T-631-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-631/03
ACCION DE TUTELA-Cumplimiento de fallos
judiciales para hacer efectivas obligaciones de hacer
Que la acción es procedente cuando lo
dispuesto en la sentencia cuyo cumplimiento se exige genera una obligación de
hacer, como la de reintegrar a un trabajador. En efecto, si se trata de una
obligación de hacer, la ejecución de lo ordenado por el juez ordinario requiere
de meros actos de trámite. La procedencia de la tutela cuando se trate de este
tipo de obligaciones y no se hayan establecido recursos judiciales
alternativos, se muestra entonces congruente con la exigencia constitucional de
que los derechos sean protegidos y garantizados (art. 2° CP), puesto que si no
se pudiese exigir el cumplimiento de lo ordenado en sentencias judiciales, los
derechos de las personas reconocidos o declarados en las mismas no serían
efectivamente  garantizados por el Estado. De modo que el incumplimiento de lo
ordenado en sentencias ejecutoriadas no sólo atenta contra el Estado de derecho
sino que, además, vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general para cumplimiento de fallos que
generen obligaciones de dar
Si se trata de una obligación de dar, la
ejecución de la sentencia no puede ser obtenida mediante acción de tutela, ya
que el legislador ha previsto mecanismos idóneos para lograr que se cumpla lo
ordenado en la sentencia que la origina y, por esta vía, ha salvaguardado la
garantía constitucional del cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas,
siendo necesario resaltar que dentro de estos mecanismos destaca el proceso
ejecutivo.
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional
para cumplimiento de sentencias que generen obligaciones de dar
Con todo, la
Corte ha precisado que aún en el evento en que sea pertinente el proceso
ejecutivo para reclamar la satisfacción de una obligación de hacer cuyo origen
sea una sentencia judicial ejecutoriada, la tutela será procedente si se
observa que el incumplimiento conlleva la vulneración de derechos fundamentales
y que la vía ejecutiva no tiene la misma efectividad que aquella, tal el caso
del reintegro de un trabajador. Y, en esta línea de reflexión, la Corte ha
considerado procedente la acción de tutela en aquellos casos en los que se ha
exigido el cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones, como quiera que
si el juez de tutela se abstiene de ordenar la inclusión en nómina de los
peticionarios convalida la afectación del mínimo vital de los mismos, lo cual
constituye una excepción a la regla según la cual la tutela es improcedente si
persigue el cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de dar.
INDEMNIZACION MORATORIA-Actuación de la
liquidadora de la Caja Agraria es coherente con las normas vigentes/ACCION
DE TUTELA-Improcedencia para pago de indemnización moratoria
La Sala considera infundada la petición
del actor y por ello declarará la improcedencia de la tutela por él instaurada.
En efecto, no sólo se advierte que de admitirse la solicitud de amparo se
estaría modificando una decantada jurisprudencia, conforme a la cual la acción
de tutela es improcedente para obtener el cumplimiento de sentencias que
generan obligaciones de dar, salvo cuando es necesaria para contrarrestar la
vulneración del mínimo vital del peticionario, sino que, además, se observa que
la actuación de la señora Liquidadora de la demandada fue coherente con la
normatividad vigente sobre las consecuencias del proceso liquidatorio de
entidades financieras, y con la interpretación que de la misma han realizado
los órganos competentes, cuales son el Consejo de Estado y la Superintendencia
Bancaria.
Referencia: expediente T-711864
Peticionario: Carmen Julio Botello Botello
Procedencia: Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral
Magistrado ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C.,
treinta y uno (31) de julio de dos mil tres (2003).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados JAIME
ARAÚJO RENTERÍA, ALFREDO BELTRÁN SIERRA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo adoptado por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá,
dentro del trámite de la acción de tutela promovida por Carmen Julio Botello
Botello contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (en liquidación).
I.  ANTECEDENTES.
Hechos.
El demandante
interpuso acción de tutela contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero (en liquidación) el 28 de noviembre de 2002 por intermedio de apoderado,
toda vez que considera que le ha sido vulnerado su derecho al debido proceso.
Manifiesta que mediante sentencia de 30 de junio de 2000 el Juzgado 9° Laboral
del Circuito de Bogotá condenó a la entidad demandada al pago de a)
$5´492.623.44 pesos moneda corriente, por concepto de cesantías, y b)
$30.089.24 “desde el 14 de enero de 1997 y hasta cuando se produzca el pago
de la suma indicada en el literal anterior por concepto de indemnización
moratoria”. En criterio del demandante, la demandada canceló las condenas
el 14 de diciembre de 2001 de forma diversa a la ordenada por el juez a pesar
de que la sentencia fue confirmada el 24 de agosto de 2000 por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá,  ya que limitó el pago de la condena por
indemnización moratoria hasta el 26 de junio de 1999, fecha en que se decretó
su liquidación forzosa administrativa. En consecuencia, basa su petición de
tutela en que la señora Liquidadora de la entidad demandada no ha cancelado el
valor correspondiente al tiempo comprendido entre el 27 de junio de 1999 y el
13 de diciembre de 2001, no obstante los reclamos que se le han efectuado, y
desconociendo la claridad  de la sentencia en la que se impuso condena por
indemnización moratoria, esto es, una sentencia que se encuentra en firme. En
ese sentido, explica el actor que la señora Liquidadora, mediante comunicación
del 13 de junio del presente año, negó su solicitud de pago de una parte de la
indemnización moratoria por considerar que la misma es comparable a los
intereses de mora de carácter civil o comercial, cuando bien es sabido que la
indemnización moratoria está regulada por normas de carácter laboral y, por lo
mismo, goza de prelación frente a otras acreencias.
Pretensión.
El peticionario
solicita que se ordene a la señora Liquidadora de la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero (en liquidación), cancelar el saldo de la condena por
indemnización moratoria a que fue condenada esa institución por el Juzgado 9°
Laboral del Circuito de Bogotá el 20 de junio de 2000, condena que fue
confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 24 de agosto
de ese año.
Contestación
de la demandada.
El Juzgado 17
Laboral del Circuito de Bogotá, al cual le correspondió tramitar y decidir el
presente proceso, admitió la solicitud de tutela y ordenó a la demandada
informar “el trámite dado al pago de las acreencias laborales del accionante
ordenadas mediante sentencias ejecutoriadas y las razones por las cuales no se
ha efectuado su pago en forma completa y dentro de los términos previstos para
ello”.
La Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero (en liquidación) se opuso a la pretensión
del actor e informó que todas las reclamaciones hechas a la entidad fueron
atendidas por la Liquidación con sujeción a las etapas previstas en la ley,
habiéndose  surtido la etapa de convocatoria de acreedores –finalizada el 24 de
abril de 2000–. Asimismo, sostuvo que la reclamación presentada por el
demandante fue rechazada por medio de la Resolución No. 001 de agosto 8 de
2000, contra la cual no se interpuso recurso alguno. Afirmó que, no obstante lo
anterior, el demandante solicitó el pago de la condena judicial aportando
documentación y, por ende, subsanando los errores que dieron lugar al rechazo
inicial, de modo que la citada resolución fue revocada directamente, siendo
aprobada la reclamación por el valor de cuarenta y un millones quinientos
noventa y cinco mil pesos con trece sobre cien ($41.595.000.13), a cargo
de la masa de la liquidación y dentro del primer orden de prelación legal.
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado del actor interpuso recurso
de reposición el 24 de octubre de 2001. La demandada, por su parte, confirmó la
resolución cuestionada, indicando que contra la nueva decisión no procede
ningún recurso. Así, el valor aprobado fue pagado en su totalidad el tres (3)
de diciembre de 2001, según lo señaló la señora Liquidadora.
II. SENTENCIA QUE
SE REVISA.
Fallo de
instancia.
Mediante
providencia del 13 de diciembre de 2002, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de
Bogotá concedió el amparo pretendido. En su concepto, la liquidadora de la
demandada, además de someter el asunto a una normatividad que no es aplicable
–la civil–, desconoció un derecho reconocido al demandante en sentencia
ejecutoriada. En efecto, para el juez de instancia la vulneración del derecho
al debido proceso del actor radica en que la demandada no canceló la
indemnización moratoria ordenada por el juez ordinario laboral. Según el juez
de instancia, no podía aducir válidamente la demandada que por encontrarse en
liquidación forzosa administrativa no procedía el pago de los intereses de mora
–comunicación de 13 de junio de 2002 dirigida al actor–, por cuanto bien es
sabido que el pago de la indemnización moratoria, que tiene carácter laboral, no
conduce al pago de intereses de mora.
Como la
resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el demandante
contra la decisión aprobatoria del reclamo laboral no es susceptible de ningún
recurso, el juez de instancia consideró que el actor no cuenta con otro medio
de defensa. Por ello, y por considerar que la demandada no probó fuerza mayor
que le impidiera cancelar la indemnización moratoria conforme  a lo establecido
en la jurisdicción ordinaria laboral, el juez concedió el amparo solicitado y
ordenó a la demandada que procediera a “efectuar los trámites pertinentes a
fin de dar estricto cumplimiento a las sentencias judiciales dictadas por la
Jurisdicción Laboral Ordinaria… tendientes al pago de la indemnización
moratoria a que fue condenada la entidad, por el período comprendido entre el
28 de junio de 1999 y el 13 de diciembre de 2001”.
Impugnación.
La entidad
demandada impugnó la anterior decisión, por considerar que la toma de posesión
de los bienes, haberes y negocios de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero, además de suponer el inicio del proceso de liquidación y el cese de
actividades sociales de la misma implicó que se configurara la causal de fuerza
mayor, conforme al Decreto 663 de 1993, que dispone la cesación de pagos e
impone a los acreedores de cualquier índole acogerse al proceso liquidatorio.
En este tipo de procesos, según la demandada, en virtud de la fuerza mayor no
es dable reconocer intereses de mora ni indemnizaciones moratorias por el no
pago oportuno de las obligaciones de la entidad deudora. Sobre este punto,
explicó la demandada:
La
anterior consideración jurídica, legal y constitucional se fundamenta en que
las obligaciones de la deudora y los acreedores quedan sometidos al debido
proceso, en este caso el procedimiento especial liquidatorio de entidades
financieras, y los pagos de las obligaciones que se reconozcan quedan sujetos a
estas mismas normas, reconocimiento y pago que se realizan respetando las
prelaciones legales y el principio de la igualdad de los acreedores, por
tratarse de un proceso concursal. Igualmente la doctrina y la jurisprudencia
han reconocido que los pagos a efectuar por la entidad en liquidación dentro
del proceso respectivo son consecuencia de su próxima desaparición sin que
pueda alegarse de la misma mala fe por la demora en el pago. Además, todos sus
activos constituyen la MASA liquidatoria y la entidad liquidada no puede seguir
desarrollando su objeto, ni cuenta con nuevos ingresos.
En concordancia
con lo anterior, la demandada adujo que sí dio cumplimiento a la sentencia por
medio de la cual se ordenó el pago de la indemnización moratoria, ya que
canceló todas las acreencias laborales a que el actor tenía derecho, entre
ellas la indemnización moratoria hasta el 26 de junio de 1999, es decir, hasta
cuando entró en proceso de disolución y liquidación.
Correspondió
conocer de la apelación a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, la
cual observó que el recurso fue presentado extemporáneamente, pues la sentencia
fue proferida el 13 de diciembre de 2002, el telegrama fue entregado el 19 de
diciembre del mismo año y el escrito de impugnación fue presentado el 16 de
enero de 2003, esto es, un día después del vencimiento del término para
impugnar.
III. INSISTENCIA
PARA LA SELECCIÓN DEL PROCESO.
Insistencia
de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández.
Como
inicialmente la acción de tutela no fue seleccionada para su revisión, la
Magistrada Clara Inés Vargas Hernández insistió en la selección del proceso de
la referencia porque, en su concepto, la Corte Constitucional debe unificar
criterios en relación con la procedencia de la acción de tutela en casos como
el presente, puesto que el juez de instancia en este proceso ordenó a la
demandada pagar la indemnización moratoria a que fue condenada en la
jurisdicción ordinaria laboral, mientras que otros jueces, ante solicitudes
similares, han considerado improcedente la acción.
Memoriales
remitidos por el demandante a la Corporación.
El actor, por
intermedio de apoderado, remitió a la Corporación dos memoriales que contenían
argumentaciones adicionales, relacionado el primero con la insistencia para la
selección del proceso, y presentado el segundo dentro del trámite de revisión
de la sentencia de instancia por parte de la Sala Primera de Revisión de
tutelas.
A este respecto
debe señalarse que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 de la
Constitución Política y el Art. 33 del Decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional tiene únicamente la atribución de revisar las sentencias
proferidas en las dos instancias de los procesos de tutela, lo cual significa
que el trámite de revisión no constituye una tercera instancia en la que las
partes o los intervinientes puedan presentar alegaciones y aportar o solicitar
la práctica de pruebas. Por esta razón no se tomarán en cuenta los escritos
adicionales presentados por el apoderado del señor Carmen Julio Botello
Botello.
IV. PRUEBAS
RELEVANTES ALLEGADAS AL EXPEDIENTE.
-
Copia del fallo del 30 de junio de 2000,
proferido por el Juzgado 9° Laboral del Circuito de Bogotá (Folios 8 al 17).
-
Copia del fallo de 24 de agosto de 2000,
proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá (Folios 18 al 25).
-
Copia del memorial de 24 de octubre de 2001,
mediante el cual la parte accionante interpuso recurso de reposición contra la
Resolución No. 2867 del 17 de octubre de 2001, por medio de la cual se limitó
al pago de la condena de indemnización moratoria hasta el 26 de junio de 1999
(Folios 26 al 27).
-
Copia del comunicación No. AR-000816 del 12 de
julio de 2002 dirigida al actor por la señora Liquidadora de la demandada
(Folios 35 al 36).
V. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
Competencia.
1. De conformidad con los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, y por la
escogencia del caso por la Sala de Selección Número Cuatro, mediante auto de 25
de Abril de 2003, esta Sala es competente para revisar la sentencia de la
referencia.
El problema
jurídico.
2. En el presente caso, el demandante
solicita que se ordene a la señora Liquidadora de  la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero (en liquidación), cancelar en su totalidad la indemnización
moratoria a que fue condenada la entidad en la jurisdicción ordinaria laboral.
En función de dicha solicitud, el actor aduce que le han sido vulnerados sus
derechos al debido proceso, al trabajo y a la aplicación de la norma más
favorable en beneficio del trabajador, pues la demandada consideró aplicable el
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en relación con las consecuencias
jurídicas de la toma de posesión, incluyendo entre ellas la cesación de los
pagos a cargo de la entidad en liquidación.
Teniendo en
cuenta lo anterior, corresponde a esta Sala determinar, en primer término, si
la acción de tutela es o no procedente para reclamar el cumplimiento de
sentencias ejecutoriadas y si sólo lo es en ciertos casos, señalar en cuáles.
Luego, la Sala analizará si en el caso concreto la acción de tutela es
procedente para demandar que se cancele la indemnización moratoria cuyo pago
fue ordenado en sentencia ejecutoriada proferida por la jurisdicción laboral
contra una entidad financiera en liquidación.
Procedencia
de la acción de tutela para exigir el cumplimiento de sentencias judiciales
ejecutoriadas que generan obligaciones de hacer y procedencia excepcional de la
misma cuando se exige el cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de
dar. Reiteración de jurisprudencia.
3. Esta Corte se ha pronunciado en numerosas
ocasiones acerca de si procede o no la acción de tutela cuando se pretende que
el juez de tutela ordene el cumplimiento de lo dispuesto en una sentencia
judicial ejecutoriada.[1]
La Corte ha considerado que la acción es procedente cuando lo dispuesto en la
sentencia cuyo cumplimiento se exige genera una obligación de hacer, como la de
reintegrar a un trabajador. Asimismo, la Corporación ha señalado que por regla
general la acción no procede cuando se pretende el cumplimiento de una
sentencia que genera una obligación de dar, como la de pagar una suma de
dinero. Esta distinción encuentra fundamento en el esquema de garantías y
derechos constitucionales vigente, en la naturaleza de las obligaciones que
tienen origen en lo ordenado por los jueces ordinarios, y en la pertinencia y
viabilidad de los mecanismos diseñados por el legislador para forzar el cumplimiento
de las sentencias ejecutoriadas.
4. En efecto, si
se trata de una obligación de hacer, la ejecución de lo ordenado por el juez
ordinario requiere de meros actos de trámite. La procedencia de la tutela
cuando se trate de este tipo de obligaciones y no se hayan establecido recursos
judiciales alternativos, se muestra entonces congruente con la exigencia
constitucional de que los derechos sean protegidos y garantizados (art. 2° CP),
puesto que si no se pudiese exigir el cumplimiento de lo ordenado en sentencias
judiciales, los derechos de las personas reconocidos o declarados en las mismas
no serían efectivamente  garantizados por el Estado. Así, el cumplimiento de lo
resuelto por los jueces es una garantía constitucional y, al mismo tiempo, un
derecho de carácter subjetivo que se deduce del artículo 29 de la Constitución.
De modo que el incumplimiento de lo ordenado en sentencias ejecutoriadas no
sólo atenta contra el Estado de derecho sino que, además, vulnera el derecho
fundamental al debido proceso.
5. En cambio, si
se trata de una obligación de dar, la ejecución de la sentencia no puede ser
obtenida mediante acción de tutela, ya que el legislador ha previsto mecanismos
idóneos para lograr que se cumpla lo ordenado en la sentencia que la origina y,
por esta vía, ha salvaguardado la garantía constitucional del cumplimiento de
las sentencias ejecutoriadas, siendo necesario resaltar que dentro de estos
mecanismos destaca el proceso ejecutivo.
6. Con todo, la
Corte ha precisado que aún en el evento en que sea pertinente el proceso
ejecutivo para reclamar la satisfacción de una obligación de hacer cuyo origen
sea una sentencia judicial ejecutoriada, la tutela será procedente si se
observa que el incumplimiento conlleva la vulneración de derechos fundamentales
y que la vía ejecutiva no tiene la misma efectividad que aquella, tal el caso
del reintegro de un trabajador. Y, en esta línea de reflexión, la Corte ha
considerado procedente la acción de tutela en aquellos casos en los que se ha
exigido el cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones, como quiera que
si el juez de tutela se abstiene de ordenar la inclusión en nómina de los
peticionarios convalida la afectación del mínimo vital de los mismos[2], lo cual constituye una
excepción a la regla según la cual la tutela es improcedente si persigue el
cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de dar.
Análisis del
caso concreto.
7. La petición
la basa el peticionario en que la señora Liquidadora de la demandada le negó el
pago completo de la indemnización moratoria, comúnmente denominada “salarios
caídos”. Según el actor, la señora Liquidadora consideró equivocadamente
que dicha indemnización tiene la misma connotación de los intereses de mora de
carácter civil o comercial. Precisamente, el demandante moviliza en esta
oportunidad a la administración de justicia porque, en su criterio, la
interpretación por parte de la demandada de las disposiciones legales vigentes
es manifiestamente inadecuada, ya que desde el punto de vista de aquel es claro
que la condena indemnizatoria está regulada en la normatividad laboral. Dado
que la indemnización reclamada en sede de tutela encuentra su origen en una
decisión judicial que se encuentra en firme y que, por lo mismo, no puede ser
modificada o desconocida por ninguna autoridad jurisdiccional o administrativa
argumentando conveniencia o imposibilidad jurídica para cumplirla, y en vista
de que por ser crédito laboral dicha indemnización goza de prelación frente a
otras acreencias, pues debe ser pagada con prontitud conforme al Artículo 36 de
la Ley 50 de 1990, el demandante estima que corresponde al juez de tutela
ordenar el cumplimiento de la sentencia de condena.
8. La Sala
considera infundada la petición del actor y por ello declarará la improcedencia
de la tutela por él instaurada. En efecto, no sólo se advierte que de admitirse
la solicitud de amparo se estaría modificando una decantada jurisprudencia,
conforme a la cual la acción de tutela es improcedente para obtener el
cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de dar, salvo cuando es
necesaria para contrarrestar la vulneración del mínimo vital del peticionario,
sino que, además, se observa que la actuación de la señora Liquidadora de la
demandada fue coherente con la normatividad vigente sobre las consecuencias del
proceso liquidatorio de entidades financieras, y con la interpretación que de
la misma han realizado los órganos competentes, cuales son el Consejo de Estado
y la Superintendencia Bancaria.
9. Aun cuando
podría argüirse que en un primer momento la demandada indicó al demandante que
el pago de la indemnización moratoria hasta el 26 de junio de 1999, fecha en la
cual entró en liquidación la entidad, obedecía a que el inicio del proceso de
liquidación implica la cesación de pagos y a que, según concepto de la
Superintendencia Bancaria, la toma de posesión configura la causal exonerativa
de responsabilidad conocida como fuerza mayor, en punto a los intereses de mora
civiles o comerciales a cargo de la persona intervenida –­comunicación AR
000638 de junio 13 de 2002–, no es menos cierto que la propia entidad aclaró
posteriormente que no cancelaba la indemnización moratoria hasta el 13 de
diciembre de 2001, como lo pide el actor, por cuanto la toma de posesión
implica la configuración de la fuerza mayor, bien sea para el pago de los
mencionados intereses, bien sea para la cancelación de la indemnización
moratoria laboral. En este sentido, la demandada no ha dado simplemente
aplicación a la normatividad civil y comercial, como lo sugiere el demandante,
sino también a lo señalado por el Consejo de Estado en varias providencias.
Cabe resaltar que esa Corporación ha acogido el contenido normativo del
artículo 1° de la Ley 95 de 1890, según el cual la fuerza mayor es el
imprevisto que no es posible resistir, como los “autos (sic) de autoridad
ejercidos por un funcionario público”. Así, el Consejo de Estado ha
considerado que si la mora del deudor es el “retraso contrario a derecho de
la prestación por una causa imputable a aquel”, la situación de
intervención administrativa de una sociedad no configura incumplimiento, como
quiera que es, precisamente, un acto de autoridad.[3]
A este respecto
debe anotarse que, según las reglas y conceptos sobre las obligaciones
patrimoniales, el acto de autoridad que se refiere la norma citada no exonera
de responsabilidad por el sólo hecho de ser tal y únicamente produce ese efecto
cuando es imprevisible e irresistible, es decir, cuando reúne las condiciones propias
de la fuerza mayor.
Así mismo, debe precisarse que en el caso
que se examina la obligación es de naturaleza laboral, por lo cual deben
aplicarse los principios que rigen en dicho campo del Derecho, y no solamente
los civiles o los comerciales. No obstante, aplicando el mencionado criterio
del Consejo de Estado, puede concluirse que la entidad demandada no está
obligada a cancelar la obligación reclamada, por haber operado la causal de
exoneración consistente en fuerza mayor.
10. La Sala observa, entonces, que en el
presente caso no es relevante la norma que establece la improcedencia de nuevos
procesos ejecutivos contra las entidades en proceso de liquidación –art. 1°,
lit. i) del Decreto 2418 de 1999[4]–,
puesto que el actor ha tenido la oportunidad de hacer las reclamaciones
correspondientes dentro del proceso liquidatorio, y que, dentro de éste, la
señora Liquidadora ha seguido los lineamientos legales al momento de
resolverlas. Por ello, la Sala considera que no es dable modificar la
jurisprudencia conforme a la cual por regla general la acción de tutela no es
procedente cuando se exige el cumplimiento de sentencias que generan
obligaciones de dar, jurisprudencia que halla su fundamento en que el proceso
de tutela no puede reemplazar al proceso ejecutivo, ya que este último es
idóneo para forzar el cumplimiento de esa clase de obligaciones.
11. En
consecuencia la Sala revocará la sentencia proferida por el Juzgado 17 Laboral
del circuito, por medio de la cual se concedió el amparo pretendido. En su
lugar, declarará improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Carmen Julio Botello Botello contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero (en liquidación).
VI. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida el 13 de diciembre
de 2002 por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá, por medio de cual se
concedió el amparo pretendido y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela instaurada por el señor Carmen Julio Botello Botello contra la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (en liquidación).
Segundo.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Ver, entre otras, las sentencias T-321/03, T-1051/02, T-510/02,
T-406/02 y T-203/02.
[2] Ver, en particular, la sentencias T-720/02 MP Alfredo Beltrán
Sierra y T-498/02 MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[3] Ver, en particular, la providencia de 25 de junio de 1999
(Radicación No. 9425), Consejero Ponente: Daniel Manrique Guzmán, Consejo de
Estado / Sala de lo Contencioso Administrativo / Sección Cuarta.
[4] “Artículo 1°. Medidas preventivas en la
toma de posesión. El acto administrativo que ordene la toma de posesión de los
bienes, haberes y negocios de una institución vigilada por la Superintendencia
Bancaria deberá disponer además: […]
i) El aviso a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten
procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la
ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase
contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores
a dicha medida, y la obligación de dar aplicación a las reglas previstas por
los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995. Los oficios respectivos serán
enviados por el funcionario comisionado para practicar la medida”.