normativo entre dos derechos, los criterios dentro de los cuales la limitación
o restricción de un derecho resulta legítima por lograr una mayor eficacia de
otro u otros derechos constitucionales (o principios constitucionales) lo que, de
acuerdo con la doctrina más autorizada, se logra mediante una evaluación de (i)
la importancia que tienen los bienes jurídicos en conflicto,
considerados en abstracto, para la sociedad y el sistema jurídico, en un
momento histórico determinado; (ii) el grado de afectación de
cada uno de los principios en conflicto; y (iii) la certeza que
existe sobre esa afectación, en relación con cada derecho, como se explicará a
fondo en el próximo acápite.” (negrillas
y subrayado fuera del texto)
A continuación la Sala evaluara la decisión tomada por
la Asamblea General del Resguardo a la luz de los tres niveles mencionados: (i)
importancia en abstracto de cada principio constitucional; (ii) la gravedad de
la afectación de cada principio; y (iii) el grado de certeza de tal afectación.
En este caso existe una
tensión entre el derecho a la autonomía indígena de la comunidad de “El Tambo”,
ya que según su Gobernador, la decisión de establecer un cobro es parte de sus
facultades constitucionales, y por el otro, los derechos fundamentales al trabajo,
al mínimo vital y a la libertad de locomoción de los accionantes, quienes
indicaron que el “peaje” establecido, les impide explotar económicamente los
predios que les fueron asignados, así como ingresar al territorio del
resguardo.
a)
En
relación con el peso abstracto de los principios en conflicto, tanto la
autonomía de la comunidad indígena de “El Tambo”, como los derechos
fundamentales de los accionantes, son intereses normativos del más alto nivel
en el orden jurídico actual.
Sin embargo, como se
explicó en el acápite considerativo, en un caso en que haga uso de la
herramienta de la ponderación en un caso en que se define un conflicto entre
las autoridades de un resguardo y algunos de sus miembros, el principio de la
autonomía indígena goza de mayor peso, prima facie.
Esto debido a que “la autonomía de las
comunidades indígenas se dirige a garantizar la supervivencia de culturas
minoritarias, que son manifestación del carácter pluralista y participativo de
la democracia colombiana, como fue concebida por el constituyente de 1991, lo
que ha llevado a esta Corte a establecer una regla de interpretación que
persigue la maximización de la autonomía de estos grupos humanos, por parte del
juez constitucional.”[100]
En este caso, la Sala encuentra
que los dos principios constitucionales gozan de importancia en este momento de
nuestra historia, sin embargo tiene mayor peso la autonomía de la comunidad
indígena, sobre los derechos fundamentales de los accionantes, debido a que se
trata de proteger una determinación del órgano representativo de la
Parcialidad, lugar donde se ejerce la mayor autodeterminación de los pueblos
indígenas.
b)
Sobre
la gravedad de la afectación, la Corte encuentra que la afectación a los
derechos fundamentales de los accionantes no es alta, ya que como se explicó,
el camino de ingreso sobre el que se estableció el cobro de diez mil pesos ($
10.000) no es la única vía de entrada a la comunidad indígena. Justo al lado de
la ruta de servidumbre, existe otro acceso igualmente funcional.
La existencia de este
paso permite que los peticionarios ingresen libremente a sus predios y los
exploten permanentemente. En esa medida, la decisión de la Asamblea General del
Resguardo no afecta el derecho a la libertad de locomoción de los
peticionarios. La carretera atraviesa el territorio de la Parcialidad, por lo
cual permite que los solicitantes accedan tanto al predio que les fue asignado,
como a los demás que integran la comunidad.
La Sala observa que la
ruta opcional, presenta condiciones técnicas aceptables. Por ello, es posible
ingresar a laborar los predios, así como hacerlo con material y maquinaria para
labrar y explotar económicamente la tierra.  En esa medida tampoco se vulnera
el derecho al trabajo y al mínimo vital de los peticionarios.
Es evidente que el camino
alternativo resulta menos accesible y cómodo, pero no es menos cierto que es
funcional. Por ello, no puede afirmarse que el cierre con candado y cadenas de
la servidumbre de paso implique una grave vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital  de los peticionarios.
Los solicitantes pueden
continuar ingresando a través de otra entrada, la cual presenta sus propios
obstáculos, pero hace viable la entrada de maquinaria a los predios de la
Parcialidad.
c) Corresponde entonces,
evaluar la certeza de la afectación de los derechos de los accionantes.
En este nivel del test, así como lo ocurrido en relación con la gravedad de la
afectación, la Corporación encuentra que no existe certeza de que la decisión
de la Asamblea General del Resguardo de establecer un cobro de diez mil pesos
por el uso de una servidumbre de paso, cause una vulneración a los derechos
fundamentales de los peticionarios.
En síntesis, en la medida
que existe otro camino de ingreso, no se produjo afectación a los derechos
fundamentales de los peticionarios.
Todos estos elementos
permiten concluir a la Corte Constitucional que la decisión de la Asamblea
General de establecer un cobro por el uso de la servidumbre es un desarrollo de
las funciones y competencias que se otorgaron en el Reglamento Interno de la
Comunidad, y tanto las autoridades indígenas como los miembros cuentan con los
mecanismos para garantizar la transparencia y adecuado uso de los recursos
económicos.
4.3. La decisión de la
Asamblea General no es un tributo.
La Corporación igualmente
considera que es necesario aclarar que la medida de la Asamblea General del
Resguardo, no puede ser vista automáticamente como de “tributo”.
La historiografía especializada sobre el periodo de la
colonial[101]
(tanto la dedicada a estudiar el caso colombiano, como el mundo
hispanoamericano) ha mostrado que al momento del encuentro del hombre europeo
con las comunidades pre hispánicas ocurrió un proceso en el cual, el colonizador
entendió un sin número de prácticas nativas, a la luz de cánones europeo.
Un ejemplo de esto fue la tributación. En efecto, los
conquistadores españoles al momento de llegar al continente americano eran
portadores de imaginarios europeos sobre los impuestos. Para ellos, cualquier
entrega de riqueza (Cultivos, joyas, ofrendas personales) hecha por los
indígenas a sus autoridades tenía el aspecto de tributación pública[102].
No obstante esto era imposible, debido a que al
interior de las comunidades indígenas del centro de nuestro país no se contaba
con dos ideas fundamentales de la mentalidad capitalista europea y que permiten
hablar de un tributo moderno: (i) concepto de individuo; y (ii) ánimo de lucro[103].
Así, a los ojos de los conquistadores europeos la
práctica de entregar ofrendas al líder colectivo de un pueblo era un tributo en
los términos modernos. Por el contrario, para las comunidades indígenas se
trataba de una celebración con contenidos religiosos y colectivizantes, dado
que, implicaba la participación de los miembros en el todo.
Determinar con precisión el carácter y naturaleza del
cobro aprobado por la Asamblea General del Resguardo de  “El Tambo”, es una
labor que compete a científicos sociales, como etnógrafos o historiadores, no
obstante, la Sala es enfática en cuanto a que no resulta correcto calificar con
una categoría occidental una práctica que no lo es.
Las pautas interpretativas de las sentencias de la
Corte Constitucional advierten sobre la facilidad de caer en lecturas
occidentalizantes sobre prácticas no occidentales. El juez constitucional debe
huir de este error, esto es ver con ojos mayoritarios, hábitos, costumbres e
imaginarios que son propios de pueblos y culturas no occidentales.
A juicio de la Sala Octava de Revisión de Tutelas, los
hechos sub judice pueden ser vistos como una práctica occidental, es decir,
como un tributo impuesto por la Asamblea General a los miembros de la comunidad
indígena. Sin embargo, tal como establece el principio “a mayor conservación
mayor necesidad de dialogo intercultural”[104]esta
es una lectura automática y que desconoce el deber del juez constitucional de
percatarse que se trata de un uso o costumbre no occidental.
Eventualmente u solo a título de ilustración, debe
mencionarse que al respecto, el Reglamento Interno del Resguardo Indígena prevé
diversas normas que establecen reglas sobre la colectivización del trabajo,
esfuerzos y responsabilidades[105].
El Reglamento Interno
contiene varias disposiciones en las que se establecen formas de trabajo
colectivo, ejemplo de ellas son el Artículo 112 que señala: “La idea de los
trabajos comunitarios es busca que la comunidad se vaya apropiando de sus
territorios, que el trabajo fortalezca los lazos de compañerismo y de
solidaridad y que las actividades tiendan en mejora ambiental, económica y
socialmente a la comunidad y su territorio”.
El trabajo comunitario
pueden adoptar múltiples formas como: labores personales, porciones o
fragmentos de cosechas para la colectividad, actividades de limpieza, siembra
de predios comunes, arborización de potreros, siembra de pasto o arreglo de
cercas etc.
En este caso, la práctica
del cobro de dinero no debe ser vista como  una forma de tributación a la
manera de los cánones occidentales, eventualmente, incluso, podría ser una
forma de trabajo colectivo.
4.3 Órdenes.
En atención a las
anteriores consideraciones, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional confirmará las sentencias de primera y segunda instancia dentro
del proceso constitucional de amparo, dado que la comunidad indígena actúo
dentro de los límites de la autonomía indígena que fijo la Constitución Política
de 1991.
Igualmente, se sugiere a
la comunidad indígena busque espacios que permitan la solución del conflicto al
interior del resguardo. Una alternativa de acercamiento puede provenir del contenido
de su propio Reglamento Interno, el cual prevé la existencia de un Tribunal indígena
como institución del resguardo, el cual se encuentra inactivo.
Ahora bien, con la
finalidad de establecer nuevos espacios de interlocución y acercamiento entre
las partes en conflicto, la Sala sugiere tanto a las Autoridades Indígenas,
como a los accionantes evaluar la posibilidad de restablecer el Tribunal
Indígena previsto en el Artículo 58 de su Reglamento Interno, como una
instancia de solución y tramite de conflictos internos.
Finalmente, se ordenará
que la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, ROM y minorías del Ministerio
del Interior que ofrezca un acompañamiento, tanto a los accionantes como a la
autoridad indígena.  La institución debe garantizar en cada momento,
ecuanimidad y distancia de las partes en conflicto, y su labor debe estar
dirigida a crear condiciones para la solución de las diferencias.
5. Síntesis
Los accionantes son miembros de la comunidad indígena Pijao “El
Tambo” ubicada en los municipios de Coyaima y Natagaima (Tolima). Formularon
acción de tutela contra las autoridades del Resguardo, debido a que desde el
mes de enero del año dos mil quince (2015), la Asamblea General de la Parcialidad
estableció el cobro de diez mil pesos ($10.000) por el uso de un camino de
servidumbre que permite la entrada al territorio indígena. Para garantizar el
recaudo de este dinero las autoridades indígenas instalaron  candados y cadenas
en la puerta de ingreso.
Los peticionarios acudieron al recurso de amparo constitucional,
con el objetivo que el juez de tutela ordenara al Gobernador y Cabildo del
Resguardo suspender el cobro. Para tal efecto argumentaron que el bloqueo de la
puerta de entrada al territorio de la Comunidad vulnera sus derechos fundamentales
al trabajo, al mínimo vital y a la libertad de locomoción, dado que no pueden acceder
a las parcelas de las que obtienen su sustento.
Con el fin de resolver el conflicto que se presentó entre los
miembros de la comunidad indígena y sus autoridades, la Corte Constitucional
partió de dos premisas fundamentales: (i) por un lado, tuvo en cuenta el cambio
fundamental que implican los principios de diversidad étnica y cultural
contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y el Convenio 169 de
la OIT en las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado; y (ii) por el
otro, reiteró las reglas jurisprudenciales aplicables a los conflictos
suscitados entre indígenas de una comunidad y las autoridades de la
Parcialidad.
En relación con el punto de inflexión que para el derecho
colombiano trajo la Carta de 1991, la Corporación consideró que durante más de
cuatrocientos años, las comunidades indígenas fueron subalternizadas y
recibieron por parte del Estado un trato que las asemejo a niños que debían ser
aculturizados.
Esta política estatal, cuyos orígenes se remontan a la
organización colonial, tuvieron continuidad durante el período republicano y
fueron materializados en la Ley 89 de 1890 “Por la cual
se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan
reduciéndose a la vida civilizada”.
Dicha ley sometía a las comunidades indígenas
a tratamientos que tenían como objetivo su asimilación en la cultura
mayoritaria.
Solo con los cambios que trajo la expedición de la Constitución
Política, los pueblos indígenas dejaron de ser objetos de la administración
pública, y se convirtieron en sujetos y agentes políticos de su propio
gobierno. Si esta fue la consecuencia principal de la Ley Fundamental, es
necesario señalar, entonces, que las Comunidades Indígenas del país tienen la
facultad de administrar su territorio y gestionarlo, por supuesto, siempre
respetando los límites constitucionales de la Autonomía Indígena.
Por tratarse de un conflicto entre las autoridades indígenas y los
miembros de la Parcialidad, fueron aplicadas las reglas jurisprudenciales
contenidas en las Sentencias T-254 de 1994, SU-510 de 1998, T-1238 de 2004, T-514
de 2009, T-617 de 2010 y C-463 de 2014 que exigen al juez de tutela basarse en tres
principios hermenéuticos, a saber: (i) la maximización de la autonomía de las
comunidades indígenas; (ii) mayor autonomía para la decisión de conflictos
internos; y (iii) a mayor conservación de usos, prácticas y costumbres, mayor
necesidad de dialogo intercultural[106].
Estos criterios de interpretación exigen al juez constitucional
precaución al momento de intervenir en un conflicto entre los miembros de la
comunidad y sus autoridades, de tal manera que: (i) la injerencia de una
entidad externa en un pueblo indígena no resuelve los conflictos, sino que por
el contrario los agudiza; (ii) las autoridades judiciales están en la
obligación de maximizar la autonomía de las comunidades indígenas, lo cual se
traduce, en que deben ser las mismas Parcialidades quienes resuelvan sus
disputas; (iii) la autoridad judicial está en la obligación de realizar
lecturas y diálogos interculturales de las prácticas, usos, imaginarios y
costumbres de las comunidades indígenas.
Con base en estas reglas jurisprudenciales, la Sala consideró que la
decisión de la Asamblea General del Resguardo “El Tambo” del municipio de
Natagaima y Coyaima (Tolima) se encuentra cobijada por la autonomía que la
Constitución Política de 1991 reconoció a las autoridades indígenas, toda vez
que:
(a) la decisión de establecer el
cobro no vulnera el núcleo duro de derechos humanos (derecho a la vida,
integridad física, prohibición de esclavitud y de servidumbre) que sirve de límite
a la autonomía indígena.
Igualmente, es una decisión pública, conocida por todos los
miembros de la comunidad, y que fue tomada por el órgano competente para fijar
dicha determinación.  En esa medida se respeta el derecho al debido proceso en
su contenido de predictibilidad de las decisiones de las autoridades del
Resguardo.
(b) la Asamblea General del Resguardo
fue la autoridad que tomó la decisión de establecer el cobro y los mecanismos
para hacerlo efectivo. Se trata entonces, de una determinación donde se realiza
la autonomía de las comunidades indígenas, y en esa medida debe ser aplicada la
regla de mayor autonomía para asuntos internos. Por consiguiente, además
la decisión no tiene el carácter de sanción, no resulta caprichosa ni irracional.
La Sala aplicó la herramienta de la ponderación de principios para
determinar si la decisión de la Asamblea vulneró los derechos al trabajo, el
mínimo vital y la libertad de circulación de los peticionarios, la Corte
verificó que la decisión del Reguardo no implicó una restricción cierta y grave
a los derechos fundamentales de los accionantes, debido a que existe un camino
de ingreso al territorio a través del cual los solicitantes pueden ingresar a
trabajar a sus predios.
(c) La aplicación de la regla jurisprudencial
“a mayor conservación, mayor necesidad de dialogo intercultural”[107]
impone que la Sala se abstenga de hacer interpretaciones que occidentalicen las
practicas indígenas.
En este caso, para la
Sala de Revisión la práctica del cobro de dinero por el uso  de la servidumbre
de paso, no fue vista como una forma de tributación a la manera de los cánones
occidentales, ya que esto
implicaría incurrir en un acto de violencia cultural.
Finalmente, la Corporación sugiere a las
partes que estudien la posibilidad de reactivar el Tribunal Indígena previsto
en los Artículos 58 y 88 del Reglamento Interno de la comunidad indígena de “El
Tambo”, para lo cual sería útil la compañía de la Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior.
Reactivar el Tribunal Indígena
previsto en el Reglamento Interno de la Comunidad puede servir de escenario de
acercamiento y eventual solución de las diferencias entre las Autoridades Indígenas
y los peticionarios. En todo caso, será la Comunidad Indígena y sus miembros
quienes determinen los
tiempos, espacios e
instituciones acompañantes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR los fallos proferidos
por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Natagaima (Tolima), del veintinueve (29) de julio dos mil quince (2015) en primera instancia, que confirmó la del Juzgado Primero Civil
del Circuito del Guamo (Tolima) del catorce (14) de septiembre
del mismo año, en segunda instancia, en cuanto denegaron
la protección de los derechos a la libertad de locomoción, al mínimo vital, el derecho
al trabajo, y a la vida de Nelly
Culma de Ducuara, Fidel Yara Conde, Fredy Santa Tique, Saray Ducuara Culma,
Agustín Urbano, Ismael Trujillo, Tomás Narváez Matoma y Orlando Conde, en su
calidad de miembros de la Comunidad Indígena “El Tambo” .
SEGUNDO.- EXHORTAR a las autoridades de la Comunidad Indígena Pijao de “El Tambo” para
que exploren alternativas de diálogo que permitan generar consensos entre los
miembros de la Parcialidad.
Como alternativa de interlocución
y acercamiento entre los sectores en conflicto podría ser la reactivación del
Tribunal Indígena del Resguardo, previsto en los Artículos 58 y 88 del
Reglamento de la Parcialidad.
TERCERO.- ORDENAR a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM, y Minorías del Ministerio
del Interior que realice acompañamiento a las autoridades de la Comunidad
Indígena Pijao de “El Tambo” y a los accionantes Nelly Culma de Ducuara, Fidel Yara Conde, Fredy Santa
Tique, Saray Ducuara Culma, Agustín Urbano, Ismael Trujillo, Tomás Narváez
Matoma y Orlando Conde.
Dicho
acompañamiento debe estar dirigido a la interlocución que permita el
acercamiento de las partes. En todas las actuaciones,
la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM, y Minorías del Ministerio del Interior deberá
garantizar independencia, neutralidad y el apoyo estatal tanto a los miembros
de la Parcialidad, como a las autoridades del Resguardo.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA T-201/16
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Decisión de cobro por servidumbre de paso está protegida bajo la
autonomía de comunidad indígena, independientemente si se considera forma de
trabajo comunitario o si se considera tributo (Aclaración de voto)
Con el acostumbrado respeto por
las decisiones de la Sala Octava de Revisión, procedo a exponer las razones por
las cuales aclaro mi voto frente al fallo de la referencia.
La Sentencia T-201 de 2016
confirmó las providencias de instancia, que denegaron la tutela que varios
integrantes de la comunidad indígena Pijao de El Tambo promovieron para obtener
el amparo de sus derechos fundamentales a la locomoción, al mínimo vital y al
trabajo, los cuales consideraron vulnerados a raíz de la decisión de cobrar una
suma de dinero por el uso de la servidumbre de tránsito a través de la cual
accedían al predio “El Poira”.
La decisión se adoptó considerando
que los perjuicios que pudieron derivarse para los accionantes por cuenta del
cobro por el uso de la servidumbre se enmarcan en el ámbito de la autonomía
indígena. Lo anterior, porque la medida fue adoptada por del órgano
representativo de la comunidad indígena (la asamblea general del resguardo),
respondió a argumentos fundados y razonables (asociados a la necesidad de
garantizar la seguridad del territorio y la de las personas que transitaban por
él) y no generó una restricción arbitraria, cierta ni grave de los derechos
fundamentales de los peticionarios.
Comparto lo concluido en ese
sentido. Difiero, sin embargo, de que la sentencia haya pretendido vincular lo
que resolvió al respecto con la idea de que el uso de la servidumbre de paso a
“El Poira” es una forma de trabajo colectivo y no un tributo.
En mi criterio, tal distinción
inmiscuyó a la Sala en un debate que no fue planteado por las partes y que, de
todas maneras, resultaba irrelevante para efectos de la solución del problema
jurídico propuesto. Que el cobro por el uso de la servidumbre de paso fuera un
tributo o una forma de trabajo comunitario no cambiaba lo que, en el marco de
la ponderación de los principios constitucionales enfrentados, se concluyó
acerca del grado de certeza y la gravedad de los perjuicios que pudo causarles
a los accionantes.
Bajo esos supuestos, la medida
estaba amparada por el principio de autonomía indígena, se tratara o no de una
forma de trabajo comunitario. Creo, en todo caso, que los argumentos que
fundamentan la idea de que la decisión de cobrar por el uso de la servidumbre
no es un tributo contradicen lo que expuso la sentencia acerca del riesgo de
violencia cultural en la que puede incurrir el juez constitucional cuando ignora “las categorías a través de las cuales el
indígena comprende el mundo que lo rodea y dirige su comportamiento”.
Sostener
que la imposición de tributos no es propia de las comunidades indígenas porque
dicha actividad proviene de la “mentalidad capitalista europea” no refleja un
diálogo intercultural, pues este no se agota solamente evitando “caer en
lecturas occidentalizantes sobre prácticas no occidentales”, como lo planteó la
Sentencia T-201 de 2016. Lo que un diálogo intercultural involucra, por
definición, es la disposición para escuchar al otro.
Las
consideraciones planteadas en el fundamento jurídico 4.3. del fallo no se
derivan de ese ejercicio, sino de la interpretación que hizo la mayoría de una
cuestión que, en mi criterio, resultaba irrelevante para los efectos del fallo.
Como la medida en cuestión estaba amparada por el principio de autonomía
indígena, independientemente de si operaba como un tributo o como trabajo
comunitario, aclaro mi voto en los términos expuestos.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Cuaderno No. 1 Folio 2
[2] Cuaderno No. 1 Folio 3
[3] Folio 60 Cuaderno No. 1
[4] Ibidem
[5] Folio 84-139 Cuaderno No. 1. Antes de proferirse fallo de primera
instancia, el accionado presentó dos memoriales adicionando su contestación.
Folio 165-168 y Folios 211-223 del Cuaderno No. 1
[6] Folio 84.
[7] Folio 86 del Cuaderno No. 1
[8] Folio 54 – 58 del Cuaderno No. 1
[9] Folio 55
[10] Folio 56.
[11] Folio 62-83 Cuaderno No. 1
[12] Folio 62.
[13] Folio 159-165 Cuaderno No. 1
[14] Folio 174-210 Cuaderno No. 1
[15] Folio 175 Cuaderno No. 1
[16] Folio 224-239 del Cuaderno No. 1
[17] Folio 238 del Cuaderno No. 1
[18] Folio 238 del Cuaderno N.1
[19] Folio 248-284 del Cuaderno No. 1
[20] Ibíd.
[21] Folio 252 del Cuaderno No. 1
[22] Folio 252 del Cuaderno No. 1
[23] Folio 14-21 del Cuaderno No. 2
[24] Folio 20 del Cuaderno No. 2
[25] Folio 33 del Cuaderno de la Corte Constitucional
[26] Ibíd.
[27] Ibíd.
[28] Ibíd.
[29] Folio 34 del Cuaderno de la Corte Constitucional.
[30] Folio 46 del Cuaderno de la Corte Constitucional.
[31] “Por tratarse de un asunto altamente
complejo y de la ponderación de derechos que gozan de una particular
importancia constitucional - como el derecho a la diversidad cultural,
relacionado con la existencia misma de culturas constitucionalmente protegidas
y la libertad de cultos, intrínsecamente atado a la dignidad humana - el juez
constitucional no puede ahorrar esfuerzo alguno para intentar entender todas
las dimensiones del caso específico sometido a decisión judicial.” Sentencia SU-510 de 1998
[32] Stein Stanley y Stein Barbara, La Herencia colonial de América
Latina, Siglo XXI editores, 12 edición, 1980.
[33] En Europa antes de 1492, la discriminación entre pueblos estaba
fundada en criterio religiosos. Así se perseguía a poblaciones judías o en
general a no cristianos. Historiadores hablan de un “proto-racismo”. Sólo fue
con el descubrimiento de América que académicos de las universidades del
antiguo continente desarrollaron ideas encaminadas a defender tesis sobre el
carácter degradado, primero de los pueblos originarios del continente americano,
y luego de las poblaciones africanas sustraídas en condición de esclavitud. En
esta historia tiene importancia la conformación del Reino de España. Tras el
fin de la guerra de Reconquista, la corona castellana expulsó a los judíos y
musulmanes. En aquel evento, la ideología excluyente no se fundaba en
diferencias raciales, sino religiosas, pero la misma sirvió de antecedente para
el posterior racismo aplicado en América. Sobre este asunto señala el
historiador Christian Geulen: “En España de la Reconquista se empleó por
primera vez este término en relación con los judíos, para diferenciar así a
grupos humanos que ya no se distinguían del pueblo llano por su linaje noble,
sino que se diferenciaban horizontalmente y por aspectos relacionados con la
religión, la cultura y su origen” En Breve historia del racismo, Alianza
editorial, Madrid, 2010, pág. 18. Solamente con el descubrimiento de América, y
el establecimiento de poderes coloniales en los dos hemisferios, emergió un
discurso abiertamente racista en los términos modernos. Afirma el historiador
Max Sebastián Ihering: “La limpieza de sangre en España había sido una
cuestión genealógica que no tenía relación con el color de la piel.
El pasado genealógico solo era visible mediante la reconstrucción genealógica y
dependía de la fama y voz pública. Sin embargo, en América esta categoría
se convirtió en algo que se podía denominar como somatización genealógica, en
tanto que a través del color de la piel se pretendía rastrear el origen y
calidad de un individuo, convirtiéndose en un posible determinante de
las relaciones sociales// Visto bajo este prisma, se puede afirmar que el
cuerpo se evidencia como objeto de discurso y objeto de la representación, y en
el cual se inscriben significadores de la interacción social mediante la
articulación del color de la piel, la limpieza de sangre y la raza. Esta triada
conceptual tuvo gran significado por cuanto la calidad de una persona podía
depender de ella. Los autores de Relación Histórica señalaban que las
denominaciones de las castas adquirían tal importancia que equivocarse en la
asignación podría ser entendido como un insulto. ”   En Heraclio Bonilla
(Ed.) La Cuestión Colonial, Universidad Nacional de Colombia, Primera Edición,
Bogotá, 2011, pág. 459. (negrillas y subrayado fuera del texto)
Sobre este
mismo asunto, es necesario aclarar que durante mas del mil años el
antisemitismo europeo tuvo su origen en diferencias religiosas. Solo fue hasta
finales del siglo XIX e inicios del XX que el antisemitismo se transformó en un
discurso racial.
[34] El historiador italiano Loris Zanata explica en su Historia de
América Latina: “En términos generales, es posible afirmar que el espíritu y
los instrumentos sobre los cuales se asentó la arquitectura de las sociedades
ibéricas en América forjaron un orden corporativo el cual era la norma para las
sociedades de la época en occidente, pero asumió un sentido y formas peculiares
en una América de características espaciales y humanos particulares…Las
frecuentes barreras entre un estado [casta] y otro de aquella sociedad
de hecho no era solo el fruto de la riqueza o del linaje, pero eran
acumulativas: también eran barreras étnicas y culturales que, en especial
donde más numerosa era la población india o esclava, equivalían a compartimentos
que separaban mundos extraños entre si…”Historia de América Latina,
De la Colonia al Siglo XXI, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2012, pág. 22
[35] En relación con sistema educativo de la época colonial explica el
historiador Mexicano Cayetano Reyes: “La clasificación social en el sistema
colonial de la Nueva España radicó en caracteres fisonómicos y en elementos
socioeconómicos. La fisonomía definió la posición socio económica cultural del hombre
y la mujer. Cada individuo fue clasificado tanto por la estatura, como por el
color de piel, color de los ojos, tipo de pelo, escasez o abundancia de vello,
movimiento de los ojos, ademanes, etcétera. // Los blancos fueron los
privilegiados, los que no tributaban. Los Mestizos e indios constituyeron el
grueso de los tributarios. Los negros en calidad de esclavos y todas sus
mezclas ocuparon las partes más bajas; no eran considerados humanos, ni
tributaba. (…)// El sistema educativo fue desarrollado como un fenómeno
netamente urbano o citadina. Hizo a un lado a la gran población indígena. (…)//
Los discípulos habían de tener veinte años, nobleza y limpieza de sangre.
Descender de españoles.”  En Un Día de Clase en la Época Colonial,
Colegio de Michoacán, Revista Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad No.
20, 1984.
[36] El historiador francés François Chevalier sobre este punto explica:
“En la nueva España (México) y en otras partes de América, se añadían
otros ordenes o categorías sociales con estatutos particulares:
españoles criollos o tenidos por tales, indios, castas de origen africano y
esclavos. Las diferencias eran enormes entre la gente tenida por blanca y
los demás; entre los amos de las haciendas y los simples peones (aun a
veces los esclavos), entre dominadores y dominados, poderosos protectores y
protegidos, e incluso entre los caciques indios de las comunidades y los indios
sin tierra, entre ricos y miserables…Excepto los marginados (a veces muy
numerosos), todos, grandes y pequeños, se integraban a grupos, órdenes o
cuerpos, y tenían su lugar si no en los alto o en lo bajo de las estructuras
verticales de sujeción o fieles, al menos en colectividades muy
jerarquizas y ordenadas. Los contrastes era – y continúan siendo- ,los marcados
que en Europa debido a una herencia plurietnica de vencedores y vencidos, en la
que el término “colonial” no expresa cabalmente situaciones derivadas del
medioevo español.”(Negrilla y subrayado fuera del texto)  En América
Latina, de la Independencia a nuestros días, Fondo Cultura Económica, México,
pág. 243. En el mismo sentido los historiadores Sanley Stein y Barbara Stein
señalan: “Hacia 1700 la sociedad colonial en América era, por el contrario,
todo menos homogénea. En efecto, era un marco cultural en donde el status, los
ingresos y el poder se concentraban entre aquellos juzgados como blancos o
caucasoides, y se diluían conforme la escala descendía a amerindios y negros”
Ob. cit. Pág. 59
[37] La administración colonial establecía una serie de criterios que
ordenaban y categorizaban a los pobladores del continente americano en
“castas”. Estas eran “clases sociales”, pero administradas con base al color de
piel de las personas. Cfr.  Mignolo Walter, La Idea de América Latina, La
herida Colonial y la opción Decolonial, Gedisa Editorial, Barcelona, 2005, pág.
41. Explica el filósofo argentino: “Por lo tanto, la colonización y la
justificación para la apropiación de la tierra y la explotación de la mano de
obra en el proceso de invención de América requirieron la construcción ideológica
del racismo”.
[38] Stein Stanley y Stein Barbara, La Herencia colonial de América
Latina, Siglo XXI editores, 12º edición, 1980., pág. 57
[39] En el Derecho Indiano, los miembros de las comunidades indígenas
recibían el tratamiento jurídico de menores de edad o de incapaces relativos.
Por el contrario, las personas sustraídas de África en condición de esclavitud
eran calificadas como objetos.
[40] El historiador y Filosofo Mexicano Leopoldo Zea explica que tras la
independencia política, las repúblicas americanas son gobernadas por líderes
que buscaban restablecer “el orden español sin España”, dado que resultó
inviable crear un orden político moderno, sin una sociedad simétrica. Filosofía
de la Historia americana, Fondo de Cultura Económica, México, primera edición,
1978.
[41]El historiador Argentino Tulio Halperin
Doing indica: “En
1825 terminaba la guerra de Independencia; dejaba en toda América española un
legado nada liviano: ruptura de las estructuras coloniales, consecuencia a la
vez de una transformación profunda de los sistemas mercantiles, de la
persecución de los grupos más vinculados a la antigua metrópoli, que habían
dominado esos sistemas, de la militarización que obligaba a compartir el poder
con grupos antes ajenos a él (…)De sus ruinas se esperaba que surgiera un orden
nuevo, cuyos rasgos esenciales habían sido previstos desde el comienzo de la
lucha por la independencia. Pero éste se demoraba en nacer. La primera
explicación, la más optimista, buscaba en la herencia de la guerra la causa de
esa desconcertante demora: concluida la lucha, no desaparecía la gravitación
del poder militar, en el que se veía el responsable de las tendencias
centrífugas y la inestabilidad política destinadas, al parecer, a perpetuarse.
La explicación era sin duda insuficiente, y además tendía a dar una imagen
engañosa del problema: puesto que no se habían producido los cambios esperados,
suponía que la guerra de Independencia había cambiado demasiado poco, que no
había provocado una ruptura suficientemente honda con el antiguo orden, cuyos
herederos eran ahora los responsables de cuanto de negativo seguía dominando el
panorama hispanoamericano. La noción, al parecer impuesta por la realidad
misma, de que se habían producido en Hispanoamérica cambios sin duda
diferentes, pero no menos decisivos que los previstos, si está muy presente en
los que deben vivir y sufrir cotidianamente el nuevo orden hispanoamericano, no
logra, sin embargo, penetrar en los esquemas ideológicos vigentes (salvo en
figuras cuya creciente adhesión a un orden colonial imposible de resucitar
condena a la marginalidad).” Historia Contemporánea América Latina, Alianza Editorial,
pág. 137
[42] El Artículo 40 de la Ley 89 de 1890, tal como lo hizo la
legislación colonial, identificó a las comunidades indígenas como “menores de
edad”. Precisaba la norma comentada: “Los indígenas asimilados por la
presente Ley a la condición de menores de edad, para el manejo de sus porciones
en los resguardos, podrán vender estas con sujeción a las reglas prescritas por
el derecho común para la venta de bienes raíces de los menores de veintiún
años.”
[43] Dentro de los debates de la Asamblea
Nacional Constituyente, el delegatario indígena Francisco Rojas Birry expuso en
una de sus intervenciones: “... La nación colombiana -dice Rojas Birry-
tiene derecho a que se le defina como ella es y no como una mera abstracción
jurídica.. nos hemos propuesto, al venir aquí, dejar siglos enteros de
negar lo que somos y avanzar unidos en el autodescubrimiento de nuestra
identidad” Citado en la Sentencia T-428 de 1992. Este fragmento
evidencia las apuestas de los Constituyentes: enfrentar las consecuencias aún
presentes de trecientos años de vida colonial.
[44]  Veintiún artículos de la Constitución política están dirigidos a
reconocer el carácter de sujetos de derechos de los pueblos indígenas. Dichas
disposiciones reconocen tradicionales disputas de los pueblos del mundo.
[45] “Los Bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables”
[46] “La conformación de las entidades territoriales indígenas se
hará con sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento
territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con
participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo
concepto de la comisión de ordenamiento territorial.  Los resguardos son de
propiedad colectiva y no enajenables”
[47] El Convenio 107 de 1957 de la OIT indicaban una de sus
consideraciones: “Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones
relativas a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de
otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes…
Considerando que en diversos países independientes existen poblaciones
indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales que no se hallan
integradas todavía en la colectividad nacional… Considerando que la
adopción de normas internacionales de carácter general en la materia facilitará
la acción indispensable para garantizar la protección de las poblaciones
de que se trata, su integración progresiva en sus respectivas colectividades
nacionales y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo;”
(negrillas y subrayado fuera del texto)
[48] Este es la modificación fundamental tanto del Convenio 169 de la
OIT, como de la Constitución Política de 1991. Las normas internacionales y
nacionales sobre pueblos indígenas del siglo XX relegaban a las comunidades a
una posición subalterna e inferiorizada, con la expectativa que tras ser integrados
o aculturizados fueran  el nuevo marco jurídico, no solo tolera la diferencia
cultural, sino que la celebra.
[49] “Artículo 2 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad
de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad.”
[50] Considera la Organización Internacional del Trabajo: “Recordando
la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad
cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y
comprensión internacionales”. En criterio de la Sala Octava de Revisión de
Tutelas, el cambio del Convenio 169 de la OIT consiste en dejar una posición en
la que la diferencia cultural es tolerada, pero en progresivamente debe ser
asimilada, un marco jurídico que no solo reconoce, sino que celebra la
diferencia étnica y cultural.
[51] De la misma manera, el Sistema
Interamericano ha señalado que la propiedad de la tierra de los pueblos
indígenas es de carácter colectiva, y debe gozar de la protección de los
Estados. Así, lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
múltiples fallos, entre los cuales podemos citar “La Comunidad de Moiwana vrs
Suriname”[51]
o el caso de la Comunidad indígena Yakye Axa vrs Paraguay[51],
de este fallo es necesario rescatar el carácter colectivo de los predios de las
comunidades indígenas. En términos de la Corte Interamericana: “Al analizar
el contenido y alcance del artículo 21 de la Convención en el presente caso, la
Corte tomará en cuenta, a la luz de las reglas generales de interpretación
establecidas en el artículo 29 de la misma y como lo ha hecho anteriormente, la
significación especial de la propiedad comunal de las tierras ancestrales para
los pueblos indígenas, inclusive para preservar su identidad cultural y
trasmitirla a las generaciones futuras, así como las gestiones que ha realizado
el Estado para hacer plenamente efectivo este derecho.”[51].
La Corte Interamericana ha sostenido que
entre el derecho a la propiedad del cual son titulares los ciudadanos
occidentales, y el que ejercen las comunidades indígenas en relación con sus
predios, existen diferencias fundamentales. Los territorios tradicionales de un
pueblo indígena no solo son su principal medio de subsistencia, sino además
constituyen un elemento integrante de su cosmovisión e identidad cultural.
De los anterior, es necesario dar relieve al hecho que las comunidades
indígenas son titulares de un derecho de propiedad que está en cabeza de toda
la colectividad, y cuyo fundamento es la tenencia y explotación colectiva.
[52] Cfr. Sentencia T-376 de 2012. MP. María Victoria Calle Correa.
[53] Gabilondo Puyol, Ángel. El Buen Maestro. Revista Tendencias
Pedagógicas 14, 2009, pág. 61
[54] Se sigue T-523 de 1992, T-442 de 1994, T-420
de 1996, SU-337 de 1999, T-941 de 1999, T-1390 de 2000, T-510 de 2003, T-639 de
2006, T-794 de 2007, T-900 de 2007, T-302 de 2008, T-912 de 2008 y T-617 de
2010, T-001 de 2012, y T-010 de 2015.
[55] M.P. María Victoria Calle. Estableció la
Corporación: “La Corte Constitucional ha desarrollado una línea
jurisprudencial sólida en relación con los criterios más relevantes para la
interpretación de los derechos de los pueblos indígenas y la solución de
conflictos entre estos y los derechos individuales de sus miembros. En esta
oportunidad, la exposición gira en torno a tres fallos en los que,
recientemente, se han efectuado reiteraciones con ánimo sistemático de las
subreglas desarrolladas por la Corporación. Estas sentencias son la T-514 de
2009,[55]
en la que se efectúa una actualización de la jurisprudencia unificada ya en la decisión
SU-510 de 1998,[55]
T-617 de 2010,[55]
sobre los factores para decidir conflictos de competencia entre autoridades del
sistema jurídico nacional y la jurisdicción indígena, y T-1253 de 2008,[55]
en la que se discutió la pertinencia de la intervención del juez de tutela en
conflictos particularmente intensos, que amenazan con la división de las
comunidades indígenas.”
[56] Cfr. T-380 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muños y T-617 de 2010
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[57]“Los derechos fundamentales de las
comunidades indígenas no deben confundirse con los derechos colectivos de otros
grupos humanos. La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple
sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses
difusos o colectivos (CP art. 88). En el primer evento es indiscutible la
titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los
afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos
mediante el ejercicio de las acciones populares correspondientes”.
Sentencia T-380 de 1993.  Reiterado en la Sentencia T-617 de 2010, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[58] ST-380/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SC-058/94 (MP. Alejandro
Martínez Caballero); ST-349/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz); ST-496/96 (MP. Carlos
Gaviria Díaz); SU-039/97 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[59] Cfr. T-659 de 2013 M.P. María Victoria Calle, T-812 de 2011, M.P.
Juan Carlos Henao. Sentencia T-514 de 2009, en
la cual se discutió si la existencia del Tribunal Superior Indígena del Tolima,
instaurado por el Consejo Regional Indígena, organización que agrupa a varios
de los cabildos de ese departamento, constituía o no un mecanismo de control
judicial interno que hacía improcedente la acción de tutela en el caso
analizado. En este evento, la Corte señaló, luego de analizar las funciones de
dicho tribunal, que “en
caso de consolidarse iniciativas como la del Tribunal Indígena del
Tolima,  la intervención del juez de tutela podría condicionarse a (i) la
existencia de un pronunciamiento del órgano sobre su competencia o posibilidad
para pronunciarse de fondo en el caso concreto; (ii) la aplicación de los criterios
de procedencia de la tutela contra sentencias al asumir el análisis de fondo de
una decisión del Tribunal; (iii) la posibilidad de que el juez ampare
transitoriamente los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad, en
caso de que esté pendiente el pronunciamiento del Tribunal y siempre que se
acredite la amenaza de un perjuicio irremediable”. Sin embargo, la
Corte decidió flexibilizar esas reglas de procedencia en el caso concreto
debido a que el ejercicio de la jurisdicción indígena es dispositivo, a que el
Tribunal Indígena del Tolima atravesaba por problemas administrativos y,
finalmente, porque “la
existencia del Tribunal Superior Indígena del Tolima aún no es conocida por
todas las autoridades del Sistema Jurídico Nacional, lo que puede suscitar
conflictos de competencia que deberán ser resueltos por esta Corporación y el
Consejo Superior de la Judicatura. Una dificultad adicional, entonces,
radica en que las autoridades del Sistema Jurídico Nacional sean conscientes de
la posibilidad de remitir el caso a esa instancia, antes de emitir un
pronunciamiento de fondo”.
[60] M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[61] En aquella ocasión la Corte Constitucional fijo el problema
jurídico en los siguientes términos: “Corresponde a la Corte Constitucional
(CP art. 241-9), en sede de revisión, determinar la procedencia de la acción de
tutela contra el cabildo indígena de El Tambo y establecer si la decisión
adoptada por la comunidad indígena representada por éste, es un acto susceptible
de control judicial que haya vulnerado los derechos fundamentales del
peticionario” Como se ve, se trata de resolver si una decisión de las
autoridades indígenas contra uno de sus miembros se encuentra protegida por la
Autonomía que la Constitución de 1991 reconoció a los pueblos con identidades
pre hispánicos.
[62] Ibíd.
[63] “Las comunidades indígenas son verdaderas organizaciones, sujetos
de derechos y obligaciones , que, por medio de sus autoridades, ejercen poder
sobre los miembros que las integran hasta el extremo de adoptar su propia
modalidad de gobierno y de ejercer control social. Respecto de las decisiones
de la comunidad que afectan a uno de sus integrantes, no existen medios de
defensa judicial. En consecuencia, el petente se encuentra en situación de
indefensión respecto de una organización privada, la comunidad indígena, razón
por la que está constitucional y legalmente habilitado para ejercer la acción
de tutela en defensa de sus derechos fundamentales.”
[64] M.P. Manuel José Cepeda.
[65] Se lee en la providencia: “Con ello, [una
intervención externa] puede convertirse en un obstáculo para la
recomposición y readaptación de las identidades indígenas y de sus normas
comunitarias.” (negrillas fuera del texto)
[66] Precisa la Sala: “Lo
cierto es que la intervención externa no ha sido útil para resolver la disputa
surgida dentro del resguardo. La división y los conflictos se mantienen. Cada
uno de los grupos ha continuado eligiendo su cabildo, a pesar de las sentencias
dictadas. Por eso, los actores de la tutela se identifican a sí mismos como el
gobernador saliente y entrante del cabildo, a pesar de que ninguno de los dos
aparece como gobernador registrado ante la Dirección de Etnias del Ministerio
del Interior en los años 2005 a 2008.”
[67] Ibíd.
[68] Se sigue las Sentencia SU 510 de 1998, T-514 de 2009, y T-010 de
2015.
[69] Ídem.
[70] Ídem.
[71] Cfr. T-002 de 2012. M.P. Juan Carlos Henao
[72] Se siguen las Sentencia SU-510 de 1998, T-514 de 2009, y la
Aclaración Parcial de Voto del Magistrado Luis Ernesto Vargas dentro del
proceso de T-659 de 2013.
[73] Cf. Sentencia T-254 de 1994.
[74] T-514 de 2009. Folio 16
[75] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[76] Más adelante la misma Sentencia T-514 de
2009 precisó que: “El carácter previsible de las decisiones de las
autoridades indígenas debe evaluarse, empero, manteniendo presente la
existencia de dos limitaciones: en primer término, las prácticas regulativas de
buena parte de las comunidades indígenas se encuentran en estado de
reconstrucción desde la expedición de la Constitución Política de 1991[76];
de otro lado, la exigencia de previsibilidad no puede implicar la petrificación
de las instituciones de las comunidades”
[77] Cfr. Sentencia T-523 de 1997 y T-349 de 1996.
[78] M.P. María Victoria Calle Correa
[79] Cfr. C-463 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[80] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[81] Sentencia T-001 de 2012. Ver también Sentencias
T-254 de 1994, T – 514 de 2009 y T – 617 de 2010.
[82] Ibídem.
[83] Se siguen las Sentencia Su-510 de 1998, T-514 de 2009, y la
Aclaración Parcial de Voto del Magistrado Luis Ernesto Vargas dentro del
proceso de T-659 de 2013.
[84] Folio 34 y s.s. Cuaderno No. 1
[85] Folio 287 del Cuaderno No. 1.
[86] Folio 2 del Expediente. Igualmente se encuentra acreditado a través
de fotografías allegadas al expediente. Folios 13 y 14, y 297 del Cuaderno No.
1
[87] Folio 87 del Cuaderno No. 1
[88] Folio 28 del Cuaderno No. 1
[89] Folio 20 del Cuaderno No. 1
[90] Folio 15 del Cuaderno No. 1
[91] Folio 59 del Cuaderno No. 1
[92] Folio 34 Cuaderno de la Corte Constitucional
[93] Folio 32 Cuaderno de la Corte Constitucional.
[94] Según el reglamento Interno del Resguardo Indígena establece en su
Artículo 64: “La Asamblea General es un órgano de carácter especial
encargado de aprobar o improbar, tomar las decisiones más importantes del
resguardo y para el resguardo; de ella dependen el desarrollo y
progreso del resguardo. Además tiene a cargo la obligación de solicitar y
recibir los informes sobre el estado del resguardo, de los proyectos de
desarrollo y todas las actividades que ejerzan influencia directa sobre
toda la comunidad”. En el artículo 164 del mismo reglamento se lee:
“La Asamblea General decide que de los ingresos económicos captados durante
todo el año, dejará el ingreso del lote comunitario para gastos de
administración y suministros de insumos. Plata que será consignada en la cuenta
comunitaria del resguardo en una entidad bancaria, donde será el titular el
tesorero y el gobernador” Folio 34 y 75 del Reglamento del Resguardo
Indígena, anexo del cuaderno No. 1
[95] Folio 16 del Cuaderno de la Corte Constitucional.
[96] Se advierte en la sentencia sobre las determinaciones de la
Asamblea General de un Resguardo Indígena: “Debido a que la decisión,
a juicio de la Sala es de carácter político y se ubica en uno de
los ámbitos en los que la autonomía de las comunidades adquiere mayor alcance, solo
en caso de que se acredite una restricción injustificada, irrazonable o
desproporcionada de los derechos individuales de los miembros específicos de la
comunidad, podría el juez de tutela quitarle eficacia. En ese marco, se
analizan los cargos concretos.” (negrillas y subrayado fuera del texto)
[97] Precisó el Gobernador Indígena: “La función de estos recursos
que se obtienen por el paso de esta portada se destinan para el mismo de la vía
interna mediante trabajos comunitarios donde participa toda la comunidad y el
sostenimiento de la guardia de turno contamos con una extensión carreteable de
quince km de vía interna no se ha contado con la ayuda de las alcaldías a las
cuales tenemos jurisdicción ni por parte de la gobernación del Tolima …” Folio
33 del Cuaderno de la Corte Constitucional
[98] Cfr. T. 617 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[99] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[100] Sentencia T-617 de 2010.
[101] J.H. Elliott, “La Conquista española y las colonias de América” en
BETHELL, Leslie, ed. Historia de América Latina, Tomo I, América Latina
colonial: La América precolombina y la conquista, Cambridge University press,
Editorial Crítica, Barcelona, 1990, pág. 125.  ELLIOTT Jhon, Imperios del mundo
atlántico. España y Gran Bretaña en América, 1492-1830. Madrid, Taurus, 2006,
pág. 147
[102]Un ejemplo de ello lo ofrece Fernando Guillen Martínez
cuando explica lo que ocurrió a los españoles cuando llegaron a Colombia.  “No
existía dentro de estas comunidades indígenas, cualquiera que fuera el grado de
su desarrollo técnico, nada que se asemejara a la noción europea de autonomía
individual, de suerte que las personas articulaban forzosamente sus funciones
en una red colectivista, cuya única entidad claramente delimitada y dotada de
derechos y deberes específicos era el grupo mismo…La actividad económica en
estas comunidades se realiza por los individuos a través de funciones adscritas
y hereditarias, de reglamentación y deberes de tipo mágico, que en algunos
casos configuran verdaderas castas de trabajo y sistemas de donaciones rituales
que los conquistadores interpretaron como “tributos” (en el sentido de
impuestos) simplemente porque su recipiendario- aunque no forzosamente su
beneficiario fuera el jefe del Clan…Para la tradición jurídica española, el
señorío era ante todo una soberanía de la tierra. En la alborada del siglo XVI
se conmina a los indígenas a aceptar la religión cristiana y la autoridad del
monarca español, en razón de la conquista de la tierra americana. Se considera
que las gentes que viven en las nuevas posesiones son vasallos del Rey ibérico,
porque habitan al territorio, no en virtud de su origen étnico. Y como tal vez
vasallos territoriales, los indígenas quedan sujetos a un tributo, a un
impuesto personal que expresa la subordinación política, en las mismas
condiciones teóricas de los habitantes de la península ibérica. La
exigencia de este tributo encontró un nuevo y poderoso argumento a su favor,
cuando los juristas y funcionarios españoles observaron la existencias de
donaciones rituales al cacique y las interpretaron como tributo, encontrando
así enteramente justo que los aborígenes continúan tributando a su señor, el
Rey de España” Guillen Martínez, Fernando. El poder Político en
Colombia, Editorial Planeta, Bogotá 2008, pág. 50
[103] En la América pre hispánica ocurrió algo similar,
pueblos tan grandes como los Aztecas establecieron formas de extracción de
recursos de otras civilizaciones vecinas. Se ofrendaban animales, cultivos e
incluso personas. Si bien, esto podría asimilarse a un tributo moderno, dicha
lectura sería errónea, toda vez que arqueólogos, historiadores y científicos
sociales, han demostrado que tenían un significado diferente. Eran actividades
religiosas, con un marcado sentido colectivo, por lo cual, ver en estas
actividades un tributo resulta anacrónico y desacertado.
[104] Sentencia T-514 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[105] El
Artículo 35 del reglamento dispone: “Capitulo 5 Deberes y
obligaciones…Artículo 31. La calidad de los indígenas del reguardo “El Tambo”,
enaltece a todos los miembros de la parcialidad. Todos están en el deber de
engrandecerla..”Para ello los miembros de la comunidad deben: “Artículo 35. Cancelar
las deudas contraídas con la comunidad bien sea en jornales o dinero en
efectivo, sin dejarse atrasar un tiempo mayor de seis meses”.
[106] Cfr. T- 514 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas
[107] Cfr. Sentencias T-514 de 2009, T-617 de 2010, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva