T-429-16
Sentencia T-429/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
El
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el juez
no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, lo que lleva a
vulnerar el derecho de acceso a la administración de justicia. En el evento en
que se controvierta su ocurrencia, deberá verificarse el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales y los
específicos ya reseñados, para que este se configure.
ERROR ARITMETICO EN PROVIDENCIA JUDICIAL-Corrección
CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS Y DE DIGITACION COMETIDOS EN UNA
SENTENCIA-Artículo 310 del C de P. C.
CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS Y DE DIGITACION COMETIDOS EN UNA
SENTENCIA-Juez no tiene la competencia para
reformar o revocar una decisión judicial, so pretexto de corregir un error
aritmético
ADICION DE LA SENTENCIA-Irrevocabilidad
e irreformabilidad de la sentencia
CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS Y DE DIGITACION COMETIDOS EN UNA
SENTENCIA Y ADICION DE LA SENTENCIA-Diferencia
La diferencia
que distingue la corrección de errores aritméticos de la adición, es que la
primera figura, la corrección, es una solicitud que bien puede presentarse en
cualquier tiempo, y no es cualquier razón la que faculta al juez para aclarar o
adicionar su decisión, sino que, para lo primero, deben haberse consignado
conceptos o frases oscuras, confusas que ofrezcan verdadero motivo de duda y
que ameriten ser esclarecidas, siempre que estén contenidos en la parte
resolutiva de la decisión o que influyan en ella; mientras que para la complementación
del fallo, se requiere que se haya omitido un extremo de la litis, o un punto
que, de conformidad con la ley, debía ser objeto de pronunciamiento
obligatorio.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se configura defecto procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto, al negar solicitud de corrección de una
sentencia judicial cuando esta pretende alterar el sentido y alcance de una
decisión en acción de reparación directa
Referencia: expediente 4.050.404
Demandante:   Anyeli Sastre Rodríguez.
Demandados: Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.
Magistrado Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., 11 de agosto de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, y
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la revisión del fallo de tutela proferido por la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 3
de julio de 2013, que modificó la sentencia del 7 de marzo de 2013, dictada por
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, negó el
amparo promovido por Anyeli Sastre Rodríguez contra el Consejo de Estado
“Sección Tercera – Subsección “A” .
El
presente expediente fue escogido para revisión por medio de Auto del treinta y
uno (31) de octubre de dos mil trece (2013), proferido por la Sala de Selección
número diez (10) y repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1.
La solicitud
Anyeli
Sastre Rodríguez, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la
Sección Tercera Subsección A, del Consejo de Estado, por una presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados al incurrir la autoridad
judicial en un exceso ritual manifiesto y desconocer el precedente
constitucional.
La situación fáctica a partir
de la cual se fundamenta la invocación del amparo constitucional, es la que a
continuación se expone:
1.2 Reseña Fáctica
1.2.1 El 14 de febrero de 2001 el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, dictó sentencia en sendos procesos de reparación directa[1] en los que declaró la
responsabilidad del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, por el fallecimiento
del señor José Ramón Sastre Ríos. En la mencionada providencia se ordenó
indemnizar “a cada uno de los hijos del causante”, en cuantía equivalente a 400
gramos oro fino. Se interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia con el fin de que se aumentara la indemnización objeto de
condena.
1.2.2.
El Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “A”, en sentencia del 23 de febrero de 2012, resolvió modificar los
fallos y condenó a pagar la suma de 100 SLMLV a la señora Edmilce Rodríguez de
Sastre (esposa) y a cada uno de sus hijos, Faynor Sastre Rodríguez, James
Sastre Rodríguez, Argenis Sastre Rodríguez, José Fernye Sastre Rodríguez, Luz
Adiela Sastre Rodríguez y Alberis Sastre Rodríguez.  Anyeli Sastre Rodríguez,
quien tenía la condición de hija de la víctima no fue incluida en la parte
resolutiva.
1.2.3.
La Señora Anyeli Sastre Rodríguez fue
relacionada en los hechos de la sentencia de primera instancia y en la página
25 del fallo, al mencionar en la parte resolutiva “los hijos”, razón por la
cual no puede entenderse que fue excluida de la condena proferida en contra del
Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-.
1.2.4.
En la condena de primera instancia y en
distintos párrafos de la sentencia, la indemnización fue concedida para cada
uno de los hijos del causante. Asimismo, la modificación de la sentencia
tampoco excluyó a la accionante, ni revocó la indemnización.
1.2.5.
Anyeli sí hizo parte en el proceso de reparación
directa, puesto que otorgó poder. Asimismo, fue analizado su registro civil de
nacimiento, y se concluyó que se trataba de una hija de la víctima. De manera
expresa el auto admisorio dictado en el proceso de reparación directa, la
incluyó como parte demandante, y fue citada a la audiencia de conciliación como
beneficiaria de la sentencia.
1.2.6.
Fue solicitado el 16 de julio de 2012, a la
Sección Tercera, Subsección “A”, del Consejo de Estado, la aplicación del
inciso 3º del artículo 310 del CPC, y, en consecuencia, se “completara la parte
resolutiva del fallo”.  El Consejo de Estado en la creencia equivocada de que
se trataba de una adición de la sentencia negó la solicitud, teniendo como
fundamento que: “Se advierte que lo pretendido es que se adicione la
mencionada providencia y se declare administrativamente responsable al INVÍAS,
por los perjuicios morales ocasionados a ANYELI SASTRE RODRIGUEZ y, en
consecuencia, se le condene al pago de 100 SMLV a favor de la misma. Según el
artículo 311 del mencionado Código, la sentencia debe adicionarse mediante
sentencia complementaria cuando en ella se omita la resolución de cualquiera de
los extremos de la litis o de cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento… dentro del término de ejecutoria, de
oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.”
Así las cosas, la mencionada solicitud resulta improcedente, en
primer lugar, porque la referida sentencia no omitió ningún punto que debiera
ser objeto de pronunciamiento, como quiera que en las pretensiones de la
demanda se solicitó la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a
(…) y, en segundo lugar, porque la solicitud fue presentada el 16 de julio de
2012, momento en el que la mencionada providencia ya se encontraba ejecutoriada
(término que corrió entre el 6 y el 8 de marzo de 2012, es decir, extemporáneamente.”
1.2.7.
En relación con el mismo tema, en sentencia
T-429-2011, se analizó un caso similar en el que se omitió incluir en la parte
resolutiva de la sentencia el nombre del demandante, pero esa situación se
subsanó, razón por la cual considera que se vulnera el principio de igualdad.
1.2.8.
Como causales de procedibilidad específicas se invoca
el exceso ritual manifiesto y se advierte que el Consejo de Estado al resolver
la petición de “complementación de la sentencia” no tuvo presente que el
derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos
sustanciales, y que al aplicar una normativa distinta del inciso 3º del
artículo 310 del CPC, no subsanó el error por omisión, sino que exigió, de
manera perentoria, que el asunto debía ventilarse en los términos de ejecutoria
de la sentencia como si se tratará de una sentencia complementaria. Que existe
un error por omisión tal y como lo establece el inciso 3º del artículo 310 del CPC,
puesto que Anyeli Sastre Rodríguez accedió a la administración de justicia y
fue beneficiada con la sentencia, en primera instancia, y, en segunda instancia,
se omitió incluirla entre los demandantes.
1.3. Pretensiones
La
demandante solicita el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.  En su criterio, la autoridad judicial
accionada interpreta, de manera equivocada, el inciso 3º del artículo 310 del
CPC. En consecuencia, solicita se ordene a la Sección Tercera del Consejo de
Estado Subsección A, complemente el numeral 5º de la parte resolutiva del fallo
de 23 de febrero de 2012, y se incluya el nombre de la señora Anyeli Sastre Rodríguez
como una de las personas que el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- debe
indemnizar, con ocasión de los hechos ocurridos el 6 de diciembre de 1995.
1.4 Actuaciones y pruebas relevantes en el expediente
En el expediente obran las siguientes pruebas:
-Copia de la demanda en el proceso de reparación directa en contra
de la Nación Colombiana y otros, promovido por Edmilce  Rodríguez de Sastre,
Faynor, James, Argenis, José Ferney y Luz Adiela Sastre Rodríguez  (hijos).[2]
-Copia del auto de admisión de demanda dictado por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle  del Cauca, Sección Primera.[3]
-Copia de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo,
Sala de Descongestión, Sede Cali, del 14 de febrero de 2001, en el proceso de
Reparación Directa de Edmilce Rodríguez de Sastre, y otros, contra la Nación,
Ministerio de Transporte,  e Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-.[4]
-Copia de la sentencia del 23 de febrero de 2012, proferida por la
Sección Tercera Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en el proceso de reparación directa de Edmilce Rodríguez de
Sastre, y otros, contra la Nación, Ministerio de Transporte y otros[5].
-Sentencia del 27 de junio de 2011, proferida por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la acción de reparación directa
promovida por Victoriano Márquez, y otros, contra la Nación- Ministerio de
Defensa, y el Ejército Nacional.[6]
-Auto de 21 de noviembre de 2012, proferido por la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, mediante el cual se
niega la solicitud de adición de la sentencia de 23 de febrero de 2012.[7]
Mediante auto del 24 de enero de 2013, la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, admitió la acción de
tutela y vinculó al Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, como tercero interesado.[8]
1.5. Respuesta de los entes accionados
El Instituto Nacional de Vías –INVÍAS-
El Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, manifestó que las
afirmaciones hechas por la demandante debe probarlas. Que la tutela resulta
improcedente pues se trata de un asunto litigioso, razón por la cual solicita
negar la protección de los derechos fundamentales solicitados.
Consejo de Estado, Subsección A, Sección Tercera
La Sección Tercera, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, considera que no es procedente la acción
de tutela puesto que la demandante pretende subsanar su error a través del
mecanismo constitucional, mientras que lo que debió solicitar fue la adición de
la sentencia, petición que presentó de manera extemporánea –pasados 4 meses-.
Que el nombre de la accionante no aparece mencionado ni siquiera en el
encabezamiento de la demanda de reparación directa, como tampoco en las
pretensiones. Aduce, además, que el hecho de que en el auto admisorio de la
demanda, el Tribunal haya incluido como demandante al accionante no cambia las
cosas, puesto que la condena no fue individualizada. Así mismo, la sentencia
fue apelada por ambas partes, lo que se traduce en la facultad que tiene el
juez de segunda instancia para decidir  el asunto sin limitaciones, de
conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil y, en
consecuencia, la Corporación hubiere precisado los nombres de las personas a
cuyo favor se producía la condena, en armonía con lo solicitado en las
pretensiones de la demanda.
1.6. Decisiones de Instancia
1.6.1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
Mediante providencia del 7 de marzo de 2013, negó la tutela por
improcedente, en consideración a que esta no procede
contra decisiones judiciales de los órganos de cierre. Adicionalmente,
consideró que la sentencia que se controvierte se encuentra debidamente
motivada y cuenta con una carga argumentativa razonable. Señala que no se
configura ninguna de las causales específicas que, de manera excepcional, hagan
procedente el amparo solicitado.
1.6.2. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta
A través de sentencia del 3 de julio de 2013, resolvió modificar la
sentencia del 7 de marzo de 2013, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, que negó por improcedente la acción, para, en su lugar, negar el
amparo. La conclusión a la que llega es que las providencias contienen una
argumentación razonable de cara al problema jurídico planteado, y la omisión en
la inclusión de la actora en la parte resolutiva del fallo no obedeció a error
imputable a la autoridad judicial accionada.  Frente al presunto
desconocimiento del derecho a la igualdad, al efectuarse el test en torno a la
identidad fáctica y jurídica, considera que: en el proceso, el actor “había
instaurado oportunamente la acción de reparación directa y en relación con el
mismo se incluyeron pretensiones indemnizatorias en el libelo introductorio,
contrario a lo que ocurre en el sublite”
1.7. Actuaciones en sede de revisión
Mediante auto del 16 de enero de 2014, fue solicitado el envío del
expediente contentivo del proceso de reparación directa iniciado por Edmilce
Rodríguez de Sastre y otros contra La Nación- Ministerio de Transporte-
Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- con radicado 22.801.
Fue requerido el Tribunal Administrativo de Cali, a efectos de que
remitiera a la Corporación el expediente contentivo del proceso de reparación
directa, motivo por el cual fueron suspendidos los términos de la presente
acción de tutela.[9]
1.8. Trámite surtido ante la Sala Plena de la Corporación
Conforme a lo previsto en el artículo 61 del Reglamento de la
Corte Constitucional, el Magistrado sustanciador informó en su oportunidad a la
Sala Plena[10]
sobre una circunstancia relevante en este caso: el tratarse de una demanda de
tutela contra una sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 23 de febrero de 2012. La Sala Plena del 10 de agosto de 2016,
dispuso que el caso sub examine fuera revisado por la Sala Cuarta de
Revisión de la Corporación.
II.      FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SALA
1.      Competencia
A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es
competente para revisar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, del
3 de julio de 2013, que modificó la sentencia del 7 de marzo de 2013, dictada
por la Sección Cuarta de esa misma Corporación que declaró improcedente la
acción de tutela y, en su lugar, negó el amparo, en la acción promovida por
Anyeli Sastre Rodríguez contra el Consejo de Estado “Sección Tercera –
Subsección A-. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86
y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación
del caso, problema jurídico y esquema de solución
El
Tribunal Contencioso Administrativo, Sala de Descongestión de Cali, en
sentencia del 14 de febrero de 2001, condenó al Instituto Nacional de Vías
-INVÍAS- al pago: “para cada uno de los hijos del causante Señor José Ramón
Sastre Ríos, el equivalente en moneda legal colombiana de CUATROCIENTOS (400)
GRAMOS ORO FINO.”[11] En el proceso de
reparación directa promovido por “Edmilce Rodríguez Sastre (esposa), Faynor,
James, Argenis, José Ferney y Luz Adiela Sastre Rodríguez (hijos).[12]
Mediante
sentencia del 23 de febrero de 2012, la Sección Tercera, Subsección A, de la
Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, resolvió los
recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada. En su numeral
5º, condena al Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, a pagar por concepto de
perjuicios morales, la suma de 100 SMLV a: Edlmice Rodríguez Sastre (esposa),
Faynor Sastre Rodríguez (hijo), James Sastre Rodríguez (hijo), Argenis Sastre
Rodríguez (hijo), José Ferney Sastre Rodríguez (hijo), Luz Adiela Sastre
Rodríguez (hija).[13]
La providencia quedó ejecutoriada el 8 de marzo de 2012.[14]
En
auto del 21 de noviembre de 2012, se resolvió  la solicitud presentada por la
apoderada de la parte demandante, el 16 de julio de 2012, en la cual, con
fundamento en el artículo 310 del CPC[15],
solicitó “completar la sentencia de segunda instancia”.  La Sección
Tercera consideró que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 CPC,[16] la
solicitud resultaba improcedente puesto que la sentencia no omitió ningún punto
que debiera ser objeto de pronunciamiento.  En las pretensiones de la demanda
se solicitó la indemnización de los daños y perjuicios de cada uno de los hijos,
y no fue mencionada la señora Anyeli Sastre de Rodríguez, de igual manera, la
solicitud fue presentada de manera extemporánea.
Con fundamento en los hechos y
las decisiones tomadas, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si la Sección Tercera, Subsección A, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al no aplicar el inciso 3º del artículo 310 del CPC, a efectos de complementar el
numeral 5º de la parte resolutiva del fallo de 23 de febrero de 2012, e incluir
el nombre de la señora Anyeli Sastre Rodríguez como una de las personas que el
Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- debe indemnizar, con ocasión de los hechos
ocurridos el 6 de diciembre de 1995.
Con el fin de dar respuesta al
problema jurídico, la Sala analizará los siguientes temas: (i) La procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales -causales genéricas y específicas-;
(ii) la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por exceso ritual
manifiesto, reiteración de jurisprudencia; (iii)
la corrección aritmética y la adición de la sentencia; y finalmente, (iv) el estudio
del caso en concreto.
3.
Legitimación por activa
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados. En esta oportunidad, la
señora Anyeli Sastre Rodríguez, actúa en defensa de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
4.
Legitimación por pasiva
Mediante
sentencia C-592 de 1993, la jurisprudencia constitucional admitió la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Al
respecto, en la referida sentencia se dijo que aquello solo sería posible cuando
el pronunciamiento del funcionario judicial incurriera en una vía de hecho,
entendida como una decisión notablemente arbitraria.
A partir de
la sentencia C-590 de 2005, fue superada la tesis según la cual la procedencia
de la tutela estaba sujeta a la configuración de una vía de hecho. E En dicho
proveído la Corte estableció nuevas las causales de procedencia y
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en los términos que más adelante se explicarán.  En el caso sub examine la
accionante considera que la Sección Tercera, Subsección A, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, y acceso a la administración de justicia.
5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
5.1. La sentencia C-543 de 1992[17],
por medio de la cual se decidió una demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, resolvió declararlos inexequibles
y, por unidad normativa, el artículo 40[18]
del mismo decreto. Dicha providencia hizo referencia a la procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales. Al respecto dispuso que:
“Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela
porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo,
ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.  Tampoco
puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que
su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un
medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha
adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una
acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho
mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial
de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento
definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia
es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes. En el sentir
de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de
la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su
conclusión y ejerció los recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a
las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de
impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a
claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el
interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede
acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus
pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el
principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la
acción.
(…)
Vistas así las cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo
de esta acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que
unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de
los derechos, es decir, constituyen por definición ‘otros medios de defensa
judicial’ que, a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla
general la acción de tutela.
(…)
La acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia
paralelo al que ha consagrado el ordenamiento jurídico en vigor. El
entendimiento y la aplicación del artículo 86 de la Constitución tan solo
resultan coherentes y ajustados a los fines que le son propios si se lo
armoniza con el sistema. De allí que no sea comprensible como medio judicial
capaz de sustituir los procedimientos y las competencias ordinarias o
especiales, pues ello llevaría a un caos no querido por el Constituyente.”
5.2. En observancia de lo adoctrinado por esta Corporación, el
ejercicio de la acción de tutela no es procedente para controvertir decisiones
judiciales proferidas dentro de un proceso que ha cumplido con las diversas
etapas prescritas por la ley y, dentro del cual, se han agotado los recursos
respectivos, que han llevado a una decisión final sobre el asunto en discusión.
Sin embargo, también se ha establecido por esta Corte que, en dichos eventos,
el amparo por vía constitucional es de carácter excepcional, es decir, que solo
procede en aquellas circunstancias en que se evidencia una grave actuación de
hecho por parte de los jueces ordinarios. Ello, en razón del respeto al
principio de cosa juzgada y de preservar la seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de la actividad jurisdiccional del Estado, así como el
sometimiento general de los conflictos a las competencias ordinarias de cada
juez[19].
Adicionalmente, la sentencia C-543[20]
de 1992, señaló:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda
dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por
la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno
contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
5.3. Debido al carácter excepcional y restrictivo de la acción de
tutela para controvertir decisiones judiciales, y bajo la perspectiva de un
nuevo enfoque, en el que el concepto de vía de hecho perdió protagonismo, esta
Corporación, a través de su jurisprudencia, ha establecido unos requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción constitucional. Los
primeros, también llamados requisitos formales, son aquellos presupuestos que,
el juez constitucional debe verificar, para que pueda entrar a analizar de
fondo el conflicto planteado. En cuanto a los requisitos especiales, también
llamados materiales, corresponden concretamente a los vicios o defectos
presentes en la decisión judicial y que constituyen la fuente de vulneración de
los derechos fundamentales[21].
5.4. De acuerdo con lo anterior, la Sentencia C-590 de 2005[22],
proferida con fundamento en los precedentes recogidos a partir de la Sentencia
C-543 de 1992[23],
y reiterada posteriormente, la Corte señaló los requisitos generales, a cuyo
tenor son:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[24].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[25].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[26].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[27]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[28]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[29]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
(Negrilla fuera del texto original).
5.6. Verificados y cumplidos todos los requisitos generales o
formales, se hace procedente el estudio de fondo, por parte del juez
constitucional, del recurso de amparo contra una decisión judicial. Ahora,
aquél debe entrar a estudiar si la providencia acusada ha incurrido, al menos,
en uno de los vicios que se han identificado por la jurisprudencia y, por
tanto, que ello genere la violación de derechos fundamentales. Estos requisitos
especiales o materiales, fueron reiterados por esta Sala de Revisión en la
sentencia T-867 de 2011[30],
de la siguiente manera:
“a. En un defecto orgánico.
El cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras
palabras, tal defecto se estructura en los eventos en que la decisión
cuestionada vía  tutela, ha sido proferida por un operador jurídico
jurídicamente incompetente.
b. En un defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado completamente al margen
del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se aparta abiertamente y
sin justificación válida, de la normatividad procesal que era aplicable al caso
concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que al ignorar completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez
termina dictando una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera
derechos fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que
para configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a
los siguientes requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto,
que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la
deficiencia no resulte atribuible al afectado.
Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado que se configura un defecto
procedimental, en los siguientes casos: (i)  cuando se deja de notificar una
decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la
oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de
notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se deriva de un
error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real, lo
cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por
otros medios,  no procederá la tutela; (ii) cuando existe una dilación injustificada,
tanto en la adopción de decisiones como en el cumplimiento de las mismas por
parte del juez; cuando la autoridad judicial pretermite la recepción y el
debate de unas pruebas cuya práctica previamente había sido ordenada; y (iii)
cuando  resulta evidente que una decisión condenatoria en materia penal,
se produjo como consecuencia de una clara deficiencia en la defensa técnica,
siempre que sea imputable al Estado.
c. En un defecto fáctico.
Este surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces,
siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a
deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la
intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso,
radica en que, no obstante las amplias
facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis
del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la
sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. En ese contexto, La Corte ha explicado que las deficiencias
probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto
de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia
probatoria; (ii) o por vía  de una acción positiva, como puede ser la errada
interpretación de las pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas
que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso
concreto, presentándose, en el primer caso, un defecto por interpretación
errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba.
En punto a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el
juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha
fijado los siguientes criterios de aplicación:
-
La intervención del juez de tutela, frente al
manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente
reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del
juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen
exhaustivo del material probatorio.
-
Las diferencias de valoración que puedan
surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse
como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el
juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana
critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se
ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no
sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de
la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las
pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
-
Para que la acción de tutela pueda proceder
por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de
tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[31].
d. En un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial adoptada por el juez,
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al
sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al caso concreto.
Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando una decisión
judicial se soporta en una norma jurídica  manifiestamente equivocada, que la
excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella pasa a ser
una simple manifestación de arbitrariedad,  que debe dejarse sin efectos, para
lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y apropiado. Al
respecto, ha explicado la Corte que tal situación de arbitrariedad se presenta
cuando se aplica: (i) una norma inexistente;
(ii) o que ha sido derogada o declarada inexequible; (iii) o que estando
vigente, resulta inconstitucional frente al caso concreto y el funcionario se
haya abstenido de aplicar la excepción de inconstitucionalidad; (iv) o que
estando vigente y siendo constitucional, la misma es incompatible con la
materia objeto de definición judicial.
f. En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal ha sido
víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a la
adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos eventos,
la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización
participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia
-autoridades o particulares-, y cuyo manejo irregular induce en error al
funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de
alguna de las partes o de terceros.
g. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les
competen proferir.
h. En desconocimiento del
precedente judicial. Se presenta en aquellos casos en los cuales la
autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se aparta del precedente
jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación jurídica que justifique tal cambio de
jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se presenta
igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley, fijado por
la Corte Constitucional con efectos erga omnes.
i. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la
Carta Política.”
5.7. Sobre la base de lo expuesto, la acción de tutela procede
contra providencias judiciales siempre que se cumplan los requisitos generales
de procedibilidad, la decisión cuestionada por esta vía haya incurrido en uno o
varios de los defectos o vicios específicos y, a su vez, el defecto sea de tal
magnitud que implique una lesión o afectación a los derechos fundamentales del
tutelante.
6. La vulneración del derecho fundamental al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, por exceso ritual
manifiesto, reiteración
6.1. De conformidad con lo señalado en el artículo 29[32], 228 de la
Constitución Política[33]
y el artículo 4º del CPC[34],
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, debe dar
prevalencia y efectividad a los derechos reconocidos por la ley sustancial.  En
esa medida, la Corte ha encontrado que puede producirse un defecto
procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego
excesivo a las formas, se aparta de sus obligaciones de impartir justicia. Buscar
que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más
posible a la verdad real, garantizar la efectividad
de los derechos constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que
trunquen la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia y de los derechos materiales,
constituye un deber del funcionario judicial, pues los procedimientos
judiciales son medios para alcanzar la
efectividad del derecho y no fines en sí mismos.[35]
6.2. El defecto procedimental implica una afectación a dos
tipos de garantías constitucionales: 1) el derecho al debido proceso, en el
cual se produce un defecto absoluto cuando el funcionario judicial se aparta
del procedimiento legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno
al autorizado o porque omite una etapa sustancial; y 2) el derecho al acceso a
la administración de justicia.  Se configura un defecto, cuando se incurre en un
exceso de ritual manifiesto, es decir, cuando “un funcionario utiliza o
concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de
justicia.”[36]
6.3. Para estos efectos, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que el funcionario
judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la
realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el
caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal,
(iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales.[37]
6.4. Asimismo, la Corte ha reconocido el defecto por
exceso  ritual manifiesto, en eventos en los cuales el juzgador no acata en una
vulneración del mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, o del derecho
al acceso a la administración de justicia por (i) aplicar en forma inflexible
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de los derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos
formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan
constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas.[38]
6.5.
Ahora bien, respecto de los requisitos específicos de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, cuando se alega la estructuración de
un defecto procedimental absoluto o por exceso ritual manifiesto, el precedente
considera que aquellos son:
“´(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por
ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela;
(ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se
acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al (sic) interior
del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con
las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo
anterior, se presente una vulneración a los derechos fundamentales”[39]
6.6.
En síntesis, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta
cuando el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, lo
que lleva a vulnerar el derecho de acceso a la administración de justicia. En
el evento en que se controvierta su ocurrencia, deberá verificarse el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia contra providencias
judiciales y los específicos ya reseñados, para que este se configure.
7. La
corrección aritmética y la adición de la sentencia
7.1 Conforme
lo establece el estatuto procesal civil[40], las sentencias que pongan fin
a un proceso, no pueden ser revocadas, ni modificadas por el juez que las
dictó, es decir, se entienden inmutables, y solo en caso de que proceda y se
resuelva favorablemente un medio de impugnación, esta puede ser reformada, pues
se entiende que las mismas se tornan inmodificables, a menos que prospere un
medio de impugnación y este se interponga ante el superior. Sin embargo, ante
irregularidades que no resulten sustanciales ya sea porque existan frases
dudosas, o por incurrir en errores aritméticos, de omisión o de alteración de
palabras, o porque se omite el pronunciamiento sobre algún extremo de la litis, surge la posibilidad de utilizar alguna de las
figuras que contemplaba el Código de Procedimiento Civil en los artículos 309 a
311, la cuales facultan al juez de oficio o previa solicitud de una de las
partes, a aclarar, corregir o adicionar las sentencias. Tal norma se cita por
ser la que regulaba actuación procesal objeto de discusión.
7.2 De la corrección de
errores aritméticos
El artículo 310 del CPC, disponía que: “toda providencia en que
se haya incurrido en error puramente aritmético es corregible por el juez que
la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto
susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación
y revisión.
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto
se notificará en la forma indicada en los númerales1 y 2 del artículo 320.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de
error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.”[41]
7.3
Tanto la Doctrina, como la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la
Jurisdicción Ordinaria, han decantado que este tipo de error es predicable de
aquellas situaciones en las que se presenta equívoco en un cálculo meramente aritmético, cuando la operación matemática ha sido
mal realizada. En consecuencia, su corrección se contrae a efectuar
adecuadamente la operación aritmética erradamente realizada, sin llegar a
modificar o alterar los factores o elementos que la componen. En otras
palabras, la facultad para corregir, en cualquier tiempo, los errores
aritméticos cometidos en una providencia judicial (artículo 310 del CPC), no
constituye un facultad de modificar otros aspectos - fácticos o jurídicos -
que, finalmente, impliquen un cambio del contenido
jurídico sustancial de la
decisión.[42] Esta posición también ha sido
reiterada por el Consejo de Estado, de tal manera que, le está vedado al juez
modificar los fundamentos fácticos o jurídicos de una providencia, hacerlo
sería actuar por fuera del marco de sus competencias.
7.4
Con esa misma orientación, el precedente de la Corporación ha dicho que esta
figura tiene un alcance restrictivo y limitado, pues no puede ser utilizada
como herramienta válida para alterar el sentido y alcance de una decisión mediante
una nueva evaluación probatoria, aplicando fundamentos jurídicos distintos, o
inobservando aquellos que sirvieron de sustento a la decisión.[43]
7.5 En relación con el alcance de la norma en cuanto a la corrección
por omisión, o por cambio o alteración de palabras,  siempre y cuando estén
contenidos en la parte resolutiva de la decisión judicial o influyan en ella,
el precedente constitucional recoge lo dispuesto por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, que ha reseñado lo siguiente: “Los errores
de omisión a los cuales hace referencia el artículo 310 son exclusivamente
yerros meramente formales, por razón de la ausencia de alguna palabra o de
alteración en el orden de éstas, y no de la omisión de puntos que quedaron
pendientes de decisión, cuyo remedio se realiza con base en lo dispuesto
en el artículo 311 del C.P.C.”(…)” En la primera existen dos extremos
(idea y realidad), mientras que en el caso de la omisión, si bien se configura
un supuesto fáctico, no hay idea. Por tal razón, el mecanismo contenido en el
310 del C.P.C. sólo se puede utilizar en el punto al primer caso, esto es,
cuando existan errores aritméticos o errores del lenguaje derivados de olvido o
alteración de palabras (incluidas en la parte resolutiva o de influencia en
ella), más no cuando hubo omisión del algún punto que se le haya propuesto al
juez o que éste ha debido pronunciar. Para este último, existe el mecanismo de
la adición, consagrado en el artículo 311 del C.P.C."[44]
7.6
La precedente orientación jurisprudencial es clara al señalar que el juez con
el pretexto de corregir un error aritmético, no tiene la competencia para
reformar o revocar una decisión judicial, pues hacerlo implica una vulneración
del derecho fundamental al debido proceso, razón por la cual se incurre en vía
de hecho por los defectos orgánico y procedimental, cuando se utiliza
erróneamente la figura prevista en el artículo 310 del Código de Procedimiento
Civil, con el propósito de complementar, reformar o revocar las sentencias que
se encuentran plenamente ejecutoriadas, desconociendo que para lograr tal fin,
es indispensable hacer uso, en los términos de ley, de los recursos de
impugnación previamente establecidos en el ordenamiento jurídico. Ello ocurre
básicamente por las razones que a continuación se exponen:
“Existe un defecto procedimental, ya que al producirse la
reforma o revocatoria de la sentencia por el juez que la pronunció, a pesar de
estar plenamente ejecutoriada dicha providencia judicial, se presenta una
desviación de las formas propias de cada juicio, al hacer uso indebido de una
figura procesal (la corrección de errores aritméticos y otros) que carece de
idoneidad para convalidar la modificación de una decisión que ha hecho tránsito
a cosa juzgada.
Se presenta un defecto orgánico pues una vez se
encuentra ejecutoriada una sentencia, el juez que la pronunció carece de
competencia funcional para llevar a cabo su reforma, modificación o revocatoria,
a través del instituto de la corrección de errores aritméticos y otros.”[45]
7.7.
Adición de la sentencia
El artículo 311 del Código de Procedimiento
Civil,[46]
norma  vigente para el momento  en que se surtió el trámite aquí dilucidado,
disponía que: “Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los
extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley
debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada dentro del mismo término.
El superior deberá complementar la
sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero
si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos sólo podrán adicionarse de oficio
dentro del término de ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo
término.”
7.8. De conformidad con la jurisprudencia de la
Sala de Casación Civil, la adición de la sentencia procede cuando se pretermita
un pronunciamiento expreso respecto de algunos de los extremos del litigio. Se
persigue entonces que el juez se pronuncie, afirmativa o negativamente, sobre
un punto que debió ser objeto de la decisión, sin que esto signifique que pueda
reformarse o revocarse lo ya decidido.[47]
7.9. En resumen,
la regla general es, por tanto, la irrevocabilidad e irreformabilidad de la
sentencia. Sin embargo, la diferencia que distingue la corrección de errores
aritméticos de la adición, es que la primera figura, la corrección, es una
solicitud que bien puede presentarse en cualquier tiempo, y no es cualquier
razón la que faculta al juez para aclarar o adicionar su decisión, sino que,
para lo primero, deben haberse consignado conceptos o frases oscuras, confusas
que ofrezcan verdadero motivo de duda y que ameriten ser esclarecidas, siempre
que estén contenidos en la parte resolutiva de la decisión o que influyan en
ella; mientras que para la complementación del fallo, se requiere que se haya
omitido un extremo de la litis, o un punto que, de conformidad con la ley,
debía ser objeto de pronunciamiento obligatorio.
7.10. De manera
que no es cualquier inconformidad de las partes la que puede ser aducida a fin
de lograr la aclaración o adición del proveído sino, justamente, alguno de los
motivos específicamente señalados en las normas que se han reseñado.
8. Caso en
concreto
8.1 El problema jurídico que
debe resolver la Sala se contrae a establecer si
la Sección Tercera, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo,
del Consejo de Estado, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, al no aplicar el inciso 3º del artículo
310 del CPC, a efectos de complementar el numeral 5º de la parte resolutiva del
fallo de 23 de febrero de 2012, e incluir el nombre de la señora Anyeli Sastre
Rodríguez como una de las personas que el Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-
debe indemnizar, con ocasión de los hechos ocurridos el 6 de diciembre de 1995,
cuando en la vía que conduce de la Unión a Roldanillo, por la Troncal del
Pacífico, Jurisdicción del Departamento del Valle, perdió la vida el señor José
Ramón Ríos, al chocar contra un vehículo. Siniestro que ocurrió en virtud del mantenimiento
defectuoso de la carretera.
8.2 Actuaciones
relevantes en el proceso de Reparación Directa
8.2.1 La demanda
en el proceso de reparación directa fue presentada el 21 de agosto de 1996,[48] contra la Nación
Colombiana, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías
-INVÍAS-, mediante apoderado, por los señores Edmilce Rodríguez de Sastre, (esposa),
Faynor, James, Argenis, José Ferney, y Luz Adiela Sastre Rodríguez (hijos).  La
accionante otorgó poder a un abogado, según  memorial que obra a folios 1 y 2
del expediente. Así mismo, en el capítulo II de la demanda aparece relacionada
Anyeli  Sastre Rodríguez como hija legítima y demandante en el proceso.
8.2.2. La
demanda fue admitida mediante auto del 13 de septiembre de 1996.[49]  En providencia del 13
de mayo de 1997, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle decretó las
siguientes pruebas: recepción de testimonios, las documentales acompañadas con
la demanda, se ordenó librar oficios al DANE, Banco de la República, Fiscalía
No. 23 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, con sede en la Unión,
Ministerio de Transporte y al Director del Instituto Nacional de Vías, con el
fin de solicitar distintos documentos relevantes al proceso.[50]
8.2.3. Fue
celebrada audiencia de conciliación el 23 de julio de 1998, ante el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, a la que comparecieron los
apoderados de las partes, sin que se llegará a un acuerdo conciliatorio.
8.2.4. Mediante
sentencia No. 118 del 14 de febrero de 2001, fue proferida condena en el
proceso de reparación directa.  En el numeral 5º se dispuso: “CONDENAR al
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVÍAS”, y a la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA
S.A., a pagar por concepto de perjuicios morales a los actores así: a) el
equivalente en moneda legal colombiana de OCHOCIENTOS (800) GRAMOS ORO FINO,
para la señora EDMILCE GUTIERREZ DE SASTRE, en calidad de cónyuge supérstite. b)
para cada uno de los hijos del causante, Señor JOSE RAMON SASTRE RIOS, el
equivalente en moneda legal colombiana de CUATROCIENTOS (400) GRAMOS ORO FINO”.[51] (Resaltado fuera del
texto).
8.2.5. La
sentencia fue apelada por la parte demandada, quien solicitó su revocatoria. La
Previsora S.A., Compañía de Seguros, llamada en garantía, presentó memorial,
con el fin de aclarar la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo
311 del CPC, en  cuanto a “si la condena decidida en el numeral 5 de la
sentencia proferida se circunscribe a la concurrencia del valor asegurado y si
el término condena, se puede entender como “restitución” del valor de condena a
que fue condenado la parte demandada”, la cual fue resuelta mediante
sentencia complementaria del 20 de abril de 2001, en la que se adicionó en el
sentido de que también tendría que responder la Previsora S.A. Compañía de
Seguros.[52]
8.2.6. Presentó
solicitud de adhesión al recurso de apelación la parte demandante. El motivo de
su inconformidad fue 1) la dosificación de los daños y perjuicios, pues no
existe razón para que se haya disminuido el quntum de la indemnización,
sin motivar la decisión.  Adicional a lo anterior, 2) pide se revoque la “absolución
de la Nación Colombiana, para que sea condenada solidariamente”, e incremente
la indemnización a 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes, o las
sumas que en equidad actualicen el perjuicio causado.
8.2.7. La Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia
del 23 de febrero de 2012, modificó las sentencias proferidas y, en su numeral
5º, dispuso el pago de las condenas a favor de: Edlmilce (esposa), Faynor,
James, Argenis, José Ferney, Luz Adiela, Alberis.[53]
8.2.8 La
providencia de 21 de noviembre de 2012, proferida por la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, resuelve la solicitud de complementación
de la sentencia, presentada por la parte demandante el 16 de julio de 2012. Niega
la adición de la sentencia, puesto que no se omitió pronunciamiento respecto de
los extremos de la litis, y además considera que dicha solicitud es
extemporánea.
8.3. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela.  Requisitos
Generales
Ante todo cabe advertir que el tema en discusión
reviste relevancia constitucional, si se tiene en cuenta que la decisión se
centra en cuestionar lo decidido en segunda instancia respecto de aspectos
procesales que, según la parte demandante, constituyen un exceso ritual
manifiesto, y, por consiguiente, en su opinión, vulneran su derecho fundamental
al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
8.4. Que la actuación haya respetado el principio de
inmediatez
Advierte la Sala que esta causal de procedencia se
cumplió, pues se observa que la tutela fue presentada el 23 de enero de 2013[54], un poco más de tres
meses después de proferido el auto por la Sección Tercera, Subsección A, del
Consejo de Estado, que negó la solicitud de complementación.
8.5 Que no se trate de una sentencia de tutela
La actuación que se controvierte es la proferida por la
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, en el trámite de un
proceso de reparación directa, y no de una acción de tutela.
8.6 Que se haya cumplido con el principio de
subsidiariedad, y que la irregularidad procesal que se alegue tenga un efecto
directo sobre la decisión de fondo que se impugna
La providencia que decide la solicitud de corrección de
la sentencia, no es susceptible de recursos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 310 del CPC.
8.7 Del fallo del Consejo de Estado y la existencia
de un exceso ritual manifiesto
8.7.1 La Sala procede al análisis de los requisitos de
procedencia respecto de la configuración de un defecto procedimental por la
existencia de exceso ritual manifiesto:
8.7.2
Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela.
La irregularidad que se alega consiste en la no inclusión del
nombre de la accionante en la parte resolutiva de la sentencia de segunda
instancia, proferida por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de
Estado.  Considera la accionante que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 310 del CPC inciso 3º, existe un error por omisión, pues en distintas
actuaciones del proceso, y en la sentencia de primera instancia no se excluyó a
la accionante al momento de proferir condena en los siguientes términos: “a los
hijos del causante”.
El fallo de segunda instancia se encuentra actualmente
ejecutoriado, de tal manera que contra él no procede ningún recurso.[55]  Así
las cosas, solo cabe la solicitud de corrección aritmética, lo que intentó la
accionante,  a quien le fue negada, en consecuencia, concluye la Sala que no
existe otro mecanismo judicial para corregir la irregularidad alegada.
8.7.3 Que el defecto
procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulneratorio de los derechos fundamentales;
A juicio de la accionante, la providencia del 21 de noviembre de
2012, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, al existir un exceso ritual manifiesto, pues no se
dio prevalencia al derecho sustancial sobre las formas en aras de garantizar así
la justicia material.
La sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle, condenó al Instituto Nacional de Vías
-INVÍAS- y a la Compañía de Seguros la Previsora a pagar a cada uno de los
hijos del causante perjuicios morales. Aunque el Tribunal no discriminó el
nombre de los descendientes en la parte resolutiva de la sentencia, al momento
de relacionarlos en los antecedentes, incluyó a la accionante en el capítulo de
los hechos de la demanda. En la parte motiva de la sentencia, se encuentra que al
momento de examinar la legitimación de los actores (hijos), para obtener las
indemnizaciones solicitadas, manifiesta el Tribunal que fueron allegados al
proceso, los registros civiles de nacimiento de los hijos del señor José Ramón
Sastre Ríos: “FAYNOR, JAMES, ARGENIS JOSÉ FERNEY Y LUZ ADIELA SASTRE RODRÍGUEZ”,
todos mayores de edad, razón por la cual concluye, que son estas personas a las
que les corresponde el pago de las pretensiones.[56]
Pues bien, la sentencia de segunda instancia, resuelve el recurso
de apelación, interpuesto por los apoderados de la parte demandante y
demandada.  En la parte motiva y resolutiva de la sentencia, en relación con la
condena a favor de los hijos del causante: “Faynor, James, Argenis, José
Ferney, y Luz Adiela Sastre Rodríguez”, fue modificada la condena y se fijó
la suma de 100 salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno de ellos, sin
que se mencionara a la señora Anyeli Sastre Rodríguez.
Sin duda, la no inclusión de la demandante en la parte resolutiva
del fallo de segunda instancia puede constituir un error que efectivamente le
impide a la accionante hacer efectiva la condena a que hubiere lugar.  Y, ante la
ejecutoria de la sentencia, sin contar con mecanismos que permitan corregir tal
omisión, la corrección aritmética es el mecanismo que garantiza la inclusión de
la accionante en la mencionada providencia.  La Corporación en estos casos, ha considerado
que la aplicación rigurosa de las normas procedimentales con pleno conocimiento
de los efectos adversos que genera el error de las autoridades judiciales como en
el caso de la accionante, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, lo que, en principio, impone al juez
al analizar estos mecanismos procesales dar prevalencia al derecho sustancial.
No obstante lo
anterior, se considera que para el caso en concreto dicha regla no sería
válida, puesto que las circunstancias que se vislumbran en este caso, plantean
a la Sala, asumir una postura
objetiva que le permite concluir que no existe una interpretación normativa a
la que se le impone un excesivo rigor formal, lo que se pasa a explicar: A
pesar de otorgar poder, y encontrarse relacionada la accionante como una de las
hijas del causante en uno de los capítulos de la demanda, no fue aportado, ni
solicitado en el transcurso del proceso el registro civil que acredita a la
señora Anyeli Sastre Rodríguez como hija, y que, de conformidad con la
normativa que regula el tema, constituye el documento idóneo para acreditar el
parentesco.  Al respecto la Corporación ha precisado que, de acuerdo con la
regulación de la materia, para las personas nacidas a partir de 1938, el estado
civil solo puede probarse mediante el correspondiente registro civil, según el
Decreto 1260 de 1970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto
al antiguo sistema de la Ley 92 de 1938, que distinguía entre pruebas
principales y pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban
al registro civil, no así las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios,
bautismos y defunciones).[57] De otra parte, no se observa que el
apoderado, haya solicitado dicha prueba, o haya controvertido el argumento que
se esgrime en primera instancia, como es el requerir las facultades oficiosas
del juez a efectos de obtener las pruebas que acrediten el parentesco, como
tampoco se evidencian en el expediente pruebas que permitan inferir el
parentesco y constituir una razón suficiente a efectos de decretar una
prueba de oficio.
En la
parte motiva de la sentencia de primera instancia se advierte que solo las
personas mencionadas como hijos, que allegaron el registro civil, son las que se
encontraban legitimadas en el proceso de reparación directa[58].  En
consecuencia, La Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, no
profirió condena a favor de la señora Anyeli Sastre Rodríguez. Así las cosas,
las condenas decretadas lo fueron a favor de los hijos del causante que
acreditaron tal calidad conforme el estudio que se hace en la página 24 de la
sentencia, sin que pueda entenderse que se haya omitido el nombre de Anyeli, pues
en la parte motiva, se advierte que no acreditó la calidad de hija del señor
José Ramón Sastre Ríos. En virtud de lo anterior, se considera que no puede
predicarse la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifestó, cuando la accionante no acredito su calidad de hija, lo que, sin
duda, en las instancias, daba lugar a una decisión desfavorable, esto en consideración a que como quedó expresado,
la figura de la corrección aritmética tiene un alcance restrictivo y
limitado, pues no puede ser utilizada como herramienta jurídica válida para
alterar el sentido y alcance de una decisión mediante una nueva evaluación
probatoria, o aplicando fundamentos jurídicos distintos, o inobservando
aquellos que sirvieron de sustento a la decisión (sentencia T-875-2000), de tal
manera que no existe una omisión en la parte resolutiva de la sentencia, ni
puede tenerse por equivocada la interpretación que hizo la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado del inciso 3º del artículo 310 del CPC, como
quiera acceder a la solicitud de la actora requiere de una nueva valoración
probatoria que recae en una prueba documental que no fue allegada al expediente,
situación que no fue ventilada en el proceso de reparación directa, como se
pasa a analizar en el acápite siguiente.
8.7.4 Que la irregularidad en el proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico.
Como quedó señalado, la accionante no acreditó la calidad de hija
del causante a efectos de que se profiriese condena a su favor, situación que
nunca fue alegada en el transcurso del proceso.
Sin desconocer las facultades oficiosas del
Juez Administrativo, pues nada impide al juez suplir ciertos vacíos, cuando se
trata de cumplir el objetivo
de dar prevalencia al derecho sustancial en las actuaciones judiciales y garantizar
la justicia material, de lo expuesto, hasta ahora emerge con claridad que el
parentesco debió haber sido probado en el proceso, de hecho, en la acción de
tutela, el apoderado, da por sentado que fue analizado el registro civil de
nacimiento, en el capítulo II de la demanda (folio 22), cuando dicha documental
ni se encuentra relacionada en las pruebas allegadas, y ni aparece el documento
físico en el expediente. Asimismo, cuando fue proferida la sentencia de primera
instancia, de lo analizado y decidido por el Tribunal Administrativo del Valle,
se desprendía la ausencia de dicha documental, razón por la cual en la parte
motiva de la providencia solo se profiere condena respecto de “los hijos que
acreditaron tal calidad”, sin que la accionante haya controvertido dicha
situación.
En
este orden de ideas, sin controvertir la irregularidad procesal alegada,  no
existe la ocurrencia de un defecto procedimental absoluto, en este caso, puesto
que si bien podría admitirse la ocurrencia de un exceso ritual manifiesto, no se
cumple con dos de los requisitos de procedibilidad arriba mencionados como es (i)
que la situación haya sido discutida dentro del proceso, por lo demás, no se
evidencian circunstancias en el caso en concreto que demuestren a la Sala que
haya sido imposible alegarlo y (ii), no existe una interpretación irreflexiva
de las normas procesales que consagran la corrección y adición de las
sentencias, motivo por el cual no se configura un defecto procesal vulneratorio
de los derechos fundamentales.
En virtud de lo expuesto,
en el caso sub examine, no se cumplen los requisitos que el precedente
de la Corporación ha señalado a efectos de configurar un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto. Las autoridades judiciales no se equivocaron al
momento de interpretar las normas procesales.  No se inaplicaron disposiciones
procesales, no exigieron el cumplimiento de requisitos procesales de forma
irreflexiva, como tampoco existe un rigorismo procedimental en la apreciación
de las pruebas. De igual manera, no se cumplieron los
requisitos de procedibilidad que en estos casos ha señalado la jurisprudencia
constitucional, cuando
se alega la estructuración de un defecto procedimental absoluto o por exceso
ritual manifiesto.
Finalmente,
no se evidencia la vulneración del derecho a la igualdad, pues se comprueba que
la situación fáctica que se pone de presente en el caso que es objeto de
estudio, no resulta similar con la referida en la sentencia T-429 de 2011,  si
bien se controvierte la providencia que niega la solicitud de corrección de la
sentencia, en este caso quedó demostrado que no se cumplen los requisitos que
la jurisprudencia constitucional ha adoctrinado para efectos de configurar un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Conclusión:
Las precedentes
consideraciones permiten concluir que la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, no incurrió en un defecto procedimental por exceso de ritual
manifiesto como quiera que no se verifica el cumplimiento de los requisitos
específicos de procedencia de la acción de tutela.
No se
configura la existencia de un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto, al negar la solicitud de corrección de una sentencia judicial
cuando esta pretende alterar el sentido y alcance de una decisión mediante una
nueva evaluación probatoria, o aplicando fundamentos jurídicos distintos, o
inobservando aquellos que sirvieron de sustento a la decisión, que no fueron
alegados en el proceso.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el presente
proceso.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la
sentencia del 3 de julio de dos mil trece (2013), proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, que, a su vez, confirmó la del 7 de marzo de dos mil
trece (2013), dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la acción
de tutela promovida por Anyeli Sastre Rodríguez contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A., en el sentido de declarar improcedente la
solicitud de amparo.
TERCERO.- Por Secretaría General,
devuélvase el expediente Radicado 7600112331000199602801-01 al Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Departamento del Valle.
CUARTO.- Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con ausencia justificada
Incapacidad médica
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MONCALEANO
Secretaria General
[1]
El radicado 21.064 promovido por Edmilce Rodríguez Sastre y otros fue acumulado
con el radicado 21139 promovido por la Señora Alberis  Sastre Rodríguez, en la
sentencia proferida el 23 de febrero de 2012, por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado. (Folio 420 de la acción de reparación
directa Cuaderno No  5)
[2] Folio 31.
[3] En la cual se admite la demanda de reparación directa.
[4] Folio 60.
[5] Folio 67.
[6] Folio 121.
[7] Folio 117.
[8] Folio 167.
[9] Auto del 14 de marzo de 2014
[10] Informe del 21 de enero de 2016.
[11] Folio 321. Condena por concepto de perjuicios morales, numeral 5º inciso b.
[12] La accionante aparece mencionada en el capítulo II de la demanda
(legitimación). Folio 22 del proceso de reparación directa. Además obra en el
expediente el poder otorgado al apoderado folio 1y 2 del Proceso de Reparación
Directa.
[13] Folio 451.
[14] Edicto que obra a folio 453 del proceso de reparación directa.
[15] “Artículo
modificado por el artículo 1, numeral 140 del Decreto 2282 de 1989 del Decreto
2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda providencia en que se
haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el juez que la
dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto
susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de
casación y revisión.
Si la
corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en
la forma indicada en los numerales 1. y 2. del artículo 320.
Lo
dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión
o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la
parte resolutiva o influyan en ella”.
[16] “ADICION. <Artículo modificado por el artículo 1,
numeral 141 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:>
Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la
litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto
de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria,
dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada
dentro del mismo término.
El
superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de
segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado
o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención
o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte
sentencia complementaria.
Los
autos sólo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término”.
[17]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[18] Corte Constitucional, Sentencia C-543 de
1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Al respecto señaló: “Conclusión
forzosa de las consideraciones que anteceden es la inconstitucionalidad del
artículo 11 del Decreto 2591 de 1991.  Esta norma contraviene la Carta
Política, además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede
el alcance fijado por el Constituyente a la acción de tutela (artículo 86),
quebranta la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230), obstruye
el acceso a la administración de justicia (artículo 229), rompe la estructura
descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones (Título VIII),
impide la preservación de un orden justo (Preámbulo de la Carta) y afecta el
interés general de la sociedad (artículo 1º), además de lesionar en forma grave
el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales
del ordenamiento jurídico.
No desconoce la Corte la existencia del artículo 40,
perteneciente al mismo decreto del cual hacen parte las normas demandadas,
disposición que establece la competencia especial para conocer sobre acciones
de tutela cuando esta sea ejercida contra sentencias proferidas por los jueces
superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado.  Esto genera una obvia e inescindible unidad normativa entre ella y el
artículo 11, hallado contrario a la Constitución, puesto que la materia que
constituye núcleo esencial de los preceptos no es otra que la examinada en este
fallo, es decir, la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales.
En desarrollo de lo previsto por el artículo 6º del
Decreto 2067 de 1991, la Corte declarará  que, habida cuenta de la unidad
normativa, también dicho artículo es inconstitucional.”
[19] Corte Constitucional, T-018 de 2011, MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[20]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[21] Sobre el particular, consultar, entre
otras, las Sentencias C-590 de 2005, T-789 de 2008, T-217 de 2010 y T-285 de
2010, T-867 de 2011, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[22] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[23] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[24] Sentencia 173 del 4 de mayo de 1993, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[25] Sentencia T-504 del 8 de mayo de 2000, M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[26] Ver entre otras la Sentencia T-315 del 1 de abril de 2005, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[27] Sentencia T-008 del 22 de enero de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[28] Sentencia T-658 del 11 de noviembre de 1998, M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[29] Sentencias T-088 del 17 de febrero de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo y SU-1219 del 21 de noviembre de 2001, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[30] MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[31] “Sentencia T-590 de 2009.”
[32]  “El debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas.Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.”
[33] “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones
son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
[34] “Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta
que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos
reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surgen en la
interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la
aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se
cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de
defensa y se mantenga la igualdad de las partes.” (subraya la Sala).
[35] T-637 de 2010.
[36] T-264-2009, T-599 de 2009, T-637de 2010, T-893 de 2011.
[37] T-429 de 2011.
[38] T-637 de 2010, T-264-2009.
[39] T-264-2009, T 429 de 2011.
[40] Artículos  309, 331, 348 y 350
[41]Conforme el nuevo Código General del
Proceso: ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y
OTROS. Toda providencia en
que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el
juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte,
mediante auto.  Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el
auto se notificará por aviso.Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a
los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas,
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.
[42] T-875-2000.
[43] T-1097 de 2005.
[44] T-875 de 2000 y 1097 de 2005.
[45] Ibídem
[46] El
artículo 287 del Código General del Proceso dispone: ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver
sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que
de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de
oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. El juez de
segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la
demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el
expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos solo podrán
adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de
parte presentada en el mismo término. Dentro del término de ejecutoria de la
providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la
providencia principal.
[47] Corte Suprema de Justicia, C-1100131030241996-25941-01, 27 de enero de 2006.
[48] Folio 41.
[49] El auto de admisión de la demanda señala que la presenta “Edmilce
Rodríguez de Sastre y Otros”(folio 42).
[50] Folio 202.
[51] Folios 296 a 322.
[52] Folio 332.
[53] Folio 451.  La sentencia quedó ejecutoriada el 8 de marzo de 2012
folio 453.
[54] Folio 165.
[55] No procede el
recurso de extraordinario de revisión, de conformidad con lo previsto en el
artículo 188 del CPA (artículo 250 del CPACA.1. Haberse dictado la sentencia
con fundamento en documentos falsos o adulterados.2. Haberse recobrado después
de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso
por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.3. Aparecer,
después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho
para reclamar.4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder
esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.5. Haberse dictado sentencia penal que declare
que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.6. Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.7. Haberse dictado la sentencia con base en
dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo,
no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada.
[56] Folio 319  del proceso de reparación directa.
[57] Ver sentencias T-501-2010 y T-1045 de 2010 y T-264 de 2009.
[58] Contrario a lo que sostiene el apoderado de la accionante quien
manifiesta que en el capítulo II de la demanda fue analizada la legitimación de
la demandante y “fue analizado su registro civil de nacimiento”,
registro que no aparece en el expediente.