SU461-20
Sentencia SU461/20
Referencia:
Expediente T-7.136.220
Acción
de tutela instaurada por Brenda Lucía Alviar de Navia contra la Sala de
Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
Procedencia:
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil.
Asunto:
Carácter excepcional de la tutela contra providencias judiciales, sustitución
pensional, defecto fáctico, sustancial y desconocimiento del precedente.
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil
veinte (2020).
En ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los
magistrados Alberto Rojas Ríos, Diana Fajardo Rivera, Jorge Enrique Ibáñez
Najar, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella
Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, Richard S. Ramírez Grisales y José
Fernando Reyes Cuartas, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda
instancia del 3 de octubre de 2018, en el que la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión adoptada el 4 de septiembre del
mismo año por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, en la que negó
el amparo solicitado por considerarlo improcedente.
El asunto llegó a la Corte Constitucional por
remisión que hizo el juez colegiado de segunda instancia, en virtud de lo
dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución y del inciso 2°
del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Fue escogido para revisión por la
Sala de Selección N°1 de 2018, mediante auto del 28 de enero de ese mismo año.
I.
ANTECEDENTES
A. Hechos y
pretensiones
1. Brenda Lucía Alviar
estuvo casada con Luis Lisandro Navia Madriñán y de esa unión nacieron dos
hijos. Según la accionante, el vínculo entre la pareja se mantuvo hasta el 31
de diciembre de 1994, cuando su esposo falleció. Para ese entonces el Instituto
de Seguros Sociales (en adelante, ISS) ya le había reconocido una pensión de
vejez al señor Navia.
2. Tras la muerte de su
esposo, la accionante le solicitó al ISS la sustitución pensional[1]. Ella hizo
énfasis en que dicha entidad le reconoció el derecho prestacional porque
acreditó cumplir los requisitos legales para obtenerlo[2], esto es, ser
la esposa del causante y haber convivido con él hasta el momento de su deceso.
3.  El 18 de abril de
1996[3], “súbitamente
apareció una abogada, Margarita Escobar Concha, quien había sido aceptada por
la esposa del causante como supuesta sanadora espiritual”[4] del señor
Navia. Reclamó la sustitución pensional, pero lo hizo en calidad de compañera
permanente del causante, con el argumento de haber convivido con él durante sus
dos últimos años de vida. Sin embargo, ante el ISS, Margarita Escobar Concha
aseguró que su convivencia con Luis Navia inició en agosto de 1993 por lo que,
según la accionante, resulta imposible que aquella se hubiere registrado por
más de dos años.
4. Sin tener presente lo
afirmado por la señora Escobar, el ISS le suspendió el pago de la mesada
pensional a la señora Alviar[5],
hasta tanto la jurisdicción ordinaria resolviera el conflicto entre ambas
reclamantes.
5. Tanto Margarita
Escobar Concha como la accionante promovieron procesos ordinarios laborales,
que fueron acumulados entre sí[6].
El 14 de marzo de 2008, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali profirió
sentencia de primera instancia en la que le otorgó la sustitución pensional a
la actora. Lo anterior en la medida en que encontró que Brenda Lucía Alviar fue
esposa del causante y tuvo dos hijos con él; además planteó que el apoyo mutuo
entre la pareja perduró por cerca de 24 años.
Sin embargo –según el relato de la tutelante-,
mediante sentencia de segunda instancia del 18 de noviembre de 2008, el
Tribunal Superior de Cali aplicó la ley en forma indebida y dedujo que la
pensión sustitutiva era un derecho de Margarita Escobar Concha. Al respecto el
Tribunal destacó que la pareja de esposos se había separado desde 1991 y que solo
la compañera permanente había demostrado la convivencia con el causante.
La accionante argumentó que tal decisión
judicial se fundó en un yerro probatorio, pues ella y su esposo, de común
acuerdo, decidieron que la actora atendería los negocios de la pareja en Cali,
mientras él se ocuparía de una finca ubicada en Sevilla (Valle), desde donde
cada fin de semana se dirigía al hogar que había conformado con la actora.
6. Margarita Escobar
Concha y Brenda Lucía Alviar promovieron recurso extraordinario de casación contra
la sentencia del Tribunal Superior de Cali[7].
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo tuvo en
conocimiento desde abril de 2009 hasta diciembre de 2017, para cuando el asunto
fue remitido a la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de esa
misma Corporación. Allí le correspondió sustanciar el asunto al Magistrado Omar
de Jesús Restrepo Ochoa, quien registró proyecto de fallo el 25 de mayo de 2018
y finalmente la Sala de Descongestión Laboral emitió sentencia “en el tiempo
record de 4 días”[8],
pues la decisión data del 29 de mayo siguiente.
En esa sentencia, la mencionada Sala de
Descongestión Laboral resolvió no casar la decisión judicial del Tribunal
Superior de Cali, al encontrar que quien tenía el derecho a la sustitución
pensional era Margarita Escobar Concha. Lo anterior, conforme los argumentos de
la tutelante, a pesar de que la pareja de esposos Navia-Alviar había construido
conjuntamente la prestación pensional. Adicionalmente, según la accionante, “contra
toda evidencia probatoria [la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia] sesgó su decisión con base en las
siguientes consideraciones; que la convivencia entre los esposos se rompió; que
la convivencia por dos años se comprobó por parte de la sanadora; que entre el
causante en vida y la sanadora se conformó un nuevo hogar que duró al menos dos
años”[9].
La Magistrada Ana María Muñoz Segura salvó
el voto en relación con la sentencia cuestionada. Según su postura, en materia
de sustitución pensional la legislación prefiere a la esposa respecto de la
compañera permanente. A su juicio, el acuerdo sobre el manejo de los negocios
por parte de la pareja de esposos Navia-Alviar, así como sus desavenencias, no pueden
servir por sí mismos para demostrar la fractura de la convivencia.
7. A partir de lo
anterior, la accionante identificó en la sentencia del 29 de mayo de 2018 de la
Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia varios defectos, en el siguiente sentido:
7.1. Tuvo por demostrada
la separación entre la pareja de esposos cuando del expediente se desprendía lo
contrario. Lo hizo al margen de las pruebas documentales y testimoniales que acreditan
la convivencia ininterrumpida de la pareja, durante 24 años, misma que finalizó
solo en el momento de la muerte del causante.
La accionante consideró que la Sala de
Descongestión Laboral empleó un manuscrito que ella presentó con el fin de demostrar
la convivencia entre los esposos, para concluir una separación que nunca
ocurrió. Para la actora, la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia inventó “de mala fe conclusiones de
ese documento sin base ni fundamento alguno carentes de toda veracidad, mintiendo
incluso y haciendo aparecer ese documento básico para los intereses de la viuda
como todo lo contrario”[10].
El manuscrito, suscrito por el causante, se refería a una desavenencia entre la
pareja, pero no a su separación. En él, el señor Navia fue enfático en sostener
que no había tenido “el menor interés de formar hogar alterno” y que no
había compartido lecho con ninguna otra mujer distinta a su esposa, la señora
Alviar. A pesar de ello, la sede judicial accionada infirió que entre la pareja
hubo un problema relacionado con Margarita Escobar Concha que afectó la convivencia;
incluso la accionada destacó que para cuando se escribió dicha carta, la pareja
llevaba 35 días sin comunicarse entre sí. Para la actora, ello no es indicativo
de una separación y se trata de una conclusión forzada que se aleja del
contenido y del sentido del escrito aportado al expediente; la accionante
estimó que, aunque dicho documento refuerza la idea de que la convivencia en el
matrimonio no se interrumpió, la Sala de Descongestión Laboral que decidió el
asunto llegó a conclusiones totalmente opuestas y con ello distorsionó la
prueba.
La actora sostuvo que la Sala de
Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia advirtió que el manuscrito en mención contenía referencias a Margarita
Escobar que fueron tachadas, sin que ello sea cierto puesto que “en ese
documento ni se menciona a Margarita ni aparecen por ningún lado las tachaduras
de Margarita que afirma mentirosamente el magistrado Ponente”[11].
7.2. Para la actora, el
fallo que resolvió no casar la sentencia del Tribunal Superior de Cali tergiversó
su declaración. Cuando en realidad lo que ella manifestó en el trámite del
proceso ordinario daba cuenta de la permanencia del vínculo entre los esposos y
de su convivencia, sus manifestaciones se utilizaron para concluir una ruptura que
nunca existió.
7.3. La decisión
judicial atacada asumió la convivencia del causante con la presunta compañera
permanente sin ningún elemento de juicio que respaldara ese hecho. Además, no
se tuvo en cuenta que Margarita Escobar sostuvo que su convivencia con el
causante había iniciado en agosto de 1993, de modo que, dado que el actor murió
el 1° de enero de 1995, no pudo registrarse por más de dos años, como lo exige
la ley.
7.4. La señora Alviar argumentó
que la Sala de Descongestión Laboral erró al descartar el informe desprendido
de la investigación que hizo el ISS. Conforme su contenido, la esposa fue quien
demostró los requisitos de la convivencia con el causante. En contravía con
ello, pero aparentemente con sustento en dicho documento, la accionada dedujo que
la cónyuge no pudo demostrar la convivencia con su esposo.
7.5. Según la esposa del
causante, la sentencia de casación cuestionada incurrió en un error
protuberante al desestimar los testimonios en los que se fundó el recurso
extraordinario. A juicio de la señora Alviar, la Sala de Descongestión Laboral
encontró que los testimonios presentados por Margarita Escobar Concha no podían
ser objeto de valoración a través del recurso extraordinario, a pesar de que
fueron objeto de censura en la demanda correspondiente, lo que evidencia una “parcialización
descarada”[12]
por parte del juez. Concluyó que los testimonios no habían sido objeto de
cuestionamiento en la demanda mediante la cual se formuló el recurso, cuando sí
lo fueron. Con ello, la Sala de Descongestión Laboral también perdió de vista
que el cuestionamiento de los interrogatorios no había sido el único motivo
para formular la solicitud de casación[13].
Adicionalmente, la interesada sostuvo
que Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia desconoció que los cuestionamientos sobre la sentencia del
Tribunal Superior de Cali se enfocaron en la interpretación equivocada del
manuscrito ya referido, a partir de documentos que prueban pagos hechos por la
accionante, a favor del causante, por concepto de (i) servicios médicos, (ii)
servicios exequiales, (iii) atención médica, como también de documentos
asociados a la empresa Alviar de Navia (de propiedad de la actora) de la cual
dependió el señor Navia durante sus últimos años de vida y con cargo a la cual
se hicieron sus cotizaciones al Sistema de Seguridad Social con el ánimo de que
“no le fuera a ser negada al causante en vida su pensión”[14]. Tampoco
tuvo en cuenta que el causante estuvo afiliado a la empresa de atención médica
EMI y sus aportes fueron pagados por la accionante, a través de su empresa,
para asegurarle el mayor nivel de salud posible.
7.6. Por último, la
accionante plantea que los artículos 47 (literal A) de la Ley 100 de 1993 y 7°
del Decreto 1889 de 1994 fueron aplicados en forma errónea. Dichas
disposiciones apuntan a señalar que “prevalece la cónyuge frente a la
compañera, así ésta demuestre la convivencia por dos años antes del deceso del causante,
ya que la norma señalada establece que la convivencia que se le exige a la
esposa, de dos años, se suple si existe el matrimonio y han existido hijos en
el mismo, por lo que en tal caso prefiere la cónyuge para la adjudicación del
derecho pensional de sobreviviente”[15].
No lo entendió así el juez accionado.
8. Según lo afirmó la actora,
en este caso ella demostró haber (i) convivido con el causante por más de 24
años hasta el momento de su muerte, (ii) aportado a la pensión de aquel a
través de su empresa, (iii) pagado los gastos de las exequias, (iv) adquirido
una camioneta para los desplazamientos de su esposo, con la que pagó los
servicios como cuidadora a Margarita Escobar Concha y (v) recibido los restos de
su difunto esposo, en calidad de cónyuge.
La postura de la accionante, conforme
ella misma lo señaló, está respaldada por el salvamento de voto a la sentencia
de casación. Además, la conclusión sobre la prevalencia de la esposa en los
eventos en los que existe una convivencia simultánea fue defendida por la Sala
de Descongestión Laboral accionada en un fallo proferido en diciembre de 2017
con radicación interna N°48.094 y general N°76001310500220040048501; en esa
decisión, al resolver un caso análogo al suyo, la autoridad judicial demandada
le entregó el 100% de la prestación pensional a la esposa del causante.
9. Por lo anterior, el 17
de agosto de 2018 y a través de apoderado judicial, Brenda Lucía Alviar de
Navia acudió al juez de tutela, a quien le solicitó amparar sus derechos al
debido proceso y a la seguridad social. Para ese efecto, solicitó (i) vincular
a la acción de tutela al Tribunal Superior de Cali, a Margarita Escobar Concha
y a COLPENSIONES; (ii) reconocer su derecho pensional en el 100% de la pensión
del causante; y (iii) dejar sin efecto tanto el fallo de casación cuestionado,
como la sentencia de instancia del Tribunal Superior de Cali.
Como medida provisional, le solicitó al
funcionario judicial suspender la ejecución de la sentencia proferida por la
Corte Suprema de Justicia hasta que se defina esta acción de tutela.
B. Actuación procesal
Repartido el escrito de tutela a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta admitió la demanda mediante auto
del 27 de agosto de 2018. En esa decisión además se dispuso (i) vincular “al
Juzgado Segundo Laboral del circuito de Cali, a la Sala Laboral del Tribunal
Superior de esa capital, al representante legal de COLPENSIONES o a quien haga
sus veces y a Margarita Escobar Concha”[16]
y (ii) acceder a la medida provisional solicitada con el propósito de “no
hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor de la solicitante”[17].
Adicionalmente, en el auto admisorio, el
juez de tutela le solicitó a la Sala de Descongestión Laboral accionada remitir
la copia de la providencia objeto de censura.
Respuesta de las entidades y
personas demandadas y vinculadas
1. La Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia informó que la accionante y el Instituto de
Seguros Sociales interpusieron el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal
Superior de Cali dentro del proceso ordinario en el marco del cual se
profirieron las decisiones cuestionadas.
Informó que el
recurso extraordinario fue admitido el 8 de febrero de 2011[18] y el
27 de mayo de 2009[19]
fue remitido al despacho del Magistrado a cargo, pero en vista de la
implementación de las medidas de descongestión previstas en la Ley 1781 de 2016
y en el Acuerdo N°48 del 16 de noviembre de 2016, 2.310 procesos (entre los que
se cuenta el que dio origen a la sentencia cuestionada) fueron reasignados a
los magistrados de la Sala de Descongestión Laboral en la que este asunto fue
definido a través de la sentencia del 29 de mayo de 2018.
En
cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela, la Sala de
Descongestión Laboral accionada adjuntó copia de la sentencia
acusada e informó que el expediente fue devuelto el 30 de julio de 2018.
2. Margarita Escobar Concha se pronunció y destacó que el amparo es improcedente porque la
accionante pretende “censurar la actuación desplegada por la H. Corte
Suprema de Justicia por fuera de los canales dispuestos por el legislador”[20] y
busca en la acción de tutela una instancia adicional. Sus argumentos no son más
que alegatos subjetivos que dan cuenta de un criterio interpretativo distinto, que
en realidad no ataca los fundamentos de la providencia judicial censurada.
3. El Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Cali informó que le era imposible pronunciarse en forma
concreta sobre este asunto, en la medida en que para el 30 de agosto de 2018 y
desde el año 2008 no disponía del expediente.
4. COLPENSIONES guardó silencio en relación con los hechos y pretensiones del
escrito de tutela.
C. Decisiones
objeto de revisión
Sentencia de primera
instancia
El 4
de septiembre de 2018, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió decisión en la que negó
el amparo. Encontró que el escrito de tutela no hizo alusión a la satisfacción
de los requisitos formales de procedencia y concluyó que “lo pretendido es
reabrir un debate judicial, en el que la accionante no se encuentra en una
posición de debilidad manifiesta, desamparo o desprotección, dado que tiene dos
hijos mayores y una situación económica solvente”[21].
La Sala de Casación
Penal resaltó que en la tutela se mencionó genéricamente que se presentaron
varias vías de hecho, pero no se identificó el defecto concreto que se le
atribuye a la decisión atacada, cuando esa es una carga propia del demandante. Con
todo, la Sala abordó el caso desde el punto de vista de los defectos fáctico,
sustancial y desconocimiento del precedente.
Para el a quo,
la accionante cuestiona la valoración probatoria del juez ordinario (de segunda
instancia y de casación) y le da la connotación de vía de hecho a un desacuerdo
con la sentencia. Sobre el particular, recordó que la inconformidad con las
razones que sustentan la providencia judicial no estructura un defecto que
pueda ser objeto de la acción de tutela. Destacó que el manuscrito referido
(elaborado por el señor Navia en enero de 1991) sí da cuenta de una ruptura
entre la pareja y fue esta circunstancia la que llevó al causante a manifestar
que no tenía otro hogar. Además, señaló que el documento que lo contiene
presenta tachaduras, visibles incluso con la dificultad que representa para su
lectura que se haya aportado en copia simple. Por lo tanto, enfatizó que el
manuscrito no descarta la conformación de una relación sentimental con
posterioridad a su emisión.
Respecto de la presunta
indebida aplicación de los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 7° del Decreto
1889 de 1994, el juez de tutela destacó que no le asiste razón a la accionante,
pues no es cierto que, de conformidad con esas normas, el derecho de la cónyuge
prevalezca sobre el de la compañera permanente por el vínculo jurídico que le
une al causante.
Finalmente, el juez de
primera instancia señaló que, si bien se denuncia el desconocimiento de un
precedente emitido por la misma Sala accionada, la sentencia de la que
presuntamente se habría apartado el juez accionado se fundamentó en hechos
totalmente distintos a los que ahora se analizan; en ese caso se acreditó una
convivencia simultánea, mientras en este asunto no la hubo.
De conformidad con todo
lo anterior, el a quo negó el amparo deprecado en tanto (i) no encontró
un asunto de relevancia constitucional, (ii) no se configuró ninguno de los
defectos alegados y (iii) la decisión judicial atacada es razonable.
Impugnación
A través de
correo electrónico del 12 de septiembre de 2018 la accionante impugnó la
decisión de primera instancia, sin explicar el fundamento de sus reparos, pese
a que anunció que lo haría ante el ad quem[22]. Este
recurso fue concedido mediante auto del 17 de septiembre siguiente.
Sentencia de segunda
instancia
El 3
de octubre de 2018, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó
la decisión de primera instancia, pues el que “la convocante no comparta los
(…) argumentos [de la accionada] (…) no convierte esa determinación en
caprichosa o antojadiza”[23]
pues el juez accionado tuvo en cuenta las normas, los criterios
jurisprudenciales y las pruebas practicadas en este asunto. El ad quem encontró
que, en efecto la accionante no acreditó la convivencia con el causante.
Adicionalmente,
consideró que la sentencia atacada tampoco contraviene la Convención Americana
de Derechos Humanos y que no se le puede declarar contraria a dicho instrumento
internacional. Sobre este último punto aclararon el voto los magistrados Álvaro
Fernando García Restrepo, Luis Alfonso Rico Puerta y Ariel Salazar Ramírez en
el sentido de que tales conclusiones no eran pertinentes en este caso concreto.
II. ACTUACIONES
ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Una vez sorteado el asunto de la
referencia en la Corte Constitucional y adjudicado a la Magistrada
sustanciadora, COLPENSIONES solicitó información sobre su participación en el
trámite constitucional y documentos contenidos en el expediente. En respuesta a
lo anterior, el 26 de febrero de 2019, se le informó que dicha entidad había
sido vinculada por el juez de primera instancia al asunto de la referencia y se
le suministró copia digital de la acción de tutela y de las sentencias emitidas
en él.
Posteriormente, a través de decisión del
13 de marzo de 2019, se le solicitó al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Cali el expediente original del proceso ordinario laboral que dio origen a la
sentencia cuestionada, en calidad de préstamo. Se le pidió remitirlo directamente
al despacho de la Magistrada sustanciadora e informar, mediante correo
electrónico, el número de guía de correo para ubicarlo al interior de esta
Corporación. No obstante, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali
remitió el expediente a la Secretaría General de la Corte Constitucional y
adjuntó una planilla de envío ilegible.
Ante la imposibilidad de localizar el
expediente en esas condiciones, la Secretaría insistió en la solicitud
contenida en el auto mencionado, a través de correo electrónico[24]. Para
responder a él, el Juzgado en cuestión reenvió la comunicación inicial. Fue
enviado un segundo correo electrónico en el que se le solicitó al mencionado
juzgado una copia legible de la planilla y, adicionalmente, la guía de correo,
como también un contacto telefónico para agilizar la localización del
expediente en esta Corporación. Sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta.
En vista de la dificultad para localizar
el expediente dentro de los múltiples asuntos que recibe a diario esta
Corporación, el 9 de abril de 2019, la Sala Sexta de Revisión resolvió
suspender los términos para fallar.
Posteriormente, el apoderado de la
accionante se pronunció sobre las pruebas recaudadas, durante el término en que,
de haber sido recibidas, estas habrían sido puestas a disposición de las
partes. En su comunicación reiteró los argumentos inicialmente expuestos en el
texto de la demanda. Además, envió un mensaje electrónico en el que señaló que
la guía de correo era la N°833 del 26 de marzo de 2019 y que el expediente ordinario
fue recibido por la Corte Constitucional el 29 de marzo siguiente. Su
comunicación fue enviada al despacho de la Magistrada sustanciadora mediante
oficio secretarial del 9 de abril de 2019.
Mediante informe del 22 de abril de 2019,
la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho de la Magistrada
sustanciadora una comunicación suscrita por el Gerente de Defensa Judicial de COLPENSIONES,
quien sostuvo que la accionante no logró la sustitución pensional porque no
acreditó los requisitos para ello. Así las cosas, destacó que las decisiones
del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia se ajustan a las reglas de la
sana crítica y no pueden considerarse fruto de un examen probatorio arbitrario,
irracional o caprichoso.
COLPENSIONES llamó la atención sobre el
hecho de que la accionante confesó en el interrogatorio de parte que no
convivía con el señor Navia al momento de su muerte, conclusión que se soporta
en otros elementos de juicio, como aquellos que dan cuenta del lugar de
residencia del causante, cuya dirección era la misma que registraba para ese
entonces Margarita Escobar Concha. Destacó que Brenda Lucía Alviar no identificó
las vías de hecho que denuncia y que ella no se encuentra en una condición de
debilidad que amerite la protección constitucional, pues recibió una póliza de
seguro por valor de $4.000.000.000, por lo que la acción de tutela debe
declararse improcedente.
Finalmente, mediante informe secretarial
del 23 de abril de 2019 se le informó a la Magistrada sustanciadora que la
Secretaría de esta Corporación encontró el expediente ordinario “como parte
de los expedientes que serían devueltos, por no corresponder a un proceso de
acción de tutela y no tener oficio remisorio para poder ser identificado”[25] y,
en consecuencia, se envió a su despacho.
Ahora bien, como quiera que el artículo
61 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el
Reglamento de la Corte Constitucional” prevé que “después de haber sido
escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los fallos sobre
acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien
le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si asume su
conocimiento con base en el informe mensual que le sea presentado a partir de
la Sala de Selección de marzo de 2009”, la Magistrada sustanciadora así lo
hizo. En consecuencia, la Sala Plena en sesión del 10 de abril de 2019 optó por
no asumir el conocimiento de este asunto y dejarlo a cargo de la Sala Sexta de
Revisión.
El 8 de mayo de 2019, se recibió informe
secretarial en el que consta la remisión de un documento por parte del
apoderado judicial de la señora Margarita Escobar Concha. En él la interesada
destacó que la accionante cuenta con nueve bienes, sin que haya perjuicio
irremediable que habilite la intervención del juez constitucional, ni un asunto
novedoso para ser estudiado por la Corte. Informó que la accionante omitió advertir
que mediante Sentencia T-967 de 2002 se declaró improcedente una tutela que
había promovido para lograr el reconocimiento pensional que también pretende
ahora.
Adicionalmente, la señora Escobar señaló
que la accionante plantea un “criterio subjetivo e interpretativo diverso
del expuesto por la H. Sala (sic.) Corte Suprema de Justicia, con el ánimo de
que la Corte Constitucional acoja como mejor su valoración respecto a los
medios de prueba allegados al proceso”[26],
sin que se configure un defecto fáctico.
El 16 de mayo de 2019, la Magistrada
sustanciadora le presentó a la Sala Sexta de Revisión un proyecto de decisión
que fue desestimado por la posición mayoritaria, de modo que el asunto fue
remitido a la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien asumió su
conocimiento y, nuevamente, lo presentó ante el pleno de esta Corporación. El
10 de julio de 2019, la Sala Plena asumió el conocimiento del caso y, el 3 de
octubre siguiente, emitió decisión mediante la Sentencia SU-453 de 2019. En dicha
providencia amparó los derechos al debido proceso y a la seguridad social de la
accionante, y dejó sin efectos la sentencia del 29 de mayo de 2018 proferida por
la Corte Suprema de Justicia. A esa Corporación se le ordenó proferir un nuevo
fallo de casación.
El 6 de noviembre de 2019, el
apoderado judicial de la señora Margarita Escobar Concha, solicitó la nulidad
de la Sentencia SU-453 de 2019.
Posteriormente, a través de
sentencia del 28 de enero de 2020, la Corte Suprema acató la orden emitida en
la Sentencia SU-453 de 2019 de proferir una decisión de reemplazo en este
asunto. Una vez más resolvió no casar la sentencia del Tribunal, bajo el
argumento de que la esposa del causante no logró desvirtuar la presunción de
acierto de la misma. Para ese Alto tribunal, la conclusión a la que llegó el juez
ordinario laboral de segunda instancia está dentro de los parámetros de la
libre formación del convencimiento judicial.
Preliminarmente, en dicho fallo la
Corte Suprema destacó que su labor se contrae a valorar la sentencia de
instancia, con el objeto de establecer si el juez observó las normas que estaba
obligado a aplicar. Resaltó que, en casación, no está llamada a hacer
consideraciones sobre el litigio, sino sobre la corrección de la decisión, a
partir de los cargos formulados por quien la demanda. Dada la naturaleza del recurso
extraordinario de casación, debe verificar si el Tribunal, al apreciar el
caudal probatorio incurrió en un error garrafal y evidente que incida en su
decisión. Bajo esa visión, evaluó las conclusiones probatorias del Tribunal,
sobre las que encontró que no carecían de razonabilidad. Finalmente, destacó la
imposibilidad de aplicar en forma retroactiva la Ley 797 de 2003 a una
situación consolidada en 1995, mucho antes de su expedición.
Tiempo después, mediante el Auto 167 del
13 de mayo de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la nulidad
de la Sentencia SU-453 de 2019, al encontrar una omisión de análisis de una
cuestión de relevancia constitucional.
El 14 de agosto de 2020, la Magistrada
Cristina Pardo Schlesinger presentó el proyecto de decisión de reemplazo de la
Sentencia SU-453 de 2019. Luego, en sesión de Sala Plena del 22 de octubre de
2020, la propuesta de decisión no obtuvo la mayoría necesaria para ser
aprobada, por lo que la Magistrada sustanciadora fue designada nuevamente para
proyectar la decisión adoptada en esa misma fecha y que se plasma en esta
sentencia. Finalmente, el 27 de octubre siguiente, el expediente fue remitido a
la Secretaría General de esta Corporación, para hacer efectivo el cambio de
ponente.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
1. En virtud
de las disposiciones contenidas en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política de 1991, como en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 61
del Acuerdo 02 de 2015, esta Sala es competente para decidir el presente
asunto.
Asunto objeto de revisión y problemas jurídicos
2. Para efecto de enfocar
el debate, es importante recordar que Brenda Lucía Alviar acudió al juez de
tutela para que proteja su derecho al debido proceso y, a través de él, a la
seguridad social. Sostiene que la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia comprometió estas garantías
constitucionales porque al decidir sobre la sustitución pensional que ella
solicitó, como cónyuge sobreviviente de Luis Lisandro Navia Madriñán, incurrió
en los defectos sustantivo, fáctico y en desconocimiento del precedente.
Los jueces de tutela
consideraron que esta acción es improcedente porque no se configuró ninguno de
los defectos que la Corte Constitucional ha señalado como requisitos especiales
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Además, por cuanto la
accionante no se encuentra en una situación apremiante, cuenta con recursos
económicos suficientes para vivir dignamente y con una red de apoyo familiar
compuesta por sus dos hijos, mayores de edad.
3. Planteada
así la situación, la Sala debe resolver varios problemas jurídicos: el primero
es si ¿la acción de tutela en el presente caso cumple los requisitos generales
de procedencia para controvertir providencias judiciales? El segundo, si ¿la
providencia señalada incurrió en un defecto sustantivo, por aplicación indebida
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993? El tercero, si ¿puede atribuírsele un
defecto fáctico por haber hecho una interpretación irrazonable y arbitraria de
los elementos de juicio recaudados en el proceso ordinario?; y, finalmente, si
¿desconoció el precedente en relación con la decisión adoptada por la Corte
Suprema de Justicia en sentencia de diciembre de 2017 con radicación interna
N°48.094?, según lo expuso la actora.
Para efectos de valorar y
resolver estos asuntos, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia sobre el
carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y
los requisitos establecidos por la jurisprudencia para determinar su
procedencia; (ii) hará énfasis en los defectos sustancial, fáctico y en el
desconocimiento del precedente; (iii) abordará la figura de la sustitución
pensional, en relación con sus propósitos constitucionales; y, a partir de
ello, (iv) definirá el caso concreto.
Procedencia excepcional de la acción de tutela
contra decisiones judiciales[27]
4. La acción de tutela, consagrada
en el artículo 86 de la Constitución es un mecanismo excepcional previsto para
que toda persona pueda hacer frente a la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales de los que es titular, con ocasión de la conducta, positiva u
omisiva, de cualquier autoridad pública y, en algunos eventos, de los
particulares.
En desarrollo de dicho precepto constitucional, los
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 establecieron, en un principio,
la posibilidad de que las decisiones judiciales que comprometieran derechos
fundamentales fueran susceptibles de control constitucional por vía de tutela.
Sin embargo, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-543 de
1992[28]
declaró la inexequibilidad de los referidos artículos. En ese fallo la Corte
precisó que permitir el ejercicio de la acción de tutela contra providencias
judiciales, transgredía la autonomía y la independencia judicial y contrariaba
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, de ahí que solo procedía
el remedio constitucional cuando se tratara de proteger derechos fundamentales
ante vías de hecho.
Sin embargo, desde 1993, en una continua línea
jurisprudencial, la Corte ha reconocido la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. La ha condicionado a la identificación de
varios factores que limitan su interposición y la reducen a casos
excepcionales, en que el juez se aparta de los designios constitucionales, de
la ley o la sana crítica, y con ello afecta las garantías constitucionales de
las partes o de los interesados en el proceso judicial, a pesar de todos los
esfuerzos de los afectados por controvertir sus determinaciones con las
herramientas que encuentran en el procedimiento ordinario.
5. Ese fue el razonamiento que
inspiró, en su momento, la teoría de las vías de hecho[29] y que
ahora sustenta el conjunto de requisitos generales y especiales en la materia[30]
que, como serán explicados a continuación, permiten al juez constitucional
averiguar y determinar si se compromete el debido proceso con la emisión de una
sentencia, sin quebrantar los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada,
autonomía e independencia judicial[31].
En ese contexto, la armonización de los derechos
fundamentales y principios como la seguridad jurídica y la cosa juzgada implicó
el establecimiento de unos requisitos de procedencia de riguroso análisis. Se
dividen en dos grupos: el de los requisitos generales y los específicos que
serán abordados a continuación.
Requisitos generales[32]
6. Los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, son que (i) la cuestión
sea de relevancia constitucional, de forma que rotunda e
inconfundiblemente, verse sobre los derechos fundamentales de las partes o de
terceros interesados en el proceso en el que se dictó la decisión; (ii) se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial que estén al alcance del
actor para oponerse a la decisión judicial que acusa por vía de tutela;
(iii) se cumpla el principio de inmediatez o que la acción se haya
interpuesto en un término razonable; (iv) la irregularidad procesal alegada sea
decisiva en el proceso, en caso de que esta sea invocada y resulte
verdaderamente lesiva de las garantías constitucionales que les asisten a las
partes o a los interesados; (v) se identifiquen, de manera razonable, los
hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales de modo que
la parte accionante precise en forma clara y contundente la acusación sobre la
decisión judicial; y que (vi) no se trate de una tutela contra una sentencia
que haya definido, a su vez, una acción de tutela.[33]
La satisfacción de todos y cada uno de estos
requisitos generales abre al juez la posibilidad de continuar el análisis y de
definir el asunto que se le plantea. Por el contrario, la inobservancia o el
incumplimiento de uno solo de ellos basta para impedirlo y sustraer el debate
del conocimiento del juez de tutela. En ese último caso ha de declararse la
improcedencia de la acción, sin que el estudio pueda trascender al fondo del
debate promovido por la parte accionante.
7. En este caso concreto la Sala
encuentra que la acción de tutela cumple los requisitos generales de
procedencia de las solicitudes de amparo contra determinaciones judiciales.
Obsérvese que (i) la cuestión es de relevancia
constitucional, en la medida en que la censura contra la providencia acusada es
la vulneración del derecho al debido proceso de una de las partes del proceso
ordinario laboral; (ii) la accionante cumplió con la carga de agotar todos los
medios de defensa judicial, ordinarios y extraordinarios, que estaban a su
alcance para oponerse a la decisión judicial que acusa por vía de tutela, pues
incluso promovió el recurso de casación; (iii) la acción se formuló en un término
razonable, en la medida en que la sentencia cuestionada fue proferida el 29 de
mayo de 2018 y la acción de tutela se promovió el 17 de agosto siguiente, es
decir cerca de tres meses después; (iv) los defectos observados tienen carácter
dirimente en el sentido de la decisión, referida a la definición sobre la
titularidad del derecho pensional; y (vi) no se trata de una tutela contra una
sentencia que haya definido, a su vez, una acción de tutela.
Adicionalmente, es importante llamar la atención
sobre el hecho de que si bien, tal y como lo aseguraron los jueces de tutela de
instancia, el apoderado judicial de la accionante destacó en forma genérica
varias vías de hecho en la sentencia y no expuso exacta y expresamente cuáles
son los defectos alegados en contra de aquella, de los argumentos del escrito
de tutela se desprenden las censuras, mismas que son compatibles con los
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, como se ha
resaltado.
8. Al respecto es
importante recordar, en primer lugar, que conforme la jurisprudencia de esta
Corporación, la interpretación de la demanda de tutela debe hacerse de
conformidad con el principio iura novit curia, según el cual “corresponde al juez (…)
discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente,
calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas
jurídicas que lo rigen”[34],
de modo que tiene el deber de interpretar el amparo y asumir un papel activo en
la conducción del proceso[35].
Sobre este asunto la Corte ha considerado que el carácter informal de la acción
de tutela[36],
el principio de oficiosidad[37]
que la rige, como también la naturaleza ius fundamental de los derechos
que tratan de protegerse a través de ella, acentúan ese deber[38].
La Sala Plena de esta Corporación en la Sentencia
C-483 de 2008[39]
sostuvo que para proponer la acción de tutela, en general, basta con la “narración de los hechos que la
originan, el señalamiento del derecho que se considera amenazado o violado, sin
que sea necesario citar de manera expresa la norma constitucional infringida, y
la identificación de ser posible de la persona autora de la amenaza o agravio”.
Ahora bien, cuando se trata de tutelas contra providencias judiciales ello no
es diferente, sin perjuicio del carácter imperioso del acatamiento de los
requisitos generales para su interposición.
En relación con este asunto, y en
segundo lugar, es preciso tener en cuenta que el requisito general en cuestión es
que “se identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la
vulneración de derechos fundamentales”, mas no registrar y mencionar de
manera nominal aquel defecto por el que se acusa la decisión. Por ende, el
adecuado balance entre la exigencia de las mencionadas causales y la eficacia
del derecho de acceso a la justicia impide la exigencia de una técnica
particular en la acción de tutela, por lo que es exigible únicamente la
presencia de los elementos de juicio necesarios para comprender cuál es la
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, estándar que en
el caso analizado se cumple.
Así las cosas, es posible inferir que,
de un lado, esta acción de tutela satisface dicho requisito y, de otro, que la
interpretación que hizo el juez de segunda instancia sobre este particular es
desacertada y le impone a la parte accionante cargas no sustentadas en la
naturaleza de la acción de tutela, ni en las normas o subreglas aplicables al caso
concreto.
9. Desde ese punto de
vista, la Sala Plena concluye que esta acción de tutela satisface todos los
requisitos generales de procedencia y deberá analizar el fondo del asunto, para
verificar si se configuró alguno de los defectos señalados por la
jurisprudencia de esta Corporación.
Requisitos especiales de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias[40]
10. Una vez
establecida la existencia concurrente de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias, y solo así, el juez
constitucional debe analizar si de los fundamentos expuestos por la parte
accionante, de los hechos y de las intervenciones se puede concluir que existió
alguno de los requisitos especiales de procedencia de la acción cuando se
formula contra una providencia judicial.
Los requisitos especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales coinciden con
los defectos en los que la jurisprudencia reconoce que puede incurrir la
autoridad judicial ordinaria, en desarrollo de sus funciones, respecto de las
partes y al proceso del que conoce. Se ha concebido que únicamente al incurrir
en ellos el funcionario judicial puede lesionar el derecho al debido proceso de
las partes, de los intervinientes y/o de los terceros interesados.
11. La Corte ha
edificado un sistema de posibles vicios que afectarían los derechos de las
partes en un proceso. Ha establecido diferentes clases de defectos atribuibles
a las decisiones judiciales: el orgánico (cuando el funcionario judicial
que profirió la sentencia impugnada carece, de forma absoluta, de competencia);
el procedimental absoluto (cuando el juez actuó al margen del
procedimiento previsto por la ley para adelantar el proceso judicial); el fáctico
(cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar
la norma en que se sustenta la decisión, o cuando se desconocen pruebas trascendentales
para el sentido del fallo); el material o sustantivo (cuando la decisión
se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, cuando
existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos normativos y
la decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible en caso, cuando se
otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene, o cuando se desconoce el
precedente de la jurisdicción correspondiente); el error inducido
(cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que
la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales); la decisión
sin motivación (debido a que el servidor judicial incumplió su obligación
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan su determinación);
el desconocimiento del precedente (se presenta en forma independiente cuando
la jurisdicción constitucional ha fijado determinada interpretación y el
funcionario judicial desconoce la subregla establecida y afecta, así, el
derecho fundamental a la igualdad); y la violación directa de la
Constitución (cuando se desconoce el principio de supremacía de la
Constitución, su carácter vinculante y su fuerza normativa)[41].
12. Considerados los argumentos
expuestos en el escrito de tutela por la señora Brenda Lucía Alviar de Navia y
como se advirtió en líneas atrás, conviene profundizar en la naturaleza del
defecto sustantivo, del defecto fáctico y de aquel que se configura por el
desconocimiento del precedente.
Defecto material o sustantivo[42]
13. Conforme la línea
jurisprudencial en la materia, el defecto sustantivo se le atribuye a una
decisión judicial cuando ella se edificó a partir de fundamentos de derecho
inaplicables al caso concreto. Cuando éste se definió sin la observancia de los
sustentos normativos que le rigen o con base en “una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”[43].
De tal modo, en términos generales, se presenta “cuando, en ejercicio de su
autonomía e independencia, la autoridad judicial desborda con su interpretación
la Constitución o la ley”[44].
Estas hipótesis se configuran en los eventos en los cuales:
“(i) (…) la decisión impugnada se funda en una
disposición indiscutiblemente no aplicable al caso; // (ii) (…) el funcionario
realiza una ‘aplicación indebida’ de la preceptiva concerniente; // (iii) (…)
la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; //(iv)
(…) la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática;// (v) (…) la norma aplicable al caso
concreto es desatendida y por ende inaplicada;// (vi) (…) a pesar de que la
norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación
fáctica a la cual se aplicó; porque la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.”[45]
(Énfasis propio)
14. El defecto sustantivo
se erige como una limitación al poder de administrar justicia y a la autonomía
e independencia judicial que, en el marco del Estado Social de Derecho, conlleva
un vínculo inescindible entre la interpretación judicial, los principios y
valores constitucionales, y las leyes vigentes. Su desconocimiento, en la
medida en que comprometa los derechos fundamentales, habilita la intervención
del juez constitucional para su protección. En consecuencia, si bien:
“el juez de tutela, en principio, no está llamado a
definir la forma correcta de interpretar el Derecho Penal, Civil, Laboral,
Comercial, etc. Sin embargo, en aquellos eventos en los que la interpretación
dada por el juez ordinario carece de razonabilidad, y cuando se cumplen los
requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente (…) [su] intervención
(…). En este caso, el juez de tutela tiene la carga de demostrar
fehacientemente la existencia de una vulneración del Derecho Constitucional de
los derechos fundamentales como condición previa para poder ordenar la
revocatoria de la decisión judicial impugnada”[46].
15. Con todo, cabe
anotar que como lo ha sostenido esta Corporación[47] el
defecto sustantivo abarca múltiples posibilidades que generan un yerro en la
aplicación del derecho y, por su trascendencia, el desconocimiento del derecho
al debido proceso de las partes, a causa de la elección de fuentes
impertinentes o de la omisión de normas aplicables, que bien pueden surgir de
las reglas jurisprudenciales que rijan la materia.
Defecto fáctico[48]
16. Desde sus inicios esta Corte estableció que los
jueces de conocimiento tienen amplias facultades para analizar el material
probatorio en cada caso concreto[49],
pues son autónomos e independientes en desarrollo del ejercicio de su función
constitucional y legal. De este modo, el cuestionamiento sobre la
interpretación probatoria de un funcionario judicial en una providencia emitida
por él tiene ciertas restricciones que dan cuenta de la importancia de aquellos
principios para la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho.
Para esta Corporación, el defecto fáctico solo
puede verificarse cuando “existan fallas sustanciales en la decisión, que
sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso (…) el fundamento de la
intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso,
radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta
el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar
de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en
criterios objetivos y racionales”[50].
Así, cuando se alega un error probatorio en una decisión judicial por vía
de tutela, el juez constitucional debe privilegiar los principios de autonomía
e independencia judicial[51].
Sin embargo, ha de entenderse que estos ceden cuando la interpretación
probatoria del juez ordinario se aparta de los principios de la sana crítica, no
atiende criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, y no
respeta la Constitución y la ley. En los eventos en los que ello sucede se
presenta arbitrariedad judicial y solo con fundamento en ella se configura la
causal por defecto fáctico, y el juez de tutela podría revocar la providencia
atacada[52].
De otra forma, le está vedado hacerlo.
17. Esta Corporación ha establecido que el defecto
fáctico se configura cuando: (i) existe una omisión en el decreto de
pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) se da una valoración
caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o (iii) el material
probatorio no se valora en su integridad.
El defecto estudiado tiene dos dimensiones[53], una positiva[54]
y otra negativa[55].
La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo
equivocada”, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Esta
dimensión implica la evaluación de errores en la apreciación del hecho o de la
prueba que se presentan cuando el juzgador se equivoca: (i) al fijar el
contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena o adiciona en su
expresión fáctica y hace que produzca efectos que objetivamente no se derivan
de ella; o (ii) porque al momento de otorgarle mérito persuasivo a una prueba,
el juez se aparta de los criterios técnico-científicos o los postulados de la
lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia, es decir, no
aplica los principios de la sana crítica, como método de valoración probatoria.
La segunda, la negativa, se produce
cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna. Esta dimensión comprende las
omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados[56].
18. En suma, el defecto fáctico es aquel que surge
por omisión en el decreto, la práctica o la valoración de las pruebas; o por el
desconocimiento de las reglas de la sana crítica[57]. Al
respecto, esta Corporación ha sido enfática en sostener que al juez de tutela
no le está permitido imponerle su criterio probatorio al juez ordinario, pues
su labor ha de limitarse a verificar si la interpretación del juez natural es o
no razonable y compatible con los elementos de juicio contenidos en el
expediente[58].
Desconocimiento del precedente judicial[59]
19. El precedente judicial es
la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza
de la ciudadanía en el ordenamiento, pues hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos[60].
En tal sentido, se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo.”[61] Sin
embargo, el precedente no debe identificarse plenamente con toda la sentencia,
sino con la regla que de ella se desprende, aquella decisión judicial que se
erige, no como una aplicación del acervo normativo existente, sino como la
consolidación de una regla desprendida de aquel y extensible a casos futuros[62],
con identidad jurídica y fáctica.
Con ocasión de la citada
definición, y bajo el entendimiento de que “no todo lo que dice una
sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha
visto”[63],
esta Corporación ha diferenciado entre lo que se denomina antecedente
jurisprudencial y precedente, en sentido estricto. En las sentencias T-830
de 2012 y T-714 de 2013 precisó que:
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el
punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos
de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían
al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes
tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que
no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que
lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los
principios de transparencia e igualdad. (…)
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es
aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un
caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones
fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.”[64]
Puede predicarse la existencia
de un precedente, en los eventos en los cuales: “(i) los hechos relevantes
que definen el asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de
hecho que enmarcan un caso del pasado. // (ii) la consecuencia jurídica
aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente. // (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta
o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.[65]
20. La necesidad de guardar el
precedente judicial, como fuente de derecho, está sustentada en cuando menos
dos razones. La primera, vinculada a la protección del derecho a la igualdad de
quien acude a la administración de justicia y de la seguridad jurídica; la
segunda, al carácter vinculante[66]
de las decisiones judiciales “en especial si son adoptadas por órganos cuya
función es unificar jurisprudencia”[67].
21. El carácter vinculante del precedente judicial
determina el reconocimiento de que la actividad propia de la administración de
justicia implica:
“identificar
la norma aplicable y el precedente jurisprudencial relevante. No basta con
tener en cuenta la literalidad de la norma y aplicarla según la autonomía
interpretativa del operador jurídico.
La
independencia y autonomía judicial están válidamente restringidas por el deber
de aplicación del precedente jurisprudencial. Los jueces tienen la capacidad
para interpretar las normas, analizarlas con otras disposiciones legales y con
los artículos de la Constitución, pero ese ejercicio hermenéutico no carece de
límites. El precedente judicial es considerado como la mejor fórmula adoptada
por los jueces, hasta ese momento, para resolver determinado problema jurídico.
Por ello, si un asunto ha sido discutido y se ha adoptado una solución
previamente, los casos similares que se presenten con posterioridad, deben
optar por la respuesta que se ha dado a las mismas situaciones”[68].
22. Ahora bien, conforme la
entidad en relación con la cual debe conservarse la univocidad de la decisión,
se habla de un precedente horizontal o de uno vertical[69]. El
criterio diferenciador entre ambos es “la autoridad que profiere el fallo
que se tiene como referente. En esa medida, el precedente horizontal hace
referencia al respeto que un juez debe tener sobre sus propias decisiones y
sobre las tomadas por jueces de igual jerarquía, mientras que, el vertical
apunta al acatamiento de los fallos dictados por las instancias superiores en
cada jurisdicción, encargadas de unificar la jurisprudencia”[70].
23. Con todo, el deber de
aplicación del precedente no es absoluto, por lo que el funcionario judicial
puede apartarse válidamente de él, amparado por los principios de independencia
y autonomía judicial. Para hacerlo, el juzgador debe (i) hacer referencia al
precedente que va a dejar de aplicar y (ii) ofrecer una justificación
razonable, seria, suficiente y proporcionada, que exponga las razones por las
que se aparta de la regla jurisprudencial previa.
Significa ello que el carácter
vinculante del precedente no se erige como un mandato absoluto, en desmedro de
la independencia y la autonomía judicial[71]. El derecho se ha
reconocido como un sistema en movimiento, por lo que si bien es preciso
resolver los casos concretos con uniformidad, ante situaciones de hecho y de
derecho similares, aquel no es el único camino para dilucidar los diferentes
casos.
Solo cuando un juez se aísla de
un precedente establecido, sin cumplir con la carga ya descrita, incurre en la
causal especial de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
referente al desconocimiento del precedente judicial. Ello en tanto con ese
actuar, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de
las personas que acudieron a la administración de justicia.
24. De este modo es posible concluir que, para la
configuración de un defecto por desconocimiento del precedente, es preciso que
el juez de tutela verifique si la sentencia en relación con la cual se pide la
aplicación equivalente es en efecto un precedente para el caso que se analiza y,
una vez hecho lo anterior y siempre que se establezca que sí lo es, procederá a
valorar si el juez se apartó en forma motivada de él. Hecho esto puede concluirse
si en realidad existió el defecto en mención.
Sustitución pensional.
Naturaleza y objetivos constitucionales[72]
25. El artículo 48 de la
Constitución Política establece que la seguridad social es un servicio público
y un derecho irrenunciable, que el Estado debe prestar en condiciones
congruentes con los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación. El objeto es cubrir los riesgos que
implican la vejez, la invalidez o la muerte.
En relación con este último
fenómeno, la figura de la sustitución pensional permite a los integrantes de la
familia de la persona ya pensionada, siempre que dependieran total o
parcialmente de ella, sucederla en el derecho pensional para efecto de que no queden
desprovistos de una fuente de ingresos ni desamparados[73]. La sustitución pensional, como
derecho fundamental[74], “busca
impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se
vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales
de su fallecimiento”[75]. Se
erige como una garantía para la familia del pensionado o del afiliado:
“atiende un importante
objetivo constitucional cual es la protección de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, pues con esta prestación se pretende que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus
necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación,
las personas más cercanas que dependían del causante y compartían con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades económicas más
urgentes. Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que el régimen de la
pensión de sobrevivientes no se inspira en la acumulación de un capital que
permita financiarla, sino en el aseguramiento del riesgo de deceso del
afiliado”[76].
El primer caso, cuando trata
de proteger a la familia del pensionado, no implica un reconocimiento del
derecho a la pensión propiamente dicho, sino el de la calidad de beneficiario
de la sustitución, como la “legitimación para reemplazar a la persona que venía
gozando de este derecho”[77].
Aquellas personas que pueden ser consideradas beneficiarios de la sustitución
pensional son “el cónyuge supérstite o compañero(a) permanente, los hijos
menores de edad o aquellos en condición de invalidez y los padres o hermanos
inválidos que dependan económicamente del pensionado”[78]. Para estas personas el derecho a la
sustitución pensional no es solo una prestación de tipo patrimonial, sino que
en virtud de la vulnerabilidad económica que implica la muerte del causante y
la consecuente ausencia de un ingreso económico para el núcleo, es un derecho
fundamental[79], pues
de ella depende la satisfacción de sus necesidades básicas y el ejercicio del
derecho al mínimo vital[80].
26. Desde que entró en
vigencia la Ley 100 de 1993 han existido dos reglamentaciones sobre los
requisitos que deben cumplir aquellas personas legitimadas para suceder al
pensionado en su derecho. Ambas se encuentran recogidas en su artículo 47. Una
en su versión original y la otra en la versión modificada por el artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, vigente en la actualidad.
27. En la versión
original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 el Legislador consideró que
quienes estaban llamados a suceder al pensionado eran:
“en forma vitalicia, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite. // En caso de que la
pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
este cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o
invalidez[[81]], y
hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años
continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más
hijos con el pensionado fallecido”.
Antes de la expedición de la
Ley 797 de 2003, tanto el cónyuge como el compañero permanente tenían que
acreditar la convivencia con el causante durante los dos últimos años de vida
de aquel. Solo así la sustitución pensional cobraba sentido, cumplía su fin
constitucional y legal, y resultaba legítima[82], pues
la convivencia sugería “el compromiso efectivo y de comprensión mutua
existente entre la pareja, al momento de la muerte de uno de sus integrantes”[83], de modo que implica que el
fallecimiento del causante genera un vacío económico y afectivo en la familia[84], que es la causa de la protección
que engendra la sustitución pensional. No obstante, este requisito de cohabitación
puede analizarse en forma flexible siempre que exista una justa causa para la
separación de la pareja (p.ej. la existencia de problemas de salud), misma que
es valorada en cada asunto particular[85].
Posteriormente, dentro de la
potestad de configuración normativa del legislador y como una manera de
actualizar el derecho a las nuevas realidades sociales, el artículo 13 de la
Ley 797 de 2003[86]
introdujo varias modificaciones a esa disposición. Desde su expedición, entre
quienes tienen derecho a suceder al causante en su derecho pensional de forma
vitalicia, están su cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite
siempre que, al morir el pensionado, tengan más de 30 años de edad y acrediten “que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte”. Adicionalmente, la modificación normativa incluyó dos supuestos:
(i) la existencia de una unión marital de hecho y de una sociedad conyugal
anterior no disuelta, pero con vínculo matrimonial vigente y (ii) la
convivencia simultánea, casos en los cuales el Legislador, a partir de 2003, previó
la división proporcional de la prestación entre la esposa y la compañera
permanente del causante, en relación con el tiempo convivido con él. Ambos
escenarios, junto con su consecuencia jurídica, solo fueron incluidos con la
Ley 797 de 2003 y no fueron considerados por la versión original del artículo 47
tantas veces mencionado.
28. En relación con la disposición
legal originaria, en su momento, la Corte en la Sentencia C-081 de 1999[87] consideró que imponía a los cónyuges
como a los compañeros permanentes, en igualdad de condiciones, la acreditación
de tres requisitos: la convivencia con el pensionado al momento de su muerte;
la vida marital desde el momento en que el fallecido tuvo derecho a la pensión[88]; y un periodo mínimo de dos años
continuos de convivencia, requisito que podía reemplazarse por la acreditación
de haber procreado uno o más hijos con el pensionado.
En esa sentencia, la Corte fue
enfática en que la Constitución imponía el deber de acoger una noción material
y no formal de familia. Por lo tanto, no podía entenderse que la ley prefiriera
al cónyuge sobre el compañero permanente, pues “siendo la familia el interés
jurídico a proteger [a través de la sustitución pensional], no es jurídicamente
admisible privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir quién
tiene derecho a este beneficio.”[89]
29. En esa misma línea,
la Corte Suprema de Justicia ha considerado que “el parámetro esencial para
determinar quién es el legítimo beneficiario de la pensión de sobrevivientes es
la convivencia efectiva, real y material entre la pareja, y no tanto la
naturaleza jurídica del vínculo que se tenga, de manera que, prima facie, no
existe una preferencia de la cónyuge supérstite sobre la compañera permanente,
por el solo hecho de mantener el vínculo matrimonial vigente, sino que siempre
debe acreditarse el requisito de la convivencia”[90]. En varias decisiones sobre la
materia, ese Alto Tribunal destacó que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no
distingue entre cónyuges y compañeros permanentes y, por el contrario, equipara
estas dos figuras[91] para
otorgarles un trato igualitario. Sin embargo, para esa Corporación, ello no
implica la inexistencia de la preferencia en relación con el cónyuge, pues conforme
su jurisprudencia esta únicamente era aplicable en el evento en el que, en el
marco de la regulación prevista en la versión original del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, se compruebe que hubo convivencia simultánea entre el causante
y una compañera permanente[92], pues
este fenómeno fue descartado por el ordenamiento jurídico en la primera versión
de la norma y la acreditación de la convivencia de la pareja de esposos, desvirtuaba
la admisibilidad de la convivencia entre los compañeros permanentes.
30. Para la época en
que estuvo vigente la norma referida, los conflictos particulares en materia de
seguridad social entre personas que acudían en calidad de cónyuges y de compañeras
permanentes de un mismo causante[93],
permitían identificar varias subreglas. La primera de ellas era la exigencia
paritaria de la prueba sobre la convivencia con el causante durante sus últimos
años de vida, para el cónyuge o el compañero permanente, sin que la forma de
constitución familiar pudiera ser un obstáculo para acceder a las prestaciones de
la seguridad social o, específicamente, a las pensionales[94].
La segunda era la singularidad
del vínculo, pues no se concebía la idea de la simultaneidad de las relaciones
de familia, bajo la normativa originaria. Si bien la prueba de la convivencia
era exigible al cónyuge y al compañero permanente, solo aquel que acreditara
una convivencia singular con el pensionado en su último periodo de vida, era
acreedor de la sustitución pensional. Así las cosas, la convivencia del
causante con uno de ellos, descartaba la cohabitación con el otro y,
consecuentemente, la causación del derecho pensional[95]. Por ende, el vínculo matrimonial,
aunado a la convivencia entre cónyuges, descartaba la cohabitación efectiva con
quien se reputara compañero permanente, de modo que más allá de la existencia
de una preferencia por la persona del cónyuge sobreviviente, se concebía que la
convivencia con este descartaba la posibilidad de una conformación familiar diferente
y paralela, en un mismo periodo[96].
31. Por otro lado, en
relación con la norma subsiguiente, derivada de la modificación que introdujo
la Ley 797 de 2003 que contempló el fenómeno de las relaciones de pareja
simultáneas[97], esta Corporación
ha destacado que en esos escenarios es necesario el reconocimiento de ambos
vínculos familiares y corresponde la distribución equitativa de la prestación. En
estos eventos, se ha señalado que como quiera que la finalidad de la pensión de
sobreviviente es proteger a la familia del pensionado que ha fallecido, y que a
partir de la Constitución de 1991, el término de familia no solo aplica para
aquellas conformadas por la unión matrimonial, sino también por la unión de
hecho, cónyuges y compañeros permanentes se encuentran habilitados y en las
mismas condiciones de igualdad para reclamar el reconocimiento y pago de la
mencionada acreencia económica[98].
Esta Corporación ha destacado
que la disposición normativa en cita, esto es el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, en la práctica
puede engendrar condiciones discriminatorias entre esposos y compañeros permanentes
del causante[99], de modo
que por ejemplo en la Sentencia T-046 de 2016, se identificaron las
siguientes reglas:
·
Cuando haya controversia sobre el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes o del derecho a la sustitución pensional, porque quienes alegan
la calidad de cónyuge y compañero permanente del causante han demostrado
convivir con este en periodos de tiempo diferentes o de forma simultánea, quien
debe dirimir el asunto es la jurisdicción competente[100].
·
Ambos reclamantes deben demostrar la convivencia simultánea con el
causante en sus últimos años de vida, para que la pensión de sobrevivientes o
la respectiva sustitución pensional, pueda ser reconocida en proporción al
tiempo de convivencia con el fallecido o en partes iguales con base en
criterios de justicia y equidad[101].
·
En los eventos en los cuales, si bien hay conflicto por una presunta
convivencia simultánea y es el juez quien debe intervenir, cuando el mecanismo
ordinario no sea el indicado para proteger en forma oportuna y efectiva los
derechos de la o el accionante, es procedente la acción de tutela[102].
Estas reglas
jurisprudenciales, han sido proferidas en relación con las relaciones
familiares normadas por la Ley 797 de 2003 y están afianzadas en el cambio
introducido por Legislador en el sistema de seguridad social en pensiones a
través de ella. En esa medida, se refieren a la distribución de la prestación,
como mecanismo de amparo a familias coexistentes, a causa de la cohabitación
simultánea entre el causante, su esposa y su compañera permanente, cuando la
muerte del primero tuvo lugar con posterioridad a su entrada en vigencia.
32. Sobre el periodo de
convivencia y la prueba alternativa de la procreación de hijos con el causante,
contenida en la versión original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al
examinar la constitucionalidad del mismo respecto del principio de igualdad, la
Corte Constitucional precisó que “se trata de una regulación razonable y
admisible, pues la exigencia de los dos años mínimos de convivencia se explica
como una prueba de los lazos afectivos existentes entre el fallecido y el
cónyuge o compañero beneficiario. Ahora bien, la procreación de uno o más hijos
es también un elemento que permite inferir la existencia de lazos afectivos y
de convivencia efectiva, que justifican la equiparación, por la ley, de estas
dos condiciones.”[103]
Sobre este aspecto puntual, y
en relación con la aplicación de la versión original del artículo 47 de la Ley
100 de 1993, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la procreación de
los hijos de la que trataba esa disposición no puede tenerse en cuenta si
ocurrió tiempo atrás o en cualquier tiempo. Únicamente suple la prueba de la
convivencia si sucedió en el marco de los dos años de los que trata la norma en
comento, pues solo así se convierte en un hecho sugestivo de la cohabitación
entre la pareja y de la relación de la prestación pensional y el mínimo vital
de quien pretende la sustitución. En relación con ello recientemente ha
sostenido que “la procreación de hijos no suple el requisito de la convivencia
efectiva en el momento de la muerte, sino que excusa el término mínimo de dos
años continuos con anterioridad a ese suceso, si se da dentro del mismo lapso y
no en cualquier tiempo”[104], de modo que solo “libera
de la prueba de la cohabitación entre cónyuges, en los dos años anteriores al
deceso del que estuviera pensionado, (…) siempre y cuando la concepción de la
descendencia, hubiera ocurrido dentro de los dos años a que se refiere el
precepto”[105].
33. Todo lo considerado hasta
este punto en relación con la pensión de sobreviviente, sugiere que esta es una
figura que protege a los miembros del núcleo familiar del pensionado que
pudieran depender económicamente de él, al haber hecho parte de su núcleo
familiar y convivido con él durante sus últimos años de vida. En esa medida, la
exigencia en relación con la acreditación de la convivencia durante el último
periodo de vida del causante, implica la garantía del cumplimiento de los
objetivos constitucionales y legales de dicha prestación.
Sobre el requisito de la
convivencia el Legislador previó originariamente un mínimo de dos años
anteriores a la muerte del actor, antes de 2003, que solo puede ser reemplazado
por la acreditación de la procreación de hijos durante dicho periodo, según el
criterio que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia al dirimir asuntos en
los que la norma vigente era la versión original del artículo 47 de la Ley 100
de 1993.
34. Al respecto esta Corporación y
la Corte Suprema de Justicia han coincidido en que, tanto en el régimen
anterior, como en el consagrado en la Ley 797 de 2003, al compañero permanente y
al esposo les corresponde acreditar este requisito, con las particularidades de
cada una de las versiones del artículo 47 antes mencionado.
De esta manera, analizados en
abstracto los elementos que resultan pertinentes para el caso propuesto, se
abordará el caso concreto que es materia de esta decisión.
Solución al
caso concreto
35. La
accionante es la esposa del causante. Tiene dos hijos mayores de edad y es
representante legal de la sociedad Alviar Navia y Cía. S. en C. Recibió el pago
de una prima por una póliza en la que era  única beneficiaria por valor de
$4.000.000.000 y es propietaria, cuando menos de nueve propiedades, conforme
las alegaciones efectuadas por los intervinientes, que no fueron controvertidas
por el apoderado de la parte demandante. Su situación económica es solvente y,
pese a que se trata de una persona mayor, no existen razones para inferir una
condición precaria ni una situación de vulnerabilidad extrema, que amerite un
tratamiento diferencial en su caso.
Acudió al juez de tutela para
la protección de su derecho al debido proceso y, a través de este, del derecho
a la seguridad social. Acusó a la providencia mediante la cual la Sala de
Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia resolvió el recurso de casación que interpuso contra la sentencia del
Tribunal Superior de Cali del 18 de noviembre de 2008, de haber incurrido en
tres defectos: uno sustancial, otro fáctico y otro por desconocimiento del
precedente. Con la formulación de la acción pretende el reconocimiento del 100%
de la prestación en su favor, como quiera que a su juicio quien alega ser la
compañera permanente del causante, no convivió con el señor Navia por el
periodo mínimo requerido.
36. Con el fin
de analizar si tales defectos se configuraron, como lo presentó la actora, es
necesario identificar las particularidades del proceso ordinario en el marco
del cual fue expedida la sentencia y referir sintéticamente los fundamentos de
la sentencia acusada. Así mismo, se referirá sucintamente el contenido de la Sentencia
T-967 de 2002[106],
en la que la Corte se había pronunciado ya en relación con la prestación
pensional que la accionante reclamó en aquella época ante la administradora de
pensiones, y que es la misma que pretende en esta oportunidad. Una vez hecho lo
anterior, se abordarán uno a uno los defectos referidos por la accionante, de
cara a las particularidades de este asunto.
El proceso
ordinario que dio origen a la sentencia cuestionada
37. Antes
de iniciar el proceso ordinario en el marco del cual se expidió la sentencia de
casación que fue censurada, Brenda Lucia Alviar buscó la protección de sus
derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la honra y al buen
nombre. Formuló una primera acción de tutela contra el Instituto de Seguros
Sociales, pues este revocó la pensión de sobreviviente que le había reconocido.
Como sustento
fáctico de la acción de tutela inicialmente propuesta, la accionante precisó
que, el 11 de septiembre de 1995, solicitó la pensión de sobreviviente en vista
del fallecimiento de su esposo, Luis Navia Madriñan. Al reclamarla sostuvo que
convivió con él “en unión marital hacía 24 años bajo el mismo techo hasta el
fallecimiento ocurrido el día 1 de enero de 1995, que él [señor Navia] era la
única persona que velaba por el sostenimiento del hogar, proporcionándoles todo
lo necesario para subsistir como drogas, alimentos, educación, vivienda, etc..
de los sueldos que devengaba en BN ASESORIAS INMOBILIARIA donde laboraba”[107]. La
prestación fue otorgada por el ISS el 24 de enero de 1996.
Tiempo después, Margarita
Escobar Concha reclamó la misma prestación, con el argumento de haber sido la
compañera permanente del causante hasta el momento de su fallecimiento. A raíz
de ello, el ISS efectuó una investigación administrativa sobre las pruebas
allegadas por las reclamantes, a partir de la cual dedujo que las
manifestaciones de la señora Alviar eran contradictorias y que sí se había
registrado convivencia entre la pareja de compañeros permanentes Navia-Escobar.
Así, la entidad suspendió el pago de la prestación reconocida inicialmente a la
accionante y ordenó retirarla de la nómina. Ella se opuso a esa determinación y
formuló los recursos de reposición y apelación en su contra. El ISS mantuvo su
determinación, con el argumento de que no estaba en la obligación de buscar el
consentimiento de la afectada para retirar el beneficio pensional, pues lo
cierto es que la señora Alviar no tenía ningún derecho pensional, de modo que
compulsó copias del expediente del proceso administrativo a la Fiscalía General
de la Nación y a la Auditoria Disciplinaria, y ordenó el recobro de las sumas
pagadas por concepto de mesada pensional a favor de la esposa del señor Navia.
Según lo afirmó el apoderado de la accionante, estas actuaciones lesionaban el
derecho al debido proceso y destacó que las contradicciones advertidas eran
insignificantes, lo que la llevó a presentar el escrito de tutela en aquella
primera oportunidad.
El 25 de enero de
2002, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia de primera instancia, en la que concedió el amparo en forma
transitoria. Encontró vulnerado el debido proceso de la accionante y ordenó
suspender los efectos del acto administrativo que había dejado en suspenso el
pago de la mesa pensional. Luego de ello, el Consejo de Estado, resolvió
revocar esa determinación en sentencia del 21 de junio de 2002. En su lugar,
negó la protección constitucional por improcedente, al existir otra vía de
defensa judicial sin advertir ningún perjuicio irremediable.
Entonces, el 8 de
noviembre de 2002, mediante la Sentencia T-967[108], la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó la decisión del Consejo
de Estado. Al valorar la situación encontró que, en efecto, la acción no
satisfacía el requisito de subsidiariedad, pues ante la existencia de una vía
de defensa principal de los derechos reivindicados, era notorio que “[l]a
suspensión de la pensión no podría representar para la actora un perjuicio
inminente, si se tiene que el pago fue suspendido desde 1997 y la actora
presentó la acción de tutela mucho tiempo después, el 12 de diciembre de 2001.
En cuanto a la gravedad del perjuicio, tampoco la Sala observa que haya
argumento o prueba alguna sobre la amenaza al mínimo vital de la actora; por el
contrario, de lo que obra en el expediente, aparece que las condiciones de la
actora le permiten vivir dignamente”.
38. Entretanto,
la señora Margarita Escobar Concha ya había promovido un proceso laboral
ordinario en contra de la accionante y del Instituto de los Seguros Sociales,
con el fin de lograr la sustitución de la pensión reconocida a Luis Lisandro
Navia Madriñán. La demanda fue admitida el 4 de abril de 2002.
La señora Alviar
también promovió un proceso con el fin de lograr la sustitución pensional.
Ambos expedientes fueron acumulados entre sí, en audiencia del 22 de julio de
2004[109].
39. En
el expediente que contiene el proceso ordinario laboral obran varios
documentos, entre los que figuran cartas remitidas por el causante a una y otra
interesada, fueron aportados al proceso. Otros tantos dan cuenta de que el
señor Navia padecía carcinoma maxilofacial y, como consecuencia de ello, registró
varias atenciones en salud, gastos y distribuyó sus bienes entre sus más
allegados.
40. Llama
la atención el hecho de que el reconocimiento pensional que hizo inicialmente
el ISS en favor de la hoy accionante, como fue anunciado en los hechos de la
acción de tutela que dio origen a la Sentencia T-967 de 2002, fue
sometido a investigaciones. Una de ellas fue llevada a cabo por la Contraloría General
de la República, a través de la Gerencia Departamental del Valle del Cauca y
sus resultados fueron consolidados en un informe de julio de 2001[110]. En ese
documento se destaca que las conclusiones del ISS no obedecieron al análisis de
la totalidad de pruebas testimoniales y documentales con las que contaba. El
informe advirtió que no solo era viable que sus conclusiones llevaran
automáticamente al reconocimiento del derecho en cabeza de la denunciante
(Margarita Escobar), sino que era suficiente para que el ISS recuperara los
dineros pagados a la señora Alviar[111],
en vista de las irregularidades que se advirtieron en el proceso de
reconocimiento de la sustitución pensional en favor de esta última.
Dicho informe
sostenía que la accionante, la señora Alviar, en realidad no hacía vida marital
con el causante para cuando este murió, de modo que las anomalías en el proceso
de reconocimiento de su pensión le fueron comunicadas a la Fiscalía[112] y a la
Procuraduría General de la Nación, para que adelantaran las investigaciones que
estimaran correspondientes en relación con el reconocimiento pensional a favor
de la esposa del causante.
41. El
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali mediante sentencia del 14 de marzo
de 2008 condenó al ISS a reconocer y pagar la sustitución pensional a favor de
Brenda Lucía Alviar de Navia y lo absolvió de las pretensiones de la señora
Escobar Concha, como también del pago de los intereses moratorios. Inconformes
con esta decisión, tanto la señora Escobar como el ISS apelaron la decisión.
42. En segunda
instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través de
decisión del 18 de noviembre de 2008, revocó la sentencia de primera instancia
y reconoció el derecho pensional en favor de Margarita Escobar Concha como
compañera permanente del causante. Por ende, le ordenó al ISS el pago de la
prestación y la recuperación de los dineros que recibió la señora Alviar y lo
exoneró de lo pretendido por ella.
El mencionado
Tribunal concluyó que la señora Alviar no había convivido con el causante
durante los dos últimos años de vida de este último, con fundamento en la
prueba testimonial y documental aportada al proceso, misma que contrastó con el
interrogatorio de la cónyuge.
En la medida en que
estaba claro que para el año 1992 el señor Navia padecía una enfermedad
terminal (como lo reconoció durante el proceso ordinario laboral la accionante),
para el Tribunal no era comprensible cómo a pesar de las necesidades de
atención y cuidado que él precisaba por encontrarse en esa situación, la pareja
de esposos podía continuar separada. Consideró que, si bien hubo un pacto de
administración de los bienes de la sociedad conyugal, conforme el cual el
causante debía vivir, la mayoría del tiempo, fuera del hogar y de su familia,
la enfermedad del actor ameritaba alguna variación respecto de ese plan
inicial.
Lo anterior, cobra
mayor relevancia si se tiene en cuenta que la finca familiar que sería
administrada por el señor Navia, estaba bajo la administración de Jorge
Humberto Tascón Montes con quien se contaba para esa misma labor, con lo que es
evidente que la presencia del causante en la finca y la separación de la pareja
de esposos no era imprescindible.
Adicionalmente, el Tribunal
llamó la atención sobre el hecho de que el cáncer maxilar que padecía el
causante implicaba el apoyo de su cónyuge y familiares, pero no obstante su
situación, ante la separación física de la pareja de esposos, las reuniones
familiares dependían enteramente de que el causante, con todas las dificultades
que puede representar una enfermedad como esa, fuera a visitar a la señora Alviar
y a sus hijos, y no al contrario. Al respecto, el Tribunal fue enfático en que
el apoyo económico no es suficiente para inferir la convivencia entre una
pareja.
También se destacó que,
en el municipio de Sevilla, donde residía el señor Navia en sus últimos años de
vida, los testigos afirmaron no haber conocido a la cónyuge del causante -la
señora Alviar- hasta el momento de la muerte de aquel y, por el contrario,
reconocían la relación de pareja entre Margarita Escobar Concha y él, en virtud
de la vida social que hicieron en ese lugar entre los años 1992 y 1994. De ella
dan cuenta las fotografías aportadas y los testimonios recaudados durante el
proceso, de los que se desprende que además la relación entre ambos era
aceptada por la familia del causante y por la misma accionante, Brenda Lucía
Alviar.
El Tribunal afirmó
que la relación de pareja y la convivencia entre los señores Navia y Escobar se
presentó desde el año 1992, momento en el cual buscaron tener ayuda profesional
para tener hijos, como se encuentra acreditado en el expediente en el que obran
facturas y comprobantes de tales servicios clínicos de fertilidad para la
pareja, que desde entonces mostraba un proyecto de vida común. Sostuvo que
adicionalmente la señora Escobar acompañó constantemente al señor Navia a sus
chequeos médicos, como lo acreditan los recibos correspondientes.
Con fundamento en
ello el Tribunal infirió que la convivencia entre los esposos Navia-Alviar no
se había mantenido hasta el momento de la muerte del causante y que la señora
Margarita Escobar sí había acreditado una convivencia de más de dos años con él
antes de su muerte y, por tal motivo, tenía derecho a la sustitución pensional.
Sin embargo, encontró que no había una demora injustificada por parte del ISS
en el pago de las mesadas pensionales, por lo que no reconoció intereses
moratorios en su favor.
43. En contra
de esta decisión judicial la esposa y la compañera permanente del causante interpusieron
el recurso extraordinario de casación.
La sentencia de
casación cuestionada a través de esta acción de tutela
44. La
sentencia del 29 de mayo de 2018 emitida por la Sala de Descongestión N°4 de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso
extraordinario de casación formulado por Brenda Lucía Alviar de Navia y
Margarita Escobar Concha.
La segunda pretendía
el reconocimiento de intereses moratorios, mientras la primera solicitó casar
la sentencia para dejar en firme la del juzgado laboral de primera instancia,
bajo el entendido de que el Tribunal Superior de Cali no había hecho un
análisis probatorio adecuado de los elementos de juicio que reposan en el
expediente y, así, concluyó la falta de convivencia entre la pareja de esposos.
Adicionalmente, la señora Alviar adujo una interpretación errada del artículo
47 de la Ley 100 de 1993 para sustentar sus pretensiones en casación (en un
sentido similar al que ahora alega en la jurisdicción constitucional).
45. La
Sala de Casación N°4 de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia analizó
la sentencia del Tribunal, para concluir que no hubo un yerro en la apreciación
probatoria y que no procedía casar ese fallo.
Precisó que durante
los últimos años de vida del señor Navia, este registraba como dirección de
residencia la misma que tenía la señora Escobar, como lo acreditan diferentes
comprobantes de atención médica[113].
Así mismo, existen múltiples fotografías y comunicaciones escritas entre la
pareja Navia-Escobar que dan cuenta de la relación afectiva y de convivencia
entre ellos.
La Sala de Casación
N°4 de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia valoró con
detenimiento el manuscrito “dirigido al parecer el 3 de enero de 1992 (con
enmendadura del 1 de enero de 1991), por Luis Lizandro (sic.)[114]
Navia”[115]
a la señora Alviar, en la que precisa que está distante de ella y de sus hijos,
alude a una crisis matrimonial y destaca que para entonces no había tenido
ninguna intención de constituir un hogar alterno de modo que llamaba al diálogo
y manifestaba su intención de solucionar los problemas. Dicho manuscrito, que
se encuentra tachado tal y como lo encontró el juez, parecía hacer referencia a
la señora Margarita Escobar tras las enmendaduras que presenta, según lo
consideró aquella Sala.
Para la Sala de
Casación Laboral la cónyuge no acreditó la convivencia con el causante, como sí
lo hizo su compañera permanente. Así, la preferencia que reivindica la señora
Alviar solo podría haber aplicado si se hubiese probado convivencia simultánea.
Sin embargo, como quiera que la única que probó cohabitar durante los dos
últimos años de vida con el señor Navia fue su compañera permanente, no es
posible deducir un escenario de convivencia simultánea en este caso particular y
dicha figura no es aplicable al asunto concreto.
Sobre el
defecto sustancial alegado
46. La
accionante sostiene que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió
no casar la decisión de segunda instancia con fundamento en una interpretación
errada del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, como la sentencia proferida por
el tribunal Superior de Cali. Según su convencimiento, la norma establece la
preferencia por la cónyuge sobre la compañera permanente del causante y el juez
colegiado, en los dos fallos cuestionados, omitió aplicarla al caso concreto.
47. En
relación con este defecto, es importante resaltar que la muerte del causante
ocurrió el 1° de enero de 1995. Para ese momento la versión original del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 se encontraba vigente, y aun no se había
expedido la modificación introducida en el año 2003. Entonces, la solicitud de
sustitución pensional que hicieron, tanto la señora Alviar como la señora
Escobar, se rigen por esa preceptiva inicial[116],
según la cual:
·
En el evento en que la sustitución ocurra por muerte del pensionado, como sucede
en esta oportunidad, tienen derecho “en forma vitalicia, el cónyuge
o la compañera o compañero permanente supérstite”.
·
Era preciso acreditar vida marital con el causante por no menos de dos
años continuos, con anterioridad al momento de su muerte. Ello a menos que “haya procreado uno
o más hijos con el pensionado fallecido”.
Según la versión
original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la convivencia con la cónyuge o
la compañera permanente descartaba la admisión jurídica de la cohabitación con
la otra. La simultaneidad de las formas familiares no era una posibilidad admitida
por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, la singularidad del vínculo era
constitutivo del derecho a la sustitución pensional[117].
Para entonces, con
el objetivo de sustituir al señor Navia en su derecho pensional, tanto la
cónyuge como la compañera permanente del causante debían demostrar que
convivieron con él durante sus dos últimos años de vida. Aquella(s) que hubiere(n)
procreado con él, durante ese mismo rango temporal, quedaban eximidas de
presentar la prueba de la cohabitación.
48. Dada
la normativa aplicable a este caso concreto, a la expectativa que había para
las reclamantes, al momento de la muerte del causante, no es posible si quiera plantear
la posibilidad de la distribución equitativa de la prestación, en la medida en
que no era una medida prevista por el Legislador para entonces ni considerada
jurisprudencialmente. Adoptar una medida semejante implicaría la aplicación de
una norma que solo entraría a regir varios años después de la muerte del
causante y, a partir de ella, desconocer que una de las reclamantes tenía un
derecho al 100% de la prestación en los términos previstos en la versión
original de la Ley 100 de 1993 y, en relación con ella, conllevaría la
modificación de un derecho adquirido, en favor de una de las reclamantes que no
acreditó dificultades económicas que la ubiquen en situaciones de debilidad
manifiesta, sino todo lo contrario, se probó su solvencia económica actual y
pasada.
49. Como
se refirió al aludir al derecho a la sustitución pensional y a su consagración
originaria en la Ley 100 de 1993, la Corte Suprema de Justicia ha optado por la
interpretación conforme a la cual, dicha disposición no distingue entre cónyuge
y compañero permanente para otorgar una preferencia al primero. Dicha postura
es compartida por esta Corporación que, al analizar la constitucionalidad de la
norma en comento a través de las sentencias C-389 de 1996 y C-081 de 1999,
enfatizó en la igualdad entre ambas figuras para destacar que a juntas les
correspondía la demostración de la convivencia durante los últimos dos años de
vida del causante durante sus últimos años de vida. De ello dependía su acceso
a la sustitución pensional.
50. De
la jurisprudencia de esta Corporación, respecto de solicitudes de sustitución
pensional por aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión
original, es pertinente traer a colación la Sentencia T-660 de 1998[118] que conoció
de una acción de tutela interpuesta en forma transitoria por la cónyuge de un
pensionado fallecido el 22 de octubre de 1994.
En esa ocasión, la
actora, en calidad de cónyuge, pretendía la asignación de la sustitución
pensional que ya se le había reconocido a la compañera permanente del causante.
Para resolver el conflicto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional destacó que “la Constitución Política le ha reconocido un valor
significativo y profundo a la convivencia, al apoyo mutuo y a la vida en común,
privilegiándola incluso frente a los rigorismos meramente formales”, de
modo que en este tipo de controversias es posible que prevalezca el derecho de
la compañera permanente, cuando se compruebe que, a pesar del vínculo
matrimonial vigente, no hay convivencia efectiva entre la pareja de cónyuges.
En ese mismo sentido, si la compañera permanente no acredita una unión con el
causante “en la que la ayuda mutua y la solidaridad como pareja sean la base
de la relación, y permitan que bajo un mismo techo se consolide un hogar y se
busque la singularidad, producto de la exclusividad que se espera
y se genera de la pretensión voluntaria de crear una familia”, no hay lugar
a la sustitución pensional en favor de ella.
Esta sentencia se
fundamentó en el criterio asumido para entonces por la Corte Constitucional,
conforme el cual los lazos familiares debían apreciarse en su materialidad,
como fundamento de la igualdad entre las distintas conformaciones familiares y
entre quienes detentaban la calidad de cónyuges y compañeros permanentes. La
acreditación de la convivencia efectiva para la cónyuge o la compañera
permanente del causante era una exigencia derivada de la versión original del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
51. En todo caso,
aquella reclamante que hubiere procreado con el causante durante los dos años
anteriores a su muerte queda eximida de acreditar la cohabitación.
Sobre este aspecto particular, la Corte
Suprema de Justicia en sentencia del 30 de junio de 2020 abordó un asunto en
que la cónyuge pretendía la sustitución de la pensión de su esposo, fallecido
el 25 de septiembre de 1998, que de conformidad con la versión original del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 le fue otorgada a la compañera permanente. Esa
Corporación hizo énfasis en que la prueba alternativa de la procreación de
hijos solo procede cuando la misma tuvo lugar dentro de los dos años anteriores
a la muerte del causante, conforme la norma referida. No tiene ningún valor
cuando se ha presentado con anterioridad, ni mucho menos en cualquier tiempo. Es
decir, la parte interesada en acceder a la prestación queda eximida de la
prueba de la convivencia, “siempre que la concepción suceda en los dos años
anteriores al deceso del afiliado”, como lo sostuvo también en providencia
del año 2019, en la que reiteró esa postura[119].
52. En esa medida,
respecto del asunto particular queda claro que la norma aplicable, la versión
original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, dispone necesariamente que
quien reclama la prestación debe acreditar haber convivido con el causante
durante sus últimos años de vida. Por ende, la postura de la accionante según
la cual ha de preferirse a la cónyuge en materia de sustitución pensional no es
de recibo, pues ella no acreditó haber convivido con el causante para el
momento de su muerte. Según lo establecieron tanto el Tribunal Superior de
Cali, como la Corte Suprema de Justicia, la accionante en calidad de cónyuge,
no acreditó haber convivido con el señor Navia durante sus dos últimos años de
vida. En esa medida, no puede concluirse la convivencia simultánea entre el
causante, la cónyuge y la compañera permanente, ante la cual la unión marital
de hecho pueda ser puesta en duda, de conformidad con la legislación y la
concepción jurisprudencial vigente para entonces sobre la singularidad del
vínculo familiar.
Ahora bien, bajo la premisa de que la
actora no probó la convivencia, procedía entonces verificar si la accionante
estaba eximida de hacerlo. Sin embargo, ella no acreditó ante los jueces
ordinarios, ni ante la Corte Suprema de Justicia, haber concebido un hijo con
el causante durante los dos últimos años de vida de este. Por lo tanto, le era
exigible a la señora Alviar acreditar la convivencia con el señor Navia, para
acceder al derecho a la sustitución pensional. Al no haberlo hecho en forma
efectiva, es razonable concluir, como lo hicieron los jueces de la jurisdicción
laboral, que no tenía el derecho pensional reclamado. En esa medida, la Sala
Plena de la Corte constitucional, descarta la configuración de un defecto
sustancial en este asunto concreto, pues la aplicación de la norma que hizo la
Corte Suprema de Justicia no fue arbitraria y, por el contrario, responde a los
designios legales y jurisprudenciales que debía seguir.
Sobre el
defecto fáctico
53. En
relación con este defecto la accionante se enfoca en tres de los elementos de
juicio recaudados en el proceso ordinario laboral, para cuestionar las
conclusiones que la Corte Suprema de Justicia hizo de ellos. Uno es un manuscrito
hecho por el causante, otro la investigación efectuada por el ISS con base en
la cual le fue reconocida inicialmente a la señora Alviar la sustitución
pensional y el último es el interrogatorio de parte rendido por esta misma.
54. En
relación con el primero de dichos elementos de juicio la accionante destacó que
el mismo fue empleado por la Corte Suprema en forma contraevidente al punto de
que inventó “conclusiones de ese documento sin base ni fundamento alguno
carentes de toda veracidad, mintiendo incluso y haciendo aparecer ese documento
básico para los intereses de la viuda como todo lo contrario”[120].
La Sala de Revisión encuentra
que no le asiste razón a la demandante y que el manuscrito referido, que se
encuentra en el cuaderno principal de la demanda ordinaria y que, tal como lo
precisó la Sala de Descongestión Laboral, presenta varias enmendaduras, una de
las cuales es el dato de la fecha de elaboración, pues se encuentra sobre
escrita del siguiente modo:
Ilustración 1. Expediente del
proceso ordinario laboral. Cuaderno 1. Folios 246 y 247.
De él se extrae, en
efecto, la intención del causante de no integrar ningún otro hogar más que
aquel conformado por la accionante y sus hijos, y su intención de arreglar los
problemas mediante el diálogo. No obstante lo anterior, lo cierto es que la
enmendadura en relación con la fecha de emisión del documento hace imposible
establecer con grado de certeza en qué momento de la vida de la pareja se
suscribió dicho documento y no descarta la relación que, posteriormente, se
presentó con la señora Margarita Escobar. Pero, más allá de eso, para los efectos
de la presente acción de tutela, implica que las consideraciones de la Sala de
Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia no son irrazonables y que están sustentadas en la adjudicación de un
valor probatorio al manuscrito del que la accionante difiere; con todo, ello no
puede sugerir un defecto en la providencia, en la medida en que solo es un
desacuerdo con la postura del juez ordinario.
Además, es preciso
tener en cuenta que dicho documento debe analizarse en conjunto con los demás elementos
de juicio obrantes en el expediente. No puede analizarse de manera aislada como
lo pretende la actora, pues de otros escritos firmados hoja a hoja por el señor
Navia, se desprende por ejemplo que este y la señora Alviar habían roto la
convivencia desde el año 1991[121]
y que los documentos que soportan los gastos médicos solo dan cuenta de un
acuerdo de la participación del señor Navia en la sociedad “Alviar Navia y Cía.
S. en C.” (de la cual la accionante era la representante legal) que
obligaba a la señora Alviar a cubrir sus gastos de salud y a adjudicarle un
millón de pesos mensual para su sostenimiento[122], por lo
que los pagos que ella hizo en nombre del causante no eran derivados de su ánimo
de apoyo, sino del cumplimiento de los acuerdos económicos previos efectuados entre
el señor Navia y la sociedad mencionada, representada por la accionante.
Cabe aclarar,
entonces, que el mencionado manuscrito le sirvió a la Sala de Descongestión N°4
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para reforzar
las conclusiones respecto de la falta de convivencia entre la accionante y el
causante, pero no fue definitivo para su convencimiento al respecto. Asimismo,
empleó razonablemente los testimonios y los documentos aportados por las partes
para inferir de todos ellos, en conjunto, que la convivencia con el causante
solo había sido acreditada por la compañera permanente y no por la esposa del señor
Navia, por lo que no casó la sentencia del Tribunal Superior de Cali y mantuvo
el derecho pensional en cabeza de la señora Margarita Escobar.
55. Del mismo
modo, la declaración de la accionante, lejos de tergiversarse, se analizó de
modo integral con los demás testimonios y documentos para concluir la ausencia
de convivencia, en un ejercicio razonado que no resulta arbitrario o caprichoso
y por el contrario se encuentra ampliamente motivado en la sentencia.
56. Por último,
en lo que atañe al informe que dio cuenta de la investigación del ISS con
ocasión del cual se le reconoció inicialmente la prestación pensional, no puede
perderse de vista que tanto la Procuraduría como la Contraloría encontraron
serias irregularidades en él, y resolvieron hacer las investigaciones internas
correspondientes sobre ellas, por lo que el valor del informe mencionado no
puede ser el que quiere otorgarle la accionante a través de esta acción de
tutela.
57. En
conclusión, se observa que el ejercicio probatorio adelantado por la Sala de
Descongestión Laboral no incurre en defecto fáctico. El análisis en conjunto de
las pruebas contenidas en el expediente permite razonablemente inferir que no
existía convivencia entre la actora y el causante y que, a su vez, existía
evidencia acerca de la vida marital entre el pensionado y la señora Escobar. De
allí que no se cumplan las condiciones exigidas por el precedente
constitucional para la configuración del defecto mencionado.
Acerca de este
particular debe insistirse en que la accionante concentra su acusación en el
cuestionamiento de determinadas pruebas, pero las mismas no pueden ser
analizadas de manera aislada, como se pretende en el amparo formulado. Vistas las
pruebas en su conjunto, se llega válidamente a la conclusión expuesta por la Sala
de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. En este punto la Corte que debe insistir en que el estudio sobre la existencia
de defecto fáctico en una decisión judicial se circunscribe, de forma
exclusiva, a determinar si el análisis probatorio efectuado por el juez se
muestra razonable y no resulta contraevidente. En este escenario, en el que es
necesario preservar la independencia y la autonomía judicial del juez
ordinario, no es posible adelantar una nueva valoración probatoria o a la
formulación de maneras alternativas de comprensión de dichos elementos de
juicio. El debate se circunscribe a la verificación de la razonabilidad de la
determinación y, en ese asunto particular, la Sala Plena de la Corte
Constitucional advierte que la sentencia cuestionada está lo suficientemente
motivada, como para descartar un ejercicio arbitrario de la función
jurisdiccional por parte de la sede judicial accionada en cuanto a la
valoración de las pruebas recaudadas se refiere.
Sobre el desconocimiento
del precedente
58. Finalmente,
en lo que atañe al desconocimiento del precedente por no haber resuelto el caso
de conformidad con una sentencia proferida por la misma Sala de Descongestión
Laboral, tiempo atrás es importante resaltar varios aspectos.
De conformidad con
lo previsto en la sentencia emitida por la misma Sala de Descongestión N°4 de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante ponencia
del mismo Magistrado, Omar de Jesús Restrepo Ochoa, en sentencia SL21085-2017
(Radicación N° 48094, Acta 023) del 12 de diciembre de 2017 se analizó sí ¿“
el Tribunal, en aplicación del artículo 47 la Ley 100 de 1993, se
equivocó al otorgar la pensión de sobrevivientes en partes iguales a la cónyuge
y a la compañera permanente dada la convivencia simultánea, o si por el
contario, dicha prestación debió ser otorgada exclusivamente a la cónyuge por
la prevalencia de ésta sobre la compañera permanente.”?. La sentencia
concluyó que “Teresa de Jesús Castaño de Ospina, como cónyuge del pensionado
fallecido, acreditó los requisitos (…) amén de que conforme a la jurisprudencia,
cuando se presenta una convivencia simultánea del causante con la cónyuge y la
compañera permanente, la vocación para hacerse beneficiaria de la pensión la
tiene en primer lugar la cónyuge y, sólo a falta de ésta, la compañera
permanente, criterio que se renueva en el sub judice.” En esa medida se le
entregó el 100% de la prestación a la esposa del causante.
Al respecto basta anotar que,
tal y como lo concluyó el juez de tutela de segunda instancia, la mencionada
sentencia fue producto de un debate en el que se demostró la convivencia
simultánea del causante con su esposa y su compañera permanente. Por ende, la
decisión mencionada no puede obrar como precedente en el presente asunto,
habida cuenta la falta de identidad entre los presupuestos fácticos de uno y
otro caso.
59. De
conformidad con todo lo expuesto hasta este punto, como quiera que la
accionante, en calidad de cónyuge, no logró demostrar la convivencia con el
causante durante los últimos dos años anteriores a la muerte de aquel, como sí
lo hizo su compañera permanente, la mencionada sentencia no es una decisión
aplicable a este caso concreto y la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no estaba en la obligación de
tenerla en cuenta en la condición de regla vinculante para el caso.
Síntesis de la
decisión
60. En
este asunto la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió si la providencia
proferida por la Corte Suprema de Justicia el 29 de mayo de 2018 incurrió en
los defectos sustantivo, fáctico y en desconocimiento del precedente. Para
establecerlo abordó los requisitos generales y específicos de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias.
Sobre los requisitos
generales de procedencia, la Sala encontró que estos se cumplían en su
totalidad, por lo que abordó el fondo del asunto. En relación con este advirtió
la inexistencia de los defectos alegados por la accionante.
En primer lugar,
sobre el defecto sustantivo, la Sala encontró que al caso le es aplicable la
versión original del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que exigía tanto del
cónyuge como del compañero permanente acreditar dos años de convivencia con el
causante, anteriores a la muerte de este. Tal como lo encontró la Corte Suprema
de Justicia, la actora como esposa del pensionado, no acreditó cumplir este
requisito. Así, pese a que ella solicita que se le aplique la “preferencia”
de la esposa en relación con la compañera permanente en los escenarios de
convivencia simultánea, lo cierto es que sin que la señora Alviar haya
acreditado la convivencia como cónyuge, la cohabitación paralela no se verifica
en este caso, sin que resulte pertinente la aplicación de norma alguna, legal o
jurisprudencial, que rija esos eventos. No son aplicables las normas
posteriores (Ley 797 de 2003 y jurisprudencia de esta Corporación emitida en
relación con ella) que normaba estos escenarios y les otorgaba consecuencias
jurídicas diferentes, tendientes a la repartición equitativa de la prestación.
De aplicarlas, se cercenaría el derecho adquirido de quien cumplía los
requisitos de la legislación anterior, para acceder al 100% de la prestación.
En segundo lugar, la
Sala encontró que la accionante propuso una interpretación de tres pruebas en
forma aislada, pero del análisis de la totalidad de los elementos de juicio que
estuvieron a disposición de la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, puede inferirse que existían pruebas
que llevaban razonablemente a concluir que (i) la actora no había convivido con
el causante durante los dos últimos años de vida de esta y (ii) por el contrario,
Margarita Escobar Concha sí vivió con él durante ese periodo, al punto en que
era reconocida como su compañera sentimental por su familia y amigos más
cercanos. En esa medida, la decisión atacada no incurrió en un defecto fáctico
y, por el contrario, está motivada en el conjunto de las pruebas del proceso.
Por último, se llegó
a la convicción de que no se registró un desconocimiento del precedente, en la
medida en que la sentencia que la actora sugiere como aplicable, no es
precedente para este caso y la Corte Suprema de Justicia no estaba obligada a
seguirla y a arribar a idénticas conclusiones en este asunto concreto.
61. En
suma, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional concluye que la
accionante ha promovido la acción de tutela no para cuestionar el razonamiento
probatorio del juez ordinario, sino para proponer otra interpretación,
razonable pero atomizada y aislada, de los elementos de juicio obrantes en el
expediente.
62. Todo
lo anterior lleva a la Sala a concluir que en este asunto no existe defecto
sustancial, fáctico o desconocimiento del precedente, por lo que confirmará las
decisiones revisadas en esta oportunidad, en el sentido de declarar
improcedente el amparo, por las razones expuestas en esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.
CONFIRMAR el
fallo proferido del 3 de octubre de 2018 proferido por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia
emitida el 4 de septiembre del mismo año por la Sala de Casación Penal de la
misma Corporación, en la que se declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta decisión.
Segundo.
Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase,
ALBERTO ROJAS RIOS
Presidente
Con salvamento de voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con salvamento de voto
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (e)
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE
LOS MAGISTRADOS
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO,
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER,
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS Y
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA
SU461/20
Ref: Expediente T-7.136.220
Acción de tutela instaurada por Brenda Lucía Alvear de Navia contra
la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
Con el habitual respeto por las
decisiones de la mayoría, los suscritos magistrados salvamos el voto en el
asunto de la referencia, al estimar que la tutela deprecada debió ser
concedida, por cuanto la Sala de Descongestión N° 4 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en defecto sustantivo al no
tener en cuenta que, conforme a la norma vigente para el momento del fallecimiento
del pensionado y a la jurisprudencia relativa a la misma disposición (artículo
47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original), el requisito de convivencia
mínima de dos años con anterioridad a la muerte del señor Luis Lisandro Navia
no le era exigible a la señora Brenda Lucía Alviar de Navia dado que ella probó
que con el causante procreó dos hijos y su vínculo conyugal permanecía vigente.
Así las cosas, la accionante no estaba en la obligación de probar que había
convivido con su esposo por lo menos dos años inmediatamente antes de su muerte
dado que la norma que estaba vigente al momento del deceso del señor Luis
Lisandro Navia permitía suplir dicha exigencia con el hecho de procrear hijos
con el fallecido, como en efecto sucedió en este caso.
Lo anterior sin perjuicio de reconocer que
la señora Margarita Escobar efectivamente convivió por dos años y algunos meses
con el señor Luis Lisandro Navia y lo hacía para el momento en que él falleció,
razón por la cual también tenía derecho a obtener la
pensión por la muerte del pensionado. Ciertamente, conforme a la jurisprudencia
vigente para el momento del fallecimiento, el criterio real o material, esto es
la convivencia al momento de la muerte del pensionado, configuraba un supuesto
de hecho para determinar el beneficiario sustituto de la pensión.
Así las cosas, dado que conforme a la
normatividad y la jurisprudencia vigente para el momento del fallecimiento del
pensionado tanto la cónyuge como la compañera cumplían criterios que les
permitían acceder a la pensión, sin que para la época existiera norma que
regulara la pensión compartida, en aplicación directa de los postulados
constitucionales relativos a la igualdad entre las familias constituidas a
partir del matrimonio y de la unión libre (CP artículo 42), la solución
constitucional del caso implicaba la compartibilidad de la pensión, en
proporción al tiempo de convivencia de cada una de las solicitantes de la
misma.
En sustento de las anteriores conclusiones
exponemos los siguientes argumentos:
1. Derechos de cónyuges y
compañeros (as) permanentes de ser beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes o sustitución pensional. Normas originales de la Ley 100 de 1993
y jurisprudencia pertinente.
1.1 Para acceder a la sustitución
pensional, la Ley 100 de 1993 señaló en su versión original, lo siguiente:
“ARTÍCULO  46. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por
vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y 2. Los miembros del grupo
familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de
los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y
hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere
efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a
que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los
parágrafos del artículo 33 de la presente Ley”.
Y
sus beneficiarios eran:
“ARTÍCULO  47. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En caso de que la
pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o
la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo
menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener
derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya
convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad
a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado
fallecido;
b. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de
18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus
estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras
subsistan las condiciones de invalidez.
c. A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de éste.
d. A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de éste.”
1.2.
Respecto del entendimiento de esta norma, en la sentencia C-389 de 1996[123]
la Corte Constitucional dejó claro que para acceder a la sustitución pensional
era necesario que el cónyuge o compañera permanente supérstite cumpliera los
requisitos señalados en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993[124].
Estos eran entendidos así: (i) que conviviera con el pensionado al momento de
su muerte, (ii) que acreditara vida marital con el causante por lo menos desde
el momento en que este cumplió con los requisitos para tener derecho a la
pensión de vejez o invalidez, y (iii) que adicionalmente, hubiera convivido con
el fallecido no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, salvo
que hubiera procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.
Frente
a la condición de haber procreado hijos con el fallecido aclaró que solo
remplazaba o suplía el último de los requisitos, esto es, la exigencia de haber
convivido al menos dos años con el pensionado antes de su muerte.
1.3.
Posteriormente, en la sentencia C-081 de 1999[125]
se reiteró lo señalado anteriormente pero, además, refiriéndose a la finalidad
de la prestación, en cuanto protege al cónyuge y a la compañera (o), explicó
que el legislador tuvo “más en cuenta factores sociológicos, reales o
materiales, en el entendido  de lo que es una relación material de pareja, como
quiera que se trata de una prestación de previsión” que busca aliviar la
condición en que puede quedar la familia del pensionado, “independientemente,
de que alguno de los miembros de la pareja goce de la condición de cónyuge o de
compañera o compañero permanente”. Se indicó allí también, que debe
acogerse como factor determinante al aplicar el literal a) del artículo en
comento (47) para establecer quién tiene derecho a la sustitución pensional,
cuando se presentan conflictos “entre el cónyuge supérstite y la compañera o
compañero permanente, el hecho del compromiso efectivo y de comprensión mutua
existente entre la pareja, al momento de la muerte de uno de sus integrantes”.
Concluyó
dicha providencia que:
“la convivencia
afectiva al momento de la muerte del titular de la pensión, constituye el hecho
que legitima la sustitución pensional y que, por lo tanto, es conforme a la
Carta Política, el hecho de que la disposición cuestionada exija, tanto para
los cónyuges como para los compañeras o compañeros permanentes, acreditar los
supuestos de hecho previstos  por el legislador para que se proceda al pago de
la prestación, con lo cual se busca, por parte del Congreso de la República,
dentro de su amplia libertad de configuración legal, impedir, que sobrevenida
la muerte del pensionado, el otro miembro de la pareja cuente con los recursos
económicos indispensables para satisfacer sus necesidades, porque el literal
a) del artículo cuestionado acoge un criterio real o material, como lo es la
convivencia al momento de la muerte del pensionado, como el supuesto de hecho
para determinar el beneficiario de la pensión, pero claro está, éste  último
requisito conforme a los dispuesto  en la sentencia C-389 de 1996, esto es,
puede remplazarse tal  supuesto de hecho con la condición alterna de haber
procreado o adoptado uno o más  hijos con el pensionado fallecido para que se
proceda a su pago” (Subraya fuera de texto).
1.4
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional[126]
en la sentencia T-842 de 1999 reiteró los criterios vertidos en las sentencias C-389 de 1996 y C-081 de 1999,
a propósito de las pautas de interpretación que permitían entender la
constitucionalidad y el alcance de los artículos 46 y 74 de la ley 100 de
1993.   En efecto, sostuvo la Corte que:
“...la legislación colombiana acoge
un criterio material -esto es la convivencia efectiva al momento de la muerte-
como elemento central para determinar quién es el beneficiario de la
sustitución pensional…
Por todo lo anterior, la Corte
considera que es equivocada la interpretación que efectúa el actor del literal
parcialmente acusado, pues la norma establece que para que el compañero o
cónyuge superstite pueda acceder a la pensión de sobreviviente es necesario:
- que conviva con el pensionado al
momento de su muerte;
- que haya hecho vida marital desde
el momento en que el fallecido tuvo derecho a la pensión;
- y, finalmente, que haya convivido
al menos dos años continuos, y sólo este último requisito puede ser
reemplazado por la condición alterna de haber procreado uno o más hijos con el
pensionado. (C-389/96 M.P. Dr. Alejandro
Martínez Caballero).
En este orden de ideas, de
conformidad con las consideraciones anteriores de índole jurisprudencial, es
apropiado entonces afirmar que la convivencia efectiva, al momento de la muerte
del titular de la pensión, constituye el hecho que legitima la sustitución
pensional y que, por lo tanto, es el criterio rector material o real que debe
ser satisfecho, tanto por la cónyuge como por la compañera permanente del
titular de la prestación  social, ante la entidad de seguridad social,
para lograr que sobrevenida la muerte del pensionado, la sustituta obtenga la
pensión y de esta forma el otro miembro de la pareja cuente con los recursos
económicos básicos e indispensables para subvenir o satisfacer las necesidades
básicas.
Ahora bien, estima la Sala que
desde la sentencia  C-081 de 1999, que declaró exequible  , el
literal a) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, la Corte acogió el
criterio real o material, esto es la convivencia  al momento de la muerte
del pensionado, como el supuesto de hecho para determinar el beneficiario
sustituto de la pensión, pero, claro está, conforme con lo dispuesto en la
sentencia C-389 de 1996, requisito que puede remplazarse por la condición
alterna de haber procreado o adoptado uno o más hijos con el pensionado
fallecido para que se proceda a su pago”. (resaltado propio)
1.5.
La Corte Suprema de Justicia tenía el mismo entendimiento de la norma. Por
ejemplo, en la sentencia del 17 de junio de 1998 del proceso 10634[127]
indicó:
“Así las cosas, la norma en cuestión, en síntesis, enuncia
básicamente tres requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, ya con
la calidad de cónyuge o compañera (o) a saber:  a) la convivencia del
pensionado con el reclamante al momento de su muerte;  b)  que haya hecho vida
marital desde el momento en que el fallecido tuvo derecho a la pensión y c) que
haya convivencia por lo menos dos años continuos con anterioridad al
fallecimiento, salvo que se haya procreado uno o más hijos con el pensionado
fallecido (subraya y negrilla fuera de texto).
1.6.
En la sentencia de marzo 02 de 1999 del radicado 11245[128]
señaló:
“... Pero en todo caso
para que el cónyuge tenga derecho a la susodicha sustitución pensional, deberá
cumplir ‘con los requisitos exigidos por los literales a) de los artículos 47 y
74 de la Ley 100 de 1993’, como lo exige perentoriamente el artículo 9º del
decreto citado (1889/94). Y tales requisitos exigidos al cónyuge o al compañero
permanente son, en este nuevo esquema normativo, en primer lugar, la
convivencia efectiva con el pensionado al momento de su fallecimiento; en
segundo término, la circunstancia de haber hecho vida marital responsable con
el fallecido, al menos desde el momento en que éste adquirió el derecho a la
pensión respectiva; y, en tercer lugar, el haber convivido con el
pensionado no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte,
requisito éste último que puede suplirse con el de haber procreado uno o más
hijos con él, sin que tengan al efecto -ahora- incidencia alguna, las
circunstancias en que se produjo la ruptura de la convivencia con su cónyuge,
vale decir, si ésta se dio por causas imputables al causante o no, puesto que
el presupuesto de ausencia de culpabilidad del fallecido no fue reproducido en
la nueva preceptiva que reguló integralmente la materia con un fundamento y
contenido diferentes” (subraya y negrilla fuera de texto).
1.7. Igualmente, en la
sentencia con radicado 20720 de mayo 20 de 2003 indicó[129]:
“Inicialmente, hace claridad la Corte, atendiendo los
términos del literal a), artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que son
beneficiarias de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia la cónyuge o
la compañera permanente, pero tanto la una como la otra deben acreditar que
estuvieron haciendo vida marital con el causante hasta su muerte, y convivido
con el fallecido no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, salvo
que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido. Ello significa
que el texto legal releva a la beneficiaria de la obligación de demostrar
convivencia con el fallecido en los dos años anteriores al deceso, si ha tenido
hijos con él. (Destacado propio)
1.8. La Corte Constitucional en la sentencia C-1176 de 2001[130],
analizó nuevamente los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y declaró la
inexequibilidad de la expresión “por lo menos desde el momento en que éste
cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o
invalidez” contenida en el literal a) de ambos preceptos, y que configuraba
uno de los requisitos que la cónyuge o compañera permanente debían acreditar
para acceder a la sustitución pensional. Lo anterior dado que consideró dicha
frase como un requisito desproporcionado e injusto que no estaba de acuerdo con
el propósito de la pensión.
1.9 Ahora bien, en
cuanto al asunto relativo a que la beneficiaria de la pensión estaba eximida de
demostrar su convivencia con el fallecido en los dos años anteriores al deceso
si hubiere tenido hijos con él, la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fue modificada a partir de
2006, con posterioridad a la reforma de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de
1993, realizada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.  En efecto, sobre la
admisión de la procreación de un hijo como cumplimiento de dicho requisito de
convivencia, dicha jurisprudencia vino entonces a decir que el mismo solo se
aplica cuando el nacimiento haya tenido lugar dentro de los 2 años anteriores a
la muerte del pensionado y no en cualquier tiempo.
Ciertamente, en la ratio
decidenci de una serie de pronunciamientos posteriores a la mencionada
modificación de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, la Sala de
Casación Laboral ha venido a sostener de manera consistente que la procreación
de hijos como eximente de la cohabitación ha de ocurrir durante los dos años
anteriores a la muerte y no en cualquier tiempo. En este sentido pueden
citarse, entre otras,
las sentencias (i) del 10 de marzo de 2006, radicado 26710, (ii) CSJ SL
1070-2014, reiterando lo expuesto en la CSJ del 05 de mayo de 2011, radicado
38640, (iii) CSJ SL 1764-2019, y CSJ SL 3226-2019.
2.  Derechos de cónyuges y
compañeros (as) permanentes de ser beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes o sustitución pensional después de la modificación de los
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y jurisprudencia pertinente.
2.1 Para los suscritos
magistrados, la evolución legal y jurisprudencial posterior a la modificación
de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 era un asunto relevante en el
presente caso, pues a pesar de que el causante falleció durante la vigencia de
dichos artículos en la versión original de la Ley 100 de 1993, dicha evolución
muestra la preocupación del legislador y de la jurisdicción por encontrar
fórmulas de solución a los conflictos entre las varias parejas del causante,
sucesivas o coetáneas, que podrían reclamar la pensión.  Evolución centrada en
el reconocimiento de que “los derechos a la seguridad social comprenden de
la misma manera tanto al cónyuge como al compañero o compañera permanente y a
que el artículo 42 de la Constitución Nacional protege la institución familiar
surgida tanto del vínculo matrimonial como de la relación marital de hecho”[131].
Como
se dijo, el legislador consideró necesario modificar la norma original y
profirió la Ley 797 de 2003 que en su artículo 13 señaló:
“Los artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones
"compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera
permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles> ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.  Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más
años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la
compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario,
a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no
haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero
o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y
derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera
o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al
tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;”
(…) (Resaltado
fuera de texto).
Como
puede verse, en ese momento se hicieron varias modificaciones a la norma
original. Los requisitos para que el compañero permanente o el cónyuge pudieran
acceder a la sustitución pensional de que trata el literal a) se redujeron a
(i) acreditar vida marital con el causante hasta su muerte y (ii) una
convivencia con el fallecido no menor a cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte.
Es
decir, se omitió el requisito de haber convivido por lo menos desde el momento
en que se reconoció la pensión, ya declarado inconstitucional por la sentencia
C-1176 de 2001 y se aumentó el tiempo de convivencia de dos a cinco años[132].
De igual manera, se suprimió la posibilidad de remplazar el requisito de
convivencia en los últimos años por el hecho de haber tenido hijos con el
causante.
Por
otra parte, se consideraron situaciones que en la normativa anterior no se
preveían aún, por ejemplo, la existencia de una convivencia simultánea.
2.2
Sin embargo, aunque con la anterior reforma se quiso llenar este último vacío,
“continuaba presentándose
una discriminación frente a la compañera (o) permanente, pues, aunque se
presentara una convivencia simultánea entre el causante, la cónyuge y la
compañera permanente, la pensión de sobreviviente se le concedía a la esposa”[133].
Es por esto que en la sentencia T-301 de 2010[134]
se indicó que dichos yerros fueron evidenciados “por el Consejo de Estado en
el caso de la esposa y compañera permanente de un miembro de la Policía
Nacional, quienes acreditaron convivencia simultánea con el causante. Aplicando
criterios de “justicia y
equidad”, la Sección Segunda del Consejo de Estado, resolvió dividir en
partes iguales entre las peticionarias, el monto de la mesada pensional
reclamada”[135].
En esa ocasión, el Consejo de Estado concluyó que
cuando se presentaba una convivencia simultánea entre el causante y la (el)
cónyuge y la (el) compañera (o) permanente, ambos tenían igual derecho a
percibir la sustitución pensional del fallecido dado que “los derechos a la seguridad
social comprenden de la misma manera tanto al cónyuge como al compañero o
compañera permanente y a que el artículo 42 de la Constitución Nacional protege
la institución familiar surgida tanto del vínculo matrimonial como de la relación
marital de hecho”[136].
Este
pronunciamiento permitió a la compañera permanente acceder a ser beneficiaria
de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional y, además, diseñó
una fórmula de distribución de la mesada pensional cuando se comprobara una
convivencia simultánea, lo que fue posteriormente desarrollado por la Ley 1204
de 2008. La mencionada ley fue demandada ante esta Corporación y, en la
sentencia C-1035 de 2008[137],
se declaró la exequibilidad condicionada del literal b (parcial) del artículo
13 de la Ley 797 de 2003[138]
en el entendido que “además de la esposa o esposo, también es
beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el compañero o compañera
permanente y dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al
tiempo de convivencia con el fallecido”.
Teniendo
en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional llegó a dos conclusiones frente
a la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes:
“(i) siempre que haya controversia sobre el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o del derecho a la sustitución
pensional, en razón a que el (la) cónyuge y (el) la compañera (o) permanente, o
las (los) dos compañeras (os) permanentes del causante han demostrado convivir
con este en periodos de tiempo diferentes o de forma simultánea, quien debe
dirimir el asunto es la jurisdicción competente; y
(ii)
la controversia por el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o del
derecho a la sustitución pensional también se puede presentar entre cónyuge y
compañera (o) permanente del causante, o entre dos compañeras (os) permanentes.
En tales casos, con base en la sentencia de constitucionalidad citada, ambos
reclamantes deben demostrar la convivencia simultánea con el causante en sus
últimos años de vida, para que la pensión de sobrevivientes o la respectiva
sustitución pensional, pueda ser reconocida a los dos en proporción al tiempo
de convivencia con el fallecido o, pueda ser reconocida a ambas (os) en partes
iguales con base en criterios de justicia y equidad”[139].
2.3.
Específicamente sobre la convivencia, el órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria ya ha concluido en reiterada jurisprudencia que los cinco años que
prevé la norma nueva no necesariamente deben cumplirse con anterioridad al
momento del fallecimiento[140].
La
Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que se deben tener en
cuenta los años compartidos en comunidad de pareja en cualquier tiempo, pero no
inferiores a cinco, considerando que quien pretende la sustitución pensional y
acredita una convivencia de cinco (5) años en cualquier tiempo, mantuvo lazos
familiares con el pensionado hasta su muerte, participó en la construcción de
la prestación a suceder, lo acompañó en su vida productiva, le prestó socorro y
ayuda y fue solidaria en sus necesidades[141], se hace
merecedor del reconocimiento.
En
ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, aclaró determinantemente que “de
conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, los cinco años que prevé la norma no,
necesariamente, deben cumplirse con anterioridad al momento del fallecimiento”.
Lo cual ya había sido establecido, por ejemplo, en la sentencia SL 12442 de
2015 en la que se señaló que la labor judicial no se reduce a la aplicación
mecánica de la ley sino en materializar la garantía del bien jurídico
protegido, lo cual no sería posible si se aplicara exegéticamente el inciso 3º
del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
Y
es que es necesario, señala la Corte Suprema, realizar una lectura sistemática
“acudiendo a la teleología del precepto” la cual permite armonizarlo con
el artículo 46 de la misma ley, en el sentido que:
“para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes se exige ser
miembro del grupo familiar del pensionado o afiliado que fallezca. En otras
palabras, el amparo se concibe en la medida en que quien reivindica el derecho
merezca esa protección, en cuanto forma parte de la familia del causante en la
dimensión en que ha sido entendida por la jurisprudencia de la Sala, referida
en el caso de los cónyuges, a quienes han mantenido vivo y actuante su vínculo
mediante el auxilio mutuo -elemento esencial del matrimonio según
el artículo 113 del C.C.- entendido como acompañamiento espiritual permanente,
apoyo económico, aún en casos de separación y rompimiento de la convivencia
(CSJ SL, 10 de may. 2005, rad. nº 24445” (Énfasis fuera de texto).
Teniendo
en cuenta lo anterior, puede entenderse que al establecer el legislador que el
cónyuge o compañero permanente supérstite son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes o sustitución pensional, los equipara en razón a la condición
que les es común para ser beneficiarios: ser miembros del grupo familiar. Lo
anterior no significa que se desconozca la importancia de la formalización del
vínculo, sino que se trata de una justa y equitativa consideración a la “vivencia
familiar dentro de las instituciones de la seguridad social”[142].
Aclara
también la Corte Suprema que no es el propósito de dicha interpretación de la
norma otorgar el beneficio pensional a quien únicamente conserva el vínculo
matrimonial con el causante, sin una relación de solidaridad y ayuda mutua y
acompañamiento tanto espiritual como económico pues de esa manera se “dejaría
vacía de contenido la protección de la familia que la ley verdaderamente quiere
amparar”[143].
En
ese sentido, aquella primera pareja que, a pesar de no convivir con el causante
al momento del fallecimiento, sí se considera a sí misma beneficiaria de la
pensión de sobreviviente o sustitución pensional deberá acreditar no solo la
convivencia por un lapso no menor de cinco (05) años en cualquier tiempo, sino
también “deberá demostrar que se hace acreedor a la
protección, en cuanto efectivamente hace parte de la familia del pensionado o
afiliado fallecido, y por esa razón su muerte le ha generado esa carencia
económica, moral o afectiva, que es la que busca atender la seguridad social y
que justifica su intervención”[144].
2.4.
En sede de tutela[145],
la misma Corporación en su Sala de Casación Civil analizó la impugnación
presentada contra un fallo proferido el 30 de abril de 2018 por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que decidió negar el
amparo de los derechos invocados por falta de inmediatez. En el caso, el
accionante solicitaba que se revocara la sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral que decidió no casar una sentencia de un Tribunal que había
centrado su análisis para proceder a otorgar la sustitución pensional
solicitada, en establecer si el peticionario a pesar de haber contraído
matrimonio con la causante desde 1972 y persistiendo el vínculo matrimonial hasta
el 28 de mayo de 2003, fecha en que ella falleció, lograba demostrar una
convivencia con la causante durante sus últimos cinco años de vida, lo cual, en
efecto, no se encontró probado y por tanto negó la sustitución pensional.
En
esa ocasión reciente (2018), la Sala de Casación Civil trajo a colación la
sentencia con radicado 42631 del 05 de junio de 2012 en la que reseñó una línea
jurisprudencial referente al alcance del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y
señaló que aunque la conclusión a que arribaron tanto el Tribunal como la Sala
de Casación Penal está de acuerdo con el sentido literal del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, dicha aplicación no se acompasa a la interpretación actual que
la jurisprudencia ha hecho de dicho precepto en la que se ha concluido que los
años que exige la norma no se refieren a los últimos cinco años de vida del
causante sino que “ese presupuesto puede satisfacerse acreditando la
permanencia de la convivencia durante ese lapso, «en cualquier tiempo», lo que
ha dejado por sentado la especialidad laboral a través de su órgano de cierre”[146].
2.5.
En cuanto a la convivencia, la Corte Constitucional ha tenido el mismo
entendimiento que la Corte Suprema de Justicia, es decir, que es posible
reconocer la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional a quienes, al
momento del fallecimiento del causante, mantenían vigente su sociedad conyugal
con este durante al menos cinco años en cualquier tiempo[147].
En
la sentencia C-336 de 2014, la Corte Constitucional reiteró dicho criterio cuando
declaró exequible la expresión “la otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente” consagrada en el
inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En dicha
providencia se aclaró que “permitir que el cónyuge separado de hecho
obtenga una cuota de la mesada pensional aunque no haya convivido durante los
últimos años de su vida con el causante no equivale a discriminar al
compañero permanente supérstite. Tal posibilidad, por el contrario, busca
equilibrar la tensión surgida entre el último compañero permanente del causante
y su cónyuge, con quien subsisten los vínculos jurídicos, aunque no la
convivencia (énfasis fuera de texto)”[148].
Lo
cual ya había sido analizado, por ejemplo, en la sentencia T-278 de 2013 en
donde se indicó que ya la Corte Suprema de Justicia[149]
había reconocido que la Ley 797 de 2003 introdujo una modificación a la Ley 100
de 1993 la cual pretendía corregir la situación descrita en el inciso 3º del
artículo 13 de la referida ley así:
“se
corrige la situación descrita, porque se mantiene el derecho a la prestación de
quien estaba haciendo vida en común con el causante para cuando falleció, dando
con ello realce a la efectiva y real vida de pareja -anclada en vínculos de amor
y cariño y forjada en la solidaridad, la colaboración y el apoyo mutuos-
constituyéndola en el fundamento esencial del derecho a la prestación por
muerte. Pero, al mismo tiempo, se reconoce que, quien en otra época de la vida
del causante convivió realmente con él, en desarrollo de una relación
matrimonial formal, que sigue siendo eficaz, tenga derecho, por razón de la
subsistencia jurídica de ese lazo, a obtener una prestación en caso de muerte
de su esposo”.
Es
teniendo en cuenta lo anterior que la Corte Constitucional ha concluido que las
disputas entre cónyuge y compañero (a) permanente supérstite respecto de la
sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes pueden plantearse cuando
hay convivencia simultánea o cuando, al momento del fallecimiento, el causante
tenía un compañero (a) permanente y una unión conyugal vigente con separación
de hecho, teniendo en cuenta que en este último evento, no es necesario
demostrar, por parte del cónyuge supérstite, una convivencia con el causante de
cinco años inmediatamente anteriores a la muerte, sino que dicho término de
convivencia pudo haberse dado en cualquier tiempo[150].
La
Corte Constitucional también ha resaltado[151] que la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que:
“(…) en decisiones más recientes del 24 de enero y 13 de
marzo de 2012, Rads. 41637 y 45038 respectivamente, se introdujo una nueva
modificación al criterio anterior, consistente en ampliar la
interpretación que ha desarrollado la Sala sobre el tema, según la cual, lo
dispuesto en el inc. 3° lit. b) del Art. 13 de la L. 797 de 2003 y la postura
de otorgarle una cuota parte o la pensión  a «quien acompañó al
pensionado o afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le
brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a
estar separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años
a los que alude la normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse
previos al fallecimiento, sino en cualquier época», se debe
aplicar también en los casos en que no exista compañera o compañero permanente
al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado. Ello toda
vez que «si el derecho incorporado en ese literal, otorgaba esa prerrogativa a
la (el) cónyuge cuando mediaba una (un) compañera (o) permanente, no podía
existir argumento en contra, ni proporcionalidad alguna, que se le restara
cuando aquella no se hallaba, pues entonces la finalidad de la norma no se
cumplía, es decir, no se proveía la protección al matrimonio que el
Legislador incorporó, haciendo la salvedad, de que la convivencia en el
matrimonio, independientemente del periodo en que aconteció, no podía ser
inferior a 5 años, según lo dispuesto en la preceptiva». Queda así
armonizado el contenido de la citada norma con criterios de equidad y justicia,
lo que implica un estudio particular en cada caso.” SENTENCIA
SL 1510 el 5 de febrero de 2014” (resaltado fuera de texto).
Es
por esto, que la Corte Constitucional en una ocasión en la que analizó el caso
de una señora a la que se le negó el reconocimiento de la sustitución pensional
como cónyuge supérstite, de la pensión de jubilación de su esposo, por cuanto
la accionante no acreditó haber convivido, de forma ininterrumpida con el
causante los últimos cinco años inmediatamente anteriores a su muerte, y además
no existía durante ese lapso una compañera permanente, arribó a la conclusión
de que:
“En otras palabras,
tendrá derecho a la sustitución pensional quien, al momento de la muerte del
pensionado, tenía una sociedad conyugal que no fue disuelta, con separación de
hecho. En este último evento, el cónyuge supérstite deberá demostrar que
convivió con el causante por más de dos (2) o cinco (5) años, en cualquier
tiempo, según la legislación aplicable, en virtud de la fecha de fallecimiento
del causante.
Esta última aclaración
es pertinente teniendo en cuenta que, para la fecha en que se produjo el deceso
del señor Julio Vicente Chequemarca Guanana (23 de diciembre de 2002), aún no
había entrado a regir la modificación que la Ley 797 de 2003 le introdujo al
artículo 47 de la Ley 100 de 1993” (resaltado fuera de texto)[152].
La
Corte Constitucional, en ese caso, decidió revocar el fallo de tutela de
segunda instancia y confirmar parcialmente el de primera instancia y ordenó a
la entidad accionada a reconocer la prestación solicitada dado que la
accionante demostró que mantenía vigente el vínculo conyugal y que hizo vida
marital con el causante durante más de dos (2) años en cualquier tiempo.
2.6. Para los suscritos magistrados, el anterior
recuento de la evolución legislativa y jurisprudencial permitía entender que,
en cuanto “los derechos a la seguridad social comprenden de la misma manera
tanto al cónyuge como al
compañero o compañera permanente ya  que el
artículo 42 de la Constitución Nacional protege la institución familiar surgida
tanto del vínculo matrimonial como de la relación marital de hecho”[153],
cuando se trate de definir a quién corresponde la pensión de
un causante que tuvo en su vida más de una pareja, no solo la efectiva
cohabitación  en el momento de la muerte resulta relevante, sino que la
vigencia de un matrimonio y el mantenimiento de la relación familiar con el
cónyuge al momento de la muerte, aun sin convivencia marital, implica que el
operador jurídico, en cualquier tiempo posterior a 1991, proyecte el principio
constitucional de igualdad familiar sobre ambos tipos de familia.
3. El defecto sustantivo presente en la sentencia
objeto de la tutela
3.1 Es preciso recordar que el
proceso ordinario iniciado por la señora Brenda Lucía Alviar de Navia
(cónyuge), acumulado con el interpuesto por Margarita Escobar (compañera
permanente), enmarcaron su discusión alrededor del artículo 47 literal a) de la
Ley 100 de 1993 en su versión original dado que el señor Luis
Lisandro Navia Madriñán (causante) falleció el 01 de enero de 1995, época para
la cual era ese precepto el vigente.
No obstante, los suscritos
magistrados estimamos que tanto la normatividad legal vigente para esa fecha
como la aplicación directa del principio constitucional de igualdad entre las
familias surgidas del matrimonio o de la unión marital de hecho hacían que la
Sala de Descongestión accionada en este caso estuviera en la obligación de
reconocer la pensión tanto a la cónyuge como a la compañera permanente.
Ciertamente, la situación fáctica probada en el expediente daba
cuenta de la existencia, al momento de la muerte del pensionado, de una cónyuge
separada de hecho, con sociedad conyugal vigente y lazos familiares y de ayuda
mutua conservados. Y una compañera permanente del pensionado, que convivía con
él al momento el fallecimiento, y que llevaba haciéndolo por dos años y algunos
meses.
Dado que la muerte del pensionado
ocurrió durante la vigencia de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 en
su versión original, como se dijo, el
proceso ordinario laboral y el
fallo de casación que mediante la tutela se cuestionaba enmarcaron la discusión
jurídica exclusivamente alrededor de esas dos normas en su versión original.
No obstante, a juicio de los
suscritos, como la Sala de Descongestión N° 4 no atendió el tenor literal de
las mencionadas normas ni a la jurisprudencia vigente para la época del
fallecimiento, y menos aún proyectó sobre su decisión el principio de igualdad
constitucional entre la familia surgida del matrimonio y la surgida de la unión
marital, incurrió en un defecto sustantivo en la modalidad de aplicación de una
norma de manera manifiestamente errada.
3.2. El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su
versión original indicó:
“ARTÍCULO  47. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a.
En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite.
b.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En caso de que la
pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o
la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo
menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener
derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya
convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad
a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido.
De manera
inequívoca la Ley 100 de 1993, en su versión original vigente para el momento
de la muerte del pensionado, indicó que el requisito de convivencia con el
causante de dos años o más, de manera continua, antes de su muerte, podía ser
suplido con el hecho de que la esposa o compañera permanente hubiese procreado
hijos en cualquier tiempo con el fallecido. No hay lugar a interpretaciones
aisladas o que induzcan a error. Es diáfano el entendimiento de esta norma, el
cual brindaba en ese momento la posibilidad de no exigir una convivencia de dos
años antes de la muerte del pensionado fallecido si la beneficiaria tuvo uno o
más hijos con el causante.
Aunado a esto, como se señaló
ampliamente en las consideraciones precedentes de este salvamento, tanto la
jurisdicción constitucional[154] como la ordinaria (Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia)[155], durante la vigencia de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993
en su versión original leyeron el precepto normativo de la misma manera, esto
es que la condición de haber procreado hijos en cualquier tiempo con el
fallecido remplazaba o suplía el último de los requisitos, es decir, la
exigencia de haber convivido al menos dos años con el pensionado antes de su
muerte.
La sentencia atacada mediante la
acción de tutela no tuvo en cuenta que, conforme a la norma vigente para el
momento del fallecimiento, y a la jurisprudencia relativa a la misma, el
requisito de convivencia mínima de dos años con anterioridad a la muerte del
señor Luis Lisandro Navia no le era exigible a la señora Brenda Lucía Alviar de
Navia dado que ella probó que con el causante procrearon dos hijos, Ana María[156] y Luis Fernando Navia Alviar[157]. Así las cosas, la accionante no estaba en la obligación de probar
que había convivido con su esposo por lo menos dos años antes de su muerte dado
que, la norma que estaba vigente al momento de la muerte del señor Luis
Lisandro, permitía suplir dicha exigencia con el hecho de procrear hijos con el
fallecido, como en efecto sucedió en este caso.
De esta
manera, la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia incurrió en defecto sustantivo al aplicar de manera
manifiestamente errada el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión
original, ya que la mencionada norma permitía suplir la convivencia de dos años
anteriores al fallecimiento del causante con el hecho de haber procreado hijos
con él. Por tanto, la Sala accionada no tenía por qué hacer esta exigencia a la
señora Brenda Lucía Alviar.
Recuérdese
que la jurisprudencia emitida tanto por la Corte Constitucional como por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia durante la vigencia de los
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 en su texto original fue unánime y
coincidente en que para acceder a la sustitución
pensional era necesario que el cónyuge o compañera permanente supérstite
cumpliera los requisitos señalados en dichos artículos, a saber: (i) que
conviviera con el pensionado al momento de su muerte, (ii) que acreditara vida
marital con el causante por lo menos desde el momento en que este cumplió con
los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez o invalidez[158], y (iii) que adicionalmente, hubiera convivido con el fallecido no
menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que hubiera
procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido.
Frente
a la condición de haber procreado hijos con el fallecido, desde la sentencia
C-389 de 1996[159] la Corte aclaró que esta circunstancia remplazaba o suplía el
último de los requisitos, esto es, la exigencia de haber convivido al menos dos
años con el pensionado antes de su muerte.
Recuérdese así mismo que esta
posición jurisprudencial se mantuvo en las sentencias C-081
de 1999[160] y T-842 de 1999. Y que la Corte Suprema de Justicia tenía el mismo
entendimiento de la norma, tal como puede verificarse en las sentencias (i) del
17 de junio de 1998, proceso 10634[161],  (ii)
de marzo 02 de 1999, radicado 11245[162],  y de
mayo 20 de 2003, radicado 20720 [163], entre otras, tal como fue reseñado ad supra.
Así mismo, es preciso reiterar
que esta posición jurisprudencial relativa a que la beneficiaria de la pensión
estaba eximida de demostrar su convivencia con el fallecido en los dos años
anteriores al deceso si hubiere tenido hijos con él, solamente fue abandonada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, en el año 2006 con posterioridad a la reforma de los
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, realizada por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003.
Así las cosas, en el caso que
ahora se examina, las normas vigentes para el momento de la muerte del
pensionado y la jurisprudencia relativa a tales disposiciones indicaba que el
requisito de convivencia durante los dos últimos años de vida del pensionado no
era exigible a la cónyuge o compañera que hubiera procreado hijos con él en
cualquier tiempo. Al no haber aplicado los artículos 47 y 74 de la ley 100 de
1993 en este sentido, los suscritos estimamos que la Sala de Casación Laboral
incurrió en un claro defecto sustantivo.
4. Los
derechos de la compañera permanente.
Los suscritos magistrados
disidentes estimamos que la Sala de Descongestión número cuatro de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no erró al haberle reconocido
derechos pensionales a la compañera permanente del pensionado, pero sí al
haberlo hecho de manera exclusiva respecto de ella.
En efecto, como se pudo probar en
el proceso ordinario laboral, la señora Margarita Escobar efectivamente
convivió por dos años y algunos meses con el señor Lisandro Navia y lo hacía
para el momento en que él falleció.
Los
requisitos exigidos por la legislación vigente para el momento de la muerte le
exigían a la compañera demostrar que (i) que convivía
con el pensionado al momento de su muerte, (ii) que hacía vida marital con el
causante por lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos
para tener derecho a la pensión de vejez o invalidez[164], y (iii) que había convivido con el fallecido no menos de dos años
continuos con anterioridad a su muerte.
Se
constataba que la compañera permanente, Margarita Escobar, cumplía con el
primer y el tercer requisito exigido por los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de
1993 en su versión original. Respecto del segundo requisito, no estaba probado
dentro del expediente la fecha en la cual le fue concedida al señor Lisandro
Navia la pensión. En todo caso, la Corte Constitucional en la sentencia C-1176
de 2001 analizó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y declaró la
inexequibilidad de la expresión “por lo menos desde el momento en que éste
cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o
invalidez” contenida en el literal a) de ambos preceptos, y que configuraba
uno de los requisitos que la cónyuge o compañera permanente debían acreditar
para acceder a la sustitución pensional.
Así pues, los suscritos estimamos que la
señora Margarita Escobar tenía derecho a obtener la pensión por la muerte del
pensionado Lisandro Navia. Ciertamente, conforme a la jurisprudencia vigente
para el momento del fallecimiento, el criterio real o material, esto es la
convivencia al momento de la muerte del pensionado, configuraba un supuesto de
hecho para determinar el beneficiario sustituto de la pensión.
5. Coexistencia de derechos pensionales
en el presente caso
No obstante lo
anterior, dado que también la misma jurisprudencia, como se vio, siguiendo el
tenor literal e los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 en su versión
original, admitió que ese requisito de convivencia podía remplazarse por la
condición alterna de haber procreado en cualquier tiempo uno o más hijos con el
pensionado fallecido, requisito que cumplía la cónyuge, la Sala Plena de esta
Corporación estima que en el presente caso la Sala de Descongestión Nº 4 debió
establecer que la pensión debía ser compartida por ella  y la compañera
permanente, en proporción al tiempo de convivencia de cada una con el
pensionado causante.
En efecto, los suscritos observamos que,
para el momento de la muerte del pensionado fallecido, señor Lisandro Navia, no
existía una norma legal que regulara exactamente la
situación de hecho que se presentaba en esta ocasión. Es decir, no había una
disposición legal que indicara que la pensión debía ser compartida cuando
al momento de la muerte del pensionado existiera una compañera permanente con
derecho a pensión por el mero hecho de la convivencia material y al mismo
tiempo una cónyuge separada de cuerpos tras una larga convivencia, con hijos
habidos de ese matrimonio, y con sociedad conyugal vigente, a quien también la
ley y la jurisprudencia le reconocían el derecho.  No obstante, estimamos que
la pensión compartida debió ser la fórmula de decisión del presente caso, por
varias razones:
a)     Porque como se dijo, de conformidad con la ley y la jurisprudencia
vigente para el momento de la muerte del pensionado, en este caso la cónyuge
supérstite tenía derecho a la pensión, sin que pudiera exigírsele la
convivencia efectiva para dicho momento. Esto por el hecho de haber procreado
hijos con el causante en cualquier época.
b)    Porque así mismo, según la misma ley y jurisprudencia, la
compañera permanente tenía derecho a la pensión, porque durante los dos últimos
años de la vida del pensionado mantuvo una relación material de convivencia,
apoyo y afecto con él.
c)     Finalmente, porque la proyección del principio constitucional de
igualdad entre las familias provenientes del matrimonio y de la unión marital
de hecho así lo exigía, tal como fue reconocido posteriormente y de ello dio
cuenta la evolución legislativa y jurisprudencial subsiguiente a la
modificación de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 operada por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como se analizó anteriormente.
Esta evolución legislativa y jurisprudencial obedeció a la necesidad
de reconocer en los casos en que no media convivencia simultánea tanto la
última convivencia material, como la circunstancia de la continuidad de ciertos
aspectos de la primera relación conyugal, cuando ellos se mantienen: la
relación familiar, la ayuda mutua, la vigencia de la sociedad conyugal y la
ausencia de divorcio. En este sentido, la Sentencia
T-278 de 2013 explicó lo siguiente:
“En sentencia
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral[40], se reconoció que la Ley 797 de 2003
introdujo una modificación a la Ley 100 en el sentido de incorporar como
beneficiario de la pensión de sobreviviente, no solamente al compañero (a) que
hubiese convivido con el causante hasta su muerte, sino también al cónyuge
separado de hecho que conserve vigente el vínculo matrimonial. De este modo con
la reforma introducida por el inciso 3 del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003 “se corrige la situación descrita, porque se mantiene
el derecho a la prestación de quien estaba haciendo vida en común con el
causante para cuando falleció, dando con ello realce a la efectiva y real vida
de pareja -anclada en vínculos de amor y cariño y forjada en la solidaridad, la
colaboración y el apoyo mutuos- constituyéndola en el fundamento esencial del
derecho a la prestación por muerte. Pero, al mismo tiempo, se reconoce que,
quien en otra época de la vida del causante convivió realmente con él, en
desarrollo de una relación matrimonial formal, que sigue siendo eficaz, tenga
derecho, por razón de la subsistencia jurídica de ese lazo, a obtener una
prestación en caso de muerte de su esposo”. No obstante, en aquella
providencia precisó la Corte que el cónyuge separado de hecho debe demostrar
que hizo vida en común con el causante por lo menos durante cinco años, en
cualquier tiempo, ya que la pensión de sobreviviente se fundamenta en la
comunidad de vida de la pareja.”
Así mismo, la reciente sentencia C-515 de 2019, M.P. Alejandro Linares
Cantillo, explicó que era claro que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, según fue
modificado, “creó una regla general al momento de establecer los requisitos
para los cónyuges o compañeros permanentes (literal a) e incisos 1, 2 y parte
inicial del 3 del literal b)), que da prelación a la convivencia con el
causante por más de 5 años antes de su fallecimiento, por encima de cualquier
vínculo formal. Sin embargo, el legislador, decidió a su vez crear en el
aparte demandado (parte final del inciso 3 del literal b)), una excepción a
dicha regla, determinando que el derecho a la pensión de sobrevivientes se
conservaría en una cuota parte a los cónyuges que en algún momento hubiesen
convivido por más de 5 años, pero que esté separados de hecho (sin convivencia
al momento de la muerte del causante), pero que hubiesen decidido mantener los
efectos patrimoniales del matrimonio, esto es, la sociedad conyugal vigente.
Por lo cual, en esta excepción, objeto de la presente demanda, el legislador
optó por desplazar el criterio de convivencia, por el de vigencia o no de la
sociedad conyugal”. (Negrillas y subrayas fuera del original)
Así pues, es claro que la
tendencia legislativa y jurisprudencial han evolucionado hacia el
reconocimiento, en los casos en que no hay convivencia simultánea, del derecho
a la pensión del o la cónyuge supérstite no divorciado/a y con sociedad
conyugal vigente, que convivió por más de cinco años con el pensionado o
pensionada en cualquier tiempo, sin perjuicio de reconocer igualmente el
derecho del compañero o compañera permanente que al momento del fallecimiento
lleva cinco años o más de convivencia, lo anterior en clara proyección del
principio de igualdad familiar sobre los derechos a la seguridad social.
Esta proyección del principio
constitucional de igualdad familiar, vigente desde la expedición de la
Constitución de 1991, debió guiar a la mayoría en la adopción de una decisión
que tutelara los derechos de la cónyuge en el presente caso.
En los términos anteriores dejamos
expuestas las razones de nuestra discrepancia,
Fecha ut supra,
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANADO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Si bien la accionante, en su escrito de tutela no informó en qué
momento reclamó la sustitución pensional, entre las pruebas aportadas en el
proceso se advierte que tal solicitud fue hecha el 11 de septiembre de 1995.
Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno 1, Folio 119.
[2] Tal reconocimiento, según lo registra la Resolución N°9231 del 31
de octubre de 1996, fue hecho el 24 de enero de 1996 a través de la Resolución
N°262. Expediente del proceso
ordinario laboral. Cuaderno 1, Folio 114.
[3] A pesar de que la accionante no dio información sobre el momento de
radicación de la solicitud pensional de Margarita Escobar Concha, del
expediente ordinario laboral pudo extraerse esta información. Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno 1,
Folio 114.
[4] Cuaderno principal. Folio 2.
[5] Dicha suspensión se registró el 30 de enero de 1997, mediante la
Resolución N°900. Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno 1, Folio
486.
[6] Si bien la acción de tutela no da cuenta de este hecho, la
información se desprende del expediente. Expediente del proceso ordinario
laboral. Cuaderno 1, Folio 715 vto.
[7] Así se desprende del expediente que contiene el proceso ordinario
laboral.
[8] Cuaderno principal. Folio 4.
[9] Cuaderno principal. Folio 4.
[10] Cuaderno principal.
Folio 7.
[11] Cuaderno
principal. Folio 8.
[12] Cuaderno principal. Folio 10.
[13] Ídem.
[14] Ídem.
[15] Cuaderno principal. Folio 11.
[16] Cuaderno principal. Folio 23
[17] Cuaderno principal. Folio 24.
[18] Sin embargo, la información suministrada sobre
este dato no corresponde con los términos en los que
se formuló el recurso, de conformidad con el expediente ordinario laboral. Verificado
el aplicativo de consulta de procesos de la Rama Judicial, se tiene que el
recurso fue admitido el 27 de mayo de 2009.
[19] La fecha de remisión al despacho del Magistrado sustanciador, es
anterior a la fecha de admisión del mismo y conforme la nota a pie de página
anterior, coincide con el momento de admisión del recurso extraordinario y no
de la reasignación del asunto que, verificado el aplicativo de consulta de
procesos de la Rama Judicial, ocurrió el 14 de diciembre de 2017.
[20] Cuaderno principal. Folio 63 vto.
[21] Cuaderno principal. Folio 74.
[22] Cuaderno principal. Folio 100. No obstante lo anterior, el escrito
de sustentación de la impugnación fue radicado extemporáneamente y con
posterioridad a la emisión de la sentencia de segunda instancia, el 4 de
octubre de 2018 (Cuaderno 2. Folio 18) por lo que su contenido no se registra
en estos antecedentes.
[23] Cuaderno 2. Folio 6.
[24] Cuaderno de Revisión. Folio 64.
[25] Cuaderno de Revisión. Folio 101.
[26] Cuaderno de Revisión. Folio 108.
[27] Este apartado se fundamenta en las consideraciones hechas en la
Sentencia SU-631 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[28] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[29]
Inicialmente en la Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo) se reconoció la posibilidad de que la autoridad judicial llegara a
desconocer los derechos de los asociados mediante conductas que calificó como
vías de hecho.
[30] Tales
requisitos especiales y generales de procedencia de la acción de tutela contra
sentencia fueron estructurados a partir de la Sentencia C-590 de 2005. M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[31] Sentencia
SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[32] Este apartado se fundamenta en las consideraciones hechas en la
Sentencia SU-631 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[33] Sentencia
SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[34] Sentencia T-577 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[35] Sentencia T-313 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido
[36] Sentencia
C-483 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil. “De acuerdo con
el principio de informalidad, la acción de tutela no se encuentra sujeta a
formulas sacramentales ni a requisitos especiales, que puedan desnaturalizar el
sentido material de protección que la propia Constitución quiere brindar a los
derechos fundamentales de las personas por conducto de los jueces.”
[37] Sentencia
C-483 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil. “El principio de
oficiosidad, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio de
informalidad, se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela
en la conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la
interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda de los
elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se
somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión de fondo que
consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de
esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se
protejan de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita
si hay lugar a ello.”
[38] Sentencia T-034 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[39] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[40] Este apartado se fundamenta en las consideraciones hechas en la
Sentencia SU-631 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[41] Sentencia SU-172 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[42] Este apartado se fundamenta en las consideraciones hechas en la
Sentencia SU-631 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[43] Sentencias
SU-195 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-073 de 2015 (M.P. Mauricio
González Cuervo).
[44] Sentencia T-065 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, referida
en la Sentencia SU-631 de 2017 y, posteriormente, en la T-078 de 2019 (M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo).
[45] Sentencia SU-515 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), como también las
sentencias T-073 de 2015 (M.P. Mauricio
González Cuervo), T-065 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-154 de
2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[46] Sentencia
T-065 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. En el mismo sentido se
pronunció la Sala Plena de esta Corporación en la Sentencia SU-918 de 2013.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] Sentencia SU-298 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[48] Consideraciones reiteradas sobre la base de los argumentos
contenidos en la Sentencia T-663 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[49]
Sentencia T-055 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En ella la Corte
determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Adicionalmente,
Sentencia SU-1300 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[50] Sentencia
SU-448 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[51] Sentencias T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz); T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-008 de 1998 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-025 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett);
SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-109 de 2005 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra); T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-114 de
2010 (M.P. Mauricio González Cuervo); y SU-198 de 2013 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva). En ésta última se señaló: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por
el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido.
El respeto por los principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden
que el juez de tutela realice un
examen exhaustivo del material probatorio”.
[52] Sentencia
T-442 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero. “[S]i bien el juzgador
goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el
cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento,
inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho poder
jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone
necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desiderátum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente.” En idéntico sentido, Sentencia SU-448
de 2016 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[53] Sentencia SU-268 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[54] Sentencia
SU-159 de 2002. Op. cit.
[55] Sentencias
T-442 de 1994 Op. cit y SU-159 de 2002 Op. cit.
[56] Sentencia
T-464 de 2001 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y SU-632 de 2017 (M.P. José
Fernando Reyes Cuartas).
[57] Sentencia T-458 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y
SU-072 de 2018 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
[58] Sentencia
T-459 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y SU-282 de 2019 (M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[59] Este apartado se fundamenta en las consideraciones hechas en la
Sentencia SU-631 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[60] MARINONI,
Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la Seguridad Jurídica. Ius et
Praxis, 2012, vol. 18, n1, p. 249-266.
[61] Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[62] Sentencia
T-737 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y SU-215 de 2016 (M.P. María
Victoria Calle Correa).
[63] Sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y SU-449
de 2016 (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[64] Sentencia SU-230 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[65] Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[66] Sentencia
SU-268 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[67] Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[68] Ídem.
[69] Sentencias T-360 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
SU-298 de 2015 Op. Cit. “sin duda, el precedente es una herramienta que
cohesiona el sistema judicial porque conecta las decisiones individuales a
través de una misma línea argumentativa para la resolución de los mismos
asuntos. Conecta las decisiones de un mismo nivel jerárquico con las de los
funcionarios superiores. Al respecto se distingue entonces el precedente
horizontal que ‘supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no
puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias’, del vertical
que implica ‘que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por
las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las
altas cortes.’”
[70] Sentencias SU-172 de 2015 y T-296 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[71] Sentencia SU-611 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[72] Consideraciones sustentadas en aquellas hechas en la Sentencia T-598
de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[73] Sentencia SU-574
de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Además también pueden consultarse
en el mismo sentido las sentencias T-1103 de 2000 (M.P. Álvaro
Tafur Galvis); T-932 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-002 de 2015 (M.P.
Mauricio González Cuervo).
[74]
Sentencia SU-108 de 2020. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[75] Sentencia C-617 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[76] Sentencia
C-451 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[77] Sentencia
T-190 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[78] Ídem.
[79] Sentencia
T-056 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
[80] Sentencia
T-124 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[81] Apartado declarado inexequible mediante la Sentencia C-1176 de 2001.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[82] Sentencia C-081 de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz.
[83] Ídem.
[84]
Sentencia SU-108 de 2020. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[85] Ídem. En el asunto valorado por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en esa oportunidad, la accionante presentó en el proceso
ordinario una justa causa (la adicción de su esposo y las consecuencias
familiares de la misma), que no fue valorada por la Corte Suprema de Justicia.
Pese a la falta de convivencia se constató el sentido de corresponsabilidad de
la pareja. En ese asunto, la falta de convivencia no había quebrado las
relaciones familiares de apoyo mutuo.
[86] “ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones
"compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera
permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles> // Artículo
47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes: // a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de
que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge
o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; //
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante
aplicará el literal a). // Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o
compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido. // <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años,
antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y
se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; // c) <Apartes
tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18
años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios
y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y
cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el
mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el
artículo 38 de la Ley 100 de 1993; // d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A
falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma
total y absoluta de este; // e) <Literal CONDICIONALMENTE exequible>
A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste. // PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se
requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el
establecido en el Código Civil.”
[87] M.P. Fabio
Morón Díaz.
[88] Requisito declarado inexequible mediante la Sentencia C-1176 de
2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[89] Ídem.
[90] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del
22 de marzo de 2017. SL4099-2017 Radicación N° 34785. M.P. Rigoberto Echeverri
Bueno.
[91] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencias CSJ SL del 10 de mayo de 2005
(Rad. 24445), reiterada en CSJ SL, del 22 noviembre de 2011 (Rad. 42792), CSJ
SL460-2013 y CSJ SL13544-2014. En cita en CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de
Casación Laboral. Sentencia del 22 de marzo de 2017. SL4099-2017 Radicación N°
34785. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
[92] CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencias SL11921-2014, SL13235-2014, SL13273-2016,
SL13450-2016 y SL14078.
[93] Sentencias T-190 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-553 de
1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-018 de 1997 (M.P. Jorge Arango
Mejía), T-397 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-566 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz) y T-660 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-1103
de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[94]
Sentencia T-553 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[95]
Sentencia T-018 de 1997 (M.P. Jorge Arango Mejía) y T-660 de
1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[96]
Ídem.
[97] Ley 797 de
2003. Artículo 13. “Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o
compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.// En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.
[98] Sentencia T-307 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[99] Sentencia
T-046 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[100] Ídem.
[101] Ídem.
[102] Sentencia T-128 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[103] Sentencia
C-389 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[104] CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 22 de marzo de
2017. SL4099-2017 Radicación N° 34785. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno
[105] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del
30 de junio de 2020. SL2476-2020 Radicación N° 70932. M.P. Carlos Arturo Guarín
Jurado. En relación con un reclamo de sustitución pensional, a causa de la
muerte del causante, ocurrida el 25 de septiembre de 1998. En el mismo sentido,
ver las sentencias de la misma Corporación del (i) 3 de mayo de 2017,
SL6286-2017 M.P. Fernando Castillo Cadena; (ii) 30 de agosto de 2017
SL13280-2017 M.P. Martín Emilio Beltrán Quintero; (iii) 31 de enero de 2018
SL5279-2018 M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas; (iv) 19 de septiembre de 2018
SL4095-2018 M.P. Jimena Isabel Godoy Fajardo; (v) 13 de febrero de 2019
SL634-2019 M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán; (vi) 26 de junio de 2019 SL2314-2019
M.P. Cecilia Margarita Durán Ujueta; y (vii) 29 de enero de 2020 SL170-2020
M.P. Ernesto Forero Vargas.
[106]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[107]
Sentencia T-967 de 2002. M.P.
[108]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[109] Expediente del proceso ordinario laboral.
Cuaderno principal. Folio 715 vto.
[110] Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno
principal. Folios 145 y ss.
[111] Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno
principal. Folio 150.
[112] Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno
principal. Folio 143.
[113]
Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno 1. Folios 200 y 201
[114] Conforme la cédula de ciudadanía del causante, cuya copia obra en
el folio 104 del Cuaderno principal del Expediente del proceso ordinario
laboral, su nombre es “Luis Lisandro Navia Madriñán”.
[115] Expediente del proceso ordinario laboral.
Cuaderno 3. Folio 156.
[116]
Así también lo concluyó recientemente esta Sala Plena, en la
Sentencia SU-108 de 2020, en relación con uno de los dos asuntos analizados.
[117]
Sentencia T-660 de 1998. Op. Cit.
[118]
M.P. Alejandro Martínez Caballero
[119]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SL634-2019.
[120] Cuaderno principal. Folio 5.
[121] Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno
principal. Folio 208. “Los cónyuges NAVIA-ALVIAR desde el
día quince de enero de 1991 suspendieron su vida en común y tienen residencias
separadas” Ello aparece en un documento con firma
del causante.
[122] Expediente del proceso ordinario laboral.
Cuaderno principal. Folios 216 A y ss.
[123]
Corte Constitucional, sentencia C-389 de 1996 (MP Alejandro Martínez
Caballero). En esa ocasión se declaró exequible la expresión “salvo que haya
procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido” del literal a) del
artículo 47 y del literal a) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, en el
entendido que se aplica también a los casos de adopción de uno o más hijos con
el pensionado fallecido.
[124] “ARTÍCULO  47. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE>
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado,
el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por
lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener
derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya
convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad
a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado
fallecido;
b. Los hijos menores
de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados
para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del
causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.
c. A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste.
d. A falta de cónyuge,
compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán
beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.
ARTÍCULO 74. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma
vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
<Aparte subrayado
condicionalmente EXEQUIBLE, y tachado INEXEQUIBLE> En caso de que la pensión
de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el
momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión
de vejez o invalidez, hasta su muerte y haya convivido con el fallecido
no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo,
que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;
b) Los hijos menores
de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados
para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del
causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;
c) A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste”.
[125]
Corte Constitucional, sentencia C-081 de 1999 (MP Fabio Morón Díaz).
[126]
Integrada por los Magistrados Antonio Barrera
Carbonell, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz.
[127]
MP José Roberto Herrera Vergara.
[128]
MP José Roberto Herrera Vergara.
[129]
MP Luis Gonzalo Toro Correa.
[130]
Corta Constitucional, sentencia C-1176 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[131]
Consejo de
Estado, Sección Segunda, fallo 2410 del 20 de septiembre 2007, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
[132]
El artículo 13 de la ley 797 de 2003 fue demandado por inconstitucionalidad y a
través de la sentencia C-1094 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), se declaró su
exequibilidad.
[133]
Corte Constitucional, sentencia T-046 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[134]
Corte Constitucional, sentencia T-301-2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[135]
Corte Constitucional, sentencia T-046 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[136]
Consejo de
Estado, Sección Segunda, fallo 2410 del 20 de septiembre 2007, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
[137]
Corte Constitucional, sentencia C-1035 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[138] “ARTÍCULO 13. Los
artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones
"compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera
permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles>
Artículo 47.
Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes:
a) En forma
vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la
pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte;
b) En forma
temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).
Si respecto de un
pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión
de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el
fallecido.
<Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y
una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si
no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero
hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente; (…)".
[139]
Corte Constitucional, sentencia T-046 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, citando las sentencias T-301 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
y T-018 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[140]
Corte Suprema de Justicia, sentencias SL 12442 de 2015 y SL 16949 de 2016,
entre otras.
[141]
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL 16949 de 2016.
[142]
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL 24445 de 2005. Esta posición ha sido
reiterada por la Corte Suprema de Justica por ejemplo en sentencias radicado
35809 del 4 de noviembre de 2009, 34899 de 28 de octubre de 2009, 34415 del 01
de diciembre de 2009, 39464 del 31 de agosto de 2010, 42631 del 05 de junio de
2012.
[143]
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL 24445 de 2005.
[144]
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL 24445 de 2005.
[145]
Corte Suprema de Justicia, sentencia STC9194-2018 (18 de julio de 2018. rad.
2018-00771-01). Pueden revisarse también las sentencias STC5648-2016 (17 may.
2016, rad. 2016-00453-01) y STC15691-2016 (1º nov. 2016, rad. 2016-00286-01).
[146]
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL 16949 de 2016.
[147]
Corte Constitucional, sentencia T-015 de 2017 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). Posición ya establecida en sentencias T-217 de 2012 (MP Nilson
Pinilla Pinilla); T-278 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo); T-641 de 2014
(MP Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-090 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[148]
Corte Constitucional, sentencia T-015 de 2017 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[149]
Corte Suprema de Justicia, sentencia 40055 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza, 29
de noviembre de 2012.
[150] Corte Constitucional, sentencia T-015 de 2017 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) “las
disputas que puedan presentarse entre el cónyuge y el compañero o la compañera
permanente supérstite en torno al derecho a la sustitución pensional o a la
pensión de sobrevivientes pueden ocurrir, o bien porque este convivió
simultáneamente con su cónyuge y su compañera o compañero permanente, o bien
porque, al momento de su muerte, tenía un compañero permanente y una
sociedad conyugal anterior que no fue disuelta, o un compañero o compañera
permanente y una unión conyugal vigente, con separación de hecho. En este
último evento, no hace falta que el cónyuge supérstite demuestre que
convivió con el causante durante los últimos cinco años de su vida, sino,
solamente, que convivió con él o ella más de cinco años en cualquier tiempo (resaltado
fuera de texto).”
[151]
Corte Constitucional, sentencia T-015 de 2017 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo)
[152]
Corte Constitucional, sentencia T-015 de 2017 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). Posición reiterada en sentencias T-217 de 2012 (MP Nilson Pinilla
Pinilla); T-278 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo); T-641 de 2014 (MP Martha
Victoria Sáchica Méndez) y T-090 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[153]
Consejo de
Estado, Sección Segunda, fallo 2410 del 20 de septiembre 2007, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
[154]
Corte Constitucional, sentencia C-389 de 1996 (MP Alejandro Martínez
Caballero). En esa ocasión se declaró exequible la expresión “salvo que haya
procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido” del literal a) del
artículo 47 y del literal a) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, en el
entendido que se aplica también a los casos de adopción de uno o más hijos con
el pensionado fallecido. Corte Constitucional, sentencia C-081 de 1999 (MP
Fabio Morón Díaz).
[155]
Sentencia del 17 de junio de 1998 del proceso 10634 (MP José Roberto Herrera
Vergara). Sentencia de marzo 02 de 1999 del radicado 11245 (MP José Roberto
Herrera Vergara).
[156]
Copia de Registro Civil de Nacimiento de Ana María Navia Alviar. Folio 32,
cuaderno 1 proceso ordinario.
[157]
Copia de Registro Civil de Nacimiento de Luis Fernando Navia Alviar. Folio 31,
cuaderno 1 proceso ordinario.
[158]
La Corte Constitucional en la sentencia C-1176 de 2001[158],
analizó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y declaró la
inexequibilidad de la expresión “por lo menos desde el momento en que éste
cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o
invalidez” contenida en el literal a) de ambos preceptos, y que configuraba
uno de los requisitos que la cónyuge o compañera permanente debían acreditar
para acceder a la sustitución pensional.
[159]
Corte Constitucional, sentencia C-389 de 1996 (MP Alejandro Martínez
Caballero). En esa ocasión se declaró exequible la expresión “salvo que haya
procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido” del literal a) del
artículo 47 y del literal a) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, en el
entendido que se aplica también a los casos de adopción de uno o más hijos con
el pensionado fallecido.
[160]
Corte Constitucional, sentencia C-081 de 1999 (MP Fabio Morón Díaz).
[161]
MP José Roberto Herrera Vergara.
[162]
MP José Roberto Herrera Vergara.
[163]
MP Luis Gonzalo Toro Correa.
[164]
La Corte Constitucional en la sentencia C-1176 de 2001[164],
analizó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y declaró la
inexequibilidad de la expresión “por lo menos desde el momento en que éste
cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o
invalidez” contenida en el literal a) de ambos preceptos, y que configuraba
uno de los requisitos que la cónyuge o compañera permanente debían acreditar
para acceder a la sustitución pensional.