C-437-17
Sentencia C-437/17
MEDIDAS PARA DEFINIR LA SITUACION MILITAR Y EXENCION AL PAGO
DE CUOTA DE COMPENSACION MILITAR EN
DESARROLLO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN MOCOA,
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO-Cumplimiento de requisitos formales y materiales
Revisados los requisitos formales y materiales con
fundamento en los cuales se desarrolla el control automático de
constitucionalidad de los decretos dictados en desarrollo de un estado de
emergencia económica, social y ecológica, previamente declarado, la Corte
concluye que el Decreto Legislativo 687 de 2017 es exequible. En cuanto a los
requisitos de forma, la Corporación comprobó que el decreto analizado (i) fue
dictado en desarrollo de un estado de excepción previamente declarado, (ii)
lleva las firmas del Presidente de la República y de todos los ministros, (iii)
fue expedido dentro del término de vigencia del estado de emergencia y (iv)
tiene una motivación que informa acerca de las razones y causas justificativas
de su expedición. Además, la Corte verificó que (i) el otorgamiento de un
término de seis meses para definir la situación militar y solicitar su exención
y/o aplazamiento, (ii) la exención del pago de la cota de compensación militar,
de la sanción por no inscripción y de la expedición de la tarjeta de
reservista, así como (iii) la entrega gratuita del duplicado de la tarjeta de
reservista que se haya extraviado, son medidas que satisfacen los requisitos
materiales. En efecto, (i) el decreto tiene conexidad externa con los motivos
que originaron la declaración del estado de excepción y existe conexidad
interna entre las consideraciones expuestas y las medidas adoptadas, (ii) el
requisito de finalidad se encuentra satisfecho, dado que las disposiciones
expedidas buscan ofrecer una solución a las dificultades que, sobre todo en
materia de empleabilidad, se derivan de la falta de definición del servicio
militar, (iii) también se cumple el requisito de necesidad, porque desde el
punto de vista fáctico, las medidas son útiles para enfrentar el problema
abordado, mientras que en el plano jurídico se comprobó que la aplicación de la
normatividad que ordinariamente rige la definición de la situación militar
agrava la situación de los damnificados por el desastre natural. Adicionalmente,
el Decreto 687 de 2017 (iv) atiende debidamente el requisito de
proporcionalidad, puesto que las medidas en él contenidas, fuera de servir a
una finalidad constitucional, ofrecen más beneficios que los costos que podrían
pesar sobre otros principios constitucionales, (v) supera el requisito de
motivación de incompatibilidad, ya que el Gobierno expuso razones demostrativas
de que el régimen ordinario no brinda una solución integral y rápida al
problema enfrentado, y (vi) satisface el requisito de no discriminación, por
cuanto las medidas establecidas no imponen tratos diferenciales injustificados
entre las personas. En concordancia con lo anterior, la Corte advierte que la
normatividad examinada no infringe preceptos constitucionales, ni normas integradas
en el bloque de constitucionalidad o pertenecientes a tratados internacionales
aplicables en los estados de excepción, como tampoco la Ley 137 de 1994,
Estatutaria de los Estados de Excepción.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO
LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Cumplimiento de requisitos formales y
materiales
DECRETOS
EXPEDIDOS DURANTE ESTADOS DE EXCEPCION-Criterios y
parámetros de control constitucional
MEDIDAS ESPECIALES EN RELACION CON EL SERVICIO MILITAR Y EXENCION AL
PAGO DE CUOTA DE COMPENSACION MILITAR CON OCASION DE ESTADO DE EMERGENCIA-Jurisprudencia constitucional
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de finalidad
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de necesidad
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de proporcionalidad
MEDIDAS PARA DEFINIR SITUACION MILITAR Y EXENCION AL PAGO DE
CUOTA DE COMPENSACION MILITAR EN
DESARROLLO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN MOCOA,
CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO-Juicio de motivación de incompatibilidad y de no
discriminación
Referencia:
Expediente RE-225
Control
automático de constitucionalidad del Decreto Legislativo 687 de 2017 “Por
el cual se adoptan medidas para definir la situación militar, se hace una
exención al pago de la cuota de compensación militar y se dictan otras
disposiciones”
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D.C., trece
(13) de julio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en
especial la prevista en el artículo 241, numeral 7º, de la Constitución
Política, y cumplidos los requisitos y el trámite establecidos en el Decreto
2067 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
acatamiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 215 de la Constitución
Política y en la Ley 137 de 1994, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de
la República, en nombre del Gobierno Nacional, remitió a esta Corporación, el
27 de abril de 2017, copia auténtica del Decreto Legislativo 687 de 2017 “Por
el cual se adoptan medidas para definir la situación militar, se hace una
exención al pago de la cuota de compensación militar y se dictan otras
disposiciones”, expedido el día anterior, en desarrollo del estado de
emergencia económica, social y ecológica declarado, mediante el Decreto 601 de
2017, con ocasión de la situación humanitaria que se ha presentado en el
Municipio de Mocoa, capital del Departamento de Putumayo, con el fin de
conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
II. TEXTO DEL DECRETO OBJETO DE REVISIÓN
“DECRETO NÚMERO 687 de 2017
(26 de abril de 2017)
Por el cual se adoptan medidas para definir
la situación militar, se hace
una exención al pago de la cuota de
compensación militar
y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la
Constitución Política, la Ley 137 de 1994 y en desarrollo del Decreto 601 del 6
de abril de 2017, y
C O N S I D E R A N D O:
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de
Colombia, el Presidente de la República con la firma de todos los ministros, en
caso de que sobrevengan hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y
213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma
grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que
constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el estado de emergencia.
Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de
emergencia, el Presidente, con la firma de todos los ministros, podrá dictar
decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos.
Que mediante Decreto 601 del 6 de abril de 2017, fue declarado el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológico por el término de treinta
(30) días, contados a partir de la vigencia del mencionado Decreto, con ocasión
de la situación humanitaria que se viene presentado en el Municipio de Mocoa,
capital del Departamento de Putumayo con el fin de conjurar la crisis e impedir
la extensión de sus efectos.
Que en dicho Decreto se señaló que “dadas las consecuencias
desfavorables que se derivan de no definir la situación militar de los varones
afectados por la avalancha, el Gobierno nacional considera necesario adoptar
medidas que permitan establecer exenciones para el pago de la cuota de compensación
militar, el costo de la elaboración y duplicado del documento y la condonación
de las multas impuestas a los infractores que no han cumplido su obligación de
definir su situación militar, y que se encontraren radicados en el municipio de
Mocoa al momento de la tragedia.”
Que según el artículo 10 de la Ley 48 de 1993, todos los varones
colombianos entre los 18 y los 50 años de edad, tienen la obligación de definir
su situación militar, lo cual puede ocurrir mediante la prestación personal del
servicio militar o con el pago de la cuota de compensación militar, según lo
establecido en el procedimiento de la citada Ley.
Que según las Leyes 48 de 1993, 1184 de 2008 y 1780 de 2016, la
indefinición de la situación militar incide en: i) la posibilidad de ser objeto
de sanción; ii) en el pago la cuota de compensación militar; iii) en la
imposibilidad de celebrar contratos con entidades públicas y privadas; iv) en
la imposibilidad de ingresar a la carrera administrativa; v) en la
imposibilidad de tomar posesión de cargos públicos, vi) en la imposibilidad de
vincularse laboralmente y vii) en la posibilidad de sancionar a las empresas
que contraten personal sin el cumplimiento de este requisito.
Que el artículo 28 de la Ley 48 de 1993, consagra las causales en las
que se está exento de prestar el servicio militar, con la obligación de
inscribirse y de pagar cuota de compensación militar.
Que mediante la Ley 1780 de 2016, “Por medio de la cual se promueve el
empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de
acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”, en su artículo
20, si bien estableció que las entidades públicas o privadas no podrán exigir
al ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo,
sí es necesario la definición de la situación militar para ejercer cargos
públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos de prestación de
servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público.
Que si bien la citada ley prevé que las personas declaradas no aptas,
exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas podrán
acceder a un empleo sin haber definido su situación militar, en todo caso a
partir de la fecha de su vinculación tienen un lapso de dieciocho (18) meses
para definir su situación militar, con el correspondiente pago de la cuota de
compensación militar y las infracciones a que haya lugar.
Que de conformidad con lo anteriormente indicado, los hombres entre los
17 y los 50 años de edad, que sufrieron los efectos de la avalancha, están
obligados a definir su situación militar o estarían próximos a tener que
hacerlo.
Que a pesar de la expedición de la Ley 1780 de 2016, es necesario
adoptar medidas excepcionales orientadas a que el sector de la población
afectado por el desastre natural, defina su situación militar y obtenga la
expedición del documento que así lo acredite, de una manera célere y eficaz,
con el propósito de coadyuvar en el restablecimiento de sus derechos para el
ejercicio de actos propios de la vida en comunidad.
Que la situación de vulnerabilidad de los hombres que han sido
damnificados por los hechos ocurridos en el Municipio de Mocoa, justifica la
necesidad de prever una exención y/o aplazamiento del servicio militar y de la
cuota de compensación, para todas las víctimas del desastre natural, ya sean
destinatarios de la Ley 1780 de 2016 o no, teniendo en cuenta que se vería agravada
su situación, si se les exigiera el ingreso a filas o el pago de la
compensación militar, el costo de la elaboración y duplicado del documento, así
como, el pago de sanciones a los infractores que no han cumplido su obligación
de definir su situación militar y que se encontraren radicados en el municipio
de Mocoa al momento de la tragedia.
Que con la expedición de la Ley 1780 de 2016, se otorgaron beneficios
temporales al personal no apto, exento o que superó la edad máxima para la
incorporación a filas, sin embargo, esta ley no aporta una solución integral
para definir la situación militar de los afectados con el desastre natural, y
tan solo genera una reducción en el pago de la cuota de compensación,
infracción o sanción, sin contemplar en su ámbito de aplicación a las personas
que siendo aptas no han definido su situación militar.
Que de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1184 de 2008, “La Cuota
de Compensación Militar, es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e
individual que debe pagar al Tesoro Nacional el inscrito que no ingrese a filas
y sea clasificado, según lo previsto en la Ley 48 de 1993 o normas que la
modifiquen o adicionen”.
Que el artículo 6 de la misma Ley, consagra los casos en los que se
está exento del pago de la cuota de compensación militar, cuyo sustento
jurídico se deriva en que “benefician a personas que se encuentran en situación
desaventajada ya sea en razón de: (i) su vulnerabilidad socioeconómica; (ii)
presentar limitaciones físicas, síquicas o neurosensoriales de carácter grave,
incapacitante y permanente; (iii) su condición indígena; (iv) adaptabilidad de
jóvenes que se encuentren bajo el cuidado y protección por parte del/CBF.”
(Sentencia C-586 de 2014).
Que en la misma sentencia la Corte reconoció que “en definitiva, el
goce efectivo de los derechos al trabajo (artículo 25 CP), a elegir profesión u
oficio (artículo 26 CP), a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos
(artículo 40 numeral 7 CP) y a la educación (artículo 67 CP), queda en entredicho
para quienes carecen de recursos económicos para sufragar el pago de la cuota
de compensación militar”.
Que dada la naturaleza tributaria en la modalidad de contribución
especial de la cuota de compensación militar, es necesario adoptar medidas para
aplicar una exención al pago de esta obligación a quienes hayan sido
damnificados del desastre natural originado por circunstancias ambientales
imprevistas y de magnitud inusitada en el Municipio de Mocoa, el pasado 31 de
marzo de 2017.
Que la Corte Constitucional en sentencia C-804 de 2001, explicó que
“Las exenciones son instrumentos a través de los cuales el legislador determina
el alcance y contenido del tributo, ya sea por razones de política fiscal o
extrafiscal, teniendo en cuenta cualidades especiales del sujeto gravado o
determinadas actividades económicas que se busca fomentar. Por esencia, el
término exención implica un trato diferente respecto de un grupo de sujetos, ya
que este conjunto de individuos que ab initio se encuentra obligado a contribuir
son sustraídos del ámbito del impuesto”.
Que al referirse al pago de la cuota compensación militar, en sentencia
C-804 de 2001, la Corte Constitucional indicó que el establecimiento de
eximentes en el pago de dicho tributo para personas de escasos recursos
favorecía la aplicación del principio de la equidad vertical, “puesto que
alivian la carga de quienes se encuentran en condiciones económicas
desventajosas, al punto que el pago de la contribución puede afectar su
capacidad para la satisfacción de sus necesidades básicas frente a quienes
están en condiciones de soportar una carga tributaria más pesada en razón de su
situación económica”, circunstancia que se predica del grupo poblacional de
colombianos afectados por la situación presentada en el Municipio de Mocoa y
que se encuentren obligados a definir su situación militar o se encuentren
próximos a tener que hacerla.
Que a partir de lo anterior, dentro de las medidas que deberán ser
adoptadas para normalizar la situación de vulnerabilidad de las personas
afectadas en el Municipio de Mocoa, se encuentra la creación de una exención
tributaria respecto del pago de la cuota de compensación militar, del valor de
expedición del documento y su duplicado, así como de la condonación del pago de
la sanción contemplada en el literal a) del artículo 42 de la Ley 48 de 1993.
Que según lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 48 de 1993, la
tarjeta de reservista “es el documento con el que se comprueba haber definido
la situación militar”, cuyo costo está determinado por el artículo 9 de la Ley
1184 de 2008.
Que con la finalidad de mitigar los efectos que la pérdida de este
documento puede traer para los damnificados del desastre natural, es necesario
adoptar medidas que garanticen tanto su expedición como su duplicado en forma
gratuita.
Que en mérito de lo expuesto
DECRETA:
Artículo 1. Campo de aplicación. Para
determinar los beneficiarios de las medidas adoptadas en el presente decreto,
se tendrán en cuenta las bases de datos de los hombres damnificados del
desastre natural originado por circunstancias ambientales imprevistas y de
magnitud inusitada en el Municipio de Mocoa, el pasado 31 de marzo de 2017, que
para tal efecto adopte la Unidad de Gestión del Riesgo.
Artículo 2. Definición de la situación militar. Durante el término seis (6) meses, contado a partir de la publicación
del presente decreto, podrá definirse la situación militar y aceptar
solicitudes de exención y/o aplazamiento, con fundamento en la calidad de
damnificados del desastre natural a que se refiere el este decreto.
Parágrafo. Los beneficios consagrados
en el presente artículo se aplicarán a todas las víctimas del desastre natural,
sean beneficiarios o no de la Ley 1780 de 2016.
Artículo 3. Exención del pago de cuota de compensación militar, de la
sanción por no inscripción y de la expedición de la tarjeta de reservista. Quedan exentos del pago de la cuota de compensación militar y del
costo de la expedición de la tarjeta de reservista, quienes además de cumplir
la condición del artículo 1 del presente decreto, hayan sido eximidos del
ingreso a filas y sean mayores de edad hasta los cincuenta (50) años o cumplan
la mayoría de edad durante el estado de emergencia.
Parágrafo 1. A los hombres que
acrediten la condición establecida en el artículo primero del presente decreto
les serán condonadas las infracciones y sanciones que se generan en el proceso
de definición de la situación militar.
Parágrafo 2. Las autoridades del
Servicio de Reclutamiento y Movilización dispondrán lo necesario para que las
personas beneficiadas con esta medida puedan hacer el trámite de forma
presencial en las instalaciones militares habilitadas para ello, en el
Municipio de Mocoa o en su actual lugar de residencia.
Artículo 4. Entrega de duplicado de la tarjeta de reservista. En el evento en el que las personas calificadas como beneficiarias de
las medidas adoptadas en el presente decreto, en los términos señalados en el
artículo 1, hayan extraviado su tarjeta de reservista, se les deberá entregar su
duplicado sin ningún costo.
Artículo 5. El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su publicación.
Dado en Bogotá, D. C. a 26 de abril de 2017.
El Ministro del Interior,
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARIA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
El Viceministro de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia
y del Derecho, encargado de las funciones del despacho
del Ministro de Justicia y del Derecho
FABIÁN GONZALO MARÍN CORTÉS
El Ministro de Defensa Nacional,
LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
AURELIO IRAGORRI VALENCIA
El Ministro de Salud y Protección Social,
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
La Ministra de Trabajo,
CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN
El Ministro de Minas y Energía,
GERMÁN ARCE ZAPATA
La Viceministra de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, encargada de las funciones del despacho
De la Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
SANDRA VICTORIA HOWARD TAYLOR
La Ministra de Educación Nacional,
YANETH GIHA TOVAR
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
LUIS GILBERTO MURILLO URRURIA
La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio,
ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
DAVID LUNA SÁNCHEZ
El Ministro de Transporte,
JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
La Ministra de Cultura,
MARIANA GARCÉS CÓRDOBA”
III. TRÁMITE
Mediante auto del 10 de mayo de 2016, proferido por el
Magistrado sustanciador, La Corte asumió el conocimiento del proceso de la
referencia, ordenó la fijación en lista para permitir la participación
ciudadana; dio traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de rigor, e invitó a la Academia Colombiana de Juristas, a la Comisión
Colombiana de Juristas (CCJ), a la Academia Colombiana de la Abogacía, a
DeJusticia, al Ministerio de Defensa, a la Defensoría del Pueblo –Regional Putumayo–,
al Gobernador del Putumayo, al Alcalde de Mocoa, y a los decanos de las
Facultades de Derecho de las Universidades de Antioquia, Nacional, Militar,
Externado de Colombia, del Atlántico, Industrial de Santander (UIS), San
Buenaventura, Andes, Libre, Gran Colombia, EAFIT, del Rosario, del Norte,
Pontificia Javeriana, Pontificia Bolivariana, del Sinú, Santo Tomás, Sergio
Arboleda y Autónoma de Bucaramanga, para que presentaran su concepto sobre los
puntos que consideraran relevantes a efectos del presente control de
constitucionalidad.
IV. PRUEBAS DECRETADAS
Dado que el Viceministro de Promoción de la Justicia y la
Viceministra de Turismo suscribieron el Decreto Legislativo 687 de 2017 en
calidad de encargados de las funciones del Ministro de Justicia y del Derecho y
de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, respectivamente, sin que en el
expediente obrara copia de los decretos que concedieron las respectivas
comisiones, el Magistrado Sustanciador solicitó a la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República el envío de copia auténtica de los mencionados
decretos.
En cumplimiento de lo dispuesto, la Secretaría Jurídica
de la Presidencia de la República envió copias auténticas del Decreto 643 del
19 de abril de 2017, mediante el cual se otorgó al Ministro de Justicia y del
Derecho una comisión entre el 24 y el 26 de abril de 2017 y se encargó de las
funciones de su despacho al Viceministro de Promoción de la Justicia, así como
del Decreto 664 del 25 de abril de 2017, por el que se confirió a la Ministra
de Comercio, Industria y Turismo, una comisión entre el 25 y el 28 de abril de
la presente anualidad y se encargó de las funciones de su despacho a la
Viceministra de Turismo.
V.   INTERVENCIONES
Dentro del término
de fijación en lista, y atendiendo a las comunicaciones libradas por la
Secretaría General de esta Corporación, se recibieron los siguientes escritos:
1. Ministerio de
Defensa Nacional
El Director de
Asuntos Legales del Ministerio de Defensa[1] solicitó a la Corte declarar exequible
el Decreto Legislativo 687 de 2017, por considerar que supera los aspectos
formales y materiales del control jurídico que realiza la Corte Constitucional
en relación con este tipo de normatividad y se ajusta a las exigencias
constitucionales propias del estado de emergencia económica, social y
ecológica. En lo que tiene que ver con los requisitos formales señaló que el
Decreto 687 fue dictado en desarrollo del decreto que declaró el estado de
emergencia económica, social y ecológica, esto es, el Decreto 601 de 2017; que
está suscrito por el Presidente de la República y por todos los ministros del
despacho; que fue expedido el 26 de abril de 2017, dentro del término de
vigencia del estado de excepción fijado en 30 días calendario por el Decreto
601 del 6 de abril 2017, por lo que cumple con el requisito de temporalidad, y
que se encuentra debidamente motivado.
A su vez sostuvo
que las medidas adoptadas por la normativa objeto de estudio, concernientes a
la definición de la situación militar y la exención y/o aplazamiento por un
término de 6 meses, de los damnificados del desastre natural ocurrido en el
Municipio de Mocoa; la exención del pago de cuota de compensación militar, de
la sanción por no inscripción y de la expedición de la tarjeta de reservista, y
la entrega de duplicado de la tarjeta de reservista sin costo alguno, “con la
finalidad de favorecer y propiciar la reactivación de la fuerza laboral
productiva del sitio que sufrió el desastre natural”[2],
satisfacen los requisitos materiales.
Frente al
cumplimiento del juicio de conexidad, explicó que las medidas diseñadas en el
Decreto 687 de 2017 tienen una relación directa y específica con las causas que
justificaron la declaración del estado de emergencia económica, social y
ecológica, mediante el Decreto 601 de 2017, en el que se consideró que “dadas
las consecuencias desfavorables que se derivan de no definir la situación militar
de los varones afectados por la avalancha, el Gobierno Nacional considera
necesario adoptar medidas que permitan establecer exenciones para el pago de la
cuota de compensación militar, el costo de la elaboración y duplicado del
documento y la condonación de las multas impuestas a los infractores que no han
cumplido su obligación de definir su situación militar, y que se encontraren
radicados en el municipio de Mocoa al momento de la tragedia”[3].
Precisó que la
situación de vulnerabilidad de los hombres que han sido damnificados por los
hechos ocurridos en el Municipio de Mocoa, justifican la necesidad de aplicar
los beneficios antes enunciados, ya sean destinatarios o no de la Ley 1780 de
2016 (a través de la cual se otorgaron beneficios temporales al personal no
apto, exento o que superó la edad máxima para la incorporación a filas),
teniendo en cuenta las consecuencias negativas que sobre aquellos podría traer
la necesidad de definir su situación militar, el pago de sumas por concepto de
cuota de compensación militar o pérdida de la tarjeta de reservista.
En lo que tiene que
ver con el juicio de finalidad, precisó que las medidas adoptadas en el Decreto
687 de 2017 se encuentran directa y específicamente dirigidas a conjurar la
situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos, ya que eliminan las
barreras que impone el tener que definir la situación militar para realizar
algunas actividades productivas y exceptúa del pago de la cuota de compensación
militar, de sanciones por inscripción y de la tarjeta de reservista.
En relación con el
juicio de necesidad, sostuvo que el Decreto 687 de 2017 expresó las razones que
justificaron la adopción de medidas excepcionales que levantan las obligaciones
legales que se imponen para la definición de la situación militar, necesarias
en la generación de soluciones para que los hombres afectados superen la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y, con ello, contribuyan a
recuperar la fuerza laboral y el retorno a la normalidad de la población
afectada.
Frente al juicio de
proporcionalidad, señaló que las medidas acogidas guardan proporción con la
gravedad de los hechos ocurridos en el Municipio de Mocoa el 31 de marzo de
2017, que generaron una grave e inminente crisis humanitaria, social, ambiental
y económica que no podía conjurarse con los mecanismos ordinarios a disposición
de las autoridades competentes.
Precisó que “las
disposiciones normativas adoptadas resultan proporcionales, en tanto los
ciudadanos afectados, requieren de la atención de todas las entidades del
Estado, en la búsqueda de generar condiciones que permitan superar su situación
de vulnerabilidad, en cuanto constituyen un mínimo necesario para crear
condiciones de ingreso a [la] fuerza laboral, traduciéndose las medidas
adoptadas en [la] remoción de obstáculos legales que en condiciones normales
los ciudadanos deben soportar y afrontar para ingresar al sector productivo del
país”[4].
2. Gobernación
del Putumayo
La Jefe de la
Oficina Jurídica de la Gobernación del Putumayo[5] le solicitó a la Corte declarar
exequible el Decreto Legislativo 687 de 2017, debido a que cumplió con todas
las exigencias formales y materiales previstas en la Constitución Política, la
ley y la doctrina constitucional.
En relación con los
requisitos formales, precisó que el Decreto fue expedido por el Presidente de
la República en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales;
cuenta  con la firma de todos los ministros del despacho; se encuentra
debidamente motivado; fue dictado el 26 de abril de 2017, encontrándose dentro
de los 30 días de vigencia del estado de emergencia social, económica y
ecológica declarado mediante el Decreto 601 del 6 de abril de 2017 y fue
remitido de forma oportuna a la Corte Constitucional para su revisión.
En cuanto a los
requisitos materiales, señaló que las medidas legislativas adoptadas están
directamente encaminadas a atender la catástrofe ocurrida en el municipio de
Mocoa, así como a impedir la extensión de sus efectos; son necesarias para
conjurar la crisis debido a la vulnerabilidad de los hombres que fueron
víctimas del desastre natural y que son aptos para la prestación del servicio
militar, y, además, guardan proporcionalidad con la situación que buscan
prevenir, pues constituyen “el medio más expedito para alcanzar el goce
efectivo del derecho fundamental al trabajo de la población afectada,
garantizando así que esta población pueda acceder a la oferta laboral que se
presente en el municipio luego de la tragedia”[6].
3. Universidad
Militar Nueva Granada
El Vicedecano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada[7]
le solicitó a la Corporación que declare la constitucionalidad del Decreto 687
de 2017, debido a que cumple con los requisitos formales y con los fundamentos
de orden sustancial.
En relación con los
primeros, señaló que su expedición se produjo en desarrollo de la declaración
del estado de emergencia económica, social y ecológica, según el Decreto 601
del 6 de abril de 2017; que el Decreto 687 se firmó por el Presidente y todos
los ministros del despacho; que se encuentra debidamente motivado, y que se
expidió dentro del término de vigencia del estado de excepción. En este último
aspecto explicó que el Decreto 687 del 26 de abril de 2017, se expidió a los 20
días calendario, siguientes a la declaratoria del estado de emergencia
económica, social y ecológica, que tuvo lugar el 6 de abril de 2017.
En relación con los
requisitos sustanciales, sostuvo que las medidas adoptadas en el Decreto, (i)
guardan relación con los hechos que generaron la declaración del estado de
emergencia económica, social y ecológica en el Municipio de Mocoa, por lo que
cumplen el juicio de conexidad; (ii) tienen la finalidad de contrarrestar en
grado razonable los perjuicios ocasionados por la tragedia “al contribuir con
la no expansión de la crisis en el tiempo, pues debido a la catástrofe natural,
los ciudadanos tardarán en encontrar formas de ingreso económico que les
permita cumplir o soportar sus obligaciones tributarias”[8],
por lo que superan el juicio de finalidad; y (iii) la situación de
desprotección de los hombres damnificados por el desastre natural ocurrido en
Mocoa justifica la necesidad de prever una exención o aplazamiento del servicio
militar y de la cuota de compensación, “toda vez que llamarlos a filas o exigir
el pago de sanciones, multas o compensaciones adeudadas sería agravar dicha
situación de vulnerabilidad”[9], por lo cual las medidas cumplen el
juicio de necesidad y proporcionalidad.
4. Universidad
Sergio Arboleda
Integrantes del
Departamento de Derecho Público de la Universidad Sergio Arboleda[10]
solicitaron a la Corporación que declare la constitucionalidad del Decreto 687
de 2017. Plantearon que las medidas en él adoptadas tienen relación directa y
específica con el estado de emergencia y están orientadas a conjurar la crisis
que lo suscitó, pues buscan eliminar las consecuencias desfavorables que se
derivan de la no definición de la situación militar de los damnificados por la
avalancha ocurrida en el Municipio de Mocoa, y, de allí su necesidad y
proporcionalidad.
Adicionalmente,
indicaron que la disposición normativa ofrece exenciones y privilegios para los
afectados, derribando barreras monetarias y legales para que puedan
reintegrarse al mercado laboral, ya que se les permitirá ocupar cargos públicos
y celebrar contratos de prestación de servicios con entidades de derecho
público. De igual manera, explicaron que la exención del pago de la cuota
militar, de la sanción por no inscripción y de la expedición de la tarjeta de
reservista evita que dichas cargas tributarias les generen mayores desventajas
económicas a quienes, debido a la catástrofe, se encuentran en una situación
socioeconómica vulnerable.
5. Universidad
del Rosario
Varios estudiantes
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario[11],
por delegación que les hiciera el Decano, le solicitaron a la Corporación que
declare la inconstitucionalidad del Decreto 687 de 2017, debido a que contempla
medidas que no están destinadas exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir
la extensión de sus efectos. Al respecto expresaron:
“[…]
al comparar la tragedia vivida en Mocoa y las necesidades reales que por ello
presenta actualmente esa población, […], las disposiciones del Decreto 687 de
2017 no tienen relación directa ni específica con la situación que ha generado
toda la calamidad pública. En principio, las medidas que deben incorporarse son
aquellas que garanticen o implique[n] suplir las necesidades básicas de esta
población. Aspectos que son esenciales y trascendentales para la subsistencia y
bienestar. Por lo tanto, los beneficios que se establecen para definir la
situación militar no generan una mejora real en la situación de los colombianos
afectados por esta catástrofe. […]”[12].
Además de lo
anterior, plantearon que el manejo terminológico que trae el artículo 3º del
Decreto 687 de 2017, adolece de técnica jurídica, toda vez que consagra
diferentes medidas bajo la categoría de “exención”, refiriéndose al pago de
cuota de compensación militar, de la sanción por no inscripción y de la
expedición de la tarjeta de reservista, siendo que estas dos últimas figuras no
responden a dicho concepto.
6. Universidad
Santo Tomás
Un profesor de la
Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás Bogotá, y asesor del
consultorio jurídico[13], le solicitó a la Corte Constitucional
(i) declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 3 (inciso 1º) del
Decreto Legislativo 687 de 2017, “en el entendido de que se aplique la exención
del pago de la cuota de compensación militar a todos los hombres víctimas de la
catástrofe natural ocurrida en el municipio de Mocoa, sin importar si fue o no
eximido de la prestación del servicio militar”[14] y (ii) declarar constitucional el
resto del texto normativo.
Luego de concluir
que la normativa objeto de revisión cumplió los requisitos de validez formal,
se concentró en el análisis de los criterios de validez material. Al respecto,
primero señaló que existe concordancia entre el Decreto Legislativo 687 de 2017
con el Decreto 601 de 2017 y la Constitución Política. En segundo término adujo
que las medidas adoptadas contribuyen al restablecimiento social y económico
del Municipio de Mocoa, por lo que cumplen el principio de finalidad, aunque
sostuvo que deben ir acompañadas de disposiciones estructurales que garanticen
el acceso a un empleo digno para las víctimas de la catástrofe natural. En
tercer lugar señaló que la exención del pago de la cuota de compensación
militar, como de las sanciones por su incumplimiento y de los costos de trámite
que cause la expedición de la tarjeta de reservista, al constituir requisitos
fundamentales para el acceso al trabajo, son medidas necesarias para superar la
crisis social y económica, siempre y cuando vayan acompañadas de políticas
públicas en materia de generación de empleo y acceso efectivo al mismo por
parte de las víctimas y, en este sentido, satisfacen el principio de necesidad.
Sostuvo, en cuarto término, que, en cuanto al “principio de motivación de
incompatibilidad” el Decreto 687 de 2017 no presenta ninguna incompatibilidad
con otra ley preexistente, “ya que el Gobierno Nacional crea una exención
transitoria del pago del tributo de cuota de compensación militar en favor de
los hombres víctimas del desastre natural en el municipio de Mocoa, facultado
de manera transitoria por el artículo 215 de la Constitución Política”[15].
Y, en quinto lugar, afirmó que las medidas son proporcionales, dada la gravedad
de los hechos sucedidos en Mocoa, además porque no implican limitación en el
ejercicio de derechos y libertades constituciones, por lo que satisfacen el
principio de proporcionalidad (art. 13, Ley 137 de 1994).
Ahora bien, en lo
que tiene que ver con el principio de no discriminación (art. 14, Ley 137 de
1994), sostuvo que el trato desigual entre hombres que contempla el artículo 3
del Decreto 687 de 2017, es sospechoso e injustificado porque dispone que
únicamente serán exentos del pago de la cuota de compensación militar “aquellos
hombres que hayan sido eximidos de la prestación del servicio militar
obligatorio, y no serán exentos del pago del mentado tributo aquellos hombres
que no hayan sido eximidos, siendo todos víctimas de la catástrofe”[16].
Concluyó, entonces, que no se encuentra un criterio justificado
constitucionalmente para otorgar un trato diferente, tratándose de una
población de víctimas con similares características, por lo que “[t]anto los
hombres víctimas que fueron excluidos de la prestación del servicio militar
[como] los que no lo fueron, son víctimas y sus familias de la catástrofe
natural y por lo tanto a todos debe aplicársele dicha exención sin el mentado
criterio diferenciador”[17].
7. Universidad
Industrial de Santander
Extemporáneamente,
un estudiante que actuó en representación de la Escuela de Derecho y Ciencia
Política de la Universidad Industrial de Santander[18]
intervino para solicitarle a la Corte declarar la constitucionalidad del
Decreto 687 de 2017, dado que “(i) la medida tienen una justificación que no
contraría la Constitución ni la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción,
(ii) los beneficios establecidos refuerzan el Estado Social de Derecho y (iii)
las exenciones tienen un fundamento de necesidad y de finalidad que permite
hacer valer los principios y valores enunciados en la Carta Política”[19].
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante concepto
Nº 006324 presentado ante la Secretaría General de esta Corporación el 5 de
junio de 2017, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte declarar
exequible el Decreto Legislativo 687 de 2017.
Después de
transcribir en su integridad el texto del decreto examinado y de recordar los
parámetros conforme a los cuales debe adelantarse su control de
constitucionalidad, el Procurador comenzó por señalar que aquél cumple con
todos los requisitos formales que resultan aplicables, como son la suscripción,
la motivación expresa, la temporalidad, pues se expidió dentro del tiempo de
vigencia de la declaratoria de emergencia, y la remisión oportuna a la Corte
Constitucional.
Sin embargo, en
relación con el requisito de suscripción, le solicitó a la Corporación
verificar la competencia del Viceministro de Promoción de la Justicia y de la
Viceministra de Turismo, quienes firman el Decreto en calidad de encargados de
las funciones del Ministro de Justicia y del Derecho y del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, respectivamente, pues si bien esta circunstancia
no desconoce los artículos 215 constitucional y 46 de la Ley 137 de 1994, toda
vez que al parecer los viceministros asumieron las funciones políticas de los
titulares de las carteras concernientes, como aparece en el acto normativo, en
el expediente no obran copias auténticas de los decretos que concedieron dichas
comisiones.
Seguidamente, la
vista fiscal se pronunció acerca de la revisión material del Decreto
Legislativo 687 de 2017. Luego de recordar las condiciones generales  y
específicas que la jurisprudencia constitucional ha diseñado a efectos de la
revisión de los decretos legislativos que adoptan un estado de emergencia[20],
y de precisar que las normas incluidas en el Decreto otorgan beneficios a los
hombres que no han cumplido la obligación de definir su situación militar y que
tengan la calidad de damnificados, con el fin de promover el acceso de estos al
mercado laboral, concluyó que las medidas adoptadas:
(i) Cumplen con el
requisito de conexidad, pues guardan relación directa con los efectos que
pretende conjurar. En cuanto a la conexidad externa, precisó que existe nexo
con los motivos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia, porque las
medidas de exención de pago de la cuota de compensación militar, la condonación
de sanciones y la expedición del duplicado de la tarjeta sin ningún costo,
buscan eliminar barreras para reactivar el mercado laboral del municipio de
Mocoa, que ha sido duramente golpeado por la naturaleza y ha sufrido gran
destrucción en su infraestructura.
Además sostuvo que
las medidas tienen conexidad interna con el resto del contenido del Decreto 687
de 2017, toda vez que buscan conjurar los efectos de la avalancha en las
condiciones de empleo de una parte de la población damnificada, esto es,
quienes están obligados a definir su situación militar o estuvieren próximos a
hacerlo.
(ii) En cuanto al
juicio de prohibición de arbitrariedad y al juicio de intangibilidad, las
medidas adoptadas no tienen incidencia en el núcleo esencial de los derechos
que pueden ser limitados, ni imponen restricciones a los derechos intangibles,
sino que, por el contrario, buscan mitigar los efectos que la avalancha pueda
tener en las posibilidad de los sujetos destinatarios “para elegir y ejercer
profesión u oficio en condiciones dignas, así como [para] acceder al desempeño
de funciones y cargos públicos”[21].
(iii) Las
disposiciones tampoco desconocen las prohibiciones particulares para los estados
de emergencia, además, no contienen limitaciones a derecho fundamental alguno,
ni implican desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, por lo que el
acto supera el juicio de no contradicción específica.
(iv) Cumplen con el
principio de finalidad, en la medida en que están relacionadas con la
superación de la crisis que dio lugar a la emergencia económica, social y
ecológica, e impiden que se pueda extender la situación de desempleo a una
fracción de la población que tiene que definir la situación militar como
condición de acceso a determinados empleos.
(v)  Las
disposiciones cumplen con el requisito de motivación suficiente, ya que el
Gobierno Nacional señaló los efectos que puede tener la avenida torrencial en
las condiciones de vida de la población damnificada y que está llamada a
definir su situación militar.
(vi) También se
superan los juicios de incompatibilidad y subsidiaridad de los medios
ordinarios disponibles, toda vez que resultan insuficientes para enfrentar la
crisis presentada en el Municipio de Mocoa, y que requiere de medidas
inmediatas, de rango legal que permitan extender la exención a hipótesis
diferentes de las previstas en la Ley 48 de 1993 o ampliar el campo de
aplicación de la Ley 1780 de 2016.
(vii) En relación
con el juicio de proporcionalidad, las medidas adoptadas son razonables y no
implican limitaciones a los derechos fundamentales, pues, contrario a ello,
están orientadas al restablecimiento y promoción del goce efectivo del derecho
al trabajo (art. 25 C.P.) al eliminar las barreras de acceso al mercado
laboral.
(viii)  Finalmente,
las medidas adoptadas no contienen criterios discriminatorios por razones de
raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o
filosófica.
VII.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
7.1. Competencia
La Corte
Constitucional es competente para decidir sobre la exequibilidad de los
decretos dictados en desarrollo de las facultades propias de del estado de
emergencia económica, social y ecológica, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 215 (parágrafo) y 241 numeral 7º de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 36 a 38 del Decreto 2067 de 1991.
7.2. El asunto bajo revisión
El artículo 215 de
la Carta señala que cuando sobrevengan hechos que “perturben o amenacen
perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del
país, o que constituyan grave calamidad pública”, el Presidente de la
República, con la firma de todos los ministros, podrá “declarar el estado de
emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no
podrán exceder de 90 días al año”.
De acuerdo con la
misma disposición superior, la declaración del estado de emergencia económica,
social y ecológica, le permite al Presidente, con la firma de todos los
ministros, dictar decretos dotados de fuerza de ley, “destinados exclusivamente
a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos” y, según el
parágrafo del artículo citado, al día siguiente de su expedición, el Gobierno
deberá enviarlos a la Corte Constitucional para que decida sobre su
constitucionalidad; en caso de que no los envíe, esta Corporación “aprehenderá
de oficio y en forma inmediata su conocimiento”.
Pues bien, en el
presente caso, mediante Decreto 601 de 6 de abril de 2017, el Presidente de la
República declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el
Municipio de Mocoa, a fin de responder a la situación generada por la creciente
de varias quebradas y ríos el 31 de marzo del año en curso, cuando se produjo
una “avalancha que acabó con la vida de 290 personas, dejó heridas a 332 más,
afectó 1518 familias y produjo la desaparición de aproximadamente 200
habitantes, según Reporte General 001 del 4 de abril de 2017 de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.
El decreto
declaratorio de la emergencia económica, social y ecológica fue hallado
ajustado a la Constitución por esta Corte mediante Sentencia C-386 de 2017 y,
con fundamento en él, se expidió el Decreto 687 de 26 de abril, “Por el cual se
adoptan medidas para definir la situación militar, se hace una exención al pago
de la cuota de compensación militar y se dictan otras disposiciones”,
correspondiéndole, entonces, a esta Corporación ejercer el control automático
de constitucionalidad que le ha sido confiado.
Para esos efectos,
la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República envió a la Corte copia
auténtica del Decreto 687 de 2017. A favor de su constitucionalidad
intervinieron durante el proceso la Universidad Militar Nueva Granada, la
Universidad Sergio Arboleda, el Ministerio de Defensa Nacional, la Facultad de
Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, la Gobernación del Putumayo y
el señor Procurador General de la Nación en su concepto de rigor, mientras que
el Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario solicitó la declaración
de inconstitucionalidad, porque, a su juicio, las medidas adoptadas no están
destinadas “exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus
efectos”.
Tanto en las
intervenciones como en la vista fiscal, se hace énfasis en los requisitos que
los decretos dictados al amparo de un estado de excepción deben cumplir.
Conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corte, esos requisitos son formales
y materiales por desprenderse así de la propia Constitución y de la Ley 137 de
1994, Estatutaria de los Estado de Excepción. La Corte debe determinar si los
mencionados requisitos han sido observados por el Gobierno al expedir el
Decreto 687 de 2017 y el análisis que realice le permitirá concluir si la
preceptiva revisada se ajusta o no a la Carta Política.
7.3. Los
requisitos formales
En cuanto a los
requisitos de forma, los decretos expedidos en razón de un estado de excepción
deben cumplir cuatro: (i) haber sido dictados en desarrollo del estado de
emergencia previamente declarado, (ii) llevar las firmas del Presidente de la
República y de los ministros del despacho, (iii) haber sido expedido dentro del
término de vigencia del respectivo estado de excepción, y (iv) contar con una
motivación explícita que dé cuenta de las razones y causas justificativas de su
expedición[22].
7.3.1. Tratándose
del requisito consistente en que el decreto haya sido dictado en ejercicio de
las facultades derivadas del estado de excepción, en los términos del artículo
215 de la Constitución, la Corte observa que tal requisito se cumple, porque el
Decreto Legislativo 687 de 2017 fue dictado “en desarrollo del Decreto 601 del
6 de abril de 2017” mediante el cual se hizo la declaración del estado de
emergencia económica, social y ecológica, “con ocasión de la situación
humanitaria que se viene presentando en el Municipio de Mocoa, capital del
Departamento de Putumayo, con el fin de conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos”.
7.3.2. En lo
atinente a la exigencia de las firmas del Presidente de la República y de todos
los ministros, la Corporación registra que el decreto sometido al control de
constitucionalidad satisface este requerimiento, ya que a la firma del
Presidente siguen las correspondientes a los miembros del gabinete ministerial,
debiéndose anotar que el Viceministro de Promoción de la Justicia firmó como
encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,
y que la Viceministra de Turismo lo hizo como encargada de las funciones del
despacho de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo.
7.3.3. Respecto del
requisito de expedición del decreto legislativo dentro del término de vigencia
del respectivo estado de excepción, la Corte verifica su cabal cumplimiento,
dado que mediante el Decreto 601 del 6 de abril de 2017 fue declarada la
emergencia por el término de 30 días, término que no había expirado el 26 de
abril de la presente anualidad, fecha en la cual fue expedido el Decreto 687 de
2017, que en esta oportunidad ocupa la atención de la Corte.
7.3.4. El último de
los requisitos formales también fue observado al expedir el Decreto Legislativo
687 de 2017, pues al revisar su texto se puede comprobar que el articulado se
encuentra precedido de una amplia motivación que da cuenta de las razones y
causas justificativas de su expedición, de las consecuencias desfavorables
derivadas de la falta de definición de la situación militar, así como de la
necesidad de adoptar medidas excepcionales “orientadas a que el sector de la
población afectado por el desastre natural defina su situación militar y
obtenga la expedición del documento que así lo acredite de una manera célere y
eficaz, con el propósito de coadyuvar en el restablecimiento de sus derechos
para el ejercicio de los actos propios de la vida en comunidad”.
Toda vez que el
Decreto 687 de 2017 satisface los requisitos formales, la Corte adelantará
enseguida el análisis de su constitucionalidad en cuanto a su contenido
material, en los siguientes términos:
7.4. El Decreto
687 de 2017 y las medidas especiales en relación con el servicio militar
7.4.1. Fuera de la
motivación a la cual se ha hecho referencia en forma general, el decreto
analizado establece en cinco artículos las medidas especiales relativas a la
definición de la situación militar y a la obtención del documento que así lo
acredite.
El artículo 1º, en
relación con los beneficiarios de las medidas adoptadas, establece como
criterio para determinarlos “las bases de datos de los hombres damnificados del
desastre natural originado por circunstancias ambientales imprevistas y de
magnitud inusitada en el Municipio de Mocoa, el pasado 31 de marzo de 2017, que
para tal efecto adopte la Unidad de Gestión del Riesgo”.
En lo concerniente
a la definición de la situación militar, el artículo 2º prevé un plazo de seis
meses, contados desde la publicación del decreto, término en el que, además,
procederá la aceptación de “solicitudes de exención y/o aplazamiento, con
fundamento en la calidad de damnificados del desastre natural”. El parágrafo de
dicha disposición hace extensivos estos beneficios “a todas las víctimas del
desastre natural, sean beneficiarios o no de la Ley 1780 de 2016”.
El artículo 3º
regula la exención del pago de la cuota de compensación militar, de la sanción
por no inscripción y de la expedición de la tarjeta de reservista, a “quienes
además de cumplir la condición del artículo 1º del presente decreto, hayan sido
eximidos del ingreso a filas y sean mayores de edad hasta los cincuenta (50)
años o cumplan la mayoría de edad durante el estado de emergencia”.
El artículo 3º
tiene dos parágrafos, en el primero de ellos se señala que a los hombres que
cumplan la condición establecida en el artículo 1º “les serán condonadas las
infracciones y sanciones que se generen en el proceso de definición de la
situación militar”, en tanto que en el segundo se les ordena a las autoridades del
Servicio de Reclutamiento y Movilización disponer “lo necesario para que las
personas beneficiadas con esta medida puedan hacer el trámite de forma
presencial en las instalaciones militares habilitadas para ello, en el
Municipio de Mocoa o en su lugar de residencia”.
A la entrega del
duplicado de la tarjeta de reservista está dedicado el artículo 4º que se
dirige a las personas que, siendo beneficiarias de las medidas adoptadas, hayan
extraviado su tarjeta de reservista, a quienes se les deberá entregar su
duplicado sin ningún costo”. Por último, el artículo 5º señala que “el presente
decreto rige a partir de la fecha de su publicación”.
Una apreciación
general del contenido del Decreto 687 de 2017 permite puntualizar que a los
hombres obligados a la definición de su situación militar y damnificados por el
desastre natural ocurrido entre el 31 de marzo y el 1º de abril de este año en
el Municipio de Mocoa, se les conceden los siguientes beneficios: (i) el
otorgamiento de un término de seis meses para definir la situación militar y
solicitar su exención y/o aplazamiento, (ii) la exención del pago de cuota de
compensación militar, de la sanción por no inscripción y de la expedición de la
tarjeta de reservista, y (iii) la entrega gratuita del duplicado de la tarjeta
de reservista que se haya extraviado.
7.4.2. La Corte
considera que para una mejor apreciación del alcance de las medidas
establecidas en el Decreto Legislativo 687 de 2017 es indispensable efectuar
una aproximación general a la regulación constitucional del servicio militar,
así como a las disposiciones ordinarias que rigen la materia y a sus
desarrollos en la jurisprudencia de esta Corporación, pues solo de esta manera
se proporciona el contexto apropiado para valorar los beneficios  extraordinarios
adoptados como respuesta a las circunstancias que dieron lugar a la declaración
del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Conforme se
desprende de lo hasta aquí expuesto, tales beneficios tienen directa relación
con la obligación de prestar el servicio militar que el artículo 216 de la
Constitución prevé, al señalar que “todos los colombianos están obligados a
tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la
independencia nacional y las instituciones públicas”, de donde se deriva el
incuestionable “carácter personal del servicio militar, al punto de constituir
uno de los ejemplos destacados de las denominadas relaciones de especial
sujeción, por cuya virtud se establece un fuerte vínculo entre la Administración
Pública y el ciudadano que, en aras de un específico motivo de interés general,
soporta la limitación de alguno de sus derechos fundamentales y la ampliación
de sus obligaciones”[23].
Según lo ha
indicado la Corte, en razón de su mencionado carácter personal, la prestación
del servicio militar impone ciertos comportamientos que inciden sobre el
proyecto de vida del incorporado a filas, “cuya situación difiere de la
correspondiente al común de las personas”, ya que, por ejemplo, “su derecho a
la libertad personal sufre limitaciones”, mientras que “la esfera de sus
deberes experimenta un sensible aumento”, lo cual debe ocurrir en concordancia
“con las previsiones constitucionales y legales que delimiten la respectiva
prestación”[24].
En cumplimiento de
la obligación constitucional de prestar el servicio militar, la legislación
vigente conmina a los varones a que se inscriban para definir la respectiva
situación y, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 48 de
1993, “por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”,
esa inscripción debe efectuarse dentro del lapso del año anterior” a aquel en
que se cumpla la mayoría de edad, siendo del resorte de la autoridad
correspondiente compeler a quien omita hacerlo dentro del término prescrito.
Asimismo, la
Constitución agrega, en el citado artículo 216, que la fijación de las
prerrogativas por la prestación del servicio militar y la determinación de las
condiciones que en todo tiempo eximen de su prestación, son asuntos confiados a
la ley. Es menester recordar que a la etapa de inscripción sigue la de
selección, contemplada en los artículos 15 a 20 de la Ley 48 de 1993, fase que
comprende la realización de los exámenes de actitud sicofísica, el sorteo de
aquellos que resulten aptos y la concentración, destinada a hacer efectiva la
incorporación a filas.
A los inscritos que
no son incorporados a filas se les llama clasificados y, según el artículo 21
de la Ley 48 de 1993, esa condición puede deberse a la configuración de alguna
causal de exención, a la inhabilidad o a la falta de cupo, eventos en los
cuales, por ser eximidos de la prestación del servicio militar, se les obliga
al pago de una prestación de carácter pecuniario que recibe el nombre de cuota
de compensación militar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la ley
citada y en la Ley 1184 de 2008 que se ocupa de su regulación.
Esta Corporación ha
precisado que aun cuando la prestación exigida a la persona como consecuencia
de la exención, “debe cumplirse en lugar del servicio militar, no se confunde
con este, ni tiene que compartir o conservar su índole personal” y, tratándose
de la cuota de compensación, la definición de la situación militar del inscrito
que no ingrese a filas se logra merced al pago de una prestación “eminentemente
pecuniaria”, no sujeta a “las condiciones propias del servicio militar”, porque
la exención implica una sustitución de la obligación originaria, de la que se
es liberado “en las condiciones que la ley disponga”[25].
En el anotado
sentido, la Corte ha puntualizado que “resultar eximido o estar exento
significa ser librado o liberarse de cargas u obligaciones”, liberación que es
compensada mediante el pago de la cuota, lo cual implica la obtención de un
beneficio, pues “la no prestación del servicio bajo banderas se traduce en una
ventaja para el eximido, en cuanto tiene la posibilidad de dedicarse
inmediatamente al desarrollo de labores productivas o a continuar con el
siguiente estadio de su proceso educativo”[26], a lo cual la Corte, en ocasión
posterior, agregó que “la no prestación del servicio militar se traduce en otro
beneficio tangible que consiste en la reducción de un riesgo de afectación de
la integridad personal”[27].
En su oportunidad
la Corte aclaró que aun cuando quien paga la cuota no queda sometido a la
relación de especial sujeción que genera el servicio en filas y tiene la
posibilidad de dedicarse a la actividad que libremente escoja, tal beneficio no
deriva del pago de la cuota, ya que la obligación de cancelar esta prestación
pecuniaria, “surge como consecuencia de la exención del servicio”, que supone
la previa inscripción y el hecho de ser clasificado, condiciones estas
independientes de la exclusiva voluntad del obligado a prestar el servicio
militar, por lo que el pago de la cuota de compensación “no obedece al simple
deseo de evadir el ingreso a filas o al solo hecho de tener la posibilidad de redimir
económicamente la prestación del servicio militar”[28].
Así las cosas, “el
beneficio que obtiene el eximido “no es la consecuencia directa del pago de una
suma de dinero”, sino “el resultado de haberse configurado alguna de las
causales que, al eximir al inscrito de prestar el servicio, le otorgan la
condición adicional de clasificado” y lo hacen sujeto pasivo de la cuota de
compensación militar que esta Corte ha catalogado como tributo sui generis,
difícilmente clasificable en las categorías tradicionales en cuanto involucra
“la idea de un beneficio obtenido por el particular que, para compensar ese
beneficio, es obligado a efectuar un pago” que el Estado puede exigir “al
sujeto colocado en una específica situación normativamente señalada”[29].
Ahora bien, de
conformidad con el literal d) del artículo 41 de la Ley 48 de 1993 y con el
parágrafo 1º de la Ley 1184 de 2008, quien omita pagar la cuota de compensación
deviene en infractor de la obligación de definir su situación militar y, por
tanto, no podrá celebrar contratos con entidades públicas, ingresar a la
carrera administrativa, posesionarse para el ejercicio de cargos públicos,
obtener títulos profesionales, trabajar en empresas nacionales o extranjeras,
públicas o privadas, fuera de lo cual, cuando la cuota no es pagada a tiempo,
se impone como sanción un 30% adicional al valor que haya sido liquidado, como
se desprende de los artículos 36 y 37 de la Ley 48 de 1993 y 2º de la Ley 1184
de 2008.
Sin embargo, el
artículo 6º de la Ley 1184 de 2008 establece algunas causales de exoneración de
la cuota de compensación militar en beneficio de personas en situación de
desventaja a causa de vulnerabilidad socioeconómica, de limitaciones físicas,
síquicas o neurosensoriales graves, incapacitantes o permanentes, de la
condición de indígena y del desacuartelamiento de soldados con base en el
tercer examen médico. En el caso de las personas socioeconómicamente
vulnerables la identificación de los exentos del pago se sirve del Sistema de
Identificación y Selección de Beneficiarios, SISBÉN, de manera que los
destinatarios son los clasificados en los niveles 1, 2 y 3, causal esta que el
artículo 188 de la Ley 1450 de 2011 extendió a los menores de 25 años exentos o
inhábiles para prestar el servicio militar y a los mayores de 25 años, siempre
que estén vinculados a la Red de protección Social para la Superación de la Pobreza
Extrema o al Registro Único de Población Desplazada, en cuyo caso, fuera de la
exoneración del pago de la cuota de compensación militar, también se encuentran
exentos del pago de los costos de elaboración de la libreta militar[30].
Nótese que a las
exenciones del pago de la cuota de compensación militar subyacen importantes
razones de equidad tributaria e igualdad material que la Corte Constitucional
tuvo en cuenta al examinar la constitucionalidad del artículo 6º de la Ley 1184
de 2008, oportunidad en la cual encontró que el legislador incurrió en omisión
legislativa de carácter relativo al dejar de eximir del pago de la cuota de
compensación militar a los jóvenes bajo el cuidado y la Protección del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[31].
En esa oportunidad
la Corte estimó que la inclusión de los mencionados jóvenes dentro del grupo de
exentos del pago de la cuota de compensación militar reparaba una desigualdad
injustificada que afectaba a estos adolescentes en medio de los cambios
físicos, sicológicos, emocionales y sociales propios del período de transición
entre la niñez y la adultez, cambios que debían afrontar “sin contar con una
red de apoyo claramente definida y sin los recursos que les permitan solventar
de manera autónoma las nuevas obligaciones y responsabilidades que trae consigo
la mayoría de edad”, obligaciones entre las que se encuentra la de definir la
situación militar y, “en caso de resultar exentos de la prestación del servicio
militar, asumir el pago de la cuota de compensación”, pese a carecer de
capacidad contributiva y de recursos propios[32].
De conformidad con
el régimen aplicable, la Corte concluye que “del pago de la cuota de
compensación militar se encuentran excluidas las personas en condiciones de
debilidad económica, de manera que no se produce la afectación de aquellos
grupos de la población para los cuales la reducción de los ingresos puede tener
el mayor impacto en lo relativo a la satisfacción de sus necesidades
personales, familiares o domésticas”[33].
En los
considerandos del Decreto 687 de 2017 fue consignado que la Ley 48 de 1993
“consagra las causales en las que se está exento de prestar el servicio
militar, con la obligación de inscribirse y de pagar cuota de compensación
militar”, siendo del caso anotar que, de acuerdo con la jurisprudencia, esta
regla adoptada por el legislador es susceptible de ser modificada mediante
decreto expedido al amparo del estado de excepción, en cuanto ostenta la misma
jerarquía normativa[34].
Pasa la Corte,
entonces, al análisis material de las modificaciones introducidas por el
Decreto Legislativo que se estudia y, para el efecto, advierte que en su debido
lugar hará las precisiones que correspondan a la regulación ordinaria del
servicio militar y que, como lo puso de presente el Ministerio de Defensa en su
intervención, en el presente caso constituye precedente la Sentencia C-672 de
2015, en la que fue analizada la constitucionalidad del Decreto Legislativo
1774 de ese año, por el cual se adoptaron “medidas para permitir el ejercicio
de ciertas actividades sin cumplir con la obligación de definir la situación
militar” y se hizo “una exención al pago de la cuota de compensación militar”,
con ocasión del estado de emergencia al que dio lugar la crisis humanitaria que
se presentó en la frontera entre Colombia y Venezuela.
7.5. El control
material
La Corte
Constitucional realiza el control material de los decretos que se dictan en
desarrollo de un estado de excepción con base en la verificación de varios
requisitos derivados de la Constitución en la forma como han sido desarrollados
en la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Según reiterada
jurisprudencia, esos requisitos son los de conexidad material, finalidad, necesidad,
proporcionalidad, motivación de incompatibilidad y no discriminación. Procede,
entonces, la Sala Plena, a la comprobación de su cumplimiento.
7.5.1.  Los
requisitos materiales
7.5.1.1. En
relación con la conexidad material, el artículo 215 de la Constitución
indica que los decretos dictados en desarrollo del estado de emergencia
económica, social y ecológica “deberán referirse a materias que tengan relación
directa y específica con el estado de emergencia” y estar destinados a
conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Quienes
intervinieron en representación de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario pidieron a la Corte declarar la inconstitucionalidad
del Decreto 687 de 2017, porque, en su criterio, su contenido no tiene relación
directa o específica con la situación que ha generado la calamidad pública en
el Municipio de Mocoa, pues las medidas que se adopten deben ser aquellas “que
garanticen o impliquen suplir las necesidades básicas de esta población” y los
beneficios referentes a la definición de la situación militar “no generan una
mejora real” de las condiciones a las que se han visto sometidos los
colombianos “afectados por esta catástrofe”.
Para resolver sobre
este aspecto es importante tener en cuenta que “el examen de conexidad apunta a
determinar la correspondencia entre los hechos y motivaciones invocados por el
Gobierno Nacional en el texto del decreto mediante el cual se declara el estado
de excepción, así como la fundamentación y las medidas adoptadas por el
respectivo decreto legislativo, cuya finalidad debe apuntar única y
exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”[35].
Al repasar las
motivaciones del Decreto Legislativo 601 de 2017, declaratorio del estado de
emergencia, la Corte estima relevante destacar los considerandos que a
continuación se transcriben:
“2.
Presupuesto valorativo
[…]
“Que
la gravedad de los daños producidos en este Municipio (Mocoa) impacta también
el orden económico y social de la población, porque el alud de agua, piedras y
lodo causó la pérdida o la inhabilitación de las casas de cientos de
colombianos, además de que destruyó sus bienes personales y recursos
económicos, sin mencionar que en muchos casos inhabilitó las fuentes de
subsistencia de las familias afectadas, algunas de ellas dedicadas al trabajo
informal o artesanal. En este sentido, la tragedia ocurrida entre el pasado 31
de marzo y el 1º de abril tiene la capacidad de generar un problema crítico de
desempleo, con fuertes consecuencias para el mercado laboral, que deben ser
atendidas con medidas extraordinarias que promuevan el empleo y la generación
de empresa.
[…]
“Que
como resultado de los hechos acaecidos entre el 31 de marzo y el 1º de abril de
2017, es previsible que las actividades económicas de los comerciantes y
empresarios de la región sufran seria afectación, alterando severamente, además
del empleo, los ingresos de los habitantes, por lo que es necesario promover
mecanismos que permitan impulsar las actividades productivas de aquellos y la
generación de nuevas fuentes de empleo en dicha zona, como pueden ser, entre
otras, las vinculadas al turismo.
[…]
“Que
la avalancha también impactó negativamente el sector agropecuario, pues
deterioró y destruyó viviendas rurales, afectando la productividad de las
tierras de los campesinos en relación a la generación de ingresos y su hábitat.
Así mismo, causó la pérdida de cultivos agrícolas, ganado, especies menores y
piscicultura, y perjudicó severamente la economía de las familias del sector
rural, con efectos negativos sobre sus finanzas y proyectos productivos. La
afectación de la realidad económica y social de las zonas rurales ha puesto en
riesgo la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la región.
“Que,
por otro lado, según los primeros reportes de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-Colombia y del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, hombres entre 17 y los 50 años de edad, que sufrieron los
efectos de la avalancha, estarían obligados a definir su situación militar o
estarían próximos a tener que hacerlo, lo que dificulta su vinculación
laboral, dado que la situación militar incide en i) la posibilidad de ser
objeto de sanción; ii) en el pago de la cuota de compensación militar; iii) en
la posibilidad de celebrar contratos con entidades públicas y privadas; iv) en
la posibilidad de ingresar a la carrera administrativa; v) en la posibilidad de
tomar posesión de cargos públicos y vi) en la posibilidad de vincularse
laboralmente y que las empresas que contraten sin el cumplimiento de ese
requisito sean sancionadas. Por ello resulta necesario adoptar medidas
especiales de orden legal que permitan integrarlos a la fuerza laboral de la
ciudad.
“3.
Justificación de la declaratoria del estado de excepción
“Que
por las razones expuestas es necesario acudir al fortalecimiento de los
mecanismos que garanticen la supervivencia de las familias que lo perdieron
todo, o que sufrieron graves perjuicios con el desbordamiento de las aguas, con
el fin de ofrecerles alternativas para llevar una vida digna mientras se
resuelven de manera definitiva sus necesidades básicas y, a más largo plazo, de
facilitarles los medios necesarios para su reincorporación a la vida en
sociedad.
[…]
“b)
Mercado laboral y proyectos sociales
“Que
con el fin de proteger el mercado laboral, alterado por los efectos sociales
del desastre, se hace necesario adoptar medidas tributarias, contractuales,
crediticias, de cofinanciación o de destinación de recursos parafiscales, que
contrarresten el impacto de la crisis, que disminuyan los costos
transaccionales de ciertos trámites, que permitan aliviar el impacto negativo
sobre los sectores productivos, que estimulen la microempresa y el
emprendimiento y que faciliten la atracción de la inversión nacional y
extranjera directa en el municipio.
“Que
con la misma finalidad, dadas las consecuencias desfavorables que se derivan de
no definir la situación militar de los varones afectados por la avalancha, el
Gobierno Nacional considera necesario adoptar medidas que permitan establecer
exenciones para el pago de la cuota de compensación militar, el costo de la
elaboración y duplicado del documento y la condonación de las multas impuestas
a los infractores que no han cumplido su obligación de definir su situación
militar, y que se encontraren radicados en el Municipio de Mocoa al momento de
la tragedia”.
En el artículo 3º del
Decreto Legislativo 601 de 2017 quedó establecido que el Gobierno Nacional
adoptaría, mediante decretos legislativos, “todas aquellas medidas adicionales
necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos” y,
desde luego, “las medidas anunciadas en la parte considerativa de este
decreto”, lo que explica que en el Decreto 687 de 2017, ahora sometido a
revisión, haya adoptado algunas atinentes a la definición de la situación
militar y a la exención del pago de la cuota de compensación militar de hombres
damnificados con ocasión de la emergencia y que, para ello, haya hecho remisión
a la motivación del decreto declaratorio, precisando, entre otras cosas, que
“[…]
la situación de vulnerabilidad de los hombres que han sido damnificados por los
hechos ocurridos en el Municipio de Mocoa, justifica la necesidad de prever una
exención y/o aplazamiento del servicio militar y de la cuota de compensación,
para todas las víctimas del desastre natural, ya sean destinatarios de la Ley
1780 de 2016 o no, teniendo en cuenta que se vería agravada su situación, si se
les exigiera el ingreso a filas o el pago de la compensación militar, el costo
de la elaboración y duplicado del documento, así como, el pago de las sanciones
a los infractores que no han cumplido su obligación de definir su situación
militar y que se encontraren radicados en el Municipio de Mocoa al momento de
la tragedia”.
Conviene precisar
que la conexidad material debe ser tanto externa como interna. La primera
consiste “en la verificación acerca de la relación entre la medida y los
motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción”, en tanto
que la segunda se refiere “a que las medidas adoptadas estén intrínsecamente
vinculadas con las consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para
motivar el decreto de desarrollo correspondiente”[36].
En algunas
ocasiones “la conexidad interna y externa están estrechamente relacionadas”[37],
como sucede en el presente caso, ya que la expresa mención que sobre los
efectos negativos que la exigencia de la definición de la situación militar o
del pago de la cuota de compensación tendría en los varones afectados por la
calamidad aparece en los considerandos del decreto declaratorio del estado de
emergencia y ese dato ha sido retomado en la motivación del Decreto 687 de 2017
de un modo tal que es posible apreciar, con facilidad, su conexidad externa con
la necesidad de impedir la extensión de los efectos de la emergencia en materia
de desempleo y, simultáneamente la conexidad interna que, con total claridad,
surge de un simple cotejo entre las consideraciones del decreto ahora revisado
y las medidas específicas que concretan lo anunciado desde la propia
declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Conforme lo expresó
la Corte en la Sentencia C-672 de 2015, en términos que en esta oportunidad
pueden ser reiterados, el criterio de conexidad material “concurre con total certitud
en este caso, pues el tema de la definición de la situación militar de los
varones de edades entre los 17 y 50 años fue expresamente mencionado como uno
de los factores problemáticos que dificultarían la reinserción laboral de las
personas retornadas, y que junto con otros hechos y circunstancias, debería ser
afrontado como parte de las soluciones que el estado colombiano ofrecería”.
7.5.1.2. En
estrecha relación con el requisito de conexidad se encuentra el de finalidad[38],
de conformidad con el cual la Corte debe determinar si el objetivo buscado con
la medida está relacionado con la superación de la crisis que dio lugar a la
declaratoria de emergencia y/o a impedir la extensión de sus efectos”[39].
Respecto de la crisis que origina el estado excepcional, de especial interés
resulta anotar que, con frecuencia, está integrado por múltiples y diversas
facetas que, al confluir, generan las condiciones que ameritan la declaración
de la emergencia en cuyo desarrollo, sin embargo, el Gobierno Nacional puede
atender por separado cada uno de los aspectos involucrados en la situación
crítica.
De esta manera no
es indispensable que en un solo decreto se tenga que proveer acerca de toda la
problemática o que cada una de las medidas adoptadas en los decretos de
desarrollo tenga que servir a la superación de la totalidad de las facetas que
conforman la crisis, pues, como lo ha reconocido la Corte, es perfectamente
viable que mediante un decreto se busque solucionar alguno de los problemas y
que los restantes aspectos de la crisis puedan ser objeto de otras tantas
medidas contenidas en decretos diferentes, aunque relacionados con la misma
declaración del estado de emergencia.
Así por ejemplo, al
decidir sobre un decreto dictado en desarrollo de un estado de emergencia, la
Corte estimó que sus dos artículos tenían “como única finalidad contribuir a la
solución específica de un hecho puntual que hace parte de la crisis general que
trata de conjurar el Gobierno nacional mediante el estado de excepción”[40]
y, en otra oportunidad, encontró que el respectivo decreto respondía a “la
necesidad de conjurar la crisis y evitar la expansión de sus efectos,
específicamente en lo que toca con este decreto, en el sector del mercado
laboral y de la empleabilidad”[41]. Lo propio acontece en lo atinente a
la definición de la situación militar y a la cuota de compensación, materia
respecto de la cual la Corte ya ha indicado que contribuye “a la solución de un
específico aspecto, entre aquellos que componen la situación fáctica que dio
lugar a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica”[42].
Así pues, la
verificación del requisito de finalidad debe tener en cuenta el específico
aspecto abordado en el decreto que desarrolla el estado de excepción, para
determinar si las medidas adoptadas están orientadas a la solución de ese
aspecto.
La Corte observa
que el Decreto Legislativo 687 de 2017 contiene medidas que benefician a los
varones damnificados por el desastre natural que se presentó en el Municipio de
Mocoa, como la posibilidad de solicitar la exención y/o el aplazamiento de la
prestación del servicio militar, la exención del pago de la cuota de
compensación militar, de la sanción por no inscripción y de la expedición de la
tarjeta de reservista o la entrega gratuita del duplicado de la tarjeta de
reservista que se haya extraviado, a fin de permitirles sortear las
consecuencias desfavorables derivadas de la no definición del servicio militar
y de facilitarles, por ejemplo, la celebración de contratos, el ingreso a la
carrera administrativa, la posesión en cargos públicos y, en suma, el logro de
una vinculación laboral que les ayude a superar las consecuencias negativas de
la calamidad pública de la cual son víctimas.
En el ámbito
específico del que se ocupa, el decreto examinado busca aportar una solución a
las dificultades surgidas de la no definición del servicio militar,
dificultades que agravan la situación de los varones afectados por la avalancha
y las medidas tienen por finalidad la atención de ese aspecto que, además, fue
tenido en cuenta y evaluado por el Gobierno Nacional como factor justificativo
de la declaración del estado de emergencia, todo lo cual permite concluir que
el Decreto 687 de 2017 satisface el requisito de finalidad.
7.5.1.3. En la
jurisprudencia constitucional se ha explicado que el juicio de necesidad
“apunta a determinar si la medida adoptada es necesaria para conjurar los
hechos que dieron lugar al estado de emergencia o a limitar sus efectos” y,
adicionalmente, se ha señalado que comprende dos facetas, una fáctica y otra
jurídica. La primera de las enunciadas facetas conduce a apreciar “si el
presidente incurrió en error manifiesto en la apreciación de la necesidad de la
medida”, de modo que esta podría carecer “de toda vocación de utilidad para
superar el estado de emergencia y/o evitar la extensión de los efectos de los
hechos que la motivaron”, y la segunda faceta, también denominada juicio de
subsidiariedad, se relaciona “con la evaluación acerca de la existencia dentro
del ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales que fueran suficientes
y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional”[43].
Conforme ha sido
expuesto, en la motivación del decreto declaratorio del estado de emergencia se
hizo constar que, según los primeros reportes oficiales, “hombres entre 17 y 50
años de edad, que sufrieron los efectos de la avalancha, estarían obligados a
definir su situación militar o estarían próximos a tener que hacerlo, lo que
dificulta su vinculación laboral” y que se hacía “necesario adoptar medidas
especiales de orden legal que permitan integrarlos a la fuerza laboral de la
ciudad”.
El carácter
apremiante de las medidas adoptadas queda demostrado si se tiene en cuenta que
la exigencia del ingreso a filas o de los pagos por los conceptos mencionados
agravan la situación de los damnificados, pues no podrían acceder a puestos de
trabajo o cumplir aquellos actos propios de la vida en comunidad cuyo ejercicio
está condicionado a la definición de la situación militar.
En la motivación
del Decreto Legislativo 687 de 2017 se hace referencia a un conjunto de
disposiciones legales que de ser aplicadas a las personas afectadas por la
situación que condujo a la declaración del estado de emergencia les acarrearía
dificultades adicionales y, particularmente, en lo concerniente a su pronta
ubicación laboral, lo que evidencia la necesidad de procurar soluciones
excepcionales destinadas a remover las exigencias que tendrían por efecto el
agravamiento de las condiciones de personas ya afectadas por el desastre
natural.
Así, por ejemplo,
se alude a las Leyes 48 de 1993, 1184 de 2008 y 1780 de 2016, de acuerdo con
las cuales “la indefinición de la situación militar incide en: i) la
posibilidad de ser objeto de sanción; ii) en el pago de la cuota de
compensación militar; iii) en la imposibilidad de celebrar contratos con
entidades públicas y privadas; iv) en la imposibilidad de ingresar a la carrera
administrativa; v) en la imposibilidad de tomar posesión de cargos públicos;
vi) en la imposibilidad de vincularse laboralmente y vii) en la posibilidad de
sancionar a las empresas que contraten personal sin el cumplimiento de este
requisito”.
De otra parte, lo
anterior anticipa que las previsiones jurídicas ordinarias no son adecuadas
para lograr los objetivos buscados mediante las previsiones excepcionales y así
fue plasmado en la parte motiva del decreto sometido a control, al indicar, por
ejemplo, que “a pesar de la expedición de la Ley 1780 de 2016, es necesario
adoptar medidas excepcionales orientadas a que el sector de la población
afectado por el desastre natural, defina su situación militar y obtenga la
expedición del documento que así lo acredite, de una manera célere y eficaz,
con el propósito de coadyuvar en el restablecimiento de sus derechos”.
Con un mayor grado
de concreción en la referida motivación quedó consignado lo siguiente:
“Que
mediante la Ley 1780 de 2016, ‘Por medio de la cual se promueve el empleo y
el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso
al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 2º,
si bien estableció que las entidades públicas o privadas no podrán exigir al
ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo, sí
es necesaria la definición de la situación militar para ejercer cargos
públicos, trabajar en el sector privado y celebrar contratos de prestación de
servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público.
“Que
si bien la citada ley prevé que las personas declaradas no aptas, exentas o que
hayan superado la edad máxima de incorporación a filas podrán acceder a un
empleo sin haber definido su situación militar, en todo caso a partir de la
fecha de su vinculación tienen un lapso de dieciocho (18) meses para definir su
situación militar, con el correspondiente pago de la cuota de compensación
militar y las infracciones a que haya lugar.
[…]
“Que
con la expedición de la Ley 1780 de 2016, se otorgaron beneficios temporales al
personal no apto, exento o que superó la edad máxima para la incorporación a filas,
sin embargo esta ley no aporta una solución integral para definir la situación
material de los afectados con el desastre natural, y tan solo genera una
reducción en el pago de la cuota de compensación, infracción o sanción, sin
contemplar en su ámbito de aplicación a las personas que siendo aptas no han
definido su situación militar”.
La Corte estima que
son suficientes las anteriores consideraciones para concluir que las medidas
adoptadas en el Decreto 687 de 2017 contribuyen a la solución de uno de los
problemas generados por el desastre y que, dados los hechos y las previsiones
ordinarias del ordenamiento jurídico, son necesarias y, por ende, satisfacen el
correspondiente requisito.
7.5.1.4. El requisito
de proporcionalidad está destinado a evaluar si existe una finalidad
constitucional a cuyo logro sirvan las medidas adoptadas que, además, atendida
la gravedad de los hechos que se buscan superar, deben ofrecer más beneficios
que los costos impuestos a los principios constitucionales, sin que su aplicación
comporte limitaciones o restricciones a otros derechos fundamentales.
Tratándose de una
relación entre medios y fines que debe establecerse a propósito de un estado de
emergencia económica, social y ecológica, la finalidad constitucional que se
persigue tiene su fundamento en el artículo 215 de la Constitución y en la
declaración del mencionado estado de excepción[44], que en esta ocasión tiene su causa en
la avalancha ocurrida entre el 31 de marzo y el 1º de abril de este año en
Municipio de Mocoa, desastre que afectó gravemente la vida y la integridad de
las personas, sus derechos fundamentales, el ámbito económico y social en el
que desenvolvían su existencia y, desde luego, el mercado laboral, la
empleabilidad y, en términos generales, las condiciones de vida, situación que
debe ser atendida con eficiencia para procurar el restablecimiento de las
condiciones de empleabilidad, la generación de ingreso y el mejoramiento de las
condiciones de vida.
Las medidas
adoptadas en el Decreto 687 de 2017 sobre la definición célere de la situación
militar y la exención de pagos por concepto de cuota de compensación militar,
sanciones, expedición o duplicado de la tarjeta de reservista, reportan
ventajas para los varones entre los 17 y los 50 años que sufrieron los efectos
de la avalancha, dado que les facilitan la inserción laboral y la consiguiente
generación de ingresos propios, con lo cual contribuyen, en el ámbito
específico abordado en el decreto analizado, a impedir la extensión de la
crisis, sin que de otro lado, se impongan sacrificios excesivos a la sociedad.
Conforme lo indicó
la Corte en oportunidad precedente y en relación con medias similares a las que
ahora son objeto de consideración, las ventajas son “sin duda mayores a los
costos o sacrificios que la sociedad asume al implementar las medidas
contenidas en este decreto”, pues consistiendo tales sacrificios o costos,
“principalmente, en un menor ingreso tributario por concepto de las cuotas de
compensación dejadas de cancelar y en el costo no recuperado de expedición de
las tarjetas de reservista”, ellos no generan “un grave detrimento” del erario[45].
El balance entre la
gravedad de los problemas que se pretenden solucionar, los beneficios que se
pueden esperar de las medidas adoptadas y los costos o sacrificios ligados a su
implementación, es favorable a la constitucionalidad del Decreto Legislativo
687 de 2017, el cual guarda un adecuado equilibrio entre los extremos
sopesados, debiéndose apuntar, adicionalmente, que el mejoramiento perseguido
con base en la facilitación de las condiciones para la actividad laboral de los
varones obligados a definir su situación militar y la generación de ingresos,
no se revela contrario a otros principios o derechos constitucionales ni afecta
programas o proyectos en que pudieran invertirse los recursos que se dejan de
recibir, de donde se deduce que las medidas establecidas no son excesivas y
satisfacen el requisito de proporcionalidad.
7.5.1.5. El requisito
de motivación de incompatibilidad tiene especial relación con el de
necesidad en su vertiente jurídica[46] y apunta a verificar si el gobierno
nacional expuso las razones por las cuales el régimen ordinario impide ofrecer
una solución integral o rápida al problema que se enfrenta mediante las medidas
excepcionales adoptadas[47].
Como ha sido
indicado, en la motivación del Decreto 687 de 2017 se hace constar que las Leyes
48 de 1993, 1184 de 2008 y 1780 de 2016 establecen consecuencias por causa de
la indefinición de la situación militar, tales como la posibilidad de imponer
sanciones, generar la exigencia de pagos como el correspondiente a la cuota de
compensación militar o a la imposibilidad de obtener una vinculación laboral
estable en el sector público o en el privado, consecuencias estas que
evidencian la insuficiencia del régimen ordinario para atender con la urgencia
y la eficacia debidas las graves condiciones de los varones que, por no haber
definido su situación militar antes de la avalancha, tendrían evidentes
dificultades para obtener un empleo o trabajo que les permita superar los
efectos desfavorables que el comentado desastre natural haya ocasionado en su existencia,
integridad, derechos, posibilidades económicas y estabilidad laboral.
A fin de apreciar a
la luz del criterio de motivación de incompatibilidad y de mejor manera el
carácter extraordinario de las medidas adoptadas, es menester efectuar, en armonía
con las consideraciones que preceden al análisis de los requisitos materiales,
una breve referencia a la legislación ordinaria relativa a la definición de la
situación militar. Así pues, de conformidad con lo previamente explicado,
conviene reiterar ahora que, según el artículo 14 de la Ley 48 de 1993, “Todo
varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación
militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad,
requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o
aplazamiento”, a lo que se agrega que “cuando se llegue a la mayoría de edad
sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente
Ley”, previsiones estas a partir de las cuales se explica que en el artículo 2º
del Decreto Legislativo 687 de 2017, se haya establecido respecto de los
damnificados del desastre natural de Mocoa que dentro del término de seis
meses, contado a partir de su publicación, “podrá definirse la situación
militar y aceptar solicitudes de exención y/o aplazamiento”.
De conformidad con
el parágrafo único del referido artículo 2º, los anteriores beneficios “se
aplicarán a todas las víctimas del desastre natural, sean beneficiarios o no de
la Ley 1780 de 2016”, ley que tiene por objeto la generación de empleo para los
jóvenes entre los 18 y 28 años de edad y en cuyo artículo 20 se prevé que “Las
personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de
incorporación a filas podrán acceder a un empleo sin haber definido su
situación militar”, lo que, de acuerdo con lo señalado al examinar el requisito
de necesidad, no las exime de la definición de su situación militar, a lo cual
deben proceder dentro del lapso de 18 meses contados desde la fecha de su
vinculación laboral, siendo claro, entonces, que, sin importar que se trate de
personas en el rango de edad previsto en la ley 1780 de 2016 o que hayan sido
declaradas no aptas, exentas o que superen la edad máxima de incorporación, si
pertenecen al grupo de los damnificados, podrán definir su situación militar y
presentar solicitudes de exención y/o aplazamiento dentro de los seis meses
siguientes a la publicación del Decreto 687 de 2017.
Ahora bien, el
artículo 3º de la normatividad examinada contempla la exención del pago de la
cuota de compensación militar y del costo de la expedición de la tarjeta de
reservista, en favor de los afectados que hayan sido eximidos del ingreso a
filas y sean mayores de edad hasta los cincuenta años o cumplan la mayoría de
edad durante el estado de emergencia, medida esta cuyo carácter extraordinario
resulta comprensible con fundamento en los artículos 27 y 28 de la Ley 48 de
1993.
Como ha sido
consignado en la parte general de estas consideraciones, según la Ley 48 de
1993 en todo tiempo están exentos los limitados físicos y sensoriales
permanentes, así como los indígenas que residan en su territorio y conserven su
integridad cultural, social y económica, quienes no se encuentran obligados a
pagar la cuota de compensación militar, mientras que otros grupos de personas,
aun cuando están exentos del servicio militar, deben pagar la cuota, tal como
acontece con los clérigos y religiosos, el hijo único, hombre o mujer, el hijo
de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando carezcan de
renta, pensión o medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos y
los inhábiles relativos o permanentes.
Nótese que la
medida que excepcionalmente establece el decreto Legislativo analizado coincide
con la legislación ordinaria en lo que tiene que ver con el grupo de las
personas que están exentas de prestar el servicio militar, pero es diferente de
lo previsto en la ley 48 de 1993 en cuanto precisa que tampoco deberán pagar la
cuota de compensación militar los damnificados que, adicionalmente, hayan sido
eximidos del ingreso a filas, sean mayores de edad hasta los cincuenta años o
cumplan la mayoría de edad durante el estado de emergencia.
En la intervención
de la Universidad Santo Tomás se le solicita a la Corte condicionar la
exequibilidad del artículo 3º a que se aplique la exención del pago de la cuota
de compensación militar a todos los hombres víctimas de la catástrofe, sin
importar si fue eximido o no de la prestación del servicio militar y al
respecto la Corte considera que, conforme a las explicaciones que se acaban de
efectuar en relación con los artículos 2º y 3º no hay lugar al condicionamiento
solicitado.
Así las cosas, la
aplicación de la legislación ordinaria acarrearía dificultades adicionales a
los varones damnificados por el desbordamiento de las quebradas y los ríos en
el Municipio de Mocoa y, conforme lo manifestó el Gobierno Nacional, ni
siquiera  los beneficios que, en determinadas circunstancias, otorga la Ley
1780 de 2016 aportan “una solución integral para definir la situación militar
de los afectados con el desastre natural”, luego es claro que el régimen
ordinario impone “barreras administrativas que no permiten ofrecer una solución
integral y rápida a la necesidad de atención social”[48].
En este orden de
ideas, las medidas ordinarias sobre la definición de la situación militar son
razonables en tiempos de normalidad, pero ante una emergencia como la que tuvo
lugar en Mocoa, resultan insuficientes para el logro de los objetivos que se
pretenden alcanzar en beneficio de los varones obligados a definir su situación
militar y damnificados por la avalancha, “en cuanto la necesidad de presentar
la tarjeta de reservista, la que, a su turno acredita el cumplimiento de la
obligación de definir la situación militar, implica para tales personas un
importante obstáculo para el ejercicio de algunos de sus derechos, y más
específicamente del derecho al trabajo”, dificultad “que puede ser removida
mediante el uso de las facultades propias del estado de emergencia económica”[49].
7.5.1.6. De
conformidad con el artículo 14 de la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los
Estados de Excepción, el requisito de no discriminación le impone a la
Corte Constitucional el deber de verificar “que la medida no imponga tratos
diferenciales injustificados entre las personas, especialmente por razones de
raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o
filosófica y otros criterios sospechosos definidos en la jurisprudencia
constitucional o el derecho internacional”[50].
El análisis del
Decreto Legislativo 687 de 2017 deja ver que los beneficios establecidos
respecto de la definición de la situación militar aprovechan al grupo de
varones entre 17 y 50 años que resultaron damnificados a causa del desastre
natural acaecido en el Municipio de Mocoa, y siendo los miembros de ese
conjunto poblacional los destinatarios de las medidas que buscan mejorar su
grave situación, es obvio que quienes no se encuentren en tales circunstancias
están obligadas a definir su situación militar de acuerdo con la normatividad
ordinaria al efecto establecida.
Se evidencia así la
existencia de un trato diferenciado entre los beneficiados por las medidas
adoptadas al amparo del estado de emergencia económica, social y ecológica, y
los varones también obligados a definir su situación militar que no fueron
afectados por la avalancha, quienes deberán acatar la legislación vigente y
cumplir en su totalidad los deberes y obligaciones propios de la prestación del
servicio militar y a su demostración, de manera que, en caso de omitirlos,
tendrán que atenerse a la imposición de las sanciones previstas.
La Corte ha
precisado que la obligación de definir la situación militar tiene un amplio
fundamento constitucional que también se extiende al establecimiento de
eximentes justificadas, como que el artículo 216 superior encarga al legislador
la determinación de “las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio
militar”. Tanto la referida obligación como las circunstancias en que caben las
eximentes legalmente establecidas operan en los tiempos de normalidad que
sitúan en condiciones similares a todos los varones obligados a definir la
situación militar o a quienes hagan parte de los grupos que, ordinariamente y
de acuerdo con la ley, se encuentran eximidos de la prestación del respectivo
servicio.
Sin embargo, una
eventualidad como la ocurrida entre el 31 de marzo y el 1º de abril de este año
en el Municipio de Mocoa, que dio lugar a la declaración del estado de
emergencia, introduce una diferencia relevante en el conjunto de obligados a
definir la situación militar, porque la condición de damnificado y la urgencia
de superar la crisis justifican que a los afectados se les propicien
condiciones que  les faciliten la reorganización de sus vidas mediante la
implementación de medidas que remuevan los obstáculos que dificultan su acceso
al mercado de trabajo, dificultades entre las que se encuentra la definición de
la situación militar en los términos contemplados para los tiempos de
normalidad.
Conforme lo precisó
la Corte en otra oportunidad, “existe entonces una diferencia en el terreno
fáctico, que justifica también el trato normativo diferenciado” que, además,
puede ser establecido en decretos dictados en desarrollo de un estado de
emergencia, pues “resulta válido que el Gobierno Nacional, que durante los
estados de excepción asume en forma así mismo excepcional y temporal el rol de
legislador, pueda modificar, ampliar o restringir tal catálogo de situaciones,
en cuanto lo considere útil y necesario, como parte de las medidas con las que
pretende afrontar la situación excepcional sobrevenida”[51].
De otra parte, al
centrar la atención sobre el grupo de personas que son destinatarias de las
medidas contempladas en el Decreto 687 de 2017, la Corporación reitera que es
clara la aplicación de tales beneficios “a todas las personas que se encuentren
en las hipótesis previstas en sus disposiciones”, por lo que tampoco en este
sector las medidas son discriminatorias, ya que “apuntan a garantizar la
protección que se prodiga al grupo poblacional” conformado por los varones que
se encuentren “en las especiales situaciones de apremio descritas en los
considerandos de este decreto”[52].
De conformidad con
lo anotado, “es así mismo notorio que todas las personas que se encuentren en
tal situación podrán acceder a los beneficios descritos, sin ningún tipo de
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica”[53], de donde se desprende que también por
este aspecto está acreditado el requisito de no discriminación, debiéndose
anotar, finalmente, que la referencia a los varones encuentra su justificación
en la forma como ha sido establecida la obligación de definir la situación
militar y de prestar el servicio correspondiente.
7.6. Conclusión
Revisados los
requisitos formales y materiales con fundamento en los cuales se desarrolla el
control automático de constitucionalidad de los decretos dictados en desarrollo
de un estado de emergencia económica, social y ecológica, previamente
declarado, la Corte concluye que el Decreto Legislativo 687 de 2017 es
exequible.
En cuanto a los
requisitos de forma, la Corporación comprobó que el decreto analizado (i) fue
dictado en desarrollo de un estado de excepción previamente declarado, (ii)
lleva las firmas del Presidente de la República y de todos los ministros, (iii)
fue expedido dentro del término de vigencia del estado de emergencia y (iv)
tiene una motivación que informa acerca de las razones y causas justificativas
de su expedición.
Además, la Corte
verificó que (i) el otorgamiento de un término de seis meses para definir la
situación militar y solicitar su exención y/o aplazamiento, (ii) la exención
del pago de la cota de compensación militar, de la sanción por no inscripción y
de la expedición de la tarjeta de reservista, así como (iii) la entrega
gratuita del duplicado de la tarjeta de reservista que se haya extraviado, son
medidas que satisfacen los requisitos materiales.
En efecto, (i) el
decreto tiene conexidad externa con los motivos que originaron la declaración
del estado de excepción y existe conexidad interna entre las consideraciones
expuestas y las medidas adoptadas, (ii) el requisito de finalidad se encuentra
satisfecho, dado que las disposiciones expedidas buscan ofrecer una solución a
las dificultades que, sobre todo en materia de empleabilidad, se derivan de la
falta de definición del servicio militar, (iii) también se cumple el requisito
de necesidad, porque desde el punto de vista fáctico, las medidas son útiles
para enfrentar el problema abordado, mientras que en el plano jurídico se
comprobó que la aplicación de la normatividad que ordinariamente rige la
definición de la situación militar agrava la situación de los damnificados por
el desastre natural.
Adicionalmente, el
Decreto 687 de 2017 (iv) atiende debidamente el requisito de proporcionalidad,
puesto que las medidas en él contenidas, fuera de servir a una finalidad
constitucional, ofrecen más beneficios que los costos que podrían pesar sobre
otros principios constitucionales, (v) supera el requisito de motivación de
incompatibilidad, ya que el Gobierno expuso razones demostrativas de que el
régimen ordinario no brinda una solución integral y rápida al problema
enfrentado, y (vi) satisface el requisito de no discriminación, por cuanto las
medidas establecidas no imponen tratos diferenciales injustificados entre las
personas.
En concordancia con
lo anterior, la Corte advierte que la normatividad examinada no infringe
preceptos constitucionales, ni normas integradas en el bloque de
constitucionalidad o pertenecientes a tratados internacionales aplicables en
los estados de excepción, como tampoco la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los
Estados de Excepción.
En efecto, las disposiciones incorporadas en el decreto que ha sido
objeto de análisis, no vulneran los derechos intangibles a que se refiere el
artículo 4º de la Ley 137 de 1994, no incorporan medidas que suspendan
garantías judiciales o derechos, respetan el Estado de Derecho, pues tampoco
atentan contra el principio de separación de poderes y mantienen los derechos
de los trabajadores, a lo cual cabe añadir que no riñen con otros principios
constitucionales y que es limitada su vigencia en el tiempo.
Se trata, en suma,
de eximir a los varones damnificados por el desastre natural obligados a
definir su situación militar del cumplimiento de deberes que en condiciones de
normalidad se exigen a todas las personas sobre las que pesa esa obligación. La
exención pretende facilitarles la superación de algunas consecuencias derivadas
del desastre, procurándoles el goce de derechos, tales como el trabajo, cuyo
ejercicio se vería dificultado si la obligación de definir la situación militar
y de demostrar su cumplimiento se exigiera del mismo modo como se exige a
quienes no fueron afectados por los hechos que originaron la declaración del
estado excepcional.
VIII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y, por autoridad de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE
el Decreto 687 de 2017, “Por el cual se adoptan medidas para definir la
situación militar, se hace una exención al pago de la cuota de compensación
militar y se dictan otras disposiciones”.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
( e. )
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCÍO
LOAIZA MILLÁN
Secretaria
General (e.)
[1] Doctor Carlos Alberto Saboya González.
[2] Folio 66 del expediente de
constitucionalidad.
[3] Folio 64 ibíd.
[4] Folio 71 del expediente de
constitucionalidad.
[5] Doctora Ximena Paola Remolina Castellanos.
[6] Folio 117 (reverso) del expediente de
constitucionalidad.
[7] Doctor Omar Herrán Pinzón.
[8] Folio 48 del expediente de
constitucionalidad.
[9] Folio 48 del expediente de
constitucionalidad.
[10] Doctores Rodrigo González Quintero, Camilo
Guzmán Gómez, Andrés Sarmiento Lamus y Marcela Palacio Puerta.
[11] Nicolás Gerardo Parra Zapata, Paulina Díaz
Calle, María Paula Castro, Carlos Gabriel Jácome y María Paula Gutiérrez
Fonseca.
[12] Folio 84 del expediente de
constitucionalidad.
[13] Doctor Carlos Rodríguez Mejía.
[14] Folio 113 del expediente de constitucionalidad.
[15] Folio 106 del expediente de
constitucionalidad.
[16] Folio 18 ibíd.
[17] Folio 111 ibíd.
[18] El estudiante Leandro Albeiro Sanabria
Coronado, “asesorado por el profesor Juan Manuel Sánchez Osorio”.
[19] Folio 165 del expediente de
constitucionalidad.
[20] Sentencias C- 225 de 2009, C-700 de 2015 y
C-723 de 2015.
[21] Folio 139 del expediente de
constitucionalidad.
[22] Cfr. Sentencias C-742 y C-701 de 2015.
[23] Sentencia C-621 de 2007.
[24] Ibídem.
[25] Ibídem.
[26] Ibídem.
[27] Sentencia C-388 de 2016.
[28] Sentencia C-621 de 2007.
[29] Ibídem. Sobre el carácter tributario de la cuota de
compensación militar también puede verse la Sentencia C-600 de 2015.
[30] Al respecto se puede consultar la Sentencia C-388 de 2016.
[31] Sentencia C-586 de 2014.
[32] Ibídem.
[33] Sentencia C-388 de 2016.
[34] Cfr. Sentencia C-672 de 2015.
[35] Cfr. Sentencia C-671 de 2015.
[36] Sentencia C-723 de 2015.
[37] Ibídem.
[38] Sentencia C-724 de 2015.
[39] Sentencia C-732 de 2015.
[40] Sentencia C-700 de 2015.
[41] Sentencia C-724 de 2015.
[42] Sentencia C-672 de 2015.
[43] Sentencia C-723 de 2015.
[44] Sentencia C-724 de 2015.
[45] Sentencia C-672 de 2015.
[46] Sentencia C-723 de 2015.
[47] Sentencia C-701 de 2015.
[48] Sentencia C-700 de 2015.
[49] Sentencia C-672 de 2015.
[50] Sentencia C-742 de 2015.
[51] Sentencia C-672 de 2015.
[52] Ibídem.
[53] Ibídem.