C-465-20
Sentencia C-465/20
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos deben ser
claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Oportunidad procesal para definir la aptitud de
la demanda
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA EN REGULACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Reiteración de jurisprudencia
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DE
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Metodología
cuando se demanda la totalidad de una ley
La demanda debe
demostrar y explicar que la ley incluye aspectos o materias que están
salvaguardadas con la reserva estatuaria. Es insuficiente señalar los temas de
ley. Se requiere una carga argumentativa que esboce la forma en que la
regulación ordinaria debía ser objeto de una mayor deliberación democrática.
Ello es así, en razón de que las leyes ordinarias pueden relacionarse con
derechos fundamentales o la administración de justicia.
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Interpretación restrictiva
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD
SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento
de requisitos de especificidad y suficiencia
Referencia:
Expediente D-13558
Demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el
código de la infancia y la adolescencia”
Demandante:
Juan Pablo Carrillo Montoya.
Magistrado Sustanciador:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D. C., veintinueve (29)
de octubre de dos mil veinte (2020).
La Sala Plena de la Corte Constitucional
integrada por las Magistradas  Gloria Stella Ortiz Delgado, Diana Fajardo
Rivera y Cristina Pardo Schlesinger así mismo por los Magistrados Richard Steve
Ramírez Grisales (E), Jorge Enrique Ibáñez Najar, Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos,
quien la preside, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
En ejercicio de la acción pública consagrada
en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Juan Pablo
Carrillo Montoya formuló demanda inconstitucionalidad contra la Ley 1098 de
2006 “por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia”,
por quebrantar el artículo 152º superior.
NORMA DEMANDADA
2.
El ciudadano formula
la demanda en contra de la totalidad de la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” - en adelante CIA-.
Dicho texto legal se transcribirá en un anexo a la presente decisión por su
extensión.
PROCESO DE ADMISIÓN
3.
Por Auto del 22 de noviembre de 2019, el Magistrado
sustanciador admitió la demanda formuló contra Ley
1098 de 2006, por desconocer el artículo 152 de la Constitución, al cumplir los requisitos fijados por la jurisprudencia para
iniciar un juicio de validez.
4.
En la misma providencia se comunicó el inicio del proceso de
constitucionalidad de la referencia al Presidente
del Senado, al Presidente de la Cámara de Representantes, al Presidente de la
República, al Ministerio de la Protección Social, para que intervinieran
directamente o por intermedio de apoderado escogido para el efecto, indicando
las razones que, en su criterio, justifican la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de la norma demandada.
5.
Del mismo modo, se invitó a las Facultades de las Facultades de Derecho de las Universidades de los Andes,
Externado de Colombia, Pontificia Javeriana, Santo Tomás, Libre -Bogotá- y del
Rosario; así como a la
organización sin ánimo de lucro Red Papaz y al Observatorio de Responsabilidad
penal para adolescentes de la Universidad Nacional de Colombia, para que
intervinieran, explicando las razones que, en su criterio, justifican la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición demandada.
CARGOS DE LA DEMANDA
6.
El ciudadano Juan
Pablo Carrillo Montoya consideró que la totalidad de la Ley 1098 de 2006
“por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia”,
desconoció el artículo 152º Superior. A su juicio, la norma demandada fue
tramitada y expedida por el Congreso de la República como ley ordinaria, sin
considerar que era una materia de ley estatutaria, de acuerdo con los literales
a) y b) del artículo 152, disposición que reserva la materia para ese tipo de
estatutos las regulaciones sobre derechos y deberes fundamentales y
administración de justicia.
7.
En ese sentido, el demandante argumentó que la
Ley 1098 de 2006 regula temáticas relacionadas con derechos fundaméntales de
niños, niñas y adolescentes, así como con el sistema de responsabilidad penal
para adolescentes, ámbitos que están ligados a la administración de justicia
especial y diferenciada como refiere la Convención sobre los Derechos del Niño.
Resaltó que los destinatarios de la norma son sujetos de especial protección de
constitucional.
8.
Recordó el argumento usado por el
Congreso, según el cual, la Ley 1098 de 2006 no desarrolla el núcleo esencial
de algún derecho fundamental, por el contrario señala que “al reglamentar el
sistema de responsabilidad penal para adolescentes y limitar el ejercicio del
derecho a la libertad, afecta el núcleo esencial de ese derecho en los eventos
en que un adolescente es declarado responsable de un ilícito y regula aspectos
esenciales del debido proceso, toda vez que en los artículos 146 y 161, dispone
el procedimiento sancionatorio, las garantía y reglas procesales que tendrán
los adolescentes dentro del marco de un proceso”.
9.
Por último, refirió que el Congreso había iniciado
el trámite del proyecto de ley del CIA como ley estatutaria, empero, después
varió el procedimiento a una ley ordinaria. Por ende, concluyó que ese cambio
improvisado y apresurado solo había obedecido a la premura del tiempo lo cual
no es una razón constitucional para desconocer la Carta Política.
INTERVENCIONES
10.
A continuación, se sintetizan los escritos de
las entidades, universidades, organizaciones civiles y ciudadanos que rindieron
concepto en el presente proceso de constitucionalidad. Al respecto, debe
precisarse que las intervenciones están agrupadas de acuerdo la decisión que se
solicitó ante esta corporación, a saber: i) ineptitud sustantiva y
subsidiariamente constitucionalidad; ii) exequibilidad; e iii) inexequibilidad
Solicitudes de inhibición, y
subsidiariamente de exequibilidad
11.
Los representantes del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –en adelante ICBF-, del Ministerio del Interior y de la
Cámara de Representantes solicitaron principalmente a esta Corporación que se
declare inhibida para fallar la presente demanda, en tanto incumple los
requisitos para emitir una decisión de mérito.
12.
A juicio de los intervinientes, la censura
carece de certeza, pertinencia y especificidad, porque se basa en hipótesis que
no sucedieron, por ejemplo: si el CIA hubiese sido sometido al trámite de Ley
Estatutaria, respetaría los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no
los conculcaría como ocurre con la norma vigente. Reprocharon que tampoco había
explicado las razones que obligan a considerar que la Ley 1098 de 2006 debía ser
objeto de ese trámite cualificado de los artículos 152 y 153 Superiores. Ello
apareja que la demanda nunca hubiese planteado un cargo concreto de
inconstitucionalidad del escrito introductorio del libelo.
13.
El Ministerio del Interior precisó que es
imposible entender el cargo de inconstitucionalidad, de modo que el ataque no
es claro. A su vez, la Cámara de Representantes agregó que la demanda carece de
suficiencia, en tanto usó argumentos ilógicos, al relacionar la necesidad de
expedir una Ley Estatutaria para niños, niñas y adolescentes con la vulneración
de sus derechos. Cuestionó que el ataque se redujo a transcribir sentencias de
la Corte y de los comités internacionales, sin contexto o conexión directa.
14.
De forma subsidiaria, piden que la Ley 1098 de
2006 sea declarada exequible, en razón de que el CIA no tiene ni tuvo la
pretensión de regular derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
o la administración de justicia. En realidad, hace menciones generales de las
mismas, como sucede con los artículos 6, 79, 83 y 96 del referido compendio
legal. Aseguró que ese compendio legal tampoco desea regular la estructura de
la administración de justicia colombiana, pues se centra en establecer una
protección de los niños, niñas y adolescentes. Insistieron que el accionante desconoce
la complejidad del sistema jurídico, el cual entiende que es órbita del
legislador ordinario expedir códigos, que afecten derechos fundamentales, empero
no implican regulaciones integrales o estructurales de estos, como sucede con
el código penal o sustantivo de trabajo.
15.
El ICBF indicó que, en el debate legislativo, se
argumentó la necesidad de que ese compendió legal siguiera el trámite
ordinario, al no regular el núcleo esencial de los derechos fundamentales de
los niños, niñas y adolescentes o de la administración de justicia.
Solicitudes de exequibilidad
16.
El Ministerio de Justicia, la Corporación
Colombiana de Padres y Madres -en adelante Red PaPaz-, la organización Aldeas
Infantiles SOS Colombia[1], la Universidad Javeriana y el ciudadano Juan Camilo Blanchard
consideraron que el CIA debe ser declarado exequible, como quiera que no regula
integralmente derechos fundamentales, ni afecta su núcleo esencial; tampoco
modifica la estructura orgánica de la administración de justicia, ni garantiza
la efectividad de los principios generales sobre la materia o desarrolla
aspectos sustanciales de la Rama Judicial.
17.
En sentir de los intervinientes, la Ley 1098 de
2006 debe ser objeto de trámite ordinario, toda vez que las previsiones sobre derechos
fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes no aparejan un
tratamiento integral o estructural de las materias señaladas en el artículo 152
de la Constitución. Lo propio sucede con la administración de justicia, por
tanto no pretende establecer restricciones o condicionamientos para el
ejercicio de los derechos niñas y adolescente, ni crea una jurisdicción nueva o
modifica las competencias generales de la administración de justicia. Es más,
reformaron el Código de Procedimiento Penal que garantizan y protegen a los
adolescentes inmersos en un proceso penal.
18.
Por su parte, Red Papaz especificó que la ley
cuestionada había actualizado el ordenamiento jurídico interno a los artículos
12, 37, 39 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al consagrar el
derecho de los adolescentes a: “(i) ser escuchados en los procesos
judiciales (ii) no ser privados de manera arbitraria de la libertad; (iii)
recuperar y reintegrar a los niños, niñas y adolescentes victimas de cualquier
violación o abuso; y (iv) crear un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
que reconozca la dignidad humana y garantice el debido proceso”.  Además,
manifestó que el desconocimiento de la Observación General No 10, es
irrelevante, toda vez que es un pronunciamiento de soft-law, es decir,
no es obligatorios.
19.
En defensa de la norma, la organización Aldeas
Infantiles SOS Colombia añadió que varias políticas públicas de defensa y
protección para la población infantil y juvenil, consignadas en los CONPES 109
y 147, se sustentan en la Ley 1098 de 20006. Precisó que esa interacción
justifica la constitucionalidad del compendio legal demandado. Así mismo,
indicó que el estatuto censurado ha sido el punto de partida para la
construcción de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030. Por
último, enfatizó que retoma el estándar universal de protección de derechos
humanos.
Solicitudes de inexequibilidad
20.
La Universidad Externado de Colombia, el ciudadano
Juan Carlos Arias Lopez[2] y 4 Defensores Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar[3] pidieron que el CIA fuese excluido del ordenamiento jurídico
colombiano, dado que el tratamiento de los derechos a la salud, a la educación
así como medidas de garantías de tales mandatos y del sistema penal para
adolescente se sometió a un procedimiento ordinario y no a uno estatutario, de
acuerdo con la materia tratada, los convenios internacionales y las Observaciones
Generales del Comité  de los Derechos del Niño No 10 y 14.
21.
En concreto, la institución de educación
superior consideró que los Títulos I y II del primer libro así como Título II
del segundo libro debieron ser sometidos al trámite señalado en los artículos
152 y 153 Superiores, toda vez que desarrollan las siguientes materias,
respectivamente: i) los derechos de los niños, niñas y adolescentes –vida,
mínimo vital, libertad, seguridad personal, el debido proceso, educación,
salud-; ii) las normas relativas a las medidas de restablecimiento de derechos,
las autoridades competentes y el procedimiento administrativo a seguir; y iii)
el sistema de responsabilidad penal para adolescente, que contiene principios
rectores del proceso, lo que se traduce en una interferencia del derecho de
libertad.
22.
Sin embargo, solicitaron que la inexequibilidad
fuese diferida mientras el Congreso expide otra ley, en la medida en que los
derechos de los menores no pueden quedar desprotegidos y sin marco legal de
aplicación.
23.
En adición a lo anterior, la Defensora Leonilda
Gutiérrez Lobo solicitó un pronunciamiento ultra y extra petita a la Corte para
que dictara algunas medidas indispensables para conjurar algunas
irregularidades que se presentan en el trámite de restablecimiento de menores
en la regional de Medellín, como son el insuficiente capital humano y recursos
para adelantar sus funciones, situación que se agravó con la migración de familias
venezolanas con sus hijos e hijas. En tal virtud, pidió declarar el estado de
cosas institucional por violación de los derechos fundamentales de los niños,
niñas y adolescentes por parte del ICBF y la Ley 1878 de 2018.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
24.
Mediante Concepto Número 006701 del 5 de febrero
de 2020, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte que se
declarara inhibida para conocer de mérito la demandada, debido a que carece de
especificidad y suficiencia.
25.
El primer defecto ocurre, porque no explicó de
modo satisfactorio las razones que justificaban la obligación que tenía el
legislador de tramitar el CIA como una ley estatutaria. Reprochó que el actor
se hubiera limitado a afirmar que algunas disposiciones de la ley se referían a
los derechos fundamentales de los niños.
26.
El segundo yerro se presenta, debido a que no
genera duda sobre la validez de la norma. Al respecto, censuró que el ciudadano
nunca había explicado los argumentos que demuestren la reserva de ley estatutaria
que tenía el CIA, garantía que no aplicaría para los demás compendios legales,
como el Código Penal o de Procedimiento Penal. Tampoco consideró el test que
existe para identificar si es procedente ese trámite cualificado en una ley.
27.
Aunque, advirtió que la demanda observa el
criterio de certeza, pues recae sobre una norma concreta y denuncia el
desconocimiento de reserva de ley estatutaria.
28.
De manera subsidiaria, la Vista Fiscal manifestó
que, en caso de proceder a realizar examen de fondo de los cargos mencionados,
la norma demandada debería declararse exequible, porque no tiene como objeto
directo regular derechos fundamentales ni desarrollar elementos estructurales
de los mismos
29.
En este estado de cosas, se sintetizan las intervenciones y
solicitudes formuladas recogidas en el proceso en la siguiente tabla
Interviniente
Argumento
Solicitud
Procurador
General de la Nación
Principal: la
demanda incumple los requisitos de especificad y
suficiencia. Nunca explicó los argumentos que demostraban la necesidad de
someter el CIA al trámite estatutario.
Subsidiaria:
La Ley 1098 de 2006 carece de reversa de ley
estatutaria, en tanto no regula de forma integral los derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes.
Principal: Inhibición
Subsidiariedad:
Exequibilidad
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar –en adelante ICBF
Principal: la demanda carece de certeza, especificidad y pertinencia,
porque: i) se basa en supuestos de hecho que no sucedieron; y ii) no explicó
las razones que obligan a considerar que la Ley 1098 de 2006 debía ser
sometida a ese trámite cualificado de los artículos 152 y 153 Superiores.
Subsidiaria:
La
Ley 1098 de 2006 no tiene reversa de ley estatutaria,
porque jamás regula de forma integral los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
ni desea modificar la administración de justicia. En el debate legislativo,
se discutió la procedencia dicho trámite cualificado y se descartó.
Principal: Inhibición
Subsidiariedad:
Exequibilidad
Ministerio
de del interior
Principal: la demanda carece de claridad, certeza, especificidad y
pertinencia, porque: i) es imposible entender el cargo; y ii) no explicó las
razones que obligan a considerar que la Ley 1098 de 2006 debía ser sometida
al trámite de los artículos 152 y 153 Superiores
Subsidiaria: La Ley 1098 de 2006 carece de reversa de ley estatutaria, porque no
regula de forma integral los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ni
desea modificar la administración de justicia.
Principal: Inhibición
Subsidiariedad:
Exequibilidad
Cámara de Representantes
Principal: la demanda carece de certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia, porque: i) no explicó las razones que obligan a considerar que
la Ley 1098 de 2006 debía ser sometida a ese trámite cualificado de los
artículos 152 y 153 Superiores; y ii) formuló argumentos ilógicos (relaciona
la ausencia de ley estatutaria con la vulneración de derechos).
Subsidiaria: La Ley 1098 de 2006 carece de reversa de ley estatutaria, en
tanto no regula de forma integral los derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, ni desea modificar la administración de justicia.
Principal: Inhibición
Subsidiariedad:
Exequibilidad
El Ministerio de Justicia
El CIA no
regula integralmente derechos fundamentales de los niños y niñas ni afecta su
núcleo esencial. Tampoco modifica la estructura orgánica de la administración
de justicia
Exequibilidad
Corporación Colombiana de Padres y Madres -en adelante Red PaPaz
La Ley 1098 de
2006 no regula integralmente derechos fundamentales de los niños y niñas ni
afecta su núcleo esencial. Tampoco modifica la estructura orgánica de la
administración de justicia. De hecho, adecuó el ordenamiento jurídico interno
a la Convención.
Exequibilidad
Aldeas Infantiles SOS Colombia
El CIA no
tiene reserva estatutaria, porque: i) no regula integralmente derechos
fundamentales de los niños y niñas ni afecta su núcleo esencial; ii) tampoco
modifica la estructura orgánica de la administración de justicia: y iii) es
el punto de partida de la política pública de protección de los niños, niñas
y adolescentes.
Exequibilidad
Universidad Javeriana
La Ley 1098 de
2006 no regula integralmente derechos fundamentales de los niños y niñas ni
afecta su núcleo esencial. A su vez, no modifica la estructura orgánica de la
administración de justicia.
Exequibilidad
ciudadano
Juan Camilo Blanchard
El CIA no
tiene reserva estatutaria, porque: i) no regula integralmente derechos
fundamentales de los niños y niñas ni afecta su núcleo esencial; y ii) no
modifica la estructura orgánica de la administración de justicia
Exequibilidad
Universidad
Externado de Colombia
Los Títulos I
y II del primer libro, así como Título II del segundo libro debieron ser
sometidos al trámite señalado en los artículos 152 y 153 Superiores, porque
desarrolla derechos fundamentales y el sistema de responsabilidad para
adolescentes regula principios rectores del juicio criminal.
Inexequibilidad
diferida
Defensores Regionales del ICBF
El CIA
tenía reserva estatutaria, porque desarrolla derechos la salud, a la educación,
así como medidas de garantías de tales mandatos y del sistema penal para
adolescente
Inexequibilidad
diferida
Leonilda
Gutiérrez Lobo
Se debe
conjurar algunas irregularidades que se presentan en el trámite de
restablecimiento de menores en la regional de Medellín, como son el
insuficiente capital humano y recursos para adelantar sus funciones
Inxequibilidad
y declaratoria de estado de cosas inconstitucionales
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
1.
La Corte Constitucional es competente para
pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada contra la Ley 1098 de 2008 “Por la cual se expide el Código de
la Infancia y la Adolescencia”, de conformidad con el
numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política.
Estudio de
aptitud sustantiva de la demanda
2.
El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 establece
que las acciones públicas de inconstitucionalidad contendrán: a) el
señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, así como su
transcripción literal o por cualquier medio; b) el señalamiento de las normas
constitucionales que se consideran restringidas; c) las razones por las cuales
dichos textos se estimas violados; d) el señalamiento del trámite impuesto por
la constitución para la expedición de la norma, si fuere el caso y; e) la razón
por la cual la Corte es competente.
3.
En cuanto al requisito c), la Sentencia C-1052
de 2001 estableció los presupuestos mínimos que deben cumplir las acciones
públicas de inconstitucionalidad para que la Corte las estudie de mérito,
delimite de manera clara y precisa el problema jurídico y evite emitir
decisiones inhibitorias.
4.
La Corte ha interpretado el alcance de las
condiciones que debe cumplir la demanda de inconstitucionalidad y ha
sistematizado, -sin caer en formalismos incompatibles con la naturaleza popular
y ciudadana de la acción-, que los cargos formulados por el demandante deben
ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes.
5.
En ese contexto la demanda debe: (i) ser
comprensible (claridad), (ii) recaer sobre el contenido de la disposición
acusada y no sobre uno inferido por quien demanda (certeza), (iii) señalar cómo
la disposición vulnera la Carta Política, mediante argumentos determinados,
concretos y precisos que recaigan sobre la norma en juicio (especificidad),
(iv) ofrecer razonamientos de índole constitucional que se refieran al
contenido normativo de las disposiciones demandadas (pertinencia), todo lo cual
redunda en (v) suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma
que se estima contraria a la Carta Política (suficiencia).
6.
En el caso
sub-judice, representantes del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –en adelante ICBF-, del Ministerio del Interior y de la
Cámara de Representantes indicaron
que la demanda había incumplido los requisitos para emitir decisión de mérito,
por lo que esta Corte debía declararse inhibida para conocer del asunto. Ante
ese cuestionamiento de la aptitud sustantiva de la demanda, se evaluará el
cumplimiento de las condiciones fijadas por la jurisprudencia para iniciar un
juicio de validez sobre la disposición censurada.
7.
Sobre el particular, la Sala recuerda que, si
bien el momento adecuado para decidir sobre la aptitud
sustantiva de la demanda es la admisión de la misma, al ser el estudio inicial
del libelo, ello no impide que en etapas procesales posteriores el juez
constitucional realice de nuevo dicho análisis, por ejemplo al dictar
sentencia.
En
las Sentencias C-623 de 2008, C-894 de 2009, C-055 y C-281 de 2013, este
Corporación precisó que “aun cuando en principio, es en el Auto admisorio
donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de
procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de
la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón
por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la
corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo
sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra
las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5)”.
8.
Ahora bien, la jurisprudencia ha precisado que
la metodología del estudio de los cargos sustentados en el desconocimiento de
la reserva de ley estatutaria se puede abordar de dos maneras, que dependen de
la demanda[4]. De un lado, si la censura es contra toda la ley, la Corte
analizará los cargos de la demanda y la constitucionalidad de la norma de
manera global, sin estudiar artículos específicos. De otro lado, si la demanda
se dirige a desvirtuar la validez constitucional de algunas disposiciones
determinadas, esta Corporación analizará el ataque y juzgará los artículos
demandados en concreto, sin estudiar el estatuto en su integridad o en su
carácter global[5].
9.
En varias ocasiones, la Corte ha estudiado las
demandas globales contra leyes ante el desconocimiento de la reserva de ley
estatutaria. Una muestra de ese tipo situaciones sucedió en las siguientes
sentencias: i) C-145 de 1994, en la que se analizó constitucionalidad de la
totalidad de la Ley 84 de 1993 "por la cual se expiden algunas
disposiciones en materia electoral", cuestionada, entre otras razones,
por no haber sido tramitada como ley estatutaria; ii) c-055 de 1995, Ley 104 de 1993, censurada en su totalidad por
vicios de trámite; iii) C-247 de 1995, donde se estudió la demanda contra la
Ley 144 de 1994, atacada en su totalidad por cuanto según el demandante, la
materia de la ley - pérdida de investidura - había debido ser tramitada como
ley estatutaria; iv) C-374 de 1997, en la que se estudió la constitucionalidad
de la Ley 333 de 1996, "Por la cual se establecen las normas de
extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita",
cuestionada por vicios de trámite; v) C-641 de 2001, ocasión que revisó de
manera global la demanda formulada en contra la Ley 599 y 600 de 2000, Códigos
Penal y de Procedimiento Penal; vi) C-195 de 2005, que analizó la
constitucionalidad Ley 890 de 2004, por la cual se modifica y adiciona el
Código Penal; y vii) C-035 de 2015, que estudió la Ley 1680 de 2013 que
pretendía desarrollar el artículo 13.3 de la Constitución Política (principio
de igualdad real y efectiva) a favor de las personas ciegas o con baja visión,
en la esfera de acceso a la información y las telecomunicaciones.
10.
En las oportunidades citadas, se verificó que
el concepto de violación evidenciara la materia de la ley reprochada, la
identificación de los temas objeto de trámite cualificado de los artículos 153
y 153 Superiores, así como las razones particulares que advierten una
usurpación de funciones del legislador estatutario. La demanda debe demostrar y
explicar que la ley incluye aspectos o materias que están salvaguardadas con la
reserva estatuaria. Es insuficiente señalar los temas de ley. Se requiere una
carga argumentativa que esboce la forma en que la regulación ordinaria debía
ser objeto de una mayor deliberación democrática. Ello es así, en razón de que
las leyes ordinarias pueden relacionarse con derechos fundamentales o la
administración de justicia.
11.
La Sala Plena encuentra que la acusación consiste en denunciar la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el código de la
infancia y la adolescencia”, por quebrantar del artículo 152º Superior, en
cuanto la ley en mención se tramitó como ley ordinaria, pese a que tenía la
reserva de ley estatutaria. Indicó que la materia regulada por el estatuto
mencionado se relaciona con los derechos fundamentales de niños, niñas y
adolescentes y con la administración de justicia para adolescentes. Nótese que
el estudio de aptitud sustantiva se realizará de manera global contra toda la
ley y no frente a disposiciones específicas, tal como se precisó en la demanda
y como permite la jurisprudencia constitucional.
12.
Después de
contrastar los argumentos expuestos en la censura con los presupuestos legales
y jurisprudenciales previamente referenciados, se encuentra que los mismos se
incumplen, situación que impide a la Sala Plena de la Corte a emitir un pronunciamiento
de mérito.
13.
En ese punto, no se desconoce que el cargo es
claro, debido a que el actor construyó un
ataque con argumentos comprensibles, los cuales permiten entender que los
derechos de los niños y la regulación del sistema de responsabilidad penal para
adolescentes podrían tener reserva de ley estatutaria. También, esta
Corporación evidencia que el demandante planteó una proposición normativa
verificable en la Ley 1096 de 2006. Se puede evidenciar que el objeto del
CIA posiblemente recae al menor sobre: a) los derechos de los niños, niñas y
adolescente; y b) el modelo de procesamiento de las causas criminales que se
dirigen con estos sujetos. Y formuló un cargo basado en argumento de índole
constitucional.
14.
A pesar lo
antepuesto, la Corte considera que se incumplían los
requisitos de especificidad y suficiencia, razón por la cual no es procedente
iniciar un juicio de validez sobre la norma demandada
15.
Para la Sala Plena, el ciudadano planteó un cargo global y vago en contra de
la Ley 1098 de 2006, por cuanto jamás concreto la censura particular que advertía
un desconocimiento de la reserva de ley estatutaria en materia de derechos
fundamentales y de administración de justicia. El actor
solo enunció el tratamiento de los derechos en el estatuto mencionado, como la
vida, la salud entre otros, empero no explicó como invadía la competencia del
legislador estatutario. También, indicó que la demanda posee tal generalidad
que ataca toda ley, sin advertir que hay materias que carecen de relación con
la libertad, la salud o la educación de los niños, niñas y adolescentes.
16.
La ley atacada no tiene el objeto directo de
regular un derecho en particular o varios de ellos, por lo que censor tenía la
obligación de individualizar la manera en que el legislador ordinario había sobrepasado
su competencia, al indicar las razones por las que se reglamentaron o
afectaron las normas subjetivas consagradas en el artículo 44 de la
Constitución. A su vez, jamás explicó en que consiste la precariedad de la
legislación actual para los niños, niñas y adolescentes. Tampoco se evidencia de forma particular y concreta cómo se
regularon los mecanismos judiciales que garantizan los derechos fundamentales
de los destinarios mencionados, pues se trata de herramientas legales en
ejercicio del ius-puniendi del Estado, que no pueden identificarse como
medidas de protección propiamente dicha. Además, la ley contiene otros
procedimientos de salvaguarda que la demanda omitió en señalar.
17.
Así mismo, la censura posee tal generalidad que
ataca toda ley, sin advertir que hay materias que carecen de relación con la
libertad, la salud o la educación de los niños, niñas y adolescentes. Por
ejemplo la demanda guarda silencio en aspectos relacionados con las
competencias de los jueces, los procedimientos de restitución internacional de
niños, niñas y adolescentes o adopción, la autorización de trabajo juvenil
entre otros. En tal virtud, este Despacho estima que la demanda no se desprende
una antinomia frente a las normas de rango constitucional, lo que se traduce en
ausencia de especificidad del cargo
18.
De igual forma, concluyó que la censura incumple el requisito de suficiencia, puesto que no observó la carga
argumentativa exigida para cuestionar un ataque por desconocimiento de reserva
de ley estatutaria. La calidad de sujetos de especial protección constitucional
es insuficiente para concluir que una ley debe ser objeto de ese trámite
especial. Así mismo, el actor no expuso cómo el hecho de regular y reglamentar
la responsabilidad penal implica desarrollar integralmente los derechos de los
niños o afectar un núcleo esencial del derecho de libertad.
19.
Dicha carga era indispensable, por cuanto, de
acuerdo con la jurisprudencia[6], la materia de ley estatuaria tiene una interpretación restringida.
Inclusive, la Corte ha descartado que los códigos penales y procedimiento
criminal deban ser sujetos a trámite estatutario, dado que no se trata de una
regulación integral del derecho de la libertad o su afectación en el núcleo
esencial del mismo[7]. Si el proceso penal ordinario no tiene ese condicionamiento, la
regulación para adolescentes, niños y niñas, en principio, correrá con la misma
suerte. Por tanto, la demanda nunca despiertó la duda de validez de la ley
demandada.
20.
Lo propio sucede con los demás derechos
referenciados por el actor en relación con el principio de interpretación
restrictiva de las materias sometidas a reserva de ley estatutaria, como quiera
que no tiene en cuenta que ello vaciaría la competencia del legislador
ordinario. El ciudadano Carrillo Montoya soslayó la carga argumentativa que
exigía esbozar la forma en que se regulaba integralmente los derechos a la
salud o educación, se afectaba el núcleo esencial de los mismos o desarrollaban
los mecanismos para su garantía. Por tanto, la demanda nunca despertó duda
sobre constitucionalidad de la ley demandada.
21.
Por consiguiente, la
Corte se declarará inhibida para conocer de de fondo la demanda presentada
contra la Ley 1098 de 2006, en tanto el cargo incumple con las exigencias
requeridas para iniciar un control de constitucionalidad sobre una norma de
rango legal.
Síntesis de la decisión
22.
En esta oportunidad, la
Sala Plena estudia una demanda de
inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia”. Para el ciudadano, ese compendio legal desconoció el artículo
152º Superior. Censuró de manera global el Código de la Infancia y la
Adolescencia, debido a que reguló, sin surtir el trámite estatutario, los
derechos fundamentales de los niños, las niñas y adolescentes, así como la
administración de justicia con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
23.
Previo al análisis
de mérito, se procede a estudiar la aptitud sustantiva de la demanda, que
contiene un cargo global de desconocimiento de reserva de ley estatutaria. La Corte
Constitucional concluye que
se incumplían los requisitos de especificidad y suficiencia, razón por la cual
no era procedente iniciar un juicio de validez sobre la norma demandada.
24.
La Sala Plena advirtió que el ciudadano planteó
un cargo global y vago en contra de la Ley 1098 de 2006, por cuanto jamás
concreto la censura particular que advertía un desconocimiento de la reserva de
ley estatutaria en materia de derechos fundamentales y de administración de
justicia. El actor solo enunció el tratamiento de los
derechos en el estatuto mencionado, como la vida, la salud entre otros, empero
no explicó como invadía la competencia del legislador estatutario. También,
indicó que la demanda posee tal generalidad que ataca toda ley, sin advertir
que hay materias que carecen de relación con la libertad, la salud o la
educación de los niños, niñas y adolescentes.
25.
De igual forma, concluyó que la censura incumple el requisito de suficiencia, puesto que no observó la carga
argumentativa exigida para cuestionar un ataque por desconocimiento de reserva
de ley estatutaria. La calidad de sujetos de especial protección constitucional
es insuficiente para concluir que una ley debe ser objeto de ese trámite
especial. Así mismo, el actor no expuso cómo el hecho de regular y reglamentar
la responsabilidad penal implica desarrollar integralmente los derechos de los
niños o afectar un núcleo esencial del derecho de libertad. Por tanto, la
demanda nunca despertó duda sobre constitucionalidad de la ley demandada.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la
demanda, respecto de los cargos formulados en contra de la Ley 1098 de 2006.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase y archívese el expediente.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
Con
aclaración de voto
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado
(e)
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE
ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
.
Ø ANEXO I. TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO OBJETO DE CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD
“LEY
1098 DE 2006
(noviembre
8)
Diario
Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por
la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
LIBRO
I.
LA
PROTECCIÓN INTEGRAL.
TÍTULO
I.
DISPOSICIONES
GENERALES.
CAPÍTULO
I.
PRINCIPIOS
Y DEFINICIONES.
ARTÍCULO 1o. FINALIDAD. Este código
tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su
pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.
ARTÍCULO 2o. OBJETO. El presente código
tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección
integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de
sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su
restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la
sociedad y el Estado.
ARTÍCULO 3o. SUJETOS TITULARES DE
DERECHOS. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos
todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre
los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.
PARÁGRAFO 1o. En caso de duda sobre la
mayoría o minoría de edad, se presumirá esta. En caso de duda sobre la edad del
niño, niña o adolescente se presumirá la edad inferior. Las autoridades
judiciales y administrativas, ordenarán la práctica de las pruebas para la
determinación de la edad, y una vez establecida, confirmarán o revocarán las
medidas y ordenarán los correctivos necesarios para la ley.
PARÁGRAFO 2o. En el caso de los pueblos
indígenas, la capacidad para el ejercicio de derechos, se regirá por sus
propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la
Constitución Política.
ARTÍCULO 4o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El
presente código se aplica a todos los niños, las niñas y los adolescentes
nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los
nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble
nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana.
ARTÍCULO 5o. NATURALEZA DE LAS NORMAS
CONTENIDAS EN ESTE CÓDIGO. Las normas sobre los niños, las niñas y los
adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, de carácter
irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de
preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes.
ARTÍCULO 6o. REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y
APLICACIÓN. Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados
o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en
especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de
este Código, y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo
caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño,
niña o adolescente.
La enunciación de los derechos y
garantías contenidos en dichas normas, no debe entenderse como negación de
otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren
expresamente en ellas.
ARTÍCULO 7o. PROTECCIÓN INTEGRAL. Se
entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.
La protección integral se materializa en
el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los
ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente
asignación de recursos financieros, físicos y humanos.
ARTÍCULO 8o. INTERÉS SUPERIOR DE LOS
NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Se entiende por interés superior del niño,
niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar
la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son
universales, prevalentes e interdependientes.
ARTÍCULO 9o. PREVALENCIA DE LOS
DERECHOS. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y
los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe
conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.
En caso de conflicto entre dos o más
disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma
más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
ARTÍCULO 10. CORRESPONSABILIDAD. Para
los efectos de este código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia
de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de
los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado
son corresponsables en su atención, cuidado y protección.
La corresponsabilidad y la concurrencia
aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e
instituciones del Estado.
No obstante lo anterior, instituciones
públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán
invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que
demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y
adolescentes.
ARTÍCULO 11. EXIGIBILIDAD DE LOS
DERECHOS. Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar
las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores
de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el
cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes.
El Estado en cabeza de todos y cada uno
de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente
para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
PARÁGRAFO. El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) y
definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para
garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para
asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales,
departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas
públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y
legales propias de cada una de ellas.
ARTÍCULO 12. PERSPECTIVA DE GÉNERO. Se
entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias
sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según
el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo
social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este
código, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y
los adolescentes, para alcanzar la equidad.
ARTÍCULO 13. DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS
NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DEMÁS GRUPOS ÉTNICOS. Los
niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos
étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el presente Código, sin
perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social.
ARTÍCULO 14. LA RESPONSABILIDAD
PARENTAL. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad
establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la
orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los
adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad
compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las
niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus
derechos.
En ningún caso el ejercicio de la
responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos
que impidan el ejercicio de sus derechos.
ARTÍCULO 15. EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES. Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado,
formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de
los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de
decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico.
El niño, la niña o el adolescente
tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan
a un individuo de su desarrollo.
En las decisiones jurisdiccionales o
administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los
deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas.
ARTÍCULO 16. DEBER DE VIGILANCIA DEL
ESTADO. Todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica
expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aún,
con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a
los niños, las niñas o los adolescentes son sujetos de la vigilancia del
Estado.
De acuerdo con las normas que regulan la
prestación del servicio público de Bienestar Familiar compete al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, coordinador y articulador
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, reconocer, otorgar, suspender y
cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las
Instituciones del Sistema que prestan servicios de protección a los menores de
edad o la familia y a las que desarrollen el programa de adopción.
CAPITULO
II.
DERECHOS
Y LIBERTADES.
ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA
CALIDAD DE VIDA Y A UN AMBIENTE SANO. Los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en
condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.
La calidad de vida es esencial para su
desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone
la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado,
protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de
salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de
servicios públicos esenciales en un ambiente sano.
PARÁGRAFO. El Estado desarrollará
políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.
ARTÍCULO 18. DERECHO A LA INTEGRIDAD
PERSONAL. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser
protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la
protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus
padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su
cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.
Para los efectos de este Código, se
entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o
abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos
o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en
general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el
adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra
persona.
ARTÍCULO 19. DERECHO A LA REHABILITACIÓN
Y LA RESOCIALIZACIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan
cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y
resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e
implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en
desarrollo de las correspondientes políticas públicas.
ARTÍCULO 20. DERECHOS DE PROTECCIÓN. Los
niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra:
1.      El abandono físico, emocional y
psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas,
instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y
atención.
2.      La explotación económica por
parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o
cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en
la mendicidad.
3.      El consumo de tabaco, sustancias
psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento
o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección,
tráfico, distribución y comercialización.
4.      La violación, la inducción, el
estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la
pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad
y formación sexuales de la persona menor de edad.
5.      El secuestro, la venta, la trata
de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o
de servidumbre
6. Las guerras y los conflictos armados
internos.
7.      El reclutamiento y la
utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen
de la ley.
8.      La tortura y toda clase de
tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición
forzada y la detención arbitraria.
9.      La situación de vida en calle de
los niños y las niñas.
10. Los traslados ilícitos y su
retención en el extranjero para cualquier fin.
11.     El desplazamiento forzado.
12.    El trabajo que por su naturaleza
o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la
salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación.
13. Las peores formas de trabajo
infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT.
14.    El contagio de enfermedades
infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la
exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia
psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de
vida.
15.    Los riesgos y efectos producidos
por desastres naturales y demás situaciones de emergencia.
16.    Cuando su patrimonio se encuentre
amenazado por quienes lo administren.
17. Las minas antipersonales.
18.    La transmisión del VIH-SIDA y las
infecciones de transmisión sexual.
19.    Cualquier otro acto que amenace o
vulnere sus derechos
ARTÍCULO 21. DERECHO A LA LIBERTAD Y
SEGURIDAD PERSONAL. Los niños, las niñas y los adolescentes no podrán ser
detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a los
procedimientos previamente definidos en el presente código.
ARTÍCULO 22. DERECHO A TENER UNA FAMILIA
Y A NO SER SEPARADO DE ELLA. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen
derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser
expulsados de ella.
Los niños, las niñas y los adolescentes
sólo podrán ser separados de la familia cuando esta no garantice las
condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo
previsto en este código. En ningún caso la condición económica de la familia
podrá dar lugar a la separación.
ARTÍCULO 23. CUSTODIA Y CUIDADO
PERSONAL. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus
padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su
custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se
extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o
institucional, o a sus representantes legales.
ARTÍCULO 24. DERECHO A LOS ALIMENTOS.
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás
medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y
social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por
alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido,
asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo
que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los
adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre
los gastos de embarazo y parto.
ARTÍCULO 25. DERECHO A LA IDENTIDAD. Los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a
conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y
filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos
inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado civil.
Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia.
ARTÍCULO 26. DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen
las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y
judiciales en que se encuentren involucrados.
En toda actuación administrativa,
judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños,
las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones
deberán ser tenidas en cuenta.
ARTÍCULO 27. DERECHO A LA SALUD. Todos
los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es
un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de
enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades
dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas,
podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud.
En relación con los niños, niñas y
adolescentes que no figuren como beneficiarios en el régimen contributivo o en
el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará a cargo de la Nación.
Incurrirán en multa de hasta 50 salarios
mínimos legales mensuales vigentes las autoridades o personas que omitan la
atención médica de niños y menores.
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la
presente ley se entenderá como salud integral la garantía de la prestación de
todos los servicios, bienes y acciones, conducentes a la conservación o la
recuperación de la salud de los niños, niñas y adolescentes.
PARÁGRAFO 2o. Para dar cumplimiento
efectivo al derecho a la salud integral y mediante el principio de
progresividad, el Estado creará el sistema de salud integral para la infancia y
la adolescencia, el cual para el año fiscal 2008 incluirá a los niños, niñas y
adolescentes vinculados, para el año 2009 incluirá a los niños, niñas y
adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado con subsidios parciales y
para el año 2010 incluirá a los demás niños, niñas y adolescentes
pertenecientes al régimen subsidiado. Así mismo para el año 2010 incorporará la
prestación del servicio de salud integral a los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes al régimen contributivo de salud.
El Gobierno Nacional, por medio de las
dependencias correspondientes deberá incluir las asignaciones de recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, en el
proyecto anual de presupuesto 2008, el plan financiero de mediano plazo y el
plan de desarrollo.
ARTÍCULO 28. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad.
Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de
acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en
multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en
los establecimientos públicos de educación.
ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO
INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA. La primera infancia es la etapa del ciclo
vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional
y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0)
a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas
son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados
internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos
impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el
esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la
educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro
civil de todos los niños y las niñas.
ARTÍCULO 30. DERECHO A LA RECREACIÓN,
PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL Y EN LAS ARTES. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás
actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida
cultural y las artes.
Igualmente, tienen derecho a que se les
reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la
que pertenezcan.
PARÁGRAFO 1o. Para armonizar el
ejercicio de este derecho con el desarrollo integral de los niños, las
autoridades deberán diseñar mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos
destinados a juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o productos
derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores
de edad
PARÁGRAFO 2o. Cuando sea permitido el
ingreso a niños menores de 14 años a espectáculos y eventos públicos masivos,
las autoridades deberán ordenar a los organizadores, la destinación especial de
espacios adecuados para garantizar su seguridad personal.
ARTÍCULO 31. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Para el ejercicio de los derechos y
las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en
la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas
estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés.
El Estado y la sociedad propiciarán la
participación activa en organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia.
ARTÍCULO 32. DERECHO DE ASOCIACIÓN Y
REUNIÓN. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Los niños, las
niñas y los adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines
sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de
cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las
buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor.
Este derecho comprende especialmente el
de formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos, y el de
promover y constituir asociaciones conformadas por niños, las niñas y los
adolescentes.
<Ver Notas del Editor en relación con
la vigencia de este inciso. El texto original de la ley es el siguiente:> En
la eficacia de los actos de los niños, las niñas y los adolescentes se estará a
la ley, pero los menores adultos se entenderán habilitados para tomar todas
aquellas decisiones propias de la actividad asociativa, siempre que afecten
negativamente su patrimonio.
Los impúberes deberán contar con la
autorización de sus padres o representantes legales para participar en estas
actividades. Esta autorización se extenderá a todos los actos propios de la
actividad asociativa. Los padres solo podrán revocar esta autorización por
justa causa
ARTÍCULO 33. DERECHO A LA INTIMIDAD. Los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal,
mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida
privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán
protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad.
ARTÍCULO 34. DERECHO A LA INFORMACIÓN.
Sujeto a las restricciones necesarias para asegurar el respeto de sus derechos
y el de los demás y para proteger la seguridad, la salud y la moral, los niños,
las niñas y los adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir
información e ideas a través de los distintos medios de comunicación de que
dispongan.
ARTÍCULO 35. EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL
TRABAJO Y DERECHO A LA PROTECCIÓN LABORAL DE LOS ADOLESCENTES AUTORIZADOS PARA
TRABAJAR. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años. Para
trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva
autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente
Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el
régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y
convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y
los derechos y garantías consagrados en este código.
Los adolescentes autorizados para
trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para
ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla
durante el ejercicio de su actividad laboral.
PARÁGRAFO. Excepcionalmente, los niños y
niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección de
Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar
actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La
autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las
condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el
permiso excederá las catorce (14) horas semanales.
ARTÍCULO 36. DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS
NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. Para los efectos de esta ley, la
discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental,
sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer
una o más actividades esenciales de la vida cotidiana.
Además de los derechos consagrados en la
Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños,
las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una
calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias
por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la
sociedad. Así mismo:
1.      Al respeto por la diferencia y a
disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás personas,
que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación
activa en la comunidad.
2.      <Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE exequible> Todo niño, niña o adolescente que presente
anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir
atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados
especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la
familia o a las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente
tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el
efecto.
Corresponderá al Gobierno Nacional
determinar las instituciones de salud y educación que atenderán estos derechos.
Al igual que el ente nacional encargado del pago respectivo y del trámite del
cobro pertinente.
3.      A la habilitación y
rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades
de la vida diaria.
4.      A ser destinatarios de acciones
y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y permitir la participación
en igualdad de condiciones con las demás personas.
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo derogado por
el artículo 61 de la Ley 1996 de 2019>
PARÁGRAFO 2o. Los padres que asuman la
atención integral de un hijo discapacitado recibirán una prestación social
especial del Estado.
PARÁGRAFO 3o. <Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE exequible> Autorícese al Gobierno Nacional, a los
departamentos y a los municipios para celebrar convenios con entidades públicas
y privadas para garantizar la atención en salud y el acceso a la educación
especial de los niños, niñas y adolescentes con anomalías congénitas o algún
tipo de discapacidad.
El Estado garantizará el cumplimiento
efectivo y permanente de los derechos de protección integral en educación,
salud, rehabilitación y asistencia pública de los adolescentes con discapacidad
cognitiva severa profunda, con posterioridad al cumplimiento de los dieciocho
(18) años de edad.
ARTÍCULO 37. LIBERTADES FUNDAMENTALES.
Los niños, las niñas y los adolescentes gozan de las libertades consagradas en
la Constitución Política y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Forman parte de estas libertades el libre desarrollo de la personalidad y la
autonomía personal; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad de
cultos; la libertad de pensamiento; la libertad de locomoción; y la libertad
para escoger profesión u oficio.
TÍTULO
II.
GARANTÍA
DE DERECHOS Y PREVENCIÓN.
CAPÍTULO
I.
OBLIGACIONES
DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO.
ARTÍCULO 38. DE LAS OBLIGACIONES DE LA
FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO. Además de lo señalado en la Constitución
Política y en otras disposiciones legales, serán obligaciones de la familia, la
sociedad y el Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal
el conjunto de disposiciones que contempla el presente código.
ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA.
La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto,
la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier
forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes:
1.      Protegerles contra cualquier acto
que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal.
2.      Participar en los espacios
democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la
familia.
3.      Formarles, orientarles y
estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el
desarrollo de su autonomía.
4.      Inscribirles desde que nacen en
el registro civil de nacimiento.
5.      Proporcionarles las condiciones
necesarias para que alcancen una nutrición y una salud adecuadas, que les
permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional
y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene.
6.      Promover el ejercicio
responsable de los derechos sexuales y reproductivos y colaborar con la escuela
en la educación sobre este tema.
7.      Incluirlos en el sistema de
salud y de seguridad social desde el momento de su nacimiento y llevarlos en
forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la vacunación y demás
servicios médicos.
8.      Asegurarles desde su nacimiento
el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado
desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo.
9.      Abstenerse de realizar todo acto
y conducta que implique maltrato físico, sexual o psicológico, y asistir a los
centros de orientación y tratamiento cuando sea requerida.
10.    Abstenerse de exponer a los
niños, niñas y adolescentes a situaciones de explotación económica.
11.     Decidir libre y responsablemente
el número de hijos e hijas a los que pueda sostener y formar.
12.    Respetar las manifestaciones e
inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes y estimular sus
expresiones artísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas.
13.    Brindarles las condiciones
necesarias para la recreación y la participación en actividades deportivas y
culturales de su interés.
14.    Prevenirles y mantenerles
informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias
psicoactivas legales e ilegales.
15.    Proporcionarles a los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno e igualitario con todos
los miembros de la familia y generar condiciones de equidad de oportunidades y
autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y
garantizarles su participación en los asuntos relacionados en su entorno
familiar y social.
PARÁGRAFO. En los pueblos indígenas y
los demás grupos étnicos las obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo
con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la
Constitución Política, la ley y a los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos.
ARTÍCULO 40. OBLIGACIONES DE LA
SOCIEDAD. En cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y
solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las
empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas
jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la
responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de
los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En este
sentido, deberán:
1.      Conocer, respetar y promover
estos derechos y su carácter prevalente.
2.      Responder con acciones que
procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben
estos derechos.
3.      Participar activamente en la
formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas
públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia.
4.      Dar aviso o denunciar por
cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen.
5.      Colaborar con las autoridades en
la aplicación de las disposiciones de la presente ley.
6.      Las demás acciones que sean
necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes.
ARTÍCULO 41. OBLIGACIONES DEL ESTADO. El
Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las
niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles
nacional, departamental, distrital y municipal deberá:
1.      Garantizar el ejercicio de todos
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes
2.      Asegurar las condiciones para el
ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del
diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia.
3.      Garantizar la asignación de los
recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y
adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal
para asegurar la prevalencia de sus derechos.
4.      Asegurar la protección y el
efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados.
5.      Promover la convivencia pacífica
en el orden familiar y social.
6.      Investigar y sancionar
severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas y las adolescentes
son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus
derechos vulnerados.
7.      Resolver con carácter prevalente
los recursos, peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, las
niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de sus
derechos.
8.      Promover en todos los estamentos
de la sociedad, el respeto a la integridad física, psíquica e intelectual y el
ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la forma
de hacerlos efectivos.
9.      Formar a los niños, las niñas y
los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto a la dignidad, el
reconocimiento de los derechos de los demás, la convivencia democrática y los
valores humanos y en la solución pacífica de los conflictos.
10.    Apoyar a las familias para que
estas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde su gestación, los alimentos
necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por lo menos
hasta que cumplan los 18 años de edad.
11.
Garantizar y proteger la
cobertura y calidad de la atención a las mujeres gestantes y durante el parto;
de manera integral durante los primeros cinco (5) años de vida del niño,
mediante servicios y programas de atención gratuita de calidad, incluida la
vacunación obligatoria contra toda enfermedad prevenible, con agencia de
responsabilidad familiar.
12.    Garantizar la inscripción y el
trámite del registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y
gratuito. Para el efecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Ministerio de la Protección Social conjuntamente reglamentarán el trámite
administrativo que garantice que el niño o niña salga del centro médico donde
nació, con su registro civil de nacimiento y certificado de nacido vivo.
13.    Garantizar que los niños, las
niñas y los adolescentes tengan acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud
de manera oportuna. Este derecho se hará efectivo mediante afiliación inmediata
del recién nacido a uno de los regímenes de ley.
14.    Reducir la morbilidad y la
mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, especialmente en los
menores de cinco años, y adelantar los programas de vacunación y prevención de
las enfermedades que afectan a la infancia y a la adolescencia y de los
factores de riesgo de la discapacidad.
15.    Asegurar los servicios de salud y
subsidio alimentario definidos en la legislación del sistema de seguridad
social en salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de
debilidad manifiesta y niños, niñas y adolescentes.
16.    Prevenir y atender en forma
prevalente, las diferentes formas de violencia y todo tipo de accidentes que
atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños, las
niñas y los adolescentes.
17.    Garantizar las condiciones para
que los niños, las niñas desde su nacimiento, tengan acceso a una educación
idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a su
vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso,
tanto en los entornos rurales como urbanos.
18.    Asegurar los medios y condiciones
que les garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de
su ciclo completo de formación.
19.    Garantizar un ambiente escolar
respetuoso de la dignidad y los Derechos Humanos de los niños, las niñas y los
adolescentes y desarrollar programas de formación de maestros para la promoción
del buen trato.
20.    Erradicar del sistema educativo
las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes y las sanciones que
conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o integridad física, psicológica
o moral de los niños, las niñas y los adolescentes.
21.    Atender las necesidades
educativas específicas de los niños, las niñas y los adolescentes con
discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de emergencia.
22.    Garantizar la etnoeducación para
los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y de otros grupos étnicos, de
conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la materia.
23.    Diseñar y aplicar estrategias
para la prevención y el control de la deserción escolar y para evitar la
expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educativo.
24.    Fomentar el deporte, la recreación
y las actividades de supervivencia, y facilitar los materiales y útiles
necesarios para su práctica regular y continuada.
25.    Fomentar la participación en la
vida cultural y en las artes, la creatividad y producción artística, científica
y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y consagrar recursos especiales
para esto.
26.    Prevenir y atender la violencia
sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato infantil, y promover
la difusión de los derechos sexuales y reproductiva.
27.    Prestar especial atención a los
niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en situación de riesgo,
vulneración o emergencia.
28.    Protegerlos contra los
desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de su lugar de
residencia habitual.
29.    Asegurar que no sean expuestos a
ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad y abstenerse de
utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas
cívico-militares y similares.
30.    Protegerlos contra la vinculación
y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley.
31.    Asegurar alimentos a los niños,
las niñas y los adolescentes que se encuentren en procesos de protección y
restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás personas que deben
prestar alimentos en los términos de la presente ley, y garantizar mecanismos
efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
32.    Erradicar las peores formas de
trabajo infantil, el trabajo de los niños y las niñas menores de
15     años, proteger a los adolescentes
autorizados para trabajar, y garantizar su acceso y la permanencia en el
sistema educativo.
33.    Promover estrategias de
comunicación educativa para transformar los patrones culturales que toleran el
trabajo infantil y resaltar el valor de la educación como proceso fundamental
para el desarrollo de la niñez.
34.    Asegurar la presencia del niño,
niña o adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés o que los
involucren cualquiera sea su naturaleza, adoptar las medidas necesarias para
salvaguardar su integridad física y psicológica y garantizar el cumplimiento de
los términos señalados en la ley o en los reglamentos frente al debido proceso.
Procurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables
o de su representante legal.
35.    Buscar y ubicar a la familia de
origen o las personas con quienes conviva a la mayor brevedad posible cuando
sean menores de edad no acompañados.
36.    Garantizar la asistencia de un
traductor o un especialista en comunicación cuando las condiciones de edad,
discapacidad o cultura de los niños, las niñas o los adolescentes lo exijan.
37.    Promover el cumplimiento de las
responsabilidades asignadas en el presente Código a los medios de comunicación.
PARÁGRAFO. Esta enumeración no es
taxativa y en todo caso el Estado deberá garantizar de manera prevalente, el
ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes
consagrados en la Constitución Política, los tratados y convenios
internacionales de Derechos Humanos y en este código.
ARTÍCULO 42. OBLIGACIONES ESPECIALES DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Para cumplir con su misión las instituciones
educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones:
1.      Facilitar el acceso de los
niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia.
2.      Brindar una educación pertinente
y de calidad.
3.      Respetar en toda circunstancia
la dignidad de los miembros de la comunidad educativa.
4.      Facilitar la participación de
los estudiantes en la gestión académica del centro educativo.
5.      Abrir espacios de comunicación
con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo y propiciar
la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa.
6.      Organizar programas de
nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de aprendizaje o
estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación
psicopedagógica y psicológica.
7.      Respetar, permitir y fomentar la
expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales y extranjeras y
organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa
para tal fin.
8.      Estimular las manifestaciones e
inclinaciones culturales de lo niños, niñas y adolescentes, y promover su
producción artística, científica y tecnológica.
9.      Garantizar la utilización de los
medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y dotar al
establecimiento de una biblioteca adecuada.
10.    Organizar actividades conducentes
al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio ambiental, cultural,
arquitectónico y arqueológico nacional.
11.     Fomentar el estudio de idiomas
nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales.
12.    Evitar cualquier conducta
discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socio-económica o
cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos.
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado
por el artículo 94 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:>
Considérese obligatorio que todas las instituciones educativas públicas y
privadas estructuren un módulo articulado al PEI –Proyecto Educativo
Institucional– para mejorar las capacidades de los padres de familia y/o
custodios en relación con las orientaciones para la crianza que contribuyan a
disminuir las causas de la violencia intrafamiliar y sus consecuencias como:
consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, deserción
escolar, agresividad entre otros.
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado
por el artículo 94 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:>
Las Secretarías de Educación Municipal y Departamental deberán orientar y
supervisar las estrategias y metas del sistema psicopedagógico y las
Instituciones deberán consignarlo dentro del Proyecto Educativo Institucional
–PEI– como de obligatorio cumplimiento.
ARTÍCULO 43. OBLIGACIÓN ÉTICA
FUNDAMENTAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Las instituciones de educación
primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental
de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad,
vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal
efecto, deberán:
1.      Formar a los niños, niñas y
adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana,
los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre
personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia
los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial
vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
2.      Proteger eficazmente a los
niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o
sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás
compañeros y de los profesores.
3.      Establecer en sus reglamentos
los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para
impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el
aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades
sobresalientes o especiales.
ARTÍCULO 44. OBLIGACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Los directivos y docentes de
los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en
marcha mecanismos para:
1.      Comprobar la inscripción del
registro civil de nacimiento.
2.      Establecer la detección oportuna
y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso
sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las formas
contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de
trabajo infantil
3.      Comprobar la afiliación de los
estudiantes a un régimen de salud.
4.      Garantizar a los niños, niñas y
adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral
dentro de la convivencia escolar.
5.      Proteger eficazmente a los
niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o
psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros
o profesores.
6.      Establecer en sus reglamentos
los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para
impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia los niños,
niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia
niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.
7.      Prevenir el tráfico y consumo de
todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia dentro de las
instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes acciones
efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instalaciones
educativas.
8.      Coordinar los apoyos
pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la integración
educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad.
9.      Reportar a las autoridades
competentes, las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de trabajo
infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes.
10.    Orientar a la comunidad educativa
para la formación en la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja.
ARTÍCULO 45. PROHIBICIÓN DE SANCIONES
CRUELES, HUMILLANTES O DEGRADANTES. Los directores y educadores de los centros
públicos o privados de educación formal, no formal e informal, no podrán
imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los
estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su
dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en
los manuales de convivencia escolar.
ARTÍCULO 46. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Son obligaciones especiales del sistema
de seguridad social en salud para asegurar el derecho a la salud de los niños,
las niñas y los adolescentes, entre otras, las siguientes:
1.      Diseñar y desarrollar programas
de prevención en salud, en especial de vacunación, complementación alimentaria,
suplementación nutricional, vigilancia del estado nutricional y mejoramiento de
hábitos alimentarios.
2.      Diseñar y desarrollar programas
de prevención de las infecciones respiratorias agudas, la enfermedad diarreica
aguda y otras enfermedades prevalentes de la infancia.
3.      Diseñar, desarrollar y
promocionar programas que garanticen a las mujeres embarazadas la consejería
para la realización de la prueba voluntaria del VIH/SIDA y en caso de ser
positiva tanto la consejería como el tratamiento antirretroviral y el cuidado y
atención para evitar durante el embarazo, parto y posparto la transmisión
vertical madre-hijo.
4.      Disponer lo necesario para
garantizar tanto la prueba VIH/SIDA como el seguimiento y tratamiento
requeridos para el recién nacido.
5.      Garantizar atención oportuna y
de calidad a todos los niños, las niñas y los adolescentes, en especial en los
casos de urgencias.
Concordancias
6.      Garantizar la actuación
inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña o
adolescente se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención
quirúrgica y exista peligro inminente para su vida; carezca de representante
legal o este se encuentre en situación que le impida dar su consentimiento de
manera oportuna o no autorice por razones personales, culturales, de credo o
sea negligente; en atención al interés superior del niño, niña o adolescente o
a la prevalencia de sus derechos.
7.      Garantizar el acceso gratuito de
los adolescentes a los servicios especializados de salud sexual y reproductiva.
8.      Desarrollar programas para la
prevención del embarazo no deseado y la protección especializada y apoyo prioritario
a las madres adolescentes.
9.      Diseñar y desarrollar programas
especializados para asegurar la detección temprana y adecuada de las
alteraciones físicas, mentales, emocionales y sensoriales en el desarrollo de
los niños, las niñas y los adolescentes; para lo cual capacitará al personal de
salud en el manejo y aplicación de técnicas específicas para su prevención,
detección y manejo, y establecerá mecanismos de seguimiento, control y
vigilancia de los casos.
10.    Capacitar a su personal para
detectar el maltrato físico y psicológico, el abuso, la explotación y la
violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, y denunciar ante las
autoridades competentes las situaciones señaladas y todas aquellas que puedan
constituir una conducta punible en que el niño, niña o adolescente sea víctima.
11.     Diseñar y ofrecer programas
encaminados a educar a los niños, las niñas y los adolescentes, a los miembros
de la familia y a la comunidad en general en prácticas de higiene y sanidad; en
el manejo de residuos sólidos, el reciclaje de basuras y la protección del
ambiente.
12.    Disponer lo necesario para que
todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de
discapacidad, tengan derecho a recibir por parte del Estado, atención, diagnóstico,
tratamiento especializado y rehabilitación, cuidados especiales de salud,
orientación y apoyo a los miembros de la familia o las personas responsables de
su cuidado y atención.
ARTÍCULO 47. RESPONSABILIDADES
ESPECIALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Los medios de comunicación, en el
ejercicio de su autonomía y demás derechos, deberán:
1.      Promover, mediante la difusión
de información, los derechos y libertades de los niños, las niñas y los
adolescentes, así como su bienestar social y su salud física y mental.
2.      El respeto por la libertad de
expresión y el derecho a la información de los niños, las niñas y los
adolescentes.
3.      Adoptar políticas para la
difusión de información sobre niños, niñas y adolescentes en las cuales se
tenga presente el carácter prevalente de sus derechos.
4.      Promover la divulgación de
información que permita la localización de los padres o personas responsables
de niños, niñas o adolescentes cuando por cualquier causa se encuentren
separados de ellos, se hayan extraviado o sean solicitados por las autoridades
competentes.
5. Abstenerse de transmitir mensajes
discriminatorios contra la infancia y la adolescencia.
6.      Abstenerse de realizar
transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica
o física de los menores, que inciten a la violencia, que hagan apología de
hechos delictivos o contravenciones, o que contengan descripciones morbosas o
pornográficas.
7.      <Ver Notas del Editor>
Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de cigarrillos y alcohol en
horarios catalogados como franja infantil por el organismo competente.
8.      Abstenerse de entrevistar, dar
el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la
identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores
o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el
derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o
la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia,
será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
PARÁGRAFO. Los medios de comunicación
serán responsables por la violación de las disposiciones previstas en este
artículo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá hacerse parte en
los procesos que por tales violaciones se adelanten contra los medios.
ARTÍCULO 48. ESPACIOS PARA MENSAJES DE
GARANTÍA Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. Los contratos de concesión de los
servicios de radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos incluirán
la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para
transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin
determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños,
las niñas y los adolescentes y a sus familias.
<Inciso 2o. declarado INEXEQUIBLE>
ARTÍCULO 49. OBLIGACIÓN DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE TELEVISIÓN. La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus
veces garantizará el interés superior de la niñez y la familia, la preservación
y ampliación de las franjas infantiles y juveniles y el contenido pedagógico de
dichas franjas que asegure la difusión y conocimiento de los derechos y
libertades de los niños, las niñas y los adolescentes consagradas en la
presente ley. Así mismo, la Comisión Nacional de Televisión garantizará que en
la difusión de programas y materiales emitidos en la franja infantil no se
presentarán escenas o mensajes violentos o que hagan apología a la violencia.
CAPÍTULO
II.
MEDIDAS
DE RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS.
ARTÍCULO 50. RESTABLECIMIENTO DE LOS
DERECHOS. Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como
sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que
le han sido vulnerados.
ARTÍCULO 51. OBLIGACIÓN DEL
RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. El
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es
responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas,
quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía,
las defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores
de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las
niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o
vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse
de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los
servicios sociales.
ARTÍCULO 52. VERIFICACIÓN DE LA GARANTÍA
DE DERECHOS. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1878 de 2018.
El nuevo texto es el siguiente:> En todos los casos en donde se ponga en
conocimiento la presunta vulneración o amenazada los derechos de un niño, niña
y adolescente, la autoridad administrativa competente emitirá auto de trámite
ordenando a su equipo técnico interdisciplinario la verificación de la garantía
de los derechos consagrados en el Título I del Capítulo II del presente Código.
Se deberán realizar:
1.      Valoración inicial psicológica y
emocional.
2.      Valoración de nutrición y
revisión del esquema de vacunación.
3.      Valoración inicial del entorno
familiar, redes vinculares e identificación de elementos protectores y de
riesgo para la garantía de los derechos.
4.      Verificación de la inscripción
en el registro civil de nacimiento.
5.      Verificación de la vinculación
al sistema de salud y seguridad social.
6.      Verificación a la vinculación al
sistema educativo.
PARÁGRAFO 1o. De las anteriores
actuaciones, los profesionales del equipo técnico interdisciplinario emitirán
los informes que se incorporarán como prueba para definir el trámite a seguir.
PARÁGRAFO 2o. La verificación de
derechos deberá realizarse de manera inmediata, excepto cuando el niño, la niña
o adolescente no se encuentre ante la autoridad administrativa competente,
evento en el cual, la verificación de derechos se realizará en el menor tiempo
posible, el cual no podrá exceder de diez (10) días siguientes al conocimiento
de la presunta vulneración o amenaza por parte de la Autoridad Administrativa.
PARÁGRAFO 3o. Si dentro de la
verificación de la garantía de derechos se determina que es un asunto susceptible
de conciliación, se tramitará conforme la ley vigente en esta materia; en el
evento que fracase el intento conciliatorio, el funcionario mediante resolución
motivada fijará las obligaciones provisionales respecto a custodia, alimentos y
visitas y en caso de que alguna de las partes lo solicite dentro de los cinco
(5) días siguientes, el funcionario presentará demanda ante el juez competente.
ARTÍCULO 53. MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS. Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes las que a continuación se señalan. Para el
restablecimiento de los derechos establecidos en este código, la autoridad
competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas:
1. Amonestación con asistencia obligatoria
a curso pedagógico.
2.      Retiro inmediato del niño, niña
o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las
actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de
atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.
3. Ubicación inmediata en medio
familiar.
4.      Ubicación en centros de
emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de
paso.
5. La adopción.
6.      Además de las anteriores, se
aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que
garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
7. Promover las acciones policivas,
administrativas o judiciales a que haya lugar.
PARÁGRAFO 1o. La autoridad competente deberá
asegurar que en todas las medidas provisionales o definitivas de
restablecimiento de derechos que se decreten, se garantice el acompañamiento a
la familia del niño, niña o adolescente que lo requiera.
PARÁGRAFO 2o. En el caso de niños, niñas
y adolescentes víctimas de desastres naturales u otras situaciones de
emergencia, las autoridades tomarán cualquiera de las medidas establecidas en
este artículo y las demás que indiquen las autoridades encargadas de la
atención de los desastres para la protección de sus derechos.
ARTÍCULO 54. AMONESTACIÓN. La medida de
amonestación consiste en la conminación a los padres o a las personas
responsables del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el cumplimiento de
las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. Comprende la
orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con la obligación de
asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría
del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto.
ARTÍCULO 55. INCUMPLIMIENTO DE LA
MEDIDA. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia de
amonestación, acarreará a los infractores la sanción de multa equivalente al
valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes,
convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo
legal vigente de multa. Esta sanción será impuesta por el Defensor de Familia.
ARTÍCULO 56. UBICACIÓN EN MEDIO
FAMILIAR. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1878 de 2018. El
nuevo texto es el siguiente:> Es la ubicación del niño, niña o adolescente
con sus padres, o parientes cuando estos ofrezcan las condiciones para
garantizarles el ejercicio de sus derechos y atendiendo su interés superior.
La búsqueda de parientes para la
ubicación en medio familiar, cuando a ello hubiere lugar, se realizará en el
marco de la actuación administrativa, esto es, durante los seis (6) meses del
término inicial para resolver su situación legal y no será excusa para mantener
al niño, niña o adolescente en situación de declaratoria de vulneración. Los
entes públicos y privados brindarán acceso a las solicitudes de información que
en dicho sentido eleven las Defensorías de Familia, las cuales deberán ser
atendidas en un término de diez (10) días. El incumplimiento de este término
constituirá causal de mala conducta.
Si de la verificación del estado de sus
derechos se desprende que la familia carece de recursos económicos necesarios
para garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad competente informará
a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que le brinden
a la familia los recursos adecuados mientras ella puede garantizarlos.
ARTÍCULO 57. UBICACIÓN EN HOGAR DE PASO.
La ubicación en hogar de paso es la ubicación inmediata y provisional del niño,
niña o adolescente con familias que forman parte de la red de hogares de paso.
Procede la medida cuando no aparezcan los padres, parientes o las personas
responsables de su cuidado y atención.
La ubicación en Hogar de Paso es una
medida transitoria, y su duración no podrá exceder de ocho (8) días hábiles,
término en el cual la autoridad competente debe decretar otra medida de
protección.
ARTÍCULO 58. RED DE HOGARES DE PASO. Se
entiende por Red de Hogares de Paso el grupo de familias registradas en el
programa de protección de los niños, las niñas y los adolescentes, que están
dispuestas a acogerlos, de manera voluntaria y subsidiada por el Estado, en
forma inmediata, para brindarles el cuidado y atención necesarios.
En todos los distritos, municipios y
territorios indígenas del territorio nacional, los gobernadores, los alcaldes,
con la asistencia técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
organizarán las redes de hogares de paso y establecerá el registro, el
reglamento, los recursos, los criterios de selección y los controles y
mecanismos de seguimiento y vigilancia de las familias, de acuerdo con los
principios establecidos en este código.
ARTÍCULO 59. UBICACIÓN EN HOGAR
SUSTITUTO. Es una medida de protección provisional que toma la autoridad
competente y consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una
familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en
sustitución de la familia de origen.
Esta medida se decretará por el menor
tiempo posible de acuerdo con las circunstancias y los objetivos que se
persiguen sin que pueda exceder de seis (6) meses. El Defensor de Familia podrá
prorrogarla, por causa justificada, hasta por un término igual al inicial,
previo concepto favorable del Jefe Jurídico de la Dirección Regional del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ningún caso podrá otorgarse a
personas residentes en el exterior ni podrá salir del país el niño, niña o
adolescente sujeto a esta medida de protección, sin autorización expresa de la
autoridad competente.
El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar asignará un aporte mensual al hogar sustituto para atender
exclusivamente a los gastos del niño, niña o adolescente. Mientras dure la
medida el Instituto se subrogará en los derechos contra toda persona que por
ley deba alimentos al niño, niña o adolescente. En ningún caso se establecerá
relación laboral entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los
responsables del hogar sustituto.
PARÁGRAFO. En el caso de los niños,
niñas y adolescentes indígenas, se propenderá como primera opción, la ubicación
del menor en una familia indígena. El ICBF asegurará a dichas familias
indígenas el aporte mensual de que trata este artículo.
ARTÍCULO 60. VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS VULNERADOS. Cuando
un niño, una niña o un adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere
sus derechos de protección, de su integridad personal, o sea víctima de un
delito, o cuando se trate de una adolescente o mujer mayor de 18 años
embarazada, deberán vincularse a un programa de atención especializada que
asegure el restablecimiento de sus derechos.
PARÁGRAFO 1o. La especialización de los
programas debe definirse a partir de estudios diagnósticos que permitan
determinar la naturaleza y el alcance de los mismos. Los programas deberán
obedecer a las problemáticas sociales que afectan a los niños, las niñas y los
adolescentes, y ser formulados en el marco de las políticas públicas de
infancia y adolescencia dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expedirán la reglamentación
correspondiente al funcionamiento y operación de las casas de madres gestantes
y los programas de asistencia y cuidado a mujeres con embarazos no deseados de
que trata el presente artículo, durante los 12 meses siguientes a la expedición
de la presente ley.
ARTÍCULO 61. ADOPCIÓN. <Ver Nota del
Editor> La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de
protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se
establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que
no la tienen por naturaleza.
ARTÍCULO 62. LA AUTORIDAD CENTRAL EN
MATERIA DE ADOPCIÓN. La autoridad central en materia de adopción es el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Solamente podrán desarrollar programas
de adopción, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones
debidamente autorizadas por este.
ARTÍCULO 63. PROCEDENCIA DE LA ADOPCIÓN.
Sólo podrán adoptarse los menores de 18 años declarados en situación de
adoptabilidad, o aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por
sus padres.
Si el menor tuviere bienes, la adopción
se hará con las formalidades exigidas para los guardadores.
ARTÍCULO 64. EFECTOS JURÍDICOS DE LA
ADOPCIÓN. La adopción produce los siguientes efectos:
1.      Adoptante y adoptivo adquieren,
por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo.
2.      La adopción establece parentesco
civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las líneas y
grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos.
3.      El adoptivo llevará como
apellidos los de los adoptantes. En cuanto al nombre, sólo podrá ser modificado
cuando el adoptado sea menor de tres (3) años, o consienta en ello, o el Juez
encontrare justificadas las razones de su cambio.
4.      Por la adopción, el adoptivo
deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de
consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9o del
artículo 140 del Código Civil.
5.      <Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE exequible> Si el adoptante es el cónyuge o compañero
permanente del padre o madre de sangre del adoptivo, tales efectos no se
producirán respecto de este último, con el cual conservará los vínculos en su
familia.
ARTÍCULO 65. ACCIONES DE RECLAMACIÓN.
Nadie podrá ejercer acción alguna para establecer la filiación consanguínea del
adoptivo, ni reconocerle como hijo.
Sin embargo, el adoptivo podrá promover
en cualquier tiempo las acciones de reclamación del estado civil que le
corresponda respecto de sus padres biológicos, únicamente para demostrar que
quienes pasaban por tales, al momento de la adopción, no lo eran en realidad.
La prosperidad de las pretensiones del
adoptivo en este caso, no extinguirá los efectos de la adopción, salvo
declaración judicial que la ordene y previo el consentimiento del adoptivo. El
adoptante deberá ser oído en el proceso.
ARTÍCULO 66. DEL CONSENTIMIENTO. El
consentimiento es la manifestación informada, libre y voluntaria de dar en
adopción a un hijo o hija por parte de quienes ejercen la patria potestad ante
el Defensor de Familia, quien los informará ampliamente sobre sus consecuencias
jurídicas y psicosociales. Este consentimiento debe ser válido civilmente e
idóneo constitucionalmente. Para que el consentimiento sea válido debe cumplir
con los siguientes requisitos:
1.      Que esté exento de error, fuerza
y dolo y tenga causa y objeto lícitos.
2.      Que haya sido otorgado previa
información y asesoría suficientes sobre las consecuencias psicosociales y
jurídicas de la decisión.
Es idóneo constitucionalmente cuando
quien da el consentimiento ha sido debida y ampliamente informado, asesorado y
tiene aptitud para otorgarlo. Se entenderá tener aptitud para otorgar el
consentimiento un mes después del día del parto.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> A efectos del consentimiento para la adopción, se entenderá la
falta del padre o la madre, no solamente cuando ha fallecido, sino también
cuando lo aqueja una enfermedad mental o grave anomalía psíquica certificada
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la
adopción del hijo que está por nacer. Tampoco lo tendrá el consentimiento que
se otorgue en relación con adoptantes determinados, salvo cuando el adoptivo
fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, o que fuere hijo del cónyuge o compañero permanente del adoptante.
Quien o quienes expresan su
consentimiento para la adopción podrá revocarlo dentro del mes siguiente a su
otorgamiento.
Los adolescentes deberán recibir apoyo
psicosocial especializado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para que puedan permanecer con su hijo o hija, o para otorgar el
consentimiento libre e informado. El consentimiento del padre o madre menor de
dieciocho (18) años tendrá validez si se manifiesta con el lleno de los
requisitos establecidos en el presente artículo. En este caso estarán asistidos
por sus padres, o personas que los tengan bajo su cuidado y por el Ministerio
Público.
ARTÍCULO 67. SOLIDARIDAD FAMILIAR. El
Estado reconocerá el cumplimiento del deber de solidaridad que ejerce la
familia diferente a la de origen, que asume la protección de manera permanente
de un niño, niña o adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para el
desarrollo armónico e integral de sus derechos. En tal caso no se modifica el
parentesco.
PARÁGRAFO. Si alguna persona o pareja
quiere adoptar al niño que está al cuidado de la familia distinta a la de
origen y cumple con las condiciones de adoptabilidad, que exige el código,
podrá hacerlo, a menos que la familia que tiene el cuidado del niño, niña o
adolescente, decida adoptarlo.
ARTÍCULO 68. REQUISITOS PARA ADOPTAR.
Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al
menos 15 años más que el adoptable, y garantice idoneidad física, mental, moral
y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño,
niña o adolescente. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten
conjuntamente. Podrán adoptar:
1. Las personas solteras.
2.      Los cónyuges conjuntamente.
3.      <Aparte en itálica
CONDICIONALMENTE exequible> Conjuntamente los compañeros permanentes, que
demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. Este
término se contará a partir de la sentencia de divorcio, si con respecto a
quienes conforman la pareja o a uno de ellos, hubiera estado vigente un vínculo
matrimonial anterior.
4. El guardador al pupilo o ex pupilo
una vez aprobadas las cuentas de su administración.
5.<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o
compañero, que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2)
años.
Esta norma no se aplicará en cuanto a la
edad en el caso de adopción por parte del cónyuge o compañero permanente
respecto del hijo de su cónyuge o compañero permanente o de un pariente dentro
del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
PARÁGRAFO 1o. La existencia de hijos no
es obstáculo para la adopción.
PARÁGRAFO 2o Si el niño, niña o
adolescente tuviere bienes, la adopción se hará con las formalidades exigidas
para los guardadores.
ARTÍCULO 69. ADOPCIÓN DE MAYORES DE
EDAD. Podrá adoptarse al mayor de edad, cuando el adoptante hubiera tenido su
cuidado personal y haber convivido bajo el mismo techo con él, por lo menos dos
años antes de que este cumpliera los dieciocho (18) años.
La adopción de mayores de edad procede
por el sólo consentimiento entre el adoptante y el adoptivo. Para estos eventos
el proceso se adelantará ante un Juez de Familia.
ARTÍCULO 70. ADOPCIÓN DE NIÑO, NIÑA O
ADOLESCENTE INDÍGENA. Atendiendo las facultades jurisdiccionales de las
autoridades indígenas, la adopción de un niño, una niña o un adolescente
indígena cuando los adoptantes sean miembros de su propia comunidad procederá
de acuerdo con sus usos y costumbres.
Cuando los adoptantes sean personas que
no pertenecen a la comunidad del niño, niña o adolescente indígena, la adopción
procederá mediante consulta previa y con el concepto favorable de las
autoridades de la comunidad de origen y se realizará de acuerdo con lo
establecido en el presente Código.
ARTÍCULO 71. PRELACIÓN PARA ADOPTANTES
COLOMBIANOS. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones
autorizadas por este para adelantar el programa de adopción, preferirán, en
igualdad de condiciones, las solicitudes presentadas por los y las colombianas,
cuando llenen los requisitos establecidos en el presente Código. Si hay una
familia colombiana residente en el país o en el exterior y una extranjera, se
preferirá a la familia colombiana, y si hay dos familias extranjeras una de un
país no adherido a la Convención de La Haya o a otro convenio de carácter
bilateral o multilateral en el mismo sentido y otra sí, se privilegiará aquella
del país firmante del convenio respectivo.
ARTÍCULO 72. ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
Además de las disposiciones anteriores, la adopción internacional se regirá por
los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia sobre esta
materia.
El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar como autoridad central, autorizará a los organismos acreditados y
agencias internacionales, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en
la ley y los convenios internacionales ratificados por Colombia y teniendo en
cuenta la necesidad del servicio. El Ministerio del Interior y de Justicia
reconocerá personería jurídica e inscribirá a sus representantes legales.
Tanto las agencias internacionales como
los organismos acreditados deberán renovar la autorización ante el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar cada dos años.
ARTÍCULO 73. PROGRAMA DE ADOPCIÓN. Por
programa de adopción se entiende el conjunto de actividades tendientes a
restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia.
El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar a través del Comité de Adopción en cada Regional y Agencia y las
Instituciones Autorizadas por este para desarrollar el Programa de adopción a
través de su Comité de Adopción serán la instancia responsable de la selección
de las familias colombianas y extranjeras adoptantes y de la asignación de los
niños, niñas y adolescentes adoptables.
<Inciso 3o. corregido por el artículo
1 del Decreto 578 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> En la asignación
de familia que realice el Comité de Adopción, se dará prelación a las familias
colombianas de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de este código.
El incumplimiento de esta norma dará lugar a las sanciones disciplinarias del
caso e invalidará la citada asignación.
PARÁGRAFO 1o. Las Instituciones
Autorizadas para desarrollar el Programa de Adopción garantizarán plenamente
los derechos de los niños, niñas y adolescentes susceptibles de ser adoptados,
mientras permanezcan bajo su cuidado y no podrán entregarlos a persona alguna
sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Código.
PARÁGRAFO 2o. <Aparte subrayado
CONDICIONALMENTE exequible> Integración de los comités de adopciones. Los
Comités de Adopciones del ICBF y de las instituciones autorizadas, estarán
integrados por el Director Regional del ICBF o su delegado, el director de la
institución o su delegado, un trabajador social, un psicólogo y por las demás
personas que designen, según sea el caso, el ICBF o las juntas directivas de
las instituciones.
PARÁGRAFO 3o. Los Requisitos de
Acreditación para agencias o instituciones que presten servicios de adopción
internacional deberán incluir la presentación de pruebas que indiquen una
sólida situación financiera y un sistema efectivo de control financiero
interno, así como auditoría externa. Se exigirá a estas entidades que mantengan
estados contables, para ser sometidas a supervisión de la autoridad, incluyendo
una declaración detallada de los costes y gastos promedio asociados a las
distintas categorías de adopciones.
La información concerniente a los
costes, gastos y honorarios que cobren las agencias o instituciones por la
provisión de servicios de adopción internacional deberá ser puesta a
disposición del público.
ARTÍCULO 74. PROHIBICIÓN DE PAGO. Ni el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni las instituciones autorizadas por
este para desarrollar el programa de adopción, podrán cobrar directa o
indirectamente retribución alguna por la entrega de un niño, niña o adolescente
para ser adoptado. En ningún caso podrá darse recompensa a los padres por la
entrega que hagan de sus hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre
ellos presión alguna para obtener su consentimiento. Tampoco podrán recibir
donaciones de familias adoptantes previamente a la adopción.
Quedan absolutamente prohibidas las
donaciones de personas naturales o instituciones extranjeras a las
instituciones colombianas como retribución por la entrega de niños, niñas o
adolescentes en adopción.
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las acciones
penales a que haya lugar, el incumplimiento de esta disposición acarreará la
destitución del funcionario infractor, o la cancelación de la autorización para
adelantar el programa de adopción si el hecho se hubiere cometido por una
institución autorizada.
ARTÍCULO 75. RESERVA. Todos los
documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de
adopción, serán reservados por el término de veinte (20) años a partir de la
ejecutoria de la sentencia judicial. De ellos sólo se podrá expedir copia de la
solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o
del Defensor de Familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de
edad, la Procuraduría General de la Nación; el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar a través de su Oficina de Control Interno Disciplinario, la
Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura a través de
su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos de investigaciones penales o
disciplinarias a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 1o. El adoptado, no obstante,
podrá acudir ante el Tribunal Superior correspondiente, mediante apoderado o
asistido por el Defensor de Familia, según el caso, para solicitar que se
ordene el levantamiento de la reserva y el acceso a la información.
PARÁGRAFO 2o. El funcionario que viole
la reserva, permita el acceso o expida copia a personas no autorizadas,
incurrirá en causal de mala conducta.
ARTÍCULO 76. DERECHO DEL ADOPTADO A
CONOCER FAMILIA Y ORIGEN. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, todo adoptado tiene derecho a conocer su origen y el carácter de su
vínculo familiar. Los padres juzgarán el momento y las condiciones en que no
resulte desfavorable para el niño, niña o adolescente conocer dicha
información.
ARTÍCULO 77. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. Créase el sistema de información de
restablecimiento de derechos a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar que tiene como finalidad llevar el registro de los niños, las niñas y
los adolescentes cuyos derechos se denuncian como amenazados o vulnerados.
Dicho registro incluirá la medida de restablecimiento adoptada, el funcionario
que adelantó la actuación y el término de duración del proceso. Este sistema
tendrá un registro especial para el desarrollo del programa de adopción.
ARTÍCULO 78. REQUISITOS DE ACREDITACIÓN.
Los requisitos de acreditación para organismos o agencias internacionales que
presten servicios de adopción internacional deberán incluir la presentación de
pruebas que indiquen una sólida situación financiera y un sistema efectivo de
control financiero interno, así como auditoría externa. Se exigirá a los
organismos acreditados y agencias internacionales que mantengan estados
contables actualizados, para ser sometidos a la supervisión de la autoridad
central tanto del Estado Receptor, como del Estado de Origen”.
CAPITULO
III.
AUTORIDADES
COMPETENTES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE
LOS
NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES.
ARTÍCULO 79. DEFENSORÍAS DE FAMILIA.
Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza
multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> Las Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos
interdisciplinarios integrados, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador
social y un nutricionista.
Los conceptos emitidos por cualquiera de
los integrantes del equipo técnico tendrán el carácter de dictamen pericial.
ARTÍCULO 80. CALIDADES PARA SER DEFENSOR
DE FAMILIA. Para ser Defensor de
Familia se requieren las siguientes
calidades:
1.      Ser abogado en ejercicio y con
tarjeta profesional vigente.
2.      No tener antecedentes penales ni
disciplinarios.
3.      <Numeral CONDICIONALMENTE
exequible> Acreditar título de posgrado en Derecho de Familia, Derecho
Civil, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal,
Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales siempre y cuando en este último caso
el estudio de la familia sea un componente curricular del programa.
ARTÍCULO 81. DEBERES DEL DEFENSOR DE
FAMILIA. Son deberes del Defensor de
1.      Dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y
procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por
las demoras que ocurran.
2.      Hacer efectiva la igualdad de
las partes en el proceso, usando los poderes que este Código le otorga.
3.      Prevenir, remediar y sancionar
por los medios que señala la ley, los actos contrarios a la dignidad de la
justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo
mismo que toda tentativa de fraude procesal.
4.      Emplear las facultades que esta
ley le otorga en materia de pruebas, siempre que estime conducente y pertinente
para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y
providencias inhibitorias.
5.      Guardar reserva sobre las
decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala
conducta. El mismo deber rige para los servidores públicos de la Defensoría de
Familia.
6.      Dictar las providencias dentro
de los términos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan
ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y
diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.
PARÁGRAFO. La violación de los deberes
de que trata el presente artículo constituye falta que se sancionará de
conformidad con el respectivo régimen disciplinario.
ARTÍCULO 82. FUNCIONES DEL DEFENSOR DE
FAMILIA. Corresponde al Defensor de
Familia:
1.      Adelantar de oficio, las
actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los
derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes cuando
tenga información sobre su vulneración o amenaza.
2.      Adoptar las medidas de
restablecimiento establecidas en la presente ley para detener la violación o
amenaza de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes.
3. Emitir los conceptos ordenados por la
ley, en las actuaciones judiciales o administrativas.
4. Ejercer las funciones de policía
señaladas en este Código.
5.      Dictar las medidas de
restablecimiento de los derechos para los niños y las niñas menores de catorce
(14) años que cometan delitos.
6.      Asumir la asistencia y protección
del adolescente responsable de haber infringido la ley penal ante el juez penal
para adolescentes.
7.      Conceder permiso para salir del
país a los niños, las niñas y los adolescentes, cuando no sea necesaria la
intervención del juez.
8.      Promover la conciliación
extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre
cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, miembros de la familia o
personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente.
9.      Aprobar las conciliaciones en
relación con la asignación de la custodia y cuidado personal del niño, el
establecimiento de las relaciones materno o paterno filiales, la determinación
de la cuota alimentaria, la fijación provisional de residencia separada, la
suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes, la
separación de cuerpos y de bienes del matrimonio civil o religioso, las
cauciones de comportamiento conyugal, la disolución y liquidación de sociedad
conyugal por causa distinta de la muerte del cónyuge y los demás aspectos
relacionados con el régimen económico del matrimonio y los derechos
sucesorales, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los
notarios.
10.    Citar al presunto padre con miras
al reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial nacido o que esté por
nacer y, en caso de producirse, extender el acta respectiva y ordenar la
inscripción o corrección del nombre en el registro del estado civil.
11.     Promover los procesos o trámites
judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, las niñas
o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de
estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la
representación judicial a que haya lugar.
12.    Representar a los niños, las
niñas o los adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas,
cuando carezcan de representante, o este se halle ausente o incapacitado, o sea
el agente de la amenaza o vulneración de derech
13. Fijar cuota provisional de
alimentos, siempre que no se logre conciliación.
14. Declarar la situación de
adoptabilidad en que se encuentre el niño, niña o adolescente
15. Autorizar la adopción en los casos
previstos en la ley.
Jurisprudencia Concordante
Doctrina Concordante
16.    Formular denuncia penal cuando
advierta que el niño, niña o adolescente ha sido víctima de un delito.
17. Ejercer las funciones atribuidas por
el artículo 71 de la Ley 906 de 2004.
18.    Asesorar y orientar al público en
materia de derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.
19.    Solicitar la inscripción del
nacimiento de un niño, la corrección, modificación o cancelación de su registro
civil, ante la Dirección Nacional de Registro Civil de las personas, siempre y
cuando dentro del proceso administrativo de restablecimiento de sus derechos se
pruebe que el nombre y sus apellidos no corresponden a la realidad de su estado
civil y a su origen biológico, sin necesidad de acudir a la jurisdicción de
familia.
ARTÍCULO 83. COMISARÍAS DE FAMILIA. Son
entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter
administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar
los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de
violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.
El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
será el encargado de dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en
todo el país.
ARTÍCULO 84. CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y
REGLAMENTACIÓN. Todos los municipios contarán al menos con una Comisaría de
Familia según la densidad de la población y las necesidades del servicio. Su
creación, composición y organización corresponde a los Concejos Municipales.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un
abogado, quien asumirá la función de Comisario, un psicólogo, un trabajador
social, un médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor densidad
de población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía
Nacional. El Gobierno Nacional reglamentará la materia con el fin de determinar
dichos municipios.
En los municipios en donde no fuere
posible garantizar el equipo mencionado en el inciso anterior, la Comisaría
estará apoyada por los profesionales que trabajen directa o indirectamente con
la infancia y la familia, como los profesores y psicopedagogos de los colegios,
los médicos y enfermeras del hospital y los funcionarios del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
PARÁGRAFO 1o. Las entidades
territoriales podrán suscribir convenios de asociación con el objeto de
adelantar acciones de propósito común para garantizar el cumplimiento de los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, de acuerdo con lo previsto
en las Leyes 136 de 1994 y 715 de 2001, o las que las modifiquen.
PARÁGRAFO 2o. Los municipios tendrán un
término improrrogable de un (1) año a partir de la vigencia de esta ley, para
crear la Comisaría de Familia. El incumplimiento de esta obligación será causal
de mala conducta sancionada de acuerdo con lo establecido en el Código
Disciplinario Único.
ARTÍCULO 85. CALIDADES PARA SER
COMISARIO DE FAMILIA. Para ser comisario de Familia se requieren las mismas
calidades que para ser Defensor de Familia.
ARTÍCULO 86. FUNCIONES DEL COMISARIO DE
FAMILIA. Corresponde al comisario de familia:
1.      Garantizar, proteger,
restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados
por situaciones de violencia intrafamiliar.
2.      Atender y orientar a los niños,
las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el
ejercicio y restablecimiento de sus derechos.
3.      Recibir denuncias y adoptar las
medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de delitos contra los
niños, las niñas y los adolescentes.
4. Recibir denuncias y tomar las medidas
de protección en casos de violencia intrafamiliar
5.      Definir provisionalmente sobre
la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de
visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros
permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las
situaciones de violencia intrafamiliar.
6.      <Numeral CONDICIONALMENTE
exequible> Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en
que pueda encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso
lo demande.
7. Desarrollar programas de prevención
en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
8.      Adoptar las medidas de
restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar el
delito
9.      Aplicar las medidas policivas
que correspondan en casos de conflictos familiares, conforme a las atribuciones
que les confieran los Concejos Municipales.
ARTÍCULO 87. ATENCIÓN PERMANENTE. Los
horarios de atención de las Defensorías de Familia y Comisarías de Familia
serán permanentes y continuos, a fin de asegurar a los niños, las niñas y los
adolescentes la protección y restablecimiento de sus derechos. El Estado deberá
desarrollar todos los mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a esta
disposición.
ARTÍCULO 88. MISIÓN DE LA POLICÍA
NACIONAL. La Policía Nacional es una entidad que integra el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar. Su misión como miembro del Sistema, es garantizar la
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de
las competencias y funciones que le asigna la ley. Tendrá como cuerpo
especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia que reemplazará a la
Policía de Menores.
ARTÍCULO 89. FUNCIONES DE LA POLICÍA
NACIONAL PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS
ADOLESCENTES. Sin perjuicio de las funciones atribuidas en otras leyes en
relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la
Policía Nacional y en especial la Policía de Infancia y Adolescencia, tendrán
las siguientes funciones:
1.      Cumplir y hacer cumplir las
normas y decisiones que para la protección de los niños, las niñas y los
adolescentes impartan los organismos del Estado.
2.      Diseñar y ejecutar programas y
campañas de educación, prevención, garantía y restablecimiento de los derechos
de los niños, las niñas y los adolescentes en todo el territorio nacional.
3.      Adelantar labores de vigilancia
y control en los lugares de recreación y deporte y demás espacios públicos en
donde habitualmente concurran niños, niñas y adolescentes y a la entrada de los
establecimientos educativos de su jurisdicción.
4.      Adelantar labores de vigilancia
a fin de controlar e impedir el ingreso de los niños, las niñas y los
adolescentes a los lugares de diversión destinados al consumo de bebidas
alcohólicas y cigarrillos y hacer cumplir la prohibición de venta de estos
productos
5.      Adelantar labores de vigilancia
a fin de controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los
lugares en donde se ejerza la explotación sexual, se realicen espectáculos no
aptos para niños, niñas o adolescentes, a salas de juego de azar y lugares
públicos o privados de alto riesgo que ofrezcan peligro para su integridad
física y/o moral y tomar las medidas a que haya lugar.
6.      Adelantar labores de vigilancia
a fin de prevenir, controlar e impedir la entrada de menores de catorce (14)
años a las salas de juegos electrónicos.
7.      Controlar e impedir el ingreso
de niños, niñas y adolescentes a salas de cine, teatros o similares donde se
presenten espectáculos con clasificación para mayores y el alquiler de
películas de video clasificadas para adultos.
8.      Adelantar labores de vigilancia
a fin de controlar el porte de armas de fuego o cortopunzantes, bebidas
embriagantes, pólvora, estupefacientes y material pornográfico, por parte de niños,
niñas o adolescentes, así como de elementos que puedan atentar contra su
integridad, y proceder a su incautación.
9.      Diseñar programas de prevención
para los adultos sobre el porte y uso responsable de armas de fuego, de bebidas
embriagantes, de pólvora, de juguetes bélicos y de cigarrillos cuando conviven
o están acompañados de niños, niñas o adolescentes.
10.    Brindar apoyo a las autoridades
judiciales, los Defensores y Comisarios de Familia, Personeros Municipales e
Inspectores de Policía en las acciones de policía y protección de los niños,
las niñas y los adolescentes y de su familia, y trasladarlos cuando sea
procedente, a los hogares de paso o a los lugares en donde se desarrollen los
programas de atención especializada de acuerdo con la orden emitida por estas
autoridades. Es obligación de los centros de atención especializada recibir a
los niños, las niñas o los adolescentes que sean conducidos por la Policía.
11.     Apoyar al Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, y demás autoridades competentes, en la
vigilancia permanente del tránsito de niños, niñas y adolescentes en terminales
de transporte terrestre, aéreo y marítimo.
12.    Realizar labores de inteligencia
para combatir las redes dedicadas a la producción, tráfico o comercialización de
sustancias psicoactivas ilegales que produzcan dependencia, a la distribución y
comercialización de pornografía infantil a través de Internet o cualquier otro
medio, al tráfico o a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, o a
cualquier otra actividad que atente contra sus derechos.
13.    Adelantar acciones para la
detección de niños, niñas y adolescentes que realicen trabajos prohibidos,
cualesquiera de las peores formas de trabajo infantil, o que estén en situación
de explotación y riesgo, y denunciar el hecho ante la autoridad competente.
14.    Recibir las quejas y denuncias de
la ciudadanía sobre amenazas o vulneraciones de los derechos del niño, niña o
adolescente, actuar de manera inmediata para garantizar los derechos amenazados
y para prevenir su vulneración cuando sea del caso, o correr traslado a las
autoridades competentes.
15.    Garantizar los derechos de los
niños, niñas y adolescentes en todos los procedimientos policiales.
16.    <Numeral modificado por el
artículo 87 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:>
Adelantar labores de vigilancia y control de las instituciones encargadas de
ejecutar las sanciones establecidas en el presente Código, a fin de garantizar
la seguridad de los niños, niñas y adolescentes y evitar su evasión. De manera
excepcional, la Policía de Infancia y Adolescencia a solicitud del operador, de
la autoridad judicial o administrativa podrá realizar control interno en casos
de inminente riesgo en la integridad física y personal de los adolescentes o de
los encargados de su cuidado personal.
17.    <Numeral modificado por el
artículo 87 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Prestar
la logística y el recurso humano necesario para el traslado a donde haya lugar
de niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal cuando así lo
dispongan las autoridades judiciales y administrativas. El cumplimento de este
numeral no excluye la corresponsabilidad de los entes territoriales.
18.    <Numeral adicionado por el
artículo 87 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Los
Comandantes de Estación de acuerdo con su competencia, podrán ordenar el cierre
temporal de los establecimientos abiertos al público de acuerdo con los
procedimientos señalados en el Código Nacional de Policía, en cumplimiento de
las funciones establecidas en los numerales 4, 5, 6 y 7 del presente artículo,
de conformidad con los principios rectores y lineamientos establecidos en este
Código.
ARTÍCULO 90. OBLIGACIÓN EN FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN. La Dirección General de la Policía Nacional creará e integrará en
el programa académico de las escuelas de formación de la Policía, para ingreso
y ascensos, con carácter obligatorio, la formación y capacitación en derechos
de la infancia y la adolescencia, desarrollo infantil, normas nacionales e
internacionales relacionadas y procedimientos de atención y protección integral
a los niños, las niñas y los adolescentes.
El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar en coordinación con la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía
Nacional organizarán los cursos necesarios para capacitar los miembros de la
Policía de Infancia y Adolescencia.
La Policía Nacional capacitará a la
Policía de Infancia y Adolescencia en formación de Policía Judicial con el
objeto de que estos asesoren y apoyen a las autoridades cuando los niños, las
niñas y los adolescentes se encuentren incursos en algún hecho delictivo, de
acuerdo con las necesidades del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes vigente
ARTÍCULO 91. ORGANIZACIÓN. El Director
General de la Policía Nacional, definirá la estructura de la Policía de
Infancia y Adolescencia, que en todo caso deberá tener un encargado que
dependerá directamente de la Dirección de Protección y Servicios Especiales que
a su vez dependerá del Subdirector General y con presencia efectiva en los
comandos de Departamento, Metropolitanas, Estaciones y Organismos
Especializados.
ARTÍCULO 92. CALIDADES DE LA POLICÍA DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Además de los requisitos establecidos en la ley y en los
reglamentos, el personal de la Policía de Infancia y Adolescencia deberá tener
estudios profesionales en áreas relacionadas con las ciencias humanas y
sociales, tener formación y capacitación en Derechos Humanos y legislación de
la infancia y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras
materias que le permitan la protección integral de los niños, las niñas y los
adolescentes.
Salvo circunstancias excepcionales
determinadas por la Dirección General de la Policía, los miembros de la Policía
de Infancia y Adolescencia que hayan sido seleccionados y capacitados en la
especialidad, no podrán ser destinados a actividades diferentes a las señaladas
en el presente Código.
PARÁGRAFO. La Policía de Infancia y
Adolescencia deberá asesorar a los mandos policiales sobre el comportamiento de
la institución, desempeño y cumplimiento en los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes y proponer alternativas de mejoramiento particular y
general, de acuerdo con las funciones asignadas en este Código.
ARTÍCULO 93. CONTROL DISCIPLINARIO. Sin
perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación
consagrada en el artículo 277 de la Constitución Política, y de las acciones
penales a que haya lugar, la Inspección General de la Policía Nacional, se
encargará de adelantar los procesos disciplinarios relacionados con
infracciones a las disposiciones de este Código, cometidas por los miembros de
la Policía Nacional.
ARTÍCULO 94. PROHIBICIONES ESPECIALES.
Se prohíbe la conducción de niños, niñas y adolescentes mediante la utilización
de esposas o cualquier otro medio que atente contra su dignidad.
Igualmente se prohíbe el uso de armas
para impedir o conjurar la evasión del niño, niña o adolescente que es
conducido ante autoridad competente, salvo que sea necesario para proteger la
integridad física del encargado de su conducción ante la amenaza de un peligro
grave e inminente.
La infracción a esta disposición será
causal de mala conducta.
ARTÍCULO 95. EL MINISTERIO PÚBLICO. El
Ministerio Público está integrado por la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, y las personerías distritales y municipales, y tendrán a
su cargo, además de las señaladas en la Constitución Política y en la ley, las
siguientes funciones:
1.      Promover, divulgar, proteger y
defender los Derechos Humanos de la infancia en las instituciones públicas y
privadas con énfasis en el carácter prevalente de sus derechos, de su interés
superior y sus mecanismos de protección frente a amenazas y vulneraciones.
2.      Promover el conocimiento y la
formación de los niños, las niñas y los adolescentes para el ejercicio
responsable de sus derechos.
3.      Tramitar de oficio o por
solicitud de cualquier persona, las peticiones y quejas relacionadas con
amenazas o vulneraciones de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes
y su contexto familiar, y abogar en forma oportuna, inmediata e informal,
porque la solución sea eficaz y tenga en cuenta su interés superior y la
prevalencia de los derechos.
4.      Hacer las observaciones y
recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o
violación de los Derechos Humanos de los niños, las niñas y los adolescentes.
PARÁGRAFO. Las personerías distritales y
municipales deberán vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y
administrativos de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes, en aquellos municipios en los que no haya procuradores
judiciales de familia. Así mismo deberán inspeccionar, vigilar y controlar a
los alcaldes para que dispongan en sus planes de desarrollo, el presupuesto que
garantice los derechos y los programas de atención especializada para su
restablecimiento.
Los procuradores judiciales de familia
obrarán en todos los procesos judiciales y administrativos, en defensa de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y podrán impugnar las decisiones
que se adopten.
CAPÍTULO
IV.
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y REGLAS ESPECIALES.
ARTÍCULO 96. AUTORIDADES COMPETENTES.
Corresponde a los defensores de familia y comisarios de familia procurar y
promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos en los
tratados internacionales, en la Constitución Política y en el presente Código.
El seguimiento de las medidas de
protección o de restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de
familia estará a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ARTÍCULO 97. COMPETENCIA TERRITORIAL.
Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el
adolescente; pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la
autoridad del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del
territorio nacional.
ARTÍCULO 98. COMPETENCIA SUBSIDIARIA. En
los municipios donde no haya Defensor de Familia, las funciones que este Código
le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este
último, las funciones asignadas al defensor y al comisario de familia
corresponderán al inspector de policía.
La declaratoria de adoptabilidad del
niño, niña o adolescente corresponde exclusivamente al Defensor de Familia.
ARTÍCULO 99. INICIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1878 de
2018. El nuevo texto es el siguiente:> El niño, la niña o adolescente, su
representante legal, la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, o
cualquier persona, podrá solicitar ante el Defensor o Comisario de Familia, o
en su defecto el Inspector de Policía la protección de los derechos de aquel
cuando se encuentren vulnerados o amenazados.
Cuando del estado de verificación el
Defensor o el Comisario de Familia o, en su defecto, el Inspector de Policía
tengan conocimiento de la vulneración o amenaza de alguno de los derechos que
este Código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, dará apertura
al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, mediante auto contra
el cual no procede recurso alguno.
En el auto de apertura de investigación
se deberá ordenar:
1.      La identificación y citación de
los representantes legales del niño, niña o adolescente, de las personas con
quienes conviva o sean responsables de su cuidado, o de quienes de hecho lo
tuvieren a su cargo.
2.      Las medidas de restablecimiento
de derechos provisionales de urgencia que se requieran para la protección
integral del niño, niña o adolescente.
3.      Entrevista al niño, niña o
adolescente en concordancia con los artículos 26 y 105 de este Código.
4.      La práctica de las pruebas que estime
necesarias para establecer los hechos que configuran la presunta vulneración o
amenaza de los derechos del niño, niña o adolescente.
PARÁGRAFO 1o. Si la autoridad competente
advierte la ocurrencia de un posible delito, deberá denunciarlo ante la autoridad
penal competente de manera inmediata.
PARÁGRAFO 2o. En los casos de
inobservancia de derechos, la autoridad administrativa competente deberá
movilizar a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, dictando las órdenes específicas para garantizar los derechos de los
niños, niñas y adolescentes de manera que se cumplan en un término no mayor a
diez (10) días.
PARÁGRAFO 3o. En caso de conflicto de
competencia entre autoridades administrativas, el proceso de restablecimiento
de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo
conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.
El juez de familia tendrá un término de
quince (15) días para resolver el conflicto de competencia que se presente y en
caso de no hacerlo incurrirá en causal de mala conducta.
En caso de declararse falta de
competencia respecto de quien venía conociendo a prevención, lo actuado
conservará plena validez, incluso la resolución que decida de fondo el proceso.
ARTÍCULO 100. TRÁMITE. <Artículo
modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018. El nuevo texto es el
siguiente:> Una vez se dé apertura al Proceso Administrativo de
Restablecimiento de Derechos a favor de un niño, niña o adolescente, el funcionario
notificará y correrá traslado del auto de apertura por cinco (5) días, a las
personas que de conformidad con el artículo 99 del presente Código deben ser
citadas, para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer.
Vencido el traslado, la autoridad
administrativa decretará de oficio o a solicitud de parte, las pruebas que no
hayan sido ordenadas en el auto de apertura, que sean conducentes, útiles y
pertinentes, las cuales se practicarán en audiencia de pruebas y fallo o fuera de
ella, de acuerdo con su naturaleza y con sujeción a las reglas del
procedimiento civil vigente.
Las pruebas que fueron debidamente
decretadas deberán practicarse, en caso contrario, la autoridad administrativa
competente, mediante auto motivado revocará su decreto.
De las pruebas practicadas antes de la
audiencia de pruebas y fallo, mediante auto notificado por estado, se correrá
traslado a las partes por un término de 5 días, para que se pronuncien conforme
a las reglas establecidas en el procedimiento civil vigente.
Vencido el término del traslado,
mediante auto que será notificado por estado, se fijará la fecha para la
audiencia de pruebas y fallo, en donde se practicarán las pruebas que no hayan
sido adelantadas, se dará traslado de estas y se emitirá el fallo que en
derecho corresponda.
El fallo es susceptible de recurso de
reposición que debe interponerse verbalmente en la audiencia, por quienes
asistieron a la misma, y para quienes no asistieron se les notificará por
Estado; el recurso se interpondrá en los términos del Código General del
Proceso y se resolverá dentro de los diez (10) días siguientes a su
formulación.
Resuelto el recurso de reposición o
vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez
de familia para homologar el fallo, si dentro de los quince (15) días
siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o el Ministerio Público
manifiestan su inconformidad con la decisión. El Ministerio Público lo
solicitará con las expresiones de las razones en que funda su oposición.
El juez resolverá en un término no
superior a veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a la
radicación del proceso.
En todo caso, la definición de la
situación jurídica deberá resolverse declarando en vulneración de derechos o
adoptabilidad al niño, niña y adolescente, dentro de los seis (6) meses
siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o
vulneración de los derechos del menor de edad, término que será improrrogable y
no podrá extenderse ni por actuación de autoridad administrativa o judicial.
Vencido el término para fallar o para
resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión
correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir
conociendo del asunto y remitirá dentro de los tres (3) días siguientes el
expediente al juez de familia para que resuelva el recurso o defina la
situación jurídica del niño, niña o adolescente en un término máximo de dos (2)
meses. Cuando el juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría
General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que
haya lugar.
El juez resolverá en un término no
superior a dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la radicación
del proceso, so pena que se promueva la investigación disciplinaria a que haya
lugar.
Si el juez no resuelve el proceso en
este término, perderá competencia para seguir conociendo del asunto, remitirá
inmediatamente el expediente al juez de familia que le sigue en turno y se
pondrá en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura.
En los casos que la autoridad
administrativa pierda competencia y no remita el proceso al Juez de Familia
dentro del término señalado en este artículo, el Director Regional del ICBF
estará facultado para remitirlo al juez de familia.
PARÁGRAFO 1o. En caso de evidenciarse
vulneración de derechos susceptibles de conciliación en cualquier etapa del
proceso, el funcionario provocará la conciliación y en caso de que fracase o se
declare fallida, mediante resolución motivada fijará las obligaciones
provisionales respecto a custodia, alimentos y visitas y en caso de que alguna
de las partes lo solicite dentro de los cinco (5) días siguientes, el
funcionario presentará demanda ante el Juez competente.
PARÁGRAFO 2o. La subsanación de los
yerros que se produzcan en el trámite administrativo, podrán hacerse mediante
auto que decrete la nulidad de la actuación específica, siempre y cuando se
evidencien antes del vencimiento del término para definir la situación
jurídica; en caso de haberse superado este término, la autoridad administrativa
competente no podrá subsanar la actuación y deberá remitir el expediente al
Juez de Familia para su revisión, quien determinará si hay lugar a decretar la
nulidad de lo actuado y en estos casos, resolver de fondo la situación jurídica
del niño, niña y adolescente conforme los términos establecidos en esta ley e
informará a la Procuraduría General de la Nación.
PARÁGRAFO 3o. Para el efectivo
cumplimiento de este artículo, los entes territoriales y el ICBF, dentro de su
organización administrativa adoptarán las medidas necesarias para que la
información respecto a la presunta vulneración o amenaza de derechos se ponga
en conocimiento de la autoridad administrativa en el menor tiempo posible.
PARÁGRAFO 4o. El incumplimiento de los
términos para la tramitación y decisión del proceso administrativo de
restablecimiento de derechos por parte de las autoridades administrativas y
judiciales será causal de falta gravísima.
PARÁGRAFO 5o. Son causales de nulidad
del proceso de restablecimiento de derechos las contempladas en el Código
General del Proceso, las cuales deberán ser decretadas mediante auto motivado,
susceptible de recurso de reposición, siempre y cuando se evidencien antes del
vencimiento del término de seis (6) meses señalado anteriormente. En caso de
haberse superado este término, la autoridad administrativa deberá remitir el
expediente al Juez de Familia para que asuma la competencia.
PARÁGRAFO 6o. En todo caso, ante
cualquier vacío jurídico deberá remitirse a lo reglamentado en la legislación
procesal civil vigente.
PARÁGRAFO 7o. Cuando la definición de la
situación jurídica concluya con resolución que deje en firme el consentimiento
para la adopción, deberá adelantar el trámite establecido en los incisos 2 y 3
del artículo 108 del presente Código.
ARTÍCULO 101. CONTENIDO DEL FALLO. La
resolución deberá contener una síntesis de los hechos en que se funda, el
examen crítico de las pruebas y los fundamentos jurídicos de la decisión.
Cuando contenga una medida de
restablecimiento deberá señalarla concretamente, explicar su justificación e
indicar su forma de cumplimiento, la periodicidad de su evaluación y los demás
aspectos que interesen a la situación del niño, niña o adolescente. La
resolución obliga a los particulares y a las autoridades prestadoras de
servicios requeridos para la ejecución inmediata de la medida.
ARTÍCULO 102. CITACIONES Y
NOTIFICACIONES. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 1878 de
2018. El nuevo texto es el siguiente:> La citación ordenada en la
providencia de apertura de investigación se practicará en la forma prevista en
la legislación de Procedimiento Civil vigente para la notificación personal, siempre
que se conozca la identidad y la dirección de las personas que deban ser
citadas. Cuando se ignore la identidad o la dirección de quienes deban ser
citados, la citación se realizará mediante publicación en una página de
Internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por un término de cinco
días y por transmisión en un medio masivo de comunicación, que incluirá una
fotografía del niño, si fuere posible.
La notificación en este último caso se
entenderá surtida si transcurridos cinco (5) días, contados a partir del
cumplimiento del término establecido para las publicaciones en los medios de
comunicación, el citado no comparece.
Las providencias que se dicten en el
curso de las audiencias y diligencias se consideran notificadas en estrados
inmediatamente después de proferidas, aun cuando las partes no hayan
concurrido.
Las demás notificaciones se surtirán
mediante aviso que se remitirá por medio de servicio postal autorizado,
acompañado de una copia de la providencia correspondiente.
ARTÍCULO 103. CARÁCTER TRANSITORIO DE
LAS MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y DE LA DECLARATORIA DE
VULNERACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018.
El nuevo texto es el siguiente:> La autoridad administrativa que tenga la
competencia del proceso podrá modificar las medidas de restablecimiento de
derechos previstas en este Código cuando esté demostrada la alteración de las
circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se
proferirá en audiencia y estará sometida a los mecanismos de oposición
establecidos para el fallo en el artículo 100 del presente Código, cuando la
modificación se genere con posterioridad a dicha actuación.
El auto que fije fecha y hora para la
audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos.
Cuando el cambio de medida se produzca
antes de la audiencia de pruebas y fallo, deberá realizarse mediante auto
motivado, notificado por estado, el cual no es susceptible de recurso alguno.
En los procesos donde se declare en
situación de vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, la
autoridad administrativa deberá hacer seguimiento por un término que no exceda
seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, término en el
cual determinará si procede el cierre del proceso cuando el niño, niña o
adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la
vulneración de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se
hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones
para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del
seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones
para garantizar los derechos.
En los casos excepcionales que la
autoridad administrativa considere que debe superarse el término de
seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolución motivada por un término que
no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del
término de seguimiento inicial. La prórroga deberá notificarse por Estado.
<Inciso modificado por el artículo
208 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos con el seguimiento tendrá una
duración de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los
hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de
adoptabilidad o el cierre del proceso por haberse evidenciado con los
seguimientos, que la ubicación en medio familiar fue la medida idónea.
Cuando la autoridad administrativa
supere los términos establecidos en este artículo sin resolver de fondo la
situación jurídica o cuando excedió el término inicial de seguimiento sin
emitir la prórroga, perderá competencia de manera inmediata y deberá remitir el
expediente al Juez de Familia para que este decida de fondo la situación
jurídica en un término no superior a dos (2) meses. Si la autoridad
administrativa no remite el expediente, el Director Regional hará la remisión
al Juez de Familia.
<Inciso adicionado por el artículo
208 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Con el fin de
garantizar una atención con enfoque diferencial, en los casos en que se
advierta que un proceso no puede ser definido de fondo en el término máximo establecido,
por las situaciones fácticas y probatorias que reposan en el expediente, el
ICBF reglamentará un mecanismo para analizar el proceso y darle el aval a la
autoridad administrativa para la ampliación del término.
<Inciso adicionado por el artículo
208 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se trata
de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas,
adolescentes y adultos con discapacidad en los cuales se hubiere superado la
vulneración de derechos, transitoriamente se continuará con la prestación del
servicio de la modalidad de protección cuando se requiera, hasta tanto la
entidad correspondiente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice la
prestación del servicio de acuerdo con sus competencias legales.
<Inciso adicionado por el artículo
208 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> En los casos en
que se otorgue el aval, la autoridad administrativa emitirá una resolución
motivada decretando la ampliación del término y relacionando el acervo
documental que soporta esta decisión.
ARTÍCULO 104. COMISIÓN Y PODER DE
INVESTIGACIÓN. Con miras a la protección de los derechos reconocidos en este
código, los defensores de familia, el comisario o, en su defecto, el inspector
de policía podrán comisionar a las autoridades administrativas que cumplan
funciones de policía judicial, para la práctica de pruebas fuera de su sede, en
la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil.
Con el mismo propósito los citados
funcionarios también podrán solicitar información al respectivo pagador y a la
Dirección de Impuestos Nacionales sobre la solvencia de las personas obligadas
a suministrar alimentos.
PARÁGRAFO. El defensor, el comisario de
familia o, en su caso, el inspector de policía podrán sancionar con multa de
uno a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los particulares que
rehúsen o retarden el trámite de las solicitudes formuladas en ejercicio de las
funciones que esta ley les atribuye. Si el renuente fuere servidor público,
además se dará aviso al respectivo superior y a la Procuraduría General de la
Nación
ARTÍCULO 105. ENTREVISTA DEL NIÑO, NIÑA
O ADOLESCENTE. El defensor o el comisario de familia entrevistará al niño, niña
o adolescente para establecer sus condiciones individuales y las circunstancias
que lo rodean.
ARTÍCULO 106. ALLANAMIENTO Y RESCATE.
<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Siempre que el defensor o el
comisario de familia tengan indicios de que un niño, una niña o un adolescente
se halla en situación de peligro, que comprometa su vida o integridad personal
procederá a su rescate con el fin de prestarle la protección necesaria. Cuando
las circunstancias lo aconsejen practicará allanamiento al sitio donde el niño,
niña o adolescente se encuentre, siempre que le sea negado el ingreso después
de haber informado sobre su propósito, o no haya quien se lo facilite. Es
obligación de la fuerza pública prestarle el apoyo que para ello solicite.
De lo ocurrido en la diligencia deberá
levantarse acta.
ARTÍCULO 107. CONTENIDO DE LA
DECLARATORIA DE ADOPTABILIDAD O DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. <Artículo
modificado por el artículo 7 de la Ley 1878 de 2018. El nuevo texto es el
siguiente:> En la resolución que declare la situación de adoptabilidad, o de
vulneración de derechos del niño, niña o adolescente, se ordenará una o varias
de las medidas de restablecimiento consagradas en este Código.
En la resolución de vulneración se
indicará la cuota mensual que deberán suministrar los padres o las personas de
quienes dependa el niño, la niña o el adolescente, para su sostenimiento
mientras se encuentre bajo una medida de restablecimiento, cuando a ello haya
lugar.
PARÁGRAFO. Para garantizar la adecuada
atención del niño, niña o adolescente en el seno de su familia, el Defensor de
Familia podrá disponer que los padres o las personas a cuyo cargo se encuentre,
cumplan algunas de las siguientes actividades:
1.      Asistencia a un programa oficial
o comunitario de orientación o de tratamiento familiar.
2.      Asistencia a un programa de
asesoría, orientación o tratamiento de alcohólicos o adictos a sustancias que
produzcan dependencia.
3.      Asistencia a un programa de
tratamiento psicológico o psiquiátrico.
4.      Cualquiera otra actividad que
contribuya a garantizar el ambiente adecuado para el desarrollo del niño, niña
o adolescente.
ARTÍCULO 108. DECLARATORIA DE
ADOPTABILIDAD. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 1878 de
2018. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se declare la adoptabilidad de
un niño, una niña o un adolescente habiendo existido oposición en cualquier
etapa de la actuación administrativa, y cuando la oposición se presente en la
oportunidad prevista en el artículo 100 del presente Código, el Defensor de
Familia deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su homologación.
En los demás casos, la resolución que
declare la adoptabilidad producirá, respecto de los padres, la terminación de
la patria potestad del niño, niña o adolescente adoptable y deberá solicitarse
la inscripción en el libro de Varios y en el registro civil del menor de edad
de manera inmediata a la ejecutoria. La Registraduría del Estado Civil deberá
garantizar que esta anotación se realice en un término no superior a diez (10)
días a partir de la solicitud de la autoridad.
Una vez realizada la anotación de la
declaratoria de adoptabilidad en el libro de varios y en el registro civil del
niño, la niña o adolescente, el Defensor de Familia deberá remitir la historia
de atención al Comité de Adopciones de la regional correspondiente, en un
término no mayor a diez (10) días.
PARÁGRAFO. En firme la providencia que
declara al niño, niña o adolescente en adoptabilidad o el acto de voluntad de
darlo en adopción, no podrá adelantarse proceso alguno de reclamación de la
paternidad, o maternidad, ni procederá el reconocimiento voluntario del niño,
niña o adolescente, y de producirse serán nulos e ineficaces de pleno derecho.
ARTÍCULO 109. RECONOCIMIENTO DE
PATERNIDAD. Cuando el padre extramatrimonial reconozca, ante el defensor, el
comisario de familia o el inspector de policía, la paternidad de un niño, una
niña o un adolescente, se levantará acta y se ordenará su inscripción en el
registro del estado civil.
ARTÍCULO 110. PERMISO PARA SALIR DEL
PAÍS. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 1878 de 2018. El
nuevo texto es el siguiente:> Cuando un niño, una niña o un adolescente que
tiene residencia en Colombia vaya a salir del país con uno de los padres o con
una persona distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el
permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado
ante notario o autoridad consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de
destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al
país.
No se requerirá autorización de los
padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad.
Los menores de edad con residencia
habitual en el exterior, igual o superior a un (1) año, y que vayan a salir del
país con uno solo de sus progenitores, no requerirán autorización cuando
decidan volver a aquella. Para efectos de la salida del país deberán aportar
certificación de residencia en el exterior, expedido por el consulado competente
o la inscripción consular y copia del documento en el cual se establezca la
custodia en cabeza del progenitor con quien va a salir. La solicitud del
trámite de custodia podrá presentarse ante la autoridad consular
correspondiente, quienes remitirán a la autoridad competente en Colombia.
En los casos en los que el menor de edad
con residencia habitual en el exterior, igual o superior a un (1) año vaya a
salir del país con un tercero, deberá contar con el permiso de salida otorgado
por el progenitor que ostente la custodia.
Para los menores de edad que tengan una
residencia en otro país menor a un (1) año, deberán realizar el trámite
establecido en el inciso primero de este artículo.
Cuando un niño, niña o adolescente con
residencia en Colombia, carezca de representante legal, se desconozca su
paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo, el permiso para la
salida del país lo otorgará el Defensor de Familia con sujeción a las
siguientes reglas:
1.      Legitimación. La solicitud
deberá ser formulada por quien tenga el cuidado personal del niño, niña o
adolescente.
2.      Requisitos de la solicitud. La
solicitud deberá señalar los hechos en que se funda y el tiempo de permanencia
del niño, niña o adolescente en el exterior. Con ella deberá acompañarse el
registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos alegados.
3.      Trámite. Presentada la
solicitud, el Defensor de Familia ordenará citar a los padres o al
representante legal que no la hayan suscrito y oficiará a Migración Colombia si
existe impedimento para salir del país del menor de edad.
Si dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación o al emplazamiento ninguno de los citados se
opone, el funcionario practicará las pruebas que estime necesarias, si a ello
hubiere lugar, y decidirá sobre el permiso solicitado.
En firme la resolución que concede el
permiso, el Defensor de Familia remitirá copia de ella al Ministerio de
Relaciones Exteriores y a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
El permiso tendrá vigencia por sesenta (60) días hábiles, contados a partir de
su ejecutoria.
En caso de que oportunamente se presente
oposición a la solicitud de permiso, el Defensor de Familia remitirá el
expediente al Juez de Familia, y por medio de telegrama avisará a los interesados
para que comparezcan al juzgado que corresponda por reparto.
PARÁGRAFO 1o. El Defensor de Familia
otorgará de plano permiso de salida del país:
A los niños, las niñas o los
adolescentes que ingresan al Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía
General de la Nación.
A los niños, las niñas o los
adolescentes, desvinculados o testigos en procesos penales, cuando corre grave
peligro su vida y su integridad personal.
A los niños, las niñas o los
adolescentes, que van en misión deportiva, científica o cultural.
A los niños, las niñas o los
adolescentes cuando requieren viajar por razones de tratamientos médicos de
urgencia al exterior.
En caso de que oportunamente se presente
oposición a la solicitud de permiso, el Defensor de Familia remitirá el
expediente al Juez de Familia, y por medio de telegrama avisará a los
interesados para que comparezcan al juzgado que corresponda por reparto.
PARÁGRAFO 1o. Cuando un niño, una niña o
un adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona
distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de
aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante
notario o autoridad consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de
destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al
país.
No se requerirá autorización de los
padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad.
PARÁGRAFO 2. El Defensor de Familia
otorgará de plano permiso de salida del país:
-        A los niños, las niñas o los
adolescentes que ingresan al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía
General de la Nación.
-        A los niños, las niñas o los
adolescentes, desvinculados o testigos en procesos penales, cuando corre grave
peligro su vida y su integridad personal.
-        A los niños, las niñas o los
adolescentes, que van en misión deportiva, científica o cultural.
-        A los niños, las niñas o los
adolescentes cuando requieren viajar por razones de tratamientos médicos de
urgencia al exterior.
PARÁGRAFO 3. <Parágrafo adicionado
por el artículo 226 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:>
Los menores de edad con residencia en el exterior y que hayan obtenido permiso
para salir del País por una de las tres circunstancias enunciadas en el inciso
primero de este artículo, no requerirán de nueva autorización para salir del
país, cuando decidan volver a este.
ARTÍCULO 111. ALIMENTOS. Para la
fijación de cuota alimentaria se observarán las siguientes reglas:
1.      La mujer grávida podrá reclamar
alimentos a favor del hijo que está por nacer, respecto del padre legítimo o
del extramatrimonial que haya reconocido la paternidad.
2.      Siempre que se conozca la
dirección donde puede recibir notificaciones el obligado a suministrar
alimentos, el defensor o comisario de familia lo citará a audiencia de
conciliación. En caso contrario, elaborará informe que suplirá la demanda y lo
remitirá al Juez de Familia para que inicie el respectivo proceso. Cuando
habiendo sido debidamente citado a la audiencia el obligado no haya concurrido,
o habiendo concurrido no se haya logrado la conciliación, fijará cuota
provisional de alimentos, pero sólo se remitirá el informe al juez si alguna de
las partes lo solicita dentro de los cinco días hábiles siguientes.
3.      Cuando se logre conciliación se
levantará acta en la que se indicará: el monto de la cuota alimentaria y la
fórmula para su reajuste periódico; el lugar y la forma de su cumplimento; la
persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, las garantías
que ofrece el obligado y demás aspectos que se estimen necesarios para asegurar
el cabal cumplimiento.
la obligación alimentaria. De ser el caso,
la autoridad promoverá la conciliación sobre custodia, régimen de visitas y
demás aspectos conexos.
4.      Lo dispuesto en este artículo se
aplicará también al ofrecimiento de alimentos a niños, las niñas o los
adolescentes.
5.      <Numeral derogado por el literal
c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de
2014. En los términos del numeral 6) del artículo 627, ver en Legislación
Anterior el texto vigente hasta esta fecha>
ARTÍCULO 112. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL
DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS O LOS ADOLESCENTES. Los niños, las niñas o los
adolescentes indebidamente retenidos por uno de sus padres, o por personas
encargadas de su cuidado o por cualquier otro organismo en el exterior o en
Colombia, serán protegidos por el Estado Colombiano contra todo traslado
ilícito u obstáculo indebido para regresar al país. Para tales efectos se dará
aplicación a la Ley 173 de 1994 aprobatoria del Convenio sobre aspectos civiles
del secuestro internacional de niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de
1980, a la Ley 620 de 2000 aprobatoria de la Convención Interamericana sobre
restitución internacional de menores, suscrita en Montevideo el 15 de julio de
1989, y a las demás normas que regulen la materia.
Para los efectos de este artículo actuará
como autoridad central el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La
Autoridad Central por intermedio del Defensor de familia adelantará las
actuaciones tendientes a la restitución voluntaria del niño, niña o adolescente
y decretará las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar.
ARTÍCULO 113. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO
PARA LOS ADOLESCENTES. Corresponde al inspector de trabajo expedir por escrito
la autorización para que un adolescente pueda trabajar, a solicitud de los
padres, del respectivo representante legal o del Defensor de Familia. A falta
del inspector del trabajo la autorización será expedida por el comisario de
familia y en defecto de este por el alcalde municipal.
La autorización estará sujeta a las
siguientes reglas:
1.      Deberá tramitarse conjuntamente
entre el empleador y el adolescente;
2.      La solicitud contendrá los datos
generales de identificación del adolescente y del empleador, los términos del
contrato de trabajo, la actividad que va a realizar, la jornada laboral y el
salario.
3.      El funcionario que concedió el
permiso deberá efectuar una visita para determinar las condiciones de trabajo y
la seguridad para la salud del trabajador.
4.      Para obtener la autorización se
requiere la presentación del certificado de escolaridad del adolescente y si
este no ha terminado su formación básica, el empleador procederá a inscribirlo
y, en todo caso, a facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso
educativo o de formación, teniendo en cuenta su orientación vocacional.
5.      El empleador debe obtener un
certificado de estado de salud del adolescente trabajador.
6.      La autorización de trabajo o
empleo para adolescentes indígenas será conferida por las autoridades
tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta sus usos y
costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada por el inspector del
trabajo o por la primera autoridad del lugar.
7.      El empleador debe dar aviso
inmediato a la autoridad que confirió la autorización, cuando se inicie y
cuando termine la relación laboral.
PARÁGRAFO. La autorización para trabajar
podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de
salud, seguridad social y educación del adolescente.
ARTÍCULO 114. JORNADA DE TRABAJO. La
duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para
trabajar, se sujetará a las siguientes reglas:
1.      Los adolescentes mayores de 15 y
menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas
diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.
2.      Los adolescentes mayores de
diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas
diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.
ARTÍCULO 115. SALARIO. Los adolescentes
autorizados para trabajar, tendrán derecho a un salario de acuerdo a la
actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la
remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.
ARTÍCULO 116. DERECHOS EN CASO DE
MATERNIDAD. Sin perjuicio de los derechos consagrados en el Capítulo V del
Título VIII del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada de la adolescente
mayor de quince (15) y menor de dieciocho (18) años, no podrá exceder de cuatro
horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin
disminución de su salario y prestaciones sociales.
ARTÍCULO 117. PROHIBICIÓN DE REALIZAR
TRABAJOS PELIGROSOS Y NOCIVOS. Ninguna persona menor de 18 años podrá ser
empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su
salud e integridad física o psicológica o los considerados como peores formas
de trabajo infantil. El Ministerio de la Protección Social en colaboración con
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de
dichas actividades de acuerdo al nivel de peligro y nocividad que impliquen
para los adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán cada dos años
periódicamente en distintos medios de comunicación. Para la confección o
modificación de estas listas, el Ministerio consultará y tendrá en cuenta a las
organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como a las instituciones y
asociaciones civiles interesadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los
instrumentos e instancias internacionales especializadas.
ARTÍCULO 118. GARANTÍAS ESPECIALES PARA
EL ADOLESCENTE INDÍGENA AUTORIZADO PARA TRABAJAR. En los procesos laborales en
que sea demandante un
adolescente indígena será obligatoria la
intervención de las autoridades de su respectivo pueblo. Igualmente se
informará a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior o de la
dependencia que haga sus veces.
CAPÍTULO
V.
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL Y REGLAS ESPECIALES.
ARTÍCULO 119. COMPETENCIA DEL JUEZ DE
FAMILIA EN UNICA INSTANCIA. Sin perjuicio de las competencias asignadas por
otras leyes, corresponde al juez de familia, en única instancia:
1.      La homologación de la resolución
que declara la adoptabilidad de niños, niñas o adolescentes.
2.      La revisión de las decisiones
administrativas proferidas por el Defensor de Familia o el comisario de
familia, en los casos previstos en esta ley.
3.      De la restitución internacional
de niños, niñas y adolescentes.
4.      Resolver sobre el
restablecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya
perdido competencia.
PARÁGRAFO. Los asuntos regulados en este
código deberían ser tramitados con prelación sobre los demás, excepto los de
tutela y habeas corpus, y en todo caso el fallo deberá proferirse dentro de los
dos meses siguientes al recibo de la demanda, del informe o del expediente,
según el caso. El incumplimiento de dicho término constituye causal de mala
conducta.
ARTÍCULO 120. COMPETENCIA DEL JUEZ
MUNICIPAL. El Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal conocerá de los
asuntos que la presente ley atribuye al juez de familia, en única instancia en
los lugares donde no exista este.
ARTÍCULO 121. INICIACIÓN DEL PROCESO Y
ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES. Los asuntos a que se refiere esta ley se iniciarán
a instancia del Defensor de Familia, del representante legal del niño, niña o
adolescente, o de la persona que lo tenga bajo su cuidado. El juez podrá
iniciarlos también de oficio.
Al momento de iniciar el proceso el juez
deberá adoptar las medidas de urgencia que la situación amerite para proteger
los derechos del niño, niña o adolescente.
ARTÍCULO 122. ACUMULACIÓN DE
PRETENSIONES Y PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO. Podrán acumularse en una misma demanda
pretensiones relacionadas con uno o con varios niños, niñas o adolescentes,
respecto de los mismos padres, representantes legales, o personas que los
tengan bajo su cuidado, siempre que el juez sea competente para conocer de
todas.
El juez deberá pronunciarse sobre todas
las situaciones establecidas en el proceso que comprometan los intereses del
niño, la niña o el adolescente, aunque no hubieren sido alegadas por las partes
y cuando todas ellas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.
ARTÍCULO 123. HOMOLOGACIÓN DE LA
DECLARATORIA DE ADOPTABILIDAD. La sentencia de homologación de la declaratoria
de adoptabilidad se dictará de plano; producirá, respecto de los padres, la
terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable
y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la Oficina de
Registro del Estado Civil.
Si el juez advierte la omisión de alguno
de los requisitos legales, ordenará devolver el expediente al Defensor de
Familia para que lo subsane.
ARTÍCULO 124. ADOPCIÓN. <Artículo
modificado por el artículo 10 de la Ley 1878 de 2018. El nuevo texto es el
siguiente:> Es competente para conocer el proceso de adopción en primera
instancia el juez de familia del domicilio de los adoptantes. Cuando se trate
de la adopción internacional, será competente cualquier juez de familia del
país. La demanda solo podrá ser formulada por los interesados en ser declarados
adoptantes, mediante apoderado.
A la demanda se acompañarán los
siguientes documentos:
1.      El consentimiento para la adopción,
si fuere el caso.
2.      La copia de la declaratoria de
adoptabilidad o de la autorización para la adopción, según el caso.
3.      El registro civil de nacimiento
de los adoptantes y el del niño, niña o adolescente.
4.      El registro civil de matrimonio
o la prueba de la convivencia extramatrimonial de los adoptantes.
5.      La certificación del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar o de una entidad autorizada para el efecto,
sobre la idoneidad física, mental, social y moral de los adoptantes, expedida
con antelación no superior a seis meses, y la constancia de la entidad
respectiva sobre la integración personal del niño, niña o adolescente con el
adoptante o adoptantes.
6.      El certificado vigente de
antecedentes penales o policivos de los adoptantes.
7.      La certificación actualizada
sobre la vigencia de la licencia de funcionamiento de la institución autorizada
ante la cual se tramitó la adopción, si es el caso. El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar será el competente para expedir las certificaciones de que
habla este numeral, si fueren requeridas.
8.      La aprobación de cuentas del
curador, si procede.
PARÁGRAFO. Para los fines de la
adopción, la convivencia extramatrimonial podrá probarse por cualquiera de los
medios siguientes:
1.      Inscripción del compañero o
compañera permanente en los registros de las Cajas de Compensación Familiar o
de las instituciones de seguridad o previsión social, con antelación no menor
de dos (2) años al inicio del trámite de adopción.
2.      Inscripción de la declaración de
unión material de hecho, en la Notaría del lugar del domicilio de la misma, con
antelación no menor de dos (2) años al inicio del trámite de adopción.
3.      El Registro Civil de Nacimiento
de los hijos habidos por la pareja.
4.      Los otros mecanismos previstos
en la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005.
5.      Cuando se trate de compañeros
permanentes residentes en el exterior, la convivencia extramatrimonial se
probará de conformidad con la legislación del país de residencia de los
solicitantes, siempre y cuando los actos para acreditar esta convivencia sean
adelantados con antelación no menor de dos años al inicio del trámite de
adopción.
ARTÍCULO 125. REQUISITOS ADICIONALES
PARA ADOPTANTES EXTRANJEROS. Cuando los adoptantes sean extranjeros que residan
fuera del país, deberán aportar, además, los siguientes documentos:
1.      Certificación expedida por la
entidad gubernamental o privada oficialmente autorizada, donde conste el
compromiso de efectuar el seguimiento del niño, niña o adolescente adoptable
hasta su nacionalización en el país de residencia de los adoptantes.
2.      Autorización del Gobierno del
país de residencia de los adoptantes para el ingreso del niño, niña o
adolescente adoptable.
3.      Concepto favorable a la
adopción, emitido por el Defensor de Familia con base en la entrevista que
efectúe con los adoptantes y el examen de la documentación en que la entidad
autorizada para efectuar programas de adopción recomienda a los adoptantes.
PARÁGRAFO. Los documentos necesarios
para la adopción, serán autenticados conforme a las normas del Código de
Procedimiento Civil, y no requieren de ratificación ulterior. Si no estuvieren
en español, deberán acompañarse de su traducción, efectuada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores por un traductor oficialmente autorizado.
ARTÍCULO 126. REGLAS ESPECIALES DEL
PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN. <Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley
1878 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos de adopción
se seguirán las siguientes reglas especiales:
1.      Admitida la demanda se correrá
el traslado al Defensor de Familia por el término de tres (3) días hábiles. Si
el Defensor se allanare a ella, el juez dictará sentencia dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación de la
demanda.
El juez podrá señalar un término de
máximo diez (10) días, para decretar y practicar las pruebas que considere
necesarias, las cuales no podrán versar sobre las decisiones judiciales o
administrativas que declararon la situación de adoptabilidad cuando estas se
encuentren en firme. Vencido este término, tomará la decisión correspondiente.
2.      Suspensión del Proceso. Se podrá
solicitar la suspensión del proceso hasta por un término de tres meses
improrrogables, siempre que exista causa justificada. Pueden solicitar la
suspensión o reanudación del proceso los adoptantes o el Defensor de Familia.
3.      Terminación anticipada del
proceso. Cuando falleciere el solicitante de la adopción antes de proferirse la
sentencia el proceso terminará.
Si la solicitud de adopción fuere
conjunta y uno de los adoptantes falleciere antes de proferirse la sentencia,
el proceso continuará con el sobreviviente si manifiesta su intención de
persistir en ella, caso en el cual la sentencia que se profiera solo surtirá
efectos respecto de este; en caso contrario el proceso terminará
4.      Notificación de la sentencia.
Por lo menos uno de los adoptantes deberá concurrir personalmente al juzgado a
recibir notificación de la sentencia, momento en el cual se entregarán copias
auténticas de la sentencia y de los oficios dirigidos a la notaría o a la
Oficina del Registro Civil.
5.      Contenido y efectos de la
sentencia. La sentencia que decrete la adopción deberá contener los datos
necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya el acta de
nacimiento y reemplace la de origen, la cual se anulará. Una vez en firme se
inscribirá en el Registro del Estado Civil y producirá todos los derechos y
obligaciones propios de la relación paterno o materno-filial, desde la fecha de
presentación de la demanda. En todo caso, en la sentencia deberá omitirse
mencionar el nombre de los padres de sangre.
La sentencia que decrete la adopción
podrá ser apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, de
conformidad con el trámite establecido en el Procedimiento Civil vigente, en
donde intervendrá el Defensor de Familia.
PARÁGRAFO. Las actuaciones y decisiones
previstas en el presente artículo se resolverán dentro de los plazos fijados en
la presente ley y su demora dará lugar a la responsabilidad prevista para las
decisiones de tutela en el caso de vencimiento injustificado de los respectivos
plazos.
En los procesos de adopción se seguirán
las siguientes reglas especiales:
1.      Admitida la demanda se correrá
el traslado al Defensor de Familia por el término de tres (3) días hábiles. Si
el Defensor se allanare a ella, el Juez dictará sentencia dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a su admisión.
El Juez podrá señalar un término de
máximo diez (10) días, para decretar y practicar las pruebas que considere
necesarias. Vencido este término, tomará la decisión correspondiente.
2.      Suspensión del Proceso. Se podrá
solicitar la suspensión del proceso hasta por un término de tres meses
improrrogables, siempre que exista causa justificada. Pueden solicitar la
suspensión o reanudación del proceso los adoptantes o el Defensor de Familia.
3.      Terminación anticipada del
proceso. Cuando falleciere el solicitante de la adopción antes de proferirse la
sentencia el proceso terminará.
Si la solicitud de adopción fuere
conjunta y uno de los adoptantes falleciere antes de proferirse la sentencia,
el proceso continuará con el sobreviviente si manifiesta su intención de
persistir en ella, caso en el cual la sentencia que se profiera solo surtirá
efectos respecto de este; en caso contrario el proceso terminará.
4.      Notificación de la sentencia.
Por lo menos uno de los adoptantes deberá concurrir personalmente al juzgado a
recibir notificación de la sentencia.
5.      Contenido y efectos de la
sentencia. La sentencia que decrete la adopción deberá contener los datos
necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya el acta de
nacimiento y reemplace la de origen, la cual se anulará. Una vez en firme se
inscribirá en el Registro del Estado Civil y producirá todos los derechos y
obligaciones propios de la relación paterno o materno-filial, desde la fecha de
presentación de la demanda. En todo caso, en la sentencia deberá omitirse
mencionar el nombre de los padres de sangre.
La sentencia que decrete la adopción
podrá ser apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, de
conformidad con el trámite establecido en el Código de Procedimiento Civil, en
donde intervendrá el Defensor de Familia.
ARTÍCULO 127. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
ADOPTANTES Y ADOPTIVOS. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley
1878 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> El padre y la madre
adoptantes de un menor tendrán derecho al disfrute y pago de la licencia de
maternidad establecida en el numeral 4 del artículo 34 la Ley 50 de 1990 y
demás normas que rigen la materia, la cual incluirá también la licencia de
paternidad consagrada en la Ley 755 de 2002, incluyendo el pago de la licencia
a los padres adoptantes.
Los menores adoptivos tendrán derecho a
ser afiliados a la correspondiente EPS o ARS, desde el momento mismo de su
entrega a los padres adoptantes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. Para el caso de adoptantes extranjeros la afiliación de los niños,
niñas y adolescentes, mientras se encuentren en territorio colombiano
continuará en la EPS a la cual se encuentra afiliado.
ARTÍCULO 128. REQUISITO PARA LA SALIDA
DEL PAÍS. El niño, la niña o el adolescente adoptado sólo podrá salir del país
cuando la sentencia que decrete la adopción esté ejecutoriada. Las autoridades
de emigración exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria.
ARTÍCULO 129. ALIMENTOS. En el auto que
corre traslado de la demanda o del informe del Defensor de Familia, el juez
fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que
origina la obligación alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia
económica del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su
patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y
circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se
presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal.
La sentencia podrá disponer que los
alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución de un capital cuya
renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de
los diez días hábiles siguientes, el juez procederá en la forma indicada en el
inciso siguiente.
El juez deberá adoptar las medidas
necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la
cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en la sentencia que los
señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los
bienes o derechos de aquél, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas
del proceso ejecutivo.
El embargo se levantará si el obligado
paga las cuotas atrasadas y presta caución que garantice el pago de las cuotas
correspondientes a los dos años siguientes.
Cuando se trate de arreglo privado o de
conciliación extrajudicial, con la copia de aquél o del acta de la diligencia
el interesado podrá adelantar proceso ejecutivo ante el juez de familia para el
cobro de las cuotas vencidas y las que en lo sucesivo se causen.
Cuando se tenga información de que el
obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota
alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso
de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso al Departamento
Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país hasta tanto
preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaría y será
reportado a las centrales de riesgo.
La cuota alimentaria fijada en
providencia judicial, en audiencia de conciliación o en acuerdo privado se
entenderá reajustada a partir del 1o de enero siguiente y anualmente en la
misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al consumidor, sin
perjuicio de que el juez, o las partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula
de reajuste periódico.
Con todo, cuando haya variado la
capacidad económica del alimentante o las necesidades del alimentario, las
partes de común acuerdo podrán modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de
ellas podrá pedirle al juez su modificación. En este último caso el interesado
deberá aportar con la demanda por lo menos una copia informal de la
providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado en que haya sido
señalada.
Mientras el deudor no cumpla o se allane
a cumplir la obligación alimentaria que tenga respecto del niño, niña o
adolescente, no será escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado
personal ni en ejercicio de otros derechos sobre él o ella.
Lo dispuesto en este artículo se
aplicará también al ofrecimiento de alimentos a niños, niñas o adolescentes.
El incumplimiento de la obligación
alimentaria genera responsabilidad penal.
ARTÍCULO 130. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Sin perjuicio de las garantías de
cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan las
leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la
sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación
alimentaria:
1.      Cuando el obligado a suministrar
alimentos fuere asalariado, el Juez podrá ordenar al respectivo pagador o al
patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por
ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y
hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las
deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o
al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas.
Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de
aquél o de este se extenderá la orden de pago.
2.      Cuando no sea posible el embargo
del salario y de las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio
sobre bienes muebles o inmuebles, o la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales
de cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el Juez podrá decretar
medidas cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago
de la obligación y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que
produzcan. Del embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e implementos
de trabajo de la persona llamada a cumplir con la obligación alimentaria.
ARTÍCULO 131. ACUMULACIÓN DE PROCESOS DE
ALIMENTOS. Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados
por virtud de una acción anterior fundada en alimentos o afectos al
cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de
parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el
conocimiento de los distintos procesos para el sólo efecto de señalar la
cuantía de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones
del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios.
ARTÍCULO 132. CONTINUIDAD DE LA
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión
o pérdida de la patria potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria.
Esta obligación termina cuando el niño, la niña o el adolescente es entregado
en adopción.
ARTÍCULO 133. PROHIBICIONES EN RELACIÓN
CON LOS ALIMENTOS. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por
causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que
debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el
demandante le deba a él.
No obstante lo anterior, las pensiones
alimentarias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho de
demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, con
autorización judicial, sin perjuicio de la prescripción que compete alegar al
deudor.
ARTÍCULO 134. PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS
POR ALIMENTOS. Los créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los
adolescentes gozan de prelación sobre todos los demás.
ARTÍCULO 135. LEGITIMACIÓN ESPECIAL. Con
el propósito de hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria, cualquiera de
los representantes legales del niño, niña o adolescente o el Defensor de
Familia podrán promover, ante los jueces competentes, los procesos que sean
necesarios, inclusive los encaminados a la revocación o declaración de la
simulación de actos de disposición de bienes del alimentante.
ARTÍCULO 136. PRIVACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el proceso para
la privación de la administración de los bienes del niño, niña o adolescente,
el juez podrá decretar la suspensión provisional de las facultades de
disposición y de administración de los bienes y la designación de un tutor o un
curador, según se trate.
ARTÍCULO 137. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL
DE NIÑOS, LAS NIÑAS O LOS ADOLESCENTES. Con el informe del Defensor de Familia
sobre el desacuerdo para la restitución internacional del niño, niña o
adolescente, el juez de familia iniciará el proceso.
El Defensor de Familia intervendrá en
representación del interés del niño, niña o adolescente retenido ilícitamente,
sin perjuicio de la actuación del apoderado de la parte interesada.
ARTÍCULO 138. OBLIGACIÓN ESPECIAL PARA
LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. <Artículo
corregido por el artículo 2 del Decreto 578 de 2007. El nuevo texto es el
siguiente:> En todos los casos y de manera inmediata a su conocimiento, la
autoridad competente deberá realizar la verificación de la garantía de derechos
ordenada en el artículo 52 de esta ley.
LIBRO
II.
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA CUANDO LOS NIÑOS, LAS NIÑAS O LOS
ADOLESCENTES SON VICTIMAS DE DELITOS.
TITULO
I.
SISTEMA
DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y OTRAS DISPOSICIONES.
CAPITULO
I.
PRINCIPIOS
RECTORES Y DEFINICIONES DEL PROCESO.
ARTÍCULO 139. SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. El sistema de responsabilidad penal
para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos,
autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o
intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas
que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el
hecho punible.
ARTÍCULO 140. FINALIDAD DEL SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. En materia de responsabilidad penal
para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de
carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos,
conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia
restaurativa, la verdad y la reparación del daño.
En caso de conflictos normativos entre
las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto
hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés
superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral,
así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema.
PARÁGRAFO. En ningún caso, la protección
integral puede servir de excusa para violar los derechos y garantías de los
niños, las niñas y los adolescentes.
ARTÍCULO 141. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. Los principios y definiciones
consagrados en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales de
derechos humanos y en la presente ley se aplicarán en el Sistema de
Responsabilidad para Adolescentes.
ARTÍCULO 142. EXCLUSIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. Sin perjuicio de la responsabilidad
civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal
consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas
menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables
penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido
una conducta punible. La persona menor de catorce (14) años deberá ser
entregada inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la
autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de
acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su
identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible.
Tampoco serán juzgadas, declaradas
penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores
de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquico o
mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas
situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la
conducta punible guarde relación con la discapacidad.
ARTÍCULO 143. NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE
CATORCE (14) AÑOS. Cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la
comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la
garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de
educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el
derecho de defensa.
Si un niño o niña o un adolescente menor
de catorce (14) años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía,
esta lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a
disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de
derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a
disposición de la autoridad policial para que esta proceda en la misma forma.
PARÁGRAFO 1o. Cuando del resultado de
una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un
niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años en la comisión de un
delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades competentes de
protección y restablecimiento de derechos.
PARÁGRAFO 2o. El ICBF establecerá los
lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y
restablecimiento de derechos, destinados a la atención de los niños, niñas o
adolescentes menores de catorce (14) años que han cometido delitos.
ARTÍCULO 144. PROCEDIMIENTO APLICABLE.
Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el
procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá
por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio),
exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.
ARTÍCULO 145. POLICÍA JUDICIAL EN EL
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. En los procesos en que
estén involucrados niños, niñas o adolescentes como autores o partícipes de un
delito, o como víctimas de los mismos, hará las veces de policía judicial la
policía de infancia y adolescencia, o en su defecto los miembros de la policía
judicial que sean capacitados en derechos humanos y de infancia. En todo caso
en las diligencias que se adelanten estará presente un Defensor de Familia.
ARTÍCULO 146. EL DEFENSOR DE FAMILIA EN
EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. En todas las actuaciones
del proceso y en las etapas de indagación, investigación y del juicio, el
adolescente deberá estar acompañado por el Defensor de Familia, quien
verificará la garantía de los derechos del adolescente.
ARTÍCULO 147. AUDIENCIAS EN EL SISTEMA
DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. Las audiencias que se surtan en el
proceso de responsabilidad penal para adolescentes, ante los jueces de control
de garantías y ante los jueces de conocimiento, serán cerradas al público si el
juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico
al niño, niña o adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas solamente podrán
intervenir los sujetos procesales.
ARTÍCULO 148. CARÁCTER ESPECIALIZADO. La
aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por
responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y
órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.
PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de las
medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 años y ejecución
de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que
cometan delitos, el ICBF diseñará los lineamientos de los programas
especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política
pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución
Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la
materia.
ARTÍCULO 149. PRESUNCIÓN DE EDAD. Cuando
exista duda en relación con la edad del adolescente y mientras la autoridad
pericial competente lo define, se presume que es menor de 18 años. En todo caso
se presumirá la edad inferior.
ARTÍCULO 150. PRÁCTICA DE TESTIMONIOS.
Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los
procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo
las podrá tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por
el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean
contrarias a su interés superior.
Excepcionalmente, el juez podrá
intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para
conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga
de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del
recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre
respetando sus derechos prevalentes.
El mismo procedimiento se adoptará para
las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial
y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación.
A discreción del juez, los testimonios
podrán practicarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual no
será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente.
ARTÍCULO 151. DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Y A LAS GARANTÍAS PROCESALES. Los adolescentes que cometan delitos tienen
derecho al debido proceso penal, a las garantías procesales básicas tales como:
la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el
derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho
a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el
derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a estos, el derecho de
apelación ante autoridad superior y, las demás garantías consagradas en la
Constitución, la ley y los tratados internacionales.
En todos los casos los derechos de los
que goza bajo el presente sistema un adolescente autor o partícipe de una
conducta punible son, como mínimo, los previstos por la Ley 906 de 2004.
ARTÍCULO 152. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
Ningún adolescente podrá ser investigado acusado, ni juzgado por acto u
omisión, al momento de la comisión del delito que no esté previamente definido
en la ley penal vigente, de manera expresa e inequívoca. El adolescente
declarado responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito
sólo podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en la
presente ley.
ARTÍCULO 153. RESERVA DE LAS
DILIGENCIAS. Las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes, sólo podrán ser conocidas por las
partes, sus apoderados, y los organismos de control.
La identidad del procesado, salvo para
las personas mencionadas en el inciso anterior, gozará de reserva.
Queda prohibido revelar la identidad o
imagen que permita la identificación de las personas procesadas.
ARTÍCULO 154. DERECHO DE DEFENSA. El
adolescente durante toda la actuación procesal y aún antes de la imputación
deberá tener un apoderado que adelante su defensa técnica. Ninguna actuación
procesal tendrá validez si no está presente su apoderado. El adolescente podrá
designar apoderado, quien tendrá derecho a revisar las diligencias y a actuar
desde el momento de la noticia criminal.
En caso de no contar con apoderado, el
mismo adolescente, el Ministerio Público, o la policía judicial, solicitarán la
asignación de un defensor del Sistema de Defensoría Pública de la Defensoría
del Pueblo.
ARTÍCULO 155. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.
Ninguna actuación que se adelante en la etapa de juicio tendrá validez si no es
adelantada directamente por el funcionario judicial. La violación de este
principio será causal de destitución del cargo.
ARTÍCULO 156. ADOLESCENTES INDÍGENAS Y
DEMÁS GRUPOS ÉTNICOS. Los adolescentes pertenecientes a las comunidades
indígenas serán juzgados según las normas y procedimientos de sus propias
comunidades conforme en la legislación especial indígena consagrada en el
artículo 246 de la Constitución Política, los tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por Colombia y la ley. Siempre y cuando la sanción
impuesta no sea contraria a su dignidad, tampoco se permitirá que sea sometido
a maltrato ni a vejaciones y se informará a la autoridad judicial sobre la
actuación o procedimiento a seguir por parte de la comunidad frente a la medida
que sea tomada.
PARÁGRAFO. Los niños, las niñas y los
adolescentes que se encuentren fuera del ámbito de su comunidad y que cometan
delitos, serán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes,
si no quieren retornar a sus comunidades de origen.
ARTÍCULO 157. PROHIBICIONES ESPECIALES.
En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes no proceden los
acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa.
Cuando el adolescente aceptare los
cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación se
procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha
para la audiencia de imposición de la sanción. El juez instará a la Defensoría
de Familia para que proceda al estudio de la situación familiar, económica,
social, sicológica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha
audiencia.
El Juez al proceder a seleccionar la
sanción a imponer tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente,
y durante la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la
modificación de la misma.
ARTÍCULO 158. PROHIBICIÓN DE JUZGAMIENTO
EN AUSENCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Los adolescentes
sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en
su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuará la
investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa
hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al defensor
público o apoderado y al Defensor de Familia. El proceso se suspenderá mientras
se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la prescripción de la
acción penal se aumentará en una tercera parte.
ARTÍCULO 159. PROHIBICIÓN DE ANTECEDENTES.
Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para
adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial. Estos registros
son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales
competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer
la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de
la medida.
Las entidades competentes deberán hacer
compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los
adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de definir los
lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes.
ARTÍCULO 160. CONCEPTO DE LA PRIVACIÓN
DE LA LIBERTAD. <Artículo modificado por el artículo 88 de la Ley 1453 de
2011. El nuevo texto es el siguiente:> Se entiende por privación de la
libertad toda forma de internamiento, en un establecimiento público o privado,
con personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos, y experiencia
probada; ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente
salir por su propia voluntad.
Los centros deben cumplir con las
condiciones de seguridad para evitar la evasión de los adolescentes. Si el
adolescente se evade, el juez deberá, de manera inmediata, ordenar su
aprehensión y la revisión de la sanción.
ARTÍCULO 161. EXCEPCIONALIDAD DE LA
PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Para los efectos de la responsabilidad penal para
adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las personas que al
momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean menores de
dieciocho (18) años. La privación de la libertad sólo procederá como medida
pedagógica.
ARTÍCULO 162. SEPARACIÓN DE LOS
ADOLESCENTES PRIVADOS DE LA LIBERTAD. La privación de la libertad de
adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de
atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
siempre separados de los adultos.
En tanto no existan establecimientos
especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de
la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles, libertad
provisional o la detención domiciliaria.
CAPÍTULO
II.
AUTORIDADES
Y ENTIDADES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES.
ARTÍCULO 163. INTEGRACIÓN. Forman parte
del sistema de responsabilidad penal para adolescentes:
1.      Los Fiscales Delegados ante los
Jueces Penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de las
investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes,
como autores o partícipes de conductas delictivas.
2.      Los Jueces Penales para
adolescentes, Promiscuos de Familia y los Municipales quienes adelantarán las
actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley.
3.      Las Salas Penales y de Familia
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que integrarán la Sala de
Asuntos Penales para adolescentes en los mismos tribunales, ante quienes se
surtirá la segunda instancia.
4.      La Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de
casación, y la acción de revisión.
5.      La Policía Judicial y el Cuerpo
Técnico Especializados adscritos a la Fiscalía delegada ante los jueces Penales
para adolescentes y Promiscuos de Familia.
6.      La Policía Nacional con su
personal especializado quien deberá apoyar las acciones de las autoridades
judiciales y entidades del sistema.
7.      Los Defensores Públicos del
Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, quienes
deben asumir la defensa técnica del proceso, cuando el niño, niña o adolescente
carezca de apoderado.
8.      Las Defensorías de Familia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las Comisarías de Familia, o los
Inspectores de Policía, cuando deban tomar las medidas para la verificación de
la garantía de derechos, y las medidas para su restablecimiento.
9.      El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar quien responderá por los lineamientos técnicos para la
ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este Libro.
10. Las demás Instituciones que formen
parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
PARÁGRAFO 1o. Cada responsable de las
entidades que integran el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes
deberá garantizar la provisión o asignación de los cargos que se requieran para
su funcionamiento y la especialización del personal correspondiente.
PARÁGRAFO 2o. La designación de quienes
conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer
en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de
infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a
derechos humanos.
PARÁGRAFO 3o. Los equipos que
desarrollan programas especializados, brindarán a las Autoridades judiciales
apoyo y asesoría sobre el proceso de cada uno de los adolescentes que están
vinculados a estos programas, informando los progresos y necesidades que
presenten.
ARTÍCULO 164. LOS JUZGADOS PENALES PARA
ADOLESCENTES. Créanse en todo el territorio nacional dentro de la jurisdicción
penal ordinaria, los juzgados penales para adolescentes.
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional y el
Consejo Superior de la Judicatura tomarán las medidas necesarias para
garantizar la creación y el funcionamiento de los juzgados penales para
adolescentes en todo el país.
PARÁGRAFO 2o. Los Jueces de Menores
asumirán de manera transitoria las competencias asignadas por la presente ley a
los jueces penales para adolescentes, hasta que se creen los juzgados penales
para adolescentes.
ARTÍCULO 165. COMPETENCIA DE LOS JUECES
PENALES PARA ADOLESCENTES. Los jueces penales para adolescentes conocerán del
juzgamiento de las personas menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce
(14) años acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de
control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que
no sean de su conocimiento.
ARTÍCULO 166. COMPETENCIA DE LOS JUECES
PROMISCUOS DE FAMILIA EN MATERIA PENAL. En los sitios en los que no hubiera un
juez penal para adolescentes el Consejo de la Judicatura dispondrá que los
Jueces Promiscuos de Familia cumplan las funciones definidas para los jueces
penales para adolescentes en el artículo anterior relativas al juzgamiento y
control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes. A
falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal
conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. La competencia de
los Jueces Promiscuos de Familia en esta materia se mantendrá hasta que se
establezcan los juzgados penales para adolescentes necesarios para atender los
procesos de responsabilidad penal para adolescentes.
ARTÍCULO 167. DIFERENCIACIÓN FUNCIONAL
DE LOS JUECES. Se garantizará que al funcionario que haya ejercido la función
de juez de control de garantías en un determinado proceso de responsabilidad
penal juvenil respecto por determinado delito, no se le asigne el juzgamiento
del mismo.
Para la eficacia de esta garantía, el
Consejo Superior de la Judicatura y, por delegación, los Consejos Seccionales
de la Judicatura, adoptarán las medidas generales y particulares que aseguren
una adecuada distribución de competencias entre los jueces penales para
adolescentes, Jueces Promiscuos de Familia y jueces municipales.
ARTÍCULO 168. COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS
DE LAS SALAS DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES. Los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial contarán con Salas de Asuntos Penales para adolescentes,
especializadas en los asuntos que versen sobre responsabilidad penal
adolescente. Estas Salas estarán integradas por un (1) Magistrado de la Sala
Penal y dos (2) Magistrados de la Sala de Familia o en su defecto de la sala
Civil, del respectivo Tribunal Superior.
En los procesos de responsabilidad penal
para adolescentes la segunda instancia se surtirá ante las Salas de Asuntos
Penales para Adolescentes de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional y el
Consejo Superior de la Judicatura garantizarán los recursos para la
conformación de las Salas de Asuntos Penales para Adolescentes con Magistrados
especializados en el tema de la responsabilidad penal adolescente.
CAPÍTULO
III.
REPARACIÓN
DEL DAÑO.
ARTÍCULO 169. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.
Las conductas punibles realizadas por personas mayores de catorce (14) años y
que no hayan cumplido los dieciocho (18) años de
ARTÍCULO 170. INCIDENTE DE REPARACIÓN.
Los padres, o representantes legales, son solidariamente responsables, y en tal
calidad, deberán ser citados o acudir al incidente de reparación a solicitud de
la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la
audiencia que abra el trámite del incidente.
ARTÍCULO 171. DE LA ACCIÓN PENAL. La
acción penal será oficiosa salvo en aquellos delitos en los que exija su
denuncia o querella.
ARTÍCULO 172. DESISTIMIENTO. Los delitos
querellables admiten desistimiento.
ARTÍCULO 173. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN
PENAL. La acción penal se extingue por muerte, desistimiento, prescripción,
conciliación y reparación integral de los daños cuando haya lugar, aplicación
del principio de oportunidad, y en los demás casos contemplados en esta ley y
en el Código de Procedimiento Penal.
ARTÍCULO 174. DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD, LA CONCILIACIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS. Las
autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos
que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como
principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas
se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con
una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el
adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva
y de las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador
buscará la reconciliación con la víctima.
Cuando de la aplicación del principio de
oportunidad se pudieren derivar riesgos para la vida y la integridad física del
adolescente, el juez competente deberá ordenar otras medidas de protección, las
cuales incluirán, entre otras, ayudas económicas para el cambio de residencia
de la familia. El Gobierno gestionará la apropiación de las partidas necesarias
para cubrir a este rubro.
ARTÍCULO 175. EL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD EN LOS PROCESOS SEGUIDOS A LOS ADOLESCENTES COMO PARTÍCIPES DE LOS
DELITOS COMETIDOS POR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY. La Fiscalía General
de la Nación podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en que los
adolescentes, en cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al
margen de la ley, o hayan participado directa o indirectamente en las
hostilidades o en acciones armadas o en los delitos cometidos por grupos
armados al margen de la ley cuando:
1.      Se establezca que el adolescente
tuvo como fundamento de su decisión las condiciones sociales, económicas y
culturales de su medio para haber estimado como de mayor valor la pertenencia a
un grupo armado al margen de la ley.
2.      Se establezca que la situación
de marginamiento social, económico y cultural no le permitían al adolescente
contar con otras alternativas de desarrollo de su personalidad.
3.      Se establezca que el adolescente
no estaba en capacidad de orientar sus esfuerzos a conocer otra forma de
participación social.
4.      Por fuerza, amenaza, coacción y
constreñimiento.
Los adolescentes que se desvinculen de
grupos armados al margen de la ley, tendrán que ser remitidos al programa de
atención especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para
niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados irregulares.
PARÁGRAFO. No se aplicará el principio
de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves
al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de
acuerdo con el Estatuto de Roma.
ARTÍCULO 176. PROHIBICIÓN ESPECIAL.
Queda prohibida la entrevista y la utilización en actividades de inteligencia
de los niños, las niñas y los adolescentes desvinculados de los grupos armados
al margen de la ley por parte de autoridades de la fuerza pública. El
incumplimiento de esta disposición será sancionado con la destitución del
cargo, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.
CAPITULO
V. <sic>
SANCIONES.
ARTÍCULO 177. SANCIONES. <Artículo
modificado por el artículo 89 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el
siguiente:> Son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les
haya declarado su responsabilidad penal:
La amonestación.
Imposición de reglas de conducta.
La prestación de servicios a la
comunidad.
La libertad asistida.
La internación en medio semicerrado.
La privación de libertad en centro de
atención especializado.
Las sanciones previstas en el presente
artículo se cumplirán en programas o centros de atención especializados los que
deberán acogerse a los lineamientos técnicos que para cada sanción defina el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
PARÁGRAFO 1o. Para la aplicación de todas
las sanciones la autoridad competente deberá asegurar que el adolescente esté
vinculado al sistema educativo. El Defensor de Familia o quien haga sus veces
deberán controlar el cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de
sus derechos.
PARÁGRAFO 2o. El juez que dictó la
sanción será el competente para controlar su ejecución.
PARÁGRAFO 3o. Los centros de atención
especializada deberán cumplir lo establecido en los artículos 50 y 141 del
Código de la Infancia y la Adolescencia.
ARTÍCULO 178. FINALIDAD DE LAS
SANCIONES. Las sanciones señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad
protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia
y de especialistas.
El juez podrá modificar en función de
¡as circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales
las medidas impuestas.
ARTÍCULO 179. CRITERIOS PARA LA
DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES. Para definir las sanciones aplicables se deberá
tener en cuenta:
1.      La naturaleza y gravedad de los
hechos.
2.      La proporcionalidad e idoneidad
de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las
circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.
3.      La edad del adolescente.
4.      La aceptación de cargos por el
adolescente.
5.      El incumplimiento de los
compromisos adquiridos con el Juez.
6.      El incumplimiento de las
sanciones.
PARÁGRAFO 1o. Al computar la privación
de la libertad en centro de atención especializada, la autoridad judicial
deberá descontar el período de internamiento preventivo al que haya sido
sometido el adolescente.
PARÁGRAFO 2o. Los adolescentes entre 14
y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código,
terminarán el tiempo de sanción en internamiento.
El incumplimiento por parte del
adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará la
imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez.
ARTÍCULO 180. DERECHOS DE LOS
ADOLESCENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES. Durante la ejecución de las
sanciones, el adolescente tiene los siguientes derechos, además de los
consagrados en la Constitución Política y en el presente código:
1.      Ser mantenido preferentemente en
su medio familiar siempre y cuando este reúna las condiciones requeridas para
su desarrollo.
2.      recibir información sobre el
programa de atención especializada en el que se encuentre vinculado, durante
las etapas previstas para el cumplimiento de la sanción.
3.      recibir servicios sociales y de
salud por personas con la formación profesional idónea, y continuar su proceso
educativo de acuerdo con su edad y grado académico.
4.      comunicarse reservadamente con
su apoderado o Defensor Público, con el Defensor de Familia, con el Fiscal y
con la autoridad judicial.
5. Presentar peticiones ante cualquier
autoridad y a que se le garantice la respuesta.
6.      Comunicarse libremente con sus
padres, representantes o responsables, salvo prohibición expresa de la
autoridad judicial.
7.      A que su familia sea informada
sobre los derechos que a ella le corresponden y respecto de la situación y los
derechos del adolescente.
ARTÍCULO 181. INTERNAMIENTO PREVENTIVO.
En cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de
control de garantías, como último recurso, podrá decretar la detención
preventiva cuando exista:
1.      Riesgo razonable de que el
adolescente evadirá el proceso.
2.      Temor fundado de destrucción u
obstaculización de pruebas.
3.      Peligro grave para la víctima,
el denunciante, el testigo o la comunidad.
PARÁGRAFO 1o. El internamiento
preventivo no procederá sino en los casos en que, conforme a la gravedad del
delito sería admisible la privación de libertad como medida. Se ejecutará en
centros de internamiento especializados donde los adolescentes procesados deben
estar separados de los ya sentenciados.
PARÁGRAFO 2o. El internamiento
preventivo no podrá exceder de cuatro meses, prorrogable con motivación, por un
mes más. Si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia
condenatoria, el Juez que conozca del mismo lo hará cesar, sustituyéndola por
otra medida como la asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una
institución educativa.
Mientras se encuentren bajo custodia,
los adolescentes recibirán cuidados, protección y toda la asistencia social,
educacional, profesional, sicológica, médica y física que requieran, habida
cuenta de su edad, sexo y características individuales.
ARTÍCULO 182. LA AMONESTACIÓN. Es la
recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las
consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En
todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre respeto a los
derechos humanos y convivencia ciudadana que estará a cargo del Instituto de
Estudios del Ministerio Público.
En caso de condena al pago de
perjuicios, el funcionario judicial exhortará al niño, niña o adolescente y a
sus padres a su pago en los términos de la sentencia.
ARTÍCULO 183. LAS REGLAS DE CONDUCTA. Es
la imposición por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o
prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y asegurar su
formación. Esta sanción no podrá exceder los dos (2) años.
ARTÍCULO 184. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SOCIALES A LA COMUNIDAD. Es la realización de tareas de interés general que el
adolescente debe realizar, en forma gratuita, por un período que no exceda de 6
meses, durante una jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los
fines de semana y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada
escolar.
PARÁGRAFO. En todo caso, queda prohibido
el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que entorpezca la
educación del adolescente, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social.
ARTÍCULO 185. LA LIBERTAD VIGILADA. Es
la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la
condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la
orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá
durar más de dos años.
ARTÍCULO 186. MEDIO SEMI-CERRADO. Es la
vinculación del adolescente a un programa de atención especializado al cual
deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en los fines de
semana. Esta sanción no podrá ser superior a tres años.
ARTÍCULO 187. LA PRIVACIÓN DE LA
LIBERTAD. <Artículo modificado por el artículo 90 de la Ley 1453 de 2011. El
nuevo texto es el siguiente:> La privación de la libertad en centro de
atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16)
y menores de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de la comisión
de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis
años de prisión.
En estos casos la privación de libertad
en centro de atención especializada tendrá una duración desde un (1) año hasta
cinco (5) años, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes.
La privación de libertad en Centro de
Atención Especializada se aplicará a los adolescentes mayores de catorce (14) y
menores de dieciocho (18) años, que sean hallados responsables de homicidio
doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la
libertad, integridad y formación sexual.
En estos casos, la privación de libertad
en centro de atención especializada tendrá una duración desde dos (2) hasta
ocho años (8), con el cumplimiento total del tiempo de sanción impuesta por el
juez, sin lugar a beneficios para redimir penas.
En los casos en que el adolescente haya
sido víctima del delito de constreñimiento de menores de edad para la comisión
de delitos o reclutamiento ilícito no se aplicará privación de la libertad.
Parte de la sanción de privación de
libertad podrá ser sustituida por cualquiera de las otras sanciones previstas en
el artículo 177 de este Código por el tiempo que fije el juez. El
incumplimiento de la sanción sustitutiva podrá acarrear la aplicación de la
privación de la libertad impuesta inicialmente o la aplicación de otra medida.
En ningún caso, la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo de la sanción de
privación de libertad inicialmente previsto.
PARÁGRAFO. Si estando vigente la sanción
de privación de libertad el adolescente cumpliere los dieciocho años de edad
continuará cumpliéndola hasta su terminación en el Centro de Atención
Especializada de acuerdo con las finalidades protectora, educativa y
restaurativa establecidas en la presente ley para las sanciones.
Los Centros de Atención Especializada
prestarán una atención pedagógica, específica y diferenciada entre los
adolescentes menores de dieciocho años de edad y aquellos que alcanzaron su
mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta
atención deberá incluir su separación física al interior del Centro, así como
las demás garantías contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o
Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en
especial, la Convención sobre los Derechos del Niño.
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado
por el artículo 95 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:>
Los Centros de Atención Especializada funcionarán bajo el asesoramiento del
Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en lo relativo a las medidas de
seguridad y administración, de conformidad con la función protectora,
restaurativa y educativa de la medida de privación de la libertad.
ARTÍCULO 188. DERECHOS DE LOS
ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD. Además de los derechos consagrados en la
Constitución Política y en la presente ley, el adolescente privado de libertad
tiene los siguientes derechos:
1.      Permanecer internado en la misma
localidad, municipio o distrito o en la más próxima al domicilio de sus padres,
representantes o responsables.
2.      Que el lugar de internamiento
satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, cuente con acceso
a los servicios públicos esenciales y sea adecuado para lograr su formación
integral.
3.      Ser examinado por un médico
inmediatamente después de su ingreso al programa de atención especializada, con
el objeto de comprobar anteriores vulneraciones a su integridad personal y
verificar el estado físico o mental que requiera tratamiento.
4.      Continuar su proceso educativo
de acuerdo con su edad y grado académico.
5.      Que se le mantenga en cualquier
caso separado de los adultos
6.      Derecho a participar en la
elaboración del plan individual para la ejecución de la sanción.
7.      Derecho a recibir información
sobre el régimen interno de la institución, especialmente sobre las sanciones
disciplinarias que puedan serle aplicables y sobre los procedimientos para
imponerlas y ejecutarlas
8.      No ser trasladado
arbitrariamente del programa donde cumple la sanción. El traslado sólo podrá
realizarse por una orden escrita de la autoridad judicial.
9.      No ser sometido a ningún tipo de
aislamiento.
10.    Mantener correspondencia y
comunicación con sus familiares y amigos, y recibir visitas por lo menos una
vez a la semana.
11.     Tener acceso a la información de
los medios de comunicación.
ARTÍCULO 189. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Concluidos los alegatos de los intervinientes en la audiencia del juicio oral
el juez declarará si hay lugar o no a la imposición de medida de protección,
citará a audiencia para la imposición de la sanción a la cual deberá asistir la
Defensoría de Familia para presentar un estudio que contendrá por lo menos los
siguientes aspectos: Situación familiar, económica, social, psicológica y
cultural del adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario
sea de relevancia para imposición de la sanción. Escuchada la Defensoría de
Familia el juez impondrá la sanción que corresponda.
Las sanciones se impondrán en la
audiencia de juicio oral que debe ser continua y privada, so pena de nulidad.
Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una sola jornada, continuará
durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su
conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la
interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su
inicio.
ARTÍCULO 190. SANCIÓN PARA
CONTRAVENCIONES DE POLICÍA COMETIDAS POR ADOLESCENTES. <Artículo modificado
por el artículo 91 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:>
Las contravenciones de policía cometidas por adolescentes serán sancionadas de
la siguiente manera:
Será competente para conocer el proceso
y sancionar el Comisario de Familia del lugar donde se cometió la contravención
o en su defecto el Alcalde Municipal.
Cuando las contravenciones dé lugar a
sanciones pecuniarias, estas serán impuestas a quien tenga la patria potestad o
la custodia y este será responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo
por jurisdicción coactiva, conmutable con trabajo comunitario.
Los sancionados por contravenciones
serán incluidos en programas pedagógicos de educación liderados por las
Alcaldías.
ARTÍCULO 191. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> El adolescente sorprendido en flagrancia
será conducido de inmediato ante el Fiscal Delegado para la autoridad judicial,
quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al Juez de Control de
Garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Por solicitud del
fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará
la actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio
oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. En lo demás se seguirá el
procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para
adolescentes establecidas en el presente libro.
TÍTULO
II.
CAPÍTULO
ÚNICO.
PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES CUANDO LOS NIÑOS, LAS NIÑAS O LOS ADOLESCENTES SON VICTIMAS DE
DELITOS.
ARTÍCULO 192. DERECHOS ESPECIALES DE
LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DELITOS. En los procesos
por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas
el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior
del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos
consagrados en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la
Constitución Política y en esta ley.
ARTÍCULO 193. CRITERIOS PARA EL
DESARROLLO DEL PROCESO JUDICIAL DE DELITOS EN LOS CUALES SON VÍCTIMAS LOS
NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LOS DELITOS. Con el fin de
hacer efectivos los principios previstos en el artículo anterior y garantizar
el restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los cuales
sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial
tendrá en cuenta los siguientes criterios específicos:
1.      Dará prioridad a las
diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones que se han de tomar.
2.      Citará a los padres,
representantes legales o a las personas con quienes convivan, cuando no sean
estos los agresores, para que lo asistan en la reclamación de sus derechos.
Igualmente, informará de inmediato a la Defensoría de Familia, a fin de que se
tomen las medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimiento
pertinentes, en los casos en que el niño, niña o adolescente víctima carezca definitiva
o temporalmente de padres, representante legal, o estos sean vinculados como
autores o partícipes del delito.
3.      Prestará especial atención para
la sanción de los responsables, la indemnización de perjuicios y el
restablecimiento pleno de los derechos vulnerados.
4.      Decretará de oficio o a petición
de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, de sus padres,
representantes legales, del Defensor de Familia o del Ministerio Público, la
práctica de las medidas cautelares autorizadas por la ley para garantizar el
pago de perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar. En estos casos no
será necesario prestar caución.
5.      Tendrá especial cuidado, para
que en los procesos que terminan por conciliación, desistimiento o
indemnización integral, no se vulneren los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes víctimas del delito.
6.      Se abstendrá de aplicar el
principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional cuando los
niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que
aparezca demostrado que fueron indemnizados.
7.      Pondrá especial atención para
que en todas las diligencias en que intervengan niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos se les tenga en cuenta su opinión, su calidad de niños, se
les respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta ley.
Igualmente velará porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos daños
con el desarrollo de proceso judicial de los responsables.
8.      Tendrá en cuenta la opinión de
los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos en los
reconocimientos médicos que deban practicárseles. Cuando no la puedan expresar,
el consentimiento lo darán sus padres, representantes legales o en su defecto
el defensor de familia o la Comisaría de Familia y a falta de estos, el
personero o el inspector de familia. Si por alguna razón no la prestaren, se
les explicará la importancia que tiene para la investigación y las
consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos.
De perseverar en su negativa se acudirá al juez de control de garantías quien
decidirá si la medida debe o no practicarse. Las medidas se practicarán siempre
que sean estrictamente necesarias y cuando no representen peligro de menoscabo
para la salud del adolescente.
9.      Ordenará a las autoridades
competentes la toma de medidas especiales para garantizar la seguridad de los
niños, las niñas y los adolescentes víctimas y/o testigos de delitos y de su
familia, cuando a causa de la investigación del delito se hagan necesarias.
10.    Informará y orientará a los
niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, a sus padres,
representantes legales o personas con quienes convivan sobre la finalidad de
las diligencias del proceso, el resultado de las investigaciones y la forma
como pueden hacer valer sus derechos.
11.     Se abstendrá de decretar la
detención domiciliaria, en los casos en que el imputado es miembro del grupo
familiar del niño, niña o adolescente víctima del delito.
12.    En los casos en que un niño niña
o adolescente deba rendir testimonio deberá estar acompañado de autoridad
especializada o por un psicólogo, de acuerdo con las exigencias contempladas en
la presente ley.
13.    En las diligencias en que deba
intervenir un niño, niña o adolescente, la autoridad judicial se asegurará de
que esté libre de presiones o intimidaciones.
ARTÍCULO 194. AUDIENCIA EN LOS PROCESOS
PENALES. En las audiencias en las que se investiguen y juzguen delitos cuya
víctima sea una persona menor de dieciocho (18) años, no se podrá exponer a la
víctima frente a su agresor. Para el efecto se utilizará cualquier medio
tecnológico y se verificará que el niño, niña o adolescente se encuentre
acompañado de un profesional especializado que adecue el interrogatorio y
contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible a su edad. Si el juez lo
considera conveniente en ellas sólo podrán estar los sujetos procesales, la
autoridad judicial, el defensor de familia, los organismos de control y el
personal científico que deba apoyar al niño, niña o adolescente.
ARTÍCULO 195. FACULTADES DEL DEFENSOR DE
FAMILIA EN LOS PROCESOS PENALES. En los procesos penales por delitos en los
cuales sea víctima un niño, niña o adolescente, el defensor de familia podrá
solicitar información sobre el desarrollo de la investigación, para efectos de
tomar las medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimiento
pertinentes.
ARTÍCULO 196. FUNCIONES DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA VÍCTIMA. Los padres o el representante legal de la
persona niños, niñas y adolescentes, están facultados para intervenir en los
procesos penales en que se investigue o juzgue un adulto por un delito en el
cual sea víctima un niño, niña o adolescente como representante de este, en los
términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y para iniciar el
incidente de reparación integral de perjuicios.
Los niños y niñas víctimas, tendrán
derecho a ser asistidos durante el juicio y el incidente de reparación integral
por un abogado (a) calificado que represente sus intereses aún sin el aval de
sus padres y designado por el Defensor del Pueblo.
ARTÍCULO 197. INCIDENTE DE REPARACIÓN
INTEGRAL EN LOS PROCESOS EN QUE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES SON
VÍCTIMAS. En los procesos penales en que se juzgue un adulto por un delito en
el cual sea víctima un niño, niña o adolescente, el incidente de reparación
integral de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, representantes
legales o el defensor de Familia no lo hubieren solicitado dentro de los
treinta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
ARTÍCULO 198. PROGRAMAS DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA PARA LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DELITOS.
El Gobierno Nacional, departamental, distrital, y municipal, bajo la
supervisión de la entidad rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
diseñará y ejecutará programas de atención especializada para los niños, las
niñas y los adolescentes víctimas de delitos, que respondan a la protección
integral, al tipo de delito, a su interés superior v a la prevalencia de sus
derechos.
ARTÍCULO 199. BENEFICIOS Y MECANISMOS
SUSTITUTIVOS. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales
bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación
sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se
aplicarán las siguientes reglas:
1.      Si hubiere mérito para proferir
medida de aseguramiento en los casos del artículo 306 de la Ley 906 de 2004,
esta consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión. No serán
aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad previstas
en los artículos 307, literal b), y 315 de la Ley 906 de 2004.
2.      No se otorgará el beneficio de
sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de
detención en el lugar de residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del
artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
3.      No procederá la extinción de la
acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo
324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de
los perjuicios.
4.      No procederá el subrogado penal
de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, contemplado en el
artículo 63 del Código Penal.
6.      En ningún caso el juez de
ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la
pena, previsto en el artículo 461 de la Ley 906 de 2004.
7.      No procederán las rebajas de
pena con base en los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el
imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de
2004.
8.      Tampoco procederá ningún otro
beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por
colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta
sea efectiva.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. En donde
permanezca transitoriamente vigente la Ley 600 de 2000, cuando se trate de
delitos a los que se refiere el inciso primero de este artículo no se
concederán los beneficios de libertad provisional garantizada por caución,
extinción de la acción penal por pago integral de perjuicios, suspensión de la
medida de aseguramiento por ser mayor de sesenta y cinco (65) años, rebajas de
pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los mecanismos
sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución
condicional o suspensión condicional de ejecución de pena, y libertad
condicional. Tampoco procederá respecto de los mencionados delitos la prisión
domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro
beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por
colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal siempre que esta
sea efectiva.
ARTÍCULO 200. El artículo 119 de la Ley
599 de 2000 quedará así:
Artículo 119. Circunstancias de
agravación punitiva. Cuando con las conductas descritas en los artículos
anteriores, concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104
las respectivas penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad.
Cuando las conductas señaladas en los
artículos anteriores se cometan en niños y niñas menores de catorce (14) años
las respectivas penas se aumentaran en el doble.
LIBRO
III.
SISTEMA
NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR, POLÍTICAS PUBLICAS E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL.
CAPITULO
I.
SISTEMA
NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
ARTÍCULO 201. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Para los efectos de esta ley, se entienden
por políticas públicas de infancia y adolescencia, el conjunto de acciones que
adelanta el Estado, con la participación de lasociedad y de la familia, para
garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
Las políticas públicas se ejecutan a
través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes,
programas, proyectos, y estrategias.
ARTÍCULO 202. OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS. Son objetivos de las políticas públicas, entre otros los siguientes:
1.      Orientar la acción y los
recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas,
políticas, culturales y ambientales, que hagan posible el desarrollo de las
capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes,
como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos.
2.      Mantener actualizados los
sistemas y las estrategias de información que permitan fundamentar la toma de
decisiones adecuadas y oportunas sobre la materia.
3.      Diseñar y poner en marcha
acciones para lograr la inclusión de la población infantil más vulnerable a la
vida social en condiciones de igualdad.
4.      Fortalecer la articulación
interinstitucional e intersectorial
ARTÍCULO 203. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS. Las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia
como políticas de Estado se regirán como mínimo por los siguientes principios:
1.      El interés superior del niño,
niña o adolescente.
2.      La prevalencia de los derechos
de los niños, las niñas y los adolescentes.
3.      La protección integral.
4.      La equidad.
5.      La integralidad y articulación
de las políticas.
6.      La solidaridad.
7.      La participación social.
8.      La prioridad de las políticas
públicas sobre niñez y adolescencia.
9.      La complementariedad.
10.    La prioridad en la inversión
social dirigida a la niñez y la adolescencia.
11.     La financiación, gestión y
eficiencia del gasto y la inversión pública.
12.    La perspectiva de género.
ARTÍCULO 204. RESPONSABLES DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Son responsables del diseño, la
ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia
en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el Presidente de
la República, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será
sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad
es indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas.
En el nivel territorial se deberá contar
con una política pública diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia
que propicie la articulación entre los Concejos Municipales, Asambleas y
Congreso Nacional, para garantizar la definición y asignación de los recursos
para la ejecución de la política pública propuesta.
El Departamento Nacional de Planeación,
el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación, con la
asesoría técnica del ICBF deberá diseñar los lineamientos técnicos mínimos que
deberán contener los planes de desarrollo, en materia de infancia y
adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y
restablecimiento de derechos.
El gobernador y el alcalde, dentro de
los primeros cuatro (4) meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la
situación de la niñez y la adolescencia en su departamento y municipio, con el
fin de establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan
de Desarrollo, así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo
plazo que se implementarán para ello.
Las Asambleas y Concejos para aprobar el
plan de desarrollo e inversión deberán verificar que este se corresponda con
los resultados del diagnóstico realizado. Para esto requerirán al gobernador y
al alcalde, para que lo den a conocer antes del debate de aprobación del Plan
de Desarrollo.
PARÁGRAFO. La totalidad de los
excedentes financieros derivados de la gestión del ICBF se aplicará a la
financiación de las políticas públicas de Infancia y Adolescencia definidas en
esta ley.
ARTÍCULO 205. SISTEMA NACIONAL DE
BIENESTAR FAMILIAR. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como rector
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de
las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su
vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos
nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios
indígenas.
El Consejo Nacional de Política Social
atendiendo los lineamientos y recomendaciones del Departamento Nacional de
Planeación es el ente responsable de diseñar la Política Pública, movilizar y
apropiar los recursos presupuestales destinados a garantizar los derechos de
los niños, las niñas y los adolescentes y asegurar su protección y restablecimiento
en todo el territorio nacional.
ARTÍCULO 206. CONSEJO NACIONAL DE
POLÍTICA SOCIAL. El Consejo Nacional de Política Social es el ente responsable
de diseñar la política pública, movilizar y apropiar los recursos
presupuestales y dictar las líneas de acción para garantizar los derechos de
los niños, las niñas y los adolescentes y asegurar su protección y
restablecimiento en todo el territorio nacional.
El Consejo estará integrado por:
1.      El Presidente de la República o
el vicepresidente, quien lo presidirá.
2.      Los Ministros de la Protección
Social, Interior y de Justicia, Hacienda y Crédito Público, Educación,
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Cultura, Comunicaciones, o los
viceministros.
3.      El Director del Departamento
Nacional de Planeación o el subdirector.
4.      El Director del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, quien hará la secretaría técnica.
5.      Un Gobernador en representación
de los gobernadores.
6.      Un Alcalde en representación de
los Alcaldes.
7.      Una autoridad indígena en
representación de las Entidades Territoriales Indígenas.
PARÁGRAFO. El Consejo deberá sesionar
dos veces al año.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se
conforman las Entidades Territoriales Indígenas, hará parte del Consejo una
Autoridad Indígena en su representación, siempre que en su territorio se
adelante una actividad destinada a la protección de la infancia y la
adolescencia.
ARTÍCULO 207. CONSEJOS DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES DE POLÍTICA SOCIAL. En todos los departamentos, municipios y distritos
deberán sesionar Consejos de Política Social, presididos por el gobernador y el
alcalde quienes no podrán delegar ni su participación, ni su responsabilidad so
pena de incurrir en causal de mala conducta. Tendrán la responsabilidad de la
articulación funcional entre las Entidades Nacionales y las Territoriales,
deberán tener participación de la sociedad civil organizada y definirán su
propio reglamento y composición. En todo caso deberán formar parte del Consejo
las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos y el
Ministerio Público.
En los municipios en los que no exista
un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la coordinación
del sistema de bienestar familiar la ejercerán los Consejos de Política Social.
Los Consejos deberán sesionar como
mínimo cuatro veces al año, y deberán rendir informes periódicos a las
Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales.
CAPITULO
II.
INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL.
ARTÍCULO 208. DEFINICIÓN. Para los
efectos de esta ley se entiende por vigilancia y control las acciones de
supervisión, policivas, administrativas, y judiciales, encaminadas a garantizar
el cumplimiento de las funciones y obligaciones para la garantía y
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y
su contexto familiar y prevenir su vulneración a través del seguimiento de las
políticas públicas y de la evaluación de la gestión de los funcionarios y de
las entidades responsables.
ARTÍCULO 209. OBJETIVO GENERAL DE LA
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. El Objetivo de la inspección, la vigilancia y
el control es asegurar que las autoridades competentes cumplan sus funciones en
los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal para: Garantizar los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar.
Asegurar que reciban la protección integral necesaria para el restablecimiento
de sus derechos.
Disponer la adecuada distribución y
utilización de los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones del
Estado en materia de infancia, adolescencia y familia.
Verificar que las entidades responsables
de garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes cumplan de manera permanente con el mejoramiento de su calidad de
vida y las de sus familias.
ARTÍCULO 210. AUTORIDADES COMPETENTES
DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. De conformidad con las competencias que
les asignan la Constitución y las leyes, ejercerán la función de inspección,
vigilancia y control:
1. La Procuraduría General de la Nación.
Concordancias
2.      La Contraloría General de la
República.
3.      La Defensoría del Pueblo.
4.      Las Personerías distritales y
municipales.
5.      Las entidades administrativas de
inspección y vigilancia.
6.      La sociedad civil organizada, en
desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 211. FUNCIONES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. La Procuraduría General de la Nación
ejercerá las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la
Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la familia, que a partir de
esta ley se denominará la Procuraduría Delegada para la defensa de los derechos
de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, la cual a través de las procuradurías
judiciales ejercerá las funciones de vigilancia superior, de prevención,
control de gestión y de intervención ante las autoridades administrativas y
judiciales tal como lo establece la Constitución Política y la ley.
ARTÍCULO 212. FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA. La Contraloría General de la república ejercerá las
funciones a que hace referencia este título mediante el control posterior y
selectivo del manejo de las finanzas, la gestión y los resultados de las
políticas, programas y proyectos relacionados con la infancia, adolescencia y
la familia de conformidad con los objetivos y principios de esta ley.
ARTÍCULO 213. FUNCIONES DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La Defensoría del Pueblo ejercerá las funciones a que
hace referencia este título a través de la Defensoría Delegada para los
derechos de la niñez, la juventud y las mujeres mediante la divulgación,
protección, promoción de derechos y el seguimiento a las políticas públicas que
comprometan derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes, como
lo establece la Constitución Política y la ley.
ARTÍCULO 214. PARTICIPACIÓN DE LA
SOCIEDAD. En desarrollo del principio de corresponsabilidad, las organizaciones
sociales especializadas, como las veedurías ciudadanas, o cualquier otra forma
de organización de la ciudadanía, participarán en el seguimiento y vigilancia
de las políticas públicas y de las acciones y decisiones de las autoridades
competentes. Las autoridades nacionales y territoriales deben garantizar que
esta función se cumpla.
CAPÍTULO
III.
DISPOSICIONES
FINALES.
ARTÍCULO 215. PRESUPUESTO Y
FINANCIACIÓN. El Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Fiscalía
General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura dispondrán la
asignación, reorganización y redistribución de los recursos presupuestales,
financieros, físicos y humanos para el cumplimento de la presente ley, bajo la
coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ARTÍCULO 216. VIGENCIA. La presente ley
entrará en vigencia seis (6) meses después de su promulgación. Con excepción de
los artículos correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad
penal para adolescentes, los cuales se implementarán de manera gradual en el
territorio nacional empezando el primero de enero de 2007 hasta su realización
total el 31 de diciembre de 2009.
<Inciso corregido por el artículo 3
del Decreto 578 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El artículo 199
relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos entrará en vigencia a partir
de la promulgación de la presente ley
PARÁGRAFO. La Fiscalía General de la
Nación realizará los estudios necesarios y tomará las medidas pertinentes para
la implementación gradual del sistema de responsabilidad penal para
adolescentes dentro del término señalado en esta ley.
ARTÍCULO 217. DEROGATORIA. El presente
Código deroga el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor a excepción de los
artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales
quedan vigentes, también deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.
La
Presidenta del honorable Senado de la República,
DILIAN
FRANCISCA TORO TORRES.
El
Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO
RAMÓN OTERO DAJUD.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
ALFREDO
APE CUELLO BAUTE.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
ANGELINO
LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA
DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese
y ejecútese.
Dada
en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2006.
ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
El
Ministro del Interior y de Justicia,
CARLOS
HOLGUÍN SARDI.
El
Ministro de la Protección Social,
DIEGO
PALACIO BETANCOURT”.
[1][1]
Además, pidió que en caso de prosperar la inconstitucionalidad de la Ley 1098
de 2006 difiera su inexequibilidad a 12 meses mientras se tramita una nuevo
código.
[2]
Este ciudadano remitió dos escritos uno con fecha del 6 de
febrero de 2020 y otro de enero de 2020.
[3]
La funcionaria Natalia Vanegas Aguirre, Defensora de Familia
del ICBF Regional Rosales del centro Zonal de Rosales, y Juan Carlos González
Hoyos, Defensor de Familia Centro Zonal Noroccidental. El escrito también
estaba suscrito por las defensoras Sandra Lucia Zapata Restrepo y Noredy Gisela
Royero Sánchez.
[4]
Sentencia C-385 de 2015
[5]
Sentencia C-818 de 2011, que analizó si: (i) los contenidos
normativos establecidos en los artículos 13 al 33 son ajenos a la materia de la
ley ordinaria que la regula y (ii) si la derogatoria hecha por el artículo 309
de la Ley 1437 de 2011 desconoce que toda reforma de una ley estatutaria debe
realizarse a través de una ley de la misma jerarquía. Lo propio sucedió con la
Sentencia C-223 de 2017, en relación con las disposiciones del Código de
Policía que regulaban aspectos centrales del derecho de reunión y a la
protesta. Así mismo, en Sentencia C-015 de 2020, revisó el artículo 217
de la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario”, relacionadas con el derecho disciplinario”.
[6]
Sentencias C-283 de 2017 y C-370 de 2019 entre otras.
[7]
Sentencias C-193 de 2005, C-164 de 2019 y C-112 de 2019, entre otras.