C-839-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-839/13
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Suspensión o cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente/SUSPENSION O CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS
FRAUDULENTAMENTE-Facultad del fiscal y la víctima para solicitarla
La posibilidad de que la víctima solicite la suspensión del poder dispositivo de los bienes
sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título
de propiedad fue obtenido fraudulentamente en nada afecta la estructura o los principios del sistema penal
acusatorio por los siguientes motivos: (i) Desde el punto de vista procesal, la suspensión del poder dispositivo de los bienes
sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título
de propiedad fue obtenido fraudulentamente es una medida exclusivamente patrimonial que no tiene una
incidencia necesaria sobre la determinación de la responsabilidad penal, a tal
punto que puede ordenarse pese a que no exista sentencia condenatoria. (ii) Desde
un punto de vista sistemático, el otorgamiento de facultades a la víctima para
solicitar la suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados
para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente, no implica una modificación de la estructura o el
funcionamiento del sistema acusatorio, pues el Código de Procedimiento Penal
permite actualmente que otras medidas cautelares o patrimoniales como el
embargo o el secuestro sean solicitadas por las víctimas. (iii) Finalmente,
otorgar a la víctima esta facultad tampoco afecta el principio de igualdad de
armas ni representa un desequilibrio para las partes, el cual exige que los
actores sean contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate
al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Pilar
fundamental
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA
PROCESAL-Jurisprudencia
constitucional
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Jurisprudencia
constitucional/OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Alcance y requisitos
TUTELA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS/DERECHOS DE LAS
VICTIMAS-Instrumentos internacionales
DERECHOS CORRELATIVOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD,
JUSTICIA, REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION-Alcance
DERECHO A LA VERDAD-Jurisprudencia
constitucional/DERECHO A LA VERDAD-Criterios jurisprudenciales
DERECHO A LA JUSTICIA-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA JUSTICIA-Garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos
correlativos deberes para las autoridades
DERECHO A LA JUSTICIA-Reglas jurisprudenciales
DERECHO A LA REPARACION-Jurisprudencia constitucional
PETICION DE REPARACION DEL DAÑO CAUSADO-Fundamento
MEDIDAS DE REPARACION-Principios de integralidad y proporcionalidad
Las medidas de reparación deben regirse
por dos principios, el de integralidad y el de proporcionalidad. El segundo exige
que la medida sea proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño
sufrido por la víctima: (i) El principio de integralidad, supone que las víctimas sean sujetos de reparaciones de
diferente naturaleza, que respondan a los distintos tipos de afectación que
hayan sufrido, lo cual implica que estas diferentes reparaciones no son
excluyentes ni exclusivas, pues cada una de ellas obedece a objetivos de
reparación distintos e insustituibles. (ii) Por su parte, sobre el principio de proporcionalidad,
se aduce que la reparación a las víctimas debe estar en consonancia con la
altura del impacto de las violaciones de los derechos humanos. Una reparación,
debe tener en cuenta el restablecimiento de los derechos de las víctimas, la
mejora de sus condiciones de vida, asimismo, la investigación y juzgamiento de
los autores de las conductas punibles, de lo contrario dicha medida perdería su
eficacia y sentido.
DERECHO A LA REPARACION-Parámetros y estándares constitucionales
GARANTIA DE NO REPETICION-Contenido y alcance/GARANTIA DE NO
REPETICION-Relación con el derecho a la reparación/GARANTIA DE NO
REPETICION-Relación con la obligación del Estado de prevenir graves
violaciones de derechos humanos/OBLIGACION DEL ESTADO DE PREVENIR GRAVES
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Contenidos de dicha obligación
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL SISTEMA
ACUSATORIO-Jurisprudencia constitucional
MEDIDA DE SUSPENSION Y CANCELACION DE
REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE-Desarrollo
normativo/CANCELACION DE REGISTRO
OBTENIDO FRAUDULENTAMENTE-Jurisprudencia constitucional/CANCELACION DE
REGISTRO OBTENIDO FRAUDULENTAMENTE-Definición
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos que
se deben cumplir para que prospere el cargo
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional/SUSPENSION O
CANCELACION DE REGISTROS OBTENIDOS FRAUDULENTAMENTE-Papel asignado al
Fiscal no excluye que las víctimas tengan derecho a intervenir en el proceso/VICTIMAS-Facultades
que le permiten participar directamente sin intermediación del fiscal/PAPEL
QUE CUMPLE LA VICTIMA EN EL PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional
REFORMA AL SISTEMA PROCESAL PENAL-Objetivos
según la jurisprudencia constitucional
Esta
Corporación ha destacado que dentro de los objetivos de la reforma al sistema
procesal penal se encuentran: (i) fortalecer la función investigativa de la
Fiscalía General de la Nación; (ii) propiciar un juicio público, pleno de
garantías, oral, contradictorio, concentrado y con inmediación en la
incorporación y práctica probatoria; (iii) instituir una clara distinción entre
los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar; (iv)
descongestionar los despachos judiciales mediante un sistema procesal basado en
la oralidad, que garantice el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas;
(v) modificar el principio de permanencia de la prueba por el de la producción
de la misma dentro del juicio oral; (vi) introducir el principio de
oportunidad; y (vii) dar función efectiva a la figura del juez de control de
garantías.
Referencia: expediente
D - 9641
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 1º
del artículo 101 de la Ley 906 de 2004
Demandantes: Vanessa Suelt Cock, Lorena Parrado
Prieto, Luis Mario Hernández Vargas y Javier Darío Coronado Díaz
Magistrado Sustanciador:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de
dos mil trece (2013).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Iván Palacio
Palacio –quien la preside– , María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Nilson
Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes
1.
ANTECEDENTES
El treinta
(30) de abril de 2013, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, los ciudadanos VANESSA SUELT COCK, LORENA PARRADO PRIETO,
LUIS MARIO HERNÁNDEZ VARGAS y JAVIER DARÍO CORONADO DÍAZ, demandaron el inciso
primero del artículo 101 de la Ley 906 de 2004. A esta demanda se le asignó la radicación D-9641.
1.1.
NORMA DEMANDADA
El texto de la disposición demandada es el
siguiente:
“LEY
906 DE 2004
(agosto 31)
Diario Oficial No. 45.657, de 31 de agosto de
2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA
(….)
ARTÍCULO 101. Suspensión y cancelación de registros
obtenidos fraudulentamente. En
cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la
Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo
de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir
que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
En la sentencia se ordenará la cancelación de los
títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda
duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.
Lo dispuesto en este artículo también se aplicará
respecto de los títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos
fraudulentamente.
Si estuviere acreditado que con base en las calidades
jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos
ante otras autoridades, se pondrá en conocimiento la decisión de cancelación
para que se tomen las medidas correspondientes”.
1.2.
DEMANDA
Los ciudadanos VANESSA SUELT COCK, LORENA PARRADO
PRIETO, LUIS MARIO HERNÁNDEZ VARGAS y JAVIER DARÍO CORONADO DÍAZ, miembros del
Grupo de Acciones Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana, consideran
que el inciso 1º del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 vulnera los artículos
1, 2, 93, 229 y 250 de la Constitución Política considerando que se configura
una omisión legislativa relativa que afecta los derechos de las víctimas por
las siguientes razones:
1.2.1.
En primer lugar, señalan
que la norma excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que en principio
debería estar incluido, pues
establece que la facultad de solicitar la suspensión provisional del poder
dispositivo se encuentra exclusivamente en cabeza de la Fiscalía General de la
Nación, impidiendo que las víctimas puedan pedirla. En este sentido, afirman
que las víctimas son las personas más interesadas en que el bien no circule por
el tráfico jurídico pese a lo cual no pueden solicitar directamente la medida
de suspensión del poder dispositivo de un bien que ha sido objeto de una
enajenación fraudulenta, vulnerándose con dicha omisión sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación:
1.2.1.1.Afirman que las víctimas tienen un interés directo en
la medida de suspensión del poder dispositivo, pues ésta pretende evitar que el
bien obtenido de manera ilegal continúe siendo objeto de negocios jurídicos
mientras el proceso penal finaliza, por lo cual es inevitable que esta medida
le atañe a quienes tenían derechos sobre el bien hasta la comisión del delito y
que, para efectos de la actuación penal serán considerados como víctimas.
1.2.1.2.Señalan que de acuerdo con las Sentencias C – 228 de
2002[1] y C – 516 de 2007[2], las víctimas son aquellas personas naturales o jurídicas que, a raíz
del delito, hayan sufrido un perjuicio material o inmaterial directa o
indirectamente, dentro de las cuales se encuentran aquellas que hayan perdido
sus derechos sobre un bien como consecuencia de una enajenación fraudulenta
objeto de investigación penal.
1.2.1.3.Manifiestan que de acuerdo con el inciso demandado,
las víctimas interesadas en que el bien no continúe circulando por el tráfico
jurídico, no pueden acudir directamente ante el Juez de Control de Garantías,
sino que deben persuadir al Fiscal para que solicite la adopción de la medida
bajo examen.
1.2.1.4.En virtud de lo anterior expresan que esta omisión
legislativa vulnera los derechos constitucionales de las víctimas a la verdad,
a la justicia y a la reparación en el marco del proceso penal, los cuales han sido
reconocidos por la Corte Constitucional en numerosas sentencias como la C – 228
de 2002[3], la C – 454 de 2006[4], la C – 209 de 2007[5], la C – 516 de 2007[6], la C – 936 de 2010[7] y la C – 260 de 2011[8], en las que se ha señalado que los mismos constituyen un desarrollo de
los artículos 1, 2, 15, 21, 229 y 250 de la Constitución Política, así como
también de lo señalado en el artículo XVIII de la Declaración Americana de los
Derechos Humanos, el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el
artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
1.2.1.5.Consideran que las garantías constitucionales de las
víctimas a la justicia y a la reparación exigen que los perjudicados por el
delito se encuentren en capacidad de acudir ante el juez de control de
garantías y solicitar la suspensión del poder dispositivo sobre bienes
obtenidos de manera fraudulenta, con el objeto de que cuenten con un recurso
judicial efectivo para propugnar por la integridad del orden jurídico y por el
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos. Estos derechos serían
afectados por la disposición acusada que le prohíbe a la víctima que acuda ante
la jurisdicción en procura de la adopción de una medida que contribuye al
restablecimiento de sus derechos quebrantados por el delito.
1.2.1.6.Afirman que la suspensión provisional del poder
dispositivo está relacionada con el derecho a la justicia, pues facilita el
regreso a la situación en la que se encontraba antes del ilícito, consiguiendo
que los bienes no continúen siendo afectados en términos físicos y jurídicos
tras el traslado ilícito de la propiedad. Por lo anterior, si no se permite a
las víctimas solicitar la suspensión provisional se está afectando su derecho a
la administración de justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución.
1.2.2.
En segundo lugar,
manifiestan que no existe una razón objetiva y suficiente que explique
válidamente la exclusión, pues la
Corte Constitucional ha señalado en las sentencias C – 209 de 2007[9], C – 873 de 2003[10], C – 591 de 2005[11], C – 250 de 2011[12] y C – 260 de 2011[13] que por regla general la víctima puede participar
activa y directamente al interior del proceso penal.
En este sentido afirman que la posibilidad de que la
víctima solicite la suspensión del poder dispositivo no desconoce ninguna de
las finalidades del sistema acusatorio y agregan que el artículo 250 de la
Constitución no realizó ninguna previsión sobre la limitación de la
participación de los perjudicados por el delito en la solicitud de esta medida.
1.2.3.
En tercer lugar, señalan que
se genera una situación de desigualdad injustificada entre los diferentes
actores del proceso penal, afectándose los derechos constitucionales de las
víctimas. Al respecto señalan que el
inciso 1º del artículo 101 de la ley 906 de 2004 vulnera los derechos
fundamentales de las víctimas a la justicia, a la reparación y al acceso
efectivo a la administración de justicia, los cuales están consagrados en los
artículos 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250 de la Constitución. En este sentido afirman
que esta omisión entorpece una vía legítima para que la víctima evite que quien
haya adquirido la propiedad de manera fraudulenta enajene nuevamente los
bienes:
“Para acreditar el cumplimiento de esta exigencia, es
oportuno recordar, cómo atrás quedó demostrado cómo el inciso 1º del artículo
101 de la Ley 906 de 2004 vulnera los derechos fundamentales de la víctima de
justicia, reparación y de acceso efectivo a la administración de justicia
(derechos con asidero en los artículos 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250
constitucionales). Lo anterior, pues entorpece una vía legítima para que la
víctima evite que quien haya adquirido la propiedad de manera fraudulenta
enajene nuevamente los bienes y, en general, produzca nuevas modificaciones a
sus condiciones materiales y/o jurídicas”.
1.2.4.
Finalmente, afirman que la
omisión entraña el incumplimiento, por parte del legislador del deber
constitucional de consagrar la participación de la víctima. En este sentido, reiteran que los artículos 1º, 2º,
15, 21, 229 y 250 y los artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, imponen la obligación legislativa de garantizar la efectiva
intervención de la víctima a lo largo del proceso penal para garantizar sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación:
“Como ha sido denotado por esta Honorable Corporación,
el texto de la Carta Política (artículos 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250), así como
de los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos,
específicamente los que hacen referencia al derecho a un recurso judicial
efectivo (artículos 8º y 25º de la Convención Americana de Derechos Humanos),
imponen la obligación legislativa de garantizar la intervención de la víctima a
lo largo del proceso penal, de modo que pueda realizar sus derechos a la
verdad, justicia y reparación integral”.
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1.  Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho
La apoderada del Ministerio de Justicia y
del Derecho solicita que se declare la EXEQUIBILIDAD de la norma
demandada por las siguientes razones:
1.3.1.1. Señala
que no es necesario ni indispensable para lograr el objetivo de asegurar y
garantizar el pago de los perjuicios causados que la víctima haga la solicitud
de suspensión del poder dispositivo, pues le corresponde a la Fiscalía, una vez
adelantada la respectiva investigación solicitarla ante el juez de control de
garantías.
1.3.1.2.
Considera que en ningún momento debe entenderse que existe una exclusión en la
norma demandada, pues la efectividad de los derechos de las víctimas está
garantizada al otorgarle a la Fiscalía la responsabilidad de ser la vocera de
sus derechos, acorde a la estructura del sistema acusatorio, sin que ello
implique que las víctimas carezcan de derechos de participación en el proceso
penal, por cuanto el fiscal interviene sin desplazar ni menos sustituir a la
víctima.
1.3.1.3.
Considera que tampoco se presenta una situación de desigualdad negativa
respecto a los derechos de las víctimas al momento de solicitarse por parte del
fiscal la suspensión del poder dispositivo, sino que se ratifican las funciones
que otorga la fiscalía al ente investigador en el sistema acusatorio.
1.3.1.4.
Agrega que en virtud de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia
C–090 de 2011, la norma demandada no genera desigualdades, violaciones al
debido proceso,  ni está desconociendo el precepto expreso de la Constitución,
dejando en claro que la actuación de la víctima no está supeditada a la
actuación del fiscal.
1.3.1.5. Señala
que en un proceso penal con tendencia acusatoria la participación de las
víctima se puede restringir o limitar sin que se afecten sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación, pues los mismos están protegidos a
través de varios derechos y facultades que pueden ser ejercidos a lo largo de
todo el proceso que garantizar la participación de las víctimas.
1.3.2.  Intervención de la Universidad Sergio Arboleda
El
doctor Jorge Arturo Abello Gual, actuando en calidad de Profesor de la Escuela
de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda presenta las siguientes
consideraciones para que sean tenidas en cuenta por la Corte Constitucional al
momento de emitir su fallo sobre la norma demandada:
1.3.2.1.
Señala que la solicitud de
suspensión del poder dispositivo de un bien sujeto a registro es un derecho
reconocido a la víctima dentro de un proceso penal por las siguientes razones:
(i)
Constituye una medida eficaz
para la protección de los derechos de la víctima, que se encuentra
especialmente relacionada con el restablecimiento del derecho vulnerado por la
conducta punible, tal como dispone el artículo 22 del Código de Procedimiento
Penal.
(ii) Debe realizarse en la etapa de juicio oral, en la cual
según la sentencia C – 209 de 2007 no existe limitación alguna a la
participación de la víctima en el marco propio de un proceso adversarial.
(iii)
No introduce una desigualdad
injustificada, pues no somete a la defensa a la desventaja de tener que
soportar una doble acusación pues que esta medida no implica debate alguno
sobre la responsabilidad penal del acusado, sino que se trata de un instrumento
transitorio, preventivo y de protección de los derechos patrimoniales afectados
por la conducta punible investigada.
1.3.2.2.
Considera que la discusión
sobre el reconocimiento del derecho a la víctima a solicitar la suspensión del
poder dispositivo de los bienes sujetos a registro se traslada al mecanismo
jurídico para su reconocimiento, por lo cual la Corte debe escoger entre
declarar la inexequibilidad condicionada del inciso 1º del artículo 101 de la
Ley 906 de 20004 en el entendido de que la víctima también puede solicitar esta
medida o en el fallo podría reconocer la posibilidad de dar cabida a la
interpretación extensiva que realizan los funcionarios adscritos a la
jurisdicción penal para entender que según el artículo 22 del Código de
Procedimiento Penal la víctima puede solicitar una audiencia de
restablecimiento del derecho para requerir dentro de ella la suspensión del
poder dispositivo de los bienes sujetos a registro.
1.3.2.3.
Afirma que por considerarse
los derechos de las víctimas como fundamentales y con rango supraconstitucional
se debe emitir un reconocimiento constitucional por parte de la Corte con la
advertencia de que la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a
registro hace parte de los derechos de las víctimas en el proceso penal.
1.3.3.
Intervención de los ciudadanos
Bernarda Gómez Arias y Pedro Juan Munar Huertas
Los
ciudadanos Bernarda Gómez Arias y Pedro Juan Munar Huertas solicitan que se
declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del inciso 1º del artículo 101 de la
Ley 906 de 2004 por las siguientes razones:
1.3.3.1.Consideran
que la redacción de esta norma excluyó a la víctima, dejando únicamente en
cabeza del fiscal el poder dispositivo de suspensión provisional de los bienes
sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título
de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
1.3.3.2.Manifiesta
que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial la
sentencia C – 209 de 2007, la víctima puede acudir al juez de control de
garantías o solicitar medidas de protección, pues cuenta con información
importante por la misma necesidad de reparación, verdad y pronta administración
de justicia.
1.3.3.3.Agrega
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha resaltado la importancia de
que los correctivos previstos en la ley para volver las cosas a su estado
original y desvirtuar que los derechos otorgados, contrariando el orden
jurídico, se apliquen de manera pronta y efectiva para evitar la continuación
y/o consumación de situaciones irregulares, así como la de los perjuicios que
ellas injustamente causan.
1.3.3.4.Afirma
que no resulta necesario, razonable, ni justo que el restablecimiento se
condicione de manera indefinida o que pueda frustrarse definitivamente por la
seria consideración de tener que acudir a disuadir al fiscal para que haga
efectiva la suspensión provisional.
1.3.3.5.Concluye
que por efecto de la disposición demandada algunas de las víctimas de este tipo
de delitos no tiene completamente garantizado el derecho a acceder a la
administración de justicia, para que pronta y cumplidamente se le defina la
restitución a que tiene derecho.
1.3.4.
Edward Cárdenas Ramírez
Edward
Cárdenas Ramírez solicitó que la Corte se declare INHIBIDA para
pronunciarse sobre la constitucionalidad parcial del artículo 101 de la Ley 906
de 2004 por ineptitud sustancial de la demanda y subsidiariamente se declare EXEQUIBLE
por los siguientes motivos:
1.3.4.1.
Manifiesta que los accionantes
no realizaron un juicio de proporcionalidad entre los derechos colectivos que
amparan al acusado y los derechos fundamentales en cabeza de la víctima.
1.3.4.2.
Señala que los demandantes
desconocen el funcionamiento del sistema acusatorio y el esfuerzo que el Estado
hizo en construir un nuevo proceso penal integral con el fin de garantizar una
pronta y mejor justicia.
1.3.4.3.
Concluye que esta Corporación
no puede limitarse a los argumentos del demandante para declarar la
inexequibildiad de la norma pues el accionante ignora la finalidad del artículo
101 de la ley 906 de 2004 y la intención del legislador de proteger y
salvaguardar los derechos de todas las partes dentro del proceso penal de una
manera proporcional basando esto en el derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
1.3.5.
Intervención de las
ciudadanas Sandra Katherine Ramírez Moreno y Karen Tatiana Calderón Segura
Las
ciudadanas Katherine Ramírez Moreno y Karen Tatiana Calderón Segura solicitaron
a la Corte Constitucional que se declare INHIBIDA o en su defecto que
declare la EXEQUIBILIDAD de la norma acusada, por las siguientes
razones:
1.3.5.1.
Manifiestan que la disposición
acusada no configura un caso de omisión legislativa relativa, pues no es lesiva
ni vulnera los derechos fundamentales de la víctima de acceso a la justicia y
reparación, por lo cual no desconoce las normas de la Constitución.
1.3.5.2.
Afirma que en el artículo 250
de la Constitución Política se hace referencia a una obligación reflejada en el
artículo demandado que la víctima deberá ser partícipe dentro de la etapa de
acusación por tanto la Constitución y la ley han designado como función de la
fiscalía la de velar por la protección integral de las víctimas.
1.3.5.3.
Señalan que no encuentran que
la demanda sea clara, específica y recaiga verdaderamente sobre el contenido de
la disposición acusada, por lo cual existirían presupuestos que no se ajustan
para poder reunir suficientes argumentos sobre la inconstitucionalidad de la
norma.
1.3.5.4.
Concluyen afirmando que los
demandantes enuncian un sinnúmero de disposiciones constitucionales sin
demostrar su vulneración. Por el contrario consideran que la norma impugnada es
exequible pues no vulnera ninguna garantía y debe interpretarse de manera
conjunta con otras disposiciones constitucionales y legales.
1.3.6.
Intervención de la
ciudadana Jaqueline Arias Reyes
La
ciudadana Jaqueline Arias Reyes solicita que se declare la INEXEQUIBILIDAD del
inciso 1 del artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, por los siguientes
motivos:
1.3.6.1.
Afirma que la norma demandada
vulnera el derecho a la igualdad de las víctimas en comparación con las que
consiguen una reparación económica, lo cual dependería del desempeño
investigativo de la Fiscalía General de la Nación.
1.3.6.2.
Señala que la norma podría
permitir que el sujeto activo del delito se insolvente mientras se presenta el
escrito de acusación en detrimento de los derechos de las víctimas.
1.3.6.3.
Concluye que sí se
configuraría una omisión legislativa ya que el Estado debería ser más garante
del derecho a la reparación integral de las víctimas, el cual se debería
solicitar antes del escrito de acusación como lo exigiría el bloque de
constitucionalidad.
1.3.7. Intervención de las ciudadanas Carolina Benavides
Pedraza y Leila Esperanza Rojas Naranjo
Los ciudadanos Carolina Benavides Pedraza y
Leila Esperanza Rojas Naranjo solicitan que se declare la INEXEQUIBILIDAD de
la norma demandada por las siguientes razones:
1.3.7.1.
Afirma que se reúnen los
requisitos para que se configure una omisión legislativa relativa, pues es
notorio que se está vulnerando la participación de la víctima teniendo en
cuenta que se limita solo al fiscal la solicitud de la medida de suspensión del
poder dispositivo de los bienes, incurriéndose en una discriminación negativa
pues la víctima es el sujeto más legitimado para hacer valer sus derechos.
1.3.7.2.
Manifiesta que de acuerdo a la
sentencia C-250 de 2011, la  exclusión de la víctima o su representante de ser
oída por el juez en la etapa de individualización de la pena y sentencia en
condiciones diversas a la defensa y a la fiscalía implica no solamente el
desconocimiento de su derecho a la igualdad sino también la limitación del
derecho a la administración de justicia.
1.3.7.3.
Señala que no se vislumbra una
razón objetiva y suficiente a la omisión de brindar a las víctimas la
posibilidad de ejercer el derecho a ser oídos en dicha etapa, en los casos en
que haya fallo condenatorio o se haya aprobado el acuerdo celebrado con la
fiscalía.
1.3.7.4.
Concluye entonces que la
desigualdad injustificada entre los actores del proceso y particularmente entre
el acusado y las víctimas vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
1.3.8. Intervención de los ciudadanos Ana Judith Benítez
Gómez y Antonio Misael Pardo Buitrago
Los
ciudadanos Ana Judith Benítez Gómez y Antonio Misael Pardo Buitrago solicitan
que se declare la EXEQUIBILIDAD por las siguientes razones:
1.3.8.1.Manifiestan
que no existe omisión legislativa relativa pues no se vulneran los derechos
fundamentales de las víctimas en cuanto al acceso a la justicia y a la
reparación toda vez que es la Fiscalía General de la Nación la que está a cargo
de la investigación de la acción.
1.3.8.2.Sostiene
que la víctima tiene un poder de representación, el cual podrá solicitarlo en
caso de no tener abogado de confianza a un estudiante de derecho o a una
facultad de derecho reconocida o incluso solicitar el amparo de pobreza.
2.
CONCEPTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO
El Procurador General de la
Nación presentó concepto en el cual solicita que la Corte declare la EXEQUIBILIDAD
de la norma demandada por las siguientes razones:
2.1.
En primer lugar, señala que el
Legislador goza de un amplio margen de configuración para regular las
instituciones procesales, en virtud de lo dispuesto por el artículo 150,
numeral 2 de la Constitución, lo cual se ha reiterado de forma específica
frente a la regulación legislativa del derecho procesal penal.
2.2.
En segundo lugar, señala que
no comparte la interpretación que de la norma acusada realizan los accionantes
frente a una relación de necesariedad entre la imposibilidad de que la presunta
víctima le pueda solicitar al Juez de Control de Garantías la suspensión de la
disposición de los bienes y la certeza de que el Fiscal —aun existiendo motivos
fundados— nunca solicitará tal medida y que, como consecuencia de esto, se
producirá una desprotección de los derechos de la primera.
2.3.
En tercer lugar, afirma que la
razón que posibilita realizar una diferenciación razonable es que el inciso
primero solo admite la intervención del Fiscal porque en esa etapa procesal no
hay una víctima en estricto sentido, sino más bien, una presunta víctima en
tanto que no necesariamente se ha probado una conducta delictiva y,
consecuentemente, no se ha probado que la misma ostente esa calidad.
2.4.
Manifiesta que en la etapa
procesal en la cual se puede solicitar la suspensión del atributo de
disposición de bienes sometidos a registro, los participantes más destacados
son tanto el Fiscal como el investigado: el primero porque al elaborar la
teoría del caso, al recoger el material probatorio o la evidencia física y al
eventualmente imputar o acusar, es él quien tiene mayores y más fáciles
posibilidades de advertir el carácter espurio del título y, por esa misma
razón, son sus argumentos los que pueden persuadir de manera más efectiva al
Juez de Control de Garantías para que ordene la adopción de esa medida y; el
investigado, porque con la medida de suspensión, su derecho a la propiedad (o
circunstancialmente el derecho de terceros) puede verse severamente
restringido.
2.5.
Señala que los derechos de las
víctimas se salvaguardan, gracias al inciso 2° del artículo 101 de la Ley 906
de 2004, teniendo en cuenta que:  (i) Según la sentencia C-060 de 2008 cuando “más
allá de toda duda razonable” se considere que los bienes han sido
adquiridos fraudulentamente se podrá disponer la cancelación definitiva de los
títulos en cualquier providencia que ponga fin al proceso (sea sentencia
condenatoria o no); y (ii) La víctima en todo caso tiene el derecho a presentar
pruebas así como la posibilidad de convencer al juez de que se está en una
situación, precisamente, “más allá de toda duda razonable”, y con
esto lograr que se cancelen definitivamente los títulos obtenidos
fraudulentamente, independientemente de que se llegue a una sentencia
condenatoria o no.
2.6.
Aduce que si hay motivos
fundados para creer que el título es espurio pero todavía se presentan
incertidumbres sobre tal condición, de tal modo que no se ha diluido cualquier
duda razonable, es posible decir que, a diferencia de lo que sucede en el
supuesto previsto en el inciso 2°, los derechos que se encuentran involucrados
son del presunto victimario o de terceros (no se ha probado que es fraudulento)
y por eso las cargas sobre tales derechos son menores: suspensión del poder de
disposición podrá ser solicitada únicamente por el fiscal.
2.7.
Concluye que en la norma se
realiza una diferenciación razonable a partir de la cual se ofrecen mayores
posibilidades a la participación directa de la presunta víctima cuando se ha
comprobado que el título es fraudulento. Adicionalmente,  hasta que no se
llegare a probar tal fraude existen mecanismos de protección de los derechos de
las presuntas víctimas que se activan cuando existen motivos fundados para
inferir que el título fue fraudulento, sin perjuicio de que la potestad de
solicitar la medida de suspensión del poder de disposición únicamente se le
otorgue al Fiscal.
3.    CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA
La Corte Constitucional es competente, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la
Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad
presentada en contra del inciso 1º del
artículo 101 de la Ley 906 de 2004.
3.2.
PROBLEMA JURÍDICO
Los
demandantes consideran que el inciso 1º del artículo 101 de la Ley 906 de 2004
vulnera los artículos 1, 2, 93, 229 y 250 de la Constitución Política señalando
que se configura una omisión legislativa relativa que afecta los derechos de
las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, pues se establece
que la facultad de solicitar la suspensión provisional del poder dispositivo se
encuentra exclusivamente en cabeza de la Fiscalía General de la Nación,
impidiendo que las víctimas puedan pedirla.
Para resolver estos problemas jurídicos se estudiarán
los siguientes temas: (i) la libertad de configuración legislativa en
materia procesal, (ii) la omisión legislativa relativa (iii) la
tutela de los derechos de las víctimas, (iv) los derechos de las
víctimas en el sistema acusatorio, (v) y (vi) la norma demandada.
3.3.
LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL
3.3.1.
La Corte Constitucional[14] ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P.,
le corresponde al Congreso de la República “[e]xpedir los códigos en todos
los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Con fundamento
en esta competencia y en la importancia de la ley como fuente del Derecho, el
Legislador posee por mandato constitucional “amplia libertad para definir el
procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho
sustancial”[15].
3.3.2.
En este sentido, se ha
reconocido una amplia potestad de configuración normativa del legislador en la
definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada
juicio[16], a partir de la cual, le corresponde “evaluar y
definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran
cada procedimiento judicial”[17].
3.3.3.
En virtud de esta facultad, el
legislador es autónomo para decidir la estructura de los procedimientos
judiciales, no obstante que, en ejercicio de dicha autonomía, aquel está
obligado a respetar los principios establecidos en la Carta Política.[18] Por lo anterior, pese a que la libertad de
configuración normativa del legislador es amplia, tiene límites que se
concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de
los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales.[19]
3.3.4.
En este sentido, la
discrecionalidad para la determinación de las actuaciones procesales o
administrativas no es absoluta, pues debe ejercitarse dentro del respeto a
valores fundantes de nuestra organización política y jurídica, tales como, la justicia,
la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y de derechos fundamentales de las
personas como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el
principio de la  primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art.
228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de
realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial[20] en controversia o definición; de lo contrario, la
configuración legal se tornaría arbitraria[21].
3.3.5.
Por lo anterior, el legislador
debe asegurar la protección ponderada de
todos los bienes jurídicos implicados que se ordenan[22], cumpliendo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el
cual fueron concebidas[23], con el objeto
de asegurar precisamente la  primacía del derecho sustancial (art. 228 C.P.), así como el ejercicio más completo posible del derecho de acceso a la administración de
justicia (art. 229 C.P.), el debido proceso (art. 29 C.P)[24], el
cumplimiento del postulado de la buena fe de las actuaciones de los
particulares (CP art. 83)[25] y el principio de imparcialidad[26].
3.3.6.
Por lo anterior, la Corte ha
señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su
proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y equilibrio del
engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y,
por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”.[27] Así las cosas, la violación del debido proceso
ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal
o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue
diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y
desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su
utilización.[28]
3.3.7.
Con el objeto de garantizar el
respeto a tales límites amplios de la potestad legislativa, la jurisprudencia
ha decantado una serie de criterios recogidos inicialmente en la sentencia
C-227 de 2009: “i) que atienda los principios y fines del Estado tales como
la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los
derechos fundamentales de los ciudadanos[29] que en el caso procesal (…) puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia
(artículos 13, 29 y 229 C.P.)[30]; iii) que obre conforme a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas[31] y iv) que permita la realización material de los
derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas
(artículo 228 C.P.)[32]”[33].
3.4.
ALCANCE Y REQUISITOS DE LA OMISIÓN
LEGISLATIVA RELATIVA
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha venido reconociendo una serie de requisitos necesarios para
la procedencia de los cargos por omisión legislativa relativa[34]:
3.4.1.
La
Sentencia C-555 de 1994[35] reconoció la existencia de la
inconstitucionalidad por omisión al señalar que la Corte Constitucional, al examinar la
constitucionalidad de una norma legal, también es competente para estudiar la
conducta omisiva del Legislador que propicia la desigualdad de trato y que
consiste en no extender un determinado régimen legal a una hipótesis material
semejante a la que termina por ser única beneficiaria del mismo[36].
3.4.2.
La
Sentencia C-543 de 1996[37] definió
la omisión legislativa como “todo tipo de
abstención del legislador de disponer lo prescrito por la Constitución". Adicionalmente  se señala la distinción entre
la omisión legislativa absoluta y la omisión legislativa relativa: “una omisión legislativa absoluta por cuanto falta la disposición de
desarrollo legislativo de un determinado precepto constitucional; mientras que
en los restantes, existe una omisión
legislativa relativa porque si
bien el legislador ha expedido la ley en ella solamente ha regulado algunas
relaciones dejando por fuera otros supuestos análogos, con clara violación del
principio de igualdad”[38].
3.4.3.
La
Sentencia C-427 de 2000[39] decidió abstenerse de emitir un pronunciamiento
sobre el artículo 9º de la Ley 399 de 1997, salvo en cuanto a su parágrafo el
cual se declaró exequible. En
esta sentencia, la Corte Constitucional definió los requisitos para que el
cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar: a) que exista una
norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus
consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse
dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una
razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y
suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos
que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma
y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del
legislador.
3.4.3.1.
La
Sentencia C-780 de 2003[40] declaró exequible la
expresión “Las licencias de conducción que no cuenten con estos
elementos de seguridad deberán ser renovadas de acuerdo con la programación que
expida el Ministerio de Transporte al respecto” contenida en el artículo 17
de la Ley 769 de 2002, la cual había sido
acusada pues según el actor no señala quién va a asumir los costos de esta
renovación de las licencias de conducción. En esta sentencia la Corte consideró
que “En el presente caso, a juicio de la Corte se está en presencia de una
ausencia total de regulación, configurativa de una omisión legislativa
absoluta. Simplemente el legislador ha guardado silencio respecto de quién va a
asumir los costos de expedición de las nuevas licencias de conducción”. En
esta providencia, la Corte Constitucional definió la omisión legislativa
absoluta y expuso las razones por las cuales la misma no puede ser objeto de
control de constitucionalidad[41].
3.4.3.2.
La Corte
Constitucional en la Sentencia C-800 de 2005[42] decidió inhibirse de
emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 38 del
Decreto 2279 de 1989, del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 509
del Código de Procedimiento Civil.
En esta sentencia, la Corte Constitucional reiteró lo
señalado en las sentencias C- 427 de 2000[43], C-1255 de 2001[44], C-041 de 2002[45], C-185 de 2002[46] sobre los cinco (5) criterios para la procedencia
excepcional de esta clase de demandas[47] y señaló que debe tenerse en cuenta si la supuesta
omisión emerge a primera vista de la norma propuesta o si se está más bien,
ante normas completas, coherentes y suficientes, que regulan situaciones
distintas[48].
3.4.3.3.
Mediante Sentencia C-192 de
2006[49] esta Corporación se declaró inhibida para emitir
pronunciamiento de fondo sobre el artículo 31 de la Ley 788 de 2002, al considerar
que la demanda de inconstitucionalidad no
permite activar el control de constitucionalidad, en razón a su defectuosa
argumentación, por cuanto la Corte Constitucional es incompetente para conocer
de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta. En esa
sentencia, esta Corporación señaló una serie de elementos especiales para la
procedencia de un cargo por omisión legislativa como la existencia de
una disposición que excluya de sus hipótesis o de sus consecuencias alguna
situación que, en principio, debía estar incluida, que tal exclusión no tenga
justificación alguna y que por lo tanto la misma no supere el juicio de
proporcionalidad y de razonabilidad, y por último que dicha exclusión constituya
la inobservancia de un mandato constitucional impuesto al legislador[50].
3.4.3.4.
La Sentencia C-891 A de 2006[51] decidió “Decretar la
exequibilidad de la expresión “y se liquidará con base en el promedio de los
salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el artículo 8º
de la Ley 171 de 1961, en cuanto éste siga produciendo efectos, y bajo el
entendimiento de que el salario base para la liquidación de la primera mesada
pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la
variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC, certificado por el DANE[52].
En esta sentencia, esta Corporación señaló que: “El supuesto básico de una omisión legislativa de
carácter relativo consiste en que el legislador regula una materia, pero lo
hace de manera parcial porque no cobija a todas los destinatarios que deberían
quedar incluidos en la regulación o porque deja de regular algún supuesto que,
en atención a los contenidos superiores del ordenamiento, tendría que formar
parte de la disciplina legal de la materia”. Así mismo, la Corte
Constitucional estableció los principales eventos en los cuales procede una
omisión legislativa[53]. Adicionalmente, se
manifestó que no cualquier omisión legislativa puede ser objeto de control
constitucional, sino que se requiere que la misma vulnere la Carta Fundamental[54].
3.4.3.5.
A través de la Sentencia C-1043 de 2006[55], la Corte
Constitucional decidió declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de
fondo en relación con el aparte demandado del literal a) del artículo 74 de la
Ley 100 de 1993, por ineptitud sustantiva de la demanda, considerando que los actores no cumplieron con el
presupuesto de formular adecuadamente el cargo la pretendida omisión
legislativa. En esta
sentencia se reiteraron los requisitos para la admisión de un cargo por omisión
legislativa relativa[56] y se afirmó que la omisión debe ser predicable
directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no
hayan sido vinculados al proceso.
3.4.3.6.
La Sentencia
C-240 de 2009[57] declaró exequible el artículo 162 del Código Penal -Ley 599 de 2000-,
por los cargos de la demanda al considerar que “la jurisprudencia constitucional  ha precisado que el supuesto
básico de una omisión legislativa relativa, consiste en que el legislador al
regular una materia lo hace de manera parcial, en la medida que no cobija a
todos los destinatarios que deberían quedar incluidos en la regulación o deja
de regular algún supuesto que por mandato constitucional debería estar
incluido, concluye  la Corte que en virtud de lo expuesto, ninguna de las
normas demandadas adolece de una omisión legislativa relativa violatoria de la
Constitución o del bloque de constitucionalidad”[58].
3.4.3.7.    Por
su parte, la Sentencia
C-936 de 2010[59]
declaró exequible el parágrafo 3° del artículo
2° de la Ley 1312 de 2009, en el entendido de que también comprende las graves
violaciones a los derechos humanos. En este sentido, se consideró que el
parágrafo tercero del artículo 324 plasma una omisión legislativa relativa, que
debe ser corregida, en la medida que no incluye las graves violaciones a los
derechos humanos, como una de las hipótesis delictivas en que se encuentra
excluido el principio de oportunidad.
Al
respecto, la Corte sistematizó los rasgos característicos de la omisión
legislativa relativa[60]
y la definió de la siguiente manera:“La
jurisprudencia de esta corporación ha precisado que se presenta una omisión
legislativa relativa cuando el legislador regula una materia de manera parcial,
insuficiente o incompleta, omitiendo una condición, un sujeto destinatario, un
ingrediente esencial o algún supuesto que, en atención a los contenidos
superiores del ordenamiento, debería formar parte de la disciplina legal o de
la materia normativa”[61].
3.4.3.8.
La Sentencia C-090 de 2011[62] declaró la exequibilidad del inciso primero del artículo 135 de la Ley 100 de
1993, por los cargos analizados en la parte motiva de dicha providencia, al
considerar que  el
cargo por omisión legislativa no
estaba llamado a prosperar, por cuanto el debate que planteaba el ciudadano
Ospina Acosta giraba en torno a la “aplicación
o interpretación de la ley”[63] y no a una supuesta omisión
legislativa relativa. En esta sentencia, la
Corte reiteró los cinco (5) requisitos para la procedencia de un cargo por
omisión legislativa relativa y reconoció que “para
que se configure la omisión legislativa no basta con que el legislador
profiera  una regulación incompleta o insuficiente, se requiere demostrar
que esa regulación parcial o fragmentada  resulta contraria a la
Constitución, es decir, que el ingrediente, condición normativa o consecuencia
jurídica que se omitió es esencial e indispensable para armonizar el texto
legal con los mandatos de la Carta”[64].
3.4.3.9.
La Sentencia C-100 de 2011[65] declaró exequible,
por los cargos analizados, el numeral 5º del artículo 166 de la Ley 599 de
2000, en el entendido que la circunstancia de agravación punitiva allí
contemplada se extiende al evento en que la víctima de desaparición forzada es
el o la cónyuge, o el compañero o la compañera permanente de las personas
aludidas en el numeral 4º de la citada disposición legal. En esta sentencia
esta Corporación manifestó que la Corte Constitucional tiene competencia
limitada respecto de los cargos por omisión legislativa relativa en
cumplimiento del principio de separación de las ramas del poder público[66].
3.4.3.10.
Mediante Sentencia C-127 de
2011[67] se declaró exequible, por el cargo analizado en esa sentencia, el artículo
267 y el artículo 287 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal”. En esta sentencia, la Corte
determinó la “inexistencia de una omisión legislativa relativa: el
ámbito de aplicación del derecho a la defensa dentro del proceso penal se
extiende a la etapa preprocesal de la indagación previa, y a partir de ella, a
todos los demás actos procesales hasta la decisión final”.
En esta decisión, esta Corporación reiteró los
criterios de admisibilidad de los cargos por omisión legislativa y, además,
señaló que para que pueda prosperar una demanda contra una omisión legislativa,
es necesario que el silencio del Legislador comporte una regla implícita que
viole los preceptos superiores, en este caso, que llegue a desconocer el derecho
que es objeto de desarrollo legal expreso.
3.4.3.11.
la Sentencia
C-600 de 2011[68] declaró exequibles, por los cargos examinados, las
expresiones “cónyuge” y “su
cónyuge” empleadas en los numerales 7, 8, 10, 11, 13 y 14 del artículo 150
del Código de Procedimiento Civil, bajo el entendido que comprenden también al
compañero o compañera permanente y las expresiones “o pariente en primer grado de
consanguinidad”, empleadas en los numerales 7 y 8 del artículo 150
del Código de Procedimiento Civil, en el entendido que incluyen también  a
los parientes en el grado primero civil (hijo e hija adoptivos y padre o madre
adoptantes).
En esta sentencia, la Corte Constitucional consideró que
“El legislador incurrió en una
omisión legislativa relativa que vulnera el derecho a la igualdad al no incluir
dentro de las causales de recusación demandadas al compañero o compañera
permanente y a los parientes en grado primero civil. Declaratoria de
exequibilidad condicionada de los numerales 7, 8, 10, 11, 13 y 14 del artículo
150 del Código de Procedimiento Civil”[69]. En esta providencia se definió la omisión
legislativa absoluta como “la falta
total de regulación normativa, referida a un aspecto cualquiera de la realidad
regulable” y reconoció que la Corte Constitucional no puede realizar un
control sobre la misma.
3.4.3.12.
La Sentencia C-619 de 2011[70], declaró
exequible, por el cargo estudiado un aparte normativo contenido en el artículo
149 de la Ley 769 de 2002, al considerar que la
norma acusada no sugiere que el legislador haya omitido alguno de sus deberes
constitucionales. En esta sentencia, la
Corte Constitucional señala los elementos que debe plantear una acción pública
de inconstitucionalidad por omisión legislativa[71] y además establece las posibles alternativas que
pueden adoptarse cuando ésta se configura:
““6.- Por regla general, cuando se trata de una omisión
legislativa relativa, el remedio para la inconstitucionalidad advertida no es
la declaratoria de inexequibilidad de la disposición que dejó por fuera de sus
efectos jurídicos el elemento que se echa de menos, sino neutralizar dicho
efecto contrario a la Constitución mediante la incorporación de un significado
ajustado a los mandatos constitucionales. Así, “como en la omisión legislativa
relativa hay un acto positivo del legislador que regula una materia específica,
la Corte procede a integrar el vacío a partir de la Constitución.
En concordancia con lo anterior, esta Corporación
señaló, en sentencia C-311 de 2003, que en los eventos de omisiones legislativas
consistentes en que el legislador no regula determinados supuestos de hecho, y
dicha pretermisión involucra la afectación de normas de la Carta Política, es
admisible la interposición de la acción pública, a efecto de que se declare la
existencia de la omisión relativa y, en consecuencia, se emita una sentencia de
exequibilidad condicionada que incorpore el supuesto de hecho excluido”[72].
3.4.3.13.
La Sentencia C-1053 de 2012[73] reconoció la existencia de una omisión legislativa y
determinó la existencia de un déficit de
protección de los ex docentes pensionados en la conformación del Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales que solamente puede ser
solucionado si se permite su participación directa en el mismo.
A partir de la evolución jurisprudencial anterior
puede concluirse que el reconocimiento de una inconstitucionalidad por omisión
legislativa relativa debe ser excepcional y por ello se han consagrado cinco
(5) elementos concretos para cualquier cargo que se formule por esta causa:
“(i) que exista una norma sobre la cual se predique
necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas
aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el
texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar
el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los
casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la
falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la
regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran
amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el
resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente
al legislador”.
3.5.
LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS
3.5.1.
Los derechos de las
víctimas en el Derecho Internacional
La protección de los derechos de las
víctimas se ha reconocido a nivel internacional a través de múltiples
convenciones y declaraciones que han señalado sus derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación:
3.5.1.1.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la "Declaración
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y
del Abuso de Poder"[74],
según la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos
de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido" y
para ello es necesario que se permita "que las opiniones y
preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas
apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin
perjuicio de los del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia
penal correspondiente".
3.5.1.2.
Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
consagran el derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales
para ser escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
para la determinación de sus derechos y obligaciones. De particular relevancia
en relación con los derechos de las víctimas, es el artículo 25 de este
instrumento que hace parte de la protección judicial a la cual está obligado el
Estado. Esta norma consagra el derecho de toda persona a un recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra violaciones de
sus derechos fundamentales[75].
3.5.1.3.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece obligaciones
del Estado relativas a la investigación, juzgamiento y sanción de las
violaciones de Derechos Humanos, éstas encuentran un primer fundamento
normativo explícito en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En efecto, el literal a) del numeral 3º del artículo 2º de dicho Pacto, al
respecto señala literalmente que “toda persona cuyos derechos o libertades
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”[76].
Los recursos a que se refiere esta norma (i) deben
estar a disposición de toda persona y ser adecuados para que aun los sujetos
especialmente vulnerables puedan acceder a ellos; (ii) ser efectivos
para reivindicar los derechos fundamentales amparados por el Pacto, y (iii)
garantizar que las denuncias por violaciones de derechos sean investigadas de
un modo rápido, detallado y efectivo por órganos independientes e imparciales.
Adicionalmente, la interpretación de la norma exige que haya una reparación
para las personas cuyos derechos amparados por el Pacto hayan sido violados,
reparación que implica “por lo general” la concesión de una
indemnización apropiada[77].
3.5.1.4.
La “Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”[78], y la “Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura”[79] garantizan a toda persona que denuncie haber sido
sometida a tortura, el derecho a que su caso sea examinado imparcialmente. Así
mismo, los Estados se comprometen a investigar de oficio los casos de tortura
de que tengan denuncia o razón fundada para estimar que se han cometido,
abriendo el respetivo proceso penal, y a incorporar en las legislaciones
nacionales normas que garanticen la compensación adecuada para las víctimas del
delito de tortura.[80]
3.5.1.5.
La “Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas” consagra
que los  Estados se comprometen a no practicarla ni permitir que se practique,
y a sancionar a los autores de este delito, sus cómplices y encubridores. Así
mismo, obligan a tomar medidas legislativas para tipificar el delito, cuya
acción penal no estará sujeta a prescripción[81].
3.5.1.6.
La “Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”[82] señala que las personas acusadas de genocidio serán juzgadas por un
Tribunal competente del Estado en el cual el delito fue cometido, o ante la
Corte Penal Internacional cuando ésta tenga competencia respecto a aquellas de
las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción[83].
3.5.1.7.
El Estatuto de la Corte
Penal Internacional[84]. El
Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional,
constituye probablemente el mayor instrumento internacional de protección a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, el cual se aplica
cuando uno de los Estados signatarios no tiene capacidad o disposición de
administrar justicia respecto de aquellos casos para los cuales fue establecido
el referido Tribunal[85].
3.5.1.8.
La Jurisprudencia
Interamericana relativa al derecho a la justicia, a la investigación y
conocimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a la no
repetición, establece una serie de derechos de las víctimas y correlativos
deberes en cabeza del Estado por la violación de los derechos humanos:
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del Caso Godínez
Cruz vs. Honduras[86], señala una serie de obligaciones para los Estados:
(i) la obligación de prevención de dichos atentados, involucra la
positiva adopción de medidas jurídicas, políticas, administrativas y aun
culturales, que aunque pueden ser de variada naturaleza, deben dirigirse a
impedir que tales hechos sucedan aunque “no se demuestra su incumplimiento
por el mero hecho de que un derecho haya sido violado”; (ii) la obligación
de investigación, manifiesta que toda situación en la que se hayan violado
los derechos humanos protegidos por la Convención debe ser objeto de
indagación, y cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen
libre o impunemente en menoscabo de tales derechos humanos, dicha obligación
queda sustancialmente incumplida.
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del Caso Barrios
Altos vs. Perú[87], se refirió a la inadmisibilidad de las leyes de
amnistía, de las disposiciones de prescripción y del establecimiento de
excluyentes de responsabilidad, respecto de graves atentados contra los
derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Así mismo, sostuvo el derecho de los familiares al conocimiento de la
verdad respecto de las violaciones de derechos humanos y el derecho a la
reparación por los mismos atropellos quedaban en entredicho con tal categoría
de leyes y disposiciones.
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del Caso Myrna
Mack Chang vs Guatemala[88],  se refirió de manera especial al derecho de las
víctimas de violaciones de los derechos humanos a un recurso judicial
efectivo.  A este propósito recordó que con anterioridad esa Corporación
judicial había establecido que “(e)l esclarecimiento de si el Estado ha
violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de
sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de
examinar los respectivos procesos internos”[89].
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del Caso Hermanos
Gómez Paquiyauri vs. Perú[90], se refirió nuevamente a la inadmisibilidad de las
disposiciones de derecho interno referentes a la prescripción o cualquier otra
circunstancia conducente a impedir la investigación y sanción de los
responsables de la violación de derechos humanos, al deber del Estado de
investigar oficiosamente los actos de tortura y a impedir la repetición de las
violaciones de esta clase de derechos mediante la adopción de medidas para
garantizar la investigación y sanción efectiva. Además, definió la noción de impunidad.
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del Caso Masacre
de Mapiripán vs. Colombia [91], precisó el alcance del derecho de las víctimas de
violaciones de derechos humanos y de sus familiares a un recurso judicial
efectivo, y el deber del Estado de investigar y sancionar las graves
violaciones de derechos humanos. De manera especial señaló que los procesos de
paz, como el que atraviesa Colombia, no liberan a un Estado Parte en la
Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ella en materia de
Derechos humanos.
-
La  Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del Caso comunidad
Moiwana vs. Suriname [92], se refirió a la responsabilidad estatal de reparar,
se afirmó en esta ocasión que “al producirse un hecho ilícito imputable a un
Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la
violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber
de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación”. En cuanto a
las condiciones de la reparación, señaló que en la medida de lo posible debía
ser plena, es decir debía consistir en el restablecimiento de la situación
anterior a la violación; si esto no fuera posible, se indicó que deben
adoptarse otras medidas de reparación, entre ellas el pago de una indemnización
compensatoria; además, manifestó que la reparación implica el otorgamiento de
garantías de no repetición.
-
La Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del Caso Bámaca
Velásquez vs Guatemala[93], se refirió de manera particular al derecho a la
verdad, señalando que implica que las víctimas conozcan lo que sucedió y
quiénes fueron los responsables de los hechos. Consideró que el conocimiento de
la verdad forma parte del derecho a la reparación. En caso de homicidio, la
posibilidad de los familiares de la víctima de conocer dónde se encuentran sus
restos[94], indicó que constituye un medio de reparación y, por
tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la
víctima y a la sociedad como un todo.
3.5.1.9.
El “Conjunto de Principios
para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad”, proclamados por la Comisión de Derechos Humanos ONU
en 1998, encuentra su principal antecedente histórico en el “Informe Final
del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la
protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” y
reconoce los derechos a saber, a la justicia y a la garantía de no repetición.
3.5.2.
Los derechos correlativos
de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición
De acuerdo a lo anterior, la jurisprudencia
constitucional colombiana ha efectuado un profuso y consistente desarrollo de
los derechos de las víctimas, basándose para ello en la propia normativa
constitucional (Arts. 1º, 2º, 15, 21, 93, 229 y 250)[95] y en los avances del derecho internacional de los derechos humanos.
Desde la sentencia C-228 de 2002[96], la Corte Constitucional estableció el alcance y la
naturaleza compleja de los derechos de las víctimas y perjudicados con el hecho
punible, decantando las siguientes reglas que han sido reiteradas con
posterioridad[97]:
3.5.2.1.
El derecho a la verdad
La Corte Constitucional en la Sentencia C-282 de 2002[98], reiterada en múltiples ocasiones[99], ha señalado que las víctimas tienen derecho a la
verdad, la cual es definida como “la posibilidad de conocer lo que sucedió y
en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real”. En todo caso, esta Corporación ha reconocido que para
la garantía del derecho a la verdad se exige “revelar de manera plena y
fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos”[100].
Este derecho
comporta a su vez: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de
recordar; y (iii) el derecho de las víctimas a saber:
“El primero, comporta el derecho de cada pueblo a
conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias
que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el
conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su
patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de
recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente
de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan
entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la
verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en
caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha
determinado que  el  derecho  de acceder a la verdad, implica que las personas
tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La
dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que
es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al
respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima[101]”[102].
El Conjunto de principios para la protección y la
promoción de los Derechos Humanos, para la lucha contra la impunidad señalan el
derecho inalienable a la verdad[103], el deber de recordar[104] y el derecho de las víctimas a saber[105] a partir de los cuales se derivan una serie de garantías particulares
señaladas en el principio: “Las medidas apropiadas para asegurar ese derecho
pueden incluir procesos no judiciales que complementen la función del poder
judicial. Las sociedades que han experimentado crímenes odiosos perpetrados en
forma masiva o sistemática pueden beneficiarse en particular con la creación de
una comisión de la verdad u otra comisión de investigación con objeto de
establecer los hechos relativos a esas violaciones de manera de cerciorarse de
la verdad e impedir la desaparición de pruebas. Sea que un Estado establezca o
no un órgano de ese tipo, debe garantizar la preservación de los archivos
relativos a las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y
la posibilidad de consultarlos”.
En relación con el derecho a la verdad, las
sentencias C-715 de 2012[106] y C-099 de 2013[107] han
señalado los siguientes criterios:
“(i) El derecho a la verdad, se
encuentra consagrado en los principios 1 a 4 de los Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad,
y encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el deber de
memoria histórica y de recordar, y en el derecho al bueno nombre y a la imagen.
(ii) Así, las víctimas y los
perjudicados por graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho
inalienable a saber la verdad de lo ocurrido.
(iii) Este derecho se encuentra en
cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, y
por tanto apareja una dimensión individual y una colectiva.
(iv) La dimensión individual del
derecho a la verdad implica que las víctimas y sus familiares conozcan la
verdad sobre los hechos, los responsables y las consecuencias de lo sucedido. Este
derecho apareja por tanto, el derecho a conocer la autoría del crimen, los
motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la comisión de
los hechos criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el delito
que se investiga constituye una grave violación a los derechos humanos, un
crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad.
(v) La dimensión colectiva del
derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la
realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un
relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las
investigaciones, e implica la obligación de contar con una “memoria pública”
sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de
derechos humanos.
(vi) El derecho a la verdad
constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser garantizado en todo
tiempo;
(vii) Con la garantía del derecho a
la verdad se busca la coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real.
(viii) Este derecho se encuentra
intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a la justicia y a la
reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho
de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es posible si se proscribe la
impunidad y se garantiza, a través de investigaciones serias, responsables,
imparciales, integrales y sistemáticas por parte del Estado, el consecuente
esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción.
(ix) De otra parte, el derecho a la
verdad se encuentra vinculado con el derecho a la reparación, ya que el
conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus familiares, constituye un
medio de reparación.
(x) Los familiares de las personas
desaparecidas tienen derecho a conocer el destino de los desaparecidos y el
estado y resultado de las investigaciones oficiales. En este sentido, el
derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas o secuestradas se
encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de la víctima a no ser
objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho,
incluso, si no existen procesos penales en contra de los presuntos responsables
(por muerte, indeterminación o cualquier otra causa)[108].
(xi) Finalmente, en cuanto al
derecho a la verdad, la Corte resalta no solo la importancia y la obligación
del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de esclarecer la
responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino también la
importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad
histórica, como comisiones de la verdad de carácter administrativo, que en
casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, deben
servir a los fines constitucionales antes mencionados”.
3.5.2.2.
El derecho a la justicia
Este derecho implica que toda víctima
tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso
justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado,
obteniendo su reparación. En este sentido, los Principios de Joinet señalan que
“no existe reconciliación justa y durable sin que sea aportada una respuesta
efectiva a los deseos de justicia”. Ahora bien, también se establece en los
Principios que “(e)l derecho a la justicia confiere al Estado una serie de
obligaciones: la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si
su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción. Si la iniciativa de
investigar corresponde en primer lugar al Estado, las reglas complementarias de
procedimiento deben prever que todas las víctimas puedan ser parte civil y, en
caso de carencia de poderes públicos, tomar ella misma la iniciativa.”[109]
De esta manera, el derecho a que se haga justicia en el caso
concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad[110]. Este
derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que
se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden
sistematizarse así[111]:
(i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los
autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a
un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los
juicios las reglas del debido proceso.
En relación
concreta con el derecho al acceso a la justicia el documento “Principios y
Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones
Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones
Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer Recursos y
obtener Reparaciones” aprobado mediante la Resolución 60/147 de la Asamblea
General de la Naciones Unidas, se señala que la víctima de una violación
manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o de una violación
grave del Derecho Internacional Humanitario tendrá un acceso igual a un recurso
judicial efectivo, para lo cual los Estados deberán:
“a ) Dar
a conocer, por conducto de mecanismos públicos y privados, información sobre
todos los recursos disponibles contra las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho
internacional humanitario; b ) Adoptar medidas para minimizar los
inconvenientes a las víctimas y sus representantes, proteger su intimidad
contra injerencias ilegítimas, según proceda, y protegerlas de actos de
intimidación y represalia, así como a sus familiares y testigos, antes, durante
y después del procedimiento judicial, administrativo o de otro tipo que afecte
a los intereses de las víctimas; c ) Facilitar asistencia apropiada a las
víctimas que tratan de acceder a la justicia; d ) Utilizar todos los medios
jurídicos, diplomáticos y consulares apropiados para que las víctimas puedan
ejercer su derecho a interponer recursos por violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos o por violaciones graves del derecho
internacional humanitario”.
En cuanto al derecho a la justicia, la Corte
Constitucional ha establecido las siguientes reglas en las sentencias C-715 de 2012[112] y C-099 de 2013[113]:
“(i)
La obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de derechos
humanos, especialmente cuando se trata de violaciones masivas, continuas y
sistemáticas como el desplazamiento forzado interno.
(ii)
La obligación del Estado de luchar contra la impunidad.
(iii)
La obligación de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz
a la justicia para la protección judicial efectiva de los derechos de las
víctimas de delitos. En este sentido, se fija la obligación del Estado de
diseñar y garantizar recursos judiciales efectivos para que las personas
afectadas puedan ser oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer valer los
intereses de las víctimas en el juicio.
(iv)
El deber de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los responsables
de graves violaciones de derechos humanos como el desplazamiento forzado.
(v)
El respeto del debido proceso y de que las reglas de procedimiento se
establezcan con respeto del mismo.
(vi)
El deber de establecer plazos razonables para los procesos judiciales, teniendo
en cuenta que los términos desproporcionadamente reducidos pueden dar lugar a
la denegación del derecho a la justicia de las víctimas y a la no obtención de
una justa reparación.
(vii)
El deber de iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves
violaciones contra los derechos humanos.
(viii)
El deber constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos
tanto de justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales
como amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la
verdad.
(ix)
El establecimiento de limitantes y restricciones derivadas de los derechos de
las víctimas, frente a figuras de seguridad jurídica tales como el non bis in
ídem y la prescriptibilidad de la acción penal y de las penas, en casos de
violaciones protuberantes a los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
(x)
La determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad
penal o de disminución de las penas en procesos de transición, en cuanto no es
admisible la exoneración de los responsables de graves violaciones a los
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y por tanto el deber
de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de
los crímenes investigados. Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede
tener excepciones en procesos de justicia transicional en los cuales se
investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos y se restablezcan los
derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral y se
diseñen medidas de no repetición destinadas a evitar que los crímenes se
repitan.
(xi)
La legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para hacerse
parte civil dentro de los procesos penales con el fin de obtener la verdad y la
reparación del daño.
(xii)
La importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso penal, de
conformidad con los artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
(xiii)
La garantía indispensable del derecho a la justicia para que se garanticen así
mismo los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas”.
3.5.2.3.
El derecho a la reparación
El derecho a la
reparación integral comprende  la adopción de medidas individuales
relativas al derecho (i) a la restitución, (ii)  a la indemnización,
(iii)  a la rehabilitación, (iv) a la satisfacción y (v) a
la garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de
satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a
restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o
comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas[114].
Este
derecho tiene un soporte constitucional no sólo en las disposiciones que
contemplan las funciones y competencias de la Fiscalía General de la Nación
(art. 250, 6º y 7º) en su redacción proveniente de las modificaciones
introducidas mediante el Acto Legislativo No. 3 de 2002, sino también en la
dignidad humana y la solidaridad como fundamentos del Estado social del Derecho
(art. 1º), en el fin esencial del Estado de hacer efectivos los derechos y dar
cumplimiento al deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden
justo (Preámbulo y art. 2°), en el mandato de protección de las personas que se
encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13), en disposiciones
contenidas en los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad o
que sirven como criterio de interpretación de los derechos (art. 93)[115],
en el derecho de acceso a la justicia (art. 229) y, no hay por qué descartarlo,
en el principio general del derecho de daños según el cual “el dolor con pan
es menos” (art. 230) [116].
En efecto, como lo ha dicho en múltiples
oportunidades esta Corporación[117], el derecho constitucional a la reparación integral
de las víctimas no sólo tiene fundamento expreso en los artículos 1º, 2º y 250
de la Constitución, sino también en varias normas del derecho internacional que
hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por consiguiente, resultan
vinculantes en nuestro ordenamiento jurídico. Así, entonces, dijo la Corte, que
la petición de reparación del daño causado surge: i) del concepto mismo
de dignidad humana que busca restablecer a las víctimas las condiciones
anteriores al hecho ilícito (artículo 1º superior), ii) del deber de las
autoridades públicas de proteger la vida, honra y bienes de los residentes y de
garantizar la plena efectividad de sus derechos (artículo 2º de la Carta
Política), iii) del principio de participación e intervención en las
decisiones que los afectan (artículo 2º de la Constitución), iv) de la
consagración expresa del deber estatal de protección, asistencia, reparación
integral y restablecimiento de los derechos de las víctimas (artículo 250,
numerales 6º y 7º, idem) y, v) del derecho de acceso a los tribunales
para hacer valer los derechos, mediante los recursos ágiles y efectivos
(artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana de Derechos
del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[118].
Las medidas de reparación deben regirse por dos
principios, el de integralidad y el de proporcionalidad. El segundo exige que
la medida sea proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido
por la víctima[119]:
(i)
El principio de integralidad,
supone que las víctimas sean sujetos de
reparaciones de diferente naturaleza, que respondan a los distintos tipos de
afectación que hayan sufrido, lo cual implica que estas diferentes reparaciones
no son excluyentes ni exclusivas, pues cada una de ellas obedece a objetivos de
reparación distintos e insustituibles[120].
(ii)
Por su parte, sobre el
principio de proporcionalidad, se aduce que la reparación a las víctimas debe
estar en consonancia con la altura del impacto de las violaciones de los
derechos humanos. Una reparación, debe tener en cuenta el restablecimiento de
los derechos de las víctimas, la mejora de sus condiciones de vida, asimismo,
la investigación y juzgamiento de los autores de las conductas punibles, de lo
contrario dicha medida perdería su eficacia y sentido.
En cuanto al derecho a la reparación, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-715 de 2012[121] y C-099 de 2013[122] ha fijado
los siguientes parámetros y estándares constitucionales, en armonía con el
derecho y la jurisprudencia internacional en la materia:
“(i)
El reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que le
asiste a las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, y
de que por tanto éste es un derecho internacional y constitucional de las
víctimas, como en el caso del desplazamiento forzado;
(ii)
El derecho a la reparación integral y las medidas que este derecho incluye se
encuentran regulados por el derecho internacional en todos sus aspectos:
alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios,
aspectos que no pueden ser desconocidos y deben ser respetados por los Estados
obligados;
(iii)
El derecho a la reparación de las víctimas es integral, en la medida en que se
deben adoptar distintas medidas determinadas no solo por la justicia
distributiva sino también por la justicia restaurativa, en cuanto se trata de
la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos
fundamentales de las víctimas;
(iv)
Las obligaciones de reparación incluyen, en principio y de manera preferente,
la restitución plena (restitutio in integrum), que hace referencia al
restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la
violación, entendida ésta como una situación de garantía de sus derechos
fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye la restitución de las
tierras usurpadas o despojadas a las víctimas.
(v)
De no ser posible tal restablecimiento pleno es procedente la compensación a
través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado;
(vi)
La reparación integral incluye además de la restitución y de la compensación,
una serie de medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías
de no repetición. Así, el derecho a la reparación integral supone el derecho a
la restitución de los derechos y bienes jurídicos y materiales de los cuales ha
sido despojada la víctima; la indemnización de los perjuicios; la
rehabilitación por el daño causado; medidas simbólicas destinadas a la
reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; así como medidas
de no repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron los
crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su
comisión removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y
sistemáticas de derechos se repitan;
(vii)
La reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos tiene tanto una dimensión individual como colectiva;
(viii)
En su dimensión individual la reparación incluye medidas tales como la
restitución, la indemnización y la readaptación o rehabilitación;
(ix)
En su dimensión colectiva la reparación se obtiene también a través de medidas
de satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se proyecten a la
comunidad;
(x)
Una medida importante de reparación integral es el reconocimiento público del
crimen cometido y el reproche de tal actuación. En efecto, como ya lo ha
reconocido la Corte, la víctima tiene derecho a que los actos criminales sean
reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir del reproche público de
dichos actos. Por consiguiente, una manera de vulnerar de nuevo sus derechos,
es la actitud dirigida a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o justificar
los crímenes cometidos;
(xi)
El derecho a la reparación desborda el campo de la reparación económica, e
incluye además de las medidas ya mencionadas, el derecho a la verdad y a que se
haga justicia. En este sentido, el derecho a la reparación incluye tanto
medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria histórica,
como medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y sancione a los
responsables. Por tanto, la Corte ha evidenciado el derecho a la reparación
como un derecho complejo, en cuanto se encuentra en una relación de conexidad e
interdependencia con los derechos a la verdad y a la justicia, de manera que no
es posible garantizar la reparación sin verdad y sin justicia;
(xii)
La reparación integral a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y
servicios sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte del Estado, de
manera que éstos no pueden confundirse entre sí, en razón a que difieren en su
naturaleza, carácter y finalidad. Mientras que los servicios sociales tienen su
título en derechos sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de
garantizar dichos derechos sociales, prestacionales o políticas públicas
relativas a derechos de vivienda, educación y salud, y mientras la asistencia humanitaria
la ofrece el Estado en caso de desastres; la reparación en cambio, tiene como
título la comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño antijurídico y la
grave vulneración de los derechos humanos, razón por la cual no se puede
sustituirlas o asimilarlas, aunque una misma entidad pública sea responsable
de cumplir con esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la reparación.
(xiii)
La necesaria articulación y complementariedad de las distintas políticas
públicas, pese a la clara diferenciación que debe existir entre los servicios
sociales del Estado, las acciones de atención humanitaria y las medidas de
reparación integral”.
3.5.2.4.   Garantía de no
repetición
Si bien en algunos casos el derecho a la no repetición
se ha asociado al derecho a la reparación, el mismo merece una mención especial
en contextos de justicia transicional. La garantía de no repetición está
compuesta por todas las acciones dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse
conductas con las cuales se afectaron los derechos de las víctimas, las cuales
deben ser adecuadas  a la naturaleza y magnitud de la ofensa[123].
La garantía de no repetición está directamente
relacionada con la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de
los DDHH[124], la cual comprende la adopción de medidas de carácter
jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de
los derechos[125].
En particular, se han identificado los
siguientes contenidos de esta obligación: (i) Reconocer a
nivel interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad[126]; (ii) Diseñar y poner
en marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) Implementar
programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de
violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus
mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción[127]; (iv)
Introducir programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz
ante las denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer las
instituciones con funciones en la materia[128]; (v) Destinar recursos
suficientes para apoyar la labor de prevención[129]; (vi) Adoptar medidas
para erradicar
los factores de riesgo, lo que incluye el diseño e implementación de
instrumentos para facilitar la identificación y notificación de los factores y
eventos de riesgo de violación[130]; (vii)
Tomar medidas de prevención específica en casos en los que se detecte que un
grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados[131].
Los Principios y
Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones
Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones
Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
Resolución 60/147 de 2005,  señalan que las garantías de no repetición han de
incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que
también contribuirán a la prevención:
“a)  El
ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas
armadas y de seguridad;
b) La
garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las
normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la
imparcialidad;
c)  El
fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
d) La protección de los profesionales del derecho, la
salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así
como de los defensores de los derechos humanos;
e)  La
educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la
sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;
f)  La
promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas,
en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos,
inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos
penitenciarios, los medios de información, la salud, la psicología, los servicios
sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales;
g) La
promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos
sociales;
h) La
revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de
las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del
derecho humanitario o las permitan”.
3.6.
Los derechos de las
víctimas en el sistema acusatorio
La Corte Constitucional ha señalado en reiterada
jurisprudencia la importancia de los derechos de las víctimas en el sistema
acusatorio y ha delimitado su intervención a través de facultades específicas
que garantizan su participación como interviniente especial y la tutela de sus
derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición:
3.6.1.
La Sentencia C-1154 de 2005[132] declaró la exequibilidad del artículo 79 de la Ley
906 de 2004 en el entendido de que la
expresión “motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización
como delito” corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión será
motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio
de sus derechos y funciones.
En este sentido, se consideró que como la decisión de
archivo de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas, dicha determinación
debe ser motivada para que aquellas puedan expresar su inconformidad a partir
de fundamentos objetivos y para que puedan conocer dicha decisión. Así mismo,
se señaló que cuando exista una controversia sobre la reanudación de la
investigación entre la Fiscalía y las víctimas, éstas últimas podrán solicitar
la intervención del juez de control de garantías.
3.6.2.
La Sentencia C-1177 de 2005[133] declaró
exequible la expresión “En todo caso
se inadmitirán las denuncias sin fundamento”, del inciso 2° del artículo 69
de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la inadmisión de la denuncia
únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las características
de delito. Así mismo, expresó que esta decisión, debidamente motivada, debe ser
adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.
En este sentido, se manifestó que la preservación de
los derechos de las víctimas en el proceso penal exige que la decisión sobre el
mérito de la denuncia esté rodeada de un mínimo de garantías y que por ello se
le debe investir de publicidad y motivación necesarias para que si es posible,
el denunciante ajuste su declaración a los requerimientos de fundamentación que
le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público despliegue las facultades
que el artículo 277 numeral 7° de la Constitución le confiere[134].
Así mismo, declaró
exequible la expresión “por una sola vez”, contemplada en los incisos 2°
y 3° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados en esta
sentencia y señaló que la ampliación de la denuncia “por una sola vez”, debe
entenderse sin perjuicio de los derechos de intervención  que la
Constitución y la Ley prevén para las víctimas de los delitos.
3.6.3.
La Sentencia C - 454 de
2006[135] declaró exequible,
en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004,
en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados
con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las
autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación. Por su parte, también declaró exequible por los cargos estudiados,
el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes
de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en
la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la
fiscalía.
En esta sentencia, la Corte Constitucional señaló la explícita consagración constitucional de la víctima
como sujeto que merece especial consideración en el conflicto penal, derivada
de la profundización de las relaciones entre el Derecho Constitucional y el
Derecho Penal del Estado Social de Derecho, que promueve una concepción de la
política criminal respetuosa de los derechos fundamentales de todos los sujetos
e intervinientes en el proceso. En este sentido reconoció que “los intereses
de la víctima, elevados a rango constitucional se erigen así en factor determinante
de los fines del proceso penal que debe apuntar hacia el restablecimiento de la
paz social”.
Por otra parte, se afirmó que los fundamentos
constitucionales de los derechos de las víctimas,  así como los
pronunciamientos que sobre la Ley 906 de 2004 ha realizado la Corte, permiten afirmar que la víctima ocupa un papel protagónico en el proceso,
que no depende del calificativo que se le atribuya (como parte o interviniente),
en tanto que se trata de un proceso con sus propias especificidades, en el que
los derechos de los sujetos que intervienen están predeterminados por los
preceptos constitucionales, las fuentes internacionales  acogidas por el orden
interno y la jurisprudencia constitucional[136].
3.6.4.
La Sentencia C-822 de 2005[137] declaró exequible
el artículo 250 de la Ley 906 de 2004, que consagraba el procedimiento en
caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales, en el entendido que:
“a) la víctima o su representante legal haya dado su consentimiento
libre e informado para la práctica de la medida; b) de perseverar la
víctima en su negativa, el juez de control de garantías podrá autorizar o negar
la medida, y la negativa de la víctima prevalecerá salvo cuando el juez,
después de ponderar si la medida es idónea, necesaria y proporcionada en las
circunstancias del caso, concluya que el delito investigado reviste extrema
gravedad y dicha medida se la única forma de obtener una evidencia física para
la determinación de la responsabilidad penal  del procesado o de su inocencia;
c) no se podrá practicar la medida en persona adulta víctima de delitos
relacionados con la libertad sexual sin su consentimiento informado y libre; d)
la práctica de reconocimiento y exámenes físicos para obtener muestras físicas,
siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y
humanidad para la víctima, en los términos del apartado 5.5.2.6. de esta
sentencia”.
En esta sentencia, la Corte consideró que la
restricción a la autonomía de la víctima que consagra la norma es
inconstitucional, porque desvaloriza el consentimiento de la víctima y la
expone a una doble victimización[138].
3.6.5.
La Sentencia C-209 de 2007[139] declaró inexequibles las expresiones “y
contra esta determinación no cabe recurso alguno” del artículo 327 de la
Ley 906 de 2004 y “con fines únicos de información” del inciso final del
artículo 337 de la misma ley. Así mismo, declaró la exequibilidad condicionada
de una serie de normas con el objetivo de conceder una serie de facultades a
las víctimas dentro del proceso penal:
“1. El numeral 2 del artículo 284, en el entendido de
que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante
el juez de control de garantías.
2. El artículo 289, en el entendido de que la víctima
también puede estar presente en la audiencia de formulación de la imputación.
3. El artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales
probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del
fiscal.
4. El artículo 344, en el entendido de que la víctima
también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material
probatorio específico o de evidencia física específica.
5. El artículo 356, en el entendido de que la víctima
puede hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de
la totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral.
6. El artículo 358, en el entendido de que la víctima
también puede hacer dicha solicitud.
7. El inciso primero del artículo 359, en el entendido
de que la víctima también puede solicitar la exclusión, el rechazo o la
inadmisibilidad de los medios de prueba.
8. Los artículos 306, 316 y 342, en el entendido de
que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a
solicitar la medida correspondiente.
9. El artículo 339, en el entendido de que la víctima
también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para
efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles
causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades”.
En esta sentencia, la Corte Constitucional consideró
que los derechos de las víctimas también se encuentran protegidos en el sistema
penal con tendencia acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004, aunque el
esquema de su intervención no deberá ser idéntico al consagrado en la Ley 600
de 2000, sino que debe ser compatible con los rasgos estructurales y las
características esenciales de este nuevo sistema procesal:
“Los derechos de la víctima del delito a la verdad, la
justicia y la reparación integral también se encuentran protegidos en el
sistema penal con tendencia acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004, pero
dicha protección no implica un traslado automático de todas las formas y
esquemas de intervención en los que la víctima ejerció sus derechos en el
anterior sistema procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el
ejercicio de sus derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos
estructurales y las características esenciales de este nuevo sistema procesal,
así como con las definiciones que el propio constituyente adoptó al respecto,
v.gr, caracterizar a las víctimas como intervinientes especiales a lo largo del
proceso penal, no supeditadas al fiscal, sino en los términos que autónomamente
fije el legislador (artículo 250, numeral 7 C.P.)”.
En este sentido, reconoció que la forma como puede
actuar la víctima en el proceso penal de tendencia acusatoria implantado por el
Acto Legislativo 03 de 2002, depende de varios factores: (i) del papel
asignado a otros participantes, en particular al Fiscal; (ii) del rol
que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del lugar
donde ha previsto su participación; (iv) de las características de cada
una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa
participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la
estructura y formas propias del sistema penal acusatorio.
3.6.6.
La Sentencia C-210 de 2007[140] se refirió a las medidas cautelares y a la
prohibición de enajenar como instrumentos consagrados para la protección de las
víctimas, reconociendo
que en la configuración de las etapas del
proceso penal, los derechos de las víctimas tienen relevancia constitucional y,
por consiguiente, el legislador debe respetar principios básicos de defensa,
contradicción y protección a las víctimas del delito para que, entre otros
asuntos, se garantice su derecho a la indemnización integral del daño[141].
Así mismo, recordó que los derechos de las víctimas
estaban fundados en el concepto dignidad humana, en el deber de las autoridades
públicas de proteger la vida, honra y bienes de los residentes y de garantizar
la plena efectividad de sus derechos, en el principio de participación e
intervención en las decisiones que los afectan, en el deber estatal de
protección, asistencia, reparación integral y restablecimiento de los derechos
de las víctimas, y en el derecho de acceso a los tribunales para hacer valer
los derechos[142].
En relación con la solicitud de medidas cautelares
sobre bienes del imputado consistentes en la aprehensión material de bienes
para sacarlos del comercio, la Corte señaló que  están dirigidas a lograr la
eficacia de la eventual sentencia penal que condene al pago de una suma de
dinero y la indemnización de perjuicios causados a las víctimas del delito,
estableciendo una carga procesal a favor de las víctimas, quienes se encuentran
en situación de especial protección del Estado[143].
Por su parte, también se afirmó que la prohibición de
enajenar bienes de propiedad del imputado durante un tiempo o bajo
circunstancias que establece el legislador, es adecuada para proteger los
derechos económicos de las víctimas y para asegurar el pago de la indemnización
ordenada por el juez penal y afirmó que la consagración de los derechos de las
víctimas si no se establecen mecanismos instrumentales para lograr ese objetivo
carecería de sentido[144].
Para la Corte, la prohibición de enajenar tiene
esencialmente dos (2) objetivos: rodearlas de garantías procesales para la
eficacia del proceso penal y, en especial, para asegurar el cumplimiento de la
eventual sentencia condenatoria que ordene la reparación de perjuicios causados
por el delito y, prever que el imputado tenga recursos económicos suficientes
para la reparación económica de los daños padecidos por la víctima[145].
3.6.7.  La Sentencia C-343 de 2007[146]
declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-209 de 2007 y además
declaró exequible el artículo 390 de la Ley 906 de 2004 sobre el examen
de los testigos, señalando que el hecho de no haberle concedido a la víctima
las facultades probatorias otorgadas a la Fiscalía, las Defensa, las partes y
el Ministerio Público, no se traduce en un trato diferente e injustificado
entre los distintos actores e intervinientes en el proceso penal, ya que las
facultades previstas en los referidos artículos corresponden a la etapa del
juicio oral y en esa etapa la víctima no tiene participación directa, de modo
que de permitirla se modificarían los rasgos estructurales del sistema penal
acusatorio, tal como fue concebido por el Acto Legislativo 03 de 2002 y se
alteraría de manera sustancial, la igualdad de armas y, además, se convertiría
a la víctima en un segundo acusador o contradictor.
En este sentido, se afirmó la
imposibilidad
de controvertir los medios de prueba, elementos materiales probatorios y
evidencia en el juicio oral y en especial de participar en los interrogatorios
de los testigos, pues la omisión advertida no es inconstitucional, pues no genera
una desigualdad carente de justificación, evita la alteración de los rasgos
estructurales del sistema penal, pues en la etapa del juicio oral la víctima no
tiene participación directa y constitucionalmente no resulta factible
convertirla en segundo acusador y afectar de esa manera la igualdad de armas[147].
3.6.8.
La Sentencia C-516 de 2007[148] declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 348, 350, 351 y 352 de la
Ley 906 de 2004, en el entendido  que la víctima también podrá intervenir
en la celebración de acuerdos y preacuerdo entre la Fiscalía y el imputado o
acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el
fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo.
En esta sentencia, la Corte reconoció que la exclusión
patente de las víctimas de los procesos de negociación, no responde a las
finalidades que la misma ley le atribuye a la institución, pues desconoce la
humanización de la actuación procesal, la eficacia del sistema y el derecho a
la participación de las víctimas y no propicia la solución del conflicto ni la
reparación integral[149].
En este sentido se aclaró que si bien la víctima no
cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrado entre la Fiscalía y el
imputado, debe: (i) ser oída; (ii) informada del acuerdo;  (iii)
conservar la potestad de aceptar las reparaciones efectivas que puedan resultar
de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, o rehusarlas y acudir a
otras vías judiciales;  (iv) impugnar la sentencia proferida de
manera anticipada y ; (v) promover, en su oportunidad, el incidente
de reparación integral[150].
Así mismo, declaró inexequibles: (i) las expresiones “si
el interés de la justicia lo exigiere” del artículo 11 literal h), que
limitaba el derecho a ser asistido durante el juicio y el incidente de
reparación integral por un abogado que podrá ser designado de oficio solamente si
el interés de la justicia lo exigiere; (ii) “directa” de los incisos
primero y segundo  del artículo 92 y “directo” del artículo 132 que
limitaba el concepto de “víctima” a las víctimas directas de daños
directos y; (iii) el inciso segundo del artículo 102, que contemplaba que “cuando
la pretensión sea exclusivamente económica, solo podrá ser formulada por la
víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes”.
En este sentido, la Corte consideró que la restricción
del concepto de víctima a aquella que hubiera sufrido un daño directo limita de
manera inconstitucional la posibilidad de intervención de las víctimas en el
proceso penal y su derecho a un recurso judicial efectivo, concluyendo que “la
determinación de la calidad de víctima debe partir de las condiciones de
existencia del daño, y no de las condiciones de imputación del mismo”. Así
mismo, afirmó que reducir la posibilidad de solicitar medidas cautelares a las
víctimas directas del delito “cercena de manera injustificada las
posibilidades de acceso de otros sujetos de derechos que por haber sufrido un
menoscabo material o moral con la conducta punible tendrían derecho a una
reparación integral”.
También declaró inconstitucional el numeral 4° del
artículo 137 que señalaba que “En caso de existir pluralidad de víctimas, el
fiscal, durante la investigación, solicitará que estas designen hasta dos
abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará
lo más conveniente y efectivo”.
Adicionalmente se declaró exequible el artículo 340 de
la Ley 906 de 2004 que dispone que en la audiencia de formulación de acusación
se determinará la calidad de víctima, al considerar que no es cierto que las
víctimas solamente puedan participar en el proceso a partir de esta audiencia,
pues las mismas pueden participar en fases anteriores acreditando sumariamente
su condición de tal, como lo prevé el artículo 136, y lo ha reafirmado y
precisado la jurisprudencia[151].
Finalmente, declaró constitucional el inciso primero
del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, que disponía que “de existir un
número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de
representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del
juicio oral”, considerando que la facultad del juez de limitar  el
número de apoderados de las víctimas, desarrolla finalidades legítimas como
asegurar la eficacia del procedimiento, y establecer un equilibrio entre la
acusación y la defensa compatible con el carácter adversarial del sistema acusatorio[152].
3.6.9.  La Sentencia C-060 de 2008[153] declaró inexequible la
palabra “condenatoria” y exequible el resto de la expresión acusada
contenida en el inciso segundo del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, que
consagra la medida de cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente, en el entendido de que la
cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier
otra providencia que ponga fin al proceso penal.
En esta sentencia, se afirmó que los derechos de las
víctimas dentro del proceso penal tienen una importancia cardinal y no se
agotan en la mera reparación económica de los perjuicios irrogados con la
conducta punible, pues además de la reparación que debe ser integral, se
agregan la posibilidad de conocer la verdad acerca de lo sucedido y que se haga
justicia, sancionando conforme a la ley a quien o quienes hayan cometido el
delito
También se manifestó que  la cancelación de títulos
de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y
apropiada para el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las
víctimas en un proceso penal y que la exigencia de
que haya fallo condenatorio para que pueda ser aplicada genera una situación de
desigualdad o discriminación que afecta a algunas de las víctimas de delitos
que han involucrado la falsificación de títulos de propiedad.
3.6.10.   La Sentencia
C-409 de 2009[154]
dispuso declarar inexequibles las expresiones “exclusivamente”  y “quien
tendrá la facultad de participar en dicha conciliación”  y exequible la
expresión “para los efectos de la conciliación de que trata el art. 103”, contenidas en el artículo 108 de la Ley 906 de 2004.
Esta norma señalaba que la víctima, el condenado, su
defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir exclusivamente para
efectos de la conciliación de que trata el artículo 103, es decir, la señalada
respecto del incidente de reparación integral, la citación del asegurador de la
responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente
celebrado.
En esta sentencia, la Corte señaló que el precepto acusado se convierte en una medida nugatoria
del derecho de la víctima a la reparación integral, pues burla la
esperanza que se había generado de que el contrato suscrito con él, pudiera
servir al propósito del sistema penal constitucional y legalmente dispuesto de
reparar a la víctima y de hacerlo prontamente a instancias del juez de la causa
penal, en el incidente de reparación integral.
3.6.11.
La Sentencia C-936 de 2010[155] declaró inexequible el numeral 17 del artículo 2º de la
Ley 1312 de 2009 que contemplaba la posibilidad de aplicar el principio de
oportunidad a los desmovilizados de acuerdo a la ley 975 de 2005 y declaró la
exequibilidad condicionada del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1312 de
2009, en el entendido de que la exclusión de la aplicación del principio de
oportunidad también comprende las graves violaciones a los derechos humanos.
3.6.12.   La Sentencia C-260 de 2011[156] declara exequible la expresión “Una vez terminados
los interrogatorios de las partes, el juez y el
Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal
entendimiento del caso” contemplada en el
artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, al considerar que la exclusión
de la posibilidad de que las víctimas formulen directamente preguntas
complementarias no constituye una omisión legislativa relativa contraria
a los derechos de las víctimas, por cuanto existen motivos fundados que
justifican de manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en
la norma, ya que tanto al juez como al Ministerio Público les compete, en
cumplimiento de sus roles, el deber de mantener la imparcialidad y evitar
desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, en tanto que a la
víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la Fiscalía
y por esa vía obtener un fallo condenatorio.
En este sentido, la Corte reiteró que en
el sistema penal acusatorio colombiano, la víctima no tiene la condición de parte, sino de interviniente
especial, de donde la naturaleza adversarial especialmente notoria en la etapa
del juicio, reduce significativamente su facultad de participación directa,
pues su intervención alteraría los rasgos estructurales del sistema penal y por
esa vía menoscabaría otros derechos o principios como el de igualdad de armas,
aunque a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos en la etapa del
juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio
caso al margen del Fiscal. En este sentido concluye que “el derecho de
intervención de las víctimas no se ve drásticamente afectado puesto que pueden
canalizar su derecho de intervención en el juicio no solamente a través de una
vocería conjunta, sino mediante la intervención del propio Fiscal, tal como lo
ha señalado la Corte en anteriores oportunidades, refiriéndose al aspecto
probatorio y de argumentación”.
3.6.13.   La Sentencia C-782 de 2012[157] declaró exequible el
artículo 90 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima podrá
solicitar en la audiencia contemplada en la norma la adición de la sentencia o
de la decisión con efectos equivalentes, que omita un pronunciamiento
definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, con el fin de
obtener el respectivo pronunciamiento.
En esta sentencia, la Corte Constitucional
reconoció que si bien el fiscal
representa los intereses del Estado y de la víctima, ello no implica que la
víctima carezca del derecho de participación en el proceso penal, señalando que
su participación depende de los siguientes factores:“(i) del papel asignado
a otros participantes, en particular al fiscal; (ii) del rol que le reconoce la
propia Constitución a la víctima; (iii) del ámbito en el cual ha previsto su
participación; (iv) de las características de cada una de las etapas del
proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga tanto para los
derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema
penal acusatorio”[158].
Así mismo se afirmó que la intervención de la víctima,
está supeditada a la estructura del proceso acusatorio, por lo cual la
posibilidad de actuación directa y separada de la víctima al margen del
fiscal,  es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor
en la etapa del juicio[159].
3.6.14.
La Sentencia C-250 de 2011[160] declaró exequible el artículo 100 de la Ley 1395 de
2010, en el entendido de que las víctimas y/o sus representantes en el proceso
penal, podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena y
sentencia.
Al respecto se consideró que de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 250.7 de la Constitución que determina que corresponde al
Legislador fijar los términos de intervención de las víctimas dentro del
proceso penal, en concordancia con los artículos 29 y 229 de la misma, la
omisión de la víctima o su representante en la etapa de la individualización de
la pena y la sentencia, entraña el incumplimiento por parte del legislador de
su deber de configurar una verdadera “intervención” tendiente a la
garantía y a la protección de los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación, que implica no solamente el desconocimiento injustificado de su
derecho a la igualdad frente al condenado, sino también la limitación de su
derecho al acceso a la justicia.
3.6.15.
De acuerdo a lo anteriormente
señalado se pueden determinar una serie de parámetros generales en relación con
el análisis de la participación de la víctima en el sistema acusatorio:
3.6.15.1.
La protección de los derechos de las víctimas a la
verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición exigen una
protección especial en el proceso penal, derivada de la profundización de las
relaciones entre el derecho constitucional y el Derecho Penal del Estado Social
de Derecho.
3.6.15.2.
Los derechos de las víctimas
también se encuentran protegidos en el sistema penal con tendencia acusatoria, aunque
el esquema de su intervención no deberá ser idéntico al consagrado en la Ley
600 de 2000, sino que debe ser compatible con los rasgos estructurales y las
características esenciales del nuevo sistema procesal.
3.6.15.3.
Debe buscarse que la
intervención de la víctima sea compatible con el modelo de sistema acusatorio
contemplado en la Constitución Política, para lo cual deberán analizarse los
siguientes factores: (i) el papel asignado a otros participantes, en
particular al Fiscal; (ii) el rol que le reconoce la propia Constitución
a la víctima respecto a la finalidad de la medida correspondiente; (iii)
las características de la audiencia o actuación en la cual se pretende su
participación; (iv) las características de cada una de las etapas del
proceso penal; y (v) el impacto que esa participación tenga tanto para
los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema
penal acusatorio.
3.7.
ANÁLISIS DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA DEMANDADA
3.7.1.
LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE REGISTROS OBTENIDOS
FRAUDULENTAMENTE
A continuación se analizará la evolución de la suspensión y cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente con el objeto de determinar su alcance y los objetivos que
busca en el Derecho procesal penal colombiano:
3.7.1.1.
La cancelación de registros obtenidos fraudulentamente surgió por primera vez en Colombia en el Decreto 050
de 1987, como una medida dentro del capítulo dedicado a la acción civil en el
proceso penal, según la cual “Demostrada la tipicidad del hecho punible que
dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes muebles o
inmuebles sujetos a registro, el juez que esté conociendo del proceso ordenará
inmediatamente la cancelación de los títulos espurios y del registro
correspondiente”.
3.7.1.2.
Esta norma fue declarada
constitucional por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 3 de diciembre
de 1987 con fundamento en que la propiedad privada en nuestro ordenamiento
constitucional se condiciona a su adquisición con justo título de acuerdo con
las leyes civiles, por lo cual, el legislador puede imponer al juez penal la
obligación de ordenar la cancelación de los títulos espurios para restablecer
los derechos de las víctimas:
"Como la protección de la propiedad privada en nuestro
ordenamiento constitucional se condiciona a su adquisición con justo título y
de acuerdo con las leyes civiles, no encuentra la Corte vicio de
inconstitucionalidad alguno en que el legislador le haya impuesto al juez penal
la obligación de ordenar la cancelación de los títulos espurios, pues además de
ser consustancial a su misión la restitución de los bienes objeto del hecho
punible para restablecer el estado predelictual, (restitutio in pristinum) la
adquisición de ellos aún por un tercero de buena fé, no es lícita en razón del
hecho punible que afecta la causa de su derecho y que el juez penal debe
declarar de oficio para restablecer el derecho de la víctima”.
En
este sentido, se manifestó que esta medida constituye una forma de
resarcimiento del daño que tiende a restablecer el quebranto que experimenta la
víctima del hecho punible mediante la restitución originaria de los bienes
objeto material del delito[161].
3.7.1.3.
El Decreto 2700 de 1991
también consagró esta medida dentro de una disposición más completa que no
solamente incluía la cancelación de registros sobre bienes, sino también de los
títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente:
“Cancelación de registros
obtenidos fraudulentamente.
En cualquier momento del proceso en que aparezca demostrada la tipicidad del
hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes
sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la
cancelación de los títulos y del registro respectivo. También se ordenará la
cancelación de la inscripción de títulos valores sujetos a esta formalidad y
obtenidos fraudulentamente.
Si estuviere acreditado que con base en las calidades
jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos
ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de
cancelación, para que finalicen las actuaciones correspondientes”[162].
3.7.1.4.   Esta norma fue declarada exequible por la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-245 de 1993
del 24 de junio de 1993[163], en el entendimiento de que se trata de un
procedimiento preventivo. En esta sentencia, esta Corporación definió la cancelación de registros obtenidos fraudulentamente como  un
instrumento procesal para procurar el restablecimiento del derecho
perturbado por la conducta punible que permite ordenar la cancelación de los
títulos y del registro respectivo:
“En primer término encuentra la Corte que la
disposición acusada establece un instrumento de carácter procesal, que está
previsto para procurar el restablecimiento del derecho perturbado por la
conducta punible, que permite a la autoridad judicial ordenar la cancelación de
los títulos y del registro respectivo de los bienes sometidos a esta
formalidad, así como la cancelación de los títulos valores, siempre que hayan
sido obtenidos fraudulentamente y se haya demostrado la tipicidad del hecho
punible o, lo que es lo mismo, que la conducta sancionada penalmente se cometió
y afecta la legalidad del título o del registro”
Al respecto, se señaló que esta medida tiene por
objeto “la restitución de los bienes objeto del hecho punible al estado
anterior, cuando la adquisición de ellos, y aún por un tercero, sea producto
del ilícito”.  En este sentido, la Corte Constitucional consideró que la
norma es constitucional, pues la Carta Política no extiende la protección que
se establece en favor de la propiedad privada y demás derechos adquiridos en el
artículo 58 a los bienes y derechos que no sean adquiridos con justo título y
de conformidad con las leyes  civiles[164]. Así mismo, se afirmó que esta medida también tiene por objeto
proteger la legalidad de la función registral en los términos de su valor
jurídico y de su importancia social, así como amparar penalmente los
privilegios que incorpora la definición legal de los títulos valores[165].
Finalmente,
la Corte concluyó declarando la exequibilidad condicionada de la norma “bajo
el entendimiento de las razones expuestas anteriormente, y especialmente con la
consideración de que la medida que autoriza la norma acusada tiene el sentido
preventivo o cautelar analizado, con vistas a preservar los derechos adquiridos
con justo título y el fin invaluable de la seguridad jurídica”
3.7.1.5.
La Ley 600 de 2000 contempló
nuevamente la cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente dentro del capítulo de bienes con una redacción casi idéntica
a la del Decreto 2700 de 1991, señalando en todo caso que podría ordenarse cuando
aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal y agregando la
protección de los derechos de los terceros de buena fe a través de un trámite
incidental y de la posibilidad de decretar el embargo de los bienes, sin necesidad
de requisitos especiales:
“Cancelación de registros
obtenidos fraudulentamente.
En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los
elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de
propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que
esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros
respectivos.
También se ordenará la cancelación de la inscripción
de títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.
Si estuviere acreditado que con base en las calidades
jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos
ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de
cancelación, para que tomen las decisiones correspondientes.
Las anteriores previsiones, sin perjuicio de los
derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite
incidental.
El funcionario judicial ordenará, si fuere procedente,
el embargo de los bienes, sin necesidad de requisitos especiales, por el tiempo
que sea necesario”[166].
3.7.1.6.
En el proyecto inicial del
nuevo Código de Procedimiento Penal se incluyó la suspensión y cancelación de
registros obtenidos fraudulentamente dentro del capítulo de medidas cautelares[167], sufriendo algunas modificaciones en el debate y
siendo posteriormente aprobado dentro del artículo 101 de la Ley 906 de 2004.
Esta norma consagra la posibilidad de que el juez de
control de garantías ordene la suspensión del poder dispositivo de los bienes y
de los títulos valores sujetos a registro cuando existan motivos fundados para
inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente a solicitud de
la Fiscalía, así como también su cancelación en la sentencia condenatoria
cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las
circunstancias que originaron la anterior medida[168].
3.7.1.7.
El inciso segundo de esta
norma fue demandado al señalarse que limita la posibilidad de cancelar los
títulos y registros apócrifos a los casos en que se logra proferir sentencia
condenatoria, estableciendo una distinción inaceptable entre las posibles
víctimas de delitos que involucran la falsificación de títulos de propiedad.
En este sentido, la Corte Constitucional en la
Sentencia C-060 de 2008[169] declaró
inexequible la palabra "condenatoria"
y exequible el resto de la expresión acusada contenida en el inciso 2° del
artículo 101 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la cancelación
de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra
providencia que ponga fin al proceso penal.
Esta Corporación consideró que pueden
existir diversas situaciones en las que se cuente a cabalidad con prueba
suficiente sobre los elementos objetivos del tipo penal, sin que se reúnan, en
cambio, las exigentes condiciones que son necesarias, particularmente en cuanto
a la responsabilidad penal, para poder proferir sentencia condenatoria. Al
respecto se agregó que en virtud de la expresión demandada, algunas de las
víctimas de este tipo de delitos no tienen completamente garantizado el derecho
a acceder a la administración de justicia, para que pronta y cumplidamente se
les defina la restitución a que tienen derecho, situación que a su turno
vulnera, parcialmente, las garantías constitucionales del debido proceso y el
restablecimiento del derecho. En consecuencia, se señaló que remitir la
posibilidad de cancelar los títulos a aquellos eventos en los cuales exista
sentencia condenatoria vulnera los derechos de las víctimas:
“Se desprende de lo analizado en páginas precedentes
que si bien resulta razonable que sólo al final del proceso se adopte una
decisión definitiva sobre la cancelación de los títulos apócrifos, el hecho de
que ello sólo pueda ocurrir dentro de la sentencia condenatoria, tal como lo
exige el inciso 2° del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, puede sin duda
llegar a excluir el acceso de las víctimas a la administración de justicia,
pues al terminar el proceso penal de diferente manera, quedaría extinguido para
ellas y concretamente para el legítimo titular, el poder dispositivo sobre los
bienes a que tales títulos se refieren. Se quebranta así la garantía de acudir
a un debido proceso que la Constitución Política reconoce y se crea un
obstáculo para el cumplimiento de algunas de las obligaciones que el texto
superior le impone a la Fiscalía General de la Nación para que vele
eficientemente, como le es indefectible hacerlo, por los intereses de las
víctimas y contribuya a proteger y restablecer sus derechos”.
Por lo anterior, se puede concluir que la medida de suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos
a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de
propiedad fue obtenido fraudulentamente es
un instrumento a través del cual se busca garantizar los derechos de las
víctimas mediante la restitución de los bienes que son el objeto material de la
conducta al estado anterior a la comisión del delito y evitar que se aumenten
los perjuicios causados con el ilícito.
3.7.2.
CONFIGURACIÓN DE UNA
OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA
Una vez analizada la norma demandada se estudiará si
se configuran los requisitos necesarios para la configuración de una
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa en relación con la misma:
3.7.2.1.
En primer lugar, se
requiere que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo, requisito cumplido claramente por el inciso primero
del artículo 101 de la Ley 906 de 2004.
3.7.2.2.
En segundo lugar, se exige
que la norma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser
asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar
el texto legal con los mandatos de la Carta. En este caso, de acuerdo a los
criterios señalados previamente para el análisis de la participación de las
víctimas en el sistema acusatorio[170], se justifica la posibilidad de que soliciten la suspensión del poder dispositivo de los bienes
sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título
de propiedad fue obtenido fraudulentamente,
con el objeto de armonizar el texto legal con los mandatos de la Constitución:
(i)
El papel asignado al
Fiscal, como lo ha señalado la propia jurisprudencia de esta Corporación, no
excluye que las víctimas tengan derecho a intervenir en el proceso, tal como lo demuestran todas las facultades que le
permiten participar directamente sin intermediación del fiscal, como: i) solicitar la intervención del juez de control de
garantías si surgen desacuerdos con el fiscal en relación con el archivo de la
investigación[171]; ii) realizar solicitudes probatorias[172]; iii) solicitar
la práctica de pruebas anticipadas[173]; iv) allegar o solicitar elementos materiales
probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del
fiscal[174]; v) solicitar el descubrimiento de un elemento
material probatorio o de evidencia física específica[175]; vi) hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos
probatorios y de la totalidad de las pruebas[176]; vii) solicitar los elementos materiales probatorios y evidencia física durante la
audiencia[177]; viii) solicitar la exclusión, el rechazo o la
inadmisibilidad de los medios de prueba[178]; ix) solicitar la medida de aseguramiento[179];  x) intervenir en la audiencia de formulación de acusación para
efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles
causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades[180]; xi) intervenir en la celebración de acuerdos y
preacuerdo entre la Fiscalía y el imputado o acusado[181]; xii) solicitar la adición
de la sentencia o de la decisión con efectos equivalentes, que omita un
pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso[182] y; xiii) ser oídas en la etapa de individualización de la pena y la sentencia[183], entre otras.
(ii)
En relación con el rol que
le reconoce la propia Constitución a la víctima respecto de la medida
correspondiente, es necesario
reiterar que la Carta Fundamental le otorga derechos que están absolutamente
relacionados con la medida analizada, tales como la restitución de los bienes objeto material al estado anterior a la
comisión del delito y evitar que se aumenten los perjuicios causados con el
ilícito, los cuales están relacionados con el derecho a la reparación y al
restablecimiento del derecho.
(iii)
Con respecto a la audiencia
frente al cual se analiza su participación, debe reconocerse que la participación de las víctimas en relación con
la norma demandada, se refiere a un aspecto exclusivamente patrimonial que no
necesariamente está relacionado con la responsabilidad penal del indiciado. Así
mismo, debe reiterarse que la posibilidad de actuación directa y separada de la
víctima al margen del fiscal,  es mayor en las etapas previas o
posteriores al juicio[184], tal como sucedería respecto de esta medida.
(iv)
En relación con las
características de cada una de las etapas del proceso penal debe afirmarse que esta medida no tiene influencia
directa en el juicio oral, sino que se presenta en otras audiencias.
(v)
Finalmente, frente al
impacto que esa participación tendría tanto para los derechos de la víctima
como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio, debe señalarse que la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro
cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue
obtenido fraudulentamente es una medida
eminentemente patrimonial como otras consagradas en el Código Penal, tales como
el embargo o el secuestro, las cuales están absolutamente relacionadas con la
acción civil y por ello en nada afectan los principios del sistema acusatorio.
3.7.2.3.
En tercer lugar, se exige
que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente. En relación con este
aspecto algunos intervinientes plantean que la exclusión de la víctima puede
ser motivada por la estructura del sistema acusatorio, lo cual se analizará a
continuación.
Si bien existen diversos modelos, el núcleo esencial
del sistema acusatorio consiste en la existencia de una separación de las funciones del acusador y del juez, atribuyéndolas a
dos órganos distintos[185]. El Acto Legislativo 02 de 2003 adoptó un nuevo
sistema procesal con tendencia acusatoria con rasgos propios, con una clara
separación de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento, así como
un juicio oral, público, concentrado y contradictorio en el cual podrán
participar jurados[186][187], aunque por aspectos prácticos la figura de los
jurados aún no se ha implementado en este sistema en Colombia.
En este sentido, esta Corporación ha destacado que
dentro de los objetivos de la reforma al sistema procesal penal se encuentran: (i)
fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación; (ii)
propiciar un juicio público, pleno de garantías, oral, contradictorio,
concentrado y con inmediación en la incorporación y práctica probatoria; (iii)
instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar,
acusar y juzgar; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante
un sistema procesal basado en la oralidad, que garantice el derecho a un juicio
sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia
de la prueba por el de la producción de la misma dentro del juicio oral; (vi)
introducir el principio de oportunidad; y (vii) dar función efectiva a
la figura del juez de control de garantías[188].
La posibilidad de que la víctima solicite la suspensión del poder dispositivo de los bienes
sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título
de propiedad fue obtenido fraudulentamente
en nada afecta la estructura o los principios del sistema penal acusatorio por
los siguientes motivos:
(i)
Desde el punto de vista
procesal, la suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados
para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente es una medida exclusivamente patrimonial que no tiene
una incidencia necesaria sobre la determinación de la responsabilidad penal, a
tal punto que puede ordenarse pese a que no exista sentencia condenatoria.
(ii)
Desde un punto de vista
sistemático, el otorgamiento de
facultades a la víctima para solicitar la suspensión
del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos
fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente, no implica una modificación de la estructura o el
funcionamiento del sistema acusatorio, pues el Código de Procedimiento Penal
permite actualmente que otras medidas cautelares o patrimoniales como el
embargo o el secuestro sean solicitadas por las víctimas.
En este sentido, el artículo 92 de la Ley 906 de 2004
señala que “El juez de control de garantías, en la audiencia de formulación
de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las
víctimas podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas
cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los
perjuicios causados con el delito”.
Por lo anterior, permitir que las víctimas puedan
solicitar la suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro es plenamente compatible y coherente con el sistema de medidas
cautelares patrimoniales contemplados en la ley 906 de 2004. La circunstancia
de que las víctimas no estén específicamente legitimadas en la norma demandada
para solicitar la suspensión del poder dispositivo constituye una simple
omisión legislativa que tampoco fue justificada en el debate del proyecto de
Código de Procedimiento Penal en el Congreso de la República.
(iii)
Finalmente, otorgar a la
víctima esta facultad tampoco afecta el principio de igualdad de armas ni
representa un desequilibrio para las partes, el cual exige que los actores sean contendores que se enfrentan ante
un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas
herramientas de ataque y protección[189].
En este sentido, en el marco del proceso penal, las
partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en
posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión,
los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de
convencerlo de sus pretensiones procesales[190].
Otorgar a la víctima la facultad de solicitar la
suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando
existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido
fraudulentamente no afecta la igualdad de
armas, pues la defensa puede ejercer frente a esta medida todas las garantías
propias del derecho a la defensa en igualdad de condiciones.
3.7.2.4.
En cuarto lugar se requiere
que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de
la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran
amparados por las consecuencias de la norma. En este caso, es claro que se genera una desigualdad negativa, pues
las víctimas son las primeras interesadas en que se suspenda el poder dispositivo de los bienes sujetos a registro
cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue
obtenido fraudulentamente, debido a que
se encuentran sufriendo un perjuicio derivado de esta situación, por lo cual
deberían ser las primeras legitimadas para solicitar esta medida.
En este aspecto se reitera que este instrumento ha
tenido en Colombia finalidades directamente relacionadas con los derechos de
las víctimas, como evitar que continúe generándose un perjuicio en su contra,
por lo cual éstas deben poder solicitar su aplicación y negarles esta facultad
les priva de un recurso judicial efectivo frente al restablecimiento del
derecho que no será materializado si el delito sigue produciendo efectos
jurídicos.
3.7.2.5.
Finalmente se requiere que
la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto
por el constituyente al legislador.
En este caso, la Constitución exige la protección de
los derechos de las víctimas, lo cual constituye un pilar fundamental
reconocido por esta Corporación y constituido por el  compromiso del Estado Social
y Democrático de Derecho de respetar, proteger y garantizar  los derechos de la
sociedad y de las víctimas[191], tal como requieren la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Preámbulo de la Constitución y
especialmente sus artículos 1, 2, 5, 86, 87, 88 y 241-1, 93, 94, 229 y 215-2.
Al respecto cabe señalar que privar a las víctimas de
la posibilidad de solicitar que se suspendan o cancelen los registros obtenidos
fraudulentamente afecta en especial: (i) el derecho al restablecimiento
del derecho, que se vulnera si se permite que los registros obtenidos
fraudulentamente sigan circulando en el tráfico jurídico, aumentando los
perjuicios causados a la víctima y (ii) el derecho a la reparación, en
especial el derecho a la restitución, que solamente será posible si se vuelve
al estado anterior al delito, cancelándose los registros obtenidos
fraudulentamente.
Por lo anterior, se cumplen los requisitos para el
reconocimiento de una omisión legislativa relativa relacionada con la no
consagración de la facultad de las víctimas de la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro
cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue
obtenido fraudulentamente.
4.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
precedentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
Declarar EXEQUIBLE el inciso
primero del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 por los cargos analizados en la
presente sentencia, en el entendido que la víctima también puede
solicitar la suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados
para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
y Eduardo Motealegre Lynnet.
[2]
M.P. Rodrigo Escoar Gil.
[3] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
y Eduardo Montealegre Lynett.
[4] M.P. Jaime Cordoba
Triviño.
[5] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[6] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[7] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[8] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[9] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[11] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[12] M.P. Mauricio González Cuervo.
[13] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[14] Sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-346
de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; C-384 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-803 de 2000,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-596 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1717 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1091 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-318 de 2003, M.P. Jaime Araujo Renteria; C-039 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[15] Sentencia de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[16] Sentencia de la Corte Constitucional C-043 de 2002. M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[17] Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-893 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-314 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-646 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-123 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-234 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-1146 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-275 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-398 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-718 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-738 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia de la Corte Constitucional C-1186 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[18] Sentencia de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-227 de 2009, M.P. Luis Eduardo Vargas Silva; C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[19] Sentencias de la Corte Constitucional C-012 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería y C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[20] Sentencia de la Corte Constitucional T-323 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[21] Sentencias de la Corte Constitucional C-204 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-471 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[22] Sentencias de la Corte Constitucional C-736 de 2002, M.P. Jaime Araujo
Renteria; C-296 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1075 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[23] Por ende, se decía en la sentencia C-520 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa,
siguiendo el precedente (Sentencias C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.): “‘la violación del
debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la
respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el
propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que
ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende
obtener con su utilización’”.
[24] Sobre el particular se observó en la sentencia C-316 de 2001:
“(…) Es así como la eliminación de una institución procesal puede generar el
desamparo de un derecho, cuando quiera que el ordenamiento jurídico no ofrezca
alternativas diferentes para protegerlo (…)”, escenario en el que el control
jurisdiccional de la Corte resulta definitivo. Pues, “excluida del debate
acerca de la pertinencia o impertinencia de los modelos procedimentales, la Corte reclama su competencia cuando se trata de definir si el legislador ha hecho uso
ilegítimo de la autonomía de configuración que le confiere el constituyente. En
esos términos, el Tribunal determina si la potestad configurativa se ejerció
respetando los principios constitucionales y las garantías protegidas por el
constituyente o si éstas han quedado desamparadas por la decisión legislativa
que se estudia”.
[25] Sentencia de la Corte Constitucional C-798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[26] Sentencias de la Corte Constitucional C-925 de 1999,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[28] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[29] Sentencias de la Corte Constitucional C-728 de 2000, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz y C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas, entre otras.
[30] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[31] Sentencias de la Corte Constitucional C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas y
C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[32] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[33] Sentencias de la Corte Constitucional C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos
Henao Pérez y C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34] Sentencia de la Corte Constitucional C-1053 de 2012.
[35] Sentencia de la Corte Constitucional C-555 de 1994, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[36] Sentencia de la Corte Constitucional C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “Las formas sustanciales de derecho público, se ha
concluido, no pueden ser desechadas por el Juez que pretende aplicar el
principio de primacía de la relación laboral. Sin embargo, la Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad de una norma legal, sí es competente
para pronunciarse sobre la exclusión de dichas formas, cuando ello acarrea,
frente a un supuesto de hecho similar, la configuración de un tratamiento
discriminatorio. Aquí la inexequibilidad derivaría de la conducta omisiva del
Legislador que propicia la desigualdad de trato y que consiste en no extender
un determinado régimen legal a una hipótesis material semejante a la que
termina por ser única beneficiaria del mismo”.
[37] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[38] Sentencia de la Corte Constitucional C-543 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[39] Sentencia de la Corte Constitucional C-427 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[40] Sentencia de la Corte Constitucional C-780 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[41] Sentencia de la Corte Constitucional C-780 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[42] Sentencia de la Corte Constitucional C-800 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[43] Sentencia de la Corte Constitucional C-427 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[44] Sentencia de la Corte Constitucional C-1255 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[45] Sentencia de la Corte Constitucional C-041 de 2002, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[46] Sentencia de la Corte Constitucional C-185 de 2002, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[47] Sentencia de la Corte Constitucional C-185 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil: “Ahora bien, para
efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición
jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que
exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la
misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser
asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o
que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador.”
[48] Sentencia de la Corte Constitucional C-800 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[49] Sentencia de la Corte Constitucional C-192 de 2006, M.P. Jaime Cordoba Triviño.
[50] Sentencia de la Corte Constitucional C-192 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[51] Sentencia de la Corte Constitucional C-891 A de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[52] Sentencia de la Corte Constitucional C-891A de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil:
“En esta sentencia la Corte consideró que “Como se ha explicado, en el segmento
demandado del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 reside una omisión legislativa
de carácter relativo que es inconstitucional, porque la actualización de la
pensión sanción que viene exigida por los artículos 48 y 53 de la Constitución no tiene en él una base textual. La acusación que la actora formuló en contra
del aparte demandado ha prosperado de manera autónoma, pues la
inconstitucionalidad de la omisión se ha establecido sin necesidad de recurrir
a ningún otro texto legal, luego la impugnación resultó apta y recayó sobre una
proposición inteligible y separable”.
[53] Sentencia de la Corte Constitucional C-891A de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil: “Más adelante la Corte precisó que las omisiones legislativas de carácter relativo de las cuales puede conocer
la Corte, por vía del ejercicio ciudadano de la acción pública de
inconstitucionalidad, no están limitadas a aquellos casos relacionados con los
derechos a la igualdad y al debido proceso, pues cuando la Corte mencionó estos derechos lo hizo con la intención de “ilustrar dos situaciones en las
cuales ellas se presentan con relativa frecuencia”, mas no con el propósito de
“restringir el ámbito de aplicación de la figura de las omisiones legislativas
relativas” y, en criterio de la Corte, eso explica que en la sentencia inicialmente citada se haya estimado que también se
presente una omisión legislativa relativa cuando “el legislador al regular o
construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo
con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella”.
[54] Sentencia de la Corte Constitucional C-891A de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[55] Sentencia de la Corte Constitucional C-1043 de 2006, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[56] Sentencia de la Corte Constitucional C-1043 de 2006, M.P.
Rodrigo Escobar Gil: “La Corte ha considerado que para que quepa
el examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber
incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, es necesario el
cumplimiento de las siguientes condiciones: “(i) que exista una norma sobre la
cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador.”
[57] Sentencia de la Corte Constitucional C-240 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[58] Sentencia de la Corte Constitucional C-240 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[59] Sentencia de la Corte Constitucional C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[60] Sentencia de la Corte Constitucional C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva : “Los rasgos
característicos de una omisión legislativa relativa se han sistematizado así:
(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo;
(ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que,
por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo
cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de
acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con
los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes
carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación
y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una
desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento
de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador”.
[61] Sentencia de la Corte Constitucional C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[62] Sentencia de la Corte Constitucional C-090 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[63] Sentencias de la Corte Constitucional: C-1436 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[64] Sentencia de la Corte Constitucional C – 090 de 2011, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[65] Sentencia de la Corte Constitucional C-100 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
[66] Sentencia de la Corte Constitucional C-100 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa: ““Respecto de los
cargos por omisión legislativa relativa frente al numeral 5º del artículo 166
de la Ley 599 de 2000, la Corte tiene, como se reconoce en varias providencias,
una competencia limitada. La razón de este límite es el principio de separación
de las ramas del poder  público, establecido en el artículo 113 Superior. La
procedencia de cargos por omisión legislativa relativa es excepcional. Por
ello, la Corte ha fijado unos criterios objetivos de procedencia para los
cargos de omisión legislativa relativa, que aparecen, entre otras, en las
Sentencias C-456 de 1996, C-427 y C-1549 de 2000, C-1255 de 2001, C-041, C-185
y C-285 de 2002, C-371 y C-865 de 2004.
A saber, dichos criterios son: (i) que exista una
norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma
excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables,
tendrían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el
precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador”.
[67] Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
[68] Sentencia de la Corte Constitucional C-600 de 2011, M.P. María Victoria
Calle Correa.
[69] Sentencia de la Corte Constitucional C-600 de 2011, M.P. María Victoria
Calle Correa.
[70] Sentencia de la Corte Constitucional C-619 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[71] Sentencia de la Corte Constitucional C-619 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: “Con todo, se debe tener en cuenta también que la
acción pública de inconstitucionalidad debe plantear de manera clara una
vulneración de la Constitución; por ello, la omisión debe presentar dos
condiciones en el escrito de la demanda. La primera, una argumentación que
permita concluir que de la omisión se deriva directamente la vulneración de
normas constitucionales, por parte de las disposiciones que se acusan; y la
segunda, que el vacío derivado de ello puede ser llenado por la Corte Constitucional. Esto excluye la posibilidad de que por vía de acción pública de
inconstitucionalidad, se demanden normas que no vulneran la Constitución, sino que a juicio del demandante ésta debió incluir regulaciones adicionales.
Así como también, no se admite que por esta vía se proponga a la Corte regular situaciones no consideradas por el legislador.
7.- De otro lado, la Corte ha declarado también, que no tiene competencia para conocer acerca de demandas
dirigidas en contra de omisiones legislativas absolutas. Para ello se
considerado que “(i) no es metodológicamente posible el examen de
constitucionalidad en estos casos por la carencia de norma susceptible de
control[71], (ii) es indispensable que la demanda
de inconstitucionalidad recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido
por el actor o implícito, (iii) la declaración de inexequibilidad total o
parcial de una disposición legislativa requiere previamente definir si existe
una oposición definitiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado
y lo que manda la Constitución. Finalmente, la ausencia de regulación de una
determinada materia no necesariamente puede ser objeto de reproche
constitucional, ya que los silencios del Legislador en determinados casos son
expresiones de su voluntad.”.
[72] Sentencia de la Corte Constitucional C-619 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[73] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[74] ONU. “Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder”, adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 40/34, de 29 de
noviembre de 1985. Acceso a la justicia y trato justo. “4. Las víctimas
serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al
acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que
hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá
y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que
permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u
oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará
a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos
mecanismos. 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y
administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas
de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las
actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se
trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b)
Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas
y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego
sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional
de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las
víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar
las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso
necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los
testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e)
Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución
de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7.
Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de
controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia
consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la   reparación
en favor de las víctimas”.
[75] “Artículo 25.  Protección Judicial. 1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2.    Los
Estados partes se comprometen:
a. )
a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b.)  a desarrollar las
posibilidades de recurso judicial, y
c.) a garantizar el cumplimiento,
por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso”.
[76] Sentencias de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[77] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[78] ONU. Adoptada por la Asamblea General en 1984, aprobada mediante la Ley 70 de 1986.
[79] OEA. Adoptada por la Asamblea General en Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997, declarada exequible mediante la Sentencia C-351 de 1998, M.P Fabio Morón Díaz.
[80] Al respecto ver los artículos 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los artículos 4. 5 y 6 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
Degradantes. Sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[81] Sentencia de la Corte Constitucional  C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[82] ONU. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, aprobada por Colombia mediante la Ley 28 de 1959.
[83] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[84] ONU. Adoptado por la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17 de junio de 1998,
aprobado mediante la Ley 742 de 2002,  revisada mediante la Sentencia C-578 de 2002, M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
[85] La Corte Penal Internacional, respecto de Colombia, sólo puede
conocer delitos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia del
Estatuto de Roma en el país, acaecida el 1º de noviembre de 2002.  Además, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124, y en la correspondiente declaración
del Estado colombiano, no tendrá competencia para conocer crímenes de guerra
cometidos en Colombia durante los siete años siguientes a dicha entrada en
vigor.
[86] Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. En ese caso el señor
Godínez Cruz, dirigente sindical, fue secuestrado y posteriormente
desaparecido. Las pruebas obrantes dentro del proceso permitieron establecer
que el hecho fue ejecutado por las autoridades hondureñas, dentro de una
práctica generalizada de desaparecer a personas consideradas peligrosas. La Corte consideró que Honduras había violado, en perjuicio del señor Godínez Cruz, los deberes
de respeto y garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad
personales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[87] Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú. En este caso los hechos
acaecidos consistieron en el asalto por parte de seis miembros del ejército
peruano a un inmueble ubicado en el vecindario conocido como “Barrios Altos” de
la ciudad de Lima, donde dispararon indiscriminadamente contra los ocupantes de
la vivienda, matando a quince de ellos e hiriendo gravemente a otros cuatro.
[88] Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. Los hechos que
motivaron este proceso consistieron en el ataque a Myrna Mack Chang,
antropóloga, por parte de dos personas que le propinaron 27 heridas de arma
blanca, causándole la muerte. Las investigaciones llevaron a concluir que el
homicidio fue perpetrado por agentes de seguridad del Estado guatemalteco, en
represalia al trabajo que ella adelantaba para establecer las causas y
consecuencias del fenómeno del desplazamiento forzado de comunidades indígenas
en Guatemala.
[89] Cfr. Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez, párr. 120; Caso
Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, sentencia del 25 de noviembre de 2000, párr.
188; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, sentencia del 19 de noviembre de 1999, párr. 222.
[90] Corte IDH. Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. En esta
oportunidad, los hechos que dieron lugar al proceso consintieron en la captura,
tortura y ejecución de los hermanos Emilio y Rafael Gómez Paquyauri de 14 y 17
años respectivamente, por agentes de la Policía Peruana. El Tribunal del Callao dictó sentencia condenatoria contra los autores
materiales del delito, dos años después de los hechos. Sin embargo,
transcurridos más de trece años a partir del delito, los autores intelectuales
permanecían sin ser juzgados ni sancionados.
[91] Corte IDH. Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Los hechos que
suscitaron el caso consistieron la llegada al aeropuerto de San José de
Guaviare de aproximadamente un centenar de miembros de la autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), procedentes del Urabá antioqueño. A su llegada fueron
recogidos por miembros del Ejército Nacional, y transportados hasta el
municipio de Mapiripán, en camiones de esa Institución. Durante su permanencia
en Mapiripán, los paramilitares secuestraron, torturaron, asesinaron y
descuartizaron a 49 personas, a las que acusaban de auxiliar a la guerrilla. La Fiscalía concluyó que la masacre se había perpetrado con el apoyo y aquiescencia de la Fuerza Pública. Pese a ser informados, los comandantes del ejército se mantuvieron en
completa inactividad. Transcurridos más de ocho años, la justicia penal no
había logrado identificar a las víctimas, y solo había juzgado y sancionado a
unas pocas personas comprometidas en la masacre.
[92] Corte IDH. Caso comunidad Moiwana vs. Suriname. Los hechos que
dieron lugar al proceso consistieron en que las fuerzas armadas de Suriname
atacaron la comunidad N’djuka Maroon de Moiwana.  Los soldados masacraron a más
de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la comunidad.  Los que lograron
escapar huyeron a los bosques circundantes, y después fueron exiliados o
internamente desplazados.  A la fecha de la presentación de la demanda no había
habido una investigación adecuada de la masacre, nadie habría sido juzgado ni
sancionado, y los sobrevivientes permanecerían desplazados de sus tierras.
[93] Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala. Los hechos que
dieron lugar a este proceso consistieron en el apresamiento del líder
guerrillero Efraín Bámaca por el ejército guatemalteco. Estando detenido fue
torturado a fin de que revelara información. Y luego fue desaparecido, sin que
hasta el momento de la sentencia se tuviera información sobre su paradero.
[94] Cfr. Corte IDH. Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre
de 1997.Vs. Perú, párr. 90; Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia.
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia
de 29 de enero de 1997,, párr. 58; y Caso Neira Alegría y Otros Vs. Perú,
sentencia del 19 de enero de 1995, Reparaciones, párr. 69.
[95] En la sentencia C-228 de 2002, Manuel
José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, bajo el título “Los
derechos de la parte civil a la luz de la Constitución”, la Corte analizó  de manera particularizada cada una de las disposiciones
constitucionales enunciadas para deducir de cada una de ellas alguna
prerrogativa de las víctimas en el proceso penal. En particular sobre los
artículos 15 y 21 como eventuales fuentes constitucionales de derechos de las
víctimas de los delitos señaló: “Finalmente, los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación económica reconocidos a las víctimas o perjudicados
por un hecho punible, pueden tener como fundamento constitucional otros
derechos, en especial el derecho al buen nombre y a la honra de las personas
(arts 1º, 15 y 21, CP), puesto que el proceso penal puede ser la única ocasión
para que las víctimas y los perjudicados puedan controvertir versiones sobre
los hechos que pueden ser manifiestamente lesivas de estos derechos
constitucionales, como cuando durante el proceso penal se hacen afirmaciones
que puedan afectar la honra o el buen nombre de la víctimas o perjudicados”.
Ese mismo soporte constitucional fue reiterado en la sentencia C-209 de 2007,
Fundamento 3, al  señalar: “De conformidad con lo anterior, corresponde a la Corte Constitucional resolver los siguientes problemas jurídicos: Si a la luz de los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación derivados de los
artículos 1, 2, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta (…)”.
[96] Sentencia de la Corte Constitucional C-282 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre
Lynett, con Aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería. En esta
sentencia la Corte Constitucional precisó el alcance constitucional de los
derechos de las víctimas en el proceso penal y resolvió lo siguiente: Primero.-
Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero
del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil
tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de
la presente sentencia. Así mismo, declarar EXEQUIBLES, en relación con los
cargos estudiados, los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma prevalente y desplazar la constituida por las
entidades mencionadas”, contenida en el inciso segundo, que se declara
inexequible. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, en el entendido de que las víctimas o
los perjudicados, una vez se hayan constituido en parte civil, pueden acceder
directamente al expediente. Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, salvo la expresión “a partir de la
resolución de apertura de instrucción” que se declara INEXEQUIBLE.
[97] Sentencia de la Corte Constitucional C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[98] Sentencia de la Corte Constitucional C-282 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[99] Sentencia de la Corte Constitucional C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[100] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández
[101] Sentencias de la Corte Constitucional T- 443 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y  C- 293 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[102] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[103] ONU. Comisión de Derechos Humanos. “Conjunto
de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos, para la Lucha contra la Impunidad”: Principio 2: “El derecho inalienable a la verdad. Cada pueblo
tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos
sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y
de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas
o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y
efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental
contra la repetición de tales violaciones”.
[104] ONU. Comisión de Derechos Humanos. “Conjunto
de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos, para la Lucha contra la Impunidad”: Principio  3: “El deber de recordar. El conocimiento por un
pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello,
se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que
incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a
violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar
el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a
preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan
tesis revisionistas y negacionistas”.
[105] ONU. Comisión de Derechos Humanos. “Conjunto
de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos, para la Lucha contra la Impunidad”: Principio 4 :El derecho de las víctimas a saber.
Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las
víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad
acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de
fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”.
[106] Sentencia de la Corte Constitucional, C-715 de 2002, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[107] Sentencia de la Corte Constitucional, C-099 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[108] La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos han estimado que las personas que ignoran el paradero de
familiares desaparecidos se encuentran en una situación tal de angustia y
ansiedad que encuentran violado su derecho a la integridad psíquica y moral y,
por tanto, constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Al respecto se
puede consultar, entre otras, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Blake Vs. Guatemala, (Sentencia de enero
24 de 1998); Caso Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala, (Sentencia de
Noviembre 19 de 1991); caso Bámaca Velásquez s. Guatemala, (Sentencia de
noviembre 8 de 2000).
[109] Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[110] Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006, M.P: Álvaro Tafur Galvis.
[111] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-260 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[112] Sentencia de la Corte Constitucional C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[113] Sentencia de la Corte Constitucional C-099 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[114] ONU, Comisión de
Derechos Humanos. Conjunto de principios
para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad. Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/rev.1, Art. 33. Ver también
ONU. Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de
actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad.  (8 de
febrero de 2005) E/CN.4/2005/102/Add.1.
[115] Sobre las fuentes de derecho
internacional de los derechos humanos en las que se hallan bases para el
reconocimiento, establecimiento e interpretación de los derechos y garantías
para las víctimas de violaciones, se encuentra, según reiterada jurisprudencia
(vrg. Sentencia C-916 de 2002), el derecho de acceso a los tribunales para
hacer valer los derechos mediante los recursos ágiles y efectivos (art. 18 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos); el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionado con el
poder de la Corte IDH para garantizar a la víctima de violación de los derechos
de la Convención, entre otras, “el pago de una justa indemnización a la parte
lesionada”; Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, Observación General No. 31, Comentarios generales
adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, La índole de la obligación
jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7
at 225 (2004). Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, mediante la cual se adoptan los Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones.
[116] Sentencia de la Corte Constitucional C-409 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[117] En relación con la amplitud del
concepto reparación integral del daño causado por el delito, pueden
consultarse, entre otras, las sentencias C-805 de 2002 y C-916 de 2002. En
cuanto al fundamento constitucional del derecho a la reparación de las
víctimas, véanse las sentencias de la Corte Constitucional C-570 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-805 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
[118] Al respecto, puede verse la
sentencia C-228 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre
Lynett; C-210 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[119] Ver ONU. Relator Especial sobre la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición y  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147 de 2005, “Principios y directrices básicos,
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
[120] Sentencia
de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P: Jaime Córdoba Triviño: “El derecho de reparación, conforme al derecho internacional
contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde
su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la
víctima, y comprende  la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i)
restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv)
satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva,
involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de
medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones
ocurridas.
La integralidad de la reparación comporta la
adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los
efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en
que se encontraba antes de la violación.”
[121] Sentencia de la Corte Constitucional C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[122] Sentencia de la Corte Constitucional C-099 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[123] Sentencia de la Corte Constitucional C-979 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[124] Ver la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el art.
4.f.
[125] Ver Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, sentencia
del 29 de julio de 1988. Párr. 175. De forma similar, el art. 4.f de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dispone que los estados deben “[e]laborar, con carácter
general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica,
política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la
mujer contra toda forma de violencia”. Sobre la obligación de adoptar medidas
de prevención en distintos ámbitos de los derechos humanos, consultar: arts.
7.d y 8 de la Convención de Belem do
Pará; Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/52/86 “Medidas
de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la
violencia contra la mujer”, 2 de febrero de 1998; Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH, informe “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia
en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007;
[126] Organización de las Naciones Unidas ONU, “La
violencia contra la mujer en la familia”: Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, presentado
de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25. Cita
tomada en Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México,
sentencia del 16 de noviembre de 2009.
[127] Por ejemplo, en el Sistema Universal de Protección de los
Derechos Humanos el art. 3.a de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, dispone que los Estados deben
adoptar medidas para “a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres
y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la
idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en
funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.
[128] Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs.
México sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[129] Por ejemplo, el artículo 4.h de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer resalta
la importancia de destinar suficientes recursos para prevenir y eliminar la
violencia contra la mujer.
[130] Ver ONU. Comité de los Derechos del Niño, Convención de los Derechos del
Niño, Observación General 13 relativa al “Derecho del niño de no ser objeto de
ninguna forma de violencia” (18 de abril de 2011).
[131] Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs.
México, sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[132] Sentencia de la Corte Constitucional C-1154 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[133] Sentencia de la Corte Constitucional C-1177 de 2005 M.P Jaime Córdoba Triviño.
[134] Sentencia de la Corte Constitucional C-1177 de 2005 M.P Jaime Córdoba Triviño. De otra parte, la preservación
de los derechos de las víctimas en el proceso penal exige que la decisión sobre
el mérito de la denuncia esté rodeada de un mínimo de garantías. En el nuevo
sistema procesal penal, la denuncia adquiere para las víctimas y perjudicados
con el delito especial relevancia, en razón a que, eliminado el mecanismo de la
demanda de parte civil, se erige como el acto fundamental de acceso a la
justicia para la reivindicación de sus derechos. Advierte, sin embargo la Corte, que el nuevo esquema procesal no prevé ningún tipo de control interno o externo para
la decisión de inadmisión de la denuncia.
En diferentes oportunidades se ha
pronunciado esta Corporación acerca de la necesidad de que las acciones y
omisiones de la Fiscalía estén sometidas a controles externos[33].
Tales controles no se oponen a la autonomía que la Constitución reconoce a este órgano de investigación, y en cambio sí se presentan como la
concreción de varias disposiciones constitucionales como (i) el principio
del Estado Social de Derecho donde todas las autoridades están sometidas
al ordenamiento jurídico y a los consecuentes controles externos, (artículos 1,
2, y 6, CP); (ii) el principio de colaboración armónica entre las ramas
del poder público (artículo 113, CP); (iii) el deber de las autoridades
de garantizar la efectividad de los derechos de las personas, en este caso de
quienes son víctimas o perjudicados con el delito (artículos 2 y 250, CP); y (iv)
el deber de las autoridades de proteger a las personas contra la arbitrariedad
(artículos 2 y 6, CP).
A juicio de la Corte, la decisión acerca de la denuncia reviste
particular relevancia para la efectividad de los derechos de las víctimas y
perjudicados con los delitos, por lo que no puede quedar exenta de controles
externos. En consecuencia condicionará la exequibilidad de la expresión acusada
“en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento” a que tal
decisión emitida por el fiscal sea notificada al denunciante y al Ministerio
Público. Ello a efecto de investir tal decisión de la publicidad necesaria para
que el denunciante, de ser posible, ajuste su declaración de conocimiento a los
requerimientos de fundamentación que conforme a la interpretación aquí plasmada
le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público, de ser necesario,
despliegue las facultades que el artículo 277 numeral 7° de la Constitución le señala para la defensa de los derechos y garantías fundamentales.
[135] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[136] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 46. Así las cosas, los fundamentos constitucionales de los
derechos de las víctimas,  así como los pronunciamientos que sobre la ley 906
de 2004 ha realizado la Corte, permiten afirmar que la víctima ocupa un papel
protagónico en el proceso, que no depende del calificativo que se le atribuya
(como parte o interviniente), en tanto que se trata de un proceso con sus
propias especificidades, en el que los derechos de los sujetos que intervienen
están predeterminados por los preceptos constitucionales, las fuentes
internacionales  acogidas por el orden interno y la jurisprudencia
constitucional. El alcance de los derechos de las víctimas deben interpretarse
dentro de este marco.
[137] Sentencia de la Corte Constitucional C-822 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[138] Sentencia de la Corte Constitucional C-822 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Encuentra la Corte que esta restricción a la autonomía de
la víctima es inconstitucional, porque desvaloriza el consentimiento de la
víctima y la expone a una doble victimización. Esta restricción, tal como ha
sido establecida en la norma bajo estudio, parece excluir la posibilidad de que
el juez niegue la práctica de la medida y conduce a que frente a la oposición
de la víctima, al juez de control de garantías  no le quede otra alternativa
que fijar las condiciones para su práctica. Por lo anterior, la Corte declarará inexequible la expresión “para que fije los condicionamientos dentro de
los cuales debe efectuarse la inspección”, contenida en el inciso segundo
del artículo 250 de la Ley 906 de 2004.
[139] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[140]  Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[141] Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “En la configuración de las etapas del proceso penal, los derechos
de las víctimas tienen relevancia constitucional y, por consiguiente, el
legislador debe respetar principios básicos de defensa, contradicción y
protección a las víctimas del delito para que, entre otros asuntos, se
garantice el derecho a la indemnización integral del daño. En otras palabras,
la libertad legislativa para diseñar el proceso penal no puede ser tan amplia
que afecte o restrinja irrazonablemente los derechos de los perjudicados por el
hecho punible que corresponde investigar al Estado”.
[142] Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En efecto, como lo ha dicho en múltiples oportunidades esta
Corporación[10],
el derecho constitucional a la reparación integral de las víctimas no sólo
tiene fundamento expreso en los artículos 1º, 2º y 250 de la Constitución, sino también en varias normas del derecho internacional que hacen parte del
bloque de constitucionalidad y, por consiguiente, resultan vinculantes en
nuestro ordenamiento jurídico. Así, entonces, dijo la Corte, que la petición de reparación del daño causado surge: i) del concepto mismo de
dignidad humana que busca reestablecer a las víctimas las condiciones
anteriores al hecho ilícito (artículo 1º superior), ii) del deber de las
autoridades públicas de proteger la vida, honra y bienes de los residentes y de
garantizar la plena efectividad de sus derechos (artículo 2º de la Carta), iii) del principio de participación e intervención en las decisiones que los afectan
(artículo 2º de la Constitución), iv) de la consagración expresa del deber
estatal de protección, asistencia, reparación integral y restablecimiento de
los derechos de las víctimas (artículo 250, numerales 6º y 7º, idem) y, v) del
derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los
recursos ágiles y efectivos (artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos[11].
[143] Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “Cómo es fácil deducir de la simple lectura del artículo 92 del
Código de Procedimiento Penal, la solicitud de medidas cautelares sobre bienes
del imputado, consistentes en la aprehensión material de bienes para sacarlos
del comercio, está dirigida a lograr la eficacia de la eventual sentencia penal
que condene al pago de una suma de dinero y la indemnización de perjuicios
causados a las víctimas del delito. De hecho, no se trata de imponer una
sanción o una pena a quienes no han sido declarados penalmente responsables por
la participación en un hecho punible ni de invertir la presunción de inocencia
que ampara al imputado, se trata de establecer una carga procesal a favor de
las víctimas del delito, quienes se encuentran en situación de especial
protección del Estado. En este sentido, la disposición parcialmente acusada,
sin duda, desarrolla el deber estatal y particular de garantizar la
indemnización plena del daño a las víctimas directas del delito, como uno de
los mecanismos de restablecimiento de sus derechos y reparación del perjuicio
causado”.
[144] Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “15. En el mismo
sentido, la Sala considera que el artículo 97 de la Ley 906 de 2004, consagra una medida idónea y necesaria para lograr los objetivos
constitucionales propuestos. Efectivamente, la prohibición de enajenar bienes
de propiedad del imputado durante un tiempo o bajo circunstancias que establece
el legislador, es adecuada para alcanzar proteger los derechos económicos de
las víctimas y para asegurar el pago de la indemnización ordenada por el juez
penal. Es razonable sostener que el momento posterior a la imputación es
propicio para la transferencia de bienes de propiedad del imputado para impedir
los efectos de una posible sentencia condenatoria, pues el impacto de la
vinculación al proceso penal le puede generar al imputado reacciones naturales
que buscan la protección de sus propios intereses.
De igual manera,  la Sala considera necesaria la medida adoptada, en tanto que rodea de garantías de eficacia a la
condena civil en el proceso penal. De hecho, no tendría sentido declarar
normativamente la protección del derecho a la reparación económica a la
víctima, sino se establecen mecanismos instrumentales para lograr ese objetivo.
Entonces, a pesar de que podría pensarse que existen otras alternativas en la
ley para la defensa de los derechos e intereses protegidos que no afectan el
ejercicio del derecho a la propiedad del imputado, la Sala encuentra, de un lado, que ninguna de las medidas aplicables resulta menos gravosa para
la defensa del derecho a la propiedad que la ahora analizada y, de otro, que
las medidas alternativas no protegen de la misma manera los derechos de la
víctima”.
[145] Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “14. En el caso objeto de análisis se tiene que la prohibición
para que el imputado enajene bienes sujetos a registro durante los 6 meses
siguientes a la formulación de la imputación, tiene objetivos
constitucionalmente admisibles. En efecto, como se explicó en precedencia, esa
disposición busca: i) rodear de garantías procesales para la eficacia del
proceso penal y, en especial, para asegurar el cumplimiento de la eventual
sentencia condenatoria que ordene la reparación de perjuicios causados por el
delito y, ii) prever que el imputado tenga recursos económicos suficientes para
la reparación económica de los daños padecidos por la víctima. En cuanto al
primer objetivo, claramente se observa que desarrolla los principios de
seguridad jurídica y eficacia de las decisiones judiciales, cimientos del
Estado Social de Derecho y de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia (artículos 1º, 2º, 5º, 228 y 229 de la Constitución). Y, en relación con el segundo objetivo, salta a la vista comprender que esta
medida se apoya en las normas constitucionales dirigidas a proteger el derecho
de la víctima a la reparación del daño causado (artículos 1º, 2º, 93, 229, 250,
numerales 6º y 7º, de la Constitución y 18 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Luego, es claro que la norma acusada desarrolla
objetivos válidos constitucionalmente.
[146] Sentencia de la Corte Constitucional C-343 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[147] Sentencia de la Corte Constitucional C-343 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil. “Es claro que aún cuando en el
artículo 390 de la Ley 906 de 2004 no existe previsión expresa que le permita a
la víctima del delito interrogar a los testigos, también es cierto que, en
armonía con el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-209 de 2007, la omisión advertida no es
inconstitucional, pues no genera una desigualdad carente de justificación,
evita la alteración de los rasgos estructurales del sistema penal, pues -se
reitera- en la etapa del juicio oral la víctima no tiene participación directa
y constitucionalmente no resulta factible convertirla en segundo acusador y
afectar de esa manera la igualdad de armas. Procede, entonces, desestimar la
acusación y declarar la exequibilidad del artículo 390 de la Ley 906 de 2004, en lo referente al cargo examinado. Como quedó consignado, en relación con
el artículo 395, acusado en su integridad, ordenará la Corte estarse a la resuelto en la Sentencia C-209 de 2007 respecto de la expresión “La parte
que no está interrogando o el Ministerio Público” que fue declarada exequible
y, en atención a que por las razones analizadas no se observa
inconstitucionalidad alguna en el resto del artículo, la Corte extenderá la declaración de exequibilidad para que cobije el segmento sobre el cual no
hay pronunciamiento anterior, pero aclara que la declaración de exequibilidad
se circunscribe al cargo analizado”.
[148] Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[149] Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. La exclusión patente de las víctimas de los procesos de
negociación, no responde a las finalidades que la misma ley le atribuye a la
institución (Art. 348). No conduce a la humanización de la actuación
procesal prescindir del punto de vista del agraviado o perjudicado en la
construcción de un consenso que puede llevar a la terminación del proceso,
escenario en el que se deben hacer efectivos sus derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación. La eficacia del sistema no es un asunto que
involucre únicamente los derechos del acusado y los intereses del Estado; no se
puede predicar la eficacia del sistema cuando se priva a la víctima de
acceder a un mecanismo que pone fin al único recurso judicial efectivo para
hacer valer sus derechos a la verdad y a la justicia. Es imposible activar de
manera adecuada la solución del conflicto social que genera el delito, y
propiciar  una reparación integral  de la víctima, si se
ignora su punto de vista en la celebración de un preacuerdo o negociación.
Finalmente la titularidad del derecho de participación en las decisiones
que los afectan reposa tanto en el imputado o acusado como en la víctima o
perjudicado.
[150] Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los
preacuerdos celebrado entre la Fiscalía y el imputado, debe ser oída (Art.
11.d) por el Fiscal y por el juez que controla la legalidad del acuerdo. Ello
con el  propósito de lograr una mejor aproximación a los hechos, a sus
circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita incorporar en el
acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la víctima.
Celebrado el acuerdo  la víctima debe ser informada del mismo a fin de que
pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento cuando el
preacuerdo sea sometido a su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras
a su aprobación el juez velará por que el mismo no desconozca o quebrante
garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima. (Art.
351, inciso 4°).
Así mismo, preservada la intervención de
la víctima en los términos de esta sentencia, aún retiene la potestad de
aceptar las reparaciones efectivas que puedan resultar de los preacuerdos entre
fiscal e imputado o acusado, o rehusarlas y acudir a otras vías judiciales
(Art.351. inciso 6°);  así mismo conserva la potestad de impugnar la
sentencia proferida de manera anticipada (Arts. 20 y 176),  y
promover, en su oportunidad, el incidente de reparación integral (Art. 102).
[151] Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. “Teniendo en cuenta que pese
a esta declaración de principio, las normas que desarrollan la intervención de
la víctima en el proceso no garantizaban de manera clara su efectiva
participación en distintas fases de la actuación, la Corte Constitucional al ejercer control de constitucionalidad de estas disposiciones ha
condicionado su exequibilidad a la garantía de intervención  de las
víctimas, en fases previas a la formulación de acusación y también posteriores
a ella. Así ocurrió en la sentencia C- 209 de 2007, en la que mediante un fallo
condicionado garantizó la efectiva intervención de la víctima en la práctica de
pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías (Art. 284.2); en la
audiencia de formulación de imputación (Art. 289); en el trámite de una
petición de preclusión por parte del fiscal (Art. 333); en los momentos en que
se produce el descubrimiento, la solicitud de exhibición, exclusión, rechazo o
inadmisibilidad de elementos materiales probatorios (Arts. 344,  356, 358
y 359); en las oportunidades para solicitar medidas de aseguramiento (Arts.
306, 316 y 342); en la audiencia de formulación de acusación (Art. 339);
y  en la audiencia preparatoria formulando solicitudes probatorias (art.
357, Cfr. sentencia C. 454 de 2006).
Lo anterior desvirtúa plenamente el
planteamiento del demandante en el sentido que el reconocimiento de la
condición de víctima en la audiencia de formulación de acusación la priva del
ejercicio de su derecho a un recurso judicial efectivo, en fases anteriores.
Resulta compatible con el modelo de procesamiento que adopta la Ley 906 de 2004,  que la formalización de la intervención de la víctima se produzca en
la audiencia de formulación de acusación, momento procesal en que así mismo se
define la  condición de acusado y se traba de manera formal el
contradictorio entre acusación y defensa. El hecho de que sea en ese estadio de
la actuación en el que se determina la calidad de víctima a fin de legitimar su
intervención en el juicio y se reconozca su representación legal, si la
tuviere, de ninguna manera significa su exclusión de etapas anteriores en las
que bien puede intervenir acreditando sumariamente su condición de tal, como lo
prevé el artículo 136, y lo ha reafirmado y precisado la jurisprudencia de esta
Corte.”.
[152] Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Observa la Corte que la potestad que se confiere al juez de
limitar  el número de apoderados de las víctimas a un umbral que no podrá
exceder al de defensores, promueve finalidades que son legítimas como la de
asegurar la eficacia del procedimiento, y establecer un equilibrio entre la
acusación y la defensa compatible con el componente adversarial del sistema
acusatorio que se proyecta en el juicio oral.
Advierte la Corte sin embargo, que en los eventos en que concurran pluralidad de víctimas al juicio, el
juez debe propiciar que la representación conjunta a que alude la norma se
establezca de manera consensuada entre ellas, a fin de asegurar que el
ejercicio libre de su potestad de postulación se vea preservado aún en esa
eventualidad[60],
y de garantizar que en la selección de los representantes comunes se vean
reflejados los distintos intereses de las víctimas.
El derecho de intervención de las víctimas
no se ve drásticamente afectado puesto que, como se advierte,  pueden
canalizar su derecho de intervención en el juicio no solamente a través de una
vocería conjunta, sino mediante la intervención del propio Fiscal, tal como lo
ha señalado la Corte en anteriores oportunidades, refiriéndose al aspecto
probatorio y de argumentación. Sobre lo primero ha señalado: “El conducto
para culminar en esta etapa del proceso el ejercicio de sus derechos es el
fiscal quien debe oír al abogado de la víctima. Así por ejemplo éste podrá
aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los
elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero sólo el Fiscal
tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas
acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con
la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla de conformidad con el
artículo 177 de la Ley 906 de 2004”[61]
[153] Sentencia de la Corte Constitucional  C-060 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[154] Sentencia de la Corte Constitucional  C-409 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[155] Sentencia de la Corte Constitucional C-936 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[156] Sentencia de la Corte Constitucional C-260 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[157] Sentencia de la Corte Constitucional. C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[158] Sentencia de la Corte Constitucional. C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Reiteración en la Sentencia C-651 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa.
[159] Sentencia de la Corte Constitucional. C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. “En la medida en que la
competencia atribuida al legislador para desarrollar la intervención de la
víctima, está supeditada a la estructura del proceso acusatorio (investigación,
imputación, acusación, juzgamiento, sentencia, incidente de reparación
integral), su lógica propia y la proyección de la misma en cada etapa, la Corte ha señalado que en tanto el constituyente sólo precisó respecto de la etapa del juicio,
sus características, enfatizando su carácter adversarial, rasgo que implica una
confrontación entre acusado y acusador, debe entenderse que la posibilidad de
actuación directa y separada de la víctima al margen del fiscal,  es mayor
en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio”.
[160] Sentencia de la Corte Constitucional. C-250 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
[161] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia del 3 de
diciembre de 1987. "Se trata de una forma de resarcimiento del daño que
tiende a restablecer el quebranto que experimenta la víctima del hecho punible
mediante la restitución originaria de los bienes objeto material del delito.
Pero la orden del juez penal y su ejecución no agotan el deber
indemnizatorio del procesado de quien puede exigirse el pleno resarcimiento del
daño en el proceso penal mediante la constitución de parte civil, o en proceso
civil una vez decidida la responsabilidad penal” (M.P. Dr. Jairo Duque Pérez).
[162] ARTICULO 61.
[163] Sentencia de la Corte Constitucional. C-245 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz.
[164] Sentencia de la Corte Constitucional. C-245 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz. 2o.  Desde otro punto de vista, la Carta Política no extiende la protección que se establece en favor de la propiedad privada y
demás derechos adquiridos en el artículo 58 a los bienes y derechos que no sean adquiridos con justo título y de conformidad con las leyes  civiles; por
tanto no existe por este aspecto vicio de constitucionalidad, ya que se trata
de una decisión de carácter judicial que se debe adoptar dentro de los ritos
propios del debate procesal penal y que surge del deber básico del juez
de administrar justicia conforme al debido proceso legal.
Sin duda alguna, el delito por sí mismo no
puede ser fuente de derechos, y la Constitución no autoriza romper el principio de la proscripción de la causa ilícita de los mismos; por tanto, la ley no puede
patrocinar la protección de aquellos títulos, ni la de los registros de aquellos
en contra de los derechos del titular, mucho menos cuando se adelanta la
actuación de los funcionarios judiciales encargados de poner en movimiento las
competencias punitivas del Estado.
[165]  Sentencia de la Corte Constitucional. C-245 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz. Las medidas, que con fundamento
en la disposición acusada, se pueden decretar, se enderezan, además, a proteger
la legalidad de la función registral en los términos de su valor jurídico y de
su importancia social, así como a amparar penalmente los privilegios que
incorpora la definición legal de los títulos valores, los que se verían
seriamente afectados si, demostrada la tipicidad del hecho punible, es decir,
comprobado que efectivamente se cometió el delito y que éste afecta el título y
en su caso al registro, el funcionario judicial tuviese que reservarse hasta el
final del proceso y de la resolución de las correspondientes impugnaciones
contra la sentencia, para ampararlos con la orden de cancelación del registro o
del título.
[166] Artículo 66.
[167] Exposición de motivos: “Artículo 108.  Suspensión
y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento
y antes de presentarse la acusación, a petición de la fiscalía, el juez de
control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los
bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el
título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
En la
sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y registros
respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre
las circunstancias que originaron la anterior medida.
Lo dispuesto en este artículo también se aplicará respecto de los
títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.
[168] Artículo 101:
“Suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En
cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de
los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que
el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
En la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los
títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda
duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.
Lo dispuesto en este artículo también se aplicará respecto de los
títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.
Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas
derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras
autoridades, se pondrá en conocimiento la decisión de cancelación para que se
tomen las medidas correspondientes”.
[169] Sentencia de la Corte Constitucional. C-060 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[170] Ver supra consideración
3.6.15.3.
[171] Sentencia de la Corte Constitucional C-1154 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[172] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[173] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[174] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[175] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[176] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[177] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[178] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[179] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[180] Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[181] Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[182] Sentencia de la Corte Constitucional. C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[183] Sentencia de la Corte Constitucional. C-250 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
[184] Sentencia de la Corte Constitucional. C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. “En la medida en que la
competencia atribuida al legislador para desarrollar la intervención de la
víctima, está supeditada a la estructura del proceso acusatorio (investigación,
imputación, acusación, juzgamiento, sentencia, incidente de reparación
integral), su lógica propia y la proyección de la misma en cada etapa, la Corte ha señalado que en tanto el constituyente sólo precisó respecto de la etapa del juicio,
sus características, enfatizando su carácter adversarial, rasgo que implica una
confrontación entre acusado y acusador, debe entenderse que la posibilidad de
actuación directa y separada de la víctima al margen del fiscal,  es mayor
en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio”.
[185] ROXIN, Claus: Derecho
procesal penal, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2000,  86; BINDER,  Introducción al derecho procesal penal, Ad.
Hoc., Buenos Aires, 2000, 240 y 241; AMBOS, Kai: El Principio Acusatorio y el
Proceso Acusatorio, en: BACHMAIER, Lorena: Proceso Penal y Sistemas
Acusatorios, Marcial Pons, 2008, 49; MAIER, Julio: Derecho Procesal Penal Argentino,
Hammurabi, Buenos Aires, 1989, 20 y ss.; ILLUMINATTI, Giulio: El Sistema
Acusatorio en Italia, en: BACHMAIER, Lorena: Proceso Penal y Sistemas
Acusatorios, Marcial Pons, 2008, 49, 137 y ss.
[186] Sentencias de la Corte Constitucional C-873 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Ello se ve confirmado por lo dicho en el Informe de Ponencia
para segundo debate en la segunda vuelta del proyecto de Acto Legislativo, en
los siguientes términos: “Los temas originales y centrales de la reforma tienen que ver con
el cambio de funciones de la Fiscalía General de la Nación… El proyecto propone el ajuste del juzgamiento penal a los cánones internacionales de
derechos humanos, a los cuales Colombia se ha comprometido a través de la
suscripción y ratificación de los instrumentos internacionales que a ellos
obligan, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966 y el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Igualmente, la adopción el
sistema que se pretende acoger con esta reforma, que es un proceso de partes,
controversial o contradictorio, simplemente aspira a colocarse al nivel de los
estándares internacionales, toda vez que ha sido adoptado por la Corte Penal Internacional, recientemente acogido por nuestro país”.
[187] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[188] Sentencias de la Corte Constitucional C-591 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-186 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y C-025 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[189] Sentencias de la Corte Constitucional C-025 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-536 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[190] Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[191] Sentencia de la Corte Constitucional C-589 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.