T-287-03
Sentencia T-
Sentencia T-287/03
DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA-Relación inescindible
Como parte integrante del debido proceso
encontramos el derecho de defensa. Derecho que implica necesariamente que el
Estado, en ejercicio de su poder punitivo debe dar la posibilidad al procesado
de aportar pruebas, contradecir las que se alleguen en su contra, interponer
los recursos y sustentarlos dentro del término legal, etc, lo que significa
que, antes de imponer una sanción se debe dar al sindicado la posibilidad de
ser oído y vencido en juicio,  en cumplimiento de las garantías y siguiendo en
estricto sentido los procedimientos establecidos para cada caso.
PODER-Juez debió aceptar renuncia
El juzgado en cita, jamás le
aceptó la renuncia del poder en el proceso que nos ocupa, argumentando que la
actuación ya se encontraba en su fase final. Para esta Sala no es de recibo la
razón invocada por el juzgado para no acceder a la renuncia del poder
presentada por la defensora del actor, pues así como la aceptación de la
procuración es el resultado de un acto libre, de la misma manera lo es la
renuncia de ésta, y si la procuradora judicial del señor Vargas Rodríguez
expresó su decisión por escrito al juzgado, éste debió aceptar tal  renuncia de
acuerdo con lo establecido legalmente para tal situación.
RECURSO DE APELACION-Declaración de desierto por no sustentación
El actor y su apoderada se desentendieron del recurso
interpuesto, en cuanto no lo sustentaron teniendo la oportunidad para ello,
además la defensora podía recurrir también en reposición la decisión de
declaratoria de desierto del recurso de apelación, y tampoco lo hizo. Por las
razones que precedieron, no procede  la tutela para remediar su  negligencia y
desidia. Es por lo dicho que el simple hecho de
renunciar al poder no relevó a la apoderada del tutelante de su deber de
sustentar el recurso de apelación formulado por el mismo contra la sentencia de
condena. La apoderada del actor no esperó a que el juzgado que adelantaba el
proceso penal aceptara la mencionada renuncia (que por lo demás nunca se le
aceptó), le notificara por estado el auto respectivo y que transcurriera el
término legal indicado, para dejar de ejercer la defensa y, en cambio, omitió
ejercerla cuando el encargo estaba todavía vigente y tenía por tanto el deber
de hacerlo.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-668362
Acción de tutela incoada por Andrés Vargas Rodríguez
contra el Juzgado 29 Penal del Circuito de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil
tres (2003).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y  241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
dictado en el asunto de la  referencia por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá- Sala Penal.
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos .
El Doctor William Hernán Vanegas Wilches en calidad de
apoderado del Señor Andrés Vargas Rodríguez, formuló acción de tutela en contra
del Juzgado Veintinueve ( 29 ) Penal del Circuito de Bogotá en cabeza del
Doctor José Fernando Salgado Suárez, alegando la violación del Debido Proceso,
por cuanto el accionado a través de la decisión de fecha 2 de Febrero de 2002
declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de
la sentencia condenatoria  ( sentencia anticipada ) de fecha 13 de noviembre de
2001 emitida en su contra, proferida dentro de la causa que se llevó en contra
del actor por el delito de tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes,
con lo cual desconoce el derecho invocado por el actor.
El accionante sostiene que, de acuerdo con un informe
de la Policía Metropolitana de Bogotá, grupo de estupefacientes de la Sijin,
fechado el 15 de septiembre de 2001, miembros de ese cuerpo policial ingresaron
al inmueble ubicado en la Calle 75 No 15-26, en el que funcionaba un
establecimiento de comercio conocido como Sybaris, en el que capturaron a dos
personas, una de ellas el actor y la otra llamada Carlos Arturo Rincón
Gordillo, por llevar consigo 46 papeletas de una sustancia estupefaciente
denominada bazuco,  de las cuales 12 de ellas fueron encontradas en poder de
Andrés Vargas Rodríguez. Los detenidos fueron puestos a disposición de la
Fiscalía General de la Nación para  adelantar lo correspondiente a su
competencia.
El caso fue radicado en la Fiscalía 276 delegada ante
los Jueces Penales del Circuito, la que procedió a oír en indagatoria a los
capturados en flagrancia el mismo día de su captura, es decir el 15 de
septiembre de 2001. Para esa diligencia los sindicados fueron asistidos por una
misma defensora Berta Elena Romero Garcés, la cual los apoderó durante la mayor
parte de la actuación judicial.
Durante la diligencia de indagatoria el actor
reconoció su adición a las drogas alucinógenas y manifestó que la sustancia
incautada era de su propiedad y al finalizar la diligencia se acoge a sentencia
anticipada, por lo cual es conducido a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.
Acto seguido la actuación fue conocida por la Fiscalía
259 delegada ante los Jueces Penales del Circuito que avocó su conocimiento a
partir del 17 de septiembre de 2001.
Posteriormente el 12 de octubre de 2001 se suscribió
el acta de formulación de cargos para sentencia anticipada de que trata el
articulo 40 del Código de Procedimiento Penal. Y el 13 de noviembre del año en
mención el Juzgado Veintinueve (29) penal del Circuito de Bogotá, a quien le
correspondió el asunto profirió sentencia dentro del presente proceso; en ella
se condenó a los sindicados a treinta y dos (32) meses de prisión como
coautores responsables del delito de tráfico, fabricación, o porte de
estupefacientes, igualmente se les negó la suspensión condicional de la pena
aduciendo cargos en el acta de formulación no endilgados formalmente y por ende
no aceptados por los sindicados, consistentes en vender drogas alucinógenas, y
además les revocó la detención domiciliaria, de la cual venían gozando.
La sentencia condenatoria fue notificada personalmente
el 15 de noviembre de 2001, y el actor escribió de su puño y letra la expresión
“ Apelo la decisión”.
El 23 de noviembre de 2001, la defensora de los
sindicados presentó un memorial al juzgado accionado en el que manifestaba que
renunciaba al poder conferido por el Señor Andrés Vargas Rodríguez, pero esta
situación no fue puesta en conocimiento del actor por lo que, a su juicio,
careció de defensa técnica para tan crucial instancia, ya que estuvo en
imposibilidad jurídica de sustentar el recurso de apelación que había
interpuesto contra la sentencia proferida en su contra, puesto que su defensora
de confianza al renunciar al poder conferido, sin conocimiento previo del
entonces sindicado, justamente días antes de quedar el expediente a disposición
de las partes apelantes para la respectiva sustentación del recurso y que
correspondieron a los  días 27 y 30 de noviembre de 2001. Agrega el actor que
el accionado omitió notificarlo de ésta decisión de su apoderada, por lo cual
no tuvo la oportunidad de hacer las gestiones necesarias para designar nuevo
apoderado, y mucho menos el juzgado de conocimiento hizo las diligencias que se
imponían para, en su defecto, nombrarle un defensor de oficio,
imposibilitándole con ese proceder el derecho a impugnar la sentencia
condenatoria y el accionado el 2 de febrero de 2002 declaró desierto el recurso
interpuesto por el actor.
Por lo expuesto anteriormente considera vulnerado el
Derecho fundamental del Debido Proceso contemplado en el articulo 29 de la
Constitución Política.
2.
Pretensiones.
Solicita el
demandante por intermedio de su representante que se le tutele el debido
proceso vulnerado presuntamente por las acciones u omisiones del Juzgado Veinti
nueve (29) Penal del Circuito de Bogotá, y en consecuencia ampare el derecho
invocado.
3.
Contestación del
Juzgado 29 Penal del Circuito de Bogotá.
El
Juzgado accionado representado por el Señor Juez José Fernando Salgado Suárez,
manifestó que el accionante y su apoderado olvidan que conforme a lo dispuesto
en el articulo 69 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por integración
al proceso penal, la sola renuncia al poder no pone fin al mandato sino cinco
días después de que el mandante conozca la determinación de su mandatario de
modo que, así se convenga que para el 23 de Noviembre de 2002 la defensora del
Señor Vargas Rodríguez dijo renunciar al poder conferido, tal manifestación no
puso inmediato fin al mandato, y por tanto, incumbía a la aludida profesional
continuar en el ejercicio de las funciones de defensora de su mandante, de modo
que no puede ahora acudirse a la tutela con el propósito de remediar la incuria
o inacción de la defensa o pretender por ese medio revivir etapas procesales ya
superadas.
Tampoco puede servir el instrumento de la tutela para
crear un escenario de discusión alrededor de opiniones o conceptos que digan
relación a la concreta tipicidad de la conducta y la significación de las
acciones denotadas en el comportamiento sub judice, vale decir,  no puede
trocarse la tutela en un alegato más de instancia o en un recurso alterno,
ajeno a los propios y precisos mecanismos de impugnación previstos en el
ordenamiento procesal penal.
Además, el procesado Vargas Rodríguez no sustentó a
tiempo el recurso de apelación que dijo interponer contra la sentencia
anticipada proferida por el despacho accionado, por lo cual no podía menos que
declararse desierto, como igual aconteció con la impugnación extemporánea
presentada por la misma abogada en nombre del otro procesado.
Por estas razones, una vez surtida la
notificación del fallo y declarado desierto el recurso de apelación interpuesto
por el accionante por ausencia de sustentación oportuna y, visto que para
entonces su apoderada continuaba en ejercicio del mandato no obstante la
renuncia expresada, debe convenirse la improcedencia de la tutela invocada.
4.
Pruebas que
obran en el expediente.
1. Folio
18, fotocopia de la decisión acusada, providencia del 1 de febrero de 2002, por
la cual se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor.
2. Folios 19 al 21, fotocopia del informe de captura y
de incautación de sustancias fechado el 15 de septiembre de 2001, suscrito por
el patrullero Cristian Sequeda Carrero, adscrito a la Policía Nacional y
dirigido al fiscal de la URI Centro.
3. Folios 22 al 26, fotocopia de la diligencia de
indagatoria rendida por Carlos Arturo Rincón Gordillo el día 15 de septiembre
de 2001.
4. Folios 27 al 31, fotocopia de la diligencia de
indagatoria rendida por el accionante Andrés Vargas Rodríguez el 15 de
septiembre de 2001.
5. Folios 32 al 33, fotocopia del memorial suscrito
por la abogada defensora de los sindicados, fechado el 27 de septiembre de
2001, en el cual pide la preclusión para Rincón Gordillo y en subsidio
detención domiciliaria para sus dos defendidos.
6. Folios 34 al 36, Fotocopia de la declaración
rendida por Edelmira Romero Garces, compañera permanente del sindicado Rincón
Gordillo
7. Folios 37 al 40, Fotocopia del acta de formulación
de cargos para sentencia anticipada suscrita entre la fiscalía de conocimiento
y  el accionante.
8. Folio 41 a 53, Fotocopia de la sentencia
condenatoria proferida por el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito de Bogotá,
calendada el 13 de noviembre de 2001, contentiva en su última página de la
constancia de notificación al actor y la manifestación de éste de apelar la
decisión
9. Folio 54, fotocopia del edicto fijado el 19 de
noviembre de 2001, con el fin de notificar a los sujetos procesales que no lo
hicieron personalmente, con su constancia de desfijación fechada el 21 de
noviembre de 2001
10. Folio 55, fotocopia del memorial suscrito por la
apoderada del accionante  en el cual manifiesta al Despacho que renuncia al
poder conferido por el actor Vargas Rodríguez, radicado el 23 de noviembre de
2001.
11. Folio 56, fotocopia la constancia secretarial
fechada el 27 de noviembre de 2001, informando de que a partir de esa fecha
comienzan a correr los cuatro días de que trata la ley penal para la
sustentación del recurso de apelación.
12. Folio 89, oficio dirigido vía fax al magistrado
Sustanciador por el juzgado 29 penal del circuito.
13. Folio 91, fotocopia del telegrama dirigido a la
doctora Bertha Elena Romero Garcés el 14 de noviembre de 2001, mediante el cual
el juzgado la citó al despacho con el fin de notificarle la sentencia
anticipada de sus prohijados.
14. Folio 90, fotocopia de la constancia según la cual
a la doctora Bertha Elena Romero Garcés jamás se le aceptó. la renuncia del
poder por parte del juzgado accionado.
II. SENTENCIA
OBJETO DE REVISION.
El Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal, mediante
sentencia de 20 de Septiembre de 2002 denegó la tutela interpuesta por el
accionante.
Al respecto afirmó que la acción de tutela ha sido
instituida como mecanismo preferente y sumario, para que cualquier persona en
todo momento y lugar, acuda ante los jueces en procura de protección de sus
derechos fundamentales violados o amenazados por acción u omisión de autoridad
pública o de particulares en los especiales eventos en que contra ellos
procede.
La demanda en referencia se dirige en contra de la
determinación tomada por un funcionario judicial en desarrollo de una actuación
penal, con supuesto detrimento del derecho fundamental del debido proceso y la
defensa.  Y si bien es cierto, las decisiones judiciales como quiera que
provienen de una autoridad publica, pueden someterse al control por ésta
especial vía, también lo es que ellas solo pueden atacarse si constituyen  verdaderas
“vías de hecho”, entendidas como actitud caprichosa y arbitraria, y solo como
mecanismo transitorio, mientras se decide en derecho lo que corresponda.
Así las cosas, la critica ahora planteada por esta
especialísima vía judicial, es concretamente, haberse corrido los traslados
para sustentación, cuando la defensora del accionante había presentado su
renuncia, sin comunicarle a su representado. No obstante y aunque tal
comunicación efectivamente se recibió en el despacho judicial, no fue debidamente
aceptada, en consecuencia, mantuvo la representación del Señor Vargas
Rodríguez, pues no fue desplazada por otro profesional ni admitida la renuncia
que hizo del encargo. Es más, continuó interviniendo en el proceso, al punto
que así fuese a nombre del otro procesado, interpuso recurso de alzada y lo
sustentó, aunque  en forma extemporánea. De manera que siendo lógico que
mandante y mandatario mantuviesen comunicación y que al  hacer dejación del
encargo, se comunicara primero al interesado; y la actitud de la profesional
del Derecho podría criticarse y hasta ser materia de investigación
disciplinaria,  si así lo considera el querellante; pero no constituye una
causal para revivir términos caducados por inactividad de la parte respectiva.
Además el A-quo, precisa que en los términos
del articulo 129 del Código de Procedimiento Penal “el nombramiento del
defensor de confianza… se entenderá hasta la finalización del proceso”.
Y aduce que la defensa material del actor en ningún
momento se restringió, pues el sentenciado conoció oportunamente el fallo, lo
recurrió y pudiéndolo hacer el mismo, no sustentó su inconformidad. Entonces,
no puede admitirse que habiendo tenido la oportunidad de manifestar los
argumentos de su desacuerdo, pues solo en el recurso extraordinario de casación
se exige la calidad de abogado titulado para actuar; su inactividad pretenda
ahora hacerla valer para, por vía de acción de tutela, retrotraer lo actuado y
convalidar términos que dejó fenecer.
Lo anterior quiere decir que el trámite que se
imprimió a la impugnación presentada por Andrés Vargas Rodríguez correspondió
al legalmente establecido y no se incurrió en irregularidad, arbitrariedad o
injusticia que pueda calificarse de vía de hecho. Por el contrario, se puede
predicar la falta de actividad del interesado, quien a pesar de recurrir la
sentencia, no presentó la argumentación de su inconformidad, debiendo asumir la
consecuencia legalmente establecida para el incumplimiento de esa carga
procesal.
Por último, debe acotarse que la declaratoria de
desierto, fue notificada también en debida forma, y tampoco fue recurrida como
hubiese podido acontecer. De manera que no solo se contó con otro medio de
defensa, sino que también esta oportunidad fue desperdiciada por el ahora quejoso.
El A-quo, cita para sustentar su tesis,
jurisprudencia de esta Corporación ( sentencias T-123 de 1995, y T- 083 de
1998), en las que expone que la acción de tutela resulta improcedente cuando
con ella se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por
negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no
fueron utilizados a su debido tiempo. O cuando pese a la existencia de la
violación de un derecho fundamental, solo procede de manera subsidiaria si el
afectado dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que éste sea ineficaz
para el propósito de procurar la defensa inmediata del derecho quebrantado.
Sostiene además que,  teniendo en cuenta que la
actuación atribuida al funcionario judicial como violatoria de garantías
constitucionales fue acorde con la legalidad y que el interesado tuvo la
oportunidad de manifestar su inconformidad y acudir a la segunda instancia en
procura de la revisión del fallo, de recurrir el auto por medio del cual se
declaró desierta la alzada,  por ello, resulta improcedente la tutela incoada
por el accionante.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
1.
Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
revisar el fallo de instancia proferido en el trámite de este proceso, en
virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política; correspondiendo a la
Sala Primera de Revisión adoptar la decisión respectiva.
2.
El problema
jurídico planteado.
En el presente caso la Sala debe determinar si con la
conducta del Juzgado demandado se ésta violando el derecho al debido proceso,
invocado por el demandante, al considerar que al abstenerse de notificarlo de
la renuncia de su defensora, determinó que el actor no sustentara  el recurso
de apelación interpuesto por él contra la sentencia de condena, lo que condujo
a que se declarara desierto dicho recurso.
3.   Garantía del debido proceso y la doble
instancia.
Dispone nuestra Constitución Política en su artículo
29, que el derecho al debido proceso, “se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio. (...) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia
de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, (...)”.
Es indudable que la constitucionalización del debido
proceso como derecho fundamental fue un avance de singular relevancia para
nuestro Estado Social de Derecho, pues en él se consagraron una serie de
garantías que dan seguridad jurídica y protección a las personas  que son
objeto de un proceso, permitiéndoles de esta manera el aseguramiento de una
pronta y cumplida administración de justicia o una gestión transparente y
eficaz de la administración pública.
De esta manera, el Estado como titular del poder
punitivo, en el discurrir del proceso penal debe garantizar el debido proceso y
el derecho a la defensa del sometido a su potestad. En esta medida, los entes
que ejercen funciones de investigación, acusación, y juzgamiento deben asegurar
que ese cometido se cumpla.
Como parte integrante del debido proceso encontramos
el derecho de defensa. Derecho que implica necesariamente que el Estado, en
ejercicio de su poder punitivo debe dar la posibilidad al procesado de aportar
pruebas, contradecir las que se alleguen en su contra, interponer los recursos
y sustentarlos dentro del término legal, etc, lo que significa que, antes de
imponer una sanción se debe dar al sindicado la posibilidad de ser oído y
vencido en juicio,  en cumplimiento de las garantías y siguiendo en estricto
sentido los procedimientos establecidos para cada caso.
Esta Corporación, sobre el debido proceso,
en la sentencia T-781 de 2002, con ponencia de quien en esta oportunidad funge
en tal calidad, sostuvo:
"Tal
como lo señala expresamente la Carta Política de 1991, Colombia es un Estado
Social de Derecho, que busca entre otros la protección efectiva de los derechos
fundamentales de sus asociados, brindándoles para ello las herramientas
necesarias en aras de hacer realidad dicha protección, es por esto que el
derecho al debido proceso tiene especial relevancia en nuestro ordenamiento
jurídico y goza por ende de especial protección, pues su objetivo primordial es
garantizar transparencia en las diferentes actuaciones de las autoridades y por
ende que las personas gocen de las mínimas garantías.
"Es
por esto, que la  finalidad del debido proceso, desde el punto de vista de la
Constitución Política de 1991 y del espíritu propio del régimen jurídico
procesal colombiano es la materialización de los derechos subjetivos y
sustantivos previstos por la diferentes normas que fundamentan el sistema legal
nacional.
"Conforme
a la jurisprudencia y a la doctrina consignada por los diversos órganos, el
debido proceso constituye el conjunto de herramientas de orden procedimental
que utilizan tanto los ciudadanos para tener acceso a la administración de
justicia como los operadores judiciales para concretar las diversas aspiraciones
de orden jurídico".
En lo que respecta al derecho a la defensa,
esta Corte en la sentencia SU-960 de 1999, con ponencia del doctor José
Gregorio Hernández, citando un aparte de la sentencia C-007 1993, manifestó:
"‘El artículo 29 de la Carta, por
expresa voluntad del Constituyente plasmada en su mismo texto, es de
obligatoria e ineludible observancia en toda clase de actuaciones tanto
judiciales como administrativas, de tal modo que, ante la meridiana claridad
del precepto, ninguna autoridad dentro del Estado está en capacidad de imponer
sanciones o castigos ni de adoptar decisiones de carácter particular
encaminadas a afectar en concreto a una o varias personas en su libertad o en
sus actividades, si previamente no ha sido adelantado un proceso en cuyo
desarrollo se haya brindado a los sujetos pasivos de la determinación la
plenitud de las garantías que el enunciado artículo incorpora.
"‘El Estado no puede condenar a un
individuo sino sobre la base de haberlo oído y vencido en juicio, esto es, la
decisión de la autoridad que impone sanción al inculpado como consecuencia de
su conducta únicamente puede estar fundamentada en que se haya discernido y
declarado que es culpable, desvirtuando la presunción de inocencia dentro de un
esquema procesal ajustado a las normas que aseguran sus posibilidades de
defensa y contradicción".
Así mismo prescribe el artículo 31 inciso
1 de la Constitución, que, “toda sentencia judicial podrá ser apelada o
consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”.
En desarrollo del anterior mandato
constitucional, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 194, estableció
el recurso de apelación así:  “ cuando se haya interpuesto como único el
recurso de apelación, vencido el término para recurrir, el secretario, previa
constancia, dejará el expediente a disposición de quienes apelaron, por el
término de cuatro (4) días, para la sustentación respectiva. Precluido el
término anterior, correrá traslado común a los no recurrentes por el término de
cuatro (4) días.
"Cuando no se sustente
el recurso se declarará desierto, mediante providencia de sustanciación contra
la cual procede el recurso de reposición.
"Si fuese viable se concederá en forma inmediata
mediante providencia de sustanciación en que se indique el efecto en que se
concede".
Así pues, en  nuestra Carta
Fundamental de 1991, se constitucionalizó el principio de la doble instancia,
convirtiéndose en una garantía para que el procesado contra quien se ha
proferido una decisión adversa, pueda recurrirla, con el fin de que el superior
de quien la dictó  ejerza el control de legalidad sobre ella.
De la misma manera, el
legislador de 2000, en el artículo 194 de la ley 600, consagró la posibilidad
para el procesado de apelar las decisiones judiciales y el procedimiento que se
debe seguir en cada caso para dar  cumplimiento al principio de la doble
instancia.
La Corte Constitucional, en la sentencia C- 040 de
2002 con ponencia del doctor Eduardo Montealegre Linett sobre el principio de
la doble instancia, sostuvo:
"3- La doble instancia reviste gran
importancia en nuestro ordenamiento jurídico y tiene una relación estrecha con
el derecho al debido proceso, como forma de garantizar la recta administración
de justicia, Así, esta Corporación en la sentencia C-153 de 1995, señaló que
“el recurso de apelación hace parte de la garantía general y universal de
impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para
intervenir en la causa para obtener la tutela de un interés jurídico propio,
con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos,
vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia en que hubiere
podido incurrir el a-quo.
"4- La consagración de la doble
instancia tiene entonces un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho
de defensa, ya que busca la protección de los derechos de quienes acuden al
aparato estatal en busca de justicia. Sin embargo, la posibilidad de apelar una
sentencia adversa no hace parte del contenido esencial del debido proceso ni
del derecho de defensa en todos los campos, pues la propia Constitución, en su
artículo 31, establece que el Legislador podrá consagrar excepciones al
principio general, según el cual toda sentencia es apelable o consultable. La
Carta expresamente sólo establece el derecho a impugnar la sentencia adversa en
materia penal y en las acciones de tutela (CP arts 28 y 86)".
4.   EL CASO CONCRETO
A folios 41 a 53 del expediente, obra sentencia
anticipada contra el actor, de fecha 13 de noviembre de 2001, por el delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, proferida por el juzgado 29
penal del circuito de Bogotá,  la que se le notificó personalmente al tutelante
el día 15 de noviembre de 2001, en el folio 53 parte inferior se lee :
“Nov-15-01
Andrés Vargas Rodríguez
Apelo la Decisión
(Firmado)  CC 79408285 Bta”.
A folio 55 aparece la renuncia
del poder por parte de la doctora Bertha Elena Romero Garcés, apoderada del
actor, la cual fue presentada el día el 23 de noviembre de 2001. El 27 de
noviembre de 2001 se corrió el traslado por 4 días para que el apelante sustentara
el recurso contra la sentencia, quedando el expediente a disposición del actor
y su apoderada (folio 56), vencido dicho término el día 30 de noviembre de
2001, sin que se hubiese sustentado el recurso interpuesto.
Es de anotar que a folio 91 del
expediente, obra copia del telegrama enviado por el Juzgado 29 Penal del
Circuito de Bogotá el día siguiente al pronunciamiento de la sentencia, o sea
el 14 de noviembre de 2001, a la doctora Bertha Elena Romero Garcés, a la
dirección  que aparecía registrada en el expediente, con la finalidad de que se
sirviera comparecer a ese despacho inmediatamente para que se notificara de la
sentencia  anticipada proferida  en contra de sus defendidos, señores Carlos
Arturo Rincón Gordillo y Andrés Vargas Rodríguez (actor), por el delito antes
enunciado.
El día 1 de febrero de 2002, el juzgado
resolvió declarar desierto el recurso de apelación por la no sustentación del
mismo (folios 92,93), advirtiéndose que contra esta decisión procedía el
recurso de reposición. La anterior decisión fue notificada el día 06 de febrero
de 2002, sin que se hubiese recurrido.
A folio 90 del expediente obra
escrito emitido  por el Juzgado 29 Penal del Circuito de Bogotá, de fecha 12 de
marzo de 2003, en el que consta que a la doctora Bertha Elena Romero Garcés, el
juzgado en cita, jamás le aceptó la renuncia del poder en el proceso que nos
ocupa, argumentando que la actuación ya se encontraba en su fase final.
Para esta Sala no es de recibo
la razón invocada por el juzgado para no acceder a la  renuncia del poder
presentada por la defensora del actor, pues así como la aceptación de la
procuración es el resultado de un acto libre, de la misma manera lo es la
renuncia de ésta, y si la procuradora judicial del señor Vargas Rodríguez expresó
su decisión por escrito al juzgado, éste debió aceptar tal  renuncia de acuerdo
con lo establecido legalmente para tal situación.
Como se puede verificar, de las pruebas obrantes en el
expediente de tutela, la actuación del demandado se ajusta a derecho, en cuanto
a que después de proferir la sentencia en contra del actor, le notificó
personalmente tal decisión, envió telegrama a su defensora para que
compareciera a notificarse del fallo proferido en contra de su defendido y
notificó por estado la declaratoria de desierto del recurso no sustentado.
De esta manera, el actor y su apoderada se
desentendieron del recurso interpuesto, en cuanto no lo sustentaron teniendo la
oportunidad para ello, además la defensora podía recurrir también en reposición
la decisión de declaratoria de desierto del recurso de apelación, y tampoco lo
hizo. Por las razones que precedieron, no procede  la tutela para remediar su
negligencia y desidia.
De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la
acción de tutela es improcedente cuando, con ella, se pretenden sustituir
mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de
quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido
tiempo. Sobre este particular, esta Corporación en la sentencia  T-083 de 1998,
con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, manifestó:
"la Corte ha sostenido que la acción
de tutela es improcedente cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos
ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien
solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo. La
integridad de la función estatal de administrar justicia resultaría gravemente
comprometida si se permitiera que un mecanismo especial y extraordinario como
la acción de tutela, dirigido exclusivamente a la protección de los derechos
fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos ordinarios que el
ordenamiento pone a disposición de aquellas personas que persiguen la
definición de alguna situación jurídica mediante un proceso judicial. La regla
anterior admite algunas especialísimas excepciones, en aquellos casos en los
cuales se encuentra debidamente acreditado en el expediente que el actor no
pudo utilizar los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que, desde el punto de vista fáctico o jurídico, se lo impedía por
completo y, en cuyo caso, la aplicación de la regla señalada le causaría un
daño de mayor entidad constitucional que el que se derivaría del
desconocimiento del criterio general enunciado".
Para esta Sala es indudable
que,  era en el proceso penal en donde el actor y su apoderada debieron
demostrar los hechos y circunstancias que, a juicio del primero eran
violatorias del derecho al debido proceso invocado en esta acción
constitucional.
Como puede observarse, los
derechos  invocados y de los cuales se solicita protección a través de la
tutela, pudieron haberse resguardado en su escenario natural que en efecto lo
era el proceso penal, si el señor Vargas Rodríguez y su apoderada hubiesen
actuado en forma diligente.
La conducta de la apoderada del actor,
trajo como consecuencia la no sustentación del recurso de apelación interpuesto
por el procesado contra la sentencia de condena proferida, pues aquella se
desentendió completamente del proceso a partir del viernes 23 de noviembre de
2001, día en el que por escrito hizo saber al juzgado su decisión de no
continuar como apoderada del actor, sin esperar a que ese Despacho se
pronunciase sobre ella, lo cual a la postre nunca ocurrió.
Ahora bien, si en gracia de discusión se
supusiera que el mismo día de presentación de la renuncia al poder (23 de
noviembre de 2001), el juzgado la hubiera aceptado y hubiera notificado por
estado el auto correspondiente, la misma no habría puesto término al poder sino
cinco (5) días después de la notificación, los cuales habrían corrido a partir
del día lunes 26 de noviembre de 2001 hasta el día viernes 30 de noviembre del
mismo año, fecha esta ultima en la cual vencía el término para la sustentación
del recurso de apelación interpuesto por el actor. Es por lo dicho que el
simple hecho de renunciar al poder no relevó a la apoderada del tutelante de
su deber de sustentar el recurso de apelación formulado por el mismo contra la
sentencia de condena.
Lo
anterior, teniendo en cuenta que el Código de Procedimiento Penal guarda
silencio sobre el momento a partir del cual empieza a tener efectos jurídicos
la renuncia de la procuración concedida, por lo cual debe aplicarse el art 23
del mismo ordenamiento, en virtud del cual: “en aquellas materias que no se
hallen expresamente reguladas en éste Código, son aplicables las disposiciones
del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales siempre
que no se opongan a la naturaleza del proceso penal”.
Por su parte, el artículo 69 inciso 4 del Código de
Procedimiento Civil estatuye que, “la renuncia no pone término al poder ni a
la sustitución, sino cinco días después de notificarse por estado el auto que
la admita, y se haga saber al poderdante o sustituto por telegrama dirigido a
la dirección denunciada para recibir notificaciones personales, cuando para
este lugar exista el servicio, y en su defecto como lo disponen los numerales
1º y 2º del artículo 320”.
En este sentido la apoderada del actor no
esperó a que el juzgado que adelantaba el proceso penal aceptara la mencionada
renuncia (que por lo demás nunca se le aceptó), le notificara por estado el
auto respectivo y que transcurriera el término legal indicado, para dejar de
ejercer la defensa del señor Andrés Vargas Rodríguez y, en cambio, omitió
ejercerla cuando el encargo estaba todavía vigente y tenía por tanto el deber
de hacerlo.
En conclusión, la ausencia de impugnación
de la sentencia de condena del peticionario Andrés Vargas Rodríguez es
atribuible a la omisión del mismo  y de su apoderada judicial y no puede
afirmarse que por tal motivo haya existido vulneración del derecho fundamental
al Debido Proceso por parte del Juzgado 29 Penal del Circuito de Bogotá, aunque
el mismo omitiera aceptar en su debida oportunidad la renuncia al poder por
parte de aquella.
Por las razones precedentes, esta Sala
solicitará al Consejo Superior de la Judicatura que se investigue la conducta
de la mencionada profesional del Derecho, al igual que la del Juez 29 Penal del
Circuito de Bogotá.
En consecuencia, de acuerdo con lo que
precedió, esta Sala procederá a confirmar la decisión del juez de instancia,
pero por las razones expuestas en esta sentencia.
IV. DECISIÓN.
Con base en las expuestas consideraciones,
la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Confirmar el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá - Sala Penal- de fecha 20 de Septiembre de 2002, por el cual
denegó el amparo solicitado por el señor Andrés Vargas Rodríguez,
exclusivamente por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. Compulsar y enviar copia de esta providencia al
Consejo Superior de la Judicatura, para que investigue la presunta falta
disciplinaria en que pudieron incurrir tanto el Juzgado 29 Penal del Circuito
de Bogotá como la apoderada del actor.
Tercero. Por Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General