C-665-06
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO FRANKY URREGO ORTIZ
Sentencia
C-665/06
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DE
CONTENIDO ESTATUTARIO-Alcance
CIRCUNSCRIPCION INTERNACIONAL PARA LA
CAMARA DE REPRESENTANTES-Reglamentación
con fundamento en Acto Legislativo  tácitamente derogado/DECRETO ESTATUTARIO-Inexistencia
de habilitación para legislar
El Decreto 4766 de 2005 fue expedido el 30 de
diciembre de 2005, un día después de que entrara en vigencia el Acto
Legislativo 03 de 2005 -  el 29 de diciembre del mismo año. De allí que el
Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el ciudadano interviniente
consideren que el Gobierno ya no contaba con facultades para dictar el Decreto,
puesto que el Acto Legislativo 02 de 2005 había sido derogado tácitamente por
el Acto Legislativo 03 de 2005. De esta forma, el decreto fue dictado con base
en unas facultades inexistentes para el momento de su expedición, como se
deduce de sus considerandos, en los cuales se invoca como fundamento un acto
legislativo que se encontraba tácitamente derogado el día en que el decreto de
contenido estatutario fue adoptado. Por lo tanto, la Corte declarará la
inexequibilidad del Decreto 4766 de 2005, por inexistencia jurídica de la
habilitación invocada para la expedición del Decreto. Esta declaración hace
innecesario pronunciarse sobre el punto de si los decretos presidenciales de
contenido estatutario deben ser controlados en  forma previa a su entrada en
vigencia. Tampoco tiene sentido pronunciarse sobre la constitucionalidad de los
distintos artículos del Decreto, desde el punto de vista material.
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE DECRETO DE
CONTENIDO ESTATUTARIO-Efectos
retroactivos
Atendiendo a que en este caso específico el
argumento para la declaración de inexequibilidad radica en la inexistencia de
la habilitación invocada por el propio decreto, la Corte considera que el
decreto no puede surtir efectos en el ordenamiento jurídico. De una
habilitación inexistente no puede derivarse una norma jurídicamente eficaz,
máxime si ésta tiene un contenido estatutario en el ámbito electoral que incide
sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los colombianos
residentes en el exterior. Por lo tanto, se declarará que la sentencia tendrá
efectos retroactivos, a partir del momento  de la expedición del Decreto 4766
de 2005.
Referencia: expediente PE-027
Revisión de constitucionalidad del Decreto
4766 de 2005, “por el cual se reglamenta la circunscripción internacional para
la Cámara de Representantes.”
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de
dos mil seis (2006)
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067
de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El Secretario Jurídico de la Presidencia de
la República remitió a la Corte, para efectos de su revisión de
constitucionalidad, el Decreto 4766 del 30 de diciembre de 2005, “por el cual
se reglamenta la Circunscripción Internacional  para la Cámara de
Representantes.” Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de
esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre el asunto de la
referencia.
II. EL DECRETO BAJO REVISIÓN
A continuación, la Corte transcribe el
Decreto 4766 del 30 de diciembre de 2005, “por el cual se reglamenta la
Circunscripción Internacional  para la Cámara de Representantes”, conforme al
texto remitido por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.
“MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
“DECRETO NÚMERO  4766  DE   2005
“30 DIC 2005
“Por el cual se reglamenta la
Circunscripción Internacional para la Cámara de Representantes
“EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
“En uso
de las facultades consagradas en el parágrafo transitorio del artículo 176 de
la Constitución
Política reformado por el Acto Legislativo 2 de 2005
“CONSIDERANDO
“Que el parágrafo transitorio del artículo
176 de la Constitución Política, reformado por el Acto Legislativo 2 de 2005, estableció que ‘El Congreso de la República
reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 16 de
diciembre de 2005, caso contrario, lo hará
el Gobierno Nacional dentro de los quince (15) días siguientes a esa fecha; incluirá
entre otros temas: Inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos habilitados para votar en el exterior, mecanismos
para promover la participación y realización del escrutinio de votos a
través de los Consulados y financiación estatal para visitas al exterior por
parte del Representante elegido.’
“Que el 16
de diciembre de 2005 el Congreso de la República no expidió la ley que reglamenta la circunscripción
internacional.
“Que es
necesario que el Gobierno en desarrollo de la facultad conferida por el parágrafo transitorio del
artículo 176 de la Constitución Política, reformado por el Acto Legislativo 2
de 2005, reglamente la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes.
“DECRETA
“CAPÍTULO I
“Del elector nacional residente en el exterior
“Artículo 1o
- Elector. Para efectos de este decreto, se considera elector al ciudadano colombiano mayor de
dieciocho (18) años que resida en el exterior y que se encuentre incorporado en el censo electoral respectivo.
“Artículo 2o
- Requisitos para ser elector. Para ejercer el derecho al voto en el exterior, los ciudadanos deberán:
“1.-   Presentar la cédula de
ciudadanía o el pasaporte vigente.
“2.-
Inscribirse personalmente en los puestos de votación debidamente registrados en
la División Política Vigente (DIVIPOL), previamente habilitados por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
“3.- Estar en pleno uso de sus
derechos políticos, conforme la legislación nacional.
“Parágrafo.
Los ciudadanos colombianos residentes en el exterior se podrán inscribir y votar con
la cédula de ciudadanía o con el pasaporte vigente. Para tales efectos, los funcionarios y ciudadanos
colombianos que se designen, transcribirán el número de la cédula contenida en
el pasaporte y el número de éste si fuere diferente.
“CAPÍTULO
II
“De la
inscripción y conformación del Censo Electoral en el exterior
“Artículo 3o
- Inscripción de los colombianos residentes en el exterior. Los ciudadanos Colombianos residentes
en el exterior, podrán inscribirse en las Embajadas y Oficinas Consulares, dentro del período señalado mediante resolución
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para ello los
funcionarios de las Embajadas y Oficinas
Consulares, procederán a consignar en el formulario de inscripción diseñado por
la Registraduría Nacional del Estado Civil, los apellidos y nombres completos,
de acuerdo con la cédula de ciudadanía y/o
el pasaporte vigente, el número de estos y los demás datos consignados
en dicho formulario.
“Parágrafo
Primero.- Las Embajadas y Oficinas Consulares implementarán mecanismos expeditos para la
divulgación del proceso electoral y para la promoción de la inscripción en el
correspondiente censo electoral, de acuerdo con los medios de que dispongan.
“Parágrafo
Segundo.- En todo caso, el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía,
se suspenderá tres (3) meses antes de la realización de las respectivas elecciones.
“Artículo
4°.- Actualización del Censo Electoral.- Para la
actualización y conformación del censo electoral de los ciudadanos colombianos inscritos en el
exterior, cada oficina consular o embajada
enviará dentro de las fechas establecidas, utilizando el medio más ágil
e idóneo, la información de los formularios de inscripción de votantes
debidamente diligenciados, a la Registraduría Nacional del Estado Civil .
“Artículo 5o.
Lista de Sufragantes y Registro General de Votantes. La Registraduría Nacional del Estado Civil
enviará a las Embajadas y Oficinas Consulares, la lista de sufragantes y registro general de votantes,
conformada por los ciudadanos colombianos residentes en el exterior aptos para
votar.
“CAPITULO III
“De las
Elecciones en el exterior
“Artículo 6o - Divulgación de la
fecha de las elecciones.
Dentro de los tres (3) días siguientes a la
expedición de la Resolución que contiene el calendario electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, enviará
copia de la misma al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien de
manera inmediata la notificará a las Embajadas y oficinas Consulares de Colombia en el exterior.
“Artículo
7o. Comunicación al Estado receptor. Las embajadas y
oficinas consulares deberán comunicar con la debida antelación la realización
de las elecciones a las autoridades competentes del Estado receptor.
“De
considerarlo conveniente, se solicitará colaboración a las autoridades
policiales, para efectos del mantenimiento del orden en el perímetro
del lugar de realización de la votación, durante su transcurso y hasta una
(1) hora después de concluido el escrutinio.
“Artículo
8°. Publicidad del proceso electoral. Sin perjuicio de las
funciones correspondientes a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará a las embajadas y
oficinas consulares el anuncio sobre la convocatoria para elecciones, el
cual deberá ser difundido por los medios de comunicación locales a que ellos
puedan tener acceso.
“Artículo
9°.-Tarjeta Electoral. El sufragio para la circunscripción
internacional para Cámara de Representantes se realizará mediante Tarjeta
electoral especial e independiente, que será idéntica para todos
los países y responderá al modelo diseñado por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, con circulación restringida solo en el exterior.
“CAPITULO IV
“De los
testigos de los partidos políticos
“Artículo
10°. Designación de testigos de los partidos y movimientos políticos. La designación
y funciones de testigos electorales por los Partidos o Movimientos políticos intervinientes
se hará de acuerdo con los dispuesto en el Código Nacional Electoral.
“CAPITULO
V.
“De la circunscripción internacional
“Artículo
11°.-Integración.- La circunscripción internacional estará conformada por
los colombianos residentes en el exterior, quienes podrán elegir una curul
para la Cámara de Representantes. En tal circunscripción, sólo se
escrutarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos
residentes en el exterior, previamente inscritos en el censo
electoral correspondiente.
“Artículo
12°.-Representante a la Cámara por la circunscripción internacional. Para ser
elegido Representante a la Cámara a través de la circunscripción internacional se
requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y tener más de 25 años de edad
en la fecha de la elección. Para la asignación de la curul correspondiente
se aplicará el sistema que en el momento sea el vigente para la escogencia de
congresistas, de conformidad con la Constitución Política
“El
Representante a la Cámara elegido a través de esta circunscripción está sujeto
al régimen general
de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas
“Artículo 13o.
Candidatos.
Los candidatos de los colombianos residentes en el exterior que aspiren a ser elegidos a la Cámara de
Representantes requieren demostrar ante las autoridades electorales colombianas el cumplimento de los requisitos
lo cual se entiende cumplido bajo gravedad de juramento con la
aceptación de la candidatura.
Igualmente
requieren contar con el aval de un partido o movimiento político debidamente reconocido o el
respaldo de un número significativo de ciudadanos, de conformidad con las
normas vigentes.
“Artículo
14°. -De la inscripción de candidatos. La inscripción de
candidatos para la circunscripción
internacional para Cámara de Representantes, deberá hacerse en el formulario establecido y puesto a disposición en
la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La inscripción se
hará ante la Registraduría Nacional del Estado Civil o ante la misión diplomática o consular correspondiente al
lugar de su residencia, adjuntando los documentos exigidos para el
efecto.
“Si se
inscribe a nombre de algún partido o movimiento político deberá aportar el aval
correspondiente,
de conformidad con las normas vigentes.
“Las asociaciones de todo
orden, que por decisión de su Asamblea General resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales,
y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento
(20%) del resultado de dividir el número de ciudadanos
aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán más
de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato.
“Los candidatos no inscritos
por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad
de la candidatura por la cuantía que fije
el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno
por ciento (1%) del fondo que se
constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva
si el candidato o la lista de candidatos
no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con las
normas vigentes. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el
número de firmas al que se refiere el inciso anterior.
“Artículo
15.- Del plazo para inscripción de candidaturas. Los plazos para
inscripción de candidatos en la circunscripción internacional, serán
los mismos previstos para las otras circunscripciones.
“CAPÍTULO
VI
“De la
jornada electoral
“Artículo
16°. — Suministro de materiales electorales necesarios. Con
debida antelación
al día de elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá enviar a todas las embajadas y oficinas consulares, los
materiales electorales y demás insumos indispensables para la jornada
electoral.
“Artículo 17°. -
Jurados de Votación. La designación, reemplazo, estímulos y sanciones a los jurados de votación se
regirán en la forma prevista en el Código Nacional
Electoral.
“Artículo
18°.- De las elecciones. Los Embajadores y Cónsules serán los
responsables del cumplimiento de las instrucciones dadas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil
en relación con el procedimiento electoral que se realice en el exterior.
“Artículo
19°.- Ubicación de las mesas. Las votaciones en el exterior se realizarán
en los puestos de
votación instalados en las embajadas, oficinas consulares y en lugares diferentes a las sedes diplomáticas que fueren
autorizados y habilitados previamente por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en este último caso, previa solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Artículo
20°. - Publicidad de la ubicación de las mesas de votación. Las
embajadas y
oficinas consulares, darán conocer con no menos de treinta (30) días calendario
de anticipación a la fecha de la elección,
la ubicación de las mesas. Dicha información se encontrará a disposición del público en cada representación diplomática
y en su respectiva página web.
“CAPÍTULO
VIII
“Emisión del sufragio
“Artículo
21°. El procedimiento para la emisión del voto en el exterior será similar al
adoptado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para las demás circunscripciones internas.
Para el efecto el respectivo jurado le exigirá al ciudadano la cédula de ciudadanía o el pasaporte vigente, con
la cual verificará su identidad y buscará
el número de la cédula de ciudadanía y/o del pasaporte en el Acta de Instalación - Lista de Sufragantes y Registro
General de Votantes. Si figurare,
le permitirá depositar el voto y registrará en el respectivo formulario
que el ciudadano ha votado.
“Parágrafo.- El
presidente de mesa no autorizará el ejercicio al voto de los ciudadanos que no
figuren inscritos en los ejemplares del censo electoral , ni tampoco permitirá ejercer
el mismos derecho si el elector exhibiere un documento de identidad distinto a
la cédula de
ciudadanía o al pasaporte vigente.
“CAPITULO
IX
“Escrutinio
“Artículo
22°. - Procedimiento. Cerradas las votaciones, los jurados de
votación de la respectiva
mesa, ante los testigos acreditados, harán el escrutinio de mesa ajustándose al procedimiento establecido en el Código Nacional
Electoral, y de acuerdo con el instructivo que remita la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
“Artículo
23°. - Guarda de los votos y documentos electorales. Los pliegos electorales
de mesa diligenciados por los Jurados, con los votos emitidos y ordenados de
acuerdo con los partidos o candidatos a que pertenecen los mismos; los votos en
blanco; los votos no marcados y los votos nulos se depositarán dentro de
sobres especiales
con la identificación de la mesa respectiva
“Toda esta
documentación será depositada en un sobre especial con el acta de instalación, lista de sufragantes, registro
general de votantes y demás documentos electorales.
Este sobre cerrado, sellado y firmado por los jurados de votación, se entregará
inmediatamente al Embajador o cónsul respectivo, quien lo remitirá al Registrador Nacional del Estado Civil y por éste
conducto se allegará al Consejo Nacional
Electoral.
“Parágrafo.-
Una copia del acta de escrutinio, será dejada por fuera del sobre y entregada
al Embajador o Cónsul o al funcionario que estos deleguen, para que el
respectivo funcionario diplomático envíe los resultados electorales de
conformidad con el
artículo 25 del presente Decreto.
“Artículo
24°. Entrega de Pliegos Electorales Una vez concluido el
escrutinio de mesa, el presidente de cada una de ellas, informará al jefe de
la Misión Diplomática, todos los detalles del mismo, haciéndole entrega de los
pliegos electorales y del material sobrante no utilizado, debidamente anulado.
“Artículo
25°.- Envío de resultados electorales. El funcionario
Diplomático comisionado, que haya recepcionado los documentos
electorales de los jurados de votación, deberá enviar vía correo electrónico
o fax al Ministerio de Relaciones Exteriores para su inmediato reenvío
a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la información contenida en las actas de
escrutinio de las respectivas mesas. Así mismo informará para conocimiento de la Registraduría Nacional del Estado
Civil la fecha y número de guía del correspondiente envío.
“El envío
se deberá efectuar a partir de las cuatro de la tarde 4:00 P.M., hora de cierre
de la jornada de
votaciones en la República de Colombia.
“Parágrafo.- La
difusión oficial de los resultados de los escrutinios de las mesas de votación
del exterior, es de competencia exclusiva de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
“CAPÍTULO
X
“Escrutinio
definitivo
“Artículo
26.- Escrutinio del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, conforme a la ley
vigente, realizará el escrutinio de los votos depositados por los colombianos en el exterior en la forma
prevista en el Código Nacional Electoral.
“CAPÍTULO
XI
“De los estímulos al votante en el exterior
“Artículo
27.- Estímulos al votante en el exterior: Los colombianos que
el derecho al sufragio
en el exterior (sic) tendrán los siguientes incentivos:
“a)       Descuento,  por una sola vez, del diez por ciento
(10%) en el valor de la expedición del pasaporte que solicite dentro de los
cuatro (4) años siguientes a la votación. Este porcentaje se descontará del
valor del pasaporte que se destina a la Nación.
“b)       Descuento del diez por ciento (10%) en el valor del trámite consular
solicitado, durante el año siguiente a la respectiva votación.
“c)       Descuento del treinta por ciento (30%) en el impuesto de salida del país
cuando el ciudadano visite el país por un término máximo de cuarenta y
cinco (45) días.
“PARÁGRAFO. Los
ciudadanos que voten en el exterior, y posteriormente se radiquen en Colombia,
accederán a los estímulos contemplados para los ciudadanos que voten en el país, en las mismas
condiciones en que se encuentran establecidos en la ley.
“CAPITULO
XII
“De la
financiación estatal para visitas al exterior por el elegido en circunscripción
internacional
“Art. 28.-
Apoyo estatal para seguimiento legislativo: La Cámara de
Representantes hará un estimativo ponderado del valor asignado para
traslados aéreos de los Representantes por las demás
circunscripciones, el cual será tenido en cuenta para asignar con cargo al
presupuesto del Congreso Nacional y en forma equitativa, el monto para los
traslados al exterior del Representante elegido por la circunscripción internacional,
previo cumplimiento del trámite establecido en el numeral 6 del articulo 136 de la Constitución
Política. Dicho Representante no tendrá derecho a tiquetes para destinos nacionales.
“Artículo
29°.- Exención en tasas e impuestos aeroportuarios.- El Representante a
la Cámara elegido por la circunscripción internacional, en sus traslados a
destinos internacionales estará exento del pago de tasas e
impuestos aeroportuarios nacionales.
“CAPÍTULO
XIII
“Disposiciones
generales y transitorias
“Artículo
30.- Responsabilidad organizativa. La organización del proceso electoral
en  el exterior estará a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil
con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Artículo
31°.-Subsidiariedad. En lo no previsto por este decreto, la
elección para la circunscripción internacional se regirá por las normas
que reglamentan la circunscripción territorial a la Cámara de Representantes
y el procedimiento electoral por el Código Nacional Electoral y normas
complementarias vigentes
“Art.
32°- Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.”
III. INTERVENCIONES OFICIALES
1. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
El ciudadano Sabas Pretelt de la
Vega intervino en el proceso, en su calidad de Ministro del Interior y de
Justicia, para solicitar que se declarara la constitucionalidad del Decreto
4766 de 2005.
El escrito del Ministro se divide en
tres partes. La primera tiene por fin fundamentar que el citado Decreto “fue
expedido por el Gobierno Nacional con base en la habilitación que le fuera
conferida por el constituyente derivado, con plena observancia de los límites
temporales y materiales de la delegación legislativa transitoria.” La segunda
se relaciona con el control de constitucionalidad que le corresponde realizar a
la Corte sobre el decreto. Finalmente, la tercera se ocupa de analizar las
distintas normas contenidas en el decreto.
En la primera parte, el Ministro
expone que el Decreto 4766 de 2005 fue expedido con fundamento en la facultad
expresa contenida en el parágrafo transitorio del artículo 1° del Acto
legislativo 02 de 2005, el cual tenía por fin asegurar la aplicación de la
reforma constitucional sobre la circunscripción internacional en las elecciones
de 2006. Afirma que esta facultad constituyó “una excepción transitoria al
principio de separación de poderes y de reserva formal de ley, que no sustrae
de la órbita de competencia del Congreso la materia sobre la cual recae, y fue
otorgada de manera limitada, subsidiaria y temporal.”
Manifiesta el Ministro que el
parágrafo transitorio mencionado estableció que el Congreso de la República
reglamentaría la circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre
de 2005 y que, en caso de no haberlo hecho, el Gobierno Nacional tendría un plazo
de 15 días para hacerlo. Afirma entonces que al 16 de diciembre de 2005 el
Congreso no había culminado el trámite del proyecto de ley estatutaria al que
se refería la reforma constitucional mencionada. Por esta razón, el Gobierno
procedió a expedir la reglamentación respectiva mediante el Decreto 4766,
dictado y promulgado el 30 de diciembre de 2005. Por ello, asegura que el
Decreto fue expedido dentro del término de habilitación establecido.
De otra parte, expresa que el
Decreto observó los límites materiales de la competencia atribuida por el
parágrafo transitorio, puesto que todos los puntos reglamentados están
relacionados con la circunscripción internacional para la Cámara de
Representantes.
En la segunda parte, el Ministro se
detiene a considerar el punto referente al control de constitucionalidad que
debe ejercer la Corte sobre el decreto. Para ello comienza reconociendo que,
puesto que el Decreto se refiere a temas electorales, los cuales deben ser
reglamentados a través de una Ley Estatutaria según lo establece el artículo
152 literal c) de la Carta Política, el control constitucional sobre el decreto
debe ser oficioso, integral y definitivo. Sin embargo, en relación con el
carácter previo del control de constitucionalidad, señala el Ministro que
“dadas las particularidades de la norma no procedía el control previo sin que
ello implique sacrificio alguno de la esencia del control constitucional por
parte de la Corporación.”
Fundamenta su afirmación con dos
argumentos, a saber: i) que el “ejercicio del control de constitucionalidad de
manera previa a la expedición de los decretos expedidos por delegación
legislativa del Constituyente que se refieren a materias estatuarias, no es una
condición esencial del mismo”, y ii) que dadas las particularidades que
rodearon la expedición del Decreto, “lo procedente era el control posterior del
decreto, so pena de atentar contra el cumplimiento de la finalidad de la
habilitación conferida por el Constituyente y contra la protección del
principio democrático.”
Con respecto al primer argumento
asegura que no hay duda de que “las normas expedidas en ejercicio de
habilitación constitucional excepcional quedan sujetas al control de
constitucionalidad”. Sin embargo, anota que en
“(...) tratándose de materias que de
conformidad con la Carta Política son materia de ley estatutaria y cuya
formación legislativa y control tiene unas particularidades al exigirse que se
tramiten en una sola legislatura, con la aprobación de la mayoría absoluta y
requiriéndose control previo de constitucionalidad del proyecto de ley
(artículos 152, 153 y 241-8 C.N); si bien tales requisitos son exigibles
tratándose de las leyes estatutarias, mal podría pretenderse la observancia
textual de los mismos en el caso de los actos expedidos en virtud de una
especial habilitación constitucional transitoria referida a tales materias, sin
que ello de modo alguno implique su sustracción al control de
constitucionalidad”
Al respecto afirma que la jurisprudencia
de la Corte ha sido clara y reiterativa en establecer “como elementos
esenciales del control de constitucionalidad de las normas expedidas con
fundamento en la habilitación constitucional transitoria referida a materias
estatuarias su carácter oficioso, integral y definitivo, no así su ejercicio
previo a la expedición de la respectiva norma.” Anota, entonces, que en las
Sentencias C-970, C-971 y C-972 de 2004 y C-155 de 2005 la Corte precisó que el
juicio a realizar sobre los Decretos expedidos en virtud de facultades
legislativas extraordinarias otorgadas por el Congreso al reformar la
Constitución es de carácter “oficioso, integral y definitivo’, por lo cual
consideró que una vez expedidos por la autoridad habilitada debían ser enviados
a la Corporación y en caso contrario aprehendería su conocimiento.” Menciona
que las sentencias C-672 y C-1081 de 2005 reiteraron el carácter oficioso,
integral y definitivo de ese control de constitucionalidad, pero “tampoco
consideraron el control previo como parte de la esencia del mismo.”
Por lo tanto, concluye que, si bien
en la sentencia C-523 de 2005 se declaró que el control debía ser en todo caso
previo, en  otras sentencias anteriores y posteriores no se resaltó esa
característica del control, “resaltando en su lugar de manera constante que es
oficioso, integral y definitivo.” Al respecto se citan apartes o se hacen
comentarios sobre las Sentencias C-970 y C-972 de 2004; y C-672 y C-1081 de
2005.
De esta manera, el Ministro asegura
que la Corte no ha reconocido como causal de inexequibilidad de las normas
dictadas en ejercicio de una habilitación conferida por el Congreso al reformar
la Constitución que el control constitucional no haya sido de carácter previo.
Por eso, concluye:
“De lo expuesto bien puede colegirse
que el control de constitucionalidad de las normas expedidas en virtud de
habilitación transitoria por el constituyente, como es el caso del Decreto
objeto de revisión, tiene como elementos sine qua non la oficiosidad, integralidad y su carácter
definitivo, no así su ejercicio previo a la expedición de la norma respectiva
“En el caso objeto de revisión, es
pertinente reiterar que la potestad de regulación de que fue investido el
Gobierno Nacional para reglamentar la circunscripción internacional se
fundamenta en la voluntad del constituyente derivado, lo cual implica una
excepción a las normas que regulan las leyes estatutarias.
“No sería razonable la declaratoria
de inexequibilidad del Decreto fundada en que no fue enviado para conocimiento
de la Corte de manera previa a su expedición, menos aún cuando la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República seguidamente a su expedición y
publicación lo remitió para someterlo al control de constitucionalidad por
parte de la H. Corporación, el cual en sus elementos característicos ningún
desmedro sufrió por la circunstancia de no haberse ejercido con antelación a la
existencia formal de la norma.
“Adicionalmente, en el caso concreto
en análisis existían particularidades específicas que justifican la realización
del control de constitucionalidad posterior y no previo a la expedición del
Decreto, pues de otra forma se hubiese puesto en riesgo las propia finalidad de
la habilitación otorgada por el constituyente...”
El segundo argumento expuesto por el
Ministro es el de que, dadas las particularidades del caso concreto, lo
procedente era el control posterior del decreto, con el objeto de cumplir con
la finalidad de la habilitación conferida por el Congreso al reformar la
Constitución, cual era la de “asegurar la aplicación de la reforma en las
elecciones del 2006, como lo demuestra el artículo 2 del Acto Legislativo 02 de
2005, cuyo tenor es: ‘Artículo 2. El presente acto legislativo entrará en
vigencia a partir de las elecciones a realizarse en el año 2006.”
Manifiesta, entonces, que en este
caso, “el control previo de la Corte no era posible”, tesis que sustenta con un
cuadro cronológico en el que presenta el calendario electoral y algunas etapas
del juicio de constitucionalidad que debía surtir el Acto Legislativo 02 de
2005.
De la tabla se desprende que la
fecha límite para la inscripción de los candidatos era el 7 de febrero de 2006,
momento en el que ni siquiera se había remitido el expediente al Procurador
para que rindiera su concepto.  Luego, expone:
“Como puede observarse, en el caso materia
de análisis, el control integral y definitivo de la Corte sobre el contenido
del Decreto 4766 de 2005 sólo puede ser posterior so pena de vulnerar no solo
el artículo 40 Superior, así como el derecho a la igualdad por mencionar solo
dos, sino la intención misma del Constituyente derivado contenida en el
parágrafo transitorio del artículo 1° del Acto Legislativo 02 de 2005 y que no
era otra que garantizar la efectividad de la reforma introducida en las
elecciones para Congreso 2006-2010.
“En efecto, de no encontrarse vigente el
Decreto 4766 de 2005, ni los candidatos a la circunscripción internacional
hubiesen podido inscribirse, pues el plazo para ello vencía el 7 de febrero de
2006, fecha en la cual la Corte no sólo no había dado traslado al Procurador
General de la Nación, cosa que ocurrió el 15 de febrero de 2006, sino que
estaba imposibilitada para emitir un fallo, ni los electores de la nueva
circunscripción podrían ejercer el derecho fundamental a participar en las
decisiones que los afectan ni el derecho al voto.
“Así las cosas, exigir un control
constitucional, previo a la vigencia del Decreto que nos ocupa, resultaría contrario
a los principios  y valores que inspiran la Carta de 1991.
“(...)
“Cabe resaltar que en las Sentencias
C-155-05 y C-1081-05 la Corte admitió en un caso semejante que, ‘dadas las
circunstancias especiales en que se expidió la norma, el control oficioso e
integral debía ser posterior, pues las normas objeto de estudio ya habían
entrado en vigencia’, y reconoció que ‘por sus características especiales, el
Reglamento 01 de 2003 no podía someterse a las mismas reglas que las leyes
estatuarias...
“(...)
“Es así como el Decreto 4766 de 2005 se
enmarca dentro de los fines y metas previstos por el Constituyente Derivado
que, a su vez, se inscriben en los valores constitucionales y, desde esta
perspectiva, frente a la imposibilidad de que sometida la norma a control
previo estuviera vigente para los comicios del 12 de marzo de 2006, es una
razón más para considerar que en el caso que nos ocupa el control posterior es
el que efectivamente concuerda con dichos valores, y una interpretación
diferente sin duda obstaculizaría el logro de los mismos y por lo tanto negaría
la esencia de la Carta de 1991.”
La tercera parte del escrito tiene por fin
analizar el contenido del decreto. Para ello, inicialmente se plantea que el
propósito de la reforma constitucional fue el de deslindar la circunscripción
internacional de las circunscripciones especiales para la Cámara de
Representantes. De allí “la prohibición de que los ciudadanos residentes en el
país puedan sufragar por los aspirantes a esta especial curul.”
En relación con el artículo 1º. relata que
allí se determina, siguiendo los postulados constitucionales contenidos en los
artículos 40 y 98, que para poder ser elector dentro de esta circunscripción se
requiere cumplir con tres requisitos, a saber: ser ciudadano colombiano mayor
de 18 años, residir efectivamente en el exterior al momento de realizarse las
votaciones respectivas y estar inscrito en el Censo Electoral.
El artículo 2° se refiere a los requisitos para ser
elector en el extranjero. Al respecto manifiesta que son los mismos exigidos
para poder votar en el territorio nacional, con la novedad de que los
colombianos en el extranjero podrán también inscribirse y votar con el
pasaporte. Esto en consideración a que es frecuente que los colombianos que se
desplazan hacia el exterior no porten consigo la cédula de ciudadanía, debido a
su reducida utilidad en el extranjero. Anota que si bien el artículo 1° de la
ley 39 de 1991 establece que la Cédula de Ciudadanía es el único medio de
identificación para los mayores de 18 años, al mismo tiempo el artículo 1° del
Decreto 2250 de 1996 dispone que el pasaporte es “el documento de viaje que
identifica a los colombianos en el exterior.”
Sobre el Capítulo 2° señala que sus tres artículos
(los artículos 3, 4 y 5) tienen como objetivo establecer “los procedimientos
generales a seguir para la inscripción en el censo electoral de los ciudadanos
colombianos residentes en el exterior, así como la conformación del mismo.”
Manifiesta que en las normas se dispone que tres meses ante de las elecciones
se suspenderá la inscripción de cédulas en el censo electoral, plazo que se
ajusta a los parámetros fijados por la Corte Constitucional en sus Sentencias
C-955 de 2001, C-121 de 2004 y C-145 de 1994, referidas al censo electoral.
Acerca del Capítulo III – conformado por cuatro
artículos – destaca que en él se “establece el procedimiento necesario para el
adecuado desarrollo del proceso electoral,  como  la divulgación de la fecha de
elecciones, el modo en que debe notificarse al Estado receptor la celebración
de los comicios, la publicidad que debe hacerse del proceso electoral y la
manera en que debe realizarse el sufragio para esta circunscripción.”
Sobre este último punto resalta que, de conformidad
con el acto legislativo 02 de 2005, la votación en esta circunscripción se hará
con una tarjeta electoral especial e independiente, común para toda la votación
en el extranjero. Anota al respecto: “Lo relativo a la tarjeta electoral es
consecuencia de la previsión del Acto Legislativo 02 de 2005 en tanto respecto
del candidato para la circunscripción internacional sólo se contabilizarán los
votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el
exterior, por lo cual no se requiere que estén incluidos en la tarjeta
electoral general que reciba la ciudadanía en las votaciones para la Cámara de
Representantes.”
Sobre el Capítulo IV – que consta de un solo artículo
- señala que remite a la normas del Código Nacional Electoral para todo lo
relacionado con las funciones de los testigos electorales y su designación por
parte de los partidos y movimientos políticos  intervinientes.
En cuanto al Capítulo V – que se compone de 5
artículos – manifiesta que su finalidad es definir la integración de la
circunscripción internacional, reiterando que solo podrán votar en ella los
colombianos que residan en el exterior, previa inscripción en el censo
electoral. Expone que los requisitos exigidos para poder aspirar a una curul
por esta circunscripción “se ajustan al Ordenamiento superior por cuanto
incluyen los previstos en el artículo 177 de la Carta y en la Ley 649 de 2001,
declarados exequibles por la Corte Constitucional.”
Así, asegura que es exequible la disposición que
señala que  la asignación de la curul se hará conforme al sistema que esté en
vigencia para la escogencia de congresistas, pues ya la Corte declaró
constitucional una norma similar de la Ley 649 de 2001, por resultar plenamente
compatible con el principio de igualdad. Igualmente, en la Sentencia C-169 de
2001 se resolvió que se ajustaban a la Constitución la obligación de
inscribirse ante el consulado o embajada del país de residencia y la
determinación de que los representantes a la Cámara elegidos en las
circunscripciones especiales estaban sujetos al régimen general de
inhabilidades e incompatibilidades para los congresistas. Sobre este último
punto expone: “Más allá del hecho de tratarse de una circunscripción especial
que, por estar destinada a fortalecer la participación de ciertos grupos,
justifica la exigencia de requisitos especiales para los Representantes que por
ella se postulen, no existen diferencias significativas entre quienes accedan a
las cinco curules que ella otorga y los demás integrantes de la Cámara. Por
ello, se ajustan a la Constitución las disposiciones finales del proyecto, en
las que se somete a los candidatos por circunscripción especial, y a los
representantes que de allí salgan elegidos, al régimen general de los demás
miembros de dicha Corporación.”
Finalmente, estima que el artículo 14 reproduce el
artículo 9 de la Ley 130 de 1994, que prevé la posibilidad de que un 20% de los
ciudadanos aptos para votar en esa circunscripción postulen un candidato. Esta
disposición ya fue declarada constitucional por la Corte y es respetuosa del
principio de igualdad.
Al referirse al Capítulo VI – que agrupa 5 artículos –
indica que “hace referencia a la jornada electoral que deberá realizarse con el
material suministrado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.”
Manifiesta que ese capítulo remite a las disposiciones del Código Nacional
Electoral para lo relacionado con los jurados de votación y asigna a los
Cónsules y Embajadores la responsabilidad de hacer cumplir el procedimiento
electoral. El capítulo también establece que las mesas de votación serán
instaladas en las sedes de las embajadas o consulados y que, para garantizar la
publicidad del proceso electoral, las embajadas y oficinas consulares deben dar
a conocer los lugares de ubicación de las mesas con una anticipación no menor
a  30 días antes de las elecciones
Sobre el Capítulo VIII – que consta de un artículo –
expresa que está dedicado a la emisión del sufragio y que dispone que los
documentos idóneos para ejercer el sufragio son la Cédula de Ciudadanía y el
Pasaporte. Por lo tanto, afirma que “se prohíbe al Presidente de mesa autorizar
el ejercicio al voto de los ciudadanos que no figuren inscritos en los
ejemplares del censo electoral, así como permitir el ejercicio del derecho
cuando el elector exhiba un documento de identidad distinto a la cédula de
ciudadanía o al pasaporte vigente.”
En relación al Capítulo IX – que se compone de tres
artículos – menciona que  reglamenta el escrutinio y el modo como los documentos
relacionados deberán ser enviados a la Registraduría Nacional del Estado Civil
Acerca del Capítulo X señala que en el art. 26 se
establece que el Consejo Nacional Electoral es la entidad autorizada para
realizar el escrutinio definitivo, tal como se establece en el Código Nacional
Electoral para las demás elecciones.
Al referirse al Capítulo XI anota que el art. 27, conforme a lo
dispuesto por el Acto Legislativo 2 de 2005, ofrece a los votantes en el
exterior los estímulos al sufragio que prevén las Leyes 403 de 1997 y 815 de
2003. Así mismo, destaca que el artículo establece que aquellos residentes en
el extranjero que vuelvan a radicarse en el país gozarán de los mismos derechos
de los ciudadanos que votaron en el territorio nacional.
Al tratar el Capítulo XII, plantea el Ministro que él
persigue brindarle  un marco normativo adecuado al elegido por esta
circunscripción, para que pueda cumplir con su mandato. Por eso, el artículo 28
del Decreto establece un mecanismo equitativo para asegurar sus visitas al
exterior, “ordenando  designar un monto equivalente al destinado para los
viajes del promedio de los demás congresistas.” De la misma manera, el artículo
29 lo exime del pago del impuesto de salida del país.
Por último, en relación con el Capítulo XIII, señala
que allí se establecen disposiciones generales y transitorias para aclarar dos
temas. Así, se dispone que la responsabilidad de la organización del proceso
electoral está en cabeza de la Registraduría y del Ministerio de Relaciones Exteriores,
y se remite al Código Nacional Electoral  y a las demás normas vigentes para
todos aquellos casos en los que se encuentren vacíos en la regulación.
2.
INTERVENCIÓN  DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
El ciudadano Guillermo Mejía Mejía, presidente del Consejo Nacional
Electoral, participó dentro del proceso para solicitar que se declarara la
inconstitucionalidad del Decreto bajo análisis, por cuanto “se incurrió en un
vicio esencial que afectó el proceso de formación de la norma revisada...”
Manifiesta que, de acuerdo con el artículo 152 de la
Constitución,  la materia que reglamenta el Decreto – mecanismos de
participación ciudadana, y particularmente el ejercicio del derecho de votar -
debe ser desarrollada a través de ley estatutaria, razón por la cual el Decreto
debía cumplir con los requisitos establecidos para el trámite de una ley
estatutaria. Anota que si bien la reforma constitucional habilitó al Gobierno
Nacional para que en forma supletiva reglamentara el Acto Legislativo No. 02 de
2005, “no lo es menos que ello no muta la naturaleza de las normas expedidas y,
en consecuencia, era imperioso el control previo de constitucionalidad.”
Expresa que al examinar el trámite del Decreto “se
evidencia la inobservancia del requisito de forma exigido por el artículo 153
de la Constitución Política, esto es, concederle el trámite de ley estatutaria,
para este caso, someterlo al control previo de constitucionalidad, motivo por
el cual se encuentra viciado en su proceso formativo, deviniendo en
consecuencia su inconstitucionalidad.” Luego, anota: “En efecto, el Presidente
de la República puso en vigor el Decreto 4766 de 1995, que tiene fuerza de ley
y es de contenido estatutario, omitiendo cumplir el control previo de
constitucionalidad aplicable a este tipo de normas, habiéndose modificado de
tal manera el régimen vigente en una materia esencial a la democracia
colombiana como lo es la relacionada con la Circunscripción Electoral
Internacional. Dicha decisión no podía ser adoptada sin que previamente el
Gobierno Nacional hubiere realizado el envío del texto del mencionada decreto
[a la Corte Constitucional], para el antedicho control de constitucionalidad.”
Para fundamentar su argumento transcribe distintos apartes de la Sentencia
C-523 de 2005.
3.
INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
La ciudadana Karin Irina Kuhfeldt
Salazar intervino en el proceso, en representación de la Defensoría del Pueblo,
en su calidad de Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales,
con el objeto de solicitar que se declarara la inexequibilidad del Decreto
objeto de estudio.
Para sustentar su postura, la
ciudadana expone dos argumentos. De acuerdo con el primero de ellos, las
facultades especiales asignadas al Gobierno Nacional para reglamentar la
Circunscripción Internacional habían sido derogadas posteriormente, razón por
la cual el Gobierno no podía expedir ya el Decreto. Manifiesta sobre este
punto:
“(...) El Congreso, como
constituyente derivado, había expedido el 29 de diciembre de 2005 el Acto
Legislativo No. 3, por medio del cual modificó nuevamente el artículo 176 de la
Carta, variando la base poblacional para calcular el número de representantes
que podrían ser elegidos por cada circunscripción territorial e introduciendo
dos parágrafos nuevos. La fórmula utilizada por el constituyente fue, no
obstante, la de la sustitución total del artículo 176, razón por la que dicha
norma debe entenderse derogada.
“El Acto Legislativo No. 3 consagró
un parágrafo transitorio en términos semejantes a los que consagró el
correlativo parágrafo del Acto Legislativo No. 2, con la diferencia de que éste
facultó al Congreso para expedir la ley hasta el 16 de diciembre de 2005 y
aquél fijó dicho límite en el 15 de diciembre del mismo año, luego del cual podría
el Gobierno expedir el correspondiente Decreto.
“El caso es que el Gobierno, ante la
inacción del Congreso, expidió el Decreto No. 4766 de 2005, con fecha 30 de
diciembre del mismo año,  con fundamento en la habilitación legislativa
excepcional otorgada por el Acto Legislativo No. 2. El problema es que el 30 de
diciembre dicho Acto Legislativo no se encontraba vigente, por cuanto el
mismo constituyente derivado había expedido el 29 de diciembre el Acto
Legislativo No. 3. Entonces, utilizar como fundamento de la competencia
gubernamental para expedir el citado Decreto 4766 el Acto Legislativo No. 2, es
ciertamente erróneo, ya que para el 30 de diciembre la habilitación legislativa
residual del Ejecutivo había sido derogada, al menos la que tenía como soporte
el mencionado Acto Legislativo No. 2
“Si bien ambas reformas contemplan
la habilitación al Gobierno para desarrollar el tema de la circunscripción
internacional no puede tomarse a la ligera el haber motivado el Decreto
Legislativo sobre la base de una reforma constitucionalidad ya fenecida.
“En sentido estricto, el 30 de
diciembre el Gobierno Nacional no podía hacer uso de las atribuciones que le
confirió el Acto Legislativo No. 02, sino que debió fundamentar el Decreto en
la reforma del Acto Legislativo No. 3” (Negrillas originales).
Su segundo argumento se refiere
también a que la materia que reglamenta el Decreto es de contenido estatutario,
razón por la cual el Decreto debió haber sido enviado a la Corte Constitucional
para la revisión previa de constitucionalidad, antes de que entrara en vigor.
Para fundamentar su aserto hace referencia a las Sentencias C-971 y C-972 de
2004, y C-155 y C-523 de 2005. Afirma que, de acuerdo con esta última, la
ausencia del control previo de constitucionalidad de los decretos dictados por
el Gobierno Nacional con base en facultades otorgadas por el Constituyente
Derivado acarrea su inconstitucionalidad. Anota que, posteriormente, la
Sentencia C-1081 de 2005 estableció que, en algunos casos particulares, el
mencionado vicio de ausencia del control previo de constitucionalidad no
implicaba la declaración de inconstitucionalidad del acto.
En referencia al Decreto 4766 de
2005 expone:
“(...) es patente que el Decreto en
cuestión se ocupa de uno de los mecanismos e instituciones de participación
ciudadana, a saber, el voto, reforma la circunscripción internacional, consagra
los estímulos al elector residente en el exterior y, en fin, sus desarrollos se
refieren a los temas puntuales que el literal d) del artículo 152 de la
Constitución define como privativos del legislador estatutario.
“En tal virtud, debía haberse
sometido a revisión previa integral y definitiva de constitucionalidad, según
la Sentencia C-525 de 2005.
“En efecto, de acuerdo con lo expresado
por la Corte en dicha sentencia, por tratarse de una normatividad estatutaria
expedida por el Gobierno Nacional mediante Decreto, con mayor razón en estos
casos particulares, ‘por no haber mediado un debate democrático’, la exigencia
del control previo de constitucionalidad adquiere a plenitud su sentido.
“Desde la perspectiva de la
Sentencia C-1081 de 2005, la potestad del Gobierno para la expedición de las
normas sobre circunscripción internacional es de carácter residual, es decir,
según el parágrafo transitorio del Acto Legislativo No. 02 de 2005, que es el
fundamento constitucional utilizado para proferir el Decreto, sólo podía
ejercerla en el evento en que el Legislador ordinario no expidiera la ley
estatutaria antes del 15 de diciembre de 2005. Como en efecto no lo hizo, el
Ejecutivo procedió a hacer uso de la facultad antedicha y promulgó el Decreto
4766 el 30 de diciembre de 2005, esto es, dentro de los 15 días siguientes a la
expiración del plazo concedido al Legislador. De acuerdo con lo dicho por la
Corte, sólo cuando la potestad de regulación excepcional deviene de marea
directa y principal del constituyente, no se exige el control previo a la
expedición del acto, caso contrario al que ocupa a la Corte en el presente
proceso.”
Con base en lo anterior concluye:
“Se tiene entonces que, con base en
los precedentes jurisprudenciales que se han citado, es necesario concluir que
los actos del Gobierno de contenido estatutario, expedidos con base en
facultades excepcionales pero residuales otorgadas por el constituyente
derivado no están eximidos del requisito de revisión por parte de la Corte
Constitucional, revisión que debe ser ‘previa’ a su expedición.
“(...)
“Siguiendo los derroteros propuestos
por la Corte Constitucional en los precedentes jurisprudenciales aplicables al
caso, el Decreto 4766 de 2005 deviene INEXEQUIBLE al estar afectado por un
vicio de carácter insubsanable, esto es, haber sido expedido sin ser sometido a
revisión previa, integral y definitiva por parte de la Corte Constitucional y
por una autoridad que, si bien tenía competencia para regular la materia de
conformidad con el Acto Legislativo No. 3, expidió el Decreto con fundamento en
el Acto Legislativo No. 2, que para la fecha de su promulgación ya había sido
derogado.”
IV.
INTERVENCIONES CIUDADANAS
1. INTERVENCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
El ciudadano
Alejando Venegas Franco, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, intervino en el proceso
para solicitar que se declarara la inconstitucionalidad del Decreto 4766 de
2005, por vicios en su formación.
Manifiesta en su escrito que se referirá a tres
aspectos, a saber: “ (i) el límite temporal para el ejercicio de las facultades
normativas por parte del Presidente de la República, (ii) los efectos
temporales de la reglamentación y (iii) el contenido material del Decreto 4766
de 2005 frente al ejercicio del control de constitucionalidad.”
En relación con el primer punto, expresa que el Decreto
fue dictado dentro del plazo previsto en la disposición constitucional. Luego,
sobre el segundo tema plantea que para el momento en que se pronuncie la
sentencia de la Corte Constitucional ya se habrán aplicado las disposiciones
del Decreto en las elecciones para Congreso de 2006. Anota entonces: “No
obstante, como quiera que esta misma reglamentación, mientras no sea modificada
o derogada por el Congreso tiene vocación de permanencia y en consecuencia
seguirá siendo aplicable para las elecciones subsiguientes, el Decreto bajo
revisión continúa produciendo efectos jurídicos y en tal virtud preserva la
Corte Constitucional su competencia para emitir un pronunciamiento de fondo
sobre su validez constitucional.”
Luego, en desarrollo del tercer aspecto, asegura que
el Decreto 4766 de 2005 reglamenta una materia que es de contenido estatuario.
Por eso, asevera que el Decreto bajo revisión, “por su contenido y por su
condición de ley en sentido material, quedaba cobijado por  el régimen de
control de constitucionalidad de las leyes estatutarias, el cual presenta las
siguientes características: (i) es jurisdiccional; (ii) automático; (iii)
integral; (iv) definitivo; (v) participativo; y, (vi) previo.”
Menciona las Sentencias C-011 de 1994, C-295 de 2002 y
C-162 de 2003 para asegurar que la Corte Constitucional ha reiterado que el
control de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria se debe hacer
antes de la sanción presidencial. Anota que la Corte también ha dispuesto que
“cuando regulaciones propias de ley estatutaria no sean expedidas por el
Congreso de la República, sino que para ello se habilite excepcionalmente por
la Constitución al Gobierno Nacional, igualmente es necesario que tal
normatividad surta el control previo de constitucionalidad...” Al respecto
añade que, si bien la habilitación constitucional transitoria constituye una
excepción al régimen establecido para las leyes estatutarias, ello “no implica
la facultad para omitir el deber de someterlas al control previo de
constitucionalidad, pues se trata de un requisito inherente a su propia
condición. De no ser así, se desnaturalizarían tales normas en cuanto a que
carecerían de un elemento central de su carácter de estatutarias.” .
Por lo anterior, afirma que resulta contrario a la Carta
“que un cuerpo normativo mediante el cual se regula un tema esencial para la
vida nacional, y por lo tanto reservado a una ley estatutaria, despliegue todos
sus efectos jurídicos sin la plena certeza en torno a su compatibilidad con la
Constitución, aunque se trate de una normatividad estatutaria expedida por el
Gobierno Nacional mediante decreto, pues con mayor razón en estos casos
particulares, por no haber mediado un debate democrático, la exigencia del
control previo de constitucionalidad adquiere a plenitud su sentido.”
En consecuencia, dado que el art. 32 del Decreto
establece que éste entraría en vigencia desde el mismo momento de su
publicación, se omitió el control previo de constitucionalidad sobre el mismo,
lo que significa que el Decreto es contrario a la Constitución.
2. INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO FRANKY URREGO ORTIZ
El ciudadano
Franky Urrego Ortiz participó dentro del proceso, para abogar por la
declaración de inconstitucionalidad del Decreto 4766 de 2005.
En primer
lugar, manifiesta que “del análisis del diseño del parágrafo transitorio del
Acto Legislativo 02 de 2005 se puede advertir que lo que se pretendía era: i)
eludir el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional al
proyecto de ley estatutaria que regulara la circunscripción internacional; y
ii) lograr aplicar el Decreto Estatutario en las próximas elecciones para
Congreso, a pesar de no haber sido éste examinado en su constitucionalidad,
dado que aun si la Corte lo declarara inexequible para la fecha en que se
profiera la sentencia, en todo caso, ya se habrían cumplido las finalidades del
Decreto 4766 de 2005.”
Sustenta su
petición de declaración de inconstitucionalidad con dos argumentos. Por una
parte, señala que el Decreto objeto de revisión fue expedido con base en un
fundamento normativo inexistente. Para ello expone que “el Acto Legislativo 02
de 2005 fue derogado tácitamente por al Acto Legislativo 03 de mismo año, el
cual fue promulgado el 29 de diciembre de 2005.” De esta manera, la facultad de
regulación supletoria también había desaparecido al momento de dictarse el
Decreto bajo análisis – el día 30 de diciembre de 2005. Anota que en el Acto
Legislativo No. 03 se incluyó un parágrafo con el mismo contenido, con lo cual
se configuró también un imposible jurídico, puesto que se dispuso que, a más
tardar el 15 de diciembre, el Congreso debía reglamentar la circunscripción
internacional, a pesar de que el acto fue promulgado el 29 de diciembre.
Por otra
parte, plantea que en el procedimiento de expedición del Decreto se violó la
prescripción constitucional sobre el control de constitucionalidad previo para
las normas de carácter estatutario. Asegura el interviniente que la norma es
materialmente de naturaleza estatutaria y que, por esa razón, debía haber sido
sometida al control de constitucionalidad dispuesto para este tipo de normas,
es decir, a un escrutinio previo, automático, definitivo, participativo e
integral conforme al artículo 153 de la Carta Política y a la jurisprudencia de
la Corte.
A pesar de su
naturaleza, el Decreto 4766 no fue enviado a la Corte en su momento, sino que
“fue publicado en el Diario Oficial 46.137 del pasado 30 de diciembre de 2005 y
desde esa fecha está produciendo efectos de conformidad con lo ordenado en el
artículo 32 de la citada norma, contraviniendo de esa manera lo dispuesto por
el Constituyente primario en el artículo 153 Superior.”
Por eso,
concluye el ciudadano que “al no haberse cumplido por parte del Gobierno
Nacional el deber de remitir el proyecto de Decreto Estatutario antes de
ponerlo en vigencia, se desconoció el mandato constitucional que impone el
control de constitucionalidad previo a este tipo de normas estatutarias
(artículo 153 ídem). Así las cosas, dado que en el caso sub examine se presentan
los mismos supuestos fácticos que operaron respecto del Decreto Estatuario 2207
de 2003, es menester que se aplique la misma ratio decidendi en que se
fundó la Sentencia C-523 de 2005 y en consecuencia se declare la
inconstitucionalidad de la norma objeto de revisión.” Sobre el punto aclara que
la situación presente es distinta de la que se analizó en la Sentencia 1081 de
2005 – en la que la Corte admitió la posibilidad de efectuar el análisis de
constitucionalidad posterior -, por cuanto “en dicha oportunidad no operó la
regulación supletiva, sino que fue directamente la Constitución la que otorgaba
competencia al (...) Consejo Nacional Electoral para expedir dicho reglamento.
En el caso de la referencia no es posible aplicar esta ratio decidendi,
dado que para la expedición del Decreto Estatutario 4766 de 2005 sí operó dicha
modalidad de regulación.”
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En su concepto, el Procurador
General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, le solicita a la Corte que
declare la inexequibilidad del Decreto 4766 de 2005. En subsidio, considera que
se debe declarar la constitucionalidad del Decreto, con la salvedad de que la
declaración de constitucionalidad del artículo 29 debe formularse bajo el
entendido de que la exención allí regulada solamente aplicará para destinos
internacionales cuando dichos desplazamientos se cumplan en el ejercicio de las
funciones propias del cargo de representante a la Cámara por los colombianos en
el extranjero.
Para sustentar la inexequibilidad
del Decreto objeto de estudio, la Vista Fiscal remite, en primer lugar, a las
consideraciones expuestas en anteriores conceptos en relación con los límites
al poder de reforma por parte del Congreso de la República. Por lo tanto,
solicita que se tengan en cuenta los planteamientos formulados con ocasión de
los expedientes D-5091, D-5032,  D-5041 y D-5137, PE-021 y PE-023.
De otra parte, considera que el
Decreto debe ser declarado inconstitucional, por cuanto fue dictado con
fundamento  en el Acto Legislativo No. 2 de 2005, el cual ya había sido
derogado tácitamente por el Acto Legislativo No. 3 del mismo año en el momento
de emitirse el Decreto:
“(...) el Decreto 4766 del 30 de
diciembre de 2005 se expidió invocando las facultades del Acto Legislativo No.
2 de 2005, un día después de haber entrado en vigencia el Acto Legislativo No.
3 de 2005, por lo que, el fundamento jurídico invocado para expedir el referido
Decreto ya había desaparecido, debido a la ocurrencia del fenómeno de la
derogatoria, con lo cual se generó un vicio de competencia que deviene en la
declaratoria de inconstitucionalidad de la totalidad del Decreto, por cuanto el
sustento para proferir el mismo lo constituyó una disposición constitucional
que fue derogada por otra del mismo tenor.
“(…)
“Podría argüirse que, al momento de
la expedición del pluricitado Decreto, el ejecutivo estaba dentro del término
de los quince días que concedió el Acto Legislativo No. 2 de 2005 y debía
cumplirse con dicho término, lo cual no es constitucionalmente aceptable, en la
medida que durante ese interregno hubo una decisión del constituyente derivado
que dejó sin efectos el anterior, frente al cual no se podía ejercer la
extraordinaria facultad consagrada en el parágrafo transitorio de reglamentar
la circunscripción internacional...
“Igualmente, no es de recibo que se
profieran normas reformatorias de la Constitución con el señalamiento de
disposiciones transitorias que no alcanzan a surtir efectos, dada la
incongruencia en su alcance y contenido, por cuanto, el Acto Legislativo No. 3
de 2005 fue publicado el 29 de diciembre del mismo año, pero contiene un
parágrafo transitorio que exige la expedición de una Ley Estatutaria que
reglamente la circunscripción internacional a más tardar el 15 de diciembre de
2005, es decir, catorce días antes de la publicación del mencionado Acto
Legislativo, lo cual evidencia un absurdo jurídico y deja entrever el
apresuramiento del Congreso de la República de trasladar sus funciones
constitucionales al Ejecutivo, con un propósito eficientista, pero que
desconoce estructuras de orden constitucional, como la expedición de Leyes
Estatutarias.
“La anterior circunstancia permite
señalar que tampoco el Presidente de la República podía invocar como fundamento
jurídico el Acto Legislativo 3 de 2005, debido a que la competencia para
reglamentar la circunscripción internacional en cabeza del Ejecutivo tenía la
condición de que el Congreso de la República no expidiera la correspondiente
Ley Estatutaria dentro de los términos establecidos en el parágrafo
transitorio; es decir, el Ejecutivo no tenía forma de asumir la competencia, en
razón a la descontextualización de la norma en el tiempo –puesto que concedía
al legislador término hasta el 15 de diciembre de 2005 y fue promulgada el 29
de diciembre de 2005-; de manera que, al Congreso como órgano
constitucionalmente asignado para proferir leyes de esta naturaleza, no se le
permitió ejercer esa competencia, lo que constituyó un despropósito frente a la
vigencia de las disposiciones constitucionales que regulan la materia
(artículos 150, 152 y 153)”
A continuación, la Vista Fiscal pasa
a analizar el contenido material de los distintos artículos del Decreto, en
previsión de que la Corte no acogiera la solicitud de que se declarara la
inconstitucionalidad del mismo.
En primer lugar, se refiere al
artículo 1° del Capítulo I del pluricitado Decreto, sobre el cual considera que
es constitucional, por cuanto “básicamente recoge lo establecido en la
disposición constitucional que se reglamenta, esto es el parágrafo del artículo
98 que establece que la ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años...”
Indica, además, que es razonable exigir que el elector se encuentre inscrito en
el censo electoral, “puesto que es la manera más adecuada para efectuar el
control de los votantes y para garantizar transparencia en el ejercicio del
derecho fundamental a elegir y ser elegido."
Frente al artículo segundo, afirma
que los requisitos que establece para ejercer el derecho al voto responden a
exigencias mínimas de identificación de los ciudadanos y de organización de las
elecciones, y a la autorización constitucional para suspender el ejercicio de
la ciudadanía en virtud de decisión judicial.
Luego, en relación con los capítulos
II y III considera que se ajustan a la Constitución, por cuanto son mecanismos
que “permiten el debido ejercicio del derecho político del sufragio, en
concordancia con las disposiciones constitucionales que regentan la
organización electoral y que le asignan la función de organizar las elecciones
(artículos 258 y siguientes de la Constitución Política).”
Sobre el Capítulo IV señala que la
remisión al Código Nacional Electoral no riñe con la Constitución Política.
Haciendo referencia al Capítulo V,
afirma que allí se reproduce el último inciso del artículo 1 del Acto
Legislativo 02 de 2005 y se replican los requisitos para ser candidato
contenidos en el art. 177 de la Carta. Además, se fijan algunas formalidades
que no contrarían la Constitución Política.
Acerca de los capítulos VI y VIII
asegura que ellos contienen normas que regulan la actividad electoral que se
adelanta en el territorio nacional, que en nada desconocen la Constitución.
Frente a los Capítulos IX y X señala
el Ministerio Público que regulan el punto del escrutinio siguiendo lo
dispuesto en el Código Nacional Electoral.
Sobre el capítulo XI, referente a
los estímulos para el ejercicio del sufragio, afirma que ellos son razonables y
se encuentran en consonancia con la  jurisprudencia de la Corte sobre el punto,
fijada en las sentencias C-337 de 1997, C-551 de 2003, C-041 de 2004 y C-224 de
2004.
Expone que el capítulo XII “se
encarga de establecer la financiación estatal del traslado aéreo de las visitas
al exterior para el elegido en circunscripción internacional, remitiéndose al
trámite contenido en el numeral 6 del artículo 136 de la Constitución Política,
esto es, que la autorización de viajes al exterior con dineros públicos sólo es
viable en cumplimiento de misiones específicas, aprobadas al menos por las tres
cuartas partes de los miembros de la respectiva Cámara.”
Indica que en el artículo 29 se
establece que el elegido por esta circunscripción estará exento del pago de
tasas e impuestos aeroportuarios nacionales, norma que considera que podría
interpretarse en el sentido de que, independientemente del motivo del viaje del
representante,  es decir, también en el caso de los desplazamientos de carácter
estrictamente privado, él siempre gozará de la exención. Afirma que esta última
interpretación no se aviene con los arts. 136 y 355 de la Constitución, que
prohíben efectuar exenciones respecto de actividades que no estén directamente
relacionadas con el ejercicio de las funciones públicas. Por eso, considera que
debería condicionarse la constitucionalidad de este artículo, en el entendido
de que la exención allí regulada sólo se aplicará cuando dichos desplazamientos
se cumplan en el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Por último, destaca que el capítulo
XIII consagra disposiciones generales y transitorias de la organización del
proceso electoral en el exterior, las cuales no contrarían la Constitución
Así, el Procurador General de la
Nación finaliza su escrito con la solicitud de que se declare la
inexequibilidad del Decreto en cuestión o de que, subsidiariamente, se declare
la exequibilidad del mismo, con la aclaración de que la constitucionalidad del
artículo 29 debe ser condicionada bajo el entendido ya señalado.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
La Competencia
1. El Decreto 4766 de 2005 constituye una ley estatutaria en sentido
material, por cuanto regula la circunscripción internacional para la Cámara de
Representantes, un asunto referido a las funciones electorales, las cuales
deben ser reglamentadas mediante leyes estatutarias, como lo establece el
artículo 152 de la Constitución Política. Por lo tanto, la Corte Constitucional
es competente para conocer sobre su constitucionalidad, de conformidad con lo
indicado en  jurisprudencia reiterada y en lo dispuesto en el inciso 2 del
artículo 153 y en el numeral 8 del artículo 241 de la Constitución
En efecto, a partir de la sentencia C-972 de 2004, la Corte ha
establecido que los decretos que regulen materias propias de las leyes
estatutarias, y que hubieren sido dictados en ejercicio de atribuciones
conferidas por reformas constitucionales expedidas por el Congreso de la
República, deben ser sometidos al control de constitucionalidad propio de los
proyectos de ley estatutaria. Al respecto es importante hacer un recuento de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, tal como se hace a continuación.
2. La sentencia C-972 de 2004[1]
versó sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el
artículo 6 del Decreto 2207 de 2003, “Por medio del cual se desarrolla el
artículo 3 del Acto Legislativo 01 de julio de 2003, en lo concerniente a las
elecciones departamentales y municipales.” Como su nombre lo señala, el
decreto había sido dictado con base en las facultades concedidas al Gobierno
por el parágrafo transitorio del artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2003,
artículo que modificó las normas del artículo 109 de la Constitución acerca de
la financiación pública de los partidos y movimientos políticos y de las
campañas electorales. El mencionado parágrafo transitorio autorizaba al
Gobierno para regular la materia para las elecciones territoriales de 2003, en
el caso de que el Congreso de la República no lo hiciere dentro de un término
establecido:
“PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso
reglamentará estas materias. En lo concerniente a las elecciones
departamentales y municipales, tal reglamentación deberá estar lista a más
tardar tres meses antes de su realización. Si no lo hiciere, el Gobierno
Nacional dictará un decreto con fuerza de ley antes del cierre de las
inscripciones correspondientes.”
El artículo objeto de la demanda determinaba cuál era
el porcentaje de votación que debían superar las listas electorales para poder
acceder a la financiación estatal de las campañas para las elecciones
departamentales, municipales y distritales, realizadas en octubre de 2003. El
demandante consideraba que dicha norma era inexequible, por cuanto,  entre
otras razones, reglamentaba un asunto de contenido estatuario a través de un
decreto con fuerza de ley.
La Corte concluyó que la materia objeto de
reglamentación a través del artículo demandado - financiación de campañas
políticas – era de carácter  estatutario y que ello exigía que la norma fuera
sometida al control de constitucionalidad propio de los proyectos de ley
estatutaria:
“5. Por consiguiente, es claro que la
materia que reglamentó el Decreto 2207 debía ser desarrollada a través de una
ley estatutaria. Ahora bien, como ya se indicó, en el parágrafo transitorio del
artículo tercero del Acto Legislativo 01 de 2003 se estableció que el Congreso
expediría las normas sobre financiación electoral en relación con las
elecciones departamentales y municipales de octubre de 2003, para lo cual le
concedió un término preciso. Y para el caso de que el Congreso no expidiera la
mencionada reglamentación dentro de ese término, se autorizó al Gobierno
Nacional para hacerlo, antes de que se cerraran las inscripciones para las
elecciones departamentales y municipales.
“Como es sabido, el Congreso no reglamentó
la materia a través de una ley estatutaria y, en consecuencia, el Gobierno
Nacional procedió a regularla. Ello tiene como consecuencia que en este caso
son inaplicables los requisitos para la expedición de las leyes estatutarias
referidos a que deben ser aprobadas en una legislatura y acordadas por la
mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Empero,  lo anterior no
significa que pierda vigencia la exigencia de que el decreto sea revisado por
la Corte Constitucional de manera integral, oficiosa y definitiva. Como ya se
advirtió, el Decreto  2207 de 2003 reglamenta una materia que debe ser objeto
de ley estatutaria, lo cual hubiera implicado, en una situación ordinaria,
cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos se encuentra el de la revisión
de constitucionalidad integral por parte de la Corte.
“La exigencia del control de
constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria representa una expresión
del mecanismo de los frenos y contrapesos, dirigido en este caso a impedir que
las ramas del Poder Público cuyos titulares surgen del voto popular utilicen
sus atribuciones para eliminar o restringir indebidamente los derechos de las
personas o el régimen democrático y participativo consagrados en la
Constitución Política.
“Por consiguiente, si bien la urgencia de
reglamentar la financiación electoral con miras a las elecciones de octubre de
2003  llevó a que se  prescindiera de regular la materia a través de una ley
estatutaria, tal como lo exigiría el tema, ello no significa que se pudiera
omitir el control de constitucionalidad confiado a la Corte Constitucional.
“6. Como se ha señalado, el control de
constitucionalidad sobre las leyes que reglamentan temas estatutarios persigue
garantizar la vigencia de los derechos y del orden democrático y participativo
contemplado en la Constitución. Con el decreto dictado por el Gobierno debió
ejercerse un control con el mismo alcance.
“Ahora bien, puesto que el control sobre el
decreto está destinado a cumplir el mismo fin que tiene el control de
constitucionalidad sobre los proyectos de leyes estatutarias - la protección de
los derechos y del orden democrático y participativo establecidos en la Carta –
aquél debe reunir los elementos propios del control de constitucionalidad de
los proyectos de ley estatutaria que sean compatibles con la facultad
excepcional atribuida al Gobierno por el parágrafo transitorio citado. Así, es
claro que el control debe ser oficioso, no rogado, lo que indica que el
Gobierno debía haber enviado el decreto a la Corte inmediatamente después de su
expedición, para que se surtiera el examen de constitucionalidad. Es decir, en
estos casos, el hecho de que el control sea sobre un decreto de contenido
estatutario no entraña que se realice a través del mecanismo de la acción
pública de inconstitucionalidad, tal como se pretende en el presente proceso,
sino que debe ser un control automático.
“Por otra parte, al igual que en los demás
casos de control de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria,
este control debe ser integral y definitivo. Integral, en la medida en que
versará tanto sobre el fondo como sobre la forma de todo el cuerpo normativo y
tendrá como parámetro de juicio todo el articulado de la Constitución, y
definitivo, por cuanto la sentencia de la Corte hará tránsito a cosa juzgada
constitucional, de manera que las normas que fueron declaradas exequibles no
podrán ser demandadas nuevamente.”
En este orden de ideas, la Corte indicó que
las características del control constitucional que debía ejercerse sobre el
decreto aparejaban dos consecuencias en ese caso, a saber: que la Corporación
debía inhibirse para conocer sobre la demanda examinada, por cuanto lo que
correspondía no era “realizar un examen aislado y particular de las normas
del decreto, conforme sean demandadas a través del mecanismo de la acción
popular de inconstitucionalidad, sino un examen oficioso, integral y definitivo
del mismo”; y segundo, que la Corte debía solicitarle al Presidente de la
República que remitiera el decreto, en un término de diez días, para que fuera
revisado completamente en su constitucionalidad, y que si esta petición no
fuere acatada la Corte entraría a conocer de oficio sobre la constitucionalidad
del texto. [2]
3. Posteriormente, en la sentencia C-155 de 2005[3],
la Corporación abordó una demanda contra el artículo 19 del Reglamento 01 de
2003 expedido por el Consejo Nacional Electoral, “por medio del cual se
regula el art. 12 del Acto Legislativo 01 de 2003.” El reglamento había
sido emitido por el Consejo, con base en la habilitación que le había conferido
el parágrafo transitorio del artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2003,
artículo que dispuso que los partidos y movimientos políticos solamente pueden
presentar una lista para cada elección y que estableció el umbral electoral y
el sistema de la cifra repartidora para la asignación de las curules. En el
mencionado parágrafo transitorio se había habilitado al Consejo Nacional
Electoral para reglamentar la materia con miras a las elecciones territoriales
de 2003:
“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Sin perjuicio del
ejercicio de las competencias propias del Congreso de la República, para las
elecciones de las autoridades de las entidades territoriales que sigan a la
entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltese al Consejo
Nacional Electoral para que dentro del mes siguiente a su promulgación se ocupe
de regular el tema.”
El artículo 19 del reglamento expedido por el Consejo
Nacional Electoral con base en las facultades conferidas por el parágrafo
transitorio regulaba el punto de las vacancias. El demandante consideró que el
Consejo se había extralimitado en sus funciones al dictar este artículo, por
cuanto las atribuciones concedidas eran única y exclusivamente para regular el
proceso de elección de las autoridades territoriales que seguían a la
promulgación del Acto Legislativo.
Después de analizar el contenido del Reglamento
atacado, la Corte concluyó que “el Reglamento Nº 01 de 2003 del Consejo
Nacional Electoral constituye una ley estatutaria en sentido material y que,
por lo tanto, la Corte es competente para conocer sobre él.”
En vista de lo anterior, la Corte reiteró lo señalado en la
sentencia C-972 de 2004 y resolvió que el caso que se analizaba debía ser
decidido de la misma manera. Por consiguiente, en la sentencia se dispuso: “la
Corte se inhibirá para decidir sobre la demanda y, por intermedio del
Presidente de la Corporación, le solicitará a la Presidenta del Consejo
Nacional Electoral que le remita el texto del Reglamento Nº 01 de 2003 para
proceder a efectuar el control de constitucionalidad oficioso, definitivo e
integral respectivo.”[4]
4. La sentencia C-672 de 2005[5]
realizó el examen de constitucionalidad de los  Decretos 2637 de 2004, “por el
cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002” y 2697 de
2004, “por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de
agosto de 2004 por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002.”
A través del Acto Legislativo 03 de 2002 se introdujo el sistema penal
acusatorio en el país y el  Decreto 2637 de 2004 había sido dictado
precisamente en ejercicio de la habilitación conferida al Gobierno Nacional,
mediante el inciso segundo del artículo 4 transitorio del mencionado Acto
Legislativo 03 de 2002, para expedir las normas necesarias para la
implementación del sistema, en el evento de que el Congreso de la República no
las hubiera dictado dentro del término establecido:
“ARTÍCULO 4o. TRANSITORIO. Confórmase una comisión integrada por el Ministro
de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación, quien la presidirá,
el Procurador General de la Nación, el Presidente de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Superior
de la Judicatura, o los delegados que ellos designen, tres Representantes a la
Cámara y tres Senadores de las Comisiones Primeras, y tres miembros de la
Academia designados de común acuerdo por el Gobierno y el Fiscal General, para
que, por conducto de este último, presente a consideración del Congreso de la
República a más tardar el 20 de julio de 2003, los proyectos de ley pertinentes
para adoptar el nuevo sistema y adelante el seguimiento de la implementación
gradual del sistema.
“El Congreso de la República dispondrá
hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes correspondientes. Si no lo
hiciere dentro de este plazo, se reviste al Presidente de la República de
facultades extraordinarias, por el término de dos meses para que profiera las
normas legales necesarias al nuevo sistema. Para este fin podrá expedir,
modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la
ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de habeas
corpus, los Código Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto
Orgánico de la Fiscalía...”
Los decretos habían sido demandados a
través de distintas acciones públicas de inconstitucionalidad – en algunos
casos se atacó su texto completo y en otros ciertas normas de ellos. La Corte
consideró que lo que procedía era realizar un control automático de
constitucionalidad sobre los decretos. Por esta razón, le solicitó al Gobierno
que enviara el texto de los decretos para realizar su control de
constitucionalidad, y dispuso que las demandas fueran tenidas en cuenta como
intervenciones ciudadanas dentro del proceso.
En su sentencia, la Corte expresó que, como se había señalado en la
sentencia C-972 de 2004, “cuando se trata de un decreto que versa sobre una
materia estatutaria y que se ha expedido con base en una norma constitucional
habilitante, el control de constitucionalidad se extiende al cumplimiento del
límite temporal indicado por el constituyente y al cumplimiento de los límites
materiales por él indicados.” Con base en ello concluyó que al expedirse el
primer decreto se habían desconocido los límites materiales de la competencia
excepcional otorgada:
“13. En estas condiciones, si bien la Corte
advierte que respecto del Decreto 2637 de 2004 se respetó el límite temporal
fijado por el legislador, también aprecia que el Presidente de la República
desbordó, de manera flagrante, la competencia excepcional que le fue
atribuida.  Ello fue así en cuanto ese decreto no se orienta a desarrollar las
normas legales requeridas para la puesta en funcionamiento de la nueva
estructura básica de acusación y juzgamiento, sino que, lejos de ello, modifica
múltiples disposiciones de la ley estatutaria de la administración de justicia
que nada tienen que ver con ese nuevo modelo de justicia penal.”
Por lo tanto, la Corte decidió declarar la inconstitucionalidad del
decreto 2637 de 2004. También declaró la inconstitucionalidad del segundo
decreto – que había sido dictado con el fin de corregir algunos yerros
tipográficos del primero -, por cuanto consideró que su destino estaba
inescindiblemente ligado con el del primero:
“(...) la existencia del Decreto 2697 de
2004 supone la existencia del Decreto 2637 pues el ámbito de aplicación de éste
tiene como referente necesario e ineludible a aquél.
“En estas condiciones, como el Decreto 2637
de 2004 fue el que dio lugar a la expedición del Decreto 2697 y como aquél será
declarado inexequible, se produce la inexequibilidad por consecuencia de este
último y por ello será también retirado del sistema jurídico.”
5. El Decreto 4766 de 2005 fue expedido por
el Gobierno Nacional y regula una materia que es decididamente de contenido
estatutario. Por lo tanto, atendiendo a la jurisprudencia de esta Corporación
sobre este tipo de normas, el Gobierno Nacional lo remitió a la Corte
Constitucional para que ella procediera a efectuar el control automático de
constitucionalidad.
El examen de la Corte se concentrará, en  primer
lugar, en establecer cuál fue el propósito del Acto Legislativo 02 de 2005 y
cuáles son los antecedentes normativos del Decreto 4766 de 2005. Luego,
examinará el procedimiento de formación del Decreto, para establecer si en él
se configuraron vicios de forma. Ello implica considerar si el Gobierno estaba
habilitado para dictar el decreto. Posteriormente, de ser superada esta etapa
inicial del juicio constitucional, se pasará a analizar las características del
examen automático de constitucionalidad de este tipo de actos y si cada uno de
los preceptos contenidos en el decreto se ajusta a la Carta.
Los antecedentes normativos del Decreto 4766 de 2005
6. El artículo 176 aprobado en la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991 estableció que los miembros de la Cámara de
Representantes se elegirían en circunscripciones territoriales, equivalentes a
los departamentos y al Distrito Capital de Bogotá, y en una circunscripción
especial, que tendría entre sus fines el de asegurarle a los colombianos en el
extranjero su participación en esa corporación pública. El texto original del
artículo 176 era el siguiente:
“ARTÍCULO 176. La Cámara de Representantes
se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales.
“Habrá dos representantes por cada
circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil
habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso
sobre los primeros doscientos cincuenta mil.
“Para la elección de representantes a la
Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una
circunscripción territorial. La ley podrá establecer una circunscripción
especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los
grupos étnicos y de las minorías políticas y de los colombianos residentes en
el exterior.
“Mediante esta circunscripción se podrá
elegir hasta cinco representantes.”
7. En el año 2000, el Congreso de la
República aprobó el proyecto de ley estatutaria 025/99 Senado y 217/99 Cámara,
“por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de
Colombia.” El proyecto tenía por fin reglamentar la circunscripción nacional
especial para la Cámara de Representantes. Los artículos 5° y 9° del proyecto prescribían
acerca de la elección del Representante a la Cámara por los colombianos en el
exterior:
“ARTICULO 5. Candidatos de los colombianos
residentes en el exterior: Los candidatos de los colombianos residentes en el exterior que aspiren
a ser elegidos a la Cámara de Representantes requieren demostrar ante las
autoridades electorales colombianas una residencia mínima de cinco (5) años
continuos en el exterior y contar con un aval de un partido o movimiento
político debidamente reconocido por el Consejo Nacional Electoral.
“Estos Representantes a la Cámara serán
elegidos con los votos obtenidos de los ciudadanos colombianos en los
consulados o embajadas de Colombia acreditados en los diferentes Estados del
mundo.
“Parágrafo. La residencia en el exterior de los
ciudadanos que respaldan la nominación de un candidato, se comprobará con la
fecha del registro del ciudadano colombiano en el Consulado de Colombia con
jurisdicción en su lugar de residencia o con la inscripción en el exterior en
el proceso electoral anterior, o con el certificado electoral en el que conste
su anterior participación en el exterior o con el sello de ingreso al país por
parte de la respectiva autoridad de inmigración estampado en el pasaporte
colombiano.”
“ARTICULO 9. Tarjetas electorales. Los candidatos a la Cámara de
Representantes que aspiren por esta circunscripción, en el marco de lo
establecido en el artículo 2 y 3, aparecerán en una tarjeta electoral de
circulación nacional donde se distinguirán con claridad los candidatos de las
comunidades indígenas y los candidatos de las comunidades negras.
“Los candidatos a la Cámara de
Representantes de los colombianos residentes en el exterior aparecerán en una
tarjeta electoral distinta a la anterior de circulación exclusiva en los
consulados y embajadas de Colombia en el exterior.”
El proyecto fue remitido a la Corte
Constitucional para el examen previo de constitucionalidad. En la sentencia
C-169 de 2001,[6] la Corte decidió, entre
otras cosas,  declarar la inconstitucionalidad del segundo inciso y el
parágrafo del artículo 5º, y del inciso segundo del artículo 9°. En la
sentencia se manifestó que la Constitución había determinado que la
circunscripción especial era una circunscripción nacional y que ello hacía
inadmisible que solamente pudieran votar por el representante de los
colombianos en el exterior aquellos nacionales que sufragaran en las embajadas
o consulados colombianos acreditados ante Estados extranjeros. Al respecto se
expuso en la sentencia mencionada:
“El segundo inciso del artículo 5, que
dispone que estos candidatos sólo podrán ser elegidos con los votos de los
colombianos residentes en el exterior, es abiertamente inconstitucional, por
tres razones. En primer lugar, porque como ya se explicó, esta es una
circunscripción especial de alcance nacional, por lo cual la votación
por los candidatos que a través de ella se postulen, debe estar abierta a la
participación de todos los ciudadanos. En segundo lugar, porque bien puede
darse la circunstancia de que los colombianos que residen en territorio
nacional decidan, libremente, que el candidato de los residentes en el
extranjero es quien mejor representa sus propios intereses; impedir a quienes
se encuentren en esa situación que voten, en consecuencia, por ese candidato,
sería una restricción desproporcionada de su derecho fundamental a la
participación política, cuyo núcleo esencial se vería claramente vulnerado.
Finalmente, porque admitir una tal restricción sería violatorio del principio
de igualdad, ya que ésta no está prevista para ninguno de los demás grupos que
contempla el proyecto de ley bajo revisión, y no existe, a juicio de la Corte,
ningún criterio razonable que permita justificar la diferenciación mencionada.
Como consecuencia, se declarará la inexequibilidad del inciso en cuestión, así
como la del parágrafo del mismo artículo 5, que traza ciertos requisitos de
índole probatoria, orientados a demostrar la residencia en el exterior de
quienes respalden a un candidato; ello, porque se trata de disposiciones que
sustentan una norma que la Corte considera inconstitucional, y que pierden su
razón de ser con la declaratoria de inexequibilidad de ésta, por lo cual se
deben excluir del ordenamiento.
“(...)
“El inciso segundo [del artículo 9°], por
su parte, es abiertamente inconstitucional, ya que es una consecuencia directa
de la disposición según la cual la posibilidad de votar por los candidatos de
los colombianos residentes en el exterior, sólo está abierta a quienes se
encuentren por fuera del territorio nacional, limitación que, como ya se vió,
es inaceptable. Por lo mismo, habrá de declararse inexequible, y se
complementará el condicionamiento a la constitucionalidad del primer inciso, de
tal forma que se entienda que los candidatos de los colombianos residentes en
el exterior que participen por esta circunscripción, también deberán ser
incluidos, debidamente identificados, en la tarjeta electoral general que
reciba la ciudadanía en las votaciones para la Cámara de Representantes.
8. En atención a la anterior sentencia de
la Corte, el Congreso de la República decidió modificar la Constitución para
diferenciar la circunscripción internacional de las circunscripciones
especiales nacionales para la Cámara de Representantes y establecer que en la
circunscripción internacional solamente podrían sufragar los colombianos
residentes en el exterior que votaran por fuera del país.[7]
En el Acto Legislativo expedido para el efecto - el 02 de 2005 - se definió
también que la reforma entraría en vigencia “a partir de las elecciones a
realizarse en el año 2006.” Igualmente, se determinó que el Congreso de la
República reglamentaría la circunscripción internacional a más tardar el día 16
de diciembre de 2005 y que, en el caso de que no lo hiciere, el Gobierno
asumiría esa función, para lo cual se le brindó un término de 15 días a partir
de la fecha mencionada. El Acto Legislativo 02 de 2005, que fue promulgado el
25 de julio de 2005, reza:
“ARTÍCULO 1°. El artículo 176 de la
Constitución Nacional quedará así:
“Artículo 176. La Cámara de Representantes
se elegirá en circunscripciones territoriales, circunscripciones especiales
y una circunscripción internacional.
“Habrá dos representantes por cada
circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil
habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso
sobre los primeros doscientos cincuenta mil.
“Para la elección de Representantes a la
Cámara, cada Departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una
circunscripción territorial.
“La ley podrá establecer una
circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de
Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas.
“Mediante esta circunscripción se podrá
elegir hasta cuatro Representantes.
“Para los colombianos residentes en el
exterior existirá una circunscripción internacional mediante la cual se elegirá
un Representante a la Cámara. En ella, sólo se contabilizarán los votos
depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el
exterior.
“PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso de la
República reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 16 de
diciembre de 2005, caso contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los
quince (15) días siguientes a esa fecha; incluirá entre otros temas:
Inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos habilitados para votar en
el exterior, mecanismos para promover la participación y realización del
escrutinio de votos a través de los Consulados y financiación estatal para
visitas al exterior por parte del Representante elegido.”
“ARTÍCULO 2°. El presente Acto
Legislativo entrará en vigencia a partir de las elecciones a realizarse en al
año 2006.” (se subrayan los apartes modificados por el Acto Legislativo 02 de
2002, en relación con el texto original del artículo 176 de la Constitución)
9. En el mismo año 2005, el Congreso de la
República aprobó una segunda  reforma del artículo 176 de la Constitución. En
esta nueva reforma a la misma norma constitucional se modificaron las
disposiciones del artículo referidas al número de habitantes requerido para la
elección de un representante a la Cámara por las circunscripciones
territoriales. La nueva reforma – el Acto Legislativo 03 de 2005 -, promulgada
el 29 de diciembre de 2005, modificó la enmienda introducida por medio del Acto
Legislativo 02 de 2005, en lo relacionado con la determinación de que el
Congreso contaría con plazo hasta el 15 de diciembre de 2005 para reglamentar
la circunscripción internacional, con lo cual le disminuyó un día al término
fijado en el Acto Legislativo 02 de 2005. La nueva redacción del artículo 176,
en el Acto Legislativo 03 de 2005, es la siguiente:
“ARTÍCULO 1°. El artículo 176 de la
Constitución Nacional quedará así:
“ARTICULO 176. La
Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales,
circunscripciones especiales y una circunscripción internacional.
“Habrá dos representantes por cada
circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción
mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000.
“Para la elección de Representantes a la
Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una
circunscripción territorial.
“La ley podrá establecer una
circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes
de los grupos étnicos y de las minorías políticas.
“Mediante esta circunscripción se podrán
elegir hasta cuatro representantes.
“Para los colombianos residentes en el
exterior existirá una circunscripción internacional mediante la cual se elegirá
un Representante a la Cámara. En ella solo se contabilizarán los votos
depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el
exterior.
“PARÁGRAFO 1o. A partir de 2014, la base
para la asignación de las curules adicionales se ajustará en la misma
proporción del crecimiento de la población nacional, de acuerdo con lo que
determine el censo. Le corresponderá a la organización electoral ajustar la
cifra para la asignación de curules.
“PARÁGRAFO 2o. Si como resultado de la
aplicación de la fórmula contenida en el presente artículo, una circunscripción
territorial pierde una o más curules, mantendrá las mismas que le
correspondieron a 20 de julio de 2002.
“PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso de la
República reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 15 de
diciembre de 2005, caso contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los
quince (15) días siguientes a esa fecha; incluirá entre otros temas:
inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos habilitados para votar en
el exterior, mecanismos para promover la participación y realización del
escrutinio de votos a través de los Consulados y financiación estatal para
visitas al exterior por parte del Representante elegido.
“ARTÍCULO 2°. Lo dispuesto en el
Acto Legislativo en relación con la conformación de la Cámara de Representantes
por circunscripciones territoriales regirá a partir de la elecciones que se
celebren en el año 2010. Lo relativo a las circunscripciones especiales y a la
circunscripción internacional regirá a partir de las siguientes elecciones
posteriores a su vigencia.” (se subrayan los apartes relacionados con la
circunscripción internacional).
La habilitación invocada por el Gobierno
Nacional para dictar el Decreto 4766 de 2005 era inexistente al momento de la
expedición de dicho decreto.
10. El Procurador General de la Nación, la
representante de la Defensoría del Pueblo y el ciudadano interviniente expresan
que el Decreto 4766 de 2005 fue expedido con base en el Acto Legislativo 02 de
2005, el cual ya había sido derogado por el Acto Legislativo 03 de 2005 en el
momento en que fue expedido el Decreto. De esta manera, afirman que el Decreto
carece de fundamento constitucional.
A su vez, el Ministro del Interior anota
que el Decreto fue dictado con base en el Acto Legislativo 02 de 2005, en el
cual se había establecido que el Congreso de la República reglamentaría el Acto
Legislativo a más tardar el 16 de diciembre de 2005 y que, si no lo hiciere, el
Gobierno podría reglamentarlo dentro de los 15 días siguientes. Anota que el
Decreto fue dictado y promulgado el 30 de diciembre de 2005, razón por la cual
concluye que el Decreto fue dictado dentro del término de habilitación
previsto. El Ministro no aborda específicamente el punto de la derogatoria del
Acto Legislativo 02 de 2005.
11. El Decreto 4766 de 2005 fue expedido el
30 de diciembre de 2005, un día después de que entrara en vigencia el Acto
Legislativo 03 de 2005 -  el 29 de diciembre del mismo año. De allí que el
Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el ciudadano interviniente
consideren que el Gobierno ya no contaba con facultades para dictar el Decreto,
puesto que el Acto Legislativo 02 de 2005 había sido derogado tácitamente por
el Acto Legislativo 03 de 2005.
En su escrito el Ministro argumenta que la
habilitación concedida al Ejecutivo aún estaba vigente, por cuanto en el Acto
Legislativo 02 de 2005 se manifestó que si el Congreso de la República no
expedía la ley que reglamentara la enmienda constitucional el Gobierno Nacional
procedería a regular la materia dentro de los quince días siguientes. Puesto
que el plazo asignado al Congreso de la República vencía el 16 de diciembre,
considera el Ministro que en el momento en que se expidió el decreto 4766 – el
30 de diciembre de 2005 – todavía regía la habilitación conferida al Gobierno
Nacional.
La argumentación presentada por el Ministro sería
acertada si el Acto Legislativo 02 de 2003 no hubiera dejado de existir el día
29 de diciembre, es decir, un día antes de que hubiera sido expedido el Decreto
4766 de 2005. Ciertamente, en el momento en que entró en rigor el Acto
Legislativo 03 de 2005 – el 29 de diciembre de 2005 – dejó de tener efectos
jurídicos el Acto Legislativo 02 de 2005 y la habilitación por él conferida. De
esta forma, el decreto fue dictado con base en unas facultades inexistentes
para el momento de su expedición, como se deduce de sus considerandos, en los
cuales se invoca como fundamento un acto legislativo que se encontraba
tácitamente derogado el día en que el decreto de contenido estatutario fue
adoptado.
12. Se podría afirmar, sin embargo, que
este argumento le da demasiada importancia a un simple error formal, por cuanto
en el Acto Legislativo 03 de 2005 se reprodujo la habilitación al Gobierno para
regular los mismos temas contemplados en la facultad otorgada por el Acto
Legislativo 02 de 2005. De esta manera, el Gobierno Nacional habría continuado
con la facultad para expedir el decreto y simplemente se equivocó al escribir
en los considerandos que la norma era dictada con base en el Acto Legislativo
02 de 2005 y no en el Acto Legislativo 03 de 2005. Es decir, la habilitación
habría mantenido su vigencia y si el Gobierno Nacional hubiera escrito dentro
de los considerandos del Decreto que él se dictaba con base en el Acto
Legislativo 03 de 2005 – y no con fundamento en el Acto Legislativo 02 de 2005
– la Corte tendría que haber concluido que sí existía la habilitación.
Ciertamente, el Acto Legislativo 03 de 2005
incorporó todas las modificaciones que habían sido introducidas en el artículo
176 de la Constitución a través del Acto Legislativo 02 de 2005. Así ocurrió
con el parágrafo transitorio, en el que se habilitó al Congreso y, en subsidio,
al Gobierno Nacional para reglamentar la circunscripción internacional, con el
pequeño cambio concerniente al término concedido al Congreso para dictar la
reglamentación (un día menos). La siguiente tabla ilustra sobre este punto:
Texto del artículo 1º del Acto
Legislativo 02 de 2005, promulgado el 25 de julio de 2005
Texto del artículo 1º del Acto
Legislativo 03 de 2005, promulgado el 29
de  diciembre de 2005
ARTÍCULO 1°. El artículo 176 de la Constitución Nacional quedará
así:
Artículo 176. La Cámara de Representantes
se elegirá en circunscripciones territoriales, circunscripciones
especiales    y
una circunscripción internacional.
Habrá dos representantes por cada
circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil
habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso
sobre los primeros doscientos cincuenta mil.
Para la elección de Representantes a la
Cámara, cada Departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una
circunscripción territorial.
La ley podrá establecer una
circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de
Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas.
Mediante esta circunscripción se podrá
elegir hasta cuatro Representantes.
Para los   colombianos    residentes
en el exterior existirá una
circunscripción internacional mediante la cual se elegirá un Representante
a   la    Cámara.   En
ella, sólo se contabilizarán los votos
depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el
exterior.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso de la
República reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 16
de diciembre de 2005, caso contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro
de los quince (15) días siguientes a esa fecha; incluirá entre otros temas:
Inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos habilitados para votar
en el exterior, mecanismos para promover la participación y realización del
escrutinio de votos a través de los Consulados y financiación estatal para
visitas al exterior por parte del Representante elegido.
ARTÍCULO 1°. El artículo 176 de la Constitución Nacional quedará
así:
ARTICULO 176. La
Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales,
circunscripciones  especiales y una circunscripción internacional.
Habrá dos representantes por cada
circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción
mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000.
Para la elección de Representantes a la
Cámara, cada departamento       y el Distrito Capital de Bogotá conformarán
una circunscripción territorial.
La ley podrá establecer una
circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de
Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas.
Mediante esta circunscripción se podrán
elegir hasta cuatro representantes.
Para los colombianos residentes en el
exterior existirá una circunscripción internacional mediante la cual se
elegirá un Representante a  la Cámara. En ella solo se contabilizarán los
votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en
el exterior.
PARÁGRAFO 1o. A partir de 2014, la base
para la asignación de las curules adicionales se ajustará en la misma
proporción del crecimiento de la población nacional, de acuerdo con lo que
determine el censo. Le corresponderá a la organización electoral ajustar la
cifra para la asignación de curules.
PARÁGRAFO 2o. Si como resultado de la
aplicación de la fórmula contenida en el presente artículo, una
circunscripción territorial pierde una o más curules, mantendrá las mismas
que le correspondieron a 20 de julio de 2002.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso de la
República reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 15
de diciembre de 2005, caso contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro
de los quince (15) días siguientes a esa fecha; incluirá entre otros temas:
Inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos habilitados para votar
en el exterior, mecanismos para promover la participación y realización del
escrutinio de votos a través de los Consulados y financiación estatal para
visitas al exterior por parte del Representante elegido.
Al respecto constata la Corte que en
ninguna de las intervenciones dentro del proceso se da una explicación acerca
de por qué en los considerandos del Decreto se mencionó el Acto Legislativo 02
de 2005 y no el 03 de 2005. Incluso, en la intervención del Ministro del
Interior y Justicia se recalca que el Decreto fue dictado con base en el Acto
Legislativo 02 de 2005, sin hacer ninguna referencia al Acto Legislativo 03 de
2005, a pesar de que el Decreto fue expedido un día después de que se
promulgara el Acto Legislativo 03 de 2005, un hecho que no podía desconocer el
Ministerio.
Considera la Corte que la explicación de
este interrogante radica precisamente en la sucesión de actos relacionados con
el artículo 176 de la Constitución que fueron expedidos durante el segundo
semestre de 2005, y en sus implicaciones para que el Congreso de la República
pudiera ejercer sus facultades legislativas, en aplicación del principio de
separación de los poderes. En efecto, en julio 25 de 2005 se promulgó el Acto
Legislativo 02 de 2005; luego, el 29 de diciembre de 2005, se promulgó el Acto
Legislativo 03 de 2005; y, finalmente, el 30 de diciembre de 2005, se expidió
el Decreto 4766 que se examina en esta sentencia.
Al mirar detenidamente los dos actos legislativos se
puede establecer que ellos redujeron significativamente el término establecido
en la Constitución para que el Congreso de la República pueda dictar una ley
estatutaria, en este caso para reglamentar la circunscripción internacional. El
artículo 153 de la Carta dispone que la aprobación, modificación o derogación
de las leyes estatutarias deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. A
su vez, el artículo 138 de la Constitución dispone que una legislatura se
compone de dos períodos y establece que uno de los períodos comienza el 20 de
julio y termina el 16 de diciembre, mientras que el otro comienza el 16 de
marzo y concluye el 20 de junio.
El Acto Legislativo 02 de 2005 – promulgado el 25 de
julio de 2005 - determinó que el Congreso tendría plazo hasta el 15 de
diciembre de 2005 para reglamentar la circunscripción internacional. Ello
significa que el Legislador no contaría con los dos períodos acostumbrados para
dictar la reglamentación, sino solamente con uno.
Pero, al mismo tiempo, durante el período legislativo con el que
contaba el Congreso para expedir la reglamentación exigida por el Acto
Legislativo 02 de 2005 se continuó con el trámite de reforma del mismo artículo
176 de la Constitución, esta segunda vez por medio del proyecto que se
convertiría en el Acto Legislativo 03 del mismo año, con el cual se modificó el
número de habitantes requerido por las circunscripciones territoriales para
elegir un Representante a la Cámara. De esta forma, puede concluirse que en el
Congreso existía incertidumbre acerca de cuál sería finalmente el marco
constitucional que debía ser desarrollado por medio de una ley estatutaria,
puesto que el artículo constitucional en el que se regulaba la circunscripción
internacional estaba siendo enmendado nuevamente, durante el lapso en que debía
ser desarrollado por ley en lo atinente a la circunscripción internacional
especial. En realidad, el Congreso de la República solamente pudo conocer con
exactitud cuál era el contenido definitivo del artículo 176, una de cuyas
partes debía reglamentar, cuando se aprobó y promulgó el Acto Legislativo 03 de
2005 – el 29 de diciembre de 2005.
Hasta ese momento, cualquier actividad durante el correspondiente
período legislativo dirigida a reglamentar por vía de ley estatutaria la
circunscripción internacional durante el correspondiente periodo legislativo
tendría eventualmente que hacerse en un contexto incierto, por cuanto no se
conocía cuál iba a ser el texto final del artículo 176 de la Carta.  Sin
embargo, para el momento en que se aprobó el Acto Legislativo 03 de 2005 – el
29 de diciembre de 2005 - resultaba manifiesto que el Congreso no podía ejercer
su competencia como legislador extraordinario, puesto que la competencia había
fenecido el día 16 de diciembre, según el Acto Legislativo 02 de 2005 – o el 15
de diciembre, según el Acto Legislativo 03 de 2005.
De esta manera, la Corte concluye que la referencia en
los considerandos del Decreto 4766 acerca de que él se expedía con base en el
Acto Legislativo 02 de 2005 no se originó en un error formal en este punto. Se
invocó esta primera enmienda constitucional para poder fundamentar que la reglamentación
fuera dictada por el Gobierno Nacional, dado que le era imposible al Congreso
de la República ejercer su competencia en el momento en que fue dictado y
promulgado el Acto Legislativo 03 de 2005 – el 29 de diciembre -, porque el
término para hacerlo  ya estaba vencido desde el 15 de diciembre. En realidad,
se invocó el Acto Legislativo 02 de 2005 para justificar que la reglamentación
fuera expedida por el Gobierno Nacional, a causa de la inactividad del Congreso
de la República. Invocar la segunda reforma – el Acto Legislativo 03 de 2005 –
implicaría calificar de inactividad del Congreso algo que estaba completamente
por fuera de su alcance: desarrollar antes del 15 de diciembre lo que un Acto
Legislativo le ordenó el 29 de diciembre. En cambio, invocar el Acto
Legislativo 02 de 2005 no presentaba este problema, sino uno distinto: este ya
se encontraba derogado por el Acto Legislativo 03 de 2005 al momento en que se
expidió del Decreto 4766 que lo invocó como fundamento.
Con base en todo lo anterior, concluye la Corte que la
habilitación al Gobierno ya no existía en el momento en que se dictó el Decreto
4766 de 2005, por cuanto un día antes había sido derogado tácitamente el Acto
Legislativo 02 de 2005, a través del Acto Legislativo 03 de 2005.
13. Por lo tanto, la Corte declarará la
inexequibilidad del Decreto 4766 de 2005, por inexistencia jurídica de la
habilitación invocada para la expedición del Decreto. Esta declaración hace
innecesario pronunciarse sobre el punto de si los decretos presidenciales de
contenido estatutario deben ser controlados en  forma previa a su entrada en
vigencia. Tampoco tiene sentido pronunciarse sobre la constitucionalidad de los
distintos artículos del Decreto, desde el punto de vista material.
Efectos retroactivos de la sentencia
14. El artículo 45 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia establece que, por regla general, las sentencias de
la Corte producen efectos hacia el futuro, salvo que la Corte establezca lo
contrario:
“ARTICULO 45. Reglas sobre los efectos de
las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de
constitucionalidad. Las
sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su
control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.”
De esta manera, corresponde ahora a la Corte definir
cuáles serán los efectos de la sentencia en el tiempo, teniendo en cuenta que
el fundamento de la decisión es la inexistencia de la habilitación invocada por
el propio decreto al momento de su expedición.
Al respecto es importante tener en cuenta que en este caso no se
trata de un exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias, sino de
la inexistencia de la habilitación para legislar que fue invocada en el propio
decreto. Igualmente, es importante anotar que el asunto que aquí se debate es
diferente al de los demás procesos en los que se ha juzgado un decreto de
contenido estatutario, puesto que en este caso el fundamento de la
inexequibilidad recae sobre la existencia misma de la habilitación invocada por
el decreto juzgado.
Pues bien, atendiendo a que en este caso
específico el argumento para la declaración de inexequibilidad radica en la
inexistencia de la habilitación invocada por el propio decreto, la Corte
considera que el decreto no puede surtir efectos en el ordenamiento jurídico.
De una habilitación inexistente no puede derivarse una norma jurídicamente
eficaz, máxime si ésta tiene un contenido estatutario en el ámbito electoral
que incide sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los
colombianos residentes en el exterior. Por lo tanto, se declarará que la
sentencia tendrá efectos retroactivos, a partir del momento  de la expedición
del Decreto 4766 de 2005. [8]
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 4766 de 2005,
“por el cual se reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara de
Representantes.”
Segundo.- Conceder a esta sentencia efectos
retroactivos, a partir del momento  de la expedición del Decreto 4766 de
2005.
Tercero. ENVIAR copia de esta sentencia a los Presidentes del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes, para su conocimiento.
Cópiese, notifíquese, publíquese,
comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN  DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A
LA SENTENCIA C-665/06
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO DE
CONTENIDO ESTATUTARIO-Alcance
respecto a decretos proferidos por el Gobierno Nacional (Aclaración de voto)
En lo que
concierne al control de constitucionalidad que se ejerce sobre los mencionados
decretos se tiene que el mismo es formal y material. Lo primero en cuanto a que
la Corte examina que el decreto haya sido debidamente expedido por el Gobierno
Nacional dentro de los límites temporales fijados por la norma constitucional
habilitante; la segunda variedad de control apunta a determinar si
efectivamente existía en el mundo jurídico la norma constitucional de
habilitación, si el Gobierno Nacional se extralimitó en el sentido de adoptar
disposiciones reglamentarias por fuera de la mencionada habilitación o si aquéllas
resultan ser contrarias a otras disposiciones de la Carta Política.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO DE
CONTENIDO ESTATUTARIO-Características
respecto a decretos proferidos por el Gobierno Nacional (Aclaración de voto)
En cuanto al
contenido y alcance del control de constitucionalidad llevado a cabo sobre los
decretos de contenido estatutario proferidos por el Gobierno Nacional, esta
Corporación ha considerado que aquél es integral, en el sentido de abarcar la
totalidad del articulado del decreto; oficioso, en la medida en que no precisa
su activación por la vía de la acción pública de constitucionalidad, sino que
el Gobierno Nacional, una vez expedido el decreto, al igual que sucede con los
proyectos de ley estatutaria que deben ser remitidos por el Congreso de la
República, debe enviarlo a la Corte para que ésta adelante el mencionado examen
de constitucionalidad; y  definitivo, es decir, la sentencia proferida por el
juez constitucional en la materia hace tránsito a cosa juzgada, en los términos
del artículo 243 de la Carta Política. La discusión en el seno de la Sala Plena
se ha centrado entonces en relación con el momento en que dicho control debe
ser realizado, esto es, si debe ser previo.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE
REGLAMENTOS DE CONTENIDO ESTATUTARIO DE ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS-Características/ CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE REGLAMENTOS DE CONTENIDO ESTATUTARIO DE ORGANOS
CONSTITUCIONALES AUTONOMOS-No necesidad de control de constitucionalidad
previo (Aclaración de voto)
En suma, es necesario tomar en cuenta que, a
diferencia de los decretos de contenido estatutario expedidos por el Gobierno
Nacional con base en una habilitación constitucional, en el caso de los
reglamentos proferidos por el Consejo Nacional Electoral, órgano constitucional
autónomo, los cuales versan sobre materias que son de la esencia de las
funciones del mismo, no se presenta el inconveniente de la concentración de
poderes públicos en cabeza del Ejecutivo, motivo por el cual no se precisa el
establecimiento de un control de constitucionalidad previo sobre los mismos.
DECRETO ESTATUTARIO-Control previo de constitucionalidad
de decretos proferidos por el Gobierno Nacional (Aclaración de voto)
Los decretos
leyes de contenido estatutario, proferidos por el Gobierno Nacional con base en
una disposición contenida en un Acto Legislativo (norma de habilitación) deben
ser sometidos al control previo de constitucionalidad por parte de la Corte. En
efecto, una de las mayores preocupaciones del constituyente de 1991 fue aquella
de establecer un procedimiento especial y cualificado para la expedición de una
categoría especial de leyes, denominadas estatutarias, mediante las cuales se
asegurara la regulación de temas esenciales para la vida social, como lo son,  los
derechos fundamentales, los estados de excepción, la administración de justicia
y el régimen electoral y de partidos políticos; normatividades cuya adopción
fuese antecedida por un amplio debate en las cámaras legislativas, con un
control previo formal y material sobre la exequibilidad del proyecto, a fin de
evitar que entraran en vigencia, sin la plena garantía de sujeción a la
Constitución. Tales garantías se ven amenazas por la adopción de decretos
expedidos por el Gobierno Nacional con base en una norma constitucional de
habilitación, dado que aquéllos no son fruto de un debate democrático
adelantado en el seno del Congreso de la República
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE DECRETO DE
CONTENIDO ESTATUTARIO-Efectos
retroactivos (Aclaración de voto)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DE
CONTENIDO ESTATUTARIO-Tránsito
de la concepción tradicional y formal de la ley a  la material (Aclaración de
voto)
El elemento
trascendental de las decisiones adoptadas por la Corte, en el sentido de que
existen decretos o reglamentos de contenido estatutario que debe ser sometidos
a su control, consiste en que se modifica parcialmente el concepto formal de
ley, pasando a uno de carácter material, cuando quiera que se trate, se
insiste, de temas de propios de ley estatutaria, es decir, no resulta admisible
que se recurra a la figura de un decreto gubernamental o de un acto
administrativo de naturaleza general como lo es un reglamento, para menoscabar
las garantías constitucionales que recubren a las materias que son objeto de
una ley estatutaria. Sobre el particular, es preciso señalar que ese tránsito
de una concepción tradicional y formal de ley a una material, se explica, desde
la teoría constitucional, como un mecanismo para preservar el control que tiene
la Corte Constitucional sobre las normas que se refieren a materias esenciales
para la realización de un Estado Social de Derecho, fundado en los principios
democrático y pluralista, garante de los derechos fundamentales, el cual se
traduce en que determinados temas sean regulados por una categoría especial de
ley caracterizada, a su vez, por  estar sometida a un régimen distinto y
reforzado de adopción, reforma y puesta en vigor, previo el ejercicio de un
control de constitucionalidad. En tal sentido, la defensa judicial de la
Constitución impone trascender el concepto formal de ley, entendida ésta como
el acto normativo adoptado por el Congreso de la República de conformidad con
unos principios constitucionales ( mayoría, publicidad, etcétera ) y un
procedimiento preestablecido, para pasar a uno material, mediante el cual se
evite el menoscabo de los derechos fundamentales por inexistencia de un control
de constitucionalidad efectivo o oportuno.
Referencia: expediente PE- 027
Revisión de
constitucionalidad del decreto 4766 de 2005, “Por el cual se reglamenta la
circunscripción internacional para la Cámara de Representantes.”
Magistrado Ponente:
Manuel José Cepeda Espinosa.
Temas: Decreto ley de contenido estatutario.
Modificación del concepto
formal   de ley.
Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, y no obstante estar de
acuerdo con lo decidido en  sentencia C- 665 de 2006, en la cual se realizó un
control de constitucionalidad sobre el decreto 4766 de 2005, “Por el cual se
reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes.”,
manifiesto que aclaro mi voto, por las razones que paso a explicar.
1.
Evolución jurisprudencial en torno al
control de constitucionalidad sobre normas legales de naturaleza estatutaria
no producidas por el Congreso.
La Corte ha
elaborado unas líneas jurisprudenciales en relación con el contenido y alcance
del control de constitucionalidad que ejerce sobre una nueva variedad de actos
normativos, los cuales han venido a enriquecer el sistema de fuentes
colombiano, conocidos como normas legales no producidas por el Congreso de
naturaleza estatutaria, cuyo fundamento se halla en cláusulas de habilitación
expresas,  contenidas en artículos transitorios de Actos Legislativos. En tal
sentido, en la evolución de la jurisprudencia de la Corte se pueden distinguir
dos categorías de las mencionadas normas ( i ) las proferidas por el Gobierno
Nacional; y ( ii ) las expedidas por órganos constitucionales autónomos, como
lo es el Consejo Nacional Electoral.
1.1. Los
decretos de contenido estatutario proferidos por el Gobierno Nacional.
Un examen atento de
la evolución de la jurisprudencia constitucional en materia de normas legales
de contenido estatutario no producidas por el Congreso de la República sino por
el Gobierno Nacional evidencia que    la Corte ha admitido la existencia en
nuestro ordenamiento jurídico de esta novedosa categoría normativa. Dicha
figura se caracteriza por la existencia, por una parte, de una norma
constitucional habilitante, contenida en el texto de una reforma
constitucional, que adopta la forma de disposición transitoria, y por ende, sin
vocación de permanencia y limitada por determinados contenidos propios de una
ley estatutaria; por otra, se cuenta con un decreto proferido por el Gobierno
con base en dicha habilitación.
En lo que concierne
al control de constitucionalidad que se ejerce sobre los mencionados decretos
se tiene que el mismo es formal y material. Lo primero en cuanto a que la Corte
examina que el decreto haya sido debidamente expedido por el Gobierno Nacional
dentro de los límites temporales fijados por la norma constitucional
habilitante; la segunda variedad de control apunta a determinar si
efectivamente existía en el mundo jurídico la norma constitucional de
habilitación, si el Gobierno Nacional se extralimitó en el sentido de adoptar
disposiciones reglamentarias por fuera de la mencionada habilitación o si aquéllas
resultan ser contrarias a otras disposiciones de la Carta Política.
Ahora bien, en
cuanto al contenido y alcance del control de constitucionalidad llevado a cabo
sobre los decretos de contenido estatutario proferidos por el Gobierno
Nacional, esta Corporación ha considerado que aquél es integral, en el
sentido de abarcar la totalidad del articulado del decreto; oficioso, en
la medida en que no precisa su activación por la vía de la acción pública de
constitucionalidad, sino que el Gobierno Nacional, una vez expedido el decreto,
al igual que sucede con los proyectos de ley estatutaria que deben ser
remitidos por el Congreso de la República, debe enviarlo a la Corte para que
ésta adelante el mencionado examen de constitucionalidad; y  definitivo,
es decir, la sentencia proferida por el juez constitucional en la materia hace
tránsito a cosa juzgada, en los términos del artículo 243 de la Carta Política.
La discusión en el seno de la Sala Plena se ha centrado entonces en relación
con el momento en que dicho control debe ser realizado, esto es, si debe ser previo.
En tal sentido, cabe mencionar que la primera ocasión
con que contó la Corte para examinar el fenómeno de las normas legales de
contenido estatutario proferidas no por el Congreso de la República sino por el
Gobierno Nacional, fue la sentencia C- 972 de 2004, adoptada con ocasión de una
demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el artículo 6º del Decreto 2207 de 2003,
“por medio del cual
se desarrolla el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003, en lo
concerniente a las elecciones departamentales y municipales”.
En dicha oportunidad,
la Corte decidió inhibirse para pronunciarse de fondo sobre el asunto, e
igualmente, le solicitó al Presidente de la República que, dentro de los diez días siguientes a
la notificación de la sentencia, le enviara a la Corte el texto del mencionado
decreto “para proceder a efectuar el control de constitucionalidad
respectivo.” La norma constitucional habilitante, en dicho caso, disponía
que:
“Parágrafo transitorio. El Congreso
reglamentará estas materias. En lo concerniente a las elecciones
departamentales y municipales, tal reglamentación deberá estar lista a más
tardar tres meses antes de su realización. Si no lo hiciere, el Gobierno
Nacional dictará un decreto con fuerza de ley antes del cierre de las
inscripciones correspondientes.”
Al respecto, cabe señalar que el fallo
inhibitorio se fundamentó en que    ( i ) de manera reiterada el juez
constitucional ha considerado que lo relacionado con las funciones electorales,
los movimientos y partidos políticos, debe ser regulado mediante ley
estatutaria, siendo la  financiación de las campañas electorales una parte esencial de esas
materias; ( ii ) para el
caso de los decretos de contenido estatutario resultan inaplicables los
requisitos para la expedición de las leyes estatutarias referidos a que deben
ser aprobadas en una legislatura y acordadas por la mayoría absoluta de los
miembros del Congreso; ( iii ) el control de constitucionalidad  adelantado
sobre aquéllos se caracteriza por ser integral, oficioso y definitivo; y ( iv )
las características de dicho control conllevan a que la Corte deba inhibirse
para conocer acerca de una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra una
disposición aislada del decreto de contenido estatutario, y a solicitarle al
Presidente de la República que remitiera el texto de aquél para efectos de
llevar a cabo un control de constitucionalidad integral.
Pues bien, por mandato de lo decidido en sentencia C-
972 de 2004, la Presidencia de la República envió a la Corte el texto del
decreto 2207 de 2003, para efectos de ser sometido a su control, llevado a cabo
en fallo  C- 523 de 2005 mediante el cual esta Corporación decidió
“Declarar INEXEQUIBLE el Decreto- Ley 2207
de 2003, por no haber surtido el control previo de constitucionalidad”.
Como fundamento para tal decisión se tuvo en cuenta
que ( i ) cuando regulaciones propias de ley estatutaria no sean expedidas por
el Congreso de la República, sino que para ello se habilite excepcionalmente
por la Constitución al Gobierno Nacional, es necesario que tal
normatividad surta el control previo de constitucionalidad, pues si bien se
trata de una situación particular, en cuanto una normatividad ingresa al
sistema jurídico sin haber agotado previamente el proceso legislativo
cualificado establecido por la Constitución para ellas, no por dicha
circunstancia los decretos así expedidos dejan de ser leyes en sentido material,
de contenido estatutario, y con régimen especial propio; ( ii ) si bien, la
particularidad de los decretos - leyes expedidos por el Gobierno Nacional en
virtud de una especial habilitación constitucional transitoria constituye una
excepción al régimen establecido en la Constitución para las leyes
estatutarias, ello sin embargo no implica la facultad para omitir el deber de
someterlas al control previo de constitucionalidad, pues se trata de un
requisito inherente a su propia condición; y ( iii ) resulta a todas luces
contrario a la Carta Política, que un cuerpo normativo mediante el cual se
regula un tema esencial para la vida nacional, y por lo tanto reservado a una
ley estatutaria, despliegue todos sus efectos jurídicos sin la plena certeza en
torno a su compatibilidad con la Constitución. En otras palabras, se pretende
evitar que un acto normativo burle las reglas del sistema político y esto no
pueda ser corregido ni siquiera por una sentencia de constitucionalidad con
efectos retroactivos.
Con posterioridad, la Corte examinó varias
demandas de inconstitucionalidad dirigidas contra los decretos 2637 de 2004 “Por
el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002” y 2697 de 2004
“por el cual se corrigen yerros tipográficos del decreto 2637 del 19 de
agosto de 2004 por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002”.
El primero de los citados decretos fue expedido por el Gobierno Nacional con
base en la siguiente norma de habilitación constitucional, contenida en el Acto
Legislativo 03 de 2002:
“El Congreso de la República dispondrá
hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes correspondientes. Si no lo
hiciere dentro de este plazo, se reviste al Presidente de la República de
facultades extraordinarias, por el término de dos meses para que profiera las
normas legales necesarias al nuevo sistema. Para este fin podrá expedir,
modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la
ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de habeas
corpus, los Código Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto
Orgánico de la Fiscalía.
Así pues, en
sentencia C- 672 de 2005 la Corte decidió declarar inexequibles los decretos
2637 y 2697 de 2004, tomando en consideración para ello que ( i ) se trataba de
una habilitación constitucional condicionada en el tiempo, de carácter
transitorio, limitada por la materia pues tenía por finalidad el proferimiento
de las normas necesarias para el nuevo sistema procesal penal; ( ii ) el
Gobierno Nacional excedió las facultades acordadas por la norma constitucional
habilitante, ya que el decreto no se orientaba a desarrollar las normas legales
requeridas para la puesta en funcionamiento de la nueva estructura básica de
acusación y juzgamiento, sino que modificaba múltiples disposiciones de la ley
estatutaria de la administración de justicia que nada tenían que ver con ese
nuevo modelo de justicia penal; y ( iii ) al margen que al interior de la Corte
existen diferentes posiciones en relación con las características que ofrece el
control de constitucionalidad de que son objeto los decretos de contenido
estatutario, en especial, en lo referente a su carácter previo o posterior, el
juez constitucional estimó que, en el caso concreto, se presentaba una
protuberante extralimitación de funciones.
Por último, la Corte en sentencia C- 665
de 2006, referida a la revisión de constitucionalidad del decreto 4766 de 2005
“Por el cual se reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara
de Representantes”, fallo sobre el cual versa la presente aclaración de
voto, esta Corporación decidió lo siguiente:
“Primero.- Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 4766 de 2005,
“por el cual se reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara de
Representantes.”
Segundo.- Conceder a esta sentencia efectos
retroactivos, a partir del momento  de la expedición del Decreto 4766 de
2005.
Tercero. ENVIAR copia de esta sentencia a los Presidentes del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes, para su conocimiento.
Pues bien, la
razón esencial por la cual esta Corporación decidió declarar inexequible el
mencionado decreto radica en que la habilitación invocada por el Gobierno
Nacional para dictarlo era inexistente al momento de la expedición de aquél. En
otras palabras, en el caso concreto, no se contaba con la norma constitucional
de habilitación. Sobre el particular el fallo aclara que “Al respecto es
importante tener en cuenta que en este caso no se trata de un exceso en el
ejercicio de las facultades extraordinarias, sino de la inexistencia de la
habilitación para legislar que fue invocada en el propio decreto”. A
renglón seguido, la Sala decide acordarle efectos retroactivos al fallo con
base en las siguientes consideraciones:
“Pues bien, atendiendo a que en este caso específico el argumento
para la declaración de inexequibilidad radica en la inexistencia de la
habilitación invocada por el propio decreto, la Corte considera que el decreto
no puede surtir efectos en el ordenamiento jurídico. De una habilitación
inexistente no puede derivarse una norma jurídicamente eficaz, máxime si ésta
tiene un contenido estatutario en el ámbito electoral que incide sobre el
ejercicio de los derechos fundamentales de todos los colombianos residentes en
el exterior. Por lo tanto, se declarará que la sentencia tendrá efectos
retroactivos, a partir del momento  de la expedición del Decreto 4766 de 2005
De tal suerte
que la Corte consideró que el decreto no podía surtir efectos jurídicos en el
ordenamiento jurídico, por cuanto se fundaba en una habilitación constitucional
inexistente, y por ende, el fallo debía tener efectos retroactivos. Así,
aparentemente se abandonó la postura del control previo de constitucionalidad,
pero en realidad se encuentra que primero había que decidir sobre la existencia
de la norma habilitación, para luego entrar a fallar de fondo, con efectos
retroactivos, sobre la inconstitucionalidad del decreto expedido por el
Gobierno Nacional.
El anterior examen de la práctica del
control de constitucionalidad en Colombia sobre normas legales no producidas
por el Congreso de la República sino por el Gobierno Nacional, mediante las
cuales se regulan materias que son de reserva de ley estatutaria, muestra que (
i ) la Corte ha declarado inexequibles normatividades que han pretendido entrar
en vigor antes de ser sometidas al control de constitucionalidad previo de la
Corte; y ( ii ) en ocasiones, el evidente desbordamiento del ejercicio de las
facultades conferidas por la norma constitucional habilitante, en el sentido de
que el decreto persigue finalidades ajenas o extrañas a aquéllas a las
establecidas por la cláusula de habilitación, conducen a la declaratoria de
inexequibilidad de aquél.
1.2. Los
reglamentos de contenido estatutario proferidos por órganos constitucionales
autónomos.
Un examen de la jurisprudencia elaborada
por la Corte en materia de reglamentos de
contenido estatutario proferidos por órganos constitucionales autónomos, como
lo es el Consejo Nacional Electoral, evidencia una clara influencia de aquella
establecida en lo que concierne a decretos de dicha categoría pero expedidos
por el Gobierno Nacional.
En tal
sentido, la evolución en la materia comenzó con la sentencia       C- 155 de 2005, adoptada
con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra el artículo
19 del Reglamento 01 de 2003 del Consejo Nacional Electoral “por
medio del cual se regula el artículo 12 del Acto Legislativo N° 01 de 2003”. En
dicha oportunidad, al igual que sucedió en la citada sentencia C- 972 de
2004, la Corte se declaró inhibida para proferir un fallo de fondo, y asimismo,
le solicitó a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral que, dentro de los
diez días siguientes a la notificación de la sentencia, le enviase a esta
Corporación el texto del Reglamento Nº 01 de 2003 del Consejo Nacional
Electoral, “para proceder a efectuar el control de constitucionalidad
oficioso, definitivo e integral respectivo”. En este caso, la norma
constitucional habilitante, contenida en el Acto Legislativo 01 de 2003,
establecía lo siguiente:
“Parágrafo transitorio. Sin perjuicio del
ejercicio de las competencias propias del Congreso de la República, para las
elecciones de las autoridades de las entidades territoriales que sigan a la
entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltese al Consejo
Nacional Electoral para que dentro del mes siguiente a su promulgación se ocupe
de regular el tema.
El pronunciamiento inhibitorio de esta Corporación se
basó en que ( i ) el Reglamento Nº 01 de 2003 del Consejo Nacional Electoral
regulaba funciones electorales, y por ende, de reserva de ley estatutaria; ( ii
) la autorización concedida mediante el Acto Legislativo implica que en este
caso no podía requerirse que se cumpliera con aquellas exigencias para la
expedición de leyes estatutarias, según las cuales éstas deben ser aprobadas en
una legislatura y acordadas por la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso; ( iii ) la Corte debe ejercer en este caso un control de constitucionalidad
integral, oficioso y definitivo.
Sobre el particular es necesario precisar que, si bien
no se exigió expresamente la realización de un control de constitucionalidad
previo, sí se entendió como necesario; no obstante, por las condiciones especiales
de vigencia de la norma enjuiciada ( versaba sobre elecciones que ya se habían
realizado ), y por el Consejo Nacional Electoral se entendió que se podía hacer
un control posterior.
De igual manera, en cumplimiento de lo decidido en
sentencia C- 155 de 2005, el Consejo Nacional Electoral remitió a la Corte el
texto del Reglamento 01 de 2003, control que fue llevado a cabo mediante fallo
C- 1081 de 2005, normatividad que fue declarada exequible, salvo algunas normas
que fueron declaradas inexequibles. En dicho fallo, a diferencia de lo sucedido
en sentencia C- 972 de 2004 mediante el cual la Corte declaró inexequible un
decreto de contenido estatutario por no haber surtido el control previo de
constitucionalidad, en la referida sentencia el juez constitucional estimó que
la situación era diferente tomando en cuenta que ( i ) la potestad de
regulación que el Consejo Nacional Electoral había recibido para expedir el
Reglamento 01 de 2003 tenía como fuente directa a la Constitución Política; y (
ii ) la circunstancia de que la Corte hubiese pedido la remisión para su
revisión del Reglamento 01 del 25 de julio de 2003, numeración que implica que
la norma entró en vigencia en esa fecha, descartaba que la solicitud hubiese
sido respecto del proyecto de resolución y que, en efecto, el control fuese
previo. En dicha oportunidad, como lo hago en la presente, aclaré mi voto,
exponiendo en detalle cuál es la naturaleza jurídica del Consejo Nacional
Electoral, en tanto que órgano constitucional autónomo e independiente; las
razones por las cuales es factible afirmar que el Reglamento 01 de 2003,
dictado por el Consejo Nacional Electoral, no requería, de manera obligatoria,
someterse al control previo e integral por parte de la Corte Constitucional,
insistiendo al respecto en la naturaleza y alcances de las leyes estatutarias
en el ordenamiento constitucional colombiano, al igual que en las
características de la mencionada normatividad sometida a control de
constitucionalidad.
En suma, es necesario tomar en cuenta que, a
diferencia de los decretos de contenido estatutario expedidos por el Gobierno
Nacional con base en una habilitación constitucional, en el caso de los
reglamentos proferidos por el Consejo Nacional Electoral, órgano constitucional
autónomo, los cuales versan sobre materias que son de la esencia de las
funciones del mismo, no se presenta el inconveniente de la concentración de
poderes públicos en cabeza del Ejecutivo, motivo por el cual no se precisa el
establecimiento de un control de constitucionalidad previo sobre los mismos.
El riesgo de abuso y las dificultades para resolver
sobre la constitucionalidad, son inferiores por la manera como se integral el
Consejo Nacional Electoral ( democráticamente ) y porque existe un
procedimiento interno para la toma de decisiones.
2.
Razones por las cuales los decretos leyes
de contenido estatutario expedidos por el Gobierno Nacional deben ser sometidos
a un control de constitucionalidad previo, a diferencia de aquellos reglamentos
estatutarios proferidos por órganos constitucionales autónomos e
independientes.
Los decretos leyes
de contenido estatutario, proferidos por el Gobierno Nacional con base en una
disposición contenida en un Acto Legislativo   ( norma de habilitación )
deben ser sometidos al control previo de constitucionalidad por parte de
la Corte; por el contrario, aquellos reglamentos, igualmente estatutarios,
expedidos por órganos constitucionales autónomos e independientes, asimismo
adoptados con fundamento en una norma de carácter transitorio, incorporada en
un Acto Legislativo, pueden en situaciones específicas ser  objeto de un
control de constitucionalidad posterior por parte de esta Corte.
En efecto, en el
primero de los casos, la existencia de un control de constitucionalidad previo
se explica por la naturaleza cuasiconstitucional que ofrece la materia
regulada, como lo es, por ejemplo, lo referente al sistema electoral
colombiano. Sin lugar a dudas, la fijación de las reglas de la democracia, y
por ende, el necesario control que debe existir acerca de la conformidad de las
mismas con la Carta Política, constituye uno de los ejes centrales para el
mantenimiento de un Estado Social de Derecho. Se trata, en consecuencia, de
evitar un indeseable desequilibrio de poderes públicos, fenómeno que tendría
lugar si se le permitiera al Presidente de la República, cuya legitimidad
deriva de las mayorías ciudadanas, determinar con amparo en una cláusula
constitucional transitoria de habilitación, regular el funcionamiento de los
partidos políticos, sus fuentes de financiación, las sanciones por
incumplimiento de los topes, es decir, fijar las reglas de acceso al poder al
Congreso de la República o a las Corporaciones Públicas.
En efecto, una de las mayores
preocupaciones del constituyente de 1991 fue aquella de establecer un
procedimiento especial y cualificado para la expedición de una categoría
especial de leyes, denominadas estatutarias, mediante las cuales se asegurara
la regulación de temas esenciales para la vida social, como lo son,  los
derechos fundamentales, los estados de excepción, la administración de justicia
y el régimen electoral y de partidos políticos; normatividades cuya adopción
fuese antecedida por un amplio debate en las cámaras legislativas, con un
control previo formal y material sobre la exequibilidad del proyecto, a fin de
evitar que entraran en vigencia, sin la plena garantía de sujeción a la
Constitución. Tales garantías se ven amenazas por la adopción de decretos
expedidos por el Gobierno Nacional con base en una norma constitucional de
habilitación, dado que aquéllos no son fruto de un debate democrático
adelantado en el seno del Congreso de la República, con participación de las
principales fuerzas políticas del país, riesgo que se ve incrementado de llegar
a estimarse que tales regulaciones no precisan de un control previo por parte
de la Corte; tanto más y en cuanto la materia objeto de reglamentación versa
sobre el sistema político, por cuanto una rama del poder público terminará
decidiendo sobre la conformación y funcionamiento de otra, amenaza que no se
presenta cuando el órgano habilitado constitucionalmente es autónomo, como lo es
el Consejo Nacional Electoral.
Sin lugar a dudas,
el ejercicio de un control previo de constitucionalidad sobre los decretos
leyes estatutarios expedidos por el Presidente de la República, no sólo busca
evitar abusos de poder, sino que busca que disposiciones abiertamente
contrarias a la Constitución puedan desplegar efectos jurídicos con antelación
al examen que sobre las mismas realice la Corte, en conjunción además, con los
efectos ex nunc del fallo de inexequibilidad,  tal y como sucedió, por
ejemplo, con la Ley de justicia y paz, en donde no obstante se produjo una
declaratoria de inconstitucionalidad, los jueces en la aplicación de la ley y
en virtud del efecto hacia el futuro, pueden llegar a entender que la ley sigue
vigente ultractivamente.
En este orden de
ideas, la regla jurisprudencial que ha elaborado la Corte, en el sentido de
considerar que los decretos expedidos por el Presidente de la República
mediante los cuales se regulan materias propias de ley estatutaria deben ser
sometidos al control previo de la Corte, dada la naturaleza jurídica de los
mismos, no puede ser entendida de forma categórica o sin matiz alguno, por
cuanto será necesario tomar en cuenta, en cada caso concreto, ( i ) el
contenido y el alcance de la norma constitucional habilitante; ( ii ) la
autoridad pública encargada de ejercer dicha competencia normativa; ( iii ) la
relación existente entre las facultades constitucionales otorgadas a ésta y el
articulado del decreto o reglamento de contenido estatutario; y ( iv ) la urgencia
o la necesidad de contar con una reglamentación. En tal sentido, en mi
aclaración de voto a la sentencia C- 1081 de 2005 dejé consignado lo siguiente:
“Me interesa subrayar, nuevamente, el
carácter autónomo e independiente del Consejo Nacional Electoral, su derivación
directa del texto constitucional, de donde se desprende así mismo la manera
como debe ser integrado y las funciones que ha de desempeñar. Me parece
relevante insistir en que dada las características y funciones que la
Constitución le confirió al Consejo Nacional Electoral; el contenido del
reglamento relacionado estrictamente con el ámbito dentro del cual han de
ejercerse sus tareas; la urgencia de la reforma y la amenaza de enfrentarse a
vacíos legislativos o a la inexistencia de legislación, había podido el
reglamento empezar a regir en subsidio de legislación, esto es, mientras fuera
factible dictar la legislación correspondiente sin necesidad de haberse
sometido al control previo e integral propio de las leyes estatutarias. Únicamente
de esa manera, creo, se podía dar entero cumplimiento a las disposiciones
constitucionales y que una reglamentación por el Gobierno no proporcionaría las
mismas garantías. En efecto, mientras que la conformación del Consejo Nacional
Electoral es una expresión del pluralismo político, no sucede lo mismo con el
Gobierno Nacional, reflejo de una mayoría política en un momento histórico
determinado.
En suma, a mi
juicio, el decreto 4766 de 2005 solamente podía haber entrado en vigor una vez
efectuado el respectivo control de constitucionalidad por parte de la Corte,
por cuanto, se insiste, se trata de una normatividad mediante la cual se regula
una materia de contenido estatutario. De  hecho, el efecto retroactivo que se
aplica a esta sentencia se explica para producir la misma situación que se da
en el control previo. De tal manera que no se entiende que el decreto estuvo
vigente y que los efectos jurídicos o las situaciones que se deriven de éste
puedan continuar en el ordenamiento. El decreto 4766, al ser declarado
inconstitucional con efectos retroactivos, supone que se retrotraigan los
efectos y equivale a que no ha producido efecto alguno y si éste se dio se debe
entender inexistente. Sólo de esta manera se garantiza que una norma sobre
temas estatutarios no desequilibre las reglas del juego electoral, y por esta
vía, el sistema político colombiano. Se requería una ley estatutaria para que
se puedan celebrar elecciones.
3.
El paso de un concepto formal de ley a
uno material.
El elemento
trascendental de las decisiones adoptadas por la Corte, en el sentido de que
existen decretos o reglamentos de contenido estatutario que debe ser sometidos
a su control, consiste en que se modifica parcialmente el concepto formal de
ley, pasando a uno de carácter material, cuando quiera que se trate, se
insiste, de temas de propios de ley estatutaria, es decir, no resulta admisible
que se recurra a la figura de un decreto gubernamental o de un acto
administrativo de naturaleza general como lo es un reglamento, para menoscabar
las garantías constitucionales que recubren a las materias que son objeto de
una ley estatutaria.
Sobre el
particular, es preciso señalar que ese tránsito de una concepción tradicional y
formal de ley a una material, se explica, desde la teoría constitucional, como
un mecanismo para preservar el control que tiene la Corte Constitucional sobre
las normas que se refieren a materias esenciales para la realización de un
Estado Social de Derecho, fundado en los principios democrático y pluralista,
garante de los derechos fundamentales, el cual se traduce en que determinados
temas sean regulados por una categoría especial de ley caracterizada, a su vez,
por  estar sometida a un régimen distinto y reforzado de adopción, reforma y puesta
en vigor, previo el ejercicio de un control de constitucionalidad.
En tal sentido, la
defensa judicial de la Constitución impone trascender el concepto formal de
ley, entendida ésta como el acto normativo adoptado  por el Congreso de la
República de conformidad con unos principios constitucionales (mayoría,
publicidad, etcétera ) y un procedimiento preestablecido, para pasar a uno
material, mediante el cual se evite el menoscabo de los derechos fundamentales
por inexistencia de un control de constitucionalidad efectivo o oportuno. En
otras palabras, se introduce un concepto material de ley como consecuencia o
efecto del empleo de interpretaciones dirigidas a evitar el ejercicio del
control de constitucionalidad.
Por último,
considero que si bien la concesión de efectos retroactivos que se hace en la
sentencia C- 665 de 2006 tiene sentido en la medida en que con aquélla se
pretende evitar que se abuse de la figura de los decretos leyes estatutarios,
el recurso a dicha técnica jurídica, de manera alguna, sustituye una
declaratoria de inexequibilidad fundada en que la mencionada normatividad no
fue sometida al control de constitucionalidad previo por parte de la Corte. En
otras palabras, modificar la jurisprudencia constante de esta Corporación en el
sentido de declarar inexequibles los decretos de contenido estatutario
expedidos por el Gobierno Nacional, que no han sido sometidos previamente a su
control, por una declaratoria de inexequibilidad con efectos retroactivos,
termina abriendo la puerta para que, en el futuro, se recurra al expediente de
expedir tales normatividades, se adopten decisiones, se configuren hechos
jurídicos cumplidos, los cuales no siempre pueden ser reversados apelando a los
efectos retroactivos del fallo de inexequibilidad, medida que por lo demás
termina siendo optativa para el juez constitucional.
Fecha ut supra.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[2]
En atención a la sentencia, el Decreto 2207 de 2003 fue remitido a la Corte
Constitucional, con el fin de que se cumpliera el control de constitucionalidad
del mismo. En la sentencia C-523 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se
declaró la inconstitucionalidad del decreto. En aquella ocasión salvaron su
voto los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis.
[3]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[4]
Dando cumplimiento a la decisión de la Corte, el Reglamento fue remitido a esta
Corporación para que fuera analizado en su constitucionalidad. Mediante la
sentencia C-1081 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,  la Corte declaró la
exequibilidad de algunas normas y la inexequibilidad de otras. Salvaron su voto
los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Córdova Triviño, Alfredo
Beltrán Sierra y Jaime Araujo Rentería. Aclaró su voto el magistrado Humberto
Sierra Porto.
[5] M.P. Jaime Córdova
Triviño. El Magistrado Rodrigo Escobar Gil salvó parcialmente su voto. Los
magistrados  Humberto Sierra Porto,  Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas
Hernández aclararon su voto.
[6]
M.P. Carlos Gaviria Díaz
[7]
Ver al respecto la exposición de motivos publicada en la Gaceta del Congreso
No. 505 del 8 de septiembre de 2004, pp. 1-2.
[8]
La Corte ya ha decidido conferir efectos retroactivos a sus sentencias en otros
casos. Así lo hizo, por ejemplo, en la sentencia C-149 de 1993, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, en la que se declaró la inconstitucionalidad  de
varios artículos de la Ley 6 de 1992 que autorizaban al Gobierno para emitir
títulos de deuda pública interna  – los llamados bonos de guerra - que debían
ser adquiridos forzosamente por algunos contribuyentes que habían reunido
determinadas condiciones durante el año 2001. La Corte encontró que la medida
era inconstitucional porque imponía un impuesto retroactivo y ordenó al
Ministerio de Hacienda reintegrar a los contribuyentes los dineros pagados por
concepto de los bonos.
Luego, en la sentencia
C-702 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz, se declaró, entre otras cosas, la
inconstitucionalidad del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, que concedía
facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para expedir normas sobre una
serie de asuntos, por cuanto se habían presentado vicios de trámite en su
aprobación. En la sentencia – que contó con varios salvamentos y aclaraciones
de voto, se  declaró la inexequibilidad “a partir de la fecha de promulgación de
la Ley 489 de 1998, por cuanto la Corte encuentra que para que el Congreso
pueda desprenderse legítimamente de la facultad de legislar y conceder, para el
efecto, facultades extraordinarias al Ejecutivo, ha de hacerlo con estricto
sometimiento a los requisitos esenciales que exige la Constitución Política en
el artículo 157 y, por tanto, en este caso las facultades no fueron
legítimamente concedidas nunca.// Al adoptar esta decisión, la Corte
Constitucional se inspira además, en el carácter restrictivo que debe guiar la
interpretación constitucional en materia de facultades extraordinarias al
Gobierno y, en el entendido de que al declararse la inexequibilidad, en este
caso desaparece la norma del ordenamiento jurídico desde el momento mismo de su
promulgación y, por tanto, no puede producir  efecto alguno”.
Otras sentencias en las
que, por distintas razones, se han conferido efectos retroactivos a la decisión
pronunciada son, por ejemplo, las sentencias C-037 de 1994, M.P. Antonio
Barrera Carbonell; C-482 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-870 de 199,
M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-500 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis;
C-619 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y C-754 de 2004, M.P.  Álvaro
Tafur Galvis.