T-690-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-690/12
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS Y NIÑAS-Procedencia de la acción de tutela para su protección
FUNDAMENTALIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACION
DEL NIÑO-Accesibilidad como componente básico
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DEL MENOR-El transporte escolar de niños y niñas, en especial de
aquellos que residen en zonas alejadas de la institución educativa o de difícil
acceso, es una prestación propia del derecho a la educación
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA EN MATERIA DE
EDUCACION
DERECHO A LA EDUCACION-Permanencia en el sistema educativo
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Configuración
DERECHO A LA EDUCACION-Orden de proveer docente para escuela
DERECHO A LA EDUCACION-Carencia actual de objeto por hecho superado por cuanto
accionante alcanzó a terminar su educación media
Referencia: expedientes
T-2961245, T-2963870 y T-2969108 (acumulados).
Expediente T-2961245. Acción de tutela presentada por
María Elsy Pérez Toro en representación de los niños de la vereda la Selva del
municipio de Pueblo Rico, Risaralda, contra el Ministerio de Educación
Nacional, la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y la
Alcaldía Municipal de Pueblo Rico.
Expediente T-2963870. Acción de tutela presentada por
Velkis Vianney Díaz Cruz en representación de su menor hijo Álvaro Fernando
Torres Díaz, contra el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de
Educación del Municipio de Cúcuta y el Colegio Primero de Mayo.
Expediente T-2969108. Acción de tutela presentada
Adriana Strauns Muñoz en representación de su menor hija Angie Marisol Reyes
Strauns, contra el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación
del Municipio de Cúcuta y el Colegio José Antonio Rubio.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil
doce (2012).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Adriana María Guillén (e), en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA[1]
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, el
veintiuno (21) de septiembre de dos mil diez (2010), y en segunda instancia,
por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Pereira el cuatro (4)
de noviembre de dos mil diez (2010), en la acción promovida en representación
de los niños de la vereda la Selva, contra el Ministerio de Educación Nacional,
la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y la Alcaldía
Municipal de Pueblo Rico; por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Cúcuta el
veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010), en única instancia, para
la acción promovida en representación de la niña Angie Marisol Reyes Strauns
contra el Municipio de Cúcuta y; finalmente, por el Juzgado Tercero Penal
Municipal de Cúcuta el treinta (30) de diciembre de dos mil diez (2010), en
única instancia, para la acción promovida en representación del niño Álvaro
Fernando Torres Díaz contra el Municipio de Cúcuta.
I. ANTECEDENTES
Los
peticionarios interpusieron acción de tutela contra diferentes entidades
estatales por considerar que les vulneraron sus derechos fundamentales a la
educación. (i) En el caso de los niños de la vereda la Selva, porque el
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de la Gobernación
de Risaralda no asignaron un docente para la escuela más cercana a su lugar de
residencia, viéndose obligados a desplazarse una hora y media hacia otra vereda
para recibir clases, debiendo recorrer un camino en el cual, según la actora,
se incrementaron los sucesos de violencia; y (ii) en el caso de los
menores Angie Reyes y Álvaro Torres, porque la Secretaría de Educación del
Municipio de Cúcuta les retiró un subsidio educativo en virtud del cual estudiaban
en colegios particulares, a pesar de que los padres no contaban con los
recursos económicos para sufragar las cuotas mensuales de los centros
educativos privados.
A
continuación se hará una exposición más precisa de los antecedentes.
1.
Caso de los niños de la vereda la Selva del Municipio de Pueblo Rico,
Risaralda. Expediente T-2961245
1.1.
María Elsy Pérez Toro[2]
presentó acción de tutela contra la Secretaría de Educación de la Gobernación
de Risaralda, por la presunta vulneración de los derechos a la educación y la
integridad personal de los menores residentes de la vereda la Selva.[3] Afirmó que a
los niños no se les ha asignado un docente a pesar de que tienen una escuela en
la zona, por lo que deben desplazarse una hora y media hacia otra institución para
recibir sus clases, recorriendo un camino que representa una amenaza para su
integridad física porque desde finales de dos mil nueve (2009) se han venido presentando
actos de violencia que desincentivan el envío de los niños a la escuela.[4] De esta
forma, pretende el amparo de sus derechos fundamentales y la asignación de un
profesor para la sede de la Selva.
1.2.
Las entidades accionadas se opusieron a las pretensiones con base en los
siguientes argumentos: (i) la Secretaría de Educación de la Gobernación
de Risaralda informó que no podía destinarse el profesor reclamado; por un
lado, porque desde el Ministerio de Educación Nacional no se había incrementado
la planta de cargos desde el año dos mil cuatro (2004);[5] por el otro, porque para
la ubicación de personal docente en zona rural se debe contar con un mínimo de
veintidós (22) estudiantes,[6]
y para el año dos mil once (2011) no se habían registrado matrículas en la
vereda la Selva.[7]
De todas formas, afirmó que el derecho a la educación de los niños está
garantizado, en cuanto tienen cupo educativo vigente en la escuela de
Montebello. (ii) Por su parte, la Alcaldía de Pueblo Rico solicitó ser
desvinculada del proceso de tutela, pues al no estar certificada por el
Ministerio de Educación Nacional, la prestación del servicio educativo está en
cabeza del Departamento de Risaralda. (iii) Finalmente, el Ministerio de
Educación Nacional, que fue vinculado al proceso de tutela por la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional mediante auto del seis (6) de julio de
dos mil once (2011),[8]
indicó que el Departamento de Risaralda sí cuenta con una planta de cargos
docentes suficiente para garantizar la prestación del servicio educativo en las
instituciones de su jurisdicción, pues la relación alumnos por maestro es la
adecuada según la última revisión técnica efectuada por el Ministerio,[9] pero que de
todas formas los tienen mal distribuidos.
1.3.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, el veintiuno (21) de
septiembre de dos mil diez (2010), actuando como juez de tutela de primera
instancia, resolvió amparar el derecho fundamental a la educación de los niños
de la vereda la Selva, y ordenó a la Secretaría de Educación Departamental que
iniciara los trámites tendientes para designar el docente solicitado. Argumentó
que la ausencia de un profesor para su lugar de residencia se traducía en un
incumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado de brindar “accesibilidad
y asequibilidad” a la educación; prescripciones que, en su concepto, tenían fundamento
en la jurisprudencia constitucional.[10]
Luego de impugnado el fallo por la Secretaría de Educación Departamental, la
Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Pereira revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de tutela.
Consideró que la demandante podía acudir a la jurisdicción administrativa por
medio de una acción popular, pues al solicitar el derecho a la educación de
todos los niños de la vereda la Selva, invocó la protección como un derecho
colectivo.
2.
Caso del menor Álvaro Fernando Torres Díaz. Expediente T-2963870
2.1.
El niño Álvaro Fernando Torres Díaz, en virtud de un subsidio otorgado por la
Alcaldía de Cúcuta, estudiaba en el Colegio (privado) Primero de Mayo desde el
año dos mil cinco (2005).[11]
Asegura su madre, que en diciembre de dos mil diez (2010) le informaron desde la
rectoría que los subsidios se iban a cancelar para el año lectivo dos mil once
(2011), porque un estudio realizado por la Secretaría de Educación Municipal
indicaba que los centros educativos oficiales tenían suficiente capacidad para
brindarle a su hijo el servicio escolar, y que por lo tanto debía trasladarlo a
una institución del Estado.
Inconforme
con esa determinación, la madre interpuso la acción de tutela que ahora es
objeto de revisión por la Corte. Allí pretendió que se amparara el derecho
fundamental a la educación de su hijo y se ordenara a la Secretaría de
Educación respectiva suscribir un contrato de prestación de servicios
educativos con el Colegio Primero de Mayo, con la finalidad de que Álvaro
Fernando Torres Díaz pudiera cursar el período académico dos mil once (2011) en
éste.
2.2.
La Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta consideró que el derecho a
la educación del menor no se vulneró con la cancelación del subsidio, porque según
el estudio de suficiencia –avalado por el Ministerio de Educación Nacional–,
los colegios oficiales tienen la capacidad de atender a toda la población
estudiantil del Municipio de Cúcuta y, por lo tanto, la madre del adolescente
tenía la posibilidad de acudir a alguna de las instituciones públicas para
matricularlo. Por lo demás, señaló que el contrato de prestación de servicios
educativos celebrado con el Colegio Primero de Mayo se terminó por vencimiento
de plazo, de conformidad con la cláusula décima del mismo.[12]
El
Colegio Primero de Mayo, por su parte, indicó que a los padres de familia se
les había informado desde el veinte (20) de septiembre de dos mil diez (2010)
sobre la posibilidad de que el subsidio se cancelara,[13] y que el dos (2) de
diciembre de dos mil diez (2010) les comunicó de manera definitiva que debían
buscar una institución oficial para brindarles educación a sus hijos,[14] pues al
Colegio se le había señalado el diecinueve (19) de noviembre de dos mil diez
(2010) que el contrato de prestación de servicios educativos no iba ser
renovado.
2.3.
El Juzgado Tercero Penal Municipal de Cúcuta en única instancia, el treinta
(30) de diciembre de dos mil diez (2010), decidió denegar el amparo porque no
se hallaba vulnerado el derecho fundamental a la educación del menor. Argumentó
que la Secretaría de Educación Municipal era autónoma para determinar la
prestación del servicio educativo y que, bajo tales condiciones, podía
trasladar a colegios oficiales a los menores que venían siendo beneficiarios
del subsidio.
3.
Caso de la menor Angie Marisol Reyes Strauns. Expediente T-2969108
3.1.
La madre de la menor Angie Marisol Reyes Strauns considera que el derecho a la
educación de su hija fue vulnerado por la Secretaría de Educación de Cúcuta y
el Colegio José Antonio Rubio, pues al cancelar el pago de un subsidio
educativo para el año dos mil diez (2010) se puso en riesgo la posibilidad de
que la menor obtuviera el título de bachiller. Indica la accionante que su hija
cursó todo el grado once durante el año dos mil diez (2010) sin problemas
académicos o disciplinarios, pero que sorpresivamente, al final del período
académico, el rector de la institución educativa les comunicó a los padres de
familia de los estudiantes subsidiados que el grado de sus hijos estaba en
riesgo, porque la Alcaldía había cancelado un año atrás el programa de
beneficios escolares para ellos, y que por lo tanto debían sufragar el valor
total de las mensualidades. Así las cosas, la actora pretende que la Secretaría
de Educación de Cúcuta pague los costos estudiantiles de su hija para el año
dos mil diez (2010) y de esta forma permitirle obtener el título de bachiller.
3.2.
La Alcaldía de Cúcuta se opuso a lo pretendido. Afirmó que el Colegio José
Antonio Rubio inscribió a la niña para el dos mil diez (2010) de manera privada,
y que no es dable cobrarle la matrícula solicitada, pues el contrato con ellos
se había terminado y liquidado en el año dos mil nueve (2009) por vencimiento
del plazo, de conformidad con la cláusula décima del mismo.[15] Igualmente, sostiene que
los representantes del Colegio José Antonio Rubio fueron negligentes para
notificarles a los padres del retiro del subsidio, pues a pesar de que sabían
de la situación desde finales de dos mil nueve (2009), se la comunicaron a los
padres de la joven un año después. Por otro lado, asegura que el derecho a la
educación no se vulneró porque Angie Marisol Reyes Strauns, en últimas, alcanzó
el título de bachiller del Colegio José Antonio Rubio.
Los
representantes del Colegio José Antonio Rubio no se pronunciaron dentro del
proceso de tutela.
3.3.
El Juzgado Sexto Penal Municipal de Cúcuta en única instancia, el veintinueve
(29) de noviembre de dos mil diez (2010), resolvió denegar las pretensiones de
la accionante. Sostuvo que el derecho a la educación no se encontraba vulnerado
porque la menor no había sido expulsada del Colegio José Antonio Rubio, y
respecto de la matrícula del año dos mil diez (2010) vencida, comprendió que no
había lugar a cubrirla porque el contrato se había terminado un año antes y los
representantes del plantel educativo tenían pleno conocimiento de ello.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Sala es competente para revisar los fallos de tutela, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y 34 del
Decreto 2591 de 1991.
2.
Cuestión previa al planteamiento de los casos. La acción de tutela procede para
garantizar el derecho fundamental a la educación de los niños de la vereda la
Selva, por cuanto se interpone en defensa de un interés específico de sujetos
concretos determinables
En
concepto de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, la acción
de tutela presentada por María Elsy Pérez Toro en representación de los niños
de la vereda la Selva era improcedente. Estimó la Corporación que en tanto el amparo
se interpuso a favor de todos los menores de la vereda, el interés a
proteger era colectivo, y en consecuencia debían tramitarse las pretensiones
mediante la acción popular, pues, en su concepto, el artículo 4 de la Ley 472
de 1998[16]
establece un mecanismo judicial para los casos en los cuales estuviere
comprometido el acceso al servicio público de educación.[17] La Sala Primera de
Revisión no comparte el entendimiento del Tribunal y, por el contrario, estima
que la acción de tutela sí procede para proteger el derecho fundamental a la
educación de los niños de la vereda la Selva.
2.1.
Debe entenderse que el criterio indicador de la procedencia de la acción de
tutela para proteger derechos fundamentales, o la de la acción popular para la
garantía de los intereses colectivos,[18]
no es cuantitativo, pues el número de sujetos que pretenden en una acción no es
lo relevante para determinar la naturaleza de la prerrogativa que se reclama. Es
el contenido y la titularidad del derecho a proteger en cada caso concreto lo
que realmente establece su naturaleza. De esta manera, si el derecho tiene un
contenido indivisible, y da cuenta del interés común de un grupo de personas
sobre las cuales no se puede identificar una sola como titular de la
prerrogativa, se puede estar frente un derecho colectivo; por otro lado, si se
tiene un interés susceptible de ser individualizado en una persona determinada
o determinable, se puede tratar de un derecho subjetivo fundamental.[19] Por lo tanto,
podría sostenerse que un derecho individual no se transforma en uno colectivo
por el solo hecho de haber sido reclamado simultáneamente por un número plural
de personas, y viceversa.[20]
De
acuerdo a lo anterior, el que María Elsy Pérez Toro haya demandado la garantía
del derecho a la educación de todos los niños de la vereda la Selva no
es indicador de que el interés que busca proteger sea colectivo, y tampoco
despoja a los menores de su prerrogativa individual, ya que, como se advirtió,
el número de personas que acuden a la justicia de manera simultánea no es un
criterio único para determinar la naturaleza del derecho reclamado. En
consecuencia, el argumento esgrimido por el Tribunal para establecer que la
acción popular era el mecanismo judicial más adecuado para tramitar las
pretensiones no es de recibo por la Corte.
Ahora
bien, si dicha autoridad judicial hubiese recurrido a un criterio material [y
no cuantitativo] para examinar la naturaleza del derecho y evaluar su acción
procedente, no habría afirmado que la actora pretendía la defensa de la
educación como servicio público en su dimensión colectiva,[21] sino todo lo contrario:
que el amparo se presentaba para la defensa de los derechos a la educación y la
integridad física de los niños de la vereda la Selva en su dimensión
individual. Y es que no sólo el artículo 44 superior[22] le otorga la categoría
de fundamentales a los derechos reclamados, de lo cual podría desprenderse la
procedencia de la tutela, sino que también respecto de cada uno de los menores
se puede predicar la titularidad de esas prerrogativas, tal que se pueden
dividir e individualizar en ellos como derechos subjetivos.[23] Nótese entonces que no
se trata de una acción presentada para defender el interés difuso en la
comunidad de que sus niños se eduquen como medio para alcanzar el bienestar
social generalizado,[24]
sino que de acuerdo al amparo que invoca la accionante, los intereses a
proteger son específicos de los niños de la vereda la Selva a acceder y
disponer de un sistema educativo de tal forma que no atente contra su
integridad física.
2.2.
Por otra parte, la Sala resalta que pese a la ausencia de poder para actuar de
la accionante, sí existe legitimidad en la causa. Y es que la Constitución y la
Ley, en desarrollo de los principios de corresponsabilidad y solidaridad para
la protección de los intereses del menor, facultan a cualquier persona para
exigir la defensa de sus derechos;[25]
más aún, si lo hace alguien que está en cabeza de una organización de la
sociedad civil, como lo es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la
Vereda la Selva, en quien radica la obligación de procurar la protección de los
derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes.[26] Asimismo, de
la ausencia de poder para actuar no puede derivarse el entendimiento de que no
hay intereses específicos a proteger, ya que están en disputa el derecho de los
niños de la vereda la Selva del Municipio de Pueblo Rico que deben desplazarse
hacia otra escuela para recibir clases, que si bien no son sujetos
determinados, son determinables como sujetos concretos. Es decir, son personas
que no han sido identificadas con precisión, pero que mediante un análisis de
sus características y particularidades pueden serlo.[27]
2.3.
Así las cosas, dado que la acción de tutela se interpuso pretendiendo la
defensa de intereses específicos de sujetos concretos y determinables, la Sala
entenderá que la acción de tutela interpuesta por María Elsy Pérez Toro en
representación de los niños de la vereda la Selva es procedente para solicitar
la protección de sus derechos fundamentales a la educación y la integridad
física. En consecuencia, pasará a plantear los casos y los problemas jurídicos.
3.
Planteamiento de los casos y problemas jurídicos
La Sala de Revisión considera que para los supuestos
fácticos descritos se pueden formular tres problemas jurídicos, uno para el
caso de los niños de la vereda la Selva, y otros dos para los de los niños
Álvaro Torres y Angie Reyes.
3.1. A propósito del caso de los niños de la vereda la
Selva, la accionante considera que el derecho fundamental a su educación está
siendo vulnerado porque el trayecto de una hora y media de duración que deben
recorrer hasta la vereda Montebello para recibir clases, recorrido que además presenta
problemas de orden público, se convierte en una barrera de acceso al servicio
educativo. Por otro lado, la Secretaría de Educación de Risaralda opina que tal
vulneración no se ha materializado, porque los menores, a pesar de tener que
desplazarse, siguen recibiendo clases con normalidad en otra escuela; pero
además, sostiene que no puede enviar un docente a la vereda la Selva dado que
el Ministerio de Educación Nacional no ha ampliado la planta de cargos. No
obstante, el Ministerio de Educación Nacional afirma que la Secretaría de
Educación de Risaralda sí tiene una planta de cargos docentes suficiente para
garantizar la prestación del servicio educativo en las instituciones de su
jurisdicción, y que es su responsabilidad distribuir el personal de acuerdo a
las necesidades del servicio.
De está forma, le corresponde a la Sala Primera de
revisión determinar si (i) ¿las autoridades públicas encargadas de
dirigir y ejecutar las políticas educativas a nivel nacional y territorial,
vulneran el derecho fundamental a la educación y la integridad física de unos
niños campesinos, que para recibir sus clases deben viajar diariamente por un
tiempo aproximado de una hora y media y atravesar una zona con problemas de
orden público, cuando consientes de esa dificultad no adoptan ninguna solución
para superarla?
3.2. Para el caso del menor Álvaro Fernando Torres
Díaz, la demandante estima que los derechos fundamentales de su hijo se
vulneraron porque la Secretaría de Educación de Cúcuta le canceló el subsidio
educativo para el año lectivo dos mil once (2011), el cual le permitía a éste
adelantar sus estudios en un colegio privado. Asegura que ella no tiene los
recursos económicos para sufragar la cuota mensual que exige tal institución y
que el nivel educativo en los colegios oficiales no es el adecuado para el
menor. Con todo, la Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta considera que
no se ha transgredido derecho alguno, porque los padres de familia tenían
conocimiento del retiro del beneficio económico desde antes de comenzar el
nuevo año escolar, razón por la cual tuvieron la posibilidad de acudir a las
instituciones oficiales de Cúcuta en las cuales habían cupos disponibles para
matricular al niño. Por su parte, el Colegio Primero de Mayo corroboró a la
Sala que los padres de familia tuvieron conocimiento de la cancelación del
subsidio desde antes de comenzar el año académico dos mil once (2011), y que
desde el Municipio se ofreció un listado de instituciones oficiales que
garantizarían la continuidad en la prestación del servicio educativo.
Pues bien, para la situación fáctica descrita, a la
Sala Primera de Revisión le corresponderá establecer si (ii) ¿una
autoridad municipal vulnera el derecho fundamental a la educación de un menor
de escasos recursos al retirarle un subsidio para estudiar en un colegio
privado, a pesar de que le notificaron a sus acudientes de la cancelación del
beneficio económico antes de que comenzara el nuevo período académico, y le
ofrecieron continuidad en la prestación del servicio educativo en los colegios
oficiales del municipio?
3.3. Finalmente, frente al caso de la menor Angie
Marisol Reyes Strauns, se interpuso acción de tutela bajo el entendido de que la
Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta y el Colegio José Antonio Rubio
le vulneraron el derecho a la educación y la confianza legítima, al haberle
notificado del retiro de un subsidio educativo ad portas de obtener el título
de bachiller, poniendo en riesgo la finalización exitosa de la educación media
por circunstancias económicas. La Secretaría de Educación accionada informa que
el representante del Colegio sabía desde finales de dos mil nueve (2009) que
para el siguiente año lectivo el subsidio iba a ser retirado, por lo que
matriculó a la menor en el grado once de manera privada. Además, sostiene que
el derecho a la educación no se puso en riesgo porque, en últimas, Angie
Marisol Reyes obtuvo el título de bachiller.
Así las cosas, la Sala deberá determinar si (iii) ¿una
autoridad municipal que reconoce un subsidio educativo y el colegio privado que
les brinda el servicio, vulneran el derecho fundamental a la educación de una
estudiante, al comunicarle a sus acudientes que el auxilio económico había sido
retirado cuando el año lectivo afectado estaba en curso y, como consecuencia de
ello, supeditarle la obtención del título de bachiller a el pago total de ese
período escolar, a pesar de que ella no tuvo percances académicos y/o
disciplinarios para terminar con éxito la educación media?
3.4. La Sala Primera de Revisión (i) analizará
el caso de los niños de la vereda la Selva a la luz del derecho a la accesibilidad
en educación para niños campesinos; (ii) posteriormente, resolverá los
casos de Álvaro Torres y Angie Reyes, basándose en la dimensión de permanencia
del derecho a la educación y la confianza legítima.
4. Las autoridades públicas del orden nacional y
territorial encargadas de dirigir y ejecutar las políticas de enseñanza,
vulneraron los derechos fundamentales a la educación y la integridad física de
los niños campesinos de la vereda la Selva [Municipio de Pueblo Rico, Risaralda],
porque desatendieron las obligaciones inmediatas derivadas del componente de accesibilidad.
Expediente T-2961245
En
esta oportunidad la Corte examinará si el Ministerio de Educación Nacional, la
Secretaría de Educación de Risaralda y la Alcaldía de Pueblo Rico, vulneraron
los derechos fundamentales a la educación y la integridad física de los niños
de la vereda la Selva, cuando consientes de las dificultades que tenían los
menores para recibir sus clases, en el sentido de que debían viajar diariamente
por un tiempo aproximado de una hora y media y atravesar una zona con problemas
de orden público, no adoptaron alguna solución para superarlas. Para ello explicaron
dentro del proceso de tutela, que la inactividad se debía a diferencias entre las
entidades respecto de la capacidad que tienen para asignar un docente en la
escuela de la vereda o prestarles el servicio de transporte. Al respecto, la
Sala estima que, por lo menos, la dimensión de accesibilidad material al
sistema educativo se vio comprometida, por lo que deben proferirse órdenes
alternativas para enervar la violación. A continuación pasará a sustentar su
aserto.
4.1. Debe precisarse que hacer efectivo el acceso a la
educación de los niños de la vereda la Selva es una responsabilidad
constitucional que tiene el Estado de máxima importancia,[28] no sólo porque son sujetos
de especial protección con los cuales existe un compromiso en el desarrollo de su
personalidad basado en el conocimiento, sino también porque debe promoverse en
ellos la igualdad de oportunidades respecto de aquellos que han recibido enseñanza
permanente y de calidad.[29]
Como pasará a demostrarlo la Sala, las dificultades para acercar el
conocimiento a las zonas apartadas del territorio, tales como la violencia, la
pobreza, la deficiencia en servicios públicos y la misma geografía hacen que se
radique en cabeza del Estado el deber de promover en la comunidad campesina el
servicio educativo, con la finalidad de que sus integrantes mejoraran su calidad
de vida.[30]
Y ese deber no sólo está soportado en la obligación de garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales,[31]
sino también en la de preparar a los menores campesinos para el desarrollo de
sus planes de vida basados en la educación y la cultura.[32]
4.2. El compromiso estatal respecto de la
accesibilidad al sistema educativo[33]
se pone en marcha cuando, mínimamente, se cumplen a cabalidad las obligaciones
de efecto inmediato como la de no discriminación para la entrada a las escuelas
disponibles[34]
o la de ingreso a la educación básica pública y gratuita.[35] Por tanto, si se dejan
de adoptar medidas para garantizar el acceso a la educación a personas de
especial protección constitucional como los niños campesinos, la
responsabilidad de garantizarles su derecho a la educación está siendo omitida por
las entidades competentes.
Este entendimiento lo adoptó la Corte, por ejemplo, en
la sentencia T-1259 del 2008,[36]
en la cual se ampararon los derechos fundamentales a la educación, la vida
digna y la integridad personal de todos los niños residentes del municipio de Tuta,
Boyacá, que debían efectuar largos desplazamientos para llegar a sus
respectivas escuelas [eran más de sesenta (60) menores]. La Sala de Revisión señaló
que las entidades territoriales encargadas de ejecutar las políticas
educativas, al no adoptar un plan para solucionar el problema de accesibilidad
material al sistema educativo, habían desincentivado el proceso de aprendizaje
de los menores, razón por la cual se encontraba amenazado el derecho a la
educación.[37]
Igualmente,
en la sentencia T-781 de 2010,[38]
se amparó el derecho fundamental a la educación de unos menores de edad que
debían recorrer un camino largo y peligroso para recibir clases, razón por la
cual reclamaban el nombramiento de un profesor para la escuela de su vereda. En
aquella oportunidad, la Corte decidió inaplicar para el caso concreto el
artículo 11 del Decreto 3020 de 2002, el cual dispone que para la ubicación de
personal docente en zona rural se debe contar con un mínimo de veintidós (22)
estudiantes,[39]
y ordenó a la Secretaría de Educación del Departamento de Santander proveer en
la vereda el profesor solicitado, a pesar de que las clases se impartirían sólo
a ocho (8) niños. En efecto, se comprendió que el trayecto peligroso, más los
costos financieros para llegar a la otra escuela,
“(…) impone exigencias excesivas a los presupuestos
de las familias de los menores que habitan en la vereda Montecristo, lo que
constituye una vulneración de los menores que habitan dicha vereda, pues la
mencionada institución educativa no es accesible geográficamente para los
menores en cuestión y atenta contra el mandato contenido en el inciso 5 del
artículo 67 que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
Así las cosas, la aplicación del articulo 11 del
Decreto 3020 de 2002 realizada por la Secretaría Departamental de Santander,
deviene en inconstitucional, debido a las particularidades del caso concreto y
constituye una infracción a las obligaciones de cumplimiento inmediato asumidas
por el Estado.”
Bajo
esta línea de consideraciones, la Sala concluye que las entidades demandadas
tienen una obligación de cumplimiento inmediato con los niños campesinos de la
vereda la Selva respecto de la accesibilidad material en educación, y es la de
adoptar medidas que eliminen las barreras que desincentivan en los menores el
aprendizaje.[40]
Ello por cuanto no pueden dejarse las problemáticas educativas sin propuestas
efectivas de solución, pues perdería sentido el compromiso estatal de promover
en ellos el conocimiento y la cultura, y se pondría en vilo de manera indefinida
el disfrute del derecho fundamental a la igualdad de oportunidades por vía de
la educación.
4.3.
Al verificar el cumplimiento de esa obligación por parte de las entidades
demandadas, la Sala encuentra que a pesar de que la comunidad interpuso un
derecho de petición para que se reabriera la escuela existente en la vereda la
Selva con el envío de un docente, tales autoridades no tomaron alguna
determinación al respecto. Por el contrario, se limitaron a responsabilizarse
entre ellas del asunto, ya sea señalando que desde el Ministerio de Educación
Nacional no se ha ampliado la planta docente para el Departamento de Risaralda,
o indicando que éste último sí tiene los suficientes profesores para cubrir la
demanda educativa pero no los tienen bien distribuidos. Y lo cierto es que
dichas autoridades tenían la obligación inmediata de tomar medidas adecuadas
para resolver la problemática, en cuanto los niños de la vereda la Selva deben
recorrer un camino largo con problemas de orden público para recibir sus
clases, e incluso, dicha circunstancia se erige en un desincentivo en los
padres de familia para enviar a sus hijos a la escuela, al punto de que algunos
han manifestado que prefieren dejarlos sin estudio antes que enviarlos hasta la
vereda Montebello.[41]
Las entidades demandadas no se opusieron al contestar la tutela a tales
afirmaciones, ni la desvirtuaron, por lo tanto se tendrán por ciertas.
4.4.
Pero además de lo anterior, la Sala encuentra que someter a los niños
estudiantes de la vereda la Selva a un recorrido de una hora y media por un
camino con problemas de orden público, supone una carga desproporcionada que no
atiende los principios de la dignidad humana e igualdad de oportunidades. Ello
por cuanto no sólo tienen que realizar grandes esfuerzos para llegar hasta la
escuela de Montebello, sino también porque asumen un desgaste en su
tranquilidad mental frente al hecho de que en cualquier momento pueden ser
víctimas de un daño a su integridad personal.
Y
aunque podría pensarse que los padres deben acompañarlos o brindarles medios de
transporte para superar la problemática, lo cierto es que para ellos implicaría
una carga excesiva, debido a que se dedican a labores del campo y ello
implicaría restarle mucho tiempo a su trabajo, con un costo adicional que no
están en capacidad de asumir, pues como personas habitantes del campo deben dedicar
la mayor parte del día al trabajo para adquirir los ingresos que les permitan
cubrir sus necesidades más básicas. De esta forma, como se advirtió
anteriormente, es una responsabilidad prioritaria del Estado Social de Derecho
propender para que los menores alcancen en el campo niveles de aprendizaje óptimos,
ofreciéndoles similares oportunidades a las que tienen aquellos que reciben
educación permanente y de calidad, y permitiéndoles acceder a la educación
básica como herramienta para la realización de sus planes de vida basados en el
conocimiento.
Por
lo tanto, la inactividad del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de
Educación del Departamento de Risaralda y la Alcaldía de Pueblo Rico, respecto
la obligación de adoptar conjuntamente un programa dirigido a superar el
desincentivo en cabeza de los niños de la vereda la Selva para recibir clases, se
constituye en una vulneración de sus derechos fundamentales a la educación y la
integridad física, además de un incumplimiento de la obligación con efecto
inmediato de adoptar políticas y planes para la realización del acceso material
a la educación.[42]
En
consecuencia, la Sala Primera de Revisión revocará el fallo del cuatro (4) de
noviembre de dos mil diez (2010) proferido por la Sala Civil y de Familia del
Tribunal Superior de Pereira, por medio del cual se declaró improcedente la
acción de tutela, y confirmará, por las razones expuestas en esta sentencia, la
decisión del veintiuno (21) de septiembre de dos mil diez (2010) del Juzgado
Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, sólo en tanto resolvió amparar el
derecho fundamental a la educación de los menores peticionarios, concediéndose también
el amparo del derecho fundamental la integridad personal de los niños de la
vereda la Selva.
4.5.
La Sala no sólo proferirá la orden pretendida por la accionante, direccionada a
la asignación de un docente para la reapertura de la escuela existente en la
vereda, en la cual se encontraran vinculadas todas las autoridades accionadas,
sino que emitirá otra orden transitoria tendiente a protegerles sus
bienes constitucionales. Si bien, el juez constitucional no puede diseñar
políticas públicas ni actuar como ordenador del gasto, sí es su deber precisar
el contexto en el cual se garanticen los derechos fundamentales.[43]
4.5.1.
Por lo tanto, se ordenará que entre el Ministerio de Educación Nacional, la
Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y la Alcaldía Municipal
de Pueblo Rico, (i) provean un profesor(a) a la escuela de la vereda
Selva, teniendo en cuenta que para ello pueden inaplicar el artículo 11 del
Decreto 3020 de 2002,[44]
respecto del número mínimo de estudiantes que debe haber en una zona rural para
la ubicación de personal docente.
La
inaplicación de la norma referenciada se justifica en este caso, porque se
trata de garantizar el derecho fundamental a la educación de sujetos de
especial protección constitucional, que por razones de orden público tienen un riesgo
relevante para desplazarse hacia la escuela de otra vereda. Es precisamente por
la amenaza que les supone recorrer diariamente un camino peligroso y la
necesidad de garantizar en los menores su integridad personal,  que debe contemplarse
como solución el envío de un docente a la vereda la Selva, sin tener en cuenta
el número mínimo de niños matriculados, que puede corresponder o no al consagrado
en la normatividad.
Aquellos
menores habitantes del campo que, por razones de orden público, arriesgan su
integridad física al desplazarse hacia otros lugares para recibir clases y, en
consecuencia, están enclavados dentro su lugar de residencia, deben
recibir protección de las autoridades y aplicar las normas de conformidad con
los postulados constitucionales, entre los cuales se encuentra el derecho a la
vida y la integridad personal, y el derecho a la educación.
4.5.2.
Mientras el docente se designa, las entidades demandadas (ii)
facilitaran a los menores los medios de transporte adecuados, para que el
desplazamiento entre la vereda la Selva y la escuela de Montebello se realice
en condiciones de seguridad durante el trayecto que recorren diariamente de ida
y regreso. La ejecución de las órdenes impartidas, deberá efectuarse dentro del
mes siguiente a la notificación de esta sentencia, y se llevará a cabo
tendiendo en cuenta el interés superior de los menores y en su derecho
fundamental a la educación.
5.
La Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta, al retirarle un subsidio
educativo al menor Álvaro Fernando Torres Díaz, le respetó la confianza
legítima y el derecho a la educación en su dimensión de permanencia, en tanto a
sus acudientes les notificaron con suficiente antelación que el auxilio iba a
ser retirado, y adicionalmente le ofrecieron al menor alternativas adecuadas para
garantizarle continuidad en el proceso de aprendizaje. Expediente T-2963870
En
este caso corresponde a la Corte determinar si la Secretaría de Educación del
Municipio de Cúcuta vulneró el derecho a la educación del menor Álvaro Fernando
Torres Díaz al retirarle un subsidio escolar que le permitía matricularse en un
colegio privado, bajo el entendido de que habían suficientes cupos en las
instituciones oficiales del Municipio para garantizarle  continuidad en el
servicio. La madre del menor considera que se vulneró el derecho a la educación
de su hijo, porque sin el auxilio éste no puede seguir estudiando en el colegio
particular por falta de recursos y, en su concepto, los establecimientos
docentes del municipio no cuentan con los mismos estándares de calidad
académica. Sin embargo, la autoridad demandada considera que (i) a los
padres del menor les notificaron de la cancelación del subsidio antes de que el
nuevo año lectivo se iniciara, y (ii) les ofrecieron alternativas de
continuidad escolar para el menor en colegios oficiales de calidad y cercanos a
su lugar de residencia. Al respecto, la Sala Primera de Revisión estima que las
actuaciones de la accionada se ajustaron a los postulados constitucionales de
permanencia en educación y respeto a la confianza legítima. En los siguientes
apartados pasará a exponer los argumentos que sustentan tal conclusión.
5.1.
La autoridad demandada afirma que los contratos de prestación de servicios
educativos con instituciones particulares no podían renovarse para el año dos
mil once (2011), y por tanto los subsidios debían ser cancelados para ese
período académico [Álvaro Fernando Torres era un beneficiario del programa de
auxilios]. Ello porque de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1176 de
2007,[45]
las entidades territoriales sólo pueden suscribir contratos de prestación de
servicios escolares con instituciones privadas si demuestran que los colegios
públicos son insuficientes para responder a la demanda escolar. Y en este caso la
Secretaría de Educación accionada mediante un estudio aprobado por el Ministerio
de Educación Nacional encontró que para el año dos mil once (2011) había
suficiencia en el sistema de enseñanza público para cubrir las necesidades
escolares de los niños vulnerables de Cúcuta, y que para el efecto habían poco
más de nueve mil (9.000) cupos estudiantiles disponibles.[46] De está forma la Corte puede
concluir sin muchas elucubraciones que la entidad accionada, al no contratar
para el año lectivo referenciado los servicios educativos con entidades particulares,
actuó de acuerdo a la normatividad, ya que disponía de capacidad suficiente para
cubrir el servicio escolar.
A
juicio de la Sala, la exigencia de agotar primero los cupos del Sistema
Educativo Oficial antes de contratar con particulares no está desprovista de
justificación alguna, sino que por el contrario, cumple una finalidad
constitucional válida. Ciertamente, el hecho de utilizar todos los cupos
estudiantiles que ofrece el sistema público antes de asociarse con particulares
permite al Estado asignar de manera más eficiente y equitativa la educación,[47] ya que abre
la posibilidad de destinar recursos a fortalecer el sistema en otras zonas del
territorio que aún no cuentan con disponibilidad. Al respecto debe recordarse
que el Estado tiene la obligación inmediata de proporcionar a todos las
garantías mínimas en educación pública gratuita, preescolar y básica,[48] por lo que
procurar que las políticas de enseñanza cubran la mayor parte de la población
es una realización más del derecho a la educación. De esta manera, la
contratación del servicio educativo con particulares se fundamenta en la
necesidad del Estado en superar la problemática de cobertura en el corto plazo,
y en consecuencia, al desaparecer la necesidad dada la capacidad de ofrecer
cupos estudiantiles oficiales en determinada zona, se pueden dar por terminados
dichos acuerdos con los centros docentes privados.
5.2.
Ahora bien, la pregunta que surge es si la situación particular de los menores
como Álvaro Fernando, que venían estudiando en colegios privados con ocasión de
los subsidios, puede modificarse en el sentido de ser trasladados a centros de
educación oficiales. La Sala piensa que sí, pero llama la atención de que en
cualquier caso la referida modificación debe hacerse respetando los postulados
de la confianza legítima y permanencia en la educación.
Así
lo sostuvo la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-698 de 2010,[49] cuando examinó
el caso de varios menores de edad a los cuales se les retiró un subsidio
escolar porque en los centros educativos públicos había capacidad suficiente
para asumir la responsabilidad de educarlos, pero a los acudientes se les
notificó tardíamente cuando el nuevo año lectivo ya había comenzado. Al
respecto, la Sala Tercera de Revisión dijo,
“(…) la medida no tomó en serio el derecho a la
educación, porque a pesar de que los estudiantes aprobaron académica y
disciplinariamente el año escolar, no fue dada a conocer oportunamente a sus
representantes legales y se le comunicó a los planteles educativos, únicamente,
al comenzar el nuevo año académico; esto constituye también un irrespeto del
derecho a la educación, y específicamente la obligación del Estado de evitar
tomar “medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la
educación”.
(…)
En consecuencia, la Sala concederá la acción de tutela
para proteger el derecho de los niños a permanecer en la institución educativa
en la cual venían estudiando, hasta que la Secretaría de Educación pueda
modificar la situación particular de los niños; en primer lugar, sin vulnerar
los principios de buena fe, confianza legítima y respeto del acto propio (…), y
en segundo lugar, aplicando el principio de progresividad y respetando el
derecho al debido proceso, lo cual incluye también, respetar los tiempos de
antelación establecidos en la Directiva Ministerial 24 de 2009, según la cual
la planeación contractual debe ser previa a la iniciación del calendario
académico.”.[50]
Se
puede apreciar entonces que las condiciones particulares de los menores que
venían siendo beneficiarios del programa de subsidios sí se pueden modificar,
pero cuando se hace en perjuicio de la confianza legítima, el debido proceso y el
derecho a la permanencia en educación, es imperiosa la intervención del juez
constitucional para reivindicar las garantías superiores, especialmente si las
circunstancias se alteran sin advertencia previa.[51]
Debe
recordarse, por un lado, que la confianza legítima impone al Estado un límite
en sus actuaciones, en tanto protege en los administrados la expectativa de que
su entorno no sufrirá modificaciones abruptas que no desarrollen algún fin
constitucionalmente válido;[52]
y por el otro, que el derecho a la permanencia en educación otorga la
prerrogativa de continuar en el sistema sin que existan criterios de exclusión
irrazonables, y la de eventualmente conservar el ambiente y lugar de estudios
cuando la interrupción no ha sido producto de un mal desempeño académico y/o
disciplinario.[53]
5.3.
A juicio de la Sala, la Secretaría de Educación de Cúcuta no vulneró la
confianza legítima del menor Álvaro Fernando Torres Díaz y sus acudientes, ya
que les notificó que el subsidio iba ser retirado antes de que el período
académico dos mil once (2011) se iniciara. En efecto, la rectoría de la
institución educativa privada le informó a los acudientes desde septiembre de
dos mil diez (2010) sobre la posibilidad de que el programa de subsidios se
cancelara para el siguiente período académico; y luego, en diciembre, les informó
de manera inequívoca que debían matricular a su hijo en una institución oficial
para el año dos mil once (2011),[54]
pues el contrato de prestación de servicios educativos no iba a ser renovado dado
que había capacidad suficiente en las instituciones públicas.
Se
puede afirmar entonces, que en el menor y sus acudientes no cesó de manera
abrupta la expectativa de que iba a continuar estudiando subsidiadamente en el
Colegio Primero de Mayo para el período escolar dos mil once (2011). Y aunque
podría pensarse lo contrario porque presentaron inmediatamente la acción de
tutela, lo cierto es que al menor no se le interrumpió abruptamente el período
académico que estaba cursando (el de 2010), evitando de esta forma que se entorpeciera
su proceso normal de aprendizaje bajo criterios irrazonables.[55]
Así
que no resulta aplicable al caso concreto la razón para decidir de la sentencia
T-698 de 2010, según la cual el derecho a la educación de los menores en su
dimensión de permanencia se vulneró porque la notificación sobre que el
programa de subsidios iba a ser cancelado se surtió tardíamente, cuando el
nuevo período académico ya había iniciado. En contraste, para este caso, los
padres de Álvaro Torres se enteraron de la cancelación del subsidio antes de
que comenzara el nuevo período académico. La diferencia entre ambos asuntos
radica en las expectativas que tenían los alumnos de continuar estudiando
subsidiadamente o no. Para el caso analizado en la sentencia T-698 de 2010,
como consecuencia de la notificación tardía, los estudiantes y sus padres
consideraban legítimamente que ese período escolar lo iban a cursar en el
colegio privado bajo el apoyo financiero, por lo que el juez constitucional
debía intervenir para atenuar los efectos adversos que deparaban un rompimiento
abrupto de la confianza legítima. Sin embargo, en el asunto que ahora se
examina, la Sala observa que la notificación temprana a los padres de familia,
antes de que el nuevo año lectivo se iniciara, hizo que cesará oportunamente la
expectativa de continuar en el colegio particular como beneficiario del
subsidio, lo que conlleva a concluir que la confianza legítima no se quebrantó
intempestivamente.
5.4.
Ahora bien, el derecho a la educación del menor Álvaro Fernando Torres pudo
haberse vulnerado, no por vía de la confianza legítima, sino por la falta de
garantías para continuar en el sistema educativo con una institución que le
permitiera el pleno ejercicio de su derecho, desmejorándole sustancialmente las
condiciones particulares que caracterizaban su proceso de aprendizaje. Sin
embargo, en concepto de la Sala, esto tampoco sucedió. De hecho, al menor y sus
acudientes les ofrecieron cupos en centros educativos públicos que cumplían con
dos características: eran establecimientos cercanos al lugar de residencia y
contaban con un nivel académico similar al del Colegio Primero de Mayo.[56] Tales características
permiten a la Corte estimar que la administración mitigó el impacto de los
cambios efectuados sobre las circunstancias particulares del menor, y que
dispuso de todos sus medios para garantizarle el acceso material a los centros
de aprendizaje, con la aceptabilidad derivada de la dimensión de calidad de la
educación impartida.
5.5.
La Sala resalta entonces, que la medida de cancelar el programa de subsidios no
puso en riesgo el derecho a la educación del menor Álvaro Fernando Torres. En
tanto (i) no le interrumpieron alguno de sus períodos académicos, sino
que por el contrario, le permitieron culminar con éxito el del dos mil diez
(2010) bajo el amparo del subsidio; pero además, (ii) a sus acudientes
les notificaron que el auxilio económico iba a ser retirado antes de que
comenzara el año lectivo dos mil once (2011), cesándoles la expectativa con
suficiente tiempo de antelación como para que se tomaran las medidas atenuantes
correspondientes, y evitando que se creara en ellos la disyuntiva de tener que
continuar pagando el colegio privado o interrumpir el período académico en
curso; y finalmente, (iii) les ofrecieron alternativas de mitigación
para los cambios en las circunstancias particulares del menor, garantizándole
cupo estudiantil en centros docentes públicos cercanos al lugar de residencia y
con estándares de calidad similares del Colegio Primero de Mayo.
Por
consiguiente, esta Sala estima adecuado el actuar de la Secretaría de Educación
del Municipio de Cúcuta al retirarle el subsidio educativo al menor Álvaro
Fernando Torres, pues a pesar de que varió las condiciones en las cuales prestaba
el servicio, le respetó los postulados constitucionales de la confianza
legítima y la permanencia en educación. Así las cosas, se considera que la
acción de tutela impetrada por Velkis Vianney Díaz Cruz en representación de su
menor hijo Álvaro Fernando Torres Díaz, contra el Ministerio de Educación
Nacional, la Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta y el Colegio
Primero de Mayo, debe ser denegada. Por lo que se confirmará, por las razones
expuestas en esta sentencia, el fallo de única instancia proferido por el Juzgado
Tercero Penal Municipal de Cúcuta del treinta (30) de diciembre de dos mil diez
(2010).
6.
La Secretaría de Educación de Cúcuta y el Colegio José Antonio Rubio vulneraron
el derecho a la educación de Angie Marisol Reyes Stauns, ya que le notificaron
tardíamente el retiro de un subsidio educativo y pusieron en riesgo la
obtención de su título de bachiller a pesar de cumplió los presupuestos
académicos y disciplinarios para ello. Sin embargo, la Corte se abstendrá de
emitir órdenes al respecto por presentarse carencia actual de objeto, en cuanto
la menor finalmente alcanzó a graduarse de la institución educativa mencionada.
Expediente T-2969108
En
esta oportunidad la Corte deberá examinar si la Secretaría de Educación de
Cúcuta y el Colegio José Antonio Rubio vulneraron el derecho a la educación de
Angie Marisol Reyes Strauns, al condicionarle la obtención del título de
bachiller a el pago total de un período académico bajo el entendido de que el
programa municipal de subsidios educativos que lo cubría fue cancelado, a pesar
de que sus acudientes sólo se enteraron de esta circunstancia cuando el año
lectivo iba a terminarse.
Sus
acudientes consideran que el derecho reclamado sí se conculco, porque dicha
medida les causó un detrimento sorpresivo en su expectativa legítima de que
Angie Marisol iba a cursar el grado once bajo el programa de subsidios, y dado
que son personas de escasos recursos, no tienen porque cargar con la imposición
de cancelar una suma que no tienen posibilidades de sufragar. Por su parte, la
Secretaría de Educación de Cúcuta considera que el derecho fundamental a la
educación no se vulneró; en primer lugar, porque habían notificado al Colegio
José Antonio Rubio desde finales del dos mil nueve (2009) que para el año dos
mil diez (2010) no podían matricular a los menores basándose en los subsidios,
pues el contrato de prestación de servicios educativos había llegado a su fin y
no se iba a renovar; y en segundo lugar, porque la menor, de todas formas,
alcanzó a graduarse como bachiller del colegio privado.
Al
respecto, la Sala considera que el derecho a la educación de Angie Marisol
Reyes sí se vulneró, y concluye que las actuaciones de las entidades demandadas
desconocieron los postulados de la confianza legítima y la permanencia en
educación. No obstante, declarará la carencia actual de objeto en tanto la
joven alcanzó a terminar exitosamente la educación media y obtuvo el título de
bachiller del Colegio José Antonio Rubio.
6.1. Como se manifestó en el caso anterior, la
Sala entiende que las autoridades públicas encargadas de ejecutar las políticas
de educación pueden modificar las circunstancias particulares de las personas
que venían siendo beneficiarias del programa de ‘becas’ escolares, en el
sentido de que están facultadas para cambiarles el cupo subsidiado en un
colegio privado y asignarles otro en un colegio oficial. Pero también comprende
que dicha modificación no puede hacerse de cualquier forma ni en cualquier
tiempo, sino que, por el contrario, debe llevarse a cabo en respeto del postulado
de la confianza legítima y el derecho a la permanencia en educación.
Y es que la confianza legítima es una garantía de
estabilidad sobre situaciones jurídicamente modificables, que busca mitigar en
las personas el impacto negativo que les causaría determinada decisión
intempestiva de la administración;[57]
y el derecho a la permanencia en educación, procura proteger la continuidad en
el sistema de aprendizaje sin que se apliquen criterios de exclusión
irrazonables. Según la Corte Constitucional, tales postulados se garantizan
cuando a los acudientes de los menores se les comunica de la cancelación del
subsidio antes de que comience el nuevo período escolar que va ser afectado por
la medida, y cuando al estudiante se le ofrecen alternativas para continuar en
el sistema educativo que le garanticen el acceso al aprendizaje de manera digna.[58]
6.2.
Al examinar si en el caso de la joven Angie Marisol Reyes Strauns las entidades
demandadas respetaron el principio de la confianza legítima al implementar la
medida, la Sala encuentra que no. En los padres y la estudiante nació la
expectativa de que el último período académico se iba a cursar bajo el auxilio
económico, y ésta cesó abruptamente por la comunicación tardía de una decisión
administrativa. En efecto, el Colegio permitió que la menor se matriculara para
el grado once en el año dos mil diez (2010) sin advertirle a sus acudientes que
meses atrás se había cancelado el programa de subsidios educativos por parte
del Municipio, permitiendo que en ellos creciera la expectativa de que Angie
Marisol iba continuar sus estudios como lo venía haciendo en los años
precedentes, es decir, apoyada financieramente por la ‘beca’. Sin embargo,
cuando el año lectivo ya estaba en curso y las directivas del Colegio se
percataron de que ninguna entidad pública iba a cubrir la prima de estudio,
decidieron comunicarle a los padres de familia que el programa de subsidios
había sido cancelado, y que como consecuencia de esto tenían el deber de pagar
en un solo emolumento el valor total del período académico.[59]
A
juicio de la Sala, el hecho de que los acudientes de Angie Marisol se enteraran
tardíamente de las nuevas circunstancias particulares que rodeaban el acceso a
la educación de su hija, causó un detrimento relevante en su confianza
legítima, en tanto evitó que ellos tomaran las acciones necesarias para mitigar
el impacto negativo que se derivaba del retiro del subsidio, y los enfrentó
intempestivamente al problema de determinar si pagaban en una sola cuota la
totalidad del período escolar dando paso a la graduación de su hija, o no hacerlo
e impedirle que finalizara con éxito su educación media.
6.3.
Haber sometido a la joven y sus acudientes a esa disyuntiva, además de que contrarió
el postulado de la confianza legítima por su carácter intempestivo, desconoció
el derecho a la permanencia en educación de Angie Marisol. En primer lugar,
porque para sus padres se hacía muy oneroso garantizarle la continuidad en el
colegio privado hasta que alcanzara sus grados, en tanto debían pagar en un
solo emolumento la totalidad de un período académico. Y tal exigencia para unas
personas de escasos recursos que debían acudir al programa de subsidios para cubrir
la educación de su hija, resulta al menos desproporcionada.
En
segundo lugar, porque la alternativa de trasladar a la joven a un centro
docente oficial cuando el año lectivo está por finalizar, es una opción
inadmisible constitucionalmente. Eso supondría aceptar que su proceso normal de
aprendizaje se puede interrumpir en cualquier momento sin consultar el daño que
esa medida causa en su educación, pues en este caso la menor había cursado más la
mitad del período académico correspondiente al último grado de la educación
media en el colegio particular. A pesar de que Angie Marisol había cumplido
todos los requisitos académicos y disciplinarios para continuar en el sistema
educativo, se le redujeron sustancialmente las posibilidades de permanecer sin
solución de continuidad durante el año académico que cursaba, y, a juicio de la
Sala eso es inconstitucional, ya que se generó en personas de escasos recursos
la incertidumbre de si la joven iba poder continuar desarrollando sus planes de
vida basados en la obtención de su título de bachiller.
6.4.
Así las cosas, recopilando lo anterior, la Corte entiende que la Secretaría de
Educación de Cúcuta y el Colegio José Antonio Rubio vulneraron el derecho a la
permanencia en educación de Angie Marisol Reyes Strauns, no al retirarle el
subsidio educativo, sino (i) al comunicarle tardíamente esta
circunstancia a sus acudientes cuando el período académico estaba por finalizar,
y (ii) condicionarle la obtención del título de bachiller a el pago
total de ese año lectivo.
No
obstante lo anterior, la Sala se abstendrá de emitir órdenes, en cuanto se
presenta con relación al caso un hecho superado. Y es que la Corte ha entendido
que cuando las situaciones de hecho que amenazan o vulneran los derechos
fundamentales de las personas cesan o desaparecen durante el trámite de la
tutela, esta acción, como mecanismo de protección inmediata de derechos
fundamentales, pierde su razón de ser.[60]
Por tanto, cuando entre la interposición del amparo y el momento del fallo ha
cesado la amenaza o vulneración del derecho alegado, se debe declarar la
presencia de un hecho superado, lo cual implica que el pronunciamiento del juez
de tutela debe dirigirse a estudiar la vulneración pero no a emitir órdenes al
respecto.
En este caso, Angie Marisol Reyes Strauns se graduó
como bachiller del Colegio José Antonio Rubio. Así las cosas, la
Sala de Revisión considera que el pronunciamiento del juez de tutela ha perdido
su finalidad respecto de las pretensiones de la accionante, pues la situación
generadora de la vulneración de los derechos fundamentales ha sido superada,
por lo que la acción de tutela carece de objeto actual. Sin embargo, se prevendrá
a las entidades demandadas: (i) a la Alcaldía de Cúcuta, que en
el futuro se abstengan de retirar los subsidios educativos en perjuicio de la
confianza legítima y el derecho a la permanencia en educación de sus
beneficiarios, cuando el año lectivo correspondiente está en curso o por
terminar, porque la finalización de la prerrogativa de estudiar a través de un
subsidio debe ser comunicado con la antelación suficiente.
(ii) Al
Colegio José Antonio Rubio, que no puede cobrar el año lectivo dos mil diez
(2010), correspondiente a la joven Angie Marisol Reyes Strauns.
6.5. Siguiendo esa línea de argumentos, la Sala
Primera de Revisión revocará la decisión del veintinueve (29) de noviembre de
dos mil diez (2010) proferida por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Cúcuta en
única instancia y, en consecuencia, declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado en tanto la joven culminó su educación media. De todas formas,
se advertirá a las entidades accionadas para que en el futuro informen
oportunamente a los acudientes de cualquier novedad respecto de los subsidios
educativos que otorga la Secretaría de Educación de Cúcuta.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
LEVANTAR la suspensión de
términos.
Segundo.-
REVOCAR el fallo del cuatro
(4) de noviembre de dos mil diez (2010) proferido por la Sala Civil y de
Familia del Tribunal Superior de Pereira, por medio del cual se declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por María Elsy Pérez Toro en
representación de los niños de la vereda la Selva del Municipio de Pueblo Rico,
Risaralda; y CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta sentencia, la
decisión del veintiuno (21) de septiembre de dos mil diez (2010) del Juzgado
Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, en tanto resolvió amparar el derecho
fundamental a la educación de los menores peticionarios. Se CONCEDE
también el amparo del derecho fundamental a la integridad personal de los niños
de la vereda la Selva.
Tercero.-
ORDENAR que entre el Ministerio de
Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y la
Alcaldía Municipal de Pueblo Rico, provean un profesor(a) a la escuela de la
vereda Selva, teniendo en cuenta que para ello pueden inaplicar el artículo 11
del Decreto 3020 de 2002,[61]
respecto del número mínimo de estudiantes que debe haber en una zona rural para
la ubicación de personal docente. Tal designación deberá efectuarse dentro del
mes calendario siguiente a la notificación de esta sentencia.
Mientras
el docente se designa, las entidades demandadas facilitaran a los menores los
medios de transporte adecuados, para que el desplazamiento entre la vereda la
Selva y la escuela de Montebello se realice en condiciones de seguridad durante
el trayecto que recorren diariamente de ida y regreso.
Cuarto.-
CONFIRMAR por las razones expuestas
en esta sentencia, el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Tercero
Penal Municipal de Cúcuta del treinta (30) de diciembre de dos mil diez (2010),
con ocasión de la acción de tutela presentada por Velkis Vianney Díaz Cruz en
representación de su menor hijo Álvaro Fernando Torres Díaz, contra la
Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta y el Colegio Primero de Mayo,
en el que se niega el amparo del derecho a la educación del menor.
Quinto.-
REVOCAR la decisión del veintinueve
(29) de noviembre de dos mil diez (2010) proferida por el Juzgado Sexto Penal
Municipal de Cúcuta en única instancia, por medio de la cual se denegó la
protección de los derechos fundamentales de Angie Marisol Reyes Strauns. En su
lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, en
tanto Angie Marisol Reyes Strauns alcanzó a terminar su educación media en el
Colegio José Antonio Rubio de Cúcuta.
Sexto.- ADVERTIR a la Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta para que en el
futuro se abstengan de retirar los subsidios educativos en perjuicio de la
confianza legítima y el derecho a la permanencia en educación de sus
beneficiarios. Verificando permanentemente si las instrucciones que dan a los
colegios con los que suscriben contratos de prestación de servicios educativos,
referentes a la notificación del retiro de los subsidios, se cumplen a
cabalidad.
Séptimo.- ADVERTIR al Colegio José Antonio Rubio, que no puede cobrar el año lectivo dos
mil diez (2010), correspondiente a la joven Angie Marisol Reyes Strauns.
Octavo.-
Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ADRIANA MARIA GUILLÉN ARANGO
Magistrada (E)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Los
fallos en referencia fueron seleccionados y acumulados para revisión por la Sala de Selección Número Dos, mediante auto proferido el veinticinco (25) de febrero de dos
mil once (2011).
[2] La accionante interpuso la tutela como presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Selva. Demuestra su calidad aportando fotocopia
del carné de juntas de acción comunal del Municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
(Folio 6 del cuaderno segundo).
[3] En el escrito de tutela no se determina en representación de
cuántos menores se interpone la demanda, sin embargo se informa que existe “(…)
un gran número de niños, niñas y adolescentes” que se ven afectados.
[4] Derecho de petición elevado ante la Alcaldía de Pueblo Rico, el cual se hizo extensible a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Risaralda. Dicho escrito tiene fecha del
veintisiete (27) de diciembre de dos mil nueve (2009) y fue recibido el
diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010). Por medio de este derecho de
petición se solicitó la reapertura de la escuela de la vereda la Selva, pues los padres de familia se encontraban preocupados por “(…) el desplazamiento de
nuestros niños y niñas, desde esta vereda [la Selva] a la de Monte Bello, teniendo que transitar una zona de carretera que representa un
gran peligro para ellos, por ser una zona sin pobladores, de poco tránsito
personal, de fuerte cobertura boscosa y con la presencia de una gran cantidad
de caminos abandonados que conducen a diferentes partes de las veredas aledañas,
donde personas inescrupulosas puedes asechar, hacer objeto y abusar de ellos y
ellas. Lo anterior debido a los sucesos acaecidos recientemente por este
sector, los cuales han dañado el orden público y la tranquilidad de los
habitantes de esta apacible vereda, hasta el punto que algunos padres de
familia han manifestado que prefieren dejar a sus hijos sin estudio que
enviarlos hasta allí.”
[5] Respuesta al derecho de petición interpuesto por la comunidad
de la vereda la Selva, ofrecida por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Risaralda el tres (3) de agosto de dos mil diez (2010). En ésta se le informa a
la accionante que “no es viable acceder a su solicitud [de docente para
la escuela de la vereda la Selva], toda vez que la planta de cargos no ha
sido incrementada por el Ministerio de Educación desde el año 2004; sin embargo
se envió estudio donde solicitamos incremento de la planta y en este momento no
hemos recibido respuesta.”. (Folio 4 del cuaderno segundo).
[6] Decreto 3020 de 2002, por medio del cual se establecen los criterios y
procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del
servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales y se dictan
otras disposiciones. Artículo 11. “Alumnos por docente. Para la ubicación
del personal docente se tendrá como referencia que el número promedio de
alumnos por docente en la entidad territorial sea como mínimo 32 en la zona
urbana y 22 en la zona rural. (…)”.
[7] Escrito de la Secretaría de Educación de Risaralda dirigido al despacho de la Magistrada Ponente, con fecha del veintiséis (26) de julio de
dos mil once (2011), en el cual se indicó que ellos no prestaban el servicio de
transporte escolar a los niños de la vereda la Selva, y que para la vigencia del año escolar dos mil once (2011) no se había registrado alguna matrícula
proveniente de tal vereda. (Folio 61 del cuaderno principal).
[8] La Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, mediante auto del seis (6) de julio de dos mil once
(2011), vinculó al Ministerio de Educación Nacional para que se pronunciara
sobre las pretensiones de tutela. Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Risaralda que remitiera un informe acerca de las
circunstancias que rodeaban el transporte de los menores de edad hacía la
vereda Monte Bello. Por lo demás, respecto de los expedientes T-2963870
y T-2969108, que contienen los casos de los niños Álvaro Fernando Torres Díaz y
Angie Marisol Reyes Strauns contra la Alcaldía de Cúcuta, la Sala de Revisión también requirió información referente a la cancelación de los subsidios educativos
y su notificación, tanto a los accionantes como a los colegios y la
administración municipal.
[9] Oficio No. 2011IE20137 del Ministerio de Educación Nacional. En este
se afirma la suficiencia de planta docente para el Departamento de Risaralda de
conformidad con el informe de visita de asesoría y asistencia técnica
que se hizo a la respectiva Secretaría de Educación. (Folios 47 al 56 del
cuaderno principal).
[10] Para soportar su afirmación, el Juzgado de la referencia citó
las sentencias T-055 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-963 de 2004
(MP. Clara Inés Vargas Hernández). Según se lee en la sentencia de primera
instancia, la obligación de accesibilidad consiste en “(…) que las escuelas
deben estar disponibles en todos los centros o poblados o a una distancia
razonable para que los menores puedan asistir a ellas.”, y la obligación de
asequibilidad en “(…) que se nombren docentes idóneos y en cantidad
suficiente para atender la demanda educativa en forma continua.”.
[11] Certificado de estudios expedido por el Colegio Primero de
Mayo. (Folio 4 del cuaderno tercero).
[12] Contrato de prestación de servicios educativos celebrado entre
el Municipio de San José de Cúcuta y Víctor Julio Lázaro Bayona, quien actuó
como representante legal del Colegio Primero de Mayo. En la cláusula décima del
pacto se manifestó lo siguiente: “DURACIÓN. La duración del presente
contrato es por el año escolar 2010.”
[13] Acta No.002 del veinte (20) de septiembre de dos mil diez
(2010), correspondiente a la reunión entre los directivos del Colegio Primero
de Mayo y los padres de familia de los estudiantes subsidiados, cuya
finalidad era “(…) dar a conocer el comunicado de fecha septiembre 13 [sobre
el] preaviso de contratación de la prestación del servicio vigencia 2011.”. Allí se indica que el Colegio Primero de Mayo advirtió a los padres y acudientes, que
para el año dos mil once (2011) la prestación del servicio educativo de sus
hijos estaba supeditado al resultado del estudio de suficiencia realizado por la Secretaría de Educación. (Folio 37 del cuaderno principal).
[14] Acta No. 003 del dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010),
correspondiente a la reunión entre los directivos del Colegio Primero de Mayo y
los padres de familia de los estudiantes subsidiados, mediante la cual
se les dio a conocer la circular No. 000184 del diecinueve (19) de noviembre de
dos mil diez (2010) emitida por la Secretaría de Educación Municipal, en la cual se indicaba definitivamente que no serían renovados los subsidios y que los
estudiantes podían acceder a los cupos que la administración ofrecía.
[15] Contrato de prestación de servicios educativos celebrado entre
el Municipio de San José de Cúcuta y Luís Eduardo Roa Morales, quien actuó como
representante legal de la Cooperativa Multiactiva de Trabajo Asociado de Formación y Futuro (COOMULFOR), propietaria del Colegio José Antonio Rubio. En la
cláusula décima del pacto se manifestó lo siguiente: “DURACIÓN. La duración
del presente contrato es por el año escolar 2009.”
[16] Artículo 4 de la Ley 472 de 1998, literal j. “DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses
colectivos, entre otros, los relacionados con: || (…) j)  El acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna (…)”. Y de
manera previa, el artículo 2 del mismo cuerpo normativo dispuso que las
acciones populares “(…) [s]on los medios procesales para la protección de los
derechos e intereses colectivos. (…)”.
[17] Efectivamente, en la sentencia del cuatro (4) de noviembre de
dos mil diez (2010) proferida por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Pereira, se declaró improcedente la acción de tutela porque el hecho
de que la accionante haya solicitado el amparo “(…) para todos los niños,
niñas y adolescentes de la vereda La Selva, puede considerarse que se invoca
como derecho colectivo, de acuerdo al literal j), artículo 4º de la Ley 472 de 1998 que les otorga ese carácter a aquellos que estén relacionados con el acceso a
los servicios públicos, calidad de la que participa el derecho a la educación
de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Nacional y porque no se alega su vulneración respecto de un menor en
particular.”. (Folio 8 del cuaderno segundo).
[18] De todas formas, reconocer que una acción de tutela tiene como
objetivo la protección de un derecho colectivo no es razón suficiente para
declararla improcedente, ya que se ha establecido por vía de excepción que se
pueda invocar el amparo constitucional cuando a pesar de existir un interés
colectivo, la situación que lo vulnera afecta también de manera directa
derechos fundamentales individuales y concretos de personas determinadas o
determinables. En este sentido, puede observarse la sentencia de la Corte Constitucional SU-1116 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), en
la cual se sostuvo que para que la acción de tutela proceda como mecanismo
judicial idóneo de protección de derechos colectivos “(…) es
necesario  (i) que exista conexidad entre la vulne­ración de un derecho
colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que
el daño o la amenaza del derecho fundamental sea ‘consecuencia inmediata y
directa de la perturbación del derecho colectivo’. Además,  (ii) el
peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho
fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva;  (iii) la
vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino
que deben aparecer expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente,
la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental
afectado, y ‘no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con
su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza’.”.
[19] Al respecto, puede observarse la sentencia de
la Corte Constitucional T-087 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En aquella
oportunidad, la Sala Tercera de Revisión amparó el derecho fundamental a la
libertad de movilización de todos los niños de brazos usuarios del
sistema Transmilenio, pues se disponía en el reglamento del sistema que todo
niño paga, sin tenerse en cuenta que los menores que no ocupaban puesto
tienen derecho mínimo al acceso efectivo y sin cargo alguno al sistema de
transporte público. Antes de resolver el problema jurídico, la respectiva Sala
de Revisión se enfrentó a la cuestión de procedibilidad que le planteaba el
hecho de que el accionante fuera una persona sin poderes para actuar a favor de
un número plural de menores. Efectivamente, se entendió que el amparo
presentado sí era procedente para procurar la defensa de los derechos
fundamentales de todos los niños usuarios del sistema Transmilenio, pues: “(i)
una acción de tutela puede ser promovida por una persona que actúe en calidad
de agente oficioso para la protección de los derechos fundamentales de sujetos
de especial protección constitucional expuestos a riesgos o en situaciones de
clara vulnerabilidad o indefensión fáctica; máxime si la persona que pretende
hacerlo es un funcionario público en cumplimiento de sus funciones y si los
sujetos que pretende defender son niñas y niños; (ii) un derecho fundamental
individual no pierde tal condición por el hecho de ser alegado por muchas
personas que se encuentran en la misma situación fáctica, por lo que tal
demanda de tutela no podría negarse bajo el supuesto erróneo de que se trata de
un derecho colectivo; (iii) una acción de tutela procede así no se eleve en
nombre de una persona determinada cuyos de derechos estén siendo violados,
siempre y cuando se presente en interés específico de sujetos concretos
determinables.”.
[20] En efecto, existen casos en los cuales hay sujetos colectivos (con un
número plural de personas) que pretenden la protección de intereses
individuales, como los sindicatos, las propiedades horizontales y las personas
que actúan en acción de grupo. Y, por el contrario, hay asuntos en los cuales
los peticionarios actúan de manera individual, y realmente solicitan la
protección de intereses colectivos, piénsese por ejemplo en una acción popular
interpuesta por una sola persona para la defensa del derecho a la libre
competencia económica. En este orden de ideas, un derecho no es colectivo o
individual por el número de personas que lo alegan, debe observarse el
contenido del derecho y el interés que busca proteger, si es de la comunidad o
de una persona determinada o determinable.
[21] Ciertamente, el derecho a la educación tiene una acepción como
servicio público (artículo 67 de la Constitución Política), de la cual se desprende su dimensión colectiva y sus fines generales:
como un factor de bienestar social fundamentado en la cultura y el
conocimiento. Para los eventos en los cuales se solicita su protección, podría
entenderse que su titularidad se encuentra difusa en un conglomerado de
personas y que no existe un interés prevalerte sobre los demás para reclamarlo;
por lo cual debería, en principio, defenderse mediante la acción popular. No
obstante, esto es sin perjuicio de que se pueda solicitar su protección
mediante la acción de tutela si es que los derechos fundamentales de las
personas se encuentran en riesgo de ser vulnerados, siguiendo los presupuestos
señalados, entre otras, en la sentencia de la Corte Constitucional SU-1116 de 2001 (MP
Eduardo Montealegre Lynett) ya citada.
[22] Artículo
44 de la Constitución Política. “Son derechos fundamentales de los niños: la
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión.(…)” .
[23] Véase la sentencia de la Corte Constitucional T-1259 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En esa oportunidad la Corte estudió el caso de más de sesenta (60) niños residentes de las veredas aledañas al
municipio de Tuta, Boyacá, que alegaban la vulneración de su derecho a la
educación porque tenían que desplazarse largas distancias para acudir a sus
respectivas escuelas. El accionante de tutela era el padre de dos menores, y
decía que actuaba en representación suya y de los demás niños, razón por la
cual la Sala se enfrentó al problema de si debía acudir a la acción popular o
no. En últimas, entendió que la acción de tutela sí era procedente porque “(…)
lo cierto es que todos los derechos para los cuales se solicita protección, son
predicables de cada uno de los menores que se encuentran en la situación
anteriormente descrita. Al respecto, debe recordarse, como se señaló, que un
derecho individual no se convierte en colectivo por el sólo hecho de haber sido
exigido simultáneamente con el de otras personas; un derecho es individual o
colectivo dependiendo, entre otros elementos, de quién sea su titular -una
persona o una colectividad-, no de quién lo ejerza y mediante cuáles acciones
judiciales lo haga. (…) || En conclusión, la Sala encuentra que, en este caso, los derechos que se alegan como vulnerados sí tienen el carácter de
fundamentales, por lo que, en lo atinente a este asunto, erró el juez de
primera instancia al considerar que, dado que el sujeto afectado es plural, la
naturaleza de los derechos involucrados, es la de ser colectivos.”.
[24] Respecto de los intereses difusos, puede observarse la sentencia de la Corte Constitucional C-569 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), a propósito de una demanda de
inconstitucionalidad impetrada contra los artículos 3, 46 y 48 de la ley
472 de 1998 bajo el cargo de que dichas disposiciones imponían un requisito de
procedibilidad – teoría de la preexistencia del grupo – que contrariaba
el objeto de las acciones de grupo. En la parte considerativa, la Corte diferenció los intereses que se protegían en las acciones de grupo y en las acciones
populares, indicando para las segundas lo siguiente: “(…) [l]os intereses
difusos y colectivos, protegidos por las acciones populares, hacen referencia a
derechos o bienes indivisibles, o supraindividuales, que se caracterizan por el
hecho de que se proyectan de manera unitaria a toda una colectividad, sin que
una persona pueda ser excluida de su goce por otras personas. Estos derechos e
intereses colectivos se asemejan entonces, mutatis mutandi, al concepto de bien
público, que ha sido profusamente estudiado y debatido en la literatura
económica, en la medida en que los intereses colectivos y los bienes públicos
tienden a caracterizarse porque en ellos no existe rivalidad en el consumo y se
aplica el principio de no exclusión.”.
[25] Ob,
cit. Artículo 44 de la Constitución Política. “(…) La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir
de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
(…)”
[26] Artículo
40 de la Ley 1098 de 2006, por medio de la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. “OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones
de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado,
los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas
naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en
el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las
niñas y los adolescentes. En este sentido, deberán: || (…) 2. Responder con
acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o
menoscaben estos derechos.”.
[27] Ob, cit. Sentencia T-1259 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
Allí también se analizó la legitimación por activa que tenía el peticionario al
afirmar que actuaba en representación de sus hijas y a favor de más de sesenta
(60) niños, sobre los cuales no se había determinado su identidad. La
respectiva Sala sostuvo que la acción de tutela era procedente porque “(…) la Constitución habilita a cualquier persona para ejercer la defensa de los derechos de los
niños y, además, [por]que el grupo para el cual se pide protección no está
determinado pero es perfectamente determinable -lo que implica que existe un
interés específico de sujetos concretos-”.
[28]
Ob, cit. Pág. 9. Artículo 44 de la Constitución Política.
[29]
Acerca del derecho a la educación como medio para alcanzar la igualdad de
oportunidades entre los habitantes del campo y el resto de la sociedad, puede
observarse la sentencia de la Corte Constitucional T-467 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). En aquella oportunidad, se amparó el derecho a la educación de
un menor de edad que no podía recibir clases – o las recibía por parte de un
profesor del “tercer nivel”– en segundo año de educación básica, porque en su
escuela rural no se había nombrado un docente para dicho grado. En la
providencia se afirmó lo siguiente: “[l]as dificultades propias de la
prestación del servicio público de educación en ciertas localidades apartadas
de los centros urbanos, no debilitan la obligación institucional de mantener la
prestación del servicio en condiciones aceptables. No es de recibo la
diferenciación,  que suele presentarse en la práctica, entre la calidad de
la educación urbana y la calidad de la educación rural. Los alumnos de una
pequeña escuela campesina tienen derecho a recibir un servicio que les permita
transcurrir por todo el proceso educativo sin encontrarse en condiciones de
inferioridad frente a educandos provenientes de otros centros de enseñanza.
De  no cumplirse con esta exigencia, no sólo se estaría vulnerando el
derecho fundamental de los niños a la educación básica obligatoria, sino que,
además, se estaría afectando su derecho a la igualdad de oportunidades.”
[30] Artículo 64 de la Constitución Política. “Es deber del
Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito,
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los
campesinos.”
[31]
Artículo 2 de la Constitución Política. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”.
[32] Para mayor información respecto de la importancia de
proteger la educación en menores de edad, véase el párrafo 1 del artículo 29 de
la Convención de los Derechos del Niño y su Observación General No. 1 (2001)
del Comité de los Derechos del Niño, sobre los propósitos de la educación. En
la segunda se sostiene que “(…) [l]a educación a que tiene derecho
todo niño es aquella que se concibe para prepararlo para la vida cotidiana,
fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar
una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos humanos adecuados.
El objetivo es habilitar al niño desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y
otras capacidades, su dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo. En
este contexto la "educación" es más que una escolarización oficial y
engloba un amplio espectro de experiencias vitales y procesos de aprendizaje
que permiten al niño, ya sea de manera individual o colectiva, desarrollar su
personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y satisfactoria en el
seno de la sociedad.”
[33] Se debe resaltar el hecho de que no sólo existe un compromiso estatal
con la accesibilidad al sistema educativo, sino también con la disponibilidad,
calidad y permanencia. Así se puede leer en el inciso 5 del artículo 67 de la Constitución Política, según el cual “[c]orresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia
en el sistema educativo.”. Igualmente, la Corte Constitucional ha aceptado dicha clasificación del derecho a la educación en diversas
providencias, y ha resaltado que de cada una de ellas se desprenden diferentes
obligaciones, a saber: de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y
aceptabilidad. Al respecto puede observarse, entre otras, la sentencia T-781 de
2010 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), en la cual se amparó el derecho
fundamental a la educación de un grupo de niños que debían desplazarse por un
largo trayecto para recibir sus clases. La respectiva Sala, en la parte de las
consideraciones, explicó que “(…) [t]ales componentes, conocidos como
el sistema de las cuatro A, fueron planteados por primera vez en el informe
preliminar presentado a la Comisión de Derechos Humanos (hoy Comité de Derechos
Humanos) por la Relatora Especial sobre el derecho a la educación el 13 de
enero de 1999 y han sido acogidos tanto por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en su Observación General No. 13 sobre el derecho a la
educación, como por esta Corte en varias de sus sentencias con fundamento en la
figura del bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución).”
[34] En la Observación General No. 13 (1999) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el derecho a la educación, puede
leerse lo siguiente (párrafo 31) acerca de la prohibición de discriminación: “[l]a
prohibición de la discriminación, consagrada en el párrafo 2 del artículo 2 del
Pacto, no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad
de recursos; se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la
educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados
internacionalmente.”.
[35] De conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), los estados partes tienen una
obligación mínima de asegurar la satisfacción de niveles esenciales de cada una
de las dimensiones del derecho a la educación. Respecto del acceso, en el pacto
mencionado, se dispuso en su artículo 13 la obligación de proporcionar a todos
por lo menos educación pública, obligatoria y gratuita, así: “[l]os Estados
Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno
ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y
asequible a todos gratuitamente (…)”.
[36] (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[37] Ibíd. Ciertamente, una de las razones que tomó la sentencia
T-1259 de 2008 para decidir, fue que “(…) la ausencia total de
un plan estatal dirigido a dar solución a la problemática a la que se ha hecho
referencia en esta providencia [referido a la
inaccesibilidad de las instituciones educativas], constituye una clara
violación de los derechos fundamentales de los menores del Municipio de Tuta,
Boyacá, razón por la cual la acción de tutela constituye el mecanismo adecuado
en aras de proteger de manera inmediata de los derechos que están siendo
conculcados.”
[38] (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[39] Ob, cit. Pág. 3. Artículo 11 del Decreto 3020 de 2002.
[40] Véase la Observación General No. 3 (1990) del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, sobre la naturaleza de las obligaciones de los
Estados partes. Párrafos 1º y 2º.
[41] Ob, cit. Pág. 3. Derecho de petición elevado por la comunidad
de la vereda la Selva ante la Alcaldía de Pueblo Rico.
[42] Ob, cit. Pág. 18. Observación General No. 3 (1990) del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[43] Ob, cit. Sentencia T-1259 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil). Respecto
de la no intromisión del juez constitucional en la administración del
presupuesto, sostuvo lo siguiente: “(…) [proteger la dimensión progresiva de un
derecho fundamental] no implica que por vía
de tutela se esté ordenando un gasto no presupuestado o modificando la
programación presupuestal definida por el Legislador; tampoco que se estén
definiendo nuevas prioridades o modificando las existentes. En realidad, se
trata de desarrollar el principio constitucional de colaboración armónica entre
las distintas ramas del poder, con el fin de asegurar que el deber de
protección efectiva de los derechos de todos los residentes del territorio
nacional sea cumplido y los compromisos definidos para tal protección sean
realizados con seriedad, transparencia y eficacia.”
[44] Ob, cit. Pág. 16. Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2010 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[45] Artículo 30 de la Ley 1176 de 2007, modificado por el
artículo 1º de la Ley 1294 de 2009, en el cual se dispone que “[l]os
departamentos, distritos y municipios certificados, prestarán el servicio
público de la educación a través del sistema educativo oficial. || Solamente en
donde se demuestre insuficiencia en las instituciones educativas del Sistema
Educativo Oficial podrá contratarse la prestación del servicio educativo con
entidades estatales o privadas sin ánimo de lucro de reconocida trayectoria e
idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los
servicios educativos estatales. El valor de la prestación del servicio
financiado con estos recursos del sistema no puede ser superior a la asignación
por alumno definido por la Nación. (…)”. Asimismo, puede verse el decreto
2355 de 2009, por medio del cual se reglamenta la contratación del servicio
público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.
[46] La Secretaría de Educación de
Cúcuta, dentro del proceso de tutela, señaló que dicho estudio llegó a la
conclusión de que el Municipio sólo podía contratar el servicio educativo “(…) siempre
y cuando alcance una matrícula mínima de 120.534 estudiantes en los grados 0 a 13, atendidos con capacidad oficial.” Y que para el 30 de septiembre de 2010 no se había superado
dicha cifra, en cuanto se reportó una matrícula de 111.150 estudiantes, la cual
resultaba con una diferencia de -9.384 estudiantes. (Folio 24 del cuaderno
tercero). Por lo tanto, para ese año lectivo, se entendió que sí había
suficiente capacidad para cubrir el servicio escolar con las instituciones
oficiales.
[47] Respecto la asignación eficiente del servicio público de educación
como finalidad constitucional del Estado, puede observarse el artículo
365 de la Constitución Política. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. (…)”. Igualmente,
en el artículo 366 de la Carta se establece que “[e]l bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de
agua potable. (…)”.
[48] Ob, cit. Artículo 67 de la Constitución Política.
[49] (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[50] Ibíd. En la directiva ministerial 24 de 2009 del Ministerio de
Educación Nacional, citada en la sentencia T-698 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao
Pérez), se dispone lo siguiente: “(…) es fundamental que la planeación
contractual de la prestación del servicio educativo sea preliminar al inicio
del calendario académico garantizando oportunamente el acceso y la
permanencia de los estudiantes de los niveles de educación preescolar, básica y
media en el sistema educativo oficial.”. (Subrayado y negrita son
originales del texto trascrito).
[51] Ibíd. Inclusive, en la parte resolutoria de la sentencia T-698
de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez) se advirtió a la entidad accionada que
podía modificar las circunstancias particulares de los menores beneficiarios,
pero que debía observar los postulados constitucionales, por lo tanto resolvió:
“(…) ADVERTIRLE [a la Secretaría de Educación de Bucaramanga] que la situación
particular de los niños tutelantes solo podrá ser modificada, antes de la
iniciación del calendario académico, y sin vulnerar  los principios de
progresividad, buena fe, confianza legítima, respeto del acto propio, y
derecho al debido proceso.”.
[52] En referencia a la confianza legítima, obsérvese la sentencia
de la Corte constitucional T-308 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
AV. Luís Ernesto Vargas Silva). En esa oportunidad, se examinó el caso de
varios niños que reclamaban la protección de su derecho a la educación porque
la administración municipal les había retirado unos subsidios educativos. En
las consideraciones de la providencia se sostuvo lo siguiente respecto de la
confianza legítima: “(…) la confianza legítima ha de
entenderse como la expectativa cierta de que una situación jurídica o material,
abordada de cierta forma en el pasado, no sea tratada de modo extremadamente desigual
en otro periodo, salvo que exista una causa constitucionalmente aceptable que
legitime su variación. (…) Como elemento incorporado al de buena fe, la
confianza legítima puede proyectarse en el hecho de que se espere la
perpetuación de específicas condiciones regulativas de una situación, o la
posibilidad de que no se apliquen exigencias más gravosas de las ya requeridas
para la realización de un fin, salvo que existan razones constitucionalmente
válidas para ello.”.
[53] Puede observarse la sentencia de la Corte Constitucional T-450 de 1992 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). En aquella
oportunidad se estudió el caso de dos menores de edad que, a pesar de haber
estudiado por cuatro (4) años en una institución militar, sin problemas
académicos o disciplinarios, les negaron la posibilidad de matricularse para
otro período escolar, pues estaban “vetados”. La Corte comprendió que la dimensión de permanencia del derecho a la educación no sólo protegía
la continuidad en el sistema educativo, sino también la conservación del
ambiente escolar y los vínculos afectivos del estudiante, así: “(…) la
permanencia en el  plantel educativo donde habían venido cursando los
últimos años de estudio, fue vulnerado de manera manifiesta por la entidad
demandada. No es suficiente aducir la posibilidad de encontrar otro centro de
enseñanza para continuar en el sistema educativo. El derecho a la permanencia
cuando se cumplen los requisitos para gozar de él, incluye el derecho a
conservar el ambiente y lugar de estudios, los vínculos emocionales y
afectivos, así como el medio propicio para el desarrollo armónico e integral de
la personalidad. El cambio abrupto y arbitrario de establecimiento de educación
y la crisis que éste puede generar en el niño no se compadecen con el derecho
al cuidado y al amor reconocido a éste por la Constitución.”.
[54] Ob, cit. Actas No.002 del veinte (20) de septiembre de dos mil
diez (2010) y Acta No. 003 del dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010),
correspondientes a las reuniones entre los directivos del Colegio Primero de
Mayo y los padres de familia de los estudiantes subsidiados. Allí se les
informa que el programa de auxilios económicos para estudiar serían cancelados
para el año lectivo dos mil once (2011). (Folio 37 del cuaderno principal)
[55] Véase,
al respecto, la sentencia de la Corte Constitucional T-208 de 1996 (MP. Jorge Arango Mejía). En esa oportunidad, se estudió el caso de dos menores de edad que
una institución educativa les había denegado la posibilidad de matricularse
para el año lectivo mil novecientos noventa y seis (1996) porque en el período
académico inmediatamente anterior sus padres habían incurrido en mora por siete
(7) meses. La respectiva Sala de Revisión consideró “(…) que a los padres de
familia les atañe un altísimo grado de responsabilidad durante todo el proceso
educativo de sus hijos, deberes de los cuales es imposible liberarlos haciendo
recaer todo el peso de la educación de los menores en los establecimientos
educativos que los han aceptado.” Y que por lo tanto era“(…)
completamente válida y legítima la decisión de cancelar el cupo a las niñas
Alarcón Padilla y que esa  medida no se tomó en detrimento del derecho a
la educación de las menores porque, en contra de lo que quiso hacer ver el
padre de las alumnas, el Gimnasio Santa Cristina de Toscana no las suspendió
desde el mes de septiembre de 1995, sino que estuvo dispuesto a permitirles
concluir el año lectivo, habiendo sido el padre quien las retiró del plantel.
(…)Distinta sería la situación si se hubiese presentado una interrupción
abrupta de la prestación del servicio educativo antes de finalizar 1995, ya que
la determinación de impedirles culminar el curso habría afectado de manera
grave el derecho a la educación de las menores, abocadas, sin miramiento alguno
a sus específicas condiciones académicas, a perder definitivamente al año,
habida cuenta de que les era difícil completar las etapas restantes en otro
establecimiento. Una medida de tal índole entrañaría un sacrificio excesivo del
derecho a la educación en aras de un interés patrimonial y por lo mismo, se
revelaría desproporcionada.”.
[56] Los
colegios ofrecidos por la Secretaría de Educación de Cúcuta fueron los
siguientes: (i) Colegio Pablo Correa León, en el barrio la Libertad; (ii) Colegio Carlos Pérez Escalante, en el barrio San Luís; (iii) Colegio
Integrado Simón Bolívar, en el barrio San Martín y; (iv) el Instituto
Misael Pastrana Borrero, en el barrio San Luís. (Folio 93 del cuaderno
principal). De conformidad con el Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación (ICFES), que tiene como una de sus funciones establecer las metodologías y procedimientos que guían
la evaluación externa de la calidad de la educación (art. 12 de la Ley 1324 de 2009), dichos centros de enseñanza tienen, al menos, un nivel promedio académico
similar al del Colegio Primero de Mayo. Esta información puede apreciarse en la
página www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/,
en la cual aparecen los resultados históricos del examen de Estado de la
educación media SABER 11 para cada una de las instituciones.
[57] Ob, cit. Sentencia de la Corte Constitucional T-308 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto. AV. Luís Ernesto
Vargas Silva).
[58] Ob, cit. Sentencia de la Corte Constitucional T-698 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez).
[59] La demandante afirma en su escrito de tutela que para su
sorpresa les “(…) llega un oficio del Colegio en donde se nos dice que
debemos pagar el monto de la pensión de todo el presente año y allí se nos dijo
que era el Municipio no les había pagado, [luego] fuimos donde el
secretario de educación municipal y nos dijo que no había plata (…) Nosotros
somos personas de escasos recursos y ahora finalizando el año no tenemos ese
dinero para cubrir esos gastos (…), tampoco se nos informó
oportunamente, porque eso lo debieron haber señalado al principio del año.”.
En el mismo sentido puede observarse la comunicación referenciada. (Folio 20
del cuaderno cuarto).
[60] Se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-307 de
1999 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-488 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Gálvis),
T-630 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda), T-430 de 2006 (MP Alfredo Beltrán
Sierra), T-700 de 2008 (MP Clara Inés Vargas), T-283
de 2008 (MP Mauricio González Cuervo) y T-147 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla).
[61] Ob, cit. Pág. 16. Sentencia T-781 de 2010 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto).