SU787-12
Sentencia SU787/12
Sentencia SU787/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA QUE DECIDIO
CANCELAR ANOTACIONES EN REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS-Actuación del Juez accionado es la ejecución de la
orden contenida en la sentencia T-199/06 de la Corte Constitucional
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y SITUACION DE LOS TERCEROS
CON INTERES LEGITIMO EN DECISIONES DE TUTELA-Caso en que tercero adquirió esa calidad en razón a un hecho nuevo
DOCTRINA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN TORNO AL
ALCANCE DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 546/99
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE TERMINACION DE
PROCESOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS DISPUESTA POR LA LEY 546 DE 1999-Reglas aplicables
Una
reconstrucción de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, ajustada
con los elementos de análisis que se han ido haciendo evidentes en las
distintas oportunidades en las que la Corte se ha ocupado del tema, muestra que
las reglas aplicables, de acuerdo con el marco constitucional, son las
siguientes: (i) En el ámbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos
hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de ese año, una vez realizada
la reliquidación del crédito y aplicados los alivios correspondientes, terminan
por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las anteriores condiciones subsiste
un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un acuerdo de
reestructuración; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuración debe hacerse
directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los parámetros legales,
jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores
condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en
curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la
reestructuración, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la
obligación, se exceptúa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual
continuará, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la
obligación.
LEY 546/99-Diferenciación
entre los deudores que se encontraban en mora y los que estaban al día fue
declarada inexequible
Es preciso tener en cuenta que en el
régimen inicial de la Ley 546 de 1999 se hacía una diferenciación entre los
deudores que se encontraban en mora y los que estaban al día, diferenciación
que fue declarada inexequible por la Corte. De esa diferenciación,
independientemente de las razones que condujeron a su inexequibilidad,
referidas a la igualdad en que ambas clases de deudores se encontraban en
relación con los factores que dieron lugar a la crisis de los créditos
hipotecarios, se desprendían algunas consecuencias procesales, que no quedaron
claramente expuestas en la ley y que tienen impacto sobre las posteriores
decisiones que la Corte Constitucional habría de adoptar en sede de tutela. Así,
tratándose de deudores que se encontraban al día, aplicados la reliquidación y
los abonos previstos en la ley, la obligación seguía su curso, en los términos
en los que había sido pactada, esto es, por el plazo que le quedase de vigencia
y de acuerdo con el sistema de amortización pactado. En las obligaciones que se
encontraban en mora, a su vez, cabían, dos supuestos: que no se hubiese
iniciado proceso ejecutivo o que ello sí hubiese ocurrido. En el primer caso,
se trata de la misma situación anterior. El deudor, una vez reliquidado el
crédito y realizados los abonos, tendría que ponerse al día y proseguir con el
pago de las cuotas pendientes y, de no ser ello así, era susceptible de demanda
ejecutiva. En el segundo caso, se tiene que, por virtud de la mora, se había
hecho aplicable la cláusula aceleratoria y, por consiguiente, se había
ejecutado la obligación por la totalidad del saldo pendiente. En ese caso,
varios meses, o incluso años, después de iniciado el proceso ejecutivo, si por
virtud de la ley, el mismo debe darse por terminado y queda algún saldo
pendiente después de  aplicada la reliquidación y los abonos previstos en la
ley, era preciso fijar las condiciones en las que habría de amortizarse ese
saldo. Esa situación imponía, en relación con estos créditos, distinguir dos
situaciones: a) Reliquidación y abonos y b) Reestructuración del crédito.
CREDITO HIPOTECARIO-Reestructuración
SENTENCIA T-199/06-En el origen del problema jurídico se identifica esta providencia como
la fuente de la afectación de los derechos fundamentales de la demandante/TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL FRENTE A DEFECTO PROCESAL-Caso en que se trata
de adquirente de bien inmueble de buena fe
En el origen del problema se identifica
a la Sentencia T-199 de 2006 de la Corte Constitucional como la fuente de la
afectación de los derechos fundamentales que se estiman violados, dado que en
relación con ella la accionante afirma tener la calidad de tercero con interés
que no fue vinculado al proceso. En un caso como el que ahora ocupa la atención
de la Sala, es claro que al tercero afectado no le es oponible la decisión
adoptada en un proceso en el que no fue parte. A la accionante no le pueden
ordenar la entrega del bien que adquirió de buena fe, porque no hay una orden
judicial que le resulte vinculante. El problema está en que, de hecho, la
cancelación de los registros, le priva del título de su derecho y la pondría en
la situación de un mero poseedor. Tal como se expresó por el juez de tutela de
primera instancia, el tercero afectado podría oponerse a la entrega, alegando
su condición de poseedor y la ausencia de una decisión judicial que lo vincule,
pero se trataría de una defensa débil e incierta, frente al carácter perentorio
de las órdenes de tutela, y a la individualización que de las mismas se ha
hecho en detrimento suyo por el juez a cuyo cargo quedó la ejecución de la
providencia de la Corte Constitucional.  En este caso se está, no solamente
ante un defecto procesal, sino que, además, se trata de un adquirente de buena
fe, que obró sobre la base de una adjudicación dispuesta judicialmente y
debidamente registrada y sin que se hubiesen adoptado medidas cautelares para
prevenir la negociación del inmueble
DECLARATORIA DE INOPONIBILIDAD DE SENTENCIA DE TUTELA
QUE AFECTA DERECHOS DE TERCEROS-Caso
en que inmueble se transfirió a terceros adquirentes de buena fe y por ende a
AV VILLAS le resultó imposible restituirlo a la culminación del proceso
ejecutivo
El interrogante que se plantea es,
entonces, ¿Cómo obtiene el tercero afectado la declaratoria de inoponibilidad
de la decisión de tutela que afecta sus derechos? En este caso, para ese efecto
se acudió a una acción de tutela contra la actuación que se adelantó
directamente contra la accionante, y a partir de la cual pudo obtenerse el
pronunciamiento de inoponibilidad de la decisión de tutela que le sirve de
fundamento. Dado que, de por medio están las órdenes expedidas en otro proceso
de tutela, y, en este caso concreto, una sentencia de revisión de la Corte
Constitucional, es claro que la decisión que confiere el amparo de los derechos
del tercero afectado, solo puede tener un alcance transitorio, mientras que por
el juez cuya decisión se declara inoponible, en este caso la Corte
Constitucional, se adoptan las medidas que permitan reconciliar los extremos en
tensión.  Advierte la Corte que, no obstante que la inoponibilidad puede
ofrecer una respuesta, al menos parcial, para el tercero afectado, la decisión
que la declara deja en el limbo jurídico el asunto sometido a la consideración
del juez constitucional en el primer proceso de tutela, y resultaría una
solución inequitativa, si se llegare a establecer que, aún con la participación
del tercero, la orden emitida en dicho proceso debiera mantenerse. En ese caso,
el beneficiario de la orden, por un error circunstancial, que no afectaría el
resultado, vería la orden de protección que se expidió en su favor convertida
en una expresión meramente formal. En ese contexto se encuentra la Corte con el
hecho de que en la Sentencia T-199 de 2006 se emitió una orden para amparar los
derechos de la entonces accionante, la cual, por las circunstancias que se han
expuesto, resulta inoponible a quien actúa como accionante en esta oportunidad.
Esa decisión comportaba para AV Villas restituir el inmueble que le había sido
adjudicado a la culminación del proceso ejecutivo y reestructurar la
correspondiente obligación. Como quiera que, dado que el inmueble se transfirió
a terceros adquirentes de buena fe, esa actuación resulta ahora imposible de
cumplir y es indispensable adecuar la orden de tutela inicialmente proferida,
para garantizar la efectividad de la protección dispensada por la Corte. Para
ese efecto se hará un recuento de los elementos fácticos y jurídicos del caso
LEY 546/99 Y DIFERENCIACION ENTRE DEUDORES QUE SE
ENCONTRABAN EN MORA Y LOS QUE ESTABAN AL DIA-Aspecto que se declaró inexequible y se desprendieron algunas
consecuencias procesales que no quedaron claramente expuestas en la ley/DEUDORES
QUE SE ENCONTRABAN AL DIA-Reliquidación y abonos previstos en la ley y la
obligación seguía su curso en términos que había sido pactada en cuanto al
plazo y al sistema de amortización/DEUDORES QUE SE ENCONTRABAN EN MORA-Podía
darse uno de dos supuestos que se hubiese iniciado proceso ejecutivo o que no
hubiese ocurrido/CLAUSULA ACELERATORIA Y EJECUCION DE LA OBLIGACION POR LA
TOTALIDAD DEL SALDO PENDIENTE
DEUDORES QUE SE ENCONTRABAN EN MORA Y RESPECTO DE LOS
CUALES SE HUBIERA INICIADO PROCESO EJECUTIVO-Dos situaciones que se distinguen: reliquidación y abonos, y
reestructuración del crédito/CREDITO
HIPOTECARIO-Una vez reliquidado se debe reestructurar
De acuerdo con la jurisprudencia
inicialmente desarrollada sobre la materia, si no había acuerdo para la
reestructuración o el deudor incurría en nueva mora, era preciso iniciar un
nuevo proceso ejecutivo. Dicha línea debe entenderse afinada por las decisiones
que hacen la reestructuración obligatoria para las entidades financieras.  En la
Sentencia  T-701 de 2004, la Corte señaló que la entidad crediticia, de todas
maneras tenía la carga de reestructurar la obligación, lo cual implicaría que
no cabe iniciar un nuevo proceso ejecutivo a partir de la falta de acuerdo
sobre la reestructuración, sino, solo por la nueva mora en la reestructuración
unilateralmente adoptada por la entidad.  Uno de los problemas a los que
atienden la ley y las decisiones de la Corte es evitar el efecto perverso que
sobre el deudor se produciría por el hecho de que si la mora en la que incurrió
es atribuible al equivocado esquema de financiación del crédito, por virtud de
la cual, no solo pagó unas sumas en exceso, sino que, después, se vio en
imposibilidad de seguir pagando, no tendría sentido reliquidar la obligación y
hacer los correspondientes abonos, pero exigirle al deudor el pago inmediato
del saldo insoluto. En ese contexto una primera interpretación, que no se
ajusta a lo dispuesto por la Corte, es la de que si después de aplicadas la
reliquidación y los abonos, quedaba un saldo pendiente, los procesos ejecutivos
continuaban por el saldo insoluto. Cabe observar que esa situación resultaba
del hecho de que, estando en curso el proceso ejecutivo, si el mismo se
suspendía para practicar la reliquidación y los abonos previstos en la ley,
pero, cumplidas esas operaciones, quedaba un saldo a cargo del deudor, para
terminar el proceso se requería que el deudor llegase a un acuerdo de
reestructuración con el acreedor, en ausencia del cual el deudor seguiría en
mora, y el proceso ejecutivo debía seguir su curso
SENTENCIA T-199/06-AV Villas de manera inmediata a la
notificación procedió a iniciar un nuevo proceso ejecutivo por el saldo
insoluto de la obligación/SENTENCIA T-199/06-Orden proferida se
convirtió en de imposible cumplimiento, por eso se debe adecuar para obtener la
efectiva protección del derecho
En la Sentencia T-199 de 2006 la Corte
no hizo un pronunciamiento expreso sobre estos aspectos y ello permitió que AV
Villas, de manera inmediata a la notificación de la sentencia, procediera a
iniciar un nuevo proceso ejecutivo por el saldo insoluto de la obligación.
Las alternativas de solución en este caso están supeditadas a la necesidad de
respetar los derechos del adquirente de buena fe. De este modo, como la orden
proferida en la Sentencia T-199 de 2006 se ha tornado de imposible
cumplimiento, es necesario que el juez que la emitió, y, en este caso, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, adecue la orden para obtener la efectiva
protección del derecho. Puesto que los inmuebles que fueron objeto de
adjudicación en el proceso ejecutivo ya no están jurídicamente disponibles y
como la afectación de la deudora proviene de una situación que beneficiaba al
acreedor, es preciso restablecerla en las condiciones previas a esa afectación
inconstitucional de sus derechos. Para ello, AV Villas, si dentro de los tres
meses siguientes a la notificación de esta providencia no ha acordado y
formalizado con la señora una solución distinta, debe poner a su disposición un
inmueble de su propiedad, de condiciones y valor similares al que fue objeto
del proceso ejecutivo. Sobre tales condiciones debe pronunciarse el juez de
tutela. Previamente a la aprobación por el Juez Octavo Civil del Circuito de
Bucaramanga, en incidente especial, del inmueble ofrecido por el banco, debe
procederse a la reestructuración de la obligación. Para ello debe establecerse
el saldo insoluto de la misma, una vez aplicados la reliquidación y los abonos
previstos en la ley. Ese saldo, expresado en UVR, se liquidará al valor de
dicha unidad en la fecha en la que los inmuebles se adjudicaron al Banco AV
Villas. Como medida de compensación por los perjuicios y el posible detrimento
patrimonial que para la deudora se pudo haber derivado de la indebida
liquidación del crédito, de la subsiguiente imposibilidad de atender
oportunamente el pago del mismo y de la aplicación de la cláusula aceleratoria,
no procederá actualización de la obligación con posterioridad a la fecha en la
que los inmuebles fueron adjudicados al Banco AV Villas. Sobre el saldo
resultante se practicará la reestructuración del crédito, de acuerdo con las
condiciones que rigen el crédito de vivienda. Si la deudora acepta el inmueble
y las condiciones de la reestructuración, que, en todo caso, deberán ser
previamente avaladas por el juez en incidente especial, el Banco le hará
transferencia del inmueble, gravado con hipoteca para garantizar la obligación
reestructurada. Si por el contrario, la deudora no acepta esas condiciones,
aprobadas por el Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga se entenderá que
cesa la protección brindada en la Sentencia T-199 de 2006 en cuanto hace a sus
efectos sobre el inmueble que fue objeto de adjudicación en el proceso
ejecutivo. En este último caso, para evitar que se materialice en perjuicio de
la deudora el detrimento en el valor del inmueble por un hecho atribuible a un
procedimiento de remate que no debió realizarse, el valor de adjudicación del
bien inmueble, que será equivalente al avalúo pericial que sirvió de base para
el remate, deberá aplicarse al pago de la obligación insoluta, liquidada, en
los términos de esta providencia, en la fecha en que se decretó el remate y sin
cargo por concepto de intereses. Si quedare un saldo insoluto, el acreedor
deberá iniciar un nuevo proceso ejecutivo.
TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE LA
DEMANDANTE-Se deja
en firme/PROCESO EJECUTIVO INICIADO FRENTE A DEMANDANTE ANTERIOR SOBRE EL
MISMO INMUEBLE-Se da por terminado/CESIONARIO DEL CREDITO-Recibió la
obligación en el estado que se encontraba/RESPETO DEL DERECHO A LA VIVIENDA
DIGNA
Esta decisión también encuentra
respaldo en el respeto del derecho a la vivienda digna, la propiedad como
función social, la función social de la actividad empresarial como base del
desarrollo y en la intervención del Estado en la economía.  En efecto, por
mandato del artículo 51 de la Constitución Política los colombianos tienen
derecho a una vivienda digna, en virtud de lo cual corresponde al Estado el
desarrollo de una política pública que garantice la efectividad del derecho a
través de planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de los diferentes
programas que se creen para el efecto. Si bien la realización de este derecho
muestra el sello programático y un desarrollo progresivo propio de los derechos
económicos, sociales y culturales, su transmutación hacia un derecho subjetivo,
encuentra respaldo en los principios y valores constitucionales que exigen el
respeto por la dignidad humana, en la medida en que se creen los elementos que
le permitan a la persona exigir del Estado la obligación de ejecutar una
prestación determinada en favor de un sujeto específico
LIBRE EMPRESA TIENE FUNCION SOCIAL
QUE IMPLICA OBLIGACIONES-La empresa debe materializar el valor de la solidaridad promoviendo las
condiciones económicas y sociales básicas para el desarrollo autónomo de la
persona
Con
fundamento en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, la libre
empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica
obligaciones, y el Estado ejercerá la dirección general de la economía para,
entre otros cometidos, conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes.  En consecuencia la empresa, bajo la fórmula del Estado Social de
derecho, debe materializar el valor de la solidaridad promoviendo las
condiciones económicas y sociales básicas para el desarrollo autónomo de la
persona.  Por su parte el Estado, en tanto director general de la economía,
cuenta con una serie de instrumentos de intervención con miras a que en el
desarrollo de la actividad económica se reflejen valores como la justicia y la
paz social, y principios como la igualdad y la solidaridad
Referencia:
Expediente T-2083244
Accionante:
Nency María Sánchez González
Demandados:
Banco AV Villas
Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil doce
(2012)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, en especial, las que le confiere
el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del proceso de tutela identificado con el número de radicación
T-2083244instaurado por Nency María Sánchez González, contra el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Bucaramanga y el Banco AV Villas.
I.   ANTECEDENTES
1.      La solicitud
La accionante, obrando en nombre propio,
presentó, a través de apoderado judicial, el 14 de marzo de 2008, acción de
tutela en contra del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga y del
Banco AV Villas, por una presunta violación de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la vivienda digna y a la propiedad, en la que
considera incurrieron las entidades demandadas y como consecuencia de la cual
se ha desconocido su carácter de adquirente de buena fe de un bien inmueble que
había sido previamente adjudicado al banco al concluir un proceso ejecutivo
hipotecario.
2.      Información a los
demandados y a terceros eventualmente afectados
Mediante auto de 25 de marzo de
2008, el magistrado sustanciador de la Sala Civil – Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga decidió admitir la acción de
tutela de la referencia y ponerla en conocimiento de las entidades accionadas,
así como de Marina Rico de Pinto, demandada dentro del proceso ejecutivo,
Ahorramás Corporación de Ahorro y Vivienda, Alba Josefa Mogollón de Sierra y
del Coordinador del Grupo de Seguridad y Participación ciudadana e Inspecciones
Civiles Comisorias de Bucaramanga - reparto- dependientes de la Secretaría de
Gobierno, como entidad comisionada para la práctica de la diligencia de
entrega, que en desarrollo de un fallo de tutela, se ordenó hacer del inmueble
adquirido por la accionante.
Mediante auto de 29 de mayo de
2008, que no obra en el expediente, la Corte Suprema de Justicia, al conocer de
la impugnación del fallo de primera instancia,  dispuso devolver el expediente
al Tribunal Superior de Bucaramanga para que al trámite de la acción de tutela
se vincule a la Sala Sexta de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional.
Mediante auto de 1 de julio de
2008 el magistrado sustanciador de la Sala Civil – Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga decidió correr traslado del
escrito de tutela a la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
informándole que “… su vinculación se realiza en cumplimiento de orden
expedida por la Corte Suprema de Justicia que lo consideró procedente por
encontrar que el hecho generador de la acción lo fue la Sentencia T-199 del 16
de marzo de 2006, en la revisión del fallo de tutela T-1.175.288 adelantada por
Marina Rico de Pinto en contra del Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Bucaramanga, Tribunal Superior de Bucaramanga y Banco AV Villas.”
3.      Contestación a la demanda
Mediante oficio suscrito por la
Representante Legal para Asuntos Judiciales y Extrajudiciales, el Banco AV
Villas intervino para solicitar al juez que se protejan los derechos
fundamentales de la tutelante.
Mediante escrito de 26 de marzo
de 2008 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga dio respuesta a la
acción de tutela de la referencia.
El magistrado ponente de la
Sentencia T-199 de 2006 de la Corte Constitucional dio respuesta a la solicitud
del Tribunal mediante escrito de 4 de julio de 2008.
No se registró en las instancias
intervención de Marina Rico de Pinto o de Alba Josefa Mogollón de Sierra.
4.
Los
hechos
El Banco AV Villas inició un
proceso ejecutivo hipotecario contra Marina Rico de Pinto, en el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Bucaramanga.
Mediante auto de 26 de julio de
1999 se libró mandamiento de pago contra la ejecutada y se decretó el embargo
de unos inmuebles de su propiedad.[1]
En auto del 27 de enero de 2000 el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bucaramanga decidió nombrar curador ad litem a la
demandada, pues la misma no compareció al proceso.
Mediante escrito presentado ante
el juzgado el 8 de febrero de 2000, la demandada, Marina Rico de Pinto,
solicitó la suspensión del proceso con ocasión de la inaplicación sobreviniente
de las normas del sistema UPAC, a lo cual accedió el Juzgado en auto de 10 de
febrero de 2000, en el cual se dispuso suspender el proceso ejecutivo por el
término de 90 días con el fin de permitir la reliquidación del crédito.[2]
El 15 de mayo de 2000, la parte
ejecutante allegó la reliquidación del crédito, la que fue puesta en
conocimiento de la demandada por auto del 16 de mayo de 2001.[3]
En memorial suscrito por la representante legal de la
entidad demandante se pone en conocimiento del Juzgado Octavo Civil del
Circuito de Bucaramanga que la reliquidación del crédito de vivienda de la
tutelante no alcanzó a cubrir la totalidad de las cuotas en mora a primero de
enero de 2000, por lo que el proceso debía continuar su curso.
Mediante auto del 18 de julio de 2001
el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga dispuso formalizar la
notificación personal de la orden de pago a Marina Rico de Pinto y enterarla de
la reliquidación del crédito o, en su lugar, notificar al curador ad litem de
la parte demandada.
Según se expresa en el recuento
realizado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, “[e]l
12 de septiembre de 2001, no habiéndose notificado la demandada del auto de
mandamiento de pago, se procedió a designar curador ad-litem, previo
emplazamiento y publicaciones de ley; quien contestó la demanda, manifestando
estarse a lo que resulte probado en el proceso.”
Mediante sentencia del 9 de noviembre
de 2001, el despacho judicial del circuito ordenó la venta en pública subasta
de los inmuebles hipotecados (folios 95 a 99, cuaderno #4). La providencia fue consultada ante el superior jerárquico, quien la confirmó en todas sus
partes (folios 8 a 11, cuaderno #5).
En cumplimiento de lo previsto en
el artículo 521 del C. de P.C., la parte ejecutante presentó liquidación del
crédito, de la cual se corrió traslado a la ejecutada, mediante auto del 22 de
abril de 2002, sin que la misma hubiera
sido objetada, por lo que se aprobó, mediante Auto del 30 de abril del mismo
año.
Perfeccionado el embargo y secuestro
del bien, el despacho judicial ordenó su avalúo, que fue fijado por los peritos
en 35 millones de pesos –agosto de 2002- y no recibió objeción alguna.
En enero de 2004, la demandada, Marina
Rico de Pinto, otorgó poder a un abogado para que la representara en el
proceso, abogado a quién se le reconoció como apoderado principal, mediante
auto del 4 de febrero de 2004.
Después de varios intentos, el despacho
fijó como fecha para remate el 15 de julio de 2004, diligencia que se declaró
desierta por falta de postores.
En dicha etapa procesal, Marina
Rico de Pinto solicitó la nulidad de lo actuado con la consideración de que el
proceso ejecutivo debió darse por terminado después de que la Corte
Constitucional interpretó el artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
El Juzgado 8º Civil del Circuito
de Bucaramanga, mediante auto del 17 de agosto de 2004, se negó a terminar y
archivar el proceso, decisión que fue confirmada en segunda instancia, por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial, en auto del 30 de septiembre de 2004.
En providencia del 2 de noviembre
de 2004, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, atendiendo al
hecho de que el inmueble hipotecado no pudo venderse en pública subasta,
adjudicó la propiedad al Banco Comercial AV Villas, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 530 y 557 del C.P.C., ordenando a los secuestres
hacer la entrega del predio. La entrega se ordenó mediante auto del 10 de
febrero de 2005.
Marina Rico de Pinto presentó
acción de tutela contra el Juzgado 8º Civil del Circuitoy el Tribunal Superior
del Distrito Judicial el 30 de junio de 2005.
Mediante sentencia del 18 de
julio de 2005, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
resolvió en única instancia el proceso de tutela de la referencia, y denegó la
protección solicitada por la tutelante.
El 8 de agosto de 2005 el Banco
AV Villas vendió el inmueble a Alba Josefa Mogollón de Sierra.
El 26 de octubre de 2005 Alba
Josefa Mogollón de Sierra vendió el inmueble a Nency María Sánchez.
La Corte Constitucional, en
Sentencia T-199 de marzo 16 de 2006, revocó el fallo de tutela de  la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, concedió el amparo a Marina
Rico de Pinto y ordenó DEJAR SIN EFECTO JURIDICO la actuación judicial
surtida en el proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 8º civil del
Circuito de Bucaramanga por el Banco AV Villas en contra de Marina Pinto de
Rico, a partir de la presentación del memorial de nulidad por parte del
apoderado judicial de la tutelante. Así mismo, dispuso la Corte: “ORDENAR
al Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga que, en el término de tres (3)
días, contados a partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie en
los términos que dispone la Ley 546 de 1999, en su artículo 42, parágrafo
tercero, ciñéndose estrictamente a la interpretación que sobre el mismo hizo
esta Corporación en la sentencia C-955 de 2000.”
En ejecución de lo dispuesto en la
Sentencia T-199 de 2006, el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga, en
providencias del 26 de abril de 2006, decretó la nulidad de la actuación, la
terminación del proceso ejecutivo, la cancelación de la medida cautelar y el
desglose del título ejecutivo para entregarlo a la ejecutante.  Así mismo, en
providencia del 8 de junio de 2006, ordenó cancelar las anotaciones de las
matrículas inmobiliarias del inmueble objeto de la presente tutela,
correspondientes a las ventas realizadas por el Banco AV Villas y por Alba
Mogollón. Dispuso así mismo que el Banco AV Villas entregase el inmueble a
Marina Rico de Pinto, para lo cual comisionó a la Secretaría de Gobierno
Municipal, a la que se encargó de obtener de la accionante la entrega y el
desalojo del inmueble.
La señora Nency María Sánchez
interpuso acción de tutela contra el Banco AV Villas y el Juzgado 8 Civil del
Circuito de Bucaramanga.
5.
Fundamento
de la acción
En criterio dela accionante la
actuación del Juzgado 8 Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante la cual se
dispuso la cancelación de unas anotaciones en el Registro de Instrumentos
Públicos y se ordenó la entrega y el desalojo del inmueble de su propiedadresulta
contraria a sus derechos fundamentales, por cuanto desconoce su calidad de
adquirente de buena fe.
Para sustentar sus apreciaciones
la accionante expone que, habiendo ella adquirido el inmueble de un tercero que
también tenía la condición de adquirente de buena fe, no ve cómo debe asumir las
consecuencias de una actuación que no la vincula.
Agrega que el juez dentro del
proceso ejecutivo no puede anular actos jurídicos válidos y que para ello sería
preciso acudir al proceso civil ordinario.
Expresa que la Corte
Constitucional, en el fallo SU-813 de 2004, se quedó corta al no resolver sobre
la situación de los eventuales terceros adquirentes de buena fe, razón por la
cual la Corte Suprema de Justicia se vio obligada a aclararlo o adicionarlo “…
manifestando textualmente que ‘… no se pueden devolver los bienes inmuebles
cuando se afecten derechos ya adquiridos por terceros’, ‘… las Altas Cortes no
pueden llegar al punto de afectar a terceros de buena fe’. (Fallo aclaratorio
de la Corte Suprema de Justicia de fecha 5 de marzo de 2.008 de la sentencia SU
813 del 4 de octubre de 2.004 de la Corte Constitucional)”.
6.      Pretensión
Para la protección de los
derechos fundamentales que considera le han sido vulnerados, la accionante
solicita:
Que se deje sin efecto
el despacho comisorio que contiene la orden de entrega y desalojo del inmueble
de su propiedad.
Que el Juzgado 8º Civil
del Circuito de Bucaramanga deje sin efecto la orden de cancelación de las
correspondientes anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria del predio
de su propiedad.
Que el Banco AV Villas
rehaga a su nombre las escrituras públicas y que se le reconozcan y cancelen
los perjuicios que se demuestren por su actuación.
7.      Intervenciones
7.1.   Banco AV Villas
Mediante escrito de 28 de marzo
de 2008, el Banco AV Villas intervino en el proceso, argumentando lo siguiente:
En primer lugar, se aviene a la
mayor parte de los hechos, pero precisa algunos de ellos. En efecto, señala
que, para el momento en el que la señora Marina Rico de Pinto interpuso la
acción de tutela, ya se había cumplido el registro de la titulación del
inmueble a favor del Banco AV Villas y se había realizado la entrega material
del mismo, y que, de conformidad con el artículo 110 del Decreto 663 de 1993,
el Banco está obligado a enajenar los bienes inmuebles que reciba en pago de
sus obligaciones. Así, para explicar la decisión de enajenar el inmueble, pone
de presente que la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 18 de julio de
2005, había ratificado la actuación surtida por los jueces de conocimiento
dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario iniciado por el Banco
contra la señora Rico de Pinto.
Considera como válida la
pretensión de la accionante, debido a que la misma “… resultó afectada en
sus derechos fundamentales por el fallo de la Sala Sexta de Revisión de tutelas
de la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-199, el 16 de marzo de
2.006, el cual dejó sin piso legal la condición de propietaria del bien
inmueble adquirido legalmente, sin que hubiera tenido la oportunidad de
participar en el trámite de la tutela que dio origen al mencionado fallo.”
Agrega que la accionante resulta ser un tercero ajeno por completo al trámite
del proceso ejecutivo hipotecario promovido por el Banco AV Villas contra
Marina Rico de Pinto.
Advierte que en la Sentencia
T-199 de 2006, la Corte se abstuvo de vincular al trámite de la acción de
tutela a Alba Josefa Mogollón de Sierra y a Nency María Sánchez González, en
calidad de terceras de buena fe. Prosigue señalando que la Corte omitió,
también, pronunciarse sobre  los negocios jurídicos realizados sobre el
inmueble y debidamente registrados en los correspondientes folios de matrícula
inmobiliaria, así como sobre las prestaciones mutuas que de dichas operaciones
resultaban para compradores y vendedores, todo lo cual se traduce en una
violación del debido proceso.
Para el banco, en el caso bajo
estudio, no podía desconocerse que el proceso ejecutivo había terminado cuando
quedó en firme la adjudicación hecha por el juzgado del conocimiento en su
favor, y que, por consiguiente, ya no cabía que, por la vía de la acción de
tutela, se pretendiera dejar sin efecto la actuación ya concluida, tal como se
estableció por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-813 de
2007, en la cual se señaló que no cabe decretar la nulidad y la consiguiente
terminación de un proceso ejecutivo cuando ya se hubiere registrado el auto de
adjudicación y recibido el correspondiente inmueble.
En los anteriores términos,
estima el banco que la acción de tutela presentada por la señora Nency Sánchez
encuentra respaldo en los principios de seguridad jurídica y de respeto a los
derechos adquiridos por terceros de buena fe.
7.2.   Juzgado 8º Civil del
Circuito de Bucaramanga
El Juzgado 8º Civil del Circuito
de Bucaramanga, después de hacer un recuento de su actuación en el proceso
ejecutivo promovido por el Banco AV Villas contra Marina Rico de Pinto,
incluida la que se produjo como consecuencia de la Sentencia T-199 de 2006 de la
Corte Constitucional, expresa que las decisiones que ahora son objeto de
impugnación, se adoptaron en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la
Sentencia de la Corte Constitucional, de la cual el despacho no podía apartarse
sin incurrir en desacato.
Manifiesta que, por otra parte,
debe tenerse en cuenta que no cabe interponer una acción de tutela contra
sentencias de tutela.
Agrega que, en su criterio, la
accionante Nency María Sánchez González está en su derecho de promover una
nulidad ante la Corte Constitucional, para que se hagan las adecuaciones
pertinentes.
Finalmente, plantea un interrogante
sobre la competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
para conocer de la acción de tutela de la referencia, a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la improcedencia de la tutela
contra sentencias de tutela y si se tiene en cuenta que en este caso la acción
se dirige contra la actuación del juzgado adelantada para cumplir lo dispuesto
en una tutela anterior.
7.3.   El subsecretario de gobierno
de la Alcaldía de Bucaramanga, en escrito de 2 de abril de 2008, manifestó que
acataba la orden de suspensión de la diligencia de entrega del inmueble  hasta
tanto le fuese manifestado lo contrario.
7.4.   El magistrado sustanciador de la
Sentencia T-199 de 2006 en la Corte Constitucional, que había sido vinculado al
proceso mediante Auto de julio 1 de 2008, expresó que, de acuerdo con el
contenido de la Sentencia T-199 de 2006, “… los hechos que fueron objeto de
análisis en el caso correspondiente no consignan la existencia de terceros de
buena fe en el trámite del proceso ejecutivo demandado. Por tal razón, la
sentencia no analizó la situación jurídica de la señora Nency María Sánchez.”
II.      TRAMITE PROCESAL
1.      Primera instancia
Mediante auto de 25 de marzo de
2008, el magistrado sustanciador de la Sala Civil – Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga decidió decretar como medida
provisional la suspensión de la diligencia de entrega ordenada por el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso ejecutivo radicado
con el No. 1999-437.
Después de subsanado el vicio
procesal declarado por la Corte Suprema de Justicia, que implicó repetir la
actuación, previa vinculación de la Sala Sexta de Revisión de la  Corte
Constitucional, el Tribunal, en Sentencia de julio 10 de 2008, decidió negar el
amparo solicitado y, en consecuencia, levantar la medida provisional decretada.
Consideró el Tribunal que, en
primer lugar, era preciso advertir que las medidas del Juzgado 8º Civil del
Circuito de Bucaramanga se adoptaron en cumplimiento de las órdenes emanadas
del fallo tutela T-199 de 2006 de la Corte Constitucional, y que si bien la
señora Nency María Sánchez González es tercero adquirente de buena fe, puede,
en su condición de poseedora, oponerse a la diligencia de entrega, en aras de
reclamar la protección de los derechos que estima le asisten.
Agrega que la decisión adoptada
por la Corte Constitucional en la Sentencia T-199 de 2006 hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional, lo cual hace improcedente la presente acción de tutela,
ante la imposibilidad de reabrir un debate sobre el contenido, las valoraciones
y los alcances de un fallo de la Corte, como órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional.
Pone de presente que la Corte
Constitucional, en la sentencias T-625 de 2002 y T-944 de 2005, se pronunció
sobre la cosa juzgada constitucional y sobre la tutela contra tutela, para
señalar que “[t]ratándose de una acción de tutela contra una sentencia de
tutela, la improcedencia de aquella es asunto que no admite discusión alguna.”
En ese contexto señala el
Tribunal que no le corresponde a esa corporación “… definir los alcances del
fallo de la Honorable Corte Constitucional, y menos, establecer las medidas a
adoptar en aras  de hacer efectiva la protección de los derechos
constitucionales fundamentales reconocidos  en la sentencia T-199 de 2006, pues
tal labor corresponde al señor Juez Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga.
Además, las posibles dificultades que se puedan presentar con ocasión del
cumplimiento del fallo de tutela, escapan al ámbito propio de esta acción;
máxime cuando según se observa en los folios de matrícula inmobiliaria
allegados con el escrito de tutela, fue el Banco AV VILLAS quien contribuyó a
generar la situación que expone la accionante, al enajenar el inmueble antes de
que se definiera la controversia que versaba sobre el mismo.”
2.
Impugnación
El anterior fallo fue impugnado
por la accionante, mediante escrito en el que, a su vez, se remite a las
consideraciones presentadas en la impugnación radicada en abril 10 de 2008
(Folio 65)
Expresa la impugnación que el fallo recurrido es
meramente formalista pues no se hizo un examen de fondo de la exigibilidad
predicada por el Art. 332 del C.P.C al afirmar que ya se decidió
definitivamente la situación del inmueble en cuestión con la Sentencia T-199 de
2006 de la Corte Constitucional, sin percatarse de que dicho fallo es parcial
pues por ninguna parte se pronunció sobre los derechos de los terceros de buena
fe como los de Nency María Sánchez González.
3.      Segunda instancia
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante decisión del 28 de agosto de 2008, resolvió revocar la
sentencia impugnada, y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales de la
accionante, para lo cual dispuso:
“a)
Declara que la Sentencia T-199 de 16 de marzo de 2006 proferida por la H. Corte
Constitucional, ‘no analizó la situación jurídica de la señora Nency María
Sánchez’ y, por tanto, le es INOPONIBLE, esto es, no produce efectos respecto
de ella, así como tampoco las providencias proferidas por el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Bucaramanga el 26 de abril de 2006 y el 8 de junio de
2006 y toda la actuación surtida con posterioridad por su virtud en el proceso
ejecutivo adelantado por el Banco AV Villas en contra de Marina Pinto de
Rico.
b) Ordena al Juzgado Octavo Civil del
Circuito de Bucaramanga, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a adoptar las medidas
correspondientes para la cesación de todo efecto jurídico respecto de la
accionante  de los actos por los que se dispuso la orden de entrega de los
inmuebles a los que se ha hecho alusión en la parte considerativa de esta
providencia, así como de las providencias que invalidan los registros
correspondientes a los mismos y sustentan el dominio de la tutelante.”
Basó su decisión en las siguientes consideraciones:
-La accionante en su calidad de tercero adquirente de
buena fe solicita (i) la ineficacia de la orden de entrega a la ejecutada de
los bienes inmuebles perseguidos por el Banco AV Villas en acción real
hipotecaria frente a Marina Rico de Pinto, (ii) la invalidación de la
providencia mediante la cual dejó sin efecto las anotaciones número 10 y 11 del
folio de matrícula inmobiliaria de los predios embargados, relativas a los
contratos de compraventa y la tradición de los bienes, y (iii) la adopción de
las medidas tendientes a restablecer su derecho de propiedad.
-Las providencias proferidas por el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Bucaramanga el 26 de abril de 2006, -decretando la
nulidad de la actuación, la terminación del proceso ejecutivo, la cancelación
de la medida cautelar, el desglose del título ejecutivo para entregarlo a la
ejecutante-, y el 8 de junio de 2006,-cancelando las anotaciones 10 y 11 de los
folios de matrícula inmobiliaria del inmueble referentes a la adjudicación del
bien y a sus enajenaciones posteriores a terceros de buena fe-, se adoptaron en
cumplimiento de la sentencia T-199 de 2006 proferida por la Corte
Constitucional, como consecuencia de la demanda de amparo interpuesta por
Marina Rico de Pinto.  Por ello AV Villas solicita la nulidad de tal sentencia
ante la falta de vinculación de los terceros adquirentes de buena fe como la
ahora accionante.
-La sentencia T-199 de 2006 resolvió dejar sin efecto
la actuación cumplida por el Juzgado 8° Civil del Circuito de Bucaramanga
dentro del proceso ejecutivo adelantado por el banco AV Villas contra Marina
Rico de Pinto, a partir de la solicitud de nulidad presentada por su abogado, y
le ordenó pronunciarse en los términos dispuestos en el artículo 42, parágrafo
3°, de la Ley 546 de 1999, ciñéndose a la interpretación que sobre el mismo
hizo esta Corporación en la sentencia C- 995 de 2000.
-Al trámite de revisión que concluyó con la sentencia
T-199 de 2006, no se vinculó a los terceros de buena fe que adquirieron el
inmueble rematado en el proceso ejecutivo adelantado por AV Villas contra
Marina Rico de Pinto, adjudicado a la ejecutante.  El Magistrado Ponente de
dicha sentencia lo precisa así:
“(…) atendiendo al contenido de dicha providencia, los
hechos que fueron objeto de análisis en el caso correspondiente no consignan la
existencia de terceros de buena fe en el trámite del proceso ejecutivo
demandado.  Por tal razón, la sentencia no analizó la situación jurídica de la
señora Nency María Sánchez..”.
-Ningún reproche puede hacerse al Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bucaramanga porque las decisiones adoptadas les fueron
ordenadas por la Corte Constitucional.
-La Corte Constitucional puntualizó que en la
sentencia T-199 de 2006 “no se analizó la situación jurídica de la señora
Nency María Sánchez”y, consecuentemente, respecto de ella no actúa la cosa
juzgada constitucional pues no fue parte del trámite ni la tutela la alcanza,
en tanto que la decisión carece de efectos inter pares ni inter
comunis.
-La situación jurídica de la señora Nency María
Sánchez, “tercero al proceso ejecutivo y a la sentencia de revisión,
adquirente de buena fe de los bienes sobre la situación pública inscrita en el
registro inmobiliario”, torna procedente el amparo constitucional, única y
exclusivamente en lo que concierne a la protección de sus derechos adquiridos
de buena fe.
-En casos como el presente, la buena fe de terceros se
basa en un elemento objetivo externo, pues,
“el registro inmobiliario según el artículo 1° del
Decreto 1250 de 1970, es “un servicio del Estado” prestado por servidores públicos,
cuyos datos se presumen ciertos, en forma que los particulares pueden
consultarlos, atenerse a la información allí contenida y resultan oponibles a
terceros, particularmente, tratándose de la calidad del titular del derecho
real de dominio respecto de bienes o derechos sujetos a esta formalidad, a
punto que en tales situaciones, la “confianza legítima” y la protección de los
derechos de terceros de buena fe, resultarían conculcados cuando sobre la
hipótesis de la situación hecha pública en el registro, se desconocen.”
-Los diversos pronunciamientos de la Sala[4]
sobre la cuestión jurídica objeto de debate no dejan ninguna duda respecto de
la protección que se ha prohijado a terceros que con arreglo a la ley han
adquirido un inmueble, y que luego se ven sorprendidos con una determinación
judicial que invalida su derecho, entendiéndose tal postura, en la medida en
que son adquirentes de buena fe exenta de culpa, que no le pueden ser
trasladadas las vicisitudes de una causa judicial ajena y que la seguridad jurídica
impone el respeto de los actos jurídicos que los particulares han realizado
conforme a las reglas y procedimientos consagrados por el legislador.
-En consecuencia,  “si Marina Rico de Pinto
(sic)adquirió la propiedad de dos inmuebles que, conforme a los documentos
públicos pertinentes, no tenían registro de medidas cautelares o procesos
judiciales pendientes, no puede posteriormente privársele de dicho derecho
constitucional, bajo el argumento de habérsele declarado la “ilegalidad”,
“invalidez” o “falta eficacia” de unas actuaciones judiciales, dentro de las
cuales se encontraba una venta forzada, componente remota de la cadena de
títulos que forjaron el dominio de la tutelante.”.
4.      Intervenciones en sede de revisión
En escrito dirigido a los magistrados que integraban
la correspondiente Sala de Selección de la Corte Constitucional, Marina Pinto
de Rico expresó las razones por las cuales considera que la tutela de la
referencia debía ser seleccionada para revisión.
Después de hacer un recuento de los antecedentes que
condujeron a la Sentencia T-199 de 2006, expresa que, en desarrollo de lo allí
dispuesto, por decisión del Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga, se
cancelaron las anotaciones correspondientes a la adjudicación del inmueble al
Banco AV Villas y a las posteriores ventas a Alba Josefa Mogollón de Sierra y a
Nency María Sánchez González, persona esta última que, al verse afectada,
interpuso la presente acción de tutela.
Pone de presente que perdió su vivienda desde el año
2005, cuando la persona a quien se la tenía arrendada le comenzó a cancelar los
arrendamientos al secuestre y, luego de adjudicada, le entregó la posesión real
y material al Banco AV Villas.
Como hecho jurídico relevante solicita tener en cuenta
que, “[e]stando en curso la revisión de la tutela, la Corte Constitucional
recibe los descargos del BANCO AV-VILLAS, según consta en la sentencia, mediante
memorial presentado el 8 de julio de 2005”.[5]
Agrega que, como para el momento en el que se requirió
al banco para que se pronunciara, éste no había vendido la vivienda, era
natural que en el expediente no aparecieran los posteriores adquirentes, y que
el Banco, al haber dispuesto del inmueble, a sabiendas de que estaba por resolverse
una acción de tutela que, tenía, de acuerdo con los precedentes
jurisprudenciales, altas probabilidades de ser concedida, es responsable de los
perjuicios que se hayan causado con su actuación.
III.              FUNDAMENTOS JURIDICOS
1.     Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar la
sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Problema jurídico
En este caso, la acción de tutela se
dirige contra la actuación del Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga por
medio de la que se decidió cancelar las anotaciones en el registro de
instrumentos públicos que sustentaban la titularidad del dominio sobre un bien
inmueble que había sido adquirido por la accionante, así como ordenar su
restitución a una propietaria anterior.
Como se observó por la Corte Suprema de
Justicia, la actuación del juez accionado no es sino la ejecución de la orden
contenida en la Sentencia T-199 de 2006 de la Corte Constitucional, sentencia
de la cual se desprenden las consecuencias que la demandante considera lesivas
de sus derechos fundamentales y de cuyo trámite no fue oportunamente informada.
Es preciso tener en cuenta que el problema
jurídico que ahora se plantea surge de un hecho nuevo, ajeno al proceso que
condujo a la expedición de la Sentencia T-199 de 2006, como quiera que se
produjo con posterioridad a los fallos de tutela que fueron objeto de revisión por
la Corte en el expediente T- 1175288 y que, por consiguiente, no fue tenido en
cuenta por la Corte en dicho proceso de revisión.
Lo anterior plantea la necesidad de
establecer qué es lo que resulta procedente cuando terceros que, como en este
caso, adquieren esa calidad en razón a un hecho nuevo, y, por consiguiente, no
fueron citados al proceso, resultan afectados por una providencia de tutela de la
Corte Constitucional.
Como en esta oportunidad, la tutela se
interpuso por un tercero que se considera afectado por la pretensión de las
autoridades de hacer efectiva en su contra una decisión de tutela de la Corte
Constitucional, puede señalarse que, en ese contexto, le corresponde a la
Corporación determinar si la actuación del Juez Octavo Civil del Circuito de
Bucaramanga, en ejecución de lo dispuesto en la Sentencia T-199 de 2006 de la
Corte Constitucional, en cuanto afecta a Nency María Sánchez, resulta
violatoria de sus derechos fundamentales y, de encontrarse que ello es así,
cómo se concilia la protección de los derechos constitucionales que se
encuentran en juego: los que fueron objeto de protección en la Sentencia T-199
de 2006 y los de quien se considera afectado por la ejecución de las
previsiones de esa sentencia sin haber sido parte en el respectivo proceso.
Para resolver la cuestión planteada, la
Corte se referirá, en primer lugar, a la jurisprudencia sobre el derecho al
debido proceso y, en particular, sobre la situación de los terceros con interés
legítimo en las decisiones de tutela; luego, hará un recuento de la doctrina
Constitucional con base en la cual se concedió el amparo en la Sentencia T-199
de 2006, para, con base en esos desarrollos, abordar el estudio del caso
concreto.
3.      Estado actual de la cuestión
3.1.   Como consecuencia de la orden de
protección emitida por la Corte mediante Sentencia T-199 de 2006 y de las
providencias adoptadas por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga
en ejecución de esa orden, la situación a dilucidar, formalmente,  sería la
siguiente:
3.1.1. Se restituyó la propiedad de los
inmuebles que fueron objeto del proceso ejecutivo a Marina Rico de Pinto. Para
ese efecto se cancelaron todas las anotaciones en el registro con posterioridad
a la adjudicación del inmueble rematado a AV Villas.
3.1.2. Se restableció la obligación
hipotecaria a cargo de Marina Rico de Pinto y a favor de AV Villas.
3.1.3 Se registró nuevamente el gravamen
hipotecario sobre los referidos inmuebles, para respaldar la anterior
obligación.
3.1.4. Nency María Sánchez, actual
tenedora del inmueble, tendría que restituir la tenencia a Marina Rico de
Pinto, sin perjuicio de las devoluciones y compensaciones a las que hubiese
lugar.
3.2.   El anterior sería el estado de la
cuestión de acuerdo con las disposiciones judiciales adoptadas en el proceso de
tutela. Sin embargo, la realidad es distinta, por cuanto, por una parte, Nency
María Sánchez, como tercero adquirente de buena fe, mantiene la tenencia del
inmueble, y cuenta con una orden de tutela que la ampara en sus derechos,
aunque no ha sido restituida en la posesión jurídica (propiedad);  por otra
parte, el 8 de noviembre de 2006 AV- Villas inició nuevo proceso hipotecario[6]
por la mora en la que nuevamente se encontraría Marina Rico de Pinto, como
consecuencia del saldo insoluto de la obligación que fue restablecida al darse
por terminado retroactivamente el proceso ejecutivo.
En desarrollo de ese nuevo proceso, el 26
de enero de 2007 se dictó mandamiento de pago, y el 8 de febrero de 2007 se
registró embargo sobre los inmuebles. El 2 de octubre de 2007 AV-Villas cedió
el crédito a Reestructuradora de Créditos de Colombia S.A.
Cabe observar que, no obstante que,
jurídicamente AV – Villas fue restituida en su crédito, no ha devuelto los
valores recibidos por la venta del inmueble, en desarrollo de la adjudicación
que se le había hecho, precisamente, para saldar esa obligación.
Del mismo modo observa la Sala que la
anterior situación no fue puesta en conocimiento del juez de tutela por los
interesados, AV Villas y Marina Rico de Pinto, no obstante que la tutela se
interpuso con posterioridad, el día 14 de marzo de 2008 y que fueron vinculados
a este último trámite.
En efecto, AV Villas intervino mediante
oficio radicado el 28 de marzo de 2008, en el que entre otras cosas, solicitó
que se deje sin efecto la cancelación de las anotaciones del registro, pero no
mencionó (i) haber iniciado un nuevo proceso ni (ii) haber cedido el crédito.
Marina Rico de Pinto no intervino, no
obstante haber sido convocada.[7]
3.3.   Ante la tutela interpuesta por
Nency María Sánchez para que se le protegieran sus derechos como tercera
adquirente de buena fe, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Bucaramanga, que adoptara las medidas correspondientes
para la cesación de todo efecto jurídico contra ella respecto de los actos por
los que se dispuso la orden de entrega de los inmuebles a los que se ha hecho
alusión, así como de las providencias que invalidan los registros
correspondientes a los mismos y sustentan el dominio de la tutelante.
3.4.   El Juzgado Octavo informó a la
Corte Constitucional que, en acatamiento a la orden de la Corte Suprema,
mediante Auto de enero 30 de 2009 había dispuesto “(…) ratificar las
anotaciones 6, 7, 8, 10 y 11 de los folios de matrícula inmobiliaria 300-234470
y 300-234440, donde aparece el embargo del inmueble a favor de AHORRAMAS CORPORACION
DE AHORRO Y VIVIENDA hoy BANCO COMERCIAL AV VILLAS, la adjudicación del bien
hipotecado a favor de esa entidad financiera, la compraventa que hizo ALBA
JOSEFA MOGOLLON DE SIERRA al BANCO AV VILLAS, y la posterior  compraventa que
hizo ALBA JOSEFA MOGOLLON DE SIERRA a favor de NENCY MARIA SANCHEZ GONZALEZ; y
dejó sin vigencia los Oficios 1307 y 1308 del 5 de mayo de 2006, dirigidos al
registrador de Instrumentos Públicos de esta ciudad, donde se había ordenado la
cancelación de los embargos en las respectivas matrículas inmobiliarias.”
Señaló el Juzgado que, igualmente, mediante oficios No. 0335, 0336 y 0337 de 10
de febrero de 2009,  dirigidos al registrador de Instrumentos Públicos, “(…)
se dejó sin vigencia las anotaciones 12, 13, 14, 16 y 17 del  folio de
matrícula inmobiliaria 300-234440 que ordenaba la cancelación de la hipoteca
sin límite de cuantía, de embargo con acción real y la adjudicación del bien
hipotecado, la compraventa que el BANCO AV VILLAS le hizo a favor de ALBA
JOSEFA MOGOLLON DE SIERRA, y la compraventa que ésta hizo a favor de NENCY
MARIA SANCHEZ GONZALEZ.”
3.5.   No obstante lo anterior en el folio
de matrícula inmobiliaria No. 300-234440  no se registra la referida actuación
del juzgado, en la medida en que, según certificado de tradición y libertad de
marzo 23 de 2011, allegado al expediente por Marina Rico de Pinto, siguen
vigentes las anotaciones  12, 13, 14, 16 y 17  que, a su vez, cancelan las
anotaciones 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
4.      El debido proceso y los
terceros con interés legítimo
De
acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, “[e]l debido proceso
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.En
repetidas ocasiones la Corte ha destacado el carácter fundamental de este
derecho, señalando que el mismo está integrado por “(…)  el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier
proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos
sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio,
asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia”.[8]
En
la Sentencia T-715 de 2009 la Corte expresó que una de las principales
garantías del debido proceso es, precisamente, la oportunidad reconocida a toda
persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o
administrativa, “de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y
argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de
solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como
de ejercitar los recursos que la ley otorga”[9].
Ha
señalado la Corte que, dada la naturaleza
del proceso y el papel que cumple en la sociedad como instrumento para
garantizar la pacífica convivencia, se hace indispensable que el mismo se
tramite conforme a unas reglas mínimas que permitan a las personas, en igualdad
de condiciones y de oportunidades, concurrir y actuar en el debate judicial.
Esas reglas mínimas, ha dicho la Corte, obedecen a unos principios generales,
que constituyen lo que la doctrina universal conoce como debido proceso y
tienen entre sus objetivos el de evitar la arbitrariedad en las decisiones del
Estado.
La
jurisprudencia constitucional ha puntualizado que entre tales principios,
resultan esenciales en un Estado democrático los de publicidad y de
contradicción, en la medida en que, el primero, impide que existan en el
proceso actuaciones ocultas para las partes o para quienes intervienen en él
por ministerio de la ley como sujetos procesales, cual sucede con el Ministerio
Público, la Fiscalía o la Defensoría de Familia.  Tal publicidad, ha dicho la
Corte, “(…)  resulta indispensable para la formación válida de la relación
jurídico-procesal, pues, de no ser así, el demandado quedaría expuesto a que
contra él se profiriera una sentencia adversa sin haber sido siquiera
debidamente anoticiado de la existencia de la demanda promovida en su contra.”[10]
Del mismo  modo, prosigue la Corte, la
publicidad de las actuaciones que se surtan en el proceso es presupuesto
necesario para que pueda existir la contradicción a lo largo del mismo por
parte de quienes se encuentran legitimados para el efecto. Solo de esta manera
puede tener cabal realización la garantía democrática de que nadie puede ser
condenado sin haber sido oído y vencido en juicio.
Esa
garantía no es meramente formal, puesto que la oportunidad para ejercer la
defensa se orienta, precisamente, a permitirle a la persona hacer valer en el
proceso su posición jurídica y, con ello, a obtener, eventualmente, una
decisión que, en el fondo del asunto, le resulte favorable.
En
materia de tutela la jurisprudencia ha desarrollado este principio,
puntualizando la necesidad de integrar el contradictorio, vinculando al proceso
a todos los sujetos que puedan tener carácter de parte, particularmente a
quienes puedan ser considerados autores de la violación o, de cualquier forma
destinatarios de las órdenes de protección, así como a los terceros que, sin
ser parte en la relación sustancial, puedan resultar afectados por las
decisiones que deba adoptar el juez constitucional. A ello se añaden los
desarrollos jurisprudenciales sobre la debida notificación. Así, ha dicho la
Corte que los distintos códigos de procedimiento regulan, en forma estricta, lo
atinente a las notificaciones, institución sin la cual no podría garantizarse
el oportuno y adecuado ejercicio del derecho de defensa.
De
todo lo anterior se desprende el hecho de que no es posible hacer valer una
sentencia contra una persona que no ha sido parte en el correspondiente proceso
y que, cuando se presente la eventualidad de que una persona se vea afectada en
su posición jurídica por una decisión judicial sin haber sido citada al
correspondiente proceso, cabría, según las circunstancias del caso, o disponer
la nulidad de lo actuado o la inoponibilidad de la decisión a quien no fe
convocado al proceso dentro del cual la misma fue adoptada.
De
manera general la Corte ha señalado que “(…) las decisiones judiciales sólo se ejecutan contra
quienes, de conformidad con las mismas, están obligados a acatarlas (…)[11]. En particular, tratándose de la tenencia o la
posesión de inmuebles, la Corporación ha puntualizado que  “(…) toda
diligencia de entrega se debe iniciar con la determinación del bien objeto de
la medida, y que quienes se encuentren en el inmueble tienen derecho a ser
oídos, y a que su oposición sea tramitada y resuelta –salvo que la medida les
sea oponible-, habida cuenta que los artículos 337 y 338 del Código de
Procedimiento Civil se refieren a dicha determinación, y tanto estas
disposiciones, como los artículos 66 del Código de Procedimiento Penal, y 762 a 792 del Código Civil, dejan a salvo los derechos de terceros poseedores, quienes sólo pueden
ser despojados de su posesión si las presunciones de dominio y de buena fe que
la acompañan, son desvirtuadas.” Agregó la Corte que “(…) la entrega de
inmuebles deberá efectuarse (…) una vez se hubiere resuelto lo atinente a la
permanencia de los ocupantes del inmueble, dado que los poseedores deben ser
vencidos en juicio separado, en ejercicio de las acciones civiles previstas
para el efecto, las que les permiten ejercer como es debido su derecho de
contradicción.”[12]
En
ese contexto, la Corte, en relación con la situación generada por una conducta
punible, pero que resulta susceptible de extenderse a otros escenarios, se
refirió a la necesidad de que cuando se anticipe que el funcionario judicial
deberá hacer cesar los efectos generados por una determinada conducta sobre
determinados inmuebles, de suerte que le corresponderá adoptar las medidas que
resulten necesarias para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban
antes de la ocurrencia de la misma, es preciso que asegure la ejecución de esas
medidas de restablecimiento que se ordenarán en futuras decisiones judiciales,
en razón de que el proceso puede demorar meses e incluso años, “(…) tiempo
que da lugar a que operen modificaciones en el estado de los bienes, y permite
la interferencia de terceros, dificultando e incluso impidiendo tanto la
restitución de las cosas, como su real valoración.”[13]
Puso
de presente la Corte, que, en una hipótesis como esa, resulta de trascendental
importancia embargar y secuestrar el bien objeto de la litis, con miras a
preservarlo, física y jurídicamente, para su futura valoración y restitución.
En
el caso que ahora es objeto de consideración se tiene que la Corte Constitucional en la Sentencia T-199 de 2006
resolvió dejar sin efecto jurídicola actuación judicial surtida en el proceso
ejecutivo adelantado ante el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga por
el Banco AV Villas en contra de Marina Pinto de Rico, a partir de la
presentación del memorial de nulidad por parte del apoderado judicial de la
tutelante, y ordenar al Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga que, en el
término de tres días, contados a partir de la notificación de esa providencia,
se pronunciara en los términos que dispone la Ley 546 de 1999, en su artículo
42, parágrafo tercero, ciñéndose estrictamente a la interpretación que sobre el
mismo hizo esta Corporación en la Sentencia C-955 de 2000.
En
ejecución de esa orden el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bucaramanga, en
providencia del 8 de junio de 2006, ordenó cancelar las anotaciones de las
matrículas inmobiliarias del inmueble objeto de la presente tutela,
correspondientes a las ventas realizadas por el banco AV Villas y por Alba
Mogollón. Dispuso así mismo que el Banco AV Villas entregase el inmueble a
Marina Rico de Pinto, para lo cual comisionó a la Secretaría de Gobierno
Municipal, encarándola de obtener de la accionante y actual tenedora la entrega
y el desalojo del inmueble.
A
objeto de establecer la respuesta constitucional que exige la colisión de
derechos que se desprende de la anterior situación, la Corte hará un recuento
de los elementos de la jurisprudencia constitucional que condujo a la orden de
amparo en la Sentencia T-199 de 2006, para luego adoptar una decisión que
permita, ante la situación creada, proteger el derecho de quien actúo como
accionante en el proceso que concluyó con la Sentencia T-199 de 2006 (Marina
Rico de Pinto), sin lesionar los derechos del tercero afectado por la decisión
de la Corte en esa sentencia (Nency María Sánchez González).
5.
Doctrina de la Corte
Constitucional en torno al alcance del artículo 42 de Ley 546 de 1999
En el mes de diciembre de 1999, se expidió
la Ley 546 de ese año, cuyo objetivo fue el de  ofrecer una respuesta a la
crisis social, económica y financiera por la que atravesaba el país, provocada,
entre otros factores, por las deficiencias en el sistema de financiación de
vivienda a largo plazo, que habían traído como consecuencia el incremento desbordado
del valor de los saldos de los créditos hipotecarios y, consiguientemente, la
imposibilidad de un gran número de deudores de cancelar las respectivas cuotas
y el aumento inusitado de los procesos ejecutivos hipotecarios derivados de la
mora en el cumplimiento de las obligaciones.
El objetivo de la ley, tal como fue fijado
en su artículo 2°, fue el de establecer las condiciones dentro de las cuales el
Gobierno debía regular el sistema especializado de financiación de vivienda de
largo plazo, con el propósito de garantizar el derecho constitucional a la
vivienda digna.
Esa finalidad se desarrolló en la ley con
la creación dela Unidad de Valor Real (UVR) como una unidad de cuenta
que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la
variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE[14]
y mediante la fijación, como criterios objetivos para el desarrollo del nuevo
sistema los de (i) salvaguardar el patrimonio de las familias representado en
vivienda, (ii) vigilar y fomentar el ahorro destinado a la construcción y
financiación de vivienda, buscando mantener la confianza pública en los
instrumentos de captación y en los establecimientos de crédito emisores de los
mismos, (iii) proteger a los usuarios de los créditos de vivienda, (iv)
propender al desarrollo de mecanismos eficientes de financiación de vivienda a
largo plazo, (v) velar porque el otorgamiento de los créditos y su atención
consulten la capacidad de pago de los deudores, (vi) viabilizar el acceso a la
vivienda en condiciones de equidad y transparencia, (vii) promover e impulsar
la construcción de vivienda en condiciones financieras que hagan asequible la
vivienda a un mayor número de familias, y (viii) privilegiar los programas y
soluciones de vivienda de las zonas del territorio afectadas por desastres
naturales y actos terroristas.
En la Sentencia T-495 de 2005 la Corte
llamó la atención sobre el hecho de que, en esa ley, dentro del propósito de
trazar estrategias destinadas a garantizar el derecho a la vivienda digna, el
legislador tuvo en cuenta que, bajo el anterior sistema de vivienda (UPAC), el
monto de las deudas hipotecarias no solo había superado la capacidad de pago de
los deudores, sino también, y en no pocos casos, el valor original de las
viviendas, hasta el punto que éstos últimos tuvieron que cancelar cuantiosas
sumas de dinero que la propia jurisprudencia constitucional calificó de
inequitativas y desproporcionadas frente al costo real del bien inmueble y de
los prestamos inicialmente otorgados. En ese orden de ideas, prosigue la Corte,
como estrategia inmediata, se dispuso el reconocimiento por cuenta del Estado
de unas sumas de dinero o alivios (Ley 546 de 1999, artículos  40 y sig.); bien
para abonar a los créditos hipotecarios vigentes a la fecha de expedición de la
ley y que hubieren sido adquiridos para la financiación de vivienda individual
a largo plazo, o bien para crear un fondo de ahorro a favor de los deudores que
hubieren entregado en dación en pago sus viviendas, dirigido a constituir la
cuota inicial de una nueva. Dicho esquema de alivio se aplicó no solo a los
créditos que se encontraran al día, sino igualmente a los que se encontraran en
mora a 31 de diciembre de 1999, supuesto este último regulado por el artículo
42 de la Ley 546 de 1999, que se ocupa de establecer los efectos dela
reliquidación y los abonos sobre los créditos en mora, previendo,en su
parágrafo 3°, las condiciones para que operaran, primero, la suspensión y,
luego, la terminación de los procesos ejecutivos en curso.
En la Sentencia C-955 de 2000, la Corte
declaró la exequibilidad parcial del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y, en
relación con el contenido general de su parágrafo 3°,expresó que, en cuanto la
cesación de pagos en las obligaciones de vivienda era atribuible en buena
medida a las deficiencias en el esquema vigente de financiación, era
constitucionalmente admisible que la aplicación de alivios encontrara un justo
correlato en el trámite de los procesos ejecutivos y, en consecuencia, señaló
que, de acuerdo con la nueva configuración normativa de esa disposición, en los
términos en los que fue declarada exequible por la Corte, la suspensión de los
procesos en curso que allí se prevé, tiene como propósito específico que se
efectúe la reliquidación del crédito y, una vez producida tal reliquidación,
que se proceda a la terminación del proceso y a su archivo definitivo sin más
trámite.
Sobre el particular, se dijo en el fallo:
“En ese orden de ideas, la suspensión de
los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de
oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del
crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su
archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de
vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al
establecimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)[15].”
Como consecuencia de la decisión de la
Corte, un número considerable de personas, que venían afrontando procesos
ejecutivos iniciados con anterioridad a diciembre de 1999, y que, después de
aplicada la reliquidación y practicados los abonos previstos en la ley seguían
con un saldo pendiente, acudieron ante los jueces a solicitar la terminación de
los procesos y, ante la negativa de los jueces civiles, recurrieron al amparo
constitucional.
El problema que se planteaba al juez
constitucional tenía dos dimensiones: Por un lado, la puramente procesal, relacionada
con la terminación de los procesos ejecutivos en curso; por el otro, una de
perfiles más sustantivos, que tenía que ver con el saldo a cargo del deudor y
con la manera como debía procederse frente al mismo.
La jurisprudencia constitucional, en sus
consideraciones, privilegió el primero de los anteriores aspectos, y son muchas
las sentencias en las que, al examinar casos planteados a la luz de lo
dispuesto en la Ley 546 de 1999, se dispone que, como consecuencia de la aplicación
de lo allí previsto, el proceso ejecutivo en curso debía darse por terminado,
pero no adoptaron previsión alguna en relación con el saldo insoluto a cargo
del deudor.
En efecto, tal como se puso de presente en
la Sentencia T-495 de 2005, la hermenéutica constitucional en este campo, a
partir de lo dispuesto en la Sentencia C-955 de 2000, y desarrollada luego en
las Sentencias T-606 de 2003, T-701 de 2004, T-199, T-258 y T-282 de 2005,
entre otras, señaló que en virtud del precitado parágrafo 3° del artículo 42 de
la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos iniciados antes del 31 de diciembre
de ese mismo año, que versen sobre créditos que cumplen las condiciones para
ser beneficiarios del alivio ofrecido por la precitada ley (arts. 40 y 41), (i)
debían ser suspendidos para que las entidades financieras procedieran a la
reliquidación del crédito y, posteriormente, (ii) debían terminarse,
ordenándose su archivo definitivo sin consideración adicional ninguna, ya que
la única exigencia dispuesta en el precepto para la terminación y archivo fue
la reliquidación de los créditos, que en todo caso, debía adelantarse, bien a
petición de parte, o bien de oficio por el propio juez de la causa.
Esa terminación de los procesos ejecutivos
en curso, puntualizó la jurisprudencia, debía producirse independientemente del
hecho de que la reliquidación del crédito ordenada por la ley arrojara saldos
insolutos a favor del acreedor y no hubiese acuerdo de reestructuración entre
las partes. Precisó la jurisprudencia que “… tal interpretación -la de
ordenar la finalización de los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31
de diciembre de 1999-, operaba sin perjuicio de la facultad reconocida por la
propia ley al acreedor para iniciar un nuevo proceso ejecutivo ante la
jurisdicción civil, en caso de que el deudor, una vez convertido y adecuado el
respectivo crédito (del sistema UPAC al sistema UVR), no se avenga a su reestructuración
(consecuencia de saldos insolutos) o incurra en una nueva mora. Tal como se
sostuvo en la Sentencia C-955 de 2000 y en fallos posteriores de tutela (T-606
de 2003, T-701 de 2004 y T-282 de 2005), adecuado el título al sistema UVR, la
nueva mora debe dar lugar a un proceso nuevo y, en ningún caso, acumularse al
que se había iniciado anteriormente y que ha expirado por expreso mandato
legal.”[16]
En consonancia con lo anterior, la Corte
expresó que “… tratándose de los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a
31 de diciembre de 1999, la decisión judicial de no darlos por terminados (…)
constituye una clara vía de hecho por defecto sustantivo, no solo por ampararse
en una interpretación equivocada del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, sino
además, por no consultar el criterio hermenéutico fijado por la Corte
Constitucional en las Sentencias C-955de 2000, T-606 de 2003, T-701 de 2004,
T-199 de 2005, T-217 de 2005, T-258 de 2005 y T-282 de 2005, entre otras.”[17]
El supuesto fáctico que daba lugar a la
pretensión de que el proceso ejecutivo continuase su curso era la existencia de
saldos insolutos después de aplicados la reliquidación y los abonos previstos
en la ley. La jurisprudencia de la Corte, sin embargo, insistió en que, en
todos los casos, la ley imponía la terminación de los procesos, sobre la base
de que el objetivo de esa previsión era brindar al deudor y al acreedor la
oportunidad para restructurar el crédito, y que ese mandato debía aplicarse aún
en el evento en el que, existiendo un saldo insoluto el deudor no accediese a
le reestructuración del crédito, evento en el cual lo que cabía era iniciar un
nuevo proceso ejecutivo. Como se ha dicho, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, “[e]l Parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 estableció,
entonces, una forma extraordinaria de terminación, la que a juicio de esta
Corporación obedeció a la necesidad de hacerle frente a una crisis económica de
grandes proporciones, generada en el incremento excesivo de los créditos
otorgados en UPACS y en el aumento inusitado de procesos ejecutivos, modalidad
que persigue otorgar tanto a las entidades prestamistas como a los deudores la
posibilidad de reestructurar los créditos, previo el abono especial ordenado en
el artículo 40 de la misma disposición, una vez efectuada la reliquidación del
crédito, y adecuados documentos contentivos de la obligación.”[18]
En ese sentido, se pronunció la Corte en la
Sentencia T-282 de 2005, en la que señaló, además, que incurren en vía de hecho
los jueces que no dispongan la terminación de los procesos ejecutivos en las
condiciones anotadas:
“Por el contrario, aquellas decisiones
judiciales que ordenen continuar con el proceso alegando la ausencia de acuerdo
entre el deudor y la entidad crediticia sobre la reestructuración del crédito,
o la existencia de un saldo insoluto luego de aplicado el alivio, están fundadas
en un entendimiento errado del citado artículo. Ello implica que las
autoridades judiciales que decidan no dar por terminados esos procesos incurren
en una vía de hecho por dos defectos sustantivos: por error en la
interpretación del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y por desconocimiento del
precedente judicial en la materia sentado por la Corte Constitucional. Pues la
decisión judicial que se funda en una interpretación indebida de una norma
jurídica que, por lo demás, ha sido reiteradamente aplicada por su interprete
autorizado encargado de guiar a los operadores jurídicos con su doctrina
constitucional integradora, conlleva una vía de hecho por defecto sustantivo o
material.[19]”
Para la Corte, en consonancia con lo
dispuesto en la Sentencia C-955 de 2000, los procesos ejecutivos deben terminar
en todo caso,“[s]in perjuicio de la facultad de la acreedora de iniciar un
nuevo proceso, una vez convertido el crédito y adecuado los documentos que lo
contienen, si el deudor no se aviene a la reestructuración del crédito, e
incurre en mora.”[20] Esto es, precisa
la Corte que, al terminar el proceso ejecutivo, si subsisten saldos insolutos,
debe reestructurarse el crédito y que si el deudor no se aviene a ello, incurre
en nueva mora, que daría lugar a iniciar un nuevo proceso ejecutivo.
En suma, de acuerdo con la jurisprudencia,
“… una vez concluido el trámite de la reliquidación del crédito, los
procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, iniciados para hacer
efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPACS, terminaron por
ministerio de la ley, pero una vez adecuados los documentos contentivos de la
obligación dichos procesos pudieron haberse iniciado nuevamente, esta vez para
solucionar créditos convenidos en UVR(s); si el deudor no convino en la
reestructuración del crédito o incumplió la convenida, a fin de satisfacer
efectivamente al acreedor.”[21]
No obstante el ánimo garantista de esa
jurisprudencia, que, como se verá, fue luego afinada, su alcance protector es
muy limitado, porque si el deudor no se aviene a la reestructuración, no se
cumple el propósito de la ley de permitir a los deudores conservar sus
viviendas y asumir nuevamente el pago de sus obligaciones. De este modo, la
orden de dar por terminado el proceso, se traduciría en una protección
artificial que consistiría en permitirle al deudor conservar su vivienda, no
obstante que persiste la mora, solo mientras se tramita el nuevo proceso
ejecutivo.
Como se ha dicho, el alcance de ese
precedente fue posteriormente puntualizado en la Sentencia T-701 de 2004, en la
que la Corte, luego de precisar el fundamento de la interpretación conforme a
la cual los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados con anterioridad al 31
de diciembre de 1999, deben darse por terminados, por ministerio de la ley, aun
cuando existan saldos insolutos después de aplicados el alivio y la reliquidación
previstos en la Ley 546 de 1999, señaló que de la aplicación de esa ley surge
para las entidades financieras la obligación de reestructurar los créditos, de
manera que, en principio, se restituye al deudor, no solo en el disfrute de su
vivienda, como consecuencia de la terminación del proceso ejecutivo y el
consiguiente levantamiento de las medidas cautelares que pesasen sobre el
inmueble, sino que, en el evento de existir un saldo insoluto, en la
posibilidad de seguir pagando el crédito de acuerdo con los términos acordados,
ajustados según la ley y la jurisprudencia, pero sin el efecto aceleratorio que
impone el pago inmediato.
Sobre esta materia, en la Sentencia T-282
de 2005, la Corte expresó:
“De los diversos alcances que los
operadores jurídicos le han dado a la norma, esta Corporación ha venido
reiterando que su texto, leído en consideración a la finalidad de la Ley 546 de
1999 y a la luz de la sentencia C-955 de 2000, debe ser entendida de la
siguiente manera pues es la interpretación que más se adecua a las
disposiciones Superiores. Por consiguiente, la posición jurisprudencial en esta
materia considera que los procesos ejecutivos hipotecarios que se hubieren
iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 y que cumpliesen las condiciones
para ser beneficiados con el alivio ofrecido en la Ley 546 de 1999 debieron: i)
ser suspendidos mientras las entidades crediticias efectuaban la reliquidación
del crédito, bien fuera por petición del deudor o de oficio; y ii) ser
terminados y ordenado su archivo una vez efectuada la reliquidación. De manera
automática y sin trámite adicional alguno, la norma le ordenó a los jueces
ordinarios la cancelación de los procesos en el estado en que se encuentran,
sin entrar a hacer ninguna consideración sobre el estado del crédito luego de
aplicado el alivio ni las actuaciones del deudor para acordar una
reestructuración del crédito. Ello es así, pues la única condición que señaló
el legislador para terminar y archivar los procesos ejecutivos en trámite fue
la reliquidación de los créditos, que en todo caso debía ser adelantada a
petición del deudor o de oficio. Si una vez adecuado el título al nuevo sistema
de UVR el deudor no se aviene a la reestructuración o incurre en mora, el
acreedor puede iniciar un nuevo proceso ante la jurisdicción civil como juez
natural de los conflictos suscitados con ocasión de la ley de vivienda.”
En el caso que ahora es objeto de
consideración debe tenerse en cuenta que, para el momento en el que se solicitó
la nulidad de todo lo actuado, porque el proceso debió haberse dado por
terminado con base en las previsiones de la Ley 546 de 1999 (julio de 2004), no
había una jurisprudencia uniforme sobre lo que ocurría en los  eventos en los
cuales, luego de efectuada la reliquidación del crédito –ya sea a petición de
parte o de manera oficiosa por el juez- quedaban saldos insolutos a favor del
acreedor, y el deudor no acordaba la reestructuración del crédito con la
entidad financiera. Para entonces, la Sala de Casación Civil había venido
considerando que el ejecutivo debía proseguir y la Corte Constitucional, en la
Sentencia T-606 de 2003, se había pronunciado sobre una interpretación del
Tribunal Superior de Medellín, cuya decisión había sido revocada por la Corte
Suprema, conforme a la cual también en ese caso, el proceso ejecutivo debía
darse por terminado. Concluyó, inicialmente, la Corte, que la interpretación
del Tribunal no era arbitraria, ni su decisión podía considerarse una vía de
hecho, pero de ello no se sigue que, para entonces, pudiese decirse que esa era
una interpretación consolidada y que existía una línea de jurisprudencia
constitucional sobre ese particular. Con todo, en esa sentencia,  la Corte
expuso argumentos adicionales para respaldar la interpretación de la norma
según la cual los procesos ejecutivos en curso debían darse por terminados
luego de la reliquidación del crédito. En esa sentencia, la Corte expresó:
“Por consiguiente, el parágrafo 3° del
artículo 42 no estableció una modalidad de terminación por pago total de la
obligación, la que existía y siempre ha existido en el ordenamiento, sino la
finalización de los de los procesos ejecutivos en curso por ministerio de la
ley, sin consideración al estado del mismo, ni la cuantía del abono especial,
como tampoco de “las gestiones” del deudor para cancelar las cuotas insolutas
del crédito.
Sin perjuicio de la facultad de la
acreedora de iniciar un nuevo proceso, una vez convertido el crédito y adecuado
los documentos que lo contienen, si el deudor no se aviene a la
reestructuración del crédito, e incurre en mora.
El Parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley
546 de 1999 estableció, entonces, una forma extraordinaria de terminación, la
que a juicio de esta Corporación obedeció a la necesidad de hacerle frente a
una crisis económica de grandes proporciones, generada en el incremento
excesivo de los créditos otorgados en UPACS y en el aumento inusitado de
procesos ejecutivos, modalidad que persigue otorgar tanto a las entidades
prestamistas como a los deudores la posibilidad de reestructurar los créditos,
previo el abono especial ordenado en el artículo 40 de la misma disposición,
una vez efectuada la reliquidación del crédito, y adecuados documentos
contentivos de la obligación.
(…)
En suma, una vez concluido el trámite de
la reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre
de 1999, iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en
UPACS, terminaron por ministerio de la ley, pero una vez adecuados los
documentos contentivos de la obligación dichos procesos pudieron haberse
iniciado nuevamente, esta vez para solucionar créditos convenidos en UVR(s); si
el deudor no convino en la reestructuración del crédito o incumplió la
convenida, a fin de satisfacer efectivamente al acreedor.”
Este recuento jurisprudencial, y la manera
como fue evolucionando la doctrina fijada por la Corte, resulta importante,
porque no puede decirse que, en este caso, los jueces o la entidad ejecutante
hubiesen actuado en contravía con la jurisprudencia constitucional. El proceso
ejecutivo prosiguió su curso conforme a una línea de acción que había sido
avalada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y las partes
podían contar con una confianza legítima para obrar conforme a las resultas del
proceso, el cual, para el momento en el que culminó con la adjudicación del
bien a la entidad ejecutante, no había sido cuestionado por la vía del amparo
constitucional.
De todo lo anterior resulta que del tenor
literal de la Sentencia C-955 de 2000, se sigue que el proceso ejecutivo debe
terminar en todos los casos y que, si el deudor no consiente en la reestructuración
del crédito, debe iniciarse un nuevo proceso ejecutivo. Este escenario es el
que da pie para la interpretación de la Corte Suprema, porque es claro que el
objetivo de la ley es darle un alivio al deudor, de manera que pueda conservar
su inmueble y reasumir el pago de su deuda. Pero cuando, ni aún con la
reliquidación y la aplicación del alivio, el deudor está en capacidad de asumir
el pago de su obligación, parecería carente de sentido y contrario a la
economía procesal disponer el inicio inmediato de un nuevo proceso,
desconociendo el que se había  venido adelantando.
En la Sentencia T-701 de 2004, la Corte se
refirió al objetivo del alivio: “Los alivios debían lograr restablecer, en
lo posible, la capacidad de pago de dichos deudores. Sin embargo, esto
sería prácticamente imposible si los procesos ejecutivos continuaran, debido,
entre otras cosas, a la cláusula aceleratoria que contemplan los títulos
valores. Dicha cláusula aceleratoria permite al portador del título valor
suscrito por el deudor declarar vencida de manera adelantada toda la obligación,
dar así por extinguido el plazo convenido y hacer exigibles los saldos
pendientes. En ese orden de ideas, encontrándose el deudor en mora por la
totalidad del crédito de vivienda, la posibilidad de impedir que, con ocasión
del proceso ejecutivo pierda el bien objeto de garantía real, es remota. Los
préstamos de vivienda son generalmente otorgados para ser cancelados en el
largo plazo. Por ende, si se ejecuta al deudor por el monto total de la
obligación difícilmente podrá reunir  el monto total para evitar la pérdida de
su inmueble.” Sin embargo, se reitera, dicho proceso resulta operativo
cuando el deudor está en capacidad de asumir la obligación reliquidada,
aliviada y reestructurada. Por el contrario, cuando pese a la aplicación de
todos esos mecanismos, el deudor no está en capacidad de pagar, la terminación
del proceso no parece razonable o no parece obedecer a un imperativo
constitucional.
Dijo también la Corte en esa sentencia:
“Así, los derechos en conflicto son el acceso
a la justicia de las entidades financieras y el derecho a la vivienda digna de
los deudores hipotecarios. Ahora bien, la tesis sostenida por el actor y por la
Sala de Casación Civil sobre la continuación de los procesos ejecutivos, aunque
favorece el derecho de acceso a la justicia de las entidades financieras, en
muchos casos implica la imposición de gastos insoportables a los deudores,
quienes muy probablemente terminarían perdiendo la vivienda, lo cual  no sólo
afecta considerablemente el derecho a la vivienda digna, sino que además
terminaría desconociendo uno de los propósitos esenciales de la Ley 546 de
1999, que fue restablecer la capacidad y posibilidad de pago de dichos
deudores. Por el contrario, la tesis de la terminación y archivo de los
procesos ejecutivos, sostenida por la sentencia impugnada, no tiene efectos tan
traumáticos sobre el derecho de acceso a la justicia de las entidades
bancarias. Es cierto que éstas tienen la carga de iniciar nuevos procesos
ejecutivos en caso de que los deudores de vivienda se constituyan nuevamente en
mora, pero las mismas gozan, por ministerio de la ley, de iguales garantías
para perseguir el cumplimiento de la obligación. Es decir los títulos
ejecutivos fueron convertidos, opelegem, de Upac a Uvr, permaneciendo
también la garantía real de hipoteca sobre los bienes inmuebles.”
El problema está en que la ley no previó
de manera expresa ese escenario, que supone que las partes deben procurar, de
buena fe, la reestructuración del crédito.
En la Sentencia T-701 de 2004, la Corte
avanzó en la conformación de la línea jurisprudencial, para afirmar, de manera
apenas tangencial, que la terminación del proceso va seguida, necesariamente,
de una reestructuración, en el evento en el que queden saldos insolutos. Es una
medida de protección del deudor, porque le impone a la entidad financiera la
obligación de reestructurar, para lo cual, sin embargo, en ausencia de acuerdo
entre las partes, era preciso derivar unas condiciones de la propia ley. Se
consolida así el beneficio para el deudor, que deja de estar abocado al pago
inmediato de la totalidad de la obligación, y tiene una deuda nueva, en
condiciones preestablecidas,  que debe iniciar a pagar con nuevas cuotas
mensuales. Solo en caso de que, producida esa reestructuración, el deudor
incurra en nueva mora, habría lugar a iniciar un nuevo ejecutivo hipotecario.
Dijo la Corte en la Sentencia T-701 de
2004
“Lo que la norma prescribe es que, luego
de efectuada la reliquidación sobre todos los créditos, pesaba sobre el banco
el deber de reestructurarlos (...)
“Quiere decir lo anterior que los acreedores
no pueden excusarse en la falta de acuerdo de reestructuración con el deudor,
por cuanto, si éste era necesario, las entidades financieras tenían la
obligación de efectuarlo.”
De este modo, la reestructuración, que por
definición, implicaba un acuerdo de voluntades, pasó a ser, en ausencia del
mismo, un imperativo para las entidades financieras, quienes debían, por
consiguiente, efectuarla de manera unilateral, para lo cual, sin embargo, no
podían imponer su mero criterio, sino que debían atenerse a parámetros
imperativos derivados de la propia ley, aun cuando requiriesen precisión
jurisprudencial.
Así, era necesario definir una serie de
elementos, que no se encuentran en la ley ni en la jurisprudencia, tales como
(i) Los términos de la restructuración en caso de falta de acuerdo, o, (ii) El
plazo y el procedimiento para que las partes busquen un acuerdo, a falta del
cual proceden los términos legales y jurisprudenciales.
Parecería claro que la nueva obligación,
por el saldo insoluto acreditado en el proceso ejecutivo, surge a partir de la
terminación de éste. Cabría pensar en un plazo de gracia de 30 días, para que
el deudor se acerque a banco para acordar, a su elección, o un plan de pago, o
los términos de la reestructuración. Vencido ese término, regiría la obligación
reestructurada en los términos de ley y de la jurisprudencia, que debía fijar
las condiciones aplicables en cuanto a plazo, modalidad de amortización y tasa,
obligación cuyo primer vencimiento se produciría en treinta días y a partir del
cual, la falta de pago daría lugar a mora del deudor y a la posibilidad de
iniciar un nuevo proceso ejecutivo.
A falta de previsión expresa, habría que
concluir que el saldo es el valor de la obligación insoluta, una vez aplicados
la reliquidación y los alivios; el plazo y los intereses, los mismos que los
del crédito original, con los ajustes que hubiesen resultado de la
reliquidación. Sin embargo, nada de lo anterior está, ni en la ley, ni en la
jurisprudencia, razón por la cual no cabe afirmar que incurría en algún tipo de
responsabilidad la entidad bancaria que, motu proprio, no impusiese la
reestructuración.
Aún con los anteriores ajustes en la línea
jurisprudencial, subsisten vacíos, como, por ejemplo, el relacionado con los
casos en los cuales exista embargo de remanentes. En ese evento, la terminación
del proceso ejecutivo iniciado por la entidad financiera no obra para beneficio
del deudor conforme al objetivo de la ley, puesto que continuaría la ejecución
por la otra obligación y si no puede pagar se rematará el bien y el efecto no
habría beneficiado al deudor y habría perjudicado al acreedor financiero en
beneficio de un tercero acreedor. En tales casos, es razonable que no proceda
la reestructuración si el deudor no obtiene una reestructuración de la
totalidad de sus obligaciones.[22]
Del mismo modo, es preciso tener en cuenta
que la reestructuración presupone que el deudor acredite capacidad de pago para
asumir la obligación en las nuevas condiciones, de manera que si, aplicando las
condiciones más benéficas que procedan para los deudores de acuerdo con la ley,
evaluadas por el juez a cuyo cargo está la ejecución, se concluye que el deudor
no está en capacidad de asumir la obligación refinanciada, se excepcionaría el
mandato de dar por terminado el proceso, en razón a que resultaría contrario a
la economía procesal, a los derechos del acreedor y los intereses del deudor
que hubiese que iniciar, de manera inmediata, un nuevo proceso
ejecutivo.
Adicionalmente, es preciso que no haya
otros procesos ejecutivos en contra del deudor, en los que se haya solicitado
el embargo de remanentes. En tales casos, la obligación, aún si se entendiera
reestructurada se vuelve plenamente exigible.
De todo lo anterior surge que una
reconstrucción de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, ajustada
con los elementos de análisis que se han ido haciendo evidentes en las
distintas oportunidades en las que la Corte se ha ocupado del tema, muestra que
las reglas aplicables, de acuerdo con el marco constitucional, son las
siguientes: (i) En el ámbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos
hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de ese año, una vez realizada
la reliquidación del crédito y aplicados los alivios correspondientes, terminan
por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las anteriores condiciones subsiste
un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un acuerdo de reestructuración;
(iii) a falta de acuerdo, la reestructuración debe hacerse directamente por la
entidad crediticia, de acuerdo con los parámetros legales, jurisprudencialmente
delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por
el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por
obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuración, el deudor carece
de la capacidad financiera para asumir la obligación, se exceptúa el mandato de
dar por terminado el proceso, el cual continuará, en el estado en el que se
encontraba, por el saldo insoluto de la obligación.
6.      Análisis del caso concreto
En la presente oportunidad la tutela se
interpuso por una adquirente de buena fe de un bien inmueble a quien, como
consecuencia de una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional
en un proceso en el cual no fue vinculada, se le cancelaron las anotaciones en
el registro de instrumentos públicos que soportaban su derecho y se le conminó
a hacer la entrega material del inmueble.
Aunque la acción de tutela se dirigió
contra el juez que adoptó las medidas que se estiman lesivas de los derechos de
la accionante y contra el banco al que le había sido adjudicado el inmueble en
un proceso ejecutivo hipotecario y, además, la orden de protección que se
aspira  obtener iría dirigida a dichos sujetos, en el origen del problema se
identifica a la Sentencia T-199 de 2006 de la Corte Constitucional como la
fuente de la afectación de los derechos fundamentales que se estiman violados,
dado que en relación con ella la accionante afirma tener la calidad de tercero
con interés que no fue vinculado al proceso.
6.1.   En un caso como el que ahora ocupa
la atención de la Sala, es claro que al tercero afectado no le es oponible la
decisión adoptada en un proceso en el que no fue parte. A la accionante no le
pueden ordenar la entrega del bien que adquirió de buena fe, porque no hay una
orden judicial que le resulte vinculante. El problema está en que, de hecho, la
cancelación de los registros, le priva del título de su derecho y la pondría en
la situación de un mero poseedor. Tal como se expresó por el juez de tutela de
primera instancia, el tercero afectado podría oponerse a la entrega, alegando
su condición de poseedor y la ausencia de una decisión judicial que lo vincule,
pero se trataría de una defensa débil e incierta, frente al carácter perentorio
de las órdenes de tutela, y a la individualización que de las mismas se ha
hecho en detrimento suyo por el juez a cuyo cargo quedó la ejecución de la
providencia de la Corte Constitucional.
En este caso se está, no solamente ante un
defecto procesal, sino que, además, se trata de un adquirente de buena fe, que
obró sobre la base de una adjudicación dispuesta judicialmente y debidamente
registrada y sin que se hubiesen adoptado medidas cautelares para prevenir la
negociación del inmueble
El interrogante que se plantea es,
entonces, ¿Cómo obtiene el tercero afectado la declaratoria de inoponibilidad
de la decisión de tutela que afecta sus derechos? En este caso, para ese efecto
se acudió a una acción de tutela contra la actuación que se adelantó
directamente contra la accionante, y a partir de la cual pudo obtenerse el
pronunciamiento de inoponibilidad de la decisión de tutela que le sirve de
fundamento. Dado que, de por medio están las órdenes expedidas en otro proceso
de tutela, y, en este caso concreto, una sentencia de revisión de la Corte Constitucional,
es claro que la decisión que confiere el amparo de los derechos del tercero
afectado, solo puede tener un alcance transitorio, mientras que por el juez
cuya decisión se declara inoponible, en este caso la Corte Constitucional, se
adoptan las medidas que permitan reconciliar los extremos en tensión.
Advierte la Corte que, no obstante que la
inoponibilidad puede ofrecer una respuesta, al menos parcial, para el tercero
afectado, la decisión que la declara deja en el limbo jurídico el asunto
sometido a la consideración del juez constitucional en el primer proceso de
tutela, y resultaría una solución inequitativa, si se llegare a establecer que,
aún con la participación del tercero, la orden emitida en dicho proceso debiera
mantenerse. En ese caso, el beneficiario de la orden, por un error
circunstancial, que no afectaría el resultado, vería la orden de protección que
se expidió en su favor convertida en una expresión meramente formal.
6.2.   En ese contexto se encuentra la
Corte con el hecho de que en la Sentencia T-199 de 2006 se emitió una orden
para amparar los derechos de Marina Rico de Pinto, la cual, por las circunstancias
que se han expuesto, resulta inoponible a quien actúa como accionante en esta
oportunidad. Esa decisión comportaba para AV Villas restituir el inmueble que
le había sido adjudicado a la culminación del proceso ejecutivo y reestructurar
la correspondiente obligación. Como quiera que, dado que el inmueble se
transfirió a terceros adquirentes de buena fe, esa actuación resulta ahora
imposible de cumplir y es indispensable adecuar la orden de tutela inicialmente
proferida, para garantizar la efectividad de la protección dispensada por la
Corte. Para ese efecto se hará un recuento de los elementos fácticos y
jurídicos del caso.
6.2.1. Es preciso tener en cuenta que en
el régimen inicial de la Ley 546 de 1999 se hacía una diferenciación entre los
deudores que se encontraban en mora y los que estaban al día, diferenciación
que fue declarada inexequible por la Corte.
De esa diferenciación, independientemente
de las razones que condujeron a su inexequibilidad, referidas a la igualdad en
que ambas clases de deudores se encontraban en relación con los factores que
dieron lugar a la crisis de los créditos hipotecarios, se desprendían algunas
consecuencias procesales, que no quedaron claramente expuestas en la ley y que
tienen impacto sobre las posteriores decisiones que la Corte Constitucional
habría de adoptar en sede de tutela.
Así, tratándose de deudores que se
encontraban al día, aplicados la reliquidación y los abonos previstos en la
ley, la obligación seguía su curso, en los términos en los que había sido
pactada, esto es, por el plazo que le quedase de vigencia y de acuerdo con el
sistema de amortización pactado.
En las obligaciones que se encontraban en
mora, a su vez, cabían, dos supuestos: que no se hubiese iniciado proceso
ejecutivo o que ello sí hubiese ocurrido. En el primer caso, se trata de la
misma situación anterior. El deudor, una vez reliquidado el crédito y realizados
los abonos, tendría que ponerse al día y proseguir con el pago de las cuotas
pendientes y, de no ser ello así, era susceptible de demanda ejecutiva. En el
segundo caso, se tiene que, por virtud de la mora, se había hecho aplicable la
cláusula aceleratoria y, por consiguiente, se había ejecutado la obligación por
la totalidad del saldo pendiente. En ese caso, varios meses, o incluso años,
después de iniciado el proceso ejecutivo, si por virtud de la ley, el mismo
debe darse por terminado y queda algún saldo pendiente después de  aplicada la
reliquidación y los abonos previstos en la ley, era preciso fijar las
condiciones en las que habría de amortizarse ese saldo. Esa situación imponía,
en relación con estos créditos, distinguir dos situaciones:
a.
Reliquidación y abonos. En primer lugar, conforme a la regla general prevista
en la ley, los créditos debían ser reliquidados. Esto quiere decir que se
expresaban en UVR y la tasa se ajustaba a las previsiones legales, tal como
fueron condicionadas por la Corte Constitucional. Sobre el valor así
establecido, se practicaban los abonos dispuestos por la ley.
b.
Reestructuración del crédito. Si quedaba un saldo pendiente la obligación debía ser
reestructurada. De acuerdo con concepto de la Superintendencia Financiera[23], se entiende
por crédito reestructurado aquel respecto del cual se ha celebrado un negocio
jurídico de cualquier clase que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera
de las condiciones originalmente pactadas, en beneficio del deudor. Así, la
reestructuración de créditos puede definirse como cualquier negocio o
instrumento jurídico que tenga por objeto modificar las condiciones
originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada
de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago.
Dicho negocio o instrumento puede comprender modificación en las condiciones de
tasa, plazo y monto de la cuota. De este modo, como quiera que el contrato
inicial se había resuelto, y se había hecho exigible la totalidad de la
obligación, la terminación del proceso ejecutivo, en el evento en el que
quedasen saldos insolutos, exigía que las partes llegasen a un acuerdo para
reestructurar el crédito.
De acuerdo con la jurisprudencia
inicialmente desarrollada sobre la materia, si no había acuerdo para la
reestructuración o el deudor incurría en nueva mora, era preciso iniciar un
nuevo proceso ejecutivo. Dicha línea debe entenderse afinada por las decisiones
que hacen la reestructuración obligatoria para las entidades financieras.
En la  Sentencia  T-701 de 2004, la Corte
señaló que la entidad crediticia, de todas maneras tenía la carga de
reestructurar la obligación, lo cual implicaría que no cabe iniciar un nuevo
proceso ejecutivo a partir de la falta de acuerdo sobre la reestructuración,
sino, solo por la nueva mora en la reestructuración unilateralmente adoptada
por la entidad.
Uno de los problemas a los que atienden la
ley y las decisiones de la Corte es evitar el efecto perverso que sobre el
deudor se produciría por el hecho de que si la mora en la que incurrió es
atribuible al equivocado esquema de financiación del crédito, por virtud de la
cual, no solo pagó unas sumas en exceso, sino que, después, se vio en
imposibilidad de seguir pagando, no tendría sentido reliquidar la obligación y
hacer los correspondientes abonos, pero exigirle al deudor el pago inmediato
del saldo insoluto.
a)
En ese contexto una primera
interpretación, que no se ajusta a lo dispuesto por la Corte, es la de que si
después de aplicadas la reliquidación y los abonos, quedaba un saldo pendiente,
los procesos ejecutivos continuaban por el saldo insoluto.
Cabe observar que esa situación resultaba
del hecho de que, estando en curso el proceso ejecutivo, si el mismo se
suspendía para practicar la reliquidación y los abonos previstos en la ley,
pero, cumplidas esas operaciones, quedaba un saldo a cargo del deudor, para
terminar el proceso se requería que el deudor llegase a un acuerdo de
reestructuración con el acreedor, en ausencia del cual el deudor seguiría en
mora, y el proceso ejecutivo debía seguir su curso.
Es claro que, si la reestructuración
suponía un acuerdo de voluntades, al paso que es presumible que el deudor
siempre estuviese dispuesto a buscar una fórmula de arreglo, el acreedor, que
tenía la expectativa próxima de obtener la satisfacción de su crédito por la
vía ejecutiva, carecía de incentivo para hacerlo. Ello conduciría a que, por
regla general, no se produjese el acuerdo de reestructuración, y el proceso
ejecutivo siguiese su curso.
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la anterior interpretación no se aviene a la Constitución,
porque desconoce que el objetivo de la ley, que se expidió como respuesta a una
situación que ya la Corte había declarado inconstitucional, era proteger el
patrimonio de los deudores y restablecerlos en su capacidad de pago.
La Corte, sin embargo, no desarrolló de
manera detallada el anterior criterio y se limitó a decir que el entendimiento
de la ley que se ajustaba a la Constitución era aquel conforme al cual
practicados la reliquidación y los abonos, el proceso ejecutivo terminaba por
virtud de la ley.
Posteriormente la jurisprudencia se
complementó con una referencia tangencial al hecho de que si el deudor no se
avenía a la reestructuración, o incurría en una nueva mora, debía iniciarse un
nuevo proceso ejecutivo.
b)
En ese contexto surge una
segunda interpretación, que acoge solo formalmente la ratio de la
decisión de la Corte, por cuanto, conforme a la misma, efectivamente se da por
terminado el proceso ejecutivo en curso, pero, de manera inmediata, se inicia
un nuevo proceso ejecutivo por el saldo insoluto. Se trataría de una protección
apenas aparente o de un fraude al carácter protector del deudor que tuvo la
decisión del Corte.
c)
La anterior posibilidad
interpretativa conduce a la necesidad de precisar el alcance de la
jurisprudencia de la Corte, para señalar que, practicados la reliquidación y
los abonos, surgía para el acreedor la obligación de reestructurar el crédito.
En ese contexto, tenía pleno sentido la
terminación del proceso ejecutivo en curso, y la disposición de que si, dentro
del crédito reestructurado, el deudor incurría en nueva mora, era preciso
iniciar un nuevo proceso ejecutivo.
Sin embargo, esta opción enfrenta una
dificultad, que no fue abordada de manera expresa por la Corte, y es que la
reestructuración de un crédito supone, en principio, un acuerdo de voluntades
entre deudor y acreedor. En ausencia de ese acuerdo, no podría reestructurarse
la obligación, y, pese a que la Corte ha expresado lo contrario, lo lógico
sería que el proceso continuara su curso. Sin embargo, como se ha dicho, la
jurisprudencia puede interpretarse en el sentido de que surge una obligación
para el acreedor de reestructurar la obligación. En ausencia de un acuerdo de
voluntades, ello supone que la ley, o en su defecto, la jurisprudencia, deben
fijar las condiciones en las que esa reestructuración resultaría imperativa.
Para ese efecto era preciso fijar unos
criterios, derivados de la Constitución y de la naturaleza de las cosas, el
primero de los cuales sería el de que la reestructuración tiene como propósito
restituir al deudor en su capacidad de pago, al menos en relación con el
momento en el que inició la mora.
De este modo, una primera posibilidad,
sería reconstituir las condiciones del crédito, asumiendo, para ese efecto, que
no se hubiese presentado la mora. Ello implicaría que una vez reliquidado el
crédito y aplicados los abonos, el deudor pagase, con sus respectivos
intereses, las cuotas que para ese momento estuviesen en mora, y prosiguiese
pagando el saldo de la obligación por lo que restase del tiempo inicialmente
pactado. Así por ejemplo, en un crédito pactado, como en este caso, en 1996, a 15 años, a partir del 7 de julio de ese año, si el deudor entró en mora  en marzo 7 de 1999 y
se le inició un proceso ejecutivo en el mes de julio de ese año, que por virtud
de la ley debía darse por terminado en el año 2000, para normalizar su
situación, una vez reliquidada la obligación y realizados los abonos
correspondientes, el deudor tendría que pagar la cuotas vencidas, que serían al
menos 12, y luego seguir pagando las cuotas reliquidadas, por los restantes
once años.
La anterior solución, sin embargo, resulta
insuficiente para el propósito de restablecer al deudor en su capacidad de pago
que se vio alterada por unas condiciones inconstitucionales en la liquidación
de los créditos.
Una segunda posibilidad, entonces, sería
reestructurar la obligación, tomando como referencia la fecha en la que el
deudor incurrió en mora, pero sin exigirle el pago inmediato de las cuotas
atrasadas, sino proyectando la totalidad del saldo por el plazo que para ese
momento estuviese pendiente conforme a las condiciones inicialmente pactadas.
Aquí cabría, incluso, tomar el tiempo pendiente para el momento de la
reestructuración, o el que estuviese pendiente en el momento en el que el
deudor incurrió en mora.
Una tercera posibilidad sería aquella en
la cual, sin perjuicio de los acuerdos a los que pudiesen llegar las partes, la
reestructuración se hiciese tomando para ello el plazo máximo previsto en la
ley, que es de quince años, contados a partir del momento en el que se realice
la reestructuración. Las demás condiciones serían las del crédito reliquidado,
con los ajustes que quepa hacer de acuerdo con la ley, y aplicando, en
cualquier caso, el que resulte más beneficioso para el deudor.
Las anteriores opciones enfrentan sin
embargo, una última dificultad, que reside en el hecho de que, entre las
condiciones de la reestructuración, que se derivan de la naturaleza de las
cosas, están las de que el deudor tenga la capacidad de pago para asumir el
crédito reestructurado y que el inmueble represente efectivamente el valor del
crédito.
En este sentido es preciso observar que,
de acuerdo con la ley, para el otorgamiento de un crédito, “… el
establecimiento de crédito deberá obtener y analizar la información referente
al respectivo deudor y a la garantía, con base en una metodología técnicamente
idónea que permita proyectar la evolución previsible tanto del precio del
inmueble, como de los ingresos del deudor, de manera que razonablemente pueda
concluirse que el crédito durante toda su vida, podría ser puntualmente
atendido y estaría suficientemente garantizado.”[24] De este modo, si no
obstante que la obligación ha sido reliquidada y se han aplicado los abonos
previstos en la ley, es claro que el deudor carece de la capacidad de pago para
asumir la obligación reestructurada, carecería de sentido imponer la necesidad
de acceder a una reestructuración que, a ciencia cierta, se sabe, va a resultar
fallida. En esa hipótesis, el proceso ejecutivo debería continuar hasta su
culminación, dada la imposibilidad de reestructurar la obligación. El alcance
de la jurisprudencia constitucional en esta materia es el de imponerle a la
entidad crediticia la obligación de acceder a una reestructuración si el deudor
está en capacidad de asumirla, caso en el cual el proceso ejecutivo termina,
aun cuando queden saldos insolutos.
Por otra parte, en cuanto hace al valor
del inmueble, es posible que, por una multiplicidad de factores, entre los
cuales no es el menos importante el efecto de la mora, el inmueble tenga un
valor inferior o muy próximo al valor del saldo pendiente. Ello por cuanto, con
el transcurso del tiempo, el deterioro natural de las cosas, y, eventualmente,
las deficientes condiciones de mantenimiento, provocan una depreciación, a la
que se pueden agregar los cambios en las tendencias del mercado, bien sea las
generales sobre el valor de la propiedad raíz y las especiales, derivadas de
las características y la ubicación del inmueble.
En ese caso, no solo el inmueble no sería
una adecuada garantía del crédito, sino que el deudor estaría asumiendo un
compromiso potencialmente lesivo de sus intereses patrimoniales, porque estaría
adquiriendo un compromiso cierto a cambio de un beneficio de menor valor.  En
ese caso, resultaría mejor para el deudor entregar el inmueble como dación en
pago, por la totalidad del saldo, y acceder a un nuevo crédito en condiciones
acordes con su capacidad de pago y con el valor actual de la propiedad raíz.
Imponerle en ese caso al deudor la
obligación de acceder a la reestructuración no parece lo más adecuado a sus
propios intereses.
Si la jurisprudencia de la Corte tiene un
sentido protector del deudor, no se le puede dar un alcance que no esté en
consonancia con ese objetivo, como sería el de prorrogar su situación de mora,
con los costos que de allí se desprenden, si está establecida su falta de
capacidad de pago o la falta de correspondencia entre el valor actual y
proyectado del inmueble y el valor de la obligación que tendría que asumir.
En la Sentencia T-199 de 2006 la Corte no
hizo un pronunciamiento expreso sobre estos aspectos y ello permitió que AV
Villas, de manera inmediata a la notificación de la sentencia, procediera a
iniciar un nuevo proceso ejecutivo por el saldo insoluto de la
obligación.
Las alternativas de solución en este caso
están supeditadas a la necesidad de respetar los derechos del adquirente de
buena fe. De este modo, como la orden proferida en la Sentencia T-199 de 2006
se ha tornado en de imposible cumplimiento, es necesario que el juez que la
emitió, y, en este caso, la Sala Plena de la Corte Constitucional, adecue la
orden para obtener la efectiva protección del derecho.
7
Síntesis de la decisión
Puesto que los inmuebles que fueron objeto
de adjudicación en el proceso ejecutivo ya no están jurídicamente disponibles y
como la afectación de la deudora proviene de una situación que beneficiaba al
acreedor, es preciso restablecerla en las condiciones previas a esa afectación
inconstitucional de sus derechos. Para ello, AV Villas, si dentro de los tres
meses siguientes a la notificación de esta providencia no ha acordado y
formalizado con la señora Marina Rico de Pinto una solución distinta, debe
poner a su disposición un inmueble de su propiedad, de condiciones y valor
similares al que fue objeto del proceso ejecutivo. Sobre tales condiciones debe
pronunciarse el juez de tutela.
Previamente a la aprobación por el Juez
Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, en incidente especial, del inmueble ofrecido
por el banco, debe procederse a la reestructuración de la obligación a cargo de
Marina Rico de Pinto. Para ello debe establecerse el saldo insoluto de la
misma, una vez aplicados la reliquidación y los abonos previstos en la ley. Ese
saldo, expresado en UVR, se liquidará al valor de dicha unidad en la fecha en
la que los inmuebles se adjudicaron al Banco AV Villas.[25]Como medida de
compensación por los perjuicios y el posible detrimento patrimonial que para la
deudora se pudo haber derivado de la indebida liquidación del crédito, de la
subsiguiente imposibilidad de atender oportunamente el pago del mismo y de la
aplicación de la cláusula aceleratoria, no procederá actualización de la
obligación con posterioridad a la fecha en la que los inmuebles fueron
adjudicados al Banco AV Villas. Sobre el saldo resultante se practicará la
reestructuración del crédito, de acuerdo con las condiciones que rigen el
crédito de vivienda. Si la deudora acepta el inmueble y las condiciones de la
reestructuración, que, en todo caso, deberán ser previamente avaladas por el
juez en incidente especial, el Banco le hará transferencia del inmueble,
gravado con hipoteca para garantizar la obligación reestructurada. Si por el
contrario, la deudora no acepta esas condiciones, aprobadas por el Juez Octavo
Civil del Circuito de Bucaramanga se entenderá que cesa la protección brindada
en la Sentencia T-199 de 2006 en cuanto hace a sus efectos sobre el inmueble
que fue objeto de adjudicación en el proceso ejecutivo. En este último caso,
para evitar que se materialice en perjuicio de la deudora el detrimento en el
valor del inmueble por un hecho atribuible a un procedimiento de remate que no
debió realizarse, el valor de adjudicación del bien inmueble, que será
equivalente al avalúo pericial que sirvió de base para el remate, deberá
aplicarse al pago de la obligación insoluta, liquidada, en los términos de esta
providencia, en la fecha en que se decretó el remate y sin cargo por concepto
de intereses. Si quedare un saldo insoluto, el acreedor deberá iniciar un nuevo
proceso ejecutivo.
En todo caso, lo aquí decidido implica
dejar en firme la transferencia de dominio a favor de Nency María Sánchez y dar
por terminado el nuevo proceso ejecutivo que se inició contra Marina Rico de
Pinto por cuenta de la misma obligación, sin que hubiese mediado
reestructuración del crédito. Observa la Corte que al cesionario del crédito,
en cuanto que recibió la obligación en el estado en el que se encontraba, esto
es, pendiente de una decisión de la Corte Constitucional en sede de revisión de
tutela, y tuvo noticia de la existencia de este proceso, deberá atenerse a lo
aquí resuelto y dirimir con AV Villas la controversia que pueda resultar.
Esta decisión también encuentra respaldo
en el respeto del derecho a la vivienda digna, la propiedad como función
social, la función social de la actividad empresarial como base del desarrollo
y en la intervención del Estado en la economía.
En efecto, por mandato del artículo 51 de la
Constitución Política los colombianos tienen derecho a una vivienda digna, en
virtud de lo cual corresponde al Estado el desarrollo de una política pública
que garantice la efectividad del derecho a través de planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas
asociativas de ejecución de los diferentes programas que se creen para el
efecto. Si bien la realización de este derecho muestra el sello programático y
un desarrollo progresivo propio de los derechos económicos, sociales y
culturales, su transmutación hacia un derecho subjetivo, encuentra respaldo en
los principios y valores constitucionales que exigen el respeto por la dignidad
humana, en la medida en que se creen los elementos que le permitan a la persona
exigir del Estado la obligación de ejecutar una prestación determinada en favor
de un sujeto específico[26].
A la propiedad privada, reconocida por
esta Corte como un derecho subjetivo, en su ámbito de función  social le son
inherentes unas funciones de tal naturaleza dirigidas al cumplimiento de varios
deberes constitucionales entre los cuales se destacan la salvaguarda de los
derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general
como manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho.  De esta
manera al ordenamiento jurídico le compete adoptar medidas que permitan
asegurar el logro de las citadas funciones en pro de consolidar el derecho del
propietario con las necesidades de la colectividad fundamentadas en el texto
supremo[27].
De otra parte, con fundamento en los
artículos 333 y 334 de la Constitución Política, la libre empresa como base del
desarrollo tiene una función social que implica obligaciones, y el Estado
ejercerá la dirección general de la economía para, entre otros cometidos,
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  En
consecuencia la empresa, bajo la fórmula del Estado Social de derecho, debe
materializar el valor de la solidaridad promoviendo las condiciones económicas
y sociales básicas para el desarrollo autónomo de la persona.  Por su parte el
Estado, en tanto director general de la economía, cuenta con una serie de
instrumentos de intervención con miras a que en el desarrollo de la actividad
económica se reflejen valores como la justicia y la paz social, y principios
como la igualdad y la solidaridad.
IV.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.-   LEVANTAR la suspensión de términos decretada en este proceso.
Segundo.-  CONFIRMAR la sentencia del 28 de agosto de 2008 de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto resolvió declarar la
inoponibilidad, en relación con Nency María Sánchez, de la Sentencia T-199 de
2006.
Tercero.-    Dejar sin efecto toda la actuación cumplida por el Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Bucaramanga dentro del proceso ejecutivo que, con el radicado
289-2006, AV Villas inició contra Marina Rico de Pinto con base en la misma
obligación a la que alude esta providencia.
Cuarto.-     ORDENAR que, si en el término de tres
meses siguientes a la notificación de esta sentencia, el Banco AV Villas y
Marina Rico de Pinto no han acordado una solución distinta, para hacer efectiva
la protección dispuesta en la Sentencia T-199 de 2006 y ante la imposibilidad
de retrotraer las cosas al instante en el que debía haberse dado por terminado
el proceso ejecutivo, AV Villas ponga a disposición de Marina de Rico de Pinto
un inmueble de su propiedad equivalente a aquel que fue objeto del ejecutivo
hipotecario, de acuerdo con las siguientes condiciones:
1.
El inmueble que se ponga a disposición de
Marina Rico de Pinto deberá tener condiciones semejantes en cuanto a su
ubicación y estrato al que le fue adjudicado a AV Villas y, en todo caso, su
valor no podrá ser inferior al que resulte de un avalúo actualizado de dicho
inmueble, sin tener en cuenta las mejoras que se la hayan introducido con
posterioridad a su adjudicación a AV Villas.
2.
Una vez transferido el derecho de dominio
a Marina Rico de Pinto, el inmueble quedará gravado con hipoteca a favor de AV
Villas o la entidad que ésta disponga, por cuenta de la obligación que se
detalla en el siguiente numeral.
3.
Se restablecerá en cabeza de Marina Rico
de Pinto la obligación crediticia, por el saldo insoluto, liquidado según su
valor en UVR a la fecha en la que se produjo la adjudicación de los inmuebles a
AV Villas.
4.
El saldo así establecido será
reestructurado por común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, la
reestructuración se establecerá por la entidad financiera con base en las
condiciones del crédito reliquidado conforme a la capacidad de pago de la
deudora, fijando un nuevo plazo de quince (15) años a partir de la fecha del
acuerdo de reestructuración, sin cargo por concepto de intereses y corrección
monetaria entre el 2 de noviembre de 2004 (fecha de adjudicación del inmueble)
y la fecha de notificación de la presente sentencia.
Sexto:         Por Secretaría líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
Ausente con permiso
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado (E)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1]    Información extraída del recuento realizado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
[2]Idem.
[3]Idem.
[4] Se citan y transcriben apartes de:  i) Decisión del 30 de marzo
de 2006, expediente 2006-00159-01. ii) Fallo del 18 de octubre de 2007,
expediente 200701599-00.  (iii) Decisión de 29 de octubre de 2007, expediente
2007-01652-00.
[5]    Esta afirmación de la interviniente es inexacta, porque la
respuesta del banco a la que alude tuvo lugar ante la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, juez de tutela que actuó en única instancia, y no se
produjo ante la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela.
[6]   El proceso le correspondió al Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, bajo el radicado 289-2006.
[7]   Mediante oficio dirigido a Avenida Quebrada Seca No. 19 – 37
Ed. Gama Apto 301, que corresponde al predio que habría perdido en el proceso
ejecutivo.
[8]Sentencia T-068 de 2005.
[9] Sentencia C-617 de 1996.
[10]  SentenciaT-1012 de 1999.
[11]    Sentencia T-014 de 2003
[12]Ibid.
[13]Ibid.
[14] La Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-955 de 2000,  declaró la exequibilidad parcial del
artículo que creó la UVR,  pero bajo el condicionamiento según el cual la
exequibilidad de ese precepto “(…) se declara en el entendido de que la Junta Directiva del Banco de la República deberá proceder, una vez comunicada esta Sentencia,
a establecer el valor de la UVR, de tal manera que ella incluya exclusiva y
verdaderamente la inflación, como tope máximo, sin elemento ni factor adicional
alguno, correspondiendo exactamente al IPC. Bajo cualquiera otra interpretación
o aplicación, la norma se declara INEXEQUIBLE'.
[15] Sentencia C-955 de 2000.
[16] Sentencia T-495 de 2005
[17]Ibid.
[18] Sentencia C-955 de 2000
[19] Sentencias SU-327 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); SU-640 de
1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-511 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett).
[20]Sentencia
T-199 de 2005
[21]Ibid.
[22]En
este sentido ver la Sentencia T-511 de 2001.
[23]Concepto No. 2001057827-1. Octubre 25 de 2001.
[24]    Ley 546 de 1999, Artículo 17, num, 9.
[25]
Marina Rico de Pinto se obligó a pagar el capital mutuado en 180 cuotas
mensuales sucesivas, desde el 7 de julio de 1996. La obligación entró en mora
el 7 de marzo de 1999. El inmueble le fue adjudicado al banco el 2 de noviembre
de 2004. El 10 de febrero de 2005 se ordenó hacer entrega del bien al Banco.
Cabe observar que el inmueble se entregó al secuestre el 24 de noviembre de 2003
y que el 30 de enero de 2004 Marina Rico de Pinto confirió poder a uno abogados
para que asumiesen la defensa de sus intereses patrimoniales dentro del proceso
ejecutivo. La tutela se interpuso el 30 de junio de 2005. Ante la Corte Marina Rico de Pinto expresó que “[m]i vivienda la perdí desde el año 2005 cuando la
persona a quien la tenía arrendada le comenzó a cancelar los arrendamientos al
secuestre y luego de adjudicada entregó la posesión real y material al BANCO
AV-VILLAS.”
[26]Sentencia
T-907 de 2010. Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[27]Sentencia
C-189 de 2006. Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.