C-132-14
Sentencia C-132/14
Sentencia C-132/14
(Bogotá DC, marzo 11 de 2014)
ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE COLOMBIA
Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-Exequibilidad,
con excepción del numeral 1º del artículo 18 que se declara inexequible
El examen de validez formal del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el
Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito
en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011 y su Ley  aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válida
la firma, aprobación y ratificación del Convenio y (ii) se observaron las
reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley
objeto de análisis. Revisado
el contenido de las disposiciones del “Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América” suscrito en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011,  la Corte
encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la
integración con otros Estados, a la soberanía nacional (CP. Art. 9), al deber
del Estado y de las autoridades de la República de proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades
(CP. arts. 2), a los postulados constitucionales que señalan que la actividad
económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien
común y se garantiza el derecho a la libre competencia económica (CP., art.
333), así como el mandato de internacionalización de las relaciones económicas,
sociales y ecológicas de la nación con otras naciones, bajo principios de
equidad y reciprocidad (CP., arts. 226 y 227). La facultad otorgada al
Presidente de la República, por el artículo 224 constitucional para la
aplicación provisional de los tratados, es una facultad excepcional de
interpretación restringida, y sujeta al cumplimiento de tres requisitos
concurrentes: i) tener naturaleza comercial y económica; ii) haberse acordado
en el ámbito de una organización internacional y iii) estar dispuesta su
aplicación provisional, en el texto del tratado, los cuales deberán ser
estrictamente examinados por esta Corporación.  En consecuencia, el no
cumplimiento de alguna de estas condiciones, conllevará a la
inconstitucionalidad de la cláusula de aplicación provisional.  Con fundamento
en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declarará exequible
el contenido del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el
Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito
en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011, así como la Ley 1600 del 21 de diciembre
de 2012, que lo aprobó, con excepción del numeral 1º del artículo 18 del
Acuerdo relativo al deber de las Partes -para el efecto de esta sentencia, del
Gobierno colombiano- de darle aplicación provisional.  La inexequibilidad del
artículo 18 del Acuerdo, parte de que su aplicación provisional por el Gobierno
de Colombia resulta improcedente, al no tratarse de un tratado aprobado “en el ámbito
de organismos internacionales” (CP, 224), no obstante su naturaleza económica y
comercial. Para la Corte, son violatorias de la Carta Política las
disposiciones de un tratado internacional que prevea la aplicación provisional
del mismo sin el cumplimiento concurrente de las condiciones exigidas por el
artículo 224 de la Constitución, referidos a su naturaleza económica y
comercial y su adopción en el ámbito de organismos internacionales. . La Sala hace una prevención al
Gobierno Nacional para que, en el ejercicio de la facultad constitucional de
aplicación provisional de los tratados o de algunas de sus disposiciones, se
actúe con un criterio riguroso de excepcionalidad, al interpretar los supuestos
constitucionales para su procedencia, dado que la aplicación provisional de
tratados distintos a los consagrados en el artículo 224 superior, puede
constituirse en un mecanismo de desconocimiento del principio democrático y una
elusión del control constitucional, en tanto se  da la aprobación por parte del
Congreso de la República y el control constitucional a cargo de esta
Corporación.
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la Corte Constitucional/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características
La Corte Constitucional es competente para
examinar la Constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes
aprobatorias, según lo establecido por el artículo 241.10 de la Constitución
Política. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las
leyes que los aprueban, presenta unas características particulares, al ser:
“(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación
del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental;
(iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos
formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo
el texto Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una
condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi)
cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la
supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos
internacionales del Estado colombiano”. Todo lo cual tiene como finalidad
evitar que el Gobierno asuma compromisos internacionales incompatibles con la
Constitución.
TRATADO
INTERNACIONAL-Representación del Estado colombiano en
proceso de negociación, celebración y suscripción
ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE GOBIERNO
DE COLOMBIA Y GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-Control formal
ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE GOBIERNO
DE COLOMBIA Y GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-Contenido y alcance
APLICACION PROVISIONAL DE TRATADOS-Requisitos
CONTROL CONSTITUCIONAL DE CLAUSULAS DE
APLICACION PROVISIONAL DE TRATADOS-Jurisprudencia constitucional
TRATADOS DE NATURALEZA ECONOMICA Y
COMERCIAL-Aplicación
provisional por parte del Gobierno Nacional
ALCANCE DEL VOCABLO AMBITO-Jurisprudencia constitucional
APLICACION
PROVISIONAL DE TRATADOS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL-Deber de ser acordado en el ámbito de un
organismo internacional
ORGANISMO
INTERNACIONAL-Concepto
APLICACION
PROVISIONAL DE TRATADOS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL-Juicio
estricto
Referencia:
Expediente LAT - 407
Revisión
de Constitucionalidad: de la Ley 1600 de diciembre 21 de 2012 “Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno
de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito en
Bogotá D.C., el 10 de mayo de 2011.
Magistrado
ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I.
ANTECEDENTES.
1. Textos
normativos: El Acuerdo y la Ley Aprobatoria.
El texto del
“Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de
los Estados Unidos de América” suscrito en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011
y su Ley aprobatoria 1591 del 20 de noviembre de 2012, se incorporan como
Anexos  de esta sentencia.
2.
Intervenciones.
2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Acuerdo
objeto de examen cumplió con los requisitos formales previstos en la
Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y su
contenido consulta los principios y postulados que gobiernan el Estado
colombiano y su política exterior. Por lo expuesto, considera que la
Corte debe declarar exequible el instrumento internacional  a la par con la
ley aprobatoria numero 1600 de 2012.
2.2. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Debe ser declarado exequible, en tanto se ajusta a la
Carta Política, en sus artículos 9, 150.16, 189, 224, 241 y 243 y al derecho
internacional, en especial al principio Pacta Sunt Servanda y a la
Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados.
2.3. Aeronáutica Civil.
Encuentra que el Acuerdo sub examine no contraria
ningún postulado constitucional y desarrolla el artículo 226 que preceptúa que “El
Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nación”. Lo anterior, en razón de que su contenido se dirige a
estimular el desarrollo de los servicios aéreos entre los territorios de
Colombia y Estados Unidos de América y de estos con terceros países, en un
entorno competitivo, creando nuevas y mejores posibilidades de servicio, de
oportunidades al comercio exterior, así como de nuevos vínculos económicos y
culturales entre los dos países.
3.
Concepto del Procurador General de la Nación[1].
Se advierte
que dentro del proceso legislativo de la Ley 1600 de diciembre 21 de 2012, se
dio cumplimiento a todos los requisitos que para la formación de las leyes,
prescriben la Constitución Política (CP., arts. 154, 157, 158, 160 y 162) y el
reglamento del Congreso de la República y la remisión por parte del Presidente
de la República se realizó en forma oportuna (CP., art. 241.10).
Frente al
contenido material del “Convenio sobre
la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales”,
debe declararse exequible, por cuanto desarrolla las reglas establecidas en los
artículos 9, 224, 225 y 227 de la Constitución Política, al impulsar y promover
canales para lograr una indemnización plena y equitativa de las víctimas de
daños ocasionados por objetos espaciales.
II.
CONSIDERACIONES.
1.
Competencia.
1.1. La
Corte Constitucional es competente para examinar la Constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias, según lo establecido por
el artículo 241.10 de la Constitución Política.
1.2. El
control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los
aprueban, presenta unas características particulares, al ser: “(i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente
por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis
días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que
la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la
ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”.
Todo lo cual tiene como finalidad evitar que el Gobierno asuma compromisos
internacionales incompatibles con la Constitución.
1.3. El
ejercicio de esta competencia lo dirigirá la Corte, inicialmente, al control
formal de constitucionalidad del presente Convenio y su ley aprobatoria, de la
siguiente manera: (i) sobre el proceso de formación del instrumento
internacional, en cuanto a la validez de la representación del Estado
colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la
competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado; (ii)
respecto del trámite legislativo del correspondiente proyecto de ley en el
Congreso de la República. Finalmente, realizará el control del contenido
material del instrumento internacional, respecto de la Constitución.
2. El
proceso de negociación del instrumento internacional: representación y
competencia en la suscripción de las convenciones.
2.1. El
control de Constitucionalidad comprende la verificación de las facultades del
representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado
mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 7
a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados
de 1969.
2.2. El “Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América” se suscribió en la ciudad de Bogotá, el 10 de mayo de
2011, por la Ministra de Relaciones Exteriores, señora María Ángela Holguín, en
nombre y representación de la Republica de Colombia, y por el Subsecretario de
Estado de los Estados Unidos de América, señor William J. Burns, en nombre y
representación de dicho Estado[2].
2.3. Frente
al otorgamiento de plenos poderes, conforme al artículo 7º, numeral 2º de la
Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, “(...) En virtud de
sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que
representan a su Estado: a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros
de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la
celebración de un tratado. (...)” (subrayas fuera del texto).
Conforme a
lo anterior, al haber sido suscrito por la
Ministra de Relaciones Exteriores, no era necesario el otorgamiento de plenos
poderes, en tanto se considera que representa la voluntad del Estado y cuenta
con la capacidad de expresar el consentimiento para obligarse.
2.4. En lo
concerniente a la confirmación de tal acto por parte del Presidente de la
República y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 189 numeral 2 de la
Constitución Política, el Presidente de la República, señor Juan Manuel Santos
Calderón impartió la aprobación ejecutiva, el día 19 de julio de 2011,
autorizando y ordenando someter a consideración del Congreso de la República el
Convenio en ciernes[3].
3.
Control formal: el proceso de formación del proyecto de ley en el Congreso de
la República.
3.1.
Competencia.
3.1.1. Aprobación.
Corresponde al Congreso de la República “aprobar o improbar los tratados que
el Gobierno celebre con otros estados (…)” (CP, 150.16).
3.1.2. Iniciativa
y radicación. El Proyecto de Ley fue radicado en el Senado de la
República, por el Gobierno Nacional, por la Ministra de Relaciones
Exteriores y el Ministro de Transporte, el 07 de septiembre de 2011, de
conformidad con la Constitución (art 154) que ordena la iniciación de tales
procedimientos legislativos en el Senado de la República.
3.2.
Trámite en el Senado de la República.
3.2.1.
Publicación del texto y la exposición de motivos.
Aparecen
publicados en la Gaceta del Congreso No. 667[4]
de septiembre 7 de 2011, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes de
darle curso en la comisión respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).
3.2.2.
Primer debate.
-
Publicación de la ponencia.
La ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
de la República  fue presentada en sentido favorable, por la Senadora Alexandra
Moreno Piraquive, el día 8 de mayo de 2012 y publicada en la Gaceta del
Congreso No. 209  del 8 de mayo de 2012[5].
- Anuncio
para votación en primer debate.
Según la
certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del
Senado, el Proyecto de Ley 254 de 2012 Cámara, 116 de 2011 Senado, fue anunciado
en varias oportunidades, sin que se hubiese debatido y aprobado en las sesiones
correspondientes[6].
Finalmente
el proyecto de ley fue nuevamente anunciado previamente en la sesión del 22 de
mayo de 2012, para ser discutido y aprobado en primer debate, en la próxima
sesión, la cual se llevó a cabo el 23 de mayo a las 10 am, según consta en acta
26 de la citada fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 548 de mayo 15
de 2012[7], en los
siguientes términos:
Siendo las 10:30 a.
m. del día martes veintidós (22) de mayo del año dos mil doce (2012), previa
convocatoria hecha por el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Diego Alejandro González González, se
reunieron los honorables Senadores para sesionar en la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, Comercio
Exterior, Seguridad y Defensa Nacional y Honores Patrios, del honorable Senado
de la República.
(...)
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, procede con el anuncio de proyectos
de ley. Por instrucciones de la
Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (artículo 8° del Acto Legislativo número 01
de 2003).
(...)
3. Proyecto
de ley número 116 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América¿, suscrito en Bogotá,
D. C., el 10 de mayo de 2011.
Autores:
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Transporte.
Ponente: honorable
Senadora Alexandra Moreno Piraquive.
Publicaciones.
Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 667 de
2011.
Ponencia Primer
Debate: Gaceta del Congreso número 209 de 2012.
(...)
Se cita para mañana
a las 10:00, agradecemos nuevamente al señor Secretario y la Subsecretaria, buenas tarde para todos.”
- Aprobación
en primer Debate (quorum y mayoría).
El proyecto
de ley fue discutido y aprobado en la sesión del día 23 de mayo de 2012, según
consta en la Acta No. 27 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 549 del 23 de agosto de 2012[8].
“El Secretario
de la Comisión, doctor Diego González González, da lectura a la
proposición:
Proposición final:
Conforme a las
argumentaciones anteriormente expuestas, solicito a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, dar primer debate al
Proyecto de ley número 116 de 2011 Senado, por medio de la cual se
aprueba el ¿Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América¿,
suscrito en Bogotá, D. C., el 10 de mayo de 2011. Con base en el texto
publicado en la Gaceta del Congreso número 667 de
2011. De los honorables Senadores, Alexandra Moreno Piraquive. Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado.
Le informo, señor
Presidente, que ha sido leída la proposición con que termina el informe de
ponencia.
El señor
Presidente, Senador Édgar Gómez Román, somete a consideración de los Senadores
de la Comisión, el informe con que termina la ponencia, se abre su
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueban los
honorables Senadores.
El Secretario,
doctor Diego González González, informa a la presidencia que sí ha sido
aprobado el informe final de ponencia del proyecto de ley 116 de 2011,
presentada por la Senadora Alexandra Moreno.
Pregunta el señor
Presidente, Senador Édgar Gómez Román. ¿Cuántos artículos tiene el proyecto,
con el voto negativo del Senador Camilo Romero Galeano?
El Secretario
de la Comisión, doctor Diego González González, informa que sí hay voto
negativo del Senador Camilo Román hay que votarlo nominalmente; dice la
Ley 1431 que cuando no hay consenso general, debe ser votación nominal.
Informa el
Presidente, Senador Édgar Gómez Román:
Entonces abra para
la votación nominal.
El Secretario
de la Comisión, doctor Diego González González, informa:
Para la votación de
la proposición final con que terminal el informe de ponencia del proyecto de
ley 116 de 2011 Senado, procedo con el llamado a lista:
Avirama Avirama
Marcos Aníbal
Vota sí.
Barriga Peñaranda
Carlos Emiro
Benedetti
Villaneda Armando
Chavarro Cuéllar
Carlos Ramiro
Espíndola Niño
Édgar
García Realpe
Guillermo Vota Sí.
Gómez Román Édgar
Alfonso
Vota Sí.
Lozano Ramírez
Juan Francisco
Vota sí.
Moreno Piraquive
Alexandra
Vota sí.
Motoa Solarte
Carlos Fernando
Paredes Aguirre
Myriam Alicia
Romero Camilo
Vota no.
Virgüez Piraquive
Manuel Antonio
Vota sí.
Le informo, señor
Presidente, que han votado afirmativamente seis (6) honorables Senadores,
negativamente uno (1) honorable Senador. En consecuencia ha sido aprobada la
proposición con que termina el informe de ponencia.
El Presidente,
Senador Édgar Gómez Román:
Informa al
Secretario que el Senador García Realpe ha solicitado la omisión de lectura del
articulado, sírvase someterlo a consideración.
El Secretario
de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, informa:
Con la omisión de
lectura del articulado, el articulado señor Presidente y honorables Senadores:
Avirama Avirama
Marcos Aníbal
Vota sí.
Barriga Peñaranda
Carlos Emiro
Benedetti
Villaneda Armando
Chavarro Cuéllar
Carlos Ramiro
Espíndola Niño
Édgar
García Realpe
Guillermo
Vota sí.
Gómez Román Édgar
Alfonso
Vota sí.
Lozano Ramírez
Juan Francisco
Vota sí.
Moreno Piraquive
Alexandra
Vota sí.
Motoa Solarte
Carlos Fernando
Paredes Aguirre
Myriam Alicia
Romero Camilo
Vota no.
Virgüez Piraquive
Manuel Antonio
Vota sí.
Le informo señor
Presidente, que han votado afirmativamente seis (6) honorables Senadores,
negativamente uno (1) honorable Senador, en consecuencia ha sido aprobado la
omisión de lectura del articulado, y el articulado del Proyecto de ley 116 de
2011.
El Presidente,
Senador Édgar Gómez Román:
Solicita al
Secretario se sirva someter a consideración el título del proyecto de ley, su
vigencia e igualmente si quiere la Comisión que este proyecto
continúe con su segundo debate.
El Secretario,
doctor Diego Alejandro González González:
Da lectura al
título del proyecto de ley: por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de
transporte aéreo, entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de los Estados Unidos de América¿, suscrito en Bogotá, D. C., el 10 de
mayo de 2011.
Avirama Avirama
Marcos Aníbal
Vota sí.
Barriga Peñaranda
Carlos Emiro
Benedetti
Villaneda Armando
Chavarro Cuéllar
Carlos Ramiro
Espíndola Niño
Édgar
García Realpe
Guillermo
Vota sí.
Gómez Román Édgar
Alfonso
Vota sí.
Lozano Ramírez
Juan Francisco
Vota sí.
Moreno Piraquive
Alexandra
Vota sí.
Motoa Solarte
Carlos Fernando
Paredes Aguirre
Myriam Alicia
Romero Camilo
Vota no.
Virgüez Piraquive
Manuel Antonio
Vota sí.
Le informo, señor
Presidente, que han votado afirmativamente seis (6) honorables Senadores,
negativamente uno (1) honorable Senador, en consecuencia ha sido aprobado el
título del proyecto de ley, y el querer de los honorables Senadores que tenga
segundo debate.
En consecuencia el
señor Presidente, Senador Édgar Gómez Román:
Nombra como ponente
para el segundo debate a la Senadora Alexandra Moreno Piraquive, para
que continúe con su ponencia en segundo debate. Continúe con el Orden del Día
señor Secretario.”
- Publicación
texto aprobado.
El texto
definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado, fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 278 de mayo 28 de 2012.
3.2.3.
Segundo Debate:
- Término
entre Comisión y plenaria.
Habiendo
sido aprobado el proyecto de ley en primer debate en la Comisión Segunda del
Senado el día 23 de mayo de 2012 e iniciado el debate en la correspondiente
plenaria el 6 de junio de 2012, se cumple el requisito Constitucional del
término mínimo de ocho (8)  días entre uno y otro momento legislativo (C.P.
art. 160)
-
Publicación de la ponencia.
La ponencia
para segundo debate en el Senado de la República fue presentada
positivamente por la Senadora Alexandra Moreno Piraquive y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 278 del 28 de mayo de 2012[9].
-   Anuncio
para votación para segundo debate.
El proyecto
de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 5 de junio de 2012,
según consta en el Acta No. 52 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 494 del 10 de julio de 2012[10],
para ser discutido y votado en la siguiente sesión, la cual se llevó a cabo el
6 de junio siguiente.
“(...)
En Bogotá, D. C., a
los cinco (5) días del mes de junio de dos mil doce (2012) previa citación, se
reunieron en el recinto del Senado, con el fin de sesionar en pleno.
(...)
Anuncio de
proyectos
Por instrucciones
de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo número 01
de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán
en la próxima sesión.
Señor Presidente,
el siguiente punto, como no requiere una mayoría para decidir, es el anuncio de
proyectos para la siguiente sesión plenaria y son los siguientes proyectos de
ley para discutir y votar.
(...)
Proyecto de ley
número 116 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de
Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de
América¿, suscrito en Bogotá, D. C., el 10 de mayo de 2011.
(...)
Siendo las 9:40 p.
m., la
Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 6 de junio 2012, a las 10:00 a. m.
(...)”
-
Aprobación en Segundo Debate.
El proyecto
de ley fue discutido y aprobado en la sesión del 6 de junio de 2012,
según consta en el Acta No. 53 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 495 de 2012, conforme al siguiente texto:
“(...)
En Bogotá, D. C., a
los seis (6) días del mes de junio de dos mil doce (2012) previa citación, se
reunieron en el recinto del Senado, con el fin de sesionar en pleno.
(...)
La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente
punto del Orden del Día
Proyecto de ley
número 116 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Transporte Aéreo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América¿, suscrito en Bogotá, D.C., el 10 de mayo de 2011.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición
con que termina el informe.
Por Secretaría se
da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición leída y,
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
Se abre segundo
debate
Por solicitud del
honorable Senador Juan Manuel Galán Pachón, la Presidencia pregunta a
la plenaria si acepta la omisión de la lectura del articulado y, cerrada su
discusión, esta responde afirmativamente.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del
proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado
propuesto? y esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del
proyecto.
Por Secretaría se
da lectura al título del Proyecto de ley número 116 de 2011
Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Transporte
Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
los Estad os Unidos de América¿, suscrito en Bogotá, D. C., el 10 de mayo
de 2011.
Leído este, la
Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el
título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los
trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la
Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de
ley aprobado surta su trámite en la Cámara de Representantes? Y estos
responden afirmativamente.
(...)”
El
Secretario General del Senado de la Republica, mediante certificación del 15 de
febrero de 2013, señaló que el proyecto de ley fue aprobado mediante votación
ordinaria conforme al artículo 129 de la ley 5ª de 1992, modificado por el
artículo 1º de la ley 1431 de 2011, y un quorum deliberatorio y decisorio de 86
de 100 Senadores.
Como se
observa, la aprobación se surtió  sin que se hubiese  presentado algún voto en
contra o solicitud expresa que reclamase votación nominal, razón por la cual,
se infiere la unanimidad de los presentes, haciéndose innecesaria la votación
nominal
-
Publicación texto aprobado.
El texto
definitivo aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado, fue publicado
el 14 de junio del 2012, en la Gaceta del Congreso No. 368 de 2012[11].
3.3. Trámite
en la Cámara de Representantes.
3.3.1.
Primer Debate.
- Término
entre Senado y Cámara.
Habiendo
sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día  6 de junio de
2012, e iniciado el primer debate en la Cámara de Representantes el día 17 de
octubre de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de
quince días entre uno y otro momento legislativo. (C.P. art. 160).
-
Publicación de la ponencia.
La
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
fue presentada por el representante a la Cámara Carlos Eduardo León Celis y fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 594 del  6 de septiembre de 2012[12].
-  Anuncio
de Votación.
El proyecto
de ley fue anunciado el día 9 de octubre de 2012, según consta en
el Acta No. 15 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
18 del 6 de febrero de 2013, en los siguientes términos:
“(octubre 9)
Período
Constitucional 2010-2014
Legislatura 2012-2013
(Primer Período)
Lugar: Recinto
Comisión Segunda Cámara
Hora: 10:25 a. m.
(...)
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Anuncio de proyectos de ley para dar
cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003, para ser
discutidos y votados en la próxima sesión, donde se discutan y se aprueben
proyectos de ley.
(...)
Proyecto de ley número 254 de 2012 Cámara, 116
de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América¿, suscrito
en Bogotá, D. C. el 10 de mayo de 2011.
(...)
Hace uso de la palabra el Presidente
de la Comisión (E), doctor Eduardo José Castañeda Murillo:
Citamos para el próximo miércoles 17 de
octubre, 10 de la mañana.
(...)”
- Aprobación
del Proyecto.
En la sesión
del 17  de octubre de 2012 se le dio primer debate y se aprobó el proyecto de
ley, por unanimidad en votación ordinaria, con la presencia de 15 de los 19
Representantes a la Cámara, según lo registrado en el Acta No. 16 del
5 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 18 del 6 de
febrero de 2013[13], conforme a
la certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión Segunda de
la Cámara de Representantes, mediante constancia del 23 de enero de 2013.
Como se
puede observar, la aprobación se surtió sin que se hubiese  presentado algún
voto en contra o solicitud expresa que reclamase votación nominal, razón por la
cual, se infiere la unanimidad de los presentes, haciéndose innecesaria la
votación nominal:
“(octubre 17)
Período
Constitucional 2010-2014
Legislatura
2012-2013 (Primer Período)
Lugar: Recinto Comisión Segunda Cámara
Hora: 9:05 a. m.
(...)
Hace uso de la palabra la Secretaria
General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí señor Presidente. Siguiente proyecto.
Proyecto de ley número 254 de 2012 Cámara, 116
de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América¿, suscrito
en Bogotá, D. C. el 10 de mayo de 2011.
(...)
Hace uso de la palabra el señor Presidente (E)
honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:
En consideración la proposición con que
termina el informe de ponencia, se abre la discusión, anuncio que va a
cerrarse, se cierra, ¿aprueba la Comisión el informe de ponencia?
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el informe de ponencia señor
Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente (E)
honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:
Por favor señora Secretaria dar lectura al
articulado del proyecto.
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con mucho gusto señor Presidente. Son 3
artículos debidamente publicados en la Gaceta correspondiente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente (E)
honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:
En consideración el articulado leído, anuncio
que va a cerrarse la discusión del articulado, queda cerrada, ¿aprueba la
Comisión el articulado leído?
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el articulado señor
Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente (E)
honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:
Señora secretaria favor leer el título del
proyecto.
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de
transporte aéreo entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los
Estados Unidos de América¿, suscrito en Bogotá, D. C. el 10 de
mayo de 2011. Leído el título del proyecto señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente (E)
honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:
¿Aprueba la Comisión el título del
proyecto?
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el título del proyecto señor
Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente (E)
honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo:
¿Quieren los representantes que este proyecto
sea ley de la República?
Hace uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí lo quieren señor Presidente.
(...)”
-
Publicación texto aprobado.
El texto
definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 748 del 31 de
octubre de 2012[14].
3.3.2.
Segundo Debate.
- Término
entre Comisión y Plenaria.
Habiendo
sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día
17 de octubre de 2012 e iniciado el segundo debate el 26 de octubre de 2012, se
cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre
uno y otro  momento legislativo. (C.P. art. 160).
-
Publicación de la ponencia.
La ponencia
para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes
fue presentada por los Representantes a la Cámara Oscar de Jesús Marín y Juan
Carlos Martínez Gutiérrez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 824 del 21
de noviembre de 2012[15].
- Anuncio
para votación en Plenaria.
De
conformidad con la certificación expedida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes, el proyecto fue anunciado previamente a la
votación en la sesión Plenaria del día 22 de noviembre de 2012, según consta en
el Acta 175, para la sesión Plenaria del día 26 de noviembre de 2012 para la
siguiente sesión plenaria en que se debatieren Proyectos de Ley o Actos
Legislativos, publicada en la Gaceta del Congreso 75 de 2013.
Al respecto,
se dijo:
“(...)
En Bogotá, D. C.,
sede Constitucional del Congreso de la República, el día jueves 15 de noviembre de 2012,
abriendo el registro a las 8:06 a. m., e iniciando a las 9:07 a. m., se
reunieron en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, los honorables
Representantes que adelante se indican con el fin de sesionar de conformidad
con el mandato legal.
(...)
Se anuncian
proyectos para la sesión Plenaria del día 26 de noviembre del 2012 o para la
siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o Acto
Legislativo de acuerdo al Acto Legislativo 1 del 2003 en su artículo 8º.
Proyecto para
segundo debate:
(...)
Proyecto de ley
número 254 de 2012 Cámara, 116 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de los Estados Unidos de América¿, suscrito en Bogotá, D. C.,
el 10 de mayo de 2011.
Han sido anunciados
señor Presidente los proyectos de ley.
(...)”
-
Aprobación.
Que conforme
a la Certificación expedida por el Secretario general de la Cámara de
Representantes, el proyecto fue aprobado en la sesión Plenaria de la
Cámara de Representantes el día 26 de noviembre de 2012, según consta en el
Acta 176, en la que se hicieron presentes 149 Representantes a la Cámara, de la
siguiente manera: i) el informe de ponencia, mediante votación ordinaria, por
unanimidad; ii) el articulado, mediante votación nominal, con 80 votos por el
Sí, 5 votos por el No, 2 que dejaron de votar, para un total de 85 votos.
Todo lo
anterior, publicado en la Gaceta del Congreso 26 de 2013, como se transcribe a
continuación:
En Bogotá, D. C.,
sede constitucional del Congreso de la República, a los 26 días del mes de noviembre de
2012, abriendo el registro a las 4:04 p. m., e iniciando a las 4:47 p. m., se
reunieron en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional los honorables
Representantes que adelante se indican, con el fin de sesionar de conformidad
con el mandato Constitucional y Legal.
(...)
Negada la
proposición de aplazamiento. En consideración la proposición con la que termina
el informe de ponencia, anuncio que se va a cerrar su discusión, queda cerrada
¿Aprueba la Plenaria la proposición con la termina el informe de
ponencia?
La Secretaría
General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Aprobada
Presidente.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:
Articulado.
La Secretaría
General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Presidente este
proyecto de ley tiene 3 artículos sin modificaciones.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:
En consideración
los 3 artículos del proyecto de ley sin modificación, anuncio que se abre su
discusión, se cierra su discusión ¿Pregunto a la Plenaria si aprueba
el articulado del proyecto de ley?
La Secretaría
General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Señor Presidente
hay que abrir el registro porque están pidiendo votación nominal.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:
Sírvase abrir el
registro señora Secretaria.
La Secretaría
General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Se abre el registro
para votar el articulado.
La Secretaría
General informa, doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:
Carlos León vota Sí
Fabio Amín vota Sí
Dirección
de la Sesión por la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:
Señora Secretaria
sírvase cerrar el registro y dar el resultado.
La Secretaría
General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Se cierra el
registro con el siguiente resultado
Por el Sí: 80
Por el No: 5
Ha sido aprobado el
articulado.
Publicación de los
registros de votación
(...)
Dirección
de la Sesión por la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:
Aprobado el articulado, señora
Secretaria sírvase darle lectura al título y la pregunta.
La
Secretaría General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Título. Por medio del cual se
aprueba el acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América
suscrito en Bogotá D. C., el 10 de mayo de 2011.
Señor Presidente está leído el
título y puede preguntarle a la Corporación si quiere que este
proyecto sea ley dela República.
Dirección de la
Sesión por la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:
En consideración el título y la
pregunta si esta Plenaria quiere que este proyecto se convierta en ley
de la República, se abre su discusión, anuncio que se va a cerrar. Por
solicitud del Representante Arias sírvase abrir el registro.
La
Secretaría General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Se abre el registro para votar
el título y la pregunta.
Dirección
de la Sesión por la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:
Fabio Amín vota Sí
Carlos Celis vota Sí
La
Secretaría General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Señores Representantes estamos
votando el título y la pregunta del Proyecto de ley número 254 de 2012 Cámara,
116 de 2011 Senado.
Dirección de la
Sesión por la Presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:
Señora Secretaria sírvase cerrar
el registro y dar el resultado.
La
Secretaría General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí, señor presidente, se cierra
el registro
Por el Sí: 79
Por el No: 6
Ha sido aprobado el título y la
pregunta del Proyecto de ley número 254 de 2012.
Publicación
de los registros de votación.
(...)”
Como se
observa del texto precedente, la votación del proyecto de Ley 254 de 2012 en la Plenaria de la Cámara
de Representantes se realizó mediante votación nominal y pública, en razón de
la petición de algunos Representantes.
-
Publicación texto aprobado.
El texto
definitivo aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 863 del 30 de noviembre de 2012.[16].
3.4.
Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional.
3.4.1.
Sanción.
El
Presidente de la República sancionó la ley “Por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el
Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito en Bogotá DC, el 10 de
mayo de 2011, convirtiéndose en la de la Ley 1600 de noviembre 20 de 2012, la
cual fue publicada en el Diario Oficial No. 48.620 de
21 de diciembre de 2012.
3.4.2.
Remisión gubernamental oportuna.
Mediante
oficio fechado el 26 de diciembre de 2012, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica del
Convenio y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días contados a
partir de la sanción de ésta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la
Constitución.
Cabe
resaltar que el precitado oficio fue radicado en la Secretaria General de la
Corte Constitucional, el día 11 de enero de 2013, debido a la vacancia judicial
que se prolongó hasta el 10 de enero de 2013, siendo el día 11, el primer día
hábil después de la sanción de la ley.
3.5.
Conclusión.
Del examen
formal del trámite legislativo del proyecto de la ley “Por medio de la cual
se aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el
Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito en Bogotá DC, el 10 de
mayo de 2011, se concluye:
3.5.1. Por
tratarse de un proyecto referido a las relaciones internacionales, debe iniciar
su trámite en el Senado de la Republica, requerimiento que se cumplió. (CP.,
art. 154).
3.5.2. Se
publicaron el proyecto de ley y los informes de ponencia correspondientes,
antes de darle curso en cada una de las Comisiones y Plenarias de ambas
Cámaras. (CP., art. 157.1 y arts. 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992).
3.5.3. El
proyecto cumplió con el requisito de darle primero y segundo debate en cada
cámara, y de aprobarlo con el quórum y las mayorías exigidas. (CP., arts. 157 y
arts. 117, 118, 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º de la
ley 1431 de 2011).
3.5.4. Se
cumplieron los anuncios previos a la votación para cada uno de los debates, los
cuales contenían una fecha cierta o determinable y habiéndose realizado la
aprobación en la fecha previamente anunciada. (CP. Art. 160).
3.5.5. Se
certificó que tanto en las deliberaciones como en las votaciones de las
comisiones y las plenarias de ambas cámaras, se cumplió con el quórum
deliberativo y decisorio. De igual forma, se certificó que dada la unanimidad
en la votación en la Plenaria del Senado y en el primer debate en Cámara de
Representantes, su aprobación se dio mediante votación ordinaria, mientras que
en el primer debate en Senado y en la
Plenaria de Cámara de Representantes, se presentaron votos en contra por lo
que se procedió a su aprobación mediante votación nominal y pública.
Lo anterior,
por cuanto según lo prescrito por el artículo 130 de la
Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 2º. de la
Ley 1431 de 2011, como regla general las votaciones de los Senadores y
Representantes en las comisiones y en las cámaras serán nominales y públicas,
con las excepciones que establezca la ley y que una de esas excepciones es la
contemplada en el artículo 129 de la citada ley, modificado por el artículo 1º.
de la Ley 1431 de 2011, que señala que no se requerirá de votación nominal y
publica, cuando en el trámite de un proyecto de ley haya unanimidad por parte
de la respectiva comisión o plenaria, y no se presenten solicitudes de votación
nominal y pública.
3.5.6. Se
dio cumplimiento a la exigencia contemplada en el artículo 160 constitucional,
que señala que entre el primero y segundo debate en cada cámara debe mediar un
lapso no inferior a (8) días y que entre la aprobación del proyecto en una de
las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deben transcurrir al menos
quince (15)  días.
3.5.7. Se
cumplió con la exigencia del artículo 162 de la Carta Política, que señala que
ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas.
3.5.8. El
Presidente de la República sancionó la Ley el día 21 de diciembre de 2012,
dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 57.4 de la Constitución
Política.
3.5.9. El
texto del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia
y el Gobierno de los Estados Unidos de América” y la Ley 1600 de diciembre
21 de 2012, fueron radicados en la Corte Constitucional, el día 11 de enero de
2013, dentro de los 6 días hábiles siguientes a su sanción.
Por
lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de Constitucionalidad en
su trámite.
4. Examen
Material.
La
Corte realizará el control material de constitucionalidad sobre el contenido
de las disposiciones del Acuerdo y la ley.
4.1. El
régimen Constitucional de las relaciones internacionales y aspectos generales.
Las
relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por el Estado (CP, artículos
150.16, 226 y 227) y la internacionalización del país, así como la celebración
de tratados internacionales, debe edificarse sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y 227).
4.2.
Antecedentes.
4.2.1. En la exposición de motivos del
Proyecto de ley, el Gobierno Nacional, indicó que el Plan Nacional de
Desarrollo “Prosperidad para Todos” 2010 – 2014, en su capítulo III,
sobre Crecimiento Sostenible y Competitividad, señaló que el sector transporte
buscará una estrategia para un mejor desarrollo en la prestación del servicio,
tanto de pasajeros como de carga, a través del fortalecimiento del transporte
aéreo, como medio necesario para el crecimiento económico y el aumento de los
niveles de competitividad, “de manera que se generen condiciones que
faciliten el intercambio comercial, los flujos de turismo, los viajes de
negocios, la conectividad de las regiones y la inserción de Colombia en el
mundo”.
4.2.2. En armonía
con lo anterior, los Gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de América
resaltando la importancia del afianzamiento de las relaciones entre los dos
países y la importancia de fortalecer el comercio y el turismo, estimaron
necesario la adopción y suscripción de un instrumento que permitiera el logro
de dichos objetivos, para lo cual en mayor de 2011, con motivo de la visita el
Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos  efectuara
a Colombia, suscribieron el Acuerdo sujeto a examen.
4.3. El “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el
Gobierno de los Estados Unidos de América”.
El “Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América”, suscrito en Bogotá D.C., el 10 de mayo de 2011, tiene
por objeto establecer la posibilidad de otorgar autorizaciones, permisos y
revocar los mismos, conforme a criterios técnicos y al marco jurídico de cada
país, generando oportunidades comerciales a las compañías de aviación civil,
permitiendo su establecimiento en el territorio de la otra Parte y facilitando
la oferta promoción y venta de servicios de transporte aéreo.
El Acuerdo
consta de un preámbulo, 18 artículos y un anexo compuesto de cuatro secciones.
4.4. Preámbulo.
Los propósitos planteados en el Acuerdo en sus
declaraciones preliminares, apuntan a: promover un sistema de aviación
internacional basado en la competencia justa y equitativa entre las líneas
aéreas en el mercado; posibilitar que se ofrezca una variedad de opciones al
público viajero y al comercio de carga, alentándolas al desarrollo e
implementación de tarifas innovadoras y competitivas; facilitar la expansión de
oportunidades en el transporte aéreo internacional y garantizar el más alto grado
de seguridad y protección en el transporte aéreo internacional. Todo lo
anterior es congruente con el mandato constitucional que establece
como fin esencial del Estado la promoción del desarrollo y el deber de las
autoridades del Estado de proteger a los habitantes del territorio en su vida,
honra y bienes (CP,  Arts. 2 y 333).
4.5.
Definición – Artículo 1º.
4.5.1. Esta  Corporación ha indicado que,
las definiciones de algunos términos contenidos en los convenios no suelen
vulnerar en sí mismas la Constitución, en tanto “contribuyen a un mejor
entendimiento e interpretación de las cláusulas que integran dicho Convenio,
permitiendo así la correcta aplicación y, por ende, mayor seguridad jurídica” [17].
4.5.2. En
este orden de ideas, las definiciones consagradas en el artículo 1º del
Acuerdo, sobre: “autoridades aeronáuticas”, “acuerdo”, “transporte
aéreo”, “línea aérea de una Parte”, “convenio”, “costo total” y
“transporte aéreo internacional”, no riñen con la Constitución Política, en
la medida que su función es otorgar significados específicos a los términos
empleados por el Acuerdo, para la correcta interpretación y aplicación del
mismo, sin menoscabo de principios constitucionales ni intereses nacionales.
4.6.
Concesión de derechos, autorización y revocatoria- Artículos 2, 3 y 4.
4.6.1. En el artículo 2º se establecen los derechos de tráfico que
se conceden recíprocamente las partes, prescribiendo libertad total en cuanto a
su ejercicio, sin limitaciones geográficas u operacionales, permitiendo a las
líneas aéreas designadas por los países, operar derechos hasta de quinta
libertad entre los territorios y puntos mas allá, inclusive flexibilizando el
cuadro de rutas, para que los vuelos puedan iniciar en puntos anteriores de cada
territorio, lo cual permitiría a las aerolíneas ampliar sus mercados y
consolidar su presencia internacional, además de beneficiar a los usuarios, el
comercio y la conectividad. Igualmente establece la múltiple designación,
permitiendo el libre acceso al mercado a las empresas aéreas comerciales de
cada una de las partes.
Para la Corte, las disposiciones de este artículo, son un claro
desarrollo de los mandatos que sobre las Relaciones Internacionales contiene la
Constitución Política, cuando establece que el Estado deberá promover la
internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, en la medida que los derechos a conceder
se refieren a las aerolíneas de cada una de las partes, las que tendrán un
trato igualitario, sobre bases de reciprocidad (CP., art. 226) y del régimen
económico del Estado Colombiano que promueve la libertad de la iniciativa
privada y la libre competencia económica, las que solo pueden estar limitadas
por el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. (CP.,
arts.  333).
4.6.2 Los artículos 3º y 4º  se refieren al trámite que debe
surtirse para la concesión de autorizaciones y permisos técnicos, así como para
la revocatoria, suspensión, limitación e imposición de condiciones sobre la
autorizaciones de operación o los permisos técnicos de una aerolínea, conforme
a criterios técnicos.
Encuentra la Corte, que las disposiciones antes referidas del
Acuerdo, sobre autorización y revocatoria de permisos, se ajustan a la
Carta Política, al establecer los procedimientos que deben surtirse para la
concesión de autorizaciones y permisos técnicos, resaltando la importancia del
cumplimiento de las normas sobre seguridad y las leyes y reglamentos internos
de cada parte, así como las facultades de los Estados de revocar, suspender,
limitar o imponer condiciones sobre las autorizaciones  y permisos técnicos de
una aerolínea.
Lo anterior, en tanto se garantiza el respeto por la legislación
nacional, al constituirse su incumplimiento, en una causal de revocatoria de
los permisos, y se reitera la facultad de cada Estado de decidir autónomamente
sobre el otorgamiento de autorizaciones o su revocatoria, quedando a salvo la
libre determinación de las autoridades colombianas con respeto de la soberanía
nacional (CP., arts. 2, 4, 9).
4.7.
Aplicación de las leyes, Seguridad y Seguridad de la
Aviación - Artículos 5, 6 y 7.
4.7.1. El artículo 5º señala el respeto y acatamiento  que darán las
aeronaves a la normatividad que sobre la entrada o salida de su territorio de
aeronaves dedicadas a la navegación aérea internacional o a la operación y
navegación de las mismas dentro de su territorio, tengan las Partes, cuando se
cumpla alguno de dichos eventos.
Considera la Sala que las disposiciones anotadas no desconocen la
Carta Política, y por el contrario, respetan la soberanía nacional (C.P. art.
9), en tanto las aerolíneas, las  aeronaves, los tripulantes, la carga  y sus
pasajeros, mientras entren, salgan o se encuentren dentro del territorio
nacional, deberán dar estricto cumplimiento a la legislación y normatividad
colombiana, en especial, con relación al ingreso, despacho, seguridad de la
aviación, inmigración, pasaportes, aduana, cuarentena, o en caso de correo, las
regulaciones postales.
4.7.2. Los artículos 6º y 7º establecen los compromisos de las
partes para cumplir con las políticas de seguridad civil que rigen cada país,
creándose la posibilidad de solicitar consultas sobre los estándares de
seguridad en relación con las instalaciones aeronáuticas, las tripulaciones,
las aeronaves y las operaciones de las líneas aéreas de la otra parte,
reservándose incluso el derecho a retener, revocar, suspender, limitar o
imponer condiciones sobre la autorización de operaciones o del permiso técnico
de una línea aérea de la otra parte en caso de que la otra parte no inicie la
acción correctiva en un tiempo razonable.
Contemplan así mismo, la obligación mutua de proteger la seguridad
de la aviación civil, contra actos de interferencia ilícita como parte integral
del Acuerdo, sin limitar la generalidad de sus derechos y obligaciones conforme
al derecho internacional, es decir, respetando los estándares de
aeronavegabilidad, requisitos y licencias que cada Parte aplique dentro de su
territorio, como también la sujeción a los instrumentos internacionales
existentes sobre seguridad en la aviación civil, los cuales se especifican como
parte del Acuerdo en concordancia con el derecho internacional.
Para la Sala, las normas sobre seguridad  y los
procedimientos que deben seguirse cuando alguna de la partes considera que la
otra las incumple, se avienen a la
Constitución Política, armonizando con los
principios y valores propios del Estado Social de Derecho (CP., art. 1) y con
la obligación del Estado de salvaguardar de los habitantes del territorio en su
vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (CP., arts. 2 y 58), garantizando que las operaciones aéreas se ajusten a
las disposiciones sobre seguridad de la aviación civil tanto internas, como a
los protocolos internacionales como lo son el Convenio sobre Infracciones y
Ciertos otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, firmado en Tokio en
septiembre 14 de 1963, el Convenio sobre la
Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado en la
Haya en diciembre 16 de 1970, el Convenio sobre la represión de Actos ilícitos
contra la seguridad de la Aviación Civil firmado en Montreal, el 23 de
septiembre de 1971 y el Protocolo para la
Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que Presten
Servicios a la Aviación Civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
4.8.
Oportunidades comerciales, Derechos aduaneros y gravámenes, Cargos a los
usuarios, Competencia desleal y fijación de precios. – Artículos 8, 9 10, 11 y
12.
4.8.1. El artículo 8 del Acuerdo sobre
“Oportunidades Comerciales”, señala  el derecho de las líneas aéreas de cada
Parte a: i) establecer oficinas en el territorio de la otra Parte; ii)
introducir personal y mantener en territorio de la otra parte el personal que
requieran para la prestación del servicio, con sujeción a las leyes y
regulaciones de la otra Parte; iii)  proporcionar sus propios servicios de
escala en el territorio de la otra Parte o a seleccionar entre agentes
competidores para que los presten parcial o totalmente, siempre que las
condiciones de seguridad del aeropuerto lo permitan. servicios que se
garantizarán en igualdad de condiciones que para todas las líneas aéreas, en
costos, clase y calidad; iv) a vender los servicios de transporte aéreo en el
territorio de la otra Parte, sea directamente o a través de agentes, a menos
que se disponga otra cosa, en las regulaciones sobre vuelos chárter; v)
convertir y transferir a su país, salvo cuando no sea compatible con el
ordenamiento o regulación aplicable, a cualquier otro país o países de su
elección, previa solicitud, los ingresos locales que excedan las sumas
localmente desembolsadas sin restricciones ni gravámenes a la tasa de cambio
aplicable a las operaciones y transferencias y vi) a pagar los gastos locales
en el territorio de la otra Parte en moneda convertible de acuerdo con la
regulación monetaria del país.
4.8.2. Por su parte el artículo 9º regula los
criterios sobre derechos aduaneros y gravámenes para las Partes, quedando
exentos los elementos, provisiones, combustibles y otros artículos propios del
funcionamiento o la prestación de los servicios en las aeronaves dedicadas al
transporte aéreo internacional en forma reciproca entre las Partes, de todas
las restricciones a la importación, impuestos a la propiedad y gravámenes al
patrimonio, derechos de aduana, impuestos especiales y tarifas y cargos que no
sean impuestos por las autoridades nacionales y no se basen en el costo de lo
servicios prestados, siempre que dichos equipos y suministros permanezcan en la
aeronave.
Se indica que podrá exigirse que el equipo y los
suministros se mantengan bajo supervisión o control de las autoridades
competentes.
4.8.3. El artículo 10 prescribe los aspectos
relacionados con la fijación de cargos a los usuarios, los cuales deberán ser
justos, razonables, no injustamente discriminatorios y se repartirán
equitativamente entre las categorías de usuarios.
4.8.4. El artículo 11 sobre competencia leal señala
que cada Parte concederá una oportunidad justa y equitativa a las líneas aéreas
de ambas Partes para competir en la prestación del transporte aéreo regido en
el Acuerdo y establece las conductas que no podrán realizarse en el desarrollo
del mismo, tales como: i) limitar unilateralmente el volumen de tráfico,
frecuencia y regularidad del servicio, el tipo o tipos de aeronaves operadas,
excepto por razones aduaneras técnicas y operacionales; ii) imponer a las
líneas aéreas de la otra parte, una relación de equilibrio, derechos por la no
objeción o cualquier otro requerimiento con respecto a la capacidad, frecuencia
o tráfico que sea incompatible con el Acuerdo; iii) no se exigirán la
presentación de horarios, programas de vuelos chárter o planes operacionales
para aprobación, a  menos que se requiera sobre una base no discriminatoria.
4.8.5. El artículo 12 sobre fijación de precios
establece que cada Parte permitirá a cada aerolínea que establezca los precios
para el transporte aéreo, sobre consideraciones comerciales del mercado y su
intervención se limitará a: i) la prevención de precios o prácticas
injustificadamente discriminatorias; ii) la protección de los consumidores de
precios excesivamente altos o restrictivos con abuso de posición dominante y
iii) la protección de las líneas aéreas de precios artificialmente bajos debido
al subsidio o apoyo gubernamental directo o indirecto.
Indica que cualquiera de las Partes podrá exigir la
notificación o presentación de los precios a cobrar hacia y desde su
territorio, ante las autoridades aeronáuticas, que ninguna de las Partes podrá
tomar acciones unilaterales para prevenir la inauguración o la continuidad de
un precio propuesto o aplicado y que si alguna de las partes considera que
precio es incompatible con las consideraciones del Acuerdo, deberá solicitar
consultas y notificar a la otra parte sobre las razones de su insatisfacción,
para lo que trataran de llegar a un acuerdo que modifique el precio o en caso
contrario, el precio continuará vigente.
4.8.6. Esta Corporación, no tiene objeción de
constitucionalidad, con relación al contenido de los artículos precedentes, que disponen, las normas sobre gravámenes y derechos aduaneros a
cargo de las aerolíneas, los cargos a los usuarios por parte de las autoridades
y organismos fiscales de cada parte, así como los impuestos por las líneas aéreas,
la promoción de la competencia entre las empresas en la prestación del servicio
de transporte aéreo y los mecanismos para la fijación de precios basados en las
consideraciones del mercado, quedando prohibidas las prácticas restrictivas de
la competencia, en la medida que son coherentes con los postulados
constitucionales que señalan que la actividad económica y la iniciativa privada
son libres, dentro de los limites del bien común y que la libre competencia
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades (CP., art. 333).
4.9.
Consultas, Enmiendas, Terminación, Registro en la
OACI y  Entrada en Vigor -  Artículos 13, 15 16 y 17.
4.9.1. No encuentra la
Corte contradicción entre los artículos 13, 15, 16 y 17del Acuerdo y la
Constitución Política, al tratarse de disposiciones de carácter instrumental,
que definen el procedimiento para la formulación de consultas relativas al
presente Acuerdo y su trámite[18], la forma en que realizaran las enmiendas y su
entrada en vigor, la facultad de cualquiera de las partes de terminar el
Acuerdo y el procedimiento para su culminación, y la obligación de registrar el
presente Acuerdo ante la Organización de Aviación Civil Internacional.
4.9.2. Por el contrario, a juicio de esta
Corporación, las normas contenidas en los artículos precedentes, al ser
disposiciones de carácter operativo, se orientan a la solución pacífica de las
controversias que se puedan presentar entre los Estados, en desarrollo del
Acuerdo, y desarrollan los artículos 9, 224, 226 y
227 de la Constitución Política, al prescribir los mecanismos para la gobernabilidad
del Acuerdo.
4.9.3. Adicionalmente, las disposiciones sobre entrada en vigor, enmiendas y terminación, armonizan
con la Constitución Política, al ser una expresión de la libertad y autonomía
que le asiste al Estado colombiano para suscribir convenios, adherirse a ellos,
proponer modificaciones y  disponer el retiro del mismo, cuando lo considere
conveniente, de acuerdo con el artículo 9 constitucional que determina que las
relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional.
4.10.
Solución de controversias – Artículo 14.
4.10.1. Sobre la solución de controversias, el
acuerdo establece en un primer término, su sometimiento a la decisión de un
tercero (persona u organismo), cuando no se resuelva dentro de los 30 días
siguientes a la fecha establecida para la realización de consultas, y sino a
arbitraje internacional, previendo el procedimiento, plazos y alcance de cada
opción.
4.10.2. Para
la Corte la utilización del arbitraje como mecanismo de solución de
controversias en tratados comerciales, armoniza con la
Carta Política, por cuanto son coincidentes con la obligación estatal de
promover la internacionalización de las relaciones económicas, políticas,
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, asegurando el fortalecimiento de una verdadera integración y
fortaleciendo la pacífica solución de los conflictos en las relaciones
internacionales.
4.10.3.
Adicionalmente, la utilización del arbitraje como mecanismo
alternativo de resolución de controversias en los tratados comerciales, ha sido
convalidada constitucionalmente por esta Corporación, en sentencias de revisión
de tratados internacionales en materia económica, entre las que se pueden
resaltar las siguientes:
-   La
revisión del Convenio entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República del Perú sobre Promoción y Protección Reciproca de Inversiones, la
Corte al aludir a los mecanismos de solución de controversias entre los
Estados Partes o entre uno de los Estados y cualquier inversionista proveniente
del otro consideró que el sometimiento de las diferencias surgidas por la
ejecución, interpretación y aplicación del tratado a la decisión de tribunales
de arbitramento internacionales resultaba conforme con la Constitución[19].
- En igual
sentido, al revisar la constitucionalidad del Acuerdo de complementación
económica suscrito entre los Estados Partes de MERCOSUR y los Países miembros
de la Comunidad Andina y el Primer Protocolo Adicional Régimen de Solución de
Controversias, esta Corporación en  Sentencia C-864 de 2006, manifestó: “Por
otra parte, el Protocolo Adicional para la
Solución de Controversias…no tiene(n) reparo constitucional alguno, pues la
existencia de procedimientos para la resolución de conflictos, permite
garantizar la convivencia pacífica como fin Constitucional reconocido en el
artículo 2° Superior, el cual además asegura el fortalecimiento de una
verdadera integración.”
-  En la
revisión del Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para
la promoción y protección recíproca de inversiones, precisó que la decisión de
someter los eventuales desacuerdos a tribunales de arbitramento se ajustan a la
Constitución Política, en tanto: “Una visión integral de la
Constitución permite concluir que ésta busca, como uno de sus propósitos
fundamentales, la resolución pacífica de los conflictos. Para el logro de este
objetivo consagra una serie de mecanismos que tienden a desconcentrar la
administración de justicia y a establecer mecanismos alternativos de solución
de controversias tales…el arbitramento. En razón de la naturaleza de las
diferencias que pueden suscitarse con ocasión de las inversiones de que trata
el Tratado sub examine, puede llegar a ser mucho más conveniente y pacífico que
sea un organismo internacional especializado o un tribunal de arbitraje quien
las solucione. Por otra parte, la Corte considera que la promoción de la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas de que trata el artículo 226 de la
Carta no sería posible sin el recurso, en determinadas oportunidades, a los
tribunales internacionales”[20].
-  Finalmente en la Sentencia C- 750 de revisión constitucional de la
Ley 1143 de 4 de julio de 2007, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de
América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos, suscritos en Washington el
22 de noviembre de 2006”, la Corte consideró que los mecanismos de solución
de controversias, y específicamente el arbitraje, armonizan con la
Carta Política, por cuanto: “El inciso final del artículo 116 de la
Constitución, señala que los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que señale la ley. De ahí, que el arbitramento haya
sido definido como “un mecanismo alternativo de resolución de conflictos,
expresamente autorizado por la
Constitución Política, mediante el cual las partes de una controversia, en ejercicio
de la autonomía de su voluntad, confían la decisión del conflicto que los
enfrenta a uno o más particulares, que adquieren el carácter de árbitros y
administrarán justicia resolviendo esa disputa específica, a través de un
procedimiento arbitral que finaliza con una decisión plasmada en un laudo
arbitral, cuya obligatoriedad las partes han aceptado de antemano[21]. Los efectos de la
voluntad de las partes han sido expresamente reconocidos por el Estado en
virtud del artículo 116 citado”[22].
4.10.4. En síntesis, las disposiciones sustantivas y adjetivas
concernientes a la solución de controversias, arbitraje y resolución
internacional de conflictos previstos en el presente Acuerdo, armonizan con la
Carta Política (Preámbulo y arts. 9, 29, 116, 226 y 227 de la
Constitución).
4.10.5. En relación con las condiciones y procedimientos para la
designación de los árbitros, el funcionamiento del tribunal y la asunción de
los gastos que se ocasionen compatibiliza con la
Constitución Política, por cuanto establece un trámite adecuado y pertinente
que garantiza la representación equitativa y la libre voluntad para su
designación por los Estados Partes que tiende a repercutir favorablemente en la
integración comercial.
4.11.
Anexo - Disposiciones Transitorias.
4.11.1. El Anexo prevé cuatro secciones que
establecen las disposiciones transitorias que
regularán los servicios combinados regulares entre los dos países hasta el 31
de diciembre de 2012. Dichas disposiciones regulan el Cuadro de Rutas (Sección
1), la Capacidad (Sección 2), los Acuerdos de Cooperación Comercial (Sección 3)
y la Caducidad del Anexo (Sección 4). En cuanto al cuadro de rutas, no obstante las disposiciones del
Artículo 2 sobre la Concesión de Derechos, se aumentan los puntos para la
operación de las aerolíneas colombianas, pasando de Miami, New York,
Orlando, San Juan, Los Ángeles o San Francisco, Washington, Atlanta y Houston,
a cinco puntos adicionales a ser escogidos por la autoridad aeronáutica
colombiana.
En cuanto a la “Capacidad”, hasta el año 2012, el Anexo contempla
que cada parte aumentará hasta 21 frecuencias semanales en las rutas ya
operadas para un total de ciento doce (112) frecuencias para Estados Unidos y
ciento veinte (120) para Colombia y que en las rutas nuevas no habrá
limitaciones. Prescribe además que de 2012 a 2013 ambos países podrán
incrementar en 21 frecuencias semanales adicionales en las rutas operadas para
un total de ciento treinta y tres (133) frecuencias para Estados Unidos y
ciento cuarenta y uno (141) para Colombia y que  en las rutas nuevas no habrá
limitaciones. A partir del 1° de enero de 2013 entrará en vigencia el acuerdo
de cielos abiertos entre los dos países, cuando habrá libertad de frecuencias para ambas Partes, entre otros elementos de
liberalización.
Adicionalmente se consagró la posibilidad de
que las aerolíneas ofrezcan sus servicios a través de acuerdos de cooperación,
con aerolíneas de terceros países, así: con aerolíneas del continente americano
a partir de la fecha y con aerolíneas de cualquier nacionalidad a partir del 1°
de enero de 2012.
Finalmente consagra que el Anexo expirará el
31 de diciembre de 2012.
4.11.2. Al no proceder la aplicación provisional
anticipada de este Acuerdo, la entrada en vigor de las disposiciones
transitorias contenidas en el Anexo sigue la suerte del Tratado de que hacen
parte, para el evento de que hayan continuado produciendo efectos después de su
expiración.
5.
Inexequibilidad de la Aplicación provisional por violación del artículo 224 de
la Constitución.
5.1. El
artículo 224 como parámetro de control constitucional.
Sobre la
aplicación y validez de los tratados, El artículo 224 de la Constitución
Política, establece:
“Los tratados, para
su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente
de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza
económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que
así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en  vigor
provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación, si el
Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.”
5.2.
Precedente jurisprudencial en materia de control constitucional de cláusulas de
aplicación provisional de los tratados. Modificación jurisprudencial.
5.2.1. Esta
Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades frente a la aplicación
provisional de los tratados, contenida en el precepto constitucional, resaltando
la necesidad de que se cumplan las condiciones en él previstas, de manera
concurrente.
- En la
Sentencia C-378 de 1993, a través de la cual se realizó la revisión oficiosa
de constitucionalidad de la Ley 39 de 1993, mediante la cual se aprobó el
Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República de Cuba, suscrito el 7 de julio de 1978, esta Corporación declaró la
exequibilidad de la ley y de su convenio aprobatorio, con excepción de la
expresión “entrará provisionalmente en vigor el día de su firma” del
artículo XVI del Convenio.
El convenio
prescribía en su artículo XVI que este “entrará provisionalmente en vigor
el día de su firma y definitivamente, cuando sea ratificado por los órganos
competentes de cada país, de acuerdo con la legislación vigente para cada una
de las Partes.
En la
revisión de la constitucionalidad del citado artículo, esta Corporación,
consideró que:
“De otra parte el
artículo XVI del Convenio, dispone una vigencia provisional del mismo, que sólo
vendrá a ser definitiva cuando sea ratificado por los órganos competentes de
cada país. Este expediente de la vigencia provisional de los tratados antes de
su aprobación y ratificación no se encontraba en la Constitución Política
vigente al momento en que se suscribió el Convenio. Y la actual Carta Política,
que podría venir a convalidar esa circunstancia, tampoco la autoriza para
tratados internacionales cuyo contenido sea distinto a los de naturaleza
económica y comercial "acordados en el ámbito de organismos internacionales
que así lo dispongan". Pues bien dos condiciones se requieren según la
Carta Política de 1991 (art. 224 C.N.), para que el Presidente de la República
pueda dar aplicación provisional a un tratado internacional: La primera, que
tenga naturaleza económica y comercial, y la segunda que haya sido acordado en
el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan. Condiciones que
tienen además un carácter concurrente, conclusión a que se llega luego de
determinar su carácter excepcional y en consecuencia de interpretación
restrictiva. Más aún el nuevo orden constitucional impone la obligación de que
tan pronto entre en vigor provisionalmente el tratado, el gobierno "deberá
enviarlo al Congreso para su aprobación". Como una garantía más de la soberanía
colombiana y de la autonomía de la República.”
Para la Corte en este oportunidad, las cláusulas de  los tratados
que dispongan la aplicación provisional de los mismos, cuando no reúnan de
manera concurrente los requisitos prescritos por el artículo 224
constitucional, referidos a que se trate de acuerdos de naturaleza económica y
comercial y que hayan sido acordados en el ámbito de organismos internacionales
que así lo dispongan, contravienen la constitución y deben ser declaradas inexequibles.
- En la
sentencia C- 249 de 1994, con motivo de la revisión oficiosa de la
Ley 71 de 1993, “por medio de la cual se aprobó el canje de notas
constitutivo del Acuerdo entre Colombia y Brasil, para la reciproca exención de
doble tributación  favor de empresas marítimas o aéreas de ambos países”[23],
suscrito en Bogotá, el 28 de junio de 1971, esta Corporación resolvió su
exequibilidad, al considerar que la
Constitución de 1991, consagraba expresamente en su artículo 224 la figura de
la aplicación provisional de los tratados, restringiendo su uso a los de
naturaleza económica y comercial, condición que se cumplía en el acuerdo sub
examine.
Al respecto
el canje de notas en su numeral VIII señalaba:
“Este acuerdo entrará en vigor provisionalmente en la
fecha de la nota de respuesta de Vuestra Excelencia, y definitivamente en la
fecha que los dos Gobiernos se comuniquen haber cumplido en cada país las
exigencias relativas a su ratificación. En caso de que una de las partes
comunique el no haber sido posible aquella ratificación, cada parte estará en
libertad para exigir a las empresas de navegación marítima o aérea de la otra
parte que se paguen los impuestos que no hubiesen sido recaudados durante la
vigencia provisional.”
Al respecto,
la Corte concluyó que la Constitución de 1991, consagró expresamente en el
artículo 224, la figura de la aplicación provisional de los tratados,
restringiendo su uso a los tratados de naturaleza económica y comercial, de
manera que en tratándose de estas precisas materias, se podrá pactar la
cláusula de aplicación provisional, caso en el cual, el Gobierno debe someter
inmediatamente el respectivo tratado a la aprobación del Congreso. En tanto que
si el tratado versa sobre materias distintas a las contempladas en el artículo
en mención, y se consagra esta cláusula especial, el respectivo negociador
tendrá que hacer uso de la figura de la "reserva".
-
En Sentencia 109 de 1996, esta Corporación declaró la exequibilidad de la
Ley 197 de 12 de julio de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Programa Mundial de
Alimentos P.M.A. de las Naciones Unidas"[24],
firmado el 21 de julio de 1994.
El Acuerdo
bajo examen prescribía la aplicación provisional en los siguientes términos:
“ARTICULO VI
APLICACION
PROVISIONAL, ENTRADA EN VIGOR Y DURACION
1.
El presente Acuerdo se
aplicará provisionalmente desde el momento de su firma. Esta aplicación
provisional terminará en el momento en que una de las partes notifique a la
otra su atención de no llegar a ser parte en el acuerdo y terminará igualmente
si se produce su entrada en vigor definitivo, en los términos del párrafo 2 del
presente Artículo.”
En su
pronunciamiento la Corte concluyó que la aplicación provisional del acuerdo se
ajustaba al artículo 224 constitucional, en tanto conforme a su objeto,  su
naturaleza era económica y comercial al buscar “... propiciar
operaciones triangulares entre Colombia, el P.M.A. y otros países de la región,
que permitan la monetización de productos de dicho programa, especialmente de
trigo, permitiendo su monetización y posterior distribución entre países de
América Latina y el Caribe, con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo
económico y social.”; haberse suscrito con la
Organización de las Naciones Unidas, a través del P.M.A., programa de acción
diseñado y ejecutado por la citada Organización y por la
FAO, en el ámbito de sus competencias; y encontrarse previsto expresamente en
su artículo IV.
- Esta
Corporación en la Sentencia C- 400 de 1998, abordó el examen de
constitucionalidad de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales”, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986" [25]
y de la Ley No 406 del 24 de octubre de 1997 por medio de la cual se aprobó.
El texto de la
Convención en su artículo 25, señala:
“Aplicación
provisional
1. Un tratado o una
parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor:
a) si el propio
tratado así lo dispone; o
b) si los Estados
negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el caso, las
organizaciones negociadoras han convenido en ello de otro modo.
2. La aplicación
provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un Estado o de una
organización internacional  terminará si ese Estado o esa organización notifica
a los Estados y a las organizaciones con respecto a los cuales el tratado se
aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a
menos que el tratado disponga o los Estados negociadores y las organizaciones
negociadoras o, según el caso, las organizaciones negociadoras hayan convenido
otra cosa al respecto.”
Dicha
providencia, declaró su exequibilidad, siempre y cuando el Gobierno de Colombia
formulara, al depositar el instrumento de ratificación, algunas reservas y
declaraciones interpretativas, entre las cuales se encontraba la relativa al
artículo 25, sobre la que señaló: “b) En relación con el artículo 25,
Colombia precisa que sólo son susceptibles de aplicación provisional por
Colombia, sin previa aprobación por el Congreso y revisión por la
Corte Constitucional, los tratados de naturaleza económica y comercial
acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo
dispongan.”
En suma,
concluyó que solo es constitucional la interpretación del artículo 25 de la
Convención de Viena, bajo el entendido que se reúnan además de las condiciones
en ella establecidas, las contenidas en el precepto constitucional (CP. Art.
224).
- En
sentencia C- 1314 de 2000, con motivo del examen de constitucionalidad de la Ley 557 del 2 de febrero de 2000 y del "Acuerdo sobre
el Programa Internacional para la
Conservación de los Delfines”[26],
suscrito en Washington D.C., el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos
noventa y ocho (1998), en la que en su artículo XXIX establecía la facultad de
los Estados de aplicarlo provisionalmente, concluyó la
Corte que era exequible en tanto “la
aplicación provisional del Convenio en estudio se sujeta a lo previsto al
respecto por el artículo 224 de la
Constitución Política y esta disposición asigna al Gobierno Nacional la
facultad de tomar dicha decisión, siempre y cuando el tratado sea de naturaleza
económica y comercial y se hubiere acordado en el ámbito de organismos
internacionales, corresponde a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determinar si el acto que lo
puso en aplicación cumplió con los requisitos y condiciones impuestos por el
mandato superior.”
-  En providencia C- 334 de 2002, la Corte declaró la exequibilidad
de la Ley 661 del 30 de julio de 2001 por medio de la cual se aprobó el “Acuerdo
de alcance parcial de complementación económica entre los Gobiernos de las
Republicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países miembros de la
Comunidad Andina, y el Gobierno de la Republica Federativa del Brasil”[27]
suscrito en Montevideo el doce (12) de agosto de 1999, cuyo texto
establecía la siguiente cláusula de aplicación provisional y sobre la que no
hubo un examen particular.
“Artículo 22
El presente Acuerdo
entrará en vigor el 16 de agosto de 1999 y tendrá una duración de 2 años,
pudiendo ser renovado por acuerdo entre las Partes Signatarias. A tal efecto,
las Partes Signatarias, conforme a sus legislaciones, podrán disponer la
aplicación provisional de este Acuerdo, hasta tanto se surtan los trámites
constitucionales para su entrada en vigor.”
- En la sentencia C- 369 de 2002, que se ocupó de la revisión
oficiosa del “Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios con la lista de compromisos específicos de Colombia anexa” [28]hecho
en Ginebra el 15 de abril de 1997, y de la Ley 671 del 30 de julio de 2001, por
medio la cual se aprobó dicho protocolo, la Corte resaltó que “el protocolo
al AGCS fue suscrito irregularmente, por cuanto el representante de Colombia
habría comprometido internacionalmente a Colombia, antes de que el tratado
hubiera sido aprobado por el Congreso y su constitucionalidad hubiera sido
revisada por esta Corte.”. Y señaló que se trataba de una situación
anormal, en tanto el Presidente sólo podía comprometer a Colombia por un
tratado, cuando éste ya ha sido aprobado por el Congreso y su
constitucionalidad ya ha sido revisada por la Corte y resaltó que la única
excepción “es  la posibilidad que tiene el Gobierno de dar aplicación
provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el
ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan (CP art. 224).”
Al respecto,
consideró que “la solución a esta atípica situación consiste en entender
que, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento constitucional, esa firma
del representante del Estado colombiano era únicamente ad referéndum, y no
podía, conforme a nuestra Carta, comprometer internacionalmente a Colombia,
antes de la aprobación del Congreso y de la revisión de constitucionalidad de
esta Corte, pues la Constitución es inequívoca al respecto: los tratados, para
su validez, deberán ser aprobados por el Congreso (CP art. 214), todo convenio
o tratado celebrado por el Presidente con un Estado o con una organización
internacional deberá ser sometido a la aprobación del Congreso (CP art. 189 ord
2º), y el Gobierno sólo podrá ratificar el tratado si la
Corte ha revisado su constitucionalidad y declarado su exequibilidad (CP art.
241 ord 10).
Finalmente
concluyó que la firma del representante del Estado colombiano antes de la
aprobación del Congreso de la República y la revisión constitucional, se
entiende ad referéndum y no compromete internacionalmente a Colombia, en la
medida que solo es posible la aplicación provisional de los tratados que reúnan
las condiciones prescritas por el artículo 224 de la
Carta Política, de versar sobre asuntos económicos y comerciales, haberse
acordado en el ámbito de organismos internacionales y que así lo dispongan.
-
En Sentencia 536 de 2002, esta Corporación con ocasión de la revisión
oficiosa de la Ley 702 de 2001, por medio de la cual se aprobó la
“Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares”[29]
adoptada en Viena el veintiséis  (26) de septiembre de mil novecientos ochenta
y seis (1986), examinó la aplicación provisional de la misma, que en su
artículo 13, establecía: “APLICACIÓN PROVISIONAL. Todo Estado podrá, en
el momento de la firma o en cualquier otra fecha posterior antes de que la
Convención entre en vigor para ese Estado, declarar que aplicará la
Convención provisionalmente.”
-
Al respecto,
la Corte la declaró exequible, al considerar que las disposiciones que regulan
los aspectos relativos a la solución de las controversias surgidas en la
aplicación del Convenio, a la entrada en vigencia, a su aplicación provisional,
a sus enmiendas, denuncia, al depositario del instrumento y al texto auténtico,
junto con sus copias, no ofrecen reproche de constitucionalidad alguno, por
carecer de relación material con la notificación de accidentes nucleares, y
tratarse de mecanismos regulares que se insertan en una convención
internacional para facilitar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.
La sentencia
C-581 de 2002, se ocupó de la revisión constitucional de la
Ley 722 del 24 de diciembre de 2001 “Por medio del cual se aprueba el
Acuerdo del alcance parcial  de complementación económica No. 48  entre el
Gobierno de la República Argentina y los Gobiernos de las Repúblicas de
Colombia, Ecuador,  Perú y Venezuela, Países miembros de la comunidad
Andina"[30]
suscrito en Montevideo, el veintinueve (29) de junio de dos mil (2000),
declarándola exequible.
-
El texto del Acuerdo en su Capitulo XII,
artículo 22, precisaba:
CAPITULO XII
Vigencia Artículo 22 El presente Acuerdo entrará en vigor el 1º de agosto de
2000, y tendrá vigencia hasta el 15 de agosto de 2001, pudiendo ser renovado
por acuerdo entre las Partes Signatarias. A tal efecto, las Partes
Signatarias, conforme a sus legislaciones, podrán disponer la aplicación
provisional de este Acuerdo, hasta tanto se cumplan los trámites para su
entrada en vigor. En el momento en que suscriba un Acuerdo de
Complementación Económica para la creación de una Zona de Libre Comercio entre
la Comunidad Andina y el Mercosur, dicho Acuerdo reemplazará al presente.
La Corte se
refirió a la aplicación provisional, cuando anotó que en desarrollo de lo
preceptuado en el artículo 224 Superior, y de lo convenido en el artículo 22
del instrumento internacional, éste fue aplicado provisionalmente por el
Presidente de la República mediante el Decreto No. 1595 del 22 de agosto de
2000 y una vez entró en vigor provisional, fue presentado al Congreso para su
aprobación; y concluyó que “examinado
el conjunto del articulado del Acuerdo objeto de examen y sus anexos esta
Corporación concluye que dicho instrumento internacional no viola ninguna norma
de la Constitución. Tampoco se observa motivo alguno de inconstitucionalidad en
la Ley 722 de 2001, aprobatoria del mencionado Acuerdo.”
- Esta
Corporación en providencia C- 896 de 2003, se pronunció sobre la
constitucionalidad del artículo 89 de la Ley 788 de 2002, por la presunta
vulneración del artículo 224 de la
Constitución, en razón de que mediante una ley ordinaria se incorporaron
acuerdos interinstitucionales con agencias de gobiernos extranjeros, sin que el
Congreso los hubiera aprobado y la
Corte Constitucional los hubiera revisado, otorgándole un efecto probatorio a
acuerdos que, de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, no
tendrían validez alguna.
La
disposición acusada en esa oportunidad, señalaba:
Artículo 89. Adicionase un
inciso al artículo 742 del Estatuto Tributario, el cual queda así:
“Las pruebas obtenidas y allegadas en
cumplimiento de acuerdos interinstitucionales recíprocos de intercambio de
información con agencias de gobiernos extranjeros, en materia tributaria y
aduanera, serán valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica con
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan en los respectivos
acuerdos”.
La
Corte en dicha oportunidad, hizo una presentación de los requisitos que deben
cumplirse para la suscripción y adopción de tratados internacionales y sobre la
aplicación provisional de los mismos, y precisó:
“Por excepción, el
tratado o convenio podrá aplicarse provisionalmente antes de su aprobación
mediante ley, pero sólo cuando su naturaleza corresponda a temas económicos y
comerciales.  En este caso, con su entrada en vigor el tratado o convenio debe
enviarse al Congreso para su aprobación, y si éste no lo aprueba, se suspenderá
su aplicación.  Sobre este punto registra la
Corte en la prenotada sentencia:
La Corte insiste en
que esta posibilidad de aplicación provisional de los tratados, antes de su
aprobación por el Congreso y la revisión de la Corte, es una excepción al
procedimiento ordinario previsto por la Carta en esta materia, por lo cual es
de interpretación rigurosa y estricta, y no admite analogías. Únicamente se
puede utilizar esa figura en relación con los convenios económicos y
comerciales adoptados en organismos internacionales que así lo dispongan.
Además, como lo establece la Carta, tan pronto entre en vigor provisionalmente
el convenio respectivo, es deber del Presidente someterlo al Congreso, y si
éste no lo aprueba, se suspenderá su aplicación.”
La Corte declaró la inexequibilidad del articulo
89 de la Ley 788 de 2002, al considerar que “crea
una atribución directa en cabeza de funcionarios que carecen de competencia
para celebrar tratados o convenios de carácter internacional a nombre de la
República de Colombia, con el subsiguiente quebranto de los cánones superiores
que radican tal competencia en el Presidente y sus agentes diplomáticos
debidamente acreditados para el efecto.”
- En la sentencia C- 280 de 2004, esta Corporación examinó la
constitucionalidad del “Convenio-Marco Relativo  a la Ejecución de la
Ayuda Financiera y Técnica y de la Cooperación Económica en la República de
Colombia en virtud del Reglamento “Ala”[31],
firmado en Bruselas el diecisiete (17) de octubre de dos mil (2000) y en
Bogotá el catorce (14) de diciembre de dos mil (2000) y su ley aprobatoria 825
de 2003, declarándolo exequible.
Frente a la
clausula contenida en su artículo 10[32] que permitía
la aplicación provisional, señaló:
“El Art. 10
preceptúa que, sin perjuicio de lo señalado en el mismo artículo sobre la
entrada en vigor del convenio, éste se aplicará provisionalmente a partir de la
fecha de su firma y hasta el momento de su entrada en vigor definitiva.
Esta norma guarda
conformidad con lo establecido en el Art. 224 de la Constitución, que preceptúa
que el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los
tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de
organismos internacionales, que así lo dispongan, caso en el cual tan pronto
como el tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso
para su aprobación.”
-
En 2007, mediante sentencia C- 923, la
Corte revisó la constitucionalidad de la
Ley 1704 de 2006, Por medio de la cual se aprueba el ´Acuerdo de
Complementación Económica No. 33 (Tratado de Libre Comercio) celebrado entre la
República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la
República Bolivariana de Venezuela-Sexto Protocolo Adicional´, suscrito en la
ciudad de Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil
cinco (2005)”[33].
-
El Acuerdo
en su artículo 2º  sobre aplicación provisional, prescribía:
“El presente
Protocolo entrará en vigor una vez que las Partes se intercambien las
comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han
concluido.
Lo establecido en
el párrafo anterior no impedirá que Colombia conforme a su legislación, dé
aplicación provisional al presente Protocolo.
La Secretaría
General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará
copias debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.”
La
Corte en esta oportunidad reiteró la jurisprudencia anterior cuando señaló:
“Para la
Corte el que el Acuerdo bajo revisión establezca la entrada en vigencia en la
forma que ha sido dispuesta por los negociadores de las partes resulta ajustado
a la Constitución.
También guarda
conformidad con la Constitución, el que se hubiera previsto la aplicación
provisional del presente instrumento internacional por parte de nuestro país,
al resultar acorde a lo dispuesto en el artículo 224 superior, que señala: “Los
tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo,
el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los
tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito
de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto
como un tratado entre en vigor provisionalmente deberá enviarse al Congreso
para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación
del tratado”.
(…)
En consecuencia,
las condiciones para hacer uso excepcional de la aplicación provisional de un
instrumento internacional se cumplen en este caso por cuanto se está ante un
tratado de naturaleza comercial, acordado en el ámbito de organismos
internacionales como la ALADI y enviado por el Presidente de la República para
la aprobación del Congreso que culminó con la expedición de la Ley 1074 de
2006.”
Esta
Corporación declaró la exequibilidad de la
Ley 1704 de 2006, y sobre la aplicación provisional, concluyó que son constitucionales
las cláusulas que prevean la aplicación provisional de los tratados, siembre
que sean de naturaleza económica y comercial y hayan sido acordados en el
ámbito de un organismo internacional, conforme a lo previsto en el artículo 224
constitucional.
- En la Sentencia C- 248 de 2009, se examinó la constitucionalidad
de el “Acuerdo de Complementación Económica número 33 (Tratado de
Libre Comercio) celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos
Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela, Séptimo Protocolo Adicional”[34],
y de la Ley 1211 del 16 de julio de 2008, que en su artículo 10, estableció
que el protocolo entraría en vigor una vez las Partes intercambiaran las
comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han
concluido y señaló que ello no impedía que Colombia, conforme a su legislación,
diese aplicación provisional al mismo.
Concluyó la
Corte que en el presente caso, se dio cumplimiento a las condiciones para
hacer uso excepcional de la aplicación provisional de un instrumento
internacional, por cuanto “(i) se está ante un tratado de naturaleza
comercial, (ii) acordado en el ámbito de organismos internacionales como la
ALADI y (iii) enviado por el Presidente de la
República para la aprobación del Congreso que culminó con la expedición de la
Ley 1211 de 2008.”
- Esta Corporación en la sentencia C-446 de 2009, revisó la
constitucionalidad de la Ley 1241 de 2008, “Por medio de la
cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio celebrado entre la
República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras,
hecho y firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de 2007”
y los “Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo 3 relativo al
Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado Sección Agrícola –Lista de
Desgravaciones de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras, del 16 de
enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente”[35].
El Tratado
en su Capítulo 21 sobre  “Disposiciones Finales”, establece entre otras, la
posibilidad de aplicación provisional del mismo, y frente a ello, esta
Corporación  dijo:
“Así las cosas, la
cláusula de aplicación provisional descrita, se ajusta a la
Carta Política, teniendo en cuenta que a partir de la
Constitución de 1991 en Colombia existe la posibilidad de aplicar
provisionalmente los tratados de naturaleza económica y comercial negociados en
el marco de una organización internacional, de acuerdo con el artículo 224
superior previamente enunciado. No obstante, la
Corte ha insistido en que “esta posibilidad de aplicación provisional de
los tratados, antes de su aprobación por el Congreso y la revisión de la
Corte, es una excepción al procedimiento ordinario previsto por la
Carta en esta materia, por lo cual es de interpretación rigurosa y estricta, y
no admite analogías. Únicamente se puede utilizar esa figura en relación con
los convenios económicos y comerciales adoptados en organismos internacionales
que así lo dispongan. Además, como lo establece la
Carta, tan pronto entre en vigor provisionalmente el convenio respectivo, es
deber del Presidente someterlo al Congreso, y si éste no lo aprueba, se
suspenderá su aplicación.”[36].
En ese orden de
ideas, el Tratado que se enmarca dentro de los compromisos establecidos por
Colombia en el marco de la
Organización Mundial del Comercio cumple con la
Carta. En el caso particular del TLC con los países del Triángulo Norte, el
artículo 1.1 del TLC establece que la zona de libre comercio se crea de
conformidad con el GATT y el AGCS de la
OMC. Esta aplicación provisional además se enmarca en los parámetros
establecidos en el artículo 25 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que autoriza la
aplicación provisional de dichos instrumentos internacionales en ciertas
circunstancias.
Así, y dado que el
tratado bajo análisis cumple los requisitos para que se dé su aplicación
provisional, no se encuentra que la disposición analizada vaya en contravía de
la Constitución.”
Concluyó la Corte, que la ley 1241 de 2012, era exequible, y sobre
la aplicación provisional, señaló que no contraviene la
Constitución, la aplicación provisional de los tratados, cuando se trate de
convenios comerciales y económicos y hayan sido acordados en el marco de un
organismo internacional.
- En la Sentencia C-051 de 2012, la Corte declaró la exequibilidad
de la Ley 1457 de 2011, mediante la cual se aprobó el “Protocolo
modificatorio al “Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos,
la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en la ciudad de
Cartagena de Indias, Colombia, el trece de junio de mil novecientos noventa y
cuatro”[37], firmado
simultáneamente en Bogotá D.C. y Ciudad de México el once (11) de junio de dos
mil diez (2010).
El artículo
12 del Protocolo, contemplaba la posibilidad de su aplicación provisional, en
los siguientes términos:
“El
presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de la última comunicación por
escrito, a través de la vía diplomática, en que las Partes se hayan notificado
la conclusión de sus respectivos procedimientos legales internos para la
entrada en vigor de este Protocolo.
Lo establecido en
el párrafo anterior no impedirá que la República de Colombia, de conformidad con
su legislación nacional, aplique provisionalmente el presente protocolo.
(…).”
Con
referencia a la cláusula de aplicación provisional, esta Corporación consideró:
“(…)
Adicionalmente, faculta a la República de Colombia para que, a manera de
excepción a la regla general de entrada en vigencia del Protocolo, pueda
aplicarlo provisionalmente.  Esta previsión no hace nada distinto que reiterar
la hipótesis normativa prevista en el artículo 224 C.P., que inviste al
Presidente de esa facultad de aplicación provisional, cuando se trate de
tratados de naturaleza económica y comercial.  Además, el Protocolo
Modificatorio supedita tal posibilidad a que se realice “de conformidad con
su legislación nacional”, lo que refuerza la constitucionalidad de la
medida.  De otro lado, no puede perderse de vista que la jurisprudencia
constitucional ya ha declarado la exequibilidad de cláusulas del mismo tenor.
Así, la sentencia C-923/07 antes reseñada señaló frente a un contenido
normativo análogo que “…las condiciones para hacer uso excepcional de la
aplicación provisional de un instrumento internacional se cumplen en este caso
por cuanto se está ante un tratado de naturaleza comercial, acordado en el
ámbito de organismos internacionales como la ALADI y enviado por el Presidente
de la República para la aprobación del Congreso que culminó con la expedición
de la Ley 1074 de 2006. Finalmente, debe recordarse que la aplicación
provisional del Tratado del Libre Comercio de 1994, encontró respaldo de esta
corporación en la sentencia C-178 de 1995.”
Concluyó
así, que son constitucionales las cláusulas de aplicación provisional, cuando
se trate de tratados de naturaleza económica y comercial, acordados en el ámbito
de organismos internacionales, y enviados de manera inmediata por el Presidente
de la República al Congreso para su aprobación.
En
consecuencia consideró que por la naturaleza del acuerdo, se ajustaba a la
Constitución su aplicación provisional, mientras se surtían los trámites para
su ratificación.
- En
providencia de 19 de febrero de 2014, esta Corporación examinó la
constitucionalidad del “Acuerdo Internacional del Café de 2007”,
adoptado por el Consejo Internacional del Café en su 98° período de sesiones,
en Londres, Reino Unido, el 28 de septiembre de 2007, así como de la ley
aprobatoria 1589 del 19 de noviembre de 2012 y concluyó su exequibilidad, cuando
anotó: “Para la
Corte Constitucional los mencionados contenidos del Acuerdo Internacional del
Café de 2007, en nada contradicen los preceptos de la
Carta Política, el cual valga anotar, se encuentra surtiendo efectos jurídicos
de manera provisional mediante el Decreto 4298 de 2008, conforme lo establece
el artículo 224 de la Constitución[38].”
Además de
las providencias antes reseñadas, la Corte se ha pronunciado sobre la
constitucionalidad de otros instrumentos internacionales,  que si bien prevén
en su articulado la aplicación provisional, no se hizo un pronunciamiento sobre
el tema de manera particular[39].
5.3.
Conclusiones sobre la línea jurisprudencial.
5.3.1. Del
examen de la jurisprudencia precedente, se puede concluir que la Corte le ha
hecho control constitucional a un numero aproximado de 22 instrumentos
internacionales o disposiciones con clausulas de aplicación provisional, las
cuales han sido pactadas en su mayoría, en tratados multilaterales[40],
y tan solo de manera excepcional en tratados bilaterales, como en el Canje de
Notas con la República de Brasil, para la exención de la doble tributación, los
Acuerdos complementarios al TLC con México, y el Acuerdo celebrado entre la
Republica de Colombia y el Programa Mundial de Alimentos.
5.3.2. Se
puede colegir que la aplicación provisional se ha pactado de forma mayoritaria
en instrumentos de naturaleza económica y comercial, pero también se ha
incluido en tratados ajenos a tales materias, como la
Convención sobre la notificación de accidentes nucleares, la cual fue
declarada exequible por esta Corporación, sin que se hubiese profundizado en la
naturaleza del acuerdo; el Acuerdo sobre el Programa
Internacional para la Conservación de los Delfines, el cual fue declarado exequible, considerando que el examen de la
constitucionalidad de su aplicación provisional, correspondía a la jurisdicción
contencioso administrativa, por tratarse de un control sobre el acto a través
del cual el Presidente de la República lo pondría en vigencia; la
Convención sobre Municiones en Racimo, declarado exequible en su integridad, y
finalmente el Convenio Cultural y Educativo entre Colombia y Cuba, cuya
cláusula de aplicación provisional fue declarada inexequible en la sentencia
C-378 de 1993, en la que se resaltó que para poder contemplar la aplicación
provisional de los tratados, estos deben cumplir concurrentemente las
condiciones consagradas en el artículo 224 constitucional.
5.3.3.
Frente al cumplimiento de la condición referida a que se trate de tratados que
se hayan acordado en el ámbito de organismos internacionales, cabe resaltar que
en las sentencias examinadas no se encontró un análisis riguroso  sobre este
asunto, encontrándose así un vacío interpretativo que obstaculiza una adecuada
aplicación del artículo 224 constitucional.
Por lo
expuesto, encuentra la Corte la necesidad de establecer unos criterios que
permitan delimitar la facultad de aplicación provisional de los tratados, por
parte del Presidente de la Republica,  y el alcance del control constitucional
de los instrumentos internacionales que así lo prevean.
5.4.
Modificación de la jurisprudencia sobre el juicio estricto de la aplicación
provisional de los tratados.
Como consecuencia de lo antes expuesto, esta Corporación
considera que para el examen del cumplimiento de lo prescrito por el artículo
224 de la Constitución, sobre la aplicación provisional de los tratados por
parte del Presidente de la República, se  deben tener en cuenta los siguientes
criterios:
5.4.1.
Tratados de tratados de naturaleza económica o comercial.
Al respecto,
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969, definió el
Tratado en los siguientes términos:
“Artículo 2º
1. para los efectos
de la presente Convención:
a)Se entiende por
“Tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido
por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o mas
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;
(...)”
Por su parte, la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales del año 86, dispone en su artículo 2º, numeral 1, literal a):
“(...)
1. para efectos de
la presente Convención:
a) Se entiende por
“Tratado” un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y
celebrado por escrito:
i) Entre uno o
varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; o
Entre
organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en instrumento único o en
dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular,
(...)”
En suma, para que pueda considerase que se trata de un Tratado,
deberá ser un acuerdo celebrado entre sujetos de derecho internacional, es
decir: entre Estados, entre organizaciones internacionales y Estados o entre
organizaciones internacionales.
5.4.2. Ahora bien, que sean “Tratados de naturaleza económica o
comercial”,  entraña la necesidad de establecer los objetivos del
tratado, con el fin de poder identificar si sus disposiciones apuntan a
fomentar y fortalecer las relaciones en dichas materias, como:  promover la
inserción de la economía de los Estados en los mercados internacionales,
facilitar los intercambios comerciales, los movimientos de productos, de
servicios y de capitales, favorecer el desarrollo y el crecimiento económico,
propugnar por la generación de empleo, modernizar el aparato productivo,
mejorar los niveles de vida de la población, promover las inversiones
nacionales y extranjeras, ampliar mercados, promover el crecimiento económico,
garantizar los derechos de personas o empresas a invertir en el país, promover
condiciones para la competencia económica, entre otros.
Sobre este
punto, la Sentencia C-446 de 2009, expresó:
“Como resultado de
esta situación, el comercio internacional le ha exigido a los países, la
consolidación de políticas estatales bilaterales y multilaterales, orientadas
en general hacia una mayor integración de las economías, a fin de establecer
modelos de intercambio de bienes y servicios con efectos principalmente sobre
las barreras arancelarias y no arancelarias que limitan el comercio exterior.
Esta mayor liberalización de los mercados globales, ha traído como consecuencia
también, una mayor competencia económica entre países y un mayor interés por
atraer inversión y abrir nuevos mercados, lo que ha suscitado una tendencia
creciente entre las naciones a la celebración de acuerdos de promoción y
regulación del comercio mucho más ambiciosos, con el objeto de promover el
desarrollo, el crecimiento económico y la competitividad. Como resultado de lo
anterior, casi todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), forman parte hoy de uno o más acuerdos regionales de comercio de diverso
alcance, propiciando la coexistencia de iniciativas económicas tanto en ámbitos
multilaterales, como regionales.”
Entre los
tipos de tratados de índole comercial y económica, se pueden citar entre otros,
los tratados de complementación económica[41],
los acuerdos de integración económica[42], los tratados de Libre comercio[43],
los acuerdos de alcance parcial[44],
los acuerdos comerciales regionales[45], las uniones
aduaneras[46], los  acuerdos de preferencias comerciales[47],
entre otros.
5.4.3.  Al considerar
la excepción para la aplicación provisional de los tratados por parte del
Gobierno Nacional, la Constitución en su artículo 224, exige que estos se hayan
acordado en el ámbito de un organismo internacional, hace necesario definir que
alcance que tienen dichas las expresiones.
5.4.3.1.
Desde el punto de vista del derecho internacional, que un tratado sea
“acordado”, hace referencia al proceso de negociación y deliberación del
contenido del instrumento y a la autenticación y adopción del mismo por las
partes, proceso que se surte antes de la firma, la aprobación por el Congreso
de la República, la revisión de constitucionalidad y la ratificación o depósito
de los instrumentos de ratificación, según sea el caso.
5.4.3.2.
Ahora bien, en relación con la palabra ámbito, el Diccionario de la Lengua
Española[48] la definió
como:
“Contorno o
perímetro de un espacio o lugar.//2. Espacio comprendido dentro de límites
determinados. //3. Espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas
de una o varias actividades o disciplinas relacionadas entre sí. Esto
pertenece al ÁMBITO de la psicología, no al de la sociología.”
Por su parte, el Diccionario Enciclopédico Vox 1. ©
2009 Larousse Editorial, S.L.,  define la palabra ámbito como: el “espacio comprendido dentro de límites determinados,
el campo en que se realiza una actividad o una acción.” Y el K
Dictionary Ltd. como el “ambiente espacio comprendido entre límites reales o
imaginarios //esfera espacio y conjunto de personas en que
se desarrolla algo.”
Si bien no se encuentra en la jurisprudencia de esta Corporación una
definición de la palabra “ámbito” y menos aún de la expresión “en el ámbito”,
la misma, si ha sido utilizada en sus distintas acepciones así:
En la sentencia T-603 de 2005, se refirió al principio de la diversidad
étnica y cultural y la autonomía de los pueblos indígenas, cuando conforme a
los artículos 1º y 246 de la Carta Política, utilizó dicho vocablo para
referirse a un espacio comprendido dentro de ciertos límites, en el cual las autoridades indígenas pueden ejercer sus facultades
normativas y jurisdiccionales, cuando dijo:
“El reconocimiento
constitucional de la diversidad étnica y cultural responde a una nueva visión
del Estado, en la que ya no se concibe a la persona humana como un individuo
abstracto, sino como un sujeto con características particulares, que reivindica
para sí su propia conciencia ética. Valores como la tolerancia y el respeto por
lo diferente, se convierten en imperativos dentro de una sociedad que se
fortalece en la diversidad, en el reconocimiento de que en su interior cada
individuo es un sujeto único y singular, que puede hacer posible su propio
proyecto de vida[49].
El artículo 1º de
la Constitución, consagra el pluralismo como uno de los pilares axiológicos del
Estado Social de derecho, mientras que el principio constitucional de
diversidad étnica y cultural estipulado en el artículo 7º Superior, otorga a
las comunidades indígenas la posibilidad de ejercer facultades normativas y
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus
valores culturales y conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Lo
anterior, no es otra cosa que el reconocimiento y la realización parcial del
principio de democracia participativa y pluralista y el respeto de la
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana[50].
El artículo 246 de
la Constitución Política[51], por su
parte, determina que las autoridades indígenas podrán ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y leyes de la república.” (subrayas
añadidas).
Igualmente
en la sentencia T-  043 de 2008, sobre la protección de la persona en estado de
debilidad manifiesta, utilizó el vocablo “ámbito” para referirse a los
instrumentos de protección dentro de un espacio geográfico global o regional,
cuando señaló:
En
el ámbito internacional, son múltiples los instrumentos en los que se ha plasmado la
voluntad expresa de la comunidad de naciones de proteger los derechos de las personas con discapacidad. Las obligaciones
internacionales del Estado colombiano en este campo se derivan de varios
tratados internacionales y de numerosos instrumentos conexos a dichos tratados
que precisan el alcance de las obligaciones convencionales a través de las
cuales se garantiza el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y
se asegura el goce efectivo de otros derechos.
(…)
En
el ámbito regional interamericano también existen múltiples instrumentos relevantes,
tales como la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud sobre la Restructuración de la
Atención Psiquiátrica en la Atención
Primaria; la Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el
Continente Americano[52] y la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente
Americano[53], así como el Compromiso de Panamá con las Personas con
Discapacidad en el Continente Americano[54].
(subrayas añadidas).
La Sentencia C- 473 de 2005, en la que se
revisó la constitucionalidad del proyecto de ley
estatutaria número 065 de 2003 Senado, 197 de 2003 Cámara, “por medio de la
cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras
disposiciones”, se utilizó
dicha expresión para delimitar un espacio comprendido dentro de unos
límites intangibles, como lo seria el campo de una
disciplina o profesión, en
los siguientes términos:
“34. De la lectura
sistemática del artículo 1 se aprecia que en otros artículos de esta ley se
desarrollan algunos principios encaminados a lograr que se materialice la
finalidad esencial del mecanismo de búsqueda urgente. Si bien se aludirá a
ellos al revisar la constitucionalidad de los artículos correspondientes,
resulta importante mencionar en este momento algunos. Así, el artículo 3,
establece el principio de activación oficiosa, en la medida en que crea un
nuevo deber funcional en cabeza de los servidores públicos, consistente en
activar el mecanismo de búsqueda urgente, si fueren competentes, o en dar aviso
del hecho a cualquier autoridad judicial para que proceda a activarlo, sin
necesidad de petición alguna por parte de los familiares o de cualquier persona
que sepa de un desaparecimiento probable. Este principio es particularmente
trascendental, porque el incumplimiento de dicho deber funcional puede generar
consecuencias en los ámbitos disciplinario y penal, según las
circunstancias del caso.” (subrayas añadidas).
En la
Sentencia C- 894 de 2003, con ocasión del examen de constitucionalidad del  inciso final del artículo 63 de la Ley 99
de 1993, el cual fue declarado inexequible, se refirió a la autonomía de las
Corporaciones Autónomas Regionales, y el ámbito de sus competencias, señalando
que:
“Por otra parte, la
autonomía de una entidad está limitada por la incidencia que tengan sus
funciones sobre otros bienes jurídico - constitucionales, más allá de los
cometidos encargados a ellas. En esa medida, el legislador puede limitar su
autonomía, en la medida en que alguna de sus funciones repercutan
significativamente sobre intereses o bienes jurídicos cuya protección supere el
ámbito de su competencia.” (subrayas
añadidas).
En sentencia C- 608 de 2010, con ocasión de la
Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo
de Libre Comercio entre Canadá y la
República de Colombia, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el
Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de
2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo
de Libre Comercio entre Canadá y la
República de Colombia”, así
como de la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009, aprobatoria del mismo, se
refirió al vocablo “ámbito”, para resaltar por una parte un espacio geográfico
en el que era aplicable, y unas materias a las cuales extendía su cobertura y
regulación.
En la sentencia C- 109 de 1996,
a través de la cual se examinó la constitucionalidad de la
Ley 197 de 12 de julio de 1995, "Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Programa Mundial de
Alimentos P.M.A. de las Naciones Unidas", firmado el 21 de julio de 1994,
esta Corporación señaló:
“En
la redacción del artículo 224 de la C.P., se evidencia la clara intención del
Constituyente de establecer un mecanismo ágil y eficaz, acorde con las
características del manejo de la economía en el mundo moderno, que le
permitiera al ejecutivo dar aplicación inmediata, aunque provisional, a
tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de
organismos internacionales, que considere de fundamental importancia para los
intereses del país; vale destacar, que al utilizar la expresión "acordados
en el ámbito de organismos internacionales", el Constituyente, en lo
referido a los requisitos para la suscripción de este tipo de instrumentos, reconoció
la capacidad para el efecto, de los organismos internacionales en cuanto tales,
y de éstos a través de las instancias e instrumentos creados por ellos, en el
ámbito de sus competencias, para atender los diversos frentes de acción en los
que operan; es ese el significado del término "ámbito", utilizado en
la expresión analizada, el cual define la Real Academia de la lengua como
"...el espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una
o varias actividades o disciplinas relacionadas entre sí.". Se constata
entonces, en el caso analizado, que el instrumento objeto de control cumple con
la segunda característica constitutiva de un tratado de naturaleza económica y
comercial, esto es, haber sido celebrado en el ámbito de organismos
internacionales.” (subrayas añadidas).
En suma,
conforme a la jurisprudencia referida, el vocablo “ámbito” puede entenderse
como el espacio comprendido dentro de unos límites determinados, sean ellos
reales o intangibles; o el campo del desarrollo de
una actividad o el ejercicio de unas competencias; o la esfera de
un conjunto de
personas o instituciones  en que se desarrolla algo.
5.4.3.3.
Para precisar que se entiende por “organismo internacional”, se acudirá a
diversos instrumentos de orden nacional e internacional.
(i) En
primer lugar, encuentra la Corte relevante verificar el curso que dentro de la
Asamblea Constituyente tuvo el artículo 224 constitucional, con el fin de
determinar si de allí se puede extraer el significado que el constituyente le
quiso dar a la expresión “en el ámbito de organismos internacionales”.
En la sesión
plenaria del 28 de mayo de 1991 se introdujo para aprobación un artículo nuevo
sobre aprobación provisional de tratados que prescribía: “Los tratados para
su validez, deben ser aprobados por el Congreso, sin embargo, el Presidente de
la Republica, de conformidad con el derecho internacional, podrá dar aplicación
provisional a los tratados internacionales que así lo dispongan tan pronto el
tratado se ponga en vigor provisionalmente,  deben enviarse al Congreso para su
aprobación”.
Posteriormente
en la sesión plenaria de junio 11, se presentó una propuesta sustitutiva del
artículo, que versaba: “El gobierno podrá dar aplicación provisional a
tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el marco de
organismos internacionales. El protocolo de notificación a la parte o partes
del tratado incluir el compromiso de aplicarlo provisionalmente y presentarlo
al Congreso para su aprobación”
Dentro de
las deliberaciones, se resaltó la importancia de la disposición, para dar
respuesta a los tratados que por su naturaleza requieren de una decisión
rápida, pero se resaltó que dicha aplicación provisional no soslayaba de
ninguna forma, la aprobación del Congreso de la Republica.
Sobre el particular, en las deliberaciones, el Constituyente
Guillermo Plazas Alcid, expresó:
“No están los
convenios de los trabajadores, no están tampoco los de derechos humanos.
Este es para un
tipo de tratados que por su naturaleza requieren una decisión rápida, no es que
se excluya la aprobación por parte del Congreso, no la soslaya, simplemente por
la naturaleza de la materia que trata, como por ejemplo el tratado del café o
alguna cosa de esas, requiere una aplicación rápida pero no excluye de ninguna
manera la aprobación del Congreso, ni excluye otras materias, es sobre asuntos
económicos y comerciales exclusivamente”.[55]
En complemento de lo anterior, el Constituyente Rodrigo Lloreda
manifestó:
“El artículo tiene
ese objeto que ha explicado el doctor Plazas Alcid. Cuando Colombia se
comprometa en un tratado comercial o de naturaleza económica que requiere una
aplicación inmediata, como es el caso típico del pacto cafetero, lógicamente
hay que crear un mecanismo para que se pueda aplicar, que se contemple esa
aplicabilidad transitoria dentro del mismo cuerpo del tratado de todas maneras
se someta al Congreso, en el entendido de que si el Congreso no lo aprueba,
pues este previsto en el mismo tratado se suspenden los efectos, pero le da la
capacidad añ Estado colombiano para participar en esos organismos y tener esa
aplicabilidad transitoria.”[56]
El día 21 de junio de 1990 fue aprobada la inclusión del hoy
artículo 224 y el texto definitivo fue acogido en la sesión plenaria del 1º
julio de 1991, en su versión definitiva.
Como se observa, en la presentación del texto del texto inicial del
artículo, ni en sus debates se hizo claridad frente a lo que debía entenderse
por la expresión “organismo internacional”, haciéndose referencia al Pacto
Internacional del Café[57], echándose de menos una referencia que
permita conceptualizar la expresión. Sin embargo, el referido Pacto, comporta
la naturaleza jurídica de un Tratado celebrado en el ámbito de la Organización
Internacional del Café –OIC, que a su turno detenta la condición de organismo
internacional.
(ii) Por lo expuesto, se examinará lo que se entiende por organismo
internacional, desde el punto de vista del derecho internacional.  Las
locuciones “organismo internacional” se encuentran asociadas a la noción de
“organismo especializado”, prevista en el Sistema de Naciones Unidas y en
sendos sistemas regionales.
- La Carta
de las Naciones Unidas, en sus artículos 57 y 58, señala la existencia de unos
organismos especializados, vinculados a la Organización,  como:
“Artículo 57. Los
distintos organismos especializados establecidos por acuerdos
intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas
en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social,
cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la
Organización de acuerdo con las disposiciones del Artículo 63[58].
Tales organismos
especializados así vinculados con la Organización se denominarán en adelante
"los organismos especializados".
“Artículo
58. La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las normas
de acción y las actividades de los organismos especializados.”
“Artículo
59. La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociaciones entre los
Estados interesados para crear los nuevos organismos especializados que fueren
necesarios para la realización de los propósitos enunciados en el Artículo 55[59].”
Entre los
organismos especializados de las Naciones Unidas, u organizaciones autónomas
vinculadas a las Naciones Unidas mediante acuerdos especiales, se encuentran la
FAO, el FIDA, el FMI, el Grupo Banco Mundial – BIRF, AIF, IFC, MIGA, CIADI -  la
OACI, la OIEA, la OIT, la OMI, la OMM, la
OMPI, la OMS, la OMT, la ONUDI, la UIT, la
UNESCO y la UPU.
- En el
ámbito americano, la Carta de la
Organización de Estados Americanos, en su artículo 124 prescribe:
“Se consideran como
Organismos Especializados Interamericanos, para los efectos de esta Carta, los
organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que
tengan determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los
Estados americanos.”
Y señala en
sus artículos subsiguientes que los Organismos Especializados
disfrutan de la más amplia autonomía técnica, dentro del marco de las
recomendaciones de la Asamblea General y de los Consejos de la OEA y que deben
establecer relaciones de cooperación con organismos mundiales de la misma
índole, a fin de coordinar sus actividades.
Entre los organismos especializados de la OEA, se encuentran la
Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano del niño, la
niña y el adolescente,  la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto
Panamericano de Historia y Geografía y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura.
- Ahora
bien, la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales” de
1986 –que si bien no ha entrado en vigor internacional, refleja al menos opinio
juris de la sociedad internacional–, se refiere a las organizaciones internacionales, y frente a
ellas, dispone que: i) se entiende por "organización
internacional" una organización intergubernamental.(art 2); ii) la presente Convención se aplicara a todo
tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización interna
nacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización
internacional, sin perjuicio de cualquier norma de la organización; iii)
los representantes acreditados por
los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización
internacional o uno de sus órganos, deberán contar con plenos poderes, para la
adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano
(art. 7.c); iv) frente a la formulación de reservas, cuando el tratado sea un
instrumento constitutivo de una organización internacional y a menos que en él
se disponga otra cosa, una reserva exigirá la aceptación del órgano competente
de esa organización (art. 20); v) en relación con los depositarios de los tratados,
dispone que la designación del
depositario de un tratado podrá efectuarse por los Estados negociadores en el
tratado mismo o de otro modo, pudiéndose designar a uno o más Estados, a una
organización internacional o el principal funcionario administrativo de tal
organización (art. 76) .
A su vez, el
documento sobre responsabilidad internacional de las organizaciones
internacionales, adoptado por la “International Law Commission” en la 63 sesión
en 2011, y sometida a la Asamblea General de las Naciones Unidas, definió en su
artículo 2º a las organizaciones, como las creadas a través de un tratado u
otro instrumento regulado por el derecho internacional, con personería jurídica
internacional y que pueden incluir dentro de sus miembros no solo Estados, sino
otras entidades[60].
Por lo
expuesto, se puede concluir que no existe un significado único sobre la
expresión “Organismo Internacional”, en tanto en algunos casos se habla de
organismo, en otros de organización, considera la
Sala necesario definir lo que a juicio de esta Corporación debe entenderse por
“organismo internacional” para efectos de la interpretación del artículo 224
constitucional, que permita conciliar lo planteado en la
Asamblea Constituyente y el derecho internacional.
En
consecuencia, se consideraran “organismos internacionales” los sujetos de
derecho internacional creados por un tratado; con personería jurídica
internacional entre cuyos miembros pueden estar Estados y otras organizaciones;
que se rigen por el derecho internacional; y que disponen de estructura
orgánica propia y definida, con funciones y competencias delimitadas en su
instrumento constitutivo.
5.4.3.4. Conforme a las consideraciones anteriores, se puede
concluir que la expresión consagrada en el artículo 224 constitucional,
referida a la aplicación provisional de los tratados que se hayan “acordado en
el ámbito de un organismo internacional”, puede tener dos
interpretaciones posibles: la primera, según la cual, el procedimiento de
negociación y/o adopción del tratado haya sido administrado por el organismo
internacional o como consecuencia del ejercicio de una facultad, actividad o
atribución asignada al organismo internacional y desarrollada por aquel o por
un órgano del mismo comisionado para tal efecto; y la segunda, que se da cuando
la negociación y/o adopción del tratado es la consecuencia de un mandato
expreso del organismo internacional de que se negocie en su nombre o a sus instancias.
En este sentido, para considerar que un tratado ha sido acordado
dentro del ámbito de un organismo internacional, no basta con que se acredite
una relación de conexidad temática con el organismo internacional, por cuanto
no todo tratado que se negocie y suscriba sobre un tema especifico que tenga
relación con el tema central de algún organismo internacional, significa que se
hizo dentro de su ámbito.
La conexidad temática de agendas de los Estados y de los organismos
internacionales -considerando que son aquellos, en su condición de miembros,
los que fijan, usualmente, la de los segundos- es susceptible de asemejarse.
Ello no implica, sin embargo, que todo tratado que haga referencia a asuntos
similares a los que pudiere ocupar la agenda de un organismo internacional en
un término determinado, impliquen, de suyo y de manera automática, el
consentimiento del organismo internacional para negociar el tratado en su
nombre y a sus instancias, máxime cuando sólo dos sujetos de derecho
internacional –los negociadores signatarios– y no todos los miembros allí
representados, convienen el proyecto a celebrarse.
Por consiguiente, un tratado concertado entre dos sujetos de derecho
internacional, de manera bilateral, en el que no mediare negociación, adopción
y suscripción en nombre y representación del organismo internacional, sino,
exclusivamente, motu propio, no puede considerarse en el ámbito de
aquel, considerando que el propio organismo internacional no intervino, ni
emitió un mandato para el efecto y, en consecuencia, tampoco consintió su
conclusión.
Como consecuencia de lo anterior, tales tratados cuyo proceso de
negociación y/o adopción no haya sido administrado por el organismo
internacional o como consecuencia del ejercicio de una facultad, actividad o
atribución asignada al mismo y desarrollada por aquel o por uno de sus órganos
comisionado para tal efecto; ni en virtud de un mandato expreso de aquel para
negociar tal proyecto de tratado en su nombre o a sus instancias, no son
susceptibles de integrar el acervo convencional del organismo internacional. En
ese sentido, no se predica su celebración en el ámbito de tal sujeto de derecho
internacional.
5.4.4. El
último requisito contemplado en el artículo 224 constitucional, es que el
tratado disponga dentro de sus estipulaciones, que será aplicado
provisionalmente por las partes.
5.4.5 Juicio Estricto a la aplicación provisional de
los Tratados.
La Constitución Política contempla que para que
tengan validez los tratados internacionales requieren ser aprobados por el
Congreso de la República (CP., art. 224), y que previa su entrada en vigor,
deben ser examinados por la Corte Constitucional con el fin de establecer su
conformidad con la Carta Política (CP., art. 241.10), garantizando de esta forma,
el principio democrático en la incorporación de disposiciones internacionales
al ordenamiento jurídico interno mediante una ley aprobatoria,  y
salvaguardando la supremacía Constitucional.
En este orden de ideas, la facultad excepcional
consagrada en el artículo 224 constitucional, según el cual el Presidente de la
República puede dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza
económica y comercial que hayan sido acordados en el ámbito de organismos
internacionales, cuando así lo dispongan, debe ser examinada en forma estricta
por esta Corporación, en la medida que dicha autorización no puede en ningún
caso significar el desconocimiento de la voluntad democrática con la
incorporación de una norma sin la aprobación del Congreso o una elusión del
control constitucional al incorporar normas que puedan ser contrarias a la
Carta Política.
En suma, la regla general es que todo tratado para
su validez requiere ser aprobado por el Congreso de la Republica y revisada su
constitucionalidad por la Corte Constitucional y el cumplimiento de las
condiciones establecidas para que pueda configurarse la excepción consagrada en
el artículo 224 constitucional, debe ser examinada de manera estricta por esta
Corporación, en garantía del principio democrático y de la supremacía de la
Constitución.
5.5.
Examen del artículo 18 del Acuerdo de Cooperación Aérea entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos.
5.5.1.
Frente a la disposición contenida en el artículo 18, que señala la aplicación
provisional del instrumento[61], a partir de
la última fecha de intercambio de notas diplomáticas entre las partes, mientras
entra en vigor el Acuerdo, encuentra la
Corte que dicha norma no se ajusta a la
Carta Política, sobre aplicación provisional de tratados, contenida en el
artículo 224 que establece que “Los tratados para su validez, deberán ser
aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la
República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza
económica y comercial acordados en el ámbito de organismo internacionales, que
así lo dispongan”, por los siguientes motivos:
5.5.2. La
posibilidad de aplicación provisional, está restringida a que se trate de un
tratado de naturaleza económica y comercial, y a que se haya acordado en el
ámbito de organismos internacionales que así los dispongan, condiciones que
operan de manera concurrente y que adquieren sentido en la medida que el
contenido de las disposiciones pueden eventualmente contrariar la
Carta Política, debiendo ser por lo tanto, una opción excepcional y limitada.
No en vano, el constituyente rodeó de suficientes garantías, la suscripción,
aprobación y entrada en vigencia de los Tratados, al asignar su suscripción al
Presidente de la República, su aprobación al Congreso de la
República a través de una ley y a la
Corte Constitucional su posterior examen de constitucionalidad. Así, la
aplicación provisional de los tratados es excepcional, de manera que la
satisfacción de las condiciones señaladas por el artículo 224 deben ser
estricta, y el examen de su cumplimiento por esta Corporación riguroso.
5.5.3. Frente a si el Acuerdo bajo examen puede considerarse un
tratado de naturaleza económica o comercial, del examen de sus disposiciones se
puede colegir que se trata de un Acuerdo que regula la aviación civil privada
entre los dos países -concesión y revocatoria de derechos aeronáuticos,
seguridad aérea, régimen de protección de la competencia, derechos aduaneros,
gravámenes, precios y cargos a los usuarios-  los cuales además contemplan
acciones que promueven el intercambio comercial y el turismo, entre las partes,
así como el crecimiento económico.
En la
exposición de motivos, el Gobierno Nacional resaltó la naturaleza comercial del
Acuerdo, al expresar que dada la intensificación de las negociaciones de
comercio exterior como estrategia para mantener el crecimiento económico,
aumentar los niveles de competitividad y dar especial énfasis a la promoción
del turismo como actividad fundamental, entre otras, se hace necesario el
desarrollo de condiciones que faciliten el intercambio comercial, los flujos de
turismo, los viajes de negocios, la conectividad de las regiones y la inserción
de Colombia en el mundo, entre las que se consideraba la suscripción de un
acuerdo bilateral con los Estados Unidos de América de transporte aéreo, dada
su gran importancia económica y política. En la ponencia para primer debate en
el Congreso de la República, se dijo:
“En este acuerdo,
se pactan bases de libre acceso a los mercados aéreos a fin de lograr una
efectiva integración entre los dos países en el campo del transporte aéreo, lo
cual beneficiará a los usuarios, el comercio, el turismo, la conectividad, la
industria aeronáutica y el desarrollo de nuestras naciones, consolidando así
los vínculos comerciales y culturales.
El proyecto de ley
para aprobar el acuerdo de transporte aéreo entre el gobierno de la
República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América
permitirá al país seguir promoviendo la integración económica con EE. UU., y el
desarrollo del transporte aéreo entre los dos países. Con dicha integración,
Colombia podrá seguir consolidando los logros en cuanto al desarrollo económico
y social del país, por lo que se hace necesario adoptar este tratado.”
Para la Sala, los objetivos del Acuerdo están definidos claramente
en las declaraciones iníciales, y su contenido apunta indudablemente al logro
de dicha finalidad económica y comercial, así:
“El Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América (en
adelante, "las Partes"); Deseando promover un sistema de aviación
internacional basado en la competencia justa y equitativa entre las líneas
aéreas en el mercado;
Deseando hacer
posible que las líneas aéreas ofrezcan una variedad de opciones para el
servicio del público viajero y del comercio de carga, y deseando alentar a cada
línea aérea a desarrollar e implementar tarifas innovadoras y competitivas;
Deseando facilitar
la expansión de las oportunidades en el transporte aéreo internacional;
Deseando garantizar
el más alto grado de seguridad y protección en transporte aéreo internacional y
reafirmando su grave preocupación por actos o amenazas contra la seguridad de
las aeronaves, que ponen en peligro la seguridad de personas o la propiedad,
que afectan adversamente la operación del transporte aéreo, y que minan la
confianza del público en la seguridad de la aviación civil;
(...)”
Por lo
expuesto, considera la Sala que por su contenido y objetivos, el “Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América” suscrito en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011, es un
Tratado de naturaleza económica y comercial, al perseguir a través de sus
disposiciones, la intensificación del intercambio comercial como estrategia
para mantener el crecimiento económico, incrementar los niveles de
competitividad, promover los flujos de viajeros, de turismo y de negocios y
lograr la inserción de Colombia en el mercado internacional.
5.5.4. Dado que la
Constitución Política consagró de manera excepcional la facultad de aplicación
de los tratados de manera provisional, cuando estos hayan sido acordados “en
el ámbito de organismos internacionales”, a juicio de esta Corporación,
y como se señaló en el numeral 5.4.5. de esta providencia, el examen que
realice la Corte debe ser estricto, en el entendido que se determine que la
negociación y/o adopción del tratado fue administrada por un organismo
internacional según la definición dada en el numeral 5.4.3.3., o un órgano del
mismo, comisionado para tal efecto, o que su negociación y/o adopción responda
a un mandato expreso de un organismo internacional para que se realice en su
nombre o a sus intancias.
5.5.5. En el caso subexamine, Colombia es parte del “Convenio
sobre Aviación Civil Internacional”, desde el 30 de noviembre de 1947, el
cual señaló como sus objetivos, el establecimiento de parámetros para el
desarrollo de la aviación civil internacional, para crear y preservar lazos de
amistad entre los Estados, y a fin de que pudiera desarrollarse de manera
segura, ordenada y sobre bases de igualdad de oportunidades.
Al efecto,
estableció los principios de la navegación aérea, las reglas sobre el vuelo
sobre territorio de los Estados signatarios, la nacionalidad de las aeronaves,
las medidas para facilitar la navegación aérea, las condiciones que deben
cumplir las aeronaves, los estándares internacionales sobre prácticas
recomendadas,  creó la Agencia Internacional de Aviación Civil, OACI y
estableció: “Los fines y objetivos de la
Organización son desarrollar 1os principios y técnicas de la navegación aérea
internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento del transporte
aéreo internacional” para:
“a) lograr el desarrollo seguro y ordenado de la
aviación civil internacional en todo el mundo;
b) fomentar las técnicas de diseño y manejo de
aeronaves para fines pacíficos;
c) estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos e
instalaciones y servicios de navegaci6n aérea para la aviaci6n civil
internacional:
d) satisfacer las necesidades de 1os pueblos del mundo
respecto a un transporte aéreo seguro, regular, eficaz y econ6mico;
e) evitar el despilfarro económico producido por una
competencia excesiva;
f) asegurar que se respeten plenamente 1os derechos de
1os Estados contratantes y que cada Estado contratante tenga oportunidad
equitativa de explotar empresas de transporte aéreo internacional;
g) evitar discriminación entre Estados contratantes;
h) promover la seguridad de vuelo en la navegación
internacional;
i) promover, en general, el desarrollo de la
aeronáutica civil internacional en todos sus aspectos.”
Ahora bien, del examen de los objetivos y finalidades de la
Agencia Internacional de Aviación Civil, antes enumerados y el objeto del “Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América” subexamine, el cual busca: “promover
un sistema de aviación internacional basado en la competencia justa y
equitativa entre las líneas aéreas en el mercado, (...) hacer posible que las
líneas aéreas ofrezcan una variedad de opciones para el servicio del público
viajero y del comercio de carga, y deseando alentar a cada línea aérea a
desarrollar e implementar tarifas innovadoras y competitivas”, no encuentra
la Corte que éste último pueda considerarse el resultado del desarrollo de la
funciones de la OACI, o surja como consecuencia de un mandato de la misma, o
sea administrado por ella, o por algún órgano de la misma que haya sido
comisionado para el efecto, en tanto se trata de un Acuerdo bilateral, de
naturaleza comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de
América, que busca promover las oportunidades comerciales, mediante la apertura
de los vuelos de turismo y de carga a la libre competencia de las líneas aéreas
en el mercado.
Dada la especificidad de los aspectos regulados en el Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América” tales como las libertades del aire, el intercambio de
derechos aerocomerciales, las rutas, itinerarios, frecuencias, derechos de
tráfico, designación de empresas, facilidades fiscales, laborales y
administrativas entre otras, es claro que el acuerdo implica la asunción de
obligaciones nuevas, distintas y adicionales a las del Convenio de Chicago y
que por lo tanto llevan a concluir que no fueron celebradas en el ámbito de la
OACI.
Lo anterior, no obstante el acuerdo bajo examen menciona que ambos
Estados son parte del Acuerdo de Aviación Civil Internacional, por cuanto para
considerar que un tratado se ha acordado en el ámbito de un organismo
internacional, no basta demostrar una relación de conexidad temática con el
organismo internacional, dado que no todo tratado que se negocie y suscriba
sobre un tema específico y que tenga relación con el tema central de algún
organismo internacional, significa que se hizo dentro de su ámbito.
Sobre la obligación de registro del acuerdo y de sus enmiendas, en la
OACI, establecido en los artículos 17 y 18 del acuerdo bajo examen, cabe
resaltar que tiene su origen en que los Estados al suscribir el Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, acordaron que podrían suscribir acuerdos, siempre
que no fuesen incompatibles con el texto de la
Convención y a que dichos acuerdos serían registrados ante la OACI[62],
lo que significa por una parte la libertad de los Estados signatarios de
celebrar acuerdos sobre asuntos regulados por la
Convención, siempre que no entrañen una vulneración de sus disposiciones, lo
que no quiere decir que todo acuerdo que los Estados suscriban y que registren
en la OACI, haya surgido de su ámbito.
En conclusión, el “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el
Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito
en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011, bajo examen en esta oportunidad, es un
tratado bilateral, suscrito por los Representantes de los Gobiernos de la
República de Colombia y de los Estados Unidos de América, sin que en dicho
proceso hubiera participado la OACI, que su negociación y/o adopción sea
administrada por ella o exista un mandato de la misma para la suscripción en su
nombre, o a sus instancias.
5.5.6.
Frente a que el tratado disponga su aplicación provisional, encuentra la
Sala que el Acuerdo subexamine si cumple dicha condición, en tanto su artículo
18, sobre aplicación provisional y entrada en vigor, señala que “1.  A la
espera de su entrada en vigor, el presente Acuerdo deberá aplicarse
provisionalmente a partir de la fecha de la última nota del intercambio de
notas diplomáticas entre las Partes en las que cada Parte notifica a la otra
que consiente aplicar provisionalmente el presente Acuerdo.”
En
conclusión y conforme a lo expuesto, encuentra la
Corte que, las condiciones para hacer uso excepcional de la
aplicación provisional de un instrumento internacional no se cumplen en este
caso, por cuanto no obstante ser un tratado de naturaleza comercial, y estar
previsto dentro de su texto la cláusula sobre aplicación provisional, no fue
acordado en el ámbito de ningún organismo internacional.
5.5.6. La Sala hace una prevención al
Gobierno Nacional para que, en el ejercicio de la facultad constitucional de
aplicación provisional de los tratados o de algunas de sus disposiciones, se
actúe con un criterio riguroso de excepcionalidad al interpretar los supuestos
constitucionales para su procedencia, dado que la aplicación provisional de
tratados distintos a los consagrados en el artículo 224 superior, puede
constituirse en un desconocimiento del principio democrático y en un mecanismo
de elusión del control constitucional, mientras se producen la aprobación por
parte del Congreso de la República y el control constitucional a cargo de esta
Corporación.
5.5.7. Cabe resaltar, finalmente, que la remisión del “Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América” suscrito en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011, por el Presidente de la
República al Congreso para su aprobación, se dio en forma oportuna, al haber
sido radicado en la legislatura siguiente a su suscripción[63].
6.
Conclusión.
6.1. El
examen de validez formal del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el
Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito
en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011 y su Ley  aprobatoria, arroja para la
Corte que: (i) es válida la firma, aprobación y ratificación del Convenio y
(ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron
la aprobación de la ley objeto de análisis.
6.2. Revisado
el contenido de las disposiciones del “Acuerdo de Transporte Aéreo
entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito
en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011,  la
Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la
integración con otros Estados, a la soberanía nacional (CP. Art. 9), al deber
del Estado y de las autoridades de la
República de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes y demás derechos y libertades (CP. arts. 2), a los postulados
constitucionales que señalan que la actividad económica y la iniciativa privada
son libres dentro de los límites del bien común y se garantiza el derecho a la
libre competencia económica (CP., art. 333), así como el mandato de
internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas de la
nación con otras naciones, bajo principios de equidad y reciprocidad (CP.,
arts. 226 y 227).
6.3. La
facultad otorgada al Presidente de la
República, por el artículo 224 constitucional para la aplicación provisional
de los tratados, es una facultad excepcional de interpretación restringida, y
sujeta al cumplimiento de tres requisitos concurrentes: i) tener naturaleza
comercial y económica; ii) haberse acordado en el ámbito de una organización
internacional y iii) estar dispuesta su aplicación provisional, en el texto del
tratado, los cuales deberán ser estrictamente examinados por esta Corporación.
En
consecuencia, el no cumplimiento de alguna de estas condiciones, conllevará a
la inconstitucionalidad de la cláusula de aplicación provisional.
6.4. Con
fundamento en las anteriores consideraciones, la
Corte Constitucional declarará exequible el contenido del “Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América” suscrito en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011, así como la
Ley 1600 del 21 de diciembre de 2012, que lo aprobó, con excepción del numeral
1º del artículo 18 del Acuerdo relativo al deber de las Partes -para el efecto
de esta sentencia, del Gobierno colombiano- de darle aplicación provisional.
6.5. La
inexequibilidad del artículo 18 del Acuerdo, parte de que su aplicación
provisional por el Gobierno de Colombia resulta improcedente, al no tratarse de
un tratado aprobado “en el ámbito de organismos internacionales” (CP, 224), no
obstante su naturaleza económica y comercial. Para la
Corte, son violatorias de la Carta Política las disposiciones de un tratado
internacional que prevea la aplicación provisional del mismo sin el
cumplimiento concurrente de las condiciones exigidas por el artículo 224 de la
Constitución, referidos a su naturaleza económica y comercial y su adopción en
el ámbito de organismos internacionales.
6.6. La Sala hace una prevención al Gobierno
Nacional para que, en el ejercicio de la facultad constitucional de aplicación
provisional de los tratados o de algunas de sus disposiciones, se actúe con un
criterio riguroso de excepcionalidad, al interpretar los supuestos
constitucionales para su procedencia, dado que la aplicación provisional de
tratados distintos a los consagrados en el artículo 224 superior, puede
constituirse en un mecanismo de desconocimiento del principio democrático y una
elusión del control constitucional, en tanto se  da la aprobación por parte del
Congreso de la República y el control constitucional a cargo de esta
Corporación.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el
Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito
en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011, con excepción del numeral 1º del artículo
18 que se declara inexequible.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1600 de diciembre 21 de 2012 “Por medio de la
cual se aprueba el “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno
de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito en
Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011.
Tercero.-
Disponer que se comunique inmediatamente esta sentencia al Presidente de la
República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de la
República.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con Aclaración de voto
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
Con
Salvamento Parcial de Voto
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO PINILLA
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-132/14
ACUERDO DE
TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-Importancia de la prevención al ejecutivo para que actúe y decida
con criterio de rigurosa excepcionalidad al interpretar los supuestos
constitucionales de aplicación inmediata o provisional de tratados consagrada
en artículo 224 de la Constitución Política (Aclaración de voto)
TRATADOS
INTERNACIONALES-Exigencia constitucional de
análisis y una interpretación estricta, restringida y rigurosa de los
requisitos para que pueda utilizarse legítimamente por el Ejecutivo la figura
de aplicación inmediata o provisional contenida en artículo 224 de la
Constitución Política (Aclaración de voto)
Ref: Expediente: LAT-407
Revisión de Constitucionalidad de la
Ley 1600 de diciembre 21 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América” suscrito en Bogotá DC, el 10 de mayo de 2011
Magistrado Ponente:
Mauricio González Cuervo
Con el debido respeto por las
decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto a la presente sentencia de
revisión de constitucionalidad de la Ley 1600 de diciembre 21 de 2012, y su
declaratoria de exequibilidad, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Mediante esta sentencia se decide declarar exequible el “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de Colombia y
el Gobierno de los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá D.C. el
10 de mayo de 2011, excepto el numeral 1° del artículo 18 que se declara
inexequible. Igualmente se declara exequible le Ley 1600 de 2012 que
aprueba este Acuerdo. El suscrito Magistrado aclara
su voto precisamente en relación con la declaración de inexequibilidad del
numeral 1º del artículo 18 del Acuerdo.
La Sala Plena de esta Corporación constató que en el trámite para
la aprobación de este acuerdo, se observaron las reglas de la firma, aprobación y ratificación
de este Convenio, así como las etapas, requisitos y procedimientos que
precedieron la expedición de la citada ley. Igualmente, encontró que el presente Acuerdo se ajusta a los postulados
constitucionales consagrados en los arts. 2, 9, 333, 226 y 227 Superiores.
No obstante lo anterior, este Tribunal hizo la necesaria y
conveniente prevención constitucional al Gobierno Nacional para que actúe y
decida con un criterio de rigurosa excepcionalidad al interpretar los supuestos
constitucionales para la procedencia de la aplicación inmediata o provisional
de los tratados consagrada en el artículo 224 CP, “dado que la aplicación
provisional de tratados prevista en el artículo 224 de la Carta Política puede
constituirse en un mecanismo de elusión del control de constitucionalidad,
mientras se produce la aprobación por parte del Congreso de la República y se
ejerce el control a cargo del tribunal constitucional”, de conformidad en lo expuesto en el
fundamento 5.5.6 de este fallo.
Por tanto, este Magistrado se
permite recabar en la importancia constitucional de la anterior prevención y
advertencia al Ejecutivo, para el cumplimiento del mandato contenido en el
artículo 224 CP, acerca de la rigurosa excepcionalidad de la aplicación inmediata
y provisional de los Tratados Internacionales, de conformidad con una
interpretación estricta y restringida de los criterios previstos en el artículo
224 CP. Lo anterior, puesto que la aplicación inmediata o
provisional de tratados internacionales prevista en el artículo 224 de la Carta
Política, de conformidad con criterios flexibles o poco rigurosos respecto del
cumplimiento de sus requisitos constitucionales, puede constituirse en una
regla general o en una mala práctica por parte del Ejecutivo, que se termine
utilizando como estrategia para evitar el control de constitucionalidad,
durante el lapso en que se desarrolla la aprobación del Tratado o Acuerdo por
parte del Congreso de la República y se ejerce el control de estos instrumentos
internacionales, que le compete a esta Corporación.
En consecuencia, de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación sobre el tema, este
Magistrado insiste en la posición que asume esta Corte respecto de la exigencia
constitucional de un análisis y una interpretación estricta, restringida y
rigurosa de los dos requisitos para que pueda utilizarse legítimamente por el
Ejecutivo la figura de la aplicación inmediata o provisional de los tratados
internacionales prevista por el artículo 224 CP. Estos requisitos hacen
referencia a (i) que se trate de un acuerdo comercial, que en el presente caso
bajo estudio se cumple; y (ii) que se trate de tratados o acuerdos suscritos en
el ámbito de organismos internacionales, lo cual no se cumple para el caso de
este Acuerdo.  Por tanto, este Magistrado comparte el imperativo constitucional
de declarar la inexequibilidad del numeral 1º del artículo 18 del Acuerdo, con
cuya motivación y decisión estamos plenamente de acuerdo.
Con fundamento en los argumentos expuestos, aclaro mi voto a la
presente sentencia.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
LEY 1600 21 de diciembre de 2012
'Por medio de la cual se aprueba el "ACUERDO DE
TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA", suscrito en Bogotá D.C., el 10 de mayo de
2011
El Congreso de la República
Visto el
texto de el "ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA", suscrito en
Bogotá D.C., el 10 de
mayo de
2011.
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del Protocolo,
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).
ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO
ENTRE
EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y
EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América (en
adelante, "las Partes");
Deseando
promover un sistema de aviación internacional basado en la competencia justa y
equitativa entre las líneas aéreas en el mercado;
Deseando
hacer posible que las líneas aéreas ofrezcan una variedad de opciones para el
servicio del público viajero y del comercio de carga, y deseando alentar a cada
línea aérea a desarrollar e implementar tarifas innovadoras y competitivas;
Deseando
facilitar la expansión de las oportunidades en el transporte aéreo
internacional;
Deseando
garantizar el más alto grado de seguridad y protección en transporte
aéreo
internacional y reafirmando su grave preocupación por actos o amenazas contra
la seguridad de las aeronaves, que ponen en peligro la seguridad de Personas o
la propiedad, que afectan adversamente la operación del transporte aéreo, y que
minan la confianza del público en la seguridad de la aviación Civil; y
Siendo
Partes del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, abierto para la firma
en Chicago en diciembre 7 de 1944;
Han acordado
lo siguiente:
ARTÍCULO 1
DEFINICIÓN
Para efectos
del presente Acuerdo, a menos que se indique lo contrario, el término:
1.
"Autoridades aeronáuticas" significa, en el caso de Colombia, la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y, en el caso de los
Estados Unidos, el Departamento de Transporte y cualquier persona o agencia
autorizada para realizar funciones ejercidas por la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil o el Departamento de Transporte;
2.
"Acuerdo" significa el presente Acuerdo y cualquier enmienda al
mismo;
3.
"Transporte aéreo" significa el transporte público en aeronaves de
pasajeros, equipaje, carga y correo, por separado o en combinación, regular o
chárter, por remuneración o contrato;
4.
"Línea aérea de una Parte" significa una línea aérea que tiene un
Certificado de Operador Aéreo (AOC) emitido por esa Parte y tiene su domicilio
principal en el territorio de dicha Parte;
5.
"Convenio" significa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional,
que fue abierto a la firma en Chicago en diciembre 7 de 1944, e incluye:
a. cualquier enmienda que haya
entrado en vigor bajo el Artículo 94(a) del Convenio y que haya sido ratificada
por ambas Partes, y
b. cualquier Anexo o cualquier
enmienda al mismo adoptada bajo el  Artículo 90 del Convenio, en la medida en
que tal anexo o enmienda esté en vigencia para ambas Partes en un momento dado;
6.
"Costo total" significa el costo por prestar un servicio más un cargo
razonable por gastos generales de administración;
7.
"Transporte aéreo internacional" significa el transporte aéreo que
pasa a través del espacio aéreo del territorio de más de un Estado;
8.
"Precio" significa cualquier tarifa, tasa o cargo por el transporte
aéreo de pasajeros, equipaje o carga (excluyendo correo), incluyendo el
transporte terrestre en conexión con el transporte aéreo internacional, que
cobran las líneas aéreas, incluyendo sus agentes, y las condiciones que rigen
la disponibilidad de dicha tarifa, tasa o cargo;
9.
"Escala con fines no comerciales" significa un aterrizaje con
cualquier propósito distinto al embarque o desembarque de pasajeros, equipaje,
carga o correo en el transporte aéreo;
10.
"Territorio" significa las áreas terrestres, las aguas internas y el
mar territorial bajo la soberanía de una Parte; y
11.
"Cargo al usuario" significa un cargo impuesto a las líneas aéreas
por el suministro de servicios o instalaciones aeroportuarias, navegación aérea,
o instalaciones de seguridad de la aviación, incluyendo servicios e
instalaciones relacionados.
ARTÍCULO 2
CONCESIÓN DE DERECHOS
1. Cada
Parte otorga a la otra Parte los siguientes derechos para que las líneas aéreas
de la otra Parte realicen el transporte aéreo internacional:
a. el derecho a volar sobre su
territorio sin aterrizar;
b. el derecho a hacer escalas en su
territorio con fines no comerciales;
c. el derecho a realizar transporte
aéreo internacional entre puntos en las siguientes rutas:
i. para las líneas aéreas de los
Estados Unidos, desde puntos anteriores a los Estados Unidos vía los Estados
Unidos y puntos intermedios a cualquier punto o puntos en Colombia y más allá;
ii. para las líneas aéreas de
Colombia, desde puntos anteriores a Colombia vía Colombia y puntos intermedios
a cualquier punto o puntos en los Estados Unidos y más allá ; y
d. los demás derechos especificados
en el presente Acuerdo.
2. Cada
línea aérea de una Parte podrá, en alguno o todos los vuelos y a su elección:
a. efectuar vuelos en cualquier
dirección, o en ambas;
b. combinar diferentes números de
vuelo en la operación de una aeronave;
c. prestar servicios a puntos
anteriores, intermedios y puntos más allá y a puntos en los territorios de las
Partes en cualquier combinación y en cualquier orden;
d. omitir escalas en cualquier punto
o puntos;
e. transferir el tráfico desde
cualquiera de sus aeronaves a cualquiera de sus otras aeronaves en cualquier
punto;
f. prestar servicios a puntos
anteriores a cualquier punto en su territorio con o sin cambio de aeronave o
número de vuelo y ofrecer y anunciar tales servicios al público como servicios
directos;
g. realizar escalas en cualesquiera
puntos ya sea dentro o fuera del territorio de una u otra Parte;
h. realizar transporte en tránsito a
través del territorio de la otra Parte; y
i. combinar tráfico en la misma
aeronave independiente de dónde se origina dicho tráfico;
sin
limitación direccional o geográfica y sin pérdida de ningún derecho a llevar
tráfico que se permita en virtud del presente Acuerdo, siempre que el
transporte sea parte de un servicio que atienda un punto del territorio
nacional de la línea aérea .
3. En
cualquier segmento o segmentos de las rutas anteriores, cualquier aerolínea de
una Parte podrá realizar transporte aéreo internacional sin ninguna limitación
como cambiar, en cualquier punto de la ruta, el tipo o número de la aeronave
operada, siempre que en la dirección de salida, el transporte más allá de dicho
punto sea una continuación del transporte desde el territorio de la línea aérea
y, en la dirección de llegada, el transporte al territorio de la línea aérea
sea continuación del transporte desde más allá de dicho punto.
4. Nada en
el presente Artículo se considerará que confiere a la aerolínea o líneas aéreas
de una Parte el derecho a embarcar, en el territorio de la otra Parte,
pasajeros, equipaje, carga o correo transportado por remuneración y destinado a
otro punto en el territorio de esa otra Parte.
5. Nada en
el presente Acuerdo limitará los derechos de una Parte para requerir que las
líneas aéreas de ambas Partes se adhieran a los requerimientos relacionados con
la protección de los fondos de los pasajeros y los derechos de cancelación y
reembolso de los pasajeros.
ARTÍCULO 3
AUTORIZACIÓN
Cada Parte,
al recibo de las solicitudes de una línea aérea de la otra Parte, conforme a lo
prescrito para la concesión de autorizaciones y permisos técnicos, otorgará las
autorizaciones y permisos adecuados con un plazo mínimo de tramitación, siempre
que:
a. la
propiedad sustancial y el control efectivo de esa aerolínea esté en manos de la
otra Parte, de los nacionales de esa Parte o ambos;
b. la
aerolínea esté calificada para cumplir las condiciones prescritas bajo las
leyes y regulaciones normalmente aplicadas en la operación de transporte aéreo
internacional por la Parte que está considerando la solicitud o solicitudes; y
c. la otra
Parte esté manteniendo y administrando las disposiciones establecidas en el
Artículo 6 (Seguridad) y en el Artículo 7 (Seguridad de la Aviación).
ARTÍCULO 4
REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
1.
Cualquiera de las Partes podrá revocar, suspender, limitar o imponer
condiciones sobre las autorizaciones de operación o los permisos técnicos de
una aerolínea si:
a. dicha
línea aérea no sea una línea aérea de la otra Parte bajo el Artículo 1(4);
b. la
propiedad sustancial y el control efectivo de dicha aerolínea no está en manos
de la otra Parte, ni los nacionales de la otra Parte o ambos; o
c. esa
aerolínea no ha cumplido las leyes y regulaciones contempladas en el Artículo 5
(Aplicación de las Leyes) del presente Acuerdo.
2. Salvo que
una acción inmediata sea esencial para prevenir que continúe el incumplimiento
del sub-párrafo 1 (c) del presente Artículo, los derechos establecidos mediante
este Artículo se ejercerán solamente después de la celebración de consultas con
la otra Parte.
3. El
presente Artículo no limita los derechos de cualquiera de las Partes a retener,
revocar, suspender, limitar o imponer condiciones sobre la autorización de
operación o el permiso técnico de una línea aérea o líneas aéreas de la otra
Parte de acuerdo con las disposiciones del Artículo 6 (Seguridad) o del
Artículo 7 (Seguridad de la Aviación).
ARTÍCULO 5
APLICACIÓN DE LAS LEYES
1. Las leyes
y regulaciones de una Parte relacionadas con la entrada en o salida de su
territorio de aeronaves dedicadas a la navegación aérea internacional o a la
operación y navegación de dichas aeronaves mientras estén dentro de su
territorio, serán cumplidas por dichas aeronaves al entrar, salir o durante su
permanencia en el territorio de la primera Parte.
2. A la
entrada en el territorio de una Parte o a la salida del mismo o, durante la
permanencia en él, sus leyes y regulaciones relativo al ingreso en su
territorio o a la salida del mismo de los pasajeros, tripulantes o la carga de
aeronaves (incluyendo las regulaciones relativas al ingreso, despacho,
seguridad de la aviación, inmigración, pasaportes, aduana y cuarentena o, en el
caso de correo, las regulaciones postales), serán cumplidas directamente o de
parte de dichos pasajeros, tripulación o carga de las líneas aéreas de la otra
Parte.
ARTÍCULO 6
SEGURIDAD
1. Cada Parte
reconocerá como válidos, para efectos de las operaciones de transporte aéreo
estipuladas en el presente Acuerdo, los certificados de aeronavegabilidad, los
certificados de competencia y las licencias emitidas o validadas por la otra
Parte y aún vigentes, siempre que los requisitos para tales certificados o
licencias al menos igualen los estándares mínimos que puedan establecerse de
conformidad con el Convenio. Cada Parte podrá, sin embargo, negarse a reconocer
como válidos para volar sobre su propio territorio, los certificados de
competencia y las licencias validadas u otorgadas a sus propios nacionales por
la otra Parte.
2. Cada
Parte podrá solicitar consultas sobre los estándares de seguridad mantenidos
por la otra Parte en relación con las instalaciones aeronáuticas, las
tripulaciones, las aeronaves y la operación de las líneas aéreas de esa otra
Parte. Si, tras dichas consultas, una Parte encuentra que la otra Parte no
mantiene ni administra eficazmente estándares de seguridad y requisitos en estas
áreas que al menos igualen los estándares mínimos que puedan ser establecidos
de conformidad con el Convenio, la otra Parte será notificada de tales
hallazgos y de las medidas que se consideren necesarias para cumplir con estos
estándares mínimos, y la otra Parte tomará una acción correctiva adecuada. Cada
Parte se reserva el derecho a retener, revocar, suspender, limitar o imponer
condiciones sobre la autorización de operación o el permiso técnico de una
línea aérea o líneas aéreas de la otra Parte en caso de que la otra Parte no
inicie dicha acción correctiva adecuada dentro de un plazo razonable y a
adoptar medidas inmediatas, antes de las consultas, respecto a dicha línea
aérea o líneas aéreas, si la otra Parte no está manteniendo y administrando los
estándares mencionados anteriormente y es esencial tomar medidas inmediatas
para impedir ulteriores incumplimientos.
3. Cualquier
medida que tome una Parte en concordancia con el párrafo 2 anterior será
derogada una vez las razones que la originaron desaparezcan.
4. Con
respecto al párrafo 2 anterior, si se determina que una Parte aún no cumple los
estándares de la OACI después de la expiración del plazo, este hecho deberá ser
notificado al Secretario General de la OACI. La resolución satisfactoria de
esta situación también deberá reportarse a este último.
ARTÍCULO 7
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
1. Las
Partes afirman que su obligación mutua de proteger la seguridad de la aviación
civil contra actos de interferencia ilícita forma parte integral del presente
Acuerdo. Sin limitar la generalidad de sus derechos y obligaciones conforme al
derecho internacional, las Partes, en particular, actuarán de conformidad con
las disposiciones del Convenio sobre Infracciones y Ciertos Otros Actos
Cometidos a Bordo de las Aeronaves, firmado en Tokio en septiembre 14 de 1963,
el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado
en La Haya en diciembre 16 de 1970, el Convenio para la Represión de Actos
Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal en
septiembre 23 de 1971, Y el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de
Violencia en los Aeropuertos que Presten Servicios a la Aviación Civil
Internacional, complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal en febrero 24 de
1988, así como con cualquier otro convenio relativo a la seguridad de la
aviación civil en la medida en que se encuentre vigente para ambas Partes.
2. Las
Partes, previa solicitud, prestarán toda la asistencia necesaria a la otra
Parte para evitar actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros
actos ilícitos en contra de la seguridad de dichas aeronaves, de sus pasajeros
y tripulación y de los aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, y para
hacer frente a cualquier otra amenaza contra la seguridad de la navegación
aérea civil.
3. Las
Partes, en sus relaciones mutuas, actuarán de conformidad con los estándares de
seguridad de la aviación y las prácticas adecuadas recomendadas, establecidas
por la Organización de Aviación Civil Internacional y denominadas Anexos al
Convenio; exigirán que los explotadores de aeronaves de su matrícula, los
explotadores de aeronaves que tienen su oficina principal o residencia
permanente en su territorio y los explotadores de aeropuertos en su territorio
actúen de conformidad con dichas disposiciones sobre la seguridad de la
aviación.
4. Cada
Parte conviene en observar las disposiciones de seguridad exigidas por la otra
Parte para la entrada en su territorio, la salida del mismo y mientras se
permanezca en él, y tomar medidas adecuadas para proteger las aeronaves e
inspeccionar a los pasajeros, la tripulación y su equipaje y el equipaje de
mano, así como la carga y las provisiones de a bordo antes y durante el
embarque o carga. Cada Parte también considerará favorablemente cualquier
solicitud de la otra Parte para que adopte medidas especiales de seguridad para
afrontar una amenaza particular.
5. Cuando un
incidente o amenaza de incidente de apoderamiento ilícito de aeronaves u otros
actos ilícitos contra la seguridad de los pasajeros, la tripulación, aeronaves,
los aeropuertos o las instalaciones de navegación aérea ocurra, las Partes se
asistirán mutuamente, facilitando las comunicaciones y otras medidas apropiadas
destinadas a resolver rápidamente y de forma segura dicho incidente o amenaza.
6. Cuando
una Parte tenga motivos razonables para considerar que la otra Parte se ha
apartado de las disposiciones de seguridad de la aviación del presente
Artículo, las autoridades aeronáuticas de esa Parte podrán solicitar consultas
inmediatas a las autoridades aeronáuticas de la otra Parte. De no llegarse a un
acuerdo satisfactorio dentro de los 15 días siguientes a la fecha de dicha
solicitud constituirá un motivo para retener, revocar, suspender, limitar o
imponer condiciones sobre la autorización de operación o los permisos técnicos
de una línea aérea o líneas aéreas de esa Parte. Cuando se requiera por una
emergencia, una Parte podrá tomar medidas provisionales previas a la expiración
de los 15 días de plazo.
ARTÍCULO 8
OPORTUNIDADES COMERCIALES
1. Las
líneas aéreas de cada Parte tendrán derecho a establecer oficinas en el
territorio de la otra Parte para la promoción y venta de servicios de
transporte aéreo.
2. Las
líneas aéreas de cada Parte tendrán derecho, de conformidad con las leyes y
regulaciones de la otra Parte relativas a la entrada, residencia y empleo, a
introducir y mantener en el territorio de la otra Parte personal directivo, de
ventas, técnico, operacional y otro personal especializado que requieran para
la prestación del servicio de transporte aéreo.
3. Cada
línea aérea tendrá derecho a proporcionar sus propios servicios de escala en el
territorio de la otra Parte ("servicios propios") o, a elección de la
aerolínea, seleccionar entre agentes competidores para que los presten total o
parcialmente. Los derechos estarán sujetos solamente a restricciones físicas
derivadas de las consideraciones de seguridad del aeropuerto. En caso de que
tales consideraciones excluyan los servicios propios, los servicios de escala
estarán disponibles, en igualdad de condiciones, para todas las líneas aéreas;
los cargos se basarán en los costos de los servicios prestados; y tales
servicios deberán ser comparables con la clase y calidad de servicios si los
servicios propios fueran posibles.
4. Una
aerolínea de una Parte podrá dedicarse a la venta de servicios de transporte
aéreo en el territorio de la otra Parte directamente y, a discreción de la
aerolínea, a través de sus agentes, a menos que se disponga específicamente en
las regulaciones de vuelos chárter del país en el que se origina el chárter
relativas a la protección de los fondos de los pasajeros y a los derechos de
cancelación y reembolso de los pasajeros. Cada línea aérea tendrá derecho a
vender dicho transporte, y cualquier persona tendrá derecho a comprarlo, en la
moneda del territorio o en monedas libremente convertibles.
5. Cada
línea aérea tendrá derecho a convertir y transferir a su país salvo cuando no
sea compatible con el ordenamiento o regulación aplicable, a cualquier otro
país o países de su elección, previa solicitud, los ingresos locales que
excedan las sumas localmente desembolsadas. La conversión y la transferencia se
permitirán con prontitud, sin imponerles restricciones ni gravámenes, a la tasa
de cambio aplicable a las operaciones y transferencias corrientes, en la fecha
en que el transportista efectúa la solicitud inicial de la transferencia.
6. Las
líneas aéreas de cada Parte estarán autorizadas para pagar los gastos locales,
incluyendo las compras de combustible, en el territorio de la otra Parte en la
moneda local. A su criterio, las líneas aéreas de cada Parte podrán pagar
dichos gastos en el territorio de la otra Parte en monedas libremente
convertibles de acuerdo con la regulación monetaria del país.
7. Al
explotar u ofrecer los servicios autorizados en el presente Acuerdo, cualquier
aerolínea de una Parte podrá celebrar acuerdos de cooperación comercial, tales
como acuerdos de bloqueo de espacio, de código compartido, acuerdos de
intercambio o de arrendamiento de aeronaves, con :
a. una línea
aérea o líneas aéreas de cualquiera de las Partes;
b. una línea
aérea o líneas aéreas de un tercer país; y
c. un
proveedor de transporte terrestre de cualquier país; siempre y cuando todos los
participantes en tales acuerdos
(i) tengan
la debida autorización y
(ii) cumplan
los requisitos aplicados normalmente a estos acuerdos.
8. Las
líneas aéreas y los proveedores indirectos de transporte de carga de ambas
Partes estarán autorizados, sin restricción, a ernplear, en conexión con el
transporte aéreo internacional, cualquier transporte terrestre para carga hacia
o desde cualquier punto en los territorios de las Partes o en terceros países,
incluyendo hacia y desde todos los aeropuertos con servicios aduaneros, y para
transportar carga en depósito aduanero "in-bond", conforme a la
legislación y las regulaciones aplicables. Dicha carga , sea transportada por
tierra o aire, tendrá acceso a los trámites e instalaciones aduaneras del
aeropuerto. Las líneas aéreas podrán elegir realizar su propio transporte terrestre
u obtenerlo mediante acuerdos con otros transportadores terrestres, incluyendo
el transporte terrestre operado por otras líneas aéreas y proveedores
indirectos de transporte de carga aérea. Estos servicios de carga multimodal
podrán ofrecerse a un solo precio directo para el transporte aéreo y terrestre
combinado, siempre y cuando no se confunda a los remitentes sobre las
circunstancias concernientes a dicho transporte.
ARTÍCULO 9
DERECHOS ADUANEROS Y GRAVÁMENES
1. Al llegar
al territorio de una Parte, las aeronaves en servicios de transporte  aéreo
internacional por las líneas aéreas de la otra Parte, su equipo regular, el
equipo de tierra, el combustible, los lubricantes, los suministros técnicos
consumibles, las partes de repuesto (incluyendo motores), las provisiones de a
bordo (incluyendo, pero no limitado a artículos tales como alimentos, bebidas y
licores, tabaco y otros productos destinados para la venta a los pasajeros o
para el consumo de estos en cantidades limitadas durante el vuelo), y otros
artículos que se destinen o utilicen solamente en relación con el
funcionamiento o la prestación de servicios en las aeronaves dedicadas al
transporte aéreo internacional estarán exentos, sobre la base de la
reciprocidad, de todas las restricciones a la importación, impuestos a la
propiedad y gravámenes al patrimonio, derechos de aduana, impuestos especiales
y tarifas y cargos similares que:
(a) son
impuestos por las autoridades nacionales y
(b) no se
basen en el costo de los servicios prestados, siempre y cuando dichos equipos y
suministros permanezcan a bordo de la aeronave.
2. También
estarán exentos, sobre la base de la reciprocidad, de los impuestos,
gravámenes, derechos, tarifas y cargos mencionados en el parágrafo 1 del
presente Artículo, con excepción de los cargos basados en el costo del servicio
prestado:
a. las
provisiones de a bordo introducidas o suministradas en el territorio de una
Parte y llevadas a bordo, dentro de lírnites
razonables, para su uso en las aeronaves de salida de una línea aérea de la
otra Parte que participe en el transporte aéreo internacional, incluso cuando
estas provisiones se utilizan en una parte del viaje realizado sobre el
territorio de la Parte en la I cual se llevaron a bordo;
b. el equipo
de tierra y las partes de repuesto (incluidos los motores) ingresados en el
territorio de una Parte para el servicio, mantenimiento o reparación de las
aeronaves de las líneas aéreas de la otra Parte, utilizadas en el transporte
aéreo internacional;
c. el
combustible, los lubricantes y los suministros técnicos consumibles ingresados
o suministrados en el territorio de una Parte para su uso en una aeronave de
una línea aérea de la otra Parte que participe en el transporte aéreo
internacional, incluso cuando estos suministros se utilizan en una parte del
viaje realizado sobre el territorio de la Parte en la cual se llevaron a bordo;
y
d. los
materiales de propaganda y publicitarios ingresados o suministrados en el
territorio de una Parte y llevados a bordo, dentro de límites razonables, para
su uso en las aeronaves de salida de una línea aérea de la otra Parte que
participe en el transporte aéreo internacional, incluso cuando estos materiales
se utilizan en una parte del viaje realizado sobre el territorio de la Parte en
la cual se llevaron a bordo.
3. Podrá
exigirse que el equipo y los suministros referidos en los párrafos 1 y 2 del
presente Artículo se mantengan bajo la supervisión o control de las autoridades
competentes.
4. Las
exenciones que estipula el presente Artículo se concederán así mismo cuando las
líneas aéreas de una Parte hayan contratado con otra aerolínea, la cual
disfrutará, del mismo modo, de las exenciones concedidas por la otra Parte, por
el préstamo o transferencia en el territorio de la otra Parte de los objetos
especificados en los párrafos 1 y 2 del presente Artículo.
ARTÍCULO 10
CARGOS A LOS USUARIOS
1. Los
cargos a los usuarios que impongan las autoridades u organismos fiscales
competentes de cada Parte a las líneas aéreas de la otra Parte serán justos,
razonables, no injustamente discriminatorios y se repartirán equitativamente
entre las categorías de usuarios. En cualquier caso, cualquiera de dichos
cargos a los usuarios se gravarán a las líneas aéreas de la otra Parte en
condiciones no menos favorables que las condiciones más favorables de que goce
cualquier otra aerolínea en el momento en que se fijen esos cargos.
2. Los
cargos a los usuarios impuestos a las líneas aéreas de la otra Parte podrán
corresponder, sin exceder, el costo total que signifique para las autoridades u
organismos fiscales competentes la debida prestación de los servicios e
instalaciones del aeropuerto, ambiente aeroportuario, la navegación aérea y las
instalaciones y servicios de seguridad de la aviación en el aeropuerto o dentro
del sistema aeroportuario. Dichos cargos podrán incluir un rendimiento
razonable de los activos, después de la depreciación. Las instalaciones y los
servicios por los cuales se graven los cargos se proporcionarán sobre una base
eficiente y económica.
3. Cada
Parte promoverá las consultas entre las autoridades u organismos fiscales
competentes en su territorio y las líneas aéreas que utilizan los servicios y
las instalaciones, y alentarán a dichas autoridades u organismos fiscales
competentes y a las líneas aéreas a intercambiar la información que sea
necesaria para determinar con precisión la razonabilidad de los cargos de
conformidad con los principios de los párrafos 1 y 2 del presente
Artículo. Cada Parte alentará a las autoridades fiscales competentes a
proporcionar a los usuarios una notificación razonable de cualquier propuesta
de cambio en los cargos de los usuarios para permitirles a éstos expresar su
opinión antes de que los cambios se efectúen.
4. En los
procedimientos de solución de controversias con arreglo al Artículo 14, no se
considerará que una Parte haya contravenido alguna disposición del presente
Artículo a menos que (a) ésta no se comprometa a una revisión del cargo o la
práctica que sea el objetivo de la denuncia de la otra Parte dentro de un plazo
razonable de tiempo; o (b) posterior a dicha revisión, ésta no tome todas las
medidas en su poder para remediar cualquier cargo o práctica que sea
inconsistente con el presente Artículo.
ARTÍCULO 11
COMPETENCIA LEAL
1. Cada
Parte concederá una oportunidad justa y equitativa a las líneas aéreas
de ambas
Partes para competir en la prestación del transporte aéreo internacional regido
por el presente Acuerdo.
2. Cada
Parte permitirá a cada aerolínea determinar la frecuencia y capacidad
del
transporte aéreo internacional que ofrece basado en consideraciones comerciales
del mercado. Conforme a este derecho, ninguna de las Partes limitará
unilateralmente el volumen de tráfico, la frecuencia o regularidad del
servicio, o el tipo o tipos de aeronaves operadas por las líneas aéreas de la
otra Parte, excepto cuando se requiera por razones aduaneras, técnicas,
operacionales o de medio ambiente bajo condiciones uniformes consistentes con
el Artículo 15 del Convenio.
3. Ninguna
de las Partes impondrá a las líneas aéreas de la otra Parte una relación de
equilibrio, derechos por la no-objeción o cualquier otro requerimiento con
respecto a la capacidad, frecuencia o tráfico que sea incompatible con los
propósitos del presente Acuerdo.
4. Ninguna
de las Partes exigirá la presentación de horarios, programas de vuelos chárter
o planes operacionales a las líneas aéreas de la otra Parte para aprobación, a
menos que sea requerido, sobre una base no discriminatoria, para hacer cumplir
las condiciones uniformes previstas en el párrafo 2 del presente Artículo o a
menos que sea específicamente autorizado en el presente Acuerdo. Si una Parte
requiere presentar documentación para fines informativos, ésta minimizará los
trámites administrativos que representen los requisitos y procedimientos para
los intermediarios de transporte aéreo y las líneas aéreas de la otra Parte.
ARTÍCULO 12
FIJACIÓN DE PRECIOS
1. Cada
Parte permitirá que cada aerolínea establezca los precios para el transporte
aéreo sobre consideraciones comerciales del mercado. La intervención de las
Partes se limitará a:
a. la
prevención de precios o prácticas injustificadamente discriminatorias;
b. la
protección a los consumidores de precios excesivamente altos o restrictivos por
el abuso de una posición dominante; y
c. la
protección a las líneas aéreas de precios artificialmente bajos debido al
subsidio o apoyo gubernamental directo o indirecto.
2.
Cualquiera de las Partes podrá exigir la notificación o presentación ante sus
autoridades aeronáuticas de los precios a cobrar hacia o desde su territorio
por las líneas aéreas de la otra Parte. Tal notificación o presentación por
parte de las líneas aéreas podrá ser exigida no antes de la oferta inicial de
un precio.
3. Ninguna de
las Partes tomará una acción unilateral para prevenir la inauguración o la
continuidad de un precio propuesto o aplicado por: (i) una línea aérea de
cualquiera de las Partes para el transporte aéreo internacional entre los
territorios de las Partes, o (ii) una línea aérea de una Parte para el
transporte aéreo internacional entre el territorio de la otra Parte y cualquier
otro país, incluyendo en ambos casos, el transporte sobre una base de
interlínea o intralínea. Si cualquiera de las Partes cree que algún precio es
incompatible con las consideraciones establecidas en el párrafo 1 del presente
Artículo, deberá solicitar consultas y notificar a la otra Parte sobre las
razones de su insatisfacción tan pronto como sea posible. Estas consultas
deberán realizarse a más tardar 30 días después del recibo de la solicitud, y
las Partes cooperarán en la consecución de la información necesaria para la
solución razonable de este asunto. Si las Partes llegan a un acuerdo con
respecto al precio por el cual se ha enviado un aviso de inconformidad, cada
Parte hará su mejor esfuerzo para poner en vigor dicho acuerdo. Sin este
acuerdo mutuo, el precio deberá entrar en vigor o continuar en vigor.
ARTÍCULO 13
CONSULTAS
Cualquiera
de las Partes podrá, en cualquier momento, solicitar consultas relativas al
presente Acuerdo. Tales consultas empezarán lo antes posible, pero no después
de 60 días a partir de la fecha en que la otra Parte reciba la solicitud, a
menos que se convenga otra cosa. Cualquier enmienda propuesta derivada de las
consultas estará sujeta al Artículo 15.
ARTÍCULO 14
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
1. Cualquier
controversia que surja en el presente Acuerdo, excepto aquéllas que puedan
surgir bajo el Artículo 12 (Fijación de Precios), que no se resuelva dentro de
los 30 días siguientes a la fecha establecida para consultas según una
solicitud de consultas bajo el Artículo 13, se podrá remitir por acuerdo entre
las Partes, para decisión de alguna persona u organismo. Si las Partes no llegan
a tal acuerdo, cualquiera de las Partes podrá notificar por escrito a la otra
Parte, a través de los canales diplomáticos, que está solicitando que la
controversia sea sometida a arbitraje.
2. El
arbitraje será mediante un tribunal de tres árbitros que será constituido de
la siguiente
manera:
a. Dentro de
los 30 días siguientes al recibo de una solicitud de arbitraje, cada Parte
nombrará un árbitro. Dentro de los 60 días siguientes al nombramiento de estos
dos árbitros, éstos nombrarán, de común acuerdo, un tercer árbitro que actuará
como Presidente del tribunal de arbitraje.
b. Si alguna
de las Partes no nombra un árbitro, o si no se nombra el tercer árbitro, de
acuerdo con el sub-párrafo (a) de este párrafo, cualquiera de las Partes podrá
solicitar al Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil
Internacional que nombre el árbitro o árbitros necesarios en un plazo de 30
días. Si el Presidente del Consejo tiene la misma nacionalidad de alguna de las
Partes, el Vice-Presidente de mayor rango que no esté descalificado por el
mismo motivo, hará el nombramiento.
3. El
tribunal de arbitraje tendrá derecho a decidir el alcance de su jurisdicción
bajo el
presente Acuerdo y, a menos que se convenga otra cosa , establecerá sus propias
reglas de procedimiento. El tribunal, una vez formado, podrá a solicitud de
cualquiera de las Partes, recomendar las medidas provisionales de desagravio a
la espera de su determinación definitiva. Si cualquiera de las Partes lo
solicita o el tribunal lo considera apropiado, se llevará a cabo una
conferencia para determinar los asuntos precisos que se someterán a arbitraje y
los procedimientos específicos a seguir a más tardar 15 días después de que el
tribunal esté plenamente constituido.
4. A menos
que se convenga otra cosa o según las indicaciones del tribunal, la
declaración
de la demanda deberá presentarse dentro de los 45 días del momento en que el
tribunal quede plenamente constituido, y la declaración de la defensa deberá
presentarse 60 días después de esa fecha. Cualquier respuesta del demandante
deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la
declaración de la defensa. Cualquier respuesta del demandado deberá presentarse
dentro de los 30 días siguientes a dicha fecha. Si cualquiera de las Partes lo
solicita o el tribunal lo considera apropiado, el tribunal llevará a cabo una
audiencia dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que el último alegato
haya vencido.
5. El
tribunal tratará de tomar una decisión por escrito dentro de los 30 días
siguientes a la finalización de la audiencia o, si no se realiza una audiencia,
después de la presentación del último alegato. Prevalecerá la decisión de la
mayoría del tribunal.
6. Las
Partes podrán presentar solicitudes de interpretación de la decisión dentro de
los 15 días siguientes a la fecha de ésta y cualquier interpretación dada se
emitirá dentro de los 15 días siguientes de dicha solicitud.
7. Cada
Parte deberá dar, en la medida en que sea consistente con su legislación
nacional, total cumplimiento a cualquier decisión o laudo del tribunal de
arbitraje.
8. Los
gastos del tribunal de arbitraje, incluyendo los honorarios y los gastos de los
árbitros, deberán ser compartidos equitativamente por las Partes. Cualquier
gasto en que incurra el Presidente del Consejo de la Organización de Aviación
Civil Internacional en relación con los procedimientos del párrafo 2(b) del
presente Artículo será considerado como parte de los gastos del tribunal de
arbitraje.
ARTÍCULO 15
ENMIENDAS
1. Las enmiendas
al presente Acuerdo entrarán en vigor en la fecha de la última nota del
intercambio de notas diplomáticas entre [as Partes que confirman que todos los
procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor de las enmiendas se
han completado.
2. Las
enmiendas al Anexo podrán ser acordadas por escrito y entrarán en vigor cuando
las Partes las confirmen a través de un intercambio de notas diplomáticas.
ARTÍCULO 16
TERMINACIÓN
Cualquiera
de las Partes podrá, en cualquier momento, notificar por escrito a la otra
Parte su decisión de terminar el presente Acuerdo. Dicha notificación se
enviará simultáneamente a la Organización de Aviación Civil Internacional. El
presente Acuerdo terminará a la medianoche (en el lugar de recibo de la
notificación a la otra Parte) al final de la temporada de tráfico de la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional ("lATA" por sus siglas
en inglés) vigente un año después de la fecha de la notificación por escrito de
la terminación, a menos que esta notificación se retire mediante acuerdo de las
Partes antes de finalizar este periodo.
ARTÍCULO 17
REGISTRO EN LA OACI
El presente
Acuerdo y todas las enmiendas al mismo deberán registrarse en la
Organización
de Aviación Civil Internacional.
ARTÍCULO 18
APLICACIÓN PROVISIONAL Y ENTRADA EN VIGOR
1. A la
espera de su entrada en vigor, el presente Acuerdo deberá aplicarse
provisionalmente a partir de la fecha de la última nota del intercambio de
notas diplomáticas entre las Partes en las que cada Parte notifica a la otra
que consiente aplicar provisionalmente el presente Acuerdo.
2. El
presente Acuerdo deberá entrar en vigor a partir de la fecha de la última nota
del intercambio de notas diplomáticas entre las Partes confirmando que todos
los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo se
han completado.
3. Tras la
entrada en vigor, el presente Acuerdo sustituirá el Acuerdo de Transporte Aéreo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América, firmado en Bogotá en Octubre 24 de 1956, y sus enmiendas.
EN FE DE LO
CUAL, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han
firmado el presente Acuerdo,
HECHO en
Bogotá, el 10 de mayo, de 2011 en dos originales, en los idiomas español y
inglés, ambos textos siendo igualmente auténticos,
POR EL
GOBIERNO DE LA                   POR EL GOBIERNO DE LOS
REPÚBLICA DE
COLOMBIA:                ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:
María Ángela Holguín Cuéllar                  William J. Burns
Ministra de
Relaciones Exteriores             Subsecretario de Estado para Asuntos                                                                 Políticos
ANEXO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
SECCIÓN 1
CUADRO DE RUTAS
No obstante
las disposiciones del Artículo 2, las siguientes disposiciones se aplicarán a
los servicios combinados regulares:
1. Una línea
aérea o líneas aéreas designadas por el Gobierno de los Estados Unidos tendrán
derecho a operar servicios de transporte aéreo en las rutas especificadas a
continuación:
a. Con
efecto inmediato, desde puntos anteriores a los Estados Unidos, vía los Estados
Unidos y puntos intermedios, a Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena de Indias,
Medellín y más allá.
b. Con
efecto inmediato, con el propósito de servir como línea aérea no operadora
únicamente sobre la base de código compartido, desde puntos anteriores a los
Estados Unidos, vía los Estados Unidos y puntos intermedios, a seis (6) puntos[64]
adicionales en Colombia y más allá.
c. Efectivo
desde 10 de enero de 2012, con el propósito de servir como línea aérea no
operadora únicamente sobre la base de código compartido, desde puntos
anteriores a los Estados Unidos, vía los Estados Unidos y puntos intermedios, a
puntos en Colombia y más allá.
2. Una línea
aérea o líneas aéreas designadas por el Gobierno de la República de Colombia
tendrán derecho a operar servicios de transporte aéreo en las rutas
especificadas a continuación:
a. Con
efecto inmediato, desde puntos anteriores a Colombia, vía Colombia y puntos
intermedios, a Miami, Nueva York, San Juan, Orlando y ocho (8) puntos
adicionales en los Estados Unidos y más allá.
b. Con
efecto inmediato, desde puntos anteriores a Colombia, vía Colombia y puntos
intermedios, a Los Ángeles o San Francisco[65]
y más allá.
c. Con
efecto inmediato, con el propósito de servir como línea aérea no operadora
únicamente sobre la base de código ·compartido, desde puntos anteriores a
Colombia, vía puntos intermedios, a doce (12) puntos[66]
adicionales en los Estados Unidos y más allá.
d. Efectivo
desde 10 de enero de 2012, con el propósito de servir como línea aérea no
operadora únicamente sobre la base de código compartido, desde puntos
anteriores a Colombia, vía Colombia y puntos intermedios, a puntos en los
Estados Unidos y más allá.
SECCIÓN 2
CAPACIDAD
1. Las
líneas aéreas de ambas Partes podrán operar frecuencias ilimitadas para los
servicios regulares combinados, excepto con respecto a lo siguiente:
a. Con
efecto inmediato, las líneas aéreas de los Estados Unidos podrán operar hasta
un total de ciento doce (112) frecuencias semanales de ida y vuelta en rutas
con frecuencia restringida.
b. Con
efecto inmediato, las líneas aéreas de Colombia podrán operar hasta un total de
ciento veinte (120) frecuencias semanales de ida y vuelta en rutas con
frecuencia restringida.
c. Efectivo
desde 10 de enero de 2012, las líneas aéreas de los Estados Unidos podrán
operar hasta un total de ciento treinta y tres (133) frecuencias semanales de
ida y vuelta en rutas con frecuencia restringida.
1 El
Gobierno de Colombia seleccionará uno de los dos puntos especificados. Si en lo
sucesivo selecciona el otro punto en lugar del punto seleccionado inicialmente,
el último punto será considerado eliminado de esta ruta.
2 Cualquiera
de las Partes podrá seleccionar y/o cambiar los puntos adicionales que ha
seleccionado con aviso de 30 días a la otra Parte a través de canales
diplomáticos.
d. Efectivo
desde 10 de enero de 2012, las líneas aéreas de Colombia podrán operar hasta un
total de ciento cuarenta y un (141) frecuencias semanales de ida y vuelta en
rutas con frecuencia restringida.
e. Las rutas
con frecuencia restringida son:
1. Atlanta-Bogotá
11. Ft. Lauderdale-Bogotá
iii. Ft. Lauderdale-Cali
iv. Ft. Lauderdale-Medellín
v. Houston-Bogotá
vi. Los
Ángeles-Bogotá
vii.
Miami-Bogotá
viii.
Miami-Cali
ix.
Miami-Medellín
x. Nueva York/Newark-Bogotá
xi. New York/Newark-Medellín
xii.
Orlando-Bogotá
xiii.
Washington-Bogotá
2. Ambas
Partes podrán autorizar, de común acuerdo, aumentos adicionales de capacidad en
las rutas con frecuencia restringida para atender condiciones especiales de
mercado.
3. Las
limitaciones de frecuencias en esta Sección no aplican para las líneas aéreas
no operadoras que participan en acuerdos de código compartido.
SECCIÓN 3
ACUERDOS DE COOPERACIÓN COMERCIAL
No obstante
las disposiciones del Artículo 8, las siguientes disposiciones aplicarán a los
servicios regulares combinados:
1. Con
efecto inmediato, al operar u ofrecer los servicios autorizados bajo el Acuerdo,
cualquier línea aérea de una Parte podrá celebrar acuerdos de cooperación
comercial tales como acuerdos de bloqueo de espacio, código compartido,
acuerdos de intercambio o de arrendamiento, con:
a. una línea
aérea o líneas aéreas de cualquiera de las Partes;
b. una línea
aérea o líneas aéreas de un tercer país localizado en Norte América, Sur
América, Centro América y el Caribe; y
c. un
proveedor de transporte terrestre de cualquier país; siempre y cuando todos los
participantes en tales acuerdos (i) tengan la debida autorización y (ii)
cumplan los requisitos aplicados normalmente a estos acuerdos.
2. Esta
Sección expirará en diciembre 31 de 2011.
SECCIÓN 4
CADUCIDAD DEL ANEXO
Este Anexo
expirará en diciembre 31 de 2012.
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
TRATADOS DE LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA
CERTIFICA:
Que la
reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en
idioma español del "Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América",
suscrito en Bogotá D.C., el10 de mayo de 2011.
Dada en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de julio de
dos mil once (2011).
ALEJANDRA VALENCIA GARTNER
Coordinadora del grupo Interno de Trabajo de Tratados
Dirección de Asuntos Jurídicos
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
BOGOTÁ,
D.C., 19 JUL. 011
AUTORIZADO.
SOMÉTANSE CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES
(FDO.) JUAN
MANUEL SANTOS CALDERON
LA
VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO
DE LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES (FDO.) MÓNICA LANZETTA MUTIS
DE C RE T A:
ARTÍCULO
PRIMERO: Apruébase el "ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA",
suscrito en Bogotá D.C., el 10 de mayo de 2011.
ARTÍCULO
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7a de
1944, el "ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA", suscrito en
Bogotá D.C., el 10 de mayo de 2011, que por el artículo primero de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto de la misma.
ARTÍCULO
TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en
Bogotá, D.C., a los
Presentado
al Honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores
y el Ministro de Transporte.
RAMA
EIECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENOA
DE LA REPÚBLICA
BOGOTÁ D.C.,
19 JUL. 2011
AUTORIZADO.
SOMÉTANSE A LA CONSIDERACION  DEL HONORABLE CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA LOS
EFECTOS CONSTTTUCIONALES
(Fdo.) JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN
LA
VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO
DE LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.)
MÓNICA LANZETTA MUTIS
D E C R E T A:
ARTÍCULO
PRIMERO: Apruébase el "ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA",
suscrito en Bogotá D.C., el 10 de mayo de 2011.
ARTÍCULO
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley la de
1944, el "ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA", suscrito en
Bogotá D.C., el 10  de mayo de 2011, que por el artículo primero de esta ley se
aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTÍCULO
TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
EL
PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
ROY
BARRERAS  MONTEALEGRE
EL
SECRETARIO GENERAL DEL  SENADO DE LA REPUBLICA
GREGORIO
ELJACH PACHECO
EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
AUGUSTO POSADA
SANCHEZ
LA
SECRETARIA GENERAL (E) DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
FLOR MARINA
DAZA RAMIREZ
LEY No. 1600
Por medio de la cual se aprueba el “ACUERDO DE TRASNPORTE
AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA”, suscrito en Bogotá D.C.,  EL 10 DE MAYO DE 2012.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
EJECÚTESE,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241.10 de la
Constitución Política.
Dada en
Bogotá D.C., a los 21 DIC 2012
JUAN MANUEL
SANTOS CALDERON
MINISTRA DE
RELACIONES EXTERIORES
MARÍA ÁNGELA
HOLGUÍN CUÉLLAR
MINISTRA DE
TRASNPORTE
CECILIA
ALVÁREZ - CORREA GLEN
[1] Concepto 5640 de septiembre 18 de 2013.
[2] Certificación de la
Cancillería del 27 de agosto de 2013. (folio. 222).
[3] Ibídem.
[4] Folios 21 a 29.
[5] Folios 3 a 7.
[6]
Los días
9 de mayo de 2012, según consta en el
Acta No. 23 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 548/12, 15 de mayo de 2012, según consta en el Acta
No. 24 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 548/12 y 16 de mayo de
2012, según consta en el Acta No. 25 de esa fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 548/12.
[7] Folio 27.
[8] Folios 29 y 30.
[9] Folios 9 a 13.
[10]
Folio 17.
[11] folio 5.
[12] Folios 3 a 7.
[13] Folios 18 a 24.
[14] folio 24.
[15] Folios 16 y ss.
[16] folio 28.
[17] C-294 de
2002, que declaró exequible el Acuerdo entre la
República de Colombia y la República de Chile para la promoción y protección
recíproca de las inversiones, y su protocolo.
[18] Las consultas se harán lo antes posible, pero
no después de 60 días a partir del recibo de la solicitud a menos que se
convenga otra cosa.
[19]
“Mecanismos de solución de controversias (...). La
Corte considera que el sometimiento de las diferencias surgidas con ocasión de
la ejecución, la interpretación y la aplicación del presente tratado a la
decisión de tribunales de arbitramento internacionales es coherente con los
postulados constitucionales, tal y como lo señaló en las sentencias C-358/96 y
C-379/96. Dijo entonces la Corporación:
“Además, en reciente oportunidad, esta Corporación revisó la
constitucionalidad del convenio que crea el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a inversiones y regula los diferentes procedimientos de
arbitraje y conciliación. La Corte encontró que este tratado y esos mecanismos
se ajustaban perfectamente a la Carta, pues son "coincidentes con la
obligación estatal de promover la internacionalización de las relaciones
económicas, políticas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional"[19].
Ninguna objeción constitucional se puede entonces aducir en contra de la
posibilidad de la norma del tratado bajo revisión autorice a un inversionista a
acudir al arbitraje de ese centro internacional”.
[20] Ibídem.
[21] El
arbitramento se define legalmente en el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998,
que reproduce el artículo 111 de la Ley 446 de 1998: “El arbitraje es un
mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de
carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual
queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia,
profiriendo una decisión denominada laudo arbitral. // El arbitraje puede ser
en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en derecho es aquel en el cual
los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente. // En este
evento el arbitro deberá ser abogado inscrito. El arbitraje en equidad es aquel
en que los árbitros deciden según el sentido común y la equidad. Cuando los
árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una
determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico. // Parágrafo. En
la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes indicarán el tipo de
arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en derecho”. En la sentencia C-163 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), la Corte explicó que según el Código de Comercio y la
doctrina constitucional , el arbitraje se define como un mecanismo expresamente
autorizado por la Constitución, mediante el cual las partes en un conflicto
transigible, a través de un contrato, renuncian a acceder a la jurisdicción
ordinaria y someten las diferencias que puedan surgir de relaciones jurídicas
determinadas a la decisión de un tercero o árbitro, que administrará justicia
por medio de un procedimiento establecido por las partes o en la ley, y
adoptará una decisión a la cual las partes aceptan sujetarse por anticipado: “El
artículo 115 del Código de Comercio define el arbitraje ordinario (que difiere
del internacional o del laboral) como el “mecanismo por medio del cual las
partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su
solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la
facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo
arbitral’. Adicionalmente, la doctrina constitucional definió el arbitramento
como “un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto deciden
someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente
sujetarse a lo que allí se adopte’. // Así pues, la justicia arbitral implica
la suscripción voluntaria de un contrato o negocio jurídico, por medio del cual
las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y acuerdan someter la solución
de cuestiones litigiosas, que surgen o que puedan surgir de relaciones
jurídicas determinadas, a la decisión de árbitros, para lo cual determinan un
procedimiento que ellos establecen o se remiten al previsto en la ley. Pues
bien, este mecanismo alterno de resolución de conflictos fue expresamente
autorizado por el artículo 116 de la
Constitución cuando señaló que “los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de(…)
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad”.
[22] Sentencia
de Sala Plena SU.174 de 2007.
[23] Tratado Bilateral.
[24] Acuerdo Bilateral.
[25] Convención Multilateral.
[26] Acuerdo Multilateral.
[27] Acuerdo Multilateral.
[28] Protocolo
Multilateral.
[29] Convención
Multilateral.
[30] Acuerdo
Multilateral.
[31] Convenio Unión Europea y Republica de Colombia.
[32] “artículo 10. Entrada en vigor y denuncia.
1. El presente Convenio-Marco entrará en vigor en la
fecha de la última notificación en que una de las partes comunique a la otra el
cumplimiento de los procedimientos de aprobación interna correspondientes.
2. El presente Convenio-Marco puede ser denunciado por
una de las partes mediante notificación escrita a la otra parte. En este caso,
continuará aplicándose para las obligaciones derivadas de Convenios de
Financiación Específicos o contratos firmados, en virtud del presente
Convenio-Marco, con anterioridad a la fecha de la citada notificación escrita,
obligaciones derivadas de Convenios de Financiación Específicos o contratos
firmados, en virtud del presente Convenio-Marco, con anterioridad a la fecha de
la citada notificación escrita.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo uno del
presente artículo, el presente Convenio se aplicará provisionalmente a
partir de la fecha de su firma y hasta el momento de su entrada en vigor
definitiva. La aplicación provisional cesará también en el momento en que
una de las partes notifique a la otra su intención de no llegar a ser parte en
el Convenio-Marco.”(subrayas
añadidas)
[33] Acuerdo Multilateral en sus inicios.
[34] Protocolo Multilateral.
[35] Tratado
Multilateral.
[36] Sentencia
C-400 de 1998 .M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[37] Tratado
Multilateral en sus inicios, pero que con la denuncia del mismo por parte de
Venezuela en 2006, se tornó en bilateral entre México y Colombia.
[38] La disposición en cita establece: “Los tratados,
para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el
Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de
naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos
internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado
entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su
aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del
tratado”.
[39] Son ellos: la sentencia C-563/92 "Convenio que crea el Consejo de Cooperación
Aduanera" y su ley aprobatoria
10 de 1992; la sentencia C-84/93, por la que se declaró la inconstitucionalidad de la ley de la Ley 8ª del 15 de julio de 1992 "por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en Desarrollo suscrito en Belgrado el 13 de abril de
1988"; la sentencia C-782/03 mediante la cual se declaró la exequibilidad de la Ley 786 de diciembre 27
de 2002, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Protocolo al Convenio
para la cooperación en el marco de la
Conferencia Iberoamericana para la constitución de la
Secretaría de cooperación Iberoamericana (SECIB)’, suscrito en la ciudad
de la Habana (Cuba) en noviembre quince (15) de mil novecientos noventa y nueve
(1999);  la sentencia C-1034/03
sobre revisión constitucional de la Ley 798 de 2003 “Por medio de la cual se aprueba el
convenio internacional del café 2001, adoptado el veintiocho (28) de septiembre
de 2000"; La sentencia C-864/06 que declaró la exequibilidad de la
Ley 1000 de diciembre 30 de 2005,  por la cual se aprobó “Acuerdo
de complementación económica suscrito entre los Gobiernos de la
República de Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la
República del Paraguay, de la
República Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y los Gobiernos de la
República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, Países miembros de la
Comunidad Andina y el Primer Protocolo Adicional Régimen de solución de
controversias” suscrito en Montevideo-Uruguay a los dieciocho (18) días del
mes de octubre de dos mil cuatro (2004) y la sentencia C- 910 de 2013,
sobre la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín,
República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008 y su ley aprobatoria
1604/12.
[40] Cuarto
protocolo del Acuerdo General de comercio de servicios de Colombia, Acuerdo en
materia tributaria, Acuerdo complementario al Tratado de Libre Comercio con
México, Tratado de Libre Comercio con países centroamericanos, Tratado de Libre
Comercio con México y Venezuela, Convención sobre la notificación de accidentes
nucleares, Acuerdo de alcance parcial de complementación económica de
Argentina, con países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y miembros de la
CAN, la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, Convenio que crea
el Consejo de Cooperación Aduanera, Acuerdo sobre el Sistema Global de
Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo, Protocolo al Convenio para
la cooperación en el marco de la
Conferencia Iberoamericana para la constitución de la
Secretaría de cooperación Iberoamericana (SECIB), convenio internacional del café 2001, Acuerdo de complementación económica suscrito entre
los Gobiernos de la República de Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la
República del Paraguay, de la
República Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y los Gobiernos de la
República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, Países miembros de la
Comunidad Andina y el Primer Protocolo Adicional Régimen de solución de
controversias y la Convención sobre Municiones en Racimo.
[41] Acuerdos bilaterales para abrir recíprocamente los
mercados de mercancías, y apuntan a objetivos integradores de apertura de
mercados mayores que los acuerdos de alcance parcial.
[42] Acuerdos de integración en diferentes
niveles o formas,  orientados hacia la integración económica de las naciones,
los cuales pueden ser  bilaterales, o multilaterales, cuando son acuerdos concertados dentro del marco
jurídico institucional de la OMC, que son aceptados y de carácter obligatorio
para todos los países miembros de este organismo multilateral, entre los que se
encuentran: los tratados de libre comercio, los tratados de alcance parcial,
los tratados comerciales regionales, las uniones aduaneras y los acuerdos de
preferencias comerciales.
[43] Tratados
mediante los cuales  dos o más Estados
reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales con el fin de
incrementar los flujos de comercio e inversión y por esa vía, su nivel de
desarrollo económico y social.
[44] Acuerdos bilaterales en materias arancelarias que
tienen por objeto liberar parcialmente el comercio de listados acotados de
productos. Normalmente se le concibe como una primera etapa en un proceso de
apertura mayor a largo plazo.
[45] Acuerdos
a través de los cuales se concretan procesos de integración
económica regional, entre Estados, con el fin de avanzar en desarrollo
económico y social.
[46]  A
través de las que  se transforman dos o más territorios aduaneros en uno
solo, dentro del cual los aranceles u otras restricciones al comercio son
eliminados; se aplican, en general, idénticos aranceles y regulaciones al
comercio con terceros países.
[47] Acuerdos
mediante los cuales se impulsa la expansión del
comercio internacional  y se propicia la participación equitativa de los
países en desarrollo,  en los intercambios comerciales a fin de obtener
mejores oportunidades de alcanzar, por sí mismos, un mejoramiento autónomo de
su destino económico, social y político.
[48] Real Academia Española.
Diccionario de la Lengua Española. Talleres Gráficos de la
Editorial Espasa – Calpe. S.A., Madrid, 1992.
[49]  Ver Entre otras Sentencia T-523 de 1997,
M.P. Carlos Gaviria Díaz..
[50] Ver Sentencia T- 254 de 1994,  M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[51] El artículo 246 establece: “Las autoridades de los
pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre
que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la
República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción
especial con el sistema judicial nacional”
[52] Resolución AG/2542 del 11 de diciembre de 1969.
[53] Resolución AG/2856 del 20 de diciembre de 1971.
[54] Resolución AG/3447 del 9 de diciembre de 1975.
[55] Presidencia
de la Republica. Consejería para el Desarrollo de la
Constitución. Asamblea Nacional Constituyente. Sesión Plenaria del 11 de junio
de 1991.
[56] Ibídem.
[57] Convenio internacional del café, de 1962,
negociado y suscrito en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, en el que se establecía un sistema de cuotas en virtud
del cual se retiraban del mercado las cantidades de café que representaban un
exceso de la oferta con respecto a la demanda de los
consumidores.  Otras disposiciones sirvieron para iniciar políticas
de producción y diversificación para limitar la oferta de café, emprendiéndose
asimismo actividades de promoción para aumentar el consumo.  Prorrogado en
diversas oportunidades, hasta el ultimo de 2007 actualmente vigente. (fuente
pagina de la Organización Mundial del Café).
[58] “artículo
63. El Consejo Económico y Social podrá concertar con
cualquiera de los organismos especializados de que trata el Artículo 57,
acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos
organismos habrán de vincularse con la
Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la
Asamblea General.
El Consejo Económico y Social podrá
coordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas
con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones
a la Asamblea General y a los Miembros de las Naciones Unidas.”
[59] Artículo 55. Con el propósito de crear las condiciones de
estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas
entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de
derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la
Organización promoverá:
a. niveles de
vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y
desarrollo económico y social;
b.. La solución
de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de
otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y
educativo; y
c. el respeto
universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad
de tales derechos y libertades.
[60] “International organization” means an organization established by a
treaty or other instrument governed by international law and possessing its own
international legal personality. International organizations may include as
members, in addition to States, other entities; “
[61] El Gobierno Nacional mediante Decreto 2773 del 4 de agosto de 2011,  dispuso
la aplicación provisional del “Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno
de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América”,
suscrito en Bogotá, D.C., el 10 de mayo de 2011.
[62] Arts. 82 y 83.
[63] Fue suscrito
el 10 de mayo de 2011 y radicado el 7 de septiembre del mismo año.
[64] Cualquiera
de las Partes podrá seleccionar y/o cambiar los puntos adicionales que ha
seleccionado con aviso de 30 días a la otra Parte a través de canales
diplomáticos.
[65] El
Gobierno de Colombia seleccionará uno de los puntos especificados. Si en lo
sucesivo selecciona el otro punto seleccionado inicialmente, el último será
considerado eliminado de esa ruta.
[66] Cualquiera de las partes podrá seleccionar y/o cambiar los
puntos adicionales que ha seleccionado con aviso de 30 días a la otra Parte a
través de canales diplomáticos.